author: El Juez Asociado Se, Wole,

text:
    La Plata Tobacco Company, Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Recukso gubernativo interpuesto contra nota del Registra-dor de la Propiedad de Caguas denegando la inscripción de una escritura de compraventa.
    No. 412.
    Resuelto en diciembre 23, 1919.
    CERTIFICACIÓN DE ACUERDOS DE CORPORACIONES NO INCLUÍDOS EN UNA ESCRITURA Original — Manera de Certificarlos-^-Documentos Públicos — Affidavit.— No debe estimarse como nn affidavit sino como un documento público suficiente para causar inscripción en el registro, una certificación expedida por el secre-tario de una corporación, ereditiva del acuerdo tomado por ésta autorizando a su vice-presidente para que la represente en el otorgamiento de una escri-tura de venta que no contiene el acuerdo de la corooración, cuya certificación lleva estampado el sello de ésta habiendo sido legalizada e identificado el se-cretario autorizante por el mismo notario que autorizó la mencionada escri-tura de venta. Y no le quita el carácter de documento público a la certifica-ción la circunstancia de que el secretario también .-jure haber puesto su firma en la certificación.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Rafael Arce.

    El registrador recurrido,. Sr. Pedro Gómez, no compare-ció.
   El Juez Asociado Se, Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La Plata Tobaco Company comparece en una escritura pública como supuesta vendedora de una finca rústica a favor de .Antonio Longo González y su esposa. La escritura misma dice que la referida corporación estaba representada en la comparecencia hecha ante el notario, por M. A. Walker, Jr., su vice-presidente, quien aseguró estar autorizado debi-damente por la corporación de referencia para realizar el presente contrato. Dicho documento iba acompañado de una certificación con el sello de la corporación, en la cual el se-cretario de la misma transcribe copia del acuerdo tomado por la corporación autorizando al expresado M. A. Walker, Jr., su vice-presidente, para otorgar la venta a Antonio Longo. Esta certificación del secretario fue jurada ante el mismo notario que otorgó la escritura, quien identifica al secretario.

El Registrador de Caguas denegó la inscripción del tí-tulo por el fundamento en substancia de que los hechos re-feridos en la certificación del secretario no fueron debida-mente probados, siendo insuficiente un affidavit con tal fin y hace cita de leyes y autoridades.

Es ley establecida que la transcripción en la escritura misma del acuerdo de una corporación u otro organismo se-mejante, es suficiente. Resoluciones de la Dirección General de los Registros de España, de diciembre 21, 1887 y abril 24, 1911. T esta es además la práctica americana corriente en escrituras de corporación, debiendo ser observada por los notarios.

En este caso el notario dejó de incluir la certificación del secretario de la corporación en su escritura, pero la pre-senta por separado e identifica a la persona que comparece ante él y en esta certificación separada aparece el sello de la corporación. Toda corporación en Puerto Rico ha de te-ner un sello, artículo 409 de los Estatutos Revisados y la manifestación lieclia bajo sello es la forma de actuar o de prueba que tiene una corporación, 10 Oye. págs. 1004 y si-guientes, y especialmente las páginas 1008 y 1014. Es ver-dad que el secretario también jura haber puesto su firma pero este affidavit no perjudicaba. El hecho fué que el se-cretario compareció ante el notario para dar validez al acuerdo y al sello e identificarse el mismo y no importa que lo hiciera en forma de un affidavit.

El sello de la corporación, la certificación del secretario e identificación otorgada ante el notario convirtió la certifi-cación en un documento público para los fines del registro y de la Ley Hipotecaria. Por semejante razonamiento véase el caso de Goitía v. El Registrador de Caguas, resolución de esta corte de clic. 16, 1919 (pág. 932). Este no fué un caso como el de Sucesores de Andreu v. El Registrador, 20 D. P. R. 421, en que se trató de probar un hecho independiente por medio de un affidavit. El affidavit en tal carácter debe considerarse como superfino en este caso. La identificación por el notario de la persona que compareció fué suficiente. El único otro comentario es. que el supuesto affidavit debió haber sido archivado en el protocolo del notario, enviándose copia al registro, pero el original, sin embargo, no deja de ser por eso un documento público que bastaba para los fines del registro.

Debe revocarse la nota recurrida.

Revocada la nota recurrida y ordenada la ins-cripción.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

license: Public Domain

text:
    De Jesús, Recurrrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Recurso gubernativo interpuesto contra nota del Registra-dor de la Propiedad de Caguas denegando la inscripción de una escritura de carta de pago y cancelación total de hipoteca.
    No. 422.
    Resuelto en diciembre 23, 1919.
    Certificación del Secretario de una Sociedad Anónima — Documento Público Suficiente para Causar Inscripción. — Si de la certificación librada por él . secretario de una sociedad anónima con el sello de ésta, en la cual se acredita el acuerdo tomado por la sociedad confiriendo facultades al gerente de la-misma para otorgar una escritura de carta do pago y cancelación total de hipoteca, aparece que el secretario autorizante lia sido identificado como tal por un notario, tal certificación es un documento público suficiente a los efee- . tos de inscripción- de la escritura a que la misma se refiere aunque no haya sido transcrita en ella.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del recurrente: Sr. Andrés Mena.

    El registrador recurrido, Sr. Pedro Gómez Lasserre, no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Este caso se distingue de los dos anteriores porque el vendedor no es una corporación sino una sociedad anónima. En él el notario denomina su acto un affidavit pero como no está jurado es más bien una certificación corriente al final de la cual el notario da fe acerca de todo lo que precede. El sello de la sociedad también aparece por el valor que pueda tener. El secretario fné suficientemente identificado por el notario y dicho secretario certifica respecto a la autorización de Castro González para otorgar la escritura a nombre de la sociedad. . '

El secretario ha sido pues, suficientemente identificado. El registrador tuvo ante si la autorización original proce-dente de la sociedad más bien que una manifestación de un notario de que la autorización necesaria le bahía sido presen-tada mediante acuerdo o minutas de la sociedad debidamente transcritos. ,

La nota recurrida debe ser revocada.

Revocada, la nota recurrida y ordenada la ins-cripción solicitada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutcbison. ,


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Blanco et al., Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Recurso gubernativo interpuesto contra nota del Registra* dor de la Propiedad de Caguas denegando la inscripción de una escritura particional.
    No. 423.
    Resuelto en diciembre 23, 1919.
    Calificación de Títulos — Inscripción de Documentos — Partición de Bienes-Facultades de los Registradores. — Inscrita anteriormente una partición dé bienes en cuanto a determinadas adjudicaciones, no puede negarse posterior* mente su inscripción en el mismo registro en cuanto, a las restantes partici-paciones fundándose la negativa en motivos que tuvieron necesariamente que ser considerados al verificarse la anterior inscripción:
    Id. — Bienes Gananciales. — -Aunque la adjudicación hedía en una partición d« bienes a favor de un viudo sea hecha algún tiempo después de fallecida sif consorte, si tal adjudicación se hace para surtir efecto a partir de una fecha anterior a tal fallecimiento, y en. pago do servicios prestados por el esposo, en vida de su cónyuge, no hay duda de que la propiedad adjudicada es un bien ganancial.
    Inscripción de Herencia — Contribución de Herencia- — Bxbnción de Pago vi Contribución de .Herencia. — Para que pueda inscribirse uná herencia es-,ne-cesario presentar en el registro recibo del pago de la contribución de heren-cia o documento justificativo de exención. ’ .
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Rafael Arce.

    El registrador recurrido, Sr. Pedro Gómez Lasserre, com-pareció por escrito.
   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió, la ’ opinión del tribunal.

I)on Jacinto Blanco González otorgó testamento el 24 de julio'de' 1902 en el que instituyó y nombró por sus únicos y universales herederos a sus cuatro hijos nombrados Cándida, Carmen, G-ertrudis y Jacinto, habidos en su matrimonio con Dª. Encarnación Carvajal, entonces difunta. Por escritura de 12 de marzo de 1907, el heredero Jacinto Blanco Carvajal hizo cesión de sus derechos hereditarios en la sucesión de sus padres a favor de don Rafael Arce Rollet y en 12 de ju-lio de 1908 la heredera Dª. Gertrudis otorgó testamento en el que nombró por heredero suyo usufructuario vitalicio a su esposo don Ramón de las Bárcenas Chirino. En 22 de no-viembre del mismo año 1908 los herederos de don Jacinto Blanco González hicieron la partición de los bienes de sus padres interviniendo en ella don Rafael Arce Rollet como cesionario de los derechos del heredero don Jacinto Blanco Carvajal y don Ramón de las Bárcenas Chirino como here-dero usufructuario de su difunta esposa Dª. Gertrudis Blanco Carvajal. En ella reconocieron un crédito de 1,500 pesos a favor de don Ramón de las Bárcenas Chirino por la admi-nistración de los bienes de la herencia de don Jacinto Blanco González para cuyo pago se le adjudicó al folio 21 un con-dominio por dicha cantidad en la finca que se describe con el número 27 del inventario de bienes y se le adjudicaron en usufructo los bienes que hubieran correspondido a su difunta consorte. Se colacionó por Dª. Gertrudis Blanco Carvajal la cantidad de 1,283 pesos 57 centavos que como deuda fue ad-judicada a su heredero usufructuario, y al folio 23 vuelto, bajo el título de “Reconocimiento de propiedad,” hicieron constar los otorgantes que la cantidad por ella traída a co-lación consta incluida . en el precio de adquisición de una finca urbana que le entregó el causante, siendo el precio de esa finca de $900 dólares y que los otorgantes en considera-ción a dicha circunstancia reconocen que dicha finca forma parte del haber hereditario de la mencionada Dª. Gertrudis Blanco Carvajal y .consienten en que sea inscrito en el regis-tro de la propiedad del distrito el derecho de dominio de la misma, finca que describen a continuación.

Esa partición de bienes fue inscrita en el Registro -de la Propiedad de Cagaras el 26 de noviembre de 1916 en cuanto a los bienes adjudicados a los herederos Cándida, Carmen, al cesionario don Rafael Arce Rollet y en cuanto a los que se adjudicaron a la sociedad acreedora sucesores de José Ma-ría Blanco.

Posteriormente don Jacinto Blanco Carvajal otorgó otra escritura de 4 de enero de 1913 en la que ratificó la cesión que había hecho a don Rafael Arce Rollet de su derecho he-reditario al efecto de que sea tenido y considerado como único y exclusivo dueño de los derechos que le trasmitió, y aprobó y confirmó en todos sus extremos los particulares de la escritura de división de bienes de sus padres y aceptó y reconoció que los bienes que en ella se adjudicaron a don Rafael Arce Rollet como cesionario suyo han sido y son de la propiedad de éste.

Por otra escritura de 13 de octubre de 1914, don José Martínez Balasquicle y don Francisco Martínez Gómez hicie-ron constar que en unión del párroco don Tonginos Tovar fueron testigos del testamento de don Jacinto Blanco Gon-zález a quien consideraron con la capacidad suficiente para otorgar testamento, que lo vieron y entendieron y que tenía plena capacidad legal para otorgar dicho testamento, así-como que el otro testigo señor Tovar lo visitó constantemente durante su enfermedad, le aconsejó que hiciera testamento, estuvo presente en él y vió y entendió también al testador.

Muerto don Ramón de las Bárcenas Chirino, heredero usufructuario de Dª. Gertrudis Blanco Carvajal, la Corte de Distrito de Humacao, por resolución de 18 de noviembre de 1918, declaró herederos de ella en cuanto al dominio directo de sus bienes, a sus hermanos Cándida, Carmen y Jacinto Blanco Carvajal.

Estos tres hermanos presentaron los referidos documentos, con otros que no es necesario mencionar ahora, en el Regis-tro de la Propiedad de Oaguas con escrito firmado por sn man dataria verbal Agustina Ramos en el que solicitaron lo siguiente: (a) La inscripción previa a favor de Dª. Gertrudis Blanco Carvajal de cierta finca que con el título de recono-cimiento de propiedad se describe en la escritura de parti-ción de bienes; (b) la inscripción, previa también, a favor de los esposos don Ramón de las Bárcenas Cliirino y D\ Ger-trudis Blanco Carvajal, con el carácter de bienes gananciales, del condominio en una finca que se describe en la escritura de partición; (c) la inscripción del derecho de usufructo vi-talicio a favor de don Ramón de las Bárcenas Chirino y el derecho de nuda propiedad a favor de los peticionarios res-pecto de los bienes que indican, que aparecen adjudicados a don Ramón de las Bárcenas Chirino en pago de su haber como heredero de su esposa; (d) que, en último término, se inscriban todos los bienes referidos a nombre de Cándida, Carmen y Jacinto Blanco Carvajal como propietarios abso-lutos de los mismos a virtud de, por causa del fallecimiento del heredero usufructuario, haberse consolidado hoy en ellos el dominio pleno de tales bienes; inscripciones que no han de llevar otra limitación que en lo referente al 'condominio de $1,500 dólares de la finca de 120 cuerdas que debe afectar solamente a la mitad de ese crédito, que es a lo que tieneu derecho los herederos propietarios de Dª. Gertrudis Blanco Carvajal; y que deben practicarse en común proindiviso y por partes iguales entre los tres mencionados hérederos de dicha señora.

El registrador de la propiedad negó las inscripciones que se le pidieron por los motivos que aparecen de la siguiente nota puesta al pié de la escritura de partición y que copiamos:

“Denegada la inscripción del documento que precede que es la escritura de partición de bienes número 241, otorgada en Oaguas el 22 de noviembre de 1908 ante el notario Lorenzo Jiménez García, con vista de otros documentos que se acompañan y sólo en cuanto a la finca señalada al folio 23 vuelto de dicha escritura, y las que constan en la misma bajo los números 27 y 39 del inventario, de las cuales únicamente se solicitó inscripción, por los defectos insubsa-nables siguientes: Primero. Porque la escritura de testamento abierto del causante Jacinto Blanco González, otorgado en Aguas Buenas ante diclio notario bajo número 7 de fecha 24 de julio de 1902, quien manifiesta haberla tenido a la vista como base para el otorgamiento del documento que precede, es nulo, por no expresarse en aquél el requisito esencial dispuesto en el artículo 703 del Código Civil vigente de que los testigos instrumentales vieron y entendie-ron al testador, cuya omisión, dada la unidad del acto estatuida por el artículo 708 del citado cuerpo legal, en modo alguno puede ser suplida a virtud del acta aclaratoria del referido testamento otor-gada bajo número 194 ante el susodicho notario el 12 de octubre de 1914 por dos de dichos testigos instrumentales, pues lejos de con-tradecir, confirma más bien la existencia del. defecto apuntado; no siendo inscribible, por tanto, la ameritada escritura de partición por falta de un testamento válido de donde deriven su derecho los interesados. Segundo. Porque no se. ha justificado el carácter de heredero que se atribuye a D. Rafael Arce y Rollet en la predicha escritura de partición como cesionario subrogado de don'Jacinto Blanco Carvajal, uno de los herederos legítimos del testador Sr. Ja-cinto Blanco González; y aunque si bien se presenta con objeto de la justificación antes mencionada la escritura número 283, sobre ra-tificación de una cesión de herencia y de una partición de bienes, otorgada por los dos primeros en- 27 de diciembre de 1912 ante el repetido notario, no obstante, dicha escritura es nula por no dar .fe el notario del conocimiento personal de los otorgantes, cuya omisión infringe la sección 16 de la Ley Notarial vigente y es causa de la nu-lidad del documento a virtud de lo que dispone la sección 20 de la misma ley. Tercero. Porque admitiendo para el único propósito de la consignación de este defecto, la validez del referido testamento, resulta que de acuerdo con su tenor e importancia se ha prescindido del mismo en la susodicha escritura de partición haciendo concurrir en la misma a don Rafael Arce Rollet persona que no es heredero legítimo, y sí su cedente D. Jacinto Blanco Carvajal cuya persona-lidad no debió desaparecer y quien debió intervenir en la- aludida partición para dar su consentimiento y aprobación a las operaciones particionales practicadas por los otros herederos testamentarios, la omisión de cuyo consentimiento es un defecto que impide la inscrip-ción del documento objeto de esta nota, .artículo 1228 del Código Civil; así como también la impide el artículo 20 de la Ley Hipote-caria que dispone la previa inscripción del derecho transmitido a favor de la persona que lo transmite, disposición que no se cumple en este caso, pues se adjudican directamente los bienes a Arce Rollet ■en vez de haberlos adjudicado al heredero legítimo Blanco Carvajal a fin de poder dar cumplimiento en el registro a la citada disposición. Y dicho se está que no basta la escritura No. 283 arriba mencionada, para suplir ni acreditar el consentimiento del heredero legítimo, toda vez que es nula por la razón antes consignada. Se expone, además que aun aceptando la validez de esta última escritura, y por ende justificada la capacidad de dicho Sr. Arce Rollet como cesio-nario de Blanco Carvajal, no pudo aquél suplir el consentimiento necesario de éste en dichas operaciones particionales, ya que a vir-tud de sentencia dictada por la Corte de Distrito de Humacao el 5 de junio de 1911 .confirmada por la Corte Suprema de Puerto Rico, Morales v. Arce, 13 D. P. R. 545, fué declarado rescindido y nulo el contrato de traspasó de derechos y acciones otorgado por Blanco Carvajal a favor de Arce Rollet por escritura de 12 de marzo de 1907 ante el notario José A. Cajas Machado, la cual se inserta en la re-ferida escritura No. 283, así como también fué declarada nula y sin valor la adjudicación hecha a Arce de los bienes, que-habían de co-rresponder a Blanco Carvajal en la escritura de partición ameritada, la cual resulta, por tanto, nula in boto, de acuerdo con la jurispru-dencia que establece que una escritura de partición es un todo con partes de tal modo trabadas entre sí, que no puede destruirse una parte sin afectar el todo. Cuarto. Porque siendo nulo el testamento del causante J. Blanco González, por la razón antes expresada, no es posible practicar la inscripción solicitada a favor de su heredera Gertrudis Blanco Carvajal, de la finca que se describe bajo el tí-tulo de ‘Reconocimiento de propiedad',’ al folio 23 vuelto de la es-critura de partición de bienes citada, aunque no sea ésta inscribible por adolecer de defectos. Quinto. Porque no procede la inscripción con el carácter de bienes gananciales, a favor de los esposos Ramón de las. Barcenas Chirino y Gertrudis Blanco Carvajal, del condomi-nio de la finca marcada con el número 27 del inventario y que se adjudica al primero en la mencionada escritura de partición: (a) por ser nulo el testamento mencionado; nula la escritura de parti-ción referida, ambos por las razones expuestas, y (c) no constar que se haya practicado la liquidación de la sociedad conyugal de dichas personas con intervención del cónyuge supérstite para depurar si dicho condominio es o no un bien ganancial, no bastando el dicho de los interesados en la partición referente al efecto legal que produce su disposición 5a. ni el dicho en la solicitud que acompaña al documento presentado firmada por Agustina Ramos en representa-ción de aquéllos, puesto que al cesar la sociedad conyugal no sirve, para determinar cuáles bienes son gananciales, el título mediante el cual fueron por dicha sociedad, adquiridos, sino la liquidación del caudal y consiguientemente la adjudicación de aquello que resultare no pertenecer privativamente a cada, uno de los cónyuges. Sexto. Porque no procede inscribir el derecho de usufructo vitalicio a favor de Ramón de las Bárcenas Ohirino y el derecho de nuda-propie-todad a favor de Cándida, Carmen y Jacinto Blanco Carvajal, res-pecto de la finca que se indica al folio 23 vuelto de dicha partición y de las que se señalan con los Nos. 27 y 39 de su inventario, por la razón de que el testamento del cual derivan tales derechos los interesados otorgado en Aguas Buenas por su causante Gertrudis Blanco Carvajal ante el notario Lorenzo Jiménez García en escri-tura No. 148 de fecha 12 de julio de 1908, es-nulo, (a) porque dicho notario no da fe del conocimiento personal de la testadora sino que lo hace por la profesión y vecindad de la misma, así como tampoco consigna en el mencionado instrumento que los testigos conocían a la testadora y que la vieron y entendieron, requisitos cuya omisión vicia de nulidad el testamento: (ó) porque el supuesto heredero en-tonces de la nuda propiedad Jacinto Blanco Carvajal no concurrió a prestar su consentimiento y aprobación a dichas operaciones par-tieional.es, a pesar de haber ocurrido en la fecha del otorgamiento de éstas, el fallecimiento de dicha causante; fe'! porque en. lo eonr cerniente a la inscripción de la finca marcada con el No. 39 del in-ventario, ésta no se hqlla inscrita a favor del causante Jacinto Blanco González, por haber desaparecido del registro como .finca a virtud de operación practicada en relación con la inscripción de la' finca marcada en el predicho inventario bajo el No. 40, y (<J) porque 'no se ha presentado el recibo del pago de la contribución sobre heren-cia de la causante Gertrudis Blanco Carvajal, o el documento justi-ficativo de que el Tesorero de Puerto Rico los había, considerado exentos de dicho pago. Y séptimo. Porque tanto la solicitud men-cionada pidiendo las inscripciones de que se ha hecho mérito,"como las tantas veces repetida escritura de partición adolecen del defecto de no estar redactadas con claridad sino dé una manera oscura, am-bigua y confusa, extremos que no es necesario dar la razón de su por qué ya que los mismos documentos patentemente los muestran. Se hace constar que al hacer esta calificación, se ha tenido en cuanto el hecho de que esta escritura de partición ya ha sido objeto de ins-cripción practicada por uno de mis antecesores en cuanto a algunas de las fincas que en la misma se expresan; no obstante y a tenor del mandato imperativo del artículo 18 de la Ley Hipotecaria y habida consideración de la responsabilidad de todo linaje que apareja la falta de su cumplimiento, he calificado de novo la susodicha escri-tura de partición y he apuntado sus defectos que unos nacen de la misma y,documentos complementarios y otro del registro; creyendo también que la jurisprudencia recientemente establecida por la Corte Suprema de Puerto Rico relativa a que la inscripción previa de una partición en cuanto a determinada finca obliga al registrador que la' practicó y a sus sucesores en cuanto a las restantes por motivos que tuvieren necesariamente que ser considerados al verificarse la inscripción primera, no es absoluta, sino relativa. Y se ha extendido anotación preventiva de esta denegación en lugar de las inscripcio-nes solicitadas, durante el término de 120 días a favor de los inte-resados Jacinto, Cándida y Carmen Blanco y Carvajal, a los folios 119 y 248 vueltos del tomo 10 de Aguas Buenas y al folio 119 vuelto del tomo 1 de dicho Ayuntamiento, fincas Nos. 283 duplicado, 22 triplicado y 28, anotaciones letras A, respectivamente.”

Como vemos por la nota transcrita, el primero y cuarto motivos de la negativa del registrador se fundan en la nuli-dad del testamento' de don Jacinto Blanco González y el se-gundo y el tercero en la nulidad de las operaciones particio-nal'es de sus bienes, pero como esos documentos fueron pre-sentados en el mismo registro, aunque a distintos funciona-rios, y fueron aceptados para la inscripción de las participa-ciones adjudicadas a los otros partícipes, no puede abora el registrador negar’ la inscripción en cuanto a la participación que entonces no se inscribió fundado en motivos que tuvie-ron necesariamente que ser considerados al verificar la ins-cripción primera, según liemos resuelto en el caso de Gerena v. El Registrador de Humacao, 26 D. P. R. 87, en el que se bizo un detenido estudio de esa cuestión con cita de resolu-ciones de la Dirección de los Registros dé España.

Descartados por la razón dicba esos cuatro motivos, pa-saremos a considerar los restantes.

En el quinto motivo sostiene el registrador bajo los apar-tados a, b y c, tres fundamentos para, negar la inscripción de cierta finca como bien ganancial de don Ramón de las Bárcenas Cliirino, pero prescindiremos de los apartados a y b por la razón antes expuesta, toda vez que se basan en la nulidad del testamento del señor Blanco González y de la partición de sus bienes y nos limitaremos al apartado c, fun-dado en no constar que se haya practicado la liquidación de la sociedad conyugal del señor Bárcenas para depurar si el expresado inmueble es o no ganancial.

Si bien la escritura de partición de bienes en la que se adjudica al señor Bárcenas un condominio en cierta finca, para pagarle sus servicios como administrador de los bienes dejados por el señor Blanco González se otorgó en 22 de no-viembre de 1908, dos meses después del fallecimiento de su esposa, sin embargo, como no solamente por la cláusula quinta de. ella convinieron las partes en que surtiera efecto legal desde el dos de abril del anterior año 1907 en que ma-terialmente fue practicada y se hizo cargo cada partícipe de los bienes que le fueron adjudicados, sino también porque la cualidad de ganancial de esa adquisición resulta clara-mente de la escritura de partición, que es un documento pú-blico en el que figura Bárcenas como otorgante y de él apa-rece la causa de la adquisición por servicios prestados que tuvieron lugar mientras vivió su esposa, no puede dudarse del carácter ganancial de esa adjudicación sin la interven-ción de sus herederos.

En el sexto motivo se niega la inscripción del usufructo del señor Bárcenas y de la nuda propiedad a favor de los hermanos de la esposa de aquél, porque el testamento de I)\ Gertrudis Blanco Carvajal es nulo por las varias razones que se enumeran con las letras a, b, c y d.

Ese testamento fue considerado y admitido anteriormente por el registrador cuando se hicieron las inscripciones de los otros partícipes de la herencia de acuerdo con la parti-ción de bienes en la que intervino el señor Bárcenas como heredero usufructuario de Dª. Gertrudis por lo que prescin-diremos de tomar en consideración las razones expuestas con las letras a. y b y nos concretaremos ahora a los otros dos apartados. Se funda el c en que la finca No. 39 del inventa-rio que forma parte del caudal relicto por el Sr. Blanco Gon-zález y que se adjudicó a su hija Dª. Gertrudis, no puede inscribirse a nombre de los recurrentes porque no se halla inscrita a favor del cansante por haber desaparecido del re-gistro como finca a virtud de operación practicada en rela-ción con la inscripción de la finca mareada en el predicho inventario bajo el No. 40. Para considerar este motivo de negativa observaremos que en el inventario se describió con el No. 28 una finca que los partícipes en la, herencia convi-nieron en dividir en dos fincas que describieron en los Nos. 39 y 40, adjudicando el usufructo de la primera al viudo de Dª. Gertrudis y la segunda a la heredera Dª. Carmen, quien la inscribió a su nombre en el año 1916, de lo que resulta que teniendo el señor Blanco González inscrita la totalidad de la finca no puede deducirse por el hecho de que una mitad haya sido adjudicada e inscrita a favor de Dª. Carmen que haya desaparecido la finca total del registro por virtud de tal inscripción, como sostiene el registrador, y que no sea posible inscribir la otra mitad.

El defecto marcado con la letra D lo encontramos justifi-cado porque tratándose de inscribir la herencia de Dª. Ger-trudis Blanco Carvajal debió presentarse en el registro de la propiedad el recibo del pago al Tesorero de Puerto Rico de la contribución sobre ella o de haber sido declarados exentos del mismo porque el artículo 379 del Código Político prohibe a. los registradores que inscriban documentos de la naturaleza del que motiva este recurso sin acreditarse ese pago. Díaz v. El Registrador, 20 D. P. R. 413. Rieffkohl v. El Registrador de Caguas, resuelto en mayo 19, 1919, (pág. 369). Esto lo aceptan los recurrentes.

El séptimo y último de los motivos consignados al pie de la escritura de partición de bienes no necesita mayor con-sideración porque exponiéndose en él como una conclusión que la solicitud de inscripción y la escritura de partición están redactadas de manera ambigua, oscura y confusa, sin expresarse el por qué de esas conclusiones, no hay margen para considerar este motivo, mucho más si se tiene en cuenta que no observamos que tales documentos adolezcan de esos defectos.

También el registrador denegó en seis de marzo de 1919 la anotación marginal de consolidación del usufructo como propiedad, por muerte del usufructuario señor Barcenas, se-gún nota puesta al pie de la declaratoria de herederos abin-testato de Dª. Gertrudis, en cuanto al dominio directo de sus bienes “por no aparecer inscrito el derecho de usufructo en favor del usufructuario don Ramón de las Rárcenas Chirino, ni tampoco la nuda propiedad en favor de los herederos Cándida, Carmen y Jacinto Blanco Carvajal.”

Aunque alegan los recurrentes que no han solicitado la inscripción del usufructo y que por los documentos presen-tados el registrador pudo, por virtud dél fallecimiento del usufructuario, inscribir la propiedad absoluta a favor de los herederos de Dª. Gertrudis, sin embargo, en los apartados c y d de la solicitud que presentaron al registrador por su mandataria verbal aparece que pidieron la inscripción de dicho usufructo y del derecho de nuda propiedad, y, además, la inscripción a favor de éstos como propietarios absolutos por consolidación del dominio pleno por la muerte del señor Bárcenas. En atención a esto y habiendo negado el regis-trador las inscripciones de usufructo y de nuda propiedad, estuvo justificado al negarse a hacer la anotación de consoli-dación del dominio.

Por las razones expuestas, la nota recurrida de 6 de marzo de 1919 puesta al pie de la partición de bienes de don Jacinto Blanco González debe ser revocada en cuanto niega las inscripciones que fueron solicitadas bajo las letras a y b a las cuales no afecta el motivo de no haberse presentado el recibo de pago de la contribución sobre la herencia de Dª. Gertrudis Blanco Carvajal o. el documento justificativo de que esa herencia está exenta' de dicho pago, debiendo, por tanto, llevarse a efecto dichas inscripciones; y debe confir-marse por ese único motivo la misma nota denegatoria en cuanto a las inscripciones solicitadas bajo las letras c y d, confirmando también la nota de igual fecba puesta al pie de la declaratoria de herederos de Dª. Gertrudis Blanco Carvajal.

Confirmada en parte y en■ parte revocada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


text:
    Porto Rican American Tobacco Company, Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Caguas denegando la inscripción de una escri-tura de arrendamiento.
    No. 427.
    Resuelto en diciembre 23, 1919.
    Certificación de Acuerdos de Corporaciones Omitidos en una Escritura Original — Documentos Públicos. — La certificación del secretario de una corpo-ración relativa a un acuerdo tomado por ésta j que fué omitido en una escri-tura original puede legalizarse ante un notario distinto del que autorizó la escritura original, de conformidad con el principio sentado por la Corte Su-prema en el caso de ha Plata Tobacco v. MI Registrador de Caguas, resuelto en diciembre 23, 1919.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Luis Muñoz Morales.

    El registrador recurrido, Sr. Pedro Gómez, no compa-reció.
   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La única diferencia que existe entre este caso y el de La Plata Tobacco Co., v. Registrador de Caguas, resuelto en esta fecba, es que el secretario de la corporación compareció ante un notario que no fné el que otorgó la escritura original pero un certificado tal otorgado ante cualquier nota-rio, e identificado por el notario, es suficientemente un do-cumento público a los fines de subsanar el defecto apuntado por el registrador.

Debe revocarse la nota recurrida.

Revocada la nota y ordenada la inscripción.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutcbison.


text:
    Mimoso, Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Recurso gubernativo interpuesto. contra nota del Registra-dor de la Propiedad de Caguas denegando la inscripción de una escritura de venta por dación en pago.
    No. 446.
    Resuelto en diciembre 23, 1919,
    Cancelación de Hipoteca — Consentimiento de la Esposa — Dación en Pago de la Deuda — Bienes Gananciales. — Una escritura de venta de la Anca por dación en pago del crédito hipotecario que la misma garantiza hecha por el deudor al marido, no es necesariamente nula por el hecho do que la esposa no haya concurrido al otorgamiento; y dicha escritura es perfectamente inscri-bible, si va acompañada de otra por la cual ambos esposos aparecen traspa-sando la finca a otra persona. Este traspaso envuelve una aceptación de la dación en pago por parte de la esposa, lo cual es suficiente para cancelar el derecho real.
    Quaere: Si habiendo el esposo recibido la finca hipotecada en pago del crédito sin el consentimiento de la esposa puede ésta ser compelióla a cancelar la hipoteca.
    Los beebos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Andrés Mena.

    El registrador recurrido, Sr. Pedro Gómez Lasserre, com-pareció por escrito.
   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Juan Mimoso López, casado con Juana Raspaldo, hizo un préstamo a Petrona Ramos y en garantía del mismo aceptó una hipoteca sobre una finca urbana de la deudora. No pu-diendo ésta satisfacer el crédito vendió la finca garantizada con hipoteca a su acreedor Juan Mimoso López. La esposa de éste no compareció al otorgamiento de la escritura. Pos-teriormente, Juan Mimoso López y su esposa, Juana Bas-paldo, vendieron o trataron de vender la misma finca a José Marrero Denis. La escritura otorgada por Petrona fiarnos a Juan Mimoso fué presentada en el registro para su ins-cripción. Esta escritura fue acompañada de la otorgada por Juan Mimoso y su esposa Juana Baspaldo a favor de José Marrero Denis. El registrador denegó la inscripción de la escritura otorgada a favor de Juan Mimoso por tratarse de cancelar de este modo un crédito hipotecario perteneciente a los bienes gananciales de Mimoso y su esposa sin el con-sentimiento de ésta, con infracción de los artículos 159 y 1328 del Código Civil, insistiendo, en efecto, el registrador en que la escritura subsiguiente otorgada por el marido y la esposa no podía convalidar lo que ya era nulo o dar efecto retroactivo a la falta existente de consentimiento por parte de la referida Juana Baspaldo.

El marido es el administrador de los bienes de la socie-dad conyugal. Puede él prestar dinero sin el consentimiento de su esposa, así como recibirlo y dar carta de pago. Cuando un acreedor acepta el pago hecho por un deudor, la obliga-ción principal queda cancelada y cualquiera corte ejercerá sus facultades para obligar al acreedor a cancelar la garan-tía del crédito. Nada queda a la esposa sino un simple de-recho hipotecario.

Ahora bien, si puede el esposo aceptar dinero en pago de una deuda es asimismo posible que pueda él aceptar un traspaso de bienes en sustitución de la deuda. Lo que re-sulta es que si prestó él el dinero y luego aceptó la finca en pago de la suma dada en préstamo, la situación en conjunto no varía del caso en que compra él una finca y paga por olla al contado. Desde el punto de vista del deudor la deuda queda necesariamente cancelada por el traspaso de la pro-piedad para satisfacer el' préstamo.

El marido es necesariamente -el mandatario de la esposa para recibir un pago de tina suma de dinero y cuando ella manifiesta después su aceptación en un documento público será eso suficiente para cancelar un derecho real. Tal acep-tación quedó manifestada por el traspaso de la propiedad en cuestión a'una tercera persona. Hereter v. El Registrador de la Propiedad, 18 D. P. R. 812.

De todos modos Juana Raspaldo comparece en una es-critura vendiendo una propiedad a José Marrero Denis. Ella hace un traspaso absoluto de la propiedad y con ésta cualquier derecho real que pudiera tener en la misma. Como el registrador fue de parecer que ella había traspasado de tal manera todo su derecho e interés en la propiedad estaba ' dicho registrador en la obligación de saber que ella queda-ría para siempre impedida de poder reclamar cualquier de-recho o interés que pudiera tener en la finca traspasada a José Marrero Denis, y, por tanto, que el traspaso por Pe-tr ona Ramos a Juan Mimoso debió inscribirse aun cuando por ello quedaba cancelado el derecho hipotecario que téc-nicamente pertenecía a la sociedad conyugal de Juan Mi-moso y su esposa.

La nota del registrador debe ser revocada.

Revocada la nota recurrida y ordenada la ins-cripción solicitada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    Suau, Ex parte, Peticionario y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en procedimiento sobre autorización judicial para vendei bienes y pagar deudas de la herencia.
    No. 2029.
    Resuelto en diciembre 23, 1919.
    Albacea — Facultades del Albaoea — Venta de Bienes bob el Albaoea. — Cuando del testamento no aparece claramente que el testador confirió al albacea la facultad de vender bienes para pago de deudas, si el albacea desea ejercitar tal facultad, debe colocarse en las condiciones de un administrador judicial mediante gestión ajustada a derecho.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    ‘Ahogado del peticionario apelante: Sr. José D. Rodri-gues.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de Arecibo dictó resolución en la que se expresa que Bernardo Suau Ballester como albacea testamentario de Ignacio Sorondo presentó una petición a la corte solicitando permiso para vender los bienes muebles y el inmueble que se menciona en la petición, ascendiendo dichos bienes a la suma de $2,909, con el fin de pagar las deu-das también relacionadas en la solicitud.

La corte pasa a declarar que por cuanto en la cláusula octava del testamento de dicho Sorondo solamente se con-ferían al albacea las facultades determinadas en el Código Civil y la de posesionarse y administrar los bienes mientras se halla la herencia yacente y cobrar sumas, dando y reci-biendo recibos y cartas de pago sin que se le haya conferido facultad de pagar deudas ni vender bienes de ninguna, clase, para tener las facultades sería preciso que expresamente le hubieren sido conferidas; y por cuanto dicho albacea no se halla constituido en administrador judicial como se ha indi-cado en el caso de Sucesión Criado v. Martínez, 25 D. P. R. 334, que por tanto la solicitud debe ser desestimada.

La petición cita un número de documentos que acompa-ñan a la misma como pruebas, incluyendo el testamento en cuestión. Estas pruebas no han sido certificadas a este tribunal en ninguna forma. No tenemos oportunidad de ver el testamento o los demás documentos que se presentaron a la corte inferior. Por tanto no tenemos facultad para re-vocar la sentencia por este fundamento.

De todos modos y con el fin de evitar toda discusión, no apareciendo claramente la autorización conferida por el tes-tamento para vender bienes, creemos que sería mejor para el apelante si quiere hacer nso de las facultades que al ad-ministrador judicial confiere el artículo 46 de la Ley de Pro-cedimientos Legales Especiales, colocarse en las condiciones de tal administrador judicial mediante gestiones ajustadas a derecho.

La sentencia debe ser confirmada.

Confirmada- la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr¡. Hutchison no tomó parte en la re-solución de este caso.


text:
    Montalvo, Demandante y Apelante, v. American Railroad Company, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre ^años y perjuicios.
    No. 2059.
    Resuelto en diciembre 23, 1919.
    Prueba Contradictoria. — Si los testigos se contradicen, existe prueba contradic-toria aun cuando todos los testigos de una parte sean sus empleados.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. M. del Toro Colberg.

    Abogado del apelado: Sr. F. G. Pérez Almiroty.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Se alega en la demanda en sustancia qne ciertos emplea-dos del demandante conducían ganado y carros de un lugar a otro y mientras realizaban este trabajo pasaban por el paso a nivel que hay entre dos sitios que en.la demanda se mencionan, una locomotora y tren de la demandada que mar-chaba a gran velocidad, sin tocar campana ni pito y sin lu-ces de ninguna especie en dicho paso a nivel, arrastró todo el ganado matando a algunos y dejando a los otros comple-tamente inutilizados.

La demandada alegó varias defensas, habiendo la corte resuelto en sustancia que debía darse crédito a los testigos de la demandada, estimando haberse probado con prueba preponderante que la locomotora en cuestión traía encendido un foco de luz en su parte delantera y de mayor alcance al ocurrir el accidente; que el tren venía tocando pito y con-ducido por empleados expertos y diligentes y que si los bue-yes fueron muertos a la hora y en el sitio mencionados en la demanda, tal accidente fue debido a la negligencia de los empleados del demandante permitiendo que los animales fueran por el referido sitio a larga distancia separados de ellos.

Insiste el apelante en que no hubo conflicto en la prueba y que el peso de la misma estaba a favor del demandante. Existió, sin embargo, verdadero conflicto entre las dos clases 'de testigos respecto a si la locomotora llevaba luz, si tocó pito y campana, si fueron diligentes los empleados de la de-mandada y si no lo fueron los del demandante, y tal vez tam-bién sobre otros particulares. No importa, como dice la •apelada, el hecho de que los testigos de dicha demandada fue-ran empleados suyos. Gran parte de la contradicción que es esencial fue originada por los testigos del demandante. Por ésta y otras razones, los autos no revelan nada que nos haga dudar acerca de la corrección de la conclusión a que llegó la 'corte inferior, debiendo, por tanto, confirmarse su sentencia. . '

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso- . •ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Polo et al., Demandantes y Apeladas, v. Fernández et al., Demandados y Apelante el Primero.
    ApelagiÓN procedente de la Corte de Distrito de Hnmacao en pleito sobre nulidad y reivindicación.
    No. 1941.
    Resuelto en diciembre 23, 1919.
    Prueba en Cuanto a la Identidad de Fincas — Cabida—Descripción de Fincas.'— El hecho de que exista discrepancia de una cuerda sesenta y nueve centésimas en cuanto a la cabida y en cuanto a una de las colindancias en la''descrip-ción de una finca inscrita con título posesorio cuya nulidad se pide y'la des-cripción consignada en el expediento de dominio que sirve de base a la recla-mación de nulidad no os prueba suficiente de que en realidad se trata de dos fincas distintas.
    Posesión Inscrita — Dominio no Inscrito. — La inscripción posesoria de nna finca impide que se inscriba el título de dominio de la misma a favor de persona distinta, pero no vicia do nulidad el título de dominio.
    Id. — Preferencia de Títulos en Conflicto. — Un título posesorio no puede tener preferencia sobre un título de dominio, aunque aquél esté inscrito y éste no lo esté, pues la inscripción de aquél es sin perjuicio de tercero de mejor de-recho, y la preferencia derivada de la inscripción sólo existe en el caso de conflicto de dos títulos igualmente de dominio.
    Reivindicación — Tercería de Dominio. — El hoeho de que los demás condueños de la finca tuvieran conocimiento de que uno de ellos la había hipotecado en su totalidad y de que so había seguido procedimiento por el acreedor para el cobro del crédito asegurado sin que hubieran instado el procedimiento de tercería de dominio, no les priva de su derecho a reivindicar la finca pues el juicio de tercería es un remedio que la ley concede al dueño de nna cosa para prevenir perjuicios de momento, y el dejar de ejercitar tal remedio no le x’riva de la acción que pueda tener para defender luego lo que es suyo y de que indebidamente ha sido expropiado.
    Los liechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Arturo Aponte, Jr.

    Ahogado de las apeladas: Sr. Joaquín Vendrell.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Los hechos que han de servirnos de base para la resolu-ción de las cuestiones legales envueltas en el presente caso son los siguientes:

Por escritura pública de 24 de enero de 1907, no inscrita en el registro, Luis Polo G-arcía, titulándose dueño de un predio de terreno radicado en el barrio de San Salvador del término municipal de Caguas, compuesto de 24 cnerdas 'con 60 centavos de otra, colindantes por el snr y este con terre-nos de José Jiménez Saurí, por el oeste con otros de Rosario Polo G-arcia y por el norte con terrenos de la sucesión de Luisa G-arcía, cuyo predio de terreno Labia adquirido en 22 de marzo de 1901 Luis Polo García, según propia manifes-tación, por compra a Pedro Polo García y éste por heren-cia de su difunto padre Rafael Polo Aguilar Tablada, cons-tituyó hipoteca sobre el mismo a favoi de Baldomero Fer-nández Gómez para garantir el pago de $251 que de él había recibido en préstamo sin interés, para devolvérselos en 24 de junio de 1908, debiendo responder además el inmueble de $100 para costas y gastos judiciales en caso de ejecución.

El predio de terreno que so deja descrito fué adjudicado a Baldomero Fernández Gómez en juicio seguido por el mismo contra Luis Polo García en la Corte Municipal de Caguas para el cobro del crédito que garantizaba 3’' se otorgó la correspondiente escritura de venta judicial por el marshal do dicha corte a favor del comprador adjudicatario por es-critura de 19 de enero de 1910, tampoco inscrita en el registro.

Siguió juicio de desahucio Baldomero Fernández Gómez contra Luis Polo García en 1910 y por sentencia que fué firme y ejecutoria en 1911 so ordenó fuera lanzado el deman-dado de la finca de que se trata, la cual estaba poseyendo, habiéndose efectuado el lanzamiento por el marshal del dis-trito de Humacao en el propio año 1911 y puéstose en pose-sión de la finca al repetido Baldomero Fernández Gómez.

La posesión de la finca de que se trata en los términos en que aparece descrita en la escritura de hipoteca voluntaria de 24 de (mero de 1907, fué inscrita en el Registro de la Pro-piedad de Caguas en 28 de junio de 1910 a virtud de expe-diente pose,sorio.instruido poy Fernández Gómez en que alegó estar poseyéndola desde el 19 de enero de 1910 por haberle sido adjudicada en juicio seguido contra Luis Polo García.

Ante la misma Corte de Distrito de Humacao, María, Rosario, y Josefa Polo García a nombre propio y de sus hermanos de doble vínculo Luis, Antonia y Purificación Polo G-arcía, promovieron expediente de dominio para que se de-clarara justificado a su favor el que alegaban tener sobre tres fincas rústicas entre éstas una de 26 cuerdas con 29 centavos de otra, marcada con la letra C, radicada en el barrio de San Salvador del término municipal de Caguas, en lindes por el este y sur con José Jiménez Saurí, por el norte con Luis García Hernández, y por el oeste con Rosario Polo García, y dicha corte por resolución de 11 de abril de 1914 aprobó la información de dominio y ordenó la inscripción de la finca descrita en unión de las otras dos a favor de María, Rosario, Josefa, Luis, Antonia y Purificación Polo García. En el escrito inicial del procedimiento se alegaba que las promoventes y sus hermanos habían adquirido la finca de 26 cuerdas por herencia de su finado hermano Pedro Polo García, que falleció en la ciudad de Caguas el 20 de mayo de 1910, habiéndola adquirido Pedro Polo García por heren-cia de su padre Rafael Polo y Aguilar Tablada, fallecido en 10 de marzo de 1898.

La inscripción de la resolución aprobatoria del dominio de la finca de que se trata en el Registro de la Propiedad de Caguas, fué denegada por nota de 11 de marzo de 1916, que dice así:

“Denegada la inscripción del precedente documento en cuanto a la finca señalada con la letra C, única de que se solicita inscripción, por aparecer inscrita * * * a favor de Baldomero Fernández Gómez, persona distinta de Pedro Polo García, de quien se ex-presa en el anterior documento que la heredaron sus hermanos Ma-ría Polo García y otros; y tomada en su lugar anotación preventiva * * * por 120 días * * anotación letra B, a favor de Ma-ría, Rosario, Josefa, Luis, Antonia y Purificación Polo García, con el defecto subsanable de no haber comparecido los menores.Antonia y Purificación Polo García por medio de su representante legal.”

Las demandantes alegan en la demanda ser dueñas en plena propiedad en unión del demandado Luis Polo- García, en común proindiviso y por partes iguales de la finca a que se refiere la información de dominio, por haberla adquirido de sti -hermano de doble vínculo Pedro Polo García, quien a su vez la hubo por herencia de su difunto padre Rafael-Polo y Aguilar Tablada, y solicitan se declare la nulidad de la escritura otorgada por Luis Polo García a favor de Baldo-mero Fernández Gómez, hipotecando a favor de éste con ca-bida de 24 cuerdas la finca de que se trata, sin ser dueño ex-clusivo de ella, la del procedimiento seguido para el cobro del crédito hipotecario, la del expediente posesorio tramitado por el demandado Fernández Gómez y la de la inscripción de posesión en el registro a favor de Fernández Gómez, de-biendo los demandados hacer entrega de la finca a los de-mandantes y pagar además las costas, gastos y desembol-sos del pleito.

El demandado Baldomero Fernández Gómez en su con-testación, además de pedir que se desestimara la demanda con costas y desembolsos, suplicó se declare nulo el expe-diente iniciado por las demandantes para acreditar el domi-nio de la finca de que se trata, alegando al efecto que posee, con título posesorio inscrito en el registro, la finca de 24 cuerdas 60 centavos a que se refiere la información poseso-ria, de cuya finca fué puesto en posesión en juicio de desa-hucio seguido contra Luis Polo García; que las demandan-tes en unión de su hermano Luis Polo García promovieron expediente para justificar el dominio de una finca rústica de 26 cuerdas de terreno con 29 centavos de otra, compren-diendo en esa cabida indebidamente la descrita anterior-mente, y que en esa información de dominio se hicieron cons-tar hechos inexactos tales como afirmar que los promoventes poseyeron la finca entre todos por más de treinta y cinco años y manifestar, además, que la habían adquirido por he-rencia de Pedro Polo García en 1910.

Celebrado el juicio la Corte do Distrito de Iíumacao dictó sentencia en 24 de agosto de 1917 por la que declara con lu-gar las nulidades solicitadas y ordena también que por el Registrador, de la Propiedad de Caguas se cancele la ins-cripción do posesión que figura a favor del demandado Bal-domero Fernández Gómez e inscriba el dominio declarado justificado a favor de las demandantes y de Luis Polo Gar-cía en resolución de 11 de abril de 1914, condenando a los demandados a pagar las costas de la acción.

La anterior sentencia lia sido apelada para ante esta Corte Suprema por el demandado Baldomero Fernández Gó-mez y se alegan como motivos del recurso los siguientes errores:

1º. Que la Corte de Distrito de Humacao erró al no' es-timar que el apelante Baldomero Fernández era el verdadero dueño de la finca.

2º. Que la misma corte erró al estimar que el título de las demandantes era mejor que el título del demandado.

3º. Que la propia corte de Humacao erró al admitir la de-manda, al ordenar la entrega de la finca a las demandantes y al declarar que ellas eran las fínicas dueñas del fundo.

Ante todo debemos dejar establecido que la finca a que se refiere el título de dominio invocado por los demandantes es la misma finca a que se refiere el título posesorio del de-mandado Fernández Gómez. Ciertamente que el título de dominio se refiere a una finca de 26 cuerdas con 29 centavos en lindes por este y sur con José Jiménez Saurí, por el norte con Luis García Hernández y por el oeste con Rosario Polo García, mientras que la finca del expediente posesorio apa-rece con una cabida de 24 cuerdas con sesenta céntimos, lin-dando por el norte con terrenos de la sucesión de Luisa García teniendo los mismos lindes que la anterior por sur, este y oeste y estando situadas una y otra finca en el barrio de San Salvador de Caguas; pero esa diferencia de dos cuerdas en la cabida y de una de las colindancias, no consti-tuye prueba suficiente de que en realidad se trate de fincas diferentes. Gómez Méndez & Cía., en liquidación, v. El Registrador de la Propiedad, 16 D. P. R. 825. La corte sen-tenciadora así lo estimó e igual apreciación hizo el Registra-dor de la Propiedad de Caguas al denegar la. inscripción del expediente de dominio por el hecho de estar inscrita la finca a favor de Baldomoro Fernández Gómez, persona distinta de Pedro Polo García, de quien la heredaron sus hermanos.

La resolución judicial de 11 de abril de 1914 aprobando la información de dominio y ordenando la inscripción de la finca de que se trata a favor de María, Rosario, Josefa, Luis, Antonia y Purificación Polo García en el Registro de la Pro-piedad de Caguas era título bastante para la inscripción del dominio según la regla 5a. del artículo 395 de la Ley Hipo-tecaria y la inscripción fue denegada por el único funda-mento de estar inscrita la posesión de la finca a favor de persona distinta de los promoventes.

La inscripción de la posesión de la finca a favor de Bal-domero Fernández Gómez impedía por sí misma la inscrip-ción del dominio de ella a favor de persona distinta, pero no viciaba de nulidad el título de dominio. Ese título, aun-que no inscrito en el registro, podía presentarse y ser ad-mitido en juicio para pedir la declaración de nulidad y con-siguiente cancelación del asiento de posesión que impedía se verificara su inscripción, pues a ello autoriza el apartado 3°. del artículo 389 de la Ley Hipotecaria. La inscripción de posesión de la finca a favor de Baldomero Fernández Gómez tenía que ser sin perjuicio de tercero de mejor derecho, con sujeción al artículo 392 de la Ley Hipotecaria, y esa inscrip-ción de posesión no perjudicaba al que tuviera mejor dere-cho a la propiedad del inmueble, aunque su título no hubiera sido inscrito, a menos que la prescripción hubiera convali-dado y asegurado el derecho inscrito según el apartado 5°. del artículo 394 de la misma ley. Incurre en manifiesto error el apelante al sostener que el título de dominio invo-cado por los demandantes no puede perjudicarle por no ha-ber sido inscrito en el registro, y su error es mayor al afir-mar que estando inscrito el título posesorio y no el de domi-nio tiene preferencia su derecho sobre el de los demandan-tes, pues tal preferencia sólo es admisible en el caso de con-flicto de dos títulos igualmente de dominio, lo que no sucede en el presente caso.

El único derecho dominical que alega el apelante nace del qne tuviera su causante Luis Polo García sobre la finca de que se trata, por haberla adquirido de su hermano Pedro de los mismos apellidos, según expresó aquél al otorgar la escritura de hipoteca a favor de Fernández Gómez, pero tal manifestación aparece desnuda de toda prueba y por sí no puede producir efectos legales respecto de terceras perso-nas, pues aunque los documentos públicos hacen prueba aun contra tercero del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de éste, no hacen prueba contra tercero sino contra los otorgantes y sus causahabientes en cuanto a las declara-ciones que en ellos hubiesen hecho ios primeros, según el artículo 1186 del Código Civil.

La manifestación hecha por Luis Polo García en la es-critura hipotecaria, expresiva de haber adquirido la finca de su hermano Pedro no puede perjudicar a éste ni a sus causahabientes los demandantes.

Es materia fuera de discusión entre las partes que la finca de que se trata pertenecía a Pedro Polo García por haberla heredado de su cjlifunto padre Eafael Polo Aguilar Tablada, y la cuestión en issue es la de si Pedro Polo García antes de su fallecimiento vendió la finca a su hermano Luis según se consigna en la escritura hipotecaria por Luis Polo García o si murió siendo dueño de ella y heredándola por tanto sus hermanas demandantes en unión del demandado Luis Polo García. No hay prueba alguna de semejante venta, cuya prueba en el presente caso incumbía a los demandados, y debemos por tanto 'atenernos a lo que reza la resolu úón judicial declaratoria del dominio de la finca a favor de los hermanos Polo García por fallecimiento de su otro hermano Pedro Polo García.

'Dicha declaratoria de dominio fué impugnada por el de-mandado Baldomero Fernández Gómez quien formuló recon-vención para que se declarara su nulidad, alegando al efecto que en la información de dominio se había hecho constar falsamente que la posesión de la finca era de más de 35 años a contar desde la feclia en que originariamente fueron ad-quiridos los terrenos y que la adquisición reconocía por causa el título hereditario derivado de Pedro Polo G-arcía. No adujo el demandado prueba alguna en demostración de tales alegaciones y por tanto el expediente de dominio quedó en toda su fuerza y vigor, pues el posesorio por sí solo no po-día producir respecto de terceros otros efectos que los que las leyes atribuyen a la mera posesión, según el párrafo 4º. del artículo 394 de la Ley Hipotecaria.

Y nada importa que los demandantes tuvieran o no co-nocimiento del otorgamiento de la escritura hipotecaria otor-gada por Luis Polo García a favor de Baldomero Fernández Gómez y del procedimiento seguido para el cobro del cré-dito asegurado, y que no hubieran iniciado el juicio de ter-cería de dominio autorizado por la ley en defensa de su de-recho, pues al adquirir Fernández sin estar la finca inscrita en el registro a favor de Luis Polo García, adquirió a su riesgo exponiéndose a que la finca que adquiría perteneciera a terceras personas y a adquirir por tanto un derecho ilu-sorio.

El juicio de tercería de dominio es un remedio que la ley concede al dueño de una cosa para prevenir perjuicios de momento, pero la falta del ejercicio de ese remedio no le priva del. derecho que pueda tener para defender luego lo que es suyo y de que indebidamente ha sido expropiado. Vallecillo v. Auffant, 1 S. P. R. 299.

Hemos examinado las cuestiones legales suscitadas en el recurso y las envueltas en el pleito, el cual ha girado como eje cardinal sobre la teoría sostenida por los demandantes de ser dueños en unión del demandado Luis Polo García •por título hereditario justificado en expediente de dominio, de la finca de que se trata, teoría que impugnó el demandado Fernández Gómez por el fundamento de ser nulo dicho tí-tulo, haber él adquirido legítimamente la misma finca e ins-crito su posesión en el registro de la propiedad; y en vista de las razones expuestas hemos de llegar a la conclusión de que la finca hipotecada por Luis Polo G-arcía a favor del demandado Baldomero Fernández Gómez era del dominio de la sucesión de Pedro Polo García; que Luis Polo García, titulándose único dueño de ella no pudo hipotecarla en su totalidad a favor de Fernández Gómez como lo hizo para ga-rantizar el pago de una deuda exclusivamente suya, y que en su consecuencia nulo fue el procedimiento seguido para el cobro del crédito asegurado por la hipoteca como nulo fué el expediente instruido por Fernández Gómez para acre-ditar la posesión de una finca que no había adquirido de la sucesión de Pedro Polo García, a la que pertenecía, sino de uno de los coihponentes de dicha sucesión. Ello no impide que Luis Polo García esté en el deber de solventar al deman-dado Fernández Gómez el crédito reconocido a su favor, pues n&rnini suus fraus patrocinan debet.

Nos abstenemos de considerar y resolver cuáles sean los derechos que puedan asistir al demandado Fernández Gómez para perseguir y hacer efectivo el c<?bro de la hipoteca, no en relación a la totalidad de la finca hipotecada por Luis Polo García, sino respecto de la participación dominical que tenía en ella. Esos derechos, sean cuales fueren, quedan re-servados a Fernández Gómez, y tal reserva debe consignarse en la inscripción que se haga de la resolución declaratoria de dominio -de la finca a favor de los demandantes y del de-mandado Luis Polo García.

Es de confirmarse la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Humacao en 24 de agosto de 1917, pero mo-dificándola en el sentido de que la inscripción del dominio de la finca descrita en la sentencia declarado justificado por dicha corte en resolución de 11 de abril de 1914 a favor de las demandantes y del demandado Luis Polo García ha de verificarse con reserva y sin perjuicio del derecho que pueda asistir al demandado Baldomero Fernández Gómez, para co-brar el crédito que dicho Luis Polo García reconoció a su favor por escritura pública de 24 de enero de 1907 por ante el notario Rafael Arce Rollet con bienes de Luis Polo García, entre éstos la participación dominical que Luis Polo García tiene en la expresada finca, como así se liará constar en la inscripción de dominio de que se deja hecho mérito.

Confirmada la sentencia apelada pero orde-nando que la participación del demandado Luis Polo García en la finca reivindicada, se inscriba con reserva y sin perjuicio del derecho del demandado Fernández Gómez para cobrar él crédito que dicho Polo Gar-cía reconoció por escritura de 2á de enero de 1907.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


text:
    No. 1366.
    El Pueblo, Apelante, v. Pérez, Apelado. El Pueblo, Apelante, v. Ríos, Apelado.
    No. 1367.
    Enero 13, 1919.
   Infracción cié la Sección 2 de la Ley Orgániva. San Juan, Sección 2ª.

Teniendo por desistida la apelación del Fiscal.


text:
    No.----
    Olivo, Apelado, v. Muriel et al., Apelantes.
    Enero 16, 1919.
   Injunction. San Juan, Sección 1ª.

Desestimada.


text:
    No. 1352.
    El Pueblo, Apelado, v. Rodríguez et al., Apelantes.
    Enero 20, 1919.
   Acometimiento y agresión grave. San Juan, Sección 2ª.


text:
    No. 1350.
    El Pueblo, Apelado, v. Andrade, Apelante.
    Enero 20, 1919.
   Adulteración de leche. San Juan, Sección 2ª.


text:
    No. 1351.
    El Pueblo, v. Echandía, Apelante.
    Enero 20, 1919.
   Infracción artículo 288 del Código Penal. San Juan, Sección 2ª.


text:
    No. 1331.
    El Pueblo, Apelado, v. Torres, Apelante.
    Enero 20, 1919.
   Abuso de confianza. Humacao.

Confirmadas las sentencias.


text:
    No. 1778.
    Rivera v. Martínez, Apelado.
    Enero 20, 1919.
   Libelo y daños y perjuicios. (Reconsideración.) Aguadilla.

Sin lugar.


text:
    No. 1354.
    El Pueblo, Apelado, v. Ramos, Apelante.
    Enero 21, 1919.
   Acometimiento y agresión grave. Humacao.

Confirmada.


text:
    No. 1961.
    Compañía Azucarera “El Ejemplo”, Apelada, v. Rivera, Apelante.
    Enero 21, 1919.
   Cobro de dinero. Humacao.


text:
    No. 1962.
    Bayron, Apelante, v. Suárez, Apelada.
    Enero 21, 1919.
   Indem-nización.

Desestimadas las apelaciones.


text:
    No. 1963.
    Rodríguez, Apelada, v. Nogueras, Apelante.
    Enero 21, 1919.
   Devolución ele cantidad y cancelación de deuda. San Juan, Sección 1ª.

Desestimada la apelación.


text:
    Nos. 1822 y 1823.
    Compañía Azucarera “Central Machete”, Apelante, v. Richardson y Hill, Sustituidos por Benedicto, Tesorero Interino, Apelado.
    Enero 23, 1919.
   San Juan, Sección 1ª.


text:
    No. 1896.
    The American Railroad Company, Apelante, v. Benedicto, Tesorero, Apelado.
    Enero 23, 1919.
   Devolución de contribuciones pagadas bajo protesta. San Juan, Sección 1ª.

Revocadas las sentencias.


text:
    No. 1355.
    El Pueblo, Apelado, v. Jiménez, Apelante.
    Enero 24, 1919.
   Acometimiento y agresión grave. Humacao.

G on firmada.


text:
    No. 1373.
    Soler, Peticionaria, Apelante, v. El Pueblo, Apelado.

    Enero 27, 1919.
   Rabeas Corpus. Mayagüez.

Desistida la apelación.


text:
    No. 244.
    Murati, Peticionario, v. Foote, Juez de Distrito, Demandado.

    Enero 28, 1919.
   Certiorari.

Denegado el auto.


text:
    No. 1302.
    El Pueblo, Apelado, v. Carreras, Apelante.
    Enero 30, 1919.
   Delito contra la salud pública. Ponce.

Sin lugar el recurso.


text:
    No. 1924.
    Gely, Apelada, v. Riefkohl, Apelante.
    Febrero 1, 1919.
   Devolución de cantidad. San Juan, Sección 1ª.

Desistidas las apelaciones de las partes, respectivamente.


text:
    No. 245.
    Sucesión de Leru y Paz, Peticionarios, v. Sepúlveda, Juez de Distrito.

    Febrero 6, 1919.
   Certiorari.

Desistido.


text:
    No. 1361.

    El Pueblo, Apelado, v. Pérez, Apelante.
    Febrero 7, 1919.
   In-fracción del artículo 290 del Código Penal. San Juan, Sección 2ª.

Revocada la sentencia y absuelto el acusado.


text:
    No. 242.
    Martínez, Peticionario, v. Crosas, Juez de Distrito, Demandado.

    Febrero 7,1919.
   Certiorari. (Reconsideración.)

Sin lugar.


text:
    No. 1329.
    El Pueblo, Apelado, v. Barbosa, Apelante.
    Febrero 14, 1919.
   Infracción ley ele Pesas y Medidas. Humacao.

Sin lugar él recurso y confirmada la sentencia.


text:
    No. 1371.
    El Pueblo, Apelado, v. Rubio, Apelante.
    Febrero 18, 1919.
   Ho-micidio voluntario. Mayagüez.

Desistida la apelación.


text:
    No. 1368.
    El Pueblo, Apelado, v. Orta, Apelante.
    Febrero 20, 1919.
   Alterar la paz. San Juan, Sección 2ª.

Confirmada.


text:
    No. 1935.
    Iglesia Católica, Apostólica, etc., Demandante Apelante, v. Municipio de Bayamón, Apelado-Apelante.
    Febrero 24, 1919.
   Beivindicación de bienes inmuebles. San Juan, Sección 1ª.

Desestimadas las apelaciones.


text:
    No. 247.
    Franceschi, Peticionaria, v. López Acosta, Juez de Distrito, Demandado.

    Febrero 26, 1919.
   Certiorari.

Denegado.


text:
    No. 19.
    Martínez, Peticionario, v. Crosas, Juez de Distrito, Demandado
    Febrero 28, 1919.
   Auto inhibitorio.

Sin lugar.


text:
    No. 1954.
    Franceschi et al., Apelantes, v. Arjona Siaca, Juez Municipal, Demandado.

   Mandamus. Ponce. Desesti-mada por carecer de finalidad.


text:
    No. 1890.
    Brakle, Apelado, v. Bonin, Apelante.
    Febrero 28, 1919.
   Daños y perjuicios. Ponce.

Confirmada.


text:
    No. 1975.
    Palou, Apelante, v. Aspurúa et al., Apeladas.
    Marzo 6, 1919.
   Bendición de cuentas. Humacao.

Sin lugar la desestimación.


text:
    No. 1370.
    El Pueblo, Apelado, v. González, Apelante. El Pueblo, Apelado, v. Rivera, Apelante.
    No. 1369.
    Marzo 7, 1919.
   Infracción del artículo 288 del Código Penal. San Juan, Sección 2ª.

Revocadas las sentencias y absueltos los acusados.


text:
    No. .
    Rivera, Promovente y Apelado, v. Sepúlveda, Opositor y Apelante.
    Marzo 10, 1919.
   Dominio. Mayagüez.

Desistida la apelación.


text:
    No. 1927.
    Nazario, Apelado, v. Santos, Apelante.

    Marzo 13, 1919.
   Cer-tiorari. (Reconsideración.) Mayagüez.

Sin lugar.


text:
    No. 1377.
    El Pueblo, Apelado, v. Marcano, Apelante.
   Infracción de] artículo 47 en relación con el 359 del Código Penal. Guayama. Confirmada. El Juez Asociado Señor Wolf, disintió.


text:
    No. 404.
    Cruz et al., Recurrentes, v. Registrador de San Juan, Sección Primera, Recurrido.
    Marzo 21, 1919.
   Recurso Gubernativo.

Resuello por los fundamentos del caso de Berdeguez v. Registrador de Guayama, de marzo 18, 1919, (pág. 214). Revocada la nota y ordenada la cancelación en cuanto a la participación del causante.


text:
    No. 1379.
    El Pueblo, Apelado, v. Rovira, Apelante.
    Marzo 27, 1919.
   Homicidio involuntario. Guayama.

Confir-mada la sentencia.


text:
    No. 406.
    Ramírez, Recurrente, v. Registrador de Caguas, Recurrido.
    Marzo 27, 1919.
   Recurso Gubernativo.

Revocada la nota y ordenada la inscripción de la escritura.


text:
    No. .
    Llompart et al., Apelados, v. Díaz, Apelante.
    Marzo 28, 1919.
   Cobro de crédito hipotecario. (Reconsideración.) Humacao.

Sin lugar la solicitud.


text:
    No. 1381.
    El Pueblo, Apelante, v. López, Apelado.
    Marzo 28, 1919.
   Libelo infamatorio. San Juan, Sección 2ª.

Sin lugar la desestimación.


text:
    No. 250.
    Llompart et al., Peticionarios, v. Cuevas Zequeira, Juez de Distrito, Demandado.

    Marzo 31, 1919.
   Certiorari. Humacao.

Denegado el auto.


text:
    No. 1395.
    El Pueblo, Apelado, v. Arnau, Apelante.
    Abril 4, 1919.
   Hurto menor. San Juan, Sección 2ª.

Desistida la apelación.


text:
    No. .
    Sobrino, Apelado, v. De Jesús et al., Apelantes.
    Abril 4, 1919.
   Cobro de pesos. Arecibo

Desestimada.


text:
    No. 1357.
    El Pueblo, Apelado, v. Méndez et al., Apelantes.
    Abril 7, 1919.
   Alterar la paz. Aguadilla.


text:
    No. 1382.
    El Pueblo, Apelado, v. Martínez, Apelante.
    Abril 7, 1919.
   Escalamiento en primer grado. San Juan, Sección 2ª.

Confirmadas las sentencias.


text:
    No. 1934.
    Wolkers nee Masson, Apelante, v. Masson, Apelado.
    Abril 7, 1919.
   Divorcio. (Litis Expensas.) San Juan, Sección 2ª.

Revocada la orden disponiendo la entrega de $200 al demandado:


text:
    No. 1979.
    Padilla, Apelado, v. American Railroad Company, Apelante.
    Abril 10, 1919.
   Daños y perjuicios. Mayagüez.

Desistida la apelación.


text:
    No. .
    Pérez Acosta, Apelado, v. Rivero et al., Apelantes.

    Abril 11, 1919.
   Injunction. San Juan, Sección 1ª.

Desistida la apelación.


text:
    No. .
    García, Apelado, v. Capella, Apelante.
    Abril 24, 1919.
   Divor-cio. San Juan, Sección 1ª.

Desestimada-


text:
    No. 1388.
    El Pueblo, Apelado, v. Jefferson, Apelante.
    Abril 25, 1919.
   Abuso de confianza. Ponce.

Confirmada.


text:
    No. 2013.
    Pacheco et al., Apelantes, v. Zalduondo et al., Apelados.
    Mayo 2, 1919.
   Rendición de cuentas. Humacao.

Con lugar la moción de desestimación.


text:
    No. 1364.
    El Pueblo, Apelado, v. Nieves, Apelante.
    Mayo 2, 1919.
   Adulteración de. leche. San Juan, Sección 2ª.

Resuelto por los fundamentos del caso No. 1380, El Pueblo v. Camuñas, (pág. 311). Revocada y absuelto el acusado.


text:
    No. 1372.
    El Pueblo, Apelado, v. Carattini, Apelante.
    Mayo 2, 1919.
   Adulteración de la leche. Guayama.


text:
    No. 1376.
    El Pueblo, Apelado, v. Pomales, Apelante.
    Mayo 2, 1919.
   Adulteración de la leche. Guayama.

Confirmadas las sentencias.


text:
    No. 1383.
    El Pueblo, Apelado, v. Córdova, Apelante.
    Mayo 2, 1919.
   Infracción del artículo 288 del Código Penal. San Juan, Sección 2ª.

Revocada y absuelto 'el acusado.


text:
    No. 1358.
    El Pueblo, Apelado, v. Molina, Apelante.
    Mayo 23, 1919.
   Infracción del artículo 87 del Código Penal. Humacao,

Confirmada.


text:
    No. 1386.
    El Pueblo, Apelado, v. Suárez, Apelante.—
    Mayo 29, 1919.
   Infracción de la ley de Pesas y Medidas. San Juan, Sección 1ª.

Confirmada.


text:
    No. 248.
    Martínez, Peticionario, v. Crosas, Juez de Distrito, Demandado.

    Mayo 29, 1919.
   Certiorari.

Sin lugar.


text:
    No. 1945.
    Rodríguez, Apelado, v. Castillo, Apelante.
    Mayo 31, 1919.
   Indemnización. Mayagüez.

Confirmada.


text:
    No. 1981.
    Goble & Jiménez, Apelados, v. M. Truyol & Cía., Apelantes.
    Junio 3, 1919.
   Daños y perjuicios. (Reconsideración.) Guayama.

Sin lugar.


text:
    No. 398.
    Beauchamp, Recurrente, v. Registrador de Aguadilla, Recurrido.
    Junio 3, 1919.
   Recurso Gubernativo. (Reconsideración.)

Sin lugar.


text:
    No. 2007.
    Laborde et al., Apeladas, v. Surillo et al., Demandados y Roig et al., Citados de Evicción, Apelantes.
    Junio 3, 1919.
   Reivindicación. Humacao.

Desistida la apelación.


text:
    No. 253.
    Homar, Colón & Cía., S. en C., Peticionarios, v. Sepúlveda, Juez de Distrito, Demandado.

    Ju-nio 6, 1919.
   Certiorari.

Desistido.


text:
    No. .
    Robledo, Apelante, v. Central Aguirre Co., Apelada.

    Junio 13, 1919.
   Injunction. Gnayama.

Desestimada.


text:
    No. .
    Gregori et al., Apelantes, v. Luccioni, Apelado.
    Junio 13, 1919.
   Inexistencia de contrato. Ponce.

Desestimada.


text:
    No. 1393.
    El Pueblo, Apelado, v. Reyes et al., Apelantes.
   Adulterio. San Juan, Sección 2ª. Confirmada.


text:
    No. 1397.
    El Pueblo, Apelado, v. Calero, Apelante.
    Junio 13, 1919.
   Hurto de menor cuantía. Aguadilla.

Confirmada.


text:
    No. 2023.
    Ortiz, Apelado, v. Suc. de R. B. Sama, Apelante.
    Junio 13, 1919.
   Filiación y petición de herencia. (Traslado de causa.) Ponce.

Desistida y allanado el apelado al traslado solicitado.


text:
    No. 2024.
    Brugman, Apelado, v. Sucesión de R. B. Sama, Apelante.
    Junio 13, 1919.
   Filiación y petición de herencia. (Traslado del caso.) Ponce.

Desistida y allanado él apelado al traslado solicitado.


text:
    No. .
    Alvarez, Apelante, v. Alvarez, Apelado.
    Junio 13, 1919.
   Divorcio. Humacao.

Desestimada.


text:
    No. 1375.
    El Pueblo, Apelado, v. Castro, Apelante.
    Junio 13, 1919.
   Adulteración de leche. Gnayama.

Confirmada.


text:
    No. .
    Morales et al., Apelados, v. Sucesión de J. Ruiz et al., Apelantes.
    Junio 16, 1919.
   Reconocimiento de hijos naturales. San Juan, Sección 1ª.

Desistida.


text:
    No. 416.
    Santiago, Recurrente, v. Registrador de Caguas, Recurrido.
    Junio 20, 1919.
   Recurso Gubernativo.

Resuelto por los fundamentos del caso No. 418, Delgado v. Registrador de Caguas, (pág. 544). Revocada la nota.


text:
    No. 254.
    Fernández, Peticionario, v. Marrero, Secretario Corte de Distrito.

    Junio 19, 1919.
   Certiorari.

Sin lugar.


text:
    No. 2019.
    Carreras, Apelado, v. Marrero, Apelante.
    Junio 23, 1919.
   Cobro de dinero. Mayagüez.

Resuelto por los fundamentos del caso Carreras v. Marrero, (pág. 550). Confirmada.


text:
    No. 1148.
    El Pueblo, Apelado, v. García, Apelante.
    Junio 27, 1919.
   Acometimiento y agresión grave. San Juan, Sección 2ª.

Desistida.


text:
    No. 2027.
    Polá, Apelante, v. Luna, Apelada.
    Julio 7, 1919.
   Desahucio. Ponce.

Confirmada.


text:
    No. 2022.
    Bocanegra, Apelada, v. Bocanegra nee Sosa, Apelante.
    Julio 8, 1919.
   Divorcio. (Traslado del caso.) Humacao.

Confirmada la orden apelada.


text:
    No. 1413.
    El Pueblo, Apelado, v. Figueroa, Apelante.
    Julio 8, 1919.
   Falsa representación. Aguadilla.

Confirmada.


text:
    No. 2040.
    Abad et al., Apelantes, v. Sucesión de P. de la Cruz, Apelada.
    Julio 10, 1919.
   División de herencia. San Juan, Sección 1ª.

Desistida.


text:
    No. 1993.
    United States Paper Goods Co., Apelada, v. Martínez & Morales, Apelantes.
    Julio 10, 1919.
   Daños y perjuicios. San Juan, Sección 1ª.

Desestimada.


text:
    No. 237.
    Delgado, Peticionario, v. Cuevas Zequeira, Juez de Distrito, Demandado.

    Julio 10, 1919.
   Certiorari.

Anulado el auto expedido.


text:
    No. 1360.
    El Pueblo, Apelante, v. Sierra, Apelado.
    Julio 10, 1919.
   Li-belo infamatorio. San Juan, Sección 2ª.

Confirmada.


text:
    No. 1381.
    El Pueblo, Apelante, v. López, Apelado.
    Julio 10, 1919.
   Libelo infamatorio. San Juan, Sección 2ª. Confirmada.


text:
    No. .
    Carrero, Apelada, v. Carrero, Apelante.
    Julio 11, 1919.
   Filiación. San Juan, Sección 1ª.

Desestimada.


text:
    No. 2018.
    Coan, Apelado, v. Moral & Cía., Apelante.
    Julio 14, 1919.
   -(Vi-bro de dinero. Mayagüez.

Confirmada.


text:
    No. 1398.
    El Pueblo, Apelado, v. Canisal, Apelante.
    Julio 14, 1919.
   Infracción del artículo 329 del Código Penal. (Estorbo Público.) Mayagüez.

Confirmada.


text:
    No. 455.
    Martínez, Peticionario, v. Crosas, Juez de Distrito, Demandado.

    Julio 14, 1919.
   Certiorari.

Sin lugar.


text:
    No. 1969.
    Pagán, Apelada, v. Franco, Apelante.

    Julio 14, 1919.
   Injunction. (Reconsideración.) San Juan, Sección 2ª.

Denegada.


text:
    No. 1832.
    Díaz Molinaris et al., Peticionarios, v. Cividanes, Opositor y Palés, Apelante.
    Julio 22, 1919.
   Administración judicial. (Rendición de cuentas.) Guayama.

Desestimada.


text:
    No. 257.
    López, Peticionario, v. Foote, Juez de Distrito, Demandado.

    Julio 22, 1919.
   Certiorari.


text:
    No. 256.
    Cividanes, Peticionario, v. López Acosta, Juez de Distrito, Demandado.

    Julio 22, 1919.
   Certiorari.

Denegados.


text:
    No. 1949.
    Rosario Vda. Morales, Apelada, v. Porto Rico Railway, Light & Power Co., Apelante.
    Julio 28, 1919.
   Daños y perjuicios. San Juan, Sección 1ª.

Revocada.


text:
    No. 1973.
    Fábregas, Apelado, v. Maldonado et al., Apelantes.
    Julio 28, 1919.
   Conspiración y daños y perjuicios. Mayagüez.

Desestimada.


text:
    No. 1342.
    El Pueblo, Apelante, v. Ponce & Guayama Railroad Co., Apelada.
    Julio 28, 1919.
   Infracción a la Ley de Pesas y Medidas. Guayama.

Con lugar él recurso, y se revoca la resolución apelada, sin perjuicio del derecho de la acusada a pedir a la corte inferior y de ésta a ordenar al Fiscal a expresar con mayor claridad él sitio de la infracción.


text:
    No. 1970.
    Delgado, Apelante, v. Sánchez Delgado et al., Apelados.
    Agosto 1, 1919.
   Reivindicación de finca rústica. Humacao.

Desestimada.


text:
    No. 1452.
    El Pueblo, Apelado, v. Cabezas, Apelante.
   Acometimiento y agresión grave.


text:
    No. 1453.
    El Pueblo, Apelado, v. Díaz Hernández et al., Apelantes.
    Noviembre 3, 1919.
   Acometimiento y agresión grave. San Juan, Sección 2ª.

Desistidas las apelaciones.


text:
    No. 1978.
    Godreau Co., Apelantes, v. McCormick et al., Apelados.
    Noviembre 3, 1919.
   -Otorgamiento de escritura. Guayama.

Desistida. .


text:
    No. 2084.
    The Porto Rico Coal Co., Apelada, v. Benedicto, Tesorero, Apelante.
    Noviembre 3, 1919.
   Devolución de contribuciones. San Juan, Sección 1ª.

Desistida.


text:
    No. 265.
    Rivera, Peticionaria, v. Foote, Juez de Distrito, Demandada.

    Noviembre 6, 1919.
   Certiorari.

Denegado.


text:
    No. 2074.
    Gutiérrez del Arroyo, Apelada, v. Herederos de Gutiérrez, Apelantes.
    Noviembre 6, 1919.
   Entrega de cantidad. San Juan, Sección 1ª.

Desestimada.


text:
    No. 2083.
    Llull, Apelado, v. Nadal, Apelante.
   Cobro de dinero. Mavagüez.—


text:
    No. 2089.
    Maldonado, Apelado, v. Navarro, Apelante.
   Desahucio. Arecibo.—


text:
    No. 2090.
    Silva, Apelada, v. Sucesión de M. Puro, Apelantes.
   Filiación. San Juan, Sección 2ª.


text:
    No. 2096.
    Oronoz, Apelado, v. Montalvo, Apelante.
   Desahucio en precario. Aguadilla.


text:
    No. 2098.
    M. Barceló & Co., Apelado, v. Navarro et al., Apelantes.
   Nulidad de escrituras. Arecibo.


text:
    No. 2100.
    Ferrer, Apelado, v. Ramírez, Apelante.
    Noviembre 6, 1919.
   Desahucio. Mayagüez.

Desestimadas las apelaciones.


text:
    No. 266.
    Alemán, Peticionaria, v. Texidor, Juez de Distrito, Demandado.

    Noviembre 10, 1919.
   Certiorari.

De ne-gado.


text:
    No. 1415.
    El Pueblo, Apelado, v. Vincenty, Apelante.
    Noviembre 11, 1919.
   Infracción de la Ley de Rentas Internas. Mayagüez.

Confirmada, pero modificando la pena para que no exceda de noventa días.


text:
    No. 2014.
    Robledo, Apelado, v. Vizcarrondo, Apelante.
    Noviembre 13, 1919.
   Cobro de dinero.

San Juan, Sección 2ª. Desistida.


text:
    No. 2127.
    Negrón, Apelada, v. Maldonado, Apelante.
    Noviembre 13, 1919.
   Cobro de pesos. Gayama.

Desestimada.


text:
    No. 263.
    Martínez, Peticionario, v. Crosas, Juez de Distrito, Demandado.

    Noviembre 14, 1919.
   Certiorari.

Denegado.


text:
    No. 1422.
    El Pueblo, Apelado, v. Serrano, Apelante.
    Noviembre 14, 1919.
   Delito contra la salud pública. Arecibo.

Confirmada.


text:
    No. 1423.
    El Pueblo, Apelado, v. Cosme, Apelante.
    Noviembre 17, 1919.
   Acometimiento y agresión grave. Arecibo.

Confirmada.


text:
    No. 1411.
    El Pueblo, v. Vélez Rodríguez et al.
    Noviembre 17, 1919.
   Adulterio. Aguadilla.

Confirmada pero modificada en cuanto a la pena, fijándola en $300 de multa al Vélez y $100 a A. Nieves y a falta de pago de la multa, un día de prisión por cada dólar que dejaren de satisfacer.


text:
    No. 2130.
    Canino, Apelante, v. American Railroad Company, Apelada.

   Memorandum de costas, en pleito de daños y perjuicios. San Juan, Sección 1ª. Desestimada.


text:
    No. 2097.
    Burgos, Apelada, v. Santini, Marshal, Corte de Distrito y Novoa, Demandados y Apelante el Segundo.

    Noviembre 20, 1919.
   Injunction. Aguadilla.

Desistida.


text:
    No. 1429.
    El Pueblo, Apelado, v. Sánchez, Apelante.
    Noviembre 24, 1919.
   Acometimiento y agresióíf grave. San Jnan, Sección 2ª.

Confirmada.


text:
    No. 1432.
    El Pueblo, Apelado, v. Falcón, Apelante.
    Diciembre 1, 1919.
   Acometimiento y agresión grave. San Jnan, Sección 2ª. Confirmada.


text:
    No. 2147.
    Alvarez, Apelado, v. Díaz, Apelante.
    Diciembre 4, 1919.
   Cobro de dinero. San Jnan, Sección 1ª.

Desistida.


text:
    No. 1440.
    El Pueblo, Apelado, v. Cruz y Carmona, Acusados y Apelante el Segundo.
    Diciembre 8, 1919.
   Alterar la paz. San Juan, Sección 2ª.

Confirmada.


text:
    No. 181.
    Guzmán, Peticionario, v. Crosas, Juez de Distrito, Demandado.
    Diciembre 9, 1919.
   Mandamus.

Denegado.


text:
    No. 1894.
    Cayey-Caguas Tobacco Co., Apelada, v. Ramírez et al., Apelantes.
    Diciembre 9, 1919.
   Reconocimiento de servidumbre. (Reconsideración.) Guayama.

Denegada.


text:
    No. 1442.
    El Pueblo, Apelado, v. Rivera, Apelante.
    Diciembre 9, 1919.
   Infracción de la Ley de. Arbitrios. Arecibo.

Confirmada.


text:
    No. 1443.
    El Pueblo, Apelado, v. Santiago, Apelante.
    Diciembre 11, 1919.
   Hurto menor. San Juan, Sección 2ª.


text:
    No. 1445.
    El Pueblo, Apelado, v. Bermúdez, et al., Apelantes.
    Diciembre 11, 1919.
   Motín. San Juan, Sección 2ª.


text:
    No. 1446.
    El Pueblo, Apelado, v. Agosto, Apelante.
    Diciembre 12, 1919.
   Acometimiento y agresión grave. San Juan, Sección 2ª.

Confirmadas.


text:
    No. 1444.
    El Pueblo, Apelado, v. Montaño, Apelante.
    Diciembre 15, 1919..
   Adulteración de leche. San Juan, Sección 2ª.

Confirmada.


text:
    No. 1439.
    El Pueblo, Apelado, v. Montero, Apelante.
    Diciembre 15, 1919.
   Acometimiento y agresión grave. San Juan, Sección 2ª.

Confirmada.


text:
    No. 1460.
    Flores, Peticionario, y El Pueblo, Opósitor y Apelante.

    Diciembre 19, 1919.
   Habeas Corpus, Humacao.

Teniendo por desistido al Fiscal apelante.


text:
    No. 1441.
    El Pueblo, Apelado, v. Jiménez, Apelante.
    Diciembre 22, 1919.
   Infracción de la Ley de Automóviles. San Juan, Sección 2ª.

Confirmada.


text:
    No. 452.
    Colón, Recurrente, v. Registrador de Caguas, Recurrido.
    Diciembre 23, 1919.
   Eecurso Gubernativo.

Desistido.


text:
    No. 2154.
    Rivera, Peticionaria, v. García et al., Apelantes.

    Diciembre 23, 1919.
   Habeas Corpus. Ponce.

Desestimada.


text:
    No. 2151.
    Márquez et al., Apelados, v. Ramos et al., Apelantes
    Diciembre 23, 1919.
   Desahucio. Humacao.

Desestimada.


text:
    Villodas, Demandante y Apelante, v. A. Hartman & Cía. et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de G-uayama en pleito sobre servidumbre y daños y perjuicios.
    Moción solicitando qne sea desestimada la apelación.
    No. 2030.
    Resuelto en enero 16, 1920.
    DESESTIMACIÓN DE APELACIÓN-ALEGATO DEL APELANTE-TRAMITACIÓN DEL RE-
    CURSO. — Proveyendo a una moción de los abogados que representaban en este-caso al apelante fallecido después de radicada la transcripción, el Tribunal Supremo dictó en junio 5 de 1919 una resolución suspendiendo hasta nueva orden la tramitación del recurso. Los apelados radicaron en enero 8 de 1920 una moción pidiendo la desestimación del-recurso por el fundamento de que la sucesión del apelante a pesar de haber transcurrido más de doscientos diez días desde la expresada resolución de junio 5, 1919, no habían instado dili-gencia alguna ni radicado alegato. Se resolvió: declarar sin lugar la moción de los apelados, pues si bien es cierto que la sucesión del apelante dejó de- . actuar en el pleito y de radicar su alegato, lo hizo amparada en la resolución citada por los apelados suspendiendo hasta nueva orden la tramitación del recurso, cuya suspensión no había sido alzada.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. José J. Aponte, G. B. Bul trago, José G. Ramos y Manuel A. Martínez, y el Sr. Manuel' Tous Soto qne compareció a la vista del caso.
    Abogado de los apelados: Sr. Tomás Bernardini.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del' tribunal.

En el caso de Julián Villodas Ghiillot contra A. Hartman & Co. et al., sobre confesión de servidumbre y dañojs -y per-juicios,' seguido en la Corte de Distrito de Gnayama, dicba corte dictó sentencia que fué apelada por la parte deman-dante, y habiéndose radicado la transcripción de autos en 26 de mayo del año próximo pasado, 1919, la representación de la parte apelante, cuando aun no había vencido el término de diez días que la ley señala para la presentación del ale-gato, presentó escrito con una certificación creditiva del fa-llecimiento del apelante Yillodas ocurrido el día 28 de-mayo citado, suplicando se le prorrogara por no menos de veinte días el término para la presentación de dicho alegato, por ignorar si Yillodas' había fallecido con testamento o sin él y quiénes fueran sus herederos, a cuya moción proveyó esta corte en 5 de junio que se suspendiera hasta nueva ofden la tramitación del recurso.

Así las cosas, la parte demandada-apelada archivó moción un 8 de enero del corriente año, notificada a los herederos de Julián Villodas dos días antes, cuya moción había de oirse en la sesión del día 12, y en esa fecha la sucesión de Yiílo-das presentó moción para que fuera sustituido, el difunto Yi-11 odas por las personas componentes de su sucesión, cuya moción, con la conformidad de la parte apelada, fué decla-rada con lugar habiendo presentado además en el mismo día la representación de esa sucesión alegato escrito para sos-tener el recurso.

La parte apelada pretende que se desestime el recurso por haber transcurrido más- de 200 días desde la resolución expresada de 5 de junio, 1919 sin haber presentado los causa-habientes del apelante aleg*ato escrito en apoyo del recurso.

Por la expresada resolución de 5 de junio, 1919, se sus-pendió hasta nueva orden la tramitación del recurso y por tanto quedó en suspenso el término para que el apelante pre-sentara su alegato, sin que la apelada practicara gestión al-guna para que ese término comenzara a correr de nuevo me-diante la sustitución de la personalidad del apelante por la •de sus herederos.

La apelante dejó de actuar, amparada por la repetida orden de 5 de junio, y no puede decirse que en la fecha en que la apelada presentó moción para la desestimación del re-curso hubiera vencido el término para la presentación de ale-gato, toda vez que ese término estaba en suspenso y no había sido alzada la-suspensión.

■Procede admitir el aleg'ato de la sucesión de la parte apelante y denegar la moción de desestimación del recurso.

Denegada la desestimación.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey’y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sk. del Toro,

text:
    Forés, Demandante y Apelado, v. Balsac, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre indemnización.
    No. 2144.
    Resuelto en enero 16, 1920.
    Apelación — Transcripción del Récord — Partes Apelantes. — Cuando ambas partes apelan de una sentencia, si una sola, de ellas prepara y eleva la trans-cripción de los autos, y se opone a ello, la otra parte no puede valerse de la dicha transcripción para sostener su recurso.
    Id. — Corrección de la Transcripción de los Autos. — No es parte necesaria en el récord de una apelación interpuesta por el demandado, el escrito de ape-lación contra la misma sentencia prqgentado por el demandante. Si ambas partes apelan, para sostener su recurso eada una, además de interponerlo, debe perfeccionarlo elevando ella misma la transcripción al Supremo, a me-nos que convengan las dos en servirse de una sola transcripción.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Angel A. Vázquez.

    Abogados del apelado: Sres. Benito Forés y José Sabater.

   El Juez Asociado Sk. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante reclamó $10,000 por daños y perjuicios. La corte concedió $500. El demandado apeló para ante este tribunal, preparando él mismo la transcripción^ que fué apro-bada por la corte sentenciadora, y archivando una copia, cer-tificada por el secretario de la corte inferior previo el pago de los derechos correspondientes, en esta Corte Suprema.

Así las cosas el demandante .solicitó la corrección de la transcripción a los efectos de que se adicionara con una copia certificada de un escrito de dicho demandante apelando de la sentencia. El demandado se opuso acompañando a su opo-sición una certificación del secretario de la corte de distrito ereditiva de que si bien el demandante apeló de la sentencia, no radicó exposición del caso alguna, siendo la única exposi-ción del caso presentada la archivada por el demandado a los efectos de su apelación. El demandante presentó un nuevo escrito en el que alegó que tratándose de los mismos hechos no creyó que fuera necesario preparar otra transcrip-ción para sostener su recurso. No consta que existiera con-venio alguno entre las partes a los efectos de que la misma exposición sirviera para ambas apelaciones.

Siejudo esos los hechos, la conclusión de que el demandante no tiene derecho a aprovecharse del trabajo y de los recur-sos invertidos por el demandado en perfeccionar su apela-ción, es clara. La cita que hace el demandado del caso de Puigdollers v. Monroig, 14 D. P. R. 204, le favorece por com-pleto. Dentro de esta apelación establecida y perfeccionada por el demandado, sólo corresponden al demandante los de-rechos que la ley y la jurisprudencia reconocen a los apelados.

La moción del demandante y apelado sobre corrección de autos debe ser, en tal virtud, desestimada.

Desestimada la moción solicitando corrección de autos.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Laó Figueroa et al., Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Becurso gubernativo interpuesto contra nota del Begistrador de la Propiedad de Oaguas denegando la inscripción de una escritura de compraventa.
    No. 447.
    Resuelto en enero 19, 1920.
    Estado Civil del Vendedor al Adquirir la Finca — Defecto Subsanable. — Cons-tituye defecto subsanable el no acreditarse el estado civil del vendedor al tiempo de adquirir la finca aun cuando concurra al otorgamiento acompa-ñado de “su esposa."
    Medida Superficial — Contradicción en la Medida Superficial. — Cuando existe discrepancia entre la medida superficial asignada al inmueble en la escri-tura y la que tiene según el registro, procede la inscripción haciéndose cons-tar tal circunstancia como un defecto subsanable.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. A. Mena.

    El registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

José Morales y su esposa vendieron a José Laó Figueroa y a Leocadia Bodríguez una finca urbana situada en Caguas. Presentada la escritura ereditiva de dicho contrato en el re-gistro de la propiedad, el registrador se negó a inscribirla “porque no constando del registro el estado civil que tenía el vendedor al adquirir la finca, ni habiéndose acreditado dicho estado por medio de prueba procedente en derecho, no es posible determinar el carácter legal de la misma cuando tuvo lugar dicha adquisición, y por tanto la capacidad de José Morales (Jarcia para disponer de ella como bien propio, siendo inmaterial el hecho de concurrir hoy en la escritura con su esposa; pues no existe presunción de que uno que está hoy casado con determinada persona lo estuviera con la misma en cierta fecha del pasado.” El Begistrador apuntó además el defecto subsanable de aparecer una contradicción entre la medida superficial del solar según la escritura y según las inscripciones del mismo ya practicadas en el re-gistro.

Contra la nota del registrador apelaron los compradores, y así el asunto fue elevado a este tribunal.

A nuestro juicio el defecto apuntado por el registrador existe, pero es de naturaleza subsanable de acuerdo con la jurisprudencia establecida por esta Corte Suprema en los casos de López v. Registrador de San Juan, 24 D. P. R. 415; Delgado v. Registrador de San Germán, 23 D. P. R. 704, y Ortiz v. Registrador de San Germán, 23 D. P. R. 702.

Según la escritura el solar tiene doscientos metros cua-drados de superficie y según las inscripciones previas del mismo en el registro doscientas veinte y cuatro. ,La diferen-cia es clara y no vemos que cometiera error el registrador al consignarla como defecto subsanable, defecto que, según el procedimiento en vigor, no impide la inscripción del do-cumento.

En consecuencia de todo lo expuesto, debe ordenarse al registrador que inscriba la escritura de que se trata, con los defectos subsanables de que se deja hecho mérito.

Revocada la nota y ordenada la inscripción con los defectos apuntados por el registrador, con-signando ambos como defectos subsanables.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.