author: El Juez Asociado Señob Snydeb

text:
    Germán Hermida Sotomayor, Etc., demandante y apelante, v. Juan Feliciano Sánchez, demandado y apelado.
    Núm. 8489.

    Sometido: Febrero 10, 1943.

      Resuelto: Mayo 18, 1943.

      C. Santana Becerra y Pedro Juan Alcalá, abogados del apelante; F. Prieto Amar, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señob Snydeb

emitió la opinión del tribunal.

El demandante, un menor, fué lesionado cuando el aro de una de las ruedas de un camión, perteneciente al demandado, que estaba estacionado cerca de la acera de una calle pú-blica, súbitamente se desprendió del camión como resultado de una explosión de la rueda trasera izquierda, golpeando al demandante, que estaba parado en la acera. La corte de distrito, después de un juicio en los méritos, dictó sentencia a favor del demandado, y el demandante ba apelado.

La corte de distrito, citando los casos de Sweeney v. Erving, 228 U. S. 233, Bolin v. Corliss Co., 159 N. E. 612 (Mass., 1928), Candelas v. Gándara, 42 D.P.R. 305, y Villarán v. Loíza Sugar Co., 40 D.P.R. 741, resolvió .que la doctrina de res ipsa loquitur no era aplicable a los hechos de este caso. No hay ninguna medida de práctica que ofrezca una contestación mecánica y automática a este problema. Las cortes se limitan virtualmente a resolver cada caso por sus hechos particulares. Ésta “se ha aplicado a una gran diversidad de situaciones. Encuentra aplicación corriente en el caso de objetos que caen de o sobre la propiedad de los demandados, tales como ladrillos, piedras, o cristales de ventanas; ascensores que se desploman; lesiones provenientes de alambres o accesorios eléctricos; el escape de gas o agua de las cañerías del demandado; la explosión de calderas u otros objetos bajo el control del demandado; el snbito arran-que de maquinarias; lesiones a pasajeros por cansas dentro del control del porteador, tales como descarrilamientos o defectos en el eqnipo; algunos accidentes de automóviles, tales como los que se suben a la acera o los que chocan con objetos estacionados, o los que continúan su marcha después de habérseles dejado estacionados en la calle; muchos casos de tratamiento perjudicial, tales como lesiones a'los dientes por dentistas, objetos dejados en el cuerpo de los pacientes después de haber sido operados, o quemaduras de rayos-X; comestibles en malas condiciones en envases sellados, y la explosión o rotura de los propios envases; y muchos otros sucesos similares.” (Prosser on Torts, §43, págs. 293, 4, 5.) (Bastardillas nuestras.)

Muchas veces se olvida que la doctrina de res ipsa loqui-tur es una regla de evidencia — nada más y nada menos. Si bajo los hechos de un caso específico, es correcto invocarla, ni añade elemento alguno al caso del demandante ni perju-dica la posición del demandado, en cuanto a la prueba se refiere. Lo que hace es disponer que, una vez se han esta-blecido los hechos que justifican su aplicación, el demandante está relevado de la regla general que le exige probar pre-viamente la negligencia del demandado. En su lugar, surge una presunción de negligencia,. como cuestión de evidencia circunstancial, sin que medie prueba directa para ello, y el peso de continuar con la prueba es trasladado en ese mo-mento al demandado quien debe demostrar que empleó el debido cuidado. A este efecto, véanse Prosser on Torts, §43, pág. 291 et seq.; 9 Wigmore on Evidence, 3ra. ed., §2509, pág. 377, y el Suplemento de 1943; Application and Effect of Res Ipsa Loquitur, 23 Calif. L. Rev. 169.

Se ha convenido generalmente en cuanto a la necesidad de la concurrencia, por lo menos, de tres requisitos para la aplicación de res ipsa loquitur: “(1) él accidente debe ser de tal naturaleza que ordinariamente no ocurra en ausencia de negligencia por parte de alguna persona; (2) debe ser causado por una agencia, o instrumentalidad dentro del control exclusivo del demandado; (3) no puede haber sucedido debido a acción voluntaria alguna o negligencia contribuyente del demandante.’-’ (Prosser on Torts, §43, pág. 295).

En el presente caso la única cuestión seria es en cuanto al primer requisito. Los casos, como el de Bolin v. Corliss, supra, en los cuales descansa el demandado, pueden distinguirse de los hechos envueltos en el presente caso en que las explosiones (blowouts) y otros accidentes ocurrieron mientras los automóviles estaban en marcha. Puede muy bien ser que tales sucesos como explosiones (blowouts) bajo tales circunstancias, ocurren ordinariamente sin que medie negligencia. Pero no estamos preparados para decir que una explosión de una goma de un camión estacionado, que resulte en el desprendimiento del aro de una rueda, puede ocurrir como un caso ordinario, a- menos que medie alguna negligencia anterior. Como lo indica Prosser (págs. 296-7) “Como cuestión de conocimiento general hay muchos accidentes que pueden ocurrir con frecuencia sin culpa de nadie; explosiones (blowouts) de gomas y patinazos de automóviles .. . Por otro lado hay sucesos que por sí mismos demuestran negligencia. . . . Cuando un puesto de gasolina estalla misteriosamente, surgen muchas explicaciones posibles, pero la más probable es que hubo negligencia de parte de los que estaban a su cargo. Todo lo que se exige es que hombres razonables puedan afirmar que, consideradas todas las circunstancias, es más probable que hubo negligencia envuelta en la causa que afirmar que no hubo.” Véase Anotación en 93 A.L.R. 1101. Por tanto creemos que bajo las circunstancias del presente caso, la doctrina de res ipsa loquitur debió aplicarse.

En cuanto al caso de Candelas, supra, es suficiente decir que la doctrina de res ipsa loquitur ni siquiera se consideró en dicho caso; y en cuanto al caso de Villarán, supra, como en casi todos los casos en los cuales ha surgido esta cuestión, los hechos eran diferentes a los del presente, y por tanto el caso no es aplicable

Sin embargo, en Puerto Rico, donde los pleitos civiles se ventilan ante el juez y no ante un jurado, la doctrina de res ipsa loquitur no tiene la misma importancia que en los Es-tados TJnidos continentales donde el jurado resuelve los he-chos en tales casos. Como hemos visto, res ipsa loquitur es una regla de evidencia. Toda vez que puede usarse por el demandante en lugar de la evidencia de negligencia, su principal propósito es darle una oportunidad al demandante de evitar un veredicto por instrucción y plantear el conflicto de prueba al jurado para que éste determine los hechos. Por otro lado, en Puerto'Rico, aunque desde luego es propia una moción de sobreseimiento al finalizar el caso del demandante, no es tan importante como en los estados donde existe el derecho común, considerando el hecho de que, aun al decla-rarse sin lugar, el juzgador de los hechos — el juez que preside — sigue siendo el mismo. Esta situación se ilustra por el presente caso. Aquí no hubo moción alguna al finalizar el caso del demandante. Por el contrario, el demandado prosiguió con su caso, en un esfuerzo para probar que re-cientemente había comprado y colocado un tubo nuevo den-tro de la goma en cuestión, que ésta estaba en buenas con-diciones, que sus empleados la habían inspeccionado debida-mente, y mediante testimonio pericial, en cuanto a las probables causas de la explosión, incluyendo defectos latentes de fábrica, que no podía atribuírsele negligencia al demandado.

Después de oír la prueba del demandado, la corte de dis-trito resolvió que “Por la evidencia, la única conclusión que podemos llegar es que el accidente se debió a algún defecto en el aro, en la goma, o en el tubo, del cual el demandado no tenía conocimiento, y que el mismo fué un accidente des-graciado, sin que hubiera mediado culpa o negligencia por parte del demandado.”

Por tanto, el resultado final es que la corte inferior con-cluyó erróneamente que en este caso la doctrina de res ipsa loquitur no era aplicable. Pero, toda vez que eso no obs-tante procedió a oír en detalle la evidencia del demandado, concluyendo que el demandado no había sido negligente, la corte inferior, aunque en realidad no invocaba la doctrina de res ipsa loquitur, en efecto práctico no se desvió de ella. Los propios abogados del demandante establecen este punto. Dicen en su alegato: “Aceptamos que la aplicabilidad de esta doctrina no releva a un demandante de probar su caso ni de establecer hecho suficiente para demandar responsabi-lidad a la parte contraria. Aceptamos también que la apli-cación de la doctrina no cambia la regla del peso de la prueba por parte del demandante y aceptamos que la doctrina sólo constituye una regla de evidencia que da derecho a la corte o a un jurado a inferir que ha existido negligencia en la ocurrencia de un accidente por la forma y circunstancias es-peciales en que éste ha ocurrido,- y que como inferencia al fin, puede ser destruida por el demandado con prueba a tal efecto. Ahora bien, sostenemos que establecidos suficientes hechos que prima facie demuestren que en algún momento o en alguna forma ha habido negligencia por parte de un de-mandado, aunque no se señalen los hechos específicos o la omisión específica constitutivos de esa negligencia, porque de lo contrario, el accidente no hubiera ocurrido porque no suele ocurrir en el desenvolvimiento normal de las cosas, se establece un caso en que la doctrina de res ipsa loquitur es aplicable y si el demandado no comparece y da una explica-ción satisfactoria de tal ocurrencia, la inferencia de negli-gencia debe prevalecer.”

En resumen, “la citada doctrina [res ipsa loquitur] au-toriza pero no obliga al tribunal a deducir que hubo negli-gencia de la simple relación de las circunstancias bajo las cuales ocurrió el accidente”. (Rodrígues v. White Star Bus Line, 54 D.P.R. 310, 13-14, materia en corchetes nuestra; Aldiba v. P. R. Railway, Lt. & P. Co., 41 D.P.R. 75). La teoría de res ipsa loquitur no hace obligatorio nn veredicto-favorable para el demandante. Sólo le da derecho a nna conclnsión a ese efecto por el último juzgador de los hechos. (Sweeney v. Erving, snpra). Aquí la corte inferior, actuandoen tal capacidad, resolvió a base del testimonio que tenía derecho a creer que no había mediado negligencia de parte del demandado. Bajo tales circunstancias, la inferencia de negligencia levantada por la aplicación de la doctrina de res ipsa loquitur fue refutada. En su consecuencia, no estamos en libertad de revocar la sentencia en este caso.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Snyder

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text:
    Francisco Cardona, peticionario, v. Corte de Distrito de Humacao, Hon. Luis Pereyó, Juez y otros, demandados.
    Núm. 84.

    Sometido: Abril 12, 1943.

      Resuelto: Mayo 18, 1943.

      José López Baralt y Juan E. Géigel, abogados del peticionario; Nico-lás Lecároz Large, M. Aviles Bracero y Pedro Santana, Jr., Ofi-ciales Jurídicos del Departamento del Trabajo, abogados de los obreros demandados; E, Martínez Rivera, F. Fernández Guyar, Bauzá <& Bauzá, G. Ruiz Nazario, A. Ortiz Toro, E. Font Suárez, E. Martínez Aviles, F. M. Cadilla, G. Zeno Sama, Antonio Lens Güeña, Hartzell, Kelley <& Hartzell y Rafael O. Fernández, como amicus curiae.

   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

De conformidad con la Ley núm. 10 de 1917- ((II) pág. 217), según ha sido enmendada, quince trabajadores agríco-las radicaron contra el peticionario ante la Corte Municipal de San Lorenzo querellas en reclamación de salarios. Sus-tancialmente estas querellas alegaban la existencia de un contrato verbal entre los demandantes y el peticionario al efecto de “Que el querellante prestaría sus servicios como carretero durante la zafra de cañas, por una compensación •de $1.68 por día. Que durante 56 días trabajó 4 horas extras diariamente en exeeso de las ocho horas regulares del día ordinario de trabajo, o sea, un total de 224 horas extras, que, al tipo doble de salario, importan la cantidad de $94.08, cantidad que se niega a pagar . . .

La Corte Municipal declaró sin lugar las querellas. Ape-ladas las querellas para ante la Corte de Distrito de Huma-cao, ésta declaró sin lugar las excepciones previas interpues-tas contra las mismas, resolviendo que la Ley núm. 49, Le-yes de Puerto Rico, Sesión Extraordinaria, 1935, (pág. 539) disponía el pago a los obreros de doble compensación por todas las horas trabajadas en exceso de ocho horas durante cualquier día. A solicitud de todas las partes aquí envuel-tas, expedimos un auto inhibitorio preliminar dirigido al juez de distrito (Véanse Fortuna Estates v. Texidor, Juez de Dist., 26 D.P.R. 266; P. R. Ry., Lt. & P. Co. v. Ortiz, Juez, 59 D.P.R. 921; Abelleira v. District Court of Appeal, Third District, 109 P. (2d) 942 (Calif., 1941). Comentario, .Extent to Which Availability of Ordinary Remedy Defeats Issuance of Writ of Prohibition, 22 Calif. L. Rev. 537.)

Nos confrontamos al comenzar con la contención de los obreros de que este caso debe regirse por el siguiente len-guaje que se encuentra en Turney v. J. H. Tillman Co., 228 P. 933, a la pág. 937:

"Sin embargo, la querella no contiene alegación alguna de que el querellado infringió el estatuto en cuestión o cometió delito alguno. La presunción es, basta que se demuestre lo contrario, que el quere-llado es inocente de delito o falta. Or. L. §799, subd. 1. El esta-tuto presume que las transacciones privadas se han desarrollado nor-malmente y en una forma justa y que se lia seguido el curso ordinario de los negocios. Or. L. §799, subds. 19 y 20. En ausencia de ale-gación alguna en contrario, debe presumirse al interpretarse la que-rella que el querellado cumplió con su deber y permitió o exigió a las partes mencionadas que trabajasen horas extras por razón de necesidad, emergencia o cuando la política pública absolutamente lo exigía, y que no había disponibles otros trabajadores de igual des-treza y eficiencia que no hubieran sido empleados regularmente.”

Si adoptáramos este punto de vista, no necesitaríamos ir .más lejos para resolver el presente caso, toda vez que la Ley núm. 49 claramente dispone la doble compensación por horas extras trabajadas durante una emergencia.

Estamos dispuestos — ren verdad es nuestro deber bajo la sección 6 de la Ley núm. 10 — a ser lo más indulgentes posibleen cuanto a la cuestión de alegaciones, para que los obreros, sin perder sus casos debido a cuestiones técnicas, puedan te-ner un juicio en los méritos. Pero el aceptar nosotros tal presunción en este caso equivaldría a frustrar el propósito para el cual expedimos el auto. Todas las partes concurrie-ron al solicitar que expidiéramos el auto en este caso, afir-mando que era de interés público el que esta corte trazara a las cortes inferiores la pauta a seguir en la resolución de miles de casos que envuelven reclamaciones ascendentes a millones de dólares provenientes de trabajo realizado en si-, tuaciones normales. Por tanto sería una actuación inútil de nuestra parte si resolviéramos este caso aceptando el argu-mento de que debemos presumir que, como una cuestión de alegación técnica, el trabajo aquí envuelto fué realizado me-diante permiso y durante una emergencia. Si nuestra deci-sión en este caso va a servir de pauta en la resolución del problema que nos urgió a expedir el auto, debemos, fuera de cualquier teoría en cuanto a alegaciones, considerar el tra-bajo realizado como trabajo corriente. Por tanto, pasamos a determinar si la Ley núm. 49 dispone doble compensación por trabajo en exceso de ocho horas diarias bajo condiciones normales.

No puede haber duda que la Ley núm. 49 no es una ley de salarios, y que su único fin es limitar las horas de trabajo de un día normal. La historia legislativa de la Ley núm. 49 demuestra fuera de toda discusión que el Comisionado del Trabajo y la Legislatura actuaron movidos por el deseo (a) de mejorar la salud de los trabajadores y (b) de reducir el desempleo. Fue sobre esta teoría que se sostuvo la constitueionalidad de la Ley núxn. 49 en el caso de M. Taboada & Co. v. Rivera Martínes, Comisionado, 51 D.P.R. 253. Nunca se tuvo la intención de regular, a través de esta ley, los salarios devengados bajo condiciones norma-les. En verdad, el esfuerzo de una Legislatura anterior para proveer tal ley de salario mínimo para las mujeres, fué frus-trado temporalmente, no por esta corte (El Pueblo v. Alvares, 28 D.P.R. 937), sino por una decisión de la Corte Su-prema de los Estados Unidos (Adkins v. Children’s Hospital, 261 U. S. 525; El Pueblo v. Laurnaga & Cía., Sucrs., S. en C., 32 D.P.R. 831). No obstante haberse revocado el caso dé Adkins en 1937 por el de West Coast Hotel Co. v. Parrish, 300 U. S. 379, cuando la Ley núm. 49 fué aprobada en 1935 todavía regía el caso de Adkins. Después que la doctrina de que un Estado no podía aprobar una ley de salario mí-nimo fué descartada totalmente en 1937 por el caso de Parrish, esta corte en 1940 volvió a su posición original decla-rando válida la ley de salario mínimo para mujeres (Irizarry v. Rivera Martínes, 56 D.P.R. 519), y la Legislatura en 1941 emprendió la tarea de levantar el armazón para la reglamen-tación general del salario mínimo (Ley núm. 8, Leyes de Puerto Rico, 1941 (1) pág. 303). Pero la Ley núm. 49, se-gún fué aprobada por una Legislatura del 1935, que tenía conocimiento de las limitaciones a que ella y esta corte es-taban sujetas contra la legislación sobre salarios mínimos, no contenía disposición alguna en cuanto a salario como tal.

Al hacer esta afirmación, no pasamos por alto la dispo-sición de la sección 1 de la Ley núm. 49 en cuanto a doble compensación por la novena hora y. por horas extras traba-jadas durante una emergencia. Pero ésta no es una dispo-sición sobre salarios; es una manera de asegurar el cumpli-miento de la disposición limitando las horas de trabajo. Un estatuto de Oregon similar al nuestro- fué declarado válido en Bunting v. Oregón, 243 U. S. 426, por el fundamento de que era un estatuto limitando las horas y no fijando salarios. En aquella época, como liemos visto, el punto de vista pre-valeciente en la Corte Suprema de los Estados Unidos era al efecto de que un estatuto que reglamentaba los salarios sería inconstitucional. La Corte Suprema específicamente rechazó la contención en el caso de Bunting, que los obreros también suscitan aquí, al efecto de que la disposición sobre horas extras era en efecto una ley sobre salarios y no una ley sobre horas de trabajo. La corte dice a las págs. 436, 7: “Existe cierta plausibilidad verbal en la contención de que se intentó permitir el trabajo durante 13 horas, de existir compensación por 15% horas, pero al reflexionar, la plausi-bilidad desaparece. La disposición sobre horas extras es permisiva, de la misma manera que puede decirse que cual-quier penalidad es permisiva. Su propósito es desalentar la práctica mediante la carga que ello conlleva, y su suficiencia para esto fué una cuestión de discreción legislativa bajo las circunstancias concurrentes. Puede no lograr sus propósitos pero su insuficiencia no puede cambiar su carácter de pena-lidad a permiso.” La Corte Suprema por tanto aceptó lo resuelto por la Corte Suprema de Oregon al efecto de que (pág. 435) “ ‘el propósito del estatuto es fijar las horas má-ximas de trabajo en ciertas industrias. La ley no intenta fijar el standard de salarios. No se habla de salario máximo o mínimo. Eso se dejó enteramente a las partes contratan-tes.’ ”

Como en el estatuto de Oregon, nuestra disposición en cuanto a trabajo extra en caso de emergencia, al igual que el permiso incondicional para trabajar tres horas extras en Oregon, es parte integrante de la disposición sobre limita-ción de horas. El estatuto de Oregon establecía como má-ximo un día de diez horas de trabajo, pero con el disponién-dose de que se podrían trabajar tres horas adicionales si se pagaba tiempo y medio. Nuestra Legislatura pudo haber pensado que era más progresista que la de Oregon al insis-tir que no se podía realizar trabajo alguno después del má-ximo fijado para un día, so pena de sanción penal, excepto durante emergencias qne fueron definidas cuidadosamente, las cuales probablemente no serían simuladas, debido a la desalentadora disposición de doble compensación. Aun cuando una manera más efectiva de evitar el trabajo extra podría ser más bien que prohibirlo, legalizarlo, pero con doble com-pensación, el hecho es que el primer medio fué el utilizado por nuestra Legislatura.

Cuando un proyecto similar a la Ley núm. 49 fué apro-bado originalmente en la sesión ordinaria de 1935, el Gober-nador lo vedó debido a su inflexibilidad al dejar de disponer que durante emergencias podía permitirse el trabajo extra. Y cuando durante la sesión extraordinaria de 1935 se corri-gió este defecto, en la Ley núm. 49 que autoriza el trabajo extra durante emergencias, fue para salvaguardiar contra exceso de indulgencia de parte del gobierno al conceder tales permisos, que se insertó en la ley la disposición de doble compensación por trabajo realizado durante tales emergen-cias. Pero tanto la historia legislativa como la ley en sí son claras al efecto de que la Legislatura no disponía trabajo extra sin limitación, siempre y cuando que se pagase por él doble de lo que se pagaba por trabajo ordinario. En ver-dad, tal disposición, a menos que lograra desalentar tal em-pleo, hubiera rebultado en una contradicción directa a los propósitos que se expusieron en la ley; es decir, la salud de los obreros, y la distribución del trabajo existente entre to-dos los más posibles obreros. El trabajar doce horas dia-rias como práctica ordinaria, aun cuando se recibiese paga extra por las últimas cuatro horas, no beneficia la salud. Y el permitir que un hombre trabaje doce horas, en vez de re-levarlo después de ocho horas y dejar que otro ocupe su puesto, no alivia el desempleo.

De la discusión que precede es obvio que la Ley núm. 49 no cubre en el terreno insular el mismo campo o usa el mismo método de afrontar el problema que la Fair Labor Standards Act de 1938 (52 Stat. 1060) en la esfera Federal. En primer lugar, como ya se ha indicado, en la Ley núm. 49 no existe, como en la Ley Federal, disposición alguna para tra-bajo normal por salarios mínimos. A no ser porque los con-venios colectivos lo impiden, bajo la Ley núm. 49 podrían pagarse con impunidad salarios de hambre. De acnerdo con tal sistema nn obrero encontraría poco beneficio en recibir doble compensación por tiempo extra. Si se trabajan, por ejemplo, ocho horas al día a nn tipo estipnlado de dos centavos la hora, cuatro centavos la hora por las siguientes cua-tro escasamente puede ser considerado como un paso de avance en la emancipación del obrero.

La segunda diferencia importante entre la Ley núm. 49 y la Ley Federal es que la ley Federal cuenta con más de un medio para ponerla en vigor. La Ley núm. 49, como hemos visto, tiene como único propósito limitar las horas de trabajo. Éste es también uno de los propósitos del estatuto Federal. Pero la Ley Federal, aprovechándose de la experiencia ad-quirida bajo estatutos locales, el de Puerto Eico inclusive, adopta un método diferente y más efectivo de afrontar el problema. Las leyes que afectan al obrero producen una honda huella en la comunidad. Al ser redactadas como una medida de policía, con sanciones penales exclusivamente, han resultado ser difíciles, si no imposibles, de ser puestas en vigor. Se descubrió que estatutos que afectan todo hogar y toda empresa comercial nunca pueden ser puestos en vigor total y efectivamente si sólo contienen sanciones penales. La legislación posterior dió con una fórmula para ponerlos en vigor que virtualmente trabaja por sí misma y que puede probar ser infalible. Este principio se halla en aquella parte de la Federal Fmr Labor Standards Act que, en vez de de-clarar un delito por parte de los patronos el exigir de sus empleados _que trabajen en exceso de la limitación estatuta-ria, no dispone límite alguno para ello, pero incluye sin embargo la disposición pragmática de que el tiempo trabajado •en exceso de la limitación estatutaria debe ser compensado al tipo de tiempo y medio tomando como base el tipo co-rriente de compensación (29 U.S.C. §207). Este aspecto de la Ley Federal es tanto una disposición de tiempo máximo como lo es la Ley núm. 49 (United States v. Darby, 312 U.S. 100, 125; Overnight Motor Co. v. Missel, 316 U.S. 572, 576-8). La única diferencia es que la acción civil del obrero para que se le pague a tiempo y medio sustituye la persecución criminal como la cuña para-ponerla en vigor. La salud de los obreros se conserva y el trabajo se distribuye desalen-tando el trabajo extra, no por medio de persecución criminal, sino haciéndolo prohibitivo por su alto costo. Las acciones de triple daño de los consumidores bajo la Federal Emergency Price Control Act (50 U.S.C. §925(e)) es un ejemplo similar de la manera por la cual, o se ha abandonado la filo-sofía de la persecución criminal solamente, como un método de hacer que se cumplan los estatutos reguladores, o ésta ha sido reforzada por las acciones civiles privadas entabladas por las personas perjudicadas. Las sanciones penales, por lo menos por sí solas, simplemente han dejado de probar que son un impedimento efectivo en este campo.

El Fair Labor Standards Act es enteramente práctico. Sabiamente echó a un lado el esfuerzo de prohibir criminal-mente el que se trabaje horas extras; sólo dispuso que los patronos deben pagar tiempo y medio por tal trabajo extra —y el no pagar por ello, no el trabajo propiamente dicho, era lo que constituía el delito (29 U.S.C. §216(a)). Además, el derecho a tal compensación extra fue reforzado por una disposición concediendo daños líquidos adicionales ascenden-tes al total de la compensación extra en caso de' que ésta no se pagase originalmente (29 U.S.C. §216(&)). Un patrono, cobijado por unas sanciones civiles tan efectivas, pondrá poca atención a la posibilidad de persecución criminal. La ame-naza de la acción civil, más daños líquidos, serán el verda-dero impedimento. Nuestra Legislatura en 1941 cogió pres-tada una disposición - del estatuto Federal y dispuso en la sección 25 de la Ley núm. 8 de 1941. ((1) pág. 303) creando la Junta de Salario Mínimo, la acción civil del obrero en re-clamación de su salario “más una suma igual al cincuenta (50) por ciento de las cantidades dejadas de satisfacer por concepto de penalidad adicional”.

Pero cuando nos referimos a la Ley núm. 49 de 1935 en-contramos disposiciones enteramente diferentes a aquellas contenidas en el estatuto Federal que acabamos de discutir. La sección 1 dispone solamente que “A ninguna persona se le empleará o se le permitirá que'trabaje en ningún'estable-cimiento comercial, industrial, agrícola o en cualquier otro negocio lucrativo, más de ocho (8) horas durante cualquier día natural, excepto cuando ocurriere cualquier evento ex-traordinario, o cualquiera emergencia causada por fuego, hambre o inundación, por peligro a la vida, a la propiedad, a la seguridad o salud pública, o en cualquiera otra circuns-tancia especial, siempre que el Gobernador de Puerto Rico, por recomendación del Comisionado del Trabajo declarare subsiguientemente que las disposiciones de esta Ley no de-berán aplicarse a estos casos excepcionados y que por lo tanto las infracciones cometidas han sido excusables; Dis-poniéndose, que la limitación de ocho (8) horas establecida por esta sección, y en todos los trabajos normales, fuera de las excepciones ya anotadas, puede ser ampliada a un pe-ríodo que no excederá de nueve (9) horas durante a alquier día natural, a condición de que a toda persona de ese modo empleada a salario, jornal o en otra forma, por más de ocho (8) horas durante cualquier día natural, se le pagará por el trabajo que haga durante tal período extra, a un tipo que sea doble del salario que se le esté pagando por hora de tra-bajo precedentes.” La sección 8 dispone que todo patrono que infrinja la Ley núm. 49 será culpable de misdemeanor.

Inmediatamente surge claro el hecho que la Ley núm. 49, al igual que algunas antiguas leyes estatales, descansó en la amenaza de cárcel o multa para hacer que el patrono cum-pliese con ella. El estatuto categóricamente prohíbe un día normal de trabajo que exceda de ocho horas, so pena de eár-cel o multa. Guarda silencio en cuanto á sanciones civiles en beneficio del obrero. Sin embargo, los obreros en este caso afirman que puede inferirse la disposición para tales sanciones civiles, a manera de doble compensación por tra-bajo normal en exceso de ocho boras diarias, de las palabras de la Ley núm. 49, especialmente cuando se tienen en cuenta los propósitos de la ley y cuando ésta se lee junto a otros dos estatutos. Pasamos por tanto a considerar esos dos es-tatutos.

El artículo 553 del Código Penal, según quedó enmendado por la Ley núm. 306, Leyes de Puerto Rico, 1938 ((1) pág. 578), dispone que los establecimientos comerciales e industria-les, con ciertas excepciones específicas, permanecerán cerra-dos al público todo el día domingo, y cerrarán desde las 12 m. los días de fiesta legal, a las 9 p. m. los sábados, y a las 6 p. m. los días laborables. Y “una bora después de cerra-dos, no se permitirá ninguna clase de trabajo . . . ”. La única disposición en cuanto a su ejecución consiste de una pena criminal de multa o cárcel para los patronos que in-frinjan la ley. Por consiguiente, no puede ciertamente exis-tir teoría alguna sobre la cual podamos resolver que este estatuto, por sí solo, específicamente dispuso doble compen-sación por trabajo realizado en violación del estatuto.

La Ley núm. 80, Leyes de Puerto Rico, 1931 (pág. 497), según fué enmendada por la Ley núm. 24, Leyes de Puerto Rico, 1935 ((1) pág. 189), autoriza al Comisionado del Tra-bajo para conceder permisos a los patronos en estableci-mientos comerciales o industriales para emplear personas en las boras extras del día o de la noche con el fin de terminar trabajo urgente o necesario que debe efectuarse dentro de un período determinado. Este estatuto dispone un tipo do-ble de compensación por cada bora así trabajada. La Ley núm. 80 evidentemente fué el producto de la experiencia ad-quirida bajo el artículo 553. Habiéndose descubierto que era en beneficio de toda la comunidad el permitir que tales establecimientos permanecieran abiertos para poder terminar el trabajo bajo ciertas circunstancias especiales, se dispuso que se podía obtener temporalmente la suspensión de la ley mediante permiso del Comisionado. Pero para proteger al trabajador contra indulgencia excesiva del Comisionado ba-cía los patronos, la ley dispone doble compensación por tal trabajo. Como resultado, un patrono no estaría dispuesto a solicitar un permiso excepto en un caso tona fide de emer-gencia.

Cuando posteriormente se aprobó la Ley núm. 49 en la Sesión Extraordinaria de 1935, la Legislatura específicamente dispuso en la sección 7 que la Ley núm. 80 y el artículo 553 del Código Penal, tal como fueron enmendados, continuarían en vigor. De esta manera la Legislatura preservaba a los obreros las conquistas becbas al amparo de dichas leyes en cuanto a la bora del cierre, al mismo tiempo que establecía en la Ley núm. 49 un principio similar en relación con el máximo de boras diarias que podían ser trabajadas. Un ejemplo que viene en seguida a la mente sería el de un obrero a quien, aunque no estuviera obligado a trabajar' más del máximo de ocbO' boras dispuesto en la Ley núm. 49, se le exi-giese que trabajase, debido a una emergencia, después de la bora del cierre fijada por el artículo 553.

Cuando se aprobó la Ley núm. 49, la Legislatura tenía conocimiento, debido a la experiencia adquirida al amparo del artículo 553 y al veto del G-obernador a un proyecto similar, de que una limitación inflexible de las boras no podía hacerse. Por tanto dispuso, en adición a las situaciones de emergencia provistas en la sección 1, que (Sección 2) “En los casos en que existiere la amenaza de perderse una co-secha por falta de brazos, o de que no hubiere suficiente personal disponible para despachar un embarque de frutas o de cualquiera otro producto perecedero, el Gobernador de Puerto Rico, mediante recomendación del Comisionado del Trabajo, podrá suspender temporalmente para tales casos específicos los efectos de esta Ley en cuanto a la limitación de horas, pero no así en cnanto al tipo de jornal doble qne se establees como pago por las boras qne se trabajaren en exceso de las ocbo (8) boras diarias de labor qne fija esta Ley.”

No pnede haber dnda en cnanto a qne a través de las Leyes núms. 49 y 80 snrge la clara y persistente intención de parte de la Legislatura de qne los obreros reciban doble compensación por tiempo extra trabajado bajo las condicio-nes expresadas en cada nna de ellas. Tomamos conocimiento judicial de qne tales emergencias han ocurrido desde la fecha en qne se aprobaron los estatutos, y qne se han invocado los poderes de emergencia del Gobernador en ellos contenidos. Pero ésta es nna ilustración gráfica del hecho de qne, aparte de tales emergencias, todavía tenemos un simple estatuto ca-tegóricamente prohibitorio. Nuestra dificultad aquí consiste en que ambas partes admitieron en la vista qne en este caso no existían emergencia o circunstancias especiales, y qne vir-tualmente todos los casos qne se regirán por nuestra deci-ción en este caso envuelven trabajo normal. Para conceder a los obreros doble compensación, debemos referirnos a los estatutos. Y la Legislatura, al no tomar en consideración qne podría crearse esta situación, no proveyó para ella ex-presamente. Cuando miramos hacia atrás pnede quizá ar-güirse qne hubiera sido más efectivo si la Legislatura hu-biera provisto, como en la Ley Federal, el pago de tiempo extra, y dispuesto que el delito fuera la negativa a efectuar tal pago, en vez del trabajo en sí. indudablemente esto prueba ser más efectivo para evitar el trabajo extra que la prohibición absoluta acompañada de la sanción penal. Pero si el estatuto tiene que ser redactado de nuevo usando ese método más efectivo de hallarle solución a la situación rei-nante, debe hacerlo la Legislatura y no nosotros.

Leyendo el estatuto tal cual fué redactado en vez de como la experiencia dice debió leer, encontramos que en cuanto a trabajo ilegal, el estatuto sigue siendo un estatuto penal. La única disposición en cuanto a compensación por trabajo extra cubre trabajo extra que es legal. Inmediatamente surge la pregunta, ¿si uno gana doble compensación por trabajo extra legal, por qué no puede inferirse del estatuto la impli-cación, prescindiendo de la sanción penal impuesta sobre el patrono al éste exigir trabajo extra ilegal, que todo trabajo extra, bien sea legal o ilegal, debe pagarse al doble tipo de compensación?

La dificultad consiste aquí en que el obrero, estrictamente hablando, no se gana la doble compensación. Sin duda es realmente duro para un obrero, trabajar horas extras, y tiene derecho a creer cuando se le ha pagado tiempo doble por tal tiempo extra, que se ha ganado tal compensación. Pero la Ley núm. 49 es un estatuto general que afecta toda clase de obreros — agrícolas, comerciales, industriales. Tomamos conocimiento judicial de que en Puerto Eico la abruma-dora mayoría de tales obreros no tiene especialización, y que bajo nuestras condiciones crónicas de desempleo, pueden ser sustituidos con mucha facilidad. Haciendo tal relevo de obreros a la novena hora eliminaría la necesidad de pagar doble tiempo. Por tanto, se hace aparente que bajo las cir-cunstancias existentes el pagar tiempo doble es un impedi-mento y no, hablando estrictamente, compensación propia-mente dicha por los servicios rendidos, según son fijados por los tipos que rigen para tales servicios. En verdad, hablando objetivamente, un obrero cansado, que está sujeto a un riesgo mayor de accidente, quizá vale menos que el tipo corriente de compensación, en vez de valer el doble. En ese sentido, la Legislatura estaba legislando en bien del interés de toda la comunidad cuando ordenó que el obrero cesara de traba-jar en ese momento. De cualquier modo, el factor conclu-yente en este caso es que cuando la Legislatura intervino con la situación e impuso deberes estatutarios al patrono, inter-firió con la libre contratación entre él y sus obreros en cuanto a compensación por horas extras. Hacemos constar clara-mente que bajo circunstancias adecuadas la Legislatura tiene todo derecho a aprobar una disposición razonable para el pago de compensación por lloras extras. Pero cnando deja de hacerlo, no podemos arrogarnos la realización de tal fun-ción legislativa.

No constituye contestación a esta dificultad el decir que la disposición por doble compensación no es una penalidad. Ciertamente no es una penalidad en el sentido tradicional de castigo por una ofensa contra el Estado. “Los estatutos que confieren una acción privada contra el culpable, muchas veces son considerados como de naturaleza penal, pero en tales casos ... ni la responsabilidad impuesta ni el reme-dio conferido son estrictamente penales” (Huntington v. Attrill, 146 U. S. 657, 67). El Congreso empleó la frase “daños líquidos” en la Fair Labor Standards Act, y la Corte Suprema de los Estados Unidos ha resuelto que tales daños líquidos “son una compensación, no una penalidad o castigo por parte del Gobierno” (Overnight Motor Co. v. Missel, 316 U. S. 572, 83). Al mismo efecto, Cox v. Lykes Brothers, 143 N.E. 226 (N.Y. 1924); Atchison, etc., Ry. v. Nichols, 264 U.S. 348. Sin embargo, el Juez Cardozo, hablando a nombre de la Corte de Apelaciones de Nueva York, revela la naturaleza híbrida de tal disposición indicando en el caso de Cox que (pág. 827) “la misma disposición [doble salario por negarse a pagarle a un marino a tiempo] puede ser penal en cuanto al infractor y reparadora en cuanto al perjudicado”. (Mate-ria en corchetes nuestra.) De cualquier modo, bien se eon-sideren como penales o no, disposiciones concediendo tal re-medio civil, ya se llamen daños “punitivos” (Minneapolis Railway Co. v. Beckwith, 129 U. S. 26, 34), daños “ejempla-res” (James-Dickinson Co. v. Harry, 273 U. S. 119) o, como en la Fair Labor Standards Act, daños “líquidos”, en au-sencia de legislación específica a ese efecto, no hay derecho a recobrarlos. Por lo menos hasta ese extremo, tales sancio-nes civiles privadas deben equipararse (assimilated to) a una penalidad. Esto se hace patente en el mismo caso en que los obreros descansan aquí. En Turney v. J. H. Tillman Co., 228 P. 933 (Ore., 1924) la corte dijo a la pág. 935 “La disposición del estatuto ... de que la persona así empleada [durante nna emergencia] recibirá doble paga por tal tiempo, extra, tiene evidentemente la intención de actuar como un impedimento que sirva de freno al patrono al exigir a tales obreros que trabajen tiempo extra. Es algo así como una penalidad por un aparente cambio en la regla general en adición a la penalidad [criminal] provista para ello. . . . " (Materia en corchetes nuestra.) De igual manera, en Bunting v. Oregón, 243 U. S. 426, aun donde el tiempo extra es legal, la corte dijo a la pág. 436 “La disposición sobre horas extras es permisiva, de la misma manera que puede decirse que cualquier penalidad es permisiva. Su propósito es de-salentar . . . ”. Y nuestra propia Legislatura dispuso en un estatuto más reciente que la negativa a pagar al obrero el salario mínimo establecido de conformidad con la misma le daba derecho a demandar en reclamación de tales salarios “más una suma igual al cincuenta (50) por ciento de las can-tidades dejadas de satisfacer por concepto de penalidad adi-cional . . . ”. (Sección 25, Ley núm. 8, Leyes de Puerto Rico,. 1941).

Cuando examinamos la ley sobre penalidades, encontra-mos que las penalidades deben ser tan claras y tan expresas que deben surgir a primera vista. Ninguna regla en derecho está mejor establecida que la regla de que las penalidades-deben ser expresas y no pueden inferirse. Pero la única pe-nalidad provista en la Ley núm. 49 para aquellos patronos que ilegalmente emplean obreros después de nueve horas es la disposición penal. Es posible que la experiencia haya de-mostrado que un estatuto como éste demanda la sanción civil de doble compensación en vez de una absoluta prohibición penal. Admitimos sin ninguna discusión que la más efectiva manera de poner en vigor la Ley núm. 49 sería permitir al obrero reclamar doble compensación por horas extras. Pero esto no altera el hecho de que la Legislatura todavía así no lo ha dispuesto. Esto no es sencillamente una hendedura en la coraza protectora del estatuto. Es una laguna en el esta-tuto; el llenarla está fuera del poder de las cortes, las cua-les sólo pueden legislar en los intersticios (Ballester v. Tribl. de Apelación, 60 D.P.R. 768, 779).

Recientemente hemos resuelto que, no importa cuán ma-lamente se necesite una penalidad para beneficio del interés jjúblico, no tenemos poder para colocarnos en la posición de la Legislatura e imponer tal penalidad (American RR. Co. v. Comisión Industrial, 61 D.P.R. 314). Del mismo modo, no importa cuán rigurosa parezca una penalidad, una vez que es impuesta clara y eonstitucionalmente por la Legislatura, no podemos mitigar los castigos, provenientes de la misma circunscribiendo el alcance de la penalidad (General Motors Acc. Corp. v. Brañuela et al., 61 D.P.R. 725, resuelto el 5 de abril de 1943), aunque consideramos cada situación cuidado-samente con el fin de determinar si la Legislatura tuvo la intención de imponer la penalidad de que se trataba (West India Oil Co. (P.R.) v. Tesorero, 61 D.P.R. 782, resuelto el 15 de abril de 1943). En dos palabras, una penalidad in-cluida en un estatuto por la Legislatura no será rechazada por esta corte; y una penalidad no incluida en un estatuto no será invocada o inferida por esta corte.

El peticionario cita varios casos similares al presente en los cuales se denegó la reclamación, bien por paga ordinaria o doble. Estos casos se señalarán más adelante en nuestra discusión de la alegada responsabilidad del patrono por el tipo de compensación ordinaria para horas extras. Los obre-ros descansan primordialmente en Turney v. J. H. Tillman Co., 228 P. 933 (Ore., 1924), en el cual se concedió doble com-pensación. Nuestra dificultad con dicho caso tiene dos as-pectos. En primer lugar, allí el peticionario alegó que el de-mandado (págs. 933-4) “se dedicaba a cierto trabajo para el estado, de conformidad con nn contrato escrito con el es-tado de Oregon, para la constrncción y pavimentación de ciertas carreteras estatales cerca de Seaside, en el estado de Oregon; y para beneficio de todos los obreros empleados en dicho trabajo se insertó en el contrato nna disposición especial al efecto de qne ocho horas constituirían nn día de tra-bajo y qne todos los obreros en dicha obra qne rindieran tra-bajo o labor en exceso de ocho horas diarias serían compen-sados por ello sobre la base y al tipo de doble paga por todo el excedente o tiempo extra sobre ocho horas diarias o turno nocturno.’'

Por tanto, tenemos una situación en la cual, aparte de cualquier disposición estatutaria, había un contrato para pa-gar doble por horas extras. En el presente caso los obreros, aún cuando alegan la existencia de un contrato, descansan en la Ley núm. 49 para justificar compensación doble por horas extras, y no en contrato específico alguno a ese efecto. Y, como hemos visto, la Ley núm. 49 guarda silencio en cuanto a la cuestión de doble compensación por horas extras traba-jadas bajo condiciones normales.

En segundo lugar, el estatuto en el caso de Turney pro-hibía que se trabajara por más de ocho horas (pág.' 934) “excepto en casos de necesidad, emergencia, o cuando la po-lítica pública absolutamente lo exigía, caso en el cual la persona o personas así empleadas para trabajar horas en exceso recibirán doble compensación por el tiempo extra trabajado; y no se presumirá que existe emergencia, necesidad o polí-tica pública cuando hay disponibles otros obreros ‘de igual destreza y eficiencia, que no han trabajado durante horas •ordinarias ’ ’.

Aparentemente no existía requisito alguno en dicho esta-tuto en cuanto a obtener permiso de un funcionario guber-namental para trabajar durante una emergencia. Si surgía la emergencia simplemente se trabajaba. Bajo tales circuns-tancias, la corte resolvió, como ya se ha indicado, que una emergencia, como cuestión de alegaciones, se presumiría-Pero aquí, toda vez que nuestro estatuto exige un permiso,, aun durante una emergencia, con el fin de que el trabajo-extra sea legal, no creemos propio presumir la emergencia. Además, como ya hemos- indicado, aunque en realidad pende un solo caso ante nos, la expedición del auto en este caso es-taba predicada en condiciones en las cuales no estaba en-vuelto elemento de emergencia alguno. Por tanto, preferi-mos, con el fin de dar a nuestra decisión algún valor prác-tico, tratar el trabajo realizado como normal, y en su conse-cuencia realizado en violación de la Ley núm. 49.

Creemos propio indicar que el caso de Tv,mey no basó su resolución exclusivamente en la presunción de emergencia. Basó su decisión en el fundamento adicional de que -el esta-tuto fue concebido para proteger al obrero, y que por tanto éste debería recobrar doble compensación aunque no existiera emergencia alguna, caso en el cual el trabajo era ilegal. Sin embargo, aun bajo esta teoría, no nos confrontamos en nues-tro caso, como en el de Turney, con un contrato específico que proveía doble compensación por todo trabajo extra. La franqueza nos obliga a añadir que aun en la hipótesis de que el caso de Turney descasara en el estatuto en vez de en el contrato, no podemos, como ya indicamos, -encontrar tal disposición específica en nuestro estatuto en cuanto a trabajo extra bajo condiciones normales.

Por lo tanto resolvemos que, en ausencia de una disposi-ción estatutaria específica que provea doble compensación por trabajo normal realizado después de la novena hora, esta Corte nb puede redactar de nuevo la Ley núm. 49 y crear tal obligación.

El patrono pretendería que negásemos al obrero el derecho a reclamar compensación al tipo ordinario por horas trabajadas en exceso del mínimo estatutario. Bajo la teoría de que los obreros están m pari delicto con el patrono, trata de persuadirnos de que debemos dejar a las partes-donde las encontremos. Pasamos por tanto a examinar el estatuto con el fin de determinar si los obreros están in pari d&licto.

La Ley núm. 49 dispone en su sección 1 que “A ninguna persona se le empleará o se le permitirá que trabaje” más de ocho horas diarias. A primera vista parecería, como alega el peticionario, que la frase “o se le permitirá que tra-baje” es una prohibición dirigida a la conducta del obrero. Pero cuando examinamos el estatuto en su totalidad, y en-contramos que bajo la sección 8 solamente el patrono puede ser perseguido por infracciones de la ley, y que la definición de un patrono que se encuentra en la sección 4 incluye ad-ministradores y capataces, llegamos a la conclusión, parti-cularmente si tenemos en cuenta que el propósito de la ley es en primer lugar beneficiar a los obreros y a través de ellos a la comunidad en general, que la frase en cuestión está dirigida únicamente al patrono, y está concebida para hacer que el lenguaje que regula su conducta sea lo más amplio po-sible, de manera que no pueda el patrono, mediante la inter-posición de un intermediario — tal como un capataz — entre él y el obrero, evadir la responsabilidad. Llegamos a este mismo resultado, como lo han hecho otras cortes estatales, al inter-pretar un lenguaje similar en Montaner v. Comisión Industrial, 54 D.P.R. 67, 69.

El peticionario alega, no obstante, que aun cuando se resolviese que los obreros no están, hablando estrictamente, in pari delicto con sus patronos, en este caso los obreros no debieran recobrar. Examinemos por tanto esta contención.

El derecho civil y la ley común están de acuerdo al sos-tener que, hablando en términos generales, los convenios ile-gales son nulos y que un contrato otorgado en violación de un estatuto está en contra de la política pública y no puede ser puesto en.vigor por ninguna de las partes. (Art. 1227, Código Civil, Edición 1930; Restatement, Contracts, Sección 598; 5 Williston on Contracts, Revised Ed., §1630.) Pero una vez más, como ocurre frecuentemente en derecho, eneon-tramos lina proposición general que no brinda automática-mente la contestación a un problema específico. Puede ad-mitirse inmediatamente que las cortes no pondrían en vigor un contrato de empleo por ejecutar, cuyos términos dispo-nían la comisión de un delito por el patrono en violación de la Ley núm. 49. Pero aquí no nos confrontamos con poner en vigor un contrato ilegal. En el presente caso el contrato, asumiendo que alguna vez existiera, ha sido debidamente cumplido por una parte. Bajo tales circunstancias, ¿debe-mos dejar a las partes donde las encontramos, o debemos permitir que el obrero recobre el valor de servicios que ha prestado a un patrono que nada ha pagado por ellos?

El propio estatuto no ofrece una contestación explícita a esta pregunta. La Legislatura pudo haber dado el paso drástico de impedir la reclamación. O pudo haber dispuesto específicamente que la responsabilidad criminal del patrono no produciría ipso facto inmunidad civil. Pero la Legisla-tura no insertó ninguna de estas disposiciones en el estatuto. Bajo tales circunstancias, afirmar que éste es un contrato nulo y que las cortes no se prestarán a ponerlo en vigor es sencillamente exponer una frase hecha {shibboleth). Debe-mos ir al fondo, descubrir la intención de la Legislatura y la política pública que hay detrás, del estatuto, y, de ser po-sible, llegar al resultado que convenga mejor a ellas.

Las diversas facetas del problema de convenios ilegales y los frutos de éstos derivados no siempre encajan dentro de la misma estrecha categoría. Las cortes en los Estados Unidos continentales sabiamente se han negado a aplicar una regla de derecho inflexible y a llegar al mismo resul-tado mecánico en cada caso. Hechos diferentes y diversas consideraciones de política frecuentemente producen contes-taciones diferentes. La Anotación que se encuentra en 120 A.L.R. 1461 indica que “La regla general de que ninguna parte en una transacción ilegal puede instituir procedimiento alguno contra la otra para la devolución de propiedad o de dinero transferido o pagado en el curso de la transacción, está sujeta a nna excepción a favor de personas para cnya protección la ley declaró ilegal la transacción”. Por ejem-plo, nn prestatario no puede alegar que un banco ha sobre-pasado el límite estatutario al otorgarle un préstamo (Gold-Mining Co. v. National Bank, 96 U. S. 640); un director de banco puede ser demandado por el banco en cobro de un préstamo héchole a pesar de que es una ofensa criminal el que un director haga préstamos al banco (Lester v. Howard Bank, 33 Md. 558); un vendedor de leche que comete un de-lito por dejar de obtener licencia para vender leche, puede no obstante recobrar del comprador el valor de la leche ven-dídale (John E. Rosasco Creameries, Inc. v. Cohen, 11 N. E. (2d) 908 (N. Y., 1937). Al mismo efecto, Smith v. Bach, 183 Cal. 259; Washington County v. Froehlich Mercantile Co., 223 N. W.,575 (Wisc., 1929); Rosenberg v. Hano, 121 F. (2d) 818, 22 (C.C.A. 3rd, 1941); First Federal Sav. & Loan Ass'n v. Ansell, 41 N. E. (2d) 420 (Ohio, 1941); Oregon & Western Colonization Co. v. Johnson, 102 P. (2d) 928, 36; Nota, Principles Governing Recovery by Parties to Illegal Contracts, 26 Harv. L. Rev. 738. The Restatement, Contracts, Sección 601, dice como sigue:

§601. Resarcimiento Dentro de un Convenio Ilegal Debido al Efecto del Rechazo.
“Si la negativa a poner en vigor o a rescindir un convenio ilegal produciría un efecto perjudicial a las partes para cuya protección existe la ley que declara ilegal el convenio, se permite que se ponga en vigor o se rescinda el contrato, según sea el caso.”

Reconocemos que algunas de estas autoridades no se en-frentan directamente con el problema en este caso. Para aliviar los severos resultados provenientes de la aplicación estricta de la regia de “nulo por ilegal”, las cortes en dichos casos han hablado en términos de “ilegalidad colateral” y “consideraciones nuevas e independientes”; en otros casos han afirmado que “si un demandante puede probar su caso sin descansar directamente en la ilegalidad, entonces puede recobrar”. Ninguna de estas fórmulas se aplica directamente .a los becbos en este caso, a pesar de que podrían utilizarse para explicar por qué declaramos válida una acusación por abuso de confianza por un dinero cobrado originalmente pro-cedente de una lotería ilegal (El Pueblo v. Medina, 19 D.P.R. 709), y cómo permitimos que se recobrase dinero depositado por el demandante en manos del demandado aun cuando el dinero representaba los frutos de un contrato ilegal en el cual las partes babía participado conjuntamente (González v. Ortiz, 17 D.P.R. 593). Indicamos de paso que la manifesta-ción en el caso de Medina a la pág. 711, que “es una regla bien establecida que en transacciones con motivo de loterías, como generalmente en todos los contratos ilegales, las cortes dejarán a las partes en la misma situación en que se encuen-tren y no les prestarán su ayuda para obtener el cumpli-miento o la rescisión del contrato” no es decisiva en este caso, ya que nos confrontamos no con un contrato por eje-cutar sino con uno totalmente cumplido por una de las partes.

Nos acercamos un poco más al presente caso, aunque no babía envuelto ningún elemento de criminalidad, cuando exa-minamos el caso de F. Carrera & Hno. v. Aquino, 60 D.P.R. 143, donde resolvimos que un mayorista que había vendido provisiones en exceso de $300 a un detallista, podía recobrar por ellas, a pesar del hecho que aunque el artículo 82 del Código de Comercio (ed. 1932) disponía que el testimonio oral de testigos no sería por sí solo bastante para probar la existencia de tal contrato, solamente se presentó durante el juicio testimonio oral para probar el mismo. Esta corte posiblemente pudo haber resuelto que la política pública sin-tetizada en el artículo 82 nos exigía que dejásemos intocada la regla allí establecida. Sin embargo, la manifiesta injus-ticia de permitir que una parte en un contrato se ampare en el artículo 82 después que la otra ha cumplido totalmente sus obligaciones bajo el contrato, nos persuadió a resolver que la política pública envuelta no sería frustrada al resolverse qne el estatuto no es aplicable a casos en los que el cumpli-miento total ba sido realizado por una parte. Así lo resol-vimos, aunque en dicbo caso no podíamos descansar en dogmas como “ilegalidad colateral” y “establecer un caso sin descansar directamente en la ilegalidad”. Para una exce-lente opinión al mismo efecto, véase Hummel v. Hummel, 14 N.E. (2d) 923 (Ohio, 1938).

Admitiendo que los obreros en este caso necesitan la ayuda de las transacciones ilegales para sostener su caso, nos confrontamos con el problema suscitado en el presente caso por la reclamación de los obreros de paga ordinaria por el trabajo extra ilegal cuya compensación no han reci-bido. Como indica Gellhorn en Contracts and Public Policy, 35 Col. L. Sev. 679, 82, las Legislaturas, al adoptar estatu-tos penales, raramente han tenido en mente los problemas en cuanto a la ley de contratos que puedan posteriormente sur-gir. Su actitud ha sido la de que si declaran-que una cosa es un delito, esa cosa desaparecerá en seguida. Cuando, con-trario a lo que se espera, tales actividades antisociales no han desaparecido inmediatamente, las cortes, en vista del si-lencio de la Legislatura, se han confrontado con la necesidad de determinar — y han llegado a conclusiones discrepantes— “en cuanto a si la Legislatura ‘tuvo la intención’ de que se declarasen nulos los contratos cuando éstos estaban en pugna con las leyes que penalizaban alguna actuación de los con-tratantes pero que guardaban silencio en cuanto a poner en vigor los convenios”.

Reconocemos que los casos de Lewis v. Ferrari, 90 P. (2d) 384 (Calif. 1939), Short v. Bullion-Beck & Champion Min. Co., 57 Pac. 720 (Utah, 1899), Martínez v. Johnson, 119 P. (2d) 880 (Nev., 1941), Montgomery Ward & Co. v. Luck, et al., 52 S. W. (2d) 1110 (Tex., 1932), y Glendale v. Dixon, 75 P. (2d) 683 (Ariz., 1938), en situaciones como las del pre-sente caso, han negado al obrero el derecho a recobrar por trabajo extra. Bajo algunos de los estatutos envueltos en dichos casos, el obrero era igualmente culpable del delito; bajo otros no lo era.

No existe una contestación infalible a esta cuestión. Nues-tra Legislatura, creyendo aparentemente, como indica Gell-horn, que al declarar delito una actuación se elimina toda posibilidad de que tales actuaciones se cometan en el futuro, guardó silencio sobre la cuestión. Los casos arriba citados denegarían el recobro porque el “Demandante concurrió en un acto ilegal. El demandado cometió un delito y el deman-dante ayudó y sirvió de cómplice en su comisión ... El es-tatuto no podría haber sido infringido en este caso sin la cooperación del demandante. El permitirle que recobre bajo tales circunstancias equivaldría a permitirle que tome ven-taja de su propia falta y a estimular un delito que tendió a frustrar una disposición benevolente de la Legislatura’* (Martínes v. Johnson, supra, a la página 882).

El otro punto de vista aparece expresado por la opinión disidente del caso de Short, a la pág. 725, así: . “Negarle al demandante el derecho a recobrar el valor razonable del tra-bajo extra realizado a solicitud del demandado, equivale a castigar a aquél a quien la legislatura tuvo la intención de proteger mediante dicha ley, y recompensar a la parte culpable por una extorsión que se quiso evitar mediante la aprobación de la ley.”

Al denegar el pago de compensación, algunos de los ca-sos basan su decisión, en parte por lo menos, en el funda-mento de que “demandante y demandado se hallaban en pa-ridad contractual”. (Martínes v. Johnson, supra, pág. 883.) Pero la propia teoría por la que originalmente se sostuvo la validez de la legislación que limita el número de horas re-conoce que no existe tal paridad contractual. “La legisla-tura ha reconocido también el hecho, corroborado en muchos Estados por la experiencia de los legisladores, de que los dueños de estos establecimientos y sus subalternos no están a un mismo nivel, y que sus intereses son, hasta cierto pnnto contradictorios. Los primeros naturalmente desean obtener de sus empleados la mayor cantidad de trabajo posible, mien-tras qne a los segnndos, el temor de ser despedidos les induce a menudo a aceptar reglamentos que su criterio, ejer-cido serenamente, condenaría como perjudiciales a su salud y fortaleza. En otras palabras, los patronos imponen las reglas y los obreros están prácticamente obligados a obede-cerlas. En tales casos el interés personal resulta frecuente-mente un guía peligroso, y la legislatura puede interponer su autoridad.” (Holden v. Hardy, 169 U. S. 366, 397). La Corte Suprema de los Estados Unidos recientemente ha re-afirmado esta doctrina. “El punto, al que se ha dado gran énfasis, al efecto de que debe considerarse a los empleados adultos capaces de hacer sus propios contratos, fué termi-nantemente resuelto hace cerca de cuarenta años en Holden v. Hardy, supra, donde indicamos la desigualdad entre las condiciones de las partes.” (West Coast Hotel Co. v. Parrish, 300 U. S. 379, 93.)

El peticionario hace gran hincapié en el hecho de que la Ley núm. 49 fué declarada constitucional en M. Taboada v. Rivera Martines, supra, por el fundamento de que dicha Ley no constituía legislación de clase sino que fué concebida para beneficio de todos los interesados, patronos, empleados, y la comunidad en general. Tomando este hecho como premisa, el peticionario alega que el permitir que se cobre compensa-ción alguna por trabajo efectuado en exceso de nueve horas —no, téngase presente, doble compensación por este tiempo extra, sino aun la compensación corriente — anularía los pro-pósitos de la ley (a) de proteger la salud de los obreros y (6) de aumentar las probabilidades de empleo, y convertiría el estatuto por legislación judicial, contrario a los deseos de la Legistura, en una ley que simplemente dispone compensa-ción por trabajo extra, privando de ese modo al obrero de su salud y de sus ratos de ocio, y al desempleado de su opor-tunidad de trabajar. El peticionario por tanto sostiene qne la política pública nos obliga, para llevar a cabo los propó-sitos de la .Ley núm. 49, a sostener qne el obrero no deberá percibir compensación por sn trabajo extra.

Es costumbre corriente referirse a leyes como la núm. 49 como concebidas para beneficio de la comunidad en general. Pero esto no significa que las cortes no deban dar con-sideración primordial a los derechos de los obreros. Lo que tales palabras significan es que cuando a los obreros, que constituyen una parte importante de la comunidad, se les paga decentemente y se les mantiene en salud, a la vez que se les aseguran las mayores oportunidades de empleo, los resultados de esa clase de legislación paternal, aunque espe-cíficamente dirigidos a beneficiar algunos trabajadores en particular, redundan en beneficio de la comunidad en general.

Debe confesarse que él permitir que los obreros recobren en el presente caso no fomentaría por sí mismo la recono-cida política pública de la Ley núm. 49 a los efectos de lo-grar trabajadores saludables y mayor distribución de em-pleos. Pero las cortes han de considerar los hechos tal y como los encuentran. Y en este caso todas las partes nos han informado que hay pendientes miles de casos similares al presente. Por lo tanto no estamos en la misma posición que las cortes que han manifestado que “Es mucho más im-portante para la clase trabajadora, desde el punto de vista de la salud y la distribución del trabajo, el conservar la ley de las ocho horas, que el que a un infractor ocasional de la misma se le permita recobrar por el tiempo que invirtió en violarla. El que trabaja más de ocho horas diarias cuando no existe emergencia no solamente está frustrando la ley en cuanto a la salud se refiere, sino que priva a otra persona do la oportunidad de trabajar durante esas horas extras y de ganarse el sustento para sí y para su familia.” -(Glendale v. Dixon, supra, a la pág. 694; bastardillas nuestras.) No podemos pasar por alto la situación de hechos con que se nos confronta. Tan pronto nos dice el patrono qne el permitir en el presente caso qne se recobre sería conceder nna reparación qne envuelve millones de dólares en miles de casos contra negocios pequeños, medianos y grandes, arrui-nando de ese modo la economía de Puerto Rico, como, a ren-glón seguido, pretende qne establezcamos una política publica basada en violaciones ocasionales del estatuto.

G-ellborn, a la página 688 del artículo anteriormente ci-tado, censura adversamente la doctrina establecida en el de Short y casos similares. Sin embargo, aceptamos que todos los casos que han sido traídos a nuestra atención concurren eon el de Short, excepción hecha de Turney v. J. M. Tillman Co., 228 P. 933 (Ore., 1924), otro caso procedente de Oregon que está de acuerdo con el de Turney (Pederson v. City of Portland, 24 P. (2d) 1031 (Ore., 1933)), y, sobre esta cues-tión en particular, el de Thibault v. National Tea Co., 260 N.W. 466 (Minn., 1936). Sin embargo, aunque por razones que ya hemos señalado no podemos seguir el caso de Turney en su decisión al efecto de que los obreros tienen derecho a recobrar doble compensación por trabajo efectuado en ex-ceso de la novena hora, estamos de acuerdo, en lo que se re-fiere a la reclamación de compensación ordinaria por tal tra-bajo, en que “Sería despojar al,estatuto de su significado y burlar su fin el dar a la ley una interpretación tal que impi-diese al obrero cobrar por el trabajo efectuado en exceso de ocho horas diarias, aun cuando el patrono pueda violar la ley al exigir tal trabajo. Corrientemente no debe permitirse a la parte culpable tomar ventaja de su propia falta para eludir responsabilidad.” (Turney v. J. H. Tillman Co., supra, a la pág. 935.)

Deseamos dar énfasis al hecho de que no estamos en de-sacuerdo con la decisión de los casos anteriormente citados al efecto de que un contrato para llevar a cabo tal trabajo extra está en contra de la política pública y su cumplimiento no puede obtenerse a través de las cortes. Diferimos de ellos cuando de igual modo resuelven que aun después de haber el obrero cumplido con el contrato en su totalidad, tal polí-tica pública requiere asimismo, a pesar de guardar silenció-la Legislatura sobre ese punto, que el fruto de su trabajo quede en manos del patrono, en vez de ser restituido al obrero para cuyo beneficio se aprobó en primer lugar la ley*

No hemos hallado en esta jurisdicción ningún caso direc-tamente aplicable. El que más se asemeja es el de Montaner v. Comisión Industrial, 54 D.P.R. 67. En dicho caso re-solvimos que un menor estaba protegido por la Ley de Com-pensaciones por Accidentes del Trabajo, a pesar del hecho de que el patrono cometió un delito al emplearlo sin haber obtenido un permiso. En el caso de Montaner esta corte se-confrontaba con la política pública en contra del trabajo de menores, que es por lo menos tan fuerte como la política pú-blica en favor de una jornada máxima para trabajadores-adultos. Por tanto, el presente caso aparentemente es un-caso a fortiori de acuerdo con el de Montaner, especialmente -si recordamos (a) que en cuanto a compensaciones a obreros, el menor era a lo sumo un tercero beneficiario (third party bene'fieiary) en el contrato existente entre el patrono y el Pondo del Estado, (6) que aun si se hubiese negado com-pensación por accidentes del trabajo, el menor probablemente hubiera tenido derecho a una acción ordinaria contra el pa-trono, y (c) que no existió enriquecimiento injusto, en el sentido de que el menor se había ganado el derecho a tal compensación por accidentes del trabajo, si se compara a los-obreros del presente caso, que han trabajado horas extras sin recibir compensación alguna. Cf. Oklahoma Portland Cement Co. v. Pollock, 73 P. (2d) 427 (Okla., 1937).

El patrono podría, quizá, alegar que el caso de Montaner puede ser distinguido de acuerdo con los casos anterior-mente considerados, en cuanto a que la cuestión de compen-saciones a obreros era colateral a la del contrato ilegal de-empleo, y que por tanto dicho caso no resolvió que un me-nor que trabajaba en tales circunstancias ilegales podría más. tarde reclamar su salario. Pero esta Corte declaró específi-camente en el caso de Montamer, llámese dictum o no, que (pág. 69) “Tanto el castigo (véase artículo 19) como la li-mitación van dirigidos al patrono. El contrato de trabajo puede ser exigido por el menor en lo que al sueldo deven-gado se refiere.”

En el caso de Traders & General Ins. Co. v. Rogers, 119 S. W. (2d) 679 (Tex., 1938), se resolvió que un empleado que trabajaba en un restaurante sin haber obtenido el certificado médico que la ley exigía, no podía reclamar compensación por accidentes del trabajo. Al así decidir la corte se basó en Montgomery Ward & Co. v. Lush, supra, y en Short v. Bullion-Bech & Champion Min. Co., supra. Habiéndonos negado en el caso de Montamer a seguir la doctrina establecida en el de Rogers, somos consistentes al repudiar el de Short y otros casos en que el de Rogers se basa.

No nos es posible distinguir en la cuestión que se nos plantea entre la política pública que comprende el prohibir el trabajo de menores y la que comprende el prohibir el tra-bajo excesivo de obreros adultos. Ambos grupos están bajo el brazo^ protector del gobierno. Si uno de ellos puede recla-mar compensación por tal trabajo efectuado ilegalmente, debe concederse al otro el mismo derecho. Williston es de la misma opinión como una proposición general. “Si un de-mandante, aunque delincuente, no ha sido culpable de depra-vación moral, y la pérdida que ha de sufrir al negársele re-paración está completamente fuera de proporción con lo que requiere bien la política pública o un castigo individual apro-piado, podrá permitírsele que recupere la compensación que ha dejado de percibir.” (6 Willinston on Contracts, Rev., ed., §1789.) The Restatement, Contracts, §604, es aun más claro. “Resarcimiento por una Parte que no está in Pari Delicto. Cuando las partes en un convenio ilegal, aunque ambas culpables, no están in pari d&licto, y una de ellas no ha sido culpable de grave depravación moral, ésta puede re-pudiar el convenio, y si ha rendido alguna labor de acuerdo con el mismo, puede recobrar la misma o su valor.”

Aunque la analogía no es perfecta, notamos que esta corte ha intercalado en el derecho civil la doctrina de fidei-comisos constructivos (constructive trusts) con el fin de evi-tar el enriquecimiento injusto. Flor Ruis v. Ruis, 61 D.P.R. 823, resuelto en 28 de abril de 1943. Véase 51 Harv. L. Rev. 929, 30. Lo mismo debemos hacer en beneficio de los obre-ros que han trabajado sin recibir compensación. No tene-mos que aceptar la invitación de los patronos de hacer una amplia investigación en el campo de la semántica para afir-mar que existe el enriquecimiento injusto de parte de un patrono si sus empleados trabajan sin percibir compensa-ción.

Finalmente, existe una respuesta concluyente a la con-tención de que no debe permitirse al obrero que perciba com-pensación al tipo corriente por trabajo efectuado después 'de la novena hora. El obrero se gana tal compensación. Im-pedirle recobrarla sería imponerle una penalidad. Hemos visto que las penalidades deben ser expresas, y no pueden ser inferidas. Considerando que constituye esencialmnte una penalidad, nos hemos negado, en vista del silencio de la Le-gislatura sobre este punto, a permitir que los obreros cobren doble salario por trabajo efectuado en exceso de nueve horas. Por la misma razón, toda vez que la Legislatura no ha prohibido específicamente que el” obrero recobre el pago co-rriente que ha ganado por tal trabajo, no podemos por in-ferencia intercalar tal disposición en la Ley núm. 49.

Además de las anteriores consideraciones que nos han llevado a la conclusión de que una interpretación razonable de la Ley núm. 49 y de la política pública en ella compren-dida nos obliga a resolver que el obrero tiene derecho a per-cibir compensación al tipo corriente por las horas extras que ha trabajado en exceso de la novena hora, creemos que es aplicable a esta situación el artículo 1257 de nuestro Código-Civil. Dicho artículo, refiriéndose a la nulidad de los con-tratos, dice como sigue:

“Cuando la nulidad provenga de ser ilícita la causa u objeto del contrato, si el hecho constituye un delito o falta común a ambos contratantes, carecerán de toda acción entre sí, y se procederá contra ellos, dándose además a las cosas o precio que hubiesen sido materia del contrato, la aplicación prevenida en el código penal respecto a los efectos o instrumentos del delito o falta.
“Esta disposición es aplicable al caso en que sólo hubiere delito o falta de parte de uno de los contratantes; pero el no culpado podrá reclamar lo que hubiese dado, y no estará obligado a cumplir lo que hubiera prometido.”

Descansando en varios casos resueltos por este tribunal, seguidamente el peticionario sostiene que las querellas en el presente caso no aducen hechos suficientes para. establecer una causa de acción. En García v. Cañada, 11 D.P.R. 421, se resolvió que de acuerdo con nuestro .Código Civil una de-manda por prestación de servicios domésticos en la que no se alegó la existencia de un convenio para el pago del sala-rio, o de alguna costumbre o uso frecuente a ese efecto, era defectuosa. Consignando, a la página 425, que “Ha sido muy corriente en Puerto Rico, entre sirvientes, emplearse con una persona confiando en un convenio para adquirir casa y comida”, esta corte resolvió que “En vista del estado de la ley no podemos suponer que existiera una costumbre o práctica para abonar salarios por esta clase de arrendamiento de servicios” (Bastardillas nuestras). Resulta interesante ver cómo en el curso de la opinión, después que esta corte indicó en la página 424 que “En casi todos los Estados de la Unión donde prevaleció el derecho común, si una persona realizaba un trabajo u obra para otra la ley implícitamente suponía que existía un contrato de parte del principal para pagar un jornal o salario razonable”, a la página 425 dijo que “los principios que prevalecen, según nuestro Código Civil, y en los Estados, no presentan gran diferencia”.

No puede, sin embargo, pasarse por alto el hecho de que en nn caso posterior, Agosto v. Woods, 13 D.P.R. 369, ci-tando como precedente el de García v. Cañada, esta corte claramente resolvió sin limitación alguna que en un pleito para el pago de servicios prestados la demanda es defec-tuosa si no alega (pág. 374) “que exista un precio cierto pactado” o que “el precio de los servicios es conocido por la costumbre y uso frecuente en el lugar en que tales ser-vicios se prestaron.” Al mismo efecto, véase Ledesma v. Araújo, 15 D.P.R. 249, 254.

Sin embargo, en el caso más reciente sobre esta cuestión, basado en hechos casi idénticos a los del de Agosto v. Woods, esta corte no resolvió categóricamente que en ausencia de un precio pactado o un tipo acostumbrado, no podía recla-marse por servicios prestados. Dijimos en Ex parte Capó, 59 D.P.R. 899, a la página 903 que “Aun aceptando, sin así resolverlo, que el reclamante tuviese derecho a reclamar el justo y razonable valor de sus servicios, siempre nos vería-mos obligados a confirmar la sentencia recurrida por no ha-berse presentado evidencia alguna en cuanto a ese extremo.” (Bastardillas nuestras.)

No es necesario en el presente caso que reexaminemos la regla establecida en los casos que acabamos de discutir. Todos ellos, excepto Ex parte Capó, fueron resueltos en los primeros años del 1900, mucho antes de la aprobación de la Ley núm. 49 de 1935. Este último estatuto fué aprobado a la luz de condiciones más modernas. Es obvio que posee un designio y propósito diferentes a las disposiciones ante-riores del Código. En muchas ocasiones sus términos echan a un lado hasta los convenios específicos. Si también sumi-nistra condiciones específicas para un contrato por servicios en el que tales condiciones faltan, es una cuestión que aquí no tenemos que tomar en consideración. Es suficiente a nuestros fines que llamemos la atención al hecho de que los •casos citados no son decisivos en cuanto al presente, porque aquí se alega que existía un contrato específico para traba-jar a razón de $1,68 por día. Interpretamos esto en el sen-tido de que los obreros alegan que su contrato como cuestión de hecho era por ocho horas a $1.68. Asimismo alegan ellos que trabajaron cuatro horas extras cada día y solicitan do-ble compensación por las mismas amparándose en las dispo-siciones de la Ley núm. 49. Aunque hemos resuelto que la Ley núm. 49 no dispone específicamente que el tiempo traba-jado en exceso de nueve horas debe ser compensado a razón del doble de la compensación corriente, surge una situación completamente distinta en relación con la reclamación de que se les pague por dichas horas extras a razón del tipo co-rriente de compensación. Sin determinar en detalle hasta qué punto, si alguno, la regla establecida en Agosto v. Woods, ha sido modificada por la Ley núm. 49 y otras leyes, esta-mos satisfechos 'en que, aun bajo la regla original, la ale-gación de la existencia de un contrato o de una compensa-ción acostumbrada a un tipo específico de pago, es suficiente alegación para hacer factible que se reclame a razón de ese mismo tipo el pago del tiempo trabajado en exceso del tér-mino fijado en el contrato o por la costumbre. Y si se le-vanta la cuestión de perfección en las alegaciones, deberá recordarse que estos casos se originaron en la Corte Municipal a virtud de querellas suscritas por los obreros sola-mente, y que la sección 6 de la Ley núm. 10, Leyes de Puerto Rico, 1917 (II, pág. 217), impone a"las cortes el deber de no tomar en consideración defectos de forma en pleitos que en reclamación de salarios se traigan de acuerdo con ella.

La última contención del peticionario es que 'existe la presunción de que las leyes se cumplen, y en ausencia de al.guna alegación en contrario en la querella, debemos presumir que el demandado, al pagar $1.68 por día, ha pagado ya no sólo el tipo de compensación corriente, si que aun a ra-zón del doble de tal compensación, por todas las horas trabajadas en exceso de ocho durante cualquier día. En War ren-Bradshaw Co. v. Hall, 317 U. S. 88, hallamos a la pág. 93, una contestación categórica a esta contención, en relación con la Fair Labor Standards Act:

“La contención fina] merece escasa consideración. Los deman-dados fueron empleados a base de un día de ocho boras y regular-mente trabajaron siete días a la semana, recibiendo jornales fijos que fluctúan entre $6.50 y $11 al día. No existía convenio alguno que especificase la cantidad a pagarse por hora o que el salario semanal incluía compensación adicional por horas extras. El peticionario ar-guye que cumplió con las disposiciones de la ley en cuanto a com-pensación por trabajo extra, ya que los demandados percibieron sa-larios más altos que el salario mínimo fijado por Ley, incluyendo tiempo y medio a razón de ese salario mínimo por todas las horas extras, salarios que los demandados al aceptarlos, implícitamente con-vinieron incluían compensación por tiempo extra. Una contención similar fué directamente rechazada en Overnight Motor Co. v. Missel, 316 U. S. 572.”

En el caso de Overnight Motor Co., se consideró este pro-blema en la forma siguiente, a la pág. 581:

“El peticionario invoca la presunción de que las partes contra-tantes intentan cumplir eon la ley y alega que por tanto no existe justificación para interpretar el contrato en el sentido de pagar al obrero solamente el salario básico o ‘tipo corriente’, sin tomar en consideración el número de horas trabajadas. Es cierto que el jor-nal pagado era suficientemente alto para cubrir tanto el salario básico como un cincuenta por ciento adicional por las horas realmente tra-bajadas en exceso del máximo fijado por ley, sin constituir una vio-lación de la sección seis. Pero no existía límite alguno en el con-trato en relación con las horas que el peticionario, si hubiese deseado hacerlo, pudo haber exigido que el demandado trabajase a razón del salario convenido, así como tampoco existía disposición alguna de pago adicional en caso de que las horas trabajadas hubiesen de ser pagadas a razón de un tipo mínimo mayor que el salario estipu-lado. La inferencia no puede remendar un contrato tan deficiente en el cumplimiento de la ley. Este contrato se distingue del exis-tente en el caso de Walling v. Beto Corp., post, pág. 624, en el cual el contrato especificaba un tipo de compensación por hora y no menos de tiempo y medio por trabajo extra, incluyendo la garantía de una cantidad semanal fija, y exigía al patrono pagar más que la garantía semanal en aquellos casos en que las horas trabajadas a razón del tipo fijado en el contrato excediesen de tal cantidad.”

Cuando el caso de Overnight Motor Go. es considerado conjuntamente con el de Walling v. Belo Corp., 316 U. S. 624, puede verse claramente que el verdadero tipo mínimo por hora a pagarse es una cuestión de hecho que depende del convenio entre las partes o la costumbre que impere. Como la Corte señala en el caso de Belo Corp. (págs. 631-2) “En su etapa inicial la cuestión a que esta discusión da ori-gen es una de derecho, la de interpretación del término esta-tutario ‘tipo corriente’. Pero se concede que como cuestión de derecho, patronos y obreros pueden fijar el ‘tipo corriente’ mediante contrato. . . . Resta decidir si los $40 [la com-pensación semanal convenida en dicho caso; $1.68, la com-pensación diaria convenida en el nuestro] comprenden com-pensación-por tiempo extra así como por salario básico.” (Materia en corchetes nuestra.)

Wilson v. New, 243 U. S. 332, y Nelson v. St. Joseph & G. I. Ry., Co., 205 S. W. 870 (Mo., 1918), surgieron bajo la Ley Adamson y no son aplicables al presente caso. Esa Ley Federal fue más allá que la núm. 49, que sencillamente dis-puso que ocho horas constituirán el día normal de trabajo. La sección 1 de la Ley Adamson disponía no sólo que “se considerará ocho horas, en contratos que comprenden traba-jos o servicios, como el trabajo de un día”, si que continuó disponiendo que ocho horas será “la medida o norma de un día de trabajo a los efectos de computar la compensación por los servicios de todos los obreros . . . ”. En ausencia de una disposición similar a la cláusula anterior, la Ley núm. 49 se rige por el principio establecido en los casos de Overnight Motor Co. y Belo Corp.

De acuerdo con el Fair Labor Standards Act el tipo acos-tumbrado o el fijado en el contrato no podrá ser menor que el tipo mínimo allí establecido. Pero, como ya hemos indi-cado, la Ley núm. 49 no dispuso tipo mínimo alguno, y, ex-cepto en cuanto a convenios colectivos, nada existe a modo de ley insular a la que se haya llamado nuestra atención, que impida que las partes lleven a cabo un contrato a base de salarios de hambre. Nosotros, por supuesto, ni por inferen-cia ni de otro modo, reformaremos el contrato existente en-tre las partes para hacer que el $1.68 cubra las doce horas. Pero si la prueba que se presente en el juicio demuestra que tal fué en realidad la intención o convenio entre las partes, o que existía una costumbre prevaleciente a ese efecto, los obreros han obtenido una victoria ilusoria con nuestra deci-sión al efecto de que tienen derecho a compensación por las décima, undécima y duodécima horas, a razón del tipo co-rriente. Es decir, si las partes en realidad convinieron en que el obrero recibiría $1.68 por doce horas, resultando que el tipo por hora es 14 centavos, el obrero ya ha sido total-mente compensado al tipo ordinario por todas las doce horas, aunque él tendrá, desde luego, derecho a la compensa-ción extra por la novena hora que el estatuto específicamente dispone deberá recibir. Convenios colectivos, los records de compensaciones a obreros, convenios individuales escritos u n-ralfis. los records de la Administración de Ajuste Agrícola, pagos hechos cuando sólo se trabajó parte del día debido a enfermedad, y la costumbre de la comunidad o de la indus-tria, son fuentes ilustrativas de los hechos que las cortes in-feriores tendrán que determinar al considerar esta cuestión.

En verdad, aun si estuviéramos de acuerdo enteramente con los obreros y resolviéramos que la Ley núm. 49 especí-ficamente dispone doble compensación por todas las horas trabajadas en exceso de ocho horas durante cualquier día, tal resolución podría ser una esperanza ilusoria. La Ley núm. 49 no es un estatuto de salario mínimo, y no podemos retorcerla hasta convertirla en una de esa naturaleza. Cua-lesquiera derechos bajo la misma podrían por tanto ser con-vertidos en ilusorios sin un tipo de salario mínimo, adqui-rido por legislación o por convenio colectivo. Esto se debe a que, como ya se lia indicado, nada baya en la Ley núm. 49 que impida a un patrono establecer un salario bajo, el cual se duplica por horas extras. Una vez más repetimos que no debe esto interpretarse como que significa que estamos re-solviendo que cada patrono puede ahora reconstruir artifi-cialmente con carácter retroactivo los convenios bajo los cuales sus obreros trabajaron,- con el fin de afirmar ahora que si una cantidad específica por hora se toma como el tipo recibido, el obrero ya ha sido totalmente compensado, aun por la novena hora a doble tipo y por horas en exceso de las nueve horas bien al tipo ordinario o al doble de dicho tipo. La intención de las partes se descubre determinando cuáles fueron los. convenios verdaderos, al tiempo en que se realizó el trabajo, tal como surgen de todas las circunstan-cias. A este efecto, véase Thibault v. National Tea Co., supra.

Nos damos cuenta de las dificultades que pueden surgir en un esfuerzo para determinar si la compensación pagada originalmente cubría -todas las horas extras trabajadas. Sólo podemos repetir que la situación en este caso no ha sido creada por nosotros y que' el remedio para ella no cae den-tro, de nuestra incumbencia.

En vista de nuestra resolución de que los obreros tienen derecho de acuerdo con la Ley núm. 49 a doble compensa-ción por la novena hora de trabajo durante cualquier día natural y a compensación ordinaria por trabajo realizado en exceso de nueve horas, el auto inhibitorio será anulado y se devolverá el caso a la corte de su origen para ulteriores pro-cedimientos no inconsistentes con esta opinión.

      (1)"Creemos conveniente insistir respetuosamente ante ese Senado para que sa apruebe el Proyecto de la Cámara número 2, tal como fué aprobado por la Cámara de Representantes, si existe en realidad el propósito de facilitar .el pro-grama de reformas constructivas y medidas que tiendan a absorber parte del personal desempleado.

        “El Congreso Internacional del Trabajo acaba de establecer la semana de cuarenta horas, y la tendencia universal, como medida de alivio al desempleo, es reducir las horas en todas partes. ’ ’
      Actas del Senado de Puerto Rico, 1935, págs. 1212, 1213.
      “La limitación de la jornada de trabajo favorece más a la industria que al mismo trabajador, porque le proporciona un descanso adecuado, y por lo tanto, predispone al elemento humano a realizar una labor más eficiente en la respectiva industria.
      “Es nuestra aspiración y no dejaremos en demandarla constantemente ante esta Legislatura, que la jornada de trabajo en Puerto Rico debe ser rebajada en tales condiciones, que la industria pueda absorber una gran cantidad del brazo que está desocupado, que alcanza a más de 375,000 personas.”
      Actas de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, 1935, pág. 1359.
      “En casi todo movimiento en que el trabajador agrícola ha tomado parte para mejorar sus condiciones de vida y trabajo, la primera reclamación ha sido una jornada de ocho horas, que pocas veces se ha conseguido y si en muehas se ha puesto en los escritos de transacciones de los movimientos huelgarios, ello ha resultado letra muerta por no existir la debida y necesaria inspección y regla-mentación legal que produjese el cumplimiento de los convenios firmados a tal efecto. Si este proyecto se convierte en ley, será innecesario desde su vigencia en adelante el exigir una jornada de ocho horas como condición al mantenimiento de la paz industrial porque los funcionarios encargados de hacer cumplir las leyes estarán prestos a así exigirlo, y el trabajador que se aviniera a trabajar más de ocho horas, o el patrono que exigiera que las trabajase, habría incurrido en las sanciones penales que determina el proyecto de ley. De modo, pues, que lo que ha sido un derecho discutible y discutido a través do las luchas del trabajo, se convertirá en un derecho positivo e inalienable, cuyo ejercicio y goce el Estado se enearga de garantizar.
      “So ha comprobado que en la actualidad los trabajadores a quienes habrá de afectar esta eliminación, han estado trabajando por lo menos doce horas dia-rias durante los siete días de la semana, y no es difícil darse cuenta por cualquier persona que observe y estudio con calma las disposiciones de esta ley, que consti-tuye una gran ventaja y una conquista digna de tenerse en cuenta y de esforzarse por conservarla, el hecho de que inmediatamente que el proyecto empiece a regir nadie tendrá la obligación, ni podrá siquiera voluntariamente, rendir una jor-nada de labor más allá de las ocho horas, a menos que situaciones de emergencia declaradas según se determina en el proyecto, pudieran existir.
      “Si la-ley dictada se convirtiera en la ley de esta Isla sobre la materia, han conseguido las masas trabajadoras lo que ha costado numerosas vidas y po-dría continuar eostándolas, si no hubiéramos, mediante la adopción del proyecto en la forma en que se ha votado definitivamente por el Senado, eliminado la más difícil contención de las demandas de los obreros en su lucha por un mejor estar y mayores oportunidades de trabajo.
      “.;;
      Actas del Senado de Puerto Rico, 1935, págs. 1336-1340.

      (2) Quizá es innecesario añadir que cualesquiera referencias a la Ley núm., 8 de 1941 en esta opinión han sido sencillamente a manera de ejemplo. No sería propio de nuestra parte en este caso pasar sobre el alcance o validez de tal esta-tuto o de cualquier disposición del mismo.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Francisco Ríos Ferrer, demandante y apelante, v. Iglesia Católica, Apostólica y Romana de Puerto Rico, et al., demandadas y apeladas.
    Núm. 8653.

    Sometido: Marzo 19, 1943.

      Resuelto: Mayo 19, 1943.

      Luis Mercader, abogado del apelante; Heriberto Torres Sola y F. J. Peres Almiroty, abogados de las apeladas.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Éste es nn caso sobre daños y perjuicios en el que surge una cuestión de procedimiento y como consecuencia de ella otra de jurisdicción que deben ser consideradas previamente.

La aquí demandada inició un pleito contra el Municipio de Hatillo y el aquí demandante sobre reclamaciones opues-tas sobre propiedad inmueble, en el que obtuvo, mediante injunction, la paralización de una obra que el aquí deman-dante había comenzado a construir en un solar del indicado municipio. Resuelto finalmente dicho pleito por esta Corte Suprema en contra de la aquí demandada — Iglesia Católica, etc. v. Municipio, 59 D.P.R. 191 — , el demandante inició contra ella y su fiadora esta reclamación.

Los daños y perjuicios que se alegan ascienden a $8,512,. como sigue: trescientos por honorarios de ahogado, cien por pérdida de “stock de dulces,” cien por depreciación de una nevera, doscientos por pérdida de materiales y mano de obra y siete mil ochocientos doce por ganancia dejada de obtener en sn negocio que habría de continuar en la construcción paralizada, durante tres años.

La demandada al contestar insistió en que la demanda no aducía hechos suficientes determinantes de una causa de ac-ción y, al llamarse el pleito para juicio, pidió a la corte que decidiera previamente la cuestión.

La corte accedió. Suspendió la vista y una semana más tarde archivó su resolución en el sentido de que la deman-dada tenía razón en cuanto a la improcedencia de la recla-mación por la nevera y los dulces, porque el demandante no tenía negocio alguno establecido cuando la paralización de la construcción fue decretada, y por las ganancias dejadas de obtener en su negocio en perspectiva, por tratarse de da-ños inciertos, contingentes o especulativos.

También en que la reclamación en todo caso debía limi-tarse al montante de la fianza — mil quinientos dólares — bajo la garantía de la cual se libró el injunction, pero estimando que podía reclamarse por los honorarios de abogado, fiján-dose éstos discrecionalmente por la corte, y por el material de construcción perdido, se negó a declarar la excepción con lugar y concedió al demandante diez días para enmendar su demanda con la advertencia de que si así no lo hacía no ad-mitiría prueba en el juicio sobre las indicadas ganancias de-jadas de obtener y sobre las pérdidas de efectos y dulces alegadas.

El demandante no enmendó su demanda ni pidió la cele-bración del juicio si que solicitó de la corte que dictara sen-tencia. Así lo hizo la corte en los siguientes términos:

“El demandante ha presentado una moción pidiendo que se dicte sentencia. No podemos darle otra interpretación a esa moción que dicha parte desiste de presentar prueba alguna en el caso y quiere discutir en el Tribunal Supremo si los 'fundamentos consignados por nosotros al resolver nuestra excepción previa, sobre que la parte de-mandante no. tiene derecho a reclamar daños y perjuicios por ganan-cias dejadas de obtener en un negocio en perspectiva, basándonos en que la -orden de injunction no paralizó ningún neg’ocio, que era en-tonces inexistente. Sino que paralizó la construcción de un kiosco de concreto.
“No sabemos basta qué punto puede llevarse al Tribunal Supremo un caso en esa forma para discutir una cuestión técnica solamente, cuando la corte no ha declarado con lugar la excepción previa del demandado, y lo único que ha hecho es adelantar su opinión sobre el alcance de daños y perjuicios que podrían reclamarse en un caso como el que está alegado en la demanda de la propia parte deman-dante.
“Generalmente se pide sentencia cuando la Corte declare con lu-gar la excepción previa, lo que no ha sucedido en este caso. Es ver-dad que al resolver nuestra excepción previa expusimos nuestra opi-nión do que el demandante no podía réclamar en cuanto a las ganan-cias y pérdidas que reclama, pero él pudo insistir en su demanda y ofrecer- prueba sobre este extremo, y pudo apelar después de la sen-tencia, basá.ndose en que no se había admitido esa prueba. Su ape-lación ahora, sin que haya ofrecido tal prueba para discutir una cuestión académica, es algo para nosotros excepcional, pues si bien dijimos al final de nuestra resolución arriba transcrita que el deman-dante podía pedir sentencia para apelar, siempre pensamos en que solicitaría una vista para ofrecer su prueba, y en caso de ser negada, pedir sentencia.
“La petición de sentencia del demandante equivale a manifestar a la corte que no desea presentar prueba alguna y que se resuelva el caso por las alegaciones en relación con nuestra resolución sobre excepción previa.
“Por las expuestas razones, la corte dicta sentencia a petición del demandante, declarando sin lugar la demanda, con las costas.”

T fue contra esa sentencia que se interpuso el presente recurso de apelación, señalándose como errores los cometi-dos a juicio del apelante por la corte al resolver que el de-mandante carecía de acción para reclamar las ganancias de-jadas de obtener al paralizarse el negocio que venía mante-niendo desde 1923 y reanudaría al terminar la construcción del kiosco; al decidir que su derecho estaba limitado al de la cuantía de la fianza, y al indicar que la cuantía de los ho-norarios de abogado lo sería a ser fijada diserecionalmente por la corte.

En sn alegato la parte apelada sostiene que la moción para que se dictara sentencia era improcedente. Y argumentando su proposición se expresa en parte como sigue:

“Se permite a un demandante, cuya demanda es excepcionada, al resolverse la excepción de falta de causa de acción, solicitar sen-teucia para entonces apelar de la sentencia y así incidentalmente por el vehículo de la sentencia revisar la suficiencia de la demanda a la luz de los fundamentos de excepción previa. Pero cuando una de-manda aduce causa de acción, en más o menos grado, como la de este caso en los particulares que no son pérdida por la paralización del negocio, jamás puede declararse una excepción previa con lugar. De allí que jamás pueda dictarse una sentencia a base de una excep-ción previa que no fué declarada con lugar; y que jamás pueda apelarse de tal resolución al través del vehículo jurídico de la sen-tencia.
“La apelación de este caso meramente plantea una situación abs-tracta puramente técnica, que si se permite abrirá la puerta a nu-merosas apelaciones en los miles de casos que se puedan presentar ante nuestras cortes de justicia cada vez que un tribunal de categoría inferior anticipe un criterio o delinee la conducta a seguirse en un caso' determinado. Entonces con sólo pedir sentencia en ese inci-dente, se provocaría una apelación más, privando a la corte inferior de resolver los pleitos en su fondo con la rapidez que demanda la administración de la justicia.”

Creemos, en verdad, que el pleito no estaba listo para sentencia. Los pleitos no deben, ni pneden traerse fraccio-nados a esta corte. Las instancias deben agotarse resolvién-dose en cada una la totalidad de las cuestiones envueltas. La defensa de falta de causa de acción fué desestimada y si bien la corte adelantó su criterio en cuanto a las partidas que conocemos, estuvo lista para celebrar el juicio, enmen-dárase o no la demanda. En el juicio pudo la parte deman-dante insistir y presentar su evidencia, tomando excepción de aquella parte que no fuere admitida y aportar la otra que tuviera en cuanto a las partidas que la corte consideró que se podían reclamar, pudiendo apelar de la sentencia que se dictare en su día aunque le fuere favorable en parte. De ese modo todo adquiriría un relieve mayor que permitiría a esta corte decidir el caso con mayor seguridad de acierto.

La corte debió haberse negado a pronunciar sentencia sobre las alegaciones y como el procedimiento seguido para ello no se ajusta a la mejor práctica, su sentencia será re-vocada y el caso devuelto a la misma para que continúe trar-mitándose de acuerdo con la ley y los principios' enunciados en esta opinión.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.