text:
    Rafael P. Muñiz, demandante y apelante, v. Dolores B. Vda. de Suárez y Asunción M. Vda. de Vidal, demandadas y apeladas.
    Núm. 7371.

    Sometido: Diciembre 14, 1937.

      Resuelto: Enero 28, 1938.

      Bubón & Ochoteco, abogados del apelante; Besosa <& Besosa, aboga-dos de la Sra. Dolores B. Yda. de Suárez, apelada.
   El Juez Presidente Señor del Toro

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un pleito sobre tercería de mejor derecho a ciertas rentas producidas por la casa núm. 19 de la Caleta de San Juan de esta ciudad, fallado en contra del tercerista quien apeló y señala en su alegato la comisión de un solo error cometido a su juicio por la corte al resolver que no tenía de-recho preferente sobre dichas rentas.

Sobre los hechos no hay controversia. De los autos resulta que dueña doña Asunción M. Viuda de Vidal de un derecho de usufructo sobre la casa núm. 19 de la Caleta de San Juan, lo hipotecó a favor del demandante tercerista Rafael P. Muñiz para garantizar cierta cantidad que le debía, otorgándose la escritura constitutiva del gravamen en julio 10, 1934, inscribiéndose en el registro de la propiedad en septiembre 12 siguiente. Cinco días después, o sea, én septiembre 17, 1934, la demandada doña Dolores B. Viuda de Suárez, en pleito que siguiera en cobro de $4,777, intereses y costas, contra doña Asunción M. Viuda de Vidal, esto es, contra la dueña del usufructo hipotecado, solicitó y obtuvo una orden de embargo de las rentas que produjera la indicada casa.

En mayo 1, 1935, cuando el tercerista radicó demanda en cobro de su crédito hipotecario y cuando la demandada Viuda de Suárez había obtenido ya sentencia a su favor en el pleito contra la ^Viuda de Vidal, el márshal tenía en su poder a vir-tud del embargo indicado, como producto de rentas de la casa de que se trata vencidas y cobradas después de constituida la hipoteca, la suma de $290.45.

Hasta ahí las partes están conformes. En lo que difieren es en el mejor derecho que cada una alega tener a la dicha suma de $290.45 en custodia legis al iniciarse este pleito y ac-tualmente en poder del tercerista a virtud de la fianza que prestara al efecto.

Funda su pretensión el tercerista en que el embargo se trabó después de constituida e inscrita su hipoteca y en los artículos 110 y 111 de la Ley Hipotecaria que en lo pertinente disponen (itálicas nuestras):

“Artículo 110.' — La hipoteca se extiende a las accesiones natu-rales, a las mejoras, a los frutos pendientes y rentas no percibidasl al vencer la obligación, . . .
“Artículo 111. — Conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, se entenderán hipotecados juntamente con la finca, aunque no .se mencionen en el contrato, siempre que correspondan al propietario:
“1. . . . . '
“2. . .......
“3. .....
“4. Las rentas vencidas y no pagadas, cualquiera que sea la causa de no haberse hecho efectivas, y las que se hayan de pagar hasta que el acreedor sea satisfecho de todo su crédito.
“5 » l5>

Estamos enteramente conformes con la corte sentencia-dora, cuando dice en su opinión:

“El precepto legal es tan terminante, que a nuestro juicio, su mera exposición es suficiente para ver claro el derecho de la deman-dada en tercería a aplicar a su sentencia las rentas embargadas por ella. La preferencia que concede la Ley Hipotecaria se extiende solamente sobre las rentas vencidas y no pagadas al vencer el cré-dito hipotecario. Asumiendo que la obligación hipotecaria hubiere vencido el primero de mayo de 1935, fecha en que se radicó la de-manda en cobro de la misma, ya que ese dato no aparece de la de-manda, aún así tendríamos que en esa fecha las rentas objeto de la tercería, eran rentas vencidas y pagadas por los inquilinos, no a la arrendataria, porque se lo impidió la Corte, sino a la Corte misma mediante su funcionario ejecutivo, el márshal.
“No debemos perder de vista que el acreedor hipotecario, por el solo hecho de constituirse la hipoteca sobre el usufructo, no se constituyó en dueño de las rentas. Sólo adquirió una garantía, para el caso de no pagarse la deuda, y mientras no se ejecutase la hipo-teca y se le adjudicase el usufructo en pag’o de su crédito, no adqui-riría el dominio del usufructo ni mucho menos el de las rentas. Cuando se estableció la tercería no se había adjudicado el usufructo al tercerista, luego su preferencia estaba limitada a las rentas ven-cidas y no pagadas y las que se hubieren de pagar en lo sucesivo.”'

Nada tenemos que agregar. Los argumentos que contiene el alegato del apelante en contra del criterio sustentado por la corte sentenciadora no nos convencen de que dicho criterio sea erróneo; al contrario, nos parece más sólido el juicio de la corte después de la impugnación.

El siete de diciembre, 1937, la parte apelante radicó un alegato complementario señalando como un segundo error el cometido a su juicio por la corte al imponerle las costas.

La parte apelada el 14 de diciembre, día señalado para la vista del recurso, presentó una oposición por escrito a que-dicho alegato fuera considerado ya que se presentó a des-tiempo y sin permiso de la corte, tanto más cuanto que a vir-tud de una estipulación de los abogados de ambas partes archi-vada el día 6 de diciembre el caso se había sometido por los alegatos dejando de comparecer dichos abogados a la vista de-acuerdo con la estipulación.

Tiene razón la parte apelada. Debió haberse solicitado su consentimiento y el permiso de la corte para la presentación del alegato complementario. Eso no obstante lo hemos leído-por si contenía alguna manifestación substancial en cuyo caso hubiéramos oído de nuevo a la otra parte, y no la contiene en verdad.

El hecho de que no exista jurisprudencia sobre la cuestión envuelta siendo por tanto una nueva presentada para su decisión a los tribunales de justicia, no implica necesariamente falta de temeridad.

No existe jurisprudencia, al parecer. Ni la citaron las partes ni la cita en su opinión el tribunal sentenciador. Pero-existe la ley que la corte sentenciadora y con ella nosotros hemos considerado tan clara que hasta aplicarla a los hechos del caso para decidirlo sin dificultad.

Debe declararse sm hogar el reoiorso y confirmarse la sen-tencia apelada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Wole

license: Public Domain

text:
    Dolores Cotto Vargas, peticionaria, v. Corte de Distrito de Guayama, Hon. R. Cordovés Arana, Juez, demandada.
    Núm. 1117.

    Sometido: Diciembre 8, 1937.

      Resuelto: Enero 28, 1938.

      M. Guzmán Texidor, abogado de la peticionaria; G. Domínguez Rubio y L. Domínguez Rovira, abogados del interventor, deman-dante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

En noviembre 25 de 1936 Guillermo Garáu Pascual inició un procedimiento ejecutivo sumario ante la Corte de Distrito de Guayama contra Félix Cotto Vargas, Dolores Cotto Vargas y la sucesión desconocida de Valentina Cotto Vargas, con el objeto de recobrar el importe de un préstamo hipotecario otorgado por Valentina Cotto Vargas por escritura de 8 de diciembre de 1928. En el curso ordinario de los procedi-mientos la corte expidió una orden de venta, y en cumpli-miento de la misma el márshal señaló el 30 de marzo de 1937 para celebrar la subasta. En marzo 12 del referido año los demandados solicitaron se dejara sin efecto la orden de venta, fundados en que aunque el procedimiento se había iniciado el 25 de noviembre de 1936, no se había dado cumplimiento a las disposiciones de la Ley núm. 81 de mayo 13 de 1936 (Leyes de ese año, págs. 433, 437). La parte pertinente de esa ley lee como sigue:

"Los acreedores que tengan inscrito su derecho con anterioridad a la ley vigente podrán optar por este procedimiento sumario; mas cuando los títulos de sus créditos no expresen la conformidad del deudor con un precio determinado para la subasta, habrán de acre-ditar esta conformidad,1 consignada en documento público, o pedir el justiprecio, con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil, para preparar el anuncio de la subasta; entendiéndose siempre aplicables las reglas de esta sección, que señalan el tipo mínimo para salva-guardar las responsabilidades preferentes. Las diligencias para el nombramiento de perito se practicarán al verificarse el requerimiento de pago y se entenderán con las mismas personas con quienes aquél deba formalizarse.”

Los demandados sostenían que en la escritura no se fijaba el valor de la finca hipotecada y que no se había seguido nin-guno de los métodos prescritos anteriormente para corregir esa omisión. Luis Janer, como juez sustituto, con fecha 29 de marzo de 1937 declaró con lugar la moción de los deudores y procedió'a anular todo el procedimiento. Al solicitarse la reconsideración ante el juez en propiedad, Gabriel Castejón, esta orden fué revocada y se decretó que el procedimiento con-tinuara hasta su terminación. Esta última orden, que fué apelada para ante este tribunal, estaba fechada el 1 de mayo de 1937. La apelación fué desestimada por nosotros1 el 3 de noviembre de 1937 debido a que de acuerdo con la ley la orden era inapelable (ante, pág. 215). Uno de los demandados, Dolores Cotto Vargas, radicó entonces el presente recurso de certiorari con feclia 11 de noviembre de 1937 y el auto fue expedido al día siguiente.

Ante nos existen dos cuestiones importantes para su de-terminación. Una se refiere a si se puede permitir que se in-terrumpa o suspenda un procedimiento ejecutivo sumario por una razón no expresada en el artículo 175 del Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria, y la otra envuelve la inter-pretación de varias disposiciones legislativas y su efecto.

Antes de 1893 un acreedor hipotecario no necesitaba hacer una previa tasación o valoración de la propiedad en la escritura. Sin embargo, el artículo 127 de la Ley Hipotecaria de 1893 disponía que se hiciera tal tasación, y el artículo 175 del Reglamento proveía la manera de subsanar tal omisión en las hipotecas constituidas con anterioridad a dicho estatuto si las mismas iban a ser ejecutadas sumariamente. Entonces vino la ley de marzo 9, 1905 (Comp. 5295-5303), y prescribió la forma en que se debían satisfacer las sentencias. Desde 1905 hasta 1931 era innecesario que los acreedores garantizados y los deudores acordaran en la escritura de hipoteca, o posteriormente, el precio que debía fijarse a la propiedad hipotecada. En 1931 la Legislatura aprobó la Ley núm. 69 de 1931 (Leyes de ese año, pág. 433), que reenactó el artículo 127 de la Ley Hipotecaria en el sentido de exigir nuevamente que en las escrituras de hipoteca se hiciera constar el valor que debía fijársele a las fincas en la primera subasta, y lo enmendó en el sentido de exigir más de una subasta. Como resultado de esta ley, que este tribunal, en el caso de Iglesias v. Registrador, 43 D.P.R. 19, decidió era prospectiva, se resolvió más tarde que si se otorgaba una hipoteca con posterioridad a la aprobación de esa ley, sin hacer constar el valor de la finca, el único remedio del acreedor era acudir a un pleito ordinario en ejecución de hipoteca y que estaba impedido de recurrir al procedimiento sumario. Emanuelli v. Corte de Distrito, 49 D.P.R. 775.

La ley de 1936 (núm. 81, supra), de la que ya hemos citado,, suscitó la verdadera duda o conflicto en que hubo divergencia de criterio entre los dos jueces de la corte inferior. El Juez' Janer resolvió que la ley estaba concebida en términos muy generales y que comprendía cualesquiera contratos de hipo-teca entonces existentes. El Juez Castejón decidió que la ley-de 1936 era de naturaleza transitoria y que su objeto era ofre-cer a aquellos acreedores que tuvieran hipotecas inscritas con anterioridad a la Ley Hipotecaria de 1893 (sic) la oportuni-dad de acudir al procedimiento ejecutivo sumario, si así lo* deseaban.

Hemos leído cuidadosamente las leyes de 1931 y 1936 e-interpretado su aprobación en el sentido de expresar la in-tención legislativa de poner en vigor un sistema completo' para la valoración de propiedades antes de su venta, en forma algo similar a la existente entre 1893 y 1905. Cree-mos que la ley de 1936 comprende toda hipoteca inscrita con anterioridad a su aprobación. Además, somos del criterio' de que la ley es retroactiva y que meramente afecta el pro-cedimiento a seguirse en el ejecutivo sumario, cuando la es-critura no expresa el precio mínimo en que debe venderse-la finca en la primera subasta. Tal interpretación conduce a que se establezca un procedimiento uniforme para todos-ios ejecutivos sumarios.

La duda principal que hemos tenido es si al deudor hipo-tecario debe permitírsele que acuda al recurso de certiorari en vez de al remedio ordinario concedídole por el artículo-175 del Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipoteca-ria, o sea a un pleito plenario. De ordinario este Tribunal no ha puesto ni pondrá obstáculo alguno a los procedimien-tos ejecutivos sumarios iniciados de conformidad con la Ley Hipotecaria, mas la cuestión envuelta es de tal magnitud que-su resolución trazará el curso a seguir en innumerables liti-gios futuros, y como estamos convencidos de que el procedi-miento ejecutivo puede ser anulado por haberse dejado de hacer una tasación con anterioridad a la venta, no creemos que debe obligarse al deudor a instruir nn recurso ordinario.

Por tanto, se emula la orden dictada por <el Juez Castejón con fecha 1 de mayo de 1937, y la orden dictada por el Juez Jomer el 29 de marzo del mismo año es igualmente amulada en tanto en cnamto declara nulo y sm efecto legal algumo desde su principio el procedimiento ■ejecutivo, y se dev7oelve el caso para ulteriores procedimientos de conformidad con las disposiciones del •artículo 175 del Beglammto para la Ejecución de la Ley Hipotecaria, según 'fué enmendado por la Ley núm. 81 de 1936.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison

text:
    Bruno Santos, demandante y apelante, v. Porto Rican Express Company, demandada y apelada.

      Núm. 7555.

    Sometido: Noviembre 3, 1937.

      Resuelto: Enero 28, 1938.

      Gelpí & Gelpí, abogados del apelante; Hartzell, Kelley & Hartzell y Rafael O. Fernández, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión aquí envuelta es si este caso debe ser juzgado* en la Corte de Distrito de Mayagüez o en la Corte de Dis-trito de San Juan.

El demandante, traficante en armas de fuego, que bacía negocios bajo la razón social de Federal Sporteraft Co., alegó que los empleados de la demandada en Nueva York rotularon cierto embarque de revólveres y partes para los mismos como géneros de algodón (cotton goods) y que como resultado de esa falsedad el demandante estuvo sujeto a una investigación por los agentes de los gobiernos Federal e Insular y sufrió graves mermas en el negocio que tenía establecido en Añasco, dentro del distrito judicial de Mayagüez. La demandada, que es una corporación organizada bajo las leyes de Nueva York, y que bace negocios en Puerto Pico y tiene su oficina principal en San Juan, solicitó y obtuvo el traslado.

La regia general es que:

“Una corporación extranjera haciendo negocios en esta Isla que sea demandada en un distrito distinto del en que tiene el sitio principal de sus negocios tiene derecho a que la acción sea trasladada al distrito en que radica su dicha oficina principal. ’ ’ Arcelay v. American Railroad Co., 38 D.P.R. 807.

El artículo 79 del Código de Enjuiciamiento Civil, según fué enmendado en 1935 (Leyes de ese año, pág. 175), lee en parte como sigue (bastardillas nuestras):

“Deberán verse en el distrito en que la causa del litigio, o alguna parte de ella, tuvo su origen, sin perjuicio de la facultad de la corte para cambiar el lugar de la vista, los pleitos por los • siguientes motivos:
“ ‘1. Para obtener el importe de una indemnización contra una compañía de seguros proveniente de un contrato de póliza de seguro o para recobrar daños y perjuicios de acuerdo con los artículos 1803 y 1804 del Cóéigio Civil, edición de 1,902 (artículos 1802 y 1803, edi-ción 1930), o a virtud de cualquier otro precepto de ley . . . ”

En el presente caso la causa de acción surgió en Nueva York, donde se realizó el acto que ocasionó el daño, y no en Añasco, donde se sufrió la pérdida. 67 C. J. 94, sección 152; Id. 45, sección 56; Goodwin Preserving Co. v. Davis, 258 S. W. 97; Graves v. McCollum & Lewis, 193 S. W. 217; Kal- berg v. Greiner, 8 Pac. (2d) 799; Jones v. Main Island Creek Coal Co., 99 S. E. 462; Steed v. Harvey, 54 Pac. 1011; 72 Am. St. Rep. 789, 794; Gallup v. Sacramento and San Joaquín Drainage District, 171 Cal. 71, 151 Pac. 1142; Fresno National Bank v. Superior Court, 83 Cal. 491; Smith v. Smith, 88. Cal. 572.

Por tanto, el caso cae dentro de la regla general y no dentro de la excepción.

La resolución apelada debe ser confirmada.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Córdoya Dávila no intervinieron.


text:
    Pedro Pérez Pimentel, demandante y apelado, v. Dolores Castro, demandada y apelante.
    Núm. 7360.

    Sometido: Noviembre 26, 1937.

      Resuelto: Enero 28, 1938.

      González Fagundo & González, Jr., abogados de la apelante; B. García Ontrón y Miguel A. Burset, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

Francisco Peña y María Mendoza ocupaban en marzo, 1934, una casa en Humacao. Peña falleció y doña María se fué para Cayey. Antes de irse entregó la llave a Alipio Rivera con instrucciones de que la diera a cualquiera de los herederos de Juana Díaz Cruz, de Vieques. En abril, Áureo Díaz fue a Hnmacao y pidió a Rivera que le entregara la llave. Rivera consultó con Pérez Pimentel, el aquí deman-dante, y éste le dió instrucciones de que entregara la llave a Díaz. Rivera lo hizo así. Díaz le devolvió a Rivera la llave para que la guardara sujeto a las instrucciones que recibiera de Pérez Pimentel. En agosto, Augusto Márquez tomó la casa en arrendamiento, y Rivera de conformidad con las instrucciones recibidas de Pérez Pimentel, entregó la llave a Márquez. Éste pagó las rentas a Pérez Pimentel como agente de la Sucesión Díaz. En junio, 1935, la Suce-sión Díaz traspasó su derecho, título e interés a Pérez Pi-mentel. De la escritura de enajenación se desprendía que Juana Díaz Cruz era la viuda de Francisco Peña y que la casa había pertenecido a la sociedad de gananciales. Pérez Pimentel, luego de haber adquirido de la Sucesión Díaz, co-bró las rentas en calidad de dueño. En octubre, 1935, Már-quez desocupó la finca. Al mismo tiempo Dolores Castro tomó posesión de ella y se opuso a la tentativa de Pérez Pi-mentel de ocuparla. Entonces Pérez Pimentel inició el pre-sente litigio.

La demandada apela de una sentencia adversa. Su con-tención es que la corte de distrito cometió error al declarar con lugar una moción para eliminar ciertos particulares de la contestación y al dictar una sentencia que no está soste-nida por la prueba y que es contraria a las disposiciones de los artículos 369, 374, 379, 389, 328 y 333 del Código Civil (ed. de 1930).

Las alegaciones eliminadas aducían por vía de defensa qué los hijos legítimos de la demandada, Luis Gilberto y Virginia Peña Castro, y Julia Gloria Peña, una hija natural reconocida, habían sido declarados herederos de Francisco Peña y que como tales eran los dueños de una mitad indivisa de la propiedad. La cuestión de título no está envuelta y no puede ser considerada en nn procedimiento de esta ín-dole. La corte de distrito fen sn consecnencia no cometió error al eliminar de la contestación las alegaciones relativas al título de los hijos de la demandada. Cividanes v. Obén y Vázquez, 34 D.P.R. 802; Pérez v. Marrero, 47 D.P.R. 456; Sucn. Maldonado v. Maldonado, 43 D.P.R. 678.

Los artículos del Código Civil en que se funda la apelante leen, en el orden citados por ella, como sigue:

“Artículo 369. — La posesión de los bienes hereditarios se entiende trasmitida al heredero sin interrupción y desde el momento de la muerte del causante, en el caso de que llegue a adirse la herencia.
“El que válidamente repudia una herencia se entiende que no la ha poseído en ningún momento.
“Artículo 374. — La posesión como hecho, no puede reconocerse en dos personalidades distintas, fuera de los casos de indivisión. Si surgiere contienda sobre el hecho de la posesión, será preferido el poseedor actual; si resultaren dos poseedores, el más antiguo; si las fechas de las posesiones fueren las mismas, el que presente título; si todas estas condiciones fuesen iguales, se constituirá en depósito o guarda judicial la cosa, mientras se decida sobre su posesión o propiedad por los trámites correspondientes.
“Artículo 379. — Cada uno de los partícipes de una cosa que se posee en común, se entenderá que ha poseído la parte que al divi-dirse lo cupiere durante todo el tiempo que duró la indivisión. La interrupción en la posesión del todo o parte de una cosa poseída en común, perjudicará por igual a todos.
“Artículo 389. — El poseedor puede perder su posesión:
“1. Por abandono de la cosa.
“2. Por cesión hecha a otro por título oneroso o gratuito.
“3. Por destrucción o pérdida total de la cosa, o por quedar ésta fuera del comercio.
“4. Por la posesión de otro, aun contra la voluntad del antiguo poseedor, si la nueva posesión hubiese durado más de un año.
“Artículo 328. — Cada partícipe podrá servirse de las cosas comu-nes, siempre que disponga de ellas conforme a su destino y de manera que no perjudique el interés de la comunidad, ni impida a los copar-tícipes utilizarlas según su derecho.
“Artículo 333. — (Artículo 40.6, Código Civil de 1902, enmen-dado según la Ley núm. 15 de 1916, pág. 48.) — Todo condueño ten-drá la plena propiedad de su parte y la de los frutos y utilidades que le correspondan, pudiendo en su consecuencia enajenarla, cederla o hipotecarla, y aun sustituir otro en su aprovechamiento y darla en arrendamiento, salvo si se tratare de derechos personales, pero el efecto de la enajenación o de la hipoteca con relación a los con-dueños, estará limitado a la porción que se les adjudique en la divi-sión al cesar la comunidad, y el efecto del arrendamiento será con-ferir al arrendatario, durante el término del contrato, las facultades del condueño en orden a la administración y mejor disfrute de la cosa común.”

Cualquiera que sea el significado, alcance y efecto ordi-nario de estas disposiciones, el punto primordial en un caso de este género es siempre sólo una cuestión de posesión material y física en lo que a la ocupación personal se refiere,, nunca una cuestión de posesión o de derecho de posesión civil, implícita o legal. Cividanes v. Obén y Vázquez, supra; Pérez v. Marrero, supra; Sucn. Maldonado v. Maldonado, supra; Pérez v. Pérez, 38 D.P.R. 753; Manresa, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, Yol. 6, págs. 147, 148; Manresa, Comentarios al Código Civil (ed. 1929), Vol. 4, págs. 142, 145, 223; 6 Manresa 278 y 281.

La evidencia, considerada desde este punto, bastaba para sostener la sentencia. Fuera del hecho de que la cuestión de costas gira en torno al resultado de la presente apelación, las otras cuestiones ya discutidas resultarían académicas Véase Pérez v. Castro, 52 D.P.R. 274.

La sentencia apelada debe, ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Andrés Sosa Reyes y Carmen González, demandantes y apelante el primero, v. José Fidalgo Díaz, demandado y apelado.
    Núm. 7611.

    Sometido: Enero 17, 1938.

      Resuelto: Enero 28, 1938.

      E. H. F. Dottin, abogado del apelante; Federico García Veve, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El demandado y apelado, José Fidalgo Díaz, solicita la desestimación de este recurso por los siguientes fundamen-tos :

“1. Porque la apelación en este caso no ba sido perfeccionada con-forme a las disposiciones del artículo 299 del Código de Enjui-ciamiento Civil de Puerto Rico (ed. 1933).
“2. Porque las prórrogas concedidas en este caso para la radicación de la exposición del caso son nulas por ser la primera supuesta prórroga concedida indefinida.
“3. Porque desde la radicación del escrito de apelación a esta fecba van cerca de unos cinco meses y aún el apelante no ba radi-cado en esta Hon. Corte Suprema la exposición del caso ni ei legajo de sentencia a los fines de su apelación, no obstante las prórrogas concedídasle, contrario a las disposiciones del artículo 299, supra, y de las reglas 59 y 60 de esta Hon. Corte Suprema. ’ ’

Veamos los hechos, que están debidamente certificados por el secretario de la corte inferior. El día 4 de diciembre de 1936 la Corte de Distrito de San Juan dictó sentencia en el caso de autos y el 18 de junio de 1937 declaró sin lugar una moción de reconsideración radicada por el apelante, quien el 19 de julio de 1937 apeló de ambas, o sea de la sentencia del 4 de diciembre y de la resolución del 18 de junio, para ante este Tribunal Supremo. Diez días después, el 29 de julio, pidió que se ordenara al taquígrafo que trans-cribiera las notas taquigráficas por serle necesarias para pre-parar una exposición del caso, que fue el método elegido por él para perfeccionar su apelación. Así lo ordenó la corte el 2 de agosto de 1937. El día 31 de ese mismo mes, acudió de nuevo el apelante ante la corte inferior solicitando una pró-rroga de treinta días contados desde el 2 de septiembre de 1937, prórroga ésta que le fué negada por haberse solicitado fuera de término, Así las cosas, el 23 de septiembre de 1937 compareció el apelante ante esta Corte Suprema solicitando un nuevo término para preparar y radicar en la corte de distrito la exposición del caso. A pesar de la oposición del apelado se le concedió por resolución del 4 de noviembre de 1937 un término de treinta días a contar del 23 del mes anterior. A partir de esa fecha, el apelante ha seguido pi-diendo prórrogas a la corte inferior, habiéndose concedido la última de treinta días el 20 de diciembre de 1937.

Argumentando su primer fundamento de desestimación dice el apelado que como el apelante optó por una exposición del caso para perfeccionar la apelación que interpuso el 19 de julio de 1937, no debió limitarse a pedir a la corte el 29 de julio que ordenara al taquígrafo transcribir sus notas ta-quigráficas, pues según el artículo 299 del Código de Enjui-ciamiento Civil, su deber era radicar el pliego de excepciones y exposición del caso, o solicitar prórroga para ello, efecto este último que no tiene la orden de la corte de fecha 2 de agosto de 1937.

En cuanto al segundo fundamento, dice que, aun asu-miendo que la referida orden del 2 de agosto de 1937 equi-valga a una prórroga para radicar la exposición del caso, la misma sería nula, por indefinida, puesto que no se fija en ella término alguno dentro del cual debía el taquígrafo cum-plir lo ordenado. Siendo ello así, dice el apelado, son nulas las prórrogas subsiguientes concedidas tanto por la corte inferior como por este tribunal.

• No tiene razón el apelado. El día 4 de noviembre de 1937 esta Corte Suprema concedió al apelante un nuevo término, que según certificación del secretario de la Corte de Distrito •de San Juan, aún el 22 del mes actual estaba vigente por prórrogas subsiguientes. Este nuevo término, como es natural, subsanó cualquier error que con anterioridad a su con-cesión cometiera el apelante al solicitar prórrogas para tra-mitar su apelación.

Como lo que este tribunal concedió fué un nuevo término y no una prórroga, como dice el apelado, su razonamiento en apoyo del segundo fundamento de desestimación carece en absoluto de méritos.

Por último, y en relación con el tercer fundamento aducido por el apelado para que se desestime la apelación, bastará decir que la Regla 59 del Reglamento de este tribunal requiere que se pruebe “satisfactoriamente que el apelante no ha proseguido su apelación con la diligencia debida o de buena fe,” para que en el ejercicio de nuestra discreción desestimemos una apelación. El apelado ni siquiera ha intentado esto.

Debe declararse sin lugar la moción de, desestimación.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    Sucesión de Ramón Cesaní, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad Sustituto de Mayagüez, recurrido.
    Núm. 1013.

    Sometido: Enero 10, 1938.

      Resuelto: Febrero 2, 1938.

      Enrique Báez Gcurcia> abogado de la recurrente;
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Don Domingo Torres Bellido, dueño de una porción de terreno de una cuerda y media, con su casa de madera, cons-tituyó dos hipotecas, por $150 y $175, respectivamente, a favor de don Ramón Cesaní Urbano.

Habiendo fallecido el acreedor Sr. Cesaní, el deudor Torres Bellido convino con la viuda e hijos del finado en adju-dicarles la finca, en pago de las dos hipotecas. Y de acuerdo con lo convenido, en 18 de mayo de 1937 las partes otorga-ron escritura pública por la cual Torres Bellido y esposa adjudican la finca a la viuda e hijos de su acreedor, quienes la aceptan en pago de los $325 garantizados por las dos hi-potecas, otorgando a favor del vendedor formal recibo y carta de pago por dicha suma y dando su consentimiento para que las dos hipotecas sean canceladas por confusión de derechos. Presentada dicha escritura para su inscripción, ésta fue de-negada por el Registrador sustituto de Mayagüez por las ra-zones expuestas en la siguiente nota, contra la cual se ha interpuesto el presente recurso:

"Denegada la inscripción de este documento que es la escritura número noventa y cuatro, otorgada en Mayagüez, a 18 de mayo de 1937, ante el notario don Enrique Báez García, sobre adjudicación de finca rústica en pago de hipotecas y cancelaciones de éstas y con vista de otros documentos y tomada en su lugar anotación preven-tiva por el término legal en favor de los adquirentes, al folio 35 ■vuelto del tomo 90 de Mayagiiez, finca número 3889, anotación letra A, porque se trata de la adjudicación que lrace el deudor hipoteca-rio a favor de la sucesión del acreedor finado Ramón Cesaní Urbano, de un bien inmueble hipotecado, en la cual existe una menor lla-mada Estrella Cesaní, en cuya representación comparece su madre y viuda del causante y toda vez que al adjudicarse en pago la finca hipotecada se cancelan las hipotecas, que es la consideráción del contrato, esta adjudicación equivale a un contrato de venta y la cancelación de las hipotecas equivale' a una verdadera enajenación (Benítez Hnos. v. Registrador, 17 D.P.R. 234 y Quiñones v. Registrador, 20 D.P.R. 144), y siendo esto así, dicha menor no puede con-tratar y su madre no puede consentir en representación de su expre-sada hija menor en las operaciones comprendidas en dicha escritura sin la previa autorización judicial.”

Alegan los recurrentes qne el documento fue presentado con un escrito en que se solicitaba del registrador que al ins-cribir la escritura de adjudicación en pago se limitase a ins-cribirla en cuanto a la adjudicación, dejando existentes los créditos hipotecarios para solicitar la cancelación de los mis-mos en su oportunidad. Y sostienen como puntos fundamen-tales del recurso:

1. Que el registrador debió inscribir el documento en cuanto a la adjudicación en pag’o, dejando vigentes las hipotecas.

Esta contención carece de méritos. El adjudicatario de un inmueble no puede ser a un mismo tiempo dueño de la finca y acreedor hipotecario. Al hacerse la adjudicación, la hipoteca queda extinguida por confusión de derechos, por ministerio de la ley y sin necesidad de acto alguno de las partes. No puede el registrador inscribir la adjudicación en favor del acreedor y dejar vivos en el registro sus derechos como tal acreedor hipotecario. Su deber es inscribir la ad-judicación y cancelar el gravamen que ha sido extinguido como consecuencia de tal adjudicación, para que el registro de la propiedad sea siempre y por encima de todo un fiel re-flejo del verdadero estado de la propiedad. La adjudicación en pago de un gravamen y la extinción de éste son insepa-rabies y ni el registrador, ni las partes contratantes pueden-evitar las consecuencias legales de la adjudicación, inscri-biendo ésta y dejando de inscribir la cancelación de la hipo-teca.

2. Que el registrador debió inscribir el documento en cuanta a los condominios de los herederos mayores de edad y de la viuda.

Los herederos recurrentes José Antonio, Ricardo, Rosa Milagros y Eugenio Bernardo Cesaní y Nieto y la viuda doña Yenancia Nieto, son todos mayores de edad, con capa-cidad legal para contratar. La menor Carmen María Cesaní y Nieto fué emancipada por su madre a la edad de 18 años, mediante escritura de 22 de enero de 1937, y compareció en la escritura de adjudicación asistida de su señora madre. Cada uno de los herederos obtuvo una participación pro in-divisa de una séptima parte del montante de los créditos hi-potecarios relictos al fallecimiento del causante don Ramón Cesaní y Urbano, correspondiendo una séptima parte a la viuda como cuota usufructuaria. Los cuatro hijos mayores-de edad, la viuda y la menor emancipada están legalmente capacitados para aceptar, en pago de sus participaciones pro indivisas en los créditos hipotecarios constituidos en favor del causante, el traspaso de la finca hipotecada. Y tienen derecho a exigir del registrador la inscripción a favor dé-cada uno de ellos de la participación que les corresponde en la finca adjudicádales en pago de sus créditos respectivos.

Erró el recurrido al denegar la inscripción en cuanto a las participaciones de dichos seis recurrentes; y en cuanto1 a ellos, su nota debe ser revocada.

3. Que el registrador debió inscribir el documento en cuanto a la menor Estrella Cesaní y Nieto por ser perfectamente inscribible.

Tratan los recurrentes de distinguir el caso de autos del de Quiñones v. Registrador, 20 D.P.R. 144, en el que se sostuvo que de acuerdo con el artículo 282 del Código Civil, en-mendado por la Ley núm. 33 de marzo 9, 1911, nn tntor no está facultado para aceptar, sin la previa autorización judicial, la adjudicación de una propiedad en pago de nn crédito hipotecario y cancelar la hipoteca; qne la entrega de propie-dad en pago de nna deuda es equivalente a nn contrato de compraventa; y que la cancelación de nna hipoteca importa tanto como nna verdadera enajenación. Las únicas diferen-cias que señalan son: primera, qne en el caso de Quiñones v. Registrador, supra, el tntor aceptó la adjudicación en pago de la hipoteca y tuvo además qne completar el precio de la adjudicación entregando dinero perteneciente a los menores, lo que no ha ocurrido en el caso de autos; y, segunda, que las disposiciones del artículo 282 del Código Civil son apli-cables a los tutores y no a los padres, quienes por razón de la patria potestad gozan de mayor libertad de acción en cuanto al manejo y administración de los bienes del menor.

Ambas alegadas diferencias carecen de méritos. ' Es cierto que en el caso de autos la madre de la menor no hizo pago alguno en efectivo con fondos de la menor, pero no es menos cierto que en la escritura de adjudicación en pago de la hi-poteca la madre de la menor otorgó formal recibo y carta de pago a favor del deudor, lo que equivale a renunciar a favor de éste el derecho que pudiera tener la menor para exigir al deudor el pago de cualquier deficiencia que pudiera resultar en caso de ejecución del-crédito hipotecario, por no ser suficiente la finca hipotecada para responder del pago de la obligación principal, de la que es subsidiaria la hipoteca. Esa renuncia es • una consideración tan valiosa y efectiva como si se hubiera hecho un pago en efectivo con fondos de la menor.

El artículo 229 del Código Civil, según fu.é enmendado por la ley de 14 de marzo de 1907, leyes de ese año, pág. 285, disponía:

"El ejercicio de la patria potestad no autorizará al padre ni a la madre para enajenar o gravar bienes inmuebles que de cualquier modo pertenezcan al lnijo, y que estéii bajo la administración de alguno de aquéllos, sin previa autorización judicial, la que se les acor-dará por la Corte de Distrito del Distrito Judicial, en que los bie-nes de que se trate radiquen, previa comprobación de la necesidad o utilidad de la enajenación o gravamen. No se exigirá al packre o en su caso, a la madre, la mencionada autorización judicial para per-cibir algún crédito a favor del hijo o cancelar cualquier gravamen que lo asegure.” (Bastardillas nuestras.)

Interpretando dicho artículo, esta Corte Suprema resol-vió en Benítez Hermanos v. Registrador, 17 D.P.R. 234, que la madre con patria potestad sobre una menor podía cance-lar un derecho real constituido a favor de la menor, sin que necesitara para ello autorización judicial.

Por leyes de 9 de marzo de 1911 y 48 de abril 28, 1930, leyes de ese año, 373, el citado artículo 229 del Código Civil fue enmendado nuevamente, quedando redactado así:

“El ejercicio de la patria potestad no autoriza al padre ni a la madre para enajenar o gravar bienes inmuebles de clase alguna, o muebles cuyo valor exceda de quinientos dólares, pertenecientes al hijo, y que estén bajo la administración de aquéllos, sin previa auto-rización de la corte de distrito en que los bienes radiquen, previa comprobación do la necesidad o utilidad de la enajenación o el gravamen, y de acuerdo con lo dispuesto en la ley referente a proce-dimientos legales especiales.
“No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, no será nece-saria la autorización judicial para la venta de frutos de una finca rústica, en su última cosecha.
“Para otorgar contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, inclusos los de refacción agrícola y molienda de cañas autorizados por la Ley de 10 de marzo de 1910, por un término mayor de seis años, será también indispensable la autorización requerida en el párrafo anterior; pero en ningún caso el arrendamiento o contrato podrán efectuarse, ni la autorización concederse para el arrenda-miento por un período de tiempo que exceda del que falte al menor, no incapacitado por otra causa, para cumplir su mayoridad.”

Véase: Compilación de 1911, pág. 652; artículo 159 Có-digo Civil 1930.

Comparando ambos textos se verá qne el legislador en 1911 eliminó del texto aprobado en 1907 las palabras qne hemos subrayado en el mismo, revelando así su intención de que se exija autorización judicial al padre o madre de un menor para el cobro o cancelación de cualquier gravamen constituido a favor del menor. El legislador ha querido im-poner a los padres de un menor restricciones similares a las qne el artículo 282 del Código Civil impone a los tutores. Y ni los unos ni los otros están autorizados para aceptar una dación en pago, ni para cancelar un crédito hipotecario, actos que entrañan verdaderas enajenaciones, sin la previa autorización de la corte de distrito.

Por las razones expuestas, de-he revocarse la nota del re-gistrador en cuanto -a la denegación de la inscripción de las participaciones que en la finca -adjudicada en pago corres-pondan a los recurrentes mayores de edad y ordenarse -al registrador que proceda -a inscribir las participaciones co-rrespondientes a V-encmcia Nieto vmda de G-esaní, y -a -cada tono de sus hijos José Antonio, Ricardo, Bernardo, Milagros y Carmen Maria Gesa/m y Nieto, de -acuerdo con la escritura que motivó la nota recurrida. Y se confirma la nota del re-gistrador en cuanto a la denegación -de la mscripción en favor de la menor Estrella G-es-am y Nieto.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    Luisa de la Haba de R. Fuertes, asistida de su esposo Luciano R. Fuertes, demandantes y apelados, v. Gay & Co., S. en C., demandada y apelante.
    Núm. 7395.

    Sometido: Diciembre 16, 1937.

      Resuelto: Febrero 2, 1938.

      Gonzalez Fagundo é González, Jr., abogados de la apelante; Gabriel de la Haba, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En la demanda se alegan tres cansas de acción. En la primera, que los demandantes compraron a la demandada el 10 de septiembre de 1931 dos fincas rústicas que se descri-ben, por precio de $4,000, de los cuales pagaron $2,000 con anterioridad al otorgamiento de la escritura y aplazaron el resto para ser pagado, con los intereses a razón del 8 por ciento anual, en dos plazos iguales, a vencer el primero el 30 de junio de 1932, y el segundo el 30 de junio de 1933; que garantizaron el pago del precio aplazado con hipoteca sobre las dos fincas; que en la escritura de compraventa se hizo constar que una de las fincas estaba afecta a' diversas cargas que aparecían del registro, y la otra, pendiente de inscrip-ción hasta tanto se tramitara un expediente de dominio; que la sociedad vendedora se obligó a cancelar los gravámenes existentes sobre la primera finca, así como a inscribir el ex-pediente de dominio relacionado con la segunda, lo que hasta el 6 de noviembre de 1933, fecha de la demanda, no había hecho a pesar de las gestiones realizadas en ese sentido por los demandantes, y ofrecimientos de la demandada; que por no haber sido liberada una de las fincas de las cargas que la gravan, ni inscrita a su nombre la otra, se han visto impedi-dos de venderlas ventajosamente; que por las razones refe-ridas notificaron a la demandada a través del socio gestor don. Julio Gay, que consideraban rescindido el contrato de compraventa y solicitaban el reintegro de la cantidad satis-fecha a cuenta del precio, con sus intereses y el importe de las mejoras.

En la segunda causa de acción se alega que los deman-dantes han hecho mejoras en las fincas hasta un total de $676, que no les ha sido reintegrado por la demandada, como tampoco los intereses sobre los $2,000 p: gados a cuenta del precio al tipo del 6 por ciento anual desde el día 10 de sep-tiembre de 1931 hasta el 10 de septiembre de 1933, ascenden-tes a $240, ni tampoco los devengados desde esa última fecha en adelante.

Alegan en la tercera cansa de acción que debido a las im-perfecciones en los títulos de las fincas se han visto imposi-bilitados de vender ambas por el precio de $5,000, lo que les ha ocasionado una pérdida de $1,000, que ahora reclaman.

Declarada sin lugar una excepción previa de insuficiencia de la demanda contestó la demandada negando todo lo ale-gado en la segunda y tercera causa de acción, parte de lo alegado en la primera, de la que aceptan el resto, e inter-puso como defensas especiales: primero, que los demandan-tes sabían que las cargas que pesaban sobre una de las fincas constituían un gravamen sobre otra finca de mayor cabida perteneciente a la United Porto Rican Sugar Co. of Puerto Rico, de la cual fue segregada, y que no podían cancelarse hasta tanto no lo fueran los de la finca principal, para lo cual'no se fijó plazo; segundo, que los demandantes no paga-ron ni el plazo que venció el 30 de junio de 1932 ni los inte-reses correspondientes, no estando dicho pago “sujeto a con-dición alguna en cuanto a inscripción.”

Fue el pleito a juicio y el 12 de marzo de 1936 dictó la corte sentencia, dejando sin efecto el contrato de compra-venta, decretando la restitución de lo que cada parte recibió en el momento de otorgarse, condenando a la demandada a satisfacer a los demandantes intereses sobre $2,000' al tipo legal y desde que se interpuso la demanda, condenando tam-bién a la demandada a pagar a los demandantes $676 inver-tidos por éstos en mejoras, más las costas, gastos y hono-rarios de abogado. La demandada apeló para ante esta Corte Suprema y señala siete errores. El primero se dirige contra la resolución de la corte a quo declarando sin lugar la excepción previa, a pesar de que en la demanda no ale-gan los apelados, < uno dice la apelante que lo requiere el artículo 127 del Código de Enjuiciamiento Civil (ed. 1930), el haber cumplido el contrato en la parte que a ellos incum-bía, pagando los plazos vencidos el 30 de junio de 1932 y 30 de junio de 1933.

En la demanda se alega que la sociedad demandada asumió en la escritura de compraventa la obligación de cancelar los gravámenes existentes sobre una de las fincas y de terminar e inscribir el expediente de dominio que se estaba tramitando en relación con la otra. Aunque no aparece que por el contrato escrito se fijara a la demandada plazo para realizar estas gestiones, ello no significa que la demandada podía prolongar indefinidamente o basta que le pluguiese esa situación. Tan sólo contaba con un término razonable para llevarlas a cabo, y al no hacerlas dentro de él, puso a los demandantes en condiciones de optar entre el cumplimiento o la resolución de la obligación, de acuerdo con el artículo 1077 de nuestro Código Civil. No podía esperar la demandada que los demandantes pagaran el primer plazo que venció en 30 de junio de 1932 cuando a esa fecha habían transcurrido ya nueve meses y veinte días contados desde la fecha de la escritura de compraventa, que es un plazo más que razonable, sin que cumpliera ella las obligaciones que por el contrato se impuso. El artículo 127 del Código de Enjuiciamiento Civil, citado por la apelante, referente a lo que deberá alegar el demandante con respecto al cumplimiento de las obligaciones que le conciernen, es aplicable solamente cuando se trata de condiciones precedentes, o sea de aquellas que el demandante viene obligado a cumplir antes de que pueda tener derecho a .exigir a la otra parte contratante el cumplimiento de sus obligaciones. La parte apelante sin duda alguna fue inducida a error por el texto español del citado artículo, traducción defectuosa del texto. inglés, que es el que debe prevalecer en casos de conflictos como el que apuntamos. La frase “In pleading the performance of conditions precedent in a contract” fué traducida erróneamente así: “Al alegar el cumplimiento de las condiciones establecidas en un contrato,” consistiendo el error en la supresión de la palabra “precedentes.” El pago del primero y se-gundo plazo no era una condición precedente al cumplimiento de la obligación contraída por la demandada de limpiar de gravámenes una de las fincas y de inscribir el dominio que con relación a la otra estaba en tramitación. Siendo ello así, no tenían los demandantes que alegar en la demanda, como condición precedente al ejercicio de la acción resolutoria, el pago a la demandada de los plazos vencidos, por lo que a nuestro juicio actuó correctamente la corte inferior al decla-rar sin lugar la excepción previa.

Los cuatro errores siguientes pueden tratarse conjuntamente. Se refieren á preguntas formuladas por los demandantes a sus testigos Luciano R. Fuertes y Ramón Morales y a las resoluciones de la corte negándose a eliminar las respuestas. La primera de esas preguntas fué la siguiente :

“En relación con la operación de compraventa de dos fincas en el barrio Peña Pobre del término municipal de Naguabo, adquiri-das por la escritura núm. 131, Exhibit 1 de los demandantes, ¿puede informar usted, puede declarar usted qué se convino referente a la cancelación de los gravámenes que menciona esa escritura? Puede refrescar su memoria leyendo la escritura si quiere, y en qué forma se convino.”

La segunda fué:

“Al firmarse esa escritura, señor Morales, al leer y firmar dicha escritura, ¿solicitó algo el señor Fuertes en relación con la cancela-ción de esos gravámenes y la inscripción del expediente de dominio a que se refiere esa escritura?”

Ambos testigos declararon sobre un convenio oral entre los compradores y la vendedora efectuado al tiempo de fir-marse la escritura de compraventa y con motivo de ella, por virtud del cual, la sociedad demandada escribiría una carta a los demandantes fijando un término de tres o cuatro meses para cancelar los gravámenes y terminar e inscribir el expe-diente de dominio. Sostiene la parte apelante que ambas preguntas eran inadmisibles porque constando todas las condiciones de la compraventa en la escritura otorgada al ■efecto, no cabe, excepto en algunos casos, evidencia alguna de ellas fuera de lo contenido en el documento. Se invocan los artículos 25 y 28 de la Ley de Evidencia, que leen así:

“Artículo 25. — Cuando las condiciones de un convenio se bayan consignado por las partes en un documento, se considerará que con-tiene éste todas dichas condiciones, por lo que no cabrá entre las partes y sus representantes o sucesores en interés, evidencia alguna de las condiciones del convenio, fuera de lo contenido en el docu-mento, excepto en los siguientes casos:
“1. Cuando una equivocación o imperfección en el documento .fuere alegada en el litigio.
“2. Cuando la validez del convenio constituyere el hecho con-trovertido.
“Pero este artículo no excluye otra evidencia de circunstancias bajo las cuales fuere hecho el convenio, o con las cuales se relacio-nare, según lo definido en el artículo veinte y ocho, o para expli-car una ambigüedad extrínseca, o probar ilegalidad o fraude. La palabra ‘convenio’ incluye escrituras y testamentos, así como con-tratos entre las partes.”
“Artículo 28. — Para la debida interpretación de un documento, las circunstancias bajo las cuales fuese otorgado, incluso la situa-ción del objeto a que se eontrayere, así como la de las partes, podrán también demostrarse, a fin de que el juez se coloque en la situación •de las personas cuyo lenguaje estuviere llamado a interpretar.”

No hubo, a nuestro juicio, error alguno en la admisión de tales declaraciones. Ellas no varían, ni modifican ni alte-.ran en forma alguna el instrumento escrito. Eran admisi-bles como prueba de un convenio coetáneo entre las mismas partes, sobre un punto en que el contrato escrito se dejó incompleto por voluntad expresa de los contratantes, con la intención de completarlo mediante convenio por separado. La prueba presentada por los demandantes para establecer el convenio sobre fijación de plazo para la cancelación de gravámenes e inscripción del expediente, es amplia y sufi-ciente; y del récord no aparece que fuera controvertida en manera alguna por la parte demandada. En la obra “Jones on the Law of Evidence” encontramos lo que sigue:

“La regla general que discutimos no se infringe al permitir la presentación de evidencia oral sobre el contenido de un convenio distinto, válido y contemporáneo entre las partes, que no fue puesto por escrito, cuando dicbo convenio no está en conflicto con los tér-minos del contrato escrito. (Sección 439, página 552.) Pocket ed.
“Cuando un escrito, aun cuando contenga un contrato, está mani-fiestamente incompleto, y no revela la intención de las partes de incluir en él la totalidad del convenio, sino simplemente definir algu-nos de sus términos, dicbo escrito es concluyente en cuanto a la parte por él cubierta. Pero aquellas partes del verdadero convenio, que no estén comprendidas dentro del instrumento escrito, pueden ser establecidas por evidencia oral.” Sección 440, pág. 553, handbook ed.

En el sexto error se le imputa a la corte a quo haber aplicado indebidamente el artículo 1077 del Código Civil de Puerto Eico (ed. 1930). Argumentándolo, dice la apelante que el citado artículo no puede interpretarse aisladamente, sino relacionándolo con el 1242 j 1246 del mismo cuerpo legal,, que son fuente y origen de la acción ejercitada aquí. Dichosartículos leen así:

“Artículo 1077. — La facultad de resolver las obligaciones se-entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe.
“El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. También. podrá pedir la resolución, aun después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resul-tare imposible.
“Artículo 1242. — Los contratos válidamente celebrados pueden rescindirse en los casos establecidos por la ley.
“......
“Artículo 1246. — La acción de rescisión es subsidiaria; no podrá ejercitarse sino cuando el perjudicado carezca de todo otro recurso^ legal para obtener la reparación del perjuicio.”

Por ende, arguye la apelante, gravada una de las dos fin-cas adquiridas por los demandantes,- con cargas que también pesaban sobre otra principal de la cual es segregación, per-teneciente a la United Porto Pican Sugar Co. of Puerto Pico, la obligación de cancelar recaía en ésta y no en la ape-lante, por lo que no podía solicitarse la rescisión, que es una acción subsidiaria, sin antes exigir que se fijara un plazo para realizar lo convenido.

La falta de fundamento de tal argumentación es por demás patente. La cláusula sexta de la escritura de compra-venta dice:

“ Sexta. — La sociedad vendedora queda obligada a cancelar los gravámenes que pesan sobre la primera finca vendida, así como también a terminar e inscribir el expediente de dominio que se está tramitando de la otra fincad ’

La demandada, como vendedora, asumió libremente la obligación de trasmitir a los compradores el título sobre los inmuebles, libre de los gravámenes que en la fecha de la escritura existían sobre ellos. T el hecho de que la finca principal, de la que se segregó la vendida a los demandantes, haya pasado a ser propiedad de otra persona.no excusa a la demandada del cumplimiento de las obligaciones que con-trajo a virtud de la cláusula sexta arriba transcrita.

Tampoco estaban los demandantes impedidos de ejercitar la acción rescisoria debido al carácter de subsidiaria que el artículo 1246 del código le reconoce, sin exigir antes que se fijara un plazo para que la demandada llevara a efecto lo convenido.

El artículo 1243 del Código Civil no circunscribe los con-tratos rescindibles a los cuatro primeros que enumera. Por el contrario, permite, por el párrafo quinto, la rescisión de cualesquiera otros en que especialmente lo determine la ley. Véase 8 Manresa, Comentarios al Código Civil español, segunda edición corregida, página 730. Entre otros especial-mente determinados por ley, se encuentra el caso previsto por el artículo 1077 del mismo código, que es base de la acción ejercitada por estos demandantes. Ni a estos casos espe-cialmente determinados por ley, ni a aquellos otros que se rescinden por voluntad expresa de una de las partes o de las dos, les es aplicable el artículo 1246 de nuestro código, que da a la acción rescisoria el carácter de subsidiaria y li-mita su ejercicio a casos en que el perjudicado carezca de todo otro recurso leg’al para obtener la reparación del per-(juicio-, Su aplicación está limitada a los cuatro casos enu-merados en el artículo 1243.

“Casos no enumerados en la ley. Rescisión convencional. — Con mayor o menor impropiedad de lenguaje suele llamarse rescisión a -la resolución de un contrato, con arreglo a las cláusulas del mismo, por voluntad de una de las partes o de las dos. Acerca de esos casos, y refiriéndose especialmente al art. 1294, se lia dicbo que ‘dicho artículo, como los que le preceden y siguen, se refiere a los contra-tos rescindibles, con arreglo a la ley, y no es aplicable a la resci-sión de aquéllos en que los interesados, en uso de su voluntad sobe-rana en esta materia, establecen una condición resolutoria, de cuyo cumplimiento depende la subsistencia del contrato’ (sentencia de 24 de abril de 1901).
“Entran en lo que llamamos la rescisión convencional, las con-diciones resolutorias, el plazo de esta índole y la facultad de desis-timiento por cualquiera de las partes, y no se relacionan con la res-cisión de que tratamos más que para distinguirlas de ella, como hace la sentencia anotada.
“Los otros casos que la ley enumera son muy variados; los más frecuentes se refieren a la compraventa, y el más general es el del art. 1124, para el supuesto de incumplimiento en las obligaciones recíprocas. Es de notar que para estos casos apenas es aplicable el capítulo que comentamos; no suponen la intervención de terceros; no exigen (ejemplo, el citado 1124) la lesión para los contratantes, y de ordinario, lejos de ser acciones subordinadas a otras, cabe optar entre la rescisoria y alguna distinta.” 8 Manresa, Comentarios al Código Civil español, 2da. ed., corregida y aumentada, págs. 734r-735.

Más claramente lo dice el mismo comentarista en sus comentarios al artículo 1294 del Código Civil español, igual al 1246 del nuestro, donde se expresa así:

“Expusimos ya con motivo del art. 1290 que este artículo no era aplicable, ni a la rescisión convencional, ni, por lo tanto, a las que fuera de este capítulo enumera la ley; y recordándolo así, pasa-mos a examinar algunas aplicaciones especiales que puede recibir, según los distintos casos enumerados por el artículo 1291.”

No siendo subsidiaria la acción de los demandantes, no tenían por qué exigir, antes de ejercitarla, que se fijara un plazo dentro del cual pudiera la demandada cumplir las obli-gaciones que para el contrato de compraventa se impuso.

Debe desestimarse el sexto señalamiento de error.

En el séptimo señalamiento ataca la apelante la sentencia por ser a su juicio contraria a la prueba. Hemos leído la exposición del caso preparada por la demandada, y el resu-men de la evidencia que ella contiene es suficiente para que resolvamos que la sentencia está ampliamente sostenida por la prueba.

La sentencia debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Jxjbz Asociado Señok Wole

text:
    B. Márquez & Cía., recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Utuado, Hon. Julio Suárez Garriga, Fiscal del Distrito, actuando como tal, recurrido.
    Núm. 1015

    Sometido: Enero 21, 1938.

      Resuelto: Febrero 3, 1938.

      V. Poian'co de Jesús, abogado de la recurrente;
   El Jxjbz Asociado Señok Wole

emitió la opinión del tribunal.

En diciembre 12, 1937, se presentó para su inscripción una escritura en el Registro de la Propiedad de Utuado. El documento era uno a virtud del cual se transferían ciertas propiedades a B. Márquez & Cía., la aquí recurrente, en pago de un préstamo hipotecario otorgado en 1923 por los padres de los transmitentes. Se denegó la inscripción “por no ha-berse demostrado ni acompañarse documento alguno por el cual se acredite que haya sido satisfecho el derecho de he-rencia sobre las propiedades que se adjudican en pago de deuda, según lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley núm. 99 de 1925 ...”

La Ley núm. 99 supra (Leyes de ese año, págs. 791, 799) era un estatuto que modificaba y ampliaba la contribución sobre herencia. El artículo 12 de esta ley lee como sigue:

“Ningún tribunal aprobará la división o distribución de los bie-nes de ningún fallecido, ni permitirá la liquidación final de las cuen-tas de ningún albacea, administrador, fideicomisario o persona que administre cualesquiera bienes, a menos de haberse presentado y ex-hiban el recibo o los recibos especiales, según lo dispuesto en el artículo 11 de esta Ley; y ningún notario expedirá, autorizará o certificará instrumento alguno de sente’ncia, división o distribución, enajenación o hipoteca de bienes, a menos de haberse presentado dicho recibo o recibos, expedidos por e’l Tesorero; y ningún registrador inscribirá en ningún registro a su cargo, instrumento alguno ni fallo, sentencia o auto judicial autorizado, dictado o emitido en relación con la divi-sión, distribución o entrega de dichos bienes, a menos de haberse presentado el recibo o recibos expedidos por el Tesorero; y las per-sonas que infrinjan las prescripciones de este artículo serán respon-sables por todas las contribuciones no satisfechas, a causa de dicha infracción pagando además el interés, según se dispone en el artículo 9 de' esta Ley, e incurrirán en un delito menos grave que se castigará con multa que no será menor de cien (100) a mil dólares o cárcel por tres meses a un año, o ambas penas a discreción del tribunal.”

El argumento de la recurrente se basa primordialmente en el supuesto hecho de que los transmitentes, que eran los hijos legítimos y herederos legalmente reconocidos de los deudores hipotecarios, no recibieron beneficio o utilidad pe-cuniaria al heredar las fincas hipotecadas, y que otorgaron la escritura en cuestión meramente como sucesores de los deu-dores y a nombre de éstos.

El registrador se funda en la sección 12, supra, y en el artículo 368 del Código Político, según fué enmendado por la Ley núm. 62 de 1916 (Leves de ese año, pág. 129), que fija una contribución sobre las transmisiones de bienes que han de ser disfrutados o poseídos con posterioridad a la muerte del transmútente o donante.

Somos del criterio que el recurso que tenemos a la vista cae dentro de las disposiciones del artículo 12 de la Ley núm. 99 de 1925, y que por ende la negativa del registrador estuvo justificada. Dado el hecho de que este traspaso de bienes fué efectuado por los supuestos herederos, la escritura so-lamente podía ser eficaz si tales herederos en realidad acep-taban la herencia, para los fines de la transmisión, y recibían el título de los bienes. Creemos que el espíritu de la ley de herencia exige que el registrador, antes de proceder a inscri-bir cualesquiera bienes de un finado a nombre de otras per-sonas, requiera la presentación bien del recibo de contribu-ción sobre herencia provisto por la ley o un certificado del Tesorero expresivo del hecho de que no se adeuda tal con-tribución.

Por tanto, debe confirmarse la nota recurrida.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    Patria Ugarte Viuda de Igartúa, demandante y apelante, v. Encarnación Aboy Vda. de Cintrón, demandada y apelada.
    Núm. 7263.

    Sometido: Diciembre 22, 1937.

      Resuelto: Febrero 3, 1938.

      F. Fernández Cuyar, abogado de la apelante; FL. Torres Sola, abo-gado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

La apelante, Patria ligarte Viuda de Igartúa, residía en un pequeño apartamiento perteneciente a la aquí apelada para la época en que ocurrió el accidente que dió lugar a este li-tigio. De la prueba se desprende que se hacían ciertas repa-raciones en parte del piso de la sala y del comedor. El car-pintero que había sido empleado por el agente reconocido de la demandada, se vió con la apelante en la mañana del día del accidente y aparentemente cambió impresiones con ella res-pecto al trabajo que debía realizarse. Como a la una y media de aquella tarde mientras se dedicada a cambiar varias tablas del piso del comedor, el carpintero salió temporalmente fuera a buscar la madera que iba a usar. Al hacerlo, dejó un hueco en el piso lo suficientemente grande para que una persona pudiera caerse a .través del mismo. La demandante, por algún motivo de índole personal, en aquel momento vino al comedor, accidentalmente se paró en el hueco y se cayó al sótano de la casa. El sótano tenía como nueve pies de pro-fundidad. A no ser por algunos detalles de menor importan-cia, éstos son los hechos esenciales envueltos en el presente caso. Luego de una reclamación infructuosa de daños y per-juicios ante la corte de distrito, la demandante ha apelado para ante este tribunal y señala tres errores.

Los primeros dos señalamientos se refieren a las conclu-siones de la corte sentenciadora al efecto de que el accidénte-se debió fundamentalmente al acto voluntario de la deman-dante al caminar hacia el hueco a pesar de tener conocimien-to de su existencia y situación, y que la negligencia de la de-mandada no fué la causa próxima del accidente.

Hemos estudiado cuidadosamente la transcripción de evi-dencia y formado opinión definitiva respecto a los hechos y la ley. La acción se basa en los artículos 1802 y 1803 del Có-digo Civil (ed. 1930). La alegación específica de negligencia en que se basa la demandante lee así:

“4. En dicho día 10 de febrero de 1934, la demandada tenía em-pleado un carpintero quien trabajaba en la reparación del piso del apartamiento ocupado por la demandante, cambiando ciertas tablas de dicho piso, y reparando otras; y alega la demandante que dicho carpintero, cerca de la 1:30 de la tarde de dicho día, mientras traba-jaba en el piso del comedor, abandonó su trabajo, yéndose 'al patio del edificio, y dejó abierto en dicho comedor un hue’eo que medía 551/2 pulgadas de largo por 22 pulgadas de ancho, sin que en ningún mo-mento avisara a la demandante de’ la existencia de dicho hueco, ni pusiera señal alguna para indicarle su existencia, permitiendo por el contrario que el ‘linoleum’ o cobertor que había sobre el piso del comedor cubriera casi en su totalidad el hueco referido.”

La contestación niega general y específicamente las ale-gaciones de la demanda y como defensa especial aduce que el accidente se debió exclusivamente a la negligencia de la demandante misma.

El juez sentenciador llegó a la conclusión de que el linoleum que de ordinario cubría el piso, junto con los muebles, habían sido movidos y puestos a un lado a fin de permitir que se ac-tivara el trabajo. Después de leer la evidencia no nos es po-sible dejar de convenir con tal conclusión. La apelante admite en su alegato que el carpintero con toda probabilidad no puso voluntariamente una vez más el linoleum sobre el hueco al sa-lir de la habitación, pero sostiene que de algún modo permi-tió negligentemente que dicho linoleum cubriera la abertura. Esta posibilidad, a nuestro juicio, es demasiado remota.

Debe resolverse ahora si el carpintero de la demandada no fue negligente al dejar, aunque fuera momentáneamente, el hueco en el piso, sin colocar alguna señal que indicara su existencia o sin notificar tal hecho a la demandante. Bajo las circunstancias especiales del caso no tenía tal obligación.

Debe notarse que la corte sentenciadora llegó a la conclu-sión, y estamos de acuerdo con ella, de que la demandante tenía conocimiento del trabajo que se realizaba y de que cier-tas tablas del comedor estaban siendo cambiadas. El carpin-tero declaró que la demandante le vió salir. Era enteramente razonable que él supusiera que en su ausencia ella no vendría al comedor sin tomar las precauciones necesarias para evitar precisamente lo que sucedió. Dado el conocimiento que la de-mandante tenía de toda la situación, no puede decirse que el carpintero dejó de ejercer el debido cuidado.

La demandante, por otra parte, desgraciadamente no to-mó ningunas precauciones al penetrar en el comedor. Ella sabía que se estaban reparando algunas tablas y que otras pudieron haber sido quitadas. Si la habitación estaba oscura, según sostiene la demandante, ella estaba en el deber de to-mar las precauciones necesarias. No resolvemos que la de-mandante fue culpable de negligencia, pero de haber habido alguna, ella fué culpable de la misma.

En el tercer y último señalamiento se sostiene que la de-cisión de la corte inferior se basó en negligencia contribuyente y que tal cuestión nunca fué presentada por las alegaciones. Se cita un solo párrafo de la opinión de la corte en el sentido de que expresa ese razonamiento. Lee así:

“De los hechos del caso aparece que quizá pudiera existir cierto grado de negligencia en la demandada, por la omisión de su em-pleado el carpintero dejando el hueco al descubierto mientras cortaba las tablas, ya que el linoleum ni parte del mismo estaba sobre el hueco como se alega en la demanda, pero como la demandante, conociendo la situación y existencia del hueco, pasó por sobre el mismo al cruzar la habitación o caminar por ella, porque no de otro modo se hubiera caído por el hueco, su acto voluntario fué la causa determinante del daño, y está impedida de recobrar. La omisión dejando el hueco en descubierto necesariamente no producía por sí solo perjuicio alguno a la demandada (sic).”

Una mera lectura de este párrafo bastará para conven-cernos de que el señalamiento carece de fundamento. La ma-nifestación sobre la negligencia de la demandada no es en absoluto positiva. En verdad quizá podría describirse como especulativa. La verdadera base de la decisión, según se in-dica claramente en toda la opinión, fue que sólo la demandante dejó de tener el debido cuidado y en su consecuencia sólo ella es responsable de su desgracia.

Sin embargo, basamos nuestra decisión en el becbo de que no se demostró ninguna negligencia que dé lugar a una ac-ción de daños y perjuicios.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Presidente Señor del Toro

text:
    Fernando Beiró González, demandante y apelado, v. Agustín Vázquez Ocaña, Julio Vázquez Ocaña, María Ocaña por sí y como madre con patria potestad sobre sus menores hijos César, Mateo, Aurora, Amelia, Héctor y Carmen María Vázquez Ocaña, demandados y apelantes.
    Núm. 7301.

    Sometido: Diciembre 8, 1937.

    Resuelto: Febrero 4, 1938.

      M. Guzmán Texidor, abogado de los apelantes; Fernando Beiró Bo-vira, abogado dd apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Fernando Beiró demandó en cobro de dinero en la Corte de Distrito de Guayama a Agustín y Julio Vázquez Ocaña y a María Ocaña por sí y como madre con patria potestad sobre sus menores hijos César, Mateo, Aurora, Amelia, Héctor y Carmen María Vázquez Ocaña.

Alegó substancialmente que en octubre 24, 1928, para ju-nio 30, 1929, Cándido Carrasquillo firmó un pagaré a la or-den del portador por endoso, por seiscientos dólares, intere-ses al diez por ciento anual y ciento cincuenta dólares más para costas en caso de tener que recurrirse a la vía judicial para, su cobro, garantizándolo con primera “hipoteca” sobre una. finca rústica de ocho cuerdas.

Que Carrasquillo endosó y entregó el pagaré al deman-dante que lo tiene en su poder, sin que le satisficiera su im-porte a su vencimiento ni después;

Que luego de otorgado el documento, Carrasquillo adqui-rió otras parcelas colindantes con la hipotecada y formó por agrupación una finca de diez y seis cuerdas que vendió por escritura pública en septiembre 3, 1933, a los demandados,, haciéndose constar en la escritura que una porción de la finca, de ocho cuerdas estaba gravada en garantía del pagaré;

Que los compradores demandados se hicieron cargo del pago de la hipoteca reservándose parte del precio para ello,, de acuerdo con lo convenido en documento privado otorgado’ en julio 29, 1930, por Mateo Vázquez, esposo de la demandada María Ocaña y padre de los otros demandados, fallecido a la fecha de la escritura;

Y que vencida la obligación el demandante requirió de pago sin resultado, primero a Carrasquillo y luego a los de-mandados por lo que acude a la vía judicial para el cobro de la misma.

Contestaron los demandados negando que todos ellos acep-taran la escritura de venta de septiembre 3, 1933; que se hicieran cargo del pago del pagaré hipotecario; que sean los únicos herederos de Mateo Vázquez, y alegaron que el docu-mento privado de julio 9, 1930, fué dejado sin efecto.

Como defensas especiales adujeron que la demanda no. contenía hechos suficientes para basar una buena causa de acción y que la acción ejercitada había prescrito de acuerdo con el artículo 950 del Código de Comercio.

Fue el pleito a juicio y la corte lo resolvió finalmente por sentencia de agosto 1, 1935, condenando a los demandados a pagar al demandante las sumas reclamadas.

Apelaron los demandados. Sostienen que la corte erró al estimar suficiente la demanda, al fundar su sentencia en el documento privado de julio 29, 1930, al apreciar la evidencia y al dictar sentencia condenatoria sin especificar que sólo po-día hacerse efectiva, en la porción de ocho cuerdas de la finca que fué hipotecada.

En la opinión que emitiera para basar su sentencia el juez sentenciador se expresó, en parte, como sigue:

“De toda la evidencia presentada en este caso, puede fácilmente-llegarse a la conclusión de que Don -Cándido Carrasquillo contrajo una obligación de pagar con el Sr. Fernando Beiró y que don Mateo Vázquez, que es el esposo de María Ocaña y padre de los demás de-mandados, reconoció en el documento privado de fecha 29 de julio de-1930, la obligación que tenía Carrasquillo de llevar a cabo dicho pago, comprometiéndose a verificar el mismo 'a don Fernando Beiró con las cantidades que le restaban por pagar del precio de la finca. Aceptación y compromiso que habiendo sido hecho por don Mateo-Vázquez y en documento privado es obligatorio para su esposa e-hijos, ya que éstos no son nada más que continuadores de la per-sonalidad del causante en todos los derechos y obligaciones.
“Se alega por los demandados que a virtud de la escritura núm.. 79 de 13 de septiembre -de 1933, don Cándido Carrasquillo y doña María Ocaña por su propio derecho y a nombre de sus hijos los ya mencionados, y por la cláusula quinta de dicho documento, dejaron sin efecto ni valor legal alguno las obligaciones contraídas en la estipulación o documento privado de 29 de julio de 1930. Pero es el caso de que en este documento figuraban como partes contratantes principalmente los comparecientes en dicha escritura, don Cándido Carrasquillo y doña María Ocaña y además don Arturo García Beiró como apoderado de don Fernando Beiró. Por dicho contrato se crearon ciertos y determinados derechos a favor del Sr. Fernando Beiró, o sea que el mismo cobraría su crédito con el resto del precio-de la venta, sin cuyo requisito y condición no podría consumarse la venta ni otorgarse la oportuna escritura, salvo que de otro modo lo acordare y autorizara la mercantil acreedora, o sea Fernando Beiró. Habiendo tomado posesión don Mateo Vázquez a virtud de dicha es-tipulación privada, de' la finca en cuestión.
“Y dados los términos de esa estipulación privada, nosotros pre-guntamos ahora: ¿Puede dejarse sin efecto la misma por convenio única y exclusivamente del comprador y el vendedor, sin interven-ción ninguna de Fernando Beiró, cuyos derechos nacidos por razón riel referido contrato quedan perjudicados y sin amparo a virtud de la rescisión ameritada? A nuestro entender, no.
“Para que la referida estipulación hubiese perdido su fuerza y valor contractual a virtud de dicha rescisión, hubiese sido necesario que en la rescisión hubiesen comparecido todas las partes interesadas, lo que no ha ocurrido en el presente caso.
“Pero aún aceptando hipotéticamente que dicho documento pri-vado hubiera perdido toda su fuerza y valor legal, tenemos además que los demandados aceptaron y se comprometieron a pagar las can-tidades adeudadas a Beiró, según las manifestaciones hechas ante -esta Corte por el vendedor Sr. Cándido Carrasquillo así como por don Arturo García Beiró, apoderado de Fernando Beiró.
“Y si de la prueba presentada aparece que los demandados, bien sea por la obligación que contrajo su causante, don Mateo Vázquez, o bien directamente reconocieron la deuda de Beiró y aceptaron pagar el importe de la misma, es claro que existe una buena y justa causa de acción en favor del demandante para el cobro de su crédito y contra los citados demandados. Pudiendo verse en este particular los casos de Fernández v. Luyando, 46 D.P.R. 687; Luyando v. Díaz, 46 D.P.R. 691, 695, y Trautman v. P. R. Ore Co., 46 D.P.R. 775, en los cuales nuestra Corte Suprema ha estudiado y re-suelto esta cuestión, estableciendo la obligación en que está el ad-quirente de una finca hipotecada de pagar al acreedor el importe de la obligación hipotecaria, cuando el adquirente reconoce dicha hipo-teca y se compromete al pago de la misma.”

Se ve, pues, que el fundamento principal en que descansa la sentencia recurrida es el documento privado otorgado por el causante de los demandados. Dicho documento, sobre cuya autenticidad no hay cuestión, copiado a la letra en lo perti-nente dice:

“En Cayey, Isla de Puerto Rico, a los veintinueve días de julio, de mil novecientos treinta, celebran contrato privado de estipula-ción, promesa de venta y anticipo de pago, de una parte y como ven-dedor, don Cándido Carrasquillo, ... De otra parte y. como coim prador, Don Mateo Vázquez, ... Y de . otra parte, don Arturo García Beiró, ... en su carácter de apoderado de la mercantil ‘Fernando Beiró’, de Guayama, . . . Las partes contratan y se obligan haciendo constar: 1. Don Cándido Carrasquillo, que es dueño de una finca rústica compuesta de diez y seis cuerdas de terreno y se-tenta y siete céntimos de otra, situada en el barrio de Toita, de Ca-yey, . . . — 2. Que la descrita finca soporta un gravamen hipotecario por la suma de $679, además de los intereses al tipo convenido, a favor de la mercantil ‘Fernando Beiró’, de Guayama, y que de la descrita finca se está tramitando un expediente de dominio, ante la Corte de Distrito de Guayama, y que, don Mateo Vázquez ha conve-nido comprar dicha finca después de inscrita, y sin gravámenes por la suma convenida de $1,900. — 3. Por virtud de lo expuesto anterior-mente, don Cándido Carrasquillo, expresamente se obliga a vender y promete venderle a don Mateo Vázquez, la finca en este contrato descrita con todo cuanto encierra, libre de cargas e inscrita, tan pronto como se termine el expediente de dominio de la misma en tramitación, y don Mateo Vázquez, a su vez se obliga a comprar dicha finca, en las condiciones referidas, por el precio convenido como se deja indicado de mil novecientos dólares; de cuya suma, paga y entrega en este acto al vendedor, la suma de ochocientos dólares, quien la recibe a su satisfacción en moneda legal de los EE. UU. otor-gando formal carta de pago por dicho anticipo, a favor del com-prador. — 1. Del restante del precio de esta venta, se procederá a pagar a la mercantil ‘Fernando Beiró’, de Guayama, la suma im-porte de la hipoteca que se le debe y que garantiza dicha finca, sin el cual requisito y condición previamente cumplido, no podrá con sumarse la venta ni otorgarse la oportuna escritura, salvo que de otro modo lo acordare o autorizare la mercantil acreedora. — 5. Don Cándido Carrasquillo, don Mateo Vázquez y don Arturo García Beiró, en la representación que ostenta, expresamente aceptan, aprueban y ratifican en todas sus partes el contenido íntegro de este documento, y todos convienen en que el domprador don Mateo Vázquez entre hoy en posesión de la finca descrita ...”

Tanto en las alegaciones, como en los documentos otor-gados por las partes y en la opinión de la corte sentenciadora, se habla de hipoteca, pero ésta en verdad nunca llegó a cons-tituirse válidamente porque el artículo 1774 del Código Civil (ed. de 1930) dispone que “Además de los requisitos exigi-dos en el artículo 1756, es indispensable, para que la hipoteca quede válidamente constituida, que el documento en que se constituya sea inscrito en el registro de la propiedad” y aquí la “hipoteca” no pudo llegar a inscribirse por no estar ins-crito el inmueble sobre el cual se constituyó.

Esta circunstancia complica la solución del problema pues de otra suerte gravada la finca sobre ella continuaría pesando el gravamen hasta la total extinción de la obligación garan-tizada y el dueño del pagaré hubiera podido dirigir su acción contra el inmueble demandando a su dueño cualquiera que éste fuere.

Así lo intentó el demandante al pedir que se decretara la ejecución de la sentencia que se pronunciare a su favor me-diante venta en pública subasta de la finca hipotecada, pero la corte se limitó a dictar sentencia condenando a los deman-dados a pagar la suma reclamada como si se tratara de una obligación personal asumida primero por su causante y luego por ellos mismos al otorgar la escritura de septiembre 13, 1933. Y el demandante aceptó la sentencia en los términos en que fué dictada, siendo los demandados los que a virtud del último de sus señalamientos de error sostienen que debió es-pecificarse en todo caso en la sentencia que ésta podría ha-cerse efectiva sólo en la porción de ocho cuerdas gravada especialmente y no en la totalidad de la finca de diez y seis.

A nuestro juicio la corte de distrito supo encontrar la verdadera solución del problema. Es el documento privado otorgado por el causante de los demandados en 1930 el que queda en pie, y de él surge clara, terminante, la obligación actual de los demandados como responsables de los actos de su causante. La escritura de 1933 tiende a obscurecer el problema, pues no siguió en un todo los términos del documento de 1930, pero como para variarlos no estaban autorizados los contratantes Carrasquillo y Vázquez, éste actuando por sus herederos, sin el consentimiento del otro contratante Beiró, claro es que la desviación que se advierte no daña los derechos de Beiró.

El convenio de 1930 fué más que una promesa de venta. Por él el dueño de la finca de diez y seis cuerdas de que se trata, Carrasquillo, convino en venderla y de lieclio la vendió ■a Vázquez por $1,900 de los cuales Vázquez pagó a Carras-■quillo $800, y como Carrasquillo debiera a Beiró la suma de $679 e intereses y hubiera “hipotecado” parte de la finca para garantizar esa deuda, se convino en que el resto del pre-cio se destinaría a pagar el crédito de Beiró. Y no sólo eso fué lo pactado, si que se convino además en que Vázquez entraría •el mismo día en posesión de la finca así comprada. Y en la posesión entró y se encuentran actualmente sus herederos que están obligados a cumplir el compromiso de su causante, esto es, a pagar con el resto del precio ascendente a mil cien dó-lares lo debido por Carrasquillo a Beiró, y eso es exactamente lo que Beiró reclama en este pleito.

A estas conclusiones se llega aún con mayor convicción después de pesadas las declaraciones de Cándido Carrasquillo y Arturo García, testigos presentados en el acto del juicio por el demandante.

En tal virtud no creemos que se cometiera por la corte ninguno de los errores señalados y estando su sentencia ajus-tada a los hechos y a la ley, debe confirmarse, declarándose ..sin lugar el recurso interpuesto contra ella.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila ño intervino.


author: El Juez PresideNte Señor del Toro

text:
    Andrés de Gracia Torres, peticionario, v. Corte de Distrito de Humacao, Hon. R. Arjona Siaca, Juez, demandada.
    Núm. 308.

    Sometido: Enero 24, 1938.

      Resuelto: Febrero 4, 1938.

      G. H. Julia, abogado del peticionario; B. A. Gomes, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de la demandada.
   El Juez PresideNte Señor del Toro

emitió la opinión del tribunal.

En diciembre 13 último se presentó en esta Corte Supre-ma una petición original de mandamus, alegándose substan-cialmente en ella que el peticionario Andrés de Gracia Torres fué acusado y procesado ante la Corte de^ Distrito de Huma-cao en septiembre 3, 1936, por un delito de homicidio invo-luntario, sin que la corte hasta agosto 13, 1937, señalara la causa para juicio, motivo por el cual el peticionario en dicha última fecha solicitó el archivo y sobreseimiento de la causa fundado en el inciso 2 del artículo 448 del Código de Enjui-ciamiento Criminal (:ed. de 1935) que dispone:

“A menos que’ exista justa causa contraria, el tribunal decretará el sobreseimiento del proceso en los casos siguientes:
“1.
“2. Cuando un acusado, cuyo juicio no haya sido transferido a petición suya, no sea sometido a juicio en el término de ciento veinte días, a contar desde la presentación de la acusación.”

Y continúa alegándose substancialmente que señalado día para oír la solicitud el fiscal del distrito se opuso alegando que no le había sido posible al tribunal actuar dado el exceso de trabajo existente en el mismo, sin aducir otros fundamen-tos o razones legales para la dilación, ofreciendo el testimo-nio del secretario de la corte que en síntesis declaró que la corte había tenido un término largo de casos civiles, que se había visto, además, un gran número de casos criminales, en-tre ellos los misdemeanors de jurisdicción original en el dis-trito y aquéllos de las cortes municipales, sometiendo, ade-más, un estado de los casos radicados y vistos entre los días 3 de septiembre de 1936 y 13 de agosto de 1937, siendo dicho estado como sigue:

Felonies_308
Misdemeanors del fiscal_201
Apelaciones procedentes de las cortes municipales_298
Total_807

Y que de estos casos fueron resueltos:

Felonies_ t-H t — 1
Misdemeanors del fiscal_ O O
Apelaciones_ O tH 03
Total_421,

expresando que en ese misino período se habían radicado en la secretaría de dicha corte 902 casos civiles, habiéndose re-suelto 594 de los mismos;

Que el peticionario contestó que la expuesta no era una causa justa para la no celebración del juicio dentro del pe-ríodo ordenado por la ley, acompañando un memorándum de autoridades al efecto;

Que la corte declaró sin lugar la solicitud, como sigue:

"En ningún período del año judicial está esta corte en receso. Su trabajo es continuo. Su labor diaria, acreditada por las actas, es grande y difícilmente superada por la de cualquier otra corte de análoga jurisdicción en la isla, aún considerando la de aquellos tribunales integrados por más de un magistrado. En esa labor in-cluye la vista de asuntos de derecho penal ante y sin jurado, de casos por delitos menos graves, originales de esta corte y apelados a la misma de las municipales del distrito, así como todo el mo-vimiento de casos civiles de jurisdicción voluntaria, en rebeldía y contenciosos, incluyendo todos los incidentes que surgen durante la sustaneiación de dichos casos y que requieren en la mayoría de las ocasiones vista y resolución separada. El despacho de esos asuntos responde a un orden que obedece a prescripciones de ley y de las re-glas del tribunal, siguiendo el cual se señalan los casos con arreglo al orden de radicación de los mismos (casos criminales), o al surgi-miento de la contienda (casos civiles), en cada período respectivo suce-sivo, salvo lo preceptuado en la ley con referencia a los acusados que no hayan podido prestar fianza y cuyos casos se encuentran entre aquéllos a ser señalados durante cualquiera de dichos períodos. Ese orden no se altera sino en aquellas ocasiones en que un acusado hace petición especial de que su caso se señale anticipadamente para hacer declaración de culpabilidad. Fuera de esta excepción, ninguna otra se establece. Ante tal situación, y con pleno conocimiento de los hechos que determinan y constituyen las actividades de esta Corte, por ella conocidos; y considerando- que en vista de ello este caso no ha sufrido dilación alguna que no haya sido la misma de todos los demás, que se hallan en idénticas condiciones, no existiendo ausencia de justa causa para ello, se declara sin lugar la moción del acusado solicitando el sobreseimiento y archivo de este caso, el cual será se-ñalado en su oportunidad.”

Y, por último, que el peticionario, que desde la radicación de la acusación había estado dispuesto a someterse a juicio y había reclamado su derecho a un juicio rápido de su causa, pedía a esta Corte Suprema que interviniera y ordenara a la corte de distrito por medio de un auto perentorio de mandamus el sobreseimiento del proceso, ya que los hechos que alegaba demostraban una clara infracción del artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal por su juez, que se excedió en su discreción al negarse a cumplir lo ordenado por la ley.

Seguidamente esta corte fijó el 10 de enero, 1938, para que la parte demandada compareciera a exponer las razones que pudieran existir para la no expedición del auto.

En la fecha' fijada comparecieron el peticionario por su abogado y el fiscal de esta corte y advirtiéndose que no se había entregado copia de la petición al demandado, se trans-firió la audiencia para el lunes siguiente 17 de enero. Am-bas partes solicitaron que se pospusiera para el 24 en cuyo día comparecieron y el fiscal a nombre del demandado se allanó a que el auto se expidiera.

La ley es clara y la jurisprudencia abundante. Véase la nota al artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal (ed. de 1935). El exceso de trabajo no es por sí solo fundamento bastante para dejar de cumplir -el mandato del legislador. Medidas pueden adoptarse que revelen la vo-luntad de la Corte de acatarlo y la imposibilidad material en que luego se encontró de cumplirlo. No ya 120 días si que 340 transcurrieron sin que la corte de distrito tomara acción alguna con respecto al juicio de la causa pendiente ante ella a virtud de la acusación que contra el peticionario formulara el fiscal cuando se hizo la petición de sobreseimiento, ni bay noticia de que después de pedido y negado el sobreseimiento y archivo de la causa fuera señalada para juicio y eso ocu-rrió como sabemos en agosto de 1937. Todo revela una fla-grante violación del derecho constitucional del acusado, regu-lado en su extensión por el estatuto. Y el mcmdamus expe-dido por esta corte cabe para hacer valer ese derecho. Dyer v. Rossy, 23 D.P.R. 772.

Procede la expedición del auto perentorio solicitado.

El Juez Asociado señor Córdova Dávila no intervino.