author: El Jubz Asociado Sr. Aldrey,

text:
    El Pueblo v. Ortiz et al.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 259.
    Resuelto en junio 23, 1911.
    Derecho Penal — Suficiencia de la Acusación — Palabras del Estatuto. — Es-regla bien aceptada, que una acusación es suficiente cuando emplea las pala-bras del estatuto, a menos que las circunstancias particulares del delito re-quieran hacerlo de otro modo, como cuando determinados hechos son necesarios para constituir un delito.
    Id- — Descuido o Negligencia. — Constituye descuido o negligencia según el Juez Cooley, el dejar de observar, para la protección de los intereses de otra-per-sona, aquel grado de ciudado, de precaución y vigilancia que justamente re-quieran las circunstancias y por consecuencia de la cual, otra persona sufre algún daño.
    Ebueba Contradictoria — Apreciación del Tribunal Sentenciador.' — -En los casos de prueba contradictoria, la apreciación que el tribunal sentenciador haga de la culpabilidad de los acusados, no será revocada, a menos que se de-muestre en apelación que obró movido por pasión, prejuicio o grave error.
    I®- Velocidad de un Tren — Existencia de Negligencia. — En ausencia de un estatuto u ordenanza que regule la velocidad de un tren, el correrlo a cualquier velocidad no es negligencia per se, y el que exista, dependerá de las circunstan-cias del caso y de la seguridad de los pasajeros y viandantes, siendo esta regla igualmente aplicable al hecho de que la máquina camine con los vagones por delante.
    Uso de la Vía Eérrea Gruces — Paso a Nivel. — Como- regla general, la vía es del exclusivo uso de la empresa que la explota, excepto en los cruces en las calles públicas; y cuando se operan trenes en la calle de una ciudad usada comúnmente por viandantes y vehículos, es deber del maquinista tomar precauciones contra colisiones, que no son necesarias cuando opera fuera de esas circunstancias, porque debe presumirse la presencia en la vía, y debe por tanto usarse un razonable cuidado, siendo el deber de las empresas y de sus empleados ejercitar ordinario cuidado y precaución proporcionados a las pro-babilidades de accidentes, cuando es sabido, o se puede esperar que haya per-sonas en la vía.
    Id. — Negligencia Contributoria de la Persona Muerta. — El Código Penal cas-tiga a los que .causan la colisión de un tren voluntariamente o por descuido, sin tener en consideración la negligencia de la persona muerta sino solamente la conducta de los encargados del tren, porque en estos casos la causa próxima del accidente es la voluntad o la negligencia.
    Id. Negligencia del Maquinista y del Conductor de un Tren. — -Examinada la prueba practicada en este caso, el Tribunal Supremo resolvió que tanto el ma-quinista como el conductor del tren, no ejercieron una diligencia razonable sino que por el contrario fueron culpables de descuido o negligencia.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Domingo Sepulveda.

    Abogado del apelado: Sr. Jesús M. Rossy, Fiscal.

   El Jubz Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Contra los apelantes en este caso se presentó en la Corte de Distrito por el Distrito de Ponce, la siguiente acusación:

“El Fiscal formula acusación contra José Ortiz y Domingo Es-tepa, como autor de un delito contra la seguridad pública (felony), cometido como sigue: El día 3 de febrero de 1910, los referidos José Ortiz y Domingo Estepa, conducían, como maquinista y conductor un fren de carga de la “American Railroad Co. of Porto Rico” que se dirigía de esta ciudad de Ponce a su Playa, que forma parte del Distrito Judicial de Ponce, P. R., y habiendo entrado en el poblado de la referida Playa de Ponce sin tomar precaución de ninguna clase y debido a su negligencia y descuido, dejaron chocar dicho tren de carga con un carro' en donde se encontraba el individuo Demetrio Cancio, quien fue arrollado por dicho tren y mutilado en tal forma que falleció enseguida. Este hecho es contrario a la ley para tal caso prevista y a la paz y dignidad de el Pueblo de Puerto Rico. Rafael Palacios, Fiscal de Distrito. La acusación que antecede está basada en el testimonio de testigos examinados bajo juramento, cre-yendo solemnemente que existe justa causa para presentaría al Tribunal. Rafael Palacios, Fiscal de Distrito.”

Celebrado el juicio, dicha corte declaró a ambos acusa-das culpables del delito que se les imputaba y eu 14 de abril de 1910, los condenó a sufrir la pena de un año de presidio con trabajos forzados y al pago de costas, contra cuyo fallo han establecido el presente recurso de apelación.

Encontramos que la acusación es suficiente porque ha seguido las palabras del estatuto al imputarles, que por des-cuido produjeron un choque o colisión de un tren, resultando la muerte de una persona.

Es regla bien aceptada, que una acusación es suficiente cuando emplea las palabras del estatuto, a menos que las cir-cunstancias particulares del delito requieran hacerla de otro modo, como cuando determinados hechos son necesarios para constituir un delito. (Véase People v. Neill, 91 Cal., 465, y los casos citados en Pomeroy Codes of California, pág. 345; también 94 Am. Dec., 253-258, y notas.)

Ahora bien, el descuido o negligencia lo define el Juez Cooley diciendo que es “el dejar de observar, para la pro-tección de los intereses de otra persona, aquel grado de cui-dado, de precaución y vigilancia que justamente requieran las circunstancias, y por consecuencia de lo que otra persona sufre algún daño.” (29 Cyc., 415.)

Aceptando esta definición como buena, veamos las circuns-tancias en que el hecho ocurrió, qué hicieron los1 acusados y qué debieron hacer.

De la evidencia contenida en la exposición del caso apa-rece que en la tarde del día 3 de febrero de 1910, José Ortiz y Domingo Estepa, conducían como maquinista y conductor, respectivamente, un tren de carga compuesto de una má-quina y cuatro vagones por delante que se dirigía desde la ciudad de Ponce hacia el poblado, de la Playa, pero antes de entrar en el poblado caminaba el'tren entre altos cañaverales y con una curva muy ,prónunciada; por cuyas circunstancias, hasta llegar a un portón que limita el cañaveral con una calle, no era posible que desde el tren se viera lo que en ella ocu-rriese.

Al principio de esa callé, y como a diez y seis o veinte' varas del portón, está situada la casa de la señora Llorens, contigua a la cual está colocada la vía férrea, como a tres varas de distancia, teniendo la calle en totalidad algo más de doce varas de ancho.

Por toda la evidencia se llega al hecho no controvertido, de que el día a que se refiere la acusación un carro con car-bón fué situado por su conductor, el carbonero, frente a la casa de la señora Llorens, animado a aquélla, pero atrave-sado en la vía, practicando en tales condiciones la descarga, cuando en los momentos en que el carbonero cargaba un saco, llegaba el tren y dejando aquél el saco', saltó al carro, tomó las riendas y trató de sacarlo de aquel sitio sin que tuviera tiempo para ello, pues llegando el tren, el primero de sus va-gones chocó con una de las ruedas del carro frente a la casa de la Señora Llorens, arrastrándolo hasta que se rompió una rueda a 12 o 14 varas, quedando el carbonero muerto quince o veinte metros más lejos.

La contradicción entre la prueba de la acusación y de la de-fensa, consiste en que los tres testigos de la primera sostienen que el tren que mató al carbonero no tocó el pito ni la com-paña, que no caminaba despacio sino con alguna velocidad y en que no vieron a ningún hombre delante de la vía qne hi-ciera señale^ al tren, asegurando todos ellos que antes, y lue-go también, pero no en aquel día, acostumbraba el tren a cami-nar con mucho cuidado, despacio, a tocar el pito y la cam-pana y a ir el conductor a pie delante del tren o en el primer vagón, agregando la Sra. Llorens, que al sentir el ruido de las ruedas del'tren, por la trepidación en su casa, y sabiendo que estaba allí el carro del carbonero, y no habiendo oído ni el pito ni la campana, salió al balcón de su casa para evitar una desgracia y lo primero que hizo fue tratar de ver al conductor pero no lo vió y en seguida empezó a, gritar al maquinista, lo que hizo hasta que la máquina estuvo frente al balcón de su casa, viendo al maquinista con la mano en el regulador recos-tado, mirando hacia abajo: siguió llamándole pero no la oía, y cuando la máquina llegó frente a ella, levantó la vista el ma-quinista y entonces dió vueltas al regulador, pero ya había arrollado al carro y al hombre y no paró hasta la casa con-tigua. .

Por sus partes los dos acusados, declarando, dijeron res-pecto a estos particulares, el maquinista, que a ciento cin-cuenta metros del poblado como acostumbra y por deber, tocó el pito y conociendo el fogonero .el deber que tiene de tocar la campana, la iba tocando; que la mayor velocidad que llevaba sería de seis a ocho kilómetros por hora, yendo al paso de un hombre; que el conductor se tiene que apear, tirán-dose al llegar al portón, como lo verificó y le hizo señas en seguida para que parara, por lo que dió contra marcha y pi-dió freno al fogonero, quien tuvo que abandonar la campana: que paró el tren un poco después del portón y que aun cuando' iba de espalda al poblado, miraba hacia atrás para ver al conductor.

El conductor declaró que cuando llegaron al sitio que pi-tan, tocaron la compana y pitaron, que al llegar al portón se tiró y corrió hacia delante, vió el carro y mandó parar; que el tren iba al paso de un hombre.

El fogonero dijo, que tiene que tocar la campana en los pasos a nivel y en las entradas a poblados; que el maquinista tocó el pito en el sitio que hay una tabla (no se ba determi-nado cuál es) y entonces empezó a.tocar la campana, mas no sabe si cuando el maquinista le pidió freno ya babía ocurrido el choque; y que no vió al conductor en el vagón de adelante, que es donde va.

El testigo Soto, sargento de la Policía Insular, no estaba en la playa esa tarde y se limita a decir que las máquinas en-tran en el poblado con las debidas precauciones y ban tocado campana cuantas veces ba visto entrar los trenes.

Por último el testigo' González empezó diciendo. que' ese día oyó la campana, que algunos maquinistas la tocan y otros nó y concluyó diciendo, que la campana la oyó muy lejos, mu-cho más allá del desvío y que no la tocaron al entrar al po-blado.

. Por lo que hemps consignado se comprende que la eviden-cia es contradictoria en los extremos que hemos expuesto, conflicto qiie el juez que oyó a los téstigos resolvió en favor de los de la acusación por el hecho de condenar; resolución que no alteraremos, porque no se nos ha demostrado que obra-ra movido por pasión, prejuicio o gravé error, con mayor mo-tivo, cuanto que llegamos a la misma conclusión que él con el estudio que hemos hecho de esa evidencia.

En las diligencias consta una inspección ocular de la corte en compañía del Fiscal y del abogado del acusado, de la que hemos tomado algo al principio de esta opinión. Según ella se tuvo a disposición de la corte la misma máquina con cuatro vagones, dispuestos en la misma forma que el día del acci-dente y conducidos por los acusados y el fogonero que les acompañaba. ■

Se hizo andar la máquina a la velocidad del paso de un hombre, el conductor se tiró del último vagón antes de llegar a la puerta de golpe, desde allí hizo señales al maquinista, éste apresuradamente cerró el regulador, el fogonero dio fre-no instantáneamente y a pesar de ello el tren recorrió 25 o 30 metros más. De la misma aparece que desde el portón hacia la Playa, hay un ligero declive.

Hemos llegado a conocer cómo era la situación y condición de la vía en aquel sitio; que no fue tocado el pito ni la cam-pana; que el conductor no se tiró del vagón al llegar a la puerta de golpe o portón, ni fue visto a pie y que el tren no iba muy despacio.

¿Son estos actos constitutivos de descuido por parte de los acusados, para hacerles responsables del delito por el que han sido declarados culpables y sentenciados? Yeámoslo.

Esta pregunta comprende en sí otras varias, como la dé cuál era el deber del conductor y cómo faltó a él; cuál el del maquinista y en qué sentido dejó de cumplirlo; y también la de si la evidencia es suficiente para estimar probada la neglir gencia o descuido por parte de los acusados y fundar en ella una sentencia condenatoria.

El deber del conductor y del maquinista para ser diligen-tes y no descuidados era, dadas las circunstancias del sitio, el que ellos mismos han especificado en sus declaraciones y aceptado como tal, esto es, dado que caminaban en una curva muy pronunciada por entre altas cañas antes de llegar al por-tón, y que hasta llegar al principio de la calle no podía ésta ser vista, y toda vez que desde el portón hay algún declive en la calle, ha debido el maquinista llevar su máquina tan suma-mente despacio que cuando el primer vagón, pasando la puer-ta de golpe, entrase en la calle, pudiese el tren ser parado antes de causar daño a alguna persona que estuviese al prin-cipiar esa calle; debió tocar el pito para que los viandantes pudieran conocer que se aproximaba un tren, y por igual ra-zón debió sonar la campana constantemente o hacer que su fogonero la tocara, todo ello con mayor razón cuanto que las condiciones del sitio, de llevar cuatro vagones por delante y de ir él de espaldas al poblado exigían más cuidado y pre-cauciones.

Por su parte el conductor, como jefe del tren no debió de permitir que se dejaran de hacer las anteriores señales de proximidad del tren y si no se bajaba de él para caminar delante en sitio tan peligroso como aquél y poder evitar con tiempo cualquiera desgracia que pudiera ocurrir, debió, por lo menos, estar vigilante en el vagón delantero.

En aquellas condiciones cualquier' hombre prudente y ra-zonable hubiera tomado esas precauciones; los mismos acusa-dos reconocen que. esas eran las que debían y tenían el deber de tomar,- y son las que la jurisprudencia ha establecido para casos análogos.

En ausencia de un’ estatuto u ordenanza que regule la velo-cidad de un tren, el correrlo a cualquier velocidad no es negli-gencia per se, y el'que exista negligencia dependerá de las circunstancias del caso y de la seguridad de los pasajeros y viandantes, siendo esta regia igualmente aplicable al hecho de que la máquina camine con los vagones por delante.

Como regia general, la vía es del exclusivo uso de la em-presa que la explota, excepto en los cruces o en las calles públicas; y cuando se operan trenes en la calle de una ciudad, usada comúnmente por viandantes y vehículos, es su deber tomar precauciones contra colisiones, que no son necesarias cuando opera fuera de esas circunstancias, porque debe pre-sumirse la presencia de aquéllos en la vía y debe por tanto usarse un razonable cuidado, siendo él deber d,e las empresas y de sus empleados ejercitar ordinario cuidado y precaución proporcionado a las probabilidades de accidentes, cuando es sabido, o se puede esperar que haya personas en la vía.

Como consecuencia de estos principios y aun cuando en ausencia de disposiciones estatutorias, no existe el deber de dar señales con la campana o con el pito, sin embargo, esa re-gla depende de las circunstancias que puedan aumentar el peli-gro de los accidentes, como sucede en los poblados-, para los que el cumplimiento de un razonable cuidado requiere hacer esas señales. (33 Cyc., págs. 735 a 782.

Por las manifestaciones de la Señora Llorens, se com-prende que el maquinista estaba distraído y que hasta no lie-gar frente a su casa, no dio vueltas al regulador, cuando arro-llaba al carro y al hombre.

Además, habiendo ocurrido la rotura del carro y caída del carbonero a unas veinte y ocho o treinta varas del portón y parado el tren a unas cuarenta y cinco varas del mismo, si se hubieran observado las precauciones que se tomaron en la inspección ocular donde sólo corrió el tren 25 o 30 metros des-pués del portón, tal vez se hubiera evitado la muerte del car-bonero.

En cuanto' a que la conducta de éste colocándose con su carro en la vía, cuando pudo hacerlo sin peligro en otro sitio" de la calle, implica negligencia contributoria y releva a los acusados de responsabilidad, diremos que, como antes hemos consignado, dicha vía es de uso público cuando está colocada en el mismo piso de las calles y plazas, por lo que no existe tal negligencia'contributoria;' 'y además, que el Código Penal castiga a los que causan la colisión de un tren voluntaria-mente o por descuido, sin tener en consideración la negligen-cia de la persona muerta, sino solamente la conducta de los encargados del tren, porque en estos casos la causa próxima del accidente es la- voluntad o la negligencia.

■ Por las razones expuestas la sentencia debe ser confir-mada. „ „ ,

Con firmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary y del Toro.

Juez disidente: Sr. Wolf.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. MacLeary,

license: Public Domain

text:
    Rivero et al. v. Hernández et al.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de - San Juan, Sección Ia.
    No. 673.
    Resuelto en junio 23, 1911.
    Nuevo Juicio — Declaración Jurada — Sitio Donde se Otorga ■ (Venue); — La omisión en una declaración jurada del sitio donde se otorga, no es en absoluto un defecto fatal y en el caso de autos, la declaración que se utilizó para solí-citar el nuevo juicio fué declarada suficiente por el Tribunal Supremo para los efectos de su identificación con el pleito en el cual se presentó.
    Id. — Declaración Jurada. — Juramento por Conocimiento Propio v por In-formación. — -Una declaración jurada en la cual el que jura únicamente expresa que jura “la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad” equivale a manifestar que jura los hechos por conocimiento propio y por tanto no es defectuosa por tal concepto dicha declaración jurada.
    Id. — Accidente o Sorpresa. — La parte que solicita un nuevo juicio fundado en accidente o sorpresa en la presentación dé la prueba, debe estar completa-mente limpio de negligencia o descuido, pues si ha tenido ocasión de examinar el documento que le ha ocasionado la'. sorpresa, no puede luego alegar esto como motivo para solicitar un nuevo juicio.
    Id. — Accidente o Sorpresa. — Cuando una parte por su propio error ha inducido a otra a creer, que cierto documento presentado como prueba era una partida de bautismo y resulta luego ser una certificación de nacimiento, no puede aquella achacar a ésta negligencia o descuido en cerciorarse de la naturaleza del documento presentado para oponerse a una concesión de nuevo juicio por accidente o sorpresa en la presentación de la prueba.
    Id. — Accidente o Sorpresa — Requisitos que Debe Justificar el Solicitante.— Para que proceda la concesión de un nuevo juicio por accidente o sorpresa, el solicitante debe justificar la sorpresa, la forma en que fué perjudicado, que dicha sorpresa no es consecuencia de negligencia o descuido alguno por su parte, que la sentencia dictada es consecuencia primordial de los hechos cons-titutivos de la sorpresa, que tiene buéna defensa y que si se concede nuevo juicio, el resultado del pleito será distinto.
    Id. — Discreción de la Corte Sentenciadora — Abuso de Discreción. — La con-cesión de 'un nuevo juicio por accidente o sorpresa descansa en la sana dis-creción del tribunal sentenciador y su apreciación no será revocada en apela-.eión a menos que se demuestre un gran abuso de discreción.
    • Id. — Facultades Inherentes a los Tribunales. — De acuerdo con el derecho común (common lato) los tribunales tienen la facultad inherente de eoneeder un nuevo juicio de oficio y esta facultad puede ser ejercitada siempre que la ley no lo prohíba, sin que en Puerto Rico exista ley alguna que contenga tal prohibición.
    Los tedios están expresados en la opinión.
    Abogado-de los apelantes: Sr. Luis Méndez Vaz.

    Abogado de los apelados: Sr. Manuel Moraza.

   El Juez Asociado Sr. MacLeary,

emitió la opinión del tribunal.

Se siguió este pleito ante la Sección Primera de la Corte de Distrito de San Juan por María y Benito Rivero Hernán-dez contra Gregorio y Mariano Hernándéz, en el que solici-taban la nulidad de un expediente de dominio y de la nota de la inscripción del mismo.

Puesto que antes que ellos pudieran sostener un pleito ele esta clase, deben los demandantes mostrar que son los due-ños de la finca envuelta en este pleito, esta cuestión referente a la propiedad resultó fundamental en el procedimiento que habían establecido. También se alegó y vino a ser un punto en controversia en el caso, que los padres de los demandantes habían vendido al padre de los demandados los terrenos en cuestión, y la fecha del documento.privado p'or el que se dice que se realizó la venta, se dijo que correspondía y era idén-tica a la fecha del bautismo de uno de los demandantes, María del Rivero Hernández. Resulta que faltaba un documento privado por virtud del cual la venta del terreno se había efec-tuado y se presentó prueba suplementaria del contenido de dicho documento. Se presentó por el demandante otro docu-mento como contraprueba qne tenía fe'cha distinta, de modo que resultó una cuestión de alguna importancia el probar la fecha precisa del bautismo. Para fijar esta fecha exacta, el abogado de los demandados presentó como prueba un docu-mento, que se decía ser la partida de bautismo del referido de-mandante, pero que después resultó ser una certificación refe-rente al nacimiento, de la demandante.

El día 9 de diciembre de 1910, la corte de distrito dictó una sentencia desestimando la demanda, sin imponer costas a ninguna de las partes. Durante la presentación de la prue-ba, los demandados presentaron la certificación aludida de la inscripción del nacimiento de la demandante, que fué inscrita en el registro civil; oponiéndose a su admisión el abogado del demandante; pero la corte, sin embargo, admitió la referida certificación, tomando el abogado una excepción a esa resolu-ción. Después que se había dictado la sentencia, y puesto que era contra los demandantes, éstos solicitaron un nuevo juicio fundando su moción en accidente o sorpresa, que la ordinaria prudencia no pudo preveer. Los demandados se opusieron a su moción manifestando que el propósito de la presentación del documento en cuestión era únicamente el de fijar una fecha desde que pudiera empezar a contarse la prescripción, que era una de las defensas invocadas en su contestación. La c.orte, después de habet oído las alegaciones de las partes, con-cedió el nuevo juicio por resolución de 4 de enero 1911, por la que quedó anulada la primera sentencia. Contra esa orden, y por virtud de las disposiciones del párrafo 3 del artículo 295, del Código de Enjuiciamiento Civil, los demandados estable-cieron esta apelación. Según sé verá de lo dicho anterior-mente aquí no,hay controversia con respecto a la justicia o injusticia que puede estar envuelta en lá sentencia dictada por la corte inferior, sino que la apelación se ha interpuesto sola-mente contra la resolución de 4 de enero &e 1911, dictada por el juez y concediendo un.nuevo -juicio. Como único funda-mento de, la apelación, cita el abogado como infringido por in-debida aplicación, el párrafo 2o. del artículo 221 del Código de Enjuiciamiento Civil, y otros artículos en relación con el mis-mo. Dicho articulo dispone que puede concederse un nuevo juicio, entre otras causas, cuando durante el curso del juicio ha habido accidente o sorpresa, que la ordinaria prudencia no ha podido preveer.

La primera cuestión que aquí se ha presentado por los apelantes es que la declaración jurada y fundada, en la que se basó la solicitud para nuevo juicio, omite el sitio. Se alega que ese es un defecto fatal y se cita como autoridad en apoyo de esta teoría, a Estee sobre Alegaciones, página 199, párrafo 271. También se hace referencia a los casos de Lane v. Morse, 6 How., Prac. Rep., 394, y Cook v. Staats, 18 Barb., 407.

Expresa Esteé que la especificación de la corte es una par-te esencial de toda declaración jurada, y constituye prueba prima facie del sitio en que se tomó; y cita 6 How. Prac., 394 y 18 Barb.,' 407. Sin embargo, agrega el autor que esto ciertamente no puede establecerse como una regla en toda clase de declaraciones juradas, y que una 'declaración jurada sin el título de la acción en que se hace, es tan válida y efec-tiva para cualquier fin nomo si estuviera titulada debidamen-te, si de la misma aparece de modo claro que se refiere a tal acción; hace referencia al párrafo 1046 del Código de Enjui-ciamiento Civil de California y al caso de Butler v. Ashworth, 100 Cal., 334. El estatuto de California citado es idéntico al artículo 345 de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil y el caso contenido en 100 Cal. es de aplicación al mismo. De un examen de. la declaración jurada se verá que la misma se re-fiere de modo suficiente al caso para fines de identificación y con.arreglo.al estatuto debe sostenerse. ■

La otra objeción que se bace a la declaración jurada y fundada es que la misma no expresa cuáles son los bechos que el declarante conoce de propio conocimiento y cuáles funda en información obtenida por otros; sino que simplemente jura que la declaración jurada expresa “la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad.” Esto es equivalente a alegar que los becbos relacionados son del conocimiento personal del declarante, no siendo por tal motivo defectuosa la declaración jurada en su forma.'. Además, se verá del contenido de la de-claración jurada, que las cuestiones réferidas en la misma son naturalmente del conocimiento personal del abogado que jura con respecto a ellas.

Alega además el apelante con referencia á esta declaración jurada, que el juramento no solamente es irregular en su for-ma»sino que también es deficiente en sus méritos, pues de una mera, lectura de la misma se llega inmediatamente a la con-clusión de que el accidente o sorpresa que se lia invocado apa-rece de su contenido,, que fúé simplemente un error cometido al considerar la corte la prueba, y qué en realidad no ba ha-bido sorpresa para el demandante. Cierto es que M cuestión referente a sorpresa -según la ley excluye todos los elementos de negligencia, de suerte que, en general si una persona ba tenido oportunidad de examinar un documento y no lo ba be-cbo, no puede alegar que ba sido sorprendido al presentarse tal documento como prueba. Podría aparecer, según bemos dicbo, que el demandante fué negligente, puesto que se ba dicho que la partida de nacimiento de María del Rivero Her-nández le fué mostrada por los demandados y que la tuvo en sus manos, y si no la examinó podría suponerse que fué por-que no tenía deseo de hacerlo así. Tales son las considera-clones indicadas por el astuto abogado del apelante durante la vista de este caso ante este tribunal.

Este argumento podría predominar si no hubiera sido por-que las manifestaciones del abogado de los apelantes induje-ron al apelado a creer que el documento presentado era la partida de bautismo. Siendo así el caso, no se tomarán en consideración las imputaciones de negligencia que el apelado hace a su contrario, al aceptar como correctas sus manifes-taciones hechas en corte abierta. No puede permitirse que ninguna parte se beneficie de este modo de su propio error, aun cuando el mismo se cometiera de buena fe o fuera sim-plemente accidental.

Se alega que la admisión de la partida de bautismo no era esencial puesto que la fecha que se trataba de probar tampoco lo era. Este punto fue resuelto por la corte inferior, y se su-pone que en contra del apelante. Según el contenido de estos autos, no podemos expresar que hubiera algún error con res-pecto a este aspecto del caso y debemos aceptarlo como ha sido resuelto por ahora.

Parece que hubo un error al que fueron inducidos tanto los abogados de ambas partes como la propia corte, confun-diendo la certificación de nacimiento con la partida de bau-tismo. Es claro que si el documento se presentó con el fin de fijar la fecha no debió substituirse por el otro, pues difí-cilmente podrían tener la misma fecha. Al descubrir la corte inferior que todas las partes habían confundido un documento con el otro y que la sentencia por lo menos se fundaba en parte en dicho documento, adoptó el único medio posible para corre-gir dicho error, cual era el conceder un nuevo juicio, permi-tiendo a las partes que procedieran correctamente en otra ocasión.

Al discutir la cuestión en términos generales, el abogado' de los apelantes hace uso de las siguientes autoridades, o sea, afirma que este principio se encuentra en los siguientes casos. Por este fundamento de sorpresa los nuevos juicios deben concederse con gran cautela. Una parte que alegue haber sido perjudicada debe mostrar que la sorpresa no ba resul7 tado en manera alguna por su propia falta o negligencia: Rogers v. Huie, 1 Cal., 429; 54 Am. Dec., 300; Brooks v. Lyon, 3 Cal., 114; Dewey v. Frank, 62 Cal., 343 ; y debe solicitar su remedio en la primer oportunidad. Si puede conseguirlo de algún'otro modo, ya.por un sobreseimiento, Brown v. Smith, 10 Cal., 510; o un aplazamiento; Ferrer v. Home Mut. Ins, Co., 47 Cal., 416; o por presentación de otra prueba o por al-gún otro medio, no debe exponerse a las consecuencias del ve-redicto. Live Yankee Co. v. Oregon Co., 7 Cal., 42. La parte sorprendida debe solicitar protección no solamente en la primer oportunidad sino de modo tal que produzca el menor vejamen, gasto y demora. (Delmas v. Martin, 39 Cal., 555.) Alegan además los apelantes que una parte no puede solicitar con éxito la celebración de un nuevo juicio por este funda-mento, a menos que la sorpresa resulte claramente de la de-claración jurada; y cita el caso de McDonald v. Bear River Co., 13 Cal., 220; y que-el hecho o hechos de donde resultó la sorpresa tenían una, relación esencial con el caso, debiendo atribuirse principalmente el veredicto al efecto de los mis-mos. (Hartwright v. Badham, 11 Price, 383.) Afirma tam-bién que a las mismas conclusiones llega el autor Estee al tra-tar de los requisitos que son necesarios para un nuevo juicio, en su obra sobre alegaciones, en el párrafo 4884, en donde se enuncia la siguiente doctrina que puede usarse en forma de sumario: “Establecen los casos que la parte debe mostrar la sorpresa, en qué forma le perjudicó ésta, y que en justicia no puede atribuirse descuido alguno de su parte; que la sorpresa no ha resultado por la,falta o negligencia del solicitante, y que el veredicto se debe principalmente a los hechos de donde pro-vino la sorpresa; que tiene una buena defensa, pudiendo ser distinto el resultado en un nuevo juicio.”

No hay duda alguna de que la ley está bien expresada en estas autoridades, las que generalmente deben seguirse por las cortes inferiores, al considerar mociones sobre nuevos juicios fundadas en sorpresa o accidente. Pero las cortes dé apelación no siempre pueden revocar las resoluciones 'de las cortes inferiores, por nó aplicar estos principios a cada caso que surja. Casi todos los casos presentados de acuerdo con esta sección de huéstró estatuto, están fundados en circuns-tancias peculiares y deben resolverse,de conformidad con las mismas.

Esta cuestión - referente a concesión o denegación de un nuevo juicio se presentó a'nuestra consideración hace unos tres meses en el caso de Fajardo v. Tió, resuelto el día 31 de marzo último. El abogado del apelante parece apoyarse algo en ese caso. En dicho caso dijimos en la'opinión: “En cuanto ja la sorpresa del demandado por la prueba presentada a favor del demandante, basta decir que' si dicha prueba era per-tinente a las cuestiones planteadas por las alegaciones, el de-mandado no tuvo oportunidad para ser sorprendido; y si la prueba no era pertinente a dichas cuestiones, el demandado ha •debido oponerse a su presentación por esta causa, y de admi-tirse, a pesar de su oposición, debió haber reservado el punto por medio de la debida excepción, para ser considerado en la .apelación por este tribunal-' (Armstrong v. Davis, 41 Cal., 499.) El accidente o sorpresa que menciona el estatuto se refiere a asuntos completamente diferentes de la admisión o exclusión de prueba, y el apartado segundo del artículo citado .no tiene aplicación en este caso. Un caso de sorpresa que es-taría comprendido en esa cláusula del estatuto podría presen-tarse cuando el peticionario ha sido inducido a error por an-teriores manifestaciones de un testigo y posteriores declara-ciones del mismo contradiciendo sus manifestaciones. Y de haberse alegado en la moción un motivo suficiente de sorpresa, no procedía de su propia culpa o negligencia: lo que el ape-lante en este caso, en vista de las contradeclaraciones jura-olas, claramente dejó de hacer.” Se citan los casos de MacLear v. Hapgood. 85 Cal., 557; Dewey v. Frank Bros. & Co.. 62 Cal., 343; Ferrer v. Home Mut. Ins. Co., 47 Cal., 416; Brooks v. Douglas, 32 Cal., 210; Schellhous v. Ball, 29 Cal., ,605; Taylor v. Cal. Stage Co., 6 Cal., 229; Rogers v. Huie, 1 Cal., 429. Consideramos esto, hasta donde alcanza, como una expresión clara de la ley, y de autoridad obligatoria en los casos en que es de aplicación. Pero por razones obvias creemos que no es de aplicación a los hechos de este caso.

Desde luego, el caso se celebró ante la corte, sin jurado, según es la práctica en todos los casos civiles en Puerto Rico, y nadie está en mejores condiciones que el juez sentenciador para saber- y resolver el efecto que tuvo en hacer que se dic-tara sentencia a favor de los demandados, el certificado que fue admitido erróneamente. Naturalmente, cuando se ha concedido un nuevo juicio bajo las circunstancias que se de-terminan en los autos, tendrá dudas para anular tal resolu-ción. Si la misma corte que dictó la sentencia declara que se cometió un error fundamental durante el juicio, es razonable el suponer que no debe modificarse la resolución concediendo el nuevo juicio. Para que tal resolución se revoque los ape-lantes deben mostrar una razón muy poderosa. En el orden de los procedimientos la concesión o denegación de un nuevo juicio por el fundamento de accidente o sorpresa, es una cues-tión que debe dejarse ampliamente a la discreción de la corte inferior. Y a menos que se haya abusado de esa discreción, especialmente cuando se ha concedido el nuevo juicio, la corte de apelación seriamente vacilará para intervenir con esa dis-creción. Este principio es casi uniforme en todas las autori-dades. (29 Cyc., 103; y se citan los casos de Harper v. Wilkes, 76 Cal., 106; Shepherd v. Brenton, 15 Iowa, 84.)

Según la ley común la corte tenía la facultad inherente, aún de su propia iniciativa, para conceder nuevos juicios. Seguramente que esta facultad puede ejercitarse más propia-mente en aquellos casos que han sido celebrados ante la corte solamente, sin intervención de un jurado. Y aun pueden las cortes conceder nuevos juicios, por su propia moción, a menos que esta facultad inherente se le haya restringido por el esta-tuto. (29 Cyc., 921, y caso citado.) No conocemos en Puerto Rico ningún estatuto que tenga este efecto.

Por las razones expuestas, y por otras que no hay necesi-dad de discutir, la resolución concediendo él nuevo juicio no será modificada. Confirmada. ■

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y del Toro.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y Aldrey, no tomaron parte en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Sb. del Tobo,

text:
    Monserrat v. Foote, Juez de Distrito.
    Solicitud para que se expida mandamiento de Certiorari.

    No. 76.
    Resuelto en junio 23, 1911.
    Certiorari — Partes Interesadas. — Solamente en casos muy extraordinarios pro-cederá el libramiento de un auto de certiorari a petición de una persona que no baya sido parte en el pleito cuya revisión pretenda. ’ -
    Id. — Recurso Extraordinario — Recurso Adecuado en Ley. — Cuando el peticio-nario tiene en el curso, ordinario de la ley un recurso adecuado y eficaz para defender sus derechos, no puede ejercitar el extraordinario de certiorari.

    Los hechos están expresados, en la opinión.
    Abogados del peticionario: Sres. Eduardo Acuña y Alfredo Amoldo. '

   El Juez Asociado Sb. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de certiorari. Presentada la so-licitud se expidió el auto y se señaló para la vista el 19 de ju-nio actual. En dicho día comparecieron el peticionario y la parte interesada en el pleito a que se refiere el certiorari por medio de sus abogados, quienes informaron ampliamente. , Hemos estudiado cuidadosamente, el caso y opinamos que debe anularse el auto expedido. . .

El peticionario no fue ni es parte en el pleito a que se re-fiere el recurso, o, sea el No. 1,084 de la Corte de .Distrito de Mayagüez, seguido por la American Trading Co. v. Francisco Arán Cuascú, et al., sobre acción hipotecaria, y. .según .opinión de esta Corte Suprema en Delgado v. Cabassa, 2 Castro, Decisiones de Puerto Rico, 463, solamente en casos muy extraor-dinarios, lo que no sucede en éste que resolvemos,,procederá el libramiento ele nn auto de certiorari a petición de una persona que no lia sido parte en el pleito cuya revisión pretenda.

Además, según aparece de la misma solicitud, el peticio-nario tiene para defender sus alegados derechos un recurso adecuado y eficaz en el curso ordinario de la ley, y en tal vir-tud no procede el extraordinario de certiorari, según la cons-tante jurisprudencia de esta corte.

Denegada la solicitud.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y Aldrey.


author: El Jtjez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Aré et al. v. Borinquen Sugar Co.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Humacao.
    No. 648.
    Resuelto en junio 24 de 1910.
    Daños t Perjuicios — Importe de la Indemnización — Responsabilidad de Pa-tronos — Necesidad Real de los Reclamantes. — La indemnización debe fi-jarse, según la Ley sobre Responsabilidad de Patronos de marzo 1 de 1901, atendiendo a la necesidad real que los reclamantes tengan del producto de la labor del lesionado o fallecido.
    Id. — Cuantía de la Indemnización — Apreciación del Juez Sentenciador.— El juez sentenciador está colocado en mejores condiciones que el Tribunal Supremo para graduar la cuantía de la indemnización que deba concederse en cada caso, y a menos que se demuestre que la cantidad fijada sea claramente inadecuada o improcedente, el Tribunal Supremo aceptará la conclusión del juez como justa y equitativa.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. José de Guzmán Beni-tez y José Martínez Dávila.

    Abogados del apelado: Sres. Hartzell y Rodríguez Serra.

   El Jtjez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal..

La sentencia dictada en este caso y contra la cual se ha interpuesto el presente recurso de apelación por los deman-dantes, dice así:

“Hoy, 22 de julio de 1910, la corte resuelve de acuerdo con la sección 7 en relación con la sección primera de la ley relativa a la res-ponsabilidad de los patronos, que la ley y los hechos están en contra de la parte demandada, y visto los apartados (A y B) de la sección 4a. de lidia ley, considerando qne los cuatro demandantes Francisco, Gracia, Justa y Alfonsa Berberena y Aré son mayores de edad, casados unos, y todos con capacidad y en aptitud de ganarse la vida por sí mismos y ser sostenidos con independencia de la labor del difunto Miguel Berberena, condena a dicha corporación demandada, The Borinquen Sugar Company, a pagar a la demandante Micaela Aré cómo viuda del difunto Miguel Berberena, de quien dependía y que murió a causa de la negligencia de la dicha demandada causada según prescribe el número 3 del artículo 1 en relación con el 8 de la ley ya mencionada, la suma de quinientos dollars, en concepto de indemniza-ción, teniendo en cuenta para la estimación de tal indemnización la capacidad para ganar dinero del difunto y el grado de culpabilidad de la demandada, no habiéndose probado por tablas de mortandad o en otra forma, las probabilidades de vida de dicho difunto; y se le condena además, a que pague a dicha demandante las costas causadas y que se libre ejecución contra sus bienes para satisfacer esta sen-tencia.”

Según consignaron los apelantes en sn alegato, la apela-ción versa solamente sobre los dos extremos siguientes:

Io. El excluirse del beneficio de la sentencia a los deman-dantes Francisco, G-racia, Justa y Alfonsa Berberena, y

2°. El adjudicarse a la viuda Micaela ‘Aré solamente la cantidad de quinientos dollars en concepto de indemnización.

En cuanto al primer extremo diremos que la ley bajo la cual se estableció y que rige este caso, o sea la relativa a ,1a responsabilidad de patronos, etc., aprobada el 1 de marzo de 1901, Estatutos Revisados Nos. 322 al 333, en sus secciones 4a. y 5a., establece la regla de que la indemnización debe fijarse atendiendo a la necesidad real que los reclamantes tuviesen del producto de la labor del lesionado o fallecido.

A juicio de la corte sentenciadora se demostró qne los demandantes nombrados son mayores de edad, casados unos y todos con capacidad y en aptitud de ganarse la vida por sí mismos y ser sostenidos con independencia de la labor del difunto Miguel Berberena. Las conclusiones de la corte están sostenidas por la prueba y siendo esto así, resulta claro que la ley fué interpretada y aplicada rectamente.

Y en cnanto al segundo extremo diremos que el juez sen-tenciador estaba colocado en mejores condiciones que noso-tros para graduar la 'cuantía de la indemnización, y no ha-biéndose demostrado, ni apareciendo de la prueba, que la cantidad fijada sea claramente inadecuada o improcedente, debemos aceptar la conclusión del juez como justa y equita-tiva.

El recurso debe declararse sin lugar y confirmarse la sen-tencia apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados "Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary* no tomó parte en la reso-lución de este caso.'


author: El Juez Asociado Se. MacLeary,

text:
    Gandía v. Pizá Hermanos.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 689.
    Resuelto en junio 24, 1911.
    Alegato del Apelante — Exposición Piel y Concisa del Caso — Reglamento del Tribunal Supremo. — El abogado del apelante al hacer en su alegato una. exposición fiel y concisa del caso, de acuerdo con los artículos 42 y 43 del Reglamento del Tribunal Supremo, no necesita copiar extensamente las alega- ■ ciones y las pruebas obrantes en los autos, siendo' suficiente que haga una , relación concisa de todo lo actuado en el tribunal sentenciador.
    Nuevo Juicio — Fundamentos de la Moción de Nuevo Juicio. — La moción de-nuevo juicio no sólo debe especificar los fundamentos en que descansa, sino que deben dichos fundamentos corresponder a los consignados en el artículo 2-21 del Código de Enjuiciamiento Civil.
    Id. — Sorpresa—Alegación en la Demanda de un Contrato 'de Servicios— Prueba para Justificar que Dicho Contrato euE Verbal. — Bajo la alega-ción general hecha en la demanda, de la existencia de un contrato de servicios-entre el demandante y el demandado, puede presentarse prueba para justificar que dicho contrato se celebró verbalmente o por escrito, y si el demandado de-seare conocer, antes del juicio si el contrato alegado en la demanda es verbal o escrito, debe presentar oportunamente una moción o una excepción previa de carácter especial para conseguir ese objeto.
    Id. — Sorpresa—Alegación en la Demanda de un Contrato de Servicios. — No-constituye sorpresa que pueda servir de base para que el demandado obtenga un nuevo juicio, el hecho de haberse presentado prueba para justificar que el contrato de servicios alegado en la demanda fué verbal y no se refería para nada al contrato de «óeiedad de F sociedad demandada, pues la fecha del contrato alegado en la demanda, no corresponde con la fecha de la escritura del contrato soeial y de acuerdo con la doctrina expuesta en el párrafo anterior, la alegación general dé un contrato de servicios, admite la presentación de prueba para justificar que' fué escrito o verbal. -
    Id. — Sorpresa Ocasionada por Prueba Inadmisible..; — Cuando la sorpresa que se alega para pedir un nuevo juicio ha sido ocasionada por prueba inadmisible, el procedimiento que debe seguirse es objetar la presentación de dicha prueba y discutir el error, de su admisión en apelación -y no confiar en una moción de nuevo juicio para corregir dicho error.
    Id. — Insuficiencia de la Prueba — Especificación de los Particulares en que Consiste Dicha Insuficiencia. — Cuando una moeión de nuevo'juicio se funda en la insuficiencia de la prueba, para que este tribunal pueda entrar a examinar dicha insuficiencia, es absolutamente necesario que se especifiquen los particu-lares en que consiste dicha insuficiencia en la moción de'nuevo juicio, eñ la exposición del caso o en el alegato del. apelante.-. 1 '
    Id. — Cuestiones Envueltas en un Nuevo Juicio. — TJna moción de nuevo juicio puede fundarse fen falta.de prueba o en errores de ley, y la concesión de un nuevo juicio- implica un reexamen de los heehos a!nte el tribunal sentenciador.
    Id. — Sorpresa.—Da solicitud de nuevo. juicio' solicitada, .por sorpresa, se" concede con gran, cautela y el peticionario .debe demostrar claramente que la sorpresa no ha sido motivada por su propia negligencia, y que de concederse un nuevo juicio el resultado habría de ser distinto. ' .
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Juan Hernández .López.

    Abogado, del apelado: Sr. .Antonio' Sarmiento.-,
   El Juez Asociado Se. MacLeary,

emitió la opinión del tribunal.

En el presente caso se celebró el juicio ante' la Corte- de Distrito de San Juan el día 10 dé noviembre -de 1910, dic-tándose por dicha corte sentencia a favor del-. demandante. Se presentó en seguida una moción solicitando un nuevo jui-cio, que fué desestimada en 15 de marzo de 1911. Mientras tanto, se habían cambiado los jueces de dicho tribunal: ' el Hon. Pedro de'Aldrey que conoció -de dicha-.cansa, había sido elevada al Tribunal Supremo, y el Hon. Jorge V. Domínguez le había sucedido en-la corte de distrito. La transcripción de los autos fué presentada en esta corte, el día 8 de abril, próximo pasado, - y en 16 de mayo, se- celebró la vista del recurso de apelación.

El abogado de los apelantes señala diez errores que alega haber sido cometidos por el tribunal inferior, y que; según él, hacen necesaria la revocación de la orden denegando el nuevo juicio. Algunos de estos señalamientos son idénticos a los consignados en la apelación interpuesta contra la sen-tencia, y lian sido considerados debidamente en diclio caso (No. 683), estimándose que carecían de fundamento. Hare-mos pues caso omiso de los mismos, y limitaremos nuestro examen a los otros tres señalamientos de errores que tra-tan más particularmente de la moción de nuevo juicio, y la orden del tribunal declarando sin lugar dicha moción.

Copiados literalmente, tal y como constan en los autos, dichos señalamientos dicen lo siguiente:

“1°. La moción de nuevo juicio no debía especificar, como la corte opina en su resolución, los fundamentos en que des-cansa; bastando que dichos fundamentos se ajusten a los tér-minos señalados en el artículo 221 del Código de Enjuicia-miento Civil.
“2o. Al presentarla moción de nuevo juicio, ■ acompañó esta parte en tiempo oportuno, una exposición del caso, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 223 del Código de Enjui-ciamiento Civil, como fundamentó y base de la impugnación hecha de la sentencia por insuficiencia de la prueba para justificar la sentencia o decisión y por ser ésta contraria a la ley.”
“3o. Es erróneo asimismo el fundamento de la resolución apelada, en cuanto establece que una moción de nuevo juicio es la revisión de una cuestión de hecho y no de derecho, como sería este caso, según dice la corte. ’ ’

Procuraremos considerar y discutir estas cuestiones en el orden en que han sido presentadas por el abogado, en su alegato; y conviene observar aquí mismo, que el distinguido letrado que representa a los apelantes parece haber formado un concepto erróneo de los requisitos de las reglas 42 y 43, de este tribunal. Al exigir una exposición fiel y concisa del caso, no fué nunca la intención de este último que se copia-ran en el alegato las alegaciones y pruebas en su totalidad; sino solamente que el abogado hiciera, en sus propias' pala-bras, una relación sucinta de todo lo actuado por el tribunal sentenciador, para dar .a la Corte de Apelación, desde el prin-cipio, una idea general del caso y de las cuestiones que sur-gieran en el curso de la investigación. Ya hemos dicho esto antes más de una vez, y lo repetimos ahora, en la esperanza de evitarle al foro en lo sucesivo un trabajo .innecesario. Yéase la opinión emitida por este tribunal con motivo de la moción solicitando que se suprima el alegato del apelante, en el caso del Pueblo de la Carolina v. Saldaña, cuya opinión fné emitida en 22 de noviembre de 1910.

En su alegato el apelado hace cuatro objeciones contra la forma en que el presente caso ha sido entablado y presen-tado ante este tribunal; pero según la regla 62, dichas ob-jeciones se han presentado demasiado tarde para que ahora puedan tomarse en consideración. Así es que solamente el último punto alegado por el apelado, será examinado a su debido tiempo, en esta discusión; y es que la apelación es a todas luces improcedente. Pero examinemos primero el caso, tal como ha sido presentado por el apelante.

En cuanto al primer señalamiento de errores, diremos que en nuestra opinión, la moción de nuevo juicio no solamente debe especificar los motivos en que se funda, sino que dichos motivos deben ajustarse a los términos consignados en el artículo 221 del Código de Enjuiciamiento Civil. Esto quiere decir que el tribunal al que se pida la concesión de un nuevo juicio, debe ser enterado de los motivos que hagan necesaria dicha concesión, para el logro de los fines de la justicia, y dichos motivos deben estar comprendidos entre las seis can-sas especificadas en la ley. Tal requisito es absolutamente necesario para un procedimiento ordenado, y para impedir que la prática de los tribunales degenere en caos y dependa enteramente de los antojos y caprichos de los tribunales, o de los abogados.

El primer señalamiento de errores, al ser examinado con-juntamente con las explicaciones contenidas en el alegato, demuestra que la moción de nuevo juicio se fundaba en el motivo de accidente o sorpresa, con arreglo a lo dispuesto en él párrafo 2o. del artículo 221 del Código de Enjuiciamiento Civil.' Parece que para el abogado de los apelantes y, por tanto, para las mismas partes, fuera una sorpresa el que la prueba presentada ■ por el apelado con respecto ál contrato, no se ajustara a las alegaciones contenidas en la demanda. Está sorpresa tal conio fué, evidenteinente resultó de un concepto erróneo formado por el abogado respecto a los tér-minos de las alegaciones. La demanda alega un contrato de empleo, celebrado entre el demandante y los 'demandados, y al presentar su prueba, el primero alega la existencia de un contrato verbal sin bacer mención de la clausula que refe-rente a'este contrato existe en la escritura social otorgada' por l'os hermanos Pi'zá- al constituirse én sociedad. Mediante la debida 'atención a la's alegaciones de la ■ demanda se hu-biera llegado á comprender claramente que el apelado se apoyaba en un contrato celebrado entre él y el socio'gestor, el día 15 de'octubre de. 1902, poco tiempo antes del otorga-miento de la escritura de constitución social; cuyo contrato" no ha podido tener referencia a dicho documento, puesto que éste-no existía en esa época. Por consiguiente, al celebrarse el juicio, se presentó la prueba que sostenía dicha alegación, ctiya' prueba' era naturalmente la declaración del mismo ape-lado. Esa declaración era prueba adecuada y en efecto la única fuente de evidencia abierta para el'apfelado en el acto del juicio, en la ausencia del socio gestor' de la mercantil Pizá Hermanos. Pero, con tal que dicha persona hubiera estado presente en el acto del juicio, su adversario no hubiera estado obligado a llamarlo como testigo. Por supuesto, si él hubiera elegido declarar en contradicción a la declaración del apelado, tenía el privilegio de hacerlo.

Pero, el abogado también hace la objeción de que la de-manda no alega que era un contrato verbal en que se fun-daba la acción, y no la cláusula contenida en la escritura de constitución social, como suponía la referida Sociedad Mer-cantil. Según se ha alegado, la fecha del contrato demues-tra que el demandante no se apoyaba en la referida escritura; y la demanda alega un contrato de empleo; y si los demanda-dos deseaban que se expresara si dicho contrato era verbal o por escrito, entonces han debido tomar excepción ‘contra esa alegación, y hubiera podido hacerse una enmienda con arreglo a las disposiciones del artículo'136 del Código de .En-juiciamiento Civil, según se ha indicado por el letrado. Pero ciertamente, que a fñlta de tales excepciones, la alegación1 era suficiente, y no podía considerarse en el sentido de que pudiera dar lugar'a equivocaciones de parte de persona al-, guna. En 'una alegación general referente a un contrato, pueden hacerse’ declaraciones que demuestren la existencia de un contrato verbal o de un contrató escrito; y si el deman-dado desea'saber más específicamente,'en cuál de las dos clases de convenio' se apoya el demandante, puede obtener ese infórme mediante una moción adecuada, ( o una excep-ción- especial. La prueba presentada era perfectamente compatible coir la demanda, y no "era posible "que hubiera una causa de sbrprésa bien fundada en la resolución de la corte, admitiendo dicha prueba.

Pero si dicha prueba era inadmisible, entonces ha debido hacerse una objeción'contra la misma al ser presentada; y si hubiera sido admitida a pesar de tal objeción, entonces pudiera haberse tomado excepción. De este modo el-error, si es que hubo alguno, pudiera haberse corregido. Este hu-biera sido el debido procedimiento, en vez de 'confiar- en una moción ele nuevo juicio. (Fajardo v. Tió, resuelto por este tribunal en 31 de marzo de 1911, y casos allí citados.)

• • Segundo. Bajo este llamado señalamiento de errores, -no se quejan los apelantes en manera alguna, de ninguna reso-lución del tribunal sentenciador, ni se señala ningún error verdadero o supuesto, que pudiera someterse a la considera-ción del tribunal. Se hace una relación de lo que los apelan-tes hicieron en los procedimientos seguidos por ellos en la corte inferior, cuya relación puede ser o nó cierta, sin afec-tar en lo más mínimo la procedencia de la orden denegando el nuevo juicio. Si según alega el abogado de los apelantes,, la prueba es insuficiente para justificar la sentencia, enton-ces los apelantes deben de mostrar en su moción, exposi-ción del caso, o en su alegato, en qué consiste dicha insufi-ciencia, y no se demuestra nada en este sentido en ninguna parte de los autos. Examinando detenidamente dichas prue-bas, encontramos que las mismas son ampliamente suficientes, y no necesitamos entrar en' detalles, toda vez que el seña-lamiento de errores no requiere tal discusión. Según las reglas de este tribunal, no era necesario hacer caso alguno de este párrafo del señalamiento de errores de los apelan-tes. En apoyo de nuestro parecer con respectó a este punto, conviene hacer referencia a los casos de The Patent Brick Co. v. Moore, 75 Cal., 205, y Lowie v. Salz, 75 Cal., 349.

• Tercero. El tercer señalamiento de errores establece una distinción entre cuestiones de hecho y cuestiones de derecho, como fundamentos en que basar una moción de nuevo juicio. Es verdad que cuando se ha concedido un nuevo juicio, esto, con arreglo al artículo 220 del Código de Enjuiciamiento Civil, envuelve un nuevo examen de las cuestiones de hecho, en el mismo tribunal ante el cual se haya celebrado el juicio; pero la moción solicitando un nuevo juicio, puede basarse en falta de prueba o error de derecho, por cuya razón resultó errónea la sentencia anterior. Sin embargo, examinando de-tenidamente el presente caso en todos sus extremos, no en-contramos ningún error esencial de derecho ni de hecho, ni de forma ni de fondo, y debemos aprobar la resolución del tribunal sentenciador, denegando el nuevo juicio.

La apelación interpuesta contra dicha resolución, no pue-de prosperar por clara y hábil que sea la manera o forma en que se han presentado los supuestos errores cometidos por el tribunal al dictar la misma. Se conceden con gran cau-tela los nuevos juicios que se solicitan con motivo de sor-presa. La parte presentando la moción, debe cjemostrar cla-ramente que la sorpresa no ha sido en manera alguna el re-sultado de su propia negligencia; y que en el caso de que se concediere nn nuevo juicio, se puede esperar un resultado distinto. Y la sorpresa debe ser demostrada concluyente-mente, mediante una declaración jurada. (Delmas v. Martín, 39 Cal., 555; Fajardo v. Tió, resuelto por este tribunal, en 31 de marzo de 1911; Rogers v. Huie, 1 Cal., 429; Brooks v. Lyon, 3 Cal., 114.) Si según toda probabilidad, se obten-dría el mismo resultado en otro juicio, de haberse corregido los supuestos errores cansados por la sorpresa, entonces debe desestimarse la moción solicitando un nuevo juicio.

El método empleado por el distinguido abogado de los ape-lantes, al presentar este caso al tribunal, ha hecho difícil comprender los puntos que desea establecer; pero hemos pro-curado seguir su raciocinio con la mayor atención posible, y esperamos haber tenido un éxito razonable. En todo caso, se ha logrado hacer verdadera justicia, mediante la denega-ción de un nuevo juicio, y no hay motivo alguno para revocar ■ la resolución dictada con respecto a la referida moción.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.

El Juez Asociado Sr. Aldrey, no tomó parte en la resolu-ción de este caso.


author: El Juez Asociado Se. del Tobo,

text:
    Aré et al. v. Borinquen Sugar Co.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Humacao.
    No. 633.
    Resuelto en junio 24, 1911.
    Daños y Perjuicios — Responsabilidad del Patrono — Promesa de Reparar el Defecto. — Cuando el patrono lia prometido expresamente reparar el detecto, el empleado puede ser indemnizado por un perjuicio que sufra dentro de un período de tiempo después de las promesas, tan largo como pudiera razonable-mente concedérsele para cumplirlas, y por un perjuicio sufrido dentro de un período que no excluya la idea razonable de que la promesa pudiera cumplirse.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Hartzell y Rodríguez Serra.

      Abogados de los apelados: Sres. José de Gusmán Benitez y José Martínez Dávila. ■

   El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal. *

Micaela Aré, y Francisco, (Jracia, Justa y Alfonsa Ber-berena'y Aré entablaron demanda'ante'la Corte de Distrito de Humacao contra Tire Borinquen Sugar Company, en recla-mación de tres mil dollars por daños y perjuicios sufridos con motivo de la muerte de Miguel Berberena, esposo de Micaela Aré y padre de los otros demandantes.

En la demanda se alega que Miguel Berberena, en el mes de abril de 1910 estaba ocupado como .empleado de la deman-dada, una corporación dedicada a la explotación de la caña de azúcar, prestándole sus servicios en la carga y conducción de cañas en las wagonetas de la propia corporación, arras-tradas por buyes siiplidos por ésta,-sobre vías portátiles ins-taladas también por la-corporación demandada, para llevar las cañas a la factoría central de la misma, y que bailándose en tal ocupación el dicho Miguel Berberena el 20 de abril de 1910, en unión de 'otros, en'el lugar conocido por “las quince cuerdas,” venían tres wagonetas ya cargadas y arrastradas sobre la vía portátil por una yunta de'bueyes y al bajar una ondonada que allí existe, dichas tres -¡vagonetas faltas de re-tranca o retenida, corrieron rápidamente y llegado el ins-tante preciso de desenganchar y separar la yunta de bueyes, acudió Miguel Berberena a hacerlo, con el debido celo y dili-gencia, cediendo la punta de uno de los railes al peso de las wagonetas e inclinándose de súbito en una zanjilla, levantó inesperadamente el otro extremo, de tal modo y con tal vior lencia que rompió una pierna a Miguel Berberena, quien cayó al suelo y fué arrollado por las wagonetas que le pasaron por encima y le ocasionaron la muerte.

En la demanda se narran detalladamente los hechos y se alega que la causa determinante del accidente se debió a la negligencia de la demandada al no proporcionar a Ber-berena ciertos trozos de madera para calzar la vía en las zanjas; una retenida, consistente en iina yunta de bueyes que se empleaba para aguantar las wagonetas en las bajadas, •y una lanza.

La demandada negó los beclios esenciales de la demanda y alegó que la muerte de Berberena se debió a su propia culpa y además que Berberena no trabajaba por cuenta de la demandada, sino por cuenta de su liijo G-racia, que Labia sido encargado mediante ajuste de efectuar la labor de con-ducción de cañas, y alegó además la demandada que ella pro-porcionó todos los medios necesarios para que el dicho tra-bajo se efectuara en una forma conveniente y sin riesgo para los trabajadores.-

Celebrada la vista, la- corte dictó sentencia condenando a la demandada a pagar únicamente a la demandante Micaela Aré, viuda de Miguel Berberena, la suma de quinientos dollars, y contra esa sentencia la demandada interpuso el pre-sente recurso de apelación.

Analizando la prueba en su totalidad, se llega a la con-clusión de que sostiene-la sentencia dictada. Ella demues-tra que. dados los precedentes que existían y la forma en que se realizó el contrato de conducción de cañas, era el deber de la demandada proporcionar todos los medios necesarios para verificarlo. Que la vía atravesaba por terrenos en los cuales existían muchas zanjas y que el modo como se había venido colocándola sobre esas zanjas, era asegurándola por medio de calzos de madera de suficiente resistencia. Que Berberena pidió esos calzos y le fueron prometidos. Que uno de los em-pleados de la demandada, un mayordomo, le manifestó que rellenando las zanjas con tierra y paja la vía quedaba per-fectamente asegurada y el mismo mayordomo le explicó cómo se hacía el relleno. Que dada la urgencia del trabajo, Ber-berena lo comenzó pero insistiendo en la necesidad de los calzos y bajo la promesa de la demandada de proporcionar-los a la mayor brevedad. Que la demandada en efecto envió los calzos resultando que eran de madera vieja o podrida, que no ofrecía lá suficiente resistencia. Que si el rail cedió en la zanja, se debió a no haber sido convenientemente calzado y que por tanto la muerte de Berberena puede imputarse a la falta de tal calzo y en su consecuencia a la negligencia de la demandada al dejar de proporcionarlo en debida forma, no obstante sus promesas a las súplicas de Berberena.

En el caso de Hough v. Railway Co., 100 U. S., 225, se dice: “Pero no puede haber duda de'que cuando el patrono ha prometido expresamente reparar el defecto, el empleado puede ser indemnizado por un perjuicio que con tal motivo sufra dentro de un período de tiempo después de la promesa como pudiera razonablemente concedérsele para cumplirla, y, según creemos, por un perjuicio sufrido dentro de un pe-ríodo que no excluya la idea razonable de que la promesa pudiera cumplirse.” (Shearman & Redf. Negligence, sec. 96; Conroy v. Vulcan Iron Works, 62 Mo., 35; Patterson v. P. & C. R. W. Co., 76 Pa. St., 389; Le Glair v. The First Division of the St. Paul & Pacific Railroad Co., 20 Minn., 9; Brabbits v. R. W. Co., 38 Mo., 289.)

En cuanto a que Berberena no era un empleado de la de-mandada, dadas las circunstancias de este caso y no obstan-te haberse demostrado que trabajaba por ajuste, no puede negársele tal carácter.

El recurso debe declararse sin lugar y confirmarse la sen-tencia apelada. ^ - , *

^ - , Confirmada,.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary, no tomó parte en la reso- . lución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Audrey,

text:
    Sucesión Morales v. Kieckoefer et al.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 654.
    Resuelto en junio 24, 1911.
    Nulidad de Contratos — Perjuicio al Demandante. — Para que un demandante tenga derecho para pedir la nulidad de unos contratos, en los que no aparece obligado ni principal ni subsidiariamente, es preciso que de la demanda re-sulte que ha sido perjudicado por dichos contratos.
    Acción Reivindicatoría — Bienes Gananciales — Liquidación de la Sociedad , Conyugal. — El título de heredero de uno de los cónyuges componentes de la sociedad conyugal no es suficiente para reivindicar la mitad de una finca que forma parte de los bienes de la sociedad de gananciales, cuando no se ha prac-ticado la liquidación de dicha sociedad conyugal, pues hasta que tal liquida-ción sé haga, no puede afirmarse la existencia de un sobrante que corresponde por mitad a los cónyuges.
    Sociedad Conyugal — Título de los Cónyuges a los Bienes Gananciales — Co-herederos. — Después de disuelto un matrimonio debe liquidarse para conocer si hubo en la sociedad conyugal beneficios, y la mitad de las ganancias, si las hubo, corresponden a cada cónyuge, no como herencia sino por derecho propio, y por esta razón los cónyuges una vez disuelto el matrimonio, no son coherede-ros, ni tampoco los sucesores del que haya muerto son coherederos del socio supérstite.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. Cayetano Coll y Cuchí.

    Ahogado de los apelados: Sr. Manuel F. Bossy.

   El Juez Asociado Sr. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

La demanda en este caso fné presentada ante la Corte de Distrito de San Juan en 7 de diciembre de 1906, aunque pa-.rece, que fue enmendada y alega sustancialmente: que los demandantes son los herederos de Doña Tomasa Morales, -quien sobrevivió a su hija Doña Valentina Berrios y a la cual heredó; que ésta última señora estuvo casada con Don Alejandro Jourdan hasta 1867 en que ella murió con poder para testar, en el que ordenaba que si su madre le sobrevivía, fue-ra su heredera; que durante el matrimonio de Jourdán con la Señora Berrios, aquél compró por y para la sociedad conyu-gal dos fincas que forman hoy la nombrada San Antonio, radicada en el pueblo de Bayamón, la que se describe en la ■demanda; que posteriormente casó Jourdan en segundas nup-cias con Doña Cecilia Adelaida Kieckoefer a la que instituyó por su heredera en el testamento bajo el que murió; que la isociedad de gananciales del primer matrimonio de Jourdan, no ha sido liquidado nunca, por más que desde hace quince .años vienen los ■ demandantes gestionando amistosamente la liquidación de esa sociedad; que Jourdan, después de la muerte de su primera esposa, quedó poseyendo todos los bienes de la sociedad conyugal, haciendo lo propio respecto de esos bienes la Señora Kieckoefer a la muerte de su con-sorte, e inscribiendo después en 1889 en el registro de la pro-piedad y a nombre suyo, por título de herencia, la propiedad de la finca San Antonio: que en 1901 la viuda de Jourdan traspasó simuladamente tal finca a Don Julio O. Abril, quien, a su vez en 1905 y en igual forma, la traspasó a Don José T. Silva, conociendo todos los que' tomaron parte en esas transacciones los antecedentes e historia de esa propiedad, sabiendo que no pertenecía a la' Señora Kieckoefer, porque eran socios de la firma comercial J. T. Silva y Co. que era la representante, administradora y banquera del Señor Jour-dan cuyos negocios conocía, así como el estado de sus intere-ses durante sus dos matrimonios: que Don José T. Silva ven-dió la finca en 1909 a Don Modesto Cobián, haciéndose.cons-tar en la escritura la existencia de esta- demanda; y que los intereses.de la primera-consorte en la sociedad conyugal con-sistían en la mitad de la finca San Antonio, como bienes gananciales, y en tres mil pesos que había -aportado al matri-monio por herencia de su padre.

Después de estas alegaciones y de consignar que los frutos de la mitad proindivisa de los bienes gananciales de la socie-dad Jourdan-Berríos, pertenecientes á la sucesión deman-dante, ascienden a diez mil pesos, concluyeron pidiendo: que se declaren nulas las tres - escrituras mencionadas y se can-celen sus inscripciones en el registro de la propiedad; que se declare que. Doña Cecilia Adelaida Kieckoefer sólo obtuvo por herencia de su marido los bienes que resultaren propios de él una vez excluidas las aportaciones matrimoniales de la esposa Berrios y la mitad de gananciales que • a -ésta corres-pondían; que se declare la propiedad de esas aportaciones y gananciales a favor de la sucesión demandante por herencia de Doña Valentina Berrios, que se ordene 1-a liquidación de dichos gananciales y su inscripción a nombre de los deman-dantes y que los demandados les paguen diez mil pesos por indemnización y las costas.

Don Jnlio O. Abril, uno de los varios demandados-,. for-muló contra esa demanda las excepciones de falta de hechos para determinar una causa de acción: la de prescripción de las acciones de liquidación de gananciales, de dominio, de cobro de pesos y de nulidad de contratos, aduciendo además la excepción de ambigüedad.

Esas excepciones fueron resueltas por el juez de la sec-ción 2a. de dicha corte, sosteniendo la de prescripción de la acción reivindicatoría, y en el mismo dia 30 de noviembre de 1910, dictó sentencia a favor’del demandado Señor Abril, y con costas a los demandantes, la que fué registrada al día siguiente por el secretario.

Contra esta sentencia los demandantes interpusieron re-curso de apelación para ante esta Corte Suprema. .

La acción ejercitada en la demanda.contra el apelado Don Julio O. Abril, es la de nulidad de aquellos contratos en que él intervino; pero para que los demandantes tengan derecho para pedir la nulidad de esos contratos, en los que no apare-cen obligados principal o subsidiariamente, es preciso que de la demanda resulte que han sido perjudicados por los mis-mos.

Por el contenido de la demanda se viene en conocimiento de que muerta Valentina Berrios en 1867 ni entonces, ni des-pués, se ha llevado a cabo una liquidación de su sociedad con-yugal con Don Alejandro Jourdan, por cuyo motivo no puede sostenerse que los demandantes, como herederos de Doña Tomasa Morales, siéndolo ésta de su hija, la'esposa primera de Jourdan, tengan un título suficiente para poder reivindicar la mitad de la finca San Antonio, porque sin proceder la liquidación del haber común, no puede afirmarse la existen-cia de un sobrante que corresponda por mitad a los cónyu-ges. Sentencia del Tribunal Supremo de España de 11 de mayo de 1889.

La ley declara que, a falta de capitulaciones matrimo-niales, se entenderá que el matrimonio se lia contraído bajo el régimen de la sociedad de gananciales, mediante la cnal, el marido y la mujer liarán suyos por mitad, al disolverse el matrimonio, las ganancias o beneficios obtenidos indistinta-mente por cualquiera de los cónyuges durante el mismo matri-monio.

Por ser el matrimonio, bajo este aspecto una sociedad, luego de disuelto debe liquidarse para conocer si bubo en ella beneficios y a cuánto ascienden y para proceder a divi-dirlos, entre los socios o cónyuges; y la mitad en las ganan-cias que por este motivo adquiere cada cónyuge, o sus here-deros, le pertenece y lo adquiere, no como herencia sino por derecho propio.

Por esta razón los cónyuges, una vez disuelto el matri-monio, no son coherederos, ni tampoco los sucesores del que haya muerto son coherederos del socio supérstite.

Así, pues, los demandantes carecen de un título bastante para reivindicar el dominio de la mitad de la finca San Antonio y no fueron ni son coherederos en ella, con Don Alejandro Jourdan ni con su heredera.

Como la liquidación de la sociedad conyugal es necesaria para determinar si hubieron o nó gananciales, mientras la misma no se practique, no puede • afirmarse que los hubieron y por tanto, carecen los demandantes de acción contra Don Julio O. Abril para pedir la nulidad de las compraventas por él realizadas, pues no puede afirmarse que hayan sido perjudicados por ellas.

• En un caso bastante igual al presente, declaró el Tribunal Supremo de España por su sentencia de 1 de marzo de 1894, en pleito dirigido por los herederos de un cónyuge contra el comprador de bienes adquiridos durante el matrimonio, que adquirida una mina por el marido cuando existía la so-ciedad conyugal, sin que conste el concepto en que la compró, toda vez que no se formó inventario, cuenta y partición y adjudicación de los bienes relictos a la muerte de la madre de los demandantes, no hay términos hábiles para estimar como bien ganancial la mina ele que se trata, y por ello, si estuvo bien o mal vendida por el viudo, cuando ya no existía la sociedad conyugal, razón por la que sentencia que absuelve de la demanda al comprador no infringe la ley.

Por las razones expuestas la sentencia debe ser confir-mada. /~1 7

7 Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.

El Juez Asociado Sr. MacLeary, no tomó parte en la reso-lución de este caso.