author: El Juez Presidente Señor Travieso El Juez Presidente Señor Travieso

text:
    Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, peticionario, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, demandado.
    Núm. 16.

    Sometido: Enero 15, 1945.

      Resuelto: Marzo 5, 1945.

      Son. Procurador General Interino Jesús A. González y A. D. Mar-chand Paz, Procurador General Auxiliar, abogados del peticio-nario; James R. Beverley, R. Castro Fernández y José López Baralt, abogados de la interventora, querellante en el caso principal.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En julio 9 de 1943, South Porto Rico Sugar Company (of New Jersey), corporación organizada bajo las leyes del estado de New Jersey, con su oficina principal en la ciudad de Newark en dicho estado, radicó una solicitud de apela-ción ante el Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, en la cual alegó en síntesis lo siguiente:

Que de acuerdo con la ley entonces vigente, la compañía apelante radicó su planilla de contribución sobre ingresos durante el período comprendido entre octubre 1, 1941 y sep-tiembre 30 de 1942; que en mayo 27 de 1943, el Tesorero de Puerto Rico envió a la apelante una notificación de de-ficiencia, correspondiente al año fiscal 1942, ascendente a la suma de $28,907.20; que el Tesorero determinó y fijó dicha deficiencia aumentando el‘tipo contributivo de 18 por ciento a-20 por ciento por el período comprendido entre octubre 1, 1941 a junio 30, 1942 y de 20 por ciento a 22 por ciento por el período de julio 1 a septiembre 30, 1942; que la ape-lante solicitó la reconsideración de la notificación de deficien-cia y la celebración de una vista administrativa y el Teso-rero denegó ambas- solicitudes. Como fundamentos legales de su apelación, la corporación apelante alegó que la impo-sición de un 2 por ciento adicional a las corporaciones ex-tranjeras, según lo dispone la Ley núm. 23 de noviembre 21, 1941 ((2) pág. 73) y la Ley núm. 20 de diciembre 3, 1942 ((2) pág. 97) es ilegal, nula e inconstitucional (a) porque niega a la contribuyente la igual protección de las leyes; (b) porque viola la regla establecida por la Ley Orgánica, que prescribe que las contribuciones deben ser uniformes; y (c) porque establece un discrimen ilegal en contra de las corporaciones extranjeras, por el mero hecho de no haber sido organizadas bajo las leyes de Puerto Rico,, todo ello en contravención de las enmiendas 5a y 14a de la Constitución Federal y de la sección 2 del Acta Orgánica de Puerto Rico, privando así a la contribuyente apelante de su propiedad sin el debido proceso de ley. El Tesorero formuló excep-ción previa, alegando que la demanda no aduce hechos sufi-cientes para constituir causa de acción.

En junio 28 de 1944, el Tribunal de Contribuciones dictó su decisión declarando con lugar la querella y ordenando al Tesorero recalcular la contribución de la corporación ape-lante al mismo tipo fijado por la ley para las corporaciones domésticas. No estuvo conforme el Tesorero y radicó ante esta corte una petición de certiorari en la cual nos pide que revisemos y anulemos la decisión recurrida.

Antes de entrar a discutir y resolver la cuestión legal y constitucional envuelta en el presente recurso, conviene ha-ce]1 constar que la- decisión del Tribunal de Contribuciones declara el estatuto inconstitucional solamente en cuanto a su aplicación a “toda corporación o sociedad extranjera cjue se halle dentro de la jurisdicción del país”, sin expresar opinión alguna en cuanto a la eonstitucionalidad de la ley en su aplicación a aquellas corporaciones o sociedades ex-tranjeras no domiciliadas ni admitidas a hacer negocios en Puei’to Rico, pero que derivan ingresos de fuentes radicadas en Puerto Rico. En la solicitud de.apelación radicada ante el Tribunal de Contribuciones, solamente se alegó que la ape-lante, South Porto Rico Sugar Co., es “una corporación or-ganizada bajo las leyes de New Jersey y dedicada a la com-pra y venta de azúcar y oíros productos, con oficinas prin-cipales en Newark, New Jersey, y en la ciudad de New York”. Del récord ante nos no aparece que dicha corpora-ción haya sido autorizada para hacer negocios en Puerto Rico o que los haya hecho sin obtener previamente una li-cencia. En el juramento de la petición aparece James R. Beverley firmándola como “agente de la apelante en este caso, una corporación extranjera no residente”. Debemos por lo tanto considerar y resolver el caso como si se tra-tara de una corporación extranjera, no domiciliada ni auto-rizada para hacer negocios en Puerto Rico, que ha derivado ingresos de fuentes radicadas dentro de esta jurisdicción.

La notificación -de deficiencia hecha por el Tesorero se basó en las disposiciones de la sección 28 de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos, según fué enmendada por la Ley núm. 23 de noviembre 21 de 1941, que lee como sigue:

“Sección 28. — (a) Se impondrá, cobrará y pagará por cada año contributivo sobre el ingreso neto de toda corporación o sociedad, una contribución del veinte (20) por ciento del montante del ingreso neto que exceda de los créditos provistos en la sección 34; excepto que las corporaciones y sociedades domésticas pagarán una contribución de dieciocho (18) por ciento.”

La citada sección 28 fué enmendada nuevamente por la Ley número 20 aprobada en diciembre 3 de 1942, aumen-tando a 22 por ciento la contribución de las sociedades y corporaciones extranjeras y a 20 por ciento la de las do-mésticas.

De la simple lectura de la sección 28(a), en la forma en que fué últimamente enmendada, resulta evidente que el propósito del legislador ha sido el de imponer a las corpo-raciones y sociedades domésticas una contribución de 20 por ciento del montante de sus ingresos netos, y a las corpora-ciones y sociedades extranjeras, sujetas a tributación en Puerto .Rico, una contribución de 22 por ciento del montante de sus ingresos netos. La contribución mayor — la de 22 por ciento — se les impone a unas y otras por el mero hecho de ser extranjeras o sea por no haber sido organizadas o cons-tituidas de acuerdo con las leyes de Puerto Rico.

En su resolución recurrida, el Tribunal de Contribucio-nes de Puerto Rico establece una distinción entre las corpo-raciones extranjeras “que se hallen dentro de la jurisdicción del país”, o sea aquéllas que se han registrado en Puerto Rico de acuerdo con la Ley de Corporaciones, y aquéllas que no han ‘sido autorizadas para dedicarse a negocios en Puerto Rico; y llega a la conclusión do que a las primeras no se les puede obligar a pagar la contribución de 22 por ciento.

Es indudable que la Legislatura puede dividir a los con-tribuyentes en varias clases e imponer a cada clase un tipo de contribución distinto al imponible a las otras. En el ejercicio de esa facultad, la Legislatura, al aprobar la sec-ción 28(a), supra, según quedó enmendada, estableció dos clases: (a) corporaciones y sociedades domésticas y (b) cor-poraciones extranjeras. Debemos, por lo tanto, considerar el estatuto como uno que impone un tipo de contribución mayor a todas las corporaciones extranjeras., o sea aquéllas que no han sido organizadas de acuerdo con las leyes de Puerto Eico.

En el caso de Ballester v. Tribunal de Apelación, 61 D.P.R. 474, esta Corte Suprema tuvo bajo su consideración la sección 1 de la Ley num. 159, Leyes de Puerto Rico (1941, (1) pág. 973) que imponía un tipo de contribución más alto sobre el ingreso de un extranjero residente, que sobre el in-greso de un ciudadano residente. Resolvimos que dicha dis-posición legal es inconstitucional y nula porque infringe las cláusulas de la Carta Orgánica relativas a la igual protec-ción de las leyes y la uniformidad en las contribuciones.

La clasificación establecida por la sección 28(a) supra, está basada únicamente en la extranjería de las corporacio-nes o sociedades organizadas fuera de Puerto Rico. De acuerdo con la letra del estatuto, bastará que una corpora-ción o sociedad que recibe beneficios de fuentes radicadas en Puerto Rico haya sido organizada en uno de los estados de la federación americana o en un país extranjero, para que se le imponga la contribución de 22 por ciento aplicable a las corporaciones extranjeras y no la de 20 por ciento apli-cable a las corporaciones domésticas, sin que la ley distinga entre las corporaciones extranjeras autorizadas para hacer negocios en Puerto Rico y las que no lo han sido.

Para que una clasificación merezca ser considerada como legal es necesario que esté basada en “alguna distinción que pueda racional o imparcialmente constituir la razón para la diferencia en la contribución”. Rivera Ayala v. Corte, 62 D.P.R. 513, y San Juan Trading Co. v. Sancho Bonet, 114 F. (2d) 969. La Corte Suprema Federal, en Bell’s Gap R. R. Co. v. Pennsylvania, 134 U. S. 232, sostuvo que “los dis-crímenes claros y hostiles contra clases y personas particu-lares, especialmente aquéllos de carácter poco común, des-conocidos a las prácticas de nuestros gobiernos, pudieran contravenir la prohibición constitucional”. Véase: 4 Cooley on Taxation, 3486, Sec. 1752 (1924 ed.); y Hartford S. B. I. & Ins. Co. v. Harrison, 301 U. S. 459, 81 L. ed. 1223.

La cuestión sobre la constitucionalidad del estatuto debe necesariamente dividirse en dos: (1) en cuanto a su aplicación a corporaciones extranjeras que han obtenido licencia para hacer negocios en Puerto Rico; y (2) en cuanto a su aplicación a las corporaciones extranjeras que no han cumplido con ese requisito.

1. El artículo 2 de la Ley Orgánica de Puerto Rico dis-pone :

“No se pondrá en vigor en Puerto Rico ninguna ley que privare a una persona de la vida, libertad o propiedad sin el debido proce-dimiento de ley, o que negare a una persona de dicha isla la protec: ción igual de las leyes.” (párrafo 1.)
“Las leyes para la imposición de contribuciones en Puerto Rico serán uniformes.” (Párrafo 22) (Bastardillas nuestras).

La Enmienda Catorce de la Constitución de los Estados Unidos .prescribe que ningún estado privará a ninguna persona de su propiedad sin el debido procedimiento de ley ni negará a ninguna persona dentro de su jurisdicción la pro-tección igual de las leyes.

¿Es una corporación extranjera que ha sido autorizada de acuerdo con las leyes insulares para emprender negocios en Puerto Rico, una persona de dicha Isla o dentro de su jurisdicción, con derecho a la protección igual de las leyes y por. consiguiente a que no se le imponga un tipo de tribu-tación mayor que el impuesto por la ley insular a las cor-poraciones domésticas?

La pregunta que hemos formulado debe ser contestada afirmativamente. Es doctrina firmemente establecida la de que “una corporación a la cual se ha permitido entrar a un estado y emprender allí sus negocios, puede reclamar, lo mismo que puede hacerlo un individuo, la protección, de la Enmienda Catorce contra una aplicación subsiguiente, a ella, de la ley del estado ” y que una corporación, aún cuando no es un ciudadano dentro del significado de la cláusula so-bre privilegios e inmunidades (Paul v. Virginia, 8 Wall. 168 19 L. ed. 357) “es una ‘persona’ dentro del significado de las cláusulas sobre igual protección de las leyes y debido procedimiento de ley”. La protección igual de las leyes significa la sumisión a leyes iguales, aplicables por igual a todos los que se encuentren en la misma situación. Cuando una corporación extranjera, por haber obtenido una licencia para emprender negocios dentro, de un estado se convierte en una persona dentro de la jurisdicción de ese estado, desde ese momento adquiere el derecho a gozar de los mismos de-rechos que la ley concede y'a soportar las mismas cargas que la ley impone a las demás personas colocadas en la misma situación.

El caso de Hanover Fire, Ins. Co. v. Harding, 272 U. S. 494, 71 L. ed. 372, presenta hechos muy similares a los del caso de autos. Desde el año 1869 el estado de Illinois aprobó una ley por virtud de la cual toda compañía de seguros ex-tranjera, autorizada para hacer negocios en Illinois, venía obligada a presentar anualmente un informe de los ingresos netos de la agencia que tuviere establecida dentro del estado. Esos ingresos netos debían ser incluidos en las listas de pro-piedades sujetas a tributación y sobre ellos debía imponerse y cobrarse la contribución impuesta por la ley a la propie-dad personal. Las corporaciones domésticas no estaban obli-gadas al pago de esa contribución. En el procedimiento de injunction incoado por la Hanover Fire Ins. Co., ésta alegó que la citada ley le negaba la protección igual de las leyes del estado de Illinois y era, por ese motivo, inconstitucional. La Corte Suprema de Illinois sostuvo la validez del estatuto, alegando como fundamento de su decisión que el pago de la contribución sobre sus ingresos netos es parte de la .condi-ción que la peticionaria, como corporación extranjera, estaba obligada a cumplir para poder mantener y conservar su de-recho a hacer negocios dentro del estado. La Corte Suprema resolvió, que aun cuando se ha establecido que las corpora-ciones extranjeras no tienen derecho a emprender negocios dentro de un estado, excepto mediante el consentimiento del estado, y. que éste puede arbitrariamente excluirlas o impo-nerles condiciones para permitirles emprender negocios den-tro de su jurisdicción, existe una importante limitación de esa facultad del estado y es que “el estado no puede exigir, como condición para que la corporación pueda dedicarse' a negocios dentro de sus límites, que los derechos que a la corporación garantiza la Constitución de los Estados Unidos puedan ser infringidos”. La sentencia de la Corte Suprema de Illinois, por la cual se denegó el injunction, fué revocada, expresándose la Corte Suprema Federal en los siguientes términos:

“Al examinar una ley del estado, que impone una contribución a las corporaciones extranjeras, para determinar si esa contribución viola la cláusula de protección igual de la Enmienda 14a., se hace necesario trazar una línea entre el gravamen impuesto por el estado por la licencia o privilegio para emprender negocios dentro del mismo y el gravamen contributivo {tax burden), en el cual, una vez obte-nido el derecho a emprender negocios, la corporación extranjera debe tener una participación igual a la de todas las corporaciones y demás contribuyentes del estado. Con respecto a los derechos de admisión, por así llamarles, que la corporación debe pagar para convertirse en un cuasi-eiudadano del estado y con derecho a los mismos privi-legios que los ciudadanos del estado, su importe está sujeto a la dis-creción del estado y cualquier desigualdad entre la corporación ex-tranjera y la doméstica, en cuanto a esos derechos, no cae dentro de la prohibición de la Enmienda 14a.; pero después de su admisión, la corporación extranjera ocupa un plano de igualdad y debe ser clasi-ficada con las corporaciones domésticas de la misma elase.
“Mediante el cumplimiento de todas las condiciones precedentes válidas, la compañía de seguros extranjera se eleva al mismo nivel de todas las otras compañías de seguro de la misma clase, domésticas, o extranjeras, dentro del estado, y las leyes contributivas que se le apliquen después de ser admitida dentro del estado deben ser consi-deradas como leyes aprobadas con el propósito de levantar rentas para el estado y deberán ajustarse a la cláusula de igual protección de la Enmienda 14a. ’ ’.

Aplicando la jurisprudencia que hemos citado, al caso de autos, nos yernos precisados a resolver que el Tribunal de Contribuciones de Puerto Eico no erró al sostener, como sos-tuvo, que la imposición a una corporación extranjera autori-zada para emprender negocios en esta Isla de una contribu-ción sobre sus ingresos netos, mayor que la contribución im-puesta por la misma ley y por igual concepto a las corpo-raciones organizadas de acuerdo con las leyes de esta Isla, negaría a esa corporación extranjera la protección igual de las leyes, en contravención de las disposiciones del párrafo 1 del artículo 2 de la Ley Orgánica, en contravención de lo dispuesto en el párrafo 22 del mismo artículo, que requiere uniformidad en la imposición de contribuciones.

¿Tiene una corporación extranjera, que no ha sido autorizada para emprender negocios en esta Isla, derecho a invocar las disposiciones de la Ley Orgánica Insular y de la Constitución Federal sobre protección igual de las leyes y uniformidad en la imposición de contribuciones?

Somos de opinión que esta pregunta debe ser contestada en la negativa. Las autoridades que hemos examinado sos-tienen que una corporación, lo mismo que una persona na-tur al, debe encontrarse “dentro de la jurisdicción del es-tado” para poder tener derecho a la protección igual de las leyes. La regla general es, que una corporación extranjera que no está haciendo negocios dentro de un estado y que no está sujeta al mandato (process) de sus tribunales, no es una “persona dentro de su jurisdicción” y no tiene por tanto derecho a la protección igual de las leyes de ese es-tado. Blake v. McClung, 172 U. S. 239, 43 L. ed. 432; 23 Am. Jur., Foreign Corporations, Sec. 50 y casos allí citados.

El Tribunal de Contribuciones no erró al resolver que el cobro a una corporación extranjera no autorizada para ha-cer negocios en esta Isla, de la contribución sobre el ingreso neto, a los tipos de 20 por ciento y 22 por ciento fijados por la sección 28 de la Ley núm. 23 de 1941 y por la misma sec-ción según fue enmendada por la Ley núm. 20 de 1942, no infringe precepto alguno de la Ley Orgánica ni de la Cons-titución nacional.' Empero, dicho Tribunal cometió mani-fiesto error al aplicar su correcta interpretación de la ley, a los hechos del caso.

Ya hemos hecho constar que de acuerdo con las alegaciones de la petición y sin que del récord aparezca nada en contrario, South Porto Rico Sugar Co. (of New Jersey) es una corporación extranjera, sin residencia en Puerto Rico y sin licencia para emprender negocios dentro de la Isla de Puerto Rico; y que la petición aparece firmada y jurada por James R. Beverley, como “apoderado de la apelante en este caso, una corporación no residente y extranjera”. Los hechos alegados en la petición fueron expresamente admitidos por el Tesorero, quien solicitó la desestimación de la querella. El caso quedó sometido por las alegaciones, haciendo - innecesaria la presentación de prueba.

No obstante lo que acabamos de exponer, el Tribunal de Contribuciones, después de admitir que South Porto Rico Sugar Co. es una corporación organizada fuera del país y que tiene sn domicilio en el estado do New Jersey, llegó a las siguientes conclusiones:

1. Que la corporación querellante se dedica a la compra de azúcar y otros productos en Puerto Rico y deriva ingresos de fuentes radicadas en Puerto Pico, “debiendo presumirse que lia cumplido con las leyes del país y que está autorizada a demandar y ser demandada aquí, y a hacer negocios en Puerto Pico, y que tiene oficina abierta en San Juan y pro-piedades en la Isla”.

2. Que por los hechos alegados por las partes y los pre-sumidos en el párrafo que antecede, la corporación apelante se halla dentro de la jurisdicción de Puerto Pico.

3. Que por hallarse dentro de la jurisdicción de Puerto Rico, la corporación apelante tiene derecho a la igual pro-tección de las leyes, no pudiendo por tanto imponérsele una contribución más alta que las impuestas a las corporaciones organizadas en Puerto Rico.

Las anteriores conclusiones son claramente erróneas. No están sostenidas ni por las alegaciones ni por prueba alguna; y están, además, abiertamente en pugna con las alegaciones de la propia apelante. La corporación recurrente, si bien alegó que se dedica a la “compra y venta de azúcar y otros productos”, ni alegó ni probó que esas compras y ventas se realizaran en Puerto Pico. No conocemos ley alguna que justifique la presunción de que una corporación extranjera y no residente que se dedica a la compra de azúcar, realiza esas compras dentro de la jurisdicción de la isla de Puerto Pico. [6] La alegada presunción de que South Porto Rico Sugar Co. ha cumplido con las leyes de Puerto Rico y está autori-zada para hacer negocios en Puerto Pico, o sea que por vir-tud de ese presunto cumplimiento se ha convertido en una persona dentro de la jurisdicción insular con derecho a la protección igual de las leyes, es insostenible, primero porque se deriva de o está basada en los hechos, ni alegados ni pro-bados, de que la corporación se dedica a la compra de azú-car en Puerto Rico, tiene oficina abierta en San Juan y po-see propiedades en Puerto Rico; [7] segundo, porque la pre-sunción legal, juris tantum, de que la ley fia sido cumplida, sólo puede ser invocada por aquellas personas que están obli-gadas a cumplir sus preceptos. Las corporaciones extranje-ras no están obligadas por ley alguna a registrarse en Puerto Rico. Es solamente cuando desean emprender negocios den-tro de la jurisdicción insular que la ley les impone la obli-gación de solicitar una licencia. [8] No existe, por tanto, presunción alguna en favor de la corporación extranjera que invoca la igual protección de las leyes. A ella le toca alegar y probar que es una persona dentro de la jurisdicción insular, por haber cumplido con la ley y obtenido licencia para hacer negocios en Puerto Rico. Aun cuando aceptáramos la existencia de dicha presunción, tendríamos que llegar a la ineludible conclusión de que la misma quedó controvertida por la propia apelante al alegar su condición de corporación ex-tranjera, no residente en Puerto Rico. [9] Tampoco puede presumirse que la corporación recurrente ha sido autorizada para hacer negocios en Puerto Rico, por el solo hecho de que dicha corporación deriva sus ingresos de fuentes radicadas en Puerto Rico, pues no cabe duda alguna de que una corpo-ración extranjera que posee acciones en una corporación do-méstica no está obligada a registrarse en Puerto Rico como condición previa para poder recibir los dividendos correspon-dientes a sus acciones. 23 Am. Jur. Foreign Corporations, Sección 25.

Por las razones expuestas, se revoca la decisión recurrida dictadla por el Tribunal de Contribuciones el 28 de junio de 19M y se devuelve, el caso a dicho Tribunal para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

EN MOCION DE RECONSIDERACION

Marzo 23, 1945

El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La interventora, South Porto Eico Sugar Company of New Jersey, no conforme eon la sentencia que dictamos en marzo 5 de 1945, solicita su reconsideración y nos pide que en su lugar dictemos otra declarando que la sección 28 (a) de la Ley de Contribuciones Sobre Ingresos es también an-ticonstitucional en cuanto a su aplicación a corporaciones extranjeras no autorizadas para emprender negocios en Puerto Eico.

Admite la interventora que nuestra decisión es correcta en cuanto sostiene que el derecho a la igual protección de las leyes sólo puede ser invocado por personas o corporaciones que se encuentren dentro de la jurisdicción insular. Su ataque a nuestra decisión se basa en que no apareciendo de las disposiciones del párrafo 22 del artículo 2 de la Ley Orgánica de Puerto Eico, al efecto de que “las leyes para la imposición de contribuciones en Puerto Eico serán uniformes”, limitación territorial alguna, dichas disposiciones deben proteger por igual a todas las personas y corporaciones, tanto a las que se encuentren dentro como a las que estén fuera de la jurisdicción insular. Añade la interventora que “si el Congreso Nacional hubiese deseado limitar la protección que dispone la cláusula de uniformidad, cuán fácil hubiese sido redactar dicha cláusula igual a la cláusulá sobre igual protección”, de manera que quedase redactada así: “Las leyes para la imposición de contribuciones en Puerto Eico serán uniformes, para toda persona de dicha Isla”.

La cláusula sobre uniformidad en la imposición de con-tribuciones tiene por objeto el de impedir discrímenes contra personas o corporaciones que se encuentren igualmente situadas. Es ésa la razón por la cual resolvimos que la con-tribución sobre los ingresos debía ser igual para las corpo-raciones domésticas y para las extranjeras que se hubieren domiciliado en Puerto Pico, obteniendo licencia para hacer negocios dentro de la jurisdicción insular. A esas corpora-ciones extranjeras así registradas en Puerto Pico, no se les puede imponer un tipo de contribución mayor que a las do-mésticas, por el solo hecho de ser extranjeras, sin violar los preceptos constitucionales sobre igual protección de las le-yes y uniformidad en la imposición de contribuciones.

En Ballester v. Tribunal de Contribuciones, 61 D.P.R. 474, se trató de imponer una contribución mayor a un ciudadano extranjero residente en Puerto Pico, basándose el Tesorero en la mera extranjería del contribuyente. Sostuvimos que la imposición era ilegal y violaba los dos enunciados precep-tos constitucionales.

No es convincente el argumento de que si el Congreso hubiese querido limitar la protección de la cláusula sobre uniformidad así pudo haberlo hecho con sólo añadir al final de dicha cláusula la frase “para toda persona de dicha Isla”. La adición de dicha frase hubiese quitado a la Legislatura la facultad de clasificar a los contribuyentes y la de impo-ner a cada clase un tipo de contribución distinto al impo-nible a las otras clases; y en ese caso cualquier persona o corporación domiciliada en la Isla podría exigir que' no se le impusiese un tipo de contribución mayor que el tipo mínimo impuesto por la ley a cualquiera otra persona o corpora-ción, no importa la clase de negocio a que dicha persona o corporación estuviese dedicada. El hecho de no haberse añadido al párrafo 22 del artículo 2 de la Ley Orgánica la limitación territorial sugerida por la interventora es la me-jor indicación de que el Congreso quiso dejar a la legislatura insular la facultad de clasificar a los contribuyentes y de imponer a cada clase un tipo de contribución distinto al de las otras clases.

En el ejercicio de esa facultad de clasificar a los contribuyentes, la legislatura insular por medio de la sección 28 (a) de la Ley de Contribuciones Sobre Ingresos dividió a las corporaciones en dos clases: (a) las incorporadas en Puerto Eico; y (b) las incorporadas en otras jurisdicciones. A las primeras les impuso una contribución de 20 por ciento de sus ingresos netos y a las segundas de 22 por ciento solve esos ingresos. Cuando el Tesorero trató de cobrar el impuesto mayor a corporaciones extranjeras que habían obtenido licencia para hacer negocios en Puerto Eico, por el mero hecho de ser extranjeras, sostuvimos que al así hacerlo el Tesorero estaba negando a esas corporaciones, que desde el momento en que obtuvieron la licencia se convirtieron en personas de esta Isla, la igual protección de las leyes, infringiendo al mismo tiempo la cláusula sobre uniformidad de las contribuciones. Fue en relación con la división de las corporaciones autorizadas para hacer negocios en Puerto Eico, en dos clases, (1) las organizadas en Puerto Eico, y (2) las extranjeras registradas en Puerto Eico, que sostuvimos que la clasificación era ilegal por no estar basada en “alguna distinción que pueda racional o imparcialmente constituir la razón para la diferencia en la contribución”.

La división de las corporaciones en dos clases, (1) las domésticas y las extranjeras autorizadas para hacer nego-cios en la Isla, y (2) las extranjeras no residentes en Puerto Eico, se basa en una distinción que a nuestro juicio consti-tuye una razón suficiente para la diferencia en el tipo con-tributivo. La corporación extranjera que recibe ingresos de fuentes radicadas en Puerto Eico, qué opta por permanecer en un estado de completa extranjería con respecto a la Isla, sin someterse a la jurisdicción de sus tribunales y sin con-tribuir en otra forma al sostenimiento del gobierno que protege las fuentes de donde deriva sus ingresos, no tiene de-recho a invocar la igual protección de la ley que requiere la uniformidad en la imposición do las contribuciones y a que se le incluya en la misma clase con las corporaciones organizadas y domiciliadas de conformidad con las leyes de esta jurisdicción.

La diferencia de 2 por ciento entre el tipo de la contri-bución impuesta a las corporaciones domésticas y a las ex-tranjeras registradas en esta Isla y el de la impuesta a las extranjeras no residentes, no es irrazonable ni arbitraria y debe ser sostenida como un ejercicio legal de la facultad le-gislativa para clasificar a los contribuyentes e imponerles tipos distintos de contribución.

No ha lugar a la reconsideración solicitada.

      (1) Connecticut Gen. Life Ins. Co. v. Johnson, 303 U.S. 77, 82 L. ed. 673; Bethlehem Motors Corp. v. Flynt, 256 U.S. 421, 65 L. ed. 1029.

        (2) Grosjean v. American Press Co., Inc. 297 U.S. 233, 80 L. ed. 660; Liggett Co. v. Lee, 288 U.S. 517.

        (3) Southern Ry. Co. v. Greene, 216 U.S. 400, 54 L. ed. 536. Véase: Ballester v. Tribunal de Apelación, 61 D.P.R. 474.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Travieso

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text:
    Guillermo Atiles Moréu, en su carácter de Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurrente, v. La Comisión Industrial de Puerto Rico, Etc., demandada y María P. de Jesús, lesionada.
    Núm. 341.

    Sometido: Febrero 5, 1945.

      Resuelto: Marzo 5, 1945.

      A. de Jesús Matos, J. Correa Suárez y A. Sandín del Manzano, abo-gados del Pondo del Seguro del Estado, abogados todos del re¡-currente; Virgilio Brunet, abogado de la lesionada.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El Administrador del Fondo, del Seguro del Estado nos pide que revisemos y dejemos sin efecto la resolución dic-tada en noviembre 13 de 1944 por la Comisión Industrial, declarando compensable el accidente sufrido por la profesora María P. de Jesús, por considerar que el mismo había ocu-rrido durante el curso y como consecuencia del trabajo que realizaba la peticionaria.

Los hechos, según aparecen del récord taquigráfico de la vista celebrada ante la Comisión, son como sigue:

La señorita María P. de Jesús fué contratada por el'De-partamento de Instrucción Pública para trabajar como pro-fesora en una escuela en el barrio “G-uzmán Arriba”, del municipio de Río Grande. Por no haber en dicho barrio un sitio donde pudieran hospedarse los profesores, la peticiona-ria y sus compañeros tomaban por las mañanas en Río Grande un automóvil que les conducía hasta un punto en la carre-tera en donde montaban a caballo o seguían a pie por una distancia de tres kilómetros, hasta llegar a la escuela; y por las tardes regresaban a Río Grande en donde tenían estable-cidas sus residencias.

Darío Franqui, chófer del automóvil que había de condu-cir a la peticionaria a la escuela el día del accidente, declaró que él fué a buscarla por la mañana temprano, como a las 7:15, y paró el carro como a doce o quince metros de la casa; que en esos días no se podía pasar porque habían hecho un zanjón para poner un cable y la tierra estaba un poco alta y había llovido; que cuando la señorita de Jesús estaba llegando al pie del carro resbaló y aunque él trató de aguan-tarla cayó al suelo y un zinc que había en aquel sitio la cortó ; que ella se cayó en el momento en que le echaba mano a la puerta del carro; que ella llevaba un montón de' libros y li-bretas, una carpeta y una capa de agua, pues estaba lloviz-nando.

La peticionaria empezó su declaración haciendo una rela-ción detallada de sus actividades cotidianas. Salía de su casa como a las 7:15 de la mañana y llegaba a la escuela como a las nueve menos diez. Permanecía en la escuela basta las cuatro de la tarde, y como la escuela está tan lejos del pueblo salía en seguida, tardando tres cuartos de bora o sea hasta las 4:45 para llegar a la carretera, en donde tomaba el automóvil para ir hasta Río Grande, llegando allí a las 5:30 p. m. Por no alcanzarle el tiempo para hacer en la escuela los planes para el día siguiente, se veía obligada a hacerlos en su casa por las noches o a las cinco y media de la mañana, antes de salir para la escuela. Para poder hacer los planes en su casa, tenía que traer de la escuela y llevar consigo al día siguiente todos los libros de “Problemas de la Comunidad”, un manual y unos cartelones. El día del accidente llevaba todo ese material escolar y además una capa y un paraguas, porque la escuela está cerca del Yun-que y allí llueve casi todos los días. El accidente ocurrió cuando fue a coger la puerta del carro y resbaló en la tierra que estaba húmeda, y “como iba con las dos manos llenas con libros y con la capa y con una cartulina, pues resbalé y me caí”.

Pedro Díaz Fonseca, Superintendente Auxiliar de Escue-las en Río Grande, declaró corroborando el testimonio de María P. de Jesús en cuanto al trabajo que ella realizaba como profesora y el viaje que ésta tenía que hacer todos los días para trasladarse de su casa a la escuela y viceversa.

Alega el Administrador recurrente que la Comisión erró al sostener que el accidente en este caso ocurrió durante el curso del trabajo de la profesora y como consecuencia del mismo; y también al resolver; que el desempeño del cargo de profesora crea la necesidad de un viaje, para ir al y ve-nir del trabajo, de suerte que durante el viaje la profesora se encontraba en el curso de su empleo. Cita en apoyo de su contención el caso de María Perez v. Comisión Industrial, 53 D. P. R. 960, en el cual decidimos, per curiam, que no era compensable el accidente ocurrido a una profesora de una escuela sita en la zona urbana de Bayamón, cuando al ir a abordar una guagua que habría de conducirla a la es-cuela, resbaló en la carretera, sufriendo las lesiones por las cuales reclamó compensación del Fondo del Estado. Basa-mos nuestra, decisión en la doctrina que caracteriza estos ac-cidentes como provenientes de los riesgos propios de la calle, a los que están expuestos todos los miembros de la comu-nidad.

Sostiene la profesora lesionada que la doctrina aplicable a su caso es la establecida por este Tribunal en Bacó v. Comisión Industrial, 52 D.P.R. 866 y Atiles, Administrador v. Arroyo, 63 D.P.R. 806. En el primero de dichos casos, des-pués de citar con aprobación la opinión del Juez Cardozo en Matter of Marks v. Gray, 251 N. Y. 90, 167 N. E. 181, resol-vimos que la regla (test) aplicable e's: “Si el trabajo a rea-lizarse por el empleado crea la necesidad del viaje, él está en el curso de su empleo, no obstante esté realizando al mismo tiempo un móvil propio. . . . Sin embargo, si el tra-bajo no ha desempeñado papel alguno al crear la necesidad del viaje, si el viaje se hubiera realizado aunque se abando-nara el motivo mercantil del mismo, y se hubiera cancelado al fracasar el móvil personal, aún sin cumplirse la parte mer-cantil del viaje, éste es entonces personal y el riesgo tam-bién lo es.” Aplicando esa regia al caso de Bacó, supra, de-cidimos que no era compensable el accidente ocurrido a dos empleados que se dirigían en el automóvil de uno de ellos, de una central al pueblo de Yauco, para tomar allí su al-muerzo, no obstante tener dichos empleados el encargo de recoger en el pueblo la correspondencia que allí tuviera su patrono, para entregársela en su oficina del campo.

El caso de María Pérez v. Comisión, supra, puede distin-guirse .fácilmente del de autos. La profesora Pérez vivía en el pueblo de Bayamón y la escuela en donde hacía su trabajo es-taba situada en el mismo. Ella podía ir a la escuela a pie o en guagua, de acuerdo con sus deseos o conveniencia. Su situación era idéntica a la del obrero que se dirige diaria-mente de su casa a la factoría y viceversa y sufre un acci-dente mientras se' encuentra en la vía pública. La doctrina aplicable'a esos hechos no puede ser otra que la conocida como “going and coming rule”, toda vez que el Fondo del Seguro del Estado no asegura al obrero contra todos los riesgos y solamente le compensa por accidentes sufridos du-rante el curso del trabajo y como consecuencia del mismo.

Las circunstancias especiales y extraordinarias del caso que estamos considerando nos llevan a concluir que la doc-trina aplicable es la de los casos de Bacó y Arroyo, supra.

La profesora María de Jesús vivía en el pueblo de Río Grande y trabajaba en una escuela situada en la montaña, a una distancia de siete kilómetros dél pueblo. Por no ha-ber en aquel sitio una casa en donde poder hospedarse, la profesora se veía obligada a viajar diariamente siete kiló-metros para ir a la escuela y siete para regresar por las tar-des a su casa en el pueblo. No pudiendo preparar en la es-cuela el trabajo del día siguiente, se veía obligada a llevar consigo los libros y el material escolar necesarios para pre-parar el trabajo en su casa y llevarlo al día siguiente a la escuela. El trabajo que tenía que hacer en un sitio, tan le-jano no solamente creó la necesidad de un viaje largo y ac-cidentado — parte en automóvil y parte a caballo o a pie — si que también la obligó a llevar ocupadas sus manos con el material escolar, colocándola así en un estado de indefensión contra cualquier accidente que pudiera ocurrirle durante el viaje. Es probable que si ella hubiese tenido sus manos li-bres en el momento en que resbaló, hubiese podido evitar el accidénte que le partió el tendón de Aquiles. Opinamos que los hechos y circunstancias extraordinarias de este caso jus-tifican la conclusión a que llegó la Comisión Industrial o sea que el trabajo de la profesora lesionada comenzaba cada día desde que salía de su casa, cargada de libros y material es-colar basta que regresaba a su casa por la tarde. De acuerdo con la prueba practicada, el accidente ocurrió durante el curso del empleo y como consecuencia del mismo.

La resolución recurrida debe, ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Snyder disintió.


author: . El Juez Asociado Señor Snyder

text:
    Junta Examinadora de Médicos de Puerto Rico, peticionaria, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. Pedro Pérez Pimentel, Juez, demandada.
    Núm. 1584.

    Sometido: Febrero 12, 1945.

      Resuelto: Marzo 5, 1945.

      Hon. Procurador General Interino Jesús A. González, Julio Suárez Garriga, Procurador General Auxiliar, y Dtibón <& Ochoteco, abo-gados de la peticionaria; Vicente Géigel Polanco, abogado del interventor, apelante en el pleito principal.
   . El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

La Ley núm. 26, Leyes de P. R., 1942 ((1) pág. 397), que declaraba la existencia de una emergencia, autorizó a la Junta Examinadora de Médicos “mediante el examen de re-válida que determina la Ley” a expedir “Licencia provisional para ejercer la medicina y cirugía en Puerto Rico, en el ramo de beneficencia pública . . a “todo médico graduado de una universidad reconocida por la Junta de Médicos Exa-minadores de Puerto Rico y que hubiere ejercido activa-mente su profesión en su país por período no menor de cinco años ...” quien tenga a bien “solicitar de dicha Junta que le expida licencias para ejercer su profesión en la Beneficen-cia Pública Municipal de la Isla . . .”. Dichas licencias expirarían “un año después de la terminación del actual con-flicto bélico . . . ”. Y podrán “revocarse por la misma Junta cuando el médico interesado se separare voluntariamente del servicio de beneficencia municipal . . . ”.

La exposición de motivos y las secciones 1 y 2 indican que el propósito de la Ley núm. 26 fue el hacer posible que Puerto Rico utilice los servicios de extranjeros que estuvie-ran dispuestos a venir a la Isla mientras durara la emergen-cia y que reúnan todos los requisitos para la expedición de una licencia permanente con excepción del de la ciudadanía.

De conformidad con dicha ley, la Junta expidió una licen-cia provisional a Gregorio Sicard Espinóla. Algún tiempo después la Junta comenzó los pasos necesarios para anular dicha licencia. La Junta celebró una vista del caso, y re-vocó la licencia del Dr. Sicard. Entonces éste radicó ante la Corte de Distrito un “escrito de revisión y apelación.” La Junta solicitó se desestimara la petición de revisión por falta de jurisdicción. La corte inferior declaró sin lugar esta moción. Considerando que era de interés público esta cues-tión de jurisdicción, expedimos el auto de certiorari a tenor con la Ley núm, 32 de 1943 (pág. 85) para revisar la reso-lución de la Corte de Distrito.

La Ley núm. 22, Leyes de P. R., 1931 (pág. 205), es un cuidadoso y completo estatuto diseñado para regular la práctica de la medicina en Puerto líieo a través de la Junta Examinadora de Médicos que dicha Ley crea. El artículo 23 provee un detallado procedimiento de conformidad con el cual la Junta tiene poder para anular temporal o permanen-temente, debido a ciertas causas específicas, la licencia otor-gada a un médico para ejercer su profesión. Este artículo finaliza con un Disponiéndose al efecto de que si la anulación o suspensión fuere por más de un año no será firme “mien-tras una corte de distrito no lo haya revisado y juzgado el 'caso; y la persona interesada x>odrá apelar para ante dicha corte (.¡.entro del término de treinta días.”

Arguye la Junta en este caso que el artículo 23 de la Ley núm. 22 de 193.1 sólo cubre las licencias permanentes y cier-tas licencias especiales que no están aquí envueltas, y por tanto dicho articulo no puede aplicarse & los hechos de este caso, ¡japosición es que la ley de emergencia — Ley núm. 26 de 1942 — es un estatuto especial con un propósito especial; que cubre totalmente y por sí sola todos los aspectos de licen-cias provisionales expedidas a extranjeros; y que ni es com-plementaria a ni es completarnontada por la Ley núm. 22 de 1931 ni por ninguna otra ley. Y toda vez que en la propia Ley núm. 26 no se encuentra derecho alguno para revisar las ac-'tuaeiones de la Junta al revocar una licencia provisional, la Corte de Distrito no tenía jurisdicción en este caso. En apoyo de esta teoría cita Carreras v. Comisión de la Policía Insular, etc., 60 D.P.R. 549; Carrero, et al. v. Diez & Pérez, S. en C., 27 D.P.R. 468; y Rodríguez v. Comisión de Indemnizaciones a Obreros, 28 D.P.R. 639.

Asumimos, sin decidirlo, que la Legislatura podía, de ha-berlo proferido, eliminar cualquier disposición en cuanto a la revisión de los procedimientos de la Junta por la Corte de Distrito. Por tanto es innecesario considerar los casos cita-dos por la Junta. Del mismo modo, no tenemos que exami-nar los casos citados por el Dr. Sicard para sostener sn teo-ría de que el dejar de proveer tal revisión violaría la cláu-sula del debido procedimiento. Esto es así porque somos de opinión que la legislatura tuvo la intención que la disposi-ción de revocación de una licencia temporal que se encuentra en la sección 4 de la Ley núm. 26 de 1942 estuviera rodeada por las salvaguardas contenidas en el artículo 23 de la Ley núm. 22 de 1931, incluyendo el derecho de que se revisara por la Corte de Distrito la decisión de la Junta en los casos en que la suspensión fuera por más de un año.

No podemos convenir con la Junta en que la Ley mim. 26 rige sola. Por el contrario, de su faz sus disposiciones asu-men la existencia de una ley básica creando la Junta y de-finiendo sus poderes. La Ley num. 26 amplía los poderes de la Junta con el fin de hacer frente a una emergencia. Pero la Ley núm. 26 está basada en la teoría de que la Ley núm. 22, creando una Junta, definiendo sus poderes y debe-res y señalando sus procedimientos, existe. Por ejemplo, la Ley núm. 26 dispone “el examen de reválida que determina la ley” a los médicos extranjeros que soliciten una licencia provisional de conformidad con la Ley núm. 26. ¿Pero qué “ley” dispone tal examen? Nos vemos obligados a recurrir a la Ley núm. 22 en busca de sus disposiciones en cuanto al examen. De la misma manera, concluimos, que cuando la Legislatura dispuso en la Ley núm. 26 que se revocaran las^ licencias, quiso decir que el estatuto básico — la Ley núm. 22 —supliría el procedimiento para ello. Y el artículo 23 de la Ley núm. 22 dispone que la Corte de Distrito revisará las actuaciones como las realizadas por la Junta en este caso. Parece que la propia Junta, por lo menos en las etapas ini-ciales del caso, compartía nuestra opinión, ya que durante su propia vista cumplió con todos los elaborados trámites que para ello dispone el artículo 23 de la Ley núm. 22 de 1931. La Corte de Distrito no cometió error al declarar sin lugar la moción de desestimación por falta de jurisdicción.

El auto de o&rtiorari será anulado.

      (1) Sección 4.

      (2) Sección 2.

      (3) Sección 6.

        (4) Sección 4.

      (5)Toda vez que el Dr. Sicard tendría derecho de acuerdo con la seeción 6 de lá Ley núm. 26 a ejercer la profesión durante un año después de la termina-ción de la presente guerra, es obvio que en el presente caso se le está privando de su derecho a ejercer por más de un año. s


text:
    Jenara Figueroa Vda. de Villafañe, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, Etc., demandada.
    Núm. 333.

    Sometido: Febrero 12, 1945.

      Resuelto: Marzo 6, 1945.

      Herminio A. Concepción, abogado de la recurrente; A. de Jesús Ma-tos, J. Correa Suárez y A. Sandín del Manzano, abogados del in-terventor, Administrador del Fondo del Seguro del Estado.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En la solicitud de revisión radicada en este caso, se alega que la recurrente lia estado asegurada con el Fondo del Se-guro del Estado, en su negocio de plantaciones de caña, du-rante los años económicos de 1937 a 1942 y que de confor-midad con la ley rindió oportunamente su nómina anual para los años 1940-41 y 1941-42, informando el montante de los salarios pagados a sus obreros durante los referidos anos, a fin de que el Administrador computara las primas correspon-dientes a su póliza; que en septiembre 17 de 1942, la recu-rrente fue notificada de la liquidación para el año 1941-42, ascendente a $241.82, y de las primas correspondientes al año 1942-43, montantes a $412.20, haciendo c-n total $613,07; que habiéndose solicitado la revisión por la Comisión Industrial y estando ol caso sometido a la Comisión, el Adminis-trador notificó a la recurrente una nueva liquidación, dejando sin efecto la anterior y haciendo liquidaciones finales para los años 1938 a 1942, ascendiendo el total a $1,035.88; que en septiembre 30 de 1943 la Comisión dictó una resolución declarando que la liquidación practicada por el Administrador por los años 1941-42 y 1942-43 era nula por no ajustarse a la ley; que posteriormente el Administrador consiguió (pie dicha resolución quedase sin efecto y que se celebrara, una nueva vista, después de la cual la Comisión dictó una resolu-ción desestimando la apelación interpuesta por la recurrente; y, por último, que la Comisión se negó a reconsiderar y con-firmó su resolución dictada el 15 de agosto de 1944.

La recurrente basa su recurso en cuatro señalamientos de errores que a su juicio han sido cometidos por la Co-misión.

K1 primer señalamiento es que la Comisión erró al resolver que el Administrador dól Fondo está legalmente autorizado para imponer a la peticionaria una penalidad de 25 por ciento sobre el tipo básico de 6 por ciento, sin dar al patrono una oportunidad de ser oído y presentar su defensa.

La imposición preliminar para el año 1942-43, notificada por el Administrador a la recurrente en septiembre 17 de 1942 (Exhibit 2) se basó en una nómina estimada de $5,496. La cuota o prima que se impuso a la recurrente fué calen-lacla aplicando el tipo básico de 6 por ciento, más el-25 por eiento de penalidad, o sea al 7.50- por ciento y ascendió a $412.20, suma qne fné incluida en la liquidación' final noti-ficada a la recurrente en enero 12 de 1943.

El artículo 24 de la Ley núm. 45 de 1935, “Ley de Com-pensaciones por Accidentes del Trabajo’’, en sn último pá-rrafo, lee así:

“El Administrador del Fondo del Estado de, igual modo tendrá derecho a cobrar individualmente a cada patrono en la misma indus-tria, el porcentaje de primas que a su juicio sea más justo y un re-cargo adicional sobre las primas que él fije, cuando por no hacerse uso de aparatos de seguridad industrial, por mala administración o debido a otras razones que no puedan explicarse satisfactoriamente al Administrador, ocurra en la fábrica, establecimiento o sitio de tra-bajo de dicho patrono, una serie de accidentes fuera de toda propor-ción con el número corriente, que ocurra en establecimientos, facto-rías o sitios de trabajo similares a los de otros patronos que se dedi-quen a la misma industria o negocio; y a tal fin, el Administrador queda por la presente autorizado para dictar las reglas que estime oportunas.” ‘

Es indudable que el estatuto que acabamos de transcribir confiere al Administrador la facultad de imponer y cobrar a un patrono individual un recargo adicional sobre las primas fijadas para la industria a que el mismo se dedique. Em-pero, no es esa una facultad que el Administrador pueda ejercer caprichosamente. Es requisito esencial para su legal ejercicio que en la fábrica o sitio de trabajo del patrono a quien se ha de imponer la penalidad de un recargo adicional hayan ocurrido una serie de accidentes fuera de toda pro-porción con el número corriente de accidentes ocurridos en otras factorías o sitios de trabajo dedicados a la misma in-dustria; y que esos accidentes hayan sido motivados por no haber usado el patrono aparatos de seguridad industrial o por mala administración o por otras razones que no puedan explicarse satisfactoriamente al Administrador. De eonfor-midad con la letra y el espíritu del estatuto, es evidente que el Administrador no está autorizado para imponer la pena-lidad del recargo adicional, sin dar antes una oportunidad al patrono para, si le fuere posible, explicar a satisfacción del propio Administrador las causas que motivaron el nú-mero extraordinario de accidentes ocurridos a sus obreros. Si se autorizara al Administrador para imponer estas pena-lidades, sin oír al patrono y sin darle una oportunidad de defenderse, el estatuto estaría en contravención con el pre-cepto de nuestra Carta Orgánica (art. 2, párrafo 1) de que “no se pondrá en vigor en Puerto Rico ninguna ley que pri-vare a una persona de la vida, libertad o propiedad sin el debido procedimiento de ley”. Véase: Alemañy v. Comisión Industrial, 63 D.P.R. 601.

En ninguna de las dos liquidaciones notificadas por el Administrador a la peticionaria se lucieron constar las ra-zones o motivos en que se basara el Administrador para im-poner a la peticionaria un recargo adicional de 25 por ciento sobre el tipo básico de 6 por ciento.

Del récord del caso, que tenemos a la vista, no aparece que la Comisión concediera en momento alguno una oportu-nidad a la peticionaria para presentar evidencia en apoyo de su alegación (párrafo cuarto, D, Solicitud de Revisión) de que la penalidad de 25 por ciento sobre el tipo básico le fue impuesta por el Administrador arbitrariamente, ya que dicho funcionario se basó en que en otros sitios de trabajo distintos al de la peticionaria había ocurrido un número des-proporcionado de accidentes, sin tomar en consideración el hecho de que en el sitio de trabajo de la peticionaria no ha-bían ocurrido tales accidentes. La Comisión se limitó a resolver que el Administrador está facultado por la ley para imponer recargos adicionales, sin' entrar a considerar si al hacer uso de esa facultad en el caso de autos se había ajus-tado a los términos del estatuto, cometiendo así el error im-putádole.

El tercero y cuarto señalamientos pueden ser considerados conjuntamente. Alega la recurrente que la Comisión erró al resolver que el Administrador tiene facultad para imponer primas a base de cálculos hechos por él, sin tomar en consideración las nóminas rendidas por el patrono de acuerdo con la ley; y que dicho funcionario actuó correctamente en el presente caso al fijar la prima a base de un coste de $2 por tonelada, de acuerdo con el número de toneladas de cañas molidas por la peticionaria y siguiendo el promedio de costo uniforme, para todos los patronos de la misma industria.

En la petición de revisión radicada ante la Comisión, la peticionaria alegó que el Administrador al fijar las primas no tomó en consideración las nóminas radicadas por la pe-ticionaria para los años 1940-41 y 1941-42, ascendentes so-lamente a $2,000 por cada año; y tomando arbitrariamente como base el tipo de $2 por tonelada de caña molida, hizo as-cender la nómina a $5,496.62 por cada año. Contestó el Ad-ministrador, que los jornales informados no guardan pro-porción con las actividades del patrono; que éste no demos-tró al Administrador ni el Administrador pudo comprobar, a pesar de las gestiones practicadas, que las nóminas infor-madas por el patrono representan el verdadero montante de los jornales realmente pagados por dichos años; y que por ese motivo, “en. el uso de su discreción, fijó, a los fines de computar la prima, un costo promedio de $2 por tonelada de caña molida”.

En la resolución recurrida, al resolver la cuestión plan-teada por estos dos señalamientos, la Comisión se expresó así:

“A las dos se llamó el caso y no estaban presentes ni el quere-llante ni su abogado, por lo que se esperó por ellos basta las dos y media, y en vista de que no llegaban, los abogados del Administrador, señores Correa y de Jesús, anotaron la rebeldía del querellante y so-licitaron se les permitiera presentar prueba en apoyo de la decisión del Administrador. Mientras se presentaba la prueba del Adminis-trador, a las tres menos veinte minutos de la tarde, entró a la sala de sesiones el abogado señor Concepción, quien dijo que había estado esperando por su cliente, pero que éste no había llegado.
“No hay duda, que es al apelante a quien corresponde demostrar que el Administrador se apartó de las normas prescritas por la Ley al imponer y fijar la prima, y no habiendo el querellante presentado evidencia alguna en apoyo de sus alegaciones, sería procedente que se desestimara de plano su solicitud, sin embargo, se oyó la prueba del Administrador que consistió en las declaraciones de los testigos Benigno Segarra y Enrique Ramírez Moll, ambos funcionarios del Fondo del Estado para la fecha de la imposición de las cuotas que son objeto de impugnación. Las declaraciones de estos testigos fueron en ¿1 sentido da que el patrono en todo momento negó llevar libros de contabilidad de clase alguna, y no tener libretas de jornales, ne-gándose a darle información alguna que les permitiera a ellos com-probar si las nóminas sometidas por el patrono eran o no un reflejo de la verdad, y como consecuencia de eso, procedieron a hacer la correspondiente investigación en la central Fajardo en donde el pa-trono molía sus cañas, y con otros vecinos colindantes del patrono y llegaron a la conclusión de que para los años 1940-1941, 1941-1942 y 1942 — 1948, este patrono molió más cañas y pagó mayor cantidad de jornales de las que él informó y que la imposición preliminar y liquidación final y provisional, montante en total a $613.07 es ra-zonable.
“Terminada la prueba del Administrador, el abogado, señor Con-cepción, solicitó se le permitiera a su cliente presentar su prueba y entonces este Comisionado le concedió un término de, cinco días, a partir de la fecha en que se celebró la vista, para que expusiera las razones que hubiere tenido para no comparecer a la vista, indicándole al abogado que se considerarían las razones que expusiera su cliente, y si éstas eran meritorias se reabriría el caso para darle oportunidad de presentar su prueba y si no lo eran el caso se resolvería con la prueba presentada por el Fondo del Estado. El término de cinco días ha expirado y el querellante no ha radicado escrito alguno en la Secretaría de esta Comisión, explicativo de las razones que tu-viera para no comparecer el día 7 de agosto corriente.”

Debemos.presumir, como lo presumió la Comisión, que al hacer la tasación de las primas impuestas a la recurrente el Administrador cumplió con las disposiciones de los artículos 25 (enmendado por la Ley núm. 160 de 9 de mayo, 1942), 26 y 27 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Tra-bajo. La Comisión ofreció a la recurrente una oportunidad de solicitar la reapertura del caso, para presentar sn prueba en contra de la presentada por el Administrador. La recu-rrente dejó pasar esa oportunidad y no puede ahora quejarse de que la Comisión haya dictado una resolución basada en la prueba aducida por el Administrador.

En el segundo señalamiento se alega que la Comisión erró al resolver que el Administrador podía imponer el tipo bá-sico de 6 por ciento sin antes notificar a los patronos y sin celebrar vistas públicas.

La resolución recurrida no contiene tal pronunciamiento. Lo único que resolvió la Comisión fué, que habiendo entrado en vigor los tipos impugnados el 1 de julio de 1942, y ha-biéndose radicado el escrito de revisión en 5 de octubre de dicho año, la Comisión carecía de jurisdicción para revisar la decisión del Administrador por haber expirado el término de treinta días dentro de los cuales debió haberse radicado ‘la petición de revisión, de conformidad con lo prescrito en el artículo 24 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, según quedó enmendado por la Ley núm. 160 de 9 de mayo de 1942 ((1) pág. 857).

Por las razones expuestas al discutir el primer señala-miento, se revoca la resolución recurrida en cuanto a la im-posición de la penalidad, se confirma en cuanto a los demás pronunciamientos, y se. devuelve el caso a la Comisión Industrial para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.


text:
    In re Angel Rivera Colón, querellado.
    Núm. 60.

    Sometido: Diciembre 15, 1944.

      Resuelto: Marzo 6, 1945.

      Benicio Sánchez Castaño j Dubón & Ochoteco, abogados del quere-llado; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogado de El Pueblo.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión, del tribunal.

Los hechos y antecedentes que han motivado este procedi-miento de disbarment, aparecen detalladamente expuestos en las opiniones emitidas por este Tribunal en el caso civil número 8639, “el menor Luis Calderón, representado por su madre Santiaga Calderón v. Manuel Cacho Vega”, resuelto en noviembre 24, 1943 (62 D.P.R. 620) y en el procedimiento de disbarment número 56, In re Víctor Rivera Colón y Angel Rivera Colón, querellados, resuelto en junio 1 de 1944, (63 D.P.R. 713). La repetición de dichos hechos haría innece-sariamente larga esta opinión. Creemos, sin embargo, que para la mejor comprensión de la cuestión aquí envuelta se hace necesario que hagamos una breve reseña de los hechos pertinentes al caso.

El niño Manuel Calderón, del pueblo de Morovis, recibió en la frente una patada de un caballo propiedad de Manuel Cacho. La madre del menor encargó de la reclamación de daños y perjuicios al abogado Víctor Rivera Colón y a su hermano, el aquí querellado, quienes estaban asociados en el ejercicio de la abogacía. Los referidos abogados radica-ron en 28 de octubre de 1938 ante la Corte de Distrito de Arecibo una demanda contra Manuel Cacho Vega, en recla-mación de daños y perjuicios por la suma de $5,000. Ha-biéndose negado la corte de distrito a consentir que se desistiera de la acción ante ella pendiente, por haberse radi-cado ante la Corte Municipal de Ciales, por los mismos abo-gados, otra demanda por la misma cansa, en la que se reclamaba la cantidad de $150 por daños al menor y $50 para honorarios de los abogados, éstos radicaron en la corte de distrito una demanda enmendada incluyendo a Ignacio Cacho como demandado, por ser éste arrendatario de la finca, y una moción en la que alegaron que estaban convenci-dos de que el demandado Manuel Cacho Vega no era res-ponsable por el accidente; que el único responsable era su hijo Ignacio Cacho, como arrendatario de la finca y dueño del caballo; y que Ignacio Cacho les había ofrecido la suma de $200 para transigir el pleito. Solicitaron la aprobación de la propuesta transacción y la corte, después de examinar al niño, al darse cuenta de las graves consecuencias de la herida recibida por el menor, resolvió no aprobarla. La demanda fué nuevamente, enmendada en enero 26 de 1939 para eliminar de ella a Ignacio Cacho, dejando como único demandado a Manuel Cacho Vega, por ser éste el solo dueño de la finca y del caballo.

El pleito iniciado en, octubre 28, 1938 fué por fin a juicio en agosto de 1941, recayendo sentencia a favor del menor por la suma de $1,300, costas y $200 para honorarios. La sentencia fué revocada y el caso devuelto a la corte inferior para la celebración de un nuevo juicio. Expondremos breve-mente los motivos que tuvimos para la revocación.

Manuel Cacho alegó como defensa que él no estaba en posesión de la finca ni se servía del caballo en la fecha del accidente. Para probarlo, ofreció en evidencia un contrato de arrendamiento de la finca celebrado entre él y su hijo Ignacio desde junio de 1937, formalizado en un documento privado redactado por el abogado Angel Rivera Colón. Pre-sentó además, ciertos records de la Administración de Ajuste Agrícola, de los que aparecía que a base de dicho contrato de arrendamiento, Ignacio Cacho venía recibiendo desde antes del accidente compensación de suelo en relación con el tabaco qne todos los años cultivaba en la finca. Al decla-rar Ignacio Cacbo en relación con el contrato de arrenda-miento, el abogado Angel Rivera Colón le preguntó si era o no cierto que en mayo de 1939 él había jurado una denuncia ante el Juez de Paz de Morovis, en relación con el hurto de unos ñames, en la cual denuncia él había hecho constar que los ñames hurtados eran propiedad de su padre Manuel Cacho, cuyos bienes él administraba. Ignacio contestó que así se había hecho constar por error de su cuñado, quien había preparado la denuncia, pero que lo cierto era que él era el arrendatario de la finca y dueño de los ñames hurta-dos, y que así lo había declarado ante el juez de paz en presencia del abogado de los acusados, el aquí querellado. Al terminar la evidencia' del demandado, el abogado Angel Rivera Colón ofreció su propia declaración para probar que el contrato de arrendamiento era una mera simulación. La Corte sostuvo la oposición del demandado y no permitió que el abogado declarase sobre comunicaciones de carácter pri-vilegiado. Porque creíamos que la corte inferior erró al apreciar la prueba y también al rechazar la declaración ofre-cida por Rivera Colón, sin antes investigar si éste había actuado como abogado de los contratantes o si se había limitado a actuar como mero instrumento para poner por escrito lo que ellos dijeron haber convenido, revocamos la sentencia y ordenamos la celebración de un nuevo juicio.

En la opinión que dictáramos al revocar la sentencia y ordenar un nuevo juicio, se hizo constar que la conducta pro-fesional de los abogados del menor — la que expusimos con todos sus detalles — nos parecía por demás extraña, razón por la cual se ordenó al fiscal de esta Corte que practicara una investigación. Practicada ésta, el fiscal radicó una que-rella solicitando el disbarment de los abogados Angel y Víctor Rivera Colón. Celebrada la vista de dicha querella, en junio 1 de 1944 dictamos una resolución censurando a los dos querellados por sns actuaciones en el caso del menor Calderón contra Manuel Cacho Vega. En la opinión que sirvió de base a dicha resolución hicimos constar expresa-mente que nos absteníamos de hacer pronunciamiento alguno “en cuanto a la participación que en la preparación de dicho contrato haya podido tener el querellado Angel Si vera Colón, pues no habiéndose formulado un cargo contra él sería im-propio que hiciéramos un pronunciamiento en cuanto a «Vos hechos, sin que el querellado haya tenido una oportunidad de ser debida mente informado del cargo y de presentar su defensa”: y, en consecuencia, ordenamos al fiscal que for-mulara una nueva querella contra el abogado Angel Rivera Colón en relación con la participación que haya podido tener en la preparación del alegado contrato simulado.

El 28 de .septiembre de 1944, el fiscal radicó una querella en contra del abogado-notario Angel Rivera Colón, formu-lando en contra de dicho abogado el siguiente cargo:

“Que ;illá por el mes de junio de 1937, en la municipalidad de Morovi:;, Puerto Rico, el querellado Ángel Rivera Colón, actuando como abogado-notario en el ejercicio de tales profesiones intervino en, proparó y redactó un documento de arrendamiento otorgado por Manuel Cacho Vega y su esposa Dolores Pares Sánchez a favor del hijo de éstos, Tgnaeio Cacho Pares, sobre la siguiente linca rústica: (aquí sigue la descripción de la finca), teniendo el dicho abogado-notario querellado Ángel Rivera Colón perfecto conocimiento de que diebó contrato de arrendamiento era simulado y no se proponía qué tuviera valor alguno entre las partes otorgantes del mismo, y que dicho documento se otorgaba Tínicamente con el propósito de obtener cuota para la siembra de tabaco en la mencionada finca rústica objeto de dicho contrato de arrendamiento.”

Contestó el querellado admitiendo todos los hechos ale-gados en la querella, con excepción de que él tuviera conoci-miento en la fecha en que fue otorgado que dicho contrato fuera uno simulado. Alegó el querellado, que él tuvo cono-cimiento por primera vez de que el aludido contrato era simulado, el 12 de mayo de 1939, cuando compareció ante-la Corte Municipal de dales como abogado defensor de los acusados en el caso criminal número 3939, El Pueblo v. José Padilla Colón y Joaquín Ortiz, sobre daños maliciosos; que fue durante la vista de dicha causa que se enteró de que el contrato era una simulación, cuando oyó al propio arrenda-tario Ignacio Cacho declarar que él en todo momento no había sido otra cosa que un administrador de la finca; que fue al enterarse de que el contrato era una simulación que el querellado, como abogado del menor Calderón, se opuso a la defensa que había interpuesto Manuel Cacho Vega en el pleito seguido contra él por daños y perjuicios, consistente dicha defensa en alegar que en la fecha del accidente de que fue víctima el menor Calderón, él, Manuel Cacho, no tenía el control o administración del inmueble por haberlo arren-dado a su hijo, Ignacio Cacho; y que de haber tenido cono-cimiento en la fecha de su otorgamiento que el contrato de arrendamiento era simulado, el querellado jamás hubiera intervenido en su redacción, y por el contrario hubiera aconsejado a las partes para que no lo otorgaran, “no obs-tante no haberse causado perjuicio alguno a terceras personas con dicho otorgamiento”.

El caso fue visto y quedó sometido a nuestra decisión en diciembre 15 de 1944.

Haremos ahora un resumen, en orden cronológico de todo lo declarado en relación con el alegado contrato simu-lado, antes y en la vista del caso ante esta Corte.

En la primera vista del caso del menor contra Manuel Cacho Vega, éste declaró: que es dueño de la finca en donde ocurrió el accidente; que compró la finca al Banco y la arrendó a su hijo Ignacio en junio de 1937, por cuatro años, mediante un documento; que su hijo le pagaba $500 anuales y las contribuciones; que Ignacio Cacho ocupa la finca como arrendatario y no como administrador.

José Vélez, empleado de la Triple A, declaró que en el año 1938 fué enviado por el Departamento a asignar las cuotas de tabaco en los barrios de Morovis; que para poder obtener enota era necesario tener un contrato de tabaco y ser arrendatario o dueño de una finca; que para esa fecha tuvo que hacerle un contrato de tabaco a Ignacio Cacho, quien le mostró un contrato de arrendamiento que había hecho con Manuel Cacho; que el contrato que se le exhibe es el mismo que le mostró Ignacio Cacho y que lo reconoce porque él puso una nota fechada en mayo 11, 1938, que dice: “Visto este documento presentado por Ignacio Cacho Parés para asig-nación de cuota para tabaco. J; V.”

Ignacio Cacho declaró que se dedica a la agricultura en una finca que es propiedad de su padre y que éste le arrendó en 1937 por contrato escrito ante el notario Angel Bivera Colón; que desde esa fecha está en posesión de la finca y continuará en ella hasta el final del arrendamiento en 1941; que él y su papá habían hablado sobre el arrendamiento de la finca, y ese domingo, al ver pasar el Lie. Bivera Colón le encargaron que les hiciera un contrato; que al regresar de Morovis ese mismo día el abogadiles trajo el contrato y él y su padre lo firmaron; que es cierto que ante la Corte Municipal de Ciales, se presentó una denuncia, que el firmó, haciendo constar que los acusados habían hurtado bienes de la propiedad de su padre Manuel Cacho; que la denuncia fué redactada por Félix Bodríguez y él la firmó sin saber lo que decía; que al oír leer la denuncia en el juicio, él le dijo al juez “que se debía acreditar que yo era el verdadero dueño de eso y no era Manuel Cacho”; que él paga por el arren-damiento $500 y las contribuciones, pero que el abogado no quiso poner eso en el documento “porque dijo que era de hijo y padre”; que no recuerda si cuando él firmó esa de--nuncia, en mayo 1, 1939, ya había ocurrido el accidente de la patada al niño.

Del récord taquigráfico de la vista ante esta Corte Su-prema del caso de Disbarment núm. 56, ofrecido en el pre-sente caso como Exhibit 2 del Fiscal, aparece Ignacio Cacho Pares declarando lo siguiente:

“P. ¿Quién hizo ese contrato de arrendamiento?
Ti. Ángel Rivera Colón.
P. ¿En qué forma se hizo el contrato de arrendamiento!
R. Nosotros, el papá mío y yo, estábamos en la casa' esperándolo que él subiera. Entonces lo paré y lo mandé a entrar y cuando entró jí>í papá le explicó que si se, podía hacer un arriendo entre padre e lujo. El le dijo que sí, que cómo no, y entonces entró a explicar que una escritura valía como $38 ó $20 y que un documento de la clase que él lo hizo valía s¡;6 u $8 pesos. Entonces se llevó los datos de la tinca, lo que se iba a pagar por todo, y entonces cuando bajó de Morovis para Cíales le iba a dejar el documento de arriendo y entonces dijo que se lo llevaba para sellarlo, que entonces se lo llevó y a los pocos días volvió y dijo que allí estaba el docu-mento, pe.ro tme no lo había sellado porque se le había olvidado mandar una nota al distrito y se le olvidó incluirlo en la ñola. En-tonces dijo que el contrato valía lo mismo así sellado que sin1 sellar; que era hecho por él y figuraba su firma allí.
P. Eso fué lo que pasó en relación con el documento. Ahora le pregunto, ¿usted oyó al Sr. Ángel Rivera Colón declarar en la Corte de Distrito de que su padre, y usted le dijeron que preparara ese documento, que era simulado, y que su padre quería que usted apa-reciera como arrendatario de esa finca para obtener los beneficios de la triple A, y él declaró que ese documento era falso y dijo que ustedes no le habían dicho las cantidades ni el tiempo del arrenda-miento ?
R. No sé. Nosotros le dimos la cantidad y el tiempo y todo.
P. ¿Usted lo oyó a él declarar eso?
R. El día que fuimos a Areeibo él lo declaró.
P. Si lo declaró, ¿no es verdad?
R. No, señor. Nosotros no le dijimos nada de eso. Para cobrar dinero en las tres A no se necesita documento de esa clase. Él le dijo a la Corte que era para las tres A.
P. ¿Pero si la finca era de su padre, cómo podía decir eso?
R. lili dijo en la corte que era para obtener eso.
P. ¿Cómo podía darle la cuota a usted si la finca era de su padre?
R. Él declaró eso, que era para yo obtener los beneficios.
P. ¿Quién obtuvo los beneficios de la triple A, usted o su papá?
R. Bueno, yo, porque la finca- aparecía arrendada a mí y fué un Inspector y como yo era el que aparecía allí pues los beneficios me pertenecían, y después entonces declararon los inspectores de las tres A que el verdadero dueño era yo.”

Declarando ante la Corte de Distrito de Arecibo, en el nuevo juicio ordenado por esta Corte Suprema, el abogado Angel Rivera Colón, declaró, en síntesis, como sigue:

Que allá para el mes de junio, 1937, un domingo por la mañana, al pasar frente a la casa de Manuel Cacho, éste le llamó y llamó a su hijo Ignacio que estaba en la casa; que entonces en presencia de Ignacio, Manuel Cacho le dijo: “Necesito que me prepares un contrato de arrendamiento donde yo aparezca arrendándole la finca a Ignacio”; que entonces él le preguntó sobre las estipulaciones del contrato y Cacho le dijo que le pusiera un canon razonable y por el tiempo que quisiera porque el contrato se hacía “con el fin de conseguir cuota de asignación para la siembra de tabaco”, añadiendo: “Yo quiero que esa cuota quede a nombre de Ignacio y no a nombre mío porque yo tengo la de Torrecillas y la finca ya con cuotas asignadas, y poniéndole la finca arrendada a Ignacio, yo podría conseguir cuota a nombre de Ignacio”; que de acuerdo con esas instrucciones preparó el' contrato de arrendamiento. Preguntado por el abogado del demandado si él había querido decir que el motivo que le dió Manuel Cacho para hacer el documento bajo simulación era el conseguir cuota, contestó: “Sí, señor, para tabaco a nombre de su hijo Ignacio, porque él tenía ya cuota en la finca de él”. Preguntado de nuevo por el mismo abogado si Cacho le había dicho que el contrato era simulado, contestó: “Me dijo que era para los efectos de conseguir cuota, pero que Ignacio no le iba a pagar ningún canon de arrendamiento, que podía ponerle el canon que yo creyera razonable, yo creí que $500 era suficiente y le puse $500, y si mal no recuerdo, creo que le puse cuatro años y que no pagaría mejoras”.

En la vista ante esta corte del caso de Disbarment núm. 56, (Exhibit 2 del Fiscal) el querellado Angel Bivera Colón, declarando en relación con el contrato de arrendamiento, dijo, en síntesis, lo siguiente:

Que él iba para Morovis el domingo y al pasar por la carretera frente a la casa de Manuel Cacho, éste y su hijo le llamaron y le dijeron que necesitaban hacer un contrato de la finca; que le dieron un documento del Banco Federal para tomar la descripción,de la finca; que él les preguntó a los Cacho: “¿Por cuánto tiempo lo hago, cuánto es el canon?” y ellos le dijeron que pusiese el número que él creyese justo, un canon que considerara razonable y las demás estipula-ciones que creyese conveniente; que él puso un término de cuatro años y un canon de 500 ó 600 dólares anuales. Pre-guntado por el Juez Sr. Snyder si no le había parecido extraño que las partes le permitieran a él fijar los términos del contrato, contestó: “Yo les dije, ¿por qué no me dan las cifras? y ellos me dijeron: £Es un contrato para dárselo a un empleado de las AAA, a los efectos de la asignación de cuotas. Hazlo por más de tres años’”; que tomando en consideración esos hechos, lo que alegó Ignacio Cacho en la denuncia , que hizo en 1939 y los incidentes del pleito, llegó a la conclusión de que el contrato era simulado. Preguntado por el Juez Sr. Todd, Jr., si él había declarado ante el Fiscal que los Cacho le habían dicho que “ese contrato no era con el fin de celebrar un contrato válido entre ellos, sino que era un contrato para conseguir cuota de tabaco, de las tres A”, contestó que efectivamente así se lo habían dicho. Continuó declarando que cuando regresó de Morovis les entregó el contrato y no supo si lo firmaron, pues no lo volvió a ver hasta el día del juicio, que le pagaron dos dólares por su trabajo.

En la declaración prestada ante el Fiscal de esta Corte, en febrero 28 de 1944, el querellado declaró, además, que cuando él le preguntó a los Cacho que cuál sería el término ,del arrendamiento y el canon, le contestaron: “Lo que usted quiera, eso es asunto de padre e hijo”; que él presumía que como Manuel Cacho tenía fincas y tenía cuotas, parece que quería que esa cuota se la asignaran al hijo, porque así podía conseguir mayor cantidad; que a su juicio era un-contrato para ellos dos solamente para ese fin, según le expli-caron ellos ese día, “porque yo les pregunté sobre el capon y me'dijeron que pusiera lo que quisiera, y el tiempo que quisiera; me dieron amplia facultad.”

En lá vista del presente caso, el querellado declaró subs-tancialmente lo mismo que ya había declarado ante la corte de distrito. Insistió en que cuando redactó el contrato él estaba seguro de que. no podía defraudarse a la triple A, porque la cuota la podía obtener lo mismo el hijo que el padre; que él no tuvo conocimiento de la simulación hasta mayo 12 de 1939, cuando el asunto de la denuncia por el hurto de unos ñames; y que fué entonces que se formó en su mente la idea firme y fundada de que 'el contrato era simulado.

En la segunda vista del caso del menor Calderón contra Manuel Cacho, las partes lo sometieron por la misma prueba practicada en la vista anterior, con excepción de las decla-raciones adicionales de Angel Rivera Colón en cuanto al hecho de que el contrato era simulado, y las de Manuel e Ignacio Cacho, ambas tendientes a sostener la existencia y validez del arrendamiento. La Corte de Distrito de Areeibo, dando entero crédito a la declaración de Angel Rivera Colón resolvió “que el contrato de arrendamiento que s'e alegó como existente entre Manuel Cacho y su hijo Ignacio Cacho Parés fué una mera fórmula simulada para que el hijo se encargara de la finca que es propiedad del padre”. El caso volvió por segunda vez ante esta corte y en diciembre 12 de 1944 con-firmamos la sentencia a favor del menor.

Establecido ya definitivamente que el contrato redactado por el querellado fué una simulación, lo único que nos queda por resolver es si de toda la evidencia que hemos analizado resulta probado que el querellado sabía en la fecha en que redactó el contrato que éste no habría de ser firmado por las partes como una obligación real y efectiva y sí como una simulación.

Analizada serenamente toda la evidencia, no es posible llegar a otra conclusión que no sea la de que el querellado sabía que el contrato por él redactado era una mera simula-ción. El simple hecho de que los supuestos contratantes dejaran a su discreción o capricho la fijación del término y del canon del arrendamiento, con el aditamento de que esas condiciones carecían de importancia por tratarse de un asunto entre padre e hijo y que éste no iba en realidad a pagar canon alguno, debieron bastar para que el querellado se diese cuenta de que se le estaba utilizando y él se estaba prestando, como hombre conocedor de la ley por su condición de abo-gado, para revestir con todas las apariencias de un contrato legal, verdadero y existente, aquello que en realidad no era otra cosa .sino una-mera simulación.

El fiscal admite que no era necesario para que Manuel Cacho pudiera conseguir cuota de tabaco para su finca, que la hiciera aparecer simuladamente como arrendada a su hijo Ignacio; y que Manuel Cacho podía haber conseguido la cuota en su propio nombre. Empero, de la propia decla-ración del querellado se desprende que en la fecha en que el querellado redactó el contrato simulado, tanto el padre como el hijo creían que la simulación era necesaria para conseguir la cuota, y que el querellado con conocimiento ele esos hechos redactó el contrato.

No obstante no haberse defraudado a la Triple A, opina-mos que el querellado faltó a su deber profesional cuando se prestó a redactar y redactó un contrato dentro de las circuns-tancias reveladas por la evidencia. Su deber era haberse abstenido de intervenir en manera alguna en el proyecto que tenían en mente y que le revelaron los señores Cacho al encargarle de la redacción del documento. El contrato simu-lado puede resultar un instrumento inofensivo, como resultó serlo en este caso, pero puede ser utilizado como un medio efectivo para la consumación de un fraude. - El abogado no debe en modo alguno ayudar a poner en manos de un igno-rante o de un malvado un arma tan peligrosa. La mera sospecha de que se trata de una simulación debe bastar para que el abogado se abstenga de intervenir.

El contrato simulado redactado por el querellado no fué utilizado para defraudar a la triple A, pero sí se usó por Manuel Cacho para tratar de evadir la responsabilidad que sobre él recaía por el accidente ocurrido en su finca al menor Calderón.

Es nuestro deber imponer al querellado nuestra censura por sus actuaciones en la redacción del contrato.


author: El Juez Asociado Señor Snyder

text:
    Sucesíon de Petrona Rivera, etc., demandantes y apelantes, v. Anastacio Manso, demandado y apelado.
    Núm. 8946.

    Sometido: Noviembre 9, 1944.

      Resuelto: Marzo 8, 1945.

      R. Rivera Correa, abogado de, los apelantes; J. Ramírez Viñas, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

Este es nn pleito de reivindicación de un condominio equi-valente a la tercera parte de nna finca de 8.10 cnerdas. Los demandantes constituyen la Sucesión de Petrona Rivera, a través de la cual reclaman dicha propiedad El deman-dado contestó, alegando qne había heredado dicha finca de su padre, y qne tanto él como sn padre habían estado en posesión de dicha finca en calidad de dneños por más de treinta años. También interpnso como defensa especial qne tenía derecho a nn peqneño condominio en la finca. Despnés de nn juicio en los méritos, la corte de distrito dictó sentencia a favor del demandado. Esta es nna apelación contra dicha sentencia.

Los demandantes señalan como error el haber la corte de distrito resuelto como cuestión de hecho qne aunando ambos períodos de posesión, el del padre y el del hijo, éstos estaban en posesión adversa de la finca en calidad de dneños por más de 30 años. Hemos examinado cuidadosamente la transcripción de evidencia, y no encontramos motivo para alterar esta conclusión de la corte inferior. En verdad, aun sin hacer referencia a la extensa prueba de la demandada, la corte de distrito estuvo justificada en llegar a esta conclusión, basada en la declaración de los propios testigos de los demandantes.

Seguidamente alegan los demandantes que la corte inferior cometió error al negarse a aplicar a los hechos de este caso el artículo 1865 del Código Civil. Dicho artículo lee como sigue: “No prescribe entre coherederos, condueños o propietarios de fincas colindantes la acción para pedir la partición de. la herencia, la división de la cosa común o el deslinde de las propiedades contiguas.”

Pero ésta no es una acción entablada por un coheredero, condueño o propietario de la finca colindante para pedir la. partición de la herencia, la división de la cosa común o el deslinde de propiedades contiguas. Por tanto claro es que el artículo 1865 no es de aplicación al presente pleito de reivindicación de finca.

Sin embargo, aunque no se desprende claramente de su alegato, inferimos que los demandantes también asumen la posición de que entre coherederos no se puede adquirir el título por prescripción. Pero esta corte ya lo ha resuelto en contrario en un caso en que los hechos eran casi exactos a los del presente caso. Siempre y cuando que la posesión sea adversa y en concepto de dueño, hemos resuelto que un coheredero o condueño puede adquirir por prescripción el título a la cosa común. Fernández v. Patxot, 11 D.P.R. 567, 570-71.

Añadimos que, a tenor con la doctrina establecida en el caso de Patxot, aún en el supuesto de que se considerase este caso como uno de división entre condueños-, tampoco prosperaría. La Corte Suprema de España ha resuelto que la disposición del artículo 1865 (artículo 1965 del Código Civil Español) al efecto de que las acciones entre condueños por la cosa común no prescriben, está basada en la posesión continua de consuno; por tanto, cuando un condueño o ■coheredero retiene la propiedad en cuestión en exclusiva posesión adversa en concepto de dueño durante el necesario período prescriptivo, no es de aplicación el artículo 1865. Sentencia de 22 de junio de 1904, 98 J. C. 652; Sentencia de 15 de enero de 1902, 93 J. C. 76; Sentencia de 6 de junio de. 1917, 140 J. C. 534; Manresa, supra, Yol. 12, págs. 858-9. ‘Véase también Enciclopedia Jurídica Española, Vol. 25, págs. 443-4. Parece razonable este resultado a la luz del artículo 1831 de nuestro Código Civil de que “Pueden adqui-rir bienes o derechos por medio de la prescripción las per-sonas capaces para adquirirlos por los demás modos legíti-mos”. Véase Manresa, supra, Vol. 12, págs. 723-4.

El siguiente error señalado se refiere a la actuación de la corte de distrito al admitir en evidencia como exhibit un documento de venta de dos o más cnerdas de la finca envuelta en este caso por María de los Santos Romero a Francisco Manso, padre del demandado. Pero la corte de distrito falló el caso a favor del demandado por el funda-mento de prescripción extraordinaria, por lo cual no es necesario título alguno. Por tanto es innecesario inquirir en el valor probatorio de la escritura, y su admisión no pudo ser error perjudicial. De igual manera, la corte de distrito no cometió error al conceder permiso al demandado para conformar su contestación a la evidencia contenida en dicha escritura (Regla 15(b) de las Reglas de Enjuiciamiento Civil).

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.

      Los demandantes determinan su alegado título como sigue: La finca ori-ginalmente era de la sociedad .de gananciales de Bernardo Rivera y su 03posa, María do los Santos Romero. Bernardo falleció, dejando como herederos a su viuda y a dos hermanos, Martín y Jacinto. Luego murió Martín, dejando como heredero a Jacinto. Cuando falleció Jacinto, dejó como herederos a sus tres hijos legítimos, uno de los cuales era Petrona Rivera. Los demandantes, ocho de los cuales son hijos legítimos de Petrona Rivera y tres sus nietos, reclaman por tanto una torcera parte de la mitad de la finca, perteneciente originalmente a Bernardo como su participación en la sociedad conyugal. De esta manera, los demandantes establecen su derecho a una sexta parte de la finca.
      Asimismo, a la muerte de María de los Santos Romero, dejó tres sobrinas, una de las cuales era Petrona Rivera, quien heredó de esta manera una tercera parte do la otra mitad de la finca, perteneciente originalmente a María de los Santos Romero. Esto establece la base para que los demandantes reclamen otra sexta parto de la propiedad.

         Artículo 1859, Código Civil, Edición 1930; Teillard v. Teillard, 18 D.P.R. 562, 567; Sucesores de Lampón v. Sucesores de Rivera, 16 D.P.R. 339, 345. Véanse también Rivera et al. v. The Juncos Central Company, 31 D.P.R. 264; González v. Roque, 47 D.P.R. 522; Iglesia Católica v. Collazo, 47 D.P.R. 636; Rivera v. Santiago, 56 D.P.R. 381; Manresa, Comentarios al Código Civil Español, Vol. 12, págs. 843-4. Y véase también el artículo 1860 del Código Civil, en cuanto al derecho del hijo de aunar la posesión de su padre a su propio período de posesión.


author: El Juez Asociado Señor Suyder

text:
    José Cot Santiago, demandante y apelado, v. Ada F. Emanuelli Betances, demandada y apelante.
    Núm. 9083.

    Sometido: Febrero 19, 1945.

    Resuelto: Marzo 9, 1945.

      Leopoldo Tormos García, abogado de la apelante; Baúl ilíaíos, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Suyder

emitió la opinión del tribunal.

El artículo 96 del Código Civil, según fue enmendado por la Ley número 62, Leyes de Puerto Rico, 1942! ((1) pág. 583), provee como una de las causas para el divorcio la sepa-ración de ambos cónyuges por un período de tiempo sin interrupción de más de tres años. El 18 de agosto de 1943 José Cot Santiago radicó demanda de divorcio contra su esposa Ada F. Emanuelli Betances, alegando que habían estado separados por - un período de tiempo de cinco años sin interrupción. La demandada contestó, negando la sepa-ración e interponiendo ciertas defensas especiales. Después de un juicio en los méritos, se dictó sentencia concediendo el divorcio. La demandada apeló de dicha sentencia. El de-mandante solicita se desestime su apelación por frívola. En la vista de la moción de desestimación, las partes sometieron el caso en sus méritos.

La apelante ataca la constitucionalidad del artículo 96 según ha sido enmendado; e insiste en que la corte de dis-trito cometió error al eliminar su defensa especial de recriminación por la cual se alegaba que durante varios años con anterioridad, a la radicación de la demanda el demandante vivía en abierto y notorio adulterio con otra mujer, con quien había procreado dos hijos adulterinos.

Hemos resuelto que el artículo 96, según ha sido enmendado, es constitucional, y que en un caso de esta naturaleza no puede interponerse como defensa la recriminación. (Simonet v. Sandoval, 63 D.P.R. 523; Núñez v. López, 62 D.P.R. 567; Pérez Valdivieso v. León, 52 D.P.R. 512). No vemos fin práctico en repetir aquí nuestro razonamiento. La demandada ha radicado un hábil y elaborado alegato; pero después de estudiarlo detenidamente, encontramos que no hay motivo para cambiar nuestra decisión establecida en los casos antes citados. Por tanto a ellos nos adherimos. Véase la anotación “ ‘Recrimination’ as available defense in suit for divorce based on separation for specified period,” 152 A.L.S. 336; Young v. Young, 178 S.W. (2d) 994 (Ark., 1944). .

La demandada argumenta contra la eonstitucionalidad de la disposición de la ley al efecto de que “siempre se conside-rará como cónyuge inocente a la mujer con todos los derechos inherentes a tal condición como consecuencia del divorcio”. Pero dicha cuestión no está ante nos. Aquí la mujer era inocente de hecho, y la sentencia así lo dictaminó como cues-tión de derecho. En el caso de Simonet expresamente deja-mos sin resolver la cuestión de si sería constitucional esta disposición de la ley de aplicarse a un esposo que fuera demandante o demandado en un pleito de divorcio y de hecho fuera inocente. Por no estar envuelta en este caso, dicha cuestión continúa sin resolver.

El demandante alegó en la demanda que no había bienes gananciales. La demandada negó esto, alegando que había bienes gananciales ascendentes a más de $40,000. La corte inferior declaró con lugar la moción del demandante para que se eliminara esta alegación de la contestación. Si bien la demandada señala esta actuación de la corte inferior como errónea, admite que no podría afectar ningún proce-dimiento posterior con respecto a los alegados bienes ganan-ciales. El error, de haberlo,- no fue perjudicial.

La demandada también alega que la corte de distrito cometió error al apreciar la evidencia. Admite que ella y su esposo han vivido separados el necesario número de años. Pero trató de demostrar que durante dicho tiempo ella visitaba ocasionalmente una casa que su esposo poseía en el campo en donde sostenían relaciones maritales. La corte de distrito no dió crédito a esta prueba y resolvió que de toda la evidencia surgió la necesaria separación ininterrumpida. Hay suficiente testimonio en el récord para sostener esta conclusión. Por tanto no estamos en libertad de alterarla.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.

       El abogado de la demandada afirma que en ninguno de los casos resuel-tos anteriormente por esta Corte levantó el demandado la defensa de recrimina-ción. Coro en el caso d.e Núñez la corto d® distrito, como resultado del contra-interrogatorio del cual se desprendía el adulterio del esposo durante el período de separación, sua sponte dictó sentencia desestimando el pleito por el fundamento de recriminación. Revocamos dicha sentencia, resolviendo que en casos do esta clase la recriminación no es deiensa. Ora el demandado interponga la defensa o la corte de distrito a iniciativa propia considere la defensa, el resultado es el mismo: hemos resuelto, no meramente dicho en un dietwn, que la defensa no procede.


author: El Juez Asociado Beños. Todd, Je..,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Augusto Rivera, acusado y apelante.
    Núm. 10662.

    Sometido: Diciembre 6, 1944.

      Resuelto: Marzo 12, 1945.

      Agustín E. Font y Arturo Rivera Ramos, abogados del apelante; R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogado de SI Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Beños. Todd, Je..,

emitió la opinión del tribunal.

Augusto liivera fué acusado por el fiscal de un delito de asesinato en segundo grado, convicto por un jurado del de homicidio voluntario y sentenciado por la Corte de Distrito de Ponce a cumplir tres años de presidio. En este recurso aun cuando el apelante imputa a la corte sentenciadora la comisión de diez errores consideramos que los mismos, en su mayoría, carecen de méritos. Son éstos aquéllos en que se alega que la corte erró al no permitir ciertas preguntas su-gestivas, al permitir la declaración de un testigo cuyo nom-bre no aparecía al dorso de la acusación, al permitir una pregunta impertinente y otra que constituía una conclusión de hecho, al hacer constar en el récord el fiscal y la corte que un testigo después de pensar un rato no contestó una pregunta y al denegar la moción de nuevo juicio (no habién-dose apelado de esa resolución).

Consideraremos brevemente los restantes.

Se alega que la corte erró al denegar una moción sobre mistrial. Se funda en el hecho de que el fiscal al informar a la corte que iba a sentar las bases para impugnar la veracidad de un testigo dijo lo siguiente: “Y voy a meterlo, por perjurio, a la cárcel también”. Es cierto que el fiscal impropiamente pronunció esas palabras, pero no lo es menos que la corte inmediatamente dió al jurado una amplia ins-trucción y terminó diciéndole lo siguiente:

. . Deben borrar todas esas manifestaciones de su mente, y resolver el caso por sus propios méritos y de acuerdo con la eviden-cia que se presente, y juzgar a cada testigo de acuerdo con su de-claración y la forma en que declara, y no por lo que diga el Fiscal. ’ ’

No obstante lo impropio de las palabras del fiscal consi-deramos que la corte actuó prontamente en defensa de los derechos del acusado y que por tanto no procedía decretar el mistrial solicitado.

Por el quinto y sexto señalamiento se sostiene que la corte erró al denegar prueba de la defensa sobre la mala reputación del interfecto y sobre manifestaciones de éste momentos antes de los sucesos que demostraban un propósito de agredir al acusado.

Esta prueba no fue rechazada por la corte en forma defi-nitiva sino que condicionó su admisión en esta forma:

“Juez. La Corte cre.e que no debe permitir todavía la prueba sobre la reputación del interfecto hasta tanto se presente prueba por el acusado tendiente a demostrar la defensa propia; no es que no se permita, sino que la Corte cree que es prematuro todavía, con-forme a lo resuelto por la jurisprudencia.”

Y en cuanto a las manifestaciones del interfecto condi-cionó su admisión a que se demostrara que el acusado tenía conocimiento de ellas: Citó en apoyo de ambas decisiones los casos de El Pueblo v. Lanausse, 30 D.P.R. 732; El Pueblo v. Varela, 42 D.P.R. 823, y Pueblo v. Quintana, 50 D.P.R. 63.

De los autos aparece que la, teoría del acusado fue que al agredir al interfecto actuó en defensa propia. Empero, en el momento en que trató de probar la mala reputación del interfecto y las palabras que se le atribuían aún no se había presentado prueba alguna tendiente a demostrar la defensa propia. De acuerdo con los casos citados no erró la corte y menos ann si tomamos en consideración el hecho de que posteriormente en el juicio y ya presentada la prueba sobre defensa propia se admitió por la corte la prueba sobre la reputación del interfecto y sobre la amenaza que había hecho. Es más, el propio acusado al declarar como testigo expuso ampliamente su conocimiento sobre la reputación del interfecto por hechos ocurridos en su presencia y además debido a los delitos por los cuales había sido sentenciado y asimismo declaró que se le había informado la amenaza que el interfecto había hecho de darle una paliza. Es obvio que no se cometieron estos errores.

Tampoco el último por haberse negado la corte a transmitir al jurado las instrucciones especiales solicitadas por la defensa. Esas instrucciones, en su mayoría, estaban comprendidas en las ya transmitidas por la corte al jurado y las demás eran claramente improcedentes pues están basadas en presunciones no admitidas por ley como justificativas de un homicidio.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

      En el easo de Lanausse, ratificado posteriormente, resolvimos que: “Guando no hay prueba de defensa propia o de que el homicidio era justifica-ble, no procede admitir prueba de la reputación del interfecto, como hombre peligroso. ’ ’