text:
    Porto Rico Fertilizer Company, peticionaria, v. La Corte de Distrito de Humacao, Hon. Gabriel Castejón, Juez, demandada.
    No. 693.

    Sometido: Febrero 10, 1930.

      Resuelto: Abril 11, 1930.

      Bubón & Ochoteco, abogado's de la peticionaria; A. Arrayo Rivera. abogado de la demandante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión, del tribunal.

De la petición de auto de certiorari, de los autos, y de dos certificaciones presentadas, aparece:

Que ante la Corte de Distrito de Humacao siguió Stubbe Brothers, Incorporated, una acción civil contra José Agustín Díaz, en cobro de una cantidad, qne según la petición de certiorari es de $4,432, aunque luego aparecen otras sumas; el pleito tiene el número de orden 11954, en esa corte.

Que en el aludido pleito se embargó al demandado ana plantación de caña de azúcar, en vía de aseguramiento, y que se amplió el embargo, y se nombró un administrador, que fue Don Antonio Roig; éste se bizo cargó de la plantación, atendió a obtener la molienda, y como producto de ella depo-sitó en corte $9,176,07, líquido obtenido.

Que en el mismo caso civil que se cita la corte dictó sen-tencia contra el demandado, en fecba 1 de julio de 1929, condenándole a pagar a Stubbe Bros., Inc., la suma de $2,088.66 (dos mil ochenta y ocbo dollars y 66 centavos), intereses al 12 por 100 anual, $233.28 (doscientos treinta y tres dollars y veintiocho centavos) por ciertos implementos comprados, $300 (trescientos dollars) por honorarios de abogado, y las costas; sentencia que se notificó a las partes, apelando ambas.

Que ante la Corte de Distrito de San Juan y bajo el número 8177, siguió J. C. Manrique otro pleito contra José Agustín Díaz, en cobro de cantidad; y en período de ejecución de sentencia el Marshal de la Corte de Distrito de Humacao reembargó sobre la suma de $9,176.07, que tenía embargada Stubbe Bros., Inc., en lo necesario hasta $785.61 por principal y $152.94, por intereses y costas, notificándose al Secre-tario de la Corte de Distrito de Humacao, quien expidió check por $938.55 para cumplimiento de aquella sentencia.

Que Salvador L. Rocafort siguió ante la Corte de Distrito de Humacao un pleito civil, No. 14436, contra José Agustín Díaz sobre cobro de cantidad y en dicho pleito y para asegurar la efectividad de sentencia la corte dictó resolución decretando un embargo por $2,237.45 sobre los $9,176.07 de-positados en la secretaría por el administrador judicial en el caso civil 11954, notificándose el embargo al secretario de la corte.

Que eu el caso civil 10225 seguido por la Porto Rico Fertilizer Co., demandante, v. José Agustín Díaz, en la Corte de Distrito de San Juan, en 1 de agosto de 1929 y en asegura-miento de sentencia el márshal de la Corte de Distrito de Humacao embargó, la suma de $2,165.75, parte de la de $9,176.07, depositada, como antes se ha dicho, notificándose el embargo al Secretario1 de la Corte de Distrito de Iíumacao y apercibiéndose por el márshal al secretario de que la noti-ficación se hacía para que en caso de que se transigiera el embargo trabado por Stubbe Brothers en el pleito 11954 quedara subsistente el trabado por la Porto Rico Fertilizer Co. en el pleito civil No. 10225 que se seguía ante la Corte de Distrito de San Juan.

Que la Porto Rico Fertilizer Co. ante la Corte de Distrito de San Juan siguió pleito contra Salvador L. Rocafort, haciendo negocios bajo la denominación de S. L. Rocafort & Co., y en él procedió a embargar por vía de aseguramiento de sentencia todos los derechos y acciones del demandado Salvador L. Rocafort en el caso No. 14436, Corte de Distrito de Humacao, pleito .seguido por el dicho Rocafort contra José Agustín Díaz, notificándose dicho embargo al Secretario de la Corte de Distrito de Humacao y a Salvador L. Rocafort y tomándose razón con nota escrita por el secretario en los autos del caso Salvador L. Rocafort v. Agustín Díaz, No. 14436, en fecha 9 de agosto de 1929.

Que Stubbe Brothers y José Agustín Díaz en el caso civil No. 11954 antes citado, radicaron una estipulación per-mitiendo al demandado prestar fianza por la suma de $7,000 para levantar el embargo trabado en aquel caso y que la corte, por su juez, Hon. Gabriel Castejón, resolvió aprobando la estipulación y la fianza y ordenando el levantamiento del embargo trabado por la suma de $5,500 y su ampliación por $2,000, quedando el dinero embargado a la libre disposición del demandado Díaz. Y en el caso civil 14436 de la misma corte, Salvador L. Rocafort v. José Agustín Díaz, el deman-dante Rocafort en 4 de diciembre de 1929, la misma fecha de la estipulación antes mencionada, presentó nna moción’ allanándose a qne se levantara el embargo y el dinero fuera entregado. Y que en consecuencia el Secretario de la Corte de Distrito de Humacao- entregó a José A. Díaz, demandado en estos casos, un cheque por la suma de $8,090.87, haciéndose constar tal embargo de puño y letra del secretario en el pleito 11954.

Ahora la parte peticionaria sostiene que la Corte de Distrito de Humacao al dictar la orden de entrega del dinero a José Agustín Díaz procedió sin jurisdicción para ello y que habiéndosele embargado por la peticionaria Porto Rico Fertilizer Co. la suma depositada por el administrador en el caso No. 11954, hasta la cantidad de $2,165.75, no debió dictarse aquella orden sin previa notificación a la Porto Rico Fertilizer Co. para ser oída en tal procedimiento de levantamiento de embargo; que la orden es nula y por ella se privó a la peticionaria de su derecho constitucional a tener un día en corte y que la peticionaria tenía embargado todo interés, derecho y acción que tuviera Salvador L. Rocafort en la suma antes expresada y como consecuencia del caso seguido contra José Agustín Díaz, civil 14436, de Humacao, y el allanamiento de Rocafort a que se leventara el embargo no era suficiente para ello si no mediaba el consentimiento de la peticionaria; que la fianza es nula y carece de valor ya que los fiadores por ella se obligan solamente a responder a Stubbe Brothers, Inc., por la cantidad de $7,000, no estando, por tanto, com-prendido en tal fianza el embargo trabado por la Porto Rico Fertilizer Co. en el caso 10225 en cuanto a la suma de $2,165.75 y no respondiendo tampoco el embargo trabado por Salvador L. Rocafort en el caso 14436, en el que hizo reembargo la peticionaria.

Se presenta ahora a nuestra consideración un primer problema, que puede formularse así: ¿Tiene la corte cono-cimiento judicial de -la existencia de los embargos practi-cados por la peticionaria?

En los autos del caso civil No. 14436, Corte de Distrito de Hnmacao, Salvador L. Rocafort v. José Agustín Díaz, aparece una notificación hecha por el Marshal de la Corte de Distrito de Hnmacao Rafael Mas, al Secretario de la misma corte, en 9 de agosto de 1929, y radicada por el Secretario en la misma fecha, qne acredita qne Porto Rico Fertilizer Co., en el pleito civil No. 10226, de la Corte de Distrito de San Jnan, Porto Rico Fertilizer Co. v. S. L. Rocafort etc., ha embargado todo derecho y acción qne pneda tener el demandado en el caso S. L. Rocafort y Co. v. Agustín Díaz, de la Corte de Distrito de Hnmacao, por $2,165.75, y ordenándole qne la retenga a disposición del demandante en aquel caso 10227.

De las certificaciones libradas por el Secretario de la Corte de Distrito de San Jnan, aparece también qne el Secre-tario de la Corte de Distrito de Hnmacao fné notificado de los embargos de Porto Rico Fertilizer Co.

Pero no resnlta qne el juez, la corte de distrito, tnviera conocimiento de la existencia de esos embargos.

Como regla general pnede copiarse aqní a Wigmore en cnya obra sobre evidencia encontramos lo qne signe:

“2579. Idem: (2) Autos de los PROCEdimientos. Los proce-dimientos ante una corte los constituyen los autos (records), y esta palabra originalmente tomó su nombre de la memoria judicial (re-cordari) que podía ser invocada para anular procedimientos ante-riores. No obstante, hoy en día parece poco razonable, teniendo en cuenta el principio general de conocimiento judicial (ante, §2565), afirmar que existe verdadero conocimiento judicial de determinados litigios anteriores (toda vez que generalmente no son ni notorios, ni el juez está en el deber de tener conocimiento de ellos), o esperar que la corte examine todos los autos a fin de informarse a sí misma. Igualmente puede decirse en términos generales que una corte no está obligada por regla alguna a tomar conocimiento judicial del tenor de ningunos procedimientos legales (a no ser de aquéllos que se están tramitando de momento ante ella). En realidad todo esto es asumido por las reglas de derecho que exigen que los autos origi-nales de un procedimiento judicial sean presentados como prueba y que definen la's excepciones a virtud de las cuales se permite la pre-sentación de una copia en lugar de los mismos (ante, §§1215, 1216).
Sin embargo, por razones de conveniencia cuando no es probable que surja una controversia y los gastos en que se incurriría para obtenerse una copia estén fuera de proporción, con frecuencia se bailan eorte’s que toman conocimiento judicial dél tenor o efecto de parte de un procedimiento judicial, sin exigir la presentación formal de prueba. Puede verse poca uniformidad toda vez que esta dis-pensa no es obligatoria para la corte, y ya que depende más o menos de la notoriedad y certeza prácticas del beeho, de acuerdo con las circunstancias de cada caso. Con frecuencia se bace con parte de los autos en el mismo procedimiento, o en un estado anterior de la misma controversia; con meno’s frecuencia se hace con los autos de un Diti-gio distmto, especialmente cuando éste se tramita en otra corte.” "Wigmore on Evidence, Tomo 5, Pág. 593.

El tratadista cita varios, casos de distintos Estados, irnos en pro de la regia estricta, y otros en los que lia existido una interpretación liberal. Aunque se cita en este sentido el caso Gay v. Gay, 146 Cal. 237, 79 Pac. 885, vemos que en este caso si se bizo interpretación liberal de la regla, no lo fué basta el extremo de constituir una fuerte excepción. La corte dijo:

“Y, podría decirse de paso que esta corte tomará conocimiento judicial de procedimientos celebrados ante ella en este caso que de-muestran que la querellada ha tratado, con la aparente buena fe con que la corte halló que ella había actuado al interponer su recurso de apelación, de que se resolviera su pliego de excepciones para ser usado para todos los fines en que pudiera serle útil. . .”

Aunque en otro terreno, la opinión y decisión en el caso Sewell v. Johnson, Cal., 134 Pac. 704, es de importancia en el que resolvemos. El apelado en Sewell v. Johnson arguyo que la corte no podía tener conocimiento de la revocación de una sentencia en un caso ante la misma corte, no apareciendo nada en el récord para demostrar que la sentencia revocada fuera la misma en que se apoyaba el apelado en su demanda en la corte inferior. En la opinión se dice:

“La regla de que la facultad de una corte para considerar en una apelación pendiente solamente cuestiones que aparecen de los autos no es de aplicación universal ni está la corte siempre limitada en la consideración y disposición de tal recurso a los autos que tiene ante sí. Por el contrario, con frecuencia surgen cuestiones posteriores a una apelación que pueden ser traídas ante la corte mediante prueba que no consta en los autos y que será considerada y apreciada al resolver la apelación. Un ejemplo familiar ocurre cuando despué's de apelarse de una sentencia se concede un nuevo juicio en la corte- superior, o cuando después de entablarse el recurso de apelación se des-prende a virtud de determinadas circunstancias o becbo's ocurridos posteriormente que la tramitación ulterior del caso envuelve sola-mente una cuestión académica. En ambos casos al demostrarse de-bidamente lo que ocurre, necesariamente con prueba que no consta en autos, la corte 'superior desestimará las apelaciones. Lo mismo sucedería cuando un estatuto penal en que se basa una sentencia es derogado mientras está pendiente la apelación, o cuando la jurisdic-ción de la corte de apelaciones para tomar conocimiento de un re-curso de apelación depende de un estatuto que es derogado mientras está pendiente el recurso. En ambos casos la apelación debe ser desestimada. Podrían citarse otras circunstancias en que las cortes actúan al resolver apelación pendiente sobre cuestiones que no apa-recen de los autos de determinado cáso y que ocurren con posteriori-dad a la interposición del recurso y que solamente son traídas a la atención de la corte, haciéndose la correspondiente indicación, o a virtud de procedimientos independientes de los autos.”

En. esta jurisdicción, en el caso Martínez v. Martínez, 26 D.P.R. 156, confirmando la doctrina de los casos Sucesión de Igaravídez et al. v. Rubert Hermanos et al., 23 D.P.R. 293, y Aparicio Hermanos v. H. C. Christianson & Co., 25 D.P.R. 1, se dijo:

“Hemos resuelto varia's veces que no tomaremos conocimiento judicial de otro récord más que en casos excepcionales.”

Y en Cruz et al v. Quiñones, 32 D.P.R. 574, se fia dicfio:

- “Por regla general la corte no tomará conocimiento de una apela-ción anterior para un fin afirmativo de un apelante.”

Pudo obtenerse en el caso que estudiamos el que la Corte de Distrito de Humacao tuviera conocimiento ■ exacto de la situación a fin de que, en su oportunidad, pudiera llamar a Porto Rico Fertilizer Co. para oírla en cnanto a los embargos. No bastaba con el conocimiento del secretario, siquiera éste pudiera bacer algo en el sentido de llamar la atención de la corte al becbo de que los fondos estaban en su custodia, y posiblemente sujetos a otra disposición. Pero no aparece que la corte, como tal entidad, y dentro del pleito, tuviera conocimiento de los becbos y resoluciones de otro pleito, ni que la parte interesada llamara la atención de la corte a tal situación.

No es necesario aquí resolver en cuanto a otros extremos que pudieran ser considerados, ya que el que bemos estudiado es suficiente para determinar en el caso.

Debe anularse el auto expedido, declarándose sin lugar la petición de certiorari.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor del Tobo,

license: Public Domain

text:
    Alfonso García, demandante y apelante, v. Fernando Pérez Llera, demandado y apelado.
    No. 4469.

    Sometido: Mayo 22, 1929.

      Resuelto: Abril 11, 1930.

      Diego O. Marrero y Jesús A. González, abogados del apelante; M. Mareos Morales, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Alfonso García demandó a Fernando Pérez Llera para que le otorgara la escritura pública creditiva de la venta de una finca de ocho cnerdas y media situada en el barrio de Quebrada Arriba de la jurisdicción de Cayey que le había comprado el 3 de junio de 1917 por la suma de $800 que le pagó en efectivo. Negó el demandado la existencia de tal contrato y alegó en contrario que se encontraba en posesión de la finca por compra al propio demandante y a su hermano Gerardo constante en documento público otorgado el 22 de julio de 1916.

Fué el pleito a juicio practicándose una larga prueba testifical y documental y la corte finalmente dictó sentencia on contra del demandante. No conforme éste apeló, seña-lando en su alegato cuatro erroresi que pueden comprenderse en dos. El primero se refiere a no haber acompañado el juez su sentencia de la opinión exigida por la ley, y los tres restantes a la apreciación de la prueba.

En efecto el juez de distrito dictó sentencia sin acompañarla de una opinión escrita. Se le pidió que lo hiciera y accedió archivando una que cumple con todos los requisitos exigidos por el estatuto. No vemos que se haya cometido error alguno que pueda servir de base a la revocación de la sentencia.

A la discusión de los errores relativos a la apreciación de la prueba, dedica el apelante treinta y siete páginas de su alegato de cuarenta y cinco.

Pesando la evidencia, dice el juez sentenciador en su rela-ción del caso y opinión:

“Por el resultado de dicha prueba, la Corte es de opinión que el demandante no ha probado satisfactoriamente los hechos esenciales de la demanda, especialmente que el demandado le haya vendido la finca objeto del pleito y que haya estado en posesión de la misma desde la fecha de la venta. Es verdad que el demandante ha tratado de demo'strar que compró al demandado la referida finca, pero sobre este punto ha. habido prueba del demandado tendente a justificar lo con-trario, es decir, que nunca vendió al demandante la citada finca, sur-giendo de este modo el conflicto en la prueba, conflicto que esta Corte resuelve en favor del demandado por los siguientes fundamentos: Por las dudas y vacilaciones de los testigo's del demandante; por el mismo pagaré presentado por el demandante justificativo de que el contrato entre el demandante y el demandado se refirió a un prés-tamo del primero al segundo y por la preponderancia de la evi-dencia presentada por el demandado.
“No habiéndose probado, pues, a satisfacción de esta Corte, que el demandado hubiera vendido al demandante la finca en cuestión y que éste haya estado en posesión de la misma, procede declarar, como se declara, sin lugar la demanda interpuesta en este caso, sin especial condena de costas.”

Hemos estudiado cuidadosamente la transcripción y no sólo estimamos que no hay base para concluir que la corte de distrito cometiera error manifiesto1 al apreciar la evidencia aportada por ambas partes, sí que creemos que no pudo llegar a otra conclusión que no fuera la expresada en su sentencia.

No bay duda alguna con respecto a la identidad de la finca. Tampoco la bay de que el demandante y su hermano Gerardo eran dueños de ella en 1916 y la vendieron al demandado Fernando Pérez Llera.

El demandante declaró en el juicio que en 1917 al embar-carse el demandado para la Península le compró la finca pagándole su precio. ¿Qué evidencia aportó para demos-trarlo, además de su declaración1? Se refirió a un pagaré a su favor otorgado por el demandado. Y la verdad es que tal prueba en vez de favorecerle, le perjudica. ¿Cómo es posible que si el demandado recibió el dinero que el demandante le en-tregó en 1917 como precio de la venta de la finca y el deman-dante entró en posesión de ella como dueño desde entonces, le fuera a otorgar un pagaré reconociendo deberle dieba cantidad? La explicación del demandante de que tenía en el demandado plena confianza y no quiso molestarlo al salir piara la Península, es insuficiente. En cambio la terminante declaración del demandado en el juicio en el sentido de que fué un préstamo el que le hizo el demandante y no una compra y de que la finca quedó arrendada a Luis Antonio Ortiz a razón de $125 anuales con encargo de pagarlos al demandante para que éste los fuera abonaudo al préstamo, corroborado el último extremo por la declaración del propio Ortiz, guarda perfecta armonía con el otorgamiento del pagaré.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Juan Durán Ortiz, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    No. 806.

    Sometido: Abril 6, 1930.

      Resuelto: Abril 11, 1930.

      García Méndez & García Méndez, abogados del recurrente; el regis-trador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 26 de febrero de 1927 comparecieron ante el abogado y notario público J. B. García Méndez, en el pueblo de Las Marías, Concepción Ortiz viuda de Durán y Juan Durán y Ortiz. El notario al comenzar la escritura dió fe del conoci-miento personal de los comparecientes y de sus circunstan-cias por sus manifestaciones. Aseguran tener y tienen a 'mi juicio, expresó, la capacidad legal necesaria para este acto.

Procedióse entonces a la formalizaoión del contrato por virtnd del cual la Sra. Ortiz dneña de dos condominios, uno de $1,933.92 y otro de $1,096.64, en una finca rústica que se describe, valorada en $3,418.02, los vendió al otro compare-ciente señor Durán por el valor indicado, pagando el com-prador $1,933.92 y reservándose el resto de $1,096.64 “para satisfacer la hipoteca que grava la descrita finca a favor del Federal Land Bank of Baltimore”.

• Después de terminado el documento, pero antes de ¡ser firmado por las partes y testigos y autorizado por el notario, se consignó lo que sigue: <■. ;

“En este estado se deja aclarado que en este otorgamiento ha concurrido el doctor don Miguel Rodríguez Cancio y Yendrell, mayor de edad, casado, médico cirujano y vecino de San Sebastián, a fin de dictaminar sobre el estado mental y capacidad mental de la compare-ciente doña Concepción Ortiz viuda de Durán, a quien, después de un examen detenido y de haber conversado con ella procurando con-vencerse de su verdadero estado mental, encontró en perfecto estado de sus facultades mentales e intelectuales y en él pleno dominio de su voluntad, por lo que, en testimonio de ello, suscribe la presente escritura.
“Y Yo el Notario, de todo lo expuesto, y de aceptarlo los otor-gantes, repito la fe.”

Se presentó la escritura en el registro correspondiente y el registrador se negó a inscribirla por los siguientes motivos:

“Porque la aclaración hecha al final de este documento 'sobre la capacidad de la otorgante Concepción Ortiz, vda. de Durán, para ce-lebrar el contrato aludido de venta, deja sin efecto y pone en duda el juicio que de dicha capacidad expresa el notario autorizante, el cual es sustituido por el dictamen de un médico-cirujano en contra-vención de lo dispuesto en los Artículos 253, 254 y 255 del Código Civil que regula el procedimiento ante la Corte de Distrito corres-pondiente para que ésta declare la incapacidad o capacidad de las persona's, en caso de controversia, y porque, además, el notario no da fe del conocimiento personal del compareciente, Doctor Miguel Ro-, dríguez Cancio y Yendrell, y, también en cuanto al condominio por §1,096.64 que para pago de una hipoteca a favor de The Federal Land Bank of Baltimore tiene en la finca la vendedora, por haber sido adjudicado expresamente con dicho fin y no para su venta, sin que aparezca que tal hipoteca haya sido satisfecha.”

El primer motivo de la negativa no está bien fundado, a nuestro juicio. Es algo realmente raro y que no hay duda alguna que debilita la afirmación del propio notario con respecto a la capacidad de la vendedora, la co¡mparecencia del Dr. Rodríguez Cancio, pero no creemos que pueda llegarse al extremo de concluir que la afirmación quede sin efecto a virtud de la comparecencia. Esta puede considerarse como algo que está de más, que abunda pero no daña, y adoptando tal criterio es evidente que no' hay que considerar siquiera la aplicabilidad al caso de los preceptos del Código Civil citados en su nota por el registrador.

Si la comparecencia- del doctor se tiene por innecesaria y superabundante, huelga considerar si el notario dió o no dió fe debidamente del conocimiento personal del mismo. No existe el segundo motivo de la negativa.

Sosteniendo el tercero dice el registrador en su alegato:

“Según aparece del Registro, ... a la Sra: Concepción Ortiz, viuda de Durán se le adjudicó en dicha finca valorada en $3,418.03 un condominio por la suma de $1,096.64, en unión de otro que tam-bién vendió por la referida escritura, para pago con el primero de la hipoteca del Federal Land Bank of Baltimore, de la cual se ha hecho cargo dicha viuda y que pesa 'sobre dicha finca, todo según escritura de protocolización No. 12, de partición de bienes, ... Si la ley del contrato de partición de herencia es la voluntad de los herederos, al adjudicar éstos a la viuda mencionada el referido condominio, dicho se está que lo hicieron para pago de la expresada deuda hipotecaria al Banco Federal, sin que tal adjudicación constituya una enajena-ción de bienes a favor de la adjudicatario sino por el contrario cons-tituye un acto de partición a favor de la mi'sma con la obligación (trust) de pagar tal deuda; y habiendo violado esa ley la adjudica-t'aria enajenando dicho condominio a un tercero, a cuya voluntad queda encomendado tal pago, que lo puede hacer o dejar de hacer, no es inscribible tampoco el referido condominio.

Creemos que dada la forma en que aparece redactado el documento, es perfectamente inscribible. Adoptaremos el razonamiento del recurrente para basar nuestra conclusión. Es así:

“Por virtud de lo consignado en la escritura, se demuestra que el precio del condominio que se vende es de $3,030.56, pero como la finca está gravada al Federal Land Bank of Baltimore, el adquirente se reserva el importe de ese gravamen para satisfacer el crédito hipo-tecario en su día. La circunstancia de que la finca hubiera sido ad-judicada a doña Concepción Ortiz Viuda de Duran para el pago de dicha hipoteca no juega papel en el asunto, pues el hecho de tras-pasar su condominio doña Concepción Ortiz Viuda de Duran a otra persona no varía en forma alguna la garantía que a su favor tiene el acreedor hipotecario, pues la hipoteca es inseparable del inmueble sobre el cual está constituida, independientemente de las trasmisio-nes que del inmueble mismo se hagan. Si por virtud de haberse ad-judicado a la compareciente el condominio de la finca de referencia para el pago del crédito al Banco Federal, dicha doña Concepción Ortiz Viuda de Durán ha incurrido en cualquiera otra obligación, ello sería una cuestión de orden personal, que no puede afectar el in-mueble ni impedir su trasmisión ha'sta que se haya efectuado el pago del crédito hipotecario. Sostener lo contrario implicaría el desvir-tuar el verdadero propósito de la Ley Hipotecaria que es facilitar las trasmisiones de los inmuebles y derechos reales 'sobre los mismos, ase-gurando los derechos de los contratantes y levantando de ese modo el crédito territorial. . .”
“Otra cosa sería si be tratara de una adjudicación para el pago de determinadas deudas cuya mención en el Registro no pudiera afec-tar a tercero, pues en ese caso, para hacer la trasmisión, tal vez sería necesario acreditar que se habían satisfecho las deudas.”

Debe revocarse la nota recurrida y ordenarse la inscrip-ción solicitada.


author: El Juez Asociado Señor Aldbey, JUEZ ASOCIADO SR. WOLE

text:
    Roberto H. Todd, peticionario y apelante, v. La Asamblea Municipal de San Juan, recurrida y apelada.
    No. 4739.

    Sometido: Noviembre 14, 1929.

      Resuelto: Abril 23, 1930.

      Feliú é La Costa, abogados del peticionario; B. Martínez Nadal, y Cayetano Coll y Cuchí, abogados de lo's asambleístas.
   El Juez Asociado Señor Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

Celebrando la Asamblea Municipal de San Juan una sesión extraordinaria el 15 de agosto de 1928 se constituyó como tribunal en ejercicio de funciones judiciales y así constituida tomó el acuerdo de establecer procedimientos de impugnación (impeachment) contra el alcalde de la ciudad como consecuencia de una denuncia presentada contra él por un ciudadano; y también tomó el acuerdo, de que mientras se sustanciasen los cargos hechos al alcalde quedase éste sus-penso de empleo y de sueldo. Acudió entonces el alcalde ante la Corte de Distrito de San Juan estableciendo un recurso de certiorari para que fuese anulado el acuerdo instituyendo el procedimiento para su destitución y también el relativo a quedar suspenso de empleo y sueldo. La corte de distrito expidió el auto interesado y decretó al mismo tiempo que quedasen en suspenso estos acuerdos hasta la resolución defi-nitiva de dicho auto. Reclamados los documentos necesarios y oídas las partes la corte escribió una opinión según la cual la asamblea municipal tiene facultad para instituir el proce-dimiento de destitución que decretó contra el alcalde .a pesar de estar la asamblea municipal en una sesión extraordinaria y no haber sido tal asunto objeto de su convocatoria; y estimó que mientras se tramitase ese procedimiento no podía quedar el alcalde suspenso de empleo- y de sueldo. En vista de esa opinión y por sus fundamentos la corte de distrito dictó sentencia declarando con lugar la solicitud de certiorari en cuanto se refiere al acuerdo o resolución suspendiendo al alcalde de empleo y de sueldo durante la sustanciación de los cargos formulados contra él y en su consecuencia anuló dicho acuerdo o resolución y dispuso que los documentos recibidos fueran devueltos para ulteriores procedimientos no inconsis-tentes con la opinión. En esa sentencia no se dejó sin efecto la suspensión decretada cuando e.l auto fué librado.

Contra esa sentencia interpuso apelación el alcalde y radi-cados los autos de esa apelación en este Tribunal Supremo obtuvo, mediante fianza, que el juez de este tribunal,. Sr. Texidor, encargado de esta Cotre Suprema durante sus vaca-ciones, dictase una resolución ordenando a los miembros de la asamblea municipal que no continuasen los procedimientos de destitución contra el alcalde basta que la expresada ape-lación fuese resuelta por este Tribunal Supremo. A pesar de esa orden la asamblea municipal continuó dichos procedi-mientos para la destitución del alcalde y finalmente decretó su destitución. Entonces, a instancia del alcalde-apelante, • el mismo juez dictó durante las vacaciones del tribunal una orden para que los miembros de la asamblea municipal que habían, continuado los procedimientos de destitucióín compa-recieran ante este Tribunal Supremo el día que fué señalado para que mostrasen causa por la cual no debían ser castigados por desacato por no haber obedecido la expresada orden de suspensión de dichos procedimientos.

Lo relacionado aparece de las diligencias sobre desacato y de las que obran en los autos de apelación establecida por el alcalde contra la sentencia resolviendo su apelación en el certiorari.

El día señalado para la vista del desacato comparecieron los asambleístas citados y alegaron que no han cometido desacato alguno al tribunal ni al juez de turno en vacaciones' porque el juez que dictó la orden de suspensión no tenía autoridad de ley para detener la ejecución de la sentencia de la corte de distrito; porque si esa orden se considera, válida no tiene más alcance que suspender los. efectos de la orden dictada por la corte de distrito, la cual en este caso se limitó a resolver únicamente sobre la suspensión de em-pleo y sueldo del alcalde; porque la sentencia de la corte de distrito no es, de tal naturaleza que pueda ser detenida en su ejecución por medio de una orden de supersedeas ; porque esa sentencia no era ejecutoria sino en cuanto a la suspensión de empleo y sueldo del alcalde; porque al llevar a cabo la acción y juicio contra el alcalde la asamblea municipal no le privó de ningún derecho adquirido puesto- que la sentencia que recayera no era ejecutoria sino- después de confirmada en la apelación correspondiente; y porque los asambleístas actuaron de buena fe y bajo consejo de abogado.

En vista de esa contención este tribunal se limitó a oír la cuestión previa de jurisdicción suscitada para si es resuelta en contra de los que la han propuesto- darles una oportunidad para.entrar en las demás circunstancias del caso.

Por lo expuesto se ve que el auto de certiorari interpuesto’ por el alcalde ante la Corte de Distrito de San Juan plan-teaba dos cuestiones: una, qne es nulo el acuerdo de la asamblea municipal disponiendo que se iniciara el procedi-miento de impugnación (impeachment), porque siendo una sesión extraordinaria no podía la asamblea tratar1 otros asuntos que los que fueron objeto de su convocatoria, y ese asunto no lo fue; otra, que es ilegal el decretar su suspensión de empleo y sueldo mientras se tramitasen esos procedi-mientos. La corte de distrito consideró que el alcalde no tenía razón en la primera cuestión pero sí en la segunda y en consecuencia su fallo sólo declara con lugar el certiorari en cuanto a la segunda cuestión, por lo que la apelación del alcalde contra ella no puede referirse sino a la parte que puede serle perjudicial, o sea, en cuanto no anula el acuerdo disponiendo que se tramiten los procedimientos para su des-titución.

Según el'artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil se puede .establecer apelación contra sentencia definitiva pronunciada en un pleito o procedimiento especial; y como el de certiorari tiene el carácter de procedimiento especial, la sentencia definitiva dictada en él puede ser apelada, American R. R. Co. v. Corte Municipal, 16 D.P.R. 242. Aunque sobre esto no existe discusión en este caso, es con-veniente dejarlo consignado porque es base para considerar otra cuestión.

También dispone el artículo 297 que formalizada una apelación producirá el efecto- de suspender todo procedi-miento en la corte inferior con respecto a la sentencia u orden apelada o a las cuestiones comprendidas en ella, aunque la corte inferior podrá proseguir el pleito en lo que respecta a cualquier extremo no comprendido en la apelación. Por su parte el artículo 298 del mismo- código después de hacer referencia a la regia precedente exceptúa de ella tres casos, ninguno de los cuales es la apelación contra sentencia en auto de certiorari.

De acuerdo, pues, con esos preceptos legales la apelación en este caso suspendió ex proprio vigore el cumplimiento de la sentencia apelada (Pescay v. Texidor, Juez de Distrito, 26 D.P.R. 171) y, por consiguiente, atacada la validez de la orden o acuerdo de la asamblea municipal disponiendo' que se tramitasen los procedimientos de impugnación del alcalde, librado por la corte de distrito el auto de certiorari y decre-tada la suspensión de dicbo acuerdo, la apelación contra la sentencia que no anuló dicho acuerdo produjo el efecto de que continuase el status guo creado por el libramiento- del auto de certiorari, y, por tanto, mientras se resolviese esa apelación no podía cumplirse el expresado acuerdo, pues la. apelación trajo ante este tribunal Supremo la cuestión a decidir si tal acuerdo- es nulo o no; y, mientras se resolviese, el alcalde tiene derecho a no verse sometido a dicho proce-dimiento de destitución.

Sentado lo- que precede, veamos ahora si este Tribunal Supremo o un Juez Asociado de él durante las vacaciones de aquél podía librar en este caso, después de perfeccionada la apeláción, una orden para que la asamblea municipal no continuase los procedimientos de- destitución mientras la apelación sea resuelta por nosotros.

No puede haber duda alguna de que perfeccionada una apelación queda trasladada la jurisdicción sobre el asunto de la corte de distrito- a este Tribunal Supremo (3 O. J. página 1252, sección 1366) por lo que desde que esta apela-ción fué perfeccionada perdió la corte de distrito la jurisdic-ción que en el asunto- tenía y desde entonces la adquirió este tribunal para resolver la apelación.

No existe en la ley p-rocepto alguno que expresamente disponga que este Tribunal Supremo pueda librar órdenes (supersedeas) para que la sentencia apelada no sea cum-plida, lo que no es extraño por haberse dispuesto terminante-mente en el artículo 297, supra, que la apelación suspende los efectos de la sentencia y por esto no tenía que decir que este Tribunal Supremo podía’decretar la suspensión de la ejecución de la sentencia; pero si se diera el caso, como en el presente, de que por no haber declarado la sentencia nnlo determinado acuerdo o resolución objeto del certiorari y ai pesar de la apelación se.tratase de cumplir la sentencia de la corte inferior, entonces este tribunal tiene poder inherente para hacer efectiva su jurisdicción de apelación impidiendo, mediante la correspondiente orden, que la sentencia apelada sea cumplida, de acuerdo con' el artículo 36 del Código de Enjuiciamiento Civil, según el cual cuando por él o por otra ley se confiere jurisdicción a una corte, o funcionario judicial se le confieren también todos los medios necesarios para hacerla efectiva; y en el ejercicio de ella, si el procedimiento no estuviera especialmente señalado en el código o en otra, ley, podrá adoptarse cualquier otro procedimiento o modo adecuado que parezca estar más en armonía con el espíritu de ese código. Por-consiguiente, como no sólo el espíritu del código sino sus mismos preceptos son que la sentencia apelada no sea cumplida mientras la apelación sea resuelta, no puede haber duda de que este tribunal está facultado por dicho artículo 36 para librar órdenes que hagan efectiva su jurisdicción en ese sentido, impidiendo el cumplimiento de la sentencia apelada. En el caso de Farmers State Bank of Riverton v. Hann, 213 Pac. 361 (Superior Court of Wyoming), se dice lo siguiente: “Uno de los poderes inherentes de la Corte Suprema es que puede conceder supersedeas o una orden suspendiendo la ejecución o la seguridad (enforcement) de una sentencia de la que se ha apelado, en términos y condiciones apropiados, después que ha adquirido juris-dicción, si se creyere necesario para hacer efectivo el com-pleto ejercicio de tal jurisdicción.” Y en el caso de Wood v. Board of Fire Commissioners of the City of Los Angeles, 195 Pac. 739, se declaró que: “La corte de distrito de ape-laciones en el ejercicio de su jurisdicción posee el poder inherente de suspender los procedimientos acerca de la sen-tencia apelada, aunque no haya disposición estatutpria para tal suspensión.” En igual sentido son los casos de Lucken- back v. Lace, 204 Pac. 591, 188, Cal. 175; Union Sawmill Co. v. Felsentahl Land, 84 Ark. 494 106 S. W. 676; y de American Strawboard Co. v. Indianapolis Water Co., 46 U. S. App. 526. En el caso de Axtmayer v. Körber, 36 D.P.R. 962, esta Corte Suprema decretó la suspensión del cumpli-miento de una sentencia apelada, Paciendo' aplicación de los artículos 36 y 297 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Demostrado que este Tribunal Supremo puede libran órdenes de suspensión del cumplimiento de una sentencia cuya apelación está pendiente ante él, veamos ahora si tal orden puede ser librada por uno de los jueces durante las vacaciones del tribunal para impedir que se desvirtúe, des-truya o burle un estado de derecho existente, creado por la ley.

En uno de los casos citados por los asambleístas, el de In re Talbot, 58 Ind. 426, 108 W. E. 241, tratando de ciertos poderes inherentes a las cortes de justicia, se dice:

“Se observará que el poder ejercitado por la corte en vacaciones o por jueces individuales de una corte compuesta de varios miem-bros es un poder incidental de la corte como corte y no un poder original o autoridad dada a un miembro de la corte para ser ejerci-tado independientemente de la corte compuesta por todos sus miem-bros. El ejercicio de tal poder por un miembro de la corte en tal ca'so es el ejercicio del poder de la corte, y tal miembro individual actúa en tal asunto como y por la corte y puede ejercer ese poder solamente como la misma corte pudiera hacerlo. En un sentido es un poder de emergencia dado al miembro individual de la corte para ser ejercitado por la corte en auxilio de su jurisdicción o para bene-ficio de los asuntos pendientes ante ella, cuando por alguna razón la corte no puede actuar como corte.”

D'esde 1902, dos años antes de ser promulgado el Código de Enjuiciamiento Civil, está en vigor en esta Isla la ley de aquella fecha (Estatutos Revisados, pág. 258) que, según fue enmendada por la Ley No. 4 de 10 de marzo' de 1914 (pág. 141 de las de ese año) dispone que el Tribunal Supremo celebrará, cinco sesiones al año, principiando la cuarta el primer lunes de julio, continuando por cuatro semanas, y comenzando la quinta el primer limes de noviembre; de modo que bay nn período de unos tres meses durante los cuales este tribunal no tiene sesiones, resultando ese período como vacaciones de este tribunal. Y dispone también esa ley de 1902 que nao de los jueces del Tribunal Supremo permane-cerá siempre en la capital cuando el tribunal no estuviere en. sesión. No dice más la ley. Pero como los tribunales deben interpretar las leyes de modo que tengan efecto, si esto es posible, ya que no deben partir de la base de que sean promulgadas leyes sin objetivo alguno, tenemos que, considerar esa ley en relación con los motivos de la misma; y como los tribunales ban sido creados para administrar! justicia; como según la ley de 1902 entre los distintos períodos de sesiones de este tribunal quedan algunos días o semanas, y entre el cuarto y el quinto unos tres meses, sin que el tribunal pueda celebrar sesiones, nos parece obvio concluir que al disponer la ley que uno de los jueces de este tribunal permanecerá en la capital (o sea en San Juan, que es el sitio del tribunal) cuando no esté en sesión, ha de tener algún fin judicial su permanencia obligatoria en esta ciudad pues de otro modo sería una disposición sin sentido práctico alguno, y por esto entendemos que el objeto de tal disposición es para que los asuntos ante el tribunal no queden totalmente paralizados y para que en consecuencia pueda ese juez actuar por el tribunal en cuestiones que no envuelvan la facultad propia del tribunal de resolver controversias entre las partes sino para dictar aquellas resoluciones sobre prórrogas de término y otras similares, como ha sido la costumbre y prác-tica en este tribunal durante veintiséis años; y opinamos que también para dictar órdenes que bagan efectiva la ley escrita; y la jurisdicción de apelación de este tribunal disponiendo lo necesario, según la circunstancia de cada caso, para que no se viole el derecho reconocido por la ley a todo apelante de que la sentencia no sea cumplida mientras sea resuelta su apelación. Por esto oreemos que puesto en conocimiento del juez de esta corte en vacaciones que a pesar de la ley precep-tiva de que la apelación suspende el procedimiento en cnanto a la sentencia n orden apelada, la parte apelada trataba de cumplirla en. la parte que no anuló uno' de los acuerdos im-pugnados en el certiorari, dicho juez estaba facultado para librar la orden de suspensión. Si no tuviera tal facultad en los períodos en que este tribunal no celebra sesiones, entonces podría burlarse el derecho de la parte apelante, ya vendiendo los bienes, como se intentó hacer en el caso de Axtmayer, ya tramitando el procedimiento de destitución y decretando la destitución de un alcalde, como ha ocurrido en este caso, sin ser resuelto definitivamente por nosotros. En el caso Ex parte Pearl Roller Mill Co. de la Corte Suprema de Alabama, 45 So. 423, se solicitó de ella un auto de mandamus para que se ordenase la eliminación de una orden negándose a eli-minar un auto de suspensión (supersed'eas) de ejecución de una sentencia, entre otros motivos, porque ese auto fué ex-pedido por un juez de la corte de circuito en las vacaciones; y al ser negado el auto de- mandamus declaró la Corte Su-prema que los jueces de la corte de circuito tienen autoridad en vacaciones para librar dicho auto para ser devuelto a la corte. En 3 Corpus Juris, pág. 1288-, se dice que la facultad para decretar una suspensión (supersedeas) o paralización, existe en la corte de apelación o en un juez de ella, con tal que la jurisdicción sobre el asunto haya sido adquirida por la. corte de apelación, sujeto esto a restricciones estatutorias, .que en nuestras leyes no existen; y en la nota 49 de esa obra se citan en apoyo de esa afirmación resoluciones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y de muchos Estados.

En el caso de State ex rel. Barnard v. Board of Education, 19 Wash. 8, 52 Pac. 317, 40 L.R.A. 317, 67 Am. St. Rep. 206, se libró un auto de certiorari y luego, sosteniendo una excepción previa presentada, se anuló dicho- auto (quashed) y en la apelación contra esa resolución dijo la Corte Suprema de aquel estado que ella, en el ejercicio de su discreción, por virtud de sus poderes inherentes como tribunal de apelación, puede librar una orden de suspensión (supersedeas) para preservar el status quo de las partes, pendientes la determinación de la apelación en sus méritos. Esa doctrina fué citada en los casos posteriores de State ex rel. Bringgold, v. Burns, 21 Wash. 227 y en el de State ex rel. Gawley v. Bremerton, 32 Wash. 510, aunque en éstos por determinados motivos no fué librada la orden de suspensión.

En el caso de Waterman v. Raymond, 5 Wis. 185, citado en 67 A.S.R. 717, se dijo que un juez de la Corte Suprema de Wisconsin tiene poder, en vacaciones, para dictar una orden provisional de suspensión de los procedimientos (stay of proceedings) en la corte inferior para permitir hacer o renovar, si es necesario, una moción similar durante el término.

En el caso de El Pueblo v. De Jesús, 36 D.P.R. 965, este tribunal confirmó la orden de suspensión de ejecución de la sentencia dictada en vacaciones por uno de sus jueces. El caso de certiorari de Benítez v. Corte de Distrito de Humacao, que fué resuelto definitivamente en marzo de 1927 (37 D.P.R. 450), es apropiado para demostrar que la intención del legislador fué que el juez de esta corte, que fia de per-manecer en esta capital cuando el tribunal no esté en sesión, fia de actuar por ella en ciertos casos, pues dictada sentencia en rebeldía y librada orden para su ejecución por la corte de distrito fué interpuesto auto de certiorari para que se declarase nula esa sentencia. El auto de certiorari no podía ser librado sino por el tribunal que estaba en vacaciones, pero uno' de sus jueces decretó, mediante fianza, la suspen-sión de la ejecución de la sentencia impugnada. Esa suspen-sión no fué atacada por la parte a quien perjudicaba, y-habiendo sido expedido el auto de certiorari al reunirse el tribunal, fué luego resuelto declarando nula la orden de ejecución librada para el cumplimiento de la sentencia. Si el juez en vacaciones no hubiese podido decretar la suspen-sión de la ejecución, ¿cuántos perjuicios y litigios no se hubiesen originado en ese caso? También la resolución de este Tribunal Supremo dictada al decidir la apelación in-terpuesta por el alcalde contra el acnerdo de la Asamblea Municipal instituyendo el procedimiento de destitución (impeachment) por la que se declara nulo dicbo acuerdo, (Todd v. Asamblea Municipal, 39 D.P.R. 140), demuestra no sólo la justicia de la orden impidiendo que tal acuerdo fuese cum-plido mientras se resolvía la apelación interpuesta sino también lo razonable de que este tribunal tenga autoridad, para ordenar suspensión de procedimiento (supersedeas) mientras se resuelve la apelación, y en sus vacaciones el juez encargado del tribunal.

La contención de los asambleístas de que ni esta corte ni uno de sus jueces puede decretar que la asamblea municipal no instituya procedimento contra el alcalde de acuerdo con el artículo 29 de la Ley Municipal de 1928 carece de base pues la orden de supersedeas en este caso no declara que la asamblea municipal no tenga esa facultad sino que se ba limitado a suspender el ejercicio de la misma mientras se i esuelva la apelación del alcalde sobre si una asamblea municipal reunida en sesión extraordinaria puede ejercitar tal poder sin baber sido objeto de su convocatoria.

Por todo lo expuesto, la alegación de que este Tribunal Supremo no tiene jurisdicción para librar orden de suspen-sión de ejecución de la sentencia apelada (supersedeas) y la de que tampoco la tiene uno de sus jueces en vacaciones, deben ser declaradas sin lugar.

Como consecuencia de las conclusiones a que bemos. llegado procedería abora continuar este procedimiento de desacato, pero en vista de que bemos tardado bastante tiempo en resolver las cuestiones suscitadas, por la naturaleza de ellas y por el gran número de otros asuntos que tenemos, aceptaremos en este caso las manifestaciones becbas por los citados de desacato respecto a no baber tenido intención, de desobedecer la orden de este tribunal dictada por uno de sus jueces y la de que obraron por consejo de abogado, y archivaremos estas actuaciones.

'OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SR. WOLE

Eoberto EE. Todd, Alcalde de San" Juan, era el peticio-nario en nn recurso de certiorari instituido ante la Corte de Distrito de San Jnan, habiendo tenido en parte éxito y en parte no. El objeto del recurso era anular procedimientos de impugnación pública de la Asamblea Municipal de San Juan. Apeló oportunamente para ante esta corte, pero en la época en que se interpuso el recurso esta corte estaba en vacaciones. Con el fin de suspender procedimientos ulte-riores de la asamblea municipal mientras se tramitaba la apelación, se presentó una solicitud al Juez Asociado dei esta corte Sr. Texidor, para impedir que la asamblea municipal prosiguiera el caso de impugnación por ella iniciado. La orden así solicitada fué expedida por el Juez Texidor en 25 de septiembre de 1928. En 9 de octubre el Juez Texidor expedió una orden para mostrar causa por la cual la asamr blea municipal, o más bien, los miembros que la constituían, no debían ser castigados por desacato, ya que ellos habían proseguido el procedimiento de impugnación. En la orden se decía que los querellados debían comparecer ante la corte en pleno, y la vista fué celebrada ante nosotros el día 14 de noviembre de 1928. Las dificultades existentes entre el alcalde y la asamblea municipal dieron lugar a varios proce-dimientos ante esta corte, todos los cuales han sido resueltos a excepción del presente.

No hay duda alguna de que al apelar de la orden del Juez Texidor, fechada septiembre 28, 1928, los querellados en, la orden para mostrar causa no cambiaron su situación legal. En mi opinión no hay apelación posible para ante la corte en pleno de la actuación de uno de los jueces individuales de esta corte, a menos que el estatuto así lo provea. Ningún estatuto concede tal derecho en un caso como el presente.

Tampoco puede existir duda alguna de que con motivo de la apelación interpuesta por el alcalde Todd esta corté adquirió jurisdicción del procedimiento de certiordri. De ahí se 'desprende necesariamente que si la apelación de una orden dictada en un recurso de certiorari suspende los pro-cedimientos en la corte inferior, entonces la mera apelación suspendía la actuación de la corte inferior si ella había dado algún paso capaz de ser suspendido. Es conveniente decir inmediatamente que en el presente caso la corte inferior en su sentencia final se negó a ordenar, o no ordenó, a la asam-blea municipal que desistiera de celebrar el procedimiento de impugnación pública.

Los querellados dicen que la orden de la Corte de Dis-trito de San Juan fué para anular la actuación de la asam-blea municipal en tanto en cuanto dicha asamblea trataba de suspender de empleo y sueldo al alcalde, pero que dicha orden no contenía ningún pronunciamiento que limitara o restrin-giera los derechos de nadie. Dicha decisión sí ordenaba la devolución a la asamblea de los documentos elevados a la corte de distrito. Los autos que tenemos a la vista no revelan qué documentos eran éstos.

Ahora bien, es de concebirse fácilmente, bajo el certiorari clásico, que cuando una corte de distrito anula un auto de certiorari originalmente expedido por ella contra una corte municipal y el peticionario apela, tal recurso suspende la devolución de los autos a la corte municipal, asumiendo, como generalmente sería el caso, que dichos autos hayan sido elevados a la corte de distrito. El efecto total sería que la corte municipal no podría proseguir el caso.

No fué el certiorari clásico el presentado a la corte de distrito. Según hemos indicado en varias decisiones, éste es un remedio especial para anular ordenanzas o actuaciones de las asambleas municipales de conformidad con el artículo 05 de la Ley Municipal, Leyes de 1924, pág. 107. Este dice así: .

"Las cortes de distrito tendrán jurisdicción a instancia de parte perjudicada:
“(a) Para anular o revisar cualquier acto legislativo o adminis-Irativo de la asamblea municipal, del alcalde o de los demás funció-nai’ios municipales que lesione derechos constitucionales de los quere-Jlante's o sea contrario a la Ley Orgánica o las leyes de Puerto Rico, mediante certiorari;
“(b) Para suspender mediante injunction la ejecución de cual-quier ordenanza, acuerdo, resolución u orden que lesione derechos garantizados por la constitución o las leyes insulares;
“ (c) Para compeler, mediante auto de mandamus el cumplimiento de deberes ministeriales por lo's funcionarios municipales;
“(d) Para conceder, mediante juicio ordinario, compensación de daños y perjuicios a los perjudicados por actos u omisiones de los funcionarios municipales, por malicia, negligencia o ignorancia in-excusables.
“En los dos primeros casos la parte perjudicada podrá solamente establecer la demanda correspondiente dentro del plazo de 30 días, a contar de la fecha en que el acto ejecutivo o administrativo haya sido realizado o que la ordenanza, acuerdo, resolución u orden hayan sido publicados o comunicados a la parte querellante.”

¿Qué es lo que se eleva a la corte de distrito al expedirse tal auto? Apenas lo sabe uno, y los autos de este caso no lo revelan. Ni aun sabemos si cuando un auto de certiorari es expedido en esa forma, su expedición suspende pendente lite sin más el efecto del acto legislativo o administrativo que se trata de anular.

Supongamos que en cualquier sitio y en cualquier mo-mento alguien desee atacar cualquier disposición legislativa como inconstitucional o ineficaz. Se instituye el recurso o el procedimiento más adecuado, pero ¿podría concebirse que la actuación de un solo individuo al atacar la validez de nna ley, puede suspender una disposición de la Legislatura? La analogía es aplicable mutatis mutandi a los actos de una asamblea municipal. La eficacia de la actuación de nna asamblea municipal no queda anulada o suspendida por la mera expedición de un auto de certiorari. La disposición aún tiene fuerza de ley. La anulación o suspensión debe venir de la corte misma, independientemente de la expedición del auto de certiorari, quizá mediante injunction o cualquier otro recurso.

En el presente caso la Corte de Distrito de San Juan rehusó anular los procedimientos de la asamblea municipal en tanto en cuanto ésta instituyó un procedimiento de impug-nación contra el Alcalde Todd. A fortiori, por lo que los autos revelan, nada fué suspendido que ya antes no había sido suspendido. El caso es similar a un injunction preli-minar expedido y posteriormente disuelto. La apelación no mantiene con vida dicho injunction preliminar a menos que el estatuto o una orden especial de la corte así lo disponga. 3 O. J. 1405. Si fuera de otro modo, las cortes estarían más renuentes que nunca a expedir autos preliminares de injunction.

El efecto de la apelación interpuesta en este caso no era suspender la actuación de la asamblea municipal en el procedimiento de impugnación pública. La apelación no preservó el status quo en vista de que nada, por lo que revelan los autos, fué suspendido en la corte inferior.

Esta corte carecía de autoridad para ordenar la suspen-sión de los procedimientos de impugnación pública mientras estuviese pendiente el recurso de apelación, a menos que dichos procedimientos hubiesen sido suspendidos antes, y sostengo que no lo habían sido.

De ahí se desprende necesariamente que el juez de turno de esta corte no pudo hacer lo que la misma corte no podía hacer.

Asumiendo, sin embargo, que esta corte tuviera tal facultad, nada hay en la ley que autorice a un solo juez a actuar por la corte. Las prórrogas concedidas por el juez de turno no tienen analogía. Aun durante los términos de la corte el Juez Presidente, sin consultar a los demás jueces, de conformidad con una larga práctica que ha sido consen-tida por la corte, actúa por sí solo. Durante las vacaciones e] juez de tumo es Juez Presidente interino. Las disposi-ciones de la ley que requieren que uno de los jueces perma-nezca en San Juan, tal vez han sido adoptadas con el fin de tener un Juez Presidente interino, o para proveer autos como el de bábeas corpus o cuestiones libradas por un solo juez, que luego pasan a la corte. Las actuaciones de los jueces sentenciadores durante las vacaciones no tienen analogía. Nada hallo en la ley que autorice a un juez individual de esta corte a actuar a nombre de ella y a suspender proce-dimientos que por otra parte no han sido suspendidos debidamente.

Si, según sostienen los letrados del alcalde Todd, la apela-ción suspendió las actuaciones de la asamblea municipal, entonces no había necesidad de que se expidiera una nueva orden de supersedeas.

La orden fue expedida en este caso por dejar de obedecer el supersedeas del Juez Texidor y no, por lo menos en cuanto a sus términos, por dejar de suspender los procedi-mientos debido a la apelación.

La orden, para mostrar causa deb'e ser desestimada.


author: El Juez Asociado Señor "Wolf,

text:
    José González Clemente y Compañía, demandante y apelada, v. Felipe Torres, Arbona Hnos., Sucrs., y Cándido Noriega, demandados y apelantes.
    No. 5286.

    Sometido: Abril 14, 1930.

      Resuelto: Abril 24, 1930.

      R. Afiles Moren, abogado del apelante Noriega; José Sdbater, abo-gado de la apelada. .
   El Juez Asociado Señor "Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un caso en que la Corte de Distrito de Maya-güez desestimó una apelación interpuesta contra sentencia de la Corte Municipal de Mayagüez. Se apeló para ante éste tribunal de la orden desestimando el recurso, y ahora se ha presentado una moción para que desestimemos la dicha apelación.

El primer fundamento de la desestimación es que el término para apelar de la corte municipal para ante la de distrito había vencido. La parte apelante alega en contrario que si la apelación fué interpuesta en tiempo o no, podría aparecer únicamente haciendo referencia a los autos, inclu-yendo la prueba. Los apelantes están en lo cierto, toda vez. que para determinar la fecha de la sentencia dictada por la corte municipal y de la apelación interpuesta contra la misma es necesario- efectuar un examen. La apelación que tenemos ante nos envuelve la 'cuestión de si la orden de la corte inferior desestimando la apelación anterior es correcta.

Surge una necesidad similar con respecto a la cuestión de si el primer recurso interpuesto fué notificado a todas las partes contrarias. Por tanto, tampoco podemos desestimar la apelación entablada para ante este tribunal por falta de partes adversas necesarias, en vista de que ello envuelve fundamentalmente la misma cuestión. Podríamos agregar que si la apelación para ante la corte de distrito fué deses-timada propiamente por falta de partes necesarias, resul-taría ocioso examinar una .omisión similar en la apelación interpuesta para ante esta corte.

De todos modo hallamos que se hace indispensable un estudio de los autos, y, por el presente, se declara sin lugar la moción de desestimación.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Ramona Monagas Viuda de Colón, demandante y apelada, v. Manuel Hedilla Blanco, demandado y apelante.
    No. 4982.

    Sometido: Febrero 21, 1930.

      Resuelto: Abril 24, 1930.

      F. Colón, abogado del apelante; B. Hernández Matos, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La demandante obtuvo sentencia por quinientos dólares en concepto de un bogar seguro envuelto en la venta de cierta tinca como resultado de un procedimiento ejecutivo hipote-cario.

La primera contención del apelante es que la corte de distrito erró al desestimar una excepción previa de falta de becbos suficientes para constituir causa de acción. Más específicamente, la objeción es, primero, que la demanda no coloca a la demandante dentro de la esfera de la sección 1 de la Ley sobre el bogar seguro como un “jefe de familia, que teng’a familia”; y, segundo, que el alegado bogar seguro es una finca urbana.

La actora no demanda como un “jefe de familia, que tenga familia,” bajo la sección 1 de la ley, sino como un cónyuge supérstite de acuerdo con la sección 2. Los becbos expuestos demuestran que la propiedad en cuestión estuvo investida del carácter de un bogar seguro mientras -vivió el esposo, y, al fallecer éste, el título fué adquirido por la esposa, aquí demandante. La ley no exige que el cónyuge s(breviviente sea un “jefe de familia, que tenga familia,” liara que retenga la heredad, o que alegue el derecho así adquirido. Tampoco hace la ley distinción alguna entre las fincas urbanas y rurales. Ubi lex non distmguit, neo nos distinguere debemus.

La única contención adicional del apelante se dirige a la suficiencia de la prueba. El argumento es que la demandante dejó de probar que fuera un “jefe de familia, que tenga familia.” No babía necesidad de tal prueba.

Bebe confirmarse la sentencia a/pelada.


text:
    Esteban Pozzi de Jesús, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Ponce, recurrido.
    No. 804.

    Sometido: Marzo 26, 1930.

      Besuelto: Abril 24, 1930.

      R. Aiiles, abogado del recurrente; el registrador recurrido compare-ció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En un procedimiento para que se declarase el domi-nio de cuatro predios de terreno, A, B, O y D, Esteban Pozzi de Jesús obtuvo decreto aprobatorio y una orden para que. se cancelaran ciertos asientos en el registro de la propiedad.

El registrador se negó a cancelar los asientos y a inscribir las fincas C y D a nombre de Esteban Pozzi de Jesús. El primer motivo señalado fué el de que de la copia certificada del decreto no constaba que los herederos de Romualda de Jesús y Maldonado, que habían sido “citados y oídos,” hubiesen expresado en corte abierta su conformidad con la cancelación, o que se hubiera declarado sin lugar cualquier objeción formulada por ellos.

Doña Romualda de Jesús Maldonado hubo las dos fincas en 1902. Se hizo mención en el registro-de la propiedad de una hipoteca especial constituida sobre, estas dos fincas por doña Romualda a favor de sus hijos Romualda, Esteban, Emilia, Luisa y Francisco Pozzi de Jesús. Luisa falleció, y su participación en la hipoteca pasó por herencia a la madre. Al morir doña Romualda, las dos fincas pasaron a los cuatro hijos que la sobrevivieron, tres de los cuales vendieron su condominio pro indiviso a Esteban, el aquí recurrente.

Otra hipoteca que se alegaba haber sido satisfecha aparecía inscrita a- nombre de Angela Piazza y Canosi.

El decreto dice que Romualda, Micaela, Francisco .y Emilia Pozzi de Jesús fueron expresamente citados como límeos y universales herederos (en unión del promovente) de su finada madre con el propósito de obtener la cancelación de los asientos que constaban en el registro a nombre de Ro-mualda de Jesús Maldonado como dueña de las fincas C y D; que Romualda, Emilia y Francisco' Pozzi de Jesús fueron también citados como partes interesadas en la mención de hipoteca que el peticionario trataba de cancelar fundándose en la extinción de la misma por confusión; y que ¡doña Angela Piazza y Canosi fué asimismo expresamente citada en cuanto a la cancelación propuesta del gravamen hipote-cario perteneciente a ella sobre las fincas O y D que se alegaba había sido extinguido mediante pago.

El decreto expresa además que:

“. . . las partes que pueden ser afectadas por la cancelación de las inscripciones de dominio de las fincas ‘C’ y £D’, que obran en el Registro de la Propiedad de Ponce, a favor de la extinta Romualda de Jesús Maldonado, son sus legítimos hijos Romualda, Micaela, Francisco y Emilia Pozzi de Jesús, que en unión del promovente son los únicos y universales herederos de la extinta; y las partes que pueden ser afectadas por la cancelación que se pide de la hipoteca que grava dichas fincas ‘O’ y ‘D’, por $900 de principal, $100 de intereses y $100 de costas, es únicamente doña Angela Piazza y Canosi; y las partes que podrían ser afectadas por la cancelación que se pide de la hipoteca especial que se menciona en las aludidas fincas ‘C’ y ‘D\ son Romualda, Emilia y Francisco Pozzi de Jesús, cuyos derecho's han quedado confundidos a tenor del art. 1160 del Código Civil, por haber heredado dichas fincas afectas al gravamen, en unión del pro-movente.

A esto sigue la aserción de que:

"... Se ha probado que todas y cada una de las arriba indica-das personas han sido citada’s expresamente, con los apercibimientos correspondientes, y se les ha dado debida y cumplida noticia de las cancelaciones que se piden, en la .parte que a cada uno les concierne, y han sido debidamente oídos en cuantOj a esto's particulares. . . ”

El registrador se funda en un dictum que aparece a con-tinuación de una cita de Morell en Canino v. El Registrador, 31 D.P.R. 434, 439.

En el caso de autos, la aseveración beclia por el juez de distrito de que las parte interesadas habían sido debidamente ■oídas respecto a los extremos en cuestión, necesariamente implica que esas personas, que habían sido debidamente in-formadas del propósito del promovente a virtud de la cita-ción, consintieron o se opusieron a la cancelación propuesta. Si fueron oídas y no hicieron objeción alguna, prestaron su ■consentimiento. Si no lo prestaron, la parte dispositiva del decreto es suficiente evidencia de que cualquier objeción in-terpuesta por ellos fué declarada sin lugar.

El registrador especifica como otro motivo de su resolución el no haberse ordenado la cancelación en ejecutoria recaída en el correspondiente juicio, y el no haberse pagado los derechos de inscripción.

La sentencia fué dictada en 2 de enero de 1929 y regis-trada el 3 del mismo mes y año. Fué presentada para su inscripción en diciembre 17. Era ejecutoria en aquel mo-mento a menos que se hubiera interpuesto apelación y estuviese pendiente. El dejar de excluir tal posibilidad era, a lo sumo, un defecto subsanable. Martínez v. El Registrador, 16 D.P.R. 273, y Soto v. El Registrador, 15 D.P.R. 611.

La sentencia y orden fueron dictadas en un procedimiento adecuado. Canino v. El Registrador, supra; Alarcón v. Registrador, 35 D.P.R. 41.

El recurrente insiste en que satisfizo, los derechos exigidos por el registrador al presentar la copia certificada del decreto. El registrador no impugna esta aseveración. En ausencia de cualquier requerimiento o negativa ulterior, la mera omisión de pagar más de la cantidad señalada por el registrador al presentarse el documento no es suficiente para justificar la nota recurrida.

Esa nota debe ser revocada.


text:
    Hamburguer Bros. Co., Inc., demandante y apelada, v. Julio Gandía y Cantalicio Ríos, demandados y apelante el primero.
    No. 4981.

    Sometido: Febrero 11, 1930.

      Resuelto: Abril 24, 1930.

      José E. Haz, abogado del apelante Gandía; V. Polaneo de JesúsT abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La demandante presentó demanda ante una corte municipal solicitando la entrega de cierta cantidad de tabaco, o, en su defecto, del valor del mismo. La reclamación de la demandante respecto a su derecho de posesión se basaba en un contrato de refacción agrícola celebrado entre ella y Cantalicio Ríos.

Ríos, como arrendatario de Gandía, debía percibir las dos terceras partes del tabaco cosechado por él en. quince cuerdas de terreno. La tercera parte restante de la cosecha debía ser entregada a Gandía en concepto de canon de arren-damiento. Los anticipos hechos de acuerdo con el contrato celebrado entre la demandante y Ríos estaban garantizados por un gravamen sobre sus dos terceras partes.

Una demanda enmendada que se radicó ante la corte-municipal se titulaba “Hamburguer Bros. Co. Inc., deman-dante, v. Julio Gandía y Cantalicio Ríos, demandados.” En ella la demandante alegaba que. era “una compañía incor-porada bajo las leyes del estado de Nueva York, inscrita en la Secretaría Ejecutiva de Puerto Rico, con oficina en la ciudad de Vega Baja, Puerto Rico.”

Se solicitaba sentencia en contra “del demandado”.

• Una llamada sentencia de la corte municipal lleva el título de la demanda en lo referente al nombre y naturaleza corporativa de la demandante. Ese documento dice que “el demandado” no presentó prueba alguna. La parte dispo-sitiva del mismo contiene una orden requiriendo al secretario para que registre sentencia de acuerdo con la súplica de la demanda.

Julio Gandía apeló para ante la corte de distrito.

Al comenzar el juicio de novo en la corte de distrito, la demandante solicitó permiso para enmendar la demanda en aquella parte referente a “una compañía incorporada,” etc., de suerte que leyera “una sociedad mercantil”. A esto se allanó el letrado del demandado y la enmienda propuesta fue concedida. El contrato de refacción agrícola presentado como prueba posteriormente, tiende a ser un convenio cele-brado por y entre Cantalicio Ríos y Emilio R. Arce como representante de “la compañía Hamburguer Bros. & Co., incorporada bajo las leyes del estado de Nueva York, con oficina en la ciudad de Vega Baja, Puerto Rico, y haciendo negocios en esta Isla”.

Arce declaró que Julio Gandía dió a Cantalicio Ríos quince cuerdas de terreno para sembrarlas de tabaco y que Ríos acudió a la oficina del testigo en Vega Baja para solicitar refacción; que el testigo llamó por teléfono a Gan-día y le explicó que Ríos deseaba sembrar quince cuerdas de tabaco y le preguntó a Gandía si el testigo podía anticipar el dinero y Gandía le contestó afirmativamente; que Gandía dijo que las dos terceras parte de la cosecha corresponderían a Ríos y el tercio restante a Gandía.

Al terminarse la práctica de la prueba de la demandante la parte demandada presentó una moción de nonsuit por falta de prueba. que demostrara que la demandante ‘fuera una corporación o una sociedad con capacidad legal para ■demandar. En respuesta a esto el letrado de la demandante citó el caso de West India Oil Co. v. Tormos, 36 D.P.R. 646, y, después de alguna argumentación, pidió que se le permi-tiera poner nuevamente a Arce en la silla testifical. Esta súplica fué concedida con la objeción del demandado y Arce entonces declaró: Que antes de celebrarse el contrato con Ríos el testigo telefoneó a Gandía, manifestándole que Ríos había estado en la oficina del testigo en Vega Baja en soli-citud de refacción para la siembra de tabaco en quince cuerdas de terreno cedídasle por Gandía para ese fin sobre la base de un tercio de la cosecha para Gandía en concepto de canon de arrendamiento y dos terceras partes para Ríos por su participación en la cosecha; que el testigo le explicó -esto a Gandía y le preguntó si había riesgo alguno en cele-brar el contrato, si era cierto que Gandía le había cedido las ■quince cuerdas a Ríos, y si el testigo podía contratar con él; que Gandía le contestó en la afirmativa y le manifestó que -era muy posible que su participación fuera a parar al alma-cén; que Gandía autorizó al testigo para que efectuara el contrato; que el tabaco debía ser sembrado en terrenos per-tenecientes a Julio Gandía; que Gandía debía recibir la tercera parte del tabaco cosechado y “el resto era para nosotros”; y que el entendido fué que la tercera parte de la cosecha fuera respetada por pertenecer a Julio Gandía.

El examen de este testigo por el abogado de la deman-dante fué seguido por dos preguntas formuladas por el juez. Estas preguntas, con sus respectivas respuestas, fueron ■como sigue:

“P. Ud., en representación del demandante, convino con Julio Gandía en que una tercera parte de esa producción era para él? R. •Sí, señor. P. E'so convino con Julio Gandía? R.. Sí, señor.”

El juez entonces manifestó que resolvería la moción de ■swnsuit después de considerar los méritos del caso.

Julio Gandía declaró que nunca había celebrado contrato alguno con la Hamburguer Brothers Co.; que no sabía quién era Arce, ni conocía la compañía.

La corte ele distrito dictó sentencia a favor de la deman-dante.

No es necesario que especulemos respecto a si una parte demandada que ña llevado a cabo transacciones con una com-pañía mercantil de Nueva York está impedida de negar la existencia de tal firma como una entidad separada e indepen-diente con capacidad para demandar a nombre de la razón social, sin designar a los socios individuales como partes.' Las declaraciones anteriormente reseñadas no revelan rela-ción contractual alguna entre Julio Gandía y la demandante, ya fuera como sociedad o como corporación. La alegación relativa a la existencia legal de la demandante y a su capa-cidad para demandar fué negada por la contestación y no hubo prueba para sostener esa alegación.

Debe revocarse la sentencia apelada y desestimarse la demanda.


author: El Jdez Asociado Sbít-oe ’Wolb,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. La Corte de Distrito de Arecibo, Hon. Luis Samalea Iglesias, Juez, demandada.
    No. 707.

    Sometido: Abril 2, 1930.

      Resuelto: Abril 25, 1930.

      TI. A. Gómez, Fiscal del Supremo, y B. Guerra Mondragón, Fiscal en comisión de la Go'rte de Distrito de Arecibo, abogados de El Pueblo, peticionario.

   El Jdez Asociado Sbít-oe ’Wolb,

emitió la opinión del tribunal.

Si bien esta solicitud ba sido presentada en una causa criminal, los principios generales de certiorari son aplicables a ella. La corte inferior, después de haber El Pueblo cerrado su caso, no concedió la moción presentada por el fiscal solicitando la reapertura del mismo para que se admitiera prueba tendente a demostrar que los beebos imputados habían ocurrido dentro de la jurisdicción de la corte. Esto fue a lo sumo un abuso de discreción, pero do un error de procedimiento. El recurso de certiorari no procede. El fiscal cita copiosa jurisprundencia sobre la cuestión de discreción, pero muy poca o ninguna para establecer nuestra facultad para librar este auto extraordinario. No presenta diferencia práctica alguna el que el acusado sometiera el caso sin presentar prueba antes o después de la moción del gobierno.

Si entrásemos en el campo de la discreción, dudamos que sea éste ún caso tal que justifique a este tribunal en revocar la actuación de la corte inferior. La misma jurisprudencia francamente citádanos. por El Pueblo tiende a demostrar que un tribunal de revisión raras veces inter-vendrá en la discreción de una corte sentenciadora al negarse a abrir un caso de nuevo. La mayoría de las decisiones tienden a demostrar que la discreción que una corte tiene para reabrir un caso será sostenida cuando los hechos lo justifiquen. Por ejemplo, People v. Wong Hing, 151 Pac. 1159-1161. En el presente caso no tenemos ante nos otra cosa que el mero beeho de que la corte inferior, al serle presentada una moción al efecto, se negó a reabrir un caso. Como es de admitirse que dicba corte tenía discreción, debió haberse presentado a ambas cortes algún motivo en adición a la inadvertencia. Tal vez en un caso adecuado, no en un recurso de certiorari, deba presentarse algo así como la pro-babilidad de obtener una convicción. En un recurso de certiorari los autos Rabian por sí mismos. En los casos de El Pueblo v. Cantales, 34 D.P.R. 394, y El Pueblo v. Martínez, 35 D.P.R. 52, citados por la corte inferior, revocamos las sentencias y absolvimos a los acusados por no haberse esta-blecido el lugar donde se cometió el delito (venue). En el primero de esos casos comentamos severamente la omisión de los funcionarios del gobierno de probar elemento! tan esencial. La corte inferior, entre otros motivos, pudo haber creído que había poca razón para que El Pueblo no estuviese preparado sobre extremo de tamaña importancia.

■ En el caso de State v. Martin (Mississippi), 59 So. 7, 8, la corte revocó por haberse dejado de abrir un caso de nuevo y permitir que se probara el lugar en que se perpetró el delito. Si bien hasta ahora la práctica en Puerto Rico es distinta, sin embargo, debe notarse que dicho caso llegó a la corte de apelaciones mediante apelación. En Puerto Rico no existe el derecho de apelar contra una sentencia absolu-toria. Exista o no ese derecho, el recurso de certiorari no puede desempeñar los fines de una apelación. La actuación de la corte inferior, de ser revisable en forma alguna, debió serlo mediante apelación.

El peticionario alega que la forma de la sentencia en este caso fué errónea, y hasta que la misma fué dictada sin jurisdicción. Después de considerar los hechos y la ley, el juez se declaró sin jurisdicción y ordenó el archivo y sobre-seimiento del caso. Tal vez hubiese sido mejor que la sen-tencia decretase la absolución de los acusados por haber El Pueblo dejado de probar la jurisdicción, pero resolvemos que la actuación de la corte inferior equivalió a esto. En el análisis final, la situación sólo envolvería la enmienda de la sentencia, lo que no podría favorecer al gobierno en la aper-tura del caso.

Existe otra razón fundamental por la que no debemos librar este auto de certiorari. La actuación de la corte equi-valió, en efecto o directamente, a una absolución. Luego, bajo nuestro sistema de derecho, no hay medio alguno de someter a los acusados a otro juicio por este delito.

Se deniega el auto solicitado.


author: El Juez Asociado Señoe. Texidob,

text:
    Arsenío Martínez, demandante y apelado, v. Independence Indemnity Company, demandada y apelante.
    No. 4792.

    Sometido: Diciembre 12, 1929.

      Resuelto: Abril 25, 1930.

      J. E. Brown y C. Buiz Nazario, abogados de la apelante; José Sa-bater, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señoe. Texidob,

emitió la opinión del tribunal.

La feeba en que ocurrió el accidente origen de este pleito es 3 de agosto de 1925. La de la demanda enmendada que se copia en la transcripción, parece ser 18 de noviembre del mismo año, radicada al siguiente día. La del juicio el 19 de diciembre de 1927, con sentencia en 18 de mayo de 1928, ape-lada por la demandada en 14 de junio del mismo año, y pre-sentado el alegato en apelación el 26 de enero de 1929. Las partes ban tenido tiempo suficiente para defenderse y pre-sentar su caso completo.

Las conclusiones de becbo que aparecen en la opinión de la corte a quo, y que son fundamentales de la sentencia ape-lada son estas:

“Hegh?os.
“(1) Que el día 8 de diciembre de 1924 el demandante y la de-mandada celebraron un contrato de indemnización por seguro del au-tomóvil marca ‘Big Six Touring Car’ de siete pasajeros, manufactu-rado por la Studebaber Corporation, con motor número E. P. 2949 y bajo licencia de Puerto Rico número 3654 expedida por el Comi-sionado . del Interior, propiedad del demandante, por el término de un año, a vencer el día 8 de diciembre de 1925, por virtud del cual contrato dicho automóvil quedó asegurado, además de otros riesgos, contra daños y destrucción del propio automóvil del demandante; y en consideración al pago por parte del demandante a la deman-dada, de los premios correspondientes, la demandada expidió al de-mandante su póliza de seguro bajo el número L. M. 012, por la que además de indemnizar por otros accidentes, se obligó la demandada a indemnizar al demandante contra pérdida por razón de daños a o destrucción del automóvil del demandante, incluyendo su equipo unido al mismo, cuando proviniere dicho daño o destrucción por co-lisión accidental con otro objeto en movimiento o estacionario al ma-nejar dicho automóvil cualquiera persona autorizada por el asegu-rado, deduciéndose de la indemnización la suma de $50.00 y siendo responsable la compañía aseguradora de la pérdida en exceso de tal montante hasta cubrir el valor actual intrínseco del automóvil al tiempo de su destrucción.
“(2) Que estando vigente dicho contrato de seguro, o 'sea, el día 3 de agosto de 1925, a las tres y media de la tarde de dicho día, más o menos, mientras el referido automóvil iba manejado por Fernando Yélez, chauffeur debidamente autorizado para manejar vehícu-los de motor en Puerto Rico, y autorizado expresamente por el de-mandante para manejar su dicho- automóvil, corriendo a velocidad moderada de Mayagüez con dirección a San Juan, adonde iba llamado por el demandante, quien a la sazón’se encontraba ocupado en San Juan en sus labore's legislativas como senador por el distrito de Ma-yagüez, al llegar al kilómetro 147, hectómetro 6, de la carretera que de Aguada conduce a Aguadilla, dicho automóvil tropezó con una piedra que se encontraba en medio de la carretera y sin poderlo evi-tar dicho chauffeur, el automóvil resbaló y se fué por el barranco de la carretera en dicho sitio hasta chocar con un árbol del 'barranco donde se volcó quedando detenido en dicho sitio.
“(3) Que como consecuencia del accidente relatado el automóvil del demandante sufrió serias averías y dañóte y el mismo día del ac-cidente el demandante dió aviso por telégrafo a la compañía deman-dada y tres días después del accidente el demandante estuvo en el sitio del accidente con Higinio Ferreira, representante de la deman-dada, acompañados de dos mecánicos, nno por el a'segnrado y otro por la demandada, para inspeccionar y determinar los daños causa-dos al automóvil del demandante y el mismo día de la inspección la demandada se hizo cargo del automóvil, tomó posesión del mismo y lo hizo llevar del sitio en que ocurrió el accidente al garage de Mo-linary en Aguadilla, quien por orden de la compañía demandada le hizo alguna's reparaciones al automóvil y luego la demandada hizo llevar dicho automóvil al garage de E. Solé y Compañía, en San Juan, para proceder a 'su reparación, reteniéndose el automóvil desde el 6 de agosto de 19.25 hasta febrero de 1926 por la compañía demandada, en cuya última fecha alegando la demandada que el automóvil estaba adecuadamente reparado lo trajo a Mayagüez- y requirió al deman-dante para que lo recibiera si estaba adecuadamente reparado, pero éste después de haberlo examinado por medio del ingeniero mecánico Henry H. Barreda, lo rechazó por no estar adecuadamente reparado.
“ (4) Que el demandante cumplió por su parte con todas las obli-gaciones del contrato de seguro y practicada una inspección ocular por parte de la corte al terminarse la práctica de la prueba, en el garage de Rafael Blanch en esta ciudad donde entonces se encontraba depositado el automóvil por orden de la demandada, encontró que real-mente, según alega el demandante, la caja y parte delantera del au-tomóvil han sido remendados; los tapalodos han sido enderezados y pintados; la tapa y el tablero también han sido remendados; el eje delantero e'stá doblado en su punta derecha y la rueda en relación con ese eje está descuadrada; la capota fué sustituida por otra diferente del modelo de esos carros del año 1926; los arcos de los fa-roles y los ganchos del bonete, que eran niquelados e'stán pintados de negro; la tablilla (running hoard) en su estado primitivo era color caoba y ha sido pintada de azul oscuro; y el tapasol que tenía el automóvil primitivamente no ha sido sustituido y le falta debido al cambio de la capota de otro modelo; y la demandada, no sólo ha empleado un tiempo irrazonable para reparar el automóvil del de-mandante, sino que no lo ha reparado adecuadamente no estando el demandante obligado a recibirlo. E's sabido que los automóviles de paseo cambian de modelo con frecuencia y un modelo pasa de moda en relativamente poco tiempo. El automóvil del demandante fué de-dicado al uso de la familia del demandante para el paseo y el hecho de ser un carro de paseo debe ser considerado en relación con la reparación adecuada a que está obligada la compañía demandada.
“(5) Que el automóvil dél demandante fué usado con cuidado y moderación mientras lo tuvo en su poder, no tuvo antes del acci-dente choque alguno y el agente de la compañía vendedora lo ins-peccionaba y engrasaba periódicamente teniéndole en buen e'stado de conservación; y siendo su valor original de $2,600.00 y deduciendo de este valor una depreciación por uso de más o menos $433.28, en los ocho meses que se usó, la que es razonable y los $'50.00 del pro-medio deducible de acuerdo con lo convenido en el contrato de 'seguro,, el valor de dicho automóvil el día del accidente e inmediatamente antes de ocurrir el mismo, era de $2,116.72, que la demandada no ha pa-gado al demandante ni en parte ni en todo.”

Sustancialmente, los hechos que se declaran probados,, son los mismos que se alegaron por el demandante. En la prueba que se presentó en el juicio, se encuentra la póliza del seguro, a la que se une, como parte un llamado “Certifi-cado de colisión de automóvil” cuyo texto nos parece sufi-cientemente claro, en cuanto a establecer las responsabili-dades y obligaciones de la compañía aseguradora en lo» casos de daños reparables, y en los de destrucción del automóvil asegurado, así como en lo que toca a las obliga-ciones de la otra parte en el contrato. La indemnización comprende los casos de daños con o sin destrucción del auto-móvil; y se establecen las excepciones, en las que no está comprendido este caso.

Conocemos ya los hechos alegados por el demandante. La demandada presentó una moción eliminatoria, después de una excepción previa, y una contestación en la que se niegan algunos de los hechos esenciales, si bien se admiten la exis-tencia del contrato de seguro, su vigencia en el tiempo en que ocurrió el accidente y el hecho de haber ocurrido éste;-negó que se hubiera obligado por el contrato a otra cosa que a pagar el importe razonable de las reparaciones en caso, de daños parciales, o el valor actual intrínseco del automóvil al tiempo de su destrucción, si ocurriese, con el descuento de $50; negó que el chauffeur que guiaba el automóvil fuera uno autorizado, y que llevara el vehículo a marcha moderada, y tropezara con piedra u otro objeto; admitió algunos do-los daños y negó „ otros, así como negó que el automóvil que-dara inservible; negó que el demandante cumpliera con las-obligaciones contraídas por él; alegó que por pnra libera-lidad de la demandada, ésta ordenó que el automóvil fuera trasladado a un garage de Aguadilla, sin que la demandada se hiciera cargo del mismo, ni aceptara responsabilidad, y que el automóvil fué traído a San Juan y entregado a los agentes de la marca para su reparación, y fué reparado, llevado a Mayagüez y mostrado al demandante, que rehusó recibirlo, sin expresar el porqué de su acto; que en ese tiempo el automóvil estaba en condiciones análogas a las en que se encontraba cuando ocurrió el accidente, negándose que fuera remendado, o que quedara descuadrado, y que los arcos de los faroles y ganchos del bonete tuvieran los de-fectos que alega el demandante. Esencialmente, como de-fensas alegó: que la póliza en este caso no cubre accidente por caída o vuelco, a menos que éstos sean consecuencia directa o inmediata de colisión accidental; que tampoco cubre daños por accidente cuando el carro fué corrido a velocidad excesiva, y que lo fué en este caso; que la respon-sabilidad de la demandada estaba limitada a pagar el valor1 razonable de las propias reparaciones, y la demandada, por liberalidad, estuvo dispuesta a ese pago, sin reconocer responsabilidad, y así lo expresó al demandante, y por liberalidad le llevó el automóvil a Aguadilla y a San Juan, para reparaciones; que la tardanza en estar se debió a los actos del demandante, quien siempre ha pretendido que la demandada le pagara el valor total del automóvil, y ha que-rido hacer una ganancia con motivo del accidente. Estas son, en extracto, las alegaciones.

La sentencia de la corte de distrito f.ué en el sentido de condenar a la demandada a pagar al demandante dos mil ciento diez y seis dollars y 72 centavos, intereses al tipo legal, y las costas.

Contra esta sentencia se ha apelado por la demandada, que somete varios señalamientos de error. El primero se formula así:

“1. La corte de distrito erró al no sostener la's excepciones previas a la demanda enmendada y al no declarar que dicha demanda en-mendada no adujo hechos suficientes para constituir una causa de acción. ’ ’

No encontramos nada qne nos permita vacilar en la declaración de qne tal error no existe. Una demanda que alega la existencia del contrato de seguro, la vigencia del mismo cuando ocurrió el accidente, el convenio sobre obligación de indemnizar en casos de daños o destrucción del mueble asegurado, la ocurrencia del accidente y su causa, la clase de daños recibidos, y la condición de inservible en que quedó el automóvil, el cumplimiento por el demandantede sus obligaciones contractuales, y los becbos que constituyen el incumplimiento de los suyos por la demandada, tienelas condiciones requeridas por la ley, la jurisprudencia, y los tratadistas para que se considere como tal demanda. A los fines de la excepción previa sus alegaciones deben ser tomadas como ciertas, y sobre ellas en su integridad levantarse, o suscitarse, la cuestión de ley.

El segundo señalamiento de error es así:

“2. La corte de distrito hizo caso omiso del contrato entre las partes, tomando como base de su 'sentencia un convenio inexistente e imaginario así privando a la demandada del debido procedimiento de ley y protección igual de las leyes garantizada por la Ley Orgánica de Puerto Rico y la Enmienda XIV de la Constitución de los Esta-dos Unidos. ’ ’

Como con razón sostiene el apelado, no bay aquí más que la insinuación, o si se quiere, la acusación de que el juez de distrito no leyó, o no quiso leer el documento en que se contiene el contrato.

En la póliza aparecen las cláusulas a que nos referimos antes. Si de ella no resultan claramente las obligaciones en que, al suscribir el contrato, se constituyen las partes, seguramente no habría donde ir a buscarlas. La compañía aseguradora acepta la obligación de indemnizar al asegurado por pérdidas por daños al automóvil, y por pérdidas por' destrucción del mismo. Y, a nuestro juicio, la corte senten-ciadora, vió y estudió la póliza, y la comparó con las alega-ciones y de ese estudio y del de la prueba, extrajo las con-clusiones que creyó más justas para su decisión.

La parte apelante no especifica en qué o en dónde está la acusada falta de procedimiento legal, y cuáles sean las violaciones de derechos constitucionales que quiera significaren el título de su señalamiento de error; y no vamos a realizar esta tarea, que corresponde a la misma apelante.

El tercer señalamiento de error se funda en que no hubo prueba para sostener la sentencia.

Realmente, no se indica ni la existencia de manifiesto error, ni la de influencia de pasión, parcialidad o prejuicio. Bastaría quizá esto para que, teniendo a la vista las termi-nantes y categóricas conclusiones a que en materia de becbos, llegó la corte de distrito, no entráramos en el examen de este señalamiento. Pero la parte hace algunas alegaciones que merecen ser consideradas. .Háblase en el alegato de que si bien hubo prueba del valor del automóvil antes del accidente, no la hubo del que tenía después del accidente, ni del costo o valor de las reparaciones necesarias. Pero en este caso, lo que se está alegando es que la demandada no cumplió con las obligaciones de su contrato, y entregó el carro en un estado tal que quedaba inservible, o inútil; ésa es la con-tención, y a eso tiende la prueba.

No está la sentencia en contra de la ley, como sostiene la apelante en su cuarto señalamiento de error. La parte demandante propuso a la compañía diversas formas de acuerdo, y no vemos que en ninguna de ellas repudiara su contrato, sino que buscara manera de-llegar, bien a su cum-plimiento estricto, bien a una fórmula sustituta, y acorde con el espíritu del contrato mismo.

Se han citado en esta apelación casos de este tribunal, y es forzoso que de ellos tratemos aquí.

En primer lugar, se ha citado la decisión en Martínez v. Independence Indemnity Co., 36 D.P.R. 860. En ese caso dijimos:

“Por lo expuesto se ve que el apelado estaba bajo la impresión en el juicio de que habiendo alegado la apelante en ’su contestación que estaba reparando el automóvil la cuestión quedaba reducida a que se resolviera con vista de la prueba de la demandada que el automóvil había sido reparado adecuadamente, como en el caso de Molina v. Porto Rican Lloyd’s, 31 D.P.R. 132, hemos dicho que debe serlo para que el dueño tenga obligación de recibirlo, pues si no era así la compañía tendría que pagar su valor, teoría que no era la de su demanda fundada en destrucción total. En verdad el apelado de-bió haber enmendado su demanda antes del juicio para alegar, como lo ha hecho después, los daños sufridos por su automóvil, y que no han sido reparados adecuadamente pudiendo así reclamar su valor, pero no lo hizo así confiando, tal vez, en que la compañía trataría de probar una reparación adecuada y no acudiría al tecnicismo de no haberse probado una destrucción total. En vista de esas circuns-tancias entendemos que la corte inferior no cometió error al estimar que existió una sorpresa excusable para el apelado y no revocaremos la resolución apelada, tanto má's cuanto que la justicia requiere en este caso que la compañía pague el valor del automóvil o demuestre que lo ha reparado adecuadamente.
“También dice la apelante que no debió ser admitida la demanda enmendada presentada con la moción solicitando se dejase sin efecto la sentencia por no ser la acción que en ella se ejercita germana de la aducida en la demanda original. Ahora se reclama el valor del automóvil alegando que los desperfectos que sufrió no han sido re-parados adecuadamente, y por lo que conocemos de la demanda original también se reclamó el valor de dicho vehículo por haber sido destruido totalmente, por lo que la causa de acción no ha variado ya que cualquiera de las dos demandas daría derecho al apelado a que se le pague el valor del automóvil.”

De los hechos expuestos por la corte de distrito aparece que el automóvil no fué reparado debida o adecuadamente. El calificativo de remendado que usa la parte demandante, y lo mismo la corte, parece ser el que mejor responde a lo que el juez observó en la inspección ocular. Si el automóvil no ha sido reparado en forma adecuada, ni en forma alguna que pueda utilizarse como un automóvil de paseo, y así aparece de la opinión del juez de distrito, la indemnización debe ser el valor del mismo arinque de ese valor debe dedu-cirse el que tuvieran los restos del mismo automóvil.

La decisión en el caso Muñiz v. Aetna Casualty & Surety Co., 38 D.P.R. 839, no está en conflicto con lo que aflora sos-tenemos, ni lia enmendado en forma alguna la doctrina legal sustentada por este tribunal. Antes por el contrario, en ella se cita y confirma la teoría de Molina v. Porto Rican Lloyd’s. En esencia, la base y fundamento de esa doctrina se baila, de una parte, en la circunstancia de que se baya alegado la destrucción, o se flayan alegado simplemente desperfectos reparables. Para la destrucción de un mueble no es nece-sario que éste baya quedado reducido a piezas o partículas, sino que el daño baya sido de naturaleza tal que una repa-ración no sea suficiente para devolver al mueble su condición de ser usado, destinado a sus verdaderos fines, y no a otros para los que no fué construido.

En el caso Muñiz v. Aetna Casualty & Surety Co., supra, se cita de la opinión en Molina v. Porto Rican Lloyd’s, lo que sigue:

“ ‘2. Yeamos ahora el primer pronunciamiento de la sentencia, o sea si ’se hizo o no una reparación adecuada. No estamos conformes •con el criterio absoluto expresado por el juez sentenciador en su opi-nión en el sentido de que sea siempre necesario sustituir por piezas nuevas las averiada's. Si en vez de decir averiadas hubiera dicho rotas, o averiadas de tal modo que fuera imposible volverlas a su con-dición primitiva, sería distinto. Y en realidad de verdad lo último es lo que demuestra la prueba que ocurrió en este caso. De ahí que no constituya error perjudicial el indicado. No ya la prueba del de-mandante, sino la propia prueba de la demandada demo'stró que, por lo menos en cuanto al chassis, la reparación no fué adecuada.
“ ‘Separar, según la misma jurisprudencia citada por la apelante, significa restaurar a su condición primitiva, y un chassis roto, par-tido, no queda reparado adecuadamente, esto e's, restaurado a su con-dición primitiva, haciéndole un refuerzo interior con remaches como se hizo en este caso.”

En ese mismo caso Muñiz v. Aetna etc. se distingue siempre el lieclio de que haya habido destrucción del hecho de que haya sólo desperfectos reparables. A más en ese caso hubo la alegación de daños qne consistían en los desper-fectos sufridos, qne fueron reparados, quedando el automóvil útil para prestar servicios. Dijimos allí:

“Se alegan ciertos desperfectos consecuencia directa del choque o colisión; y de las alegaciones y la prueba aparece que esos desper-fectos fueron reparados, sin que haya indicación de que el automóvil no quedara en buen estado; y, antes por el contrario, probado que el demandante ordenó y pagó la reparación, y aceptó el automóvil después de la misma, la creencia racional es que el automóvil quedó en buenas condiciones.”

Como se ve, las condiciones son completamente distintas.

En el caso Martínez v. Independence Indemnity Co., 36 D.P.R. 859, se ha declarado la doctrina en esta jurisdicción, de una manera categórica y precisa. O se repara el auto-móvil en forma adecuada, o se paga el valor del mismo; y esto es lo “que la justicia requiere”.

No encontramos justificación a los señalamientos de error que presenta la apelante. Esta se queja de que en la forma en que está la sentencia, el demandante cobra el valor del automóvil, y se queda con éste. Entendemos que en ningún caso puede hacerse tal interpretación. Por la opinión y por la sentencia se ve que el valor original del automóvil era de $2,600; de este valor se hace la deducción de $433.28, por concepto de depreciación, y $50, con arreglo al contrato de seguro, y se fija el valor en el día en que ocurrió el acci-dénte de $2,116.72, a cuyo pago se condena a la demandada. No cabe interpretar en un sentido que permita a la parte demandante cobrar íntegro el valor del automóvil, y quedarse con él. Debe entenderse que los derechos de la demandada •a retener el automóvil cuyo valor ha pagado, quedan siempre a s'alvo.

La sentencia apelada debe ser confirmada, sin perjuicio del derecho de la demandada en cuanto a retener el automó-vil, o lo que de él subsistió.