text:
    Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, sustituído por Banco de Puerto Rico, en su carácter de Síndico éste del Banco Territorial y Agrícola mencionado, demandante y apelado, v. Adriano González, demandado y apelante.
    Núm. 7234.

    Sometido: Diciembre 15, 1936.

      Resuelto: Febrero 18, 1937.

      B. Bivera Zayas y Joaquín VeUlla, abogados del apelantei; Bafael Buseaglia, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Adriano González apela de una sentencia adversa dictada en un pleito en cobro de dinero. El primer señalamiento es que la corte de distrito cometió error al declarar sin lugar una excepción previa a la demanda enmendada, basada en falta de hechos suficientes para determinar una causa de acción. Las alegaciones segunda, tercera y cuarta y la súplica de la demanda leen así:

“2. — ’Que el aquí demandado allá para el 19 de diciembre de 1928 suscribió y entregó a favor del Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, por valor recibido a préstamo, un pagaré que copiado a la letra lee así:
“ ‘Por $850.00 — U. S. Cy. — Valor a 17 de marzo de 1929. — Paga-remos solidariamente al Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico en el local de su establecimiento en Santo Domingo, R. D., o a su orden, el día diez y siete de marzo de mil novecientos veintinueve, la suma de ochocientos cincuenta dólares, valor recibido. Dicha suma devengará, en caso de mora, interés de 12% anual. — Nos sometemos expresamente a la competencia de los Tribunales de la ciudad de Santo Domingo y nos obligamos a satisfacer las costas y gastos que el cobro de aquélla ocasione, incluso los honorarios del abogado de que el Banco se valga en su reclamación. Santo Domingo, R. D., 19 de diciembre de 1928. (Firmados) Adriano González. José Borras.’
“3. — Que vencido el dicho pagaré, éste no fué pagado en todo ni en parte, así como tampoco sus intereses por los suscribientes del mismo, por lo que en pleito seguido ante la Cámara Civil y Comer-cial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, República Dominicana, el Banco Territorial y Agrícola ele Puerto Rico en un pleito sobre cobro de pagaré obtuvo contra el aquí demandado una sentencia por $1,088.00 de principal e intereses basta la fecha de la misma con más $141.60 ele costas devengadas con más intereses a razón del tipo legal en Santo Domingo del 12 por ciento anual, copia certificada de la cual y debidamente autenticada ante el Cónsul de los Estados Unidos de América en la República Domini-cana se une a esta demanda para que forme parte de la misma.
“4. — Que el pagaré copiado en esta demanda, así como tampoco sus intereses, ni los gastos incurridos para su cobro han sido paga-dos por el demandado, ni por ninguna otra persona en su nombre, a pesar de las constantes gestiones de cobro hechas a tal fin, y que asimismo el demandado no ha pagado en todo ni en parte la sen-tencia que se dictó por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, República Dominicana, y que se ha relacionado anteriormente, no habiendo po-dido ser la misma ejecutada judicialmente en la República Domini-cana por estar el demandado residiendo actualmente en Puerto Rico y carecer el mismo de bienes en aquella República.
PoR. todo jjo que, la demandante a esta Hon. Corté suplica se sirva dictar sentencia en este caso condenando al demandado Adriano González a pagar el importe del pag'aré transcrito en el hecho se-gundo de esta demanda, con sus intereses al 12% anual a contar desde su vencimiento, con más $141.60 de costas devengadas ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Dis-trito Judicial de la República Dominicana, o sea, el equivalente de la sentencia dictada por el dicho Tribunal, con más las costas, gastos y honorarios de abogado que dé lugar a este litigio.”

El apelante asume que el pleito se basaba enteramente en la sentencia descrita en la demanda, y no en el pagaré. Su contención es que la sentencia era nula en lo que a él se re-fería por falta de jurisdicción sobre la persona del deman-dado González, conforme demuestra la copia certificada de la sentencia en sí unida a la demanda, en conexión con otros hechos aducidos en esta última. Podría ser que a este res-pecto el apelante esté claramente en lo cierto. Sin embargo no podemos asumir con él que el derecho del demandante a recobrar gira enteramente en torno a la validez de la sen-tencia dictada en Santo Domingo. La causa de acción original del demandante no se fundió (merged) en la sentencia nula. 33 C. J. 768, sec. 1183; 33 C. J. 1130, sec. 77. La de-manda es ambigua y dudosa, más considerada como un pleito en cobro de pagaré, aduce Lechos suficientes para determinar una causa de acción.

El segundo señalamiento es que la corte de distrito cometió error al admitir en evidencia la sentencia dictada en Santo Domingo. El demandado se opuso a la admisión de la sentencia, sin aducir el fundamento de su objeción. Al pedírsele que especificara los motivos que tenía para ello dijo que el documento no había sido debidamente identificado. La objeción que añora se ñace es que el.Cónsul Americano en su certificado no hace constar que el secretario que autentica la sentencia fuera “el funcionario encargado de la custodia del original.” Véase el inciso 8 del artículo 431 del Código de Enjuiciamiento Civil. Toda vez que el apelante insiste ahora y que el apelado admite que la sentencia era nula y toda vez que por otra parte se desprende que la presentación de la misma en evidencia no afectó en modo alguno el resultado final ante la corte de distrito, el error, de haberlo, no fué perjudicial. Camacho v. Balasquide, 19 D.P.R. 590; Silva v. Carbonell, 35 D. P. R. 244.

El tercer señalamiento es que la corte de distrito erró al dictar la orden de 26 de julio, 1935. Al presentarse el pagaré en evidencia la corte de distrito sostuvo una objeción basada en que la obligación del pagaré se esfumó en la sentencia. La orden de julio 26 lee así:

“Estudiando las alegaciones y evidencia ofrecida por las partes en el juicio oral celebrado en este caso, nos damos cuenta que come-timos error al no admitir en evidencia el pagaré ofrecido por el de-mandante y que se marcó como evidencia ofrecida y no admitida. Como el error apuntado es de tal naturaleza que impide a la Corte dictar la sentencia procedente, en bien de la justicia y haciendo uso de la facultad que que a toda corte confiere el inciso 8 del artículo 7 del Código de Enjuiciamiento Civil (edición de 1933) para inspec-cionar y corregir sus providencias y órdenes con el fin de ajustarlas a la ley y a la justicia, ordena que comparezcan las partes para una audiencia que tendrá efecto el 5 de agosto próximo, a las 9 a. m., en la cual la demandante tendrá oportunidad de ofrecer de nuevo en evidencia el pagaré por $850.00 suscrito por el demandado a la orden del Banco Territorial y Agrícola el 19 de diciembre de 1928, vencedero el 17 de marzo de 1929 y que fué marcado como evidencia ofrecida y no admitida. El demandado a su vez, podrá ofrecer cual-quier otra evidencia que la admisión de dicho pagaré pueda hacer necesaria a la defensa de sus derechos.”

Esta orden fué diotada durante el período regular de va-caciones de la corte, mas no en cámara. La corte actuaba en sesión especial convocada con el objeto de despachar el ca-lendario especial de los viernes; para conocer y resolver asuntos criminales pendientes que la corte creyera necesario señalar; para dictar sentencias pendientes en casos civiles y criminales, y para cualquiera otra gestión urgente y de ina-plazable atención. El apelante no sostiene que una sentencia dictada en una sesión especial o “cualquiera otra gestión ur-gente y de inaplazable atención” hubieran sido nulas.

Luego de quedar sometido el caso el juez de distrito des-cubrió el error por él cometido de negarse a admitir como prueba el pagaré al ser ofrecido por el demandante. El re-sultado inevitable de este error, de no ser corregido por el juez mismo, hubiera sido un fracaso temporal de la justicia y dado lugar a una revocación al apelarse de la sentencia que la corte de distrito pudiera haber dictado. Para evitar este resultado el juez revocó su orden, abrió el caso de nuevo y señaló fecha para una vista ulterior. La revocación de esa orden y la reapertura del caso, aunque eran procedimientos interlocutorios más bien que finales, participaban de la natu-raleza de una “sentencia pendiente” en una causa civil. Sea ello como fuere, la determinación de qué es o de qué no es “una gestión urgente y de inaplazable atención” es cuestión que cae dentro de la sana discreción de la corte de distrito.

El caso de Bird v. Roig, 21 D.P.R. 407 no sirve de auto-ridad para la contención de que el pleito original del deman-dante contra González se fundiera en la sentencia dictada en Santo Domingo.

Lo dicho anteriormente resuelve la contención qne el apelante hace bajo los señalamientos cuarto y quinto, tal cual ésta ha sido presentada en el alegato.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: "El Juez Asociado Señor Travieso,

license: Public Domain

text:
    José Dolores Martínez, demandante y apelante, v. Enrique, Herminio y Maximino Figueroa y María Vivié, demandados y apelados.
    Núm. 7404.

    Sometido: Enero 15, 1937.

      Resuelto: Febrero 18, 1937.

      JSnrique Báez García, abogado del apelante; José Sdbatdr, abogado de los apelados.
   "El Juez Asociado Señor Travieso,

emitió la opinión del tribunal.

José Dolores Martínez interpuso demanda de desahucio en precario, alegando ser dueño de una finca que adquirió del Márshal de la ■ Corte Municipal de Mayagüez, en subasta pública; y que los demandados están ocupando la finca y una casa enclavada en ella, sin pagar canon o merced alguna y contra su voluntad, habiéndoles requerido distintas veces para que la abandonasen, a lo que se han negado.

Alegan los demandados que el título en que se basa el de-mandante procede de una sentencia que éste obtuvo contra Enrique Figueroa, cansante de los demandados, en el pleito número 9317 ante la Corte Municipal de Mayagüez, sobre cobro de un pagaré suscrito por éste, y que dice:

“Por $92.32.
“Debo y pagaré en virtud del presente y a la orden de Don Do-lores Martínez la suma de noventa y dos dólares .treinta y dos centavos, moneda americana, valor recibido, la que devolveré con más intereses al uno por ciento mensual desde hoy, hasta el día treinta y uno de diciembre de mil novecientos veintinueve, obligando al efecto mis bienes, los cuales no podré enajenar sin el pago íntegro de dicha Cantidad; como también a satisfacer en caso de mora, el interés del uno por ciento mensual, renunciando al derecho de domicilio y some-tiéndome expresamente a la Corte Municipal de Mayagüez o a la de distrito de Mayagüez, para el cobro de esta obligación y asimismo comprometiéndome al pago de todos los gastos y honorarios de abo-gado a que incurra el acreedor para el cobro de la misma. A vein-titrés de febrero de 1929. (Firmado) Enrique Figueroa.
“Affidavit No. 1460. — Suscrito ante mí por don Enrique Figueroa Belvis, mayor de edad, casado, propietario y vecino de Maricao, a quien personalmente conozco, en San Germán, Roy día 23 de fe-brero de 1929. (Firmado) Miguel A. García Méndez, Notario Pú-blico. Adherido un sello de Rentas Internas de veinticinco centavos cancelado; ”

que dicha sentencia es nula porque en el apercibimiento del emplazamiento, redactado así, “que de no comparecer . . . el demandante podrá pedir y obtendrá que se le anote la rebeldía al demandado y sentencia a su favor de acuerdo con la súplica de la demanda,” no se habían hecho constar de una manera específica las cantidades reclamadas en la súplica de la demanda y porque, anotada la rebeldía del demandado, el secretario, sin que se lo pidieran, registró sen-tencia en 16 de enero de 1933, condenando a Figueroa a pagar al demandante $92.32 de principal, $41.62 de intereses ven-cidos y los que se devengasen al 1 por ciento mensual, más $25 para honorarios de su abogado, a pesar “de no existir la advertencia específica en el emplazamiento para poder ano-tarse una sentencia sin celebración del juicio”; que los de-mandados han solicitado de la Corte Municipal de Mayagüez la nulidad de esa sentencia, pero aún no ha recaído resolución sobre su moción. *

Como materia nueva, alegaron que Enrique Figueroa siempre estuvo en posesión de la finca como dueño ; que sus hijos, los demandados, no tienen otras propiedades que los condominios que les corresponden en dicha finca como here-deros de su causante Enrique Figueroa por una cuarta parte de la misma; y que la viuda María Vivió es cabeza de fa-milia, y ha tenido siempre dicha finca, que vale menos de $500, como su hogar seguro.

La corte de distrito resolvió que el secretario de la Corte Municipal de Mayagüez no tenía poder para registrar una sentencia en rebeldía contra Enrique Figueroa porque en el emplazamiento no se especificó la cantidad reclamada en la demanda y porque no tenía autoridad para tasar los hono-rarios de abogado y condenar al demandado al pago de $25 para ese fin. Que por esas razones estaba envuelto un con-flicto de títulos, que no podía ser resuelto en un procedi-miento de desahucio, declarando por esas razones sin lugar la demanda. El demandante apeló para ante este tribunal, señalando los siguientes tres errores:

1. Al resolver que el título del demandante es nulo.
2. Al resolver que el demandante no tiene un título limpio y libre de toda discusión.
3. Al condenar al demandante a pagar las costas.

El si los demandados apelados pueden o no atacar colateralmente en esta acción de desahucio, el título del demandante apelante, depende, a nuestro juicio, de si ese título es nulo e inexistente o meramente anulable. Si es lo primero, pueden hacerlo; si lo segundo, no.

El demandante apelante cita el caso de León v. Alvarado. 24 D.P.R. 700, donde se resolvió que:

“ ... el hecho de que el apelante ha pedido la nulidad del jui-cio que produjo la venta y adjudicación de la casa no es motivo para declarar que León Lugo no tenga un título suficiente para obtener sentencia favorable en un juicio por desahucio porque mientras no se anule el juicio y la venta, es válido el título del demandante, se-guirá siendo el dueño, y como tal tiene derecho a que el apelante desocupe la casa en cuestión.”

La citada opinión no distingue entre títulos nulos e inexis-tentes de un lado y anulables de otro, y da la impresión de que tanto los unos como los otros son suficientes para obte-ner sentencia favorable en juicios de desahucio, hasta tanto no se anulen. Debe observarse, sin embargo, que en ese caso, el demandado Alvarado no expuso los vicios de nulidad en el título del demandante, sino que, como materia nueva de de-fensa, adujo que había pedido la nulidad del juicio que pro-dujo la venta y adjudicación de la casa, siendo esto último lo que se resolvió no ser motivo para declarar insuficiente el título del demandante. La cuestión exacta, envuelta en este caso, no parece haberse resuelto en él.

No obstante, 'en Dávila v. Sotomayor, 35 D.P.R. 794, apa-rentemente se distingue entre títulos nulos y anulables. En el citado caso Angel Martínez Caballero ejecutó una hipoteca otorgada a su favor por los esposos Sotomayor-Pizarro. En‘ la subasta le fué adjudicada la finca al demandante Lorenzo Dávila, quien entabló demanda de desahucio en precario contra los dueños originales, esposos Sotomayor-Pizarro. La parte demandada suscitó la nulidad del título del deman-dante, y esta corte dijo, citando el caso de León v. Alvarado, supra:

“Tampoco existe el segundo error. El demandante probó que había adquirido la finca de que se trata por compra en pública su-basta. La subasta se decretó y se llevó a efecto con motivo de la ejecución de una hipoteca constituida sobre la dicha finca. Siendo ello así, no podía la demandada en el pleito de desahucio levantar la cuestión de nulidad, de acuerdo con lo decidido por esta Corte Suprema en el caso de León v. Alvarado, 24 D.P.R. 700, así:
“ ‘La cuestión de si el título del demandante adole'ee de nulidad que impida ejercitar los derechos que del mismo se dimanan, no puede resolverse en un juicio sumario y especial como es el de desahucio, en que solamente se trata el derecho que para despedir al que ocupa la finca tiene el que por el momento aparece dueño y poseedor de ella.
“ ‘El hecho de que el demandado en un juicio de desahucio haya pedido la nulidad del pleito que produjo la venta y adjudicación al demandante de la finca objeto del desahucio, no es motivo para de-clarar que el demandante no tenga título suficiente para obtener sentencia favorable, porque mientras no se anule el juicio y la venta, su título es válido, seguirá siendo el dueño, y como tal con derecho a que el demandado desocupe la finca.’
“No se trata de un título que abiertamente, sin necesidad de so-licitar y obtener la nulidad en el juicio apropiado y ante la corte con jurisdicción para ello, pueda calificarse de inexistente. A lo sumo lo que reveló la prueba fué una irregularidad en la publica-ción de los edictos anunciando la subasta, que no afectaba al com-prador de buena fe, de conformidad con la jurisprudencia estable-cida por esta Corte Suprema. ‘La infracción a que aluden los ape-lantes’ — dijo esta corte en el caso de Trueba v. Martínez, 33 D.P.R. 461—‘del artículo 251 del Código de Enjuiciamiento Civil, en cuanto al anuncio de la subasta, es una mera irregularidad que no afecta al comprador de buena fe, y no puede considerarse en una acción co-lateral, como ocurre en este caso, para anular lá subasta que originó la venta y adjudicación de la finca hipotecada. Henna v. Saurí y Subirá,, 22 D.P.R. 836, y Sola v. Castro, 32 D.P.R. 804.’ ”

Es evidente, por lo tanto, que, si en vez de revelar la prueba una irregularidad en la publicación de los edictos anunciando la subasta, se hubiese tratado de un título inexis-tente, la defensa hubiera sido buena contra la demanda de desahucio.

Recientemente, en el caso de Sucrs. de Huertas González v. Rosario, 50 D.P.R. 360, se planteó la cuestión nuevamente. Este tribunal dijo:

“La apelante impugnó el derecho de los demandados a atacar la suficiencia de la sentencia de la Corte Municipal de Bayamón dic-tada en favor de la apelante. Esta última sostiene que dicha sen-tencia no puede ser atacada colateralmente. Los apelados, más o menos fundándose en el principio de debite fundamentum fallit opus, dicen que si dicha sentencia fué nula por falta de la debida notifi-cación, el título de la apelante también lo fué. Estas alegaciones en sí levantan un conflicto de título suficiente, y aun si estuviésemos equivocados respecto a la jurisdicción de la Corte Municipal de Ba-yamón, el pleito de desahucio no es el lugar adecuado para deter-minar dicho conflicto.” .

De suerte que, si el demandado en una acción de desahu-cio en precario desea atacar colateralmente el título del de-mandante, es necesario que los vicios de que éste adolezca sean de tal naturaleza que lo hagan nulo e inexistente. Una mera irregularidad que lo convierta en anulable, no sería su-ficiente.

La primera causa de nulidad alegada en el presente caso carece de fundamento. Dispone el artículo 89 del Código de Enjuiciamiento Civil, que:

“La citación irá dirigida al demandado, firmada por el secretario y librada bajo el sello de la corte, y deberá contener:
“1.
“2.
“3.
“4. En una acción originada de un contrato para obtener dinero, o el importe de daños y perjuicios solamente, se hará constar la pre-vención de que si no compareciere y contestare el demandado según se le ordena, el demandante obtendrá fallo por la cantidad exigida en la demanda, especificando la suma.
“5. En las demás acciones, la prevención de que si no compare-ciere y contestare el demandado según se le ordena, el demandante solicitará de la corte le sea concedida la petición que hubiere hecho en la demanda. El nombre del abogado del demandante se hará constar al dorso de la citación.”

Las secciones primera y segunda del artículo 194 del mismo código, establecen:

“Podrá dictarse sentencia, si el demandado dejare de contestar a la demanda, en los casos siguientes:
“1. En un pleito que nazca de un contrato sobre pago de dinero o para obtener perjuicios solamente, si no se hubiere presentado la contestación al secretario de la corte, dentro del término señalado en la citación, o de su prórroga, si se hubiese concedido; el secretario, a instancia del demandante, deberá hacer constar la rebeldía del de-mandado, y acto seguido anotará en el récord de la corte la senten-cia para el pago de la cantidad especificada en la citación, con más las costas contra el demandado, o contra uno o más de los varios de-mandados, en los casos previstos en el artículo 96.
“2. En otros pleitos, si no se hubiere presentado la contestación al secretario de la corte, dentro del término señalado en la citación o de su prórroga si se hubiere concedido, deberá el secretario tomar razón de la rebeldía del demandado; después de lo cual podrá el demandante solicitar en la primera o cualquiera de las subsiguientes sesiones de la corte, que se le conceda lo pedido en la demanda. Si la rendición de una cuenta o la prueba de algún hecho fuere nece-sario para fundamentar el fallo de la corte, o dar cumplimiento al mismo, la corte podrá admitir la cuenta, u oír la prueba, o a su dis-creción, disponer el informe previo de peritos, y si para determinar la cuantía de perjuicios fuere necesario el examen de una cuenta ex-tensa, podrá disponer también un dictamen pericial, según lo anterior-mente dispuesto.
“3

En el pagaré objeto de la acción ante la Corte Municipal de Mayagüez, supra, Enrique Figueroa se obligó, entre otras cosas, “al pago de todos los gastos y honorarios de abogado a que mowrael acreedor.” No se fijó, sin embargo, ninguna cantidad líquida y específica destinada a ese fin. La cues- - tión entonces se reduce a determinar si la acción ejercitada ante la Corte Municipal de Mayagüez se originó “de un con-trato para obtener dinero o el importe de daños y perjuicios solamente,” dentro del significado que esas palabras tienen, en el inciso 4 del artículo 89 del Código de Enjuiciamiento Civil. Creemos que no, y por lo tanto no era necesario que en el apercibimiento se especificase, como requiere dicha sec-ción, la suma exigida en la demanda.

Aunque el lenguaje del estatuto es lo suficientemente am-plio para cubrir una acción como la número 9317, ante la Corte Municipal de Mayagüez, no obstante, lo que contempla es que la cantidad reclamada sea determinada, líquida, fija, o susceptible de serlo, mediante una operación simple de arit-mética. T aunque en este caso la suma principal es deter-minada, y los intereses pueden computarse fácilmente, los honorarios y gastos, sin embargo, no lo son. El estatuto que comentamos requiere que la cantidad reclamada se especifi-que en el apercibimiento, para que el secretario de la corte sepa, a tenor de lo dispuesto en el párrafo primero del ar-tículo 194, supra, la suma por la cual ha de anotar sentencia contra el demandado, si éste no contestare dentro del término legal. Si del apercibimiento no aparece la cantidad que por concepto de honorarios deba conceder al demandante, dicho funcionario carece de facultad para concederla, porque sus funciones son simplemente ministeriales y no judiciales. Véanse en apoyo de estas conclusiones, Landwehr v. Gillette, 174 Cal. 654, 163 P. 1018; y Gustin v. Byam, 41 Idaho 538, 240 P. 600.

En vista de lo anteriormente expuesto, el emplazamiento no tenía que ceñirse a los requisitos del inciso 4 del artículo 89 del Código de Enjuiciamiento Civil, razón por la cual era innecesario que se especificase en el apercibimiento la can-tidad reclamada en la demanda. Los preceptos aplicables eran el inciso quinto de dicho artículo 89, en cuanto a lo que debía contener la citación, y el segundo del 194 en cuanto al procedimiento para el secretario anotar la rebeldía.

El inciso segundo del artículo 194 no faculta al secretario de la corte para motu proprio anotar una sentencia en rebeldía. Anotada por el secretario la rebeldía del demandado, dice, “podrá el demandante solicitar en la primera o cualquiera de las subsiguientes sesiones de la corte, que se le conceda lo pedido en la demanda.” La solicitud se hace a la corte, y es ésta y no el secretario la que debe disponer que se dicte. Pero aun asumiendo que tuviera autoridad el secretario para dictarla, carecería de base para hacerlo, por cuanto del apercibimiento no aparece cantidad fija alguna, y él no puede fijarla por ser ésa una función judicial y no ministerial. Y si en esas circunstancias el secretario dictase sentencia, la misma sería nula e inexistente.

“La sentencia anotada lo fué en exceso de la facultad del secre-tario bajo el estatuto, y era por consiguiente nula. Landwehr v. Gillette, 174 Cal. 654, 163 P. 1018; Saucer v. Vicent, 82 Fla. 296, 89 So. 802; 34 C. J. 179.” Gustin v. Byam, supra.

Siendo nula la sentencia dictada por la Corte Municipal de Mayagüez en el caso número 9317, y por tanto nulo el título del demandante, esa nulidad era una buena defensa en el procedimiento de desahucio, a tenor de lo resuelto en Sucrs. de Huertas González v. Rosario, 50 D.P.R. 360, y Dávila v. Sotomayor, 35 D.P.R. 794, porque levanta un conflicto de título que no puede ser resuelto dentro de los estrechos límites de una acción de desahucio.

A nuestro juicio, la corte sentenciadora no cometió los dos primeros errores señalados.

El tercero se refiere a la imposición de costas al deman-dante. No creemos que la corte inferior abusara de su dis-creción al imponer al demandante el pago de las costas.

Dehe confirmarse y se confirma la sentencia apelada.

Los Jueces Asociados Señores "Wolf y Córdova Dávila no intervinieron.


author: Juez Asociado Sr. Hutchison.)

text:
    Núm. -.
    Ex parte Rebollo, peticionario.
    Mayo 27, 1936.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Examinado el memorándum del peticionario apelante radicado 'en la Secretaría de esta corte el día 25 de mayo del corriente año, .y no apareciendo que sean apelables las resoluciones negándole ad-misión al ejercicio de la abogacía, no ba lugar al auto solicitado por el peticionario en su moción del 23 de abril de 1936.

El Juez Asociado Sr. Córdova Divila no intervino.


text:
    Núm. 958.
    Font, recurrente, v. Registrador, recurrido.
    Mayo 28, 1936.
   POR CUANTO, tenemos ante nos una inscripción que dice así:

“Inscrito el presente documento, con vista de otros complementarios, y a solicitud de la Corte Suprema de Puerto Rico, a los folios 13 vuelto y 65 vuelto de los tomos 81 y 51 de Cayey, fincas Nos. 2691 duplicado y 966 triplicado, ins-cripciones 5 y 17, con el defecto subsanadle de qne el informe del trustee lleva fecha 4 de septiembre de 1933, y no obstante aparece del mismo que la venta se •efectuó el 27 de dicho mes y año. Las fincas se hallan .libres de cargas. Gua-yama, a 6 de diciembre de 1935.”

Por CUANTO, el recurrente- solicita que ordenemos la inscripción sin defecto alguno;

Por CUANTO, no estamos convencidos de qne el defecto señalado carezca de importancia ni que el registrador esté en el deber de co-rregir equivocaciones de esta índole en ausencia de declaraciones au-torizadas aclarando tal equivocación;

Por tanto, se deniega la petición del recurrente.


text:
    Núm. 6657.
    Yabucoa Sugar Co., aplte. v. Domenech, Tes., apldo.
    C. D. San Juan.
    Julio 28, 1936.

   Por cuanto, se trata de un pleito sobre devolución de contribu-■ciones sobre ingresos iniciado bajo la vigencia de la Ley Núm. 74 de 1925 (p. 401) y declarado sin lugar por no haberse dichas eontribu--ciones pagado bajo protesta; y

Por Cuanto, este tribunal resolvió el 24 (sic) de julio actual en el caso de Porto Rico Fertilizer Co. v. Domenech, Tesorero (ante, p. 405), siguiendo el de Compañía Agrícola de Cayey, Ltd., v. Domenech, Tesorero, 47 D.P.R. 535, que sin el pago bajo protesta no cabe recurrir para ante los tribunales de justicia de la resolución del Te-sorero ;

POR TANTO, se declara no haber lugar al recurso y se^ confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan el 20 de enero de 1934.

Los Jueces Asociados Sres. Cordova Dávila y Travieso no intervinieron.


author: Juez Asoeiado Sr. Travieso.)

text:
    Núm. 6878.
    González, apldo. v. J. González & Hno., Sucrs., S. en C., etc., apltes.
    C. D. San Juan.
    Julio 28, 1936.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asoeiado Sr. Travieso.)

Habiendo acordado esta corte, por resolución de fecha 17 de abril de 1936, reconsiderar la sentencia dictada en marzo 31 de 1936, por la que se revocó'la dictada por la Corte de Distrito de San Juan y en su lugar se dictó otra declarando sin lugar la demanda, sin especial condenación de costas; y habiendo celebrado una nueva vista del caso con asistencia e informes orales y escritos de ambas partes litigantes.

Examinados nuevamente los autos y resultando de ellos que las alteraciones hechas por los arrendatarios apelantes en la planta alta del edificio, se hicieron sin el conocimiento o consentimiento previo del arrendador, como lo estipula el contrato de arrendamiento.

Se ACUERDA modificar la sentencia apelada para que el demandante recobre de los demandados solamente las sumas gastadas por-dicho demandante para restaurar la planta alta del edificio, las que ascien-den a $312.88, más la suma de $69.93 por arrendamiento de dicha planta alta durante los veintiún días invertidos en hacer dichas re-paraciones, o sea un total de $382.81, sin especial condenación de costas.

Y así modificada, se confirma la sentencia apelada.

El Juez Asoeiado Sr. Córdova Dávila no intervino.


author: Juez Presidente Sr. del Toro.)

text:
    Núm. 6866.
    Olivencia, aplte. v. Pérez Sales, apldo.
    C. D. Mayagüez.
    Julio 31, 1936.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. del Toro.)

Examinada la solicitud de injunction presentada en este caso con objeto de hacer efectiva la jurisdicción de este tribunal en el mismo y oídas las partes interesadas, se ordena al demandante apelante Enrique Olivencia que se abstenga por sí o por medio de sus abogados, agentes o personas bajo su intervención, de ejecutar o hacer ejecutar o en alguna forma hacer valer la sentencia dictada por esta corte el 20 de mayo, 1936, resolviendo el recurso, hasta tanto se decida por este tribunal la moción de reconsideración de dicha sentencia presen-tada por el demandado y se expida y remita el mandato correspon-diente a la Corte de Distrito de Mayagiiez. Dada la urgencia del caso, dése cumplimiento inmediato a esta sentencia.

Los Jueces Asociados Síes. Córdova Dávila y Travieso no intervinieron.


text:
    Núm. 1081.
    Núm. 6866.
    Pérez Sales, peticionario, v. Corte, dmda. Olivencia, aplte. v. Pérez Sales, apldo.
    Agosto 1, 1936.
    C. D. Mayagüez.
    Agosto 1, 1936.
   En los dos casos precedentes, se dictó la siguiente resolución.-

A la anterior moción del interventor, no estando convencido este-tribunal de que la sentencia de julio 31, 1936, de que se trata, tenga el carácter de definitiva dentro del significado de la ley que autoriza las apelaciones de las sentencias de esta corte para ante la Corte de Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Cir-cuito, no lia lugar.

Log Jueces Asociados Sres. Córdova Dávila y Travieso no intervinieron.


text:
    Núm. 5865.
    Schlüter, aplte. v. Aboy Vidal & Co., Inc., etc., apldos.
    C. D. San Juan.
    Octubre 2, 1936.
   No habiendo la parte apelante cumplido con los requisitos fijados en la orden de junio 9 de 1936 admitiendo la apelación interpuesta contra la sentencia de este tribunal de marzo 31, 1936, y vista la re-solución dictada con fecha 27 de julio de 1922 en el caso de Pabón v. Alvarado, núm. 2099 (31 D.P.R. 943), así como la dictada en diciem-bre 14 de 1926 en el caso núm. 3376, María del Rosario et al. v. Iliginio Allende Cruz et al. (36 D.P.R. 955), se declara con lugar la moción de los apelados y en su consecuencia se ordena el archivo de- este caso por abandono de la acción por parte del apelante.


text:
    Núm. 7427
    Figueroa, et als., apldos. v. Corte, et als., apltes.
    Noviembre 6, 1936.
   Siendo académica en la actualidad la cuestión envuelta ’en el re-curso arriba titulado, en el cual se estableció apelación contra resolu-ción dictada por el Juez de Turno en octubre 31 próximo pasado, se decreta el sobreseimiento y archivo de este caso.

Los señores Jueces Presidente del Toro y Asociados Hutchison y Travieso, no intervinieron.


text:
    Núm. 9.
    Fiol, promovente, v. Junta Insular de Elecciones, etc., dmdos.
    Noviembre 6, 1936.
   Al anterior escrito de apelación referido por el Juez de Turno al tribunal por no ser a su juicio apelable la resolución que dictó en este caso en octubre 15 próximo pasado: no debiendo, en efecto, en-tenderse que dicha resolución fué dictada por el Juez Travieso en su carácter de Juez de Turno. ya que como tal no habría tenido capa-cidad para dictarla por carecer de facultad según se desprende de la sección 9 de la “Ley fijando la duración de las sesiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico ’ según quedó enmendada por la Ley Núm. 59 de 1931, sino que fué dictada por el mencionado juez en su ca-rácter de Magistrado del Tribunal Supremo, de acuerdo con el ar-tícuo 676 del Código de Enjuiciamiento Civil (edición de 1933), y siendo además académica en la actualidad la cuestión envuelta, no ha lugar a admitir la apelación radicada en este caso por los de-mandados Domingo Gnzmán, Ramón Rivera Guzmán y Marcelino Méndez.

Los señores jueces Presidente del Toro y Asociados Hutchison y Travieso, no intervinieron.


text:
    Núm. 3.
    Berdecía, peticionario, v. Comisión Industrial, et al., dmdos.
    Noviembre 9, 1936.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Examinada la solicitud que antecede a la luz del caso de Amenguar v. Comisión Industrial, 49 D.P.R. 10, y tratándose, como se trata, únicamente de una cuestión de apreciación de prueba, no ha lugar a la revisión solicitada.

El Juez Presidente Sr. del Toro no intervino.


author: Juez Asociado Sr. Córdova Dávila.)

text:
    Núm. 5.
    Morales, dmdte. v. Comisión Industrial, dmda.
    Noviembre 9, 1936.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Córdova Dávila.)

Examinada la solicitud que antecede a la luz del caso de Amenguar v. Comisión Industrial, 49 D.P.R. 10, y tratándose, como se trata, únicamente de una cuestión de apreciación de prueba, no ha lugar a la revisión solicitada.

El Juez Presidente Sr. del Toro no intervino.


text:
    Núm. 4.
    Montaner, recurrente, v. La Comisión Industrial, recurrida.
    Diciembre 14, 1936.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Córdova Dávila.)

Visto el inciso tercero del artículo 35 de la Ley núm. 45, aprobada en 18 de abril de 1935, se fija en la cantidad de $50.00 el importe de los servicios prestados ante esta Corte Suprema por los abogados Besosa & Besosa en representación de los menores Angel Manuel y Zaida Iris Montero Martínez.

El Juez Presidente Sr. del Toro no intervino.


author: Juez Presidente Sr. del Toro.) '

text:
    Núm. 8.
    Sánchez, Jr., dmdte. v. Comisión Industrial, dmdos.
    Enero 13, 1937.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. del Toro.) '

Examinada la solicitud que antecede y los documentos acompa-ñados a la misma a la luz del caso de Amenguar v. Comisión Industrial, 49 D.P.R. 10, y tratándose, como se trata, únicamente de una cuestión de apreciación de prueba, no lia lugar a la revisión soli-citada.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y Córdova Dávila no intervinieron.


author: Juez Asociado Sr. Travieso.)

text:
    Núm. 1.
    Pueblo, querellante, v. The Fajardo Sugar Co. of P. R., etc., dmdas.
    Enero 18, 1937.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Travieso.)

Vistas las mociones radicadas separadamente por cada una de las tres corporaciones demandadas, por las que solicitan la eliminación de ciertas alegaciones de la querella presentada en este caso, y exa-minados los alegatos sometidos por una y otra parte en pro y en contra de las eliminaciones solicitadas, se resuelve:

I. En cuanto a la moción presentada por Tile Fajardo Sugar Company of Porto Rico, se eliminan de la 'querella las siguientes ale-gaciones :

Las palabras “han. perdido todos sus derechos a ejercer las franquicias y privilegios que les fueran concedidos,” que aparecen en las líneas 6 y 7 del primer párrafo de la querella, por ser una mera conclusión legal- y no una expo-sición de hechos.

Y se declara sin lugar la moción en cuanto a las demás elimina-ciones solicitadas.

II. En cuanto a la moción eliminatoria radicada por The Fajardo Sugar Growers’ Association, además de las eliminaciones ordenadas a virtud de moción de The Fajardo Sugar Company of Porto Rico, se eliminan las siguientes alegaciones:

(a) Del párrafo (h), inciso 1, página 5 de la querella, las líneas 1 a 5 del último párrafo de dicha página, que leen:

“A tenor y por virtud de dicho Artículo VIII, Sección 3, dichas 'Asocia-ciones por Acciones’ son de esta suerte tenidas por personas naturales, con el propósito de investirlas con la capacidad de demandar y ser demandadas.”

Por constituir una mera conclusión de derecho y ser de carácter argumentativo.

(i) Del inciso 5, párrafo (h), parte de la última línea de la pá-gina 8 y líneas 1 a 8 de la página 9 de la querella, que dicen:

“ ■ . . Db esta suerte la ley del Datado de Nueva York es que tales ‘Aso-ciaciones por Aeciones’ están autorizadas y facultadas para negar a cualquiera de sus miembros todo derecho, en su capacidad como tales miembros, a repre-sentar o actuar por la asociación, e investir de todos los poderes para representar y actuar por Ja asociación a los directores, oficiales, administradores o fiduciarios que se -designen. ’ ’

■Por ser una conclusión de derecho y puramente argumentativa. (c) Del inciso 6, párrafo (A), página 9 de la querella, líneas 7 a 18, lo siguiente:

“. . . De esta suerte es la ley del Estado de Nueva York la de que dichas •‘Asociaciones por acciones’ están autorizada® y facultadas a que todos los deraekos de' asociación estén representados por las acciones, las cuales acciones ■son-transferibles libremente inter vivos y las qué, al -óbito de un accionista, pasan a sus sucesores legales.”

Por ;ser dichas alegaciones meras conclusiones legales y de ca-rácter -argumentativo.

(d) Del inciso 6, párrafo (h), últimas cuatro líneas de la página 9 de la querella y las dos primeras líneas de la página 10, lo si-guiente :

.. . De' tal suerte .que la ley del Estado de Nueva York es la de que dichas ‘Asociaciones por aceiones’ están autorizadas y facultadas, por sus cláu-sulas de asociación, a restringir o abolir todos los derechos de cualquiera de sus miembros a disolver la compañía por voluntad propia.”

Por ser de carácter argumentativo y meras conclusiones de de-recho.

■(e) Del inciso 14, párrafo (A), página 15 de la querella, desde 1-a línea 23 a la última de dicho inciso, lo siguiente:

“. . de esta suerte los procedimientos para hipotecar, dar en arren-damiento o vender bienes inmuebles de dichas ‘Asociaciones por acciones’ y los procedimientos para el nombramiento de síndicos para dichas ‘Asociaciones por acciones’ están regidos por las leyes aplicables a tales procedimientos en materia, de corporaciones. ’ ’

Por envolver una conclusión legal y ser de carácter argumenta-tivo.

Y se declara sin lugar dicha moción en cuanto a las demás elimi-naciones solicitadas.

III. Se declara con lugar la -moción de The Loíza Sugar Company en cuanto a las eliminaciones arriba ordenadas a virtud de las mo-ciones presentadas por las otras dos demandadas, y sin lugar en cnanto a las otras eliminaciones solicitadas..

. IV. Se concede al querellante un término de quince días, para enmendar su querella de conformidad eon los términos de esta reso-lución; y a cada una de las demandadas un término de ve-rute días para presentar las excepciones que creyeren convenientes o para con-testar la querella enmendada, debiendo contarse dicho término desde la fecha en que dichas demandadas o sus abogados fueren notificados con copia de la querella enmendada.

V. En vista de la importancia y transcendencia del caso de autos y del volumen de su expediente, 'que consta ya de 1,555 páginas, el tribunal opina que su labor, así como la de los abogados de ambas partes, se facilitaría grandemente si el récord de este caso fuese im-preso, acompañado de un índice que ayude a localizar las numerosas piezas que forman el expediente; y sugiere a las partes la convenien-cia de que así se haga.

Los Jueces Asociados señores Wolf y Córdova Dávila no intervinieron. '


text:
    Núm. 1.
    Pueblo, querellante, v. The Fajardo Sugar Co. of P. R., etc., dmdas.
    Enero 18, 1937.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Travieso.)

Vista la moción de la parte querellante por la que solicita qué por este tribunal se expida una orden dirigida a las demandadas para que inmediatamente permitan a la parte querellante hacer una ins-pección y para que le entreguen copia o le permitan sacarla, de todos los libros, papeles y documentos que se describen en la moción, los ■cuales, según se alega, están en posesión o bajo el control de dichas demandadas y contienen evidencia relativa a los méritos del procedi-miento de Quo Warranto pendiente ante esta corte;

Vista la decisión de la Corte Suprema de California en el caso de Funkenstein v. Superior Court, 23 Cal. App. 663, en la que dicha corte, al interpretar la Sección 1000 del Código de Enjuiciamiento Civil de California, que es idéntica al artículo 347 de nuestro Código, dijo:

“La Corte Suprema en Ex parte Clark, 126 Cal. 235, y la Corte de Apelaciones en Kullman v. Superior Court, 15 Cal. App. 276, lian aplicado expresa-mente esta garantía constitucional a procedimientos bajo la Sección 1000 del Código de Enjuiciamiento Civil, resolviendo ‘que en tales procedimientos se deben hacer constar los hechos esenciales, mediante prueba clara e inequívoca, como condición precedente al derecho de una Corte para requerir a una persona para-que entregue para ser inspeccionados sus libros y papeles privados, a saber: (1) que tal persona tiene un libro, papel o documento que contiene evidencia material en relación con las cuestiones de hecho (issues) ante la Corte; (2) que el preciso libro, papel o documento que contiene tal evidencia sea designado o des-crito de modo tal que pueda ser identificado.’ ”

Pob cuanto, las partes demandadas no lian formulado aún sus contestaciones a la querella, no habiéndose establecido por tanto con-troversia alguna (issue) en cuanto a los hechos alegados como base del derecho que alega tener el querellante, por lo que esta corte ca-rece de elementos suficientes para poder resolver sobre la pertinencia o materialidad de los libros, papeles y documentos cuya inspección se solicita;

Se DECLARA sin lugar por ahora la moción sobre inspección de li-bros, papeles y documentos de las demandadas, sin perjuicio del de-recho de la parte querellante a reproducir dicha moción cuando y si lo creyere conveniente, después que se hayan establecido las cues-tiones de hecho (issues) entre las partes.

Loa Jueces Asociados señores Wolf y Córdova Dávila no intervinieron.


text:
    Núm. 7230.
    Gutiérrez, aplte. v. Sancho Bonet, Tes., apldo.
    C. D. San Juan.
    Febrero 9, 1937.
   (Por la Corte, a propuesta de

Juez Asociado Sr. Travieso.)

Yisto el presente recurso en su fondo, oída la argumentación oral de ambas partes y estudiados los alegatos sometidos por el apelante y el apelado.

PoR cuanto, los hechos esenciales alegados en la demanda y las cuestiones de derecho en que basa el apelante su súplica para que la sentencia dictada por la corte inferior sea revocada, son substancial-mente idénticos a los hechos alegados y a las cuestiones de derecho presentadas en el caso de Antonio y Ramón Agudo v. Manuel V. Domenech, Tesorero de Puerto Rico, 49 D.P.R. 884;

Pob cuanto, la única cuestión esencial en que se basa el presente recurso es la alegada ineonstítucionalidad e invalidez de la Ley núm. 18 de 25 de abril de 1933 y ■ de la Resolución Concurrente núm. 15 de abril 15 de 1933, por las cuales se enmendó el inciso 51 de la Ley núm. 85 de 20 de agosto de 1925, según fué enmendada por la Ley núm. 88 de mayo de 1931, las cuales leyes fueron declaradas válidas y constitucionales por la sentencia de esta Corte Suprema en Agudo v. Domenech, supra;

PoR lo tanto,'de acuerdo con la referida sentencia en Agudo v. Domenech, supra, y la jurisprudencia en ella citada, se resuelve con-firmar y por la presente se confirma la sentencia apelada.

Los Jueces señores Presidente del Toro y Asociado Wolf uo intervinieron.


author: Juez Asociado Sr. Wolf.) ’

text:
    Núm. 1089.
    Báez, peticionario, v. Corte, dmda.
    Noviembre 25, 1936.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Wolf.) ’

Por Cuanto, mientras se juzgaba a Luis Iturrino López en la Corte de Distrito de- Mayagüez por el delito de ataque eon intención de cometer homicidio, El Pueblo de Puerto Rico manifestó a la corte que se proponía probar que el acusado era loco y solicitó asimismo ’ la designación de tres peritos, sin haberlo requerido el acusado;

Por Cuanto, ciertos errores fueron alegados como cometidos en las minutas de la corte- que se referían a la constitución del concejo pericial, nombrado para calificar la cordura del acusado;

Por Cuanto, Enrique Báez García era el abogado del acusado y radicó una moción en la Corte de Distrito dé Mayagüez en la cual exponía los hechos que anteceden y otros., y -en la' cual solicitaba que las minutas de la corte fueran corregidas.;

Por Cuanto, la corte ordenó al Secretario de la misma que no radicara la moción por no haberse fijado en la misma el sello de im-puesto forense de un dólar, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley 43 de 1932;

Por Cuanto, Enrique Báez García estaba actuando en el caso como un abogado nombrado por la corte'(dé oficio), y no voluntaria-mente ;

Por Cuanto, Enrique Báez García alega que ha radicado, esta petición de certiorari en su propio nombre porque el deber de satis-facer el sello forense le incumbe a él y no a su representado y tam-bién porque el acusado se encuentra recluso en el manicomio;

Por cuanto, la acción principal de la eorte fué rehusar permiso para radicar la moción antes referida e impedir la consideración de las cuestiones levantadas en dicha moción, y por tanto era una ac-tuación que afectaba primordialmente al acusado, en vez de al abo-gado;

Por Cuanto, cuándo están envueltos los derechó's de un represen-tado, la petición de certiorari debe ser incoada a su nombre en vez de a nombre del abogado;

Por tanto, nos sentimos obligados a denegar él auto solicitado, y así se ordena.


text:
    Núm. 1082.
    Rodríguez, peticionario, v. Corte, dmda.
    Diciembre 7, 1936.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Por cuanto, este procedimiento de certiorari tiene por objeto la anulación de dos órdenes de aseguramiento de sentencia dictadas por la corte de distrito en 28 de septiembre y 13 de octubre de 1936, res-pectivamente, ordenando a la junta de elecciones que so pena de de-sacato por incumplimiento de la orden se abstuviera de eliminar ciertos electores de las listas electorales;

Por cuanto, pasadas ya las elecciones y existiendo apelaciones, no solamente de la sentencia así asegurada si que también de las dos órdenes dictadas para el aseguramiento de dicha sentencia, el presente recurso resulta puramente académico por haberse cumplido ya el único propósito de dichas órdenes;

Por tanto, se anula la orden expedida de acuerdo con la reso-lución dictada por el Juez Asociado de Turno en octubre 22, 1936, y se ordena la devolución de los autos elevados a virtud de tal man-damiento.

El Jaez Presidente Sr. del Toro no intervino.


author: Juez Asociado Sr.' Hutchison.) '

text:
    Núm. 1075.
    Knights of Columbus Building Assn., peticionaria, v. Corte, dmda.
    Febrero 17, 1937.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr.' Hutchison.) '

Celebrada la vista del presente recurso con la asistencia de la pe-ticionaria y de los interventores, y apareciendo ser res judicata la cuestión envuelta, se anula el auto de certiorari expedido en mayo 27, 1936.


text:
    Núm. 7392.
    Municipio de Ponce, apldo. v. Pereira, aplte.
    C. D. Ponce.
    Noviembre 10, 1936.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Travieso.)

Vista la moción en la que se solicita la desestimación del recurso por no haber sido radicada la exposición del caso dentro del término legal:

Resultando de los autos que al apelante se le concedió una pri-mera prórroga el día 14 de agosto de 1936, la que debió vencer el 13 de septiembre del mismo año y que la segunda prórroga fué solici-tada el día 14 de septiembre de 1936; y

Resultando, además, que el día 13 de septiembre era domingo, por lo cual debe entenderse prorrogado el término’ hasta el 14 de septiembre, fecha en que se solicitó la segunda prórroga, se declara, sin lugar la moción de desestimación.

El Juez Presidente Sr. del Toro no intervino.


author: Juez Presidente Accidental Sr. Wolf.)

text:
    Núm. 7288.
    Núm. 7287.
    Núm. 7289.
    Valiente & Cía., aplda. v. Sancho Bonet, Tes., aplte. Infanzón & Rodríguez, S. en C., aplda. v. Sancho Bonet, Tes., aplte. Franqui, apldo. v. Sancho Bonet, Tes., aplte.
    C. D. San Juan. C. D. San Juan. C. D. San Juan.
    Noviembre 12, 1936.
    Noviembre 12, 1936.
    Noviembre 12, 1936.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Accidental Sr. Wolf.)

Vista la opinión emitida por este tribunal con fecha primero de agosto de 1936 en el caso núm. 7134, Valiente & Co. v. Manuel V. Domenech, Tesorero (ante, pág. 586), sobre devolución de contribu-ciones, se desestima, por ser ésta una cuestión ya resuelta, la apela-ción interpuesta por el demandado contra la sentencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan con fecha 10 de enero de 1936.

El Juez Presidente Sr. del Toro no intervino.


text:
    Núm. 7268.
    Acevedo, apldo. v. Domenech, Tes., aplte.
    C. D. San Juan.
    Diciembre 7, 1936.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Travieso.)

Vista la moción presentada por la parte apelada, en la que soli-cita se desestime por frívolo el recurso.

PoR Cuanto, la cuestión fundamental envuelta en este caso es la de si la Resolución Conjunta núm. 4 aprobada por la Legislatura en 16 ele julio de 1932, por la que se impone una contribución de un 2 por ciento sobre el valor en tasación de cada cuerda de café que haya o se siembre en Puerto Rico, viola los preceptos de la sección 34 de la Carta Orgánica de Puerto Rico, toda vez que impone una contri-bución mediante una resolución conjunta y no mediante un proyecto 'de ley, como lo requiere la citada sección de la Carta Orgánica;

PoR cuanto, esa misma cuestión fue considerada y resuelta por este tribunal en agosto 1, 1936, en el caso de Valiente & Cía. v. Manuel V. Domenech (ante, pág. 586) en el sentido de que la Legisla-tura de Puerto Rico no- tiene poder para decretar una ley a no ser mediante un proyecto de ley (bill);

Por lo tanto, se desestima el recurso por presentar una cuestión que ya ha sido resuelta por este tribunal.

El Juez Presidente Sr. del Toro no intervino.

En los siguientes casos, la Corte declaró con lugar las desestima-ciones solicitadas:

Núms. 7357 y 7447.

Por la Corte, a propuesta de uno de sus jueces, se declaró no ha-ber lugar a la desestimación solicitada en el caso siguiente:

Núm. 7439.


text:
    Núm. 7302.
    Miranda, etc., aplte. v. P. R. Ry., Light & Power Co., aplda.
    C. D. San Juan.
    Junio 26, 1936.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Travieso.)

Por CUANTO, la parte apelada solicita la desestimación del pre-sente recurso, alegando que la apelación es claramente frívola, por no presentar ninguna cuestión nueva que deba ser resuelta por esta Corte Suprema y porque la única cuestión que presenta ha sido ya resuelta en contra del apelante por la doctrina sentada por este tribunal en numerosas decisiones;

Por Cuanto, aparece de los autos que la demanda original, en re-clamación de la suma de $50,000 en pago de daños y perjuicios, fué radicada el 25 de enero de 1919; que celebrado el juicio la corte dictó sentencia a favor de la demandante por la suma de $12,000, más las costas y honorarios de abogado; que-apelada dicha sentencia para ante esta Corte Suprema, fué revocada por sentencia de abril 17 de 1923, por la que se devolvió el caso a la corte inferior para per-mitir a la demandante enmendar su demanda y continuar la trami-tación del pleito (Miranda v. P. R. Ry., Lt. & Power Co., 31 D.P.R. 778) ; que en mayo 19 de 1923 la demandante enmendó su demanda, continuando la tramitación del pleito hasta febrero 20 de 1928, en cuya fecha se dictó sentencia a favor de la demandante por la suma de $10,000 y costas; que dicha Sentencia fué confirmada por esta Corte Suprema en julio 24 de 1931 (42 D.P.R. 719) y por la Corte de Circuito en 29 de diciembre de 1932 (62 Fed. 2d 479) ; y que la solicitud de certiorari radicada ante la Corte Suprema Federal fué denegada en 289 U. S. 731;

Por Cuanto, aparece también que en cumplimiento de la referida sentencia de febrero 20 de 1928, la corporación demandada consignó en la Secretaría de la Corte de Distrito de San Juan, en mayo 15 de 1933, a disposición de la demandante, la suma de $13,141.67, para cubrir los $10,000 de la indemnización, más $3,141.67 por intereses al 6 por ciento desde febrero 20, 1928, fecha de la sentencia, hasta la fecha del depósito; y que en mayo 15, 1933, a moción de la de-mandante, se entregó a ésta la suma depositada en Secretaría, reser-vándose la demandante el derecho que alegaba tener para reclamar la suma de $5,441.33 por intereses al 6 por ciento anual desde la fecha de la demanda original (enero 25, 1919) hasta febrero 20 de 1928:

Pob cuanto, aparece que en 15 de. mayo de 1933 la demandante solieitá tina orden d<e ejecución de sentencia en cnanto a la suma re-clamada por intereses desde la fecha de la demanda original hasta la sentencia de febrero 20, 1928, y qne la demandada se opnso ale-1 gando ^ (a) qne la sentencia de 20 de febrero, 192'8, no concede los intereses qtte se reclaman, ni fueron tampoco solicitados en la súplica de la demanda; (i) qne la consignación becba en mayo 15, 1933, fue aceptada como buena por la demandante al solicitar la entrega. de la cantidad consignada, quedando impedida de reclamar suma adicional por concepto de intereses; y (c) qne siendo la responsa-bilidad de la demandada por culpa y negligencia, esa responsabili-dad no quedó fijada y liquidada hasta que se dictó sentencia en 20 de febrero de 1928, no pudiendo, por tanto, la demandada incurrir en mora sino desde la fecha de clicba sentencia y basta la fecha de la consignación;

Poe cuanto, la’ única cuestión que por el presente recurso se so-mefe a nuestra consideración es la de si un demandante en una ac-ción de daños y perjuicios causados pór la culpa o negligencia del demandado, que reclama la suma de $50,000 y á quien la corte concede solamente $10,000 de indemnización, tiene derecho al pago de intereses desde la fecha de la radicación de sn demanda o solamente desde la fecha en que la cuantía de los daños a recobrar fué fijada y liquidada por la sentencia^ a su favor;

PoR tanto, de acuerdo con las disposiciones del artículo 341 del Código de Enjuiciamiento Civil, Edición de 1933, y la jurispruden-cia de esta corte establecida en los casos de Hernández v. Foote, 22 D. P. R. 759, y Ruiz v. Umpierre, 49 D.P.R. 270, en la que se sos-tiene qne cuando la cantidad que se reclama no puede ser conside-rada como líquida basta qne se fija la cuantía de la indemnización por una sentencia, no pueden recobrarse intereses sino desde la fecha de la sentencia, nos vemos obligados a desestimar, por frívolo, el re-curso interpuesto contra la resolución de la corte inferior negándose a conceder la orden:"de ejecución por intereses desde la fecha de ra-dicación de la demanda.

’ El Jaez - Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino. '


text:
    Núm. 7327.
    Guijarro, aplte. v. Lluberas, aplda.
    C. D. San Juan.
    Julio 30, 1936.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Travieso.)

Vista la moción de la parte apelada para que se desestime el re-curso por frívolo, examinados los alegatos de ambas partes, y resul-tando qne el récord taquigráfico de la vista ante la corte de distrito, presentado por la parte promovente, aun cuando está certificado por el taquígrafo-repórter no aparece que baya sido aprobado por el juez sentenciador, condición necesaria para que pueda ser aeeptado y con-siderado por esta Corte Suprema como un documento auténtico:

PoR TANTO, no estando esta corte en condiciones de poder dicta-minar sobre la alegada frivolidad del recurso, se declara por ahora sin lugar la moción de desestimación.

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no-intervino.


text:
    Núm. 7445.
    International General Electric Co. of P. R., aplda. v. Colón, aplte.
    C. D. San Juan.
    Diciembre 16, 1936.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Por Cuanto, la demanda en este caso contenía seis causas de ac-ción relacionadas con cinco pagarés y los honorarios de abogado con-venidos en éstos; ' '

Por cuanto, después de una sentencia sobre las alegaciones en la corte municipal se celebró un juicio de novo en- la corte de distrito, donde la demandante presentó su prueba en ausencia del demandado y después de dictada nuevamente sentencia a favor de la demandante la corte de distrito denegó una' moción sobre reconsideración por mo-tivos expresados como sigue: “Porque conforme ha resuelto nuestro Tribunal Supremo repetidas veces, no es necesario notificación especial del señalamiento, toda vez que se presume que las partes o sus abogados cumplirán con la obligación en que están de atender al curso de sus asuntos en los tribunales; ”

Por cuanto, el presente recurso, en ausencia de explicación al-guna por parte del apelante, es claramente frívolo;

Por TANTO, se desestima la apelación interpuesta contra la sen-tencia que dictó la Corte de Distrito de San Juan en-8 de octubre de 1936.

El Juez Presidente Sr. del Toro no intervino.


text:
    Núm. 7449.
    Mestres, apldo. v. Díaz, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Diciembre 15, 1936.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Travieso.)

Por cuanto, el demandante apelado solicita que se desestime la apelación interpuesta en este caso, contra sentencia de la 'Corte de Distrito de Arecibo, dictada el -día 22 de septiembre de 1936, fun-dándose, primero, en que el apelante no tiene derecho a este recurso de apelación, y segundo, en la frivolidad del mismo;

Por Cuanto, la parte actora no ha aducido razón alguna en apoyo, de su primer fundamento de desestimación, y

Por cuanto, tampoco nos lia demostrado que la apelación esté tan desprovista de méritos, que pueda calificarse de frívola,

Ron tanto, se declara sin lugar la moción de desestimación pre-sentada.

El Juez Presidente Si', del Toro no intervino.


text:
    Núm. 7449.
    Mestres, apldo. v. Díaz, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Enero 29, 1937.
   (Por la 'Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Travieso.)

Pon .cuanto, el demandante apelado en el caso de autos ha soli-citado que reconsideremos nuestra resolución del día 15 de diciembre de 1986 por la que se declaró sin lugar una moción interesando la desestimación del recurso de apelación interpuesto;

Pob cuanto, examinado el récord sometido en este caso resulta que las dos únicas cuestiones que podrían levantarse en esta apela-ción serían, primero, el haberse negado la eorte sentenciadora a con-ceder al demandado apelante $300 solicitados en la eontrademanda por honorarios en el pleito sobre ejecución de hipoteca, el que fué declarado nulo por sentencia de esta Corte Suprema; y segundo,, el haberle eondenádo a pagar la mitad de las costas y $100 para, honorarios en el pleito de nulidad.

PoR cuanto, en relación con la primera de dichas cuestiones, se resolvió en Pontón v. Sucrs. Huertas González, 46 D.P.R. 789, que declarada la nulidad de un procedimiento hipotecario, el demandado, no puede recobrar por vía de reconvención las costas y honorarios en. dieho procedimiento, y

. Pos cuanto, no encontramos,. en relación eon la segunda cues-tión, que la eorte abusara de. su discreción;

Pob tanto, se deja .sin efecto nuestra resolución del día 15 de diciembre de 1936, y en sn lugar se dieta otra desestimando por frí-vola la apelación interpuesta en este caso.

Los Jueces Asoda-dos fires. Wolf y Córdova Davila no intervinieron.


text:
    Núm. 7307.
    Escartín Vda. Quiñones et als., apldos. v. Valdés et als., apltes.
    C. D. San Juan.
    Febrero 17, 1937.
   En este caso se solicita la desestimación de la apelación inter-puesta por los demandados, basándose exclusivamente en la frivo-lidad de dicho reeuro. Tratándose de una cuestión interesante que; no ha sido aún resuelta por esta Corte Suprema, entendemos que de-bemos tener el beneficio de los alegatos de las partes para dictar nuestra conclusión definitiva. Por lo tanto, se desestima la moción, presentada por la demandante, basada exclusivamente, como ya Sa-ha dieho, en motivos de frivolidad.


text:
    Núms. 7481 y 7482.
    The Federal Land Bank of Baltimore, apldo. v. Martínez, aplte. y El Mismo, apldo. v. López, aplte.
    C. D. Bayamón.
    Febrero 18, 1937.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Travieso.)

Vista la moción de desestimación por frívola, del recurso de ape-lación interpuesto en el caso de autos, y no apareciendo entre los do-cumentos que tenemos a la vista una transcripción de la evidencia, •que nos ponga en condiciones de resolver que la prueba practicada por el Banco promovente fué suficiente para basar en ella la senten-cia apelada, se desestima la moción, sin perjuicio del derecho del ape-lado a reproducirla cuando se eleve a esta corte dicho documento.

En los- siguientes casos, a propuesta de sus distintos jueces, la ■ corte se negó a desestimar, por frívolos, los recursos, por no ser, apa-, reeer, resultar, haberse demostrado o estar convencida .cíe la supuesta frivolidad:

Núms. 7036, 7095, 7253, 7258, 7267, 7286, 7353, 7378 y 7450.


text:
    Núm. 7270.
    Aybar, apltes. v. Vara et als., apldas.
    C. D. San Juan.
    Junio 12, 1936.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. del Toro.)

La parte apelada ha presentado una nueva moción de desestima-ción esta vez basándose en que han transcurrido más de treinta días sin que la parte apelante le haya notificado el legajo de la sentencia ni lo haya archivado en la Secretaría de esta corte.

Se trata de la apelación de una sentencia dictada sobre las ale-gaciones. Cuando la parte apelada presentó su primera moción de desestimación, acompañó copias certificadas de los que al parecer son los documentos que constituyen el legajo de la sentencia. Al impug-nar la parte apelante dicha primera moción, hizo lo mismo, pero las copias aparecen certificadas aisladamente.

La apelación se interpuso en febrero 7, 1936, contra sentencia dictada en enero 4 y notificada en enero 8, o sea en tiempo. En marzo 5 siguiente se solicitó de este tribunal una prórroga para ar-chivar la transcripción. Fué concedida, hasta marzo 28. En marzo 27 se pidió otra prórroga, acompañándose una certificación expe-dida por el Secretario de la corte de distrito haciendo- constar que no podía autorizar la certificación por no haber encontrado el caso. .La prórroga fué concedida hasta abril 7, 1936. En abril 6 se radicó en la Secretaría de esta corte otra serie de certificaciones parciales que parecen comprender todos los documentos que deben elevarse a esta corte, pero que no contienen la certificación final usual haciéndolo constar así.

Bajo esas circunstancias y tratándose de una parte declarada po-bre que ha venido actuando sin abogado, no es justa la desestimación y en su consecuencia se declara sin lugar, y a los efectos de que el defecto advertido pueda corregirse, se ordena el desglose de la última serie de documentos presentada y su remisión al Secretario de la Corte de Distrito de San Juan a fin de que certifique si constituye el legajo completo de la sentencia recurrida y con su certificación la devuelva a esta corte para que surta en los autos de este caso sus efectos, debiendo la parte apelante entregar a la apelada una copia de dicho legajo, concediéndose para todo ello hasta julio 15, 1936.

El Juez Asociado Sr. Hutchison está conforme con esta resolución sólo en cuanto por ella se declara no haber lugar a la desestimación. El Juez Asociado Sr. Córdova Davila no intervino.


text:
    Núm. 7301.
    Beiró, apldo. v. Vázquez et als., apltes.
    C. D. Guayama.
    Junio 23, 1936.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. del Toro.)

Poe cuanto, solicitada por la parte apelada la desestimación de este recurso por no haberse archivado en tiempo la transcripción de los autos, se señaló la vista de la moción para julio 20 actual; y

Por cuanto, dos días antes del señalado para la vista la parte apelante pidió a la corte que le permitiera radicar la transcripción acompañada alegando que la dilación se debió a la falta de fondos con qué sufragar los gastos de la certificación; y

POR cuanto, en el día de la vista ya estaban los autos completos en la Secretaría del tribunal;

Poe tanto, la corte, en uso de su discreción, resuelve no haber lugar a la desestimación solicitada, debiendo continuar la tramita-ción del recurso de acuerdo con la ley.

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino.


text:
    Núm. 7371.
    Muñiz, aplte. v. Vda. de Suárez, et als., apldas.
    C. D. San Juan.
    Noviembre 10, 1936.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Travieso.)

Por cuanto, la demandada en tercería y aquí apelante solicitó, en 18 de agosto de 1936, la desestimación del presente recurso de apelación por el alegado motivo de haber transcurrido más de 30 días desde la aprobación del pliego de excepciones y exposición del caso sin que fuera elevado a esta Corte Suprema;

Por cuanto, en otra moción, radicada en' 28 de septiembre de 1936 se pide también la desestimación del recurso por frívolo;

Por CUANTO, ambas mociones fueron oídas conjuntamente en au-diencia del día 2 de noviembre de 1936;

Pon Cuanto, la Transcripción de Autos y Pliego de Excepciones quedó radicada en la secretaría' de esta corte' el día 20 de agosto de 1936;

POR ouanto, las razones aducidas por la parte promovente no nos convencen de que el recurso sea enteramente frívolo;

Por tanto, visto el artículo 58 del Reglamento de este tribunal y el escrito de oposición del demandante apelante a la desestimación del recurso, se declaran sin lugar ambas mociones.


text:
    Núm. 7353.
    Montañez, aplado, v. Rivera, et als., apltes.
    C. D. Guayama.
    Diciembre 8, 1936.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Travieso.)

Por cuanto, el apelado solicita que se desestime la apelación in-terpuesta el día 9 de junio de 1936 por Gregoria González Blondet;

Por Cuanto, el secretario de la corte a quo certifica que la ape-lante no ha solicitado dentro de los diez días siguientes al archivo de su escrito de apelación, que se transcriba el récord taquigráfico del juicio, ni tampoco ha radicado dentro de dicho término, el pliego de excepciones y exposición del caso;

Por Cuanto, consta asimismo que tampoco ha solicitado prórro-gas para los fines antes consignados;

Por cuanto, ha transcurrido con exceso el término de treinta días dentro del cual debió archivarse en esta corte la transcripción de autos, sin que se haya verificado el archivo y sin que se haya pe-dido la prórroga del término;

Por tanto, vistos los artículos 299 y siguientes del Código de Enjuiciamiento Civil, la Ley núm. 27 de 27 de noviembre de 1917, el artículo 40 del Reglamento de este tribunal y la jurisprudencia aplicable, se declara con lugar la moción de desestimación presen-tada, y en su consecuencia, desestimada la apelación interpuesta.

El Juez Presidente Sr. del Toro no intervino.

En los siguientes ca§os, a propuesta de sus distintos jueces, la corte desestimó los recursos interpuestos:

1. Por no haberse radicado la transcripción dentro del término ni haberse radicado prórroga para ello: Nums. 7432 y 7462.

2. Por haber expirado prórroga anterior para radicar la transcripción de autos sin solicitarse una nueva ni radicarse dicha transcripción: Núms. 6885, 7307 y 7446.


text:
    Núm. 7366.
    Torres et als., apltes. v. Sucn. Vargas, etc. apldos.
    C. D. Aguadilla.
    Noviembre 10, 1936.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

' Por cuanto, los apelantes han solicitado la desestimación del presente recurso: porque el alegato fué presentado fuera de tiempo; porque una moción solicitando prórroga para radicar dicho alegato también fué radicada fuera de tiempo; porque la apelación es frí-vola;

Pob cuanto, si bien la moción sobre prórroga fué denegada por el Juez Asociado Sr. Travieso como Juez de Turno en septiembre primero próximo pasado por no haberse solicitado nuevo término, los apelantes en su contra-moción radicada en octubre 28 han solici-tado tal término; y

Por cuanto, examinado el alegato de los apelantes no aparecen claramente frívolas las cuestiones planteadas;

Por tanto, se admite dicho alegato y se declara sin lugar la mo-ción de desestimación.

El Juez Presidente Sr. del Toro no intervino.


text:
    Núm. 7339.
    Roselló et als., apldas. v. Sosa, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Diciembre 15, 1936.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Travieso.)

Vista la moción que antecede con la sola asistencia de la parte promovente; apareciendo que la transcripción de evidencia y legajo de sentencia fueron radicados en la secretaría de este tribunal el día 18 de junio de 1936 y que hasta el día de hoy el apelante no ha presentado su alegato ni solicitado prórroga para la radicación del mismo, se declara con lugar la moción y se desestima la apelación interpuesta contra la sentencia dictada por la Corte de Distrito de Arecibo el día 14 de junio de 1935.

El Juez Presidente Sr. del Toro no intervino.


text:
    Núm. 7361.
    Aponte et al., apldos. v. Alonso, dmdo. y Muñoz Vda. de Alonso, aplte.
    C. D. San Juan.
    Enero 21, 1927.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Vista la moción que antecede, con la asistencia de ambas partes, no siendo por sí solo el defecto de no contener el alegato de la ter-cerista apelante la exposición fiel y concisa de la causa que exige la regla 42 de este tribunal, motivo suficiente para desestimar por falta de alegato la apelación interpuesta por dicha tercerista-apelante y no apareciendo claramente frívola la cuestión principal planteada en dicho alegato, no ha lugar a la desestimación solicitada.

Los Jueees1 Asociados señores 'Wolf j Córdova Dávila no intervinieron.

Señalada audiencia para mostrar causa para no desestimar, sin la parte apelante comparecer, la corte desestimó por falta de alegato los recursos siguientes:

Núms. 6652, 6768, 6945, 7091, 7148, 7149, 7177,, 7191 y 7208.


text:
    Núm. 7382.
    Olivencia et al., apltes. v. Corte Municipal, aplda.
    C. D. Mayagüez.
    Noviembre 18, 1936.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Córdova Dávila.)

Habiendo quedado incluidos los apelantes en las listas electorales en virtud del fallo emitido por el Juez de Turno, Hon. Martín Tra-vieso, y habiéndose interpuesto el presente recurso de certiorari con el propósito de obtener que dichos apelantes quedasen incluidos en las referidas listas, entendemos que el recurso de apelación resulta completamente académico y que por esta razón debe ser desesti-mado.

El Juez Presidente Sr. del Toro no intervino.


text:
    Núm. 7305.
    Municipio de Peñuelas, aplte. v. Colón et als., apldos.
    C. D. Ponce.
    Diciembre 7, 1936.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Yis.to el caso con la sola asistencia de la parte apelada; apare-ciendo que los demandados en la fecha de la resolución y la sentencia apeladas eran empleados de la Federal Emergency Relief Administration y apareciendo además que dicha entidad ya no funciona en Puerto Rico; resultando por tanto académicas las apelaciones inter-puestas contra la resolución dictada por la Corte de. Distrito de Ponce, el día 20 de enero de 1936, y de la sentencia dictada por la misma corte en 7 de febrero de 1936, se desestima dicha apelación.

El Juez Presidente Sr. del Toro no intervino.


author: Juez Asociado.Sr. Travieso.)

text:
    Núm. 7439.
    Martinó, etc., apltes. v. Santisteban Chavarry & Co. S. en C., aplda.
    C. D. San Juan.
    Enero 12, 1937.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado.Sr. Travieso.)

Solicitada la desestimación de este recurso de apelación por el fundamento de no haberse notificado el escrito de apelación a la parte demandada y apelada, oídas las partes y visto el escrito de oposición radicado por los apelantes, así como las declaraciones ju-radas que acompañan una y otra parte, estimamos que los apelantes han cumplido suficientemente con los requisitos de la ley, según ha sido ésta interpretada en Serra v. Corte Municipal, 49 D.P.R. 542, y por lo tanto se declara sin lugar la moción de desestimación.

Los Jueces Asociados Síes. Wolf y Córdova Dávila no intervinieron.


text:
    Núm. 7369.
    Saldaña, apldo. v. Moreno, aplte.
    C. D. San Juan.
    Noviembre 25, 1936.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Córdova Dávila.)

A solicitud de la parte apelada, se desestima el presente recurso de apelación, por haberse promovido después de expirado el plazo que fija la ley para apelar.

El Juez Presidente Si. del Toro no intervino.

Falta u omisión de notificar el escrito de apelación, ante (g). Véase


text:
    Núm. 5860.
    Pueblo, apldo. v. Quintana, aplte.
    Mayo 27, 1936.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. del Toro.)

Por cuanto, Cosme Quintana fué acusado por el Fiscal de la Corte de Distrito de Humacao como autor de un delito de portar so-bre su persona un revólver, arma prohibida;

Por cuanto, el caso fué sometido a la corte por la prueba prac-ticada en el de El Pueblo v. Quintana, por asesinato, y la corte lo decidió por sentencia de 24 de mayo, 1935, declarando culpable al acusado e imponiéndole la pena de dos meses de cárcel, sin costas, después de haber desestimado en mayo 9, 1935, nna solicitud de nuevo juicio;

Por cuanto, el acusado apeló de la negativa del nuevo juicio y de la sentencia, tramitándose conjuntamente ambos recursos; y

PiOR cuanto, el único error que se señala es el de que la sentencia es contraria a la prueba y analizada ésta resulta evidente que el acu-sado portaba el revólver en una de las calles del pueblo de Juncos el día indicado en la acusación.

Por tanto, se declaran sin lug'ar ambos recursos y se confirman la resolución y la sentencia recurridas.

Los Jueces Asociados Síes. Córdova Dávila y Travieso no intervinieron.


text:
    Núm. 5853.
    Pueblo, apldo. v. Nazario, aplte.
    C. D. San Juan.
    Julio 31, 1936.
   Por los motivos consignados, en la opinión emitida con fecha de hoy en el caso criminal núm. 5854, El Pueblo de Puerto Rico v. Leila Nazario de Martínez, por asesinato, incidente de pobreza (ante p. 570), se revoca la resolución apelada de la Corte de Distrito de San Juan en el caso de epígrafe declarando sin lugar la segunda moción de la apelante, y se devuelve el easo para ulteriores procedimientos no inconsistentes con dicha opinión.

Los Jueces Asociados Sres.. Córdava Davila j Traviesa no intervinieron.


text:
    Núm. 6433.
    Pueblo, apldo. v. Dávila, aplte.
    C. D. Bayamón.
    Noviembre 21, 1936.
   Apareciendo de la moción del Fiscal y certificación acompañada que el acusado en este caso falleció el día 30 de octubre próximo pa-sado, se decreta el archivo y sobreseimiento del mismo.

El Juez Presidente Si., del Toro no intervino,


text:
    Núm. 6378.
    Pueblo, apldo. v. Rivera, aplte.
    C. D. San Juan.
    Diciembre 7, 1936.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Vistas las dos mociones que anteceden con la asistencia de ambas partes y no apareciendo motivos suficientes'para justificar la devo-lución del mandato ni la suspensión de la ejecución de'la sentencia en la corte de distrito, no ha lugar a las órdenes solicitadas-.


text:
    Núm. 6241.
    Pueblo, apldo. v. Camacho, aplte.
    C. D. Humacao.
    Enero 21, 1937.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Por cuanto, de la transcripción de la evidencia aparece que no habiendo comparecido el acusado al ser llamado el easo para juicio, él marshal informó á la-'corte dé distrito del ni ocio' siguiente í

‘1 S'eñoi Joea, Joan Garnacha eg mt aeasadcr qtta reárele en la Playa de Hu-maeao. Fueron citados los fiadores de dicho acusado, informando el Sr. Pas-casio Canales a la Policía de la Playa que este joven estaba trabajando ambu-lante en una embarcación y que no había podido ser localizado junto con el testigo del Puebla, Plácida Martínez, que también está trabajando en esa em-barcación. Solamente está aquí el polieía Estrella, como testigo del Pueblo, pero el acusado no ha podido ser localizado por el Sr. Canales, que es uno de los fiadores. Los dos fiadores fueron citados.”

Por CUANTO, el juicio se celebró y la sentencia se dictó el mismo día en ausencia del acusado, sin que éste fuese representado por abo-gado, y sin que apareciera’ de la prueba practicada que el supuesto delito fuese cometido dentro del distrito judicial de Humacao, ha-biendo recomendado el fiscal de esta corte que la sentencia apelada sea revocada y que el acusado sea absuelto.

PoR TANTO, se revoca la sentencia apelada que dictó el juez de distrito de Humacao el 16 de marzo de 1936, y se absuelve al acusado del delito imputádole. , .

Log Jueces Asomados señores Wolf y Córdova Dávila no intervinieron.


text:
    Núm. 6375.
    Pueblo, apldo. v. Ralat, aplte.
    C. D. Ponce.
    Enero 22, 1937.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. del Toro.)

Pos cuanto, acusado Manuel Ralat como autor de un delito de portar armas fué condenado por la Corte de Distrito de Ponce, en apelación, a un mes de cárcel, y no conforme apeló para ante esta Corte Suprema señalando como único error el cometido a su juicio por la corte de distrito al apreciar la prueba; y

Pos cuanto, examinada dicha-prueba a la luz de los alegatos de ambas partes, el tribunal la encuentra suficiente para sostener la sentencia recurrida;

PoR tanto, se declara sin lugar el recurso y se confirma la sen-tencia apelada que” dictó la Corte de Distrito de Ponce el 13 de fe-brero de 1936.

Los Jueees Asociados señores Wolf y Córdova Dávila no intervinieron.


author: Juez Presidente Sr. del-Toro.)

text:
    Núm. 6374.
    Pueblo, apldo. v. Ralat, aplte.
    C. D. Ponce.
    Enero 22, 1937.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. del-Toro.)

Por, cuanto, acusado Manuel Ralat como autor de un, delito de acometimiento y agresión grave fué condenado por la Corte de Dis-trito de Ponce, en apelación, a un mes de cárcel, y no conforme apeló para ante esta Corte ■ Suprema señalando como único error el come-tido a s‘ú juicio por la corte de distrito al apreeiar la prueba; y

Poe cuanto, examinada dicha prueba a la luz de los alegatos de ambas partes, el tribunal la encuentra suficiente para sostener la sentencia recurrida;

Poe tanto, se declara .sin lugar el recurso y se confirma la sen-tencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Ponce el 12 de fe-brero de 1936.

Los Jueces Asociados señores Wolf y Córdova Divila no intervinieron.


text:
    Núm. 6438.
    Pueblo, apldo. v. Colón, aplte.
    C. D. San Juan.
    Enero 29, 1937.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

PoR cuanto, el único señalamiento de error es que:

“El tribunal inferior cometió manifiesto error en la apreciación de la prueba practicada, no justificando la' misma la sentencia condenatoria dictada.”

Pob cuanto, examinada la prueba a la luz de los alegatos y los argumentos orales de las partes la misma no resulta insuficiente para sostener la sentencia, .y no encontramos error manifiesto, en la apre-ciación de la prueba misma, aunque si el juez de distrito hubiese creído la declaración'del único testigo del acusado esto habría justi-ficado su absolución.

Por'tanto, se confirma la-sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan en 22 de septiembre de 1936.

Los Jueces Asociados señores Wolf y Córdova Dávila no intervinieron.


text:
    Núm. 6330.
    Pueblo, apldo. v. Vega, aplte.
    C. D. Ponce.
    Febrero 4, 1937.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Por cuanto, el único señalamiento de error es el siguiente:

“La corte inferior erró al declarar sin lugar la excepción de que la de-nuncia imputa al acusado la comisión de más de un delito.”

Por cuanto, -la denuncia acusa una violación del artículo 328 del Código Penal cometido de la manera siguiente:

“Que en 11 de mayo de 1935 bora 6:00 P.M. y en Carretera No. 36, Km. 15 sitio Las Cucharas, Ponee,. del Distrito Judicial Municipal de Ponee, Puerto Rico, que forma parte del Distrito Judicial de Ponee, Puerto Rieo, el acu-sado Rafael Vega, ilegal, voluntaria y criminalmente, en la mencionada Ca-rretera No. 36, Km. 15, sitio Las Cucharas de Ponee, P. R.,' violó el artículo 328 del Código Penal según enmendado, consistente en que siendo la persona que guiaba el automóvil No. P — 8119 que es un vehículo de motor, propiedad de Ana Rita de Vega, por la mencionada carretera con dirección haeia Mayagüez, a una velocidad sumamente exagerada, mayor de 48 kilómetros por hora, por negligencia, descuido, impericia e imprudencia temeraria,’ lo dejó chocar con el automóvil No. 4155 propiedad de Ernesto Rodríguez de Guayanilla y guiado por Luis Francisco Verges, resultando de dicho choque, lesionados los pasajeros del automóvil P — 3119, Juan Martínez, César Briguore con contusiones en la cara y otras partes del cuerpo y William Bosa con una fuerte contusión en el oído dereeho de pronóstico reservado y Pedro Serrano Bonet con la pierna derecha fracturada y otras contusiones en diferentes partes del cuerpo, y la pasajera del automóvil 4155 Carmen Goldero con una fuerte contusión en la frente. Fue-ron asistidos en el Hospital Tricoche. La negligencia, descuido, impericia e imprudencia temeraria por parte del acusado alegada en este caso, consistió en que el mismo conducía dicho vehículo a una velocidad exagerada y al cruzarse con el otro automóvil no tomó las debidas precauciones para garantizar propie-dades, no redujo la. velocidad, ni marchó por su correspondiente derecha por cuya razón chocó el automóvil 4155, y luego fué a ehocar contra una alcantarilla. Este hecho es contrario a la Ley.”

Por CUANTO, estamos conformes con el juez de distrito en que la alegación al efecto de que el acusado condujo el “vehículo a una ve-locidad exagerada y al cruzarse con el otro automóvil no tomó las debidas precauciones para garantizar propiedades, no redujo la ve-locidad, ni marchó por su correspondiente derecha”, parece más bien por su naturaleza un pliego de detalles en beneficio del acusado in-formándole en cuanto a los pormenores del delito de que se le acusa y no una imputación de varios delitos como dice el apelante;'

POR tanto, se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Ponce en febrero 5, 1936.

Los Jueces Asociados señores Wolf y Córdova Dávila no intervinieron.


text:
    Núm. 6329.
    Pueblo, apldo. v. Maldonado, aplte.
    C. D. Guayama.
    Febrero 5, 1937.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Travieso.)

PoR Cuanto; el acusado apelante fué condenado por la Corte de Distrito de.Guayama por-un delito de acometimiento y agresión simple, y señala como único error cometido por la corte inferior el de haber dictado sentencia en contra de la prueba y de la ley;

Poe cuanto, de la lectura de la transcripción de la evidencia re-sulta que la prueba aducida por el fiscal es en nuestra opinión am-pliamente suficiente para sostener la acusación y para justificar la sentencia apelada, siendo a la corte sentenciadora a la que corres-ponde pesar la prueba, juzgar sobre la credibilidad de los testigos de ambas partes y resolver los conflictos que pudieran resultar de toda la prueba;

Por Cuanto, ni se ha alegado ni resulta de los autos que la corte inferior haya actuado movida por pasión, prejuicio o parcialidad, o que en la apreciación de la prueba haya incurrido en error mani-fiesto :

Poe oo tanto, se declara sin lugar el recurso y se confirma la sentencia apelada.

Los Jueces Asociados señores Wolf y Córdovai Dávila uo intervinieron.


text:
    Núm. 6132.
    Pueblo, apldo. v. City Delivery Express Co., Inc.
    C. D. Guayama.
    Febrero 5, 1937.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. del Toro.)

POR cuanto, la City Delivery Express Co., Inc., fué acusada de haber cometido una infracción a la ley de automóviles consistente en haber transportado en su truck No. 695-52 la cantidad de quince mil libras cuando dicho truck sólo estaba autorizado para cargar seis mil; y

POR cuanto, celebrado el juicio el Pueblo presentó su evidencia y basada en el mérito de la misma, la Corte de Distrito de Guayama declaró culpable a la corporación acusada y le impuso una multa de cincuenta dólares; y

Por cuanto, no conforme la corporación apeló y en un alegato que no cumple debidamente con las reglas de esta Corte sostiene que la Corte de Distrito erró al admitir ciertas certificaciones en evidencia y al apreciar la prueba; y

Pob cuanto, examinados cuidadosamente los autos y los alegatos esta corte ha quedado convencida de que las certificaciones de que se trata eran admisibles y suficiente la prueba;

Poe tanto, se declara sin lugar el recurso y se confirma la sen-tencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Guayama el 6 de febrero de 1936.

Los Jueces Asociados señores Wolf y Oórdova Dávila no intervinieron.


text:
    Núm. 6342.
    Pueblo, apldo. v. Rivera, aplte.
    C. D. San Juan.
    Febrero 11, 1937.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. del Toro.)

Celebrada la vista de esta apelación el 10 de febrero en curso con la sola asistencia del fiscal, examinados los autos y los alegatos y apa-reciendo que el único error que se señala — insuficiencia de la prueba —no se ha cometido pues dicha prueba es ampliamente suficiente resuelto como fué el conflicto existente en la misma en contra del acusado, se declara sin lugar el recurso y se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan el 16 de septiem-bre de 1935.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino.


author: Juez Asociado Sr. Wolf.)

text:
    Núm. 5645.
    Pueblo, apldo. v. Cardona (a) Don Pepito, aplte.
    C. D. San Juan.
    Junio 26, 1936.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Wolf.)

Por Cuanto, el apelante solicita la reconsideración de la sentencia en este caso principalmente porque entiende que los celadores de te-rrenos privados del Pueblo de Puerto Rico tienen derecho, por virtud de ley y de nuestra jurisprudencia, a portar un arma en dichos te-rrenos sin necesidad de licencia;

Por Cuanto, el apelante también interpretó nuestra opinión en el sentido de que estábamos bajo la creencia de que los terrenos envuel-tos habían dejado de ser de la pertenencia del Pueblo de Puerto Rico;

Por Cuanto, nuestro criterio fué y sigue siendo que los terrenos en este caso dejaron de tener carácter privado aunque siguieron siendo del Pueblo de Puerto Rico en un carácter público; y

Por Cuanto, ni la ley ni la jurisprudencia autorizan a nadie, sin licencia, a portar un arma en terrenos públicos excepto bajo las cir-cunstancias expresadas en los casos citados en nuestra opinión, las cuales no existieron en este caso;

Por tanto, no ha lugar a la reconsideración solicitada.

Los Jueces Asociados Sres. Córdova Dávila y Travieso no intervinieron.

Núms.: 5877, 6111, 6231 y 6915.


text:
    Núm. 6198.
    Pueblo, apldo. v. Serrano, aplte.
    C. D. Bayamón.
    Julio 20, 1926.
   No alegándose ningún motivo especial, ni refiriéndose la moción del peticionario a los méritos que pueda tener su apelación, la corte desestima la petición de nuevo término y declara con lugar la moción del fiscal, desestimando en su consecuencia el recurso por abandono.


text:
    Núm. 6175.
    Pueblo, apldo. v. Rodríguez, aplte.
    C. D. San Juan.
    Enero 29, 1937.
   Vista la moción que antecede, con la asistencia de ambas partes, y atendida la doctrina establecida en el caso de El Pueblo v. Díaz, 18 D.P.R. 810, no ha lugar a la desestimación solicitada.

Los Jueces Asociados señores Wolf y Córdova Dávila no intervinieron.


text:
    Núm. 6272.
    Pueblo, apldo. v. Diez, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Febrero 16, 1937.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Travieso.)

Por CUANTO, aparece de los autos que el acusado-apelante compa-reció a juicio y fué juzgado y sentenciado por la Corte Municipal de Arecibo, por el delito de infracción de la sección 1 de la Ley núm. 49 de 7 de ag’osto de 1935, sin que en ningún momento durante el proceso el acusado biciera objeción alguna a la validez y suficiencia de la denuncia contra él formulada; y que las objeciones que cons-tituyen la base de este recurso fueron presentadas por primera vez en la vista del caso en apelación ante la corte de distrito, en' forma de excepción perentoria a la denuncia, por alegadas irregularidades en el juramento de la misma;

Por cuanto, las objeciones que se dirigen solamente a la forma de las denuncias son inoportunas y tardías cuando no son formuladas antes de la celebración del juicio, según lo ha resuelto este Tribunal Supremo en El Pueblo v. París, 25 D.P.R. 111; El Pueblo v. Rosaly, 28 D.P.R. 474; El Pueblo v. De Jesús, 34 D.P.R. 468; y Nogueras v. Acosta, Juez Municipal, 49 D.P.R. 856;

Por Cuanto, somos de opinión que las objeciones en el presente caso fueron presentadas inoportuna y tardíamente;

Por lo tanto, se desestima el recurso y se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Arecibo en julio 13, 1936.

El Juez Presidente Sr. del Toro no intervino.


text:
    Núm. 6281.
    Pueblo, apldo. v. Gibson, aplte.
    C. D. Ponce.
    Febrero 5, 1937.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. del Toro.)

A la moción del fiscal solicitando la desestimación del recurso por falta de alegato, habiéndose archivado el alegato antes de la vista de la moción, la corte, en el ejercicio de su discreción, declara la desestimación sin lugar.

Los Jneees Asociados señores Wolf y Córdova Dávila no intervinieron.