author: El Juez Asociado Señor Estrella Martínez Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez,

text:
    Félix Albert Rodríguez, Lydia García Peña y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, recurridos, v. Integrand Assurance Company, peticionaria.

      Número: CC-2014-826

      Resuelto: 9 de septiembre de 2016

      Gaudelyn Sánchez Mejias, de Sanchez Mejias Law Office, abogada de la parte peticionaria; Guillermo F. de Guzmán, de De Guzmán Law Offices, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Estrella Martínez

emitió la opinión del Tribunal.

Nos corresponde dilucidar si en una póliza de ocurrencia (ioccurrence policy) la defensa de falta de notificación o no-tificación tardía es opomble por una compañía aseguradora frente a un tercero perjudicado que entabló una acción directa contra ésta luego de obtener una sentencia final y firme contra el asegurado.

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Los hechos que originan la controversia ante nuestra consideración, según estipulados, se remontan al 1 de mayo de 2003 cuando La Cumbre, S.E. presentó una de-manda de daños y perjuicios contra Félix Albert Rodríguez y Lydia García Peña (esposos Albert-García), en la cual alegaron que éstos obstruyeron unas tuberías de aguas pluviales instaladas para la construcción del proyecto La Ciudadela en Guaynabo. Como parte de ese litigio, los esposos Albert-García presentaron una demanda de ter-cero contra FJ Construction Corp. (FJ Construction), para reclamar la indemnización de los daños y perjuicios causa-dos por las actuaciones negligentes de ésta durante la construcción de La Ciudadela. Asimismo, FJ Construction presentó una reconvención contra los esposos Albert-García.

Luego de varios incidentes procesales, y algunos días antes del comienzo del juicio, FJ Construction le informó solamente a los esposos Albert-García sobre la existencia de una póliza de seguro de responsabilidad civil, pero no se la proveyó. Como cuestión de hecho, ninguna de las partes incluyó a Integrand Assurance Company (Integrand) en el pleito ni se le notificó de la acción instada contra FJ Construction. Una vez comenzado el juicio en su fondo, tanto FJ Construction como los esposos Albert-García, pre-sentaron la prueba correspondiente, incluyendo documen-tos, fotografías, testigos y peritos. Luego de auscultar y sopesar la prueba sometida por ambas partes, el Tribunal de Primera Instancia dictó la Sentencia de 26 de febrero de 2009, notificada el 12 de marzo de 2009, en la que declaró “con lugar” la demanda contra tercero presentada por los esposos Albert-García y condenó a FJ Construction a pagar $100,000 por daños y perjuicios. Igualmente, desestimó la reconvención presentada por FJ Construction contra los esposos Albert-García, e impuso el pago de $10,000 en ho-norarios de abogado por temeridad. Así, FJ Construction presentó un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. Éste confirmó al Tribunal de Primera Instan-cia, siendo esta Sentencia del Tribunal de Apelaciones final y firme el 15 de enero de 2010.

Posteriormente, los esposos Albert-García recibieron la póliza de ocurrencia emitida por Integrand a favor de FJ Construction y, alrededor de mayo de 2010, efectuaron una reclamación extrajudicial por escrito a Integrand para so-licitarle el pago de los $100,000, en virtud de la sentencia obtenida en contra de su asegurado, FJ Construction. Integrand nunca respondió la reclamación extrajudicial de los esposos Albert-García. Por ende, éstos instaron la de-manda ante nuestra consideración contra Integrand, como asegurador de FJ Construction, para el cobro de la senten-cia final y firme en contra de su asegurado.

Ante esto, Integrand contestó la demanda y alegó que no responde como asegurador, pues nunca se le notificó so-bre el pleito entre los esposos Albert-García y FJ Construction, aduciendo que así lo requería la póliza emitida. En lo pertinente, alegó que la póliza de seguro, expedida por Integrand a favor de FJ Construction, le impone al asegu-rado el deber de notificar al asegurador sobre cualquier suceso que pueda activar su responsabilidad, incluyendo la presentación de una reclamación o demanda contra el asegurado. Asimismo, plantearon que el contrato de seguro suscrito provee que ninguna persona podrá reclamar in-demnización, según la póliza de seguros, a no ser que el asegurado cumpla con todas las condiciones del contrato. Por lo tanto, Integrand sostuvo que procede desestimar la demanda presentada por los esposos Albert-García debido al incumplimiento con los términos de la póliza, ya que fue notificada tardíamente de la demanda contra su asegurado y los reclamantes se colocan en la misma posición y debe-res de FJ Construction.

En este contexto, Integrand alegó que estas cláusulas tienen el propósito de facilitar la investigación ante un in-cidente cubierto por la póliza de seguro, de modo tal que se pueda proveer una defensa adecuada ante los tribunales. Asimismo, sostuvo que el incumplimiento con la notifica-ción requerida le ocasionó daños y perjuicios irreparables.

Por su parte, los esposos Albert-García sostuvieron que el Art. 20.030 del Código de Seguros, infra, provee para la acción directa contra Integrand como asegurador de FJ Construction. Por ende, alegaron que la defensa de falta de notificación solo procede cuando se demuestre que tal in-cumplimiento causó un perjuicio sustancial al asegurador. Los esposos Albert-García señalaron que Integrand no de-mostró haber sufrido un perjuicio sustancial a causa de la falta de notificación, que impida el cobro de la póliza, sino que solo se limitó a argumentar situaciones hipotéticas.

Examinadas las posturas de las partes, el Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia y declaró “sin lugar” la demanda de los esposos Albert-García contra Integrand. El foro primario expresó que cuando un peijudicado entabla una acción directa contra un asegurador, éste puede opo-ner las mismas defensas que podría invocar contra el ase-gurado, siendo la falta de notificación una de ellas. Me-diante un “balance de intereses”, el Tribunal de Primera Instancia concluyó que Integrand quedó en un “estado de indefensión absoluta” cuando los perjudicados no subsana-ron la falta de notificación de FJ Construction, a pesar de que conocían de la existencia de una póliza antes del juicio contra FJ Construction. Así, el foro primario determinó que la falta de notificación por parte de los perjudicados le ocasionó daños sustanciales al asegurador.

Inconformes con la decisión, los esposos Albert-García presentaron una reconsideración ante el foro primario, la cual fue declarada “no ha lugar”, por lo que acudieron ante el Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de apelación. Éste revocó al Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal de Apelaciones indicó que mediante la acción directa del peijudicado se activa una responsabilidad sus-tantiva absoluta del asegurador en beneficio del tercero perjudicado. En consecuencia, concluyó que Integrand no podía oponer la defensa de falta de notificación contra los esposos Albert-García, ya que las cláusulas de notificación solo se pueden oponer cuando se demanda al asegurado y asegurador conjuntamente. Además, según el Tribunal de Apelaciones, la política pública detrás de las acciones directas instadas al amparo del Código de Seguros exige que la responsabilidad de las aseguradoras se determine a par-tir de si la póliza cubre el riesgo o no.

Así las cosas, Integrand presentó oportunamente el re-curso de certiorari ante nuestra consideración. En síntesis, señaló que el Tribunal de Apelaciones erró al determinar que la defensa de notificación tardía es inoponible a los esposos Albert-García y concluir que responde de forma ab-soluta, según la póliza de seguro emitida a favor de FJ Construction.

El 30 de enero de 2015 expedimos el recurso ante nues-tra consideración y, tras examinar los escritos de los com-parecientes, procedemos a discutir el derecho aplicable y resolver la controversia.

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En Puerto Rico, la industria de seguros es sumamente importante, por lo que las controversias relacionadas con la figura del contrato de seguros revisten un interés pú-blico y se han resuelto al amparo de las disposiciones del Código de Seguros y su jurisprudencia interpretativa, con-siderando al Código Civil como fuente de derecho supletorio. Jiménez López et al. v. SIMED, 180 DPR 1, 8 (2010); Mun. of San Juan v. Great Ame. Ins. Co., 117 DPR 632, 635 (1986). Asimismo, a tono con los orígenes del Có-digo de Seguros, este Tribunal ha recurrido a las normas más avanzadas del derecho civil y derecho angloamericano por su valor persuasivo. CSMPR v. Carlo Marrero et als., 182 DPR 411, 424 (2011).

Al considerar lo anterior, la controversia ante este Tribunal requiere un examen integral de las disposiciones del Código de Seguros de Puerto Rico vigente, Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957 (26 LPRA sec. 101 et seq.), relacionadas con la responsabilidad del asegurador, según una póliza de seguro, frente a un tercero peijudicado por los actos y las omisiones del asegurado, específicamente, el desarrollo de las normas relacionadas con los Arts. 20.010 y 20.030 del Código de Seguros, 26 LPRA secs. 2001 y 2003, respectivamente. Mientras el Art. 20.010, supra, atiende el carácter de la responsabilidad de un asegurador, el Art. 20.030 del Código de Seguros, supra, establece los princi-pios que rigen las reclamaciones de un tercero, según la cubierta de una póliza de seguro.

Para comprender el alcance de los artículos citados es necesario examinar el origen de estas disposiciones. Ini-cialmente, en Puerto Rico un asegurador podía ser deman-dado en dos formas: (1) por demanda contra el asegurador únicamente luego de que el demandante haya obtenido una sentencia final contra el asegurado, o (2) incluyendo al asegurado y al asegurador en la misma demanda. Véanse: Pérez v. Maryland Casually Co., 78 DPR 475, 478 (1955); Bithorn v. Santana, 68 DPR 300 (1948); United States Casualty Co. v. Corte, 66 DPR 937, 939 (1947). Posteriormente, en 1952 se aprobó la Ley Núm. 60 para permitir que se interponga una demanda contra la compañía asegu-radora únicamente, sin necesidad de esperar a que recaiga una sentencia final contra el asegurado o incluirla como codemandada. Tal enmienda generó una discusión sobre si la aprobación de la Ley Núm. 60 tuvo el efecto de crear una causa de acción (sustantiva) contra la aseguradora o si simplemente era una medida meramente procesal. Pérez v. Maryland Casualty Co., supra, pág. 479. En aquel enton-ces, este Tribunal expresó que el historial legislativo de la referida enmienda no reflejaba la intención de la Asamblea Legislativa de crear “una causa de acción separada y dis-tinta contra el asegurador”, como existía en el estado de Louisiana, por lo que se concluyó que las enmiendas a las disposiciones de la Ley de Seguros solo consistieron en cambios al procedimiento. Pérez v. Maryland Casualty Co., supra, págs. 480-481. Véanse, además: Landol v. Colón, 78 DPR 602, 604 (1955); Autoridad de las Fuentes Fluviales v. Irizarry, 72 DPR 644, 650 (1951).

La norma pautada conllevó serias consecuencias para los perjudicados quienes se veían imposibilitados de recibir resarcimiento de daños por tecnicismos de ley, la ausencia del asegurado de la jurisdicción o por algún otro motivo que prescribiera su causa de acción. Véanse: Landol v. Colón, supra; Pérez v. Maryland Casualty Co,, supra; Autoridad de las Fuentes Fluviales v. Irizarry, supra. Para aten-der esta situación, en 1957 se aprobó el Código de Seguros, supra, con los artículos objeto de estudio.

Así, el Art. 20.010 del Código de Seguros, supra, dispone actualmente que

[e]Z asegurador que expidiere una póliza asegurando a una persona contra daños o perjuicios, por causa de responsabili-dad legal por lesiones corporales, muerte o daños a la propie-dad de una tercera persona, será responsable cuando ocurriere una pérdida cubierta por dicha póliza, y el pago de dicha pér-dida por el asegurador hasta el grado de su responsabilidad por la misma, con arreglo a la póliza, no dependerá del pago que efectúe el asegurado en virtud de sentencia firme dictada contra él con motivo del suceso, ni dependerá de dicha sentencia. (Énfasis suplido).

Por otro lado, y cónsono con el Art. 20.010 del Código de Seguros, supra, el Art. 20.030 del Código de Segu-ros, supra, provee que “[l]a persona que sufriere los daños y perjuicios tendrá, a su opción, una acción directa contra el asegurador conforme a los términos y limitaciones de la póliza, acción que podrá ejercitar contra el asegurador so-lamente o contra éste y el asegurado conjuntamente”. (En-fasis suplido). Ahora bien, esta acción está “sujeta a las condiciones de la póliza o contrato y a las defensas que pudieran alegarse por el asegurador en acción directa ins-tada por el asegurado”. (Enfasis suplido). Igualmente, si el tercero perjudicado entabla una demanda solo en contra del asegurado, “no se estimará por ello que se le prive, subrogándose en los derechos del asegurado con arreglo a la póliza, del derecho de sostener acción contra el asegura-dor y cobrarle luego de obtener sentencia firme contra el asegurado”. Id. (Énfasis suplido).

Con tales cambios se generó una responsabilidad del asegurador hacia el perjudicado en aquellas situaciones en las que ocurre una pérdida cubierta por la póliza de seguro, que no depende de alguna sentencia dictada por un tribunal contra el asegurado o de algún pago de sentencia efec-tuado por éste. Trigo v. The Travelers Ins. Co., 91 DPR 868, 874-875 (1965). De esta forma, se introdujo la acción directa (direct action) contra el asegurador existente en la legislación de Lousiana. Claro está, esa acción directa está sujeta “a los términos mismos y limitaciones de la póliza”, lo que implica que el acto debe estar cubierto por la póliza. Las expresiones al aprobar la referida legislación fueron contundentes con relación a la política pública aco-gida de brindar a las personas que reciban daño el derecho legítimo a recibir resarcimiento. Trigo v. The Travelers Ins. Co., supra, págs. 875-877. De igual manera, se alteró el estado de derecho vigente antes de 1957, reconociendo que un tercero peijudicado puede solicitar indemnización por sus agravios al asegurador solamente y que su derecho no está predicado en la acción contra el asegurado. Íd., págs. 874-875.

Por tal razón, más allá de los mecanismos proce-sales que pudiesen existir, en Puerto Rico se reconoció una causa de acción a favor de un tercero perjudicado y contra el asegurador, como cuestión de derecho sustantivo, la cual es distinta y separada de la causa de acción que pudiese tener ese tercero contra el asegurado. En vista de lo anterior, hemos expresado que la persona que alega que ha sufrido daños y perjuicios causados por las acciones u omi-siones culposas o negligentes de un asegurado puede orien-tar su causa de acción de tres formas distintas de deman-dar: (1) al asegurador, (2) al asegurado o (3) al asegurado y su asegurador conjuntamente. Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 120 DPR 283, 289 (1988). Igualmente, si la persona que ha sufrido los daños dirige su causa de ac-ción contra el asegurado y obtiene una sentencia final y firme contra éste, el peijudicado podría instar una acción posteriormente en contra del asegurador para exigir el pago de la sentencia. Íd., págs. 289-290; Ruiz v. New York Dept. Stores, 146 DPR 353, 367-368 (1998).

No obstante, el Art. 20.030 del Código de Seguros, supra, sujeta la acción a las condiciones de la póliza de seguros, por lo que hemos interpretado que esto se refiere a que la responsabilidad del asegurador no será mayor que la pactada en la póliza de seguro ni surgirá en caso de que el asegurado no haya incurrido en actos u omisiones culpo-sas o negligentes. Trigo v. The Travelers Ins. Co., supra, pág. 875. En cuanto a las defensas que el asegurador puede interponer frente al tercero perjudicado, en García v. Northern Assurance Co., 92 DPR 245, 254-255 (1965), expresamos que un asegurador no puede oponer aquellas defensas personales que le corresponden al asegurado. Íd., citando a Lumbermens Mut. Cas. Co. v. Elbert, 348 US 48 (1954), entre otros. A tono con esto, resolvimos que un ase-gurador no puede oponer la defensa de falta de notificación a un municipio en los noventa días requeridos por las leyes aplicables a las reclamaciones contra municipios entonces vigentes, ya que esta defensa solo le beneficiaba al muni-cipio por disposición de ley. Lumbermen’s Mut. Cas. Co. v. Elbert, supra, pág. 251.

Atono con la normativa enunciada, la Asamblea Legisla-tiva enmendó el Art. 20.030 del Código de Seguros, supra, mediante la Ley Núm. 186-2007 para aclarar que en la “ac-ción directa incoada por la persona que sufriere los daños y peijuicios contra el asegurador, éste está impedido de inter-poner aquellas defensas del asegurado basadas en la protec-ción de la unidad de la familia u otras inmunidades simila-res que estén reconocidas en el ordenamiento jurídico de Puerto Rico”. Con ello, se incorporó lo resuelto en Drahus v. Nationwide Mutual Ins. Co., 104 DPR 60 (1975). Cabe destacar que la Ley Núm. 186-2007 no cambió la naturaleza sustantiva de la acción; es decir, aún el tercero peijudicado puede entablar directamente su reclamo contra el asegura-dor solamente. Ahora bien, según el historial legislativo de la referida ley, no procede una interpretación que pretenda imputar responsabilidad absoluta al asegurador aún en au-sencia de negligencia o culpa del asegurado. Véase Comisión de lo Jurídico, Informe Positivo sobre el P. de la C. 3637, Senado de Puerto Rico, 22 de octubre de 2007; Comisión de Hacienda y Asuntos Financieros, Informe Positivo sobre el P de la C. 3637, Cámara de Representantes, 31 de agosto de 2007. Por tal razón, esta enmienda no alteró el estado de derecho vigente, pues ya desde 1962 indicamos que el ase-gurador solo será responsable, según una póliza de seguros de responsabilidad civil, si el asegurado ha sido culposo o negligente. Véase Almonte de Mejía v. Díaz, 86 DPR 111 (1962).

Lo anterior refleja que nuestro Código de Seguros esta-blece una política pública diseñada para permitir que un tercero peijudicado pueda reclamarle directamente a un asegurador, según una póliza de seguro mediante una ac-ción de naturaleza sustantiva, distinta y separada de la que pudiera corresponder en contra del asegurado. Al igual que el estatuto de Louisiana, se trata de un andamiaje jurídico inspirado en consideraciones de interés público y atados a la protección de terceros peijudicados por la con-ducta de un asegurado. Véase H. Alston Johnson, Article: The Louisiana Direct Action Statute, 43 La. L. Rev. 1455, 1457-1458 (1983).

Es en este marco de la acción directa, sujeta a los tér-minos y las limitaciones de la póliza, que nos corresponde auscultar si la defensa de notificación tardía al asegurador se puede oponer a terceros perjudicados y, de ser oponible, qué parámetros han de regir su aplicación. Procedemos.

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A. En el ámbito que nos ocupa, es sabido que virtual-mente todos los contratos de seguros contienen cláusulas contractuales que le imponen ciertos deberes al asegurado hacia el asegurador. Por un lado, estas cláusulas contrac-tuales usualmente exigen la cooperación del asegurado du-rante la fase investigativa del suceso detonante de la cu-bierta de la póliza de seguro. Por otro lado, el asegurado comúnmente tiene el deber contractual de notificar al ase-gurador sobre cualquier suceso, reclamación o demanda que active la responsabilidad indemnizatoria de éste, según determinada póliza de seguro. Véase R. Cruz, Derecho de seguros, San Juan, Pubs. JTS, 1999, pág. 183; 8f-198 Appleman on Insurance Secs. 4731 y 4771 (1981). Ambos deberes contractuales se encuentran intrínsecamente relacionados entre sí y persiguen un fin similar. Véase Mun. of San Juan v. Great Ame. Ins. Co., supra, pág. 637.

Esencialmente, el requisito de notificación al ase-gurador tiene el propósito de facilitarle a éste la investiga-ción correspondiente del suceso, reclamación o demanda por la cual se solicita la cubierta de la póliza, así como la preparación de sus defensas. Véase Faulkner v. Nieves, 76 DPR 434, 439-440 (1954). Así, el ex Comisionado de Segu-ros, Ledo. Rolando Cruz nos explica que una investigación adecuada del suceso cubierto por la póliza de seguro reduce el riesgo del asegurador ante reclamaciones fraudulentas, fomenta las transacciones de reclamaciones y evita la ad-judicación excesiva de daños por parte de un tribunal. Cruz, op. cit., pág. 182. En ese sentido, nos explica que

[e]l único efecto jurídico que resultaría del incumplimiento por parte del asegurado de las condiciones obligatorias prece-dentes de dar aviso de pérdida al asegurador [...] es que dicho incumplimiento puede constituir una defensa adecuada para relevar al asegurador de responsabilidad en la póliza. (Énfasis suplido). íd., pág. 181.

B. Con relación a la oponibilidad de la defensa de noti-ficación tardía frente a un tercero perjudicado, antes de aprobarse los Arts. 20.010 y 20.030 del Código de Seguros, supra, este Tribunal expresó que la defensa de incumpli-miento con las condiciones del contrato “puede ser inter-puesta por la compañía aseguradora no solamente contra el asegurado si que también contra el reclamante de una in-demnización por perjuicios sufridos por un accidente cu-bierto por la póliza”. Colón v. Gobierno de la Capital, 62 DPR 25, 38 (1943). Incluso, expresamos que “el perjudicado ocupa la misma posición legal del asegurado, salvo en el caso de colusión entre éste y el asegurador”. íd. Por ello, la norma jurídica sostenía que el tercero perjudicado podía protegerse de la defensa de incumplimiento argumentada por la aseguradora, al hacerla formar parte de la acción ins-tada, emplazándola y entregando copia de la demanda. Íd., págs. 38-39. Asimismo, se aceptaba que la aseguradora po-día renunciar a la defensa de falta de notificación con sus propias actuaciones y se señalaba que la notificación tardía, por sí sola, no era suficiente para liberar a la compañía ase-guradora de responsabilidad. Véanse: Cuebas Fernández v. P.R. American Ins. Co., 85 DPR 626, 644 (1962), Lafontaine v. Municipio, 79 DPR 583, 585-586 (1956); Landol v. Colón, supra, págs. 604-605; Faulkner v. Nieves, supra, págs. 438, 440. Incluso, para que ésta prosperara debía de-mostrar que el incumplimiento le provocó un daño sustancial.

A pesar de ello, este Tribunal no ha elaborado un están-dar ni se ha expresado para delimitar cuándo es oponible la defensa de falta de notificación frente a un tercero per-judicado y cuándo el asegurador está impedido de oponerla tras el reconocimiento del derecho de un tercero perjudi-cado a instar una acción directamente contra la asegura-dora según las disposiciones de las enmiendas del Código de Seguros de 1957. Tampoco hemos dilucidado si tal incumplimiento libera al asegurador de responsabilidad frente a un tercero peijudicado.

Nuestra jurisprudencia no ha abundado específicamente en torno a los pormenores de la aplicación de la defensa, considerando la política pública establecida por los Arts. 20.010 y 20.030 del Código de Seguros, supra. Tras las en-miendas de 1957 y el reconocimiento de que el nuevo estatuto adoptado es sustancialmente idéntico al de Louisiana, nos limitamos a expresar que ello no significa que el asegu-rador asume una responsabilidad absoluta. Su obligación dependerá de si la póliza cubre el riesgo. García v. Northern Assurance, Co., supra, pág. 255. Asimismo dictaminamos, a base de la interpretación del estatuto de Louisiana, que el asegurador está impedido de interponer defensas persona-les o privativas de su asegurado frente a la reclamación de un tercero peijudicado Íd., pág. 255. Véase Lumbermen’s Mut. Cas. Co. v. Elbert, supra. Sin embargo, no se elaboró una norma y solo nos limitamos a sugerir que, “el asegura-dor está severamente restringido de interponer defensas téc-nicas basadas en los términos de la póliza, tales como falta de notificación cuando el perjudicado radica una acción directa”. (Enfasis suplido). García v. Northern Assurance Co., supra, pág. 251.

Por consiguiente, para atender la controversia resulta adecuado remitimos a la casuística de la jurisdicción de Louisiana relacionada con la defensa de falta de notifica-ción interpuesta por la compañía aseguradora frente a un tercero perjudicado, en el contexto de la acción directa.

C. En relación con las pólizas de ocurrencia, el estatuto de Louisiana, acogido en nuestra legislación, ha sido objeto de numerosas interpretaciones que elaboraron la política pública que permea en el reconocimiento de que un tercero perjudicado pueda instar una acción directa contra el asegurador. Véase Davies v. Consolidated Underwriters; 6 So. 2d 351 (1942); Edwards v. Fidelity & Casualty Co. of New York, 123 So. 162 (1929). De igual forma, se desarrolló la jurisprudencia interpretativa en cuanto a lo que significa “conforme los términos y limitaciones de la póliza”, con re-lación a la defensa de falta de notificación o notificación tar-día levantada por la compañía aseguradora frente a un ter-cero peijudicado.

Específicamente, la Corte Suprema de Louisiana estable-ció que cada caso debe ser examinado conforme a sus hechos y circunstancias particulares. Los tribunales deben conside-rar en el balance de intereses el tiempo entre el suceso re-clamado y la notificación, el momento cuando la parte per-judicada descubrió su daño, cuándo ésta descubrió y conoció la existencia de una póliza y la identidad de la compañía aseguradora, el perjuicio causado a la defensa de la compañía aseguradora por el retraso de la notificación, la buena fe del asegurado y del tercero peijudicado, la existen-cia de circunstancias especiales, el fraude o la colusión. Jackson v. State Farm Mut. Auto. Ins. Co., 29 So. 2d 177, 179 (1946).

Luego, en West v. Monroe Bakery, Inc., 46 So.2d 122 (1950), la Corte Suprema de Louisiana examinó los distin-tos pronunciamientos sobre el asunto para concluir tajan-temente que la acción directa le confiere un derecho sus-tantivo a los terceros peijudicados, sujeto solamente a las defensas legales que se puedan levantar contra quien pro-dujo el daño. Íd., pág. 123. Tal derecho está cimentado en que el tercero peijudicado que actúa sin culpa no puede ser responsable por el incumplimiento del acuerdo entre el asegurado y el asegurador. La política pública es a favor de la protección del público. Íd., págs. 129-130. Véase Gorman v. City of Opelousas, 148 So.3d 888, 894 (2014). Empero, citó con aprobación lo enunciado en Davies v. Consolidated Underwriters, supra, pág. 357, en torno a que el asegurador no está vedado de oponer la defensa de notifi-cación tardía en situaciones “sumamente claras”, West v. Monroe Bakery, Inc., supra, págs. 129-130.

Estas decisiones contribuyeron a enmarcar la norma ju-rídica aplicable como un híbrido entre lo enunciado en West v. Monroe Bakery, Inc., supra, y los factores establecidos en Jackson v. State Farm Mut. Auto. Ins. Co., supra. Como resultado, el enfoque al dilucidar si procede la defensa de no-tificación tardía de una aseguradora de una póliza de ocu-rrencia frente a un tercero peijudicado es caso a caso con el resultado de que la aseguradora se beneficiará de la defensa de falta de notificación en aquellas instancias en las que existe un peijuicio a su defensa o se establece el fraude. Por lo tanto, la compañía aseguradora estará severamente res-tringida de oponer estas defensas. Alston Johnson, supra, págs. 1487-1488. Véase, además, Lumbermen’s Mut. Cas. Co. v. Elbert, supra, pág. 51.

D. Conforme a lo expresado, la defensa de noti-ficación tardía o falta de notificación no procede automáti-camente contra un tercero perjudicado en una acción directa si se opone como un mero incumplimiento técnico del asegurado, según los términos y las condiciones de la póliza de ocurrencia. Esto, ya que la acción directa incor-porada en Puerto Rico, más allá de proveer una causa de acción a favor de un perjudicado, se fundamenta en la pro-tección de terceros. Véase Davies v. Consol. Underwriters, supra. Además, las pólizas de seguros de responsabilidad civil crean vínculos y obligaciones entre el asegurado y el asegurador, sin que lo pactado imponga deberes en los ter-ceros perjudicados beneficiarios de la cubierta. Véase Art. 1044 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2994.

De acuerdo con lo expuesto, los tribunales de-ben examinar con mayor rigurosidad la procedencia de la defensa de notificación tardía o falta de notificación cuando el asegurador la opone contra el tercero peijudicado que cuando la opone frente al asegurado. Asimismo, lo resuelto en Colón v. Gobierno de la Capital de P.R., supra, no aplica a las enmiendas incorporadas en 1957 al Código de Seguros. Por lo tanto, un tercero peijudicado no está obligado a noti-ficar al asegurador de la reclamación en contra del asegu-rado para evitar que proceda la defensa de notificación tar-día o falta de notificación. Esto, puesto que las decisiones de este Tribunal fueron resueltas antes de que en Puerto Rico se incorporara la acción directa como un derecho sustantivo de un tercero peijudicado. Además, ello atentaría contra el derecho del tercero peijudicado a entablar una reclamación directa y exclusivamente contra el asegurador. Véase Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp, supra, pág. 289.

Por tal razón, resolvemos que cuando el Art. 20.030 del Código de Seguros, supra, crea la acción directa de un tercero peijudicado contra el asegurador y supedita, ésta a las condiciones de la póliza, ello no implica que el incumpli-miento con la notificación requerida en una póliza de ocu-rrencia constituya por sí sola ni automáticamente una de-fensa oponible frente a un tercero peijudicado. Un asegura-dor no podrá oponer exitosamente la defensa afirmativa de notificación tardía o falta de notificación frente a un tercero peijudicado en una acción directa instada al amparo del Art. 20.030 del Código de Seguros, supra, a menos que el asegu-rador demuestre claramente que tal incumplimiento le causó un daño sustancial y material, o hubo fraude o colusión. La determinación de si hubo o no un daño sustan-cial y material causado por el incumplimiento con los requi-sitos de notificación del asegurado dependerá de los hechos de cada caso, a la luz de la política pública adelantada con la implantación del mecanismo de la acción directa disponible al tercero peijudicado contra el asegurador.

En resumen, y como hemos examinado, la norma jurí-dica permite instar una acción para reclamar daños única-mente contra la aseguradora. Ésta responde por la póliza de ocurrencia emitida siempre y cuando el incidente por culpa o negligencia del asegurado ocurra en el periodo de cubierta de la póliza. Sin embargo, ello no significa que la responsabilidad de la aseguradora sea absoluta frente al asegurado. Como hemos enunciado, el Art. 20.030 del Código de Seguros, supra, dispone que la acción incoada directamente contra el asegurador está sujeta a las condicio-nes de la póliza o del contrato y a las defensas que el asegurador pudiera alegar contra el asegurado. No se trata de las defensas privativas o personales del asegurado, pero cuando la póliza de ocurrencia contiene una cláusula que requiere la notificación de la acción instada, su incumpli-miento es oponible tanto al asegurado como al tercero per-judicado independiente de si la acción fue entablada exclu-sivamente contra la compañía aseguradora o ésta se hizo formar parte del pleito original. Sin embargo, cuando la defensa de la aseguradora es frente a un tercero peijudi-cado se examina de forma más restrictiva si ésta procede o no; es decir, en beneficio del tercero peijudicado, por lo que la aseguradora tendrá que demostrar claramente que el incumplimiento le causó un daño sustancial y material, o que medió fraude o colusión. En tal ejercicio, avalamos la política pública a favor del tercero perjudicado para que éste pueda reclamar directamente contra el asegurador y reciba la indemnización que corresponda por la cubierta de la póliza.

IV

Los hechos en el caso ante nuestra consideración de-muestran que los esposos Albert-García obtuvieron una Sentencia de daños y perjuicios contra FJ Construction, me-diante un pleito donde cada parte presentó prueba testimonial, documental, fotográfica y pericial. Asimismo, FJ Construction presentó un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones, en aras de lograr la revocación del dictamen del Tribunal de Primera Instancia. A pesar de esto, el Tribunal de Apelaciones confirmó al Tribunal de Primera Instan-cia y la Sentencia en contra de FJ Construction advino final y firme.

A meses de ser final y firme la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, los esposos Albert-García re-clamaron a Integrand el pago de la cuantía determinada a su favor. Ésta argumentó la defensa de incumplimiento con la notificación requerida en la póliza de ocurrencia. Adujo que esto le produjo un perjuicio sustancial, por lo que sos-tuvo que no procede el pago reclamado. Para atender la in-terrogante, las partes sometieron conjuntamente una serie de estipulaciones necesarias para que se adjudicara la controversia.

El foro primario resolvió que procedía relevar a Integrand de responsabilidad, al concluir que la falta de noti-ficación por sí sola le causó peijuicio sustancial. Entendió que los esposos Albert-García colocaron a Integrand en un estado de indefensión absoluta cuando no le notificaron en tomo al pleito instado contra FJ Construction, a pesar de conocer de la existencia de una póliza. Inconforme, Integrand acudió al Tribunal de Apelaciones y éste revocó al foro primario. El foro apelativo intermedio asumió una postura diametralmente opuesta al foro primario. Con-cluyó que la defensa de falta de notificación levantada por Integrand no era oponible a los esposos Albert-García. El Tribunal de Apelaciones razonó que Integrand tiene una responsabilidad absoluta frente al tercero perjudicado y que la defensa de falta o tardanza en la notificación solo era oponible al tercero peijudicado cuando éste demanda conjuntamente al asegurado y al asegurador. De esta forma, resaltó que la responsabilidad de Integrand de-pende exclusivamente de que la póliza cubra el riesgo.

Contrariado con la determinación del foro apelativo in-termedio, Integrand comparece ante nos y sostiene que la decisión del Tribunal de Apelaciones es errada al impo-nerle responsabilidad absoluta e impedirle interponer frente a un tercero perjudicado la defensa de falta de notificación.

En el caso ante nuestra consideración, Integrand argu-menta que tanto FJ Construction como los esposos Albert-García incumplieron con su deber de notificación, según requiere la póliza de seguro entre FJ Construction e Integrand. En consecuencia, alega que sufrió un peijuicio sustancial al no tener la oportunidad de litigar y defender al asegurado, transigir el pleito, presentar prueba adicio-nal e, incluso, presentar un recurso de certiorari ante el Tribunal Supremo. Nos expone que la reclamación no fue notificada oportunamente, debido a que desde la entabla-ción del primer pleito contra FJ Construction hasta la no-tificación a Integrand mediante la presente demanda, han transcurrido sobre siete años y a meses de que la sentencia fuera final y firme.

Por su parte, los esposos Albert-García plantean que Integrand no demostró que el incumplimiento de FJ Construction con los requisitos contractuales de notificación le haya causado daños sustanciales. Sostienen que el asegu-rado participó del pleito vigorosamente, expuso las defen-sas correspondientes, presentó una reconvención y apeló la sentencia en su contra.

Como hemos puntualizado, el Derecho aplicable no se encuentra en las posturas extremas de los foros recurridos. La falta de notificación, por sí sola, no es sufi-ciente para relevar a la aseguradora de una póliza de ocu-rrencia de su responsabilidad frente a un tercero perjudi-cado según determinada póliza. Tampoco es determinante de por sí el tiempo transcurrido desde que se entabló la reclamación en contra del asegurado; mucho menos, la falta de notificación o la tardanza en notificar al asegura-dor implican, por sí sólo, un daño sustancial y material como cuestión de derecho. Lo importante es que el asegu-rador demuestre claramente que la falta de notificación le causó un perjuicio sustancial. Véase Pomares v. Kansas City Southern Ry. Co., 474 So.2d 976, 978 (1985).

En el caso ante nos, Integrand no alude a que entre el tercero perjudicado y el asegurado hubo colusión o fraude con la intención de perjudicarle. Además, como se des-prende de las estipulaciones de hechos presentadas por las partes ante el Tribunal de Primera Instancia, FJ Construction contó con representación legal a través del pleito en su contra y en ningún momento se dictó sentencia en rebeldía. La representación legal de FJ Construction presentó prueba documental, fotográfica, testimonial y peri-cial, según se desprende de la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia dictada el 26 de febrero de 2009. Empero, al no celebrarse una vista evidenciaría, Integrand no tuvo la oportunidad de probar cómo la falta de notificación le causó un perjuicio sustancial y material, si alguno. Véase Pomares v. Kansas City Southern Ry. Co., supra, pág. 978.

Por ende, examinada la normativa expuesta, no procede desestimar la acción instada por los esposos Albert-García contra Integrand, sino devolver el caso al Tribunal de Pri-mera Instancia para la celebración de una vista evidencia-ría en la que Integrand demuestre cuál fue en efecto el pa-tente perjuicio sustancial y material que le causó la falta de notificación. En ausencia de ello, no resultaría oponible la defensa de falta de notificación frente al tercero perjudicado.

V

Por los fundamentos expuestos, se revoca la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para los procedimientos ulteriores consecuentes con esta opinión.

El Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón concurrió sin opinión escrita. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emitió una opinión disidente, a la cual se unió la Juez Aso-ciada Señora Rodríguez Rodríguez.

Opinión disidente emitida por la

Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez,

a la cual se une la Juez Asociada Señora Ro-dríguez Rodríguez.

Los hechos que dieron lugar a la controversia ante nues-tra consideración se resumen adecuadamente en la Opi-nión del Tribunal, por lo que procederé a exponer los fun-damentos que motivan mi disenso.

El Art. 20.030 del Código de Seguros, 26 LPRA see. 2003, establece que la persona que sufra daños y peijuicios tendrá la opción de presentar una acción directa contra el asegurador conforme a los términos y las limitaciones de la póliza. Esa acción se podrá ejercitar contra el asegurador solamente o contra éste y el asegurado conjuntamente. Se-gún lo reconoce y esboza la propia opinión del Tribunal, esa acción está “ ‘sujeta a las condiciones de la póliza o contrato y a las defensas que pudieran alegarse por el asegurador e?i acción directa instada por el asegurado’ ”. (Enfasis en el original). Opinión mayoritaria, pág. 391.

Ese perjudicado también tiene la opción de presentar una demanda en contra del asegurado únicamente. Sobre esa acción, el Art. 20.030 del Código de Seguros, supra, establece que “[s]i el perjudicado entablara demanda contra el asegurado solamente, no se estimará por ello que se le prive, subrogándose en los derechos del asegurado con arreglo a la póliza, del derecho de sostener acción contra el asegurador y cobrarle luego de obtener sentencia firme contra el asegurado”. (Énfasis suplido).

Esta cláusula faculta a un perjudicado que obtuvo una sentencia a su favor, a subrogarse en los derechos del ase-gurado y entablar una acción contra el asegurador para que sufrague los daños otorgados en la sentencia. Por lo tanto, la aseguradora, en este pleito independiente, podrá presentar todas las defensas que tendría contra el asegu-rado, incluyendo la falta de notificación. Ello pues, por de-finición, la subrogación implica que el tercero perjudicado no puede tener mejor derecho frente a la aseguradora que el propio asegurado.

El dictamen mayoritario intenta evadir las consecuen-cias naturales de la subrogación mediante una interpreta-ción desacertada del estatuto. Así, la Opinión dispone que subrogarse conforme a los términos de la póliza lo que im-plica es que “la responsabilidad del asegurador no será mayor que la pactada en la póliza de seguro ni surgirá en caso de que el asegurado no haya incurrido en actos u omisiones culposas o negligentes”. Opinión mayoritaria, pág. 393, citando a Trigo v. The Travelers Ins. Co., 91 DPR 868, 875 (1965). No obstante, no se expone ningún fundamento válido o convincente para limitar el significado de esa frase únicamente a lo que indica la opinión. No hay argumentos válidos para disponer que subrogarse en la posición de otro no implica, además, que el peijudicado tendrá que enfren-tar todas las defensas que el asegurado hubiera enfrentado frente al asegurador.

Según hemos explicado, el fin primordial del contrato de seguros es proteger al asegurado “ ‘contra la responsabili-dad civil en la que pueda incurrir ante terceros por actos de los que sea legalmente responsable’ ”. Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 DPR 139, 153 (1996), citando a J. Castelo Matrán, Diccionario Mapfre de Seguros, Madrid, Ed. Mapfre, 1988, pág. 264. Es decir, existe principalmente para beneficio del asegurado, no de terceros. Así, es al ase-gurado a quien, en última instancia, le corresponde decidir si activa la protección que le brinda su póliza de seguro. De no hacerlo, carga con las consecuencias de su inacción.

Ante una situación fáctica como la que nos ocupa re-sulta contrario a derecho, además de injusto, responsabili-zar a Integrand Assurance Company por el pago de una sentencia dictada en un pleito en el cual no se le permitió aportar a la defensa o transigir la reclamación, en clara contravención a los términos de la póliza y las nociones más elementales del debido proceso. Lo anterior cobra aún más relieve cuando surge del expediente que ambas partes conocían de la existencia de la póliza antes de la celebra-ción del juicio y, aun así, optaron por no unir a la asegura-dora como parte en el litigio.

El argumento de la mayoría, de que no se puede dejar desprovisto a un perjudicado que no tiene control sobre si el asegurado notifica o no al asegurador, no tiene mérito. Un demandante siempre puede, y en un caso de daños y peijuicios debe, indagar en el descubrimiento de prueba sobre si existe una póliza que cubra la ocurrencia. Puede, además, traer al pleito a un asegurador de nombre desco-nocido en lo que obtiene toda la información. Lo que no debe ocurrir es que dos partes se beneficien de su inacción, falta de diligencia e incumplimiento con las cláusulas cla-ras de un contrato válido en peijuicio de otro.

El perjudicado tendrá, además, la opción de ir solo contra el causante del daño y, posteriormente, contra su ase-gurador, como ocurrió en este caso. No obstante, en esas situaciones no tendrá más derechos que el asegurado ni el asegurador tendrá menos derechos o defensas de las que tendría contra el asegurado.

Por último, el dictamen que hoy emite una mayoría de este Tribunal tiene el efecto práctico de anular una cláu-sula válidamente pactada entre la aseguradora y su asegurado. Peor aún, la opinión mayoritaria fomenta el in-cumplimiento deliberado con el deber de notificación toda vez que admite la adopción de estrategias de litigio centra-das en la marginación de la aseguradora. Crea, además, un entramado impreciso y complicado, donde el asegurador deberá establecer que sufrió un perjuicio —algo bastante obvio— presentando prueba que siempre será hipotética.

Por los fundamentos expuestos, revocaría el dictamen del foro intermedio y reinstalaría en su totalidad la senten-cia del Tribunal de Primera Instancia.

       Las reclamaciones de La Cumbre, S.E. contra los esposos Albert-García fue-ron objeto de un acuerdo de transacción.

       Las partes no han cuestionado la sentencia del Tribunal de Apelaciones. Por ende, ésta constituye cosa juzgada y no está ante nuestra consideración.

       Entre sus contenciones, Integrand Assurance Company (Integrand) señaló ante el Tribunal de Primera Instancia que el incumplimiento con la notificación le impidió realizar una investigación exhaustiva de los hechos, descubrir evidencia do-cumental y testifical, recopilar fotografías del lugar de los hechos y de los alegados daños, incorporar a terceros que pudieran responder a los demandantes y hacer una oferta de transacción. Además, reclamó que se le menoscabó su derecho de asumir representación legal. A su vez, señaló que esa falta de notificación le expone a satis-facer intereses post sentencia acumulados desde el dictamen.

       Véase la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 30 de septiembre de 2011, Apéndice del Certiorari, pág. 244.

       Véase la Sentencia del Tribunal de Apelaciones, Apéndice del Certiorari, págs. 303-304.

       Esta postura se refleja en las decisiones de este Tribunal en las que resalta el hecho de que la aseguradora se incluía como parte del pleito contra su asegurado. Véanse: Lafontaine v. Municipio, 79 DPR 583 (1956); Landol v. Colón, 78 DPR 602 (1955); Pérez v. Maryland Casualty Co., 78 DPR 475 (1955); Faulkner v. Nieves, 76 DPR 434 (1954); Colón v. Gobierno de la Capital, 62 DPR 25 (1943).

       Este Tribunal, en Landol v. Colón, supra, advirtió que el estado de derecho vigente funcionaba injustamente al privar a un perjudicado de una causa de acción que de otro modo sería válida. A su vez, señaló que le competía a la Asamblea Legis-lativa establecer una doctrina germana a la de Louisiana. Íd,, pág. 605 esc. 1.

       En ese momento, el estatuto de Louisiana reconocía a la parte pequdicada el derecho de entablar directamente una reclamación contra el asegurador. La política pública enmarcada consistía en que una póliza de seguro no se emite primariamente para la protección del asegurado, sino para la protección del público. Véase Davis v. Consolidated Underwriters, 6 So.2d 351, 357 (1942). Advertimos que la legislación de Louisiana sobre la acción directa ha sido objeto de enmiendas y en la actualidad permite entablar un pleito contra la aseguradora como única parte demandada en seis supuestos; a saber: (1) el asegurado se declaró en quiebra o comenzó un proceso a estos efectos en una corte competente; (2) el asegurado es insolvente; (3) el asegu-rado no puede ser emplazado o localizado; (4) la causa de acción es por daños como resultado de una ofensa entre hijos y sus padres, o entre personas casadas; (5) el asegurado es un transportista motorista no asegurado, y (6) el asegurado ha fallecido. Véanse: LA Rev. Stat. Sec. 22:1269; Soileau v. Smith True Value and Rental, 144 So.3d 771 (2013).

       Por ello, en Trigo v. The Travelers, Ins. Co., 91 DPR 868 (1965), contrario a lo resuelto en Cruz v. González, 66 DPR 212 (1946), se estableció que aunque la causa de acción estuviese prescrita contra el asegurado, ello no implica que esté también prescrita contra la aseguradora.

       Los hechos adjudicados ocurrieron el 26 de junio de 1967 cuando aún no estaba vigente el nuevo Código de Seguros.

       Mediante Sentencia emitida en Molina v. Ruiz, 113 DPR 287 (1982), este Tribunal se limitó a remitir a una vista plenaria para dilucidar si una aseguradora sufrió daños sustanciales por razón de la notificación tardía. Al así resolver, este Tribunal citó la jurisprudencia elaborada previo a las enmiendas de 1957 al Código de Seguros, sin auscultar si éstas aplicaban a la acción directa incorporada en el nuevo ordenamiento.

       En García v. Northern Assurance, Co., 92 DPR 245 (1965), este Tribunal se limitó a resolver que el incumplimiento en notificar al municipio en el término de noventa días de ocurrido un accidente previo a la reclamación de daños y perjuicios no impide que el lesionado interponga una acción directa en daños y perjuicios contra la aseguradora del municipio. Nada se dispuso con relación a si la falta de notificación requerida en la póliza libera al asegurador de responsabilidad frente a un tercero peijudicado.

       Sabido es que, de ordinario, existen dos tipos de cubiertas de seguros bási-cas: las de ocurrencia (occurrence policies) y las de reclamo presentado (claims made and reported policies). En esencia, en la póliza de reclamo presentado existe cubierta si la reclamación se hace durante el periodo de vigencia de la póliza mientras que en la póliza de ocurrencia solo depende de que el incidente haya ocurrido en el periodo de vigencia aunque no se haya reclamado. Véanse: Jiménez López et al. v. SIMED, 180 DPR 1, 11 (2010); 7 Couch on Insurance 3rd Sec. 102:22, págs. 66-71 (2013). En cuanto a la póliza de reclamo presentado, refiérase a lo resuelto en Gorman v. City of Opelousas, 148 So. 3d 888, 894 (2014). Véase, además, G. Tolbird, Death in the City: Gorman’s Flawed Application of the Direct Action Statute to Insured Political Subdivisions, 76 La. L. Rev. 583 (2015).

       ei Tribunal de Primera Instancia citó dos casos en los que se relevó a la aseguradora de responsabilidad. En ambos casos, la sentencia a favor del tercero perjudicado fue dictada en rebeldía porque ninguno de los asegurados compareció al litigio. Éstos distan de los hechos ante nuestra consideración. Específicamente, en Graham, v. Payne, 923 So.2d 866 (2006), se relevó a la aseguradora de la acción instada en su contra por razón de que el demandante conocía con exactitud cuál era la compañía aseguradora, y ésta se había mantenido en contacto con el demandante por razón de que no se conseguía al asegurado. No obstante, al momento de instar la demanda, el tercero perjudicado no incluyó ni notificó a la aseguradora hasta luego de que la sentencia en rebeldía dictada a su favor advino final y firme. En consecuen-cia, el foro de Louisiana entendió que la situación pudo ser evitada si el demandante hubiera notificado a la compañía aseguradora. Por otra parte, en Haynes v. New Orleans Archdiocesan Cemeteries, 805 So. 2d 320 (2001), el tercero perjudicado de-mandó al asegurado pero no a la aseguradora, ni notificó a esta última. El asegurado nunca compareció y se dictó sentencia en rebeldía. Luego de dictada la sentencia en rebeldía, la compañía aseguradora fue notificada.

       Posteriormente, la Corte de Apelaciones de Lousiana en Pomares v. Kansas City Southern Ry. Co., 474 So.2d 976 (1986), enunció con mayor claridad la norma en un caso en el cual el tercero perjudicado reclamó el pago a la aseguradora de una sentencia a su favor por $22,260. Por su parte, la compañía aseguradora presentó como defensa que nunca fue notificada de la demanda instada conforme los términos de la póliza de ocurrencia y que nunca conoció de la existencia de la sentencia hasta que se solicitó su ejecución seis y medio años desde el accidente y a un año y medio de dictada la sentencia. Asimismo, presentó como defensa que no había cubierta para el vehículo involucrado, A pesar de ello, la Corte de Apelaciones concluyó que no procedía la defensa de falta de notificación, ya que no se demostró ningún perjuicio por razón de ese incumplimiento. Íd., pág. 978. Véase, además, R. Cruz, Derecho de seguros, San Juan, Pubs. JTS, 1999, pág. 185.

       El que se dicte sentencia en rebeldía, en ciertas circunstancias, podría cons-tituir un daño sustancial y material al asegurador. Véanse, por ejemplo: Haynes v. New Orleans Archdiocesan Cemeteries, supra, pág. 324; Auster Oil & Gas, Inc. v. Stream, 891 F.2d 570, 579 (5to Cir. 1990); Hallman v. Marquette Casualty Co., 149 So.2d 131, 132 (1963).

       Según la Opinión del Tribunal, los derechos del asegurador variarán depen-diendo de si la parte perjudicada presenta una acción directa contra el asegurador (independientemente de si incluye al asegurado o no) o si la presenta únicamente contra el asegurado y luego le cobra la sentencia al asegurador. En la primera el asegurador puede levantar defensas que normalmente opondría contra el asegurado y en la segunda alternativa no.

       Este caso es distinto, pues en esa ocasión no estaban ante nuestra conside-ración los efectos de la subrogación entre la aseguradora y el tercero peijudicado.

       ¿Qué incentivo puede tener ahora un demandado para notificarle un inci-dente a su aseguradora? ¿Qué demandante optaría ahora por llevar una reclamación contra una aseguradora si claramente le va a convenir instarla solamente contra el asegurado y luego cobrarle al asegurador?

       Difícilmente el asegurador podrá probar que, de haber tenido la oportunidad de defenderse, hubiera llegado a un acuerdo transaccional, o que hubiese presentado una mejor defensa y, por ende, hubiese conseguido una sentencia de menor cantidad.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
      In re Integración de Salas de Despacho.

      Número: ES-2016-04

      Resuelto: 12 de septiembre de 2016
   RESOLUCIÓN

En conformidad con lo dispuesto en la Regla 4 del Re-glamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXI-B, se constitu-yen las Salas de Despacho siguientes:

Primera Sala de Despacho:

Hon. Maite D. Oronoz Rodríguez, presidenta

Hon. Mildred G. Pabón Charneco

Hon. Roberto Feliberti Cintrón

Segunda Sala de Despacho:

Hon. Anabelle Rodríguez Rodríguez, presidenta

Hon. Erick V. Kolthoff Caraballo

Hon. Luis F. Estrella Martínez

Tercera Sala de Despacho:

Hon. Rafael L. Martínez Torres, presidente

Hon, Edgardo Rivera García

Hon. Ángel Colón Pérez

Cuando un miembro de la Sala no pueda intervenir en la decisión de algún asunto, se seguirá el procedimiento establecido en la Regla 4 del Reglamento del Tribunal Supremo, supra.

Esta Resolución entrará en vigor el lunes 3 de octubre de 2016. Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo


author: El Juez Asociado Señor Martínez Torres

text:
    Carlos J. Rivera Ruiz et al., recurridos, v. Municipio Autónomo de Ponce et al., peticionarios.

      Número: AC-2014-0040

      Resuelto: 14 de septiembre de 2016

      Carmen E. Torres Rodríguez y Marieli Paradiso Pérez, aboga-das de la parte peticionaria; Carlos J. Rivera Ruiz y Yadyra Manfredy Ramos, del bufete Manfredy & Manfe-dry, abogados de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Martínez Torres

emitió la opinión del Tribunal.

Nos corresponde determinar cuándo comienza a trans-currir el término prescriptivo para incoar una acción de responsabilidad civil extracontractual por daños continuados. Aprovechamos la ocasión para aclarar nues-tros pronunciamientos previos sobre este asunto. Así, re-solvemos de forma definitiva que ante daños y perjuicios causados por cualquier acto u omisión culposa o negligente de carácter continuado, el término prescriptivo para incoar una acción para solicitar el resarcimiento comienza a transcurrir cuando se verifiquen los últimos actos u omi-siones o se produzca el resultado definitivo.

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El 4 de diciembre de 2009, un grupo de residentes de la Calle Clarisas en la Urbanización La Rambla de Ponce (re-curridos) presentaron una petición de mandamus y de-manda sobre daños y perjuicios contra el Municipio Autó-nomo de Ponce (Municipio). Expresaron que la Calle Clarisas se inundaba cuando llovía copiosamente debido a la falta de mantenimiento y a problemas con el sistema de alcantarillado. Alegaron que esta situación impedía la en-trada y salida de la urbanización y provocaba daños a los vehículos y a la propiedad mueble de los residentes, así como daños a la salud y severas angustias emocionales. Por esa razón, solicitaron que el Municipio corrigiera este problema y les compensara por los daños y perjuicios sufridos.

Luego de varios trámites procesales, el Tribunal de Pri-mera Instancia concluyó que el Municipio tenía el deber ministerial de proveerle mantenimiento a las alcantarillas y tuberías pluviales. Por lo tanto, proveyó un “ha lugar” a la petición de mandamus. Posteriormente, el Municipio presentó una moción de sentencia sumaria, a la que acom-pañó unas deposiciones en las que los recurridos admitie-ron que conocían desde hacía varios años el carácter recu-rrente de las inundaciones. Debido a la previsibilidad de los daños, el Municipio señaló que los daños reclamados eran continuados y que su período prescriptivo culminó un año después de que los recurridos supieron del carácter recurrente de las inundaciones. Los recurridos se opusie-ron y señalaron que esa no era la doctrina aplicable.

El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de sentencia sumaria. En lo pertinente, el foro primario con-cluyó “que los alegados daños sufridos por los demandan-tes debido a las inundaciones en la calle Clarisas son daños continuados, y que al día de hoy alegadamente continúan ocurriendo”. Apéndice, pág. 332. En consecuencia, ese foro determinó que la acción en daños de la parte demandante no estaba prescrita, puesto que no se había dado el último suceso, no había ocurrido un resultado final ni había ce-sado la causa que generaba los daños. íd. No obstante, el foro primario determinó que los siguientes hechos, entre otros, no estaban en controversia: (1) la Sra. Matos Socorro Hernández González reside en la Calle Clarisas hace treinta años y sufre el problema de las inundaciones prác-ticamente desde que vive en ese lugar; (2) el Sr. Gilberto Rodríguez Zayas vivió en la Calle Clarisas de la Urbaniza-ción La Rambla por espacio de veinticinco años e indicó que siempre que llueve la calle se inunda y que el evento de inundación más remoto del que se acuerda ocurrió en 1995; (3) la Sra. Milagros Rodríguez Rolón reside en la Calle Clarisas número 1256 hace veinticinco años y declaró en su deposición que la calle donde residía se inundaba desde 1988. Apéndice, pág. 324.

Insatisfecho con el dictamen del Tribunal de Primera Instancia, el Municipio presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Allí señaló, en síntesis, que el foro primario erró al concluir que los daños reclama-dos en la demanda no estaban prescritos. Por su parte, el foro apelativo intermedio denegó la expedición del recurso, pues concluyó que el Tribunal de Primera Instancia no erró cuando denegó la desestimación por el fundamento de prescripción. Apéndice, pág. 24. Para llegar a esa conclu-sión, el Tribunal de Apelaciones determinó, al igual que el Tribunal de Primera Instancia, que la presente reclama-ción es por “daños que se regenera [n] ya que día a día la posibilidad de inundaciones sigue estando presente, por lo que, al ser un daño que persiste y no habiendo cesado la causa que los genera, los mismos son daños de carácter continuado”. Apéndice, pág. 24.

En desacuerdo con esa decisión, el Municipio presentó un recurso de certiorari ante nos. Sostuvo que el Tribunal de Apelaciones erró al confirmar el dictamen del Tribunal de Primera Instancia y al no desestimar la demanda por estar prescrita. El 31 de octubre de 2014 acogimos la ape-lación como un recurso de certiorari y expedimos el auto. Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, pa-samos a resolver.

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A. La prescripción es una figura que extingue un derecho debido a que una parte no lo ejerce en un período de tiempo determinado por ley. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 372-373 (2012). En nuestro ordenamiento, a diferencia de otros, la prescripción ex-tintiva es una figura de derecho sustantivo y está regulada por las disposiciones del Código Civil. íd. Este estatuto dis-pone, en su Art. 1861, 31 LPRA sec. 5291, que “[l]as accio-nes prescriben por el mero lapso del tiempo fijado por la ley”. Sin embargo, el término para ejercer las acciones se puede interrumpir de tres maneras, a saber, por “su ejer-cicio ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor”. Art. 1873 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5303.

Estas normas tienen “ ‘su fundamento en la necesidad de poner término a las situaciones de incertidumbre en el ejercicio de los derechos y en la presunción de abandono por parte de su titular’ ”. Maldonado Rivera v. Suárez y otros, 195 DPR 182, 192 esc. 10 (2016), citando a J. Puig Brutau, Caducidad, prescripción extintiva y usucapión, 3ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1996, pág. 32. Así, “ da inactivi-dad, silencio o falta de ejercicio del derecho constituye el fundamento de la prescripción extintiva por ser contrario al interés social una prolongada situación de incertidum-bre jurídica’ ”. íd. No obstante, “la prescripción no es una figura rígida sino que [...] admite ajustes judiciales, según sea requerido por las circunstancias particulares de los ca-sos y la noción sobre lo que es justo”. (Énfasis suprimido). Santiago v. Ríos Alonso, 156 DPR 181, 189-190 (2002).

Como norma general, el término prescriptivo de un año dispuesto en el Art. 1868 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5298, comienza a transcurrir desde que el agraviado tuvo —o debió tener— conocimiento del daño que sufrió y estuvo en posición de ejercer su causa de acción. Art. 1869 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5299. Véase, además, Moldonado Rivera v. Suárez y otros, supra, pág. 194. Por esa ra-zón, cuando la causa de acción es por responsabilidad civil extracontractual, es importante precisar el tipo de daño por el que se reclama, para así “poder establecer el punto de partida o momento inicial del cómputo y de esta forma co-nocer con certeza cuál será su momento final”. Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, 170 DPR 149, 167 (2007).

Desde hace varias décadas, reconocimos en nues-tro ordenamiento varios tipos de daños. Rivera Encarnación v. E.L.A., 113 DPR 383, 386 (1982). Entre estos se encuentran los llamados daños continuados y los daños sucesivos. Galib Frangie v. El Vocero de P.R., 138 DPR 560, 574 (1995). Por un lado, los daños sucesivos son

[...] “una secuencia de reconocimientos de consecuencias lesi-vas por parte del perjudicado, las que se producen y manifies-tan periódicamente, o aun continuamente, pero que se van conociendo en momentos distintos entre los que media un lapso de tiempo finito, sin que en momento alguno sean previ-sibles los daños subsiguientes, ni sea posible descubrirlos em-pleando diligencia razonable. Dicho en otras palabras, se trata de una secuencia de daños ciertos que se repiten (sin que sea necesario que sean idénticos en su naturaleza, grado, exten-sión y magnitud) cuya repetición no es previsible en sentido jurídico ni son susceptibles de ser descubiertos empleando diligencia razonable”. [...] “Cada uno de los daños unitarios que en conjunto constituyen los daños sucesivos presentes en dichos ejemplos constituye una unidad jurídica de ‘daño’ que origina la correspondiente causa de acción resarcitoria [...] Santiago v. Ríos Alonso, supra, pág. 191.

Por otro lado, los daños continuados son

"... aqu[e]llos producidos por uno o más actos culposos o ne-gligentes imputables al actor, coetáneos o no, que resultan en consecuencias lesivas ininterrumpidas, sostenidas, duraderas sin interrupción, unidas entre sí, las cuales al ser conocidas hacen que también se conozca —por ser previsible— el carác-ter continuado e ininterrumpido de sus efectos, convirtiéndose en ese momento en un daño cierto compuesto por elementos de un daño actual (aquel que ya ha acaecido) y de daño futuro previsible y por tanto cierto”. Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, supra, pág. 167.

Como vemos, la diferencia entre ambos tipos de daños es que en los sucesivos, cada lesión a causa de un acto u omisión culposa o negligente produce un daño dis-tinto, que a su vez genera una causa de acción indepen-diente, mientras que en los continuados se genera una sola causa de acción que comprende todos los daños ciertos, tanto los actuales como los previsibles en el futuro, como consecuencia de una conducta torticera continua. Esa dife-rencia implica que en estos dos escenarios, el término pres-criptivo para presentar una reclamación de indemnización comienza a transcurrir en momentos distintos.

Conviene aclarar que aunque tradicionalmente nos re-ferimos a estas doctrinas como “daños continuos” o “daños sucesivos”, lo que en realidad es continuo o sucesivo en estos escenarios es el acto u omisión que produce el daño y no necesariamente la lesión sufrida. Respecto a los daños continuados, así lo advertimos hace más de sesenta años cuando expusimos que la esencia de esa doctrina “no des-cansa en la naturaleza [...] del peijuicio ocasionado por la perturbación, y sí en el carácter continuo o progresivo de la causa [acto u omisión torticera] que lo origina, que renueva constantemente la acción dañosa”. (Énfasis suplido). Arcelay v. Sánchez, 77 DPR 824, 838 (1955). Por eso, entende-mos que una clasificación más precisa es “daños y perjui-cios causados por actos [u omisiones] continuos [...] ”. Capella v. Carreras, 57 DPR 258, 266 (1940). De esta forma, evitamos la confusión que genera la traducción del inglés al español del término tort, como daño o daños. Ad-viértase que cuando esa palabra se utiliza en plural, describe el área del Derecho que estudia la responsabilidad civil extracontractual, pero a la vez puede utilizarse en sustitución de los términos perjuicios o lesiones.

Nuestros pronunciamientos previos sobre este asunto, particularmente en lo referente a los llamados daños con-tinuados, han sido imprecisos, pues hemos aplicado nor-mas contradictorias entre sí. Eso ha llevado a una confu-sión doctrinal. Véanse: J.J. Álvarez González, Análisis del término 2006-2007 del Tribunal Supremo de Puerto Rico—Responsabilidad civil extracontractual, 77 Rev. Jur. UPR 603, 617-619 (2008); J.J. Álvarez González, Análisis del término 2001-02 del Tribunal Supremo de Puerto Rico—Responsabilidad civil extracontractual, 72 Rev. Jur. UPR 615, 638-642 (2003). Por lo tanto, es necesario clarificar la regla que rige en nuestro ordenamiento en estos casos.

Hace más de setenta años, en Capella v. Carreras, supra, pág. 266, un caso sobre estorbo, establecimos que los “daños y peijuicios causados por actos continuos [...] están latentes hasta que cesa la causa que los genera. Bien puede decirse que en tal caso la acción dañosa se renueva de día en día, de hora en hora, de minuto en minuto, de segundo en segundo”. Consecuentemente, concluimos que la demanda no estaba prescrita debido a que al momento de reclamarse la indemnización, la perturbación continuaba. Posteriormente, en Arcelay v. Sánchez, supra, donde los daños eran producto de ruidos y hedores que producía constantemente una planta pasteurizadora, reite-ramos la norma precitada. De esa manera, enunciamos que esa regla “no descansa en la naturaleza intrínseca del peijuicio ocasionado por la perturbación, y sí en el carácter continuo o progresivo de la causa que lo origina, que re-nueva constantemente la acción dañosa”. Íd., pág. 838. Además, indicamos que esa norma no solo aplicaba cuando se reclamara una indemnización por los daños causados a la propiedad del demandante, sino que aplicaba también a los escenarios donde se reclama por los daños y peijuicios personales. También validamos que el demandante enmen-dara su demanda para reclamar una indemnización por los peijuicios causados hasta el momento del juicio, debido a que estos continuaron después de que se presentó la demanda. Íd., págs. 846-848. Justificamos nuestro proce-der al expresar que de esa forma se evitaba la “multiplici-dad de acciones, siempre que el mal que produzca los da-ños sea de carácter continuo, y que los perjuicios subsiguientes sean similares a los que dieron lugar a la reclamación original”. Íd., pág. 847. De igual modo, en Seda v. Miranda Hnos. & Co., 88 DPR 355 (1963), ratifica-mos esta misma norma y expresamos que se podía recobrar por los daños y peijuicios “por todo el tiempo de la duración del estorbo”. Íd., pág. 361. Hasta ese momento nuestra doc-trina sobre este asunto no causó mayores confusiones. El desfase que hoy atendemos comenzó décadas después, cuando este Tribunal se enfrentó a casos donde los daños no eran ocasionados propiamente por estorbos.

En Galib Frangie v. El Vocero de P.R., supra, pág. 575, un caso en el que, aunque no se encontraban ante nuestra consideración los daños continuados, sino los daños sucesi-vos producidos por la publicación de una serie de artículos libelosos, establecimos que al momento de determinar cuándo inicia el término prescriptivo en estos escenarios, “[l]o determinante es el momento cuando comienza la pro-ducción de los daños, que deberá tomarse en consideración como el inicio del término de prescripción, al presuponer que los perjudicados los conocían desde entonces y que pu-dieran ejercitar la causa de acción”. (Enfasis en original). A pesar de que esas expresiones constituyen obiter dictum, se repitieron en nuestra jurisprudencia y crearon la confu-sión doctrinal que hoy abordamos. Véanse: Álvarez González, Análisis del Término 2001-02 del Tribunal Supremo de Puerto Rico—Responsabilidad civil extracontractual, supra, pág. 640 esc. 83; R.E. Ortega-Vélez, Síntesis: Jurisprudencia, responsabilidad civil extracontractual, 2da ed. rev., San Juan, Ediciones Scisco, 2009, pág. 138.

Poco tiempo después, en Sánchez et al. v. A.E.E., 142 DPR 880 (1997), en una Sentencia breve, varios Jueces emi-tieron opiniones concurrentes y disidentes en donde aborda-ron, de forma directa o indirecta, este mismo asunto. El en-tonces Juez Asociado Señor Hernández Denton expuso lo siguiente: “La jurisprudencia española moderna ha decla-rado con carácter general que en caso de daños continuados el cómputo del plazo de prescripción comienza en el mo-mento de la producción del resultado definitivo”. (Citas omitidas). Íd., pág. 921 (Opinión disidente del Juez Asociado Señor Hernández Denton). Igualmente, la entonces Jueza Asociada Señora Naveira de Rodón abordó indirectamente este punto al expresar que “[e]l término prescriptivo en ac-ciones por la creación de un ambiente hostil de trabajo debe comenzar a decursar desde que cese dicho ambiente. Esta norma reconoce que el término prescriptivo [...] debe comen-zar a decursar cuando se disipan las circunstancias que po-drían entorpecer el ejercicio de la acción”. (Énfasis suplido). Íd., pág. 913 (Opinión concurrente de la Jueza Asociada se-ñora Naveira de Rodón).

Luego, en Santiago v. Ríos Alonso, supra, pág. 195, determinamos que ante un patrón de maltrato físico y emo-cional, “el último incidente de maltrato, cuando la víctima rompe con el ciclo de maltrato y reconoce que ha sufrido un daño cierto, es el que activa la causa de acción y, en conse-cuencia, constituye el momento a partir del cual puede eje-cutarse la misma”. (Enfasis suprimido). No obstante, para justificar ese resultado, citamos el caso Galib Frangie v. El Vocero de P.R., supra.

Subsiguientemente, en Nazario v. E.L.A., 159 DPR 799, 807 (2003), en una Sentencia publicada, aplicamos nueva-mente la norma de Galib Frangie v. El Vocero de P.R., supra, e indicamos que en los casos de daños continuados “lo determinante para establecer el inicio del término pres-criptivo [...] es el momento en que comienza la producción del daño”. (Énfasis en el original). Razonamos que esto se debía a que, “al ser previsibles, se entiende que el término prescriptivo comienza a transcurrir cuando el perjudicado conoce, por primera vez, el daño y el responsable de éste y que dicho daño ‘... comprende todas sus consecuencias como posibles sean de prever’ ”. Nazario v. E.L.A., supra, pág. 806. Además de que esos pronunciamientos fueron en una Sentencia, la cual no establece precedente, también es importante mencionar que en ese caso la mayoría del Tribunal determinó finalmente que la controversia ante su consideración se trataba de daños sucesivos y no de daños continuados, por lo que no aplicó la precitada norma. Sin embargo, el Juez Asociado Señor Corrada Del Río emitió una opinión disidente, pues entendió que los daños en cuestión eran continuados. Allí, luego de hacer un repaso de las distintas normas sobre prescripción en este tipo de casos, sugirió que en nuestro ordenamiento se aplique la norma que computa el término prescriptivo a partir del momento en que finaliza la causa que genera los daños. Nazario v. E.L.A., supra, pág. 828 (“Entendemos que por estar los daños continuados inexorablemente atados a la causa que la origina, el conocimiento definitivo de los que-brantos ocasionados se verifica el día que cesa la fuente de éstos, ya que mientras ésta exista, y por ende sean previ-sibles más daños relacionados a ella, no cabe hablar de resultado definitivo” [énfasis suprimido]).

Posteriormente, en Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, supra, pág. 167, dispusimos que “el plazo prescriptivo para reclamar por daños de naturaleza continua comienza a transcurrir cuando se verifica el último de los actos o se pro-duzca el resultado definitivo”. (Énfasis suplido). Sin embargo, al igual que en el caso anterior, finalmente conclui-mos que los daños en cuestión eran sucesivos, así que no aplicamos esta norma, por lo que esos pronunciamientos so-bre el tema que hoy atendemos constituyen obiter dictum. Luego, en Umpierre Biascoechea v. Banco Popular, 170 DPR 205 (2007), (Sentencia), la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez emitió una Opinión de conformidad, en la que expuso que, conforme a la doctrina civilista moderna, “el inicio del plazo prescriptivo para reclamar por [daños continuados] comienza en el momento de la producción del resultado definitivo o hasta que se verifique el último de los actos”. (Énfasis en el original). Íd., pág. 216. Igualmente, la entonces Jueza Asociada Señora Fiol Matta emitió una Opi-nión disidente, en la que coincidió, en cuanto a este punto, con lo expresado por la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez. Íd., págs. 230-231.

Como vemos, nuestra jurisprudencia es inconstante en cuanto a cuándo comienza a transcurrir el término pres-criptivo en casos de daños y perjuicios causados por actos u omisiones continuas. Una de las razones para estas contra-dicciones es la tensión aparente entre la teoría cognosci-tiva del daño que rige en nuestro ordenamiento y la co-rriente doctrinal que postula que el término prescriptivo en estos casos comienza a transcurrir cuando se produce el resultado definitivo. Esto se debe a que, en la mayoría de los casos, el reclamante conoce que está sufriendo un daño desde que comienzan los actos u omisiones culposas o ne-gligentes continuos y no desde que se produce el resultado final. H. Brau del Toro, Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 1986, Vol. II, Cap. X, pág. 582. Esto nos llevó a forzar excepciones a la norma con tal de procurar resultados justos de acuerdo con los hechos de los casos. Así, vemos que en los casos donde se buscaba disuadir los estorbos y combatir la vio-lencia doméstica, concluimos que el término prescriptivo comenzaba a transcurrir con el resultado definitivo o el último acto u omisión torticera, mientras que ante otros hechos resolvimos lo contrario.

Otra de las razones por las cuales existen incongruen-cias en la doctrina es que nuestros casos se han basado en autoridades de otras jurisdicciones que con el paso del tiempo han cambiado su postura. Por ejemplo, los prece-dentes de mediados del siglo pasado estaban anclados, en gran medida, en fuentes del common law estadounidense, mientras que los casos más recientes citan con aprobación a tratadistas civilistas, que a su vez comentan la jurispru-dencia española. Esta última también ha variado en tiem-pos recientes. Por ello, además de repasar nuestros pro-nunciamientos previos sobre este asunto, entendemos que es importante examinar el tratamiento que otras jurisdic-ciones le han brindado a la controversia ante nuestra consideración.

Sobre este particular, el tratadista Puig Brutau co-menta que “[a]lgunas sentencias [españolas] han estimado que el año de plazo para recurrir ha de contarse, no en el momento de cesar el daño, sino desde que empieza a pro-ducirse, pues desde que se tuvo conocimiento del mismo se pudo ejercitar la acción. Sin embargo, en otros casos la jurisprudencia se ha inclinado claramente a favor de la otra posibilidad”. J. Puig Brutau, Caducidad, prescripción extintiva y usucapión, 3ra ed., Barcelona, Ed. Bosh, 1996, pág. 77, citando a L. Diez-Picazo, La prescripción en el Código Civil, Barcelona, 1964, pág. 240. Véase, además, F. Reglero Campos, en M. Albaladejo y S. Díaz Alabart, Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, Madrid, Ed. Edersa, 1994, Tomo XXV, Vol. 2, págs. 454-464.

Por un lado, la vertiente más estricta de la doctrina tiene su origen en varias sentencias que el Tribunal Supremo español emitió a principios del siglo pasado, que partían “del momento de comienzo de producción de los daños como iniciador de la prescripción, presuponiendo que los peijudicados los conocían desde entonces y que pu-dieron sin obstáculo alguno ejercitar la pertinente acción [...] ”. J. Santos Briz, La responsabilidad civil, 7ma ed. rev., Madrid, Ed. Montecorvo, 1993, pág. 1187. Por otro lado, la segunda vertiente la encontramos en la doctrina española moderna, que exhibe “una tendencia más elástica al situar el comienzo de la prescripción no en el inicio de los daños, sino al realizarse su verificación total”. (Énfasis suplido), Íd., pág. 1188. En esta misma línea, “la más reciente juris-prudencia ha cambiado radicalmente el rumbo seguido por la que era dominante hasta la década de los sesenta [...], señalando que en los casos de daños continuados, el dies a quo del plazo de la prescripción no ha de remitirse a la fecha de la ocurrencia del accidente, sino al momento en que el perjudicado conoce de modo cierto los quebrantos definitivamente ocasionados [...] ”. Albaladejo y Díaz Alabart, op. cit., pág. 460. Véase, además, I. Sierra Gil de la Cuesta, Comentario del Código Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 2000, T. 9, pág. 554. Como resultado, el Tribunal Supremo de España ha expuesto en casos recientes que “es consolidada doctrina jurisprudencial la que refiere el co-mienzo del cómputo de la prescripción en este tipo de casos cuando se trata de daños continuados [...] a aquel en que se produce el resultado definitivo”. (Énfasis suplido). L. Diez-Picazo y Ponce de León, La prescripción extintiva: en el Código Civil y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, 2da ed., Pamplona, Ed. Aranzadi, 2007, pág. 253. Es decir, “ ‘el cómputo del plazo de prescripción no se inicia hasta la producción del definitivo resultado, cuando no es posible fraccionar en etapas diferentes o hechos diferenciados la serie proseguida’ ”. (Énfasis suplido). Íd., pág. 1003.

Los tratadistas españoles añaden que no siempre re-sulta fácil “determinar [...] cuándo se produce o ha produ-cido ese ‘definitivo resultado’ [puesto] que en relación con el concepto de daños continuados se nos ofrece como algo vivo, latente y conectado precisamente a la causa origina-dora y determinante de los mismos, que subsiste y se man-tiene hasta su adecuada corrección”. Albaladejo y Díaz Ala-bart, op. cit., pág. 460. Ahora bien, el entendido en la doctrina española moderna identifica ese momento cuando “el perjudicado conoce de modo cierto los quebrantos defi-nitivamente ocasionados”. (Énfasis suplido). íd. Esto es, el plazo prescriptivo se activa cuando la conducta culposa o negligente ha dejado de causar los daños por los que se reclama la indemnización.

Por otra parte, la mayoría de los estados de la Unión siguen una norma similar a la del derecho civilista español respecto a este asunto. “The continuing tort doctrine constitutes an established exception to the usual rule that a statute of limitations starts to run at the time of injury. In those cases [...] the statute does not begin to run [...] until the negligent or other wrongful act or incident has terminated”. 1A The American Law of Torts Sec. 5:27, págs. 347-349 (2013). Esta doctrina, en ocasiones conocida como “continuing tort doctrine” y en otras como “continuing violation doctrine”, se ha aplicado a casos de respon-sabilidad civil extracontractual por maltrato emocional, es-torbos, impericia profesional, controversias sobre seguros, discrimen, intrusiones y explosiones, entre otros. íd. Vé-ase, además, E. Peled, Rethinking the Continuing Violation Doctrine: The Application of Statutes of Limitations to Continuing Tort Claims, 41 Ohio N.U.L. Rev. 343 (2015).

B. Luego de examinar nuestra jurisprudencia, los precedentes modernos en otras jurisdicciones que nos re-sultan altamente persuasivos, así como los comentarios re-cientes de distintos tratadistas, entendemos que lo más adecuado es uniformar nuestra doctrina para darle certeza a nuestro ordenamiento. De esta forma, resolvemos que ante daños y perjuicios causados por cualquier acto u omi-sión culposo o negligente de carácter continuado, el término prescriptivo para incoar una acción para solicitar resarci-miento comienza a transcurrir cuando se verifiquen los úl-timos actos u omisiones o se produzca el resultado defini-tivo, lo que sea posterior. Esta norma no es incompatible con la teoría cognoscitiva del daño que rige en nuestro ordenamiento. “[P]or estar los daños continuados inexora-blemente atados a la causa que [los] origina, el conoci-miento definitivo de los quebrantos ocasionados se verifica el día que cesa la fuente de éstos, ya que mientras ésta exista, y por ende sean previsibles más daños relacionados a ella, no cabe hablar de resultado definitivo”. (Énfasis suprimido). Nazario v. E.L.A., supra, pág. 828 (Opinión disidente del Juez Asociado Señor Corrada del Río). Naturalmente, esto no excluye que un demandante pueda pro-bar, además, que conoció el daño sufrido en un momento distinto al que cesó la causa que lo generó.

No encontramos razón para no modernizar nuestra doc-trina como lo han hecho otras jurisdicciones. Tampoco ha-llamos una justificación válida para tratar de forma dis-tinta los casos en donde los daños no son producidos estrictamente por estorbos o actos de violencia doméstica. Independientemente de la naturaleza o el tipo de acto u omisión que genere el daño, en el contexto de los daños con-tinuados, el perjudicado se encuentra sufriendo un perjuicio que no ha de cesar y, por el contrario, se ha de repetir hasta que la causa generadora deje de existir. Por lo tanto, la norma que anunciamos hoy aplica a todos los casos sobre daños y perjuicios producidos por actos u omisiones continuados.

Tampoco nos persuaden las propuestas alternas que, al momento de determinar cuándo comienza a transcurrir un plazo prescriptivo, por ejemplo, obligan a los tribunales a analizar si, a pesar de reclamarse por daños continuados, los perjuicios por los que se reclama indemnización tienen suficiente sustantividad y autonomía propia, o si por el con-trario, el daño por el que se reclama es de carácter unitario y sin sustantividad propia. J.L. Laracruz Berdejo y otros, Elementos de Derecho Civil II: derecho de obligaciones, 5ta ed., Madrid, Ed. Dykinson, 2013, T. II, Vol. 2, pág. 492. Igualmente, no nos convence la propuesta del profesor Brau del Toro respecto a que debe existir una distinción en el tratamiento brindado a los estorbos permanentes y a los estorbos continuos para fines de prescripción. Brau del Toro, op. cit., págs. 582-583. Estas alternativas, aunque pueden tener su mérito, desnaturalizan la esencia de los daños con-tinuados, crean una nueva submodalidad de estos y, a su vez, la equiparan a los daños sucesivos para fines de prescripción. La doctrina que hoy incorporamos definitiva-mente a nuestro ordenamiento nos parece más apropiada.

Lo contrario implica fraccionar innecesariamente las causas de acción, pues obligaríamos a los perjudicados a presentar sus demandas desde que se inician los daños, in-cluso cuando la fuente que los genera no ha cesado y, por el contrario, continúa y continuará causando perjuicios adicionales. Esto provoca litigios excesivamente extensos, pues los demandantes tienen que enmendar constante-mente sus demandas para incluir alegaciones y reclamos por daños sufridos, aunque por la misma causa, con poste-rioridad a la presentación de la demanda original. “En este contexto, el balance de los intereses involucrados en los tér-minos prescriptivos se inclina en favor de los demandantes, pues la desestimación de su causa de acción los expondría a un [acto u omisión culposo o negligente], que, en teoría, po-dría continuar indefinidamente”. (Traducción nuestra). Peled, supra, pág. 348, citando a T.T. Ochoa y A. J. Wistrich, The Puzzling Purposes of Statutes of Limitation, 28 PAC. L.J. 453, 505 esc. 11 (1997).

A diferencia de lo que podría intimarse, esta norma no fomenta que los demandantes se crucen de brazos; más bien, desincentiva que las personas actúen de forma cul-posa o negligente continuamente. De esta forma, no pena-lizamos a un demandante que presenta su reclamación cuando todavía no ha transcurrido un año desde que cesó la causa que generaba los daños por los que solicita la indemnización. Recuérdese que el foco de análisis en la doctrina ante nuestra consideración es la omisión o el acto continuo, y no propiamente los daños sufridos. Arcelay v. Sánchez, supra, pág. 838. Si en nuestro ordenamiento se reconoce la interrupción y el comienzo de un nuevo término prescriptivo mediante actos extrajudiciales, también debe-mos reconocer que el término prescriptivo no comienza cuando la causa generadora del daño no ha cesado. En ese sentido, en ambos escenarios se preserva el derecho de los peijudicados a reclamar la indemnización por los daños que sufrieron.

Por otra parte, constantemente enfatizamos el valor del precedente en nuestro ordenamiento. No obs-tante, nuestras decisiones no son un dogma escrito en piedra. Por eso, “cuando el razonamiento de una decisión ya no resiste un análisis cuidadoso, no estamos obligados a seguirla”. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 391. “[E]l propósito inspirador de la doctrina de stare decisis es lograr estabilidad y certidumbre en la ley, mas nunca perpetuar errores”. Am. Railroad Co. v. Comisión Industrial, 61 DPR 314, 326 (1943). Ahora bien, solo pro-cederá dejar a un lado precedentes “(1) si la decisión anterior era claramente errónea; (2) si sus efectos sobre el resto del ordenamiento son adversos, y (3) si la cantidad de per-sonas que confiaron en ésta es limitada”. Pueblo v. Camacho Delgado, 175 DPR 1, 20 esc. 4 (2008). Véase, además, González v. Merck, 166 DPR 659, 688 (2006).

A la luz de todo lo anterior y debido a la confusión que ha causado en nuestra doctrina, dejamos sin efecto nuestros pronunciamientos previos en contrario a esta Opinión, específicamente, los expuestos en Galib Frangie v. El Vocero de P.R., supra, y su progenie, en cuanto a este asunto particular. Con ello sacamos esa espina de nuestra jurisprudencia y eliminamos las dolencias que esta le causa a nuestra doctrina de daños y perjuicios.

1—I HH HH

En este caso, tanto el Municipio como los recurridos es-tán de acuerdo con las determinaciones de los foros recu-rridos de que la causa que genera los daños por los que se reclama es de carácter continuo. Los daños son el resultado de las inundaciones producidas como consecuencia de los defectos de las alcantarillas de la calle donde viven los recurridos. La única discrepancia es cómo debe computarse el término prescriptivo, pues los recurridos admitieron en varias deposiciones que conocían de la recurrencia de las inundaciones desde hacía muchos años.

Al analizar esos hechos a la luz de la norma discutida, concluimos que la demanda de epígrafe no está prescrita, puesto que no se han verificado los últimos actos u omisio-nes ni se ha producido el resultado definitivo. Más bien, nos encontramos ante una causa de acción que se regenera día a día mientras subsista la falta de mantenimiento de las alcantarillas y tuberías. Eso causa inundaciones recu-rrentes y previsibles.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la de-terminación del Tribunal de Apelaciones. En consecuencia, se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce, para que continúen los procedimientos.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez estuvo conforme con la determinación de este Tribunal e hizo constar la expresión siguiente:

Me place consignar mi conformidad con la opinión que hoy emite una mayoría de este Foro. Como bien subraya la opinión mayoritaria, pág. 428 esc. 2, “este Tribunal no es supremo por-que es infalible; solo es supremo en jerarquía”. (Énfasis en el original).
El trayecto de la doctrina de los daños continuados en nues-tra jurisprudencia ha sido extenso. A pesar de ello, durante los últimos veinte años, el consenso respecto a la controversia pun-tual que hoy atendemos se podría describir como elusivo. Esto a pesar de que hace nueve años intenté persuadir a una mayoría de este Tribunal para que adoptara la normativa que hoy pautamos. Véase Umpierre Biascoechea v. Banco Popular, 170 DPR 205 (2007) (opinión de conformidad de la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez). Empero, fue preciso esperar.
La doctrina del precedente judicial guía el proceder de este Tribunal en aras de salvaguardar la uniformidad en la inter-pretación del Derecho y de la ley. Ahora bien, no podemos des-cansar en este principio cuando su aplicación tiene el efecto de perpetuar una lectura errónea del Derecho. Véanse: Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913, 922 (2009); Pueblo v. Pérez Pou, 175 DPR 218, 251-252 (2009) (opinión disidente de la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez).
En fin, estoy satisfecha con que, de forma definitiva, haya-mos logrado armonizar la doctrina de los daños continuados con la figura de la prescripción extintiva. Así, proveemos a la teoría general del derecho de responsabilidad civil extracon-tractual una mayor estabilidad.

       En los casos de estorbos públicos, el Art. 277 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 2761, crea una causa de acción para que una persona pueda solicitar que estos cesen y que se le indemnice por los peijuicios que le crearon. A pesar de esto, en lo que respecta a la indemnización, nuestro análisis en este tipo de casos se ha centrado en el Art. 1803 del Código Civil de 1902 o su equivalente actual, el Art. 1802 del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 5141.

       Conviene recalcar que en ocasiones, como en este caso, las opiniones disiden-tes del pasado encuentran eco en el presente y se convierten en precedentes de cara al futuro. “A dissent in a court of last resort is an appeal to [...] the intelligence of a future day, when a later decision may possibly correct the error into which the dissenting judge believes the court to have been betrayed”. C. Evans Hughes, The Supreme Court of the United States: Its Foundation, Methods and Achevements—An Interpretation, Nueva York, Garden City Publishing Co., 1936, pág. 68. El hecho de que una postura no consiga la mayoría de los votos en un momento dado no significa, necesariamente, que es errónea. Simplemente, no persuadió a la mayoría de los Jueces que componían el Tribunal Supremo en un momento dado. Después de todo, este Tribunal no es supremo porque es infalible; solo es supremo en jerarquía. Por esta razón, al rexaminar nuestra jurisprudencia, en esta ocasión nos persuaden los planteamientos previos de varios Jueces y Juezas de este Tribunal, quienes desde sus respectivas opiniones de conformidad, concurrentes o disidentes, abordaron la cuestión que hoy resolvemos de manera definitiva.