text:
    Isabel Osorio, peticionaria y apelada, v. Providencia Planis, opositora y apelante.
    No. 5557.

    Sometido: Enero 19, 1931.

      Resuelto: Enero 30, 1931.

      A. L. López, abogado del apelante; González Fagundo <& González Jr., abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

En el expediente sobre declaración de herederos db in-testato de Román Boada, iniciado por Isabel Osorio ante la Corte de Distrito de Humaeao, presentó Providencia Plañís una moción de intervención, expresando interés adverso al de los peticionarios, y acompañando su moción de oposición, jurada. En la oposición alegó que no es cierto que Román Boada falleciera sin testar, y que tenía testamento ológrafo en que dejaba sus bienes a la opositora, quien solicitó se de-clarara sin lugar' la petición de declaración de herederos.

A esta solicitud recayó una resolución de la corte, en la que se dice que no apareciendo de la moción de intervención el interés de la peticionaria, se declara sin lugar tal moción. Y la peticionaria apeló ante este tribunal.

Ahora Isabel Osorio, apelada, nos pide que se desestime la apelación, por no ser apelable la resolución de que se trata.

En el caso Revilla v. Corte de Distrito, 39 D.P.R. 64, se ha dicho por este tribunal:

“Nos inclinamos a convenir con los letrados de la demandante en que una orden que elimine de los autos una demanda de interven-ción, equivale sustancialmente a una sentencia final y que, por con-siguiente, es apelable.”

La resolución en este caso, si se consintiera o prevale-ciera, pondría término al procedimiento especial, en cnanto a la aquí apelante.

Por tales razones se declara sin lugar la desestimación que se solicita por parte de Isabel Osorio.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor del Toro,

license: Public Domain

text:
    Sucesión de Aniceto Fernández, demandantes y apelantes, v. Sucesores de José María Ortiz, demandados y apelados.
    No. 4458.

    Sometido: Junio 5, 1930.

      Resuelto: Enero 30, 1931.

      F. Cervoni Gely, abogado de la apelante; R. A. Arroyo Ríos y Vicente Ortiz León, abogados de los apelados.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes como herederos de Aniceto Fernández reclaman en este pleito una finca de quince cuerdas veinte y cuatro céntimos de otra, situada en el barrio de Camino Nuevo, de Yabucoa, que sostienen está en posesión de los de-mandados, sin que éstos tengan título o derecho alguno que justifique esa posesión. Los demandados en su contestación admiten que están en posesión de la finca descrita en la de-manda, habiéndola adquirido por compra a Doña Aurora-Arroyo en 1919, quien a su vez la adquirió en 1914 por com-pra a Don Eamón Tirado, a quien se la vendió en 1913 Don José L. Berrios y su esposa que la compraron a los herede-ros de Don Eamón Meléndez, que eran dueños por compra al causante de los demandantes Aniceto Fernández verificada en el año de 1896, constando todas las trasmisiones inscritas en el Eegistro de la Propiedad de Humacao. Alegaron tam-bién los demandados a su favor la prescripción.

Fué el pleito a juicio. Ambas partes practicaron su prueba y la corte dictó sentencia finalmente declarando la de-manda sin lugar. No conformes los demandantes apelaron. Alegan que la corte erró al apreciar la prueba y analizan ésta detalladamente para sostener sus puntos de vista.

La prueba en verdad es complicada y hay que reconocer que existen declaraciones que sostienen la posición de los de-mandantes, pero después de un detenido estudio, creemos que la apreciación que de ella hizo el juez sentenciador, debe pre-valecer. Es así:

“De la prueba, tanto documental como testifical practicada por ambas partes aparecen probados los siguientes hechos:
“Allá por el año 1872 D. 'Gregorio Lastra era dueño de ciertos terrenos sitos en Yabucoa, los cuales permutó con Da. María del Rosario Pérez Ortiz y ésta asistida de su esposo D. Nicolás Lugo, por escritura de 13 de septiembre de 1880, vendió a D. Emilio Tirado una porción de dicho terreno o sean quince cuerdas, veinticuatro centavos de otra cuya descripción y linderos son los mismos de la finca que hoy se reclama.
“Esta última venta fué inscrita en el Registro de la Propiedad de Humacao, en el tomo 10 de Yabucoa, al folio 21 y su vuelto finca número 514.
“En 29 de julio de 1891, D. Emilio Tirado y por escritura pú-blica cedió en venta la finca que adquiriera de doña María del Bo-sario Pérez, a don Aniceto Fernández causante de los demandados (sic) inscribiéndose dicba finca en el Begistro de la Propiedad, for-mando” la inscripción segunda de la ya mencionada finca con cuya inscripción termina en el Begistro el historial de la misma o sea la marcada con el No. 514.
“Don Emilio Tirado en el año 1886 inscribió en el Begistro de la Propiedad bajo el No. 288 y a virtud de un expediente posesorio, una finca de cuarenta cuerdas sita en el barrio de Camino Nuevo, ele Yabucoa, cuya descripción no se hace ahora necesaria, alegando haberla adquirido por compra a la Sucesión de Begina de la Cruz, de la cual segregó un predio de quince cuerdas que pasó a formar una finca nueva inscrita bajo el No. 515 y otra parcela más que no es de interés en esta acción, siendo la descripción de la porción de 15 cuerdas segregada, según aparece del Begistro de la Propiedad, la siguiente:
“1. Bústica: Estancia destinada a pastos sita sin nombre especial en el barrio de Camino Nuevo, término municipal de Yabucoa, compuesta de quince cuerdas de terreno equivalentes a cinco hectá-reas, ochenta y nueve áreas, y cuarenta y cinco centiáreas. linda por el Oeste con otros terrenos de Margarita Cruz, por el Norte con otros de Emilio Tirado, por el Sur con otros del mismo Tirado y por el Este con otros terrenos que forman parte de esta finca propiedad del mismo Tirado.
“Esta finca de quince cuerdas segregada de la de cuarenta fué vendida por su propietario Emilio Tirado, al Sr. Aniceto Fernández por escritura ante el notario D. Marcelino Estevanez de fecha 24 de mjarzo de 1890 e inscrita en el Begistro de la Propiedad de Humacao.
“Dueño don Aniceto Fernández de las dos fincas anteriormente descritas de quince cuerdas veinticuatro céntimos una y de quince cuerdas la otra adquirida la primera de doña María del Bosario Pé-rez y la segunda de Emilio Tirado, con fecha 29 de junio de 1896 trasmite en venta a don Bamón Meléndez Tirado y por escritura pública uno de los predios anteriormente referidos describiendo el mismo con una cabida de quince cuerdas veinticuatro centavos y las colindaneias las mismas de la finca que él adquiriera de doña María del Bosario Pérez, finca No. 514 del Begistro, pero al referirse al tí-tulo de su adquisición, no hace referencia a dicha señora y sí a Emilio Tirado del cual había adquirido sólo quince cuerdas inscritas bajo el No. 515, que era la otra finca de su propiedad.
“El Begistrador de la Propiedad inscribió dicha finca con la ca-bida y colindaneias cambiadas, atendiendo al título de su adquisi-ción y no a su descripción y como si se tratara de la finca No. 515 aunque sus colindancias y cabida coinciden con la No. 414, ya men-cionada.
“En esta forma y con dicha descripción continuó la finc'a tras-mitiéndose, pasando de don Ramón Meléndez a su sucesor y por ce-sión que hicieran de sus derechos hereditarios ciertos herederos del citado Ramón Meléndez y su esposa doña Vicenta Rivera, se adjudicó a don José I>. Berrios en las operaciones divisorias de la herencia de dichos causantes, trasmitiéndola éste a su vez a D. Ramón Tirado Millón y éste a doña Aurora Arroyo y Arroyo de quien la adquirie-ron los demandados Sucesores de José María Ortiz por escritura de 3 de mayo de 1919.
"De los anteriores antecedentes aparece pues, que bien por un error o por otras causas ignoradas, D. Aniceto Fernández, al tras-mitir una finca de su propiedad a Ramón Meléndez Tirado, cambió la cabida y colindancias de la misma, dando lugar con ello a la con-fusión motivante del presente pleito.
"No hay prueba en los autos que demuestre que la finca descrita no pasara a la posesión y dominio de los siguientes tramitentes hasta llegar a los Sucesores de José María Ortiz, lo que nos demuestra que a pesar del error habido, Aniceto Fernández se desprendió de tal posesión, viniendo a subsanar este hecho el punto del cual fuera la finca trasmitida en verdad.
"Pero de cualquier manera que fuera es un hecho que no ha sido puesto en controversia, que Aniceto Fernández hubo de quedarse con la otra finca de quince cuerdas y siendo el error cometido de su parte. ¿Podría él si viviera obtener la reivindicación de la finca, quedándose con la otra porción de terreno y con el precio que había recibido de Ramón Meléndez Tirado?
"Entendemos que no, y siendo así tampoco podrían hacerlo hoy sus herederos que son la continuación de la personalidad de su cau-sante.
"Por otra parte Aniceto Fernández, al vender la finca a Ramón Meléndez Tirado vendió un predio de quince cuerdas con veinticua-tro centavos, describiendo sus colindancias y a estos datos es que de-bía de atender su comprador, a los efectos de la posesión y no al tí-tulo de adquisición que expresara el vendedor al llevar a cabo la venta.
"Los demandados Sucesores de José María Ortiz, adquirieron dé persona que aparecía en el Registro de la Propiedad con título ins-crito y suficiente para trasmitir sin que estuvieren obligados a in-vestigar el hecho o las razones que determinaran al Sr.. Aniceto Fer-nártdez a cambiar los términos en el contrato ele venta a Ramón Melendez Tirado de 29 de junio de 1896, sin que dichas actuaciones de Fernández puedan perjudicar sus derechos.”

Estudia luego el juez de distrito en su opinión la cuestión de prescripción alegada por los demandados, y sostiene que habiendo transcurrido veinte y nueve años y meses desde que el primer adquirente del causante de los demandantes entró en posesión a virtud de justo título, hasta la fecha en que la demanda se interpuso, la prescripción ha convalidado cual-quier defecto que pudiera existir. Cita los casos de Martorell et al. v. Ochoa Hermanos, 25 D.P.R. 762, y Teillard v. Teillard et al., 18 D.P.R. 567-568. Estamos conformes.

No basta que algunos testigos de los demandantes afirmen que los demandados están también en posesión de otra finca de 15.24 cuerdas que no les pertenece. En un caso como éste, debió'identificarse sobre el terreno la finca.

Declarando en el juicio, los demandantes Enrique y Fa-cundo Fernández, hijos de don Aniceto, insisten en que su padre jamás vendió la finca que ahora reclaman. Dicen que al morir su padre estaba en posesión de las 15.24 cuerdas, en las que dejó a su compadre Eamón Meléndez cuando se fué a vivir al pueblo donde murió. En una parte de su de-claración expresan: “que en el año 1906 su padre vendió una parte de la finca de 120 cuerdas que tenía en Camino Nuevo y se fué de allí dejando a su compadre encargado de las 15.24 cuerdas las cuales formaban parte de las 120 en que vivía su padre”; en otra: “que su padre vendió todas las 120 cuerdas excepto las 15”, y en otra: “que al morir su padre estaba en posesión de las 15.24 en las que tenía a su compadre; y que, además, tenía otra finca de doce cuerdas en Camino Nuevo y otra de siete u ocho: tres fincas por junto”.

Se presentó como prueba el testamento abierto de don Aniceto, otorgado en 1914, tres días antes de su muerte, y llama mucho la atención que describiéndose como se descri-‘ben en él los bienes del testador, sólo se mencionen una finca de doce cnerdas, con casa, situada en el barrio de Camino Nuevo, otra en el mismo barrio de siete cnerdas y media, y otra de media cnerda, situada también en Camino Nuevo. No se bace referencia a finca alguna de 15 cuerdas o de 15.24.

El señor Fernández murió en el mismo municipio donde estaban sus propiedades, sobre viviéndole su esposa y ocho de los once hijos que con ella tuvo, entre ellos los declarantes Enrique y Facundo que tenían entonces 30 y 28 años de edad, respectivamente, y es muy extraño que tratándose de una fa-milia tan numerosa y que poseía tan pocos bienes, perdiera su conexión con la finca de 15 cuerdas o de 15.24 situada en el propio barrio de Camino Nuevo, hasta el 1926 en que en-tablaron este pleito.

Con tal prueba, aunque pudiera quedar cualquier duda en el ánimo del juzgador favorable a los demandantes, no es posible mandar a unos demandados poseedores de fincas en el barrio de Camino Nuevo que adquirieron de varios dueños, entre ellas una de 15.40 cuerdas que compraron a persona que traía su título del propio causante de los demandantes, que entreguen a éstos las 15.24 cuerdas que con determinadas colindancias aparecen inscritas en el registro a nombre de su causante sin que del registro conste que se haya hecho con ellas operación posterior alguna. La virtualidad de una ins-cripción por sí sola no puede llegar a tanto. Lo más que pudo hacerse fué lo que hizo el juez sentenciador en este caso: desestimar la demanda sin especial condena de costas.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


text:
    Rafael M. García, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    No. 827.

    Sometido: Diciembre 22, 1930.

      Resuelto: Enero 30, 1931.

      13. Huertas Zayas, abogado del recurrente; el registrador recurrido compareció por. escrito.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Presentada en el Registro de la Propiedad de San Ger-mán cierta escritura de compraventa e hipoteca otorgada por •el tutor de una persona incapaz por razón de demencia y de ■otras personas menores de edad, el registrador la inscribió totalmente en cuanto a la compraventa y sólo en lo que res-pectaba a los menores en cuanto a la hipoteca. Fundó su ne-gativa así:

“PrimeRO: Porque la certificación librada por el Secretario de la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Ponce de fecha once de julio del corriente año y. que se marca con la letra ‘A’ y la cual se acompaña como documento complementario a la predicba escritura, en esa certificación se inserta entre otras cosas, o sea el nornbra-Hijiento de tutor para Inés Mercado Torres recaído en la persona de Nicolás García Torres en cuyo carácter comparece en la mencionada escritura, sin que en la precitada resolución ni por ningún otro do-cumento se baya justificado ni se justifique que para llevar a efecto el nombramiento de tutor para la susodicha Inés Mercado, haya pre-cedido su declaración de incapacidad, requisito éste de suma impor-tancia e indispensable, a los fines de la ley, según lo determina la sección segunda del capítulo III, Título X, Libro I del vigente Có-digo Civil.
‘ ‘ SegüNdo : Porque si bien se hace constar en la certificación su-pradieha y en su parte dispositiva que se nombra tutor de la indi-cada Inés Mercado a Nicolás García Torres por estar aquélla inca-pacitada, este extremo de la incapacidad para que surta todos Ios-efectos legales por imperio de la ley, es necesario que por la Honorable Corte, se hubiese declarado expresamente la incapacidad de la Mercado en y por el procedimiento a que se alude el precepto legal antes indicado; de acuerdo con las disposiciones de la ley sobre la materia, D.P.R. tomo 30, página 758. Tomo 36, página 553. San Germán, noviembre seis de 1930.”

No conforme el tutor, interpuso el presente recursa gubernativo. Para resolverlo es necesario transcribir la sentencia de la corte, acompañada a la escritura otorgada por el tutor. Dice así:

“Por CUANTO, en el presente caso Rafael M. García, radicó bajo juramento una petición solicitando que la corte nombre un tutor a Inés Mercado Torres, previa declaración de incapacidad que en mo-ción aparte solicita el Fiscal del Distrito.
“Por cuanto, de la referida petición, así como de la prueba pre-sentada y admitida en la vista de este caso resulta que la mencionada Inés Mercado Torres forma parte de la Sucesión de Rafael Irizarri Irizarri, en que existen bienes y cuatro hijos menores de edad a quienes el finado les nombró como tutor a Nicolás García; que el referido tutor no ha podido actuar como tal porque los referidos me-nores tienen madre que aunque hace tiempo está demente, no había sido declarada oficialmente como incapaz;
“Por Cuanto, vista la moción del Fiscal del Distrito en la que expone que la referida Inés Mercado Torres está demente y no puede regir su persona y bienes; que las.personas llamadas a sucederle abintestato son menores de edad y que solicita que la corte la declare incapacitada;
“PoR CUANTO, las tínicas personas existentes a quienes por ley corresponde la tutela de la referida Inés Mercado Torres y que son sus hermanos Antonio y Cristina Mercado, han expresado bajo jura-mento que no les es posible aceptar dicha tutela y que para ello re-comiendan a Nicolás García o sea el mismo que el finado Sr. Irizarri designó a los menores hijos;
. “PoR Cuanto, de la prueba practicada aparece que los bienes que posee la mencionada sucesión ascienden a $1,800.00.
“Por tanto, la corte es de opinión que debe dictar y dicta una áentencia declarando que Inés Mercado Torres está incapacitada para regir su persona y bienes y nombra como tutor de la misma a Ni-colás García, quien deberá prestar una fianza de $300.00 para responder a la incapacitada de los daños y perjuicios que pudiera cau-sarle por razón de esta tutela.”

La ley aplicable está contenida en los artículos del Código-Civil Revisado que a continuación se transcriben:

“Artículo 250. — No se puede nombrar tutor a los locos, demen-tes y sordomudos mayores de edad, sin que preceda la declaración hecha por la corte de distrito de su domicilio, de que son incapaces para administrar sus bienes.
“Artículo 251. — Pueden solicitar esta declaración el cónyuge y los parientes del presunto incapaz que tengan derecho a suceder]© abintestato.
“Artículo 252. — El fiscal deberá pedirla:
“ ‘1. Cuando se trate de dementes furiosos.
“ ‘2. Cuando no exista ninguna de las personas mencionadas en el artículo precedente o cuando .no hicieren uso de la facultad que les concede.
“ ‘3. Cuando el cónyuge y los herederos del presunto incapaz sean menores o carezcan de la personalidad necesaria para compa-recer en juicio.
“ ‘En todos estos casos, la corte de distrito correspondiente nom-brará defensor al presunto incapaz que no quiera o no pueda defen-derse. En los demás, será defensor el fiscal.’
“Artículo 253. — Antes de declarar la incapacidad, la corte de-distrito oirá el dictamen de facultativos y las demás pruebas que-considere necesarias.
“Artículo 254. — La declaración de incapacidad deberá hacerse-sumariamente y mediante comparecencia verbal ante la corte de dis-trito. La que se refiere a sordomudos fijará la extensión y límites de la tutela según el grado de incapacidad de aquéllos.”

No iiay duda alguna que la declaración de incapacidad debe preceder al nombramiento de tutor. Como que el tutor se nombra a virtud de la incapacidad. Sin embargo esto no quiere decir que la corte que acaba de resolver sobre la in-capacidad no pueda inmediatamente decidir sobre el nombra-miento de tutor.

Lo normal es que se tramiten dos expedientes, uno sobre incapacidad y otro sobre tutela, pero tratándose de la misma corte no vemos por qué no pueda en la propia sentencia ha-cerse como se hizo en este caso, esto es, declarar la incapaci-dad y nombrar el tutor. Aunque sea de un instante, la pre-cedencia existe.

La duda que surge y que nos lleva a la confirmación de la nota recurrida, es la de que si bien aparece de los por cuantos de la sentencia declarando la incapacidad y nombrando el tutor, que actuó el fiscal y que su moción fué vista, no consta que se hubiera seguido por completo el procedimiento de ley, nombrándose el defensor a la presunta incapaz y oyéndose el dictamen de facultativos, que exige el estatuto.

A fin de que se inscriban en el registro los títulos en la forma más perfecta que sea posible, quedando de tal modo protegidos los terceros con su sola inspección, debe demos-trarse con toda claridad en un caso como éste, que se ha se-guido el procedimiento de ley. Esta demostración pueden exigirla los registradores de acuerdo con la ley y la juris-prudencia, pues con ello no penetran en el campo peculiar y exclusivo reservado a los jueces, apreciando la justicia o in-justicia de sus resoluciones, sino que cumplen con la respon-sabilidad que les impone la misma Ley Hipotecaria en su ar-tículo 18, de calificar la legalidad de las escrituras y de los documentos expedidos por la autoridad judicial que se les presenten, y la capacidad de- las partes, por lo que resulte de los mismos documentos y escrituras, y a los solos efectos de admitir, suspender o negar la inscripción o anotación solici-tadas.

Debe confirmarse la nota.


author: El Jíjez Asociado Señor Wole,

text:
    Charles E. Lawton, peticionario, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. Angel R. de Jesús, Juez, demandada.
    No. 270.

    Sometido: Diciembre 29, 1930.

      Resuelto: Enero 30, 1931.

      F. Soto Qras, abogado del peticionario; J. S. Brown y H. Q. Molina, abogados del demandante en el pleito principal.
   EN RECONSIDERACIÓN .

El Jíjez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un caso en que a virtud de varios procedimientos surgió una sentencia en la Corte de Distrito de San Juan. No importa que la sentencia final dictada lo fuera en respuesta a una sentencia o resolución de este tribunal. La sentencia resultante fué necesariamente una sentencia de la Corte de Distrito de San Juan, sujeta a ser modificada o ata-cada en la misma forma qne cualquiera sentencia similar de dicfia corte qne no había sido apelada.

El peticionario presentó una solicitud de mandamus fun-dándose principalmente en qne un pleito solicitando la mo-dificación de la sentencia previamente dictada o la modifica-ción del contrato envuelto era ineficaz o no debía ser consi-derado. Fuimos de opinión que el aludido nuevo pleito no estaba tan carente de mérito que debiera ser rechazado y así lo dijimos en una resolución per curiam. El peticionario so-licita la reconsideración.

No discutimos las medidas provisionales tomadas por la corte de distrito para preservar el status quo. Sin embargo, creemos que es de por sí evidente que si procede un litigio para modificar un contrato o una sentencia, en Puerto Rico por lo menos pueden tomarse medidas para preservar el status quo. Artículo 36 del Código de Enjuiciamiento Civil; Sucesión Iglesias v. Bolívar, 11 D.P.R. 571; Goffinet et al. v. Polanco, 30 D.P.R. 826; Las Monjas Racing Corporation v. Corte de Distrito, 40 D.P.R. 298. Con excepción de que, si un pleito sobre modificación es enteramente frívolo o carente de mérito el derecho a ordenar mediante mandamus la ejecución de una sentencia indebidamente rehusada debe ser preservado, debimos haber estado dispuestos a seguir las autoridades citadas por la parte opositora al efecto de que el auto de mandamus no era el remedio de que el peticionario podía valerse.

Debe declararse sin lugar la moción de reconsideración.


author: El Juez Asociado Señor HutohisoN,

text:
    Salvador Rivera y la Asamblea Municipal de Arroyo, querellantes y apelados, v. Hipólito González, Alcalde Municipal de Arroyo, querellado y apelante.
    No. 5311.

    Sometido: Diciembre 23, 1930.

      Resuelto: Enero 30, 1931.

      José Ruis de Val y Fernmdo Beiró Rovira, abogados del querellado-apelante; Bolívar Pagan, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor HutohisoN,

emitió la opinión del tribunal.

El alcalde de Arroyo fué residenciado y destituido de su: cargo por la asamblea municipal, por los fundamentos con-signados en el tercero, el cuarto, el sexto y el séptimo de una. serie de cargos, que leen así:

“3. — El citado alcalde autorizó se pagase como se pagó a Alfredo’ Cintrón, de los fondos públicos del municipio, la cantidad de quinee-dólares por un viaje político, ajeno al municipio, realizado de Arroyo a San Juan en el mes de mayo de 1929, siendo ese pago en detrimento del municipio.
“4. — El citado alcalde realizó la tentativa de malversar fondos-públicos del municipio, autorizando como autorizó que se expidiese una orden de materiales de plomería dirigida a la firma mercantil de Arroyo denominada Juan Covas y Comipañía, solicitando como so-licitó se entregase como se entregó con cargo a los fondos municipales, los siguientes efectos con cargo a la partida ‘Conservación y Repa-ración del Acueducto’, 60 pies de tubería de 2/8 pulgada de diáme-tro; una llave de paso, una llave de chorro, un T, 6 codos, una unión. Todos estos materiales fueron usados en la casa particular de Eugenio Silva, radicada en el lugar llamado ‘Ensanche’ y des-pués de haber sido utilizados dichos materiales en la dicha casa, cuando fué acusado ante el Gran Jurado de la Hon. Corte de Dis-trito de Guayama por tal hecho, mandó a cancelar la orden destru-yendo la prueba con la cual se le perseguía, lo cual es un delito pe-nable conforme a las leyes criminales de Puerto Rico. La orden de la toma de los materiales aludidos fué dictada en julio 2 del 1929.
“6. — El citado alcalde no ha rendido al municipio de Arroyo ni al Hon. Gobernador de Puerto Rico el informe anual que ordena la presente Ley Municipal en su artículo 29, habiendo descuidado ne-gligentemente el cumplimiento de su deber. Los precedentes cargos son por la manifiesta negligencia demostrada por el citado alcalde en el desempeño de su ministerio, infligiendo como ha infligido por ello’ graves perjuicios a este municipio, perjuicios que ya son irreparables.
“7. — El citado alcalde bailaba el día 15 de julio de 1929, en es-tado de embriaguez, en un baile de mujeres prostitutas, en el lugar denominado Pasto en Arroyo, P. R., exponiéndose a la censura del público y lo que es una tremenda depravación moral, que lo inca-pacita para el alto cargo que se le confió de alcalde de este pueblo y además frecuentemente se exhibe por las calles de este pueblo en completo estado de embriaguez y así se presenta en su oficina, cuando por casualidad viene a la misma en horas laborables, lo que le im-posibilita para prestar servicio inteligente al pueblo, al municipio.”

Estos cargos fueron formulados en abril, 1930, unos once meses después de la fecha del incidente a que se refiere el cargo número tres.

Con anterioridad a mayo de 1929, el alcalde había formulado ciertos cargos contra un empleado del municipio. Se celebró luego una vista pública, y hubo alguna fricción entre el alcalde y la asamblea. El presidente del Partido Socialista telegrafió al presidente de la asamblea invitando a ese organismo y al alcalde a que vinieran a San Juan. Tanto el alcalde como el presidente de la asamblea entendieron que el propósito del viaje era discutir la situación existente en Arroyo como resultado de los cargos presentados por el alcalde. Este, el presidente de la asamblea y cinco miembros de ese cuerpo, al llegar a San Juan fueron enviados por el presidente del Partido Socialista donde el presidente del Partido Eepublicano Puro, quien era también prominente en los asuntos de una coalición de los dos partidos. El solicitó del alcalde que retirara los cargos contra el empleado municipal a fin de evitar mayor publicidad y para el bien del partido.

La situación que culminó en un viaje a San Juan fué un asunto local, administrativo y municipal. Los visitantes no asistieron a ninguna convención política, caucus, o reunión de comité alguno. El enredo de los asuntos municipales no dejó de ser un asunto municipal meramente porque el alcalde y los miembros de la asamblea fueran invitados a venir a San Juan por el jefe de un partido político, y porque se ejer-ciera influencia política sobre el alcalde por el jefe de otro partido político por vía de una apelación a la lealtad al par-tido. La negativa del alcalde a rendirse a tal presión fué por lo menos consistente con la teoría sobre la cual cargó los gastos del viaje al municipio y con su contención a través de •todo el procedimiento de impugnación de que el viaje a San Juan fue para asuntos del municipio.

' La Ley Municipal (Leyes de 1928, páginas 335, 357, 359) autoriza el que se residencie y destituya a un alcalde por la asamblea por las siguientes causas específicas:

“(a) Cualquier becbo que constituya un delito grave (felony);
“ (b) Cualquier becbo que constituya un delito menos grave (misdemeanor) y que implique depravación moral;
“ (c) Manifiesta negligencia en el desempeño de su cargo, con-ducta inmoral o incorrecta en el ejercicio del mismo.”

Puede admitirse que la partida de quince dólares era un desembolso innecesario, indiscreto e impropio de los fondos municipales. Tal vez técnicamente, la autorización de tal pago por el alcalde equivalió a “conducta incorrecta” en sus actuaciones oficiales. Sin embargo, fue a lo sumo un error de apreciación demostrativo de falta de discernimiento en cuanto a lo que constituye gastos de viaje legítimos que se puedan cargar al municipio. Una serie de esos incidentes podría justificar la destitución. Interpretando las palabras “conducta incorrecta” en conexión con el contexto, no baila-mos evidencia satisfactoria alguna de la intención de parte de la Legislatura de que una circunstancia aislada, más o menos dudosa e insignificante, de la índole en cuestión, traiga ese resultado.

En verdad, el alcalde no fue culpable de delito grave, o de un misdemeanor que implicara depravación moral. No hay base adecuada para una imputación de mens rea. No hubo “manifiesta negligencia en el desempeño de su cargo”, porque no hubo cuestión alguna de inadvertencia, omisión o descuido. La actitud del alcalde fué intencional y delibe-rada. Decir que equivalía a “conducta inmoral o incorrecta” sería fijar una norma de rectitud moral que no estuvo en la mente del legislador.

Pedro W. Eodríguez declaró que estaba en la oficina de Santiago Alvarez, el secretario auditor, cuando llegó Silva y le dijo a Alvarez que “le ordenaba don Hipólito González que le diera una orden” para ciertos materiales, que Alvarez preguntó para qué eran esos materiales y Silva respon-dió que eran para su casa; que el testigo estuvo presente cuando Silva vino con la orden firmada por el alcalde, quien estaba en su casa; que el testigo estaba presente cuando Silva vino a pedirle la orden a Alvarez; que el testigo vió la orden el día que fue librada, orden cuya expedición había dis-puesto el alcalde; que Alvarez no quería dar la orden y ma-nifestó a Silva que volviera donde el alcalde y le preguntase el fin para el cual interesaba los materiales, y a qué cuenta debían cargarse; que Silva entonces se fué con la orden y volvió con ella donde Alvarez; que cuando Silva trajo la or-den por primera vez no estaba firmada por el alcalde; que Silva primeramente vino, regresó y Alvarez le dijo que se volviera, y f-ué nuevamente donde el alcalde y regresó tra-yendo consigo la orden firmada.

Alvarez ocupó la silla testifical cuatro veces como testigo de la acusación y dos veces como testigo de la defensa. Si dijo algo respecto a la visita de Silva o acerca de cualquier conversación entre él y Silva en presencia de Rodríguez o de otro modo, ello ha escapado a nuestra atención. Rodríguez era un empleado municipal que había sido destituido por el alcalde y repuesto en su cargo por la corte de distrito, o que tenía cierto pleito contra el alcalde pendiente en la corte de distrito en el momento en que se instituyeron los procedi-mientos de impugnación pública.

Silva declaró que necesitaba algunos tubos y' que el al-calde le dió una orden por los mismos, y que éste firmó la or-den. Preguntado si la orden decía que era para su casa o para el municipio, contestó: “Era para mi casa”. Enton-ces surgieron las siguientes preguntas y respuestas:

Entonces él le dijo a Ud. que lo daba una orden para que uti-lizara esos materiales en su casa? — Sí, señor.”

Del testimonio de este testigo durante el examen de re-preguntas hacemos el siguiente extracto luminoso:

“¿Y cuando Ud. vino a buscar los materiales donde don Galo, o sea, don Hipólito, qué conversación tuvieron Uds. ? — No tuvimos nin-guna. — Don Hipólito, necesito unos tubos. Nada más y me los dió. —¿Se los dió en seguida? — Sí, señor. — ¿Y Ud. los usó en su casa?— Ahí están. — Dígame una cosa, Silva, ¿Ud. declaró ante el Gran Ju-rado de-Guayama esto mismo que Ud. declaró ahora? — Sí, señor. — • ¿ Exactamente ? — Exactamente. ’ ’

El alcalde dice que Silva le trajo la orden a su casa para que la firmara en momentos en que él estaba recluido en cama y le manifestó que el plomero municipal necesitaba materia-les. También declaró que al recobrar la salud preguntó al plomero qué uso se babía hecho de los materiales y al ente-rarse de los hechos pagó la cuenta de su propio-peculio, re-prendió severamente a Silva y lo amenazó con procesarlo, pero más tarde cedió. Silva no fué llamado como testigo de refutación. Salvo en la forma arriba indicada en el extracto que se hace de la declaración de Silva, el testimonio del al-calde no está directamente contradicho por el de ningún otro testigo ni por ninguna prueba documental. No se pretende que esta cuenta, que ascendía a siete dólares y centavos, fuera jamás pagada de los fondos municipales, y la aseveración del alcalde de que fué pagada por- él está plenamente corroborada.

La orden fué cancelada mediante una observación o memo-rándum al dorso de la misma. No fué .destruida. No había razón alguna por la cual no debiera haber sido cancelada, antes o después que el Gran Jurado empezó su investigación unos seis meses más tarde. El Gran Jurado, después de in-vestigar las cuestiones envueltas y los cargos 3 y 4 presenta-dos en dos querellas, se negó a procesar al alcalde.

Del testimonio del alcalde se infiere que Silva vino donde él como portador de un mensaje del plomero municipal. Si las manifestaciones lacónicas hechas por Silva respecto a su conversación con el alcalde pueden ser consideradas como una contradicción del testimonio del alcalde, también pueden ser consideradas hasta ese mismo extremo como una contradic-ción del testimonio de Rodríguez relativo a las repetidas vi-sitas de Silva al alcalde. El testimonio de Rodríguez sobre la conversación habida entre Silva y Alvarez no está corro-borado ni por Alvarez ni por Silva. Las aseveraciones he-chas por Rodríguez acerca de otras cuestiones están substan-cialmente contradichas por Alvarez.

Admitiendo para los fines de la argumentación que el tes-timonio de Rodríguez y el de Silva bastaran para establecer un caso prima facie de tentativa de malversar fondos muni-cipales, la prueba en su totalidad no es suficientemente clara niio bastante robusta para sosteneí tal imputación.

No se ha demostrado que el municipio haya sido perjudicado en forma alguna por haber dejado el alcalde de rendir su informe anual. Fuera de cualquier cuestión relativa a los méritos de la explicación dada por el alcalde, su negligencia a este respecto no fue tan manifiesta ni de tal carácter serio que justifique su remoción del cargo.

La prueba demuestra que el alcalde es adicto al uso de licores. No convence a una mente justa e imparcial de que, como resultado de ese hábito, o en alguna otra forma, él haya sido culpable de “manifiesta negligencia en el desempeño de su cargo, conducta inmoral o incorrecta en el ejercicio del mismo”. En unión del alcalde de otro municipio, el querellado visitó .el baile a que se hace referencia en el séptimo cargo. Existe algún conflicto de prueba respecto a l'a duración de su visita y de su estado y conducta en esa ocasión. Fuera del hecho de que habló con el presidente de la asamblea municipal, que era uno de los miembros de la orquesta, nada hay que indique que la visita fuera de naturaleza oficial o que estuviese en forma alguna relacionada con el desempeño ■de sus deberes oficiales.

No podemos alabar, ni alabamos, desde luego, la conducta del alcalde en relación con cualquiera de las cuestiones que aquí se ventilan. Tal conducta, por reprochable que sea, no es suficiente fundamento para su destitución de conformidad con las disposiciones de la Ley Municipal.

La decisión de la asamblea municipal debe ser revocada.


text:
    Josefa Delgado, demandante y apelada, v. Joaquín Nivela Pérez y Alfonso Durán Olivo, demandados y apelante el último.
    No. 5255.

    Sometido: Noviembre 20, 1930.

      Resuelto: Febrero 5, 1931.

      A. E. de Jesús y Gabriel de la Haba, abogados del apelante; Caye-tano Coll Cuchí y Luis R. Polo, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Versa este pleito sobre nulidad de escrituras. Hemos es-tudiado cuidadosamente las alegaciones y las pruebas y de ellas resulta lo que sigue:

Josefa Delgado, la demandante en este pleito, demandó a Joaquín Rivera Pérez, uno de los aquí demandados, en cobro de una deuda garantizada con hipoteca, dictándose sentencia en favor de la demandante el 3 de mayo de 1927, condenando al demandado a pagarle tres mil dólares de principal, con más los intereses y las costas.

En ejecución de la sentencia se vendió en pública subasta la finca hipotecada — un solar con casa con frente a la-calle de las Flores, de Santurce — adjudicándosele a la deman-dante por la suma de mil dólares como abono y a cuenta del total del crédito hipotecario. La adjudicación quedó inscrita en el registro de la propiedad en julio 2 de 1927.

Así las cosas, el demandado Joaquín Rivera Pérez formuló una demanda contra la aquí demandante Josefa Delgado en-la Corte Municipal de San Juan, el 17 de noviembre de 1927, pidiendo que se le reconociera en la casa de la calle de las Plores su derecho de hogar seguro hasta la suma de quinien-tos dólares. Declarando el demandado Joaquín Rivera, en la vista del pleito de nulidad de escrituras, sobre el pleito que siguiera en reclamación del hogar seguro, se expresó así:

“P. ¿TJcl. presentó en la Corte Municipal de San Juan una de-manda para que se le reconociera un derecho de hogar seguro sobre una finca que era de Ud. y había sido adjudicada en una ejecución hipotecaria a la señora Delgado?
“R. Sí, señor.
< < * ® ® # #
“P. ¿Quién era su abogado?
“R. Angel Vázquez.
“(Juez) P. ¿Quién firmaba las alegaciones aquí?
“R. Yo.
“P. ¿Ud. tenía un abogado llamado Angel Vázquez y las alega-ciones ante la Corte las firmaba Ud. ?
“R. Sí, señor.
“P. ¿Esta es una m'aquinilla del bufete del señor Vázquez?
“R. Yo le dejé el caso a Agustín Hernández Mena.
“P. ¿El lo representaba a Ud. como abogado?
“R. El nombró al licenciado Augel Vázquez.
“P. ¿Qué tenía que ver con el señor Hernández Mena?
“R. Nada.
“P. ¿Por qué nombró él el abogado?
“F. Fué un pleito que le di a él junto con otro al 50%.
“P. ¿Cómo le dió un pleito al 50%, como socio, diciendo que no tenía nada que ver con él?
“R. El abogado.
“P. ¿Sabe si Hernández Mena es abogado?
“R. No lo sé.
“P. ¿Le entregó a él el asunto del hogar seguro al 50% ?
“R. Sí, señor.”

' Librado el emplazamiento en el pleito de reclamación de bogar seguro, fue diligenciado por Agustín Hernández, así:

“Yo, Agustín Hernández, juro que soy mayor de edad, casado, vecino de San Juan, P. R., y no soy parte ni tengo interés en este asunto; que recibí el presente .emplazamiento a las 9 de la mañana del 29 de noviembre de 1927, que notifiqué el mismo personalmente el 29 de noviembre de 1927, fui informado por Elisa Delgado que su hermana la demandada en este caso Josefa Delgado, no reside en esta ciudad ni en la Isla de Puerto Rico, por haberse ausentado para el extranjero donde se encuentra, sin saber su residencia fija, por cuyo motivo no ha sido ni es posible notificarle personalmente este emplazamiento. Fecha hoy día 29 de noviembre de 1927.”

Se pidió entonces a la corte que ordenara la citación de la demandada por edictos y la corte accedió así:

“Vista la anterior moción jurada del demandante, y lo que dis-ponen los artículos 94 y 95 del Código de Enjuiciamiento Civil la de-clara con lugar, y en su consecuencia decreta y ordena que, la de-mandada en este caso Josefa Delgado sea emplazada de la demanda en este asunto, por medio de edicto que se publicará una vez por semana durante el término de un mes, y que una copia de la de-manda y del emplazamiento le sea dirigido a su residencia por el de-mandante, en caso de qué éste pueda obtener informes de la resi-dencia de dicha demandada.”

Los edictos se publicaron en “La Correspondencia de Puerto Rico” y el 16 de febrero de 1928 el secretario de la corte municipal anotó la rebeldía de la demandada, y el 27 del propio mes y año la corte municipal dictó sentencia de-clarando la demanda con lugar, con costas.

Presentado y aprobado el memorándum de costas que as-cendió a $50 de los cuales $25 fueron por honorarios de abo-gado, se pidió que se expidiera mandamiento para la ejecu-ción de la sentencia. El mandamiento fué librado. Se trabó embargo sobre la dicha casa de la calle de las Flores, ano-tándose en el registro de la propiedad, se anunció su venta en pública subasta y se vendió en efecto, adjudicándosele al aquí demandado Joaquín Rivera y allí demandante “en pago de su derecho de homestead por la suma de quinientos dollars”, otorgándose la correspondiente escritura el 28 de abril de 1928, que se inscribió en el Registro el 3 de mayo de 1928.

El 20 de julio de 1928 la'demandada en el pleito de bogar seguro, demandante en éste, por medio de su apoderado, pre-sentó a la corte municipal una moción de apertura de rebeldía acompañada de un affidavit de méritos y de la contestación a la demanda, todo notificado al allí demandante Joaquín Rivera, demandado aquí.

El 4 de agosto de 1928 se señaló la vista de la moción para el 14 del propio mes.

Figura luego en los autos del pleito sobre reclamación de bogar seguro, un escrito de Joaquín Rivera de fecba 26 de julio de 1928, notificado al abogado de la parte contraria el 4 de agosto, 1928, pidiendo la eliminación de la moción sobre apertura de rebeldía.

El 17 de agosto la corte municipal en una resolución fun-dada discutió la apertura de la rebeldía, dejando sin efecto todo lo actuado y ordenando que quedara en los autos la con-testación y continuara el pleito tramitándose de acuerdo con la ley.

El 29 de agosto, 1928, Joaquín Rivera solicitó reconside-ración de la resolución del 17. Su moción fué declarada sin lugar. Y seguido el pleito adelante, se resolvió finalmente el 17 de octubre de 1928, por una sentencia que dice:

“Eli octubre 9, 1928, y en corte abierta se llamó este caso para juicio por su orden de señalamiento, habiendo comparecido solamente la parte demandada y no así la parte demandante, a pesar de estar debidamente notificada del señalamiento.
“Ea parte demandada presentó su prueba consistente en varios documentos y prueba testifical, habiendo sometido el caso a la con-sideración de esta corte.
“En el día de hoy y habiendo probado la parte demandada que el dinero que fué prestado por la demandada al demandante, fué precisamente para la compra de solar y para la fabricación de la easa en la cual reclama tener un derecho de homestead el deman-dante, la corte es de opinión que los hechos y la ley están a favor de la demandada y en contra del demandante, pues tampoco el de-mandante habitó la referida casa que se describe en la demanda,, hasta mucho tiempo después de terminada la misma y en su conse-cuencia falla, declarando sin lugar la demanda y por lo tanto sin. derecho a la reclamación del homestead solicitado por el demandante,, con las costas y gastos en contra de dicho demandante.”

La sentencia fue notificada personalmente a Joaquín Rivera el 23 de octubre de 1928 y no consta que contra ella se-interpusiera recurso de apelación.

Mientras estos últimos hechos ocurrían, el 15 de agosto-de 1928, esto es, después de presentada la moción sobre aper-tura de rebeldía por la demandada Josefa Delgado, aquí de-mandante, de señalada su vista y de solicitada su eliminación, de los autos por el demandante Joaquín Rivera, aquí deman-dado, éste compareció ante notario y vendió a Alfonso Durán,. el otro demandado, la casa de la calle de las Flores, por pre-cio de cuatro mil pesos de cuya cantidad pagó en efectivo el comprador dos mil, reservando los otros dos mil para pagar-una hipoteca que para garantir esa suma se había constituido-sobre la casa a favor de Doña Joaquina Castillo.

Ante esa situación, inició la demandante este pleito en so-licitud de que se decretara la nulidad de las ventas del már- - shal al demandado Joaquín Rivera y dé éste al otro deman-dado Alfonso Durán.

Rivera no se defendió en el pleito. Durán alegó que ha-bía comprado de quien en el registro aparecía con derecho-para- vender sin que tuviera tampoco conocimiento de que él. título de la persona que le vendió adoleciera de defecto al-guno, habiendo pagado por la finca un precio razonable.

Fué el pleito a juicio y la corte de distrito lo resolvió por-sentencia de 16 de octubre de 1929 declarando la demanda con lugar. En su relación del caso y opinión, la corte -ana-liza las alegaciones y las pruebas y concluye que la corte municipal actuó sin jurisdicción en el pleito sobre reclamación, de hogar seguro al dictar su sentencia en rebeldía y que el demandado no es un tercero en ley, ni actuó de buena fe.

Contra la sentencia interpuso el demandado Alfonso Du-rán el presente recurso de apelación, señalando la comisión de dos errores, así:

“Primero: La corte cometió error al declarar que Alfonso Du-rán no pagó precio alguno por la finca objeto de este procedimiento, siendo por tanto simulada y fraudulenta la venta en cuestión.
‘ ‘ Segundo : La corte cometió error al declarar que el apelante, Alfonso Durán, no es un tercero de acuerdo con las disposiciones del art. 34 de la Ley Hipotecaria.”

Después de un detenido estudio de las alegaciones y la prueba creemos que puede admitirse la comisión del primer error, mas no la del segundo. A nuestro juicio no se demos-tró que el demandado y apelante Alfonso Durán se confabu-lara con el otro demandado Joaquín Rivera, pero sí se de-mostró que el dicbo demandado y apelante Durán fue infor-mado por el registro y por la escritura del mársbal al de-mandado Rivera, que le era conocida, de circunstancias tales que lo pusieron sobre aviso de lo que podía suceder como su-cedió en cuanto al título de la propiedad que adquiriera.

De acuerdo con la ley, una sentencia en rebeldía, cuando no se ba citado al demandado en persona, está sujeta a ser dejada sin efecto, permitiéndose al demandado que conteste, dentro del término de un año que marca el estatuto (Artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil; Pérez v. Fernández, 220 U.S. 224), y aquí ese término no había transcurrido cuando adquirió Durán de Rivera, según aparecía del regis-tro de la propiedad y de la escritura del márshal a Rivera.

Si la sentencia se anulaba como se anuló en este caso por falta de jurisdicción, caía como cayó por su base no sólo el título del demandado Rivera, si que también el del deman-dado Durán.

De la narración que dejamos formulada, surgen tan evi-dentes las circunstancias concurrentes, que no es necesario detenernos a comentarlas.

Las razones que tuvo la corte municipal para abrir la re-Tbeldía aparecen de una opinión emitida por su juez que se transcribe en la relación del caso y opinión del juez de dis-' trito. Son así:

“Veamos ahora si esta corte puede y debe acceder a lo solicitado por la parte demandada en su moción sobre apertura de rebeldía.
“De acuerdo con el Artículo 140 del Código de Enjuiciamiento ■Civil de Puerto Rico, una corte de justicia y cuando por cualquier ■causa la citación en una demanda no se hubiese hecho a la parte de-mandada en persona, podrá la corte, en la forma que estimare justa, permitir que dicha parte demandada o su representante legal,, en cualquier tiempo dentro del año de pronunciado el fallo en ella, la •conteste tal y como se interpuso. En este caso se procedió a solici-tar de la corte que se emplazara por edictos a la demandada y esto ■se hizo en virtud de una moción jurada por el demandante, que es completamente insuficiente y la cual fué presentada ante el juez que ahora preside esta corte, en el mes de noviembre, 1927, durante ■el que sirvió interinamente dicho cargo y que reconoce que firmó dicha ' orden inadvertidamente, habiendo sido traída y preparada por la parte demandante. Aun así y todo, prescindiendo de la insufi-ciencia de la moción para solicitar la orden para la publicación de •edictos, nos encontramos que se han publicado edictos que no se ajus-tan a la orden de la corte. La corte jamás ordenó que la publica-ción se hiciera en el periódico ‘La Correspondencia de Puerto Rico’, ■según consta del propio edicto como parte de la orden y también dice la orden que una copia de la demanda y del emplazamiento le sea dirigido a su residencia por el demandante. No hemos visto en nin-guna parte de la moción solicitando la rebeldía de la demandada, que a ésta se le remitiera a su residencia por el demandante una copia ■de la demanda y del emplazamiento, ni tampoco vemos en la referida moción algún hecho que demuestre, que no se le remitió dicha copia ■de la demanda y del emplazamiento, por no haber podido enterarse -el demandante de cuál era la residencia de la demandada.
“Si analizamos bien este asunto de la citación por edictos en este caso, llegaremos a la conclusión, puesto que a la simple vista resalta, que el mismo día 29 de noviembre de 1927 en que recibe el diligen-ciante Agustín Mena el emplazamiento, ese mismo día, sin inquirir •del hermano de la demandada, ya que manifiesta que éste le mani-festó que no residía en Puerto Rico, cuál era la residencia de la de--.mandada en Europa y en qué parte de Europa se encontraba, ese mismo día decimos, se prepara una moción solicitando que se dictara la orden para la publicación de edictos y cuyo juramento es defec-tuoso, pues no dice que lo alegado por información también lo cree cierto, siendo lo más importante precisamente de esa moción.
“Además en este caso todo se ba llevado de una manera tan rara y tan precipitada y sobre todo en lo que se relaciona al emplaza-miento de la demandada, que no nos queda otro remedio que decla-rar con lugar la moción sobre apertura de rebeldía, pues esta corte entiende, que nunca tuvo jurisdicción sobre la persona de la deman-dada para proceder en contra de ella y mucho menos para quitarle una propiedad de más de cuatro mil dollars, sin su conocimiento, ig-norándolo todo, para que el demandante se quedara con ella por la cantidad de $500.00, y no como pago, sino que fue para abonar a la cuenta reclamada.”

Por su cuenta el juez del distrito agrega que la falta de validez del título de Rivera resultaba del propio registro por los siguientes motivos: •

“Pero aun siendo así, de la certificación del Registro de la Pro-piedad aparece que la adjudicación a Rivera fué hecha en una re-clamación sobre homestead; y leyendo nosotros ahora la ley de homestead, encontramos que lo que esta ley garantiza a un jefe de familia, es un derecho en una finca de homestead hasta la sum)a de $500.00, y reconocido y adjudicado este derecho en una finca de homestead hasta el valor de $500.00, tendríamos entonces que la ca-beza de familia tiene un condominio en la finca, pero nunca un de-recho tal a vender la propiedad, sin darle previo conocimiento al otro condueño, o sea, a la persona consocia, del exceso del valor en la finca objeto del homestead. En otras palabras, nosotros no hemos encon-trado en realidad precepto alguno que faculte a la persona que ob-tenga un derecho dé homestead, a ejecutar una finca por el valor del homestead. Nada dice la ley de homestead sobre esta cuestión. La hemos estudiado cuidadosamente tanto en inglés como en español, y no dice tal cosa. Nos parece que la interpretación que le damos es la más justa. El homestead es un derecho que se reconoce en la propiedad. Este derecho establece un condominio en la .finca de homestead. Si la persona a cuyo, favor se reconoce este derecho de-sea no continuar en el condominio, tiene sus medios en ley para ter-minar el mismo. P.ero no hemos podido encontrar precepto alguno que diga que por el mero reconocimiento de un derecho de homestead> pueda la persona a cuyo favor se hace tal reconocimiento, ejecutar una finca y adjudicársela, privando de este modo a la otra parte de su propiedad. Sostener tal cosa sería llegar al absurdo, cosa que la ley no tolera.”

Cita la parte apelante en su alegato el caso de El Pueblo v. Riera, 27 D.P.R. 1. En dicho caso, dijo esta corte por medio de su Juez Asociado Sr. Aldrey:

‘‘En el caso de Fernández et al. v. Velázquez, 17 D.P.R. 757, que versó sobre reivindicación de fincas vendidas en subasta judicial en un pleito que se alegó luego contener vicios de nulidad, estando las fincas al tiempo de la demanda en poder de tercera persona, se suscitó la misma cuestión que ahora nos ocupa al alegar los apelan-tes 'que el demandado debió haber investigado la historia de su tí-tulo más allá de los límites del registro, ya que el registro indicaba que una de las adquisiciones se había verificado como consecuencia de un pleito.’ Nuestra resolución fué que puesto que el ax’tículo 18 de la Ley Hipotecaria impone a los registradores el deber de cali-ficar bajo su responsabilidad la legalidad de las escrituras y la ca-pacidad de los otorgantes, el demandado pudo confiar en la califica-ción del registrador. A esto agregaremos ahora que los registros es-tán encomendados a abogados capaces que obtienen sus cargos por oposición y que además prestan fianzas para responder del buen desempeño de su cargo.
“En resumen, pues, como es en el registro de la propiedad y no en otras oficinas, donde deben constar claramente las causas de nu-lidad o de rescisión de los actos o contratos para que perjudiquen a un tercer adquirente con título inscrito, y como en este caso el vicio de nulidad del título de Gestera no consta del mismo registro, el ape-lante Riera está protegido por el artículo 34 de Ley Hipotecaria contra ese vicio de nulidad.”

La jurisprudencia citada es correcta, pero este caso es diferente de aquéllos en que fué establecida y aplicada. Aquí, por el registro y por la escritura que a su vendedor Bivera otorgara el márshal de la corte municipal, de la que tuvo co-nocimiento el demandado Durán, quedó éste enterado de que el título que ostentaba su vendedor no obstante estar inscrito en el registro procedía de una adjudicación hecha por un márshal de una corte municipal en un pleito sobre declara-ción de hogar seguro en que se había dictado sentencia por rebeldía contra un demandado que no había sido citado per-sonalmente, sin que hubiera transcurrido el tiempo que la misma ley concede para abrir la rebeldía. En esas condicio-nes, Duran no puede invocar el carácter de tercero liipote- • cario.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


author: (fe Juez Asociado Señor HutchisoN,

text:
      Juan, Francisco y Rosario Bianchi, demandantes y apelados, v. Estela Bianchi Rosafa, demandada y apelante.
    No. 5480.

    Sometido: Enero 12, 1931.

      Resuelto: Febrero 5, 1931.
    X Ss abater, abogado del apelante; Miguel A. García Méndez, abogado de los apelados.
   (fe Juez Asociado Señor HutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

Después de vencido un contrato de arrendamiento por quince años sobre varios predios de terreno situados en diferentes municipios, Juan, Francisco y Rosario Biancbi in-coaron dos procedimientos de desahucio ante distintas cortes municipales. Obtuvieron entonces de la corte' de distrito un injunction pendente lite ordenando a la demandada Estela Biancbi Rosafa que se abstuviera de intervenir con los peti-cionarios en el ejercicio de su derecho de apoderarse nueva-mente de las fincas arrendadas, de obstruir la entrega de los predios cedidos en arrendamiento a Russell & Company a virtud de un nuevo contrato, y de perturbar a la nueva arren-dataria en sus labores preparatorias para la próxima cosecha.

Estela Bianchi apela y dice que la corte de distrito no tenía facultad para expedir el injunction pendente lite, toda vez que las cortes municipales carecían de jurisdicción en el procedimiento de desahucio.

Estela Bianchi era (por lo menos nominalmente) una subarrendataria. En 1915 las fincas en cuestión pertenecían a los Sucesores de Bianchi, quienes las dieron en arrendamiento a Enrique O. Creen, arrendador de la apelante. Posteriormente, al disolverse la razón social Sucesores de Bianchi, el título de estas fincas pasó a los peticionarios, hasta entonces miembros de la firma.

El artículo 1474 del Código Civil lee como sigue:

“El comprador de una finca arrendada tiene derecho a que ter-mine el arriendo vigente al verificarse la venta, salvo pacto en con-trario y lo dispuesto en la Ley Hipotecaria.
“Si el comprador usare de este derecho, el arrendatario podrá exigir que se le deje recoger los frutos de la cosecha que corresponda al año agrícola corriente y que el vendedor le indemnice los daños y perjuicios que se le causen.”

Cuando se trata de una posesión en precario, la acción de desahucio debe entablarse en la corte de distrito. El ar-gumento es que al disolverse la firma Sucesores de Bianchi la demandada se convirtió en una poseedora en precario. Asume que cuando el título de los predios arrendados pasó a los miembros individuales de la extinta firma, estos nnevos dueños eran “compradores” dentro del significado del ar-tículo 1474. No necesitamos detenernos a considerar los mé-ritos de esta teoría.

Podría admitirse, sin resolverlo, que al adquirir los bienes arrendados los peticionarios pudieron baber optado por ter-minar el contrato de arrendamiento. Si ellos tenían tal op-ción, no trataron de ejercerla. Por el contrario, la subarren-dataria, año tras año después de disolverse la firma, pagó los cánones de arrendamiento directamente a los peticiona-rios. De abí se desprende que abora ella no está en posi-ción de alegar que el contrato de arrendamiento cesó al disolverse la sociedad.

La firma Sucesores de Biancbi fué disuelta en 1925. Tanto el contrato de arriendo como el de subarriendo vencieron simultáneamente en agosto 15, 1930. Los peticionarios, como dueños de las fincas arrendadas, eran los únicos posibles demandantes en una acción de desabucio. La subarrendataria, al continuar reteniendo la finca después de vencido el arrendamiento, no era una poseedora en precario en un sentido tal que se confiriera jurisdicción exclusiva a la corte de distrito. Cerra v. González, 29 D.P.R. 289; Roger v. López Acosta, 28 D.P.R. 563.

Otra contención es que la corte de distrito erró al conce-der el injunction, a causa de una alegada disputa respecto a los linderos, identificación de las fincas y título. No bailamos que el título de los demandantes baya sido seriamente im-pugnado. La apelante no es la dueña de ninguna de las propiedades contiguas. Una de estas propiedades le fué com-prada en 1918. Fuera de esto, no se ba demostrado que ella tenga interés en cualquiera confusión que pudiese baber so-bre los lindes, ni en la alegada dificultad de identificar. En lo que a ella concierne, el error, de haberse cometido alguno, fué inofensivo.

La última contención es que el juez de distrito erró en su conclusión en torno a los daños irreparables y a la multiplicidad de procedimientos. Creemos que la prueba de los demandantes fué suficiente en ambos respectos.

Por regla general, no procede un injunction para trans-ferir la posesión de terrenos, pero hay ciertas excepciones bien consagradas. 32 C. J. 134, see. 178; id. 131, 132, sec-ciones 173,174. En esta jurisdicción, donde el interdicto para recobrar del Derecho Romano ha sido instaurado por dispo-sición legislativa (Leyes de 1917, tomo II, pág. 221) la no-ción de un injunction mandatorio para recobrar la posesión no es una novedad. El artículo 1431 del Código Civil taxa-tivamente dispone que: “El arrendatario saliente debe per-mitir al entrante el uso del local y demás medios necesarios para las labores preparatorias del año siguiente; y recípro-camente, el entrante tiene obligación de permitir al colono saliente lo necesario para la recolección y aprovechamiento de los frutos, todo con arreglo a la costumbre del pueblo.” En este caso no se ha suscitado cuestión alguna de frutos pen-dientes.

La corte de distrito resolvió que éste era un caso excep-cional. Estamos conformes.

El injunction que se concedió fué una medida temporal, provisional, ínterin se fallara definitivamente la acción de desahucio, o hasta nueva orden de la corte. La demandada no estaba en posesión a virtud de título alguno para ello. Ella negó que estuviera en posesión en absoluto, y no alegó de-recho alguno a la posesión. Ella no tiene el más mínimo in-terés, ni como subarrendataria ni como dueña de cualquier predio contiguo, en la alegada confusión de linderos o difi-cultad de identificación. La cabida total de las propiedades envueltas en los procedimientos de desahucio no pasaba de ochenta y cinco cuerdas. El canon anual ascendía a $550. El nuevo arrendamiento de éstas y otras propiedades a Russell & Company era por $75,000 anuales. Al tiempo de otor-garse ese contrato, el precio del azúcar era $4.75. Para la época del juicio, era $3. Russell & Company habían amena-zado eon entablar pleito para la rescisión de ese contrato si no se les ponía en posesión inmediata de las ochenta y cinco cnerdas. En caso de tal rescisión, no había perspectiva al-guna de hallar un nuevo arrendatario que pagara un tipo similar al convenido por Russell & Company, ni un solo arren-datario que no fuera Russell & Company que pudiera hacerse cargo de la totalidad de los bienes arrendados. La deman-dada carecía de un activo visible. A los peticionarios se les exigió la prestación de una fianza por cinco mil dólares como condición precedente a la expedición del injunction. Esa era una garantía amplia para cualquier daño o perjuicio que pu-diese irrogarse a la demandada. La regia general ya con-signada no quiere decir que una corte de equidad esté impo-sibilitada de impedir una multiplicidad de pleitos o de prote-ger a uñ arrendador de daños irreparables mediante la con-cesión de un injunction provisional, aun cuando el efecto de ese auto sea desalojar a un arrendatario que retenga la finca después de expirar su contrato sin que tenga ningún título o vestigio de derecho a la posesión de los bienes' arrendados, hasta tanto se dirima la acción de desahucio.

Dehe confirmarse la orden apelada. .


author: El Juez Asociado Señor Wolp,

text:
    Juan A. Monagas, demandante y apelante, v. Central Eureka, Inc., demandada y apelada.
    No. 4778.

    Sometido: Diciembre 5, 1930.

      Resuelto: Febrero 5, 1931.

      José Sabaier, abogado del apelante; Oscar Souffront, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wolp,

emitió la opinión del tribunal.

Este pleito versa sobre incumplimiento de contrato. La demanda contenía dos cansas de acción. Bajo la primera, el demandante alegó el otorgamiento, en Nueva York, de un contrato de refacción agrícola y de venta de caña producida por la “Hacienda Belvedere” en virtud del cual la deman-dada, Central Eureka, Inc., convino en adelantar al deman-dante la suma de $12,400 en los varios períodos consignados en la demanda.

El demandante, Juan A. Monagas, así decía la demanda, también vendió a la demandada toda la caña de azúcar que produjeran las cosechas de 1925, 1926 y 1927, al mismo pre-cio y bajo las mismas condiciones convenidas entre la central y la firma de “Monagas y Vidal” para la cosecha de 1924.

Las partes igualmente convinieron en que dicho contrato se formalizara por escrito, y que incluyera todos los parti-culares del contrato de “Monagas y Vidal”, de acuerdo con la ley de refacción agrícola. Este convenio sobre el otorga-miento de nn contrato más formal entre las partes nunca se efectuó. Después de especificar algunas de las condiciones del contrato, celebrado con “Monagas y Vidal”, el deman-dante alegó que diclio contrato de refacción agrícola liabía sido infringido por la demandada, toda vez que ésta se ne-gaba a recibir caña producida en la zafra de 1925; porque la demandada, “con el fin de descongestionar el recibo y entrega de todas sus cañas, por medio de su Presidente don Mateo Fajardo impuso al demandante que era necesario vender parte de las cañas de la Hacienda Belvedere a otra central y diclio señor Fajardo en representación de la demandada Mzo arreglos con la South Porto Rico Sugar Company para que este demandante entregara a esta última corporación azuca-rera, con la intervención de la demandada, tres mil toneladas de la totalidad de las cañas vendidas por el demandante a la demandada y sembradas y listas para su entrega en la Hacienda Belvedere.”

La South Porto Rico Sugar Company, así se alegaba, no aceptó lá entrega de tres mil toneladas,, sino que exigió que le fueran vendidas seis mil,- en otras palabras, tres mil para la zafra de 1925 y otras tres mil para la de 1926, y que en efecto el demandante, autorizado por la demandada, vendió a la South Porto Rico Sugar Company dichas seis mil tone-ladas de caña, que fueron entregadas en los desvíos “Borin-quen” y “Franqui” de Cabo Rojo,- que la demandada, por mediación de su Presidente, don Mateo Fajardo, ordenó al demandante que continuara entregando las cañas a la South Porto Rico Sugar Company hasta que ésta se negara a reci-bir más, y que el demandante (para la zafra de 1924r-1925) en realidad entregó 7,020 toneladas de caña,- que la deman-dada continuó adelantándole dinero al demandante; que éste también continuó entregándole la caña a la demandada.

El incumplimiento del contrato consiste en el hecho ale-gado de que cierta cantidad de caña perteneciente al deman-dante jamás fue entregada o molida por la demandada en vista de que esta última nunca suministró el material nece-sario para permitir al demandante hacer las entregas nece-sarias, y ello, a pesar de todas las súplicas del. demandante para que la demandada trasladara a su molino toda la caña producida y que hubiera sido entregada si la demandada hu-biese suministrado el material necesario.

Existen otras alegaciones en la demanda al efecto de que por mediación de don Mateo Fajardo, se indujo al deman-dante a creer, o a algo similar, que la caña producida a fines de la zafra podía ser o sería molida por la Central Bufina, pero la Central Bufina se negó a recibir dicha caña. Por ra-zón de la supuesta falta de la demandada de recibir, o de to-mar posesión de la caña del demandante, éste alegaba en partidas detalladas haber sufrido pérdidas ascendentes a $15,011.98.

De la demanda aparece suficientemente que las partes con-vinieron en que el demandante debía entregar toda su caña o cualquier parte de ella en el desvío perteneciente a la deman-dada, conocido con el nombre de “desvío de Cabo Boj o”.

La segunda causa de acción solicitaba la corrección de ciertas partidas en las cuentas o liquidaciones rendidas por la demandada al demandante, y se sostenía que el importe de tales cuentas debía reducirse en la suma de $1,073.94.

En resumen, la teoría de la demanda es que la demandada estaba en la obligación de moler toda la caña producida por la Hacienda Belvedere, y que el demandante no pudo entre-gar toda su caña porque la demandada no suministró los me-dios de transporte necesarios, y que, por tanto, el deman-dante sufrió daños y perjuicios. La demandada presentó una excepción previa y al ser declarada sin lugar presentó una contrademanda. La Corte de Distrito de Mayagüez dictó sentencia en contra del demandante y a favor de la deman-dada en la contrademanda con ligeros cambios. Esa corte en su opinión caracterizó el contrato como de refacción agrícola* y expuso el deber de Monagas de entregar la caña a la central de conformidad con lo especificado en el contrato, “que-dando por lo tanto las cañas gravadas por el montante de las sumas que fuera recibiendo el demandante de la deman-dada”. La corte entonces llegó a la conclusión de que a virtud de la petición de Monagas mismo, en diciembre de 1924, la Central Eureka, Inc., lo relevó de su obligación de entregar la caña de l'a zafra correspondiente a los años 1925 y 1926, de acuerdo con la siguiente carta fechada el 27 de diciembre de 1924, enviada por la Central Eureka, Inc., al Sr. Monagas:

“Sr. Juan A. Monagas, Mayagüez. Muy señor nuestro y amigo': Teniendo en cuenta las razones expuestas por Ud. no bay inconve-niente en relevarle como le relevamos por medio de la presente del compromiso de entregarnos 3,000 o más toneladas de cañas de las que produzca la hacienda Belvedere durante la cosecha de 1925 y 1926, pudiendo Ud. por tanto contratar para la molienda de esta caña con cualquiera otra central. De Ud. atentamente, Central Eureka Inc. M. Fajardo, Presidente.”

La corte entonces declaró que Monagas utilizó esta carta para obtener un contrato con la Soutb Porto Eico Sugar Company con respecto a la misma caña que había sido contratada para ser molida en la Central Eureka, habiendo entregado a la South Porto Eico Sugar Company para la cosecha de 1925 más de 7,000 toneladas de caña y para la de 1926, más de 6,500 toneladas de caña, o, en otras palabras, casi el total de la caña producida por la Hacienda Belvedere. La corte también declaró que era más conveniente para Monagas en-viar su caña a la South Porto Eico Sugar Company que a la Central Eureka, entre otras, por las siguientes razones: Por-que los desvíos Franqui y Borinquen en los cuales podía po: sar las cañas para la South Porto Eico Sugar Company se encontraban más cerca de la Hacienda Belvedere y más ac-cesibles que el desvío de la estación de ferrocarril de Cabo Eojo, donde tenía que pesar las cañas que debían ser entre-' gadas a la Central Eureka; y porque la tabla de liquidación de sucrosa del contrato del señor Monagas con la South Porto Eico Sugar Company resultaba más beneficiosa al señor Mo-nagas que aquélla bajo la cual efectuó su contrato con la Central Eureka. Asimismo dio por probado la corte, y esto desde nuestro punto de vista es muy importante, que la demandada tenía al empezar la zafra de 1925 en el desvío de Cabo Eojo un pesador de cañas para recibir las que le entregara el Sr. Monagas, pesador que nunca se negó a recibir cañas al de-mandante ni éste notificó a dicho pesador ni a la Central Eureka la necesidad de entregar más cañas de las pocas que ha-bía entregado. Tampoco, según dice la corte, notificó el de-mandante a la demandada, ni puso en el desvío de Cabo Eojo a disposición de la demandada ninguna otra caña que la que voluntariamente quiso llevar, y que durante la zafra de 1925, ascendió a poco más de setecientas toneladas. La corte en-tonces declaró que desde el día 27 de diciembre de 1924, en que la central escribió a Monagas, a solicitud de éste la carta anteriormente transcrita, y con motivo de los actos posterio-res de las partes y su conducta en relación con el objeto del contrato, ambas partes lo dieron por rescindido, especialmente el Sr. Monagas, cuyas actuaciones no podían armonizarse bajo ningún concepto con su alegada intención de dar cumplimiento al contrato aludido.

Eesolvió la corte que la Central Eureka siempre estuvo dispuesta a aceptar cualquier caña del demandante, y que si éste dejó de entregarla se debió, bien a su propia negligencia o a falta de deseo de hacerlo así, y especialmente insistió en que si Monagas hubiese activado la entrega de su caña du-rante los primeros meses de la cosecha, no habría tenido dificultades ; que tanto la Central Eureka, Inc., como la South Porto Eico Sugar Company estaban en condiciones de acep-tar y hubiesen aceptado cualquier cantidad de caña que fuera entregada a una o a otra por Monagas. La corte también declaró que Monagas jamás presentó objeción alguna a las liquidaciones que le fueron presentadas por la Central Eureka hasta el 22 de febrero de 1927, cuando por primera vez Monagas escribió a la compañía impugnando ciertas partidas. La corte también llegó a'la conclusión de que no era la Central Eureka la que exigió de Monagas que celebrara el con-trato con la South Porto Rico Sugar Company, toda vez que la prueba documental no sostiene esa contención, y además porque se demostró que la Central Eureka nunca recibió be-neficio alguno del contrato con motivo de la entrega de la caña a la South Porto Rico Sugar Company, y que fué el Sr. Mo-nagas quien recibió tal beneficio.

En apelación, a principios de su alegato, el apelante ataca la conclusión que hemos citado, de que la caña del deman-dante estaba sujeta a un gravamen a favor de la demandada. Eh apelante sostiene que la caña fué vendida totalmente por Monagas a la Central Eureka, y, por tanto, no podía haber tal cosa como un gravamen sobre bienes pertenecientes a una misma persona. En otras palabras, la teoría es que la venta efectuada en 1924 era un contrato ejecutado y consumado y que el título de la caña pasó de Monagas a la Central Eureka. Aunque tal vez no expresada exactamente en estas palabras, podría decirse que la idea del demandante es que todo lo que la central hizo posteriormente fué relevarse a sí misma, y que cualquier actuación de Monagas lo era como agente de la de-mandada.

En este caso^ la teoría de que el título a la caña pasó en el momento de otorgarse el contrato no puede sostenerse. El artículo 1348 del Código Civil dispone: “Por el contrato de compra y venta uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto, en dinero o signo que lo represente”. En otras palabras, la entrega es ordinariamente esencial.

El apelante hace algún hincapié en el artículo 1353 del Código Civil, como sigue:

“La venta se perfeccionará entre comprador y vendedor, y será obligatoria para ambos, si hubieren convenido en la cosa objeto del contrato, y en el precio, aunque ni la una ni el otro se hayan entre-gado.”

Una lectura de-este artículo demuestra que lo que el le-gislador tuvo en mente es que surge un contrato con obligacio-nes mutuas aunque no baya una entrega efectiva, pero en forma alguna exime a un vendedor del deber impuéstole por la ley de entregar los objetos expresados en el contrato. En el caso de autos, el título a la cosecha- en crecimiento no pasó hasta su entrega efectiva, aunque bajo el artículo 1353 el ven-dedor está obligado a entregar, y el comprador a aceptar, cualesquier objetos ofrecidos en debida forma. Es evidente que en su origen la Central Eureka deseaba obtener toda la caña que Monagas producía, y que éste interesaba entregarla a la Central Eureka. En realidad, este contrato fue proba-blemente más bien una promesa de vender y comprar, regida; por el inciso primero del artículo 1354 del Código Civil, que lee así:

“La promesa de vender o comprar, habiendo conformidad en la cosa y en el precio, dará derecho a los contratantes para reclamar recíprocamente el cumplimiento del contrato.”

Según demuestra la jurisprudencia, regía la intención de las partes, y no hallamos en los autos la más ligera intención de parte de los otorgantes de que el título a la cosecha en desarrollo pasara inmediatamente a la Central Eureka. Es lógico que, de ordinario, ninguna central celebraría normal-mente semejante contrato.

Las anteriores son consideraciones generales, pero el con-trato en este caso exigía la entrega a la central en cierto y de-terminado sitio, y la prueba no demuestra que se hiciera tal entrega. No hubo entrega, y la única prueba de una oferta de entrega o de un ofrecimiento de la cosa, fue una supuesta carta de Monagas dirigida a la Central Eureka, cuyo recibo se negaba. No hallamos en la prueba una entrega u ofreci-miento de entrega tales que hubiesen consumado el contrato. Nos sentimos obligados a resolver que el título a las cose-chas en estado de crecimiento no pasó en diciembre de 1924, cuando el contrato fue celebrado. Esta falta de entrega o de hacer el debido ofrecimiento de la cosa, es por sí sola decisiva en el caso. Según demuestran los autos, creemos, a juzgar por la declaración de Fajardo, que Monagas pudo haber lle-vado las cañas al desvío y haberlas dejado allí; que los ca-rros o vagones de la demandada estaban expeditos más o menos a medida que surgía la necesidad de transportar. Ade-más, no importa cómo se le designara, la idea de las partes fué, según revelan los autos, celebrar un contrato de refac-ción agrícola, a ser interpretado en la forma que tales con-tratos generalmente lo son.

Lo que hemos dicho anteriormente puede considerarse que está implícito o aun directamente expresado en la opinión de la corte inferior. Empero, no vacilamos en sostener las otras declaraciones y conclusiones generales de dicha corte.

La batalla en la corte giró principalmente sobre si el con-trato celebrado en diciembre 24 no había sido rescindido. Hubo gran discusión en los alegatos respecto a si fué Fajardo o Monagas quien inició o cerró las negociaciones con la South Porto Eico Sugar Company. Creemos que la corte, que oyó toda la prueba, estaba justificada en creer que fué Monagas quien, en efecto legal, solicitó se le relevara del contrato. En-tonces no importaría que la sugestión partiera originalmente de Fajardo. Por otra parte, aun si Fajardo lo hubiera fra-guado todo para la consumación del contrato con la South Porto Eico Sugar Company y lo hubiera hecho sola y exclu-sivamente para, relevarse a sí mismo, sin. embargo, Monagas aceptó como principal todas las actuaciones de Fajardo. El análisis hecho por la corte demuestra esto suficientemente, y otras cosas que aparecen en los autos lo hacen claro. No tra-taremos de transcribir la prueba, pero creemos que la con-ducta y la conversación de las partes al convenir que la co-secha de 1926-1927 no fuera molida por la Central Eureka, demostraron que las partes consideraron que la Central es-taba totalmente relevada de moler en los años anteriores. La corte inferior ha dado suficiente énfasis al hecho de que las actuaciones de Monagas al entregar la caña a la South. Porto Rico Sugar Company a su antojo, al firmar el contrato con la South Porto Rico Sugar Company y al dejar de objetar las cuentas, fueron todos indicios de que las partes quedaron relevadas, por lo menos durante dos años, del contrato de diciembre, 1924.

El contrato no quedó totalmente rescindido, toda vez que la Central Eureka estaba obligada a efectuar anticipos, pero las partes quedaron relevadas de entregar o aceptar cañas.

Incidentalmente podemos decir que aun si Monagas estu-viera acertado al sostener que la distancia de medio kilómetro no habría importado mucho en el transporte de la caña y que fácilmente hubiese podido llevar los vagones al desvío de Cabo Rojo, no obstante, la otra prueba tiende claramente a demostrar que el número de viajes que. los carros de Mona-gas hubieran podido dar se habrían reducido. Las otras con-clusiones a que llegó la corte subsistirían de todos modos.

Hemos examinado la prueba y los alegatos de las partes, y estamos enteramente convencidos de que Monagas mismo creyó que estaba en libertad de entregar la caña según le plu-guiera.

Finalmente, podemos decir a este respecto que dudamos muy seriamente que la primera narración adujese una causa de acción. No creemos que el decir que la demandada dejó de transportar las cañas del demandante a pesar de los frecuentes requerimientos hechos con tal fin fué substituto o sucedáneo de la que consideramos una alegación necesaria, a saber, que el demandante hizo el debido ofrecimiento de entrega, tal vez describiendo los actos que constituyeron tal ofrecimiento.

Estamos enteramente convencidos de que la segunda causa de acción estaba sujeta a excepción. Solicitar que la cuenta existente entre las partes fuese reducida, cuando la central no había demandado por tal cuenta, era una cuestión entera-mente académica.

Estas consideraciones resuelven los tres primeros seña-lamientos de error. El cuarto señalamiento simplemente dice: “La corte inferior erró al declarar con lugar la contra-demanda”. Este es un señalamiento insuficiente. La cues-tión envuelta, en grado sumo fué un conflicto de prueba, y el apelante no nos convence de que se cometiera ningún error fundamental.

La corte estuvo justificada al imponer las costas al ape-lante.

Sin hacer un señalamiento de error el apelante se queja de que la corte dejara de radicar sus conclusiones de hecho junto con su sentencia, de conformidad con el artículo 227 del Código de Enjuiciamiento Civil, tal como fué enmendado. Si fué o no una mera omisión del juez el dejar de archivar sus conclusiones en unión de la sentencia, no dudamos que en cualquier caso el juez puede, como lo hizo en este caso, tomarse un tiempo razonable después de dictar sentencia para archivar tal relación de hechos, especialmente dentro del término.

jDebe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    E. Solé & Co., S. en C., demandante y apelada, v. Herminia Sepúlveda de Sosa y su esposo Daniel Sosa, demandados y apelantes.
    No. 5212.

    Sometido: Noviembre 12, 1930.

      Resuelto: Febrero 5, 1931.

      E. Báez García-, abogado de los apelantes; O. Souffront, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de Mayagüez no cometió error al declarar sin lugar una excepción previa a la demanda. Cuando se demanda en cobro de un pagaré y la apelada alega que el pagaré fué otorgado por los demandados y entregado a ella, surge la presunción de continuidad y la demandante no tiene que alegar que el pagaré nunca salió de su posesión. La posesión, el título y otros extremos son probados en esta forma. Artículo 102, inciso 31, de la Ley de Evidencia; Príncipe v. American R. R. Co. of P. R., 22 D.P.R. 202; Fulladosa v. Castro, 27 D.P.R. 702, y los casos respectivamente en ellos citados.

La demanda no está sujeta a ser excepcionada porque en ella aparezca que la esposa primeramente suscribió los pagarés y su esposo firmó como fiador y deudor principal. ' Si un esposo que paga una deuda como fiador no puede demandar a su mujer, según sostienen los apelantes, la situación presentada es una excepción a la regla general que el marido estaba obligado a conocer en el momento en que suscribió los pagarés. Además, el marido suscribió los pagarés como deu-dor principal y el acreedor nada tenía que ver con las relacio-nes existentes entre los deudores. Hallamos que la excepción previa es enteramente frívola.

Escasamente menos frívola lo era la defensa levantada por la contestación y por la prueba. La corte tenía derecho a creer, y así lo resolvió, que Herminia Sepúlveda compró- un automóvil de la demandante; que ella suscribió una serie de pagarés en febrero de 1928, •conjuntamente con su esposo como fiador y deudor principal; que por inadvertencia el contrato de venta condicional del automóvil no fué firmado en aquel momento pero que fué otorgado en septiembre del mismo año. No bailamos motivo para- dudar de la evidencia tendente a probar esta conclusión y no importa que el letrado de la demandante ocupara la silla testifical para declarar que él fué el notario ante quien se otorgó el contrato de venta condicional y que éste debió haber sido firmado en el momento en que se suscribieron los pagarés. La corte tenía derecho a creer su declaración y evidentemente así lo hizo. Tenemos la idea de que hay suficiente prueba adicional para demostrar que los pagarés y el contrato de venta condicional estaban absolutamente relacionados entre sí. La regla que excluyela admisión de prueba oral es aplicable al contenido de un documento y no excluye prueba extrínseca para demostrar que dos contratos están relacionados entre sí y que tal fué la intención de las partes.

La teoría de los demandados en este caso fué que los pa-garés suscritos por ambos deudores fueron substituidos por un contrato de venta condicional celebrado en septiembre por la esposa solamente. En esta forma el esposo trataba de re-levarse a sí mismo de responsabilidad, cuando en realidad de verdad toda la prueba tendió a demostrar que el asunto en controversia pertenecía a la sociedad de gananciales y que él sería responsable de todos modos. No había forma de exi-mir de responsabilidad al esposo probando un contrato de venta condicional por parte de la esposa. Nada hay en la ley que impida a una mujer suscribir un contrato condicional para la compra de un automóvil, ora tenga ella bienes pri-vativos o no. Si ella no los tenía y el contrato fue celebrado sin el consentimiento del esposo, o no se podía inferir una agencia, en general la sociedad de gananciales no sería res-ponsable. En este caso en particular la demandante tenía derecho a una sentencia contra ambos deudores y la senten-cia apelada debe ser confirmada.

En la página 8 del alegato de los apelantes ellos manifiestan que el letrado de la parte contraria, Sr. Souffront, ocupó la silla testifical para declarar que los pagarés de febrero 24 y el contrato de venta condicional fueron todos suscritos el mismo día. Entonces los apelantes alegan que tal declaración no podía destruir el contrato escrito firmado unos siete meses después del otorgamiento de los pagarés. Entonces los apelantes dicen lo siguiente: “Es una declaración explicatoria dada por el mismo abogado de la parte contraria, quien tiene interés lógico en triunfar su caso.”

Esto parecería ser, si nuestro análisis es correcto, una imputación de que el Sr. Souffront cometió el delito de per-jurio mientras ocupaba la silla testifical. Se alega un mo-tivo corrupto para destruir la fuerza de la declaración del le-trado. Desde luego, no es la mejor práctica que un letrado ocupe la silla testifical en favor de sus clientes, pero surgen casos como el presente en que todos los hechos de la defensa planteada, a saber, que el contrato había sido substituido, es-tán peculiarmente dentro del conocimiento del abogado del demandante. Estamos muy lejos de sostener que la credibi-lidad de un abogado no pueda ser atacada en apelación en la misma forma que la de cualquier otro testigo, pero nadie debe hacer una sugestión de perjurio a no ser con suma cau-tela. Esta corte tiene el derecho de revisar la conducta de sus abogados y un alegato no debe contener insinuación al-guna de perjurio contra un compañero de profesión a menos que el letrado de los apelantes esté preparado para soste-nerla.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Texidor,

text:
    White Star Bus Line, Inc., peticionaria, v. La Corte de Distrito de San Juan, Hon. Carlos Llauger Díaz, Juez, demandada.
    No. 750.

    Sometido: Febrero 5, 1931.

      Resuelto: Febrero 6, 1931.

      Guerra Mondragón & Soldevila, abogados de la peticionaria.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

No es ésta la primera vez que se presenta este caso a nuestro tribunal. El precedente se baila en el caso No. 714, certiorari, White Star Bus Line, Inc., que resolvimos en 12 de noviembre de 1930 (p. 526).

En la petición anterior se citó también el caso Brown, 228 Mass. 31, y algún otro de los que ahora se nos citan como au-toridades para fundamentar el alegado derecho a un auto de certiorari. No se nos dijo que el estatuto de Puerto Rico y el de Massachusetts fueran iguales. Ahora se nos indica que el primero está copiado o tomado del segundo; lo que nos hace investigar acerca de la seguridad de esa aserción.

El estatuto de Puerto Rico, Ley de indemnizaciones por accidentes del trabajo, de 1928, en su sección 15, lee así:

‘ ‘ Cualquier parte interesada podrá presentar copias certificadas de una orden o decisión de la Comisión Industrial o de una decisión de un Comisionado contra la cual no se baya radicado petición de revisión ante la Comisión en tiempo hábil o del memorandum del acuerdo entre las partes, aprobado por la Comisión Industrial, ante la corte de distrito del distrito en que ocurrió el accidente solicitando, la revisión de éste en el término de' diez días después de la notifica-ción. La corte ordenará a la Comisión Industrial la remisión del récord del caso, oirá a las partes en controversia, dictará la decisión pertinente y notificará a las partes. Las decisiones de la corte ten-drán el mismo efecto que una sentencia dictada en juicio, pero no se dará apelación contra dicha sentencia.”

El estatuto de Massachusetts, és así:

“Sección 11. — Habrá derecho a apelar para ante la corte su-prema de justicia sobre cuestiones de derecho y la comisión industrial de accidentes puede someter cuestiones de derecho a la corte su-prema de justicia para ser determinadas.” Leyes de Massachusetts de 1911, capítulo 751.

Y la enmienda de 1912, como sigue:

“Sección 14. — La Parte III de dicho capítulo por la presente se enmienda, además, eliminando la sección 11 e insertando en substi-tución de la misma lo siguiente: Sección 11. Cualquier parte inte-resada puede presentar copias certificadas de una orden o decisión de la junta, una decisión de un comité de arbitraje de la cual no se haya apelado dentro del término concedido para ello, o una estipu-lación aprobada por la junta, y todos los documentos relativos a los mismos, a la corte superior del condado en que ocurrió el accidente o del condado de Suffolk, y entonces dicha corte dictará un decreto de acuerdo con los mismos y notificará a las partes. Ese decreto ten-drá el mismo efecto y todos los procedimientos con él relacionados serán considerados en la misma forma que si hubieran sido dictados en un procedimiento debidamente visto y resuelto por dicha corte, excepto que no habrá apelación sobre cuestiones de hecho, o cuando se base el decreto en una decisión de un comité de arbitraje o en una estipulación, y que no habrá apelación de un decreto fundado en una orden o decisión de la junta que no haya sido presentada a la corte dentro d.e diez días después de haberse notificado el archivo de la misma por la junta. Al presentársele copia certificada de una de-cisión de la comisión industrial de accidentes que ponga fin, dismi-nuya o aumente el pago semanal bajo las disposiciones de la Parte III, sección doce, la corte revocará o modificará el decreto para con-formarlo a tal decisión.”

Aunque los textos legales tienen entre sí gran parecido, hay entre ellos una diferencia de importancia. En nuestro estatuto se dice, con respecto a la actuación de la corte:

. oirá a las partes en controversia, dictará la decisión pertinente. . .”

En el estatuto de Massachusetts de 1911, el derecho que se concedía era el de apelación (appeal) sobre cuestiones de ley (itálicas nuestras) de forma que la misión de la corte no era la de tratar materias de hecho, y estaba circunscrita por la misma disposición estatutoria.

Y en la enmienda de 1912, se lee: “y entonces dicha corte dictará un decreto de acuerdo con los mismos. . .”

La ley del citado Estado tiende evidéntemente a suprimir toda intervención del tribunal en materia de hecho, dejándole sólo las cuestiones de derecho.

Por esto, al resolverse en Stuart McNicol’s Case, 215 Mass. 497, precedente del caso Brown, se dijo por la corte:

“La Parte III, párrafo 11, de la ley, según fué enmendada por los Estatutos de 1912, capítulo 571, párrafo 14, dispone que cuando las copias de la ‘decisión de la junta. . . y todos los documentos re-lacionados con la misma’ han sido elevados a la corte superior, ‘dicha corte dictará sentencia de conformidad con los mismos’. Esto sig-nifica aquella sentencia que la ley exige se dicte fundada en los he-chos que declaró probados la junta. No hace que la actuación de la Corte Superior sea un mero pronunciamiento perfunctorio aprobando las conclusiones de derecho a que llegó la junta Industrial de Acci-dentes. La sección de que se trata indudablemente fué promulgada debido a la indicación contenida en la Opinión de los Jueces, 209 Mass. 607, 612, al efecto de que las decisiones de la junta deben ha-cerse valer mediante los procedimientos adecuados en corte. La obli-gación impuesta a la Corte Superior por el requisito de dictar su fallo de acuerdo con la decisión, es ejercer sus funciones judiciales dictando aquel fallo que haga valer los derechos legales de las partes según lo revelen los hechos que aparezcan del récord.”

Y en el caso Brown, antes citado, se confirma esta doc-trina, que está de acuerdo con la jurisprudencia más corriente.

Si nuestra Legislatura hubiera querido limitar la inter-vención judicial al conocimiento de materias puramente lega-les, lo hubiera hecho de una forma precisa y categórica. Para nosotros es indudable que no quiso establecer la limitación. Esto nos lleva a declarar sin lugar la petición de “certiorari”.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Ella Woods, demandante y apelada, v. José S. Aybar y Maximono Aybar, representado éste por su viuda Doña Mercedes Rodríguez y, en representación ésta a su vez de, su hijo menor Maximino Aybar Rodríguez, demandados y apelante el primero.
    No. 5106.

    Sometido: Febrero 4, 1931.

      Resuelto: Febrero 9, 1931.

      Angel A. Vázquez, abogado del apelante; Luis Vizcarrondo, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante suscribió con otra persona ante notario tres pagarés como deudor mancomunado y solidario de la apelada, de a $216 cada uno, vencederos en 20 de noviembre de 1926, 20 de enero de 1927 y 20 de marzo del último año, comprome-tiéndose a pagar intereses de mora a razón del 1 por ciento mensual.

Demandado judicialmente en 12 de mayo de 1928 para el pago de los $648 que suman esos pagarés y de $90.72 por sus intereses basta el 28 de marzo de 1928, fué condenado a pagar $738.72 y los intereses de esta cantidad, de cuya sentencia apela alegando, primero: que la corte inferior cometió error al desestimar la excepción previa que opuso a la demanda por no aducir becbos determinantes de causa de acción; segundo, que también bubo error al condenarle a pagar $738.72 porque comprende $90.72 de intereses, sin baber prueba que justifi-que la sentencia; y tercero, porque se le condena a pagar in-tereses de intereses, sin prueba de que a ello se obligara.

La demanda es suficiente porque alegándose en ella que el apelante suscribió y entregó esos pagarés a la apelada no era necesario que dijese que la apelada era dueña de ellos al establecer su acción. Tampoco era necesaria la alegación de que ba muerto el otro suscribiente de la obligación porque siendo ella solidaria podía dirigir su acción contra el apelante independientemente del otro deudor.

Tampoco existe el segundo motivo de error referente a falta de prueba de ser debidos $90.72 por los intereses, porque habiéndose convenido en los pagarés el pago de intereses, habiendo sido admitida en la contestación la autenticidad de esos documentos y habiendo declarado la demandante, sin ser contradicha, que no se le ha pagado cantidad alguna por intereses de esas obligaciones, está justificada la condena por esos intereses.

El tercer motivo alegado es procedente. El apelante ha sido condenado a pagar intereses de $738.72, que es la suma del capital adeudado y de $90.72 de sus intereses convenidos y vencidos hasta determinada fecha, pero como él sólo se obligó a satisfacer intereses del capital es equivocada esa condena y debe ser enmendada en el sentido de que los intereses que ha de pagar son sobre $648, que es el capital debido, y los $90.72 al tipo legal de seis por ciento anual desde el 12 de mayo de 1928, que es la fecha de la interposición de la demanda.

La sentencia apelada, después de ser modificada en ese sentido, debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor HtjtchisoN,

text:
    Antonsanti & La Costa, demandante y apelada, v. La Sucesión de Ana Axtmayer, compuesta de Rosa, Simón, Joseph, Charles y Henry Axtmayer, demandada y apelante.
    No. 5248.

    Sometido: Febrero 4, 1931.

      Resuelto: Febrero 10, 1931.

      A. Quintana Cajas, abogado de la apelante; Dubón & Ochoteco, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor HtjtchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

La parte demandante en nna acción por $800 obtuvo sen-tencia por $400, con costas.

La demandada apela de nna orden aprobando nn memorándum de costas, y alega qne la corte de distrito se ex-cedió en sn jurisdicción al conceder honorarios de abogado.

El artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil, tal cual fué enmendado en 1908 (Compilación de 1911, sección 5371) autorizaba la concesión de honorarios de abogado como parte de las costas sólo en acciones o procedimientos en qne la materia litigiosa excediera de $500. Este artículo fué pos-teriormente enmendado en 1917 (Leyes de ese año (1), página 207) eliminándose la restricción relativa al valor en contro-versia. La apelante se funda en la ley según fué enmendada en 1908, y asume que el valor de la materia litigiosa es $400, importe de la sentencia, excluyendo las costas, y no $800 que es la suma mencionada en la demanda. La enmienda de 1917, desde luego, elimina la cuestión relativa a la cuantía juris-diccional.

Otra contención es que la corte de distrito abusó de su discreción al conceder las costas a la demandante. Si la demandada interesaba obtener la revisión de tal alegado abuso de discreción, debió baber presentado el punto específicamente en la apelación de la sentencia. Dejó de hacer esto. Antonsanti & La Costa v. Sucesión Axtmayer, 39 D.P.R. 596. Esta cuestión es demasiado tardía al ser suscitada por primera vez en la apelación de una orden aprobando un memorándum de costas.

La tercera contención es que la suma concedida como ho-norarios es excesiva.

En el memorándum, los demandantes pedían la suma de $400 por honorarios de abogado. La corte concedió la mitad de esa suma. Tomándolo todo en consideración, creemos que esa partida debe reducirse nuevamente a $100.

La orden apelada debe ser modificada de conformidad, y, así modificada, se confirma.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Federico Calaf Collazo, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, recurrido.
    No. 830.

    Sometido: Enero 12, 1931.

      Resuelto: Febrero 10, 1931.

      Feliú é La Costa, abogados del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Un registrador de la propiedad se negó a cancelar par-cialmente una hipoteca, debido a la existencia de una nota marginal concerniente a la presentación de un aviso de lis pendens, a la negativa de inscribirlo, y al asiento de una ano-tación preventiva por el término de 120 días. El aviso re-vela que los demandantes en la acción pendiente solicitaron una sentencia en dinero, o en la alternativa, un decreto decía-rándolos dueños exclusivos de la hipoteca de que se trata y ordenando la cesión a los demandantes de tal hipoteca por los acreedores hipotecarios en ella consignados.

Un deudor hipotecario que ante tal aviso efectúa un pago parcial a sus acreedores y obtiene de ellos la cancelación parcial de la hipoteca, tiene derecho a que ese hecho aparezca en el registro de la propiedad. La cancelación en el registro de cualquier derecho, título o interés que los acreedores hipotecarios puedan tener en el gravamen protegería al deudor de posibles cesiones de la hipoteca por los acreedores a cualquier persona fuera de los demandantes en la acción pendiente, y no podía en forma alguna afectar el título de tales demandantes en caso de que ellos resultaran ser los verdaderos dueños de la hipoteca.

Debe revocarse la nota recurrida.