text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ramón Fernández González, acusado y apelante.
    Núm. 6227.

    Sometido: Diciembre 15, 1936.

      Resuelto: Febrero 12, 1937.

      Carlos D. Vázquez, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abog'ados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué acusado de un delito de asesinato, por haber, de una manera ilegal y voluntaria, con malicia pre-meditada y expresa y firme y deliberado propósito de matar, cansado la muerte del individuo Carlos del Toro, agredién-dole con un machete.

En el acto de la vista y ante el jurado seleccionado para conocer el caso, el acusado retiró su alegación de inocencia y se declaró culpable del delito de homicidio voluntario, a lo cual se allanó el fiscal. De acuerdo con la orden dé la corte el jurado rindió un veredicto declarando al acusado ciíl-pable de homicidio voluntario, y la corte le condenó a sufrir la pena de nueve años de presidio con trabajos forzados. El acusado apeló, y como único error de la corte sentenciadora señala el siguiente:

“La Corte de Distrito de San Juan abusó de su discreción al im-poner al acusado la pena de nueve años de presidio por el delito de homicidio voluntario, toda vez que habiéndose declarado culpable el acusado y no existiendo ninguna circunstancia agravante en la co-misión de dicho delito, dicha pena impuesta resulta inadecuada y excesiva. ’ ’

En apoyo de su contención y de su súplica de que la sen-tencia recurrida sea modificada y reducida a dos años de pri-sión, cita el apelante las decisiones de esta Corte Suprema en El Pueblo v. Laureano, 34 D.P.R. 209, y El Pueblo v. Liceaga, 36 D.P.R. 443.

En el primero de dichos casos, el acusado se declaró culpable del mismo delito que se le imputaba en la acusación,, o sea del delito de portar armas prohibidas, y la corte de-, distrito le impuso le pena máxima señalada por la ley, seis, meses de cárcel. La sentencia fué modificada y reducida a; tres meses, por la Corte Suprema, diciendo:

“No tenemos aquí las pruebas. No se practicaron, porque el acu-sado se confesó culpable. Sólo está ante nosotros la acusación como estuvo ante la corte de distrito, y la verdad es que examinándola no surge de ella circunstancia alguna que tienda a agravar la infracción cometida. Se imputa un hecho comente y a nuestro juicio, en tales casos, no está justificada la imposición del máximo de la pena. Debe adoptarse un temperamento medio.”

En Pueblo v. Liceaga, supra, el delito imputado al acusada fué el de escalamiento en primer grado, en grado de tenta-tiva, castigable con pena máxima de siete años y seis meses de presidio. Habiendo hecho confesión de culpabilidad del delito imputádole, la corte impuso al acusado la pena de siete, años, la que fué reducida por este tribunal a tres años de presidio por los mismos fundamentos del caso de El Pueblo v. Laureano, supra.

Existe una diferencia sustancial entre los dos casos ci-tados y el de autos. En cada uno de los primeros, el acusado se declaró culpable del delito que se le imputaba en la acu-sación, en la cual no se alegaba circunstancia alguna agra-vante del delito. En el caso de autos la acusación formulada es por asesinato genérico, castigable, en caso de que el ju-rado le calificare como de primer grado, con reclusión per-petua, y con prisión en el presidio por no menos de diez ni más de treinta años si la calificación fuere de segundo grado. El acusado en el presente caso no se confesó culpable del delito de asesinato. Ante el riesgo de una convicción que pudiera acarrear una pena mínima de diez años o posible-mente reclusión perpetua, el acusado optó por declararse •culpable del delito de homicidio con lo que se protegía contra una sentencia mayor de diez años.

La acusación en este caso imputa al acusado la comisión de un homicidio, pero alega además las circunstancias agra-vantes de haber actuado el acusado con malicia premeditada y expresa y con firme y deliberado propósito de matar a su víctima.

No creemos, por tanto, que sean de aplicación las dos decisiones citadas por el apelante.

Existen, sin embargo, en este caso circunstancias espe-ciales que nos inclinan a ejercitar nuestra discreción en el sentido de modificar la sentencia recurrida. Del récord apa-rece que el acusado es hombre de edad ya avanzada, 61 años; que durante todo ese tiempo observó buena conducta y que nunca ha sido procesado ni convicto por otro delito. En esas circunstancias la pena de nueve años de presidio nos parece un tanto excesiva y resolvemos modificarla.

Por virtud de todo lo expuesto, debe rebajarse la pena impuesta al apelaAÜe a cinco años y confirmarse la senten-cia así modificada.

' Los Jueces Señores Presidente del Toro y Asociado Wolf no intervinieron.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Travieso,

license: Public Domain

text:
    Santiago Arce Acevedo, demandante y apelado, v. María de la Luz Lebis, demandada y apelante.
    Núm. 6980.

    Sometido: Noviembre 6, 1936.

      Resuelto: Febrero 12, 1937.

      Rafael Barbosa, abogado de la apelante; Buenaventura Esteves, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso,

emitió la opinión del tribunal.

Santiago Arce Acevedo interpuso demanda de divorcio contra su esposa María de la Luz Lebis, basándola en la-causal de abandono por término mayor de un año. La de-mandada contestó negando todos los hechos alegados en la demanda.

Declarada ésta con lugar y roto y disuelto el vínculo matrimonial entre las partes, apeló la demandada imputando a la corte sentenciadora el haber incurrido en los siguientes dos errores:

1. En la apreciación de la prueba, y en haber llegado a la conclusión de que hubo abandono por parte de la demandada, toda vez que de la prueba aparece que el abandono, si hubo alguno, fué por parte del demandante; y porque la preponderancia de la evi-dencia está a favor de la demandada y en contra del deman-dante.

2. Al dictar sentencia en la forma en que lo hizo, demostrando el juez tener pasión y prejuicio por la forma en que éste condujo el juicio, y por las conclusiones a que llegó en su opinión dictada en este caso.

La corte sentenciadora encontró probados los siguien-tes hechos:

' “Por el resultado de la evidencia, la corte encuentra como hechos ciertos y probados que el demandante y la demandada contrajeron matrimonio en la ciudad de Aguadilla, el 2 de febrero de 1912; que de dicho matrimonio nació una hija nombrada Cándida Arce Lebis, que a la fecha de la radicación de la demanda era mayor de edad; que existen bienes gananciales sujetos a la consiguiente liquidación y partición; que desde hace muchos años ambas partes ocupaban como vivienda la planta alta de una casa sita en la calle Stahl de esta po-blación; que allá por el mes de noviembre de 1929 en ocasión de haber sido hospedada por la demandada en el domicilio conyugal la señora Antonia Pía y de haber hecho salidas con ella la hija de este matrimonio, se creó cierta tirantez de relaciones entre el demandante y la demandada, ya que éste se oponía a la convi-vencia de la expresada Antonia Pía y a que se hiciera acompa-ñar por su hija cuando salía por la población; que esta situación fué agriándose gradualmente hasta que quedó establecida una se-paración radical, mensa et thoro, entre ambos cónyuges; que en c'erta ocasión el demandante .(quien venía presumiendo que su huésped non grato podría suministrarle bebedizos), arrojó 'a tra-vés de una ventana unos frascos conteniendo líquidos desconocidos y para él sospechosos; que a pesar del tenaz disenso del marido la se-ñora Antonia Pía permaneció como cuatro meses en la casa de los esposos Arce-Lebis, y que tal estado de separación entre los cónyuges’ continuó, aunque habitando la misma planta del edificio, hasta el mes de octubre del año 1931 en que el demandante, sintiéndose abando-nado por su esposa, se fué a vivir en la planta baja donde tiene es-tableeido im comercio de provisiones; qne bailándose viviendo allí cayó enfermo de algún cuidado y por bastante tiempo, siendo así que a pesar de haberse aproximado a la esposa y a la hija varias personas para noticiarles el estado de salud del demandante, ni la esposa ni la hija se acercaron al enfermo ni le brindaron clase alguna de cui-dado y atenciones hasta el punto de que la propia demandada, a pre-guntas del abogado del actor, manifestó que ni siquiera preguntó qué médico estaba asistiendo a su marido; que hasta la fecha ele la vista de este caso la separación de ambos cónyuges ha continuado sin que haya mediado ni siquiera el más leve intento de reconciliación por parte de ninguno de ellos.” (Bastardillas nuestras.)

La prueba testifical sometida por ambas partes, consi-derada en conjunto, es contradictoria en varios extremos.

Tomaremos como base para resolver el caso, la prueba más favorable al demandante, o sea su propio testimonio dado en corte, en lo que es pertinente. Declaró que se casó en Aguadillo con la demandada, en febrero de 1912, de cuyo matrimonio tuvieron cinco bijos, de los cuales vive una, llamada Cándida.; que allá por el mes de noviembre del año 1929 fué a vivir a su casa la señora Antonia Pía, de quien le habían dicho que se dedicaba a preparar hechizos y brujerías, por lo que prohibió a su hija que saliese con ella; que a su señora le disgustó esa actitud suya y se enojó con él, al extremo de no arreglarle la cama en que dormía; que dicha Antonia Pía se fué de su casa seis meses después, y entonces él trató de “armonizar” con su esposa-, pero que ella lo impedía encerrándose en su habitación; que ni le preparaba ni servía sus alimentos; que en noviembre de 1931 se sintió enfermo mientras descansaba en una hamaca que tenía en la trastienda de su establecimiento comercial; que preguntado por un amigo si quería que su esposa fuese avisada, contestó que sí; que el amigo le informó que su esposa había dicho que no quería saber más de él; que desde entonces no volvió él más a su hogar; que la separación entre ellos se originó con la presencia de Antonia Pía en su casa; que atiende a todas las necesidades de su casa; que su enfermedad duró unos ocho días, y más de' veinticinco la convalecencia; que sn esposa no fue a verle durante ese tiempo y que sus alimentos se los pre-paraba doña Rosita Esteves, hermana de su abogado; que para las navidades del año 1932 trató de conseguir una re-conciliación con su esposa a través de Miguel H. Díaz.

Quizás sea conveniente añadir que de acuerdo con el tes-timonio incontrovertido de la demandada, corroborado por el de su bija Cándida, la señora Antonia Pía acostumbraba desde bacía muchos años, pasarse temporadas en el hogar del demandante, sin que nunca, hasta el año 1929, tuviera éste nada que objetar a ello. También debe mencionarse el hecho de que a no ser por la propia declaración del de-mandante, nada aparece en el récord que tienda a arrojar sombras sobre el carácter, reputación y honorabilidad de Antonia Pía.

En noviembre de 1931, el demandante se separó defini-tivamente de su esposa, de su hija y de su hogar. No es éste el caso corriente de divorcio por abandono, en que el cónyuge abandonado iñcLe la disolución del vínculo matrimonial. En este caso la demandada permaneció con su hija en el hogar que siempre lo había sido de las partes en esta acción. La prueba del demandante debe ser, pues, mucho más robusta y clara que de ordinario.

De acuerdo con los estatutos sobre divorcio, la causa ra-zonable que puede justificar el abandono de un cónyuge por el otro, debe ser una conducta de tal naturaleza que pueda constituir causa para una demanda de divorcio en contra del cónyuge que permanece en el hogar. Véanse: Rie v. Rie, 34 Ark. 37; Craig v. Craig, 117 S. W. 763.

Aceptando como hechos ciertos y probados el disgusto que produjo al demandante la presencia en su hogar de la señora Antonia Pía; la negativa de su esposa a echarla de su casa y los disgustos y desavenencias entre los cón-yuges como consecuencia de tal negativa, esos hechos no serían por sí solos suficientes para basar en ellos una de-manda de divorció en contra de la esposa, y no pueden por tanto ser cansa bastante para justificar el abandono de la esposa por el esposo demandante. La prneba demuestra fuera de toda duda, que fné el demandante quien se marchó-del hogar, dejando allí a su esposa e hija. Las desavenen-cias y disgustos entre el demandante y su esposa no son de-tal importancia y gravedad que no puedan ser olvidados o que hagan imposible una reconciliación entre las partes. En realidad, la prueba es insuficiente, a todas luces, para sostener la alegación de abandono por parte de la esposa. Ambos cónyuges han seguido viviendo bajo el mismo techo,, ella, en la planta alta de la casa, acompañada por su hija, y dispuesta a recibir al esposo en su mesa y en su lecho, según lo han declarado ella misma y su hija; él, en la planta baja de la misma casa, atendiendo a las necesidades económicas de esposa e hija, recibiendo unas veces y rechazando otras los alimentos que le han sido enviados por su familia, y ha-ciendo gestiones por medio de amigos y de abogado para inducir a la esposa a que presentase ella la demanda de divorcio, proposición que tiende a demostrar que el esposo, no estando seguro del éxito de una demanda iniciada por él, como abandonado por la esposa, buscaba un convenio me-diante el cual ella alegaría el abandono y él permitiría que se dictase sentencia en rebeldía. La negativa de la esposa a entrar en .tal convenio, su oposición al divorcio que soli-cita el marido, y su disposición a recibir a éste en el hogar son fuertes indicaciones de que es él y no ella quien desea romper el vínculo matrimonial, por causas a nuestro juicio frívolas y sin importancia. La ley y la moral pública re-quieren algo más que esas pequeñas desavenencias, frecuen-tes en la vida matrimonial y que con igual frecuencia se desvanecen como nubes de verano, para justificar una sen-tencia disolutoria del vínculo matrimonial.

Aceptando como verídicas las declaraciones del deman-dante y de sus testigos, debemos plantear el problema ju-rídico en esta forma: ¿Tendría derecho el demandante a un decreto de divorcio, por el hecho de que su esposa albergó en sn casa por una temporada a una amiga que para él no era persona grata; porque la esposa no le arregló su habi-tación a tiempo; porque no le servía las comidas a su gusto; porque no atendía de acuerdo con sus deseos a los queha-ceres domésticos; y porque ella se negara a hacer vida marital con él, según las palabras de la propia demandada, por haber visto “muchas cosas que para mí han sido muy do-lorosas y tristes y que no las nombro porque me da ver-güenza”? Seguramente una demanda basada en tales hechos no podría prosperar, pues nuestro Código Civil, a pesar de su liberalidad, no reconoce hechos de tal naturaleza entre las causales de divorcio. Y esa situación jurídica no puede cambiarla el demandante con sólo mudarse de habitación y tomar sus comidas en una fonda.

Esta corte, en Dueño v. Dueño, 28 D.P.R. 977, ha resuelto que:

“La vaga manifestación de que el demandante estaba enfermo de alguna gravedad no implica necesariamente que él necesitara ningún cuidado o atención especial por parte de la demandada, o que no pu-diera tomar sus medicinas sin ayuda de alguien, ni siquiera que es-tuviera recluido en cama. Por el contrario, el demandante parece haber estado en condiciones no sólo, de atender a sus propias necesi-dades, sino de trasladarse a la casa de sus padres, si bien no consta cuál fuera la distancia recorrida, los medios de traslación empleados, ni la forma en que los utilizó.”

A la página 981, se dice en la misma opinión lo siguiente:

“El dejar de prodigar atenciones hacia un esposo que se encon-traba más o menos indispuesto, o hasta el dejar de administrarle los medicamentos, difícilmente puede considerarse como constitutivo de trato cruel, y sin que exista algo más, como justificativo del aban-dono por parte del marido, de la esposa, hogar e hijos.”

Véase: Figueroa v. Pierluisi, 25 D.P.R. 496.

En el caso de Axtmayer v. Ortiz, 19 D.P.R. 499, se dice, a la página 502, lo que sigue:

“El demandante alega una negativa por parte de su esposa a cumplir con sus obligaciones conyugales y la prueba es contradictoria en cuanto a ese punto. Encontramos que en algunos Estados la per-sistente y continuada negativa por parte de uno de los esposos a ha-cer vida marital, sin que exista una justa causa para ello, constituye un abandono aunque las partes continúan viviendo en la misma casa. Sin embargo, de acuerdo con la mayoría de las autoridades, la mera separación del lecho marital no es suficiente motivo para constituir tal ofensa. Es necesario que exista también un completo abandono de otras obligaciones conyugales. Fritz v. Fritz, 138 Ill. 436; Throckmorton v. Throckmorton, 86 Va. 768; Fink v. Fink, 137 Cal. 559.
“Deberá notarse que si bien el demandante alega que la deman-dada se negó a cumplir con sus obligaciones conyugales, clasifica, sin embargo, estos actos como constitutivos de crueldad y no de aban-dono, y alega que la crueldad consiste entre otras cosas en la nega-tiva a hacer vida común con el demandante. No se encuentra así es-tablecido en las resoluciones que hemos podido examinar y en muchos casos se ha resuelto que la negativa a hacer vida común debe ser de tal naturaleza que obligue a la parte agraviada a abandonar el hogar de su familia, y que éste haya sido el fin perseguido por la parte culpable lo que solamente constituye un abandono al transcurrir el tér-mino que el estatuto fija para el mismo. Holston v. Holston, 23 Ala. 777; Sisemore v. Sisemore, 17 Oregon 542; Camp v. Camp, 18 Texas 528.”

En Fernández v. Hernández, 8 D.P.R. 237 (243), se dijo por esta corte:

“Tiene razón el Juez sentenciador. El cónyuge que ejercita la ¡acción trascendental de divorcio que ha de romper el vínculo matrimonial y destruir el hogar que nació por el mutuo amor y en donde ■existen hoy hijos inocentes, debe estar limpio de toda culpa, debe ser una verdadera víctima que agotó todos los medios amistosos para de-tener el mal en su origen.”

Véase: Kennerly v. Kennerly, 29 D.P.R. 777.

No encontramos en el récord prueba suficiente de un propósito firme y decidido por parte de la demandada de vivir separada de su esposo. Por el contrario, ésta declaró a preguntas de su abogado, como sigue:

P. — Dígame, señora: ¿ usted está dispuesta y ha estado dispuesta siem-pre a vivir con su esposo y a seguir como estaban antes de haberse él marchado?
R. — Yo siempre traté ele evitar todo disgusto entre nosotros y pasé por todo y vi muchas cosas que para mí han sido muy dolorosas y tristes y que no las nombro porque me da vergüenza, y a pesar de todo siempre traté de evitarlo todo para que hubiera paz y unión en el hogar porque siempre tuve la fe de que todo eso pasaría y que él volvería a ser como antes.
P. — ¿Actualmente usted está dispuesta a vivir con su esposo!
R. — Siempre he estado y estoy dispuesta a vivir con mi esposo por-que siempre lo he querido.
P.- — -¿Y aún lo quiere!
R. — Y lo quiero y es el padre de mi hija y si hubiera venido lo hu-biera aceptado en cualquier momento.

Del récord no aparece que el esposo demandante haya ex-presado en momento alguno iguales sentimientos de amor o deseos de reconciliación con su esposa.

Es de perfecta aplicación el caso de Más Guardiola v. Muñoz, 35 D.P.R. 870, donde se dijo:

“No basta el hecho material de la separación; no son suficientes meros disgustos. Es necesario el propósito firme y deliberado y la actuación consiguiente de vivir separado, de romper de hecho el vínculo matrimonial, para que el abandono exista. Y aquí la mujer no ha procedido de tal modo. Declarando en el juicio se expresó así: ‘que nunca ha sido su intención separarse definitivamente de su es-poso, no lo ha pensado, como lo ha querido mucho y es el padre de sus hijos, es el único hombre que ha querido.’ ”

La corte sentenciadora cometió manifiesto error al resolver que la separación de los cónyuges, a mensa et thoro, por un término mayor de un año, tiene el mismo efecto legal que el abandono, para que pueda decretarse el divorcio de acuerdo con el inciso 5 del artículo 96 del Código Civil, Edi-ción de 1930, según fué enmendado por la Ley núm. 46 de mayo 9 de 1933, leyes de ese año, página 305. Esa separa-ción, de mesa y lecho, no puede ser cansa de divorcio, a menos que haya continuado sin interrupción por -un período de más de siete años, según lo dispone el inciso 9 del citado artículo. La prueba aducida por ambas partes establece claramente la separación de los cónyuges, pero es a nuestro juicio insu-ficiente para establecer la alegada causal de abandono del ma-rido por la mujer, especialmente si se tiene en cuenta que el mismo juez sentenciador liace constar en sn opinión que no ha mediado ni siquiera el más leve intento de reconcilia-ción por parte de ninguno de los cónyuges. ¿Cómo es po-sible sostener que un cónyuge ha sido abandonado, si éste no ha hecho ni siquiera el más leve intento para reconciliarse con el otro?

El segundo error señalado carece en absoluto de funda-mento y debe ser desestimado.

Se revoca la sentencia apelada.

Los Jueces Señores Presidente del Toro y Asociado Wolf no intervinieron.


text:
    Francisco G. Taboada Bosch, demandante y apelado, v. María Dragoni, demandada y apelante.
    Núm. 7440.

    Sometido: ■ Dieiembre 21, 1936.

      Resuelto: Febrero 15, 1937.

      B. Hernández Matos, abogado de la apelante; José I. Fernández Se-garra, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso,

emitió la opinión del tribunal.

Este caso se originó en la Corte Municipal de Juana Díaz con la interposición de una demanda en cobro de dinero. De la sentencia dictada en su contra apeló el demandante para ante la Corte de Distrito de Ponce, y solicitó de ésta permiso para radicar una demanda enmendada. Le fné concedido el permiso después de una vista y disensión sobre los méritos de la moción.

Yisto el caso, declarada con lugar la demanda y conde-nada a pagar al demandante la suma de $322.58, más inte-reses, sin especial condenación de costas, la demandada apeló.

Entre los documentos que forman [Darte del legajo de la sentencia, radicado en esta corte, aparece la demanda original radicada ante la Corte Municipal de Juana Díaz. La parte apelada solicita la eliminación de dieba demanda del récord de esta apelación. La parte apelante se opone.

El apelado invoca el caso de García v. Cañada, 11 D.P.R. 421, en que se dijo:

“Se presentó una demanda en el caso y se formuló excepción pre-via a la misma, pero habiéndose presentado después una demanda en-mendada, será innecesario que consideremos las cuestiones que surgen en la demanda primitiva y en la excepción. En verdad no bay razón alguna por la cual estos escritos han sido agregados a los autos.”

Dicho caso, sin embargo, no es de aplicación al de autos, en que, según anuncia la apelante, uno de los errores que im-putará oportunamente a la corte sentenciadora es el haber permitido que se cambiara substancialménte la causa de ac-ción alegada ante la corte municipal. Como en este estado del caso sería improcedente resolver si efectivamente la de-manda enmendada cambió o no la causa de acción, ésta debe permanecer en el récord de apelación, porque de otro modo quedaría esta corte imposibilitada de resolver el error, y la apelante de levantarlo, si accediéramos a eliminar del récord la demanda original. Este criterio encuentra apoyo en Romero v. Romero & Solís, 33 D.P.R. 109, en donde se dijo:

“Cuando se presenta una alegación enmendada como sustituía de la alegación original, ésta última deja de ser parte de los autos ex-cepto para decidir a los fines de la prescripción cuándo fue en reali-dad comenzada la acción y si una nueva causa de acción lia sido presentada, o algo por el estilo. Barber v. Reynolds, 33 Cal. 497; Kelly v. McKibben, 54 Cal. 192; Redington v. Cornwell, 90 Cal. 50; Collins v. Scott, 100 Cal. 453; Tehama v. Sisson, 152 Cal. 179; Collins v. Gray, 3 Cal. App. 726; Ross v. Flynn, 189 P. 293; Hausen v. Goodrich (Mont.) 181 P. 739.”

Véanse, además, Vahamonde v. Miró, 36 D.P.R. 616, y Martínez v. Jiménez, 20 D.P.R. 515.

El apelado sostiene, además, que como la apelante no tomó excepción a la resolución de la Corte de Distrito de Ponce de fecha 13 de febrero de 1936, concediendo permiso para radicar una demanda enmendada, está impedida ahora de alegar como error que la misma cambió la causa de acción.

Dicha resolución, sin embargo, se considera excepcionada por ministerio de la ley, a virtud del artículo 213 del Código de Enjuiciamiento Civil, edición de 1936, que dispone entre otras cosas lo siguiente:

“La decisión definitiva en un pleito o procedimiento; una pro-videncia o decisión interlocutoria, que definitivamente determine los derechos de las partes, o algunos de ellos; una providencia o deci-sión dada sobre una moción controvertida; . . . una providencia ad-mitiendo o desestimando una excepción previa, concediendo o negando permiso para enmendó#' un alegato (la versión inglesa dice “pleading” en vez de alegato), excluyendo una alegación en todo o en parte . . . se considerarán excepcionaclas por ministerio de la ley.”

Se debe declarar sin hbgar la moción del apelado.

Los Jueces Señores Presidente del Toro y Asociado Cor-dova Dávila no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Manuel Morales Muñoz, demandante y apelado, v. Ventura Cortés, demandado y apelante.
    Núm. 6764.

    Sometido: Febrero 5, 1936.

      Resuelto: Febrero 15, 1937.

      J. Henri Brown, C. Buiz Nazario, G. E. González y G. BenÜ'ez Goai-Uer, abogados del apelante; Armando A. Miranda, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Manuel Morales Muñoz instó demanda contra Ventura Cortés y la Porto Rican & American Insurance Company en cobro de honorarios profesionales. Una de las alegaciones más esenciales de la demanda fué que el demandado Ven-tura Cortés el 10 de mayo de 1929, a nombre propio, y a nombre y en representación de su aseguradora, la Porto Rican & American Insurance Company, requirió al Dr. Morales Muñoz para que se hiciera carg'o del caso de Inocen-cio Díaz que había sido arrollado por el automóvil de Ven-tura Cortés. Se presentó una excepción previa a la de-manda fundada en que la Porto Rican & American Insurance Company fué indebidamente acumulada y no tenía respon-sabilidad alguna. La corte inferior resolvió que nada ba-~ bía en la demanda que demostrara que Ventura Cortés tu-viera autoridad para representar a la Porto Rican & American Insurance Company a fin de obtener los servicios del demandante o de cualquiera otra persona/ La corte resol-vió que la demanda era buena; tan sólo contra Ventura Cor-tés.

El demandado contestó y el caso fué a juicio, y el 18 de noviembre de 1933 la Corte de Distrito de San Juan por voz de un juez sustituto, dictó sentencia a favor del deman-dante por la suma de quinientos dólares. La corte dijo en el curso de su sentencia que luego de examinar las varias contenciones de las partes babía quedado convencida de la veracidad de los testigos del demandante. Estos comenta-rios no fueron becbos en opinión separada sino dentro de la sentencia misma.

El primer señalamiento en apelación es que la corte cometió . error al no emitir opinión de conformidad con el artículo 227 del Código de Enjuiciamiento Civil. No se trató en absoluto en la corte inferior de obtener tal opinión. La sentencia y el juicio demuestran que la cuestión principal ante la corte fué un conflicto en la prueba y fie-mos resuelto en un número de casos que es casi imposible para una corte exponer todas las razones que tiene para creer a un número de testigos más bien que a otro; que tal conclusión es cuestión principalmente de intuición. Uno de los casos es Deliz v. Deliz, 40 D. P. R. 77, donde dijimos en efecto que difícilmente podía baber sido la intención de la Legislatura que la corte dijera que creía o no creía a un testigo por razón de sus palabras o gestos. Otros casos que giran sobre la misma cuestión son Rodríguez v. P. R. Ry., Lt. & P. Co., 44 D. P. R. 950, 958, y Guijarro v. Lluberas, ante, pág. 718.

Existen varios señalamientos de error relativos a la. demanda o a la prueba, que hacían referencia a la Porto. Pi-can & American Insurance Company y a que todo este caso envolvía un contrato entre Ventura Cortés como agente de la Porto Pican & American Insurance Company y el Dr. Morales Muñoz.

A instancias de los demandados, la Porto Pican & American Insurance Company fué eliminada del caso y la corte resolvió que el pleito podía continuar contra Ventura Cor-tés. Además la demanda estaba redactada en tal forma que Ventura Cortés aparece en ella como actuando a nombre propio y a nombre de la Porto Pican & American Insurance Company. En su consecuencia la demanda y el juicio po-dían claramente continuar contra Ventura Cortés.

En realidad el juicio fué conducido en gran parte a base de un supuesto contrato de arrendamiento de servicios del doctor por Ventura Cortés. La teoría del demandante claramente fué que Ventura Cortés había contratado sus servicios, y la teoría del demandado fué que no hubo tal contratación especial, sino que el Dr. Morales Muñoz meramente actuaba como médico a cargo del hospital de Barceloneta.

El resto de los errores señalados en tanto en cuanto.no fueron inofensivos, de ser tales errores, se referían a la apreciación de la prueba por la corte de distrito. El tes-timonio de Ventura Cortés y sus testigos tendió a demostrar que Ventura Cortés sólo convino en hacerse responsable de los gastos de hospital y que no hizo nada en forma alguna para contratar los servicios del Dr. Morales Muñoz. En realidad, si se daba crédito a los testigos del demandado,. Ventura Cortés sólo convino en hacerse responsable posi-blemente de las cosas que de ordinario suceden cuando-un paciente lesionado es llevado al hospital y éste se hace cargo de él. Había otras cuestiones. Sin embargo, la corte te-nía derecho a concluir que Ventura Cortés específicamente solicitó del Dr. Morales Muñoz que se hiciera cargo del caso por cuenta suya. Tanto el doctor como un policía decla-raron sobre estos hechos y la corte tenía derecho a creer-les.

Podemos ver un argumento contra la imposición de cos-tas toda vez que. la reclamación se hizo por $1,500 y la corte dictó sentencia por $500, más la corte tenía derecho a lle-gar a la conclusión de que si Ventura Cortés hubiera ad-mitido el contrato quizá podía haber hecho una transacción fuera de la corte con el Dr. Morales Muñoz o aún ofrecido pagarle una suma razonable, y por tanto no vemos razón alguna para intervenir con la discreción de la corte inferior.

Debe confirmarse la sentencia.

Los Jueces Señores Presidente del Toro y Asociado Tra-vieso, no intervinieron.

El Juez Asociado Señor Hutchison está conforme con el resultado.


author: El Juez Asociado SeñoR Travieso,

text:
    Maryland Casualty Company, demandante y apelante, v. Buffalo Life Association y Petra Guzmán Vda. de Arroyo, demandados y apelados.
    Núm. 7100.

    Sometido: Noviembre 24, 1936.

      Resuelto: Febrero 16, 1937.

      Juan B. Soto, Juan F. Soto j Enrique Igaravídez, abogados de la apelante; Luis Mercader, abogado de la apelada Sra. Guzmán.
   El Juez Asociado SeñoR Travieso,

emitió la opinión del tribunal.

La demandante, Maryland Casualty Company, apela de una sentencia que declara sin lugar su demanda contra la Buffalo Life Association y Petra Guzmán viuda de Arroyo. Sustancialmente alega:

Que el día 1 de abril de 1931 la demandada Buffalo Life Association aseguró la vida de Vietorio Arroyo Laraeuente por $5,000, que se comprometió a pagar a su muerte, a Petra Guzmán de Arroyo, la otra demandada.

Que Vietorio Arroyo Laraeuente falleció en Arecibo el día 26 de ■noviembre de 1933, becbo que la demandante comunicó a la Buffalo Life Association mediante copia certificada del acta de defunción.

Que el día 18 de noviembre de 1933 el asegurado cedió a la de-mandante la referida póliza de $5,000, que lleva el número H-8092, en pago de la suma de $4,466.23 que le adeudaba, becbo que la de-mandante también notificó a la Buffalo Life Association.

Qlue la demandante como cesionaria, y por información y creencia, Vietorio Arroyo Laraeuente, cumplieron siempre con todas las con-diciones de la póliza, a pesar de lo cual, la Buffalo Life Association no ha pagado a la demandante los $5,000 importe de la póliza ni ninguna parte de ella.

Suplica que se dicte sentencia disponiendo que los $5,000 importe de la póliza le pertenecen y le deben ser pagados con sus intereses desde la fecha de la demanda.

La demandada Petra Guzmán contestó atacando la su- ■ ficieneia de la demanda, negando unos becbos y aceptando otros. 'Y como defensa especial expuso que la demandante y Vietorio Arroyo Laraeuente, pocos días antes de su muerte “cambiaban impresiones sobre transacción que nunca lleva-ron a cabo, y con motivo de ello Arroyo le envió a la pri-mera dos pólizas, una por $5,000, núm. H-8092, de la Buffalo Life Association, y otra por $2,000, núm. D-4150, de la Occidental Life Insurance Go., ambas del asegurado Victo-rio Arroyo Laraeuente y Petra Guzmán como beneficiaria, y cuyas pólizas la demandante habría de examinar y devol-ver al señor Arroyo oportunamente;” que Arroyo falleció sin ultimar la transacción, reteniendo la demandante las dos pólizas hasta el día 4 de diciembre de 1933 en que devolvió a la beneficiaría la número D-4150 quedándose con la H-8092, que no ha querido devolver.

Radicó también una contrademanda en que alega dos cau-sas de acción. A virtud de la primera solicita de la corte que la declare dueña y única beneficiarla de la póliza núm. H-8092; por la segunda pide daños y perjuicios que alega se le ocasionaron por la Maryland Casualty Company al re-tener ésta en su poder la referida póliza H-8092, impidién-dole cobrarla y colocar su importe a un interés anual del 8 por ciento.

Visto el caso sin asistencia de la Buffalo Life Association, a quien le fué anotada la rebeldía, la corte dictó sen-tencia con los siguientes pronunciamientos:

1. Sin lugar la demanda.

2. Con lugar la primera causa de acción de la eontrademanda, y en su consecuencia, condenando a la Maryland Casualty Company a que devuelva y entregue a la contrademandante Petra Guz-mán viuda de Arroyo, la póliza número H-8092, supra.

8. Todo ello sin especial condenación en costas.

Los fundamentos de dicha sentencia fueron, a saber: que a la muerte de Arroyo no se había consumado contrato alguno entre la Maryland Casualty Co. y él, por virtud del cual éste le hubiera hecho cesión de la póliza H-8092 a la primera en pago de los $4,466.23, para lo cual era requisito el consentimiento de Arroyo, que no llegó a prestarse nunca.

La demandante apeló señalando los siguientes errores que pueden discutirse conjuntamente:

1. La Corte de Distrito del Distrito Judicial de Arecibo cometió error manifiesto al estimar que de la prueba resulta que no existió el consentimiento necesario para llevar a efecto la cesión por parte de Victorio Arroyo Laracuente de la póliza número H-8092, aludida en la demanda.

2. La Corte ele Distrito del Distrito Judicial de Arecibo cometió error manifiesto al no resolver que se probó el consentimiento.

3. La Corte de Distrito del Distrito Judicial de Arecibo cometió error al dictar sentencia en contra de la demandada.

La prueba oral de la demandante consistió del testimo-nio de Savino Yaldés, administrador de reclamaciones de la Maryland Casualty Co., de Albert E. Copeland, gerente de Armour & Co. en Puerto Rico, y de Sinforoso Rovira Carbo, empleado también de la casa Armour & Co. Presentó ade-más prueba documental consistente en la póliza núm. Ií-8092 y en seis cartas a que nos referiremos oportunamente.

El testimonio de Yaldés revela que la Maryland Casualty Co. garantizaba a Yictorio Arroyo Laracuente en el fiel desempeño de su cargo como vendedor de la casa Armour & Go. en el distrito de Arecibo; que en el ejercicio de sus funciones Arroyo no pudo rendir cuentas satisfactorias a la casa Armour & Co. de la suma de $4,466.23, por lo que ésta reclamó a la Maryland Casualty Co. dicha suma y la reclamación le fué aceptada; que Yaldés entonces, en repre-sentación de la demandante, empezó a gestionar con Arroyo el reembolso de los referidos $4,466.23, y al efecto, le visitó en Arecibo el día 28 de octubre de 1933, quedando Arroyo en enviarle una póliza que recibiría de Estados Unidos, para que la examinara. Que el 31 de octubre de 1933, le escri-bió a Yaldés en los siguientes términos:

“Oct. 31/33
“Sr. Savino Yaldés,
“San Juan, P. R.,
“Muy Sr. mío y amigo:
“Por correo de ayer, según yo esperaba recibirla, no me ha lle-gado la póliza de California, para remitírsela a Ud. como quedé pura-que la examinara para ver de efectuar el negocio que habíannos. Yo creo que no lia de pasar de el correo próximo toda vez que falta poco para un mes que se ha mandado.
“De todos modos, le estoy incluyendo mi póliza No. H-8092 por $5,000 en la Buffalo Life Association para que la examine, en carác- ter devolutivo con sus sugestiones o mejor, al pasar TJd. por ésta pronto, nos entenderíamos. (Itálica nuestra.)
“Quedando como siempre a sus órdenes, soy muy atentamente y S. S.,
“(Fdo.) Yictorio Arroyo.”
Que Yaldés le contestó el 7 de noviembre de 1933, así:
“Noviembre 7, 1933
“4138-P. Rico
“Armour & Company,
“Yictorio Arroyo.
“Sr. Yictorio Arroyo,
“Arecibo, P. R.
“Muy Sr. n/ y amigo:
“Muchas gracias por su atenta 31 de octubre con la cual nos en-viaba una póliza de la Buffalo Life Association por la cantidad de $5,000.00.
“Suplicamos tenga la amabilidad de enviarnos la póliza de $2,000.00 que usted ofreció mandarnos.
“Anticipándole las gracias, quedamos,
‘ ‘ Attos. amigos y ss. ss.,
“(Fdo.) S. Yaldés
“Mgr. P. Rico Claim Division.”

Que el 18 de noviembre del mismo año, viniendo Yaldés de Mayagüez, visitó nuevamente a Arroyo, mostrándole éste copia de la carta que le había escrito el día .antes a San Juan, y que Valdés no babía tenido oportunidad de leer. Dicha carta lee así:

“17 de noviembre, 1933.
“Sr. Savino Yaldés,
“c/o Maryland Casualty Co.,
“San Juan, Puerto Rico.
“Muy señor mío y amigo:
“Oportunamente me favoreció su apreeiable 7 de los corrientes y de acuerdo con la misma y lo que habíamos hablado, habiendo re-cibido ya la póliza de California, tengo el gusto de incluírsela para que se sirva examinarla y ver si es factible hacer el negocio hablado-.
“Tanto la póliza que anteriormente le remitiere de la Buffalo Mutual Life Insurance Co. como la que le estoy incluyendo ahora de la Occidental Life Insurance Co. tienen primas pagadas hasta me-diados de diciembre próximo como podrá ver por los recibos incluidos en esta última, por lo que le estimaré vea prontamente de resolver él negocio ya que bay que atender esas pxúmas so pena de exponerme a perjuicios por no pagarlas a su tiempo. (Itálica nuestra.)
“Esperando sus avisos me es grato quedar como siempre muy atentamente y amigo,
“(Fdo.) Yietorio Arroyo.
“Inc. Póliza #D-4150 por $2,000 de la Occidental Life Ins. Co.”

Que en dicha entrevista Arroyo convino en cederle defi-nitivamente la póliza de $5,000; que él le explicó entonces la necesidad que había de que le cediera también la de $2,000 para atender al pago de las primas, ya que era imposible prever cuánto tiempo más viviría Arroyo. Que el 21 de no-viembre de 1933 Yaldés escribió a Arroyo en estos términos :

“Noviembre 21, 1933
“4138-P. Pico,
“Armour & Company,
“Yietorio Arroyo.
“Sr. Yietorio Arroyo,
“Arecibo, P. P.
“Muy Sr. mío:
“Acuso recibo de su atenta del 18 del corriente, como también de la póliza de $2,000.00 de la Western Mutual Life Association.
“Con relación a la póliza de $5,000.00 de la Buffalo Life Association debo informarle que el agente en ésta, quien lo es el Sr. W. P. Bennett, nos informa que esta póliza paga $5,000.00 solamente más un dividendo que no cubriría el importe de la prima por varios años, por cuyo motivo se hace necesario que TJd. nos traspase ambas pólizas.
“Esperaba recibir hoy copia de la carta de ITd. solicitando los papeles de transferencia a la Buffalo Life, pero no la he recibido y le ruego que al recibo de ésta solicite dichos papeles tanto a la Buffalo como a la Western Mutual por correo aéreo y no deje de en-viarme copia de su carta. Estoy deseoso de terminar este asunto y no dudo que TJd. también lo estará, a fin de dejar todo resuelto de la manera más satisfactoria posible. (Itálica nuestra.)
“En espera de sus avisos por vuelta de correo quedo de Ud.
“Atentamente,
“ (Fdo.) S. Yaldés
“Mgr. P. Rico Claim Division.”

Que como Arroyo no contestaba, Valdés le escribió nue-vamente, en 23 de noviembre:

“Noviembre 23, 1933
“4138-P. Rico
“Armour & Company
“Victorio Arroyo.
“Sr. Victorio Arroyo,
“Arecibo, P. R.
“Muy Sr. n/ y amigo:
“Suplicamos encarecidamente su atención a nuestra carta de no-viembre 21. Esperamos tendrá Ud. la amabilidad de enviarnos copia de la carta que le escriba a la Buffalo Life y a la Western Mutual.
“Sin otro particular quedamos,
“Atentamente,
“(Fdo.) S. Valdés
“Mgr. P. Rico Claim Div.”

Que el 24 del mismo mes, Arroyo se dirigió, a Valdés del modo siguiente:

“Nov. 24/33
“Sr. Savino Valdés,
“e/o Maryland Casualty Co.,
“San Juan, P. R.
“Muy Sr. mío y amigo:
“Tengo a la vista sus apreeiables 21 y 23 del actual y tomé buena nota.
“Al recibir y leer su primera carta (Nov. 21) decidí no contes-tarle y esperar su próxima visita a ésta, que suponía a fin de se-mana, pues quería discutir con Ud. personalmente lo que Ud. informa acerca del valor de mi póliza por $5,000.00 de la Buffalo Life Insurance Co., tanto abora como algunos años más tarde, pues creo ello un error.
“Al recibir su carta de ayer en la que me vuelve a pedir solicite los blancos para ambas pólizas, me permito avisarle que he solicitado el Manco correspondiente para la póliza de $5,000.00, como verá por la copia de la carta que be escrito al efecto con fecba 22 del corriente, pero no así la otra por creerlo innecesario y otros motivos que son obvios por abora. Donde estaba yo el primer día en que empezamos a tratar este negocio a solicitud mía, estoy. Por tcmto, deseó que cuanto antes llegtiemos a un acuerdo definitivo, cosa que cuando lie- gue el blanco que he solicitado esté todo ultimado y no haya más que hacer él traspaso. (Itálica nuestra.)
“he adjunto el último recibo de la póliza arriba descrita, el cual comprende los meses Oct., Nov. y Die. 1933. Sírvase pues unirlo a la póliza y tomar nota.
“Sírvase devolverme la póliza por $2,000.00 de la Occidental y cuando pase por ésta se traerá la otra si es que Ud. desea que dis-cutamos el asunto sobre la misma.
“Esperando sus avisos, me es grato quedar muy atentamente y S. S. S.,
“ (Fdo.) Yictorio Arroyo.”

También dijo en repreguntas, que después de muerto Arroyo, mandó a un tal Arias, empleado de la Maryland Casualty Co., a Arecibo, para que gestionara por escrito de la viuda, como beneficiarla, la cesión de la póliza H-8092.

La resolución de este caso depende de la interpretación que demos a la correspondencia entre el asegurado Arroyo y la alegada cesionaria, con referencia al traspaso o cesión de las pólizas en satisfacción de la deuda de Arroyo a la casa de Armour & Co.

Hemos leído cuidadosamente toda la correspondencia y nos creemos justificados al resolver que la interpretación que a ella dió la corte inferior es correcta.' Examinémosla de-talladamente.

En su carta de octubre 81, 1933, o sea tres días después de su primera entrevista con Yaldés, el asegurado Arroyo dice a Yaldés que le envía la póliza núm. H-8092 para que la examinara para ver de efectuar el negocio que ha/blamos', y que hace el envío en carácter devolutivo con sus sugestio-nes; y añade, o mejor, al pasar Ud. por ésta pronto, nos en-tenderíamos. A esa carta contestó Yaldés acusando recibo de dicha póliza y suplicando el envío de la otra póliza por $2,000.

Es evidente que esas dos cartas no constituyen un con-venio entre las partes. Son ellas mera evidencia de nego-ciaciones tendientes a llegar a un acuerdo.

Con sn carta de noviembre 17 de 1933, Arroyo envió a Yaldés la póliza de California de $2,000 “para que se sirva examinarla y ver si es fadible hacer el negocio hablado”; y después de informarle que ambas pólizas tenían sus pre-mios pagados basta diciembre, añadía: ‘‘por lo que estimaré vea prontamente de resolver el negocio.” Estas últimas pa-labras son una prueba clara de que basta el 17 de noviem-bre el negocio que discutían Valdés y Arroyo estaba aún por resolver.

Alega Yaldés en sn declaración que se entrevistó con Arroyo el 18 de noviembre y que éste convino en cederle a la compañía demandante la póliza de $5,000 definitiva-mente. Yeamos si la interpretación dada por Yaldés a su entrevista con Arroyo, al efecto de que en ella se llegó a un traspaso definitivo de la póliza de $5,000, está corroborada por la correspondencia entre ambas partes posterior a la fe-cha de la entrevista.

En 21 de noviembre, 1933, Yaldés escribe a Arroyo co-municándole que el agente de la Buffalo Life Association le ba informado que el dividendo de la póliza de dicba asocia-ción no cubriría la prima por varios años, y le dice: “por cuyo motivo se hace necesario que Ud. nos traspase ambas pólizas.” Y más adelante, en la misma carta, después de rogarle que solicite de las dos compañías aseguradoras los papeles necesarios para hacer el traspaso de las dos póli-zas, dice Yaldés: “Estoy deseoso de terminar este asunto y no dudo que Ud. también lo estará, a fin'de dejar todo re-suelto de la manera más satisfactoria posible.”

A esta última carta contestó Arroyo en 24 del mismo mes informando a Yaldés que había solicitado los blancos para el traspaso de la póliza de la Buffalo Life Association y aña-día: “pero no así la otra por creerlo innecesario.” Y en seguida decía:

“. . . Donde estaba yo el primer día en que empezamos a tratar este negocio a solicitud mía, estoy. Por tanto, deseo que cuanto antes lleguemos a un acuerdo definitivo, cosa que cuando llegue el Maneo que fie solicitado esté todo ultimado y no fiaya más que fiacer el tras-paso.”

Las dos cartas que acabamos de comentar se refieren claramente a un convenio que está aún en gestación y cuyos términos y condiciones no fian sido definitivamente acorda-dos entre las partes. Mientras Valdés insiste en que para cerrar definitivamente el negocio es necesario que Arroyo traspase a la demandante sus dos pólizas, la de cinco mil y la de dos mil dólares, éste reitera su oferta original de traspasar solamente la de cinco mil dólares, manifestando estar dispuesto a hacerlo cuando se llegue a un acuerdo de-finitivo y tan pronto llegue el blanco o formulario de la com-pañía.

Los hechos esenciales establecidos por toda la prueba pue-den condensarse así: Arroyo, dueño de dos pólizas de se-guro, era deudor de una suma a la demandante, y para satis-facer esa deuda ofreció transferir a su acreedor la póliza de $5,000. Insistió el acreedor en que debían traspasársele ambas pólizas por considerar que la de cinco mil no era bas-tante para su protección, toda vez que el acreedor tendría que pagar las primas mientras viviera el deudor. Replicó el deudor manifestando estar dispuesto a traspasar la póliza de $5,000, para lo cual ya había pedido los blancos necesarios, más no así la otra póliza por creerlo innecesario. Volvió a insistir el acreedor en que se le traspasaran ambas pólizas, para dejarlo todo resuelto satisfactoriamente. Dos días después de haber escrito su última carta a Valdés del 24 de noviembre, 1933, Victorio Arroyo falleció, dejando en po-der de la demandante sus dos pólizas de seguro y sin haber terminado la discusión del negocio a que se refiere la corres-pondencia presentada.

El examen que hemos hecho de toda la evidencia nos lleva a la conclusión de que en este caso no existió nunca el con-sentimiento de los contratantes, sin cuyo requisito no puede haber contrato, a tenor de qne disponen los artículos 1213 y 1214 del Código Civil (ed. de 1930). Mientras la deman-dante exigía el traspaso de dos pólizas qne totalizaban $7,000, como cansa o consideración para dar por satisfecha la denda de Arroyo, éste insistía en qne sn obligación fnese extinguida con sólo el traspaso de la póliza de cinco mil dó-lares envuelta en este litigio. No hubo, por lo tanto, con-trato alguno entre Arroyo y la Maryland Casualty Company a virtud del cual dicha compañía se convirtiera en dueña y beneficiaria de la póliza de la Buffalo Life Association. Arroyo falleció siendo aún deudor de la Maryland Casualty Company, pero siendo todavía dueño de sus dos pólizas, las que deben ser pagadas a los beneficiarios en las mismas de-signados.

Por las razones expuestas se modifica la sentencia ape-lada, adicionándola en el sentido de que se disponga que la cantidad consignada como importe de la póliza H-8092 de la Búffalo Life Association, deberá ser pagada a la benefi-ciaria mediante la entrega de la póliza y los documentos que fueren necesarios para el resguardo del asegurador, y asi modificada se confirma.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.


author: El Juez Asociado Señok Teavieso,

text:
    Luciano Alicea, menor de edad, representado por su madre Carmen Alicea, demandante y apelante, v. Emilio Antuñano, demandado y apelado.
    Núm. 7014.

    Sometido: Diciembre 4, 1936.

      Resuelto: Febrero 17, 1937.

      Angel A. Vázquez, abogado del apelante; Juan B. Soto j Enrique Igaravídez, abogados del apelado.

       Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señok Teavieso,

emitió la opinión del tribunal.

Se alega en la demanda que el menor demandante se en-cuentra bajo el cuidado y patria potestad de su madre Carmen Alicea; que ésta vivió en concubinato y sostuvo relacio-nes maritales en Río Piedras con el demandado Emilio An-tuñano con quien procreó un bijo, el demandante, que nació el 6 de julio de 1910; que Carmen y Emilio durante sus re-laciones y al tiempo de la concepción y nacimiento de Luciano eran solteros y podían casarse justamente, sin dispen-sación; que Emilio tenía pública y privadamente por su bijo a Luciano y le llamaba tal en conferencias con distintas per-sonas, y que Carmen fué conocida viviendo en concubinato con el demandado durante la concepción, embarazo y naci-miento del demandante, siendo el demandado el único hombre con quien tuvo relaciones maritales.

Excepcionó la demanda el demandado por falta de becbos constitutivos de una causa de acción y su excepción fué de-clarada sin lugar. Contestó negando todos y cada uno de los becbos de la demanda y trabada de tal modo la contienda fué el pleito a juicio.

Presentó el demandante una certificación acreditativa de la inscripción de su nacimiento en el Registro Civil. De ella resulta que nació en la fecba alegada en la demanda, julio 6, 1910. Introdujo entonces los testigos Luciano Alicea, Carmen Alicea, Isabel Hernández, Aurelio Ramos, Benito Díaz, Reyes Alicea y Genaro Martínez.

Luciano, el demandante, declaró en resumen, que es bijo de Carmen, con quien siempre ba vivido, siendo su padre el demandado “que está allí sentado,” señalándolo, que lo lle-vaba a la escuela en su automóvil varias veces y a quien pe-día la bendición enando con él se encontraba. Su padre le daba dinero, le liacía regalos y públicamente lo trataba como bijo suyo.

Carmen Alicea, substancialmente dijo que Luciano era su bijo, procreado con el demandado siendo ella una señorita de quince a dieciséis años de edad. Conoció al demandado en 1909, en su finca de Río Piedras, adonde fué a asistir a su madre enferma. A poco de llegar, comenzó a enamorarla. Se entregó a él. Ambos eran solteros. A los seis meses de relaciones, salió encinta. Vivían en una babitación que que-daba detrás de la casa de Aurelio Ramos. El iba constante-mente donde ella de día y de noche. En el cuarto dormían la siesta y él se quedaba algunas noches., Antuñano le pasaba de un peso a peso y medio diarios. Cuando salió encinta la llevó a otra finca a la casa de León Figueras, donde continua-ron viviendo púbbcamente como marido y mujer y allí dió a luz a Luciano. Algún tiempo-después la llevó de nuevo a la casa de Ramos. Luciano tenía ya seis meses y el demandado continuó viviendo públicamente con ella como marido y mujer. Llamaba a Luciano su bijo. A repreguntas del demandado contestó que tenía treinta y cinco años de edad y estaba en la actualidad casada con Gregorio Maldonado. “Cuando lle-vábamos relaciones amorosas en la finca, Emilio Antuñano tenía su residencia en Río Piedras, en la casa de sus padres, y se iba para allá a altas boras de la nocbe, después de dor-mir conmigo.”

Isabel Hernández, tía del demandante, dijo que vivía desde 1908 con su esposo Aurelio Ramos, en la finca “Canta Sapos” que administraba el demandado. Su esposo era el mayordomo. Con ella vivía también su madre, que se en-fermó, llamándose a su hermana Carmen, que tenía unos quince años de edad, para que la cuidara. Antuñano requi-rió a Carmen de amores y su esposo y ella les cedieron una babitación de la casa donde dormían la siesta y algunas no-ches, como marido y mujer. Como consecuencia de ello na-ció el demandante, pagando Antuñano los gastos del alum-bramiento y reconociendo a Luciano públicamente como su hijo. Cuando el niño estuvo bastante grandecito, un día le preguntó al demandado que qué iban a bacer con él, resol-viendo enviarlo a la escuela, encomendando Antuñano a la testigo que lo inscribiera como lo hizo con el nombre de Luciano Antuñano. Muchas veces éste llevaba y traía a la es-cuela a Luciano.

Aurelio Ramos, confirma en todas sus partes la declara-ción que acabamos de extractar. Sólo transcribiremos ínte-gra la parte que sigue de su testimonio:

“Antuñano y Carmen empezaron a llevar amores y como la casa que yo ocupaba tenía un cuartito atrás, allí se veían los dos todos los días, basta que un día Antuñano me dijo: ‘Déjeme ese cuartito ahí para vivir con esta muchacha,’ y entonces todos los días cuando An-tuñano volteaba la finca, él y Carmen dormían allí la siesta y algu-nas noches Antuñano se quedaba allí a dormir y se iba tarde en la noche. ’ ’

Benito Díaz, a preguntas del demandante, contestó:

“Yiví en la casa de Emilio Antuñano, que es aquél que está allí (señalando al demandado) y fui su empleado en la finca ‘Zapater,’ trabajando en la caña. Allí vivía también León Pigueras. Conocí a Carmen Alicea y a Antuñano viviendo como marido y mujer y en la casa de León Pigueras.”

Respondiendo a repreguntas del demandado:

“Antuñano no se ocultaba para decir que Luciano era su hijo y estaba muy contento porque decía que le había salido muy inteli-gente; y cada vez que lo veía lo abrazaba y lo besaba y decía que ése era su hijo (señalando al demandante) y todo el mundo por allí conocía a Luciano y lo tenía como hijo de Emilio Antuñano, pues eso era público.”

Reyes Alicea, tío del demandante, declara que sabía que Carmen y Antuñano vivían en concubinato y que de sus re-laciones maritales nació Luciano,” que Antuñano le decía “cuñado” y le recomendaba que tuviera cuidado con Luciano porque pensaba mandarlo a educar a España. Trataba a Luciano con mucho cariño y lo llamaba hijo públicamente.

Genaro Martínez, condiscípulo del demandante, dijo qne muchas veces el demandado traía a Luciano a la escuela y lo recogía y se lo llevaba en su automóvil. Las veces que fué con ellos observó que el .demandado trataba como a su hijo al demandante “pues Antuñano era su papá.”

Al terminar de declarar ese testigo consta del récord lo que sigue:

“Como última prueba someto a la consideración de la Hon. Corte la evidencia de percepción del. Juez, porque, en los casos de filiación se puede utilizar esa clase de evidencia cuando las partes se encuen-tran ante la Corte: están ante su señoría el demandado y el de-mandante y sometemos la prueba de percepción física de ambos para que lo tenga en cuenta su señoría al resolver finalmente su asunto.”

La prueba del demandado consistió en su declaración y en las de los testigos A. García Ubarri y Guillermo Morales.

Dijo el primero que conoció a Carmen Alicea en la finca hacia los años 1908 ó 1909 y con ella sólo tuyo “las relacio-nes que tiene un principal con los empleados de las fincas y sus familiares.” Administraba la finca y en ésta había una casa habitada por un tío de Carmen casado con Isabel Her-nández. Nunca vivió bajo techo en casa alguna que viviera Carmen. Vivía en la casa de su padre, en el pueblo. No tuvo relaciones carnales con Carmen, ni ha realizado acto al-guno de reconocimiento con respecto al demandante. No ha hablado con Beyes Alicea, ni con Benito Díaz ni con Isabel Hernández en relación con Luciano. A la pregunta: “¿Y Luciano Alicea es hijo de usted?,” contestó: “No lo tengo por tal.” Negó que hubiera llevado en su automóvil a Luciano y que hubiera encomendado a persona alguna que lo matriculara en la escuela.

Ubarri manifestó:

“Conozco a Emilio Antuñano, hemos sido vecinos toda la vida y vivo en la calle Georgetti, de Río Piedras, dos casas de por medio a la en que vive Antuñano. Nunca he conocido ningún hijo a Emilio Antuñano nada más que el que tiene ahora. Siempre he visto a An-tuñano viviendo con sus hermanas, el padre don Tiburcio y su es-posa de ahora.”

Morales se produjo en igual sentido que IJbarri.

Con esa prueba como base declaró la corte de distrito la demanda sin lugar.

Apeló el demandante. Alega que la corte erró al apre-ciar la prueba y al dictar sentencia. El apelado en un bien trabajado alegato sostiene que la sentencia apelada es la única que puede pronunciarse en este caso de acuerdo con los hechos, la ley y la jurisprudencia. Como se le interro-gara durante la vista del recurso sobre la influencia que pu-dieran tener en la decisión del litigio las decisiones de esta corte en Colón v. Sucn. Tristani, 44 D.P.R. 171 y 45 D.P.R. 227, presentó un alegato adicional en el que trata de fijar el alcance de dichas decisiones.

Comienza la corte sentenciadora la relación del caso y opinión en que funda su sentencia estableciendo, como así es en efecto, que la ley reguladora del caso está contenida en el artículo 189 del Código Civil revisado de 1902, que en lo pertinente dice:

“Art. 189.- — El padre está obligado a reconocer al hijo ilegítimo en los casos siguientes:
“1.
“2. Cuando pública o privadamente le tenga por hijo suyo o le baya llamado tal en conversación, o se ocupe de su educación y sos-tenimiento.
“3. Cuando la madre fué conocida viviendo en concubinato con el padre, al tiempo del embarazo o nacimiento del hijo, o cuando éste haya nacido llevando sus padres relaciones amorosas.”
Y seguidamente expresa:
“Consideramos probado que Carmen Alicea, madre del deman-dante, allá por el año 1909 vivía en San Juan, trabajando como sir-vienta en la casa de don Amancio Pérez. La madre de Carmen a la sazón vivía con su otra hija, Isabel Hernández, esposa de Aurelio Ramos, en una finca denominada ‘Cantasapo’ en Río Piedras, admi-nistrada entonces por el demandado. La madre de Carmen enfermó y fué llamada ésta a San Juan para que viniese a ‘Cantasapo’ a la casa de su hermana Isabel a asistir a su madre. En aquella época Carmen era muy joven y Antuñano, que con mucha frecuencia tenía que venir a la finca, la requirió de amores, entablaron relaciones amo-rosas, aunque no bay prueba de que existiese promesa de matrimonio, llegando a realizar actos carnales. Necesitando una casa donde po-der celebrar Antuñano sus entrevistas con Carmen, pidió a Aureliq Ramos, agregado suyo y cuñado de Carmen, que le cediese una habi-tación en su casa para Carmen y así se hizo. Antuñano, que residía en el pueblo de Río Piedras con sus padres, algunas noches se que-daba a dormir en la habitación de Carmen y algunas tardes, cuando iba a voltear la finca dormía la siesta con Carmen en su habitación. Le pasaba un diario de $1.00 ó $1.50, pero no demuestra la prueba que él comiese alguna vez en la casa de Carmen, limitándose a que-darse allí algunas noches y dormir la siesta algunas tardes, pero con-servando su hogar y residencia en el pueblo de Río Piedras en la casa de sus padres. Así continuaron las cosas hasta que habiendo quedado encinta Carmen, como a los seis meses de la concepción fué trasladada al barrio Sabana Llana de Río Piedras, a la casa de un tal León Figueras, donde Antuñano le consiguió una habitación que-, ocupaba Carmen en las mismas condiciones en que ocupó la de la¡ casa de Aurelio Ramos. Viviendo en la casa ele León Figueras nació-el demandante. Allí continuaron la madre y el hijo algún tiempo, hasta que fueron trasladados otra vez a la casa ,de Aurelio Ramos em una finca denominada ‘Zapater’ y administrada por el demandado.. Antuñano siguió visitando a Carmen hasta que se retiró cuando el1 niño tuvo dos años, más o menos. Desde entonces dejó de pasarle el diario.”

Analiza entonces la evidencia aportada por el demandante para probar las admisiones de' paternidad a que se contrae el inciso 2 del artículo 189 del Código Civil Revisado y con-cluye que no le satisface por los siguientes motivos:

“En primer lugar, es muy improbable que un niño nacido y criado en el campo, rodeado de personas ignorantes como fué el am-biente en que se crió el demandante, a los ocho o nueve años de edad rehúse ir a la escuela porque entienda que debe llevar el apellido-paterno y no el materno. ¿Qué podría preocuparle entonces al de-mandante que le llamasen Luciano Alicea o Luciano Antuñano?
“En segundo lugar, si el niño era tan inteligente, si era verdad que el demandado quería darle una buena educación y mandarlo a seguir estudios superiores a España, ¿no es también ilógico que el demandado esperase a que el niño tuviese ocho o nueve años y que su tía Isabel le llamase la atención para entonces mandarlo a la es-cuela 1
“En tercer lugar, ¿no es más que improbable que un padre que deja de pasar alimentos a un hijo al cumplir dos años de edad, cuando más los necesita, sea tan solícito y cariñoso que lleve al hijo regu-larmente a la escuela, a horas fijas, para que el niño que es salu-dable, no tenga que caminar uno o dos kilómetros a pie?
“Tampoco podemos estimar probado que el demandado hiciese las •admisiones que se le imputan sobre la paternidad del demandante. Es increíble que el demandado cada vez que iba a la finca, sin que .hubiese un motivo para ello, tuviese que decir a sus peones que Luciano era su hijo. ¿Para qué tenía que decirlo? ¿Para qué tenía que decir a Reyes Alicea, hermano de Carmen y tío de Luciano, que éste era su hijo, si él positivamente lo sabía, pues conocía las rela-ciones de Antuñano con su hermana desde su principio?
“Generalmente tales manifestaciones se hacen a personas amigas que realmente no están enteradas de ello o no conocen al hijo y el padre lo presenta como tal, cuando las circunstancias requieren que sí lo haga. Pero un hombre que tiene un hijo natural no lo publica en la forma en que pretenden los testigos del demandante. Además, ninguno de los testigos que sobre tal extremo han declarado, ha po-dido demostrar qué motivo indujo, qué causa movió al demandado a hacer tales manifestaciones.
“Sobre este segundo aspecto del caso, es decir, sobre las manifes-taciones puestas en boca del demandado en relación con su paterni-dad, así como el hecho de llevar y traer al demandante a la escuela, la corte no cree al demandante ni a sus testigos, tanto por la manera en que sobre tal extremo declararon como por lo inverosímil de su declaración en lo que a tales extremos se refiere.
“La ley prohibe la investigación de la paternidad y por ese mo-tivo exige que solamente pueda probarse la paternidad a los efectos de una acción de filiación, por los medios que específicamente deter-mina le ley. En el presente caso, que se rige por el Art. 189 del Código Civil, incisos 2 y 3, vigente en la fecha en que nació el de-mandante, la paternidad* sólo puede probarse por cualquiera de los siguientes medios:
“(a) Demostrando que la madre del demandante fué conocida viviendo en concubinato con el padre, al tiempo del embarazo o na-cimiento del hijo, o cuando éste haya nacido llevando sus padres re-laciones amorosas, o
“(6) Demostrando que el padre le tenga por hijo pública o pri-vadamente, o le haya llamado tal en conversación o se ocupe de su educación y sostenimiento.
“De modo que de nada vale que el demandante tenga un pare-cido físico muy grande con el demandado, como efectivamente lo tiene. De nada vale que tengamos la convicción moral, como la tenemos, de que el demandante es Mjo del demandado, si esta convicción no nos la ha producido una prueba que baya venido a nosotros en la forma y manera requerida por la ley.”

Analiza la ley, adopta el criterio rígido de que el concubi-nato es “una relación igual a la de marido y mujer, con la sola diferencia que en el caso del matrimonio la unión está legalizada por la ley, mientras que en el concubinato no existe tal legalización,” (itálicas nuestras), invoca el caso de Gerena v. Suau, 36 D.P.R. 170, 173, analiza el de Román v. Sucesión Domich, 30 D.P.R. 406, y concluye que no habién-dose probado el concubinato y no siendo robusta ni convin-cente, ni habiéndole merecido crédito la evidencia con res-pecto a los actos de reconocimiento por el demandado, pro-cedía declarar y declaraba la demanda sin lugar.

Aceptando sin resolverlo que la evidencia que mereció en-tero crédito a la corte sentenciadora no demostrara un ver-dadero caso de concubinato, aun así, estamos convencidos de que a la luz de la última jurisprudencia establecida en las ci-tadas decisiones en el caso de Colón v. Sucn. Tristani, supra, el error cometido por la dicha corte sentenciadora al apre-ciar la prueba es manifiesto.

Son principios que quedaron establecidos en las repetidas decisiones los que siguen:

“La investigación ele la paternidad está autorizada en Puerto Rico, aun después de la enmienda al Código Civil en el año 1911.” Colón v. Sucn. Tristani, 45 D.P.R. 227.
“Evidencia aislada de la paternidad, si bien no basta por sí sola para declarar la filiación natural basada en la posesión de estado, constituye, sin embargo, un elemento importante de prueba para ser considerado con otros actos relativos a dicha posesión de estado y junto con prueba de estos actos puede ser, y como en este caso, es suficiente para dejar satisfactoriamente establecida la filiación del hijo que la reclama fundado en tal posesión de estado.
“Cuando de la prueba aparece que en la fecha de la concepción del hijo la madre era la querida del padre putativo; que éste visi-taba a aquélla con frecuencia, que le daba dinero y pagaba la casa; que él pagó los honorarios de la comadrona que asistió a la madre en su alumbramiento y que realizó algunos actos aislados de cariño hacia el hijo, tales hechos, unidos a otros detalles y circunstancias diseminados por la prueba son bastantes a declarar al demandante hijo natural reconocido del demandado.” Colón v. Sucn. Tristani, 44 D.P.R. 171.”

Y esos principios establecidos vigente la Ley núm. 73 de 1911 (Leyes de 1911, p. 248), son con mayor fuerza aplicables a este caso que se rige por una ley que no exigía para obligar al padre al reconocimiento, la posesión continua del estado de hijo natural sino meramente que el padre pública o priva-damente tuviera al hijo como suyo o le llamara tal en conver-sación o se ocupara de su educación y sostenimiento.

Que el demandante es hijo del demandado, surge de los propios hechos que declaró probados la corte de distrito, pal-pita en la relación del caso y opinión de dicha corte desde el principio hasta el fin.

Y si ese hecho básico, substancial, es evidente, entonces no debe parecer extraño, inverosímil, que el demandado rea-lizara los actos de reconocimiento que le atribuyen los tes-tigos del demandante. Lo extraño, lo inverosímil sería que hubiera actuado de otro modo.

Según la prueba admitida como cierta, Antuñano, que era entonces muy joven, requirió de amores a la niña de quince años que fué a la finca que administraba y gozó de ella; sin ocultarse pidió a su mayordomo que le dejara una habitación en su casa para encontrarse a solas con su amante; cuando ésta salió encinta, la trasladó a otra finca sujeta también a su control; allí la sostuvo, allí nació su hijo y allí a las claras continuaron las relaciones entre ambos hasta que el niño tuvo dos años. Lo natural, lo lógico es que el padre actuara como tal en relación con su hijo, que hijo lo llamara y como a hijo lo acariciara y pensara en su porvenir.

Es después, cuando pasan los años, cuando Antuñano con-trae matrimonio y surgen los intereses encontrados que su actitud varía. Y ello es también conforme a la experiencia humana.

Además, ¿qué base tuvo la corte sentenciadora para dejar de creer a los testigos con respecto a los actos de reconoci-miento f Conocemos la evidencia aportada por el deman-dado. Las declaraciones de Ubarri y Morales son perfecta-mente compatibles con la evidencia del demandante. Todo do que los testigos del demandante dijeron que ocurrió pudo en efecto ocurrir sin que tuvieran necesariamente que enterarse de ello los testigos del demandado y con respecto a la nega-tiva de éste en cuanto al reconocimiento no vemos qué crédito pudo merecer a la corte cuando ella misma no se lo dio en cuanto al hecho esencial de sus relaciones con la madre del demandante.

El descrédito, pues, de la prueba del reconocimiento se basa únicamente en la impresión que los testigos del deman-dante produjeron al juez sentenciador en esa parte de sus declaraciones, no obstante haberles merecido crédito en la otra parte de las mismas; en lo inverosímil de sus dichos, según el propio juez expone.

Sucede en muchas ocasiones que los testigos exageran, que abultan los hechos, que dicen más, especialmente en casos de esta naturaleza, de lo que realmente aconteció, pero ello no quiere decir que sus testimonios en lo substancial no sean ciertos.

Además, ¿ qué de extraño tiene que el demandante, no obs-tante su corta edad y vivir en el campo, aspirara a llamarse como su padre? Asombra a veces en la realidad la preco-cidad de los niños.

¿Y por qué considerar ilógico que fuera la tía Isabel la que tuviera que llamar la atención del padre sobre el ingreso de su sobrino en la escuela no obstante reconocer el padre que se trataba de un niño inteligente? Ya el padre no vivía junto al hijo, otros intereses se habían interpuesto entre ellos. Se explica que en ciertos momentos al acercarse a él, al ha-blar sobre él, renaciera su afecto y sintiera el natural im-pulso Se cumplir su deber, y que se entibiara luego su reso-lución al separarse y medir el alcance y las consecuencias de sus actos desde el otro hogar que legítimamente había for-mado. No así la tía en su actuación. Su afecto constante, sin trabas, la llevaba a persistir, llamando en toda ocasión favorable a la conciencia del padre, logrando que éste hiciera si no todo, algo de lo que debía.

La falta por parte del padre de su deber de alimentar al hijo, ya crecido, no es caso raro en verdad, aun tratándose de hijos legítimos, y las admisiones repetidas hechas ante trabajadores, nada tiene de inverosímil, si se recuerda la juventud del padre y la intimidad que en el aislamiento lleva consigo la vida campesina.

Tras un estudio detenido del caso, la convicción que hemos formado es tan fuerte, que nos obliga a concluir que aquí se ha presentado la prueba robusta que la jurisprudencia exige, habiendo cometido el juez sentenciador el manifiesto error que se le imputa al apreciar la misma, y en tal virtud que debe decretarse el reconocimiento. En su consecuencia, pro-cede revocar la sentencia recurrida y dictar otra declarando la demanda con lugar, con imposición de las costas al deman-dado.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.

El Juez Asociado Señor "Wolf disintió.


author: En Juez Presidente Señor Del Tobo,

text:
    Luis Iturrino López, peticionario, v. Corte de Distrito de Mayagüez, Hon. F. Navarro Ortiz, Juez, demandada.
    Núm. 1092.

    Sometido: Enero 22, 1937.

      Resuelto: Febrero 17, 1937.

      Enrique Báez García, abogado del peticionario; B. A. Gómez, Fiscal y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   En Juez Presidente Señor Del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un recurso de certiorari. Se expidió a los efectos de investigar si se habían cometido los errores de procedi-miento y de jurisdicción que se atribuían a la Corte dé Dis-trito de Mayagüez en relación con la declaración de locura del peticionario, acusado ante la misma de la comisión de un delito público. Tenemos ante nos no sólo la petición original y los alegatos del peticionario y del.fiscal, si que los autos originales de la corte de distrito.

De los autos surge que el Fiscal del Distrito de Mayagüez el 19 de mayo de 1936 formuló acusación contra Luis Iturrino López imputándole un delito de ataque para cometer homi-cidio. El propio día, presente el acusado, se le leyó la acu-sación. Hizo la alegación de no culpable y solicitó juicio por jurado. La corte le nombró abogado al Lie. Báez García y señaló el juicio para junio Io, 1936. Dice el acta además que el fiscal solicitó de la corte el nombramiento de tres peritos médicos que informaran al jurado sobre el estado mental del acusado y que la corte nombró a tal efecto a los doctores Lassisse, Lassisse Rivera y Cabán.

El primero de junio, 1936, el acusado por su abogado ma-nifestó a la corte que el perito médico Dr. Lassisse estaba enfermo y solicitó que se le sustituyera por el Dr. Olán Rivera. Mostró su conformidad el fiscal y la corte hizo la sus-titución, señalando el juicio para el cinco del propio mes de junio.

El dos de junio los peritos médicos archivaron su informe escrito. Certificaron que el acusado estaba padeciendo de enajenación mental, del tipo paranoico. El cinco de junio se llamó la causa para vista quedando constituido el jurado. El abogado del acusado manifestó a la corte que éste le había dicho que no quería que lo defendiera abogado alguno, que lo que quería era que la corte lo declarara loco. Recordó la corte al abogado'que lo había nombrado de oficio y el abo-gado se avino a seguir cumpliendo su deber.

Pidió entonces el fiscal a la corte que el jurado fuera exo-nerado mientras se resolvía sobre el estado mental del acu-sado de acuerdo con el artículo 439 del Código de Enjuicia-miento Criminal. Accedió la corte. Insinuó el fiscal lo que iba a probar. Se opuso el abogado defensor. Dijo:

“Nosotros alegamos que el estado de locura que define nuestra Ley provee un medio para llevar al manicomio a una persona que está loca o padece de enajenación. Es un derecho que tiene la Corte de mandarle al manicomio, pero la teoría de locura es una defensa del acusado y no una defensa del Gobierno. El Gobierno debe acu-sar al individuo y entonces el acusado se defiende de la responsabi-lidad del delito haciendo constar que el acusado es incapacitado por-que estaba padeciendo de locura. El propio Código de Enjuicia-miento Criminal sostiene nuestra teoría.”

Leyó el juez los artículos 439, 440, y 442 del Código de Enjuiciamiento Criminal. Leyó el abogado el 441. Mani-festó el juez que lo que se iba a hacer era una investigación previa y declaró sin lugar la oposición de la defensa. Esta tomó excepción a la resolución de la corte.

Presentó el fiscal los autos del caso civil núm. 12898 pro-cedente de la Corte de Distrito de Aguadilla trasladado a la de Mayagiiez sobre declaratoria de incapacidad de los cuales consta que el acusado de acuerdo con las alegaciones, las pruebas y la ley fué declarado incapaz para administrar sus bienes, por padecer de monomanía. Resolución de marzo 12, 1919.

Se llamó a declarar a los peritos quienes lo hicieron am-pliamente, sosteniendo su informe. Nuevos informes es-critos de los médicos más detallados se unieron a los autos. De ellos consta que el acusado estuvo recluido 'en un mani-comio de la Habana, Cuba, por muchos años.

Por el mérito de la evidencia introducida pidió el fiscal a la corte “que declare al presente acusado en un estado de irresponsabilidad completa y que ordene que el mismo sea recluido en el Manicomio Insular de Puerto Rico y que no se le celebre este juicio hasta que no vuelva a la razón.”

La posición de la defensa quedó expuesta como sigue:

“Ledo. Báez: El letrado que tiene el honor de dirigirse a la corte quiere hacer constar que no ofrece prueba alguna en oposición a la prueba presentada por el Fiscal, porque entiende la defensa que es a ella a quien le corresponde investigar el estado de locura del acusado y no al ministerio Fiscal; y por el fundamento de que correspondiendo en estos casos siempre la afirmativa a la defensa y no habiendo ésta levantado ninguna cuestión respecto a la locura, toda la prueba presentada por el Fiscal es impertinente e irrelevante y no tiene otro fin que perjudicar los derechos del acusado. Somete-mos el caso.”

La corte resolvió de conformidad con el fiscal.

Ocho errores señala el peticionario. Sostiene en resumen que la corte adoptó un procedimiento erróneo y actuó sin ju-risdicción.

A nuestro juicio el procedimiento seguido por la corte encuentra apoyo en la ley. No es éste un caso de locura peligrosa iniciado de acuerdo con la ley especial sobre la materia, Ley de 1907 (Comp. 1911, see. 1006) enmendada por la Ley núm. 26 de 1912, enmendada a su vez por las núms. 32 de 1913 y 54 de 1928, que determina el procedimiento a seguir para proteger a los incapaces de regir sus personas y bienes, así como a la comunidad de los actos violentos que puedan realizar las personas que sufren de locura peligrosa.

Tampoco se suscitó la cuestión de locura como una de de-fensa en un juicio en el que El Pueblo por su fiscal mantiene la acusación. Eué levantada por el fiscal y tramitada y re-suelta por la corte de acuerdo con el artículo 439 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

Pice dicbo artículo que ninguna persona puede ser juz-gada, sentenciada a una pena, o penada por un delito público, mientras esté loca. Y el siguiente, 440, ordena que si cuando se baya citado a juicio para decidir una causa, o en cualquier momento durante el juicio, o cuando se baga comparecer al acusado para oír la sentencia basada en la convicción de su culpabilidad, surge alguna duda substancial respecto a la cor-dura del reo, el tribunal debe ordenar que esta cuestión se someta a la decisión de tres peritos que designará, y el juicio o el acto de pronunciar la sentencia deben suspenderse basta que la cuestión quede resuelta por la decisión de dichos pe-ritos.

Del becbo de que el artículo 441 al establecer el orden del procedimiento asigne el primer turno al letrado del acusado, no cabe concluir como pretende el peticionario que no pueda iniciar la cuestión el fiscal.

Iniciada la cuestión por la defensa, por el fiscal, o por la propia corte si llega a su conocimiento en forma que le me-rezca crédito, debe la corte designar los peritos, y es ante éstos que actúan como jurados y la corte que dirige el juicio, que tiene lugar el procedimiento marcado por el artículo 441 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

Y no era necesario tampoco que al levantar la cuestión el fiscal lo hiciera mediante declaración jurada. En un caso como éste en que en la propia corte constaba el expediente de incapacidad a que hicimos referencia, tal requisito no era indispensable.

La desviación que se advierte es que en vez de constituirse a los peritos en jurado se limitó la corte a designarlos y ellos comenzaron a actuar inmediatamente y una vez que exami-naron personalmente al acusado dictaminarpn por escrito según ya conocemos y en el momento del juicio lo que hicieron fue someterse a un interrogatorio que confirmó en todas sus partes su dictamen,. todo ello en corte abierta, estando pre-sente el acusado y con la intervención de su abogado y del fiscal. Y esa desviación o informabdad, dadas las circuns-tancias que concurren, no vicia de nulidad el procedimiento. Ningún perjuicio se ocasionó al acusado.

Quizá hubiera sido mejor adoptar la norma a seguir que expuso la defensa porque la verdad es que no sólo parece de-ducirse de la prueba que el acusado estaba loco en el momento del juicio si que lo estaba cuando cometió el acto delictivo que se le imputa, en cuyo caso era incapaz de cometer crimen alguno de acuerdo con el artículo 39 del Código Penal, pero ello no quiere decir que no pudiera la corte limitarse a la sola investigación del momento actual y que no pudiera dictar una resolución como la que dictó ajustada a lo prescrito en el artículo 442 del Código de Enjuiciamiento Criminal, que dice: “Si los peritos declaran cuerdo al acusado, debe conti-nuar el juicio o ser pronunciada la sentencia, según el caso. Si declaran loco al acusado, debe suspenderse el juicio o la sentencia basta que recobre la razón, y el tribunal debe dis-poner que, en el ínterin, sea recluido el acusado en un mani-comio, y que cuando vuelva al uso de la razón, sea entregado al alcaide de la cárcel.”

Por virtud de todo lo expuesto, debe emularse el auto ex-pedido y devolverse los expedientes reclamados a la corte de distrito de su origen.

Los Jueces Asociados Señores "Wolf y Córdova Dávila no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Nicolás Durand, demandante y apelado, v. Hon. Rafael Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico y Hon. Leslie A. Mac Leod, Auditor de Puerto Rico, demandados y apelantes.
    Núm. 7441.

    Sometido: Diciembre 18, 1936.

      Resuelto: Febrero 17, 1937.

      Son. Procurador General B. Fernández García y E. de AXdrey, Sub-procurador, abogados de los apelantes; A. Quirós Méndez, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En 1930 la Legislatura oreó una corte de distrito para el distrito de Bayamón y dispuso lo relativo al nombramiento de un juez y de otros funcionarios con determinados sueldos fijos, incluyendo un secretario con $2,400. Durand fue de-signado secretario y desempeñó el cargo basta el 31 de julio de-1935. La Legislatura asignó para cada uno de los años fiscales 1932-33 a 1935-36, inclusive, algo menos de los $2,400 especificados en la ley de 1930.

Los demandados apelan de una sentencia adversa dictada en un recurso de mandamus y sostienen:

“1. — La Corte de Distrito de San Juan erró al resolver que de conformidad con las disposiciones contenidas en el párrafo 13 de la sección 34 de la Ley Orgánica de Puei'to Rico, la Legislatura de Puerto Rico no tenía autoridad ni facultad alguna para asignar en presupuesto un sueldo distinto al que fijaba la Ley núm. 57 de 1930 por la cual se creaba el cargo de Secretario de la Corte de Distrito de Bayamón.
“2. — La Corte de Distrito de San Juan erró al resolver que los demandados debían satisfacer al demandante, de cualesquiera fondos no destinados a otras atenciones, la suma de $857 en concepto de sueldos dejados de pagar a éste como Secretario de la Corte de Dis-trito de Bayamón.”

El segundo señalamiento, conforme ña sido desarrollado en el alegato de los apelantes, debe prevalecer o caer en unión al primero.

Ambas partes citan el caso de Arjona v. Winship, 49 D.P.R. 53. Véase también el caso número 3136, que lleva el mismo título, resuelto durante el término de octubre de 1936, en que la Corte de Circuito de Apelaciones, por opinión emi-tida con fecña 5 de enero de 1937, confirmó la sentencia de este tribunal (87 P. (2d) 205).

La parte pertinente del párrafo 13 de la sección 34 de la Carta Orgánica dispone:

“Con excepción de aquellos casos en que se disponga lo contrario en esta Ley, ninguna ley prorrogará el término de ningún funcio-nario público, ni aumentará o disminuirá su sueldo o emolumentos después de su elección o nombramiento. . . ”

El argumento de los apelantes es substancialmente así: que el negarle a la Legislatura poder para aumentar o dis-minuir el sueldo del demandante conferiría a éste un privi-legio no disfrutado por otros funcionarios, incluyendo aqué-llos que ocupan idénticos cargos en las demás cortes insu-lares, por la razón de que la rebaja de sueldos fué una me-dida general de economía que afectaba la remuneración de todos los funcionarios públicos; que la fijación del sueldo del secretario en la ley especial de 1930 fué un mero incidente a la creación del cargo y de la corte y que no fué la intención de la Legislatura que el mismo continuara intacto, no obs-tante el hecho de que los sueldos de otros funcionarios pú-blicos designados en el proyecto pudieran estar sujetos a fluctuaciones.

Los apelantes se basan en-el caso de Torres v. Board of Commissioners, 65 P. 181, al efecto de que no existía prohi-bición constitucional alguna prohibiendo los aumentos gene-rales de sueldos. Lo que la corte de Nuevo Méjico resolvió definitivamente figura en los sumarios de dicho caso en 65 P. 181, así:

“1. — Las cortes de Nuevo Méjico tienen facultad para determinar la constitucionalidad de una ley de la legislatura territorial.
“2. — Se resolvió que el capítulo 34 de las leyes de 1899 es in-constitucional y nulo.”

El penúltimo párrafo de la opinión en que descansan los apelantes, y que no ha sido incluido en el sumario, lee:

“No hay contención alguna por parte del demandado en el re-curso de error de que la ley de marzo 11, 1899, de la legislatura territorial, arriba mencionada, no infrinja las disposiciones de la ley del Congreso de julio 30, 1886, supra. La ley de marzo 1, 1899, no parece estar sujeta a la misma crítica, por ser ella efectiva en todos los condados del territorio y el aumento uniforme. Por lo menos la parte demandada en el recurso de error no hace objeción alguna a la misma.”

No podemos convenir con la corte de Nuevo Méjico si tuvo el propósito de decidir, más bien que asumir para los fines de su opinión, que una disposición constitucional seme-jante a la nuestra no prohibe un aumento o rebaja uniforme en los sueldos de todos los funcionarios públicos o de un gran número de funcionarios públicos de la misma categoría o de diversas categorías.

En el caso de Arjona este tribunal, al final de su opinión dice, arguendo, lo siguiente:

“No hay la más leve indicación de que la disminución decretada obedeciera a fines contrarios al pensamiento generador de la limita-ción constitucional invocada. No lo fué para el juez demandante an particular, ni para los jueces como clase. Se extendió a todos los funcionarios de Puerto Rico y tuvo por fundamento la difícil situa-ción económica por que la isla atravesaba.”

En un caso en que la disposición constitucional era clara-mente inaplicable convenía muy bien indicar para funda-mentar su razonamiento que el fin legislativo no babía sido mancillado por el peligro que el Congreso, con la redacción del párrafo 13, supra, había intentado suprimir. De ello no se desprende que un precepto que viole una prohibición cons-titucional sea constitucional meramente porque el motivo de la Legislatura sea laudable o porque la ley fuera de natura-leza general y uniforme en su aplicación o fuese adoptada como medida de economía para hacer frente a una situación inusitada. El objeto de una disposición constitucional es una cosa. Los medios a través de los cuales se logra ese objeto es otra. Cuando el contexto es ambiguo o está sujeto a in-terpretación, el objeto o fin de una disposición constitucional puede ser muy importante. Cuando, como ocurre en el pre-sente caso, las palabras usadas son enteramente claras, no hay lugar a interpretación.

No podemos convenir con los apelantes en que el negar autoridad al poder legislativo para rebajar el sueldo al de-mandante confiera a éste un privilegio especial. De ser cierto que el demandante disfruta de un privilegio no otor-gado a aquéllos que desempeñan idénticos cargos en otras cortes de distrito, tal resultado dimana de la ley de la Le-gislatura al fijarle determinado sueldo anual en vez de fi-jarle un sueldo cuya cuantía debía ser especificada de año en año, como en el caso de Arjona. Hay que presumir que la Legislatura intentó hacer lo que hizo y que lo realizó con pleno conocimiento de la restricción existente en sus facul-tades. Sea ello como fuere, la cuestión que ante nos pende no es una que tenga que ver con la intención de la Legislatura al fijar el sueldo, sino una relativa al poder de la Legislatura para modificar dicho sueldo después de haberse nombrado al peticionario. La prohibición contenida en el párrafo 13, supra, es incondicional, y la cuestión relativa al poder de la Legislatura, luego de haberse designado un funcionario, para modificar el sueldo anual previamente especificado, nada tiene que ver con la intención legislativa existente al mo-mento en que el sueldo fué así fijado.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.


text:
    Luis Iturrino López, peticionario, v. Corte de Distrito de Mayagüez, Hon. F. Navarro Ortiz, Juez, demandada.
    Núm. 1090.

    Sometido: Diciembre 21, 1936.

      Resuelto: Febrero 17, 1937.

      Fnrique Báes Garda, abogado del peticionario; el juez recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Luis Iturrino López alegó ser inocente al leérsele la acu-sación por ataque con intención de cometer homicidio, y se le designó un letrado para que le defendiera. El caso fué señalado para juicio y el juez de distrito, a moción del fiscal, designó tres peritos con el fin de que examinaran al acusado-sobre su estado mental. Uno de estos peritos se enfermó y se nombró nn sustituto. Un asiento hecho en las minutas' expresa que esta orden designando el sustituto fue dictada a petición conjunta de.l letrado del acusado y del fiscal. Lueg*o de haberse ordenado la reclusión del acusado en un asilo, su abogado solicitó se corrigiera este asiento, basado en que la constancia de que él se había unido a la moción para que se designara un perito médico sustituto era contraria a la rea-lidad. El juez de distrito dictó entonces la siguiente orden:

“La Corte en este caso ordena que por la Secretaría no se ra-dique la moción .‘Corrección de las Minutas’ presentada por el acu-sado por no haberse fijado en la misma el sello de impuesto forense de nn dólar, siendo ésta la primera comparecencia por escrito del acusado, y no ser este acusado insolvente.”

El artículo 11 de la “Ley para determinar la organización del Colegio de Abogados de Puerto Pico, especificar sus funciones y deberes, y para otros fines,” aprobada el 14 de mayo de 1932 (Leyes de ese año (núm. 43), página 523),lee así:

“Articuló 11. — Será deber de todo abogado adherir al primer es-crito que presentare en cualquier acción o procedimiento judicial un¡ sello que el Colegio adoptará y expedirá por valor de un (1) dólar.”’

Este es un deber impuesto al abogado como miembro del colegio. No se fija penalidad alguna por dejar de cumplir este deber, a no ser por los términos del artículo anterior, que lee:

“Artículo 10. — Cualquier miembro que no pague su cuota y que en los demás respectos qsté clasificado como miembro del Colegio que-dará suspendido como tal miembro, pero podrá rehabilitarse mediante el pago de lo que adeude por aquel concepto.”

El cumplimiento de este deber no se hizo condición pre-cedente a la radicación del documento'. La acción o procedi-miento judicial a que se hace referencia en el artículo 11, son, a nuestro juicio, aquéllos en que el abogado comparece vo-luntariamente en representación de un cliente por quien ha sido contratado. Un caso criminal en que el abogado ba sido designado por la corte y colocado así en nna posición tal qne no pnede negarse a actuar como defensor de un acusado, no es una acción o procedimiento de tal índole. Nos sentimos renuentes a creer que fuera la intención de la Legislatura privar al acusado en una causa criminal de los beneficios pro-venientes del nombramiento de un letrado hecho por la corte, ■en caso de que el abogado deje de adherirle o se niegue a ad-herirle el sello requerido por el artículo 11 de al ley de 1982.

En vista de la conclusión anterior, no es necesario que consideremos otros aspectos interesantes del caso.

La orden objeto del recwrso debe ser revocada.

Los Jueces Señores Presidente del Toro y Asociado Cor-dova Dávila no intervinieron.