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    José G. Camacho Torres, peticionario, v. Administración para el Adiestramiento de Futuros Empresarios y Trabajadores, recurrida.

      Número: CC-2003-868

      Resuelto: 22 de mayo de 2006

      Héctor Hernández Soto, abogado de la parte peticionaria; Guillermo Mojica Maldonado, abogado de la parte recurrida.
   La Jueza Asociada Señora Rodríguez Rodríguez

emitió la opinión del Tribunal.

En esta ocasión tenemos la oportunidad de aclarar el alcance de nuestra decisión en Piñero v. A.A.A., 146 D.P.R. 890 (1998), pues se nos plantea que en ésta hicimos extensivo un derecho absoluto de reinstalación a todos los empleados de carrera luego de concluir funciones en un puesto de confianza, basado ello en la aceptación del principio de movilidad de empleados de carrera entre agencias excluidas de la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico.

Tenemos, por lo tanto, que dilucidar si un empleado de una corporación pública que renuncia a su puesto de carrera y, sin interrupción alguna, pasa a ocupar un puesto de confianza en una agencia del Gobierno Central, tiene derecho a ser reinstalado por aquélla, si se le separa del puesto de confianza, en un puesto de carrera igual o similar al que había ocupado en la corporación.

I

El señor José Camacho Torres (Camacho Torres o peticionario) fue nombrado el 20 de mayo de 1992 como Subgerente Regional, en la Corporación de Crédito y Desarrollo Comercial y Agrícola (Corporación). Luego de aprobar el período probatorio, el peticionario se convirtió en empleado regular en el servicio de carrera de la Corporación.

El 5 de febrero de 1993 el peticionario renunció a su puesto de carrera para aceptar un nombramiento de confianza en el Cuerpo de Voluntarios al Servicio de Puerto Rico (Cuerpo de Voluntarios), precursor de la hoy Administración para el Adiestramiento de Futuros Empresarios y Trabajadores (AAFET). En el Cuerpo de Voluntarios, Camacho Torres fue designado inicialmente al puesto de Director de la referida agencia y, meses después, fue nombrado al puesto de Director de Recursos Humanos. Ambos puestos estaban integrados al servicio de confianza.

Tras laborar tres años como empleado de confianza, el 3 de septiembre de 1996 la AAFET le nombró a un puesto de carrera, específicamente, Subdirector de Recursos Humanos. El peticionario fue designado a la posición mediante el mecanismo de reinstalación sin que mediara ningún procedimiento ulterior.

Al año siguiente, el 1 de octubre de 1997, el peticionario fue nombrado Director de Sistema de Información, puesto integrado al servicio de confianza, y dos años más tarde fue reinstalado nuevamente al puesto de Subdirector de Recursos Humanos con estatus regular en el servicio de carrera.

En el 2001 la agencia realizó una investigación del ex-pediente de personal del señor Camacho Torres y, como resultado, se le eliminó un diferencial salarial de $250 mensual que se le había concedido. Según la agencia, no existía ninguna justificación para la concesión del diferencial.

Meses después, el 18 de julio de 2001, el Administrador de la AAFET (Administrador) le notificó'por escrito la intención de la agencia de separarlo del puesto de subdirector de recursos humanos porque su nombramiento fue nulo. Según el Administrador, la reinstalación del peticionario a un puesto de carrera en la AAFET fue ilegal, pues éste, antes de ejercer el puesto de confianza en dicha agencia, no había ocupado en AAFET un puesto integrado en el servicio de carrera, por lo que no adquirió un derecho de reinstalación. Ante dicha notificación, el peticionario solicitó la celebración de una vista administrativa, la que se llevó a cabo el 9 de octubre de 2001.

Luego de celebrada la vista, el oficial examinador emitió su informe y recomendó a la agencia que destituyera al peticionario bajo el fundamento de que una vez el señor Camacho Torres renunció a su posición de carrera en la Corporación para aceptar una posición de confianza en la AAFET, perdió los derechos y beneficios que le cobijaban como empleado de carrera de la Corporación. Por lo que, a tenor con el Reglamento de Personal de la AAFET, cuando el señor Camacho Torres culminó sus funciones en el puesto de confianza en AAFET, no podía ser reinstalado en un puesto de carrera.

La AAFET adoptó el referido informe en su totalidad, decretó la nulidad del nombramiento del peticionario en el puesto de carrera y ordenó la separación de éste del puesto de Subdirector de Recursos Humanos, efectivo el 31 de octubre de 2001.

Inconforme, el señor Camacho Torres apeló dicha determinación ante la antigua Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal (JASAP). En síntesis, alegó que fue destituido ilegal y discriminatoriamente de su puesto de carrera. Señaló que antes de haber ocupado el puesto de confianza en la AAFET ocupó un puesto de carrera en la Corporación y por ello adquirió el derecho absoluto a ser reinstalado en un puesto de carrera en la AAFET de igual o similar clasificación al puesto que ocupó en la Corporación. Asimismo, adujo que la determinación de la autoridad nominadora de separarlo del puesto que ocupaba obedeció, además de a una interpretación errónea del Derecho aplicable, a razones de discrimen político. Alegó que la autoridad nominadora llevó a cabo una investigación de su expediente personal de forma selectiva debido a que tenía conocimiento de que él estaba afiliado al Partido Nuevo Progresista. Por ello le solicitó a la JASAP que dejara sin efecto la resolución emitida por la autoridad nominadora y, en consecuencia, ordenara su reinstalación en el puesto de Subdirector de Recursos Humanos de la AAFET, más el pago de los salarios y sueldos dejados de percibir.

En su esencia, el peticionario esgrimió dos argumentos sustantivos ante JASAP. Por un lado, su reclamación de tener un derecho a la reinstalación a un puesto de carrera que no le fue honrado por la AAFET constituyó un reclamo de violación al debido proceso de ley en su acepción procesal. De otra parte, el reclamo de discrimen político constituye una alegación de violación al derecho a la libre expresión.

La AAFET, por su parte, negó la totalidad de las alegaciones de la apelación y planteó las defensas afirmativas siguientes: que la apelación dejó de exponer hechos que justifiquen la concesión de un remedio; que el recurrido nunca adquirió estatus de empleado de carrera en la AAFET; que la See. 4.4 de la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. see. 1334, prohíbe el traslado de un empleado de la Corporación a la AAFET, y que el recurrido llegó a trabajar a la AAFET mediante renuncia y nuevo nombramiento. Además, se sostuvo que una acción nula no genera derechos; que al recurrido no se le violó ningún derecho protegido por la Constitución, ley o reglamento alguno, y que la autoridad nominadora no discriminó en forma alguna contra el recurrido. Solicitó, pues, a JASAP que declarara “sin lugar” la apelación.

Tras varios procedimientos de rigor que incluyó una vista administrativa, JASAP decretó “con lugar” la apelación presentada por el peticionario y ordenó su reinstalación en el puesto de Subdirector de Recursos Humanos, según solicitado. JASAP sostuvo que la anulación del nombramiento no procedía conforme a derecho y sólo respondió a una actuación de discrimen político realizada por la AAFET contra el peticionario.

En específico, JASAP determinó en cuanto a la nulidad del nombramiento que, conforme Piñero v. A.A.A., supra, un empleado tenía un derecho absoluto a ser reinstalado en cualquier organismo del servicio público una vez cesara en su puesto de confianza, con independencia de la agencia en la que éste hubiese adquirido el estatus de empleado regular.

En cuanto a la determinación de que la AFFET discriminó por razones políticas contra el peticionario, JASAP determinó que los siguientes hechos fueron probados:

El apelante pertenece al Partido Nuevo Progresista, en el cual ha participado como funcionario de colegios en procesos electorales, según la evidencia documental admitida y según declarado por éste.
El Sr. Eduardo J. Vergara Agostini, pertenece al Partido Popular Democrático, pues admitió haber participado como funcionario de colegio del referido partido político.
El Sr. Eduardo Vergara Agostini admitió que ordenó la evaluación de los expedientes de personal de los empleados que durante la pasada administración se les hubiera concedido diferenciales salariales.
De conformidad con el expediente de personal del apelante, efectivo al 16 de mayo de 2001 la autoridad nominadora eliminó un diferencial salarial de doscientos cincuenta dólares $250.00 mensuales que le había extendido la pasada administración.
Aunque el Sr. Eduardo Vergara Agostini sostuvo que había ordenado la evaluación de la totalidad de los expedientes de personal de la agencia, éste fue desmentido por la Sra. Alicia Díaz Rivera, quien indicó que solamente se habían evaluado un total de cuarenta y dos (42) expedientes de empleados que tenían diferenciales salariales bajo la pasada administración. El Sr. Eduardo Vergara Agostini, fue un testigo mendaz al sostener que había recibido alrededor de cuatrocientos (400) informes de las evaluaciones de los expedientes de personal que le habían sometido las personas designadas a realizar esa tarea.
Dicha aseveración fue sostenida por el Sr. Eduardo Vergara Agostini, a preguntas del abogado de la parte apelante, sobre el porciento de informes que aproximadamente había recibido. Indicó el Sr. Eduardo Vergara Agostini que había recibido alrededor de un setenta porciento (70%) de evaluaciones de alrededor de seiscientos (600) empleados que tiene la agencia, lo que representa alrededor de cuatrocientas (400) evaluaciones. También incurrió en un testimonio falaz al declarar que algunas de las funciones del apelante fueron absorbidas por la Sra. Alicia Díaz Rivera, lo que fue negado por ésta.
Durante la vista administrativa quedó establecido que la agencia no estableció un sistema imparcial, objetivo, científico ni uniforme en el proceso de evaluación de los expedientes de personal.
Según el testimonio de Camacho Torres quedó establecido que la agencia solamente ha anulado los nombramientos del apelante y de la Sra. Iris López, Directora del Programa “Job Corps”, y que ambos están afiliados al Partido Nuevo Progresista. Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 165-166.

En vista de las determinaciones de hecho antes transcritas, JASAP expresó que el motivo para investigar los expedientes de personal estuvo fundado en un acto discriminatorio dirigido a cuestionar el diferencial salarial concedido. Abona a lo anterior el hecho de que la agencia no estableció un método científico ni lógico para realizar las auditorías a los expedientes de personal. Por lo que, según JASAP, la investigación y eventual anulación del nombramiento del recurrido fue un pretexto utilizado por la AAFET para discriminar en su contra por razones políticas.

Inconforme, la AAFET acudió ante el entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones y alegó que erró JASAP al resolver: (1) que al apelante le asistía un derecho a reinstalación en el puesto de Subdirector de Recursos Humanos por virtud de lo dispuesto en la Sec. 5.10 de la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. see. 1350; (2) que la parte apelada discriminó políticamente contra el apelante, y (3) que el testimonio del administrador de AAFET fue mendaz.

El foro apelativo intermedio revocó el dictamen administrativo por entender que el nombramiento del señor Camacho Torres a un puesto de carrera en la AAFET fue un acto nulo porque éste no tenía derecho a la reinstalación. Además, el foro apelativo expresó que independientemente de las motivaciones del Administrador de la AAFET, no se puede inferir que la razón aducida por la agencia para anular su nombramiento de carrera constituía un pretexto para discriminar en su contra por razones políticas.

De la determinación del foro apelativo acudió ante nosotros el señor Camacho Torres y señaló la comisión de los siguientes dos errores:

Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al revocar la decisión de la JASAP en el sentido de que al peticionario le asiste el derecho absoluto a reinstalación en el servicio de carrera, consagrado en la Ley de Personal en el servicio público y en el Reglamento de Personal de la agencia, luego de ser removido del servicio de confianza.
Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al revocar la determinación de la JASAP en el sentido de que se discriminó por razones políticas contra el peticionario.

El 19 de diciembre de 2003 expedimos el auto solicitado y, contando con la comparecencia de las partes, resolvemos.

II

La antigua Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico, Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975 (Ley Núm. 5), vigente al momento de los hechos, fue concebida por el legislador como una legislación de avanzada, cuyo propósito principal fue establecer el principio de mérito como el que gobernará todo lo relativo al personal del servicio público. En consecuencia, sólo se escogerían los empleados más aptos para servir al Gobierno, considerando el mérito y su capacidad sin discriminar por razones de raza, color, sexo, nacimiento, edad, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas. Sec. 2.1 de la Ley Núm. 5 (3 L.P.R.A. sec. 1311(1)).

Para lograr dicho fin, la ley estableció que todos los empleados públicos, sean éstos empleados estatales o municipales, a excepción de los empleados excluidos por la propia ley, estarían cubiertos por un solo sistema de personal establecido para hacer cumplir el principio del mérito. Según la visión del legislador, una vez unificado el personal del servicio público bajo una sola administración, se fortalecería el principio del mérito y todo empleado del sector público puertorriqueño sería seleccionado, adiestrado, ascendido y retenido en su empleo en consideración únicamente a sus capacidades y mérito. 3 L.P.R.A. see. 1311(1).

La Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico creó, pues, un Sistema de Administración de Personal integrado por la Administración Central y los Administradores Individuales. Asimismo, este sistema de personal constaría de dos servicios: el servicio de carrera y el servicio de confianza. Consecuente con ello, se establecieron dos categorías de empleados: empleados de carrera y empleados de confianza. See. 5.9 de la Ley Núm. 5 (3 L.P.R.A. see. 1349).

Según la Ley Núm. 5, todos los empleados de carrera que componen el Sistema de Administración de Personal tendrán el derecho absoluto de ser reinstalados. Este derecho se refiere a que los empleados que ingresaron legítimamente al servicio de carrera y son nombrados a un puesto de confianza, tendrán el derecho a ser reinstalados una vez culminen en el servicio de confianza en un puesto igual o similar al último que ocuparon en el puesto de carrera, salvo que su remoción del puesto de confianza se haya efectuado mediante una formulación de cargos. See. 5.10 de la Ley Núm. 5 (3 L.P.R.A. see. 1350).

Conforme dispone la propia ley, los empleados de carrera son aquellos que han ingresado al sistema después de pasar por el procedimiento de selección y reclutamiento que dispone la propia ley en la See. 4.3 (3 L.P.R.A. sec. 1333). Este tipo de empleado, una vez reclutado como empleado de carrera, goza de seguridad en el empleo y sólo puede ser destituido por justa causa y previo a ciertos trámites de rigor. See. 4.6 de la Ley Núm. 5 (3 L.P.R.A. see. 1336). Véanse: López v. C.E.E., 161 D.P.R. 527 (2004); S.L.G. Giovanetti v. E.L.A., 161 D.P.R. 492 (2004).

Mientras, los empleados de confianza son aquellos que “intervienen o colaboran sustancialmente en la formulación de la política pública, que asesoran directamente o prestan servicios directos al jefe de la agencia Sec. 5.10 de la Ley Núm. 5, ante. Los empleados de confianza serán de libre selección y remoción. He allí la mayor diferencia entre estas dos categorías de empleados: los empleados de carrera que han pasado por el proceso de reclutamiento y selección conforme al principio del mérito, tienen un derecho de propiedad sobre su puesto, por lo que no podrán ser removidos sin justa causa y sin el debido proceso de ley. Sin embargo, los empleados de confianza no están cobijados por el principio del mérito, por lo que no tienen derecho de retención y pueden ser removidos en cualquier momento, salvo que su nombramiento sea por un término fijado por ley. íd. En virtud de tal diferencia, la Ley Núm. 5 reconoció el referido derecho de reinstalación.

No obstante, los derechos y las disposiciones que la Ley Núm. 5 promulga le aplican, como mencionáramos, a los empleados de las agencias y los municipios que integran dicho Sistema de Administración de Personal. Sin embargo, por imperativo de la propia ley, no aplicarán a una serie de agencias y ramas de gobierno, que se calificaron como “agencias excluidas”. Estas agencias son, entre otras: (1) la Rama Legislativa; (2) la Rama Judicial; (3) los empleados de agencias o instrumentalidades del Gobierno que funcionan como negocios privados, y (4) los empleados de agendas o instrumentalidades del Gobierno que tengan derecho a negociar colectivamente mediante leyes especiales. Sec. 10.6 de la Ley Núm. 5 (3 L.P.R.A. see. 1338).

Por lo tanto, de lo anterior surge meridianamente claro que el derecho a la reinstalación establecido en la citada Sec. 5.10 de la Ley Núm. 5 aplica únicamente a los empleados y funcionarios de las agencias incluidas o que son parte del Sistema de Administración de Personal (Central o Individual) creado por dicha ley. En consecuencia, cuando un empleado pase de una agencia excluida de la ley de personal a una agencia incluida en el Sistema de Administración de Personal creado por dicha ley, no tendrá el derecho a conservar el estatus de empleado de carrera previamente adquirido en la agencia excluida de la cual provenga.

Ahora bien, lo anterior no impide que las agencias excluidas reconozcan el derecho de reinstalación a sus empleados a través de la aprobación de sus propios reglamentos. Ello es así, ya que nada impide que las agencias excluidas adopten mediante reglamento los derechos contenidos en la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico, como por ejemplo el derecho a la reinstalación. Piñeiro v. A.A.A., supra, pág. 907. En consecuencia, el reglamento que las agencias excluidas adopten para reconocer los derechos y las disposiciones cubiertas por la ley de personal será la disposición legal que aplicará a sus empleados; no así la Ley Núm. 5.

Dichas agencias, al formular sus respectivos reglamentos de personal, estarán cumpliendo con la propia Ley Núm. 5, que dispuso que las agencias excluidas que funcionan como negocios privados o que reconozcan a sus empleados el derecho a negociar colectivamente deberán adoptar un reglamento de personal que incorpore el principio del mérito, el cual regirá las normas de personal de aquellos empleados que no estén cubiertos por convenios colectivos. Véase Rodríguez v. Bco. Gub. de Fom. P.R., 151 D.P.R. 383 (2000). Los reglamentos de personal que estas agencias aprueben para incorporar el principio del mérito aplicarán, por norma general, a sus propios empleados. De modo que, la anterior obligación de adoptar el principio del mérito y, por consiguiente, el derecho de reinstalación, no implica, necesariamente, que las agencias excluidas tengan la obligación de extenderlos a los empleados de carrera que provienen de otra agencia gubernamental.

En Aut. de Puertos v. Mun. de San Juan, 123 D.P.R. 496 (1989), resolvimos, entre otras cosas, que no existe el concepto “traslado” de personal entre agencias ex-cluidas de la aplicación de la Ley Núm. 5 y agencias de la Administración Central o que sean Administradores Individuales. íd., pág. 508. Siendo así, cuando un empleado de una corporación pública interesa pasar a un puesto —sea de carrera o de confianza— en una agencia regular del Gobierno, es necesario que el empleado renuncie a uno para ocupar el otro, independientemente de que no haya interrupción de trabajo en esa acción.

Como resultado, un empleado de carrera de una agencia excluida que pasa a ocupar un puesto de confianza en una agencia del Gobierno Central, no tiene derecho —cuando se separe del puesto de confianza— a ser reinstalado en un puesto de carrera en la corporación pública de donde provino ni en la agencia en que haya ocupado el puesto de confianza. No tiene derecho de reinstalación en la corporación pública, porque renunció allí a su puesto de carrera y no tiene derecho a ser reinstalado en la agencia del Gobierno a la que pasó a laborar, ya que nunca ocupó allí un puesto de carrera.

III

En el caso de autos, el peticionario sostiene que le asiste su derecho a la reinstalación al puesto de Subdirector de Recursos Humanos de la AAFET, ya que antes de ocupar un puesto de confianza en la referida agencia, ocupó un puesto en el servicio de carrera en la Corporación de Crédito y Desarrollo Comercial y Agrícola de Puerto Rico. No tiene razón.

La antigua Corporación de Crédito y Desarrollo Comercial y Agrícola de Puerto Rico era una corporación pública que funcionaba como una empresa privada. Ley Núm. 1 de 21 de agosto de 1990. En su Art. 5 se estableció lo siguiente:

La Corporación podrá nombrar, emplear y contratar los servicios de todos sus funcionarios, agentes y empleados y conferirles los poderes, facultades, responsabilidades y la autoridad que estime propia, imponer sus deberes, fijarles, cambiarles y pagarles la remuneración que determine, sujeto al reglamento y procedimiento aprobados por la Junta de Directores de la Corporación. La disposición de todos los asuntos de personal de la Corporación se efectuará sin sujeción a la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, conocida como “Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico”. (Énfasis nuestro.)

Asimismo, el Reglamento de Personal de la Corporación de Crédito y Desarrollo Comercial y Agrícola de Puerto Rico, Reglamento Núm. 4481 de 28 de junio de 1991, pág. i (Reglamento de Personal de la Corporación), dispuso en su preámbulo que “[l]a Corporación queda exclu[i]da de la aplicación de la Ley Número 5 del 14 de octubre de 1975, Ley del Personal del Servicio Público, conforme a lo dispuesto en la Sección 10.6 inciso (4)”. No obstante, la Corporación, conforme al mandato de ley, integró el principio del mérito a las normas de personal aplicables a sus empleados no cubiertos por convenios colectivos. Id. Además, en la See. 6.3 de este Reglamento, pág. 7, la Corporación reconoció a sus empleados el derecho de reinstalación en los términos siguientes:

A. Si un empleado en el Servicio de Carrera con status regular pasa al Servicio de Confianza y posteriormente se separa del mismo en la Corporación, tendrá derecho absoluto a ser reinstalado con categoría de empleado de carrera, en un puesto igual o similar al que ocupaba en el Servicio de Carrera al momento en que pasó al Servicio de Confianza. (Enfasis nuestro.)

De su mera lectura es evidente que la Corporación reconoció el derecho de sus empleados de carrera a la reinstalación en un puesto igual o similar al que ocupaban antes de pasar a ocupar el puesto de confianza en la misma corporación, una vez cesaran en el puesto de confianza. Por eso es que, a tenor con la See. 6.3 del Reglamento de Personal de la Corporación, ante, si el señor Camacho Torres hubiese estado ocupando un puesto de carrera en la Corporación y hubiese pasado al puesto de confianza dentro de la misma Corporación, habría tenido un derecho absoluto —al cesar en el puesto de confianza— de ser reinstalado en un puesto igual o similar al que allí ocupó en el servicio de carrera.

Sin embargo, en el caso de autos el señor Camacho Torres renunció a su puesto de carrera en la Corporación para ocupar un puesto de confianza en la AAFET y esta última sí se encuentra sujeta a las disposiciones de la ley de personal, por disposición expresa de su ley orgánica, Ley Núm. 1 de 23 de junio de 1985.

No existe ninguna disposición estatutaria o reglamentaria que le conceda al señor Camacho Torres el derecho de reinstalación. Conforme la Sec. 5.10 de la Ley Núm. 5, ante, como indicamos, el empleado que tiene derecho a ser reinstalado es aquel que antes de haber ocupado un puesto de confianza, había sido legítimamente nombrado a un puesto de carrera en una de las agencias incluidas en la Administración Central o de algunos de los Administradores Individuales del Sistema de Administración creado por la ley de personal; no así en una corporación pública. No siendo éste el caso, una vez el peticionario culminó su servicio de confianza en la AAFET, no tenía derecho a ser reinstalado en dicha agencia porque no ocupó con anterioridad un puesto de carrera en alguna de las agencias incluidas en la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico. Por lo tanto, su nombramiento como Subdirector de Recursos Humanos de AAFET, puesto que está integrado en el servicio de carrera, fue nulo.

El peticionario invoca a su favor lo resuelto por este Tribunal en Piñero v. A.A.A., supra. No tiene razón; Piñero no tiene el alcance pretendido. En Piñero v. A.A.A., ante, una empleada de carrera del Municipio de San Juan que pasó a un puesto de confianza en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, del que fue separada después, exigió ser reinstalada en un puesto de carrera en la Autoridad a tenor con la Resolución 966 de su Junta de Gobierno, que disponía:

[L]os empleados que fueron reclutados que habiendo ocupado puestos de Carrera en las Agencias, Municipios, o Corporaciones Públicas y que posteriormente han pasado o pasen en el futuro a ocupar puestos de confianza en la Autoridad sin haber tenido interrupción en servicio público al efectuarse dicho cambio, tendrán derecho a ser reinstalados con status de empleados regulares de carrera en la Autoridad en puestos de igual nivel o similar al puesto que fue reclutado, entendiéndose que no será ubicado en un puesto superior al último que ocupó de confianza en la Autoridad para cuya retribución se consignará siguiendo el procedimiento de retribución vigente a la fecha de reinstalación. (Enfasis nuestro.) Resolución Núm. 966 de 28 de diciembre de 1979, Junta de Gobierno de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (Autoridad) cuestionó la validez de esta disposición, y señaló que la empleada no tenía derecho a la reinstalación. Planteada así la controversia, resolvimos que la Resolución de la Junta de Gobierno en cuestión era jurídicamente válida y confirió el derecho de reinstalación a aquellas personas que entraron al Servicio Público conforme al principio del mérito, ocuparon puestos de carrera y, posteriormente, desempeñaron puestos de confianza en la Autoridad. No reconocimos el principio de movilidad de empleados de carrera entre agencias excluidas de la ley de personal como fundamento para un derecho absoluto de reinstalación de la empleada demandante en Piñero v. A.A.A., supra. Mas bien, reconocimos la potestad de las agencias excluidas de hacer extensivo a sus empleados —mediante reglamentación— los beneficios que se han reconocido en la ley de personal.

Por lo tanto, y contrario a lo que propone el señor Camacho Torres en su recurso, lo resuelto en Piñero v. A.A.A., ante, no extiende el derecho de reinstalación a los empleados de confianza que provengan de un puesto de carrera en agencias que no son parte del Sistema de Personal, es decir, agencias excluidas por la ley de personal, como lo son las corporaciones públicas.

Resolvemos, por lo tanto, que actuó correctamente el Tribunal de Apelaciones al revocar la determinación en contrario de JASAP.

IV

A. En el presente caso, el peticionario alegó, además, que fue objeto de discrimen político al escogerse selectivamente su expediente de personal para revisión y que el argumento de que su reinstalación a un puesto de carrera en AAFET era nula, por lo que se justificaba su destitución, fue un mero pretexto que enmascara una acción discriminatoria en su contra.

La Sec. 1 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, dis-pone que no podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, ideas políticas o religiosas. De allí que los constituyentes expresaran al respecto que " [s] e reconoce el derecho a tener ideas políticas y convicciones religiosas diferentes y en conflicto entre sí sin que esta diferencia o este conflicto milite en favor o en contra de ciudadano alguno en sus relaciones con el Estado. La libertad de pensamiento y la libertad de conciencia quedan aquí protegidas no sólo en su expresión sino también en las consecuencias de esta expresión”. 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2561-2562 (1961). La Constitución reconoce, por lo tanto, como secuela de la libertad de pensamiento y de expresión, el derecho a no ser discriminado por las ideas políticas que se profesan.

De forma consecuente con ello, este Tribunal en más de una ocasión ha resuelto que los empleados públicos gozan de protección en sus cargos contra el discrimen por ideas políticas. López v. Miranda, 166 D.P.R. 546 (2005); Alberty v. Bco. Gub. de Fomento, 149 D.P.R. 655 (1999); McCrillis v. Aut. Navieras de P.R., 123 D.P.R. 113 (1989); Ramos v. Srio. de Comercio, 112 D.P.R. 514 (1982).

Esta protección se extiende a los empleados de confianza a pesar de que éstos no poseen una expectativa de permanencia en sus puestos, pues éstos están sujetos a la libre selección y remoción por sus superiores. Alberty v. Bco. Gub. de Fomento, supra; McCrillis v. Aut. Navieras de P.R., supra; Ramos v. Srio. de Comerio, supra. Asimismo, hemos resuelto que los empleados públicos transitorios están protegidos contra el discrimen político a pesar de no tener expectativa alguna de continuidad en el empleo. Aponte Burgos v. Aponte Silva, 154 D.P.R. 117 (2001).

En casos de discrimen político, hemos adoptado la doctrina establecida por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en la trilogía de casos Elrod/Branti/Rutan. E.g.: Elrod v. Burns, 427 U.S. 347 (1976); Branti v. Finkel, 445 U.S. 507 (1980); Rutan v. Republican Party of Illinois, 497 U.S. 62 (1990). Véase Ramos v. Srio de Comercio, supra; McCrillis v. Aut. Navieras de P.R., supra. Así, en una reclamación de esa naturaleza, el demandante debe demostrar que su afiliación política —es decir, la conducta constitucionalmente protegida— fue un factor sustancial o el criterio decisivo para la acción adversa del personal que impugna. McCrillis v. Aut. Navieras de P.R., supra. Hecha tal demostración, el demandante ha establecido un caso prima facie de discrimen. Véanse: Alberty v. Bco. Gub. de Fomento, supra, pág. 665; López v. Miranda, supra.

Una vez ello ocurra, se transfiere el peso de la prueba al demandado para que demuestre, por preponderancia de la evidencia, que éste hubiese tomado la misma determinación aún en ausencia de la conducta constitucionalmente protegida. Esta defensa se conoce como la “defensa Mt. Healthy”, ya que la misma fue articulada originalmente en el caso Mt. Healthy City Board of Ed. v. Doyle, 429 U.S. 274, 286-287 (1977). Véase, además, Givhan v. Western Line Consol. School Dist., 439 U.S. 410 (1979).

Esta defensa recoge el elemento de causalidad para este tipo de acción. Pues, como se señaló en Crawford-El v. Britton, 523 U.S. 574, 593 (1998):

At least with certain types of claims, proof of an improper motive is not sufficient to establish a constitutional violation —there must also be evidence of causation. Accordingly, when a public employee shows that the protected [conduct] was a “motivating factor” in the adverse employment decision, the employer still prevails by showing that it would have reached the same decision in the absence of the protected conduct. (Enfasis nuestro.) Véase Texas v. Lesage, 528 U.S. 18, 21 (1999) (“[W]here a plaintiff challenges a discrete governmental decision as being based on an impermissible criterion and it is undisputed that the government would have made the same decision regardless, there is no cognizable injury warranting relief under [42 U.S.C.A. sec. 1]983”). Véase, además, Sanchez Lopez v. Fuentes-Pujols, 375 F.3d 121, 131 (ler Cir. 2004).

Articulado un motivo no discriminatorio por el patrono, la presunción queda destruida. Ibáñez v. Molinos de P.R., Inc., 114 D.P.R. 42 (1983). En ese caso, el empleado puede entonces presentar prueba, sin el beneficio de la presunción, de que la razón esbozada por el patrono es un mero pretexto y que si no fuera por su afiliación política no se hubiese promovido acción alguna. McCrillis v. Aut. Navieras de P.R., supra, pág. 142; Segarra v. Mun. de Peñuelas, 145 D.P.R. 770 (1998).

Así, por ejemplo, si la razón no discriminatoria articulada por el patrono como justificación para su acción, aun cuando válida, no se ha aplicado a todos los que estén en la misma posición del empleado agraviado, sino solamente a aquellos que militan en el mismo partido del reclamante, habría base para que el juzgador concluyese que la justificación invocada fue un mero pretexto y que verdaderamente privó en el ánimo del patrono una intención discriminatoria. E.g. Acevedo-Garcia v. Vera-Monroig, 204 F.3d 1, 10-11 (1er Cir. 2000) (aplicación discriminatoria de un plan de cesantía válidamente establecido por el municipio). Véase, por el contrario, Kauffman v. Puerto Rico Telephone Co., 841 F.2d 1169, 1172, 1173 (1er Cir. 1988) (ante la ausencia de evidencia de que la acción de personal se aplicó exclusivamente a empleados que profesaran la misma ideología política del demandante, procede la desestimación de la reclamación de discrimen político). En tal sentido, en Sanchez Lopez v. Fuentes-Pujols, supra, pág. 133, se indicó: “[S]imply showing that an appointment was illegal under local law does not suffice to meet defendants’ Mt. Healthy burden.” Hecha tal demostración, a satisfacción del juzgador procedería concluir que el empleado fue objeto de discrimen.

B. Por otro lado, reiteradamente hemos dispuesto que las decisiones de los organismos administrativos gozan de la mayor deferencia por los tribunales y la revisión judicial ha de limitarse a determinar si la agencia actuó arbitrariamente, ilegalmente o de manera tan irrazonable que su actuación constituyó un abuso de discreción. Rivera Concepción v. A.R.Pe., 152 D.P.R. 116 (2000); Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 D.P.R. 521 (1993).

Las determinaciones de hecho de los organismos y las agencias administrativas tienen a su favor una presunción de regularidad y corrección que debe ser respetada a menos que quien las impugne produzca suficiente evidencia para derrotarla. Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716 (2005); A.R.P.E. v. J.A.C.L., 124 D.P.R. 858, 864 (1989); Henríquez v. Consejo Educación Superior, 120 D.P.R. 194, 210 (1987). Es decir, quien las impugne tiene el deber insoslayable, para prevalecer, de presentar ante el foro judicial la evidencia necesaria que permita, como cuestión de derecho, descartar la presunción de corrección de la determinación administrativa. El peso de la prueba descansa entonces sobre la parte que impugna la determinación administrativa. Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. J.P., 147 D.P.R. 750, 761 (1999).

Para ello hay que “demostrar que existe otra prueba en el expediente que reduzca o menoscabe el valor probatorio de la evidencia impugnada, hasta el punto de que no se pueda concluir que la determinación de la agencia fue razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba [presentada] que tuvo ante su consideración”. Otero v. Toyota, supra, pág. 728. En ausencia de tal prueba, las determinaciones de hecho de la agenda deben ser sostenidas. Domínguez v. Caguas Expressway Motors, 148 D.P.R. 387, 398 (1999).

Cuando las determinaciones de hecho impugnadas se basen en la prueba testifical desfilada en el proceso administrativo y la credibilidad que le mereció al juzgador, es imprescindible que se traiga la transcripción de la vista celebrada o una exposición narrativa de la prueba a la consideración del foro revisor. En ausencia de tal prueba, difícilmente se podrá descartar la determinación impugnada.

Establecido el marco doctrinal aplicable, procede evaluar el reclamo del peticionario de que fue objeto de discrimen político.

V

La AAFET planteó en su recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones que JASAP erró al determinar en sus conclusiones de derecho que la agencia discriminó en contra de Camacho Torres. Específicamente, cuestionó la validez de varias de las determinaciones de hecho de la resolución de JASAP que sustentaban la conclusión de derecho y solicitó la revocación del dictamen de JASAP.

A pesar de que cuestionaba las determinaciones de hecho del foro administrativo, la AAFET, sorprendentemente, no procuró presentar ante el tribunal apelativo intermedio una exposición narrativa de la prueba o una transcripción de la prueba oral. A base de ello, Camacho Torres nos planteó en su recurso que procedía la revocación de la determinación del foro apelativo intermedio, ya que la omisión de AAFET impidió que el tribunal apelativo pudiese aquilatar el planteamiento de ésta. Le asiste la razón. La AAFET no colocó al Tribunal de Apelaciones en posición de revocar las determinaciones de hecho de JASAP.

En el caso ante nuestra consideración, JASAP concluyó que AAFET no había establecido un “sistema imparcial, objetivo, científico ni uniforme en el proceso de evaluación de los expedientes de personal”. JASAP concluyó, también, que solamente se escogieron para revisión los expedientes de aquellos empleados afiliados al Partido Nuevo Progresista y que los únicos dos empleados destituidos eran personas afiliadas a dicho partido.

No hay en el expediente ante nuestra consideración, como ya se señaló, copia del testimonio vertido en el proceso administrativo para aquilatar el testimonio vertido. Tampoco hay prueba documental sobre las auditorías efectuadas, o sobre cualquier otro asunto que incidiera sobre la controversia ante nuestra consideración. No sabemos a ciencia cierta cuántos expedientes en efecto se revisaron. En las determinaciones de hecho se señaló que el Administrador testificó que él ordenó una revisión de todos los ex-pedientes de personal. No hay documentación que así lo corrobore. Por lo tanto, el asunto de si ordenó la revisión de todos los expedientes era un asunto de credibilidad, en última instancia. El foro administrativo específicamente concluyó que este testimonio no le mereció credibilidad, a la luz de lo que señaló otra funcionaría de la agencia que testificó. Al no acompañar a la solicitud de revisión con una transcripción de la vista o, en su defecto, una exposición narrativa de la prueba, AAFET impidió que se pudiera revisar esta determinación. No hay, por lo tanto, base en el expediente para descartarla como concluyó el foro apelativo.

Hemos establecido que los tribunales apelativos no deben intervenir con las determinaciones de hecho del foro recurrido cuando no tenemos forma de evaluar la evidencia presentada debido a que la parte concerniente no elevó una exposición narrativa de la prueba. Benítez Guzmán v. García Merced, 126 D.P.R. 302, 308 (1990). En estos casos se impone un respeto al aquilatamiento de credibilidad del foro recurrido en consideración a que “sólo tenemos ... récords mudos e inexpresivos. Esas apreciaciones deben ser objeto de gran deferencia en ausencia de circunstancias extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto que nos mueva a intervenir”. Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 D.P.R. 721, 728 (1984). Véase, también, Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 D.P.R. 172, 181 (1985).

El Tribunal de Apelaciones, aun cuando reconoce que no se presentó la prueba oral, entiende que de la totalidad del expediente no se puede concluir que la decisión de la agencia fue discriminatoria. Principalmente, basó su conclusión en su aseveración de que, independientemente de la motivación que tuviera el Administrador para revisar el expediente de Camacho Torres, todo director de una agencia “tiene plena facultad para revisar si un empleado determinado cumple con las condiciones que establece la ley para que pueda recibir un diferencial salarial; y plena facultad para periódicamente revisar si las condiciones que ameritaron la concesión de tal diferencial aun existen”. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 185. Por ello se justificaba la actuación del Administrador de AAFET de revisar el ex-pediente y, advertido de la ilegalidad de la reinstalación de Camacho Torres, ordenar su despido.

No hay duda de que todo director o jefe de una agencia de gobierno tiene la obligación de cerciorarse de que las transacciones de personal en su agencia se efectúan, y se hayan efectuado, conforme las normas estatutarias y reglamentarias aplicables. No se pueden tolerar desviaciones a la reglamentación de personal para beneficiar a algunos pocos. Así, si hay base para creer que se ha incumplido con la reglamentación de personal vigente, nada impide que se conduzca la correspondiente auditoría y se to-men las medidas correctivas necesarias. Ahora bien, lo que no se puede hacer es singularizar a un grupo en particular para revisión y eventual sanción si el criterio para ello es únicamente la afiliación política del empleado, habida cuenta que el criterio utilizado incide sobre una conducta constitucionalmente protegida.

Nos resta determinar si a la luz de las determinaciones de hechos de JASAP se justificaba su conclusión de derecho en el sentido de que Camacho Torres fue objeto de discrimen político.

A base de estas determinaciones de hecho, y en atención al derecho aplicable a las reclamaciones de discrimen político, no es irrazonable concluir que la defensa de que se destituyó del puesto a Camacho Torres porque su nombramiento había sido ilegal puede ser considerada como un pretexto tal y como concluyó JASAP. Al no existir en el expediente base para revisar esta determinación, erró el foro apelativo intermedio al revocar a JASAP en cuanto a este particular.

Al finalizar, debemos hacer constar que confirmar la determinación de JASAP sobre discrimen político no supone la restitución de Camacho Torres a su puesto de carrera en AAFET. Como ya concluimos, éste ocupaba dicho puesto de forma ilegal al no tener derecho a la reinstalación. No podemos refrendar la teoría de que la acción ilegal de la agencia al reinstalar a Camacho Torres en un puesto de carrera —cuando no tenía derecho a ello— pueda ser fuente para reconocer derechos allí donde no los hay. Colón v. Alcalde Mun. de Ceiba, 112 D.P.R. 740 (1982); Delgado Rivera v. Alcalde de Carolina, 109 D.P.R. 5, 11 (1979). Después de todo, los actos ultra vires de los funcionarios públicos no generan derechos, no obligan al organismo administrativo ni le impiden a éste efectuar una corrección. Franco v. Municipio de Cidra, 113 D.P.R. 260, 262 (1982); Del Rey v. J.A.C.L., 107 D.P.R. 348, 355 (1978). Véase, además, González v. E.L.A., 167 D.P.R. 400 (2006).

Por los fundamentos antes expresados, se dicta sentencia y se modifica la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones para revocar aquella parte en que se dispuso que había errado JASAP al concluir que el peticionario había sido discriminado políticamente. Se confirma, por lo tanto, la determinación del foro apelativo de que el peticionario no tenía derecho a su reinstalación en un puesto de carrera en AAFET y que su nombramiento a ese puesto fue nulo.

Se dictará sentencia de conformidad.

Los Jueces Asociados Señor Fuster Berlingeri y Señor Rivera Pérez no intervinieron.

       En su informe, el oficial examinador concluyó, además, que no procedía la solicitud del señor Camacho Torres de presentar prueba sobre discrimen político por ser irrelevante a los hechos en controversia. Sostuvo que de los documentos que consideró el Administrador de la Administración para el Adiestramiento de Futuros Empresarios y Trabajadores (AAFET) para tomar la decisión de destituirlo por nulidad de nombramiento, no existía ningún indicio de que se hubiese tomado en consideración su afiliación política. Por el contrario, expresó el oficial examinador que la alegación de discrimen contrastaba con el hecho de que el señor Camacho Torres fue nombrado en sus posiciones de confianza y de carrera en 1991 y 1992 bajo la administración del Partido Popular; este hecho que fue estipulado por las partes.

       En su escrito de certiorari, el peticionario nos informó que presentó una acción en daños ante el Tribunal de Primera Instancia por los hechos alegados aquí —Caso Núm. KDP-2002-1125— y que el caso se encuentra suspendido por orden de dicho tribunal hasta tanto advenga final y firme el dictamen objeto de este recurso.

       La Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975 fue recientemente derogada por la Ley Núm. 184 de 3 de agosto de 2004, conocida como la Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. see. 1461 et seq. Dicha ley mantiene como política pública que el mérito será el principio que regirá el servicio público.

       La Ley Núm. 1 de 21 de agosto de 1990, conocida como Ley de la Corporación de Crédito y Desarrollo Comercial y Agrícola de Puerto Rico, 7 L.P.R.A. see. 1221 et seq., fue derogada y sustituida por la Ley Núm. 323 de 28 de diciembre de 2003 (7 L.P.R.A. see. 1227 et seq.). En la actualidad, dicha corporación se conoce como la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico.

       La razón de ser del elemento de causalidad ha sido descrita de la manera siguiente: “[The] Mt. Healthy defens[e e]nsures that a plaintiff-employee who would have been dismissed in any event on legitimate grounds is not placed in a better position merely by virtue of the exercise of a constitutional right irrelevant to the adverse employment action.” Acevedo-Diaz v. Aponte, 1 F.3d 62, 66 (1er Cir. 1993). Véanse: Sanchez-Lopez v. Fuentes-Pujols, 375 F.3d 121, 131 (1er Cir. 2004); Mt. Healthy City Board of Ed. v. Doyle, 429 U.S. 274, 285-286 (1977); Padilla-García v. Guillermo Rodriguez, 212 F.3d 69 (1er Cir. 2000).

       Ello no implica que Camacho Torres esté carente de remedio alguno; sólo que el remedio procedería ante el foro judicial y no ante JASAP. Véase nota al calce núm. 2.


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license: Public Domain

text:
      In re Carlos A. Ortiz Morales.

      Número: TS-4815

      Resuelto: 24 de mayo de 2006

      Carlos A. Ortiz Morales, pro se.

   RESOLUCIÓN

Atendida la Moción Solicitando Reinstalación, presentada por el peticionario, se reinstala al Ledo. Carlos A. Ortiz Morales al ejercicio de la abogacía.

Notifíquese por telefax y por la vía ordinaria.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente Señor Hernández Denton y el Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervinieron.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re María J. Deliz Terrón.

      Número: AB-2005-138

      Resuelto: 25 de mayo de 2006

      María J. Deliz Terrón, pro se.

   RESOLUCIÓN

Examinada la Moción Urgente, en relación con la opinión per curiam y sentencia en la que se decretó la suspensión inmediata e indefinida de la peticionaria, se reinstala a la Leda. María J. Deliz Terrón al ejercicio de la profesión efectivo el 17 de junio de 2006. Se le concede un término de quince días, contados a partir de la notificación de esta Resolución, para contestar la queja presentada en su contra.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente Señor Hernández Denton no intervino.

{Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re Enmienda a la Regla 6 del Reglamento para la Admisión de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría.

      Número: EJ-2006-04

      Resuelto: 26 de mayo de 2006
   RESOLUCIÓN

Al amparo del poder inherente de este Tribunal para regular la admisión y el ejercicio de la práctica de la abogacía y de la notaría, y conforme a lo dispuesto en la Regla 15.4 del Reglamento para la Admisión de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría, 4 L.RR.A. Ap. XVII-B, de junio de 1998, se enmienda la Regla 6 del citado Reglamento, para que exprese lo siguiente:

Regla 6 Requisitos de admisión al exámen de reválida general
(6.2) Documentos que han de ser sometidos con la solicitud.—
(e) un certificado de antecedentes penales expedido por la Policía de Puerto Rico dentro de los noventa (90) días anteriores a la fecha en que se presente la solicitud de admisión al examen.
Si durante los últimos diez (10) años ha vivido, residido o estudiado fuera de Puerto Rico por un período de seis meses consecutivos o más, deberá solicitar, además, un certificado de antecedentes penales, o su equivalente, a la Policía del lugar o lugares donde vivió, residió o estudió. El período de seis meses no se entenderá interrumpido como consecuencia de las visitas periódicas a Puerto Rico, o a cualquier otro lugar, por razón de vacaciones, asuntos personales o familiares, o por circunstancias en las que no media la intención del aspirante de permanecer en Puerto Rico o en cualquier otra jurisdicción visitada. No se aceptarán solicitudes que no acompañen el o los referido(s) certificado(s) o prueba de haber iniciado las gestiones para cumplir con este requisito.
Sin perjuicio de lo antes dicho, se podrá aceptar en sustitución de este certificado una declaración jurada en la que asevere que no ha cometido delito o falta en una jurisdicción foránea y reconozca que, de ser falsa tal aseveración, hay consecuencias disciplinarias en casos donde:
(a) Presenten prueba inequívoca de que en la jurisdicción foránea no puede tramitarse la petición del documento por que no existe un trámite igual o similar o por razones de índole política que entorpecen su obtención, o
(b) demuestren que han sido diligentes en solicitar el documento, pero las autoridades foráneas no quieren o no pueden indicar una fecha cierta de entrega o de envío del documento.
El aspirante que tenga que cumplir con este requisito por razón de pertenecer a las fuerzas armadas, podrá presentar una copia del certificado de Honorable Discharge o certificación del cuerpo militar al respecto.

Esta enmienda entrará en vigor inmediatamente. Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re José M. Jiménez Román.

      Número: TS-10893

      Resuelto: 30 de mayo de 2006

      María de Lourdes Rodríguez, oficial investigadora de la Comisión de Ética del Colegio de Abogados de Puerto Rico, y Doel Quiñones Núñez, presidente de la Comisión de Reputación para el Ejercicio de la Abogacía; José M. Jiménez Román, pro se.

   RESOLUCIÓN

Atendida la Moción Informativa en Cumplimiento de Orden, presentada por el abogado de epígrafe, ordenamos la reinstalación del Ledo. José M. Jiménez Román al ejercicio de la abogacía, condicionada a que por el término de un año se someta a pruebas periódicas de dopaje. Además, ordenamos a la Comisión de Reputación para el Ejercicio de la Abogacía que establezca el procedimiento a seguir para que el licenciado Jiménez Román cumpla con lo aquí establecido, y que supervise que éste cumpla con la condición impuesta.

En cuanto a los procedimientos disciplinarios pendientes, ordenamos el archivo de las siguientes quejas: AB-2002-167, AB-2002-178, AB-2003-32, AB-2003-226 y la número 03-204 presentada ante la Oficina del Procurador General.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


text:
    Consejo de Titulares del Condominio New San Juan, recurrido, v. Williams Hospitality Group, Inc., peticionario.

      Número: CC-2004-1184

      Resuelto: 1 de junio de 2006

      Nilda M. Navarro Cabrera y Nelson J. Santiago Marrero, abogados de la parte peticionaria; Víctor M. Rivera Torres, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri

emitió la opinión del Tribunal.

Nos toca determinar si la Ley de Condominios, Ley Núm. 103 de 5 de abril de 2003 (31 L.P.R.A. see. 1291 et seq.) (Ley Núm. 103), que enmendó el esquema jurídico sobre la propiedad horizontal, debe aplicarse retroactivamente.

I

El Condominio New San Juan (Condominio), ubicado en la avenida Isla Verde en Carolina, Puerto Rico, fue sometido al régimen de propiedad horizontal el 10 de octubre de 1972. El Condominio constaba de una estructura de dos pisos destinada a uso comercial, con un sótano con estacionamientos; una estructura de once pisos destinada a uso residencial, y una estructura de estacionamiento para los apartamientos residenciales. Williams Hospitality Group Inc. (Williams) era dueño de todos los locales del segundo y último piso del edificio comercial.

El 8 de septiembre de 2000 el Consejo de Titulares del Condominio New San Juan (Consejo), representado por su Presidenta, Teófila Ramona Santiago, presentó ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina, una petición de injunction contra Williams por alegadas violaciones a la Ley de la Propiedad Horizontal, según enmendada en 1976 a través de la Ley Núm. 157 de 4 de junio de 1976. El Consejo alegó, entre otras cosas, que Williams había realizado cambios y construcciones nuevas, y que había hecho un uso indebido del área de estacionamiento para ubicar una planta eléctrica con su tanque. Williams contestó la demanda y negó las alegaciones, pero aceptó haber cerrado el estacionamiento de su propiedad con un portón eléctrico y haberlo usado para colocar la planta eléctrica.

Ya trabada la controversia, y después de diversos trámites procesales, incluido el descubrimiento de prueba, el 26 de marzo de 2004 Williams presentó un escrito intitulado Nueva Moción de Sentencia Sumaria a la Luz de las Disposiciones de la Nueva Ley de Condominios. En éste Williams argumentó que los cambios que el Consejo había enumerado en su demanda cumplían todos con los requisitos para llevar a cabo mejoras establecidos por la nueva Ley de Condominios. En esencia, Williams argumentó que la evidencia no controvertida demostraba que los cambios alegados: (1) quedaban cubiertos por la nueva definición de mejora que establece la Ley Núm. 103, supra; (2) no afectaban los derechos, la seguridad ni el disfrute de ninguna de las unidades del Condominio; (3) sólo incidían en los elementos comunes limitados de las unidades comerciales, según fueron designados en la escritura matriz, y (4) contaban con la aprobación de los titulares afectados, Le., los titulares comerciales. El foro de instancia celebró una conferencia sobre el estado de los procedimientos y ordenó a las partes someter memorandos de derecho sobre la posible aplicabilidad al caso de la nueva Ley de Condominios. Una vez las partes cumplieron con su cometido, el Tribunal de Primera Instancia, mediante Orden de 29 de junio de 2004, adoptó el planteamiento de Williams sobre la aplicación de la Ley Núm. 103, supra, a los hechos del presente caso.

Inconforme con dicha determinación del foro de instancia, el Consejo presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones el 6 de agosto de 2004. Williams presentó su escrito en oposición el 3 de septiembre de 2004. El foro apelativo emitió su sentencia el 10 de noviembre de 2004, mediante la cual expidió el recurso solicitado y revocó la orden del Tribunal de Primera Instancia. Según el Tribunal de Apelaciones, en virtud del principio de la irretroactividad de las leyes que impera en Puerto Rico, la Ley Núm. 103, supra, tenía efecto prospectivo ya que, de acuerdo con su apreciación, del texto de la propia ley no surgía que tuviese aplicación retroactiva.

Williams presentó un recurso de certiorari ante nuestra consideración, en el que levantó sólo un señalamiento de error: “Erró el Tribunal de Apelaciones al determinar que la Ley de Condominios de 2003 no es de aplicación a este caso.” El 1 de abril de 2005 expedimos el recurso. El 11 de mayo de 2005 Williams presentó su alegato. El Consejo presentó el suyo el 15 de junio de 2005. Con el beneficio de ambas comparecencias, pasamos a resolver.

II

A. La nueva Ley de Condominios

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico promulgó la nueva Ley de Condominios el 5 de abril de 2003 con el propósito de fortalecer el régimen de propiedad horizontal para adecuarlo a la realidad social del país. Según surge de la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 103, supra, la revisión del régimen ya había estado en agenda legislativa durante algún tiempo porque el legislador era consciente de que el régimen necesitaba “ajustes para dotarlo de mayor eficacia ...”. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 103, supra, 2003 Leyes de Puerto Rico 355. Se señaló así mismo que la legislación anterior se prestaba al abuso del derecho, puesto que, por su rigidez, muchas actuaciones quedaban a la merced de una mayoría de condominos no siempre simpatizantes con los derechos individuales de los otros titulares. De tal forma, el régimen de propiedad horizontal de la antigua ley propiciaba, sin así proponérselo, situaciones absurdas pero legales. “Esas aberraciones respondían en parte a una distorsionada visión ‘comunitaria’, que le atribuye a la administración de los elementos comunes en el régimen de propiedad horizontal más importancia que al disfrute de la propiedad privada sobre el apartamiento.” M.J. Godreau, La nueva Ley de Condominios, San Juan, Ed. Dictum, 2003, pág. 20.

Con esta preocupación en mente, el legislador dispuso expresamente en el Art. 2 de la Ley Núm. 103, supra, que “[e]n el ejercicio y el reclamo de sus derechos, los titulares, actuarán conforme a los principios de la buena fe, de la prohibición de ir en contra de sus propios actos y la del abuso del derecho”. 2003 Leyes de Puerto Rico 359-360. Igualmente, el legislador aclaró y flexibilizó las disposiciones que versan sobre la sana convivencia entre los titulares. Las nuevas disposiciones persiguen, entre otros propósitos, encontrar soluciones a los problemas creados por la ley anterior. Por esta razón, la Ley Núm. 103, supra, se nutre de las experiencias reales que desembocaron en los tribunales o en el Departamento de Asuntos del Consumidor, y pretende aliviar las situaciones que con más frecuencia experimentan los titulares. Godreau, op. cit, pág. 12.

Con miras a atacar de frente las situaciones indeseables que surgían a base de la legislación anterior, el legislador dispuso en el Art. 44 de la Ley Núm. 103, supra, que “[e]sta Ley entrará en vigor noventa (90) días después de su aprobación y sus disposiciones regirán a todo inmueble sometido al régimen de Propiedad Horizontal, cualquiera que sea el momento en que fuera sometido a dicho régimen”. (Énfasis suplido.) 2003 Leyes de Puerto Rico 410. En derecho es claro, pues, que el momento jurídico en que el inmueble haya sido sometido al régimen no da lugar a distinción alguna en cuanto a la aplicación de la ley. Así surge, no solamente del texto de ésta, sino también de la clara intención del legislador de frenar los abusos a los que la legislación anterior contribuía.

B. El principio de la irretroactividad de las leyes

Aunque en nuestro ordenamiento rige, como regla general y en virtud del Art. 3 del Código Civil, el principio de la irretroactividad de las leyes, este precepto no es absoluto. Así surge del texto del propio artículo, que establece que “[l]as leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren expresamente lo contrario. En ningún caso podrá el efecto retroactivo de una ley perjudicar los derechos adquiridos al amparo de una legislación anterior”. 31 L.P.R.A. see. 3. Y es que no puede ser de otro modo. En ocasiones, el legislador solamente puede alcanzar la transformación de situaciones jurídicas indeseables al disponer para el alcance retroactivo de determinadas leyes. De otra forma la sociedad estaría atada a perpetuidad a normas que impiden su desarrollo. “[E]l ordenamiento jurídico se resiste a ser inmovilizado en un momento histórico preciso, toda vez que por su propia naturaleza ‘ordena relaciones de convivencia humana, y deben responder a la realidad de cada momento como instrumento de progreso y perfeccionamiento’.” J.M. Suárez Collía, El principio de irretroactividad de las normas jurídicas, 2da ed. rev., Madrid, Actas, 1994, pág. 56. De igual forma se expresó en una ocasión el Juez Hernández Matos al reconocer así:

biabemos que la absoluta retroactividad del derecho positivo sería la muerte de la seguridad y de la confianza jurídica; pero también sabemos que la absoluta irretroactividad sería la muerte del desenvolvimiento del derecho. El respeto a los derechos adquiridos, a los hechos consumados, a las situaciones ya existentes, no se opon[e a] leyes que se dan en vista de situaciones pasadas. La tendencia moderna, tanto en la doctrina como en la legislación, consiste en limitar todo lo posible el principio de la irretroactividad, excepto en materia de contratos, que en muchos países, como en Alemania, se mantiene, no obstante, en toda su pureza. Ocasio v. Díaz, 88 D.P.R. 676, 728-729 (1963).

Con esta realidad en mente, ya antes hemos resuelto que una ley puede tener efecto retroactivo si así surge claramente de la intención legislativa, ya sea de forma expresa o tácita. Rodríguez v. Retiro, 159 D.P.R. 467 (2003); Nieves Cruz v. U.P.R., 151 D.P.R. 150, 158-159 (2000). En forma similar hemos resuelto que aunque una ley no disponga expresamente su efecto retroactivo, debe aplicarse retroactivamente si dicha interpretación es la más razonable según el propósito legislativo. J.R.T. v. A.E.E., 133 D.P.R. 1, 14 (1993).

No obstante, aun cuando la ley disponga su efecto retroactivo o así surja de la intención legislativa, ésta no podrá afectar derechos adquiridos por las partes en virtud de la legislación anterior. Así surge del texto del citado Art. 3 del Código Civil. Los derechos adquiridos son la “consecuencia de un hecho idóneo, al producirlos en virtud de la ley vigente en el tiempo en que el hecho ha sido realizado, y que se han incorporado al patrimonio de la persona Suárez Collía, op. cit., pág. 55. Sin embargo, no toda situación jurídica acaecida en virtud y en vigencia de la ley anterior es un derecho adquirido para propósitos de limitar la retroactividad, expresa o tácita, de una ley posterior. Bien señala Santos Briz, que

... para que pueda hablarse de derechos adquiridos propiamente tales es necesario que se trate de situaciones subjetivas, cuya extensión y alcance son determinados por un acto o negocio jurídico, no directamente por la ley, que se limita a hacer posible la conclusión de ese acto o negocio (un contrato, por ejemplo). Este negocio singular e individual no puede ser afectado por la norma posterior. En cambio, las situaciones jurídicas objetivas (por ejemplo, el régimen de la propiedad) pueden ser modificadas por leyes posteriores. J. Santos Briz y otros, Tratado de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 2003, T. I, pág. 294.

En este sentido, el derecho adquirido no puede ser el conjunto de facultades que la ley anterior permitía que los ciudadanos ejercitaran, ya que esto sería el estado de derecho objetivo que la nueva ley intenta cambiar. El derecho adquirido, en cambio, es una situación consumada, en la que las partes afectadas descansaron en el estado de derecho que regía al amparo de la ley anterior. Así, los tratadistas distinguen entre la mera expectativa del derecho y los derechos adquiridos que ya entraron en el patrimonio de los sujetos involucrados. M. Albaladejo, Derecho Civil, 11ma ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1989, T. I, Vol. 1, pág. 204.

III

De acuerdo con lo dispuesto expresamente en el Art. 44 de la Ley Núm. 103 ya citado, como de la intención legislativa ya discutida, surge claramente que esta ley se debe aplicar retroactivamente. Y es que sólo de esta forma se cumpliría con el propósito del legislador de dar por terminadas las situaciones jurídicas indeseables que germinaban como resultado de la legislación anterior. No aplicar la Ley Núm. 103, supra, a controversias como la de autos equivaldría a laurear actuaciones que el estado de derecho vigente conjura; estaríamos incumpliendo, entonces, con la intención legislativa. Por lo tanto, resolvemos que, en virtud de su tenor más razonable y de las poderosas razones de orden público que movieron al legislador a materializarla, la Ley Núm. 103, supra, aplicará retroactivamente.

Sin embargo, el análisis no termina aquí, ya que debemos preguntarnos si aplicar la nueva Ley Núm. 103, supra, de forma retroactiva, como en efecto sería nuestra obligación, afecta derechos adquiridos por los titulares de apartamientos en inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal al amparo de la ley anterior. Nuestra contestación dependerá de la situación jurídica que se pretenda reclamar con arreglo a la legislación antigua.

Conforme ya hemos discutido, la teoría de los derechos adquiridos prohíbe la aplicación retroactiva de una ley cuando esto afecte relaciones jurídicas existentes antes de la vigencia de la nueva ley, que nacieron fundamentándose en la legislación anterior. Así, pues, no puede cuestionarse al amparo de la legislación actual una acción concreta de la Junta de Directores de un inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal si tal acción fue avalada en una asamblea en la que medió una votación por representación, cuando en aquel momento todo se hizo conforme al derecho entonces vigente. En un caso como ese, los titulares de los apartamientos tendrían un derecho adquirido sobre las decisiones previamente tomadas, y la Ley Núm. 103, supra, no podría afectarlas. No obstante, no se puede hablar de derechos adquiridos si lo que se pretende es celebrar asambleas, al presente, cuando las personas a votar por representación no cumplen con las exigencias de la nueva ley. La Junta de Directores del condominio en cuestión no podría alegar que tiene un derecho adquirido a aceptar los votos por representación según se permitía al amparo de la ley anterior. En tal caso, la pretensión de la Junta de Directores estaría predicada en el estado de derecho objetivo provisto por la legislación anterior; un estado de derecho que la legislación actual no considera.

Las alegaciones que surgen de los escritos de las partes en la presente controversia versan sobre facultades que el ordenamiento anterior otorgaba a los titulares de un inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal para que éstos pudiesen garantizar el disfrute individual y comunitario de los elementos que componen el inmueble. Resulta, sin embargo, que las facultades otorgadas a los titulares de un inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal han sido modificadas por la Ley Núm. 103, supra.

Somos conscientes de que el Tribunal de Primera Instancia, en el caso de autos, todavía no ha tenido la oportunidad de apreciar y expresarse sobre la prueba aportada por las partes. Así surge de la orden que facilitó la presentación del presente recurso. El Tribunal de Primera Instancia, una vez evaluada la prueba, deberá decidir, de acuerdo con lo aquí resuelto, si el Consejo está, en efecto, ejercitando un derecho adquirido al amparo de la antigua ley o, si por el contrario, su pretensión es perpetuar el estado de derecho objetivo de la ley anterior, que ya no vincula.

IV

Según se deduce de los autos del caso ante nuestra consideración, el foro de instancia acogió el razonamiento de Williams según éste fue expresado en su Memorando de Derecho sobre la aplicación retroactiva de la Ley Núm. 103, supra. No erró al así actuar, por lo que procede que revoquemos el dictamen del Tribunal de Apelaciones y devolvamos el caso al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina, para que continúen los procedimientos, según lo aquí resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

       La legislación anterior permitía que cualquier persona representara a un titular en una asamblea. De esta forma se perpetraron innumerables injusticias, puesto que la Junta de Directores podía elegir los representantes a su conveniencia para así controlar las votaciones. El legislador, consciente de este problema, limitó en la Ley Núm. 103 de 5 de abril de 2003 (31 L.P.R.A. see. 1291 et seq.) las personas que pueden votar en representación de los titulares. El Art. 27 de esta Ley Núm. 103, que enmendó el Art. 38-B de la antigua ley, reduce el número de personas que pueden actuar como representantes de un titular en una asamblea a: (1) otro titular del condominio; (2) un familiar del titular, hasta el segundo grado de consanguinidad; (3) el cónyuge del titular; (4) arrendatarios que residan en el condominio; (5) el abogado del titular, o (6) el apoderado del dueño que muestre poder otorgado ante notario. M.J. Godreau, La Nueva Ley de Condominios, San Juan, Ed. Dictum, 2003, págs. 48-49.


author: Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri.

text:
    Nignora Ramos Milano et al., recurridos, v. Wal-Mart Puerto Rico, Inc. h/n/c/ Sam’s Club, peticionario.

      Número: CC-2005-1005

      Resuelto: 8 de junio de 2006

      Alberto G. Estrella y Pedro A. Barceló Lugo, abogados de la parte peticionaria; Agustín Díaz García, abogado de la parte recurrida.
   SENTENCIA

Los hechos del presente caso, según las determinaciones que hiciera el Tribunal de Primera Instancia luego de evaluar la prueba documental y testifical que fuera presentada, son los siguientes: la noche del 25 de julio de 2002 Nignora Ramos Milano visitó la tienda Sam’s Club localizada en la Avenida Ponce By Pass, en el Municipio de Ponce, con el objetivo de comprar un saco de alimento para perros. Ramos Milano se dirigió al pasillo y al área específica en donde se encontraban las estibas de sacos de cincuenta libras de alimento para perros. Justo al frente de la estiba de sacos que Ramos Milano se disponía a comprar se encontraba una paleta de madera pesada llena de mercancía, que no permitía el libre paso de aquélla con su carrito de compras. El espacio que había entre la góndola que contenía los sacos específicos de alimentos para perro que Ramos Milano interesaba comprar y la paleta de madera pesada que se encontraba en el pasillo era muy estrecho e impedía que Ramos Milano pudiera tomar la mercancía de forma cómoda. Plenamente consciente de la paleta de madera que se encontraba frente a los sacos de comida que se disponía a tomar, Ramos Milano caminó alrededor, se colocó entre medio de ésta y la estiba, se inclinó hacia el frente y se dobló para recoger el saco que se encontraba en la parte inferior de la estiba. Cuando Ramos Milano retomó su posición original, su sandalia se trabó en la paleta de madera y cayó al piso.

A consecuencia de la caída sufrida, el 15 de septiembre de 2003 Ramos Milano, su esposo Luis Orta Rodríguez, la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos y los hijos menores de edad del matrimonio, presentaron una demanda en daños y peijuicios contra Wal-Mart de Puerto Rico, propietaria de la tienda Sam’s Club, y su aseguradora. Alegaron, en síntesis, que fueron las acciones culposas y negligentes de la tienda Sam’s Club las que constituyeron la causa próxima de sus daños.

Por su parte, Wal-Mart de Puerto Rico contestó la demanda negando responsabilidad por el incidente. Posteriormente solicitó una vista para que se determinara el aspecto sobre responsabilidad. Dicha vista se celebró el 9 de diciembre de 2004.

Según surge de la transcripción de la referida vista, Ramos Milano admitió que estaba familiarizada con el establecimiento comercial Sam’s Club, su operación general y la mercancía que se vendía en el establecimiento. También admitió que sabía que en la tienda se utilizaban paletas de madera en donde se colocaban mercancías. Específicamente testificó que el día de los hechos, al entrar al pasillo de bolsas de comida para perros, tuvo la oportunidad de ver la paleta de madera que estaba colocada allí, que conocía el peso del saco que se disponía a tomar y que pudo percatarse del estrecho espacio que había entre la paleta y la mercancía. Además, declaró que se dobló para coger el saco y que al pararse no miró hacia atrás antes de dar el paso en esa dirección, lo que ocasionó que su sandalia se enredara y cayera al piso.

Analizados los hechos anteriores, el foro primario emitió una resolución en la cual concluyó, según la teoría general del daño, que el demandado Wal-Mart de Puerto Rico había sido negligente al colocar una paleta pesada de madera en el pasillo, dejando un espacio demasiado estrecho cuando la mercancía contenida en la góndola enfrente eran sacos de comida para perros de cincuenta libras. Según el referido foro, la demandada debió prever que sus clientes requerirían de mayor espacio para poder acceder a dicha mercancía, más aún cuando ésta era sustancialmente pesada.

El foro primario determinó que aplicaba la doctrina de negligencia comparada al presente caso, ya que la demandante incurrió en negligencia “al no tomar las precauciones debidas de un hombre prudente y razonable, al poder haber visto una condición previsiblemente peligrosa y asumir el riesgo de tomar una mercancía sustancialmente pesada en condiciones que no le garantizaban su absoluta seguridad”. Apéndice, pág. 107.

Por entender que la negligencia de Wal-Mart de Puerto Rico fue la que ocasionó de manera predominante el daño ocurrido, el foro de instancia le impuso un setenta por ciento de responsabilidad, e impuso un treinta por ciento de responsabilidad, por la caída que sufrió, a la demandante.

Inconforme con la anterior determinación, Wal-Mart de Puerto Rico acudió al tribunal de apelaciones, mediante un recurso de certiorari. En éste alegó, en síntesis, que el foro primario había errado al imponerle responsabilidad por una condición peligrosa que era conocida por la demandante, y al no determinar que la causa directa del accidente fue la negligencia o inadvertencia de la propia demandante.

Expresando que el foro primario había hecho una determinación apoyada en la prueba desfilada, el tribunal apelativo denegó la expedición del auto solicitado.

Aún inconforme, Wal-Mart acudió ante este Tribunal mediante un recurso de certiorari, en el que imputó al foro apelativo haber errado al

... confirmar al Tribunal de Primera Instancia el cual impuso responsabilidad a un establecimiento comercial por una condición peligrosa que le era conocida a la parte demandante recurrida;
... confirmar al Tribunal de Primera Instancia el cual no determinó que la causa directa del accidente fue la negligencia o inadvertencia de la propia demandante;
... confirmar al Tribunal de Primera Instancia el cual erró en su designación de los porcientos de responsabilidad. Petición de certiorari, pág. 9.

Examinado el recurso de certiorari presentado por la parte peticionaria, concedimos a la parte recurrida el término de veinte días para mostrar causa por la cual este Tribunal no debiera expedir el auto solicitado y dictar sentencia modificatoria de la emitida por el Tribunal de Apelaciones, a los efectos de invertir los porcientos de negligencia confirmados por el referido foro; esto es, un setenta por ciento para la parte demandante y un treinta por ciento para la parte demandada.

La parte recurrida ha comparecido en cumplimiento con la referida orden. Estando en condiciones de resolver el recurso presentado, procedemos a hacerlo.

I

Como es sabido, la teoría de daños y perjuicios, basada en el Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5141, establece que el que por acción u omisión ocasione un daño, interviniendo culpa o negligencia, estará obligado a repararlo. Dicho precepto dispone que todo perjuicio material o moral conlleva su reparación si concurren tres elementos básicos: (1) la presencia de un daño físico o emocional en el demandante; (2) que éste haya surgido a raíz de un acto u omisión culposa o negligente del demandado, y (3) que exista un nexo causal entre el daño sufrido y el acto u omisión. Santiago v. Sup. Grande, 166 D.P.R. 796 (2006); Mun. de San Juan v. Bosque Real, S.E., 158 D.P.R. 743 (2003); Colón y otros v. K-mart y otros, 154 D.P.R. 510 (2001); Montalvo v. Cruz, 144 D.P.R. 748 (1998).

En los casos en que el daño alegado se deba a una omisión, se configurará una causa de acción cuando: (1) exista un deber de actuar y se quebrante esa obligación, y (2) cuando de haberse realizado el acto omitido se hubiese evitado el daño. Colón y otros v. K-mart y otros, ante; Administrador v. ANR, 163 D.P.R. 48 (2004); Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 D.P.R. 294 (1990). Así pues, hemos resuelto que la pregunta de umbral en estos casos es si “existía un deber jurídico de actuar de parte del alegado causante del daño”. Arroyo López v. E.L.A., 126 D.P.R. 682, 686-687 (1990).

Particularmente, en casos de deber jurídico de actuar por parte de dueños de establecimientos comerciales, he-mos establecido que una persona o empresa que tiene un establecimiento comercial abierto al público debe tomar las medidas necesarias para que las áreas a las que tienen acceso sus clientes sean razonablemente seguras. Dicho de otra forma, cuando una empresa mantiene abierto al público un establecimiento, con el objeto de llevar a cabo operaciones comerciales para su propio beneficio, tiene el deber de mantener dicho establecimiento en condiciones de seguridad tales que sus clientes no sufran daño alguno. Cotto v. C.M. Ins. Co., 116 D.P.R. 644 (1985).

Este deber incluye la obligación de anticipar y evitar que ocurran daños en el establecimiento. Véase: Colón García v. Toys R Us, Inc., 139 D.P.R. 469, 473 (1995).

Ello no obstante, lo anterior no significa que el dueño de un establecimiento comercial asume una responsabilidad absoluta frente a cualquier daño sufrido por sus clientes. Su deber sólo se extiende al ejercicio del cuidado razonable para su protección. Goose v. Hilton Hotels, 79 D.P.R. 523 (1956).

Para que se le imponga responsabilidad al demandado, el demandante tiene que probar que el dueño no ejerció el debido cuidado para que el local fuese seguro. Colón y otros v. K-Mart y otros, ante. Así, en los casos de accidentes en establecimientos comerciales, hemos impuesto responsabilidad siempre que el demandante pruebe que existían condiciones peligrosas dentro de la tienda correspondiente, “las cuales eran de conocimiento de los propietarios o su conocimiento podía imputárseles a éstos”. (Énfasis suprimido.) Coito v. C.M. Ins. Co., ante, pág. 650. En otras palabras, el demandante tiene que probar que su daño se debió a la existencia de una condición peligrosa, que esa condición fue la que con mayor probabilidad ocasionó el daño y que ésta era conocida por el demandado, o que debió conocerla. Admor. F.S.E. v. Almacén Román Rosa, 151 D.P.R. 711 (2000).

En resumen, la norma en nuestra jurisdicción en cuanto a la responsabilidad de los dueños de establecimientos comerciales es que éstos deben ejercer un cuidado razonable para proteger la seguridad de sus clientes; deber que no se traduce, de ninguna forma, en una responsabilidad absoluta por dicha seguridad.

Por esta razón, el demandante que haya sufrido un accidente en un establecimiento comercial tiene la obligación de probar que existía una condición peligrosa en el local, que era conocida por el demandado y que dicha condición peligrosa fue la que con mayor probabilidad ocasionó el daño sufrido.

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El precepto legal antes citado, esto es, el Art. 1802 del Código Civil, ante, permite reducir la compensación de un demandante en la proporción de “[l]a negligencia que se le imputa. A esos efectos, la última oración del referido Art. 1802 dispone que la imprudencia concurrente del perjudicado no exime de responsabilidad, pero conlleva la reducción de la indemnización”. (Enfasis suplido.)

Esto último se conoce como la doctrina de la negligencia comparada, la cual fue adoptada en nuestra jurisdicción por disposición de la Ley Núm. 28 de 9 de junio de 1956, que añadió la última oración del Art. 1802 de nuestro Código Civil, ante. H.M. Brau del Toro, Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., Vol. I, 1986, pág. 411.

Conforme a esta doctrina, “la negligencia concurrente o contribuyente del demandante (y la asunción de riesgos por éste), sirve para mitigar, atenuar o reducir la responsabilidad pecuniaria del demandado, pero no para eximir totalmente de responsabilidad a éste”. (Enfasis suplido.) Brau del Toro, op. cit, pág. 410.

Esta norma tiende a individualizar las indemnizaciones por daños, colocando el rigor económico en las partes conforme a la proporción de su descuido o negligencia. Requiere que en todos los casos el juzgador, además de determinar el monto de la compensación que corresponde a la víctima, determine la fracción (o la percentila) de responsabilidad o negligencia que corresponde a cada parte, y reduzca la indemnización del demandante en conformidad con esta distribución de responsabilidad. Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 D.P.R. 139, 176 (1996).

Así pues, para determinar la negligencia que corresponde a cada parte en casos de negligencia comparada es necesario analizar y considerar todos los hechos y las circunstancias que mediaron en el caso, y particularmente, si ha habido una causa predominante. Véase Quiñones López v. Manzano Pozas, ante.

Es menester señalar sobre este particular que en nuestra jurisdicción rige la doctrina de causalidad adecuada. Jiménez v. Pelegrina Espinel, 112 D.P.R. 700 (1982); Soc. de Gananciales v. Jerónimo Corp., 103 D.P.R. 127 (1974). De este modo, un daño podrá considerarse como el resultado probable y natural de un acto u omisión negligente si luego del suceso, al mirarlo retrospectivamente, éste parece ser la consecuencia razonable y común de la acción u omisión de que se trate. Véanse: Santiago v. Sup. Grande, ante; Administrador v. ANR, ante.

En conformidad con esta teoría, no es causa toda condición sin la cual no se hubiese producido el resultado, sino aquella que ordinariamente lo produce según la experiencia general. Santiago v. Sup. Grande, ante; Arroyo López v. E.L.A., 126 D.P.R. 682 (1990); Cárdenas Maxán v. Rodríguez Rodríguez, 125 D.P.R. 702 (1990). Así, para determinar cuál fue la causa del daño, el demandante tiene que probar que la omisión del demandado fue la que con mayor probabilidad ocasionó el perjuicio reclamado.

Resulta de lo expuesto que la determinación, en cuanto a que la parte demandante ha incurrido en negligencia y que de alguna manera contribuyó a causar sus propios daños, no significa que el demandado quede exento de responsabilidad. La negligencia comparada de la parte demandante, en consecuencia, sirve para reducir su responsabilidad pecuniaria.

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Un análisis de la prueba desfilada ante el foro primario —y de la cinta video magnetofónica que grabó la ocurrencia del accidente— demuestra que Ramos Milano, al momento del accidente, era completamente consciente de la paleta de madera interpuesta entre la estiba y el pasillo. Ésta tuvo plena oportunidad de observarla, luego de lo cual caminó alrededor de ella y se colocó entre ésta y la góndola para luego doblarse a recoger el saco. Además, surge de su propio testimonio que luego de doblarse a recoger el saco, no miró hacia atrás antes de dar el paso que la hizo tropezar y caerse. Ramos Milano pudo ver con anticipación que la paleta impedía el libre acceso al estante de sacos de comida para perros y aún así decidió iniciar la cadena de eventos que dieron lugar a su caída. Queda claro, en consecuencia, que Ramos Milano conocía o debió conocer de la condición peligrosa creada por la presencia de la paleta de madera en el medio del pasillo. Por esta razón, era previsible para ella el que pudiera tropezar con ésta. Aun así, continuó adelante.

Reiteradamente hemos señalado que, como norma general, en ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, los tribunales apelativos no debemos intervenir con la apreciación de la prueba de los tribunales de instancia. Rodríguez v. Urban Brands, 167 D.P.R. 509 (2006); Argüello v. Argüello, 155 D.P.R. 62 (2001); Torres Ortiz v. Plá, 123 D.P.R. 637 (1989); Valencia, Ex parte, 116 D.P.R. 909 (1986). Sin embargo, en el presente caso, la determinación del foro primario, en cuanto a imponer un setenta por ciento de responsabilidad a Wal-Mart de Puerto Rico y otro de treinta por ciento a Ramos Milano, no encuentra apoyo en la prueba desfilada. En otras palabras, en el presente caso, la demandante falló en demostrar que el accidente que sufrió se debió, de manera predominante, a la negligencia del demandado. Erró el referido foro al hacer dicha determinación.

Un análisis detenido de los hechos ocurridos en el presente caso nos lleva inexorablemente a concluir que el accidente se debió de forma predominante a la negligencia de la demandante. Evidentemente, ésta no actuó con la precaucion necesaria para evitar tropezar con la paleta de madera. Actuó de forma negligente al así hacerlo.

En su escrito ante nos, Wal-Mart de Puerto Rico alega que siendo la negligencia de Ramos Milano la causa directa de su accidente, debe ser eximido de responsabilidad. No le asiste la razón. De acuerdo con la doctrina de responsabilidad de dueños de establecimientos comerciales, WalMart de Puerto Rico tenía un deber de ejercer un cuidado razonable para evitar que sus clientes sufrieran algún daño. Tal y como lo determinó el foro primario, Wal-Mart de Puerto Rico, ciertamente, infringió dicho deber e incurrió en negligencia al mantener una paleta de madera en el pasillo de su tienda, dejando un espacio limitado entre los anaqueles y ésta. Wal-Mart de Puerto Rico pudo prever que sus clientes necesitarían más espacio para acceder a la mercancía que allí se encontraba. Sin embargo, la condición peligrosa creada por la tienda, repetimos, no fue la que de forma predominante ocasionó el daño.

En consecuencia, conforme a la normativa antes ex-puesta, corresponde reducir su porciento de responsabilidad a un treinta por ciento y aumentar el de la demandante Ramos Milano a un setenta por ciento, ya que fue su propia negligencia la que de forma predominante ocasionó sus daños.

> HH

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el recurso presentado, se dicta sentencia modificatoria de la resolución emitida en el presente caso por el Tribunal de Apelaciones y se invierten los por cientos de negligencia determinados por el referido foro; esto es, un setenta por ciento para la parte demandante y un treinta para la parte demandada.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secre-

taria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri emitió una opinión disidente.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri.

Reiteradamente hemos resuelto que los foros apelativos no deben usurpar las funciones de adjudicación del Tribunal de Primera Instancia. Hemos insistido una y otra vez en que la apreciación de la prueba corresponde al foro ante el cual ésta desfiló, y que el foro apelativo no intervendrá con las determinaciones de hechos y la adjudicación de credibilidad del tribunal de instancia a menos que se demuestre que éste abusó de su discreción y actuó con prejuicio o parcialidad. Colón v. Lotería, 167 D.P.R. 625 (2006); Rodríguez v. Urban Brands, 167 D.P.R. 509 (2006); Argüello v. Argüello, 155 D.P.R. 62 (2001); Trinidad v. Chade, 153 D.P.R. 280 (2001); Pueblo v. Bonilla Romero, 120 D.P.R. 92 (1987); Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729 (1986); Morán Simó v. Gracia Cristóbal, 106 D.P.R. 155 (1977).

En el caso de autos no hay indicio alguno de que hubo abuso de discreción, prejuicio o parcialidad de parte del tribunal de instancia. Así lo resolvió expresamente el Tribunal de Apelaciones, que confirmó íntegramente el dicta-men del foro de instancia.

A pesar de lo anterior, una mayoría de este Tribunal estima que el foro que recibió la prueba y que adjudicó los hechos erró al distribuir la responsabilidad en su dictamen de negligencia comparada, por lo que esta mayoría altera e invierte en su propia sentencia los por cientos de responsabilidad adjudicados por el foro de instancia. La mayoría de este Tribunal actúa así sin resolver expresamente antes que hubo prejuicio o parcialidad de parte del foro de instancia o que éste abusó de su discreción. Se limita la mayoría a decir que el foro de instancia “erró”, pero tal criterio no cumple de ningún modo con la normativa citada antes sobre cuándo puede un foro apelativo sustituir su criterio por el del juzgador de los hechos que tuvo contacto directo con la prueba. El criterio de que el foro de instancia meramente “erró” no implica que hubo prejuicio o parcialidad ni que abusó de su discreción. Así pues, la sentencia de la mayoría de este Tribunal en el caso de autos es improcedente, por no ajustarse a la bien conocida norma que rige la función apelativa.

En mi criterio, la sentencia de la mayoría del Tribunal en este caso es improcedente y errada por una segunda razón. En el caso de autos, el accidente sufrido por la señora demandante se debió mayormente a la negligencia de Wal-Mart de Puerto Rico, al colocar las paletas de madera como lo hizo. Dichas paletas estaban tan mal colocadas que una persona como la demandante no tenía espacio adecuado para poder acceder y tomar los muy pesados sacos de alimento que le interesaba comprar. Resolver, como lo hace la mayoría del Tribunal, que la cliente conocía la dificultad de acceso de dichos sacos, y que por eso su negligencia fue la que determinó mayormente el accidente, es un juicio insólito y desacertado. Significa que una cliente que va a una tienda tiene que ajustarse obligadamente a las condiciones peligrosas a que los dueños de la tienda someten al cliente. Como tal criterio es insostenible, no puede haber duda alguna de que la causa predominante del accidente en cuestión fue la negligencia de Wal-Mart de Puerto Rico, como correctamente lo determinaron el foro de instancia y el foro apelativo, conforme a nuestra jurisprudencia. Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 D.P.R. 139 (1996); Molina, Caro v. Dávila, 121 D.P.R. 362 (1988). Aplica claramente aquí lo que es la norma rectora en situaciones como la de autos, la cual formulamos con meridiana claridad en Cotto v. C.M. Ins. Co., 116 D.P.R. 644, 650 (1985):

No hay duda de que una persona o empresa que opera un establecimiento abierto al público con el objeto de llevar a cabo operaciones comerciales para su propio beneficio debe hacer lo posible por mantener dicho establecimiento en condiciones tales de seguridad que los clientes que patrocinan el mismo no sufran ningún daño; en otras palabras, corresponde al dueño de un negocio o al propietario del mismo mantener el área a la que tienen acceso sus clientes como un sitio seguro.

Como la mayoría del Tribunal abandona ahora en el caso de autos unas normas y principios bien establecidos en nuestro ordenamiento jurídico, para favorecer a unos poderosos intereses comerciales por encima del consumidor común y corriente, yo disiento vehementemente.

       Dichas determinaciones están apoyadas en una cinta video magnetofónica estipulada por las partes que contiene la grabación del accidente sufrido por la demandante.

       Al analizar si se ha ejercido dicho cuidado razonable aplicaremos el estándar de cuidado del “hombre prudente y razonable”. Véase Ramos v. Cario, 85 D.P.R. 353 (1962).

       Así lo determinó el foro primario.


text:
      In re Héctor L. Ortiz Hernández.

      Número: TS-9128

      Resuelto: 9 de junio de 2006

      Hon. Sylvette A. Quiñones Mari, jueza superior, Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón.
   RESOLUCIÓN

La Hon. Sylvette A. Quiñones Mari, Jueza de la Sala Superior de Bayamón del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, notificó a este Tribunal una resolución de 19 de abril de 2006, en la que se expresa sobre la conducta observada por el Ledo. Héctor L. Ortiz Hernández ante el mencionado tribunal durante la tramitación del caso DAC2003-0462(404).

En específico, la jueza Quiñones Mari aduce que el licenciado Ortiz Hernández no informó oportunamente la dirección a la que la Secretaría del tribunal debía remitirle las notificaciones del referido caso, lo que ha tenido como consecuencia varias demoras injustificadas en la tramitación del caso. Al respecto, la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia envió, sin éxito, múltiples notificaciones a direcciones postales diferentes. En todas las ocasiones, el servicio postal devolvió la correspondencia a la Secretaría remitente. En la última ocasión informada en la resolución, la devolución obedeció a que el licenciado “se mudó y no dejó nueva dirección”. En su escrito el Tribunal de Primera Instancia afirma “que el Ledo. Héctor L. Ortiz Hernández no ha cumplido con su deber ético de mantener informado al Tribunal sobre su dirección de oficina”. Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, de 19 de abril de 2006, pág. 2.

La acción del Lie. Héctor L. Ortiz Hernández es similar a otras que distintos jueces han referido a este Tribunal. Al considerarlas, hemos reiterado el poder de los jueces del Tribunal de Primera Instancia para mantener y asegurar el orden en los procedimientos ante su consideración sin necesidad de referirnos dichas situaciones. A esos efectos, en E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 D.P.R. 669, 681 (1999), expresamos que

[l]a base jurídica para el procedimiento de desacato en Puerto Rico proviene de tres (3) fuentes, según han sido interpretadas por nuestra jurisprudencia, las cuales están fundadas en el poder inherente de los tribunales para hacer cumplir sus órdenes. Los tribunales tendrán poder, entre otros, para mantener y asegurar el orden en su presencia y en los procedimientos ante su consideración, para hacer cumplir sus órdenes, sentencias y providencias, y para realizar u ordenar cualquier acto que resulte necesario a fin de cumplir a cabalidad sus funciones. 4 L.P.R.A. secs, la y 362a. Para el ejercicio efectivo de las facultades antes enumeradas la ley les autoriza a castigar por desacato. 4 L.P.R.A. sec. 362b. (Énfasis suplido.)

Los jueces de instancia poseen, además, la facultad discrecional de imponer al abogado aquellas sanciones económicas que estimen apropiadas por conducta que afecte adversamente los procesos judiciales.

En vista de lo antes expuesto, devolvemos el asunto a la Sala Superior de Bayamón del Tribunal de Primera Instancia para la acción correspondiente.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo