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    Exagente José L. Torres Rivera, peticionario, v. Policía de Puerto Rico, recurrida.

      Número; CC-2014-445

      Resuelto: 24 de octubre de 2016

      José F Avilés Lamberty, abogado de la parte peticionaria; Margarita Mercado Echegaray, procuradora general, Karla Z. Pacheco Alvarez, subprocuradora general, y Miriam Alvarez Archilla, procuradora general auxiliar, abo-gadas de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo

emitió la opinión del Tribunal.

Luego de celebrar una vista administrativa informal, ¿puede el Superintendente de la Policía de Puerto Rico im-poner como medida disciplinaria contra un agente policí-aco una sanción mayor a la que le había notificado previa-mente? Contestamos esa interrogante en la negativa.

Por los fundamentos que discutiremos más adelante, modificamos la Sentencia recurrida a los fines de devolver el caso a la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA) para que celebre una vista adjudicativa formal en el caso del Sr. José L. Torres Rivera (señor Torres Rivera o peticionario) y, de entender que procede una me-dida disciplinaria, se circunscriba a imponer una medida que no podrá exceder de una suspensión de empleo y sueldo por el término de 120 días.

I

Para el 2003, el señor Torres Rivera se desempeñaba en un puesto de carrera como agente de la Policía de Puerto Rico (Policía). A raíz de unos hechos ocurridos el 26 de ju-nio de 2003 en el Centro Médico en Río Piedras, la Policía realizó una investigación administrativa sobre la conducta del peticionario como miembro de la fuerza policíaca. Como resultado de esa investigación, el 28 de octubre de 2010, el entonces Superintendente de la Policía, el Ledo. José E. Figueroa Sancha, le notificó al señor Torres Rivera una Resolución de cargos. En particular, expuso que el se-ñor Torres Rivera incurrió en las faltas graves 1, 18, 27 y 42 dispuestas en el Art. 14, Sec. 14.5 del Reglamento de Personal de la Policía de Puerto Rico (Reglamento de Personal), por lo que se proponía “imponerle como castigo una suspensión de empleo y sueldo por el término de ciento veinte (120) días”. (Énfasis suplido).

Como parte de la notificación, el Superintendente Figueroa Sancha le advirtió al señor Torres Rivera de su de-recho a solicitar una vista administrativa informal ante un oficial examinador dentro del término de 15 días labora-bles, contado a partir de la fecha de notificación de la Re-solución de cargos. A su vez, le informó que “[d\e no solici-tar la vista se entenderá que renuncia a la misma y a su derecho de estar presente y presentar evidencia a su favor, por lo que el castigo de suspensión se convertirá en final, con derecho usted de apelar el mismo ante la [CIPA] dentro del término de treinta (30) días calendario, contados a par-tir de la Resolución Final que se emita imponiéndole el re-ferido castigo”, (Énfasis suplido).

Luego de celebrada la vista administrativa informal que solicitó el peticionario, el 24 de octubre de 2013, un nuevo Superintendente de la Policía, Héctor M. Pesquera, notificó al señor Torres Rivera una Resolución final de expulsión y le indicó que podía apelarla ante la CIPA. Específicamente, el Superintendente Pesquera le informó lo siguiente:

Luego de evaluar el expediente administrativo, he determinado que la sanción anunciada en la Resolución de Cargos debe ser modificada. En vista de que su conducta es un claro atropello a los derechos civiles de un ciudadano y al amparo del acuerdo suscrito entre el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Policía de Puerto Rico y el Gobierno de los Estados Unidos de América para la reforma de la Policía de Puerto Rico, en el caso United States v. Commonwealth of Puerto Rico et al., Caso Número 3:12-cv-2039 (GAG), lo expulso del puesto que ocupa en la Policía de Puerto Rico, efectivo a la fecha de notifi-cación de esta comunicación. (Énfasis suplido).

En desacuerdo con la decisión de la Policía, el 12 de noviembre de 2013, el señor Torres Rivera apeló ante la CIPA. Así las cosas, dicho foro dictó una Resolución el 20 de noviembre de 2013, en la cual declaró “con lugar” la apelación del señor Torres Rivera al concluir que “el pro-ceso disciplinario [...] fue uno defectuoso, contra derecho y en violación al debido proceso de ley”. En su dictamen, la CIPA expresó que “[s]i validamos el proceder de la Policía de Puerto Rico adjudicándole la autoridad de variar los cas-tigos sin previo aviso, estaríamos colocando a los policías en una posición desventajosa frente a la institución que preci-samente le ha privado de su derecho propietario”. Asi-mismo, fundamentó su decisión en lo siguiente:

No hay ninguna advertencia de que el castigo podría ser desde una suspensión de empleo y sueldo de [120] días hasta la expulsión. Nada de lo escrito y notificado al apelante Torres Rivera # 29623 le apercibe de la posibilidad de un aumento a su castigo. Lo que se le dice es que si no quiere presentar prueba a su favor, se sostendrá la sanción anticipada. Esta notificación tiene el propósito de que el apelante decida si acoge o no el castigo y de solicitar la vista administrativa, poder preparar su defensa.
Cabe destacar!,] además, [...] que la Policía de Puerto Rico enmienda la sanción a tenor con el convenio de reforma policial. La mencionada enmienda no es procedente en derecho, por entre otras razones, fundamentarse en un acuerdo que se suscribió el 17 de julio de 2013 y que tiene carácter prospectivo. (Énfasis suplido).

En consecuencia, la CIPA revocó la determinación de expulsión y ordenó a la Policía el pago de salarios, haberes y otros beneficios dejados de percibir por el señor Torres Rivera durante su suspensión.

Inconforme con la decisión de la CIPA, el 14 de marzo de 2014, la Policía presentó un recurso de revisión administra-tiva ante el Tribunal de Apelaciones. Así las cosas, el 30 de abril de 2014 dicho tribunal revocó la Resolución de la CIPA y devolvió el caso para que esa comisión celebrara una vista adjudicativa con el fin de atender los méritos de la reclama-ción ante sí. El foro apelativo intermedio expresó que

[n]o existe en nuestra jurisprudencia, en la Ley de la Policía de Puerto Rico, infra, o en el reglamento aplicable, prohibición alguna que impida al Superintendente modificar la sanción sugerida, si estima que la que procede es otra distinta, sea esta más leve o más grave a la originalmente anunciada. Ello, naturalmente, siempre que el empleado fuera adecuadamente notificado de los cargos en su contra, así como de la oportuni-dad de ser escuchado y de presentar alguna prueba a su favor.
Entonces, realizada la notificación correctamente y brindado el debido proceso de ley, surge que la Policía siguió un proce-dimiento justo y equitativo, conforme a las reglas del debido proceso de ley y [no] actuó ultra vires al aplicar una medida disciplinaria más severa a la anunciada en la notificación. (Énfasis suplido). Sentencia, Apéndice de la Solicitud de cer-tiorari, págs. 20-24.

Insatisfecho con la determinación del Tribunal de Ape-laciones, el 10 de junio de 2014, el peticionario presentó mía Solicitud de certiorari en la cual señaló los errores siguientes:

[(1)] Erró el [Tribunal de Apelaciones] al revocar la Resolución emitida por la [CIPA] en la cual resolvió que no se le había reconocido el debido proceso de ley al peticionario, al imponér-sele como medida disciplinaria la expulsión de[l] Cuerpo de la Policía luego de celebrada la vista informal, cuando se le había advertido previamente en la Resolución de Cargos que se le impondría como medida disciplinaria una suspensión de em-pleo y sueldo [,] y en la que se le advirtió de su derecho a una vista informal previo a la imposición del referido castigo. Ello sin prueba alguna en el expediente, de alegados hechos o con-ducta adicional a la anunciada previamente en la Resolución de Cargos, antes de la celebración de la vista informal.
[(2)] Erró el [Tribunal de Apelaciones] al revocar la Resolución emitida por la [CIPA] de 20 de noviembre de 2013, al no reco-nocerle la facultad inherente de evaluar su propia jurisdicción apelativa al evaluar los casos presentados ante sí, previo a la celebración de la vista informal. íd., pág. 8.

El 31 de octubre de 2014 expedimos el recurso de certio-rari y más adelante, el 18 de junio de 2015, el señor Torres Rivera presentó su alegato. Por su parte, la Policía pre-sentó su alegato en oposición el 10 de septiembre de 2015.

II

En su alegato, el peticionario planteó que nunca se le apercibió de la posibilidad de que el castigo consistente en una suspensión de empleo y sueldo por el término de 120 días (según propuesto en la Resolución de cargos que le fue notificada el 28 de octubre de 2010) pudiera aumentarse antes o después de la vista administrativa informal que solicitara. Incluso, expuso que en la Resolución de cargos se le indicó que si no solicitaba esa vista, entonces se entende-ría que renunciaba a ella y a su derecho a estar presente y ofrecer prueba a su favor, de forma tal que “el castigo de suspensión se convertirá en final’ y tendría derecho a apelar ante la CIPA.

Aunque el peticionario reconoció que el Reglamento de Personal dispone que la expulsión del cuerpo policíaco es una de las opciones de castigo a imponerse por una falta grave, éste subrayó que la Policía autolimitó su discreción al especificar en la Resolución de cargos que se proponía impo-ner el castigo de la suspensión de empleo y sueldo por el término de 120 días.

Asimismo, el señor Torres Rivera destacó que la Policía había fundamentado la modificación de la sanción ante la existencia de un acuerdo de reforma policial. No obs-tante, esbozó que dicho fundamento es improcedente de-bido a que ese acuerdo se suscribió el 17 de julio de 2013 y con carácter prospectivo, por lo que es inaplicable a unos hechos ocurridos en junio de 2003. Sobre esto, manifestó que “[s]in duda, se utilizó en su contra un convenio que no pudo controvertir porque sencillamente no existía para la fecha en la que tuvo su audiencia ante la Policía [...] ”.

Por otro lado, el peticionario expuso que la CIPA tiene autoridad inherente para evaluar su propia jurisdicción apelativa al examinar los casos presentados por miembros de la Policía que fueran sancionados por la autoridad nominadora. Añadió que “[c]onforme a ello, [la CIPA] tiene el deber de evaluar el expediente que tiene ante sí, y velar porque se hayan cumplido con los procesos no solamente establecidos en las leyes orgánicas y reglamentos de las agencias sobre las cuales su propia ley le confiere jurisdic-ción, sino con los preceptos constitucionales que les cobija a los empleados concemidos”. El señor Torres Rivera es-bozó que “[a] base de su autoridad!,] no erró la [CIPA] al determinar que al apelante se le había violado su derecho a un debido proceso de ley, como parte de los procesos en la imposición de la medida disciplinaria, por lo que procedía no sostenerse la misma”.

Así pues, el peticionario nos solicitó la revocación de la Sentencia del Tribunal de Apelaciones, que ordenemos su reinstalación al puesto que ocupaba y el pago de los habe-res dejados de percibir.

Por su parte, en el alegato en oposición, la Procuradora General —en representación de la Policía— indicó que el Reglamento de Personal no le impone al superintendente de la Policía una limitación para variar su determinación sobre la medida disciplinaria luego de la vista administra-tiva informal, sino que tiene la potestad de imponer la san-ción que “ ‘estime conveniente’ ”, incluso la expulsión en el caso de falta grave. Añadió que "se le imputa al peticio-nario conocimiento de la ley y el reglamento, así que no era sorpresa que cause un perjuicio indebido el que luego se determinara imponerle la sanción máxima”.

La Policía sostuvo que la decisión fue conforme al de-bido proceso de ley y no se violó disposición alguna que pudiese invalidar la sanción de expulsión. En particular, la Policía indicó que “al peticionario se le notificó de los graves hechos sobre violación de derechos civiles a un ciuda-dano, de las faltas administrativas, del curso de acción es-pecífico a seguirse en su contra, se le dio la oportunidad de responder a los cargos y tuvo la correspondiente vista informal”. (Énfasis suplido).

A su vez, la Policía expresó que el señor Torres Rivera no ha acreditado un perjuicio particular y específico sobre cómo se afectó su derecho a defenderse de los cargos impu-tados en la vista informal. Al respecto, destacó que “[e]l mero hecho que la notificación no indicó que podría proce-der una destitución, no es suficiente para anular el proce-dimiento, cuando de la reglamentación de la [Policía] surge que el Superintendente podía variar la medida disciplina-ria a imponerse y cuando la medida estaba plenamente justificada a la luz de las faltas imputadas”. Mientras, sobre la sanción impuesta, indicó que ésta responde a la política pública de cero tolerancia ante el abuso policíaco.

Asimismo, la Policía manifestó que el Tribunal de Apela-ciones no erró ni abusó de su discreción al ordenar a la CIPA que celebre una vista formal, ya que esto permite garantizar el debido proceso de ley al peticionario en esa etapa signifi-cativa del proceso. Sobre esto, esbozó que la CIPA debe ce-lebrar dicha vista por mandato de ley.

Examinados los hechos del caso, así como los argumen-tos esbozados por las partes en sus respectivos alegatos, procedemos a analizar el derecho aplicable y luego resolver la controversia ante nuestra consideración.

I—f 1—4 I—I

Como antesala, conviene repasar el proceso disciplina-rio que se lleva a cabo en la esfera administrativa en contra de un miembro de la Policía. Este proceso se compone de 6 etapas: (1) la investigación; (2) la formulación de car-gos; (3) la celebración de la vista informal; (4) la determi-nación del Superintendente de la Policía; (5) la etapa ape-lativa ante la CIPA, y (6) la revisión judicial de la decisión emitida por la CIPA.

A. La Ley de la Policía de Puerto Rico de 1996 y el Regla-mento de Personal de la Policía de Puerto Rico

En el Art. 5 de la Ley Núm. 53-1996, según enmendada, conocida como la Ley de la Policía de Puerto Rico de 1996 (Ley de la Policía), 25 LPRA see. 3104, se incluyen algunas facultades y deberes del Superintendente de la Policía como administrador y director del cuerpo policíaco.

El Art. 5(b) de la Ley de la Policía, supra, dispone que el Superintendente de la Policía “[djeterminará por regla-mento la organización y administración de la Policía, las obligaciones, responsabilidades y conducta de sus miem-bros, empleados civiles, policías auxiliares, reservistas y concejales y cualquier otro asunto necesario para el funcio-namiento del Cuerpo”. 25 LPRA sec. 3104(b). En lo perti-nente, el Art. 23 de la Ley de la Policía, 25 LPRA see. 3122, establece lo siguiente:

El reglamento determinará las faltas de los miembros de la Fuerza que conllevaren acción disciplinaria. Dichas faltas es-tarán clasificadas en graves o leves. El reglamento prescribirá la acción correspondiente con arreglo a lo preceptuado en las sees. 3101 et seq. de este título.
La acción disciplinaria por faltas leves y graves se fijará en el reglamento, el cual determinará qué personas tendrán fa-cultad para imponer sanciones en estos casos, así como el pro-cedimiento para tramitar las mismas, sujeto a lo siguiente:
(a) Trámite de faltas leves.—
(b) Trámite de faltas graves.—
(1) El expediente de investigación de todo cargo grave in-cluirá el informe completo en tomo a las imputaciones hechas contra el miembro o miembros de la Fuerza querellados. El trámite de investigación y envío del expediente se hará sin demora innecesaria. El reglamento determinará los oficiales que intervendrán en el expediente de investigación.
(2) El castigo a imponerse por faltas graves podrá ser uno de los siguientes: reasignación de funciones o reubicación, traslado, expulsión permanente del Cuerpo, degradación o suspensión de empleo sin sueldo por un período no mayor de cinco (5) meses.
(3) Los cargos por faltas graves serán formulados por es-crito y firmados por el Superintendente o el Superintendente Asociado.
(6) El Superintendente, luego de examinar y analizar el expediente y de dar al querellado la oportunidad de ser escu-chado, resolverá el caso, absolviendo al querellado o impo-niendo el castigo que estime razonable, según lo dispone la cláusula (2) de este inciso. Si se declara incurso en falta el miembro o miembros de la Fuerza concernidos, el Superinten-dente entregará copia al querellado del documento contentivo de su decisión, lo que se comprobará por medio de la firma de éste e indicando la fecha y hora de la notificación. El procedi-miento para estos casos se determinará mediante reglamento.
(8) Todo miembro de la Fuerza contra quien se haya dic-tado una decisión adversa por el Superintendente, podrá ape-lar el caso ante la [CIPA], creada mediante las sees. 171 et seq. del Título 1, ante la cual tendrá derecho a vista conforme a los términos de dichas secciones. La apelación deberá presentarse dentro de los treinta (30) días de recibir la notificación de castigo.

En virtud de la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico, Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, 3 LPRA ant. see. 1301 et seq,, y la Ley de la Policía de Puerto Rico de 1974, Ley Núm. 26 de 22 de agosto de 1974, según enmendada, 25 LPRA ant. sec. 1001 et seq., se promulgó el Reglamento de Personal de la Policía de Puerto Rico, Reglamento Núm. 4216 del Departamento de Estado, 11 de mayo de 1990 (Reglamento de Personal).

En lo concerniente, la Sec. 14.3(2)(a) del Regla-mento de Personal establece que

[el] Superintendente tomará las medidas correctivas apro-piadas cuando un miembro de la Policía de Puerto Rico incu-rra en violación de cualquiera de las faltas clasificadas en graves o leves. El castigo a imponerse por falta grave podrá ser uno de los siguientes: expulsión del Cuerpo, degradación o suspensión de empleo y sueldo por un período no mayor de cinco (5) meses [...]

Asimismo, el Reglamento de Personal dispone en su Sec. 14.3(2)(b)(l)(a), las etapas del procedimiento discipli-nario contra un miembro de la Policía que haya incurrido en una falta grave. Acorde con dicha sección, el proceso comienza con una investigación administrativa y luego se emite una determinación sobre si procede o no tomar una medida disciplinaria. En caso de que se determine tomar una acción disciplinaria, entonces se prosigue con la for-mulación de cargos, lo cual se notifica al miembro de la Policía y se le advierte su derecho a solicitar una vista administrativa informal ante un oficial examinador. En esa vista, el miembro de la Policía tiene derecho a presen-tar evidencia y comparecer personalmente o a través de un representante legal. Asimismo, se le advierte que una vez se celebre la vista o transcurra el término establecido sin que ésta se haya solicitado, el Superintendente de la Poli-cía tomará la decisión que estime conveniente. En caso de que la decisión del Superintendente de la Policía fuera la destitución o expulsión, degradación, suspensión de em-pleo y sueldo, amonestación o reprimenda, se le advierte al miembro de la Policía que tiene derecho a apelar ante la CIPA.

B. La Comisión de Investigación, Procesamiento y Apela-ción (CIPA)

La Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA), creada en virtud de la Ley Núm. 32 de 22 de mayo de 1972 (Ley 32), según enmendada, 1 LPRA see. 171 et seq., está facultada con poderes cuasijudiciales para intervenir en aquellos casos en los que se impute mal uso o abuso de autoridad a cualquier agente del orden pú-blico estatal o municipal, agente de rentas internas o cual-quier otro funcionario de la Rama Ejecutiva estatal o municipal autorizado para efectuar arrestos. Conforme al Art. 2 de la Ley 32 (1 LPRA see. 172), la CIPA podrá ejercer sus funciones en primera instancia —1 LPRA see. 172(1)— o en apelación —1 LPRA see. 172(2)—.

En lo que atañe al caso de epígrafe, la CIPA, en su fun-ción como cuerpo apelativo, revisará las actuaciones disci-plinarias que realizan los jefes o directores sobre los fun-cionarios comprendidos por la ley. En lo pertinente, el Art. 2(2) de la Ley 32 (1 LPRA sec. 172(2)), dispone que la CIPA

[a]ctuará como cuerpo apelativo con jurisdicción exclusiva para oír y resolver apelaciones interpuestas por los funciona-rios públicos cubiertos por este capítulo, cuando el jefe o director, del organismo o dependencia de que se trata les haya im-puesto cualquier medida disciplinaria en relación con actuaciones cubiertas por este capítulo [...]
Tanto el funcionario querellado, como el ciudadano perjudi-cado que hubiese radicado una querella formal ante la autori-dad facultada para sanciones, tendrá un término de treinta (30) días para apelar ante la Comisión, contados a partir de la notificación de la determinación de la referida autoridad.
La Comisión, luego de celebrar la vista correspondiente, se-gún lo dispuesto en el inciso (3) de la see. 173 de este título, podrá confirmar, revocar o modificar la determinación o actua-ción de la cual se hubiere apelado, o podrá imponer cualquier sanción que la autoridad facultada para sancionar hubiese po-dido imponer. No obstante lo anterior, la Comisión podrá mo-dificar su determinación a los fines de aumentar o agravar una sanción sólo cuando, de un análisis del expediente, o de la prueba desfilada ante dicho organismo, o ambas, se desprenda que el jefe o director de la dependencia hubiese impuesto un castigo que, razonablemente, no vaya de acuerdo con los he-chos que originaron la querella presentada. (Énfasis suplido).

Conforme a sus facultades, la CIPA adoptó el Regla-mento para la Presentación, Investigación y Adjudicación de Querellas y Apelaciones ante la Comisión de Investiga-ción, Procesamiento y Apelación, Reglamento Núm. 7952 del Departamento de Estado, 1 de diciembre de 2010 (Re-glamento de la CIPA). El Art. 15(l)(a) del mencionado re-glamento dispone que la CIPA actuará como cuerpo apela-tivo “[piara oír y resolver apelaciones interpuestas por los funcionarios públicos cubiertos por la Ley, cuando el Jefe o Director del organismo o dependencia de que se trate haya impuesto cualquier medida disciplinaria en relación con actuaciones cubiertas por la Ley”. Reglamento de la CIPA, supra, pág. 16.

Por su parte, el Art. 4(w) del Reglamento de la CIPA, supra, pág. 5, define “apelación” como el escrito mediante el cual la parte apelante impugna la decisión emitida por la autoridad nominadora y en el que solicita que la CIPA celebre una vista. Mientras, el Art. 10 del Reglamento de la CIPA, supra, regula el inicio del procedimiento de adjudicación. En específico, el inciso 1 del Art. 10 de dicho reglamento expresa que “[t]odo procedimiento de investi-gación y/o adjudicación comienza a iniciativa de la Comi-sión o con la presentación de la querella, apelación o peti-ción en las oficinas de la [CIPA], donde se recibirán los documentos y se abrirá el expediente administrativo”. íd., pág. 12.

Sobre el trámite de presentación, el Reglamento de la CIPA dispone en su Art. 10(2) que la apelación se presen-tará en la Secretaría de la CIPA dentro del término de 30 días, contado desde la fecha en que la parte apelante fue notificada de la determinación a impugnarse. Reglamento de la CIPA, supra, pág. 12. Mientras, el Art. 10(3) de dicho reglamento establece que en las apelaciones de fun-cionarios públicos bajo la jurisdicción de la CIPA se in-cluirá: (1) la Resolución de cargos o Carta de intención, y (2) la Resolución final. íd.

Según el Art. 10(5) del Reglamento de la CIPA, supra, pág. 13, una vez se haya presentado la apelación con los documentos requeridos, la CIPA señalará fecha para vista y lo notificará a las partes por correo. La parte apelante y la parte querellada pueden comparecer a dicha vista por derecho propio o con abogado, conforme dispone el Art. 21(4) del Reglamento de la CIPA, supra, pág. 20.

Como vimos, el Art. 2(2) de la Ley 32, supra, re-quiere que la CIPA, dentro de su facultad apelativa, cele-bre una vista. Ello quiere decir que la CIPA tiene la obli-gación de así hacerlo. Este Tribunal ha reconocido que dicha vista es una especie de juicio de novo en el cual la CIPA —como organismo administrativo— tiene la oportu-nidad de escuchar nuevamente toda la prueba y otorgar el valor probatorio que a su juicio esta merezca. Asimismo, la CIPA puede llegar a determinaciones de hecho o conclu-siones de derecho diferentes a las que emitió el Superin-tendente de la Policía.

En cuanto a la desestimación o disposición sumaria de una apelación, el Art. 26 del Reglamento de la CIPA ex-presa que “[l]a Comisión y/o el Juez Administrativo podrá desestimar o disponer sumariamente de una querella o de una apelación motu proprio o a solicitud de parte, de en-tender que la misma no plantea hechos que justifiquen la concesión de un remedio, o si en no habiendo controversia real en los hechos, como cuestión de derecho, procede [que] se dicte resolución a favor de la parte promovente”.

C. El debido proceso de ley y el empleado de carrera

La Constitución de Puerto Rico, en su Art. II, Sec. 7, reconoce el derecho a un debido proceso de ley como salvaguarda de las privaciones de libertad o propiedad. Específicamente, el debido proceso de ley en su vertiente procesal es el que regula las garantías mínimas que el Es-tado debe proveer al ciudadano que se le está afectando su vida, libertad o propiedad. Además, como elemento fundamental, exige que el Estado. realice un procedimiento justo y equitativo al momento de intervenir con el interés propietario de una personal.

Ante un reclamo basado en el principio constitucional del debido proceso de ley en su vertiente procesal, corres-ponde identificar si existe un interés que amerite protección. Si se contesta en la afirmativa, procede evaluar cuál es el procedimiento debido.

En múltiples instancias, este Foro ha manifestado que al empleado público se le reconoce un interés en la retención de su empleo, ello siempre que ese interés se encuentre protegido por ley, como en el caso de los emple-ados de carrera, o cuando las circunstancias del empleo le creen una expectativa de continuidad. Esto es, los em-pleados de carrera poseen un interés propietario sobre sus plazas, de manera que son acreedores de un debido proceso de ley.

De existir un interés protegido, la agencia nomi-nadora tendría que cumplir con ciertos procedimientos para privar al empleado de su empleo, de forma tal que se cumpla con el debido proceso de ley. Así pues, para ga-rantizar las exigencias mínimas del debido proceso de ley en su vertiente procesal, es fundamental cumplir con estos requisitos: (1) notificación adecuada del proceso; (2) pro-ceso ante un juez imparcial; (3) oportunidad de ser oído; (4) derecho a contrainterrogar a los testigos y examinar la evi-dencia presentada en su contra; (5) tener asistencia de abo-gado, y (6) que la decisión se base en el expediente.

En cuanto al requisito de notificación adecuada, en U. Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P., 146 DPR 611, 634 (1998), in-dicamos que éste tiene el propósito de “poner al empleado público al tanto de los cargos en su contra y de la consecuen-cia que podrían acarrear éstos. Así, el empleado estará en posición de expresar su versión de los hechos y las razones por las cuales no debe ser disciplinado”. (Enfasis suplido).

D. La revisión judicial de las decisiones de las agencias administrativas

Según nos plantea el profesor Demetrio Fernán-dez, la función principal de la revisión judicial “es asegu-rarse de que las agencias actúan dentro del marco del po-der delegado y consistente con la política legislativa”. Es norma reiterada en nuestro ordenamiento jurídico que los tribunales apelativos debemos conceder deferencia a las decisiones de las agencias administrativas, ello debido a la experiencia y el conocimiento especializado que éstas po-seen sobre los asuntos que se les han delegado. Por ello, dichas determinaciones poseen una presunción de legali-dad y corrección que los tribunales debemos respetar mien-tras la parte que las impugna no presente la evidencia su-ficiente para derrotarlas.

En reiteradas ocasiones, este Foro ha expresado que el principio rector en la revisión judicial de las decisio-nes e interpretaciones de una agencia administrativa es el criterio de la razonabilidad. Así pues, la revisión judicial se debe limitar a determinar si la agencia actuó de manera arbitraria o ilegal, o en forma tan irrazonable que su ac-tuación constituye un abuso de discreción.

De acuerdo con lo dispuesto por la See. 4.5 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 LPRA see. 2175, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), la revisión judicial de las decisiones administrativas comprende 3 aspectos: (1) si el remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) si las determinaciones de hecho que realizó la agencia están sos-tenidas por evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo visto en su totalidad, y (3) si las conclusio-nes de derecho del ente administrativo fueron correctas, ello mediante una revisión completa y absoluta.

En cuanto a las determinaciones de hecho de una agencia administrativa, conforme a la See. 4,5 de la LPAU, supra, éstas se sostendrán si se fundamentan en evidencia sustancial que conste en el expediente administrativo con-siderado en su totalidad. Esta regla de la evidencia sus-tancial es para "evitar la sustitución del criterio del orga-nismo administrativo en materia especializada por el criterio del tribunal revisor”.

Respecto a las conclusiones de derecho, la See. 4.5 de la LPAU, supra, también dispone sobre ello al expresar que éstas "serán revisables en todos sus aspectos por el tribunal”. Sin embargo, valga destacar que los tribu-nales deben darles peso y deferencia a las interpretaciones que la agencia realice de aquellas leyes particulares que administra. Ante esto, los tribunales no pueden descartar libremente las conclusiones e interpretaciones de la agencia administrativa con el fin de sustituir el criterio de éstas por el propio. Claro está, la deferencia que le deben los tribu-nales a la interpretación que haga la agencia administrativa sobre aquellas leyes y reglamentos que le corresponde poner en vigor cede si la agencia: (1) erró al aplicar la ley; (2) actuó arbitraria, irrazonable o ilegalmente, o (3) lesionó derechos constitucionales fundamentales.

En resumen, los tribunales deben deferencia a las decisiones de una agencia administrativa, pero ésta cederá cuando: (1) la determinación administrativa no está basada en evidencia sustancial; (2) el ente adminis-trativo erró en la aplicación o interpretación de las leyes o los reglamentos que se le ha encomendado administrar; (3) el organismo administrativo actuó arbitraria, irrazo-nable o ilegalmente, realizando determinaciones carentes de una base racional, o (4) la actuación administrativa lesionó derechos constitucionales fundamentales. Es importante destacar que si el tribunal no se encuentra frente a alguna de esas situaciones, aunque exista más de una interpretación razonable de los hechos, procede que se valide la interpretación que realizó la agencia adminis-trativa recurrida.

E. La revisión judicial de las determinaciones emitidas por la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA)

El Art. 3 de la Ley 32 (1 LPRA see. 173) establece que las decisiones de la CIPA podrán ser revisadas me-diante recurso interpuesto dentro del término de 30 días, contado desde que fuera notificado el dictamen de dicho organismo administrativo. Específicamente, este artículo dispone que la revisión judicial de las decisiones de la CIPA se limita a “cuestiones de derecho y a la determina-ción de si existe o no evidencia sustancial para sostener las conclusiones de hecho de la Comisión”.

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Por estar estrechamente vinculados entre sí, discutire-mos en conjunto los dos errores señalados.

En síntesis, el peticionario argumenta que el Tribunal de Apelaciones erró al revocar la decisión de la CIPA, pues en-tiende que la Policía sí violentó el debido proceso de ley que le cobija como empleado de carrera del cuerpo policíaco dado que le impuso la sanción mayor de la expulsión aun cuando le había notificado previamente en la Resolución de cargos que impondría una suspensión de empleo y sueldo por el término de 120 días como medida disciplinaria. El señor Torres Rivera tiene razón en su planteamiento. Veamos.

Del expediente del caso no surge que la Policía le advir-tiera al señor Torres Rivera sobre la posibilidad de que la medida disciplinaria propuesta en la Resolución de cargos, esto es, la suspensión de empleo y sueldo por el término de 120 días, pudiera aumentarse antes o después de cele-brada la vista administrativa informal ante el oficial examinador. Incluso, en la propia Resolución de cargos, la Policía le indicó que si no solicitaba la vista informal se entendería que renunciaba a la misma y a su derecho a estar presente y presentar prueba a su favor, por lo que “el castigo de suspensión se convertirla] en final” y tendría de-recho a apelar ante la CIPA “dentro del término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la Resolución Final que se emitiera] imponiéndole el referido castigo”. (Enfasis suplido). Dichas expresiones evidencian con clari-dad el objetivo de la Policía respecto a la medida disciplina-ria que impondría contra el peticionario: una suspensión de empleo y sueldo por el término de 120 días y no más.

A pesar de que el peticionario solo fue notificado de la imposición de una suspensión de empleo y sueldo por el término de 120 días, luego de la vista administrativa informal fue castigado con la sanción máxima dispuesta en el Reglamento de Personal: la expulsión del cuerpo de la Policía. ¿Qué otra actuación puede ser más contraria a de-recho y violatoria del debido proceso de ley?

No existe duda de que una debida notificación en un procedimiento adjudicativo, como es el presente caso, comprende que el empleado sea advertido de la posible san-ción a la que se expone como resultado del proceso particular al que se enfrenta. Aún más, ante la necesaria protec-ción del interés propietario que posee un empleado público sobre su empleo de carrera, el debido proceso de ley exige no solo que se le advierta cuáles son las sanciones a las que se expone, sino a no ser inducido por el propio Estado a descar-tar posibles sanciones. Esto, pues el empleado tiene derecho a conocer el cuadro claro de su situación particular antes de tomar una decisión en cuanto a la estrategia legal a seguir. No puede validarse la protección de tal interés propietario fuera de un proceso justo enmarcado en el debido proceso de ley, y constituye una clara mácula a ese proceso que el Es-tado induzca al ciudadano a la posibilidad de algo distinto a lo que finalmente resulta ser. Por eso, una vez el empleado acepta las condiciones de lo que constituirá el proceso en su contra, el Estado no puede variar tales condiciones so color de que un reglamento en particular o de que un acuerdo de reforma policial lo permita. No se trata de lo que el Estado tiene derecho a hacer, sino de lo que el Estado le anunció al empleado que haría.

Por ello, coincidimos con el planteamiento de la CIPA respecto a que “[n]o tendría sentido instruir al funcionario sobre su derecho a una vista [administrativa informal] si éste desconoce la penalidad a la que se expone”. Lo cierto es que si la autoridad nominadora pudiese imponer cualquier castigo mayor que no le haya anticipado, el fun-cionario es colocado en la disyuntiva de decidir si ejercita o no su derecho a la vista administrativa por desconocer hasta dónde puede ser castigado. Incluso, en ocasiones, hasta se vería motivado a no solicitar la vista y aceptar los cargos según notificados, esto para no exponerse a sancio-nes mayores, lo que tornaría el derecho a una vista admi-nistrativa informal en un acto fútil.

Como mencionamos, la Policía fundamentó la modifica-ción de la sanción propuesta debido a la existencia de un acuerdo de reforma policial para asegurar la protección de los derechos civiles. Ante esto, la representación legal del señor Torres Rivera manifestó que “[s]in duda, se uti-lizó en su contra un convenio que no pudo controvertir por-que sencillamente no existía para la fecha en la que tuvo su audiencia ante la Policía [...] ”.

En cuanto al planteamiento esbozado por la Procura-dora General con relación a que al señor Torres Rivera se le imputa el conocimiento de la ley y el reglamento, de forma tal que “no era sorpresa que caus[ara] un perjuicio indebido el que luego se determinara imponerle la sanción máxima”, conviene aclarar que el hecho de que un regla-mento disponga que una falta puede acarrear hasta la san-ción máxima de la expulsión no significa que ésta se le pueda imponer al empleado sin antes haber cumplido con el debido proceso de ley. Claramente, correspondía que la Policía notificara adecuadamente al agente desde un prin-cipio en la Resolución de cargos que éste podía estar ex-puesto a la medida disciplinaria de la expulsión, ello como requisito previo para poder imponerle la sanción máxima. No obstante, la Policía limitó su discreción y notificó la propuesta de imponerle una suspensión de empleo y sueldo por un término fijo de 120 días.

Por lo antes expuesto, concluimos que una auto-ridad nominadora, en este caso el Superintendente de la Policía, está impedida de imponer como medida disciplina-ria una sanción mayor a la que había notificado previa-mente al empleado público en la notificación de cargos, esto sin concederle la oportunidad de defenderse. Actuar contrario a esto constituye una violación al debido proceso de ley y un trato injusto contra el empleado público de que se trate. En este caso, el Tribunal de Apelaciones entendió que “[l]a variación entre las sanciones en nada afectó el debido proceso de ley del Sr. Torres Rivera”. Erró el foro apelativo intermedio al así concluir sobre el asunto.

Por último, la Policía manifestó que el foro apelativo intermedio no erró ni abusó de su discreción al ordenar que la CIPA celebre una vista adjudicativa formal, pues dicha comisión viene obligada a celebrarla por mandato de ley. En cuanto a este asunto, coincidimos con el Tribunal de Apelaciones respecto a que, conforme a las circunstancias del caso de epígrafe, procedía la celebración de una vista adjudicativa formal ante la CIPA para que ambas partes pudieran exponer su caso ante dicho foro. Así lo requiere el Art. 2(2) de la Ley 32, supra, y el Art. 10(5) del Reglamento de la CIPA, supra. Sin embargo, modificamos la Sentencia recurrida para exponer que luego de celebrar la mencio-nada vista, de entender que procede una medida discipli-naria, la CIPA se tendrá que circunscribir a imponer una medida que no podrá exceder de una suspensión de empleo y sueldo por el término de 120 días.

V

Por los fundamentos antes expuestos, modificamos la Sentencia recurrida a los fines de devolver el caso a la CIPA para que celebre una vista adjudicativa formal en el caso del Sr José L. Torres Rivera y, de entender que procede una medida disciplinaria, se circunscriba a imponer una me-dida que no podrá exceder de una suspensión de empleo y sueldo por el término de 120 días.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Martínez Torres hizo constar la siguiente expresión, a la cual se unieron la Jueza Asociada Señora Pabón Chameco y el Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón:

Estoy conforme con la Opinión que hoy emite este Tribunal porque le garantiza al Sr. José L. Torres Rivera un proceso justo que cumple con las garantías del debido proceso de ley. Lo re-suelto no impide que el superintendente de la Policía comience un nuevo proceso disciplinario, independiente del anterior, que en conformidad con lo expuesto en la Opinión del Tribunal, cumpla con las exigencias del debido proceso de ley. Véase Carrón Lamoutte v. Compañía de Turismo, 130 DPR 70 (1992).

La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez, la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez y el Juez Asociado Señor Colón Pérez concurrieron con el resultado sin opinión escrita.

       De la Resolución de cargos notificada en octubre de 2010 al peticionario, el Sr. José L. Torres Rivera, citamos la narrativa de hechos siguiente:
      “Surge de la investigación que el 26 de junio de 2003, el Sr. Alexander Monge Adorno fue a buscar a su esposa al trabajo en Centro Médico. El Sr. Monge estaba mal estacionado y fue intervenido por la persona encargada de la grúa, con quien discutió y fue agredido por este. El Sr. Monge lo empujó y con la mano abierta agredió al de la grúa en el área de la boca. Inmediatamente llegan varias personas de la seguridad de Centro Médico, quienes los agredieron con sus rótenes.
      “Usted, quien estaba prestando vigilancia, interviene en la situación. Los agen-tes de la seguridad del Centro Médico arrestan al Sr. Monge por agresión. No obs-tante, estando este esposado y en su presencia, fue agredido por los guardias de seguridad con los rótenes. Usted no impidió esta actuación, permitiendo violencia injustificada en contra de un ciudadano que está indefenso, por estar arrestado y esposado. Tampoco dio instrucciones para que el Sr. Monge fuera atendido por personal médico, luego de la golpiza.
      “Hay que destacar que el Sr, Monge sufrió contusiones en la espalda y fractura de un brazo por esta agresión. El caso fue sometido al Tribunal y los agentes de seguridad resultaron convictos de agresión. Cabe señalar además, que el Sr. Monge no estaba armado.
      “Surge de la investigación que usted declaró a favor de los guardias de seguri-dad, parcializándose a favor de éstos. Por todos estos actos usted fue negligente, permitiendo que se le violaran los derechos civiles a un ciudadano, que estaba arres-tado y esposado”. Resolución de cargos, Apéndice de la Solicitud de certiorari, págs. 32-33.

       Estas faltas graves son:
      “1. Demostrar incapacidad manifiesta, ineptitud, descuido, parcialidad o negli-gencia en el desempeño de sus deberes, funciones y responsabilidades.

      “18. Declarar falsamente o inducir a declarar falsamente a otra persona ante un magistrado, oficial investigador, organismo judicial o cuasijudicial.

      “27. Observar una conducta lesiva, inmoral o desordenada en detrimento del Cuerpo de la Policía.

      “42. Ofrecerse a declarar como testigo de reputación ante los tribunales de jus-ticia u organismos administrativos, en casos de personas sometidas a los procedi-mientos judiciales o cuasijudiciales”. Art. 14, Sec. 14.5 del Reglamento de Personal de la Policía de Puerto Rico, págs. 100, 102, 103 y 106.

       Resolución de cargos, Apéndice de la Solicitud de certiorari, pág. 33.

       íd., págs. 33-34.

         íd., pág. 35.

       Archivada en autos la copia de la notificación de la Resolución el 12 de febrero de 2014.

       Resolución de la CIPA, Apéndice de la Solicitud de certiorari, pág. 27.

       íd., pág. 28.

       íd., págs. 28-29.

       Archivada en autos la copia de la notificación de la Sentencia el 12 de mayo de 2014.

       Resolución de cargos, Apéndice de la Solicitud de ceríiorari, pág. 33.

       Esta Curia viene en conocimiento judicial de que el nombre oficial del men-cionado acuerdo es Acuerdo para la Reforma Sostenible de la Policía de Puerto Rico y que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico lo suscribieron el 17 de julio de 2018, Véase http: // policia.pr.gov/informacion-sobre-reforma-policiaca/ (última visita el 24 de octubre de 2016),

       Alegato de la parte peticionaria, pág. 8,

         Íd., pág. 10.

       Íd., págs. 10-11.

       Alegato de la Policía de Puerto Rico, pág. 10.

       Íd., pág. 14.

       Íd., pág. 13.

       Íd., pág. 16.

        Asoc. Miembros Policía v. Supte. Policía, 136 DPR 271, 280 (1994). Véase, además, Arocho v. Policía de P.R., 144 DPR 766, 773 (1998).

        En Arocho v. Policía de P.R., supra, el entonces Superintendente de la Policía, Ledo. Pedro A, Toledo Dávila (Superintendente Toledo), notificó una Resolución de cargos con una sanción de suspensión de empleo y sueldo por 5 meses por las faltas graves cometidas por el policía Miguel Aroeho Hernández. En reconsideración, el Su-perintendente Toledo redujo la suspensión de empleo y sueldo a 15 días. Posterior-mente, la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA) modificó, como cuestión de derecho, la sanción aumentándola a 90 días de suspensión de empleo y sueldo. En aquella ocasión, esta Curia confirmó la determinación de la CIPA.
      Conviene señalar que la sanción que había modificado la CIPA y que confirma-mos consistía en una suspensión de empleo y sueldo de 90 días y esto se encontraba dentro del marco del término de 5 meses que había notificado el Superintendente Toledo en la Resolución de cargos,

       Véase Ortiz Ruiz v. Superintendente Policía, 132 DPR 432, 438-439 (1993).

       íd., pág. 439.

       Íd.

       El Art. 4(m) del Reglamento para la Presentación, Investigación y Adjudi-cación de Querellas y Apelaciones ante la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación, Reglamento Núm. 7952 del Departamento de Estado, 1 de diciembre de 2010, pág. 3, define “apelante” como aquel “[algente del orden público, agente de Rentas Internas, o cualquier otro funcionario de la Rama Ejecutiva autorizado para efectuar arrestos que recurra en apelación ante la CIPA o cualquier ciudadano per-judicado que recurra en apelación ante la Comisión por no estar conforme con la determinación de la autoridad facultada para sancionar”.

        Véase Arocho v. Policía de P.R., supra, pág. 772.

        Ramírez v. Policía de P.R., 158 DPR 320, 332 (2002); Arocho v. Policía de P.R., supra, pág. 772.

        Arocho v. Policía de P.R., supra, pág. 772.

       Art. II, Sec. 7, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. Véase, además, Vázquez González v. Mun. de San Juan, 178 DPR 636, 643 (2010).

        Picorelli López v. Depto. de Hacienda, 179 DPR 720, 735-736 (2010); Álamo Romero v. Adm. de Corrección, 175 DPR 314, 329 (2009); Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 133 DPR 881, 887-888 (1993).

        Mun. de San Juan v. Jta. Planificación, 189 DPR 895, 907 (2013); In re García Vega, 189 DPR 741, 755 (2013); González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 278 (2013).

        Álamo Romero v. Adm. de Corrección, supra, pág. 329.

       Conforme nos plantea el profesor Demetrio Fernández Quiñones, el emple-ado de carrera es aquel que ha sido sometido a un período probatorio y al completar éste de manera satisfactoria se convierte en un empleado regular de carrera. D. Fernández Quiñones, Derecho administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3ra ed., Bogotá, Ed. Forum, 2013, págs. 504-505.

        Rosa Maisonet v. ASEM, 192 DPR 368, 384 (2015); Adventist Health v. Mercado, 171 DPR 255, 263 (2007); S.L.G. Giovanetti v. E.L.A., 161 DPR 492, 506-507 (2004); Orta v. Padilla Ayala, 131 DPR 227, 241 (1992).

        Vázquez González v. Mun. de San Juan, supra, pág. 643.

        S.L.G. Giovanetti v. E.L.A., supra, págs. 506-507.

       Véanse ios casos normativos Cleveland Board of Education v. Loudermill, 470 US 532 (1985), y Torres Solano v. P.R.T.C., 127 DPR 499 (1990). Véanse, además: Rosa Maisonet v. ASEM, supra, pág. 384; Vázquez González v. Mun. de San Juan, supra, pág. 643; Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, 178 DPR 1, 47 (2010); Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., supra, pág. 889.

       Fernández Quiñones, op. cit., pág. 669.

        Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010). Véanse, además: González Segarra et al. v. CFSE, supra, pág. 276; Pagán Santiago et al. v. ASR, 185 DPR 341, 358 (2012); Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485, 511 (2011); Com. Seg. v. Real Legacy Assurance, 179 DPR 692, 717 (2010); Mun. de San Juan v. CRIM, 178 DPR 163, 175 (2010); Martínez v. Rosado, 165 DPR 582, 589 (2005); Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 130 (1998).

        Trigo Margarida v. Junta Directores, 187 DPR 384, 393-394 (2012); Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 215 (2012); IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 744 (2012); Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 969, 1002-1003 (2011); Calderón Otero v. C.F.S.E., 181 DPR 386, 395-396 (2011).

        Mun. San Juan v. Plaza Las Americas, 169 DPR 310, 323 (2006); Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76 (2004).

        Calderón Otero v. C.F.S.E., supra, pág. 396.

        Pagán Santiago et al. v. ASR, supra, pág. 358; Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, supra, pág. 940; Rivera v. A & C Development Corp., 144 DPR 450, 460-461 (1997). Véase, además, Fernández Quiñones, op. cit., pág. 688.

         Véanse, además: Torres Santiago v. Depto. Justicia, supra, pág. 1003; Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, supra; JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 186-187 (2009); Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 614-615 (2006).

        P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 DPR 269, 282 (2000); Misión Ind. P.R. v. J.P., supra, pág. 131; Reyes Salcedo v. Policía de P.R., 143 DPR 85, 95 (1997).

        Hernández, Álvarez v. Centro Unido, supra, pág. 615.

        Calderón Otero v. C.F.S.E., supra, pág. 397; Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, supra, pág. 324; Hernández, Álvarez v. Centro Unido, supra, pág. 615.

         Acarón et al. v. D.R.N.A., 186 DPR 564, 585 (2012); Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, supra, pág. 324.

        The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 822 (2012); IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, supra, págs. 744-746; Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, supra, págs. 941-942; Otero v. Toyota, supra, pág. 729.

       Resolución de cargos, Apéndice de la Solicitud de certiorari, págs. 33-34.

       En Torres Solano v. P.R.T.C., supra, págs. 526-527, expresamos que
      “[...] los requisitos procesales que cumplen con las garantías constitucionales mínimas sobre la vista informal previa al despido son los siguientes;
      Debe notificarse a la parte contra quien se va a tomar tal medida disciplinaria del curso de acción específico a seguirse en su contra. Deberá concedérsele una opor-tunidad a responder a los cargos. La vista no debe ser compleja, complicada, extensa o formal. Basta con que se le permita al empleado explicar personalmente o por escrito las razones por las cuales, según él, no debe ser disciplinado así. El empleado público tiene derecho a que se le notifiquen, por escrito, los cargos en su contra”.
      (Énfasis y escolio omitidos),

       Resolución de la CIPA, Apéndice de la Solicitud de certiorari, pág. 29.

       Este acuerdo se conoce como el Acuerdo para la Reforma Sostenible de la Policía de Puerto Rico. Véase escolio 12 de esta opinión.

       Alegato de la parte peticionaria, pág. 8,

       Alegato de la Policía de Puerto Rico, pág, 14.

       Sentencia del Tribunal de Apelaciones, Apéndice de la Solicitud de certio-rari, pág. 20.


author:
(.Fdo,) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo
     Juez Asociado Se-ñor Martínez Torres,

text:
      In re Roberto J.J. Buono Colón.

      Número: TS-14,530

      Resuelto: 27 de octubre de 2016

      Roberto J.J. Buono Colón, pro se.

   RESOLUCIÓN

Examinada la Moción en cumplimiento de orden e infor-mativa, presentada por el Sr. Roberto J.J. Buono Colón, se le reinstala a la práctica de la abogacía y la notaría luego de que presente evidencia de fianza vigente.

Conforme lo dispuesto en In re Buono Colón, 187 DPR 379 (2012), se instruye al Secretario del Tribunal que active la Queja Núm. AB-2011-111. Se ordena al señor Buono Co-lón que conteste esta última queja en un término final e improrrogable de diez días, contado a partir de la notifica-ción de esta Resolución. Se le apercibe que, de no hacerlo, se expone a sanciones disciplinarias severas, incluyendo la suspensión inmediata e indefinida de la abogacía. Además, se le informa al señor Buono Colón que su solicitud de baja voluntaria se considerará luego que culmine el proceso dis-ciplinario en su contra.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Martínez Torres emi-tió un Voto particular disidente, al cual se unió el Juez Aso-ciado Señor Feliberti Cintrón.

(.Fdo,) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo

— O —

Voto particular disidente emitido por el

Juez Asociado Se-ñor Martínez Torres,

al cual se unió el Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón,

Hoy reinstalamos a un abogado aunque tiene una queja pendiente que se negó a contestar. Debido a que el Tribunal opta por tolerar esa grave falta de respeto en vez de vindicar nuestra autoridad para regular la profesión jurí-dica en Puerto Rico, me veo obligado a disentir.

I—1

El Sr. Roberto J. J. Buono Colón fue admitido al ejercicio de la abogacía el 19 de agosto de 2003 y a la práctica de la notaría el 22 de septiembre de ese mismo año. El 28 de noviembre de 2012 fue suspendido inmediata e indefinida-mente del ejercicio de la abogacía y la notaría por infringí-reí Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, al desatender las órdenes y los requerimientos de este Tribunal como parte de un procedimiento disciplinario ins-tado en su contra. In re Buono Colón, 187 DPR 379 (2012). En particular, el señor Buono Colón no contestó una queja que se presentó en su contra por alegada mala práctica profesional, a pesar de que le requerimos varias veces que lo hiciera. Según reconocimos en aquel momento, el señor Buono Colón, con “[s]u actitud[,] denot[ó] un menosprecio por lo que representa el título de abogado y el certificado que le entregó este Tribunal para ejercer la abogacía”. íd., págs. 383-384. Finalmente, en aquella ocasión determina-mos que la queja se archivaría hasta que el letrado solici-tara su reinstalación. íd., pág. 384.

Luego de transcurridos varios años, el señor Buono Co-lón solicitó su reinstalación a la práctica de la abogacía y la notaría. Tras algunos trámites procesales, también solicitó que, una vez lo reinstaláramos, decretáramos su baja voluntaria. Sin embargo, en ninguno de sus escritos con-testó la queja que se presentó en su contra, conducta que precisamente motivó que este Tribunal lo suspendiera in-definidamente en 2012.

A pesar de lo anterior, una mayoría decide reinstalar al señor Buono Colón a la práctica de la abogacía y la notaría. En vista del historial de desobediencia e incumplimiento ético que motivó la suspensión del señor Buono Colón, me parece que antes de reinstalarlo deberíamos ordenarle que comparezca, conteste la queja pendiente que pesa en su contra y se someta al procedimiento disciplinario correspondiente. Solo después de concluido ese proceso es que estaríamos en una posición responsable para conside-rar su solicitud de reinstalación. Ese es el trato que le da-ríamos a una persona que solicite por primera vez que lo admitamos y cuya reputación se ha cuestionado. No veo por qué tratar más lenientemente a quien ya faltó a la ética de la profesión y solicita que se le reinstale.

H-4 !—i

Nuestra facultad inherente para reglamentar la admi-sión y remoción de la profesión legal y notarial conlleva la enorme carga de velar que quien pretenda ejercer estas profesiones esté capacitado y apto para cumplir fiel y ca-balmente con los deberes que acarrean. In re Manzano Velázquez, 177 DPR 581, 590 (2009). Más aún, dentro de dicho poder se encuentra el deber ineludible de mantener un orden jurídico íntegro y eficaz que goce de la completa con-fianza y apoyo de la ciudadanía.

En este sentido, los abogados suspendidos indefinida-mente del ejercicio de la abogacía, como el señor Buono Colón, se encuentran en la misma posición que los aspi-rantes que aprobaron el examen de reválida general y que se aprestan a juramentar. Consecuentemente, para que proceda su admisión, o reinstalación, según sea el caso, ambos tienen que gozar de buena reputación y no debe quedar duda de que son aptos para cumplir intachable-mente con las normas éticas que rigen la profesión legal. En el caso de los aspirantes, contamos con la Comisión de Reputación para que lleve a cabo un escrutinio a esos fines, mientras que en el caso de abogados suspendidos indefinidamente, nos toca a nosotros llevar a cabo ese análisis delicado. Para ello, podemos contar con la asis-tencia de la Oficina de la Procuradora General, de Comi-sionados Especiales, de la Oficina de Inspección de Nota-rías, del Programa de Educación Jurídica Continua y hasta de la Comisión de Reputación.

Cuando no efectuamos esa labor adecuada y oportuna-mente y, en cambio, concedemos solicitudes de reinstala-ción en casos como este, las consecuencias son sumamente peligrosas. Ese proceder permite que un abogado que ha cometido faltas graves escoja como estrategia no contestar una queja, mientras espera hasta que desaparezcan los testigos en su contra, o peor aún, hasta que pueda comprar su silencio. De esa forma, podría valerse de artimañas para lograr su reinstalación sin que podamos pasar juicio sobre la conducta que dio lugar a la queja. Eso puede provocar que, en ocasiones, lo que debió ser una suspensión larga —quizás permanente— por una violación grave del Código de Etica Profesional, se convierta en una suspensión más corta por no contestar las órdenes de este Tribunal. Aunque este no sea uno de esos casos, esa puerta debe cerrarse herméticamente.

Es por esto que he procurado constantemente que cuando un abogado suspendido de forma indefinida por no atender nuestras órdenes solicite la reinstalación, se le imponga como condición que conteste toda queja que pese en su contra y se someta al proceso investigativo, de modo que su solicitud de reinstalación se considere una vez se diluciden de forma final las quejas. De lo contrario, puede que read-mitamos a un abogado para tener que suspenderlo otra vez al poco tiempo. El efecto nefasto que eso tiene sobre los clientes que contrataron los servicios del letrado durante ese intervalo es inconmensurable.

En lugar de perpetuar esa futilidad, debemos reconocer que el abogado que enfrenta esa situación se colocó a sí mismo en esa posición y que cuando este toca nuestras puer-tas para solicitar su reinstalación tiene que someterse a las condiciones que aseguren que el interés público no se perju-dicará si concedemos la petición. Si el abogado se niega a cumplir con nuestras condiciones, su solicitud debe ser denegada. De esta forma nos aseguramos de que la reinsta-lación de un abogado que fue suspendido indefinidamente responde al interés público y no al mero transcurso del tiempo.

Hoy, en cambio, readmitimos a un abogado y en la misma Resolución le apercibimos que si no contesta una queja podríamos suspenderlo de nuevo. ¿Para qué readmi-tirlo, entonces, en esta etapa?

Lamentablemente, resoluciones como las que hoy se aprueban no hacen otra cosa más que promover la insolen-cia entre los miembros de la profesión legal. Cada vez que emitimos una orden que caracterizamos como “final e im-prorrogable” y, posteriormente, otorgamos múltiples prórro-gas injustificadas, o peor aún, conferimos términos adiciona-les porque los letrados no comparecen, estamos erosionando nuestra autoridad y premiando la irresponsabilidad.

Hoy reinstalamos a un abogado a pesar de la incerti-dumbre sobre la rectitud de su conducta y sin descartar que haya que suspenderlo de nuevo por una conducta que no se ha dilucidado por la indolencia del propio abogado. Así no protegemos el interés público. Un “time out” como castigo a un niño tiene más fuerza que lo que hacemos hoy.

í—i I—i H-t

En fin, al tomar en consideración todo lo anterior, con-sidero que mientras el señor Buono Colón tenga la Queja AB-2011-111 pendiente de adjudicación y este soslaye su obligación de contestarla, no estamos en posición de consi-derar favorablemente su solicitud de reinstalación. Por esa razón, disiento del proceder del Tribunal.


author: El Juez Asociado Señor Rivera García

text:
    Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico y Cooperativa de Ahorro y Crédito de Yauco, peticionarias, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, recurrido.

      Número: CC-2014-0863

      Resuelto: 28 de octubre de 2016

      Armando Franceschi Figueroa, abogado de la parte peticiona-ria; Margarita Mercado Echegaray, procuradora general, y María Astrid Hernández Martín, procuradora general au-xiliar, abogadas de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rivera García

emitió la opinión del Tribunal.

En esta ocasión nos corresponde determinar si una parte correctamente notificada por el Estado sobre la con-fiscación de una propiedad puede reclamar la nulidad del proceso confiscatorio basado en la falta de notificación a otra parte que la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011 expresamente dispone que el Estado tiene que notificar. Luego de analizar el derecho aplicable, contestamos afirmativamente.

La notificación a todas las partes que exige el Art. 13 de la Ley Núm. 119-2011 es un requisito intrínseco para la validez y corrección inicial de la confiscación, por lo que su incumplimiento acarrea la nulidad del proceso. Siendo así, resolvemos que se trata de un planteamiento que puede ser traído ante la consideración del Tribunal por cualquier parte con legitimación activa para presentar una demanda de impugnación de confiscación.

A continuación exponemos los hechos pertinentes que originaron la controversia que hoy atendemos.

i—I

El 21 de octubre de 2010, el Estado confiscó un vehículo de motor registrado a nombre del Sr. Freddy A. Sepúlveda Ruiz (señor Sepúlveda Ruiz) por presunta violación a va-rias disposiciones de la Ley de Armas de Puerto Rico y de la Ley de Sustancias Controladas. Al momento de la con-fiscación, el vehículo era conducido por la Sra. Ingrid Se-púlveda (señora Sepúlveda). El 16 de noviembre de 2010, la Junta de Confiscaciones del Departamento de Justicia envió una carta en la que notificó la referida confiscación al señor Sepúlveda Ruiz (dueño registral del vehículo), a la señora Sepúlveda (poseedora del vehículo al momento de la confiscación) y a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Yauco (CACY) (acreedor financiero).

El 27 de diciembre de 2010, la CACY y la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico (CSMPR), asegura-dora principal del vehículo confiscado (en conjunto, los de-mandantes), presentaron una demanda de impugnación de confiscación en la que alegaron, entre otros asuntos, que la confiscación era “nula, ineficaz e ilegal [...] por no haberse notificado fehacientemente a todas las personas naturales o jurídicas con interés económico en el vehículo”. Luego de varios trámites procesales, los demandantes presenta-ron una solicitud de sentencia sumaria. Según explicaron y documentaron, la carta de notificación enviada a la señora Sepúlveda fue devuelta por dirección insuficiente (insufficient address). Esto porque el Estado notificó incorrecta-mente a su dirección física, aun cuando contaban con la dirección postal correcta en el expediente de confiscación. Así las cosas, los demandantes argüyeron que el proceso de confiscación debía ser declarado nulo sumariamente, ya que no existía controversia de que el Estado falló en su obligación de notificar adecuadamente a una de las perso-nas que el Art. 13 de la Ley Núm. 119-2011 (34 LPRA see. 1724j) expresamente dispone que debe ser notificada.

En respuesta a esta solicitud, el Estado reconoció que notificó incorrectamente a la señora Sepúlveda, pero argüyó que ello era inconsecuente por dos razones. Primero, porque la señora Sepúlveda conocía que el Estado le había confis-cado la propiedad. Segundo, porque los demandantes no ha-bían demostrado que ésta era la dueña del vehículo, de ma-nera que tuviese legitimación activa para presentar una demanda de impugnación de confiscación. Asimismo, el Es-tado expuso que los demandantes carecían de legitimación activa para plantear la falta de notificación a la poseedora del vehículo al momento de la confiscación. Finalmente, sos-tuvo que los demandantes no sufrieron daño alguno, ya que fueron notificados correctamente y pudieron presentar la demanda de impugnación de confiscación.

Evaluados los planteamientos de las partes, el Tribunal de Primera Instancia dictó una Resolución en la cual de-claró “no ha lugar” la petición de dictamen sumario presen-tada por los demandantes. En resumen, el foro primario expresó que a pesar de poseer legitimación activa para im-pugnar la confiscación, “la parte demandante no ha demos-trado derecho alguno que le faculte a invocar el plantea-miento de notificación defectuosa [...] ”. Esto porque, según sostuvo el Tribunal, los demandantes fueron notifi-cados, presentaron la demanda dentro del término que dis-pone la ley y no asumieron la representación legal de la señora Sepúlveda.

Posterior a esta denegatoria, el Tribunal de Primera Instancia celebró una vista evidenciaría para evaluar la defensa de tercero inocente previamente argumentada por los demandantes. No obstante, durante la vista, los de-mandantes se limitaron a reiterar su planteamiento sobre la nulidad de la confiscación debido al probado incumpli-miento del Estado de notificar a la poseedora del vehículo como requiere la legislación vigente. Sometido el caso, el foro primario emitió una Sentencia en la que declaró “no ha lugar” la demanda de impugnación de confiscación ins-tada por los demandantes. Según concluyó, éstos no logra-ron controvertir la legalidad de la confiscación, ya que úni-camente alegaron la nulidad del proceso confiscatorio basado en la falta de notificación a la poseedora del vehículo.

Inconforme con este dictamen, los demandantes acudie-ron al Tribunal de Apelaciones donde alegaron, en esencia, los mismos planteamientos esbozados en el foro primario. El 11 de junio de 2014, el foro apelativo intermedio emitió una Sentencia en la que confirmó el dictamen del Tribunal de Primera Instancia. Según sostuvo, los demandantes carecen de legitimación activa para presentar la alegación de notificación defectuosa ya que no asumieron la repre-sentación legal de la señora Sepúlveda ni comparecieron en su representación. Siendo así, el tribunal concluyó que éstos no lograron “presentar [un] argumento que impugne la legalidad de la confiscación del vehículo realizada por el Estado”. Los demandantes solicitaron reconsideración de esta determinación, pero el Tribunal la denegó.

En desacuerdo, los demandantes acudieron ante esta Curia mediante una petición de certiorari en la que alegaron, entre otros asuntos, que el Tribunal de Apelaciones erró al concluir que ellos no podían plantear la nulidad de la con-fiscación realizada por el Estado basado en la falta de noti-ficación a la poseedora del vehículo al momento de la ocupación. Expedido el caso, el Estado presentó su alegato en oposición. En éste consignó los mismos argumentos ale-gados ante los foros inferiores. Así las cosas, y con el bene-ficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos a exponer el derecho aplicable a la controversia que nos ocupa.

II

La confiscación es el acto mediante el cual el Es-tado, representado en este caso por el Poder Ejecutivo, priva a una persona de su propiedad porque fue utilizada en vio-lación a algún estatuto confiscatorio, o porque es producto o resultado de una conducta prohibida por ley. Actual-mente, en Puerto Rico este proceso se rige por la Ley Uni-forme de Confiscaciones de 2011, la cual establece un pro-ceso único al que deben adherirse las entidades del Gobierno de Puerto Rico con facultad para confiscar propiedad.

Ante esta intervención del Estado con la propie-dad de los ciudadanos y el derecho constitucional que les asiste a no ser privados de sus bienes sin un debido proceso de ley, la legislación vigente contiene una serie de dispo-siciones dirigidas a garantizar que aquellas personas con interés en la propiedad confiscada puedan impugnar en los tribunales el proceso de confiscación mediante una de-manda civil. Como primer paso en esa dirección, la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011 establece, específica-mente, a quiénes el Estado tiene la obligación de notificar la confiscación realizada y la tasación de la propiedad. So-bre este particular, el Art. 13 de la ley dispone a quienes el director administrativo de la Junta de Confiscaciones del Departamento de Justicia tiene que notificar:

(a) A la persona que tuviere la posesión física del bien al momento de la ocupación.
(b) A aquéllas que por las circunstancias, información y cre-encia, el Director Administrativo considere como dueños de dicho bien.
(c) En los casos de vehículos de motor, se notificará, además, al dueño, según consta en el Registro de Vehículos del Departa-mento de Transportación y Obras Públicas y al acreedor condi-cional que a la fecha de la ocupación tenga su contrato inscrito.
(d) En los casos de bienes inmuebles se notificará, además, al dueño, según consta en el Registro de la Propiedad del mu-nicipio donde ubica el bien y a la institución hipotecaria que a la fecha de la ocupación aparezca en dicho Registro como acre-edor hipotecario del bien. (Énfasis suplido).

Del citado artículo surge que en el caso particular de la confiscación de vehículos de motor, el Estado tiene que no-tificar a las cuatro personas siguientes: (1) al poseedor del vehículo al momento de la ocupación; (2) a aquéllos que el director administrativo considere como dueños; (3) al dueño del vehículo de motor según conste en el Registro de Vehículos del Departamento de Transportación y Obras Públicas, y (4) al acreedor condicional que a la fecha de la ocupación tenga su contrato inscrito. Esta notificación se debe realizar mediante correo certificado a la dirección conocida, según consta en el expediente de confiscación, en un término jurisdiccional de treinta días siguientes a la fecha de la ocupación física del bien.

Ahora bien, no todas estas personas a las que el Estado tiene la obligación de notificar están facultadas para presentar una demanda civil de impugnación de confiscación. Por el contrario, la facultad para la presenta-ción de este recurso está condicionada a que la persona no-tificada logre demostrar, además, que es “dueño” de la propiedad. En otras palabras, la persona notificada tiene que evidenciar que posee “un interés propietario en la pro-piedad incautada”, según definido en la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011 y nuestra jurisprudencia. A tales fines, la propia legislación establece que los tribunales pri-marios están obligados a celebrar una vista sobre legitima-ción activa dirigida a auscultar, precisamente, si la persona demandante “ejercía dominio y control sobre la propiedad en cuestión antes de los hechos que motivaron la confiscación”. De no evidenciarse lo anterior, el tribunal tiene que ordenar la desestimación inmediata del pleito de impugnación.

En reiteradas ocasiones, hemos establecido que el requisito estatutario de notificación tiene el objetivo de sal-vaguardar los derechos constitucionales de las partes con interés en la propiedad confiscada. Cónsono con ello, he-mos resuelto que el deber del Estado de notificar a las per-sonas con interés, según definido en la legislación perti-nente, corresponde a un requisito básico del debido proceso de ley. Ahora bien, ¿supone el incumplimiento del Es-tado con este requisito de notificación una falla que con-lleve la nulidad del proceso? Como veremos, de nuestra jurisprudencia surgen varios casos en los que hemos decre-tado la nulidad del proceso en todas aquellas instancias en que el Estado ha fallado en su deber de notificar a alguna de las personas con interés en la propiedad confiscada.

Así, hallamos, por ejemplo, el caso de Secretario de Justicia v. Tribunal Superior, 95 DPR 158 (1967), en el que el Estado notificó a las partes con interés en la propiedad in-cautada fuera del término establecido en la legislación de confiscaciones vigente al momento. En esa ocasión, no tan solo decretamos que el cumplimiento del término estable-cido en la ley para la notificación era obligatorio, sino que, además, concluimos que su incumplimiento acarreaba la nulidad del proceso.

Un año más tarde resolvimos Srio. de Justicia v. Tribunal Superior, 96 DPR 116 (1968), en la misma línea que el caso anterior. Curiosamente, en este caso, la carta de noti-ficación del dueño del vehículo de motor incautado fue de-vuelta al Estado porque se envió a una dirección incorrecta. Ante ese escenario, y a pesar de que la parte demandante fue notificada correctamente y de que el dueño no formaba parte del pleito ni había impugnado la confiscación, optamos por decretar la nulidad del proceso confiscatorio basado en la falta de notificación a este último. Igual resultado de nulidad alcanzamos en Vázquez Fontánez v. Tribunal Superior, 102 DPR 396 (1974), y en Colón Medina v. Srio. de Hacienda, 109 DPR 540 (1980), casos en los que reiteramos que la falta de notificación a alguna de las partes con interés en la propiedad confiscada conllevaba la nulidad del proceso.

Con este marco legal como norte, procedemos a evaluar y resolver los méritos de la controversia ante nuestra consideración.

III

En primer lugar, debemos enfatizar que en el presente caso no existe controversia sobre el hecho de que el Estado no notificó del proceso confiscatorio a la señora Sepúlveda, poseedora del vehículo de motor al momento de la confiscación. Tampoco existe controversia sobre el hecho de que la señora Sepúlveda no forma parte en el caso ni presentó impugnación alguna ante nuestros foros primarios. Sin embargo, esta falta de notificación a la se-ñora Sepúlveda cobra pertinencia porque los demandantes y aquí peticionarios sustentan su demanda de impugna-ción de confiscación, precisamente, en que el Estado no no-tificó a la poseedora del vehículo, es decir, a una de las partes a la que la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011 ordena que se debe notificar.

Ante ello, ¿pueden los demandantes, quienes fueron notificados correctamente, reclamar la nulidad del pro-ceso confiscatorio basado en la falta de notificación a otra parte que, si bien la ley ordena que se le notifique, no forma parte en el pleito? De acuerdo con el Tribunal de Apelaciones, los demandantes no pueden reclamar la nu-lidad del proceso basado en ese argumento ya que éstos no asumieron la representación legal de la señora Sepul-veda ni comparecieron en su representación, por lo que no lograron presentar un argumento que impugnara la lega-lidad de la confiscación del vehículo que realizó el Estado. No tiene razón el foro recurrido.

Primeramente, la notificación de la confiscación es un requisito básico del debido proceso de ley que le permite a las partes con interés en la propiedad tomar conocimiento de la acción confíscatoria realizada por el Estado, de ma-nera que tengan la oportunidad de acceder a los remedios judiciales que la legislación vigente provee. Al respecto, no hay duda de que incluir en la Ley Uniforme de Confisca-ciones ese deber del Estado de notificar constituye un me-dio para concretizar ese derecho constitucional de un de-bido proceso de ley cuando se interviene con el interés propietario. Desde esa perspectiva, una violación a ese de-recho indiscutiblemente debe ser levantada por quien así lo sufre.

Ahora bien, nótese que ese deber de notificación por parte del Estado para salvaguardar el derecho a un debido proceso de ley no depende de su inclusión expresa en al-guna legislación. Esto porque en la medida que el Estado intervenga con el interés propietario de un ciudadano, la propia cláusula del debido proceso de ley impone al Estado un deber de notificarle a esa persona, independientemente de que alguna disposición estatutaria así lo disponga o no. Así las cosas, una vez la Asamblea Legislativa establece en la ley el deber del Estado de notificar —como, en efecto, ocurre en la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011—, tal requisito se convierte en una obligación que el Estado simple y sencillamente tiene que cumplir.

Por lo tanto, contrario a lo expuesto por el Tribunal de Apelaciones, el planteamiento de los demandantes en lo que respecta a la falta de notificación, no se trata de rei-vindicar el debido proceso de ley que le asiste a la posee-dora del vehículo. Por el contrario, se trata de plasmar un incumplimiento claro y patente del Estado con uno de los requisitos claves que la propia ley exige para la legalidad, al menos inicial, de la confiscación.

En ese sentido, el requisito de notificación im-puesto en la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011 no está atado a que la persona a ser notificada tenga algún interés en la propiedad ocupada. Al final del día, la ley no le brinda al Departamento de Justicia ese poder de evaluar quién tiene interés en la propiedad, de manera que deba ser notificado sobre la confiscación. Por el contrario, la ley es clara en cuanto a qué personas el Departamento de Jus-ticia debe notificar y eso en ninguna parte de la ley, está sujeto a una evaluación previa sobre si esas personas, desde la perspectiva del Ejecutivo, tienen o no interés en la propiedad. El Estado simple y sencillamente tiene que no-tificar a todas las personas que establece el citado Art. 13 de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, pues se trata de una obligación que establece la legislación y cuyo incumplimiento acarrea la nulidad del proceso. Esa nuli-dad puede ser traída ante la consideración del tribunal por cualquier parte con legitimación activa para presentar una demanda de impugnación de confiscación.

IV

Por los fundamentos expresados, revocamos la Senten-cia emitida por el Tribunal de Apelaciones, ordenamos la devolución de la propiedad confiscada y devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para el trámite corres-pondiente de forma compatible con lo aquí resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y la Juez Aso-ciada Señora Rodríguez Rodríguez no intervinieron.

       Ley Núm. 119-2011, según enmendada, conocida como Ley Uniforme de Con-fiscaciones de 2011 (34 LPRA see. 1724 et seq.).

       En específico, a los Arts. 5.01, 6.04, 5.09 y 6,10 de la Ley Núm, 404-2000, según enmendada, conocida como Ley de Armas de Puerto Rico (25 LPRA sees. 458, 468c, 458h y 468i), y los Arts. 401 y 406 de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, conocida como Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico (24 LPRA sees. 2401 y 2406). Véanse: Cartas de Notificación, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 207-208.

       Íd.

       Demanda, íd., pág. 115.

       Carta de notificación de 16 de noviembre de 2010 dirigida a la Sra. Ingrid Sepúlveda y acuse de recibo devuelto por correo postal por “insufficient address”, id., págs. 208-209.

       Este es un hecho estipulado por las partes, según surge de la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Véase Sentencia, Apéndice de la Peti-ción de certiorari, pág. 95. Véanse, además: Recibo de entrada y salida e inventario de vehículo, Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia, 22 de octubre de 2010, id., pág. 210; Alegato del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, pág. 4.

       Moción solicitando que se dicte sentencia sumaria por notificación tardía, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 198-206.

       Réplica en oposición a moción solicitando se dicte sentencia sumaria por notificación tardía, íd., pág. 220.

       Resolución, íd., págs. 245-250.

       Íd., pág. 250.

       Íd.

       Sentencia, Apéndice de la Petición de certiorari, págs, 94-98.

       Íd., pág. 29.

       Íd., pág. 36.

       Resolución, Apéndice de la Petición de certiorari, pág, 2.

       Véase Art. 9 de la Ley Núm. 119-2011 (34 LPRA sec. 1724Í). Véanse, además: Ford Motor v. E.L.A., 174 DPR 735, 741 (2008); Suárez v. E.L.A., 162 DPR 43 (2004); Del Toro Lugo v. E.L.A., 136 DPR 973, 980-981 (1994).

       Si bien la confiscación de la propiedad concerniente al presente caso se realizó en el 2010, la nueva Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011 establece su vigencia inmediata y efecto retroactivo a “aquellos procedimientos que se hayan iniciado en virtud de los procedimientos de confiscación bajo la Ley Núm. 93 de 13 de julio de 188, según enmendada, conocida como ‘Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988 [...] ”. Art. 28 de la Ley Núm. 119-2011 (34 LPRA sec. 1724w).

       Art. II, Sec. 7, Const. ELA, LPRA, Tbmo 1.

       Sobre este aspecto de “personas con interés” en la propiedad confiscada, véase la Ley Núm. 262-2012. Véase, además, Mapfre v. ELA, 188 DPR 517 (2013).

       Art. 13 de la Ley Núm. 119-2011 (34 LPRA sec. 1724j).

       Sobre este último punto de “acreedor condicional que a la fecha de la ocu-pación tenga su contrato inscrito” (34 LPRA sec. 1724j(c)), véase Reliable v. Depto. Justicia y ELA, 195 DPR 917 (2016).

       íd. Nótese que el propio Art. 13 de la Ley Núm. 119-2011 establece dos excepciones que impactan cuándo comienza el decurso de este término de treinta días para notificar a las personas indicadas en la ley.

       Art. 15 de la Ley Núm. 119-2011 (34 LPRA sec. 1724l).

       Íd. Véase, además, Mapfre v. ELA, supra.

       Art. 15 de la Ley Núm. 119-2011, supra.

       Íd.

        López v. Secretaria, 162 DPR 345, 352 (2004).

        First Bank v. E.L.A., 164 DPR 835, 853 (2005).

       Íd., esc. 6.


text:
    Aníbal Vega Borges, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista, peticionario, v. Liza García Vélez, en su capacidad oficial como Presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones; Gui llermo San Antonio Acha, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático; Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), por conducto de su Comisionado Electoral Sr. Roberto I. Aponte Berríos, y Partido del Pueblo Trabajador (PPT), por conducto de su Comisionado Electoral Dr. José F. Córdova Iturregui, recurridos.

      Número: CT-2016-0015

      Resuelto: 28 de octubre de 2016

      María Elena Vázquez Graziani, Mamed G. Santaella Carlo y Alfonso A, Orona Amilivia, abogados de Aníbal Vega Borges, Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista, parte peticionaria.
   RESOLUCIÓN

Examinado el Recurso de Certificación Intrajurisdiccio-nal presentado por la parte peticionaria, se declara “con lugar”.

En virtud de la Regla 51 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B, nombramos a la Hon. Aileen Navas Auger, jueza que preside el caso en el foro primario, como Comisionada Especial. Se ordena a la Comisionada que celebre una vista evidenciaría mañana y, de ser nece-sario, el domingo, y a que rinda un informe con sus deter-minaciones de hecho y conclusiones de derecho.

Dada la pronta atención que requiere este caso, la Co-misionada Especial deberá presentar su informe ante este Tribunal el martes 1 de noviembre de 2016 a las 3:00 p. m. Una vez recibido el informe, las partes tendrán hasta el miércoles 2 de noviembre de 2016 a las 3:00 p. m. para presentar sus alegatos.

Se declara “con lugar”, además, la Moción Urgente en Auxilio de Jurisdicción presentada por la peticionaria. A tales efectos, se ordena a la Comisión Estatal de Elecciones que inicie el proceso de recoger los votos de las personas cuyas solicitudes fueron denegadas en un sobre de objeción con-forme lo dispuesto en el Manual de Procedimiento para el Voto Adelantado en el Colegio de Fácil Acceso en el Domicilio para las Elecciones Generales 2016 de 11 de agosto de 2016.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo hizo constar la siguiente expresión, a la cual se unió la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco:

Estoy conforme con lo dispuesto en la noche de hoy por este Tribunal y, en especial, con el remedio provisional provisto. Nada es más importante que asegurar que el elector ejerza su derecho al voto y que el proceso inicie como ha sido previsto. Además, me siento confiado en que los mecanismos tradicio-nalmente utilizados para este tipo de expresión electoral ■—que son los mismos que se utilizarán en estos sufragios'— evitan cualquier intención de fraude; esto es, al elector que, por haber solicitado ejercer su voto desde su hogar como “voto encamado”, su nombre aparece en una lista de excluidos. En el supuesto de que este elector pretenda votar nuevamente el día del evento electoral, su nombre aparecerá en la lista de exclui-dos, por lo que no se le permitirá votar o, en la alternativa, votará como elector añadido a mano para que posteriormente se verifique que no haya votado dos veces. Siendo así, ¿cómo conseguirá ese elector de voto encamado votar dos veces?

El Juez Asociado Señor Estrella Martínez emitió un Voto particular de conformidad, al cual se unieron la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y los Jueces Asociados Señor Kolthoff Caraballo y Señor Rivera García.

La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y el Juez Aso-ciado Señor Feliberti Cintrón proveerían “no ha lugar” al remedio provisional solicitado por la parte peticionaria. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez proveería “no ha lugar” a la certificación y al remedio provisional ordenado, y permitiría que el Tribunal de Primera Instancia atienda el caso de manera rápida y expedita. El Juez Asociado Señor Colón Pérez hizo constar la expresión siguiente:

Proveería “no ha lugar” a la Moción Urgente en Auxilio de Jurisdicción, así como a la Petición de Certificación presen-tada en el caso de referencia, por entender que el peticionario no lo ha puesto en posición para rebatir la presunción de co-rrección que tiene la decisión emitida por la Comisión Estatal de Elecciones, la que, a su juicio, en toda su extensión, es correcta y fundamentada, y solo tiene el propósito de garanti-zar la pureza del proceso electoral que se avecina impidiendo que ciudadanos y ciudadanas que forman parte de este litigio obtengan de forma ilegal y fraudulenta una ventaja indebida en las elecciones generales de 2016 al no acreditar adecuada-mente que deben ser tratados como personas con impedimen-tos de movilidad (encamados). Véanse: Art. 9.039 de la Ley Electoral de Puerto Rico, 16 LPRA see. 4179; Reglamento de Voto Ausente y Voto Adelantado de Primarias 2016 y Eleccio-nes Generales 2016 de 25 de mayo de 2016; Manual de Proce-dimientos para el Voto Adelantado en el Colegio de Fácil Ac-ceso en el Domicilio para las Elecciones Generales de 11 de agosto de 2016.

(Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo

— O —

Voto particular de conformidad emitido por el Juez Aso-ciado Señor Estrella Martínez, al cual se une la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y los Jueces Asociados Señores Kolthoff Caraballo y Rivera García.

A menos de 24 horas para iniciar una de las fases más importantes del proceso electoral, este Tribunal responsa-blemente otorga un remedio oportuno a unos electores que reclaman su derecho al voto adelantado por razón de su condición física. Consecuente con mi postura de utilizar el mecanismo de la certificación en controversias relaciona-das con el interés público, estoy conforme con el proceder de la Mayoría de este Tribunal.

i—!

Hoy el Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progre-sista, Aníbal Vega Borges (Comisionado del PNP), presentó una Moción Urgente en Auxilio de Jurisdicción, en la cual solicitó la certificación del caso de epígrafe y un remedio para permitir el inicio ordenado mañana del proceso de vo-tación de personas con problemas de movilidad; ello por tra-tarse de un asunto de alto interés público concerniente al derecho al voto de ciertos electores que solicitaron el voto adelantado dadas sus condiciones de salud. Ante la proxi-midad del evento electoral, el Comisionado del PNP nos so-licita que certifiquemos la controversia para que no se tome académica y no afecte el derecho constitucional al sufragio de esos electores. En esta misma fecha presentó el Recurso de Certificación Intrajurisdiccional por entender que la con-troversia requiere una solución urgente y una intervención inmediata y oportuna de este Tribunal, para garantizar así el derecho al voto de aproximadamente 800 electores que no podrían ejercer este derecho constitucional.

El trasfondo del asunto ante este Tribunal consiste en una serie de impugnaciones para que determinados electo-res no puedan acogerse al derecho al voto adelantado por sus condiciones de salud. En resumidas cuentas, las oposi-ciones consisten en varias alegaciones que se pueden agru-par en el cuestionamiento de la facultad del profesional que certificó los formularios por razón de no residir en el municipio del elector; o no tener oficina medica propia y por interpretarse que el facultativo no podía ejercer un jui-cio clínico sobre la dificultad de movilizarse de los electores hacia un centro de votación, entre otros errores clericales subsanables.

Ante la falta de consenso de los comisionados electora-les, la Comisión Estatal de Elecciones atendió el asunto y decidió sobre cada caso en particular lo que entendió procedente. Inconformes con ciertas determinaciones, el Comisionado del PNP instó oportunamente el recurso co-rrespondiente ante el Tribunal de Primera Instancia para que se resolviera en forma definitiva si procedía permitir a estos electores el voto adelantado.

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Es norma arraigada en nuestra jurisdicción que el dere-cho al voto de la ciudadanía en todos los procesos está con-sagrado en la Constitución de Puerto Rico. Art. II, Sec. 2, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. Asimismo, la Ley Electoral del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 78-2011, según enmendada, 16 LPRA sec. 4001 et seq. (Ley Electoral), afianza la expresión electoral, pues ésta representa el más eficaz instrumento de expresión y participación ciuda-dana en un sistema democrático de gobierno. Art. 2.002 de la Ley Electoral, 16 LPRA see. 4002.

El derecho al sufragio es inviolable y no se puede impe-dir a un elector que ejerza su derecho al voto, a no ser por las disposiciones dispuestas en el estatuto o la orden emi-tida por mi Tribunal de Justicia con competencia. De esta forma, la Ley Electoral dispone que “no se podrá rechazar, cancelar, invalidar o anular el registro o inscripción legal de un elector o privar a un elector calificado de su derecho al voto mediante reglamento, orden, resolución, interpreta-ción o cualquier otra forma que impida lo anterior”. Art. 6.006 de la Ley Electoral, 16 LPRA see. 4066.

En aras de proteger el derecho al voto de todo el electo-rado, la Ley Electoral atendió la situación particular de aquellos electores debidamente calificados que, por determi-nadas situaciones, no pueden ejercer su voto el día de las elecciones. Véase Art. 9.039 de la Ley Electoral, 16 LPRA see. 4179. La Ley Electoral dispuso el proceso que garanti-zará el voto de las personas con impedimento de movilidad, supervisado por la Junta Administrativa del Voto Ausente (JAVA). En lo que nos concierne, las personas con impedi-mentos de movilidad (los encamados) que cualifiquen po-drán solicitar el voto adelantado. En los casos que el voto adelantado se solicite porque el elector sufre de algún tipo de condición médica que le impida asistir a su colegio de votación, se provee un formulario para que “el médico de cabecera o de tratamiento del elector certifique: que el elector presenta un problema de movilidad física que sea de tal na-turaleza que le impida a acudir a su centro de votación”. (Énfasis suplido). 16 LPRA see. 4179. Véase, además, Regla-mento de Voto Ausente y Voto Adelantado de Primarias 2016 y Elecciones Generales 2016, Comisión Estatal de Elecciones, 25 de mayo de 2016, Secs. 6.1 y 6.6 (Reglamento).

Ciertamente, tanto la Ley Electoral como el Reglamento no imponen trabas mayores para que los electores con pro-blemas de movilidad puedan ejercer su derecho al voto de forma adelantada. Lo único que se les requiere es la solici-tud cumplimentada y una certificación de su médico de ca-becera o de un médico de tratamiento que certifique el tipo de impedimento para acudir al centro de votación. Asi-mismo, el Manual de Procedimientos para el Voto Adelan-tado en el Colegio de Fácil Acceso en el Domicilio para las Elecciones Generales 2016, aprobado el 11 de agosto de 2016, establece que el elector o una persona de su confianza puede gestionar ante la Junta de Inscripción Permanente o en la página electrónica de la Comisión Estatal de Eleccio-nes la solicitud para votar y que ésta deberá estar certifi-cada por su médico de cabecera o de tratamiento. Además, requiere que la solicitud tenga la firma de cada elector, salvo que éste tenga impedimentos que no le permitan firmar o que no sepa leer o escribir, en cuyo caso podrá hacer una marca y una persona autorizada por él certificará como testigo. Por lo tanto, no existe en el Ley Electoral ningún requisito adicional; sólo el que un médico certifique que ese elector tiene una condición que le impide acudir al centro de votación.

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Ciertamente, corresponde a este Tribunal atender de forma eficaz y oportuna si procede el voto adelantado de los electores ante nuestra consideración. Por ello, estoy con-forme con el curso de acción de la Mayoría de este Tribunal de proveer un remedio adecuado, completo y oportuno. Vé-anse: Voto particular disidente emitido por el Juez Asociado Señor Estrella Martínez en PNP v. ELA, 196 DPR 42, 47 (2016); Voto particular disidente emitido por el Juez Asociado Señor Estrella Martínez en Asoc. Abo. PR v. Go-bernador I, 193 DPR 697, 699-701 (2015); Voto particular disidente emitido por el Juez Asociado Señor Estrella Martínez en Rivera Schatz v. ELA y C. Abo. PR I, 191 DPR 470, 478 (2014); Voto particular de conformidad emitido por el Juez Asociado Señor Estrella Martínez en AMPR et als. v. Sist. Retiro Maestros I, 190 DPR 77, 80 (2014); Voto particular emitido por el Juez Asociado Señor Estrella Martínez en Alvarado Pacheco y otros v. ELA, 188 DPR 594, 646, 653 y 657 (2013).

En lo que nos concierne, denegar el remedio urgente so-licitado hoy atentaría contra la uniformidad de los trabajos electorales, desorientaría al electorado y se alejaría del tra-tamiento dado a los votos impugnados. Denegar el remedio solicitado conllevaría ignorar la preminencia en el reclamo de cientos de electores en cuanto a su impedimento para ejercer su derecho constitucional. En atención a ello, estoy conforme con la certificación del recurso ante nuestra consi-deración, que concede el remedio solicitado; es decir, que se permita a los electores ejercer el voto por adelantado desde mañana 29 de octubre de 2016 y que esos votos se recojan en un sobre cerrado individual con la correspondiente objeción hasta que este Tribunal decida si procede contabilizarlos y así garantizar su derecho constitucional.

       El proceso para el voto de las personas encamadas con impedimento de mo-vilidad que cualifiquen como electores de fácil acceso en el domicilio comienza 10 días antes de la fecha de las elecciones generales, es decir, el 29 de octubre de 2016. Véase 16 LPRA sec. 4179(m).

       Para fines de la concesión del remedio urgente solicitado por los peticiona-rios, aun asumiendo que las alegaciones de los comisionados locales que formularon las impugnaciones son correctas, opino que procede, en esta etapa de los procedi-mientos, salvaguardar el derecho constitucional de los electores con problemas de movilidad y autorizar que ejerzan su sufragio depositando sus votos en un sobre cerrado individual hasta que este Tribunal disponga de la controversia. Salvaguar-dar el ejercicio del derecho al voto tiene mayor preminencia, conforme al mandato de nuestro ordenamiento electoral, y no está reñido con cualquier dictamen posterior que proceda en derecho.

       Véase http://aceproject.org/ero-en/regions/americas/PR/puerto-rico-reglamento-de-voto-ausente-y-voto.

       Para saber con detalle las disposiciones de este manual, véase http:// aceproject.org/ero-en/regions/americas/PR/puerto-rico-manual-de-procedimientos-para-el-voto.