author: El Juez Asociado Señor Franco Soto,

text:
    Amy B. Macatee, demandante y apelada, v. Dr. Diego Biascochea, haciendo negocios bajo el nombre de clínica de Miramar, y Anna Axtmayer, demandados y apelantes.
    No. 4073.

    Visto: Enero 14, 1927.

      Resuelto: Junio 25, 1927.
    1. Injunction — Acciones de Injunction- — Descuidos, Faltas y Demoras-(Laches). — Cuando un edifieio levantado en terrenos sujetos a la restricción de no levantar edificación que no sea'para residencia se alquila para ser dedi-cado'a un fin distinto — hospital o clínica — y un vecino notifica al arrendador y arrendatario se abstengan de dedicarlo a otros fines que no sean para resi-dencia, -les llama la atención hacia la restricción y no obstante preparan y acondicionan la edificación para clínica y lo ocupan con enfermos para ser tratados como tales, la actuación de dicho- vecino no lo hace culpable de laches en el ejercicio de su acción presentando días después su asunto a la corte.
    2. Injunction — Acciones de Injunction — Estoppel para Solicitarlo. — Estando' la restricción al uso de unos terrenos limitada a construcciones residenciales-o de morada, el mero hecho de haber recibido y mantenido irnos huéspedes en su casa levantada en dichos terrenos sujeta también a la restricción, no constituye impedimento alguno para que él ejercite el remedio de injunction. para hacer efectiva dicha restricción.
    3. Injunction — Naturaleza y Fundamentos en General — Fundamentos del, Remedio — Defensas en General — En General. — La defensa de estar im-pedido ol demandante de hacer efeetiva restricciones que limitan el dominio-ai uso d% un solar a edificaciones para residencias o morada, por haber per-mitido el establecimiento de otros no destinados a dichos fines carece de mé-rito cuando del récord aparece que unas fincas estaban sujetas y otras no a-, dicha restricción y no se prueba que las tales edificaciones permitidas estu-vieran sujetas a la prohibición.
    4. Injunction — Materias Objeto de Protección y Remedio — Contratos—Con-venios que Dimitan el Dominio al Uso de Una Finca — Restricciones Respecto a Edupicaoiones — Cuando en injunction para impedir la violaeióni de cláusulas restrictivas del dominio al uso de unas fincas a fines residen-ciales solamente se alega que éstas no tienen validez y efecto en virtud te cam"'ios ocurridos y no se prueba que éstos sean de tal naturaleza que-aqué-llas hayan quedado sin lugar en cuanto a la parte dominante residencial, pro-cede declarar con lugar dicho injunction.

    6. Injunction — Materias Objeto de Protección y Remedio — Contratos—Con-venios que Limitan el Dominio al Uso de Una Finca — Restricciones Respecto a Edificaciones. — Ejercitado injunction para impedir la violación, de cláusulas restrictivas de terrenos o edificios con fines residenciales en la que el demandado, en su alegato, admite que el uso de un edificio como hospital daría derecho al injunction, admitida por las alegaciones y las pruebas ■la ocupación de un edificio con tal fin, la procedencia del injunction es in-discutible.
    6. Convenios (Covenants) — Cumplimiento o Quebrantamiento (Breach) — Vio-lación de Restricciones en Ceneral. — La restricción de no levantar edifi-cación alguna que no sea para fines residenciales impuesta sobre determinados terrenos queda violada al usarse un edificio levantado en dichos terrenos, como hospital.
    7. Sentencia — Interpretación y ‘1 Operation > ’ — En Relación con la Cuestión Resuelta. — En sentencia dictada en procedimiento de injunction para hacer efectivas cláusulas restrictivas limitando el dominio al uso de una propiedad a fines residenciales que ordene al demandado se abstenga de continuar utili-zando una propiedad para fines de hospital o elíniea, todo lo que se refiera a asistir, tratar o tener pacientes o practicar operaciones en dicha propiedad está comprendida en dicha sentencia.
    8. Costas — De la Costas y del Derecho a Ellas en General — Culpabilidad o Temeridad. — La temeridad de uno que teniendo conocimiento por el regis-tro de una restricción limitando el dominio al uso de una propiedad y ha-biendo sido avisado por el demandante de la existencia de tal restricción, viola la misma, es de tal manera manifiesta que justifica la imposición de costas.
    SENTENCIA de Miguel A. Muñoz, declarando con lugar la solicitud de injunction, con costas y honorarios de abogado.

      Confirmada.

      Henry Q. Molina, abogado del apelante; B. Castro Fernández, abo-gado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Amy B. Macatee estableció demanda de injunction contra el Dr. Diego Biascocbea y Anna Axtmayer, en la que alega: que Diego Biascocbea es dueño de la Clínica Miramar, hospital en donde por lucro se dedica a practicar la profesión de doctor en cirugía, a arrendar habitaciones para los pacientes y sitio en donde, mediante el pago de cierta cantidad, otros doctores ejercen su profesión; que la demandante es única dueña de una finca urbana marcada con el No. 6 en la Ave-nida Olimpo del barrio de Miramar, Santurce, de esta ciudad, inscrita en el registro de la propiedad; que la demandada Anna Axtmayer es dueña de otra finca colindante con la anterior, marcada con el No. 4 y también inscrita en el regis-tro de la propiedad; que tanto la finca de la peticionaria como la de la demandada Anna Axtmayer y todas las otras fincas que le rodean, son segregaciones de una de mayor cabida que fue urbanizada por su dueño “La Asociación Popular Cooperativa de Construcciones, Ahorros y Présta-mos de Puerto Rico” con el fin de hacer de dichas fincas un sitio completo y exclusivamente residencial y al efecto todas dichas fincas, así como la de la peticionaria y la de la de-mandada, fueron vendidas por dicha asociación sujetas, en-tre otras, a la siguiente restricción:

“Estos solares no se destinarán a establecimientos mercantiles o industriales, sino precisamente a construcciones de casas para habi-tación ; ’ ’

que esta restricción se hizo constar en el registro de la pro-piedad y grava las dos fincas de la demandante y demandada y cuya restricción no ha sido limitada o alterada y está en todo su vigor y efecto y tanto la peticionaria como la deman-dada Anna Axtmayer compraron con conocimiento de y sujeta a dicha restricción; que allá para el mes de septiembre de 1925 la demandada Anna Axtmayer arrendó la finca de su pertenencia, marcada con el No. 4, al demandado Diego Biascochea, con el fin de que éste dedicara el edificio para la construcción de una clínica u hospital y que desde el mes de octubre en adelante dicho demandado ha venido arre-glando y acondicionando dicho edificio para ese fin; que tan pronto empezaron a preparar dicho edificio para tal fin, la demandante en octubre 2, 1925, notificó por escrito a ambos demandados para que se abstuvieran de dedicar dicho edi-ficio para otros fines que para residencia, llamándoles la atención hacia la restricción de que se ha hecho' mención; que a pesar de tener conocimiento y a pesar del requeri-miento hecho, el demandado Diego Biascoechea preparó y acondicionó dicho edificio para clínica u hospital, montó una sala de operaciones y en febrero 20, 1926, ocupó dicho edificio con varios enfermos y desde dicho día ha es-tado asistiendo a los mismos y dedicando el referido edi-ficio como hospital, por lucro, y para otros fines qne no son residenciales, todo con el consentimiento y conocimiento de la demandada Anna Axtmayer; qne la distancia' entre la casa de la demandante y la ocnpada por Diego Biascochea, propiedad de la otra demandada, es apenas de cnatro metros; qne la peticionaria con la instalación de la clínica n hospital snfre graves e irreparables daños y qne los rnidos, olores y demás actos qne necesariamente se hacen en nn hospital, constituyen nn estorbo y nn peligro para la demandante.

Contestó el demandado Diego Biascoechea y alegó en primer lngar qne la demanda' no adnce hechos suficientes para determinar una causa de acción. No consta de los autos que esta excepción fuera sometida a la corte ni resuelta y parece qne fue abandonada, pues nada se menciona de ella por el apelante en su alegato.

Admitió el demandado las alegaciones 1, 2, 3, 4, 5 y 7 de la demanda. Se admitió, por consiguiente, lo qne la deman-dante alega en cuanto a los términos de la cláusula restric-tiva y lo relativo a que la demandada Amia Axtmayer arrendó la finca de su propiedad, que colinda con la de la demandante, al Dr. Biascochea, con el fin de que éste dedi-cara dicha casa para la instalación de una clínica u hospital.

El demandado negó otros hechos de la demanda y alegó varias defensas que serán objeto de consideración y estudio al discutir los errores que el apelante apunta en su alegato.

Las partes hicieron una estipulación por la que convi-nieron someter por la evidencia presentada en la vista para mostrar causa, el pleito en su fondo para que la corte inferior dictara sentencia concediendo o negando el injunction final solicitado en la. demanda; y la corte inferior luego de practi-cada la prueba dictó sentencia desestimando las varias de-fensas alegadas por el demandado Biascochea y resolviendo el caso en sus méritos declaró con lugar la petición de injunction, ordenando a los demandados que se abstengan de continuar utilizando la casa No. 4 de la Avenida Olimpo, de Miramar, Santurce, para fines de hospital o clínica, im-poniendo las costas al demandado.

De esta sentencia solamente apeló el Dr. Diego Biasco-cliea y en su alegato señala la comisión de seis errores que pasamos a considerar.

I. Se sostiene por el apelante que la corte erró al no encontrar a la demandante culpable de laches por no haber presentado su demanda oportunamente, habiendo permitido al apelante incurrir en grandes gastos.

La prueba demostró que la demandante allá en el mes de septiembre de 1925 oyó el rumor de que en la casa No. 4 de la Avenida Olimpo se iba a instalar un hospital de ma-ternidad. Yió allí varias enfermeras que estaban viviendo en la casa y se le informó que era una casa para las nurses vivir. Ella marchó a los Estados Unidos en 25 de septiem-bre y dejó instrucciones a su sobrina Eva Granis para que consultara a un abogado si veía alguna acción o movimiento en la casa No. 4. Tan pronto Eva Granis vió enfermeras y pintando muebles en dicha casa, dió aviso a fines de sep-tiembre al abogado Castro, quien con fecha octubre 2, 1925, escribió a los demandados la siguiente carta:

“Clínica Miramar, c/o Dr. Biascochea, Santurce, P. E. — Señores: En nombre y representación de la Sra. Amy B. Macatee, dueña y residente de la casa No. 6 de la Avenida' Olimpo, Santurce, P. E., les participo que de acuerdo con las condiciones impuestas a cada persona que compró un solar en la urbanización Miramar, no es per-misible dedicar ningún edificio construido en dichos solares a otros fines que para casas residenciales. — La Sra. Macatee ha sido infor-mada que Uds. intentan ocupar el edificio No. 4 de la calle Olimpo, para dedicarlo a un hospital, y estando esto expresamente en contra de las condiciones de edificación antes referida, por la presente les requiero a nombre de dicha señora, para que se abstengan de ocupar o arrendar dicho local para otros fines que de vivienda particular.— Mrs. Macatee detestaría tener que llevar este asunto ante el Tribunal pero está dispuesta al menor movimiento que Uds. hagan para ocupar dicho edificio para clínica u hospital, radicar un injunction contra Uds. y contra la dueña de dicha propiedad. — Esperando que Uds. no darán lugar a que se tome esta medida, quedo de Ud., muy atentamente, R. Castro Fernández.”

Copia de esta carta fue entregada por el abogado Castro a la otra demandada por conducto de su hijo Henry Axtmayer, siendo la contestación de éste, según declaró dicho abogado, que “no nos preocupáramos, que aquello era solamente arrendado al Dr. Biascochea para dormir las nurses y algunos visitantes que quisieran dormir allí.” La demandada Anna Axtmayer no contestó, sin embargo, la carta, haciéndolo el otro demandado en la siguiente forma:

“Octubre 10 de 1925. — Ledo. Rafael Castro Fernández, Post Office Box 225, San Juan, Puerto Rico. — Muy estimado amigo: En representación del Dr. Diego Biascochea, contesto tu atenta carta 2 de octubre del presente año. Lamento decirte que tu cliente carece de razón en absoluto en este asunto. He examinado cuidadosamente la escritura de venta que hizo ‘The People’s Cooperative Building, Saving & Loan Association of Porto Rico’ a favor de doña Ana Axtmayer. En dicha escritura y en una de sus cláusulas se prohibe terminantemente la construcción de' edificios en los solares de Miramar para dedicarlos a fines mercantiles o sea a casas de comercio o de industria. — No constando expresamente la prohibición de poder de-dicar un edificio ya construido para hospital, me parece que está fuera de discusión el caso a que se refiere tu cliente. — Si fuera cierto lo que tu cliente manifiesta y si ella tuviera razón tendríamos que hacer desaparecer del sitio de Miramar el hotel que actualmente existe allí y el Hospital Miramar que hace tiempo está funcionando en ese litoral. — Por estas razones creo que debes aconsejar a tu cliente que tome otras medidas si es que a ella no le agrada el que el Dr. Biascochea establezca un hospital al lado de su residencia. — Sin otro particular me suscribo, tu afmo. amigo y compañero, E. Campos del Toro.”

No satisfecha la demandante con esta contestación, en octubre 21, 1925, se le escribió al demandado una segunda carta, que dice:

“Ledo. Enrique Campos del Toro. — Apartado 754, San Juan, P. R. — Estimado compañero: He recibido su carta del 10 del co-rriente en contestación a la mía al Dr. Diego Biascochea sobre la extensión de la Clínica Miramar. Lo único que le suplico que me comunique si es o no la intención de la Clínica Miramar ocupar la casa situada al frente de la Clínica para otros fines que no sean residenciales. — En espera de su pronta contestación, quedo de TJd., atentamente, R. Castro Fernández.”

La demandante, sin embargo, quedó en expectativa de cuál podía ser la intención del demandado durante los me-ses que siguieron, basta que el 20 de febrero de 1926 vió por primera vez que se trasladaron enfermos a la casa No. 4 y creyendo descubrir por actos positivos aquella inten-ción en sentido de establecer una clínica u hospital- en dicho local, presentó casi inmediatamente, unos cuatro días después, el asunto a la corte.

Dependiendo la cuestión de laches como defensa en equi-dad, no sobre el hecho de que cierto tiempo definido haya pasado desde que la acción ha surgido, sino de si bajo to-das las circunstancias del caso el demandante es negligente en no instituir el pleito oportunamente, permitiendo que una persona inocente incurra en gastos en la consumación de un negocio o construcción de una obra, no podía 'soste-nerse en este caso que la petición no hubiera sido estable-cida .a su debido tiempo ni que el demandado incurriera inocentemente en los gastos que alega haber incurrido. La demandante protestó desde los primeros momentos .que yió que se hacían ciertos preparativos en el edificio arrendado, como fueron las. nurses que allí vió y las camas y mesas pintadas de blanco que allí se trasladaban. Ella se alarmó y dió los primeros pasos para saber a ciencia cierta si se trataba o no dé la instalación de una clínica u hospital. Las contestaciones fueron vagas y evasivas y así se mantuvo en la incertidumbre a la demandante hasta el 20 de febrero de 1926 en que vió que se llevaban a la casa No. 4 enfermos para ser tratados como tales.

Basta una indicación de los hechos en los casos que cita el apelante para que se vea su indebida aplicación a los de este caso. En el caso de González v. Rivera, 31 D.P.R. 306, el demandante permaneció en silencio mientras se construyó el edificio del que se quejó luego de construido. En el de Loud v. Pedergast, 206 Mass. 122, se habla de que una parte no puede permanecer en silencio entretanto otra de buena fe hace considerables gastos para entonces pedir que se haga efectiva la restricción. Las itálicas son nuestras. Y el de Glines v. Matta, 19 D.P.R. 409, es también contrario al apelante. En este último caso discutiendo los hechos y la razón legal de la doctrina de laches, dijo esta corte por voz del Juez Sr. Wolf, lo siguiente:

"Aparece de la prueba que los demandados fueron notificados por los demandantes o sus agentes con respecto al hecho de que estaban infringiendo el convenio sobre construcciones, en momentos en que las paredes de las edificaciones habían progresado muy poco, y dentro de veinte días después, fué presentada la demanda. Teniendo en cuenta estos hechos no vemos que haya habido negligencia alguna por parte de los apelados. Con respecto al hecho de que las edifi-caciones estaban casi terminadas cuando los demandantes comen-zaron el pleito creemos, que el hecho de que los demandados estaban obligados a conocer las cláusulas restrictivas, que fueron notificados poco después de haber empezado la edificación y que insistieron toda-vía en seguir adelante con la edificación, están impedidos de hacer alegaciones en contra de la acción tomada por la corte. Sin embargo, eomo los demandados debieron saber por el registro, que no podían hacerse edificaciones en el espacio de tres metros y esto no obstante edificaron los garages, ellos solamente son culpábles por sus propios actos. ’'

Así es que bajo las circunstancias que ocurrieron en este caso y a la luz de la jurisprudencia citada, podemos concluir que la demandante en la fecha que acudió a la corte inferior lo hizo oportunamente.

II. Los errores tercero y cuarto se discuten por el apelante conjuntamente. Estos errores se refieren a que la demandante está impedida de hacer que se cumpla la restricción por haber mantenido en su propio edificio una casa de huéspedes y permitir el establecimiento de la Clínica Miramar, y asimismo alega que la restricción al uso de la casa en controversia no tiene más validez y efecto en vir-tud de cambios ocurridos eu la vecindad próxima o inme-diata a los edificios Nos. 4 y 6 de la Avenida Olimpo.

La corte inferior pasó por alto en su extensa opinión, y tal vez fué por creerlo innecesario, considerar la contención del apelante de constituir un estoppel para la demandante haber mantenido una casa de huéspedes. No creemos, sin embargo, que exija detenida consideración el punto suge-rido, pues tal circunstancia no priva a la demandante deman-dar el cumplimiento de la restricción por no constituir, una violación del convenio. En Glines v. Matta, supra, se re-solvió la contención, dirigida en el mismo sentido, de que no era un impedimento para la acción del demandante. La corte dijo así:

“. . . La corte fué de opinión y en eso estamos conformes, que las infracciones no tenían gran importancia, y que por tanto no constituían una abierta y manifiesta violación de tal naturaleza que quedaran impedidos los peticionarios de poder ejercitar el remedio del injunotion, estando apoyado el criterio sustentado por la" corte en el caso de Deacon v. Sadberg, 179 Mass. 396.”

Podemos añadir como razón esencial e independiente que dado el propósito de la cláusula restrictiva, la que más ade-lante analizamos en sus méritos, el mero hecho de haber recibido y mantenido huéspedes la demandante en su pro-pia casa, no varía tal propósito, ya que no dejaba dicha casa de conservar el carácter residencial o de morada a que exclusivamente se refiere el convenio.

También carece de mérito -la defensa de estoppel que se hace en relación con la existencia de la antigua Clínica Miramar, situada en la Avenida Olimpo, al lado opuesto de la casa de la demandante y ciertos edificios existentes en la vecindad, a saber, el Union Club, Hotel Miramar y “Miramar Apartments.” Como cuestión de hecho y siendo esas proposiciones defensas opuestas por el demandado, no se ha probado que tales edificaciones estuvieran sujetas a las mismas restricciones que las casas de la demandante y de Anna Axtmayer. Según se desprende del récord, de la finca principal se reservaron los solares Nos. 122 al 125, manzana E, y 98 al 104, manzana L, para ser vendidos li-bremente, sin la restricción qne se imponía a los demás so-lares. Y siendo esto así, ¿no correspondía' establecer al de-mandado como premisa para sn argumentación qne aque-llas construcciones estaban sujetas a la misma prohibición? La prueba en tal sentido no aparece del récord.

Además, la jurisprudencia en cuanto a esta clase de estoppel, sentando principios generales, dice lo siguiente:

"El hecho de que el derecho a una sentencia de injunction para impedir la violación de una cláusula restrictiva se haya perdido por negligencia o aquiescencia, no afecta en manera alguna el de-recho a restringir violaciones posteriores de la cláusula.” 32 C. J. p.-211.

En la nota de la obra se citan los casos de Hartwig v. Grace Hospital, 198 Mich. 725, 165 N. W. 827; Leaver v. Gorman, 73 N. J. Eq. 129, 67 A. 111; Phillips v. Dunseith, 269 Pa. 251, 112 A. 240, diciendo además:

"Cuando por aquiescencia la peticionaria ha perdido su derecho a una sentencia de injunction contra el demandado por tener una fábrica de botellas en violación a una cláusula impidiendo el uso de terrenos por no haber presentado la petición durante varios años, no por ello pierde el derecho de obtener sentencia de injunction al tratar el demandado de agrandar el negocio. Leaver v. Gorman, 73 N. J. Eq. 129, 67 A. 111. Y a los propietarios en un distrito limitado exclusivamente a residencias, que se cruzan de brazos y permiten que se altere un edificio en distintas épocas, se gasten grandes sumas de dinero, se le quite todo el aspecto de una residen-cia y que se use como un hospital, no se les concederá un injunction para impedir su continuación como tal, aunque sí se concederá un injunction para impedir la fabricación de nuevos edificios. Hartwig v. Grace Hospital, 198 Mich. 725, 165 N. W. 827.”

Aparte de que la demandante no ha probado que las diferentes edificaciones a que se ha referido estén sujetas al convenio, tampoco se ha demostrado que el cambio que ha podido existir en Miramar por el uso a que se dedican tales edificaciones, ha sido de tal naturaleza que haya dejado sin valor sustancial el convenio o restricción en cnanto a la parte dominante residencial. Por lo menos las circunstancias de este caso no nos llevan a esa conclusión.

En el caso de Landell v. Hamilton, 175 Pa. 327; 34 A. 663; 34 L.R.A. 227 (Old Serie), se establece la regla ex-presándose así:

“Cuando más de la mitad de las casas en la vecindad están ocu-padas como residencias, aunque algunas de ellas son dedicadas par-cialmente a negocios, la contención del demandado de que ba ha-bido tal cambio en la vecindad que le justifica que la restricción ha llegado a su fin, es insostenible.
“Cuando la restricción respecto al uso de los terrenos y edificios a pesar de los cambios habidos, tiene un valor sustancial para el predio dominante, una corte de equidad declarará con lugar una demanda de injunction para impedir su violación.”

III. El segundo error apuntado es el que se contrae al fondo del caso.

Sostiene el apelante que el uso que estaba haciendo y deseaba bacer de la casa arrendada no violaba la cláusula restrictiva, que establece que los solares en que se ha divi-dido la. finca Miramar, con la excepción que hemos indicado antes, “no se destinarán a establecimientos mercantiles e industriales, sino precisamente a construcciones de casas para habitación.” El apelante en su alegato, después de referirse al caso Smith v. Graham, 147 N.Y.S. 773, 112 N.E. 1076, por haber sido citado por la corte inferior, ar-gumenta de este modo: “Pero en realidad, y según se des-prende de la evidencia, el demandado no estaba usando, ni es su intención usar, dicho edificio como hospital, (si lo hace entonces la demandante puede establecer su demanda de injunction).”

Parece, sin embargo, que el abogado del apelante no se detuvo a examinar las alegaciones, pues la contestación ad-mite en la segunda defensa los hechos 2, 7 y 9 de la de-manda, y por ellos, en síntesis, se alega: que el Dr. Bias-Cochea es dueño de la Clínica Miramar, hospital en donde por lucro se dedica a practicar la profesión de doctor en cirugía, a arrendar habitaciones para los pacientes y sitio en donde, mediante el pago de cierta cantidad de dinero, otros doctores ejercen la profesión; que allá para el mes de septiembre de 1925 la demandada Anna Axtmayer arrendó la finca No. 4 de su propiedad al Dr. Biascoechea, con el fin de que éste dedicara el edificio para la instalación de una clínica u hospital y que el 20 de febrero de 1926 ocupó dicho edificio con varios enfermos y desde dicho día los ha estado asistiendo y dedicando el referido edificio como hospital, por lucro y para otros fines que no son residenciales.

Estas admisiones fueron ratificadas por el propio de-mandado en el juicio, pues entre otras cosas en su declara-ción el Dr. Biascochea dice lo siguiente:

“A. — ¿En la Avenida Olimpo No. 4, en la casa propiedad de doña Anna Axtmayer, Ud. ha instalado alguna clínica como sucur-sal de su clínica vieja?. T. — Lo arrendé con el objeto de establecer una clínica para agrandar la clínica actualmente. A. — ¿Desde cuándo Ud. tiene pacientes en esa clínica? T. — Desde el sábado antipasado. A. — ¿El 20 de febrero? T. — Sí, señor. A. — ¿Ud. per-cibe beneficios por curar a esos enfermos o lo hace gratuitamente? T. — -Yo recibo honorarios por curar a esos enfermos. No es un .Hospital de caridad. o A. — ¿Ud. también alquila habitaciones para los enfermos? T. — Las habitaciones del hospital son para enfermos. A. — ¿Pero Ud. paga por la asistencia médica en el local que ocupa? T. — Sí, señor. A. — ¿También es cierto que otros doctores ejercen allí su profesión mediante el pago de honorarios? T. — Sí, señor. A. — ¿Es o no cierto que'Ud. el sábado 20 de febrero Ud. lo único que hizo en esa finca, refiriéndole al No. 4, es introducir ciertas ca-mas color blanco, pintar ciertos muebles color blanco y dormir cier-tas enfermeras en ese local? T. — Desde que cogí el local fué con objeto de establecer una clínica para agrandar la clínica que existe. A. — Diga lo que hizo entonces. T. — -Al arrendar la casa la tomé para establecer una clínica y establecer en el piso alto habitaciones para las enfermeras, y se ha venido preparando desde que se tomó.”

Según la argumentación que indicamos del apelante, no debía existir discusión en cuanto a la procedencia del injunction. Sin embargo, diremos algo más acerca de la sig-nificación de la cláusula restrictiva. Esta habla de que los solares de la finca principal “no se destinarán a estable-cimientos mercantiles o industriales, sino precisamente a construcciones de casas para habitación.” La cuestión es fijar la significación de las palabras “casas para habita-ción. ’ ’

Tanto en español como en inglés la palabra “habita-ción” es sinónima de “residencia” (residence) o morada (dwelling).

“Habitación: Parte del edificio que se destina para domicilio o para albergue de personas sin perjuicio para la salud de éstas. Cualquiera de los aposentos en que se divide una casa.” Dicciona-rio de la Lengua Española, por' Rodríguez Navas, pág. 760,
“Habitación: La palabra habitación procede del latín habitatio; como vocablo forense se emplea principalmente al tratar del Dere-cho de habitación, ya estudiado en su lugar correspondiente, y sig-nifica las dependencias particulares de una casa, destinadas a ser ocupadas por las personas para usos domésticos, o toda ella cuando no las tenga con otro destino.” Enciclopedia Jurídica Española, tomo XVII, pág. 412.
“Habitación: Parte del edificio que está destinado para habi-tarse. Estancia, permanencia, residencia, morada.” Diccionario Salvat.
“Habitation: Place of abode; settled dwelling; residence; house.” Webster’s New International Dictionary, 1913, p. 967.

Parece, pues, que la mejor traducción al inglés de las pa-labras “casas para habitación” es la de “dwelling houses” “for residence purposes.”

“Dwelling house: A house occupied as a residence, in distinction from a store, office, or other building.” Webster’s New International Dictionary, 1913, p. 687.

En el caso de Hartwig v. Grace Hospital, 165 N.W. 827, citado por la corte inferior, se encuentra una situación pa-recida a la del presente caso. La cláusula restrictiva te-nía el mismo objeto y el edificio sujeto al convenio se trató de extender y destinar a hospital, y la corte resolvió, diciendo :

“La restricción de que no se levantará ninguna edificación que no sea para residencia y relacionadas con las mismas en aquellos te-rrenos, queda violada al usarse un edificio haciéndosele o no ciertas adiciones para usarse como hospital, así como fabricando un edifi-cio para ser usado como casa de vivienda de las enfermeras.”

Asimismo en el caso de Smith v. Graham, supra, se interpretó igual restricción, tal vez más liberal en sus térmi-nos, y sin embargo, la corte se expresó así:

“Cuando se venden terrenos sujetos a ciertas cláusulas prohi-biendo que en los mismos se lleven a cabo empresas comerciales o fabriles, así como la fabricación de edificios no dedicados a residen-cias, y hay una cláusula adicional en la escritura de enajenación de que el cesionario puede recibir y cuidar enfermos, así como efec-tuarles operaciones quirúrjicas en las casas fabricadas en dichos te-rrenos, no da derecho al cesionario a fabricar en los mismos un hospital, aunque aquél haya sido médico-cirujano por muchos años y haya designado su casa con el nombre de sanatorio, ya que un hospital es una cosa enteramente distinta a una casa de residencia.”

Solamente el apelante cita el caso de Carr v. Riley, 198 Mass. 70, 84 N. E. 426. Aun cuando en este caso se inter-preta lo que se puede entender por un establecimiento mer-cantil, las circunstancias que rodean al caso son distintas. La misma corte dice que el convenio es complicado. El caso es tan limitado por sus circunstancias, que no sería posible derivar de él principios para ser generalmente apli-cados, máxime si cada caso ha de regirse por las condicio-nes peculiares del mismo.

Estamos, por tanto, de acuerdo con la corte inferior al concluir que la restricción fué violada'por los demandados.

IY. Alega el apelante en su quinto motivo de error que la sentencia es indefinida y que debió ser más específica.

La parte dispositiva de la sentencia dice así:

“En el día de hoy, la Corte, por los fundamentos consignados en la opinión que se hace formar parte de esta sentencia, dicta sen-tencia declarando con lugar la solicitud de injunction, y en su vir-tud, ordena a los demandados que se abstengan de continuar utili-zando la casa número 4 de la Avenida Olimpo, de Miramar, San-turce, . . . para fines de hospital o clínica.”

No creemos que haya dificultad para definir los términos de la sentencia. Las palabras “clínica u hospital” son tan •de uso corriente que su significación parece conocerse por todos, especialmente para el demandado, Dr. Biascochea, a quien se le impone la prohibición de utilizar el edificio arrendado para tales fines. Todo lo que se refiera a asis-tir, tratar ó tener pacientes o practicar operaciones en el local No. 4 de la Avenida Olimpo, está comprendido en la sentencia de injunction.

V. El último error se refiere a las costas. Será sufi-■ciente decir que el presente caso es el de una temeridad ma-nifiesta por parte del demandado. Este sabía, en primer lugar, por el registro de la propiedad que la casa No. 4 no podía destinarse a fines que no fueran residenciales. El, .sin embargo, fué avisado por la demandante en los prime-ros momentos de haber arrendado dicha casa, de la existen-cia de la cláusula, y que la demandante se opondría a que allí se instalara una clínica u hospital y le invitaba a que •cesara en sus propósitos. El demandado contestó, pero su carta más bien fué un reto al requerimiento amistoso de la demandante. La corte inferior, por tanto, ejerció correcta-mente su discreción al imponer las costas al demandado.

Por todo lo cual debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Presidente Sr. del Toro no intervino en la re-solución de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Wole,

license: Public Domain

text:
    Celestino Pérez Rivera, demandante y apelado, v. La Sociedad Agrícola Mercantil en Liquidación Santiago Hermanos, y José Santiago Jiménez, Basilio Santiago Jiménez, gestores de dicha sociedad, demandados y apelantes.
    No. 4144.

    Visto: Mayo 6, 1927.

      Resuelto: Junio 25, 1927.
    1. Letras t Pagarés — Interpretación y 'Operation — Partes en la Obligación o Contrato — Solidaridad—Firmantes de Favor (Accommodation makers).— Cuando dos personas, eon otra, firman un pagaré como principales a fin de que ésta obtuviera el ’dinero, aquéllos son solidariamente responsables entre sí y pueden cobrarse, el uno del otro, la cantidad adeudada.
    2 Evidencia — Evidencia Oral o Extrínseca que Afectan dos Escritos — Con-tradicción, Variación o Adición de los Términos de un Documento Es-crito — Besponsabilidad Bajío un Escrito y Extensión de la Misma — Le-tras y Pagarés. — El artículo 1107 del Código Civil demuestra que, de acuerdo eon la Ley Civil en Puerto Bico, las relaciones entre las partes en una obligación por ellos firmada pueden ser distintas a las demostradas por dicha obligación.
    3. Letras y Pagarés — Interpretación y Operation — Partes en la Obligación o Contrato — Firmantes de Favor. — Cuando dos personas, con otra, firman como principales un pagaré a favor de un tercero con el fin de que dicha otra persona obtuviera el dinero, entre aquéllas y el tercero existe una obli-gación de fianza.
    SENTENCIA de Miguel A. Muñoz, J. (San Juan), declarando sin lu-gar la demanda en cuanto a una de sus dos causas de acción y con lugar en cuanto a la otra, con costas y.honorarios.

      Confir-mada.

      A. Sarmiento, abogado de los apelantes; José Martínez Dávila, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Tres personas firmaron un pagaré. Ellas fueron Celes-tino Pérez Rivera, la Sociedad Santiago Hermanos y Bau-tista Rosario. El pagaré fué otorgado a favor del Banco Comercial, y tanto en su forma como en lo qne concernía al banco la obligación contraída era solidaria. El banco por razón de la obligación contraída resolvió demandar a Celes-tino Pérez Rivera, obtnvo sentencia y dicbo Celestino Pérez Rivera pagó en su totalidad el pagaré montante a $1,285.75 y $150 por concepto de honorarios de abogado. Entonces Pérez demandó a Santiago Hermanos en cobro de la mitad de la cantidad qne él se vió obligado a pagar.

La evidencia demostró qne la persona qne recibió el dinero del Banco Comercial fné Bautista Rosario, y que el demandante Pérez y la demandada Santiago Hermanos fir-maron como principales a fin de qne Rosario pudiera obte-ner el dinero del banco; en otras palabras, qne el deman-dante y la demandada en este pleito fueron los firmantes de favor de Bautista Rosario (accommodation makers) Santiago Hermanos se defendió basándose en qne la obliga-ción era solidaria y qne por tanto cada nno de los otorgan-tes era exclusivamente responsable; qne no podía haber contribución entre ellos; qne el tratar el demandante de alegar qne él era meramente nn firmante de favor o nn fia-dor de Bautista Bosario equivalía a cambiar los términos de nn contrato escrito.

El documento o pagaré firmado por los tres otorgantes solamente evidenciaba una obligación de dichas tres perso-nas para con el banco. No se demostró qne existía ningún contrato-entre'los supuestos otorgantes y sus relaciones en-tre sí, ya fueren contractuales o en alguna otra forma, no fueron demostradas en manera alguna en dicho documento. La corte dictó sentencia a favor del demandante fundada en la teoría de que el demandante y la demandada eran en realidad fiadores de Bautista Bosario.

El artículo 1745 del Código Civil dice que cuando son dos o más los fiadores de un mismo deudor y por una misma deuda, el que de ellos la haya pagado podrá reclamar de cada uno de los otros la parte que proporcionalmente le co-rresponda satisfacer. La única cuestión a resolver en este caso es si existía una obligación de fianza entre las perso-nas que firmaron el pagaré a favor del banco. En realidad no hay duda que Bautista Bosario recibió el dinero del banco y que las otras dos personas firmaron solamente para que Bosario pudiera obtener dicho dinero.

El artículo 1723 del Código Civil dice:

“Por la fianza se obliga uno a pagar o cumplir por un tercero, en el caso de no hacerlo éste.
“Si el fiador se obligare solidariamente con el deudor principal, se observará lo dispuesto en la Sección IY, Capítulo III, Título Pri-mero de este Libro.”

La referencia que se hace es a los artículos 1104 et seq. del Código Civil. El artículo 1107, por ejemplo dice: “La' solidaridad podrá existir aunque los acreedores y deudores no estén ligados del propio modo y por unos mismos plazos y condiciones.” Este artículo demuestra que de acuerdo con la ley civil vigente en Puerto Rico las relaciones entre las partes mismas pueden ser distintas a las demostradas por un documento firmado por ellos. El artículo 1112, sin embargo, es el que debe ser invocado principalmente. Este dispone lo siguiente:

“El pago beebo por uno de los deudores solidarios extingue la obligación.
“El que hizo el pago sólo puede reclamar de sus codeudores la parte que a cada uno corresponda, con los intereses del anticipo.
“La falta de cumplimiento de la obligación por insolvencia del deudor solidario será suplida por sus codeudores a prorrata de la deuda de cada uno.”

Por tanto, parece evidente que deudores solidarios pue-den cobrarse el uno del otro la cantidad adeudada. El de-mandante y la demandada en este caso eran solidariamente responsables entre sí cuando firmaron para ayudar a Bau-tista Rosario.

La cuestión no es nueva en esta jurisdicción. Una situa-ción parecida se presentó en el caso de Hughart v. Sucesión Samill, 15 D.P.R. 308. De acuerdo con los liecihos de dicho caso la corte basó su razonamiento principal en el artículo 1112 y resolvió que uno de los tres otorgantes de un pagaré puede recobrar de la sucesión del deudor principal. La de-cisión en dicho caso está, sin embargo, fortalecida por la referencia hecha en el artículo 1723, supra. Posteriormente, en el caso de Crédito y Ahorro Ponceño v. Beiró, 32 D.P.R. 817, esta corte aceptó la doctrina del caso de Hughart, pero demostró que los hechos del caso que tenía ante sí eran dis-tintos.

En los Estados Unidos continentales, cuando dos perso-nas firman por igual para ayudar a un deudor surge un con-trato implícito por razón del pago, y el otro fiador debe pa-gar su proporción. Allá, según varios principios un fir-mante de favor es considerado siempre como un fiador. En Maryland nn estatuto algo similar al nuestro fue igualmente interpretado en el caso de Fuhrman v. Fuhrman, 115 Md. 441. Louisiana lia interpretado los derechos de los firmantes de favor entre sí, pero las decisiones se hacen depender de principios de ley comercial en general y no de algunas dis-posiciones especiales del Código Civil. Nosotros también creemos que cuando partes in pais firman para ayudar a un tercero, entre las dos que firman para favorecer al tercero, surge una obligación de conformidad con los principios del artículo 1745, supra.

La sentencia debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Wole, JUEZ PRESIDENTE SR. DEL TORO.

text:
    Rafael Costas Purcell, demandante y apelante, v. Gobierno Municipal de Las Marías (Municipio de Las Marías), demandado y apelado.
    No. 3926.

    Visto: Noviembre 29, 1926.

      Resuelto: Junio 25, 1927.
    1. Corporaciones Municipales — Acciones—De la Evidencia — Valor Razona-ble de Servicios Prestados — Bajío Contrato Expreso. — En. aeeión para el cobro de servicios prestados bajo un contrato expreso, independientemente de las cuestiones de que éste sea ultra-vires, de la intervención de otros en el trabajo efectuado bajo aquél, fraude u otras semejantes, el demandante no está en la obligación de demostrar el valor razonable de los servicios prestados.
    2. Corporaciones Municipales — Contratos en General — Validez de los Mis-mos — En General. — Cuando -los servicios a prestar a un municipio bajo un contrato caen, por su naturaleza, dentro de los deberes impuestos a funcio-narios del Gobierno Insular o municipal, se comete un fraude contra aquél.
    3. Contratos — Cumplimiento o Quebrantamiento (Breach) — Evidencia—Cum-plimiento del Contrato. — Cuando uno que se ha hecho cargo de la trami-tación y documentación de un empréstito hace algo tendente a obtener pos-tores o para facilitar la presentación de las ofertas de éstos, ello constituye un cumplimiento del contrato.
    4. Corporaciones Municipales — Contraeos en General — Validez de los Mis-mos — En General. — Si un municipio celebra un contrato con una persona para ésta hacer un trabajo que, no parte de los deberes oficiales de los fun-cionarios del Gobierno, puede hacerse en las oficinas del Gobierno, nada im-pide que el municipio pague tales servicios.
    6. Corporaciones Municipales — Contratos en General — Facultad del Muni-cipio para Contratar en General. — Un contrato por el cual un municipio emplea un agente para que ayude en la venta de unos bonos de un emprés-tito municipal es nno de aquellos que los municipios están autorizados a efectuar.

      6. CORPORACIONES MUNICIPALES-CONTRATOS EN GENERAL — FACULTAD DEL MUNI-CIPIO para Contratar en General. — Un municipio tiene facultad, dentro de •ley, para autorizar a su comisionado de servicio público a utilizar los ser-vicios de un agente que se haga cargo de la tramitación y documentación de un empréstito y convenir el pago razonable de los servicios de éste.
    7. Principal y Agente — Acción pasa el Pago de Compensación — En General. —Cualquier persona que, con un municipio, entre en un contrato expreso de la clase que los municipios están autorizados a efectuar, tiene derecho a que se le pague por los servicios prestados bajo el mismo, aún cuando a dicho contrato no le hubiera impartido su aprobación el Auditor Insular.
    8. Corporaciones Municipales — Contratos en General — Aprobación Previa del Auditor Insular — Contrato para el Pago de Dinero. — Para efectuar un contrato para el pago de dinero con un municipio, no es necesario obtener previamente permiso del Auditor Insular ni el que éste juzgue la validez de aquél.
    9. Corporaciones Municipales — Acciones—Partes en las Mismas — Auditor de Puerto RicíO Oo'mo Parte Demandada. — En acción en cobro de dinero en-tablada contra nn municipio basada en contrato para el pago de aquél, no es necesario incluir al Auditor de Puerto Rico como parte.
    SENTENCIA ele Charles E. Foote, J. (Mayagüez), declarando sin lu-gar la demanda, con costas.

      Revocada, declarándose la demanda con lugar, sin costas.

      Antonsanti & La Costa, abogados del apelante; Benei & Souffront, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Rafael Costas Purcell demandó al Municipio de Las Ma-rías para recobrar la cantidad de $2,000 en pago de servi-cios prestados en la venta de bonos municipales. La su-puesta obligación del municipio surgió de un convenio es-crito celebrado entre el demandante y don Eustaquio M. Graz-tambide, Comisionado de Servicio Público,, etc., cargo que corresponde en la actualidad al de alcalde. No se levantó cuestión alguna referente a la celebración del convenio. En realidad, los alegados servicios fueron aprobados por las au-toridades locales y se ordenó el pago de los mismos. Poste-riormente, el Auditor de Puerto Rico se negó a aprobar la cuenta. Al apelarse para ante el G-obernador, éste no revisó las conclusiones o resoluciones de dicho Auditor, sino que dejó que el apelante recurriera a las cortes. En el pleito que más tarde se entabló, la Corte de Distrito de Mayagüez falló en contra del demandante por varios motivos.

El deber más importante impuesto por el alegado con-trato al apelante estaba expresado en los siguientes térmi-nos : ‘ ‘ que como agente del Municipio de Las Marías en el asunto se baga cargo de la tramitación y documentación del empréstito de $70,000 cuya contratación fué acordada por la Asamblea Municipal, etc., a excepción de la venta de los bo-nos que se efectuará en pública subasta.”

Substancialmente, la corte llegó a la conclusión de que el único trabajo que el demandante realizó de acuerdo con el contrato fué el de suministrar modelos de ordenanzas prepa-radas por el Negociado de Asuntos Municipales del Depar-tamento de Tesorería; que cualquiera otra gestión que se practicó para efectuar el empréstito fué becba por funciona-rios del municipio o del Gobierno de Puerto Rico o estaba dentro de la incumbencia de dichos funcionarios; que el tra-bajo realizado por el apelante que no cae dentro de las atri-buciones de los varios funcionarios públicos fué becbo a ins-tancias o en beneficio de los compradores de los. bonos, es-pecialmente porque babía que venderlos y fueron vendidos en pública subasta, y que de ningún modo los servicios pres-tados por el demandante valían más de $100.

Igualmente, la corte resolvió que «dado el poco trabajo que el demandante pudo realizar o realizó para el municipio de Las Marías, el contrato becbo era un fraude para dicho mu-nicipio. La corte resolvió que el contrato también era ultra vires; que no se podía hacer contrato alguno sin la inter-vención y aprobación del Auditor de Puerto Rico, y que no podía entablarse con éxito un pleito sin incluir como parte al Auditor.' El apelante señala la comisión de dieciocho errores.

Hay una línea de casos que resuelve que cuando se de-clara nulo un contrato con un municipio, el demandante puede, no obstante, recobrar el valor razonable de los servi-cios prestados, y quizás la corte inferior tuvo esto en mente al declarar que los servicios del demandante no valían ra-zonablemente más de $100. Sin embargo, haciendo caso omiso de las cuestiones de ultra vires, y la posible intervención del Auditor, fraude, y otras parecidas, la corte estaba equivo-cada al resolver que el demandante debe demostrar en todo caso el valor razonable de los servicios prestados.

El apelante, ayudado por un hermano, dió pasos tenden-tes a efectuar el empréstito. Se efectuó el empréstito, y no podemos deducir de la evidencia que los servicios del de-mandante en relación con ese empréstito carecieran en ab-soluto de valor. Como cuestión de derecho, nos sentimos obligados a resolver que dada la generalidad del contrato, no era necesaria gran prueba sobre los servicios prestados, suponiendo siempre qué el contrato efectuado era válido y existente y dentro de las atribuciones del municipio. Con estas reservas, el demandante no tenía que probar un quantum meruit. El tenía ún contrato expreso, y cumplió con el mismo, aún cuando fuera ayudado en ello por departamen-tos del Gobierno.

Estamos muy de acuerdo con la corte inferior en que si los servicios que el demandante tenía que prestar eran de tal naturaleza que caían enteramente dentro de los deberes impuestos a los funcionarios municipales o a otros funcio-narios del Gobierno, entonces se estaba cometiendo un fraude contra el Municipio de Las Marías.

La corte y el apelado dan gran peso a los siguientes he-chos: Que el hermano del demandante, entre los años 1922 y 1924 y hasta dos meses antes de efectuarse la venta de los bonos en este caso, era un funcionario del Gobierno de Puerto Bieo; que en realidad de verdad era empleado de Auditoría encargado de los empréstitos municipales, y que parte de los deberes que le había impuesto el Auditor era ayudar a los municipios en toda la documentación y conta-bilidad necesaria para la consecución de préstamos, si no para- la tramitación de los mismos; que mientras dicho her-mano trabajaba en la oficina del Auditor prestó ayuda al demandante y que él más o menos concibió la idea de obte-ner éste y otros contratos de los municipios qne se propo-nían obtener empréstitos.

Este es un caso en qne bay nna probabilidad razonable de qne los servicios prestados por el demandante no eran mny necesarios, dada la actitnd asumida y las ofertas de servicios becbas por la oficina del Auditor, así como las re-glas promulgadas por dicbo funcionario. No obstante, dando la peor interpretación posible a los actos del hermano del demandante, el municipio de Las Marías firmó este contrato con los ojos abiertos.

Presumiblemente, la posición de los funcionarios del mu-nicipio sería que se trataba de la tramitación de un emprés-tito complicado y que, no siendo peritos en estos asuntos, necesitaban la ayuda de alguien que se hiciera cargo “de toda la tramitación y documentación” necesaria para acti-var dicbo empréstito. Es enteramente concebible que los funcionarios del municipio creyeran que el demandante les ayudaría a conseguir postores.

Convenimos enteramente con la corte inferior o con el apelado en que los propuestos servicios del demandante no fueron completamente los de un corredor ordinario, ya que los bonos tendrían que venderse en pública subasta. No obstante, resolvemos, dejando a un lado otros servicios, que si el demandante o sus agentes hicieron algo tendente a ob-tener postores o para facilitar la presentación de las ofer-tas de éstos, tal actuación de parte del demandante consti-tuyó un cumplimiento de los términos del contrato que re-quería que el demandante se hiciera cargo de la “tramita-ción y documentación” del empréstito, lo que era similar a los servicios de un corredor.

Quizás la piedra de toque de este caso es si el deman-dante hizo algún trabajo que no estaba dentro de la incum-bencia de los deberes gubernamentales, y si lo hizo, el ele-mento de fraude desaparece necesariamente de este caso. Si el demandante sirvió de instrumento para conseguir pos-tores o ayudó a que éstos hicieran ofertas, ello equivale a parte de la “tramitación” de un empréstito. No tenemos dudas de que la oficina del Auditor ayudara y que en reali-dad ayudó a los postores en perspectiva, pero tal ayuda no forma parte de los deberes del Auditor. Es evidente que no es parte de los deberes del Auditor buscar postores. Veamos lo que hizo el demandante.

Hubo prueba incontrovertida tendente a demostrar que el apelante mismo suministró información a personas intere-sadas en la compra de los bonos; que cuando el municipio o algunos de sus funcionarios recibían peticiones de compra-dores en perspectiva solicitando información, esos funciona-rios enviaban las cartas o peticiones al apelante; que él tuvo correspondencia con periódicos que anuncian la venta de bonos, y que éstos fueron anunciados. Los autos tienden a demostrar que el apelante tuvo' bastante correspondencia con un tal Sr. Thompson, abogado que representaba la casa que finalmente compró los bonos, y el apelante además ma-nifestó que en cuanto a este extremo recibió también ayuda de su hermano Pedro Juan Costas. Este dijo que él pre-paró los documentos que los abogados de los compradores necesitaban y solicitaron, con el fin de que dichos abogados dieran su opinión con respecto a los pagos que había que hacer por los bonos. También declaró que hizo investiga-ciones para los compradores con relación a los sitios en que debían depositar el dinero del empréstito, y que incidental-mente obtuvo algunas ventajas en cuanto a los intereses que debían pagarse; que sostuvo continuamente correspondencia con los compradores y sus abogados con el fin de obtener el pago puntual de los bonos; que entre los documentos que preparó y le fueron pedidos por los abogados de los com-pradores estaba una copia certificada de todos los procedi-mientos habidos en la emisión de los bonos por el municipio de Las Marías; que él se hizo cargo de poner los anuncios en los periódicos, y que algunos de los anuncios fueron pre-parados por él, y otros por su hermano Rafael, el apelante en este caso. Ambos hermanos declararon que el principal trabajo realizado por Pedro Juan Costas en la tramitación de la venta de estos bonos fue hecho después de haber sa-lido de la oficina del-Auditor.

Resolvemos que estos servicios eran enteramente inde-pendientes de cualesquiera deberes impuestos a cualquiera de los funcionarios del Gobierno. Estos servicios por sí mismos constituían el cumplimiento del contrato. No he-mos perdido de vista el hecho de que la corte inferior resol-vió que estos servicios fueron prestados en beneficio de los compradores de los bonos. Hay las declaraciones directas e incontrovertidas del demandante y su hermano en sentido contrario. Además, dada la naturaleza del contrato en este caso, cualesquiera servicios prestados a los compradores de los bonos fueron prestados al municipio. Tales servicios tenían que facilitar y activar la venta de dichos bonos.

Además de estos servicios, la prueba del demandante ten-dió a demostrar que el apelante y su hermano prestaron va-rias clases de ayuda al municipio en la venta de los bonos ; ■que ellos ayudaron a distintos funcionarios del Gobierno en varios asuntos relacionados con la venta de los bonos. La corte y el apelado insistieron en que el apelante nada hizo para ayudar al municipio en la preparación de la ordenanza para la venta de los bonos, ni en su aprobación por el Con-sejo Ejecutivo, que es el organismo que la ley exige apruebe tales ordenanzas. Prima facie esto es probablemente cierto, porque el contrato con el municipio fué firmado después de haberse pasado la ordenanza. El apelante presentó prueba-tendente a demostrar que ayudó en la preparación de la or-denanza, y aún si la ayuda prestada fué anterior a la fecha en que se firmó el contrato, no sería violento retrotraer el contrato a la época en que se prestó tal ayuda.

Sin embargo, se insiste fuertemente en que tales servi-cios incumbían propiamente a los funcionarios del Gobierno. Algunas de las gestiones hechas por el apelante o su her-mano es probable que cayeran claramente dentro de los de-beres impuestos a distintos funcionarios del Gobierno. No obstante, hubo otras cosas que ellos hicieron que no caían claramente dentro de los deberes especificados por la ley, aunque de acuerdo con algunas reglas y reglamentos, ya sea la oficina del Gobernador o la del Auditor, o el Depar-tamento de Tesorería, estuvieron dispuestos a ayudar a efectuar el trabajo de balde. Pero si el municipio celebró un contrato con el apelante para que éste hiciera el mismo trabajo que, (aunque no formaba parte de sus deberes ofi-ciales), pudo ser realizado en las distintas oficinas del Go-bierno, no hay nada en la ley que impida que el municipio pague tales servicios, aún cuando los mismos pudiesen ha-berse obtenido gratuitamente. El municipio pudo haber pre-ferido tener su propio agente en vez de continuar haciendo solicitudes a los funcionarios del Gobierno, especialmente tratándose de servicios que ellos no estaban obligados a prestar de acuerdo con la ley.

El apelado alega que el municipio no tenía poder para autorizar al Sr. Gaztambide, Comisionado de Servicio Pú-blico, etc., a efectuar este contrato con el apelante; que parte de los deberes a él impuestos eran de la incumbencia del al-calde mismo, y que la ordenanza aprobada por la asamblea municipal debió haber fijado las condiciones del contrato y no debió haber dado a dicho comisionado facultades tan.am-plias para fijar las condiciones en cuanto a la remuneración que había que pagársele al apelante. Convenimos con el apelado en que si no hubo la debida autorización, no era posible que existiera ratificación alguna, y en realidad no la hubo.

A menos de existir un verdadero fraude, el comisionado estaba autorizado por la ordenanza para emplear un agente, y de acuerdo con esa ordenanza, tenía autoridad para con-venir el pago de una suma razonable. Una suma no razo-nable sería un.-fraude. No hallamos que el pago de $2,000 por los servicios prestados en la tramitación de un emprés-tito de $70,000 no sea razonable.

Las autoridades demuestran que los municipios pueden hacer contratos de esta clase. Ellos pueden efectuar con-tratos de corretaje o utilizar los servicios de un abogado. Dillon on Municipal Corporations, tomo 1, sección 244; Mayor v. Sands, 105 N. Y. 210; Kramrath v. City of Albany, 127 N. Y. 575, y otros casos más citados en el alegato del ape-lante.

El trabajo realizado por el apelante en este caso era de carácter mixto. En lo que a su ayuda para conseguir pos-tores se refería, su trabajo participaba del carácter de un corredor. En lo que se refería a los consejos y ayuda que él y su hermano prestaron a los compradores y al municipio en la venta de los bonos, el trabajo era similar al de un abogado.

Llegamos entonces a la cuestión de si el municipio de Las Marías estaba autorizado para hacer este contrato. La sección 37 de la Carta Orgánica dispone como sigue:

"La autoridad legislativa estatuida por la presente, se aplicará a todos los asuntos de carácter legislativo que no sean localmente inaplicables, incluyendo la facultad de crear, consolidar y reorgani-zar los municipios, según fuere necesario, y proveer y derogar leyes y ordenanzas para los mismos; y también la facultad de alterar, reformar, modificar o derogar cualquiera o todas las leyes y orde-nanzas, de cualquier clase, actualmente vigentes en Puerto Rico o en cualquier municipio o distrito del mismo, basta donde dicha alte-ración, reforma, modificación o derogación fuere compatible con las disposiciones de esta Ley.”

De acuerdo con esta ley o con leyes anteriores del Con-greso, la Legislatura de Puerto Rico ha autorizado a los municipios a efectuar contratos de varias clases. La Ley Municipal de 1921, Leyes de ese año, página 461, dispone que:

“Toda corporación municipal que deseare contraer una deuda, tomar dinero a préstamo o emitir bonos sobre su propio crédito, de-berá presentar al Consejo Ejecutivo de Puerto Rico una ordenanza debidamente adoptada por la asamblea municipal, la cual deberá contener las circunstancias que determinan la conveniencia de que se contraiga la deuda o se haga el empréstito, el montante del mismo, el fin o fines a que habrá de dedicarse, y dispondrá la forma de re-dimir o amortizar la deuda, con el interés y mediante las condicio-nes que la asamblea municipal determinare.”

De acuerdo con esto, la asamblea municipal pasó una or-denanza disponiendo en su sección 14 como sigue:

“El Comisionado de Servicio Público, .Policía y Prisiones de Las Marías, Puerto Rico, por la presente queda autorizado para desig-nar, si lo creyere conveniente, una persona que se haga cargo de la tramitación y documentación de este empréstito hasta su realiza-ción.”

La ordenanza tal como se pasó fue aprobada por el Con-sejo Ejecutivo y tuvo el efecto de ley, y autorizaba al muni-cipio por medio de su comisionado a utilizar los servicios de un agente.

Por tanto, el contrato efectuado en este caso cae dentro de la clase de contratos que los municipios están autoriza-dos a efectuar.

El apelado no nos convence de que un municipio no pueda hacer contratos para emplear un agente que le ayude en la venta de bonos, aun cuando tales bonos puedan ser vendidos en pública subasta.

Bajo estas circunstancias, cualquier persona que entre en un contrato con un municipio tiene derecho a que se le pa-gue. La corte y el apelado se basan en la sección 20 de la Carta Orgánica para decir lo contrario. La misma dispone así:

“El Presidente nombrará un Contador, con un sueldo anual de $5,000, por un término de cuatro años y hasta que su sucesor sea nombrado y tome posesión. El Contador examinará, intervendrá y liquidará todas las cuentas concernientes a las rentas e ingresos, de cualquier procedencia que fueren, del Gobierno de Puerto Rico y de los gobiernos municipales de Puerto Rico, incluyendo fondos pú-blicos en depósito y fondos procedentes de emisiones de bonos; e in-tervendrá, de acuerdo con la ley y reglamentos administrativos, to-dos los gastos de fondos o propiedades pertenecientes al Gobierno de Puerto Rico o a los municipios o dependencias del mismo, o te-nidos en depósito por ellos. .Desempeñará funciones semejantes con respecto a todas las ramos del Gobierno.
“Será deber del Contador llamar la atención del funcionario ad-ministrativo correspondiente hacia los gastos de fondos o propieda-des que, a su juicio, sean irregulares, innecesarios, excesivos o extra-vagantes.
# # * * * * *
“La jurisdicción del Contador sobre las cuentas, bien sean de fondos o de propiedades, y sobre todos los comprobantes y antece-dentes correspondientes a las mismas, será exclusiva. Con la apro-bación del Gobernador, redactará y promulgará de tiempo en tiempo regias y reglamentos generales o especiales que no sean incompatibles con la ley, referentes a los métodos de contabilidad para fondos y propiedades públicos, y para fondos y propiedades tenidos en de-pósito por el Gobierno o por cualquiera de sus ramas; Disponién-dose, que cualquier funcionario responsable de fondos o propieda-des públicos podrá exigir de sus subordinados o de otras personas aquellos informes o datos adicionales que considerare necesarios para su propia información y protección.
“Las decisiones del Contador serán finales, a no ser que se apele de ellas por la parte perjudicada o por el jefe del departamento in-teresado, dentro de un año, en la forma que se prescribe más ade-lante. El Contador tendrá, excepto en los casos que se determinan más adelante, la misma autoridad que se confiere por la ley a los diferentes contadores de los Estados Unidos y al Contador del Tesoro de los Estados Unidos, y está autorizado para comunicarse directa-mente con cualquier persona que tenga reclamaciones pendientes de resolución ante él, o con cualquier departamento, funcionario o persona que tenga relaciones oficiales con su oficina.
“En el ejercicio de sus deberes el Contador está autorizado para citar testigos, y tomar juramentos y testimonios, y, en cumplimiento, de estas disposiciones, podrá extender citaciones bajo apercibimiento y hacer obligatoria la comparecencia de testigos.
“La oficina del Contador estará bajo la inspección general del Gobernador, y constará del Contador y los auxiliares necesarios que prescribiere la ley.”

Existe un conflicto aparente entre las disposiciones de las secciones 37 y 20 de la Carta Orgánica. Se sostiene que el Auditor tiene en algo derecho a intervenir en cualquier contrato para el pago de dinero autorizado por el munici-pio. El apelado dice en su alegato que:

“. . . una persona, por ejemplo, el apelante, que desee efectuar con algún municipio un contrato como el que nos ocupa, debe primero obtener la autorización del Auditor de Puerto Rico, esto es, la revi-sión de dicho contrato por dicho funcionario a fin de que éste le imparta su aprobación y juzgue sobre su validez.”

No podemos creer que fuera la intención del Congreso que cualquier persona que efectúe un contrato con un muni-cipio tenga primeramente que obtener permiso del Auditor para hacerlo. ¿Estarían las personas que han comprado bo-nos en Puerto Rico de acuerdo con varias leyes aprobadas por la Legislatura sujetas a que la oficina del Auditor de Puerto Rico revise la validez de sus contratos1? ¿Debe un propuesto comprador de bonos obtener primero la aproba-ción directa del Auditor? Nos sentimos obligados a resolver lo contrario. Generalmente, cuando la Legislatura con-vierte a los municipios en cuerpos políticos, éstos tienen, dentro de' los límites de su autoridad, todos los derechos contractuales que tiene cualquier individuo.

Siempre se ha entendido que los municipios pueden ha-cer contratos en esa forma. Es inconcebible que en una ley como nuestra Carta Orgánica, en que el Congreso ha pres-crito que la Legislatura no aprobará ley alguna que menos-cabe la obligación de los contratos, apruebe por sí mismo una ley que obligue a toda persona que haga un contrato con un municipio a obtener primero la autorización de un tercero que no es una de las partes contratantes. En este caso, en que ni el Pueblo de Puerto Rico ni el Auditor apa-recen como partes, estamos muy deseosos de abstenernos de fijar una limitación indebida a los poderes y deberes del Auditor de Puerto Rico. El apelante dice que sus deberes consisten meramente en “intervenir” (audit) en la contabi-lidad pública. No estamos seguros en cuanto al alcance de esta palabra, ni estamos satisfechos de que el Auditor no tenga más amplios poderes que una supuesta mera inter-vención.

Sin embargo, debe haber algunas materias sobre las cua-les la legislatura puede actuar, pudiendo asignarse dinero y pagarse por virtud de contratos o en alguna otra forma, ca-sos en los cuales los deberes del Auditor son meramente ad-ministrativos o ministeriales. En el tomo 19 de R.C.L., página 1045, se discute el efecto de la concesión o rechaza-miento de reclamaciones, y el párrafo termina con las si-guientes palabras:

. . . Hay menos - inclinación por parte de las cortes de aplicar la doctrina de res adjudicates, a la no concesión de una reclamación ten contra del peticionario que la que- hay en cuanto a su concesión en contra del municipio, y la regla general es que en lo que eon-eierne al peticionario, la presentación de' su reclamación es mera-mente uno de los varios pasos exigídoles para que pueda cobrársela al municipio, y si el municipio, por medio de su Junta de Interven-ción, no concede la reclamación, ello no le impide entablar una ac-ción por la misma ante las cortes.”

Tenemos la idea, hasta que se nos convenza de lo contra-rio, de que en un contrato que se origina de acuerdo con una ley de la Legislatura, en que el peticionario cumple con to-dos los requisitos, la intervención del Auditor es meramente formal o ministerial.

Esta fué aparentemente la opinión del Gobernador y del Procurador General, según aparece de la carta del Goberna-dor transcrita en la página 138 de los autos. Tenía la na-turaleza de una interpretación contemporánea, que siempre es favorecida por la ley.

En cuanto a que se incluya al Auditor como parte, las consideraciones que anteceden son contrarias a tal necesidad. El municipio ha llegado a ser como cualquier otro deudor. Por supuesto, antes de que se efectúe el pago de una cuenta gubernamental o quasi-gubernamental, es necesario el libra-miento del Auditor.

Debe revocarse la sentencia apelada y dictarse otra de-clarando con lugar la demanda, con intereses legales a par-tir de la feclia de la interposición de la misma, pero sin especial condenación de costas.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no intervino' en la re-solución de este caso.

El Juez Presidente Sr. del Toro disintió.

OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ PRESIDENTE SR. DEL TORO.

A mi juicio la sentencia apelada debe confirmarse.

Creo que el Auditor de Puerto Rico era una parte nece-saria según se desprende de los autos y de las conclusiones-a que se llega en la misma opinión de la mayoría.

Además, un análisis de la prueba me convence de que la verdadera parte interesada en el contrato de que se trata no era el demandante sino su hermano Pedro Juan Costas--que desempeñaba el puesto de Jefe -de la División de Audits' de la oficina del Auditor Insular cuando el contrato fué ce-lebrado y comenzó a cumplirse. El agente era innecesario. Todo el auxilio que pudo prestar al municipio pudo pres-tarlo y lo hubiera prestado oficialmente la misma auditoría o cualquier otra oficina del gobierno sin gasto alguno para los contribuyentes. Bajo esas circunstancias y habiéndose aprovechado de su cargo oficial en su propio beneficio la verdadera parte interesada, entiendo que el contrato está, viciado de fraude y no puede servir de base para reclama-ción alguna.

En términos generales estoy conforme con la opinión emi-tida por la corte de distrito para fundar su sentencia.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Francisco E. Jiménez, acusado y apelante.
    No. 3243.

    Visto: Junio 17, 1927.

      Resuelto: Junio 25, 1927.
    1. Licencias — Bob. Ocupaciones y Privilegios- — Procesos y Castigos — Acusa-ción o Denuncia — Su Suficiencia — -Manejo de Autom-óyil sin Licencia._ Una denuncia que imputa a una persona el manejar, mientras tenía suspeis-dida la licencia, un automóvil por una calle pública, imputa un delito pie-visto en el artículo 5, letra (a) de la Ley No. 75 de 1916 (p. 147).
    2. Licencias — Por Ocupaciones r Privilegios — Suspensión o Revocación— Efecto. — La suspensión de una licencia espedida cancela temporalmente tal licencia y tiene por consecuencia la prohibición de manejar a que se refiere el artículo 5 letra (a) de la Ley No. 75 de 1916 (p. 147) por el período de tiempo de tal suspensión.
    3. Licencias — Por Ocupaciones t Privilegios •— Suspensión o Revocación— Facultad para Revocar o Suspender. — -La autoridad del Comisionado del Interior para decretar la suspensión de licencias ya expedidas no puede ne-' garse en vista del artículo 5 letra (m) de la Ley No. 75 de 1916 (p. 148).
    SENTENCIA de Gabriel Castejón, J. (Humacao), condenando al acu-sado por delito de iníracción del artículo 5, letra (a), de la ley de automóviles.

      Confirmada.

      Ltíden Longchamps, abogado del apelante; José E. Figueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

La corte inferior impuso al acusado una multa de diez dólares por haber infringido el artículo 5, letra {a), de la Ley para reglamentar los vehículos de motor, aprobada en abril 13, 1916.

El único error que discute el apelante se refiere a que la denuncia no aduce hechos bastantes para determinar un de-lito público.

La denuncia en lo pertinente dice como sigue:

“■ • • • el referido acusado .... ilegal, voluntaria y maliciosa-mente, violó las disposiciones de la ley para reglamentar el uso de vehículos de motor, por los caminos públicos de Puerto Eieo, porque siendo chauffeur y teniendo suspendidas su chapa y licencia, mane-jaba por la mencionada calle el automóvil Núm. P-466 de su pro-piedad. 5

El artículo 5, letra (a), de la ley citada dice así:

“Ninguna persona podrá manejar un vehículo de motor en Puerto Eieo sin que se le haya expedido licencia al efecto por el Co-misionado del Interior. Dichas licencias serán expedidas a virtud de solicitud extendida al efecto en el modelo prescrito por el Comi-sionado del Interior, y suministrarán los informes, referentes al so-licitante, que el Comisionado estimare necesarios a los fines de esta Ley.”

Sostiene el apelante, en resumen, que la prescripción de la ley se refiere a aquellos que manejan vehículos de motor sin que se les haya expedido licencia por el Comisionado del Interior y no a los que se les suspende el uso de la li-cencia, pues la suspensión no lleva aparejada la cancelación de la licencia que había sido expedida.

El argumento más bien es aparente. Para los efectos de la ley lo mismo es el que no tiene una licencia de chauffeur expedida por el Comisionado del Interior, y no obstante maneja vehículos de motor en Puerto Pico, que para aquel a quien se le suspende la licencia ya expedida. La suspensión tiene el alcance de cancelar temporalmente tal licencia y ella tiene por consecuencia la prohibición de manejar vehículos de motor por el período de tiempo que ha sido impuesta.

El apelante niega la autoridad del Comisionado del Interior para decretar la suspensión de licencias ya expedidas, pero ésta es una facultad que está concedida por la misma ley, letra (m) del artículo 5, estableciéndose que dicho funcionario “podrá suspender o revocar la licencia de cualquier persona para actuar como chauffeur . . . .” o exigir que dicha persona “se examine de nuevo, si a su juicio, las circunstancias lo demandaren.”

Por todo lo expuesto debe confirmarse la sentencia ape-lada.


author: El Juez Asociado Señob Fkanco Soto,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Nicolás Serrano, acusado y apelante.
    No. 3228.

    Visto: Junio 10, 1927.

      Resuelto: Junio 25, 1927.
    Acometimiento y Agresión — Responsabilidad Criminal — Delitos — Acometi-miento y Agresión Grave — Acometimiento y Agresión Realizado Con Una Soga. — Una denuncia que imputa un acometimiento y agresión realizado por una persona en la de otra con una soga, imputa el delito de acometi-miento y agresión con agravantes, previsto por la sección 6, inciso 6 de la Ley de marzo 10, 1904 (eomp. 5664).

      SENTENCIA de Angel Acosta Quintero, J. (San Juan), condenando al acusado por delito de acometimiento y agresión con agravan-tes.

      Confirmada.

      Enrique Campillo, abogado del apelante; José E. Figueras, abogado de El Fueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señob Fkanco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

El acusado fue denunciado porque £ 4 voluntaria, maliciosa e ilegalmente, acometió y agredió a Heraclio Merced, dán-dole varios cantazos por la espalda con un pedazo de soga, dentro del cafetín de Santiago Vega, sito en la mencionada calle. ...”

Celebrado el juicio, la corte inferior le declaró culpable y le impuso una multa de $90. No conforme apeló y señala como único error que la denuncia no imputa un delito de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes y sí un acometimiento y agresión simple.

El apelante se limita someramente a sostener en térmi-nos generales que los becbos de la denuncia no están com-prendidos en el delito de acometimiento y agresión grave que define la Ley de marzo 10, 1904, citando los casos de El Pueblo v. Marini, 22 D.P.R. 11, y El Pueblo v. Rivera, 23 D. P.R. 421.

El fiscal está conforme con el apelante y cita a su vez el caso de Marini, supra, y sostiene además que la traducción de la palabra “ cow-hide” por “azote,” que aparece del texto en español, no es correcta, pues “azote,” según el Dicciona-rio de la Lengua Española, “es el instrumento con que se azota. ’ ’

Los casos citados, sin embargo, por sus circunstancias no tienen aplicación al presente.

El becbo imputado parece comprendido en el inciso 6 de la sección 6 de la Ley de marzo 10, 1904, sección 5664 de la Compilación de 1911, pág. 948, que dice:

“See. 6. — Todo acometimiento y agresión será considerado con circunstancias agravantes en los siguientes casos: ... 6. Cuando el instrumento o los medios que se emplearen fueren tales que infi-rieren deshonra a la persona agredida, como acometimiento y agre-sión con foete, azote o bastón.”

El punto para determinar, sin embargo, no es si la pa-labra “cow-hide” a que se refiere el fiscal, está o no bien traducida del texto inglés para una debida aplicación a este caso. Aunque la traducción no sea correcta, la palabra ‘‘cow-hide,” así como las demás que emplea el inciso 6, son más bien los ejemplos de instrumentos típicos o especí-ficos que al ser usados para acometer y agredir no sólo cau-san daño sino que infligen afrenta y deshonra a la víctima. Ellos no excluyen otros instrumentos de igual naturaleza. La soga es una cuerda gruesa hecha de pita, de cáñamo o de otra materia. Tiene diferentes usos pero se emplea ge-neralmente para atar las bestias, sirviendo a veces para castigarlas. Y no hay duda que si un pedazo de soga es utilizado para pegar a una persona, o darle unos “cantan zos,” como dice la denuncia, no sólo se causa daño sino que su empleo es degradante, infiriendo deshonra al per-judicado.

Por todo lo expuesto, debe confirmarse la sentencia ape-lada.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Esteban Cortés, acusado y apelante.
    No. 3204.

    Visto: Junio 8, 1927.

      Resuelto: Junio 25, 1927.
    1. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Revisión.—Cuestiones Sobre las Pruebas — Apreciación de las Pruebas — -Prueba Contradicto-ria. — Resuelto el conflicto en la prueba sobre la portación o no de un arma dando la corte inferior crédito a la prueba de cargo, en ello no bay error manifiesto alguno ni por ello puede sostenerse que la prueba fué apreciada erróneamente.
    2. Armas — Portar Armas Prohibidas — Armas Prohibidas — Capacidad del Ar-ma o Instrumento para Producir DaSo. — Un revólver no deja de serlo por-que esté cargado o no y le falten piezas mientras tenga las características generales de un revólver y su apariencia de tal.
    SENTENCIA de Luis 8a,malea Iglesias, J. (Arecibo), condenando al acusado por delito de portar armas.

      Confirmada.

      Manuel Maldonado, abogado del apelante; José E. Figueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fné condenado por portar nn revólver y en su apelación contra esa sentencia alegó que la prueba fué erróneamente apreciada y que no debió ser condenado.

Dos testigos del fiscal declararon que el apelante compró un revólver en una tienda y que al salir de ella para la calle lo metió en uno de sus - bolsillos. El apelante admite que compró el revólver, pero niega que lo portara, diciendo que al salir de la tienda para ir a una ferretería para comprar balas para esa arma llevaba el revólver un muchacho de la tienda, con quien regresó a ella para devolver el revólver porque no servía, habiéndole sido vendido como bueno. Con motivo de esa devolución se produjo una disputa entre vendedor y comprador e intervino la policía.

La sentencia apelada demuestra que el conflicto de la evidencia sobre si el apelante portaba o no revólver cuando-salió de la tienda fué resuelto por la corte sentenciadora dando crédito a la prueba del fiscal, sin que en esto veamos error manifiesto, por lo que no podemos declarar que la prueba fué apreciada erróneamente.

El revólver debía estar aparentemente bueno, pues el apelante lo compró y fué a buscar balas para él, aunque el vendedor declaró que tenía la masa pero que le faltaban algunas piezas, por lo que es de aplicación la cita que hicimos en el caso de El Pueblo v. Alonso, 35 D.P.R. 478, según la cual una pistola no deja de serlo porque temporalmente sea deficiente y porque esté cargada o no, porque mientras tenga las características generales de una pistola y su apariencia de tal, es una pistola.

La cita que hace el apelante del caso de El Pueblo v. Ortega, 35 D.P.R. 782 no es aplicable al presente porque el apelante no ignoraba que portaba un revólver; y tampoco lo es la del caso de El Pueblo v. Almodóvar, 35 D.P.R. 912, porque el apelante no portó el revólver con el fin que en dicho caso se hizo.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Artemio Nieves y Francisco Quiñones, acusados y apelantes.
    No. 3215.

    Visto: Junio 15, 1927.

      Resuelta: Junio 25, 1927.
    Jurado — Competencia de los Jurados, Recusaciones y Objeciones — Opinión Normada Sobre el Asunto — Su Efecto en Cuanto a Rendir Veredicto en la Causa — Aptitud de Actuar nio Obstante la Opinión Normada. — El hecho que un jurado conozca los hechos y los haya comentado, no es motivo de recusación cuando teniendo o no opinión formada sobre el asunto, está en aptitud de actuar con entera imparcialidad y rectitud rindiendo un vere-dicto de acuerdo con la prueba.
    SENTENCIA de Luis Samálea Iglesias, J. (Areeibo), condenando a los acusados por delito de acometimiento y agresión grave.

      Con-firmada.

      E. Miranda, abogado de los apelantes; José E. Eigueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Artemio Nieves y Francisco Quiñones fueron acusados del delito de atentado a la vida y declarados convictos por un jurado del delito de acometimiento y agresión grave han interpuesto esta apelación contra la sentencia condenatoria dictada contra ellos, alegando como único motivo de error para que la revoquemos el de haber declarado la corte inferior sin lugar la recusación que hicieron del jurado don Tomás Anca.

Ese jurado manifestó en el examen previo que se le hizo que conocía los hechos y que los ha comentado, pero a pre-guntas del fiscal contestó que no tenía opinión formada so-bre el asunto y que estaba dispuesto a dar un veredicto de acuerdo con la prueba. También a preguntas del juez de la corte expuso que no obstante la opinión que tiene for-mada está en aptitud de actuar con entera imparcialidad y rectitud y que si la prueba fuera para absolver, absolvería al acusado.

Como las contestaciones de ese jurado demuestran que a pesar del conocimiento que tenía sobre el asunto estaba en condiciones de rendir un veredicto imparcial de acuerdo con la prueba que se presentase en el juicio, la corte inferior no cometió el error que se le atribuye, por lo que debe ser confirmada la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Aldkey,

text:
    Johann D. Stubbe, demandante y apelado, v. Pedro Gandía Córdova, demandado y apelante.
    No. 4108.

    Visto: Abril 22, 1927.

      Resuelto: Junio 25, 1927.
    1. Contratos — Requisitos t Validez — Requisitos Normales — Necesidad de que se Otorgue en Escritura Publica — Acción para Compeler el Otorga-miento Recíproco Entre las Partes — Derecho de Acción. — La persona a cuyo favor se ha heeho tina adjudicación de inmuebles por escrituras pú-blicas en las cuales el notario no da fe de conocer los otorgantes, tiene derecho de aeeión contra el otro contratante para compelerle a otorgar nue-vamente dichas escrituras.
    2. Contratos — Requisitos y Validez — Requisitos Normales — Necesidad de que se Otorgue en Escritura Pública — Acción para Compeler el Otorga-miento Recíproco Entre las Partes — Derecho de Acción. — Un contratante no puede ser privado de su derecho a compeler al otro a otorgar nuevamente unas escrituras sobre transmisiones de inmuebles en las cuales no se dió fe del conocimiento de los otorgantes porque tal defecto pueda corregirse por el notario mediante acta notarial a virtud de una Real Orden de 1883 que no tiene valor alguno actual y que está contra las prescripciones del artículo 1246 del Código Civil.
    3. Sentencia — Interpretación t “Operation” — En Generad. — Una sentencia que compele al otorgamiento nuevamente de escrituras sobre transmisión de inmuebles en las cuales no se dió fe del conocimiento de los otorgantes, sub-sanando y corrigiendo el defecto de que adolecen, debe entenderse no en el sentido de que el demandado sea el que subsane y corrija el defecto sino en el de que se otorguen las escrituras de nuevo ante notario subsanando éste dicho defecto.
    4. Sentencia — Casos Contenciosos (On Trial of Issues) — Congruencia con las Diligencias (Process), Alegaciones, Pruebas y Veredictos v Conclusio-nes — Congruencia con las Alegaciones. — Entablado pleito para subsanar un defecto en una escritura, la sentencia que dispone se otorguen aquéllas de nuevo es congruente con las alegaciones no obstante pedirse en la súplica que el demandado otorgue nueva escritura ratificando las anteriores.

      SENTENCIA de Miguel A. Muñoz, J. (San Juan), declarando con lu-gar la demanda en parte, sin costas.

      Confirmada,.

      Juan B. Soto> abogado del apelante; Henry G. Molina, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldkey,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante desistió en el juicio de- la reclamación que bacía por daños y perjuicios por lo que prescindiremos de ella y nos limitaremos al otro particular de su reclama-ción.

Por escritura No. 28 de 24 de julio de 1916 otorgada por Don Jobann D. Stubbe y por Don Pedro G-andía ante el notario Don Cayetano Coll y Cucbí, aquéllos, como úni-'cos socios de la mercantil G-andía & Stubbe inscrita en el Registro Mercantil, acordaron disolverla y liquidarla antes de su vencimiento y se adjudicaron bienes, habiendo corres-pondido al socio Stubbe como parte de su haber unos te-rrenos tras Miramar y fincas, sin que ni aquéllos ni éstas fueran descritos. En 26 de septiembre de igual año y ante el mismo notario otorgaron dichos señores otra escritura aclaratoria de la anterior en la que fueron descritas trece fincas en el municipio de la Cidra como adjudicadas a Stubbe en la escritura anterior. En ambas escrituras el notario dejó de dar fe de conocer a los otorgantes.

En la demanda de este pleito establecido por Don Johann D. Stubbe contra Don Pedro G-andía se copian dichas escri-turas, y alegando la falta en ellas de haber dejado el nota-rio de dar fe del conocimiento de los otorgantes, a pesar de serles conocidos; que por eso quedaban convertidas en do-cumentos privados entre las partes y que conteniendo trans-misiones de bienes éstas debían constar en documentos pú-blicos para que pudieran perjudicar a terceros y ser ins-cribibles en los registros públicos correspondientes, solicitó que el tribunal declarase subsanado dicho defecto por cuanto el notario poseía el conocimiento personal de los otorgan-tes y que ordenase a Don Pedro G-andía que otorgase escri-tura ratificando las dos antes relacionadas y nn acta acla-ratoria haciendo constar la descripción exacta de todas y cada una de las fincas qne fueron adjudicadas al deman-dante Stubbe por virtud de la escritura de disolución dicha.

Él demandado formuló excepción contra la demanda por el fundamento de no aducir hechos determinantes de causa de acción y se opuso a la reclamación que se le hace, cele-brándose después el juicio y recayendo sentencia conde-nando al demandado a otorgar de nuevo ante notario las dos escrituras que han originado este pleito, subsanando y corrigiendo el defecto de que adolecen.

Apeló Gandía de esa sentencia y nos presentó su alegato en apoyo de su recurso, sin que el apelado haya presentado alegato ni comparecido a la vista de esta apelación.

Alega el apelante como primer motivo de error el haber sido desestimada su excepción previa a la demanda, •y se funda en que siendo el requisito de dar fe el notario del conocimiento de los otorgantes una solemnidad intrínseca, la única manera de subsanar este error es otorgando el mismo notario un acta expresando tal conocimiento por lo que no existe causa de acción contra el apelante para condenarlo a otorgar de nuevo las escrituras, tanto más cuanto que no se alega que el contrato sea nulo.

Según la sección 16 de la Ley Notarial los notarios da-rán fe en los instrumentos públicos ele que conocen a las partes, o de que se han asegurado de su'conocimiento por el dicho de los testigos instrumentales o de otros dos que las conozcan, que se llamarán testigos de conocimiento: y la sección 20, No. 39, declara nulos los instrumentos públi-cos en que el notario no certifique sobre el conocimiento de los otorgantes, o no supla esta diligencia con testigos de co-nocimiento.

En vista de esos preceptos legales no puede haber duda de que las dos escrituras a que venimos refiriéndonos son nulas como instrumentos públicos por no haber dado fe el notario de conocer a los otorgantes, aunque subsistan como contratos privados entre las partes (Fragoso v. Marxuach, 31 D.P.R. 195; Del Río Torres v. Sucesión Cancel, 36 D.P.R. 519); y como para poder ser inscritas en el registro de la propiedad las transmisiones de bienes inmuebles es necesario que consten en documento público por exigirlo así el Código Civil en su artículo 1247, enmendado en 1912, y la Ley Hipotecaria en su artículo 3, resulta claro que el apelado tiene derecho a que conste en documento público la adjudicación de bienes inmuebles, hecha a su favor en la escritura de disolución y liquidación de la sociedad mer-cantil Gandía & Stubbe y también la descripción de los in-muebles hecha en la otra escritura aclaratoria de la anterior y tiene acción para que su demandado sea' condenado a otorgar' nuevamente esas dos escrituras defectuosas y nulas como instrumentos públicos, ya que el artículo 1246 del Código Civil le concede el derecho de compeler, a Gan-día a que haga constar en documento público los contratos entre ellos celebrados, que ya hemos mencionado, sin que esté privado de ese derecho por el hecho de que el notario que autorizó dichas escrituras pueda corregir el defecto de que adolecen mediante un acta notarial en que dé fe del conocimiento de los otorgantes, de acuerdo con la Real Or-den dictada en España el 13 de julio de 1883 por varias razones: porque esa Real Orden no tiene valor en esta isla después de haber sido promulgada nuestra ley notarial: porque en aquélla no se impone al notario el deber de otor-gar dicha acta notarial sino simplemente le concede la fa-cultad de hacer tal cosa: y porque el artículo 1246, supra, concede sin limitación alguna a los contratantes el derecho recíproco de compelerse al otorgamiento de escritura pú-blica, cuando ésta es exigida por la ley. Por consiguiente, la demanda aduce hechos determinantes de causa de acción.

En el segundo motivo del recurso se dice que la corte inferior cometió error al fallar que es el demandado y no el notario quien debe otorgar escritura subsanando el error cometido por el notario al no dar fe del conocimiento de los otorgantes.

Lo que dice la sentencia es que “el demandado otorgue nuevamente ante notario una escritura de disolución y li-quidación de sociedad que esté en exacta concordancia con la escritura número veinte y ocho, de disolución y liquida-ción de sociedad mercantil, otorgada en San Juan, Puerto Rico, a los veinte y cuatro días del mes de julio de mil no-vecientos diez y seis, ante el notario Cayetano Coll y Cuchí, subsanando y corrigiendo el defecto de que la misma ado-lece” e igual pronunciamiento hizo en cuanto a la otra es-critura; pero no entendemos que de esas palabras se de-duzca que sea el demandado el que ha de subsanar y corre-gir el defecto sino que se otorguen las escrituras de nuevo ante notario subsanando el notario, no el demandado, dicho defecto.

En el tercero y último motivo de la apelación se alega que la sentencia es errónea porque condena a más de lo que solicitó el demandante, pero esto no es así. El pleito se estableció para que fuese subsanado el defecto que tenían las escrituras y por tanto la sentencia que se dictó es congruente con las alegaciones de la demanda al disponer que se otorguen de nuevo, aunque en la súplica de aquélla se pidiese que el demandado otorgue nueva escritura ratificando las dos anteriores.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez PresideNte Señor del Toro,

text:
    Rafael Arce Rollet, demandante y apelado, v. Simona del Carmen Solá y López y su esposo Manuel Jiménez; Cruz Solá López; María Solá López; José Alvarez Martín; Francisco Becerra y su esposa Consuelo Romero; Rafael Resy; Pedro Osuna y Manuel Alvarez Martín, demandados y apelantes.
    No. 4237.

    Visto: Junio 17, 1927.

      Resuelto: Junio 25, 1927.
    Apelación y Error — Decisiones Sujetas a Revisión — Naturaleza, Alcance y Eebctio de la Decisión — Resoluciones Bobee Excepciones Pkevias/ — Una resolución desestimando excepciones previas no tiene el carácter de definitiva, y no es, por tanto, apelable. Para que pueda serlo, es necesario que se registre como la sentencia definitiva del pleito con todas las consecuencias inherentes a tal registro. (La doctrina del caso Bsealona v. Dordál, 10: 171, ratificada y la sentada en el de Sue. Benn v. Suesl de C. y 3. Vantauesi, 33: 772, explicada.)
    Orden de Gabriel Castejón, J. (Humacao), resolviendo excepciones previas contra la demanda, apelada dicha orden sin haberse soli-citado que se registrara como sentencia definitiva.

      Desestimado el recurso por falta de jurisdicción.

      Antonio L. López, abogado de los apelantes; Arturo Aponte Jr. y Joaquin Vendrell j Rodolfo Ramírez Rabón, abogados del ape-lado.
   El Juez PresideNte Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Rafael Arce Rollet demandó a Simona del Carmen Solá y a varias otras personas en la Corte de Distrito de Hu-macao. El pleito se titula sobre ‘ ‘ cumplimiento de contrato y otros extremos”. En realidad se trata por él de cobrar los honorarios que el demandante, un abogado, alega que la demandada Solá se obligó a pagarle por su dirección en un pleito que tuvo éxito al fin y que permitió a la deman-dada recobrar cierta propiedad, solicitándose además que determinados traspasos de dicha propiedad a los otros de-mandados sean declarados nulos por simulados y hechos en fraude del demandante.

La demandada Solá excepcionó la demanda entre otros motivos por el de acumularse en ella indebidamente varias acciones.

La excepción fué declarada sin lugar y la demandada Solá interpuso el presente recurso de apelación, archivando un bien razonado alegato en apoyo de su contención. El apelado no presentó alegato alguno. Ninguna de las partes compareció al acto de la vista del recurso.

Al estudiar el caso nos hemos dado cuenta de que esta corte carece de jurisdicción en los actuales momentos para resolver la cuestión planteada.

La orden que declaró sin lugar la excepción se dictó el 18 de marzo último y concedió a los demandados diez días para contestar. La apelación se interpuso el mismo día 18 de marzo de 1927. No se pidió que se registrara ni se ha registrado como sentencia final la decisión de la corte. La apelación es un derecho estatutorio y el estatuto en Puerto Rico no lo otorga para un caso como éste.

Desde 1906 esta Corte Suprema en el caso de Escalona v. Dordal, 10 D.P.R. 171, resolvió lo que sigue:

“Una resolución desestimando excepciones previas no tiene el carácter de definitiva, y no es, por lo tanto, apelable para ante el Tribunal 'Supremo.
“Las resoluciones desestimando excepciones previas se consi-deran excepcionadas por ministerio de la ley y pueden ser revisa-das en la apelación que se interponga contra la sentencia defini-tiva.”

La práctica constante en esta jurisdicción ha sido que para poder apelar de una orden resolviendo excepciones previas, es necesario pedir que se registre como sentencia definitiva y atenerse por completo a las consecuencias de tal petición y tal registro.

Parece conveniente transcribir el resumen de la juris-prudencia sobre la materia que sigue y que tomamos de Corpus Juris. Es así:

“En ausencia de disposición especial estatutoria en contrario, la regla general es que una orden o decreto que meramente declara con o sin lugar una excepción previa u otra excepción a un pliego de alegaciones, ya presentada por el demandante o por el deman-dado, sin ulterior actuación por la corte para fallar finalmente el pleito o procedimiento, por ser una orden o decreto interlocutorio no es apelable ni está sujeta a auto de error o a excepciones, y sólo es revisable en apelación, auto de error o excepciones después de sentencia o decreto final. T la regla general ha sido aplicada a- ór-denes o decretos declarando con o sin lugar excepciones previas a contrademandas y contra-peticiones, a demandas de interventores, y a alegaciones de defensa, contestaciones y réplicas, incluyendo alegaciones de compensación y otras dirigidas a la jurisdicción, y alegaciones .de contra-demanda y contra-reclamación. Pero en la mayor parte de las jurisdicciones, de acnerdo con la práctica, proce-den una apelación, auto de error o excepciones, para revisar la ac-ción de la corte al declarar con o sin lugar una excepción previa a una declaración o demanda, o a una contestación u otra alegación del demandado, cuando la corte falla finalmente el pleito o procedi-miento desestimando éstas o dictando sentencia en favor de cual-quiera de las partes, y, en algunas jurisdicciones, cuando una sen-tencia declarando sin lugar una excepción previa a una contestación o defensa en efecto constituye una determinación del pleito; y se ha resuelto en algunas jurisdicciones que una sentencia declarando con o sin lugar una excepción previa a una demanda o declaración puede ser final para los fines de una apelación o auto de error, aun-que expresamente no desestime la acción- o dicte sentencia en con-trario, cuando tal sentencia es en efecto final, o cuando el deman-dante elige descansar en su demanda en vez de enmendarla tal como lo autoriza el estatuto. T en equidad se ha resuelto que procede una apelación contra una orden o decreto declarando sin lugar una excepción previa a la demanda, cuando la excepción va dirigida a la demanda en su totalidad.” 3 C. J. 481-4.

La parte apelante termina sn alegato del siguiente modo:

“Adelantándonos a probables objeciones de la parte contraria, antes de terminar diremos que la presente apelación la hemos esta-blecido fundados en la autoridad del caso Suc. Benn v. Sucs. de C. y J. Fantauzzi, 33 D.P.R. 772, en el cual se estableció la' siguiente doctrina:
“Cuando, existiendo una indebida acumulación de acciones la excepción previa al efecto es declarada sin lugar y el demandado no apela contra esa resolución tal acumulación indebida se convierte en un mero defecto de forma y la ley del caso es que los demandan-tes, bajo tales circunstancias pudieron proceder a virtud de cada causa de acción.”

Hemos examinado los autos del caso citado y la situa-ción allí es completamente distinta. La sentencia final se dictó en el diclio caso a favor de los demandados. Los de-mandantes interpusieron la apelación y esta Corte Suprema revocó el fallo recurrido. La excepción de indebida acu-mulación se suscitó en la corte inferior por los demanda-dos y fue declarada sin lugar y acto seguido los dichos de-mandados contestaron la demanda y se celebró el juicio en el qne obtuvieron como se ba dicho una sentencia favorable. Los demandados en la Corte Suprema como apelados se limitaron a impugnar los fundamentos del recurso. La cuestión de la indebida acumulación de acciones no fué tra-tada por ellos ni se discutió en la apelación. Por su pro-pio acuerdo esta corte hizo referencia a la misma.

Por virtud de todo lo expuesto, debe desestimarse el re-curso por falta de jurisdicción.