author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Gabriel, Eduardo, Cecilia y Margarita Capó Cintrón, et al., demandantes y apelados, v. A. Hartman y Compañía, Palmira, Idalia, Carlos R. y Chloris McCormick Murdock, ésta por sí y como madre con patria potestad sobre su menor hija Axelina McKinley Murdock, et al., demandados y apelantes.

      Núm. 7529.

    Sometido: Noviembre 21, 1939.

      Resuelto: Junio 28, 1940.

      Jorge L. Górdova y Garlos J. Torres, abogados de los apelantes;

      José A. Poventud y Eduardo Gapó Gintrón, abogados de los ape-lados.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

En pleito seguido en la Corte de Distrito de Gruayama por doña Rosario Cintrón Sánchez viuda de Capó contra la sociedad mercantil A. Hartman & Co., se dictó sentencia el 27 de septiembre de 1921 a favor de la demandante decla-rándola dueña de dos fincas de 42 y 38 cuerdas de terreno, respectivamente, que por varios años antes del primero de junio de 1918, fecha en que fué emplazada la demandada, venía ésta detentando contra la voluntad y a pesar de los distintos requerimientos de la demandante. La indicada sentencia fué confirmada por este tribunal el 26 de febrero ele 1925 (Cintrón v. A. Hartman & Co., 33 D.P.R. 1070) y por la Corte de Circuito de Apelaciones para el Primer Circuito el 8 de junio de 1926 (12 F. (2d) 649).

Fallecida doña Rosario Cintrón el 24 de enero de 1927 y antes de que transcurriera un año de haberse dictado la sentencia de la Corte de Circuito de Apelaciones que puso fin al pleito de reivindicación, allá por el 28 de mayo de 1927 sus herederos testamentarios instaron este pleito en reclamación de los frutos percibidos por la demandada y los cuales los demandantes o su causante hubieran podido per-cibir durante el tiempo en que la sociedad demandada poseyó de mala fe las expresadas fincas, a saber, desde antes del primero de enero de 1917 hasta el 25 de junio de 1920' (de-manda original enmendada, párr. 8, legajo de sentencia, pág. 5).

Parece conveniente aclarar aquí que la reclamación de frutos se limitó hasta el 25 de junio de 1920, a pesar de que la sentencia de la Corte de Circuito que puso fin al pleito de reivindicación fué dictada el 28 de junio de 1926, debido a que estando aún pendiente el pleito de reivindicación, dichas fincas fueron vendidas por A. Hartman & Co. a otra entidad.

El presente pleito en reclamación de frutos fué dirigido contra la sociedad mencionada, y alegándose que la misma carecía de bienes, fueron también demandados sus socios, los esposos de dos deo las socias, y los herederos de los socios fallecidos, doña Adelina o Axelina Murdock de McCormick y doña Sara Noble Ruiz de McCormick. Se solicitó senten-cia contra todos los demandados mancomunada y solidaria-mente por la cantidad de $101,710 en que estimaron los demandantes los frntos percibidos o podidos percibir, con imposición de costas a los demandados.

Previa autorización de la corte se radicó el 14 de junio de 1933 una demanda complementaria cuyas alegaciones no es preciso reseñar a los fines de esta opinión.

Después de diversos incidentes y de la celebración de un juicio durante los días 28 de marzo, 11 y 12 de septiembre, 11 y 25 de octubre, 8 y 29 de noviembre, y 13 y 20 de diciembre de 1935, y 24 y 31 de enero de 1936, la misma Corte de Distrito de Guayama dictó sentencia el primero de sep-tiembre de 1936, aclarada dos días después a moción de los demandantes, por la cual se condenó a los demandados a pagar mancomunada y solidariamente a los demandantes la suma de $26,958.26 como importe o valor neto de los frutos producidos por las fincas anteriormente mencionadas, más las costas y honorarios de abogado de los demandantes, que fue-ron fijados en la cantidad de $7,000.

Contra dicha sentencia apelaron los demandados Palmira McCormick Murdock y su esposo Rafael Shuck; Chloris McCormick Murdock por sí y como madre con patria potestad de su hija menor de edad Axelina McKinley McCormick, Ida-lia McCormick Murdock y su esposo Enrique Calimano Díaz, y Carlos R. McCormick Murdock.

Los apelantes han presentado dos alegatos separada-mente, uno a nombre de Palmira McCormick Murdock sus-crito por el Lie. Jorge L. Córdova, y el otro a nombre de Chloris, Idalia y Carlos R. McCormick Murdock, Enrique Calimano y Axelina McKinley McCormick, suscrito este último por el letrado- Carlos J. Torres.

Los errores señalados en uno y otro alegatos serán con-siderados conjuntamente en el curso de esta opinión.

Sostienen los apelantes representados por el Lie. Carlos J. Torres que la corte inferior erró al ordenar que se elimi-naran de la contestación a la demanda los párrafos 3, 4, 5 y 6 de dicha alegación, que brevemente expuestos dicen así:

(3) Que de recaer sentencia contra los demandados, debe limi-tarse a $300 anuales, que fué el canon que el arrendatario de la finca, don Genaro Cautiño Insúa, pagó a A. Hartman & Co. durante el tiempo comprendido entre el mes de junio de 1917 y el primero de enero de 1920.
(4) Que la acción sobre reclamación de frutos está prescrita.
(5) Que el derecho a la reclamación de frutos fué renunciado por la causante de los demandantes al no solicitarlos dentro de la acción reivindicatoria.
(6) Que no habiéndose declarado en la sentencia dictada en el pleito de reivindicación la existencia de mala fe por parte de A. Hartman & Co., existe a su favor la presunción de ser poseedora de buena fe y por consiguiente no viene obligada a la devolución de frutos. (Alegato, págs. 8 a 10.)

El artículo 104 del Código de Enjuiciamiento Civil, como regía al iniciarse el pleito de reivindicación y como rige en la actualidad, en lo pertinente prescribe:

“Art. 104. El demandante podrá acumular (en inglés dice may join) varias acciones en una misma demanda, cuando todas se deriven de:
“1. .......
“2. Reclamaciones para recobrar determinada propiedad inmue-ble, con o sin resarcimiento de perjuicios por retención de la misma, o por daños causados en ella, y por sus rentas y utilidades.
“ a

El citado precepto legal no permite otra interpretación que no sea la de que es potestativo en el demandante la acu-mulación de acciones. Siendo potestativo el acumular las acciones y tratándose de dos distintas cuales son la de rei-vindicación y la de reclamación de frutos, que aunque sub-sidiaria la segunda de la primera es independiente de ella, al hacer uso la demandante en el pleito de reivindicación del derecho de no acumular la acción reivindicatoria con la de reclamación de frutos, no implica en manera alguna la renun-cia del derecho a establecer esta última acción separadamente.

De manera, pues, que el demandante tiene la siguiente alternativa: acumular la acción subsidiaria de reclamación de frutos a la principal de reivindicación, o instituir esta última acción solamente y en pleito independiente reclamar ios frutos; pero en este último caso la acción o reclamación de frutos no puede establecerse hasta que no exista una sen-tencia firme a favor del demandante en el pleito de reivin-dicación. Esto es así porque dependiendo el derecho a los frutos de que el reclamante sea dueño de la finca que los produjo, hasta que no se establezca tal condición en el deman-dante, no tiene derecho a reclamarlos. Locke v. Peters, 65 Cal. 161.

En el caso de New Orleans v. Gaines, 82 U.S. 624, citado con aprobación por esta corte en el de Ruiz v. Mario Mercado e Hijos, 38 D.P.R. 586, 592, interpretando preceptos iguales del Código Civil de Louisiana, se dijo por el más alto, tribunal nacional:

“Resta por considerar la cuestión relativa a la prescripción. Se alega como error el no haberse declarado que el caso había prescrito, cuestión que se suscitó en oposición a la reclamación de todas las rentas y utilidades que se habían acumulado durante más de tres años con anterioridad a la fecha en que se entabló la acción. El Código Civil enumera como una de las causas de acción que están sujetas a prescribir a los tres años ‘las acciones por el retraso en el pago de arrendamientos, anualidades y pensiones alimenticias, o del alquiler de muebles o inmuebles.’ (Artículo 3503.) ‘En general, todas las acciones personales excepto las arriba enumeradas, prescriben a los diez años, si estuviere presente el acreedor, y a los veinte años, si estuviere ausente.’ (Artículo 3508.) •
“Estos artículos no gobiernan el presente caso. Ellos se refie-ren a acciones que la parte tenía el derecho legal ele entablar. No son aplicables a derechos como el presente, que resultan de la determinación de otra acción. Hasta tanto se resolviera el pleito principal, no había aquí ninguna causa de acción para recobrar las utilidades no percibidas por el dueño (mesne profits). No po-día sostenerse una acción especial para recobrarlas hasta que se determinara judicialmente el título de la propiedad. Este caso más bien se rige por el capítulo que trata ‘Del derecho de accesión respecto al producto de los bienes.’
“ ‘Las producciones de la tierra, ya sean espontáneas o indus-triales, pertenecen al propietario por accesión.’
“ ‘Los frutos de la cosa pertenecen al dueño de la misma, aun cuando hayan sido producidos mediante la industria y el trabajo de una tercera persona o por semillas regadas por ella, previo re-embolso por el dueño de los gastos en que esa tercera persona haya incurrido.’
“ ‘Los frutos de la cosa no pertenecen al simple poseedor, y de-ben ser devueltos juntamente con la cosa al propietario que la reclama, a menos que la posesión hubiese sido tenida de buena fe.’
“Estrictamente hablando, no sólo no había causa de acción, sino que tampoco había derecho a las rentas no percibidas por el dueño hasta tanto se dictara sentencia en el pleito original.’’

En el mismo sentido se pronuncia Manresa cuando dice:

“. . . no hay, pues, base que pueda servir de fundamento para la prescripción, hasta que llega el momento de poder ser ejercitada, o sea, desde que es eficaz la sentencia que declara la obligación que ha de ser exigida ...” 12 Manresa, “Comentarios al Código Civil”, 3a. ed., año 1907, pág. 879.

Ya hemos visto que el pleito de reivindicación quedó defi-nitivamente resuelto por la Corte de Circuito de Apelaciones el 8 de junio de 1926 y que la demanda en reclamación de frutos fué radicada el 28 de mayo de 1927, es decir, cuando todavía no había transcurrido un año desde que los deman-dantes estuvieron en aptitud legal de instar esta acción.

Sea cualquiera el término de prescripción que deba apli-carse, forzoso es concluir que al radicarse la acción de reclamación de frutos no había expirado el término de pres-cripción más corto, cual es el de un año. Es evidente que la acción no estaba prescrita cuando fué ejercitada.

Habiéndose establecido la acción reivindicatoría solamente, la buena o mala fe de la demandada no estaba en controversia y ningún pronunciamiento pudo legalmente hacerse en la sentencia que en dicho caso se dictó a favor de la demandante. Por consiguiente, la ausencia de tal pronun-ciamiento ninguna inferencia o presunción crea a favor de la buena fe de la demandada.

En el pleito de reivindicación quedó plenamente probado que la demandada A. Hartman & Co. poseía las dos fincas de la demandante sin título alguno. Es también un hecbo incontrovertido que dichas fincas estaban inscritas a favor de la demandante, la de 38 cuerdas desde el año 1891, al folio 2 del tomo 71 de G-uayama, finca núm. 799, inscripción 33; y la de 42 cuerdas, adquirida desde el año 1868, al folio 154, del tomo 39 de Guayama, finca núm. 1940.

El artículo 363 del Código Civil (ed. 1930) define al posee-dor de buena fe diciendo que es el que ignora que en su título o modo de adquirir existe vicio que lo invalide y que el de mala fe es el que se halla en el caso contrario. Comentando este mismo precepto en el Código Civil español, bajo el número 433, dice Manresa:

‘Se reputa poseedor de buena fe,’ dice el artículo 433, ‘el que ignora que en su título o modo de adquirir existe vicio que lo inva-lide.’ Según esta definición, es indispensable para que exista buena fe: (1) título o modo de adquirir; (2) vicios en dicho título o modo; (3) ignorancia de esos vicios por el poseedor, y como inme-diata consecuencia, creencia fundada de pertenecerle la cosa o el de-recho que posee.” 4 Manresa, “Comentarios al Código Civil Es-pañol”, edición 1910, pág. 93.

Si como hemos visto A. Hartman & Co. no tenía título alguno a las fincas en cuestión, si como demuestra la evi-dencia, las fincas estaban inscritas a nombre de la causante de los demandantes desde el año 1891 la de fecha más reciente, y si consideramos además que con anterioridad al año 1917 doña lio sari o Cintrón, personalmente y además por conducto de sus hijos Gabriel y Eduardo Capó y de su abogado Lie. Francisco Parra Capó, hizo reiteradas gestiones cerca de los socios gestores de la demandada para que le devolvieran la finca por ser de su exclusiva propiedad, ¿cómo pueden ellos alegar con éxito su buena fe?

Se arguye que en la sentencia que dictó este tribunal confirmando la de la Corte de Distrito de Guayama en el pleito de reivindicación, dos de sus jueces disintieron y la sentencia fue dictada sin costas, y se sostiene que estas dos circunstancias son demostrativas de que este tribunal no encontró mala fe en la posesión de los demandados. Como dejamos ya consignado, la buena o mala fe en la posesión de la demandada no estaba en controversia en el pleito de reivindicación. La única cuestión que allí se debatía era si las fincas pertenecían a la demandante o a la demandada. Por consiguiente, al exonerarla del pago de costas, no pudo estar en la mente del tribunal si la posesión de la demandada era de buena o de mala fe. Podría alegarse en contrario que la corte de distrito condenó en costas a la demandada y la del Primer Circuito de Apelaciones no se limitó a confir-mar la de este tribunal, sino que impuso las costas a la apelante (op., pág. 652), y refiriéndose al disentimiento de los dos jueces de este tribunal, se expresó así:

"Es cierto que dos jueces disintieron; pero esta corte no tiene el beneficio de una opinión de ellos demostrativa de los fundamentos de su disenso.” (Op. pág. 651.)

Resulta de la prueba que en el período por el cual se reclaman frutos, las dos fincas se hallaban arrendadas por A. H.artman & Co. a Genaro Cautiño Insúa por un canon total de $300 anuales. Arguyen los apelantes que en el caso de recaer sentencia contra los demandados, su importe debe limitarse a $300 anuales, que es lo que recibió la demandada como frutos de la finca a virtud del arrendamiento. La apelante Palmira McCormick es algo más generosa cuando dice:

"Sostenemos, por lo tanto, que la única compensación a que tienen derecho los demandantes en este caso es un canon razonable, bien el de $300 anuales que percibió A. Hartman & Co., bien el de $960 anuales que representa el 6 por ciento del valor de las ochenta cuerdas por las dos anualdidades 1919 y 1920, posterio-res a la existencia de mala fe técnica de parte de A. Hartman & Co., o sea desde la citación de la demandada en el pleito de reivin-dicación.1’ (Alegato impreso de la apelante Palmira McCormick, pág. 29.)

No incurramos en el error de creer que los frutos que el poseedor de mala fe debe devolver son los realmente per-cibidos por él. Pudiera darse el caso de que el poseedor tuviera la finca completamente abandonada y por consiguiente nada le produjese, y en ese caso, según la interpretación propuesta por los apelantes, como nada les produjo la finca, nada tendrían que devolver. Esta cuestión la trata Scaevola en la siguiente forma:

“Pudiera suceder que el poseedor de mala fe, convencido de su desventajosa posición y temeroso de que el legítimo dueño de la be-redad poseída ejercitare la acción reivindicatoria, dejare aquélla completamente abandonada y sin cultivo. En tal caso, el abono de frutos comprenderá la totalidad de los que el fundo hubiese podido producir, habida consideración a las condiciones del año agrícola y al solícito cuidado de un buen padre de familia.” 8 Scaevola, Có-digo Civil, 485. (Bastardillas nuestras.)

El criterio que debe aplicarse para determinar lo que por concepto de frutos debe devolver el poseedor de mala fe, lo establece el artículo 384 del Código Civil (ed. 1930), que en lo pertinente dice:

“Art. 384. El poseedor de mala fe abonará los frutos percibi-dos y los que el poseedor legítimo hubiera podido percibir, y sólo ten-drá derecho a ser reintegrado de los gastos necesarios becbos para la conservación de la cosa. ...”

Como dice Sánchez Román en sus “Estudios de Derecho Civil Español”, tomo 3, pág. 445, “la doctrina tiene un carác-ter de penalidad civil evidente, con el objeto de castigar la mala fe del poseedor.”

Sostiene Manresa que “los podidos percibir (refiriéndose a los frutos) son los que debiera haber producido la cosa.” (4 Manresa, ob. cit., pág. 259.)

En el caso de autos, los frutos percibidos por la deman-dada, como antes hemos dicho, eran los cánones de arren-damiento que le pagó el Sr. Cautiño, o sea $300 anuales durante el tiempo por el cual se reclaman frutos; pero la evidencia concluyentemente demuestra que lo que realmente produjeron las fincas mientras las cultivó el Sr. Cautiño durante los años en cuestión, excedió de $17,000, como vere-mos más adelante. Si esa cantidad fué lo que en realidad produjeron las fincas, no cabe duda que la misma representa el valor de los frutos que el poseedor legítimo, la causante de los demandantes, hubiera podido percibir.

No erró la corte sentenciadora al ordenar la eliminación de los párrafos 3, 4, 5 y 6 de la contestación y actuó correc-tamente a nuestro juicio, al adoptar como medida de los frutos a devolver los que la finca realmente produjo en poder del Sr. Cautiño durante los años de 1917 al 1920, ambos inclusives.

Añora bien, alegan los apelantes que la corte inferior erró al calcular en $26,958.27 el producto neto de las cosechas durante los años 1917 a 1920 inclusives. Argumentando este señalamiento de error se dice en el alegato impreso, de la apelante Palmira McCormick, página 31 et seq., que la corte a quo erró al calcular .el producto del azúcar producido durante los años 1917 al 1920, ambos inclusives, a base de la lista de precios del Exhibit 13 (debe ser Exhibit 12) de los demandantes apelados y no de acuerdo con el Exhibit 11, también de los demandantes apelados.

El Exhibit 11 de los demandantes, que empieza al folio 222 del volumen 2 de la transcripción de evidencia, es una copia certificada por el Secretario Ejecutivo del Trigésimo-cuarto Informe Anual del Gobernador de Puerto Eico en la parte que se titula: “Commerce of Puerto Eico 1933-1934, Sugar Exports 1903-1934”, del que resulta la cantidad de azúcar que la Isla de Puerto Eico ña exportado desde el 1903 al 1934, ambos inclusives, con el precio por tonelada en el mercado de Nueva York. De dicfio Exhibit 11 resulta que el precio a que se vendió el azúcar exportado de Puerto Eico en el año 1917 fué el de $110.47 por tonelada,, o sea $5.523 por quintal; en el 1918, $122.81 por tonelada, o $6.14 por quintal; en el 1919, $136.77 por tonelada, o $6.838 por quintal, y en el 1920, a $235.88 tonelada, equivalente a $11.794 quintal.

Según el Exhibit 12 de los demandantes (transcripción de evidencia, volumen 3, _pág. 224), que es una estadística del Departamento de Agricultura y Comercio, División de Estadísticas, San Juan, Puerto Pico, en relación con el pre-cio promedio de los azúcares de todas procedencias en el mer-cado de Nueva York, resulta que el precio promedio en dicho mercado durante los años 1917 al 1920, ambos inclusives, fué el siguiente:

1917_$6. 228 quintal
1918_ 6. 447 quintal
1919_ 7. 724 quintal
1920_ 12. 362 quintal

A nuestro juicio, la corte inferior cometió el error que se le imputa. Representando el Exhibit 11 el precio promedio del azúcar de Puerto Rico en Nueva York, y tratándose, como se trata en este caso, de determinar el precio a que se vendió dicho azúcar en Nueva York en las fechas indicadas, debió tomarse por base dicho Exhibit 11 y no el precio promedio de todos los azúcares vendidos en el mercado de Nueva York a que se refiere el Exhibit 12. Es evidente que el Exhibit 11 representa con más exactitud que el Exhibit 12 el precio del azúcar que produjeron las fincas de los demandantes durante los cuatro años en cuestión. Se arguye por los apelados que el precio pagado por la central a los colonos es el precio promedio del azúcar en el mercado de Nueva York; pero teniendo una estadística que nos indica cuál fué el precio promedio a que se vendió el azúcar de Puerto Rico, esta última es la que sin duda representa el verdadero precio recibido por el Sr. Cautiño. Desde luego que tratándose de una evidencia presentada por los propios- demandantes ape-lados, al aplicarla en su contra, la aceptamos como entera,-mente correcta, pues es de presumir, y de ello no tenemos duda, que de no ser exacta dicha evidencia, los apelados no la hubieran presentado.

De acuerdo con los precios del Exhibit 11 el ingreso bruto producido por los azúcares en cuestión es:

De acuerdo con el precio promedio de Nueva York que erróneamente aplicó la corte inferior, el resultado es el siguiente:

Diferencia entre el precio promedio de todos los azúcares vendidos en Nueva York y el precio promedio de los azú-cares de Puerto Rico en el mismo mercado: $4,598.50; pero como la corte inferior erró al calcular el ingreso bruto para el año 1919 en $14,176.63, en vez de $14,175.63, que es lo correcto, tendremos que deducir entonces de la sentencia la cantidad de $4,599.50 que indebidamente fueron condenados a pagar los demandados apelantes.

Alega también la apelada Palmira McCormick que la corte erró al no deducir del ingreso bruto la cantidad de 25 centavos por cada quintal de azúcar por concepto de envase, fíete y seguro al mercado de Nueva York, cuya cantidad dedu-cía la central del precio que pagaba al colono.

Arguyen los apelados que los 25 centavos por quintal están incluidos en los gastos de producción sobre los cuales declaró el Sr. Cautiño.

No tienen razón los apelados. Los gastos a que se refirió el Sr. Cautiño no incluyen los 25 centavos del envase, flete y seguro del azúcar. Tomamos de la declaración del Sr. Cautiño:

“P. ¿El gasto máximo, Sr. Cautiño, en el año 1918, en el 18 no, en 'el 17 ?
“R. Aquí se gastó menos, de 80 a 90 dólares.
“P. ¿80 ó 90 dólares por qué, por cuerda?
“R. Por cuerda.
“P. ¿Si le pusiéramos 90 el máximo que usted ha mencionado, estaríamos a cubierto a toda posibilidad de error en cuanto a que he incluido la cantidad máxima por cuerda de gastos totales?
“R. Creo que sí.
“P. Noventa dólares por cuerda. Sr. Cautiño, ¿entre esos gas-tos totales, qué partidas de gastos incluye usted?
“R. La partida de cultivo.
!!P. ¿Qué más!
“R. Gastos semanales.
“Lie. Soto Gras:
“P. ¿Cómo, no entiendo, cultivo?
“R- Cultivo, el capataz que tenía en la hacienda, su semanal»
“Lie. Torres:
“P. ¿Pero a qué partida se carga el capataz?
“Lie. J. A. Poventud:
“P. ¿Esos gastos incluyen entre otros . . .?
“Lie. Soto Gras:
“P. Capataz, ¿qué más?
“R. T todos los gastos concernientes al cultivo de la caña.,r (Volumen 1 de la transcripción de evidencia, págs. 123-124.)
* * * *• * $ *
R. ¿Era en qué gasté $110 por cuerda en las 104?
“P. Yo lo único que quisiera es, aunque no me explique cuál es el montante total de gastos de cada partida, que me dijese cuáles son los distintos conceptos que representan ese gasto.
“R. Romper el terreno, cruzar el terreno, sembrar el terreno, desyerbar el terreno y regar el terreno, cultivar el terreno es eí romper, el banquear, todo eso. Eso es lo que se llama cultivo en una siembra.” (Volumen 1 de la transcripción de evidencia, pág. 159.)
#######
“P.- ¿Entonces, según he entendido ahora que acaba de contes-tarme a una de mis preguntas, los $110 de cultivo no incluyen los gastos de recolección, acarreto y tiro ?
“R. No, señor.
“P. ¿No incluyen eso?
“R. No, señor.
“P. ¿Así que ésos son gastos adicionales que se deben sumar a .los $110 del cultivo?
“R. No, el corte de caña . . .
,<!P. ¿Es distinto?
“”R. Y el acarreo, ya entra en este cálculo de $110. -El corte de caña y el acarreo sí entran en eso.
“P. ¿Y la recolección?
“R. La. recolección es el corte y llevarla al chucho.
“P. ¿Entonces está todo incluido?
“R. $110.
“P. ¿En los $110 está todo incluido?
“R. Sí, señor.
“P. ¿Desde que se empezó a virar hasta que usted entregó la caña en la Central Machete ?
“R. No, en el chucho porque de la Tuna a la Central Machete va en vagones que paga la central, los 41 centavos por tonelada.” (Volumen 1 de la transcripción de evidencia, págs. 168-169.)

De la declaración transcrita resulta evidente que el Sr. Cautiño no tuvo en mente la deducción de 25 centavos por concepto de envase, flete y seguro, apareciendo por el contra-rio, que se refiirió a los gastos de siembra y cultivo, inclu-yendo acarreto.

Tomando en consideración el número de quintales produ-cido desde 1917 al 1920, ambos inclusives, las cantidades a descontar por concepto de envase, flete y seguro deben ser las siguientes:

Como el poseedor de mala fe tiene derecho a que se deduzca de los frutos que debe devolver la cantidad por él invertida para producirlos (artículo 382 del Código Civil, edición 1930), procede también deducir del montante de la sentencia la suma de $1,893.85.

Arguye también la apelante Palmira McCormick que la corte erró al calcular los gastos de cultivo, etc., por cuerda, en que incurrió el Sr. Cautiño para producir las cosechas correspondientes a los años 1917 al año 1920 inclusives. La corte calcula dichos gastos en $35,000. Sin embargo, de la declaración del Sr. Cautiño resulta exactamente lo gastado por él en el cultivo de las 70 cuerdas que según él, cultivó de las 80 de que se componían las dos fincas de los demandantes apelados. De su delaración resulta lo siguiente:

Año Número de cuerdas Gasto por cuerda Total 1917.. 1918.. 1919.. 1920.. 70 70 70 70 $110 $110 $110 $210 I 7,700 7,700 7,700 14,700 Total.. $37,800

Véase la transcripción de evidencia, volumen 1, páginas 156, 158, 159, 160, 166, 168 y 169.

Como la cantidad que por concepto de gastos dedujo la corte del ingreso bruto fué $35,000, y en realidad dichos gastos ascendieron a $37,800, resulta una diferencia de $2,800' que también debe deducirse del montante de la sentencia. Deduciendo entonces de los $26,958.27, montante de la sen-tencia, la cantidad de $4,599.50 a que nos referimos anterior-mente, por concepto de diferencia de precio entre el mer-cado de Nueva York de azúcar de todas las procedencias y del azúcar de Puerto Eico, más $1,893.85, importe de los 25 centavos que por concepto de envase, flete y seguro, dejó de deducir la corte y a que antes se lia flecho referencia, más los $2,800 de diferencia en los gastos de producción, el mon-tante de la sentencia debe reducirse a la cantidad de $17,664.92, en vez- de $26,958.27 concedidos por la sentencia apelada.

En cuanto a honorarios de abogado, no tenemos duda alguna que procede concederlos. El récord es voluminoso; la transcripción de evidencia consta de tres volúmenes, el primero de los cuales consta de 507 páginas, el segundo de 317, y el tercero de 523; la celebración del juicio, como hemos visto al principio de esta opinión, tomó los siguientes días: 28 de marzo, 11 y 12 de septiembre, 11 y 25 de octubre, 8 y 29 de noviembre, y 13 y 20 de diciembre) de 1935, y 24 y 31 de enero de 1936; las cuestiones suscitadas son de verdadera importancia y el standing profesional del abogado de los apelados es excelente. Sin embargo, opinamos que la suma de $7,000, habidas en consideración todas las circunstancias que rodean este caso, es algo exagerada, y opinamos que debe reducirse a la cantidad de $5,000.

Por lo expuesto, procede modificar la sentencia apelada, reduciendo su montante a $17,664.92, y la partida de honora-rios de abogado a la cantidad de $5,000, y así modificada, procede confirmarla.

El Juez Asociado Sr. Wolf está conforme con la mayor parte de la opinión, pero no con la cuantía de los frutos con-cedidos que croe debe reducirse.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Del Toro

license: Public Domain

text:
    Ada Bisinia Pastrana Díaz, menor representada por su madre, Isabel Díaz, demandante y apelada, v. Pedro Pastrana, demandado y apelante.
    Núm. 8140.

    Sometido: Junio 21, 1940.

      Resuelto: Julio 1, 1940.

      A. L. López, abogado del apelante;

      Burset & Pérez Pimentel, abo-gados de la apelada.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Este es un caso que versa sobre pensión alimenticia a satisfacer por el padre a una bija menor que vive con la madre divorciada del padre y casada nuevamente con otra persona.

La corte de distrito por sentencia de noviembre 5, 1937, fijó la pensión en veinte y cinco dólares. Apeló el padre y la sentencia fue confirmada por este tribunal en diciembre 16, 1938. 54 D.P.R. 956.

En abril 27, 1939, el padre acudió a la corte sentenciadora y le pidió que lo exonerara de su obligación porque la madre había contraído nuevo matrimonio y ambas la madre y la hija estaban en la mayor penuria, ofreciendo sostener a su hija en su propio hogar.

La corte resolvió en mayo 25, 1938, que la niña fuera internada en el Colegio de la Inmaculada Concepción de Santurce y luego, en junio 19 siguiente, en el de la misma Inmaculada situado en Manatí.

Apeló la menor representada por la madre y estableció además recurso de certiorari, decidiendo el cual esta Corte Suprema anuló la última de dichas resoluciones y devolvió el caso a la corte de su origen para ulteriores procedimientos de acuerdo con la ley. Díaz v. Corte, 55 D.P.R. 421.

Devuelto en efecto el caso a la corte inferior presentó en él la demandante en septiembre 29, 1939, una moción pidién-dole que ordenara al demandado que entregara a la menor las pensiones devengadas a partir del mes de mayo de ese año, con apercibimiento de desacato. También le pidió por otra moción de octubre 9, 1939, que reconsiderara y anulara su resolución de mayo 25, 1939, dejando en pie la sentencia original como fué dictada.

Se opuso el demandado a la reconsideración porque la resolución de mayo 25, 1939, estaba apelada para ante este tribunal, porque en la actualidad existía el mismo estado que llevó al juez a dictarla y porque no se alegaban hechos nuevos que pudieran justificar un cambio de criterio.

El nueve de octubre de 1939 tuvo lugar una vista a la que comparecieron ambas partes anunciando estar listas. Actuó el Juez P. García Quiñones que no fué el mismo que dictó la repetida resolución de mayo 25, 1939.

Los abogados de las partes expusieron al juez los ante-cedentes del caso. Insistió el demandado en que no podía reconsiderarse la resolución de mayo 25 por estar apelada y expresó su opinión acerca de que no obstante lo dispuesto por las reglas de la corte estando el juez que dictó la reso-lución trabajando en otro término, podía el juez que dirigía la vista intervenir en el asunto. El juicio se pospuso para cuatro días después.

Al comenzar la vista, el demandado pidió su suspensión por haberse retirado su abogado principal y por bailarse enfermo. El abogado Sr. López que hizo la moción admitió que representaba al demandado como abogado secundario. La corte denegó la moción y ordenó que se investigara sjL el demandado estaba en verdad enfermo. Insistió el deman-dado en la cuestión de jurisdicción levantada. Oyó la corte a los abogados y resolvió finalmente que dadas las circuns-tancias concurrentes y la naturaleza del asunto, tenía juris-dicción. Tomó excepción el demandado y anunció que no presentaría evidencia.

Llamada Isabel Díaz, madre de la menor, declaró amplia-mente. Su bija vive con ella y va al Colegio de la Inmacu-lada Concepción de Santurce todos los días. Cursa el primer grado. Con dinero prestado la preparó para ponerla externa en el colegio que cuesta seis dólares al mes. Desde mayo 16, 1939, el padre nada le pasa.

Luego fue interrogada Isolina García y contestó que la niña vive con su mamá y va al colegio, siendo un bogar hon-rado el de la madre.

El diez y seis de octubre se investigó la cuestión de la enfermedad del demandado quedando al parecer el juez satis-fecho de la exactitud de la certificación médica no jurada que se le presentó el trece. Indicó entonces al demandado que podía presentar su prueba y el demandado manifestó que no lo baria porque si lo bacía ello implicaría el abandono de la cuestión de jurisdicción que había suscitado. El juez le indicó que se trataba de una cuestión de jurisdicción de natu-raleza privilegiada que podía levantarse en cualquier tiempo y dijo el demandado: “Si ése es el criterio de la corte, vamos a solicitar que el viernes próximo nos oiga” y el juez resol-vió: “Entonces el viernes. Se trata de un asunto de fami-lia y la corte para resolverlo quiere oír a las partes con amplitud. La cuestión de la jurisdicción puede levantarla aunque ofrezca prueba.”

Se convino qne se presentaría al juez nna transcripción •de la prueba que se practicó antes de dictarse la resolución de mayo 25, 1939. En la vista del viernes el demandado presentó en evidencia una carta que le dirigiera Sor Ma. del Carmen Cuevas, Directora del Colegio de la Inmaculada en Santuree, que dice:

“Estábamos conformes con que su hija viniese interna al Cole-gio, según se le había dicho a Ud., pero su mamá la matriculó como externa y supusimos que habían cambiado Uds. de modo de pensar.
“Si Ud. prefiere que esté interna no hay inconveniente, siempre que esté Ud. conforme con el precio y condiciones del Colegio, y que su mamá sea gustosa en tenerla aquí, pues sería enojoso que nos ocasionase molestias el tener intema la niña a disgusto de la madre.
“Si puede arreglar pacíficamente su entrada en el internado puede traerla cuando guste.”

Tomó la corte bajo su consideración el caso y lo resolvió decretando “que Ada Bisinia Pastrana Díaz continúe bajo la patria potestad de su madre Isabel Díaz y que continúe asistiendo al Colegio de la Inmaculada Concepción, en San-turce, P. B.; y que el demandado deposite en la secretaría de esta corte las pensiones devengadas de $25 mensuales a partir del mes de mayo de 1939 y basta el día de hoy, para ser dichas cantidades entregadas a la demandante, aperci-biéndole de ser castigado por desacato al tribunal en caso de que desobedeciere los términos de esta resolución, debiendo asimismo dicho demandado depositar una vez satisfechas las cantidades pendientes, la suma de $25 mensuales el día último de cada mes, en la secretaría de este tribunal."’

Y es contra esa resolución que ha apelado el demandado para ante este tribunal imputando a la corte haber actuado sin jurisdicción y haber apreciado la prueba parcialmente.

La falta de jurisdicción se hace consistir no sólo en la apelación interpuesta contra la resolución reconsiderada si que en haber decretado la reconsideración un juez de distrito distinto del que dictara la orden.

Es cierto que la demandante apeló de la resolución de mayo 25, 1939, por virtud de la cual la Corte de Distrito de Humaeao decretó el ingreso de la menor en el Colegio de la Inmaculada de Santurce y recurrió de ella y de la sub-siguiente de junio 19, 1939, por certiorari y es también cierto que esta corte al decidir el certiorari se limitó a anular expre-samente la última de dichas resoluciones.

Empero en el curso de su opinión, se expresó así:

“Anulada la orden de junio 19, 1939, y señalado día para oír a las partes sobre la petición de junio 6, tendrá el juez de distrito una oportunidad mayor para actuar a conciencia, para juzgar si tal vez sería mejor para el bienestar de la niña, tan pequeña aún, que vaya, como indicó la madre en la vista de mayo 22, 1939, de externa al Colegio de la Inmaculada en Santurce y continúe vi-viendo, con la pensión razonable, al lado de la madre, recibiendo de tal modo al par que la luz de la instrucción, el afecto, el cuidado y el calor maternos que tanta falta hacen especialmente a su edad.
*$####*
“Nada revela en los autos prejuicio por parte del juez senten-ciador, al contrario, el mejor deseo de acertar, de suerte que una nueva consideración del asunto por su parte constituye una garan-tía de justicia para todos los intereses envueltos.” Díaz v. Corte, 55 D.P.R. 421, 430.

De becbo la apelación quedó abandonada. Quizá la demandante vaciló en desistir formalmente de su recurso ante el temor de que pudiera considerarse que ello implicaba que ■consentía la resolución. Prefirió acudir de nuevo a la corte de distrito y pedirle directamente que la reconsiderara. Se trata de un caso de alimentos, y no vemos que interpretada la actuación de la parte como un abandono de su apelación, no pudiera la corte intervenir.

En cuanto al otro fundamento de la falta de jurisdicción, invoca el apelante la regla núm. 14 de la corte que dice:

“En los casos en que estuviere atendiendo un Juez, este conti-nuará conociendo de los mismos hasta su resolución final, siempre y cuando que no surja una razón, circunstancia o necesidad que requiera la inmediata intervención del otro Juez.”

Basta la mera lectura de la regia y el recuerdo de lo ocurrido, para resolver que no tiene razón el apelante. No se trata de una verdadera cuestión jurisdiccional. La regia es directiva. Además si la pauta que traza en su primera parte no fue seguida, se debió a que el juez que dictó la resolución cuya reconsideración se pidió y fue decretada se bailaba ocupado en otros asuntos y éste era de naturaleza urgente, y ello es conforme con la segunda parte de la propia regia invocada. Véase por vía de ilustración Peña Vda. de Balbás v. Corte, 39 D.P.R. 893.

El primer error señalado no existe en tal virtud. Tam-poco el segundo. Examinada la prueba a la luz de todas las circunstancias que en el caso concurren, creemos que debe resolverse que el juez la apreció correctamente, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia, tomando en consideración el bienestar de la niña.

Debe confirmarse la resolución recurrida, o sea la de diciembre 13, 1939.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Feliciano Muñoz, acusado y apelante.
    Núm. 8249.

    Sometido: Junio 21, 1940.

      Resuelto: Julio 1, 1940.

      Fdrulfo Astado y Jorge V. Toledo, abogados del apelante;

      R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abo-gados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Feliciano Muñoz fue convicto y sentenciado a pagar una multa de $50 por infracción a la sección Ia. de la Ley núm. 61 de 6 de mayo de 1936 (Leyes de ese año, pág. 315), a base de una denuncia que en lo pertinente dice así:

“Yo . . . formulo denuncia contra Feliciano Muñoz . . . porque el referido acusado . . . allí y entonces, ilegal, voluntaria y malicio-samente, actuando en su carácter de maestro de una construcción . . . bajo contrato de Jorge Valldejuly . . . violó las disposiciones de la sección Ira. de la Ley núm. 61 de 1936 . . . porque actuando el acusado en la forma expresada, permitió que los operarios de dicha construcción, Juan Carmona y Angel Muñoz,. estuviesen trabajando en andamios que no tenían dos pies de ancho por lo menos, ni iban cercados de un' seto y barandilla de seguridad formando ángulo recto cerrado basta la altura de treintiseis pulgadas sobre el piso o parte superficial de dichos andamios, extendiéndose a lo largo hasta sus extremos, no habiendo sido construidos los referidos andamios de una manera sólida, segura, adecuada y conveniente, y de tal modo colocados que al. ser puestos en operación, como lo estaban, ofrecieran propia y adecuada protección a la vida y miembros de los obreros que sobre ellos allí y entonces se hallaban trabajando y de las personas que tuvieran que pasar por debajo de los mismos. Este hecho es contrario a la ley.”

Como el acusado alega, que la denuncia no expone hechos constitutivos de delito público, debemos conocer los precep-tos legales aplicables al presente caso, que son las secciones Ia. y 3a. de la citada ley, a saber:

“Sección 1.. — Toda clase de andamios, ascensores, grúas, plata-formas, escalas o escaleras u otro cualquier aparato mecánico, ya portátil .o fijo colocado o construido por cualquier persona, firma o corporación en esta Isla con el objeto de edificar, reparar, alterar, destruir, o pintar cualquier casa, edificio, puente, viaducto u otra clase de construcción cualquiera, será construido de una manera segura, apropiada y conveniente y de tal modo colocado al ser puestos en operación, que ofrezcan propia y adecuada protección a la vida y miembros de la persona o personas que sobre ellos se hallen trabajando y de los que tuvieren que pasar por debajo de los mismos, de tal manera que no puedan caer al suelo ni el material ni los utensilios depositados sobre los mismos, todo andamio, plataforma u otro aparato similar, tendrá, siendo posible, dos pies de ancho por lo menos, e irá cercado de un seto y barandilla de seguridad formando ángulo recto cerrado hasta la altura de treinta y seis (36) pulgadas sobre el piso o parte superficial de dicho an-damio o plataforma, extendiéndose a lo largo hasta sus extremos, sólidamente construida y de tal modo firme y asegurada, que no sea posible su desprendimiento del edificio o construcción. El Comi-sionado del Trabajo o sus representantes quedan autorizados para paralizar la ejecución de cualquier trabajo en que se falte a las an-teriores disposiciones, y. para requerir todos aquellos cambios o modificaciones que considere necesarios para la protección de la vida o los miembros de los trabajadores en dichos sitios para que dicho trabajo continúe.
“Sección 3. Cualquier persona o el administrador, superinten-dente, capataz, mayordomo o representante de dicba persona que infrinja esta Ley será castigada con multa mínima de veinticinco (25) dólares, o cárcel por un término máximo de sesenta (60) días.”

Sostiene el acusado que la denuncia es insuficiente porque, prescribiendo la sección Ia. que: “. . . todo andamio, plataforma u otro aparato similar, tendrá, .siendo posible, dos pies de ancho por lo menos e irá cercado de un seto y barandilla de seguridad . . .”, no alegándose en la denuncia que era posible cumplir dicho requisito, no se expone el delito que se intentó imputar.

La frase siendo posible es parte de la definición del delito y por consiguiente debió alegarse en la denuncia. Pueblo v. Cortés, 24 D.P.R. 208. Véase por vía de ilustración el caso de Pueblo v. Avilés, 54 D.P.R. 272. Sin embargo la denun-cia imputa otra modalidad, cual es la de que los andamios no estaban provistos del “seto y barandilla de seguridad”, con-dición ésta que no está afectada por la frase “siendo posi-ble”, que modifica solamente al ancho del piso del andamio, plataforma, etc. Por consiguiente, prescindiendo del defecto en el ancho del andamio, alegándose en la denuncia el defecto del seto y barandilla, no cabe duda alguna de que se expone suficientemente el delito comprendido en la sección Ia. de la ley;

Alega también el acusado que dicha sección, al referirse a las condiciones de los andamios, dice: “Toda clase de andamios, ascensores . . . será construido de una manera segura, apropiada . . .”, y que como en la denuncia no se imputa al acusado haber construido los andamios, sino haber permitido que los obreros estuviesen trabajando en ellos, la denuncia no expone una infracción a la citada sección.

El fin que persigue la ley es la protección de los trabaja-dores contra caídas de andamios, así como la de las personas que transitan por debajo de los mismos, contra las herramien-tas u objetos que puedan caerse de ellos. La forma y con-diciones que deben reunir los andamios no es más que el medio de lograr el fin o propósito ya indicado. El contratista o director de la obra puede adquirir los andamios de otra persona o entidad, y si no rennen las condiciones expuestas y se usan en la construcción de una obra, el responsable del defecto no es el que los construyó, sino el que ordenó o permitió que se usasen en violación de la ley, ya sea éste el administrador, superintendente, capataz o maestro, como en este caso. Sección 3. Por consiguiente, el dejar de ale-gar la denuncia que el acusado construyó dichos andamios es inmaterial si como en el presente caso se alega que siendo maestro de la obra, permitió su uso en violación de la ley.

A nuestro juicio la denuncia es suficiente.

Se desprende de los autos que después de radicada la denuncia en la corte municipal, el Fiscal Especial del Departamento del Trabajo solicitó que fuese archivada, y se le permitiese radicar una nueva denuncia, a lo que accedió la corte, concediéndosele para ello un plazo dentro del cual quedó radicada la que consta de los autos. Posteriormente, el acusado solicitó en la misma corte municipal que se desestimase la nueva denuncia y se absolviese al acusado, invocando el artículo 452 del Código de Enjuiciamiento Criminal, que literalmente dice así:

"Artículo 452. Un auto para el sobreseimiento de una causa, según lo prescrito en este capítulo, imposibilita la formación de otro proceso por el mismo delito, si éste es un misdemeanor (delito menos grave); pero no así cuando el delito es un felony (delito muy grave).”

El artículo 452 está limitado por sus propios términos a los sobreseimientos que se ordenan de acuerdo con las dis-posiciones de los artículos 448 y 451 comprendidos en el capítulo sexto, que también comprende el citado artículo 452. El artículo 448 se contrae a la dilación en la presentación de la acusación y en la celebración del juicio, y el 451 a los sobreseimientos ordenados por la corte de su propia inicia-tiva o a petición, del fiscal en pro de la justicia. El caso de autos no está comprendido en ninguno de los dos artículos. El sobreseimiento se solicitó con el propósito de enmendar la denuncia que seguramente era insuficiente y que de haberse ido a juicio en tales condiciones hubiera resultado en un fracaso de la justicia. Un fiscal o denunciante que des-pués de radicada una acusación o denuncia descubre algún defecto sustancial en la misma, puede y debe solicitar per-miso para enmendarla. La situación en tales casos es la misma que se producé cuando el acusado presenta excepción perentoria a la acusación o denuncia y la corte, al declarar con lugar la excepción, ordena que se formule una nueva denuncia o acusación.

La prueba que ante sí tuvo la corte sentenciadora es suficiente para sostener la denuncia y no podemos convenir con el apelante en que su apreciación fué errónea. Ya hemos visto que la denuncia imputa el defecto de las barandillas que exige la ley. De la prueba resultó que tales barandillas no existían y aunque el acusado trata de demostrar que no eran necesarias cuando de la construcción de una torre se trata, sin embargo la sección Ia. de la ley se refiere a andamios colocados con el objeto “de reparar . . . cualquier casa, edificio, puente, viaducto u otra clase de construcción cualquiera, la cual incluye, naturalmente, una torre para facilitar la manipulación del concreto que ha de verterse en los moldes cuando la edificación haya llegado a una altura a que un hombre desde el suelo no pueda cómodamente alcanzar. Además, de la declaración del testigo Cecilio Monge, inspector especial del Departamento del Trabajo, aparece lo siguiente:

“A. Ahora, dígame, ¿se usan barandillas en las torres 1
“T. Deben usarse, pero la mayor parte no las usan porque la misma torre sustituye la barandilla por el espacio tan pequeño donde se trabaja.
“A. Con la experiencia que usted tiene como agente del trabajo, en algunas obras justed ha visto que usan las barandillas en las torres ?
“T. Yo he visto muchos contratistas que levantan las torres y ponen las barandillas.
“A. ¿Y ha visto muchos que no las usan?
“T. También.
“A. ¿Usted los ha denunciado?
“T. No, señor.
“A. ¿Usted no los ha denunciado?
“T. No, señor.
“A. ¿Y por qué no los ha denunciado?
“T. Porque se les han hecho indicaciones en el sentido de que se enmienden las deficiencias encontradas y entonces los maestros han accedido a hacer eso y lo han hecho.
“A. ¿Pero lo cierto es que no se usan siempre las barandillas?
“T. Cuando ordenamos nosotros ponerlas las usan.
“A. ¿En este caso ustedes no ordenaron que pusieran las ba-randillas ?
“T. Sí, señor, las ordenamos.
"A. ¿Y las pusieron?
“T. No, señor. (T. de E., págs. 15-16.)

La multa de $50 impuesta al acusado está permitida por la sección 3 antes transcrita que fija un mínimo de $25 de multa o cárcel por un término máximo de 60 días. Como no señala máximo en cuanto a la pena de multa y la impuesta en este caso no es exagerada (artículo 2 de la Ley Orgánica), no debemos intervenir con la discreción del tribunal inferior al imponerla, especialmente cuando de la prueba resulta queal acusado se dió una oportunidad de corregir la deficiencia, y lejos de hacerlo así, al volver los inspectores de seguridad industrial del Departamento del Trabajo fueron provocados e injuriados por el acusado.

Por lo expuesto, procede la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor ’Wolf

text:
    José A. López del Valle, Registrador de la Propiedad de Humacao, peticionario y apelado, v. Asociación Fondo de Ahorro y Préstamo de los Empleados del Gobierno Insular de Puerto Rico, y su Presidente José G. López, demandados y apelantes.
    Núm. 7874.

    Sometido: Febrero 18, 1940.

      Resuelto: Julio 5, 1940.

      B. Martínez Nadal y C. H. Julia, abogados de los apelantes;

      Arturo-A-ponte, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor ’Wolf

emitió la opinión del tribunal.

El peticionario, José López del Valle, lia sido Registra-dor de la Propiedad de Humacao por más de veinte años.

Él estaba asegurado con la Asociación de Empleados del Gobierno Insular de Puerto Rico. En enero, 1936, aparen-temente a instancias de la P.R.R.A., el Procurador General le concedió una licencia sin sueldo. La licencia fué prorro-gada en distintas ocasiones y el peticionario trabajó en la referida agencia federal basta el primero de diciembre de 1937, cuando tomó posesión nuevamente de su cargo.

Hasta noviembre, 1936, y, podría decirse, para garantizar su derecho al seguro, el peticionario continuó efectuando sus pagos mensuales. Hasta ese momento un empleado de la Asociación le había estado notificando de las primas que tenía que pagar. Ese empleado dejó de trabajar en la Aso-ciación y a partir de esa fecha nadie remitió a López los avisos que había estado recibiendo. Entonces dejó de pagar. Es de notarse que los pagos no siempre son los mismos y que un miembro de la Asociación tiene que determinar su importe. Éste depende del número de muertos o incapaci-tados. El pago podría ascender a $4 o menos.

En junio 22, 1936, o antes del supuesto incumplimiento .(default) del peticionario, la Junta de Directores de la Aso-' ciación acordó en términos generales eliminar de su registro a ciertos empleados que no habían pagado sus primas y auto-rizó a su presidente a hacerlo así en el futuro cuando un empleado dejara de pagar las mismas.

El presidente no actuó en el caso del peticionario, pero ■ni secretario eliminó su nombre de los libros el 14 de febrero de 1937. El peticionario no fué notificado. Allá para el :27 de noviembre de 1937, el peticionario fué a las oficinas (de la Asociación para notificarles que iba a regresar a su cargo y que deseaba pagar las cuotas en descubierto, en caso de que las hubiera. Entonces se le informó de la acción tomada. En diciembre 7, 1937, el peticionario escribió a la Junta solicitando se le reinstalara. La Junta en 13 de enero de 1938 ratificó la actuación del secretario, y en febrero 14 denegó la solicitud de reinstalación. Se le dijo que de con-formidad con la sección 25 de la ley, tal cual había sido enmendada por la Ley núm. 150 de mayo 15, 1937 (Leyes de 1936-37, pág. 399), él tenía que hacer una nueva solicitud.

El peticionario tenía derecho a continuar el seguro mien-tras disfrutaba de licencia siempre que pagara las primas de seguro. Conforme vemos, la ley no dice qué sucede si un empleado reanuda su empleo. Si el asegurado hace una nueva solicitud, no puede disfrutar de los beneficios del seguro hasta que haya pagado las cuotas correspondientes a cinco años.

López del Valle acudió ante la Corte de Distrito de San Juan en solicitud de un auto de mandamus. El auto fué expe-dido. La corte de distrito resolvió que según la ley la pér-dida del derecho del empleado que disfruta de licencia a obtener el seguro, por dejar de pagar las cuotas es meramente temporal, mientras dura la licencia, y qne cuando el empleado regresa a su trabajo automáticamente queda asegurado de nuevo; que la eliminación permanente del empleado del registro de la asociación no está autorizada por ley. La corte distingue el caso de Sanquírico v. Asociación Fondo de Ahorro, 52 D.P.R. 821, en el sentido de que el mismo es aplicable solamente a la primera parte del artículo 21, infra. Se dictó sentencia en junio 2, 1938, y la Junta apela.

El caso gira en torno al alcance e interpretación que debe darse a la sección 21 de la ley, tal cual ésta fué finalmente enmendada por la núm. 150 de mayo 15, 1937 (Leyes de ese año, pág. 408) que provee:

“Sección 21. — Todo socio acogido a los beneficios de esta Ley que renunciare o fuere separado de su cargo por becbos que no im-pliquen perversión moral, podrá continuar disfrutando de los bene-ficios del seguro por muerte, siempre que, al cesar en su cargo notifique por escrito a la Junta de Directores su intención de hacerlo así, debiendo en tal caso, continuar cotizando cada vez que ocurra una defunción y sea notificada; Disponiéndose, que si dejare de cotizar tres meses consecutivos cuando hubiere defunciones, perderá todos sus derechos al seguro y a la devolución del 50 por ciento de las cuotas pagadas por miembros fallecidos, de que trata la sección 22 de esta ley; Y disponiéndose, además, que todo empleado que se encuentre disfrutando de licencia sin sueldo, o que esté suspendido de empleo y sueldo temporalmente, conservará sus derechos a los beneficios del seguro por muerte y por inutilidad física, mientras dure tal licencia o suspensión temporal, siempre que, durante los primeros diez días de cada mes consigne en la oficina de la asociación una cantidad igual a la que le sería descontada de su sueldo para los efectos del seguro, como si no hubiere estado bajo tal licencia o tal suspensión temporal.”

Antes de proceder a analizar el caso con más amplitud, podríamos decir qne hubo una tentativa de desestimar el recurso y qne la moción a ese efecto fné declarada sin lugar; qne entonces se presentó más recientemente otra moción y qne el caso se encuentra ahora ante nos a virtud de la misma. Las partes sin embargo, acordaron someter el caso sobre los méritos y así lo disentiremos.

Ahora bien, aunque el peticionario durante cierto término trató de colocarse a sí mismo en la posición de un empleado que disfruta de licencia sin sueldo y en armonía con esta idea efectúa ciertos pagos, sin embargo, su posición no es ni la de un empleado que ha renunciado ni la de uno que disfruta de licencia. López del Valle trabajaba para el gobierno federal y nunca abandonó su derecho a regresar a su cargo de registrador de Humacao. La segunda parte del artículo 21 se refiere más claramente a empleados que mera-mente-se ausentan de su empleo.

Cuando el peticionario regresó a su cargo de registrador, podría decirse que recuperó sus derechos. Por tanto, de acuerdo con los principios de equidad, al pagar la suma en descubierto, debe hacérsele figurar como miembro de la aso-ciación de empleados con todos sus derechos. Incidental-mente podríamos decir que el señor López, del Valle no es un empleado, sino un funcionario, y el artículo 21 por sus propios términos se refiere a empleados solamente.

Consideremos el caso en forma algo más similar a como las partes mismas lo han discutido, y tratemos al peticiona-rio tal cual si fuera un empleado corriente que ha regresado a; su cargo. Nuestra interpretación de la última parte del artículo 21 sería entonces que los derechos del peticionario quedaron en suspenso al dejar de enviar sus primas, mes tras mes, y que surgieron de nuevo al hacerse el peticionario nue-vamente cargo de sus deberes de registrador.

Conforme hemos sugerido al principio de esta opinión, d'ebería enviarse a cada asociado algún aviso indicando la súma que tiene que pagar. Bajo todas estas circunstancias, creemos que es en parte una excusa para el peticionario elv dfejar de pagar al no recibir aviso de la prima con que tiene qúe contribuir.

El peticionario apelado también insiste en que el presi-dente de la asociación, que estaba autorizado por la Junta para remover o suspender a los empleados, nunca actuó. El secretario de la Junta asumió esa facultad y así lo informó al peticionario cuando éste acudió a las oficinas de la Junta a tratar de reinstalar su póliza de seguros. La actuación del secretario fue ratificada por la Junta. El peticionario sos-tiene además que la Junta misma no tenía facultad alguna bajo el artículo 21 para eliminarle de las listas como asegu-rado.

Después de haberse celebrado la vista en este caso él apelado radicó un alegato sobre los méritos, mas la apelante no contestó el mismo.

La sentencia apelada- debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Wole

text:
    Juan Sierra Cordovés, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, recurrido.
    Núm. 1061.

    Sometido: Enero 8, 1940.

      Resuelto: Julio 5, 1940.

      Luis Tirado Géigel, abogado del recurrente;
    el registrador.recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

Para garantizar nn pag’aré expedido a la orden de Enrique Malaret, Federico Vázquez Calaf otorgó hipoteca sobre una finca situada en Santurce. El pagaré apareció en poder de Francisco San Miguel y su esposa, Haydée Fuxencb. Estos fueron aparentemente los tenedores de dicho pag'aré por un período de tiempo cuando, en 17 de noviembre de 1939, acudieron ante un notario y reconocieron haber recibido el pago de la suma de $800, etc., garantizada por la hipoteca. Al presentarse la escritura de cancelación al Registrador de la Propiedad de San Juan, éste denegó la inscripción de la misma en la siguiente nota:

“Denegada la cancelación solicitada en este documento, con vista del pagaré, por observarse que la hipoteca que se cancela aparece embargada por falta de pago de contribución de herencia y aparecer asimismo que el pagaré representativo de la dicha hipoteca fué expedido a la orden de Enrique Malaret, sin que éste lo haya en-dosado a los esposos Francisco San Miguel y Haydée Fuxench, ni a ninguna otra persona, deniego la cancelación solicitada y en su lugar tomo anotación preventiva por 120 días, al margen de la inscripción 9a., de la finca 4044, al folio 127 del tomo 131 de San-turce Norte.”

Al acudir en apelación para ante este tribunal la primera cita que hace el recurrente es el artículo 71 de la Ley Hipotecaria, que lee así:

“Los bienes inmuebles o derechos reales anotados podrán ser enajenados o gravados; pero sin perjuicio del derecho de la persona a cuyo favor se haya hecho la anotación. ...”

El recurrente insiste en que la palabra “anotación” se refiere a embargos y que esto es aclarado aun más por el artículo 42 de la Ley Hipotecaria,, que dice, por ejemplo, “el que, con arreglo a derecho, obtuviere a su favor mandamiento de embargo que se haya hecho efectivo en bienes raíces del deudor”, y que así lo hemos resuelto en el caso de Antonsanti v. Registrador, 9 D.P.R. 190, 192.

Sin embargo, al leer los artículos 42 y 71, supra, nos inclinamos a pensar que los embargos a que éstos se refieren son aquéllos trabados contra la propiedad y que no incluyen un embargo contra un crédito hipotecario inscrito en el regis-tro. Lo que queremos decir es que el gravamen o embargo que aquí se trató de anotar no fué trabado contra la pro-piedad misma sino nominalmente contra el crédito hipoteca-rio.

Desde luego, el acreedor de un deudor original podía incautarse de la deuda de tal acreedor mediante un proce-dimiento apropiado en la Corte de Distrito de San Juan, como un embargo después de sentencia dirigido contra el deudor original, asumiendo, conforme hacemos nosotros, que el importe de dicha deuda es debido a tal acreedor del acree-dor. Los hechos ante nos, sin embargo, son distintos.

Lo que ocurrió fué que el Sr. Malaret, dueño del pagaré original suscrito por el dueño de la propiedad, traspasó el mismo a San Miguel y su esposa, quienes alegaron ser los dueños y tenedores del pagaré garantizado por hipoteca que está ante esta corte. Sierra, el actual dueño de la propie-dad, evidentemente sabía o averiguó que San Miguel y su esposa eran los tenedores, de no ser los dueños, del pagaré; y procedió a satisfacerles el importe del mismo. Sierra obtuvo la cancelación del pagaré que es objeto de la nota del registrador de la propiedad.

En una parte de su alegato el recurrente sugiere que la única forma correcta de embargar este crédito era incaután-dose del mismo en poder de los tenedores del pagaré. Nos sentimos obligados a resolver que no hay nada en el récord que demuestre que el interés de San Miguel y su esposa en el pagaré fué embargado por El Pueblo de Puerto Rico.

Teníamos algunas dudas con respecto a qué había ocu-rrido exactamente y ordenamos que se nos enviaran copias certificadas de los documentos anotados. Un examen de los mismos revela que no se hizo nada para notificar a los actúa-les supuestos tenedores del pagaré expedido a favor del Sr. Malaret.

También, en cuanto pueda tener relación, los papeles de anotación dicen únicamente “copia enviada a Juan Sierra.” No sabemos exactamente qué contenía esta copia, excepto por esta ligera referencia. Bajo estas circunstancias, cuando el Sr. Sierra pagó el importe del pagaré a San Miguel y su esposa él tenía derecho a una cancelación. Hubiera sido difí-cil o imposible para San Miguel y su esposa rehusar aceptar el pago.

El embargo, más especialmente, no estaba dirigido contra Sierra, sino contra su acreedor, Malaret. Se trató de hacer pagar a este último ciertas contribuciones de herencia adeu-dadas al Pueblo de Puerto Rico. Nos sentimos obligados a resolver que no se hizo nada en el caso para sujetar al Sr. Malaret al embargo, especialmente cuando ya él había per-dido todo derecho, título o interés en el pagaré.

El registrador también rehusó inscribir la cancelación porque sostenía que el pagaré no había sido debidamente endosado de Malaret a San Miguel y su esposa. Como indica el apelante, y queda demostrado por un examen del pagaré, la firma de Malaret no aparece al dorso del documento, sino al calce del extenso pliego utilizado para hacer el pagaré. Éste fué un endoso en blanco suficiente y convirtió el instrumento en uno pagadero al portador en manos del Sr. San Miguel y su esposa.

Tenemos presente la decisión dictada por este tribunal en el caso de Gonzáles v. Registrador, 54 D.P.R. 336. En ese caso se ordenó la cancelación sujeta a los derechos que pudiera tener el acreedor embargante, pero en el presente no encon-tramos necesario hacerlo así porque el Sr. Sierra es aquí claramente úna persona que ha pagado una deuda, es eí dueño de la propiedad y tiene derecho a que ésta aparezca libre de la deuda.

La nota del registrador debe ser revocada y ordenarse la completa cancelación de la hipoteca.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison

text:
    Ramón Montaner, en su carácter de Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurrente, v. La Comisión Industrial de Puerto Rico, compuesta por los Sres. M. León Parra, Presidente, y F. Paz Granela y Juan M. Herrero, Comisionados Asociados, recurrida, y Felícita Díaz Vda. de Aldabalejo, peticionaria ante la Comisión Industrial.
    Núm. 173.

    Sometido: Julio 8, 1939.

      Resuelto: Julio 5, 1940.

      Ron. Procurador General George A. Malcolm (B. Fernández García, Ex-Procurador General, en el alegato), E. de Aldrey, Procurador General Auxiliar j Víctor J. Vidal González j G. Atiles Moréu, Asesores legales los dos últimos del Fondo del Seguro del Estado, abogados del recurrente;

      M. León Parra, abogado de la recurrida; Francisco A. Quirós Méndez, abogado de la peticionaria ante la Comisión.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

Un patrono envió a un obrero lesionado al dispensario del Fondo del Estado en Oorozal con una nota. El practicante a cargo del dispensario le curó la herida, dió' al obrero un formulario que debía ser llenado por el patrono, y le dijo que no recibiría nuevas curas a menos que trajera consigo en su próxima visita el informe del patrono. El obrero murió dos días más tarde en un accidente automovilista mientras se dirigía al dispensario con el informe del patrono en uno de sus bolsillos. La Comisión Industrial resolvió que el obrero falleció mientras cumplía órdenes recibidas del Admi-nistrador del Fondo del Seguro del Estado, dadas a través del practicante a cargo del dispensario, así como de su patrono. La Comisión decidió que el obrero tenía derecho a recibir compensación.

De los casos citados por la peticionaria y por la Comisión, los que más ayudan a la solución de este recurso son: Hammond v. Keim, 258 N. W. (Neb.) 478; Marks’ Dependents v. Gray, 167 N. E. (N. Y.) 181 y Grieb v. Hammerle, (N. Y.) 118 N. E. 805. En Hammond v. Keim, el sumario preparado por la corte lee como sigue:

“1. Cuando un obrero abandona su trabajo y se hace cargo de otro, y muere mientras regresa a su antiguo empleo en busca de sus herramientas, bajo la Ley de Indemnizaciones a Obreros no es po-sible obtener compensación del antiguo patrono, cuando éste no ha tenido deber u obligación alguno con respecto a la devolución de tales herramientas.
“2. Si los asuntos privados del obrero hacen necesario que él dé un viaje que a no ser por ello él no hubiera dado, las lesiones que sufra durante ese viaje no son compensables, a pesar de que en ese momento estuviera haciendo ciertas diligencias para su antiguo patrono, siendo tal hecho meramente incidental al viaje y no el motivo primordial del mismo.”

En el curso de su opinión la corte dijo:

“En el caso de autos el interfecto había entrado de manera decisiva en un nuevo empleo, y venía de viaje en busca de sus herra-mientas. El mero hecho de que debido a una combinación de cir-cunstancias, él tuviera en el camión al tiempo del accidente cierto ácido perteneciente a su antiguo patrono no revive la relación anterior existente entre ellos. El occiso no hubiera hecho el viaje si cualquiera otra persona le hubiese traído las herramientas a University Place, sino que habría hecho el viaje igualmente si el refe-rido ácido no se hubiera colocado en el camión. El fin primordial de este viaje fué buscar las herramientas del finado, y en esto su antiguo patrono no tenía interés alguno.”

El sumario del caso de Marks’ Dependents v. Gray, lee así:

“La muerte de un ayudante de plomero acaecida en un choque automovilista, mientras se dirigía en su propio vehículo al finalizar el trabajo del día en busca de su esposa, se resolvió que no fué un accidente proveniente de y en el curso del empleo, de conformidad con la Ley de Indemnizaciones a Obreros, sección 2, inciso 7, y con la sección 10 (Leyes Consolidadas, e. 67), no obstante el hecho de qne a este ayudante su patrono le había pedido que llevara consigo las herramientas y que al llegar a su destino hiciera cierto trabajo que requería de 15 a 20 minutos de labor.
“Si el trabajo a realizar por el obrero requiere que éste vaya de viaje, el obrero se encuentra en el ‘curso de su empleo’ mientras está de viaje, a pesar de que en ese momento él esté efectuando alguna gestión personal, mas, si el trabajo a realizarse no exige que se haga viaje alguno, y el mismo se hubiera siempre hecho no obstante ha-berse abandonado la parte comercial del mismo, y se hubiera cancelado por haber cesado también el fin privado aunque la gestión comercial permaneciera sin realizar, el viaje al igual que el riesgo son entonces personales.”

La opinión emitida por el Juez Presidente Sr. Cardozo, omitiendo los párrafos primero y último, dice:

“ (1) Marks era un ayudante de plomero. Su hogar y el sitio donde trabajaba estaban en Clifton Springs, N. T. El día 16 de abril de 1927 su esposa fué a visitar unos parientes en Shortsville, donde su esposo prometió ir a buscarla en el automóvil de la familia al terminar su labor cotidiana. Al saber que el obrero iba a hacer este viaje, el patrono le pidió que se llevara sus herramientas y arreglara ciertos grifos que no funcionaban bien en una casa en Shortsville. El trabajo a realizar era insignificante y sólo requería de 15 a 20 minutos de labor. No hubiera valido la pena hacer un viaje especial para efectuarlo. Habría sido pospuesto para cualquier otro momento en que' se le pudiera combinar con algún otro trabajo, si Marks no hubiera dicho que de todos modos tenía que hacer el viaje. Marks no utilizó el camión del patrono, que era el vehículo utilizado cuando había que hacer algún viaje relacionado con el negocio. Utilizó su propio automóvil o el de su padre, el que se usaba generalmente en asuntos privados de la familia. Nada dijo el patrono respecto a si le pagaría o no por ese pequeño trabajo. Sin embargo, era de esperarse que por cualquier trabajo que Marks hiciera recibiría la paga acostumbrada para horas extraordi-narias. Mientras se dirigía a Shortsville y cuando estaba como a una milla de Clifton Springs, Marks tuvo un accidente y murió a consecuencias del mismo.
“Somos de opinión que el accidente no sucedió en el curso de cualquier servicio que Marks tuviera que prestar a su patrono. Él no hacía el viaje a Shortsville a instancias de su patrono ni con el propósito exclusivo de realizarlo. Lo hacía en cumplimiento de la promesa que había hecho de ir en busca de su esposa al finalizar su labor diaria y de traerla en el carro de la familia. Si antes de salir de viaje se le hubiera dicho que las espitas defectuosas esta-ban en perfecto orden, él siempre hubiera hecho el viaje. Si por otra parte se le hubiera dicho que su esposa ya había regresado, de seguro que no hubiera hecho el viaje. No fueron los deberes de su empleo los que le obligaron a efectuar el viaje ni a exponerse a los riesgos del mismo. Si ello es así, las lesiones 'no ocurrieron en el curso de su empleo.’
“Muchos casos hay en que los riesgos de la carretera están tan íntimamente relacionados con el empleo que se desempeña, que los mismos sirven de base a una compensación. ‘Los riesgos de la calle’ son tan variados que no es posible enumerarlos ni predecirlos. El resultado a veces ha sido tal que se ha resuelto que los accidentes más raros han sido incidentales al servicio que se presta. Katz v. A. Kadans & Co., 232 N. Y. 420, 134 N. E. 330, 23 A.L.R. 401; Roberts v. J. F. Newcomb & Co., 234 N. Y. 553, 138 N. E. 443. No tenemos motivo alguno para desviarnos de estas decisiones o para cercenar mediante excepciones el principio en que se fundan. Las mismas no tocan el caso que está ante nos. Indudablemente el riesgo de tener un choque es uno en que se incurre al viajar por las vías públicas. Lo que nos interesa en este caso es si los riesgos del viaje son también riesgos del empleo. Sentado ese criterio, la norma (test) decisiva debe ser si ha sido el empleo o alguna otra cosa lo que ha obligado al obrero a iniciar el viaje y a correr los riesgos del mismo. Un empleado en Nueva York informa a su patrono que va a pasarse las vacaciones en Filadelfia, o quizás en un sitio más distante, digamos en San Francisco o París. El patrono le pide que mientras esté allí visite a un deudor moroso y le exija el pago de su deuda. El viaje a Filadelfia, a San Francisco o a París no forma parte del empleo. Surgiría una cuestión distinta si el cum-plimiento de los deberes de un cargo hace que el empleado se desvíe de su ruta y al así desviarse sufre lesiones. Así pues, en el pre-sente caso, surgiría una cuestión distinta si Marks, luego de hacer el viaje a Shortsville hubiera tenido un accidente mientras reparaba los grifos defectuosos. Grieb v. Hammerle, 222 N. Y. 382, 118 N. E. 805, 7 A. L. R. 1075. El choque ocurrió mientras Marks aún se hallaba en la carretera, como a una milla o menos de su hogar.
“(2) Bajo tales circunstancias, somos de opinión que los riesgos de la carretera nada tenían que ver con el servicio. No queremos decir que la prestación del servicio al patrono deba ser la única causa del viaje, sino que ella por lo menos debe ser una causa concurrente. Para establecer responsabilidad, debe ser posible ha-cer la inferencia de que el viaje siempre se hubiera efectuado a pesar de haberse cancelado la gestión personal. De los autos que tenemos ante nos no podemos hacer semejante inferencia. Por el contrario la prueba es al efecto de que no se hubiera hecho un viaje especial, toda vez que lo que se hubiera cobrado por el trabajo sería inadecuado. La norma a seguir es en síntesis la siguiente: si el trabajo a realizar por el obrero hace necesario que el viaje se efectúe, entonces el obrero está en el curso de su empleo a pesar de que al mismo tiempo lleve a cabo gestiones personales. Clawson v. Pierce-Arrow Motor Car Co., 231 N. Y. 273, 131 N. E. 914. Em-pero, si la realización del trabajo no forma parte de la necesidad de realizar el viaje, si el viaje se hubiera efectuado siempre, no obs-tante haber desaparecido la parte comercial, y si el viaje se hubiera cancelado al desistirse del asunto privado, a pesar de no haberse realizado el trabajo, entonces el viaje es personal y personal tam-bién el riesgo.
“Aplicando esta norma, resolvemos que Marks no viajaba con motivo de ningún deber impuéstole por su patrono, y que el riesgo de la calle era personal.”

Los Jueces Pound y Hubbs disintieron, mas no emitieron opinión disidente.

El sumario del caso de Grieb v. Hmnmerle, lee así:

“Un empacador de tabacos que frecuentemente entregaba ci-garros a los clientes de exigírselo así su patrono, al pasar por la fábrica una noche vió una luz en el interior y subió. Él y dos amigos hallaron a su patrono amarrando dos cajas de cigarros. El patrono suplicó a su empleado que entregara los cigarros y llevara consigo las cuentas. Al bajar se cayó y murió. De los autos apa-rece que el occiso dejó a sus amigos en la fábrica cuando salió a hacer la entrega. Se resolvió que el finado estaba en el momento del accidente actuando en el curso de su empleo, y que por ende sus beneficiarios tenían derecho a percibir compensación a tenor de las disposiciones de la Ley de Compensaciones a Obreros (Leyes Consolidadas, c. 67); el hecho de que el interfecto prestara servi-cios en boras extraordinarias a instancias de su patrono no impide que él estuviera protegido por la ley.”

De la opinión emitida por el Juez- Presidente Sr. Cardozo tomamos el siguiente extracto:

“Se arguye que el accidente no ocurrió como consecuencia del empleo ni en el curso del mismo. Creo que ése es un criterio de-masiado conservador. Si G-rieb hubiera sufrido el accidente durante boras ordinarias de trabajo, entonces no importaría que prestara sus servicios gratuitamente. Si los servicios prestados eran inciden-tales al negocio de su patrono y los mismos eran prestados a instan-cias de este último, tales servicios formarían parte del empleo, de conformidad con las disposiciones del estatuto. Cualquiera otra in-terpretación desalentaría a los empleados leales. Hartz v. Hartford Faience Co., 90 Conn. 539, 97 Atl. 1020. En ese caso un empleado del departamento de embarques, cuyo deber era llevar los libros, presto a iniciativa propia cierta ayuda en la entrega de mercancías. Su solicitud de compensación fué sostenida. No es menester que vayamos tan lejos. No es posible que dudemos que en el caso citado la reclamación hubiera sido válida si la costumbre o una súplica especial hubieran establecido la aprobación del patrono. El resolver lo contrario nos llevaría a conclusiones raras. No es concebible que se permita a un patrono pedir a un oficinista que ayude a los mecánicos a reparar máquinas peligrosas y entonces se le permita decir que toda vez que los servicios eran gratuitos, el obrero, al recibir lesiones está fuera del palio de la ley. En estos casos, por razón de la costumbre o de la solicitud hecha los deberes del em-pleado han sido ampliados. Lane v. Lusty, (1915) 2 K. B. 230; Mann v. Glastonbury Knitting Co., 90 Conn. 116, 96 Atl. 368, L.R.A. 1916D, 86. Ya hemos dicho que al determinar la relación de pa-trono y empleado, el pago de sueldos no es la única norma. De Noyer v. Cavanaugh, 221 N. Y. 273, 116 N. E. 992. Debemos resolver lo mismo ahora.
“En su consecuencia es claro que si Grieb hubiera prestado sus servicios durante horas de oficina, ellos hubiesen sido incidentales a su empleo. Para controvertir esta premisa, es necesario resolver que los servicios dejaron de ser incidentales por haberse prestado en horas extraordinarias. Jamás podría ser así. La ley no exige que el empleado trabaje con su vista fija en el reloj. Los servicios prestados con espíritu de lealtad, después de horas de oficina, me-recen la misma protección que los servicios prestados por el perezoso o haragán. Larke v. John Hancock Co., 90 Conn. 303, 308, 97 Atl. 320, L.R.A. 1916E, 584. Mas se arguye que toda vez que el em-pleado había finalizado su labor diaria y se había ido, y luego había regresado, sus derechos son distintos. No sabemos por qué regresó. Tal vez por pura curiosidad. Quizá la inesperada luz que vió en la fábrica fuera de horas de oficina le hizo creer que en beneficio de los intereses de su patrono era necesario hacer una investigación. Sea ello como fuere, al llegar allí vió que se estaba trabajando. Su patrono tenía ciertos cigarros listos para ser entregados, y pre-paraba la factura. Lo que Grieb entonces se propuso hacer con la aprobación de su patrono era tan parte de los negocios de éste como si Grieb lo hubiera realizado en plena luz del día. No sólo tenía que entregar los cigarros, sino también que cobrar el valor de los mismos. Ésa es la inferencia clara que ha de hacerse dada la solicitud que se le hizo de que llevara la cuenta consigo. Además, es una inferencia lógica que él esperaba regresar, y traer el dinero que cobrara, ya que no se llevó a sus amigos sino que los dejó en la fábrica. Qué distancia tenía que caminar, no la sabemos. No ha habido prueba respecto a dónde está situado el Hotel Amos. Nada hay que demuestre que el empleado hubiera tenido que pasar por allí de regreso a su hogar. No quiero decir que el caso hubiera sido distinto de haberse probado tales cosas. Baste decir que no están aquí envueltas. No es éste un caso en que el obrero va prin-cipalmente en asuntos propios o personales, y en el que tan sólo incidentalmente y de manera secundaria va a hacer algo en favor de su patrono. Todas las circunstancias tienden a la conclusión de que Grieb salió de la fábrica en la noche del accidente con el único fin de ayudar a su patrono a efectuar una transacción comercial. No fué por pura amistad sino la relación de patrono y empleado, lo que indujo al primero a solicitar la prestación de los servicios, y al último a prestarlos. Si semejantes servicios no son inciden-tales al empleo dentro del significado del estatuto, la lealtad y la buena disposición del empleado merecen poca o ninguna recompensa.
"No creo que la ley nos obligue a resolver semejante cosa. Un servicio no deja de formar parte de un empleo por ser ocasional o trivial. El ‘Master of the Rolls’ dijo en el caso de McDonald v. Owners of Steamship Banana, (1908) 2 K. B. 926, 929, lo siguiente:
" ‘Si durante la noche yo le digo a uno de mis criados domés-ticos que lleve una carta a un amigo, y mientras se dirige a la casa de mi amigo o regresa de ella es arrollado por un vehículo’, en-tonces bajo la ley inglesa hay derecho a compensación.
“Tal aseveración para la época en que se bizo era un mero dictum, pero un caso reciente de- la Cámara de los Lores (Dennis v. White & Co., (1917) A. C. 479) que revisa todos los precedentes y elimina muchas distinciones sutiles, hace constar de manera clara que ese dictum fué correcto y justo. Véase también Hughes v. Batt (1915) S. C. 150, citado en Dennis v. White & Co., supra, en la página 484. Interpretaremos y aplicaremos nuestro propio es-tatuto con el mismo espíritu amplio. No tengo dudas de que al ser así interpretado, el caso que nos ocupa cae dentro de sus dispo-siciones.
“Para llegar a esta conclusión, no es necesario que tratemos de dar una definición precisa o comprensiva de la palabra empleo. Es menester dejar tales problemas para que sean resueltos mediante el proceso de exclusión e inclusión en casos específicos más bien que por una ‘regla fija’. Stewart & Son v. Longhurst (1917) A. C. 249, 258. Bastará decir que en este caso el empleado estaba al servicio general del patrono; que los servicios prestados fueron incidentales a los negocios del patrono; que los mismos eran servicios que el empleado estaba acostumbrado a prestar al serle tal cosa solicitada; y que tal gestión fué la causa de que él se hallara presente en la escalinata. Es lógico hacer la inferencia de que no fué por pura camaradería sino con motivo de las tácitas relaciones de patrono y empleado que el primero solicitó del último que le prestara un ser-vicio y que este último accedió.”

El de autos es un caso que está en la línea divisoria. A no ser por el hecho de que al obrero lesionado se le dijo que no recibiría tratamiento adicional a menos que trajera con-sigo en su próxima visita el informe del patrono, sería cues-tión fácil decir — enfocando la cuestión desde el punto de vista del empleado — que el segundo viaje fué hecho con el “fin primordial” de obtener un nuevo tratamiento y que el obrero-“tan sólo e ineidentalmente y como cuestión colateral” rea-lizaba “algo en beneficio de su patrono.” Ninguno de los casos resueltos ha decidido que — cuando el desempeño de un servicio para el patrono es condición precedente a la realiza-ción del “fin primordial” del empleado al asumir el riesgo-del camino — -un accidente ocurrido en la carretera no surge en el curso del empleo. No estamos preparados para decir que, bajo las circunstancias del presente caso, el objetivo final del empleado al realizar el viaje o la idea principal qua bullía en su mente al momento de hacerlo como ‘(fin primordial” es la única norma o el factor, dominante al deter-, minar el derecho de su viuda a percibir compensación. Quizá no iríamos demasiado lejos al decir — tomando aún en con-sideración tan sólo la actitud mental del empleado y elimi-nando el interés del patrono en la gestión — que el “fin primordial” de ese viaje fue la entrega del informe del patrono como un requisito previo e indispensable a la obtención de nuevas curas. De todos modos, el interés directo del patrono en la entrega de su informe tenía alguna importancia sobre la cuestión de “fin primordial” y no debe ser pasado por alto.

El artículo 13 de la “Ley de Compensaciones por Acci-dentes del Trabajo” (Leyes de 1935, (1) págs. 253, 291) lee en parte como sigue:

“Todo patrono deberá llevar un registro de las lesiones graves, o leves recibidas por sus obreros o empleados en el curso de su ocu-pación, o de aquellas enfermedades que protege la ley. Dentro de> los cinco días después de ocurrir un accidente deberá el patrono-presentar un informe escrito al Administrador del Fondo en blancos-suministrados por éste. Dicho informe contendrá el nombre y la naturaleza de la ocupación del obrero o empleado, jornal que ga-naba, la situación del establecimiento, el nombre, edad, sexo y ocupación del obrero o empleado lesionado, indicará la fecha y hora de cualquier accidente que haya causado la lesión, la naturaleza, y causa de la lesión y cualquier otra información requerida.
“Los patronos que rehusaren o descuidaren hacer los informes: requeridos por este artículo serán castigados por la corte municipal donde reside el patrono, con una multa que no excederá de' cien (100) dólares.”

Eu este caso el obrero lesionado inició su. segundo viaje-tres días después de haberle ocurrido el primer accidente. Si el patrono no hubiera hecho su informe para aquel entonces o dos días más tarde, él hubiera sido culpable de un delito menos grave. Desde su punto de vista, por lo menos, el “fin primordial” del viaje fué la entrega del informe. No tene-mos razón para creer que no se le hubiera dicho al obrero lesionado que hiciera el viaje aún si — por falta de confianza en el practicante a cargo del dispensario o por cualquier otro motivo — él hubiera abandonado su intención de regresar para que se le curara nuevamente. Fué enviado en ambas oca-siones por su patrono — la primera vez con una nota informal y la segunda con el informe del accidente preparado por el patrono. Al preguntársele al patrono por qué el empleado fué a Corozal, contestó: “A llevar el informe patronal y curarse.” No hallamos en los autos base satisfactoria alguna para revocar la resolución de la Comisión Industrial en la -.teoría de que el “fin primordial” del viaje fué someterse a un nuevo tratamiento más bien que el entregar el informe del pati ono.

En otro respecto, éste es también quizá un caso que está en la línea divisoria. El obrero se dedicaba a cortar cañas de azúcar poco antes de las cuatro de la tarde de un viernes cuando un pie le resbaló y tropezó con la punta de un tocón de caña o con algún otro objeto. Ello dió por resultado una herida incisa o puntazo en la planta del pie. En la mañana del sábado su patrono le envió a Corozal con una nota diri-gida al practicante encargado del dispensario. Llegó a Coro-zal ya entrada la mañana y regresó a su hogar en la tarde del mismo día. El lunes por la mañana su patrono lo mandó nuevamente a Corozal con el aviso formal del accidente. La inferencia es que de no haber muerto en la mañana del lunes, el obrero hubiera regresado a su trabajo unos días más tarde, o tan pronto lo permitiera el estado de su pie. Él había estado cortando cañas por espacio de unos doce días y había estado empleado durante unos seis meses con anterioridad a la fecha del accidente. No sólo era un empleado sino que también compraba cuanto su patrono necesitaba. Tal vez técnicamente — y temporalmente por lo menos — el finado no estaba empleado como un obrero corriente en el cañaveral con posterioridad al día del accidente. Sin embargo, al siguiente día, sábado, y el lunes, estuvo dedicado a otras labores, al' igual que lo había estado con anterioridad a la época en que comenzó a trabajar en el cañaveral. Aún estaba al servicio de su patrono. El servicio prestado era incidental al negocio. “No fue la mera amistad sino la rela-ción de patrono y empleado lo que indujo al primero a solicitar los servicios del último y al último a prestarlos .... Es s lógico hacer la inferencia de que no fue por pura camara-dería sino con motivo de las tácitas relaciones de patrono y empleado que el primero solicitó del último que le prestara un servicio y que este último accedió.” Grieb v. Hammerle, supra.

La resolución de la Comisión Industrial debe ser confir-mada.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


author: El Juez Asociado Señok Travieso

text:
    Carmen Ana Martínez, representada por su padre con patria potestad, Rafael Martínez, demandante y apelada, v. Andréu, Aguilar y Compañía, Inc., y Elías González, demandados y apelantes.
    Núm. 8038.

    Sometido: Junio 20, 1940.

      Resuelto: Julio 5, 1940.

      Géigel & Silva (C. Andréu Ribas, en el alegato)., abogados de los apelantes;

      Edelmiro Martínez Rivera, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señok Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Esta apelación lia sido interpuesta por la corporación codemandada, Andréu, Aguilar y Cía., Inc., contra una sen-tencia que le condena a pagar solidaria y mancomunadamente con el otro codemandado, Elias González Amador, la suma de $1,500 a la demandante Carmen Ana Martínez, más las costas, incluyendo éstas la cantidad de $200 para honorarios de abogado.

l)e acuerdo con los hechos alegados en la demanda, entre 8.30 y 9.00 a. m. del día 14 de octubre de 1937, Elias Gon-zález Amador, a la sazón empleado de la casa Andréu, Aguilar y Cía., Inc., debido a su impericia y negligencia lanzó el auto-móvil que conducía, propiedad de Andréu, Aguilar y Cía., Inc., contra la casa núm. 5 de la calle “Nueva,” del barrio “Marina,” de esta ciudad de San Juan, internándose hasta la sala de la casa donde arrolló a la niña demandante cau-sándole “. . . además de heridas en la cabeza y fuertes gol-pes y contusiones en distintas partes de su cuerpo, la fractura de ambos huesos de su pierna izquierda.”

Como acto específico de negligencia contra Andréu, Aguilar y Cía., Inc., que es la única apelante en este recurso, se alega que “. . . no ejerció la diligencia y el cuidado de un buen padre de familia para mantener el vehículo en cuestión bajo adecuado y razonable control para evitar que con el mismo se causaran daños a las personas y propiedad ajenas, habiendo permitido y dejado por el contrario, que dicho auto-móvil fuera como fué manipulado por el codemandado Elias González, persona ésta no autorizada a guiar vehículos de motor en los caminos públicos de la Isla.”

La contestación de la demandada admite la ocurrencia del accidente; la impericia y negligencia del codemandado Elias González Amador; sn responsabilidad civil bacía la deman-dante ; la propiedad del vehículo con que se ocasionó el daño y por último, “. . . que como consecuencia de los golpes y lesiones recibidos por la demandante en virtud del referido accidente, ésta lia sufrido y sufre intensos dolores físicos” de los que antes no padecía. Limitados así los issues fué el caso a juicio con el resultado que conocemos.

Se señalan por la apelante en su alegato nueve errores que no vamos a discutir separadamente, primero, porque se lia incurrido en innecesaria repetición, y segundo, porque la ape-lante somete la mayoría de ellos sin darles tratamiento inde-pendiente. Los dividiremos, por tanto, en tres grupos para tratar en el primero de la responsabilidad de la apelante por la culpa o la negligencia del codemandado; en el segundo, de todo lo referente a la apreciación de la prueba, y en el ter-cero, de la cuantía de la indemnización concedida.

Como se dijo en Burgos v. Sobrinos de Villamil, 41 D.P.R. 84, caso que cita la apelante en apoyo de los errores que comprenden el primer grupo, lo fundamental para los términos en que fué dictada la sentencia apelada es si se probó o no que entre las funciones del empleo de Elias González Amador no estaba la de manejar el automóvil, y que la demandada, había prohibido terminantemente que sus automóviles fueran manejados por los aprendices de mecánica. Don Teodoro Aguilar Mora, tesorero de la corporación demandada, declaró que Elias González Amador trabajaba en su empresa de aprendiz de mecánica. Sobre si terminantemente se le había prohibido o no a González, por don Teodoro Aguilar Mora o por cualquier otro jefe de la empresa con autoridad para ello, que guiara los automóviles de la demandada, guarda completo silencio el récord. En ese particular es este caso distinto al de Villamil, supra, donde . . la parte demandada demostró fuera de duda razonable que Pablo Martínez no estaba autorizado para guiar el truck de la demandada y que ésta tenía expresamente para ese servicio al chauffeur Manuel Villar Alonso, sin que se hubiera pro-bado que en otras ocasiones el peón hubiera guiado el truck y, por el contrario, según declaró el chauffeur él no permitía que el peón manejara el vehículo porque no estaba autorizado y porque el jefe de la casa demandada había prohibido expre-samente que fuera manejado por persona distinta del chauffeur.” Y si en aquel caso Sobrinos de Villamil tomó la pre-caución de dar a su peón Pablo Martínez tales órdenes, a pesar de lo ajeno que al oficio de chófer es el de peón, más obligado a tomarla estaba la aquí demandada, por la natura-leza del oficio que en su empresa desempeñaba González, en el que, no obstante lo que dice la demandada, está implícito el guiar, en ausencia de órdenes en contrario. Al no hacerlo así, la apelante fué negligente, y por tanto, responsable de un accidente que no es otra cosa que la natural y probable consecuencia de su omisión.

¿Hubo error en la apreciación de la prueba o actuó la corte inferior con pasión, prejuicio y parcialidad» Es cierto que el juez interrogó a los testigos de la demandada algo más de lo que hubiera sido necesario en casos como el de autos, pero su actuación está lejos de haber sido apasionada, prejuiciada o parcial. Por el contrario, puede afirmarse que está inspirada en un deseo de mayor comprensión de los Lechos, que le permitiera llegar a conclusiones justas. Por ejemplo, el codemandado Elias González Amador puso tantc empeño en demostrar su ignorancia de todo lo relacionado con un automóvil, que su declaración resulta chocante. Su pretendida ignorancia llegó al extremo de negar su conocimiento de aquellas partes de un automóvil que aun el campesino que ha vivido toda su vida en las regiones más internas de nuestra isla, conoce. En esas circunstancias, no es ele extrañar que un juez se esfuerce en averiguar por medio de preguntas si un testigo miente o dice la verdad al contestar que no sabe lo que es el bonete de un carro y sin embargo explicó detalladamente el procedimiento mediante el cual se pone en marcha nn automóvil.

Se cita también como hecho demostrativo de que hubo' pasión, prejuicio y parcialidad, el siguiente diálogo entre la corle y don Teodoro Aguilar Mora:

"R, Yo no lo he mandado absolutamente nada y yo soy el vigilante allí, porque el otro siempre está en la calle; soy el hombre guardián.
"P. ¿Usted es el que más está allí?
"R. Sí, el que me ocupo de todo, porque Pepe Andréu esta ven-diendo en la parte alta.
"P. ¿Qué sitio ocupa Pepe Andréu?
"R. La oficina principal en los automóviles, el jefe de ventas, el nervio de la casa. Yo me ocupo de los particulares, de estas cosas pequeñas.
"La Corte: ¿Qué cosas pequeñas?
"R. Del manejo.
"La Corte: ¿Pero usted llama este asunto pequeño?
"R. No, este asunto no. Yo no tengo nada que ver con este asunto. Si este muchacho, al coger el automóvil, mata al Goberna-dor de Puerto Rico, ¿qué tengo yo que ver?
"Sr. Martínez Rivera: Que se elimine eso.
"La Corte: ¿Usted no quiere que maten al Gobernador?

En el incidente no hubo más que un mal entendido entre el juez y el testigo.

Con respecto a la cuantía de la indemnización y la condena en costas que incluyen $200 para honorarios, debe resolverse que no es excesiva, considerando los agravantes que concurren en este caso. La demandante es una niña de seis años que el día del accidente se encontraba, según la evidencia, desayunando en la sala de su casa. Estaba no sólo donde tenía derecho ella a estar y a González le estaba 'vedado penetrar, sino en un lugar donde le era lícito esperar la mayor seguridad: en su hogar. El médico que la atendió declaró que tenía fracturados los huesos fíbula, y tibia déla pierna izquierda; que se trataba de fracturas completas; que en el Hospital Presbiteriano estuvo bajo tratamiento desde el 14 de octubre de 1937 al 4 de noviembre del mismo año; que de un examen que le hiciera poco antes de la vista del caso ante la corte inferior encontró una pequeña defor-midad en la pierna que tardaría de cuatro a cinco años en desaparecer; que la niña estaba inconsciente cuando se le recluyó en el hospital debido a los golpes que había recibido en la cabeza; que le enyesó la pierna y que ese tratamiento produce molestias; que las fracturas y golpes que recibiera la niña causan intensos dolores, molestias físicas, y requieren cuidado especial.

Eafael Martínez Serrano, padre de la niña, declaró que su hija rebajó de peso después del accidente y quedó inape-tente; que los días de “barrunto,” o sea los lluviosos, tiene que friccionarla con medicinas que los médicos le han man-dado; que el doctor Abel de Juan seguía tratando a su hija; que cuando no siente dolor, ella duerme bien, pero que en los días lluviosos no duermen ni ella ni él.

Bajo tales circunstancias debemos resolver que la indem-nización concedida es justa y razonable.

La sentencia recurrida debe confirmarse en todas sus partes.