text:
    Dolores Romañat y Ross, demandante y apelada, v. White Star Bus Line, Inc., demandada y apelante.
    No. 5773.

    Sometido: Febrero 10, 1932.

      Resuelto: Julio 29, 1932.

      J. H. Brown, G. Buis-Nazario, G. E. González, G. Benitez Gautier, (.F. Prieto Azúar y Salvador Suau, en el alegato) y Guerra Mon-dragón & Soldevila, abogados de la apelante; M. Agosta Velarde, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión, del tribunal.

El hecho prácticamente incontrovertido en este caso es que la guagua de la demandada invadió la acera por donde caminaba la demandante, la arrolló y le produjo lesiones. Después de un juicio, la Corte de Distrito de San Juan dictó sentencia contra la demandada, por la sum.a de $7,500.

El primer señalamiento de error se refiere a la ne-gativa de la corte a eliminar cierto particular de la demanda relativo a la condición patológica en que se hallaba, la deman-dante. En contestación a este señalamiento de error la de-mandante dice que la demandada no estaba en posición de-suscitarlo toda vez que al presentar su moción para eliminar no se anotó una excepción. Una moción para eliminar está cubierta específicamente por el artículo 213 del Código de Enjuiciamiento Civil, eximiendo la necesidad de ciertas ex-cepciones, como sigue: “.una providencia o decisión dada sobre una moción controvertida.” Una moción declarada sin lugar debe considerarse como controvertida.

Las palabras “condición patológica” pueden comprender multitud de cuestiones. Ellas pueden describir toda clase de incapacidades o inhibiciones, y no estamos preparados para decir en este momento que tales alegaciones de daños y perjuicios no sean una descripción de daños materiales. Empero, considerando que de toda la evidencia la corte estaba justificada a adjudicar indemnización, resolve-mos que de haber habido cualquier error éste no fue perjudicial. El artículo 142 del Código de Enjuiciamiento Civil es aplicable.

[3] En el alegato de la demandada, radicado en la corte inferior y en apelación, so sostiene que su actuación fué una realizada en emergencia. En la época en que ocurrió esté accidente los automóviles entraban a la ciudad de San Juan por la calle Alien. Hay varias calles transversales cortas a la entrada de la ciudad y cuando la guagua de la demandada llegó al sitio que está entre la calle O’Donell y el callejón de Gámbaro, había varios automóviles o camiones situados a la derecha de la calle Alien, al lado norte. Es evidente que en ningún momento el “chauffeur” de la guagua se dió cuenta de si había o no gente caminando' por la acera. Su teoría y la teoría de la demandada fué que un autocamión al lado derecho de la calle hizo un movimiento súbito hacia la izquierda que obligó a la guagua de la demandada igualmente a moverse más hacia la izquierda y a invadir1 así la acera con la caja de la guagua.

La contestación de la demandada era insuficiente o no fué una relación franca de la defensa de actos realizados en emergencia. Lo que más se asemejaba a tal alegación era que el accidente fué casual; en otras palabras, inevitable. Dudamos que el caso fuera realmente juzgado sobre 1a. cues-tión de actos realizados en emergencia hasta que la deman-dada presentó su alegato en la corte inferior. No estamos preparados para manifestar, sin embargo, que un deman-dado no pueda confiar en tal defensa a pesar de haberla de-jado de alegar en su contestación.

La declaración del “chauffeur” del vehículo revela que una de sus principales ideas fué continuar en movimiento. El declaró que después de ocurrido el accidente no pudo detenerse por espacio de una cuadra más o menos porque las reglas del tráfico se lo prohibían. El venía por la calle Allen con la misma idea de que debía continuar en movimiento. 'Se admite prácticamente que si bien no marchaba a mucha velocidad, tampoco iba despacio. La contestación de la demandada se fundó en actos de negligencia contribuyente y en la naturaleza fortuita del accidente. La contestación aun negó que la cajq, de la guagua hubiese penetrado en la acera, cuando es evidente que si el “chauffeur” hubiera sido examinado por sus jefes la demandada debía haber sabido que la'guagua en realidad penetró en la acera y arrolló a la demandante. En varios casos hemos conside-rado una demanda o una contestación como enmendada para ajustarla a la evidencia, generalmente para confirmar la sen-tencia de la corte inferior. Podríamos ir más lejos y ayudar a un demandado cuando su defensa se basaba claramente en un acto realizado en emergencia. Inferimos que la idea de un acto realizado en emergencia fué algo que se le ocurrió a la demandada posteriormente.

La Corte de Distrito de San Juan no creyó que hubiese ningún acto realizado en emergencia. No citaremos todo el razonamiento de la corte. Parte del mismo fué que la guagua de la demandada al tratar de echarse bien hacia la izquierda pudo solamente penetrar en la acera si el veMeulo corría pegado a la acera y paralelamente a la misma; que al caminar en forma paralela debió haber tomado uu tiempo apreciable y que ello no pudo haber sido realizado repentinamente. La demandada y apelante arguye que todas estas cosas pudieron haber sucedido rápidamente a pesar de la conclusión de la corte, y existe esta posibilidad, pero el juez que oyó la prueba estaba en perfecta posición para llegar a la conclusión de si el acto fué realizado o no en emergencia.

Según nos consta, y conforme se desprende de la prueba, la calle Alien es muy estrecha, con espacio suficiente para poco más de dos vehículos. Por tanto, cuando una guagua entra a la ciudad y ve que hay vehículos estacionados a la derecha el “chauffeur” está obligado a fijar la atención en ellos. Debió darse cuenta, al igual que todo el mundo, de que cualquier carro así estacionado podía dar marcha repen-tinamente. Por consiguiente, debió regular su velocidad en forma tal que anticipara esta posibilidad. Estamos muy lejos de decir que no podría surgir una emergencia en la cual un “chauffeur” no pudiera anticipar tal cosa, pero esa si-tuación no surge de los hechos ele este caso. Los viandantes tienen dérecho a caminar por las aceras y a considerar qne están seguros, conforme resolvió la corte. Si lo qne el em-pleado de la demandada hizo pudiera considerarse como na acto en emergencia entonces los peatones tendrían qne estar eternamente a la expectativa. Entonces sería cuestión a de-batir si se debería permitir que las guaguas entraran por las calles estrechas de San Juan. Una. corporación de servicio público debe conducirse de acuerdo con la verdadera situa-ción de las personas que caminan por las aceras.

Según hemos resuelto en varios casos el hecho de permitir que el cuerpo de un automóvil penetre en la acera es un caso prima facie de negligencia. Rivera v. Currá, 33 D.P.R. 964; De Gracia v. Guardiola, 37 D.P.R. 833.

Uno de los médicos que asistió a la demandante fué examinado extensamente respecto a las lesiones. Varios médicos habían examinado a la demandante siendo uno de ellos el Dr. Manuel Díaz G-arcía. Éste fué llamado como testigo de la demandada y la demandante se opuso a que él relatara parte alguna del caso de ella y por qué se le llamo. La corte sostuvo la objeción y la demandada se anotó una excepción. Esta excepción fué objeto del tercer señalamiento de error.

En primer lugar convenimos con la demandante en que la demandada no hizo constar claramente mediante una oferta específica lo que intentaba probar con dicho testigo. 8 Bancroft Code Practice and Remedies, pág. 8497, sección 6448; id., págs. 8813, 8814 y 8815, sección 6647. Por tanto, la re-solución de la corte puede ser sostenida por este fundamento.

No hallamos renuncia alguna del privilegio de la deman-dante en relación con el Dr. Díaz García en el hecho de que ella llamara otro médico que la asistió para que declarara en su favor. Desde luego, si el otro médico estaba presente en el momento en que el médico llamado por la demandante hacía su tratamiento, la ley usualmente considera que el pri-vilegio lia sido renimeiado. Jones Commentaries on Evidence, (2a ed.), sección 2196, pág. 3188; Jones v. City of Caldwell, 116 Pac. 110; 28 R.C.L. 547, sección 137.

El Dr. Díaz García pndo ser llamado debido a las dndas o a los temores de la paciente, pero cualesquiera que fuesen sus motivos, el privilegio era de ella, y la ley lo protege.

La demandante también apeló, insistiendo en que la concesión de una indemnización de $7,500 no era suficiente. Por otra parte, la demandada sostiene que el resarcimiento decretado era excesivo. La demandante alegó y trató de probar que ella había incurrido en gastos de hospital y tratamiento médico ascendentes a $3,472.26. Hemos examinado la evidencia. 'Se trata de im accidente que puede calificarse de extraordinario, porque la demandante no sufrió absolutamente ninguna lesión externa de carácter permanente. Lo que tendió a demostrar el testimonio de sus peritos fué que un estado tuberculoso o casi tuberculoso se le desarrolló, y que quizá hubo otras secuelas del accidente. También sostuvo la demandante que puede que tenga que incurrir en otros y futuros gastos de tratamiento. No estamos convencidos, como cuestión de hecho o de derecho, que las condiciones en que se encuentra la demandante provinieran exclusivamente del accidente, o que por las mismas deba condenarse a la demandada a satisfacer una indemnización considerable. Los gasios de hospital y tratamiento médico los hallamos enteramente excesivos. Están sujetos a las mismas dudas que la medida de los daños del accidente en sí. Asimismo, dada la capacidad adquisitiva de la demandante, no creemos que los gastos de tratamiento médico y hospital debieran haber resultado tan crecidos como se alegó que fueron.

Si bien en varios casos hemos tratado de analizar la evi-dencia para justificar una revocación, sin embargo, frecuen-temente nos hallamos en una posición similar a la de la corte de distrito, y la determinación de la cuantía de los daños es materia de conjetura y discreción. Puede que no hayamos analizado cabalmente todos los motivos para una modifica-ción de la cantidad concedida o para la que liemos estimado, pero creemos que la demandante debe limitarse a un resar-cimiento de $4.000.

Bajo las circunstancias reseñadas, no bailamos que se co-metiera error ai imponerse las costas.

La sentencia apelada debe modificarse de conformidad, y, así modificada, se confirma.

Los Jueces Presidente Señor del Toro y Asociado Señor Córdova Dávila no intervinieron.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Wolf,

license: Public Domain

text:
    Leo Jackson, demandante y apelante, v. Ercilio Torres et als., demandados y apelados.
    No. 5520.

    Sometido: Junio 4, 1931.

      Resuelto: Julio 29, 1932.

      Alberto 8. Poventud, abogado del apelante; Leopoldo Tormes, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una acción para abatir un estorbo consistente en el becbo de que los demandados en terrenos conti-guos a la casa ocupada por el demandante habían fabricado pequeñas oasas con letrinas que debido a la forma en que las mismas estaban construidas permitían que las inmundicias discurrieran hacia la casa del demandante y que produjeran olores desagradables. La contestación negó en efecto la existencia del estorbo y la corte, después de un juicio, si bien resolvió que existían condiciones antisanitarias, llegó a la conclusión, entre otras cosas, de que no se había probado el estorbo. Para sostener su conclusión la corte hizo¡ una ins-pección ocular del lugar tanto por la tarde como por la noche y en su acta de inspección dijo que no se podía notar ningún olor, aunque las condiciones eran favorables para perci-birlo, de existir, y que, además, no había indicios de que el agua discurriera en dirección a la casa del demandante. Esta conclusión de hechos justificaría la confirmación de la sentencia a menos que el apelante demostrara claramente al-gún error en la apreciación de la prueba.

El demandante en realidad trató de demostrar que la ins-pección ocular fué hecha a una hora en que los demandados, sabiendo que la misma se iba a efectuar, fueron apresurada-mente a los terrenos contiguos a la casa del demandante e hicieron una limpieza general de los alrededores, usando creolina. La corte no estaba obligada a creer esta prueba de una casi conspiración, y no la creyó. El apelante no nos convence con estos otros argumentos de que la corte come-tiera error en 1a. apreciación de la prueba. Esto resuelve los señalamientos de error cuarto y quinto.

La corte no basó su opinión y sentencia en el hecho de que se trataba de un caso de fuerza mayor toda vez que los de-mandados habían establecido allí sus residencias con motivo del ciclón de San Felipe. Sin embargo, esta situación hasta cierto punto explicaría el proceder del municipio para dejar de cumplir con una orden de las autoridades sanitarias que exigía que los demandados clausuraran las letrinas. El Dr. Goyco explicó que la orden fué dejada en suspenso de acuerdo con instrucciones recibidas del alcalde. La corte no basó su sentencia en el beclio de que los demandados eran gente pobre.

El apelante dió mucho énfasis al Lecho de que las autoridades sanitarias habían ordenado que estas letrinas fuesen trasladadas o clausuradas. Esta orden por sí sola no tendería .a probar el caso del demandante. A pesar de ello, él estaba obligado a probar, mediante preponderancia, de prueba, los hechos alegados en su demanda.

La corte no hizo que su sentencia dependiera del hecho de que los dueños del terreno no hubieran tomado acción al-guna contra los demandados y el tercer error señalado ca-rece, por tanto, de importancia. La corte tampoco hizo que su sentencia dependiera del hecho de que eran más bien el municipio o la Sanidad quienes debían actuar para poner coto al supuesto estorbo.

La cuestión principal .que la corte resolvió, aparentei-mente con entera justificación, fué que no se había probado un verdadero caso de estorbo. En verdad las casas no es-taban tan cerca de la residencia del demandante como, se desprende de la demanda. Había otro número de casas en-clavadas en el terreno de donde se alegaba surgía el estorbo.

Los apelados sostienen que las condiciones de que se queja el demandante, de ser algo, participaban de la natu-raleza de un estorbo público y que el demandante no probó tales daños especiales a sí mismo que justifiquen una acción privada para abatir un estorbo. Hay mérito en esta conten-ción pero no es necesario que basemos nuestra sentencia en ella.

Debe confirmarse la sentencia.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila 'no intervino.


author: Ed Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    El Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ramón Vergne y Félix Colón, demandados y apelante el primero.
    No. 5389.

    Sometido: Noviembre 24, 1931.

      Resuelto: Julio 29, 1932.

      A. Beyes Delgado, abogado del apelante; B. Agrait Aldea j Luis Bíos Algarín, abogados del apelado.
   Ed Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un pleito en cobro de un pagaré que se supo-nía estar suscrito por Ramón Vergne y Félix Colón. Se ob-tuvo sentencia contra ambos obligados, pero únicamente apeló Ramón Vergne.

El apelante admitió que la firma que aparecía en el do-cumento éra suya. Su principal defensa fue que él suscribió un pagaré en blanco para otra fin; igualmente, que el docu-mento había sido usado fraudulentamente contra él.

La corte examinó la prueba y llegó a la conclusión de que el pagaré era la renovación de otro de naturaleza similar suscrito por los demandados.

Respecto a haberse suscrito un pagaré en blanco para ser usado con otro fin, la corte resolvió y citó autoridades al .efecto de que incumbía a la persona que firmara en blanco demostrar fraude o algo similar en el uso del pagaré y que se le indujo a firmarlo sin que hubiera negligencia de su parte. Convenimos con la corte en que el demandado estaba obligado a probar fraude y ausencia de negligencia. Véase la nota que aparece en 35 L.R.A. (N. S.) 776, citada por la corte. No hubo prueba de fraude. Por el contrario, la prueba tendió a demostrar la existencia de una obligación u obligaciones anteriores por parte del demandado. Esto resuelve los señalamientos de error en sus méritos.

El apelante señala otros errores que el apelado no dis-cute. De haber habido cualquier otro error al permitir que un testigo declarara sobre el requerimiento héchole al de-mandado Vergne, éste no fué perjudicial.

Habiendo admitido su firma, el pagaré suscrito por él en posesión de otra persona, era prima facie admisible como prueba.

Otro señalamiento de error se refiere a la admisión de prueba secundaria para demostrar algunas de las transacciones anteriores. Sin embargo, la prueba tendió a demostrar, que sin objeción alguna el demandado había sus-orito una obligación anterior de la misma naturaleza. De suerte que la admisión de que se queja el demandado, de ser errónea, no fue perjudicial.

Igualmente, la negativa de la corte a admitir una declaración jurada del demandante para obtener una. suspensión anterior del juicio era inofensiva. Esta declaración jurada alegaba que ciertos testigos eran esencialmente imr portantes. El demandado no sentó base alguna para contradecir, que es una de las excepciones a la regla de prueba de referencia, suponiendo que la evidencia ofrecida en realidad contradijera alguno de los testigos del demandante.

El dejar una de las partes de presentar determinado testigo es igualmente un becbo que puede bacer surgir una presunción contra dieba parte. Sin embargo, ésta es una presunción controvertible y ciertamente el dejar de presentar al otro demandado difícilmente podía considerarse como una supresión de prueba. La declaración jurada no decía, según indica el demandado, que las declaraciones de dichos testigos constituían todo el caso del demandante. La supresión de evidencia se dirige al peso de toda la prueba y una corte puede dictar sentencia en favor de una parte que deja de presentar prueba no obstante tal supresión.

No hallamos perjuicio o error, y la sentencia debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    Manuel Viñas Rodríguez, demandante y apelante, v. J. S. Waterman & Co., demandada y apelada.
    No. 5448.

    Sometido: Diciembre 4, 1932.

      Resuelto: Julio 29, 1932.

      Enrique Campillo, abogado del apelante; O. B. Frazer y B. Castro Fernández, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribuna].

El demandante:apelante presentó un pleito titulado “ter-cería de mejor derecho.” El demandante anteriormente había iniciado acción contra Arturo Ocasio Boldán por el procedimiento sumario de la Ley Hipotecaria. Poco antes de eso la demandada J. S. Waterman & Co. instó pleito en la Corte de Distrito de Mayagüez contra Arturo Ocasio ítol-dán, el ameritado deudor, y embargó cierta maquinaria que es objeto del presente litigio. El caso de Mayagíiez prosi-guió hasta sentencia, la propiedad embargada fue vendida en ejecución, y se le adjudicó a la demandada J. S. Waterman & Co. Los bienes embargados eran efectos para panadería, y el demandante-apelante alegó que formaban parte de su hipoteca. Los efectos, desde luego, fueron embargados en San Juan, donde aparentemente estaba situada la panadería, así como el solar afecto a la hipoteca. En el presente litigio el apelante alegó que él tenía un derecho preferente a tales efectos por razón de la hipoteca. El demandante obtuvo nn injunction provisional impidiendo a la demandada o sus agentes o empleados remover cualquiera parte de la maquina-ria hasta que se fallara el caso. La demandada, J. S. Waterman & Co., excepcionó. La Corte de Distrito de San Juan, siguiendo la opinión en el caso de Hernández v. Corte de Distrito, 34 D.P.R. 679, y el artículo 1533 de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil española, resolvió que un pleito de tercería no procedía después que la propiedad objeto de li-tigio había sido rematada. Se radicó moción de reconside-ración, y la Corte de Distrito de San Juan la denegó, agre-gando a su razonamiento que no cabía la tercería, a menos que se demostrara que el acreedor ejecutante se proponía, puede decirse, remover la maquinaria del solar embargado. Creemos que la corte estuvo en lo cierto.

Entre otras cosas, el apelante alega que si bien este pleito fue titulado “tercería de mejor derecho,” en realidad no era tal sino un remedio auxiliar de la sentencia que pudiera dictarse en el procedimiento ejecutivo sumario. Sin embargo, no sólo el título sino la súplica de la demanda y la última alegación de ésta demuestran que la teoría era una. prelación de créditos. El artículo 1531 de la Ley de Enjuiciamiento Civil española para Cuba y Puerto Eico, equivalente al artículo 1533 citado por la corte inferior de la ley es-. pañola, disponía como sigue:

“Podrán deducirse (las tercerías) en cualquier estado del juicio ejecutivo.
“Si la tercería fuere de dominio, no se admitirá después de otor-gada la escritura o consumada la venta de los bienes a que se refiere, o de su adjudicación en pago y entrega al ejecutante, quedando a salvo el derecho del tercero para deducirlo contra quién y cómo corresponda.
“Si fuere de mejor derecho, no se admitirá después de realizado el pago al acreedor ejecutante.”

Fué contención del apelante que aunque la propiedad lé fué adjudicada a J. S. Waterman & Co. en la subasta, su entrega efectiva jamás había tenido lugar. Sin embargo, si tal fué el hecho, el demandante debió hacerlo aparecer en su demanda, según apunta la apelada. ¡Tenemos la idea, aun-que no es necesario que lo decidamos específicamente, que el título a los bienes pasó por virtud del remate, y equivalía a una entrega.

Si bien- pudo haber procedido algún otro pleito, o el demandante tal vez pudo establecer un remedio auxiliar al ejecutivo hipotecario, la demandada no tuvo conocimiento de nada excepto de una tercería de mejor derecho.

Además, nada hay en los autos que demuestre que la teoría ahora suscitada ante este tribunal respecto a la natu-raleza de la acción, fuera presentada a la corte inferior. Las indicaciones son en sentido contrario.

-La corte concedió al demandante la oportunidad de enmendar, de la cual no se aprovechó, sino que insistió en la dem,anda tal como aparecía, y, según veremos, la misma era defectuosa por otros conceptos. Aunque hay algunos indicios de que no se hizo gran hincapié sobre los otros defectos en la corte inferior, no obstante, la apelada, desde luego, tiene derecho a descansar en ellos cuando el demandante insiste en la suficiencia de su demanda.

Según indica la apelada, la demanda no alega que los bienes rematados por virtud de la sentencia estuvieran per-manentemente adscritos a la propiedad hipotecada, ni la des-cripción de la hipoteca demuestra que la escritura constitu-yéndola en forma alguna describiera los referidos bienes re-matados.

Tal como apunta la apelada, tampoco alegó la demanda que la propiedad en poder del marshal estaba ubicada en la finca afecta a la hipoteca, ni siquiera que la misma pertenecía al deudor. Aunque quizá pudieron haberse hecho algunas inferencias a favor del demandante, .especialmente si el caso hubiera ido a juicio, non constat que los bienes embargados 310 se hallaban en el terreno y qne no pertenecían a Arturo Ocasio.

No se alegó qne la propiedad valía más de $500, la cantidad necesaria para dar jurisdicción a la Corte de Distrito de San Juan.

Posiblemente, si el apelante hubiera enmendado su de-manda para convertirla en un remedio auxiliar de su proce-dimiento hipotecario, y hubieran subsistido los otros defec-tos, la demandada habría excepcionado nuevamente y el de-mandante habría tenido otra oportunidad de presentar debi-damente su caso ante la corte.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor. Wolf,

text:
    Rafael M. Schuck, demandante y apelante, v. Cirila Verdejo, demandada y apelada.
    No. 5778.

    Sometido: Febrero 10, 1932.

      Resuelto: Julio 29, 1932.

      Molina, Dubón & Ochoteco, abogados del apelante; Angel A. Vázquez, ahogarlo del apelado.

      Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Rafael M. Schuck instó acción de desahucio contra Cirila Verdejo. Celebrado el juicio, • la Corte de Distrito de San Juan dictó sentencia a favor de la demandada, podemos de-cir que por dos motivos: primero, que la demandada, aun-que no era dueña del terreno que se trataba de recobrar, lo era de una casa construida en el mismo, y, por tanto, surgió un conflicto de títulos; y, segundo, que la demandada tenía un derecho de hogar seguro (homestead) sobre la casa (sic).

Incidentalmente, podemos abrigar la duda de si el derecho de hogar seguro no es incompatible con un derecho dominical actual. En otras palabras, si la demandada tiene el dominio, el dominio absoluto, de una casa enclavada en un predio de terreno, entonces el derecho de hogar seguro se fundiría o confundiría con tal dominio absoluto, y no podría surgir un derecho independiente de hogar seguro. Por supuesto, si una persona es dueña de un predio de terreno o de una casa y se le priva de la propiedad, el derecho de hogar seguro surge, pero entonces esa persona no pretende sostener que es la dueña absoluta. No estamos tratando de excluir defensas inconsistentes, sino meramente demostrar que en lo que a estas dos defensas entre sí respecta, ambas no pueden coexistir.

La demanda, examinada y declarada buena por la corte inferior, era una ordinaria de desahucio para recobrar la posesión de cierta parcela de terreno. En un caso usual, ese pleito daría al demandante, si resulta victorioso, la posesión del terreno y. de todo lo enclavado en él.

Leída cuidadosamente, la contestación sólo alega un de-recho de hogar seguro. Admite que la propiedad que había pertenecido a Cirila y Petronila Verdejo fué adquirida por el Sr. Molina sin perjuicio del derecho de hogar seguro que Cirila tenía. Esto tendería a admitir — si es que no consti-tuía una admisión directa — que el dominio de la casa había pasado a Molina.

Este tribunal revocó la sentencia (ante, p. 68), aceptando lo dicho en la opinión de la corte inferior de que la deman-dada había vivido en la casa en cuestión durante treinta años, y que había hecho reparaciones en la misma y la había am-pliado. No consideramos que esto constituyera suficiente prueba demostrativa de un título a la casa, cuando, según expresó la corte, el terreno pertenecía a otra persona, ,el de-mandante en este caso. Eesolvimos que la regia era que lo accesorio sigue a lo principal.

La apelada no compareció a la vista de este caso ni ra-dicó alegato, pero ahora ha presentado moción de reconside-ración. Llama la atención hacia el hecho de que varios tes-tigos dijeron que ella, era la dueña. Esta corte declaró, sin embargo, que la presunción es que toda casa enclavada en un predio de terreno pertenece al dueño de éste, y esta presun-ción no fué destruida por manifestaciones contenidas en el récord en el sentido de que la demandada construyó la casa y era dueña de la misma.

Pedro Arroyo era originalmente el dueño, del terreno de que se trata. El lo hipotecó. En ejecución del crédito hipotecario, el terreno le fué vendido al Sr. Molina. El remate se efectuó en julio 15, 1920. Parece que para aquel tiempo ya Pedro Arroyo había muerto y que él bahía dejado un testamento por virtud del cual el título de sus bienes pasó a su esposa Petronila Verdejo, y a su hija de crianza Cirila Verdejo. Después de la subasta, el Sr. Molina tramitó un expediente de dominio en el que Petronila y Cirila Verdejo fueron debidamente citadas y tuvieron la oportunidad de defenderse. Asimismo parece desprenderse de los antos que Petronila y Cirila Verdejo iniciaron para sí nn procedi-miento de dominio qne fné posteriormente abandonado.

A tenor del artículo 368 del Código Civil, cuando un pre-dio de terreno se vende directamente o en subasta, la pre-sunción es que lleva consigo todo lo enclavado en él. Con-venimos con la apelada en que esta presunción es controvertible.

La evidencia tendió fuertemente a demostrar que al tiempo del remate babía una casa vieja en el terreno, donde Pedro Arroyo babía residido con varias personas que de él dependían para su subsistencia. Petronila Verdejo continuó viviendo §n esta casa después del fallecimiento de su marido. Aparentemente, después de la muerte de Petronila Verdejo, y, desde luego, con posterioridad a la subasta, Cirila Verdejo, quien babía vivido en la casa en vida de Pedro Arroyo y Petronila Verdejo, continuó habitándola con algunas o todas las personas dependientes que habían residido allí con Pedro Arroyo y Petrolina Verdejo.

Algún tiempo después de la venta en pública subasta, Cirila Verdejo, según propia admisión, destruyó la casa vieja y construyó una enteramente nueva.

Mientras ocupaba la silla testifical, el Sr. Molina dijo:

“Se renunció cualquier derecho de ‘homestead’ o cualquier dere-cho de cualquier género que pudiera alegar Petronila Verdejo o Cirila Verdejo o cualquiera otra persona en relación a la finca ven-dida a Henry G-. Molina, en consideración a que yo les dejara vivir en ese sitio hasta tanto no me fuera necesario sacar la casa de ahí. ’ ’

Parece ser también que el demandante no estaba haciendo alegación alguna respecto al dominio de la casa como tal, sino que insistía que debía ser removida.

La demandada apelada sostuvo que el título a la casa dimanó de los actos de Cirila Verdejo. No vemos cómo la edificación de una casa en terrenos pertenecientes a otro puede impedir que el dueño recupere la posesión del sitio va-liándose de un desahucio, a menos que el demandado tenga algún título existente.

Los autos no revelan que la demandada se fundaba en la alegada promesa del Sr. Molina. Por el contrario, ella se basaba y se basa en su alegado derecho de hogar seguro. Si ella hubiera renunciado su derecho de hogar seguro mer-ced a la supuesta promesa de Molina, posiblemente podría reclamar, lo que no ha hecho, algún derecho, nacido de un contrato o permiso para permanecer en el terreno.

Suponiendo tal defensa, entonces debió haber sido plan-teada en el procedimiento de desahucio. En la corte inferior, el caso fué fallado exclusivamente sobre la teoría de un conflicto de títulos. Cualquier derecho a la posesión que no origine título debe resolverse en el pleito de desahucio.

La definición del desahucio es como sigue:

“Sección 2. Procederá el desahucio contra los inquilinos, colonos y demás arrendatarios, los administradores, encargados, porteros o guardas, puestos por el propietario en sus fincas, y cualquiera otra persona que detente la posesión, material o disfrute precariamente, sin pagar canon o merced alguna.” Compilación, see. 1626.

Los tribunales de Puerto Pico han resuelto consistente-mente que los conflictos de títulos no pueden ventilarse en pleitos de desahucio. Bajo este principio, cualquier aparien-cia razonable de título o derecho dominical podría frustrar ■el pleito. Si, independientemente de una alegación de título, alegaciones relativas a un derecho de posesión, sin ser de-terminadas, pudieran vulnerar un procedimiento de desahu-cio, entonces se destruiría el propósito1 de la ley. La deman-dada debió alegar y probar un derecho de posesión, y enton-ces esta cuestión pudo haberla resuelto la corte inferior.

La apelada también hizo gran hincapié en el caso de la Ermita de Nuestra Señora v. Collazo, 41 D.P.R. 596. En aquel caso había inscrito un título posesorio sobre la casa, y este tribunal estaba bajo la impresión de que no podía resolverse en un procedimiento de desahucio la cuestión re-lativa al título de la casa. Nos sentimos obligados a resolver que aquella decisión no puede invocarse como autoridad para impedir que un demandante recobre la posesión de sus terrenos, bajo los hechos de este caso. Además, la propie-dad fué finalmente inscrita, y nada hay en los autos que de-muestre que Rafael M. Sehucfc, quien compró el terreno a Molina, tenía conocimiento o noticia de las condiciones bajo las cuales Cirila Verdejo vivía en la finca.

Cirila Verdejo no adquirió ningún derecho de hog’ar seguro. Para la época de la subasta, si bien ella tenía algún título en la propiedad, no era cabeza de familia. Petronila Verdejo lo era. Las autoridades son claras en el sentido de que el derecho de hogar seguro debe, a fin de que l'raeda ser concedido, existir en la fecha en que tuvo lugar la venta en ejecución. Garner v. Freeman, 118 La. 183, 185; Tuttle v. Howe, 14 Minn. 113; Zander v. Scott, 46 N. E. 2; 33 R.C.L. 601, sec. 64, y notas. Es igualmente claro que aunque Cirila Verdejo era hija de crianza tanto de Pedro Arroyo como de Petronila Verdejo, no era hija de Petronila Verdejo, y, por consiguiente, cualquier derecho de hogarseguro que hubiese habido no pasó a ella.

Bajo estas circunstancias, no vemos motivo alguno por el cual no debió prevalecer la acción de desahucio, y, por tanto, debe declararse sin lugar la moción de reconsideración.

Los Jueces Presidente Señor del Toro y Asociado Señor Hutchison disintieron.


text:
    Rubert Hermano, Inc., demandante y apelante, v. Antonio Hernández, demandado y apelado.
    No. 5784.

    Sometido: Noviembre 12, 1931.

      Resuelto: Julio 29, 1932.

      Angel M. Torres, abogado del apelante; M. B. Garrasquillo, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de nn recurso en qne el apelado no ba radicado alegato alguno. Este caso y los números 5785 y 5786 fueron vistos conjuntamente tanto en este tribunal como en la corte inferior. En estos procedimientos de desahucio la prueba tendió a demostrar que la demandante es dueña de nove-cientas cuerdas de tererno; que cada uno de los demanda-dos tiene construida, con su propio peculio, y en terrenos de la demandante, una casa en la que cada uno vive con su fa-milia, cultivando el terreno; y que los administradores y re-presentantes de la demandante habían exigido que cada uno de los demandados abandonara la propiedad. La deman-dante sostuvo que no autorizó a los demandados a construir las casas, pero éstos insistieron que tal permiso les fué con-cedido por los administradores o representantes de la de-mandante, y que los demandados durante años habían ocu-pado, como “arrimados,” los terrenos en cuestión. En vista de esta evidencia, la corte dijo que la cuestión era si las casas fueron construidas de buena o mala fe, lo que no podía determinarse en este procedimiento, y se sintió obli-gada por la decisión de este tribunal en Ermita de Nuestra Señora del Rosario v. Collazo, 41 D.P.R 596.

La apelante sostuvo que la edificación de estas casas ja-más se hizo con permiso del dueño del terreno; que actos meramente tolerados no dan derechos; y que el supuesto permiso concedido por los representantes de la demandante no era obligatorio para la dueña.

En este caso, como en el de Schuck v. Verdejo, fallado en el día de boy, nadie pone en tela de juicio el derecho de estos demandados a trasladar sus casas.

La apelante llama la atención, como nosotros lo hicimos en Schuck v. Verdejo, hacia el hecho de que en el caso de la Ermita había un título inscrito a la casa en que la deman-dada había vivido por años.

Bajo cualquier aspecto, creemos que los demandados es-tán ocupando el terreno en precario, y que estaban sujetos a ser desalojados a opción del dueño. A falta de un per-miso específico, o aun habiéndolo, ningún título surgió en los demandados. En los casos en que hemos creído que había conflicto de títulos se había presentado algo como un color de título en el demandado, lo que no podía surgir bajo los hechos de este caso.

Parte del razonamiento en Schuck v. Verdejo, supra, es de otro modo aplicable.

Debe revocarse la sentencia apelada y dictarse otra a favor de la demandante.

Los Jueces Presidente Señor del Toro y Asociado Señor Hutchison están conformes .con la sentencia.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    José R. Rivera, demandante, v. Banco Industrial de Puerto Rico, demandado; Francisco Acevedo, interventor y apelante.
    No. 5961.

    Sometido: Julio 26, 1932,

      Resuelto: Julio 29, 1932.

      Large & Acevedo, abogados del interventor apelante; G‘. de la, Haba, abogado del demandante; H. B. Francis, J. Henri Brown, C. Bwiz Nazario y G. E. González, abogadlos del demandado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

En los autos sobre administración judicial del Banco Industrial de Puerto Eico promovidos por José E. Eivera se presentó por Francisco Acevedo una demanda de interven-ción que luego enmendó para alegar tres causas de acción con el fin de que se declare por la primera que es nulo, el nombramiento de síndico de ese banco: por la segunda que el banco no lia sido disuelto y que es solvente; y por la ter-cera que se declare compensada una deuda hipotecaria del interventor con dicho banco con un crédito por dinero contra el mismo que fué cedido al interventor. El síndico de esa administración judicial excepcionó dicha demanda enmen-dada por no exponer hechos determinantes de causa de ac-ción ; excepción que la Corte de Distrito de San Juan declaró con lugar en cuanto a las dos primeras causas de acción y concedió un término al demandado para que contestara la tercera causa alegada. En vista de esa resolución el inter-ventor solicitó que se dictase sentencia y así lo hizo la corte declarando sin lugar la demanda enmendada de intervención en cuanto a la primera y segunda causa de acción y conce-diendo al síndico del banco diez días para contestar la ter-cera causa de acción. De esa sentencia apeló el interventor.

El síndico apelado nos pide que desestimemos esta apela-ción por académica y sin finalidad práctica fundándose en que el banco cedió su crédito hipotecario contra el interventor al Tesorero de Puerto Eico quien ha establecido procedi-miento ejecutivo para su cobro en el que le fué adjudicada la finca hipotecada, según comprueba con certificación que nos presenta. El apelante se ha opuesto a la desestimación.

Como Remos dicho al principio, esta apelación se ha in-, terpnesto contra la sentencia que declaró sin lugar la pri-mera y segunda causa de acción en las que se interesa que se declare nulo el nombramiento de síndico del banco y que éste no es insolvente y no ha sido disuelto, por lo que el hecho de que la deuda hipotecaria que por la tercera causa de acción quiere compensar el interventor haya sido ejecu-tada no hace académica la apelación en cuanto a las dos pri-meras causas de acción, que son el objeto de esta apelación.

Por lo expuesto la moción de desestimación de la apelación debe ser declarada sin lugar.


text:
    Dr. J. H. Font, demandante y apelado, v. Sucn. Desconocida de Antonio Concepción Rodríguez, demandada, y El Pueblo de Puerto Rico, interventor-demandado-apelante.
    No. 5447.

    Sometido: Junio 9, 1931.

      Resuelto: Julio 29, 1932.

      Son. Attorney General James R. Beverley y Felipe Janer, Subproj curador, abogados del apelante; M. Marcos Morales, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El Dr. Juan H. Font demandó a la sucesión de Antonio Concepción Rodríguez, fallecido en el pueblo de Cidra de esta Isla el 4 de noviembre de 1927 sin descendientes, ascen-dientes ni sucesores conocidos para que le pagase los servi-cios médicos que le prestó a aquél desde enero de 1926 basta agosto 2 de 1927 por los cuales reclamó como valor razonable la cantidad de $6,000. El Sr. Cónsul de España compareció en nombre de los herederos desconocidos y solicitó que se detallasen los servicios (bill of particulars) lo que bizo el demandante, pero el demandado no bizo más alegación y la corte dictó sentencia en rebeldía de la sucesión demandada, la que más tarde dejó sin efecto a instancia de El Pueblo de Puerto Rico que compareció como único heredero y contestó la demanda haciendo una negación general de sus alegacio-nes. Un mes después, al comenzar el juicio, El Pueblo de Puerto Rico alegó como excepción previa que la demanda no aduce hechos determinantes de causa de acción, la que fué resuelta en contra de esa parte al ser dictada la senten-cia, declarándose por ésta con lugar la demanda y .fijando los honorarios a cobrar en la cantidad de $5,000. Contra ese fallo se ha interpuesto esta apelación por El Pueblo de Puerto Rico.

Tres son los motivos en que se funda para sostener su recurso, siendo el primero de ellos que la corte sentenciadora cometió error al declarar sin lugar la excepción previa que formuló contra la demanda; y lo argumenta diciendo que no basta que se alegue que se han prestado los servicios, sino que es necesario que la demanda exprese que se prestaron a solicitud y requerimiento del demandado. Tal alegación no es necesaria cuando los servicios han sido prestados a la persona a quien se cobran, aunque esté representada por sus herederos como ocurre en este caso.

Los otros motivos de error pueden ser considerados conjuntamente pues el segundo se refiere a la apreciación de la prueba y el tercero a haber considerado la corte senten-dadora que los servidos del demandante tienen un valor de $5,000.

La prueba del demandante es dara, abundante y predsa respedo a que prestó a Antonio Concepdón Rodríguez ser-vidos médicos durante nn año y siete meses en todas sus enfermedades y especialmente en su padecimiento de cole-cistitis crónica y úlcera duodenal, practicando en el paciente exámenes radiológicos, tratamientos intravenosos, exámenes clínicos, masajes prostéticos, drenajes de las vías biliares, aplicaciones de' cuarzo, exámenes de orina, de excreta, de sangre, de jugo gástrico y de esputos, y por tomar placas radiográficas; y también en otras enfermedades como pio-rrea. La parte apelante no presentó prueba en contrario y no podemos sostener el segundo de los errores alegados.

En verdad, la única controversia entre las partes ba sido en cuanto al valor razonable de los servicios cuyo pago se reclama. Respecto de ellos declararon dos médicos presen-tados por el demandante. El Dr. José González con práctica de veintiún años valoró esos servicios en $10,000. El Dr. Pedro Rivera Aponte, Director de la unidad de salud pú-blica de Cayey y con trece años de experiencia, los justipre-ció en $7,000. El demandado presentó como perito suyo al Dr. Miguel Roses Artáu con veintiséis años de ejercicio de su profesión, quien dijo que el demandante es no solamente una mentalidad sino algo más; valoró los distintos servicios médicos prestados por el demandante teniendo en cuenta la labor solamente y coneluyó por decir que tales servicios tienen un valor intrínseco de $2,500 a $2,800. Entendemos que este perito no quiso valorar los servicios en relación con la persona que los prestó.

El apelante dice que la corte inferior pasó por alto la declaración del Dr. Roses Artáu. Esto no es así pues en su relación del caso y opinión se refiere a ella. Lo que sucede en estos casos es que es muy difícil fijar el verdadero valor razonable de los servicios profesionales. Esto se ve aun con los mismos médicos, pues, mientras tino de los del deman-dante valoró los servicios en $7,000 otro los fijó en $10,000, y el perito médico del demandado los justipreció en $2,500 a $2,800 y la corte inferior los fijó en $5,000, cantidad dis-tinta a la de los tres peritos. A nosotros nos parece que un valor de $3,000 resulta razonable y equitativo, teniendo en cuenta también que no resulta que la asistencia que el demandante prestó a Antonio Concepción Rodríguez lo pri-vara de otras ócupaciones de su profesión.

La sentencia apelada debe ser modificada en el sentido de fijar en $3,000 el valor razonable de los servicios profesio-nales y así modificada confirmarse.

El Juez Asociado señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    Carlos Conde, boy Sucesión de Juana Ramos Latour, demandante y apelante, v. José Rivera Salamán y otros, demandados y apelados (algunos).
    No. 5468.

    Sometido: Mayo 5, 1932.

      Resuelto: Julio 29, 1932.

      A. Marín Mwrién, abogado de la apelante; Hm-ml F. Bossy, abogado de los apelados Miguel Rodríguez y Cecilio Isaac Santos.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante comenzó mu pleito contra varias personas y algunos años después presentó escrito al secretario de la corte manifestándole que desistía de su pleito previo pago de las costas de secretaría. Registrado ese escrito en el libro del secretario la corte, motu proprio, dictó sentencia teniendo al demandante por desistido de su acción con las costas. Dentro de los siguientes diez días presentaron dos de los demandados un memorándum de costas conteniendo varias partidas, siendo una de ellas por honorarios de abo-gado. Se opuso el demandante a la aprobación de ese me-morándum por varios motivos pero la corte lo aprobó reba-jando la cuantía por honorarios de abogado. Contra esa resolución se interpuso esta apelación.

• Los motivos alegados para sostener este recurso son: primero, que cometió error la corte inferior al reconocer validez a la sentencia dictada por la misma que declaró desistida a la demandante de la acción e imponiéndole las costas, en cuanto impone costas sin limitarlas a las causadas en secretaría: segundo, qne también cometió error al decla-rar que no era necesaria la notificación de dicha sentencia a la demandante por no ser apelable la sentencia de desisti-miento ; y tercero, que también fué error y abuso de discreT ción el negarse a reconsiderar la sentencia dejándola sin efecto en cuanto a las costas, otras que las causadas en secretaría.

Según el artículo 192, No. 1, del Código de Enjuiciamiento Civil, un demandante puede desistir de su demanda en cualquier tiempo antes del juicio previo pago de costas, excepto en ciertas circunstancias entre las cuales no se encuentra este pleito. No es necesario dirigir esa solicitud a la corte. Basta con que se dirija al secretario, quien tiene el deber de anotar el desistimiento en el registro y dictar sentencia de conformidad, pudiendo la corte compelerlo a cumplir con ese deber ministerial en caso de que se niegue a hacerlo. Hopkins v. Superior Court, 136 Cal. 552; 69 Pac. 299. Las disposiciones del estatuto, sin embargo, no impiden que el demandante pueda dirigirse a la corte solicitando el sobreseimiento, en cuyo caso, una vez sobreseído el pleito, el secretario debe hacerlo constar así en el libro registro. McDonald v. Timber Corporation, 2 Cal. App. 165; 83 Pac. 162; Richard v. Bradley, 129 Cal. 670; 62 Pac. 316.

Ese precepto fué considerado en otro recurso entre las mismas partes de este litigio con motivo de la apelación que el demandante interpuso contra la sentencia que lo condenó a pagar costas al tenerlo por desistido de su pleito; Sucn. Ramos Latour v. Rivera, 41 D.P.R. 286. En él dijimos que cuando un demandante desiste de un caso y conviene en pagar las costas no consiente en pagar los honorarios de abogado; y que si la corte le impone las costas sin excluir tales honorarios de abogado, o en otras palabras, si no limita las costas a las que se originen en secretaría, tal demandante tiene derecho a apelar de la sentencia fijando las costas en esa forma ilimitada; y que el demandante tenía derecho a apelar del pronunciamiento de costas. En cuanto a las costas la jurisprudencia de California sostiene que éstas se limitan al importe de la orden que debe anotar el Secretario por el desistimiento. Estas son las únicas cos-tas que el demandante debe pagar previamente y no aque-llas que se puedan haber causado al demandado. Hopkins v. Superior Court, supra: Todhunter v. Klemmer, 134 Cal. 60; 66 Pac. 75; Home Real Estate Co. v. Winnants, 39 Cal. App. 643; 179 Pac. 534. En Hopkins v. Superior Court, supra, dice la Corte Suprema de California: “Cualquiera que pueda ser el derecho del demandado a la cobranza de. sus costas en caso de desistimiento de la acción, este derecho surge únicamente después del desistimiento. El pago de las costas al demandado no es un prerrequisito al ejercicio del derecho del demandante. No incumbe al secretario ejercitar la función judicial de- tasar y resolver el memorándum de costas. Él no puede decir qué costas debe pagar el deman-dante al demandado. A lo más que tiene derecho el deman-dado bajo las circunstancias es a radicar oportunamente su memorándum para su resolución y para que se dicte una sen-tencia de conformidad contra el demandante.” En Home Real Estate Co. v. Winnants, supra, se ratifica esta doctrina. En este cáso dice la corte que las costas que sean ocasionadas al demandado deben ser reclamadas por medio de un memo-rándum de costas presentado a su debido tiempo. La sentencia de la corte inferior fué innecesaria en cuanto al desistimiento, que debió ser registrado por el secretario dic-tándose sentencia de conformidad, y en cuanto a las costas la corte debió esperar para actuar a que el demandado ejerci-tara sus derechos. No-debe concederse a una parte lo que no pide y en este caso el demandado, cuando se dictó la sentencia por la corte, no había practicado gestión alguna con respecto al cobro de costas. De acuerdo con las leyes de Puerto Rico la concesión de costas es una cuestión para ser decidida por la corte dentro de sus facultades discrecio-nales. Pnesto qne el pago previo de las costas por el deman-dante se refiere a los derechos exigibles por la radicación de la solicitud de desistimiento y sentencia, natural es que las costas ocasionadas al demandado sean decretadas y estima-das-por la corte a solicitud de la parte interesada. Enten-demos que el procedimiento a seguir por el demandado de acuerdo con las leyes de Puerto Rico es solicitar de la corte que condene en costas al demandante y si obtiene una reso-lución favorable entonces debe esperar que sea firme la sen-tencia para presentar el memorándum de costas dentro del término que la ley exige.

Por consiguiente, habiendo manifestado el demandante en su escrito de desistimiento del pleito que estaba dispuesto a pagar las costas de secretaría y habiendo sido dictada la sentencia por la corte teniéndole por desistido y condenán-dolo en las costas sin limitar éstas a las de secretaría, tal sentencia era apelable y debía ser notificada al demandante por no resultar de acuerdo con su escrito y por tanto fué prematura la presentación del memorándum de costas de los apelados hecha a los diez días de dictada esa sentencia, cuando no era firme.

La resolución apelada debe ser revocada.


text:
    Rafael Aldea Bigles, demandante y apelante, v. Rexach Racing & Sporting Corporation, demandada y apelada.
    No. 4909.

    Sometido: Junio 18, 1931.

      Resuelto: Julio 29, 1932.

      L. Feliú, abogado del apelante: L. S. Vahamonde, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión, del tribunal.

El 10 de agosto de 1924 hubo carreras de caballos en el hipódromo “Las Casas” de Rexach Racing & Sporting Corporation. En ellas se celebró el juego llamado pool en el que los jugadores anotan en una papeleta impresa el nombre de uno o más caballos en cada una de las siete carreras que tienen lugar cada día de carreras, y un tanto por ciento del producto de las jugadas se distribuye entre las personas que aciertan el mayor número de caballos ganadores.

Rafael Aldea Bigles fué una de las personas que jugó ese día en el pool y demandó a la expresada corporación alegándolo así y que la demandada tiene un empleado suyo, al que el demandante da el nombre de “abanderado,” cuya misión consiste en estar con una bandera a cierta distancia conveniente del juez de salida para agitarla al disponerlo así dicho juez cuando se hacen salidas no autorizadas por él : que el demandante jugaba en la séptima carrera a favor de los caballos nombrados Loba, Vaquerito, Braender y Nieve; que cuando partieron del puntó de salida los once caballos de la séptima carrera dicho “abanderado” sin orden ni ins-trucción del juez de salida y sin que existiera causa o motivo que lo justificara agitó la bandera dando ocasión así a que ■el mayor número , de los jinetes que montaban esos caballos los aguantaran y volvieran algunos para atrás, y que de los otros resultó ganador el caballo St. Patrick; que esa carrera no fué anulada por el jurado; que la segunda carrera había sido anulada, por lo que el pool fué repartido entre los que acertaron seis caballos, pero que si hubiera sido anulada la séptima carrera como entiende que debió serlo, entonces se hubiera pagado el pool a los que acertaron cinco caballos y hubiere cobrado el demandante.

La cuestión fundamental en este pleito es si el “abande-rado” es un empleado de la demandada. Ésta fué la única cuestión resuelta por la corte inferior, la que declaró que no lo era y, consiguientemente, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda, sin especial condena de costas. Contra ese fallo lia sido interpuesta esta apelación por el demandante.

El primer motivo del recurso se funda en que la corte inferior cometió manifiesto error al dictar su sentencia fundada en que el “abanderado” no era empleado de la demandada.

Hemos leído la prueba practicada en el juicio. Tres tes-tigos fueron presentados por el demandante; dos de ellos, Emilio Egozcue, juez de salida, y José Torres Silva, juez, de pista, no saben que el “abanderado” sea nombrado por la corporación demandada. El otro testigo es el demandante quien no sabe quién dió al “abanderado” ese puesto ni su nombre, pero dijo que la corporación lo pagaba porque vió la partida de pago al “abanderado” en la cuenta general, de la Comisión Hípica, diciendo luego de la corporación: al pre-guntársele si bay empleados que los paga la corporación contestó “Yo vi el cargo,” y que no recuerda si vió el nom-bre de la persona ni cuánto se le pagaba, aunque la cantidad era pequeña. El presidente de la corporación demandada, José A. Rexach, declaró que la Comisión Hípica es la que nombra todos los empleados para las carreras de caballos; que el “abanderado” no es un empleado de la corporación ni lo nombra ni lo paga.

Al demandante incumbe siempre la prueba de su acción y la presentada en este caso por el apelante no la encon-tramos suficiente, como tampoco la encontró la corte inferior, para estimar que el abanderado es un empleado de la demandada. Ni siquiera se llamó a esa persona para que declarase si lo había nombrado la demandada ni se aportó prueba de la Comisión Hípica, que debe saber quién nombra tal “abanderado,” ni se requirió la presentación de la cnenta a qne se refería el demandante. En consecuencia, no pode-mos declarar que la corte inferior cometiera el mencionado error.

En vista de la conclusión a que Remos llegado no es necesario resolver los otros motivos de error alegados, pues no siendo diclio “abanderado” un empleado de la deman-dada es inútil decidir en este caso si aquél actuó negligen-temente, y si la séptima carrera es nula o no.

No cometió error la corte inferior al dictar la sentencia apelada y debe ser confirmada.

El Juez Asociado señor Córdova D avila no intervino.


author: En Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Ramón Pérez Lugo, demandante y apelado, v. Joaquín Díaz, demandado y apelante.
    No. 6125.

    Sometido: Julio 26, 1932.

      Resuelto: Julio 29, 1932.

      L. A. López de Victoria, abogado del apelante; M. A. García Mén-dez, abogado del apelado.
   En Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Ramón Pérez Lugo obtuvo sentencia para recobrar la posesión de cierta propiedad inmueble. Él nos pide que desestimemos la apelación entablada contra esa sentencia.

Han transcurrido más de seis meses desde la radicación del escrito de apelación. El apelante explica que inmedia-tamente después de baber radicado aquél, solicitó que se dictara la orden correspondiente para que el taquígrafo pre-parara la transcripción de la evidencia, satisfizo sus hono-rarios, y en distintas ocasiones ha pedido al taquígrafo que ultime la transcripción. El taquígrafo, en una declaración jurada que ha radicado el apelante, manifiesta, en síntesis, que no le ha sido posible llegar a este caso en el orden cro-nológico de las transcripciones pendientes. El apelante es el comprador en la venta con pacto de retro en controversia. Si el apelado no compra nuevamente la propiedad en o antes del primero de octubre, el apelante estará entonces en con-diciones de aducir una nueva reclamación al derecho de po-sesión. Este tribunal se declarará en receso el 30 de julio para volver a reunirse el primer lunes de noviembre. Si el juez de distrito hubiera denegado una moción solicitando que se ordenara al taquígrafo que diera preferencia a esta transcripción, el apelante habría estado en mejor posición. •Si tal moción hubiera sido presentada y declarada con lugar, la transcripción habría sido radicada dentro de los noventa días prescritos por el Reglamento de este tribunal, y el caso podría haber sido señalado para verse antes de entrar en vacaciones.

En respuesta a la alegación de que el recurso es frívolo, el apelante dice que su primera contención será qué la corte de distrito erró al apreciar la prueba. No se revocan con frecuencia fallos por este fundamento, y no tenemos motivo alguno para creer que la sentencia en este caso sería revo-cada.

El apelante también dice que en 1930 Ramón e Isabel Pérez Rodríguez, hijos de Ramón Pérez Lugo, instaron un procedimaiento similar contra el demandado, aquí apelante, con respecto a la misma propiedad y basado en los mismos' fundamentos que los invocados por el aquí demandante Eamón Pérez Lugo; que dicho procedimiento, luego de un juicio sobre los méritos, fué desestimado en diciembre de 1930; que no se apeló de la sentencia; que el referido pro-cedimiento fué entablado con la aquiescencia y cooperación de Eamón Pérez Lugo, quien personalmente radicó la de-manda, declaró como testigo de la parte demandante, y aunque no fué designado como parte, era en realidad parte en aquel procedimiento, toda vez que el mismo fué incoado a fin de daide posesión de la propiedad como arrendatario de sus hijos, siendo ése el fin del presente procedimiento; que el interés del demandante en este caso es común e idén-tico al de sus hijos; que el aquí demandante está impedido por el resultado del caso anterior; y que esto fué alegado por vía de defensa en la corte inferior, pero el juez de dis-trito no admitió evidencia en apoyo de la misma y la deses-timó, anotando excepción el demandado. Nada hay que de-muestre la naturaleza de la defensa por virtud de la cual al demandado le fué posible salir victorioso en el procedi-miento anterior. Fuera de la relación de hechos arriba ex-puesta, nada hay que demuestre sobre qué teoría el juez de distrito excluyó la evidencia en apoyo de la alegación de im-pedimento que hizo el aquí demandado y “desestimó” la defensa. No hay affidavit de méritos, ni una relación bas-tante de los hechos, amén de la ley aplicable a ellos, que puedan colocar a esta corte en posición de determinar qué posibilidad pueda haber para una revocación, si es que ha de haberla. La sentencia apelada se presume correcta, y la relación que hace el apelante de los motivos en que se fundó,, más bien que todo lo contenido en la moción para desestimar, indica que la apelación es frívola.

Ya sea- frívolo el recurso o no, la probabilidad de que se 1-e ocasionen al apelado serios inconvenientes e injusticas a causa de una negativa a desestimar, sobrepuja la remota posibilidad de cometer alguna leve injusticia con el apelante' aí desestimarle su recurso pdr haber dejado de radicar laN transcripción de la evidencia.

Debe desestimarse la apelación.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    En Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Eugenio Ruiz, acusado y apelante.
    No. 4787.

    Sometido: Junio 16, 1932.

      Resuelto: Julio 29, 1932.

      González Fagundo & González Jr., abogados del apelante; B. A. Gó-mez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante alega que la corte de distrito cometió error al negarse a eliminar parte de la declaración de un inspector de sanidad local relativa a una licencia para vender leche y a una fianza prestada por el acusado. Este testigo manifestó que Eugenio Ruiz era dueño de cierto puesto de leche. A moción del acusado esta manifestación fué eliminada de los autos. La contención del acusado, sos-tenida por el juez sentenciador, fné que debía presentarse la licencia. El testigo entonces manifestó que la licencia estaba pegada al puesto de leche; que había sido entregada al dueño del puesto y la única prueba en posesión del testigo aparecía en un talonario; y que no había ninguna otra copia de ella. En respuesta a algunas preguntas del letrado del acusado el testigo manifestó que él había expedido la licen-cia a Eugenio Ruiz al prestarse y aprobarse una fianza de $1,000, pero que entregó la licencia a Ramón Ruiz, que estaba a cargo del puesto, como representante de Eugenio Ruiz; y que Eugenio Ruiz no vivía en el pueblo y su representante allí, Ramón Ruiz, solicitó la licencia. El acusado entonces-pidió la eliminación de este testimonio. La corte se negó a eliminar la declaración de que la licencia para el puesto había sido expedida a favor de Eugenio Ruiz. No hallamos que en esto se cometiera error.

En julio 16, 1931, Eugenio Ruiz prestó una declaración jurada al efecto de que Fernando G-arcía era uno de sus empleados. La leche adulterada fué econtrada en posesión de García el 11 de agosto. Cuando la declaración fué ofrecida en evidencia el acusado se opuso fundándose en que era inmaterial e impertinente. Se señala como error el haberse admitido la declaración jurada en evidencia. El inciso 31 de la sección 102 de la Ley de Evidencia dispone, como una de las presunciones controvertibles allí enumeradas, “que una vez probada la existencia de una cosa, continúa ésta todo el tiempo que ordinariamente duran los casos (las cosas) de igual naturaleza.” La continuación de las relaciones existentes entre un dueño de un puesto de leche y sus empleados del 16 de un mes al día 11 del siguiente no es algo inusitado. La declaración jurada no era inmaterial ni impertinente.

Otros señalamientos son al efecto de que la corte de dis-trito cometió error al declarar sin lugar una moción de nonsuit y al declarar convicto al acusado de tener a la venta leche adulterada para el consumo- humano.

De la declaración jurada arriba mencionada aparece que el deponente se dedicaba "al negocio de leche para el con-sumo humano” y que sus "empleados y distribuidores” lo eran Ramón Ruiz y Fernando García. Éste llevaba tres botellas de leche de a cuartillo y una cantidad adicional en un frasco de aceitunas. El acusado se dedicaba al negocio de suministrar leche para el consumo humano. García es-taba empleado como distribuidor de tal leche. La inferen-cia es que la leche hallada en su poder era para la venta y que se distribuía para el consumo humano. García mismo declaró como testigo del acusado que la leche era para la venta. Más específicamente, su manifestación fué que la leche era suya y que él la había comprado para revenderla. También declaró que él no era empleado de Ruiz en el mo-mento en que se tomaron las muestras. García se declaró culpable como coacusado pero debido a su corta edad no se le impuso sentencia alguna. Su declaración como testigo del acusado fué en sí tan contradictoria y tan manifiestamente poco digna de crédito que no merecía seria consideración ni debilitó en forma alguna el caso prima facie establecido por El Pueblo.

Dehe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

text:
    Juana Ayala Montalvo, demandante y apelante, v. José M. Miranda, Cornelio de Santiago y Rosa Cumpiano, demandados y apelados.
    No. 5811.

    Sometido: Junio 14, 1932.

      Resuelto: Julio 29, 1932.

      E. Báez García, abogado del apelante; J. Alemañy Sosa, abogado de' los apelados Miranda y de Santiago.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Es ésta una acción de nulidad de procedimiento ejecutivo hipotecario promovida por Juana Ayala Montalvo contra ■José M. Miranda. Se alega en la demanda que el requeri-miento de pago practicado por el marshal en el procedimiento ejecutivo carece de validez porque no se hizo en la forma que ordenó la corte, ya que no se requirió de pago a las demandadas Eosa Cumpiano y Juana Ayala, requiriendo el .marshal por su propia iniciativa y asumiendo facultades que no son de su competencia a otras personas, sin que se hu-biese solicitado .así por el ejecutante, ni se hubiese ordenado así por la corte ni se hubiese establecido así por la Ley Hipotecaria y su reglamento. Se alega además que no se publicaron los edictos que para tales casos dispone la ley. De los autos resulta que la finca gravada, compuesta de un solar y una casa en él fabricada, radica en la calle de Mira-flor de la ciudad de Mayagüez. Practicado el requerimiento, se dispuso la venta de la finca en virtud de una orden de la corte y últimamente se adjudicó dicha finca al demandante en el procedimiento ejecutivo José M. Miranda por la suma de $740.51.

La corte ordenó al marshal que requiriese de pago a las demandadas Eosa Cumpiano y Juana Ayala Montalvo, y en el certificado de diligenciamiento el marshal dice que las de-mandadas se habían ausentado del distrito de Mayagüez sin que se le dijera dónde habían ido y que entonces procedió a notificar el requerimiento de pago al Sr. Nicolás Cancela que es la persona que se encontraba al frente de la finca como inquilino de la misma y al alcalde de la ciudad de Mayagüez, Sr. Juan Bullan, para que éstos a su vez procedieran a noti-ficar el requerimiento de pago a las demandadas.

Los demandados excepcionaron la demanda, alegando que los hechos expuestos no constituían una causa de acción, y vista dicha excepción la corte inferior dictó sentencia decla-rándola con lugar y sin lugar la demanda en todas sus partes, con las costas a cargo de la demandante. Contra esta sen-tencia interpuso dicha demandante recurso de apelación, atribuyendo a la corte inferior dos errores. Se alega que la corte erró al declarar que el márshal no tenía necesidad de orden nueva alguna de la corte para requerir de pag'o a la persona que se hallaba al frente de la finca. Se alega ade-más que la corte cometió error al declarar que encontrándose frente a la finca hipotecada una persona en el concepto de inquilino o arrendatario de la misma, no había necesidad de publicar el requerimiento por edictos.

De la faz de la demanda resulta que Juana Ayala residió permanentemente en la ciudad de Mayagüez hasta algunas-se-manas antes de iniciarse el procedimiento hipotecario, en que se trasladó temporalmente al pueblo de Las Piedras, dentro del distrito judicial de Humaeao. Se añade que la entonces demandada regresaba a Mayagüez periódicamente a visitar a sus familiares y a atender a sus intereses, percibiendo del inquilino de la casa, Sr. Nicolás Cancela, los cánones de arrendamiento que le correspondían en concepto de dueña que era del solar y casa de referencia, de todo lo cual tenían conocimiento tanto el demandante en aquel entonces y ahora demandado José M. Miranda como el otro demandado Sr. Cornelio de Santiago.

Aunque se alega que Juana Ayala Montalvo visitaba pe-riódicamente a Mayagüez, no se fija el sitio de su residencia ni se alega que conservara esta residencia en dicha ciudad. De acuerdo con el inciso segundo del artículo 128 de la Ley Hipotecaria, se requerirá al deudor de pago si residiere en el lugar en que radica la finca y si se supiera su domicilio; bastará en otro caso que se requiera al que se baile al frente de la finca en cualquier concepto legal a fin de que ponga en conocimiento del dueño la reclamación. De' modo que aunque el deudor resida en el lugar donde radica la finca si no se sabe su domicilio debe requerirse a la persona que se halle al frente de la finca en cualquier concepto legal. El deudor puede residir en un sitio y la finca gravada puede estar radi-cada en otro. La demandante alega que residía incidental-mente en Las Piedras y que el demandante en el procedi-miento ejecutivo tenía conocimiento de este hecho. No surge de las alegaciones de la demanda que la demandada tuviese residencia fija en Mayagüez y que se supiese dónde estaba su domicilio. La casa gravada fue arrendada a Nicolás Can-cela. No sabemos si la demandante vivía en esta casa o en otro sitio antes de abandonar a Mayagüez. Si vivía en esta casa es claro que dejó de residir en ella desde el momento en que la arrendó. No apareciendo que la demandante Juana Ayala Montalvo residiera en Mayagüez en un sitio determi-nado- no puede decirse que fuese posible requerirla personal-mente en sus visitas a dicha ciudad, porque si carecía de residencia no es de' suponer que pudiese saberse dónde se encontraba para que se llevase a cabo el requerimiento de pago. Decimos esto, a mayor abundamiento, porque igno-rado el domicilio, el requerimiento al arrendatario, que era la persona encargada de la finca, estuvo justificado.

En el caso de Román Benitez v. Francisca Rivera Gómez, resuelto recientemente por esta corte, se alegó en la demanda solicitando la nulidad del procedimiento ejecutivo que el demandado en dicho procedimiento residía en el distrito de San Juan en una casa inmediata a la finca gravada. En el escrito inicial solicitando que se expidiese el auto de reque-rimiento se fijó la residencia del demandado y se demostró que éste tenía su residencia habitual y permanente en la calle Loíza, de Santurce. También se demostró que no se requirió ni al' demandado personalmente ni a ninguna persona que estuviese a cargo de la finca en algún concepto legal. En el presente caso no se dice dónde tenía Juana Ayala Montalvo su domicilio, y en cambio se alega qne residía incidentalmente en Las Piedras. Entendemos qne la corte inferior no come-tió error al declarar que la demanda no aduce becbos sufi-cientes para determinar una causa de acción. El mársbal no tenía necesidad de una nueva orden para notificar el re-querimiento a la persona que se encontraba a cargo de la finca en concepto de arrendatario, ni babía tampoco necesidad de publicar edictos, porque de acuerdo con la ley hipotecaria y su reglamento cuando el deudor no reside en el lugar en que radica la finca, o cuando residiendo en dicbo lugar se ignore su domicilio, debe requerirse a la persona que se baile al frente de la finca en cualquier concepto legal a fin de que ponga en conocimiento del dueño la reclamación.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    Francisca Alfonso Marrero, demandante y apelante, v. Corte Municipal de San Juan, Hon. Ignacio Carballeira, Juez, demandada; Eulogio Dimas Riera y Bengoechea, Antonia, Luz María, Lucía Mercedes, Alfonso Rafael, Josefina Dolores y Rafael Angel Riera y Bengoechea, interventores apelados.
    No. 6091.

    Sometido: Julio 11, 1932.

      Resuelto: Julio 29, 1932.

      Angel A. Vázquez, abogado de la apelante; Pellón ■& Ayuso, aboga-dos de los interventores apelados.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

. Eulogio Dimas y otros establecieron demanda en la Corte Municipal de San Juan, sección segunda, contra Ramón Echa-varry, sobre desahucio, por falta de pago de los cánones de arrendamiento de un solar. Contestó el demandado negando la existencia del contrato de arrendamiento y alegando que la casa que ocupaba el solar no le pertenecía a dicho deman-dado sino a la peticionaria Francisca Alfonso Marrero, quien había puesto allí al demandado Ramón Echavarry para que viviera la parte alta de la casa y cobrara los alquileres de la parte baja. Francisca Alfonso Marrero solicitó interven-ción en el procedimiento de desahucio alegando tener interés :en el asunto en favor del demandado y en contra de los de-mandantes y estar poseyendo y ocupando precariamente el solar objeto del desahucio y hallarse en ese solar enclavada una casa de dos plantas de su propiedad, adquirida por título de herencia desde 1925. Permitida la intervención, la inter-ventora radicó su. demanda, que contestaron los demandantes en dicho pleito, Eulogio Dimas y otros.

Celebrada la vista del juicio, - la corte dictó sentencia de-clarando con lugar la demanda de desahucio interpuesta por los demandantes y sin lugar la demanda de intervención interpuesta por la peticionaria Francisca Alfonso Marrero, decretando el desahucio del demandado Ramón Echavarry y de la interventora Francisca Alfonso Marrero.

La interventora, no estando conforme con la sentencia, radicó un escrito de apelación, pero no consignó en la secre-taría de la corte municipal los cánones de arrendamiento adeudados de acuerdo con las alegaciones de la demanda. La corte municipal se negó a admitir la apelación y la inter-ventora estableció recurso de certiorari para revisar dicha ■resolución, alegando que fué decretada ex parte, sin notifica-ción alguna, y que es errónea e ilegal y dictada sin jurisdic-ción por no existir precepto alguno estatutario que imponga a un interventor demandante hacer consignación alguna de dinero importe de contrato de arrendamiento en el que no ha intervenido ni convenido, pues esta obligación es sólo del demandado en el pleito de desahucio, cuando éste se funda en falta de pago de las cantidades convenidas y la demanda de intervención se funda en la alegación de precario y de conflicto de títulos.

La Corte de Distrito de San Juan declaró sin lugar la solicitud de certiorari. De la opinión emitida por la corte inferior copiamos lo siguiente:

“La interventora en este caso, en su solicitud de permiso para intervenir, alegó tener interés en el asunto en favor del demandado y en contra del demandante, o sea se unió al primero para oponerse a las pretensiones del segundo, y así en su demanda de intervención pidió que se desestimara la demanda de desahucio radicada por los demandantes contra el demandado Ramón Eehavarry. Francisca Alfonso Marrero no es un demandante-interventor, o sea uno que ha llegado a tener derecho adverso a las reclamaciones de demandantes y demandado, como ha expresado en solicitud de certiorari, sino que es un ‘demandado interventor’, porque compareció en el asunto en favor del demandado y en contra de los demandantes. Y en tal vir-tud, puesto que la sentencia le fué adversa, ya que se declaró con lu-gar el desahucio por falta de pago y sin lugar su demanda de inter-vención fundada en estar poseyendo y ocupando precariamente el solar objeto del pleito-, para admitirse su apelación, constituida así en demandada a los efectos de la Ley, debía consignar en secretaría el importe del precio adeudado de los cánones de arrendamiento.
“Cuando a un extraño se le permite intervenir en una acción o procedimiento ‘se convierte desde entonces en una parte con iguales derechos y obligación que las partes en el pleito (Fernández et al. v. Avellanet et al., 16 D.P.R. 63, 66),’ y siendo así la tercerista se convirtió en demandada y quedó sujeta al procedimiento como la parte demandada a quien se unió. Boskomtz v. Thomeson, 144 Cal. 724, 78 Pac. 290.”

De los autos resulta que tanto la' interventora como el demandado en el pleito de desahucio se unieron para solici-tar que se declarara sin lugar la demanda, el demandado como encargado de la finca en representación de la interven-tora y ésta alegando que ocupaba y poseía el solar en pre-cario y que era dueña de la casa. Ambas partes aparecen unidas por un interés común y contra ambas se dictó la sen-tencia de la corte municipal.

El juicio de desahucio es un procedimiento especial de naturaleza sumaria que tiene por fin recuperar la posesión material de alguna finca, lanzando de ella al que la detenta sin pagar canon o merced, o a la persona que se le fia dado en arrendamiento cuando falta a alguna de sus condiciones. Finlay v. Fabián, 24 D.P.R. 159. La apelación debe interpo-nerse dentro de un término perentorio. Una vez espirado éste sin haberse interpuesto recurso de apelación el deman-dado tiene derecho a lanzar de la finca a la parte o partes-contra quienes se haya ordenado el desahucio. En este caso se dictó sentencia ordenando el desahucio del demandado Ramón Echavarry y de la interventora Francisca Alfonso Marrero. La interventora en este caso no puede impedir que los demandantes ejerciten los derechos que la ley les concede, y si se admitiera la apelación en el procedimiento de' desahucio sin haberse cumplido con el requisito de con-signar en la secretaría de la corte municipal el importe de los cánones vencidos, los demandantes se verían privados del derecho de ejecutar la sentencia que se dictó a su favor sin garantía alguna para poder cobrar los cánones vencidos en caso de que se confirmase la referida sentencia. La inter-ventora tuvo la oportunidad de conseguir que el caso fuese decidido en sus méritos mediante el correspondiente recurso, previa consignación del importe de los cánones vencidos. Si no lo hizo suya es la responsabilidad de no haber cum-plido con los requisitos exigidos por la ley.

Los demandantes han presentado moción para que se desestime el recurso interpuesto por tratarse de una apela-ción frívola y nosotros creemos que debe declararse con lugar esta moción.

Por las razones expuestas se desestima el recurso inter-puesto.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Maximino Ferrer Barreto, acusado y apelante.
    No. 4819.

    Sometido: Junio 17, 1932.

      Resuelto: Julio 29, 1932.
    El acusado compareció en persona; E. A. Gómez, Fiscal, abogada de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Maximino Ferrer Barreto, acusado de un delito de falsa representación, fue declarado culpable en primera instancia por la Corte Municipal de San Juan y en apelación por la corte de distrito del mismo nombre, habiendo sido condenado a sufrir un año de cárcel. Apelada la sentencia para ante este tribunal, el acusado ha radicado un escrito en el cual se limita a querellarse contra ciertos funcionarios de la policía, sin plantear ninguna cuestión legal. Por tratarse de un acusado que compareció personalmente a defenderse, sin estar representado por abogado, examinaremos la denuncia y la prueba para ver si en este caso se ha cometido algún error por la corte inferior que justifique la revocación de la sentencia.

Cinco son los requisitos necesarios para constituir el delito de falsa representación, a saber:

1. Intención de defraudar.

2. Perpetración del fraude.

3. La falsa representación debe ser usada con el propósito de perpetrar el fraude.

4. Conocimiento por e] acusado de la falsedad de la represen-tación.

5. Creencia por el dueño de la propiedad en la falsa repre-sentación, la cual debe ser la causa que le induzca a des-prenderse de dicha propiedad.

En el presente caso la denuncia copia en su primera parte el lenguaje del estatuto, diciendo que el acusado maliciosa y voluntariamente, con intención criminal, y valiéndose de fal-sas y fraudulentas simulaciones, cambió un cheque por la suma’ de $8.50 en la tienda del Sr. Manuel Rivera, diciendo que era mandado por el Sr. Bolívar Pagan, siendo todo falso, defraudando de esta manera al Sr. Rivera de la' expresada cantidad. Hubiera sido deseable que se hubiera alegado en la denuncia de manera positiva la falsedad del cheque, expre-sándose que dicho cheque, que aparece autorizado por Bolí-var Pagán, nunca fue firmado por éste, y que el acusado cono-ciendo la falsedad del mismo, trató de pasarlo y lo pasó como si fuese válido; pero esta omisión no es fatalmente defec-tuosa, si se examinan las alegaciones en conjunto, en ausen-cia de una excepción a la denuncia. En el caso de People v. Millán, 106 Cal. 320, 39 Pac. 605, la Corte Suprema de California sostiene que una acusación por falsa representación que no alega directamente que el acusado conociera que la representación hecha por él era falsa, es excepcionable, pero no fatalmente defectuosa. En dicho caso el acusado no in-terpuso excepción, y la corte sostuvo que la acusación, exa-minada en su totalidad, era suficiente para sostener el vere-dicto y la sentencia.

Como hemos visto en la denuncia se alega que el acusado defraudó la expresada cantidad de $8.50 al Sr. Rivera. La denuncia aleg’a intención criminal, falsas y fraudulentas simulaciones y la perpetración del fraude. La acusación debe alegar a quién pertenece la propiedad obtenida en virtud de la falsa representación. El Pueblo v. Flores, 33 D.P.R. 800. Algunas autoridades sostienen que debe alegarse específicamente que la propiedad pertenece a la parte defraudada, ya como dueña o actuando a nombre de otra persona. Otras autoridades opinan que la propiedad no necesita ser alegada por medio de una alegación directa si contiene hechos que demuestran claramente quién es el dueño de los bienes obtenidos. La Corte Suprema de California,, en el caso de People v. Shidmore, 123 Cal. 267, 55 Pac. 984, concede que en muchos casos es esencial la alegación de que la propiedad obtenida por el fraude pertenecía a la parte defraudada, pero opina que la ausencia de esta alegación no es fatal cuando los hechos alegados demuestran la propiedad con tanta suficiencia como si se tratara de una alegación directa. En el presente caso se alega que el acusado cambió un cheque en la tienda del Sr. Manuel Rivera Terón por la suma de $8.50, defraudando de esta manera al Sr. Rivera de la expresada cantidad. Opinamos que de la denuncia se deduce que la suma obtenida pertenecía al Sr. Rivera y que aun cuando la alegación resulta defectuosa no debe considerarse necesariamente fatal en ausencia de una excepción.

La acusación debe alegar que la persona defraudada creyó que la falsa representación era cierta. Una alegación, sin embargo, de que la parte defraudada fue inducida por la falsa representación a desprenderse de su propiedad necesariamente implica que creyó dicba representación, aun cuando la acusación no contenga una alegación expresa. Norris v. State, 25 Ohio St. 217; 18 Am. Rep. 291; State v. Penley, 27 Conn. 587; People v. Jacobs, 35 Mich. 36. No es necesaria una alegación específica si la conexión entré la representación y la obtención de la propiedad surge de la faz de la acusación. En el caso de State v. Hinshaw, 142 Pac. 960, dice la Corte Suprema de Kansas:

“No es necesario que la acusación alegue en tantas palabras que Parsons se desprendió de la propiedad creyendo que el cheque era bueno o confiando en una representación que no era cierta.
“ ‘Una alegación de que ‘por medio de falsa representación’ o ‘confiando en la falsa representación’ o alg'o similar es suficiente cuando es aparente que la entrega de la propiedad fue el resultado natural de la representación alegada.’ 19 Cyc. 430.
“ ‘No es necesario alegar específicamente que la parte perjudi-cada creyó en la representación, si la conexión entre la representa-ción y la obtención de la propiedad está suficientemente demostrada por la acusación. . . . Una alegación de que el demandado obtuvo la propiedad p'or medio de falsas simulaciones es suficiente.’ Notas, 19 Cyc. 431.”

En el presente caso se alega que el acusado, valiéndose de falsas y fraudulentas simulaciones, cambió un cheque por la cantidad de $8.50, defraudando al Sr. Rivera de la expre-sada cantidad. Opinamos que se ha establecido la conexión entre la falsa representación y la obtención de la propiedad, aunque reconocemos que hubiese sido deseable que la alega-ción se hubiese hecho de una manera más clara. Nos parece que de la faz de la denuncia surge que el Sr. Rivera no se hubiese desprendido de la propiedad si no hubiese creído que la representación era cierta.

Examinada la denuncia en su totalidad, creemos que es suficiente para sostener la sentencia de la corte inferior. Los elementos constitutivos del • delito de falsa representa-ción requieren que las acusaciones se hagan con el debido cuidado. Sin embargo, este tribunal ha decidido en repeti-das decisiones que no se exige la misma precisión en las denuncias que se presentan a las cortes inferiores por misdemeanor que en las acusaciones formuladas en las cortes de distrito por felony. Pueblo v. Cordero, 27 D.P.R. 329; Pueblo v. Aranda, 12 D.P.R. 313; Pueblo v. Bonilla, 13 D.P.R. 41; Pueblo v. Fontana, 16 D.P.R. 656; Pueblo v. Muñoz, 22 D.P.R. 383. La denuncia, tal como está redactada, no contiene de-fectos sustanciales que perjudiquen los derechos del acusado y si los elementos esenciales del delito resultan sostenidos por la prueba esta corte no debe intervenir para revocar la sentencia de la corte inferior.

De la prueba practicada resulta que el acusado se personó en la tienda de Manuel Rivera Terón con un cheque a la orden del portador, diciendo que tenía instrucciones de Bolívar Pagán para cambiar el referido cheque. El dueño de la tienda, Manuel Rivera Terón, le indicó que fuese donde Bolívar Pagán para que lo endosara. El acusado se marchó y regresó después con otro cheque en otras condiciones, que decía Bolívar Pagán y firmado por Bolívar Pagán, sin nada escrito al dorso. El Sr. Rivera manifestó al acusado que faltaba endosar el cheque. El acusado le indicó que se fijase que el cheque decía Bolívar Pagán. El Sr. Rivera hizo efectivo el cheque, con el propósito de enviarlo a Bolívar Pagán para que lo endosara. El cheque fue expedido contra el Banco de Nova Scotia. El Sr. Rivera pagó al acusado la cantidad de $8.50. Declara dicho Sr. Rivera que Bolívar Pagán negó que hubiese firmado el referido cheque, que fué llamado al cuartel de la policía donde identificó al acusado, a quien le extrajeron del bolsillo quince o veinte cheques más, todos ellos con la firma de Bolívar Pagán. El Sr. Bolívar Pagán declara que no autorizó al acusado ni a ninguna otra persona; para firmar ese cheque, y que la firma no es suya. El acnsado declara que no conoce al Sr. Bolívar Pagán ni al Sr. Rivera, y que nunca lia estado en el establecimiento de éste, y que no sabe por qué se le acusa, y que le falta el dedo de la mano derecha que es el dedo que más se necesita para escribir.

Esta es la prueba practicada en este caso. La corte inferior apreció la prueba del Pueblo, la creyó cierta y declaró culpable al acusado. ' Como hemos visto, éste manifestó a Rivera que llevaba instrucciones de Bolívar Pagán para que cambiase el cheque, y en el acto del juicio declaró que no conocía a Bolívar Pagán. Tabién negó el acusado que hu-biese estado en el establecimiento del Sr. Rivera, por quien fué identificado como la persona que le llevó el cheque a nombre de Bolívar Pagán. Se encontró además en el bolsillo del acusado un número de cheques que aparecen firmados por Bolívar Pagán. Esta prueba, apreciada por la corte inferior, es, a nuestro juicio, bastante para demostrar la culpabilidad del acusado y sostener la sentencia dictada en este caso.

Bebe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    Herminia Rodríguez, recurrente, v. En Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, recurrido.
    No. 866.

    Sometido: Mayo 24, 1932.

      Resuelto: Julio 29, 1932.

      Luis Ríos Algarín, abogado de la recurrente; el registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

• emitió la opinión. del tribunal.

En 2 de julio de 1924 la recurrente Herminia Rodríguez adquirió un solar sobre el cual alega haber edificado una casa vivienda de una sola planta, con una casilla anexa de dos plantas, dedicada a garage y para la vivienda del 'Ser-vicio. El 24 de septiembre de 1927 la recurrente contrajo matrimonio en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, con el que es boy su esposo don Onofre .Salvá. Más tarde regresó a Puerto Rico y el 21 de marzo de 1932 levantó un acta de edificación ante el notario Luis Ríos Al-garín y presentó la escritura al registrador recurrido, soli-citando que las referidas edificaciones fueran inscritas como bienes privativos de la recurrente durante su estado de sol-tería o viudez. Alega la recurrente que estas edificaciones fueron construidas durante los meses de noviembre y diciem-bre de 1926. El registrador inscribió la escritura con la siguiente nota:

“InscRITio el precedente documento al folio 238 vuelto, del tomo 64 de Río Piedras, finca número 2724, inscripción segunda, practicada con el defecto subsanable de no haber prestado su consentimiento el señor Onofre Salvá, para que se inscriban las edificaciones como bi&-nes privativos de su esposa Herminia Rodríguez. — Dichos solar y edi-ficaciones se hallan libre de cargas. — San Juan, P. R., abril 26 de 1932. (Firmado) F. de la Torre. — Registrador Sustituto.”

La recurrente alega que el registrador recurrido cometió error, porque es innecesario el consentimiento del esposo para la inscripción de estos bienes que adquirió con ante-rioridad al matrimonio.

Como fiemos visto, el registrador al inscribir la finca con defecto subsanable no se basó en que no se hubiese probado el carácter privativo de los bienes, sino únicamente en no haberse prestado el consentimiento del esposo. Este consen-timiento no es necesario cuando los bienes son en realidad privativos. Nosotros tenemos que limitarnos en este recurso a considerar las cuestiones planteadas en la nota recurrida. Al registrador se le pidió que inscribiese la finca a nombre de doña Herminia Rodríguez, y en efecto la inscribió, seña-lando únicamente el defecto de no haber prestado su con-sentimiento el esposo de la recurrente, y siendo ésta la única razón alegada en la nota recurrida, nosotros decimos que no constituye defecto la falta del consentimiento del esposo cuando los bienes son en realidad privativos.

Debe revocarse la nota recurrida.


author: El, Juez Asociado Señor Córdova Dávila, JUEZ ASOCIADO SEÑOR WOLE

text:
    M. Lamadrid & Co., Sucrs., demandante y apelante, v. Guillermo J. Guerrero, demandado y apelado; Juan G. Gallardo, como Tesorero de P. R. y L. A. MacLeod, como Auditor de P. R., interventores especiales y apelados.
    No. 5463.

    Sometido: Julio 19, 1932.

      Resuelto: Julio 30, 1932.

      Pellón & Ay uso, abogados de la apelante; Eon. Attorney General James R. Beverley j Emilio de Ald/rey, Subprocurador, abogados de los interventores apelados.
   El, Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata en este caso de una apelación contra una resolución dictada por la Corte de Distrito de San Juan el día 11 de junio de 1930, declarando con lugar una moción presentada por los interventores especiales en este caso, el Tesorero y el Auditor de Puerto Eico, para anular un embargo trabado en ejecución de sentencia por el ínársbal de la corte de distrito a petición de la demandante M. La-madrid & Co., Sucrs., sobre fondos que se bailan en poder de dicbo Tesorero de Puerto Eico, provenientes del 10 por ciento retenido por el Comisionado del Interior de Puerto • Eico' como remanente de un contrato celebrado entre este último y el demandado Guillermo J. Guerrero para la cons-trucción de la carretera de Yega Baja, Corozal y Morovis. Los interventores especiales formularon oposición ale-gando entre otras cosas que los fondos no eran embargables por estar en poder del Tesorero de Puerto Eico, y además porque dicba suma estaba en poder de los interventores para responder a cualquier reclamación que se presentara contra el referido demandado, ya fuera por trabajo o material suministrado para la construcción de dicba carretera o por daños a los propietarios. La corte de distrito anuló el embargo y la demandante interpuso recurso de apelación contra la resolución de la corte, atribuyendo a la misma cuatro errores que pueden reducirse a dos.

En los errores primero y cuarto se alega que la corte erró al declarar válida la condición que aparece en la sección 41 de . las condiciones generales para la contratación de obras públicas insulares.

■ Sostiene el apelante que dicha sección 41 debe ser decla-rada nula por cnanto establece una condición potestativa y su cumplimiento queda a voluntad de una de las partes con-tratantes, quien puede a su antojo ofrecer al Departamento del Interior la evidencia del pago de su deuda según se de-termina en dicha sección 41. Copiamos a continuación la sección cuya nulidad se pide:

“Recepción Definitiva; Terminación del Contrato. — La recepción definitiva de las obras tendrá lugar terminado que sea el plazo de garantía y de entretenimiento de las obras estipulado' en el contrato, cuyo plazo en ningún caso podrá ser de menos de cuatro meses.
“Si el ingeniero encargado de la recepción de las obras certifica que las ha encontrado en buen estado y ejecutadas con arreglo a con-diciones, se darán por recibidas definitivamente por el Bureau de Obras Públicas y aprobada que sea la liquidación final por el Comi-sionado del Interior quedará el contratista relevado de la responsa-bilidad del contrato y se le devolverá la fianza; Disponiéndose, sin embargo, que dicha devolución y cancelación no tendrá efecto’ hasta que el contratista presente testimonio suficiente de haber satisfecho todas las reclamaciones que se hayan presentado durante el curso de las obras por trabajo o material suministrado y por daños a los pro-pietarios. ’ ’ '

Cita el apelante el artículo 1068 del Código Civil, edición de 1930, según el cual cuando el cumplimiento de las condicio-nes dependa de la exclusiva voluntad del deudor, la obligación condicional será nula.

Es claro y evidente que el Sr. Guerrero en este caso no es deudor del Gobierno Insular. Es un contratista con de-recho a cobrar los fondos retenidos por el Tesorero cuando haya cumplido con las condiciones estipuladas en el contrato. Del cumplimiento de estas condiciones depende que el Sr. Guerrero pueda cobrar los fondos mencionados. Estas con-diciones, aceptadas por el contratista, en nada afectan la validez del contrato.

En el segundo y tercer error se alega que la corte erró al resolver que los fondos pertenecientes al contratista Guillermo J. Guerrero, los cuales le son debidos por El Pueblo de Puerto Rico por concepto del contrato, no son embargables y que cometió error también al declarar con lugar la moción sobre nulidad de embargo presentada, por los interventores especiales.

Del texto del contrato se deduce que el Comisionado del Interior quiso ofrecer alguna protección a los acreedores del Sr. Guerrero por los materiales que pudieran suministrarse para la construcción de la carretera, por la mano de obra y los daños que pudiesen ocasionarse a los propietarios. Estrictamente hablando no puede decirse que estos fondos pertenezcan al demandado Guerrero. Pertenecerán a él cuando demuestre que ha pagado todas las reclamaciones que se mencionan en el contrato. Mientras tanto los acree-dores tienen derecho a esperar para su propia protección que esos fondos permanezcan en poder del Gobierno Insular. £ll contratista no tiene derecho a exigir el pago de dicha cantidad mientras no' haya cumplido las condiciones acep-tadas por él, y si el Sr. Guerrero no puede exigir el pago de ésa suma, tampoco puede exigirlo la demandante, por el he-cho de haber obtenido una sentencia en contra del deman-dado. La demandante no puede adquirir derechos que el mismo demandado está impedido de ejercitar. Por otra parte ño surge de la transcripción de autos elevada a este tribunal que la demandante figure entre los acreedores que tengan réclamaciones contra el contratista por trabajo o materiales suministrados o por daños a los propietarios. T aun en este caso la demandante, no podría obtener el privi-legio de embargar los fondos retenidos por el Tesorero, para cobrar, su crédito con perjuicio de los demás acreedores. Ningún acreedor puede obtener este privilegio. No cometió, error la corte inferior al decretar la nulidad del embargo.

; .Ahora.bien, estos fondos no deben quedar.indefinidamente ep poder del .Tesorero. - .lío.es esa la intención del Gobierno, Sjegún se demuestra., por la prueba practicada. . Los acree-dores del contratista tienen derecho a que se. les pague en. todo o en parte su reclamación. El Sr. Miguel Angel Mon-tilla, ingeniero de construcción del Departamento del Interior, declara que los fondos retenidos por el Tesorero ascien-den a $2,391.81 y las reclamaciones que se han presentado a $6,000 más o menos. El contratista hizo entrega de la obra, la cual fue aceptada por el Departamento del Interior. El Subcomisionado del Interior, Sr. Gustavo A. Ramírez, declara que cuando ocurre un caso como éste, lo que hace el Depar-tamento es escribir a todos los acreedores, proponiéndoles un prorrateo. Si todos están conformes entonces se lleva a cabo dicho prorrateo.

La declaración del Sr. Ramírez pone de relieve la actitud del Gobierno en estos casos. Sin embargo, si el Comisionado del Interior o el funcionario que retiene estos fondos no toma acción alguna para solucionar este asunto a satisfacción de las partes interesadas, incumbe a estas partes tomar la iniciativa para conseguir una solución satisfactoria. Posi-blemente pueda alcanzarse este fin mediante un procedimiento equitativo, como por ejemplo una demanda de acreedores o creditors’ bill que es un procedimiento en equidad utilizado .por los acreedores para obtener el pago de sus deudas cuando los bienes del deudor no pueden ser embargados o vendidos en ejecución de sentencia.

Debe confirmarse la resolución apelada.

El Juez Asociado Sr. Wolf está conforme con la confir-mación de la resolución, pero cree que debe devolverse el caso a la corte inferior para ulteriores procedimientos.

El Juez Asociado Sr. Aldrey no intervino.

opinión CONCURREUTE DEL

JUEZ ASOCIADO SEÑOR WOLE

Toda vez que el Tesorero y el Auditor comparecieron voluntariamente, la corte adquirió jurisdicción sobre ellos y, a instancias de la demandante, pudo convertir el pleito en un creditors’ bill o algo de esa índole, y de ese modo dis-poner de los fondos en poder del Tesorero sin otro procedi-miento especial.