author: La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco

text:
    Rosalinda Vega Montoya, peticionaria, v. Hon. José Uriel Zayas Bonilla, Registrador de la Propiedad, Sección de Ponce, recurrido.

      Número: RG-2009-0001

      Resuelto: 19 de mayo de 2010

      Noel Yamil Pacheco Álvarez y Noel Pacheco Fraticelli, aboga-dos de la parte peticionaria; José Uriel Zayas Bonilla y Francisco J. Rodríguez Juarbe, registradores de la propiedad.
   La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco

emitió la opinión del Tribunal.

Comparece ante nos Rosalinda Vega Montoya (en ade-lante la peticionaria) por medio del presente recurso guber-nativo, en el que solicita la revisión de la Recalificación hecha por el Registrador de la Propiedad de Ponce que de-negó la inscripción de una Escritura de Cesión de Derechos y Acciones Hereditarias.()

El recurso presentado por la peticionaria nos permite resolver si procede la inscripción de la enajenación hecha por un heredero de una cuota específica sobre un inmueble perteneciente a la comunidad hereditaria si dicha propie-dad es el único bien que forma parte de la herencia. A priori, resolvemos en la negativa.

Veamos los hechos que dieron génesis a la controversia de autos.

I

El 20 de noviembre de 2008 la peticionaria otorgó ante el notario Noel Yamil Pacheco Alvarez una Escritura de “Cesión de Derechos y Acciones Hereditarias”. En la escri-tura otorgada también compareció su hijo, José Angel Torres Vega (en adelante el cedente), a enajenar su participa-ción sobre un inmueble. La mencionada escritura fue con relación a una parcela de terreno con una cabida superficial de quinientos ochenta y cinco punto noventa y cuatro (585.94) metros cuadrados, sita en la comunidad rural de Palomas I ubicada en el municipio de Yauco. La propiedad inmueble se encuentra inscrita en el Registro de la Propie-dad de Ponce, Sección II, al Folio 136 del Tomo 325, Finca 11,443. Al momento del otorgamiento de la escritura, la propiedad inmueble, conforme a la tercera y última ins-cripción, estaba gravada con una hipoteca.

La peticionaria, quien es residente de Estados Unidos, es dueña del cincuenta por ciento (50%) de la propiedad inmueble al haberla adquirido, mediante compraventa, es-tando en ese momento casada con José Angel Torres Rodríguez. Este último falleció intestado el 11 de marzo de 2001. Ante lo anterior, el 5 de septiembre de 2005, el Tribunal de Primera Instancia dictó Resolución sobre Decla-ratoria de Herederos, Abintestato José Angel Torres Rodrí-guez, Caso Civil Núm. J4CI-2001-0424. Se decretó como únicos y universales herederos a los tres (3) hijos del cau-sante y la peticionaria, a saber, José Angel Torres Vega, Charynette Torres Vega y Giovanni Torres Cotto, así como a Rosalinda Vega Montoya, en la cuota usufructuaria.

Así las cosas, el 26 de noviembre de 2008 la peticionaria presentó una Instancia Registral, acompañada de la Decla-ratoria de Herederos, la Certificación de Cancelación de Gravamen expedida por el Departamento de Hacienda y la Certificación Negativa de la Administración para el Sus-tento de Menores, correspondiente al causante. La Instan-cia Registral se presentó al Asiento 1092 del Diario 332 del Registro de la Propiedad. A su vez, se presentaron al Asiento 1093 del Diario 332, la Escritura sobre Cancela-ción de Hipoteca y al Asiento 1094 la escritura en contro-versia, a saber, la Escritura de Cesión de Derechos y Accio-nes Hereditarias.

Evaluados los documentos presentados, el Registrador de la Propiedad procedió a inscribir la Escritura sobre Cancelación de Hipoteca y la Instancia Registral al Tomo 536, Folio 157, como las Inscripciones Cuarta y Quinta, respectivamente.

No obstante, en cuanto a la Escritura de Cesión de De-rechos y Acciones Hereditarias, se denegó su inscripción. Apuntó el Registrador de la Propiedad, citando el Art. 95 de la Ley Hipotecaria, infra, que no procedía la venta o gravamen de cuotas específicas en una finca que no se hu-biera adjudicado antes mediante la correspondiente partición. A su vez, apuntó que la finca aparecía inscrita a favor de Charynette Torres Vega y Giovanni Torres Cotto, menor de edad, que no habían consentido a la venta. ()

Inconforme con la determinación del Registrador, la pe-ticionaria presentó un Escrito de Recalificación el 12 de diciembre de 2008 ante el Registro de la Propiedad de Ponce. En su escrito, la peticionaria alegó que la cesión hecha por medio de la Escritura en controversia era la ena-jenación de una cuota abstracta y no una cuota específica ya que, alegadamente, el patrimonio del causante estaba compuesto de un solo bien. Por lo tanto, fue su contención que procedía la inscripción del documento conforme a derecho. Además, señaló que los otros coherederos no te-nían que prestar su consentimiento a la cesión ya que sus derechos no se verían afectados, ni la comunidad heredita-ria dejaría de existir.

Posteriormente, el 16 de diciembre de 2008, el Registra-dor de la Propiedad notificó la denegación de la inscripción y consignó la anotación preventiva de rigor por el término de sesenta (60) días. Dicho funcionario mantuvo su califi-cación original por el fundamento de que la venta conte-nida en la Escritura de Cesión de Derechos y Acciones He-reditarias es “la enajenación de una cuota específica sobre un bien específico y no la enajenación de una cuota abstracta”. Apéndice del Recurso Gubernativo, pág. C-5.

Inconforme aún, el 7 de enero de 2009 la peticionaria presentó ante este Tribunal el presente recurso guberna-tivo solicitando que se revoque la recalificación hecha por el Registrador de la Propiedad y que se ordene la inscrip-ción de la Escritura en controversia. Alega que el caudal que transmitió José Ángel Torres Rodríguez a sus herede-ros, se compone de un solo inmueble sin haber más bienes muebles ni inmuebles. Por lo tanto, sostiene que la parti-cipación en el inmueble es equivalente a la participación en abstracto sobre el caudal del causante ya que éste se sitúa sobre un único bien. En este caso, arguye que al ce-dente dar en venta toda su participación sobre el inmueble, no está enajenando una cuota específica sobre un bien, sino que da en venta la totalidad de su cuota o participa-ción abstracta en la herencia.

A contrario sensu, el Registrador de la Propiedad de Ponce alegó que solamente se cedió una cuota sobre un bien específico de la herencia, lo cual está vedado por nues-tro ordenamiento jurídico. Fue su contención que la cesión o traspaso de la participación hecha por un heredero comu-nero, en este caso el cedente, sobre un bien específico del caudal relicto antes de efectuada la partición, no era ins-cribible independientemente de que la herencia estuviera compuesta por uno o por varios bienes.

Examinado el recurso y la posición de ambas partes, procedemos a resolver.

II

Cuando existen dos o más llamamientos a la universalidad de la herencia se constituye lo que se conoce como una comunidad hereditaria. Soc. de Gananciales v. Registrador, 151 D.P.R. 315, 317 (2000); Cintrón Vélez v. Cintrón De Jesús, 120 D.P.R. 39, 48 (1987). La comunidad hereditaria comprende todas las relaciones jurídicas patrimoniales del difunto excepto aquellas que, por su naturaleza o contenido, se extinguen con la muerte del causante. íd.

El Código Civil de Puerto Rico no contiene disposiciones específicas que regulen la comunidad hereditaria.() Soc. de Gananciales v. Registrador, supra, pág. 318; Cintrón Vélez v. Cintrón De Jesús, supra, pág. 49. Debido a la ausencia de normas reglamentarias detalladas, hemos resuelto que la comunidad hereditaria se regirá por el orden de prelación de fuentes legales siguiente: (i) las disposiciones imperativas del Código Civil; (ii) la voluntad del causante; (iii) las disposiciones que le sean aplicables sobre división de la herencia, y (iv) las disposiciones generales sobre comuni-dad de bienes que sean compatibles con el carácter universal de este tipo de comunidad. Kogan v. Registrador, 125 D.P.R. 636, 651 (1990); Cintrón Vélez v. Cintrón De Jesús, supra, pág. 49.

La comunidad hereditaria posee diversas características. En primer lugar, dicha comunidad es forzosa. Kogan v. Registrador, supra, pág. 651. La comunidad hereditaria surge con independencia absoluta de la voluntad de los interesados siempre que más de un heredero sea llamado a una sucesión. J. Castán Tobeñas, Derecho civil español, común y foral, 9na ed., Madrid, Ed. Reus, 1989, T. VI, Vol. 1, pág. 312.

Segundo, la comunidad hereditaria es incidental. J. Santos Briz y otros, Tratado de derecho civil: teoría y prác-tica, Barcelona, Ed. Bosch, 2003, T. VI, pág. 72. Ésta se constituye, no por medio de un convenio, sino por el hecho de la muerte de un causante común a los coherederos. Íd.

Como tercera característica, la comunidad hereditaria es transitoria. Kogan v. Registrador, supra, pág. 651. Por un lado, ningún coheredero está obligado a permanecer en ella indefinidamente ni a estar sometido en la indivisión por un plazo largo. Véanse: Arts. 1005, 1006 y 1865 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. secs. 2871, 2872 y 5295; J.A. Cuevas Segarra y A. Román García, Derecho sucesorio comparado: Puerto Rico y España, San Juan, Pubs. JTS, 2003, pág. 134. Por otro lado, ésta culmina con la división o partición de herencia. Ontrón Vélez v. Ontrón De Jesús, supra, pág. 48. La comunidad hereditaria dejará de existir tan pronto se liquide el patrimonio del causante y se adjudiquen a los herederos los bienes que les corres-ponden de la herencia, confiriéndoles así la propiedad ex-clusiva sobre éstos. Íd., págs. 48-49.

Por último, la comunidad hereditaria es universal. Kogan v. Registrador, supra, pág. 651. Ésta recae sobre la totalidad del patrimonio que constituye el caudal heredita-rio y no sobre cada bien, derecho u obligación que la compone. Íd.; Soc. de Gananciales v. Registrador, supra, pág. 319.

En relación con esta última característica, se ha estable-cido que durante la vigencia de la comunidad hereditaria, los herederos van a ser titulares de una cuota en abstracto sobre todos los bienes que formen parte del caudal relicto, pero no van a ser titulares de los bienes particulares que componen la herencia. Soc. de Gananciales v. Registrador, supra; Kogan v. Registrador, supra, pág. 652.

Los herederos comuneros no podrán reclamar derechos sobre bienes específicos del caudal hereditario hasta que se haya llevado a cabo la partición de herencia. Soc. de Gananciales v. Registrador, supra, pág. 320. A través de este procedimiento, se extinguirá la comunidad hereditaria, transformándose así las cuotas abstractas que poseen los herederos sobre el caudal relicto, en titularidades concretas sobre bienes determinados. Arrieta v. Chinea Vda. de Arrieta, 139 D.P.R. 525, 534 (1995). En otras palabras, es el proceso mediante el cual los coherederos transformarán la cotitularidad que poseen sobre la totalidad de la herencia en títulos exclusivos sobre bienes particulares. Íd.()

Por lo tanto, mientras no se lleve a cabo la partición, ningún coheredero puede reclamar un derecho específico sobre un bien en particular, sino que solamente podrá exi-gir sus derechos sobre la totalidad del caudal relicto. Soc. de Gananciales v. Registrador, supra, pág. 320; Kogan v. Registrador, supra, pag. 652; Cintrón Vélez v. Cintrón De Jesús, supra, pág. 48.

El derecho que posee cada heredero comunero sobre el complejo hereditario se adquiere una vez éste ha aceptado la herencia. Soc. de Gananciales v. Registrador, supra, pág. 320. Con la aceptación a su llamamiento a suce-der al causante, el heredero adquiere un derecho indepen-diente en el caudal hereditario. íd.; Kogan v. Registrador, supra, pág. 652. Ello significa que la cuota que le corres-ponda con relación a la herencia va a formar parte de su patrimonio de manera exclusiva pudiendo disponer de ésta libremente. íd. Es por ello que se permite que cada uno de los herederos pueda enajenar su participación abstracta en la herencia aim cuando no se haya realizado la partición y no se haya extinguido la comunidad hereditaria. íd.

Sin embargo, aunque un heredero puede enajenar sus derechos y acciones sobre su participación abstracta en el caudal, esto no implica que él pueda enajenar o gravar alguna cuota específica sobre un bien de la herencia. Soc. de Gananciales v. Registrador, supra, pág. 320. La razón de ser de esta norma es que, además de que el heredero no tiene un derecho sobre un bien particular del caudal relicto, es posible que a éste no le corresponda nada sobre dicho bien. íd.

Por otra parte, nuestro ordenamiento sí permite que los miembros de la comunidad hereditaria puedan vender o gravar un bien específico de la herencia antes de que se efectúe la partición, siempre y cuando, exista el consentimiento unánime de todos los coherederos. Kogan v. Registrador, supra, págs. 652-653. Los herederos en conjunto pueden realizar actos de disposición sobre los bienes particulares de la herencia, pero ninguno de ellos puede disponer aisladamente de la totalidad o de parte de cualquier bien específico, porque no tienen un verdadero título de dominio sobre bienes concretos y determinados hasta que se lleve a cabo la partición de la herencia. íd., pág. 654.

Por otra parte, el derecho que poseen los herederos sobre el complejo hereditario puede ser inscribible en el Registro de la Propiedad. De acuerdo con el Art. 95 de la Ley Núm. 198 de 8 de agosto de 1979, según enmendada, conocida como Ley Hipotecaria y del Registro de la Propie-dad de 1979 (30 L.P.R.A. sec. 2316), el derecho hereditario se podrá inscribir a favor de todos los que hayan sido de-clarados herederos sobre todos aquellos bienes que hayan sido adquiridos por herencia si no se ha efectuado la par-tición correspondiente. La inscripción de este derecho po-drá ser solicitado por cualquiera de los interesados, y se expresará en el asiento la parte que corresponda a cada uno de los herederos y el derecho a la cuota usufructuaria del cónyuge supérstite, si lo hubiera. íd.

Aunque el derecho hereditario sobre la totalidad del patrimonio que transmite el causante puede ser inscribible en el Registro de la Propiedad, existen varias limitaciones en cuanto a la inscripción de derechos sobre bienes particulares de la comunidad hereditaria.

Una de las limitaciones es que solamente se podrán ins-cribir adjudicaciones concretas de bienes o derechos: (i) si se determina, mediante escritura pública o por resolución judicial firme, los bienes o partes indivisas que le corres-ponda a cada heredero, o (ii) si todos los herederos han prestado su consentimiento a la enajenación por medio de escritura pública. Art. 95 de la Ley Núm. 198, supra.

Otra de las restricciones a la inscripción de derechos sobre bienes particulares del caudal relicto es que, si aun no se ha efectuado la correspondiente partición, no es po-sible inscribir enajenaciones o gravámenes de cuotas espe-cíficas sobre bienes inmuebles pertenecientes a la comuni-dad hereditaria. Art. 95 de la Ley Núm. 198, supra.

En relación con esta última prohibición, la razón por la cual en Puerto Rico no se permite tal inscripción es “la defensa de posteriores adquirentes contra condiciones no expresas, pues es sabido que dichas enajenaciones quedan sujetas a futuras particiones entre los herederos”. 33 Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa 1122, 1122-1123 (1979). La prohibición sobre la inscripción de enaje-naciones o gravámenes de cuotas específicas sobre bienes inmuebles pertenecientes a una comunidad hereditaria está “inspirada en la legislación española, muy acorde con el Código Civil en cuanto a la naturaleza del derecho hereditario”. íd., pág. 1122.

En España, a partir de la reforma hipotecaria del 1944, el derecho hereditario solamente tiene acceso al Registro de la Propiedad a través de una anotación preventiva. Herederos de Collazo v. Registrador, 172 D.P.R. 776 (2007). Con anterioridad a la reforma, en la jurisdicción española se permitía la inscripción del derecho hereditario; pero ello se eliminó ya que dicha inscripción daba la impresión de que lo que estaba inscrito era una cuota indivisa sobre cada finca o derecho que formaba parte del caudal relicto y no una cuota global y abstracta sobre el patrimonio hereditario. Íd.

A diferencia de España, según hemos señalado, en Puerto Rico se permite la inscripción del derecho hereditario. Kogan v. Registrador, supra, pág. 653. Sin embargo, esto no implica que se repudien los principios discu-tidos sobre este derecho. Íd. Del propio examen legislativo del Art. 95 de la Ley Núm. 198, supra, surge que la prohi-bición sobre la inscripción de cuotas específicas no adjudi-cadas se incluyó “expresamente, para que no haya dudas, que [dichas enajenaciones], no serán inscribibles”. Diario de Sesiones, supra, pág. 1122.

En nuestro ordenamiento también se ha dispuesto que no procede la inscripción de enajenaciones de cuotas sobre un bien particular de la herencia, aun cuando se pueda establecer con facilidad la parte que le corresponde a cada heredero. Osorio v. Registrador, 113 D.P.R. 36, 37 — 38 (1982). Al respecto hemos señalado que

... mientras persista el estado de indivisión en la comunidad hereditaria, aun cuando sea fácilmente determinable la cuota individual, ... el dominio de cada heredero estará difuso o diluido por toda [la parte del bien que transmite el causante] en espera de que el efecto distributivo de la partición concrete y precise lo que a cada cual corresponde. (Énfasis suprimido.) Íd.

De acuerdo con la normativa expuesta, no procede la inscripción de la enajenación de una cuota sobre un bien particular de la herencia, aun cuando el caudal se com-ponga de un solo bien.

Por un lado, el Art. 95 de la Ley Núm. 198, supra, establece de manera meridiana que “[n]o se inscribirán enajenaciones o gravámenes de cuotas específicas en una finca que no se haya adjudicado antes en la correspondiente partición”. Según se puede apreciar del lenguaje de esta disposición, no se establece distinción alguna entre un caudal relicto compuesto de un bien y un caudal hereditario integrado por varios bienes. Por lo tanto, dicha restricción es igualmente aplicable a ambos casos y debe acatarse independientemente de la cantidad de bienes que puedan formar parte de la herencia.

Por otro lado, aunque la cuota que le pertenezca a cada uno de los herederos sobre el único bien del caudal relicto sea determinable fácilmente, tampoco procede la inscripción de la enajenación de una cuota sobre tal propiedad. Aunque su participación sobre el bien se pueda determinar fácilmente, mientras permanezca vigente la comunidad hereditaria, no existirá certeza sobre la porción exacta de la propiedad que se le adjudicará a cada heredero para satisfacer su cuota. Su participación en el caudal se mantendrá difusa en la porción que transmite el causante hasta que se efectúe la correspondiente partición y se adjudique concretamente lo que a cada uno le corresponda. Por lo tanto, el no permitir la inscripción de la enajenación de una cuota sobre un bien específico antes de efectuada la partición, protegería a terceros adquirientes contra condiciones no expresas en las constancias del Registro de la Propiedad. De lo contrario, desconocerían la parte exacta del bien que recibirían y de la cual serían titulares.

III

Discutida la normativa sobre la inscripción del derecho hereditario, procedemos a aplicarla a los hechos del caso de autos.

En primer lugar, de acuerdo con el lenguaje de la Escri-tura de Cesión de Derechos y Acciones Hereditarias surge que la intención de los otorgantes era que se transmitiera a la peticionaria los derechos que el cedente tenía sobre el inmueble antes descrito. Según consta de la Sexta Cláu-sula de la referida Escritura:

El cedente tienen [sic] convenida la Cesión de los Derechos y Acciones Hereditarias que es dueño de la propiedad antes des-crita ... por lo que CEDE Y TRASPASA los mismos a favor de la CESIONARIA Rosalinda Vega Montoya quien ACEPTA la Cesión de Derechos en el inmueble antes descrito con todo lo que es anexo, sin reserva, ni limitación de clase alguna, todo ello, conforme a lo resuelto en Kogan v. Registrador, Tomo Ciento Veinticinco, Decisiones de Puerto Rico, página seiscien-tos treinta seis (636) del año mil novecientos noventa (1990). (Énfasis en el original suprimido y énfasis suplido.) Apéndice del Recurso Gubernativo, pág. D-8.

Al analizar esta disposición, se desprende que el cedente no está enajenando su participación abstracta sobre la to-talidad del caudal hereditario, sino que está cediendo sus derechos sobre un bien específico perteneciente a la comu-nidad hereditaria.

Debemos tener presente que mientras no se lleve a cabo la partición, tanto el cedente como los demás herederos que componen la sucesión Torres Rodríguez, solamente ten-drán un derecho abstracto sobre la totalidad del caudal. Ninguno de ellos tiene un derecho específico sobre cual-quiera de los bienes que formen o que puedan formar parte de la comunidad hereditaria; incluyendo el inmueble objeto de la Cesión de Derechos. Por lo tanto, ni el cedente ni los demás coherederos pueden enajenar aisladamente una cuota específica sobre el bien inmueble ni solicitar la ins-cripción de dicha adjudicación en el Registro de la Propie-dad hasta que se efectúe la correspondiente partición.

En segundo lugar, tampoco procede la inscripción de la enajenación hecha por el cedente aun cuando el inmueble antes descrito se trate del único bien que forme parte de la herencia. Aunque sea cierta la alegación de la peticionaria de que el caudal está compuesto de un solo bien y aunque se pueda determinar fácilmente la participación que le co-rresponde al cedente y a los demás herederos sobre el re-ferido inmueble, mientras se mantenga vigente la comuni-dad hereditaria, los herederos desconocerán la porción exacta del inmueble que se le adjudicará para satisfacer sus respectivas cuotas. El dominio de éstos estará difuso por la mitad del bien que transmite el causante, José Ángel Torres Rodríguez, hasta que se realice la partición y se determine en concreto lo que le corresponde a cada uno.

En conclusión, la actuación del cedente enajenando su cuota sobre el inmueble antes descrito no está permitida en nuestro ordenamiento y no puede ser inscribible en el Registro de la Propiedad.

IV

De acuerdo con los fundamentos expuestos, procedemos a confirmar la determinación del Registrador de la Propie-dad de Ponce denegando la inscripción de los derechos con-tenidos en la Escritura Núm. 32 intitulada Cesión de De-rechos y Acciones Hereditarias, la cual fue otorgada el 20 de noviembre de 2008 en la ciudad de Yauco ante el notario Noel Yamil Pacheco Álvarez.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez concu-rrió con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rivera Pérez no intervino.

      (1) El Registrador de la Propiedad que denegó la inscripción de la referida Es-critura fue el Hon. José Uriel Zayas Bonilla, el cual se desempeñaba como Registra-dor de la Propiedad de Ponce para aquel momento. Posteriormente, éste fue susti-tuido por el Hon. Francisco J. Rodríguez Juarbe, quien actualmente ocupa dicho cargo.

      (2) Durante el trámite del caso ante este Foro se instó una moción informando que Charynette Torres Vega y Giovanni Torres Cotto (quien advino a la mayoridad por emancipación, conforme la Escritura Núm. 49 de 18 de septiembre de 2007, otorgada ante el notario Iván D. Gil Sánchez) otorgaron la Escritura Núm. 14 sobre Ratificación de Cesión y Partición de Herencia, la cual fue presentada el 29 de abril de 2009 ante el Registro de la Propiedad, Sección II de Ponce. Al día siguiente de su presentación, el Registrador de Ponce notificó que la Escritura Núm. 14 adolecía de la siguiente falta: “La finca que se describe en la escritura de epígrafe pertenece en pro indiviso a varios titulares, de los cuales no compareció al otorgamiento, el titular don José Angel Torres Vega, a consentir en la transacción.” Debido a que dicha Es-critura no es objeto del presente recurso gubernativo, no entraremos a dilucidar la validez de la calificación hecha por el Registrador de Ponce en cuanto a ésta.

      (3) El Código Civil sólo contempla la comunidad hereditaria en su fase de ter-minación por la partición. Cintrón Vélez v. Cintrón De Jesús, 120 D.P.R. 39, 49 (1987).

      (4) Véase el Art. 1021 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 2901, el cual dispone: “[l]a partición legalmente hecha confiere a cada heredero la propiedad exclusiva de los bienes que le hayan sido adjudicados.”


source: Caselaw Access Project

author:
(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau
      Secretaria del Tribunal Supremo
     Juez Asociada Se-ñora Rodríguez Rodríguez,

license: Public Domain

text:
    Asociación de Farmacias de la Comunidad de Puerto Rico, recurrida, v. Caribe Specialty, Nova Infusion Compounding Pharmacy y Special Care Pharmacy, peticionarios.

      Número: CC-2009-783

      Resuelto: 19 de mayo de 2010

      Jeannette Arias Pérez, de Jeannette Arias Law Offices, PSC, abogada de la Asociación Puertorriqueña de Farmacias de Servicios Especializados de Salud, Inc.
   RESOLUCIÓN

Examinada la Petición para Comparecer como Amicus Curiae, presentada por la Asociación Puertorriqueña de Farmacias de Servicios Especializados de Salud, Inc., se provee “no ha lugar”.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodrí-guez emitió un voto particular disidente, al cual se unió el Juez Presidente Señor Hernández Denton.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Voto particular disidente emitido por la

Juez Asociada Se-ñora Rodríguez Rodríguez,

al que se une el Juez Presi-dente Señor Hernández Denton.

Disiento de la determinación del Tribunal de denegar la comparecencia de la Asociación Puertorriqueña de Farma-cias de Servicios Especializados de Salud, Inc., como amigo de la corte en este caso. La controversia que nos ocupa gira en tomo a la interpretación que hace el Departamento de Salud de la Ley de Farmacia de 2004, Ley Núm. 247 de 3 de septiembre de 2004 (20 L.P.R.A. sec. 407 et seq.), de que es una práctica contraria a dicha ley el dispensar medicamen-tos a los pacientes por conducto de personal no farmacéutico. Como resultado de esta interpretación, el De-partamento de Salud le ordenó a los peticionarios en este caso el cese y desista de la referida práctica. Esta determi-nación fue confirmada por el foro apelativo intermedio.

Considero que la decisión tomada por este Tribunal hoy, no se ajusta a lo que ha sido nuestra norma sobre la compa-recencia de amigos de la corte. Sabido es que este tipo de comparecencia no es por derecho, sino que está sujeta a la sana discreción de este Foro. Véase, entre otros, Hernández Torres v. Hernández Colón et al., 127 D.P.R. 974, 977 (1991). En el caso normativo Pueblo ex rel. L.V.C., 110 D.P.R. 114, 129 (1980), indicamos que “[s]u autorización ... debe responder ... a la necesidad del tribunal y a su propósito de estar mejor informado para hacer la más cumplida justicia”. En esta tarea, el Tribunal debe tomar en consideración, “entre otros factores, el interés público del asunto bajo considera-ción, lo novel de las cuestiones planteadas, el alcance de la adjudicación que haya de hacerse en cuanto a terceros que no son parte en el litigio, las cuestiones de política pública que puedan estar planteadas, la magnitud de los derechos que puedan estar en juego, etc. No puede haber criterios fijos limitativos ni particularizadores de los factores a to-marse en consideración”. (Énfasis nuestro.) Íd. Claro está, el amigo de la corte no puede convertirse en una parte en el litigo. “El amigo de la corte puede ser el amigo de una causa, pero ante todo debe ser el amigo y servidor de la causa de la justicia.” Íd.

Al sopesar los criterios antes esbozados, me resulta for-zoso concluir que se debe acceder a la solicitud de compare-cencia en este caso. Si bien es cierto que el escrito presen-tado por la Asociación Puertorriqueña de Farmacias de Servicios Especializados de Salud, Inc. es un tanto parco y lacónico respecto a los fundamentos para la concesión de su petición, en éste sí se nos señala que sus miembros se verían afectados por la determinación final que tome este Tribunal habida cuenta de que éstos también utilizan personal no farmacéutico para dispensar medicamentos a sus pacientes. Por lo tanto, es claro que éstos se verían afectados por el dictamen final que emitamos. Tomando ello en considera-ción, al igual que los otros factores esbozados en Pueblo ex rel. L.V.C., ante, accedería a la petición y le ordenaría a la Asociación de Farmacias de Servicios Especializados de Sa-lud que nos ilustrara en torno a dicha práctica, el por qué de ésta, a qué obedece su implementación, cómo se afectaría la industria de prevalecer la determinación administrativa, cómo se benefician o perjudican sus pacientes, cómo se atiende esta situación en otras jurisdicciones, etc.

Disiento del dictamen mayoritario.


author:
(.Fdo.) Aida Ilelana Oquendo Graulau
      Secretaria del Tribunal Supremo
     Juez Asociado Señor Mar-tínez Torres.

text:
    Wilson Rivera Sierra, peticionario, v. Superintendente Institución Anexo 500 de Guayama et al., recurridos.

      Número: CC-2009-124

      Resuelto: 24 de mayo de 2010

      Juan Carlos Ríos Pérez y Luis A. Hernández Carrero, parte peticionaria; Irene S. Soroeta Kodesh y Arnir Cristina Nieves Villegas, parte recurrida.
   SENTENCIA

El Sr. Wilson Rivera Sierra se encuentra confinado en custodia de la Administración de Corrección (A.C.). Desde el 11 de agosto de 2004 el señor Rivera Sierra participa del Programa de Supervisión Electrónica. Sin embargo, fue re-ingresado a la Institución Anexo 308 de Bayamón el 5 de diciembre de 2007, por presuntamente incurrir en viola-ción de las condiciones del contrato de participación.

El 10 de diciembre de 2007 se celebró ante el funciona-rio Pedro Burgos Carrasquillo una Vista de Notificación de Cargos, en la cual se resolvió que existía causa probable para entender que el señor Rivera Sierra violó las condicio-nes números 1, 2, 3, 4, 8 y 16 del Convenio de Supervisión Electrónica del 29 de noviembre de 2006. Ese mismo día, se le notificó al señor Rivera Sierra el Informe de Querella de Incidente Disciplinario, el cual contenía una querella suscrita del 4 de diciembre de 2007 que le imputaba hechos alegadamente acaecidos el 3 de diciembre de 2007.

Posteriormente, el 16 de diciembre de 2007 se citó al se-ñor Rivera Sierra para la Vista Final de Revocación de Su-pervisión Electrónica, la cual se celebró el día siguiente ante la oficial examinadora de la A.C., la Sra. Addyth Valle Torres. Al inicio de la vista, la defensa solicitó oralmente la desestimación de la querella porque en la vista inicial se había violado el derecho del señor Rivera Sierra al debido proceso de ley. Ante este planteamiento, la oficial examina-dora paralizó la vista y ordenó que los señalamientos fueran presentados por escrito. La defensa cumplió con dicha orden al cabo de cinco días.

El 5 de febrero de 2008 el abogado del señor Rivera Sierra se encontraba en la Institución Anexo 308 de Bayamón, atendiendo unas vistas disciplinarias de otros confinados, cuando se le informó personalmente que el caso del señor Rivera Sierra había sido señalado para ese mismo día. Alega el peticionario que ese día su representante legal se reunió con la oficial examinadora para informarle que la vista no estaba señalada y que aún no se había resuelto la moción de desestimación. En esta conversación informal la oficial examinadora se limitó a mencionar que surgía del expediente una prueba confidencial que a su juicio hacía imposible la excarcelación del confinado. La representa-ción legal del señor Rivera Sierra adujo que tanto en aquel momento, como posteriormente en las vistas, no se le hizo constar que existía esa supuesta prueba confidencial. A esos efectos, solicitó enmendar la solicitud de desestima-ción para incluir el planteamiento de que la falta de acceso a esta prueba violentaba el debido proceso de ley del señor Rivera Sierra. Esta alegada conversación no fue grabada, al igual que la vista del 21 de diciembre de 2007.

El 20 de junio de 2008 el señor Rivera Sierra presentó un recurso de bábeas corpus ante el Tribunal de Primera Instancia. En la vista el señor Rivera Sierra alegó que se encontraba encarcelado desde el 5 de diciembre de 2007, pendiente a que la oficial examinadora atendiera la moción de desestimación. Luego de escuchar al Sr. Juan Ortiz Es-cudé, Supervisor de Récord del Anexo 500 de Guayama, quien reconoció que el expediente no incluía una resolución resolviendo la moción de desestimación ni atendiendo la revocación del privilegio, el foro de instancia declaró “ha lugar” la petición de hábeas corpus y ordenó la excarcela-ción del señor Rivera Sierra. A pesar de esto, el señor Rivera Sierra permaneció encarcelado.

El 23 de febrero la representación legal del confinado presentó ante el tribunal de instancia una Moción Urgente de Desacato. Ese mismo día, la A.C. respondió mediante Mo-ción de Reconsideración, en la cual alegó que se había cele-brado la vista final de revocación el 5 de febrero de 2008.() El señor Rivera Sierra presentó, por su parte, un escrito de Oposición Urgente a la Moción de Reconsideración. Acto se-guido, el tribunal de instancia emitió una Resolución conclu-yendo que la revocación de la libertad bajo el Programa de Supervisión Electrónica, y el posterior encarcelamiento, eran legales. Además, se declaró sin jurisdicción y concluyó que el confinado debió haber canalizado su reclamo me-diante un recurso de mandamus y no a través de un recurso de hábeas corpus.

Inconforme con dicha determinación, el señor Rivera Sierra presentó una moción de reconsideración que fue re-chazada de plano. Por ende, procedió el señor Rivera Sierra a interponer un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. Posteriormente, el foro apelativo confirmó la resolución apelada. A causa de esto, el 23 de febrero de 2009 el señor Rivera Sierra presentó un recurso de certio-rari ante este Tribunal. Alegó que el Tribunal de Apelacio-nes había errado al no revocar al foro de instancia porque se le había violado el debido proceso de ley al no celebrarse la Vista Final de Revocación del privilegio, que establece el Reglamento.

Examinada la moción de certiorari, concedimos a la A.C. un término de 30 días para mostrar causa por la cual no debiéramos expedir el auto solicitado y revocar la senten-cia del Tribunal de Apelaciones. Ante el cumplimiento de la orden por la A.C., y contando con la comparecencia del pe-ticionario, procedemos a resolver.

I

La Constitución del Estado Libre Asociado, en su Artí-culo VI, Sección 19, encomienda al Estado el tratamiento y rehabilitación de los confinados, así como declara nuestra política pública basada en la necesidad de darle prioridad al tratamiento diferenciado e individualizado de las perso-nas que entran en contacto con el sistema de justicia criminal.() En cumplimiento de este mandato constitucio-nal, se promulgó la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974, que creó la Administración de Corrección para administrar un sistema correccional integrado. Siendo la ley orgánica la fuente primaria de la autoridad de una agencia administra-tiva, ésta esboza como propósito principal el administrar un sistema dirigido a “[implantar] enfoques para estructurar formas más eficaces de tratamiento individualizado estable-ciendo o ampliando programas de rehabilitación en la comunidad”. Art. 4 de la Ley Orgánica de la Administración de Corrección, 4 L.P.R.A. sec. lili. Concretamente, su expo-sición de motivos dispone que esta agencia administrativa tendrá los poderes y la flexibilidad necesaria para maximi-zar la probabilidad de rehabilitación del delincuente, para viabilizar su pronta reintegración al núcleo familiar y a la comunidad como ciudadano productivo y respetuoso de la ley.() Sin embargo, estas metas a seguir deben tener como contrapeso la compatibilidad con otros criterios de alto valor público, ya que “[s]e reconoce ... la necesidad de utilizar al máximo compatible con la seguridad pública alternativas de servicio que ofrece la libre comunidad”.()

Entre las facultades que ostenta la A.C. se encuentra el poder de implementar “la reglamentación necesaria para es-tablecer programas de supervisión electrónica,!) mediante los cuales la población correccional del sistema que cualifi-que para ello y voluntariamente acepte participar, pueda cumplir sentencia fuera de la institución correccional”. 4 L.P.R.A. sec. 1112(e). El Reglamento de Procedimientos Disciplinarios para Confinados y Participantes de Progra-mas de Desvío y Comunitario, Reglamento Núm. 6994 de 29 de junio de 2005, fue adoptado para reglamentar la suspen-sión de dichos derechos.()

El alcance de este Reglamento será aplicable a confina-dos que cometan o intenten cometer un acto prohibido en cualquier institución bajo la jurisdicción de la A.C., inclu-yendo el Programa de Supervisión Electrónica. Regla 3 del Reglamento Núm. 6994, supra, pág. 2.() Dicho Regla-mento establece la estructura del aparato sancionador de la A.C., así como las normas sustantivas y los procedimien-tos que éste habrá de seguir. López Leyro v. E.L.A., 173 D.P.R. 15 (2008). En caso de que el querellado incurra en la conducta prohibida, se le impondrá la sanción correspon-diente al nivel de severidad asignado.() Álamo Romero v. Adm. Corrección, 175 D.P.R. 7383 (2009). La Regla 24(B)(5) del Reglamento Núm. 6994, supra, esclarece que se considerará un acto prohibido al Nivel I de severidad el violar las condiciones contractuales del Programa de Su-pervisión Electrónica.()

Al confinado que viole las condiciones del contrato de participación se le puede revocar el permiso de participar en el programa, seguido por su reingreso inmediato a la institución penal. Sin embargo, este proceso no es automático. Se debe realizar una vista de revocación pre-sidida por un oficial examinador de vistas disciplinarias, que es un “[fjuncionario que preside las vistas disciplina-rias en la institución para los casos de actos prohibidos Nivel I y en los Programas de Desvío y Comunitarios”.() Sobre las sanciones disciplinarias a participantes de Pro-gramas de Desvío o Comunitarios, la Regla 7(L) dispone que el Oficial Examinador podrá revocar el privilegio a aquellos participantes de los Programas de Desvío y Comu-nitarios que “incurran en violaciones graves a las reglas contractuales, según establecido en este Reglamento”. Re-glamento Núm. 6994, supra, pág. 17.

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico indica que “[n]inguna persona será privada de su li-bertad o propiedad sin debido proceso de ley”. Art. II, Sec. 7, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 2008, pág. 296. El debido proceso de ley tiene dos vertientes: la sustantiva y la procesal. Esta última “toma en cuenta las garantías pro-cesales mínimas que el Estado debe proveerle a un indivi-duo al afectarle su vida, propiedad o libertad”. Serrano, Vélez v. E.L.A., 154 D.P.R. 418, 436 (2001), citando a Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 D.P.R. 265, 273 (1987). A su vez, esta disposición constitucional impone re-quisitos procesales a toda acción administrativa de carác-ter adjudicativo que intervenga con la vida, la libertad y la propiedad. D. Fernández Quiñones, Derecho administra-tivo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da ed., Bogotá, Ed. Forum, 2001, pág. 314; Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 133 D.P.R. 881 (1993). Luego de determinar la acción estatal, para poder otorgar una ac-ción según el debido proceso de ley, es menester examinar dicho reclamo e identificar primeramente si existe un inte-rés libertario o propietario que amerite protección. De con-testarse en la afirmativa esta primera interrogante, el Tribunal dilucidará cuál es el procedimiento exigido para afectar de algún modo este interés. Alamo Romero v. Adm. Corrección, supra; Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., 130 D.P.R. 562, 578 (1992); Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, supra, pág. 274.

Es de suma importancia recalcar que “[e]n nuestra ju-risdicción el desarrollo de la doctrina [del debido proceso de ley] ha sido similar al de Estados Unidos”. Maldonado Elias v. González Rivera, 118 D.P.R. 260, 273 (1987). El Tribunal Supremo federal, siguiendo la estela de Goldberg v. Kelly, 397 U.S. 254 (1970), reconoció en Morrissey v. Brewer, 408 U.S. 471 (1972), el derecho al debido proceso de ley de las personas que disfrutaban de libertad bajo palabra.() Posteriormente, en Gagnon v. Scarpelli, 411 U.S. 778 (1973), se le extendió igualmente este derecho a los beneficiarios de sentencia suspendida, y en Wolff v. McDonnell, 418 U.S. 539 (1974), a los confinados.

Esta doctrina fue adoptada en Puerto Rico en Martínez Torres v. Amaro Pérez, 116 D.P.R. 717, 723-724 (1985), cuando se determinó que aunque la libertad conferida a un convicto bajo sentencia suspendida no se equipara a la li-bertad que disfruta un ciudadano común, ya que se en-cuentra sujeta al cumplimiento de las condiciones fijadas, el Estado no puede cancelar este derecho con abstracción total de las normas constitucionales básicas. Por ende, “no puede privarse a una persona de su libertad absoluta o limitada sin cumplirse con los requisitos mínimos del de-bido proceso de ley que corresponden a este momento”. Íd., págs. 724-725. De esta forma, este Tribunal adoptó las doctrinas esbozadas por el Tribunal Supremo federal en Morrissey v. Brewer, supra, y Gagnon v. Scarpelli, supra, en cuanto al debido proceso de ley requerido:

El procedimiento prescrito requiere la celebración de dos (2) vistas: (1) una vista sumaria inicial para determinar si hay causa probable para creer que el liberado ha violado las condi-ciones de su libertad, y (2) una vista final para determinar si procede la revocación de la libertad bajo palabra. Se reconoce el derecho del liberado a notificación de las alegadas infracciones a las condiciones de la libertad bajo palabra; el derecho a com-parecer y presentar evidencia a su favor; confrontar y contrain-terrogar testigos adversos; el derecho a que la decisión de revo-cación sea tomada por un juzgador neutral e independiente y a que se hagan determinaciones escritas de los hechos hallados probados, así como de la evidencia en que la decisión se basó y las razones para revocar la libertad bajo palabra. Ortiz v. Alcaide Penitenciaría Estatal, 131 D.P.R. 849, 859 (1992). Véase, además, Quiles v. Del Valle, 167 D.P.R. 458, 475-476 (2006).

Hemos reconocido que los confinados que se someten voluntariamente al Programa de Desvío o Comunitario, in-cluyendo al Programa de Supervisión Electrónica, tienen un interés libertario en continuar disfrutando de su liber-tad, mientras transcurre el término de la sentencia. Sin embargo, por tratarse de la revocación de una libertad li-mitada en un procedimiento posterior a la convicción, el confinado no tiene derecho a todas las garantías procesales que se exigen para un proceso criminal.() Maldonado Elias v. González Rivera, supra; Martínez Torres v. Amaro Perez, supra.()

Como el señor Rivera Sierra disfrutaba de un interés libertario, que fue afectado por la acción administrativa de la A.C., procedemos a evaluar si se violó el debido proceso de ley al no proveérsele la oportunidad de ser oído ni de presentar prueba, durante el procedimiento disciplinario para revocarle su participación en el Programa de Super-visión Electrónica.

II

La A.C. es una agencia administrativa regida por las dis-posiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo Uni-forme (L.P.A.U.).() Este ente administrativo debe cumplir con las exigencias mínimas del debido proceso que dispone esta ley en cuanto a sus actuaciones de naturaleza cuasi-adjudicativas.() Sin embargo, la L.P.A.U., al igual que nuestra jurisprudencia, aclara que los procedimientos cuasi-adjudicativos informales “están exentos de los requisitos es-tablecidos para la adjudicación formal de controversias Crespo Claudio v. O.E.G., 173 D.P.R. 804, 817 (2008).() También, hemos enfatizado anteriormente que los procedi-mientos disciplinarios no involucran los mismos intereses que los procesos criminales.() Esto porque en el ám-bito administrativo, el debido proceso de ley carece de la rigidez que se le reconoce en la esfera penal. López y otros v. Asoc. de Taxis de Cayey, 142 D.P.R. 109, 113 (1996). Lo importante es que el proceso sea justo y equitativo. Véase, además, Torres v. Junta Ingenieros, 161 D.P.R. 696 (2004).

Ahora bien, el señor Rivera Sierra alega que la vista final de revocación se pautó, como surge de la citación en el expediente, para el 21 de diciembre de 2007. No obstante, la oficial examinadora suspendió la vista hasta atender, por escrito, una solicitud verbal de desestimación. No consta en el expediente cuál fue la acción de la oficial exa-minadora en cuanto a la moción de desestimación. Simple-mente hay una resolución del 6 de mayo en la que se acoge la recomendación de revocar la participación del confinado. Por otro lado, tanto en su alegato ante el Tribunal de Ape-laciones como ante nosotros, la A.C. aduce que la Vista Final de Revocación tuvo lugar el 21 de diciembre de 2007 y que en ésta el confinado no admitió haber cometido las imputadas violaciones a las condiciones del programa. Sin embargo, en su moción de reconsideración ante el tribunal de instancia, de 23 de junio de 2008, la A.C. alegó que la Vista Final de Revocación se celebró el 5 de febrero de 2008. En la Resolución de Privilegio, también se indica que la fecha de la Vista Final de Revocación se celebró el 5 de febrero de 2008.

Sin embargo, no se encuentra en el expediente la notifi-cación de una Vista Final de Revocación para el 5 de fe-brero de 2008.() El señor Rivera Sierra planteó que la vista nunca se celebró. Su representante legal fue notifi-cado personal e informalmente en el Anexo 308 de la ins-titución correccional de Bayamón, cuando éste atendía ca-sos de otros confinados. La vista fue señalada para ese mismo día sin mediar notificación previa alguna, según ex-pone el señor Rivera Sierra. Otro ejemplo de falta de noti-ficación crasa ocurre en cuanto a la notificación de la Re-solución de la A.C., revocando la participación del señor Rivera Sierra del Programa de Supervisión Electrónica. La propia A.C. reconoció en su Moción de Reconsideración de 23 de junio de 2008, que no se le notificó al confinado esta resolución desde el 6 de mayo de 2008 hasta el 23 de junio de 2008. El silencio sepulcral que guarda el expediente en cuanto a las dos notificaciones es, como mínimo, preocu-pante y no reafirma de forma alguna las alegaciones con-fusas y contradictorias de la A.C.

Además, existen otras irregularidades en el proceso dis-ciplinario informal, como lo es la patente violación, por parte de la A.C., a la Regla 17 del Reglamento Núm. 6994, supra, en cuanto al uso de prueba confidencial para deter-minar que el participante del Programa de Supervisión Electrónica violó las condiciones de participación. Concre-tamente, la Regla 17(D) dispone que: “[c]uando el confi-nado es encontrado responsable basado en información confidencial, el Oficial Examinador de Vistas Disciplina-rias ... definirá los criterios para establecer la confiabilidad en cada informante y las razones para arribar a esa con-clusión en la querella disciplinaria” (Enfasis nuestro.) Íd., pág. 51. Basta examinar la querella disciplinaria para des-pejar cualquier duda, ya que se refleja que no se cumplió con dicho mandato. La querella disciplinaria menciona so-lamente a la Sra. Amarylis Lebrón Flores, como única tes-tigo de los alegados incidentes que desembocaron en el re-ingreso del señor Rivera Sierra a la cárcel. La querella expone, en su encasillado relacionado a la evidencia pre-sentada y su obtención, que el “[i]nforme de situación ... a través de información obtenida por la Unidad de Supervi-sión Electrónica”. Apéndice, pág. 70. En el próximo encasi-llado aclara que la forma en que se aseguró la evidencia fue “a través de información testifical”. íd. A pesar de esto, surge de la Resolución de Privilegio que se utilizó una que-rella confidencial en el fallo de la Oficial Examinadora como mecanismo de prueba para revocar el privilegio del señor Rivera Sierra. Esta querella confidencial no le fue infor-mada al confinado, como lo exige el Reglamento Núm. 6994, supra.

También, la Regla 15(F) del Reglamento Núm. 6994, supra, establece que el Oficial Examinador tomará la corres-pondiente determinación y emitirá una resolución. Esta “debe emitirse el mismo día y será notificada al confinado al día laborable siguiente a la celebración de la vista disciplinaria”. íd., pág. 45. No obstante, aún obviando la controversia de cuándo fue la vista, si es que se celebró, el 21 de diciembre de 2007 o el 5 de febrero de 2008, señalamos que la resolución se emitió el 6 de mayo de 2008 y no fue notificada inmediatamente al confinado. Al contrario, el se-ñor Rivera Sierra supo de la resolución sólo cuando compa-reció la A.C. a someter su moción de reconsideración de 23 de junio de 2009, en claro incumplimiento de una orden del foro de primera instancia.() Estas irregularidades constitu-yen no tan sólo patentes incumplimientos al debido proceso de ley, sino que también vulneran los procedimientos disci-plinarios establecidos en el Reglamento Núm. 6994, supra. ()

Claro está, los procesos cuasiadjudicativos informales existen como determinación de política pública, debido al grado de flexibilidad deseable en ellos por su naturaleza de alto interés público.() En el caso ante nuestra considera-ción, el confinado tendrá, luego de la vista inicial para de-terminar causa probable de violación de las condiciones del programa, la oportunidad en una vista final informal de dar su versión de los hechos. () A pesar de que el propio Reglamento esclarece que la vista disciplinaria es un pro-cedimiento de adjudicación informal,() la Ley Orgánica de la A.C. señala, por otro lado, que para revocar la participa-ción de los miembros de la población correccional en los Programas de Supervisión Electrónica se cumplirá con el debido proceso de ley.( )

En fin, la audiencia es sinónimo de juicio y “tiene que conformarse a los fundamentos de juicio justo e impartial”.() El tipo de vista adecuada dependerá de que se efectúe un balance entre los intereses privados y los gubernamentales() Este Tribunal ha enfatizado anterior-mente que “la armonización [del debido proceso de ley] con el no menos importante interés de la ‘debida seguridad de la comunidad’... aunque compleja, no es imposible”. Martínez Torres v. Amaro Pérez, supra, pág. 725.

Es un principio reiterado del derecho administrativo que cuando una agencia administrativa promulga un regla-mento, por imperativo del debido proceso de ley, está obli-gada a seguirlo y no queda a su arbitrio reconocer o no los derechos que se establecen en éste. García Cabán v. U.P.R., 120 D.P.R. 167, 175 (1987); Díaz de Llovet v. Gobernador, 112 D.P.R. 747, 757 (1982). La ley orgánica de una agencia administrativa y la L.P.A.U. son las dos fuentes mayores de importancia en el aspecto procesal. Según el Prof. Demetrio Fernández Quiñones, “[a]mbas ... pautan el procedimiento y gobiernan las actuaciones administrativas. Los requisitos procesales sólo se obtienen mediante una lectura conjunta de las disposiciones pertinentes de ambos estatutos y un análisis que los interrelacione”. Fernández Quiñones, op. cit., pág. 308. Como bien señala nuestra jurisprudencia, para poder revocar la participación de un confinado en el Programa de Supervisión Electrónica y encarcelarle nueva-mente, la A.C. debe celebrar dos vistas.

Es evidente que en este caso existen alegaciones encon-tradas sobre si se celebró o no la vista final de revocación. La ausencia del registro o los informes que debe confeccio-nar la Oficial Examinadora en estos procedimientos disci-plinarios informales, agrava la situación. () No consta en el expediente que la A.C. haya cumplido con este mandato reglamentario, el cual tiene la finalidad de documentar los procedimientos disciplinarios expeditos. Tal incongruencia de fechas, y su posterior falta de corroboración es desconcertante. Más aún cuando lo que está en juego es la libertad condicionada del confinado, que equivale al inte-rés libertario que requiere nuestra jurisprudencia como fundamento para la aplicación de la doctrina del debido proceso de ley.()

La A.C. no nos ha puesto en posición para poder concluir que se celebró la vista final de revocación, porque no se desprende del expediente que la oficial examinadora cum-pliera con su obligación de mantener un registro o informe de las vistas celebradas. Tampoco surge del expediente que el representante legal del señor Rivera Sierra fuera notifi-cado de la vista ni que se hubiera contestado la moción de desestimación. Finalmente, el expediente evidencia que para revocar el privilegio de libertad condicionada bajo el programa de supervisión electrónica se utilizó prueba con-fidencial que no fue informada al peticionario en la quere-lla disciplinaria. Lo único que sí está claro es que no se le notificó al confinado la resolución de 6 de mayo de 2008 hasta el 23 de junio de 2008, fecha en que comparece la A.C. ante el tribunal de instancia solicitando la reconside-ración del hábeas corpus. Cada una de estas situaciones inciden en el derecho al debido proceso de ley que tiene el señor Rivera Sierra antes de que se le arrebatara su inte-rés libertario. Además, el incumplimiento de la A.C. con el proceso requerido por el Reglamento Núm. 6994, provocó que el peticionario se mantuviera encarcelado por un pe-riodo extenso sin tener ni siquiera conocimiento de la deci-sión adversa y, por ende, sin poder solicitar revisión judicial ante el foro apelativo. Ciertamente, la actuación de la A.C. constituye una clara violación al derecho del señor Rivera Sierra al debido proceso de ley.

Por todo lo antes expuesto, se expide el auto de “certio-rari”, se revoca la resolución recurrida y se ordena la excar-celación del señor Rivera Sierra y su reinstalación en el Programa de Supervisión Electrónica.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Rivera Pérez disintió sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Martínez Torres disintió con opinión escrita. La Jueza Asociada Se-ñora Pabón Chameco no interviene.

(.Fdo.) Aida Ilelana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Mar-tínez Torres.

Disiento respetuosamente de la determinación mayori-taria de este Tribunal. Entiendo que la Sentencia del Tribunal de Apelaciones y la Resolución del Tribunal de Pri-mera Instancia son correctas en derecho. Opino, contrario a la mayoría, que el peticionario no estuvo confinado más de seis meses sin celebrársele una vista final. Por ello, no precedía la concesión del recurso de hábeas corpus solicitado. Su detención no fue ilegal. Sin embargo, creo que el peticionario tenía a su favor el recurso de mandamus, como remedio judicial disponible, ante la demora de la Administración de Corrección en notificar el dictamen final adjudicativo sobre la revocación del privilegio de su-pervisión electrónica.

I

La divergencia de criterios surge, principalmente, del análisis y evaluación de los hechos del presente caso. Por tal razón, procedo a realizar una breve discusión de lo aquí ocurrido.

El 11 de agosto de 2004, al peticionario se le concedió por primera vez el privilegio de supervisión electrónica. El 14 de julio de 2006 éste violó las condiciones del Programa de Supervisión Electrónica y, posteriormente, el 29 de no-viembre de 2007, se le reinstaló el privilegio. El 3 de diciembre de 2007, al peticionario se le imputó infringir nue-vamente las condiciones del programa, entre ellas: (1) abandonar el área permitida; (2) removerse el brazalete electrónico; (3) negarse a someterse o abandonar el proceso de muestra de las pruebas toxicológicas, y (4) provocar con-flictos familiares o en la comunidad que afecten su seguri-dad, la de su familia o la de la comunidad. Véase Apéndice, pág. 35.

Por tal razón, el 5 de diciembre de 2007 el peticionario fue ingresado de nuevo a una institución penal en Bayamón. Cinco días después, el 10 de diciembre de 2007, se le celebró una vista inicial y luego se le citó para una vista administrativa disciplinaria final pautada para el 21 de diciembre de 2007. A esta última, el peticionario compa-reció junto a su representante legal y solicitó la desestima-ción de los cargos por alegado incumplimiento con el de-bido proceso de ley en la vista inicial. Estuvo presente el Oficial de Custodia de la Oficina de Procedimientos Disci-plinarios y la Oficial Examinadora. Tras esos trámites pro-cesales, sólo restaba celebrar la vista final y emitir una resolución sobre la revocación del privilegio.

El 16 de junio de 2008, el peticionario presentó en el Tribunal de Primera Instancia un recurso de hábeas corpus. Allí, argumentó que llevaba más de cinco meses encarcelado sin que se le celebrara una vista final y que, por lo tanto, su arresto era ilegal. Tras celebrar la vista, el foro primario emitió una Resolución y Orden en la que de-cretó la excarcelación del peticionario, por éste alegada-mente permanecer en exceso de seis meses ingresado en prisión sin que se le celebrara la vista final de revocación de privilegio del Programa de Supervisión Electrónica.

El 23 de junio de 2008, el peticionario solicitó, con ca-rácter de urgencia, un desacato y alegó que la Administra-ción de Corrección no había cumplido con la orden de excarcelación. Ese mismo día, la Administración de Correc-ción compareció, en reconsideración, al Tribunal de Pri-mera Instancias y aseguró que, contrario a lo expuesto por el peticionario, el 5 de febrero de 2008 se había celebrado la vista final de revocación ante la Oficial Examinadora, Addith Valle Torres. Además, indicó que el peticionario y su representante legal comparecieron a la vista, en la cual se recomendó la revocación del privilegio. La Administra-ción de Corrección anejó copia de la resolución titulada “Resolución de Privilegio”, la cual señala que la vista final se celebró el 5 de febrero de 2008 y que fue acogida el 6 de mayo de 2008 por el administrador de la agencia. Sin embargo, dicha Resolución, al día que fue presentada la re-consideración, no había sido notificada al peticionario.

El Tribunal de Primera Instancia acogió la moción de reconsideración e indicó que su determinación anterior fue basada en información incompleta. Por tal razón, dejó sin efecto la resolución del 20 de junio de 2008, en la cual or-denó la excarcelación del peticionario. Mencionó que

[l]a omisión de informar sobre la celebración de la vista final de revocación el 5 de febrero de 2008, a la que compareció la representación legal del peticionario, omisión que fue repetida tanto en las mociones presentadas y en comparecencia ante este tribunal, tuvieron el efecto de inducir a este tribunal a error y de concedernos una jurisdicción que ciertamente no teníamos. Apéndice, pág. 97.

El peticionario acudió al Tribunal de Apelaciones, que confirmó el dictamen del foro primario. De esa determina-ción acude el peticionario ante este Tribunal y alega nue-vamente que no se celebró vista final alguna el 5 de febrero de 2008. Expone que no se le notificó a tiempo de la cele-bración de la vista y que su representante legal supo de ésta ese mismo día porque estaba atendiendo los asuntos de otro confinado. Arguye, además, que no hubo desfile de prueba ni derecho a confrontar la prueba adversa y que el 5 de febrero de 2008 únicamente hubo una conversación informal con la Oficial Examinadora. Asimismo, reveló que la Oficial Examinadora "se limitó a mencionar a manera de comentario, que surgía del expediente una prueba confi-dencial, que a su juicio haría imposible de todos modos la salida del Sr. Rivera Sierra”. Petición de certiorari, pág. 4. El peticionario también indicó que la Oficial Examinadora no grabó las vistas del 21 de diciembre de 2007 y el 5 de febrero de 2008. En fin, nos solicita que concedamos el re-curso de hábeas corpus por llevar más de seis meses en prisión sin que se le celebrara la vista final adjudicativa para la remoción del privilegio. Este Tribunal concluye que tenía razón. Discrepo.

II

“[E]l auto de hábeas corpus es un recurso extraordinario de naturaleza civil mediante el cual una persona que está privada ilegalmente de su libertad solicita de la autoridad judicial competente que investigue la causa de su detención.” Quiles v. Del Valle, 167 D.P.R. 458, 466 (2006). Véase Ramos Rosa v. Maldonado Vázquez, 123 D.P.R. 885, 889 (1989), citando a D. Nevares-Muñiz, Sumario de derecho procesal penal puertorriqueño, 2da ed. rev., Hato Rey, Ed. Inst, para el Desarrollo del Derecho, 1981, pág. 170. Este recurso se encuentra reglamentado por los Arts. 469— 500 del Código de Enjuiciamiento Criminal, y las Secs. 1-8 de la Ley de 12 de marzo de 1903 (34 L.P.R.A. secs. 1741— 1780). Además, está garantizado por la Constitución de Puerto Rico en el Art. II, Sec. 13, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 2008.

Como regla general, antes de acogerse un recurso de hábeas corpus tienen que agotarse todos los remedios ordi-narios disponibles. Ortiz v. Alcaide Penitenciaría Estatal, 131 D.P.R. 849, 861 (1992); Reynolds v. Jefe Penitenciaría, 90 D.P.R. 373 (1964). El uso del auto de hábeas corpus debe limitarse a casos verdaderamente excepcionales y a situa-ciones que lo ameriten. Ortiz v. Alcaide Penitenciaría Estatal, supra. Este Tribunal ha resuelto que, salvo circunstancias excepcionales, no se concederá el auto de hábeas corpus en sustitución de los remedios ordinarios provistos en la ley. Otero Fernández v. Alguacil, 116 D.P.R. 733, 740 (1985). Es por ello que no se emitirá un auto de hábeas corpus para omitir o evadir un procedimiento apelativo. Id.

Al evaluar si existen circunstancias excepcionales, los tribunales deben evaluar, además de la disponibilidad de un remedio efectivo para revisar un error y evitar la conti-nuación de la detención ilegal, factores tales como si de la petición, emana: “(1) que ha habido una patente violación a algún derecho constitucional fundamental; (2) que no ha habido una renuncia válida a ese derecho, y (3) la necesi-dad de una vista evidenciaría.” Otero Fernández v. Alguacil, supra, págs. 740-741.

III

La Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974 (4 L.P.R.A. sec. 1101 et seq.) faculta a la Administración de Corrección a promulgar la reglamentación necesaria para establecer los programas de supervisión electrónica. Para la fecha en que el peticionario cometió las alegadas infracciones, estaba vi-gente el Reglamento Núm. 6041, el cual establecía los pro-cedimientos para el Programa de Supervisión Electrónica. Este cubría la aplicabilidad del procedimiento, los criterios de elegibilidad, exclusiones, funciones del Director del Pro-grama y los procedimientos y responsabilidades del personal de la Administración. Dicho reglamento fue posterior-mente derogado por el Reglamento para la Implantación del Programa Integral de Reinserción Comunitaria, Regla-mento Núm. 7640 de 19 de diciembre de 2008.

Sobre la Revocación de Privilegio, la See. 3 del Art. IX del Reglamento Núm. 6041, supra, en lo pertinente, dispo-niá que el Oficial Examinador:

a. Celebrará una vista inicial dentro de los próximos diez (10) días laborables luego de ingresado el participante.
b. Evaluará el Informe de Querella rendido por el técnico de servicios sociopenales y determinará lo siguiente:
• Si existe causa probable para creer que ha violado las condiciones; advertirá al miembro de la población correc-cional sobre sus derechos.
• Si no existe causa probable; ordenará de inmediato el archivo y el egreso del miembro de la población correccio-nal bajo las mismas condiciones en las que se encontraba al momento de su reingreso.
c. Emitirá la resolución correspondiente.
d. De existir causa probable; referirá el caso a otro oficial exa-minador dentro de los próximos cinco (5) días laborables de haberse celebrado la vista inicial.
f. Se celebrará la vista final en un término de treinta (30) días laborables, después de haberse celebrado la vista inicial.
g. Notificará al miembro de la población correccional sobre la celebración de la vista final con diez (10) días laborables de anticipación.
h. Celebrará la vista final.
i. Emitirá resolución final en los próximos veinte (20) días la-borables de celebrada la vista final o vista consolidada.
j. Se enviará resolución final a la Oficina del Administrador (a), o persona delegada para la revisión y la firma.
k. Si el participante solicitase posposición de la vista final por justa causa, ésta podrá ser concedida hasta un máximo de una ocasión y la solicitud de posposición constituirá la renuncia a los términos para la celebración de la vista. La solicitud de-berá ser por escrito en un término de tres (3) días laborables antes de la vista señalada. íd., págs. 24-26.

De igual forma, en aquel momento aplicaba el Regla-mento Núm. 6994 de 29 de junio de 2005, el cual era el Reglamento de Procedimientos Disciplinarios para Confi-nados y Participantes de Programas de Desvío y Comunitarios. Éste disponía para la adjudicación de la pri-vación del privilegio, la celebración de una vista inicial y otra vista final. Ese reglamento fue derogado por el Regla-mento Disciplinario para la Población Correccional, Regla-mento Núm. 7748 de 23 de septiembre de 2009.

IV

Como se puede apreciar, la mayoría de este Tribunal acogió las alegaciones expuestas por el peticionario en su recurso y las adoptó como parte de los hechos. Concluyó que procedía el recurso de hábeas corpus y, así, ordenó la excarcelación del peticionario. Creo que el recurso de há-beas corpus no procede en este caso. Mi conclusión se sos-tiene en el hecho de que existe prueba en el expediente que muestra que la Oficial Examinadora emitió una resolución de revocación de privilegio el 5 de febrero de 2008. Surge, además, que el peticionario acudió a dos vistas, el 21 de diciembre de 2007 y el 5 de febrero de 2008. Compareció junto con su representante legal. Incluso, de la resolución se desprende que la Administración de Corrección acogió las recomendaciones de la Oficial Examinadora el 6 de mayo de 2008. En ese sentido, no tengo duda de que existió un dictamen final de parte de la agencia, por lo que la encarcelación del peticionario no es ilegal.

El peticionario solicitó un recurso de hábeas corpus sin informar al foro primario que hubo una vista final. Es más, no mencionó siquiera que ocurrió una vista el 5 de febrero de 2008. Ante la falta de información, el Tribunal de Pri-mera Instancia concluyó que el peticionario llevaba más de seis meses encarcelado sin celebrársele vista alguna. Sin embargo, como se puede apreciar de los hechos, ello no fue así.

El 23 de junio de 2008 la resolución final no había sido notificada todavía. Ante eso, el peticionario tenía dos alter-nativas: (1) esperar la notificación de la resolución final, para entonces solicitar al Tribunal de Apelaciones una re-visión administrativa, o en su lugar, (2) requerir mediante recurso de mandamus a la Administración de Corrección que notificara su dictamen final. Dado el hecho de que ha-bían pasado seis meses desde el día que comenzó el proceso adjudicativo en la Administración de Corrección, mantengo que procedía solicitar un recurso de mandamus.

La Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, Sec. 3.13 (3 L.P.R.A. sec. 2163), conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (L.P.A.U.), dispone que todo caso sometido a un procedimiento adjudicativo, como lo sería el caso de la revocación del privilegio de supervisión electró-nica anteriormente descrito, debe ser resuelto en seis meses desde su presentación. Este término es de carácter directivo. J. Exam. Tec. Méd. v. Elias et al., 144 D.P.R. 483, 494 (1997). Es por ello que, cuando una agencia incumple con su obligación de adjudicar un pleito en el término dis-puesto por la L.P.A.U., hemos resuelto que el remedio judicial disponible es la presentación de un recurso de mandamus. Íd., pág. 495.

Como se sabe, el recurso de mandamus es un auto dis-crecional y altamente privilegiado. Está

[djirigido a alguna persona o personas naturales, a una corpo-ración o a un tribunal judicial de inferior categoría dentro de su jurisdicción requiriéndoles para el cumplimiento de algún acto que en dicho auto se exprese y que esté dentro de sus atribuciones o deberes. Dicho auto no confiere nueva autori-dad y la parte a quien obliga deberá tener la facultad de poder cumplirlo. Art. 649 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 3421.

Es mediante este recurso que se obliga al cumplimiento de un acto que la ley ordena como deber resultante de un empleo, cargo o función pública. Art. 650 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 3422. Es decir, tiene que tratarse de un deber ministerial expreso. Íd.

Éste es el recurso apropiado para compeler al cumpli-miento de un deber impuesto por una ley cuando no se dispone de otro remedio legal adecuado. Dávila v. Superintendente de Elecciones, 82 D.P.R. 264 (1960). Por ello, el recurso de mandamus procede únicamente cuando se ca-rece de otro remedio legal adecuado y eficaz en el curso ordinario de la ley, Art. 651 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 3423.

Sobre ese particular, entiendo que el peticionario debió ser proactivo y solicitar un recurso de mandamus en el que requiriera a la Administración de Corrección la notifica-ción del dictamen. La agencia está compelida por ley a completar el procedimiento adjudicativo. Por ello, el mandamus es el trámite procesal adecuado cuando la agencia administrativa lleva más de seis meses sin emitir su adju-dicación final. Esto es crucial porque hasta tanto se notifi-que esa determinación, el peticionario está impedido de po-der revisar la adjudicación de la agencia ante el Tribunal de Apelaciones mediante la revisión judicial de la decisión administrativa.

Uno de los argumentos de este Tribunal para revocar es que la Administración de Corrección indicó en su alegato que la fecha de la vista final fue el 21 de diciembre de 2007 y que en la reconsideración al foro primario reveló que fue el 5 de febrero de 2008. La mayoría concluyó que la Admi-nistración de Corrección fue incongruente en las fechas, por lo que existía incertidumbre sobre la celebración de una vista final adjudicativa. La aseveración de la Adminis-tración de Corrección es confusa pero el expediente aclara la situación.

Surge de los hechos que la vista de diciembre era la fecha que originalmente se había pautado para la vista final y que la Oficial Examinadora realizó varias gestiones ese día. No obstante, hubo otra vista el 5 de febrero de 2008. Ese día se emitió la resolución de la Oficial Exami-nadora, que posteriormente fue acogida por la agencia. Es-tos datos evidencian la intención de la agencia de cumplir con el proceso. Recordemos que fue el peticionario quien solicitó la desestimación el día de la vista final, lo que pro-vocó la celebración de una continuación. Así pues, el peti-cionario tuvo dos oportunidades para presentar prueba a su favor, luego de la vista inicial. Este no estuvo despro-visto de oportunidades para ser escuchado ante la agencia.

Ahora bien, a pesar de que el peticionario sostiene que ocurrieron varias torpezas en el proceso de adjudicación administrativa, entiendo que éste no es el procedimiento para atenderlas. Este Tribunal debió reconocer que existe en récord una adjudicación final de la agencia y que el peticionario tenía otro medio para alegar los errores come-tidos por la agencia en el procedimiento adjudicativo. A este Tribunal le correspondía presumir que la resolución de la agencia era correcta y legal. Henríquez v. Consejo Educación Superior, 120 D.P.R. 194, 210 (1987); M & B.S., Inc. v. Depto. de Agricultura, 118 D.P.R. 319, 331 (1987); Murphy Bernabe v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692, 699 (1975). Es por ello, que una vez se notificara la resolución de la agencia, le correspondía al peticionario proveer prueba de su ilegalidad o incorrección en un proceso de revisión administrativa. El recurso de hábeas corpus sola-mente contempla si la encarcelación fue legal o no y no permite que se atiendan los errores en los méritos expues-tos por el peticionario.

Atender esos argumentos en este recurso parece equivo-cado, máxime cuando existe un dictamen final de la agen-cia, que tan pronto se notifique, otorgará al peticionario el derecho a entablar una revisión judicial. Las alegaciones del peticionario sobre las deficiencias de la vista y las ale-gadas faltas de notificación en término de los distintos trá-mites procesales, son materia a discutirse en un recurso de revisión administrativa. De hecho, la Administración de Corrección señaló en su alegato que no rebatió ninguna alegación del peticionario por entender que éste no es el recurso procesal adecuado para atender ese tipo de planteamientos. Escrito para Mostrar Causa en Cumpli-miento de Resolución, pág. 25. Tiene razón. Ese tipo de análisis y exposición debe ser realizado en una revisión judicial de la decisión de la agencia y no mediante un re-curso de hábeas corpus.

Al atender los méritos del reclamo del peticionario, este Tribunal está atendiendo una revisión administrativa me-diante un recurso inadecuado y sólo con las alegaciones de una parte. Si la vista ocurrió conforme a derecho, o si se usó prueba confidencial para sustentarla, o si el abogado del peticionario no fue notificado debidamente de la fecha en que se iba a celebrar la vista, son aspectos que deben argumentarse en una revisión judicial.

V

En conclusión, la Administración de Corrección pro-mulgó los Reglamentos Núms. 6041 y 6994, supra, que dis-ponían los términos y procedimientos para privar a un con-finado del privilegio de supervisión electrónica. Cuando el peticionario observó que la agencia se estaba tardando para notificar el dictamen final, debió contemplar el reme-dio de mandamus para obligar a la Administración de Co-rrección a completar el procedimiento disciplinario, y así, solicitar revisión judicial. Era mediante ese medio, que el peticionario tenía que alegar gran parte de los argumentos relacionados con la falta de notificación y las fallas en el procedimiento adjudicativo. La conclusión a la que llegó la mayoría permite que el peticionario esquive esa revisión. La detención del peticionario no es ilegal. Se debe a una orden administrativa. En todo caso, se alega que la agencia debió resolver de otra forma y que obvió su procedimiento. Ante la disponibilidad de un mandamus y eventualmente, de una revisión judicial, no procede el hábeas corpus. Es por esta razón que disiento respetuosamente.

      (1) La moción de reconsideración sometida por la A.C. se fundamentó en un documento titulado Resolución de Privilegio de 6 de mayo de 2008. Sin embargo, en la vista ante el tribunal de instancia se aceptó que hasta la fecha, el 23 de junio de 2008, aún no se le había notificado dicha resolución al señor Rivera Sierra.

      (2) Const. E.L.A., Art. VI, Sec. 19, L.P.R.A., Tomo 1.

      (3) Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974 (1974 Leyes de Puerto Rico 535).

      (4) íd., pág. 536.

      (5) El Reglamento para Establecer el Procedimiento para el Programa de Super-visión Electrónica define dicha supervisión como el “[p]roceso mediante el cual se permite a un miembro de la población correccional egresar de una institución correc-cional para permanecer en su hogar, mientras se utiliza un transmisor electrónico”. Reglamento Núm. 6041 de 21 de octubre de 2004, Artículo V, pág. 4.

      (6) “Con el propósito de mantener un ambiente de seguridad y el orden en las instituciones del país, es necesario que las autoridades penitenciarias tengan un mecanismo fleocible y eficaz para imponer medidas disciplinarias a aquellos confina-dos que con su comportamiento incurran en violaciones a las normas de procedi-miento establecidos en la institución.” (Énfasis nuestro.) Véase Introducción del Re-glamento de Procedimientos Disciplinarios para Confinados y Participantes de Programa de Desvío y Comunitario, Reglamento Núm. 6994 de 29 de junio de 2005, pág. 1.

      (7) Un acto prohibido es “[c]ualquier acto descrito en este Reglamento que im-plique una violación a las normas de conducta de la institución que conlleve la im-posición de medidas disciplinarias, incluyendo cualquier acto o conducta tipificado como delito”. Regla 4(A) del Reglamento Núm. 6994, supra, pág. 3.

      (8) Los niveles de severidad se clasifican en tres renglones: el Nivel I de severi-dad está reservado para cualquier acto o tentativa de conducta tipificada como delito de naturaleza grave según el Código Penal; el Nivel II de severidad corresponde a cualquier acto o tentativa de conducta tipificada como delito de naturaleza menos grave según el Código Penal; el Nivel III de severidad recoge los actos prohibidos de naturaleza menor que no están enumerados en el Nivel I y II.

      (9) Véase, además, la Tabla I de los Apéndices del Reglamento Núm. 6994, supra, sobre actos prohibidos. La escala de severidad enumera, en el número 133, la violación de las condiciones del contrato de Programas de Desvío y Comunitarios, la cual “Monsiste en la violación de cualquiera de las condiciones establecidas en los contratos de Programas de Desvío y Comunitarios, [incluye expresamente la] Super-visión Electrónica Íd., pág. 14.

      (10) Regla 4(N) del Reglamento Núm. 6994, supra, pág. 6.

      (11) “Before such a determination or finding [as to whether to revoke a petitioner’s parole] can be made, it appears that the principles of fundamental justice and fairness would afford the parolee a reasonable opportunity to explain away the accusation of a parole violation. [The parolee] ... is entitled to a conditional liberty and possessed of a right which can be forfeited only by reason of a breach of the conditions of the grant.” Morrissey v. Brewer, 408 U.S. 471, 484 esc. 12 (1972).

      (12) Además, la concesión de esta libertad no es absoluta, sino que es discrecio-nal por parte de la agencia y condicionada al cumplimiento de las condiciones im-puestas por el Reglamento.

      (l3) Véase, además, E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Bogotá, Ed. Forum, 1991, Vol. 1, Sec. 7.1, pág. 519.

      (14) 3 L.P.R.A. sec. 2101 et seq.

      (15) Concretamente, la Sec. 3.1 enumera las siguientes garantías procesales que deben ser salvaguardadas en todo procedimiento adjudicativo formal celebrado por una agencia: el derecho a una notificación oportuna de los cargos contra una parte, a presentar evidencia, a una adjudicación imparcial y a que la decisión sea basada en el expediente. 3 L.P.R.A. sec. 2151.

      (16) “Los procedimientos informales deben estar subordinados y ser congruentes con la política pública de cada agencia. Las normas y guías que se perfilen tienen que estar inspiradas en los fines y propósitos de los diferentes estatutos orgánicos de las agencias administrativas. Por consiguiente, es un asunto que debe ser objeto de particular reglamentación por cada agencia y no de regulación uniforme por la ley”. D. Fernández Quiñones, Derecho administrativo y Ley de Procedimiento Administra-tivo Uniforme, 2da ed., Bogotá, Ed. Forum, 2001, pág. 6.

      (17) Recientemente, en Álamo Romero v. Adm. de Corrección, 175 D.P.R. 314 (2009), este Tribunal se negó a reconocer el derecho a asistencia de abogado en los procedimientos disciplinarios informales que pueden culminar en la cancelación de bonificación por buena conducta, ya que de haber introducido la figura del abogado en los procedimientos disciplinarios “imprimiría en éstos un matiz adversativo que reduciría su utilidad como mecanismo ágil y flexible dirigido a mantener el orden y la seguridad en las prisiones”. Íd., pág. 22.

      (18) La Regla 14(E) del Reglamento Núm. 6994, supra, pág. 39, dispone que las vistas disciplinarias deben ser notificadas con al menos un día laborable de antela-ción a la vista.

      (19) “La Administración de Corrección en su solicitud [de reconsideración] pre-sentó como anejo la Resolución de vista inicial celebrada el 10 de diciembre de 2007 y la Resolución de Privilegio de 5 de febrero de 2008, en la cual se recomienda dejar sin efecto el privilegio al peticionario. Dicha resolución a pesar de tener fecha del 5 de febrero de 2008, fue acogida por la Administración de Corrección el 6 de mayo de 2008. A la fecha de la presentación de la Solicitud de Reconsideración de la Adminis-tración de Corrección, aún dicha Resolución no le había sido notificada al peticionario.” Véase Resolución del T.P.I. de 26 de junio de 2008, dictada por la Jueza Superior Mariela Miranda Recio, págs. 2-3, en el Apéndice, pág. 96.

      (20) La Regla 25 del Reglamento Núm. 6994, supra, pág. 73, dispone que la “acción disciplinaria será tomada con prontitud y al grado necesario para normalizar la conducta del confinado, de manera imparcial y consistente”. Aclara, además, que este principio aplicará “en todas las situaciones en las cuales se inicie un procedi-miento disciplinario contra un confinado”. Íd.

      (21) Aunque está reconocido que el alcance del debido proceso de ley se encuen-tra menguado ante los órganos adjudicativos de las agencias administrativas, debido a su tarea prioritaria de llevar a cabo un procedimiento ágil y flexible, ello no con-lleva menospreciar lo que está en juego: la protección de los ciudadanos ante la actuación arbitraria y caprichosa de los entes implementadores de la política pública del Estado. Los derechos concedidos, tales como el derecho a ser oído y presentar prueba, son dirigidos a establecer los hechos en controversia que forman parte de la disputa en el área del funcionamiento, o expertise, de la agencia administrativa. La necesidad de comprobar los hechos es esencial; no tan sólo en la búsqueda de la verdad, sino para asegurarse que las agencias administrativas cumplan con sus pro-pios reglamentos y su ley orgánica.

      (22) “[flnformal procedure, which does not fulfill criteria of natural justice as adequately as formal procedure ... does provide more appropriate machinery for fact-finding and greater flexibility for taking into account policy considerations than the approach of formal adjudication.” P. Woll, Administrative Law: the Informal Process, Berkeley & Los Angeles, University of California Press, 1963, pág. 187.

      (23) La Vista Disciplinaria es un procedimiento de adjudicación informal donde “el confinado tiene el derecho de escuchar y refutar las imputaciones en su contra y defenderse por derecho propio”. (Énfasis nuestro.) Regla 4(Z) del Reglamento Núm. 6994, supra, pág. 9. Sin embargo, en casos de revocación de privilegios comunitarios o de desvío, el confinado tendrá derecho a comparecer representado por un abogado admitido en la práctica de la profesión. íd.

      (24) «gj reglamento establecerá ... requisitos de elegibilidad para [los programas de supervisión electrónica] y para revocar la participación de los miembros de la población correccional en los mismos, cumpliendo con el debido proceso de ley.” (Én-fasis nuestro.) 4 L.P.R.A. sec. 1112(e). Además, como ejemplos del debido proceso de ley concedido al confinado durante la Vista de Revocación Final se encuentran: el derecho a tener representación legal presente, a hacer declaraciones y a presentar prueba en su favor.
      Véase, además, R. 14(J)(1) y R. 14(K) del Reglamento Núm. 6994, supra. El inciso (J) de la misma Regla 14, supra, págs. 41 — 42, deja claro que el confinado tendrá derecho a asistencia en la Vista Disciplinaria por el Investigador de Vistas, y que tal asistencia incluye “la obtención de declaraciones de testigos e información adicional y documentos del Oficial Querellante y otros miembros del personal”. Con-tinúa el inciso (J)(l) declarando que “[e]l confinado podrá tener representación legal sólo en aquellas vistas donde puede ser revocada su participación en algún Programa de Desvío y Comunitario, Supervisión Electrónica, o Programa de Pases Extendidos”. Íd. El inciso (K) de la propia Regla 14 dispone que “(djurante la vista administrativa el confinado tiene el derecho a hacer declaraciones, a presentar prue-bas a su favor durante la vista o guardar silencio”. Íd.

      (25) Fernández Quiñones, op. cit., pág. 155.

      (26) íd., pág. 366.

      (27) La Regla 25(D) del Reglamento Núm. 6994, supra, pág. 73, establece que “[s]e deben mantener informes, registros y expedientes fieles y exactos que expongan en detalle el procedimiento según lo dispuesto en este Reglamento”. Esta disposición nos remite a la R. 14(N), la cual dispone que “[s]erá responsabilidad del Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias hacer un Informe escrito de la vista”. Id., pág. 43.

      (28) Máxime cuando su Ley Orgánica establece que no tan sólo será reingresado a la institución penal, sino que “[u]na vez la determinación de revocar [la participación] sea final y firme, el período de tiempo que el confinado estuvo parti-cipando del programa de desvío ... no se le abonará como tiempo cumplido de la sentencia”. Art. 10-B, 4 L.P.R.A. sec. 1136b.