author: ' El J hez Asociado Seño® Wole,

text:
    Central Eureka, Inc., demandante y apelante, v. Juan Gallardo, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    No. 4355.

    Sometido: Marzo 28, 1928.

    Resuelto: Marzo 19, 1929.

      J. H. Brown, G. E. González y G. Buiz Namrio, abogados de la ape-lante; Attorney General George C. Bulle, J. A. López Acosta y 11. A. Gómez, Sub-Procuradores, abogados del apelado.
   ' El J hez Asociado Seño® Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En agosto 6, 1925, la Legislatura de Puerto Rico aprobó In Ley No. 74, titulada “Ley para proveer rentas para El Pueblo de Puerto Rico mediante la imposición de ciertas contribuciones sobre ingresos, y para otros fines.” Leyes de 1925, pág. 401.

La sección 3 de la ley lee así:

(a) El término ‘año contributivo’ significará el año natural, o el año económico que termine dentro de tal año natural sobre cuya base será computado el ingreso neto de acuerdo con las secciones 14 o 30. El término ‘año económico’ significará un período de contabilidad de doce meses que termine el último día de cualquier mes que no sea diciembre. El término ‘año contributivo’ incluirá, en el caso de una declaración hecha por una parte de un año, de acuerdo con las dis-posiciones de este título o con los reglamentos prescritos por el Te-sorero, el período por el cual dicha declaración fué hecha. El primer año contributivo, que se denominará año contributivo de 1924, será el año natural de 1924 o cualquier año económico que termine durante el año natural de 1924. ’ ’

La sección 66 dispone: “Este título se considerará vi-gente desde enero 1, 1924.”

La Contra] Eureka entabló un pleito sobre devolución de contribuciones pagadas bajo protesta, y, entre otras cosas, atacó la eonstitueionalidad de dieba ley. Consideraremos la apelación sobre sus méritos, a pesar de que podría ser deses-timada por haber dejado la apelante de radicar nn índice. Hemos descubierto esto cuando, después de leer los alegatos, deseábamos referirnos prontamente a la sentencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan.

Hallamos que en la sentencia dictada en junio 23, 1927, se resolvió que la demanda no. procedía. En lá apelación se señalan tres errores. El primero se refiere al título; el segundo a la supuesta falta de autoridad por parte de la Legislatura para aprobar una ley con carácter retroactivo, y el tercero al error cometido por la corte al no resolver que la contribución no 'fue impuesta de conformidad con las dis-posiciones de la citada Ley No. 74.

[1,2,3] El primer señalamiento de error puede ser resuelto más fácilmente después de haberse considerado el segundo. Este último, transcrito íntegramente, lee como sigue:

“La Corte de Distrito incurrió en error al no declarar quo las provisiones de la Ley No. 74, aprobada en 6 de agosto de 1925, ha-ciéndola retroactiva a ingresos obtenidos durante el año 1924, eran inválidas por estar fuera de las facultades concedidas a la Learis-latura de Puerto Rico por el Congreso de los Estados Unidos en dicha materia. ’ ’

Convenimos con la apelante en que si el Congreso aprueba una ley que es aplicable en todos los Estados Unidos, o, quizá en territorio federal solamente, un cuerpo político, como Puerto Eico, no puede aprobar una ley inconsistente con las disposiciones de la ley federal. Nuestra conformidad está sujeta a la reserva de que un estado o territorio puede legislar sobre aquella parte del campo que no ha. sido cubierta por la legislación federal. Gibbons v. Ogden, 9 Wheaton 1. Sin embargo, resolvemos, y la cuestión es im-portante, que con anterioridad a 1913 y hasta que la ley federal de contribuciones fue aprobada, Puerto Eico tenía todos los poderes necesarios para aprobar una ley sobre con-tribuciones que el Congreso mismo tenía, de no tener algunos más. Esto so desprende del poder legislativo general otor-gado por la Carta Orgánica, conocida como Ley Foraker. Antes de ser aprob'ada la enmienda 16a. el Congreso no podía, a no ser en proporción al censo, imponer una contri-bución que pudiera considerarse como una contribución directa. Pollock v. Farmers’ Loan & Trust Co., 157 U. S. 429, 557. Dijimos arriba <£de no tener algunos más” porque cuando Puerto Bico impone una contribución para ser apli-cable en toda su extensión territorial, no existen las razones que motivaron las limitaciones constitucionales al Congreso.

La disposición constitucional dice así: “Ninguna capi-tación o contribución directa podrá imponerse sino en pro-porción al número de habitantes, cuyo censo deberá levan-tarse como ya se dispone en esta Constitución.” Art. 1, sec. 9, cláusula 4, B. S. IT. S. 21. El censo o la enumeración a que se refería la Constitución era el artículo 1, sección 2, cláusula 3 a, el que dispone que “Los Bepresentantes y las contribuciones directas se repartirán entre todos los Estados ... en proporción al número respectivo de sus habitante^.” En otras palabras, si el Congreso con anterioridad á la aprobación de la enmienda 16a. imponía mía contribución general directa sobre ingresos, ésta tendría que ser repartida entre todos los Estados, según la regla establecida- en el artículo 1, see. 2, cláusula 3a., supra. Cuando no se refiere a todos los Estados y solamente un territorio como Puerto Bico está envuelto, el Congreso podía legislar para éste sin la limitación contenida en los párrafos citados y los poderes otorgádosle a Puerto Bibo equivalían exactamente a ello. Por tanto, si el Congreso podía aprobar un estatuto de naturaleza retroactiva, Puerto Bico también podía hacerlo. Podemos decir incidentalmente que cuando en 1917 se aprobó la última Carta Orgáfiica de Puerto Bico, la limitación cons-titucional relativa a contribuciones sobre ingresos había sido modificada por la enmienda 16 a y por tanto los poderes con-cedidos a Puerto Bico en cualquier caso eran casi ilimitados.

Nada liay en la Constitución de los Estados Unidos o en la Carta Orgánica de Puerto Eico que impida que su Legis-latura apruebe una ley de contribuciones sobre ingresos que tenga efecto retroactivo. Según la corte inferior indicó, estatutos retroactivos pueden ser generalmente aprobados a menos que baya una limitación constitucional, y citó el caso de Smith v. Dirck (Mo.) 223 S. W. 104, 11 A.L.R. 510. En la página ’518 del tomo 11 A.L.E. puede bailarse una nota de casos con la conclusión general de que en ausencia de una limitación expresa pueden aprobarse leyes de contribuciones sobre ingresos con efecto retroactivo- Puede hacerse refe-rencia más particularmente al caso de Brushaber v. Union Pacific Railroad Co., 240 U. S. 1. Este principio estaba envuelto (como fue aceptado por las partes en él presente caso) en el de Fantauzzi v. Bonner, 34 D.P.R. 494.

Uno de sus argumentos principales es que con la existencia de una ley federal fechada en 1924, la Legislatura no puede exceder sus disposiciones. Los letrados sostienen que la sección 261 de la ley del Congreso contiene una limitación, siendo esta sección y sus prototipos los que han concedido a Puerto Eico el derecho a desviarse de la ley'federal. Esta sección dice así:

“En Puerto Rico y en las Islas Pilipinas las contribuciones sobre ingresos serán impuestas, tasadas, cobradas y pagadas según disponga la ley anterior a la aprobación de la presente.
“Las Legislaturas de Puerto Rico o de las Filipinas estarán fa-cultadas, mediante la aprobación de la debida legislación, para en-mendar, alterar, modificar o derogar las leyes de contribuciones sobre ingresos, vigentes en Puerto Rico o en las Islas Filipinas, respectiva-mente.”

La apelante dice que el primer párrafo, supra, impide la aprobación de una ley como la adoptada por la Legislatura de Puerto Eico. Sin embargo, necesariamente este razona-miento depende de la teoría de que a no estar autorizado por un estatuto federal específico o particúlar, Puerto Eico no tiene derecho a aprobar una ley de naturaleza retroactiva. Evidentemente nada hay en las palabras empleadas en la sección 261 que directamente diga que no se puede aprobar nn estatuto con efecto retroactivo. El daño que la apelante deseaba evitar era las disposiciones de la Ley No. 74 que impone una contribución más onerosa que en años anteriores, pero ni aun se sugiere alegación alguna de que la cláusula es confiscante, o algo parecido.

La sección 261 no es en modo alguno una limitación. Esta cuestión fue bien discutida en la opinión de la corte inferior en la siguiente forma:

“Estudiemos todas las leyes en relación con la Carta Orgánica, y veamos si es posible interpretar lo dispuesto en la sección 261 ante-riormente mencionada en tal forma que opere como una limitación en los poderes concedidos a la Legislatura de Puerto Rico. El Go-bierno Federal, al aprobar la Ley Jones, lo hizo para liberalizar el go-bierno de Puerto Rico, aumentando los poderes de su legislatura y dándoles a los puertorriqueños mayor ingerencia en el manejo del go-bierno de la Isla. La Ley Jones no solamente amplió los derechos constitucionales concediéndoles la ciudadanía de los Estados Unidos a los puertorriqueños, dándoles mayores libertades, extendiendo su es-fera de acción, creando un parlamento, sino que les concedió libertad absoluta para legislar en toda materia que sea de carácter local.
“En 1917, poco después de aprobada el acta Jones, el Congreso de los Estados Unidos va aún más allá, y por la ley creando la contri-bución de Guerra sobre Ingresos le concede un poder muclio mayor al autorizar a nuestra legislatura a derogar una ley del Congreso' de los Estados Unidos. Esto es, el Gobierno Federal ha concedido a Puerto Rico la mayor amplitud en el gobierno de la Isla que puede concederse a ninguna posesión, bajo la bandera americana. Y, sin embargo, la parte demandante pretende que con la frase ‘según dis-ponga la ley anterior a la aprobación de la presente, ’ que aparece en la sección 261, que se destruya ese hermoso edificio creado por el Acta Jones y se limite el poder de la Legislatura para aprobar una ley con carácter retrospectivo.”

Según hemos visto, la Ley No. 74 en tanto en cnanto fuere retroactiva, lo es por sus propios términos. Secciones 3 y 66, supra. Por tanto, la sección 3 del Código Civil no es un obstáculo para la aprobación de la ley. No tenemos duda de que la autoridad legislativa es amplísima e incluye el derecho a pasar una ley retroactiva. Los principios gene-rales fueron discutidos ampliamente en el caso de Fantauzzi v. Bonner, 34 D.P.R. 494, supra. No podemos convenir con los letrados de la apelante en que los poderes legislativos de Puerto Rico están en forma alguna limitados por la falta de delegación específica. Habiéndosele concedido poderes legislativos generales, Puerto Rico tiene el. derecho de imponer contribuciones, ejercer el derecho de expropiación forzosa, así como aprobar cualquier otro asunto de legisla-ción general.

Esta opinión ya se ha prolongado más de lo que debía, pero aún nos extenderemos un poco más. Suponiendo que toda la autoridad de la Legislatura para aprobar una ley de con-tribuciones sobre ingresos emanara de las palabras usadas en la sección 261, sin embargo, creemos que el lenguaje usado demuestra una intención completa por parte del Con-greso para autorizar a Puerto Rico a aprobar su propia ley de contribuciones sobre ingresos. “Enmendar, alterar, mo-dificar o derogar,”' son infinitivos que equivalen a la palabra “aprobar.”

Volviendo atrás un poco, si la Legislatura puede derogar toda la legislación anterior, entonces estando derogada tal legislación, bajo sus poderes generales ésta puede hacer lo que el Congreso mismo podría hacer, y aprobar una ley con efecto retroactivo.

Personalmente dudamos que haya verdadero efecto retro-activo en la Ley No. 74 o en una ley similar. Fué aprobada en agosto de 1925 y el pago debía efectuarse en 1926. Los pagos, por tanto, debían hacerse claramente durante años venideros y la apelante en este caso en realidad pagó contribu-ciones en febrero de 1926. La idea de legislación como la presente os que una contribución corriente debe ser fijada por los ingresos del año anterior. Si la Legislatura en 1926' hubiese prescindido del cobro de las contribuciones sobre ingresos del 1927 y años posteriores, el efecto total hubiese sido exigir al apelante y a otros pagar una contribución sobre ingresos en el año 1926, calculada por los ingresos obtenidos en 1924. En un negocio establecido es una pre-sunción razonable que las entradas se aumentan y una pre-sunción similar existiría para los ingresos en general. No se impone ningún gravamen a menos que los ingresos, digamos durante 1925, fueran en realidad de verdad menos que los percibidos en 1924. Aun entonces, de acuerdo con. la ley de promedios, como las entradas suben y bajan, existe compensación para el contribuyente.

Dudamos que se baya levantado una verdadera cuestión constitucional en este señalamiento de error. Ciertamente no bay ninguna cuestión constitucional relativa a la imposi-sición de contribuciones directas, uniformidad, o algo pare-cido.

El primer señalamiento de error es que la corte de distrito erró al resolver que las disposiciones de la Ley No. 74, aprobada en 6 de agosto de 1925, haciendo la misma retroactiva a todo el año 1924, no son inválidas por violar lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Orgánica de Puerto Pico, que requiere la expresión en el título del asunto que es objeto de ella.' Las palabras específicas del artículo 34 en cuestión son:

“No se aprobará ningún proyecto de ley, con excepción de los de presupuesto general, que contenga más de un asunto, el cual deberá ser claramente expresado en su título ; pero si algún asunto que no esté expresado en el título fuere incluido en cualquier ley, esa ley será nula solamente en aquella parte de ella que no haya sido expre-sada en el título.”

El argumento es que la ley contiene disposiciones retro- ■ activas que no han sido expresadas en el título. Convenimos, sin embargo, con el gobierno en que una contribución sobre ingresos es solamente un asunto; que si una contribución debe ser retroactiva o no, no es un asunto distinto sino meramente la elección de la Legislatura. Creemos que este señalamiento de error procede de la misma noción errónea, hasta cierto punto, en que se funda el segundo señalamiento de error, o sea, que la Legislatura local no tiene facultad para aprobar disposiciones retroactivas, a menos que se le hayan delegado especialmente. La Legislatura de Puerto Rico tiene amplios poderes para aprobar una ley sin decir en su título si ésta es de aplicación futura o si tiene carácter retroactivo, pero el asunto no aumenta ni disminuye por haberse dejado de hacer tal especificación.

El tercer señalamiento de error lee como sigue:

“La Corte de Distrito incurrió en error al no declarar que la con-tribución impuesta, cuya devolución se pretende, no estaba impuesta de acuerdo con las disposiciones de la Ley No. 74, aun en el supuesto de que dicha ley fuese válida.”

Este señalamiento de error en realidad es demasiado general. Villar & Co. v. Conde, opinión de la Corte de Cir-cuito de Apelaciones, 30 Fed. (2nd) 588.

La objeción era que el Tesorero, como un funcionario facultado para imponer contribuciones, no exigió una nueva declaración de ingresos sino que se basó en la ya presentada por el apelante en 1921. Tenemos idea de que de acuerdo con las autoridades citadas.por el gobierno el Tesorero no está obligado a exigir una nueva declaración de ingresos, sino que puede usar la que tenga a mano, por lo menos hasta que o! contribuyente presente otra.

El alegato del apelante era más bien corto, pero no obs-tante levantaba un número de cuestiones que fueron discu-tidas extensamente1 por el Procurador General, y esta discu-sión o las indicaciones en él contenidas, nos han sido muy útiles al escribir esta opinión.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sexo» Wolf,

license: Public Domain

text:
    Acisclo Bou de la Torre, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, recurrido.
    No. 753.

    Sometido: Marzo 9, 1929.

    Resuelto: Marzo 19, 1929.

      M. Acosta Velarde, abogado del recurrente; el Registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Sexo» Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Después de hacerse constar en una escritura que $1,550 habían sido pagados por el comprador, se dijo que $75 quedaban aplazados y que el comprador había otorgado un pagaré para cubrir la suma adeudada. No se constituyó hipoteca alguna para garantizar la suma en’descubierto, ni se hizo reserva del derecho de anular la escritura. En otra escritura, Marcel Abherve, el comprador citado, confesó haber recibido $1,000 de Acisclo Bou de la Torre en calidad de préstamo y que él, Abherve, había otorgado una hipoteca para garantizar dicha, suma, así como una cantidad adicional en caso de ejecución.

Cuando se presentó esta última escritura en el registro, fué inscrita haciéndose constar que la ñuca estaba afecta “a una mención de pagaré.” Acisclo Bou apeló.

En el caso de Bas v. Ferrán, 14 D.P.R. 190, resoh vimos que el vendedor de bienes inmuebles no adquiere ningunos derechos adicionales o implícitos1 al hacerse constar en 1a. escritura de compraventa que parte del dinero con que se adquiere la finca queda aplazado. En otras palabras, que un tercero que comprara la finca no. quedaba obligado por tal aserción; que nada, similar a una hipoteca fué constituido al hacerse tal manifestación. Puede consultarse todo el caso.

Por tanto, nos sentimos obligados a resolver que no se creó ningún derecho del cual el registrador debía tomar nota. El hecho de que la ley exija que transcurran algunos años antes de extinguirse una mención, no hace diferencia alguna. La mención a que la ley se refiere es una que establece un derecho real a favor de alguien. El registrador no está en el deber de hacer ninguna otra anotación o de fijar ningún otro gravamen sobre el título. La escritura anteriormente inscrita, si era posible que algunos derechos surgieran, habla por sí sola.

Debe revocarse la nota recurrida.


author: El Juez Asociado Séñok Aldeet,

text:
    Rubert Hermanos, demandantes y apelantes, v. Los Herederos, Sucesores y Cesionarios desconocidos de Wesceslao Borda, demandados y apelados.
    No. 4244.

    Sometido: Noviembre 18, 1927.

      Resuelto: Marzo 19, 1929.

      Cayetano Coll y Cuchí y G. Cruzado' Silva, abogados de los apelantes; J. E. Brown y G. Buiz Nazario, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Séñok Aldeet,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una apelación .interpuesta por los demandantes contra sentencia recaída en un pleito establecido para reco-brar la' posesión de cierta finca rústica y para cobrar daños y perjuicios, radicado en 1925.

.Los miembros que componen la sociedad civil agrícola Eubert Hermanos demandaron en este caso a los herederos desconocidos de don Wenceslao Borda, y habiendo compare-cido varias personas como sus únicos herederos formularon contra la demandada las excepciones previas de defecto de partes demandadas por no haber sido hecho parte demandada El Pueblo de Puerto Rico, que se alega ser parte necesaria indispensable en este pleito, y por no aducir hechos determi-nantes de causa de acción. Sostuvo la corte de distrito ambas excepciones y concedió a los demandantes permiso para enmendar su demanda, pero habiendo solicitado la! parte actora que dictase sentencia así lo hizo la corte inferior declarando sin lugar la demanda.

En la demanda se alega substancialmente que L. H. Graham, en su capacidad de Comisionado del Interior de Puerto Rico y en representación de El Pueblo de Puerto Rico, cedió en arrendamiento a don Wenceslao Borda la siguiente finca: “Todo el pantano no desecado y no cultivado en una parcela de terreno perteneciente a El Pueblo ■ de Puerto Rico, situada en los distritos de Arecibo y Manatí, la cual propiedad se conoce con el nombre general de ‘Caño o Laguna de los Tiburones,’ a cuya parcela se le supone contener 6,000 acres mas o menos, parte de la cual se en-cuentra bajo el agua. Entendiéndose expresamente que esta parcela de terreno sólo incluye los terrenos que son de la propiedad del Pueblo de Puerto Rico al tiempo de hacerse este arrendamiento, con los privilegios y pertenencias corres-pondientes a la misma.”: que este contrato fue prorrogado por una Resolución Conjunta de la Asamblea Legislativa de Puerto Eico aprobada el 11 de febrero de 1908, autorizando al Comisionado del Interior a prorrogarlo por 25 años más, a partir de dicha fecha: que en la fecha del contrato de arrendamiento a que se ha hecho referencia y en la de la aprobación de la Eesolución Conjunta citada, los deman-dantes eran dueños en pleno dominio y estaban en la posesión de varias fincas que agrupadas formaban la siguiente: “Rús-tiea, ingenio de cañas dulces, nombrado ‘Las Lizas,’ radicado en el barrio de Santana, del término municipal de Arecibo. Linda por el este, con terrenos de la sucesión de don Miguel Gandía, (hoy de don Martín Zabala); por el sur con terrenos de don Alejo Caballero (hoy de la sucesión Rivera y Agosto), de la sucesión de don A. A. Tejada, de doña Asunción Díaz (hoy de Rubert Hermanos) y con la Hacienda ‘Claras;’ por el oeste, con la hacienda ‘Cambalache’ y con la de ‘Monte-Grande;’ y por el norte, con el ‘Caño de Tiburones.’ Tiene la cabida según su inscripción primera en los nuevos libros del registro, setecientas ochenta y tres cuerdas, ochenta y ocho centésimas.”: que de acuerdo con la titulación de Rubert Hermanos dicha finca colinda por su parte norte con los terrenos pantanosos, no desecados ni cultivados, pertenecientes a El Pueblo de Puerto Bicos que fueron cedidos en arrendamiento a don Wenceslao Borda en la forma anteriormente mencionada: que allá por el mes de diciembre de 1908 Wenceslao Borda personalmente, acompañado de sus agentes y empleados y por el entonces Comisionado del Interior de Puerto Rico L. II. Graham, sus agentes y empleados, ilegal, maliciosa y voluntariamente, en contravención abierta de los términos del contrato de arrendamiento y de la reso-lución de prórroga a que se refiere la demanda, penetraron a la fuerza y contra la voluntad expresa de los demandantes en la finca de éstos antes descrita, y usando de fuerza y violencia se apoderaron de una parte de la misma, la cual puede describirse así: “Extensión de terreno como de dos-cientas treinta cuerdas, sin que sea posible a los demandantes fijar con exactitud su cabida porque los demandados se lian negado a permitir el deslinde y mensura de elidía, finca, y el Departamento del Interior lia rehusado certificar la cabida de la misma, y colinda al norte, con el caño de Tiburones; al Este, con terrenos de Martín Zabala, antes de 3 a sucesión de don Miguel Gandía, y boy detentados por los demandados al citado Martín Zabala; al sur con una línea quebrada con el resto de la hacienda ‘Las Lizas;’ y al oeste con el caño de Vieques, que la separa de la Hacienda ‘Monte-Grande’.”: que al tiempo de ser privados los demandantes de la posesión de la descrita finca existía en ella un ferrocarril para con-ducir sus cañas y tierra preparada para ese cultivo: y que fian sufrido daños y perjuicios ascendentes a $50,000. Por esas alegaciones solicitaron que se dictase sentencia conde-nando a los herederos de Borda a restituirles la posesión c!e la finca mencionada y a que les paguen la indicada can-tidad más las costas.

Para sostener la corte inferior las excepciones alegadas contra la demanda se fundó en cuanto a la de defecto de parte demandada en que los hechos fundamentales do este pleito „y los que fueron alegados en otro de Hubert Hermanos contra El Pueblo de Puerto Rico y don Wenceslao Borda, resuelto en junio 27 de 1913 y reportado en el tomo 19 D.P.R. 919, son substancialmente iguales a los del presente pleito, por lo que El Pueblo de Puerto Rico es parte necesaria en este pleito, según fué declarado en dicho caso. Y citando después el caso de Fernández v. Pueblo, 16 D.P.R. 574, y los artículos 462 y 1869 del Códig’o Civil declaró con lugar en todas sus partes las excepciones previas alegadas por los demandados contra la demanda.

Los motivos de error alegados para sostener esta apela-ción son los siguientes:

Primero. La corte erró al declarar que El Pueblo de Puerto Rico es una parte necesaria e indispensable en este pleito y que debe ser hecho parte en el mismo.
“Segundo. — La Corte erró al declarar que los hechos fundamen-tales alegados en el pleito de Rubert Hermanos contra el Pueblo de Puerto Rico y otros, reportado en el tomo 19 D.P.R. 921, son los mismos que se alegan en este pleito.
“Tercero. — La corte erró al declarar con lugar las excepciones previas del demandado.
“Cuarto. — La corte erró al dictar una sentencia declarando sin lugar la demanda.”

La demanda no contiene alegación alguna que baga referencia al pleito anteriormente mencionado, p;ero como k> corte inferior y las 'partes se refieren a él, también lo fiaremos nosotros.

Los apelantes limitan la argumentación de los errores en su alegato a tratar el primer motivo de ellos, diciendo respecto de los otros tres que no cabe argumentación posible en cuanto al segundo motivo del recurso1 porque basta una simple comparación de las alegacionés de ambas demandas para llegar a la conclusión indefectiblemente de que los liechos fundamentales alegados en el caso que se cita y en el presento, y los errores tercero y cuarto, son consecuencia ineludible del primer error, y quedan sometidos. Sin embargo, los dos primeros motivos de error están tan íntima-mente relacionados que a pesar de la manifestación de los apelantes que acabamos de transcribir en cuanto a los motivos segundo, tercero y cuarto de esta apelación, al argumentar los apelantes el primero de ellos mezclan tam-bién el segundo, pues comparan las alegaciones de ambas demandas para llegar a la conclusión de que no comprende cómo la corte inferior pudo estimar que las demandas son fundamentalmente iguales para declarar que El Pueblo de Puerto Pico es una parte necesaria en este pleito, diciendo los apelantes que- en el pleito anterior Rubert Hermanos reivindicaban de El Pueblo de Puerto Rico y de don Wences-lao Borda la misma .porción de terreno que en el presente alegando que El Pueblo de Puerto Eico Rabia colocado una empalizada en la hacienda “Las Lizas” propiedad de Enbert Hermanos a quienes desposeyó de nna parte de su finca y la entregó a Borda, mientras qne en el presente pleito lo que se alega es que Borda recibió de El Pueblo de Puerto Pico la finca, que le cedió en arrendamiento, cuya propiedad a favor de El Pueblo de Puerto Pico no discuten, pero que al tomar posesión Borda de la finca arrendada penetró en la finca de los demandantes, que no estaba incluida en el arren-damiento, y los privó de su legítima propiedad.

No resulta eso así de las demandas pues en la del anterior pleito se alegó que en diciembre de 1908 El Pueblo de Puerto Eico por medio del entonces Comisionado del Interior, de otras personas y con la cooperación del demandado Wen-ceslao Borda'colocaron o hicieron colocar una empalizada en la finca “Las Lizas” de los demandantes, dividiéndola en dos y entregando la porcipn septentrional de ella a don Wenceslao Borda; y en la demanda del presente pleito se alega el arrendamiento que hizo El Pueblo de Puerto Eico de una finca suya a don Wenceslao Borda y se dice que Borda personalmente y acompañado por sus agentes, por el entonce^ Comisionado del Interior y por los ag’entes de éste, penetraron en la finca de los demandantes y se apoderaron de una parte de ella. De modo que en una demanda se dice que el Comi-sionado del Interior y Borda penetraron en la finca y se apoderaron de una parte de ella y en la otra se alega que Borda y el Comisionado del Interior se apoderaron de parte de la finca de los demandantes ; diferenciándose las dos sola-mente en que en el primer pleito se dice que la porción ocu-pada en la forma dicha la, entregó El Pueblo de Puerto Eico a Borda y en el actual no se dice qué hicieron Borda y el Comi-sionado del Interior con la porción así ocupada, no alegándose tampoco que esté en la posesión de los demandados. Por lo expuesto, y teniendo en cuenta además que para una demanda contra los herederos de Borda por posesión indebida del terreno a que se hace referencia no era necesario alegar el arrendamiento hecho por El Pueblo de Puerto Rico a Borda ni la Resolución Conjunta autorizando la prórroga del con-trato, llegamos a la conclusión de que ambas demandas son fundamentalmente iguales y que alegándose que Borda y El Pueblo de Puerto Rico se apoderaron de la porción de finca que es objeto del pleito, debe ser parte en este pleito El Pueblo de Puerto Rico, previo su consentimiento para ser demandado.

En cuanto a la excepción previa de falta de causa, de acción no convenimos con los apelantes en que el haberla sostenido la corte inferior sea consecuencia de haber errado al estimar que las dos demandas son substancialmente iguales, pues aunque tal error existiera y aunque El Pueblo de Puerto Ri'co no sea una parte necesaria en este pleito, puede ser que la demanda no aduzca causa de acción contra los demandados; pero como los apelantes no tratan esta cuestión, prescindiremos de resolverla nosotros. .Sin embargo, queremos decir en pocas palabras que según el artículo 462, No. 4, del Código Civil, el poseedor puede perder la posesión por la posesión de otro, aun contra la voluntad del antiguo poseedor, si la nueva posesión hubiese durado más de un año; y que según el artículo 1869, No. 1, del mismo código, prescribe por el transcurso de un año la acción para recobrar la posesión, por lo que habiendo transcurrido más de ese tiempo desde que la posesión fué perdida hasta la presentación de la demanda en este pleito, no existe la causa de acción ejercitada coiitra los demandados.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Wolf está conforme con la sentencia, El Juez Asociado Sr. Texidor no intervino. (Yéase el pre-facio)


author: El Juez Presideute Señor del Turo,

text:
    Amelio Cortés Medialdua, demandante y apelante, v. Juan Palén Aguila, hoy su Sucesión, demandados y apelados.
    No. 4408.

    Sometido: Mayo 4, 1928.

      Resuelto: Marzo 19, 1929.

      A. Lens Güeña, abogado del apelante; L. Mercader, abogado del ape-lado.
   El Juez Presideute Señor del Turo,

emitió la opinión del tribunal.

Amelio Cortés demandó a la Sucesión de Juan Palén compuesta de las personas que arriba se indican, en cobro de cuatro mil dólares.

Alegó que el día 24 de diciembre de 1925 Juan Palén recibió de doña Francisca Palén la dicba suma, comprome-tiéndose a pagarle el 30 de junio de 1926, suscribiendo al -efecto y entregando a doña Francisca la siguiente obligación:

“Diciembre 24, 1925. — Debo y pagaré a Doña Francisca Palén, la cantidad de cuatro mil dólares, los que le pagaré el día 30 de junio de 1926. Y para que conste le firmo el presente aquí en Are-cibo a 24 de diciembre de 1925. — Firmado, Juan Palén. — Son $4,000.”

Y alegó ademáis que en abril de 1926 doña Francisca le «cedió y traspasó el referido documento por valor recibido; que Juan Palén falleció en mayo de 1926, y que la obligación, está vencida y no le ha sido satisfecha ni en todo ni en parte.

Los demandados en sn contestación negaron la deuda de sn cansante para con doña Francisca Palén, negando además qne sn cansante suscribiera el' documento transcrito en la demanda y que dicho documento fuera cedido y traspasado al demandante.

Como defensa alegaron que doña Francisca era hermana de Juan Palén y vivía de balde desde hacía años una casa dé sn hermano; qne Palén tenía un comercio importante, prestaba dinero y durante los ultimo seis años atendía a la manutención de su hermana y sn familia, habiendo dejado al fallecer más de veinte mil dólares; qne otorgó testamento y como nada dejara en él a su hermana ésta le pidió qne le regalara algún dinero para comprar1 una casita lo qne le prometió Palén y como muriera sin cumplir sn promesa doña Francisca y sn esposo “han pretendido figurar el préstamo qne dicen constar en el simulado y falso pagaré transcrito en la demanda” y que como doña Francisca “no se atreviera cobrar directamente a los demandados fel susodicho falso y simulado pagaré inserto en la demanda de este pleito, se puso de acuerdo con el demandante para qne éste apareciera como cesionario, a pesar de qne ambos saben qne esa obliga-ción es apócrifa.”

Los demandados formularon ademáis una contrademánda alegando la falsedad del documento a que se ha venido haciendo referencia y solicitando de la corte un pronuncia-miento específico sobre el particular.

Así las cosas fué el pleito a juicio. Ambas partes prac-ticaron prueba y la corte finalmente dictó sentencia decla-rando la demanda, sin lugar y con lugar la contrademanda y en su consecuencia nulo por simulado el pagaré otorgado el 24 de diciembre de 1925 por Juan Palén a favor de Francisca Palén por la suma de cuatro mil dólares, con las costas a la demandante.

No conforme la demandante apeló para ante este tribunal señalando en su alegato varios errores que pueden reducirse a uno: error en la apreciación de las pruebas.

Para fundar su fallo el juez sentenciador emitió una opinión que contiene el análisis de la prueba. Es así:

“El pagaré de que se trata es por cuatro mil dólares, venciendo el 30 de junio de 1926. El día 7 de abril de 1926 aparece traspasado al demandante por la suma de tres mil quinientos dólares. El deu-dor, Juan Palén, murió en mayo de 1926, un mes antes del aludido traspaso y un mes después de la fecha fijada para vencerse el pagaré. Palén era comerciante de buen crédito establecido en Arecibo, con bienes y fondos suficientes en el Banco Comercial para atender una obligación de esa naturaleza.
“Un examen cuidadoso de las pruebas en este caso revela que en el alegato traspaso que del pagaré objeto de esta demanda hizo Francisca Palén al aquí demandante no medió causa cierta. Gabriel Te-rraza, testigo del demandante y esposo de la Palén, declaró que el traspaso del pagaré de $4,000.00 se hizo por $3,500.00 porque nece-sitaba dinero con motivo de la ejecución de una finca que le seguía el Banco Comercial, y que el documento se traspasó por precio que se satisfizo a varios plazos. El documento, sin embargo, establece que la cesión se efectúa por la suma de $4,000.00, que confiesa haber reci-bido. Siguiendo al testigo, llama la atención que la necesidad ur-gente de enajenar un pagaré de $4,000.00 por $3,500.00 que vencía eiucuentitrés días más tarde, para evitar la ejecución de una propie-dad se hiciera en las circunstancias en que lo fué. Que esa manifes-tación no era reflejo de la realidad lo demuestra que el propio tes-tigo declaró más tarde que el importe de esa enajenación ‘lo guarda, que no lo necesita, que no está depositado,’ aunque acto seguido ma-nifestó que ‘está invertido en varias cosas, en terrenos,’ sin explicar sus anteriores manifestaciones con respecto a la necesidad de tras-pasar el pagaré para evitar una ejecución. Declaró que empleó los $3,500.00 y que su esposa ‘tiene conocimiento de eso,’ pero ésta, la propia Francisca Palén, declaró que ella no sabe en qué se empleó ese dinero. Por su propio peso cae de su base la teoría de que la enajenación del pagaré se debió a la necesidad que por dinero in-mediato tenía Francisca Palén, según el demandante. Éste, en la silla de testigos, manifestó que adquirió ese pagaré; y el testigo Juan Candelaria, aunque su declaración no es muy satisfactoria en cuanto a otros extremos, manifestó terminantemente que el mismo deman-danto le hizo saber a presencia de Miguel A. Ramos refiriéndose al traspaso que ‘él (Cortés) no llevaba nada en eso, que lo hacía por ayudar a Gabriel Terraza.’ Ramos no declaró porque ha fallecido, pero el demandante admite que tuvo una conversación con Ramos en presencia de Candelaria sobre el asunto si bien que no hizo esas ma-nifestaciones. La Corte cree, por todas las circunstancias, que sí las hizo.
“El demandante declaró que él vió a Palén en su lecho de en-fermo y. le habló del pagaré y que Palén asintió a que lo adquiriera.. Si a Palén le obseeionaba la idea de que su hermana tuviera una casa como se observará más adelante, no se explica que Palén, teniendo bienes suficientes para cubrir la suma envuelta, asintiera a una tran-sacción en que su hermana perdía quinientos dólares, cuando el pa-garé vencía muy poco tiempo después. Pero es que la viuda de Palén declaró enfáticamente, con todo viso de verdad, que ella nunca, vió al demandante en su casa visitando al enfermo, y que la primera vez que le veía era en el momento de declarar.
“Las pruebas revelan, además, que en el' otorgamiento de este pagaré por Juan Palén a favor de su hermana Francisca tampoco medió causa cierta, y que este hecho le- constaba al demandante. Gabriel Terraza declaró que él y Juan Palén tenían una casa de co-mercio que hubieron de liquidar; que quedaron adeudando $18,000.00; que para el pago de esa suma hipotecó todas sus fincas; que Juan Palén quedóle debiendo $8,000.00, por los cuales otorgó dos. pagarés, cada uno 'de $4,000.00, pagarés que tuvieron varios vencimientos y prórrogas; que uno de esos pagarés, el de objeto de este pleito, se hizo a nombre de su esposa porque así se lo pidió Juan Palén que quería que ‘le dejara ese dinero a ella’, ‘que deseaba que fuera para su esposa (Francisca Palén) para comprarle una casita a ella, al morir (Juan Palén),’ Francisca Palén dice que ella no sabe cómo se hicieron las negociaciones, pero sí sabe que fué Gabriel Terraza, su esposo, el que propuso que ‘los pagarés se hicieran a su nombre, por-que mi esposo quiso que se hicieran a nombre mío.’
“Es nuestra firme creencia que Juan Palén nada debía a su her-mana, es decir que no hubo causa ciex-ta en la libración del pagaré. Tan pronto Palén y Terraza liquidaron su casa comercial, Palén se estableció de nuevo. Puso su comercio cerca- de la Plaza del Mer-cado. Trabajó con fortuna. Se hizo de ‘muchos bienes,’ según Te-rraza. Tuvo cuenta corriente en el Banco Comercial con un mo-vimiento de miles de pesos’, según el testigo Iglesias, pagador del Banco. No se px*eocupó nunca por pagar el documento hecho a favor de su hermana. Un mes antes de su muerte, al traspasarse el documento al demandante con una pérdida de quinientos dólares, Juan Palén tenía capital suficiente para honrar el documento. Si bien Palén dijo al Notario Zeno que él le debía esa suma a su her-mana, la Corte se explica esa conducta de Palén. ill debía gratitud a su hermana que le estaba criando un hijo natural y siempre tuvo la idea de asegurarle a su hermana la propiedad de una casa y véase que Gabriel Terraza habla de la insistencia de Palén en extender el pagaré a favor de ella ‘para que comprase una casa, si él moría.’ Y se observa que a pesar de hablarse de dos pagarés, Francisca Palén declaró repetidas veces que su hermano ‘no le debía nada más que cuatro mil dólares;’ y que tenía ese dinero ‘para comprar una casa.’ ” "

Aunque podemos explicarnos la sentencia de la corte y quizá haya algo de verdad en ella, un examen cuidadoso y repetido de los autos nos lleva a concluir que la prueba de la simulación no es bastante para destruir la presunción de verdad que lleva consigo el documento, cuya autenticidad está fuera de dudas, y lo declarado por las personas directamente relacionadas con la transacción.

El primer testigo que declaró fué el demandante mismo. Es comerciante en Arecibo, socio gestor de la casa Marqués-Hermanos, Tesorero de la Plata Sugar Co. y de la Soller Sugar Co., devengando mil dólares anuales por cada una de las tesorerías, conoce a doña Francisca Palén y tuvo con ella el negocio de la cesión del pagaré por medio de su esposo Gabriel Terraza. Este le dijo que necesitaba dinero para cancelar una hipoteca y le dió tres mil quinientos dólares por el pagaré. Antes de cerrar el negocio habló con el propio Juan Palén quien estuvo conforme. Contestando a repre-guntas del abogado de los demandados dijo que vió a Palén en su casa cuando estaba ya enfermo; que entregó a Terraza $1,750 en abril, $1,500 en mayo y el resto en junio; que Terraza es empleado de la Plata Sugar Co. y de la Soller Sugar Co., ganando $75 mensuales en cada una. El contra-interrogatorio fué largo. El testigo no incurrió en contra-dicciones y explicó cuanto se le pedía.

Luego declararon los Sres. Eduardo Yglesias Jordán, pagador del Banco Comercial de Puerto Rico, Sucursal de Arecibo, y Alfonso- Alfonzo, Sub-gerente del propio banco con el cual tuvo negocios por años Juan Palén, y de modo terminante reconocieron como de Juan Palén la firma que aparece al pie del pagaré. Este fué entonces admitido como prueba, con la oposición de los demandados.

El siguiente testigo fué el abogado y notario Gustavo Zeno Sama que expresó, copiando sus exactas palabras:

“Sí, señor; algún pagaré. Precisamente al otro día que fué a hablarme para que le preparara su testamento' me ordenó que le hi-ciera un pagaré por cuatro mil dólares a favor de su hermana Francisca Palén y mientras escribía el pagaré en la maquinilla me dijo, que le adeudaba a esa señora una suma igual y le había suscrito otro pagaré.”

Palén murió. De él queda el pagaré por él firmado que habla por sí mismo y lo dicho por el notario Sama que fué admitido sin objeción. La obligación no había sido satis-fecha. El demandante presentó así a la corte, prima facie, un caso completo. Pero hizo más el demandante. Presentó como testigo a Gabriel Terraza Ferrer. Dijo que necesitando dinero con motivo de la ejecución de una finca que se le estaba haciendo por el Banco Comercial, negoció el pagaré con el demandante con el consentimiento de su esposa. El demandante le dió tres mil quinientos dólares en varios plazos. Explica el origen del pagaré. Fué socio de Palén en el comercio. Liquidaron quedando a deber unos diez y ocho mil dólares y tuvo que hipotecar sus fincas para garantizar las deudas, aceptando de Palén dos pagarés que se fueron liquidando, renovando, poniendo a nombre de otras personas y últimamente el de cuatro mil dólares objeto del pleito se puso a nombre de su esposa “porque Juan Palén dijo que deseaba que fuera para mi esposa para que comprara una casa ella al morir.” Sometido a un hábil interrogatorio, resistió bien la prueba, a nuestro juicio.

¿Cuál fué la evidencia aportada por los demandados1? Como su primer testigo llamaron a declarar a Francisca Palén quien reconoció el testamento otorgado por su hermano en el que nada le dejó. Reconoció también que vivía una casa de su hermano sin pagar alquiler pero explica que con ella' vivía un niño hijo natural de su hermano a quien ella cuidaba. Repetidas veces contesta que la deuda representada por el pagaré era cierta y que su esposo autorizado por ella negoció el pagaré con el demandante.

Siguen las declaraciones de Frutos Palén y José Terraza. Hablan de los libros comerciales de Juan Palén en los que no aparecía la deuda consignada en el pagaré. También de la ayuda que- Palén prestaba a su hermana y de un regalo de una pianola que hizo a su sobrina, hija de su hermana.

José Alvarez, dependiente de Juan Palén, dice que éste enviaba a su hermana, un peso cincuenta centavos diarios y que cuando hablaba con doña Panchita (Francisca Palén) ésta le mostraba su gratitud hacia su hermano. No le habló d«e deudas. Sabe que doña Panchita cuidaba un hijo de su hermano. Gonzalo Acevedo conoció a Juan Palén como un comerciante que hacia la mayor parte de sus operaciones de contado; que tenía capital y dejó bienes al morir. A pre-guntas del abogado del demandante declaró que dejaría al fallecer como cuatro o cinco mil pesos de deudas.

Juan Candelaria declara que Juan Palén nada debía, a doña Francisca. Al pedírsele que explicara la razón de su dicho, contestó: “Trabajaba' desempeñadamente y hacía grandes compras. Cuando hacían una pequeña rebaja él pagaba de contado.” Se refirió a cierta conversación soste-nida por el demandante con Miguel Ramos, fallecido, en rela-ción con la cesión del pagaré en la que “dijó Cortés a Ramos que no llevaba nada en eso. Solamente que lo hacia por ayudar a Gabriel Terraza que estaba colocado allí.”

Gregoria Candelaria, la viuda de Juan Palén, una de las demandadas, declara que Francisca Palén “me dijo: en caso de que muera Juan, resulta que nosotras te consideramos como a él, porque se trata de la esposa de él; y lo quiero mucho a él, y hoy que muera, en las mismas condiciones que lo quiero a él quiero que nos llevemos nosotras según me llevé con él; y quiero que hoy por mañana que muera él, tú, sabes que-es el único ser que me ayuda a mí y quiero que tú . . . Quiso decirme que ella . . . — P.—No lo que quiso decir, lo que le dijo. — Que como no tenía donde vivir y la única ayuda era ese hermano, y en caso de que muriera le dejara la casa donde vivía ella, para ella acabar de educar a sus hijos y ayudarse. ’ ’

Dice que nada sabía, del pagaré y asegura que el deman-dante jamás estuvo en su casa durante la enfermedad de su marido.

Declaró también el abogado de los demandados Sr. Mer-cader sobre negociaciones que tuvo con Juan Palén expo-niéndole éste que quería comprar cierta casa para ayudar a su hermana; que Palén era hombre de negocios que pres-taba además dinero a módico interés; que el demandante estuvo varias veces en su bufete hablando de las deudas de la Sucesión Palén para con Marqués Hermanos pero no de la del pagaré; que Palén dejó al morir bienes, entre ellos más de mil cuatrocientos dólares en efectivo, etc.; que nada debía a su hermana. Repreguntado sobre esta afirmación, ocurrió lo que sigue:

“P. — Por qué manifiesta que nada se debía a Francisca Palén, por qué esa manifestación tan rotunda? — La bago porque conocía también el hecho de que este hombre fuera a suplicarme, que le vendiera la casa. — P.—Es ana deducción que hace? — De los hechos de haber ve-nido él a comprarme la casa y él dijo que le vendiera la casa. — P.— Es una deducción que saca? — Sí, señor; porque estaba en malas con-diciones su hermana y no tenía de qué vivir. ’ ’

Se aportaron ciertos documentos en relación con los bienes dejados al morir por Palén.

¿Puede esa prueba de los demandados tener la fuerza de destruir el caso prima facie del demandante? En manera alguna a nuestro juicio.

Los demandados no sólo alegaron que su causante nada debía, si que también que no había suscrito el pagaré. La prueba demostró de modo evidente que la firma de Juan Palén que aparece al pie del pagaré es genuina.

El hecho de que el documento rece que se traspasó por todo su valor de $4,000 y el demandante declare y Terraza admita que sólo fue por $3,500, no demuestra la inexistencia de la transacción. Si los testigos hubieran sido personas acostumbradas a mentir les hubiera sido muy fácil ajustar sus declaraciones a la letra del documento. Parece que prefirieron decir la verdad aunque surgiera la incongruencia advertida.

El hecho de que Terraza declarara como dice el Juez sen-tenciador en su opinión que guardaba el dinero y que luego dijera que lo había invertido, no es una contradicción abso-luta. Se puede guardar dinero ajeno en una caja o invir-tiéndolo sabiamente para que no esté ocioso y produzca. T que el segundo medio, cuando se hace en debida forma, es mejor, aparece maravillosamente ilustrado en la parábola de los talentos. Y la circunstancia de que necesitara negociar el documento para hacer frente a una ejecución hipotecaria, no está en pugna con el posterior empleo del dinero. Había mediado tiempo y pudo servir para una y otra cosa.

No podemos percibir que tengan importancia las contra-dicciones a que se refiere el juez entre las declaraciones de Terraza y su esposa en cuanto al conocimiento de ésta sobre en qué se había invertido el dinero.

Lo que el testigo Candelaria puso en boca del demandante en su conversación con Ramos, es tan vago que no puede servir para concluir que se trataba de una cesión simulada. Era lo lógico que Terraza acudiera a Cortés dadas las reía! clones existentes entre ellos y era natural que Cortés deseara ayudar a Terraza y que lo hiciera sin perjudicarse.

El demandante dijo que había ido a ver a Palén cuando estaba enfermo. La viuda asegura que el demandante no estuvo a ver a su marido. El conflicto existe-. Son dos tes-tigos igualmente interesados. La corte se inclinó a favor de la viuda. No se trata de un hecho fundamental, decisivo, y aunque se reconociera que la viuda fué la que estuvo en lo cierto, ello implicaría que el demandante no estuvo a ver a Palén y afectaría en general al mayor o menor .grado de credibilidad del demandante como testigo, pero no destruiría por completo los demáís particulares de su declaración.

En manera alguna podemos estar conformes en que las pruebas revelen que en el otorgamiento del pagaré a favor de doña Francisca no mediara causa cierta. La declaración de Terraza sobre la vieja deuda procedente de la liquidación de la casa comercial Palén & Terraza y sobre el otorgamiento de los pagarés, no ha sido destruida por ninguna prueba, y es lógica. Se trataba de una familia. El hecho de que no obstante ser una deuda, Palén la aprovechara para asegurar el futuro a su hermana, nada tiene de particular.

¿Por qué, si se entra en el terreno de las suposiciones, no pensar que al disolverse la sociedad de los hermanos polí-ticos Palén y Terraza, fué Palén el hombre fuerte y listo que quedó aparentemente sin deudas para poder abrirse paso como se abrió en los negocios y Terraza el hombre modesto que asumió todas las cargas?

El carácter de ambos se refleja en los rumbos que siguieron después de la disolución de la sociedad. Palén fue al campo de la lucha activa; Terraza, al de lá dependencia, llevando libros en casas de comercio. Nada de extraño es que Palén fuerte, próspero y activo, amigo de regalar, apareciera como protector aun siendo en verdad deudor, en el modesto hogar de su hermana. Llevaba a él seguramente los extras que no alcanzaba a proporcionar el sueldo de Terraza. Pero de esto a decir que Terraza y su hermana eran insolventes como se alegó por los demandados en sn contrademanda, hay gran distancia.

Puede la prueba aportada por los demandados hacer dudar al juzgador, pero no es suficiente como ya hemos dicho para destruir la presunción de verdad que surge del mismo pagaré, para asegurar que son falsas las¡ manifestaciones de Terraza y el demandante.

Siendo ello así es necesariq concluir que la Corte! de Dis-trito cometió los errores que señala el apelante, dehiendo sus sentencia revocarse y dictarse otra declarando la demanda con lugar y sin lugar la contrademanda, todo sin especial condenación de costas.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Eustaquio Fuentes, acusado y apelante.
    No. 3761.

    Sometido: Marzo 15, 1929.

      Resuelto: Marzo 25, 1929.

      Enrique Lefelre, abogado del apelante; José M. Eigneras; abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Eustaquio Fuentes fué denunciado en una corte municipal y al ser juzgado de nuevo en grado de apelación por una corte de distrito fué condenado, contra cuyo fallo interpuso esta apelación.

La denuncia imputa al apelante la comisión de un delito menos grave (misdemeanor) consistente en que de una manera ilegal, voluntaria y maliciosa, dañó o destruyó bienes inmuebles propiedad de otra persona, o sea el bota-agua de un palomar compuesto dicbo bota-agua de diez planchas de zinc liso.

De la transcripción que tenemos ante nosotros de los autos de la corte de distrito aparece que el acusado hizo la alega-ción de no ser culpable y que se celebró el juicio, se dictó sentencia y que ésta fué apelada, pero no han sido traídas las pruebas que fueron presentadas.

Dos motivos alega el apelante para sostener su apelación, siendo el primero que la corte municipal y la de distrito carecían de jurisdicción para conocer de esta denuncia porque no aparece en ella el valor de los bienes destruidos. Según el artículo 511 del Código Penal comete delito menos grave (misdemeanor) toda persona que maliciosamente dañare o destruyere bienes muebles o inmuebles ajenos fuera de los casos especificados en otras partes del código, por lo que no exigiendo la ley cuantía determinada para que tal hecho sea constitutivo de un delito menos grave no era necesario que el valor de los objetos destruidos en este caso se hiciera constar en la denuncia porque no afecta al castigo que ha de serle impuesto (State v. Robinson, 32 Am. Dec. 670); y como la corte municipal tiene jurisdicción para conocer de delitos menos graves, según la sección 1173 de los Estatutos Revisados de 1911, no es sostenible el primer motivo de la apelación.

El segundo es que la denuncia ha debido ser más especí-fica e informar más detalladamente al apelante del hecho que so le imputa. Aparte de que no se estableció esa excepción en la corte inferior por lo que no puede alegarse ahora por-primera vez en este Tribunal Supremo, la denuncia es sufi-ciente porque informa al denunciado que destruyó volun-taria y maliciosamente nn bota-aguas de xm palomar ajeno compuesto de diez planchas de zinc liso.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Isidro Salamán, acusado y apelante.
    No. 3683.

    Sometido: Marzo 14, 1929.

      Resuelto: Marzo 25, 1929

      C. Triarte, abogado del apelante; José JE. Figueras, abogadó de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Isidro Salamán fue sentenciado por tener éstableci&a una casa escandalosa donde habitualmente se perturbaba la tranquilidad del vecindario.

El artículo 288 del Código Penal dispone que:

“Toda persona que tuviere establecida una casa escandalosa o de-dicada a citas deshonestas, o una casa de recreo en la cual habitual-mente se perturbare la tranquilidad, bienestar o decoro del inmediato vecindario, o mesón en que se promovieren desórdenes constante-mente; o que arrendare cualquiera habitación o casa de vecindad, sabiendo que Ya a dedicarse a citas deshonestas o a la prostitución, será reo de misdemeanor.”

Una lectura de est-e artículo lleva a la conclusión de que la persona contra quien puede y debe formularse tina acusación es aquella que tiene el gobierno (control) de la casa, ya sea como dueño, propietario, arrendatario, en-cargado, o una persona similar. La fraseología del estatuto uo es aplicable a un empleado o subordinado de la persona a que abide el artículo 288, y ésta es la teoría de la defensa. Sin embargo, la corte emitió una opinión verbal en que bailó que toda la prueba tendió a demostrar que el acusado estaba encargado de la casa; que él tenía el gobierno de la misma; que todos los testigos se referían a Salamán. La defensa trató de demostrar que la casa pertenecía a un club, pero la- corte indicó la posibilidad de que existiera un club y que a pesar de eso el acusado fuera culpable. A lo sumo ello equivalía a un conflicto de prueba.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señob Wolf,

text:
    Encarnación Jorge, demandante y apelante, v. A. Alvarez Hnos. demandados y apelados.
    No. 4382.

    Sometido: Febrero 12, 1929.

      Resuelto: Marzo 25, 1929.

      Dubón d? Ochoteeo, abogados del apelante; F. Soto Gran y B. Díaz Collazo, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señob Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En la demanda en esto caso se alega qne la apelante babía instituido anteriormente un pleito contra Cándido Claudio y otros, y babía embargado una “guagua” perteneciente a dicho Cándido Claudio; que al prestarse la fianza correspon-diente, la propiedad fné entregada a Cándido Claudio;' que A. Alvarez Hermanos comenzó un pleito contra Cándido Claudio, embargó la “guagua”, 1a. vendió y se apropió del producido.

La teoría de la demanda en el presente caso es que A. Alvarez Hermanos tenía conocimiento del pleito anterior y que tenía además el debido conocimiento del embargo. La corte resolvió que ellos tenían conocimiento del embargo; pero que no sabían que Cándido Claudio fuera un mero depositario’.

La apelante no lia incorporado a los autos ninguna de la prueba presentada durante el juicio. Descansa en la opinión de la corte y en los becbos en que se fundó la misma. Por lo que bemos podido referirnos a la opinión, se desprende claramente que para poder apreciar cualquiera cuestión de hecho, la prueba debe ser elevada a esta corte.

Los apelados además ’ llaman nuestra atención hacia el hecho de que la apelante permitió que la “guagua” saliera de manos del marshal al prestar una fianza el demandado y que por tanto el embargo fue levantado. Oronoz v. alvarez, 23 D.P.R. 536; Mead v. Dapena, 32 D.P.R. 402; Santini Fertilizer Co. v. Capiel, 36 D.P.R. 350. Convenimos con esta posición de los apelados.

Vamos un poco más lejos y decimos que nos parece que al prestar una fianza la propiedad pasó a Cándido Claudio para todos los fines. Por consiguiente, que otro acreedor estaba protegido al embargarla, tuviera o no conocimiento de todos los hechos que preceden.

Más en particular, aún si la corte hace conclusiones solem-nes de hecho, cuando se levantan cuestiones de hecho, la prueba debe ser elevada a este tribunal, a menos que la. con-testación admita los hechos necesarios de la demanda.

La sentencia debe ser confirmada.


author: El Juez Presidente Señob del Toro,

text:
    Dolores y Josefa Vicente León, demandantes y apeladas, v. Juan Anacleto Malavé, demandado y apelante.

      No. 4285.

    Sometido: Diciembre 14, 1928.

      Resuelto: Marzo 25, 1929.

      M. Guzman Texidor, abogado del apelante; A. Porrata Doria, abo-gado de las apeladas.
   El Juez Presidente Señob del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Josefa y Dolores Vicente y León iniciaron un pleito sobre nulidad de • escritura en la Corte de Distrito de Guayama contra Juan Anacleto Malavé. Antes del juicio desistieron las demandantes porqne las mismas cuestiones envueltas en su caso lo estaban en otro pendiente ante la propia corte y ésta dictó sentencia “declarando a las actoras desistidas de la continuación de esta acción, imponiéndoles las costas.”

La sentencia se dictó y registró el 24 de enero 1927 y el 25 de febrero siguiente la parte demandada presentó un memorándum reclamando $305, $5 por honorarios del secre-tario y $300 por honorarios de abogado.

Las demandantes impugnaron el memorándum por haberse radicado después de vencido el término de ley; porque tra-tándose de nna sentencia por desistimiento no hay derecho a percibir honorarios de abogado y porque en todo caso los honorarios son excesivos.

La corte resolvió la cuestión planteada así:

“La sentencia fué dictada’el 24 de enero de 1927, y el memorán-dum radicado el 25 de febrero de este mismo año. Transcurrió con exceso el plazo de diez días a que se refiere la Ley Núm. 15 de no-viembre 19 de 1917. Tratándose de una sentencia por desistimiento dicho plazo empezará a contarse desde la fecha de la notificación de la sentencia. Pero somos de opinión que esta disposición legal es ■de carácter directivo y no mandatorio, por lo que no impide que el memorándum se radique después de pasados los diez días. No cree-mos, por tanto, que el primer fundamento tenga importancia.
“En cuanto al segundo motivo de impugnación, la Corte estima que aun cuando es discrecional de la Corte conceder honorarios de ■abogado en estos casos, no se ha demostrado en este caso concreto que existan motivo’s para ejercitar la discreción en favor del deman-dado, por lo que, a su juicio, sería opresor imponer honorarios de abogado a las demandantes habida cuenta de las circunstancias del caso. Véase McEvoy v. Nadal Lugo, 34 D.P.R. 634.
“Se aprueba el memorándum en lo que respecta a la partida de $5.00 por honorarios del Secretario, y se declara con lugar la im-pugnación en cuanto a la partida de $300.00 para honorarios de abo-gado. ’ ’

No conforme la parte demandada interpuso la presente apelación. Tin solo error señala en su alegato a saber: la •corte erró al desestimar la partida de honorarios de abogado después de haber dictado sentencia imponiendo- las costas sin excluir los honorarios de abogado.

En el caso de McEvoy v. Nadal Lugo haciendo un estudio de lo dispuesto en el artículo. 192 del Código de Enjuiciamiento Civil a la luz de las disposiciones generales sobre costas y de la jurisprudencia de esta corte, se dijo:

“No obstante lo amplio de esa .jurisprudencia, entendemos que ■está en vigor la disposición del artículo 192 del Código de Enjuicia-miento Civil que dejamos transcrita. La mente del tribunal estuvo fija en pleitos o procedimientos decididos a virtud de sus méritos o en los que bubo contienda. En cuanto al desistimiento, es una condi-ción que impone la ley que puede y debe subsistir. •
“Ahora bien, atendidos la letra y el espíritu de las nuevas leyes sobre la materia, creemos que si bien la corte de distrito carece de discreción en el caso de que se trata en cuanto a la imposición de las costas, la tiene para comprender o no en ellas los honorarios de abo-gado y para graduar su cuantía.”

Siendo esto así, entendemos que de acuerdo con las repe-tidas decisiones de esta corte sobre el particular, si ésa era su intención al dictar la sentencia, la corte debió excluir de las costas los honorarios. Si no lo hizo y la parte perjudi-cada no le llamó a tiempo la atención, no puede luego quejarse.

Lo que sí pudo hacer la corte al resolver el memorándum que se le presentó fué graduar la cuantía de los honorarios de acuerdo con la mayor o menor temeridad de la parte. En este caso por ejemplo si estaba convencida de que no hubo temeridad y sólo por inadvertencia dejó de expresar su intención en su sentencia, pudo fijar los honorarios en una cantidad mínima.

Ahora bien, aunque las demandantes no apelaron porque aceptaron que era justo que pagaran aquellas costas —honorarios del secretario — (9 Cal. Jur. 513), que deben pagarse siempre, ya que la ley expresamente lo exige como una condición previa (art. 192 Código de Enjuiciamiento Civil, No. 3), discuten en su alegato la totalidad de la cuestión tal como -la plantearon en la corte de distrito y a nuestro juicio demuestran que tuvieron razón al sostener que el memorándum fué presentado fuera de tiempo y que por tanto la corte no debió considerarlo.

La sentencia de que se trata dictada como lo fué por desistimiento quedó firme desde el momento en que se dictó y notificó a la parte (Carrión v. Nadal, 34 D.P.R. 305, Philippi v. Viuda de Baigés, 32 D.P.R. 855). Siendo ello así, el memorándum debió archivarse diez días después. “Y la entrega de dicho memorándum se hará -dentro de los diez días siguientes ...” No se trata de nn precepto directivo, sino claramente mandatorio. T aquí el memorándum no sólo no se presentó dentro de los diez días, sino que levantada la cuestión ni siquiera se trató de explicar por qué no se hahía dado cumplimiento al precepto legal indicado. Artículo 339 del Código de Enjuiciamiento Civil tal como quedó enmen-dado por la ley No. 15 de 1917, Leyes de 1917, Vol. II, 229. No se solicitó prórroga, del término.

La jurisprudencia sostiene la conclusión a que hemos llegado, como puede verse del siguiente resumen de la misma que tomamos de Corpus Juris. Es así:

“Término para la radicación. — El término para la radicación de un memorándura de costas generalmente está regulado por estatutos o reglas de la corte, cuyo fin es limitar el período dentro del cual puede determinarse la cuestión de costas, en caso de que las baya. Los estatutos por lo general disponen que el memorándum de costas debe ser radicado dentro de determinado' período después de dictarse sentencia, o de haberse dictado el veredicto, o de haberse hecho la no-tificación de la sentencia; y según algunos estatutos el memorándum de costas debe ser notificado a la parte contraria. Aunque hay al-gunas excepciones, generalmente se ha resuelto que el dejar de ra-dicar el memorándum de costas dentro del período prescrito por el estatuto o por la regla de la corte equivale a una renuncia del de-recho a las costas, y que ello autoriza la eliminación del memorándum, a menos que el término para la radicación del mismo sea prorrogado, a no ser que se haya renunciado la objeción a haberse dejado de radi-car el memorándum én tiempo, como puede ocurrir, o a menos que se presente una buena excusa para no haberse radicado el memorándum de costas 'Cn tiempo. Está dentro de la discreción de la corte senten-ciadora determinar qué constituye una buena excusa.”

Ahora bien, como no es la parte demandante la que ha interpuesto la presente apelación y como además los cinco dólares por honorarios del secretario que ella consintió en pagar al consentir la resolución de la corte no sólo dehe satisfacerlos sino que debió haberlos satisfecho con ante-rioridad al registro de la sentencia dictada a su instancia, debemos limitamos a decir que si bien la resolución recurrida; no se sostiene por el fundamento en que la basó el juez de distrito, lo está por el primero de los motivos alegados en la impugnación o sea porque los honorarios de abogado no se reclamaron en el tiempo concedido por la ley y deben enten-derse renunciados.

Debe, en tal virtud, declararse sin lugar el recurso y confirmarse la resolución apelada.

Los Jueces Asociados Sres. Aldrey y Texidor están con-formes con la sentencia, pero no con todos sus fundamentos. (Yéas'e el prefacio)


author: El Juez Asociado Señor Texidob,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Antonio González, acusado y apelante.
    No. 3695.

    Sometido: Marzo 8, 1929.

      Resuelto: Marzo 25, 1929.

      A. Beyes Delgado, abogado del apelante; José E. Figueras, abogado de Bl Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Texidob,

emitió la opiuión del tribunal.

El acusado Antonio González, apela ante este tribunal, de una sentencia de la Corte de Distrito de Arecibo, por la que se le condenó a sufrir tres meses de prisión en la cárcel del distrito, como culpable de un delito de portar armas.

Como primer error señala el apelante el que la corte se negó a eliminar de los autos una moción del fiscal, que aquí aparece copiada en el récord, páginas tres a cinco. Se trata de lo siguiente: El juicio en el caso se había señalado para una fecha; el acusado pidió y obtuvo, la suspensión, sin notificar al fiscal; y éste en su moción a la corte solicitó que se hiciera un señalamiento perentorio para el juicio. Todo-esto sería justificable. Pero el fiscal, innecesariamente y sin razonable motivo, fundó su moción en hechos extraños a la causa, y en comentarios y deducciones que no tenía para qué hacer. En uno de los párrafos dice:

“Que el acusado Antonio González estaba ese día en el lugar del suceso y no hizo nada para evitar la agresión de su hermano a Julio Rivera, y por el contrario trató de obstaculizar la acción del agente de Policía Insular que imponía el orden acometiéndole y agredién-dole con los puños por cuyo hecho está pendiente de un proceso de-acometimiento y agresión grave.”

El acusado pidió se eliminase la moción, porque, aun no-estando presentada como evidencia, actúa como tal, y sería prueba impertinente, y porque innecesariamente influye la mente del juez. La corte ordenó la eliminación del párrafo quinto o sea el que hemos transcrito, y declaró que para nada influirían los hechos relatados en el ánimo del juzgador. La resolución fué correcta, aunque prácticamente pudiera1 eliminarse la moción entera.

No creemos que lo relatado en la moción, como ésta quedó después de la eliminación, tenga la más pequeña influencia en el espíritu de un juez .de derecho, que, por otra parte, según del récord se ve, actuó con perfecta ecuanimidad y discreción en el juicio. En este sentido no podemos declarar la exis-tencia del error señalado.

El acusado presentó excepción a la acusación, o denuncia, por no aducir hechos bastantes para constituirdelito público, y ser ambigua, incierta e ininteligible. La corte declaró que la denuncia no era específica, porque no señalaba claramente el arma que llevaba el acusado; y sostuvo la excepción. Entonces el fiscal solicitó de la corte-que se entendiera eliminada la palabra “pistola,” de la de-nuncia; a lo que se opuso la defensa, por entender que declarada con lugar la excepción previa esto traía como consecuencia un sobreseimiento y archivo del caso, y ello impide, en un misdemeanor, que se formule nueva acusación. Y argumentado el punto por las partes, la corte resolvió no liaber lugar a ordenar el sobreseimiento y archivo. Y éste es el motivo del segundo señalamiento de error.

La denuncia original era así:

“Que en 19 de febrero de 1928, 1 A.M., y en el barrio de Iiío Abajo, de Utuado, P. R., del Distrito Judicial Municipal de Utuado, P. R., que forma parte del Distrito Judicial de Areeibo, P. R., el acusado Antonio González, de manera ilegal, voluntaria y maliciosa y en la casa de D. Ramón Román'donde se celebraba un baile y en donde había reunidas infinidad de personas, el acusado Antonio Gon-zález de manera ilegal portaba y conducía sobre su persona una pis-tola, o revólver, arma de fuego, y con cuya arma puede ocasionarse daño corporal, y con la que hizo varios disparos.”

Se nos cita como ley aplicable los artículos 157 y 452 del Código de Enjuiciamiento Criminal. La copia de esos ar-tículos es:

“Artículo 157. — Si se admitiere la excepción, esto constituirá sen-tencia definitiva respecto a la acusación impugnada, y excluirá la for-mación de otro proceso por el mismo delito, a no ser que a juicio del tribunal, la objeción en cuya virtud fuere admitida la excepción pe-rentoria, pudiera evitarse mediante nueva acusación, y ordenare la presentación de ésta; Disponiéndose, que después de la orden para una nueva acusación, podrá el reo ser examinado por un juez de paz, y puesto en libertad o reducido a prisión, como en los demás casos. ’ ’
“Artículo 452. — Un auto para el sobreseimiento de una causa, se-gún lo prescrito en este capítulo, imposibilita la formación de otro proceso por el mismo delito, si éste es un ‘misdemeanor’ (delito menos grave); pero no así cuando el delito es un ‘felony’ • (delito muy grave).”

Se nos cita el caso Ex-Parte Henry Williams on Habeas Corpus (se ha citado, no por el nombre, sino por el tomo y página, que son 116 Cal. 512) como ilustración de la inter-pretación de artículos iguales o similares al de nuestro Código de Enjuiciamiento Criminal. En este caso el acusado había interpuesto una excepción a la acusación, y la corte la sostuvo, con permiso al fiscal para presentar nueva acusación. La corte sostuvo, de acuerdo ■ con la jurisprudencia en o fajos casos (People v. Jordán, 63 Cal. 219 y People v. O’Leary, 77 Cal. 34) que la concesión de la excepción envuelve una resolución final sobre la acusación objetada, y es un obstáculo legal para la nueva acusación por el mismo delito, a menos que la corte ordene que se presente nueva acusación. Y decidió asimismo que el permiso para nueva acusación, no es la orden para que se presente, y que el juez debió seguir el lenguaje del estatuto, sección 1008, y ordenar la acusación. La decisión fue tomada por mayoría.

De otra parte, el fiscal de este tribunal nos cita la decisión en El Pueblo v. Piris, 36 D.P.R. 494, en donde se dijo que cuando la acusación alegaba que se llevaba un arma de fuego, instrumento con el que se puede causar grave daño corporal, la ausencia de una indicación más definida con respecto al arrha, no es un defecto fatal.

La excepción en este caso ofreció dos motivos: la falta de hechos constitutivos de delito, motivo que fue rechazado por la corte; y la ambigüedad, incertidumbre e ininteligibili-dad, motivo que se apreció y sostuvo.

El caso ha sido presentado ante este tribunal, con notoria habilidad por el abogado del recurrente. Pero nos es preciso observar si, en la realidad, la- llamada segunda excepción, lo era, y de serlo, cuáles sean sus consecuencias legales.

El artículo 153 del Código de Enjuiciamiento Criminal, dice así:

“El acusado podrá poner reparos a la acusación, cuando de su contenido resultare cualquiera de las circunstancias siguientes:
“1. No ajustarse en su fondo a los requisitos establecidos en los artículos 71, 72 y 73 ;
“2. Imputarse en ella más de un delito;
“3. No constituir delito público los hechos denunciados;
“4. Contener cualquiera materia que de ser cierta, constituiría una justificación o excusa legal del delito denunciado, o excepción -legal que excluya la acción.”

De ser la que comentamos una excepción perentoria, esta-ría excluida de los números 2, 3 y 4 del artículo. Y en cuanto el numero 1, es forzoso que se liaga resaltar, en la letra del precepto, su espíritu. No es el procedimiento en materia penal un conjunto de reglas para sustraer al acusado a la acción de la ley, y á las consecuencias de sus actos. Protege, sí, los derechos individuales, pero sin abandonar los derechos sociales que tienen para la ley tanta importancia como aquéllos, cuando menos. Así, el precepto del número 1 del artículo 153, de que tratamos, obedece a la teoría de que no puede sostenerse una acusación fundamentalmente defec-tuosa: y las palabras de la ley son precisas y claras: “No ajustarse en su fondo ...” (cursivas nuestras) o como se dice en el original inglés:

“1. That it does not substantially conform to the requirements of sections 71, 72 and 73.”

Para decidir si hay o no una conformidad substancial con esos requerimientos basta ver el precepto legal que se dice infringido.

La Lejr No. 14 de 25 de junio de 1924, en su artículo 1®. dice así:

“Artículo 1. — Toda persona que ilegalmente portare o condujere cualquier arma o instrumento con el cual pueda causarse daño corporal incurrirá en pena de prisión de un mes a seis meses.”

Y el artículo 2, en que se funda la sentencia, dice así:

“Artículo 2. — Toda persona que tomare parte o se introdujere en cualquier reunión congregada con un fin lícito, portando ilegalmente armas de las prohibidas en esta Ley, incurrirá en pena de prisión mínima de tres meses y máxima de un año.”

Y en la resolución del caso El Pueblo v. Piris, 36 D.P.R. 494, se sostuvo por este tribunal que una acusación en que se alega, que una persona portaba un arma .de fuego que es un instrumento con el que puede causarse daño corporal, es suficiente.

Ante la consideración de los preceptos legales, y de la jurisprudencia, no puede sostenerse que la denuncia fuera, en este caso, susceptible de excepción, fundándose ésta en el número Io. del artículo 153 del Código de Enjuiciamiento Criminal. Si pudiera decirse que babía en ella defecto, no sería ciertamente de no ajustarse en su fondo a la ley. Y si el defecto existió, y fue puramente formal, es indudable que pudo enmendarse tal denuncia; y mas aún, cuando el defecto consistiera en una redundancia, fácilmente eliminable.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Texidor,

text:
    Adriana Cruz Viuda de Iglesias, demandante y apelada, v. Municipio de San Juan, representado por su Alcalde Roberto H. Todd, demandado y apelante.
    No. 4915.

    Sometido: Marzo 18, 1929.

      Resuelto: Marzo 25, 1929.

      Eugenio Font, abogado del apelante; José Iglesias la Cruz, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso, la Corte de Distrito de San Juan dictó sentencia en 1 de diciembre de 1928; la parte demandada apeló en 13 del mismo mes; y la transcripción de la evidencia fné aprobada el 29 de enero de 1929. En 5 de marzo de 1929, la apelada presentó moción para qne desestimemos la apela-ción, fundándose en qne desde 29 de enero de 1929 basta la fecha de la moción, nada ha hecho el apelante para presentar la transcripción de la evidencia, ni la del récord ante este tribunal.

En 18 de marzo, 1929, se ha presentado por el apelante el legajo de sentencia y la transcripción de evidencia en este caso; y al mismo tiempo una moción de oposición a la que formuló la apelada, invocando la circunstancia de que el cambio de administración del municipio de San Juan trajo el cambio de abogado que representa al municipio, y el nombra-miento se retrasó por unos días; y haciendo mérito de que la apelación se ha proseguido diligentemente en su principio,, y sólo los trastornos propios de ese cambio han podido originar un pequeño retraso. Presenta un affidavit de mé-ritos en que se hace constar que desde 14 de enero a 1 de marzo de 1929, el municipio de San Juan ha estado- práctica-mente sin defensa en este caso, por haber cesado el Sr. Bossy en 14 de enero; que el abogado que declara ha estado exami-nando los asuntos del municipio y resolviendo consultas, e imposibilitado de atender a este caso hasta que se le notificó la moción para desestimar; que no han transcurrido noventa días desde que se interpuso la. apelación y sólo treinta y cuatro días desde que fué aprobada la transcripción de evidencia . T que se trata de un caso en que, de prevalecer la sentencia el municipio tendría que hacer demoler una alcantarilla; y que el deponente cree que el municipio tiene una buena y meritoria defensa. Y solicita que se declare sin lugar la moción de desestimación.

De los antecedentes que se unen a la moción de la apelada, aparece que el término para la presentación de la transcrip-ción de autos había transcurrido, con un exceso de cuatro o cinco días cuando la moción se presentó. Pero de las alega-eiones presentadas por el apelante, y ele sn declaración jurada, resultan méritos bastantes para excusar el retraso; y, por otra parte, se ban presentado las transcripciones, y se de-muestra con ello que no ba habido en el caso negligencia.

Por las razones apuntadas, se declara sin lugar la moción de desés'timación quedando admitidas las transcripciones y dándose a la apelante el término de veinte días para alegato, a contar desde la presentación d'e dicha transcripción.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pedro Argues Nieves, acusado y apelante.
    No. 3649.

    Sometido: Marzo 21, 1929.

      Resuelto: Abril 2, 1929.

      E. González Mena, abogado del apelante; José E. Figueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Texidob,

emitió la opinión del tribunal.

Acusado Pedro Argues Nieves de un delito de portar armas, la Corte de Distrito de Aguadilla lo declaró culpable, y le impuso un mes de cárcel, y las costas. El acusado apela de esta sentencia. Y en su alegato señala un error, el siguiente:

“Que la corte sentenciadora, cometió manifiesto error al no ab-solver al acusado, toda vez que el registro realizado en su persona para ocuparse como se ocupó la pistola, es completamente ilegal, y en abierta violación de lo que dispone la sección 10 de la Ley Pro-hibiendo portar armas, aprobada el 25 de junio de 1924.”

Lo que en el juicio ocurrió aparece claramente de la sentencia, que copiada es como sigue:

“El día 7 de junio de 1928, fué llamada esta causa para su vista, compareciendo ‘El Pueblo de Puerto Rico’ representado por su Fiscal Sr. Francisco It. Flores y el acusado asistido de su abogado de-fensor Ledo. E. González Mena, anunciando' ambas partes estar lis-tas para juicio.
‘1 El Secretario dió lectura a la denuncia presentada y el acusado hizo alegación de ‘no culpable.’
Acto seguido, el Fiscal y la defensa convinieron que los testigos de cargo declararían bajo juramento, en la silla de los testigos, que el acusado Pedro Argues Nieves, el día 24 de mayo de 1928, en el barrio Arenales de.Aguadilla (dentro de este distrito judicial) por-taba sobre su persona una pistola marca ‘ Colt’, calibre. 32 No. 112021, cargada con siete cápsulas, la cual le fué ocupada a dicho acusado al ser. éste arrestado en el referido barrio en dicho día 24 de mayo de 1928 por un delito de juegos prohibidos a que se refiere la de-nuncia presentada; que el acusado Pedro Argues Nieves fué denun-ciado por él delito de juegos prohibidos a que alude la denuncia; que se declaró culpable y fue sentenciado a pagar una multa de cinco dólares; que se sometió a la sentencia haciendo efectiva la multa im-puéstale como culpable y convicto del delito de juegos prohibidos a que se hace mérito en la denuncia; que el acusado Pedro Argues Nieves al ser arrestado en dicho barrio de Arenales el día 24 de mayo de 1928 por el delito de juegos prohibidos, se encontraba or-denadamente, no estaba en estado de embriaguez, no amenazaba pei--turbar la paz, no hacía ostentación de portar alguna arma y se con-ducía pacíficamente, admitiendo ambas partes que los testigos de la denuncia al declarar lo que se ha dejado expuesto dirían la verdad, siendo cierto y verdadero todo lo que se ha relacionado.
“El acusado alegó la defensa de. que la ocupación de dicha pis-tola fué ilegal, por haberse infringido por la policía las disposicio-nes de la Sección 10 de la Ley Prohibiendo Portar Armas, de junio 25, 1924, que establece, entre otras cosas, que será ilegal que fun-cionario alguno de policía registre a un ciudadano que se conduzca pacífica y ordenadamente, con el objeto de confiscar alguna arma de fuego o de otra clase especificada por la ley.
“La Corte, después de haber oído la lectura de la denuncia, la alegación de no culpable hecha por el acusado, la estipulación oral de las partes y luego de considerar los alegatos presentados, resuelve declarar y declara al acusado Pedro Argues Nieves culpable del de-lito de portar armas prohibidas y lo condena a sufrir un mes de cárcel y-al pago de las costas del proceso.”

La sección 10 de la Ley No. 14 de 25 de junio de 1924, dice que es un registro ilegal el que a, pretexto de la pro-hibición de llevar consigo armas, se practique por cualquier funcionario en la persona de un ciudadano (fue se conduce ordenadamente, no se halla en estado de embriaguez, no exhibe u ostenta arma prohibida, y se encuentra dentro de las excepciones que en el referido precepto legal se' señalan.

Pero, si bien de ese acto ilegal pueden surgir ciertas con-secuencias en el orden penal, y en el procesal, (sobre todo en materia de evidencia) es perfectamente claro que la sec-ción 10 que anotamos, al declarar ilegal un registro de la persona en aquellas condiciones, no autoriza a esa persona *. llevar sobre sí armas prohibidas, ni excusa del carácter de infracción que, por sí mismo, tiene el hecho de llevarlas; ese hecho sigue siendo delictivo, aparte de cualquier derecho de inviolabilidad personal.

No es necesario, en este caso, resolver si el derecho de arresto trae consigo el de registro del arrestado.

En este caso, el acusado además ha convenido en que la prueba demostraría que él llevaba sobre sí una pistola car-gada. Y ese es el hecho que la ley prevé y castiga. Los derechos del acusado contra un registro personal ilegal, abu-sivo, no crean en su favor el derecho de llevar consigo un arma con la que se puede causar un daño.

Por tales razones declaramos que no incurrió la corte en el error que se señala.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: Ei, Juez Asociado Señor Texidor,

text:
    The National City Bank of New York, demandante y apelado, v. Miguel A. Meléndez, demandado y apelante.
    No. 4513.

    Sometido: Febrero 27, 1929.

      Resuelto: Abril 2, 1929.

      Arturo Aponte, abogado del apelante; Charles Hartzell j Rafael 0. Fernández, abogados del apelado.
   Ei, Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

En 19 de julio de 1923, The National City Bank of New York, corporación bancaria con oficina principal en la ciudad de New York, y sucursal en San Juan de Puerto Rico, pre-sentó ante la corte de distrito de San Juan una demanda contra Miguel A. Meléndez, en cobro de dinero. En 2 de agosto de 1923, se bizo el emplazamiento del demandado, en el barrio Daguao de Naguabo. En 29 de agosto de 1924, a petición de la parte demandante, se anotó por el secre-tario de la corte de distrito de San Juan la rebeldía del demandado; y en esa misma fecba, se dictó y anotó sen-tencia contra el demandado, por la suma' pedida en la de-manda, con los intereses y costas.

En el récord aparece una copia de carta fecba 17 de agosto de 1923, dirigida a los abogados del demandante, en la que se dice se le incluyan copias de excepción previa, moción de traslado, y una petición, en el mismo caso de que se trata, y avisando que los originales fueron remitidos el mismo día al Secretario de la Corte de Distrito de San Juan, con el sello de rentas internas. No aparece copia de la -firma. Se une asimismo copia de un recibo expedido por el jefe de correos en Humacao, el 17 de agosto de 1923, con relación a carta certificada de Arturo Aponte, dirigida a Olías. Hart-zell y Rafael O. Fernández, de San Juan, P. R. Y después copia de carta dirigida al Secretario de la Corte de Distrito de San Juan, en 17 de agosto de 1923 en la que se dice se incluye un escrito de excepción previa, moción de traslado, petición y declaración jurada en el caso civil 2233, National City Bank of New York v. Miguel A. Meléndez.

Del récord aparecen asimismo:

1. Moción de traslado,

2. Excepción previa,

3. Declaración jurada sobre méritos,

4. Petición de traslado.

Las dos primeras con fecha 17 de agosto de 1923 y las dos últimas de 8 de agosto de 1923. Y después, con fecha 37 de noviembre de 1924, nna moción, a nombre del deman-dado, para apertura de rebeldía, y para que se permita figu-ren en los autos la excepción previa y la moción de traslado. A la moción se une la declaración jurada del demandado, y la de sn abogado.

En 8 de diciembre de 1924, el demandado, por sn abogado, pidió por escrito al secretario de la corte de distrito el seña-lamiento en calendario especial de la moción de apertura de rebeldía y de la de traslado. A la de apertura de rebeldía se opuso, por escrito, la parte demandante. Y en diciem-bre, 1924, la corte resolvió declarando con lugar la apertura de rebeldía, y admitiendo la excepción previa.

En 18 de enero de 1928, la corte resolvió en cuanto a la moción de traslado declarando que, una vez que el deman-dado, después de personado en juicio, hizo otras gestiones que no fueron la de pedir el traslado, quedó sometido a la jurisdicción de la Corte de Distrito de San Juan y dene-gando el traslado. Y ésta es la resolución apelada ante nosotros.

El apelante señala un error: el que sigue:

“La Corte inferior erró al resolver que la apertura de una sen-tencia en rebeldía impide el traslado de un pleito, por quedar so-metido el demandado.”

Es un hecho fuera de discusión que este demandado-ape-lante, pidió al secretario de la corte la inclusión en calen-dario especial, de la moción para apertura de rebeldía, y de la moción de- traslado. Y es también indiscutible que la corte resolvió declarando con lugar la moción de apertura de re-beldía, anulando la sentencia, y admitiendo la excepción pre-via; y el demandado aceptó la resolución, sin objetar en cuanto a extremo alguno de ella. La situación que por tal resolución se creó fue esta: El demandado quedó liberado de los efectos de la rebeldía, la sentencia dictada desapa-reció, en derecho, y el demandado quedó ante la corte y dentro del litigio, con una excepción previa a la demanda; esto es, pendiente de un cuestión de derecho suscitada por él.

En esa situación, el demandado se halla sometido a la Corte de Distrito de San Juan, ante la que tiene formulada, y admitida para discusión y resolución, su cuestión de de-recho.

El artículo 77 del Código de Enjuiciamiento Civil es claro. Y su aplicación en este caso es correcta.

Debe confirmarse la resolución apelada.


author: El Juez Asociado SexoR Audrey,

text:
    Rosa Pérez Casalduc et al., demandantes y apelados, v. Manuel Díaz Mediavilla y su esposa Aciscla Vázquez y The Federal Land Bank of Baltimore, demandados y apelantes.
    No. 4621.

    Sometido: Marzo 18, 1929.

      Resuelto: Abril 2, 1929.

      Francisco Parral y J. II. Aponte, abogados de los apelantes, esposos Mediavilla Vázquez y del Banco, respectivamente; E. Pérez Ca-salchic y M. Ganda González, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado SexoR Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes-apelados solicitan que desestimemos la apelación establecida en este caso y para ello alegan varios motivos.

El pleito ba sido establecido contra Manuel Díaz Mediavilla y su esposa para reivindicar un condominio en una finca y para que la hipoteca que grava toda la finca, constituida a favor del Federal Land Bank of Baltimore, que también es demandado, sea cancelada en cuanto a dicho condominio. La corte inferior declaró con lugar la demanda contra ambos demandados. La sentencia fue apelada por los abogados de las dos partes demandadas a nombre de ellas en un solo escrito firmado por el abogado de The Federal Land Bank of Baltimore y por el’otro abogado, y esto se alega como motivo para que desestimemos la apelación-, pero de tal escrito aparece que la apelación ha sido establecida a nombre de todas las partes en el pleito pues uno de los abogados lo suscribió como abogado del Federal Land Bank of Baltimore y el otro, que es el de los esposos Mediavilla, aunque no expresó el nombre de éstos, indudablemente no podía referirse a otros demandados que a ellos.

Los demandados presentaron contestaciones separadas a la demanda y por esto se dice que no pueden apelar conjun-tamente; pero tal hecho no es obstáculo para que pudiera presentar sus apelaciones conjuntamente en un solo escrito pues la sentencia afecta a todos, ya que la cancelación par-cial que se ordena de la hipoteca depende de la reclamación hecha contra el otro demandado y su esposa. En conse-cuencia no es tampoco motivo para desestimar que por ese escrito de apelación se hayan pagado sólo cinco dólares y no esta cantidad por cada nno de los apelantes.

Se alega también con el mismo fin que no existe constancia en los autos de que el abogado de algunos de los apelados fuera debidamente notificado de la apelación pues no se dice cuál es la residencia' de los abogados. Si bien no se hizo constar en la .diligencia de notificación por correo desde Arecibo al abogado Miguel García González en San Juan, que representa a algunos de los demandantes, que los abogados tienen distinto domicilio, de los autos resulta que uno de los abogados apelantes reside en Arecibo, el otro en Ponce y que el abogado García González reside en San Juan, por lo que ño vemos motivo para desestimar la apelación por esa circunstancia.

Se alega además en cuanto a la apelación del demandado Mediavilla y su esposa que su alegato ante nosotros no cumple con las regias 42 y 43 de nuestro reglamento.

Hemos examinado el alegato mencionado teniendo pre-sente lo que hemos dicho en el caso de Amy v. Sucesión Verges, 35 D.P.R. 37, que no repetiremos ahora, y en verdad no se atempera a lo que debe ser el alegato en rin recurso de apelación según nuestras regias 42 y 43, y según sus co-mentarios en el caso citado. La relación fiel y concisa de la causa tal como consta en los autos que requiere nuestro reglamento se ha convertido en ese alegato en una exposi-ción de treinta páginas que contienen uña extensa relación de las alegaciones y sus enmiendas, en la que se ha hecho referencia innecesaria a mociones de eliminación y a cita-ciones en evicción de varias personas; y de ellas tiene diez y seis que son completamente inútiles pues son para trans-cribir la opinión del juez sentenciador para resolver el pleito, que ya obra en la transcripción de los autos. En cuanto a la asignación de errores para sostener el recurso se ha he-cho de tal manera que dificulta su contestación y resolución pues en el primero se comprenden tres errores: en el se-gundo se transcriben cinco de las siete disposiciones tran-sitorias del Código Civil, no pndiendó verse fácilmente si las cinco lian sido infringidas o solamente las qne subraya el apelante: el quinto motivo de error comprende seis: el sép-timo se refiere a dos: el noveno incluye cuatro: el décimo hace referencia a siete: y el décimocuarto comprende dos distintos. Después de la especificación de los motivos de error se hace un resumen de toda la evidencia en diez pági-nas también innecesarias porque hay particulares de ella que no se necesitarán para argumentar y decidir la apelación y porque su lugar apropiado es al tratar el motivo de error alegado de ser la sentencia contraria a la prueba, y entonces sólo en lo necesario. A continuación de ese resumen se de-dican seis páginas a alabar las condiciones personales del juez de la corte inferior y a mencionar los folletos o artícu-los que ha escrito sobre cuestiones no relacionadas con el pleito, que nada pueden afectar a la resolución de la ape-lación.

En vista de todo lo expuesto, y en atención a que las 136 páginas que tiene el alegato presentado por la defensa de los esposos apelantes representa una labor grande, aun-que equivocada en su forma, no desestimaremos su apela-ción pero quedará eliminado su alegato concediéndosele veinte días para que presente otro nuevo.