text:
    Coll, Peticionario y Apelado, v. Arzuaga, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en un recurso de Mandamus.

    No. 1454.
    Resuelto en julio 28, 1916.
    Mandamus — Examen de Libros, Cuentas y Contratos de una Corporación por un Accionista — Negativa del Demandado. — Cuand'o en un recurso de mandamus presentado por un accionista contra el presidente de la corpora-ción para que le permita examinar 'los libros, cuentas y contratos de la corporación, y tomar las notas que estimare conveniente, no se demuestra que tal solicitud se hiciera previa y debidamente al demandado ni que éste se negara a ello, no puede sostenerse la expedición del auto.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Eduardo Acuña y Henry ■O. Molina.

    El apelado compareció en nombre propio.
   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante y apelado, que es dueño de treinta accio-nes de la Compañía Azucarera de Carolina, y que al pare-cer representa en cierto modo, o de alguna manera tiene bajo su control, doscientas diez acciones pertenecientes a Don Carlos Cabrera, obtuvo en la Corte de Distrito de San Jnan un auto de mandamus contra Pedro Arzuaga, presidente de la compañía, en el que se le ordena que tenga a la disposición del demandante, para su examen, cualquier libro o documento’ que dicbo demandante solicitare y que fuere propiedad de la Compañía Azucarera de la Carolina, señalando sitio y bora conveniente para estudiar dichos libros y documentos y tomar las notas que estimare convenientes.

La declaración del peticionario en el examen de repre-guntas termina con la admisión de que estuvo presente en la junta general de accionistas de la corporación que se cele-bró en julio 1, 1914, aprobando todo lo que se hizo y haciendo la siguiente explicación de la actitud que observó en aquella ocasión:

“P. ¿Cómo es que entonces Ud. conoció el estado? — P. No lo ha-bía conocido entonces, es otra historia que se la voy a hacer ade-más * *.
“P. Eso es inmaterial. Entonces, cuando Ud. aceptó los infor-mes, el informe de los directores, y las cuentas, en la junta general de accionistas en 1914, Ud. lo hizo a pesar de que no conoció * * *.•— R. No, señor, no lo hice a pesar de que no conocía; lo hice porque el Sr. Arzuaga me compró trece mil pesos de bonos que tenía yo y me los pagó a un precio que era muy bueno en aquella oportunidad, y como eso era lo que me interesaba, no tuve ninguna oposición, como no hubiera tenido ninguna si me hubiera comprado mis acciones que es lo que yo intereso.”

En 10 de junio, 1915, el peticionario escribió una carta a Don Eduardo Acuña, abogado del demandado y apelante, la cual es como sigue:

“Mi QueRIdo DoN EduaRdo: Hace ya un año que efectuamos la negociación de los bonos de la Central Progreso, dejando para más tarde las acciones. Al hacerse el negocio parecía malo para el Sr. Arzuaga y bueno para Don Carlos. Luego vino la guerra y resultó malo para Don Carlos y bueno para Arzuaga. Son las alter-nativas del negocio y yo me alegro mucho que Arzuaga no haya per-dido dinero en la transacción.
“Ahora bien, cuando nosotros efectuamos esa operación, no tra-tábamos simplemente de la venta de los bonos, sino de una reorga-nización de la compañía que llevaríamos a cabo entre Ud. y yo si no se compraban las acciones del Sr. Cabrera; y si, por el contrario, no le convenía a Sobrinos de Ezquiaga la reorganización, nos com-prarían entonces las acciones.
“Yo tengo (30) treinta acciones mías personales en Progreso; y estoy pendiente de arreglar unas cuentas con Don Carlos, en cuyo caso tendré todas sus acciones o sean (210) doscientas diez. Yo nece-sito terminantemente llegar a un acuerdo antes del 30 de junio con Sobrinos de Ezquiaga, bien sobre la reorganización de la compañía, de manera que el papel tome algún valor efectivo, y bien sobre la venta de estas acciones.
“Contra toda ley y contra los principios más fundamentales del derecho de corporaciones, son agentes fiscales para su propio pro-vecho de la Central Progreso, Sobrinos de Ezquiaga. Es decir, que una sociedad mercantil cuyo socio gestor es el mismo Sr. Arzuaga está haciendo de agente fiscal de una corporación cuyo presidente es el mismo Sr. Arzuaga. La ley es clara en ese sentido y todos Ios-beneficios, hasta el último centavo que Sobrinos de Ezquiaga hayan podido obtener en sus transacciones con Central Progreso tendrían-que serle devueltos a la central, si cualquier accionista así lo solici-tare en la Corte Federal. Yo no quisiera tener que ir a esos extre-mos; pero estoy dispuesto a hacer valer mi papel, bien poniendo la compañía sobre bases sólidas y reales y con una administración independiente, o bien realizándolo.
“Le suplico trate esta cuestión lo más pronto posible; y en espera de su contestación, sabe que le aprecia,
“Suyo affmo. amigo y compañero,
“(Firmado) Cay. Coll y Cuchí.”

Después de esta carta y en junio 15 el peticionario le escri-bió otra carta que dice:

“Mi QueRIdo Don EduáRdo: El Juez de la Corte Federal se em-barca a fines de este mes o a principios de junio; y yo quisiera tener resuelto el asunto de las acciones de Carolina antes de que esto suce-diera, bien en un sentido o en otro. Tengo .miedo que esto trascienda al público caso de que lo demoráramos; y que considero el caso muy serio y desearía antes de decidirme a poner una demanda tratar de-llegar a un convenio.
“Si Ud. quiere que Rabiemos sobre el particular, estoy siempre a sus órdenes y no tiene nada más que telefonearme.
“Suyo affmo.,
“(Firmado) Cay. Coll y Cuchí.”

Al día siguiente se dirigió a Don Pedro Arzuaga direc-tamente, en esta forma:

“Mi Distinguido Amigo: Hace algunos días escribí a nuestro mutuo amigo Don Eduardo Acuña la carta cuya copia le acompaño. Se trata, de un asunto de alguna importancia y trascendencia, y yo quiero resolverlo pronta y amistosamente. No teniendo contestación lo escribí una notita el día 15 al Sr. Acuña recordándole mi anterior; y hoy recibí una carta que copiada literalmente dice así: ‘Estimado Amigo y Compañero: Yo no voy a resolver por mí el asunto a que se contrae su carta fecha 15 y, la anterior, estoy ocu-pándome en estos momentos en negocios exclusivamente míos y no puedo bajo concepto alguno dejar de atenderlos, declino por tanto toda' intervención en este asunto y en este sentido actúe Ud. como le convenga. Sin otro particular quedo de Ud. atto. amigo y com-pañero, (Firmado) Eduardo Acuña.’ Como Ud. comprenderá, una vez declinada toda intervención por el Sr. Acuña, tengo necesidad de entenderme directamente con Ud. Y le suplico que a la mayor brevedad posible dentro de sus muchas ocupaciones considere este asunto porque yo estoy irrevocablemente resuelto a solucionar la situación de “Progreso,” si no puedo deshacerme de mi papel y del que tengo tratado con el Sr. Cabrera o sean (210) doscientas diez acciones aunque para ello tenga que ir a la Corte Federal.
“De Ud. atentamente,
“(Firmado) Cay. Cold y Cuchí.”,

En junio 25 contestó Arzuaga lo siguiente:

‘ ‘ Muy Señor Mío y Amigo : En contestación a su muy grata 16, del corriente, paso a informarle que no intereso comprar las accio-nes del ‘Progreso’ que me ofrece.
“De Ud. affmo. amigo y S. S.,
‘ ‘ (Firmado) Pedbo Arzuaga. ’ ’

En el mismo día el peticionario escribió al Sr. Sostbenes Behn, secretario de la compañía, la siguiente carta:

“Muy SR. Mío y Amigo: Con fecha 23 de junio escribí a Ud. oficialmente la siguiente carta:
í£ ‘San Juan, P. R., junio 23, 1915.
“ ‘Sr. SECRETARIO DE LA COMP. AZUCARERA DE LA CAROLINA,
‘San Juan, P. B.
“ ‘Señor: He recibido una notificación para asistir a la junta general ordinaria de accionistas de esa compañía que se celebrará el día Io. de julio de 1915.
“ ‘Necesito con anterioridad a esa fecha por lo menos con cinco días de anticipación, una oportunidad para revisar el libro de actas de la compañía durante los últimos dos años, tanto el de las juntas generales como el de la directiva, y también necesito examinar los balances y la contabilidad del último año.
“ ‘A ese fin deseo que Ud. me señale con la debida antelación un par de horas donde tenga yo a mi disposición en los oficinas de la compañía dichos libros; debiendo indicarme también a qué hora podré examinarlos.
“ ‘Suyo affo.’
“Aun no ha tenido contestación y le suplico me indique en el término del día de hoy si es o no posible lo que yo solicito dentro de una forma amistosa, de lo contrario recurriré a los tribunales.
“Atentamente,
“(Firmado) Cay. Coll y Cuchí.”

Al siguiente día dirigió el peticionario la siguiente comu-nicación a Arzuaga como presidente de la compañía-:

“Muy Señor Mío y Amigo: Desde hace varios días estoy tra-tando de conseguir que el secretario de esa compañía ponga a mi dis-posición los libros de la misma sin haberlo conseguido.
“Me dirigí primero al dicho secretario en carta que se entregó a un empleado de Sobrinos de' Ezquiaga y que no fué contestada. Me dirigí luego en carta al Sr. Sosthenes Behn, el. cual me dió a en-tender que no sabía nada de la secretaría. No he podido ponerme en comunicación con el Tesorero tampoco.
“Como todo esto es bastante extraño encontrándonos en vísperas de una junta general de accionistas, acudo a Ud. para que me indi-que a qué hora el día 30 por la mañana podré examinar los siguien-tes libros:
“Libro de actas.
“Libro de contabilidad.
“Contratos con los colonos.
“Informe de la Central Progreso en la zafra de este año.
“Si antes de las nueve de la mañana del lunes no lie obtenido, una contestación favorable, me veré obligado a recurrir a los tribu-nales de justicia.
“Muy atentamente,
“(Firmado) Cay. Ooll y Cuohí.”

En la misma feolia contestó Arzuaga como sigue:

“Muy SeñOR Nuestro: El que suscribe acaba de recibir su carta 'de esta misma fecha, en contestación a lo que en ella interesa, puede TJd. pasar a cualquier hora hábil del día 30, por la mañana según indica Ud. en su precitada, y con mucho gusto suministraré todos los datos que desea Ud. obtener relacionados con la marcha de los' asuntos de esta compañía.
“Muy altos, y S. S.”

El peticionario no aprovechó la ocasión que de tal modo se le presentó, sino que en julio 3 se dirigió al presidente de la compañía en la forma siguiente:

“Señor: Yo deseo tener, como accionista de la compañía, una lista de los colonos que están bajo contrato con la compañía; así como •de los términos de cada contrato. También una lista de los colonos que entregan caña pero no tienen contrato; y en qué condiciones lo hacen.
“Suplicándole a Ud. una pronta orden a los efectos de que me sean entregadas las informaciones que solicito, quedo
“Muy atentemente,
“(Firmado) Cay. Cole y Cuohí.”

Cuatro o cinco días después, sin previo aviso o petición para que se fijara alguna fecha conveniente, y sin hacer men-ción en absoluto del propósito, motivo o razón de su proce-der, envió al presidente un representante personal con la siguiente carta:

“Muy Señor Mk>: El portador de esta carta es mi suegro Don Juan Pujol, el cual va acompañado de mi taquígrafa para sacar unas notas que yo necesito del libro de actas de la compañía azucarera de la Carolina, y le suplico a Ud. que en las oficinas de dicha com-pañía le haga entrega de dicho libro y le provea de un sitio para que él pueda examinarlos.
“Muy atentamente,
“(Firmado) Cay. Coll y Cuchí.”

No se permitió a Pujol que examinara el libro de referen-cia y el mismo día el peticionario .inició un procedimiento ■de mandamus. El peticionario Race en su declaración la si-guiente explicación del hecho de no haber examinado él los libros en la fecha y lugar que fueron fijados de conformi-dad con su propia petición:

“En estas condiciones, por amigos de una y otra parte, y más todavía por amigos del Sr. Arzuaga que por amigos míos, me pude yo enterar de ciertas operaciones que ocurrían que a mí no me satis-facían, y como accionista que soy, escribí una carta al presidente ■de la ‘Carolina Sugar Company,’ solicitándole una serie de datos, los cuales no me fueron enviados ni la carta fué contestada, y enton-ces escribí otra carta una hora de un día que fijaba en la carta, yo no recuerdo, para ir yo a examinar algo los libros de la compañía, pero en esos momentos se cruzó con mi carta el aviso de la compañía de junta general de accionistas para someter al examen de la junta las cuentas y las operaciones del año, e inmediatamente después del .aviso recibí una carta del Sr. Arzuaga diciéndome que tenía a mi •disposición, que podía ir a examinar los libros el día que le había fijado y a la hora indicada, cuando yo quisiere. Resultaba ese día uno o dos días antes de la junta general de accionistas, y 'entonces ■creí ingenuamente, inútil por completo mi solicitud y mi visita puesto que iba a haber una general de accionistas, donde se iban a presen-tar las cuentas y donde se iban a dar informes a los accionistas de la compañía, como no había mala fe ni propósito de ninguna espe-cie por mi parte que perjudicara al Sr. Arzuaga, sino simplemente de saber yo si mi papel valía o no valía, decidí aguardar; la junta general de accionistas se convocó para las nueve de la mañana en los altos del almacén que ocupan los Señores Sobrinos de Ezquiaga, y a las diez o diez y media de la mañana empezamos la junta.”

La carta dirigida a Behn, fechada en junio 25, junta con la otra correspondencia, supra, demuestra, sin embargo, que, de haber habido algún cruzamiento, fué probablemente la carta de Arzuaga rehusando la compra de las acciones del peticionario, y no el aviso de una junta de accionistas, la que se cruzó con la carta del peticionario a Arzuaga fechada en junio 26, solicitando acceso a los libros, y, además, que en o antes de junio 23, y por tanto con anterioridad a la soli-citud, que hizo en junio 26, como se ha dicho, para que se fijara alguna liora el día 30 con el fin de hacer un examen de los libros de la corporación, el peticionario había recibido el debido aviso de la junta de accionistas que iba a celebrarse en julio Io.

.Y en perfecta armonía con el espíritu del requerimiento hecho por medio del agente Pujol, que fué enviado sin ser anunciado previamente, apareció del examen de repreguntas, en síntesis y de un modo significativo, cuál fué la actitud asu-mida por el peticionario desde el principio y durante toda la historia de esta controversia.

“P. Y ¿por qué no fué Ud. el día anterior, el día 30, cuando el Sr. Arzuaga le dijo en esa carta número no sé qué, que Ud. podía venir ese día para examinar los libros? — R. Porque yo manejo mis intereses de acuerdo con mi voluntad, y como esos son mis intereses creí que podía examinarlos cuando a mí viniera en gana, y no cuando le viniera en ganas a quienes los están administrando por confianza que se puso en ellos en una junta.”

Cualquiera que haya sido el móvil del peticionario, los procedimientos por él adoptados desde la fecha de su pri-mera carta al Sr. Acuña, supra, hasta el día en que fué pre-sentada su solicitud de mandamus, fueron singularmente agresivos, y, para decir lo menos, escasamente tendieron a inspirar en la mente del demandado, apelante, una gran con-fianza en la buena fe, honradez y sinceridad de propósito, que se alegan ahora haber sido los motivos que impulsaron el deseo de examinar los documentos y papeles de la corpo-ración. El demandado y apelante, sin hacer objeción o tener reservas de ninguna clase, sin tratar de establecer restric-ción o limitación alguna a la mayor libertad de acción posi-ble por parte del peticionario y apelado, y sin vacilar por un sólo momento u ocasionar ninguna demora, accedió a la primera demanda que se le hizo directamente, y no obstante el tono áspero y amenazante de ésta, convino cortésmente en la fecha que arbitrariamente fijó el peticionario, dejando enteramente a sn elección el fijar la hora, y además estuvo voluntariamente gustoso en suministrarle todos los informes que pudiera desear en relación con la mareta de los asun-tos de la corporación.- El peticionario, sin presentar ninguna explicación o excusa satisfactoria, habiendo dejado de com-parecer en absoluto en la fecha y lugar por él mismo fijados y convenidos con el demandado, tiene poca razón para que-jarse de que Pujol no fuera recibido con más atención, ha-biendo llegado, como lo hizo, sin avisar previamente su lle-gada, sin tener en cuenta la conveniencia del demandado, y sin hacer siquiera ninguna indicación con el fin de fijar una fecha precisa para el pretendido examen, o indicar' en alguna forma el motivo, propósito o razón de su petición.

En vista de las circunstancias, creemos que toda discu-sión sobre proposiciones abstractas de ley que envuelvan el derecho de los accionistas a examinar los libros de la corpo-ración sería superflua. Los autos no demuestran que se hi-ciera tal solicitud de una oportunidad para examinar los do-cumentos de la corporación, ni tal negativa de parte del de-mandado de permitir ese examen, que sostuvieran la expe-dición de un auto de mandamus. No tenemos motivo para creer que el apelado rehusaría acceder a cualquier solicitud propia y razonablemente hecha, pero, sea esto • como fuere, no es posible que pueda llegarse a una resolución definitiva de las respectivas alegaciones de las partes respecto a cuá-les son los preceptos de la ley que deben regir en este caso, hasta tanto se haya presentado en forma adecuada una peti-ción clara y precisa y el privilegio así demandado haya siclo negado.

La sentencia apelada debe ser revocada.

Revocada la resolución apelada y anulado el' : auto de mandamus expedido.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.' - ' ■


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

license: Public Domain

text:
    Turner, Demandante y Apelante v. Concejo Municipal de San Juan, Demandado y Apelado.
    Apelación ‘procedente de la Corte de Distrito de San Jnan, Sección Primera, en pleito sobre nulidad de confiscación de fianza y daños y perjuicios.
    No. 1461.
    Resuelto en julio 28, 1916.
    JURISDICCIÓN Original — Daííos y Perjuicios — Desestimación de la Demanda por Falta de Jurisdicción. — Tiene jurisdicción original un tribunal de distrito para conocer de una acción en que se redama de un municipio una suma de cien dólares, que confiscara, prestada como fianza para garantir el cumplimiento de un contrato que dicho municipio rescindiera, y por daños ■- y perjuicios causados por la rescisión que fija el demandante en su demanda en la cantidad' de dos mil dólares, y el mero hecho de que los únicos daños que se trataron de probar fueron remotos para poder ser tomados en eon- • ■ sideración o que solamente daños nominales o de ninguna clase fueron pro-bados, que excedan de los cien dólares confiscados, no puede servir de base a una sentencia por la cual se desestima la demanda por falta de jurisdicción.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados del apelante: Sres. Jacinto Texidor y Rafael Martines Alvares.

    .Abogado del apelado: Sr. Ramón Fálcón.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La corte de distrito, después que este caso había sido juz-gado y sometido por medio de alegatos sobre los méritos de la cuestión, desestimó la demanda por falta de jurisdic-ción, por las razones consignadas en una opinión qne por es-crito fué emitida por el juez de dicha corte, la cual es como sigue:

“La presente es una acción en la cual John M. Turner alega que celebró un eoptrato con el Concejo Municipal de San Juan, que cum-plió con todos los requisitos de este contrato y que la parte deman-dada en sesión celebrada en 7 de diciembre de 1914 tomó el acuerdo de rescindir el contrato que con el demandante tenía para suminis-tro de heno y confiscar la fianza de $100 que el demandante había previamente depositado en el municipio, haciendo constar en dicho acuerdo que el demandante se negaba a seguir cumpliendo el con-trato.
“Alega el Sr. Turner que el concejo al proceder a este acuerdo le lia ocasionado la pérdida de los cien dollars en que consistía la fianza por él prestada y le ha causado grave daño en su buena repu-tación comercial al consignar en un documentó público el hecho de que el demandante se negaba a cumplir un contrato comercial. El demandante calcula el perjuicio sufrido en la suma de $2,000. En la súplica de la demanda reclama el Sr. Turner los cien dollars con-fiscados por el concejo municipal, y $2,000 en concepto de indemni-zación por los daños sufridos. Como única prueba en que pueda descubrirse una intención para probar los daños, únicamente obra en autos la declaración del Sr. Planas, representante de la parte aetora. Sostiene este testigo que habiendo ido a hablar con el Alcalde de la ciudad de San Juan para tratar de la posibilidad de futuros contratos, el referido alcalde le manifestó que no se harían contra-tos eon el Sr. Turner por haber éste dejado incumplido el contrato celebrado con el concejo municipal.' Se alega que el Sr. Turner ha tenido que desistir de presentar proposiciones .para contratos de la naturaleza del que nos ocupa, que dejaban una buena ganancia y los cuales hubiera podido llevar a cabo porque estaba en condiciones de cumplirlos. Esta prueba no puede tomarse en consideración por tratarse de contratos que se llevan a cabo, mediante una subasta pública, y es imposible demostrar que el Sr. Turner hubiese obte-nido la buena pro. Aparte de esto, no se ha demostrado que el municipio hubiese llevado a cabo ningún contrato, al cual dejara de concurrir el demandante por las causás especificadas. De manera que no solamente ha dejado de probar la parte aetora los daños y per-juicios alegados, sino que también ha quedado demostrado que estos daños son puramente imaginarios, porque ño pueden ser objeto de prueba. Sentadas estas conclusiones, queda demostrado que la pre-sente acción se limita a reclamar de la parte demandada la suma de cien dollars.
“Ahora bien, en vista de la ausencia de prueba con respecto a los daños y perjuicios alegados, ¿tiene esta corte jurisdicción para conocer originalmente de la presente acción? Opinamos que no. De acuerdo con la jurisprudencia, la jurisdicción generalmente se rige por la cuantía y esta cuantía jurisdiccional queda determinada por el montante exigido en la súplica de la demanda. Algunos tribunales sostienen que una corte superior adquiere jurisdicción original sobre la cosa litigiosa, cuando en la súplica aparece una cuan-tía suficiente para determinar la jurisdicción, aunque después resulte que el verdadero montante de la cosa en litigio es menor que el que la ley requiere para la jurisdicción original, si no se prueba que el demandante procedió de mala fe. Cuando bay duda sobre la juris-dicción, la cuestión debe resolverse favorablemente al demandante. Nosotros estamos de acuerdo con este último criterio; pero enten-demos que en aquellos casos en que la cuestión se presenta comple-tamente clara, sin originar dudas de ninguna clase, la corte tiene el deber de declararse sin jurisdicción, para evitar que una parte pueda decidir por sí misma, sin parar mientes en las disposiciones de la ley, el tribunal a donde ba de llevar su caso. Esta nos parece una doctrina sana, justa y equitativa. Sostener lo contrario, equi-valdría a sostener que es ilusoria la jurisdicción exclusiva de la corte municipal, puesto que las partes podrían traer originalmente todos sus pleitos a las cortes de distrito, fijando capriebosamente a la cosa en litigio una cuantía superior a quinientos dollars. Hay cortes que sostienen, que el demandado debe alegar, para que forme parte de las cuestiones controvertidas, que el demandante ba fijado un precio caprichoso a la cuestión litigiosa, para darle jurisdicción a la corte, y que en ausencia de esta alegación, debe resolverse en favor de la parte demandante la cuestión jurisdiccional. La Corte Suprema de California sostiene una doctrina contraria, y ésta es en nuestro concepto, la doctrina más sana y aceptable. El tribunal Supremo de Puerto Rico ba decidido que cuando la cuantía de lo reclamado en un procedimiento judicial civil no excede de quinien-tos dollars, la jurisdicción original corresponde exclusivamente a la corte municipal y la jurisdicción de apelación a la de - distrito, ha-biendo sido esta decisión dictada en 17 de enero de 1910, en el caso de González v. Pirazzi, 16 D. P. R. página 7, y ratificada en decisión posterior. El Tribunal Supremo de California-dice en el caso de Lehnhardt v. Jennings, 119 Cal. 192, que la súplica de una demanda no es conclusiva de la jurisdicción de la corte superior si el récord demuestra en su faz que la cuantía de la cosa litigiosa dentro de la competencia de la corte es imaginaria y no real. Nosotros aceptando' esta doctrina entendemos que de acuerdo con la prueba practicada, se ba demostrado claramente que la corte no tiene jurisdicción en el presente caso y por estas razones, se desestima la demanda, sin especial condenación de costas.”

La regla general que regula tales cuestiones aparece bre-veniente expresada en la obra Brown, sobre Jurisdicción, (2a. edición,) sección 196, página 98, a saber:

“En reclamaciones de dinero originadas por virtud de contrato o por daños y perjuicios que no provienen del incumplimiento de un contrato (torts), la cláusula ad damnum debe regir. Guando bay varias alegaciones en la demanda, la súplica para que se dicte sen-tencia, o la suma total expresada como ha sido reclamada en cada alegación debe regular el caso. Existen casos en los cuales por ser el veredicto del jurado o decisión de la corte que la suma debida es menor de la que se reclama, la acción debe ser desestimada, pero la regla es generalmente que el recobrar una suma menor no quita la jurisdicción. ’ ’

En el mismo sentido general es el resultado que se obtiene al examinar los casos que constituyen autoridades en la mate-ria, como han sido resumidos recientemente en el tomo 7 de la obra Ruling Case Lcoio, página 1052, sección 88, donde se dice lo que sigue:

“Se ha sostenido casi universalmente que la suma reclamada por el demandante en la cláusula ad damnum de su declaración, peti-ción o demanda, o la especificada en el emplazamiento, es la que de-termina la cuestión relativa a la jurisdicción de una corte para cono-cer de un procedimiento original, y no el valor de la propiedad en-vuelta en la controversia, como quedó establecido por la prueba en el juicio, ni tampoco la cantidad que fué declarada probada por el jurado, o que en definitiva sea cobrada. Esta regla es asimismo de aplicación a las acciones que han sido comenzadas en las cortes infe-riores o superiores, en ley o equidad, en acciones ex contractu o ex delicto. Si la suma reclamada en la demanda es bastante para con-ferir jurisdicción, su reducción a una cantidad inferior a dicha suma mediante contrademandas, no privará a la corte de jurisdicción. De igual manera cuando el demandante reclama de buena fe una suma suficiente para dar jurisdicción a la corte, pero por un error, no intencional descubierto en el juicio queda reducida la reclamación a menos del límite jurisdiccional, no debe ser desestimada la acción. A veces se dispone que cuando se comienza una acción por una suma mayor a la que se adeuda, con la intención de evadir la ley en cuanto a la jurisdicción de la corte y por el veredicto del jurado queda deter-minado que se adeuda una suma inferior a la que confiere jurisdic-eión a la corte, la acción debe ser desestimada, a no ser que el deman-dante manifieste bajo juramento (affidavit) que la suma por la cual se ba establecido la acción en realidad se debe, pero que por falta de prueba no puede el demandante obtener la totalidad de dicha suma. Es ahora la ley bien establecida que aunque la suma reclamada en una demanda pueda ser suficiente para dar jurisdicción a la corte sobre el caso, sin embargo, si los hechos alegados son tales que no demuestran causa de acción respecto a aquella parte de la suma total por la cual se ha establecido la acción que la reduzcan a una suma menor a aquella por la cual tiene jurisdicción la corte, la acción debe ser desestimada. De igual manera cuando en las alegaciones se reclama una suma en exceso a la jurisdicción de la corte, debe ser desestimada la acción, pero el hecho de que la prueba demuestre que el valor de las cosas reclamadas o el importe de los daños excedan del límite jurisdiccional, no priva a la corte de jurisdicción si la petición del demandante está dentro del límite, puesto que el jurado no puede emitir un veredicto en exceso de la suma reclamada. Se ha resuelto, sin embargo, que cuando se hace depender la jurisdicción de la deuda o daño alegado, la suma recobrada determina la jurisdicción de la corte en acciones ex contractu, mientras que en acciones ex delicto es la suma realmente reclamada en las alegaciones. En algunos casos cuando la cantidad recobrada es menor de cierta cantidad, la corte puede conceder costas contra el demandante, lo que prácticamente produce el efecto de limitar la jurisdicción de la corte a la cantidad especificada. Una limitación muy adecuada a la regla de que la suma que se reclama es el medio de probar la jurisdicción, es que la peti-ción debe hacerse de buena fe y si aparece que el demandante exigió fraudulentamente una suma suficiente para dar jurisdicción a la corte la acción debe ser desestimada. Esta regla es así aunque la cuantía de la reclamación dependa del valor de la propiedad, lo que en gran parte es materia de opinión.”

La doctrina uniforme de la Corte Suprema de California puede verse en los siguientes casos: Derby v. Stevens, 64 Cal. 287; Bailey v. Sloan, 65 Cal. 387; Lord v. Goldberg, 81 Cal. 596; Greenbaum v. Martínez, 86 Cal. 459; Rodley v. Curry, 120 Cal. 541.

El caso de Lehnhardt v. Jennings, 119 Cal. 192, que lia sido citado por la corte inferior, aun cuando pueda considerár-sele como que en cierto modo constituye una excepción, lo cual parece más que dudoso, sirve. solamente para acentuar más la regla. Se le lia diferenciado cuidadosamente de todos los casos anteriores en la opinión misma en la cual se reitera y confirma nuevamente la regla general, junto con la clara y específica exposición que se Race de las circunstancias muy peculiares que están envueltas en dicho caso, a saber (la bas-tardilla es nuestra):

‘ ‘ En nuestra opinión los autos no revelan ninguna causa de acción de la cual tenga jurisdicción originalmente la corte. Para que pueda ejercitarse la jurisdicción por esa corte en una acción en ley en cobro de dinero solamente, la constitución exige que la suma que se reclama en la acción ascienda a la cantidad de trescientos dólares. (Const, art. 6, sec. 5.) Está bien establecido que en tales acciones la suma reclamada determina la jurisdicción de la corte. Pero en los casos relativos a la materia de los autos aparecía prima facie una verda-dera cuestión respecto a una suma comprendida en la jurisdicción de la corte. (Dashiell v. Slingerland, 60 Cal. 653; Bailey v. Sloan, 65 Cal. 387; Lord v. Goldberg, 81 Cal. 596; 15 Am. Ct. Rep. 82, y otros); y jamás se ha resuelto que la súplica de la demanda deha resolver la cuestión de la jurisdicción, sin tener en cuenta las alega-ciones que le sirven de fundamento. (Véase a Jackson v. Whartenby, 5 Cal. 94.) En este caso no existe apariencia de una verdadera eonr troversia en relación con una suma mayor a aquella por la cual dictó la corte su sentencia. Se alega en la demanda que el marshal exigió. doscientos dólares además de los honorarios fijados por embargar la propiedad; pero no se dice- qué razón tuvo para hacer dicha peiir ción adicional, ni en qué consistía su ilegalidad, si fue ilegal, ni que fue satisfecha. Tanto el contenido como las omisiones que aparecen en las conclusiones tienden a confirmar la inferencia' de que el único propósito sustancial de la manifestación relativa a una petición adi-cional de doscientos dólares hecha por él marshal es el de poder recla-mar en súplica una suma suficiente que autorice a la corte a cpnp-cer de la acción.”

Además, habiendo sido resuelto el caso “en departa-mento” (corte en California formada por tres jueces de la" Corte Suprema), “subsiguientemente y a virtud de la peth* ción del apelado en la que sugería que existía cierta omisión en los autos acompañada de una copia certificada de una ma--teria que se alegó había sido omitida en los mismos, la corte ordenó la celebración de nna vista ante el tribunal en pleno, no según entendemos por haberse considerado que la conclu-sión a que l-legó el departamento estaba de acuerdo con los autos como fueron radicados, sino porque al ser éstos adi-cionados con dicha materia que se alega fué omitida se con-sideró que los referidos autos mostraban un caso sobre el cual tenía jurisdicción la corte inferior.” Revocada de tal modo la sentencia “en departamento” por falta de juris-dicción de la corte sentenciadora fué confirmada ante el tribunal en pleno sin ser discutida la corrección de la opinión dictada “en departamento.” Ni es nuestro propósito impug-narla. La doctrina sentada en dicha opinión presenta mera-mente el mismo aspecto que la regla general expuesta más sucintamente por la Corte Suprema de Texas, cuyo texto Ha sido adoptado y observado en Ruling Case Law, Supra, en el caso de Carswell v. Habberzettle, 122 Am. St. Rep. 597, (bastardilla.nuestra), a saber:

“Está ahora bien establecido por la ley en esta corte que aunque la cantidad que se reclama en la petición pueda ser suficiente para dar; jurisdicción a la corte, sin embargo, si fueren tales los hechos alegados que no demuestren la existencia de una causa de acción en cuanto a aquella parte de toda la suma reclamada que quede redu-cida a una cantidad menor que aquella por la que lá corte adquiere jurisdicción, debe ser desestimada la demanda. Western Union Tel. Co. v. Arnold, 97 Tex. 365, 77 S. W. 249, 79 S. W. 8. * * *."

En el. presente caso el juez sentenciador no declaró pro-bado como lo hizo la corte de California, que “el único objeto sustancial” de l'a cláusula ad damnum en este caso, o de cual-quier alegación en apoyo de la misma, era el de “presentar un motivo para la súplica por una suma suficiente que auto-rice a la corte a conocer de la acción.” Ni tampoco fundó la córte sentenciadora sus conclusiones en ninguna alegación dé 'la demanda tendente a contradecir o demostrar la falta de verdadera base para la cláusula ad damnum. En verdad que no existe tal incompatibilidad en la demanda que trate de invalidar nn supuesto acto ilegal que está fuera de las facultades, (ultra vires), del concejo municipal, y de reco-brar los daños y perjuicios que se aleg’an son consecuencia de diclio acto los cuales lian sido fijados en la suma de $2,000.

El mero hecho de que los únicos daños que se trataron de probar son demasiado remotos para poder ser tomados •en consideración o que solamente daños nominales o de nin-guna clase fian sido probados, que excedan de los cien dóla-res confiscados por el municipio, no puede servir de base a la sentencia por la cual se desestima la demanda.

Y en lo que respecta al lieclio de si podría o no decirse que las circunstancias del caso indican falta de buena fe, o una tentativa de fraude sobre la jurisdicción de la corte, en ausencia absoluta de cualquier alegación que baga de esto una verdadera cuestión a discutir en el caso, no expresamos opinión sobre el particular, no habiendo llegado el juez sen-tenciador a una conclusión categórica en cuanto a este particular.

La sentencia apelada debe ser revocada.

Revocada la sentencia apelada debiendo devol-verse el caso para ulteriores procedimientos no incompatibles con la opinión.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-sia dos Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Presidente Sr. Hernandez,

text:
    Morales, Peticionario y Apelado, v. Olivari, Juez Municipal, Demandado, y Rodríguez et al., Interventores y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en un recurso de certiorari.

    No. 1315.
    Resuelto en julio 29, 1916.
    Transacción del Pleito — Abocados—Poder del Abogado para Transar por su Cliente — Gestiones Judiciales. — La sección 9 de la ley de 8 de marzo de 1906 determinando reglas para el ejercicio de la profesión de abogado en Puerto Rico y derogando leyes anteriores sobre la materia se refiere sola-mente al poder que tiene el abogado de un oliente con relación a los procedi-mientos que se siguen en una corte sin que ese poder pueda tener el alcance de obligar el abogado al cliente mediante transacción o arreglo o de cualquier otro modo en lo que respecta a cuestiones independientes d'el procedimientoy que afecten a la materia objeto de la acción más que al remedio.
    Id. — Id.—Traspaso de Bienes Inmuebles — Actos de Biguroso Dominio — Poder-Expreso. — En la transacción de un pleito por un abogado, en representación-de su cliente, en que esté envuelta la obligación de otorgar una escritura formal de traspaso de bien inmueble mediante pago de una cantidad de-dinero, lo cual importa un acto de riguroso dominio, se exige mandato expreso-según el artículo 1615 del Código Civil. Un abogado, como cualquiera otro mandatario, está sujeto al precepto de dicho artículo.
    Id. — Mociones—Audiencia de la Parte Contraria. — En la tramitación de toda moción, tanto en las cortes de distrito como en las municipales, deben llenarse todas las formalidades del artículo 317 del Código de Enjuiciamiento Civil, e infringe una corte dicho artículo cuando a moción de una sola de las partes y sin notificar ni oir a la contraria, deja sin efecto una orden aprobatoria de una transacción.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados de los apelantes: Sres. José y Manuel Tons Soto.

    Abogado del apelo,do: Sr. Gustavo Rodrigues.

       Igual a la del mismo número de la Ley No. 38 de 1916.

   El Juez Presidente Sr. Hernandez,

emitió la opinión del tribunal-.

El presente es nn recurso de apelación interpuesto por la acusación de Prudencio Matos representada por su viuda e hijos, contra sentencia que en 25 de febrero del año pró-ximo pasado 1915, pronunció la Corte de Distrito de Ponce declarando con lugar recurso de certiorari ante ella promo-vido por José Morales G-arcía contra el Juez Municipal de Tauco, Tomás Olivari Santoni, en pleito civil No. 12 seguida por Morales García contra Prudencio Matos en cobro de pesos, y anulando en su consecuencia todos 1-os procedimientos seguidos en dicho pleito desde la orden de 14 de julio de 1914 por la cual se dejó sin efecto orden anterior de la misma corte municipal dictada en 12 de marzo del propio año, aprobato-ria de transacción habida entre las partes.

Los procedimientos que motivaron la solicitud del auto de certiorari fueron los siguientes:

Io. Con fecha 22 de noviembre de 1904 presentó demanda a la Corte Municipal de Yanco, Francisco López Acosta como apoderado de José Ramón Morales García, contra Prudencio Matos en cobro de $235.82, y el juicio terminó por senten-cia registrada en rebeldía del demandado el 2 de febrero de 1905 declarando con lugar la demanda.

2o. Para ejecutar dicha sentencia se libró orden al marshal de la expresada corte municipal, quien en pública su-basta adjudicó al demandante José Ramón Morales García, único licitador, una finca rústica de la propiedad del deman-dado con cabida de ocho cuerdas más o menos, radicada en el barrio Rubias del término municipal de Yauco, por la can-tidad de $240.92.

3o. Algunos años después, en marzo 4, 1914, Juana Rodrí-guez viuda de Prudencio Matos y sus hijos Juan Rosario, Francisco, Andrés, Monserrate y Bernarda Matos y Rodrí-guez en concepto de únicos y universales herederos de Pru-dencio Matos, representados por su abogado José Tons Soto, radicaron moción con súplica de que se declarara la nulidad de la sentencia, orden de ejecución, subasta y posesión de la finca adjudicada a José Ramón Morales García, restitu-yéndose a los comparecientes en la posesión de ella, a cuyo fin alegaron defectos sustanciales en la tramitación del juicio.

4o. Señalado para la vista de la anterior moción el día 12 del citado marzo, los abogados José Tous Soto y Rafael Palacios en representación de la sucesión de Prudencio Matos, y el abogado Gustavo Rodríguez en la de José R. Morales, sometieron a la aprobación de la corte municipal una moción de transacción en virtud de la cual Morales García pagaría a la sucesión de Prudencio Matos la suma convenida ele $300 que unida a la reclamada en la demanda sumaban ambas el valor total de la finca, obligándose la referida sucesión a trasmitir por escritura pública a favor de Morales García todos los derechos que podrían corresponderle sobre la indi-cada finca, y desistiendo la misma sucesión de todo procedi-miento judicial contra Morales García en reclamación de la finca a éste adjudicada. La anterior moción de transacción fné aprobada en la misma fecha.

5o. En 2 de jnlio de 1914, la sucesión de Prudencio Matos bajo la representación de su abogado José Tous Soto soli-citó se señalase día para la vista de la moción de nulidad de 4 de marzo de 1914, la que reproducía en todas sus partes, alegando que el abogado Don Rafael Palacios Rodríguez en representación de dicha sucesión había celebrado una tran-sacción con el abogado representante de Eamón Morales Gar-cía, habiendo rehusado dicha sucesión aceptar semejante tran-sacción.

6o. La corte municipal, en vista de la anterior moción, dictó orden en 14 de julio de 1914, dejando sin efecto la dictada en 12 de marzo de 1914 aprobatoria de la transacción y señaló el día 24 del citado julio para la vista de la moción sobre nulidad de procedimientos.

7o. La vista de la moción fué pospuesta y discutida por fin en 9 de diciembre de 1914, en cuyo día fué resuelta, habién-dose declarado nulas la sentencia dictada en el pleito, la orden de ejecución, la subasta y la posesión de la finca y ordená-dose la restitución de ésta a la sucesión de Prudencio Matos.

Alegó el peticionario como razones legales para la expe-dición del auto de certiorari, falta de jurisdicción por parte del juez municipal para anular la transacción en virtud de la cual había desistido la sucesión Matos de toda reclamación sobre la finca adjudicada a Morales García, e irregularidad en los procedimientos de dicha corte inferior al dejar sin efecto la resolución de 12' de marzo de 1914 por la que aprobó la transacción en virtud de moción de la sucesión Matos, sin haber sido notificado previamente de esa moción el peticio-nario ni dádosele oportunidad para discutirla, con infracción ■de los artículos 317 y 318 del Código de Enjuiciamiento Civil.

La Corte de Distrito de Ponce funda su sentencia ape-lada en que la orden dictada por la Corte Municipal de Tauco •en 12 de marzo de 1914 aprobando la transacción de las par-tes, estaba ajustada a la ley porque dicha transacción fué hecha por los abogados de récord de las partes en el pleito y era obligatoria para las mismas según la ley sobre admi-sión al ejercicio de la-abogacía aprobada en 8 de marzo de 1906.

No estamos conformes con el fundamento en qne descansa la resolución apelada.

La sección 9a. de la ley de 8 de marzo de 1906 determi-nando reglas para el ejercicio de la profesión de abogado en Puerto Pico y derogando leyes anteriores sobre la mate-ria, dice así:

“Todo abogado, en tanto qne no se le haya notificado por sus clien-tes la revocación de su representación, tendrá derecho para obligar al que lo haya elegido como tal en todas las gestiones que judicial-mente practique en nombre de dicho cliente y que consten en las mi-nutas de la corte ante la que tales gestiones se verifiquen, pero no de otra suerte.”

Opinamos que la sección transcrita se refiere solamente al poder que tiene el abogado de nn cliente con relación a los procedimientos qne se sigan en una corte, sin que ese poder pueda tener el alcance de obligar el abogado al cliente mediante transacción o arreglo o de cualquier otro modo en lo que respecta a cuestiones independientes del procedi-miento y que afecten a la materia objecto de la acción más que al remedio.

En la transacción de que se trata está envuelta la obli-gación de otorgar una escritura formal de traspaso de bien inmueble mediante pago de una cantidad de dinero, lo cual importa un acto de riguroso dominio que exije mandato ex-preso, según el artículo 1615 del Código Civil. TJn abogado, como cualquier otro mandatario, está sujeto al precepto de dicbo artículo.

Para mayor ilustración sobre ese particular, véanse 6 C. J., p. 643, sec. 147; p. 657, sec. 169; p. 659, sec. 175; 2 R. C. L., p. 976, sec. 54; p. 986, sec. 63; p. 989, sec. 68; p. 995, sec. 75.

Pero es que la resolución apelada se sostiene por otro fundamento, o sea, por el mismo que invocó el peticionario Ramón Morales García al solicitar la expedición del auto de certiorari, consistente en haberse infringido por el Juez Municipal de Yauco el artículo 317 del Código de Enjuicia-miento Civil al dejarse sin efecto la orden de 12 de marzo de 1914, sin audiencia de Morales García. Ese artículo previene las formalidades que deben llenarse para la tramitación de toda moción y tales formalidades no se ban llenado en el presente caso, pues el Juez Municipal de Yauco dejó sin efecto la orden de 12- de marzo de 1914, a virtud de moción de la suce-sión Matos, sin notificar ni oir a la parte contraria.

Dichas formalidades deben llenarse tanto en las cortes de distrito comq en las cortes municipales.

Por las razones expuestas es de confirmarse la resolu-ción apelada, debiendo proceder el Juez Municipal de Yauco con arreglo a los principios establecidos en la presente opinión.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro, Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Sfi. del Toeo,

text:
    Benedicto, Demandante y Apelado v. Brac, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre cobro de honorarios.
    Moción del apelado para que se desestime la apelación.
    No. 1549.
    Resuelto en noviembre 10, 1916.
    Desestimación de Apelación — Transcripción de Autos Archivada Después de Notificada la Moción. — Cuando el apelante verifica el archivo de la trans-cripción de autos después de notificado de una moción del apelado para que se desestime la apelación por no haberse aquélla radicado en tiempo, tal archivo no puede considerarse contestación eficaz a la referida moción de acuerdo con la letra de la sección 58 del Reglamento del Tribunal Supremo.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Enrique Rincón.

    El apelado compareció en nombre propio.
   El Juez Asociado Sfi. del Toeo,

emitió la opinión del tribunal.

La sentencia apelada en este caso se dictó el 31 de mayo -de 1916, y la apelación se interpuso el 29 de junio del mismo año. El apelante solicitó de la corte de distrito varias pró-rrogas. para preparar sn exposición del caso. La última de dichas prórrogas venció el 18 de agosto último y el apelante no presentó la exposición.

Así las cosas, el apelado, el 22 de agosto de 1916, archivó en la secretaría de esta Corte Suprema una moción documen-tada solicitando la desestimación del recurso por no haberse radicado en tiempo la transcripción de los autos. El ape-lado notificó el mismo día su moción al abogado del apelante. El propio día 22 de agosto, a las 7 p. m., el apelante archivó la transcripción de los autos consistente en la demanda, la contestación, la opinión de la corte, la sentencia, el escrito de apelación y la certificación. No forma parte de ella nin-guna exposición del caso.

El apelante acepta que archivó la transcripción después de vencido el término que la ley y las reglas de esta corte le conceden, pero se acoge a lo dispuesto en la regla 58 que dice así:

“Si la copia de los autos no fuere presentada dentro del término prescrito, puede desestimarse la apelación al hacerse una moción en tal sentido previa notificación de la misma. Si la copia de los autos, ha sido presentada a la fecha en que se haga tal notificación, este hecho constituirá una contestación eficaz a la referida moción, aun en el caso de que dicha copia no se hubiere presentado dentro del término prescrito.”
17 D. P. R. LXXIII.

Como hemos consignado, la moción de desestimación se notificó al apelante el 22 de agosto último y en ese mismo día, pero a las 7 p. m., el apelante archivó la transcripción,, de suerte que verificó tal archivo después de notificada la moción y en tal virtud su contestación no puede considerarse eficaz de acuerdo con la letra de la disposición invocada por él mismo. Véanse Parker v. Oller, 21 D. P. R. 449, y Diez v. Vélez et al., 16 D. P. R. 851.

El apelante no alegó por escrito ni oralmente en el acto-de la vista de la moción de desestimación, ninguna causa explicativa de su tardanza, y por lo tanto no ha proporcio-nado a esta corte dato alguno que pudiera servirle para ejer-citar en su favor la discreción de que está investida en casos de esa naturaleza. Véase Gandía v. Pizá Hermanos, S. en C., 17 D. P. R. 337.

Debe desestimarse el recurso.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Alclrey y Hutchison.


text:
    Bosch, Demandante y Apelante, v. Bosch, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce, en pleito sobre petición de herencia y otros extremos.
    Moción de la demandada y apelada para que se desestime la apelación.
    No. 1551.
    Resuelto en noviembre 10, 1916.
    Desestimación de Apelación — Transcripción de Autos Radicada I-Ioras Des-pués de Notificada la Moción. — Desde el momento en que la parte apelada notifica a la apelante su moción para que se desestime la apelación por no haberse presentado la transcripción de autos dentro del término legal, nace en aquélla su dereeho a que la apelación no sea oída, derecho que debe sos-tenerse porque no lo destruye el hecho de que la transcripción se presente algunas horas después de la notificación de la moción de desestimación.
    Los hechos están expresados en la resolución.
    Abogados del apelante: Sres. José y Manuel Tous Soto.

      Abogado de la apelada: Sr. Luis Jordán Dávila.

   RESOLUCIÓN.

Por cuanto, el término para presentar en este tribunal la transcripción de la apelación en el presente recurso, venció el 27 de agosto de 1916, según la prórroga que para ello se le babía concedido al apelante.

Por cuanto, en 28 de ese mes la parte apelada notificó a la apelante, a las 3 y 40 minutos de la tarde, su moción en que nos pide que desestimemos la apelación por no haberse presentado la transcripción dentro del término legal, la que fné presentada a nuestro secretario a las 6:30 de la tarde de ese día, siendo radicada la moción al día siguiente:

Por cuanto, según las reglas 58 y 60 de las de este tribunal, si no se presenta dentro del término legal la trans-cripción de los autos para tramitar la apelación, el recurso puede ser desestimado a petición de la parte apelada, des-pués de haberla notificado, si bien será suficiente contesta-ción a tal moción que la transcripción se haya presentado cuando aquélla sea notificada, aunque la presentación se haga fuera del término legal.

Por cuanto, desde el momento que la parte apelada noti-ficó a la apelante su moción de desestimación por el motivo expresado, sin que la transcripción estuviera presentada en este tribunal dentro del término legal, nació en aquélla su derecho a que la apelación no fuera oída, derecho que debe-mos sostener porque no lo destruye el hecho de que la trans-cripción se presentara algunas horas después de la notifica-ción de la moción de desestimación.

Por tanto, vistas las reglas citadas, los artículos 299, en-mendado en 1911, y 303 del Código de Enjuiciamiento Civil, y el caso de Benedicto v. Brac, pág. 606.

Se declara con lugar la moción de la demandada y ape-lada y en su virtud se desestima la apelación interpuesta por el demandante y apelante, contra la sentencia de la Corte de Distrito de Ponce de 18 de marzo de 1916. Y comnníqnese esta resolución a la dicha corte de distrito a los fines pro-cedentes.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    García, Demandante y Apelado, v. Humacao Fruit Co., Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao, en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 1580.
    Resuelto en noviembre 14, 1916.
    Exposición del Caso — Estipulación de las Partes Conviniendo Utilizar una Exposición Aprobada en Otro Recurso. — No puede el Tribunal Supremo admitir una estipulación escrita de las partes conviniendo utilizar para la resolución del recurso el mismo pliego de exposición del caso aprobado con motivo de otro recurso anterior, cuando tal estipulación no ba sido antes aprobada por el juez inferior, el único llamado a resolver si el’ escrito de exposición del caso es reflejo fiel de las pruebas que tuvo en cuenta para dictar su resolución.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Juan B. Huyke.

    Abogado del apelado: Sr. Manuel Tous Soto.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Ambas partes, apelante y apelada, presentan a esta Corte Suprema una estipulación escrita, mediante la cual convienen en utilizar para la resolución del presente recurso el mismo pliego de exposición del caso aprobado con motivo de otro recurso anterior, y en utilizar también con el mismo fin la transcripción de autos que para la decisión de dicho recurso anterior fue elevada a este tribunal.

La transcripción archivada en secretaría para la decisión del presente reenrso sólo comprende en copia la resolución apelada y el escrito interponiendo la apelación.

El artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil, tal como quedó enmendado por la Ley No. 70 de 9 de marzo de 1911, prescribe las formalidades que deben llenarse para la aprobación del escrito de exposición del caso, siendo la apro-bación judicial requisito indispensable para que tenga valor legal.

Si la parte apelante no juzgaba necesaria la presentación de nuevo escrito de exposición del caso, por estimar suficiente para la decisión del presente recurso la misma exposición anteriormente aprobada para otro recurso, debió estipularlo así con la otra parte ante la corte inferior, solicitando de ella la aprobación de la estipulación, y obtenida tal aproba-ción, la anterior exposición del caso Rubiera servido para la decisión del presente recurso.

Esta Corte Suprema no puede' aprobar la estipulación que se le presenta, pues invadiría atribuciones propias de la corte inferior, única llamada a resolver si el anterior escrito de exposición del caso es reflejo fiel de las pruebas que tuvo en cuenta para dictar la resolución apelada.

No puede admitirse la estipulación de que se trata.

Desestimada la estipulación.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Torres, Recurrente, v. El Registrador de San Germán, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Germán, inscribiendo con defecto subsa-nable una escritura de venta de finca urbana.
    No. 293.
    Resuelto en noviembre 21, 1916.
    Sociedades Mercantiles — Negocios Bajo el Solo Nombre de un Individuo— Defecto Subsanable — Compraventa.—No constituye defecto subsanable en el presente recurso el no haber acreditado el recurrente su carácter de único representante de la mercantil compradora cuando girando ésta bajo su solo nombre y manifestando que es su único dueño, nada existe en el documento presentado que demuestre sea una sociedad mercantil.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Benito Fores.

    El Registrador recurrido, Sr. A. Malaret, compareció en nombre propio.
   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Según el documento que motiva este recurso gubernativo Don Ramón Antonio Torres y Yélez compró cierta finca como único dueño y representante de la mercantil “R. A. Torres ” que tiene establecida bajo su solo nombre e inscrita esa ad-quisición en el Registro de la Propiedad de San Germán con el defecto subsanable “de no haber acreditado Don Ramón A. Torres y Yélez su carácter de único representante de la mer-cantil compradora R. A. Torres” estableció el presente re-curso. en el que solicita que declaremos que no existe tal defecto para que desaparezca de la inscripción.

Nada existe en el documento en cuestión que demuestre que el establecimiento mercantil del recurrente, que gira bajo su solo nombre de “R. A. Torres” sea una sociedad mer-cantil. Su nombre es el de un individuo y no el de una com-pañía porque no reúne los requisitos que para las razones sociales exige el Código de Comercio, y como aparece que el recurrente es su único dueño, es indudable que legalmente es también su único representante, por lo que no tiene que-acreditar este extremo ante el registro.

La nota recurrida debe ser revocada en cuanto al defecto' subsanable en ella consignado.

Revocada la nota recurrida en cuanto al defecto en ella consignado.

Jueces concurrentes.: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. González, Conocido por Santiago, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en cansa for infracción del artículo 328 del Código Penal.
    No. 1076.
    Resuelto en noviembre 24, 1916.
    Seguridad Pública — Automóvil—Choque con un Viandante. — El choque entre un automóvil y un viandante que traiga como consecuencia la muerte o daño de éste, es heeho que no está comprendido en el lenguaje empleado por el artículo 328 del Código Penal, ya como originalmente fué aprobado o como ha sido enmendado por dos veces (Leyes 1908, p. 58; Leyes 1916, p. 108).
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Manuel F. Bossy.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La parte pertinente de la acusación presentada en este caso es como sigue:

“El Fiscal formula acusación contra Eduardo González, conocido por Santiago, por un delito de infracción al artículo 328 del Código Penal, felony, cometido como sigue: El citado Eduardo iG°nz^lez, conocido por Santiago, allá el día 10 de noviembre de 1915, en la jurisdicción de Carolina, que forma parte del Distrito Judicial de San Juan, en momentos en que guiaba el automóvil No. 1206, por negligencia o descuido, lo dejó chocar con el cuerpo de la niña Margarita Esteves, causándole varias heridas y contusiones.”

En el informe oral que se hizo durante la vista de esta apelación se sugirió, entre otras cosas, que los hechos impu-tados no constituyen el delito definido en el artículo 328 del Código Penal.

La cuestión está bien planteada.

El referido artículo, tal como se encontraba redactado, tanto en la fecha que se determina en la acusación como en la que se dictó la sentencia, prescribe lo siguiente:

“Todo conductor, maquinista, guardafreno u otra persona encar-gada del todo o en parte de cualquier vagón, locomotora, tren de ferrocarril, automóvil o buque de vapor dedicado al transporte ordi-nario de carga o pasajeros, y cúalquier despachador de trenes (train dispatcher), telegrafista, jefe de estación o cualquier otra persona encargada del todo o en parte del deber de despachar o dirigir los movimientos de dicho vagón, locomotora, tren de ferrocarril, auto-móvil o buque de vapor que por impericia, negligencia o descuido lo dejare o hiciere chocar con otro vagón, locomotora, automóvil o buque de vapor, tren u otro objeto o cosa, ocasionando de este modo la muerte o daño de una persona, incurrirá en pena de cárcel por un término máximo de dos años o presidio por un término de seis meses a diez años, según su gravedad.”

De acuerdo con la bien conocida regla de rigurosa inter-pretación que es aplicable a un caso de esta naturaleza parece muy claro el hecho de que el lenguaje empleado en el estatuto no hace referencia a un choque entre un automóvil y un viandante y que trae como consecuencia la muerte o un daño para la persona agolpeada. Sostener lo contrario sería for-zar la significación ordinaria de las palabras usadas para hacer que las mismas comprendan casos que muy fácilmente pudieron haber sido incluidos en este artículo por la legis-latura si tal hubiera sido su intención, pero que claramente no están comprendidos en la ley ya como fue aprobada ori-ginalmente o como ha sido enmendada por dos veces, primero en el año 1908 y luego en 1916, lo que establecería un prece-dente muy peligroso y perjudicial en la interpretación de un estatuto penal.

La sentencia condenatoria contra la cual ésta apelación ha sido interpuesta debe ser revocada, absolviéndose al acu-sado.

Revocada la sentencia apelada y ábsuelto el acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Franquis, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao, en cansa por alteración de la paz pública.
    No. 1094.
    Resuelto en noviembre 27, 1916.
    Alteración de la Paz Pública' — Riña — Prueba Contradictoria — Defensa Propia. — Cuando los testigos de El Pueblo se limitan a declarar que bubo riña entre el apelante y otro acusado, ignorando quién la provocara, y los de la defensa afirman que el apelante fué agredido por el otro acusado, no existe conflicto alguno en la prueba, pudiendo ésta armonizarse en el sentido de que hubo riña originada por la agresión del otro acusado. No cabe afirmar que maliciosa y voluntariamente perturbara la paz quien no hizo otra cosa que oponer la necesaria resistencia para impedir una ofensa contra su persona.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Juan B. Huyhe.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un'recurso de apelación interpuesto por el acusado Eloy Franquis contra sentencia que en 28 de diciem-bre de 1915 dictó la Corte de Distrito de Humacao, mediante celebración de nuevo juicio, por la que le condena como culpable del delito de turbar la paz pública a la pena de $30 de multa y en defecto de pago a un día de cárcel por cada dólar que deje de satisfacer, y las costas.

El apelante Eloy Franquis fué denunciado en unión de otros ante la Corte Municipal de San Lorenzo, por haber reñido voluntaria y ’maliciosamente en la plaza pública de Juncos, del Distrito Judicial Municipal de San Lorenzo, den-tro del Distrito Judicial de Humacao, alterando de ese modo la paz de las personas que estaban paseando en dicha plaza.

Funda el apelante su recurso en que la Corte de Distrito de Humacao, cometió error al apreciar la prueba presentada en el juicio.

Hemos examinado esa prueba y encontramos que los dos únicos testigos de cargo declaran qne vieron riñendo a Villa-fañe y a Franquis, sin qne ninguno de ellos sepa cómo empezó la riña ni quién la provocara, mientras que el acusado y dos testigos más de descargo afirman que Villafañe agredió a Franquis agarrándolo por el cuello en momentos en que salía de la alcaldía del pueblo de Juncos, de modo tal que no podía defenderse.

Sostiene la representación del apelante que este caso cae de lleno bajo la resolución de esta Corte Suprema en el caso de El Pueblo v. Torres, 18 D. P. R. 933, lo que admite el Fiscal si fuera cierta la prueba de descargo y no existiera prueba de cargo que tratara de justificar que el acusado entró voluntaria y maliciosamente en la reyerta, por lo que ha-biendo prueba contradictoria incumbía a la corte inferior dirimir el conflicto, siendo aplicable al caso la jurisprudencia de esta corte en el caso de El Pueblo v. Serrano, 21 D. P. R. 511.

Opinamos que la prueba de descargo no está en conflicto con la de cargo, pues los testigos de El Pueblo se limitan a declarar que hubo riña, ignorando quién la provocara, y los de la defensa afirman que el apelante fué agredido por Villa-fañe, agarrándolo por el cuello al salir de la alcaldía de Juncos. La prueba de cargo y la de descargo pueden armo-nizarse en el sentido de qne aunque bubo riña fué provocada por Villafañe, y si bubo tal provocación no cabe afirmar que Franquis maliciosa y voluntariamente perturbara la paz, re-quisito indispensable para incurrir en la sanción que marca el artículo 368 del Código Penal, pues no hizo otra cosa que oponer la necesaria resistencia a Villafañe para impedir una ofensa contra su persona, ejercitando el derecho que le concede el artículo 52 de nuestro Código Penal, sin que aparezca que causara daño alguno al agresor. No es de aplicación al presente caso la decisión de esta Corte Suprema en el caso de El Pueblo v. Serrano, sino la del caso de El Pueblo v. Torres, ambas citadas anteriormente.

Es de revocarse la sentencia apelada, absolviendo al acu-sado-apelante con las costas de oficio.

Revocada la sentencia apelada y absuelto el acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutcbison.


text:
    Jiménez, Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Becurso gubernativo contra nota del Begistrador de la Pro-piedad de Caguas inscribiendo con defecto subsanable una escritura de agrupación de fincas y arrendamiento.
    No. 290.
    Resuelto en noviembre 28, 1916.
    Agrupación de Eincas — Linderos—Puntos Cardinales — Defecto Subsanable.— Los preceptos de los artículos 9 de la Ley Hipotecaria y 63 del Reglamento para su ejecución, son generales, y para que queden cumplidos es necesario que los linderos del inmueble se determinen totalmente con relación a cada uno de los cuatro puntos cardinales, y no de un modo parcial. Así, en una agrupación de fincas, es un defecto subsanable el expresarse solamente los nombres de algunos y no de todos los dueños colindantes por uno de sus puntos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Andrés Mena.

    El registrador recurrido, Sr. Emigdio S. Ginorio, com-pareció en nombre propio.
   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública No. 82 otorgada en la ciudad de Caguas a 8 de mayo de 1915, los consortes Lorenzo Jiménez Soto y Natalia Solá Caballero agruparon cuatro fincas de su propiedad radicadas en el barrio de “Borinquen” de dicha ciudad, formando una de cincuenta y cinco cuerdas, cincuenta céntimos, con casa de maderas, terrera, techada con tejas de barro y zinc, lindando la nueva finca por el norte con Antonio Torres, Candelario Boldán y otros, por el sur con Tomás Flores, por el este con la sucesión de Manuel de Jesús-Flores, y por el oeste con la quebrada “Lagitas” e Ildefonso' Sola y Caballero. Por la misma escritura los expresados-consortes arrendaron la finca descrita a Jacinto Muñoz Rivera por término de dos años, conviniendo en que el con-trato de arrendamiento fuera inscrito en el registro de la. propiedad.

Presentada al Registro de la Propiedad de Caguas una. copia del anterior documento para su inscripción, el regis-trador, por nota de julio 12, 1916, verificó la inscripción soli-citada en cuanto a la agrupación de fincas con el defecto subsanable de no expresarse el nombre de “los otros dueños colindantes de la finca por el lado norte.”

Esa nota lia sido recurrida por Lorenzo Jiménez Soto en cuanto al defecto subsanable apuntado.

Opinamos que el registrador fia procedido con razón de-recha, ajustándose’ á los preceptos de la Ley Hipotecaria y de su Reglamento.

El artículo 9 de la Ley Hipotecaria previene que en toda inscripción se expresen los linderos de los inmuebles objeto de la inscripción o a los cuales afecte el derecho que deba inscribirse. Y el artículo 63 del Reglamento para la ejecu-ción de la misma, ordena que los linderos se determinen por los cuatro puntos cardinales.

Tales preceptos son generales, y para que queden cum-plidos es necesario que los linderos se determinen totalmente-con relación a cada uno de los puntos cardinales.

En el presente caso los linderos de la finca de que se trata, por la parte norte no están bien expresados al consignarse que linda con Antonio Torres, Candelario Roldán y otros, pues esos otros cuyos nombres se omiten pueden ser distintas-personas, y de ahí que esa colindancia no esté determinada de un modo total sino parcialmente.

Han quedado incumplidos en parte los preceptos ya cita-dos de la Ley Hipotecaria y de su Reglamento, y, por tanto, existe el defecto subsanable apuntado por el registrador, de-fecto susceptible de ser subsanado muy fácilmente.

Por las razones expuestas es de confirmarse la nota re-currida.

Confirmada la nota en la parte recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


text:
    Fuentes, Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Becurso gubernativo contra nota del Begistrador de la Pro-piedad de Caguas inscribiendo con defecto subsanable una escritura de compraventa.
    No. 295.
    Resuelto en noviembre 28, 1916.
    Bienes de Menores — Patria Potestad — Compraventa—Justificación de la Procedencia del Dinero Invertido en la Compra — Defecto Subsanable.— En las adquisiciones hechas por los padres en representación de sus menores hijos no emancipados y bajo patria potestad, no están obligados a acreditar la procedencia del dinero invertido y por tanto, el dejar de justificar ese extremo en el documento de compra, no constituye defecto subsanable, a los efectos de su inscripción en el registro.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Andrés Mena.

    El registrador recurrido, Sr. Emigdio S. Ginorio, com-pareció en nombre propio.
   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública No. 310 otorgada en la ciudad de Humacao en 19 de septiembre de 1916 ante el Notario Andrés Mena Latorre, Juan Pérez Castro vendió a los menores Carmen Alicia y Pablo Gabriel Fuentes y Borges, representados por su padre Gabriel C. Fuentes, una casa de la propiedad del vendedor radicada en la ciudad de Caguas, por precio' de $900 que confesó haber recibido en el mismo día y que,, según se hace constar en el documento, pertenecían por mitad a dichos menores como procedentes de la venta en pública subasta llevada a efecto el día anterior por el Marshal de la Corte de Distrito de Iínmacao, de unos condominios que tenían los expresados menores sobre otra casa situada en la misma ciudad de Caguas.

Presentada copia de la anterior escritura en el Registro de la Propiedad de Caguas para su inscripción, el registrador la verificó con el defecto subsanable de no acreditarse en el documento la procedencia del dinero invertido en la compra de la casa a que el mismo se contrae.

Esa nota ha sido recurrida para ante esta Corte Suprema •en la parte relativa al defecto subsanable.

No encontramos precepto alguno en la Ley Hipotecaria que justifique la nota recurrida.

Es cierto, según alega el registrador, que para que los bienes adquiridos durante el matrimonio por cualquiera de los cónyuges se consideren privativos del adquirente, es ne-cesario justificar la procedencia del dinero con que se hace la adquisición de modo más fehaciente' que por la sola voluntad de los consortes interesados, según dijimos al resolver el caso de Feliú et al. v. El Registrador de la Propiedad, 16 D. P. R. 766; pero esa doctrina tiene su fundamento en los preceptos del Código Civil que regulan las adquisiciones hechas durante el matrimonio, cuyos preceptos no son apli-cables a las adquisiciones hechas por los padres en repre-sentación de sus menores hijos no emancipados y bajo la patria potestad de los mismos.

Las adquisiciones hechas por los padres en representa-ción de los hijos que están bajo su patria potestad más bien pueden compararse con las adquisiciones hechas por un man-datario a nombre de su mandante, y así como el mandatario al adquirir para su mandante no está obligado a justificar que pertenece a éste el dinero con que verifica la adquisición, tampoco puede exigirse al padre que adquiere a nombre de su hijo que acredite ser de la propiedad de éste el dinero con que adquiere. Sólo en caso de litigio sobre la legitimidad de la adquisición podrá exigirse la prueba que prematura-mente exige el registrador.

El artículo 82 de la Ley de Procedimientos Legales Es-peciales, tal como quedó enmendado por la Ley No. 33 de 9 de marzo de 1911, previene que en cualquier caso en que el juez autorice al representante del menor para algún acto o contrato en que el menor obtenga dinero n otros valores,, la resolución determinará la colocación o inversión de lo ad-quirido y el Fiscal vigilará por los medios que considere ade-cuados, el cumplimiento de la resolución judicial. En con-sonancia con ese precepto Gabriel C. Puentes estará obligado a justificar la inversión de los $900 que recibió por la venta de los condominios que tenían sus hijos sobre la casa subas-tada por el Marshal de la Corte de Distrito de Humacao; pero no es el Registrador de Caguas el llamado a exigir la justificación de esa inversión sino el Fiscal del distrito.

Por las razones expuestas es de revocarse la nota recu-rrida en cuanto al defecto subsanable en ella consignado.

Revocada la nota en la parte recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


text:
    De Jesús, Recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Primera, denegando la ins-cripción de una resolución declaratoria de dominio.
    No. 300.
    Resuelto en diciembre 7, 1916.
    Expediente de Dominio — Adquisición a Título Oneroso — Estado Civil — Dene-gatoria de Inscripción.' — Cuando la promovente en un expediente de dominio1 es viuda y resulta que adquirió la finca a título oneroso sin expresarse el estado que tenía cuando hizo la adquisición, debe denegarse la inscripción por ser una circunstancia particular conveniente al caso y afectar a la efi-cacia del derecho del dominio declarado por la resolución. Artículos 77 y 440 del Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria. Las conse-cuencias legale^ en cuanto a las adquisiciones a título oneroso tienen que ser distintas según que se hicieran por la promovente, siendo soltera, casada o viuda.
    Id.- — Inscripción en el Registro — Facultades del Registrador. — El precepto del artículo 395 de la Ley Hipotecaria, Regla 5a., que prescribe que consen-tida o confirmada la resolución declaratoria del dominio será en su caso título bastante para la inscripción, no puede entenderse en términos tan absolutos que siempre sea obligatoria para el registrador la inscripción, sino que ésta deberá verificarse en el caso de que la resolución contenga todas las circuns-tancias que según la Ley Hipotecaria y su reglamento deban consignarse en la inscripción.
    Id. — Adquisición por Herencia — Herencia—Estado Civil — Descripción del In-mueble. — Cuando en un expediente para justificar el dominio de parte de una finca habida por herencia, el juez estima justificada tal procedencia, es indi-ferente que el promovente fuera soltero, casado o viudo al adquirirla, pero no cabe verificar su inscripción si falta la descripción, según los artículos 9 de la Ley Hipotecaria y 63 del Reglamento para su ejecución.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la recurrente: Sr. Manuel Benítes Flores.

    El registrador recurrido Sr. José S. Belaval no compa-reció.
   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., declaró justificado a favor de Pía de Jesús el dominio de dos par-celas de terreno, por medio de sentencia que dice así:

“PoR cuanto, la peticionaria arriba expresada Pía de Jesús mayor de edad, viuda propietaria y vecina de Río Piedras compareció ante esta corte por medio de su Abogado Enrique González Darder y soli-citó que se declarara en su favor el dominio de las siguientes fincas:
“Ia. Trozo de terreno radicado en el barrio de Monacillos, término municipal de Río Piedras, .compuesto de once cuerdas quince céntimos de cuerdas, colindante por el norte con tierras de Blas Alméstica y Justino Díaz; por el sud, Ambrosia Sánchez y Esteban Muriel; por el este con Juan Hernández, y por el oeste con tierras de Claudina Carmona y Catalino Rosario. Valorada en trescientos dollars y libre de carga y gravámenes.
“2a. Trozo de terreno radicado en el mismo barrio y término municipal de Río Piedras, compuesto de cuatro cuerdas treinta y cinco céntimos de cuerdas, colindante por el norte con Claudina Carmona; por el sud la compañía Southern Cross; por el este con Catalino del Rosario, y por el oeste la Southern Cross Company. Yalorada en ochenta dollars y libre de gravámenes.
“Por cuanto, habiéndose admitido la solicitud por manifestarse en ella la carencia de título escrito e inscribible de dominio de las Rucas descritas y habiéndose citado a los anteriores dueños así como al Hon. Fiscal del distrito y publicados los edictos sin que se pre-sentara oposición alguna dentro del término legal, ni por el Hon. Fiscal se haya objetado a la información testifical de la qne resulta que la peticionaria adquirió la primera finca en la siguiente forma: siete cuerdas por herencia de su padre Pablo de Jesús hace más de treinta años, y cuatro cuerdas quince céntimos por compra a Eloy de Jesús hace más de treinta años, y que la segunda finca de cuatro cuerdas treinta y cinco céntimos la adquirió por compra a Nicolás Hernández hace unos veinte y cinco años, habiendo sido dicha pose-sión quieta, pública y pacíficamente sin interrupción alguna, en con-cepto de dueña con buena fe y justo título.
“Por tanto se declara justificado a favor de Pía de Jesús el dominio de las dos fincas descritas en la presente orden, de la cual se expedirá copia certificada para su inscripción en el Registro de la Propiedad de San Juan.
“Dado en corte abierta el día 19 de noviembre de 1914. (Fir-mado.) Félix Górdova Dávila, Juez, Corte Distrito, San Juan, See. Ia. Certifico: (Firmado) C. Marrero. Secretario.”

Presentada en el Registro de la Propiedad de San Juan, Sección Ia., copia de la anterior resolución, el registrador denegó la inscripción en los siguientes términos:

“Denegada la inscripción del anterior documento, respecto de la primera finca, porque siendo viuda la promovente, y resultando que adquirió parte de la misma finca por herencia, y parte a título one-roso, no se expresa el estado que tenía al ocurrir tales adquisiciones, circunstancia absolutamente necesaria, puesto que en el caso de haber estado casada, la parte adquirida a título oneroso correspondería a la sociedad conyugal, y en cuanto a la parte heredada, para que la manifestación de la promovente tuviera eficacia legal, necesitaría que la consintiera el esposo de la misma o sus eausahabientes; y respecto de la segunda finca, porque habiéndola adquirido la promovente a título oneroso, no se expresa el estado que tenía cuando tuvo efecto esa adquisición, circunstancia absolutamente necesaria puesto que en el caso de haber estado casada, correspondería la finca a la sociedad conyugal, todo con arreglo a lo resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en su sentencia de veinte y cuatro de marzo de mil novecientos once. Y se ban extendido las anotaciones preventivas correspondientes por cuatro meses a los folios 84 y 87 del tomo 38 de Río Piedras, fincas 1738 y 1739, anotaciones letras A, con el de-fecto subsanable de no ser firme la resolución. San Juan, marzo 11 de 1916. Entre líneas — con el defecto subsanable de no ser firme la resolución. Yale. — El Registrador, José S. Belaval.”

Esa nota lia sido recurrida por Pía de Jesús sin que lrnya presentado alegato en apoyo de su revocación.

Encontramos ajustada a derecho la nota expresada.

Según aparece de la resolución de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., que dejamos transcrita, Pía de Jesús alegó en el escrito inicial del expediente de dominio, ser de estado viuda, y fué claramente su intención justificar ante dicha corte el dominio a su favor de las dos fincas a que se refiere para inscribirlo en el registro; pero aquella resolución no muestra que la peticionaria fuera soltera, ca-sada o viuda cuando hizo las adquisiciones de dichas fincas y esa expresión de su estado tiene que ser consignada en la inscripción por ser una circunstancia particular conveniente al caso y afectar indiscutiblemente a la eficacia del derecho de dominio declarado por la resolución. Artículos 77 y 440 del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria. Las consecuencias legales en cuanto a las adquisiciones que se dicen hechas por título oneroso, tienen que ser distintas según que se hicieran por Pía de Jesús, siendo soltera, viuda o casada. En los dos primeros casos adquiriría exclusiva-mente para sí, y en el tercero para la sociedad de ganancia-les, a no ser que adquiriera con recurso de su privativa pertenencia.

La decisión de esta Corte Suprema en el caso de Ramos v. El Registrador de la Propiedad de Caguas, 18 D. P. R. 16, aunque dictada con motivo de denegatoria de inscrip-ción de expediente posesorio viene en apoyo de la anterior doctrina.

Otras dos decisiones recaídas en los casos de Ramos v. El Registrador de la Propiedad, y de Vega v. El Registrador de San Germán, 16 D. P. R., 60, y 23 D. P. R. 799, no favo-recen a la recurrente, pues en ellas se trata de la inscripción de dominio de nna finca a favor de nna persona casada, sin qne apareciera ser privativamente snya, por lo qne debía reputarse bien ganancial, mientras que en el presente caso se pretende una inscripción de dominio a favor de nna persona de estado viuda y, por tanto, de la inscripción de. un bien propio y exclusivo del promovente con perjuicio acaso de los herederos del cónyuge premórtuo.

Ciertamente que el artículo 395 de la Ley Hipotecaria en su regla 5a. prescribe que consentida o confirmada la reso-lución declaratoria del dominio, será en su caso título bas-tante para la inscripción; pero ese precepto no puede enten-derse en términos tan absolutos que siempre sea obligatoria para el registrador la inscripción, sino que ésta deberá veri-ficarse en el caso de que la resolución contenga todas las circunstancias que según la Ley Hipotecaria y su Beglamento deban consignarse en la inscripción, lo que no ocurre en el presente caso según hemos dicho anteriormente.

En cuanto a la parte de una de las fincas habida por herencia paterna, como el juez estimó justificada tal proce-dencia, no hay duda de que esa parte debe estimarse del dominio de Pía de Jesús, siendo indiferente para ello que fuera soltera, casada o viuda al adquirirla; pero no cabe verificar la inscripción del dominio de la misma a favor de la recurrente por faltar su descripción, cuya falta impide dar cumplimiento a los artículos. 9 de la Ley Hipotecaria y -63 del Beglamento para su ejecución.

Es de confirmarse la nota recurrida.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Rivera, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en cansa por delito de injuria y calumnia (slander).

    No. 1108.
    Resuelto en diciembre 8, 1916.
    Calumnia e Injuria (Slander) — Presunción de Malicia- — Manifestaciones por Información — Actos Judiciales, Legislativos u Oficiales. — Se pre-sumirá maliciosa y será calumnia procesable, toda manifestación calumniosa lieeha públicamente, sin que quite al acto la presunción de malicia el hecho de que el acusado hubiera hecho las manifestaciones como resultado de los informes que se le dieran, pues tales informes no son de los comprendidos en la sección 5a. de la ley de calumnia e injuria.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Antonio Trujillo Güil.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante Nicomedes Rivera interpuso este recurso de apelación contra la sentencia de la Corte de Distrito de Are-cibo que le condenó a sufrir prisión por el delito de injuria y calumnia (slander) de acuerdo con una denuncia en la que se imputó al apelante, que en un meeting que celebró en la plaza “Tyson” de Arecibo en la noche del 8 de marzo de 1916, al referirse a los hechos acaecidos aquel día en el sitio denominado “Campo Alegre” voluntaria, falsa y maliciosa-mente se expresó en los términos que copiamos de la denuncia:

“Que Alberto Gandía, actuando como jefe de policía, incitó a ésta a que realizara lo que realizó, y que dicho Alberto Gandía, re-vólver en mano, fué el primero que apuntó y disparó con su revólver, rodando por el suelo una víctima, y que ante la enormidad del hecho por él consumado y ante aquel cuadro de horror, con lágrimas en los ojos, dijo a la viuda: ‘Ud. no se apure, que yo le pasaré el jor-nal que ganaba su marido,’ y añadió a continuación: ‘¡Asesinos! ¡Bandoleros!’ frases estas dichas con la intención de causar descré-dito y menosprecio en la persona de Alberto Gandía y de imputarle la comisión de un hecho constitutivo de delito, cual es el de privar de la vida a un ser humano, ilegalmente.”

De la prueba resulta que ese día trataron algunos huel-guistas, en “Campo Alegre,” de hacer que no trabajaran unos carreteros que iban para la finca de Don Alberto Candía, y cuando éste fué avisado por su mayordomo de tal pretensión acudió al sitio con dos policías y resultaron allí un muerto y varios heridos y que cuando el apelante regresó a Arecibo del sitio de tales sucesos a donde acudió al tener noticias de ellos, los relató al público en el meeting en la forma y ma-nera que aparecen de la denuncia.

Pero el apelante sostiene como único motivo de su recurso que no existió malicia.de su parte por cuanto se limitó a relatar los hechos tal y como los sabía por los informes que recogió en el lugar donde ocurrieron. Aun admitiendo esto último, lo que no resulta de la prueba ya que la preponde-rancia de la misma es que hizo esas manifestaciones como propias y sin referencia a informes que se le dieran, siempre tenemos que llegar a la conclusión de que existió malicia al hacerlas, porque, según la sección 3a. de la Ley de 9 de marzo de 1911, para definir y castigar el delito de calumnia e injuria (slander) se presumirá maliciosa y será calumnia proeesable toda expresión calumniosa hecha públicamente en presencia o ausencia de la persona agraviada, siendo la única excep-ción a esa regla la sección 5a., según la cual no se tendrá por maliciosa ninguna relación o exposición oral imparcial y exacta de actos judiciales, legislativos o de cualquier otro carác-ter oficial, ni las manifestaciones hechas en las discusiones, argumentaciones y debates que en dichos actos tuvieren lugar. Aunque el apelante hubiera hecho las manifestaciones que se le imputan como resultados de los informes que se le dieron no quita este hecho a su acto la presunción de malicia que lleva consigo el haberlas hecho en público pues tales informes no son de los comprendidos en la citada sección quinta.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Fernández et al., Acusados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en causa por infracción del artículo 362 del Código Penal.
    No. 1086.
    Resuelto en diciembre 12, 1916.
    Reunión Ilícita — Pelea de Gallos — Crueldad c.on los Animales. — Una pelea de gallos es un acto ilegal como prohibido y penado por la sección 5“. de la ley para impedir la crueldad con los animales, y por tanto la reunión de varias personas para llevar a efecto peleas de gallos, separándose después sin realizarlas, cae bajo el artículo 362 del Código Penal.
    Id. — Pelea de Gallos — Espectadores.—No es un acto ilegal dentro del artículo. 362 del Código Penal el ser un mero espectador en una reunión de varias per-sonas para llevar a efecto peleas de gallos.
    Id.- — Prueba de Estar el Acusado Dentro de una Gallera. — El hecho de estar-los acusados dentro de una gallera cuando llegó la policía no demuestra que-so hubieran reunido con el propósito de iniciar, promover o echar una pelea de gallos o de realizar actos de ayudante, árbitro o principal o para tomar parte en alguna pelea o para ayudar a ella.
    Id. — Prueba de Tener una Gallera — Gallos de Pelea. — El mero hecho de tener-una gallera y de encontrarse dentro de ella algunos gallos preparados para pelear y algunas personas allí reunidas, no lleva necesariamente a la conclu-sión de que estaban reunidas con el objeto de realizar alguno de los actos que-según la ley constituyen el acto ilegal de jugar gallos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Leopoldo Tormes.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Los tres apelantes en este caso, Santiago Fernández, Mariano Camacho y Juan Santiago, fueron denunciados en-unión de otros ante la Corte Municipal de Ponce por infrac-ción del artículo 362 del Código Penal, imputándoseles que-con la intención de violar la ley sobre crueldad con los ani-males llevando adelante una pelea de gallos, se reunieron en una finca de Juan Santiago, separándose sin haber reall-zado dicho acto ilegal; y habiendo sido condenados en grado de apelación por la Corte de Distrito de Ponce, establecieron este recurso de apelación.

En el caso de El Pueblo v. Torres, 23 D. P. R. 378, con-siderando los méritos de una denuncia idéntica a la qne se bace contra estos apelantes y en la qne tampoco se alegaba qne los acusados o alguno de ellos había de ser mero espec-tador de las peleas de gallos, declaramos qne “una pelea de gallos era nn acto ilegal, como prohibido y penado por la sección 5a. de la ley para impedir la crueldad con los ani-males, y, por tanto, la reunión de varias personas para llevar a efecto peleas de gallos, separándose después sin realizarlas, cae bajo el artículo 362 ya transcrito del Código Penal,” con lo cual queda contestada la alegación de los apelantes de que la denuncia no les imputa la comisión de un delito. Pero como en el presente caso se nos ha presentado una exposi-ción de las pruebas que se practicaron en el juicio, la otra cuestión que se plantea es si con ella se demostró que los apelantes se reunieron para llevar a efecto una pelea de gallos, aunque se separaran sin realizarla.

No hay duda alguna de que los apelantes fueron encon-trados por la policía dentro de un local destinado a verificar peleas de gallos y que algunas de estas aves fueron ocupadas allí; pero como hemos declarado en el caso de El Pueblo v. Ramírez, 18 D. P. R. 272, que el hecho de concurrir a una pelea de gallos como espectador no es constitutivo de infrac-ción a la sección 5a. de la ley para impedir la crueldad con los animales, sino que para que exista el delito es necesario que la persona acusada baya iniciado, instigado, promovido o echado la pelea de gallos, que baya realizado algún acto de ayudante, árbitro o principal, o que en alguna forma haya tomado parte para llevarlo a efecto, o que baya ayudado a que se realizase la riña de gallos o de otras aves, perros, toros u otros animales, habiéndose premeditado dicha riña por el dueño o por el que tuviere bajo su custodia dichas aves o animales, la cuestión entonces en este caso es la de si bay prueba de que los apelantes tuvieron otra participa-ción que no fuera la de meros espectadores, porque si única-mente como tales estaban allí reunidos, entonces no han come-tido el delito de que han sido declarados culpables, ya que el artículo 362 citado lo que pena es el reunirse para cometer un acto ilegal sin realizarlo, y no siendo acto ilegal el ser espectador, no han infringido dicho precepto.

Veamos, pues, si de la evidencia aparece que los apelantes realizaron alguno de los actos a que se refiere dicha sección 5a.

El primer testigo de la acusación Fernando Reyes dice, en resumen respecto a estos extremos, que Juan Santiago es dueño de la gallera donde estaban reunidos los tres ape-lantes y otros más; que en ella cogieron gallos preparados para pelear; que no vió apuestas de ninguna clase; que dichos individuos estaban preparándose para echar una pe-lea de gallos; que no vió a los apelantes en esas funciones ni que tuvieran gallos en la mano y que no llegó a realizarse ninguna pelea, ni encontró ningún gallo herido.

Alfredo Vega dijo que los apelantes estaban en una ga-llera; que tenían gallos allí y que por eso no corrieron como hicieron otras personas; que estaban reunidos para jugar gallos con éstos preparados y que uno de los otros indivi-duos que acusaron les dijo que no habían empezado toda-vía a jugar; que los apelantes tenían el propósito de jugar gallos; que sabe que uno de los gallos que habían allí era de uno de los apelantes porque ellos se comprometieron a llevar dichas aves al cuartel para que no se estropearan; que Mariano Camacho era uno de los que llevaba los gallos.

Después de la negativa de la corte a absolver a los ape-lantes por falta de prueba, presentaron éstos evidencia testi-fical de la que resulta que ellos negaron que tuvieran el propósito de jugar gallos y que los tuvieran allí, y que los que llevaron al cuartel de la policía no eran de ellos. En cuanto a Mariano Camacho reconoció que es gallero.

Creemos que respecto a Mariano Camacho y Santiago Fernández, el hecho de estar dentro de la gallera cuando llegó allí la policía no demuestra que se hubieran reunido con el propósito de iniciar, promover o echar una pelea de gallos o de realizar acto de ayudante, árbitro o principal o para tomar parte en alguna pelea, o para ayudar a ello, y no ha-biéndose probado, por tanto, que se reunieran con el fin de realizar acto alguno ilegal de los contenidos en la sección 5a. a que hemos hecho referencia, no podemos declarar que hayan cometido delito alguno y deben ser absueltos sin mayor con-sideración del caso en cuanto a ellos, ya que el hecho de que Camacho sea gallero no significa por sí mismo que tratara de jugar gallos en la forma que expresa dicha ley.

Por lo que hace a Juan Santiago se ha probado algo más, o sea que era el dueño de dicha gallera, y aun cuando el tes-tigo Reyes dijo que este apelante estaba preparándose para echar una pelea de gallos, sin embargo declaró también que no lo vió en estas funciones, ni que tuviera gallos en la mano y no dió relato de cómo pudo deducir que estaba preparán-dose para echar la pelea. El mero hecho de tener una gallera y de encontrarse dentro de ella algunos gallos preparados para pelear y algunas personas allí reunidas, no lleva nece-sariamente a la conclusión de que estaban reunidas con el objeto de realizar alguno de los actos que según la ley consti-tuyen el acto ilegal de jugar gallos por lo que la prueba tam-bién es insuficiente en cuanto a la culpabilidad de este ape-lante. Quizás estaban reunidos con ese propósito, pero la-prueba no lo demostró.

La sentencia debe ser revocada y dictarse otra absolu-toria.

Revocada la sentencia apelada y absuéltos los acusados.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.