author: El Juez Asociado Señob, De Jesús

text:
    Elisa Campos Delgado, Angelita, Fernando y José Antonio González Campos, demandantes, apelantes y apelados, v. Central Cambalache, Inc., y Juan González Campos, demandados, apelados y apelante la primera.
    Núm. 8815.

    Sometido: Enero 20, 1944.

      Resuelto: Julio 28, 1944.

      A. Beyes Delgado, P. Santos Borges y Luis Mercader, abogados de los demandantes, apelantes y apelados; G. Zeno Sama y Francisco M. Gadilla, abogados de Central Cambalache, Inc., demandada, apelada y apelante.
   El Juez Asociado Señob, De Jesús

emití# la opinión del tribunal.

Por escritura de 14 de abril de 1920 Fernando González Cabeza hipotecó, con el consentimiento expreso de su esposa Elisa Campos, varias fincas de su propiedad a favor de la Central Cambalache, Inc., en garantía de un préstamo por la cantidad de veinticinco mil dólares. Se obligó a pagar la deuda en plazos anuales de cinco mil dólares con interés al ocho por ciento anual, venciendo el primer plazo el 30 de julio de 19¿1 y los otros sucesivamente el mismo mes y día de cada año subsiguiente hasta el año 1925, en que vencería el último de dichos plazos. Se convino que vencidos dos plazos de capital o dos anualidades de intereses sin efec-tuarse puntualmente su pago, se consideraría vencida la to-talidad de la deuda.

Por otra escritura de 22 de mayo de 1920 González Ca-beza y su esposa constituyeron otra hipoteca a favor de la misma central en garantía de otro préstamo por la cantidad de catorce mil dólares. Se estipuló que la cantidad adeu-dada se satisfaría en el término de seis años (dos mil dóla-res el 22 de mayo de 1921, y dos mil cuatrocientos dólares en el mismo mes y día de los años 1922 hasta el 1926 inclusive), con intereses al nueve por ciento anual pagaderos por anua-' lidades vencidas en el domicilio de la acreedora. Se convino que si el deudor dejare de pagar dos plazos consecutivos de capital e intereses, se consideraría vencida la deuda.

González Cabeza falleció el 31 de mayo de 1923, suce-diéndole su viuda en la cuota usufructuaria y sus hijos Juana María de los Angeles, Fernando, Juan y José Antonio Gon-zález Campos. Su madre Juana Cabeza de Madero recibió por concepto de legado el usufructo del tercio de libre dis-posición, habiendo sido nombrada como su sustituía la her-mana del testador, Guillermina González Cabeza.

Vencidos los dos créditos hipotecarios, y habiendo satis-fecho los deudores solamente la suma de $628.99 a cuenta de ellos, el 18 de diciembre de 1925 la central radicó en la corte inferior el pleito número 8597 en cobro de dinero contra Elisa Campos Delgado y sus hijos, suplicando una sentencia por la cantidad de $56,574.07, con intereses hasta su pago total, más costas, gastos y honorarios de abogado. En el empla-zamiento que se expidió el secretario expuso lo siguiente:

“Y se notifica a ustedes que de no comparecer a contestar dicha demanda ... la demandante podrá obtener una sentencia de acuerdo con lo solicitado en la demanda.”

No comparecieron los demandados y el secretario regis-tró una sentencia en rebeldía, y el 26 de agosto de 1926 fueron vendidas globalmente en pública subasta las fincas hipotecadas, las cuales fueron adjudicadas por la cantidad de $56,574.07 a la sociedad Oliver, Matienzo & Co., S. en C., otorgándose la escritura de venta judicial el dos de septiem-bre siguiente.

Por escritura de 26 de agosto de 1927 los hijos mayores de edad de González Cabeza y su viuda, por sí y como ma-dre con patria potestad sobre el menor José Antonio, ven-dieron por el precio de $28,675 a la mencionada sociedad una plantación de caña de azúcar de doscientas cuerdas más o menos que tenían sembrada en las fincas subastadas, ape-ros de labranza y bienes semovientes, reteniendo la compra-dora la cantidad de $9,625.78 que los vendedores adeudaban a la central por concepto de refacción agrícola. Luego de consignar la venta, se estipuló lo siguiente en la cláusula “D” de la escritura:

“Es expresamente convenido que doña Elisa Campos y sus hijos renuncian y traspasan voluntariamente cuantos más derechos pudie-ran tener en las fincas propiedad de Oliver, Matienzo y Compañía, adquiridas por compra en subasta pública y especialmente el derecho de homestead que tuvieran en las mismas, cuya renuncia se hace a favor de Oliver, Matienzo y Compañía, en consideración también a la cantidad recibida por aquéllos, de acuerdo con la Ley aprobada en doce de marzo de mil novecientos tres.”

A virtud de la citada escritura de 26 de agosto de 1927 correspondió a la viuda $8,250 por su participación en los bienes vendidos, y $2,062.50 a cada uno de los hijos, pero como no se babía obtenido la aprobación judicial del contrato celebrado en cuanto al menor respecta, su participación fué depositada en el American Colonial Bank a nombre de su madre y del fiscal de la Corte de Distrito de Arecibo, hasta que se consiguiera la aprobación judicial. No fué hasta que se otorgó esta escritura que la viuda e hijos de González Ca-beza entregaron a la sociedad las fincas que le fueron adju-dicadas en la venta judicial.

Por escritura de 3 de octubre de 1927 Guillermina Gon-zález Cabeza, quien por haber muerto su madre la sustituyó como usufructuaria en el tercio de libre disposición, vendió a la sociedad el usufructo por la cantidad de quinientos dó-lares.

Y por último, por escritura de 11 de enero de 1932 la so-ciedad, en satisfacción de sus deudas con la central, le dió en pago todas las fincas que poseía, entre las cuales se ha-llaban las • reclamadas por los demandantes.

Diez años más tarde, a fines de 1941 o a principios de 1942 Elisa Campos Delgado y sus hijos, con excepción de Juan, quien por no querer unirse a los demandantes fué hecho parte demandada, radicaron en la corte inferior un pleito contra la central sobre nulidad de la sentencia dictada en el pleito 8597, reivindicación y daños y perjuicios. En la demanda se exponen dos causas de acción. En la primera se describen las fincas que a virtud del pleito 8597 adquirió la sociedad. Se alega que ésta actuaba en interés y para beneficio de la-central, siendo sus socios Andrés Oliver Roses y José Matienzo Lezcano, presidente y vicepresidente respectivamente de la Central Cambalache, Inc.; que siendo ésta una corporación agrícola, las dos escrituras de hipoteca otorgadas a su favor eran nulas a virtud de la prohibición contenida en la sección 3 de la Resolución Conjunta aprobada el 1 de mayo de 1900 por el Congreso de los Estados Uni-dos, incorporada después en la vigente Ley Orgánica, ar-tículo 39; que la sociedad actuaba como una entidad jurídica para facilitar la violación de la prohibición antes referida, y que como la adjudicación que a favor de la sociedad se hizo en el acto de la subasta era simulada, toda vez que, la que en verdad compró las fincas fué la central y ésta no podía adquirirlas legalmente, la adjudicación fué nula; que desde que las fincas fueron entregadas a la sociedad, la central las ha venido poseyendo y cultivando como suyas; y que los de-mandantes han solicitado de la central que les entregue la posesión de las fincas, a lo cual se ha negado.

Como segunda causa de acción se alegó que desde el 2 de septiembre de 1926 la central ha venido explotando las fincas, sembrándolas de frutos menores, pastos y caña que ha convertido en azúcar y mieles, y ha recibido beneficios de la Administración de Ajuste Agrícola por las cañas dejadas de sembrar o las dejadas de cortar; que lo producido por las fincas después de pagar los gastos de explotación, contri-buciones sobre la propiedad y seguro de cosecha, asciende a la cantidad de $125,000; y que los demandantes han reque-rido a la central para que les entregue las fincas y les pague la suma de $125,000 por concepto de frutos líquidos, a lo cual se ha negado. Termina la demanda con súplica de una sen-tencia que declare:

(1) Que es inexistente la adjudicación de las fincas en pública subasta hecha a la central por conducto de la socie-dad, y que son nulas las escrituras otorgadas con motivo de dicha venta por las siguientes razones: (a) porque la central no tenía capacidad legal para adquirir las fincas cuando se otorgó- la escritura de venta judicial a favor de su instru-mento la sociedad, ni tampoco la tuvo más tarde cuando- la sociedad le traspasó las fincas ni la tiene en la actualidad; (b) porque la sentencia a virtud de la cual se ordenó la venta en pública subasta es nula y sin ningún valor, toda vez que el emplazamiento no cumplió con los requisitos de ley, siendo éste por consiguiente nulo e inexistente, y consecuentemente el secretario carecía de facultad para registrar la sentencia en rebeldía; y (c) porque los actos realizados para trans-ferir los títulos de los demandantes a la central fueron so-bre la base de que las fincas serían hipotecadas a The Federal Land Bank of Baltimore para beneficio de la sucesión demandante;

(2) Que la central debe dejar las fincas a la libre dispo-sición de los demandantes;

(3) Que la central debe pagar a los demandantes la suma de $125,000 por concepto de frutos líquidos, con los intere-ses correspondientes al seis por ciento desde la fecha en que se dicte sentencia hasta su total pago; y

(4) Que se impongan costas-, gastos y honorarios de abo-gado a la demandada.

Oídas las partes, la corte inferior declaró que eran váli-das las hipotecas otorgadas a favor de la central; que el título que ésta había adquirido al transferirle la sociedad las fincas solamente podía ser anulado por El Pueblo de Puerto Pico, y que los demandantes no tenían derecho a atacar el título de la central, pero que la adjudicación que se hizo a la sociedad era nula porque (1) el emplazamiento adolecía del defecto de no expresar la cantidad por la cual la central podía obtener sentencia en caso de que los demandados no contestaran la demanda, (2)'al registrarse la sentencia en rebeldía el secretario erróneamente condenó a los demandados a pagar intereses de mora al mismo tipo que se había con-venido para la obligación, a pesar de que en las escrituras de hipoteca no se estipularon intereses de mora, y (3) en el mandamiento de ejecución, contrario a lo convenido ■ en la escritura de hipoteca de veinticinco mil dólares y a lo decretado en la sentencia, se ordenó ejecutar en sa-tisfacción de los intereses computándolos a razón de nueve por ciento anual en vez de ocho por ciento como se estipuló en el contrato de hipoteca. Sin embargo, resolvió la corte que a virtud de la escritura de 26 de agosto de 1927 la viuda y sus hijos mayores de edad habían ratificado la venta judicial efectuada en el pleito 8597, y por consiguiente estaban impedidos, de alegar su nulidad, pero que en cuanto al me-nor la referida, escritura no tuvo el efecto de ratificar' la venta judicial, porque en ningún momento fue sometida a la aprobación judicial. Sostuvo además' que aunque con lo's $2,062.50 que correspondieron al menor adquirió .éste una casa, la cual hipotecó después de haber llegado a la mayori-dad, tales transacciones no tuvieron el efecto de ratificar im-plícitamente la venta judicial, porque la cantidad de $2,062.50 recibida por el menor procedía del precio de venta de los bienes muebles a que antes se ha hecho referencia. Por último declaró la corte inferior que la central ni directa ni indirectamente había engañado o coaccionado a los ahora, demandantes para conseguir que no se defendiesen.

A base de estas conclusiones la corte dictó sentencia de-clarando la demanda con lugar en cuanto al demandante José Antonio González Campos y sin lugar en cuanto a los de-más. Condenó a la central a devolver al referido deman-dante un condominio de una octava parte en cada una de las fincas, sujetos los condominios a las disposiciones del testa-mento de González Cabeza en cuanto al usufructo que legó a su madre y que en sustitución de ésta adquirió su hermana Guillermina; y si la central no pudiese poner los condomi-nios a la disposición del referido demandante, a pagarle su importe en dinero, debiendo someter a la corte la solicitud de valoración en caso de que no llegaren a un acuerdo. La condenó además a pagar al demandante una octava parte de la cantidad de treinta y nueve mil dólares que ha sido fijada como valor de los bienes muebles transmitidos por la escri-tura de 26 de agosto de 1927, debiendo deducirse de esa oc-tava parte la cantidad de $2,062.50 que fué depositada en el banco a disposición del demandante a virtud de lo estipulado en la mencionada escritura. Ordenó la corte que la central venía obligada a pagar al demandante dos tercios de una oc-tava parte de $96,000, que era lo que podía reclamar como frutos líquidos de las fincas desde el 1927 en adelante, te-niendo en cuenta las disposiciones del testamento de su padre sobre el usufructo del tercio de libre disposición. Final-mente la condenó a pagar a este demandante las costas y dos mil dólares de honorarios de abogado.

Los demandantes, con excepción de José Antonio Gonzá-lez Campos, apelaron de la sentencia. También apeló la central demandada en cuanto al pronunciamiento que se hizo a favor de José Antonio González Campos.

. Las cuestiones a resolver en el presente recurso son:

I. ¿Podía la central obtener título válido sobre las tie-rras que pertenecieron a González Cabeza, a pesar de lo dis-puesto en la sección 3 de la Eesolución Conjunta aprobada el 1 de mayo de 1900 por el Congreso de los Estados Unidos?

II. Suponiendo que la central hubiere adquirido título válido contra González Cabeza y sus causahabientes, ¿fue nulo el procedimiento judicial a virtud del cual los ahora demandantes fueron desposeídos del título que tenían sobre las fincas?

III. En el supuesto de que el procedimiento indicado fuese nulo, ¿hubo ratificación por parte de los ahora demandantes?

I

No existió impedimento legal alguno para concertar los préstamos hipotecarios entre la central y González Cabeza. La sección B de la' Resolución Conjunta aprobada el 1 de mayo de 1900 expresamente autoriza a las corporaciones a efectuar préstamos con garantías sobre bienes raíces y a adquirir éstos cuando sea necesario para el cobro de los préstamos, sujeta la adquisición a la condición de que la corporación deberá disponer de los bienes raíces así obtenidos dentro de los cinco años de haber recibido el título de propiedad de los mismos. Como muy bien dijo el juez de la corte a quo, si la central podía adquirir directamente los bienes con la condición indicada, también podía adquirirlos indirectamente por conducto de sú instrumento Oliver, Ma-tienzo & Cp., S. en C. Debemos, pues, concluir que en lo que a la Resolución Conjunta respecta, la central adquirió un tí-tulo válido. Es verdad que desde la fecha en que se adjudi-caron los bienes a la sociedad — 26 de agosto de 1926 — y aun prescindiendo de esa fecha y tomando como punto de par-tida el once de enero de 1932, cuando la sociedad los dió en pago a la central, hasta la radicación de la demanda original en el presente. caso — a fines del año 1941 o a principios del 1942 — había transcurrido con exceso el plazo de cinco años dentro del cual la central debió deshacerse de las fin-cas. Pero esa violación de la ley no confería a los deman-dantes derecho alguno para solicitar la declaración de nuli-dad del título y la reivindicación de los bienes con los fru-tos producidos o debidos producir. El título que sobre los bienes raíces pueda tener una corporación en violación de la ley es válido contra todo el mundo excepto contra El Pueblo de Puerto Rico, y mientras éste no ejercite el procedimiento correspondiente contra la corporación, no sólo retiene ella un título válido si que puede transmitirlo válidamente a cualquiera otra persona. Compañía Azucarera, etc. v. Registrador, 19 D.P.R. 152; Compañía Azucarera del Toa v. Registrador, 19 D.P.R. 759; Baetjer v. Registrador, 48 D.P.R. 647; Louisville School Board v. King (Ky., 1908), 107 S. W. 247, 15 L.R.A. (N. S.) 379; Abrams v. State, 88 Pac. 327, 9 L.R.A. (N. S.) 186; 7 Fletcher Cyclopedia Corporations, Edición Permanente, 1931, sección 3511; 4 Thompson on Corporations, Tercera Edición, sección 2900; Monografía en 37 A.L.R. 204; Myers v. Croft, 80 U. S. 291; Christian Union v. Yount, 101 U. S. 352, 361, y Britts v. Palmer, 132 U. S. 282. En los casos de Myers, supra, y de Christian Union, supra, se resolvió que vendida propiedad inmueble a una corporación, adquiriéndola ésta en violación de la ley, ni'el vendedor ni sus cansahabientes tienen derecho a recla-mar la propiedad así adquirida por la corporación.

La Resolución Conjunta de primero de mayo de 1900 no estableció el remedio para hacer efectiva la prohibición de poseer tierras en exceso de quinientos aeres. Fué necesario que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico lo crease por la Ley núm. 47 de 7 de agosto de 1935 (Sesión Extraordina-ria, pág. 531), la cual enmendó las secciones 2 y 6 de la Ley Estableciendo el Procedimiento del Quo Warranto aprobada el 1 de marzo de 1902.

La constitucionalidad de la ley de 1935 fué sostenida en los casos de Pueblo v. The Fajardo Sugar Co. of P. R., 50 D.P.R. 163, y 51 D.P.R. 876, y Pueblo v. Rubert Hermanos, Inc., 53 D.P.R. 779, siendo este último confirmado por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el de Puerto Rico v. Rubert Co. (1940), 309 U. S. 543, 84 L. Ed. 916.

Se observará que aún El Pueblo de Puerto Rico, al con-fiscar o vender en pública subasta los bienes de la corpora-ción que ha violado la resolución conjunta antes mencionada, no puede privarla de los bienes sino mediante el pago de la indemnización correspondiente en la forma establecida por la Ley de Expropiación Forzosa. Parece injusto, además, que los demandantes, después de haber obtenidd. su causante los dos préstamos hipotecarios, retengan el montante de los dos préstamos y recobren las fincas con más los frutos pro-ducidos o debidos producir durante el tiempo en que las po-seyó la corporación.

A nuestro juicio no cometió error la corte sentenciadora al declarar que, de conformidad con la resolución conjunta y las decisiones de esta corte, la central podía adquirir título válido contra los demandantes.

II

Cuando a nuestro juicio erró la corte sentenciadora fué al declarar que la sentencia registrada por el secretario en el caso 8597 era nula por infringirse en el emplazamiento el inciso 4 del artículo 89 del Código de Enjuiciamiento Civil.

El emplazamiento que se expidió en el pleito 8597, en lo pertinente dice:

“Por la presente se notifica a ustedes que se ha presentado en la oficina del secretario de la Corte de Distrito de Arecibo del Distrito Judicial de Arecibo, Puerto Rico, la demanda del actor antes citado, en la cual solicita de la corte dicte sentencia condenando a los de-mandados al pago de $56,574.07, importe total de dos préstamos con sus intereses convenidos, a saber: uno por $25,000 hecho por la de-mandante a Fernando González Cabeza y esposa Elisa Campos por escritura 45 de 14 de abril de 1920, ante el notario Santiago B. Palmer, para ser pagado con interés del ocho por ciento anual, en tér-mino de 5 años, divididos en cinco plazos iguales, vencederos cada uno en los días 30 de julio de los años 1921 hasta el 1925 inclusive; y el otro por $14,000, hecho por la misma demandante a los mismos González Cabeza y su esposa Elisa Campos, por escritura número 5 otorgada en Arecibo el 22 de mayo de 1920, ante el notario Agraít, cuya cantidad se obligaron a pagar en seis años, con intereses al 9 por ciento anual, vencederos en esta forma: $2,000 el 22 de mayo de 1921, y $2,400 en cada uno de los días 22 de mayo de los años 1922, 1923, 1924, 1925 y 1926. Se estipuló en el primer préstamo que vencidos dos plazos de capital o dos anualidades de intereses, sin pagarse, vencería toda la deuda y sería exigible la misma y en el se-gundo fué convenido que si se dejaban de satisfacer dos plazos con-secutivos de capital e intereses se entendería vencida toda la deuda y sería exigible. Los demandados han pagado solamente $628.99. Se pide también a la corte condene a los demandados al pago de sus intereses hasta el día de su pago al tipo convenido, condenándolos así mismo a pagar las costas, gastos y honorarios de abogado. Es abogado de la demandante el Sr. José R. Aponte, con oficina en la calle Dr. Coll y Tosté Núm. 2 de Arecibo, P. R.
“Y se notifica a ustedes que de no comparecer a contestar dicha demanda dentro de los diez días de notificados, si la notificación se hiciere en el distrito, y dentro de los veinte si se hiciere fuera del distrito, pero en la Isla de Puerto Rico, y dentro de los cuarenta días si se hiciere en otra parte, la demandante podrá obtener una sen-tencia de acuerdo con lo solicitado en la demanda.” (Bastardillas nuestras.)

Como podrá verse de su texto, el emplazamiento suminis-tró toda la información necesaria para que el secretario pu-diera registrar la sentencia al no comparecer los demanda-dos. En el emplazamiento se consigna en total la cantidad reclamada, $56,574.07, y en detalle los factores que la com-ponen. El único defecto que contiene es que en su último párrafo anteriormente transcrito el secretario no repitió la cantidad por la cual la demandante obtendría sentencia en caso de que los demandados no comparecieran, limitándose a decir que “la demandante podrá obtener una sentencia de acuerdo con lo solicitado en la demanda. ’ ’ Ni siquiera tenía que hacer el secretario un cálculo aritmético para determi-nar el montante de la sentencia, pues como hemos indicado la cantidad reclamada aparecía expuesta al principio del emplazamiento.

En el caso de Freiría & Co. v. R. Félix Hermanos & Co., 20 D.P.R. 159, la mercantil Freiría y Cía., S. en C., demandó a S. Félix Hermanos y Cía. en cobro de la cantidad de $1,245.15. La sociedad demandada fué emplazada en Caguas el 15 de febrero de 1909 en la persona de Román Félix Aponte, su único gestor. La parte demandada no radicó con-testación y la demandante solicitó que se anotara su rebel-día y se registrara sentencia en su contra. El 3 de marzo de .1909 se anotó la rebeldía y se registró la sentencia, con-denando a la sociedad demandada a pagar a la demandante la suma por ésta reclamada. El 27 de mayo de 1909 se expi-dió mandamiento de ejecución, y el 10 de septiembre de 1910 el márshal de la Corte de Distrito de Humacao lo cumpli-mentó embargando ciertas propiedades del demandado Roman Félix, a quien notificó el embargo. El 28 de junio de 1912 se celebró la subasta de los bienes embargados, siendo adjudicados a la demandante. El 15 de abril de 1913 com-pareció en el pleito la demandada “solamente,a los efectos de pedir la nulidad del emplazamiento expedido” por el fundamento de no contener el requerimiento que ordena la ley, y oídas ambas partes la corte, por resolución de 19 de abril de 1913 declaró nulo el emplazamiento y las actuacio-nes posteriores. Notificada la resolución el 12 de mayo de 1913 al abogado de la demandante, éste al día siguiente in-terpuso recurso de apelación. Este tribunal, por voz de su entonces Juez Asociado señor Del Toro, revocó la orden apelada y desestimó la solicitud del demandado. Luego de baeer un estudio de la jurisprudencia de esta corte y de la de California, se expresó así:

“Una inspección del legajo de la sentencia en este eqso muestra el defecto que hemos apuntado, esto es, que el emplazamiento no cumple literalmente con la ley, pero no muestra que la corte de distrito dejara de adquirir jurisdicción sobre la persona del deman-dado. Este fué en realidad de verdad emplazado personalmente y notificado de las pretensiones del demandante, de su obligación de comparecer ante una determinada corte dentro.de un plazo fijado y de lo que podía oeurrirle si no comparecía. Al hacérsele esta última advertencia no se cumplió estrictamente eon la ley, mas como el demandado no pidió a la corte de distrito dentro del término en que se dictó la sentencia o dentro del plazo de seis meses que fija el ar-tículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, que dejara sin efecto la sentencia, y, personalmente notificado en septiembre de 1910 del embargo trabado en la ejecución de la sentencia, tampoco, dentro de un período razonable, pidió que se le eximiera de los efectos de la sentencia, es necesario concluir que la solicitud del demandado hecha el 15 de abril de 1913, se presentó demasiado tarde para que pueda ■prosperar en una corte de justicia.
‘Cuando una sentencia es enteramente nula por falta de juris-dicción, el poder de la corte para dejarla sin efecto no está limitado al término en el cual se dictó, sino que puede ejercerse en un término posterior. Y esto se aplica lo mismo cuando la falta de jurisdic-ción es por razón de la materia que por razón de las partes. Pero esta regla no se aplica a meros errores e irregularidades; y defectos e irregularidades con respecto a la jurisdicción que hagan la senten-cia anulable a lo sumo, no pueden servir de fundamento para anular la sentencia en un término posterior, especialmente cuando ha sido consentida por las partes por un considerable período de tiempo.’ 23 Cyc., 905 y 906 y autoridades citadas.
“-‘Una parte que tiene conocimiento de una sentencia dictada en contra suya debe ejercer diligencia razonable en procurar que se deje sin efecto, y su dilación inexcusable en hacer la solicitud, siendo igual a negligencia, será motivo bastante para que la corte rehúse conceder el remedio solicitado, especialmente cuando el dejar sin efecto la sentencia causaría molestias no usuales a la parte contraria, o cuando están envueltos derechos de terceros.’ 23 Cyc., 909 y 910 y autoridades citadas.
“En el caso de Bronson v. Schulten, 104 U. S. 410, en el cual la Corte Suprema de los Estados Unidos revocó una sentencia dictada por la Corte de Circuito de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York, por virtud de la cual la dicha corte de circuito anuló una sentencia que había pronunciado hacía diecisiete años, después de un cuidadoso estudio de las facultades de las cortes de justicia en caso de tal naturaleza, dice la corte: ‘También es un principio de equidad de los que más se alegan, que deberá la parte que trata de obtener un remedio en un caso como el presente, emplear la debida diligencia en ejercitar sus derechos, y que tanto la negligencia como el abandono en tal respecto, constituyen iguales obstáculos para el ejercicio del remedio.’ ”

En el caso de Ramos v. Sellés Casas & Co., 37 D.P.R. 604, que era un pleito en cobro de dinero, Santiago Iglesias Silva fué incluido como demandado. Fue emplazado y no compa-reció, dictándose sentencia en su contra. Apeló de la sen-tencia y alegó la nulidad del emplazamiento, fundándose en que sólo lo apercibía de que de no comparecer “podrá [el demandante] obtener una sentencia de acuerdo con la sú-plica de la demanda.” Este tribunal revocó la sentencia en cuanto a Iglesias porque el emplazamiento no se ajustaba al estatuto. Como podrá verse, el caso de Ramos se distingue del de autos en que allí Iglesias apeló inmediatamente de la sentencia dictada en su contra, señalando como motivo de error la nulidad del emplazamiento.

En el caso de Martínez v. Figueroa, 50 D.P.R. 951, se trataba de un pleito de desahucio en el cual se planteó la nulidad de la sentencia del pleito en cobro de dinero contra el causante de los posteriormente demandados en el caso de desahucio, por la cual sentencia derivó su título el deman-dante. En el pleito en cobro de dinero el emplazamiento no especificó la suma por la cual se dictaría sentencia en caso de no comparecer el demandado. Se exponía en el empla-zamiento cpie se habían pactado honorarios de abogado, sin especificar su importe, y el secretario dictó sentencia en re-beldía no obstante tratarse de una cantidad que no era lí-quida. Se resolvió por este Tribunal que la sentencia dic-tada en rebeldía era nula.

En el caso de autos ya hemos visto que el emplazamiento especificaba la cantidad reclamada en la demanda, si bien al final del mismo no la repetía, limitándose a expresar que en caso de no comparecer los demandados, la demandante ob-tendría sentencia de acuerdo con lo solicitado en la demanda. El emplazamiento en el pleito seguido por la central contra los ahora demandantes fué expedido el 18 de diciembre de 1925, y diligenciado por el márshal tres días después. La sentencia en rebeldía fué registrada el 1 de febrero de 1926. La nulidad del emplazamiento se viene a pedir alrededor de dieciséis años después que se registró la sentencia en rebel-día. A nuestro juicio es de perfecta aplicación el caso de Freiría & Co. v. R. Félix Hermanos & Co., supra.

El error que sufrió el secretario con respecto a los intereses, tanto al registrar la sentencia en rebeldía como al ex-pedir el mandamiento de ejecución, no invalida el procedimiento. Lo sucedido con respecto a los intereses es lo que los romanos denominaban plus petitio, es decir, el defecto en que incurría el demandante cuando en su demanda reclamaba más de lo que realmente le adeudaba el demandado. En el derecho romano prevalecía la regla al efecto de que cuando el demandante dolosamente reclamaba una cantidad mayor que la que se le adeudaba, no sólo no podía obtener la cantidad que en exceso reclamaba, si que perdía lo que realmente le adeudaba el demandado. Este principio del derecho romano fué incorporado en las Leyes 42, 43, 44 y 45 del Tí-tulo II de la Partida Tercera. Se observará que. aún en el derecho antiguo, para que la reclamación de una cantidad mayor que la adeudada perjudicase al demandante, era pre-ciso que éste al así reclamarla lo hiciese dolosamente. Ese principio de ley en el vigente derecho español no tiene el alcance que tenía en el antiguo. En España en la actuali-dad, como se dice en el tomo XXI de la Enciclopedia Jurí-dica Española, pág. 831, la plus petición es una excepción perentoria que se puede oponer a la demanda para reducirla a sus justos límites, y la única pena que apareja si se de-muestra que el demandante se excedió voluntaria y conscien-temente en su reclamación, es la condena de costas como san-ción de su temeridad. En Puerto Rico, no tratándose de un pleito sobre cobro de hipoteca por el procedimiento ejecutivo sumario, al apelarse de la sentencia que concede más intere-ses que los convenidos, lo que procede no es ni siquiera su revocación, sino su modificación para ajustarla a sus justos límites, según se resolvió por este tribunal en el caso de Muñoz v. Nieves, 53 D.P.R. 349.

T por último, el hecho de que en la orden de ejecución en el referido pleito 8597 no se hubiere requerido al márshal que hiciera efectivo el fallo en la propiedad personal de los deudores y si ésta no fuere suficiente en la propiedad inmueble perteneciente a los mismos, conforme dispone el inciso 1 del artículo 240 del Código de Enjuiciamiento Civil, no afecta la validez de la sentencia porque según consta de los autos, sin ser controvertido por los demandantes, en el acto de la subasta compareció el abogado Lens Cuena a nombre de los ahora demandantes y solicitó que por entenderlo beneficioso para sus clientes, se vendieran los bienes inmuebles globalmente y no por fincas separadas. A nuestro juicio, esa irregularidad en una orden de ejecución que hace tantos años fné expedida y diligenciada, además de haber sido alegada tardíamente, quedó subsanada por la’ actuación del abogado en representación de los entonces demandados.

III

La conclusión a que hemos llegado respecto a la. validez del título de la central sobre los bienes inmuebles nos releva de determinar si la escritura de 26 de agosto de 1927 tuvo el efecto de ratificar dicho título.

En lo que a la venta de los bienes muebles respectares indudable que la viuda y los hijos entonces mayores de edad transmitieron a Oliver, Matienzo & Co., S. en (I, un título válido que la sociedad a su vez traspasó a la central. Pero como al venderse los bienes muebles José Antonio González Campos era menor de edad y en ningún momento se obtuvo la correspondiente autorización judicial, debemos determinar si en lo que a él se refiere hubo ratificación respecto a la venta do los bienes muebles. Ya hemos visto que los $2,062.50 que le correspondieron por concepto de la venta de los bie-nes muebles fueron depositados en el banco a nombre de su madre y del fiscal de distrito; que previa autorización judicial, de esa suma se invirtieron dos mil dólares en una hipo-teca, que ésta fué más tarde cancelada y su importe inver-tido en una casa a nombre del menor; y por último que siendo ya José Antonio González Campos mayor de edad, constituyó hipoteca sobre esa casa en garantía de un prés-tamo de quinientos dólares que recibió de Domingo Toledo. En tales circunstancias, no podemos convenir con la corte sentenciadora en que esta conducta por parte de José Antonio González Campos no constituye una ratificación de la venta de su participación en los bienes muebles. La hipo-teca por él constituida equivalió a la confirmación tácita a que se refiere el artículo 1263 del Código Civil.

Procede, por lo expuesto, confirmar la sentencia en cuanto declaró sin lugar la demanda en lo que respecta a los demon- dantes Elisa Campos Delgado y Juana Mafia de los Ange-les y Fernando Gonzalez Campos, y revocarla en cuanto de-claró con lugar la demanda en lo que a José Antonio Gon-zález Campos se refiere; y en su consecuencia dictar la sen-tencia que debió dictar la corte inferior, es decir, declarar sin lugar la demanda con costas a los demandantes.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.

      (1) La parte dispositiva de la sentencia dice:
      “Por tanto, habiéndose hecho constar la rebeldía de los demandados, y tra-tándose de un pleito que nace de un contrato sobre pago de dinero, procedo a anotar en el récord de la corte la sentencia por la cual los demandados Elisa Campos, Juana María de los Angeles, Eernando, Juan y José González Campos son condenados a pagar a la corporación demandante, Central Cambalache, Inc., la suma especificada en la citación de cincuenta y seis mil quinientos setenta y cuatro dólares con siete centavos, importe total a que ascienden los dos prés-tamos antes referidos con sus intereses estipulados, así como los intereses que se devenguen a los tipos convenidos hasta el día de su pago y las costas del pleito. ’ ’ (Bastardillas nuestras.)

      (2) La demanda enmendada que aparece en los autos está fechada el 9 de febrero de 1942, 7 no hay constancia de la fecha en que se presentó la demanda original.

      (2a) La disposición contenida en la sección 3 de la Eesolución Conjunta arriba citada dice lo siguiente:
      “Ninguna corporación estará autorizada para efectuar negocios de compra y venta de bienes raíces; ni se le permitirá poseer o tener diclia clase de bienes a excepción de aquellos que fuesen racionalmente necesarios para poder llevar adelante los propósitos a que obedeció su creación; y, en lo sucesivo, el dominio y manejo de terrenos de toda corporación autorizada para dedicarse a la agri-cultura, estarán limitados, por su carta constitutiva, a una cantidad que no exceda de quinientos acres; y esta disposición se entenderá en el sentido de impedir a- cualquier miembro de una corporación agrícola que tenga interés de ningún género en otra sociedad de igual índole.
      ■ “Podrán, sin embargo, las corporaciones efectuar préstamos, con garantías sobre bienes raíces, y adquirir éstos cuando sea necesario para el cobro de los préstamos; pero deberán disponer de dichos bienes raíces así obtenidos dentro de los cinco años de haber recibido el título de propiedad de los mismos.
      “Las corporaciones que no hayan sido organizadas en Puerto Bico, y que hagan negocios allí, estarán obligadas a cumplir lo dispuesto en este Artículo, hasta donde sea aplicable.”

      (3) El 19 de julio de 1937 se radicó ante este tribunal querella de quo warranto contra la Central Cambalache, Inc., habiéndose dictado el 12 de marzo de 1942 decreto por consentimiento contra ella.

      (4) El mismo principio se ha aplicado en los casos en que corporaciones extranjeras no registradas en Puerto Rico han adquirido bienes inmuebles en esta Isla. La Isabella Grove, Inc. v. Registrador de San Juan, 24 D.P.R. 257, y P. R. Leaf Tobacco Co. v. Registrador de Caguas, 24 D.P.R. 262.

      (5) Las secciones 2 y 6 de la referida Ley de 1 de marzo de 1902, según fueron enmendadas, en lo pertinente dicen:
      “Sección 2. — . . . o cuando cualquier corporación por sí, o a través de cualquier otra entidad subsidiaria o afiliada o agente ejercite derechos o realice actos o contratos en contravención a las expresas disposiciones de la Carta Orgá-nica de Puerto Rico o de cualquiera de sus estatutos, el Fiscal General o cualquier fiscal de distrito, ya obrando por su propia iniciativa, ya a instancias de otra persona, podrá radicar ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, una solicitud para que se instruya información de la naturaleza del Quo Warranto a nombre .de El Pueblo de Puerto Rico; ...
      “Cuando cualquier corporación por sí o a través de cualquier otra entidad subsidiaria o afiliada o agente esté poseyendo ilegalmente, por cualquier título bienes inmuebles en Puerto Rico, El Pueblo de Puerto Rico podrá, a su opción, dentro del propio procedimiento, instar la confiscación de -dichos bienes, a su favor, o su enajenación en subasta pública dentro de un término no mayor de seis meses a contar desde la fecha en que se dicte sentencia final.
      “En todo caso la enajenación o confiscación se hará previa [mediante] la indemnización correspondiente en la forma establecida en la Ley de Expropia-ción Forzosa.”
      “Sección 6.— . . .
      “En todos los casos en que quedare satisfactoriamente probado, a juicio de la corte que la corporación o corporaciones, han realizado actos o ejercitado derechos no conferidos por la ley, o en contravención a las expresas disposiciones de la misma, en la sentencia que recaiga, se decretará la disolución de la entidad demandada, si fuere doméstica, la prohibición de continuar haciendo negoeios en el país, si fuere extranjera, la nulidad de todos los actos y contratos reali-zados por la corporación o entidad demandada, y se decretará además, la can-celación de' los asientos o inscripciones que los mismos hayan producido en los registros públicos de Puerto Rico, y cuando él decreto de nulidad afecte a Menea inmuebles y El Pueblo de Puerto Pico, hubiere optado por su confiscación, o se ordenare la venta en pública subasta, la sentencia final fijará él precio razonable que deba pagarse por los mismos. A estos efectos deberá fijarse él justo valor de los bienes sujetos a enajenación o confiscación en la misma forma fijada en los casos de expropiación forzosa.

      "La infracción de la orden prohibiendo hacer negocios después de dictada sentencia firme será penada con multa máxima de quinientos (500) dólares por cada día que la entidad continuare ejerciendo sus funciones, ejecutable en los bienes de la entidad, y las personas que las representan incurrirán en desacato a la corte castigable con pena mínima de uno a seis meses de cárcel.

        ( ( * * * * # * * *

        Í(A los fines do fijar el valor de los bienes El Pueblo de Puerto KpÍco; por conducto de sus agentes o representantes, queda autorizado para penetrar en las fincas o bienes objeto de controversia cualquiera que sea su naturaleza y condi-ción.” (Bastardillas nuestras.)

      (6) Plus petición incluía la acción de pedir más de lo debido,- en el tiempo, en el modo o en el lugar, o en la cantidad como en el presente caso.

      (7) En California impera la misma doctrina. Shirran v. Dallas, 132 Pac. 454, y Hunt v. Loucks, 38 Cal. 372.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor De Jesús

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text:
    Liggett & Myers Tobacco Company, Inc., peticionaria y apelante, v. Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núm. 8895.

    Sometido: Mayo 2, 1944.

      Resuelto: Julio 28, 1944.

      E. 8. McConnell, abogado de la apelante; Mon. Procurador General Interino Jesús A. González (M. Rodríguez Ramos en el alegato) y P. A. Rodríguez Forteza, Procurador General Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión a resolver en el presente recurso es si me-diante un auto de mandamus el Tesorero de Puerto Eico puede ser compelido a devolver en sellos de rentas internas el valor de los que fueron fijados y cancelados en artículos tribu-tables enviados desde los Estados Unidos a Puerto Eico y destruidos antes de llegar a esta Isla por haber sido hun-dido por acción enemiga el vapor que los traía.

No existe controversia alguna en cuanto a los hechos de este caso. La apelante, dueña de una fábrica de cigarrillos establecida en Eichmond, Virginia, allá para los meses de enero y febrero de 1942 compró al agente del Tesorero de Puerto Rico en Nueva York (Puerto Rico Stamp Agent)- se-llos de rentas internas de las denominaciones de cuatro y ocho centavos por la cantidad total de $71,760, a fin de em-barcar una cantidad de eigarrilos para Puerto Eico. Fijó y canceló la totalidad de los sellos en los paquetes de cigarri-llos, y los embarcó dirigidos a San Juan y Ponce por el vapor Bárbara de la Bull Insular Line, el cual salió de Baltimore, Maryland, allá para el 24 de febrero de 1942. El Bár-bara fué hundido por acción enemiga, y con tal motivo tanto los cigarrillos como los sellos de rentas internas adheridos a los paquetes fueron destruidos. La apelante notificó al de-mandado la pérdida del embarque, y solicitó información so-bre el procedimiento a seguir para lograr la emisión y en-trega de nuevos sellos en sustitución de los perdidos, o en su defecto obtener crédito por su valor. Accediendo a lo so-licitado por la apelante, el jefe del Negociado de Arbitrios del Departamento de Hacienda, en comunicación del 20 de abril de 1942, le indicó los datos y comprobantes que debía suministrar, y el 28 de mayo siguiente la apelante presentó todá la documentación exigida por el Departamento. El 17 de agosto de 1942 el Subtesorero de Puerto Eico notificó a la apelante que su reclamación había sido denegada, moti-vando su decisión la equivocada creencia de que lo que soli-citaba la apelante era el reembolso del precio de los sellos en vez de la emisión y entrega de otros en sustitución de los perdidos. El 7 de diciembre siguiente la apelante pidió al apelado que reconsiderase su resolución, y siete días después la reconsideración fue denegada, expresándose por el Teso-rero como motivo de su negativa que los precedentes que existían en los records del Departamento no eran aplicables al caso de la apelante porque todos ellos se referían a casos en que los sellos habían sido de algún modo mutilados en poder del comprador local. En solicitud de un auto de mandamus acudió entonces la apelante para ante la corte inferior, la cual, luego de oír la prueba y argumentación de las partes, denegó la petición.

Al comenzar el juicio en la corte a quo, la demandante, a preguntas del juez, hizo la siguiente manifestación:

“Admitimos que no bay estatuto aprobado por la Legislatura que' específicamente cubra estos casos, admitimos que no bay reglamento escrito sobre esa materia, pero tenemos una opinión del Attorney General sobre el asunto y además tenemos estos testigos que van a declarar que ésa ha sido la práctica sin interrupción por más de veinte años, de devolver sellos destruidos. ’ ’

A tal extremo descansó la peticionaria para el éxito de sn acción en la alegada práctica .administrativa, qne de ser ésta ilegal o inaplicable a sn caso, la petición de mandamus deberá ser denegada.

Veamos el alcance de la práctica administrativa. Toma-mos de la declaración del testigo de la demandante, Floren-cio Picó, jefe del Negociado de Arbitrios:

“P. ¿Usted podría explicarle a la corte cuál es la práctica, si existe alguna en Tesorería, para la redención de sellos deterioracLos-o dañados? . . .
“. . . R. La práctica que se ha venido siguiendo en Tesorería por algunos años, según tengo entendido, es una práctica rudimentaria. Hay un contribuyente que trae cigarrillos a-Puerto Rico, . . . esos ci-garrillos traen sus sellos de rentas internas pegados. Pasado algún tiempo el contribuyente encuentra que los cigarrillos se han dañado, entonces solicita del Tesorero de Puerto Rico que se le destruyan los cigarrillos esos, para que se le devuelvan los sellos o el equivalente en sellos que se han destruido en los cigarrillos en las cajetillas. En-tonces el Tesorero de Puerto Rico solicitaba del Auditor de Puerto Rico que se nombrara un oficial de Auditoría para que conjunta-mente con un oficial de Tesorería, un agente de rentas internas des-truya el número de cajetillas de cigarrillos dañadas, tomando nota de los sellos correspondientes que también son destruidos, y entonces se hace un certificado, cuyo certificado firman tanto el ágente de Audi-toría como el agente de Tesorería.
“P. ¿Quién destruye los sellos ésos? R. El agente del Tesorero y el agente del Auditor, conjuntamente, y hacen el certificado.
“P. ¿A quién le envían el certificado ése? R. Copia del certifi-cado viene al expediente del caso, tengo entendido que se enviaba una copia al Auditor de Puerto Rico, al Tesorero.
“P. ¿Qué hace el Tesorero y el Auditor de Puerto Rico o fun-cionarios del gobierno correspondientes, después que tienen en su poder el certificado ? R. Bueno, la práctica ha sido que después que ellos tienen el certificado, el Auditor de Puerto Rico ordena, mediante la autorización de una carta de crédito, a que le entreguen nuevos sellos correspondientes a aquellos dañados.
“P. ¿A quién se dirige esa orden de crédito? R. Bueno, en el easo de ’sellos vendidos en New York, la orden se mandaba allá al vendedor de los sellos de New York. Yo quisiera que me rectificara el empleado que tiene que ver con ese asunto, por si acaso he dicho algo [erróneo].”

Declarando sobre el mismo extremo, manifestó Luis San-taella, testigo de la apelante:

“Desde que estaba en la Colectiva y en el negocio éste, la prác-tica había sido siempre restituir los sellos dañados con una simple carta al Tesorero, pidiendo se restituyeran esos sellos dañados. Por ejemplo, en la Colectiva nosotros cancelábamos los sellos en la fá-brica, es decir, se le ponía de acuerdo con la ley el nombre del fabri-cante, la fecha en que se usaban.
“. . . Con mucha frecuencia teníamos que recoger los cigarrillos que después de cuatro o cinco semanas con el clima de Puerto Rico, debido a la humedad se dañaban, ... le escribíamos al Tesorero, el Tesorero mandaba un agente y autorizaba la restitución de los sellos. ’ ’

Y José Maldonado, tenedor de libros en Auditoría, tes-tigo del apelado, declaró que desde hacía diez o doce años estaba familiarizado con la práctica administrativa; que en ningún caso en que él hubiera intervenido se renovaron o reemplazaron sellos sin que los agentes de Tesorería y Au-ditoría presenciaran su destrucción, y que la práctica admi-nistrativa estaba limitada a tres casos: (1) cuando los ciga-rrillos se ponían viejos y sus dueños pedían la destrucción del artículo y el reintegro de los sellos adheridos a los mis-mos; (2) cuando los sellos se inutilizaban al pegarse en la fábrica; y (3) cuando los cigarrillos se mojaban en el barco que los traía y se hacían inservibles.

Refiriéndose a la mencionada práctica administrativa in-vocada por la apelante, se dice en la opinión de la corte sen-tenciadora :

“Yendo a los méritos del caso nos encontramos que en la vista no se presentó como prueba ni tampoco se nos ha llamado la atención sobre reglamento alguno que haya sido promulgado por el Tesorero a virtud del cual este último se haya impuesto la obligación de rein-tegrar el importe de sellos de rentas internas destruidos o deterio-rados antes de ser usados, o en la alternativa de emitir nuevos sellos de la misma clase o denominación en sustitución de los destruidos. No alega la demandante que haya reglamento alguno escrito. Es su contención, sin embargo, que en ocasiones anteriores (la prueba re-veló solamente cinco casos), y con motivo de haberse dañado cigarri-llos sobre los cuales ya se habían fijado y cancelado los sellos de rentas internas correspondientes, el Tesorero permitió y autorizó la destrucción de sellos y cigarrillos y ordenó la emisión de nuevos se-llos para sustituir los destruidos. En los casos aludidos por la peti-cionaria, y en los cuales el Tesorero emitió nuevos sellos, ya los ci-garrillos habían sido introducidos en Puerto Rico, y por tanto, ya gravitaba sobre ellos el arbitrio impuesto por la sección 16 de la Ley. de Rentas Internas, importando poco a tal efecto que después de in-troducidos en la Isla se hubieran dañado, pues de acuerdo con la sección 39 de la Ley de Rentas Internas, inmediatamente después de introducidos constituían materia tributable y venían obligados a pagar la contribución. Si ello es así, no comprendemos cómo pudo el Tesorero adoptar una actitud que no tenía otro efecto legal que el de condonar una contribución, cosa que no podía legalmente hacer este funcionario sino únicamente el poder legislativo y ello única-mente dentro de las limitaciones marcadas por la Ley Orgánica.”

La apelante critica fuertemente esta conclusión de la corte inferior. Sostiene que es errónea especialmente en cuanto asegura que la práctica seguida en el Departamento de Hacienda es ilegal. Y alega que el error de la corte es-triba en no haber tomado en cuenta que la introducción de cigarrillos en Puerto Rico no fué declarada tributable hasta el 12 de agosto de 1943, fecha en la cual entró en vigor la Ley núm. 116 de 12 de mayo de 1943, Leyes de Puerto Rico, 1943, pág. 335, y que con anterioridad a esa fecha el único impuesto a que estaban sujetos los cigarrillos era por su venta, traspaso, uso o consumo.

A nuestro juicio no está en lo cierto la corte sentencia-dora al exigir que para que exista un reglamento válido es necesario que éste conste por escrito y haya sido promul-gado por el Tesorero. La prueba, tanto de la peticionaria como del demandado, reveló la existencia de la práctica ad-ministrativa, concluyentemente evidenciada por el hecho de que tan pronto la peticionaria se dirigió al Departamento informando la pérdida de los sellos y solicitando informa-ción con respecto al procedimiento a seguir para obtener el reintegro de los mismos, inmediatamente el Departamento informó a la apelante todos los detalles del procedimiento para obtener el reintegro de los sellos. Ese procedimiento concuerda perfectamente bien con el descrito por los tres tes-tigos que declararon sobre ese particular. No era indispensable que la práctica constase por escrito. Haas v. Henkel, 216 U. S. 462, 480.

Es también errónea la conclusión de la corte sentencia-dora al efecto de que la práctica administrativa era contra-ria a la ley y por consiguiente ilegal, basando esa conten-ción en que cuando a virtud de la referida práctica el Te-sorero emitía nuevos sellos y reintegraba los dañados o destruidos ya los cigarrillos habían sido introducidos en Puerto Rico y por tanto ya gravitaba sobre ellos el arbi-trio impuesto por la sección 16 de la Ley de Rentas Inter-nas. El argumento de la corte inferior está basado en una premisa falsa. La Ley de Rentas Internas de 1925 no imponía ningún arbitrio a los cigarrillos introducidos en Puerto Rico hasta que éstos eran vendidos, traspasados, usa-dos o consumidos en esta Isla. Es verdad que por la Ley núm. 17 de 3 de junio de 1927 (pág. 459) la introducción de cigarrillos se hizo tributable, pero esa disposición tuvo una vida efímera, pues en la próxima sesión legislativa, por la Ley núm. 36 de 23 de abril de 1928 (pág. 227), fué eliminado el impuesto sobre introducción de cigarrillos, quedando éstos como en 1925 sujetos a arbitrio cuando eran vendidos, tras-pasados, usados o consumidos en Puerto Rico, de suerte que aunque hubiesen sido introducidos en Puerto Rico, mientras no se hubiese realizado uno de estos cuatro actos — venta, traspaso, uso o consumo — el impuesto no gravitaba. Por consiguiente, al reintegrar los sellos el Tesorero no estaba condonando una contribución, como erróneamente sostiene la corte inferior en la cita que de su opinión hemos hecho. No fué basta que se aprobó la Ley núm. 116 de 1943 que la in-troducción de cigarrillos en Puerto Rico volvió a ser tribu-table.

.El hecho de que en los casos que por vía de ilustración presentó la apelante en la corte sentenciadora para probar la práctica administrativa los empleados de Tesorería y Auditoría tuviesen a la vista los sellos mutilados o inservi-bles por haberse ya cancelado en artículos inservibles para la venta, traspaso, uso o consumo, no impide que la prác-tica administrativa sea aplicable al presente caso, donde los sellos no pudieron ser vistos por los empleados, toda vez que se perdieron al hundirse el vapor que traía el carga-mento. La apelante demostró concluyentemente que había comprado los sellos al agente del Tesorero en Nueva York, que los había adherido a los paquetes, que éstos habían sido embarcados por el Bárbara y que el vapor fué hundido. Lo" esencial era que se demostrase la pérdida o mutilación de los sellos antes de que el artículo estuviese sujeto al im-puesto, y esa circunstancia quedó probada por la evidencia que a petición del Departamento presentó la apelante, evi-dencia que no ha sido en forma alguna controvertida por el apelado.

La obligación por parte del Tesorero de devolver los se-llos no era discrecional. La práctica establecida demostraba que probados determinados hechos, es decir, los que exigió el Departamento a la apelante, el Tesorero venía obligado a ' reintegrar los sellos. Podría existir discreción en el Teso-rero a los efectos de determinar si efectivamente los sellos se habían perdido o destruido, pero una vez admitido este hecho, cesó la discreción por parte del funcionario y surgió enton-.ces el deber ministerial de .dar cumplimiento a la práctica que él mismo se había impuesto, sancionada por el artículo 94 de la Ley de Rentas Internas. Ibáñez v. Swope, Gobernador, 58 D.P.R. 20; Miguel v. McCarl, 291 U. S. 442, y Roberts, Treasurer v. United States, 176 U. S. 221. El caso de Montgomery Ward and Company, etc. v. United States (1941), 94 C. Cls. 309, en el cual pone gran énfasis la corte sentenciadora para sostener la improcedencia del mandamus, no es aplicable sencillamente porque en ese caso se inter-pretó nn estatuto que autorizaba al Administrador General de Correos de los Estados Unidos a devolver a su discreción el valor de los sellos que hubieren sido fijados sobre cual-quier materia postal en relación con la cual no se hubiese prestado ningún servicio por el correo o se hubiere cobrado en exceso de la tarifa. Pero como ya hemos indicado, de-mostrada en el caso de autos la pérdida de los sellos antes de ser introducida la mercancía en Puerto Eico, y por consi-guiente antes de estar sujeta a tributo, surgió el deber ministerial por parte del Tesorero de reintegrar los sellos.

La circunstancia de que en el presente caso la apelante hubiese obtenido de la compañía aseguradora el valor de los sellos perdidos no es un impedimento para la institución -y prosecución de este pleito, pues al instituirlo la apelante lo ha hecho para beneficio y en representación de la compañía aseguradora. Luckenbach v. McCahan Sugar Co., 248 U. S. 139, y Monografía en 96 A.L.R. 864.

Por último, la contención del Tesorero al efecto de que el Auditor de Puerto Eico era una parte necesaria en este pleito fué correctamente desestimada por la corte a quo basándose en lo resuelto en los casos de Laborde v. Municipio de Isabela, 38 D.P.R. 65, y Pérez Soto v. Corte de Distrito, 38 D.P.R. 80. Podríamos agregar, como alega la apelante, que no existe precepto legal alguno que imponga al auditor el deber ministerial de intervenir en estos casos. La intervención que ha tenido el Auditor en relación con la práctica administrativa ha sido a requerimiento del Tesorero, enviando un empleado de su departamento para presenciar la destrucción de los sellos.

Procede por lo expuesto revocar la sentencia apelada y en su lugar dictar otra declarando con lugar la petición de mandamus y ordenando al secretario de este Tribunal que expida un auto perentorio de mandamus dirigido al deman-dado para que inmediatamente proceda a reintegrar a la apelante sellos de rentas internas para cigarrillos en las si-guientes cantidades y denominaciones : 809,500 de ocho centavos y 175,000 de cuatro centavos.

      (1) La sección 94 de la Ley de Bentas Internas de Puerto Bieo, Leyes de 1925, págs. 585, 649, prescribe:
      “El Tesorero de Puerto Bieo dictará los reglamentos que fueren necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley y que no se opusieren a la misma; pero basta que nuevos reglamentos sean dictados por el Tesorero, continuarán en toda su fuerza y vigor las reglas y reglamentos vigentes en la actualidad, siempre que no estén en conflicto con esta Ley.”


author: El Juez Asociado Señor, De Jesús

text:
    F. Bacó Soria & Hermano, peticionaria, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, etc., demandado.
    Núm. 4.

    Sometido: Junio 12, 1944.

      Resuelto: Julio 28, 1944.

      J. J. Ortiz Alibrán j Oscar Souffront, abogados de la peticionaria; Hon. Procurador General Interino Jesús A. González, j M. Veláz- . guez Flores j A. D. Marchand Paz, Procuradores Generales Auxi-liares, abogados del Tesorero de Puerto Rico, interventor; Rafael O. Fernández como amicus curiae.

   El Juez Asociado Señor, De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La sociedad mercantil F. Bacó Soria & Hermano apeló para ante el Tribunal de Contribuciones de Puerto Pico de una notificación de deficiencias de fecha 6 de agosto de 1943 co-rrespondientes a los años 1936, 1937, 1938 y 1939, alegando que radicó sus declaraciones de ingresos correspondientes a los años contributivos terminados el 12 de julio de 1936, 1937, 1938 y 1939, dentro del término fijado por la ley; que el Tesorero determinó ciertas deficiencias originadas por ra-zón de eliminaciones hechas por él en las deducciones decla-radas por la peticionaria, entre las cuales se hallan los suel-dos pagados a los socios Carlos y Francisco Bacó Soria, se-gún se expresa a continuación: al socio Carlos Bacó Soria se le había fijado para el año 1936 $1,564, para el 1937 $1,560, para el 1938 $1,470, y para el 1939 $1,520; y al socio Francisco Bacó Soria se le fijó $2,742.50 para el 1936, $2,587.50 para el 1937, $2,545 para el 1938 y $2,587.50 para el 1939; y que del año 1939 el Tesorero eliminó de los créditos de la peticionaria el beneficio recibido de la sociedad R. Quezada & Cía. montante a $233.34.

Por su decisión de 2 de marzo de 1944 el Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico declaró sin lugar la querella y contra esa decisión interpuso la contribuyente el presente recurso.

' Las cuestiones a resolver dentro del presente recurso son: 1, ¿Tiene derecho una sociedad, a virtud de la sección 32 de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1924, Leyes de 1925, pág. 401, según fué enmendada por la Ley núm. 30 de 26 de abril de 1932, Sesión Ordinaria, pág. 255, a deducir de su ingreso bruto las cantidades razonables pagadas a sus socios por servicios personales realmente prestados a la so-ciedad?; y .2, ¿Puede la sociedad deducir de su ingreso bruto las cantidades recibidas por ella en concepto de beneficios de sociedades?

La sección 32 de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1924, en lo pertinente, decía así:

“ (a) Al computar el ingreso neto de una corporación o sociedad 'sujeta a la contribución impuesta .por la sección 28, se admitirán como deducciones:
‘■‘(1) Todos los gastos ordinarios y necesarios pagados o incurri-dos durante el año contributivo en la explotación de cualquier in-dustria o negocio, incluyendo una cantidad razonable para sueldos u otra compensación por servicios personales' realmente prestados, e incluyendo cánones de arrendamiento u otros pagos que haya que hacer como condición para continuar usando o poseyendo propiedad sobre la cual la corporación o sociedad no ha adquirido o no está adquiriendo título, o en la cual no tiene participación.” (Bastar-dillas nuestras.)

La práctica administrativa bajo ese precepto legal era al efecto de deducir del ingreso bruto de la sociedad las canti-dades razonables que por concepto de salarios hubiere pa-gado a los socios por servicios personales realmente presta-dos. Esa práctica prevaleció hasta que la Ley núm. 18 de 3 de junio de 1927, pág. 487, enmendó el inciso (1) de la sec-ción 32(a) en la siguiente forma:

“Todos los gastos ordinarios y necesarios pagados o incurridos durante el año contributivo en la explotación de cualquier industria o negocio, incluyendo una cantidad razonable para sueldos y compen-sación a empleados por servicios personales realmente prestados, e in-cluyendo cánones de arrendamiento u otros pagos que haya que ha-cer como condición para continuar usando o poseyendo propiedad sobre la cual la corporación o sociedad no' ha adquirido o no está adquiriendo título, o en la cual no tiene participación.” (Bastar-dillas nuestras.)

La enmienda trajo consigo un cambio en la interpreta-ción de la ley. Desde entonces se entendió que las palabras “compensación a empleados” no comprendía los sueldos de los socios ni tampoco los de los directores n oficiales de las corporaciones por no ser éstos empleados, diciéndose a ese efecto por este tribunal:

“A virtud de la ley de 1925 la dedución por concepto de sueldos se limitaba a ‘una cantidad razonable para sueldos u otra compensa-ción por servicios personales realmente prestados.’ Esto, desde luego, incluía los sueldos que se pagaban a los empleados. El objeto de la enmienda fué distinguir entre los empleados y los funcionarios cuando se trataba de una corporación, y entre los empleados y los socios gestores de una sociedad en comandita. Se bizo con el fin de fijar una limitación adicional sobre la cantidad de la rebaja. La deducción por salario se circunscribía a los satisfechos a los em-pleados. La inferencia ineludible es que se excluyeron los sueldos pagados a los socios gestores de una sociedad en comandita o a los funcionarios de una corporación como tales socios gestores o funcio-narios.” Moscoso Hnos. & Co., S. en C. v. Domenech, Tes., 44 D.P.R, 11, 12.

Cinco años después el mismo inciso fué nuevamente en-mendado por la Ley núm. 30 de 1932 de forma que las pa-labras “a empleados” fueron eliminadas, restableciéndose dicho precepto legal a la forma en que originalmente apa-recía en la ley del año 1925. Es lógico que al restablecerse la ley original la interpretación que antes se le había dado fuera también restablecida. United States v. Philbrick, 120 U. S. 52; United States v. Mo. Pac. R. Co., 278 U. S. 269, y la Monografía que comienza en 73 L. Ed. 322. Tan pronto comenzó a regir la Ley núm. 30 de 1932, es decir, a partir del año 1933, se reanudó la práctica administrativa que ha-bía prevalecido desde el año 1925 hasta que se aprobó la enmienda en 1927, y empezaron a concederse las deduccio-nes por cantidades razonables pagadas a los socios por ser-vicios personales realmente prestados. Reconociendo la exis-tencia de esa práctica administrativa, dijo el Gobernador de Puerto Rico en su mensaje a la Legislatura Ordinaria de 1939:

“No hay razón alguna para que una sociedad civil que tenga iin ingreso neto no mayor de $3,000 deba ser exenta del pago de con-tribución sobre ingresos. Por la Ley No. 30, aprobada en 26 de abril de 1932, se les permite a las sociedades civiles deducir como gastos del negocio una suma razonable para sueldos de los socios. Este cambio ha reducido grandemente la contribución sobre ingresos pagada por sociedades. Parece injusto concederles también un cré-dito de $3,000. Recomiendo que esta disposición se derogue.1’ (Bastardillas nuestras.)

El Tesorero invoca el caso de M. J. y S. Cabrero, Sucrs. v. Sancho Bonet, Tes., 58 D.P.R. 531, para sostener que aún bajo la enmienda de 1932 las sociedades no tienen derecho a deducir de su ingreso bruto las cantidades razonables paga-das a sus socios por servicios personales realmente presta-dos. En el referido caso se interpretó la sección 32 según había sido enmendada por la Ley núm. 18 de 1927, planteán-dose así la cuestión:

“Sostiene la demandante apelante que la interpretación que el ^demandado y la corte inferior dieron al apartado a, inciso 1, de la sección 32 de la Ley núm. 74 de 6 de agosto de 1925 (Leyes de ese año, pág. 401), según fué enmendada por la núm. 18 de 3 de junio de 1927 (Leyes de ese año, pág. 487), es errónea, pues el socio a quien se asigna un sueldo en compensación de su trabajo, al reci-birlo lo hace, según la apelante, en el concepto de ‘socio en funciones de empleado’; y no en su carácter de socio, y que en el supuesto de que fuese correcta la interpretación del demandado, la ley así inter-pretada es inconstitucional porque establece un discrimen en contra de las sociedades (partnerships) y a favor de- las corporaciones.
“Planteada así la controversia, parece oportuno transcribir ahora el precepto legal alrededor del cual gira toda la cuestión:
“ [Se transcribe el inciso 1 de la sección 32(a), según fué enmen-dado por la Ley de 1927.] ”

Admitimos que usamos un lenguaje inexacto y con ello indujimos a error al Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, al decir que “en la sociedad, contrario a lo que sucede respecto al accionista en la corporación, el socio es deudor a la sociedad de su actividad y de su industria, y por consi-guiente al trabajar para la sociedad lo hace en cumplimiento de su deber como socio.” Es verdad que el socio es deudor a la sociedad de su actividad y de su industria, pero ello es así cuando se trata de un socio industrial que por el contrato de sociedad se obliga a aportar su industria, o cuando tra-tándose de un socio capitalista no satisface a la sociedad el capital que se obligó a aportar por el contrato social. No hay razón legal alguna para que, habiéndose eliminado de la ley las palabras “a empleados” pueda establecerse distin-ción entre las corporaciones y las sociedades a los efectos de la cuestión que nos ocupa.

No estando en controversia la razonabilidad de los suel-dos pagados a los socios, tiene derecho la peticionaria a que se deduzca de su ingreso bruto al montante de dichos sueldos.

La sección 32 invocada por la peticionaria para sostener su derecho a que se le deduzcan de su ingreso bruto los beneficios que obtuvo de la sociedad R. Quezada & Cía. durante el año 1939, dice en lo pertinente así:

“(a) Al computar el ingreso neto de una corporación o sociedad sujeta a la contribución impuesta por la sección 28, se admitirán como deducciones:
‘ ‘ * *#***#
“(6) Las cantidades recibidas como dividendos: (A) de una corporación doméstica, o (B) de cualquier corporación extranjera, cuando se demuestre. ...”

La disposición transcrita fué tomada de la sección 234(a) (6) de la Ley Federal, la cual nada dice con respecto a be-neficios de sociedades, pero no tenemos duda alguna de que fué la intención del legislador puertorriqueño al adoptar esa sección en la ley de 1925, incluir como deducciones las can-tidades recibidas como beneficios de sociedades, pues si se examina la sección 45(a) (6) de la propia ley, se verá que al conceder a las compañías de seguros deducción por beneficios de sociedades, se hace referencia a la sección 32(a) (6) como si en efecto las palabras “o beneficios de sociedades” se hubieran puesto después de las palabras “cualquier corpora-ción extranjera” que aparecen en el inciso 6(B) de la sec-ción 32(a). A este efecto en lo pertinente se dice en la sec-ción 45:

“(a) Al computar el ingreso neto de una compañía de seguros sujeta a la contribución impuesta por la sección 44, se concederán las siguientes deducciones:
C C ifc í";
“(6) La cantidad recibida como dividendos de corporaciones o beneficios de sociedades según dispone el párrafo (6) de la subdivi-sión (a) de la sección 32.”

Es evidente que el legislador, al redactar el inciso 6 de la sección 45(a), tenía en mente que en la sección 32(a) (6) había concedido la deducción a que hacemos referencia. Del contexto del estatuto, y especialmente teniendo en cuenta lo prescrito en la sección 45(a) y la referencia que en la misma se hace a lo que creyó el legislador haber dicho en la sección 32(a) (6),„es evidente que la omisión de las palabras “o be-neficios de sociedades” en la referida sección 32(a) (6) es un error clerical contrario a la voluntad del legislador, y siendo ello así esas palabras pueden ser suplantadas por el tribunal. Véanse los casos acopiados en las Monografías que aparecen en 3 A.L.R. 404 y 126 A.L.R. 1325.

Procede 'por lo expioesto revocar la resolución recurrida y devolver el caso al Tribunal de Contribuciones para que dicte resolución por la cuál se conceda a la peticionaria las deducciones sobre los salarios pagados a sus socios Carlos y Francisco Basó Soria durante los años 1936, 1937, 1938 y 1939, y asimismo deducir de su ingreso bruto correspondiente al año 1939 la cantidad de $233.34 que obtuvo de beneficios en la sociedad B. Quezada & Cía.

El Juez Asociado Sr. Snyder está conforme con el punto relativo al derecho de las sociedades a deducir de su ingreso bruto una cantidad razonable para sueldos u otras compen-saciones por servicios realmente prestados por los socios, pero disiente de la parte de la opinión referente a la deducción de beneficios de sociedades.


author: El Juez Asociado Señor Snyder

text:
    Enrique Irizarry Irizarry, peticionario, v. Corte de Distrito de Ponce, Hon. Ramón A. Gadea Picó, Juez, demandada.
    Núm 15.

    Sometido: Julio 18, 1944.

      Resuelto: Julio 28, 1944.

      Carlos E. Colón, abogado del peticionario; James Fleming, John M. Durbing, B. García Cintrón y Eulogio Biera, abogados del Ad-ministrador de la Oficina de Administración de Precios, como amicits curiae y B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

La Ley Federal de Emergencia para el Control de Pre-cios de 1942 — 50 U.S.C.A. App. See. 901 y siguientes — creó una Oficina de Administración de Precios bajo la dirección de nn Administrador de Precios. (Sección 921). El Admi-nistrador - estaba autorizado, entre otras cosas, para fijar, mediante reglamentos, precios máximos a los artículos de comercio. (Sección 902).

La sección 904 declara ilegal la venta de cualquier ar-tículo en violación'de tales reglamentos. La sección 925 de-clara que es delito, punible por multa no mayor de $5,000 y prisión no mayor de dos años, el que cualquier persona a sabiendas infrinja cualquier disposición de la sección 904. La sección 925 también dispone que las cortes de distrito de los Estados Unidos tendrán jurisdicción sobre procedimientos criminales por violaciones de la sección 904. La sección 901 (c) dispone que la ley “será aplicable a los Estados Unidos, sus territorios y posesiones ... ”, la que, desde luego, in-cluye a Puerto Rico.

A tenor con dicha ley el Administrador fijó mediante re-glamentos precios máximos prácticamente para todos los ar-tículos de comercio. Entre estos reglamentos estaba el Re-glamento núm. 183 sobre Precios Máximos qne fijaba precios máximos a los miles de artículos vendidos en Puerto Rico. (7 F.R. 5620). El 7 de abril de 1943, este Reglamento fué enmendado por la Enmienda 21. (8 P.R. 4351).

Después de entrar en vigor el referido Reglamento, según fué enmendado en abril de 1943, la Legislatura de Puerto Rico, aprobó la Ley núm. 31, Leyes de Puerto Rico, 1943 (pág. 83). Se titulaba, “Ley para cooperar con el Gobierno de los Estados Unidos en la dirección eficaz de la guerra; para poner en vigor todos los reglamentos, órdenes y listas de precios promulgados o adoptados por la Oficina de Ad-ministración de Precios de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Emergencia para el Control de Precios de 1942, en-mendada por la Ley No. 729 del 779 Congreso, aprobada el 2 de octubre de 1942; para convertir en “misdemeanor” cualquier violación de tales reglamentos, órdenes y listas de precios, y para fijar penalidades por tales violaciones, y para otros fines.”

Los artículos 1, 2, y 3 de la Ley núm. 31, dicen como sigue:

“Artículo 1. — El Pueblo de Puerto Pico reconoce que el estricto cumplimiento de todos los reglamentos, órdenes, y listas de precios promulgados o adoptados por la Oficina de Administración de Pre-cios, bajo la autoridad de la Ley de Emergencia de Control de Pre-cios de 1942, tal como fué enmendada por la Ley No. 729 del 779 Congreso, aprobada en octubre 2, 1942, es necesario para la dirección eficaz de la guerra y redunda en beneficio de la defensa y seguridad nacional, por lo que declara ser la política del Gobierno de Puerto Rico ayudar a poner en vigor el progfama de precios del Gobierno Federal en tanto y en cuanto dicho programa ha sido plasmado en los reglamentos, órdenes, y listas de precios que han sido promulga-dos o adoptados, o que en el futuro sean promulgados por la Oficina de Administración de Precios bajo la autoridad de la Ley de Emer-gencia de Control de Precios de 1942, tal como ha sido enmendada.
“Artículo 2. — Cualquier persona que intencionalmente ejecu-tare cualquier acto prohibido, o que intencionalmente dejare de ejecutar un acto requerido por cualquier disposición de cualquier reglamento, orden, o lista de precios promulgado-o adoptado por la Oficina de Administración de Precios, bajo la autoridad de la Ley de Emergencia de Control de Precios de 1942, tal como ha sido en-mendada, será culpable de delito menos grave (misdemeanor), y convicta que fuere, será castigada por la primera infracción con multa no mayor de mil (1,000) dólares o cárceí por un término no mayor de un (1) año, o ambas penas, a discreción del tribunal, y por las subsiguientes infracciones con multa no menor de (100) dólares ni mayor de cinco mil (5,000) dólares o cárcel por un término no menor de un (1) mes ni mayor de dos (2) años, o ambas penas, a discreción del tribunal.
“Artículo 3. — Por la presente se confiere jurisdicción a las cortes insulares sobre dichos delitos y se impone a todos los fiscales de dis-trito, magistrados y funcionarios encargados de mantener el orden público en la isla, el deber de poner en vigor las disposiciones de la sección 2 de esta Ley.’’

El 13 de ‘mayo de 1943 se radicó una denuncia ante la Corte Municipal de Ponce imputando al peticionario una in-fracción del artículo 2 de la Ley núm. 31. La denuncia ale-gaba que el 9 de mayo de 1943 el peticionario había vendido ajos al detall a un precio mayor que el establecido por el re-ferido Reglamento Revisado sobre Precios Máximos núm. 183. El peticionario fué convicto y se le impuso .una multa en la corte municipal. Apeló a la corte de distrito donde radicó una excepción perentoria a la denuncia, alegando que las cortes insulares no tienen jurisdicción sobre dicha de-.nuneia, toda vez que la Ley núm. 31 es nula. La corte de distrito dictó una resolución declarando sin lugar la excep-ción perentoria. Expedimos el auto de -certiorari a tenor con la Ley núm. 32, Leyes de Puerto Rico, 1943 (pág. 85) con el fin de revisar esta resolución de la corte de distrito, a causa del interés público que hay envuelto en la pronta resolución de la cuestión suscitada por el peticionario.

El peticionario alega que la Ley núm. 31 es nula “por'estar ía misma por sus propios términos y en- sn ad-ministráción práctica en sustancial conflicto” con la Ley Federal de Emergencia para el Control de Precios. El peticio-nario aparentemente tomó este lenguaje del caso de Luce & Co., S. en C. v. Junta de Salario Mínimo de Puerto Rico, 62 D.P.R. 452, donde dijimos, citando Puerto Rico v. Shell Co., 302 U. S. 253, (pág. 461) “. . . para qne la ley federal ex-cluya la insular, no basta que las dos leyes abarquen la misma materia, sino que es preciso que la ley insular por sus propios términos o en su administración práctica esté en conflicto sustancial con la ley del Congreso o manifiestamente infrinja la política pública de la ley federal.”

El peticionario aparentemente concede que la Legislatura insular, especialmente durante una emergencia, puede apro-bar bajo el poder de policía, legislación por la cual se fijen y controlen los precios (Miranda v. Corte de Distrito, 63 D.P.R. 161, resuelto el 6 de marzo de 1944; Pueblo v. Díaz, 62 D.P.R. 136). En verdad, si bien el Congreso indudablemente tiene el poder de aprobar la Ley Federal de Emergencia para el Control de Precios bajo el poder de guerra (Yakus v. United States, 321 U. S. 414, 422), constitucionalmente ha-blando se justifica con más facilidad la legislación sobre fija-ción de precios, en épocas normales, bajo el poder de policía del estado (véase Nebbia v. New York, 291 U. S. 502). Sea .ello como fuere, tanto el Congreso como nuestra Legislatura han actuado. Y el peticionario no ataca una de las dos le-yes per se. Más bien alega que nuestra ley es nula porque está en conflicto con la ley federal.

El argumento del peticionario es en síntesis (1) que la ley federal otorga jurisdicción exclusiva sobre procedimien-tos criminales en las cortes federales por violaciones a la misma; y (2) que las penalidades allí fijadas para tales ca-sos son más severas que aquellas encontradas en la Ley núm. 31. Pero ninguno de estos puntos se ajusta exactamente a la cuestión que él levanta. La ley insular no contempla el privar a las cortes federales de jurisdicción sobre procedi-mientos criminales por infracciones a la ley federal. Tam-poco intenta mitigar el castigo que pueda imponerse bajo la ley federal. Al contrario, al aprobar la Ley núm. 31 la Legislatura insular dispuso un delito insular idéntico al de-lito federal establecido por la ley federal. Su autoridad para así hacerlo no ha sido — y como hemos visto, no puede ser — impugnada con éxito. Y de acuerdo con Puerto Rico v. Shell Co., supra, el mero hecho de que exista un estatuto penal federal sustancialmente idéntico cubriendo la misma materia, no anula, sin más, el estatuto criminal insular. Al resolver tal contención, la Corte Suprema de los Estados Unidos dijo en el caso de Shell, a la pág. 271:

“Finalmente, se alega, que si se permite que subsistan la Ley Sherman y la ley local contra monopolios, resultaría un conflicto de jurisdicción entre las cortes federales y las cortes locales. Pero cla-ramente hay muy poco, si algún, fundamento para tal temor. La ley local simplemente confiere jurisdicción a las cortes locales para poner en vigor esa ley. No se intenta, desde luego, conferir jurisdicción a diehas cortes para poner en vigor la Ley Sherman o a las cortes fede-rales para poner en vigor la ley local. Es difícil ver como podría surgir un conflicto en cuanto a qué ley deberá ponerse en vigor y qué jurisdicción deberá invocarse, toda vez que los funcionarios a cargo de la administración y ejecución de ambas leyes están, en último análisis, bajo el control dé la misma soberanía y, puede muy bien asumirse, que trabajarán en armonía.”

Sin embargo, si bien la coexistencia de ambos estatutos no es en sí fatal al estatuto insular, todavía queda sujeta a investigación la cuestión de si la ley insular “por sus pro-pios términos o en sn administración práctica [está] en con-flicto sustancial’’ con la ley federal. Es difícil creer qne alguien pueda insistir seriamente en tal contención. La ley federal tiene por objeto prohibir las ganancias excesivas y estabilizar los precios con el fin de impedir la inflación en tiempos de guerra. El ganar dicha batalla en el frente doméstico es tan importante para la victoria final en la pre-sente guerra como algunas de las batallas que nuestras fuer-zas armadas libran ahora en el frente. La Ley insular núm. 31 ofrece la cooperación de la ley insular y de las cortes in-sulares para poder llevar a cabo el laudable propósito de la ley federal. En vez de estar en conflicto con la ley federal la ley insular confiere al Administrador recursos adi-cionales que utilizará, en armonía con las facilidades provis-tas por la ley federal, para llevar a cabo la política esta-blecida por el Congreso que la Legislatura insular ha adop-tado para sí.

“Si alguna vez ha ocurrido un estado de cosas que jus-tifique, o aún demande, esfuerzo cooperativo entre el estado y la nación”, en el presente caso lo tenemos. Que esta.co-operación de la ley insular ha tenido feliz resultado en la práctica es evidente de la siguiente manifestación hecha en el alegato del Administrador: “Fue precisamente la Oficina de Administración de Precios para Puerto Rico la inspira-dora de la Ley núm. 31 para hacer más viable el cumpli-miento, la ejecución y la administración de la política nacio-nal sobre el control de precios. En los quince meses de vi-gencia del estatuto local se han procesado y castigado eien-tos de personas que han violado esta ley y en ningún mo-mento ha surgido conflicto alguno entre la ejecución de la ley insular y la ejecución de la ley federal. Por el con-trario la legislación local ha prohado ser una gran ayuda para el cumplimiento de los reglamentos de precios máxi-mos, primero, por el número de cortes en que pueden perse-guirse las infracciones; segundo, por la sencillez y facilidad del procedimiento y tercero, por la prontitud de la resolución de- los casos. ■ ’

Una cuestión un poco más seria — aún cuando el peticionario no la levantó — es el problema envuelto en la adopción por la Legislatura insular por referencia de “los reglamentos, órdenes, y listas de precios que han sido promulgados o adoptados, o que en el futuro sean promulgados por la Oficina de Administración de Precios bajo la autoridad de la Ley de Emergencia de Control de Precios de 1942, tal como ha sido enmendada”. (Artículo 1 de la Ley núm. 31).

Empezaremos por indicar que es una práctica corriente el que una legislatura estatal adopte por referencia un esta-tuto federal o de algún otro estado, ya existente. Hasta donde tenemos conocimiento, ningún caso — en ausencia de una prohibición, constitucional específica al efecto — ha re-suelto que tal legislación es inconstitucional por constituir una delegación ilegal de poderes legislativos (Puerto Rico v. Rubert Co., 309 U. S. 543, 549; Coens v. Marousis, 119 Atl. 549 (Pa., 1923); Comments, Constitutional Law — Validity of State Recovery Acts Adopting Federal Codes, 33 Mich. L. Rev. 597; Notes and Comment, Constitutional Law: Delegation of Powers: The adoption by states of present and future Federal legislation, 20 Cornell L. Q. 504). Notamos al pasar, que el Congreso ha seguido por casi 150 años esta práctica de adoptar por referencia leyes penales de los es-tados en los cuales radican reservas federales, disponiendo que cuando se haga alguna cosa en una reserva, no punible bajo las leyes del Congreso, pero que bajo la ley estatal, de tener jurisdicción el Estado, sería punible, el acto será pu-nible de igual manera si se comete en una reserva (4 Stat. 115, que ha sido reenactado sucesivamente, encontrándose el último statuto en 54 Stat. 234, 18 U.S.C.A. §468).

La Legislatura insular claramente tenía el poder de adop-tar por referencia la existente Ley de Emergencia Federal para el Control de Precios. Por tanto pasamos al problema envuelto en tal adopción de reglamentos prospectivos a ser promulgados por el Administrador. Pero aquí encontramos que tal acción no envuelve ninguna delegación de poderes legislativos. La Legislatura, al adoptar por referencia la ley federal, ha establecido amplias normas, que la Corte Suprema de los Estados Unidos ha sostenido a pesar de las contenciones de que la ley federal constituye una delegación nula de poderes legislativos (Yakus v. United States, supra; Bowles v. Willingham, 321 U. S. 503). Al disponer también en efecto que los reglamentos federales, a ser promulgados por el Administrador bajo el estatuto federal, también serán reglamentos insulares, la Legislatura simplemente ha elegido al Administrador Federal como el funcionario administrativo que tendrá poder “para ultimar los detalles” dentro délas amplias pero válidas normas establecidas por la propia ley. Una vez que concedemos que la norma establecida por el estatuto es válida y que el poder para ultimar los detalles puede delegarse a un funcionario administrativo, el mero hecho de que la Legislatura elija conferir este poder a un funcionario federal adecuado más bien que a un funcionario insular, por sí solo no invalida el estatuto o los reglamentos. El caso de Ex parte Lasswell, 36 P. (2d) 678 (Calif., 1934) ha resuelto a ese efecto en una opinión bien razonada que envolvía una situación similar bajo la Ley Nacional de Reconstrucción Industrial (National Industrial Recovery Act) al igual que lo hizo la Corte de Apelaciones de Ohio en City of Cleveland v. Piskura, resuelto el 28 de febrero de 1944, al considerar nna ordenanza municipal incorporando, por referencia, como en el presente caso, la ley federal y sns reglamentos sobre el control de precios.

Como dice el caso de Exhorte Lasswell, snpra, a la pág. 687:

“Parece entonces que el problema se reduce a lo siguiente: Debe existir una ley en vigor que constituya la norma básica. La función del poder delegado debe ser ‘determinar algún hecho o el estado de cosas sobre el que depende la ejecución “de la ley que fija la norma básica.” ’
“Tenemos ante nos leyes estatal’ y federal, ambas reconociendo un colapso en los negocios a través de toda la nación trayendo como resultado la miseria humana. Tanto la nación como el estado tratan de rehabilitar el intercambio de productos. Ambos gobiernos han decretado que esto se puede hacer de la mejor manera mediante la aprobación de códigos para los negocios que constituirán las normas de competencia leal. Estos decretos son las leyes .en vigor o las normas básicas. El poder de ultimar los detalles es el poder de-legado.
“La objeción incidental de que los códigos no existen cuando su violación se hace un delito es inmaterial si se ha establecido la norma básica. Si el estado no concurre con los códigos, éste puede derogar la ley y los códigos caen con ella. Nada podría ser más obvio que la ultimación de los detalles sea como necesidad natural posterior a la ley que fija la norma básica, que dispone que la violación de los detalles ulteriores de la norma básica constituirá un delito.
“La objeción incidental de que la delegación, en cuanto a la promulgación de códigos, al Presidente de los Estados Unidos por el fundamento de que el estado de California es un estado soberano y el Presidente es en este sentido un funcionario extranjero no nos impresiona grandemente. Los derechos correlativos del estado y la nación son de gran importancia, pero somos una nación no una alianza de estados extranjeros, y nuestro Presidente no es un po-tentado extranjero.
“Que los poderes incidentales pueden ser delegados a un cuereo o medidos por una norma fuera del control del estado y que están sujetos a cambio, se demuestra muy bien en el caso de Ex parte G-erino, supra. ’ ’

Como indica el párrafo final qne acabamos de citar, el poder de ultimar los detalles a veces es delegado válida-mente aún a entidades privadas. (Ex parte Gerino, 77 Pac. 166 (Calif., 1904)). A fortiori, tal delegación puede hacerse a nn funcionario del G-obierno Federal por el Gobierno Insular cuando ambos gobiernos están unidos en su determina-ción de poner en ejecución una política común a ambos tal cual se ha incorporado en legislación aprobada por sus le-gislaturas. (Véase Mich. L. Rev. 597, supra, a las págs. 599-604, que da innumerables ejemplos de leyes similares de legislaturas estatales incorporando por referencia reglamen-tos futuros a ser promulgados por funcionarios federales y dice que (pág. 603) “Aunque esta práctica es bastante co-mún, como indica este material demostrativo, el autor no ha encontrado una sola decisión de corte estatal de última ins-tancia resolviendo que la adopción por el estado de deter-minaciones administrativas federales prospectivas bajo legis-lación federal ya existente que fije una determinación ad-ministrativa adecuada, es inválida por constituir una dele-gación de poderes legislativos.”)

Finalmente, el peticionario podría haber argumentado concebiblemente que la Ley Federal de Emergencia para el Control de Precios fue enmendada recientemente por el Congreso, y que es inconstitucional el que la Ley núm. 31 incorpore la nueva ley por referencia por constituir una incorporación por referencia de legislación futura (Véase 33 Midi. L. Rev. supra a la pág. 598 y los casos citados en el escolio 5; 20 Cornell L. Q. supra a la pág. 510 y casos citados en el escolio 34). Aparte del hecho de que este caso fué radicado con anterioridad a dicha enmienda (Cf. Pueblo v. Or tiz, 62 D.P.R. 298) y asumiendo, sin decidirlo, qne estaría-mos preparados para seguir las autoridades citadas, no ne-cesitamos enfrentarnos aquí con diclio problema. Aunque todavía no ban llegado a Puerto Rico dichas enmiendas, el Administrador nos ha proporcionado una copia del Informe de la Conferencia sobre las mismas que demuestra, entre otras cosas, que la ley federal ha sido enmendada elimi-nándole la fecha “junio 30, 1944” en la sección de la Ley de Emergencia para el Control de Precios disponiendo que ésa sería la fecha de expiración, y sustituyendo en su lugar “junio 30, 1945”. Por tanto creemos que el lenguaje ha-llado en el caso de United States v. Powers, 307 U. 214, es propio al presente. Dijo allí la corte a la pág. 217: “De-bido a la enmienda, la ley no ha dejado nunca de existir. No se creó una nueva ley; no se derogó ninguna ley anterior. Sin que existiera hiato de clase alguna, a la ley original se le alargó la vida. No hubo una Primera Ley Connally seguida de una Segunda Ley Connally. Durante los perío-dos en cuestión sólo hubo una ley.”

En adición, podría muy bien insistirse en que, no importa cuál sea la regla con referencia a la alegada abdicación de soberanía envuelta en legislación estatal que adopta por re-ferencia legislación federal prospectiva, no podrá haber ob-jeción constitucional a la acción de la Legislatura de Puerto Rico, agente del Congreso, al devolverle al Congreso, su creador, la autoridad para legislar, originalmente recibida del Congreso.

La restante contención del peticionario puede ser resuelta en pocas palabras. Afirma que la Ley núm. 31 viola la sección 256 del Código Judicial (28 U.S.C.A. §371) que confiere a “las cortes de los Estados Unidos . . . con exclusión de las cortes de los varios Estados” jurisdicción sobre todos los casos “por penalidades y por violaciones incurridas bajo las leyes de los Estados Unidos”. Lo mismo que su primer punto, este argumento está basado en la premisa falsa de que la Legislatura insular La tratado de conferir jurisdicción a las cortes insulares sobre infracciones a la ley federal. Toda vez que la Ley núm. 31 establece un de-lito insular, la Legislatura claramente actuó dentro de su de-recho al disponer la persecución del mismo ante las cortes insulares (Véase Puerto Rico v. Rubert Co., 309 U. S. 543, 549-50).

El auto de certiorari será anulado.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.

      (1) La lista de precios contenida en dicha Enmienda 21 fué enmendada nue-vamente el 25 de mayo de 1943, por la Enmienda 36-(8 E. R. 7354).

      (2) Como 60 indica más adelante, nos asegura el Administrador, quien lia comparecido como amicus cwriae, que, lejos de crear un conflicto, la ley insular es de gran ayuda en la ejecución de la ley federal. Sin embargo, visualizamos un problema en cuanto a que, sin autoridad del Administrador, un individuo particular o funcionario insular radica una denuncia en las cortes insulares contra un delincuente a quien el Administrador planeaba perseguir en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico bajo la ley federal con sus penalidades más severas. El problema de former jeopardy que no existiría si Puerto Rico fuera un. Estado, entonces sería un problema serio en vista de nuestro status como territorio (Puerto Rico v. Shell Co., supra, a las págs. 264-6). Pero la Corte Suprema de los Estados Unidos no dejó que esa dificultad le obstaculi-zara el camino, al resolver que los estatutos insulares y federal que creaban sustancialmente delitos idénticos podían coexistir. Y la manifestación del Ad-ministrador citada en el texto de esta opinión demuestra que la cuestión de former jeopm<dy representa, poca, si alguna, dificultad práctica en la ejecución de ambas leyes federal e insular.

      (3) Ex parte Lasswell, 36 P. (2d) 678 (Calif., 1934) a la pág. 687.

        (4) El Juez Presidente Marshall en Wayman v. Southard, 10 Wheat 1, 42. según se cita en United States v. Grimaud, 220 U. S. 506, 517.

      (5) Como indica el Administrador, "Puerto Rico no es la única jurisdicción donde se ha adoptado legislación de esta naturaleza. Municipios de los Estados de Alabama, Illinois, Iowa, Kentucky, Luoisiana, Michigan, New Jersey, New York, Ohio, South Carolina y Wisconsin han adoptado ordenanzas municipales y el estado de Rhode Island ha adoptado un estatuto, similares a la legislación puertorriqueña. Véase OPA Service Page 400:501 et seq.”


author: El Juez AsIociado Señob, SNYdeb

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Maximino Garay, acusado y apelante.
    Núms. 10525 y 10526.

    Sometidos: Julio 18, 1944.

      Resueltos: Julio 28, 1944.

      Leopoldo Tormes García, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez AsIociado Señob, SNYdeb

emitió la opinión del tribunal.

Esta apelación envuelve dos casos. En el primero, un . jurado declaró culpable al acusado de homicidio voluntario y fué sentenciado a presidio por la corte de distrito. En el segundo, por la misma prueba sometida al jurado en el caso de homicidio, la corte de distrito lo declaró culpable y le im-puso una pena de cárcel por portar armas prohibidas.

El primer error señalado por el acusado es que la corte inferior cometió error al declarar sin lugar su moción de archivo y sobreseimiento por el fundamento de que habían transcurrido más de ciento veinte días desde que se radicaron las acusaciones en su contra. El juicio en este caso se suspendió en una ocasión a petición del acusado. El artículo 448 (2) dispone que “Cuando un acusado, cuyo juicio no haya sido transferido a petición suya, no sea sometido a juicio en el término de 120 días, a contar desde la presentación de la acusación, a menos que exista justa causa contraria, al tribunal decretará el sobreseimiento del proceso . . . ” (Bastardillas nuestras). Hemos interpretado esta sección como que significa que “Cuando, como sucede en el presente caso, el juicio se ha pospuesto a petición del acusado, la cuestión de sobreseimiento por demoras posteriores es una que cae dentro de la discreción de la corte inferior.” (Morales v. Corte, 55 D.P.R. 886, 888).

Lejos de abusar de' su discreción en las suspensiones pos-teriores, estamos satisfechos en que la corte de distrito ac-tuó correctamente al suspender el juicio en tres ocasiones subsiguientes después de haber el fiscal presentado prueba de que faltaba un testigo principal y que los esfuerzos del márshal para localizarlo habían sido infructuosos. Bajo las circunstancias que aquí concurren, no encontramos abuso de discreción por parte de la corte de distrito. (Pueblo v. Ortiz, 62 D.P.R. 298).

No vemos razón alguna para considerar en detalle el segundo error alegado. Se refiere a unas cuantas preguntas que la corte inferior no permitió al abogado del acusado hacerle a los testigos del Pueblo cuando los eontrainterrogaba. Todas eran o bien triviales, o nada tenían que ver con los hechos del caso, o no se referían a asuntos traídos en el examen directo. Aquí tampoco podemos decir que la corte de distrito abusó de su discreción al no permitir tal eontrainterrogatorio o que surgió por ello un error perjudicial (Pueblo v. Pellicier, 56 D.P.R. 882).

El tercer error señalado está predicado en la negativa de la corte inferior a admitir prueba en cuanto a la reputación del acusado hasta la fecha del juicio. La corte de distrito no erró al limitar esta prueba solamente a la reputación del acusado hasta el día en que ocurrieron los hechos aquí envueltos (1 Wigmore on Evidence, 3ra. ed. §56; 1 Wharton’s Criminal Evidence, 11a. ed., §331, pág. 462; 1 Underhill’s Criminal Evidence, §563, pág. 1118, y §173, pág. 406).

El cuarto señalamiento de error consiste de una serie de quejas en cuanto a las instrucciones al jurado. Para resolver este alegado error, es suficiente decir que hemos examinado las instrucciones cuidadosamente y encontramos que sintetizan los hechos de una manera sustancialmente correcta y exponen la ley razonablemente. No encontramos error perjudicial en las pequeñas discrepancias que surgen de las manifestaciones extraídas por el acusado del contexto de las mismas señalándolas separadamente como erróneas.

El quinto error imputado es que las sentencias son contrarias a los hechos y a la ley. El acusado no hizo ningún esfuerzo real para argumentar este punto. La eviden-cia fue contradictoria en relación con la - teoría de defensa propia en'el caso de homicidio voluntario. Habiendo creído el jurado la prueba del Pueblo, que era suficiente para sos-tener la acusación, no estamos en libertad de intervenir con la sentencia y el veredicto. (Pueblo v. Rodríguez, 62 D.P.R. 252).

Las sentencias de la corle de ■distrito serán confirmadas.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.