author: El Juez PresideNte Señor Travieso

text:
    In re Víctor Rivera Colón y Angel Rivera Colón, abogados-notarios, querellados.
    Núm. 56.

    — Sometido: Mayo 11, 1944.

      Resuelto: Junio 1, 1944.

      Félix Ochoteco, F. Fernández Cuyar, Bewicio Sánchez Castaño y R_ González, abogados de los querellados; R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, y Luis Negrón Fernández, Fiscal AuxiliarT abogados de El Pueblo.
   El Juez PresideNte Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Los hechos que motivaron este procedimiento de disbarment son como sigue:

El 18 de octubre de 1938, en el barrio “Pasto” del tér-mino municipal de Morovis, el niño Luis Calderón recibió' una patada de un caballo propiedad de Manuel Cacho. La herida recibida por el niño en la frente le produjo una frac-tura del cráneo, con depresión del hueso frontal y de las meninges y fue calificada por el médico como grave y de-posibles o probables serias consecuencias para el futuro.

La madre del menor lesionado encomendó la defensa dé-los intereses del niño al Licenciado Víctor Rivera Colón,, uno de los querellados, con instrucciones de que incoara de-manda contra el dueño del caballo, en reclamación de los daños y perjuicios sufridos por el menor. Cuatro días después del accidente, el 28 de octubre de 1938, la firma de abogados Rivera Colón & Rivera Colón, por Víctor Rivera-Colón, radicó ante la Corte de Distrito de Arecibo una moción para litigar m forma pauperis, acompañada de una demanda de daños y perjuicios por la suma de $5,000, contra Manuel Cacho Vega. En la demanda se describen las lesiones reci-bidas por el menor, diciendo que el caballo “se abalanzó sobre este menor demandante dándole con la pata trasera una coz en la frente, cayendo Luis Calderón al suelo en estado inconsciente y mortalmente herido y sufriendo otras heridas en diferentes partes del cuerpo”. Y se añade, “que con motivo del referido accidente el mencionado Luis Cal-derón ha sufrido y' sufre en la actualidad intensas crisis nerviosas, desvelos, insomnios, ha perdido su salud y se encuentra en un estado de constante intranquilidad, ha ve-nido sufriendo de dolores en la cabeza y en todo el cuerpo y angustias mentales y morales, etc.”

El día 6 de diciembre de 1938, la misma firma de aboga-dos radicó en la Corte de Distrito una “moción de desisti-miento”, en la que hicieron constar que ellos habían soli-citado una indemnización de cinco mil dólares “sin haber examinado la herida recibida por el menor. Luis Calderón y creyendo de buena fe en las manifestaciones de la madre del menor”; que después de haber examinado la herida y “haber tenido un cambio de impresiones con el médico que asistió al referido niño”, los abogados, “con la autorización ex-presa de la parte peticionaria, han llegado a la conclusión de que la cantidad reclamada es completamente exagerada y no guarda proporción con los daños leves que ha recibido la parte perjudicada”. En la moción se hizo constar que en esa misma fecha habían radicado una demanda ante la Corte Municipal de Ciales, basada en la misma causa de acción, reclamando $150 por los daños y perjuicios sufridos por el menor, más $50 para honorarios de abogado. La de-manda radicada en la corte municipal es una copia exacta de la presentada en la corte de distrito y de la cual se tra-taba de desistir.

En diciembre 6 de 1938, la corte de distrito declaró sin lugar la moción de desistimiento: (1) porque teniendo en cuenta lo que se alega en las dos demandas, la corte entiende que no hay motivo para sacar el caso de la corte de distrito para llevarlo a un tribunal inferior; (2) porque no importa que haya habido alguna exageración o error en la cuantía reclamada, pues el juez puede discrecionalmente otorgar la suma que sea justa después de oír al médico y examinar al menor; y (3) porque apareciendo del récord que la madre del niño es analfabeto hay que suponer que ella no puede darse cuenta del estado del menor y de las .consecuencias que puedan sobrevenirle.

En diciembre 12 de 1938, Víctor Rivera Colón, como abo-gado de la parte demandante radicó nna moción en la que solicitaba qne se señalara el 16 del-mismo mes para presentar prueba en apoyo de la moción de desistimiento. Del récord no consta que se tomara acción alguna en cuanto a esta moción. En enero 28, 1939 los mismos abogados radicaron en la corte de distrito una demanda enmendada, en la cual incluyeron como demandado a Ignacio Cacho Parés, hijo del otro demandado, alegando que este nuevo demandado era arrendatario de la finca de su padre y quien poseía y se servía del caballo para su beneficio. En esta nueva demanda se describen como leves las heridas recibidas por el menor y se reclama la misma suma de $5,000.

En marzo 23 de 1939, estando pendiente la decisión de la excepción previa general formulada por los demandados, los abogados del menor radicaron una “Moción para que se dicte sentencia”, en la que hicieron constar que estaban convencidos de que Manuel Cacho Vega no tenía responsa-bilidad alguna por el accidente, siendo el único responsable su hijo Ignacio, como arrendatario de la finca y dueño del caballo; que Ignacio Cacho les había ofrecido para transigir el pleito la suma de $200, suma que la parte demandante consideraba justa y razonable “ya que las lesiones recibidas por el referido menor no son de la gravedad e importancia mencionadas en la demanda original radicada en este caso”. La suma de $200 incluía gastos y honorarios de abogado. El 31 de marzo de 1939, se celebró la vista de la moción. Del récord del caso ante la corte inferior no aparece nada de lo ocurrido en el acto de la vista de la moción para transigir el pleito por $200. Empero, la evidencia practicada ante esta Corte Suprema en la vista del procedimiento de disbarment estableció los hechos siguientes:

Al serle presentada la moción para transigir por $200, el Juez Agraít dijo que no aprobaría la transacción pro-puesta a no ser que viniera el médico a declarar y que se trajera al menor para que la corte pudiera verlo y apreciar su estado de salud. Declaró el Dr. Marchand, que el niño había mejorado en cuanto al tratamiento de la herida, y añadió: “Las consecuencias de una depresión como esa son siempre durante la vida. El niño se queda deprimido, inservible para la sociedad, aunque él mejorara' de la herida. Yo lo creo inútil permanentemente”. Oída la declaración del mé-dico, el juez, resolvió no aceptar la transacción, y entonces el abogado Angel Rivera Colón dijo que no comprendía lo ocurrido y que iba a desistir de la moción sobre transacción. El 24 de abril de 1939, el mismo abogado radicó un escrito desistiendo de la transacción que ya la corte había desapro-bado el 31 de marzo, y acompañó a dicho escrito una demanda enmendada, en la cual se eliminó al demandado Ignacio Cacho Parés y se dejó como único demandado a Manuel Cacho Vega, alegando que éste era el único dueño de la finca y del caballo, y se pidió sentencia por la suma de $5,000. Después de numerosos incidentes que dilataron in-necesariamente el caso, el demandado contestó la demanda el 25 de febrero de 1941, fué el pleito a juicio el 3 de marzo del mismo año y el 11 de agosto de 1941, poco menos de tres años desde la fecha del accidente, la corte inferior dictó sentencia a favor del menor por la suma de $1,300, más las costas y $200 para honorarios de abogado.

No estuvo conforme el demandado y apeló para ante esta Corte Suprema. Pué visto el recurso el 10 de junio y re-suelto el 24 de noviembre de 1943, revocando la sentencia recurrida y devolviendo el caso a la corte de su procedencia para la celebración de un nuevo juicio. Véase: El menor Luis Calderón, etc. v. Manuel Cacho Vega, 62 D.P.R. 620.

En la opinión emitida por esta Corte, por voz de su Juez Asolado Sr. De Jesús, se hizo constar que la conducta pro-fesional de los abogados del menor nos parecía por .demás extraña y la expusimos con todos sus detalles, haciendo una relación minuciosa de los mismos hechos relacionados en la presente opinión. Hicimos constar, además, que nos abste-. ni amos de hacer comentario alguno en relación con la con-ducta profesional de los abogados, “a fin de no prejuzgar la investigación que en relación con este asunto deberá practicar el fiscal de este tribunal”.

El día 30 de noviembre de 1943 los abogados del menor radicaron una moción en la que pedían que se ordenara una pronta investigación de la conducta de los peticionarios, y que mientras se practicaba esa investigación se ordenara la eliminación de aquellos párrafos de nuestra opinión referen-tes a la conducta de dichos abogados, “pues una lectura de dicha opinión, sin conocerse el celo profesional, la prontitud con que este caso se radicó, se vió y se obtuvo sentencia favorable al menor demandante, no obstante los deseos de la madre del menor en querer transar o desistir del pleito, podría prejuzgar ante extraños la conducta de estos abo-gados”. Por resolución de diciembre 1 de 1943 ordenamos al fiscal que procediera inmediatamente a practicar la in-vestigación y declaramos sin lugar la eliminación solicitada.

El día 1 de mayo de 1944, el Fiscal de esta Corte Su-prema radicó una querella en la que solicita el disbarment de los querellados, Licenciados Víctor Rivera Colón y Angel Rivera Colón. En la querella se exponen los mismos hechos que ya hemos relacionado, y basándose en ellos el fiscal formula los siguientes cargos específicos:

1. Que la radicación de la demanda por $150, en la corte municipal, fue hecha por los querellados sin previa consulta con y sin la autorización de la madre del menor.

2. Que cuando radicaron la demanda original en la corte de distrito así como cuando radicaron la otra demanda en la corte municipal, los querellados tenían conocimiento de la gravedad de las lesiones recibidas por el menor. *

3. Qpe la moción para transigir el pleito por la suma de $200, fué presentada por los querellados sin el consenti-miento ni aprobación de la madre del menor y con el pleno ■conocimiento de los abogados de que. las lesiones sufridas por el menor eran de carácter grave y de consecnencias qne habrían de producir la inutilidad permanente al lesionado.

4. Que el propósito de los querellados al realizar los actos mencionados fué el de beneficiar a los demandados y como consecuencia perjudicar al menor; y que si ese propósito no llegó a consumarse fué debido a la justa negativa del juez ■de la corte de distrito a dar su aprobación a la moción de desistimiento y a la transacción propuesta.

Contestaron los querellados. Negaron haber actuado en momento alguno sin previa consulta y sin el consentimiento ■o autorización de la madre del menor, alegando en contrario que la radicación de la demanda en la Corte Municipal de Ciales se debió a la persistente actitud de la señora Calde-rón de no querer llevar el pleito adelante “y a las manifes-taciones de la madre de dicho menor de que el referido menor estaba perfectamente bien” y “que lo único que .ella quería era que el demandado pagase los servicios y gastos ocasio-nados, haciéndose la correspondiente declaración jurada”. Alegaron también los querellados que cuando se radicaron las demandas y mociones ya mencionadas, ellos no tenían conocimiento de la gravedad de la herida y lesiones sufridas por el menor; que al principio, cuando ellos se encargaron del caso, la madre del niño les dijo que las heridas era graves, pero que pocas semanas después, cuando ella insistía en desistir del pleito o transigido, la señora Calderón “les indicó insistentemente que eh menor Luis Calderón estaba bien de las lesiones y que las heridas no eran graves”; que antes de radicar la demanda en la corte municipal, los que-rellados tuvieron una conversación con el Dr. Marchand sobre el estado del menor “y dicho galeno le dijo a los que-rellados que estaba mejor de su lesión”; que los querellados no tuvieron conocimiento facultativo de la gravedad de las lesiones, “hasta la vista de la moción de desestimación”; y que ellos actuaron de buena fe, basados en las manifestacio-nes de la madre del menor y del Hr. Marchand, y en la. creencia de qne una transacción por $150 ó $200 sería bene-ficiosa para el menor.

La vista del caso fue celebrada ante el tribunal en pleno-el día 11 del mes en curso, quedando sometido a nuestra, decisión por la evidencia aducida por una y otra parte.. Haremos un resumen de toda la prueba.

Santiaga Calderón, madre del niño lesionado, declaró: Que cuando su hijo fue gravemente herido, ella le entregó el casó a Víctor Rivera Colón para que pusiera la demanda y él lo aceptó y le dijo que haría la demanda por cinco mil pesos. Que después de presentada la demanda Manuel Cachoy su hijo fueron a verla varias veces para ver si ella quería hacer un arreglo; que ella les dijo que hicieran lo me jor-que se pudiera, porque su hijo no tenía “mejora” y seguía enfermo y enfermo; que ella no, autorizó a ninguna persona ni a sus abogados para que transigieran por esa cantidad, y que los abogados no quisieron en ningún momento que se arreglaran por eso, porque decían que era muy poco, y por ese motivo no se hizo el arreglo; que lo que le ofrecían no-daba ni para las primeras veces que se estuvo llevando al doctor; que ella no quería arreglar el pleito por esa canti-dad de $150 y en ningún momento estuvo conforme con el arreglo propuesto; que no tuvo conocimiento de la demanda presentada en la Corte Municipal de Ciales; que le dijeron algo sobre la petición presentada en Arecibo para transigir por $200 pero cuando “Angelito'” vió que el niño seguía malo él tampoco quiso arreglar por esa cantidad. Que recuerda la primera vez que fué a declarar a la Corte de Arecibo, el día que la llevaron para ver qué podían ofrecer ellos, si ellos se acercaban a una cantidad que podían transigir el negocio,, “no por los doscientos pesos, a ver si ellos ponían una cosa que el niño se remediara”; que ella no sabía, que ya en la corte había presentada una solicitud de transacción por $200; que eso ocurrió como mes y medio después del acci-dente, cuando el niño estaba añn en el hospital, y cuando ella qniso llevárselo a sn casa el doctor le dijo qne le iban' a hacer otra operación; qne cnando ella entregó el caso á los querellados no hizo ningún arreglo especial, pero convino en qne les pagaría de lo mismo qne se sacara. Contestando a preguntas de la defensa, dijo: Qne los querellados en ningún momento antes de radicar el pleito vieron al niño, y no recuerda si vieron al médico qne lo asistía; qne fué ' ella quien dijo a los abogados lo qne le había ocurrido al' niño; que los Cacho fueron a verla varias veces y le decían' que transigiera porque ellos eran colindantes con su finca y si no transigía le iban a poner una hortaliza cerca de su casa para que no pudiera criar pollos, y que por eso ella “a veces decía que sí y otras veces no”; que ella contó a' sus abogados su conversación con Cacho, y ellos le decían ! que en ningún momento dejarían arreglar por tan poco: dinero; que no recuerda si Angel Rivera Colón le dijo que' iba a presentar una moción para arreglar el pleito por $150 ó $200; que fué un día a la Corte de Arecibo, con el niño, porque la citaron; que el único documento que ella firmó, ' poniendo una cruz, pues ella no sabe escribir, fué para poner la demanda como pobre, siendo esa la única vez que le Ue7 varón papeles a firmar; que en ningún momento prestó ella una declaración jurada ante don Pepe Pares,. Juez de Paz de Morovis, “a don Pepe Pares no le he hecho yo cruz de-lante de él”; que fué delante de Juan Rodríguez que ella dió la firma para poner la demanda, pero nunca firmó nada ante el Juez Pares.

El doctor Juan Sixto Marehand, después de describir la herida recibida por el niño y sus naturales consecuencias, declaró: Estuvo asistiendo al niño durante tres meses, apro-ximadamente. El muchacho tiene ahora de 13 a 14 años, con la capacidad mental de un niño de 4 años y el desarrollo, físico de un niño de nueve años, y quedará inútil permanen-temente. El niño fué dado de alta, en cuanto a la curación de la herida, como a los tres meses después del accidente. Víctor Rivera Colón estuvo una vez en su oficina a pregun-tarle por el niño. No recuerda lo que hablaron, pero habla-ron con respecto al niño. Esa conversación fué quizás durante los' dos primeros meses de la enfermedad. No recuerda los detalles de la conversación, pero tuvo que haber informado al abogado sobre la naturaleza grave de la herida y puede ser, pero no lo recuerda, que también le hablase sobre las consecuencias de la herida. El día de la vista sobre la moción de transacción, Angel Rivera Colón fué a burearle a su oficina en Manatí. No recuerda haber hablado con el abogado, durante el viaje de Manatí a Arecibo, sobre la naturaleza de la lesión ni sobre la declaración que iba a dar ante la corte. Declaró ante la corte de distrito lo mismo que ahora declara ante el Supremo sobre la gravedad de la herida y la incapacidad permanente del lesionado. Contes-tando a preguntas de la defensa, declaró: Que ninguno de los dos querellados se acercó a él en momento alguno para pedirle que declarara aminorando el carácter de las heridas, y que él no se lo hubiera permitido. Cuando declaró en la corte que la herida y sus consecuencias eran graves, Angel Rivera Colón retiró la moción de transacción. Interrogado de nuevo por el fiscal, respondió: En la conversación que tuvo con Víctor Rivera Colón, éste no le consultó si el estado del menor justificaría una rebaja en la reclamación, de $5,000 á $200. Tampoco fué consultado en cuanto a ese extremo por Angel Rivera Colón el día que éste fué a buscarle para la vista sobre la moción de transacción, pero en Arecibo antes de comenzar la vista le habló del-caso y sobre sus consecuencias, como él las veía. Fué cuando llegó a la córte que. se enteró de que se trataba de transigir el caso por -$2Ó0. Se lo informó el abogado, diciéndole que dependía de lo que él como médico declarase sobre la gravedad del caso. Que si Víctor Rivera Colón hubiera consultado con él sobre las consecuencias de .la herida, seguramente no hubiese dicho lo que dijo en la moción de desistimiento que presentó el 5 de diciembre de 1938: “ que después de exami-nada la herida del menor Luis Calderón y haber tenido un cambio de impresiones con el médico que asistió al referido niño, estos abogados, con el consentimiento expreso de la parte peticionaria, han llegado a la conclusión de que la canti-dad reclamada es completamente exagerada, y no guarda proporción con los daños leves que ha recibido la parte per-judicada.” Él le dijo al abogado que la herida era leve, pero no las consecuencias, que es distinto. En todas las conversaciones que tuyo con los abogados les dijo que la herida era grave; y cuando Víctor Eivera Colón le fúé a ver dos meses después del accidente, si le preguntó sobre la herida tuvo que haberle dicho que la herida había sanado.

Compareció como testigo el niño Luis Calderón. Basta-ron las pocas preguntas que se le hicieron para convencer al tribunal de que el niño ha quedado inútil como consecuen-cia de la herida. Estaba en la escuela cursando el segundo grado en 1938, cuando ocurrió el accidente; y continúa en segundo grado seis años después, en 1944. Su mentalidad es realmente la de un niño de cuatro años de edad. Su aspecto es el de un niño raquítico, débil y enfermizo. Tiene 13 ó 14 años de edad y aparenta tener no más de nueve. La des-cripción que de él nos hiciera el doctor Marehand es correcta.

Ignacio Cacho Parés, declaró: que él supo que lo habían demandado porque se lo dijo Angel Eivera Colón; que el mismo abogado le propuso que fueran a un arreglo, dicién-dole: “Eso te lo arreglo yo”. Eivera Colón le dijo que le arreglaba el caso por $300, y él le contestó que era insolvente. Eivera Colón le dijo que lo arreglaría por $200, y le acon-sejó que arreglara por esa suma, pues era un caso en que gastaría más que eso en abogado. Entonces él, Cacho, con-vino en arreglar, pero por mediación de la corte, por tratarse de un menor. Entregó $15 a su padre para que se los entre-gara a uno de los abogados, comprometiéndose a pagar los $185 restantes cuando se aprobara la transacción. Fué a la corte el día de la vista de la moción de transacción, lle-vando . consigo los $185. Angel Rivera Colón dijo que se quedase abajo y que cuando él lo necesitara lo mandaría a buscar. Cuando el abogado bajó y le preguntó qué bacía con el dinero, el abogado le dijo “llévatelo y el día que se te avise lo traes”.

Terminada la prueba del fiscal y habiendo la corte reser-vado su fallo en cuanto a la moción de la defensa para la desestimación de la querella por insuficiencia de la prueba, los querellados ofrecieron la prueba testifical siguiente:

El querellado Víctor Rivera Colón declaró: Se graduó en junio de 1938 en la Universidad de Puerto Rico y prestó juramento en julio del mismo año. Tenía entonces 26 años y ahora tiene 32. Empezó a trabajar como abogado a la sombra de su hermano, en Ciales. Por las noches trabajó como maestro en la Central High School desde 1938 a 1940. La señora Calderón le mandó aviso de que quería verle en relación con el accidente de su hijo. Fué a verla y ella le dijo que el niño estaba grave, que se moría. Francisco Rivera Barreras, compañero suyo de Universidad, que fué quien le trajo el aviso de la señora Calderón, le informó que la herida era en la misma frente, en el medio. Entonces él hizo la demanda por $5,000. Pocos días después de radi-cada la demanda, la señora Calderón fué a visitarle y le dijo que quería arreglar el pleito y que se conformaba con los gastos médicos en que había incurrido; que al principio ella se había impresionado mucho con la herida, pero que el niño había mejorado, estaba bien y ella no creía que era grave; que Cacho era rico y no quería echárselo de enemigo. Él le dijo que no desistía de llevar el pleito, que era un pleito bueno. El abogado Rafael Padró Parés se vió con él y le dijo que era mejor que se transigiese el pleito porque la señora Calderón lo iba a hacer quedar mal; que él como abogado de Manuel Cacho aceptaba una transacción decorosa para el niño, “pero qne yo era muy joven y no sabía como eran esos pleitos”. Él le dijo a Padró Parés que tenía que hablar con el Dr. Marchand. Yió al doctor en su consul-torio y le preguntó qué clase de herida tenía el niño y cuál era su estado; y Marchand le respondió: “está perfecta-mente bien, está cerrada” y no le dijo nada más. No podía dudar de lo que le dijo el doctor porque la misma madre del niño decía que la herida era leve. No le preguntó al doctor sobre las consecuencias; le preguntó sobre la herida sola-mente. Estudió en la Universidad de Puerto Rico y tiene que confesar que en el campo de “torts” no le enseñaron la forma de conducir esos pleitos. El curso que tomó fué de un semestre. Se vió con Padró Parés, abogado de Cacho, para la transacción, y le preguntó en qué forma se iba a hacer la transacción, pues había una demanda en la corte de distrito por $5,000. Padró le dijo que podía hacerse de dos modos: radicando una moción de desistimiento en la corte de distrito y una nueva demanda en la corte municipal, explicando a la corte el motivo del desistimiento; o llevando el caso ante la corte de distrito para que el juez aprobase la transacción. Que tiene que confesar que él no sabía cómo se hacía una transacción de menores, pues tampoco se lo enseñaron en la Universidad. Estuvo buscando en 42 libre-tas que conserva de cuando estudiaba y no encontró nada sobre eso. Entonces procedió en la forma aconsejada por Padró Parés, radicando la moción de desestimiento acom-pañada de copia de la demanda radicada en la corte municipal. El convenio entre él y Padró fué que no se emplazaría a Manuel Cacho en la corte municipal hasta que la de distrito aprobase la moción de desistimiento. El día si-guiente al de la radicación de la moción, se encontró en San Juan con su profesor Licenciado Manuel Benitez Flores, le explicó lo que había hecho, preguntándole si eso era ilegal. Su profesor le contestó que no era ilegal, “pero no es lo correcto” y añadió: “este asunto te puede costar en el mañana una contrariedad; debes tablar con el juez y decirle cuál es la situación”. Entonces fue a ver al Juez Agraít y le indicó que la madre no quería defender a su hijo, que algunas personas la. estaban persuadiendo para que no siguiese el pleito, y que fue por ese motivo que el juez exigió prueba sobre el estado del menor y ordenó al fiscal que hi-ciera una investigación. Entonces, en vista de su inexpe-riencia y después de consultar con su hermano desistieron de la demanda en la corte municipal, dejando pendiente la transacción ante la corte de distrito. Pué en ese momento que su hermano Angel intervino en el pleito.

Declararon los jueces de ■ distrito de San Juan Ricardo La Costa y Rafael Cordovés Arana y el Procurador General Interino, Jesús A. González, sobre la buena reputación de que gozan los querellados en la comunidad.

Llamada por el tribunal, volvió a declarar la señora Calderón, y dijo: En la fecha del accidente su hijo tenía entre seis y siete, años de edad, era un muchacho inteligente y despierto y estaba en el segundo grado. Era un muchacho fuerte, saludable y listo. Hoy no lo es. La mayor parte del tiempo se pasa quejándose de dolor de la cabeza" y del-oído y casi no ve por un ojo. Duerme mal. Continúa toda-vía en el segundo grado. Le dan ataques de nerviosidad.

El querellado Angel Rivera Colón declaró: Su primera intervención en el pleito fue con motivo de la moción de transacción. Su hermano Víctor le encomendó que conti-nuara el caso en Arecibo, pues él tenía que estar en San Juan. Cuando Víctor le informó de la moción de desisti-miento y de la demanda ante la corte municipal, él le dijo que ese procedimiento no era correcto, que lo correcto hu-biera sido radicar la moción de transacción en la corte de distrito. Transcurrieron dos o tres meses y Víctor no le dijo nada más hasta que se radicó la moción de transacción. Asistió a la vista de la moción y notificó a la señora Calde-rón y al Dr. Marehand para que fuesen a la corte. Al oír la declaración del Dr. Marchand, se dirigió al juez y le dijo qne no presentaba más prueba porque entendía que no podía transigirse el caso y solicitó permiso para radicar una mp-ción desistiendo de la moción de desestimación. Entonces el Juez Agraít declaró que él no podía acceder a la transac-ción dadas las consecuencias que podían sobrevenir al menor. A los pocos días radicó la moción desistiendo de la transac-ción y una demanda enmendada. Cuando fue con el Dr. Marchand desde Manatí a Arecibo, no habló con él nada sobre el estado del menor ni sobre las consecuencias que pudiera traerle la herida. No se enteró de nada hasta que oyó al doctor declarar en la corte.

La declaración del Lie. Manuel Benitez Plores corroboró la del querellado Víctor Rivera Colón en cuanto a la consulta que éste le hiciera sobre la legalidad o corrección del proce-dimiento seguido por ’ dicho querellado para transigir el pleito.

Declaró el Hon. Ricardo Agraít Aldea, Juez de Distrito de Arecibo: Recuerda que se presentó una moción para de-sistir del caso en la que se hacía constar que se había radicado una demanda en la Corte Municipal de Ciales. Se negó a aprobar el desistimiento, resolviendo que el caso siguiera en la corte de distrito. Tiene la creencia de que uno de los hermanos, le parece que fué Víctor, le dijo que la señora Calderón estaba empeñada en transigir. Esto tuvo que haber sido después de presentada la moción, porque si le hubiese consultado antes no la hubiese presentado. Cuando se presentó la moción para transigir por $200 él dijo que no aceptaba la estipulación a no ser que viniera el médico a de-clarar y el menor para él poder ver cómo estaba. Al oír la declaración del médico, él dijo: “No debemos seguir esta prueba; con esta declaración del médico yo no voy a aceptar esta transacción”. Entonces el señor Angel Rivera Colón dijo: “Yo no comprendo, voy a desistir”, y a los pocos días presentó la moción desistiendo de la transacción.

, Tras un cuidadoso y sereno estudio de los hechos que acabamos de exponer y sobre los cuales no existe controver-sia alguna, nos vemos precisados a ratificar la opinión ya expresada por esta corte en cuanto a la extraña conducta de los abogados del menor en la tramitación de su reclamación.

Es por de más extraño que un abogado a quien se encomienda la defensa de un niño que acaba de ser gravemente y, tal vez, mortalmente herido, demuestre tan poco interés en la suerte de su defendido, que ni siquiera se ocupe de ir a visitarle para enterarse de su estado, de la gravedad de sus heridas y de las consecuencias que esas lesiones puedan producir para la vida futura del menor.

Es en verdad extraño que durante todo el tiempo trans-currido desde el 18 de, octubre de 1938, fecha del accidente, hasta el 31 de marzo de 1939, fecha en que fué vista y desestimada la moción de transacción, a ninguno de los dos abogados defensores se le ocurriera visitar al niño o pedir informes sobre su estado al médico que le asistió durante tres meses consecutivos, especialmente cuando ese mismo médico acompañó a uno de esos abogados, Angel Rivera Colón, desde Manatí hasta Arecibo, precisamente para de-, clarar ante la corte con relación al estado de salud del menor. Con una simple pregunta al Dr. Marehand, pudieron los ahogados haberse enterado de la lamentable condición en que había quedado su cliente y haberse evitado la triste expe-riencia de ver justamente rechazada por un tribunal de justicia una proposición para compensar con la exigua suma de $150 los sufrimientos y la inutilidad permanente de su defendido.

Es sorprendente y extraño que a un abogado, que por inexperiencia o por deficiencia en su preparación universi-taria no sabe cuáles son los pasos que debe dar para defender los intereses de su cliente, se le ocurra como única solución de su conflicto ir a consultar a y seguir el consejo del abogado defensor de la parte contraria.

Falta de experiencia, ignorancia de las leyes procesales e insuficiencia de sn preparación académica son las defensas alegadas por el querellado Víctor Bivera Colón. Ellas podrán ser suficientes para explicar sus actuaciones y para atenuar la responsabilidad en que pudiera haber incurrido, pero no lo son para eximirle de una merecida reprimenda y censura por sus actuaciones en el caso encomendado a su defensa. No menos y tal vez más digno de censura es el otro querellado, Angel Bivera Colón, quien incurrió en las mismas faltas en que incurriera su hermano, no obstante haber estado ejerciendo como abogado por once años con anterioridad a los hechos relatados.

Es deber del abogado ser diligente, activo y persistente en la defensa de los intereses de su cliente. En un caso como el del menor Luis Calderón, es negligencia inexcusable el no haber visitado al niño lesionado para enterarse de la naturaleza e importancia de sus lesiones y el no haber entrevistado al médico para informarse sobre las probables consecuencias de la herida. Ese interés por parte del abogado en adquirir conocimiento personal de los hechos es aconsejable, no solamente por ser necesario y conveniente para la mejor defensa del caso, si que también como medida de protección para el propio abogado contra una posible simulación o exageración por parte del lesionado. Se han visto muchos casos en que la simulación, que pudo ser descubierta por el abogado si hubiese sido diligente, fué puesta de manifiesto en el acto del juicio, quedando el abogado negligente expuesto a que se le considerase como parte en la simulación.

Siendo el abogado un funcionario de las cortes de justicia, es su deber ser franco, honrado y sincero con los jueces, exponiéndoles claramente todos los hechos, sin ocultar los que puedan ser desfavorables y sin exagerar los favorables. En casos que envuelven intereses de menores, el abogado que tenga alguna duda en cuanto a cómo debe pro-ceder para la mejor defensa de esos intereses, debe seguir* como mejor práctica la de solicitar nn consejo del juez de distrito, quien por ministerio de la ley es el llamado a velar por los intereses de los menores e incapacitados. Si los que-rellados en este caso hubiesen pedido un consejo al Juez Agraít, en vez de pedirlo al abogado de la parte contraria,, seguramente se hubiesen evitado las amarguras y sinsabores-de este procedimiento.

La inobservancia de estas reglas ha sido la causa de que-hayan transcurrido seis años desde que ocurrió el accidente,, sin que el menor lesionado haya podido cobrar aún la indem-nización a que pudiera tener derecho.

De la evidencia presentada ante esta corte, de la trans-cripción de la practicada ante la corte inferior y del informe del.fiscal de este tribunal, aparecen ciertos hechos de los cuales debemos tomar conocimiento, aun cuando el fiscal no ha formulado cargo específico alguno con respecto a los mismos en la querella que estamos considerando. Nos refe-rimos al alegado contrato simulado celebrado entre Manuel Cacho Vega y su hijo Ignacio Cacho Pares con el supuesto propósito de hacer aparecer a Ignacio como arren-datario de la finca, a fin de que éste pudiese obtener de la Administración de Ajuste Agrícola una suma mayor que la que hubiera podido obtener su padre como dueño de la finca.

Debemos abstenernos de expresar opinión en cuanto a la participación que en la preparación de dicho contrato haya podido tener el querellado Angel Rivera Colón, pues no habiéndose formulado un cargo contra él sería impropio que hiciéramos un pronunciamiento en cuanto a esos hechos, sin que el querellado haya tenido una oportunidad de ser debi-damente informado' del cargo y de presentar su defensa. Empero, creemos que es nuestro deber requerir al fiscal de esta corte para que proceda a formular una nueva querella contra el abogado Angel Rivera Colón en relación con la participación qne. el mismo, haya tenido en la preparación del alegado contrato simulado.

Confiemos en qne nuestras observaciones y consejos sir-van para orientar y guiar por el camino recto y luminoso de la ley a los querellados y a todos los que por él empiezan a dar sus primeros pasos.

Consideradas todas las circunstancias del caso, debe dic-tarse una resolución censurando a los querellados por sus actuaciones en el caso a que se refiere la querella.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Snyder

license: Public Domain

text:
    Gobierno de la Capital, demandante y apelado, v. Consejo Ejecutivo de Puerto Rico, etc., y la Autoridad de Fuentes Fluviales de Puerto Rico, demandados y apelantes.
    Núm. 8703.

    — Sometido: Junio 7, 1944.

      Resuelto: Junio 1, 1944.

      F. Fernández Cuyar, H. González Blanes y Rafael A. González abogados del peticionario; Son. Procurador General Interino Jesús A. González, abogado del Gobernador, el Consejo Ejecutivo y la Autoridad de Fuentes Fluviales de Puerto Rico, y James E. Curry, José Vilá Ruiz y Antonio M. Bird, of Gouncél} Autori-dad de Fuentes Fluviales de P. R. opositores.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

El 28 de abril de 1944 La Capital de Puerto Rico radicó un escrito de apelación para ante la Corte de Circuito de Apelaciones contra la sentencia dictada por esta corte en el caso arriba indicado el 20 de abril de 1944. ■ El mismo día La Capital también radicó una moción en la que decía que “desea obtener la expedición de nn auto de supersedeas mediante la prestación de la correspondiente fianza.” Por tanto solicitaba de esta corte que “se sirva fijar la cuantía de la fianza que deba prestar, y expedir luego un auto de supersedeas, de suerte que la ejecución de la sentencia ape-lada sea'detenida y el statu quo preservado hasta tanto se resuelva en definitiva la apelación interpuesta.” (Bastardi-llas nuestras).

Los demandados (apelantes ante este tribunal y apelados ante la Corte de Circuito de Apelaciones) radicaron por qserito una oposición a la referida moción. Se celebró una vista y se permitió a las partes que radicaran alegatos.

La apelación se entabla contra nuestra sentencia de 20 de abril, que dice como sigue: -

“Por las razones consignadas en la anterior opinión, se revoca la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan el día 29 de diciembre de 1942, en el caso arriba indicado, y se dicta nueva sentencia declarando, como por la presente se declara, que la Ley número 39 de 1941, Sesión Extraordinaria, según quedó en-mendada por la Ley número 29 de 1942, no es nula por no disponer una justa compensación en el caso de que se traspase el acueducto del Gobierno de la Capital a la Autoridad de Fuentes Fluviales de Puerto Rico bajo los términos de dicha Ley.”

No creemos necesario considerar un número de interesan-tes cuestiones levantadas por los abogados de ambas partes. Por tanto, no vamos a determinar si estaríamos obligados a expedir un auto de supersedeas así como fijar la cantidad de la fianza, de estar dispuestos a declarar con lugar la moción de La Capital.

En uso de nuestra discreción denegaremos la moción de La Capital del 28 de abril porque nada hay en el recurso ante nos que pueda suspenderse. La corte de distrito declaró inconstitucionales las leyes en cuestión. Esta corte las de-claró constitucionales. Ninguna de las dos sentencias con-cedió remedio alguno a parte alguna, que fuera susceptible bien de ejecutarse o de suspenderse. -Al radicar la petición de sentencia declaratoria ante la corte de distrito, La Capital solicitó un injunction pendente, lite “prohibiendo a los de-mandados . . . que lleven a cabo actuación, gestión, dili-gencia o acto alguno tendiente a hacer efectivo el traspaso del sistema de acueducto . . .”. Aunque la corte de distrito expidió una orden para mostrar causa por qué no debía declararse con lugar esta moción de injunction pendente lite, la vista señalada para discutir la misma nunca se celebró, por estipulación de las partes, y por consiguiente, nunca se expidió tal injunction. Tampoco solicitó La Capital de la corte de distrito, después de ésta haber radicado la sentencia declaratoria a su favor, que implementara dicha sentencia mediante algún remedio protector y afirmativo tal como el injunction. Artículo 8 de la Ley Uniforme sobre Sentencias Declaratorias, Ley, núm. 47, Leyes de Puerto Rico, 1931. De igual manera, La Capital nuncá ha solicitado tal remedio de esta corte. En lugar de hacer esto, comparece ahora .ante esta corte y solicita se apruebe una fianza de supersedeas.

El abogado de La Capital trata de justificar su posición aquí afirmando que la sentencia de la corte de distrito, que él aparentemente cree sería restaurada por el supersedeas, era en efecto legal una prohibición de la corte de distrito contra cualquier actuación de los demandados bajo las leyes que se atacan como inconstitucionales. No podemos encon-trar tal lenguaje en la sentencia declaratoria. En verdad, la mejor prueba de que la propia Capital entendía que no soli-citaba tal remedio prohibitivo en su petición de sentencia declaratoria fué su propia moción de injunction pendente lite que acompañó a la petición, pero sobre la cual nunca se insistió.

El declarar con lugar la moción de La Capital sería fútil y engañoso. Contrario al injunction, el supersedeas se con-trae sólo al procedimiento judicial, a la sentencia en apela-ción, y no a cuestiones colaterales a la misma (Cyclopedia of Federal Procedure, Vol. 6, §§2862, 2869; 3 Moore’s Federal Practice, pág. 3300). La Ley núm. 39, Leyes de Puerto Rico, 1941, Sesión Extraordinaria ((2) pág. 139), se-gún quedó enmendada por la Ley núm. 29, Leyes de Puerto Rico, 1942 ((1) pág. 411), dispone en sus secciones 3, 4 y 5 la actuación administrativa en detalle y la revisión judicial de la misma, que no tiene nada que ver con este procedi-miento. Aparentemente, la teoría de La Capital es al efecto de que si' concediéramos la moción que añora consideramos, esa maquinaria administrativa sería paralizada en lo que se resuelve la apelación. Comprendemos la alegación de La Capital en la vista de que si tuviera que comparecer añora a tales procedimientos administrativos, ello exigiría grandes desembolsos de dinero para abogados y expertos. Pero el suspender la sentencia del 20 de abril no remediaría tal situación. El mantener el statu quo sobre la contro-versia constitucional específica aquí envuelta mediante la suspensión de los efectos de nuestra sentencia que sencilla-mente declaró la ley constitucional sin ordenar que se hiciera algo, no evitaría y no podría evitar que se llevara a efecto alguno de los varios pasos administrativos contemplados por las leyes en cuestión (Cumberland Tel. & Tel. Co. v. Louisiana Public Service Commission, 260 U. S. 212, 215).

Hacemos constar claramente que no pasamos sobre la cuestión de si, una vez presentada prueba satisfactoria al efecto, tendría La Capital derecho a un injunction hasta que se decidiera definitivamente esta apelación, dentro de este procedimiento o en cualquier otro apropiado, bien en el actual estado de los procedimientos o después de ulteriores aconte-cimientos. Sólo resolvemos que la moción de La Capital para que se fije la cuantía de la fianza de supersedeas, por las razones aquí expuestas, no puede concederse.

      (1) El propio abogado- do La Capital dice en su alegato sometido en apoyo de esta moción que la Ley Uniforme sobre Sentencias Declaratorias ‘ ‘ contiene una disposición al efecto de que podrán concederse remedios adicionales funda-dor en una sentencia o decreto declaratorio, siempre que fueren necesarios o ade-cuados. Leyes 1931, pág. 381. Así, pues, cualquier parte cuyos derechos hayan sido adjudicados por sentencia, dentro del procedimiento de decretos declarato-rios, puede recabar dentro del mismo cualquier remedio adicional.”

       Indicamos de paso que la seeción 5 de la Ley Núm. 29 de 1942 provee que si el Consejo Ejecutivo dispone mediante resolución el traspaso de un acue-ducto a la Autoridad de las Puentes Pluviales, la revisión de dieha resolución puede obtenerse ante esta Corte, y que “Al radicarse la petición la resolución del Consejo Ejecutivo quedará por ello en suspenso pendiente de la decisión de la corte.” Toda vez que el Consejo Ejecutivo no ha aprobado todavía tal reso-lución que afecto el aeuedueto de La Capital, existe un número de acontecimien-tos que todavía tienen que ocurrir antes de que La Capital tenga que confron-tarse al problema de la entrega física de su aeuedueto.


author: El Juez Presidente Señor Travieso

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Máximo de Jesús, acusado y apelante.
    Núm. 10464.

    — Sometido: Mayo 8, 1944.

      Resuelto: Junio 2, 1944.

      Juan Nevares Santiago, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En el mes de enero de 1943 se radicó ante la Corte de Distrito de Humacao una acusación contra Máximo de Jesús, imputándole la comisión de un delito de falsificación. Del récord no aparece la fecha en que se celebrara la lectura de la acusación. Sí aparece que el abogado de récord era el Lie. J. Nevares Santiago.

En diciembre 10 de 1943, la corte inferior dictó la siguiente resolución:

“Por Cuanto: De acuerdo con la última jurisprudencia dictada por nuestro más alto tribunal, las mociones de archivo y sobresei-miento basadas en el art. 448 del vigente Código de Enjuiciamiento Criminal, pueden plantearse por el acusado el mismo día del juicio; Por Cuanto: El trabajo de esta Corte es excesivo, especialmente en lo penal y debido principalmente a un sinnúmero de casos criminales, entre los cuales figura el de epígrafe, que desde hace varios años se vienen arrastrando para juicio con los casos nuevos que ingresan constantemente en la Secretaría de esta Corte, por cuya razón muchos de ellos, aún no han podido verse en sus méritos, y los mismos son susceptibles de archivo a virtud de lo dispuesto en el art. 448 del vigente Código de Enj. Criminal; Por Cuanto: En ninguno de estos casos hasta la fecha aparecen radicadas mociones de archivo por los acusados o sus abogados, y de hacerse señalamiento alguno para juicio implicaría gastos excesivos en las citaciones de jurados y testigos,' sin resultado práctico alguno, por tener el acusado el derecho de pedir el archivo y sobreseimiento el mismo día del juicio; Por Tanto: La Corte entiende en bien de la justicia que debe señalar y por la presente señala el día 24 de enero de 1944, a las nueve de la mañana, para que el acusado en este caso y su abogado de récord, que lo es el Ledo. J. Nevares Santiago, compa-rezcan en dicho día a esta Corte a informar a la misma, (a) si tiene o no abogado que lo represente en su causa; (b) si interesa o no, a tenor del derecho que le concede el art. 448 del vigente Código de Enjuiciamiento Criminal el archivo y sobreseimiento de su causa, sin perjuicio de que el fiscal radique nueva acusación en los casos en que proceda ésta; (c) si por falta de recursos para contratar los servicios de un abogado en su defensa interesa que la Corte nombre uno de oficio, con apercibimiento de que el acusado que dejare de comparecer a este señalamiento podrá ser procesado por desacato, y, además la Corte, ipso facto, en bien de la justicia, ordenará el archivo y sobreseimiento de su causa a tenor eon el art. 448 del texto legal antes citado sin más citarlo ni oírlo, ordenando al Fiscal que proceda a redicar nueva acusación en aquellos casos que pro-ceda. 1 ’

Llegado el 24 de enero de 1944, día señalado para la com-parecencia del acusado, ni éste ni su abogado comparecieron a solicitar el sobreseimiento y archivo del caso. El fiscal informó a la corte que había sido notificado con copia de una moción solicitando el archivo; y el Secretario de la Corte hizo constar que dicha moción fue devuelta por no haberse ■ satisfecho el derecho forense. Acto seguido la Corte ordenó el arresto del acusado, fijándole una fianza de mil dólares, y señaló el 31 del mismo mes para que el acusado compareciera a mostrar cansas por las cuales no debía ser procesado por desacato.

El día señalado para la comparecencia, el abogado del acusado alegó que su defendido no estaba obligado a com-parecer a los efectos del sobreseimiento y archivo del caso. Sostuvo el fiscal, en contrario, que habiendo sido citado para comparecer “aun acto legal de su caso”, el acusado debió acatar la orden. La corte declaró al acusado culpable de desacato y le impuso una multa de $10 o diez días de cárcel. El acusado interpuso el presente recurso. Para sostenerlo, alega que la corte inferior no tenía facultad para obligarle a comparecer ante ella par los fines indicados en la resolu-ción de diciembre 3 de 1943. Si la corte tiene o carece de esa facultad es la única cuestión a resolver.

De acuerdo con el artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal, un acusado que no hubiere sido sometido a juicio en el término de ciento veinte días, a contar desde la presentación de la acusación, tiene derecho a solicitar el sobreseimeinto del proceso, a menos que el juicio haya sido transferido a petición suya o por causa justificada. Ese es un derecho que la ley concede al acusado y que éste puede ejercitar en cualquier momento antes de la celebración del juicio. Pueblo v. Díaz, 60 D.P.R. 540. La ley no fija término para el ejercicio de ese derecho. Y no conocemos pre.eepto legal alguno que autorice a una corte de distrito ante la cual esté pendiente una causa criminal, para hacer com-parecer ante ella al acusado con el propósito de obligarle a informal ai tribunal si se propone solicitar el sobreseimiento y archivo del proceso. Ningún' acusado puede ser obligado a descubrir antes del juicio su plan de defensa.

Son las cortes de distrito las que tienen la obligación de velar porque el derecho de los acusados a un juicio rápido no sea ignorado o infringido. Todo acusado tiene derecho,-de acuerdo con el citado artículo 448, a que la causa contra él incoada sea llevada a juicio dentro de -los ciento veinte días siguientes a la fecha en que se presentó la acusación. Como ninguna ley puede tender hacia el absurdo ni pretender lo imposible, el mismo estatuto provee que si el acusado hiciere imposible que el juicio se celebrara dentro de los ciento veinte días, por haber solicitado su posposición, o si existió justa causa para la dilación, entonces no procederá el sobreseimiento del proceso.

La preparación de un calendario de causas criminales, siguiendo estrictamente el orden cronológico en que fue-ron presentadas las acusaciones, y la lectura de ese ca-lendario en un día determinado de cada mes con el propó-sito’ de señalar todos aquellos casos en que los acusados manifiesten estar listos para juicio, evitaría las tácticas dila-torias a que a menudo -recurren los acusados con el propósito de posponer indefinidamente la celebración del juicio y colocaría a la corte en condiciones para poder .determinar en cualquier momento si hubo o no hubo causa justa y sufi-ciente para que el juicio de un caso determinado no pudiera celebrarse dentro del término de ciento veinte días. Lo que se requiere de las cortes es una demostración de actividad y diligencia en la tramitación y movimiento de las causas criminales, ante ellas pendientes. Es su deber celebrar los juicios dentro del término legal o mostrar, al ser requeridas para ello, causas justas y suficientes para excusar la dilación. Repetimos que ninguna corte está obligada a hacer lo impo-sible. Si se demuestra que una causa determinada no pudo ser llevada a juicio dentro del término estatutario, por razón de que otras causas más antiguas consumieron todo el tiempo disponible para la celebración de juicios, pero que el señala-miento de esa causa se hizo dentro del término de ciento veinte días, para la fecha' más temprana disponible, se habrá demostrado que hubo' justa causa para la dilación y que la corte actuó con el debido celo y diligencia en el despacho de sus asuntos. Lo inexcusable, por ser a nuestro juicio fácil-mente evitable, es que se permita que las causas criminales permanezcan dormidas por meses y años en los archivos de las cortes, sin dar paso alguno para llevarlas a juicio o para hacer un récord demostrativo de las causas por las cuales se privó a los acusados del juicio rápido a que tienen dere-cho.

Nada hubiera perdido el acusado si su abogado, actuando con la cortesía que los abogados deben tener para las cortes, de las cuales son funcionarios, hubiese comparecido el día señalado por la corte y expuesto las razones por las cuales su representado no estaba obligado a cumplir con lo orde-nado en la resolución. Si así lo hubiese hecho, seguramente la corte se habría convencido de su error y el procedimiento de desacato se hubiese evitado.

Aun cuando la corte inferior tenía jurisdicción sobre la causa y sobre la persona del acusado, opinamos que se exce-dió en su autoridad al dictar la resolución con el propósito de obligar al acusado a decidir si iba o no a ejercitar el dere-cho que le concede la ley.

La sentencia recurrida debe ser revocada.


text:
    José Carro Rivera, demandante y apelante, v. Sergio Cuevas, demandado y apelado. Tomás Carro, demandante y apelante, v. Sergio Cuevas, demandado y apelado.
    Núms. 8706 y 8707.

    — Sometidos: Febrero 2, 1944.

      Resueltos: Junio 2, 1944.

      Leopoldo Tormes García, abogado de los apelantes; Hon. Procurador General Interino M. Rodríguez Ramos y G. Benitez Gautier, Procurador General Auxiliar, abogados del apelado; Raúl Mén-dez, en representación del Sr. L. Metcalfe Walling, Administra-dor de la División de Salarios y Horas del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, como amicus curiae.

   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió.la opinión del tribunal.

Los dos casos arriba mencionados fueron iniciados ante la Corte de Distrito de Ponce, trasladados a la de San Juan y sometidos y resueltos conjuntamente por sentencia sobre las alegaciones. Declarada con lugar en uno y otro caso la excepción previa a la demanda y no siendo las demandas susceptibles de enmienda, la corte inferior las declaró sin lugar, imponiendo las costas al demandante. Este apeló en ambos casos.

El contratista demandante y apelante y el Superinten-dente de Obras Públicas celebraron un contrato para la construcción de un puente sobre el Río Añasco más 5,557 metros de carretera afirmada y asfaltada, todo por el precio de $197,362.25. Dicho contrato fue adjudicado al demandante en la subasta celebrada por el Departamento del Interior en junio 28 de 1940.

La controversia entre las partes, es en síntesis, la si-guiente :

La cláusula 6 del contrato entre las partes dispone “que las Condiciones Generales para la Contratación de Obras Públicas Insulares, aprobadas en 1902 y enmendadas en 1931, las Especificaciones, las Disposiciones Especiales, los Anuncios, la Memoria, las Instrucciones a los Postores, los diseños del proyecto, la fianza para la ejecución de la obra, y la Fianza de Pago, forman parte de este Contrato”.

En los anuncios para la. subasta, autorizados por el Co-misionado del Interior, se hizo- constar que el tipo mínimo de salario por hora para las varias clasificaciones del trabajo, así como las horas de trabajo y condiciones del empleo, se harían constar en las “Disposiciones Especiales” de la proposición detallada para el proyecto. En dichos anuncios aparecía a continuación de lo que precede, lo siguiente:

“6. En la ejecución de las obras bajo este contrato se exigirá el cumplimiento por el Contratista con las normas en cuanto a horas de trabajo y salarios mínimos por hora para trabajadores no diestros (unskilled) prescritas por ‘Fair Labor Standards Act of 1938’, aprobado junio 25 de 1938 (Public No. 708, 75th Congress)/’

Entre las “Disposiciones Especiales” a que se refiere la cláusula 6 del contrato, aparece la número III titulada “Sa-larios, horas ■ de trabajo y condiciones del trabajo”. Des-pués de definir las distintas clases de trabajadores, dice así:

“El salario mínimo pagadero a todos los trabajadores diestros empleados en este contrato será $0.10 por hora más que el de los trabajadores no diestros.”
“El salario mínimo pagadero a todos los trabajadores interme-dios empleados en este contrato será $0.05 por hora más que el de los trabajadores no diestros.”
“El salario mínimo pagadero a todos los trabajadorea no dies-tros empleados en este contrato será el prescrito por ‘Fair Labor Standards Act of 1938’, aprobado junio 25, 1938.”

La sección 12 de las Condiciones Generales para la Con-tratación de Obras Públicas, aprobada en 1902 y enmendada en 1931, impone al contratista la obligación de pagar sema-nalmente a sus obreros la totalidad de los jornales deven-gados, en dinero efectivo; y dispone que si esta obligación no fuere cumplida, el Superintendente de Obras Públicas “procederá a preparar, en blancos oficiales, una nómina de salarios pendientes, y la trasmitirá al Comisionado del Interior para su aprobación y pago” con cargo a los fondos asignados para la obra objeto del contrato. En la misma sección se autoriza al Comisionado del Interior para deducir el importe de la nómina así pagada, del montante de la certificación mensual expedida a favor del contratista por el trabajo realizado; y si el importe de la certificación no fuere suficiente para cubrir el de la nómina, el déficit que resulte podrá ser deducido de las certificaciones subsiguientes o del diez por ciento retenido basta la terminación de la obra.

Las mismas Condiciones Generales (apartado 7, párrafos 1, 14 y 17) disponen que el contratista deberá en todo tiempo observar y cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentos municipales, insulares y federales que afecten la ejecución de las obras; y que a ningún obrero empleado en las obras se le permitirá o se le obligará a trabajar más de ocho horas por día, excepto en casos de emergencia extraordinaria.

En la cláusula G del contrato se estipula que se haráu pagos mensuales al contratista, mediante estimados certifi-cados por el Comisionado del Interior, en proporción a los materiales empleados y labor realizada, reservando 10 por ciento de cada pago hasta que la obra total haya sido ter-minada y aceptada y los requisitos cumplidos de acuerdo con las Condiciones Generales; que a ningún empleado se le obligará a ni se le permitirá trabajar más de ocho horas en un día; y que dichos empleados, obreros y mecánicos reci-birán no menos de un dólar por cada día legal de trabajo.

En la demanda se alega que durante los meses de mayo y junio de 1941, teniendo en cuenta el material arrimado a la obra y el trabajo realizado, el demandado dejó de certifi-car al Auditor y Tesorero de Puerto Rico una suma mayor de $1,500, además del 10 por ciento que tenía derecho a rete-ner; que esa suma que el demandado dejó de certificar fue certificada por el mismo demandado para ser pagada direc-tamente a obreros empleados por el demandante durante mayo y junio de 1941, quienes realizaron trabajos en dichas obras, las cuales no están comprendidas en la Ley de Normas Razonables del Trabajo de 1938; que esos obreros quienes habían contratado con el demandante el salario que habrían de percibir, nunca trabajaron más de ocho horas por día y nunca recibieron menos de un dólar como salario por cada día legal de trabajo.

Sostiene el demandante que las actuaciones del deman-dado son ilegales y ultra vires, ;por los siguientes fundamen-tos :

(a) Porque el demandante ha cumplido fielmente- todas las obligaciones que le impone el contrato.

(b) Porque la Ley “Fair Labor Standards Act” no es aplicable a las obras a que el contrato se refiere, por no estar los trabajadores utilizados en dichas obras incluidos en la definición del término “persona”, empleado en el apar-tado “A” del artículo 3 de la ley federal. El demandante tampoco puede estar incluido en la definición que el apartado “D” del artículo 3 de la misma ley da al término “patrono”.

(c) Porque el demandante no tiene establecida ninguna “industria”, ni fabrica ningún “artículo”, ni produce nada, dentro del término “producido”, ni vende absolutamente nada, que pueda hacer aplicables las disposiciones de los apartados H, I, J y K del artículo 3 de la ley federal.

(d) Porque el demandante no tiene establecido ni un comercio ni una industria para producir artículos de comer-cio y no está por tanto obligado pagar salarios de acuerdo con el apartado “A“ del artículo. 8 de dicha Ley sobre Nor-mas Razonables del Trabajo.

(e) Porque no estando dedicado el demandante ni' al comercio ni a producir artículos para el comercio,' no está obligado a observar el término mínimo de horas a «que se refiere el apartado “A” del artículo 7 de la citada ley, en lo que se refiere a dicho contrato.

(/) Porque ninguno de los obreros empleados por el demandante realiza o lia realizado actividades comprendidas en los términos o definiciones del artículo 3 de la Ley de Nor-mas Razonables del Trabajo. Aun cuando es condición del contrato la observancia por parte del contratista de las dis-posiciones de dicha ley, ello no quiere decir que esas dispo-siciones ■ se hagan extensivas a empleos o actividades no comprendidos en la ley.

En la súplica de su demanda el demandante pidió se dictara sentencia declarando nulas las actuaciones del de-mandado relacionadas con las certificaciones correspondientes a mayo y junio de 1941 y a los meses sucesivos; y que se condenara al demandado a pagar al demandante las canti-dades descontadas en.exceso del 10 por ciento, más costas y honorarios de abogado.

Intervino en ¿1 procedimiento, como amicus curiae, el Administrador de la División de Horas y Salarios del De-partamento del Trabajo, para sostener también que las alegaciones de la demanda son insuficientes.

En una extensa y bien razonada opinión, la corte inferior resolvió, en contra de lo'alegado'por el demandado y por el amicus curiae, que aún cuando la carretera número 2 es un instrumento de comerció interestadual al igual que pudiera serlo cualquier ferrocarril dedicado a idénticos fines, la obra que se realizaba de acuerdo con el contrato entre el deman-dante y el demandado no está cubierta por las disposiciones de la" ley federal porque se trata simplemente de la construc-ción dé un puente nuevo que había de sustituir al antiguo, péro' que rio se estaba usando ni se había usado, aún en el • comercio interestadual. La corte resolvió que el caso aplicable' al 'présente no era el de Pedersen v. Delaware, L. & W. R. Co., 229 U. S. 146, 57 L. Ed. 1125 y sí los de McKee v. Ohio Valley Electric Ry. Co., (W. Va.) 88 S. E. 616, Raymond v. Chicago M. & St. P. R. Co., 243 U. S. 43, 61 L. Ed. 583 y N. Y. Central R. Co. v. White, 243 U. S. 188, 61 L. Ed. 667, en los cuales se sostiene que un trabajador no puede consi-derarse como “engaged in commerce”, empleado en el co-mercio interestadual, cuando la obra en que está trabajando es nueva y no ba sido dedicada todavía al servicio público.

No entraremos a considerar ni a resolver si los trabaja-dores empleados en la reparación de las carreteras insulares, por las cuales se transportan artículos de comercio, están o no cubiertos por la ley federal de horas y salarios, por no estar esa cuestión envuelta en el presente litigio.

- La corte inferior declaró con lugar la excepción previa, basándose en que de acuerdo con los términos expresos del contrato el demandante se comprometió a pagar a sus obre-ros la misma escala de salarios fijados por la ley federal de Normas Razonables del Trabajo.

Del Exhibit “A” del demandante, que tenemos a la vista, aparece que en el anuncio para la subasta, fechado junio 6 de 1940, se le informó al contratista que los tipos mínimos de los salarios para las distintas clasificaciones se harían constar en las “Disposiciones Especiales”, en la proposición detallada para el proyecto; y se le informó también expre-samente que en la ejecución de las obras se exigiría al con-tratista que cumpliese con las normas en cuanto a horas de trabajo y salarios mínimos prescritas por el “Fair Labor Standards Act of 1938.”

En el mismo Exhibit “A” constan las “Disposiciones Especiales para Proyectos Financiados con Fondos Fede-rales de Ayuda Disponible para la Isla de Puerto Rico- e. inicialmente anunciados con posterioridad a marzo 21, 1939”. En el párrafo III de esas “Disposiciones Especiales”, des^ pues de enumerar las diversas clasificaciones del trabajo, se dispone expresamente que a todos los trabajadores no dies-tros empleados en este contrato se les pagará el salario mínimo fijado por el Fair Labor Standards Act of 1938; y que al contratista se le exigirá que cumpla también con las disposiciones de dicha ley en cnanto a las normas de horas-de trabajo.

Entre las disposiciones especiales figuran las siguientes:

"Estas disposiciones serán aplicables a todos los trabajos reali-zados por el contratista con su propia organización y con la ayuda de trabajadores bajo su inmediata supervisión y a todos los traba-jos realizados por subcontrato.”
<í * -* * * # # *
"Los salarios mínimos aquí especificados serán exclusivos de cua-lesquiera cargos por examen médico, honorarios médicos o seguro, excepto en cuanto sean específicamente requeridos por la “ley del Estado. A ningún individuo empleado en el proyecto, en un puesto-que no sea administrativo, se le pagará menos que el tipo mínimo para trabajadores no diestros.”

En las “Disposiciones Especiales” se insertan y se hacen expresamente parte del contrato, las reglas promulgadas por el Secretario del Tesoro y el Secretario de lo Interior, de acuerdo con las disposiciones de la Ley denominada “Public Act No. 324, 73rd Congress” aprobada junio 13 de 1934 (48 Stat. 948). La sección 2 de dichas reglas impone a todo contratista de obras de los Estados Unidos o de obras, financiadas en todo o en parte con préstamo o concesiones-de los Estados Unidos, la obligación de presentar cada se-mana un affidavit con respecto a los jornales pagados a cada empleado durante la semana anterior.

No erró la corte inferior al sostener que el demandante se comprometió expresamente a pagar a sus trabajadores la. misma escala de salarios fijados por la ley federal, y que esa estipulación es válida y debe ser cumplida. Norris v. City of Lawton, 148 Pac. 123; 43 Am. Jur. 794, parr. 51; art. 1044 del Código Civil.

La sentencia recurrida deloe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    Hospital San José, Incorporado, representado por su Presidente, Dr. Esteban García Cabrera, recurrente, v. Junta de Salario Mínimo de Puerto Rico, demandada.

      Núm. 86 (84-101).

    — Sometido: Mayo 17, 1944.

      Resuelto: Junio 2, 1944.

      Manuel García Cabrera, Clemente Ruiz Nazario y Arturo Ortiz Toro, abogados de los recurrentes; IIon. Procurador General Interino M. Rodríguez Ramos, Gabriel Guerra Mondragón e Ismael Solde-vila, abogados de la demandada.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Por estipulación de las partes, aprobada por la corte, estos dieciocho recursos de revisión fueron consolidados y las cuestiones legales planteadas fueron discutidas y some-tidas en nna sola vista y a-virtud de un solo alegato escrito. En verdad envuelven nna sola cuestión fundamental, a saber, si la Junta de Salario Mínimo, creada por la Ley núm. 8 de 1941 ((1) pág. 303), tiene autoridad o opoder para fijar el salario mínimo que las clínicas y hospitales de Puerto Rico, como patronos, han de pagar a sus empleados no técnicos, según lo hizo a virtud del Decreto Mandatorio núm. 4 aprobado el 18 de mayo de 1943 y enmendado el 15 de noviembre de 1943.

Antes de entrar a considerar y resolver esta cuestión es conveniente decir que sólo tenemos ante nos las instituciones recurrentes mencionadas en el título y, por tanto, no podemos tomar en consideración la contención de los recurrentes al efecto de que la Junta de Salario Mínimo carece de poder para fijarle un salario mínimo a los empleados de hospitales del gobierno insular o municipal, cuyos sueldos son fijados por la Legislatura o por la Asamblea Municipal. Todas las recurrentes' son entidades privadas y carecen de personalidad para impugnar dicho poder. ¿ Puede sostenerse que la Ley núm. 8 de 1941 no sea aplicable a los hospitales y clínicas privados como pretenden los recurrentes? Veamos sus términos y propósitos.

Comentaremos por las definiciones que de las palabras patrono, ocupación, negocio, obrero, empleado y trabajador contiene la sección 30 de la ley, para luego relacionarlas con otras de sus secciones, y así poder determinar cuál fue la intención legislativa en cuanto al alcance de los poderes concedidos a la Junta de Salario Mínimo. Dispone la sec-ción 30, en lo pertinente, que “En esta Ley, a menos que del contexto de ella se deduzca otra cosa, se aceptarán las siguien-tes definiciones de palabras y frases de la misma:

“ ‘Patrono’ incluye toda persona natural o jurídica dedicada a actividades industriales, comerciales, de negocios, agrícolas o de ser-vicio público que emplea a obreros, empleados o trabajadores mediante paga, jornal, salario o cualquier otra manera de compensación.
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“ ‘Ocupación’ incluye toda obra o trabajo en factorías, molinos, centrales, talleres, establecimientos, fábricas, fincas, haciendas, están-cías, empresas de transporte y comunicación y sitios de cualquier clase donde se realice labor o negocios lucrativos.
‘Negocio’ incluye toda obra o trabajo en almacenes, tiendas, establecimientos o sitios de cualquier clase donde se realicen tran-sacciones mercantiles o se presten servicios mediante remuneración.
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“ ‘Obrero’, ‘Empleado’, ‘Trabajador’ incluyen a todo trabajador manual, artesano, jornalero, dependiente de comercio y a toda persona empleada mediante remuneración en cualquier ocupación, negocio o industria.
“Los términos incluidos en esta sección no excluirán ningún otro término comprensivo de actividades agrícolas, industriales o comer-ciales. Las disposiciones de esta Ley no se aplicarán a personas em-pleadas en el servicio doméstico.” (Bastardillas nuestras.)

La Declaración de Principios que contiene la ley, y la cual copiamos al margen, indica que la política públicá fundamental que tuvo en mente el legislador fue la de mejorar las condiciones de trabajo perjudiciales a la conservación de las normas mínimas necesarias para la salud, la eficiencia y bienestar general de los trabajadores en las distintas ocu-paciones, según se definen éstas en la sección 30, supra. Otras secciones de la ley robustecen la conclusión a que llegamos de que la política pública expuesta en la Declara-ción de Principios, no está circunscrita, como sostienen los recurrentes, a que la Junta determine exclusivamente, los salarios mínimos en relación con los trabajadores que rea-licen trabajos de índole agrícola, comercial o industrial y que" debemos aplicar la doctrina de “ejusdem generis” al interpretar las demás frases contenidas en la ley en relación con las palabras “agricultura, comercio o industria”. Con cita de autoridades recientemente resolvimos en el caso de Pueblo v. Del Valle, 60 D.P.R. 184 que, tanto la doctrina de “ejusdem generis” como la máxima “noscitur a sociis”, son reglas de interpretación que no deben aplicarse si al hacerlo se desvirtúa la intención legislativa y en cuanto a la primera, dijimos: “No es una doctrina rígida e inflexible que pueda y deba aplicarse como regla interpretativa cuando dicha interpretación tendría como consecnencia hacer ineficaz dicha intención o propósito legislativo” (pág. 187).

Los deberes impuestos a la Junta y a los comités de Salarió Mínimo nombrados y los poderes que se les conceden por la ley, están inspirados primordialmente en el deseo de nuestra legislatura de mejorar la salud, seguridad y bien-estar de los trabajadores, después que dichos organismos hayan investigado los salarios, horas de labor y condiciones de trabajo prevalecientes en las distintas ocupaciones, nego-cios e industrias de Puerto Rico. Las únicas personas excluidas de las disposiciones de la ley son los empleados en el servicio doméstico. Cualquier defecto u omisión en la de-finición de las distintas palabras o- frases incluidas en la sección 30, supra, no debe ser motivo para que interpretemos el alcance de la ley en tal forma que desvirtuemos el propó-sito fundamental de la misma. Como dijo el Juez Frankfurter a nombre de la Corte Suprema Nacional en el caso de Phelps Dodge Corp. v. Labor Board, 313 U. S. 177, 185, al interpretar el alcance del “National Labor Relation Act”: “Desemejante a los símbolos matemáticos, la fraseología de legislación social como ésta rara vez logra más que precisión aproximada en sns definiciones. Es por esto que todas las ayudas relevantes son consideradas para determinar sn sig-nificado. De consideración dominante es el hecho de que las palabras adqnieren alcance y funcionan debido a la historia de acontecimientos que ellas resumen”. En la ley federal la única definición de la palabra “employee”, en forma afirmativa es al efecto de que dicho término “incluirá cual-quier empleado” y luego en forma negativa excluye a los empleados agrícolas, del servicio doméstico o a cualquier persona empleada por su padre o esposo. Interpretando el alcance de la palabra “empleado” la Corte Suprema Nacional en el caso de National Labor Relation Board v. Hearst Publications, decidido hace poco más de un mes, el 24 de abril de 1944 (-IT. S.-), resolvió que “el amplio len-, guaje usado en las definiciones contenidas en la Ley, que por sus términos rechazan las limitaciones convencionales de tales conceptos como “empleado”, “patrono” y “disputa obrera”, no dejan lugar a dudas que su aplicabilidad debe-ser determinada ampliamente, en situaciones dudosas, por los hechos económicos fundamentales más bien que técnica y exclusivamente por clasificaciones legales establecidas an-teriormente” . . . “Dicho término (empleado) como otros similares, deben entenderse haciendo referencia al propósito de la ley y a los hechos envueltos en la relación económica.”

Nuestra ley también es susceptible de esta interpretación amplia y comprensiva. Al definir las palabras “ obrero ”, “empleado” y “trabajador” se dice que “incluyen todo trabajador manual, artesano, jornalero, dependiente de co-mercio y a toda persona empleada mediante remuneración en cualquier ocupación, negocio o industria”. Los únicos ex-cluidos son los empleados en el servicio doméstico.

La precaria situación económica prevaleciente de nuestras clases trabajadoras en general debido a los salarios inade-cuados que han venido percibiendo durante largos años, indujo sin lugar a dudas a nuestra Legislatura a aprobar la ley creando la junta que habría de fijar los salarios mínimos necesarios para garantizar, hasta donde sea humanamente posible, una mejor vida, salud y seguridad a.diqha clase tra-bajadora.

Arguyen, sin embargo, los hospitales y clínicas recurrentes, que ellos no constituyen “negocios” dentro del significado que a dicha palabra da la propia ley. Una mera lectura de la definición antes transcrita demuestra que no tienen razón, pues expresamente dice que la palabra “negocio” incluye “. . . establecimientos o sitios de cualquier clase donde ... se presten servicios mediante remuneración.” Arguyen, además, que algunas de. las recurrentes son instituciones caritativas organizadas con fines no pecuniarios (Hospital Presbyteriano, Auxilio Mutuo, Hospital San Lucas) y que las demás también han sufrido pérdidas • y no podrían subsistir de verse obligadas a pagar los salarios fijados por la Junta y que ninguna de ellas puede considerarse como una industria.

Los dos casos citados por las recurrentes para sostener que ellas no constituyen una “industria” (y son los únicos casos citados en su alegato) son los de Yocum v. Feld, 176 So. 753, y Western Pennsylvania Hospital v. Lichliter (Pa. 1941) 17 A. (2d) 206. Bn el de Yocum se resolvió que “El ejercer la medicina o . . . ejercer la profesión de módico, no constituye llevar a cabo un comercio (conducting a trade) o una industria y por tanto una ordenanza regulando el comer-cio y las industrias no es aplicable a uno que ejerce la pro-fesión de médico”. T en el de Lichliter se resolvió que, a los efectos de una ley prohibiendo los injunctions en relación con disputas obreras, un hospital no es una industria y que sus empleados no se dedican a una misma actividad comer-cial, oficio u ocupación y que por tanto otra ley sobre rela-ciones obreras tampoco era aplicable a los hospitales y a sus empleados. Aun cuando nos merezca respeto, no estamos obligados a seguir esta jurisprudencia, especialmente cuando esta corte ha resuelto que . . un hospital que se dedica habitualmente a la hospitalización y. tratamiento médico de pacientes y que proporciona esos servicios a cualquier pa-ciente qne -le <pagúe el precio convenido y que contrata la prestación de servicios, mediante pago, a los veteranos, es y dehe ser considerado como una empresa o establecimiento a. los efectos de las disposiciones del artículo 1803 del Código Civil.” Carrasquillo v. American Missionary Association, et al., 61 D.P.R. 867, 875. En dicho caso, al igual que en el de autos, en cuanto a los hospitales antes mencio-nados, se argüyó que' tratándose de instituciones caritativas o de beneficencia no podía considerárseles como negocios, pero resolvimos que “El hecho de que en esa misma institu-ción se presten servicios gratuitos a personas insolventes, no le quita su carácter de establecimiento o empresa comer-cial.”

La prueba presentada ante la Junta recurrida en las au-diencias. celebradas demostró que la gran mayoría de las recurrentes tienen contratos con el Fondo del Seguro del Estado, con los veteranos y que, si bien dedican un tanto por ciento de sus. facilidades hospitalarias a casos de beneficen-cia, el por ciento- mayor lo dedican a casos de pacientes pudientes. Dicha prueba demostró que el único hospital que puede considerarse como exclusivamente una institución caritativa es-el poco conocido “Castañer General Hospital” de la zona rural de Adjuntas, que no admite pacientes pu-dientes, . Este' hospital no es. uno de' los recurrentes, y por tanto, no estamos llamados a resolver en este caso si la Legislatura tuvo la intención de incluir instituciones de esta naturaleza dentro de los preceptos de la ley.

Es cierto que el caso de Garrasguillo, supra, fue uno de daños y'perjuicios, pero no vemos razón alguna para limitar la doctrina allí expuesta’a dicha clase de acciones. Está envuelta en la presente controversia una cuestión de alto interés público que afecta a un gran número dé trabajadores;' Los bajos salarios pagados por algunos de los hospitales y clínicas, según demostró la prueba, son elocuente demostra-ción de su insuficiencia para que los empleados afectados puedan mejorar sus condiciones de vida, salud y bienestar general, a tal extremo que algunas de las recurrentes admiten que dichos salarios podrían ser aumentados y que hasta ha-bían aceptado convenios colectivos con- sus trabajadores dejándolos pendientes de aprobación hasta que la Junta fi-jara los salarios mínimos. .

Pero es que la cuestión a resolver no depende de que los servicios profesionales de los médicos constituyan un nego-cio, sino si los recurrentes, como instituciones, lo ejercitan.

Eso no obstante, podemos decir que existen casos soste-niendo una doctrina contraria a la expuesta en el caso de Yocum v. Feld, supra, citado por las recurrentes, es decir, que el ejercicio de la profesión médica o legal es un nego-cio.

La Corte Suprema Nacional en el caso de American Medical Association v. U. S., 317 U. S. 519, en el cual la cuestión en controversia era si la American Medical Association violó el Sherman Anti-Trust Act al realizar ciertos actos tendentes a negarle al Group Health Corp., una corporación de bene-ficios médicos mútuos, los servicios médicos y otras facili-dades de dicha asociación, si bien se abstuvo de resolver si la práctica de su profesión por un médico constituye comercio {trade), sí resolvió la cuestión envuelta en estos recursos al decidir que Group Health era una corporación que se dedi-caba a negocios, diciendo a la página 528:

“ Group. Health es una corporación de miembros que se dedica al negocio o comercio. Su actividad corporativa es la consumación del esfuerzo cooperativo de sus miembros para obtener para ellos y para sus familias servicio médico y hospitalización sobre la base de pagar por adelantado, prorrateándose los riesgos. Con estos fondos se emplean médicos y se obtiene hospitalización para los miembros y sus dependientes. El hecho de que sea una cooperativa y obtenga servicios y facilidades para sus miembros únicamente, no remueve sus actividades de la esfera de los negocios.
“Si, como sostenemos, la acusación imputa una sola conspiración para restringir y obstruir este negocio, imputa una conspiración para restringir los negocios o el comercio de acuerdo con el estatuto. Como bien dijo la Corte de Apelaciones, la profesión (calling) u ocupación de los médicos, individualmente, acusados, es inmaterial si el propósito y efecto de su conspiración constituye tal obstrucción o restricción del negocio de Group Health.”

Y a la página 536, al resolver que las Leyes Clayton y Norris-La Guarida no eran aplicables a la controversia, se dijo que el interés de los peticionarios era “su oposición . . . a la forma en que (el Group Health) hacía negocios” que los peticionarios “. . . estaban interesados únicamente en impe-dir el negocio que hacía en forma corporativa el ‘Group Health’.”

En la opinión rendida en este mismo caso por la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, se reconoce que existen autoridades que sostienen que “para ciertos fines hospitales de caridad no se dedican a negocios o a la indus-tria” y se cita el caso de Lichlüer, supra. Empero, tam-bién se citan varios casos en los cuales se ha resuelto que el establecer y funcionar un hospital es un negocio.

Contrario también a la doctrina establecida en el caso de LicMiter están las decisiones en los de Wisconsin Employment Relations Board v. Evangelical Deaconess Soc., 7 N. W. (2) 590 (Wis. 1943) y Northwestern Hospital v. Public Building Serv. Employees’ Union, 294 W. 215 (Minn. 1940).

En este último expresamente se citó el de Lichliter y aunque se distinguió por el hecho de que los hospitales de Pensilvania recibían fondos del Estado se dijo que a pesar de eso “dicha relación entre los hospitales y el estado no es suficiente para clasificar los primeros en la exención con-cedida al Estado.” Se resolvió que una corporación cari-tativa con fines no pecuniarios que operaba un hospital público era un patrono dentro de la Ley de Relaciones del Trabajo y que su alcance no estaba limitado a las industrias, diciéndose a la pág. 217:

“El problema patrono-empleado es de más alcance y el imputar a la legislatura un propósito de proveer medios de arreglar las rela-ciones del trabajo en las industrias únicamente sería artificial. Todos sabemos que miles de personas están realizando. sus deberes como empleados en hospitales, tales como- el demandante, que son -los mismos realizados por empleados en industrias privadas. La posi-ción y derechos de los empleados en un hospital son tan importantes al bienestar de toda la' comunidad como la del empleado técnico industrial. El hecho escueto es que los empleados dependen de sus puestos para ganarse la vida. Esto es así, bien sea el patrono un hospital de beneficencia o un fabricante de automóviles.”

El lenguaje usado en el caso de Wisconsin Employment Relations Board, supra, no es menos fuerte y pertinente cuando la corte dice a la pág. 592: “¿Hay alguna razón para suponer que la legislatura tuvo la intención de que empleados de cocina (kitchen-help), por ejemplo, que trabajan en un hotel o restaurante deban tener el derecho de organizarse y solicitar mejores salarios y condiciones de trabajo a través de la Junta del Estado mientras que a aquéllos que realizan trabajo similar en un hospital debe impedírseles tratar de conseguir similar objetivo a través de los mecanismos pro-vistos por el Estado? Problemas surgen entre patronos y empleados tanto en instituciones caritativas como en las industrias y hay similar necesidad en cada uno de ellos de establecer métodos para llegar a un arreglo pacífico de las diferencias que existan.”

Resumiendo podemos decir que, debidamente enfocada la cuestión primordial envuelta en estos casos, el hecho de que en un hospital o clínica, privado o de beneficencia parcial, se presten servicios médicos por profesionales, no es el factor predominante. En dichas instituciones se utilizan empleados, que debido al salario inadecuado que perciben les coloca dentro del propósito de la ley de salario mínimo. No debemos establecer distinción o diferencia entre las condi-ciones de trabajo que deben prevalecer entre los trabajadores no técnicos de los hospitales y clínicas y las que deben pre-.valqcer en otros negocio?. La intención legislativa fué me-jórar las condiciones económicas de los obreros y empleados para en esta forma beneficiarles en su vida, salud y bien-estar general. No podemos aceptar que de ese propósito deban eliminarse los trabajadores de los hospitales y clínicas por el hecho de que en esas instituciones se presten servicios médicos, con fines caritativos o no., La atención, salud y el bienestar que estas instituciones brindan a sus pacientes, dependen, hasta cierto punto, de que los empleados y obreros que en ellas trabajan, a su vez puedan gozar del mínimo salario que su propia salud y.bienestar requieren para que puedan rendir las obligaciones a ellos encomendadas. Re-solvemos, .por tanto, que la Junta recurrida actuó con poder y autoridad al fijar los salarios mínimos en su Decreto núm. 4.

Arguyen los recurrentes, por último, que el salario mínimo fijado no está sostenido por la prueba y que dicho salario y las condiciones de trabajo que establece el Decreto núm. 4, enmendado, son contrarios a la prueba, no habiendo ninguna que los sostenga. Hemos leído detenidamente la transcripción de la evidencia-¡presentada en Idas audiencias celebradas ante la Junta ¡¡y además la prneba documental admitida y somos, de ¡opinión que i.carece de ¡méritos: la con-tención de los recurrentes*:• No sólo bubo prueba..sustancial ante la Junta sino que Ja* misma'.demuestra,que los,.salaries fijados y las condiciones; de trabajo establecidas pueden ser satisfechos y cumplidas por los recurrentes. / -, • ?

Se desestiman, los- recursos y .confirma el Decreto,-Man-datario Núm. 4 promulgado-.por la Junta de.Salario Mínimo Je Puerto Rico. con fecha 18 Je may.o. de ¡1943. y. enmendado por la referida-Junta en 15 de noviembre de 1943.

      ''Sección 1.— (a) Por la, presente la Asamblea Legislativa de Puerto Itico dorlr.’-a que la existencia do eomVeiones do trabajo perjudiciales a la conserva-ción de las nonnas mínimas do vida necesarias pana la salud, la eficiencia y d bienestar general de los trabajadores cu las distintas ocupaciones (1) hace que el comercio, ’a agricultura y la industria sirvan para propagar y perpetuar diehao condiciones do trabajo; (2) constituye un método de competencia desleal-en la producción y el intercambio; (3) conlleva el pago do salarios insuficientes para satisfacer las necesidades mínimas do los trabajadores; (4) motiva conflictos entro obreros y patronos que entorpecen el progresivo desai rollo de la economía puertorriqueña; y (5) representa un estado de manifiesta injusticia social.

        “ (b) So doelaia por la presento que la política do esta Ley es, mediante el ejercicio de la facultad de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico para de-cretar leyes para la protección de la vida, salud y seguridad de empleados y obreros, corregir y tan rápidamente como sea posible eliminar las condiciones mencionadas anteriormente existentes en las distintas ocupaciones, .sin reducir ios empleos sustaneialmente o la facultad para ganar la vida.
      ‘ ‘ (o) So deelara quo os la política públiea de esta Ley proteger a los tra-bajadores en sus medios de vida en tal forma que el propósito do hacerlo, al llevarso a la práctica, no destruya las fuentes mismas de empleo y trabajo. Es la política pública de esta Ley qne el nivel de vida de los trabajadores se levante a una proporción justiciera con el nivel económico de prosperidad de las ramas do producción quo los emplean, según este nivel so mantenga y crezca por obra del mayor poder adquisitivo dado por esta Ley misma, por otra legislación, o por las condiciones económicas generales que tales resultados produjeren.
      ‘ ‘ (d) Se deelara, además, que es la política de esta Ley asegurar el pro-gresivo desenvolvimiento de la agricultura y de las industrias y negocios que operan en Puerto Rico, procurando garantizarles condiciones favorables a su es-tabilidad económica y a su natural expansión, y que a tal efecto el organismo creado para dar cumplimiento a los propósito de esta Ley fijará salarios tomando en consideración los costes, la situación financiera de las industrias y ramas de la producción, laa fluctuaciones del mercado, y las condiciones especiales exis-tentes en cada localidad, así como las condiciones de vida y de trabajo de los obreros.” (Bastardillas nuestras.)

       Véase la sección 3, que impone a la Junta "el deber de estudiar los sa-larios, horas de labor y condiciones de trabajo que prevalecen en las distintas ocupaciones, negocios e industrias de Puerto Rico, y hacer investigaciones en cuanto a la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores;” (bastardillas nuestras); la Sección 4 que concede amplios poderes a la Junta o a cualquiera de sus miembros para realizar investigaciones y citar testigos; la sección 5 que impone el deber a toda persona, firma, sociedad o corporación "que emplee tra-bajadores en Puerto Rico” (sin distinción y debiendo aceptarse la definición de trabajadores que da la sección 30, supra) de suministrar a la Junta "Todos los informes, datos y estadísticas que la Junta solicite para llevar a cabo ios pro-pósitos de esta Ley”, y de "permitir a cualquier miembro de la Junta, em-pleado, investigador o agente de la misma debidamente autorizado, libre acceso a los edificios, fábricas, molinos, talleres, maquinarias, granjas, plantaciones, fin-cas y otros establecimientos y sitios en donde se efectúe cualquier clase de trabajo, con el propósito de obtener cualquier información ... o para hacer cualquier investigación do la • condiciones de trabajo que allí prevalecen o cualquier ins-pección de libros, informes, contratos, nóminas, documentos o constancias rela-cionados con el empleo de trabajadores” e impone sanción penal a todo “patrono, •administrador, agento o encargado de cualquier establecimiento agrícola, comer-cial o industrial o do cualquier otro sitio en donde se efectúa cualquier clase de trabajo ’ que se negare a comparecer, sin causa justificada, ante la Junta para prestar testimonio, o que rehusare permitir la entrada a cualquiera de las per-sonas antes mencionadas a los establecimientos descritos o se negaren a suminis-trar los informes solicitados o impedir el examen de sus libros, nóminas, etc.; la sección 6 dispone que la Junta tendrá el deber de nombrar un Comité de Salario Mínimo para investigar las condiciones de trabajo que prevalecen en las ocupa-ciones, negocios o industrias, en las cuales los salarios que se pagan son insufi-cientes para satisfacer las necesidades normales de los trabajadores y perjudi-ciales a la conservación do las normas mínimas de vida necesarios para la salud', la eficiencia y el bienestar de los mismos,” debiendo nombrarse para dicho co-mité dos representantes de los patronos, dos representantes de los trabajadores de dicha ocupación, negocio o industria y un quinto nombrado en representación de los intereses públicos; y luego establece que el comité debe informar a la. Junta sus conclusiones y lo que incluirán. (En cuanto al alcance de las facul-tades concedidas a los comités nombrados por la Junta, véase Luce & Co. v. Junta de Salario Mínimo, 62 D.P.R. 452.)

       En eí caso de In re Dól’s Estate, 187 Pac. 428, se resolvió que una insti-tución de la misma naturaleza que la aquí recurrente, Sociedad de Auxilio Mutuo, no es una ‘/institución..caritativa de beneficencia.”

       Véanse págs. 88, 279, 97, 53, 231, 234, 345, 150, 165 y 169 de la trans-cripción da evidencia,

        Semple v. Schwars, 109 S. W. 633; People v. Garlock, 11 N.Y.S. (2d) 82; Ex parte Galusha, 195 Pac. 406. Cf. O’Neil v. United Producers & Consumers Co-op., 113 P. (2d) 645; Marsh v. Adams, 12 N.Y.S. (2d) 691; East Bill Cemetery Co. v. Thompson, 97 N. E. 1036, 1038.

      En Jordan v. Tashiro, 278 U. S. 123 se decidió que el funcionamiento de-un hospital está incluido dentro del significado de las palabras “negocio” y “comercio” según so usan en un tratado autorizando a ciudadanos japoneses en los Estados Unidos “el ejercer un negocio” y de “hacer cualquier cosa incidental y necesaria para el negocio bajo loo mismos términos que ciudadanos nativos”; Lawrence v. Missen, 173 N.C. 359, 91 S.E. 1036, 38, donde se dijo “El establecer y funcionar hospitales mediante paga es ahora una forma reco-nocida y establecida de hacer negocios”; en Armendarez v. Hotel Dieu, Tex. Civ. App., 145 S.W. 1030, 31, se resolvió que en tanto un hospital acepta pa-cientes que pagan con el fin de obtener ingresos para llevar a cabo su labor ca ritativa, está ejerciendo un negocio.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Juan y José Fuentes Leduc, demandantes y apelantes, v. Antero Aponte, demandado y apelado.
    Núm. 8682.

      Resuelto: Junio 5, 1944.

      Antonio Figueroa Rivera .jfSantiago Polanco ■A'br-éu,;bbogados "del demandado apelado,, .peticionario; Francisco González, abogado del demandante y apelante.,
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes obtuvieron • sentencia ,>en¡.este.-pa'sp ¡porta cantidad de cuatrocientos -dólares con intereses-’.legales ¡desde la fecha de radicación de la demanda,;-más- ciento- veinticinco dólares estipulados para, costas y: ¡honorarios-.de ábogádo. •El demandado ■ radicó dos mociones de reconsideración.- Tres días después de haberse denegado la última de i ellas,: esta corte envió el mandato a la corte de distrito. Dos meses más tarde. el demandado radicó su escrito de apelación y el mismo día solicitó que se ordenase la devolución del man-dato y se fijase el importe de la fianza de supersedeas.

La práctica de esta corte es no remitir el mandato hasta diez días después de haberse dictado la sentencia, y cuando se ha solicitado reconsideración, se envía tres días después de su denegación.

No conocemos estatuto o reglamento alguno aplicable a una situación como la que está envuelta en el presente caso, en el cual la petición para que se fije el importe de la fianza de supersedeas ha sido radicada después de haberse enviado el mandato a la corte de distrito.

Esta corte repetidamente ha sostenido que después que el mandato ha sido remitido a la corte inferior, pierde la jurisdicción sobre el pleito y carece de facultad para ordenar la devolución del mandato, excepto cuando la remisión de éste ha sido motivada por fraude o error. Sin embargo, en auxilio. de una apelación esta corte tiene el poder de ordenar la devolución de su mandato porque al así hacerlo en ninguna forma interviene o altera la sentencia apelada.

. ' La práctica en las cortes de distrito federales arroja luz con respecto a la mejor forma de actuar en el presente caso. La Regla 62 de las Reglas Federales de Procedimiento Civil dispone que, con las excepciones que en la misma' se especi-fica, no se ordenará la ejecución de una sentencia ni se llevará a efecto ningún procedimiento para hacerla cumplir, hasta haber ' transcurrido diez días desdé el registro de dicha sentencia. Entendemos que es la práctica de las referidas cortes, bajo la Regla 62, expedir órdenes de supersedeas aún después de haber transcurrido diez días desde el registro de lá sentencia, siempre que ésta no haya sido ejecutada. Una; vez ejecutada la sentencia, resulta inútil fijar el importe de la fianza de supersedeas-, pero si se demuestra debida-mente que la sentencia no ha sido ejecutada, nos encontra-remos entonces" exactamente en la misma situación que las cortes de distrito federales cuando han transcurrido los diez días desde el registro de la sentencia sin qne ésta haya sido ejecutada.

En el presente caso, han transcurrido más de dos meses desde que el mandato fue enviado a la corte inferior, y el demandado no ha probado que la sentencia no ha sido eje-cutada.

Procede denegar la petición del demandado para que se fije el importe de la fiama de supersedeas y se ordene la devolución del mandato, sin perjuicio de que pueda renovar su petición siempre que demuestre que la sentencia no ha sido todavía ejecutada.