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    Herederos de Margarita Collazo Félix, Doña Aurea Ana Collazo Llauger y otros, peticionarios, v. Honorable Richard F. Keeler Vázquez, Registrador de la Propiedad de Primera Instancia, Sección de Caguas, recurrido.

      Número: RG-2007-4

      Resuelto: 13 de diciembre de 2007

      Miguel E. Sagardía de Jesús, del Bufete Andréu & Sagardía, abogado de la parte recurrente; Richard F. Keeler Vázquez, registrador de la propiedad, recurrido.
   La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez

emitió la opi-nión del Tribunal.

La esencia de la controversia que nos ocupa gira en torno al procedimiento para la inscripción en el Registro de la Propiedad del derecho hereditario.

I

La Sra. Margarita Collazo Félix (causante) falleció tes-tada a los noventa y seis años de edad, el 14 de junio de 2003. Ésta había contraído primera y únicas nupcias con don Rafael Rivera del Valle, quien le premurió. La cau-sante no procreó hijos.

Años antes de su deceso, doña Margarita había otorgado un testamento abierto ante el notario Jorge Puig. En éste, la señora Collazo Félix había instituido como sus únicos y universales herederos a sus tres hermanos de nombres: Rodolfo, Mercedes y Luis Gilberto Collazo Félix. Éstos, a su vez, fueron nombrados albaceas testamentarios. El tes-tamento indicaba que, si alguno de los herederos de doña Margarita le premoría, la aportación designada para ese heredero pasaría a sus hijos. Respecto a la hermana de la causante, Mercedes, quien no tuvo hijos, el testamento se-ñalaba que de ésta premorir a la causante, su participación acrecería a favor de los hijos de su hermano Rodolfo. Los sobrinos de doña Margarita, por lo tanto, se instituyeron como herederos sustitutos. Los tres hermanos de la cau-sante le premurieron.

Acaecido el óbito de la señora Collazo Félix, los herede-ros sustitutos —a saber: Áurea Collazo Llauger, Enid Co-llazo Gutiérrez, Rodolfo Collazo Gutiérrez, Betzaida Co-llazo Gutiérrez, Carlos Collazo Gutiérrez, Luis Collazo Sola y María Mercedes Collazo Sola— solicitaron del Re-gistrador de la Propiedad, mediante “Instancia sobre ins-cripción de bienes hereditarios”, la inscripción a su favor de cierta propiedad inmueble perteneciente a la causante. La instancia se presentó en el Registro de la Propiedad, Sección I de Caguas el 19 de enero de 2005 y fue anotada en el Asiento 672 del Libro Diario 1109, con entrada Núm. 632.

La instancia presentada se acompañó con las copias de los documentos siguientes: una copia certificada de la es-critura de testamento abierto, la certificación del Registro de Testamentos emitida por la directora de la Oficina de Inspección de Notarías, un certificado de cancelación del gravamen expedido por el Departamento de Hacienda, cer-tificados de defunción de la causante así como de sus her-manos y certificados de nacimiento de los hijos de los her-manos de la causante, así como los derechos de inscripción correspondientes.

El 12 de marzo de 2007, el Registrador de la Propiedad notificó que la instancia registral adolecía de varias faltas que impedían su registración. Específicamente, el Regis-trador informó lo siguiente:

En la Instancia Registral no comparecen los albaceas o uno de ellos, falta presentar las Cartas Testamentarias para autori-zar a los albaceas testamentarios para solicitar y tramitar la inscripción de los herederos. ... Véase [sic] Sección 2361-2575 del Título 32 (Código de Enjuiciamiento Civil) de Leyes de Puerto Rico anotadas.
En su defecto, si ellos pre-murieron al testador, como es el caso, favor de solicitar la designación de herederos a través del Tribunal. Véase [sic] Sección 2,301-Supra. Artículos 38, 42, 43 y 68 de la Ley Hipotecaria de Puerto Rico. Apéndice del Re-curso gubernativo, pág. 24.

Los herederos sustitutos, a través de su representación legal, presentaron el 19 de marzo de 2007 una solicitud de recalificación. En ella adujeron que las disposiciones lega-les invocadas por el Registrador de la Propiedad eran inaplicables. Señalaron, además, con respecto a la primera falta notificada, que habiendo fallecido los albaceas testa-mentarios cualquiera de los herederos sustitutos, como persona interesada, podía solicitar la inscripción de los bie-nes hereditarios. A su vez, indicaron que las disposiciones sobre la administración judicial consideradas en el Código de Enjuiciamiento Civil, e invocadas por el Registrador, no aplicaban en este caso. Argüyeron que lo solicitado por el Registrador de la Propiedad era la inscripción en el Regis-tro de la Propiedad de los derechos hereditarios, lo que no constituía un acto de administración de la herencia, por lo que era improcedente invocar las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil. Finalmente, adujeron que era im-propio exigirles que instaran un procedimiento judicial para procurar una declaratoria de herederos, habida cuenta que la testadora había establecido en su testamento una sustitución de herederos, previendo que los herederos instituidos en el testamento le premuriesen.

El 29 de junio de 2007, el Registrador de la Propiedad emitió su calificación final, denegando la inscripción de la Instancia registral solicitada, según los mismos fundamen-tos invocados previamente.

El 19 de julio, los herederos sustitutos de doña Margarita Collazo Félix presentaron un recurso gubernativo ante este Tribunal. Posteriormente, el Registrador de la Propie-dad presentó su correspondiente contestación al recurso. En este último escrito, el Registrador abundó en sus fun-damentos para denegar la inscripción en el Registro de la Propiedad. De entrada, el Registrador señaló que está fa-cultado para solicitar documentos complementarios cuando del propio documento pendiente de inscripción surge “causa para creer que pueda ser inválido ... [y e]n el caso de autos, los documentos presentados no reflejaban su entera validez para convertirse en una inscripción registral”.

El Registrador de la Propiedad adujo que la “designación de herederos en el caso de autos no e[ra] precisa”, pues aun cuando en el testamento se indicaba que, de premorir los hermanos de la testadora —quienes como vimos eran sus herederos universales— les sustituirían los hijos de éstos, no se indicó “quiénes son los hijos de sus hermanos, los nom-bres de quien viene a heredar”. Para esta proposición se invocó el Art. 701 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2290, donde se dispone cómo se designa al heredero. En vista de lo anterior, el Registrador de la Propiedad concluyó que se de-bía acudir a una “acción judicial para que el Tribunal de Primera Instancia correspondiente, determine los nombres y apellidos correspondientes a los herederos que sustituyen a los premuertos nombrados en el Testamento Abierto y Re-vocación del testamento, objetos del caso de epígrafe, ya que nos se cumple la finalidad de la Ley, con una Instancia ju-ramentada por una de los mismos herederos que sustituye.”

Trabada así la controversia, procede que pasemos a resolverla.

II

La discusión ante nuestra consideración gira en torno a la inscripción en el Registro de la Propiedad del derecho hereditario y cómo se procede con ésta. En rigor, debemos comenzar con una exposición breve sobre la naturaleza y objeto del derecho hereditario, previo a determinar cómo logra el acceso al Registro de la Propiedad. Nos corres-ponde también expresarnos en torno a la figura de la sus-titución hereditaria, pues, como veremos, los peticionarios advienen herederos de la causante, mediante una cláusula testamentaria de esta naturaleza. Veamos entonces.

Suceder, en su sentido jurídico, significa que una persona se coloca en la posición de otra, asumiendo todos sus bienes, derechos y obligaciones, con excepción de aquellos que sean personalísimos y, consecuentemente, no susceptible de ser transferidos. En la sucesión mortis causa entonces, se suscita el desplazamiento en las relaciones jurídicas detentadas por el causante sobre sus bienes, derechos y obligaciones transferibles. Véase Kogan v. Registrador, 125 D.P.R. 636 (1990). Véase, además, E. González Tejera, Derecho Sucesorio Puertorriqueño, San Juan, Ed. Ramallo, 1983, Vol. II.

La herencia, desde el punto de vista objetivo, es el conjunto de los bienes y las relaciones patrimoniales que son objeto de la sucesión. El heredero, a su vez, es la persona designada por el testador —en su testamento— para sucederle a título universal en la totalidad o en una parte alícuota, en esos bienes y relaciones patrimoniales transmisibles. González Tejera, op. cit., pág. 343.

Cuando existe una pluralidad de herederos que han aceptado la herencia, se forma entre ellos una comunidad que no termina hasta que se proceda con la partición y adjudicación del patrimonio del causante común. Hasta tanto no se lleven a cabo las operaciones particionales, “ningún heredero tiene título específico alguno sobre ninguna parte de la herencia en forma tal que pueda disponer de la misma libremente”. L. Mojica Sandoz, Derecho Hipotecario de Puerto Rico, San Juan, Pubs. J.T.S., 2004, pág. 129. Véase, además, Burgos v. Hernández, 54 D.P.R. 37 (1938).

La participación en esta comunidad le confiere a cada uno de los coherederos el llamado “derecho hereditario” en abstracto. J.A. Cuevas Segarra y A. Ramón García, Derecho sucesorio comparado: Puerto Rico y España, San Juan, Pubs. J.T.S., 2003, pág. 133. Por derecho hereditario, entonces, ha de entenderse la situación en que se encuentra el patrimonio relicto del causante, considerado éste como una unidad que “pertenece indivisa y sintéticamente a una pluralidad de herederos que han aceptado la herencia”. L. Roca-Sastre Muncunill, Derecho de Sucesiones, Barcelona, Ed. Bosch, 2000, Vol. IV, pág. 7. En igual sentido, véase L. Rivera Rivera, Derecho Registral Inmobiliario Puertorriqueño, 2da ed., San Juan, Eds. Jurídicas, 2002, pág. 427. Es decir, el denominado “derecho hereditario” tiene lugar cuando los herederos son varios y están en comunidad, y se extiende hasta que se realice la partición. Se trata, por lo tanto, “de una comunidad incidental o transitoria”. Roca-Sastre Muncunill, op. cit., pág. 25.

Naturalmente, entonces, lo que ingresa al patrimonio de cada heredero es el derecho abstracto y no cada bien, derecho u obligación individualizada. Kogan v. Registra-dor, supra. Véase, además, Narváez v. Registrador, 156 D.P.R. 1 (2002). Así, mientras la herencia se mantiene en estado de indivisión, “los interesados tienen una cuota en abstracto, un derecho en el conjunto hereditario”. Rivera Rivera, op. cit., pág. 427.

Justamente, debido a esta especial índole del derecho hereditario, su acceso al Registro de la Propiedad ha gene-rado amplia controversia en la doctrina. Véanse: M. Albaladejo Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 2000, T. VII, Vol. 5, págs. 299-329; Roca-Sastre Muncunill, op. cit., págs. 10-19.

Habiendo aclarado ya cuáles son los contornos de la fi-gura del derecho hereditario, corresponde que evaluemos cómo logra acceso al Registro de la Propiedad.

III

A. Como sabemos, las inscripciones regístrales publican el dominio concreto sobre fincas o derechos reales sobre éstas, constatado por el hecho de que el Registro de la Pro-piedad se lleva por fincas y no por patrimonios ni personas. L. Rodríguez Otero, Elementos de Derecho Hipotecario, Madrid, Ed. Dijusa, 2005, Vol. I, pág. 272; J.M. Chico y Ortiz, Estudios sobre Derecho Hipotecario, 3ra ed., Madrid, Ed. Marcial Pons, 1994, Vol. II. Por el contrario, y como ya expresamos, el derecho hereditario recae en abstracto sobre la masa hereditaria sin particular adjudicación a los here-deros de bienes singulares o concretos, o de cuotas o partes indivisas de éstos. Ni la masa relicta ni la cuota de los herederos pueden ser englobadas en el concepto finca. Como sabemos, la masa hereditaria está compuesta de fin-cas, derechos reales, muebles, créditos, valores, títulos etc., lo que imposibilita “arrastrar al régimen de una de sus partes la transferencia de la totalidad”. Albaladejo, op. cit., pág. 300. No será, claro está, sino con la partición posterior y adjudicación que el derecho hereditario se concreta sobre bienes determinados.

Estas peculiaridades del derecho hereditario ponen de relieve las dificultades regístrales que supone su inscrip-ción en el Registro de la Propiedad. Los principios funda-mentales del derecho inmobiliario registral, por ejemplo: la fe pública registral, el principio de especialidad o de publi-cidad, no se adaptan a la naturaleza y objeto del derecho hereditario. Véase Chico y Ortiz, op. cit., pág. 1159; J. Gon-zález Martínez, Estudios de derecho hipotecario y derecho civil, Madrid, 1948, T. 1, pág. 183, citado en M. Albaladejo, op. cit, págs. 303-304. Con lo cual, los efectos de la inscrip-ción del derecho hipotecario “quedan limitados a garanti-zar que la finca o derecho en cuyo folio se extiende forma parte de patrimonio adquirido por ciertas personas al fa-llecer el titular”. J. González Martínez, op. cit., pág. 183, citado en Albaladejo, op. cit., págs. 303-304.

No empece estas dificultades doctrinales, tanto en Es-paña como en Puerto Rico se reconoció desde el comienzo del sistema registral la necesidad de dar acceso al derecho hereditario mediante un asiento de inscripción. Mojica Sandoz, op. cit., pág. 55. Véase, además, Albaladejo y Díaz Alabart, op. cit. En 1944, con la reforma hipotecaria espa-ñola, se modificó la constancia registral del derecho here-ditario español proveyendo para que éste accediera única-mente al Registro de la Propiedad por anotación preventiva. Roca Sastre indica que la razón primordial para el cambio fue una de naturaleza práctica, a saber, “acabar con el equívoco de que se entendiera que la inscrip-ción del derecho hereditario implicaba la inscripción de una comunidad por cuotas sobre cada finca o derecho inscrito integrante de la correspondiente sucesión y procurar que, mediante la anotación preventiva, o sea, por la circunstan-cia misma de figurar tan sólo anotado el derecho heredita-rios, resalte, en adelante, una saludable advertencia para los terceros, que les haga pensar que no se trata del registro de un derecho normal, sino de algo especial.” (Énfasis en el original.) R. Roca Sastre y L. Roca-Sastre Muncunill, Derecho Hipotecario, 8va ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1997, Vol. VI, pág. 480.

En Puerto Rico, sin embargo, el derecho hereditario accesa al Registro de la Propiedad mediante asiento de inscripción. Ello no detracta, no obstante, de la naturaleza y objeto singular de esta figura y de las dificultades registraíes que conlleva su acceso al Registro. Su inscripción mediante un asiento registral obedece a la necesidad de mantener constante el paralelismo entre los libros del Registro de la Propiedad y la realidad jurídica. Así, como dice Cossío y Corral, “todas las modificaciones que, en cuanto a titularidad de las fincas supone la sucesión ‘mortis causa’ y todos los derechos y responsabilidades que frente a los bienes hereditarios pueden corresponder a las personas interesadas en la sucesión” encuentran, reflejo “en las hojas regístrales”. A. Cossío y Corral, Instituciones de Derecho Hipotecario, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1956, pág. 289.

En nuestra jurisdicción, la inscripción del derecho here-ditario tiene su propia sustantividad habida cuenta que el Art. 58 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. see. 2261, claramente dispone que no se podrá inscribir el derecho transferido por un heredero sin que apa-rezca ya inscrito el derecho hereditario a su favor. Véase Mojica Sandoz, op. cit., pág. 57. Podemos concluir, entonces, que la inscripción del derecho hereditario en nuestro orde-namiento facilita y allana el camino para la entrada al Re-gistro de la Propiedad de la partición hereditaria.

El Art. 95 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. see. 2361, contiene las reglas para la inscripción del derecho hereditario. Véase, además, Sec. 50.1 del Reglamento General para la Ejecución de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. see. 870.198 (ed. especial 2006). El Art. 95 dispone, citamos en lo pertinente:

El documento de la sucesión hereditaria, a los efectos del Registro, es aquel que contiene el testamento o la declaración de herederos abintestados ....
Se inscribirá el derecho hereditario a favor de todos los que resultaren herederos, cuando se tratase de bienes adquiridos por herencia y no se haya hecho todavía la correspondiente parti-ción, si lo solicita alguno de los interesados', expresándose en el asiento la parte que a cada uno de ellos corresponda y el dere-cho a la cuota usufructuaria del cónyuge supérstite, si la hu-biere ....
En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, si en los documentos presentados no aparecieren descritos los bie-nes, se acompañará un escrito firmado por cualquier parte in-teresada en el que se describan los bienes y se indiquen los números que las fincas tengan en el Registro, con expresión del tomo y folio en que estuvieren inscritas a favor del causante.
Para inscribir adjudicaciones concretas, deberán determi-narse en escritura pública o por resolución judicial firme, los bienes o partes indivisas de los mismos que correspondan o se adjudiquen a cada titular o heredero, o también escritura pú-blica a la cual hayan prestado su consentimientos todos los interesados, si se adjudicare solamente una parte del caudal y aquéllos tuvieren la libre disposición del mismo.
No se inscribirán enajenaciones o gravámenes de cuotas es-pecíficas en una finca que no se haya adjudicado antes en la correspondiente partición. (Enfasis nuestro.) 30 L.P.R.A. see. 2316.

En Rosado Collazo v. Registrador, 118 D.PR. 577, 583 (1987), indicamos que tanto el testamento como el certificado de defunción, son documentos esenciales para la inscripción del derecho hereditario. El profesor Rivera Rivera, op. cit, pág. 429, nos señala sobre este particular que “el título inscribible es el testamento, que deberá estar acompañado del certificado de defunción del testador para que se pueda hacer constar su fecha de fallecimiento. En este último caso hay que acompañar una certificación del Registro de Testamentos acreditativa de que el testamento no ha sido revocado o modificado. Siempre será necesario acompañar la certificación sobre cancelación de gravamen de contribución sobre la herencia del Departamento de Hacienda.”

Conforme se desprende del Art. 95 transcrito, los herederos, cualquiera de ellos, u otra parte interesada, podrán solicitar la inscripción del derecho hereditario directamente al Registrador de la Propiedad. Para ello, sólo se necesita que la parte que solicita la inscripción acredite su interés en la herencia o acredite su calidad de heredero. En los casos de sucesión testada, el testamento es el documento que atestigua el carácter de heredero. Rivera Rivera, op. cit.

Adviértase que para efectuar este trámite de carácter transitorio no se requiere, necesariamente, la comparecen-cia del albacea o que se esté inmerso en el procedimiento judicial de administración de la herencia que regula el Có-digo de Enjuiciamiento Civil. La ley hipotecaria específica-mente autoriza a los herederos colectiva o individual-mente, a solicitar del Registrador de la Propiedad la inscripción del derecho hereditario.

Pasemos ahora a discutir la figura de la sustitución he-reditaria, pues los peticionarios en este caso adquirieron la condición de herederos por virtud de esta figura conforme se desprende de la cláusula de designación de herederos.

IV

El heredero, como se indicó, es el sucesor a quien se le atribuye la totalidad de las relaciones patrimoniales del difunto o una parte alícuota de éstos. Fernández v. Fernández, 152 D.P.R. 22 (2000). La sustitución hereditaria es aquella disposición de última voluntad, mediante la cual alguien es llamado a heredar en defecto de una primera persona llamada, o después de ella. Art. 703 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2301. Véase, además, González Tejera, op. cit.; J. Fuentes Martínez, La sucesión y la institución hereditaria, en J.F. Delgado de Miguel Instituciones de Derecho Privado, Madrid, Ed. Thomson Civitas, 2004, Vol. 5, T. 1, pág. 253; M. Medina de Lemus, Derecho Civil, Madrid, Ed. Dilex, Cap. 8.

Existen varios tipos de sustituciones hereditarias. En Puerto Rico reconocemos principalmente tres, a saber: la vulgar u ordinaria, la fideicomisaria y la pupilar. González Tejera, op. cit., pág. 609. La primera, la sustitución vulgar u ordinaria, es la que nos ocupa aquí.

Por sustitución vulgar se entiende como aquella por la que dos o más personas son llamadas a la herencia o al legado, no para que sean herederos o legatarios conjunta-mente, sino para que unos lo sean y otros los suplan si llegan a faltar los primeros. Véase Cuevas Segarra y Ro-mán García, op. cit, Sec. 6.1[1]. El profesor Fuentes Mar-tínez, op. cit, pág. 253, la describe de la manera siguiente: “es una sustitución subsidiaria o defectiva, pues el cau-sante quiere que sólo sea eficaz uno de los nombramientos y para ello, además del llamado con carácter preferente, hace uno o varios llamamientos eventuales.” Es, a fin de cuentas, una institución de heredero sujeta a condición. “[L]a condición consiste en que no se reproduzca un evento futuro e incierto es decir, que el instituido no llegue a adir la herencia.” González Tejera, op. cit., pág. 614. Igual cri-terio expresa Albaladejo, cuando indica: “Siendo la sustitu-ción una institución condicional, sus efectos, si la condición se cumple, son los de la institución de heredero.” M. Alba-ladejo, Sustituciones Hereditarias, Oviedo, Ed. Gráficas Summa, 1956, pág. 81. Frustrado el primer llamamiento, el sustituto recibe el llamamiento para que disfrute de los bienes, recibiéndolos directamente del testador, no del instituido. En otras palabras, “el sustituto nunca es lla-mado —nunca recibe delación— como sustituto, sino como instituido”. (Énfasis en original.) Albaladejo, op. cit., pág. 49.

En tal tenor, en Huelva v. Clivillés et al., 24 D.P.R. 373, 378 (1916), indicamos que la sustitución vulgar opera cuando “el heredero instituido no llegue a serlo, bien por su fallecimiento antes que el testador, bien porque no quiera aceptar la herencia, bien porque no pueda aceptarla”. Véanse, además: Fernández Franco v. Castro Cardoso, 119 D.P.R. 154 (1987); Calimano Díaz v. Calimano, 103 D.P.R. 123 (1974); Junghanns Rivera v. Cornell University, 71 D.P.R. 673 (1950). El Código Civil no exige, como ocurre con la sustitución fideicomisaria, “que la sustitución vulgar deba ser siempre expresa; sin embargo, deberá deducirse inequívocamente del contenido de la cláusula testa-mentarias”. Cuevas Segarra y Román García, op. cit., págs. 225-226.

Su finalidad no es otra que evitar la apertura de la su-cesión intestada. Martínez Fuentes, op. cit. Véase, además, Medina de Lemus, op. cit. El profesor Roca-Sastre Muncu-nill, op. cit., pág. 458, nos advierte que esta figura, propia del derecho romano, persigue como finalidad primordial evitar la sucesión intestada “por razón del principio ro-mano del favor testamenti, siguiendo un dispositivo de pre-visión, atendida la enemiga que había respecto a la ciega y automática sucesión legal”. (Énfasis en el original.)

Debemos, entonces, proceder a aplicar la normativa re-señada al asunto ante nuestra consideración.

V

No hay duda de que, en su testamento, la causante ins-tituyó a sus hermanos como sus herederos y, en caso de premoriencia, a los hijos de éstos como herederos sustitutos. Es decir, la testadora estableció en su testa-mento un llamamiento subsidiario que, por su naturaleza, se ubica claramente en la figura que conocemos como la sustitución ordinaria o vulgar. La causante también insti-tuyó a sus hermanos como albaceas testamentarios.

Habiendo premuerto a la causante sus tres hermanos, los hijos de estos últimos, por disposición expresa de la sustitución ordinaria establecida en el testamento, pasa-ron a ser los herederos universales de la causante, reci-biendo dicho llamamiento directamente de la testadora. Por otro lado, con el óbito de los hermanos de la causante, la disposición testamentaria sobre albaceazgo se tornó inoficiosa. 31 L.P.R.A. see. 2517.

Los sobrinos de doña Margarita, al ser sus herederos, podían solicitar, conforme el Art. 95 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, supra, y el Art. 50.1 del Regla-mento General para la Ejecución de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad que se inscribiera en el Registro de la Propiedad el derecho hereditario que sobre los bienes de la causante ostentaban. Solicitud que podían hacer individual o colectivamente, y directamente al Registrador de la Propiedad. No era necesario para ello procurar la adminis-tración de la herencia, como parece intimar el Registrador de la Propiedad al hacer especial referencia en su denegato-ría de inscripción a las disposiciones sobre la administración judicial de los bienes del finado estatuidas en el Código de Enjuiciamiento Civil.

De otra parte, el Registrador de la Propiedad entiende que la designación de heredero “no es precisa, pues indica que en caso de que sus hermanos premueran se designa a los hijos de tal heredero (hermano), excepto una hermana que no tiene hijos y en tal caso que ella (hermana) pre-muera, designa a los hijos de su hermano, Rodolfo; sin que se indiquen quiénes son los hijos de sus hermanos”. (Enfa-sis nuestro.) Esta conclusión se fundamenta, a juicio del Registrador de la Propiedad, en el mandato contenido en el Art. 701 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2290. Este ar-ticulado dispone en su primer párrafo que el testador de-signará al heredero “por su nombre y apellidos”. En su con-secuencia y ante la presunta falta de precisión en la designación de herederos, se concluyó que se requería una designación judicial de herederos para proceder con la ins-cripción del derecho hereditario. No tiene razón el Regis-trador de la Propiedad.

El Art. 701 del Código Civil describe la forma como se designa al heredero, y es correcto que en la primera parte del artículo se indica que el heredero debe ser designado por su nombre y apellidos. Esta es la forma natural de designar a una persona. No es, sin embargo, la única forma. El propio artículo dispone, en su segundo párrafo, que aun cuando “el testador haya omitido el nombre del heredero, si lo designare de modo que no pueda dudarse quién sea el instituido, valdrá la institución”. íd. Con lo cual, podemos concluir que el artículo no exige una formali-dad especial, bastará con que la designación se refiera a una persona determinada o determinable. Lo importante, evi-dentemente, es que el favorecido sea inequívocamente determinable, que se conozca con seguridad la voluntad a res-pecto del causante; que no pueda dudarse quién es el instituido. La individualización con nombre y apellidos “no es esencial pues cabe la designación por circunstancias, como seudónimos, apodos, relación de parentesco o familiar, doméstica, profesional, asociativa etc.”. Roca-Sastre Muncu-nill, op. cit, T. I, pág. 338.

En este caso, la causante identificó a los herederos susti-tutos por su relación de parentesco al decir que eran los hijos de sus hermanos. Esta forma de designación es sufi-ciente y no adolece de imprecisión, como nos indicó el Regis-trador de la Propiedad. Con esta descripción no cabe duda de a quién la causante interesó designar como herederos sustitutos. Corresponde, entonces, hacer valer esa última voluntad. Recordemos, como habíamos señalado, que el Có-digo Civil no exige una forma particular para la designación de un heredero. No es necesario entonces acudir al proceso judicial de declaratoria de herederos.

Sobre este asunto, J. Morell y Terry, en Comentarios a la Legislación Hipotecaria, 2da ed., Madrid, Ed. Reus, 1927, T. 2, pág. 537, indica precisamente: que “es relativamente frecuente el caso de instituir el testador por sus herederos a los hijos que tiene y a los demás que pudiera tener, o a los hijos de un determinado hermano, sin designar sus nombres. Es evidente que en tales casos existe institución de herederos, y que, por consiguiente, no necesitan para ob-tener el carácter de tales la declaración judicial, puesto que, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 772 del Código [Art. 701 del Código Civil de Puerto Rico] la institución es válida aunque el testador omita el nombre del heredero, si lo designa de modo que no pueda dudarse quién sea el instituido”.

En estos casos, para acreditar la calidad de hijos no ha-biendo sido designado éstos por nombre, “basta presentar las partidas correspondientes de nacimiento ... [según] las actas del Registro”. Morell y Terry, op. cit., pág. 537. Como sabemos, el certificado de nacimiento refleja “los datos vi-tales de la persona al momento de su nacimiento”. Delgado, Ex parte, 164 D.RR. 170 (2005). Dejando constancia de la siguiente información: fecha y lugar de nacimiento, nombre de los padres, nombre y sexo de la persona inscrita. En innumerables ocasiones hemos indicando que “la información que consta en el Registro Demográfico constituye evidencia prima facie del hecho que se pretende constatar”. Delgado, Ex parte, supra, pág. 187, y casos allí citados.

Adviértase que el Registro Civil —precursor del Regis-tro Demográfico— es una institución “a cuyo cargo se halla la publicidad de los hechos afectantes al estado civil de las personas o mediatamente relacionados con dicho estado, contribuyendo, en ciertos casos, a la constitución de tales actos y proporcionando títulos de legitimación de estado”. L. Puig Ferriol, Manual de Derecho Civil, Madrid, Ed. Marcial Pons, 1997, Vbl. 1, pág. 136. Su propósito fundamental es “garantizar una información fiable sobre la con-dición civil y hechos vitales de las personas y proporcionar un medio de prueba para éstos”. Delgado, Ex parte, supra, pág. 185. Por lo tanto, el certificado de nacimiento de los hijos de los hermanos de la causante era prueba suficiente de ese hecho vital.

Lo cierto es que el Registrador no puede exigir “que se justifique que no existen otros herederos más que los que se presentan como tales”. Morell y Terry, op. cit., pág. 537. Ni el Código Civil, ni la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad ni alguna otra legislación especial, exigen que las personas instituidas como herederos en un testamento deban acreditar, para poder adquirir los derechos corres-pondientes, que no existan otros que tengan esta cualidad. Véase: Resoluciones de la Dirección General de Registros y Notariado de, 2 de diciembre de 1897, 11 de mayo de 1900, 26 de junio de 1901, 3 de marzo de 1912, según reseñadas en A. Coello Gallardo, Sucesiones, Madrid, Ed. Reus, 1952, T. I, págs. 563-571.

En el caso que nos ocupa, se anejaron a la instancia presentada al Registro de la Propiedad los documentos si-guientes: una copia certificada de la escritura del testa-mento abierto, una certificación del Registro de Testamen-tos emitida por la directora de la Oficina de Inspección de Notarías, un certificado de cancelación del gravamen expe-dido por el Departamento de Hacienda, los certificados de defunción de la causante, así como de sus hermanos y cer-tificados de nacimientos de los hijos de los hermanos de la causante, así como los correspondientes derechos de inscripción. Resolvemos que estos documentos eran sufi-cientes para proceder con la inscripción del derecho here-ditario de los herederos de doña Margarita Collazo Félix.

Recapitulando, los hermanos de la testadora le premu-rieron y copias de sus respectivos certificados de defunción se anejaron a la instancia registral. Con lo cual, los hijos de éstos pasaron a ser los llamados a la herencia. El certifi-cado de nacimiento de éstos, anejados a la instancia pre-sentada, es a su vez suficiente para determinar su calidad de hijos de los hermanos de la testadora y en virtud de la disposición de sustitución hereditaria, herederos de doña Margarita. Ello es suficiente para proceder con la inscrip-ción del derecho hereditario en este caso.

Por los fundamentos previamente reseñados, procede re-vocar la calificación de denegatoria final notificada por el Registrador de la Propiedad. Se devuelve el recurso al Re-gistro de la Propiedad, Sección Primera de Caguas, para que se proceda conforme con lo aquí resuelto.

El Juez Asociado Señor Rivera Pérez no intervino.

       La segunda cláusula del testamento abierto otorgado por la Sra. Margarita Collazo Félix dispone:
      “Segundo: El Testador instituye como sus únicos y universales herederos a Rodolfo, Mercedes y Luis Gilberto Collazo Félix, sus tres hermanos; indicando que si alguno le premuere, que la porción designada para dicho heredero sea para los hijos de tal heredero, excepto en el caso de Mercedes, quien no tiene hijos y en caso de que ésta le premuera, la porción designada para ella sea para los hijos de su hermano Rodolfo Collazo Félix.” Apéndice del Recurso gubernativo, pág. 6.

       El Art. 58 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. see. 2161, dispone lo siguiente:
      “Los herederos y legatarios no podrán inscribir a su favor bienes inmuebles o derechos reales sin que hubiesen inscrito previamente o soliciten a la vez la inscrip-ción del título de sus causantes.
      “No se inscribirá el documento de partición de bienes hereditarios o de transfe-rencia o gravamen del derecho hereditario si antes no apareciere previamente ins-crito el derecho hereditario a nombre de los herederos.”

       El Art. 703 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2301, dispone lo siguiente: “Puede el testador substituir una o más personas al heredero o herederos ins-tituidos para el caso en que mueran antes que él, o no quieran, o no puedan aceptar la herencia.”

       Se postula, no obstante, que sólo en las primeras dos instancias existe una verdadera sustitución de un heredero por otro llamado subsidiariamente. Ello es así, pues en la pupilar no es el heredero el que se sustituye, sino el causante por no poder testar válidamente y viene a hacerlo por él un ascendiente. Véase M. Medina de Lemus, Derecho Civil, Madrid, Ed. Dilex, pág. 177.

       Igualmente, el profesor Roca-Sastre Muncunill define esta institución: “La sustitución vulgar es la disposición testamentaria en virtud de la cual el testador nombra un segundo o ulterior heredero para el caso o en previsión de que el anterior heredero instituido no llegue efectivamente a serlo (si heres non erit) por no poder o no querer.:” (Énfasis en el original.) L. Roca-Sastre Muncunill, Derecho de Sucesiones, Barcelona, Ed. Bosch, 1995, Vol. I, pág. 457.

       No obstante, R.M. Roca Sastre, Anotaciones a Enneccerus-Kipp, 1951, Vol. 1, pág. 208, rechaza el criterio de que la sustitución vulgar implique una institución sujeta a la condición suspensiva si heres no erit, concluyendo que tal sustitución es una previsión sucesoria del testador semejante a la que la ley adopta en los llama-mientos sucesivos del ordenamiento legal intestado.

       El Art. 701 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2290, dispone lo siguiente:
      “El testador designará al heredero por su nombre y apellido; cuando haya dos que los tengan iguales, deberá señalar alguna circunstancia por la que se conozca al instituido.
      “Aunque el testador haya omitido el nombre del heredero, si lo designare de modo que no pueda dudarse quién sea el instituido, valdrá la institución.”

       Esto supone, claro está, que el testamento en cuestión no adolece de ningún defecto que lo invalide.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Roberto Vera Monroig, peticionario.

      Número: CC-2007-815

      Resuelto: 17 de diciembre de 2007

      José A. Rubio Pitre, abogado de la parte peticionaria; César López Cintrón, fiscal especial independiente, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión disidente.

Los hechos que sirven de origen al presente recurso son, no hay duda, antipáticos. Ello, sin embargo, no puede nublar nuestro entendimiento ni hacer que olvidemos nuestra obligación de velar por que en nuestra jurisdicción se garanticen al máximo los derechos de los ciudadanos que son acusados de la supuesta comisión de un delito público.

La actuación de una mayoría de los integrantes de este Tribunal, al negarse a revisar y revocar la equivocada sen-tencia emitida en el presente caso por el Tribunal de Ape-laciones, socava uno de los principios más fundamentales de nuestro sistema de derecho penal, el cual establece que, al amparo de la presunción de inocencia, ninguna persona imputada de delito público puede ser declarada culpable de la comisión de éste, a menos que el juzgador de los hechos quede convencido de que su culpabilidad ha sido demos-trada más allá de duda razonable.

Pero, más aún, la lamentable acción mayoritaria atenta contra uno de los baluartes principales sobre los cuales se sostiene nuestro sistema de justicia, cual es, la indepen-dencia judicial, principio fundamental por el cual este Tribunal ha librado cruentas batallas contra aquellos que, en el pasado, han intentado socavarlo.

En palabras sencillas, la mayoría del Tribunal en el pre-sente caso violenta la conciencia judicial y la independen-cia de criterio de uno de los integrantes de nuestra Judica-tura, ordenándole al juez que presidió los procedimientos a nivel de instancia que proceda a sentenciar a pena de cár-cel a un ciudadano a quien dicho magistrado había exone-rado por entender que el Estado había incumplido con su obligación de probar su culpabilidad más allá de duda razonable.

I

Contra el peticionario, la oficina del Fiscal Especial In-dependiente presentó una acusación por una supuesta in-fracción al Art. 105 del hoy derogado Código Penal de 1974 (33 L.P.R.A. see. 4067), ante el Tribunal de Primera Instan-cia, Sala Superior de Utuado.

Celebrado el juicio por un tribunal de derecho, el magis-trado que presidió los procedimientos, Hon. Alvin Rivera Rivera, declaró culpable y convicto al peticionario Vera Monroig por el delito de actos lascivos, refiriéndolo a la Oficina de los Oficiales Socio Penales para la investigación e informe correspondientes.

Recibido el informe por el juez de instancia, a éste le llamó la atención un dato que le hizo dudar sobre la correc-ción del fallo de culpabilidad que había emitido en el caso; en específico, el magistrado se cuestionó internamente la corrección de la determinación de credibilidad que él había hecho respecto al testimonio de la supuesta perjudicada en el caso. Dicha duda tuvo como base una manifestación que, conforme el informe rendido, le había hecho la supuesta perjudicada a la oficial sociopenal.

Con el propósito de aclarar la referida duda, el juez de instancia señaló una vista evidenciaría, en la cual testifi-carón tanto la alegada perjudicada como la técnica socio-penal. Terminada la vista, y en corte abierta, el magis-trado expresó, en lo pertinente que:

Bien, conforme a todo el proceso llevado a cabo, de lo que he escuchado en el día de hoy, toda la evidencia que se desfiló en el juicio, el examen mental que he hecho de toda esa eviden-cia, incluso que he escuchado las grabaciones del proceso judicial en mi oficina, toda la evidencia presentada, reconsidera-mos el fallo de culpabilidad del día 29 de noviembre de 2006, tenemos duda de su culpabilidad, puede retirarse. (Enfasis suplido.)

Insatisfecho con la referida actuación, la Oficina del Fiscal Especial Independiente acudió en revisión de ésta ante el Tribunal de Apelaciones. Dicho foro apelativo —no obs-tante reconocer, expresamente, que “los tribunales tienen un poder inherente para reconsiderar sus determinacio-nes, a solicitud de parte o motu propio, siempre y cuando conserven jurisdicción sobre el caso”— dictó sentencia revo-catoria debido, de manera principal, a que en el criterio de los Jueces del Tribunal de Apelaciones, el juez de instancia no siguió el procedimiento “adecuado”.

A esos efectos, e interpretando erróneamente las expre-siones que hiciera el juez de instancia al reconsiderar su fallo de culpabilidad, el foro apelativo intermedio expresó, en apoyo de su equivocado proceder, que

[r]econocemos la facultad que tenía el TPI para reconsiderar su fallo. Ello, con el objeto de corregir algún error que entendió hubiera cometido y que no fuera cónsono con los fines de la justicia. Pero, el descargo adecuado de esta facultad presupo-nía que reconsiderara su determinación basándose en la prueba que se desfiló durante el juicio. Sin embargo, en el pro-cedimiento que celebró el TPI, reevaluó testimonios que aqui-lató durante el juicio basándose, no en la prueba que se desfiló en el juicio, tampoco en prueba nueva que hubiera podido ser óbice para un nuevo juicio, sino en información contenida en el informe presentencia. En relación a lo anterior, entendemos que el TPI se sirvió incorrectamente del informe presentencia para dirimir cuestiones que exceden los objetivos de dicho documento. (Enfasis suplido y en el original.)

Inconforme, el peticionario Vera Monroig acudió ante este Tribunal —vía certiorari— imputándole al Tribunal de Apelaciones haber errado al decidir así. Mediante Resolu-ción de 26 de octubre de 2007, una mayoría de los integran-tes del Tribunal denegó el recurso presentado. En dicha ocasión el Juez Asociado Señor Rivera Pérez y el Juez sus-cribiente hicimos constar que “expediríamos”. Presen-tada una moción de reconsideración y, nuevamente, por vo-tación mayoritaria, este Tribunal la denegó. En dicha ocasión hicimos constar que nos reservábamos el derecho a emitir una opinión disidente. Hoy procedemos a hacerlo.

II

No debe, ni puede, haber la menor duda sobre el hecho de que los tribunales tienen el poder inherente de poder reconsiderar sus determinaciones, a solicitud de parte o motu proprio, siempre que, cuando así actúen, todavía con-serven jurisdicción sobre el caso. Pueblo v. Rodríguez Meléndez, 150 D.P.R. 519 (2000); Pueblo v. Valdés Sánchez, 140 D.P.R. 490 (1996); Pueblo v. Tribl. Superior, 81 D.P.R. 763 (1960).

Sencillamente, no puede ser de otra manera. Un juez siempre debe tener la autoridad para reconsiderar una de-cisión que haya emitido, si es que se convence que ésta es errónea; sobre todo, y de manera especial, en los casos cri-minales, en los cuales están “en juego” la reputación y li-bertad de los ciudadanos.

De hecho, así lo reconoció el Tribunal de Apelaciones. Ello no obstante, dicho foro judicial revocó la reconsidera-ción en controversia, ya que entendió que el juez de instan-cia no había seguido el procedimiento “adecuado”. Al expli-car el referido fundamento, el foro apelativo intermedio —obviamente malinterpretando las expresiones del juez de instancia— indicó que éste había, erróneamente, resuelto reconsiderar únicamente a base del informe presentencia. Erró al actuar así.

Las expresiones que el juez de instancia hiciera, al re-considerar el fallo de culpabilidad, claramente indican que su actuación se basó en la reevaluación que él hiciera de toda la prueba que ante él desfilara durante la vista en su fondo del caso. Esto es, no obstante ser correcto que a dicho magistrado le llamó la atención la información que leyó en dicho informe, resulta ser meridianamente claro que su de-cisión de reconsiderar el fallo se debió a una actuación de conciencia de su parte, la cual le llevó a concluir que había errado en la adjudicación original de credibilidad que ha-bía hecho inmediatamente antes de emitir su fallo de culpabilidad.

Contra un ejercicio de conciencia no existen tecnicismos legales que valgan. Dicho de otra manera, cuando de hacer justicia se trata, nuestro curso decisorio no puede quedar sujeto a tecnicismos legales. Correa Negrón v. Pueblo, 104 D.P.R. 286 (1975).

En el presente caso, el juez de instancia no sólo obedeció los mandatos de su consciencia sino que los de nuestro or-denamiento jurídico, a los efectos de que el juzgador de los hechos debe absolver al imputado de delito en toda situa-ción en que entienda existe duda razonable sobre la culpa-bilidad de éste.

Intervenir con esa actuación de conciencia constituye no sólo un intento del foro apelativo de sustituir su criterio por el del juez de instancia, sino una interferencia indebida de parte de dicho foro con ese ejercicio de conciencia. Orde-narle a un juez de instancia que proceda a sentenciar a una persona que éste considera inocente, violenta los más elementales principios de justicia vigentes en nuestra juris-dicción, sobre todo la independencia de criterio judicial.

Es por ello que disentimos.

       Se trata de la supuesta comisión, por el peticionario Vera Monroig, de unos actos lascivos contra una persona que había solicitado trabajo en el Municipio de Adjuntas.

       El Fiscal Especial Independiente presentó otra testigo, de nombre Iris Zo-raida llamos Rivera, quien fungía como técnico sociopenal.

       El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervino.

       Así lo hemos resuelto también el campo civil. Véanse: Caro v. Cardona, 158 D.P.R. 592 (2003); Lagares v. E.L.A., 144 D.P.R. 601 (1997); El Mundo, Inc. v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 791 (1965).


author: per curiam:

text:
      In re Pedro Santiago Ríos, querellado.

      Número: CP-2005-8

      Resuelto: 18 de diciembre de 2007
   ORDEN

Debido a la no intervención del Juez Asociado Señor Re-bollo López y la Jueza Asociada Señora Rodríguez Rodrí-guez, se constituye una Sala Especial integrada por el Juez Presidente Señor Hernández Denton, el Juez Asociado Se-ñor Rivera Pérez y la Juez Asociada Señora Fiol Matta, para entender y disponer del caso CP-2005-8, In re Santiago Ríos.

Lo decretó y firma:

(Fdo. )Federico Hernández Denton

Juez Presidente

CERTIFICO:

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Salvador J. Antonetti Stutts, procurador general, Marian D. Negrón Vargas, subprocuradora general, Miriam Soto Contreras, procuradora general auxiliar, y Maite D. Oronoz Rodríguez, subprocuradora general, parte querellante; Hermes F. Acevedo Lebrón, abogado del querellado; Pedro Santiago Ríos, pro se.

per curiam:

El licenciado Pedro Santiago Ríos (licenciado Santiago Ríos) fue admitido al ejercicio de la profesión de la abogacía en 1975. El presente procedimiento disciplina-rio plantea la formulación de una serie de cargos por con-ducta que se alega viola los Cánones 21, 37 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

I

El 19 de febrero de 2004 el Contralor de Puerto Rico, honorable Manuel Díaz Saldaña (Contralor), presentó una queja juramentada ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico contra el Ledo. Carlos Rivera Vicente, socio propieta-rio del bufete Cancio Nadal, Rivera, Díaz y Berrios (CNRD & B) y el Ledo. Pedro Santiago Ríos, socio a cargo de la División de Derecho Ambiental de CNRD & B. En síntesis, alegó que ambos abogados incurrieron aparentemente en conducta constitutiva de violación a los Cánones 21, 37 y 38 del Código de Ética Profesional. Los hechos que die-ron origen a la queja presentada surgieron de la auditoría que el Contralor realizó a la Autoridad de Desperdicios Só-lidos (ADS), agencia a la cual CNRD & B ofrecía sus ser-vicios legales. El 3 de junio de 2004 fue remitida una copia del expediente de la queja presentada por el Contralor a la Oficina del Procurador General para la investigación e in-forme correspondientes. En vista de que, contra el licen-ciado Carlos Rivera Vicente ya existía un procedimiento disciplinario sobre los mismos hechos, se presentó una mo-ción para la bifurcación de las quejas, para así atenderlas por separado. Dicha moción fue declarada “con lugar” el 17 de diciembre de 2004.

Posteriormente, la Procuradora General Auxiliar, Leda. Miriam Soto Contreras, presentó una querella juramen-tada contra el licenciado Santiago Ríos conforme a la in-vestigación realizada. En ésta alegó que el querellado se apartó de los exigentes postulados que disponen los Cáno-nes 21, 37 y 38 del Código de Ética Profesional, supra. El 14 de marzo de 2006, el Procurador General y la represen-tación legal del licenciado Santiago Ríos presentaron ante el Comisionado Especial un informe de conferencia con an-telación a la vista en su fondo. Dicho documento, unido a un informe suplementario presentado el 24 de mayo de 2006, constituyeron la base para las determinaciones del informe del Comisionado Especial. En síntesis, el Comisio-nado Especial concluyó que, en las circunstancias presentes y en función de la conducta desplegada por el licenciado Santiago Ríos, sólo procedía imputarle una violación al Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra.

Con el beneficio de dichos documentos y teniendo en cuenta que la trayectoria profesional del licenciado Santiago Ríos fue estipulada por las partes, procedemos a eva-luar los cargos imputados. En vista de que la alegada con-ducta imputada surge en ocasión de su puesto como Presidente de Puerto Rico Infrastructure Management Group, Inc. (PRIME), expondremos la génesis de dicha cor-poración y la relación existente entre esta última, el bufete CNRD & B y ADS. Veamos.

rH hH

El Ledo. Pedro Santiago Ríos (licenciado Santiago Rios) obtuvo en 1961 el grado de Ingeniería Química del Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas de Mayagüez, actual Re-cinto Universitario de Mayagüez, Universidad de Puerto Rico. En 1963, luego de licenciarse del ejército, ocupó va-rias posiciones en la Commonwealth Oil and Refining Company, Inc. —también conocida como CORCO— tales como Ingeniero de Procesos, Director de Área en las petro-químicas y Gerente General de las plantas petroquímicas.

El 20 de mayo de 1975 fue admitido al ejercicio de la profesión de la abogacía. A partir de esa fecha se trasladó al Departamento Corporativo de Leyes de la CORCO, donde laboró hasta su renuncia en 1992. En enero de 1992 comenzó a trabajar como abogado del bufete CNRD & B, donde dirigió la División de Derecho Ambiental. A princi-pios de 1994, ADS contrató al bufete CNRD & B para reci-bir su asesoría legal, principalmente en el área adminis-trativa y en el área ambiental. En particular, CNRD & B atendió lo relativo a un Plan de Infraestructura Regional para Reciclaje y Disposición de Desperdicios Sólidos de Puerto Rico (Plan). No obstante, CNRD & B no tuvo inter-vino en la elaboración del Plan. La implementación del Plan correspondía a ADS y tenía como objetivo incorporar estrategias y tecnologías recientes para la disposición de los desperdicios sólidos en Puerto Rico. El Plan respon-día a una exigencia de la United States Enviromental Protection Agency, conocida por sus siglas EPA, ante un inmi-nente cierre de los vertederos en Puerto Rico. Para estas fechas el licenciado Santiago Ríos ocupaba el puesto de Director de la División de Derecho Ambiental de CNRD & B y, como tal, mantuvo una participación activa en la discu-sión, el desarrollo y la implementación de los proyectos de ADS desde el bufete CNRD & B.

Durante la vigencia de dichos contratos, CNRD & B pre-sentó a ADS el concepto Integrated Services Partnership Group, Inc., también denominado como “el Consorcio”. Este concepto fue creado por el Ledo. Carlos Rivera Vicente (licenciado Rivera Vicente), entonces socio propietario del bufete CNRD & B, con el propósito de atender las agendas y los proyectos complejos en los sectores público y privado. Específicamente, el Consorcio pretendía aglutinar varias entidades de modo tal que, una vez contratadas, prestasen los servicios de forma multidisciplinaria para colaborar con la implementación del Plan. Cabe destacar que el Consor-cio fue la génesis de PRIME, corporación con fines de lucro creada por el licenciado Rivera Vicente e incorporada el 16 de octubre de 1998. Dicha corporación se creó como un organismo integrador de servicios y tenía a su cargo coor-dinar la gerencia de los proyectos de infraestructura del Plan, entre ADS y los expertos contratados para éste. Es en este momento que el licenciado Santiago Ríos renunció a CNRD & B para ocupar entonces el puesto de Presidente de PRIME, conforme a la oferta hecha por el licenciado Rivera Vicente.

El 18 de septiembre de 1998, el licenciado Rivera Vicente hizo una propuesta a la ADS para la implementación del Plan a través de PRIME. Después de evaluar varias ofertas, ADS contrató los servicios de PRIME. En vista de ello, las partes se reunieron y comenzaron a elaborar un contrato denominado “Management Assistance Service Agreement” (contrato MASA). No obstante, durante el pro-ceso de preparación del contrato MASA, la Leda. Marie Code, Directora de la División Legal de ADS, planteó a CNRD & B la existencia de un posible conflicto de intereses. Específicamente, manifestó su preocupación en tomo al rol de PRIME, los servicios que éste brindaría a ADS y cómo trabajarían juntos. Por tal motivo, PRIME contrató una re-presentación legal ajena a CNRD & B para atender lo refe-rente al contrato entre ambos. Además, para evitar mayo-res preocupaciones, CNRD & B terminó el contrato de servicios profesionales que tenía con ADS.

El 15 de enero de 1999 se firmó el contrato entre PRIME y ADS. En la otorgación del contrato MASA concurrieron las partes siguientes: ADS, representado por su Directora Ejecutiva, la ingeniera Roxana Longoria Ferrer; el Departa-mento de Recursos Naturales, representado por su Secreta-rio, el ingeniero Daniel Pagán Rosa, y la Corporación PRIME, representada por su Presidente, el licenciado Santiago Ríos. Por acuerdo entre las partes, se dispuso que la División Legal de ADS tendría a su cargo la revisión y los ajustes a las facturas de CNRD & B por los servicios reali-zados en lo relativo al Plan.

Una vez constituido el contrato entre ADS y PRIME, el licenciado Rivera Vicente, mediante una misiva dirigida al licenciado Santiago Ríos, le ofreció los servicios de asesoría legal de CNDR & B para la implementación del Plan. PRIME aceptó la oferta, y el 23 de marzo de 1999 se suscri-bió el contrato entre PRIME y CNRD & B.

No obstante, algunos desacuerdos en los ajustes realiza-dos en las facturas de CNRD & B provocaron que el licen-ciado Santiago Ríos suscribiera una carta a la división legal de ADS en la que solicitó que se reconociera lo facturado por CNRD & B. ADS entendió que la reacción del licenciado Santiago Ríos constituyó una postura favorable para CNDR & B y contraria a los intereses de ADS.

Es a la luz de los hechos expuestos que el Procurador General, en su querella contra el licenciado Santiago Ríos, le imputó la violación a los Cánones 21, 37 y 38 del Código de Ética Profesional, supra. Particularizó la conducta del modo siguiente:

[F¡ ungir como abogado [del Bufete Cando Nadal, Rivera, Díaz y Berrios], el cual tuvo varios contratos de servicios con la ADS y bufete donde dirigió la División Ambiental partici-pando, conjuntamente con el Ledo. Carlos Rivera Vicente (socio propietario del mismo), en la creación de una corporación con la información obtenida mediante su relación profesional con ADS que implementaría el plan de manejo de desperdicios só-lidos en la Isla [.]
[C\esar funciones en el bufete e inmediatamente convertirse en Presidente de PRIMEU
[S]ubcontratar, en representación de PRIME, al mismo bu-fete donde había trabajado anteriormente, como los asesores legales de PRIME, particularmente en la implementación del contrato entre dicha corporación [PRIME] y ADS[.]
[B]eneficiar y favorecer al bufete, por encima y en contraven-ción a los mejores intereses de la ADS, instrumentalidad a la cuál, a fin de cuentas, le respondía y se debía PRIME. (Enfasis suplido.) Querella, págs. 4-5.

Sin embargo, el Comisionado Especial, luego de evaluar la prueba presentada, las estipulaciones de las partes y los hechos que dieron lugar a la formulación de su querella, concluyó, en lo que respecta al Canon 21 del Código de Etica Profesional, supra (Canon 21):

[C]onsideramos que no existe evidencia que demuestre que existió una relación de abogado-cliente entre el querellado y PRIME, el querellado y ADS luego de que éste fuera designado como Presidente de PRIME. (Énfasis suplido.) Informe del Co-misionado Especial, pág. 14.

En cuanto a la violación al Canon 37 del Código de Ética Profesional, supra, concluyó:

De las estipulaciones presentadas por las partes surge, sin lugar a dudas, que el [licenciado] Santiago Ríos tiene una pre-paración académica [y] profesional que le habilitaba para ser considerado para presidir a PRIME.
... [E]n ausencia de evidencia en contrario ... lo más razo-nable es concluir que el querellado era un candidato idóneo para ser nombrado Presidente de PRIME y la consideración para su nombramiento fue esa. ... No existe, tampoco eviden-cia de que el querellado actuara como abogado y ejecutivo de PRIME de manera simultánea en algún momento, agenci[á]ndose beneficios por su participación generando, para sí, trabajo profesional lucrativo. El canon 37, a nuestro juicio, no es de aplicación. Informe del Comisionado Especial, págs. 14-15.

En cuanto a la violación al Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra, también concluyó:

Argumenta el Procurador General que es violatorio del canon 38 el beneficiarse de información obtenida mediante su relación profesional con ADS, cesar funciones en el bufete e inmediatamente integrarse a PRIME como su Presidente. ... [Señala, además, el Procurador General como violación al Canon 37, supra, el] subcontratar con el mismo bufete donde había trabajado anteriormente ... beneficiando a su anterior patrono, el bufete, en contravención a los mejores intereses de ADS, instrumentalidad que le respondía a PRIME.
Por su parte [,] el querellado entiende que no violó el canon 38 ya que no se evidenció perjuicio contra nadie o lucro personal, a su favor. ...
Sin embargo, el enfoque que la prensa del país le dio a este asunto, así como los cuestionamientos públicos que de manera reiterada se suscitaron, tienen un innegable efecto en la ima-gen de la profesión legal. ...
[E]l Comisionado Especial considera que se violó el canon 38 pero, en grados de intensidad atenuados, siendo la lesión a la imagen de la profesión legal mínima. Informe del Comisionado Especial, págs. 15-17.

í — H HH M

En atención a las violaciones imputadas, procede-mos a evaluar lo que contempla el Canon 21 del Código de Ética Profesional, el cual dispone, en lo pertinente, lo si-guiente:

El abogado tiene para con su cliente un deber de lealtad completa. Este deber incluye la obligación de divulgar al cliente todas las circunstancias de sus relaciones con las par-tes y con terceras personas, y cualquier interés en la contro-versia que pudiera influir en el cliente al seleccionar su consejero. Ningún abogado debe aceptar una representación legal cuando su juicio profesional pueda ser afectado por sus intereses personales.
No es propio de un profesional el representar intereses encontrados. Dentro del significado de esta regla, un abogado representa intereses encontrados cuando, en beneficio de un cliente, es su deber abogar por aquello a que debe oponerse en cumplimiento de sus obligaciones para con otro cliente.
La obligación de representar al cliente con fidelidad incluye la de no divulgar sus secretos o confidencias y la de adoptar medidas adecuadas para evitar su divulgación. Un abogado no debe aceptar la representación de un cliente en asuntos que puedan afectar adversamente cualquier interés de otro cliente anterior ni servir como árbitro, especialmente cuando el cliente anterior le ha hecho confidencias que puedan afectar a uno u otro cliente, aun cuando ambos clientes así lo aprueban. Será altamente impropio de un abogado el utilizar las confi-dencias o secretos de un cliente en perjuicio de éste. (Enfasis suplido.)

El conflicto de intereses dispuesto en el Canon 21 pre-senta tres situaciones que deben ser evitadas por todo abo-gado: (1) que, en beneficio de un cliente, abogue por aquello a lo que el letrado debe oponerse en cumplimiento de sus obligaciones para con otro cliente; (2) que un abogado acepte la representación de un cliente en asuntos que pue-dan afectar adversamente cualquier interés de un cliente anterior, y (3) que un abogado acepte una representación legal, o que continúe en ella, cuando su juicio profesional pueda ser afectado por sus intereses personales. De este modo se pretende evitar una conducta profesional que mine el principio cardinal de confianza en que debe funda-mentarse toda relación fiduciaria entre un abogado y su cliente. La relación abogado-cliente es de naturaleza fi-duciaria y está fundada en la honradez absoluta. Asi-mismo, se funda en el deber de lealtad y de confidenciali-dad de todo abogado para con su cliente.

El abogado tiene la obligación de representar a su cliente con total lealtad, ejercer un criterio profesional in-dependiente y desligado de sus propios intereses, no divul-gar los secretos y las confidencias que el cliente haya com-partido durante el transcurso de sus representaciones pasadas y presentes. En consecuencia, los abogados no sólo deben evitar el conflicto de intereses actual, sino tam-bién el potencial. Basta con que el conflicto sea potencial para imponer al abogado la obligación de renunciar a la representación del cliente afectado. La situación no va-ría por el hecho de que alguien crea que dicha posibilidad es o no altamente especulativa.

El Canon 21 abarca, además, el conflicto de inte-reses por la representación múltiple y la representación sucesiva de clientes. La representación sucesiva de clientes con intereses adversos presenta el peligro especial de que el abogado viole el principio de la confidencialidad, pri-vilegio que subsiste aún luego de finalizada dicha representación. Para determinar si existe un conflicto por representación sucesiva se tiene que demostrar una re-lación sustancial o adversa entre la controversia legal en la que el abogado comparece actualmente en su contra y la materia o causa de acción en la que dicho abogado repre-sentó inicialmente. Sin embargo, el criterio de relación sus-tancial no requiere probar una violación actual al principio de confidencialidad, por lo que cobija cualquier violación potencial dentro del marco de dicha relación. Es decir, basta probar que la controversia en el pleito actual está relacionada sustancialmente con la materia o causa de ac-ción anterior.

Como vemos, el conflicto de intereses proscrito por el Canon 21 comprende tanto el conflicto de intereses perso-nales como el conflicto de obligaciones. La primera ver-tiente sostiene que el conflicto existe cuando los intereses personales del abogado interfieren con la representación adecuada y efectiva del cliente, al ser éstos incompatibles, dificultando de este modo el deber de lealtad hacia su cliente. En su segunda acepción, el conflicto de obliga-ciones existe cuando las representaciones simultáneas o sucesivas están en conflicto con su deber de guardar confi-dencias que ostenta el abogado con cada uno de sus clientes.

Es deber de todo abogado cerciorarse de que no represente intereses encontrados o incompatibles entre sí. Además, el abogado tiene que cuidarse de que sus actuaciones no den margen a la más leve sospecha de que promueve o defiende intereses encontrados con los de su cliente. En caso de que surja alguna sospecha, es deber del abogado desligarse de la representación profesional que ostenta. De este modo, se garantiza la más completa independencia de su juicio por parte de los abogados al desempeñar funciones profesionales y se evita que se ero-sione la confianza pública en las instituciones de justicia.

Es importante señalar que la prohibición sobre conflicto de intereses requiere la existencia de una relación de abogado-cliente, De ser así, se debe determinar si ello implica representar intereses encontrados o incompatibles. o que puedan serlo potencialmente. En conse-cuencia, es imprescindible determinar inicialmente si existe una relación abogado-cliente. Esto lo hemos reite-rado en decisiones anteriores donde, por un conflicto de intereses, hemos impuesto una sanción disciplinaria al amparo del Canon 21.

La relación abogado-cliente es una relación sui generis que responde en gran medida a las inexorables exigencias éticas de esta profesión. La doctrina moderna define la relación abogado-cliente como una relación múl-tiple, compuesta de las diferentes funciones que desem-peña un abogado. Cada una de estas funciones crea una relación diferente y particular con un grado de responsabi-lidad variable. El abogado puede desempeñarse como consejero, intermediario, defensor, auditor, legislador pri-vado y negociador. No obstante, esta relación comienza cuando el cliente acude al abogado a requerir sus servicios profesionales para que lo asesore o le represente en algún asunto.

El Procurador General alegó en su querella que la con-ducta del licenciado Santiago Ríos generó una situación de conflicto de intereses. Aduce, principalmente, que esta con-ducta se constituyó cuando, luego de cesar sus funciones en el bufete CNDR & B, fungió como Presidente de PRIME y subcontrató como los asesores legales de PRIME al mismo bufete donde había trabajado. No le asiste razón.

EL Procurador General y la representación legal del li-cenciado Santiago Ríos, en el informe de conferencia con antelación a la vista en su fondo, estipularon que una vez el licenciado Santiago Ríos renunció a CNRD & B, dejó de fungir como abogado, y que como Presidente de PRIME sus funciones eran gerenciales. Este hecho fue aceptado por el Procurador General.

Las estipulaciones de hechos contenidas en el informe de conferencia con antelación al juicio —sobre las cuales no existe controversia alguna— evidencian que en ningún momento el licenciado Santiago Ríos fungió como abogado de PRIME. Es menester señalar que el deber de lealtad exigido profesionalmente a los abogados en el Canon 21 se quebranta cuando se representan intereses encontrados o se entremezclan intereses personales con aquellos sustancialmente relacionados con el ministerio de la repre- sentación legal. Según expresamos antes, es esencial dis-tinguir entre la relación abogado-cliente y las otras activi-dades que con frecuencia los abogados desempeñan. Conforme a ello, para ejercer nuestra jurisdicción discipli-naria, la conducta en cuestión tiene que desarrollarse den-tro de una relación que haya adquirido la naturaleza de abogado-cliente.

Coincidimos con el criterio del Comisionado Especial, el cual expresó que el licenciado Santiago Ríos actuó tanto al contratar con ADS como al aceptar los servicios profesiona-les de CNRD & B, en su carácter de Presidente de PRIME. Es razonable concluir que la preparación académica de un ingeniero químico, como tal, era altamente beneficiosa para cumplir con los propósitos de la corporación PRIME. En vista de ello, el licenciado Santiago Ríos aceptó, como bien podía hacerlo, el nombramiento que se le hizo. Desde el momento cuando decidió ocupar dicho puesto, éste re-nunció a CNDR & B y dejó de ofrecer sus servicios legales a todas las partes en cuestión, razón por la cual no era su deber abogar en calidad de letrado en beneficio de un cliente por aquello a lo que debía oponerse en cumpli-miento de sus obligaciones como abogado para con otro cliente. Más aún, de los hechos presentados no surgió evi-dencia de que PRIME tuviese una División Legal atendida por el licenciado Santiago Ríos.

Conforme a lo anterior, y reiterando el criterio de que el Comisionado Especial designado por el Tribunal Supremo para atender un caso disciplinario está en mejor posición de aquilatar la prueba presentada, concedemos deferencia a la determinación de que no se violó en la situación de hechos aquí presente el Canon 21. Encontramos que, en este aspecto, las determinaciones de hechos estuvieron sostenidas por la evidencia presentada en el expediente.

IV

En cuanto al Canon 37 del Código de Ética Profesional, supra (Canon 37), éste dispone lo siguiente:

La participación del abogado en negocios o actividades de venta de bienes, agencias de cobro, fianzas u otros servicios comerciales propios o pertenecientes a otras personas no es una actividad propia de la buena práctica de la profesión si tal negocio o actividad tiene el fin directo o indirecto de proporcio-narle trabajo profesional lucrativo que de otra forma el bufete no hubiese obtenido. (Énfasis suplido.)

Dicho canon prohíbe que un abogado se dedique, ya sea directa o indirectamente, al negocio de fianzas o a alguna otra actividad que fuese incompatible con el ejercicio de la profesión. Preceptúa que no es una actividad propia de la buena práctica de la profesión, la participación de un abogado en negocios o actividades de venta de bienes u otros servicios comerciales, propios o pertenecientes a otras personas, si tal negocio o actividad tiene el fin directo o indirecto de proporcionarle trabajo profesional lucrativo que de otra forma el bufete no hubiese obtenido. Ahora bien, si el negocio no genera servicios legales adicionales para el abogado, no existe tal violación. De acuerdo con lo anterior, en In re Ramírez Ferrer, 147 D.P.R. 607 (1999), determinamos que un abogado que fungía como agente de una casa hipotecaria y no prestaba servicios legales vio-laba el Canon 37, supra.

Por otro lado, la situación actual presenta cada vez más, como un hecho palpable, el que una persona posea más de una título académico. Debido a ello, el profesional en cues-tión está legítimamente habilitado para desempeñar, con entera libertad, cualquiera de las profesiones para las cua-les está capacitado. Consciente de la pluralidad de funcio-nes que desempeña un abogado, la American Bar Association promulgó un reglamento modelo en el que considera los distintos tipos de conflictos que surgen entre los aboga-dos y sus clientes. Sin embargo, tanto en el referido re-glamento como en nuestro Código de Ética Profesional es esencial distinguir entre la relación abogado-cliente y el desempeño del abogado en otra profesión ajena al ejercicio de la abogacía. Por ende, un abogado puede libremente dedicarse a actividades ajenas a su profesión siempre y cuando no realice dicha actividad con el fin directo o indi-recto de proporcionarle trabajo profesional lucrativo que de otra forma el bufete no hubiese obtenido.

De la evidencia presentada y conforme a las estipulacio-nes de hechos realizadas por las partes no surge que el licenciado Santiago Ríos haya utilizado su puesto de Pre-sidente de PRIME con el fin directo o indirecto de propor-cionarse trabajo profesional lucrativo que de otra forma no hubiese obtenido. Cabe señalar que surge de las estipu-laciones de hechos que el licenciado Santiago Ríos no par-ticipó en la formación de la corporación PRIME y que re-nunció al bufete CNRD & B antes de ocupar el puesto como Presidente de dicha corporación. Así pues, al contratar con ADS, era a ésta a quien, en última instancia, rendía sus servicios.

El Procurador General sostiene en su querella que el licenciado Santiago Ríos supo de la disponibilidad del puesto de Presidente de PRIME mientras era abogado de CNRD & B. Sobre tal hecho, no se presentó evidencia alguna que el licenciado fungiera como abogado y ejecutivo de PRIME de manera simultánea en algún momento, agenciándose beneficios por su participación como Presidente de PRIME. Además, hay que señalar que el criterio a uti-lizarse en un proceso disciplinario es el de prueba clara, robusta y convincente, no afectada por reglas de exclu-sión ni a base de conjeturas. Se requiere una carga pro-batoria más acuciosa que la mera preponderancia de la prueba, ya que en estos procesos está en juego el título de un abogado y, por ende, su derecho fundamental a ganarse su sustento.

En vista de lo anterior, resolvemos que no se ofreció evi-dencia que nos permita concluir que el licenciado Santiago Ríos violó el Canon 37.

V

El Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra (Canon 38), entre otras cosas, dispone lo siguiente:

El abogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia. ...
Por razón de la confianza en él depositada como miembro de la ilustre profesión legal, todo abogado, tanto en su vida pri-vada como en el desempeño de su profesión, debe conducirse en forma digna y honorable. (Énfasis suplido.)

La práctica de la abogacía está revestida de un alto in-terés público, la cual requiere de una estricta observancia y reglamentación. Distinto quizás a otras profesiones, dicha práctica conlleva una seria y delicada función ciuda-dana, pues representa servicio, ética y ejemplo. Por ello, al interpretar este canon hemos señalado que la apariencia de conducta impropia puede resultar muy perniciosa al respeto de la ciudadanía por sus instituciones de justicia y por la confianza qüe los clientes depositan en sus abogados.

En repetidas ocasiones este Tribunal ha adver-tido que por ser los abogados el espejo donde se refleja la imagen de la profesión, éstos deben actuar con el más es-crupuloso sentido de responsabilidad que impone la fun-ción social que ejercen. El abogado tiene el deber de lu-cir puro y libre de influencias extrañas a su gestión profesional, y en el descargo de sus responsabilidades pro-fesionales, debe cuidar que sus actuaciones no den margen a la más leve sospecha de que promueve intereses suyos . encontrados con los de su cliente. Ello implica que todo abogado tiene el deber de desempeñarse con dignidad y alto sentido del honor, y aunque ello conlleve ciertos sacri-ficios personales, deberá conducirse en forma digna y honorable, tanto en la vida privada como en el desempeño de su profesión. Es conveniente recordar que el deber de comportarse conforme exige el citado Canon 38 aplica tanto dentro como fuera de la profesión. En otras palabras, un abogado que actúe de manera impropia no podrá justi-ficar su conducta aduciendo que no se relaciona con la pro-fesión de la abogacía.

El Procurador General argumentó en la querella contra el licenciado Santiago Ríos que la conducta violatoria al Canon 38 se configuró cuando al cesar como abogado de CNRD & B, aceptó el puesto de Presidente de PRIME. Ex-presó, además, que se apartó de las exigencias del Canon 38 al subcontratar el mismo bufete donde había trabajado anteriormente. Asimismo, sostuvo que la carta que sus-cribió el licenciado Santiago Ríos, en reacción a un des-acuerdo con la revisión de una factura enviada por ADS, dio la apariencia de que el licenciado Santiago Ríos asumió una posición favorable al bufete CNRD & B y perjudicial a ADS. No coincidimos con ese criterio.

La carta cursada por el licenciado Santiago Ríos, aun cuando en efecto fue una reacción a los ajustes realizados en las facturas, manifestaba la disposición de asistir a la ADS en la recopilación de la información necesaria para aclarar dicha problemática. Además, de una lectura integral de ésta se desprende el interés por resolver la contro-versia en aras de favorecer los mejores intereses de todas las partes y, consiguientemente, promover el mejor desa-rrollo del Plan. Cabe destacar, además, que como Presi-dente de PRIME, el licenciado Santiago Ríos podía mostrar un interés legítimo en asegurarse de que las entidades subcontratadas por el Consorcio no enfrentaran inconve-nientes a la hora de cobrar sus servicios.

Por su parte, el Comisionado Especial expresó que la proximidad del licenciado Santiago Ríos con el bufete CNRD & B pudo haber ocasionado algún grado de suspica-cia o recelo en el público en general, lesionando así la ima-gen de la profesión legal. No obstante, en lo que respecta a este asunto, el Comisionado Especial en su informe ex-presó que “[l\a prueba estipulada no aporta información mayor que nos permita concluir, con rotundidad, sobre este aspecto, razón por la cual dejamos de sobreextendernos”. (Énfasis suplido.) Informe del Comisionado Especial, pág. 17. La conducta imputada ha de ser aquella que realmente le haga indigno de pertenecer a este foro. A esos fines, se debe analizar si la conducta imputada realmente afecta las condiciones morales del abogado.

Por lo tanto, con los hechos aquí presentes no es razo-nable concluir que la conducta desplegada por el quere-llado atentó contra la comunidad o contra la profesión en general.

VI

En virtud de los fundamentos que preceden, concluimos que la conducta desplegada por el licenciado Santiago Ríos no constituyó una violación a los Cánones 21 y 37 ni revis-tió la gravedad que contempla el Canon 38 del Código de Ética Profesional. Por lo tanto, declaramos “sin lugar” la querella presentada en su contra y ordenamos el archivo del asunto.

La Jueza Asociada Señora Fiol Matta concurrió sin opi-nión escrita.

       4 L.P.RA. Ap. IX.

       El 19 de abril de 1998, mediante la Orden Ejecutiva Núm. 18, el honorable Pedro Rosselló, entonces Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, elevó el referido plan a política pública. El 15 de enero de 1999, mediante la Resolución Núm. 99-02, suscrita por el ingeniero Daniel Pagán, Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, creó el Plan de Infraestructura Regional para Reciclaje y Disposición de Desperdicios Sólidos de Puerto Rico (Plan).

       El licenciado Rivera Vicente era el accionista mayoritario de dicha corpora-ción en un 75%, y el Dr. Manuel Morales recibía un 25% de las acciones emitidas. Ambos eran quienes designaban la Junta de Directores de PRIME.

       No obstante, entre 1996 y 1997, además de presentarse a la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS), el concepto se presentó a varias agencias de gobierno tales como Turismo, el Departamento de Salud y el Banco Gubernamental de Fo-mento, entre otras.

       El contrato entre PRIME y la ADS estuvo a cargo del Ledo. Carlos Ruiz Cox, bajo la dirección del licenciado Santiago Ríos y de la Leda. Marie Code de ADS.

       Mediante este contrato se propició la privatización de gran parte de las áreas técnicas, operacionales y legales de ADS. En el contrato “Management Assistance Service Agreement” (contrato MASA) se certificó que PRIME no tenía ningún con-flicto de interés o de política pública con ADS.
      En atención a ello, se incluyó entre sus cláusulas el establecimiento de un “Permanent Joint Executive Comitee” para tener un mecanismo para discutir asuntos de envergadura que afectaran la implementación del Plan y para que la ADS fiscalizara directamente el contrato de servicios profesionales entre ADS y PRIME. Además, en el referido contrato se acordó que en la subcontratación que realizaría PRIME, se esta-blecería que los subcontratistas estarían igualmente obligados al cumplimiento de las disposiciones del contrato MASA en cuanto aplicara a sus respectivos servicios.

       La carta fue suscrita el 7 de octubre de 1999 y, entre otras cosas, expresaba lo siguiente:
      "... El ajuste drástico de las facturas se ha convertido en la norma y no en la excepción, a nuestro juicio, por causas ajenas a nuestra voluntad y fuera de nuestro control. Ejemplo de ello es que ha sido la propia ADS quien ha requerido los servicios de CNRD & B, a través de PRIME. La prudencia exige que la determinación de la ADS sea en unión a PRIME con la asistencia del subscribiente. De ser necesario estamos en la mejor disposición de asistir a la ADS en la recopilación de toda la información indispensable que evite esta problemática. En última instancia, la repe-tición de este patrón de conducta no favorece los mejores intereses de ninguna de las partes y en forma alguna promueve el adelanto de los proyectos de infraestructura, lo cual es nuestra meta común

        In re Avilés, Tosado, 157 D.P.R. 867, 882 (2002); In re Sepúlveda Girón, 155 D.P.R. 345, 355 (2001). Véase, además, In re Toro Cubergé, 140 D.P.R. 523 (1996).

        In re Vélez Barlueca, 152 D.P.R. 298, 309 (2000); In re Belén Trujillo, 126 D.P.R. 743, 754-755 (1990); In re Pereira Esteves, 131 D.P.R. 515 (1992); In re Rivera Carmona, 114 D.P.R. 390 (1983).

        In re Avilés, Tosado, supra.

        In re Dennis Vélez Barlueea, supra; Liquilux Gas Corp. v. Berrios, Zaragoza, 138 D.P.R. 850, 857-858 (1995); Robles Sanabria, Ex parte, 133 D.P.R. 739 (1993).

        In re Bonilla Rodríguez, 154 D.P.R. 684, 694 (2001).

       Íd.

       Íd.; Fed. Pese. Playa Picúas v. U.S. Inds., Inc., 135 D.P.R. 303, 319 (1994).

        In re Carreras Rovira y Suárez Zayas, 115 D.P.R. 778 (1984).

        In re Guzmán, 80 D.P.R. 713 (1958).

        In re Carreras Rovira y Suárez Zayas, supra.

        Otaño v. Vélez, 141 D.P.R. 820 (1996).

        In re Belén Trujillo, supra. Véase, además, In re Bonilla Rodríguez, supra.

        In re Rivera Vicente, 172 D.P.R. 349 (2007).

       Íd.

        In re Roldán González, 113 D.P.R. 238, 242-243 (1982).

       Íd.

        In re Palou Bosch, 148 D.P.R. 717, 725 (1999).

        In re Soto Cardona, 143 D.P.R. 50 (1997).

      e) In re Pizarro Santiago, 117 D.P.R. 197 (1986).

        Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 D.P.R. 172 (1985).

        In re Pizarro Santiago, supra; In re Carreras Rovira y Suárez Zayas, supra; In re Rojas Lugo, 114 D.P.R. 687 (1983); In re Roldán González, supra; In re Concepción Suárez, 111 D.P.R. 486 (1981); In re Martínez Rivera, 106 D.P.R. 239 (1977).

        López de Victoria v. Rodríguez, 113 D.P.R. 265 (1982).

       Íd.

        In re Belén Trujillo, supra.

        In re Clavell Ruiz, 108 D.P.R. 259 (1978).

        In re Rivera Vicente, supra; In re Roldán Figueroa, 106 D.P.R. 4 (1977).

        In re Belén Trujillo, supra, págs. 755-756, citando Annotated Model Rules of Professional Conduct, Reglas 1.1 a 1.9 (1984).

        In re Belén Trujillo, supra.

        In re Rivera Vicente, supra; In re Roldán Figueroa, supra; In re Clavell Ruiz, 106 D.P.R. 257 (1977).

        In re Rodriguez Mercado, 165 D.P.R. 630 (2005).

        In re Pizarra Santiago, supra.

        In re Caratini Alvarado, 153 D.P.R. 575 (2001).

       Íd.

        In re Negrón Negrón, 163 D.P.R. 586 (2004).

        In re Cuyar Fernández, 163 D.P.R. 113 (2004); In re Cintrón Colón, 161 D.P.R. 778 (2004); Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, 133 D.P.R. 599, 613 (1993).

        In re Rivera Vicente, supra; In re Fernández de Ruiz, 167 D.P.R. 661 (2006).

        In re Ortiz Brunet, 152 D.P.R. 642, 556 (2000); In re Silvagnoli Collazo, 154 D.P.R. 533 (2001).

        In re Morell, Alcocer, 158 D.P.R. 791 (2003).

        In re Quiñones Ayala, 165 D.P.R. 138 (2005).

        In re Peña Peña, 153 D.P.R. 642 (2001); In re Astado Caraballo, 149 D.P.R. 790 (1999); In re Belk, Serapión, 148 D.P.R. 685 (1999); In re Martínez, Odell I, 148 D.P.R. 49 (1999); In re Ramírez Ferrer, 147 D.P.R. 607 (1999); In re Rivera Cintrón, 114 D.P.R. 481, 491 (1983); Colegio de Abogados de P.R. v. Barney, 109 D.P.R. 845 (1980).

       Cabe señalar que en In re Rivera Vicente, supra, atendimos la relación contractual entre PRIME y el bufete Cancio, Nadal, Rivera, Díaz y Berrios (CNRD & B), para resolver si tal actuación colocó al licenciado Rivera Vicente en un conflicto o potencial conflicto entre su deber de lealtad hacia ADS y las obligaciones asumidas con PRIME como subcontratistas. A esos efectos, citando a In re Semidey Morales, 151 D.P.R. 842 (2000), expresamos que “conviene tener en mente que el Canon 21, supra, contempla que un abogado sea contratado por un tercero para ofrecer servi-cios legales a determinado cliente y que, incluso, sea ese tercero quien pague sus honorarios. En tales casos, el cliente es la persona cuyo interés representa el abo-gado, aunque haya sido un intermediario quien contrató con él”. íd., pág. 366. Con-secuentemente, resolvimos que “la relación abogado-cliente conlleva que el abogado despliegue completa lealtad hacia su cliente y, por su parte, [que] la relación [de CNRD & B] con PRIME también suponía cierto grado de lealtad. [A/]oda en el expe-diente indica que ambas exigencias fueran incompatibles. ... Además, en previsión a cualquier conflicto potencial y en cumplimiento con las pautas establecidas en el Canon 21, supra, las partes acordaron que el Bufete nunca representaría legalmente a PRIME”. (Enfasis suplido y escolio omitido.) íd., págs. 366-367.