author: El Juez Asociado Sr. del Toeo,

text:
    Sucesión Lluveras, Peticionaria, v. Sepúlveda, Juez de Distrito, Demandado.
    Solicitud para que se expida un mandamiento de mandamus al Juez de la Corte de Distrito de Ponce en un caso sobre filiación y partición de herencia.
    No. 144.
    — Resuelto en abril 20, 1914.
    Abosados — Sustitución de Abosado de Récord Hecha por la Parte — Proce-dimiento para Efectuar el Cambio de un Abosado de Récord. — En términos generales y de acuerdo eon las reglas 29 y 30 de las cortes de distrito, cuando una parte desea cambiar de abogado sólo necesita notificar por escrito a la corte y al abogado de la parte contraria, para que sea reconocido como tal el nuevo abogado y desde el momento en que se hace dicha notificación cesan las funciones del primer abogado.
    Id. — Cambio de Abosado de Récord — Investigación por la Corte — Presun-ción. — Aunque por regla general existe siempre la presunción de que el abo-gado que comparece en un pleito a nombre de una parte está debidamente autorizado para ello y no tiene necesidad de probar dicha autorización, ésto no obstante, el tribunal tiene siempre la facultad discrecional de investigar dicha autorización cuando lo considere necesario.

      Id. — Mandamus—Cambio de Abogado de Eecord — Investigación de la Auto-rización del Abogado. — Cuando, como en el easo de autos, ocurre que un abogado comparece a nombre de una parte pidiendo al tribunal que se le tenga como tal en sustitución del otro abogado que primeramente había comparecido, y éste pide al tribunal que se le dé una oportunidad para de-mostrar que no debe acordarse la sustitución solicitada, y la corte señala día para oir las pruebas que se presenten y toma' bajo su consideración el caso, este tribunal no intervendrá por medio de mandamus para compeler al tribunal inferior que rechace dicho procedimiento y admita dicha sustitución.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la peticionaria: Sr. Herminio Días Navarro.
    El demandado no compareció.
   El Juez Asociado Sr. del Toeo,

emitió la opinión del tribunal.

La Sucesión de. Juan Francisco Lluveras, por medio de su abogado Herminio Díaz Navarro, presentó a esta Corte Suprema una solicitud para que se expida un auto de man-cliamus dirigido al Juez de la Corte de Distrito de Ponce, ordenándole que a su vez ordene que se tenga a Francisco Socorro por abogado de récord de la parte demandante en el pleito seguido contra la sucesión peticionaria por Petra Muñoz et al., sobre filiación.

En la solicitud se alega, en resumen, que Petra Muñoz, por su madre natural Florinda Muñoz, y Helena Muñoz, enta-blaron demanda contra la Sucesión Lluveras por medio del abogado Eduardo Flores Colón; que la parte demandada excepcionó la demanda; que en tal estado el procedimiento, las demandantes, por medio del abogado Francisco Socorro, presentaron una moción a la corte revocando la representa-ción que habían conferido al abogado Flores, y otorgándola al abogado Socorro; que de dicha moción se dió traslado al abogado Flores y éste pidió a la corte que señalara un día para mostrar causas por virtud de las cuales debía denegarse la sustitución de abogado; que la corte señaló el 4 de febrero de 1914 para oir a las partes; que en el dicho día 4 de febrero de 1914 el abogado Socorro pidió a la corte que reconside-rara su resolución y tuviera por hecha la sustitución; que la corte nada ha resuelto todavía, y que la sucesión peticio-naria se encuentra, por virtud de todo lo expuesto, sin saber con qué abogado entenderse en la tramitación del litigio.

Y sostiene además la peticionaria que de acuerdo con la ley y la jurisprudencia, la Corte de Distrito de Ponce tenía y tiene el deber de aceptar como abogado de récord al Sr. Socorro “sin dar margen ni paso a procedimientos to show cause fuera, en absoluto, de lugar en tal caso.”

El abogado de la sucesión peticionaria cita varias deci-siones de la Corte Suprema de California en apoyo de su contención. Dichas decisiones se basan en su mayoría, en preceptos del Código de Enjuiciamiento Civil de dicho Es-tado, que no existen en el de Puerto Bico. Esto no obstante, como en las reglas de las Cortes de Distrito de esta Isla se encuentran algunas disposiciones similares (regias 29 y 30) a las del Código de Enjuiciamiento Civil de California, sobre la materia en cuestión, y como la doctrina que establecen dichas decisiones es general y lógica, y está de acuerdo con la práctica seguida en nuestros tribunales, las considerare-mos aplicables. En substancia, las expresadas decisiones sos-tienen: que para el ejercicio del derecho de una parte a cam-biar su abogado en cualquier tiempo, es sólo necesario que dicha parte así lo requiera de la corte, a fin de que la corte esté justificada en dictar la orden procedente. Woodbury v. Nevada, Etc., Ry. Co., 121 Cal. 165; que la notificación del cam-bio de abogado debe hacerse por escrito a la parte contraria, y que hasta que se haga tal notificación el primer abogado debe ser reconocido, Prescott v. Salthouse, 53 Cal., 222, y que después de haberse notificado el cambio al abogado del de-mandante, sería claramente impropio por su parte reconocer como abogado del demandado a cualquier otro que no sea 'el sustituto elegido. Preston v. Eureka Art. Stone Co., 54 Cal., 200.

Ahora bien, ¿impide lo resuelto en las repetidas decisio-nes, que la corte de distrito pueda en un caso en que las cir-cunstancias lo exijan, investigar si el abogado que se dice el representante de nna parte, lo es o no en realidad de ver-dad? En manera alguna, a nuestro juicio.

La misma Corte Suprema de California en el caso de San Francisco Savings Union v. Long, 123 Cal., 107, 113, por medio de su Juez Asociado Sr. Temple, se expresa así:

“Se presume siempre basta tanto no se pruebe lo contrario, que un abogado está debidamente autorizado para comparecer y repre-sentar a cualquiera de las partes por quien asume su representación. Esta confianza que constituye la base' fundamental de todo el proce-dimiento judicial de este país, descansa no solamente en la creencia que existe del honor y honradez del abogado, sino también en el hecho de ser un funcionario de la corte que ha prestado juramento. No •podría existir una infracción más abierta del cumplimiento -de los deberes de un abogado, que el comparecer a sabiendas y voluntaria-mente a nombre de una paide en uña acción sin habérsele autorizado para ello. T esto es así principalmente si la persona a nombre de quien se ha hecho la comparecencia sin su consentimiento, no ha sido notificada, sin saber tampoco que se ha tratado de obtener sentencia ■contra ella * * *. Aunque la facultad del abogado para repre-sentar a un cliente es un hecho que se considera como admitido, la corte, sin embargo, puede exigir siempre prueba de esta autorización, pudiendo quedar arregladas todas estas cuestiones en la corte sen-tenciadora. ’ ’

Y Cyc., basándose en muchas decisiones que cita de varios Estados de la Unión, resume la jurisprudencia sobre la mate-ria, así:

“Aunque es preciso que un abogado esté especialmente autori-zado para asumir la representación de un cliente, por lo general no está obligado, por la posición que tiene como funcionario de la corte, a probar en forma alguna su autorización, por existir una fuerte presunción en favor de la facultad del abogado para comparecer 'a nombre de cualquier cliente a quien alega representar. De aquí se deduce, por consiguiente, que el abogado no estará obligado a mos-trar la referida autorización a menos que sea debidamente requerido para ello.

“Sin embargo, no obstante' esta presunción favorable, está bien reconocida la discreción que tiene la corte para exigir siempre que lo considere necesario que se pruebe la autorización del abogado.” 4 Cyc., 928-929.

Examinemos las' circunstancias de este caso concreto. Se-gún se alega en la misma solicitud de mandamus, compare-ció la parte demandante por medio de nn abogado interpo-niendo la demanda y luego por medio de otro pidiendo que se tuviera al segundo como a su verdadero abogado por baber retirado la representación que babía conferido al primero. Si nada hubiera ocurrido, aplicando la regia general consig-nada en las decisiones invocadas por la sucesión peticionaria, se hubiera tenido al segundo abogado como de récord y el pleito hubiera continuado tramitándose. Pero sucedió que el primer abogado pidió a la corte que le diera una oportu-nidad para demostrar que no debía acordarse la sustitución solicitada. Las circunstancias variaron y el juez procedió correctamente al fijar una fecha para oir a las partes, tanto más cuanto que una de las demandantes es menor de edad.

Por virtud de lo expuesto, estando la cuestión suscitada debidamente bajo la consideración de la corte de distrito competente, no cabe que esta corte intervenga y por medio de un auto de mandamus ordene a la corte de distrito que resuelva dicha cuestión en determinado sentido. No somos nosotros en este estado del procedimiento, sino la misma corte de distrito/ la que debe resolver la cuestión suscitada, apre-ciando las circunstancias que concurran y aplicando la ley en la forma que fuere procedente.

Bebe desestimarse la solicitud.

Desestimada la solicitud.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.


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author: El Juez Asociado Su. del Toro,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Vega, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Guayama en causa de ataque con intención de cometer violación.
    No. 664.
    — Resuelto en abril 21, 1914.
    Violación — Esencia del Delito. — El delito de violación esencialmente consiste en el ultraje inferido a la persona y sentimientos de la mujer y envuelve siempre la falta de consentimiento de ésta.
    Id. — Palta de Consentimiento de la Ofendida — Mujer Meno» de 14 Años— Presunción. — La falta de consentimiento de la ofendida en un caso de vio-lación se manifiesta por su resistencia, cuando ella está en el pleno dominio de sus facultades, y otras veces se presume cuando es menor de 14 años, o no tiene conciencia de la naturaleza del acto al tiempo de su realización, o se somete en la creencia de que el acusado es su marido, etc.
    Id. — Acusación'—Duplicidad de Cargos. — El hecho de alegarse en la acusación que el acusado yació con una mujer, que no es su esposa, menor de 14 años y que venció la resistencia opuesta por ella por medio de la fuerza, no implica duplicidad de cargos.
    Id. — Pruebas-—Dirección del Juicio — Discreción del Tribunal Sentenciador.— La dirección de un juicio es cuestión que descansa en gran manera en la discreción de la corte, y tendría que demostrarse que la corte había abusado de su poder discrecional para revocar una sentencia por errores cometidos en el ejercicio de esa facultad.
    Id. — Edad de la Ofendida — Declaración de la Misma — Estoppel.—El acusado que no se opone a la declaración de la ofendida con respecto a su edad, está impedido de alegar en apelación la falta de prueba de dicha edad. En este caso dicha declaración ha sido, además, corroborada.
    Id. — Veredictos—Ataque con Intención de Cometer Violación. — El delito de . ataque con intención de cometer violación estaba necesariamente compren-dido en el de violación que se imputó al acusado, vista la acusación y aten-dido el resultado de las pruebas, y por tanto el veredicto declarándolo culpable del primer delito es correcto, de acuerdo con el artículo 286 del Código de Enjuiciamiento Criminal y la jurisprudencia que se cita.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, fiscal.

    Abogado del apelante: Sr. Luis Muñoz Morales.

   El Juez Asociado Su. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación interpuesto, contra sentencia de la Corte de Distrito de G-uayama por virtud de la cual se condenó a Leocadio Vega a sufrir la pena de 10 años de presidio con trabajos forzados, como autor de un delito de ataque con intención de cometer violación.

La acusación, en lo pertinente, dice así:

“El acusado que arriba se expresa, allá por el día 22 de marzo de 1913 y en Cayey, barrio Monte Llano, que forma parte de este Distrito Judicial de Guayama, P. R., ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente, atacó a la niña menor de catorce años Alejandrina del Valle, con intención de violarla, y valiéndose de la fuerza y la violencia, realizó con ella un acto de sexual intercourse o concúbito carnal sin el consentimiento y contra la voluntad de la mencionada niña que no era allí ni entonces esposa del acusado.”

Leída la acusación al acusado, éste alegó su inocencia y solicitó juicio por jurados. Señalada la vista para el 25 de junio de 1913, comparecieron ambas partes, y el acusado, con permiso de la corte, retiró su alegación y presentó una excepción sosteniendo, (a) que la acusación no se ajustaba a los artículos 70 y 71, Nos. 2 y 3, del Código de Enjuicia-miento Criminal, y (b) que se imputaba en ella más de un delito público. Argumentada la excepción fué declarada por la corte sin lugar.

Entonces el acusado presentó una moción a los efectos de- que apareciendo en la .acusación tres cargos distintos a saber: tentativa de violación, violación por fuerza y violen-cia y violación por ser menor de catorce años la perjudicada, el Fiscal debía elegir el cargo que finalmente iba a sostener. El Fiscal manifestó que elegía ambos cargos, el de que la perjudicada era menor de catorce años y el de que bubo fuerza y violencia. Acto seguido el acusado presentó otra moción a fin de que el Fiscal dijera cuál acto de sexual intercourse babía realizado el acusado. El Fiscal se opuso y la corte declaró sin lugar la moción, anotando su excepción, el acusado.

Resueltas de tal modo las cuestiones previas suscitadas, ' volvió el acusado a alegar su inocencia y continuó la cele-bración del juicio. El acusado pidió que uu médico a quien intentaba presentar como perito, permaneciera en la sala escuchando declarar a los testigos. El Fiscal se opuso, la corte sostuvo su oposición y el acusado excepcionó la regla de la corte.

Practicadas las pruebas de ambas partes, la corte dió sus instrucciones al jurado y éste declaró al acusado culpable del delito de ataque con intención de cometer violación, dic-tándose luego, en su oportunidad, por la corte, la sentencia a que nos hemos referido.

En el alegato presentado por la parte apelante ante esta Corte Suprema, sólo se sostiene que la prueba practicada no es suficiente, (a) para demostrar que el acusado ejerció fuerza y violencia, y (b) para establecer que la perjudicada era menor de catorce años. Al parecer, el apelante aban-dona las cuestiones previas que suscitó en los comienzos de la vista. Esto no obstante, las hemos considerado con la debida atención.

A nuestro juicio si bien la acusación en este caso no puede presentarse como un modelo de perfección, es lo cierto que informa con suficiente claridad al acusado del delito que le imputa a los fines de la preparación de su defensa, y es lo cierto también que se refiere a un solo delito, el de violación, previsto en el artículo 255 del Código Penal.

El delito de violación puede cometerse en las varias for-mas que expresa el citado artículo 255, siendo dos de ellas que la víctima sea menor de.catorce años y que se venza la resis-tencia que la ofendida oponga por medio de la fuerza. Dicho delito esencialmente consiste en el ultraje inferido a la persona y sentimientos de la mujer y envuelve siempre la falta de consentimiento de ésta. En algunos casos esa falta de consentimiento debe manifestarse por la resistencia, como cuando la mujer está en el pleno dominio de sus facultades, mientras que en otros se presume, como cuándo la mujer es menor de catorce años, o al tiempo de realizar el acto no tiene conciencia de su naturaleza, o se somete en la creencia de que el acusado es su marido, etc.

El hecho de alegarse en la acusación que el acusado yació con una mujer, que no es su esposa, menor de catorce años y que venció la resistencia opuesta por ella por medio de la fuerza, no implica duplicidad de cargos.

La Corte Suprema de Tennessee, en el caso de De Berry v. State, 99 Tenn., 208, 212, se expresa como sigue:

“No estamos conformes con la interpretación que el abogado da al primer cargo que se bace en esta acusación. A juicio nuestro, al acusado claramente se' le imputa el crimen de haber forzado a una niña menor de 10 años. Al hacer la acusación de violación, el Fiscal dice que hubo acometimiento y agresión en la persona de esta niña menor de diez años para tener con ella comercio carnal y cometer violación, y que por la fuerza bruta y contra la voluntad de la niña, el acusado, ilegal, criminal y voluntariamente, la forzó y tuvo con ella comercio carnal. No encontramos que en este cargo haya el ele-mento de incompatibilidad, ni de duplicidad, ni de ambigüedad y, por consiguiente, la moción para sobreseer fué justamente desestimada.”

Y la Corte Suprema de California en el caso de People v. Tyler, 35 Cal., 553, 554, dice:

“Habiéndose imputado el delito principal y además el de aco-metimiento para cometerlo, la alegación de que en la acusación se imputan dos delitos es insostenible.”

En cuanto al hecho de no haberse permitido al perito del acusado escuchar las declaraciones de los testigos de cargo, diremos que el acusado no demostró la necesidad de que se adoptara tal medida. El perito declaró luego, el acusado pudo interrogarlo tomando como base las declaraciones de los testigos de cargo y no se ha demostrado que se le cau-sara perjuicio alguno. Además, la dirección de un juicio es cuestión que descansa, en gran manera en la discreción de la corte, y tendría que demostrarse que la corte había abu-sado de su poder discrecional para revocar una sentencia por errores cometidos en el ejercicio de esa facultad.

Veamos ahora si existe o nó prueba de que la ofendida en este caso era menor de catorce años al tiempo de perpe-trarse el delito. Ella misma declaró en el acto, de la vista que tenía “diez años entrando en once.” El acusado no se opuso a que hiciera esa manifestación y está ahora impedido de impugnarla. En un caso de violación, el de El Pueblo v. de Jesús, 18 D. P. R., 591, esta corte sostuvo la siguiente doctrina:

“El acusado que permite sin objeción alguna la presentación de prueba testifical para probar la edad de la víctima, renuncia a la pre-sentación de otra ‘evidencia mejor que pueda existir y es por. tanto ocioso que este tribunal resuelva en este caso, si la certificación de nacimiento del registro civil es la mejor prueba para justificar la edad de la perjudicada.”

Además, la declaración de la ofendida se encuentra en cierto modo corroborada por las declaraciones de los otros testigos que se refieren siempre a ella como a una niña y, sobre todo, por el examen directo que de su persona pudo hacer el jurado cuando compareció a declarar ante el mismo. El acusado no suscitó esta cuestión en la corte inferior. Por el contrario, cuando llamó a declarar a su perito médico el Dr. Griol, no le preguntó sobre'la edad de la niña sino que comenzó su interrogatorio hipotético precisamente diciendo: “Si en su profesión se le presentara una niña aparentemente de diez a once años de edad * # Véase el caso de El Pueblo v. Rojas, 16 D. P. R., 251.

A nuestro juicio el extremo de la edad de la ofendida quedó comprobado y como la prueba con respecto al hecho de haberla el acusado violado o por lo menos atacado con inten-ción de violarla es clara, procede la confirmación de la sen-tencia.

Cómo hemos indicado, la acusación imputó directamente al acusado el delito de violación y esto no obstante el jurado lo declaró culpable del de ataque con intención de cometer violación. Atendidos los términos en que está redactada la acusación, esto es, que el acusado “atacó a la niña * * * con intención de violarla” y al resultado de la prueba que demuestra que el acusado sabiendo que la niña Alejandrina del Valle tenía que pasar por determinado camino, se escon-dió en una pieza de caña que crecía a su orilla, y cuando la niña pasó en efecto, la cogió, le tapó la boca con un pañuelo, la llevó carg’ada a la pieza, etc., opinamos que el delito de ataque con intención de cometer violación estaba necesaria-mente comprendido en el de violación que se imputó al acu-sado, y que, por tanto, el veredicto es correcto de acuerdo con lo prescrito en el artículo 286 del Códig'o de Enjuicia-miento Criminal, y con la doctrina sentada en los casos de State v. Cross, 12 Iowa, 66, y otros del mismo Estado, citados en 79 Am. Dec., 523- y 524.

Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sen-tencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. del Toeo,

text:
    Quintero et al., Demandantes y Apelantes, v. Morales, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en un incidente sobre aprobación de memorandum de costas en una acción sobre entrega de bienes y sus productos.
    No. 1111.
    — Resuelto en abril 23, 1914.
    Costas — Juramento Defectuoso del Memorándum — Cuestiones Planteadas tor Primera Vez en Apelación — Estoppel.—Los defectos del juramento de un memorándum de costas consistentes en no dar fe el notario de que conoce a la persona que jura, ni expresar el que toma el juramento con toda claridad que es notario público, son defectos que no habiendo sido alegados en la corte inferior está impedida la parte de alegarlos por primera vez en apelación.

      Id.' — Honorarios de Abogado Excesivos — Transcripción de Autos Deficiente— Palta de Base para Apreciar la Cuantía de los Honorarios. — Una trans-cripción de autos que sólo contiene el memorándum de costas y honorarios de abogado, el escrito de impugnación, la resolución de la corte, el escrito de apelación y la moción pidiendo la aprobación del memorándum, sin que por ninguno de dichos documentos se pueda concluir cuáles fueron la cuantía envuelta en el litigio, el número e importancia de las cuestiones suscitadas en el mismo, el estudio hecho y el tiempo empleado por el abogado de la parte que reclama los honorarios, etc., es insuficiente para que este tribunal pueda apreciar si los honorarios aprobados por la corte sentenciadora son o no excesivos.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. Ramón Falcón y Luis F rey re Barbosa.

    Abogados de la apelada: Sres. Savage & Francis.

   El Juez Asociado Se. del Toeo,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación contra una orden aprobatoria de un memorándum de costas y honorarios de abogado. La transcripción la forman los siguientes docu-mentos : el memorándum, el escrito de impugnación, la reso-lución de la corte y el escrito de apelación. Luego, á ins-tancias de la parte apelada, fué adicionada con copia certi-ficada de la moción de la parte demandada y apelada, notifi-cada a la parte demandante y apelante, pidiendo la aprobación del memorándum.

En su alegato los apelantes sostienen que no debió ha-berse aprobado el memorándum:

Io. Porque el juramento que aparece al pie del mismo no se ajusta a la Ley, “puesto que, si bien después de la firma de uno de los abogados de la demandada o sea del Sr. Savage, aparece la de ‘Hugh R. Francis,’ el otro abogado de la de-mandada, no se expresa el carácter con que estampó esa firma, pues si bien hay un sello de rentas internas y en él estampado otro en tinta sólo se ve este nombre ‘Hugh R. Francis,’ y en el juramento no se da fe de conocer a la persona que tal jura-mento prestaba,” y

2.°. porque los honorarios cobrados son excesivos.

En su escrito de impugnación presentado en la corte de distrito, el apelante sólo mostró sn inconformidad con la can-tidad cobrada en concepto de honorarios por estimarla exce-siva. Nada dijo con respecto a los defectos qne a sn juicio contiene el juramento. Tales defectos se han alegado por vez primera ante este Tribunal Supremo, y siendo ello así y no tratándose de errores fundamentales que anulen por completo el memorándum, debe estimarse que la parte deman-dante y. apelante prescindió de ellos, encontrándose impedida de alegarlos ahora en esta apelación y ante este Tribunal Supremo.

“Errores que no han sido- planteados en las alegaciones escritas ni alegados en el tribunal inferior, no pueden ser alegados por primera vez en grado de apelación.” Torres v. Lothrop, 16 D. P. R., 180; Torres v. Lothrop, 231 U. S., 171

“La objeción de que un affidavit no demuestra que la persona ante quien se juró estaba autorizada para tomar dicha declaración, no se considerará por primera vez en la ape-lación.” Snell v. Echerson, 8 Iowa, 284; 2 Cyc., 31, cita final de la nota 73.

“No habiendo la parte contraria hecho objeción a la falta de o insuficiencia del sello de un notario en una certificación de protesta, la corte se negó a considerar esta objeción en la apelación bajo la teoría de que tal objeción había sido re-nunciada.” Donegan v. Wood, 49 Ala., 242; 20 Am. Rep., 275; 29 Cyc., 1097, cita final de la nota 75.

Habiendo objetado la parte condenada en.costas, en el acto de la vista en el tribunal sentenciador, que en el jura-mento del memorándum el funcionario que lo autorizaba no daba fe de conocer a la persona que lo prestaba, la corte concedió permiso para enmendar el juramento. Apelado el caso para ante este Tribunal Supremo, se resolvió que la corte de distrito estaba autorizada para permitir la enmienda. Belaval v. Fajardo Sugar Growers’ Association, 18 D. P. R., 461.

La afirmación que se Race por la parte apelante en su primer señalamiento de error de que Hugh E. Francis era “el otro abogado de la parte demandada,” no está sostenida por el récord. Del récord consta que el abogado de la parte demandada en la corte inferior lo fué J. E. Savage, y todo parece indicar que Hugh E. Francis sólo intervino en la corte inferior en su carácter de notario público para tomar el juramento que figura al pie del memorándum.

Examinemos el segundo error. Tal vez tenga razón la parte apelante; quizás sea en verdad excesiva la cantidad asignada como honorarios de abogado, pero la transcripción elevada a este Tribunal Supremo por dicha parte apelante es tan deficiente, que no tenemos base para resolver el caso de acuerdo con las circunstancias que hayan podido concurrir en el mismo. Notificado el memorándum a la parte deman-dante y apelante, ésta se limitó a impugnarlo, como hemos dicho, por excesivo, alegando que el único trabajo que había realizado el abogado de la parte demandada era el de pre-sentar unas excepciones previas y asistir a la vista de las mismas; alegando además que la vista se celebró sin difi-cultad alguna por haber dejado de comparecer la parte de-mandante, y que las excepciones se declararon con lugar y se dictó sentencia favorable a la parte demandada.

Señalado día para la vista de la impugnación del memo-rándum, la parte demandante y apelante faltó en compare-cer. La corte concedió los honorarios especificados en el me-morándum y la parte condenada al pago de los mismos apeló para ante este tribunal, archivando la transcripción que hemos descrito anteriormente. Por la transcripción nada se puede concluir con respecto a la clase de demanda pre-sentada, a la cuantía envuelta en el litigio, al número e impor-tancia de las cuestiones suscitadas, al estudio que fuera nece-sario hacer para formular las excepciones, a las compare-cencias de la parte demandada, al tiempo empleado por su abogado en la gestión del asunto, etc., etc.

Esta Corte Suprema, en el caso de Torres v. Irizarry, 19 D. P. R., 361, estableció la siguiente doctrina:

“Las cuestiones sobre costas, desembolsos y honor arios de abo-gados, están reguladas por el estatuto especial sobre la materia, y para resolverlas deben servir de guía sus disposiciones especiales y nó las generales del Código de Enjuiciamiento Civil, fuera de las que deban aplicarse como supletorias.
“La ley de costas de marzo 12, 1908, no exige por modo impera-tivo que la parte con derecho al cobro de costas, desembolsos y hono-rarios de abogados, esté siempre en el deber de ofrecer y practicar prueba sobre todas y cada una de las partidas del memorándum cuando hubiere impugnación.
“Un memorándum jurado de costas tiene la presunción de que se ajusta a la verdad de los hechos y esta corte no irá contra la aprecia-ción del tribunal inferior al aprobar un memorándum de costas, a menos que se demuestre que dicha apreciación fué errónea. ’ ’

Habiendo en consideración las resultancias del récord ■ y haciendo aplicación de la anterior doctrina, debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la resolución apelada.

Confirmada la orden apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sb. del Tobo,

text:
    Arzuaga, Demandante y Apelante, v. Roe et al., como Herederos Desconocidos de Ignacio Arzuaga, Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en un caso sobre declaración de bija natural reconocida.
    Moción de la parte apelada para' corregir los autos y para desestimar la apelación.
    No. 1119.
    — Resuelto en abril 23, 1914.
    'Corrección del Récord — Notificación de la Sentencia. — Cuando, como en el presente caso, no existe pliego de excepciones ni relación de hechos y la parte apelada solicita la corrección del récord acompañando copia certificada de la notificación del pronunciamiento de la sentencia apelada lieelia por el secre-tario de la corte inferior al abogado de la parte perjudicada, procede con-ceder dicha moción.
    Desestimación de Apelación — Término para Apelar — Archivo de la Notifi-cación de la Sentencia. — De acuerdo con la sección 2 de la Ley No. 70 de 1911, el término para apelar de una sentencia empieza- a contarse desde que se archiva en la corte inferior la notificación que de la sentencia dictada ha de enviar el secretario a la parte perjudicada.
    Id. — Apelación Fuera de Término — Notificación de la Sentencia Apelada. — • Cuando de la transcripción de autos resulta que la parto apelante fué noti-ficada del pronunciamiento de la sentencia el día 27 de diciembre de 1913 y que dicha notificación -fué archivada en la corte inferior el mismo día y el escrito de apelación no fué archivado hasta el 2 de febrero siguiente, pro-cede la desestimación de la apelación por haber sido ésta interpuesta fuera de término, y el hecho de que la parte apelante hiciera constar en el escrito de apelación que no fué notificada de la sentencia hasta el 4 de enero de .1914 no puede desvirtuar por sí solo lo que resulta de los autos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Savage é Francis.

    Abogado de los apelados Nicasio, José Pío, Pedro, Ber-nardino y María Salomé Arzuaga, como herederos de Ignacio Arzuaga: Sr. Eduardo Acima. ,
   El Juez Asociado Sb. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Elevada, la transcripción de los autos en este caso y radi-cada en la Secretaría de este Tribunal Supremo, compareció la parte apelada y presentó dos mociones, una sobre correc-ción de los autos y otra sobre desestimación de la apelación. Ambas mociones tienen fecha 15 de abril de 1914, se noti-ficaron a los abogados de la parte apelante y se vieron en corte abierta el 20 de abril de 1914, con la sola asistencia del abogado de la parte apelada.

Por la moción sobre corrección de autos se pide que se adicione la transcripción del récord con una certificación expe-dida j>or el secretario de la corte sentenciadora, relativa al hecho del archivo por parte de dicho funcionario de la notifi-cación de la sentencia apelada a la parte perjudicada.

La transcripción elevada por la parte apelante se compone de las alegaciones y la sentencia. Esta se dictó sobre aqué-lias y no existe pliego de excepciones ni relación de hechos en cuya aprobación baya intervenido el juez sentenciador. La transcripción está certificada por el secretario. Siendo esto así, dada la naturaleza del docnmento qne se interesa agregar y no habiendo hecho objeción alguna la parte ape-lante, opinamos qne debe declararse con lugar la moción de la apelada y entenderse desde luego corregido el récord.

Partiendo- de las constancias del récord corregido, exa-minaremos la moción sobre la desestimación del recurso.

Alega la parte apelada que la sentencia que ha sido recu-rrida en este caso se dictó y registró en 26 de diciembre de 1913, y se notificó a la parte perjudicada el 27 de diciembre de 1913, archivándose en los autos del pleito el mismo día 27 de diciembre la notificación. .Y alega, además, que habién-dose archivado el escrito de apelación el 2 de febrero de 1914, el recurso se interpuso fuera del término fijado por la ley, y debe, en tal virtud, desestimarse.

En el escrito de apelación’consignó la parte apelante que la sentencia se dictó el 27 de diciembre de 1913 y le fue noti-ficada el 4 de enero de 1914. Tales hechos no están soste-nidos por las constancias auténticas y fehacientes, prima facie, del récord, que demuestran que la sentencia se dictó y registró-el 26 de diciembre de 1913 y que la'notificación se dirigió al abogado de la parte perjudicada, residente en San Juan, el 27 de diciembre de 1913. Además también de-muestra el récord que la notificación de la sentencia se archivó por el secretario el dicho día 27 de diciembre de 1913, y la fecha del archive» de la notificación es la que la ley fija como punto de partida para contar el término que concede para interponer el recurso de apelación.

La sección 2 de la Ley No. 70, de 1911, dice así:

“Sección 2. — En todos los casos en qne se pueda establecer el recurso de apelación, según lo provisto en la sección 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, según fue enmendada en marzo 11, 1908, será deber del secretario de la corte enviar a la parte perjudicada, o a su abogado, al dictarse la sentencia, de la, cual pueda establecerse el recurso de apelación, una notificación escrita informándole que la sentencia lia sido dictada, o de la resolución de la corte, y una copia de esa notificación será archivada con los autos, y el término para establecer el recurso de apelación, empezará a correr desde la feelia del archivo de dicha notificación con los autos.”

En tal virtud, habiendo transcurrido entre el 27 de diciem-bre de 1913, fecha del archivo de la notificación de la senten-cia, y el 2 de febrero de 1914, fecha del archivo del escrito de apelación, más de un mes que es el término fijado por la ley, artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, para apelar de un sentencia dictada, como en este caso, por una corte de distrito, para ante este Tribunal Supremo, debemos concluir que el recurso se interpuso fuera de término, como sostiene la parte apelada.

Y habiendo en consideración todo lo expuesto, procede que se declaren con lugar ambas mociones, corrigiéndose el récord en la forma solicitada en la primera y desestimándose final-mente la apelación tal como se pide en la última.

Concedida la corrección de los autos y deses-timada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. AldRey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Chevalier, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en causa por infracción del Reglamento de Sanidad.
    No. 673.
    — Resuelto en abril 23, 1914.
    Ineeacción de los Reglamentos de Sanidad — Ubbanización de Terrenos Pan-tanosos — Suficiencia de la Denuncia. — Cuando una denuncia fundada en la infracción del artículo 2 del Reglamento de Sanidad No. 6 de septiembre 18, 1912, está redactada empleando las palabras de dicho reglamento, tal denuncia es suficiente sin necesidad de expresar los actos de urbanización del terreno pantanoso ejecutados por el acusado.

      Id. — Urbanización de Terrenos Pantanosos — Arrendamiento o Venta de So-lares — Responsabilidad del Vendedor. — El que arrienda o vende solares húmedos y pantanosos para la construcción de casas en ellos sin haber antes urbanizado el terreno de acuerdo con los requisitos que exige el Reglamento de Sanidad No. 6 de septiembre 8, 1912, comete una infracción de dicho reglamento, de la cual es él responsable y no los arrendatarios o compradores.
    Los hechos están expresados - en la opinión.
    Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, fiscal.

    Abogado, del apelante: Sr. Frank AntonscmU.

   El Juez Asociado Sr. AldRey,

emitió la opinión del tribunal.

Al conocer el Tribunal de Distrito de San Juan, Sec-ción 2a., de este caso en grado de apelación, declaró al apelante culpable del delito de haber infringido la ley de Sanidad y le impuso como castigo el satisfacer una multa de $10 y en defecto de pago el de sufrir un día de arresto por cada dollar que de ella dejara de satisfacer y las costas. Esta sentencia ha sido apelada para ante nosotros por el sentenciado.

La denuncia que originó el fallo apelado, en lo necesario dice así:

“Yo, Juan Torres, vecino de San Juan, calle de Rafael Cordero número 67 de 36 años, formulo denuncia contra Bernabé Chevalier por delito de infracción al Reglamento de Sanidad No. 6 artículo 2, cometido de la manera siguiente: que en el día 21 de agosto de 1913, y en Santurce, barrio conocido por Melilla del Distrito Judicial Municipal de San Juan, el acusado arriba mencionado volun-taria y maliciosamente, destina a ser urbanizados terrenos húmedos y pantanosos, sin que previamente hayan sido saneados por el drenaje, la desecación, o la desinfección según el caso lo' exije; y cuyos terrenos de su propiedad se encuentran en Santurce, Stop 22% al Sur de la carretera militar, conocidos por barrio de Melilla, infringiendo de este modo el Reglamento de Sanidad No. 6, ar-tículo 2.”

Sostiene el apelante en su alegato que el tribunal senten-ciador cometió error al no declarar con lugar la excepción perentoria que formuló contra la denuncia, fundada en que no aduce hechos suficientes para imputar un delito, toda vez que sólo le acusa de destinar un terreno para fines de urba-nización, sin expresar los tedios que lia realizado con tal propósito.

El artículo 2 del Reglamento de Sanidad No. 6 de 18 de septiembre, 1912 cuya infracción se alega dice así:

“Artículo 2. — Los terrenos, que se destinan a ser urbanizados serán naturalmente secos y sanos; o si fuesen pantanosos, húmedos, o hubiesen servido anteriormente para depósitos de materias inmun-das o de productos de industrias nocivas a la‘salud, o para cemen-terio o construcción o instalación donde pudieran depositarse in-mundicias, serán previamente saneados por el drenaje, la desecación o la desinfección, según el caso lo exija; y no podrá antes de que haya sido saneado construirse en ellos edificio alguno, excepto aquellos provisionales para los fines de las propias obras. Una vez hecho el saneamiento de los terrenos, queda obligado su dueño a mantenerlos siempre en las mismas condiciones de salubridad.”

Como se ve, la denuncia lia’ seguido las palabras de dicho reglamento y ya hemos declarado en varias ocasiones que en tal caso la denuncia es suficiente, a menos que las circuns-tancias particulares del delito requieran hacerla de otro modo, como cuando determinados hechos son necesarios para constituir el delito. El Pueblo v. Ortis, 17 D. P. R., 898, y El Pueblo v. Birrier, 18 D. P. R., 270.

El otro motivo de error que se aduce es que el apelante no ha infringido ningún reglamento de sanidad ya que la prueba demuestra que los que construyen casas en sus terre-nos son terceras personas-, quienes serían las responsables y no el apelante. Lo que aparece de la prueba es que el denun-ciado arrienda solares de una finca de su propiedad en la que, en la fecha de la denuncia, se habían construido algu-nas casas y se estaban fabricando otras por personas que pagaban al propietario un arrendamiento por el suelo, siendo tal finca pantanosa y húmeda y no habiendo sido saneada previamente a esas edificaciones. Estos hechos demuestran claramente la infracción por el apelante de dicho reglamento de Sanidad, ya que estaba destinando su finca a urbanización contra la prohibición de que esto se baga sin que el dueño la hubiera secado antes de que en ella se construyeran edi-ficios. Y aun suponiendo que algunas de esas construcciones sean anteriores a la. vigencia del reglamento por cuya infrac-ción se le denunció, desde el momento en que éste empezó a regir no podía continuar destinándola a urbanización sin cum-plir las prescripciones de ese' reglamento. De su infracción es responsable el dueño que destina la finca a urbanización, bien arrendando solares o ya vendiéndolos, y no el arren-datario o comprador que construye, pues no son éstos los que han destinado la finca a ese fin sino el dueño de ella.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.


author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    Clausells, Recurrente, v. El Registrador de la Propiedad, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Germán sobre calificación de defectos sub-sanables.
    No. 181.
    — Resuelto en abril 23, 1914.
    Hipotecas — Vencimiento en Caso de Venta a un Tercero — Defectos Subsa-nables. — En una escritura de constitución de hipoteca se consignó la siguiente cláusula: “7a. En caso de venta de la finca descrita, quedará por ese hecho vencido el término de esta hipoteca, pudiendo en su consecuencia el acreedor ejecutarla, reclamando lo que se le adeudare por todos conceptos. ’ ’ El regis-trador inscribió dicha hipoteca con el defecto subsanable de que la citada cláusula implicaba una prohibición de enajenar. Se resolvió que dicha cláu-sula no prohibía la venta de la finca hipotecada y por tanto que no constituía defecto alguno en la escritura.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: 8r. R. Martines Nadal.

      El Registrador Sr. Rafael B. Sama compareció por escrito en nombre propio.
   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En una escritura de hipoteca se consignó la siguiente cláusula:

“7a. En caso de venta de la finca descrita, quedará por ese hecha vencido el término de esta hipoteca, pudiendo en su consecuencia el acreedor ejecutarla, reclamando Ib que se le adeudare por todos con-ceptos. ’ ’

El Registrador de la Propiedad de San Germán inscribió el documento que contenía esta hipoteca con el defecto de que la condición expresada se basaba en una ley prohibitiva y era por tanto irrenunciable.

El apelante llama la atención hacia el hecho de que fre-cuentemente se redactan las hipotecas con cláusulas según las cuales la hipoteca vence enteramente por la falta de pago de cualquiera de los plazos del capital o intereses. Alega que la cláusula citada no establece prohibición alguna en la venta de bienes en lo cual creemos que tiene razón. Cualquier persona que compre la finca al deudor estaría obligada a infor-marse del próximo vencimiento del crédito hipotecario y tiene el derecho de pagar en seguida dicha hipoteca al acreedor. Igual derecho tiene el acreedor a exigir que se verifique el pago. El comprador tiene el derecho de pagar la hipoteca inmediatamente. El comprador no está obligado a comprar pero la cláusula de referencia no le impide que pueda adqui-rir un buen título con sujeción a una hipoteca que sea paga-dera inmediatamente.

Debe revocarse la nota del registrador en cuanto al defecto apuntado.

Revocada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados dél Toro y Aldrey.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Rubio, Demandante y Apelada, Charvounier, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en- un caso de desahucio.
    No. 1075.
    Resuelto en abril 24, 1914.
    Exposición del Caso — Falta de Aprobación de la Misma. — Una exposición del caso inserta en la transcripción de autos que carece de la aprobación del juez sentenciador no puede ser tomada en consideración j es lo mismo que si no se Rubiera presentado.
    Opinión del Juez Sentenciador — Hechos Consignados en la Misma — Falta de Exposición del Caso. — Los hechos consignados en la opinión del juez sentenciador como resultantes del juicio no pueden servir de base al tribunal de apelación para deducir si se cometió error de derecho en la sentencia, pues en el supuesto de que semejantes hechos no justificaran la resolución apelada, podría ésta sostenerse por otros hechos demostrados en el juicio y descono-cidos a la corte de apelación por falta de exposición del caso.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelada: Sr. Antonio Trujillo.

    Abogados de la apelante: Sres.'Luis Mimos Morales y José Martines Dávila.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinion del tribunal.

Con fecha 15 de julio de 1913 presentó demanda Josefa Rubio contra Dolores Charvounier sobre desahucio, en que alega como hechos fundamentales de su acción que es usu-fructuaria de un solar de la propiedad de la Sucesión Guerra, radicado en la calle de Hormiguero del barrio de Santurce, término municipal de San Juan, y que la demandada sin el consentimiento de la demandante ha montado en él una cash de maderas, detentando la posesión de dicho solar precaria-mente, por lo que solicita se ordene a la demandada que desa-loje el referido solar.

La demandada Dolores Charvounier negó los hechos de la demanda, y como materia nueva alegó que con el consen-timiento y orden expresa de los representantes de la Suce-sión Guerra, trasladó a nn solar propiedad de dicha sucesión, radicado en la calle de Hormigueros, una casa de maderas del país de que la demandada era dueña, ocupando en su con-secuencia el repetido solar en concepto de arrendataria de la Sucesión Guerra, a cuyo representante paga el canon de álquiler correspondiente.

Celebrado el juicio, la corte dictó sentencia en 13 de sep-tiembre de 1913, por la que declaró con lugar la demanda y condenó a la demandada a que desaloje el solar de que se trata dentro del término de veinte días, bajo apercibimiento de lanzamiento por el márshal si así no lo verificase, con las costas a cargo de la parte demandada.

Contra esa sentencia interpuso la demandada recurso de ' apelación para ante esta Corte Suprema, y en su alegato escrito dice que las únicas cuestiones de derecho a discutir y resolver en el recurso son las siguientes: (a) si un arren-datario puede ser perturbado en la posesión por el mismo dueño; (b) si el arrendatario tiene acción contra el pertur-bador o contra el dueño; (c) si en el caso concurren los requi-sitos o hechos necesarios para fundar una acción de desahu-cio. Y tomando por guía los hechos que estima probados en el juicio, llega a la conclusión de que la ley ha sido errónea-mente aplicada por el juez, y debe revocarse la sentencia ape-lada, desestimando la demanda de desahucio sin perjuicio de la acción que la demandante pueda ejercitar en el juicio correspondiente, para hacer valer la prioridad de su título como arrendataria.

Aparece en los autos lo que se dice ser una exposición del caso, pero está firmada únicamente por el abogado de la parte apelante, y carece de la aprobación del juez. No podemos tomarla en consideración, y es lo mismo que si no se hubiera presentado. Sucesores de Andreu y Cía. v. Sucesión Martinez, 16 D. P. R., 80; y Axtmayer v. Ortiz, 10 D. P. R., 499.

El juez inferior, cumpliendo con el precepto del artículo 227 del Código de Enjuiciamiento Civil, tal como quedó en-mendado por la Ley No. 70 aprobada en 9 de marzo de 1911, hizo nna relación del caso qne obra en el récord, exponiendo los beebos según estimó que resultaban del juicio y dando las razones en que fundaba su decisión; pero no nos es per-mitido partir de esos beebos para deducir si el juez se equi-vocó en la aplicación del derecho, pues en el supuesto, que no discutimos, de que semejantes beebos no justificaran su reso-lución, podría baber otros beebos demostrados en el juicio, desconocidos para nosotros, que la justificaran. Días Ganeja v. La Administración, 11 D. P. R., 203. La corte sentencia-dora se limita a consignar en la relación de beebos la apre-ciación particular que le merece el resultado de las pruebas, y como esa apreciación puede ser equivocada o deficiente, no puede tomarse como base para llegar a la revocación solici-tada

El Código de Enjuiciamiento Civil en sus artículos 214 y 216, y en el 299, tal como quedó enmendado por la Ley No. 70 ya citada, de 9 de marzo de 1911, establece la forma espe cial de constatar ante la Corte Suprema en grado de apela-ción las pruebas practicadas en la corte inferior, y las par-tes no son árbitras de alterar las reglas del procedimiento, ni las cortes pueden sancionar tal alteración.

Examinadas las alegaciones de la demanda y de la con-testación en relación con la sentencia recurrida, y prescin-diendo-, como debemos hacerlo, de la llamada exposición del caso, tenemos que llegar a la conclusión de que los hechos y la ley favorecen a la parte demandante, por no habérsenos demostrado en forma debida lo contrario, y que' en su virtud procede la confirmación de la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    Bartholomew, Demandante y Apelante, v. Crissey et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en nn caso sobre cumplimiento de contrato de venta de bienes inmuebles.
    No. 1108.
    Resuelto en abril 24, 1914.
    Indebida Acumulación de Acciones — Palta de Causa de Acción. — La excep-ción de indebida acumulación de acciones no puede plantearse .por medio de la excepción de falta de causa de acción.
    Palta de Causa de Acción — Promesa de Venta de Bienes Inmuebles — Cum-plimiento del Contrato. — Las tres demandadas se obligaron solidariamente a vender al demandante por una cantidad fijada dos fincas rústicas, una de las cuales pertenecía a dos de ellas y la otra a las tres. En la demanda se alegó la promesa de venta, su aceptación, el ofrecimiento del precio 'a las tres demandadas y la negativa de éstas a otorgar la correspondiente escritura de venta, habiendo el demandante consignado el precio en la corte inferior. Excepeionada la demanda por no alegar hechos bastantes constitutivos de una causa de acción, so resolvió que la demanda contenía todas las alega-ciones esenciales y que no adolecía del defecto de indebida acumulación de acciones.
    Los hechos están expresados en la opinión. ■
    Abogados del apelante: Sres. Muñoz y Brown.

    Abogado de los apelados: Sr. Frank Antonsanti.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Se alega- snstancialmente en la demanda enmendada pre-centada en este caso, que el demandante Tracy Bartholomew es vecino de Arecibo; que las demandadas Josephine B. Cris-sey y Cornelia C. Bacon son vecinas de la ciudad de Troy, New York, y Sarah B. Crissey, de Mechanicsville, New York; que las demandadas Josephine B. Crissey y Sarah B. Cris-sey son las dueñas de cierta finca descrita en la demanda y Josephine B. Crissey, Sarah B. Crissey y Cornelia C. Bacon son dueñas de otra. finca distinta que se expresa en la de-manda, habiendo sido inscrita originalmente la finca últi-mamente relacionada, a nombre de Cornelia C. Bacon y de Mary E. Bacon, causante de las tres demandadas; que en virtud de una oferta hecha por las tres demandadas al de-mandante que fné aceptada por éste, dichas demandadas man-comnnadamente y en nn solo contrato escrito se comprometie-ron a vender al demandante las fincas descritas en la demanda por 1'a suma de novecientos cincuenta dollars ($950), paga-dera en el American Colonial Bank de San Juan, en o antes del día 16 de diciembre de 1912, al entregarse la escritura de venta, y el demandante aceptó tal oferta y requirió a las de-mandadas para su cumplimiento; que las demandadas se han negado a cumplir la obligación contraída en el contrato de formalizar la correspondiente escritura a favor del deman-dante alegando que el contrato ha sido rescindido; que en vista de esta negativa el demandante consigna en la corte dicha suma de novecientos cincuenta dólares ($950), y suplica a la misma que se ordene a Josephine B. Crissey y Sarah B. Crissey a que formalicen escritura de venta a favor del demandante de la- finca descrita en primer término, como asi-mismo que dichas demandadas y Cornelia C. Bacon forma-licen escritura de venta a favor de dicho demandante de la finca descrita en segundo lugar.

Las demandadas establecieron excepción previa que fun-daron en dos motivos, a saber: primero, que existía una inde-bida acumulación de partes demandadas, y segundo, queja demanda no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción. La corte declaró con lugar dicha excepción previa pero solamente por el segundo motivo aducido, y no habiendo optado el demandante por hacer enmiendas, la corte dictó sentencia a favor de las demandadas contra la cual ha interpuesto el demandante recurso de apelación.

Parece ser la teoría tanto de la corte inferior como de las demandadas, que existió una indebida acumulación de ac-ciones en la demanda de cuyo defecto pueden aprovecharse éstas mediante excepción previa fundada en que la demanda no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción. No es esa la interpretación que damos a ese funda-mento de excepción. La excepción se formula a la insufi-ciencia legal de Iqs hechos en la forma en que han sido expre-sados para que el demandante pueda tener una causa de ac-ción, o en otras palabras, a si existe o nó alguna responsa-bilidad por parte de las demandadas. No se refiere a la inde-bida acumulación de acciones. La indebida acumulación de acciones está determinada específicamente en el apartado 5o. del artículo 105 del Código de Enjuiciamiento Civil como asimismo lo está la insuficiencia de los hechos para deter-minar una causa de acción en el párrafo 6o. del expresado artí-culo. Puede aplicarse claramente a este caso la máxima legal eccpressio imius est exclusio alt.erius. En este pleito no se promovió en debida forma el punto relativo a la indebida acumulación de acciones.

Queda aún en pie la cuestión de si la demanda determina una buena causa de acción. En este caso había tres personas que mancomunadamente convinieron en vender dos fincas; dos de dichas personas eran dueñas de una finca* y tres dueñas de la otra. La causa del contrato era la suma de novecientos cincuenta dólares ($950), cantidad que era pagadera en su totalidad a las demandadas mancomunadamente y no solidaria o separadamente. Si las demandadas hubieran .ofrecido escri-turas' en debida forma y el demandante en este caso, Bartholomew, se hubiera negado a satisfacer el precio convenido de la venta, hubieran tenido éstas que establecer una sola acción en la que se unieran todas contra él. De otro modo él podría haber alegado que el pago que hiciera a una o dos de las de-mandadas no le eximiría de responsabilidad para con la otra u otras. Como ésta es una acción sobre cumplimiento especí-fico de un contrato, el demandante estaba obligado a ofrecer la' suma total a todas las demandadas para obligarlas a otor-gar las escrituras que ofrecieron formalizar. El contrato era recíproco, su causa, su otorgamiento y el hecho de no haber sido cumplido fueron cuestiones que se alegaron debidamente; se hizo una consignación y se determinó una completa causa de acción.

Se ha promovido incidentalmente la cuestión de si puede este tribunal tomar en consideración la excepción previa de la supuesta indebida acumulación de partes demandadas no habiendo sido resuelta esa cuestión por la corte inferior. El examen anterior que hemos hecho del fundamento general de la excepción previa revela que a nuestro juicio no exis-tió indebida acumulación de partes. Por tanto creemos que no hay necesidad de discutir la cuestión. Procede la revoca-ción de la sentencia apelada debiendo continuar tramitándose el pleito de acuerdo con la ley.

Revocada la sentencia a/pelada con instruccio-nes de que continue la tramitación del pleito de acuerdo con la ley.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.


text:
    Santiago et al., Demandantes y Apelantes, v. Somonte et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en un caso sobre nulidad de testamento y otros extremos.
    No. 1065.
    Resuelto en abril 24, 1914.
    Desestimación de Apelación — Alegato del Apelante — Especificación de Errores — Errores Fundamentales. — Cuando, como en el presente caso, la parte apelante no cumple con los preceptos de los artículos 42 y 43 del regla-mento de este tribunal especificando separadamente los errores en apoyo del recurso y no consta de los autos error fundamental alguno, debe desestimarse la apelación.
    Nulidad de Testamentos — Causas no Alegadas en la Demanda — Pruebas.'— No habiendo alegado los demandantes como causa de nulidad del testamento en litigio la falta de capacidad mental y física de la testadora, la corte sen-tenciadora no cometió error al denegar la admisión de pruebas tendentes a establecer dichas causas y al no considerarlas como fundamento de nulidad.
    Prueba Contradictoria — Apreciación del Tribunal Sentenciador. — La apre-ciación de la prueba por el tribunal sentenciador no puede constituir motivo de revocación de la sentencia apelada o para declarar que hubo error fundamental, a menos que se demuestre que la corte actuó movida por parcialidad, apasionamiento o prejiüeio, o que hubiera habido una omisión palpable en considerar el peso de la prueba.

      Nulidad de Testamento' — Pruebas-—Presunción a Pavor de los Documentos Notariales. — Existe una presunción poderosa a favor de la validez de los documentos notariales y cuando se ataca un testamento otorgado ante notario y éste ha fallecido es necesario presentar prueba clara de su nulidad.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Hugh B. Francis.

    Abogados de los apelados: Sres. Alvarez Nava & Do-mínguez.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Las reglas 42 y 43 de este tribunal prescriben que el ape-lante deberá incluir en su alegato una exposición de los erro-res en que funda su recurso y que dichos errores se consigna-rán separadamente pues de lo contrario no será tomados en consideración a menos que sean fundamentales. En el caso sometido a nuestra consideración no existe ninguna exposi-ción de errores que propiamente pueda ser considerada como tal si bien el apelante ba presentado dos alegatos. En tales condiciones debe desestimarse la apelación a no ser que exista algún error fundamental.

Los apelantes en su primer alegato discuten la cuestión relativa a la omisión de la corte en admitir cierta prueba refe-rente a la capacidad mental y física de la testadora Carmen Santiago y Jiménez para poder otorgar un testamento. Tam-bién se hace referencia en una parte del segundo alegato a esta condición en que se encontraba la testadora. Pero la incapacidad de ésta para otorgar un testamento no es uno de los motivos en que se funda la nulidad del testamento y por tanto no se cometió error alguno en no admitir la prueba o por dejarse de considerar este fundamento de nulidad.

Si bien el apelante en su segundo alegato enumera siete a ocho motivos de nulidad, el error que ba dado origen a la discusión se refiere únicamente al conflicto en la prueba. Se-gún la jurisprudencia constante de este tribunal la aprecia-ción de la prueba por la corte sentenciadora no podía consti-tuir motivo de revocación o para declarar que bubo error fundamental, a menos que la corte hubiera actuado movida por parcialidad, apasionamiento o prejuicio, o que hubiera habido una omisión palpable en considerar el peso de la prueba. La ■corte en su opinión declara probado que el testamento otor-gado por la testadora Carmen -Santiago en diciembre 17 de 1902, fué suscrito por el Dr. Manuel Jiménez Cruz a nombre de la testadora, quien no pudo hacerlo por su estado de debili-dad ; por Miguel Morales, Tomás Novoa y Manuel G. García como testigos'y por el Notario José A. Cajas; que según la teoría de la demanda en el otorgamiento del testamento no se guardaron todas las formalidades establecidas por la ley puesto que los datos necesarios para dicho testamento fueron suministrados al notario no por la testadora misma sino por su esposo Odón Somonte, alegándose también otros motivos de nulidad semejantes entre los cuales hay una imputación de fraude cometido por el marido-. La corte declara probado que en un pueblo como el de Caguas el otorgamiento de un testamento en las condiciones referidas en la demanda y por algunos de los testigos era seguro que habría de producir una honda sensación; que no obstante el conocimiento que tenían de los hechos los interesados y demás testigos, han dejado transcurrir tantos años sin atacar los actos criminales o cuasi-criminales del esposo Odón Somonte habiendo esperado para ■ello que ocurriera la muerte de él y del notario que redactó el documento; que algunos de estos' interesados se encon-traron presentes en la feclia del otorgamiento del testamento habiendo sido testigo uno de ellos en ese testamento; que no obstante haber permanecido tanto tiempo en silencio, estos testigos al cabo de 10 años recuerdan los más mínimos detalles que tuvieron lugar en el otorgamiento de dicho- testamento. En vista de todo esto así como del hecho de que los demás testigos que no tenían ningún interés en el testamento decla-ran que éste se otorgó con todas las-formalidades prescritas por la ley, la corte se vió obligada a resolver el caso en contra ■de los demandantes. No existe indicio alguno de que mediara algún motivo indebido en estas conclusiones de la corte y .especialmente porque los autos revelan al ser examinados que existo un conflicto sustancial en la prueba. El Dr. Jimé-nez Cruz, Tomás Novoa, y otros declaran que el testamento fué otorgado en debida forma. Además, existe una fuerte presunción en favor del acto ejecutado bajo la fe del notario y en este caso ya había fallecido este funcionario. Estimando este tribunal que no ha habido error fundamental alguno, debe desestimarse la apelación por no haberse agregado a los autos una exposición de los errores cometidos por la corte inferior.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

Presentada moción de reconsideración por la parte ape-lante fue ésta denegada sin opinión en mayo, 19, 1914.


author: El Juez Asociado Sr. Audrey,

text:
    Alvarez, Demandante y Apelante, v. Riera, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en un caso sobre nulidad de escritura de diso-lución de sociedad y - otros extremos.
    No. 1014.
    Resuelto en abril 24, 1914.
    Contratos Nulos y Anulables — Compra por el Mandatario de Bienes del Mandante — Ratificación de Contratos. — Un contrato por el cual el man-datario compra bienes de su mandante de cuya administración o enajenación estuviere encargado, infringiendo así el artículo 1362 del Código Civil, si reúne los requisitos de consentimiento, objeto y causa, previstos en el artículo 1228 del mismo código, no tiene el carácter de inexistente, sino que es anu-lable y puede ser ratificado.
    Id.' — Prescripción de la Acción de Nulidad — Disolución de Sociedad Mer-cantil — Compra por el Mandatario de Derechos y Acciones en una Sociedad del Mandante. — La prescripción de cuatro años que establece el artículo 1268 del Código Civil para las aceiones de nulidad de contratos, es aplicable -a una cesión de derechos y acciones en una sociedad mercantil hecha a su favor por un socio como apoderado de otro socio, con infracción del artículo 1362 del Código Civil, y expirado dicho término sin que se haya pedido la nulidad de dicho contrato, queda éste convalidado por la pres-cripción.

      Id. — Cesión por el Mandatario de los Derechos v Acciones en una Sociedad del Mandante — Falta de Causa de Acción — Ratificación de la Cesión.— No puede alegarse eon éxito contra una demanda en la cual se pide la nulidad de una escritura de disolución de sociedad mercantil y cesión de derechos y acciones, hecha por un socio a nombre propio y como. mandatario del otro socio, la excepción de falta de causa de acción fundada en que dicha eesión quedó ratificada por el hecho de haber recibido el mandante el precio de dicha cesión, cuando de la demanda no consta que él tuviera conocimiento de que su mandatario y socio había adquirido para sí los derechos y acciones que él tenía en la sociedad.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Jacinto Texidor y Francisco Socorro.

    Abogados del apelado: Sres. Bosch y Soto.

   El Juez Asociado Sr. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

El objeto de la demanda a qne se refiere este pleito, la qne fné radicada en 19 de agosto de 1912, es qne se declare la nulidad de nna escritura pública de quince de mayo de mil novecientos dos por la cual el demandado José Dimas Riera por sn propio derecho y además como apoderado del demandante disolvió la sociedad mercantil “Riera y Com-pañía,” retrotrajo la liquidación a un balance practicado en 28 de febrero del mismo año y como apoderado del de-mandante se hizo cesión de los derechos y acciones qne a sn poderdante le correspondían por capital y beneficios en la sociedad Riera y Compañía mediante la cantidad qne en el documento se especifica y qne confesó recibida por sn po-derdante, la qne no entregó hasta enero de 1904.

Formulada contra ella por el demandado la excepción pre-via de qne la acción de nulidad qne se ejercita ha prescrito de acuerdo con los artículos 1301 del Código Civil español, equivalente al 1268 del Código Civil Revisado, fné sostenida por el Tribunal de Distrito de San Juan, Sección Ia., qne cono-cía del pleito y qne dictó sentencia desestimando la demanda con las costas a cargo del demandante, el qne ha interpuesto contra ella el presente recurso de apelación.

Aun cuando por haber sido otorgado en 15 de mayo de 1902 el contrato cuya nulidad se pretende son aplicables los preceptos del Código Civil español según la regla primera transitoria del Código Civil Revisado, Buso et al., v. Buso et al., 18 D. P. R., 901, sin embargo, como los preceptos de ambos son iguales en cnanto a la materia en disensión en este recurso, las citas que bagamos se referirán al código actual.

El error que se alega por el apelante contra la sentencia recurrida es que aplica indebidamente el artículo 1268 pre-ceptivo de que la acción de nulidad de los contratos sólo du-rará cuatro años, porque no se trata en este caso de un con-trato anulable, sino inexistente por falta de consentimiento por haber sido celebrado en contravención al mandato ex-preso de la ley que prohíbe que el mandatario compre bienes de cuya administración o enajenación estuviere encargado,, por lo que carece de los requisitos esenciales para la exis-tencia de la obligación.

En el caso de Ledesma et al. v. Agrait et al., 19 D. P. R., 566, al tratar la cuestión de si el contrato por el cual el apo-derado compra bienes de su mandante contra la prohibición de la ley era meramente anulable y podía por tanto ser rati-ficado o confirmado, después de considerarla extensamente llegamos a la conclusión de que la ley no establece división alguna entre contratos nulos y meramente anulables y que aquel contrato, igual al que ahora se discute, reunía todos los requisitos del artículo 1228, esto es, consentimiento, objeto y causa, aun cuando fue otorgado con infracción del artículo 1362. En otras palabras, que esos contratos tienen existen-cia, aunque son anulables por haber sido otorgados contra lo dispuesto en la ley, pudiendo ser ratificados.

Siendo, pues, un contrato anulable era necesario que el demandante ejercitase la acción de nulidad, pues según dijo el Tribunal Supremo de España en su sentencia de 11 de abril de 1894 “todo contrato otorgado contra precepto expreso de una ley prohibitiva engendra la acción necesaria para esta-Mecer la virtualidad de la proMMción infringida.” Sin embargo, como aparece de la demanda que entre la fecba del otorgamiento de la escritura cuya nulidad se interesa y la en que la demanda fue presentada ban transcurrido con exceso los cuatro años concedidos por la ley para el ejercicio de tal acción, es manifiesto que babía prescrito’ esa acción de acuerdo con el artículo 1268, por lo que no podemos declarar que el tribunal inferior cometiera error al dictar por ese funda-mento sentencia favorable al demandado.

Aun cuando también sostiene el apelado que no bay causa de acción en la demanda porque de ella aparece que fue con-firmado por el demandante el contrato cuya nulidad pretende, por baber recibido en 1904 el importe de lo que le correspon-dió en el balance por su capital y beneficios, como de la de-manda no aparece que supiera que su mandatario babía ad-quirido los bienes que a él correspondían, no podemos decla-rar la existencia de ese fundamento de excepción.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.


author: El Juez Asociado Se. Aldeet,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Gautier, Acusado y Apelante.
    Apelación ' procedente de la Corte de Distrito de Ponce en causa por venta de lecbe adulterada.
    No. 658.
    Resuelto en abril 24, 1914.
    Leche Adulterada — Adulteración de la Leche — Intención de Ofrecerla en ACenta. — De acuerdo eon la sección P de la Ley No. 59 de 1010, el solo hecho de adulterar o diluir la leche no es penable si no se realiza con la intención de ofrecerla en venta, y por tanto cuando una persona está acusada de haber verificado ese hecho debe probársele que lo hizo con la intención de ofrecerla en venta.

      Id. — Venta de Leche Adulterada — Esencia del Delito — Palta de Conoci-miento de la Adulteración por el Acusado. — La seeeión Ia. de la Ley-No. 59 de 1910, también castiga el mero hecho de tener u ofrecer en venta leche adulterada o diluida, y en estos casos no es necesario probar que se adulteró o diluyó con la intención de ofrecerla en venta, ni que la persona acusada fué quien la adulteró, ni que sabía que estaba adulterada.
    Id. — Venta de Leche Adulterada por el Dependiente — Responsabilidad del Dueño del Establecimiento. — De acuerdo con la sección Ia. de la Ley No. 59 de 1910, el dueño de un puesto de leche en el cual se venda leche adul-terada o diluida, es responsable criminalmente de dicho delito, y nada importa si la venta se hace por él o por medio de su dependiente.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, fiscal.

    Abogado del apelante: Sr. R. Martínez Nadal.

   El Juez Asociado Se. Aldeet,

emitió la opinión del tribunal.

Manuel S. G-autier estableció este recurso de apelación contra la sentencia del Tribunal de Distrito de Pon-ce que le condenó a sufrir la pena de un día de cárcel por delito contra la salud pública por tener y ofrecer en venta como pura leche adulterada de vaca.

Se admite por el apelante, y también lo admitió ante el tribunal inferior, que la leche que fué ocupada en uno de sus depósitos estaba adulterada por la adición de agua, así como que es uno de los socios de la sociedad que es dueña del depósito donde la leche se encontró. Parece que esa socie-dad tiene varios establecimientos dedicados a la venta de leche y que al frente de cada uno de ellos se halla un empleado suyo.

Con tales antecedentes sostiene el apelante que el tribunal inferior cometió error al declarar sin lugar una moción de sobreseimiento que le hizo, fundada en que no se probó que hubiese adulterado la leche £ícon la intención de ofre-cerla en venta o venderla o que causara o permitiera su venta u ofrecimiento de venta, o que la tuviere u ofreciere en venta, o la vendiese sabiendo que estaba adulterada, o que hubiese ordenado o consentido que su empleado hubiese ofrecido o vendido leche adulterada o que siquiera el acusado conocía o sabía que su empleado adulterase la leche o la ofreciere en venta. ’ ’

La sección Ia.- de la ley número 59 de 10 de marzo de 1910, que es la vigente sobre la materia, dice así:

“Toda persona que adulterare o diluyere leche con la intención de ofrecerla a la venta o que causare o permitiere que se ofrezca en venta y toda persona que la vendiere, ofreciere o tuviere en venta, será culpable de delito menos grave (misdemeanor) y castigada con encarcelamiento que- no exceda de un mes, y además de dicha pena se confiscará la leche adulterada: Disponiéndose, etc.’’

Según esa disposición, se castiga al que realiza el acto de adulterar o diluir la leche siempre que lo haga con la inten-ción de ofrecerla en venta; o en otras palabras, el solo hecho de adulterar o diluir la leche no es penable si no se realiza con la intención de ofrecerla en venta y por tanto cuando una persona está acusada de haber verificado ese hecho debe pro-bársele que lo hizo con la intención de ofrecerla en venta. Pero cuando adulterada o diluida la vendiere, ofreciere o tuviere en venta, entonces no es necesario probar que se adul-teró o diluyó con la intención de ofrecerla en venta, porque el hecho de venderla o de ofrecerla o de tenerla en venta de-muestra que la adulteración se hizo con ese propósito.

La ley castiga el mero hecho de tener u ofrecer en venta leche adulterada o diluida, y no es necesario por tanto probar que la persona acusada fué quien la adulteró o que sabía que estaba adulterada. Por tanto es el deber de toda persona que se dedica al negocio de venta de leche, cerciorarse de que dicho artículo no está adulterado, si no quiere sufrir las con-secuencias de su descuido, toda vez que la ley no tiene en cuenta si fué ella quien la adulteró sino solamente que la está vendiendo u ofreciendo en venta adulterada o diluida.

Esta cuestión fué ampliamente considerada por este Tribunal Supremo en el caso de El Pueblo v. Ferraris, 15 D. P. R., 813, en el que-se llegó a la conclusión de qne cuandoen virtud del precepto de la ley, la intención fraudulenta es elemento esencial del delito de tener u ofrecer en venta leche adulterada o diluida, es indispensable probar ese ex-tremo, pero que no es necesario probarlo cuando se castiga como delito el mero hecho de vender o tener en venta leche adulterada. Probablemente en vista de lo resuelto en este-caso, ya que se declaró también que la ley entonces en vigor-exigía que tal clase de venta fuera fraudulenta, fué modi-ficada la ley pocos meses después y se promulgó la del año-1910 que suprimió la intención fraudulenta como elemento-del delito de vender o tener u ofrecer en venta leche adulterada o diluida. La precedente doctrina fué ratificada por este tribunal después de estar en vigor la ley actual en el caso de El Pueblo v. Calderón, 17 D. P. R., 485, en el que dijimos:

“Insiste el apelante en que no adulteró la leche y que no hubo-prueba de su intervención, pero la venta de leche adulterada es el delito prescrito por el estatuto que es el que se ha probado. ’ ’

También los tribunales de los Estados Unidos han resuelto-la misma cuestión en varias decisiones, de las que sólo trans-cribiremos las siguientes:

“La acusación en este caso está basada en-el estatuto 1864, c. 122, inciso 4 que, entre otras cosas, prescribe que ‘ cualquiera que expenda, tenga en existencia u ofrezca en venta leche adulterada o a la que se le haya añadido agua o cualquiera otra substancia extraña,’ será multado en la forma' que allí consta. El acusado sostiene que la corte debió exigir al Ministerio Fiscal que durante el juicio presentase prueba de que él cometió esa infracción a sabiendas de que la leche estaba adulterada.
“Pero el estatuto no dice que se exige tal prueba, y es evidente que no fué la intención del legislador exigirla.. El estatuto 1863, c. 140 sí la exigía esa prueba, y una de las razones que tuvo la Legis-latura para revocarlo y sustituirlo por el que ahora está AÚgente, indudablemente fué la consideración de que en la mayor parte de los casos sería prácticamente imposible probar el hecho de que el acusado tenía conocimiento de que la leche estaba adulterada, y tam-bién por creer natural, bajo todos conceptos, que el expendedor de leche asumiera el riesgo de saber que el producto que expende no está adulterado. Es sumamente importante que el público esté pro-tegido contra fraudes que se cometen, en tan gran escala y con suma habilidad, en la adulteración de productos alimenticios por aquellos que se dedican a su venta; y si la Legislatura estima importante que los expendedores sean tenidos por responsables aun cuando no tengan conocimiento de que existe la adulteración, no vemos por .qué no ha de ser razonable el que a esos mismos individuos se les haga cargar con toda la responsabilidad.” Comm. v. Farren, 91 Mass., 489, 490.
“El delito perseguido por los estatutos de que estamos tratando es la venta de leche adulterada. La culpabilidad se establece por la prueba de que se consumó la venta de la leche, que, según el aná-lisis exigido por la ley, resultó estar adulterada. No es necesario demostrar que el expendedor sabía que la leche estaba adulterada.” The People v. Henry Schaeffer, 41 Hun., 23, 25.

La otra cuestión propuesta'por el apelante es que no puede ser responsable criminalmente de los actos que baya podido ejecutar su empleado. Sin embargo, bemos resuelto lo contrario en el caso de Él Pueblo v. Barquet, 19 D. P. R., 792, en el que dijimos:

“En cuanto a la insuficiencia de la prueba para sostener la sen-tencia contra Juan y Narciso Barquet, entendemos que ella demues-tra suficientemente que el delito se cometió en la casa mercantil de Barquet Hermanos por un dependiente de la misma que actuaba den-tro de las funciones de su cargo y demuestra, además, que los acusa-dos son socios e intervienen directamente en los negocios de dicha casa mercantil, la que no es una corporación sino una sociedad. Siendo ello así es bien claro que dichos acusados pueden ser persegui-dos y castigados individualmente por una violación de la Ley de Ren-tas Internas cometida por un dependiente que actuó por y para la sociedad. ’ ’

Si bien es regla general qne nna persona no debe ser res-ponsable de los actos de otra por la mera relación de principal y agente, sin embargo bay excepciones a esa regia. Mu-chas leyes, en consideración al bien general, imponen penas independientemente de la intención de violarlas, con el pro-pósito de que teniéndose mayor cuidado en su cumplimiento se conserve la salud pública, que haría imposible la violación de la ley. Nuestra ley impone a la persona que vende leche el deber de que la venda pura y el incumplimiento del mismo se castiga como delito. El apelante se dedica al negocio de vender leche y por tanto importa poco si la vende por sí mismo o por medio de un empleado. Vendiendo leche adulterada o diluida se aumentan las ganancias y por consiguiente se deben soportar las consecuencias. En el caso de People v. Roby, 18 N. W., 362; 52 Mich., 577; 50 Am. Rep., 270, se declaró:

“El dueño de una taberna fué propiamente declarado culpable por el hecho de que su empleado lo abrió un doming'o por la mañana sin su consentimiento o conocimiento, con el objeto de limpiarlo, habiendo vendido mientras tanto bebidas a un parroquiano que casual-mente se presentó y que insistió en que se le vendieran.”

Igual principio se sostiene en los casos de Lehman v. District of Columbia, 19 App. D. C., 217, y State v. Burchinal, 2 Har., 528.

No vemos motivo para la revocación de la sentencia ape-lada, la que debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.


text:
    Oronoz, Demandante y Apelado, v. Montalvo et al., Demandados y Apelante el Primero.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Agnadilla en nn caso de injunction para recobrar la posesión material de propiedad inmueble.
    Moción del apelado para qne se desestime la apelación.
    Moción del apelante sobre reconsideración de la resolnción desestimando la apelación.
    No. 1140.
    Resuelto primeramente en abril 15, 1914.
    Resuelto en reconsideración en abril 28, 1914.
    Desestimación de Apelación — Exposición del Caso no Radicada pob Falta de Fondos del Apelante — Falta de Tbanscripción de Autos. — Cuando el proyecto de exposición del caso del apelante queda sin radicar en la secre-taría de la corte inferior por no baber depositado dieba parte fondos para cubrir los. derechos de radicación a pesar de baber sido notificado para ello por el secretario, es lo mismo que si no se hubiera presentado exposición del caso, y transcurrido el término de 30 días desde que se radicó el escrito de apelación sin que se .baya presentado la transcripción de autos en este tribunal, debe desestimarse la apelación.
    moción de beconsidebación.
    Id. — Reconsideración de Resolución — Hechos Nuevos Alegados en la Mo-ción. — Este tribunal no considerará hechos nuevos alegados en la moción de reconsideración y que habiendo podido ser sometidos a la corte al dictar la resolución cuya reconsideración se pide, no lo fueron por omisión de la parte, a menos que se demuestren razones poderosas que constituyan una causa razonable para no haberlo hecho antes, las cuales no fueron alegadas en este caso.
    Id. — Reconsideración de Resolución — Exposición del Caso no Radicada por Falta de Fondos. — Este tribunal no considerará hechos alegados en una moción de reconsideración para contradecir una certificación expedida por el secretario de una corte inferior, cuando tales hechos han podido y han debido ser alegados al contestar la moción de desestimación de apelación a la cual se acompañó dicha certificación.
    Id. — Exposición del Caso Enviada por Correo y no Radicada — Radicación de Documentos. — Los preceptos del artículo 322 del Código de Enjuiciamiento Civil no son aplicables a documentos o alegaciones de las partes enviadas al secretario de una corte para su radicación, y cuando se emplea ese medio, la radicación surte efecto desde que se hace y no desde que se depositó el documento en el correo.
    Los Lechos están expresados en la resolnción.

      Abogado del apelado: Sr. Carlos Franco Soto.

    Abog’ado del apelante: Sr.' Víctor P. Martinez.

   RESOLUCIÓN.

Por cuanto, con fecha 13 de' febrero de 1914 la Corte de Distrito de Agnadilla dictó sentencia en este caso contra el demandado Susano Montalvo.

Por cuanto, con fecba 24 de febrero de 1914 .se radicó en la secretaría del tribunal inferior el escrito de apelación contra dicha sentencia.

Por cuanto, en 5 de marzo de 1914 se recibió por correo en la secretaría del tribunal inferior el proyecto de expo-sición del caso y pliego de excepciones de la parte ape-lante que no ha sido radicado en dicha secretaría por no haber depositado la parte apelante el importe de los derechos de secretaría, a pesar de haber sido requerida para ello, ni por ese motivo ha sido presentado al juez del tribunal inferior dicho documento, no surtiendo por tanto efectos legales algunos y habiendo transcurrido el término de 10 días que señala el artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil, enmendado por Leyes No. 70 de marzo 9, 1911 y No. 21 de marzo 11, 1913, y habiendo por tanto expirado el término' de 30 días para radicar en este tribunal la transcripción de autos a contar desde el 24 de febrero en que se radicó el escrito de apelación, sin que se haya presentado dicha trans-cripción ni solicitado prórroga alguna para ello.

Por tanto, vistos el artículo 295, párrafo 1, del Código de Enjuiciamiento Civil, enmendado por Ley de marzo 11, 1908, el artículo 299 del mismo código, enmendado por las Leyes No. 70 de marzo 9, 1911 y No. 21 de marzo 11, 1913, y los artículos 303 del mismo código y 40, 58 y 60 del Reglamento de este tribunal, se declara con lugar la moción de la parte apelada, y en su virtud se desestima la apelación interpuesta por el demandado Susano Montalvo contra la sentencia dic-tada por la Corte de Distrito de Aguadilla el 13 de febrero de 1914, y comunique se a la corte inferior -a los . fines procedentes.

Desestimada la apelación.

Presentada moción de reconsideración fué esta denegada en abril 28, por medio de la siguiente opinión emitida por el Juez Asociado Sr. Wolf.

El apelante solicita la reconsideración de la resolución dictada por este tribunal el 15 de abril corriente desestimando la apelación interpuesta en este caso. En apoyo de esta reconsideración sostiene él que el secretario de la corte inferior tenía bastantes fondos en su poder, para pagar los dere-chos de radicación del proyecto de exposición del caso y que por lo tanto debió haberlo radicado tan pronto como lo reci-bió por correo, y al efecto alega en su moción de reconsidera-ción que el 9 de febrero último había depositado $5 en la secretaría del tribunal inferior y el 17 de abril corriente otros $5. Este último depósito ha sido hecho después que ya estaba desestimada esta apelación y en la contestación jurada que presentó el apelante oponiéndose a la moción de desestima-ción presentada por el apelado nada dijo en cuanto a estos extremos. Hay que tener en cuenta que tanto la moción pi-diendo la desestimación de la apelación como la contestación del apelante oponiéndose a dicha moción están juradas, pero la moción de reconsideración no lo ha sido.

En una moción de reconsideración no deben alegarse nue-vos hechos que no han sido considerados por este tribunal al dictar la resolución cuya reconsideración se pide, a menos que se expresen razones poderosas que constituyan una ex-cusa razonable para no haberlo hecho antes. En este caso no solamente no se ha alegado excusa alguna para no haber consignado los hechos expuestos en la moción de reconsidera-ción en la contestación del apelante oponiéndose a la moción de desestimación, sino que tales hechos no están robustecidos por el juramento de la parte apelante en su moción de recon-sideración.

En la certificación expedida por el secretario de la corte inferior y presentada por la parte apelada en apoyo de su moción para desestimar, esta apelación se inserta una carta del secretario de la corte inferior del 12 de marzo último, en la cual le avisa al apelante que no tenía fondos suyos en secretaría para pagar los derechos de radicación del proyecto de exposición del caso y pliego de excepciones, y a pesar de este aviso escrito el apelante no hizo depósito alguno hasta el 17 de abril corriente o sea después que ya se había deses-timado esta apelación.

Al oponerse el apelante a la moción de desestimación era el momento oportuno para que él contradijera los hechos rela-cionados en la certificación del secretario de la corte de dis-trito, y si realmente dicho funcionario tenía fondos en secre-taría el apelante debió justificarlo a satisfacción de este tribunal en aquel momento.

Los hechos alegados en la moción de reconsideración no jurada no son suficientes para contrarrestar los hechos que resultan de la certificación del secretario de la corte- sentencia-dora y por lo tanto no se ha demostrado que dicho proyecto de exposición del caso debió radicarse por el secretario cuando lo recibió por correo. Los preceptos del artículo 322 del Código de Enjuiciamiento Civil que cita el apelante no son aplicables a documentos o alegaciones de las partes enviadas a la secretaría de un tribunal para su radicación. La radi-cación de un proyecto de exposición del caso, lo mismo que la de cualquier otra alegación o documento de una parte, surte sus efectos desde el momento en que son recibidos por el secretario por correo o personalmente y quedan radicados por él, pero cuando tales documentos los recibe el secretario por correo, el hecho de que hayan sido depositados en el co-rreo no equivale a su radicación en la corte, ni los efectos de radicación se retrotraen a la fecha' en que fueron así depo-sitados. Estee’s Pleadings, cuarta edición, tomo 3, sección 5001, página 519.

Por los motivos expresados debe desestimarse la moción de reconsideración.

Denegada la reconsideración.

Jueces concurrentes en ambas decisiones: Sres. Presi-dente Hernández y Asociados del Toro y Aldrey.