author: El Juez Asociado Señoe Oóedova Dávila,

text:
    Sucesión Franceschi, demandante y apelante, v. José Pilar González, demandado y apelado.
    No. 6559.

    Sometido: Enero 8, 1934.

      Resuelto: Enero 18, 1934.

      Henry G. Molina, abogado de la apelante; E. Ramos Antowini, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señoe Oóedova Dávila,

emitió la opinión-del tribunal.

En julio 1ro. de 1933 la Corte de Distrito de Ponce dictó resolución condenando a la sucesión demandante a pagar al demandado la suma de $1,505 en concepto de gastos y hono-rarios de abogado. De esta resolución apeló la sucesión de-mandante, y abora solicita el demandado qne se desestime la apelación porque la parte apelante, lejos de optar decidida-mente por la transcripción de evidencia o la exposición del caso, ba seguido ambos procedimientos simultáneamente, man-teniendo una duplicidad en pugna con la ley y viciando de nulidad cualquier exposición del caso que se aprobare por la corte de distrito.

En 14 de julio de 1933 la parte demandante resolvió tra-mitar su apelación mediante una transcripción de la eviden-cia y en dicba fecba la corte ordenó al taquígrafo que hiciera y preparara una transcripción de las declaraciones ofrecidas y de la prueba practicada. En 15 de julio de 1933 el taquí-grafo de la corte, Sr. Manuel Clavell, recibió por carta ins-trucciones del Sr. Molina para que se sirviera transcribir sus notas taquigráficas a fin de poder preparar una exposición del caso. El Sr. Clavell escribió al abogado de la demandante, Sr. Henry C. Molina, sugiriéndole que aclarara la disparidad entre sus deseos consignados en su carta aludida y la orden del tribunal que dispuso una transcripción completa de la prueba, incluso los documentos que fueron ofrecidos y admi-tidos. A esta carta el Sr. Molina contestó con fecba 18 del mismo mes diciendo:

“Fue una inadvertencia el haberle despachado a usted la carta que yo había redactado en la misma fecha de julio 15. Era mi inten-ción que se despachara dicha carta solamente si el cliente resolviera proceder mediante exposición del caso, pero habiéndose adoptado el sistema de transcripción de evidencia, por supuesto'habrá que igno-rar la referida carta.”

En la misma fecba de 18 de julio de 1933, se radicó ante la Corte de Distrito de Ponce una moción pidiendo prórroga de treinta días para radicar un proyecto de exposición del caso. Alega la parte apelada en su moción jurada que en agosto 2 de 1933, o sea un día antes de vencer el término de veinte días concedido por la ley al taquígrafo para cumplir con la orden dictada en 14 de julio, radicó la parte apelante una moción solicitando una prórroga para radicar una trans-cripción del récord. En esta moción se solicita una prórroga de sesenta días para radicar la referida transcripción de las notas taquigráficas. En 2 de agosto de 1933, el Hon. Domingo Sepulveda concedió la prórroga de sesenta días solicitada para que el taquígrafo radicara la transcripción de las notas ta-quigráficas y demás pruebas ofrecidas como evidencia durante la vista que tuvo lugar el 24 de mayo de 1933 sobre el inci-dente de costas. Posteriormente se ban concedido diversas prórrogas de treinta días para la transcripción de evidencia: en 29 de septiembre, primero de noviembre y primero de diciembre de 1933.

El abogado Sr. Molina alega como excusa que en 12 de julio de 1933 preparó dos juegos de papeles para ser presen-tados a la Corte de Distrito de Ponce por su asociado Lie. M. León Parra, un juego para ser utilizado si se resolvía tramitar la referida apelación mediante exposición del caso y el otro para si se resolvía tramitar dicha apelación mediante una transcripción de evidencia por el taquígrafo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley No. 27, de noviembre 17, 1917, Vol. 2, pág. 275. Expone el Sr. Molina que por error y sin ha-berlo advertido, un empleado del Sr. León Parra presentó ante la Corte de Distrito de Ponce la moción radicada en 18 de julio de 1933, solicitando una prórroga de treinta días para radicar la exposición del caso. El abogado de la parte de-mandante, Sr. Molina, según alega, ignoraba en absoluto que se hubiera presentado dicha moción hasta tanto recibió y leyó la moción sobre desestimación de la apelación presentada por la parte apelada. Entiende el Sr. Molina que habiéndose so-licitado y ordenado en debido tiempo la transcripción de evi-dencia por el taquígrafo y habiéndose solicitado oportuna-mente prórroga para la preparación y. radicación de dicha transcripción, no existe motivo alguno para que se desestime la referida apelación de la parte demandada, careciendo de importancia la circunstancia de que el empleado del Lie. León Parra, uno de los abogados de la apelante, haya equivocada-mente radicado ante la corte en 18 de julio una moción soli-citando prórroga para radicar una exposición del caso.

Esta corte ha sostenido que cuando un apelante elige el procedimiento provisto por la Ley 27 de 1917 no puede, trans-currido el tiempo para ello, abandonarlo para acogerse al alternativo de la exposición del caso. González v. Méndez, 33 L.P.R. 847.

Los autos demuestran que ambas mociones, la que solicitó una prórroga para preparar un proyecto de exposición del caso, y la que se acogió a la Ley No. 27 de 1917, se radicaron dentro del término señalado por la ley. La parte apelada admite que dentro de los diez primeros días de interpuesta una apelación, y aun después de seleccionado el procedimiento de la transcripción de evidencia, la corte puede permitir el cambio hacia la exposición del caso, ya que la parte que apela tiene diez días para tramitar dicha exposición; pero entiende que en este caso la sucesión demandante se decidió en tiempo definitivamente por la exposición del caso, mediante una or-den de prórroga que expiró sin que se radicara dicha expo-sición. No estamos de acuerdo. La selección en todo caso se hizo evidente cuando la demandante voluntariamente dejó expirar el término de la exposición y continuó el de la trans-cripción de evidencia. Aparte de que el Sr. Molina alega que la moción solicitando prórroga para preparar un proyecto de exposición del caso se radicó por error, opinamos que habién-dose presentado en tiempo ambas mociones, la parte apelante estaba autorizada para adoptar uno de los dos procedimientos.

La correspondencia cruzada entre abogado y taquígrafo no puede tomarse en consideración, porque no forma parte de los autos ni se ha presentado ante la corte. Es en 18 de julio cuando se gestiona una prórroga para preparar un pro-yecto de exposición del caso y cuando aparecen por primera vez en los autos dos mociones, la que se radicó en la fecha indicada y la que se presentó en 14 de julio acogiéndose al procedimiento de la transcripción de evidencia. La parte apelante solicitó en 2 de agosto de 1933 una prórroga de se-senta días para radicar la transcripción de las notas taqui-gráficas y demás pruebas ofrecidas en- evidencia durante la vista sobre el incidente de costas, y continuó solicitando pró-rrogas para el mismo propósito en septiembre, noviembre y diciembre de 1933. Todas las diligencias de la apelante, con excepción de la solicitud de prórroga radicada en 18 de julio, se ban dirigido a tramitar la apelación interpuesta siguiendo el procedimiento autorizado por la ley de 1917. Opinamos que habiendo radicado la parte apelante ambas mociones antes de expirar el término señalado por la ley, estuvo autori-zada para elegir uno de los dos procedimientos, y que ha-biendo elegido definitivamente el que prescribe la ley de 1917, no procede desestimar el recurso de apelación interpuesto.

El Juez Asociado Señor Aldrey está conforme con el re-sultado.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Del Toro,

license: Public Domain

text:
    Alberto Moreda Cifuentes, peticionario, v. La Corte de Distrito de Mayagüez, Hon. Charles E. Foote, Juez, demandada. Manuela Santos y González Viuda de Gil, demandante y apelante, v. Alberto Moreda Cifuentes, demandado y apelado.
    Nos. 941 y 6543.

    Sometidos: Enero 9, 1934.

      Resueltos: Enero 19, 1934.

      José SAbater, abogado del peticionario en el Certiorari No. 941 y del apelado en el caso No. 6543; J. Alemany, abogado de la deman-dante en el pleito principal y de la apelante, respectivamente, en los pleitos mencionados.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Señalada la vista del recurso de apelación No. 6543 para el 9 de enero actual, se estableció el de certiorari No. 941, expidiéndose el auto y señalándose la vista para el mismo día 9 de enero. Ambas partes comparecieron por sus abogados e informaron oralmente sbbre ambos recursos, que estudiare-mos en una sola opinión. '

El 21 de septiembre de 1933 Manuela Santos radicó en la corte de distrito una demanda de desahucio contra Alberto Moreda, alegando ser la dueña de una casa de concreto ar-mado con frente a la calle de Hostos de la ciudad de Maya-güez que arrendó al demandado por término de dos años y canon de trescientos dólares mensuales pagadero por mensua-Tidades que vencerían el día último de cada mes, habiéndose estipulado además en el contrato que el arrendatario paga-ría a la arrendadora $400 el día 30 de abril de 1933 y $50 mensuales más a los efectos de solventar cierta cuenta que liquidada el día de la escritura arrojó un saldo deudor a favor de la arrendadora y en contra del arrendatario de $1,733.46, y que vencidas y no satisfechas dos mensualidades del arrendamiento, la arrendadora tendría derecho a desahu-ciar al arrendatario.

Y alegó además la demandante que su arrendatario le es-taba adeudando y no le había pagado no obstante haberlo re-querido para ello:

de la mensualidad vencida en junio 30, 1933, $55
mensualidad vencida en jubo 31, 1933, 300
plazo deuda anterior vencido julio 31, 1933, 50
mensualidad vencida agosto 31, 1933, 300
plazo deuda anterior vencido agosto 31, 1933, 50
Total, $755

Y basándose en esas alegaciones solicitó que se decretara el desahucio y el lanzamiento del demandado de la finca en cuestión, de acuerdo con la ley.

Contestó el demandado que vendió la finca de que se trata a la demandante con pacto de retro por la suma de $34,151.73 y se la arrendó en efecto por escritura de 17 de diciembre de 1932 por término de dos años y canon mensual de $300 pa-gadero por mensualidades vencidas, escritura que contiene además las otras estipulaciones a que se refiere la demanda, pero sostuvo que a la fecha en que ésta se interpuso no es-taba adeudando dos mensualidades del canon de arrenda-miento, motivo por el cual no tenía la demandante derecho al desahucio solicitado. Alegó haber pagado mensualmente los $50 de la deuda antigua hasta junio inclusive y el canon de arrendamiento de $300 mensuales también hasta junio 30, 1933, habiendo pagado del correspondiente a julio la suma de $4.40.

Celebrado el juicio, la corte, el 28 de octubre de 1933, dictó* sentencia declarando la demanda sin lugar, con costas a la demandante, por los siguientes motivos:

“Cuando se presentó la demanda de desahucio en este caso el de-mandado no debía a la demandante dos mensualidades completas de arrendamiento porque en el mismo mes abonó el demandado a la demandante la cantidad de $354.40 en dos partidas, una de $326.60 y otra de $27.80. Cuando se hicieron esos abonos por el demandado, el apoderada de la demandante no dió recibo y como existen entre las partes de este caso dos deudas de dinero, una de una cuenta vieja de cánones y otra de los cánones de arrendamiento corrientes, el apo-derado de la demandante, sin haberlo convenido con el demandado, ■después que se había celebrado la primera comparecencia en este caso y que dicho apoderado había leído la contestación a la demanda y conocía la defensa del demandado, o sea el día 2 de octubre de 1933, entonces expidió al demandado tres recibos uno de $300.00 otro de $50.00 y otro de $4.40, que dicho apoderado- aplicó a las dos deudas en esta forma, el de $300.00 para cubrir el arrendamiento del mes de junio, el de $50.00 para abonar a la mensualidad de la cuenta vieja del mes de mayo y el de $4.40 para abonar también a la cuenta vieja de dicho mes de junio de 1933; cuando en realidad, y de acuerdo con los artículos 1140 y 1142 del Código Civil, y toda vez que el demandado no aceptó los recibos y los depositó en seguida en esta corte, la cantidad total de $354.40 debe estimarse satisfecha en cuanto a la deuda más onerosa, la cual es el canon de arredamiento porque la falta de dicho pago trae consigo el desahucio al demandado y la pérdida de su opción para redimir la propiedad; mientras que por la cuenta vieja en cuanto a su falta de pago no se había estipulado o impuesto al demandado ninguna otra obligación que la del pago.”

No conforme la demandante apeló para ante este tribunal y su apelación fué radicada con el No. 6543 en esta Corte Su-prema, quedando la transcripción archivada en noviembre 23, 1933. La apelante presentó su alegato cinco días después y por estipulación de ambas partes y de conformidad con lo dispuesto al final de la sección 14 de la Ley de Desahucio de 1905, Leyes de 1905 p. 289, se señaló inmediatamente la vista del recurso.

Mientras esto sucedía, en noviembre 1,1933, Manuela Santos radicó en la corte de distrito otra demanda de desahucio contra Moreda, basándose en que independientemente de los cánones de arrendamiento vencidos el 31 de julio y el 31 de agosto de 1933 y de los plazos de la deuda antigua correspon-dientes a junio, julio y agosto de 1933 cuya falta de pago ha-bía sido objeto de la otra acción de desahucio, el demandado había dejado de pagar el importe completo de las mensuali-dades vencidas en septiembre 30 y octubre 31 de 1933.

Contestó el demandado aceptando la falta de pago de los cánones de arrendamiento correspondientes a septiembre y octubre de 1933, pero alegando “que ha garantizado a la de-mandante, para el caso de que el demandado faltare al pago de tres cánonés de arrendamiento, $900, entregando a la de-mandante o a su apoderado señor Ramón I. Gil, ocho paga-rés y un check del Dr. Pedro Pérez, siendo dichos pagarés y el check cada uno de ellos por $100, de tal modo que la deman-dante que ha recibido dicha garantía a su satisfacción, tiene el derecho de recurrir a esos garantizadores para el cobro de tros mensualidades de a $300 (trescientos dólares) cada una que dejare de pagar el demandado y alega el demandado que dichas garantías están vigentes en toda su integridad y que la demandante no ha reclamado a ninguno de dichos garan-tizadores el pago de sus garantías ni éstos han sido requeri-dos para su pago.”

T alegó además en su contestación el demandado:

“En cuanto al párrafo quinto de la demanda, acepta el deman-dado que la propia demandante radicó ante esta corte el 21 de sep-tiembre de 1933 otra demanda de desahucio que lleva el No. 17.,203, fundándose en que este demandado adeudaba los cánones de arrenda-miento correspondientes al 31 de julio y 31 de agosto de 1933 que tota-lizan $600.00; pero esta Hon. corte después de celebrado el juicio de dicho caso dictó sentencia el 28 de octubre de 1933 en favor de este demandado declarando sin lugar la demanda porque el deman-dado no debía la totalidad de la^ mensualidades de arrendamiento vencidas el 31 de julio y 31 de agosto de 1933 en su totalidad; y alega este demandado que por virtud de dicha acción de desahucio anterior y por la negativa del apoderado de la demandante Sr. Ramón I. Gil a recibir los pagos de cánones de arrendamiento como se había acostumbrado a pagar, de común acuerdo con el apoderado de la demandante, se ha visto obligado a consignar en esta corte, como ha consignado, y a la disposición de la demandante $150.00 el día 29 de septiembre de 1933 y $150.00 el día 30 de septiembre de 1933 y ha cónsignado también a la disposición de la demandante el día 31 de octubre de 1933 $300.00 de todo lo cual ha sido notificado el abogado de 3a demandante teniendo éste conocimiento antes de radicar la pre-sente acción de que el demandado tiene pagados a. cuenta de la men-sualidad vencida el 31 de julio de 1933 $54.40; y $600.00 más que cubren la mensualidad correspondiente a los meses de julio y agosto de 3933 y $54.40 a cuenta de la mensualidad de septiembre de 1933.”

Trabada así la contienda y por el mérito de la evidencia introducida la corte de distrito falló esta vez en favor de la demandante y por sentencia de diciembre 5, 1933, decretó el desahucio solicitado.

De la opinión que emitiera para fundar su sentencia, trans-cribimos los párrafos que signen:

‘ ‘ Computadas las sumas consignadas en el caso anterior, ascienden totalmente a $600.00, que cubrirían las mensualidades de arrenda-miento vencidas el 31 de julio y el 31 de agosto de 1933, con un so-brante de $4.40, y sin cubrir los plazos de $50.00 mensuales para abonar a la deuda anterior de arrendamiento' correspondientes a las mensualidades de junio, julio y agosto de 1933, que tenían que ser pagadas conjuntamente con los cánones mensuales de arrendamiento.
“Para abonar a las mensualidades de arrendamiento vencidas de septiembre y octubre de 1933, que motiva el presente pleito, nada se había consignado. No fué hasta el día 21 de noviembre de 1933, fecha en que se celebró el juicio en este caso, que se hizo la primera consignación de $90.00 y el 29 del mismo mes otra por $210.00, que hacen un total de $300.00. Por haberse hecho el ofrecimiento y la consignación de dichas sumas mucho después de vencida la obligación y de radicada la demanda, en sumas parciales, no constituye defensa alguna en esta acción de desahucio; además, que ya está vencida una nueva mensualidad de arrendamiento, en noviembre 30, 1933.
“La estipulación de las partes en el contrato de arrendamiento sobre afianzamiento del importe de tres mensualidades, no altera el convenio sobre el desahucio en caso de falta de pago de dos mensuali-dades de dicho arrendamiento, por ser prestaciones independientes.”

No conforme el demandado con la sentencia de diciembre 5, apeló para ante esta Corte Suprema el 9 de diciembre úl-timo. Y surgió entonces el incidente que motiva el recurso de certiorari.

El 11 de diciembre, o sea, vencido el plazo que fija la sección 5 de ia Ley de Desahucio, Leyes de 1905, p. 289, com-pareció la demandante apelante y pidió a la corte que deses-timara el recurso porque “el demandado lia dejado de con-signar el importe de los cánones de arrendamiento vencidos hasta la fecha de registrarse dicha sentencia, correspondien-tes a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 1933, a razón de $300 mensuales, que importan $900, independien-temente de los $50 del plazo correspondiente a cada uno de dichos meses de la deuda anterior, que tenía que ser satis-fecho conjuntamente con dichos cánones de arrendamiento. Esta moción se apoyará en las constancias del récord de este caso.”

El propio día 11 de diciembre el demandado apelante ma-nifestó a la corte que optaba por el perfeccionamiento de su apelación por medio de una exposición del caso y le pidió que ordenara que el recurso se perfeccionara en esa forma archi-vándose la exposición dentro del término de cinco días que determina la ley.

Al día siguiente archivó la dicha parte demandada una moción de reconsideración de la sentencia.

La corte señaló día para la vista de las tres mociones, oyó sobre ellas a ambas partes y declaró sin lugar las del deman-dado y con lugar la de la demandante.

La Ley de Desahucio es terminante sobre la cuestión de consignación. “No se admitirá,” dice en su sección 12, Le-yes de 1905, p. 289, “al demandado el recurso de apelación si no consigna en secretaría el importe del precio adeudado hasta la fecha de la sentencia, cuando el desahucio se funde en falta de pago de las cantidades convenidas.” Y luego agrega en la sección 15: “ En las apelaciones interpuestas en juicios establecidos por falta de pago del canon estipulado, cualquiera que sea el estado del recurso, el demandante puede solicitar que se sobresea en el mismo, si el demandado no consignase en la secretaría del tribunal el importe de todos y cada uno de los arrendamientos que vayan venciendo.”

Y aquí se trata de un caso de desahucio por falta de pago, en el que habiéndose interpuesto la apelación el 9 de diciem-bre, 1933, debieron consignarse todos los cánones de arren-damiento vencidos, esto es, hasta noviembre 30, 1933.

¿Se consignaron? Trata el demandado de sostener que sí, pero un estudio cuidadoso de las constancias de los autos demuestra que no.

Para llegar a esa conclusión hemos examinado los autos originales por nosotros mismos y hemos encontrado que en el primer pleito de desahucio en el que la demanda se inter-puso en septiembre 21, 1933, se consignaron por el deman-dado al contestar la demanda en septiembre 28, $150, en oc-tubre 3, otros $150 y en octubre 31, $300. Total, $600.

Es de observarse que ni en esa ni en las posteriores consig-naciones el demandado especifica la mensualidad que intenta pagar, pero aceptando la posición más favorable para él, esto es, la que le reconoce la sentencia que la corte de distrito dictara en dicho primer pleito de desahucio, los $600 con-signados tendrían que aplicarse así: mensualidad vencida en julio 31, 1933, $300 y mensualidad vencida en agosto 31, 1933, $300, quedando los $54.40 que la corte estimó que debían apli-carse a la deuda más onerosa para abonar a la mensualidad de septiembre.^

Iniciado el segundo pleito en noviembre 1, 1933, sólo en-contramos la constancia de dos consignaciones hechas antes de dictarse la sentencia y de vencer el término para apelar, una en noviembre 21 de $90 y otra de $210 en noviembre 29, en junto $300.

Prescindiendo en absoluto de los cincuenta dólares men-suales que además del canon del arrendamiento deberían sa-tisfacerse según el contrato por el demandado y aplicando todo el dinero consignado a los cánones, encontramos que a la fecha de la sentencia resolutoria del segundo pleito que declaró con lugar el desahucio sólo se había consignado lo su-finiente para satisfacer los cánones hasta septiembre 30, 1933, con $51.40 para abonar al canon vencido en octubre 31, 1933.

La sentencia apelada en ese segundo pleito se dictó el 5 de diciembre, 1933, y se apeló el 9 del mismo mes y año. De acuerdo con la ley para que la apelación pudiera ser admi-tida, tenía el apelante que consignar todo lo que faltaba del canon de octubre y todo el de noviembre, y no lo hizo así.

Los hechos y la ley son tan claros que no se concibe que puedan obscurecerse a no ser que ello se baga intenciónal-mente con el propósito de dilatar la ejecución de la sentencia. La resolución de la corte de distrito sobreseyendo en el re-curso de apelación interpuesto por el demandado en el se-gundo pleito de desahucio, era la única que podía dictarse de conformidad con los hechos y la ley.

Habiendo llegado a esa conclusión, obtenido el decreto de desahucio que era el único fin que la demandante se propuso en el primer pleito, resulta en verdad académica la apelación interpuesta en' el mismo.

Sin embargo, al examinar la sentencia apelada encontramos que contiene un pronunciamiento de costas en contra de la demandante que, por lo menos, tiene ésta un claro derecho a dilucidar.

Las cuestiones que la parte apelante suscita en su alegato son de verdadera trascendencia. Para resolverlas en debida forma se necesita un amplio estudio. Del que hemos hecho hasta ahora estamos convencidos por lo menos de que la de-mandante no fué temeraria al acudir al tribunal iniciando el litigio y por lo tanto que nunca debió ser condenada en costas.

En tal virtud, nos limitaremos a modificar la sentencia re-vocando su pronunciamiento de costas y sustituyéndolo por otro que diga: “sin especial condenación de costas.”

Debe anularse el auto de certiorari expedido y modificarse, la■ sentencia apelada en el recurso No. 6543 en el sentido in-dicado.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Davila,

text:
    Manuela León de Quiñones, parte interesada en la cancelación de hipoteca, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    No. 906.

    Sometido: Enero 8, 1934.

      Resuelto: Enero 19, 1934.
    La partes no comparecieron.
   El Juez Asociado Señor Córdova Davila,

emitió la opinión del tribunal.

' Presentada al Registrador de la Propiedad de San Juan una escritura de cancelación de hipoteca, el registrador de-negó la cancelación por aparecer dicha hipoteca gravada con dos embargos, uno a favor de Francisco Mattei y otro a favor de The National City Bank of New York, no apareciendo que dichas personas hubiesen sido notificadas de tal cancela-ción o que hubiesen consentido a la misma. El registrador tomó en su lugar anotación preventiva por 120 días a favor de la deudora Manuela León.

La parte interesada en la cancelación fué notificada de la nota denegatoria y habiendo manifestado que no deseaba re-coger el documento, sino que fuese remitido a este tribunal, el registrador, vista la sección 2a. de la Ley de 1ro. de marzo de 1902 sobre recursos contra las resoluciones de los regis-tradores de la propiedad, remitió el referido documento a este tribunal para ser sometido a nuestra consideración.

La nota del registrador debe ser confirmada. Según apa-rece del registro, el crédito hipotecario ha sido objeto de dos embarg’os y no parece justo que se haga efectivo el crédito embargado y se cancele la hipoteca, sin notificar a las partes a cuyo favor se han practicado los embargos referidos. Si las partes que intervinieron en la contratación del préstamo hipotecario pudieran ponerse de acuerdo y cancelar una hi-poteca embargada por mi tercero a espaldas del mismo, que-darían los derechos adquiridos por éste a merced de lo que pudieran convenir acreedor y deudor hipotecario sin conoci-miento de la parte interesada. Es claro que el crédito em-bargado no puede ser pagado y cancelado sin intervención alguna de la persona favorecida por el embargo.

Por estas razones entendemos que la nota del Registrador debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

text:
    Demetrio Morales, demandante y apelante, v. Asociación Fondo de Ahorro y Préstamo de los Empleados del Gobierno Insular de Puerto Rico, y su Presidente, Enrique Acosta Calderón, demandados y apelados.
    No. 6027.

    Sometido: Diciembre 13, 1933.

      Resuelto: Enero 19, 1934.

      Guerra Mondragón & Soldevila, abogados del apelante; Son. Procu-rador General B. Morton y P. Janer, Subproeurador, 'abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Demetrio Morales, mecánico y chcmffeur del Gobierno de Puerto Rico por un período de catorce años, solicita la expe-dición de un auto de mandamus contra la asociación deman-dada y su presidente, obligándoles a cursar la solicitud for-mulada por el peticionario a los fines de la declaración de su inhabilidad física permanente y del pago del seguro que se-gún alega le corresponde, hasta que se le haya satisfecho en s.u totalidad, así como para que el presidente de la asociación demandada notifique a los jefes de oficinas y departamentos •del Gobierno Insular de Puerto Rico lo que sea procedente sobre descuentos del sueldo de los empleados bajo sus órde-nes por razón de la incapacidad del peticionario.

En 18 de junio de 1930, el peticionario, siendo empleado del Gobierno y miembro de la asociación demandada, dirigió por escrito al presidente de la misma una solicitud jurada interesando que, por su incapacidad física permanente que le inhabilitaba para el desempeño de su empleo, se le conce-diese y pagase el seguro previsto por la Ley No. 52 de 1921 (pág. 375), de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, tal y ■como ña sido posteriormente enmendada. Con la solicitud del peticionario quedaron sometidas a la consideración dq los demandados las correspondientes certificaciones médicas ju-radas.

Al considerar la solicitud la asociación demandada tuvo ante sí una certificación facultativa expedida por el Dr. Reyes a ruego del peticionario, y sendas certificaciones expe-didas por el Dr. Abel de Juan y el Dr. E. García Cabrera a petición de la asociación demandada. La asociación recabó del Comisionado de Sanidad de Puerto Rico la designación de un médico de su departamento para examinar físicamente al peticionario, habiendo sido elegido para practicar dicho ■examen el referido Dr. de Juan.

El Dr. Reyes en su certificación hace constar que el peti-cionario venía padeciendo de una artritis crónica de la rodilla izquierda desde hacía dos años, por lo que le había aconse-jado un tratamiento prolongado y un descanso absoluto, o, a ser posible, cesar de su ocupación, puesto que el movimiento excesivo tiende a agravar su condición, por estar total y per-manentemente incapacitado para desempeñar los deberes de su cargo. También suscribió el Dr. Reyes otra certificación que aparece en un impreso de los que se utilizan para casos ■de esta naturaleza, suministrado por la propia asociación. A la pregunta de si el solicitante está parcial o total y perma-nentemente incapacitado para desempeñar los deberes de su cargo o trabajo, el Dr. Reyes contesta que sí.

Contestando la misma pregunta, el Dr. de Juan dice que el solicitante se halla total y permanentemente incapacitado para desempeñar los deberes de sn cargo como chauffeur, y añade más adelante que el mismo padece de una artritis cró-nica de más de dos años de duración, en la rodilla izquierda,, y que es esto lo que lo incapacita totalmente para desempe-ñar los deberes de su cargo de chauffeur, empeorándose six condición actual con el ejercicio que la pierna izquierda debe hacer en el manejo de automóviles. A la última pregunta sobre si las condiciones especificadas incapacitan permanen-temente al paciente para continuar el desempeño de los de-beres de su cargo, contesta el Dr. de Juan que la condición de su corazón no lo incapacita, pero sí su artritis crónica.

Emitidos los informes médicos de los Dres. Keyes y de Juan, la asociación demandada sometió al peticionario con su consentimiento, a uií nuevo examen físico que practicó el Dr. E. García Cabrera, quien produjo el siguiente informe:

“El facultativo que suscribe por la presente certifica: que ha practicado un examen físico completo a Demetrio Morales así como los exámenes de laboratorio y radiológicos necesarios para llegar a un diagnóstico en el caso del Sr. Morales; que del reconocimiento y exámenes practicados a.1 Sr. Demetrio Morales, éste presenta una con-dición neurálgica de la articulación de la rodilla izquierda, así como de los trayectos nerviosos de la pierna de este mismo lado; que esta articulación no presenta según el examen radiográfico, lesión anató-mica alguna, encontrándose, sin embargo, marcada limitación a los movimientos de dicha articulación, debido al estado doloroso de la misma. — Certifica, además, que: El Sr. Demetrio Morales presenta una hipertensión arterial como consecuencia de una sífilis cardiovascular que padece, habiendo dicho estado hipertensivo determinado-una nefritis benigna de tipo mixto. — Certifica; asimismo, que: el Sr. Demetrio Morales padece actualmente una infección luética que ha llegado a afectar sus sistemas cardiovascular y nervioso permanente-mente y que sin duda el estado patológico de su pierna izquierda, te-niendo como factor inmediato la ocupación del paciente, determina en él una incapacidad total para el desempeño de su trabajo mienfras la causa específica.a que obedece no sea debidamente tratada y total-mente curada.”

Con esta prueba la asociación demandada desestimó la so-licitud del peticionario y denegó la reconsideración del acuerdo adoptado solicitada por él. Sometido el caso a la Corte de Distrito de San Juan y presentado como prueba el expediente tramitado ante la asociación demandada, se dictó- sentencia declarando sin lugar la petición de mandamus. El peticiona-rio atribuye a la corte inferior tres errores que pueden con-denarse en uno solo. Se alega que el tribunal a quo erró y cometió un abuso de discreción al resolver que no puede afir-marse ni demuestran categóricamente los informes médicos que el peticionario está inutilizado permanentemente para de-sempeñar las funciones de chauffeur, cuando en verdad quedó probada la incapacidad permanente de dicho peticionario.

Copiamos a continuación lo que dijo esta Corte Suprema en él caso de Muñoz v. Ramos, 39 D.P.R. 409, con respecto a la revisión o regulación de la discreción judicial en casos como el presente.

“Las fórmulas estereotipadas siguen los senderos que ofrecen menor resistencia. La regla general de que la discreción judicial no puede ser revisada o regulada por medio de mandamus, como la mayoría de las reglas generales no carece de excepciones. Frecuen-temente, la cuestión es si la intención de la ley es que la actuación de una corte inferior o de una junta sea final. Esto es especialmente así cuando la determinación de algunas cuestiones que requieren el ejercicio de criterio y discreción, se hace necesaria como un paso preliminar al cumplimiento de un deber ministerial. Lo cierto es que los tribunales superiores, al ejercer su propia y sana discreción en el uso de este recurso flexible, revisan y regulan hasta cierto punto la discreción de juntas y tribunales inferiores, aun ‘en casos en que el deber es tal qué necesariamente requiere el examen de evi-dencia y la decisión de cuestiones de derecho y de hecho’, (38 C. J. 598, par. 73) siempre que tales cuestiones no sean complicadas, sino sencillas y libres de duda razonable, y siempre que haya el propó-sito de que la determinación de las mismas por la junta o tribunal inferior no sea final. Todo caso que se encuentre en la línea divi-soria debe resistir o caer sobre su propia base.
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“Tal vez sea superfino añadir que, después de un juicio sobre los méritos del caso, la corte inferior no debe alterar la conclusión a que lleguen la junta y el Presidente, en ausencia de un error mani-fiesto al apreciar la evidencia sometídales en apoyo de la reclama-ción. ’ ’

De acuerdo con las declaraciones de los Dres. Reyes y de Juan, el peticionario está permanentemente incapacitado para el desempeño de su empleo. El Dr. García Cabrera, quien sometió al paciente a un examen amplio y cuidadoso, según se deduce de su certificación, dice, entre otras cosas, que sin duda el estado patológico de la pierna del paciente, teniendo como factor inmediato su ocupación, determina en él una in-capacidad total para el desempeño de su trabajo mientras la causa específica a que obedece no sea debidamente tratada y totalmente curada. No dice el Dr. García Cabrera en ningún momento que la incapacidad del peticionario para el desem-peño de su trabajo sea de carácter permanente. Se limita a decir que su estado patológico determina una incapacidad total, mientras no sea debidamente tratado. De lo dicho por el Dr. García Cabrera se deduce que la curación es posible si la causa específica de la incapacidad es debidamente tratada. No es de suponerse que un perito médico exprese así su cri-terio sin creer en la curación del paciente una vez sometido al tratamiento que la ciencia aconseje. Hubiese sido deseable una prueba más amplia y clara que la sometida a la asocia-ción demandada. Nos hubiera gustado saber de labios del Dr. García Cabrera las probabilidades o posibilidades de una curación y la naturaleza del tratamiento a que debía some-terse el peticionario. Sin embargo, ésta fue toda la prueba que tuvo ante "sí la asociación demandada y toda la prueba sometida a la corte inferior. La lectura de la evidencia apor-tada engendra en el ánimo dudas e ineertidumbre con respecto al carácter de la incapacidad del peticionario para el desem-peño de su empleo y no justifica la expedición de un auto de mandamus, ya que no es posible, en presencia de esta prueba afirmar que la asociación demandada haya incurrido en error manifiesto al apreciar la evidencia sometida en apoyo de la reclamación.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señob Cókdova Dávtla,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico y en su representación Guillermo Esteves, como Comisionado del Interior de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Giorgetti & Co., Ltd., demandada y apelante.
    No. 6109.

    Sometido: Noviembre 23, 1933.

      Resuelto: Enero 22, 1934.

      J. II. Brown, C. Ruiz Naga/rio y G. E. González, abogados de la ape-lante; Son. Procurador General B. Horton y M. Rodríguez Berra, Procurador General Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señob Cókdova Dávtla,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante en este caso, utilizando el procedimiento sumario de la acción de desahucio, alega que es dueño en pleno dominio de los terrenos denominados Gaño o Laguna de los Tiburones; que la demandada, Giorgetti & Co., Ltd., ocupa materialmente, desde hace algún tiempo, una porción de los referidos terrenos que se describe en la demanda; y que la parte demandada detenta, sin título alguno y sin pa-gar canon o merced al demandante, y contra la voluntad del mismo, la ocupación o posesión material de la parcela refe-rida. La totalidad de la finca denominada Caño de los Tibu-rones se describe en el hecho tercero de la demanda con una cabida de 4,206.18 cuerdas. La parcela ocupada por la de-mandada se describe en el hecho cuarto con una cabida de 3,313.18 cuerdas. Solicita la parte demandante que se dicte sentencia declarando con lugar la demanda y ordenando que la demandada desaloje la parcela descrita, y que si no lo hi-ciere dentro del plazo que le concede la ley, se proceda a lan-zar a la demandada de dicha finca por el marshal de la corte.

La demandada excepcionó la demanda sobre la base de que la misma no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción de desahucio a favor del Pueblo de Puerto Rico, y formuló su contestación aceptando el título del Pueblo de Puerto Rico a los terrenos de referencia, admitiendo que la demandada, en la fecha de dicha contestación y desde hacía algún tiempo, está en posesión de la parcela de menor cabida que se describe en dicha demanda, pero alegando que esta posesión data desde octubre 16 de 1925, en virtud de sub-arrendamiento que le hiciera Manuel Hendía Morales, como administrador judicial de los bienes relictos al fallecimiento de Wenceslao Borda, según escritura de dicha fecha, otor-gada ante el notario Clemente Ruiz Nazario, cuyo contrato fué debidamente autorizado por resolución que dictara la 'Corte de Distrito de San Juan en 8 de septiembre de 1925. Negó la demandada que la ocupación y posesión material de la parcela referida fuera por ella detentada sin título alguno y sin pagar canon o merced al demandante, o contra la vo-luntad del mismo, y por el contrario alegó que dicba deman-dada estaba entonces en la posesión material de dicba parcela y tenía derecho a tal posesión basta el día 15 de octubre de 1935, a título de subarrendamiento que le hiciera Manuel Mendía Morales como administrador judicial de los bienes relictos al fallecimiento de Wenceslao Borda, según la escri-tura antes mencionada, y que Wenceslao Borda antes, y su sucesión boy, tuvieron y tienen derecho a la posesión y ocu-pación material de la finca de 4,206.18 cuerdas, propiedad de la parte demandante, dentro de cuya cabida figura la parcela de 3,313.18 cuerdas, a título de arrendatarios del Pueblo ele Puerto Rico, en virtud del contrato de. arrendamiento cele-brado en 35 de septiembre de 1907, entre el Comisionado dol Interior de Puerto Rico y Wenceslao Borda, el cual fué pro-rrogado en 7 de agosto de 1924 por dicho Comisionado del Interior, en cumplimiento de las disposiciones de la Resolu-lución Conjunta aprobada por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico en 11 de febrero de 1908, cuyo contrato de arren-damiento se encontraba en la fecha de la demanda en toda su fuerza y eficacia, y su término no había expirado ni expiraría hasta el 34 de septiembre de 1947. También alegó la deman-dada que ella ha venido pagando a la parte demandante, por .conducto del Tesorero de Puerto Rico y a nombre de Wen-ceslao Borda y de su sucesión, todas las contribuciones que, como cánones de arrendamiento por la finca descrita en el hecho cuarto de la demanda, han venido fijándose por- anua-lidades vencidas por el Auditor de Puerto Rico, desde julio 1, 1923, hasta la fecha, de acuerdo con las disposiciones de la sección 3 de la referida Resolución Conjunta de febrero 11, 1908.

Alega especialmente la demandada que El Pueblo do Puerto Pico, con fecha 30 de julio de 1930, promovió una ac-ción ante la Corte de Distrito de San Juan, contra Wenceslao Borda Jr., Joseph W. Borda, Emilia Borda, Sucesión de Wen-ceslao Borda y Griorgetti & Co., Ltd., admitiendo en la de-manda radicada en dicha fecha que Wenceslao Borda, su su-cesión, y Griorgetti & Co., Ltd., estuvieron y estaban entonces en posesión de la misma finca que se describe en el hecho tercero de esta demanda de desahucio, y que tal posesión tuvo su origen en un derecho de arrendamiento conferídole por El Pueblo de Puerto Pico a dicho Wenceslao Borda en 15 de septiembre de 1907.

Basándose en las anteriores alegaciones, la demandada sostiene (a) que la acción posesoria está prescrita de acuerdo con el inciso Io. del artículo 1869 del Código Civil de Puerto Pico; (5) que la acción de desahucio no procede, ya que la demandada ocupa materialmente y posee la finca mediante título, pagando el correspondiente canon o merced; (c) que la corte no puede, en esta acción sumaria de desahucio, anu-lar el título de la demandada, y mucho menos anular el título de la Sucesión de Wenceslao Borda a la posesión de la par-cela en controversia, lo cual sólo podría hacerse en la corres-pondiente acción plenaria dirigida contra todas las partes cu-yos derechos habrían de ser perjudicados mediante la anula-ción de tal título o títulos; y (el) que para dictarse sentencia a favor del demandante en este caso sería imprescindible anu-lar los derechos de la Sucn. de Wenceslao Borda, que no es parte en este pleito, emanados dichos derechos del contrato de arrendamiento de septiembre 15 de 1907, y prorrogado en agosto 7 de 1924, de acuerdo con Resolución Conjunta de fe-brero 11 de 1908, y que cualquier sentencia así dictada a favor del Pueblo de Puerto Rico, privaría a los herederos de Wen-ceslao Borda de su propiedad sin el debido procedimiento de-ley.

En apoyo de sus alegaciones la demandada ofreció como prueba un contrato celebrado por el Comisionado del Interior Mr. L. H. Grábame y el Sr. Wenceslao Borda. En este con-trato el Comisionado del Interior hace constar que en virtud de la autoridad que le confiere la ley, especialmente la sección 24 del Acta Orgánica de Puerto Rico, aprobada en abril 12, 1900, y él artículo 135 del Código Político de Puerto Rico, arrienda a Wenceslao Borda todos los terrenos pantanosos y no cultivados comprendidos en una parcela de su propiedad, de 6,000 cuerdas más o menos, situada en los distritos de Are-cibo y Manatí, conocida con el nombre general de Caño o La-guna de los Tiburones, parte de la cual está cubierta por las aguas. El arrendamiento comprende un período de quince años, contados desde el 15 de septiembre de 1907, hasta el 15 de septiembre de 1922. Pué condición y consideración de dicho contrato que los terrenos o parte de ellos, en lo que fuere" practicable, serían desecados, reclamados y puestos en bue-nas condiciones de cultivo agrícola por parte del Sr. Borda. Eué convenido también entre las partes que se hiciera una mensura completa de todo el territorio denominado Caño o Laguna de los Tiburones, cuyo costo sería sufragado por el Sr. Borda, quien se comprometió a tal efecto a depositar la suma de $1,000 en el Tesoro Insular para cubrir los gastos de la mensura, autorizando al Comisionado del Interior para girar contra ese fondo o contra la parte del mismo necesaria para hacer una mensura completa y levantar los planos de los terrenos. También se convino que el Comisionado del Interior permitiría al Sr. Borda el uso de dicho terreno durante un período de ties años desde la fecha del contrato para ha-cer experimentos y para construir las obras de drenaje o de-secación que el Sr. Borda estimase convenientes con el fin de averiguar si era o no posible reclamar y poner en buen es-tado de desecación y cultivo los referidos terrenos. Pué tam-bién convenido que en el caso de que el Sr. Borda, al termi-nar los tres años, no consiguiese desecar o reclamar una parte razonable de los terrenos y que no se demostrase la viabili -. dad de tal proyecto de drenaje, en tal caso el contrato sería cancelado o invalidado por el Comisionado del Interior, con-la aprobación del Consejo Ejecutivo de Puerto Rico. Tam-bién se convino en el mismo acto que el Sr. Borda comenzaría la labor de investigación y experimentación sobre los terrenos dentro de un plazo de seis meses contados desde la fecha del documento, y que si en el término de doce meses no se hu-biese adelantado suficientemente en la investigación y expe-rimentos sobre estos terrenos para determinar si eran o no Susceptibles de saneamiento y desecación, que en tal caso el Comisionado del Interior, con la aprobación del Consejo Eje-cutivo, cancelaría e invalidaría el convenio. Por último fué convenido por ambas partes que el convenio se presentaría al Consejo Ejecutivo de Puerto Rico para qué lo aprobase y que inmediatamente fuese aprobado se consideraría en la ple-nitud de su vigor.

í En TI de febrero de 1908 se aprobó por la Asamblea Le-gislativa de Puerto Rico una resolución conjunta autorizando al Comisionado del Interior de Puerto Rico para prorrogar por un término de veinticinco años el contrato de arrenda-miento original, con la condición de que dicha prórroga no sería válida a menos que el arrendatario, antes de terminarse los primeros quince años del -arrendamiento, hubiera desecado y puesto en condiciones de ser cultivada, no menos de la mi-tad del área de los terrenos objeto del arrendamiento, con arreglo a mensura oficial de los mismos. Dicha prórroga sólo se entendería aplicable al número de cuerdas que, al finalizar los quince años del arrendamiento primitivo, estuvieran dese-cadas y en condiciones de cultivo. También se dispuso que al finalizar los quince años primeros de dicho arrendamiento, el terreno cultivado y aquéllos que estuviesen en condiciones de cultivar serían tasados, y sobre el importe de la tasación el arrendatario pagaría la contribución que se determine en la ley.

' Se ofreció en evidencia por la.demandada y fué admitida por la corte, una comunicación dirigida por el Comisionado del Interior G-uillermo Esteves, con fecha 7 de agosto de 1924, al Sr. Wenceslao Borda que dice así:

“Por la presente le notifico que, habiendo resultado de mensura e inspección practicadas por este Departamento en los terrenos perte-necientes a El Pueblo de Puerto Rico, denominados ‘Caño o Laguna de los. Tiburones’, radicados en los términos municipales de Arecibo y Barceloneta, compuestos de 4,206.18 cuerdas, los que fueron cedidos en arrendamiento a usted por el Comisionado del Interior, según contrato de 1’5 de septiembre de 1907, que 351.15 cuerdas de esos terrenos se encuentran plantadas de caña de azúcar, y las 3,855.03 cuerdas restantes se encuentran saneadas y en condiciones de poderse cultivar, he creído procedente prorrogar, y por la presente prorrogo, el refe-rido contrato de arrendamiento, por un término de veinticinco años, o sea hasta el día catorce de septiembre de mil novecientos cuarenta y siete.”

La demandada presentó además como prueba una escri-tura de 16 de octubre de 1925, otorgada ante el Notario Cle-mente Ruiz Nazario, en virtud de la cual Manuel Mendía Morales, como administrador judicial de los bienes relictos al fallecimiento de Wenceslao Borda, previa autorización de la Corte de Distrito de San Juan, dió en arrendamiento a la. demandada Giorgetti & Co., Ltd., siete parcelas de terreno comprendidas dentro de la finca arrendada a dicbo Wenceslao Borda por El Pueblo de Puerto Rico, por un término de diez años y por un canon de $10,000 anuales, pagadero por se-mestres vencidos, obligándose el arrendatario a pagar todas las contribuciones impuestas sobre los terrenos arrendados. La parcela objeto de este litigio, descrita en la demanda, formaba parte del terreno arrendado a la demandada por el administrador judicial de los bienes del Sr. Borda.

También se ofreció prueba para demostrar que la compa-ñía demandada pagó al Pueblo de Puerto Rico la contribución fijada por el Auditor de Puerto Rico de acuerdo con la sec-ción 3 de la Resolución Conjunta de febrero 11 de 1908.

Por último, la demandada ofreció como prueba el pleito radicado en 30 de julio de 1930 ante la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, por El Pueblo de Puerto Rico contra la Sucesión Borda y otros, y la demanda en la pre-sente acción.

Hemos sido algo extensos en la exposición de los hechos alegados y la prueba presentada y admitida en la corte inferior con el fin de poner de relieve las diversas cuestiones que surgen para su resolución en este procedimiento de de-sahucio. Varios son los errores atribuidos por la parte de-mandada y apelante a la corte inferior y en todos ellos se plantean cuestiones dignas de ser estudiadas con detenimiento y atención. Comenzaremos por el quinto señalamiento de error, porque si se llega a la conclusión de que no procede la acción de desahucio en este caso, es innecesario resolver cual-quier otra cuestión.

Alega la demandada que la sentencia dictada por la corte inferior es errónea y contraria a derecho en cuanto la misma decreta y concede el remedio de desahucio solicitado por el demandante en la presente acción sumaria, a pesar de haberse planteado por la demandada y sustanciado por su prueba una cuestión de títulos que sólo puede ser ventilada y resuelta me-diante una acción plenaria en el curso ordinario de sus pro-cedimientos.

No se discuten en este caso los derechos dominicales del Pueblo de Puerto Rico sobre la parcela poseída por G-iorgetti & Co., Ltd. No niega la demandada el título de propiedad de la parte demandante; pero sostiene que posee a título de subarrendataria de la Sucesión Borda, que no es parte en esta acción, y que no procede el procedimiento de desahucio. La parte demandante alega en su demanda que la demandada detenta la ocupación o posesión material de la finca sin título alguno para ello y sin pagar canon o merced al demandante y contra la voluntad del mismo. De acuerdo con la ley, procederá el desahucio contra los inquilinos, colonos y demás arrendatarios, los administradores, encargados, porteros y guardas puestos por el propietario en su finca, y además contra cualquier otra persona que detente la posesión material o disfrute precariamente sin pagar canon o merced alguna. Nótese que se concede el desahucio contra las personas que poseen a nombre del dueño en virtud de un contrato. y que además la ley ofrece dos modalidades que pueden ser-vir de base a dicha acción: la detentación de la posesión material de la finca sin antecedente contractual, y el disfrute de la misma en precario.

La posesión precaria, según se ba dicho en Cerra v. Gon-zález, 29 D.P.R. 289, se origina generalmente por actos de li-beralidad, o de mera tolerancia, o por abandono o desconoci-miento del propietario. En este último caso manifiéstase ya la' detentación.,

Es evidente que la demandada no está poseyendo en este caso por, actos de liberalidad o de mera tolerancia del Pueblo de Puerto Rico.. Su alegado derecho a la posesión surge de un contrato que se dice ha sido celebrado entre la parte demandante y el señor Wenceslao Borda, quien a su vez deriva sus derechos de la propia parte demandante. Esta corte, en el caso de Roger v. López Acosta, 28 D.P.R. 563, se expresó así:

“La duda que sustentábamos era si este pleito de desahucio era o no de naturaleza precaria. Si lo era, entonces el demandante no tenía derecho a establecer su acción en una corte municipal. De la demanda radicada en la corte municipal, que es lo único que tenemos derecho a considerar, aparece que los demandantes reconocieron y ra-tificaron un contrato de arrendamiento hecho por otra persona a nom-bre de dichos demandantes, por término de seis meses y canon de $38 mensuales, pero se negaron a prestar su consentimiento para que fuera prorrogado. Ahora bien, aunque podría presentarse la cues-tión de si fue concedida o no una prórroga, o si hubo o no hubo tácita reconducción, en la demanda se alega el hecho de que los deman-dantes trataban de dar término a un arrendamiento, notificándose a los demandados que dejaran libre y expedita la finca. El demandado basaba su derecho en su carácter de arrendatario y en el pago de una renta estipulada, y como segunda causa de acción alegaba el de-mandante no haberse pagado la renta. Cuando un arrendatario con-tinúa en la finca arrendada, después de vencido el término-, tal pose-sión-generalmente no es de naturaleza precaria. De otro modo toda tentativa para recobrar la posesión al vencimiento de un arrenda-miento podría, a elección del arrendatario, convertirse en precaria y ■anular así la jurisdicción de la corte municipal.”.

De la opinión emitida en el caso de Cerra v. González, supra, copiamos lo qne signe:

"Y no se diga que el demandado detentaba la posesión material de la finca o la disfrutaba precariamente sin pagar canon o merced alguna, en cuyo concepto, y no en el de arrendatario, es que se ba ejercitado la acción de desahucio'. Tal teoría es errónea y no puede sostener la jurisdicción de la Corte de Distrito de San Juan. El demandado lo ba sido como arrendatario y precisamente porque lo era, pagando treinta dólares mensuales, se le dió aviso previo de que el contrato habría de expirar el día último de noviembre de 1920. No quitaba al demandado su carácter de arrendatario el vencimiento del contrato por dicho aviso, como no quita el carácter de arrenda-tario a un demandado el vencimiento del término estipulado en el contrato. Los efectos legales de la extinción del contrato de arren-damiento por vencimiento del término del contrato o por aviso cuando no se fijó plazo son idénticos y en uno y otro caso debe establecérse la demanda de desahucio ante la corte municipal correspondiente cuando el canon de arrendamiento computado por una anualidad no excede de mil dólares como ocurre en el presente caso. Los concep-tos de arrendatario y de poseedor en precario son enteramente dis-tintos y claramente se expresan en la sección 2» de la ley sobre desa- ■ hueio. La posesión del demandado se ha originado de un contrato de arrendamiento, y aunque sea ilegal no puede calificarse de pre-caria. ’ ’

Tampoco surge de la prueba que la demandada esté de-tentando la posesión material de la finca dentro del 'signifi-cado en que el verbo “detentar” aparece usado en la Ley de Desahucio. Con respecto a la acepción jurídica de la pala-bra “detentación”, copiamos a continuación lo que dice sobre este particular la Enciclopedia Jurídica Española en el tomo onceno, página 907:

“En el Diccionario de Escriche se define la detentación como ‘la tenencia o posesión de una cosa en nombre de otro’, y el sustantivo detentador, entendiendo por tal ‘el que tiene o posee una cosa en nombre de otro, como el comodatario, depositario y otros, quienes pueden implorar el oficio del juez contra los perturbadores de su detentación. ’
“No es éste, sin embargo, el concepto exactamente jurídico, ni siquiera el corriente, de la palabra que sirve de epígrafe al presente artículo. Detentación significa propiamente la tenencia o posesión de una cosa o derecho en sentido gramatical, que no ba de confundirse con la posesión natural que define el Código Civil en su artículo 4B0; siendo de esta posesión natural, y no de la material tenencia, de la que pueden derivarse y se derivan relaciones jurídicas. Y restringiendo más este concepto, suele entenderse por detentación, en el lenguaje general y en las leyes, la acción y el efecto de retener uno sin derecho aquello que no le pertenece.
“Detentare (como observa con no escasa razón Bekker al quejarse de los defectos de la romana terminología posesoria) y sus derivados detentio, detentatio, detentador, son palabras rarísimas; las pocas veces que las encontramos es incidentalmente y con referencia a otras materias, pero nunca con relación exclusiva a la teoría posesoria; detentator se encuentra sólo dos veces, y aun en el Código, no en el Digesto. Puede quizá Vagamente deducirse que, si bien detentio sig-nifica el acto de tenere y por ello diferente de possessio, detentatio j sus demás derivados significan sólo una retención y conservación de una cosa prescindiendo de su justicia, la mayor parte de las veces completamente injusta. ’ ’

Estamos de acuerdo con el concepto que merece a la En-ciclopedia Jurídica la palabra detentación. La posesión natural crea relaciones jurídicas que no surgen de la posesión estrictamente material. La tenencia natural de la cosa lleva consigo la posesión material, pero ésta puede existir indepen-dientemente de la natural. El acto de un intruso, por ejem-plo, que se apodera de una cosa es una posesión material que no crea relaciones jurídicas. La retención de una cosa que pertenece a otro, injustamente, sin derecho a tenerla, es lo que a nuestro juicio, constituye detentación dentro del signi-ficado de esta palabra tal y como ha sido usada en la Ley de Desahucio.

La posesión de la demandada no está desnuda de funda-mento. No puede decirse que se ha apoderado injustamente de lo que no le pertenene y que detente la posesión material de la finca, puesto que está allí como arrendataria o subarren-dataria de los causahabientes de la misma persona que, según se alega, se incautó de dicha finca en virtud de un contrato celebrado con el Pueblo de Puerto Rico. A nuestro juicio, si la demandada no detenta ni posee precariamente y la ac-ción ejercitada no se basa en relación contractual alguna, bay que concluir forzosamente que la prueba no sostiene las ale-gaciones de la demanda. No es el Pueblo de Puerto Rico, sino la demandada, la que nos dice que está poseyendo en vir-tud de un contrato, cuya prueba ba sido sometida a la con-sideración de la corte. La demandante ba querido pasar por encima de todas estas transacciones presentando una demanda en la cual ignora todos los actos por ella realizados, que po-siblemente ban dado lugar a que la demandada, confiando quizá en la legalidad de los mismos, baya celebrado el alegado contrato que la puso en posesión de la finca objeto del de-sahucio.

La cuestión planteada en el caso de Maceira v. Pietri et al., 30 D.P.R. 587, citado por la corte inferior, no puede com-pararse con las cuestiones que ban surgido en el curso de este litigio. En el caso citado esta corte sostuvo que un arren-dador no debe ser privado del derecho de obtener la posp-sión mediante el procedimiento de desahucio por el hecho de que el arrendatario alegue que existe un contrato de arren-damiento. Alegó y trató de probar el demandado en dicho caso que había celebrado un contrato verbal con el dueño, por conducto de su mandatario. No se probó que el mandatario tuviese autoridad para obligar a su principal, y esta corte, revocando la sentencia del tribunal inferior, decretó el desa-hucio solicitado. En el presente caso la prueba es documen-tal, auténtica en su totalidad y en su mayor parte compuesta de documentos oficiales, suscritos por el Comisionado del Interior en representación de la parte demandante. La natu-raleza de esta prueba y el aspecto jurídico de los puntos en controversia demuestran que no es la acción de desahucio el procedimiento adecuado para estudiar y resolver cuestiones de esta importancia.

En el caso de Veve v. Fajardo Sugar Growers’ Ass’n., 18 D.P.R. 282, esta corte se expresó así:

“El Tribunal Supremo de España, en sentencia de 2 de diciembre de T904 dejó consignada la doctrina, de que establecido el juicio de desahucio como procedimiento de reintegrar al dueño de una finca en el pleno ejercicio de sus derechos dominicales, cuando el arrenda-tario falta abierta y conocidamente a las obligaciones del contrato o cuando haya espirado su término, es preciso, según reiterada juris-prudencia del expresado Tribunal, para el éxito de la acción, que sean de tal naturaleza las relaciones existentes entre arrendador y arrendatario, que se compruebe claramente en el juicio la infracción de las obligaciones pactadas, ya con relación al pago del precio' o merced estipulada, ya respecto de cualquier otra obligación relativa a la manera de llevarse la finca arrendada, pues cuando las obliga-ciones respectivas son de tal naturaleza o tan especiales o tan com-plejas que no sea racionalmente posible apreciar con exactitud su finalidad y trascendencia, se convertiría el procedimiento sumario del juicio de desahucio en medio de obtener con cierta violencia la resci-sión de un contrato sin las garantías de defensa e información que ofrecen los juicios declarativos.
“En otra sentencia del 29 de mayo de 1908 declaró el mismo tribunal que la acción de desahucio sólo es procedente cuando entre el arrendatario y el arrendador o el dueño de la finca y quien la lleva en precario no existen más relaciones jurídicas que las derivadas de dicho carácter, y cuando acerca de ellas no existen dudas fundadas que requieran un examen y discusión propios solamente del juicio declarativo y correspondiente. Aceptarnos tal doctrina como buena. ’ ’

Es de notarse que la persona que aparece.contratando originalmente con el Pueblo de Puerto Rico, que es una parte realmente interesada, no ha sido incluida como demandada en este litigio. Es verdad que Giorgetti & Co., Ltd., ha podido solicitar el emplazamiento de la Sucesión Borda para proteger sus derechos, pero el hecho de que no haya querido hacerlo no quiere decir que el demandante pueda prescindir de una parte necesaria para resolver las cuestiones que han surgido en este litigio. La demandada deriva sus derechos de la Sucesión Borda y privarla de la posesión del inmueble mediante un fallo en su contra equivale a privar de esa posesión y de sus rentas a la sucesión mencionada. No cabe argüir que si se decreta el desahucio la finca cambiaría simplemente de posesión, sin afectar los derechos de la Sucesión Borda, en primer lugar porque, como ya liemos dicho, ésta perdería el beneficio de las rentas, y en segundo lugar porque Giorgetti & Co., Ltd., posee a nombre de la sucesión a quien respeta y acata como arrendadora, mientras que la posesión del Pueblo-de Puerto Rico, según se advierte de los autos, sería adversa a dicha sucesión. En resumen, un fallo favorable a la de-mandante privaría a la Sucesión Borda, sin haber sido oída, de la posesión de la finca y su disfrute, es decir, de todo la que aparece transmitídole por El Pueblo de Puerto Rico en el contrato celebrado en 1907, que se alega fue prorrogado con posterioridad. Estamos hablando en hipótesis. Nada más lejos de nuestro ánimo que entrar en los méritos de las cuestiones que han surgido de las alegaciones y la prueba. Cualquiera que sea el resultado definitivo de los puntos en controversia, fállese el asunto a favor o en contra de la parte demandante, o a favor o en contra de la parte demandada, la verdad es que la Sucesión Borda es una parte necesaria y que es en un juicio plenario donde deben quedar dilucidadas y resueltas las relaciones jurídicas que hayan podido deri-varse de las transacciones que han mediado en relación con la finca denominada Caño o Laguna de los Tiburones, entre el Pueblo de Puerto Rico y el señor Wenceslao Borda.

Debe revocarse la sentencia apelada.


text:
    Juan Suárez Pérez, demandante y apelante, v. José Suárez García, demandado y apelado.
    No. 6511.

    Sometido: Diciembre 18, 1933.

      Resuelto: Enero 23, 1934.

      H. Torres Solé, abogado del apelante; Ramón P. Rodrígtoez, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 18 de diciembre último se oyó a los abogados de ambas partes sobre una moción de desestimación presentada el 2 de dicho mes por la parte apelada y sobre otra de oposición y solicitud de nuevo término archivada por la parte apelante el mismo día 18.

De los autos resulta que la apelación se interpuso el 12 de septiembre de 1933; que a gestión de la parte apelante el término para radicar la transcripción del récord se le fué pro-rrogando primero hasta el 27 de octubre, luego hasta el 12 y por último hasta el 21 de noviembre, 1933. Como la nueva solicitud de prórroga se archivara el 23 de noviembre, fué denegada por no ser susceptible de prórroga un término que ha vencido.

Así las cosas, se radicó la moción de desestimación, sin' que a la fecha de su representación ni a la de su vista la transcripción se hubiera archivado.

¿Qué razones aduce la parte recurrente para justificar su actuación? Alega que desde que interpuso el recurso enco-mendó a la Lawyer’s Cooperative Agency of Public Stenographers la preparación del transcript que se compone de se-tenta y seis páginas en maquinilla y fné remitida en octubre 16, 1933, al abogado de la parte apelada para su examen y certificación sin que pudiera entregársele hasta noviembre 2 siguiente por no haberse encontrado hasta esa fecha. Que el propio día 2 de noviembre el abogado de la parte apelante acusó recibo de ella en una carta que en parte dice: “Estoy revisando la transcripción y noto que ha copiado todo el caso por lo que no podré devolvérsela seguido.”

Como en efecto no la devolviera, volvió a escribirle el abogado de la apelante el 14 de noviembre, 1933, diciéndole • que había solicitado y obtenido una prorroga en el Supremo hasta el 21 de noviembre;

“6. — Que a la carta . . . contestó por teléfono el Sr. Rodríguez Alberty al que suscribe, que no había podido cotejar el récord porque los autos no estaban entonces en Secretaría y los tenía el taquígrafo Gandía; pero que no tuviera cuidado, que él me daría las prórrogas que necesitara.
“7.• — Que el abogado que suscribe creyó de buena fe en el ofreci-miento del abogado del demandado, de que certificaría la transcrip-ción y que daría las prórrogas necesarias para radicaría.
“8. — Al vencer la prórroga que terminaba en 21 de noviembre de 1933, el demandante apelante preparó una nueva.moción de prórroga para la cual el demandado, con fecha 22 de noviembre de 1933, prestó su conformidad firmando al pie de la misma.
“9. — Que el señor Rodríguez Alberty, abogado del demandado’ José Suárez García, retuvo en su poder la transcripción de autos de este caso, hasta después de haber vencido la prórroga que terminaba en 21 de noviembre de 1933 . . . trayendo dicha transcripción de autos al abogado que suscribe, a su oficina en San Juan, el día 22 de noviembre de 1933, después de vencido dicho término, y exigiendo entonces que se adicionara a ella, como .requisito para certificarla:
“A. — Oposición a la solicitud de permiso para radicar demanda enmendada.
“B. — Oposición del demandado a que se expidiera un injunction.
“C. — Resolución de la Corte, de 17 de mayo de 1932 a una mo-ción eliminatoria.
“10. — Que no obstante no tener importancia alguna dichos docu-mentos para discutir la apelación de este caso, en que se trata de una sentencia dictada sobre excepciones previas, donde sólo se puede discutir la suficiencia de la demanda, el abogado que suscribe se avino a adicionar al récord dichos documentos, a fin de que no hubiere obstáculo por parte del abogado del demandado, para certificar, dicha transcripción.
“11. Que la transcripción de este caso no fue radicada antes del día 21 de noviembre de 1933, porque el abogado del demandado apelado la retuvo en su poder, Veinte días, o sea desde el 2 al 22 de no-viembre de 1933, bajo el ofrecimiento de certificarla una vez que la cotejase, cosa que no hizo el abogado del demandado apelado, y se ha negado a hacer.
“12. — Que en vista de la conducta del abogado del demandado en este caso, el que suscribe ha solicitado la certificación de la trans-cripción de autos por el Secretario de la Corte de Distrito de San Juan, con lo cual ha tenido dificultades debido a que la transcripción de autos de este caso comprende 76 folios que a razón de a veinte centavos por cada folio, de acuerdo con el apartado letra ‘Q’ de la Ley Número 17 de la Asamblea Legislativa de Puerto Pico, aprobada en 11 de marzo de 1915, sólo vale en derechos $15.20, mientras que el Secretario de la Corte de Distrito, cobrando a razón de a veinte centavos por cada cien palabras, quiere cobrar por la transcripción $34.20, o sea alrededor del doble de los derechos que entiende el ape-lante debe pagar.
“13. — Que en vista del desacuerdo entre el Secretario de la Corte de Distrito de San Juan, y del abogado que suscribe, en cuanto al eohro de los derechos de certificación de la transcripción de autos en este caso, con fecha 15 del corriente diciembre, el demandante ape-lante consignó en poder del Secretario de la Corte de Distrito de San Juan, Sala Civil, la cantidad de $34.20, acompañada de la trans-cripción de autos original ...”

Siendo lo ocurrido después de la carta de noviembre 14, según el abogado de la parte apelada, lo que sigue:

“7. — En 14 de noviembre de 1933 recibí una carta del Sr. Torres Solá recordándome la transcripción y al encontrarme con dicho com-. pañero en el edificio de la Corte de Distrito de San Juan al siguiente día le recordé nuestra conversación anterior y le dije, además, que de aquella transcripción había que eliminar casi la mitad de lo que había copiado el taquígrafo por innecesario y agregarle tres ale-gaciones esenciales que había omitido y cuya nota le di, quedando en que mandaría a buscar la transcripción del caso.
‘' 8. — Así las cosas, di órdenes a mi taquígrafa para que tan pronto enviara el Sr. Torres Sola por la transcripción se le entregara y al darme cuenta de que el Sr. Torres Sola se había olvidado- de la trans-cripción, en 21 de noviembre de 1933 lo llamé por teléfono sin conse-guirlo, y encontrándome el mismo día por la tarde en la calle Alien en San Juan con él le llamé su atención y quedamos que al siguiente día, toda vez que yo tendría que volver a San Juan, le llevaría la trans-cripción y, cumpliendo lo prometido, en dicho día o sea el 22 de no-viembre de 1933 se la entregué personalmente en su oficina para arre-glarla, habiéndome propuesto el que no le quitáramos nada y adicio-náramos lo que yo pedía y solicitáramos conjuntamente una prórroga del Supremo.
“9. — Entonces le objeté que el Supremo no le concedería tal pró-rroga por ser solicitada fuera de término, pero que yo estaba dis-puesto a darle una prórroga, a pesar de que mi cliente me urgía que le terminara su caso por lo viejo que era y puesto que en el mismo había un embargo con prohibición de enajenar. El Sr. Torres Sola insistió en que la prórroga se hiciera por escrito y entonces firmamos una moción solicitando una prórroga hasta el día 30 de noviembre de 1933, plazo que él mismo puso.
“10. — Y, en efecto, este Hon. Tribunal con fecha 23 de noviembre denegó dicha prórroga, pero el abogado que suscribe, cumpliendo su palabra de caballero, no solicitó la desestimación de la apelación antes del 30 de noviembre de 1933, o sea. durante el período comprendido por la prórroga.”

La transcripción fue archivada finalmente el 2 de enero actual.

Que no se cumplió con la ley y con las reglas de la corte en la tramitación de su recurso por la parte apelante, es evidente, y que siendo ello así puede desestimarse el recurso, también lo es.

La cuestión a resolver consiste en si las razones alegadas por el abogado de la parte apelante son suficientes para que esta corte en el ejercicio de su discreción conceda el nuevo término solicitado o, dado lo acaecido posteriormente, dé por concedido dicho nuevo término y permita que la transcripción quede archivada en los autos.

El hecho de que el término para radicar la transcripción se dejara fenecer sin pedirse su prórroga en tiempo, es imputable enteramente al abogado del apelante aun aceptando como cierto todo cuanto expresa en su moción de impugna-ción y solicitud de nuevo término.

Sería difícil resolver cuál de los abogados es el que dice por completo la verdad, pero es lo cierto que la moción de desestimación no fué presentada basta el 2 de diciembre, 1933, después de vencida la prórroga a que se avino la apelada que se concediera al apelante y que esta corte negó, y que negada dicha prórroga desde noviembre 24 nada hizo el apelante que entonces pudo solicitar el nuevo término en vez de la pró-rroga.

Además la moción de desestimación de 2 de diciembre no se vió hasta el 18 de dicho mes habiendo estado al alcance de la parte apelante archivar antes de la vista la transcrip-ción certificada por el Secretario de la corte de distrito y habiéndolo dejado de hacer por el solo motivo de no estar dispuesto a abonar al secretario la suma por él exigida de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. La sección 2, letra “Q” de la Ley No. 17 de 1915 que invoca la apelante y que fija la suma de veinte centavos por folio no se puede aplicar aisladamente porque entonces quedaría al arbitrio de la parte interesada la inclusión en cada folio de cualquier número de palabras. Hay que hacerlo relacionándola con la sección 2736 de la compilación de 1911 que establece la regla de que “un folio consistirá de cien palabras, o de un número menor de ellas que pase de cincuenta,” que es la misma que se aplica generalmente en los Estados. Véase 26 Corpus Juris 746.

Bajo esas circunstancias y tratándose además de un pleito que se inició desde hace más de ocho años, en el que la de-manda se enmendó unas tres veces y en el que la sentencia se dictó finalmente sobre las alegaciones pudiendo haberse elevado una transcripción que pudo ser mucho más breve que la elevada dentro del término de ley sin necesidad de pró-rroga alguna, no nos sentimos justificados en ejercer nuestra discreción en favor de la apelante y en contra de la apelada.

Quizá pudiera consignarse como razón adicional para ello que habiendo tenido tiempo más que suficiente el apelante para adelantar su alegato y para tratar de convencer al tribunal de que tiene una causa claramente meritoria para sos-tener su apelación, ni siquiera ba intentado hacerlo así.

Debe negarse la solicitud de nuevo término y desestimarse el recurso.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Herminia Chapel de Figueroa y Mario Figueroa del Rosario, demandantes y apelados, v. La Asamblea Municipal de Añasco, Puerto Rico, Etc., demandada y apelante.
    No. 6568.

    Sometido: Enero 15, 1934.

      Resuelto: Enero 23, 1934.

      Bolívar Pagan, abogado de la apelante; M. Figueroa del Rosario, abo-gado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

En un procedimiento de certiorari contra la Asamblea Municipal de Añasco la Corte de Distrito de Mayagüez de-claró nula cierta ordenanza decretada por dicha asamblea. Esa resolución fue apelada por la asamblea municipal por medio de un abogado. Presentada en este tribunal la trans-cripción de los autos para la apelación nos piden los apelados que desestimemos el presente recurso porque carecemos de jurisdicción para resolverlo por dos motivos: porque la cer-tificación de los autos que se nos ha presentado, librada por el secretario de la corte de distrito, es nula por no haber pa-gado la asamblea apelante los derechos correspondientes al secretario de acuerdo con la Ley No. 17 de 1915, pág. 45; y porque también es nula la apelación interpuesta porque no existe acuerdo alguno de la asamblea municipal autorizando al abogado para su interposición. ■ . : ;

Si bien es cierto que la ley citada de 1915 dispone que se pagarán en las causas civiles en las cortes de distrito y en las municipales en sellos de rentas internas determinados derechos por las certificaciones que libren los secretarios de ellas, tal ley no tiene aplicación a casos como el presente porque la Resolución Conjunta No. 10 de 11 de abril de 1933, pág. 641, vigente desde esa fecha, dispone que los municipios de Puerto Rico y el Gobierno de la Capital tendrán derecho a los servicios de todos los funcionarios judiciales del Gobierno de esta Isla sin necesidad de pagar derecho alguno y que quedarán exentos del pago de derechos por radicación de pleitos, certificaciones, servicios taquigráficos y otros que regularmente se imponen a todos los litigantes a virtud de leyes existentes. Por consiguiente, estando constituido cada municipio por su asamblea municipal y por su junta administrativa resulta claro que la asamblea municipal de Añasco está exenta de pagar los derechos del secretario, por lo que no es nula la presentada en este caso sin que ellos hayan sido satisfechos.

Con respecto al segundo motivo dicen los apelados que el abogado que apeló en nombre de la asamblea municipal no tenía facultad para interponer la apelación porque no existió acuerdo previo de la asamblea municipal, según demuestra, autorizando la interposición de ese recurso y porque no puede argüirse que estaba autorizado porque venía representando a la demandada en el pleito, ya que la regla es que la autoridad del abogado cesa con la sentencia y que para apelar se necesita nueva autorización.

Si como dicen los apelados el abogado que interpuso el recurso a nombre de la asamblea municipal venía represen-tándola en el pleito, entonces la apelación que interpuso es un incidente de su empleo, que incluye hacer todo lo que sea beneficioso para su cliente. 6 C. J. 641, párrafo 146.

La moción de desestimación de la apelación debe ser de-clarada sin lugar.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    The National City Bank of New York, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Humacao, recurrido.
    No. 910.

    Sometido: Enero 18, 1934.

      Resuelto: Enero 24, 1934.

      E. T. Fiddler y Jorge L. Córdova, abogados del recurrente; el regis-trador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El National City Bank of New York interpuso este re-curso por haberse negado el Registrador de la Propiedad de Humacao a inscribir un documento que le presentó con tal fin.-

Del documento presentado para inscripción aparece que en una ejecución de hipoteca seguida en la Corte de Distrito de Humacao por el National City Bank of New York contra G-arzot & Fuertes, el marshal de dicha corte vendió al banco recurrente una finca en la que enclava una central llamada “Triunfo,” otorgándole la correspondiente escritura de venta.' Al ser presentada esa escritura para inscripción de la finca a nombre del banco el registrador la negó por lo siguiente:

“DbNegada la inscripción de este documento porque la finca se baila inscrita actualmente a favor de El Pueblo de Puerto Rico en virtud de subasta pública celebrada el 7 de junio de 1933 para cobr® de contribuciones sobre la propiedad por los ejercicios 1928-29, 1929-30 y 1930-31, ascendentes a $34,866.92, de contribuciones sobre in-gresos por los años 1927, 1928 y 1931, ascendentes a $5,238.49, y de derechos sobre elaboración de azúcares por el ejercicio de 1931-32,-ascendentes a $8,001.56, la cual subasta fue notificada al National City Bank of New York como tenedor de 10 pagarés hipotecarios de $35,000 cada uno; no habiéndose ejercitado aún por el contribuyente moroso Garzot & Fuertes u otra persona interesada el derecho de redención; por lo cual se toma anotación por 120 días de acuerdo con la ley a favor del National City Bank of New York.”

En el caso de National City Bank v. Registrador, 44 D.P.R. 431, fiemos resuelto que el título de adjudicación de compra en subasta para el pago de contribuciones trans-mite la propiedad al comprador o adjudicatario y es inscribible a pesar del derecho de redención que la ley concede al deudor, que constituye una condición resolutoria porque sólo obliga al comprador o adjudicatario a restituir la cosa que fia recibido en caso de que llegue a verificarse el acontecimiento previsto; y que mientras la condición pende, el anterior dueño de las fincas así vendidas o adjudicadas no tiene más derecho que el de recobrarlas si cumple con los requisitos exigidos por la ley. También dijimos que esa clase de venta es similar a la de retroventa condicional en la que el dominio se transmite al comprador y se inscribe sujeto a la condición del retro y cuya venta queda consolidada al transcurrir el término del retracto sin haberlo utilizado.

El recurrente conoce esa resolución pero dice que las dis-posiciones de nuestro Código Político sobre venta en cobro de contribuciones fian sido tomadas de estatutos similares de los Estados Unidos y cita de Cooley sobre Tasación el pá-rrafo 1458, en el que se dice que el derecho a tomar posesión está generalmente fijado por el estatuto y que ordinariamente el .derecho a la posesión queda en el dueño y no en el com-prador hasta que expira el término de redención. Nosotros, sin embargo, tenemos estatuto que transfiere la finca así ad-quirida al comprador desde la venta, pues el Código Político dispone en su artículo 347, enmendado por la ley de 14 de marzo de 1907, pág. 341, que el colector entregará al compra-dor de bienes vendidos por falta de pago de contribuciones un certificado de compra dentro de diez días subsiguientes a la venta, según el artículo 343, y que al recibo del mismo puede el comprador, sus herederos o cesionarios hacer que sea debidamente inscrito por el registrador de la propiedad. T el artículo 352, también enmendado en 1907, página 345, dispone que cuando no hubiere postor suficiente que cubra todas las contribuciones, penalidades y costas de la finca anun-ciada en venta, podrá comprarse por el colector a nombre de El Pueblo de Puerto Rico y librará y hará que se inscriba en el Registro de la Propiedad un certificado de compra a favor de El Pueblo de Puerto Rico; y que si el derecho de redimir la finca no se ejercitare, dicho certificado, una vez inscrito en el registro de la propiedad, constituirá título absoluto de pro-piedad a favor de El Pueblo de Puerto Rico. Por consi-guiente, esa clase de venta transfiere el derecho de propiedad al comprador, es inscribible como tal y así está inscrita la finca a favor de El Pueblo de Puerto Rico, por lo que no puede inscribirse ahora venta alguna que no esté hecha por El Pueblo de Puerto Rico mientras subsista la inscripción actual. .

Dice también el banco que por el hecho de haber comprado en subasta judicial la finca “Triunfo” es el dueño del derecho de redención que tenía Garzot & Fuertes por la adjudicación al Pueblo de Puerto Rico para el cobro de sus contribuciones y que ese derecho puede ser inscrito en el registro a pesar de la inscripción existente a favor de El Pueblo de Puerto Rico, para estar protegido contra tercera persona, pero no tenemos que decidir esa cuestión en este recurso por-que el registrador no ha negado la inscripción de tal derecho de redención sino la inscripción del traspaso de la propiedad de la finca a favor del banco, que fué lo'que le pidió el recu-rrente. El registrador no ha tenido oportunidad de resolver si inscribe o no a favor del banco el derecho de redención que tenía el anterior dueño de la finca. Cuando tal inscripción se solicite, se niegue y se recurra, será que habrá que decidir esa cuestión.

La nota recurrida debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    Mariano Alvarez Sobrino, demandante y apelante, v. The National City Bank of New York, San Juan, P. R. Branch, demandado y apelado.
    No. 6137.

    Sometido: Enero 18, 1934.

      Resuelto: Enero 24, 1934.

      ft. H. Blondet y Samuel ft. Quiñones, abogados del apelante; E. T. Fiddler y Jorge M. Morales, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Mariano Alvarez demandó al National City Bank of New York en cobro de mil dólares, intereses y costas, basándose en los siguientes hechos: Encarnación Alamo viuda de Ar-mas, por mediación de Francisco Alamo Armas, el 27 de sep-tiembre, 1927, convino en tomar a préstamo a Mariano Alvarez, el demandante, la snma de mil dólares y a tal efecto Francisco Alamo entregó a Mariano Alvarez nn pagaré por dicba snma suscrito por Encarnación Alamo, y el demandante endosó a favor de la señora Alamo nn cheque expedido el mismo día por Flores Alvarez & Co., S. en C., por la indicada suma a su favor y contra el American Colonial Bank del que es sucesor el banco demandado. El cheque fué endosado sub-siguientemente, así: “Encarnación A. Yda. de Armas (Prés-tamo) Francisco Alamo Armas,” y hecho efectivo por el American Colonial Bank a Francisco Alamo Armas.

Francisco Alamo pagó los intereses del préstamo, pero al vencerse la obligación y presentarla a la viuda de Armas para su cobro ésta alegó que no había autorizado el préstamo, ni suscrito la obligación, ni endosado el cheque, habiendo sido falsificada su firma por Francisco Alamo.

Requerido el demandado para que devolviera la suma sa-tisfecha mediante endoso falsificado, se negó a ello, y surgió el pleito.

A la demanda opuso el banco demandado las excepciones de. falta de hechos suficientes para determinar una causa de acción, prescripción de la acción ejercitada y cosa juzgada.

Resolviendo las excepciones, la corte de distrito se expresó en parte como sigue:

“En el acto de la vista de las excepciones previas, el demandante manifestó que para el caso de que fueran declaradas con lugar dichas excepciones, pedía que se dictara sentencia final y definitiva.
“No se alega directa y categóricamente en la demanda enmen-dada si el endoso de Encarnación Alamo Yda. de Armas, fué o no autorizado por ella, y, además, estimamos que en todo caso el banco sólo sería responsable al librador, o sea a-Flores Alvarez & Co. S. en C., y no a endosantes subsiguientes.
“En cuanto a la excepción de prescripción, las acciones proceden-tes de cheques se extinguen a los tres años de su vencimiento', visto el artículo 950 en relación con el 548 del Código de Comercio; y ha-biéndose el cheque en este caso expedido por Plores Alvarez & Co., S. en C., el 27 de septiembre de 1927, y radicado la demanda el 2 de ■ febrero de 1932, la acción de uno de los endosantes, o sea del deman-dante para cobrar del librado el importe de dicbo cheque o reintegro del mismo, está prescrita.”

Registrada la sentencia, apeló de ella el demandante se-ñalando en su alegato la comisión de tres errores cometidos a sn juicio por la corte de distrito al declarar con lugar las excepciones y al desestimar la demanda.

No nos detendremos en el estudio del primer error señalado, ya que a nuestro juicio resulta claro que aunque la demanda adujera una buena causa de acción, ésta habría prescrito de acuerdo con los hechos y la ley.

La ley invocada por el demandado al alegar su excepción de prescripción y aplicada por la corte de distrito al Resol-verla, es el Código de Comercio, artículos 950 y 942 del mis-mo, que dicen:

“Art. 950. — Las acciones procedentes de letras de cambio se ex-tinguirán a los tres años de su vencimiento, báyanse o no protestado.
“Igual regla se aplicará a las libranzas y pagarés de comercio, cheques, talones y demás documentos de giro o cambio, y a los divi-dendos, cupones e importe de amortización de obligaciones emitidas conforme a este Código.
“Art. 942. — Los términos fijados en este Código para el ejerci-cio de las acciones procedentes de los contratos mercantiles, .serán fatales, sin que contra ellos se dé restitución.”

Sostiene el apelante que el precepto del artículo 950 no es aplicable a los cheques porque el término de prescripción se cuenta a partir de la fecha del vencimiénto de la obligación y en el cheque no se fija tal fecha y argumenta, en parte,- como sigue:

“Sentadas estas premisas, ¿qué fecha debe tomarse como base para determinar la prescripción de las acciones procedentes de un che-que? Lógicamente ninguna otra, sino la fecha en que dicho cheque se hace efectivo en el banco contra el cual fué librado. Esta es pre-cisamente la fecha en que el cheque deja de ser un mero papel'para convertirse en numerario, para hacerse efectivo.”

Y como' de las alegaciones no resulta la fecha exacta en que se verificó el pago del cheque, concluye el demandante y apelante que no hay base en los autos para aplicar la pres-cripción.

No tiene razón a nuestro juicio el apelante. De los autos aparece la fecha en que el cheque fué librado y entregado, septiembre 27, 1927, y como el artículo 537 que figura en el título once, sección segunda que trata de los mandatos de pago llamados cheques, del Código de Comercio, dispone que: “El portador de un mandato de pago deberá presentarle al cobro dentro de los cinco días de su creación si estuviere librado en la misma plaza, y a los ocho días si lo fuere en otra diferente;” es evidente que el cheque de que se trata en este caso debe considerarse a más tardar vencido el 2 de octubre de 1927, siendo ésta la fecha más favorable al deman-dante a partir de la cual comienza a correr la prescripción en este caso, y como la demanda no fué archivada en el mismo hasta el 2 de febrero de 1932, claro es que ya había transcurrido el término de tres años que fija el artículo 950 del Código de Comercio que se ha transcrito.

La ley sobre instrumentos negociables aprobada en 1930 define en su artículo 186 el cheque como “una letra de cam-bio girada contra un banco y pagadera a su presentación” y prescribe en su artículo siguiente 187, que “el cheque deberá presentarse al pago dentro de un tiempo razonable después de su expedición.”

En realidad de verdad la fecha del vencimiento de un cheque es la de su expedición y entrega. No necesita fijarse expresamente en el documento porque consta de su propia naturaleza. El cheque es pagadero a la demanda de su dueño y lo que hace la ley es fijar un término dentro del cual la de-manda debe hacerse. Si el dueño no actúa dentro de él lo hace a su riesgo y a lo más a que puede llegarse al aplicar la ley de prescripción es a conceder al dueño el beneficio de ese término.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


author: Ul Juez Asociado Señor Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ramón Frese, acusado y apelante.
    No. 5005.

    Sometido: Enero 15, 1933.

      Resuelto: Enero 24, 1934.

      F. M. Susowi y A. Quirós Méndez, abogados del apelante; B. A. Gó-mez, Fiscal, abogado de El Piteólo, apelado.
   Ul Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El Pueblo solicita la desestimación de este recurso fundándose en que el apelante no lia radicado su alegato oportunamente. El letrado de la defensa contesta que dejó de archivar su alegato en tiempo, debido a que estaba bajo una impresión errónea respecto a la fecha en que expiraba el término, y presenta ahora su alegato. Bajo las circunstancias, hemos hecho lo que con frecuencia hacemos, examinado el alegato para ver si el caso es meritorio.

La teoría de la defensa aparentemente fué que en un -caso de violación la perjudicada estaba impedida de prestar su consentimiento por estar mentalmente incapacitada; que no obstante el fiscal la hizo declarar como testigo de cargo y que su declaración necesariamente afectaba el caso. El apelante presenta el aparente dilema de que si la perjudicada podía declarar, también podía prestar su consentimiento, y que si' no estaba en condiciones de asentir, tampoco estaba •capacitada para declarar como testigo. No estamos convencidos de que una mujer no pueda estar impedida de prestar su consentimiento y, sin embargo, no estar tan mentalmente' incapacitada que no pueda prestar declaración. Tampoco es-tamos convencidos de qne la cuestión no debió haber sido sus-citada primeramente en la corte inferior. Empero, como la cuestión no ha sido ampliamente discutida ante nos, rehusa-remos desestimar el caso, y así se ordena.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Gregorio Cintrón, demandante y apelante, v. Porto Rico Railway, Light & Power Co., demandada y apelada.
    No. 5844.

    Sometido: Enero 11, 1934.

      Resuelto: Enero 24, 1934.

      Angel A. Vázquez, abogado del apelante; J. K. Brown, G. Buiz Na-zario y G. E. González, abogados de la apelada. ¿
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del' tribunal.

Gregorio Cintrón fué acusado de infringir el artículo 440 del Código Penal y absuelto. Entonces inició un pleito de persecución maliciosa y apela de una sentencia adversa.

Al tiempo de celebrar su contrato con la Porto Rico Railway, Light & Power Company, Cintrón era dueño de una pe-queña tienda y café. Una investigación practicada un año después, o más tarde, demostró que la corriente eléctrica a parte de ella había sido desviada, y que se había impedido que ésta pasara por el contador mediante un alambre de tierra, jumper o algún otro aditamento. No hubo duda alguna res-pecto al corpus delicti. Hubo prueba tendente a demostrar que algunos meses, o quizá un año, antes de iniciarse la ac-ción penal, Cintrón había vendido el negocio a su suegro, Ce-lestino Caraballo. El juez de distrito se negó a admitir un documento privado o contrato de venta para evidenciar esta transacción y más particularmente en lo que a sn fecha se refería. Se señala esta resolución como error.

La cuestión principal, como es costumbre en tales casos, fue la de causa probable. Cintrón no retiró su depósito con la compañía de la luz después de la supuesta venta de su ne-gocio. Todos los pagos posteriores se hicieron a nombre de Cintrón y se acusó recibo de éstos como hechos por él. El contrato no era transferible. Al descubrirse el fraude fue Cintrón y no Caraballo quien trató de llegar a un arreglo con la compañía. Caraballo declaró que él no había tocado los alambres. Un letrero pintado en el frente del edificio en que estaba el negocio anunciaba a Cintrón como el dueño del mismo. Hubo algún conflicto en la prueba respecto a si la compañía de la luz había sido informada de algún cambio en la propiedad o dirección del negocio. El juez de distrito re-solvió que el demandante había dejado de establecer la exis-tencia de malicia o la falta de causa probable y fué de opi-nión que Cintrón había tenido bastante suerte al salir ab-suelto. Evidentemente el contrato de venta, de haber sido admitido como prueba, no hubiese afectado el resultado, y el error, de haberlo, al excluirlo, no justificaría sin más la re-vocación de la sentencia.

No hallamos que se cometiera error manifiesto en la apre-ciación de la prueba, ni abuso de discreción al conceder las costas a la demandada.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: ]El Juez Asociado Señob Hutchison,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Olivo Morales, acusado y apelante.
    No. 5263.

    Sometido: Enero 19, 1934.

      Resuelto: Enero 25, 1934.

      B. Arroyo Bíos, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   ]El Juez Asociado Señob Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Morales fné convicto del delito de acometimiento grave y alega que la corte de distrito cometió error al sostener un juramento y que la sentencia condenatoria fué, por ende, con-traria a derecho. Una moción en que se solicitaba el archivo de la causa estaba basada en el artículo 22 del Código de En-juiciamiento Criminal y en los artículos 559 del Código Penal y 392 del Código Político. Esta contenía una aseveración vaga al efecto de que la denuncia no estaba jurada debida-mente según exigen esos artículos y que el juramento era nulo.

La argumentación se dirige a un supuesto defecto en la firma del denunciante más bien que a cualquiera irregulari-dad del juramento. Esta asume la existencia de hechos no revelados por los autos que tenemos a la vista. Estos últi-mos no demuestran que el juez de distrito resolviera la mo-ción, ni que le fuera sometida. Tampoco denota que el de-nunciante hiciera su marca en vez de firmar la denuncia. Por el contrario, la denuncia, tal cual ha sido transcrita en los autos, aparece suscrita en la forma ordinaria. Si una denuncia debe estar suscrita y jurada, si la marca hecha por un denunciante analfabeto debe ser atestiguada por otras per-sonas y si el declarar sin lugar una moción de archivo y so-breseimiento por haberse dejado de cumplir con estos requi-sitos es un error que da lugar a la revocación, son cuestiones que no es necesario resolver por ahora.

La sentencia apelada debe ser confirmada.