author: El Juez PeesideNte Se. HeexÁNdez,

text:
    Carmona et al. v. Cuesta.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan,
    No. 597.
    Resuelto en marzo 29, 1912.
    Terceros — Conocimiento de los Gravámenes que Pesan Sobre una Finca.— Según la Ley Hipotecaria es tercero aquel que no ha intervenido en el contrato inscrito. No puede considerarse tercero aquel que si bien no ha intervenido en el contrato inscrito, tenía conocimiento al adquirir el inmueble, de las car-gas o gravámenes que sobre el mismo pesaban.
    Id. — Nulidad de Expediente de Dominio. — No puede oponerse a la nulidad de un expediente de dominio invocando carácter de tercero aquel que ha inter-venido en la instrucción de dicho expediente.
    Prescripción — Dominio—Buena Fe y Justo Título. — No puede invocar la pres-cripción ordinaria adquisitiva del dominio, con buena fe y justo título, por el término de 10 años, el que adquiere una finca mediante contrato de compra-venta celebrado con el albacea del dueño de ella ya fallecido, habiendo inter-venido en el contrato menores de edad sin las formalidades legales nece-sarias.
    Terceros — Expediente de Dominio — Cancelación de Inscripción. — La nulidad de un expediente de dominio no pmede afectar a terceros que han adquirido de quienes en el registro aparecen con derecho para otorgar los contratos a que se refieren las escrituras cuya nulidad y consiguiente cancelación son objeto del litigio. .
    Id.' — Expediente de Domínio. — La . nulidad de un expediente de dominio por causas que no aparecen del registro ni del expediente, no puede afectar al que adquiere en virtud de dicho expediente ajprobado con anterioridad, habiendo inscrito la adquisición cuando ya_ había sido inscrito el expediente de dominio, aun cuando no estuviera inscrito dicho expediente cuando se otorgó la escri-tura de adquisición.
    Id. — Título .Inscrito — Título • Posterior Inscrito. — Para que en virtud de un título inserif o pueda invalidarse en 'perjuicio de tercero otro título posterior ’ • también- inscrito, és necesario que la inscripción 'del primero sea anterior a. la del segundo, pues sería absurdo suponer que un título anterior no inscrito en la fecha en que se hace la inscripción de otro posterior puede anular o perjudicar al segundo, cuando del registro no aparece o no puede comprobarse la existencia del primero.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. José L. Pesquera.

    Abogados de los apelados: Sres. Jorge V. Domínguez, H. M. Scoville y J. H. Brotan.

   El Juez PeesideNte Se. HeexÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

La demanda qne originó el presente pleito y qne fné regis-trada en la Corte de Distrito de San Jnan con fecha 16 de diciembre del año 1909, después de consignar los hechos qne los demandantes, que lo son, Manuel de Jesús, Jnan Antonio y Eafael Carmona Eíos, y Amalia del Pilar Martínez y Domín-guez, estimaron conducentes a la defensa de sn derecho, con-cluye con la súplica de qne en sn día se dicte sentencia, por la que se declare y'ordene; (a) Qne los demandantes son los legí-timos dueños de una finca rústica de cuarenta cnerdas, sita en el barrio de “Mncarabones” del término municipal de Toa Alta, según se describe en dicha demanda; (b) qne el expe-diente de dominio de una finca de cincuenta cnerdas en el barrio de “Mncarabones” del término municipal de Toa Alta, en cuya finca está comprendida la expresada de cuarenta cner-das, tramitado a instancia del demandado José Cuesta Viye-yas y aprobado por resolución judicial de 30 de agosto de 1905, es nulo, debiendo cancelarse la inscripción que /leí mis-mo se hizo en el Eegistro de la Propiedad de San Juan; (c) qne también es nula la escritura de 8 de diciembre de 1905, por la que el demandado José Cuesta Yiyeyas vendió dicha finca de cincuenta cuerdas al otro demandado Domingo Soldini, y debe en sn consecuencia cancelarse la inscripción de tal venta en el registro de la propiedad; (d) qne también es nula la escritura de venta e hipoteca sobre la misma finca de cincuenta cnerdas, otorgada en 12 de octubre de 1906 entre los demandados Domingo Soldini y Miss Mary Leitch, y por tanto, debe cancelarse sn inscripción en el registro de la pro-piedad; (c) qne los demandados paguen, las costas y desem-bolsos razonables qne el pleito origine, con inclusión de los honorarios del abogado de los demandantes.

Los demandados José Cuesta Yiyeyas y Domingo Soldini, al contestar la demanda, solicitaron se les absolviera de ella con costas a los demandantes, e igual pronunciamiento inte-resó la demandada Miss Mary Leitcb, suplicando además, que en el caso de que fuera dictada sentencia a favor de los de-mandantes, fueran condenados Domingo Soldini y José Cues-ta Viyeyas a pagarle el valor de los terrenos y las mejoras becbas, con las costas y honorarios de abogados.

Señalado el día 16 de marzo de 1910 para la celebración del juicio, después de practicadas las pruebas de los deman-dantes, solicitaron los demandados mediante moción verbal que se dictara sentencia en su favor y en contra de los deman-dantes, y la 'corte por sentencia de 21 del mismo mes, declaró sin lugar todos los pronunciamientos solicitados en la de-manda, sin especial condenación de costas, contra cuya sen-tencia interpusieron los demandantes recurso de apelación para ante esta Corte Suprema.

De las alegaciones de las partes y pruebas practicadas en el juicio resulta:

“Io. Qne por escritura pública de 27 de agosto de 1870, Juan Bonifacio Carmona adquirió de Nemesio Rodríguez una finca de cuarenta cuerdas de terreno más o menos, sita en el barrio de 'Muca-rabones’ del término municipal de Toa Alta, bajo los lindes siguientes: 'Principia por un jobo y sigue línea recta colindando con José María Narváez hasta otro jobo que está a orillas de la quebrada salada, por ésta arriba con sus vueltas y revueltas colindando con Manuel Car-mona hasta la boca de otra quebrada; de aquí, línea recta colindando con terrenos de Merced Santiago o de la iglesia de Toa Baja hasta un moral; sigue línea recta con Ezequiel Rosado a un aguacate; de esta línea recta a un tocón de capá blanco colindando con José María Estrada; continúa línea recta a un abeyuelo con José Montañez; de aquí con el mismo, línea recta al primer punto donde principia y con-cluye esta guardarraya.’ Esa escritura fue inscrita en el registro de la propiedad con fecha 25 de febrero de 1909.
“2o. Que en testamento nuncupativo otorgado a 12 de octubre de 1887 por Juan Carmona, declaró éste haber casado en primeras nup-cias con Florentina Ríos, de cuyo matrimonio tuvieron tres hijos, nombrados Manuel, Juan Antonio y Rafael, y en segundas nupcias con Carlota Domínguez, de la cual si bien se encontraba en cinta, aun no había tenido sucesión; que al contraer segundas nupcias poseía entre otros bienes una estancia de su propiedad en el barrio de ‘Muca-rabones,’ del término municipal de Toa Alta; que instituía por sus herederos a sus tres hijos habidos en su primer matrimonio, y al postumo que naciera del segundo, y que nombraba en primer término albacea testamentario y ejecutor de su voluntad a Manuel Valdés. En virtud de dicho testamento y de otros documentos presentados al registro, fué inscrita la mitad de la finca de cuarenta cuerdas en el registro a favor de Manuel, Juan Antonio y Rafael Carmona y Ríos y José Dolores Carmona y Domínguez con fecha 16 de noviembre de 1909.
‘ ‘ 3o. Que la Corte de Distrito de San Juan declaró herederos abin-testato de Florentina Ríos y Nater a sus hijos Manuel de Jesús, Juan Antonio y Rafael Carmona y Ríos, por orden de 26 de noviembre de 1909, y por otra orden de la misma fecha declaró heredera abintestato de José Dolores Carmona y Domínguez, a su madre Carlota Domín-guez y Nieves, cuyas dos ordenes fueron inscritas en el registro de la propiedad; 'habiéndose dictado otra orden, • en fecha que no consta, por la cual el mismo tribunal declaró heredera abintestato de Carlota Domínguez y Nieves, a su sobrina Amalia del Pilar Martínez y Domín-guez, parte demandante en unión de otros, sin que esa última orden hubiera sido inscrita en el registro, en la fecha de la celebración del juicio.
‘ ‘ 4o. Que en escrito, fecha 13 de abril de 1905, José Cuesta Viyeyas. promovió información de dominio ante la Corte de Distrito de San Juan para acreditar el que decía tener sobre dos fincas rústicas, una. de ellas radicada en el barrio de ‘Mucarabones’ del término municipal de Toa Alta, con cabida de 50 cuerdas, colindante por el norte con Antonio Soler y Serrano, por el sud con Juan Montañez y Mr. P. Y. Murphy, por el este con Mr. Charles Tilbrick, representado por Mr. Norton, y por el oeste con Francisca Hernández y José Monserrate Maysonet, cuya finca había adquirido Viyeyas, según explicó, en el mes de julio de 1904 por compra a»„Santiago Olivo con consentimiento de su esposa Felipa Rodríguez, habiéndola adquirido el Olivo de Prudencio Yelilla en 1883 a título de compra, y Vetilla por igual título de Manuel Valdés en 1881. Para la tramitación del expediente fueron citados el fiscal, los colindantes de la finca y el anterior dueño Santiago Olivo, habiéndose publicado edictos y declarado tres testigos, después de lo cual el juez dictó resolución en 30 de agosto de 1905, (declarando'justificado el dominio de la finca descrita a favor de José Cuesta Viyeyas, y ordenando se le expidiera el correspondiente cer-tificado para que pudiera inscribir tal dominio en el registro de la propiedad.
: “5o. Que por escritura pública otorgada en 8 de diciembre de 1905, José Cuesta Viyeyas vendió a Domingo Soldini, por precio de $625, la misma finca de 50 cuerdas a que se refiere el expediente de dominio de que se deja hecho mérito, de cuya venta se extendió ano-tación preventiva en el Registro de la'Propiedad de San Juan con fecha 22 de enero de 1906, por haber sido denegada la inscripción en atención-a no estar inscrita la finca a favor del vendedor ni de ningTina otra persona.
“6o. Que en 13 de febrero siguiente, fué inscrito en el Registro de la Propiedad de San Juan el dominio de la finca a favor de José Cuesta Viyeyas, aunque con el defecto subsanable de no consignarse en la resolución judicial declaratoria de dicho dominio, el estado del pro-movente, ni si había sido citado el dueño anterior; y en la misma fecha quedó convertida en inscripción definitiva de dominio de la finca a favor de Soldini, la anotación preventiva de 22 de enero de 1906.
“7°. Que por escritura de 12 de octubre de 1906, Domingo Soldini vendió a Miss Mary Leitch la finca de que se trata, en unión de otra, por precio de dos mil ciento setenta dollars, de los cuales el vendedor confesó tener recibidos mil, y por el resto de mil ciento setenta, que habían de ser satisfechos en el término de ocho meses desde el otorga-miento de la escritura, constituyó Miss Mary Leitch hipoteca volun-taria sobre la finca en cuestión, habiendo sido inscrita dicha escritura de venta e hipoteca en el registro de la propiedad con fecha 18 de diciembre de 1906, y cancelada la hipoteca en 15 de mayo de 1909.
“8o. Que según prueba testifical aportada al juicio, muerto Juan Bonifacio Carmona, cuyo fallecimiento, según el testigo Rafael Car-mona, ocurrió en el año de 1887, y según el testigo Emilio Egozcue, por los años 87 u 88, Manuel Valdés se hizo cargo de una finca que ■aquél poseía en el barrio de ‘Mucarabones’ del término municipal de Toa Alta, cuya finca es la misma que Valdés vendió a Prudencio Velilla, y éste a Santiago Olivo, habiendo pasado después sucesiva-mente por títulos de compraventa a los demandados Cuesta Viyeyas, Domingo Soldini y Miss Mary Leitcb. Confiesa Velilla que compró la finca a Valdés, como representante de Carmona, que ya había falle-cido; y medió un documento en que aparecían firmas de menores, habiendo explicado a Santiago Olivo la forma en que había comprado a Valdés.”

Expuestos los hechos resultantes del juicio, traigamos a examen los preceptos legales que les son aplicables para venir a la decisión del presente recurso.

Según el artículo 33 de la Ley Hipotecaria, la inscripción no convalida, los actos o contratos que sean nulos con arreglo a las leyes; y según el articulo siguiente, no obstante el pre-cepto indicado, los actos o contratos que se ejecuten u otor-guen por persona que en et registro aparezca con derecho para ello, no se invalidarán en cuanto a tercero una vez inscritos, aunque después se anule o resuelva él derecho del otorgante en virtud de título anterior no inscrito o de causas que no re-sulten claramente del mismo registro; estableciéndose además en ese artículo, que solamente en virtud de un título inscrito podrá invalidarse, en perjuicio de tercero, otro título posterior también inscrito, salvo lo dispuesto en el artículo 389, sin que lo dispuesto en dicho¡ artículo 34 sea aplicable en nin-gún tiempo al título inscrito con arreglo a lo prevenido en él artículo 390, a menos que la prescripción haya convalidado y aseglarado el derecho a que se refiere tal título.

El artículo 389 que se deja citado, establece la necesidad de la inscripción en él registro de la propiedad de todos aque-llos documentos concernientes a derechos reales, sin cuyo re-quisito no serán admisibles en los tribunales, consejos y ofi-cinas del gobierno, si él objeto de la presentación fuese hacer efectivo en perjuicio de tercero él derecho que debió ser ins-crito, a no ser que se tráte únicamente de corroborar otro título posterior que hubiese sido inscrito, o de obtener la nuli-dad y consiguiente cancelación de algún asiento que impida verificar la inscripción del documento presentado.

El artículo 390 se refiere al título posesorio, cuya inscrip- ción, según previene el artículo 392, se hace sin perjuicio de tercero de mejor derecho.

El artículo 36 de la misma Ley Hipotecaria ordena que las acciones rescisorias y resolutorias no se darán contra ter-cera que haya inscrito los títulos de su,s respectivos derechos conforme a lo prevenido en dicha ley, cuya regla contiene las excepciones que marca el artículo 37, entre las cuales están comprendidas las acciones rescisorias y resolutorias que de-ban su origen a causas que consten explícitamente en el regis-tro, estableciendo el artículo 38 en sn último apartado, que en todos caso en que la acción resolutoria o rescisoria no se pueda dirigir contra él tercero conforme a lo dispuesto en ese artí-culo, se podrá ejercitar la personal correspondiente para in-demnización de daños y perjuicios jpor él que los hubiere cau-sados.

Para los efectos de la Ley Hipotecaria se considerará ter-cero, según el artículo 27 de- la misma ley, aquel que no baya intervenido en el acto o contrato inscrito. T no puede consi-derarse tercero al que si bien no intervino en el acto o con-trato inscrito, tenía conocimiento al adquirir el inmueble, o con anterioridad a ese acto, de las cargas o gravámenes que sobre el mismo pesaban, según jurisprudencia del Tribunal Supremo de España establecida en sentencias de 8 de octu-bre de 1885, 11 de enero de 1895 y 7 de febrero de 1896, rati-ficada por la de la Corte Suprema de Puerto Rico en deci-siones de 30 de diciembre de 1899 y 30 de junio de 1906. (De-cisiones de Puerto Rico, tomo 1°., pág. 75, y tomo 11, pág. 287.)

Abora bien, uno de los. pronunciamientos solicitados en la demanda, es el de la nulidad del expediente de dominio de la finca de 50 cuerdas de que se dicen dueños los demandan-tes, aprobado por auto de '30 de agosto, de 1905, y la cancela-ción de su inscripción en el registro de la propiedad.

En la instrucción de ese expediente, inscrito en el regis-tro de la propiedad, intervino José Cuesta Yiyeyas, y no puede invocar su carácter de tercero, con arreglo al artículo 27 de la Ley Hipotecaria. La finca de 50 cuerdas no estaba inscrita en el régistro de la propiedad cnando Yiyeyas la hubo de Santiago Olivo, y por tanto, para sostener la vali-dez de su título no puede alegar que la adquirió de persona que en el registro aparecía con derecho para enajenarla.

Dicho expediente de dominio, aunque se llenaron en su tramitación todas las formalidades externas prevenidas por la Ley Hipotecaria, inclusa la de la citación del dueño anterior, es nulo en su fondo, pues si bien del mismo aparece que Cuesta Viyeyas adquirió en el año de 1904 la finca por com-pra a Santiago Olivo, quien la compró a Prudencio Yelilla en 1883 y Yelilla a Manuel Valdés en 1881, como Valdés sa-bía que tal finca no era suya sino de Carmona o sus herede-ros, como Yelilla, según confiesa, compró la finca a Yaldés en concepto de representante de Juan Carmona, que ya había muerto, cuya representación no podía derivar Yaldés de su carácter de albacea de Carmona, y como el mismo Velilla ex-plica que dió conocimiento a Santiago Olivo de la forma en que había comprado a Yaldés, o sea mediante un documento en que había firmas de menores, es claro que en el presente caso no puede invocarse la prescripción ordinaria como título adquisitivo del dominio por parte de Cuesta Yiyeyas, por la razón de que aunque adquiriera de Olivo con buena fe y justo título, su posesión data desde el año de 1904 y la de sus cau-santes no puede 'favorecerle para completar el término de diez años, sino para completar en su caso el término de treinta años que para la prescripción extraordinaria exige el artí-culo 1860 del Código Civil, término, que como resalta a la simple vista, no ha transcurrido en el presente caso. A los causantes de Cuesta Yiyeyas no pueden reconocérseles los requisitos de buena fe y justo título que exige la prescripción ordinaria.

Y debemos hacer constar a los efectos de la nulidad del expediente de dominio, que habiendo otorgado testamento Juan Bonifacio Carmona en 12 de octubre, 1887, y muerto en ese año o en el siguiente, cuando estaba en posesión de la finca, no pudo Manuel Yaldés, como albacea nombrado en dicho testamento, vender la finca a Vetilla en 1881, ni éste a Olivo en 1883, según afirmó Cuesta Viyeyas en el escrito ini-cial del expediente de dominio aprobado a sn favor. Tales ventas tuvieron que ser posteriores a la fecha en que murió Carmona.

Siendo como es nulo el expediente de dominio a favor de Cuesta Viyeyas, ¿puede cancelarse la inscripción que de él se hizo en el Registro de la Propiedad de San Juan? A esa pregunta contestamos negativamente. La nulidad del expe-diente de dominio no puede afectar a los demandados Domingo Soldini y Miss Mary Leitch, que adquirieron, de quie-nes en el registro aparecían con derecho para otorgar los contratos a que se refieren las escrituras cuya nulidad y con-siguiente cancelación de su inscripción se solicitan en la de-manda, y sin que dicho registro mostrara causa alguna que viciara de nulidad el título de José Cuesta Viyeyas, de quien derivan sus derechos dominicales los otros dos demandados. Tanto a Soldini como a Miss Mary Leitch alcanzan los bene-ficios consignados en los artículos 34 y 36 de la Ley Hipote-caria ya citados.

Y no puede argüirse en cuanto a Domingo Soldini, que cuando adquirió la finca mediante escritura pública otorgada en 8 de diciembre de 1905, aun no estaba inscrito en el regis-tro dg la propiedad el dominio de dicha finca a favor de Cues-ta Viyeyas, y por tanto, adquirió de quien no aparecía en el registro con derecho para enajenar. Tal argumento no per-judica a Soldini, pues adquirió cuando sabía que Cuesta Vi-yeyas tenía derecho para enajenar, según el expediente de dominio aprobado con anterioridad, y la adquisición se ins-cribió en el registro cuando ya había sido inscrito el expe-diente de dominio, o sea cuando del mismo aparecía que Cues-ta Viyeyas tenía derecho para enajenar.

Alega la representación de la parte apelante que el artí-culo 34 de la Ley Hipotecaria no favorece ni a Soldini ni a Miss Leitch, por cuanto ese artículo se refiere al caso en que se anule o resuelva el derecho del otorgante en virtud de título anterior no inscrito, o de cansas que no resulten cla-ramente del mismo registro. En el caso presente existe un título anterior, cual es la escritura de 27 de agosto de 1870, otorgada a favor de Juan Bonifacio Carmona, y ese título fue inscrito en el registro con fecha 25 de febrero de 1909, o sea con posterioridad al día 13 de febrero de 1906 en que se verificó la inscripción del expediente de dominio a favor de Cuesta Yiyeyas.

Opinamos que para que en virtud de un título inscrito -pueda invalidarse en perjuicio de tercero otro título posterior 'también inscrito, es necesario que la inscripción del pri-mero sea anterior a la del segundo, pues sería absurdo supo-ner qué un título anterior no inscrito en la fecha en que se hace la inscripción de otro posterior, puede, anular o perju-dicar al segundo, cuando del registro no aparece o' no puede comprobarse la existencia del primero.

Arinque estimamos que está viciado de nulidad el expe-diente de dominio aprobado a favor de José Cuesta Viyeyas, como los vicios de nulidad no aparecían claramente del Regis-tro, y hay terceros, a saber, Domingo Soldini y Miss Mary Leitch, adquirentes de buena fe que no pueden ser perjudica-dos por aquella nulidad, entendemos que no cabe cancelar su inscripción y dejar subsistentes las de las adquisiciones de Domingo Soldini y Miss Mary Leitch, cuya cancelación es abier-tamente improcedente con arreglo a los preceptos de la Ley Hipotecaria ya citados. Ello no impide que los deman-dantes puedan ejercitar la acción personal correspondiente para la indemnización de daños y perjuicios por el que se los hubiere causado.

Por los razones expuestas, debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sentencia apelada que dictó la Corte. de Distrito de San Juan en 21 de marzo de 1910, sin perjui-cio de que los demandantes puedan ejercitar la acción personal correspondiente para la indemnización de daños y per--juicios por el que se les hubiere causado.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary y Wolf.

Los Jueces Asociados Sres. del Toro y Aldrey no toma-ron parte en la resolución de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez PresideNte Sr. HerNÁNDez,

license: Public Domain

text:
    Buxó et al. v. Buxó et al.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de. Distrito de Humacao.
    No. 785.
    Resuelto en marzo 29, 1912.
    Costas — Sentencia Firme — Sentencia Definitiva. — Las palabras “final Judgment” empleadas en el texto inglés del artículo 339 del Código de Enjuicia-miento Civil enmendado por ley de marzo 12, 1908, significan sentencia defi-nitiva o -sea la que dicta el tribunal sentenciador, y no sentencia firme como erróneamente ha sido traducido en el texto español.
    Id. — Fijación de las Costas — Jurisdicción del Tribunal Sentenciador. — -De acuerdo con la ley de costas de marzo-12, 1908, el tribunal sentenciador tiene jurisdicción para conocer del procedimiento sobre fijación de las costas hasta resolver la impugnación, sin exceptuar el caso en que haya sido apelada la sentencia que concede las costas, pero carece de jurisdicción para hacer ejecu-tar su resolución sobre costas ordenando sú cobro, mientras esté pendiente la apelación interpuesta contra la sentencia.
    Id. — Término para Pagar las Costas. — Dictada una sentencia con costas contra una parte, si la sentencia no ha sido apelada o en caso de apelación ha sido confirmada, deberá la parte condenada al pago de las costas consignar su montante en la secretaría de la corte sentenciadora dentro de los 5 días siguientes a la notificación que se le haga con tal fin, y en caso de que no verifique el pago, podrá librarse orden de ejecución, según dispone el artículo 339 del Código de Enjuiciamiento Civil enmendado por ley de marzo 12, 1908. En- el caso de que la sentencia en que se impusieron las costas haya sido apelada, como en el. presente caso, y el recurso está pendiente de decisión, debe esperarse su resultado para 'proceder al cobro de las costas en los tér-minos expuestos.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. López Landrón y Rin-cón.

    Abogados de los apelados: Sres. Alvares Nava y Domín-guez.

   El Juez PresideNte Sr. HerNÁNDez,

emitió la opinión del tribunal.

En juicio seguido ante la Corte de Distrito de Humacao por Francisco, ■ Poncio y Julio Buxó y Pérez, contra Francisco Buxó Cabrera, Alejandro Laborde, Luis Recurt y su esposa María Frías y Antonio Canbet y Pons, sobre nulidad de expe-diente instruido por el Buxó Cabrera en demanda de autoriza-ción judicial para enajenar bienes de sus hijos los deman-dantes, y sobre nulidad de enajenaciones de finca rústica sub-siguientes a la autorización concedida, dicha corte dictó sen-tencia en 29 de abril del año próximo pasado, desestimando la demanda con costas a los demandantes a virtud de moción de nonsuit declarada con lugar; y contra dicha sentencia inter-puso recurso de apelación la representación de la parte de-mandante sin que tal recurso haya sido resuelto.

Los demandados Alejandro Laborde y Luis. Recurt por medio de su abogado Carlos Travecier, y María Frías y Antonio Canbet por medio de su abogado Jorge Y. Domínguez, presentaron a la corte tres memorandums de costas, mon-tante el de Laborde a 466 dollars 20 centavos, el de Recurt a 457 dollars y el de Caubet y María Frías a 570 dollars; pero esos memorand%ims fueron impugnados por la represen-tación de los demandantes, y la corte inferior resolvió la im-pugnación por orden de Io. de noviembre del año próximo pasado, reduciendo su montante a las sumas de 66 dollars 20 centavos, 57 dollars y 159 dollars, respectivamente, cuya orden termina así:

“Procédase por el secretario de esta corte a hacer efectivos dichos memorandums de costas, de acuerdo con la Sección 339 del Código de Enjuiciamiento Civil, enmendado por la ley de 12 de marzo de 1908. Líbrense las oportunas ordenes y notifíquese a las partes para su debido conocimiento.”

Esa orden ha sido recurridá por los demandantes, quienes en su alegato ante esta Corte Suprema solicitan se anule y deje sin efecto, así como también los memorandums de costas y desembolsos de los demandados, y a ese fin alegan como motivo del recurso, falta de jurisdicción en la corte inferior con infracción de los artículos 7°., número 4°., 297 y 339 del Código de Enjuiciamiento Civil, enmendado por la ley de 12 de marzo de 1908.

La única cuestión a disentir y resolver en esta apelación, es si estando pendiente en grado de apelación ante esta Corte Suprema la sentencia en que fue impuesta la condena de cos-tas, tenía jurisdicción la corte inferior para sustanciar el pro-cedimiento relativo a esa condena hasta fijar el montante que debía ser satisfecha por la parte condenada al pago y ordenar su cobro en los términos prevenidos por la ley.

Las reglas para reclamar y hacer efectivas las costas con-cedidas en un pleito o procedimiento, están comprendidas en el artículo 339 del Código de Enjuiciamiento Civil enmendado por la ley de 12 de marzo de 1908.

El texto inglés del apartado Io. de ese artículo difiere del texto español en la parte relativa al modo de computar los diez días que señala para presentar el memorandum de costas, pues el texto inglés ordena que se presente dentro de los dies días después de la sentencia final o decisión (within ten days after the final judgment or decision), mientras que la presen-tación, según el texto español, deberá hacerse dentro de los dies días siguientes al en que se haya heoho firme la sentencia o decisión que haya puesto fin al asunto.

Sentencia firme, según la define el artículo 368 de la antigua ley de Enjuiciamiento Civil, es aquella contra la que no cabe recurso alguno ordinario ni extraordinario, ya por su natura-leza ya por haber sido consentida por las partes. Sentencia, según el artículo 188 del Código de Enjuiciamiento Civil vi-( gente, es la decisión definitiva, (final determination) según el texto inglés, sobre los derechos de las partes en un pleito o procedimiento; y contra una sentencia definitiva (final judgment dice el texto inglés) cabe recurso de apelación, según el artículo 295, sin que, por tanto, pueda entenderse que final judgment sea sentencia firme, como se lee en el texto español del artículo 339 enmendado. Al resolver en mayo 20 de 1909 el caso de Vázquez et al. v. Vázquez et al., 15 Dec. P. R, 293, digimos: “La sentencia o decisión a que dicha ley (la de 12 de marzo de 1908) se refiere, teniendo en cuenta las palabras usadas en el texto inglés, final judgment, y el sentido general de la ley, debe ser la sentencia dictada por el tribunal inferior * * ■ *. ‘El contenido entero del capítulo 6°., título 13 del Código de Enjuiciamiento Civil demuestra que la Legislatura al considerar las costas tuvo presente la sentencia que había de dictarse por el tribunal inferior * * V ”

La jurisdicción de los tribunales dimana de la ley; y como la de 12 de marzo de 1908 concedió jurisdicción a las cortes de distrito para conocer del procedimiento para el cobro de costas y no exceptúa el caso en que haya sido ape-lada la sentencia que concede las costas, es claro que no puede negarse jurisdicción a la corte de Humacao para conocer como conoció del procedimiento de que se trata, hasta resolver la impugnación, pero careció de ella en el presente caso para ejecutar su resolución.

El mímero 4o. del artículo 7 del Código de Enjuiciamiento Civil otorga a las cortes poder para hacer cumplir sus sen-tencias, órdenes o providencias en una acción o procedimiento' pendiente ante las mismas, negándoles, en su consecuencia, tal poder cuando la acción o procedimiento pendiere ante otra., corte, y en armonía con ese precepto establece el artículo 297 del mismo Código, que una apelación formalizada, producirá' el efecto de suspender todo procedimiento en la corte inferior-respecto a la sentencia u orden apelada, o a las cuestiones comprendidas en ella. Ambos artículos han sido infringidos por la corte de Humacao, no en cuanto tramitó el procedi-miento sobre cobro de costas hasta llegar a su resolución final determinando el montante que debe cobrarse, sino en cuanto dispone que se proceda por el secretario a hacer efectivas dichas costas de acuerdo con la sección 339 del Código de Enjuiciamiento Civil enmendado por la ley de 12 de marzo de 1908, librándose las oportunas órdenes y notificándose a las partes para su debido conocimiento.

El último apartado del artículo 339 del Código de Enjuicia-miento Civil, según ha quedado enmendado, dice así:

“Cuando no se hubiere impugnado en tiempo un memorandum de costas, o cuando hecha la impugnación el tribunal hubiere dictado •resolución definitiva en el asunto, y no se hubiere interpuesto recurso contra la misma, o en caso de haberse interpuesto, se dictare sentencia definitiva de acuerdo con la resolución de dicho recurso, deberá la parte condenada al pago consignar su montante en la secretaría de dicha corte dentro de los cinco días siguientes a la notificación que por el secretario se le haga con tal fin. Si así no lo hiciese, se librará orden de ejecución en la misma forma que para la de una sentencia. Disponiéndose * * *, ’ ’

Los preceptos contenidos en el apartado que dejamos transcrito deben tener aplicación, procurando en caso de apa-rente conflicto con los de los artículos 7 y 297 de la misma ley, conciliar y armonizar unos y otros preceptos.

Repetimos que las cortes de distrito tienen jurisdicción para tramitar el procedimiento relativo a condena de costas concedidas a una parte hasta llegar a dictar resolución defi-nitiva. Esa resolución quedará firme, si no se interpone re-curso contra ella o si se confirma en el caso de haberse ape-lado. Pero ¿cuándo deberá cumplirse o ejecutarse? Si no ha sido apelada la sentencia en que se concedieron las costas <0 *en caso de apelación ha sido confirmada, deberá la parte «condenada al pago consignar su montante en la secretaría de la corte dentro de los cinco días siguientes a la notificación que se le haga con tal fin, librándose orden de ejecución en caso de no verificarse el pago, según previene el artículo 339; pero si la sentencia en que se impusieron las costas ha sido apelada, como en el caso presente, y el recurso está pendiente de decisión, debe esperarse su resultado para proceder al cobro de las costas en los términos expuestos; de lo contrario, se haría efectiva una condena de costas, que forma parte de la sentencia apelada y que puede dejarse sin efecto al resol-verse el recurso.

Una vez decidido ese recurso debe cumplirse y ejecutarse en su caso la orden resolutoria del procedimiento sobre im-pugnación de costas.

Por las razones expuestas, procede revocar la orden que dictó la Corte de Distrito de Humacao en Io. de noviembre último, en cnanto ordena se proceda a hacer efectivos los memorandums de costas en la forma en que han sido redu-cidos por dicha corte, y en su lugar se ordene qne para el cobro de dichos memorandums de’ costas se espere el resultado del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 29 de abril del año próximo pasado, en que se concedieron las costas a la parte demandada, dejando subsistente la orden recurrida en cnanto fija las costas qne deben ser satisfechas.

Resuelto de conformidad.

Jueces concurrentes: Sres. MacLeary, Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sb. Wolf,

text:
    Ninlliat v. Suriñach et al.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 691.
    Resuelto en abril 2, 1912.
    Cosa Juzgada — Pleito en Equidad — Desestimación de la Demanda en Virtud de Excepciones Previas. — Los principios que rigen la excepción de cosa juzgada lian sido expuestos por este tribunal en los casos de González v. Méndez, 15 Dec. de P. B., 701 y Cálaf et ál. v. Galaf, resuelto en febrero 14, 1911; (17 Dee. de P. B., 223). En el caso de autos la parte demandada alegó contra la demanda la excepción de cosa juzgada por haber sido re-suelto por la Corte Federal otro pleito esencialmente idéntico a éste. La resolución dictada por la Corte Federal declaró con lugar la excepción previa interpuesta contra la demanda, y se registró sentencia definitiva, por los méritos del caso, que generalmente es una desestimación de la demanda equivalente en equidad a una sentencia por los méritos del caso. Se resolvió que entre el caso de autos y el resuelto por la Corte Federal existe una seme-janza esencial y que en ambos concurren los elementos de identidad necesarios para constituir la excepción de cosa juzgada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: 8res. José Sabater y J. 8. Amill Negroni.

    Abogados de los apelados: Sres. N. B. K. Pettingill y Fernando Vázquez.

   El Juez Asociado Sb. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión principal planteada en esté caso surge de tina alegación de cosa juzgada.

En la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Eico se formuló una excepción previa a una demanda o hill en equidad. La excepción previa fué sometida a la conside-ración de un juez especial quien informó acerca de la misma como sigue:

“De acuerdo con la orden de esta corte dictada en este caso el día 16 de mayo de 1910, yo, el que suscribe, Juez Especial de Cancillería, el miércoles 18 de mayo de 1910, oí las partes en este caso, el deman-dante representado por Don José Sabater y los demandados por Don Frederick L, Cornwell. El pleito es en equidad y el escrito de de-manda es lo que comunmente se conoce como una demanda para purificar título. La demanda demuestra que el título legal está en los demandados. Los demandados presentaron su excepción previa a la demanda y los fundamentos substanciales de la misma, son: primero, por falta de equidad; segundo, que la demanda no procede por la ra-zón de que el título legal está en los demandados; tercero, que los demandados son terceros de acuerdo con la Ley Hipotecaria y esta-tutos generales de Puerto Eico; cuarto, no se alega ningún beeho que demuestre ningún conocimiento, por parte de los demandados en cuanto a las transacciones entre el demandante’y Arán. Después del argumento de la excepción previa, ambos abogados del demandante y de los demandados presentaron un memorandum de autoridades, y después de la debida consideración del argumento y de las autoridades presentadas, yo el juez o árbitro, por el presente resuelvo, que según los hechos alegados en la demanda, el demandante no tiene derecho al remedio que solicita, pues el escrito de demanda claramente de-muestra que el título legal de la propiedad en cuestión está en los demandados. (Orton v. Smith, 59 U. S. P., 263; Frost v. Spitley, 121 U. S. P., 552; Dick v. Foraker, 155 U. S. P., 413.) Eesuelvo ade-más, que bajo la ley hipotecaria de Puerto Eico, las decisiones de la Corte Suprema de Puerto Eico, de 30 de diciembre de 1899, 20 de diciembre de 1901, 15 do diciembre de 1902, y de 25 de diciembre de 1903, y las dos decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos en Todd v. Romeu, los demandados son terceros de acuerdo con la ley, y que la acción no procede; por tanto, la excepción previa se sostiene y el escrito de demanda se desestima, con las costas al demandante. Mayagiiez, Porto Eico, mayo 24 de 1910. (Firmado) B. J. Horton.”

Este informe fue presentado el día 24 de mayo de 1910. En 25 de agosto, 1910, se dictó nna sentencia definitiva en la que la corte declaró con lugar la moción que los apelados hicieron para que se eliminaran de los autos ciertas excep-ciones que el demandante había hecho al informe emitido por el juez especial, ordenando, decretando y resolviendo la corte en dicha sentencia, que se confirmara el informe del ex-presado juez especial por resultar del mismo que el escrito de demanda carece de equidad y debe ser desestimado.

Esta demanda fné presentada en la Corte de Distrito de Mayagüez el día 22 de agosto de 1910, formulándose contra ella entre otras defensas, la de cosa juzgada. El escrito de demanda que se presentó en la Corte Federal es como sigue:

“El demandante, Luis Ninlliat Ninlliat, ciudadano de la Repú-blica Francesa, residente en Mayagüez, P. R., Estados Unidos de América, presenta esta demanda contra Camilo Suriñacb, súbdito del Rey de España y residente en Mayagüez, P. R., y sus menores hijos, menores de 21 años de edad, nombrados, Carmen Rita, María Antonia, Ricardo y Camilo Suriñach, residentes también en Maya-güez, P. R., y viviendo bajo el cuidado y protección de su padre, el referido Camilo Suriñach.
“Y en su virtud, vuestro peticionario alega y dice:
“I. Que. por un año más o menos antes del 2 de abril de 1898, vuestro peticionario tenía relaciones comerciales con la sociedad que funcionaba en esta ciudad de Mayagüez, P. R., bajo la razón social de J. Tornabells & Cía., y como resultado de dichas relaciones comer-ciales, dicha sociedad vendió a vuestro peticionario a título oneroso y de buena fe, el siguiente pedazo de terreno:
“Solar conteniendo 2,046 metros superficiales, sito en la prolonga-ción de la calle de la Candelaria, en el lugar denominado Boulevard Balboa, de esta ciudad, colindante: por el norte con dicha calle; por el sur con la hacienda Carmelita; al'este con propiedad de Doña Clara Cristy; y al oeste con propiedad de Don Alfredo Cristy.
“II. Que aunque dicho solar fué vendido a vuestro peticionario y al tiempo de la venta, vuestro peticionario tomó posesión del mismo, como si fuera dueño del mismo, no se hizo u otorgó documento o escri-tura de ninguna clase por dicha sociedad J. Tornabells & Cía. a favor de vuestro peticionario que demostrase que la venta tuvo lugar, y como vuestro peticionario creyó ser, y ha creído siempre y ahora cree que es el dueño de Lecho de dicho solar, edificó en el mismo con su peculio propio, dos casas de vivienda, percibiendo los alquileres y productos de dichas casas como dueño de las mismas y reconocido como tal por los inquilinos.
“III. Que después de estar en posesión como dueño de hecho del solar y no habiéndose otorgado escritura o documento de ninguna clase por la Sociedad J. Tornabells & Cía., para demostrar la venta a vues-tro peticionario, vuestro peticionario 'solicitó de dicha sociedad al cabo de un año de estar en posesión, que le otorgara la correspondiente escritura y J. Tornabells & Cía, accediendo a ello, el día dos de abril de 1898 otorgó a favor de vuestro peticionario la escritura No. 99 otorgada ante el Notario Juan Z. Rodríguez de Mayagüez, P. R., por cuya escritura la venta del solar que se ha descrito anteriormente fué perfeccionada de acuerdo con la ley, e inscrita en el Registro de la Propiedad de Mayagüez, al folio 245, tomo 45, finca 659, inscripción 6a.
“IV. Que la referida venta del solar descrito fué consumada por la suma de $4,500, moneda provincial y la escritura otorgada con ese fin por J. Tornabells & Cía. a favor de vuestro peticionario, fué ins-crita en el registro de la propiedad de acuerdo con la Ley Hipote-caria Española y desde ese tiempo a saber, desde el 2 de abril de 1898, vuestro peticionario ha estado en todo tiempo y ahora está en posesión de dicho solar y es el dueño del mismo.
“V. Que vuestro peticionario por escritura No. 99, y el día 2 de abril de 1898, otorgada ante el notario de esta ciudad de Mayagüez, P. R., Juan Z. Rodríguez, traspasó en favor de Luis Arán Lancy, dicho solar, que se ha descrito en él párrafo primero de esta demanda, pero se insertó en dicha escritura una condición por la cual se estipuló, que si vuestro peticionario pagase a dicho Luis Arán Lancy y en el término de tres años a contar de la fecha el precio de la venta cotizada en dicha escritura, entonces dicha escritura no tendría efecto y el Luis Arán Lancy vendería de nuevo a vuestro peticionario dicho solar; pero' si el término de tres años hubiera transcurrido sin que vuestro peticionario hubiere pagado el importe de la venta, entonces el solar quedaría de la propiedad de Arán, sin la obligación de venderlo de nuevo a vuestro peticionario. Pero también se convino que en caso de que el período de tres años se cumpliera sin que el peticionario pagase el montante de la venta, entonces el peticionario continuaría en posesión del solar referido, por un período de prórroga de dos años más, al fin de los cuales el peticionario estaría obligado a pagar a Arán la suma de seis mil pesos moneda provincial si deseaba redimir el solar y ser el único dueño del mismo. Esta escritura referida en este párrafo, fué inscrita en él Registro de la Propiedad de Mayagüez, P. R., al folio 245 del tomo 45, finca 659, inscripción 7a.
“VI. Que el período de tres años referido se cumplió y vuestro peticionario no pudo pagar a Arán Lancy el precio de la venta refe-rido en el párrafo tercero de esta demanda, y Arán, de acuerdo con las prescripciones de la Ley Hipotecaria Española en vigor en Puerto Rico, hizo que se pusiera al márgen de la página 245 del tomo 45, finca 659, la consumación de la venta, al efecto de que la primera parte de la condición referida en la escritura No. 99, a que se bace referencia en el párrafo tercero de la demanda, no fué cumplida por parte del peticionario y por lo tanto que el solar descrito era de Arán y fué ins-crito a su favor; pero de acuerdo con la segunda parte de la condición contenida en dicha escritura el peticionario continuó y quedó en pose-sión del solar por el término prorrogado de dos años más y por lo tanto quedó en posesión de dicho solar, aunque el mismo estaba ins-crito a nombre de Arán.
“VII. Que antes de transcurrir el término prorrogado de los dos años, a saber, el día 5 de septiembre de 1902, Luis Arán Lancy otorgó la escritura No. 561 ante el Notario Público Mariano Riera Palmer, de Mayagüez, P. R., por la cual Arán traspasó y vendió a vuestro peti-cionario, por la suma de tres mil trescientos dollars, moneda ameri-cana, dicho solar, y el peticionario pagó al-contado a Arán, la suma de $1,100 y por el saldo de $2,200 el peticionario constituyó a favor de Arán una hipoteca sobre dicho solar y como garantía adicional hipo-tecó también las dos casas de vivienda que había edificado vuestro peti-cionario con anterioridad, como se relaciona en el párrafo segundo de esta demanda, cuyo saldo o remanente de $2,200 debía ser satisfecho por el peticionario en la forma siguiente: $1,100 el 5 de septiembre de 1903 y $1,100 el 5 de septiembre de 1904. Esta escritura, el peticio-nario alega y dice no fué inscrita en el registro de la propiedad de esta ciudad.
“VIII. Que-el -día 29 de octubre de 1905, Luis Arán Lancy, el hi-potecario arriba mencionado, falleció en esta ciudad de Mayagüez, P. R., y después de su muerte, a saber, el día 9 de marzo de 1909, la administradora judicial de los bienes de Arán, debidamente nombrada por decreto de la Corte de Distrito de Mayagüez, P. R., y por eserimra No. 144, ante el Notario Público Mariano Riera'Palmer, canceló y anuló dicha hipoteca constituida a favor de Arán sobre el solar y las casas de vivienda. Pero vuestro peticionario además, alega, que la referida escritura de hipoteca, por la suma de $2,200, ni tampoco la escritura de cancelación de la misma no fueron inscritas en el registro de la propiedad, por cuya circunstancia el solar quedó en el registro de la propiedad como si fuera de la propiedad de Luis- Arán Lancy, cuando de hecho el peticionario era y es el verdadero, justo y real dueño del mismo.
“IX. Y vuestro peticionario además, alega, que los demandados Carmen Rita, María Antonia, Ricardo y Camilo Suriñach, menores hijos del demandado Camilo Suriñach, ayudados,.y asistidos por su padre el referido Camilo Suriñach, instituyeron y siguieron un pro-cedimiento o acción en Ley bajo el No. 202 ante esta honorable corte, contra los bienes de Luis Arán Lancy y obtuvieron sentencia en dicha acción por la suma de $3,000 e hicieron que se ejecutara dicha senten-cia y por virtud de la misma,- el márshal de esta honorable corte in-quirió y obtuvo del registrador de la propiedad de esta ciudad, un informe por el cual se venía en .conocimiento que el solar descrito anteriormente, estaba inscrito en dicho registro a nombre y favor de Luis Arán Lancy; y por consiguiente, el márshal embargó dicho solar perteneciente a vuestro peticionario y sobre el cual vuestro peti-cionario edificó dos casas de vivienda referidas en el párrafo segundo de esta demanda y el dicho márshal anunció el solar para la venta en un periódico que se publica en la ciudad de Mayagüez, P. R., y que tiene muy poca circulación. Pero en dicho anuncio de subasta ni tampoco en la devolución del mandamiento de ejecución aparece que no se hizo mención de las dos casas de vivienda que el peticionario edificó' en dicho solar, como ha tenido más tarde el peticionario la oportunidad de constatar; y el márshal según información y creencia •del peticionario, no estuvo en el lugar en que está sito el solar cuando hizo el embargo y anunció el solar para su venta en pública subasta, sólo por la circunstancia de que el mismo se encontraba inscrito en el Registro de la Propiedad de Mayagüez, P. R., a nombre de Luis Arán y Lancy y por esa razón creyó que el referido Arán era dueño de dicho solar.
“X. Vuestro peticionario además alega que dicho solar fue ven-dido por el márshal de esta corte, el día-13 de septiembre de 1909, al mejor postor, a saber, a un tal Fernando Vázquez, abogado que prac-tica en el distrito de Mayagüez, P. R., y entonces el dicho Fernando Vázquez, como agente y comisionado por el demandado Camilo Suri-ñach, ofreció por el solar la mínima cantidad -de $300, cuando él bien sabía que -dicho solar valía'nueve veces más que la cantidad mínima que ofreció.
“XI. Vuestro peticionario además alega que el demandado Camilo Suriñach, con anterioridad al tiempo en que el peticionario tenía reía-ciones comerciales con la mercantil J. Tornabells & Cía. y con ante-rioridad a la venta becha por dicha mercantil del referido solar, a favor del peticionario, era im empleado confidencial de dicha mercantil J. Tornabells & Cía., a saber: era el cajero o tesorero de dicha mercantil, y como tal tenía conocimiento de todos los negocios realizados entre la mercantil dicha y el peticionario, y el referido Camilo Suriñach inter-venía en los negocios de dicha mercantil y tenía interés en sn progreso y adelanto; y especialmente tenía conocimiento y creía que el solar fue vendido al peticionario y ahora sabe y le consta que vuestro peti-cionario es en conciencia el verdadero y justo dueño de dicho solar.
“NIL Vuestro peticionario además alega, que aunque al deman-dado Camilo Suriñach le constaba que el solar' de referencia no perte-necía a los bienes del finado Luis Arán Lancy, apesar de eso, consintió y ayudó mala fide al embargo y venta de dicho solar y por virtud de la sentencia obtenida en la acción en ley seguida por el en representación de sus menores hijos, ha estorbado maliciosa, voluntaria y fraudulen-tamente, el derecho de propiedad que corresponde a' vuestro peticio-nario en dicho solar, con el solo fin de privar ilegal y fraudulenta-mente al peticionario del dicho solar.,
“XIII. Y vuestro peticionario además alega, que el demandado Camilo Suriñach a fin de no aparecer como el perpetrador del fraude que trata de cometer en contra de vuestro peticionario, comisionó a un agente a saber, un tal Fernando Vázquez, como se ha dicho antes, abogado, para que ofreciera por dicho solar en la subasta que se cele-bró, y de este modo no aparecer el Camilo Suriñach como el verdadero comprador y perpetrador de la usurpación que va dirigida contra los derechos de propiedad de vuestro peticionario.
“XIV. Y vuestro peticionario además alega, que la referida su-basta fué publicada en un periódico de muy escasa circulación en la ciudad de Mayagüez, P. R., la Bandera Americana, y en dicho anuncio no se hizo referencia a las casas de vivienda que vuestro peticionario había edificado sobre el solar y por 'esta razón y también por tener muy poca circulación el periódico de referencia, no solamente el peti-cionario sino tampoco la demandada en la referida acción en ley, Francisca Arán como administradora de los bienes de Luis Arán Lancy, tuvieron conocimiento o información alguna, de que dicho solar se había de vender para satisfacer una sentencia; y el deman-dado Camilo Suriñach valiéndose voluntaria, maliciosa y fraudulenta-mente de estos medios y trabajando en la sombra, ha entorpecido y tiene la intención de privar a vuestro peticionario de la propiedad de dicho solar. i
"NY. Y vuestro peticionario además alega, que aunque el márshal sólo embargó y vendió el solar referido, por la razón de que el solar sólo aparecía como de la propiedad de Luis Arán Lancy; sin embargo, y apesar del conocimiento que dicho demandado ha tenido y tiene con relación a todos los hechos de esta demanda, el demandado Camilo Suriñach, se ha presentado personalmente en el sitio donde radica el solar de. esta ciudad en los primeros días del mes de marzo pasado, y allí de mala fe y con el propósito de defraudar a vuestro peticionario, ha informado a los inquilinos de las dos casas edificadas en el solar y pertenecientes al peticionario, y a pesar de que sobre dichas dos casas no se hizo embargo ni venta alguna, por el márshal de esta corte, que él, Camilo Suriñach, el demandado, es el único y legal dueño de dicho solar y de las casas e intimó a los inquilinos que le reconocieran como tal dueño y que le pagaran a él las rentas y alquileres de dichas casas de vivienda, todo en perjuicio de los derechos de vuestro peticionario, de mala fe y con mala intención.
“A fin, por lo tanto, de que vuestro peticionario obtenga aquel re-medio que sólo una corte de equidad puede conceder, y en considera-ción a que el peticionario no tiene derecho según la estricta y rigurosa regla de la ley común y de la Ley Hipotecaria Española, y sólo puede obtener remedio en una corte de equidad, donde asuntos de está índole son resueltos y atendidos, a fin, por lo tanto, de que los demandados, puedan si les es posible, demostrar por qué el peticionario no debe obtener lo que solicita, que hagan una aclaración completa de todos los hechos de acuerdo con su mejor información y creencia, completa, ver-dadera y directamente y que' hagan una perfecta contestación a los hechos alegados y relatados.
“Por tanto: vuestro peticionario, solicita que dicho embargo y venta hecho y ejecutado por el márshal de esta honorable corte, en dicha acción, en ley instituida por los demandados contra los bienes de Luis Arán Lancy y por virtud de lo cual, el solar de referencia fué vendido a Fernando Yázquez, el agente de los demandados, y que compró por y en favor de los menores hijos de Camilo Suriñach, sea eliminado,'cancelado y declarado nulo y sin valor ni efecto, y que se requiera a los demandados para que entreguen la escritura de venta otorgada por el márshal a su favor, a fin de que sea cancelada; y que dicho demandado y cada uno de ellos, sean perpetuamente restringidos y prohibidos de alegar o reclamar ningún título, derecho e interés sobre dicha propiedad descrita en el párrafo primero de esta demanda, y que se decrete que el demandante es el dueño de la misma y como tal con derecho a su posesión; y que se libre un mandamiento al Regis-trador de la Propiedad de Mayagüez, P. R, ordenándole que cancele la' inscripción beclia en favor y nombre de los demandados sobre dicho solar al folio 245, tomo 45, finca 659 de dicho registro.
“Y que vuestro peticionario tenga también cualquier otro remedio, según la naturaleza del caso, que la corte tenga a bien concederle de acuerdo con la equidad.
“Sírvase vuestro honor, ordenar que se expida un emplazamiento (Subpoena acl respondendum) contra Camilo Suriñach y sus menores hijos, ordenándole que en el día en que se fije, y bajo la pena corres-pondiente, comparezcan ante esta corte en el día fijado y que contesten a la demanda, sometiéndose a cumplir las órdenes o decretos que pue-dan dictarse según la equidad y buena conciencia. .
“Y vuestro peticionario, siempre solicitará como se'ha dicho. (Fir-mado) Luis Ninlliat, demandante. BE. UU. de América. Distrito de Mayagüez, Puerto Rico, ss: En este día 4 de abril de 1910, ante mí personalmente compareció Luis Ninlliat Ninlliat, el demandante arriba mencionado, 'y siendo por mí debidamente juramentado, depone y dice: que él es el demandante en la arriba mencionada demanda; que ha leído dicha demanda, y conoce el contenido de la misma y que la misma es verdadera de su propio conocimiento, excepto en cuanto a los hechos relacionados por información y creencia y en cuanto a ellos los cree también ciertos. (Firmado) Luis Ninlliat. Jurado y sus-crito ante mí, hoy, 4 de abril de 1910. John L. Gay, Secretario de laUorte de los Estados Unidos para Puerto Rico. Por Ricardo Nadal, Subsecretario. Testifico: que es copia fiel. John L. Gay, Secretario de la Corte de los Estados Unidos para Puerto Rico. (Firmado) Por Ricardo Nadal, Deputy.”

La demanda presentada en la Corte de Distrito de Maya-güez es la siguiente:

“Isla de Puerto Rico. En la Corte de Distrito de Mayagüez. Luis Ninlliat y Ninlliat, Demandante, v. Carmen Rita, Ricardo, Camilo y Maria Antonia Suriñach y Rivera, menores de edad no emanci-pados, representados por su padre Camilo Suriñach y Arxer, Deman-dados. No. 2889, Civil. Nulidad y Cancelación. Demanda. Com-parece el demandante, en el caso arriba mencionado, por representa-ción de sus Abogados que suscriben, y por su causa de acción alega:
“Io. Que el demandante con fecha dos de abril de 1898, compró a la sociedad mercantil de esta plaza ‘ J. Tornabells y Compañía/ un solar, cuya descripción es la siguiente:
‘ ‘ Solar que mide 2,046 metros cuadrados, radicado en la prolonga-ción de la calle de Candelaria, de esta ciudad, lugar denominado Boulevard Balboa, colindante: por el norte con dicha calle; por el sur .con terrenos de la Hacienda Carmelita; por el este con solar de Doña Clara Cristy; y por el oeste con otro de Don Alfredo Cristy.
“Dicha venta consta de la escritura número 98, otorgada en esta ciudad, a 2 de abril de 1898, ante el Notario Juan Z. Bodríguez; cuya copia debidamente autorizada por dicho notario fué inscrita en el tomo 45 de esta ciudad, al folio 245, finca No. 859, duplicado, inscrip-ción sexta y se acompaña con la presente demanda mareada ‘Exhibit A.’
“Que el demandante vendió el solar arriba descrito a Luis Arán y Lancy por escritura No. 99, otorgada en esta ciudad, a 2 de abril de 1898, y ante el Notario Juan Z. Bodríguez, cuya escritura fué ins-crita en el registro de la propiedad de esta ciudad, al folio 245'vuelto del tomo 45 de esta ciudad, finca 659 duplicado, inscripción séptima y se acompaña con la presente demanda para que se le considere como formando parte de la misma, marcada ‘Exhibit B.’
“3o. Que dicha venta fué otorgada y convenida bajo la siguiente condición:
“Tercera. Esta venta se hace con la condición de que Ninlliat desde ayer, o sea desde el día primero de este mes, y a vencer todos los días últimos de cada mes y por el término de tres años, contados desde dicho día de este mes, usufructuará la finca, pagando a Arán por vía de alquiler la suma de sesenta pesos mensuales; y que si Nin-lliat durante ese término de tres años devuelve a Arán los ameritados seis mil pesos, éste le volverá a vender toda la finca en el estado en que se encuentre a la hora que Ninlliat la readquiera; bien entendido que si pasa ese término, sin la devolución de los significados seis mil pesos, quedará Arán libre de la obligación de volver a vender la finca a Ninlliat; pero para este caso consiente el mismo Arán, en que luego de posesionado de la finca se la volverá a entregar por dos años más a Ninlliat para que siga utilizándose de sus productos, en la forma que mejor le convenga, siempre que la conserve en buen estado y le siga pagando los ^ sesenta pesos mensuales de alquiler, conviniendo por último, en que durante estos otros dos años de prórroga, Arán volverá a vender la finca a Ninlliat si éste le devuelve los seis mil pesos que hoy se han ajustado como precio de toda la finca, puesta en estado de ser habitados sus establecimientos descritos.
“Cuya condición consta en la cláusula tercera de lá escritura a que se refiere el párrafo anterior de esta demanda.
“4o. Que vencido el primer plazo de la condición a que se ha hecho referencia, el comprador Luis Aran solicitó del registrador de la pro-piedad de esta ciudad, que pusiera y éste puso la nota marginal de consumación al asiento de inscripción del referido contrato de venta; pero alega abora el demandante que diebo Luis Aran no consumó nunca la compraventa objeto del contrato inscrito, ni aparece de los libros del registro tal consumación del mismo, no obstante baber trans-currido la prórroga de dos años que condicionaba dicba venta.
“5o. Que de acuerdo con la cláusula segunda de la escritura No. 99 a que se bace referencia en el párrafo 2o. de esta demanda, el de-mandante fabricó en dicho solar, de su peculio particular los .siguientes edificios:
“ (a) Un edificio de manipostería de un solo cuerpo principal para dos casas de vivienda, midiendo el cuerpo principal veinte y dos metros de longitud por diez de cada costado y los dos martillos o alas que se extienden a sus lados, miden nueve metros de largo por seis de ancho cada uno; ...
“(i) Otro edificio de manipostería y madera que mide veinte y cinco metros de largo por siete de ancho.
“El justo valor de estos edificios en de seis mil quinientos dollars más o menos.
“6o. Que antes de vencer la prórroga o segundo plazo que para retraer tenía el demandante, éste compró en venta real y efectiva, el referido solar, según consta de la escritura No. 561 otorgada en esta ciudad a 5 de septiembre de 1902, ante el Notario Mariano Eiera Palmer, de la que se acompaña una copia debidamente autorizada por diebo notario, la que se acompaña a esta demanda para que se la con-sidere como formando parte de la misma, marcada ‘Exhibit C.’
“Y alega el demandante, que por dicha escritura se constituyó hipoteca voluntaria a favor del vendedor Luis Arán sobre la finca vendida para responder a éste de dos mil doscientos dollars, parte del precio aplazado porque se realizó la enajenación. Esta escritura alega el demandante no fue inscrita en el registro de la propiedad de esta ciudad.
“7o. El demandante alega que desde el año antes de la fecha del otorgamiento de la escritura No. 98 de 2 de abril de 1898, a que se hace referencia en el párrafo Io. de esta demanda, el ha sido el único propietario, y ha estado desde aquella fecha hasta ahora, y aun con-tinúa en la plena y pacífica posesión del solar y de los edificios descri-tos y relacionados en el párrafo 5o. de está demanda, ejerciendo todos los derechos dominicales como tal dueño y poseedor, sin que se le baya privado minea de tal posesión ni inquietado de la misma, y que dicha posesión ha sido pública y notoriamente tenida.
“8o. Que el demandante ha pagado totalmente la hipoteca que sobre la finca comprada tenía Luis Arán, habiéndole sido otorgada la correspondiente carta de pago y cancelación por su viuda Francisca Arán en su carácter de administradora de los bienes del finado Luis Arán y Lancy; cuyo acto fué ordenado por sentencia de esta honorable corte de fecha 11 de febrero de 1909. Se acompañan la escritura de cancelación de hipoteca otorgada bajo el No. 144,. a 9 de marzo de 1909, ante el Notario Mariano Riera Palmer y copia certificada por el secretario de esta corte de dicha sentencia, para que formen parte de esta demanda y marcados ambos documentos ‘Exhibits D y E,’ res-pectivamente.
“9o. Que Camilo Suriñaeh, en nombre y representación de sus menores hijos, ahora los demandados, siguió cierto pleito en cobro de dinero contra Francisca Arán en su carácter de administradora de los bienes del finado Luis Arán, en la Corte de los Estados Unidos para Puerto Rico, y obtuvo sentencia a su favor por la suma de $2,037.89 y $38.80 de costas, en 19 de julio de 1909.
“10°. Que el márshal de la Corte de los Estados Unidos para Puerto Rico solicitó y obtuvo del Sr. Registrador Sustituto de la Pro-piedad de esta ciudad, para cumplimentar la referida sentencia, la anotación de embargo sobre el solar descrito en el párrafo Io. de esta demanda, como si realmente dicho solar fuera de la propiedad del de-mandado en aquel procedimiento, Luis Aran; pero alega ahora este demandante, que la propiedad de dicho solar estaba y está sujeta al cumplimiento de la condición resolutoria que 'lo afectaba, y que Luis Arán, ni sus herederos y representantes legales solicitaron nunca que se consumara la venta del solar, la que estaba pendiente, como se ha dicho antes, de la prórroga o segundo plazo de dos años contenida en la cláusula tercera de la escritura No. 99 otorgada en esta ciudad, a 2 de abril de 1898, ante el Notario Juan Z. Rodríguez a que se hace referencia en el párrafo 2o. de esta demanda.
“11°. Que bajo la equivocada creencia de que el referido solar era de la propiedad de Luis Arán, el Márshal de la Corte de Los Estados Unidos para Puerto Rico vendió en pública subasta en el edificio de-nominado ‘Cuartel Militar’ sito én la calle de McKinley de esta ciu-dad, todo el derecho, título e interés que Luis Arán tuviera o pudiera tener en el referido solar; y én el acto de dicha subasta o sea el día 13 de septiembre de 1909, se presentó como único postor y lieitador el Abogado Fernando Vázquez en su carácter de apoderado y represen-tante legal de los demandados abora, y ofreció por dicbo solar la suma de trescientos dollars ($300), cantidad porque les fué adjudicado dicbo solar, habiéndoles el referido marshal otorgado el correspondi-ente certificado de venta.
■ “12°. Alega el demandante, que la anotación del embargo hecho sobre el solar antes descrito, al margen de la inscripción séptima, del folio 245 vuelto, tomo 45 de esta ciudad, finca 659 del registro de la propiedad de esta ciudad, es nula y sin ningún valor ni efecto legal por haber sido hecha pendente conditione y cuando aun no se había pedido por Luis Arán o sus herederos y representantes legales que se extendiera por el registrador de la propiedad la nota de consumación definitiva de la venta que produjo la inscripción séptima referida.
“13°. Alega el demandante que el remate y .venta de dicho solar se hizo por un precio extraordinariamente bajo que no guarda pro-porción equitativa con el valor del solar vendido, cuyo justo precio es alrededor de $2,700 o sea nueve veces más de lo que se obtuvo en la subasta.
“14°. Alega ahora el demandante, que el representante legal de los demandados, o sea el padre de éstos, Camilo Suriñach fué em-pleado y socio de la casa J. Tornabells & Cía., de quien primeramente adquirió el demandante el referido solar; y alega además, que dicho Camilo Suriñach fué liquidador de dicha casa comercial y también empleado de la casa de comercio titulada ‘L. Arán,’ en las fechas en que el demandante otorgó las escrituras números 98 y 99 a que se hacen referencia ep. los párrafos Io. y 2o. de esta demanda. Y alega ahora el' demandante, que según su mejor información y creencia, Ca-milo Suriñach sabía y le constaba de propio conocimiento las transac-ciones , negocios y operaciones habidas entre el demandante y Luis Arán con referencia a la venta del referido solar.
“15°. Alega además el demandante, que según su mejor informa-ción y creencia, Camilo Suriñach, sabía de propio conocimiento que dicho solar, aunque inscrito en el registro de' la propiedad bajo una condición resolutoria, era y es de la exclusiva propiedad del deman-dante y que éste se encontraba y se encuentra desde hace más de trece años, poseyendo dicho solar; y alega el demandante además, que según su mejor información y creencia el dicho Camilo Suriñach maliciosa y fraudulentamente y con el proposito de perjudicar los intereses del demandante, señaló en su carácter de representante legal de los de-mandados, como bienes de la propiedad de Luis Arán, el referido solar, constándole que el mismo pertenecía y pertenece legal y justa-mente al demandante.
“16°. Alega además el demandante, que según-su mejor informa-ción y creencia'el apoderado y representante legal de los demandantes en la subasta referida ante la Corte Federal, ahora los demandados, el Abogado Fernando Vázquez, sabía y le constaba de ciencia propia que el solar y edificios en él construidos, eran y son de la propiedad abso-luta del demandante.
“17°. Que del anuncio de la subasta del solar que se verificó por el Márshal de la Corte Federal, no pudieron tener ni en efecto tuvieron noticia el demandante ni Francisca Arán, administradora de los bienes del finado Luis Arán, demandada en aquel procedimiento ante la Corte Federal, a causa en primer lugar de no haberse incluido en dicho anuncio de subasta los edificios en él contenidos y fabricados a expensas del demandante, que por sus dimensiones y el valor que tienen y por el largo tiempo que tienen de fabricados, son muchísimo más importantes que el solar y porque la descripción de dicho solar es también muy semejante a otros que se encuentran en el mismo sitio o local de esta ciudad; y en segundo lugar no tuvo noticia alguna de dicha subasta el demandante, a causa de haber sido publicado dicho anuncio en un periódico de tan escasa circulación como es el periódico local La Bandera Americana, no pudiendo por tal motivo oponerse el demandante oportunamente a la subasta utilizando los remedios que la ley le concede.
“ 18°. Que desde la venta realizada por el Márshal de la Corte Federal hasta la fecha no ha transcurrido el periodo de un año.
“19°. Alega el demandante que la anotación de embargo letra ‘A’ y la inscripción de la venta en pública subasta, hechas la anotación al márgen de la inscripción 7a. del folio. 245 vuelto, tomo 45, finca 659, de Mayagüez, inscripción octava, impide a este demandante inscribir a su favor la escritura No. 561, otorgada en esta ciudad, a 5 de sep-tiembre de 1902, ante el Notario Mariano Riera Palmer a que se ha hecho referencia en el párrafo 6°. de esta demanda.
“En virtud de las anteriores alegaciones, el demandante pide a esta honorable corte dicte sentencia a su favor declarando:
“1°. Que el solar descrito en el párrafo 1°. de esta demanda, es de la exclusiva propiedad del demandante;
“2°. Que los edificios descritos y relacionados en el párrafo 5°. de esta demanda, son de la exclusiva propiedad del demandante;
“3°. Que el embargo trabado por el Márshal de la Corte de Dis-trito de los Estados Unidos para Puerto Rico, con fecha 7 de agosto de 1909, es nulo y carece de valor y eficacia legal; y por tanto que pro-cede la cancelación total de la anotación de embargo, letra ‘A,’ hecha al margen de la inscripción séptima, al folio 245 vuelto del tomo 45, de'Mayagüez, finca No. 659, en el Registro de la Propiedad de Maya-güez;
‘ ‘ 4o. Que la venta beelia en pública subasta de la propiedad o solar embargado por dicbo mársbal es nula y no tiene valor ni efecto legal ninguno; y por tanto procede la cancelación de la inscripción 8a. veri-ficada al folio 246 del tomo 45 de Mayagüez, finca No. 659, en el regis-tro de la propiedad de esta ciudad; y
“5°. Que se ordene al efecto al secretario de esta corte expida los correspondientes mandamientos por duplicado al registrador de la propiedad de esta ciudad, a fin de que este proceda a verificar las cancelaciones referidas para que pueda este demandante inscribir a su favor la escritura No. 561 otorgada en esta ciudad, ante el notario de la misma Mariano Riera Palmer, de fecha 5 de septiembre de 1902;
“ 6°: Que el demandante recobre del demandado todas las costas y gastos que ha originado esta reclamación, incluyendo una cantidad razonable en concepto de honorarios del abogado del demandante;
“Y además suplica el demandante a esta honorable corte se sirva dictar una orden de injunction preliminar dirigida a Camilo Suriñach, sus agentes, empleados apoderados y abogados o cualquiera otra persona bajo su intervención, para que en representación de sus menores hijos, los demandados ahora, se abstengan en forma o manera alguna, de proseguir o instar la acción o procedimiento entablado por Camilo< Suriñach v. Pedro Muñiz et al. sobre desahucio, radicado en la secre-taría de esta misma corte bajo el No. 2867, por cuya acción o procedi-miento tratan los demandantes, en él, ahora los demandados, de lanzar-de la propiedad o solar descrito en el hecho primero de esta demanda a Pedro Muñiz, Ramón Aldecón, Etanislao Méndez, María Alers y José Villabol, alegando que se encuentran en dicho solar en precario y sin pagar merced alguna,. mientras se resuelve el pleito principal enta-blado por el demandante por esta acción presentada ante esta corte ;- y suplica además el demandante a esta honorable corte se sirva dictar* inmediatamente una orden de entredicho contra el referido deman-dado Camilo Suriñach en su carácter de representante legal de los demandados y contra sus agentes, sirvientes, empleados o abogados o cualquiera otra persona que obren bajo su intervención, prohibiéndo-les de seguir adelante dicho procedimiento entablado por el pleito referido No. 2867, suspendiéndose la vista señalada para mañana en dicho asunto y además que se prohiba a dicho Camilo Suriñach en la representación que ostenta, enajenar, traspasar, hipotecar o gravar en alguna forma el solar a que se hace referencia en esta demanda, seña-lando un día y hora para que comparezcan a exponer sus causas, si algunas tuvieren porque no ha de concederse dicha orden de injunction preliminar y que luego de celebrada la vista de dicho injunction preliminar, se haga perpetuo, todo mediante la prestación de la co-rrespondiente'fianza que el demandante está dispuesto a prestar por la cantidad que la honorable corte señale.
“Y, por último, suplica este demandante a esta honorable corte que conceda al demandante cualquier otro remedio que esté en conso-nancia, con la conciencia, justicia y equidad del caso. (Firmado) F. H. Dexter, y José Sabater, abogados del demandante.”

Podrá verse, por tanto, que los hechos expresados en am-bas demandas son sustancialmente idénticos.

El demandante tenía el verdadero título de la propiedad en cuestión pero dejó de inscribirlo. Los acreedores del due-ño según el registro, embargaron la propiedad, obteniendo la escritura de la misma como resultado de los procedimientos seguidos ante la Corte Federal. Las súplicas dé las mis-mas se diferencian, algo, pero son idénticas en sus pun-tos esenciales, a saber; que tanto el embargo como la escritura del marshal deben anularse, reconociéndose el título al demandante, y que cualquier inscripción hecha en el registro de la propiedad contraria a dicho título sea cancelada, ordenándose a los demandados que se absten-gan de ejecutar ningún acto de dominio sobre la propiedad. .'En. la demanda presentada en la Corte de Distrito de Maya-igüez, también se pidió que se declarase que los edificios cons-truidos en el terreno pertenecen al demandante, no siendo esta una diferencia esencial, pues lo accesorio sigue a lo principal, y los edificios se describieron en su totalidad en la de-manda que se presentó en la Corte Federal donde se hizo la alegación especial de haber procedido el márshal de mala fe al anunciar la venta, puesto que no incluyó esos edificios en el anuncio.

En la opinión emitida por el juez. especial se declara que la demanda carece de equidad. La demandante excep-cionó este informe en la Corte Federal, fundándose en que el juez especial ha dejado de considerar, primero, el hecho de que aunque el demandante alegó que los apelados en aque-lla acción tenían un título legal a la propiedad en cuestión, también expuso que el demandante había estado en posesión de dicha finca por un período mayor de diez años, poseyendo entonces la misma y siendo su verdadero dueño en equidad, teniendo los apelados un título legal simplemente; segundo, que si bien los apelados en aquella acción eran terceros según la iey hipotecaria de Puerto Rico, el demandante alegó que éstos obraron fraudulentamente y de mala fe, no teniendo por tanto derecho a los privilegios concedidos a los terceros compradores de buena fe con arreglo a la referida ley hipo-tecaria de Puerto Rico; tercero, que el demandante sostuvo que el título legal de los apelados en este pleito estaba viciado de fraude y mala fe; cuarto, que de la demanda resultó que la cuestión principal envuelta en esta acción era una de hecho, o sea, si los apelados procedieron o no fraudulentamente y de mala fe, no pudiendo, por tanto, suscitarse ninguna cues-tión iegal en la forma en que estaba redactada la demanda. En estas excepciones aparece de una manera más clara la consideración que hace el demandante de este pleito, así como la posición asumida por el juez especial. Esta fué en esen-cia una acción establecida para anular el título y las escri-turas de los apelados así como para que se cancelaran en el registro de la propiedad todas las reclamaciones opuestas que existieran a favor de los apelados y en contra del ape-lante. Ese es también el objeto de este pleito.

■ Se ha dado gran importancia al hecho de hacerse mención en la opinión del juez especial, del título legal del apelado Suriñach. Insiste el apelante en que la acción establecida en la Corte Federal fué una en equidad y en ella se recurría a las facultades especiales que tiene la Corte Federal en equidad.

Los apelados por otra parte, alegan que la presente ac-ción es de equidad por su naturaleza y no pertenece a la clase de acciones en ley que según el procedimiento y jurisdicción de equidad se distingue de una acción en equidad. Si la ac-ción seguida en la Corte de Distrito de Mayagüez se hubiera establecido en cualquier estado en donde se observa la ley común y existe una diferencia entre la ley y la equidad, se consideraría como una acción en equidad más bien que en ley. Las acciones en ley generalmente se establecen en re-clamación de una indemnización o de una propiedad deter-minada cuando el demandante se encuentra privado de su posesión, las que pueden celebrarse ante un jurado. Cree-mos que una acción de nulidad como la presente pertenece exclusivamente a la jurisdicción de una corte de equidad. Este argumento tendría fundamento si la Corte Federal tu-viera alguna jurisdicción especial de equidad en cuestiones que se funden en las diversas ciudadanías. Si no tiene esa jurisdicción especial en tales casos, entonces cualquier es-crito o demanda que se presente en esa corte en que la juris-dicción surja de las distintas nacionalidades de las partes, cualquiera que fuere el nombre que se dé a tal pliego no puede tener otro objeto que el de solicitar para el deman- • dante un remedio igual al que le concede el Código Civil u otras leyes que otorgan la misma protección a todos aquellos que tienen intereses o derechos en Puerto Pico. No creemos necesario resolver de modo específico la naturaleza de la de-manda, examinada desde cualquier punto de vista técnico. Queda en pie el hecho, de que en ambas demandas el deman-dante trató de anular ciertas supuestas transacciones frau-dulentas y su cancelación en el registro de la propiedad que oscurecían su alegado título de la finca en cuestión. La ex-cepción formulada al informe del juez especial demuestra esta conclusión. Por errónea que haya sido la opinión del juez especial, lo que en ella esencialmente se resolvió fué que el demandante no tenía derecho a obtener la nulidad ni la can-celación que solicita, fundándose esta negativa en los mismos hechos y en iguales súplicas que las que se hicieron en el presente caso.

La orden que se dictó en la Corte Federal fué sobre la excepción previa,- pero era definitiva como hemos visto, por-que se fundaba en los méritos de dicha excepción. La deses-timación de una demanda, es una resolución final según la jurisprudencia de equidad.

Daniell’s Chancery Pleading & Practice; 6th American Edition, 994 y nota; 16 Cyc., 471.

Los principios que regulan la defensa de cosa juzgada han sido discutidos por esta, corte en dos casos: González v. Méndez,, 15 P. R. R., 682; 15 D. P. R., 701; Calaf et al. v. Calaf, resuelto en febrero 14, 1911; 17 D. P. R., 223.

En el presente caso los hechos fueron idénticos; el reme-dio solicitado es prácticamente el mismo, y los casos iguales en sustancia. La acción era enteramente igual a la seguida en la Corte Federal, cualquiera que sea el nombre que se le haya dado. La resolución de la Corte Federal se fundó en los méri-tos, y debe confirmarse la sentencia. Existen conjuntamente todos los elementos necesarios para establecer un caso en que se alegue la defensa de cosa juzgada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MaeLeary, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. Audrey,

text:
    Coira v. Ortiz et al.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Arecibo.
    No. 783.
    Resuelto en abril 3, 1912.
    Desahucio en Pbecabio — Alegaciones Esenciales de *la Demanda. — Todo lo que es necesario alegar en una demanda de desahucio en precario es, que el demandante es el dueño de determinada finca, o usufructuario, o con derecho a disfrutarla, o que es causahabiente de tales personas y que el demandado detenta su posesión material o la disfruta precariamente sin pagar canon o merced alguna.
    Id. — Descripción Suficiente de la Finca. — Puntos Cardinales. — Habiéndose descrito una finca expresando su cabida, el barrio, término municipal en que radiea, expresándose en ella quiénes son los colindantes, cuáles son los límites naturales que la separan de las otras fincas que la circundan, con-signa la demanda cuánto es preciso para identificarla, aunque la descripción no está hecha por los puntos cardinales.

      Id. — Alegación de la Propiedad — Título de Adquisición. — En una demanda de desahucio es bastante alegar la propiedad de la cosa diciendo que el demandante es el propietario, sin que sea necesario que especifique la ma-nera cómo adquirió, qué clase de título tiene, ni si lo ha inscrito, pues todo esto es materia para ser probada, y no debe ser consignada en las alegaciones.
    Id. — Excepciones Previas — Demanda Ambigua y Dudosa. — No es dudosa ni ■ ambigua la demanda en el caso de autos por el hecho de que después de ha-berse alegado terminantemente que el demandante es el dueño, diga luego que está titulado a su posesión, por ser éstas, palabras que holgaban en la alega-ción, pero que de todos modos no contradicen la anterior, porque si es el propietario de la cosa, tiene título para la posesión que reclama.
    Id. — Acumulación de Acciones — Retracto Legal — Discreción del Tribunal.— Una ordén concediendo o negando una acumulación de aceiones, descansa en la sana discreción de la corte por cuyo motivo este tribunal no la alterará a menos que se demuestre un palpable abuso de su poder discrecional. La acción de desahucio no puede ser acumulada a un pleito sobre retracto legal, porque son distintas acciones y tienen distintos procedimientos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Ramón Nadal Santa Co-loma.

    Abogado del apelado: Sr.'Félix Santoni.

   El Juez Asociado Sr. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Don Francisco Coira presentó en la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Arecibo, una demanda de desahucio contra José del Carmen Ortiz y otros alegando ser dueño y pro-pietario de dos fincas, las que describió; expresó que está titulado a la posesión de esas fincas, y después de afirmar que los demandados detentan su posesión material, sin título para ello, sin su consentimiento y contra su voluntad, y que las disfrutan en precario, sin pagar canon o merced alguno a su dueño el demandante, concluyó' suplicando que los deman-dados fueran lanzados de las fincas reseñadas.

Los demandados excepcionaron la demanda, siendo de-sestimada esa alegación y también su moción pata que el pleito de desahucio se acumulara a otro juicio sobre retracto legal, después de lo cual se celebró el juicio en el que solo se practicó la prueba del demandante, pues los. demandados re-nunciaron a las suyas, y la corte dictó sentencia declarando con lugar el desahucio y ordenando el lanzamier/'-o de los demandados.

Los motivos en que los demandados y apelantes apoyan su recurso son únicamente dos, a saber: por qué fué deses-timada la excepción previa, y por qué se negó la acumulación que solicitaron.

La excepción previa tenía como fundamento el que la demanda no aducía hechos bastantes que determinasen una causa de acción, y además, que era ambigua y dudosa.

Basta leer la demanda para comprender.que aduce-hechos suficientes para una causa de acción.

Todo lo que es necesario alegar en una demanda de desa-hucio en precario es, que el demandante es el dueño de deter-minada finca, o usufructuario o con derecho a disfrutarla, o que es. causahabiente de tales personas, y que el demandado detenta su posesión material o la disfruta precariamente sin pagar canon o merced alguna. Secciones Ia. y 2a. de la ley estableciendo el procedimiento para el desahucio.

Desde luego.que para hacer determinada la finca, es pre-ciso describirla en la demanda con la precisión necesaria para que, en caso de ejecución, pueda indentificarla un agente judicial, requisito que exige el artículo 125 del Código de Enjuiciamiento Civil, y con el que debe cumplirse; sin que los preceptos de la Ley Hipotecaria que establecen la manera de describir las fincas en los documentos sujetos a inscripción tengan aplicación alguna a la manera como las fincas deben ser descritas en la demanda, porque dicho Código, y no ésta ley, es el que regula la manera de alegar.

Habiéndose descrito una de las fincas expresando su ca-bida, el barrio y término municipal en que radica, expresán-dose en ella quiénes son los colindantes y cuáles son los límites naturales que la separan de las otras fincas que la circundan, consignó la demanda cuanto es preciso para identificarla, aunque la descripción no esté hecha por los puntos cardinales.

En cuanto a la manera cómo debe alegarse la propiedad, basta hacerlo como la demanda lo expresa, diciendo que el demandante es el propietario, sin que sea necesario que espe-cifique la manera cómo adquirió, qué clase de título tiene, ni si lo lia inscrito, pues todo esto es. materia para ser probada, y no debe ser consignada en las alegaciones.

Así, pues, ni la manera en que lia sido • descrita la men-cionada finca, ni tampoco el modo de alegar la propiedad de ella bacen insuficiente la demanda. Ni es tampoco dudosa ni ambigua por el hecho de que después de haberse alegado terminantemente que el demandante es el dueño, diga luego que está titulado a su posesión, por ser estas palabras que holgaban en la alegación, pero que de todos modos no contra-dicen la anterior, porque si es el propietario de la cosa, tiene título para la posesión que reclama.

Bástanos ahora tratar la cuestión referente a la negativa de la corte a acumular el juicio de desahucio a otro seguido en esa misma corte sobre retracto legal.

Hemos de decir que la orden concediendo o negando una acumulación de acciones descansa en la sana discreción de la corte, por cuyo motivo, no la alteraremos a ráenos que se nos demuestre un palpable abuso de su poder discrecional.

En vista de esta regla, sin otra consideración podríamos decir que no debemos alterar esa orden, ya que ño se ha ale-gado abuso de discreción; pero no obstante, queremos de-clarar que la acción de desahucio no podía ser acumulada al pleito sobre retracto legal, porque son distintas acciones y tienen distintos procedimientos.

Por estas razones la sentencia recaída debe ser confirmada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y del Toro.


author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    Vilella v. Vilella et al.
    ApelaciÓN procedente' de la Corte de Distrito de Agnadilla.
    No. 739.
    Resuelto en abril 8, 1912.
    Excepciones- Previas — Partición de Herencia — Fraude.—El demandante re-clama una indemnización de daños y perjuicios sufridos por haber sido alte-rada una partición de bienes, sustituyendo en la adjudicación de una finca a una persona por otra. Excepcionada la demanda por no aducir una causa de acción, la corte declaró con lugar la excepción. Se resolvió en apelación que la excepción previa estaba bien fundada porque la demanda no alega hechos constitutivos de fraude para contrarrestar la presunción de regularidad a favor de las operaciones partieionales, que habían sido aprobadas judicial-mente, pues el mero hecho de que el nombre de una persona haya sido borrado sustituyéndolo por otro, por sí solo no es demostrativo de fraude.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sr.es. Alfredo Amoldo Sevilla y Landrón y Rincón.

    Abogados de los apelados: Sres. José de Diego y Garlos Franco Soto.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En el presente caso los demandados formularon una ex-cepción previa a la demanda enmendada, fundando dicha ex-cepción en los siguientes motivos: Io. Que la acción había prescrito y 2°., qué la demanda no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción. La corte inferior de-claró con lugar la excepción por ei fundamento aducido en el segundo motivo, siendo de opinión que la acción ejercitada fue de indemnización de daños y perjuicios provenientes de alteraciones e informalidades realizadas en las operaciones testamentarias del caudal relicto por el finado Don Enrique Extremera, habiéndose ocasionado el perjuicio por el hecho de haberse eliminado de dicha partición a Don José Vilella y Pol, subrogado del heredero Don Juan José Extremera, sus-tituyendo en lugar de aquél a Don Inés Castro, y que en tal caso era evidente que siendo la acción subsidiaria, no podía ejercitarse sin antes obtenerse la nulidad de la partición, puesto que según aparece de la demanda, habiendo sido apro-bada judicialmente dicha partición, hay que tenerla por firme y valedera mientras no se demuestre lo contrario, y, además, fué de opinión la corte sentenciadora, que confiriendo como confiere la partición a cada heredero la propiedad exclusiva de los bienes, y apareciendo de la demanda que las fincas des-critas en ella fueron adjudicadas a Don Inés Castro, aunque falsamente, según alegaron los demandados, en vez de adju-dicarse a Don José Vilella y Pol, la corte debía respetar el título particional mientras no se demostrara previamente que era nulo.

El hecho principal que se alegó en la demanda fué que todas las partes interesadas convinieron en adjudicarle a José Vilella y Pol una parte de la finca de Extremera y que los documentos de la partición según quedaron aprobados en definitiva mostraban que el nombre de Vilella había sido eli-minado substituyéndole el de Inés Castro. Que los deman-dantes en esta acción eran menores de edad en la fecha en que tuvo lugar la supuesta operación y vinieron a tener conoci-miento de la misma en el año 1908. El pleito se estableció en 1911. Don José Vilella Pol, acreedor y cesionario de los de-rechos de un heredero de Extremera, falleció en el año 1893 y estos procedimientos testamentarios tuvieron lugar en 1893-1894. Don José Vilella y Pol dió poder en vida a su hermano Pablo Vilella, Pol y lo nombró administrador y tutor de sus menor es hi jos;

Aunque la demanda expresa que Inés Castro no tenía in-terés alguno en los bienes de Extremera y que el nombre de José Vilella fué eliminado según convenio entre Pablo Vilella e Inés Castro, sin embargo no se ha alegado que este convenio fuera fraudulento, ni hay tampoco alegación alguna de que la partición según quedó aprobada en definitiva no era una expresión de la voluntad de las partes que la firmaron.

El mero hecho de que aparezca del documento que el nom-bre de Vilella fué eliminado y el de Inés,Castro substituido, no le da el carácter de fraudulento a la partición final que en realidad fué aprobada por la corte. •„ El demandante y ape-lante alega que su causa ele acción surge por virtud del artí-culo 1068 del Código Civil que dispone lo relativo a indemni-zaciones contra los que incurrieron en dolo, negligencia o mo-rosidad en el cumplimiento de sus obligaciones. Sin embargo, mientras no se alegue en debida forma el fraude no hay base para proceder. Habría la presunción de que el administrador procedió correctamente y de que la acción tomada por la corte fue conforme a la ley. Mientras esta presunción no quede contradicha por alguna alegación en la que se expresen hechos sobre la cuestión en litigio, con los que se pruebe la fal-sedad o fraude del hecho de la partición, la demanda es entera-mente defectuosa. Debe demostrarse además en la demanda que no existió entendimiento o convenio entre José Vilella o‘ su apoderado e Inés Castro, fundado en alguna causa que pro-cediera del último al primero. Bajo estas circunstancias se hace innecesario el considerar las' diferentes cuestiones que se promovieron con respecto a la prescripción. Debe confir-marse la sentencia.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, del Toro y Aldrey.