text:
    Gallardo et al., Demandantes y Apelantes, v. El Tesorero de Puerto Rico, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan,.. Sección Primera, en pleito sobre devolución de contribu-ciones pagadas bajo protesta.
    No. 1548.
    Resuelto en junio 8, 1917.
    Devolución de Contribuciones — Contribución de Herencia — Pago Bajo Pro-testa — Valoración y Cómputo de la Contribución — Prescripción de la Acción. — Cuando en una reclamación de contribución de herencia pagada bajo protesta, se impugna que se deba la cantidad porque para su cómputo se tomó como base la valoración de la finca en el año que se trató de satisfa-cerla, en vez de la valoración que tenía en el año en que ocurrió la muerte del causante, no es la Ley No. 35, de marzo 9, 1911 el procedimiento vigente para tal impugnación, y sí el señalado en el artículo 374 del Código Político, por lo que, la acción entablada fuera del término de treinta días contados desde que quedó ultimada por el tesorero la valoración y cómputo de la con-tribución, lia prescrito.
    Abogado de los apelantes: Sr. José S. Alegría.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   Los hechos están expresados en la- opinión.

El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

La sentencia contra la cnal se interpuso este recurso de-claró que la acción de los demandantes estaba prescrita por baber sido presentada la demanda después de los treinta días que para establecerla concede el artículo 374 del Código Político.

El Tesorero de Puerto Rico fijó la contribución que como herederos debían pagar los demandantes tomando como valor de la finca el que tenía en el año mil novecientos catorce cuando el pago iba a hacerse, a pesar de que los apelantes ale-garon que debía tomarse como base para la contribución de herencia la valoración que tenía en el año 1903 cuando ocurrió la muerte de su causante. Sin embargo el Tesorero insistió en dos de mayo de 1914 en que sé pagara de acuerdo con su valoración y los apelantes pagaron entonces la cantidad que se les reclamaba haciendo constar su protesta.

Sostienen los apelantes que su reclamación no se basa en el artículo 374 del Código Político sino en la ley No. 35 del año 1911, y si es ésta la aplicable a su reclamación y no lá sección ci-tada del Código Político, entonces su acción no estaría pres-crita pues el término de treinta días para interponerla empe-zaría a contarse desde que verificaron el pago en 9 de mayo de 1914 y no desde que se ultimó por el Tesorero la valoración y cómputo de la contribución, como determina el artículo 374 citado.

No alegan los apelantes en su demanda qne el cobro sea injusto o ilegal porque no deban pagar contribución por he-rencia o que se les cobra contra las disposiciones de cualquier estatuto, que son los casos mencionados en la ley No. 35 men-cionada, sino que aceptando que deben pagar contribución por herencia impugnan sin embargo que deban la cantidad que se les reclamó porque para su cómputo se.tomó como base la va-loración de la finca en el año 1914, en el que se trató de sa-tisfacerla, en vez de la valoración que tenía en el año 1903 cuando ocurrió la muerte de su causan Le y nació su derecho a la herencia por la cual se le cobra, valor que es menor y que por tanto no deben toda la cantidad que se les hizo pagar.

Esta cuestión fué también planteada en el caso Sucesión Puente v. El Pueblo et al., 19 D. P. R. 557, y después de un de-tenido estudio de ella, llegamos a la conclusión de que esta clase de reclamaciones no cae bajo los preceptos de la ley No.-35, supra', sino dentro del artículo 374 del Código Político. En esa opinión constan los extensos razonamientos que sirvieron de base a esa conclusión por lo que no los repetiremos ahora, con mayor motivo cuanto que no se ha alegado argumento al-guno que tienda a destruirlos. Fué seguida después en el caso de Puente v. El Pueblo et al., 19 D. P. R. 586.

Siendo, pues, de aplicación a este caso la doctrina referida no cometió error la corte inferior al declarar prescrita la ac-ción, toda vez que cuando se presentó la demanda en 6 de junio de 1914 ya habían transcurrido más de treinta días contados desde el 22 de mayo anterior en cuya fecha quedó ultimada por el Tesorero de Puerto Eico la valoración y cóm-puto de la contribución que debían pagar los demandantes.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada, la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. del Tobo,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Izquierdo, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en cansa por delito de asesinato en primer grado.

      No. 1103.
    Resuelto en junio 14, 1917.
    Asesinato en Primer Grado — Muerte al Perpetrarse un Escalamiento — Pre-meditación t Deliberación — Acusación.—Bajo una acusación en que se imputa al acusado el hecho de haber dado muerte ilegal a un ser humano, voluntariamente y con malieia premeditada y propósito firme y deliberado de causarla, demostrando tener un corazón pervertido y maligno, puede pro-barse que la muerte se perpetró al cometerse un delito de escalamiento.
    Id. — Sum cien cía de la Prueba. — El acusado alegó que la prueba era insuficiente, y examinada dicha prueba se resolvió: que no debía alterarse el veredicto del jurado.
    Abogado del apelante: Sr. Antonio Trujillo Giiil.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   Los Lechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn caso en el cual se impuso al acusado la pena de muerte. La acusación, en lo pertinente, dice así:

<:E1 citado acusado Rufino Izquierdo, allá en horas comprendidas en la noche del día 7 al 8 de agosto de 1915, y en el barrio de Colombia del Municipio de Mayagüez, P. R., territorio de la Corte de Distrito de Mayagüez, P. R., allí y entonces, ilegal y voluntaria-mente, y con malicia premeditada y propósito firme y deliberado, y demostrando tener un corazón maligno y pervertido, dió muerte al niño Ramón Mercado y Carbonell, conocido por Ramón "Valen-tín que era un ser humano, con un garrote, palo grueso, infirién-dole con dicho instrumento una herida contusa en la región malar derecha, contusión que produjo una fractura en el hueso maxilar superior, base del cráneo, que interesaba todo el cuerpo del hueso esfenoide y que produjo una profusa hemorragia que fué causa de la muerte ilegal e instantánea del referido Ramón Mercado Carbonell conocido por Ramón Valentín. ”

El acusado alegó su inocencia. Se celebró el juicio por jurado y éste, después de oir las alegaciones, las pruebas, las instrucciones ele la corte y los informes de las partes, rindió su veredicto declarando’ culpable al acusado del delito de asesinato en primer grado. La corte, en su oportunidad, dictó sentencia imponiendo al convicto la última pena.

La prueba fué circunstancial y tendió a demostrar que el crimen se había cometido al perpetrarse un delito de escala-miento en primer grado. La corte, entre otras, dió las si-guientes instrucciones al jurado:

“Existen pues, señores del jurado, tres clases de asesinato en primer grado: el que se perpetrq por medio de acecho, veneno o tortura; ustedes no tienen que vet con esa clase de asesinato porque no hay evidencia ninguna en este caso que tienda a establecer que la muerte fué causada por medio de acecho, veneno o tortura; se-gundo, el que ocurre al cometer, o' intentar cometer un delito de in-cendio, violación, escalamiento, robo o mutilación; y la tercera clase es el perpetrado en cualquiera otra forma voluntaria, deliberada y premeditadamente. Con lo que tienen que ver ustedes, señores del jurado, es la segunda clase de asesinato en primer grado, el que ocu-rre al cometer o intentar cometer un delito de escalamiento o de robo; con la tercera clase no tienen que ver porque aquí no se ha introducido evidencia de la premeditada y deliberada intención de •causar la muerte, que este acusado había prepensado, que había pre-parado la comisión de esta muerte.
“La corte instruye a los señores del jurado, que cuando lá muerte •es consumada al perpetrarse o intentarse la perpetración de algún robo o escalamiento, entonces existe prueba concluyente de la pre-meditación, y de deliberación por parte del matador, y si ha sido consumada la muerte voluntaria, deliberada y premeditadamente es contestado por el propio código y el jurado no podrá menos que optar por declarar al acusado culpable de asesinato en primer grado. ’ ’

El apelante alega que la prueba fué insuficiente y que hubo una variación tal entre la acusación y la prueba que implica la indefensión del acusado, y por ambos motivos, o por cual-quiera de ellos, solicita la revocación de la sentencia apelada. Estudiaremos primero la variación y luego la prueba.

En efecto, la acusación imputa a ■ Eufino Izquierdo la muerte ilegal del niño Ramón ■ Mercado, cometida volunta-riamente y con malicia premeditada y propósito firme y de-liberado, demostrando tener nn corazón pervertido y ma-ligno, y la prueba tiende a demostrar que el asesinato se per-petró al cometerse nn delito de escalamiento. ¿Constituye esto una variación fundamental que implique indefensión para el acusado? ¿Es necesario cuando se trata de un asesinato cometido al perpetrar un delito de incendio, violación, esca-lamiento, robo o mutilación, que se especifique así en el acta, acusatoria? ¿Son erróneas las instrucciones transcritas? Existe abundante jurisprudencia sobre la materia.

En el caso de People v. Giblin, 4 L. R. A. 757, el Juez Gray, de la Corte de Apelaciones de Nueva York, al emitir la opi-nión del tribunal,- se expresó así:

“La acusación está redactada en la forma de la ley común y en uno de sus cargos imputa que la muerte se había cometido volun-taria y criminalmente y con malicia premeditada. El acusado alegó que tal acusación no era suficiente para declararlo culpable de ase-sinato en primer grado, cometido mientras perpetraba un asalto criminal en la persona de Valentina Goelz. Sostiene que el delito está definido por la ley en forma alternativa, consistiendo en actos distintos, y por tanto, que la acusación debió expresar las circuns-tancias constitutivas de la ofensa ■ de acuerdo con el tercer proviso de la sección 183 del Código Penal, que califica-la muerte de un ser humano como constitutiva de asesinato en primer grado, cuando se cometiere sin el designio de matar, por una persona ocupada- en la comisión de, o en el intento de cometer, un delito grave.
“La objeción que se hace a la acusación es insostenible. Bajo ella se puede sostener una convicción de asesinato en primer grado por medio de prueba de que la muerte se realizó en la.perpetración de un delito grave. People v. Conroy, 97 N. Y. 62; People v. Villett, 102 N. Y. 254, 2 Cent. Rep. 890.
“Si la acusación contiene una exposición llana y completa de los hechos constitutivos del delito, y la prueba con respecto a la forma en que fué perpetrado lo coloca bajo una de las definiciones del esta-tuto sobre asesinato en primer grado, se cumplen suficientemente las exigencias de la ley.” 4 L. R. A. 758.

La Corte Suprema de Iowa, en State v. Johnson, reportado en 34 N. W. Rep. 177, dice:

“La acusación contiene dos cargos; en cada uno dé ellos se alega la premeditación, deliberación y otros elementos necesarios para cons-tituir el delito de asesinato en primer grado. El segundo cargo alega además que la muerte se perpetró por medio de acecbo. En ninguno de los cargos se expresa que el crimen se realizó al perpetrarse un incendio malicioso, violación, robo o escalamiento. La corte instruyó' al jurado en el sentido de que si ellos encontraban que la muerte fué ocasionada al perpetrarse un robo, era asesináto en primer grado. El abogado insistió en que, a falta de una alegación en la acusación expresando que la muerte tuvo lugar al perpetrarse un robo, el que surja tal hecho no autoriza un veredicto de asesinato en primer grado. Nuestra opinion es diferente. La acusación alega hechos suficientes para demostrar que la muerte ocurrió en circunstancias tales que constituyen un asesinato en primer grado. No era necesario alegar los hechos y circunstancias que rodearon el crimen. La acusación suficientemente sostiene la prueba de los hechos constitutivos del ase-sinato en primer grado, y bajo ella podía demostrarse que el crimen se había cometido al perpetrarse un robo.” 34 N. W. R. 177, 181.

La Corte ele Apelaciones en materia criminal del Estado de Texas, en Wilkins v. State, 34 S. W. Rep. 627, dijo:

‘ ‘ Se ataca la instrucción de la corte porque indicó al jurado que ‘todo asesinato cometido con malicia expresa es asesinato en primer grado/ y ‘que la ley declara que todo asesinato cometido en la per-petración o tentativa de perpetrar robo, es asesinato en primer grado.’
“La última manifestación se ataca porque la acusación en este caso solamente imputa el hecho del asesinato con malicia premeditada, y ninguna parte de ella imputa el asesinato al cometer o intentar cometer ‘el delito de robo. La alegación del apelante en ambos casos ha sido decidida en contra suya. Yéase Sharpe v. State, 17 Tex. App. 486; Giles v. State, 23 Tex. App. 281, 4 S. W. 886. No hubo error al de-finir el robo, porque está establecido que ba^jo una acusación de ase-sinato con malicia premeditada, el acusado puede ser convicto de asesinato en primer grado si se cometió en la perpetración o tenta-tiva de perpetrar robo. Era deber de la corte definir lo que se en-tiende por robo.” 34 S. W. R. 627, 628.

La misma doctrina se establece por la Corte Suprema de Missouri en los casos de State v. Foster, 38 S. W. Rep. 721, y State v. Meyers, 12 S. W. Rep. 516. La Corte Suprema de Arkansas, por el contrario, después de haberla aplicado en Rayburn v. State, 63 S. W. Rep. 356, reconsideró luego su de-cisión desestimándola. 63 S. W. Rep. 359.

Los razonamientos de las cortes de Nueva York, Iowa, Texas y Missouri, son convincentes y siendo nuestra ley penal similar a la que rige en dichos Estados, deben aplicarse para resolver la cuestión suscitada en este caso.

Examinemos la prueba. Una noebe, al regresar a su casa, a eso de las dos o las tres de.la madrugada, Julián Valentín encontró a su mujer, María Santiago, tendida en el suelo, muerta, y al niño que con ellos vivía, Ramón Mercado, bañado en sangre, en su cama, y también muerto. Valentín salió en busca de auxilio, y regresó con su convecino Simón Villar. Este le aconsejó que no tocara nada y que diera cuenta a la justicia. Así lo hicieron. Llegó la policía, luego el Fiscal y se inició esta causa. El médico que practicó la autopsia de Ramón Mercado, dijo: “era un niño trigueñito, como de siete a ocho años, de constitución endeble. * * * presentaba dos heridas contusas en la cara, * * * y una hemorragia bastante grande en la parte exterior; después, cuando prac-tiqué la autopsia, encontré que el hueso malar estaba total-mente destruido, estaba fracturado, había multitud de es-quirlas ahí completamente desprendidas, adheridas a los tejidos blandos; más adentro encontré que el hueso maxilar estaba destrozado, el temporal estaba también fracturado y la base cigomática del temporal estaba también fracturada, desprendida; más profundamente encontramos una fractura, extensa en toda la base del cráneo que cogía el esfenoide en toda su extensión y al final del esfenoide una gran cantidad, una gran masa de sangre coagulada. ’ ’

¿ Quién ocasionó la muerte de Ramón Mercado ? La prueba en cuanto a este extremo es toda circunstancial.

Julián Valentín vivía en las afueras de Mayagüez en un sitio denominado Colombia. Se dedicaba al negocio de ca-rros de carga tirados por caballos. Rufino Izquierdo traba-jaba con él desde irnos días con anterioridad al suceso. Este ocurrió un sábado por la noche. Al atardecer de ese sábado, Julián y Rufino regresaron a la casa del primero. Julián Valentín declaró en el acto de la vista, en resumen, que una vez que llegó con Izquierdo a su casa, en donde estaban su mujer y el niño, dijo a aquélla que le diera comida a Rufino; luego se bañó y vistió y su mujer le sirvió la comida y lo peinó; que salió de nxievo acompañdo de Izquierdo con quien se dirigió a la casa mercantil de Esmoris para arreglar las cuen-tas de la semana; que quiso entregarle a Rufino un peso, pero éste se limitó a recibir una peseta y a tomar su libreta para liquidar su cuenta luego, y que se separaron entonces. Va-lentín estuvo en el teatro, luego jugando lotería, y a su regreso se encontró con la escena que dejamos descrita. Ya sabe-mos lo que hizo. Estando en su casa con su convecino Villar, notó que le faltaban un “revólver, unas pulseras, unos aros y un relojito chiquito,” prendas que se encoritraron al día si-guiente cerca de la casa de Rufino Izquierdo, envueltas en una camiseta de éste. Esta circunstancia relacionó a Izquierdo con el crimen y acto seguido se dirigió la investigación contra él.

■ Izquierdo declaró primero ante el Riscal y luego, como su propio testigo, en el acto de la vista. Dijo, en resumen, que trabajaba con Julián Valentín y fue a la casa de éste, como de costumbre, a dejar los caballos de los carros; que en la casa ■estaban la mujer y el niño; que la mujer después de servirle la ■comida, se puso a peinar a Valentín y. como le tirara duro, surgió un disgusto, que continuó con motivo de la venta de unos cerdos. Que Valentín agredió con el puño a su mujer y ésta cayó al suelo. Que el niño gritó llamando a su mamá y entonces Valentín le dió con un palo. Que hecho esto, Valentín le pidió que no lo descubriera y al efecto le entregó las pren-das para que las tirara o hiciera de ellas lo que quisiera, a fin de que la justicia creyera que se trataba de un robo. Que convino en ello y salió con él y fueron a casa de Esmoris a arreglar cuentas. Acompañó a Valentín hasta el teatro y s© retiró a dormir, acostándose a eso de las diez y media.

La declaración de Izquierdo quedó contradicha por el resto, de la' prueba así: Por Julián Valentín, cuya declaración de-jamos extractada; por Francisca Toro,- costurera que estuvoen la casa de Julián Valentín la noche del suceso poco tiempo después que salieron de ella Valentín y Pufino y encontró-vivos y sanos a la mujer y al niño y recibió de la mujer cierta, cantidad de dinero; por Pedro Mangual, Anastasio G-uzmán,. y Anastasio Soler, quienes vieron caminar a Izquierdo a eso-de las diez o diez y media de la noche por un sitio por donde podía irse al barrio Colombia, hecho que negó en su declara-ción Izquierdo; por Dionisio García, que entre nueve y media y diez, vió ir a Rufino Izquierdo para Colombia, hecho que también negó en su declaración Izquierdo; por Pascual Soto,, que asegura que Rufino no fué a dormir a su casa la noche del suceso, y por Nicasio Oliviery, que le vió como a las cinco y media de la mañana del domingo siguiente a la noche del sá-bado en que se perpetró el crimen tomando café en un chin-chorro. La manga del gabán del acusado se encontró -man-chada de sangre humana.

Esa es brevísimamente resumida, la evidencia practicada.. El jurado la estimó suficiente. Creyó a Julián Valentín y juzgó que la historia referida por Izquierdo no era cierta. La muerte violenta del niño Mercado quedó comprobada cum-plidamente por medio de prueba directa, y por prueba indi-ciaría la culpabilidad del acusado. Las manchas de sangrey sobretodo las prendas sustraídas de la casa de Valentín,, constituyen una acusación terrible contra Izquierdo. La de-claración de éste ante el jurado ocupa nueve páginas dé la. transcripción y si aún leyéndola se puede notar su vacilación, sus contradicciones, y lo inverosímil de su narración, no es ex-traño que el jurado que la escuchó de sus labios, la desechara. totalmente. Por el contrario la declaración de Valentín es lógica y quedó corroborada por todo el resto de la prueba con excepción de la declaración del acusado. El niño que fue asesinado vivía con Valentín y con su mujer desde hacían va-rios años. Cuando Valentín se unió a María Santiago, nada tenía y trabajando ambos prosperó llegando a adquirir tres casitas. Ella era una mujer hacendosa y se llevaba bien, se-gún su convecino Villar, con su marido.

Bajo tales circunstancias, no debe ni puede alterarse el veredicto del jurado. Procede la confirmación de la senten-cia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: En Juez Asociado Se. del Toso,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Ayuso, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en causa por delito de acometimiento y agresión con cir-cunstancias agravantes.
    No. 1172.
    Resuelto en junio 14, 1917.
    Acometimiento t Agresión con Circunstancias Agravantes — Agresión a un Funcionario Público. — En una acusación por delito de acometimiento y agresión con una piedra a un policía insular mientras practicaba un arresto, no es necesario alegar para que se entendiera perpetrado el delito, que el agredido, al recibir el golpe, cayó al suelo, aun cuando dicha circunstancia revela lo serio de la agresión; pero es imprescindible que en ella se consigne, a fin de que el delito imputado pueda calificarse como de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes, que el agredido era un funcionario público, por lo que no procede una moción para que se elimine este particular de la acusación.
    Aereciación de la Prueba — Prueba Contradictoria. — Cuando la corte senten-ciadora dirime el conflicto de la prueba dando crédito a los testigos de cargo, y no se demuestra que actuara movida por pasión, prejuicio o parcialidad o que cometiera algún error manifiesto, debe prevalecer su conclusión.
   Los hechos están expresados en la opinión.

Abogado del apelante: Sr. Manuel Rodrigues Berra. .

Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

En Juez Asociado Se. del Toso,

emitió la opinión del tribunal.

El Fiscal de línmaea.o imputó a Roíanlo Ayuso un de-lito de acometimiento y agresión con circunstancias agravan-tes consistente en haber acometido y agredido ilegal, volun-taria y maliciosamente, con una piedra, en Tabucoa, en la noche del 24 de diciembre de 1916, al jefe de la Policía Insular del distrito, Julio Castilla, que se encontraba prac-ticando un arresto, conociendo el acusado que Castilla era tal funcionario público.

El acusado solicitó por moción que se eliminara de la acu-sación la circunstancia de que, al recibir la pedrada, Castilla había caído al suelo, y la de que Castilla era un funcionario público. La moción fuá desestimada. La primera circuns-tancia no era en verdad necesario alegarla. Para que se entendiera perpetrado el delito, no era imprescindible que el agredido hubiera caído al suelo a consecuencia del golpe. Sin. embargo, dicha circunstancia revela lo serio de la agresión. La segunda era imprescindible consignarla en la acusación para que el delito imputado pudiera calificarse como lo cali-ficó el Fiscal de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes. Si tal circunstancia no se hubiera alegado en la acusación, sólo hubiera podido perseguirse al acusado por el delito de acometimiento y agresión simple. ‘ ‘ Cuando se acusa por acometimiento y agresión grave,” dijo este Tribunal en El Pueblo v. Rivera, 23 D. P. R. 421, “es necesario especi-ficar en la acusación con toda claridad alguna de las circuns-tancias agravantes que expresa la sección 6 de la ley sobre acometimiento y agresión de 1904. (Leyes de 1904, p. 42,)” Véase El Pueblo v. Marini, 22 D. P. R. 11.

Se sostiene por el apelante que la corte erró al apreciar la prueba y que la sentencia no está sostenida por la prueba.

Examinada la exposición del caso se observa que el hecho de que el policía, vestido de uniforme y mientras practicaba el arresto de una persona en una de las calles' de un pueblo de la isla, fué agredido con una piedra que lé produjo un fuerte golpe en la cara, está plenamente demostrado. - La participa-ción del acusado quejló establecida por la declaración de José E. Nadal, joven de diez y seis años, que sostuvo siempre, sin vacilación alguna, en el largo interrogato'rio. a que fué, so-metido, que Eómulo Ayuso fué el que tiró la piedra contra el policía produciéndole el golpe que le bizo caer. La defensa presentó prueba tendente a demostrar que ni ’Ayuso ni Nadal se encontraron en el lugar de los sucesos. La córte sentenciadora dirimió el conflicto dando crédito, a Nadal y no habiéndose demostrado que actuara movida por pasión, prejuicio o parcialidad, o que cometiera algún • error manL tiesto, ctebe prevalecer su conclusión.

Procede lá confirmación de la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: En Juez Asociado Se. del Tobo,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Ayuso, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en causa por delito de infracción al artículo, 137 del Có-digo Penal.
    No. 1173.
    Resuelto en junio 14, 1917.
    Justicia Pública — Resistencia o Estorbo a un Puncionario Público en el Cumplimiento de sus Obligaciones — ’Conocimiento por el Acusado del Carácter del Funcionario Público. — Para que se entienda perpetrado el delito previsto y castigado en el artículo 137 del Código Penal, es necesario que el acusado conozca el carácter de funcionario público de la persona a quien resiste, demora o estorba en el cumplimiento de alguna de las obliga-ciones de su cargo, o al tratar de cumplirla.
    Id. — Id.—Acusación Suficiente. — Contiene todos los elementos esenciales del delito contra la justicia pública a que se refiere el artículo 137 del Código Penal, una acusación en que se alega que el acusado, en momentos en .qua el Jefe de la Policía Insular del distrito municipal llevaba arrestado a un individuo por la comisión da un delito de alterar la paz pública, ilegal, y voluntariamente le estorbó en el cumplimiento de sus deberes, agarrándolo por un brazo en actitud hostil y amenazadora, y dando lugar a que dicho funcionario desatendiera el arresto para poder hacer frente al acusado y reducirlo a la obediencia.
    Abogado del apelante: Sr. Manuel Rodríguez Serra.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   Los hechos están expresados en la opinión.

En Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

La acusación, en lo pertinente, dice así:

“El citado Angel Ayuso, en la noche del día 24 de diciembre de 3916 y en Yabucoa, que forma parte del Distrito Judicial de Hu-maeao, en momentos en que Julio Castilla, Jefe de Distrito de la Po-licía Insular de Yabucoa, llevaba arrestado a Julio Molinari por la comisión de un delito de alterar la paz pública, ilegal y voluntaria-mente estorbó a dicho jefe-de policía en el cumplimiento de sus debe-res, agarrándole por un brazo en actitud hostil y amenazadora, dando lugar a que dicho funcionario desatendiera el arresto del expresado Molinari para poder hacer frente al acusado y reducirlo a la obe-diencia ”

Y la ley infringida, es como sigue:

“Toda persona que voluntariamente resistiere, demorare, o estor-bare a cualquier funcionario público en el cumplimiento de alguna de las obligaciones de su cargo, o al tratar de cumplirla, siempre que no hubiere otra pena señalada, incurrirá en. multa máxima de cinco mil (5,000) dollars y cárcel por un término máximo de un año.”

Celebrado el juicio, el acusado fué condenado, a sufrir un mes de cárcel y a pagar cien dólares de multa, y no conforme, apeló para ante este tribunal. En su alegato expresa que la sentencia no está sostenida por la prueba y que la corte co-metió error manifiesto al apreciar la evidencia.

Cita el apelante los casos de Commonwealth v. Kirby, 56 Mass. 577, y Yates v. People, 32 New York, 509, para sostener su alegación de que para que se entienda perpetrado el de-lito que se imputó al acusado, es necesario que éste conozca el carácter de funcionario público de la persona a quien atacó. Tal es en efecto la verdadera doctrina. No se trata de la obs-trucción inconsciente de los deberes públicos de nn funcionario, sino del obstáculo creado de modo voluntario al resistir, de-morar o estorbar a cualquier funcionario público en el cum-plimiento de alguna de las obligaciones de su cargo, o al tratar de cumplirla.

La acusación que dejamos transcrita contiene todos los elementos esenciales del delito. T la prueba fué aún más clara todavía. Consistió en las declaraciones de Julio Cas-tilla, Jefe del Distrito de la Policía Insular, y de Enrique Bo-mero, policía insular, por parte del Fiscal, y de Antonio Castillo, el propio acusado, Francisco González, José M. Méndez y el Jefe Castilla, por parte de la defensa. Si se acepta, como aceptó la corte que los testigos del Fiscal dijeron la verdad, entonces resulta plenamente demostrado que en la noche del 24 de diciembre de 1916 el Jefe Castilla llevaba arrestado a Julio Molinari por una de las calles de Tabucoa, con dirección al cuartel; que varios jóvenes se oponían gri-tando uno de ellos: ‘‘¡Pueblo, sangre! ¡Mucha sangre! ¡Esto hay que corregirlo de alguna manera!;” que otro joven, dirigiéndose al acusado, le dijo: “Vamos tú, no dejes llevar a éste, no lo dejes .llevarque el acusado se lanzó, contra el jefe, viéndose obligado éste a darle con un bastón, yéndose entonces el preso que fué detenido por otro policía. La prueba de la defensa tiende a demostrar que Ayuso no cometió acción ilegal alguna. El conflicto fué resuelto dentro de sus facul-tades por la corte sentenciadora y de acuerdo con la repe-tida jurisprudencia de este tribunal, debe prevalecer su de-cisión en ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto.

Procede la confirmación de la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. del Toro,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Varela, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en causa por delito de acometimiento con circunstancias-agravantes.
    No. 1181.
    Resuelto en junio 14, 1917.
    Acometimiento con Circunstancias Agravantes — Calificación del Delito— Denuncia Suficiente. — Cuando el heeho que se imputa al acusado consta claramente descrito en el cuerpo de la denuncia y es constitutivo de un delito- ‘ de acometimiento con circunstancias agravantes de acuerdo con la ley sobre-acometimiento y agresión de 10 de marzo de 1904, la denuncia es bastante,, sin que sea un defeeto fatal el que en su encabezamiento sólo hable de aco-metimiento y se refiera al artículo 232 del Código Penal sustituido por dicha ley. Lo que determina la naturaleza del delito imputado en la denuncia, noes el nombre que se le dé, sino los heehos alegados en la misma.
    Juicio de Novo — Apreciación del Juez Municipal — Pena Excesiva. — La apre-ciación de un juez municipal al conocer de una causa, no obliga al de distrito-ai celebrarse el juicio de nuevo, pues -éste actúa como si se tratara de una causa que fuera por primera vez ante él. En tal virtud el juez de distrito puede imponer una pena mayor de la que impuso el juez municipal, actuando-siempre, desde luego, dentro de los límites de la fijada por la ley para el delito cometido, y esta corte no debe alterar la conclusión del juez de distrito a menos que se demuestre la existencia de alguna circunstancia por virtud-de la cual deba considerarse la pena excesiva.
    El apelante compareció en nombre propio.
    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Se. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La denuncia, base de este proceso dice así:

“Yo, Nicolás Cuevas, vecino de Aguada, calle'de la Paz, núnu 32, de 40 años, formulo denuncia contra Vicente Varela y Federico Varela por delito de acometimiento, art. 232 C. P., cometido de la manera siguiente: Que en octubre 28, 1916, y hora 10:30 A. M., frente a la plaza pública de Aguada, P. R., del Distrito Judicial Municipal de Aguadilla, P. R., los' referidos acusados allí entonces, voluntaria, maliciosa e ilegalmente, me acometieron: el primero con un puñal en la ínano y el segundo con dos piedras 'que cogía para tirarme y en sus actitudes amenazantes trataron de agredirme, lo que no pudieron efectuar a intervención de la misma mujer de Vicente Varela que se interpuso entre ambos. Siendo este hecho contrario a la ley para tal caso hecha y prevista, lo denuncio a los efectos de justicia, siendo testigos Pedro Ferrer y Ramón Ferrer, barrio de Gua-nábano. (Firmado) Nicolás Cuevas. Denunciante. Jurada ante mí hoy 30 de octubre de 1916. (Firmado) Joaquín Ríos. Secretario de la Corte de Paz de Aguada.”

El acusado fué juzgado y condenado por la Corte Municipal de Aguadilla, como autor de un delito de acometimiento con circunstancias agravantes, a pagar cincuenta dólares de multa y en su defecto a sufrir un día de cárcel por cada dólar que dejare de satisfacer. No conforme con esa sentencia, apeló para ante la corte de distrito, y celebrado un nuevo juicio, la corte lo declaró culpable y lo condenó a sufrir la pena de un año y medio de cárcel. El acusado recurrió en-tonces para ante este tribunal, señalando como errores co-metidos por la corte de distrito, 1, el haberlo condenado por acometimiento con circunstancias agravantes, cuando sólo fué acusado de acometimiento; 2, el haber apreciado la prueba erróneamente, y 3, el haber sido demasiado severa en la apli-cación de la pena.

1. El encabezamiento de la denuncia, en verdad, sólo habla de acometimiento y hace referencia a un precepto del Código Penal que fué sustituido por una ley de la Asamblea Legis-lativa. Pero si bien esto es así, el verdadero hecho que se imputa al acusado consta claramente descrito en el cuerpo de la denuncia y es constitutivo de un delito de acometimiento con circunstancias agravantes, de acuerdo con la ley vigente. Y eso basta.

“No importa que el Pisca],” dijo esta Corte Suprema, “ha-ya calificado erróneamente los hechos del delito de falsa repre-sentación e impostura, pues aquéllos son los que determinan el delito cometido y no la calificación del Fiscal. La acusa-ción no es por ello fatalmente defectuosa siempre que los actos constitutivos del delito estén alegados suficientemente, como en el presente caso. El error en la calificación no la vicia de nulidad.” El Pueblo v. González, 17 D. P. R. 1186, 1188.

“La circunstancia de que el denunciante calificara errónea-mente los lieclios expresados en la denuncia, como constitu-tivos de un delito determinado”- — también dijo ésta corte— “no es obstáculo alguno para que, si de los hechos expuestos se dedujere la comisión de un delito de la competencia de la corte municipal, proceda ésta a celebrar el juicio y a condenar al acusado por el delito realmente cometido.” El Pueblo v. Sánchez, 16 D. P. R. 718.

Y en el caso de El Pueblo v. Zambrana, 18 D. P. R. 758, expresó: “Lo que determina la naturaleza del delito impu-tado en una denuncia, no es el nombre que se le da en la misma, sino los hechos alegados en ella.” Véanse también los casos de El Pueblo v. Colón, 15 D. P. R. 84, y El Pueblo v. Vilches et al., 12 D. P. R. 195.

2. La prueba resultó contradictoria, pues mientras los tes-tigos de cargo aseguran que el acusado fué a la casa del per-judicado a provocarlo, y algún tiempo después, al encontrarlo en la calle, le acometió con un puñal; los de descargo dicen que fué el denunciante el que trató de acometer con un revólver al acusado. El conflicto se resolvió por la corte de distrito en contra del acusado, y como éste no ha demostrado que la corte actuara movida por pasión, prejuicio o parcialidad, o que cometiera algún error manifiesto, no cabe alterar su decisión.

3. Como hemos visto, el acusado fué condenado por la corte municipal a cincuenta pesos de multa, y a un año y medio de cárcel por la corte de distrito. La apreciación del juez municipal no obliga al de distrito. Este aprecia los hechos a virtud de un nuevo juicio y actúa como si se tratara de una causa que fuera por primera vez ante él. La pena de año y medio de cárcel está dentro de los límites fijados por la ley, y no habiéndose demostrado la existencia de ninguna circuns-tancia por virtud de la cual debiera considerarse excesiva dicha pena, 110 cabe modificar la sentencia recurrida que debe, por el contrario, confirmarse en todos sus extremos.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres.■ Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sb. Aldbey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Pérez, Acusado y Apelante.
    Apelacióít procedente de la Corte de Distrito de San Juan,. Sección Segunda, en cansa por delito de acometimientoy agresión con circunstancias agravantes.
    No. 1169.
    Resuelto en junio 14, 1917.
    Cortes Municipales — Cortes de Distrito — Jurisdicción — Apelación de un. Delito Sobre el que no Tiene Jurisdicción la Corte Municipal. — Una. corre municipal' no tiene jurisdicción para conocer de una denuncia que imputa un delito grave, por lo que tampoco la tiene la corte de distrito para conocer-de la misma en grado de apelación.
    Acometimiento y Agresión con Circunstancias Agravantes — Mutilación-Jurisdicción Exclusiva. — Aun cuando la sentencia de la corte municipal sea por el delito menos grave de .acometimiento y agresión con circunstancias agravantes si se imputa en la denuncia el delito grave de mutilación, esto-no confiere jurisdicción a la corte de distrito, en grado de apelación, pues si bien en esta clase de delitos puede el acusado ser declarado culpable del de acometimiento y agresión simple o con circunstancias agravantes de acuerdo-con el artículo 286 del Código de Enjuiciamiento Criminal, enmendado por-la Ley No. 22, de 11 de marzo de 1913, tal facultad ha sido concedida al. tribunal con jurisdicción original para conocer del delito de mutilación en vista del resultado de la prueba, esto es al tribunal de distrito, mediando-acusación fiscal que da derecho al acusado a ser juzgado por un jurado.
    Abogado del apelante: Sr. Enrique Campillo.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Sb. Aldbey,

emitió la opinión de!, tribunal.

En la Corte Municipal de Carolina se presentó la denuncia., qne en lo necesario dice así:

“Yo, Ramón Agüero, D. C. I. P.,- vecino de Carolina, P. R., calle de la Marina, mayor de edad, formulo denuncia contra Isaías Pérez por delito de mutilación (Inf. art. 212 C. P.) cometido de la manera siguiente: que en 19 de septiembre de 1916, y en el barrio de San Antón, del Distrito Judicial Municipal de Carolina, que forma parte del Distrito de San Juan, P. R., el acusado arriba expresado, de una manera ilegal, maliciosa, voluntaria y criminalmente y con el propó-sito de inferirle grave daño corporal, acometió y agredió con un machete al individuo Dámaso Díaz, produciéndole una herida sobre el labio superior y otra en la mano izquierda que le ocasionó la muti-lación de un dedo. Este hecho es contrario a la forma, eficacia y propósito de la ley para tal caso hecha y prevista y contra la paz y dignidad de El Pueblo de Puerto Rico. R. Agüero, denunciante.”

Celebrado el juicio y dictada sentencia condenatoria por delito de acometimiento y agresión con circunstancias- agra-vantes fue apelada para ante la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, y al comenzar en ésta el juicio de novo so-licitó el Fiscal que la corte rebajase .el grado del delito a acometimiento y agresión con circunstancias agravantes. No consta en la transcripción la resolución de la corte a esa pe-tición pero celebró el juicio y dictó sentencia condenando tam-bién por delito de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes. Esta sentencia ba sido apelada para ante no-sotros por Isaías Pérez.

Es indudable que la Corte Municipal de Carolina no tenía jurisdicción para conocer de una denuncia que imputa un de-lito de mutilación, que es un delito grave, porque la sección •cuarta de la ley de 11 de marzo de 1904, promulgada para reorganizar el sistema judicial y para otros fines, no le concede tal jurisdicción por lo que tampoco la tuvo la corte de distrito para conocer en grado de apelación de un delito sobre el que no tenía jurisdicción la corte municipal. 12 Cyc. 797, 2 R. C. L. pág. 34.

Es cierto que la sentencia de la corte municipal es por un delito menos grave,' pero esto tampoco confirió jurisdicción •a la corte de distrito porque si bien en los delitos por muti-lación puede el acusado ser declarado culpable del delito de acometimiento y agresión simple o con circunstancias agra-vantes, de acuerdo con el artículo 286 del Código de Enjui-ciamiento Criminal, enmendado por la ley No. 22 de 11 de marzo de 1913, esta facultad ba sido concedida al tribunal que tenga jurisdicción para conocer del delito de mutilación en vista del resultado de las pruebas, mas no la tiene la corte municipal porque ella no puede conocer del delito grave de mu-tilación. Además, por virtud de la apelación la sentencia de la corte municipal quedó sin efecto y la corte de distrito se encontró para celebrar el juicio de novo con la misma denuncia que se presentó en la corte municipal imputando un delito grave de mutilación, que no estaba presentada y jurada por un fiscal según exige la ley sin cuyo requisito no podía conocer de ese delito grave y el hecho de que el Fiscal le pidiera que bajase el grado del delito a acometimiento y agresión con circunstancias agravantes tampoco le dió jurisdicción sobre el caso pues quedaron subsistentes los hechos relatados en la denuncia, constitutivos de un delito grave, que necesitaba acusación del fiscal y que daba derecho al acusado a ser juz-gado por un jurado del cual se prescindió por la petición del fiscal y la actitud de la corte de distrito.

Por las razones expuestas la sentencia apelada debe ser revocada,- con instrucciones a la corte de distrito para que dicte otra anulando la de la Corte Municipal de Carolina.

Revocada la sentencia apelada, debiendo la corte inferior proceder a dictar sen-tencia anulando la de la corte municipal.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Pbesidente Sb. Heenández,

text:
    García, Demandante y Apelante, v. Costa et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre cobro de honorarios por servicios profesionales.
    No. 1566.
    Resuelto en junio 19, 1917.
    Servicios Profesionales — Asistencia Médica — Sociedad de Gananciales — Au-torización a la Mujer para Obligar a la Sociedad.- — Para que la mujer pueda obligar a la sociedad de gananciales por servicios profesionales de asistencia médica prestados a una hija que salió de la patria potestad por' virtud de matrimonio, y que ha formado hogar independiente y constituido con su esposo una sociedad de gananciales distinta, con cargas y obligaciones propias necesita estar autorizada por el marido, que os el administrador do-los bienes de la sociedad conyugal y tal autorización debe probarse.
    Abogado del apelante: Sr. Eduardo López Tizol.

    Abogados de los apelados: Sres. Francisco de la Torre y Pedro Gómez Laserre.

   Los lieclios están expresados en la opinión.

El Juez Pbesidente Sb. Heenández,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante Dr. Esteban tíarcía Cabrera presentó de-manda a la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., con súplica de qne los esposos demandados José Costa y Marco-lina Morales, fueran condenados a pagarle la suma de $505 en remuneración de servicios profesionales prestados, con más-las costas, gastos y desembolsos del pleito y honorarios de abogado.

Como hechos determinantes de su acción alega el deman-dante : que fue requerido en uno de los primeros días del mes-de noviembre 1914 por los demandados para que se hiciera cargo de la asistencia y curación de su hija Isabel Costa y Morales, enferma entonces en esta ciudad de San Juan, y a virtud de haber convenido demandante y demandados en que éstos paga,rían a aquél sus honorarios desde el día del requerimiento hasta la curación de la enferma, prestó sus servicios profe-sionales a diclia enferma por cuenta de los demandados du-rante el espacio de dos meses, más o menos, cuyos servicios, valora en la suma de $505 que se lian negado a pagarle los de-mandados no obstante los requerimientos y gestiones practi-cadas para su cobro.

Los demandados al contestar la demanda niegan que eí es-poso Juan Costa o la esposa Marcolina Morales, por sí o au-torizada por su esposo, bayan solicitado en ocasión alguna los servicios profesionales del demandante para asistir y curar a su bija Isabel Costa que es una mujer mayor de edad y ca-sada con Gaspar Forteza, a quien incumbía, si' acaso, la obli-gación cuyo cumplimiento se les reclama. ■ .

Celebrado el juicio la corte dictó sentencia en 16 de mar2o de 1915 por la que declara sin lugar la demanda con impo-sición de costas a la parte demandante. Esa sentencia está sometida a nuestra consideración a virtud de recurso de ape-lación contra ella interpuesto por el demandante.

Alega la parte apelante como motivos del recurso lós' si- ■ guientes:

Io. Que’ la corte cometió error en la apreciación de la prueba, (a) por estar la preponderancia de ella a favor del de.-mandante y en contra de los demandados, (b) por despren-derse de la misma que la demandada se obligó con el demanr dante a nombre de la sociedad conyugal, (c) por haberse pro-bado que el marido dió autorización a su esposa para que ordenara todo lo necesario para la curación de su bija enferma Isabel Costa; y 2o. que también cometió error por aplicación indebida de los artículos 61 y 1416 del Código Civil español derogados expresamente por nuestra legislatura.

La demanda se ba establecido bajo la teoría de que la sociedad de gananciales constituida por- los esposos deman-dados José Costa y Marcolina Morales convino con el deman-dante en pagarle los -honorarios que devengara por asistencia médica a la bija de aquéllos Isabel Costa y Morales. La corte de San Juan en la opinión que sirve de fundamento a su sen-tencia llegó a la siguiente conclusión:

“Para que la Señora Mareolina Morales pudiese obligar a la so-ciedad de gananciales en un caso como el presente, necesitaba estar autorizada por el administrador de la sociedad conyugal, y como no lia. habido prueba que demuestre que existió esta autorización, en-tendemos que el demandante no tiene derecho a exigir de los de-mandados la cantidad que reclama en la demanda.”

. Las pruebas practicadas en el juicio sostienen la anterior •conclusión y no encontramos razón bastante para ir contra ella. Yeámoslo. •

Testigo' Dr. Esteban Garda Cabrera. — A requerimiento de Gaspar Forteza, esposo de Isabel Costa, prestó asistencia mé-dica a ésta desde .los últimos días de, octubre de 1914 hasta el •10. u 11 de noviembre siguiente en que habiéndose encontrado con Mareolina Morales en la casa de la enferma habló con aquélla sobre el estado de su hija Isabel indicándole que en la casa no podía asistirla, en vista de lo .cual la madre lo auto-rizó para llevarla al hospital, pues ella y su esposo se hacían •cargo de la curación y se obligaban a satisfacer los gastos de su asistencia médica. Desde entonces siguió el testigo asis-tiendo a Isabel por cuenta de los esposos Costa-Morales, pues la esposa le dijo: “Doctor, trate a mi hija, hágase cargo de toda la asistencia, no la opere si es posible, porque yo le tengo miedo a las operaciones, pero todo lo que tenga que hacer há-galo por nuestra cuenta porque yo vengo por orden de mi es-poso a hacerme cargo de la curación de mi hija.” Ante esa manifestación la asistencia médica siguió desde entonces por cuenta de los esposos Costa.

Testigo Evaristo Freiría. — Llamó a Juncos por teléfono al padre de la'enferma, José Costa, comunicándole que era nece-saria su presencia en San Juan, pues su hija Isabel estaba muy grave y según la opinión médica había que llevarla al hospital ■ para salvarle la vida, siendo necesario que viniera para hablar a los médicos y también porque el marido no estaba en condi-ciernes económicas para sufragar ciertos -gastos que se origi-naran habiéndole contestado Costa qué si no podía venir él, vendría la señora, como efectivamente vino ésta al siguiente día. • '

Testigo Julia Cerdeiro. — Presenció la entrevista entre ei Dr. García Cabrera y Marcolina Morales habiendo dicho ésta al doctor que curase a su hija lo mejor que pudiese sin nece-sidad de operación, si era posible porque ella le tenía mu-chísimo miedo a la operación, pero que si no era posible la operase, y no omitiera ningún gasto porque ella venía de orden de su esposo y ambos pagarían todos los gastos que se hicieran para la curación de la enferma.

.Testigo José Costa. — Tuvo conocimiento de la enfermedad de su hija por conversación telefónica con Freiría. Niega ha-ber tratado con el Dr. García Cabrera sobre la curación de su hija y haber autorizado a su esposa para que viniera a esta ciudad a hacerse cargo de su asistencia y a pagar los hono-rarios devengados por el Dr. García Cabrera.

Testigo Marcolina Morales de Costa. — Tuvo una conver-sación con el Dr. García Cabrera en que el doctor le dijo ser necesario operar a su hija, queriendo el doctor que ella se comprometiera a pagar los honorarios de la operación, a lo que se negó sin que en la entrevista se tratara de otros gastos.

No liay duda alguna sobre la realidad de los- servicios pro-fesionales prestados por el demandante a la hija de los de-mandados, Isabel Costa de Forteza, y sobre la justa valora-ción de los mismos.

Las declaraciones del Dr. García Cabrera y de Julia Cer-deiro revelan que si la demandada Marcolina Morales se obligó a pagar los honorarios que aquél devengara por asistencia de la enferma, esa obligación se contrajo a nombre de la sociedad conyugal Costa-Morales; y faltando prueba, como estima el juez en su opinión, de que el demandado Costa autorizara a su esposa codemandada para contraer dicha obligación, no puede ser obligada la sociedad de gananciales Costa-Morales al pago de los honorarios que se le reclaman.

El artículo 1323 comprendido en la Sección 4a., Capítulo IY, Título III, Libro IY del Código Civil, cuya sección lleva por epígrafe “De las cargas y obligaciones de la sociedad de gananciales, ’ ordena en su número 1°. que ‘ ‘ serán de carg'o de la sociedad de gananciales, todas las deudas y obligaciones contraídas durante el matrimonio por el marido y también las que contrajere la mujer en los casos en que pueda legalmente obligar a la sociedad.”

La obligación de que se trata no fue contraída por el de-mandado José Costa y tampoco encontramos precepto alguno legal que autorizara a su esposa Marcolina Morales para con-traería obligando a la sociedad de gananciales.

• La parte apelante sostiene que la esposa demandada pudo obligar a la sociedad de gananciales, alegando que los ar-tículos 61 y 1416 del Código Civil español que se lo impedían no figuran en el Código Bevisadó.

Debemos bacer constar que el juez no funda su decisión en los artículos citados sino en el concepto de administrador de los bienes de la sociedad conyugal que el código vigente y el anterior reconocían al marido.

A la alegación de la parte apelante contestamos transcri-biendo lo que ya dijimos al resolver el caso de Longpré v. El Registrador de la propiedad de San Juan, 24 D. P. R. 896:

“Y no cabe decir que la supresión de los artículos 61 y 1416 del anterior código borró la necesidad de ese consentimiento (del con-sentimiento del marido para comprar la mujer con bienes ganan-ciales) porque el 159 del actual sólo le permite a la mujer emplear tales bienes en el único caso que menciona. La falta de capacidad en la mujer para emplear los bienes gananciales, a menos que su ma-rido consienta, es consecuencia del carácter de administrador que la ley le reconocía y le reconoce, y no provenía de la prohibición consignada en el artículo 61 suprimido que se refería a la incapacidad para contratar aún con sus bienes privativos sin permiso de su ma-rido, prohibición que ahora no tiene la mujer en cuanto a éstos. Corrobora nuestra opinión que el artículo 161 del actual código-permite a la mujer contratar por sí y comparecer en juicio para lo-que se refiera a la defensa de sus derechos o de sus bienes propios, lo que demuestra que no puede contratar por sí cuando no es con bienes propios como no lo son los gananciales. ’ ’

El mismo artículo 1323 del Código Civil ordena también en su número 5o. que será de cargo de la sociedad de ganan-ciales el sostenimiento de la familia, el cual según Manresa comprende la satisfacción de todas las necesidades de la misma, el deber de alimentos, o sea el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, como expresa el artículo 142 del Código Civil español (212 del revisado).

El anterior precepto no regula el presente caso en que se trata de servicios médicos prestados a una hija que salió de la patria potestad por su matrimonio con G-aspar Forteza, for-mando hogar independiente y constituyendo ambos la sociedad de gananciales de Costa-Forteza con cargas y obligaciones dis-tintas de las de Costa-Morales.

En apoyo de su contención invoca la parte apelante el artí-culo 1599 del Código Civil que cree aplicable al caso en con-sonancia con lo que dispone el 1313, pero aún en el supuesto de que dichos artículos pudieran gobernar el presente re-curso, no prosperaría éste por falta de prueba de los requi-sitos que el primero de esos artículos enumera.

Es de confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


text:
    Simó, Recurrente, v. El Registrador de Arecibo, Recurrido.
    Becubso ■ gubernativo contra nota del Begistrador de la Propiedad de Arecibo denegando la inscripción de una escritura de partición de bienes hereditarios.
    No. 312.
    Resuelto en junio 19, 1917.
    Partición de Herencia — Albaceas—Liquidación de la Sociedad Conyugal— Intervención del Cónyuge Viudo — Herederos Menores de Edad — Apro-bación Judicial. — Cuando las operaciones divisorias practicadas por un comi-sario nombrado por el testador, se extienden a la liquidación de la sociedad conyugal y existen hijos menores de edad, deben practicarse dichas opera-ciones con intervención del cónyuge viudo y de los menores hijos, represen-tados éstos por un defensor, debiendo también someterse dichas operaciones a la aprobación judicial.
    Abogado del recurrente: Sr. Manual Paz Urdas.

    El registrador recurrido Sr. Baúl Benedicto compareció en nombre propio.
   Los hechos están expresados en la opinión.

En Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Presentada en el Begistro de la Propiedad de Arecibo, a los efectos de la inscripción de cierta finca urbana compren-dida en la misma, la escritura de partición de bienes heredi-tarios de Don Manuel Padín Otero, otorgada por su albacea contador partidor Don José González Padín, el 28 de enero de 1917, el registrador se negó a inscribirla £< * * * por resultar de las operaciones divisorias haber en ellas menores interesados, sin que éstos se hallen legalmente representados, ni aprobadas aquéllas judicialmente, * * * Contra la nota del registrador, se ha interpuesto el presente recurso gu-bernativo.

Examinadas las operaciones de que se trata, se observa: 1°., que en ellas el albacea contador partidor no se limitó a dividir la herencia del testador, sino que, para cumplir su en-cargo, tuvo previamente que liquidar la sociedad de ganan-ciales que el testador tuvo constituida con su esposa, la recu-urente; 2°., que los menores hijos del testador y de la recia-' urente si estuvieron representados por alguien en dichas ope-raciones practicadas de tal modo, lo fueron por lá propia re-' cúrrente, y 3°., que las operaciones no se sometieron a la aprobación judicial.

Siendo esto así, es claro que debe confirmarse la nota re-currida. Nos limitaremos a -citar a Manresa, que además de exponer su opinión, resume las resoluciones de la Dirección General de los Registros sobre la materia, así:

“En muchos casos, para conocer el capital propio del difunto, que es el que ha de partirse, ha de preceder otra ope-ración: la liquidación de la sociedad conyugal y división de bienes por muerte de un cónyuge. Esta partición especial constituye un acto distinto y previo a la partición de la he-rencia. El contador, por sí sólo, no puede llevar a efecto esa liquidación y división que debe practicarse entre el cónyuge sobreviviente y los herederos del cónyuge premuerto. A lo más podría concedérsele su intervención en representación del causante o sus herederos para poder determinar, como acto previo y necesario, los bienes que entre dichos herederos debe después dividir.
“La resolución de 12 de noviembre de 1895, varias veces citada, declara en efecto, como es lógico y racional, que la li-' quidación de la sociedad conyugal y consiguiente determina-ción de las aportaciones de ambos cónyuges y de la parte de gananciales que a cada uno pertenece, son conceptos extraños y superiores a la simple facultad de hacer la partición de los bienes del testador, atribuida por lá ley en el artículo 1057 al comisario o contador.
“Esta doctrina lia tenido que repetirse por.la misma Dirección en resoluciones de 14 de marzo de 1903, 26 de febrero, 30 de abril, 25 de mayo y 5 de octubre de 1906. ’ ’

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“Las de 25 de mayo y 5 de octubre de dicho año, precisan aún más. Para que sea válida la partición hecha por el. con-tador, es preciso que éste la practique exclusivamente por sí sólo, y que se limite a la división del caudal propio del testador. Cuando además se realiza previamente la liquidación de la so-ciedad conyugal, como este acto es extraño a su misión, no sólo es indispensable la intervención del cónyuge viudo, sino que, además, si bay herederos menores de edad, éstos deben ba-ilarse representados por un defensor, y la partición debe ser aprobada judicialmente.

“En la práctica, suele prescindirse de este requisito, cuando interviene el viudo en la liquidación, y se baila conforme en la determinación de los bienes que no le corresponden, por es-timarse que el comisario representa y defiende a su vez los in-tereses del testador. No cabe duda, sin embargo, que la doc-trina sostenida en las últimas citadas resoluciones, es perfec-tamente legal.” 7 Manresa, Código Civil Español, 632.

• Debe confirmarse la nota recurrida,

Confirmada la nota, recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutcbison.