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text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Samuel Encarnación Reyes, peticionario.

      Número: CC-2013-0393

      Resuelto: 20 de junio de 2014

      Daphne M. Cordero Guilloty, procuradora general auxiliar, y Tanaira Padilla Rodríguez, subprocuradora general, abogadas de El Pueblo de Puerto Rico, parte recurrida; Wanda Tamara Castro Alemán, de la Sociedad para la Asistencia Legal, abogada de la peticionaria.
   SENTENCIA

El Tribunal de Apelaciones revocó una decisión interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia y ordenó que se permita que el señor Jonathan Cruz Reyes testifique en la vista preliminar contra el peticionario, Samuel Encarnación Reyes.

En desacuerdo, el peticionario presentó una petición de certiorari ante este Tribunal. El 28 de junio de 2013 expedimos el auto solicitado. Con el beneficio de la comparecencia del peticionario y de la Procuradora General, resolve-mos, siguiendo lo resuelto en Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913 (2009), que el Tribunal de Apelaciones erró al expedir el auto de presentado por la Procuradora General y resolver en los méritos un incidente interlocutorio de la vista preliminar.

Por consiguiente, revocamos el dictamen del Tribunal de Apelaciones y devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina, para la continuación de la vista preliminar.

Lo acordó y ordena el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal. El Juez Asociado Señor Martínez Torres emitió una opinión de conformidad, a la cual se unió el Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón. La Jueza Presidenta Señora Fiol Matta hizo constar que disiente de la Sentencia del Tribunal por las razones expuestas en la opinión disidente emitida por el Juez Presidente Señor Hernández Denton en el caso Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913, 930 (2009). La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez hizo constar que disiente por los fundamentos expuestos en su opinión concurrente y disidente en Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913 (2009) (Rodríguez Rodríguez, J., opinión concurrente y disidente).

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Opinión de conformidad emitida por el

Juez Asociado Señor Martínez Torres, a la cual se unió el Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón.

Este caso nos brinda la oportunidad de considerar si procede un recurso de certiorari para revisar una determinación interlocutoria emitida durante una vista preliminar. Escribo por separado para reafirmar y dejar claro que, de acuerdo con la norma de Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913 (2009), el Ministerio Público tiene que agotar la vista preliminar en alzada antes de acudir vía certiorari al Tribunal de Apelaciones para revisar una estricta cuestión de derecho.

I

El 20 de diciembre de 2012, el Ministerio Público presentó cuatro denuncias en contra del peticionario Samuel Encarnación Reyes. Se le imputó entrar a la residencia de la Sra. Taisha Santiago Santiago y propinarle múltiples heridas en diferentes partes del cuerpo con un arma blanca hasta causarle la muerte. El 21 de diciembre de 2012, se determinó causa probable para el arresto del señor Encarnación Reyes por violaciones a los Artículos 93, 195 y 285 del Código Penal, 33 LPRA sees. 5142, 5265 y 5378, y al Art. 5.05 de la Ley de Armas, Ley Núm. 2000-404, 25 LPRA sec. 458d. El foro primario le impuso una fianza de $1,500,000 por el delito de asesinato en primer grado y $80,000 por cada uno de los delitos restantes. El peticionario Encarnación Reyes no prestó la fianza.

La vista preliminar se fijó para el 10 de enero de 2013. Ese día, el Ministerio Público manifestó que estaba preparado con los testigos presentes, los agentes Madeline Asencio Márquez y Luis Sánchez Rodríguez. Sin embargo, la vista se suspendió porque la defensa no estaba preparada y, por tal razón, se pautó para el 7 de febrero de 2013. Esa segunda vista también se suspendió.

Finalmente, el 8 de marzo de 2013, llamado el caso, el Ministerio Público manifestó que estaba preparado para celebrar la vista preliminar y que presentaría como testigos a Naomi Díaz, y a los agentes Madeline Asencio Márquez, José Bellavista Ruiz y Luis Sánchez Rodríguez. Luego de juramentar los testigos, el desfile de la prueba comenzó con el testimonio del agente Sánchez Rodríguez.

El agente Sánchez Rodríguez describió la escena del crimen y declaró que, como parte de su investigación, visitó la residencia del Sr. Jonathan Cruz Reyes, hermano del peticionario. El agente testificó que el señor Cruz Reyes autorizó a la Policía a entrar en su residencia y que allí ocuparon varias piezas de evidencia. En ese momento, la defensa presentó una objeción y argumentó que esa parte del testimonio constituía prueba de referencia. La defensa indicó que el señor Cruz Reyes, aunque era un testigo anunciado del Ministerio Público, no estaba presente en la vista ni se le había tomado juramento. El foro primario declaró “con lugar” la objeción presentada por la defensa y no permitió las manifestaciones del agente Sánchez Rodríguez sobre el particular.

Después que terminó el testimonio del agente Sánchez Rodríguez, la defensa solicitó tiempo para prepararse para el correspondiente contrainterrogatorio. El foro primario declaró “con lugar” la solicitud y señaló la continuación de la vista para el 15 de marzo de 2013. Ante ese escenario, el Ministerio Público solicitó que se citara al señor Cruz Reyes para que compareciera a la continuación de la vista. El foro primario resolvió que, dado que la vista había comenzado y no se había presentado solicitud alguna de auxilio al tribunal para garantizar la comparecencia del testigo, no admitiría el testimonio del señor Cruz Reyes.

El 15 de marzo de 2013, el Ministerio Público indicó que el señor Cruz Reyes estaba en la sala y solicitó que se le tomara el juramento para que pudiera testificar. El foro primario declaró “sin lugar” la solicitud del Ministerio Público y concluyó que no podía permitir que, luego de haber hecho una determinación de exclusión de evidencia por no estar presente un testigo, se añadiera ese testigo al proceso para subsanar la omisión.

Inconforme, la Procuradora General presentó una solicitud de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones y una moción en auxilio de jurisdicción para paralizar los procedimientos. Argumentó, en síntesis, que el foro primario abusó de su discreción al no permitir el testimonio del señor Cruz Reyes. Por su parte, el peticionario alegó que el foro apelativo intermedio no tenía jurisdicción para atender la controversia, ya que el recurso de certiorari solo estaba disponible para revisar una determinación final de una vista preliminar en alzada.

El Tribunal de Apelaciones paralizó los procedimientos y, sin expresarse con relación a su jurisdicción, expidió el auto de certiorari. De esta manera, consideró la controversia en sus méritos y revocó el dictamen del foro primario. Resolvió que no existía ningún precepto legal que prohibiera al Ministerio Público solicitar el juramento de un testigo previamente incluido en una denuncia, aun cuando ese testigo no estuvo presente al inicio del procedimiento.

En desacuerdo, el peticionario Encarnación Reyes presentó una petición de certiorari ante este Tribunal. El 28 de junio de 2013, expedimos el auto solicitado. Con el beneficio de la comparecencia del peticionario Encarnación Reyes y de la Procuradora General, resolvemos a favor del primero.

r—H I—I

La Regla 23 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, exige celebrar una vista preliminar en todos los casos de delito grave. Como hemos expresado, el propósito principal de la vista preliminar es “evitar que una persona sea sometida injustificadamente a los rigores de un proceso penal”. Pueblo v. Rivera Vázquez, 177 DPR 868, 875 (2010). Véase, además, Pueblo v. Rivera Cuevas, 181 DPR 699, 706 (2011). Así, su objeto central no es hacer una adjudicación en los méritos en cuanto a la culpabilidad o inocencia del imputado, sino evitar que se someta a una persona de forma arbitraria e injustificada a los rigores de un proceso criminal. Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 DPR 653, 663 (1985).

Hemos afirmado que la vista preliminar “posee los rasgos de un modelo procesal híbrido que permite evaluar, tanto la validez del arresto, como las probabilidades de que la persona sea culpable del delito grave que se le imputa”. Pueblo v. Rivera Vázquez, supra, pág. 875. Véase, además, Pueblo en interés menor K.J.S.R., 172 DPR 490 (2007). En esta etapa del procedimiento, sin embargo, no se hace una adjudicación en los méritos sobre la culpabilidad de la persona imputada. Hemos repetido en varias ocasiones que “[n]o se trata de un ‘mini juicio’ ”. Pueblo v. Rivera Cuevas, supra, pág. 706; Pueblo v. Rivera Vázquez, supra, pág. 876. En el pasado, aclaramos que basta con que el Ministerio Público presente “una scintilla de evidencia en la cual apoyar una determinación prima facie de que se cometió un delito y que con toda probabilidad el imputado lo cometió”. Pueblo v. Rivera Cuevas, supra, pág. 706. Véanse, además: Pueblo v. Andaluz Méndez, 143 DPR 656, 662 (1997); Pueblo v. Rodríguez Aponte, supra, pág. 664.

Si un magistrado determina que no existe causa probable para acusar por una insuficiencia de prueba que demuestre que se cometió un delito o que el imputado lo cometió, el Ministerio Público puede elegir uno de dos cursos de acción posibles: desistir de procesar al individuo o recurrir en una vista preliminar en alzada ante otro magistrado. Véanse: Pueblo en interés menor K.J.S.R., supra; Pueblo v. García Saldaña, 151 DPR 783, 791 (2000); Pueblo en interés menor G.R.S., 149 DPR 1 (1999).

La vista preliminar en alzada es una audiencia de novo, totalmente independiente y distinta de la primera. Pueblo v. Cruz Justiniano, 116 DPR 28, 30 (1984). Sin embargo, hemos enfatizado que la vista preliminar inicial y la vista preliminar en alzada “son partes de un mismo y continuo proceso judicial”. Pueblo v. Vallone, Jr., 133 DPR 427, 433 (1993). De hecho, el propósito de la vista en alzada “está centrado en brindarle al Estado una segunda oportunidad para conseguir una determinación favorable de causa para [...] acusar, con la misma u otra prueba distinta a la que se ofreció en la vista original”. Pueblo v. Sustache Sustache, 176 DPR 250, 275 (2009).

Ahora bien, la determinación emitida tras la vista en alzada, ya sea la inexistencia de causa por insuficiencia de la prueba o la existencia de causa probable por un delito distinto o inferior al imputado, es final y no es revisable ante un foro de mayor jerarquía. Pueblo v. Ríos Alonso, 149 DPR 761 (1999); Pueblo v. Rodríguez Ríos, 136 DPR 685 (1994). Solo se puede revisar por certiorari, y a modo de excepción, cuando la determinación de no causa probable para acusar se funda en cuestiones estrictamente de derecho, desvinculadas de la apreciación de la prueba que fue presentada para demostrar la comisión del delito. Pueblo en interés menor K.J.S.R., supra; Pueblo v. Rivera Alicea, 150 DPR 495, 499-500 (2000); Pueblo v. Cruz Justiniano, supra.

En Pueblo v. Díaz de León, supra, enfatizamos la naturaleza excepcional del recurso de certiorari en el contexto de una vista preliminar. En específico, aclaramos que “[e]l certiorari sigue siendo un recurso discrecional y los tribunales debemos utilizarlo con cautela y por razones de peso”. Id., pág. 918. Destacamos que el recurso de certiorari “debe limitarse a aquellos casos en que la ley no provee un remedio adecuado para corregir el error”. Id. Por eso, resolvimos que “[a]tender un caso mediante el mecanismo de certiorari ex-traordinario antes de agotar los remedios que proveen las Reglas de Procedimiento Criminal y sin contar con razones de gran peso, no es cónsono con las características del recurso”. Id., págs. 919-920. Así, expresamos que la norma de “recurrir mediante un certiorari en lugar de acudir a una vista preliminar en alzada [...] no es consecuente con el principio básico de que el certiorari no procede cuando existe otro recurso legal que protege rápida y eficazmente los derechos de la parte peticionaria”. Id., pág. 920, citando a Pueblo v. Tribl. Superior, 81 DPR 763, 771 (1960). Por eso, resolvimos que “el mecanismo procesal extraordinario del certiorari [procede] después de agotar el remedio de la vista en alzada”. Pueblo v. Díaz de León, supra, pág. 921.

III

El peticionario Encarnación Reyes alega que no procede expedir un auto de certiorari para revisar una determinación interlocutoria emitida durante la vista preliminar. Tiene razón.

Primero, el Ministerio Público tiene diversos mecanismos legales, aparte del certiorari, para obtener el resultado que busca. El objetivo principal del Ministerio Público en la vista preliminar es que se determine causa probable para juicio y, de esa forma, obtener la autorización para presentar el pliego acusatorio correspondiente. Pueblo v. Díaz de León, supra, pág. 921. Véase, además, E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Bogotá, Ed. Forum, 1993, Vol. III, págs. 35-40. Todavía el Ministerio Público no sabe si logrará su objetivo en este caso, pues la vista preliminar no ha terminado. Si la Fiscalía no logra que se declare causa probable durante la vista preliminar inicial, ya sea porque el tribunal no permite que el testigo declare o por cualquier otra razón, siempre está disponible el mecanismo de la vista preliminar en alzada. En esa vista, el fiscal tendrá una segunda oportunidad para obtener un resultado favorable y podrá presentar prueba nueva, incluyendo al testigo excluido. Véase Pueblo v. Ríos Alonso, supra, pág. 769. Por eso, el recurso de certiorari en esta etapa de los procedimientos resulta prematuro.

Segundo, si permitiéramos la revisión vía certiorari de cada incidente interlocutorio en la vista preliminar, convertiríamos esa vista en un verdadero mini juicio. Hemos enfatizado que esa no es la naturaleza de la vista preliminar. Pueblo v. Rivera Cuevas, supra, pág. 706. Además, la vista preliminar es “un procedimiento especialmente regulado, con una finalidad esencial al ordenado y rápido curso del procedimiento criminal”. Pueblo v. Opio Opio, 104 DPR 165, 171 (1975). La expedición del recurso de certiorari en la etapa que solicitó el Ministerio Fiscal dilataría innecesariamente los procesos penales.

La Procuradora General alega que el recurso de certiorari es necesario en este caso para asegurar el testimonio bajo juramento del señor Cruz Reyes en la vista preliminar por si, dada su relación de parentesco con el imputado, no estuviera disponible para testificar en las siguientes eta-pas del proceso. Su argumento no nos persuade. Las Reglas de Procedimiento Criminal proveen varios mecanismos, más certeros y adecuados que el que propone la Procuradora General, para asegurar el testimonio bajo juramento del señor Cruz Reyes. En específico, la Regla 235 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, “autoriza a los magistrados a expedir citaciones para la comparecencia y examen bajo juramento de testigos ante sí para los trámites de determinación de causa probable, para el acto del juicio o para cualquier procedimiento pendiente de vista”. Meléndez, F.E.I., 135 DPR 610, 617 (1994). Además, la regla establece que “[e]l juez de cualquier tribunal podrá ex-pedir [...] citación para la comparecencia de cualquier testigo ajuicio, a la toma de su deposición o a cualquier vista”. Regla 235 de Procedimiento Criminal, supra. Basta con que el Ministerio Público “provea al tribunal el nombre y dirección [...] de[l] testigo” y “será deber del tribunal, prontamente, expedir u ordenar al secretario del tribunal que expida la citación”. íd. Véase, además, Pueblo v. González Rivera, 132 DPR 517, 521-522 (1993).

Además, la Regla 238 de Procedimiento Criminal, 34 LPRAAp. II, dispone que si “[c]ualquiera de las partes estableciere [...] que existe fundado temor de que algún testigo en una causa criminal dejará de comparecer a declarar a menos que se le exija fianza, el magistrado [...] ordenará al testigo que preste fianza”.

Por último, la Procuradora General sostiene que Pueblo v. Díaz de León, supra, no es aplicable a este caso. Arguye que la norma allí pautada aplica solamente cuando se pretende revisar una determinación final de “no causa probable”, mas no cuando se trata de una cuestión interlocutoria. No tiene razón. No es lógico afirmar que no se puede revisar por certiorari el dictamen de la vista preliminar inicial, pero sí se puede presentar un certiorari para revisar incidentes interlocutorios de esa misma vista. En Pueblo v. Díaz de León, supra, pág. 921, fuimos claros al resolver que el Ministerio Público puede utilizar “el mecanismo procesal ex-traordinario del certiorari después de agotar el remedio de la vista en alzada”. En este caso ni siquiera se ha agotado la vista preliminar inicial. Además, aparte de lo ya discutido, la Procuradora General no apuntó a ninguna otra razón de gran peso para que el Tribunal de Apelaciones expidiera el recurso de certiorari. íd., pág. 918.

Por todo lo anterior, concluimos que no procede un auto de certiorari para revisar un incidente interlocutorio de la vista preliminar. De no lograr un dictamen favorable de causa probable para juicio, el Ministerio Público aún tiene disponible la vista preliminar en alzada. Por otro lado, también tiene a su disposición varios mecanismos dispuestos en las Reglas de Procedimiento Criminal para asegurar el testimonio bajo juramento del señor Cruz Reyes. En conclusión, el Tribunal de Apelaciones erró al expedir el auto de certiorari presentado por la Procuradora General y resolver la controversia en los méritos.

IV

Abase de los fundamentos esbozados, procede revocar el dictamen del Tribunal de Apelaciones y devolver el caso al Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina, para la continuación de la vista preliminar.


author: per curiam:

text:
      In re Paolo J. Pérez Román, querellado.

      Números: AB-2012-319 AB-2013-211

      Resueltos: 20 de junio de 2014

      AB-2012-319:

    Resolución de Emmalind García, Aleida Varona Méndez y María del C. Gómez Córdova, Js. del Tribunal de Apelaciones, en el caso El Pueblo de Puerto Rico v. Osvaldo Báez Alicea, KLAN201101924, mediante la cual se refirió al Tribunal Supremo la conducta del Ledo. Paolo J. Pérez Román por una posible infracción a los cánones del Código de Etica Profesional.

      AB-2013-211:

    Segunda Notificación de la Subsecretaría del Tribunal Supremo de 8 julio de 2013 mediante la cual se le concedió al licenciado Pérez Román diez días para que contestara la queja presentada en su contra. Se suspende indefinidamente al licenciado Pérez Román del ejercicio de la abogacía y la notaría.

   per curiam:

Hoy, nuevamente, nos encontramos en la necesidad de ejercer nuestra facultad disciplinaria en contra de un miembro de la profesión legal por su incumplimiento con los requerimientos de este Tribunal. A pesar de las oportunidades concedidas, nos vemos en la obligación de imponer la más severa de las sanciones por una conducta que es temeraria y constituye un desafío.

I

El Ledo. Paolo J. Pérez Román (en adelante licenciado Pérez Román) fue admitido al ejercicio de la abogacía el 23 de agosto de 2005 y a la notaría el 14 de septiembre de 2005.

Queja AB-2012-319

Mediante Resolución emitida el 20 de agosto de 2012 en El Pueblo de Puerto Rico v. Osvaldo Báez Alicea, KLAN201101924, el Tribunal de Apelaciones refirió ante nuestra consideración la conducta del licenciado Pérez Román por posible infracción a los Cánones del Código de Etica Profesional. Este Tribunal, mediante Resolución de 20 de septiembre de 2012, le concedió un término de veinte (20) días para expresarse sobre el asunto traído ante nuestra consideración. Ante el incumplimiento del licenciado Pérez Román con nuestra Orden, el 25 de octubre de 2012 emitimos una Resolución en la que le concedimos un término final de diez (10) días para que cumpliera con nuestra Resolución de 20 de septiembre de 2012.

El 28 de junio de 2013 le concedimos un término final de veinte (20) días para que cumpliera con nuestras Resoluciones. Dicha Resolución fue notificada al licenciado Pérez Román personalmente.

Queja AB-2013-211

Mediante Carta Certificada, la Subsecretaría del Tribunal emitió una comunicación para al licenciado Pérez Román en la que le concedió un término de diez (10) días para que contestara la Queja presentada en su contra. El 8 de julio de 2013, se le envió una segunda notificación y este no compareció.

Así las cosas, el 12 de septiembre de 2013, emitimos una Resolución en la que le concedimos un término final de cinco (5) días para que compareciera ante este Tribunal y contestara la Queja presentada. En la misma, le apercibimos que su incumplimiento podría conllevar sanciones severas, incluso la suspensión del ejercicio de la abogacía. Dicha Resolución fue notificada personalmente. El licenciado Pérez Román ha incumplido con el petitorio cursado.

II

El Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRAAp. IX, dispone que todo abogado deberá observar una conducta que se caracterice por el mayor respeto y diligencia hacia los tribunales. La naturaleza de la función de abogado requiere de una escrupulosa atención y obediencia a las órdenes de este Tribunal, particularmente cuando se trata de procedimientos sobre su conducta profesional. In re De León Rodríguez, 190 DPR 378 (2014); In re García Incera, 177 DPR 329 (2009); In re Colón Rivera, 165 DPR 148 (2005). Reiteradamente, hemos señalado que desatender las órdenes judiciales constituye un serio agravio a la autoridad de los tribunales e infringe el Canon 9. In re García Incera, supra; In re Maldonado Rivera, 147 DPR 380 (1999). A su vez, hemos advertido que procede la suspensión del ejercicio de la profesión cuando un abogado no atiende con diligencia nuestros requerimientos y se muestra indiferente ante nuestros apercibimientos de imponerle sanciones disciplinarias. In re Colón Olivo, 187 DPR 659 (2013); In re Marrero García, 187 DPR 578 (2012); In re Betancourt Medina, 183 DPR 821 (2011); In re García Incera, supra; In re Ríos Rodríguez, 172 DPR Ap. 1075 (2007); In re Lloréns Sar, 170 DPR 198 (2007).

Aun cuando apercibimos al licenciado Pérez Román de que se le podrían imponer sanciones disciplinarias severas, incluso la suspensión del ejercicio de la profesión, este ha hecho caso omiso.

III

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam que antecede, la cual se hace formar parte de la presente Sentencia, se suspende indefinidamente del ejercicio de la abogacía y la notaría al licenciado Pérez Román. Se le impone el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para continuar representándolos, devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos. Además, tiene la obligación de acreditar ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de treinta (30) días a partir de la notificación de esta Opinión Per Curiam y Sentencia.

Por último, el Alguacil de este Tribunal deberá incautar la obra y el sello notarial del licenciado Pérez Román y entregar todo a la Oficina del Director de Inspección de Notarías para la correspondiente investigación e informe.

Se dictará Sentencia de conformidad.


author: Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez. Juez Asociado Señor Martínez Torres.

text:
    Doral Financial Corporation, Doral Bank, Doral Mortgage LLC, Doral Insurance Agency, Inc. y Doral Properties, Inc., peticionarios, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Departamento de Hacienda y Hon. Melba Acosta Febo, en su capacidad oficial de Secretaria del Departamento de Hacienda, recurridos.

      Número: CT-2014-0006

      Resuelto: 20 de junio de 2014

      Carlos Rivera Vicente, Rafael Nadal Arcelay, Anthony Murray-Steffens y Ramón L. Rosario Cortés, de Cando, Nadal, Rivera & Díaz, RS.C., abogados de la parte peticionaria; Margarita Echegaray, procuradora general, abogada de la parte recurrida; Laureana Pérez Pérez, jueza superior, en Comparecencia Especial.
   RESOLUCIÓN

Examinado el Recurso de Certificación Intrajurisdiccional y la Moción en Auxilio de Jurisdicción, en esta etapa de los procedimientos, “no ha lugar” a ambas.

Sin embargo, debido a los intereses apremiantes de todas las partes, instamos al Tribunal de Apelaciones a disponer del recurso ante su consideración en o antes del 26 de junio de 2014. No debe existir controversia con relación a que en el caso de autos, el foro apelativo intermedio tiene jurisdicción para atender el recurso de apelación presentado por Doral Financial Corporation. Nótese que la solicitud de reconsideración ante el Tribunal de Primera Instancia fue presentada luego de que Doral presentara su recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. La moción de reconsideración fue presentada el 18 de junio de 2014 a las 3:27 de la tarde, mientras que la apelación fue presentada ese mismo día a las 8:55 de la mañana. La Regla 18 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones dis-pone claramente que “[u]na vez presentado el escrito de apelación, se suspenderán todos los procedimientos en el Tribunal de Primera Instancia respecto a la sentencia, o parte de la misma [...]”. 4 LPRAAp. XXII-B. Véanse, además: Regla 52.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRAAp. V; Lagares v. E.L.A., 144 DPR 601 (1997).

Notifíquese inmediatamente por teléfono, facsímil y por la vía ordinaria.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Señora Fiol Matta proveería “no ha lugar”. La Jueza Asociada Señora Rodríguez Rodríguez emitió un voto particular disidente. El Juez Asociado Señor Martínez Torres emitió un voto particular disidente. El Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón se inhibió.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Voto particular disidente emitido por la

Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

Me veo forzada a disentir nuevamente en este caso porque no logro comprender a qué obedece la prisa injustificada de este Tribunal. Nuevamente, nos involucramos en el manejo de un caso en un foro inferior, pautándole el término que tiene para resolver una controversia que, según aceptan todas las partes, es compleja. Esta tendencia hacia la microgerencia de este pleito no es saludable y arroja sombras sobre el litigio, y, más pernicioso aún, contribuye a conculcar los derechos de las partes a un proceso justo e imparcial.

En esta ocasión, le ordenamos al foro apelativo intermedio que, en el plazo de menos de una semana, resuelva la apelación presentada ante su consideración. Ello, a pesar de que ese foro no tiene jurisdicción para revisar el dictamen de instancia hasta tanto el foro primario atienda y resuelva una moción de reconsideración que el Estado presentó ante él. Así lo dispone expresamente la Regla 47 de Procedimiento Civil y así lo hemos resuelto en innumerables ocasiones. 32 LPRA Ap. V. Véanse: Morales y otros v. The Sheraton Corp., 191 DPR 1 (2014); Plan Salud Unión v. Seaboard Sur. Co., 182 DPR 714 (2011); Insular Highway v. A.I.I. Co., 174 DPR 793 (2008). Desconozco a base de qué artilugio judicial este Foro puede investir con jurisdicción al foro apelativo intermedio cuando la Asamblea Legislativa ha dispuesto todo lo contrario, como también desconozco si la normativa antes mencionada ha sido revocada hoy.

El hecho de que el recurso que se presentó ante nosotros sea una certificación, no varía el resultado. Esto, porque el recurso que pende ante el foro de apelaciones (y que ordenamos que se atienda en o antes del 26 de junio) es una apelación. Como vimos, el foro apelativo no tiene jurisdicción para atender la apelación, habida cuenta de que hay pendiente una moción de reconsideración ante el Tribunal de Primera Instancia. Además, considerando que este Tribunal no ha expedido la solicitud de certificación, quedo en un estado de perplejidad, incertidumbre y duda con respecto a qué es lo que el foro apelativo intermedio tiene que considerar. ¿Es que estamos, sin decirlo, expidiendo la certificación y delegando nuestra jurisdicción al foro intermedio apelativo para que resuelva la certificación? Confieso mi confusión ante la anomalía procesal generada en este caso.

Por su parte, no hay duda que la Secretaria de Hacienda está facultada en ley para cerciorarse de que los acuerdos suscritos en su agencia cumplen, como mínimo, con las nor-mas de la agencia. Suscribir un acuerdo o dejar sin efecto un acuerdo es de la esencia de la gestión administrativa de un jefe de agencia. La controversia en este caso se centra sobre la validez de las representaciones que Doral Financial Corporation realizó al Departamento de Hacienda sobre alegados pagos de contribuciones en exceso que le hacen acreedora a un crédito de sobre $200 millones. Se alega que fue precisamente en virtud de esas representaciones que el Departamento de Hacienda suscribió el acuerdo contributivo con Doral.

Al evaluar la validez del acuerdo, según esas representaciones, el Departamento de Hacienda entendió que los pagos de contribuciones en exceso a los cuales se refirió Doral Financial Corporation no son de Doral Financial Corporation sino de otra entidad distinta, por lo que ésta no podía atribuirse tal pago. Ello llevó al Departamento de Hacienda a concluir preliminarmente que el acuerdo suscrito era nulo ya que Doral Financial Corporation no le demostró el pago en exceso de contribución que alega ocurrió.

Así las cosas, el Departamento de Hacienda notificó a Doral Financial Corporation que su determinación sobre nulidad del acuerdo “advendrá final” en un término de 30 días, pero si dentro de ese término el contribuyente “objet[a] o protest [a]” ante la Secretaría Auxiliar de Procedimiento Adjudicativo, se procederá a “designar un examinador para el trámite de la vista administrativa correspondiente”, cuya determinación podrá ser apelada por el contribuyente.

Estamos ante un proceso administrativo de una agencia de gobierno, por lo que la determinación del Departamento de Hacienda no es final hasta tanto concluya el trámite administrativo. Por ser una determinación no final de una agencia administrativa, no procede acudir al tribunal pues éste no tiene jurisdicción. Véanse: Colón v. Méndez, Depto. Recursos Naturales, 130 DPR 433 (1992); Mercado Vega v. UPR, 128 DPR 273 (1991); Rivera v. E.L.A., 121 DPR 582 (1988). Doral Financial Corporation, como cualquier contribuyente, tiene la obligación de agotar los remedios administrativos de la agencia antes de acudir al Tribunal. En vez, Doral Financial Corporation corrió al Tribunal de Primera Instancia en una sentencia declaratoria e, igualmente, corrió ante este Tribunal mediante solicitud de certificación. Ni la sentencia declaratoria ni una petición de certificación se pueden utilizar como subterfugio para soslayar principios arraigados de agotamiento de remedios administrativos.

Aquí lo que procede es, precisamente, lo que determinó el foro primario. El Departamento de Hacienda debe, a la brevedad posible, designar un examinador independiente para que evalúe los reclamos de Doral Financial Corporation y la posición del Departamento de Hacienda. Estamos ante una controversia contributiva compleja que requiere de un expertise particular, lo que aconseja que sea el foro administrativo quien dilucide, en primera instancia, los reclamos de las partes.

Por estas razones, no tengo otra alternativa que disentir de la decisión que hoy se anuncia. En su lugar, proveería un “no ha lugar”, sin más, a la petición de certificación.

Voto disidente emitido por el

Juez Asociado Señor Martínez Torres.

Disiento respetuosamente del curso seguido en la Resolución del Tribunal que precede. La sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia es contradictoria en varios extremos y debemos revocarla. La desestimación incorrecta que decretó el foro primario, sin celebrar una vista evidenciaría como se esperaba, y la patente alegación de daño irreparable que hace Doral Financial, configuran los elementos necesarios para expedir el auto de certificación y preterir el trámite ante el foro apelativo intermedio. AMPR et als. v. Sist. Retiro Maestros IV, 190 DPR 854 (2014); Alvarado Pacheco y otros v. ELA, 188 DPR 594 (2013); Mundo Ríos v. CEE, 187 DPR 200, 206 (2012). La posibilidad de perder $239,000,000 de activos es indicio de un daño irreparable de patente intensidad.

La Sentencia Parcial del foro primario —Apéndice, pág. 47— indica que no tiene jurisdicción para atender la reclamación de este caso porque el vehículo de la sentencia declaratoria no permite ventilar controversias de hechos. Esa conclusión es incorrecta.

La sentencia declaratoria es un remedio que se dicta cuanto existe una controversia sustancial entre partes con intereses legales adversos con el propósito de disipar la incertidumbre jurídica. R. Hernández Colon, Derecho procesal civil, 5ta ed., San Juan, LexisNexis, 2010, See. 6001, pág. 560. La Regla 59.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, establece que el remedio de la sentencia declaratoria permite declarar derechos, estados y otras relaciones jurídicas, aunque existan otros remedios disponibles, y que tiene como efecto una decisión judicial sobre cualquier divergencia en la interpretación de la ley.

La Regla 59.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, establece que

[t]oda persona interesada en Tina escritura, un testamento, un contrato escrito u otros documentos constitutivos de contrato, o cuyos derechos, estado u otras relaciones jurídicas fuesen afectados por un estatuto, una ordenanza municipal, un contrato o una franquicia, podrá solicitar una decisión sobre cualquier divergencia en la interpretación o validez de dichos estatutos, ordenanzas, contrato o franquicia, y además que se dicte una declaración de los derechos, estados u otras relaciones jurídicas que de aquéllos se deriven. Un contrato podrá■ ser interpretado antes o después de haber sido infringido. (Énfasis suplido).

La Resolución que este Tribunal emitió el 6 de junio de 2014 fue diáfana en establecer que era conveniente y necesario que el Tribunal de Primera Instancia celebrara una vista evidenciaría en o antes del 12 de junio de 2014. Ni las Reglas de Procedimiento Civil ni nuestra jurisprudencia en esa área prohíben que en una acción de sentencia declaratoria se adjudiquen hechos. Por ejemplo, en Delgado Rodríguez v. Rivera Siverio, 173 DPR 150 (2008), este Tribunal revisó la corrección de una sentencia declaratoria que atendía una controversia contractual, como en este caso. Una lectura detenida de esa Opinión revela que el foro primario dirimió controversias de hechos. Id. Véase, además, J. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, 2da ed., San Juan, Pus. JTS, 2011, T. V, pág. 1789.

En este caso no había ninguna razón válida para que el Tribunal de Primera Instancia se negara a recibir prueba. Por el contrario, nuestra Resolución señaló la necesidad de celebrar una vista evidenciaría. Tal parece que al foro primario le incomodó el calendario que este Foro sugirió. Véase Sentencia parcial, Apéndice, pág. 34.

Por otra parte, la Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia, —Apéndice, pág. 46— expresa que “no existe jurisprudencia federal o local que interprete la jurisdicción del Tribunal para decretar la validez del acuerdo contributivo [...]”. Al parecer, el foro primario olvidó que es un tribunal de jurisdicción general y podía entender en cualquier acción que presentara una controversia legítima. Clases A, B y C v. PRTC, 183 DPR 666, 686 (2011); Mun. Arecibo v. Mun. Quebradillas, 161 DPR 109, 114 (2004); Junta Dir. Cond. Montebello v. Fernández, 136 DPR 223, 230 (1994).

En este caso no se interesa revisar una determinación administrativa del Departamento de Hacienda. Este caso trata de determinar la invalidez de un contrato suscrito por las partes. Contrario a lo que expresa el foro primario, aquí no hay que dilucidar de novo la cantidad de un sobrepago o el examen de libros de Doral Financial. La See. 6051.07 del Código de Rentas Internas, 13 LPRA see. 33207, limita las circunstancias en las que se puede reabrir un acuerdo final, a saber, que se demuestre fraude, engaño o falseamiento de un hecho pertinente.

Obra en autos un Acuerdo Final entre el Departamento de Hacienda y Doral Financial que goza de una presunción de finalidad conforme la Sec. 6051.07, que establece:

(a) Facultad.—El Secretario o su representante autorizado queda facultado para formalizar un acuerdo por escrito con cualquier persona relacionado a la responsabilidad de dicha persona, o de la persona o sucesión a nombre de quien actúe, con respecto a cualquier contribución impuesta por este Código para cualquier período contributivo.

(b) Finalidad.—Dicho acuerdo, una vez formalizado, será final y concluyente y, excepto cuando se demostrare fraude o engaño, o falseamiento de un hecho pertinente:

(1) El caso no será reabierto en cuanto a las materias acordadas ni el acuerdo modificado por funcionario, empleado o agente alguno del Gobierno de Puerto Rico, y

(2) dicho acuerdo, o cualquier determinación, tasación, co-bro, pago, reducción, reintegro o crédito hecho de conformidad con el mismo, no serán anulados, modificados, dejados sin efecto o ignorados en litigio, acción o procedimiento alguno.

(c) Penalidades.—Las penalidades por violaciones con respecto a acuerdos finales están contenidas en la Sección 6030 de este título. 13 LPRA see. 33207.

Como dice la citada Sec. 6051.07, ningún funcionario puede anular, reabrir ni modificar el acuerdo unilateralmente. Para ello, primero tiene que demostrar que hubo fraude, engaño o falseamiento de un hecho pertinente. Por ende, es el Departamento de Hacienda quien tiene que probarlo. Eso solo se puede demostrar en un tribunal. No hay un procedimiento administrativo estatuido para eso que haya que agotar. Es un contrasentido remitir el caso al Departamento de Hacienda, que es una de las partes contratantes, para que determine si el contrato es válido. Eso es contrario al Art. 1208 del Código Civil, 31 LPRA see. 3373, donde se establece que “OJa validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes”. Le corresponde al Poder Judicial resolver la controversia contractual que presenta este caso. Adorno Quiles v. Hernández, 126 DPR 191 (1990).

En fin, en contra de nuestra insistencia al denegar la primera solicitud de certificación presentada, el Tribunal de Primera Instancia todavía no ha comenzado a recibir prueba para atender los méritos del caso. Aun así, en lugar de insistir en que el sistema de justicia funcione de manera rápida, justa y eficiente, hacemos caso omiso de nuestro pronunciamiento anterior y dejamos que el caso continúe por la vía larga mientras el daño posible se hace cada día más irreparable y la insolvencia de una institución financiera se hace cada día más inminente.

En esta etapa desconozco quién tiene razón en los méritos. Tampoco sé si el daño alegado es producto de las decisiones del Gobierno o de los actos de Doral Financial Corporation. De lo que sí estoy seguro es de que las razones que nos llevaron a expresar que el Tribunal de Primera Instancia debía dilucidar los méritos del caso cuanto antes hoy son más apremiantes que ayer, ante el tiempo que se perdió en esperar que el Tribunal de Primera Instancia emitiera una sentencia que no puede prevalecer. Mientras la prueba en el caso no ha comenzado a verse, en contra de lo que este Tribunal expresó, hoy este Foro concede más tiempo. El plazo que se tome el Tribunal de Apelaciones en decidir, por más corto que sea, es más tiempo que transcurre sin que se presente prueba.

A base de lo anterior, emitiría el auto de certificación, revocaría la sentencia del Tribunal de Primera Instancia y devolvería el caso a ese foro para que se reasigne a otro juez o jueza superior que lo atienda en sus méritos en un plazo breve.


text:
      In re Designación de la Secretaria del Tribunal Supremo.

      Número: EN-2014-02

      Resuelto: 27 de junio de 2014
   RESOLUCIÓN

Se designa Secretaria de este Tribunal a la Hon. Aida Ileana Oquendo Graulau. Ésta ejercerá las funciones propias del cargo y cualquier otra función que le asigne el Tribunal. La presente designación será efectiva tan pronto preste el juramento de toma de posesión de su cargo.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Subsecretaría del Tribunal.

(Fdo.) Camelia Montilla Alvarado

Subsecretaría del Tribunal Supremo


text:
      In re Nombramiento del Alguacil del Tribunal Supremo.

      Número: EN-2014-03

      Resuelto: 27 de junio de 2014
   RESOLUCIÓN

El Tribunal designa al Sr. Miguel Hernández Martínez para ocupar el cargo de Alguacil del Tribunal Supremo, efectivo el 1 de julio de 2014.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re Integración de Salas de Verano.

      Número: ES-2014-02

      Resuelto: 27 de junio de 2014
   RESOLUCIÓN

En conformidad con lo dispuesto en la Regla 4(d) del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRAAp. XXI-B, se constituyen las siguientes Salas de Verano para funcionar durante el receso:

Del 1 de julio al 31 de julio de 2014
Hon. Anabelle Rodríguez Rodríguez, presidenta
Hon. Mildred G. Pabón Charneco
Hon. Edgardo Rivera García
Del 1 de agosto al 31 de agosto de 2014
Hon. Liana Piol Matta, presidenta
Hon. Roberto Feliberti Cintrón
Hon. Maite Oronoz Rodríguez
Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2014
Hon. Rafael L. Martínez Torres, presidente
Hon. Erick V. Kolthoff Caraballo
Hon. Luis F. Estrella Martínez

En caso que sea necesario sustituir a algún juez que no pueda intervenir en algún asunto, se seguirá el procedimiento establecido en la Regla 4(d) del Reglamento del Tribunal Supremo, supra. El Tribunal continuará emitiendo y certificando opiniones y sentencias durante este periodo.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re Frederic Chardón Dubós, querellado.

      Números: AB-2010-0264, AB-2013-0158

      Resueltos: 30 de junio de 2014

      Margarita Mercado Echegaray, procuradora general, Lisa M. Durán Ortiz, procuradora general interina, Yaizamarie Lugo Fontánez, procuradora general auxiliar, Karla Z. Pacheco Alvarado y Tonaira Padilla Rodríguez, subprocuradoras generales; Miguel A. Ponce Ponce, abogado del querellado; Federico Chardón Dubós, pro se.

   per curiam:

Esta Curia ha enfatizado constantemente sobre la obligación que tienen los abogados de cumplir cabalmente con todos los cánones de ética que rigen nuestra profesión. Sin embargo, una vez más nos vemos obligados a suspender a otro miembro de la clase togada del ejercicio de la abogacía y la notaría por incumplir con las órdenes de este Tribunal.

I

El Ledo. Frederic Chardón Dubós (querellado) fue admitido al ejercicio de la abogacía el 18 de noviembre de 1980 y, posteriormente, al ejercicio de la notaría el 23 de noviembre de 1984. Por los fundamentos expuestos a continuación, ordenamos la suspensión inmediata e indefinida del licenciado Chardón Dubós del ejercicio de la abogacía y de la notaría.

El 8 de octubre de 2010 Borinquen Community Federal Credit Union (BCFCU), mediante su gerente, la Srta. Sylvia Ramírez Vádiz, presentó una queja contra el licenciado Chardón Dubós. Alegó que el querellado representó dicha institución en casos de cobro de dinero y fungió como notario en los cierres hipotecarios desde finales de 2006 hasta principios de 2008.

En la queja BCFCU expresó que terminó la relación profesional con el licenciado Chardón Dubós por sus reiterados incumplimientos. Informó que varios casos fueron archivados en los tribunales por su inactividad y su incumplimiento, lo cual produjo grandes pérdidas económicas.

Ahora bien, los hechos que motivaron la queja son los siguientes. El 30 de octubre de 2007 Zebulon Vance Knott y Nancy Black Service otorgaron un pagaré hipotecario de $50,000 a favor de BCFCU ante el licenciado Chardón Dubós. El pagaré hipotecario fue garantizado con hipoteca constituida mediante escritura pública otorgada el mismo día. No obstante, BCFCU argüyó que a pesar de haberle pagado al licenciado los honorarios, sellos y gastos de inscripción en el Registro de la Propiedad (Registro), al momento de la queja la escritura aún no constaba inscrita en el Registro. Así las cosas, BCFCU no contaba con una garantía hipotecaria ni colateral a su favor en caso de incumplimiento de pago de los deudores. Además, la compañía aseguradora de título, San Juan Abstract/Stewart Title Insurance, no había autorizado la expedición del seguro de título a favor de BCFCU por la falta de inscripción de la escritura hipotecaria. Ante esta situación, BCFCU alegó que trató de comunicarse en varias ocasiones con el licenciado Chardón Dubós para que inscribiera la escritura e, incluso, le ofreció la alternativa de hacer la gestión de recoger la copia certificada de la escritura para ellos ir a inscribirla al Registro. El querellado nunca le respondió.

El 25 de octubre de 2010 notificamos al licenciado sobre la queja y le concedimos diez días para que la contestara. Debido a que transcurrió un año sin la comparecencia del querellado, el 19 de octubre de 2011 se le envió una segunda notificación otorgándole nuevamente diez días para que contestara la queja. El 14 de noviembre el licenciado compareció y alegó que había referido el asunto a un abogado y pensaba que se había resuelto la controversia, por lo que solicitó diez días adicionales para contestar la queja. Le concedimos la prórroga.

Finalmente, el 27 de diciembre de 2011 el querellado presentó la contestación a la queja. En esta indicó únicamente que el 6 de octubre de 2011 acudió al Registro e inscribió la escritura hipotecaria y que, por lo tanto, entendía que eso finalizaba la queja.

Inconformes con la contestación del licenciado Chardón Dubós, el 27 de enero de 2012 le concedimos diez días para que contestara las alegaciones de la queja. Por su incomparecencia, se le envió una segunda notificación el 16 de marzo y luego una tercera notificación el 27 abril, en la cual se le advertía que tenía diez días improrrogables para contestar. Así, el querellado compareció el 25 de mayo ex-poniendo los mismos argumentos que expresó en la primera contestación.

Luego de examinar el expediente, referimos la queja a la Oficina del Procurador General (Procurador General) para que realizara la investigación correspondiente y rindiera un informe. Debido a varias dudas que le surgieron al Procurador General, este le requirió información adicional a ambas partes y les indicó que tenían hasta el 17 de enero de 2013 para entregar dicha información. En la fecha antes mencionada, BCFCU se comunicó con el Procurador General y solicitó una prórroga de veinte días adicionales. El Procurador General la concedió y le notificó a ambas partes que tenían hasta el 4 de febrero para entregar la información. Ahora bien, a pesar de la prórroga concedida el licenciado Chardón Dubós no presentó la información solicitada, por lo que el Procurador General le concedió un término final e improrrogable de diez días. Vencido el término el Procurador General compareció ante esta Curia para solicitar un remedio. El 11 de abril de 2013 le notificamos al querellado que tenía diez días para responder los requerimientos del Procurador General y se le apercibió que la no comparecencia podría conllevar sanciones disciplinarias. Finalmente el 21 de mayo el licenciado compareció y presentó la información requerida por el Procurador General.

Así las cosas, el Procurador General continuó su investigación. Ahora bien, nuevamente le surgieron interrogantes y le requirió información adicional a las partes. Les notificó que tenían hasta el 23 de julio de 2013 para entregarla. Transcurridos dos meses sin que compareciera el querellado, el 25 de septiembre el Procurador General acudió ante este Tribunal. Antes de expresarnos, el Ledo. Miguel A. Ponce Ponce, representante del querellado, compareció y expresó que había estado enfermo y solicitó una prórroga de diez días. El 18 de octubre de 2013 concedimos la prórroga solicitada. Sin embargo, el 3 de diciembre de 2013 compareció el Procurador General para notificar que el licenciado Chardón Dubós aún no había comparecido. Ante esta situación, el 12 de marzo de 2014 condecimos al querellado un término de diez días, apercibiéndolo que el no comparecer podría conllevar sanciones disciplinarias. Al día de hoy no ha comparecido.

Por otro lado, el 15 de junio de 2011 la Sra. Heidi Torres Jiménez presentó una queja contra el licenciado Chardón Dubós ante el Procurador General. El 3 de abril de 2013 el Procurador General compareció ante esta Curia para alegar que se le notificó de la queja al licenciado los días 24 de junio y el 8 y 21 de julio de 2011 y se le ordenó contestarla. El 23 de julio el licenciado solicitó una prórroga de treinta días, la cual fue concedida. Al no recibir respuesta del licenciado, el 2 de noviembre de 2011 el Procurador General le envió una notificación con un término final e improrrogable. Sin embargo, aún no ha contestado la queja.

Inconforme con las alegaciones del Procurador General, el licenciado compareció ante este Tribunal y expresó que sí se había mantenido en comunicación con el Procurador General y solicitó la desestimación de la queja. Luego de evaluar el expediente, el 13 de diciembre de 2013 emitimos una resolución en la cual declaramos “no ha lugar” a la moción de desestimación y le concedimos al licenciado un término final e improrrogable de quince días para contestar la queja, apercibiéndole que el no contestar podría conllevar sanciones disciplinarias. Al día de hoy no ha contestado la queja.

Señalamientos de la Oficina de Inspección de Notarías

Por último, el 3 de junio de 2014 compareció ante esta Curia la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN). En su moción argüyó que en diciembre 2011 comenzó el proceso de inspección de la obra notarial del licenciado Chardón Dubós. La inspectora de Protocolos y Notarías, la Leda. Margarita Portalatín Aguilar, realizó un informe en el cual encontró varias deficiencias. Entre las deficiencias señaladas se encontraban: deficiencias arancelarias, necesidad de reconstruir protocolos, no rendir los informes de actividad notarial mensual y anual. El 23 de mayo de 2012 se realizó un informe de la obra notarial del licenciado, el cual fue enviado al querellado por correo certificado con aviso de recibo. Se le concedieron quince días al licenciado para que se expresara y comenzara a subsanar las deficiencias. Luego de un año sin tener comunicación con el licenciado, ODIN le envió nuevamente el informe y le concedió un término para subsanar las deficiencias. No obstante, ODIN alegó que este ha hecho caso omiso a sus requerimientos y no ha subsanado las faltas. El 23 de junio de 2014, dos años luego del Informe enviado por la Oficina de Inspección de Notarías, el licenciado Chardón Dubós presentó la moción titulada Respuesta a Moción Solicitando Auxilio del Tribunal para Incautación de Obra Notarial y en Solicitud de Remedios. En la misma, admite que no ha mantenido a la Oficina de Inspección de Notarías informada y solicita tiempo para corregir deficiencias. Por otro lado, la fianza notarial del licenciado expiró el 6 de marzo de 2013.

Así, ante la desidia e indiferencia demostrada por el licenciado Chardón Dubós para atender los señalamientos de ODIN, esta última nos solicita que se incaute la obra notarial y se tomen medidas disciplinarias contra el licenciado.

II

Este Tribunal ha reiterado “el compromiso de todo abogado de mantener y contribuir a un orden jurídico íntegro y eficaz”. Esta obligación se agudiza cuando nuestras órdenes se dan en el contexto de un procedimiento disciplinario. Así, todo abogado tiene la obligación de atender y cumplir diligentemente con los requerimientos y órdenes de este Tribunal relativos a su conducta profesional. El Canon 9 del Código de Ética Profesional dispone que todo “abogado debe observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto”. Si un abogado no cumple con las órdenes de este Tribunal demuestra menosprecio hacia nuestra autoridad e infringe el Canon 9, supra.

Por lo tanto, los abogados tienen una obligación inexcusable de responder diligentemente a nuestros requerimientos, así como a los de la ODIN y del Procurador General. La desatención a los requerimientos de la ODIN y del Procurador General tiene el mismo efecto que cuando se desatiende una orden emitida por este Tribunal. Por ello, ignorar los requerimientos del Procurador General y la ODIN constituye de por sí una falta ética que conlleva la imposición de sanciones disciplinarias severas.

Así las cosas, hemos expresado que independientemente de los méritos de las quejas presentadas en contra de un abogado, este tiene que responder prontamente a nuestros requerimientos. Una vez el abogado incumple con los deberes que impone la ley y el ordenamiento ético, incurre en conducta que acarrea una sanción disciplinaria. De acuerdo con esta doctrina, hemos ex-presado que procede la suspensión indefinida e inmediata de la abogacía y la notaría cuando un abogado ignora los requerimientos de la ODIN, del Procurador General y de este Tribunal.

III

Desgraciadamente, como pudimos observar el licenciado Chardón Dubós incurrió en un patrón de conducta contraria a sus deberes como abogado y notario. El licenciado reiteradamente hizo caso omiso e incumplió con su deber de responder oportunamente a los requerimientos tanto de la ODIN, del Procurador General y de este Tribunal.

Esta actitud de indiferencia y desatención que el licenciado ha mostrado nos fuerzan a decretar la suspensión inmediata e indefinidamente del ejercicio de la abogacía y de la notaría. Esto, con el apercibimiento de que no estaremos dispuestos a decretar su reinstalación hasta que cumpla con todos los señalamientos de la ODIN, del Procurador General y de nuestras resoluciones.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, se ordena la suspensión inmediata e indefinida del Ledo. Frederic Chardón Dubós de la práctica de la abogacía y de la notaría. Además, se ordena el archivo administrativo de las quejas números AB-2010-0264 y AB-2013-0158 hasta tanto el letrado solicite la reinstalación al ejercicio de la abogacía. Se le impone el deber de notificar a todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar representándolos, y devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados. De igual forma, tendrá que informar oportunamente de su suspensión a cualquier sala del Tribunal General de Justicia o foro administrativo en el cual tenga algún caso pendiente. Deberá acreditar y certificar ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de treinta días contados a partir de la notificación de la presente opinión “per curiam”y sentencia. Finalmente, el Alguacil de este Tribunal deberá incautar la obra y el sello notarial del licenciado Chardón Dubós, y entregarlos al Director de la ODIN para la correspondiente investigación e informe.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

       Esta queja se convirtió en el AB-2013-158.

        In re Martínez Romero, 188 DPR 511, 514 (2013); In re Torres Trinidad, 183 DPR 371, 374 (2011). Véanse, además: In re Rivera Rosado, 180 DPR 698 (2011); In re Prieto Rivera, 180 DPR 692 (2011).

        In re Ponce Ponce, 190 DPR 504 (2014); In re Rosario Martínez, 184 DPR 494, 498 (2012).

        In re Guerrero Ledesma, 190 DPR 237 (2014); In re Irizarry Colón, 189 DPR 913 (2013); In re Fiel Martínez, 180 DPR 426, 430 (2010).

       4 LPRA Ap. EX.

        In re Martínez Romero, supra, págs. 514-515; In re Cirino López, 184 DPR Ap. (2012); In re Fidalgo Córdova, 183 DPR 217, 222 (2011).

        In re Martínez Romero, supra, pág. 515; In re Arroyo Rivera, 182 DPR 732, 736 (2011); In re Montalvo Guzmán, 169 DPR 847 (2007); In re Moreno Franco, 166 DPR 787 (2006); In re Rivera Irizarry, 155 DPR 687 (2001).

        In re Ponce Ponce, supra; In re Miranda Gutiérrez, 188 DPR 745, 747 (2013); In re Ortiz Álvarez, 163 DPR 245, 249 (2004).

       íd.

        In re Martínez Romero, supra; In re Torres Trinidad, supra; In re Otero Encarnación, 179 DPR 827 (2010); In re Rodríguez Mena, 126 DPR 205 (1990).

        In re Martínez Romero, supra; In re Arroyo Rivera, supra; In re Montalvo Guzmán, supra.

        In re Martínez Romero, supra; In re Montes Díaz, 184 DPR 90, 94 (2011); In re Torres Rodríguez, 163 DPR 144, 148 (2004).


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Wilson Soto Molina, peticionario.

      Número: CC-2012-755

      Resuelto: 30 de junio de 2014

      Harry N. Padilla Martínez, abogado de la parte peticionaria; Rubén Falú Allende y Leticia Pabón Ortiz, fiscales especiales independientes de la Oficina del Fiscal Independiente, abogados de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo

emitió la opinión del Tribunal.

La premisa es sencilla, pero de inconmensurable valor: en un régimen de leyes nadie tiene derecho a un trato preferente y ventajoso basado en el dinero, la ventaja o la mejor relación personal. Nuestra administración pública está cimentada en el fiel desempeño del ejercicio por los funcionarios públicos, sin que para ello medie paga adicional alguna o consideraciones extrañas a los méritos del asunto en cuestión.

El presente caso nos brinda la oportunidad de expresarnos con relación a la figura del “delito menor incluido” y, específicamente, si el “delito de influencia indebida” está considerado como un delito menor incluido en el delito de soborno agravado. Contestamos esta interrogante en la negativa. Sin embargo, con relación a los demás errores señalados por el peticionario, determinamos que no se cometieron, por lo que se confirma la Sentencia impuesta al del peticionario en cuanto al Art. 3.2(c) de la Ley de Ética Gubernamental, infra. A continuación, los hechos adjudicados por el Tribunal de Primera Instancia.

I

El 16 de febrero de 2010, la Oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI) presentó diez pliegos acusatorios por hechos ocurridos durante los últimos meses del 2004 y principios del 2005 en contra del Sr. Wilson Soto Molina (peticionario). En los mismos, se imputaron nueve infracciones al Art. 210 del Código Penal de 1974 —soborno agravado— por haber solicitado y obtenido dinero cuando era alcalde del municipio de Cataño (Municipio). El décimo pliego acusatorio contenía una violación al Art. 3.2(c) de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, conocida como la Ley de Ética Gubernamental, por haber solicitado y obtenido dos gallos de pelea valorados en quinientos dólares. Una corporación que tenía contratos con el Municipio le entregó lo gallos en la alcaldía. El juicio se celebró en el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Bayamón, por tribunal de derecho.

Durante el juicio, se admitió prueba documental de ambas partes y prueba testifical del FEI. Esta última prueba consistió en los testimonios del Sr. Rafael Vázquez Marcano, quien para la fecha de los hechos se desempeñaba como director de Obras Públicas del Municipio; el Sr. Luis Pagán Navedo, quien para la fecha de los hechos se desempeñaba como director de Finanzas del Municipio; el Sr. Orlando Rivera Alcázar, ingeniero y dueño de la firma ORAM Engineering (ORAM); la Sra. Mayra Ramsamy Nieves, ayudante del peticionario; el Sr. Marcos García Irizarry, y la Sra. Elsie Grille Álvarez. Finalmente, se estipuló el testimonio que prestó en la vista preliminar el Sr. Ramón Grille Álvarez, quien era ejecutivo y codueño de ORAM.

Según surgió del relato de los testigos, debido al desastre ocurrido por el paso de la tormenta tropical Jeanne, el peticionario y los jefes de dependencias se reunieron para establecer los planes de acción a seguir. En la reunión se acordó solicitar a ORAM una cotización por la labor del recogido y disposición de los escombros. El 16 de septiembre de 2004, ORAM presentó su propuesta y fue aceptada.

Ahora bien, el 24 de septiembre de 2004, el Sr. Juan Salgado Agueda —ayudante especial del peticionario— citó a los señores Rivera Alcázar y Grille Álvarez —ejecutivos de ORAM— a una reunión-almuerzo. Allí, el señor Salgado Agueda les informó que la campaña de reelección del peticionario estaba comenzando y necesitaban una aportación económica de $200,000 en efectivo. Como los ejecutivos de ORAM se opusieron a esa petición, el señor Salgado Agueda les indicó que si no contribuían con esa cantidad tendrían dificultad en cobrar los contratos que tenían con el municipio. Ante esa situación, ORAM accedió a lo solicitado con la condición de que pagaría según cobrara dichos contratos. Así las cosas, según ORAM fue recibiendo el pago de las facturas comenzó a satisfacer la suma solicitada. Los señores Rivera Alcázar y Grille Álvarez declararon que, en varias ocasiones, cuando le entregaron el dinero al señor Salgado Agueda, este salía de la oficina y luego regresaba sin el dinero, y les manifestaba que el alcalde les agradecía su cooperación.

Además, el señor Pagán Navedo, director de Finanzas del municipio, testificó que el peticionario le insistió en varias ocasiones que le pagara las facturas a ORAM y a otros contratistas porque iban a dar dinero para su campaña política. Expresó que el 4 de octubre de 2004, el peticionario reunió a varios funcionarios municipales. En la reunión le inquirió al señor Pagán Navedo por qué no había sacado el pago de ORAM. Este le contestó que no había visto los contratos ni las facturas y que no había suficiente dinero en la caja para hacer el pago. Según el señor Pagán Navedo, el peticionario le indicó que tenía que sacar el pago porque ORAM iba a dar dinero para la campaña y le ordenó que cambiara unos certificados de depósitos que tenía el municipio. Luego de esta reunión, en varias ocasiones, tanto el peticionario como el señor Salgado Agueda, le pidieron e insistieron al señor Pagán Navedo que sometiera los pagos a ORAM. Ante la irregularidad de las presiones para pagar a los contratistas, el señor Pagán Navedo solicitó reunirse con el peticionario. Mientras manifestaba sus inquietudes, el peticionario lo interrumpió y le indicó que tenía que entender que esas personas fueron las que pagaron su campaña.

Por otro lado, mientras el peticionario inspeccionaba las obras realizadas por ORAM, le expresó al señor Grille Álvarez que era gallero y le preguntó si conocía de alguien que vendiera gallos de pelea, ya que quería entrenarlos para pelear el próximo año. El señor Grille Álvarez se comunicó con su hermana, la señora Grille Álvarez, para que le consiguiera los gallos. Esta le pidió a su novio, el señor García Irizarry y quien era criador de gallos de pelea, que los consiguiera. Así las cosas, la señora Grille Álvarez le entregó a su hermano dos gallos de pelea valorados entre doscientos y quinientos dólares. Los señores Grille Alvarez y Rivera Alcázar acudieron a la oficina del peticionario y le entregaron personalmente los dos gallos.

Luego de evaluar toda la prueba, el TPI encontró culpable al Sr. Wilson Soto por nueve infracciones al Art. 213 del Código Penal de 1974 (33 LPRAsec. 4364 (ed. 1974)) —por el delito de influencia indebida— y por una violación al Art. 3.2(c) de la Ley de Ética Gubernamental, supra. Es importante destacar que el peticionario nunca fue acusado por el delito de influencia indebida. El 8 de agosto de 2011, el FEI presentó una moción para que se impusieran agravantes a la sentencia, al amparo de la Regla 171 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II. Por su parte, el peticionario se opuso a la solicitud. Según lo anterior, el foro de instancia analizó los argumentos de ambas partes y si procedía imponer una pena de multa o de reclusión. El informe presentencia no recomendó nada al respecto; solo indicó que no se recomendaba al señor Soto Molina para los beneficios de una sentencia suspendida. El 16 de septiembre de 2011 dictó sentencia en la que condenó al peticionario a cumplir tres años de cárcel, concurrentemente entre sí, por cada infracción al Art. 213, y un año de reclusión por violar el Art. 3.2(c), que cumpliría consecutivamente con la anterior.

Inconforme con esa determinación, el 16 de septiembre de 2011, el peticionario acudió al Tribunal de Apelaciones (TA) mediante apelación. En síntesis, alegó que el Tribunal de Primera Instancia erró al resolver que: (1) el delito de influencia indebida es un delito menor incluido en los delitos de soborno y soborno agravado; (2) la evidencia desfilada sostenía las nueve infracciones al Art. 213, supra, y a la violación del Art. 3.2(c), supra; (3) era culpable sin demostrar que su culpabilidad se estableció más allá de duda razonable; (4) le impondría una pena de cárcel y no una pena de multa; (5) le impondría las penas de forma consecutiva y no concurrente, y (6) dictaría una pena fija en vez de una pena con atenuantes. El 13 de julio de 2012, el foro intermedio emitió una sentencia en la que confirmó la sentencia dictada por el TPI.

En desacuerdo con la decisión del Tribunal de Apelaciones, el peticionario presentó un recurso de certiorari ante esta Curia, en el que señaló los errores siguientes:

Cometieron error el T.P.I. y el T.A. al resolver que el Art. 213 del Código Penal de 1974 —influencia indebida— es un delito menor incluido en los delitos de soborno y soborno agravado que tipificaban los Arts. 209 y 210 del Código Penal de 1974.
Cometieron error el T.P.I. y el T.A. al resolver que la evidencia desfilada por el Ministerio Público sostenía nueve convicciones por infracción al Art. 213 del Código Penal de 1974.
Cometieron error el T.P.I. y el T.A. al resolver que la evidencia desfilada por el Ministerio Público sostenía una convicción por infracción al Art. 3.2(c) de la Ley de Ética Gubernamental.
Cometieron error el T.P.I. y el T.A. al declarar convicto al peticionario por las infracciones al Art. 213 del Código Penal de 1974, y el Art. 3.2(c) de la Ley de Ética Gubernamental sin que dicha culpabilidad fuera establecida más allá de duda razonable como lo requiere el Art. II, sec. 11 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Abusó de su discreción el T.P.I. al dictar sentencia de cárcel en contra del peticionario y no una de pena de multa, ya que el informe \presentencia] justificaba esta última y no la que se impuso. El T.A. repitió este error.
Abusó de su discreción el T.P.I. al imponer penas de forma consecutiva y no concurrente entre sí. El T.A. repitió este error.
Cometió error el T.P.I. al dictar sentencia en contra del peticionario y determinar que la pena adecuada era la pena fija, y no una con atenuantes. El T.A. repitió este error.
Cometió error el T.P.I. al dictar las sentencias contra el peticionario sin conceder los beneficios del Art. 79 del Código Penal de 2004, 33 L.P.R.A. see. 4707. El T.A. repitió este error. (Énfasis en el original).

Expedido el recurso y con el beneficio de las comparecencias de ambas partes, resolvemos.

II

El peticionario nos señala que tanto el TPI como el TA cometieron un error al resolver que el Art. 213 del Código Penal de 1974 —influencia indebida— es un delito menor incluido en los delitos de soborno y soborno agravado que tipificaban los Arts. 209 y 210 del Código Penal de 1974 (33 LPRA sees. 4360 y 4361). Además, nos plantea que, a su vez, erraron los tribunales a quo al resolver que la evidencia presentada por el Ministerio Público sostenía nueve veredictos por infringir el Art. 213, supra. Así, pues, procedemos a discutir el derecho aplicable.

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en su Art. II, Sec. 11, expresa que

[e]n todos los procesos criminales, el acusado disfrutará del derecho a un juicio rápido y público, a ser notificado de la naturaleza y causa de la acusación recibiendo copia de la misma, a carearse con los testigos de cargo, a obtener la comparecencia compulsoria de testigos a su favor, a tener asistencia de abogado, y a gozar de la presunción de inocencia. (Enfasis nuestro)

Por otra parte, es norma constitucional reiterada que para que el Estado pueda procesar criminalmente a un ciudadano, el debido proceso de ley exige que el acusado conozca la naturaleza y extensión de los delitos que se le imputan. Para ello, el pliego acusatorio debe incluir una exposición de todos los hechos que constituyen el delito específico. Este precepto constitucional lo recoge estatutariamente la Regla 38(d) de Procedimiento Criminal, la cual establece lo siguiente:

Si la incongruencia o desacuerdo es de tal naturaleza que la prueba estableciere un delito distinto del imputado, no incluido en este, o estableciere la comisión de un delito fuera de la competencia del tribunal, se deberá disolver el jurado y se sobreseerá el proceso. 34 LPRAAp. II.

Como surge de la referida regla, no se permite encontrar culpable a un acusado por un delito distinto al imputado en la acusación. Sin embargo, a modo de excepción, se permite encontrar culpable por un delito distinto siempre y cuando ese delito sea menor y esté incluido en el delito mayor imputado. A estos efectos, en el pasado hemos explicado que para que un delito se considere como un delito menor incluido, este

“[...] debe estar comprendido en el mayor por el cual se le acusa y que los hechos expuestos para describir la comisión del delito mayor deben contener las alegaciones que son esenciales para constituir una imputación por el menor. Si el delito mayor incluye todos los elementos de hecho y los requeridos por la Ley en relación con el menor, el mayor incluye al menor; pero si el delito menor requiere algún otro elemento indispensable que no es parte del delito mayor entonces el menor no está comprendido en el mayor. La prueba para determinar si un delito está incluido en otro es determinar si no se puede cometer el primer delito sin que necesariamente se cometa el segundo”. (Enfasis nuestro).

Asimismo, hemos establecido que para poder considerar que un delito menor está incluido en el mayor, “to-dos los ingredientes legales del corpus delicti del delito me-nor deben estar en el mayor; el delito menor debe ser parte de hecho, del mayor, además de estar enmarcado dentro de la definición legal del mayor como parte del mismo”. (Enfasis nuestro).

En cuanto a los delitos en controversia en nuestro caso, el delito de soborno castiga el hecho de que un servidor público cobre por su parte por un servicio que de ordinario es gratuito, aprovechándose de la autoridad del cargo que ocupa. Por otro lado, el delito de influencia indebida penaliza tratar o lograr obtener un beneficio —de cualquier tipo— por pretender ejercer una influencia —ya sea real o imaginaria— en el desempeño del ejercicio de un funcionario o empleado público como tal. En particular, el delito de soborno queda tipificado en el Art. 209, supra, como sigue:

Todo funcionario o empleado público, o jurado, o árbitro, o cualquier persona autorizada en ley para oír o resolver alguna cuestión o controversia, que solicite o reciba, directamente o por persona intermedia, para sí o para un tercero, dinero o cualquier beneficio, o aceptare una proposición en tal sentido, por realizar un acto regular de su cargo o función, será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de nueve (9) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo, de quince (15) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de seis (6) años. (Enfasis nuestro).

A estos efectos, el propio Código Penal de 1974 define en su Art. 7(16) el concepto “funcionario público” o “empleado público” como

[t]oda persona que ejerza un cargo o desempeñe una función retribuida o gratuita, permanente o temporal, en virtud de cualquier tipo de nombramiento, contrato o designación, para la Rama Legislativa, Ejecutiva o Judicial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o cualesquiera de sus municipios, agencias, corporaciones públicas, juntas, subdivisiones políticas y demás dependencias públicas.

Por otra parte, “beneficio” se define como cualquier provecho, utilidad, ventaja, o ganancia, y no está limitado a una ganancia pecuniaria o material, sino que denota cualquier forma de ventaja.

En esencia, el delito de soborno consiste en solicitar o recibir, directamente o por medio de un intermediario, dinero o cualquier beneficio, ya sea para beneficio propio o para un tercero, por realizar algún acto regular del cargo o función. En el pasado hemos explicado que para que se constituya el delito de soborno, es esencial que el funcionario tenga “la competencia dentro de su cargo para hacer lo que se ha acordado a cambio del beneficio que se le ofrece”.

Este delito se configura tan pronto el funcionario público acepta la proposición objeto del soborno, o cuando solicita el beneficio por sí o por medio de una tercera persona a cambio de llevar a cabo un acto regular de su cargo o función oficial. No es necesario que el acto delictivo objeto del soborno se lleve a cabo.

Se comete soborno en su modalidad agravada cuando, según tipificado en el Art. 210, supra,

[el] funcionario o empleado público o jurado o árbitro, o la persona autorizada en ley para oír o resolver una cuestión o controversia, solicitare, o recibiere el dinero, o el beneficio, o aceptare la promesa, por omitir o retardar un acto regular de sus funciones o por ejecutar un acto contrario al cumplimiento regular de sus deberes, o con el entendido o en la inteligencia de que tal remuneración o beneficio habrá de influir en cualquier acto, decisión, voto o dictamen de dicha persona en su carácter oficial, la pena de reclusión será por término fijo de doce (12) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de veinte (20) años; de mediar circunstancias atenuantes^ podrá ser reducida hasta un mínimo de ocho (8) años. (Enfasis nuestro).

Por otra parte, el delito de influencia indebida queda tipificado en el Art. 213, supra, como sigue:

Toda persona que obtuviere o tratare de obtener de otra cualquier beneficio asegurando o pretendiendo que se halla en aptitud de influir en cualquier forma en la conducta de un funcionario o empleado público en lo que respecta al ejercicio de sus funciones, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años, o multa no menor de quinientos un (501) dólares ni mayor de cinco mil (5,000) dólares, o ambas penas a discreción del tribunal. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de cinco (5) años, o multa no menor de quinientos un (501) dólares ni mayor de diez mil (10,000) dólares, o ambas penas a discreción del tribunal; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de un (1) año, o multa no menor de quinientos un (501) dólares ni mayor de tres mil (3,000) dólares, o ambas penas a discreción del tribunal. (Énfasis nuestro).

Como surge claramente del texto, esta prohibición no se limita a funcionarios o empleados públicos, sino que se ex-tiende a toda persona que asegure o pretenda que se halla en aptitud de influenciar a un funcionario o empleado público. Tampoco se requiere que el autor del delito obtenga un beneficio en su propio patrimonio, sino que es suficiente que obtenga o intente obtener un beneficio en favor de un tercero.

III

Examinemos, pues, la aplicación de los fundamentos antes expuestos al caso de autos. Para atender el asunto, limitaremos la controversia a si una sentencia por el delito de influencia indebida se puede sostener de acuerdo con la doctrina del delito menor incluido, toda vez que el convicto fue acusado por el delito de soborno agravado. En este contexto es importante recalcar como asunto de umbral que, sometida toda la prueba, el Ministerio Público no logró convencer a la Honorable Juez del Tribunal de Primera Instancia de que existían los elementos necesarios para una sentencia por las nueve infracciones de soborno agravado imputadas en el pliego acusatorio. De hecho, la distinguida sala de instancia, y conforme a la misma prueba, ni siquiera encontró los elementos necesarios para determinar una sentencia por el mismo delito en su modalidad simple (Art. 209). Es decir, hubo una absolución implícita en cuanto a esos delitos. Luego de analizada la controversia, determinamos que las sentencias por el delito de influencia indebida tampoco se sostienen según un pliego acusatorio que imputaba el delito de soborno agravado.

El debido proceso de ley exige que el acusado sea notificado del delito en su contra para que pueda preparar una defensa adecuada ante la acusación del Estado. Lo anterior solo se logra cuando notifican al acusado de todos los elementos de la conducta que motiva el proceso penal en su contra. Lo contrario es sencillamente impermisible de acuerdo con nuestro ordenamiento penal. Es por esto que para sostener una sentencia por el delito de influencia indebida como un delito menor incluido, sus elementos deben estar totalmente contenidos en el delito mayor, en nuestro caso, el de soborno agravado. Por consiguiente, para sostener esta sentencia, estaríamos forzados a concluir que siempre que se comete el delito de soborno agravado, a su vez se comete el de influencia indebida. De antemano adelantamos que, según el texto de ambos estatutos, claramente podrían existir circunstancias en las cuales se co-mete el delito de soborno agravado, y no así el de influencia indebida. Veamos.

Para conseguir que se dicte una sentencia por la conducta tipificada en el delito de soborno agravado es necesario probar los elementos siguientes: (1) que el sujeto es un funcionario o empleado público, jurado, árbitro o una persona autorizada en ley para oír o resolver una cuestión o controversia; (2) que solicite, reciba o acepte la promesa de recibir; (3) dinero o un beneficio; (4) por omitir o retardar un acto regular de sus funciones o por ejecutar un acto contrario al cumplimiento regular de sus deberes, o con el entendido o en la inteligencia de que tal remuneración o beneficio habrá de influir en cualquier acto, decisión, voto o dictamen de dicha persona en su carácter oficial.

Como podemos observar, el delito de soborno agravado está dirigido a castigar al funcionario público o a la persona autorizada para resolver una controversia que, contrario a lo que se espera, omite, retarda o ejecuta irregularmente un acto regular de su cargo a cambio de una remuneración o beneficio de algún tipo. En primer lugar, cuando analizamos estos elementos, inferimos que ese delito solo requiere la existencia de dos sujetos: (1) el sujeto —activo—, al cual se le solicita u ofrece el soborno, aunque esto se realice por medio de un intermediario, y (2) el sujeto —activo— que es el funcionario público que solicita o recibe el soborno, a cam-bio de actuar de cierta manera antijurídica.

Por otra parte, para determinar que se ha cometido la conducta tipificada en el delito de influencia indebida es necesario probar lo siguiente: (1) que el sujeto de la conducta es una persona, sea o no funcionario público; (2) que ha obtenido o intentado obtener de otra persona cualquier beneficio; (3) que tal beneficio lo ha obtenido o intentado obtener asegurando o pretendiendo que se halla en aptitud de influir en cualquier forma en la conducta de un funcionario o empleado público en lo que respecta al ejercicio de sus funciones.

Para que se constituya el delito de influencia indebida, es necesaria la coexistencia de tres sujetos: (1) el sujeto —activo— que obtiene o trata de obtener un beneficio amparado en la promesa de que se halla en aptitud de influenciar a un empleado o funcionario público; (2) el sujeto —activo— del que se obtiene o se pretende obtener el beneficio a cambio de la promesa del primer sujeto, y (3) el sujeto —pasivo— que es el empleado o funcionario público objeto de la promesa, independientemente de que la influencia que el primer sujeto aduce tener sobre este sea real o imaginaria. Es pertinente señalar que el funcionario o empleado público puede conocer o ignorar sobre el negocio antijurídico entre los dos sujetos activos. De manera que, en este delito, el negocio antisocial que se busca prohibir es aquel en el cual el objeto negociado es la pro-mesa de un sujeto externo de que se halla capacitado y a disposición de influenciar el poder decisional de un empleado o funcionario público en su carácter oficial.

Los delitos de influencia indebida y soborno agravado están dirigidos a salvaguardar la pureza del desempeño de la función pública. Sin embargo, es necesario destacar que aunque estos delitos custodian el mismo interés, tienen propósitos muy distintos. Los primeros, soborno y soborno agravado, están dirigidos a sancionar la traición a la fiducia del país de una persona que, estando en una posición de poder decisional, actúa intencionalmente fuera de los parámetros de lo correcto a cambio de algún beneficio. En cambio, el delito de influencia indebida pretende proteger un interés que, aunque importante, no tiene el mismo peso social que el soborno, y por eso su pena es mucho menor. El delito de influencia indebida castiga la conducta exhibida por cualquier persona que obtenga o intente obtener cualquier beneficio a cambio de la promesa de que se halla apto para influir a un empleado o funcionario público en su carácter oficial. Así, para que este delito se configure, se requiere de un sujeto adicional a los requeridos en los delitos de soborno o soborno agravado, y que tal sujeto sea funcionario o empleado público. Ese será el sujeto pasivo quien, aunque podrá o no ser real, debe existir en la mente del sujeto que ofrece el beneficio a cambio de la promesa de que otro ejerza su influencia sobre el sujeto pasivo. Mientras, en el delito de soborno agravado, basta con que solamente participen los dos sujetos activos.

Por otra parte, el delito de soborno requiere la condición de que una de las dos personas activas tenga o aparente tener el poder de conseguir el objeto del soborno, por sí solo, “id est”, sin la necesidad de intermediarios con acceso a ese poder. Sin embargo, en el caso del delito de influencia indebida, se hace innecesario ese poder directo, pues se trata de “vender” la promesa de que se tiene la “influencia” suficiente para conseguir que otro —un funcionario o empleado público— ejecute la acción “indebida”. Como podemos ver, no se trata de un elemento adicional de uno o del otro, sino de elementos totalmente distintos. Por esto, es claro que se puede cometer el delito de soborno o soborno agravado sin que se cometa el delito de influencia indebida, y viceversa.

Como se puede deducir, el delito de soborno en sus dos modalidades (Arts. 209-210) está dirigido a castigar la conducta de la persona que ocupa el cargo o la posición que le permite sobornar o aceptar el soborno. Por otro lado, en el delito de influencia indebida, la persona imputada del delito evidentemente no tiene el poder de conseguir directamente lo indebido, y por eso la conducta que se sanciona o el sujeto de la imputación es el que hace la promesa u ofrecimiento de influenciar a aquel que presuntamente sí puede llevar a cabo la acción indebida.

Por ello, y toda vez que ambos delitos, el soborno y la influencia indebida, cuentan con elementos indispensables que son particulares de cada uno, no se puede concluir que el segundo sea un delito menor incluido en el primero. Por todo lo anterior, y porque el señor Soto Molina nunca fue acusado por el delito de influencia indebida, determinamos que su sentencia por ese delito no se realizó conforme a Derecho. Procede, entonces, absolverlo de ese delito. Por lo anterior, resulta innecesario expresarnos sobre el segundo señalamiento de error.

IV

El peticionario señala, a su vez, que el TPI y el TA erraron al resolver que la evidencia que presentó el Ministerio Público sostenía una sentencia por infracción al Art. 3.2(c) de la Ley de Etica Gubernamental. Además, nos señala que erraron al declarar culpable al peticionario por las in fracciones al Art. 213 del Código Penal de 1974 y al Art. 3.2(c) de la Ley de Ética Gubernamental sin que esa culpabilidad fuera establecida más allá de duda razonable como lo requiere el Art. II, Sec. 11 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Por tratarse de asuntos estrechamente relacionados con la discreción del Tribunal de Primera Instancia, pasaremos a discutirlos en conjunto.

En repetidas ocasiones nos hemos expresado en cuanto a la deferencia que los tribunales apelativos deben guardar por el aprecio de la prueba que hace el Tribunal de Primera Instancia. Ello así porque el foro primario es el que se encuentra en mejor posición de valorarla y llegar a sus conclusiones. De ordinario, los tribunales apelativos no debemos intervenir con el ejercicio de la discreción de los foros de instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error manifiesto o parcialidad.

Luego de examinar las circunstancias particulares del presente caso, concluimos que no hubo abuso de discreción, prejuicio, error manifiesto o parcialidad en la decisión del foro primario en cuanto a la sentencia del señor Soto Molina de acuerdo con el citado Art. 3.2(c) de la Ley de Etica Gubernamental. Sin embargo, en cuanto al Art. 213, supra, hacemos referencia a la discusión en las partes anteriores de esta Opinión.

V

Por entender inmeritorios los demás señalamientos de error del peticionario según todo lo anteriormente ex-puesto, entendemos innecesario entrar a discutirlos.

Por todo lo anterior, se modifican las determinaciones de los foros “a quo”y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que se realice el Informe Pre-Sentencia conforme a lo aquí resuelto y se continúe con los procedimientos.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Jueza Presidenta Señora Fiol Matta y la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez concurrieron con el resultado sin opinión escrita. La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco, el Juez Asociado Señor Estrella Martínez y la Jueza Asociada Oronoz Rodríguez no intervinieron.

        In re Franco Soto, 115 DPR 740, 752 (1984).

       Según tipificado en el Art. 213 del Código Penal de 1974 (33 LPRA see. 4364 (ed. 1974)).

       Según tipificado en el Art. 210 del Código Penal de 1974 (33 LPRA see. 4361 (ed. 1974)).

       Los hechos imputados fueron cometidos antes de que entrara en vigor el Código Penal de 2004.

       3 LPRA sec. 1823(c).

       ORAM tenía vigente un contrato para servicios de ornato y mantenimiento de áreas verdes con el municipio.

       En las acusaciones por violaciones al Art. 210 del Código Penal de 1974, supra, se le imputó al peticionario haber actuado en conjunto y común acuerdo con el Sr. Juan Salgado Agueda. No obstante, este coacusado falleció antes de la celebración del juicio.

       Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 343.

        Pueblo v. Pagán Rojas, 187 DPR 465 (2012); Pueblo v. Vélez Rodríguez, 186 DPR 621 (2012); Pueblo v. González Olivencia, 116 DPR 614 (1985); Pueblo v. Santiago Cedeño, 106 DPR 663 (1978).

        Pueblo v. Oyola Rodríguez, 132 DPR 1064, 1071 (1993). Véanse, además: Pueblo v. Concepción Sánchez, 101 DPR 17, 19 (1973); Pueblo v. Ramos López, 85 DPR 576, 580 (1962).

        Pueblo v. Concepción Sánchez, supra.

        Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 DPR 748, 758 (1985).

       Art. 209 del Código Penal de 1974 (33 LPRA sec. 4360 (ed. 1974)).

       Art. 7(16) del Código Penal de 1974 (33 LPRA sec. 3022(16) (ed. 1974)).

       Art. 7(6) del Código Penal de 1974 (33 LPRA sec. 3022(6) (ed. 1974)).

       D. Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico revisado y comentado, Hato Rey, Instituto para el Desarrollo del Derecho, 2000, pág. 430.

        Pueblo v. Bigio Pastrana, supra, pág. 758.

        Pueblo v. Rosado Figueroa, 138 DPR 914, 919 (1995).

       Art. 210 del Código Penal de 1974, supra.

       213 del Código Penal de 1974, supra.

        Pueblo v. Luzón, 113 DPR 315, 320 (1982).

       Véanse: Green v. United States, 355 US 184 (1957); Pueblo v. Pérez Martínez, 84 DPR 181 (1961).

       El estatuto penaliza tratar o lograr un beneficio por pretender ejercer una influencia —real o imaginaria— en cualquier forma en la conducta de un funcionario, en lo que respecta al ejercicio de sus funciones.

       No ignoramos que el Art. 212 del mismo Código Penal castiga la conducta del que ofrece el soborno, cuando ese es el caso. 33 LPRA see. 4363 (ed. 1974).

        Pueblo v. De Jesús Mercado, 188 DPR 467, 477-479 (2013); Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 810-811 (2009); Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291 (2001); Flores v. Soc. de Gananciales, 146 DPR 45, 50 (1998); Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 DPR 721, 728 (1984).

        Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012). Véase, además, Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).