author: El Juez Asociado Se. W-ole,

text:
    Serrano, Demandante y Apelado, v. Berdiel et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en causa sobre nulidad de ejecución hipotecaria y otros ex-tremos.
    No. 1195.
    Resuelto en mayo 17, 1915.
    Emplazamiento — Edad de la Persona que lo Diligencia. — Cuando el empla-zamiento es hecho por una persona que no es-el marshal y no existe prueba, alguna de que la persona que lo practica es mayor de 18 años, tal defecto produce la revocación de la sentencia. Debe hacerse constar en el affidavit la edad de la persona que verifica'el emplazamiento.

      Id. — Diligenoiamiento—Parte en el Procedimiento. — Aun. cuando de los mis-mos autos aparezca, es una buena práctica que en la declaración escrita y jurada de haberse notificado el emplazamiento se haga constar que la persona que lo diligencia no era parte en el procedimiento.
    Id. — Nombre del Abogado del Demandante — Omisión del Nombre al Dorso del Emplazamiento. — El objeto del artículo 89 del Código de Enjuicia-miento Civil que determina que el nombre del abogado del demandante se hará constar al- dorso de la citación, es para que el demandado sepa con quién puede entenderse a los efectos de notificaciones de pago. La omisión de consignarse el nombre del abogado del demandante al dorso de la cita-ción es una mera irregularidad que a falta de una gestión en la corte inferior no anula la notificación hecha, cuando ésta no adolece de ningún otro defecto que la invalide.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Francisco Parra.

    Abogado dél apelado: Sr. Ramón Dapena.

   El Juez Asociado Se. W-ole,

emitió la opinión del tribunal.

Se dictó sentencia en rebeldía contra José Berdiel Cor-bera y Francisco Lugo y Ríos por no haber comparecido ninguno de ellos o contestado la demanda que fué presentada en este caso. En la apelación impugnan éstos la suficiencia de la prueba relativa al servicio del emplazamiento. La decla-ración escrita y jurada (affidavit) de haber sido notificado el emplazamiento a Francisco Lugo, es como sigue: .

“Yo, Leonardo Pagan Soto, residente en este municipio de Adjun-tas, P. R., hago constar: que recibí el presente emplazamiento a las nueve de la mañana del día cinco de abril de 1914, y que notifiqué el mismo personalmente el día 6 de abril de 1914, a las 9 de la mañana, a Francisco Lugo y Ríos en su domicilio o morada en el barrio Tanamá de este término municipal, que es la persona del demandado mencio-nado en dicho emplazamiento, entregando a dicho demandado y de-jando en su poder personalmente en dicho domicilio del barrio Tanamá ' una copia de dicho emplazamiento y en poder del demandado Francisco Lugo Ríos una copia fiel y exacta de la demanda en el pleito mencionado en dicho emplazamiento. Jurada y firmada ante mí, por Leonardo Pagán Soto, de veinte y siete años de edad, casado, agricultor, residente en este municipio de Adjuntas, P. R., a quien conozco personalmente, hoy en Adjuntas, P. R., a siete de abril de mil novecientos catorce. Amérieo Rodríguez, Juez Municipal de Ad-juntas.”

Ambas partes están de acnerdo en qne la notificación hecha a Lugo fné defectuosa. No hubo prueba alguna de qne la persona qne practicó el emplazamiento a Lugo fuera mayor de 18 años de edad. Este era un error'por el que podía revo-carse la sentencia. Andino v. KnigM,. 20 D. P. ít., 185. De igual modo no quedó probado que la persona que hizo la noti-ficación de las diligencias no era parte en la acción aunque tal vez ese hecho aparece de los mismos autos. (Sería mejor práctica que en la declaración, escrita y jurada de haberse notificado el emplazamiento se haga constar que la persona que lo diligenció no era parte en el procedimiento.

La declaración {affidavit) de Torres que fué quien sirvió el emplazamiento a Berdiel es la siguiente:

“Yo, Juan Martínez Torres, soltero, mayor de 21 años, industrial y vecino de esta ciudad de Ponce, bajo juramento declaro: que en el día de ayer 3 de junio del corriente año, bora de las tres de la tarde, recibí el presente emplazamiento, y notifiqué el mismo a Don José Berdiel Corbera en su domicilio en el barrio Playa de esta ciudad, en dicho día 3 de junio de 1914, hora de las cinco de la tarde, dejando en poder de dicho señor Berdiel una copia de este empla-zamiento y una copia de la demanda a que se refiere el dicho empla-zamiento, cuya copia es fiel y exacta con el original. Ponce, P. R., junio 4, 1914. Juan Martínez Torres. Suscrito y jurado ante mí, hoy día cuatro de junio de 1914, Juan Martínez Torres, que es de las circunstancias personales consignadas en el juramento y a quien doy fe de conocer personalmente. Francisco G. Descartes, Notario Público.”

Quedó, pues, demostrado que Torres tenía más de 18 años ■de edad si bien en la declaración no se expresó que éste no era parte en la acción.

Alega también el apelante que las declaraciones (affidavits) de haberse notificado' el -emplazamiento eran además de-fectuosas por no hacerse constar ón ellas la. fecha y lugar ■en que se verificó su entrega. Opinamos que en ambas decla-raciones se cumplió con la ley en cuanto a este particular.

También sostiene el apelante que el servicio de la noti-ficación fué -incompleto por no aparecer el nombre del abo-gado del caso al dorso del emplazamiento.

El artículo 89' del Código de Enjuiciamiento Civil prescribe lo siguiente:

“Artículo 89. — La citación irá dirigida al demandado, firmada por el secretario y librada bajo el sello de la corte, y deberá contener:
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“5. En las demás acciones, la prevención de que si no compare-ciere y contestare el demandado según se le ordena, el demandante solicitará de la corte le sea concedida la petición que hubiese hecho en la demanda. El nombre del abogado del demandante se hará cons-tar al dorso de la citación.”

Consideraremos la naturaleza de este requisito consig-nado en el párrafo. 5o. En un antiguo caso de Indiana, el de Hutchens v. Latimer, 5 Ind., 67, mayo 23, 1854, fué revo-cada la sentencia por dos defectos capitales, uno de los cua-les era el no haberse hecho constar el nombre del abogado al dorso del emplazamiento. En dicho caso la corte se ex-presó en los términos siguientes:

“En cuanto al hecho de que debe hacerse constar el nombre del abogado, al dorso de la citación el estatuto es terminante al expresar que así se hará. E. S. 1843, página 624. El fin que se persigue es-que puedan los demandados saber a quién deben considerar como tal abogado en asuntos de notificaciones o de pago. Cuando así se formula la objeción a la diligencia sin haber comparecencia por la que se prescinda de cualquier irregularidad, debe prevalecer dicha obje-ción.”

Se verá, pues, que la Corte de Indiana dijo al revocar, que el objeto' del estatuto era el de permitir al demandado saber con quién podía entenderse y no conocemos ninguna otra razón para dicho requisito. Creemos que es una prác-tica más sana la que se observa en algunas opiniones más recientes de otíos Estados. En el caso de Lee v. Clark, 53 Minn., 315, se resolvió que una omisión de- esta clase es una mera irregularidad y si el emplazamiento era válido en sus demás particulares el demandado tendría que comparecer y pedir que se anulara el diligenciamiento. - El caso de Millette v. Mehmke, 26 Minn., 306, citado por la corte de Minnesota fue uno en.el que no se entregó la copia de la demanda con el emplazamiento y se resolvió asimismo que esta omisión era una mera irregularidad, desechando la corte el riguroso principio establecido en un caso anterior. Los demás casos citados por la referida corte tienden a sostener esta con-clusión. Greveling v. Moore, 39 Mich., 563; Low v. Mills, 61 Mich., 35, 27 N. W. Rep., 877; Mabbett v. Vick, 53 Wis., 158, 10 N. W. Rep., 84. De igual modo en el caso de People v. Wrin, 143 Cal., 14, resolvió la corte que el nombre del abogado no era parte del emplazamiento de tal modo que pueda anularse una notificación hecha por publicación en que se omita dicho nombre.

Esta corte declaró en el caso de Andino v. Knight, supra, que debe hacerse constar en el affidavit la edad de la persona que practica el emplazamiento. No era suficiente la certi-ficación del juez respecto al affidavit de Leonardo Pagán Soto. El juez no tenía jurisdicción para certificar y no era respon-sable porque se hiciera una relación falsa pues él no hizo ningún -juramento. Por tanto, debemos. llegar a la conclu-sión de que no se ha demostrado que la corte adquirió juris-dicción sobre Lugo. Como en la demanda se pide la nulidad de los procedimientos hipotecarios en los cuales ambas partes intervinieron y como no existe prueba alguna de la juris-dicción de la corte sobre Lugo, la sentencia debe revocarse en cuanto a los dos, sin perjuicio del derecho que pueda tener. el apelado para corregir mediante enmienda o de otro modp el defecto contenido en el affidavit.

Revocada la sentencia apelada, sin perjuicio del derecho que pueda- asistir al deman-dante.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. "Wolf,

license: Public Domain

text:
    Torres, Demandante y Apelante, v. Ramírez, Demandado y Apelado.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en una acción sobre persecución maliciosa.
    No. 1258.
    Resuelto en mayo 17, 1915.
    Persecución Maliciosa — Daños Generales — Daños Especiales — Alegaciones— Presunción — Prueba.—Los daños que resultan necesariamente de los actos que se denuncian se conocen con el nombre de daños generales y pueden alegarse bajo la alegación ordinaria de ad damnum, pues debe presumirse que el demandado sabe las consecuencias necesarias de su conducta. Pero los daños que no provienen necesariamente del acto denunciado, pero que tal vez sigan al mismo, se denominan daños especiales y deben ser alega-dos primeramente en la demanda o no se permitirá al demandante presen-tar prueba de los mismos.
    Daños y'Perjuicios — Daños Beai.es o Reparadores — Daños Especiales — Daños Ejemplares. — Los daños reales o reparadores pueden alegarse en la cláusula general sobre daños y perjuicios (ad dammim oíame), pero los daños espe-ciales, como por ejemplo la pérdida de la reputación, crédito o negocio, deben ser especialmente alegados, si en el juicio la parte quiere probar tales elementos de daños.
    Persecución Maliciosa — Ansiedad y Sufrimiento Mental — Delito Infa-mante. — La ansiedad y sufrimiento mental procede natural y directamente de una persecución maliciosa infundada en la cual se 'alega la comisión de un delito infamante, siendo el verdadero fundamento de la acción el oprobio que se causa con la acusación. En estos casos es innecesario hacer alega-ciones especiales sobre el particular.
    Xd. — Expresión de los Hechos y Reclamación General de los Daños y Per-juicios — Excepción Previa a la Demanda. — Guando una demanda expresa los heehos relativos al daño causado y en ella se hace una reclamación general de los daños y perjuicios, aun cuando no se especifique la naturaleza o se particularicen los mismos, dicha demanda no puede ser exeepcionada.
    Id. — Perjuicios en la Persona, Nombre, Reputación y Negocio — Excepciones Previas a la Demanda. — En este caso la demanda alega: "que por razón de la persecución maliciosa el demandante fué claramente perjudicado en . su persona, nombre, reputación y negocio, ” y se decidió: que dicha demanda contiene alegaciones sucintas suficientes a falta de una petición con el fin de que fueran hechas más específicas y qué de acuerdo con las autoridades americanas no era excepeionable.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José Martínez Dávila.

      Abogados del apelado: 8res. Reichard & Reichard.

   El Juez Asociado Sr. "Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La única cuestión que ba sido promovida en este caso se refiere a la suficiencia de una alegación de'daños y per-juicios en una acción sobre persecución maliciosa.

La corte inferior declaró con lugar una excepción previa que fué formulada a la demanda, porque en ella no se alegan de modo específico los daños y perjuicios. La demanda es como sigue:

“Comparece el demandante por medio de sus abogados Martínez & Besosa y ante la corte expone y alega: ■
“1. Que el demandante es mayor de veinte y un años de edad, propietario y vecino del pueblo de Aguada; y el demandado es tam-' bién mayor de veinte y un años de edad, propietario y vecino de Agua-dilla.
“2. Que con fecha veinte y nueve de enero de mil novecientos catorce compareció el demandado José Ramírez Pérez ante la Corte " Municipal de Aguadilla y formuló denuncia jurada contra el deman-dante Ramón Torres, imputándole la comisión de un delito de hurto menor.
“3. Que en virtud de dicha acusación y en la fecha inmediata expresada fué reducido a prisión el demandante, teniendo que pres-tar fianza para obtener su libertad provisional.
“4. Que al formular la mencionada denuncia criminal ante la Corte Municipal de Aguadilla en la fecha expresada, el demandado José Ramírez Pérez, actuó falsa, de pura maldad, maliciosamente y sin causa probable, sabiendo perfectamente dicho demandado José Ramírez Pérez, que era incierta y 'falsa la comisión del crimen de hurto menor imputado al demandante Ramón Torres, e intentó, por tanto, perjudicar a éste en su buen nombre y crédito, reducirle a prisión y vejarle haciendo que compareciera ante una corte de jus-ticia a responder a una acusación de crimen.
“5. Que con fecha veinte y cuatro de febrero de 1914, se cons-tituyó la Corte Municipal de Aguadilla en el pueblo de Aguada en audiencia pública, y presente el acusado demandante Ramón Torres, se dió lectura a la acusación mencionada en el hecho segundo de esta demanda, la cual negó el demandante y la corte luego de oída y exa-minada la prueba lo absolvió con costas de oficio.
“6. Que por razón de lós hechos de la persecución maliciosa antes expresada, el demandante Ramón Torres ha sido grandemente per-judicado en sn persona, nombre, reputación y negocios y estima los daños y perjuicios sufridos en la suma de diez mil dólares.
“Por las razones expuestas el demandante suplica a la corte se sirva, previos los trámites legales, dictar sentencia declarando con lugar esta demanda y en su consecuencia condenando al demandado a pagar al demandante. la suma de diez mil dollars en concepto de daños y perjuicios, con más las costas, gastos.y honorarios de abo-gado. San Juan, para Aguadilla, Julio 21 de 1914. Martínez & Besosa, abogados del demandante.”

El apelado nos hace referencia al caso de Díaz v. The San Juan Light & Transit Co., 17 D. P. R., 69, y a varias seccio-nes de Cyc., a saber, 26 Cyc., 74 y 78; 13 Cyc., 13 y 175. En el caso de Díaz v. San Juan Light & Transit Co. dijimos: “Que el demandante debía alegar y probar la existencia de un daño real y positivo que le ña ocasionado pérdidas en su persona, en sus bienes o en sus derechos derivados de sus relaciones con otras personas”; pero con esto no quisimos expresar que sería excepcionable una demanda que conte-nía una alegación de daños y perjuicios en términos genera-les, pues el resto del caso demuestra lo contrario.

La jurisprudencia americana-ha sido bien sintetizada en la nota que aparece en el caso de Heirn v. McCaughan, 66 Am. Dec., 603, la cual es como sigue:

“Los daños que resultan necesariamente del acto que se denuncia se conocen con el nombre de daños generales, y pueden alegarse bajo la alegación ordinaria ad damnum, pues debe presumirse que el de-mandado sabe las consecuencias necesarias de su conducta. Pero los daños que no provienen necesariamente del acto denunciado, pero que tal vez sigan al mismo, se denominan daños especiales y deben ser ale-gados particularmente en la demanda, o no se permitirá al deman-dante presentar prueba de los mismos.”

Los daños reales o reparadores pueden alegarse en la cláusula general sobre daños y perjuicios . (ad damnum clause); pero los daños especiales y se ha resuelto también que los ejemplares, deben ser especialmente alegados. 28 Cyc., 78. La alegación general respecto a los daños (ad dam- num clause), a la que tace referencia la obra, es una recla-mación general amplia por los daños y perjuicios reales o efectivos cuya naturaleza puede ser probada en el juicio. 1 Cyc., 763.

Donnell v. Jones, 13 Ala., 490, 48 Am. Dec., 59, es un caso importante que envuelve la cuestión de un embargo ilegal y en el que la corte llamó la atención hacia el hecho de que existía una diferencia entre lo que se conoce por daños gene-rales, o sea los que necesariamente resultan y los daños par-ticulares o especiales, que son los que realmente tienen lugar y la ley no los presume. En dicho caso se resolvió que en una acción establada con motivo de un embargo' ilegal, la pérdida de la reputación, crédito o negocio, o el retiro de de-terminados parroquianos constituía un daño especial. En un caso reciente de Montana se resolvió que la ansiedad y sufrimiento mental proceden natural y directamente de una persecución maliciosa infundada en.la cual se alega la comi-sión de un delito infamante, siendo el verdadero fundamento de la acción el oprobio que se causa con la acusáción; decla-rándose además en dicho casó que es innecesario hacer ale-gaciones especiales sobre el particular. Grorud v. Lossl, 136 Pac., 1069, donde se citan autoridades. En igual sentido se expresan Sutherland sobre Daños, párrafo 418 y siguien-tes, y especialmente el párrafo 421;' Hale sobre-Daños, párra-fos 93-95, página 336; Hawkins v. Collins, 59 S., 694. Oldfather v. Zent, 41 N. W., 555.

Es claro, de acuerdo con las autoridades, que si' el deman-dante ofreciera en el juicio prueba de dáños especiales el demandado debe ser informado de los mismos, y la pérdida de la reputación, crédito o negocio, y otras cosas semejan-tes, constituye dichos daños especiales. ' Por otra parte, las autoridades son igualmente "claras al expresar que úna de-manda en la que se consignan los hechos relativos a la per-secución maliciosa y se alega sucintamente la pérdida de la reputación o negocio, contiene Riña' alegación suficiente de los 'daño's especiales. En él caso de Lord v. Cuyot, 70 Pac., 684, las palabras consideradas como suficientes por la corte fueron “y la referida acción seguida por el demandado inco-modó, vejó y molestó a los demandantes cansándoles a la vez daños y perjuicios en su reputación y crédito comercial, los cuales ascienden a la suma de veinte mil dólares.” En el caso de Olson v. Haggerty, 124 Pac., 145, las palabras con-sideradas suficientes por la corte eran “y con la intención de causar daño a la reputación de la demandante y con el objeto de liacer que se sospechara que había cometido un hurto, exponiéndola al odio, menosprecio y ridículo público.” Los casos de Ten Cate v. Fansler, 65 Pac., 376, y Fine v. Navarre, 104 Mich., 95, también demuestran que semejantes ale-gaciones sucintas son suficientes a falta de una petición con el fin de que sean hechas con más particularidad. Por lo general no se exige más particularidad que la que se hace en las palabras usadas en el presente caso, a saber, “que por razón de los hechos de la persecución maliciosa antes expre-sada, el demandante Ramón Torres ha sido grandemente per-judicado en su persona, nombre, reputación y negocios.” De acuerdo con todas las autoridades' americanas la demanda no es excepcionable.

Hemos resuelto generalmente que en acciones por perjui-cios provenientes de daños semejantes el artículo 1803 del Código Civil nos autorizaba a conceder indemnizaciones por los perjuicios que naturalmente resultan del daño que se causa. Zalduondo v. Sánchez, 15 D. P. R., 231; Díaz v. The San Juan Light & Transit Co., 17 D. P. R., 69; Parés v. Ruiz, 19 D. P. R., 342. En el caso de Guzmán v. Vidal, 19 D. P. R., 841, se examina la historia de la legislación de donde resulta claro que el artículo 1803 comprende hasta los casos que ante-riormente sólo daban lugar a establecer una denuncia criminal por cualquier persona perjudicada. No existe nada en el Código Civil o en la jurisprudencia que requiera la nece-sidad de mayor especificación de los daños y perjuicios.

De las anteriores consideraciones se desprende que si una demanda expresa los hechos relativos al daño qué se causa y en ella se liace una reclamación general de los daños y per-juicios sin especificación de sn naturaleza o sin particula-rizar los mismos, dicha demanda no puede ser excepcionada. Si el demandante desea probar daños especiales en el juicio, así como la pérdida de reputación, negocio, etc., tiene que alegarlos. Si el demandado desea que se haga una especi-ficación mayor de cualquier elemento constitutivo de daño, puede obtenerla en debida forma si a discreción de la corte, para formular su contestación o probar su caso él tiene dere-cho a ello. Las cortes proceden con cuidado al exigir al de-mandante que especifique los daños sin que el demandado acredite suficientemente la razón que hay para ello. En casos como el presente raramente se. exige mayor especificación.

Debe revocarse la sentencia.

Revocada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Vázquez, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la (Jorte de Distrito de San Juan, Sección 2a, en causa por infracción del artículo 288 del Código Penal.
    No. 806.
    Resuelto en mayo 17, 1915.
    Casas be Lenocinio — Acusación—Arrendamiento de Casas para la Prostitu-ción — Conocimiento del Delito. — Es insuficiente una acusación por un delito de infracción del artículo 288 del Código Penal, cuando no se alega que el acusado sabía que la casa iba a ser dedicada a citas deshonestas o a la pros-titución. La mera alegación de que la casa se dedicaba a fines deshones-tos alquilando el acusado las habitaciones a mujeres entregadas a la pros-titución no es equivalente.
    Delito — -Elemento Mental — Alegaciones.—Si en un caso determinado falta el elemento mental de cualquiera conducta que se alegue que constituye delito, dicho delito no se comete. Véase El Pueblo v. Ferrari, 15 D. P. B., 813.
    Casas de Lenocinio — Conocimiento del Delito — Defensa.—Aun cuando en un proceso por infracción del artículo 288 del Código Penal la prueba tienda a demostrar el conocimiento del delito por parte del acusado, si éste no lia sido oído sobre ese extremo, no puede ser condenado sin antes tener una oportunidad de defenderse de esa imputación.
    Los hechos están- expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Francisco del Valle, Jr.

    Abogado del Pueblo: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Esta cansa gira sobre nna acusación que es como signe:

“En la Corte de Distrito de San Juan, a 22 de enero de 1914. El Fiscal formula acusación contra Francisco Vázquez B. por un delito de infracción al artículo 288 del Código Penal, misdemeanor, cometido como sigue: El citado Francisco Vázquez B. allá el día 20 de enero de 1914, en la ciudad de San Juan que forma parte del dis-trito judicial del mismo nombre, tenía arrendada la casa No. 5 de la calle del Mercado, de la propiedad de Luis Garófalo, la que era dedi-cada a citas deshonestas, arrendando las habitaciones a mujeres dedi-cadas a la prostitución. Este hecho es contrario a la ley para tal caso prevista y a la paz y dignidad del Pueblo de Puerto Pico. ’ ’

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El artículo 288 al cual se ha hecho referencia es como sigue:

“Artículo 288. — Toda persona que tuviere establecida una casa escandalosa o dedicada a citas deshonestas, o una casa de recreo en la cual habitualmente se perturbare la tranquilidad, bienestar o de-coro del inmediato vecindario,' o mesón en que se promovieren des-órdenes constantemente; o que arrendare cualquier habitación o casa de vecindad, sabiendo que va a dedicarse a citas deshonestas o a la prostitución, será reo de misdemeanor.”

No existe alegación alguna en esta acusación de que Váz-quez alquilara las habitaciones sabiendo que eran dedicadas a citas deshonestas o a la prostitución. La mera alegación de que la casa se dedicaba a fines de prostitución alquilando Vázquez las habitaciones a mujeres entregadas a la pros-titución no es equivalente a una, alegación de conocimiento por parte de Vázquez. De acuerdo con el artículo 288 es indispensable que se alegue el conocimiento.

En el caso de United States v. Carll, 105 U. S., 611, la corte resolvió ‘ que cuando el conocimiento era un elemento esencial del delito, el dejar de alegar dicho conocimiento hacía defectuosa la acusación. Al considerar este tribunal hechos casi idénticos a los de ese caso, declaró en el de El Pueblo v. García, 9 D. P. R., 434, después de estudiar las autoridades, que era defectuosa una acusación por falsificación, de moneda en la cual no se alegaba que el acusado sabía que la moneda puesta en circulación era falsa. En el caso de El Pueblo v. Ferraris, 15 D. P. R., 813, se resolvió al citar la opinión .del Juez Sr. Stephens, que si en un caso determinado falta el elemento mental de cualquier conducta que se alegue que constituye delito, dicho delito no se cometía. Véase asimismo .a 14 Cye., 491, y 22 Cyc., 327 y páginas siguientes.

La prueba de este caso tiende a establecer que el acu-sado conocía la reputación de la casa. No se formuló ninguna objeción a la acusación en la corte inferior. Pero siendo substancial el error no quedó subsanado por el veredicto o la sentencia. Véase el caso de Territory v. Cortez, 103 Pac., 265, donde se cita el de United States v. Carll, supra, y otros casos.

Aunque. a primera vista puede parecer fuerte que deba revocarse una sentencia cuando la prueba tendía a mostrar el conocimiento del delito .por parte del acusado, es evidente, sin embargo, que el acusado jamás ha sido oído en lo que respecta a la cuestión de si tenía él conocimiento o no del ca-rácter ilícito de la casa. En el presente caso quizás las par-tes todas fueron a juicio sin ningún conocimiento de que se imputaba al acusado el delito de alquilar habitaciones a sa-= hiendas de que iban a ser dedicadas a fines de prostitución. Sea como fuere, cierto es que el acusado no fué informado por la acusación de que en ésta se alegaba que él tenía cono-cimiento criminal del delito y no debió habérsele condenado sin' qué' tuviera oportunidad de defenderse de ésa imputa-ción. El estatuto ps claro y debe ser fácil a los Fiscales- obser-vario cuando se quiere obtener una condena. Debe revocarse, la sentencia apelada.

Revocada la sentencia apelada y 'absuelto el acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro,' Aldrey y Hutcbison.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Alsina et al., Acusados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce ens causa por conspiración.
    No. 694.
    Resuelto en mayo 17, 1915.
    Conspiración — Destrucción Praudulenta be Bienes Asegurados — Incendio' Malicioso — Acusación Suficiente. — Una acusación que imputa a los acu-sados el hecho de haber conspirado para defraudar en sus bienes a deter-minadas compañías de seguro, personas jurídicas, por medio de la sustrac-ción y del incendio de los bienes asegurados, no es genérica, sino específica,, y contiene todos los elementos que integran el delito de conspiración pre-visto en el artículo 62 del Código Penal vigente.
    Acusación — Término para Presentarla — Jurisdicción—Presunción.—Cuando’ de los autos no consta la fecha en que fueron detenidos los acusados, a los; efectos de determinar si la corte earecía de jurisdicción para ver y fallar el caso, por haber transcurrido el término legal dentro del cual había de pre-sentarse la acusación, debe presumirse que ésta fué formulada dentro de! término de ley.
    Conspiración — Incendio Malicioso — Acusación. — -Examinada la acusación en¡ este caso, se decidió que si bien se consignan en ella hechos que tienden por sí solos a establecer un delito de incendio, del contenido total del documento se deduce que el único delito imputado por el Piseal a los acusados fué: el de conspiración.
    Felony — Misdemeanor—Confusión de un Delito Menor en Otro Mayor (Merger). — Un delito menos grave (misdemeanor) que es parte de un delito gravej felony), puede ser castigado como delito menos grave (misdemeanor), aunque1 el delito grave (felony), se lleve a efecto. El tribunal al resolver este caso,, ratifica la doctrina sentada en el de El Pueblo v. Díaz et al., resuelto en marzo 27, 1915, (p. 191).
    Juicio — Celebración del Juicio Dentro de los 120 Días- — Discreción Judicial — Abuso de Discreción. — Al comenzar la vista de esta causa, uno dé-los acusados solicitó el sobreseimiento perentorio de la acusación, basándose' en que habían transcurrido más de los 120 días a que se refiere el artículo* 448, No. 2, del Código de Enjuiciamiento Criminal. La corte negó el sobre-seimiento por entender que hubo justa causa para la dilación, a saber: lai de haberse suspendido la primera vista señalada dentro del indicado tér-mino, a petición del Fiscal, basada en haber recibido un telegrama el mismo día fijado para la vista, requiriendo sus servidos en la investigación de un incendio ocurrido en uno de los pueblos de su distrito. Se resolvió: Que la corte no abusó de su poder discrecional al calificar de justa la indicada causa y en su consecuencia al negarse a sobreseer la acusación.
    Conspiración — Compañías de Seguros — Registro en la Secretaría de Puerto Rico — Pruebas.—En la persecución, de un delito público, el elemento principal que debe comprobarse es la intención del acusado, y si los acusados en este caso conspiraron para defraudar a compañías de seguros y que por sus propios actos reconocieron lá existencia de dichas compañías, no pueden luego escudarse en el hecho de que no se presentara en el acto de la vista prueba concreta de que estaban aquéllas registradas en la 'Secretaría de Puerto Rico cuando otorgaron las pólizas, para eludir su responsabilidad criminal.
    Id. — Testigos—Eliminación de su Declaración. — No procede la eliminación de la declaración de un testigo -del Eiseál en un proceso por conspiración para cometer el delito de destrucción fraudulenta de bienes asegurados, por referirse a actos realizados después del incendio y no a aetos perpetrados para llevar a efeeto la supuesta conspiración, cuando el testigo es presentado para probar que uno de los acusados se ausentó de la ciudad en el momento del incendio, como un indicio de su culpabilidad.
    Apelación — Excepción—-Fundamentos en la Corte Inferior.- — Los fundamen-tos que pueden considerarse en la corte de apelación, son los que a su debido tiempo se adujeron en la corte sentenciadora. (Falero v. Falero et al., 15 D. P. R., 118; El Pueblo v. Asencio, 16 D. P. R., 359.)
    Testigos — Testigos del Pueblo — Acusados co.mo Testigos. — Es antes de comen-zar los acusados su defensa y no después cuando procede decretar por la corte a petición del Fiscal la exclusión del juicio de cualquiera de los acu-sados con-objeto de que sirva como prueba del poder público, pero el mero hecho de que se haya permitido declarar a un testigo de la defensa, a su ruego, mientras se practicaba la prueba del Fiscal, no implica que se comen-zara formalmente la práctica de la prueba de la defensa.
    Conspiración — Examen de las Pruebas. — Examinada cuidadosamente toda la prueba practicada en este caso, se resolvió: Que era suficiente para soste-ner la sentencia apelada.
    Los tedios están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. Rafael Martínez Nadal y Alfonso Lastra Charri’ez.

    Abog’ado de El Pueblo: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación interpuesto por Benigno Colón Pacheco y Carlos Ferrer Bodríguez contra la sentencia de la Corte de Distrito de Ponce que los con-denó, respectivamente, como autores de un delito de cons-piración, a pagar quinientos dollars de multa y en sii defecto a sufrir seis meses de prisión, y a pag’ar doscientos dollars de multa y en su defecto a sufrir tres meses de prisión.

La acusación, base del proceso, copiada a la letra, en lo pertinente, dice así:

“El Fiscal formula acusación contra'Francisco Alsina, Benigno Colón Pacheco y Carlos Ferrer Rodríguez, por un delito de conspi-ración (misdemeanor) cometido como sigue: Los citados abusados Francisco Alsina, Benigno Colón Pacheco y Carlos Ferrer Rodrí-guez en la ciudad de Ponce, P. R., dentro de este distrito judicial, hacia'el mes de julio de 1913, o alrededor de esa fecha, de una’manera ilegal, maliciosa y voluntaria, conspiraron para cometer el delito de destrucción fraudulenta de bienes asegurados, (felony) consistente en destruir por medio del incendio las existencias aseguradas de una casa de comercio propiedad de los acusados-Alsina y Colón Paehbco, titulada ‘F. Alsina y Co., S. en C.-,’ y cuyas existencias estaban ase-guradas contra incendio en las compañías ‘London and Lancashire Fire Insurance Co.’ y la ‘Guardian Assurance Co., Limited,’ ambas con residencia principal en Londres, Inglaterra, y oficinas en San Juan de Puerto Rico legalmente autorizadas para practicar nego-cios en esta Isla, de Puerto Rico, por. las cantidades de cinco mil dóla-res, y diez mil dólares, respectivamente, o sea un total en ambas com-pañías de quince'mil dólares, moneda americana; pólizas extendidas en seis de junio de 1913, a un año .plazo, esto es, a vencer en seis de junio de 1914, siendo la intención de dichos acusados, al conspi-rar para cometer el delito ya indicado, el estafar y. defraudar a las dichas compañías como personas civiles en sus bienes o sea por un total de cinco mil dólares a la ‘London and Lancashire Fire Insurance Co.’ y diez mil dólares a la ‘Guardian Assurance Co., Limited,’ a cuyo efecto introdujeron latas de gasolina y petróleo en dicha casa de comercio y dieron fuego a dichas existencias y asimismo con la deliberada, maliciosa, ilegal y voluntaria intención de estafar y defrau-dar a las ya dichas compañías o personas civiles, extrajeron de ante-mano mercaderías de las así aseguradas y las transportaron a la casa de comercio del otro acusado Carlos Ferrer Rodríguez en Juana Díaz.”

Aparece de la transcripción elevada a esta- Corte Su-prema,'que la acusación fué excepcionada, 1°.,- por ‘ser dema-siado genérica; 2°., por no constituir delito público los becbos en la misma consignados; 3°., por carecer la corte de juris-dicción para ver y fallar el caso por haber transcurrido el término legal dentro del cual había de. presentarse la acu-sación; 4°., por imputar al acusado.más de un delito; 5°., por ser ambigua, y 6°., porque desprendiéndose de ella que los acusados consumaron el acto delictivo más grave, (felony), debe considerarse confundido .(merger) en él el delito menos grave, o sea el d.e. conspiración.-

No consta en los autos transcritos la ■ resolución de la corte, pero habiendo seguido el juicio adelante, debemos pre-sumir que fué adversa a las pretensiones de los acusados.

1 y 2. La primera y la segunda de las excepciones, care-cen evidentemente de fundamento. Bajo el título de “cons-piración,” el Código Penal vigente en Puerto Eico, en su artículo 62, prescribe que si dos o más personas conspira-ren, entre otros casos, para estafar y defraudar a alguna persona en su bienes por medios en sí criminales, serán pena-das con cárcel por un término máximo de un año, o multa máxima de mil dollars, o ambas penas, y basta leer la acu-sación para concluir que imputa, a los acusados, no en forma genérica sino específica, un hecho claramente comprendido dentro del precepto penal citado, o sea el de haber conspi-rado para defraudar en sus bienes a ciertas compañías de seguro, personas jurídicas, por medio de la sustracción y del incendio de los bienes asegurados.

3. Para resolver la tercera de las excepciones previas, no. tenemos los datos suficientes. No consta la fecha en que fueron detenidos los acusados y debemos presumir, en ausencia de prueba en contrario, que la acusación fué for-mulada dentro del término de ley.

4 y 5. En cuanto a la cuarta excepción previa y a la quinta, diremos que si bien se consignan en la acusación hechos que tienden por sí solos a establecer un delito de incendio, del contenido total del documento se deduce que el único delito imputado por el Fiscal a los acusados fué el de conspiración.

6. Levanta la sexta y última de las excepciones una cues-tión de derecho que lia sido objeto del más amplio y detenido estudio en Inglaterra y en los Estados Unidos y sobre la cual están en conflicto las decisiones de los tribunales.

Las autoridades con respecto a si el acto de conspirar para cometer un delito grave (felony), se confunde (merges) con el delito mayor, cuando el propósito de la conspiración se realiza, están en conflicto. De acuerdo con un número de decisiones, cuando el delito grave, la comisión del cual es el propósito de la conspiración, se perpetra, siendo la cons-piración un misdemeanor, se confunde (merges) con el delito grave (felony). Existen, sin embargo, muchas decisiones que llegan-a una conclusión contraria, y sostienen que un delito menos grave (misdemeanor) que es parte de un delito grave (felony), puede ser castigado como delito menos grave (misdemeanor) aunque el delito grave (felony), se lleve a efecto. Véase 8 Cyc., 644.

Uno de los casos más interesantes que hemos consultado entre los que sostienen la última teoría, es el de State v. Setter, de Connecticut, reportado en 14 A. S. R., 121.

En dicho caso la única cuestión argüida ante la corte fué la de si el crimen de conspiración para hurtar, tal como se estableció en la acusación, se confundió con el de hurto, real-mente perpetrado tal como resultó de la prueba practicada en el juicio. La corte resolvió que no obstante el resultado de la prueba, el delito de conspiración pudo perseguirse y castigarse como en efecto se persiguió y castigó. En el curso de su opinión la corte se expresó así:

“El Sr. Bishop en su obra sobre Ley Criminal (Ed. 7a., see. 814), después de discutir la regla de que una conspiración está Incluida (merged) en un felony, delito grave, hace las siguientes obserta-ciones: ‘La doctrina que conoce el lector es contraria a todo princi-pio equitativo; ha sido rechazada en Inglaterra y aun cuando haya Estados en los cuales sea obligatoria para los tribunales, no deberá ser considerada como la ley general americana. ’ El Profesor Wheaton (Ley Criminal, 8a. Ed., see. 1344), dice: ‘La regla técnica de que un misdemeanor queda siempre incluido (merged) en un felony cuando ambós se encuentran, ha sido reconocida en este país en algu-nos casos, si bien es cierto que no existe razón buena que la justifi-que * * *’ y varias de nuestras cortes han estado inclinadas a rechazarla en todos los casos: Véanse los casos que más adelante se citan.
“En Inglaterra el principio relativo a que la conspiración para cometer felony queda confundida en el mismo felony ha sido recha-zado expresamente. Lord Denman al emitir la opinión del tribunal en el caso de Regina v. Button, hizo las siguientes observaciones: 'Un misdemeanor incluido en un felony, puede ser castigado como misdemeanor aun cuando el felony se ha,ya cometido. El caso fué uno en el cual los acusados habían sido Idenunciados por conspira-ción para cometer robo y la prueba tendía a probar que el robo real-mente se había cometido.’ El caso de Regina v. Neale, 1 Den. C. C., 36, se expresa en igual sentido.” 14 Am. St. Rep., 122-125.

La opinión de ■ este Tribunal Supremo sobre la materia, quedó claramente establecida en el caso de El Pueblo v. Díaz et al., decidido el 27 de marzo de 1915, en el sentido de que puede castigarse la conspiración, no obstante haberse reali-zado el acto delictivo para la perpetración del cual fué tra-mada. Ratificamos la opinión emitida en dicho caso y en su virtud declaramos que la corte de distrito tampoco erró al desestimar la sexta y última de las excepciones previas.

Resueltas dichas excepciones en el sentido indicado, pro-cederemos al estudio y resolución de las tomadas durante la vista de la causa y hechas constaran el pliego que forma parte de la transcripción, limitando nuestros razonamientos escritos a las que han sido sostenidas.,por los abogados de los acusados ante este Tribunal Supremo.

A. Al comenzar el juicio, el acusado Colón, por medio de su abogado, solicitó el sobreseimiento perentorio de la causa por haber transcurrido con exceso los ciento veinte días a que se refiere el artículo 448, número 2, del Código de Enjuiciamiento Criminal, y la corte declaró sin lugar la moción por entender que si bien habían transcurrido dichos ciento veinte días existió una causa justa por virtud de la cual se dilató la celebración de la vista.

De la transcripción aparece que presentada la acusación, se- señaló' el juieio dentro del término de ciento veinte días pero, en el momento de comenzar a celebrarse, el Fiscal encar-gado especialmente de la dirección del asunto recibió un tele-grama informándole que' babía ocurrido un incendio en uno de los pueblos de su distrito. El Fiscal lo manifestó así a la corte y pidió la suspensión de la vista. Uno- de los acusa-dos se allanó y los otros dos se opusieron, resolviendo la corte de conformidad, con lo solicitado por el Fiscal. Tal fuá la causa que motivó la dilación del juicio.

Opinamos que la corte no abusó de su discreción al apre-ciar dicha causa como justa, pues entre los dos deberes del Fiscal, pudo creer que requería una atención más inmediata la investigación del incendio ocurrido. Por' regla general resulta muy difícil encontrar la prueba en los delitos de incen-dio y la experiencia demuestra que en muchas ocasiones ha podido obtenerse dicha prueba por medio de una activa, inte-ligente e inmediata investigación del caso.

B. Al presentar su prueba, él Fiscal introdujo dos cer-tificaciones expedidas por el Secretario de Puerto Eico cre-ditivas de haberse registrado en su oficina las compañías de seguros contra incendios, The London and Lancashire Insurance Co. y The Guardian Assurance Co., Limited, como compañías organizadas y operando en. Puerto Eico, sin expre-sar la fecha del 'registro. Se opusieron los abogados de los acusados Colón y Ferrer alegando que dichas certificaciones no establecían que para la fecha en que ocurrió el delito estuvieran dichas compañías autorizadas para hacer nego-cios en la isla. La corte admitió la prueba como creditiva prima facie de la existencia de las compañías.

Según la opinión que hemos formado de este caso, la ale-gación hecha en la acusación de que las compañías estaban registradas en la Secretaría de Puerto Eico, era superflua, pero aunque no lo fuera, atendidas todas las circunstancias concurrentes, no cabe sostener, a nuestro juicio, que la corte de distrito cometió ningún error fundamental al admitir las certificaciones. Se trata de la persecución de un delito pú-blico. y en tal caso el elemento principal que debe compro-barse es el ele la intención del acusado. Si-los acusados cons-piraron para defraudar a las compañías de seguro y por sus propios actos reconocieron su existencia, no pueden luego escudarse en el hecho de que no se presentara en el acto del juicio prueba concreta de que dichas compañías estaban registradas en la Secretaría de Puerto Rico cuando otor-garon las pólizas, para eludir su respbnsabilidad criminal. Esta Corte Suprema en el caso de Lamas y Méndez v. Betancourt, 16 D. P. R., 280, dijo que “un demandado que niega en su contestación la existencia de la sociedad demandante, pero que durante la práctica de las pruebas reconoce qué ha contratado con dicha sociedad, figurando su cuenta en los libros de la misma, no puede continuar negando su exis-tencia y alegar que ésta no se ha probado, por no haberse presentado la escritura pública por la que se constituyera.”

Véase lo que dice el testigo Rodolfo del Valle, con respecto a la intervención del acusado Colón, apoderado de Alsina y Compañía, en relación con una de' las pólizas de segúífó: Dijo el testigo así: - ' • • . . .

‘ ‘ Que cuando, el fuego, estaba la paliza vigente; que recibió un telegrama de San" Juan en el que' se le ordenaba cancelar la póliza y bailándose en él ¿ampo- todavía cuando- lo recibió, llamó por téíé-fono a Tristani y. le indicó qué le-hiciera -el favor de- encargarse- dé examinar las existencias- que tenía F. Alsina y Go. y en- virtud, ctfel informe que le dió el Sr. Tristani, contestó-a San Juan - diciendo al agente general"que creía algo, exagerado el informe que dicho agente había recibido, pero que creía, que debía cancelarse en seguida por telégrafo-la póliza para bien de'la'compañía; que'én virtud de 'sú informe recibió "de San Juan'una carta orden dé cancelación, la; cjdé llegó el mismo día, .después dé haber-- ocurrido- el-'incendio; qúé con motivo :de la carta.tuvo-una--entrevista; con-el acusado Benigna, Colón y le dijo que do. acuerdo, eorn-lo qu,e le-había mandado a-decir de que había cancelado la póliza, .ésta estaba .cancelada, que .aunque había ocurrido el incendio, "le admitiera la cancelación, y entonces él' Sr. Colón le-contestó que'"'no' ía'admitía'porque"'consideraba en vigor la póliza; que esa'entrevista fúé el inishió' día'del fuego'úuíáb' 9 de la mañana?.; que él le dijó-también^qúé-yiérá-'íá fecha-qué teñía! la carta de cancelación y Colón le contestó que consideraba la póliza en vigor y que había llegado tarde la cancelación; que él le entregó la carta de cancelación con el dinero que le sobraba a Colón y éste no quiso aceptarlo.”

Las consideraciones que haremos al disentir el error mar-cado en el alegato de los apelantes con la letra C, pueden aplicarse también, a nuestro juicio, para apoyar la conclu-sión de que la corte de distrito, atendidas todas las circuns-tancias concurrentes, no cometió el error señalado con la letra B.

C. Sostienen los apelantes que la corte erró al admitir como prueba las dos pólizas de seguro a que se refiere la acu-sación, fundándose en que las pólizas no fueron debidamente •autenticadas por no haberse probado la capacidad de las compañías aseguradoras.

Las pólizas fueron introducidas del siguiente modo: el Fiscal presentó como prueba el expediente de habeas corpus No. 1330 seguido por Francisco Alsina en la Corte de Distrito de Ponce, a cuyo expediente fueron agregadas a instancias del abogado del peticionario, que era uno de los acusados en esta causa. Si se tiene en cuenta tal hecho y además que Félix Tristani, representante en Ponce de la casa comercial de. San Juan, Villar y Cía., agente -de The Guardian Assurance Company, reconoció, en él- acto de' la vista, tina de las pólizas como credi'tiva del contrato celebrado entre la compañía de seguros y la mercantil Alsina y Cía., y Rodolfo del Valle, representante en Ponce de The London and Lancashire Insurance Co., también reconoció en el acto del juicio la ■ otra póliza como creditiva del contrató celebrado entre la compañía que representaba y la comercial Alsina y Cía., es necesario concluir que las pólizas quedaron sufi-cientemente autenticadas y que la corte no cometió error al-guno al .admitirlas como pruebas en esta causa.

D.. Sostienen también los apelantes que la corte erró al deséstimar la solicitud hecha por el acusado Colón a los efec-tos de que se eliminara lo declarado por el testigo Aurelio Fernández por referirse a actos realizados después del incen-dio y no a actos perpetrados para llevar a efecto la supuesta conspiración. El testigo Fernández fué presentado por el Fiscal para probar que el acusado Colón, el mismo que pidió la eliminación de lo declarado por Fernández, se ausentó de Ponce en el momento del incendio, por estimar el Fiscal que ese hecho constituía un indicio con respecto a la culpabilidad del Colón. La corte ordenó “que quedara la declaración en el récord para darle el valor que pueda tener en conjunto con los demás indicios en este caso.”

Siendo esos los hechos, no podemos ver que la corte come-tiera error alguno al resolver que la declaración de Fer-nández no fuera eliminada. La jurisprudencia que citan en su alegato los apelantes no es aplicable. Toda ella se refiere a actos y declaraciones de un conspirador admitidos como prueba en contra de un co-conspirador y aquí el acto de Colón se presentó como un indicio demostrativo de la culpabilidad de su autor y no de la de otra persona.

E. Sostienen de igual, modo los apelantes que la corte erró al admitir como prueba un extracto de la cuenta corriente de Noriega, Alvarez y Cía. con F. Alsina y Cía. Al consig-narse el fundamento de la excepción, se dice en el alegato, que fué el de que el carácter de -dicha prueba era secundario y no se demostró que no pudiera presentarse la mejor prueba, esto es, los libros originales de la casa mercantil. Sin embargo, del pliego de excepciones preparado por los apelan-tes y aprobado por la corte .sentenciadora, resulta que el acusado Colón se opuso “porque el mismo testigo (el socio, de Noriega a quien se estaba interrogando sobre la cuenta en el momento de presentarla), declara que “él no es tene-dor de libros y no puede asegurar que eso sea absolutamente cierto” y el acusado Ferrer se opuso además “porque aun aceptándola (la cuenta) resulta que el Fiscal tendría que probar que los libros llevados por la casa de Noriega están bien llevados y que los de la casa.de Alsina no lo están:”

La idea del Fiscal al presentar dicha cuenta era la de de-mostrar que entre los libros, de F. Alsina y Cía. y los de Noriega, Alvarez y Cía. existían diferencias y qne tales dife-rencias se debían al propósito de F. Alsina y Cía. de hacer aparecer en sns libros hechos ficticios necesarios dentro, del plan adoptado para la mejor realización del frande qne se intentaba realizar a las compañías de-seguro.

Los fundamentos- que pueden considerarse en la corte de apelación, son los que a su debido tiempo se aducen en la corte sentenciadora, Falero et al. v. Falero, 15 D. P. R., 118; El Pueblo v. Asencio, 16 D. P. R., 359, de ahí que no poda-mos decidir la excepción de que se trata sobre la base de que se alegó el carácter secundario de la evidencia ofrecida. Y en cuanto a los motivos realmente' alegados, diremos que no tienen mérito alguno. No importa que Noriega no fuera tenedor de libros. Era socio de la mercantil Noriega, Alvarez y Cía. y estaba claramente- en condiciones de declarar sobre los negocios entre su casa y la de Alsina. Es costum-bre que las cuentas corrientes se pasen con la siguiente ad-vertencia: S. E. u O, que quiere decir: salvo"'error u omi-sión, y ese era el sentido que tenían, sin duda, las palabras del testigo al decir que'no podía asegurar qtle fuera abso-lutamente cierto el contenido de la cuenta. Tampoco era nece-sario probar previamente a la admisión de la cuenta que los libros de Noriega se llevaban bien, y los de Alsina mal. La prueba era en sí misma uno de los indicios aportados para que el juzgador llegara a esa conclusión y penetrara' en el motivo qué la casa de F. Alsina y Cía. tuvo' para no llevar sus libros bien, esto es, para separarse en Lis cuentas en ellos contenidas fie la verdad' de los hechos.

F., Alegan los apelantes, que,la corte erró, al admitir como testigo del. Pueblo de Puerto Rico, al coacusado Francisco Alsina, después, de haber.. declarado Matías Vidal coruo tes-tigo de. defensa,y de deberse admitido, como prueba de. los acusados una. circular- de: la casa F. Alsina y Cía., sin que la defensa - hubiere hecho estipulación alguna con el Fiscal, ni éste hubiera objetado la presentaeión de la dicha prueba de descargo.

Los hechos ocurrieron del siguiente modo: Se estaba prac-ticando la ■ prueba del Fiscal y declaraba el testigo Matías Vidal, perito mercantil. Cuando terminó, la defensa solicitó de la corte que en atención a las ocupaciones perentorias del testigo le permitiera declarar, en aquel momento como testigo de defensa, el Fiscal no se opuso, y la corte accedió. Entonces el testigo dijo que no había conocido al acusado Colón como socio de F. Alsina y Cía. sino como apoderado, y a ese efecto reconoció una circular de F. Alsina y Cía. en donde constaba que Colón era realmente apoderado y no socio. Terminada esa interrupción, siguió la prueba del Fiscal hasta su término.

El artículo 239 del Código de Enjuiciamiento Criminal, que es la ley aplicable a la cuestión envuelta, dice así:

“Cuándo dos o inás personas hayan sido incluidas en una misma acusación, el tribunal podrá en cualquier tiempo antes de que los acusados hayan empezado su defensa, decretar a petición del Fiscal, la exclusión del juicio, de' cualquiera de los acusados, con objeto de que sirva como testigo del poder público.”

Los términos de dicha prescripción legal son claros. Es antes de comenzar los acusados su defensa que procede la exclusión; no después. Pero a nuestro juicio no puede sos-tenerse en este caso que por el hecho indicado comenzara formalmente la práctica de la prueba de la defensa. - La declaración del testigo de la acusación Matías Vidal como testigo de la defensa, fué simplemente un paréntesis abierto en la prueba -del Fiscal a instancias de los acusados, para resolver una cuestión de conveniencia personal de un testigo, y no constituyó por tanto el comienzo formal de la presenta-ción de su caso por parte de la defensa. Si se aceptara la teoría de los apelantes, entonces habría que concluir también que la práctica de la prueba de la defensa habría comenzado dentro del significado del artículo 239 del Código de Enjuicia-miento Criminal, cuanqlo antes de celebrarsó el juicio teniendo que ausentarse necesariamente uno de sus testigos, por ejem-plo, la defensa solicita y obtiene que se le tome declaración de acuerdo con la ley, y lo ilógico de tal conclusión resalta a primera vista.

G-. Los apelantes sostienen por último, en su alegato, que la corte erró al apreciar las pruebas por ser insuficientes pára basar en ellas una sentencia de culpabilidad.

Narrar, aun extractándolas en la forma más reducida posi-ble, las declaraciones de los diez y ocho testigos de la acu-sación y de los trece de las defensas, sería prolongar inne-cesariamente esta, opinión.

Creemos suficiente decir que fiemos examinado cuidado-samente toda la prueba practicada y a nuestro juicio la culpabilidad del acusado Colón resulta tan clara que no cabe siquiera discutirla, y si bien la prueba con respecto al acu-sado Ferrer no es tan fuerte, no puede argüirse con éxito que deje de ser bastante para sostener la sentencia dictada contra él.

De toda la evidencia aparece que Francisco Alsina, gestor dé la mercantil F. Alsina y Cía., de 'Ponce, y Benigno Colón, apoderado de la misma sociedad, tramaron una cons-piración para defraudar a dos compañías dedicadas al nego-cio de seguros contra incendios y a tal efecto comenzaron por asegurar en dicfias compañías las existencias de la casa mercantil. Hecho esto, tiende a demostrar la prueba que los acusados Colón y Alsina prepararon los libros de la Socie-dad de tal modo que examinándolos se pudiera concluir que el valor de las existencias en almacén guardaba proporción con el de las aseguradas, hecho contrario, a la realidad, pues las existencias se iban extrayendo del almacén y enviándose a las tiendas de Luis Ojeda y del acusado Ferrer, donde con-tinuaban siendo de la propiedad de F. Alsina y Cía., pero aparentemente pertenecían a Ojeda y a Ferrer.

El acusado Ferrer estaba enterado de la conspiración y se unió a ella aceptando las mercaderías de F. Alsina' y Cía; en la forma que se ha indicado y comprando cierto nú-mero de latas de gasolina que fueron llevadas al almacén de F. Alsina y Cía., abiertas convenientemente y colocadas en sitios apropiados de manera que una vez comenzado el incendio se propagara rápidamente y destruyera en realidad las escasas existencias que Rabian quedado y en apariencia las mercancías aseglaradas. El incendio comenzó pero fué descubierto por el vecindario tan a tiempo que pudo sofo-carse antes de que borrara por completo las pruebas del delito. La declaración del Fiscal Acosta Quintero da deta-lles tan amplios y precisos, con respecto a cómo se encontraba el almacén después del incendio, que ella basta por sí sola, para concluir que se trataba de un acto intencional cuida-dosamente preparado.

Los abogados de los apelantes impugnan la declaración, del cómplice Alsina y sostienen que no merece crédito. La, hemos examinado y la encontramos lógica y completa. Ade-más, el juez sentenciador que oyó declarar al acusado y que-tuvo ocasión, por tanto, de observarlo directamente, le dió* crédito y crédito también debemos darle nosotros en ausen-cia de una demostración cumplida de haberse cometido error por parte de la corte sentenciadora;

Debe CQnfirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sb. Hutchison,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Ramírez, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en causa por delito de falsa representación e impostura.
    No. 771.
    Resuelto en mayo 17, 1915.
    Falsa Representación e Impostura — Hechos o Sucesos Futuros — Convic-ción. — Es una cuestión elemental que una falsa representación respecto a m hecho o suceso futuro no puede servir de base a una convicción por el delito de obtener dinero valiéndose de fraudulentas simulaciones. La simu-lación debe ser una falsa representación de un hecho presente o suceso pasado.
    Id. — Simulación o Promesa de Continuar en un Empleo. — En el presente caso el acusado estando empleado como cartero en las oficinas de correo de Ponce en diciembre 11) 1912, firmó un documento dirigido a Santiago Oppenheimer Dalmau significando que podía retenerle su cheque correspondiente a dicho mes y ascendente a $65, cantidad que había recibido de Juan Bau-tista Pou y a quién podía entregársela., Poeos días después el aeusado em-barcó para New York, quedando cesante y perdiendo así el sueldo. Se resol-vió que no existiendo absolutamente ninguna falsedad que no fuera la simu-lación o promesa tácita de que el aeusado continuaría en su empleo como cartero por el resto del mes, los hechos probados no son suficientes para sostener una sentencia por falsa representación.
    Los Lechos están, expresados en la opinión.
    Abogado del Pueblo: iSr. Salvador Mestre, Fiscal.

    Abogado del apelante: Sr. Leopoldo Formes.

   El Juez Asociado Sb. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fné declarado culpable en la Corte de Distrito de Ponce por haber obtenido dinero mediante falsas y frau-dulentas simulaciones, a virtud de una acusación en la que se alegaba que el delito se había cometido como sigue:

“El citado José Ramírez Bonilla, en Ponce, dentro de este dis-trito judicial, en uno de los días del mes de diciembre de mil nove-cientos doce, a sabiendas e inteneionalmente, valiéndose de falsas y fraudulentas simulaciones y con intención de defraudar a Juan Bau-tista Pou ofreciéndole en garantía su sueldo como cartero, corres-pondiente a dicho mes de diciembre dé mil novecientos doce, consi-guió que el dicho Juan Bautista Pou le entregara la suma de sesenta y cinco dollars, constándole que no había de recibir tal suma, defrau-dando así al dicho Juan Bautista Pou en la suma referida de $65.”

v El acusado, cartero, empleado en la oficina de correos de Ponce en 11 de diciembre de 1912, obtuvo cierta cantidad dinero del denunciante que el jurado declaró que era mayor de cincuenta dólares y,firmó el documento siguiente:

“Sr. Don Santiago Oppenheimer Dalmau, Presente. Respetable .Señor. Puede V. retenerme el oheck correspondiente al mes actual y que deducido los días que he faltado a la oficina, ascienden a sesenti-cinco pesos los que be recibido de Don Juan Bautista Pou, a quien puede Y. entregar el importe de dichos sesenticinco pesos. Ponce 11 de diciembre de 1912. José Ramírez.”

Pocos días después embarcó el acusado para New York, quedando cesante y perdiendo así el sueldo que de no ser por este motivo hubiera percibido por el resto del mes. La cuestión que aquí se presenta es si el becbo de obtener dinero en esta forma, existiendo a la vez el propósito deliberado de abandonar el empleo, y constándole por tanto al acusado que la orden no sería aceptada ni satisfecho el sueldo por el tiempo que no trabajó, pero sin que mediare una simula-ción expresa en cuanto al particular, constituye o nó el delito definido en el artículo 470 del Código Penal, el cual prescribe que:

“Toda persona que a sabiendas e intencionalmente, valiéndose de ■falsas y fraudulentas simulaciones, defraudare dinero o bienes a otra persona, o que hiciere o consiguiere que otros diesen informes falsos respecto a su posición financiera o reputación mercantil, y éngañando de este modo a alguna persona, consiguiere crédito por el cual se hiciere fraudulentamente de dinero o bienes, incurrirá en la pena señalada para el hurto de la cantidad de dinero o bienes así obte-nida.”

■ No es preciso que bagamos una relación especificada de las instrucciones dadas al jurado relativas a este aspecto del caso o de las varias mociones presentadas por la defensa, órdenes de la corte resolviendo éstas, excepciones tomadas y errores alegados; ni es necesario, según la consideración que. hacemos de la materia, que se discuta ninguna de las demás cuestiones que han sido promovidas.

■'“La simulación debe ser una falsa representación de un hecho presente o suceso pasado y no de algo que ha de tener lugar en lo futuro. Refiriéndose, como se refiéró la simple promesa de hacer alguna cosa a un hecho venidero, no está comprendida en el estatuto.
“Aunque el delito no se comete por la mera promesa falsa sin la exposición simulada de los hechos, ésta última, sin embargo, puede ser eficaz únicamente cuando va acompañada de la promesa falsa. Cuando así sucede puede considerarse que la narración de los hechos y la promesa, ambas constituyen la simulación falsa y puede dar lugar a úna convicción, o si puede separarse la relación de los becbos y la promesa, y si el denunciante se basaba en parte en la primera puede hacerse caso omiso de la promesa y ser declarado culpable-el acusado a virtud de la exposición de los becbos.
“Algunas cortes ban resuelto que un estado de la mente es un becbo y por tanto- que una exposición falsa con respecto a la inten-ción del acusado es una simulación falsa en cuanto a un becbo pre-sente." La aplicación lógica de esta doctrina que al parecer no ba sido reconocida por las cortes que la ban adoptado es hacer que que-den comprendidas en el estatuto todas las promesas relativas a la conducta futura, pues es un principio generalmente reconocido que la naturaleza de la simulación ba de demostrarse no por las mismas palabras empleadas por el acusado al hacer la falsa representación sino por el efecto que producen sus palabras, puesto que la promesa de ejecutar algo siempre supone la intención de hacerlo, puede pres-cindirse de la promesa como tal y declararse culpable al acusado por la manifestación tácita de la intención. Esto mismo han hecho-algunas cortes cuando la falsa representación se ha referido a la facul-tad del acusado para ejecutar una cosa. Otras cortes han declarado que la falsa representación en lo que respecta a la intención no está comprendida en el estatuto. Una expresión falsa de algo que se espera no es una falsa simulación de acuerdo con el estatuto.” 19 Cyc.r páginas 394-398.
“La concurrencia de una promesa futura y de una simulación falsa no quita a la falsa simulación la naturaleza criminal que tiene. Se ha' resuelto generalmente que las consecuencias que lleva consigo la exposición falsa de un becbo pasado o presente no desaparecen por el becbo de ir acompañada de una promesa de ejecutar algún acto en el futuro que constituyó parte del móvil que indujo al denun-ciante a desprenderse de su propiedad.” State v. Briggs, 7 L. R. A., nueva serie, página 278 y nota.
“Según los modernos estatutos sobre falsas representaciones y las mejores autoridades, el mero libramiento y entrega de un cheque a una tercera persona sin explicación alguna equivale a hacer ver que el librador tiene fondos o crédito en el banco, y de resultar incierto esto constituye una falsa representación. Pero en algunos casos se sostiene lo contrario. State v. Hammslsey, 17 L. R. A., nueva serie, página 244 y nota.
‘1 Obtener bienes por' un cheque que el librador alega que es bueno y que será satisfecho cuando lo que en realidad pretende es impedir su pago no lo hace culpable del delito de obtener dinero mediante falsas simulaciones con arreglo a un estatuto que declara culpable a cualquier persona que valiéndose de fraudulentas simulaciones .ob-tiene cualquier cosa de válor de otra persona con la ..intención de engañarla y defraudarla. People v. Orris, 41 L. R. A. Ñ. S., 170.
“Los elementos constitutivos del delito de obtener bienes me-diante falsa simulaciones están concisamente expresados en la cita de 2 Bishop’s New Criminal Law, paragraph 415, que hace la corte en el caso de People v. Orris, a saber: ‘Una simulación falsa es la fraudulenta representación acerca de un hecho presente o pasado hecha por uno que sabe que no es cierto y cuyo objeto es inducir a la persona a quien se hace a desprenderse de algo de valor.’
“Según se ha visto de la anterior cita es una cuestión elemental que una falsa representación respecto a un hecho o suceso futuro no podrá servir de.base a una convicción por el delito de obtener dinero valiéndose de fraudulentas simulaciones. Se sostiene gene-ralmente que el hecho de dar un cheque que no tiene valor equivale a hacer ver que el librador tiene .crédito con el librado por la suma de referencia y que dicha falsa representación se refiere a un hecho presente por lo que puede seguirse una acusación por el delito de obtener dinero por medio de falsas simulaciones. Esta cuestión, sin embargo, no estaba envuelta en el caso de People v. Orris, pues en el referido caso se admitió que el librador tenía dinero en el banco contra el cual se expidió el .cheque. La simple cuestión que queda solamente después de la admisión anterior era si la intención del acusado de impedir el pago del cheque se refería a un hecho pasado, presente o futuro. Es claro que no hacía referencia a los dos pri-meros casos y es asimismo cierto qué se refería al último. Es, pues, evidente que- faltaba uno de los elementos del delito y no podía sos-tenerse una convicción.
“La resolución del caso de People v. Orris, parece ser la primera donde se ha resuelto el punto en discusión y es, por tanto, de no poco interés y valor. Desde luego que podría llegarse a una conclusión distinta en un caso en que el librador no tuviera fondos en depósito si el caso se presentara, si existiera también la intención de impedir el pago, de acuerdo con la teoría de que el dar un cheque que no tiene valor equivale a la representación falsa de que el librador tiene cré-dito con el librado; pero parece claro que según los hechos de dicho caso no podría considerarse como buena ninguna otra conclusión sino aquella a que se llegó en el caso de People v. Orris. Pueden apro-barse estatutos que sean bastante amplios con el fin de que compren-dan las falsas manifestaciones que hagan referencia a hechos o suce-sos futuros. Desde luego que de' acuerdo con esos estatutos, sería posible llegar a im resultado distinto.” Nota al caso de People v. Orris, supra.

En el presente caso no existió absolutamente ninguna fal-sedad que no fuera la simulación o promesa tácita de que el acusado continuaría en su empleo como cartero por el resto del mes. Es imposible distinguir en principio este caso de uno en que se trate de la negociación de un cheque con el pro-pósito deliberado de impedir su pago. Esto fue en realidad lo que hizo el acusado. El suscribió una orden de pago que para todos sus fines y propósitos era un cheque contra su sueldo por el mes en curso; y luego debido a su conducta anuló virtualmente la orden impidiendo que fuera satisfecho dicho cheque.

La sentencia no puede subsistir. '

Revocada la sentencia'apelada y absuelto el acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. Aldbey,

text:
    Pillot, Demandante y Apelante, v. Pillot, Demandada y Apelada, y Balestier, Interventor y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de 'Guayama en un caso sobre cobro de dinero; incidente sobre inter-vención.
    No. 1251.
    Resuelto en mayo 18, 1915.
    Intervención — Persona no Demandada — Interés Contrario al Demandante;— . El artículo 63 del Código de Enjuiciamiento Civil no tiene aplicación a los casos en que una persona que no lia sido demandada y que tiene interés con-trario al demandante desea intervenir en el pleito, en cuyo caso la dispo-sición aplicable es la del artículo 72 del mismo Código. Véase Pillot v. Pillot y Balestier, 21 D. P. R., 200.
    Id. — Objeto del Artículo 63 del Código de Enjuiciamiento Civil — Parte Demandada. — El objeto del artículo 63 del Código de Enjuiciamiento Civil es el de indicar al demandante las personas que debe incluir como partes demandadas y no.puede servir de fundamento a una persona para pedir que se le permita intervenir como demandado ni para una resolución concedién-dole la intervención.

      Id. — Orden Motct Propio de la Oorte Sobre Oompareoenoia de una Persona como Demandada. — La razón de ser del artículo 74 del Código de Enjuicia-miento Civil es dar autoridad a la corte para que, cuando no pueda llegar a una completa resolución de la controversia sin la presencia de otras per-sonas que no figuran en el pleito, ordene motu propio su comparecencia.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la demandante y apelante; Sres. F. Cervoni Gely y M. Benitez Flores.

    Abogado del interventor y apelado: Sr. G. Domínguez Rubio.

    La demandada y apelada no compareció.
   El Juez Asociado Se. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

Martina Pillot demandó en el- Tribunal de Distrito de Gfuayama a Josefa Pillot par¿ que le pagase cierta cantidad de dinero que por ella había satisfecho. ’ No habiendo com-parecido la demandada el secretario, del tribunal registró sentencia en rebeldía contra ella.

Poco tiempo después se personó en esos autos Eugenio Balestier con una moción interesando que de acuerdo con los artículos 63 y 74 del Código de Enjuiciamiento Civil se dictara por el tribunal una orden asociándolo como deman-dado y que se le entregaran copias de lá demanda y del empla-zamiento para en su día contestar la demanda oponiéndose a.las pretensiones de la demandante* con cuyo fin alegó que la 'demandante es. la madre-de la demandada, quien es la esposa'del'peticionario;- que a "pesar de que la' demanda' se refiere "a cantidades.- que se dicen pagadas por cuenta de- 'su esposa, él no ha sido hecho parte en la, acción; que.tiene.inte-rés en demostrar la falsedad, de las alegaciones de la. deman-. Jante, las que no-tienen otro objeto-que despojar a la sociedad de gananciales de él- con la demandada de los bienes que les pertenecen,' sociedad que está sujeta a probable disolución como consecuencia de un pleito de divorcio que tienen pen-diente ■ y que nunca- ha ■ renunciado la representación de la sociedad .de-gananciales-. -. •

-. Contra la. resolución favorable de esa moción es que Martina Pillot interpuso el presente recurso de apelación con súplica de .que la revoquemos, a cuyo efecto después de pre-sentar muy tardíamente la transcripción de los autos argu-mentó ,su abogado por escrito y oralmente, limitándose la parte apelada a alegar por escrito.

Los artículos 63 y 74 en que se apoya la moción y en los cuales el juez se fundó para dictar la resolución apelada dicen así:

“Artículo 63. — Cualquiera persona podrá ser constituida en de-mandado, siempre que tenga o alegue tener interés en la contienda en oposición al demandante,, o sea parte indispensable para la com-pleta determinación o arreglo de la cuestión litigiosa. Y en una acción para determinar el título o derecho de posesión de propiedad inmueble que, al tiempo de entablarse la demanda, estuviese en poder de un arrendatario, el propietario podrá asociarse como parte deman-dada. ’ ’
“Artículo 74. — La corte podrá resolver cualquier controversia en-tre las partes, siempre que fuere posible hacerlo sin perjudicar los derechos de otros, o salvando éstos; pero cuando no se pueda llegar a una completa resolución de la controversia sin la presencia de otras personas, lá corte deberá entonces disponer la comparecencia de éstas, y acto seguido la parte a quien la corte lo ordene deberá hacer que se entregue, en la forma general prescrita para las citaciones, una copia de la dispuesta en el pleito, y de la orden antedicha, a cada una de las partes cuya comparecencia se hubiere ordenado, las cua-les tendrán diez días, o el tiempo que - dispusiere lá corte, después de notificada dicha citación, para comparecer y alegar su derecho; y en caso de que dicha parte dejase de comparecer y alegar en juicio dentro del plazo señalado, la corte podrá disponer que se haga cons-tar su ausencia y proceder como en los demás casos de rebeldía, o dictar nueva orden de acuerdo con lo que el estado de la causa y la justicia exigieren, y cuando en una acción ejercitada para obtener la posesión de propiedad inmueble o mueble, una persona que, sin ser parte en el juicio tuviere interés en el asuntó litigado,' solicite de la corte que se le considere como parte, podrá así ordenarse por medio de la correspondiente enmienda.”

■El primero de esos preceptos no tiene aplicación a los casos en que una persona que no ha sido demandada y que tiene interés contrario- al dél demandante desea intervenir en el pleito, en cnyo caso la disposición aplicable es la del artículo 72. Pillot v. Pillot y Balestier, 21 D. P. R., 200. El artículo 63 tiene por objeto indicar al demandante las per-sonas que debe incluir como partes demandadas'. Por tanto este precepto no puede servir de fundamento a una persona para pedir que se le permita intervenir como demandada ni para una resolución concediéndola la intervención.

El artículo 74 tampoco es aplicable al caso presente, pues su razón de ser es dar autoridad a la corte para que cuando no pueda llegar a una completa resolución de la controver-sia sin la presencia de otras personas que no figuran en el pleito, ordene motu propio su comparecencia.

La resolución apelada debe ser revocada.

Revocada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    De León et al., Peticionarios y Apelados, v. Brusi, Juez Municipal, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en un recurso sobre certiorari.

    No. 1223.
    Resuelto en mayo 18, 1915.
    Injunction — Orden Dirigida al Márshal — Jurisdicción.—Un juez no pierde su jurisdicción porque se expida una orden de injunction contra el márshal.
    Id. — Sentencia Revocando la Orden Apelada — Fianza Defectuosa. — Una sen-tencia dictada en apelación en un recurso sobre injunction revocando la orden apelada por ser defectuosa la fianza que se había prestado, produce . el efecto de anular el mandamiento que en virtud de dicha orden se expidiera.
    Id. — Certiorari.—Desobediencia a una Orden de Injunction — Remedio Rápido, Adecuado y Eficaz.- — Cuando se desobedece una orden de injunction está facultado el juez que la decretó para arrestar a la persona culpable de tal violación, imponerle multa, y para hacer inmediata restitución a la persona perjudicada. Siendo .éste un remedio rápido, adecuado y eficaz no es pro-cedente el auto de certiorari.

    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. R. Agra/it Aldea y José Mar-tines Dávila. ;

      Abogados de los apelados: Sres. Rafael López Landrón y J. Gregori.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

■ En juicio de desahucio seguido por Eulogia Colón contra Jesús de León Rosa en el tribunal municipal de Arecibo recayó sentencia declarando con lugar el desahucio y se dictó también orden para el lanzamiento del demandado.

Cuando el marshal iba a cumplir dicho lanzamiento, Jesús de León Rosa y su esposa obtuvieron del Tribunal de Dis-trito de Arecibo un mandamiento de injunction ordenando a dicho marshal que se abstuviera de ejecutar acto alguno de lanzamiento en el mencionado juicio de desahucio hasta tanto recayera otra orden posterior y contraria en el caso.

Así quedaron las cosas hasta que meses después, en 5 de agosto de 1914 y a solicitud de Eulogia Colón, acompañada de una certificación librada por el 'Secretario del Tribunal de Distrito de Arecibo con referencia a la sentencia dictada por este Tribunal Supremo en 30 de julio anterior resolviendo la apelación que se había establecido contra la mencionada orden de injunction que paralizó el cumplimiento de la sen-tencia de desahucio, el juez municipal dictó una orden para que el secretario expidiera un nuevo mandamiento de lan-zamiento para llevar a efecto el desahució decretado, fun-dándose en que había sido revocada por el Tribunal Supremo la orden de injumctio-n que tenía susp.endid.a la "ejecución de la sentencia y en que había expirado con exceso el término fijado por la ley para, su ejecución.' Esa orden sé llevó’.a cum-plimiento y el día 7 de agosto comparecieron Jesús de León Rosa y su esposa María'dé León Casanovas "en el'tribunal de distrito con una petición' dG certiorari contra Don Alberto Brusi, Juez Municipal de Arecibo, interesando que se anu-lara esa resolución. Librado el auto y requeridas las'dili-gencias presentó su contestación escrita dicho juez y, des-pués de celebrada la vista, el juez de distrito dictó resolución anulando la orden de 5 de agosto de 1914 dictada por el juez municipal, y ordenando que los cónyuges peticionarios fueran repuestos en la posesión y tenencia de la finca objeto del desa-hucio, reponiendo así las cosas al estado que tenían cuando., se dictó la orden anulada.

La apelación que contra esa resolución interpuso el juez” municipal demandado Don Alberto Brusi, es la que motiva el presente recurso. '

No podemos convenir con el juez del tribunal de distrito en que la orden que anuló fue dictada sin tener jurisdicción el juez municipal. El tenía jurisdicción sobre la materia y sobre las personas' que eran partes en el desahucio y su juris-dicción no estaba en suspenso porque la orden de injunction no fue dirigida contra él, ni le fué notificada, pues sólo se dirigió y notificó al márshal y a Eulogia Colón. Por con-siguiente esa orden no era nula. • • :

Además, cuando el Juez Municipal de Arecibo dictó su resolución de 5 de agosto, dándose por enterado de la orden de injunction, la fundó en que el Tribunal Supremo habíá i’evocado tal prohibición según certificación que se le pre-sentó librada por el Secretario del Tribunal de Distrito de Arecibo. Así era 'en- efecto. . ‘ ■

Según puede verse en el caso de León v. Colón, 21 D. P. R., 273, al resolver la apelación que Eulogia Colón estableció contra la orden decretando la prohibición de ejecutar la sen-tencia de desahucio que obtuvo contra Jesús de León, llega-mos a la conclusión de que el injunction era procedente péio-que habiéndose decretado para ser ejecutado previa prestá-ción de una fianza , por la suma de mil pesos, la que con este objeto se prestó era defectuosa por lo que debíamos revo-car la orden apelada y dictar otra dejando sin efecto el man-damiento de injunction, expedido con permiso a los peticio-narios para presentar una nueva solicitud. En verdad, nues-tra resolución en ese caso produjo el efecto de anular la orden de injunction o a lo menos el mandamiento que en virtud de ella se expidió y como para que pudiera cumplirse el injunction se exigía la prestación de una fianza y ésta fué mal constituida, es claro que la prohibición de cumplir la sen-tencia de desahucio quedó desde ese momento sin valor al-guno,, aunque concedimos permiso a los peticionarios para presentar una nueva solicitud.

Como consecuencia de esto, mientras ■ utilizando ese per-miso no se presentara de nuevo la petición de injunction j só prestara una fianza válida no podía producir el anterior mandamiento el efecto de suspender la ejecución de la sen-tencia, por lo que Eulogia Colón estuvo justificada al pedir nuevamente el lanzamiento, el juez municipal al decretarlo y el marshal al darle cumplimiento, sin que fuera necesario esperar otra orden del tribunal de distrito, como se expresó en la orden de injunction, porque un tribunal superior al de Distrito de Arecibo ya había revocado la orden de injunction o sea de suspensión del cumplimiento de la sentencia de desahucio.

Por otra parte, cuando se desobedece una, orden de injunction está facultado el juez que lo decretó para arrestar a la persona culpable del tal violación, imponerle multa y para hacer inmediata restitución a la persona perjudicada. Siendo este remedio concedido por la ley rápido, adecuado y eficaz no era procedente el auto de certiorari.

Por las razones expuestas debemos declarar con lugar el recurso, revocar la orden apelada y dictar en su lugar otra anulando la. orden de certiorari.

Revocada la resolución apelada, amolándose el mandamiento de certiorari que se hubiere expedido.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez PbesideNte Se. HeeNÁNdez,

text:
    Cintrón, Demandante y Apelado, v. Fernández, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Iinmaeao en cansa sobre cobro de,- dinero.
    No. 1255.
    Resuelto en mayo 19, 1915.
    Préstamo — Prueba Escrita del Contrato — Cuantía del Préstamo — Préstamo Menor de $300. — De acuerdo con los artículos 1245 y 1247 del Código Civil, en armonía con lo que previenen los 1221 y 1225, aun cuando la cuantía de un préstamo exceda de $800 no es necesaria evidencia por escrito para la validez y prueba del contrato.
    Contratos — Eeicacia de los Mismos — Regla Contenida en el Artículo 1246 del Código Civil. — De la validez,. a virtud de la- concurrencia de las condi-ciones esenciales y no de las formas extrínsecas requeridas por la ley para otros distintos efectos, depende exclusivamente la eficacia de los contratos entre las partes contratantes, las cuales, por tanto, pueden recíprocamente exigirse el cumplimiento de las obligaciones pactadas. Esta regla de derecho está sostenida por el artículo 1246 del Código Civil revisado.
    Préstamo — Perfeccionamiento de este Contrato. — El contrato de préstamo tiene existencia y se perfecciona desde que ambas partes consienten en el mismo, y por tanto, desde que una recibe de la otra el dinero que le fué prestado queda obligada a su devolución en* el tiempo convenido.
    Contrato — Diferencia Entre la Necesidad de la Escritura Pública y del Documento Privado — Contrato Oral. — Existe una diferencia evidente entre la necesidad de la escritura pública y del documento privado y es que mien-tras aquélla puede ser necesaria aun después de reconocido el contrato verbal por una sentencia, el segundo, después de ésta, que supone mayor auten-ticidad y efectos legales, no tiene apenas objeto. \
    Comerciantes — -Dependiente de Comercio — Ejercicio Habitual del Comercio.— Cuando el demandante no afirma en su demanda que el demandado sea comer-ciante ni tampoco éste lo alega en su contestación, aun cuando de la prueba se estime justificado que el demandado' era un dependiente, de comercio, esto no entraña el concepto do ejercicio habitual del comercio, según el artículo Io. del Código de Comercio.
    Préstame Mercantil — Actos de Comercio — Préstamo para Dedicarlo al Co-mercio. — Cuando no consta que la suma prestada fuera destinada a aetos de comercio, aun cuando fuera pedida, para establecerse en .el comercio, si ’ no hay prueba de que se lé diera tal inversión, no puede sostenerse -que se trate de un préstamo mercantil, de acuerdo con el .artículo 311 del Código de Comercio.
    Testigos — Preguntas ya Contestadas — Eliminación—Abuso de Discreción!1— No 'comete abuso de discreción una corte al negar que se pregunte a un demandante, declarando como testigo, si era cierto que el negocio que motivó la reclamación lo había heeho con otro individuo que era socio del deman-dado, cuando ya el demandante había declarado categóricamente haber- héeho la negociación con el demandado. Además, en este caso -si. se quería probar que el demandante había hecho la negociación con otro individuo que era socio del demandado, pudo traerse ese testigo al . juicio para contradecir el testimonio 'del demandante y librarse de responsabilidad con éste.
    . £d. — Preguntas no Influyentes. — En este caso se hizo a un testigo la siguiente pregunta: “jVd. sabe de qué eran esos $162?” Se resolvió en apelación que la corte no cometió error al desestimarla, porque el testigo no era el llamado a declarar sobre» la procedencia del dinero, sino el mismo deman-dante, quien ya había explicado dicha procedencia y porque la contestación que hubiera dado el testigo no era de influencia en el resultado del pleito.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Francisco González.

    Abogado del apelado: Sr. Carlos Travecier.

   El Juez PbesideNte Se. HeeNÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de recurso de apelación interpuesto por José Fer-nández conocido por Fernández Martínez, demandado,, contra sentencia que en grado de apelación y mediante celebra-ción de nuevo juicio dictó la Corte de Distrito de Humacao en 29 de mayo de 1914 condenándole a satisfacer a Emiliano Cintrón, demandante, la suma de $366 con las costas de la acción.

Alégase en la demanda, su fecha Io. de noviembre de 1913, que con fecha 2 de agosto del mismo año el demandante' faci-litó en calidad de préstamo al demandado la suma de.$362 a devolver en 30 de octubre también de 1913, y que habiendo vencido la deuda el demandante requirió de pago al deman-dado quien se negó a efectuarlo, estando por tanto insoluta aquella.

El demandado.negó todos y cada uno de los hechos con-signados en la demanda, y celebrado el juicio y practicada la prueba del demandante, el demandado presentó una moción de non suit que fué desestimada en cuyo estado el deman-dado, deseando sostener en apelación ante esta Corte Suprema la insuficiencia de la evidencia, según así lo manifestó, se abs-tuvo de presentar pruebas a fin de que la corte dictara sen-tencia como así lo hizo pronunciando la apelada de que se deja hecho mérito.

Alega la representación de la parte apelante como moti-vos del recurso los siguientes:

Primero. Que la corte cometió- error al declarar sin lugar la moción de sobreseimiento que al terminarse la prueba del demandante presentó el demandado fundado en la insuficien-cia de dicha prueba, citando como infringidos el artículo 1247 del Código Civil tal como fué enmendado por Ley de 7 de marzo de 1912, en relación con el artículo 162 de la Ley dé Evidencia. Segundo. Que la corte infringió el artículo 51 del Código de Comercio al dar como probado el préstamo de que se trata mediante las declaraciones de testigos. Tercero. Que la corte cometió error al no permitir que se hiciera al testigo Emiliano Cintrón la siguiente pregunta: ¿No es cierto que Ud. hizo ese negocio con otro señor que era socio de Beni-tez? Cuarto. Que la corte cometió error al no permitir que se hiciera al testigo Luis Toro Pérez la siguiente pregunta: ¿Ud. sabe de qué eran esos 162 pesos?

Examinemos esos errores por el mismo orden en que han sido- expuestos.

Primer error. — El artículo 1247 del Código Civil, después' de establecer que ciertos actos y contratos que enumera debe-rán constar en documento público, estatuye que también debe-rán hacerse constar por escrito, aunque sea privado, los de-más contratos en que la cuantía de las prestaciones de uno o de los dos contratantes exceda de $300.

La enmienda hecha a dicho artículo por la Ley No. 65 de marzo 7, 1912, no altera el precepto transcrito, pues esa enmienda se refiere a los contratos otorgados con interven-ción de mandatario. No cabe interpretar el artículo 1247 en el sentido de que no habiéndose hecho constar por escrito, no obstante su cuantía, el préstamo de que se trata, no es posible admitir se pruebe por medio de evidencia testifical.

Ciertamente que en el presente caso no se hizo constar por- escrito el préstamo, pero no por ello hemos de llegar a la conclusión a que llega la parte apelante, pues la prueba testifical fué admitida sin objeción alguna, y ni en el Código Civil ni en la Ley de Evidencia encontramos precepto alguno que haga necesaria la evidencia por escrito para la validez y prueba del contrato de préstamo.

Los artículos 103 y 104 de la Ley de Evidencia no son apli-cables al presente caso por cuanto el artículo 1247 del Código Civil debe interpretarse en armonía con lo que previenen los 1221 y 1225. Según el artículo 1221 el contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse res-pecto de otra u otras a dar alguna cosa o' prestar algún ser-vicio y según el artículo 1225 los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las coñsecuencias que según su naturaleza sean con-formes a la buena fe, al uso y a la ley.

El contrato de préstamo entre demandante y demandado tuvo existencia y se perfeccionó desde que ambas partes con-sintieron en el mismo, y por tanto desde que el demandado recibió del demandante el dinero que le fué prestado, quedó obligado a su devolución en el tiempo convenido.

Y no es necesario que para la exigencia de tal obligación sea indispensable prueba escrita, pues según el artículo 1245 “los contratos serán obligatorios cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez,” estableciendo el artículo • siguiente o sea el 1246 que si la ley exigiere el otor-gamiento de escritura u otra forma especial para hacer efec-tivas las obligaciones propias de un contrato, los contra-, tantes podrán compelerse recíprocamente a llenar aquella forma desde que hubiese intervenido el consentimiento y de-más requisitos necesarios para su validez.

Es de notar que esos artículos 1245 y 1246, y el 1247, inte-gran el Capítulo III del Título II del Libro IV del Código Civil, cuyo capítulo lleva por epígrafe “De la eficacia de los contratos.”

“De la Validez, a virtud de la concurrencia de las condi-ciones esenciales,” dice el Tribunal Supremo de España en sentencia de 4 de julio de 1899, “y no de las formas extrín-secas requeridas por la ley para otros distintos efectos, de-pende exclusivamente la eficacia de los contratos entre las partes contratantes, las cuales, por tanto, pueden recíproca-mente exigirse el cumplimiento de las obligaciones pactadas. El artículo 1279 del propio Código (1246 del Código Civil Revisado) confirma esa regla de derecho; porque previendo el caso de que la ley exigiera el otorgamiento de escritura u otra forma especial para que las obligaciones contraídas puedan hacerse efectivas en todo caso por aquel a cuyo favor se hubieren establecido, no subordina la eficacia del contrato a la concurrencia de esa forma extrínseca; y parte, por el contrario, de su validez para declarar que en tal caso los contrayentes, aparte de las obligaciones páctadas, se hallan obligados a llenar esa forma o solemnidad externa, lo cual no permite sostener que sea lícito al obligado contrariar con sus actos las obligaciones contraídas, ni siquiera que el ejer-cicio de la acción para llenar las formas haya de preceder al de la derivada del contrato.”

El mismo tribunal en sentencia de 19 de octubre de 1901, sostiene la doctrina establecida en la de 4 de julio de 1899, expresándose en los siguientes términos:

“El artículo 1280 (1247 del Código Civil Revisado), se limita a enumerar los actos y contratos que deben hacerse constar en docu-mento público o privado, y el 1279 (1246 del Código Civil Revisado), lejos de subordinar la eficacia del contrato para las partes contra-tantes a la concurrencia de forma alguna extrínseca determinada, le reconoce plena eficacia en el mero hecho de otorgar a los mismos contrayentes acción adecuada para compelerse al otorgamiento de escritura u otra forma especial, cuando tales formas sean precisas para que el contrato produzca la plenitud de los efectos que, dado su objeto, esté llamado a producir, lo cual, en sustancia, equivale a establecer como condición implícita -de todo contrato la de llenar esa forma, aunque a ello no se hubieren expresamente obligado los contratantes, y no a subordinar el ejercicio de la acción principal sobre cumplimiento de lo pactado al ejercicio de la acción secunda-ria sobre la forma, subordinación que no tendría razón de ser, siendo, como es uno mismo, el título generador de ambas acciones, o sea la existencia de un contrato válido, y uno mismo su objeto, o sea el cum-plimiento del contrato mismo.”

Y por último, el propio tribunal en sentencia de 18 de junio de 1902 dice:

“La eficacia de los contratos no depende de sus formas extrín- , secas, sino de la concurrencia de las circunstancias necesarias para su validez, siendo obligatorios, cualquiera que sea la forma de su cele-bración, sin que su constancia por documento público o privado que para algunos exige la ley, sea requisito esencial para su subsistencia, sino medio coercitivo concedido a los contratantes para compelerse recíprocamente a llenar aquella forma.”

Nos parece aceptable la doctrina establecida por el sabio tribunal español en las sentencias a que acabamos de hacer referencia, y ya citamos la última de 18 de junio de 1902 al resolver el caso de Vázquez v. Medina, 17 D. P. R., 105.

El empleo del medio coercitivo a que se refiere la sen-tencia del Tribunal Supremo de España de 18 de junio de 1902 puede ser necesario para la garantía del derecho nacido del contrato meramente verbal, como sucede, por ejemplo en un contrato de compraventa de bien inmueble, que no puede ser inscrito en el registro de la propiedad sin elevarse antes a escritura pública, y cuya omisión de inscripción puede dar lugar a que el comprador pierda su derecho de propiedad en competencia con otro comprador que posteriormente haya ad-quirido la, misma cosa por escritura pública, inscribiendo ésta en el registro. También el empleo de ese medio coercitivo puede ser conveniente para hacer constar por escrito, aun-que sea privado, un contrato cuyo cumplimiento no pueda exigirse desde luego y cuya prueba por medio de testigos, pueda hacerse difícil si no imposible en lejano tiempo. .Pero no cabe sostener que el ejercicio de la acción para llenar •las formas haya de preceder al de la derivada del contrato.

Aun más, opinamos con el ilustrado comentarista Sr. Man-tesa que hay una diferencia evidente entre la necesidad de la- escritura pública y del documento privado, y es que mien-tras aquélla puede ser necesaria aun después de reconocido el contrato verbal por una sentencia, el segundo, después de ésta, que supone mayor autenticidad y efectos legales, no tiene apenas objeto. .

En el presente caso se ba comprobado suficientemente por medio de testigos la existencia del contrato de préstamo. No cabe negar su eficacia por no haberse becbo constar en escrito, aunque éste fuera privado, y boy carecería de objeto la acción para que se llevara a cabo esa formalidad externa, uparte de que la sentencia que así lo ordenara reconocería ipso facto la existencia del contrato y tendría más fuerza' legal para demostrar esa existencia que el mismo documento escrito que en cumplimiento de ella se extendiera por el deu-dor reconociendo la obligación.

La corte no cometió error al declarar sin lugar la moción de sobreseimiento.

Segundo error— Tampoco infringió la corte el artículo 51 del Código de Comercio.

Dicbo artículo previene que la declaración de. testigos no será por sí sola bastante para probar la existencia de un con-trato, cuya cuantía exceda de 1,500 pesetas, a no concurrir con alguna otra prueba.

En el presente caso se trata de un contrato de préstamo y el préstamo según el artículo 311 del código citado se repu-tará mercantil cuando concurran .las circunstancias siguien-tes : Ia. Si alguno de los contratantes fuere comerciante. 2a. Si las cosas prestadas se destinaren a actos de comercio.

No aparece que ninguna de esas circunstancias concurra en el préstamo de que se trata. El demandante 'no afirma en su demanda que el demandado sea comerciante. Tam-poco éste lo alega en su contestación, y aunque el mismo de-mandante Emiliano Ointrón declara que Fernández era un .dependiente de comercio, y el testigo Luis Toro Pérez, que ba visto empleado a Fernández en la casa de Méndez, esos testimonios podrían ser bastantes para estimar justificado su carácter de dependiente de una casa de comercio, pero no el de comerciante1 • que entraña'el concepto de ejercicio habitual del comercio1 según el artículo Io. del Código de Co-mercio. Tampoco consta que la suma prestada por el de-mandante al demandado fuera destinada a actos de comer-cio, pues precisamente según las pruebas, esa suma fué pe-dida por Fernández a Cintrón en calidad de préstamo para establecerse en el comercio y no hay prueba de que le diera tal inversión.

Como no se trata de un préstamo mercantil, no es ati-nente la infracción legal apuntada, y huelga discutirla.

Tercer error. — Resulta de la exposición del caso que des-pués de haber declarado Emiliano Cintrón que de los $366 que prestó a José Fernández $162 le habían sido entregados por el Marshal de la Corte Municipal de Yabucoa con motivo de una reclamación hecha a Benitez y Vázquez y que el nego-cio del préstamo fué concertado con Fernández, se hizo a Cintrón por el abogado del demandado la siguiente pregunta: “¿No es cierto que hizo Ud. ese negocio con otro señor que. era socio de Benitez?” Dicha pregunta fue declarada sin lugar, tomando excepción el demandado.

Opinamos que aunque esa pregunta pudo ser admitida, el juez no abusó de su discreción al negarla, toda vez que ya Cintrón había declarado categóricamente haber hecho el nego-cio con Fernández, pero de todos modos la negativa no causó perjuicio al demandado, pues si éste quería probar que Cin-trón había hecho el negocio con otro señor que era socio de Benitez, pudo traer ese testigo al juicio para contradecir el testimonio de Cintrón y librarse de responsabilidad con éste.

Cuarto error. — También muestra la exposición del caso •que .al declarar el testigo Luis Toro Pérez, después de haber manifestado que el Márshal de. la Corte Municipal de Yabu-coa entregó a Cintrón los $162 de que se deja hecho mérito, el abogado del 'demandado hizo al testigo la siguiente pre-gunta: “¿Ud. sabe de qué eran-esos 162 pesos?” El juez desestimó esta pregunta, tomando excepción el demandado.

La corte no cometió error en sn resolución, pnes no era Toro Pérez el llamado a declarar sobre la procedencia de ese dinero sino el mismo Cintrón quien babía ya explicado dicba procedencia. De todos modos la contestación que a dicba pregunta hubiera dado el testigo no era de influencia en el resultado del pleito.

Es de confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada..

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutcbison.