author: El Juez Asociado Señor Marrero

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Gregorio León Aquino, Carlos Vidal Margarida y Daniel Morales Andino, acusados y apelantes.
    Núm. 11868.
    Sometido: Abril 9, 1947.

      Resuelto: Julio 7, 1947.

      Francisco Torres Aguiar, abogado de los acusados; IIon. Procurador General Luis Negrón Fernández, y Joaquín Correa Suárez, Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Marrero

emitió la opinión del tribunal.

El tercero de los trece errores imputados por los acusa-dos a la corte inferior es al efecto de que ésta erró “al permi-tir y declarar formal el veredicto, ya que éste es contrario al delito y a la prueba.”

En 28 de marzo de 1945 el fiscal del distrito de San Juan formuló acusación contra los aquí apelantes por el delito de violación. El juicio se vió en 7 de junio del mismo año, tra-yendo el jurado un veredicto condenatorio contra todos ellos por ese delito. La supuesta perjudicada en este caso fué una sordomuda llamada Carmen María Soto, quien declaró inter-pretada por su hermana Leonida Soto. Aunque el segundo de los errores señalados fué que la corte erró al permitir como intérprete de la presunta perjudicada a su hermana Leonida Soto por no estar esta última capacitada para inter-pretarla, a los fines de la discusión del tercer error asumi-remos que la designación estuvo bien hecha y que Carmen María Soto fué debidamente interpretada por su hermana^)

Mientras ocupaba la silla testifical, Carmen María Soto interpretada en la forma, que ya hemos indicado, manifestó que un día dos acusados la cogieron por sorpresa y la retu-vieron desde las seis y media de la tarde hasta las tres de la mañana del siguiente día; que le dieron un golpe en la bar-billa, por detrás y en el pecho, así como en el suelo y que los tres, señalando a los acusados, tuvieron contacto carnal con ella. Al preguntársele por el ministerio público con qué parte del cuerpo fué que tuvieron contacto carnal, ella replicó que “fué con la -parte sucia’’; que Margarida lo hizo dos ve-ces, Daniel Morales tres, y G-regorio de León tres.

El Dr. Arsenio Comas, perito médico llamado por El Pueblo, declaró que Carmen María Soto le fué llevada en la mañana del día 27 de septiembre de 1944 con instrucciones de que la examinara ;() que así lo hizo, notando que ésta pre-sentaba contusiones en el pulgar izquierdo y en la barbilla, rasguño de dos pulgadas de largo sob're el omóplato izquierdo, rasgiffios en el pedio, en la mejilla izquierda y en nno de los dedos de la mano izquierda, así como múltiples rasguños en el antebrazo derecho. Manifestó también que examinó a Carmen María Soto vaginalmente y qne “ésta era mujer, dicho por ella.” Sigue diciendo el Dr. Comas que Carmen María Soto estaba con período y en la vulva no presentaba signos de violencia alguna. Más tarde, repreguntado por el letrado de la defensa, manifestó que la perjudicada Carmen Maria Soto no daba muestras de haber sido violada.

Si bien es cierto que al ser interrogada más tarde por uno de los jurados respecto a “si tuvieron contacto carnal con ella,” Carmen María Soto contestó afirmativamente y dijo “que sí, los tres,” sin embargo la declaración del Dr. Comas y las manifestaciones de la propia perjudicada al pregun-társele específicamente con qué parte del cuerpo fué que tu-vieron contacto carnal .y contestar ella ‘ ‘ que fué con la parte sucia,” nos llevan al convencimiento de que aunque quedó probado que los tres acusados tuvieron contacto carnal con la perjudicada por medio de la fuerza y la violencia, no realizaron con ella ese acto en la forma ordinaria, sino más bien en forma anormal. Si conforme dijo Carmen María Soto los tres acusados realizaron con ella el acto carnal en siete ocasiones y esos actos se ejecutaron violentamente, era natural que dicha mujer presentara signos de violencia en la vagina. Empero, el Dr. Comas, repetimos, declaró sobre la ausencia de tales signos, y por otra parte, la misma perju-, dicada de manera enfática manifestó que el acto se realizó por la parte sucia.

Habiendo nosotros llegado a la conclusión de que el acto carnal no se efectuó en forma ordinaria sino contra natura, ¿es posible sostener el veredicto? Creemos que no. El delito de violación está definido por el artículo 255 del Código Penal y castigado con pena de presidio por el término mínimo de un año. El infame delito contra natura no está definido es-pecíficamente por nuestro Código (Véase el artículo 278 del Código Penal, según fué enmendado por la Ley núm. 42 de 4 de mayo de 1943, pág. 107) () y es castigado con pena mí-nima de nn año y máxima de diez años de presidio. Se trata, pues, de dos delitos completamente separados y distintos y dentro de una acusación por el delito de violación no puede rendirse un veredicto por el infame crimen contra natura.

El artículo 283 del Código de Enjuiciamiento Criminal de Puerto Rico, tomado de California, no contiene la siguiente oración que aparece en su equivalente allí, que lo es el artículo 1151 del Código Penal de dicho estado: ‘ ‘ Cuando el acusado es absuelto basado en una incongruencia entre la acusación y la prueba, el veredicto debe ser ‘no culpable por razón de incongruencia entre la acusación y la prueba.’ ” En Puerto Rico la práctica seguida en los casos en que el veredicto es contrario a derecho o a las pruebas, es solicitar un nuevo juicio en la propia corte inferior. () En este caso los autos no demuestran que se solicitara un nuevo juicio y que se diera oportunidad al juez de la corte sentenciadora para corregir el error. La cuestión, conforme antes hemos indicado, se levanta por primera vez en el alegato de los apelantes.

En el caso de El Pueblo v. González, 17 D.P.R. 1186, el fiscal del distrito de San Juan acusó a éste del delito de falsa representación e impostura. Los hechos alegados en la acu-sación tendían más bien a imputar el delito de hurto. No obstante ello el jurado rindió veredicto declarando al acusado culpable de falsa representación. Este Tribunal resolvió que si el veredicto del jurado se hubiera iimitado a la expre-sión de “culpable”, el mismo hubiera podido ser sostenido por nosotros, pero que habiendo' dicho veredicto declarado al acusado culpable del delito de falsa representación, que no era el determinado por los hechos expuestos en la acusación, se había sentenciado al acusado por un delito no imputádole, procediendo en su virtud la revocación de la sentencia. El caso que nos ocupa no es idéntico al de El Pueblo v. González, supra, pero, existe cierta similitud entre ellos en lo que a la cuestión de derecho ante nos concierne. Allí se declaró al acusado culpable de un delito que no se le imputó en la acu-sación. Aquí la prueba demuestra que el supuesto delito cometido no es el alegado en la acusación sino otro. La in-congruencia en aquél fue clara. En éste también lo es.

Debe revocarse la sentencia apelada y absolverse a los acusados, sin perjuicio de que el ministerio fiscal formule nuevas acusaciones contra los aqui apelantes por el infame crimen contra natura, si es que a su juicio las mismas pro-ceden.

      (1)Véase Pueblo v. Arroyo, 38 D.P.R. 530.

      (2)Si bien en la acusación se alega que el delito imputado se cometió en la noclie del 24 al 25 de septiembre, sin embargo al iniciarse el juicio el Riscal solicitó se le permitiera enmendar la acusación para que ésta leyera que el delito fué cometido durante la noche del 25 al 26 de septiembre de 1944 y la corte así lo autorizó.

      (3)Véase Pueblo v. Díaz, 35 D.P.R. 230.

      (‘)Véase el art. 303, inciso 6, del Código de Enjuiciamiento Criminal.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado- Señor de Jesús

license: Public Domain

text:
    Baldomero Rivera Soto, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., demandada; Américo Rodríguez Santiago, obrero lesionado.
    Núm. 370.
    Sometido: Junio 6, 1947.

      Resuelto: Julio 9, 1947.

      Edelmiro Soldevila, abogado del recurrente; F. Fernández Vargas, abogado del obrero lesionado.
   El Juez Asociado- Señor de Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El 28 de febrero de 1946 el obrero- lesionado radicó en la Comisión Industrial una petición de compensación por un accidente del trabajo qne alegó haber sufrido el 15 de mayo de 1943, mientras trabajaba como mayordomo para el patrono no asegurado' Baldomero Bivera Soto. Consistió e'l acci-dente en que mientras daba una vuelta a la finca para atender unas reses que se habían escapado del cercado, pisó un alam-bre cubierto por la yerba y se hincó el dedo grande del pie derecho, como consecuencia de lo cual le sobrevino gangrena en la pierna derecha y hubo qne amputársela. Explicó la tardanza en presentar su reclamación diciendo qne el patrono le había ofrecido darle cuatro o cinco cnerdas de tierra y $200 ó $300 y que le pagaría los gastos de la clínica. Pero, •en vista de que el patrono no cumplía sus promesas, decidió presentar su reclamación.

La teoría del patrono es al efecto de que él no empleaba •obreros,, pues solamente trabajaban en sus finca sus hijos, a •quienes remuneraba con $3 semanales cada pn; que el obrero trabajaba por su propia cuenta, haciendo carbón con la ma-dera que le suministraba el recurrente y recibía una parte alícuota del carbón que producía.

La Comisión Industrial, después de oír una extensa prueba ele una y otra parte, llegó a las siguientes conclusiones sos-tenidas por la evidencia, a saber:

(a) Que el obrero lesionado sufrió un accidente del tra-bajo en la fecha por él alegada y mientras trabajaba para el recurrente, patrono no asegurado, y como consecuencia de ese accidente sufrió la pérdida de la pierna derecha.

(&) Que el patrono empleaba más de cuatro obreros.

Basándose en estas conclusiones de hecho, la Comisión, el 8 de octubre de 1946, dictó resolución ordenando al Admi-nistrador del Fondo del Seguro del Estado, que procediese a liquidar el caso y a cobrar al patrono el montante que arro-jare la liquidación en la forma que determina la ley. Resol-vió, además, conceder al abogado, en pago de sus honorarios, el 15 por ciento de la compensación que correspondiere al obrero, cuya suma debería descontarse por el Administrador de la cantidad a pagarse.

Fundamentando este recurso, el recurrente arguye que el derecho que a recibir compensación hubiera podido tener el obrero, había prescrito en la fecha en que radicó su petición.

Como muy acertadamente sostiene el abogado del obrero, el derecho a compensación por un accidente del trabajo no está comprendido en la acción de daños y perjuicios por culpa o negligencia descrita en el artículo 1802 del Código Civil (ed. 1930). Precisamente, la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo no requiere que el patrono haya incurrido en culpa o negligencia para que el obrero tenga derecho a compensación. No es, pues, de aplicación el artículo 1868 del Código Civil que fija en un- año el plazo de prescripción para establecer una acción de daños y perjuicios por culpa o negligencia. Como la ley no fija término para radicar la petición en casos de reclamaciones contra patro-nos no asegurados, es de aplicación el artículo 1864 del Có-digo Civil, dispositivo de que las acciones personales que no tengan fijado término especial para sn ejercicio, prescriben a los quince años.

Parece que el recurrente no considera como obreros, a los efectos de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, a los Lijos del patrono que trabajaban para él mediante una compensación. De ahí concluye que erró la Comisión Industrial al resolver que el recurrente venía obligado . a asegurarse.

La referida ley no excluye de sus beneficios a los Lijos de un patrono^) Por consiguiente, si empleaba cuatro () o más obreros en la fecba en que ocurrió el accidente, ya fueren todos o alguno de ellos Lijos del patrono, éste venía obligado a asegurarse.

Por último, si bien la prueba es contradictoria, la del obrero tiende a sostener la conclusión de que con motivo de la lesión que recibiera al herirse el dedo, le sobrevino gangrena, habiéndosele amputado el dedo, y poco tiempo después la pierna. Estando sostenida dicha conclusión por la prueba presentada, no podemos intervenir con la decisión de la cuestión de Lecho. '

Procede la confirmación de la resolución recurrida.

      O Véase el artículo 2 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo.

      (2)La Ley núm. 162 de 14 de mayo de 1943 (pág. 525) redujo a tres el número de obreros o empleados requeridos para que el patrono deba asegurarse.


author: El Juez Asociado Señor de Jesús

text:
    Great American Insurance Company, peticionaria, v. Corte de Distrito de Bayamón, Hon. Fernando Gallardo Díaz, Juez, demandada.
    Núm. 1687.
    Sometido: Junio 4, 1947.

      Resuelto: Julio 9, 1947.

      Hugh, B. Francis y Vicente M. Ydrach, abogados de la peticionaria; Celestino Triarte, F. Fernández Cuyar y II. González Blanes, abogados de la interventora, demandante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor de Jesús

emitió la opinión del tribunal.

En un pleito seguido en la corte inferior por Jacinta Figueroa contra Joaquín Rivera y Great American Insurance Co., civil núm. 2253, el secretario notificó por escrito a la corte que desde el 2 de julio de 1943 no se había radicado instancia alguna. De conformidad con la Regla 3 de las Cortes de Distrito, se dictó una orden concediendo a las partes un término de diez días para que expusieran las razones por las cuales no debía archivarse el pleito por abandono. La copia de la notificación se archivó en los autos el 1ro. de agosto de 1945 y no habiendo comparecido las partes, el 17 del mismo mes se dictó sentencia sobreséyendo el pleito. El 11 de julio de 1946 el abogado Luis A. Archilla, en repre-sentación de la demandante radicó una moción en la corte inferior solicitando se dejara sin efecto la sentencia así dictada. No habiendo recaído resolución alguna con respecto a dicha moción, la reprodujo el 30 del mismo mes, siendo declarada con lugar el 27 de agosto siguiente. El 17 de septiembre los demandados en dicho pleito, invocando la Regla 60(b) de En-juiciamiento Civil, solicitaron se dejara sin efecto la orden del 27 de agosto de 1946 y se restableciese la sentencia del 17 de agosto de 1945, por la cual se ordenó el archivo y sobre-seimiento del caso por abandono.

Oídas las partes, la corte inferior desestimó la moción de los demandados con fecha 4 de diciembre de 1946 y dejó en vigor su citada resolución de 27 de agosto de 1946. Para revisarla se interpuso por The Great American Insurance Co. este recurso de certiorari.

En el presente caso, como hemos visto, la sentencia fue dictada el .17 de agosto de 1945 y la moción para que la misma se dejara sin efecto se radicó el 11 de julio de 1946, casi once meses después de dictada la sentencia. Las Reglas de Enjuiciamiento Civil empezaron a regir el 1ro. de septiembre de 1943. Consecuentemente, en la fecha que se dictó la sentencia, la ley aplicable para determinar la facultad de la corte para dejarla sin efecto era la Regla 60(b) de Enjuiciamiento Civil invocada por la peticionaria, que en lo pertinente prescribe:

“Mediante moción, la corte, bajo aquellas condiciones que sean justas, podrá relevar a una parte o a su representante legal, de una sentencia, u orden dictada o acción tomada en su contra por error, inadvertencia, sorpresa o negligencia‘-excusable. La moción deberá hacerse dentro de un término razonable, pero en ningún caso después de transcurridos seis meses de haberse dictado dicha sentencia, orden o haberse tomado dicha acción.” (Bastardillas nuestras.)

Esta regla tiene su origen en el artículo 473 del Código de Enjuiciamiento Civil de California de cuyo artículo se tomó el 140 del nuestro. í) Las jurisdicciones federales, al aplicar la Regla 60(b), han seguido la jurisprudencia de aquel Estado, interpretativa del citado artículo. Al igual que en California, sostienen las cortes federales que en los casos de inadvertencia, error, sorpresa o negligencia, excusable, las cortes no tienen facultad para dejar sin efecto una sentencia cuando la moción en que tal remedio se solicita, no lia sido radicada dentro de tin término razonable, el cual no podrá exceder de seis meses a partir de la fecha en que la sentencia fue dictada. Wallace v. United States, 142 F.2d 240 (C.C.A. 2d. 1944); Oliver v. City of Shattuck, etc., 9 Fed. Rules Serv. 60b. 51, Case 3; 3 Moore’s Federal Practice, pág*. 3277 y Moore & Rogers, Federal Belief From Civil Judgments, 55 Yale 623.

En el caso de González v. Áldarondo, 47 D.P.R. 156, este Tribunal, aplicando el artículo 140 de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil a un caso ordinario de excusable negligencia, dijo:

‘ ‘ Somos de opinión que el período de seis meses fijado en el Código de Enjuiciamiento Civil no es una limitación absoluta a la facultad de la corte, sino que en casos extraordinarios la corte puede actuar. No revocaríamos tal actuación a menos que se nos probara que había habido abuso de discreción y no estamos convencidos de que aquí se cometiera tal abuso. La distinción que debe, hacerse es que cuando la orden se dicta dentro de los seis meses, se necesitaría prueba bas-tante convincente del abuso de discreción para revocar, pero la actua-ción de la corte sería más fácilmente revocada si la corrección preten-dida^tuviera lugar fuera de los seis meses.”

Esas aseveraciones, además de no estar sostenidas por la letra del artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, se hallan en conflicto con la reiterada jurisprudencia de California, interpretativa del artículo 473 de su referido Código. Phillips v. Trusheim, 156 P. 2d 25 (Cal. 1945); Hunt, Mirk & Co. v. Patterson, 253 P. 317 (Cal. 1927); Hinds v. Superior Court of Los Angeles County, 223 P. 422 (Cal. 1924) y Smith v. Pelton Water Wheel Co., 90 P. 934 (Cal. 1907).

Uno de los fines que persigue la adopción de las Reglas de Enjuiciamiento Civil es la uniformidad en la jurispruden-cia interpretativa de las mismas. Este es un motivo más para que no sigamos el caso de González, supra, en cuanto al punto aquí discutido.

Procede anular la resolución recurrida.

      O El artículo 473 del Código de Enjuiciamiento Civil de California ha «ido enmendado con posterioridad a la fecha en que so adoptó por nuestra Legislatura, pero esas enmiendas no afectan la cuestión que consideramos en este caso.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, peticionario, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, demandado; Antonio Riera, interventor.
    Núm. 115.
    Sometido: Mayo 8. 1947.

      Resuelto: Julio 9, 1947.

      Uon. Procurador General Luis Negrón Fernández y Edgar S. Bela-val, abogado especial éste del Departamento de Justicia, aboga-dos ambos del peticionario; Eulogio Riera, abogado del interventor, querellante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

El Tesorero de Puerto Rico notificó una deficiencia al contribuyente Antonio Nieva para el año contributivo termi-nado en 31 de diciembre de 1944 por haber éste deducido de su ingreso bruto la suma de $208 que le fué retenida por el Auditor de Puerto Rico del sueldo que devengara en dicho año del Gobierno Insular como abogado de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico.f) El 50 por ciento de dicha suma representa el 3 por ciento del sueldo de Riera y fué retenido para ingresar al Pondo de Ahorro y Préstamo de los Em-pleados del Gobierno Insular de Puerto Rico creado a virtud de la Ley núm. 52 de 11 de julio de 1921 (pág. 375), según enmendada subsiguientemente, y el otro 50 por ciento repre-senta el 3 por ciento de dicho sueldo retenido para ser acre-ditado en los libros de la Tesorería de Puerto Rico a la cuenta denominada “Pondo de Retiro de los Funcionarios y Em-pleados del Servicio Civil de Puerto Rico” a virtud de la Ley núm. 23 de 16 de julio de 1935 ((2) pág. 127), según en-mendada posteriormente. Denegada la reconsideración so-licitada el contribuyente presentó una querella ante el Tribunal de Contribuciones, la cual fué declarada con lugar por dicho Tribunal a virtud de la decisión rendida en un caso similar de Celestino Domínguez Rubio. A petición del Teso-rero expedimos el presente auto para revisar la decisión re-caída.

Sostiene el peticionario que el Tribunal de Contribuciones erró al resolver que los descuentos hechos del sueldo del interventor no constituyen un ingreso del empleado, sujeto al pago de contribución sobre ingresos.

De acuerdo con la sección 15(a) de la Ley de Contribu-ciones sobre Ingresos, el término “ingreso bruto” incluye, .entre otras .cosas, “. . . ingresos derivados de sueldos, jor-nales, o compensación por servicios personales (incluyendo en el caso de funcionarios y empleados de El Pueblo de Puerto Rico, de los Estados Unidos o de cualquier subdivi-sión política de los mismos, la retribución que como tales re-ciban) de cualquier clase y cualquiera que sea la forma en que se pagare .'. .” (Bastardillas nuestras.)

Arguye el peticionario que si bien el interventor no reci-bió ni se le pagó el sueldo completo a que tenía derecho, al aceptar, su cargo sabía que tenía que acogerse compulso-riamente a los términos de las leyes números 23 de 16 de julio de 1935 y 52 de 11 de julio de 1921, según enmendadas, y que a virtud de los beneficios que estas leyes le conceden adqui-rió ciertos derechos de cierto valor que equivalen a haber recibido la paga de su sueldo completo; que dichas leyes for-maban parte del contrato de empleo entre el interventor y el Gobierno Insular y al aceptar su nombramiento voluntaria-mente aceptó los descuentos provistos en dichas leyes.

Los derechos a que hace referencia el peticionario son los siguientes:

Ley núm. 52 de 1921:

“ ... el derecho a que se les reembolsaran las cantidades des-contadas en caso de renuncia, o quedar cesantes y de que dichas canti-dades se les reembolsaran a sus herederos en caso de muerte (Ley núm. 52 de 1921, según fué enmendada por la Ley núm. 150 de 1937); el derecho a obtener préstamos equivalentes al sueldo de un mes, previa aprobación de sus jefes y de la Junta Directiva (Ley núm. 52 de 1921, sección 8, según fué enmendada por la Ley núm. 96 de. 1925), pagaderos en plazos no menores del 10 por ciento del sueldo (Ley núm. 52 de 1921, sección 9, según fué enmendada por la Ley núm. 96 de 1925), con intereses al 6 por ciento anual, (Ley núm. 52 de 1938, Sesión Especial (sic)); el derecho a obtener préstamos ex-traordinarios, de más de un mes de sueldo, bajo ciertas circunstancias (Ley núm. 52 de 1921, sección 11, según fué enmendada por la Ley núm. 199 de 1942); el derecho a obtener préstamos mayores en casos especiales (Ley núm. 52 de 1921, sección- 13, según fué enmendada por la Ley núm. 150 de 1937); el derecho a un seguro de muerte o inutilidad física, a opción del empleado (Ley núm. 52 de 1921, sección 20, según fué enmendada por la Ley núm. 199 de 1942)-, el derecho a continuar bajo ciertas circunstancias, el seguro de vida aun después de haber renunciado o haber sido separado del cargo (Ley núm. 52 de 1921, sección 21, según fué enmendada por la Ley núm. 150 de 1937) ; el derecho, si no deseaba seguir con el seguro al ser separado de su cargo o al renunciar, a que le reembolsaran, ade-más de su cuenta de ahorros, el 50 por ciento del total de las cuotas que hubiese pagado por concepto del seguro de vida (Ley núm. 52 de 1921, sección 22); el derecho a obtener préstamos hipotecarios y el derecho a establecer cooperativas para la edificación de casas (Ley núm. 52 de 1921, sección 23, según fue enmendada por la Ley núm. 108 de 1939); y, el derecho a que cualesquiera cantidades que reci-biera bajo esta ley estuviesen exentas de embargo o ejecución (Ley núm. 52 de 1921, sección 26, según fue enmendada por la Ley núm, 150 de 1937).”

Y bajo la Ley núm. 23 de 1935 (II):

“ ... el derecho a una renta vitalicia al retirarse del servicio, por edad, incapacidad física, años de servicio o por separación invo-luntária (Ley núm. 23 de 1935 (II), secciones 4, 5, 6, 7 y 8); el derecho, en caso de renuncia o muerte antes del retiro,- a la devo-lución de las cuotas pagadas, con intereses al 3 por ciento, y, el derecho a que la renta vitalicia estuviese libre de embargos o contri-buciones (Ley núm. 23 de 1935 (II), sec. 17). Además los fondos aportados por los empleados eran aumentados por una asignación anual hecha por el Gobierno Insular (Ley núm. 23 de 1935 (II), see. 20), según fué enmnedada por la Ley núm. 995 de 1938).”

Consideraremos en primer término el concepto que, de acuerdo con la jurisprudencia, tienen los fondos recaudados a virtud del descuento obligatorio hecho a los empleados en un sistema de pensiones como el establecido por la Ley núm. 23 de 16 de julio de 1935.

Los fondos a que están acreditados en Tesorería los des-cuentos que se hacen a los funcionarios y empleados bajo esta ley, constituyen fondos públicos del Gobierno. Así se resolvió en el caso de Pennie v. Reis, 132 U. 8 . 464, al inter-pretar un estatuto de California, similar á la ley que consi-deramos, en el cual se proveía que el sueldo de los miembros de la policía de la ciudad de San Francisco sería de $102 mensuales pero se autorizaba al tesorero de dicha ciudad a “retener del sueldo de cada policía la suma de dos dólares al mes, para ser ingresados en un fondo que se conocería como ‘-el fondo de seguro de vida y salud policíaco.’ ” La ley pro-veía que al ocurrir la muerte de cualquier miembro de la fuerza policíaca se pagaría por el tesorero, de dicho fondo, a sus representantes legales la suma de mil dólares o si el policía renunciaba debido a mala salud o inhabilidad física, se le pagaría la suma de lo por él contribuido al fondo., Once años después de estar en vigor esta ley la legislatura aprobó el 4 de marzo de 1889 otra ley estableciendo el Fondo de Se-guro de Vida y Salud y de Pensiones de la Policía para todos los condados, ciudades y pueblos del estadol Para formar parte de dicho fondo la ley transfirió los fondos existentes a virtud de los descuentos hechos bajo la ley anterior. La nueva ley varió la forma y la cuantía de los pagos a realizarse por pensiones y seguros a los miembros de la fuerza policíaca en el estado.

Al fallecer un policía el 13 de marzo de 1889 (nueve días después de estar en vigor la nueva ley) que había prestado servicios desde el año 1869 y de cuyo sueldo de $102 se habían descontado los dos dólares mensualmente desde que se aprobó la primera ley en 1878, el administrador de sus bienes solicitó se le pagara la suma de mil dólares que se fijaba como seguro en dicha ley. Al serle denegada solicitó de la corte se expi-diera un auto de mandamus contra el tesorero. La corte Su-prema de California declaró con lugar una excepción previa a la petición y la Corte Suprema de Estados Unidos al con-firmar la sentencia se expresó en estos términos:

“ ... No obstante, por lo tanto, que en este caso el peticionario alega que el policía fallecido contribuyó de su sueldo con dos dólares mensuales de acuerdo con la ley en cuestión, y, en substancia, que el .fondo que había de pagar los mil dólares reclamados fué creado de contribuciones similares de los miembros de la policía, la corte, mirando al estatuto, ve, que de hecho, ningún dinero fué contribuido por el policía de su sueldo, sino que el dinero que ingresó en dicho fondo bajo la ley del primero de abril de 1878, era dinero del estado retenido en su posesión para la creación de este mismo fondo, y el balance — cien dólares — fué la única compensación pagada al policía. Aunque llamada parte de la compensación del policía, él nunca la recibió o la controló, ni podía evitar su asignación al fondo en cues-tión. No tenía tal poder para disponer de ella como la tiene el que es dueño de una propiedad. El efecto legal del estatuto es que el policía recibirá una compensación mensual de no más de cien dóla-res, ... y que en adición el Estado creará un fondo asignando dos dólares cada mes para dicho fin. . .
“Siendo un fondo creado en esa forma, estaba enteramente a disposición del Gobierno hasta que al ocurrir alguno de los eventos mencionados — la renuncia, destitución o muerte del funcionario — el policía o su representante adquirió un derecho a la suma específica prometida. No se requiere argumento o cita de autoridades para demostrar, que al disponer de un fondo de dicho carácter, antes de ocurrir alguno de los eventos mencionados, el Estado no menoscabó ningún derecho absoluto de propiedad del policía. La disposición del Estado de que el fondo sería uno para beneficio del policía o su representante, bajo ciertas condiciones, estaba sujeta a cambio o revo-cación en cualquier momento, a voluntad de la Legislatura. No ha-bía ningún contrato por parte del Estado en el sentido de que su disposición continuaría siempre en la forma originalmente provista. Hasta que ocurriera el evento particular a virtud del cual el dinero o parte del mismo debía pagarse, no existía ningún derecho adquirido (■vested right) en el policía a tal pago. Su interés en el fondo era, hasta entonces, una mera espectativa creada por ley y sujeta a ser revocada o destruida por la misma autoridad. . Habiendo ■ sido dero-gada la ley del primero de abril de 1878 antes del fallecimiento del causante; su espectativa nunca pudo realizarse, el dinero con que habría de pagarse la cantidad reclamada había sido previamente transferido y mezclado con otro fondo, y no estaba ya sujeto a las disposiciones de dicha ley. Siendo ésta la naturaleza del interés del causante en el fondo provisto por la ley de 1878, no existía en él ningún derecho de propiedad del cual él y su representante hubieran, sido privados. ’ ’

Termina diciendo esta opinión que si como cuestión de hecho se hubieran pagado los dos dólares mensuales al policía y hubieran estado bajo su control absoluto y entonces hubiera sido inducido a contribuirlos al fondo bajo la condición de que, assu muerte, se pagarían los mil dólares, una cuestión distinta surgiría sobre la cual el tribunal no expresa opinión, pero termina diciendo que “Es suficiente que los dos dólares retenidos al policía mensualmente, aunque llamados en la ley parte de su compensación, eran, de hecho, una asignación de esa cantidad hecha por el Estado cada mes para la creación de un fondo para beneficio de los policías mencionados en la ley, y, hasta que sean usados para los fines designados eli ella, podían ser transferidos a otras personas o dedicados por la legislatura a otros fines distintos.”

En el caso de Dogde v. Board of Education, 302 U. S. 74, se resolvió que una ley que meramente fija los sueldos de funcionarios no crea ningún contrato a su favor y la com-pensación fijada puede ser alterada a su voluntad por la le-gislatura y además, citando el caso de Pennie, supra, que “Si, al interpretar el estatuto, se llega a la conclusión de que los pagos son dádivas {gratuities), que no envuelven un convenio entre las partes, su concesión no crea ningún derecho ad-quirido.”

En los casos de Luján y. Comisión de la Policía Insular, 38 D.P.R. 58, y Domenech v. Junta de Pensiones, 42 D.P.R. 604, resolvimos, citando entre otros casos el de Pennie, supra, que los descuentos hechos a los funcionarios y empleados del Gobierno Insular para el fondo de pensiones no constituyen un derecho adquirido a la pensión que no pueda ser variado o derogado por la legislatura.

En el caso de Fernández v. MacLeod, 52 D.P.R. 899, tratamos de distinguir la jurisprudencia antes citada por el hecho de que el funcionario público a quien ya se había con-cedido una pensión tenía un derecho adquirido que no podía ser afectado por una ley posterior que reducía su pensión. Empero, la Corte de Apelaciones para el Primer Circuito revocó nuestra decisión() basándose, entre otros, en los ca-sos de Dodge v. Board of Education, supra, y en el de City of Dallas v. Trammell, 129 Tex. 150, 101 S. W.2d 1009, 112 A.L.R. 997. Aplicando lo resuelto en este último dijq (pág. 25): “Se resolvió en el caso de Dallas, supra, que cuando la contribución es obligatoria el fondo así contribuido al con-ceder una pensión del mismo constituye meramente la trans-ferencia de nn fondo público a otro, ya que la contribución obligatoria y pago nunca están en posesión o control del em-pleado o funcionario, mientras que en el caso de nna contri-bución voluntaria, la contribución llega a ser propiedad del empleado o funcionario y basta ese extremo, por lo menos, él puede tener un derecho adquirido en el fondo. En el caso de contribuciones obligatorias el fondo nunca cambia del stahts de fondos públicos, él gobierno tiene uñ derecho abso-luto para disponer del mismo, y él empleado nunca adquiere ningún derecho en el mismo, ya que está sujeto al control del gobierno y puede ser enmendado o derogado por legislación posterior.” (Bastardillas nuestras.)

Cualquiera que sea nuestra manera de pensar sobre el caso de McLeod v. Fernández, () su razonamiento, así como el de los demás casos antes citados, contesta el argumento del peticionario en cuanto a que los descuentos obligatorios hechos al interventor constituyen parte de su sueldo recibido por el hecho de que puede en el futuro recibir ciertos^ bene-ficios. Tampoco puede prevalecer la contención del peticio-nario de que existe una relación contractual entre el inter-ventor y el Gobierno Insular a virtud de haber aceptado su empleo a sabiendas de que se le harían los descuentos para los fondos antes mencionados.

Cita el peticionario el caso de Miller v. Commissioner of Internal Revenue, 144 F.2d 287 (C.C.A. 4th. 1944), resuelto por la Corte de Contribuciones de Estados Unidos bajo el nombre de Cecil W. Taylor, 2 T. C. 267, en el cual se resolvió que las deducciones hechas del sueldo de un empleado para el fondo de Retiro del Servicio Civil Federal formaban parte de su sueldo, sujeto al pago de contribución sobre ingresos. Este caso es distinguible del de autos. La propia Corte de Contribuciones de Estados Unidos al fallarlo en primera instancia a su vez lo distinguió de los que hemos citado anteriormente diciendo:

"Cuestiones de esta naturaleza general ban llegado en una oca-sión u otra ante ésta y otras cortes estatales, pero las decisiones no son uniformes y particularmente a la luz de la interpretación de legislación conteniendo distintas disposiciones y su aplicación a situa-ciones que presentaban hechos distintos, sería ocioso asegurar que fueran una ayuda eficaz para resolver los presentes procedimientos. Tampoco casos como Pennic v. Reis, 132 U.S. 464; Dodge v. Board of Education, 302 U.S. 74, o MacLeod v. Fernández (C.C.A. 1), 101 F.(2d) 20; certiorari denegado, 308 U.S. 561, son determinativos de la cuestión ante nos. El caso de Pennie interpretó un estatuto de California allí en controversia que eliminaba enteramente del sueldo básico del empleado cantidades retenidas como aportaciones al fondo de pensiones del estado. No estamos convencidos de que ésa sea una interpretación permisible de la Lej de Retiro- Federal que define el ‘sueldo, paga o compensación básica’ como ‘la paga básica del puesto según fijada por ley o reglamento.’ El caso de Dodge v. Board of Education es inaplicable, como se dijo en Abrahams v. Wilson, supra, que se refiere a ‘la disimilitud del caso de Dodge, donde el fondo del cual la pensión estaba en discusión era contribuido enteramente por el estado y no ayudado por contribuciones de los maestros . . .’ Y el caso de MacLeod se distingue por lo menos por la aparente au-sencia del estatuto de Puerto Rico allí bajo consideración de dispo-sición alguna para crear una cuenta que acreditara a favor del em-pleado las sumas retenidas de su sueldo, y por la circunstancia adi-cional de que la única cuestión envuelta era si la paga mensual al empleado después de su retiro podía ser rebajada de la suma fijada a la fecha de su retiro y no si existía autoridad para privar al em-pleado de beneficios mínimos consistentes en el valor de las contribu-ciones al fondo que eran equivalentes de las sumas retenidas.” 2 T.C. 267, 273.

La diferencia sustancial existente entre la Ley de Re-tiro Federal y la que aquí consideramos estriba en el hecho de que el descuento hecho a virtud de aquélla no sólo pasa a formar parte del “fondo.de retiro e incapacidad del servicio civil” sino que la propia ley dispone que dicho fondo queda “asignado para el pago de rentas vitalicias (cmnmties), reembolsos y concesiones provistas en esta Ley,” y que, de acuerdo con la sección 12(o-) las sumas retenidas “se acre-ditarán a una cuenta individual de tal empleado, a ser man-tenida por el departamento u oficina que lo emplea. . . .”’ La Ley núm. 23 de 1935, según enmendada, no contiene tales; disposiciones. La Corte del Cuarto Circuito, en el caso de; Miller, hizo suya la interpretación dada por la Corte de Con-tribuciones a la ley al decir a la pág.,289- que “Estos aspec-tos -del plan de retiro nos parece demostrar que se fian comprado por el empleado derechos substanciales, de un valor que en modo alguno puede ser materialmente menor a la suma de su propia contribución, que al presente le pertenecen, y que están inequívocamente provistos para su beneficio defi-nitivo (ultimate) bajo cualquier contingencia o en cualquier circunstancia que la ocasión para dicho beneficio pueda sur-gir. Son a ese respecto comparables a, y para nuestros fines indistinguibles de, un contrato de renta vitalicia, del cual el patrono se constituye en expedidor, separando reservas para dicho fin y haciendo inversiones de las mismas compara-bles a aquellas efectuadas por compañías que se dedican a ese negocio.” Y continúa diciendo entonces la Corte de Cir-cuito : “Las decisiones en casos en que-un patrono ha pagado premios sobre pólizas de seguro de vida expedidas para bene-ficio del empleado son aplicables. En tales casos se resuelve que la cantidad pagada como premio se presume que es una. compensación adicional por los servicios del empleado y cons-tituye ingreso de éste bajo la teoría de que ha recibido un beneficio en la forma de protección por" seguro en lugar de.-paga en efectivo. (Citas).”

A diferencia de lo resuelto en el caso de MacLeod v. Fernández, supra, en el de Miller v. Commissioner, que comen-tamos, la Corte del Cuarto Circuito resolvió que el empleado-bajo la Ley de Eetiro Federal tiene un derecho adquirido (vested right) consistente en la renta vitalicia al retirarse y a que se le devuelva la suma retenida de su sueldo, con inte-rés, al ser separado del servicio o al morir y que “Estos-dereehos estaban asegurados en consideración a las contri-buciones hechas de su sueldo y por lo menos hasta el límite de tales contribuciones, no podrán■ serle, quitados bajo las disposiciones de la ley y no podemos presumir que el Con-greso, si pudiera hacerlo, cambiaría la ley para privarle de los derechos substanciales adquiridos bajo la misma. . . 144 F.2d 287, 290. (Bastardillas nuestras.)

Como sabemos, en el caso de MacLeod v. Fernández, la Corte del Primer Circuito al interpretar nuestra ley de retiro expresamente resolvió que no existía ningún derecho adqui-rido a favor de un empleado que percibía una pensión bajo dicha ley y que la Legislatura de Puerto Pico podía variar sus términos a su voluntad y hasta disponer del fondo en forma absoluta.

Cualquiera que sea el peso que nos merezca la decisión del caso de Miller, supra, estamos obligados a seguir la pauta señalada por la Corte de Apelaciones para el Primer Cir-cuito. Además la diferencia existente entre la Ley de Pe-tiro Federal y la nuestra, señalada anteriormente, demuestra que dicho caso y el de autos pueden ser distinguidos, como lo hizo la Corte de Contribuciones de Estados Unidos al dife-renciar el de MacLeod v. Fernandez.

Somos de opinión que el Tribunal de Contribuciones no erró al resolver que las deducciones hechas al sueldo del in-terventor bajo la Ley núm. 23 de 1935 no forman parte de •su ingreso bruto tributable bajo la Ley de Contribuciones -sobre Ingresos.

¿Puede decirse lo mismo en cuanto al descuento hecho bajo la Ley núm. 52 de 11 de julio de 1921, según enmendada posteriormente? Creemos que no.

Si bien bajo los términos de esta ley el descuento que se hace a los empleados para el Fondo de Ahorro y Préstamo, .también es .compulsorio, el carácter del mismo es distinto al •del Fondo de Pensiones bajo la Ley núm. 23 de'1935, no por interpretación judicial insular o federal, sino por expresión ■terminante de la Asamblea Legislativa de Puerto Pico.

El lro. de mayo de 1929 se aprobó la Resolución Con-junta() núm. 39 (Leyes de 1929, pág. 473) cuyo título es el siguiente:

“Para autorizar a la Junta de Directores de la Asociación Fondo de Ahorro y Préstamo de los Empleados del Gobierno Insular de Puerto Rico, a distribuir los intereses acumulados al presente y los que se recauden en el porvenir, por virtud de préstamos y depósitos en los bancos de los fondos de la Asociación, entre los empleados asociados, conforme la cantidad que éstos tengan en su cuenta de ahorro, el día 30 de junio de 1929, y para otros fines. (Bastardillas nuestras.)

El primero, tercero y cuarto Por Cuantos de dicha reso-lución dicen así:

“PÓR CUANTO, la Asociación Fondo de Ahorro y Préstamo de los Empleados del Gobierno Insular de Puerto Rico es un plan coopera-tivo, que funciona bajo los auspicios del Gobierno, por virtud de legislación aprobada por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico;
“Poe Cuanto, el banco donde se hacen los depósitos de los fondos generales de la Asociación de Ahorro y Préstamo de los Empleados del Gobierno Insular de Puerto Rico, abona intereses que van a engrosar los fondos de la asociación;
“POR cuanto, los fondos pertenecientes a la Asociación Pondo de Ahorro y Préstamo de los Empleados del Gobierno Insular de Puerto Rico, son de la pertenencia exclusiva de los empleados asociados; etc.”

Dispone entonces la resolución en su sección primera:

“Que el balance que por concepto de intereses de los préstamos y de los depósitos en el banco resulte el 30 de junio de 1929, corres-pondiente al año fiscal 1928-29, se sume al remanente anterior, que en primero de julio de 1928 ascendía a $51,570.62, y se declare el dividendo proporcional correspondiente al tanto por ciento que dicha suma represente sobre el total de la,? cantidades ahorradas por los empleados acogidos a los beneficios de la Ley No. 52 de 1921, según, fué enmendada por la Ley No. 96 de 1925. Este dividendo se acre-ditará a una cuenta especial que se denominará ‘Cuenta de Divi-dendos.’
“En lo sucesivo, y a la terminación de cada año fiscal, el total neto obtenido por concepto de intereses, después de descontados los gastos de administración, será dividido entre el total de los fondos ahorrados, y se procederá a acreditarlo en igual forma que en el año anterior en la ‘Cuenta de Dividendos’; Disponiéndose, que en cual-quier tiempo que un empleado falleciere o dejare de pertenecer a la Asociación por cualquier motivo de acuerdo con las prescripciones de la Ley No. 52 de 1921, según fué enmendada en 1925, tendrá-derecho a recibir como beneficio, además de sus ahorros, una cantidad igual al tanto por ciento declarado como dividendo para caída año sobre el total de sus ahorros en dicho año, más el tanto por ciento que represente el primer dividendo que se declare sobre el total de la cantidad que tenía ahorrado el 30 de junio de 1929, si en dicha fecha era un miembro de la Asociación.” (Bastardillas nuestras.)

Las disposiciones citadas demuestran la diferencia fundamental que existe entre el fondo creado a virtud de la Ley núm. 52 de 1921 y el Fondo de Pensiones creado por la Ley núm. 23 de 1935. La Asamblea Legislativa ha recono-cido expresamente que los fondos de la Asociación Fondo de Ahorro y Préstamo de los Empleados del Gobierno Insular de Puerto Rico son de la pertenencia exclusiva de los em-pleados asociados ya que dicha Asociación constituye un plan cooperativo de dichos empleados el cual funciona bajo los¡ auspicios del Gobierno a virtud de la Ley núm. 52 de 1921. Reconoce y autoriza además dicha resolución conjunta, hoy ley, que dichos fondos se acreditan a una cuenta, de ahorros a nombre de cada empleado y que, además, se acreditan anual-mente a una cuenta de dividendos de cada empleado una can-tidad igual al tanto por ciento declarado como dividendo para cada año sobre el total de sus ahorros en dicho añó, siendo la fuente de dicho dividendo el total neto de los intereses ob-tenidos de los préstamos hechos a los empleados más los in-tereses pagados por el banco donde están depositados los fondos de la Asociación, después de descontarse los gastos de administración.

Somos de opinión que la intención legislativa quedó cla-ramente expresada en el sentido de que el fondo creado a virtud de la Ley núm. 52 de 1921 no tiene el carácter de fondo público del cual pueda disponer el Gobierno sino que se re-conoció, desde el año 1929, que diclio fondo es de pertenencia exclusiva de los empleados que con el desdiento del 3 por ciento de sus salarios contribuyen al mismo. Tenemos, ade-más, bajo esta ley, una disposición similar a la contenida en la ley federal objeto de interpretación en el caso de Miller, supra, al efecto de que a cada empleado se le acredita en una cuenta a su nombre el montante de sus aborros y de los dividendos anuales y que al cesar como empleado (o al fallecer, su sucesión) tiene derecho a que se le devuelvan íntegros dichos ahorros y dividendos. Éstos sí constituyen derechos adquiridos (vested rights) del empleado y no podemos pre-sumir que la Asamblea Legislativa, si pudiera hacerlo, cam-biaría la ley para privarle de dichos derechos. Cf. Miller v. Commissioner of Internal Revenue, supra.

Somos de opinión que el Tribunal de Contribuciones erró al resolver que las deducciones hechas al sueldo del interventor bajo la Ley núm. 52 de 1921, no forman parte de su ingreso bruto tributable y en s%t consecuencia se modifica la resolución recurrida en el sentido de que el peticionario tiene derecho 'a cobrar la deficiencia que corresponde a dichas deduccio-nes, y así modificada, se confirma.

El Juez Asociado Sr. Snyder disiente en tanto en cuanto este Tribunal resuelve que los fondos cotizados por los em-pleados públicos al Fondo de Pensiones del Gobierno Insular no forman parte del ingreso bruto de dichos empleados, tributable bajo la Ley de Contribuciones sobre Ingresos.

      (1)Bs un hecho admitido que el contribuyente al computar su ingreso neto lo hizo a base de lo cobrado y pagado (cash basis) durante el año.

        (2) MacLeod v. Fernández, 101 F.2d 20.

      (3)Véase Esteves v. Junta, de Retiro, 60 D.P.R. 98.

      (‘)Esta resolución conjunta, al igual que todas y cada una de las aprobadas en cualquier fecha por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico con anterioridad al 1C de junio de 193S, fué aprobada, ratificada y confirmada en todas sus partes por el Congreso de los Estados Unidos al aprobar en la fecha mencionada la Ley núm. 641, y se le dio el mismo efecto, validez y efectividad como si originalmente hubiera sido decretada válidamente y aprobada por el Gobernado’’ en forma de ‘'Ley”. Esta acción congresional fué efecto de la decisión en el caso de Valiente Co. v. Sancho Bonet, Tes., 50 D.P.R. 586, confirmada er. Sancho v. Valiente & Co., 93 F.2d 327 (C.C.A. 1st, 1937.)


author: El Juez Asociado Señok Tiodd, Je.,

text:
    Antonio Roig, Sucrs., S. en C., recurrente, v. Junta de Salario Mínimo de Puerto Rico, demandada.
    Núm. 106.
    Sometido: Junio 23, 1947.

      Resuelto: Julio 9, 1947.

      James R. Beverley, R. Castro Fernández y José fjópez Baralt, abo-gados de la recurrente; Ismael Soldevila, abogado de la deman-dada.
   El Juez Asociado Señok Tiodd, Je.,

emitió la opinión del tribunal.

La Junta de Salario Mínimo radicó moción solicitando anulemos el auto expedido en este caso fundada en ios si-guientes motivos: 1ro., porque la resolución impugnada es de carácter puramente administrativo, dictada por el Pre-sidente de la Junta, sin cansar estado de derecho alguno,' 2do., porque no se han cumplido los requisitos de ley para toda revisión, es decir, no se solicitó la reconsideración de la resolución recurrida.

Oímos a las partes sobre la procedencia de esta moción y la recurrente sostiene, 1ro., que la resolución recurrida equivale a una orden final dictada por la Junta y es, por tanto, revisable bajo la sección 24 de la Ley de Salario Mí-nimo y, 2do., que hubo solicitud de reconsideración aun cuando no bajo juramento.

En la solicitud de revisión radicada por A. Roig, Suers.,. S. en C. en este caso, se alega, en síntesis, que a virtud del Decreto núm. 3 la Junta de Salario Mínimo fijó salarios mí-nimos y horas máximas de labor para la fase agrícola e industrial do la industria azucarera en Puerto Rico; que el 22 de octubre de 1945 la recurrente recibió una carta de la Junta informándole que adeudaba a ciertos empleados la suma de $23,767.02 y le requería el pago de la misma; que el 31 de octubre de 1945 la recurrente contestó dicha carta llamando la atención hacia ciertos errores cometidos por el inspector de la Junta; que a solicitud de la recurrente la Junta fijó el 21 de mayo de 1946 para celebrar una vista ad-ministrativa, fecha en que compareció la recurrente, radicó su contestación a la reclamación y presentó su prueba; que por resolución del 2 de junio de 1947 la Junta rechazó todas las defensas alegadas por la recurrente en su contestación y ordenó a ésta que dentro del término de cinco días depositara en la Junta la cantidad de $22,737.10 que según la Junta adeuda la recurrente a sus empleados.

Alega entonces la recurrente en su solicitud que la Junta actuó sin facultad y en exceso de sus poderes por distintos motivos que enumera de la letra (a) a la (i), atacándose en algunos, a saber ,(a), (b) y (d), la apreciación de la prueba hecha por la Junta y alegándose en los demás cuestiones de derecho.

Aceptando, sin resolverlo, que la resolución recurrida sea una dictada por la Junta (la recurrida sostiene que no lo es), no se alega en la petición de la recurrente que ella solicitara la reconsideración de dicha resolución, según requiere la sección 24(b) de la Ley núm. 8 de 5 de abril de 1941 ((l)pág. 303), según quedó énmendada por la Ley núm. 217 de 11 de mayo de 1945 (pág. 681), para que la misma tenga carácter de final y pueda ser revisada por esta Corte, de acuerdo con el apartado (d) de la misma sección^) La contestación que la recurrente hizo el 21 de marzo de 1946 Al requerimiento de la Junta de 22 de octubre de 1945 no puede considerarse, como arguye la recurrente, como una moción de reconsideración a la resolución que dictó la Junta más de un año después en 2 de junio de 1947.

Esto sería suficiente para que anuláramos el auto •expedido, pero consideramos conveniente hacer constar, además, que aun cuando se hubiera solicitado la reconsideración y ésta hubiera sido denegada, la resolución de la Junta, actuando a través de su Presidente, no equivale a una orden final de pago de salarios dictada contra la recurrente (esto lo admitió el abogado de la Junta en la vista y así mismo en su alegato) sino que es una mera notificación del resultado de una investigación administrativa en relación con ciertos salarios que se alega la recurrente adeuda a sus obreros para el cobro de los cuales la Junta, a través de sus abogados, si procede, tendría que demandar a la recurrente ante la corte de distrito correspondiente, de acuerdo con el procedimiento establecido en la sección 25 de la ley.() De manera que sería dicha corte la que, en definitiva] podría dictar sentencia en contra de la recurrente si se probasen los hechos alegados por la Junta y de dicha sentencia podrá apelar la recurrente para ante esta Corte sin que estemos limitados, como en este re-curso de-revisión, a las cuestiones de derecho envueltas, sino que podemos entrar a considerar también los hechos.

Procede, por lo expuesto, emular el auto expedido y deses-timar la petición.

      (J)Es do notarse que la Ley núm. 451 aprobada el 14 de mayo de 1947 •que comenzó a regir el primero do julio, al enmendar de nuevo la sección 24 eliminó el trámite de reconsideración y el concepto de final que la ley anterior ■daba a la resolución de la Junta al resolver una reconsideración solicitada.

      (2)De acuerdo con la Ley núm. 451 de 1947 so enmienda esta sección y ■este poder pasa aliora al Comisionado del Trabajo.


author: El Juez Asociado Señor Marreeo

text:
    Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, peticionario, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, demandado; Antonio Rullán, interventor.
    Núm. 116.
    Sometido: Junio 3, 1947;

      Resuelto: Julio 9, 1947.

      Pon. Procurador General Luis Negrón Fernández y Elmer Toro Lucchetti, Procurador General Auxiliar, abogados del peti-cionario; J. J. Ortiz Alibrán, abogado del interventor, querellante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Marreeo

emitió la opinión del tribunal.

Los hermanos José, Salvador y Antonio Rullán son los principales accionistas de Suers, de A. Mayol & Co., Ine. En 19 de junio de 1940 cada uno de los dos primeros vendió al último 400 de las acciones por ellos poseídas en dicha corpo-ración^) siendo el entendido entre ellos que Antonio les pa-garla los intereses a razón del 8 por ciento anual sobre el importe de las mismas, así como el valor de éstas, ‘‘cuando él quisiera.” Dichos hermanos no llevan libros de contabilidad, y la venta de las acciones se hizo constar solamente en los Registros de Accionistas y de Transferencias y en los libros Jornal y Mayor de la Corporación. Durante los años 1940 y 1941 Antonio no pagó suma alguna a sus hermanos por inte-reses sobre el valor de estas acciones, pero en octubre de 1942 pagó a cada uno de éstos la cantidad de $7,476.66 por concepto del referido 8 por ciento anual sobre el valor a la par de las acciones. Al rendir su planilla de contribución sobre ingresos por el año 1942 Antonio dedujo en ella no sólo el monto de dichos intereses, sino también el de otros intereses pagados a sus citados hermanos por razón de préstamos personales to-mados por él a ellos. El Tesorero de Puerto-Rico rechazó dichas deducciones y luego de presentarse la correspondiente moción de reconsideración y solicitud de vista administra-tiva() y de ser declaradas las mismas sin lugar por dicho funcionario, el aquí interventor Antonio Rullán acudió ante el Tribunal de Contribuciones. ()

Después de una vista en sus méritos, durante la cual se presentó por las partes una estipulación y se ofreció prueba testifical y documental, el Tribunal de Contribuciones dictó resolución con fecha 6 de septiembre de 1946 declarando con lugar la querella en todos sus extremos. Contra esa resolu-ción ha acudido el Tesorero de Puerto Rico ante nos por cer-tiorari( ) y librado el mismo, sostiene en apoyo de éste, que “El Tribunal de Contribuciones erró al interpretar la sección 16 de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos y resolver que bajo las disposiciones de la misma el contribuyente podía de-ducir de sus ingresos las sumas que por concepto de intereses fueron acreditados a sus hermanos.”

Antes de proseguir conviene hacer constar que la prueba también tiende a demostrar que Antonio Rullán pagó contri-buciones por el importe de los dividendos por él recibidos, correspondientes a las 800 acciones adquiridas de sus herma-nos; que todos ellos rendían planillas a base de “recibido y pagado” (cash basis); y que José y Salvador declararon como ingreso en sus respectivas planillas el importe de los intereses percibidos de Antonio en 1942 con motivo del traspaso de las acciones. Además, que no hay controversia alguna respecto a la legitimidad de las transacciones o de los asientos que figuran en los libros de la corporación, girando únicamente la controversia en torno de si los intereses pagados por el aquí interventor a sus hermanos son o no deducibles de sus ingresos brutos por el referido año.

La sección 16(a) (2) de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos (Núm. 74 de 6 de agosto de 1925, pág. 401), según fué enmendada por la Ley nfim. 31 de 12 de abril de 1941 ((1) págs. 479, 495) reza en lo pertinente así:

“Sección 16. — (a) Al computar el ingreso neto se admitirán como deducciones:
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“ (2) Todos los intereses pagados o vencidos dentro del año contri-butivo sobre deudas, . . . Disponiéndose, que no son deducibles inte-reses algunos, si son pagaderos entre miembros de una familia . . .”

El Tribunal de Contribuciones al fallar el caso en favor del interventor cita del Yol. 4, sección 26.02, pág. 536, de Mer-tens, “Law of Federal Income Taxation”. Sin embargo, si se examina dicha obra se notará inmediatamente que el texto del Código de Rentas Internas Federal que allí se cita lo es el de la enmienda introducida a dicha Ley en 1938 y que ese contexto no es similar, sino enteramente distinto al de la en-mienda introducida en 1941 a la Ley de Contribuciones sobre Ingresos de Puerto Rico, que en lo esencial hemos copiado más arriba. Siendo ello así, lo expresado en la indicada obra no es de aplicación al caso que nos ocupa.

El Tribunal de Contribuciones también da énfasis en su opinión al hecho de que los intereses no eran pagaderos entre Antonio Rullán y sus hermanos, sino que por el contrario ya habían sido pagados. A nuestro juicio la decisión del Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico es igualmente insosteni-ble a ese respecto.

La letra clara de nuestro estatuto es al efecto de que no son deducibles intereses algunos si son pagaderos entre miem-bros de una familia. Se da por admitido que los intereses fueron pagados por el interventor a sus dos hermanos. El parentesco es incuestionable. El hecho de que la ley use la palabra pagaderos no tiene a nuestro juicio el alcance res-tringido que lo dió el Tribunal de Contribuciones. El propó-sito del legislador fue no permitir la deducción de intereses que pasaran' de un miembro de una familia a otro. El hecho de que en vez de usarse la palabra pagados se usara la palabra pagaderos no altera la situción.

Debe recordarse, además, que las deducciones son una gracia legislativa y que las mismas deben siempre interpretarse restrictivamente en contra de la persona que alega tener derecho a ellas. Éstas, al igual que las exenciones, deben aparecer siempre con toda claridad en los estatutos que las conceden ymo deben ser objeto de dudas. White v. United States, 305 U.S. 281, 292 y Deputy v. Du Pont, 308 U.S. 488, 493.

Es cierto que existen innumerables casos en que se ha permitido la deducción de intereses pagados entre miembros de una familia. Sin embargo, ello ha ocurrido así al inter-pretarse estatutos que no contienen la prohibición que apa-rece en el nuestro. Véase por'ejemplo el caso de Montgomery v. Thomas, 146 F.2d 76, 81, en el cual se resolvió que los inte-reses pagados por un padre a sus hijos eran deducibles por aquél. Allí, no obstante, se interpretaba la Ley de Rentas Internas Federal según fué enmendada en 1938 (52 Sta. 447) y ella autoriza que se deduzcan de los ingresos brutosTos intereses sobre deudas, pagados o vencidos dentro del año contributivo. Como se verá, esa sección de la Ley Federal sólo contiene la parte introductoria de la sección 16(a)(2) de nuestra Ley de Contribuciones sobre Ingresos, mas no el Disponiéndose de la misma a que reiteradamente nos liemos referido.

Se dictará sentencia revocando la resolución dictada por el Tribunal de Contribuciones en el caso 1 — 209 T.C. de dicho Tribunal.

      (•■)Las ventas se efectuaron por el valor a la par de $100 por acción. El valor estimado de cada una de éstas era de $120 a $125.

      (2) Véase la sección 57(a) cíe la Ley de Contribuciones Sobre Ingresos núm. 74 do 6 do agosto de 1925, pág. 401, según fué enmendada por la Ley núm. 23 d© 21 de noviembre de 1941, Ses. Ext. págs. 73 y 81.

      (3)Ley 169 de 15 de mayo de 1943, pág. 601.

      (4)Ley 169 supra, sección 5, pág. 609.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr..,

text:
    María Rosario Martínez, etc., demandantes y apelados, v. Juan Suárez Pérez, demandado y apelante.
    Núm. 9519.
    Sometido: Julio 1, 1947.

      Resuelto: Julio 11, 1947.

      II. Torres Sold, abogado del apelante; V. Géigel Polanco y Santiago Polanco Abréu, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr..,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso sobre reconocimiento involuntario de hijos na-turales y alimentos el Tribunal de Distrito de San Juan de-claró con lugar la demanda en sus dos causas de acción. En la sentencia hizo constar, en cuanto a la primera sobre filia-ción, lo siguiente:

“Se declara a Juan, Héctor Luis, Miguel Angel y Luisa, nacidos en 26 de noviembre de 1924, 21 de mayo de 1928, 15 de junio de 1938 y 25 de agosto de 1939, respectivamente, hijos naturales recono-cidos del demandado Juan Suárez Pérez, de conformidad con lo pre-ceptuado por el párrafo segundo de la sección 2 de la Ley núm. 229 de 12 de mayo 1942 ((1) pág. 1297), según dicha sección fué enmendada por el art. 2 de la Ley núm. 243 de 12 de mayo de 1945 (pág. 815).()

Condenó, además, al demandado a pasarle a la demandante $94 mensuales para los alimentos de sus tres hijos menores Héctor Luis, Miguel Angel y Luisa () y a pagar $350 por con-cepto de honorarios de abogado de la demandante.

No conforme el demandado apeló y en este recurso alega que ía corte inferior erró, 1ro., al declarar a Juan Rosario hijo natural reconocido del demandado; 2do., al dejar de resolver que el reconocimiento de los demandantes en este caso no tiene otro efecto que el de llevar el apellido de su padre y el derecho a percibir alimentos; 3ro., al condenar al de-mandado a pasar alimentos para el menor Héctor Luis, quien, al radicarse lá demanda enmendada, había cumplido más de 17 años de edad; 4to., al fijar la pensión alimenticia'en la cantidad de $94, y 5to., al condenar al demandado a pagar honorarios de abogado y al fijarlos en la suma de $350.

Funda el primer señalamiento el apelante en el hecho de que habiendo el demandante Juan Rosario, al radicarse la demanda enmendada el 6 de febrero de 1940, llegado a su mayoría de edad, no podía estar representado en la acción por su madre María Rosario. Esta cuestión no fué levantada ante el tribunal inferior pero de todas maneras Carece de méritos el error señalado. Cuando se inició la acción, el 25 de octubre de 1945, Juan Rosario era menor de edad y correspondía a su madre con patria potestad representarlo y el hecho de que en el transcurso del procedimiento él llegara a su mayoridad, no implica que tuviera que iniciar nueva acción para obtener su filiación. La acción iniciada por la madre no era para su propio beneficio sino para el de sus hijos que eran los que podían obtener sentencia reconociéndoles su condición de hijos naturales del demandado, con ciertas limitaciones.

No comprendemos el motivo del segundo error señalado. Si la corte inferior en su sentencia limitó expresamente el alcance del reconocimiento de los demandantes como hijos naturales del demandado “de conformidad con lo preceptuado por el párrafo segundo de la sección 2 de la Ley núm. 229 de 12 de mayo de 3942, según dicha sección fue enmendada por el art. 2 de la Ley núm. 243 de 12 de mayo de 1945” y esta sección de la ley dispone que “dichos hijos so consi-derarán hijos naturales al solo efecto de llevar el apellido de sus padres,” ¿por qué se queja el apelante de que la corte sentenciadora dejó de resolver que el reconocimiento de los demandantes en esto caso no tiene otro efecto? El he-cho de que la corte en su opinión dijera que “Es innecesa-rio que determinemos si en el caso de autos la aceptación por el padre en su contestación enmendada de los hechos esenciales y pertinentes de la primera causa de acción de la demanda enmendada tiene o no el alcance de convertir el reconocimiento en unopor acción voluntaria’ del padre y por ende si como resultado de ello tal reconocimiento se hace ‘a todos los efectos legales’ . . . ,” no desvirtúa ni hace du-dosa, como arguye el apelante, la conclusión que expresó la corte en su sentencia. Consistentemente hemos resuelto que es la sentencia la que es objeto de revisión en apelación y no los fundamentos expuestos en la opinión del juez sentencia-dor. Serrallés v. Saurí, 44 D.P.R. 402; Totti v. Fernández, 40 D.P.R. 636; Pueblo ex rel. Castro v. Padrón Rivera, 60 D.P.R. 798.

Arguye el apelante en apoyo de su tercer señalamiento que de acuerdo con la Ley núm. 108 de 30 de abril de 1940 (pág. 673), erró la corte inferior al condenarle a pasar alimentos al demandante Héctor Luis cuando ya éste era mayor de dieciséis años de edad.

Las secciones 1 y 2 de la Ley núm. 108, supra, disponen lo siguiente:

“Sección 1. — El padre en primer término y la madre después, están obligados a alimentar, vestir, sostener, educar y procurar al-bergue a sus hijos ilegítimos, fueren o no reconocidos, menores de dieciséis años de edad de acuerdo con las necesidades de los menores y en relación con los medios de que puedan disponer los padres.
“Sección 2. — El padre o la madre que faltare a esa obligación o se negare voluntariamente a cumplirla y persista en su negativa después de haber sido requerido para ello sufrirá la pena correspon-diente al abandono y descuido de menores fijada en las disposiciones del Código Penal.”

Sostiene el apelante que, de acuerdo con la sección primera, supra, la obligación del padre o de la madre de pasar alimen-tos a los hijos ilegútimos, fueren o no reconocidos, ha quedado limitada únicamente para con aquellos hijos que sean menores de dieciséis años de edad. No es así. Lo que. ha hecho la Asamblea Legislativa es limitar la acción penal contra el padre o la -madre, por violación de la Ley núm. 108 de 1940, cuando se trata del abandono de hijos ilegítimos, reconocidos o no, menores de dieciséis años de edad. Esto no significa, sin embargo, que la reclamación civil de alimentos, en acción aislada o formando parte de una demanda de filiación, no pro-ceda por los hijos ilegítimos, mayores o menores de dieciséis años de edad, de acuerdo con el derecho que les reconoce el artículo 128 en relación con el artículo 143 del Código Civil. Se limitó la acción penal pero no la civil y ya hemos resuelto en un caso sobre la misma materia y siguiendo jurisprudencia de California, que “las disposiciones de la ley civil sobre la materia en nada influye en la interpretación que debe darse al estatuto criminal.” El Pueblo v. Ferrán, 26 D.P.R. 263, 265. En igual forma las disposiciones de la Ley 108 de 1940 o del Código Penal sobre el delito de abandono de menores, en nada deben influir en cuanto a la interpretación que deba darse al Código Civil. Por razones que desconocemos, pero que creyó' justificadas, el legislador limitó la acción penal contra los padres a los casos por abandono de sus hijos ilegítimos menores, de dieciséis años de edad. Empero, en ninguna forma, que-sepamos, ha limitado el derecho de los hijos ilegítimos a recla-mar alimentos de sus padres () en la acción civil correspon-diente.

El cuarto y quinto señalamientos impugnan la cuantía de la pensión mensual fijada en $94 para los tres hijos menores de edad y la concesión de $350 en concepto de honorarios de abogado. La prueba del demandado tendió a demostrar que él tiene ingresos mensuales que fluctúan entre $800 y $900 y gastos mensuales de más de $870. La corte inferior evidentemente no dió crédito a la partida de egresos y concluyó que $5 semanales que el demandado le pasaba a los demandantes era claramente insuficiente y que aceptando que el demandado en sus gastos personales invertía $175 mensuales, la suma de $94 para los tres hijos era razonable y así lo consideraremos nosotros. En cuanto a la condena de honorarios, a nuestro juicio, no erró la corte a quo al resolver, 1ro., que el demandado fué temerario y, 2do., que dichos honorarios forman parte de los alimentos a que tienen derecho los demandantes. Valdés v. Tribunal de Distrito, resuelto el 8 de mayo de 1947, ante, pág. 310,

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Marrero no intervino.

      O Dicha sección 2 dispone:
      "Los hijos nacidos fuera de matrimonio con anterioridad a la fecha de vigencia de esta Ley y que no tenían la condición de hijos naturales según la legislación anterior, podrán ser reconocidos por acción voluntaria de sus padres, y en defecto de éstos, por la de las personas con derecho a su herencia, a todos los-efectos legales. Estos hijos quedarán legitimados por el subsiguiente matri-monio de sus padres entre sí.
      "En caso do que los hijos a que se refiere esta sección no fueren reconocidos por la acción voluntaria de sus padres, y en defecto de éstos, por la de las personas con derecho a su herencia, dichos hijos se considerarán hijos naturales al solo efecto de llevar el apellido de sus padres. La acción para este recono-cimiento se tramitará de acuerdo con el procedimiento que fija el Código Civil do Puerto Rico para el reconocimiento de hijos naturales; Entendiéndose, sin embargo, que tal reconocimiento sólo tendrá el alcance que aquí se expresa.”

      ()E1 otro hijo, Juan, había cumplido la mayoría de edad después de iniciada la acción.

      (3)Por el contrario extendió recientemente la obligación recíproca de darse alimentos al enmendar el inciso 4 del art. 143 del Código Civil por la Ley núm. 449 aprobada el 14 de mayo de 1947 ((1) pág. 949), en esta forma: "4. Los padres y los hijos ilegítimos y los descendientes legítimos, naturales e ilegítimos de éstos.” (Bastardillas nuestras. )


text:
    Rafael Bianchi Martínez, demandante y apelado, v. Sucesión de Francisco Bianchi Rosafá, compuesta por Luisa Bianchi Iturrino, et al., demandados y apelantes.
    Núm. 9365.
    Sometido; Mayo 5, 1947.

      Resuelto: Julio 11, 1947.

      Oscar Souffront j José Sabater García, abogados de los apelantes; Francisco Vizcarrondo j Rafael Rivera Zayas, abogados del ape-lado.
   El Juez Asociado Señor Marrero

emitió la opinión del tritribunal.

En la demanda enmendada radicada en este caso se alega snstancialmente que el causante de la sucesión demandada, Francisco Bianclii Rosafá, falleció en 12 de abril de 1945; que el demandante es hijo natural reconocido de dicbo cau-sante y que nació como resultado de las relaciones maritales sostenidas por éste con su madre Carmen Tomasa Martínez Rovira, siendo sus padres solteros para aquel entonces y no habiendo impedimento alguno para qne ellos contrajeran matrimonio al tiempo de su concepción y nacimiento, el cual tuvo lugar en 13 de mayo de 1912; que Alfonsia Courtier asistió en su carácter de comadrona a la madre del demandante a instancias de su padre Francisco Bianclii Rosafá, quien pagó a dicha comadrona los servicios por ésta prestados; que Francisco Bianchi Bosafá siempre reconoció al deman-dante como hijo natural suyo y daba a éste privada y pública-mente el trato familiar y ostensible de hijo natural reconocido; que cuando tenía seis años de edad él y su madre se traslada-ron a la ciudad de Ponce, donde ella seguía percibiendo ayuda económica de Francisco Bianchi Bosafá para el sostenimiento del demandante y que Bianchi Bosafá siguió haciendo esto hasta el año 1923 .en que su madre falleció; que una vez muerta su madre él se trasladó a la casa de su tío Darío Bo-vira, en San Juan, y durante ese tiempo continuó recibiendo ayuda económica de su padre, personalmente y por correo; que muerto su tío Darío Bovira en 1929, el demandante soli-, citó el reconocimiento de su padre y éste siempre le contestó que oportunamente lo reconocería; que a los familiares de Bianchi Bosafá les consta que el demandante es hijo natural reconocido de dicho señor, no habiéndose materializado el re-conocimiento debido a la firme disposición de su padre de ha-cerlo oportunamente; que por el afecto y respeto que el-de-mandante siempre dispensó a su padre confió en todo mo-mento en las manifestaciones de éste, pero que habiendo muerto su padre sin haber dado cumplimiento a lo ofrecido, él se ha visto precisado a reclamar el derecho que le corres-ponde.

Los demandados María Bianchi Suárez, Jaime Bianchi López y Luis G-uasp Bianchi'contestaron la demanda y nega-ron los hechos esenciales de ésta. Los demás están en re-beldía.

Trabada así la contienda fué el pleito a juicio, ofrecién-dose amplia prueba testifical y documental. La corte inferior dictó más tarde estensa opinión declarando al deman-dante hijo natural reconocido de Francisco Bianchi Bosafá con todos los derechos inherentes a tal condición. No confor-mes, Juan Bianchi López y Luis Guasp Bianchi han apelado para ante este Tribunal.

Cuatro, son los errores que señalan en apoyo de su recurso, a saber: (1) que la corte inferior cometió, error al declarar que Francisco Bianchi Bosafá vivía en concubinato con la madre del demandante; (2) al declarar que el demandante estuvo en estado constante de hijo natural de Francisco Bian-chi Bosafá; (3) al no aceptar e ignorar la alegación de los demandados apelantes de que al gestionar el demandante por medio de sus amigos Pedro Blanch y Waldemar Bithorn su reconocimiento como hijo de Francisco Bianchi Bosafá y al no incluirle éste en su testamento como hijo y heredero, se estableció una cuestión de derecho consistente en que el cau-sante de manera expresa y por medio de documento privile-giado (sic) negó su reconocimiento al demandante, quedando la prueba testifical sobre reconocimiento, única que se pre-sentó, tildada de falsedad; y (4) que la prueba testifical pre-sentada por el demandante no estableció ni el concubinato ni el estado constante de hijo natural reconocido, por lo que la corte a quo cometió manifiesto error en la apreciación de esa prueba y sus conclusiones legales no sólo no están sostenidas por la prueba sino que son contrarias a ella.

Como los errores 1, 2 y 4 se dirigen a la apreciación de la prueba hecha por la corte inferior, es necesaiio hacer la siguiente reseña de la misma:

Rafael Bianchi Martínez es el demandante en el caso y nació el 13 de mayo de 1912 en Mayagüez, siendo su madre Carmen Tomasa Martínez. Becuerda que Francisco Bianchi Bosafá visitaba a ésta entre días y lo trataba a él “como mi padre al fin, porque era mi padre.” Le decía “Bafaelito mijo” y él llamaba a Bianchi Bosafá “papá.” Después de él mudarse a Ponce con su señora madre Bianchi Bosafá la visitaba a ella y lo trataba a él como hijo. Él siempre le decía papá a Bianchi. Mientras su madre vivió en Ponce su padre la sostenía y después de morir ésta él vino a vivir a San Juan con su tío Darío Bovira, hasta que éste murió en 1929. Muerto su tío él tuvo oportunid*ad de ver en San Juan a su padre y •cuando iba a ver a Bianchi Rosafá en San Juan éste le daba $25 ó $50. Siempre le ayudaba y lo trataba como su padre que era, “con mucho cariño y como que yo era su hijo.” Él fué en distintas ocasiones a Mayagüez y siempre se hospedaba en casa de su hermano Juan Bianchi Ramos. En Mayagüez fué presentado por Bianchi Ramos a otros hijos de Bianchi Rosafá. Al hacer aquél la presentación siempre decía “éste-es un hermano de nosotros.”

José Antonio Fábregas fué empleado- de Francisco Bianchi Rosafá por espacio de 27 años y era hombre de absoluta con-fianza de éste. Recuerda que el demandante escribió en so-licitud de ayuda y que él le mandó $50 por órdenes del Sr. Bianchi Rosafá. En las cartas el demandante alegaba que era hijo de don Francisco y al leerle las cartas — Bianchi estaba casi ciego — éste le decía “deja eso para después.” Su impresión es que “Martínez Rovira” era hijo de Bianchi Ro-safá. Éste no decía que el demandante fuera hijo suyo; no lo admitió, pero tampoco lo negó.

Podro Planch declaró que Francisco Bianchi Rosafá y él eran íntimos amigos y que conoció a Carmen Tomasa 'Martí-nez desde que él era niño; que Bianchi Rosafá y Carmen To-masa fueron novios y después vivieron bajo un mismo techo en la calle Liceo mímero 2, en Mayagüez; que el noviazgo empezó en 1911; que don Paco — refiriéndose a Bianchi Ro-safá — la visitaba con frecuencia y que en varias ocasiones lo encontró allí de visita; que Carmencita, quien tenía para aquel entonces de 14 a 15 años, era la amante de don Paco y cuando ella fué a dar a luz la asistió una comadrona llamada Alfonsia Courtier; que vió cuando Bianchi dió a esa comadrona un sobre, mas no sabe lo que éste contenía; que Carmencita si-guió siendo amante de don Paco mientras él vivió en Maya-güez, habiendo él venido a vivir a San Juan en 1913; que Carmencita tuvo un niño y don Paco lo llamaba como hijo suyo; que estando en San Juan el menor le fué presentado por Darío Rovira y que él lo reconoció por un lunar que éste tiene; que en una ocasión fue con Darío al Hotel Palace a ver a don Paco BiancM sobre el reconocimiento del niño y que don Paco contestó “yo arreglaré eso a su debido tiempo”; que BiancM siempre trataba al niño como Hijo suyo y en dos ocasiones le mandó $50 con él; que le consta que mientras él vivió en Ma-yagüez BiancM Rosafá dormía siempre en casa de Manyo en la calle Méndez Vigo; y que éste siempre iba a dormir a su casa como entre 10:30 y 11 p. m.

Waldemar Bithorn Huicy también conoció íntimamente a Francisco BiancM Rosafá desde el año 1908. De 1910 al 1912 conoció a Carmen Tomasa Martínez en la calle Liceo número 2, de .Mayagüez. Le consta que BiancM visitaba a Carmen Tomasa. A veces él y BiancM venían de Añasco a Mayagüez, visitaban a Carmen y él dejaba entonces a BiancM solo en la casa de ésta. BiancM Rosafá le dijo “añora tengo un niño” y al preguntarle el testigo de quién era, éste le contestó: “De Carmen Tomasa.” Después del nacimiento del niño BiancM siguió visitando a Carmen. Al niño se le llamó Rafael, y Biancñi visitaba la madre de éste en calidad de amante du-rante los años 1910 al 1912. Volvió a ver al niño en San Juan, ya que Darío Rovira se lo llevó para que él lo viera. Entro el demandante y don Francisco Biancñi existía un trato como el de padre a ñijo. Rafael llamaba papá a don Paco y éste trataba al demandante como ñijo.

Armando -Rodríguez conoció a Francisco Biancñi Rosafá íntimamente y también al demandante. Más tarde se trasladó a Ponce y siendo allí guardia de penales vió cuando don Francisco Biancñi Rosafá visitó varias veces a Carmen Tomasa, a quien el declarante le ñabía cedido en arrendamiento una ña-bitación.

Amparo BiancM conoció a Francisco BiancM Rosafá por ser abuelo y padrino de ella, así como al demandante, quien es tío sujro, hermano de su papá. Conoció al demandante en su propia casa, ya que su papá lo trajo. Rafael Biancñi Mar-tínez venía a Mayagüez a pedirle ayuda a su abuelo Francisco ~Ria.ii fib i Rosafá y cuando esto ocurría su papá se lo llevaba a su casa y se hospedaba en ella. Su padre trataba al deman-dante como hermano. En una ocasión se lo presentó a su tío Manuel y a su tía Carmela.

Baúl Bianchi declaró en términos similares a como lo hizo . la anterior testigo.

Con esta prueba ante sí, repetimos, la Corte de Distrito de Mayagüez declaró al demandante hijo natural reconocido de don Francisco Bianchi Rosafá. Entendió no sólo que se 'había probado el concubinato entre la madre del demandante y el causante de la Sucesión demandada, sí que también la posesión de estado. Si se examina la anterior reseña que de la prueba hemos hecho se verá que los testigos están contes-tes en que Carmen Tomasa Martínez y Francisco Bianchi Ro-safá, siendo ambos solteros, sostuvieron relaciones sexuales por espacio de varios años. Sin embargo, no nos demuestra la prueba que Bianchi Rosafá tuviera a Carmen Tomasa como ■su concubina, sino más bien como su querida o amante. Con-forme dijimos en el caso de Medina v. Sucesión de Bird, et al., 30 D.P.R. 158, 161, <£E concubinato a que alude el Código Civil se refiere a la condición de -vivir juntos lo mismo que marido y mujer sin estar realmente casados. No es suficiente que un hombre coloque a una mujer en una casa y frecuente-mente la visite, especialmente si él tiene un hogar propio inde-pendiente . . .’’O) En el presente caso la prueba no revela que Bianchi Rosafá y la madre del demandante vivieran como marido y mujer sin estar realmente casados. Meramente re-vela que el causante de la sucesión demandada visitaba a la madre del demandante con alguna frecuencia() y que como resultado de las relaciones amorosas que entre ellos existieron nació el aquí demandante. Creemos pues, que la corte inferior cometió error al decir en su opinión que había quedado establecido el concubinato entre la madre del demandante y el causante de la sucesión demandada. La apelación, sin embargo, se da contra la sentencia y no contra los razona-mientos o fundamentos de la opinión() y la sentencia aquí dictada puede sostenerse por otros motivos.

Si continuamos analizando la prueba, necesariamente tenemos que llegar a la conclusión de que la posesión continua del estado de hijo natural del causante de la sucesión demandada, justificada por actos del mismo causante .q de su familia quedó debidamente demostrada. Art. 125, inciso 2, del Código Civil, edición de 1930. Existe prueba de las relaciones ilícitas entre la madre del demandante y el causante de la demandada, así como de que en innumerables ocasiones Francisco Bianchi Rosafá reconoció la paternidad del demandante, llamando a éste hijo, tratándolo como tal, haciéndole regalos, etc. Conforme dijimos en Colón v. Sucesión de A. J. Tristani, 44 D.P.R. 171, 181:

‘ ‘ En nuestro concepto la palabra continuo debe interpretarse en el sentido de referirse a una serie de actos, a un conjunto de hechos ejecutados por la persona de quien se reclama el reconocimiento, y que sean bastantes, al examinarlos en globo, para constituir la pose-sión del estado de hijo natural. Una vez que esta serie de actos se ha realizado por un período razonable de tiempo, el padre no debe estar autorizado para revocar por sus actuaciones posteriores el reconocimiento que antes hizo. Establecer un principio contrario equivaldría a autorizar al padre para dejar sin efecto hechos que hu-bieran podido bastar al hijo para obtener su reconocimiento, si la acción se hubiese ejercitado con anterioridad a la fecha en que que-daron interrumpidas las relaciones que antes mediaron entre ambos.”

Quedó, pues, establecida a nuestro juicio la posesión de estado, no existiendo en su virtud los errores segundo y cuarto ()

El tercer error señalado no merece seria consideración. Se recordará que el mismo se refiere al hecho de que al no incluir el causante en su testámento al demandante como hijo y heredero se estableció una cuestión de derecho consistente en que el causante de manera expresa y por medio de documento privilegiado, negó su reconocimiento a éste, quedando la prueba testifical sobre el reconocimiento tildada de falsedad. Precisamente por el hecho de no habérsele reconocido es que el demandante se ha visto obligado a entablar la acción que nos ocupa. No es de extrañar que no obstante los actos de un padre demostrativos de la posesión de estado o de cualquier otra'forma de reconocimiento, éste más tarde se niegue a reconocer al hijo o no lo incluya como tal en su testamento. A veces aun hijos legítimos son preteridos.() Según dijimos en Colón v. Sucesión de A. J. Tristani, supra, a la pág. 176, citando a Scaevola, tomo 1, pág. 350 de su “Jurisprudencia del Código Civil,” es frecuente el hecho de personas que negando el orden natural, desobedientes a la ley de la sangre, menospíecian ePhermoso título de padre y olvidan los deberes congénitos de la paternidad. Además, conforme expresó este Tribunal por voz de su Presidente Sr. Del Toro en Vázquez v. Sucn. Boyrié, 52 D.P.R. 856, 865 “La actitud del padre al no reconocer a sus hijos por escrito antes de morir, no destruye su anterior actuación.” Esas palabras son de entera aplicación al caso que está ante nos. El error señalado bajo este número no fué cometido.

Bebe confirmarse la sentencia apelada.

        OGf. Ortiz v. Dragoni, 59 D.P.R. 14, 18; Carradero v. Lebrón, 58 D.P.R. 135; Estela v. Sucn. Medraño, 51 D.P.R. 548; Góñez v. Palmieri, 50 D.P.R. 457 y Colón v. Sucn. A. J. Tristani, 44 D.P.R. 171, 208.

      (2) González y. Sucn. Sánchez, 40 D.P.R. 155, 157 y Gerena v. Suau, 36 D.P.R. 170.

        (3)Escudero v. Mulero, 63 D.P.R. 574, 588 y Cruz v. Carrasquillo, 61 D.P.R. 435.

      (4)Cf. Cruz v. Carrasquillo, 61 D.P.R. 435; Torres v. Sucn. Caballero, 39 D.P.R. 724 y Fontánez v. Sucn. Buxó, 36 D.P.R. 227.

      (5)Vóaso artículo 742 del Código Civil, ed. do 1930.


author: El Juez Presidente Señor Travieso

text:
    José Cordero, demandante y apelante, v. R. Santaella & Bros., Inc., demandada y apelada.
    Núm. 9264.
    Sometido: Mayo 19, 1947.

      Resuelto: Julio 14, 1947.

      Ismael Soldevila, abogado del apelante; Córdova & González, Garlos J. Faure y José López Baralt, abogados de la apelada; José López Baralt, abogado también del interventor Oscar A. Gandía.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El demandante José Cordero radicó una demanda por daños y perjuicios contra R. Santaella & Bros., Inc., ante la Corte de Distrito de San Juan y solicitó que se le permitiese litigar en “forma pauperis”, lo cual le fué concedido. El 24 de julio de 1945 la Corte dictó sentencia declarando sin lugar la demanda. De esta sentencia apeló el demandante y solicitó proseguir su apelación en “forma pauperis”, lo cual también le fué concedido. La corte dictó una orden para que se hiciera la transcripción de evidencia, pero esta orden nunca fué notificada a uno de los taquígrafos que tomó las notas del juicio. Así se desprende de la certificación expe-dida por el Secretario de la corte inferior, unida a los autos. Conviene hacer constar que el demandante ha estado repre-sentado en todo momento por abogado. La demandada ape-lada solicita ahora que se desestime la apelación alegando entre otras cosas, que no se ha proseguido con la debida diligencia y que el taquígrafo repórter nunca fué notificado de la orden de transcripción de evidencia.

Alega el demandante que no se pudo notificar al taquí-grafo debido a que éste estaba en disfrute de licencia por enfermedad, sin poder asistir a su oficina, habiéndolo hecho el abogado del apelante verbalmente después de los veinte días señalados para radicar la transcripción.

De los autos aparece que el demandante solicitó y obtuvo de la corte a quo varias prórrogas para radicar la transerip-ción de evidencia. No aparece, sin embargo, que se baya notificado- al taquígrafo dentro de los veinte días dentro de los que se debió haber radicado la transcripción, ni que se haya solicitado prórroga alguna para hacer tal notificación.

En el caso de Salichs v. Junta Examinadora de Ingenieros, 39 D.P.R. 245, se resolvió:

“La apelación debe ser desestimada en vista de que el período original de veinte días para preparar la transcripción taquigráfica expiró sin haberse dado el aviso correspondiente al taquígrafo y sin haberse obtenido la debida prórroga para hacer tal notificación.”

A este mismo efecto véase Abarca v. Rodrigues, 41 D.P.R. 103.

Debe declararse con lugar la moción de desestimación.


author: El Juez Asociado Señoe De Jesús

text:
    Josefa Boscio Viuda de Vila, demandante y apelante, v. Isabel Vilá Martínez, demandada y apelada.
    Núm. 9458.
    Sometido: Junio 5, 1947.

      Resuelto: Julio 15, 1947.

      José Ruiz de Val, abogado de la apelante; Mariano Acosta Velarde, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señoe De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Los hechos de este caso, según se exponen en la demanda, pueden resumirse así:

Por escritura núm. 63 de 18 de mayo de 1927, ante el notario Rodolfo Ramírez Pabón, la apelante y su esposo Luis Vilá Andino, adquirieron para la sociedad de ganancia-les, un solar radicado en Río Piedras. Posteriormente edi-ficaron en el mismo una casa de concreto de dos plantas. Dos años después, por razones que 110 se exponen en la de-manda, la apelante y su esposo simularon vender la casa y el solar a la hija de éste, Isabel Vilá Martínez, la apelada, por escritura núm. 1 de 17 de abril de 1929, ante el notario Agustina Cámara. Se -consignó en la escritura como precio de venta la cantidad de $8,000, que confesaron la apelante y su esposo haber recibido de la supuesta compradora con an-terioridad al otorgamiento de la escritura, asumiendo, ade-más, la compradora, la obligación de pagar tres hipotecas que gravaban la finca por un valor total de $6,236. Los supues-tos vendedores quedaron en posesión de la finca, ejecutando sobre ella actos de dominio, () entre ellos, una hipoteca que la apelante y su esposo constituyeron por escritura núm. 93 de 28 de marzo de 1936, ante el notario Rafael Buscaglia, a favor de “Home Owners Loan Corporation”, en garantía de un préstamo por la cantidad de $5,475.85, pagadero en plazos mensuales, de acuerdo con lás tablas de amortización de la acreedora. Con las rentas de la propiedad se han venido satisfaciendo diclios plazos y con el importe del préstamo antes mencionado, se cancelaron las tres hipotecas montan-tes a $6,236 que simuladamente asumió la demandada. Ni en la operación de hipoteca con la Home Owners Loan Corporation ni en las cancelaciones de las referidas tres hipote-cas, intervino la demandada. Después de llevadas a cabo es-tas transacciones, allá para el 13 de enero de 1938, falleció Luis Yilá Andino, y el 7() del mes siguiente, la demandada presentó en el Registro la escritura que le habían otorgado nueve años antes su padre y su madrastra, inscribiéndose la finca a su favor al folio 25 del tomo 115 de Río Piedras, finca 4301, inscripción novena. Se alega, que la demandada se niega a reconocer a favor de la apelante su derecho a la mitad de la finca por concepto de gananciales, así como el usufructo viudal que le corresponde en la herencia de su finado esposo. Termina la demanda con súplica de que se dicte sentencia anulando la citada escritura de Í7 de abril do 1929; que se cancele su inscripción en el Registro de la Propiedad y que se declare por la sentencia que la apelante es dueña de un condominio sobre dicha finca, consistente en la mitad de la misma, por razón de gananciales, más su derecho al usufructo vidual.

En la contestación se niega que la venta fué simulada. Se acepta que la demandada no intervino en la transacción de la Home' Owners Loan Corporation porque su escritura de venta no había sido inscrita todavía, porque su padre era más versado que ella en tales negocios y porque sus ocupa-ciones como maestra no le dejaban tiempo para ocuparse de ese negocio. Se niega que las tres hipotecas que la deman-dada asumió hubieran sido satisfechas con el préstamo que hiciera a Home Owners Loan Corporation y se alega que los plazos han venido pagándose por la demandada con su dinero. Por último, alega hallarse en posesión de la finca.

Expuso como defensas que la demanda no aduce hechos constitutivos de cansa de acción por hallarse ésta prescrita a tenor con los artículos 1228 y 1253 del Código Civil (ed. 1930), y que existe defecto de partes demandadas porque Luis Vilá Andino dejó, además de la demandada, otras dos hijas legítimas llamadas Pilar y María Cristina Vilá Martí-nez, quienes, de acuerdo con las alegaciones de la demanda, son partes necesarias en este pleito. Termina la contestación con súplica de que se declare sin lugar la demanda, pero que en el caso de resolverse que la finca no. pertenece a la de-mandada, que se condene a la demandante a pagar las sumas de dinero pagadas por aquélla para liberar la finca, con costas, gastos y honorarios de abogado.

En el acto del juicio, al ser llamada la apelante como tes-tigo y declarar que Luis Vilá Andino fué su esposo, la re-presentación de la demandada alegó que siendo la demandante heredera de su esposo, toda vez que reclamaba el usufructo vidual, no podía ella declarar en este caso, e invocó la sec-ción 3 do la Ley para prescribir quiénes son testigos hábiles, etc., aprobada el 10 de marzo de 1904() y el caso de De la Rosa v. Sucn. Quevedo, 47 D.P.R. 175.

La corte inferior llegó a la conclusión de que la deman-dante comparece en el presente caso como heredera de su esposo Luis Vilá Andino, con el propósito de anular un con-trato de compraventa otorgado por ella y el difunto a favor de la demandada y que, por consiguiente, se trata de una acción entablada por un heredero, la cual tiene su origen en ana transacción habida con el causante. Y como el abogado de la demandante manifestó en el juicio que no contaba con otra evidencia para probar sns alegaciones, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda, con costas a la demandante, más $150 por concepto de honorarios de abogado.

La Regla de Evidencia invocada por la apelada ha sido califieada por Wigmore como deplorable en todos sentidos, 2 Wigmore, Evidence, (3ra. ed. 1940) sección 578, y este Tribunal, abundando en esa opinión, se ha negado a extender la regla mediante interpretación judicial o a excluir testimonio-que no caiga claramente dentro de los términos del estatuto. Viera v. Sucn. Goitia, 60 D.P.R. 653; Colón v. Sucn. Tristani, 45 D.P.R 227 y Saunmon v. Días, 29 D.P.R. 615.

Si examinamos la demanda del presente caso, veremos que si bien la demandante reclama su cuota vidual con respecto a la cual su derecho surge como heredera de su esposo, tam-bién reclama su mitad de gananciales, y en este último caso su reclamación es por derecho propio y no como heredera. Es incuestionable que si la demandante se hubiera limitado a reclamar su participación. en la sociedad de gananciales, sin hacer reclamación por la cuota vidual, no existiría con-troversia alguna en cuanto a este punto, por no ser de apli-cación’ entonces la sección 3. Eso hubiera podido hacerlo la demandante porque el derecho a reclamar sus gananciales y el de percibir la cuota vidual son derechos independientes y separables. Por consiguiente una enmienda a la demanda eliminando todo lo que se refiere al usufructo vidual dejaría el caso fuera de la prohibición de'.la sección 3, permitiendo hacer justicia sustancial, si es que los hechos alegados en la demanda son ciertos.

Arguye la demandada que, independientemente de la citada sección 3, la sentencia debe ser confirmada porque en la escritura de venta que se le otorgó, se hizo constar que ella se hacía cargo del pago de las tres hipotecas que por un valor de $6,236 gravaban la finca; y que habiéndose ya abonado, con las rentas de su casa, la cantidad de $760.15 para la foclia en que He otorgó la escritura de hipoteca a favor de Home Owners Loan Corporation por $5,475.85, dichos $760.15' fueron satisfechos por ella, constituyendo ese pago suficiente causa pasa sostener la validez de la venta a su favor.

En la demanda se expone con toda claridad que la venta fué simulada. Por consiguiente, las cantidades pagadas con las rentas de la casa pertenecían a sus dueños, los supuestos vendedores, alegándose expresamente que dichos pagos fue-ron hechos por ellos y no por Ja demandada.

La defensa de prescripción invocada por la demandada carece deÉ méritos. Un contrato simulado es inexistente, no se convalida jior el transcurso del tiempo y la acción para que sea destruida la apariencia ele obligación y contrato puede establecerse 'en cualquier tiempo. Manresa, Código Civil Español, (ed. 3901) t. 8, pág. 733.

Tendría razón la demandada en lo que respecta a su de-fensa de defecto de partes demandantes, si la demandante no eliminara de su demanda la reclamación del usufruct» vidual. Eliminada dicha reclamación y no solicitándose en-tonces algo que pudiera corresponder a la demandante como, herencia de su esposo, las otras hijas de éste no serían partes, necesarias en el pleito.

Por lo expuesto, procede dejar sin efecto la sentencia y devolver el caso a la corte inferior con instrucciones de per-mitir enmiendas a la demanda y continuar■ la tramitación del pleito en forma no inconsistente con los principios expuestos.en esta opinión.

      (pComo veremos más adelante, la supuesta compradora no inscribió su título en el Registro de la Propiedad hasta el 7 de febrero de 1938.

      (2)En su contestación, la apelada alega que la escritura fué presentada al Registro el día 1ro. de febrero de 1938 e inscrita el día 7 del mismo mes.

      (3)La sección 3 de la Ley para prescribir quiénes son testigos hábiles, etc., dice así:
      “En las demandas por o en contra de los albaeeas testamentarios, adminis-tradores o tutores en las cuales pueda dictarse sentencia a favor o en contra de ellos como tales, ninguna de las partes podrá declarar contra la ot'ra en lo referente a transacciones con, o relaciones hechas por el testador, intestado o pupilo,, a menos que fuere llamado a declarar por la parte contraria; y las prescripciones de esta sección se aplicarán a todas las demandas por o en contra de los herederos y representantes legales de un finado, que se suscitaren de tran-sacciones habidas con éste. ’ ’


author: El Juez Asociado Señou SNydee,

text:
    Fernando Zapater Martínez, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Ponce, recurrido.
    Núm. 1213.

      Sometido: Julio 8, 1947.

      Resuelto: Julio 15, 1947.

      R. Atíles Moréu, abogado del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señou SNydee,

emitió la opinión del tribunal.

María Roig y Coll, esposa de Marcos Vecchini Battisti, falleció el 16 de febrero de 1947. En 26 de marzo del mismo año la Corte de Distrito de Ponce dictó sentencia declarando como sus únicos y universales herederos a sus hijos legítimos, sin perjuicio de la cuota usufructuaria correspondiente al cónyuge viudo.

El 20 de marzo de 1946 Fernando Zapater Martínez y su esposa constituyeron hipoteca sobre ciertos bienes inmuebles a favor del hoy viudo, para garantizar la suma de $13,000. El 25 de abril de 1947, el viudo y sus hijos comparecieron en una escritura y cancelaron esta hipoteca. En dicha escritura se hacía constar que en la misma fecha recibieron $13,097.50, como pago del capital e intereses sobre la suma garantizada por la hipoteca.

Zapater presentó la escritura de cancelación al Registra-dor y éste la inscribió en cuanto al interés del viudo en los ■gananciales; pero se negó a inscribirla respecto a la parti- • cipación del crédito hipotecario perteneciente a los herede-ros de la finada, porque tal cual requiere la sección 12 de la Ley núm. 99, Leyes de Puerto Rico, 1925 (pág. 791), según fue enmendada por la sección 15 de la Ley núm. 303, Leyes ■ de Puerto Rico, 1946 ((1) pág. 783), la escritura no vino ; acompañada del recibo acreditativo del pago de la contribu-(ción de herencia o de una carta del Tesorero demostrativa de que el crédito hipotecario estaba exento de contribución. Zapater ha recurrido ante nos de esta última parte de la nota del Registrador .

En este caso, con posterioridad al fallecimiento de su señora madre, los herederos como cuestión de hecho recibie-ron el pago de dinero en consideración a la cancelación, otor-gada por derecho propio, de sus derechos hereditarios en el crédito hipotecario. La sección 12, por tanto, claramente exige que el Registrador se abstenga de inscribir la escri-tura hasta que se le presente prueba del pago de la contri-bución o de la exención de la misma. Los casos en que des-cansa el recurrente — Rodrigues v. Banco Popular, 66 D.P.R. 781, 787 y Sucesión Ramirez v. Registrador, 16 D.P.R. 314 — ■ nada tienen que ver con esta cuestión.

La nota del Registrador será confirmada.