author: El Juez Asociado Se. MacLeary,

text:
    Pagán López & Co. v. Mayagüez Dock and Shipping Co.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de.Distrito de Mayagüez.
    No. 782.
    Resuelto en mayo 22, 1912.
    ■Conocimiento de Embauque — Interpretación de Contratos — Descarga de Mer-cancías — Embarcadores.—En este caso caso se discutía la significación de la cláusula 5°. de los conocimientos de embarque que firman los embarcadores que envían sus mercancías por conducto de la “New York and Porto Rico SteamsMp Company.” Se resolvió que de acuerdo con dicha cláusula dicha compañía de vapores no tiene el derecho de contratar lanchas o ancones para el desembarque de mercancías por cuenta del receptor, cuando éste esté dis-puesto a tomarlas y recibirlas al costado del buque al comenzar el desembarque o descarga y en lanchas proporcionadas por los receptores.
    Id. — INTERPRETACIÓN DE UN CONTRATO-CLÁUSULAS AISLADAS DE UN CONTRATO.En la interpretación de un contrato no debe atenderse solamente a la signifi-cación de una parte o cláusula aislada del mismo, sino que debe examinarse el documento en su totalidad para poder apreciar la intención que tuvieron las partes contratantes al celebrar el contrato.
    Id. — Descarga de Mercancías — Derechos de Embarcadores y de la Compañía de Vapores. — De acuerdo con la doctrina del párrafo anterior interpretando en su totalidad el conocimiento de embarque que firman los que embarcan sus mercancías por conducto de la “New York and Porto Eico Steamship Company,” resulta que la persona a quien van dirigidas las mercaderías tiene el derecho de recibirlas al costado del barco tan pronto como se haga el des-cargue, y que la compañía de vapores o sus agentes tienen el derecho de con-tratar ancones para descargar las mercancías en ellos cuando el receptor de las mercancías no las recibe al costado del buque tan pronto como le toque el turno para la descarga.
    Id. — Interpretación del Contrato — Objeto de la Interpretación — Intención de los Contratantes. — El verdadero fin que se proponen todas las reglas de interpretación es descubrir y poner en práetiea la intención de los con-tratantes al otorgar el contrato objeto de interpretación.
    Id. — Descarga de Mercancías — Obligaciones del Consignatario de las Mis-mas. — El consignatario de mercaderías no tiene derecho a demorar la descarga de un buque, sino que debe estar preparado para recibir sus mercancías al costado del buque y en el sitio donde se hace la descarga tan pronto como le llegue el turno a sus mercancías, y en esas circunstancias la compañía de vapores no tiene el derecho de entregarlas a otra persona para que las lleve a tierra por cuenta del dueño de las mismas.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. Horton y Feliú.

    Abogado del apelado: Sr. José de Diego.

   El Juez Asociado Se. MacLeary,

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión que debe considerarse en el presente caso es la relativa al verdadero sentido e interpretación que ha de darse a una póliza de fletamento o conocimiento. Los ape-lantes embarcaron en el puerto-de New York con dirección a Mayagüez y por conducto de la New York & Porto Rico S. S. Co., ciertos efectos o mercaderías por valor de $2,284.38. El flete de dichas mercaderías se pagó por adelantado en New York y al llegar el vapor Coamo que conducía dichas merca-derías a la bahía de Mayagüez, los apelantes enviaron sus lanchas al costado del bnqne que estaba anclado a la entrada de la bahía, y solicitaron que se les hiciera la entrega de dichas mercaderías, a lo qne se negó dicha compañía de vapores, en-tregándolas al apelado junto con otras mercancías, las que fueron descargadas en el muelle, por medio de ancones, co-brándose a los apelantes el precio del desembarque y arrimo al muelle de las mismas, que ascendía a $17.98. Los apelantes se negaron a pagar dicha suma y al negarse la Dock & Shipping Co. a entregar dichas mercaderías, se estableció una de-manda contra dicha compañía en reclamación de dichas mer-caderías y por los daños y perjuicios que se ocasionaron a los demandantes con motivo de la retención. Desde los primeros momentos de la controversia las partes hicieron una estipula-ción para que se entregaran, sin perjuicio de que los derechos de las partes quedaran sometidos a la resolución de la corte. El embarque de dichas mercaderías se hizo por medio de siete conocimientos, cuyo contenido y efecto eran semejantes, apareciendo en impresos iguales, y conteniendo cada uno la misma cláusula 5a., que es la que tiene importancia en este caso y que aparece redactada como sigue:

“Que el barco debe proceder a la descarga inmediatamente des-pués de su llegada, descargando seguidamente los efectos o mercancías, los que deben recibirse en el sitio del barco en que se descargan las mercancías, terminando entonces la responsabilidad del conductor, debiendo el consignatario recibir dichas mercaderías al costado del barco, tan pronto como el buque está listo para descargar, y el agente o capitán de dicho barco tendrá el derecho de opción para contratar ancones o lanchas en el puerto de desembarque para descargar y arri-mar todas o parte de las mercancías por cuenta y riesgo del embar-cador, dueño o consignatario de las mismas; y si las mercancías no fueran sacadas del barco por el consignatario tan pronto como las mismas están listas al descargar el buque, cesará entonces toda la responsabilidad del barco o cargador, quedando en libertad el agente o capitán para desembarcar y arrimar todas o parte de las mercancías, poniéndolas en ancones, lanchas o depósito, o dejarlas almacenadas, en el muelle de la compañía u otro cualquiera, o en un almacén público, o que permanezcan donde fueron desembarcadas según dispongan las autoridades del puerto, o de acuerdo con la costumbre del lugar, a ■cuenta y riesgb del embarcador, dueño o consignatario, y entonces se considerará que se ha hecho la" entrega de los efectos, conservando el barco o portador un derecho de retención sobre las mercancías hasta que se verifique el pago de todos los gastos y derechos en que se haya incurrido, quedando las mismas sujetas al pago de los derechos de almacenaje y de depósito en el muelle. Si por no conseguirse o ser imposible obtener ancones, o por otros motivos que no se deban a la falta del portador, a juicio del capitán resulta probable que el barco tenga que demorarse por más tiempo que el empleado en circunstan-cias ordinarias para descargar las mercaderías que están a su bordo, o si no se encontrasen los efectos, el barco estará libre para continuar su viaje con todas o cualquiera parte de las mercaderías que quedan a su bordo, entregándolas al regresar de su viaje o para remitirlas a ,su destino desde cualquier puerto que sea conveniente en donde pueda tocar el vapor, a cuenta y riesgo del consignatario, no estando la compañía sujeta a responsabilidad alguna por daños y perjuicios o pérdida que pueda sobrevenir. Se estipula y conviene además, que si el barco descarga en el muelle, el consignatario deberá recibir los efectos en dicho muelle, y si la compañía ha entregado las mercancías a algún otro portador para ser llevadas a su destino, cesará toda la responsabilidad de dicha compañía por el hecho de la entrega.”

La primer cuestión que surge en la interpretación de esta ■cláusula, contenida en el conocimiento, se encuentra transcrita en la tercera especificación de errores a que hacen referencia los apelantes en su alegato y que sustancialmente es como sigue:

“3o. Que la corte erró al resolver y fallar que el buque, o sus .agentes tenían opción, privilegio o derecho a contratar lanchas o ancones para el desembarque de las mercaderías por cuenta del receptor, aun cuando éste estuviera listo y dispuesto a. tomarlas y reci-birlas al costado del buque ál comenzar éste la descarga.”

En la interpretación de esta cláusula del conocimiento, se nos ha citado como autoridad una sentencia de la Corte Federal de Puerto Eico dictada en 30 de marzo último, en el caso de Pagán Lopez & Co. v. Fritze Lundt & Co., Sucs., la que se encuentra incluida en los autos de este caso a los efectos procedentes, o para que sea tomada en consideración en lo que fuere de aplicación. Los argumentos acerca de los cuales se ha llamado nuestra atención en la sentencia que ha sido-citada, serán considerados en lo que procedan y nos alegramos-de poder contar con esa ayuda en'la investigación de cues-tiones difíciles, por lo que hemos considerado debidamente-las razones expresadas en la sentencia de dicha corte en la. que se dice:

“Que la verdadera interpretación y significado de dicha cláusula-, 5a. confiere a los demandados como agentes de los dueños del barco, o al capitán de los barcos en los que ha de efectuarse el transporte -de mercaderías de acuerdo con tales conocimientos o pólizas de fleta-mentos, el derecho de optar al llegar a cualquier puerto, bien por obtener ancones u otras embarcaciones para el transporte de los géneros del barco a tierra, o bien por entregarlos en el sitio en donde se descargan en el barco; que cualquiera otra interpretación qne se haga tratándose de mercaderías de distintas clases que vayan con-signadas a un gran número de diferentes personas, sería incompatible con la obligación que tiene el portador de suministrar iguales como-didades a todos los patronos.”

De una mera lectura de la referida cláusula pudiera con-siderarse que esta interpretación es correcta. En la primera parte de las estipulaciones que han sido citadas se expresa que el agente o capitán del buque tiene la preferencia para contratar ancones o lanchas en el puerto en que han de des-cargarse los efectos para poner en tierra las mercaderías cuenta y riesgo del cargador, dueño o consignatario. Pero nosotros no podemos escoger una sola parte del contrato e interpretarlo en el significado que tenga esa parte solamente, sino que debemos tomar todo el documento y considerarlo en conjunto, para llegar a conocer la intención de las partes al hacer el contrato que es el que ha de regir nuestra decisión en este caso. (2 Parson on Contracts, 501, 8th Ed.; Lindley v. Groof et al., 37 Minn., 338; Field v. Leiter, 118 Ill., 26 y 27.) También se expresa en el conocimiento que las mercaderías han de tomarse en el mismo sitio donde se descargan en el barco, terminando allí la responsabilidad del cargador, de-biendo dichas mercaderías ser recibidas al costado del buque. por el consignatario tan pronto el barco está listo para des-cargarlas. Se estipula además en dicha cláusula contenida en el conocimiento, que si el consignatario no saca del barco las mercaderías directamente cuando les llega su turno al descargarse el vapor, termina entonces toda responsabilidad por parte del barco o cargador y el agente o capitán del barco tendrá la libertad de echar a tierra y descargar las mercade-rías, ya poniéndolas en lanchones o ancones, o. depositándolas en almacenes, o en un muelle de la compañía, u otro cual-quiera, o én mu almacén público, o dejar que permanezcan en el sitio en que fueron descargadas según las instrucciones que se reciban de las autoridades del puerto, o con arreglo a la costumbre en tales casos, en donde se considerará que han sido entregadas dichas mercaderías; todo esto se hará por cuenta y riesgo del cargador, dueño o consignatario.

Resulta con bastante claridad de dicho contrato, o en el mismo más bien se expresa que el dueño de las mercaderías o el consignatario tiene el derecho de recibir las mismas del cargador en el sitio en donde se descargan en el barco, y al costado del mismo, tan pronto como el barco esté listo para el' descargue, conservando el capitán o agente del barco el dere-cho de contratar ancones para descargarlas si el consigna-tario no las saca del barco tan pronto como les toca el turno para el desembarque. Debe interpretarse el contrato .de tal modo que cada una de las partes contratantes conserve los derechos que han sido estipulados por las mismas en el propio contrato. Para que el capitán o agente del barco tenga' la preferencia de alquilar ancones para sacar las mercaderías, cuando el dueño de dichas mercaderías está presente al cos-tado del buque con su misma lancha, preparado para recibirlas tan pronto como les toque su turno al descargar el barco y está listo para sacarlas del sitio de descarga del barco, sería anular toda la parte del contrato en que se concede algún derecho al consignatario. El objetivo de todas las reglas de interpretación es descubrir y poner en práctica la verdadera intención de los contratantes al otorgar el contrato que se presenta para ser interpretado. (Dist. Tp. of City of D. v. City of Dubuque, 7 Iowa, 262; Beal’s Cardinal Bules, pp. 60, 121, 207, 309 y los casos allí citados.) No puede considerarse que haya sido la intención de las partes contratantes el anular de ese modo el contrato y el conocimiento no debe ser inter-pretado en ese sentido. No se trató de que el capitán o agente del barco pusiera en ejercicio la opción que se reservaba en caso en que el- dueño o consignatario de las mercaderías de-jara de venir al costado del barco y estuviera listo para reci-bir las mercaderías y en el punto en que las mismas se descar-gan en el barco cuando llegara el turno, y estuviera el barco procediendo a la descarga. El consignatario de las mercade-rías no tiene derecho a demorar el barco con motivo de la descarga y debe recibir sus mercaderías cuando llega el mo-mento y están listas para ser entregadas al costado del barco y en el sitio donde se hace la descarga. Pero cuando él está allí listo y pide que se le entreguen sus mercaderías, los ofi-ciales del barco no tienen derecho alguno para entregárselas a ninguna otra persona que las lleve a tierra y por cuenta del dueño de las mismas. Esta interpretación del conocimiento es razonable y justa para ambas partes y en ella está con-tenida la intención que tuvieron las partes al hacer el con-trato, por consiguiente, debemos declarar que la tercera es-pecificación de error está bien fundada y que este error invade y gobierna completamente la decisión y sentencia que ha sido dictada por la corte sentenciadora. Considerando así el cono-cimiento y habiendo encontrado que la corte sentenciadora ha incurrido en un error fundamental en la interpretación que ha dado al contrato en el cual se fundan los derechos que han sido alegados por ambas partes, se hace innecesario considerar los demás errores que han sido señalados por el apelante por ser inmateriales. De una debida interpretación de la cláusula 5a. contenida en dicho conocimiento, resulta que debe revocarse la sentencia dictada por la corte sentenciadora, devolviéndose el caso a la corte de su origen para que proceda a dictar otra sentencia de acuerdo con los principios estable-ciclos en esta opinión y a resolver sobre los daños y perjuicios reclamados por los demandantes por los méritos de las prue-bas practicadas en el pleito.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez PeesideNte Se. HeeNÁNdez,

license: Public Domain

text:
    Jesús v. Sucesión Pérez Villamil.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan,
    No. 779.
    Resuelto en mayo 22, 1912.
    Hijos Naturales — Acción de Reconocimiento — Prescripción—Ley que Debe Regular la Duración de la Acción. — Nacida una supuesta Mja natural en 19 de noviembre de 1880, cuyo supuesto padre natural falleció en 16 de abril de 1911 y que ejercita la acción de reconocimiento con fecha 30 de agosto de 1911, la duración de la aceión de reconocimiento que ejercita debe regu-larse por los preceptos del artículo 199 del Código Civil Revisado de 1902, de acuerdo con la regia 4a. de las disposiciones transitorias de dicho Código.
    Id. — Duración de la Acción de Reconocimiento — Prescripción.—La acción de reconocimiento ejercitada por una supuesta hija natural con fecha 30 de agosto de 1911, habiendo nacido ella en 19 de noviembre de 1880 y cumplido la mayor edad en 19 de noviembre de 1901, había caducado ya, o se había extinguido por el transcurso del término que la ley previene.
    Id. — Duración de la Acción de Filiación — Comienzo de la Prescripción de la Aoción. — Los dos años que debe durar la aeeión de filiación, según el artículo 199 del Código Civil Revisado de 1902, comenzará a correr desde que el hijo menor llegare a la mayoría de edad, y si se tratare de uno que era mayor de edad en la fecha en que comenzó a regir el citado Código, desde esa fecha y no antes empieza a computarse el tiempo para el ejercicio de la aeeión de reconocimiento. Dicha limitación de tiempo para el ejercicio de la aeeión, establecida por el artículo 199 del Código Civil Revisado de 1902, afecta igualmente a los hijos menores y a los mayores de edad cuando se aprobó dicho Código, según el artículo 1840 del mismo Código.
    Id. — Prescripción—Constitucionalidad de la Ley. — La Corte Suprema de los Estados Unidos ha decidido repetidas veees que las leyes sobre prescripción que afectan derechos existentes no son inconstitucionales, si se da un tiempo razonable para el ejercicio de la aceión antes de que el impedimento empiece a tener efecto.
    Id. — Acción de Reconocimiento — Ley de Marzo 9, 1911 — Acción Extinguida.— La ley No. 73 de marzo 9, 1911, no tiene efecto retroactivo y por lo tanto no puede ser invocada para ejercitar una aeeión de filiación que ya había caducado con arreglo al artículo 199 del Código Civil Revisado de 1902, pues dicha ley no puede dar vida a un derecho ya muerto.

      Id. — Prescripción de la Acción de Eeconocimiento — Artículo 41 del Código de Enjuiciamiento Civil. — Tampoco es aplicable el artículo 41 del Código de Enjuiciamiento Civil a una acción de filiación que ya había caducado cuando se inició.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. José O. Torres.

    Abogados de la apelada: Srs. Bosch y Soto.

   El Juez PeesideNte Se. HeeNÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

En el presente caso se trata de decidir si la acción de la demandante Isabel de Jesús para reclamar su filiación con relación al difunto Ramón Pérez Villamil, con los beneficios consiguientes, está prescrita, como así lo afirmó la Corte de Distrito de San Juan al declarar con lugar la excepción previa de que los hechos expuestos en la demanda no determinaban una causa de acción por haber ésta prescrito, desestimando en su virtud la demanda por sentencia de 12 de octubre de 1911, contra la que interpuso recurso de apelación la parte demandante.

Entre otros hechos tendentes a demostrar el reconoci-miento de la demandante por el causante de la sucesión de-mandada, alégase en la demanda, cuya fecha es de 30 de agosto de 1911, que Isabel de Jesús nació en 19 de noviembre de 1880 y que Ramón Peréz Villamil falleció en 16 de abril de 1911.

Como se ve, Isabel de Jesús nació estando vigente la Ley 11 de Toro, la que define quienes deben ser tenidos por hijos naturales. Después fué hecho extensivo a las provincias .ele ultramar, por Real Decreto de 31 de julio de 1889, el Código Civil que entonces regía en España, cuyo artículo 137 esta-blece, que las acciones para el reconocimiento de hijos natu-rales sólo podrán ejercitarse en vida de los presuntos padres, salvo los dos casos de excepción que enumera y que no son atinentes al presente pleito.

El artículo 137 del Código Civil Español- fué modificado por el 199 del Código Civil revisado del año 1902, preceptivo en orden a esta materia, que la acción para reclamar la filia-ción dura hasta dos años después de ser el hijo mayor de edad; y posteriormente, una ley aprobada en 9 de marzo de 1911, restableció el precepto del artículo 137 del Código Civil Es-pañol con la modificación de qne la acción para el reconoci-miento de hijos naturales podría ejercitarse no sólo en vida de los presuntos padres, sino también un año después de su muerte.

Ahora cabe preguntar ¿qué precepto legal debe regular la duración de la acción de reconocimiento ejercitada por Isabel de Jesús?

Como Isabel de Jesús no había ejercitado la acción de re-conocimiento cuando comenzó a regir el Código Civil revisado del año 1902, es indudable que la duración de dicha acción debe regularse por el artículo 199 de ese Código, según la regla 4a. de las Disposiciones Transitorias para su aplicación, que en la parte conducente dice así:

“Las acciones y los derechos nacidos y no ejercitados antes de regir el Código Civil revisado, subsistirán con la extensión y en los términos que les reconociera la legislación precedente; pero sujetán-dose en cuanto a su ejercicio, duración y procedimientos para hacerlos valer, a lo dispuesto en el Código revisado.”

Ahora bien, la demandante nació en 19 de noviembre de 1880, fué mayor de edad en igual día y mes de 1901 en que cumplió los 21 años que para la mayoría de edad exige el artículo 317 del mismo Código, y no ejercitó la acción de filia-ción hasta el 30 de agosto de 1911, fecha de la demanda. Su acción había caducado ya, o se había extinguido por el trans-curso del término que la ley previene.

Alégase por la parte apelante con marcada insistencia, así por escrito como oralmente, que el artículo 199 del Código Civil revisado sólo podía limitar el tiempo para la acción de filiación a los menores de edad, pero no a los mayores, a los cuales no puede ser aplicable porque para éstos había trans-currido ya el todo o parte del tiempo de su duración, dedu-ciendo de ello que la acción de Isabel de Jesús debe regularse por las leyes anteriores al Código Civil revisado, o sean el Código Civil Español y la Ley de Toro.

Entendemos que los dos años qne debe durar la acción de filiación, según el artículo 199 del Código Revisado, comenza-rán a correr desde qne el hijo menor llegare a la mayoría de edad, y si se tratare de nno qne era mayor de edad en la fecha en qne comenzó a regir el Código, desde esa fecha y no antes empezará a computarse el tiempo para el ejercicio de la ac-ción de reconocimiento. No podemos admitir como pretende la parte recurrente, qne la limitación de tiempo para el ejer-cicio de la acción de reconocimiento establecida por el artículo 199, afecte únicamente a los hijos menores de edad y no a los mayores. A todos afecta igualmente.

Y semejante interpretación no es arbitraria. La autoriza el artículo 1840 del mismo Código al disponer que la pres-cripción comenzada antes de su publicación se regirá por las leyes anteriores al mismo; pero si desde que fuere puesto en observancia transcurriese todo el tiempo en él exigido para la prescripción, surtirá ésta efecto aunque por dichas leyes an-teriores se requiriese mayor lapso de tiempo.

Con arreglo al Código Civil Español, Isabel de Jesús podía ejercitar la acción de reconocimiento mientras viviera su padre. Ese término se le redujo a dos años por el Código Civil revisado, a contar desde su mayoría de edad. No obstante encontrarse en condiciones de poder ejercitar dicha acción desde la vigencia de dicho Código, lejos de hacerlo así, ha venido a ejercitarla cuando ya había caducado por el trans-curso del tiempo marcado por la ley.

No fué activa y diligente en el ejercicio de su derecho, y si hoy lo tiene perdido, cúlpese a sí misma y no a la ley que lo respetó, y no hizo más que fijar término a su duración.

La Corte Suprema de los Estados Unidos ha decidido re-petidas veces que las leyes sobre prescripción que afectan derechos existentes no son inconstitucionales, si se da un tiempo razonable para el ejercicio de la acción antes de que el impedimento empieze a tener efecto. (Hawkins v. Barney, 5 Pet., 451; Jackson v. Lamphire, 3 id., 280; Sohn v. Waterson, 17 Wall., 596; Christmas v. Rusell, 5 id., 290; Sturges v. Crowninshield, 4 Wheat., 122.)

Inútilmente invoca Isabel de Jesús en sn defensa la ley-número 73 aprobada' en 9 de marzo de 1911, según la cnal las acciones para el reconocimiento de hijos naturales no sólo podrán ejercitarse en vida de sus padres, sino un año después de su muerte.

Esa ley no es aplicable al presente caso, porque en su fecha había caducado ya la acción de filiación con arreglo al artículo 199 del Código revisado, y ella no puede dar vida a un derecho ya muerto.

Es un principio sancionado por el artículo tercero del Código Civil revisado que las leyes no tendrán efecto retro-activo si no dispusieren expresamente lo contrario, y que en ningún caso podrá el efecto retroactivo de una ley perjudicar los derechos adquiridos al amparo de una legislación anterior. De dicho principio se infiere que no disponiéndose por la ley de 9 de marzo de 1911 que tenga efecto retroactivo, no puede dársele ese efecto, y que en ningún caso ese efecto retroactivo podría perjudicar los derechos adquiridos por Eamón Pérez Yillamil y su sucesión al amparo del artículo 199 del Código Civil revisado.

Tampoco es aplicable el artículo 41 del Código de Enjui-ciamento Civil, preceptivo de que si una persona contra la cual puede ejercitarse una acción, muriese antes de la termi-nación del período de tiempo requerido para dar principio a la misma, podrá deducirse dicha acción contra sus represen-tantes después de la terminación de aquel período y dentro de un año después del nombramiento judicial del albacea o administrador testamentario, pues sus mismos términos están revelando que se refiere al ejercicio de una acción no pres-crita, y la acción de la demandante ya había caducado.

Por las razones expuestas procede declarar sin lugar el recurso y confirmar la sentencia que dictó la Corte de Distrito de San Juan en 13 de octubre del año próximo pasado.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. del .Tobo,

text:
    El Municipio de Gurabo v. The Juncos Central Company.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao.
    No. 752.
    Resuelto en mayo 23, 1912.
    Injunction — Suspensión de los Negocios Generales de una Corporación— Notificación de la Solicitud. — La presente demanda de injunction tiene por objeto impedir a la compañía demandada que continúe usando las vías férreas que tiene tendidas sobre terrenos del municipio demandante. Se resolvió que este caso no está comprendido enteramente dentro de las prescripciones de la sección 9 de la Ley de Injunction de marzo 8 de 1906, porque la orden res-trictiva de la corte no operaba como una suspensión de los negocios generales y ordinarios de la corporación demandada, los cuales afectaba en parte única-mente. Este error no produce en este caso la nulidad de los procedimientos posteriores, porque la parte perjudicada aceptó la regla de la corte y presentó de nuevo su solicitud de injunction, notificándosela a la demandada.
    Id. — Remanda de Injunction — Procedimiento—Determinación de los Dere-chos de las Partes. — Cuando, como en el caso de autos, se interpone una demanda de injunction, cuyo fin principal y único es obtener un injunction perpetuo, los demandados deben ser notificados debidamente y pueden oponer excepciones previas o contestar la demanda, según lo estimen pertinente. Si el pleito no se decide por las alegaciones, procede la práctica de las pruebas por una u otra parte y luego la sentencia basada en los méritos del caso. Dentro de éste puede solicitarse la expedición de un injunction preliminar, y, en muchas ocasiones, el hecho de conceder o de negar el injunction preli-minar, no prejuzga necesariamente la consesión o la negativa del injunction perpetuo. Cuando la ley no fija reglas precisas para la tramitación de los pleitos de injunction, como sucede en Puerto Rico, el curso de los mismos debe ser dirigido por la corte aplicando en cuanto sea posible los trámites del juicio ordinario y abreviando o extendiendo los términos según la naturaleza de cada caso.
    Id. — Desestimación de Plano de una Demanda de Injunction. — Discreción de la Corte. — Dada la naturaleza especial del injunction, y descansando como descansa su concesión previa o final, especialmente la primera, en la sana discreción de la corte, ésta tiene autoridad para rechazar de plano una de-manda o para desestimarla totalmente, después de una vista para resolver sobre el injunction preliminar solicitado dentro del pleito de injunction, cuando se convence de que el demandante carece en absoluto de razón, y en tales casos, la decisión de la corte resuelve definitivamente el pleito.

      Id. — Desestimación de la Demanda de Injunction — Enmienda de la De-manda. — Cuando por la sola lectura de una demanda de injunction no puede apreciarse si carece enteramente de fundamento, ni si puede enmendarse; comete error la corte que al resolver sobre la solicitud de injunction prelimi-nar, desestima totalmente el pleito.
    Los hechos están, expresados en la opinión.
    Abogados del apelante; Sres. Luis Llorens Torres y Miguel Guerra.

    Abogados de los apelados: Sres. Hartzell y Rodriguez Serra.

   El Juez Asociado Se. del .Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El municipio de Gurabo presentó, en 12 de junio de 1911, una demanda sobre injunction en la Corte de Distrito de Hnmacao contra The Juncos Central Company, alegando los siguientes hechos:

“1. Que por resolución del concejo municipal de Gurabo, el al-calde de dicho municipio quedó autorizado para esta demanda.
“2. Que la demandada es corporación organizada bajo las Leyes de Puerto Rico, con oficina principal abierta dentro del Distrito Judicial de Humacao.
“3. Que la corporación demandada se dedica a la siembra de •cañas y a la elaboración de azúcar; y a ese fin mantiene y explota, para el transporte de dichos frutos y productos, un ferrocarril pri-vado cuyas vías cruzan la jurisdicción de Gurabo de este a oeste, en su parte septentrional, partiendo desde los edificios de elaboración de la corporación demandada en la dirección y con los rumbos que más abajo se dirán.
“4. Que la corporación demandada, alega además la parte actora, sin derecho, permiso, concesión ni título alguno construyó y emplazó su mencionada vía férrea privada sobre los siguientes caminos del mu-nicipio de Gurabo:
“(a) Camino llamado de Jagua que desde el pueblo de Gurabo conduce a los barrios de Jagua, Celada y Quebrada Infierno. Este camino lo atraviesa el ramal de la vía férrea que partiendo de la central de la demandada conduce a una finca rústica de Manuel Méndez, antes Sucesión Borrás, en el sitio en que dicho camino pasa por el barrio.
“ (b) Camino que conduce desde el pueblo de Gurabo al barrio de las Masas, sitio llamado Hato Nuevo. Este camino lo atraviesa el ramal, digo, el mismo ramal de la vía férrea antes descrito.
“(o) Camino de Hato Nuevo al barrio del Mamey.
“5. Que las vías del ferrocarril que explota la corporación de-mandada, atraviesan el camino (a) en una extensión de diez metros-de largo por dos varas de ancbo.
‘'Que el camino (b) lo atraviesan en idéntica dimensión; con el detalle particular de que las vías están colocadas, en este camino, en un alto nivel construido casi al mismo medio de dicha vía de comuni-cación.
“Que al camino (o) lo atraviesan dichas vías de este a oeste y des-pués de internarse en propiedad privada vuelve a atravesarlo en sen-tido transversal oblicuo en una extensión de cincuenta y dos metros, más o menos; desde este punto continúa lindando con el camino sin cerca alguna que lo divida en una larga extensión; vuelve a inter-narse en propiedades de la Porto Riean American Tobacco Co. y sale nuevamente al camino de Hato Nuevo y utiliza sus orillas en una extensión de un kilómetro aproximadamente; atravesándolo des-pués en una extensión de nueve metros más o menos.
“6. Que dichos caminos municipales se encuentran registrados'en la oficina del Comisionado del Interior a nombre del municipio demandante, en los libros correspondientes.
“7. Que la corporación demandada al ocupar con sus vías los caminos municipales que se acaban de describir, obstaculiza el libre tránsito de coches y carros, poniendo en peligro las vidas de los tran-seúntes; y siendo dichos caminos municipales propios para el trán-sito de carros y coches, los ha inutilizado para tal uso público ; im-pidiendo el desagüe natural de los mismos y haciendo imposible su reparación, privando así a la comunidad del cómodo y franco dis-frute de dichas vías municipales.
“8. Que el municipio demandante jamás prestó su consentimiento-a los referidos despojos y violación realizados por la demandada sobre dichos caminos.
‘ ‘ 9. Que el demandante no puede construir los expresados caminos vecinales por sitios distintos del trazado que tienen; y que los ha-bitantes de los barrios arriba aludidos, no pueden desenvolver sus negocios e industrias sin tener caminos para el tráfico de sus ve-hículos hasta la población, sin riesgo para sus personas y sin incomo-didades para los trasportes.”

La súplica de la demanda, es como sigue:

“En mérito de lo expuesto el demandante a esta Hon. corte su-plica se sirva expedir el auto de injunction contra la corporación de-mandada, restringiéndola de seguir y continuar manteniendo y ex-plotando el referido ferrocarril privado que posee en los sitios en que sus vías atraviesan y ocupan dichos caminos a las orillas de los mis-mos; con los demás pronunciamientos del caso y condenando a dicha demandada a pagar las costas y desembolsos de este pleito. ’ ’

La corte fijó el 22 de junio de 1911 para que la demandada compareciera a exponer las causas por las cuales no debería concederse el injunction solicitado, y, además, le prohibió que .continuara explotando el ferrocarril basta nueva orden de la corte.

El 14 de junio la demandada presentó una “.solicitud para que se deje sin efecto un injunction provisional,” y alegó, en resumen, que se le había prohibido mantener y explotar cierto ferrocarril hasta nueva orden, sin que se le hubiera notificado la demanda, y que constituyendo el funcionamiento de dicho ferrocarril uno de sus negocios generales y ordinarios, se había infringido lo dispuesto en la sección 9 de la ley de 8 de marzo de 1906, sobre injunctions.

La corte resolvió de conformidad con la demandada, de-jando sin efecto su orden de 12 de junio, sin perjuicio de que la parte demandante procediera, si lo creía conveniente, a presentar nueva solicitud cumpliendo con el requisito de la previa notificación a la demandada.

Aparece luego en la transcripción la copia de la notifica-ción al presidente de la corporación demandada, redactada en estos términos: ‘ ‘ Sírvase quedar notificado de que el próximo día veinte y cuatro del actual y a las diez de su mañana, la representación del municipio demandante presentará a la Corte de Distrito de Humacao, la solicitud y demanda de injunction cuya copia se le acompaña adjunta, y allí entonces se pedirá a la referida corte nueva orden de injimction pre-liminar por los motivos que aparecen de la demanda aludida. Humacao, P. ÍL, junio 19 de 1911. Por el compañero Luis Llorens Torres. (Firmado) Miguel G-uerra. Abogado del demandante. ’ ’

Sigue la “oposición” de la demandada a que se conceda un injunction preliminar mientras se sustancia este pleito, en cuyo documento diclia demandada alega extensamente los motivos que tiene “para oponerse a que se conceda en este caso una orden restrictiva preliminar, reservándose el dere-cho de contestar la demanda y formular las defensas que le competan, en el curso ordinario de este pleito,” y termina suplicando “que se niegue la orden preliminar de injunction que se pretende.” Dicho escrito fue admitido con la oposi-ción del demandante fundado en que no se le había notificado previamente. La oposición está jurada y a la misma se acom-pañó una comunicación del Comisionado del Interior de Puerto Eico, de 23 de junio de 1911, concediendo un permiso provisional a la demandada para continuar explotando su ferrocarril privado, pasando por los caminos a que se refiere la demanda de injunction.

En su alegato la parte recurrente señala como cometidos por la corte de distrito, los siguientes errores:

“1. El haber dejado sin efecto la orden preliminar de injunction, a la moción ex parte de la demandada.
“2. El haber resuelto que la parte demandante está obli-gada a notificar previamente a la demandada' de la presenta-ción de la solicitud de injunction; y
“3. El haber declarado nuestra demanda sin lugar, sin haberse aducido otra prueba que la de la carta del Comi-sionado del Interior referida, pues que los hechos jurados en la demanda justifican la expedición de un auto de injunction.”

La sección 9 de la vigente ley sobre injunction, aprobada en 8 de marzo de 1906, dice textualmente como sigue:

“No podrá concederse un injunction para suspender los negocios generales u ordinarios de una corporación, sin que medie debida noti-ficación de la solicitud presentada con tal objeto a los respectivos ■oficiales de la corporación, o al agente administrador de la misma, excepto en los casos en qne El Pueblo de Puerto Rico fuere parte en el procedimiento.” •

El caso de la demandada no está comprendido enteramente dentro de las prescripciones de la sección 9 qne liemos trans-crito, porque en realidad de verdad la orden restrictiva de la corte no operaba como una suspensión de los negocios gene-rales y ordinarios de la corporación demandada, (Golden Gate M. Co. v. Superior Ct., 65 Cal., 187), como exige la ley. Los afectaba en parte, pero no en su totalidad. La resolución de la corte no estuvo, pues,bien fundada, pero el error cometido no lleva consigo la anulación de los procedimientos poste-riores, ya que el mismo demandante se avino a la regla de la corte y presentó de nuevo su solicitud de injunction, notifi-cándola a la demandada.

Examinemos el tercero y último de los errores señalados.

En este caso no se presentó una solicitud de injunction dentro de un pleito ordinario previamente establecido, sino que se interpuso una demanda de injunction. El deman-dante sometió su caso por entero a la decisión de la corte y el pleito debió tramitarse de acuerdo con la ley basta dictar en el mismo la resolución final que procediera.

Cuando se inicia un caso en una corte de justicia cuyo fin principal y único es obtener un injunction perpetuo, los de-mandados deben ser notificados debidamente y pueden oponer excepciones previas o contestar la demanda, según lo estimen pertinente. Si el pleito no se decide por las alegaciones, pro-cede la práctica de las pruebas por una y otra parte y luego la sentencia basada en los méritos del caso. Dentro de éste puede solicitarse la expedición de un injunction preliminar, y, en muchas ocasiones, el becbo de conceder o de negar el injunction preliminar, no prejuzga necesariamente la conce-sión o la negativa del injunction perpetuo.

Cuando la ley no fija reglas precisas para la tramitación de los pleitos de-injunction, como sucede en Puerto Rico, el curso de los mismos debe ser dirigido por la corte aplicando en cnanto sea posible los trámites' del juicio ordinario, abre-viando o extendiendo los términos según la naturaleza de cada caso. Una vez que todas las partes realmente intere-sadas estén sometidas legalmente a la jurisdicción de la corte, dichas partes deben tener una amplia y segura oportunidad de hacer sus alegaciones y practicar sus pruebas, cuando éstas sean necesarias, a fin de que la corte pueda decidir el pleito con entero conocimiento de las cuestiones debatidas en el mismo.

Ahora bien, dada la naturaleza especial del injunction, y descansando como descansa su concesión previa o final, espe-cialmente la primera, en la sana discreción de la corte, ésta tiene autoridad para rechazar de plano una demanda, o para desestimarla totalmente después de una vista para resolver sobre el injunction preliminar solicitado dentro del pleito de injunction, cuando se convence de que el demandante carece en absoluto de razón, y, en tales casos, la decisión de la corte resuelve definitivamente el pleito.

“Cuando una demanda solicitando un injunction carece enteramente de equidad, la corte puede negar el remedio con la sola lectura de la demanda y sin que sea necesario, dictar una orden (rule nisi) para que el demandado muestre causa contra la petición del injunction.” (2 High on Injunction, 1197, citando los casos de Remshart v. The Savannah and Charleston R. Co., 54 Ga., 579; Brown v. Wilson, 56 Ga., 534.)

“Cuando aparece de la solicitud de injunction que no hay fundamento para el remedio que se pide,-la solicitud puede desestimarse en la vista para el injunction preliminar sin requerirse que el demandado conteste.” (Sauls v. Freeman, 24 Florida, 209; 12 Am. St. Rep., 190.)

“Si la solicitud carece de equidad, la corte puede deses-timarla sin ulteriores alegaciones. En u'n pleito sobre injunction solamente, en el cual al oirse una moción en el mismo, es negada, puede negarse propiamente al demandado permiso para contestar, y si la solicitud carece de equidad, puede ser desestimada.” (Field v. Village of Western Springs, 181 Ill., 186.)

Hemos creído necesario consignar lo que liemos expuesto, porque, según resulta del récord, ambas partes acudieron a la Corte de Distrito de Humacao, el 24 de junio de 1911, para discutir sobre la expedición de una orden de injunction pre-liminar y el juez no se limitó a negar dicha orden, sino que desestimó totalmente la demanda interpuesta y por consi-guiente resolvió definitivamente el pleito.

Las autoridades indicadas sostienen el curso adoptado por el juez del distrito. Veamos ahora si su resolución está bien fundada, esto es, si la demanda en este caso carece en abso-luto de fundamento para obtener el remedio solicitado.

Los motivos que tuvo el juez de distrito para desestimar la demanda, fueron los siguientes:

1. Que de los hechos alegados no se desprende una injuria irreparable;

2. Que no se consignan hechos suficientes para demostrar que el ferrocarril obstruye el libre tránsito por los caminos. No basta consignar la conclusión, sino que es preciso expresar los hechos en que se basa;

3. Que el demandante tiene un remedio adecuado y eficaz en el curso ordinario de la ley: una acción sobre levanta-miento de vías y daños y perjuicios;

4. Que la demandada tiene ya establecida la vía y en ope-ración, sin que se alegue en la demanda el motivo por el cual el demandante no solicitó el injunction a su debido tiempo, y .finalmente;

5. Que la concesión del injunction no causaría beneficio .al demandante y sí gran perjuicio a la demandada, porque el demandante nada ganaría con parar la marcha de los. carros quedando la vía en la misma condición en que estaba, y a la demandada en cambio se le privaría del funcionamiento .de .su ferrocarril para la conducción de sus cañas y productos.

Hemos estudiado cuidadosamente la demanda en relación •con los anteriores motivos y con la jurisprudencia aplicable, y, a nuestro juicio, si el juez del distrito se hubiera limitado a declarar sin lugar la petición de injunction preliminar, con-cediendo, si lo solicitaba, un plazo razonable al demandante para enmendar su demanda, hubiera aplicado la ley y ejerci-tado su discreción correctamente.

Pero al desestimar la demanda, el juez del distrito fué más lejos de lo que debía. Ya hemos sostenido que puede un juez desestimar una demanda de injunction, pero hemos dicho también que es cuando la demanda carece enteramente de fundamento y se ve claramente que no puede enmendarse, y esto no se puede asegurar en el caso del municipio de G-urabo por la sola lectura de la demanda.

Si después de formuladas las alegaciones por ambas partes y practicadas las pruebas en su caso, el juez se confirma en el criterio que formara para negar el injunction preliminar, entonces procederá que niegue el perpetuo y dicte la sentencia que termine definitivamente el pleito.

Por - las razones expuestas, opinamos que la orden recu-rrida debe revocarse en cuanto desestimó totalmente la de-manda. El caso debe devolverse a la corte de su origen, para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sb. del Tobo,

text:
    Hernández v. Blanco et al.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez..
    No. 828.
    Resuelto en mayo 23, 1912.
    Ordenes Inapelables' — Resolución Sobre Reconsideración de Otra Orden.— Es inapelable la resolución de una eorte desestimando una moción en la que se pide la reconsideración de una orden por la cual dispone la corte de distrito-que se registre una sentencia por desestimiento de una demanda.
    Moción para que se Diote Sentencia — Notificación a la Parte Contraria.— Una solicitud o moción para que se dicte sentencia, no es necesario que sea notificada a la parte contraria, de acuerdo con lo dispuesto en el último-párrafo <9al artículo 217 del Código de Enjuiciamiento Civil. (Vega et al v. Kodrígmea et al., 17 D. P. B., 251.)
    Ib. — ¡Reconsideración be una Orden Dictada con Intervención de la Parte ■Contraria. — Habiendo el apelado en este caso notificado a la parte con-traria su moción para que se registrara la sentencia, debió haber notificado también a la otra parte la moción que presentó luego para que la corte recon-siderara la resolución recaída sobre la primera moción, pero el no haberse ¡hecho tal notificación no es un error fundamental ni trae consigo la revocación de la sentencia. No constituye un abuso de discreción por parte del.tribunal sentenciador el no haber exigido la notificación a la parte contraria, pues ■el registro de la sentencia en este caso es tan procedente en derecho que el propio juez, sin necesidad de gestión alguna de cualquiera de las partes, pudo, y debió ordenarlo.
    Oostas — Aprobación del Memorandum — Sentencia. Definitiva. — La revocación» por esta Corte Suprema de una orden aprobatoria del memorandum de costes por no existir sentencia definitiva de la corte de distrito, no debe interpretarse en el sentido de impedir que la sentencia pueda ser debidamente registrada y cobradas entonces las costas y honorarios concedidos de acuerdo con lo pre-ceptuado en la ley.
    Id. — Aprobación del Memorandum — Discreción del Tribunal. — El hecho de que al presentarse por segunda vez un memorandum de costas a una corte de distrito para gu aprobación, por haber sido revocada la aprobación del pre-sentado en primer término por n® existir sentencia definitiva cuando aquél se presentó, y de haber aprobado el tribunal inferior en la segunda vez una, cantidad algo mayor por concepto de honorarios, atendidas las circunstancias de este caso, no constituye abuso de discreción.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Juan Quintero y González Qui-jano.

    Abogado de los apelados: Sr. José Benet.

   El Juez Asociado Sb. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Agustín Hernández Mena presentó nna demanda en la Corte de Distrito de Mayagüez contra Alejandrina Blanco Ramírez et al. sobre nulidad de escritura de préstamo hipo-tecario por dos mil dollars.- Señalado el juicio para el 13 de agosto de 1910, fue suspendido a petición del. demandante, con imposición al mismo de las costas originadas por la sus-pensión. La parte demandada archivó un memorandum de costas ascendente a $37.70, qne fue impugnado por el deman-dante y reducido por la corte a $7.70. El demandante es-tableció recurso de apelación-para ’ante esta Corte Supremá, a los efectos de lo que procediera en su día contra la sentencia definitiva. Posteriormente el demandante desistió de con-tinuar el pleito y el 25 de noviembre de 1910 la corte lo tuvo por desistido a su perjuicio y con las costas. Sin que se registrara sentencia, la parte demandada presentó su memorandum de costas ascendente a $85. El demandante impugnó el memorandum y la corte de distrito lo aprobó reduciéndolo, a $76.15. El demandante apeló y su apelación, conjunta-mente con la otra establecida, fué resuelta por esta Corte Suprema por sentencia de 5 de mayo de 1911.

La Corte Suprema desestimó el recurso en cuanto a las costas originadas por la suspensión y lo declaró con lugar en cuanto al último memorandum. La corte, hablando por me-dio del Juez Asociado Sr. Aldrey, se expresó así:

“En cuanto á la segunda, fué tomada contra la resolución de la corte inferior que fijó la cantidad de costas que el demandante de-bía pagar como consecuencia de su desistimiento de la acción; y el derecho a cobrarlas y a que se fijen por la corte ba de fundarse en la terminación definitiva del asunto.
‘1 Es cierto que se dictó una orden teniendo al demandante por de-sistido de su acción con las costas, pero tal orden no es definitiva ni pone término al asunto mientras no se registre una sentencia, por exigirlo así el artículo 192 del Código de Enjuiciamiento Civil, com-prendido en el Capítulo I, Título IX, que trata de esas sentencias y confirmado en el caso de Page v. Page, 77 Cal., 83.” (Hernández Mena v. Blanco Ramírez, 17 D. P. R., 574.)

El 25 de octubre de 1911 los demandados solicitaron de la corte de distrito que dictara la sentencia. El demandante se opuso y la corte, en 1 de diciembre de 1911, negó lo pedido por los demandados. Estos acudieron de nuevo a la corte y le suplicaron que reconsiderara su anterior resolución. La corte así lo hizo y decidió que de acuerdo con la orden de 25 de noviembre de 1910 por la cual se tuvo al demandante por desistido a su perjuicio y con las costas, se registrara la correspondiente sentencia. La petición de reconsideración no fué notificada al demandante.

Registrada la sentencia el 15 de diciembre de 1911, los demandados archivaron, sn memorandum de costas ascen-dente a $205. El demandante impugnó el memorandum y la corte en 4 de enero de 1912, lo aprobó, reduciéndolo' a $105.

El demandante presentó además una moción a la corte de distrito pidiéndole que reconsiderara su resolución y decla-rara nula la sentencia dictada, etc., y la corte, luego de oir a ambas partes, desestimó la moción en 3 de enero de 1912.

Contra la sentencia dé desistimiento registrada el 15" de diciembre de 1911, contra la orden de 3 de enero de 1912 y contra la aprobación del memorandum de costas de 4 de enero de 1912, el demandante apeló para ante esta Corte Suprema. Todas dichas apelaciones han sido' tramitadas conjuntamente, y al considerarlas nos referiremos sólo a la primera y a la última, pues la segunda es manifiestamente improcedente. No cabe el recurso de apelación en cuanto a ella.

Examinemos la apelación contra la. sentencia. El ape-lante alega que la sentencia es nula, Io. porque se dictó sin notificar al demandante y 2o. porque la corte no tenía juris-dicción para dictarla ya que el caso había sido definitiva-mente resuelto por este Tribunal Supremo en 5 de mayo de 1911. -

Una solicitud o moción para que se dicte sentencia, no es necesario que sea notificada a la parte contraria, de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 217 del Código de Enjuiciamiento Civil. (Vega et al. v. Rodríguez et al., 17 D. P. R., 251.) Pero el apelante si bien admite que esto es así, sostiene que los demandados pidieron la reconsi-deración de una orden dictada con la intervención del deman-dante y como consecuencia de ello que se registrara la sen-tencia y que por tanto su caso es distinto al de una mera solicitud para que se dicte sentencia.

A nuestro juicio ya que el apelado adoptó el curso de notificar su primera moción, debió habeí notificado la segunda, pero el error cometido no es fundamental y no lleva- consigo la revocación de la sentencia. Tendría que demostrarse que la corte de distrito había abusado de su discreción al adoptar el procedimiento seguido para reconsiderar su negativa y ordenar el registro de la sentencia, y las circunstancias de este caso demuestran que no existió tal abuso y que el registro de una sentencia era tan procedente en derecho, que el propio juez sin necesidad de gestión alguna de cualquiera de las0 partes pudo y debió haberlo ordenado, a fin de que quedara definitivamente terminado aquel asunto en su corte.

La sentencia dictada por esta Corte Suprema en 5 de mayo de 1911, se limitó a revocar la orden aprobatoria del memorandum de costas, porque no existía sentencia definitiva en la corte de distrito, y no puede interpretarse en el sentido de impedir que la sentencia pueda ser debidamente registrada y cobradas entonces las costas y honorarios concedidos, de acuerdo con lo preceptuado en la ley.

Examinemos la apelación relativa al memorandum de cos-tas. Las partidas del memorandum aprobadas fueron: $5 por honorarios del secretario, y $100 por honorarios del letrado. Total, $105.

En la corte inferior se impugnó la veracidad del memorandum. En esta Corte Suprema sólo se impugna el desa-cuerdo que se observa entre el memorandum ahora aprobado ascendente a $105 y aquel que se aprobó y cuya aprobación fué revocada por nuestra sentencia de 5 de mayo de 1911, ascendente a $76.15. No se ha demostrado el fundamento de la impugnación en la corte de distrito, y carece de fuerza el hecho ante esta Corte Suprema. La orden aprobando el primer memorandum quedó definitivamente revocada. El juez en el ejercicio de su discreción al apreciar el valor de los honorarios del abogado de la parte demandada los ha fijado en una cantidad un poco mayor, y no vemos que al proceder así se baya extralimitado en sus facultades, ni baya abusado de su discreción. Además, debido a la actitud del deman-dante negándose a satisfacer las costas que desde el primer momento en realidad de verdad le fueron impuestas, ha au-mentado el trabajo del abogado de los demandados en este pleito y es justo que si el trabajo aumentó aumenten también los honorarios.

Por las razones expresadas, la apelación establecida contra la orden de 3 de enero de 1912 debe desestimarse y decla-rarse sin lugar las interpuestas contra la sentencia de 15 de diciembre de 1911 y la orden de 4 de enero de 1912.

Resuelto de conformidad.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. MacLeary,

text:
    El Pueblo v. Lassalle.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda.
    No. 423.
    Resuelto en mayo 24, 1912.
    Derecho Penal — Coneesión del Acusado — Requisitos de la Coneesión. — La confesión hecha libre y voluntariamente por un acusado es un elemento pro-batorio de la mejor clase y por lo tanto admisible como prueba de la comisión del delito.
    Id. — Confesión del Acusado. — Examinada la confesión del acusado en este caso se resolvió que reunía los requisitos necesarios para su validez y admisión cómo prueba.
    Id. — Confesión del Acusado — Presencia de Terceros. — El hecho de que un acu-sado haga confesión de su crimen ante el Eiscal y en presencia de un oficial de la detective y un periodista, no le quita a dicho acto, por ese mero hecho, la espontaneidad necesaria para que la confesión produzca efeetos legales.
    Id. — Confesión del Acusado — Petición para Hacerla — Juramento t Firma del Acusado. — No es un elemento necesario para la validez de una confesión el que conste que el acusado pidió permiso para hacerla. Tampoco es requisito el que esté firmada y jurada por un acusado. Una confesión verbal es com-pletamente válida.
    Id. — Confesión del Acusado — Prisión del Acusado. — La confesión hecha por un acusado, que está extinguiendo condena en el presidio, y bajo una aeusa-sión de un delito capital, es admisible como prueba en contra de él, cuando aparece que ha sido hecha voluntariamente y no por medio de amenazas o promesas.
    Id. — Instrucciones al Jurado — Interpretación.—Es un principio general de derecho que las instrucciones al jurado deben interpretarse en su totalidad y no en párrafos aislados e independientes, y al interpretarlas debe tenerse en consideración la prueba aducida al juicio y que sirve de base a las instruc-ciones.

      Td. — Instrucciones al Jurado — Premeditación—Deliberación.—Cuando el juez en sus instrucciones al jurado sin definir en particular los términos premedi-tación y deliberación, se expresa en términos generales de tal modo que com-prenda ambos conceptos, dichas instrucciones son suficientes y ajustadas a dereeho.
    Id. — Premeditación t Deliberación. — Estos dos conceptos son examinados y estu-diados en la opinión.
    Id. — Deliberación.—Asesinato en Primer Grado; — La premeditación y delibera-ción son elementos esenciales del delito de asesinato en primer grado, pero la deliberación no lo es del de asesinato en segundo grado.
    Id. — Instrucciones Erróneas t al Mismo Tiempo Favorables al Acusado— Errores Sin Importancia. — Constituyen errores sin importancia aquellos que comete un juez en las instrucciones al jurado explicando las disposiciones legales en un sentido más favorable para el acusado de lo que justifica la prueba aducida al juicio y no producen la anulación de la sentencia apelada.
    Id. — Instrucciones al Jurado — Prueba de Asesinato en Primer Grado. — No constituye error el dejar el tribunal de instruir al jurado acerca de los pre-ceptos legales que rigen el delito de asesinato en segundo grado, cuando la prueba demuestra únicamente la comisión de un delito de asesinato en primer grado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. Jacinto Texidor.

    Abogado del apelado: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. MacLeary,

emitió la opinión del ’ tribunal.

En este caso el acusado fue declarado culpable del delito de asesinato en primer grado y condenado a la pena de muerte. La acusación está bien redactada y en ella se acusa a José Lassalle Hernández de haber dado muerte a Francisco Santiago, bajo circunstancias constitutivas del delito de asesinato en primer grado. Cuando se cometió el delito en 15 de enero de 1911, tanto el acusado como el interfecto eran presidiarios extinguiendo condena en la penitenciaría insular de San Juan.

Los hechos brevemente expuestos son los siguientes: En la mañana del día fatal Francisco Santiago a eso de las diez, se quejó a un compañero de presidio llamado Miguel Guadalupe, el cual era cabo en el penal, del acusado que también era cabo, porque éste lo trataba mal, prohibiéndole que hablara con otros presidiarios, tratándolo como si fuera una mujer, estando celoso de él, y que el citado Santiago estaba ya can-sado de ese trato. Guadalupe posteriormente, al mediodía, le informó a Lassalle de la queja de Santiago. El acusado negó que fuera verdad lo que había dicho el interfecto. Por la noche, cuando el acusado entró en guardia, se acercó a la réja de la zapatería y con un palo con ganchos cogió la cadena que sostenía una chaveta y de ese modo se apoderó de dicho instrumento y como a las once de la noche fué a la sastrería, en donde dormía Santiago con otros presidiarios. Primero se dirigió a la mesa en donde dormía uno llamado “Cagüeño” lo miró y siguió hasta donde yacía Santiago durmiendo al parecer. Lo agredió con la chaveta, el cual gritó: “Gh, me han matado.” La víctima se levantó y cayó sentada, siendo agredida por el acusado tres veces más. Mientras esto sucedía los que estaban alrededor se despertaron. Lle-garon varias personas y desarmaron al acusado quien trató de suicidarse haciéndose varias heridas. Santiago murió a los pocos momentos de resultas de las heridas que le causó el acusado. Este fué llevado al hospital del presidio. La acusación fué presentada prontamente y en noviembre último después de un juicio por jurado, el acusado fué declarado culpable y condenado a la pena de muerte. Se interpuso recurso de apelación y oportunamente se presentó en esta corte la transcripción de autos. Careciendo de abogado defensor, el tribunal de oficio designó a un distinguido letrado que lo defendiera ante este tribunal. Se celebró la vista y se hi-cieron alegaciones orales y escritas, habiendo quedado el caso sometido a nuestra consideración el 7 del presente mes.

Cinco son los errores que constituyen los fundamentos del recurso y que se suponen cometidos por el tribunal senten-ciador en perjuicio del acusado. Expuestos por orden corre-lativo son los siguientes:

“1. El apelante sostiene que en el presente caso objeto de este recurso, la confesión del acusado fué indebidamente admitida con per-juicio de los derechos esenciales del acusado.
“2. Se tomó declaración al acusado sin tener en cuenta las dispo-siciones legales.
“3. El abogado defensor del acusado alega que el tribunal inferior cometió error en las instrucciones que dió al jurado con perjuicio de los derechos esenciales del acusado.
“4. La Corte de Distrito de San Juan cometió error al instruir al jurado, considerando una cuestión que había sido excluida de la con-sideración del jurado.
“5. El abogado del acusado sostiene que el tribunal en sus ins-trucciones al jurado dejó de explicar los conceptos de premeditación j deliberación para que pudieran ser tomados en consideración por el jurado. ’ ’

Los anteriores errores pueden clasificarse en dos clases:

Ia. Que la confesión del acusado no debió haber sido admi-tida como prueba.
2a. Que las instrucciones dadas por la corte al jurado fueron impropias y perjudiciales a los derechos del apelante.

La confesión del acusado dice lo siguiente:

'‘Ante el Fiscal en la enfermería del presidio, declara José Las-salle Hernández, el que juramentado en forma y después de enterado de su derecho de abstenerse de declarar, renuncia a él y de que esta declaración podrá ser utilizada en su contra declara:
‘ ‘ Que conoció en Aguadilla a Francisco Santiago; que harán como dos meses ingresó en el presidio y reanudaron las amistades; que el .viernes subió a la enfermería de donde bajó ayer domingo: que fué reprendido por el cabo de patio Miguel Guadalupe manifestándole que Francisco Santiago le había dicho que el declarante le prohibía hablar con los demás en la barbería; que eso ocurrió como a las 10 de la mañana; que por eso y por la amistad que tenía con Francisco le dió un gran sentimiento, pues lo juzgaba como a una persona mali-ciosa, es decir, que creían tenía amores con Francisco, al llegar la noche, girando de imaginaria, se aproximó al rastrillo del taller de zapatería y con la vara aló la cadena que tenía sujeta la chaveta; que se apoderó de ella y se acercó a Francisco que se encontraba en la cama y lo vió con los ojos cerrados, que no sabe si lo vió, pero cree estaba despierto porque se acababa de acostar, y le tiró con la chaveta, y entonces Francisco brincó y cayó sentado tirándose el declarante tres chavetazos; qne en el acto se levantaron los más cercanos.
“Leída qne bnbo esta declaración la firma por ser lo manifestado.
(Firmado) José Lassalle.
“Testigo: (Firmado) Pedeo G-. Goioo.
“Jurada y suscrita ante mí hoy 16 de enero, 1911. Firmado. Luis Campillo, Fiscal de Distrito.”

La cuestión que se nos presenta es si esta confesión fue legalmente admitida de acuerdo con los preceptos legales, o si su admisión fué perjudicial a los derechos del apelante. La confesión hecha por un acusado libre y voluntariamente cons-tituye prueba de la mejor clase. Tal confesión es digna de todo crédito por presumirse que es el resultado de un senti-miento profundo de culpabilidad y es admisible como prueba de la comisión del delito que se confiesa. Aunque por la na-turaleza misma de las confesiones éstas deben ser cuidadosa-mente escudriñadas y aceptadas con gran cautela antes de ser admitidas como prueba, sin embargo, una confesión volun-taria y deliberada está considerada por los mejores trata-distas como uno de los medios más eficaces en derecho pro-cesal y constitutivo de la prueba más fuerte de los hechos narrados en la confesión contra la persona que la hace. (Sparf and Hansen v. United States, 156 U. S., 55.)

Es un principio generalmente aceptado que para que una confesión sea admisible como prueba contra el que la hace, debe ser libre y voluntaria. ¿Fué la confesión del acusado en el caso de autos de esa naturaleza? La confesión fué hecha al Fiscal bajo juramento, después que al acusado se le informó del derecho que tenía para abstenerse de confesar. El re-nunció a ese derecho. También se le informó que cualquier confesión que hiciera podría ser utilizada en contra de él, y a pesar de eso prestó la declaración jurada. Después de escrita la confesión por el Fiscal, dictada por el acusado, le fué leída y fué firmada y jurada ante dicho funcionario y certificada por él. Ese documento también fué firmado por el testigo, Pedro Gr. Gí-oico, reporter de un periódico que se encontraba presente. El teniente Quiñones, oficial de la poli-cía secreta, también presenció el acto de la confesión, pero su nombre no consta como testigo del documento.

El abogado del apelante sostiene que en tales circunstan-cias la confesión carecía del elemento de espontaneidad que exige la ley para que pueda utilizarse contra el acusado en el' acto del juicio. No encontramos nada en nuestras leyes que apoye esta teoría y el ilustre abogado defensor no nos lia, citado jurisprudencia alguna que la sostenga. Si hubiera, habido alguna, el abogado con su celo e ingenio indudable-mente que la habría presentado. Aunque el detective y el reporter se encontraban presentes al hacerse la confesión, no’ hay nada que muestre que ellos tomaran parte en el proce-dimiento, exceptuando solamente el hecho de haber éste último-firmado el documento como testigo. Esto era innecesario' pero enteramente inofensivo. Si la confesión se hubiera hecho en corte abierta a presencia del juez, del jurado, marshal y de toda la corte y ante una fila completa de reporters-que hubieran ido tomando palabra por palabra a medida que salían de los labios del acusado, aun en ese caso hubiera sido-voluntaria y siendo así era admisible como prueba.

Pero el abogado alega que en los autos no aparece nada, que muestre que el acusado solicitó que se le permitiera hacer-la confesión, e insiste en que tal solicitud es necesaria para, que dicha confesión sea válida. No entendemos así la ley,, pero pudiera deducirse de las palabras con que empieza el documento, que fué tomado a petición del mismo si así era ne-cesario hacerlo; pero no aparece tampoco que alguna persona, le sugiriera o persuadiera a que hiciera alguna declaración o-confesión. Por el contrario se le informó que si hacía alguna manifestación, la misma podría ser usada en su contra cuando llegara el juicio. Esto no obstante, insistió debido a razones de conveniencia para él en hacer la manifestación y ratificarla por medio de su juramento, y firma en presencia de testigos. Una mera declaración oral sin la sanción de un juramento puede usarse como prueba contra la parte que la hace cuando llega el momento del juicio, por consiguiente, aunque en este caso se observaron las mayores formalidades que tendían al esclarecimiento de la verdad y a demostrar el carácter volun-tario del acto, sin embargo, eran necesarias para dar validez a la confesión.

Además, aparece de la declaración de Quiñones, que el Fiscal manifestó al acusado que no tenía obligación de prestar declaración, pero podía hacerlo o nó según le conviniera y que el acusado hizo su confesión sin que mediara ninguna ame-naza o promesa. Y el testigo G-oico declara que el Fiscal informó al prisionero que podía o nó declarar según le con-viniera, contestando Lassalle que estaba dispuesto y quería prestar su declaración. Eesulta de las manifestaciones de estos testigos que la confesión fué evidentemente voluntaria y tomada de acuerdo con todas las formalidades y garantías.

La destreza e imparcialidad desplegadas por Luis Cam-pillo, Esq., al tomar esta declaración escrita al acusado, me-rece gran encomio y es digna de ser imitada por otros fun-cionarios en iguales circunstancias.

Al hacer el acusado su confesión se encontraba detenido en la enfermería del presidio, sabía que se le imputaba la comisión del delito y confesó ante el Fiscal del distrito, per • sona que ejercía autoridad sobre él y ante un teniente de la detective que también en aquel momento se podría consi-derar que- ejercía autoridad sobre el prisionero. Pero estos hechos por sí solos sin que aparezca que fué obtenida por medio de alicientes o amenazas, no la invalidan y no la hacen inadmisible en evidencia.

Las confesiones hechas por cualquier persona aunque se encuentre en prisión y en cadenas por virtud de una acusación de pena capital, son admisibles como prueba contra él con tal que aparezca que fueron hechas voluntariamente y no se ob-tuvieron por medio de amenazas. (Pueblo v. Kent, 10 D. P. R., 343, en donde se cita el caso de Sparf and Hansen que se encuentra en 156 U. S., 58; y el caso de Pierce en 160 U. S., 357. Véase también el de El Pueblo v. Rivera (a) Panchito, 9 D. P. R., 505, y El Pueblo v. Morales (a) Yare-Yare, 14 D. P. R., 234. Y el caso de Alméstico recientemente fallado. Yéase además el tomo 12 de Cyc., 462, y casos allí citados.)

Por consiguiente, debemos resolver que la confesión del acusado en este caso, habiendo sido hecha espontánea y volun-tariamente y sin que mediara influencia alguna de amenazas o promesas, y a falta de intimidación o persuasión, fué debida y legalmente admitida como prueba- en contra del mismo al celebrarse el juicio.

Por tanto, llegamos ahora a la discusión de la instrucción dada por la corte al jurado. Ni el Fiscal ni el acusado solici-taron de la corte ninguna instrucción. ¿ Contenían las instruc-ciones de la corte alguna proposición u observación que fueran indebidas o perjudiciales a los derechos del acusado, según ha sido alegado por el abogado en su alegato y en su informe oral hecho en el acto de la vista?

El apelante alega que la corte sentenciadora cometió va-rios errores que fueron perjudiciales a los derechos del acu-sado en sus instrucciones al jurado. La corte en sus instruc-ciones al jurado hizo un resumen de la prueba empezando con la declaración de los peritos médicos y al examinar la prueba de los otros testigos, dice: “Ahora viene la declaración de los •confinados del presidio que eran los únicos que se encontraban presentes cuando se realizó el crimen * *

Estas palabras han sido tomadas por el apelante como significativas de que la corte quiso decir al jurado que todos los testigos del presidio que declararon en el juicio, eran tes-tigos oculares del delito. Pero esta manifestación del juez no debe ser considerada separadamente. Es un principio bien conocido y creemos que no es necesario citar autoridades, que las instrucciones deben considerarse conjuntamente y no en sus párrafos independientes y que una instrucción debe inter-pretarse con relación a la prueba en que la misma se funda. Aparece de la prueba que cinco confinados del presidio decla-raron, pero que únicamente uno de ellos Ezequiel Ponce, vió la comisión del crimen. La corte hace nn resumen de todas las declaraciones con gran cuidado y exactitud y sin omitir ningún detalle importante con referencia a lo declarado por ellos.

La corte en sus instrucciones al jurado con respecto a la prueba no cambia los hechos en manera alguna, apareciendo claramente del resumen que de ella hizo, que Ezequiel Ponce fué el único testigo que vio a Lassalle asestar el golpe mortal sobre Santiago, no encontrándose presentes los demás testigos en- aquel momento. La corte al hablar sobre la prueba es-tablece una distinción entre los testigos, o sea entre el perito-médico Dr. López Antongiorgi que fué llamado de afuera del presidio para asistir al herido, y los testigos que se encon-traban en el presidio cuando el crimen se cometió. Se refiere a los últimos, no como testigos presenciales sino como indi-viduos que se hallaban presentes dentro del penal cuando el hecho ocurrió. Leyendo las instrucciones en conjunto, esta es la única interpretación que cabe darse a las palabras de la corte; no han podido llevar confusión al jurado y no existe error alguno en ellas que pueda ser considerado perjudicial al acusado.

Pero aun cuando la corte inadvertidamente hiciera refe-rencia a todos los compañeros de penal del acusado como testigos presenciales de la muerte, cuando en realidad sola-mente uno de ellos había presenciado dicha muerte, esto era una inexactitud del lenguaje, que debe considerarse corno-insignificante e inmaterial si se examina en relación con el hecho de que la corte comentó clara y detalladamente las declaraciones de tales testigos, así como también por separado cada una de ellas, corrigiéndose así cualquiera impresión in-debida que haya podido formarse en la mente de algún jurado,, con respecto a la presencia o ausencia de algún testigo en el sitio de la tragedia cuando la misma se desarrolló.

Alega el apelante qiie la corte cometió un error en sus ins-trucciones al jurado, porque refiriéndose a la declaración del testigo Miguel Guadalupe dijo que este testigo le había mani-festado que Santiago le había dado la queja de que Lassalle le hizo ciertas proposiciones inmorales, cuya frase no usó Guadalupe y que con esta frase la corte hace con respecto a Lassalle una inculpación grave que necesariamente tenía que influir en el ánimo del jurado. La corte dijo al jurado en sus instrucciones refiriéndose a la declaración del testigo Guadalupe, lo siguiente:

“Viene el testigo Miguel Guadalupe y declara ante vosotros que él estaba en la barbería afeitándose, y que se le presentó allí Santiago diciéndole que éste hombre, José Lassalle, le hizo ciertas proposiciones inmorales; que él estaba ya cansado de eso, y lo ponía en su conoci-miento. ’ ’

El testigo, Miguel Guadalupe, declaró lo siguiente:

‘ ‘ Que el día 15 por la mañana, después de haber hecho la limpieza del patio, fué a la barbería a afeitarse y le dijo Francisco Santiago que José Lassalle lo estaba maltratando a él, porque le estaba pro-hibiendo que hablara con los otros compañeros, tratándolo como si fuera una mujer. Eepreguntado por la defensa, manifiesta que Francisco Santiago le dijo que José Lassalle le prohibía que conversara con los compañeros, y lo celaba, por lo cual reprendió a José Lassalle y le dijo que si seguía con esas cosas* lo reportaría a adentro. Que cuando reprendió a Lassalle por esos hechos, él negó que fueran cier-tos; que no se incomodó. Que Francisco Santiago no le había dado ninguna queja con anterioridad sobre eso, ni había tenido ninguna otra queja contra el acusado. Preguntado por el juez, dice: que no tenía conocimiento personal de que fuera cierto el proceder del acu-sado ; lo supo por la queja. Que él se vería con Santiago como a las dos del día, y el hecho fué por la noche del mismo día. A preguntas de la defensa manifiesta: que no dió crédito a las inculpaciones que le hizo Santiago de Lassalle.”

Si el testimonio de Guadalupe algo quiere decir, ello es que Santiago le manifestó que Lassalle le hizo proposiciones inmorales, y que ya estaba cansado del tratamiento que de él recibía. El juez de ningún modo hace inculpación con res-pecto al acusado y nada de lo dicho por él en las instrucciones pudo fundar una creencia en la mente de los miembros del jurado, de que el juez de la corte había -ya formado opinión ■con respecto a las condiciones morales del acusado; él se .limitó a expresar lo declarado por el testigo, y lo mismo cjne manifestó el testigo el juez dijo en otras palabras al jurado.

Las observaciones hechas por el juez sentenciador con respecto a la declaración de Miguel Guadalupe estaban auto-rizadas por el estatuto y eran completamente imparciales para el acusado, las que en manera alguna pudieron empeorar •su situación ante el jurado. Toda la prueba fue debidamente presentada al jurado, al que se dieron las siguientes instruc-ciones :

“De modo'que, juzgando por el resultado de la prueba practicada, si vosotros creeis que esos testigos ban dicho la verdad, y que todos esos testigos, declarando cada uno separadamente, han demostrado plenamente lodos los elementos de la acusación; y vosotros dais al testimonio de esos testigos todo el grado de credibilidad necesaria, vosotros entonces, cumpliendo con vuestro deber, deberán traer un veredicto de culpabilidad en cualquiera de los grados que crean. Si vosotros creeis que las declaraciones de. esos testigos no merecen cré-dito alguno, y que no han sido probados en ningún modo los elementos de esta acusación, entonces es deber de vosotros darle al acusado el beneficio de la duda razonable y traer un veredicto de inculpabilidad. ’ ’

Resulta claramente que las declaraciones de los testigos se sometieron debidamente a la consideración del jurado, los que tenían que resolver acerca de la credibilidad y la sufi-ciencia de las mismas para fundar en ellas un veredicto de culpabilidad. Por tanto, la instrucción de la corte fue correcta por lo menos en aquellos particulares que ahora alega el abogado.

Pero la oposición que principalmente hace el abogado con respecto a las instrucciones de la corte es la que se refiere a la debida definición de lo que constituye “premeditación” y “deliberación”; y especialmente a la omisión de la corte de dar al jurado una instrucción explicándole de modo claro y exacto la significación de la palabra deliberación en relación con el delito de asesinato. Debe tenerse presente que tal ins-trucción no fue solicitada por el abogado del acusado en el .acto del juicio. El distinguido abogado que representa al apelante ante este tribunal no intervino en el juicio de esta cansa en la corte sentenciadora.

La instrucción de la corte con respecto a este particular es como sigue:

“De modo que esta acusación imputa un delito de asesinato en primer grado, y es necesario que sepamos lo que es un delito de asesi-nato en primer grado. La ley lo define en término generales, diciendo que es la muerte ilegal de toda persona, con malicia premeditada. Malicia premeditada: Por malicia se entiende todo acto ilegal, hecbo intencionalmente, sin causa o escusa para ello; pero esta malicia no basta por sí sola para constituir el delito, sino, que es necesario ade-más que sea premeditada. De modo que, para que este delito de asesinato exista, es necesario que la malicia sea premeditada. Pre-meditar, es resolver, ejecutar un acto con anterioridad a la comisión del delito. Si nace en nuestra mente una idea que nos lleva a la comisión de un acto, después de haberlo pensado, de haberlo meditado, de haberlo deliberado, y después de haber resuelto su ejecución, eso es premeditación; pero es necesario además que esa malicia premedi-tada vaya acompañada de otras circunstancias para que sea asesinato en primer grado, y esas circunstancias son las que define la Ley en su artículo 201 del Código Penal. Este artículo dice así: ‘Todo ase-sinato perpetrado por medio de veneno, acecho o tortura, y toda clase de muerte intencional, deliberada y premeditada, o cometida al per-petrarse algún incendio, violación, robo, escalamiento o mutilación, constituye asesinato en primer grado, siendo de segundo grado todos los demás.’ De modo que este artículo de la ley es'el que determina los elementos necesarios para constituir el delito de asesinato en primer grado, y se pueden dividir en tres grupos distintos: primero, todo asesinato perpetrado por medio de veneno, acecho o tortura; segundo, toda clase de muerte intencional, deliberada y premeditada, y tercero, toda muerte cometida al perpetrarse algún incendio, viola-ción, robo, escalamiento o mutilación. De manera, que ni el primero y tercero es el objeto de la acusación Fiscal; pero sí el segundo, es decir, toda muerte deliberada y premeditada. El asesinato en se-gundo grado exige también la malicia premeditada, pero no contiene ninguno de estos requisitos del artículo 201. De manera, que porque se acuse a un individuo de haber cometido un delito de asesinato con malicia premeditada, no significa esto que sea asesinato en primer grado; puede serlo de segundo grado. ’ ’

La instrucción con respecto a este particular se extiende más de lo necesario al definir la palabra premeditación, y habiendo el juez explicado extensamente esa palabra, pudo también haber explicado o haber definido debidamente y de modo más explícito la palabra deliberación y haber apreciado la distinción que existe entre ellas. Pero no apareciendo qne ésto hubiera sido solicitado, debe considerarse que no fné nn error esencial.

La corta instruyó al jurado que la malicia premeditada es elemento esencial a todo asesinato, sea de primer grado o de segundo grado; pero para ser constitutiva de asesinato en primer grado la muerte tiene que ser intencional, deliberada y premeditada. No explicó la corte el significado de la palabra deliberación, pero dió instrucciones respecto a la malicia pre-meditada que correctamente expresan y comprenden ambas ideas, la premeditación y la deliberación; esto es suficiente, y no es necesario explicar los dos términos separadamente.

En un caso de North Carolina, el Juez Sr. Hoke de aquel Estado trata esta cuestión con tal claridad y habilidad, que debe permitírsenos que copiemos extensamente de su opinión, según aparece en las páginas 283 a la 288 del 50 Southeastern Reporter, en donde se dice:'

"Además,'se ha sostenido que las instrucciones son erróneas, por-que mientras explicando al jurado el significado de la ‘premedita-ción,’ la corte no explicó el término ‘deliberación,’ ambas palabras estando empleadas en el estatuto definiendo el crimen de asesinato en primer grado.' Pero a nuestras mentes las instrucciones no están abiertas a este ataque. El juez dijo al jurado, entre otras cosas, sobre esta cuestión: ‘ La palabra ‘premeditación’ quiere decir pensar de antemano, como cuando un hombre piensa respecto la comisión de un acto, y concluye y determina en su mente cometer el acto. El entonces ha premeditado la comisión del acto. La ley no da regla alguna respecto al tiempo que debe transcurrir entre el momento cuando una persona premedita o llega a una determinación en su mente de matar a otra persona y el momento cuando él realiza el acto de matar. No es cuestión de tiempo. Es meramente una cuestión de si el acusado ha formado o nó en su mente la determinación de matar al interfecto, y entonces algún tiempo posterior, inmediato o remoto lleva a efecto su determinación, previamente formada, matando al interfecto. Si existe una intención de matar y el acto de matar ■ocurre simultáneamente, entonces no hay premeditación. Si el pri-sionero pensó el propósito de matar bastante tiempo para formar un ■designio fijado de matar, y a un tiempo posterior, no importa tan seguido o tan remoto, lo puso en ejecución, había suficiente premedi-tación para justificar al jurado en presentar un veredicto de asesinato en primer grado. Los dos términos ‘deliberación’ y ‘premeditación,’ mientras frecuentemente usados en esta conexión indistintamente, porque quizá los hechos requieren que se deba referir a ellos separa-damente, no tiene exactamente el mismo significado. ‘Premeditar’ envuelve la idea de anterior consideración, mientras ‘deliberar’ más íbien indica reflexión, el pesar las consecuencias del acto con más o menos calma. Pero si las instrucciones del juez están redactadas en palabras que expresan ambas ideas, y que completamente las explican al jurado, son correctas, aunque el juez no haya definido cada tér-mino separadamente. (Lang v. State, 84 Ala., 1; 4 South., 193; 5 Am. St. Rep., 324.) En las instrucciones que tenemos delante, el .juez dió una explicación ámplia de ambas palabras del estatuto de-finiendo el crimen. El excluyó toda idea de una muerte por pasión súbitamente nacida, y ordenó al jurado, que antes de condenar por el crimen más alto, que la muerte debía resultar de una determinación fija, previamente formada, después de pesar la cuestión. Tales son los requisitos de la ley respecto de esta cuestión y es bien sostenida por la jurisprudencia. (Slate v. Hunt, 134 N. C., 684 ; 47 S. E., 49; State v. Spivey, 132 N. C., 989; 43 S. E., 475.)”
State v. Exum, 50 S. E. Rep., 288.

Si hubiera la corte sentenciadora seguido en el caso que .ahora está sometido a nuestra consideración, la senda mar-■cada en el caso de North Carolina hubiera procedido correc-tamente; pero la cuestión que tenemos que resolver es si en las instrucciones que se dieron aparecía un error que exigiera la revocación de la sentencia.

Como hemos visto ya, la instrucción dada por la corte de la malicia premeditada, abarca la deliberación - que es ele-mento esencial del asesinato en primer grado, pero no del de .segundo grado. El juez instruyó al jurado que la malicia premeditada es elemento esencial del asesinato en segundo grado, y por tanto, según las instrucciones dadas por él, es necesario que existiera la deliberación para una convicción de este grado. Esta instrucción no es nna exposición correcta de la ley, pero no constituye error perjudicial, y no es causa suficiente para fundar una revocación de la sentencia.

De un debido examen de los hechos de este caso según aparecen de la exposición de hechos que se encuentra en los autos o segiin se encuentran especificados en la confesión del acusado que hemos copiado en su totalidad anteriormente, se verá claramente que el delito cometido fué el de asesinato en primer grado, y que no se mostró razón alguna por la cual pudiera rebajarse el grado de ese delito al de asesinato en segundo grado, o a uno inferior. El infortunado preso fué herido cuatro veces mientras se encontraba durmiendo a media noche.

Por esta razón no era necesario dar al jurado ninguna instrucción con respecto a lo que constituye asesinato en se-gundo grado, pues era bastante con darle instrucciones en relación con el delito de asesinato en primer grado. Debe notarse de acuerdo con las sentencias citadas a continuación que las cortes han declarado en casos en que los hechos tienen alguna semejanza, pero que no son tan claros como los del presente caso, que las instrucciones solicitadas por el acusado con respecto a asesinato en segundo grado fueron debida-mente denegadas por la corte.

Las cortes del continente han hecho algunas observaciones con referencia a este particular en varios casos, en la forma siguiente:

“El acusado había amenazado con matar a su padre repe-tidas veces. Una noche él se acercó a la cama de su padre, y le disparó, matándolo, mientras dormía, con una pistola que él había preparado, y después fué donde los vecinos y les manifestó que otro había hecho los disparos. Se resplvió que la corte no erró al negar dar instrucciones de asesinato en segundo grado.” (Swan v. State, 39 Tex. Cr. Appeal, 533.)

Cuando en un juicio por asesinato, la evidencia demuestra que el interfecto fué muerto por disparo de arma de fuego hecho por el acusado, estando el primero sentado, desarmado, frente al fogón de la chimenea de sn casa, no se cometió error por la corte en no dar instrucciones de segundo grado. (Macklin v. State, 53 Tex. Cr. App., 197.)

Cuando en nn juicio por asesinato en primer grado, los testigos de la acusación testificaron que el acusado entró en nn café, donde encontró al interfecto sentado en una mesa, dormido, y sin decir nada al interfecto, disparó contra él, matándolo, cuya evidencia no fué contradicha, excepto por el testimonio del acusado en sn propio beneficio, no se cometió error por la corte al negar dar instrucciones de asesinato en segundo grado. (State v. Nichans, 188 Mo., 304; 87 S. W., 473.)

Cuando el interfecto fué llamado de su casa de comercio, tarde en la noche, y pocos momentos después fué encontrado muerto con tres heridas mortales en su cabeza, y la evidencia tendía a demostrar que ellas fueron inferidas por el acusado, no hubo error al negar dar instrucciones con respecto al ase-sinato en segundo grado, puesto que el acusado era culpable de asesinato en primer grado o inocente.

(State v. Furguerson, 162 Mo., 668; 63 So. West, 103, y casos citados.)

Por el hecho de que la corte sentenciadora diera instruc-ciones con respecto a asesinato en segundo grado, lo que no era necesario según los hechos del caso, si las mismas eran favorables al acusado, aun cuando hayan sido erróneas no constituye un error esencial y no puede el acusado formular ninguna objeción contra las mismas (Tubb v. State, 55 Tex. Cr. App., 627; Mackling v. State, 53 Tex. Cr. App., 197 Lounder v. State, 46 Tex. Cr. App., 125; State v. Glahn [Mo.], 11 Southwest. Rep., 264; State v. Jackson [Mo.], 66 Southwest. Rep., 939.)

En nn caso de New York se hace referencia al mismo prin-cipio en una forma muy clara y correcta, a saber:

“Como no se presentó cuestión alguna con respecto a homicidio, justificable en este caso, el acusado no tenía derecho a solicitar de la corte que instruyera al jurado con referencia a ese delito; y aunque la instrucción dada era errónea de acuerdo eon la ley, no veo que dicba instrucción pudiera en manera alguna haber sido perjudicial al acu-sado. ’ ’

Shorter v. The People, 2 N. Y. Court App. (2 Comstock), 203.

Ningún acusado puede hacer alegación alguna con respecto a una instrucción que aunque sea errónea es demasiado favorable para el mismo. Así resultaría con la que dió la corte sentenciadora al expresar al jurado que era necesario la prueba de la deliberación para que el delito constituyera ase-sinato en segundo grado, la que siendo demasiado fuerte o exi-giendo más de lo que la ley exigía, resultaría por tal rpotivo favorable al acusado y por consiguiente no sería perjudicial y era inmaterial. State v. Garborough [Kansas], 18 Pac. Rep., 474; People v. Callaghan [Utah], 6 Pac. Rep., 49; Sparf and Hansen v. U. S., 156 U. S., 103 et seq., y se citan casos de California y de otros estados.)

La Corte Suprema de Wyoming, por medio del Juez Sr. Conaway, en una opinión muy razonada y acabada, discute una cuestión importante que frecuentemente liemos resuelto, y que en realidad se encontraba comprendida en un estatuto de la Isla muy beneficioso, en 30 de marzo de 1905. Leyes de la Sesión de 1905, página 10. El ilustre tribunal se expresa como sigue:

“La regla con respecto a revocación de sentencias debido a ins-trucciones erróneas dadas al jurado por la corte y según ha sido expresado por Thompson, sobre juicios, que la regla de casi todas las cortes es ‘ que no se revocará ninguna sentencia porque se hayan dado instrucciones erróneas a menos que resulte probable que el jurado fué inducido erróneamente. debido a dichas instrucciones. ’ Y de nuevo se dice: ‘Por supuesto que jamás podría decirse que el jurado fué inducido erróneamente por las instrucciones erróneas que se le dieron, cuando ha llegado a un resultado correcto con su veredicto. De conformidad con este principio es la práctica de la mayor parte de las cortes antes de resolver con respecto a excepciones que se for-mulen a las instrucciones, e investigar la prueba y ver si el veredicto fué correcto; y si se encuentra que es así, la corte no hará ninguna otra investigación.’ (2 Thomp. Trials 2401, 2402 y las autoridades que allí se citan.) Este principio está sostenido por numerosas auto-ridades de la mas alta consideración. Algunas cortes son de parecer que la doctrina referente al error que no perjudica, no tiene igual aplicación en casos criminales que en casos civiles, y otras cortes han declarado que un error en las instrucciones se presuma que es perju-dicial. Admitiendo sin discusión o sin resolver ninguno de los pun-tos que ambas restricciones de la regla son correctas en su debida aplicación, puede decirse propiamente que jamás tiene una parte el derecho a solicitar un nuevo juicio en un caso civil o criminal, porque se haya cometido un error en las instrucciones dadas al jurado, cuando aparece claramente de la prueba que el veredicto es correcto y que de concederse un nuevo juicio ha de obtenerse el mismo resultado, lo que así se obtendría si las instrucciones fueron correctas * * *. Nin-gún fin útil podía obtenerse con el nuevo juicio. Ninguna ventaja podría proporcionársele al apelante. Ninguna prueba nueva podía cambiar el resultado. El apelante debe a sus propias confesiones y a sus manifestaciones el hecho que en los autos aparezca prueba que siempre' dará por resultado su culpabilidad al celebrarse un juicio imparcial. La otra prueba con respecto a su culpabilidad es satis-factoria. La celebración de otro juicio dará por resultado necesaria-mente que se le encuentre culpable de acuerdo con cualesquiera ins-trucciones que sean correctas. El ha seguido los consejos de su her-mano hasta el punto de confesar su delito, pero no hasta el de decla-rarse culpable y de,solicitar clemencia del tribunal. Pero este es un caso en que ni la corte sentenciadora ni esta corte tiene discreción alguna o poder para conceder clemencia o perdón. Al dictarse un veredicto de culpabilidad o al alegarse la culpabilidad del delito de asesinato en primer grado, la corte sentenciadora debe dictar la sen-tencia que proceda de acuerdo con la ley. Apareciendo de los autos que esta sentencia era correcta y legal, esta corte debía confirmarla y fijar la fecha para su ejecución. Ya se ha dicho bastante para mos-trar que esta corte no podía adoptar otro procedimiento. De la prueba aparece la comisión de un delito de asesinato atroz y a sangre fría, siendo difícil que haya otro que pueda compararse con el mismo. Si hay consideraciones que puedan alegarse en favor de la concesión de elemeneia y perdón en este caso, esta corte no puede tenerlas en cuenta. Es obligación del departamento ejecutivo en donde reside el poder de perdonar o conmutar. Esta corte únicamente considera los autos y la ley. El veredicto del jurado está completamente sostenido por la prueba. No hubiera podido llegarse a otro veredicto por jura-dos que tengan en cuenta sus obligaciones con arreglo a la ley y el juramento que ban prestado. ’ ’
Miller v. State, 29 Pac., 139.

Las sentencias en el caso de New York están de acnerdo con estas apreciaciones y en nna de ellas se dijo:

“En un caso de pena capital no se revocará el veredicto que haya sido dictado sobre los hechos a menos que la corte de apelación sea de opinión que dichos hechos no fueron debidamente tomados en con-sideración, o que los mismos no justificaban el veredicto. La refe-rencia que se haga en una instrucción en un caso de asesinato a la alegación de defensa propia, como una en la que se funda el acusado para obtener un veredicto absolutorio, no es un motivo para que se conceda un nuevo juicio. El error que cometa la corte al referirse a. la prueba con respecto al cual no se ha llamado su atención en el juicio, no es un fundamento para la revocación de la sentencia, espe-cialmente cuando se ha llamado la atención al jurado de que el mismo puede corregir cualquier opinión errónea que haya formado la corte con respecto a las declaraciones y que la prueba, según se ha hecho referencia a la misma no varía sustancialmente de la que se presentó durante el juicio.” People v. Fitzhum, 137 N. Y. Ct. of App. Rep., 581.

En el presente caso los hechos según fueron confesados por el acusado demuestran la comisión de un delito de ase-sinato voluntario, deliberado y a sangre fría en la persona de un amigo por un supuesto agravio; y no hubiera sido posible para el jurado, aun cuando se le hubiera dado una instrucción mas favorable, haber dictado otro veredicto que no hubiera sido el de asesinato en primer grado. La prueba es amplia y abrumadora; y aun cuando de los autos aparecieron algunos errores ligeros de procedimiento, no podríamos, de acuerdo con nuestro estatuto y las anteriores sentencias de este tribunal, hacer ninguna otra cosa que no fuera confirmar la sen-tencia condenatoria. (El Pueblo v. Caleros, fallado en 12 de febrero de 1912, en el que se cita el caso del Pueblo v. Clemison, 250 Ill., 135; 95 No. East., 157.)

Por consiguiente, habiéndose llegado a los fines de la jus-ticia con este veredicto, la sentencia dictada por la sección 2a. de la Corte de Distrito de San Juan, en 13 de noviembre de 1911, debe ser confirmada en todas sus partes.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.,