author: El Juez Asociado Se. MacLeaby,

text:
    Puig v. Soto.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera.
    No. 772.
    Resuelto en marzo 13, 1912.
    Apelación — Alegato del Apelante — Motivos del Recurso. — Al redactar el abogado del apelante su alegato debe consignar los errores o motivos del recurso sucinta y escuetamente sin argumentarlos ni fundamentarlos con citas, iludiendo luego aisladamente discutir 'y argumentar cada uno de los errores alegados como base del recurso.
    Desahucio — Suspensión del Juicio — Moción de Suspensión. — Diligencia.—La concesión de una moción de suspensión del juicio en casos civiles descansa en la sana discreción del tribunal sentenciador. La solicitud interesando dicha suspensión no sólo debe alegar que la parte ha obrado con actividad para obtener la prueba que le falta y por la cual quiere aplazar el juicio, sino que debe expresar los "actos ejecutados por él demostrativos de la actividad desplegada.
    Id. — Suspensión del Juicio — Prueba Acumulativa. — La moción jurada pidiendo " la suspensión de un juicio fundada en que necesita el demandado tiempo para . poder presentar la declaración de la parte demandante ausente para probar que no so le hizo requerimiento para terminar el contrato de arrendamiento, no es suficiente para obtener dicha suspensión porque dicha declaración es prueba de carácter acumulativo y ese extremo puede probarse por medio de otros elementos probatorios.
    Id. — Naturaleza de la Acción de Desahucio — Defensas Impertinentes — Embargo de la Einca Objeto del Desahucio. — El único objeto y fin de la acción de desahucio es determinar el derecho de la parte demandante a la posesión de la finca objeto del litigio y es una defensa impertinente é insufi-ciente la alegación del demandado de que la finca objeto del desahucio ha sido embargada juntamente eon log cánones del arrendamiento y se halla bajo la acción judicial de la Corte de Distrito de San Juan.
    Id. — Arrendamientos Mensuales. — Terminación del Arrendamiento.1 — Alqui-lada una finca urbana por cánones mensuales de arrendamiento se entiende hecho el contrato por meses y por lo tanto puede el arrendador dar por ter-minado dicho contrato al fin de cualquier mes, notificando en eso sentido al arrendatario, el eual está en la obligación de desalojar la finca al expirar el mes.
    Id. — Notificación de Término del Arrendamiento — Copia Carbón de una Carta — Pruebas.—La notificación hecha por el arrendador al arrendatario, por medio de una carta cursada por correo, para dar por terminado el alquiler mensual de una casa, es eficaz en derecho y es admisible para probar este ex-tremo la copia carbón en maquinilla hecha al escribir el original, pues dicha copia carbón surte los mismos efectos que el original.

      Id. — Tácita Beconducción. — No existe la tácita reconducción en el caso de autos en que el arrendador con fecha 24 de mayo notificó al arrendatario que el arrendamiento expiraba el día 31 de mayo, habiendo presentado la demanda de desahucio el día 7 de julio.
    Id. — Defensas Insuficientes — Incumplimiento del Contrato por el Arren-dador. — En un juicio de desahucio no pueden discutirse cuestiones relativas al incumplimiento del contrato de arrendamiento por el arrendador y por - tanto las defensas presentadas por el demandado alegando dicho incumpli-miento son impertinentes e insuficientes en esta clase de juicios.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. López Lcmdrón y Rincón.

    Abogado del apelado: Sr. Eduardo Acuña.

   El Juez Asociado Se. MacLeaby,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un caso de desahucio. Concepción Puig, que es la demandante en esta acción, inició nn pleito el día 7 de julio de 1911, en la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, Sección 2a, contra Manuel Soto, para que se le pusiera en posesión dentro del término de veinte días, de la casa de dos pisos No. 9, en lá Calle de San Justo, ciudad de San Juan.

En su demanda, la demandante alega en substancia lo si-guiente :

“Que la demandante, residente en España, es la dueña de la casa designada con el No. 9 en la calle de San Justo de la ciudad de San Juan, Puerto Rico; y que hacia el mes de septiembre, 1907, alquiló la referida casa que se compone de dos pisos, uno bajo y otro alto, al demandado que reside en San Juan, con el que celebró un contrato verbal de arrendamiento, sin fijar término alguno de duración, con-viniéndose por las partes, que el demandado pagaría como alquiler la cantidad de $110 mensuales. Alega además la demandante, que el demandado tiene ocupada la planta baja de dicha casa con un estable-cimiento para la venta de muebles, y la alta con su vivienda, encon-trándose actualmente en posesión de la referida casa; alega además la demandante que dió aviso al demandado que el contrato de arren-damiento lo daba por terminado, el día 30 de mayo dé 1911; que no obstante este aviso y el tiempo transcurrido desde el 30 de mayo, el demandado ha continuado y continúa actualmente ocupándola como antes. ’ ’

El demandado contestó esta demanda, negando en primer término, algunas de sus alegaciones, admitiendo la certeza de otras y exponiendo además, que estando el piso alto de la casa alquilada, en condiciones ruinosas por no hacerse las repara-ciones necesarias, nadie lo ocupaba como sitio de vivienda, y que el demandado había seguido ocupando ambos pisos de la expresada casa con el consentimiento y conformidad de la demandante, o de su agente, y por virtud del contrato de arrendamiento renovado tácitamente:

Como segundq defensa, alegó también el demandado que la demanda en conjunto no éxpone hechos suficientes para constituir una causa de acción.

Como tercera defensa alegó también el demandado otros dos motivos que son en substancia como sigue:

Que el demandado ha cumplido, desde la fecha en que se otorgó el contrato de arrendamiento, con todas las condiciones que le fueron impuestas por virtud' de dicho contrato; y que la demandante no ha hecho en la finca urbana arrendada das reparaciones necesarias para conservarla en estado de servir para el uso de vivienda.

Alegó además el demandado como cuarta defensa, que el contrato de arrendamiento referido en la primera defensa de su contestación está aún subsistente con' aquiescencia, ratifi-cación y afirmación de la demandante por medio de su apo-derado.

Alegó por último el demandado, una quinta defensa en la que exponía primeramente que la finca urbana objeto de este pleito, ha sido embargada junto con las rentas debidas, con arreglo al contrato, y se encuentra bajo las órdenes de la Honorable Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a, y en segundo lugar, que los productos provenientes de las rentas se han entregado' puntualmente y puesto a la disposición dé la referida corte, devengando intereses, según el contrato de arrendamiento en vigor. Por todas estas consideraciones el demandado pidió que se desestimara el caso con las costas.

En el juicio se hicieron las alegaciones, presentándose la prueba, e informaron las partes, dictando la corte su senten-cia que es substancialmente como sigue:

1 ‘ El demandante tiene derecho a la posesión de la casa y también a una sentencia en la que se ordene al demandado Manuel Soto que dentro del término de quince días desaloje y deje expedita la casa, y si dejare de hacerse esto, se procederá al lanzamiento por el marshal. La demandante tiene también derecho a que se dicte sentencia a su favor por las costas que sean aprobadas.”

Contra esta sentencia el demandado interpuso apelación para ante este Tribunal especificando en sustancia cinco erro-res o infracciones de ley, como los denomina, que alega se cometieron por la corte inferior en este caso.

Al hacer en el alegato el señalamiento de los. errores que se alegan fueron cometidos por la Corte inferior, el abogado debe tratar de presentarlos de la manera más concreta y con-cisa que sea posible, expresando los verdaderos puntos en que se funda, sin discutir o citar autoridades. Como al argumen-tarse cada señalamiento de, error, puede desde luego am-pliarse con más o menos extensión y hacerse citas de autorida-des en apoyo del mismo, la innecesaria preparación al'especi-ficar el error oscurece la cuestión que se trataba de presen-tar, y debilita la fuerza del argumento en la que se pretende se fundan los principios enunciados. Estas observaciones se hacen para ayudar en lo posible a los miembros del foro en la preparación de los señalamientos de errores. Considerare-mos las cuestiones que han sido presentadas por el abogado del demandado por el orden en que aparecen en el alegato.

I. Negativa de suspensión. Alega el apelante, que la corte infringió el artículo 202 del Código de Enjuiciamiento Civil, porque habiéndose cumplimentado todas las previsiones re-queridas por ese artículo al hacer su solicitud, la corte denegó no obstante la suspensión del juicio, causando indefensión ai. demandado por falta de una prueba directa para probar que el contrato de arriendo había sido renovado por falta de re-querimiento de aviso previo por parte de la dueña de la casa, Concepción Puig. Alega el apelante que tal negativa de sus-pensión determinó necesariamente la nulidad del juicio, y el procedimiento debe reponerse al ser y estado en que se ba-ilaba al desestimarse la moción de transferencia del juicio. También alega el apelante, que la corte denegó la aplicación de las disposiciones del artículo 202 del Código de Enjuicia-miento Civil, por el fundamento de que tal petición de sus-pensión debió haberse becbo antes. El apelante sostiene que este motivo no puede ser tomado en consideración porque la ley no precisa plazo anterior al acto del juicio para presentar la petición, sino que requiere tan sólo que se formule la solici-tud antes de darse principio a la práctica de la prueba que debe tener lugar durante el juicio, siendo ésta la práctica habitual en tales casos.

El artículo 202 del Código de Enjuiciamiento Civil en tanto en cuanto pueda ser de aplicación al señalamiento de este error, es como sigue:

“Una moción para transferir un juicio por falta de prueba, sólo puede hacerse mediante declaración‘escrita y jurada demostrando la importancia esencial de la prueba con que se cuenta, y que se ha practicado la debida diligencia para obtenerla.”

Debe tenerse presente, según consta de los autos, que cuan-do el caso fue llamado a juicio, el demandado expresó que es-taba listo para entrar en juicio. La declaración jurada en que se fundó la moción de suspensión, alegó en substancia que si se hubiera permitido presentar la declaración de la de-mandante, Concepción Puig, se hubiera probado que el deman-dado no había sido requerido para finalizar el contrato. Aun cuando ese fuera el objeto de la prueba, ésta hubiera sido sim-plemente acumulativa, puesto que si existió este hecho pudo haberse probado por medio de otras pruebas. Debe notarse también que aunque la declaración jurada expresa que se ha empleado la debida diligencia para adquirir la prueba con la que se trata de probar que no se hizo el debido requiri-miento al demandado, sin embargo, nada se dice en la referida declaración jurada con respecto a la clase de diligencia que se empleó. La solicitud interesando la. suspensión del caso no cumple, en lo que a estos particulares se refiere, con el estatu-to que lia sido citado por el propio apelante. Además, no debemos perder de vista el bien establecido principio de que la suspensión de un juicio en un caso civil es una cuestión que debe dejarse enteramente a la discreción del juez que conoce del caso, debido a la naturaleza peculiar de dicha cuestión; de otro modo sería casi imposible administrar justicia en las cortes inferiores debido a las dilaciones en los procedimien-tos que podrían ser interpuestos por la habilidad de abogados expertos. Por las razones expresadas no puede considerarse como un error la neg’ativa de suspensión.

II. Eliminación de ciertas partes de la contestación. El apelante sostiene que es errónea la resolución adoptada por la corte inferior eliminando las defensas tercera y quinta for-muladas en su contestación con perjuicio del demandado que quedó indefenso por virtud de dicha resolución. El apelante alega que ambas defensas son esenciales, especialmente la quinta, porque la alegación en que la misma se funda, o sea, que la finca urbana objetó del desahucio, está embargada jun-tamente con los alquileres del contrato bajo el control de la Corte de Distrito de San Juan, afecta de un modo tal y'tan directamente a la acción de desahucio ejercitada contra el demandado, que la enerva y destruye una vez probada. Esto, por supuesto, presenta la cuestión relativa a la esencialidad de las defensas que han sido eliminadas de la contestación del demandado. Debemos, por consiguiente, considerar la natu-raleza especial de la acción de desahucio y la esfera limitada que la misma tiene con arreglo al estatuto en el cual se fun-da. La única controversia que surge en tal acción se refiere al derecho del demandante a que se le ponga en posesión de la finca, y a la posesión real de la misma por parte del deman-dado ; siendo la terminación de tal posesión el objeto y único fin de todo el procedimiento; o sea, que la acción de desahu-cio se establece solamente para que se resuelvan los derechos a la posesión de la finca objeto de la acción, y para que se transfiera tal posesión del demandado al demandante.

En el presente caso la acción de desahucio, según se ex-presa en la demanda, se funda en el hecho de que no habién-dose fijado plazo en el contrato de arriendo, y pagándose de conformidad con dicho contrato los alquileres mensualmente, debe considerarse que dicho contrato está hecho por meses. (Yéase el artículo 1484 del Código Civil de Puerto Rico.) Por tanto, habiendo la demandante, en el ejercicio de su derecho, notificado al demandado que dicho contrato de arrendamiento tenía que terminar, si tal notificación se ha hecho en debida forma, el demandado no podría por más tiempo tener derecho a seguir en posesión dé la finca después de presentada la de-manda, pudiendo ser privado de la misma sumariamente.

Por tanto, vemos que la defensas que.fueron eliminadas de la contestación por la corte inferior no eran esenciales a las verdaderas cuestiones que fueron presentadas para ser re-sueltas. En dichas defensas se alegaban cuestiones completa-mente extrañas a las que debidamente surgen en una acción de desahucio, y tal controversia pudo resolverse usando otros medios, o en otro pleito que se estableciera en debida forma en una corte de competente jurisdicción.

III. El tercer error alegado es el haberse tomado en con-sideración pruebas improcedentes. Alega el apelante, que en la celebración del juicio la corte inferior cometió error al ad-mitir prueba con respecto al aviso que el demandante dió al demandado con el fin de terminar el contrato de arrenda-miento que entre ellos existía y de privar al arrendatario de la finca en cuestión. Se alega que la corte al proceder así, in-fringió algunas de las prescripciones más esenciales de la Ley de Evidencia, admitiendo, no obstante la oposición del de-mandado, una prueba ilegal, ineficaz y arbitraria con respecto al aviso. Se alega que todo esto estaba en abierta violación .del artículo 1, y párrafos 3,-4, 5 del artículo 3, y especialmente el párrafo 2 del artículo 24, y todo el contenido del artículo 34 de la Ley de Evidencia; además el artículo 314 del Código de Enjuiciamiento Civil, cuyas prescripciones se alega que han sido complétamente desatendidas.

De un examen de estos artículos, de los estatutos y de los autos de este caso, se verá que este señalamiento dej error se funda en la admisión de la prueba que se supone se hizo erró-neamente, con la que se trataba de probar el aviso dado por la demandante al demandado por virtud del cual había de termi-nar el contrato de arrendamiento. Aparece que este aviso se hizo por correo, no habiendo negado el demandado que lo había recibido. Se hizo en forma de carta por el represen-tante de la demandante, habiéndose presentado durante el juicio una copia de carbón hecha en maquinilla. Alega el apelante que debió presentarse el original, o que estando éste en posesión del demandado debió haberse concedido una opor-tunidad, previo un aviso razonable, para que lo mostrara, y que de acuerdo con el artículo 314 del Código de Enjuicia-miento Civil, debió habérsele permitido examinar el mismo así como sacar uná copia de él. No hay nada por donde se vea que el demandado solicitara examinar el aviso hecho por escrito y que se le negara tal pretensión, siendo la única cues-tión que surge del señalamiento de este error la que se refiere al efecto de la presentación de una copia de carbón hecha en maquinilla, encontrándose el original de la misma en poder de la parte contraria. Se ve de los autos que la copia hecha en maquinilla de dicho documento fué presentada por el de-mandante como prueba, el día 17 de julio, siendo entonces y allí marcada con el número debido, sin que se hiciera ninguna objeción a la misma por parte del demandado. Además, pa-rece que en el juicio se examinaron varios testigos con res-pecto a dicha copia de la carta y a su contenido, así como del hecho de haber sido enviada por'correo, sin que hiciere nin-guna objeción a ello el demandado. El artículo 84 de la Ley de Evidencia vigente en esta Isla prescribe, que cuando se saca la impresión de una carta en un copiador de cartas, antes de cursar por correo el original, dicha- copia de prensa deberá considerarse como original, al igual que la carta así copiada, pudiendo leerse en evidencia al probarse que ésta fué debida-mente cursada por correo. Aunque este artículo no es apli-cable según sus términos a los duplicados que se hacen en maquinilla de escribir, el espíritu y efecto del estatuto es igual en ambos casos. A mayor abundamiento, en un tratado de Ley sobre Evidencia que goza de gran reputación, dice un notable autor, que el propósito de las resoluciones americanas sobre este punto es el de que cuando se hacen documentos en duplicado, o más copias, cualquiera de éstas puede presen-tarse como prueba indistintamente por no haberse presentado la otra. (Wigmore sobre Evidencia, art. 1284, tomo 2, pág. 1477 y siguientes.)

De un examen de los autos y de las autoridades citadas es-tamos plenamente convencidos de que la acción asumida por la corte inferior al admitir la copia de carbón del aviso hecho en maquinilla a qué se ha hecho referencia, fué enteramente correcta y adecuada.

IV. El cuarto error alegado se refiere á haberse negado al demandado el derecho a seguir en el disfrute de la finca. El apelante alega que la corte inferior infringió el artículo 1469 del Código Civil, que dice lo siguiente:

“Art. 1469.: — Si al terminar el contrato permanece el arrendatario disfrutando quince días de la cosa arrendada con aquiescencia del arrendador, se entiende que hay tácita reconducción por el tiempo que establecen los artículos 1480 y 1484, a menos que baya precedido requerimiento. ’ ’

Se ha alegado que la demandante dejó pasar los primeros quince días del mes de junio sin hacer el debido requerimiento al demandado para que desalojara la finca, debiendo por con-siguiente, darse un nuevo aviso de conformidad con el estatu-to. La demandante dió aviso el día 24 de mayo al demandado de que el 31 de ese mes daba por terminado el arrendamiento, y el día siete de julio presentó la demanda de desahucio. El expresado aviso impidió la tácita reconducción por el mes de junio, y cuando en julio se presentó la demanda, aun no ha-Man transcurrido los quince días a que se refiere el artículo 1469 del Código Civil citado, para que se entendiera prorro-gado el contrato; por lo que no existe la infracción que se alega de ese precepto legal.

Y. El quinto error que lia sido alegado en el alegato del apelante es el haberse hecho caso omiso del cumplimiento del demandado con el contrato y el no cumplimiento 'con el mismo por parte del demandante. El apelante considera esto como una infracción del artículo 127 del Código de Enjuiciamiento Civil en relación con los principios fundamentales que regu-lan los contratos, según se determinan en el Código Civil. Se-gún la opinión que tenemos de esta cuestión no es necesario considerar la verdadera interpretación y efecto del artículo que acaba de citarse del Código de Enjuiciamiento Civil. Tal alegación era frívola e impertinente en un juicio de desa-hucio, porque teniendo éste por único fin, según hemos dicho antes, que el arrendatario cese en la posesión de la finca cuando ha llegado algunos de los casos establecidos en la ley, no cabe en ella discutir si el arrendador dejó de cumplir al-guno de sus deberes como tal, por lo que no existe el quinto error alegado.

Considerando todas estas cuestiones y examinando cuida-dosamente las autoridades que han sido citadas, y otros que hemos encontrado al considerar el caso, somos de opinión que la sentencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., es enteramente correcta en todos sus particulares, debiendo, por tanto, confirmarse,.con las costas a favor de la apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. MacLeary,

license: Public Domain

text:
    Rivera v. Sucesión Soto.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla.
    No. 749.
    Resuelto en marzo 14, 1912.
    Herederos — Responsabilidad de la Sucesión — Bienes del Causante. — En el caso de autos no se probó la fecha del fallecimiento del causante de la suce-sión demandada contra cuyo caudal hereditario se estableció la presente ac-ción, ni se justificó tampoco que en la fecha de su fallecimiento dejó bienes que constituyeran su caudal y que iludieran repartirse entre las personas que resultaran ser sus herederos. Se resolvió que la acción ejercitada carece de suficiente fundamento, pues' no se ha demostrado que los bienes poseídos en la actualidad por algunos de los miembros de la sociedad demandada, pro-cedan del caudal hereditario del causante, único concepto por el que pueden dichos bienes ser afectados por la sentencia dietada a favor del demandante y en la .cual funda su acción. Tampoco se ha demostrado la existencia de fraude o confabulación en la adquisición de los bienes ni en la reclamación judicial hecha por el demandado Francisco Hernández Barreto.
    Causa del Contrato — Causa Falsa. — La causa de un contrato aunque no se exprese en él, se presume que es lícita y verdadera mientras no’ se pruebe lo contrario, y no habiéndose justificado en el presente, caso la falsedad de la causa no procede la nulidad que se solicita.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Carlos Franco Soto.

    Abogados del apelado: Sres. Reichard y Reichard.

   El Juez Asociado Sr. MacLeary,

emitió la opinión del tribunal.

Esta acción fue establecida por el demandante Domingo Rivera contra la Sucesión de Juan de Dios Soto para que en primer término se declarase nula-y sin ningún valor la escri-tura de venta judicial otorgada por el marshal de la corte municipal de Aguadilla el día 28.de enero de 1910, de siete cuerdas de terreno, así como su inscripción en el registro de la propiedad; en segundo lugar, que se anulara y dejara sin efecto el expediente posesorio promovido por Isidoro Soto en cuanto a ocho cuerdas .de terreno y su inscripción en el registro de la propiedad; y en tercer lugar, que dicha parcela de terreno debe aplicarse a satisfacer la sentencia que se inserta en la demanda, y pago ele costas. ■

La Sucesión de Juan de Dios Soto, compuesta de sus hijos Isidoro, Teodoro, Juan, Miguel, Pedro y Jacinto y sus bijas Aniana y Asunción, todos mayores de edad, y sus nietos me-nores Juan, Gerardo, Modesto y Jesús Acevedo, representa-dos por su padre Domingo Acevedo, y Olivia y Gervasio Soto, también menores de edad, representados por su madre Esco-lástica Méndez y Francisco Hernández Barreto, fué becha parte demandada en dicbo pleito.

Todos los demandados fueron emplazados debidamente, quienes comparecieron y contestaron la demanda con excep-ción de Francisco Hernández Barreto que dejó de contestarla; no constando que el demandante solicitara que se anotara su rebeldía. El demandante bace en substancia, las siguientes alegaciones:

I. Que el día 18 dé febrero de 1910, se dictó sentencia en el caso Civil No. 696, promovido a nombre de Julio O. Abril y Arroyo contra la Sucesión de Juan de Dios Soto, la que des-pués de omitirse en ella algunos particulares que no son de importancia, es como sigue:

“Después de haber considerado debidamente el caso, la corte es de opinión que la ley y los hechos están a favor de la parte demandante. Por tanto: declara con lugar la demanda interpuesta y en su conse-cuencia decreta y ordena que el demandante Julio O. Abril y Arroyo .obtenga y recobre del causante Don Juan de Dios Soto, representado por su Sucesión, compuesta de sus hijos Isidoro, Teodoro, Juan, Miguel, Aniana, Asunción, Pedro y Jacinto Soto y Deines, mayores de edad, y sus nietos menores, Juan Gerardo, Modesto y Jesús Acevedo representados por su padre Domingo Acevedo; y Olivia y Ger-vasio Soto, también menores, representados por su madre Escolástica Mgndez, la suma reclamada de $1,036.53, de capital e intereses a razón de 12%, cuya suma no podrá hacerse efectiva en bienes propios de la referida sucesión, a menos que aparezca que dicho causante Juan de Dios Soto falleció dejando bienes que constituían su caudal hereditario; sin hacerse especial condenación de costas. ’ ’

II. Que durante la sustaneiación del expresado caso No. 696, teniendo los demandados el deliberado proposito de eludir la responsabilidad que babía contraído por virtud de dieba sentencia, y para bacer ilusoria su ejecución, se confabularon y pusieron de acuerdo con Francisco Hernández Barreto, es-tableciendo este último una demanda ante la corte municipal de Aguadilla contra la Sucesión de Juan de Dios Soto en cobro de $275, y después de obtener sentencia en rebeldía, trabó un embargo en la finca que estaba inscrita en el registro de la propiedad a nombre de Juan de Dios Soto, causante de los demandados, y habiéndose vendido dicha finca en subasta pública, fué adjudicada a Miguel Soto, otro de los herederos del referido Juan de Dios Soto y demandado en este pleito. Exponiendo además, que el marshal de la corte municipal le otorgó la correspondiente escritura de venta judicial en 28 de enero de 1910, que fué inscrita en el registro de la propiedad con su debida descripción.

III. Alega además el demandante, que la suma reclamada en el procedimiento seguido ante la corte municipal de Agua-dilla en el que Francisco Hernández Barreto era demandante, contra la Sucesión de Juan de Dios Soto, según se ha dicho, no se le dehía en realidad, puesto que el expresado Francisco Hernández Barreto había sido totalmente satisfecho de dicha suma por Juan de Dios Soto o sus herederos, alegando, por tanto, que el referido procedimiento seguido por el susodicho Francisco Hernández Barreto contra la Sucesión de Juan de Dios Soto fué fraudulento y supuesto, puesto que la acción establecida se fundaba en una causa falsa, siendo la sentencia que se dictó en rebeldía en dicho procedimiento nula y sin ningún valor, como asimismo lo era la escritura de venta otor-gada por el marshal de la corte municipal de Aguadilla el día 28 de enero de 1910, a Miguel Soto, ante el Notario Arturo Reichard y del Valle.

IV. Que del mismo modo, después de establecida la recla-mación de Julio O. Abril y Arroyo contra la Sucesión de Juan de Dios Soto, y con el fin de defraudar al acreedor Abril y de que no fuera posible hacer efectiva la sentencia que se inserta en la demanda, uno de los demandados, Isidoro Soto, fraudu-lenta y falsamente sustanció y obtuvo a su nombre la aproba-ción de un expediente posesorio de treinta y cinco cuerdas de terreno pertenecientes a la Sucesión de Juan de Dios Soto, deudor del mencionado Abril y cansante de los demandados. Dichas ocho cnerdas de terreno se describen en la demanda y se alega qne fueron inscritas en el registro de la propiedad.

Los demandados comparecieron admitiendo en sn contes-tación algunas de las alegaciones de la demanda, negando otras, y exponiendo nuevas materias constitutivas de defensa, qne son en substancia como signe:

Io. Que Don Juan de Dios Soto, en la época de su- falleci-miento, era insolvente y desde mucho tiempo antes de su muerte carecía de toda clase de bienes, comprobando dicha alegación con una certificación del Tesorero de Puerto Eico, que se encuentra agregada a la contestación como exhibit A.

2o. Que Don Juan de Dios Soto, en el año 1899, compró a Don Miguel Hernández Comas, una finca rústica de siete cuer-das de terreno que se describe en la contestación.

3o. Que dicha compra se efectuó por la suma de $4Ó0S moneda provincial, de los que el vendedor recibió $135, que-dando Soto obligado a abonar los $265 restantes, en 4 de-enero de 1900, a Francisco Hernández Barreto, comprobando^ esta alegación con una copia de una escritura pública agre-gada a la contestación como exhibit B.

4o. Que no habiendo pagado Juan de Dios Soto ni sus su-cesores los $265, Francisco Hernández Barreto siguió contra la sucesión del deudor en la corte municipal de Aguadilla, un procedimiento en cobro de dinero, embargando la' finca antes descrita, la que puesta en pública subasta fue adjudicada a Miguel Soto Deines, otorgándole el marshal de la mencionada corte la escritura correspondiente ante el Notario Arturo Eeichard, en 28 de enero de 1910.

5o. Que en 4 de julio de 1905, Juan de Dios Soto Vera ven-dió a su hijo, Miguel Soto Deines, cierta finca rústica situada en el barrio de Cruz de la jurisdicción de Moca, compuesta de una cuarenta cuerdas, las que se describen y haciendo refe-rencia para su comprobación al documento privado que en copia acompaña a la contestación como exhibit C.

Dea. Vol. 18 — 10

6o. Que de la finca descrita anteriormente, Miguel Soto Deines vendió a su hermano Isidoro Soto Deines una parcela de ocho cuerdas de terreno, las que se describen y que ésta en unión de otros predios fue objeto de un expediente posesorio promovido por Isidoro Soto Deines, y que consta inscrito en el Begistro de la Propiedad del Distrito de Moca.

No es necesario hacer referencia a ciertas excepciones for-muladas a la demanda por los demandados, y que fueron en su oportunidad desestimadas y eliminadas de los autos.

Aparece de la prueba documental que se aportó al juicio, que Julio O. Abril, cedente del demandante, obtuvo a su favor una sentencia en la Corte de Distrito de Aguadilla el día 18 de febrero de 1910, contra la Sucesión de Juan de Dios Soto por la suma de $1,036.53 de capital e intereses al 12 por ciento, suma que no podía hacerse efectiva en bienes de dicha Suce-sión a menos que apareciere que dicho causante Juan de Dios Soto hubiere fallecido dejando bienes que constituyeran su caudal hereditario; y que se había anotado preventivamente en el registro de la propiedad de dicho distrito, la demanda, en los días 9 y 18 de enero, 1911. Aparece además de la prueba, que el abogado Arturo Beichard, a nombre y repre-sentación de Francisco Hernández Barreto, siguió un pleito en 18 de octubre de 1909, en la corte municipal de Aguadilla •contra la Sucesión de Juan de Dios Soto en cobro de la suma de $345.82, con intereses a razón del 1 por ciento mensual, as-cendente a $195, y las costas, y que obtuvo sentencia en rebel-día contra dicha sucesión por la cantidad reclamada; sen-tencia que fué registrada en 23 de noviembre de 1909, librando el secretario de la corte municipal el mandamiento de embargo al marshal de la dicha corte municipal en 18 de octubre de 1909, para que se embargara la finca de Juan de Dios Soto, en cantidad suficiente para satisfacer la suma mencionada en dicha sentencia, embargo que fue trabado por el expresado marshal el 21 de octubre de 1909, en una finca de siete cuerdas, inscrita en la página 102, tomo 9 de Moca, y anotada en el registro de la propiedad el día 3 de noviembre de 1909, en dicha página y tomo como finca No. 599, letra A; y qne dicha propiedad así embargada fné adjudicada por el marshal al mejor postor, Miguel Soto Deines, por virtud del remate en la ejecución de la referida sentencia que se había dictado a favor del demandante Francisco Hernández Barreto, el día 20 de enero de 1910, siendo dicha escritura inscrita el mismo día en el registro de la propiedad. Aparece además de la misma prueba documental, que en los años 1901 a 1902, Juan de Dios Soto poseía en eí barrio de Cruz, en Moca, una finca rústica de siete cuerdas de terreno valorada en $120, una casa de ma-dera en $25, y bienes muebles por valor de $86, y una má-quina de desgranar café, sobre todo lo cual había fijada una contribución de $1.16; y que en el año económico de 1906 a 1907, no figuraba Juan de Dios Soto con bienes declarados en la municipalidad de Moca a los efectos del pago de contribu-ciones. Aparece también de la prueba que Juan de Dios Soto, en febrero del año 1899, adquirió por título de venta de Miguel Hernández un predio de siete cuerdas de terreno en el pueblo de Moca por la suma de $400, de cuya suma confesó el ven-dedor tener recibido del comprador $135, quedando obligado éste a entregar el resto del precio a Francisco Hernández Barreto el día 4 de enero de 1900.

Apareció además en el juicio, que en el mes de julio de 1905, Juan de Dios Soto y su esposa vendieron a su hijo Miguel Soto Deines una finca de cuarenta cuerdas radicada en el barrio de Cruz, en la jurisdicción de Moca, por la suma de $500, que los vendedores confesaron haber recibido del com-prador. Y apareció además de la prueba, que en el año 1909, fué condenado Francisco Hernández Barreto por la corte municipal a pagar al demandante José Saltorio Méndez .la suma de $25, habiéndose librado mandamiento para que retu-viera esa suma que le había entregado en poder de Juan de Dios Soto a que podía alcanzar el crédito del expresado Méndez.

Que del mismo modo fue condenado Francisco Hernández y su esposa a pagar la suma de $14, a Adolfo Babilonia en el año 1899, reteniéndose en poder de Juan de Dios Soto un cré-dito que los demandados tenían pendiente con dicho deman-dante ; la cesión del crédito por sentencia a favor del deman-dante Domingo Rivera resulta justificada por escritura pú-blica de 24 de octubre de 1910.

Isidoro Soto Deines y Miguel Soto Deines aparecen poseer el primero, un lote de terreno de treinta y cinco cuerdas debi-damente inscrito en el registro; y el segundo, que en el año económico 1902-1903 pagaba contribución por un predio de siete cuerdas, una casa de madera y propiedad personal. La prueba testifical no aporta ningunos otros hechos que deban ser tomados en consideración para el éxito de las alegaciones consignadas en la demanda.

El primer hecho probado en los autos, que hay que consi-derar en este pleito bajo la relación de los hechos expuestos, en combinación con los de la demanda, es que no aparece pro-bado en ninguna forma la fecha cierta del fallecimiento de Juan de Dios Soto, contra cuyo caudal hereditario se ha esta-blecido esta acción; no apareciendo tampoco que en la fecha de su fallecimiento dejó bienes que constituyeran su caudal y que pudieran repartirse entre las personas que resultaran ser sus herederos. No habiéndose justificado ninguno de estos extremos, es evidente que la acción ejercitada carece de sufi-ciente fundamento, pues no se ha demostrado que los bienes poseídos en la actualidad por algunos de los miembros de la sucesión demandada, procedan del caudal hereditario de Juan de Dios Soto, único concepto por el que pueden dichos bienes sor afectados por la sentencia dictada a favor del demandante por la Corte de Distrito de Aguadilla con fecha 18 de febrero de 1910. Tampoco aparece de' la prueba que en la adquisición de estos bienes ni en la reclamación judicial hecha por Francisco Hernández Barreto, mediara fraude o confabulación en-tre las partes con la intención de perjudicar al demandante, en su crédito por sentencia, sustrayendo dichos bienes al pago de la misma o simulando créditos con el mismo objeto. Por tanto, es evidente qne la acción ejercitada en la demanda no podía prosperar.

La alegación qne también hizo en sn demanda el deman-dante dé qne la cansa de los actos y contratos realizados por individnos de la referida sncesión es falsa, no tiene justifica-ción en el juicio, por lo qne es de aplicación el precepto legal contenido en el artículo 1244 del Código Civil de Pnerto Rico, y el artícnlo 102, subdivisión 38 de la Ley de Evidencia, en el qne se establece qne la cansa de nn contrato, annqne no se exprese en él, se presume qne es lícita y verdadera mientras no se prnebe lo contrario. Tal prueba no aparece en absoluto en el presente caso.

No habiéndose demostrado la nnlidad de la escritnra de venta judicial otorgada por el marshal de la corte mnnicipal en -28 de enero de 1910, por la prueba aportada al juicio, como tampoco la del procedimiento en qne se decretó dicha venta, ni qne el expediente posesorio promovido por Isidoro Soto adoleciera de algún'vicio de nnlidad, la demanda fue debida-mente desestimada, por lo que se dictó sentencia correcta-mente, con las costas al demandante.

Habiendo considerado debidamente las alegaciones .conte-nidas en los' autos y la prueba presentada en el juicio, tanto la testifical como la documental, así como las razones formu-ladas por los abogados en sus informes, y no apareciendo de los mismos que se hubiera cometido algún error fundamental, la sentencia dictada por la Corte de Distrito de Aguadilla el día 1 de julio de 1911, debe confirmarse en todas sus partes.

C on firmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    Méndez v. Celis et al.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Hnmacao.
    No. 713.
    Resuelto en marzo 18, 1912.
    Nulidad de Testamento — Desheredación—Usufructo Vidual. — En esta aeeión se trata de anular la cláusula de un testamento por la cual la esposa deshere-daba al marido de la cuota vidual en usufructo que pudiera corresponderle de los bienes de la esposa. La demanda fué excepcionada por no aducir hechos suficientes y la corte declaró con lugar la excepción previa por ser prematura la acción establecida, por estar pendiente una acción de desahucio continuada por el albacea del cónyuge difunto. Se resolvió que habiendo este tribunal resuelto en el caso de Celts Algwier v. Méndez, en marzo 7, 1912, que la muerte de uno de los cónyuges pone término a la acción de divorcio, no era prematura la presente acción, pues el término para impugnar un testa-mento es después que haya sido leído a los interesados. El no alegarse en la demanda que la testadora dejara bienes no constituye una omisión esencial según las circunstancias del presente caso.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. Eduardoi Acuña.

    Ahogado de los apelados: Sr. Jorge V. Domínguez.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Esta fné nna acción establecida por el marido para que se anulara nna cláusula contenida en .el testamento de su esposa por la que ella trataba de desheredarle. Aparece del testa-mento según se describe en la demanda, que la testadora ha-bía seguido un pleito de divorcio contra su esposo en la Corte de Distrito de Hnmacao, y que por la cláusula 7a. de su dicho testamento desheredaba y privaba a su esposo de su dérecho de usufructo en cuanto a la mitad de sus bienes. Se formuló excepción previa por la que se admitieron los anteriores he-chos, así como el de que no existió ningún motivo para la des-heredación a que se hace referencia en el testamento, a no ser que fuera el ya referido de estar pendiente un pleito de divorcio. No se expresan los fundamentos en que se basaba el divorcio.

La excepción previa fué declarada con lugar por. ser pre-matura la acción establecida. Alegan los apelados que si el apelante tiene o no algún derecho al usufructo, estaría sujeto al resultado del pleito de divorcio, de conformidad con lo pre-venido en el artículo 8o. de la ley de 1905. Esta cuestión lia sido considerada ampliamente por este tribunal en el caso de Carlota de Celis Alguier v. Ramón Méndez Cardona, resuelto el día 7 de marzo de 1912, y como en él se decidió, la muerte de la esposa pone término al pleito pendiente.

En el alegato de los apelados se hace alguna referencia al hecho de que en la demanda no se alegó que la testadora de-jara bienes, habiéndose hecho caso omiso de esta cuestión en el acto de la vista. Además, por lo general, una testadora de-ja bienes muebles de alguna clase' o puede que luego aparez-can algunos bienes. La fecha adecuada para oponerse a un testamento es prontamente después que se ha leído a los in-teresados ; y el hecho de no mencionarse en él alguna propie-dad no constituye, según las circunstancias del presente caso, una omisión esencial. Debe resolverse que la demanda de-termina una buena causa de acción, toda vez que en ella está claramente expresado que el testamento dejó de expresar la causa de la desheredación. La sentencia debe revocarse.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. del Toeo, POR EL JUEZ PRESIDENTE SEÑOR HERNANDEZ CON LA CUAL ESTUVO CONFORME EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR ALDREY.

text:
    Jordán v. Gómez et al.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Arecibo.
    No. 587.
    Resuelto en marzo 21, 1912.
    Anotación de Demanda en el Registro — Su Efecto en cuanto a Posteriores Compradores — Terceros.—Anotada nna demanda reclamando el dominio de una finca en el registro de la propiedad, aquellos que con posterioridad ad-quieren la finca no pueden alegar que desconocían la existencia del pleito y están obligados a estar y pasar por lo que resulte del pleito, tanto más cuando del mismo registro aparecen eiertas anotaciones de embargo que inves-tigadas por los posteriores compradores, los llevaría al conocimiento de que la finca reclamada pertenecía al demandante.
    Los hechos están expresados en la opinión.

      Abogado del apelante: Sr. Manuel F. Rossy.

    Abogados de los apelados: Sres¿ Antonio Suliveres y Luis Llorens Torres.

   El Juez Asociado Se. del Toeo,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn pleito sobre tercería de dominio. Manuel Jordán Correa entabló demanda en la Corte de Distrito de Arecibo contra Federico A. G-ómez y Juan Bautista Ro-mán, alegando que Gómez babía obtenido en la propia corte una sentencia a su favor en el pleito que siguiera contra Ro-mán en cobro de pesos, y que para ejecutar dicha sentencia había embargado como de la propiedad de Román cierta finca de 29 cnerdas de terreno, situada en el barrio de Caguana, de Utuado, dentro de la cual estaban comprendidas 20 cuerdas pertenecientes al tercerista Jordán. Alegándose además en la demanda que Jordán tenía la posesión de las 20 cuerdas como único dueño que era de ellas.

El démandado Román fue emplazado debidamente y, co-mo no contestara, fué anotada su rebeldía de acuerdo con la ley. El otro demandado Gómez contestó, en 16 de diciembre de 1908, negando que las 20 cuerdas a que se refería la de-manda formaran parte de las 29 por él embargadas y que pertenecieran al tercerista Jordán, y alegando además, que Juan Bautista Román desde el 12 de abril de 1880, adquirió de José Julián Román la finca embargada, cuyo dominio se hallaba inscrito en el registro a favor de Juan Bautista Ro-mán, y que el 9 de- diciembré, y sin que a ello se opusiera el tercerista Jordán, adquirió la finca en cuestión en pública su-basta, pasando a ser en tal virtud de su propiedad.

Celebrado el juicio, la corte dictó sentencia en contra del tercerista y el tercerista interpuso el presente recurso de ape-lación.

Examinadas las alegaciones y las pruebas, se llega a la conclusión de que se ha justificado cumplidamente que las 20 cuerdas reclamadas por Jordán están comprendidas dentro de las 29 embargadas por Gómez.

No existe, pues, ’duda alguna con respecto a la identifica-ción de la finca, y la cuestión a resolver queda circunscrita a determinar cuál es el verdadero dueño de las 20 cuerdas en cuestión, si Jordán o Gómez.

Son hechos probados en el pleito que Gómez en un caso que siguiera en cobro de pesos contra Juan Bautista Román, obtuvo a su favor una sentencia, y que, para ejecutarla, bizo embargar la finca de 29 cuerdas, que aparecía inscrita en el registro de la propiedad a favor de Juan Bautista Román.

El remate de la finca embargada se señaló para el día 9 de diciembre de 1908. La demanda de tercería de Jordán contra Román y Gómez se archivó en la secretaría de la corte de distrito dos días antes, o sea el 7 de diciembre de 1908, y se anotó en el registro de la propiedad un día antes, o sea el 8 de diciembre de 1908. El remate se celebró en el día señalado, y por tanto, al adquirir la finca y al inscribirla luego en el re-gistro, Gómez conocía por los libros del registro, que una por-ción de ella se reclamaba judicialmente por Jordán como de su propiedad exclusiva,, y él no puede alegar en tal virtud la condición de tercero inocente en cuanto a la adquisición. de las referidas 20 cuerdas. El adquirió con conocimiento de la existencia del pleito y él debe estar y pasar por las resultan-cias del mismo.

Veamos cuáles son esas resultancias. La prueba demues-tra: Que allá por el año de 1880 José Julián Román vendió a Juan Bautista Román la finca de 29 cuerdas, venta que se ins-cribió en la antigua Anotaduría de Hipotecas. Escritura otorgada ante el Notario Alfonzo, en Utuado el 12 de abril de 1880, y certificaciones del Registrador de la Propiedad de Arecibo, obrantes en los autos.

Que Juan Bautista Román, a virtud de un contrato celebra-do el 2 de octubre de 1898, con Juan Antonio Santiago, en-tregó a éste entre otras la finca de 29 cuerdas. Esta transfe-rencia de dominio no se inscribió en el registro de la propie-dad. Contrato privado de la indicada fecha hecho constar por escrito y acto de conciliación celebrado en el juzgado municipal de Utuado el 15 de julio de 1899, que figuran en el récord.

Que allá por el año de 1902 Tomás Negrón interpuso de-manda contra Juan Bautista Román y embargó como de Ro-mán la finca de 29 cuerdas, y que entonces Santiago estable-ció demanda de tercería contra Negrón y Román y obtuvo un fallo a su favor declaratorio de que la finca pertenecía a Santiago y no a Román. Certificación del acta del juicio, folios 33 y siguientes de la transcripción.

Que en pleito seguido por Manuel Jordán Correa contra Juan Antonio Santiago, en cobro de pesos, obtuvo Jordán una sentencia a su favor, y para ejecutarla, se embargó una finca de veinte cuerdas, que fue luego adjudicada a Jordán el 3 de octubre de 1905. Ya bemos consignado que se ba demostrado que la finca de 20 cuerdas es parte de la de 29. Escritura otorgada ante el Notario Alfonzo en Utuado el 3 de noviembre de 1905, que aparece en los autos.

Y que allá por el año de 1905, Agustín Viruet, en pleito se-guido contra Juan Bautista Román, embargó como de la pro-piedad del demandado la finca de 20 cuerdas y que entonces Manuel Jordán Correa interpuso demanda de tercería recla-mando dichas 20 cuerdas como suyas, habiéndose resuelto la tercería a favor de Jordán el 6 de noviembre de 1905. Cer-tificación obrante a los folios 27 y siguientes de la transcrip-ción.

Las pruebas practicadas demuestran, pues, que si bien la finca de 29 cuerdas perteneció a Juan Bautista Román y se inscribió y continuó inscrita a su nombre en el registro de la propiedad, es lo cierto que Román transfirió su derecho a Santiago desde el año de 1898, y que de Santiago pasó tal derecho a Jordán, en cuanto a 20 cuerdas, desde el año de 1905.

El resultado de las pruebas perjudica al demandado Gró-' mez, porque él, como hemos establecido, no tiene la condición de tercero inocente, ya que al adquirir conocía por el registro la existencia de este pleito y aceptó el riesgo del mismo.

La anotación de la demanda en- este caso se tomó a virtud de lo prescrito en el artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil, que copiado a la letra, dice así:

‘ ‘ Cuando en una acción que afecte al título o al derecho de pose-sión de una propiedad inmueble, el demandante al tiempo de pre-sentar la demanda, y el demandado al tiempo de presentar la con-testación o en cualquier tiempo después, pidieren se declare que lo que se reclama es suyo, podrán presentar para su anotación al regis-trador del distrito en que radicare la propiedad o parte de ella, un aviso de la cuestión litigiosa pendiente, el cual contendrá los nombres y ape-llidos de las partes, el objeto de la demanda o contestación, y la des-cripción de la propiedad en litigio. Sólo desde el día de la presenta-ción del aviso para ser anotado se considerará que el comprador o la persona que adquiera un gravamen sobre la propiedad litigiosa, tiene conocimiento, para los efectos legales, de la acción pendiente contra las partes designadas por sus nombres verdaderos.”

T comentando preceptos de ley similares a los nuestros, la Corte Suprema de California lia establecido la siguiente doc-trina :

“Si con anterioridad a la venta hecha para el cobro de una hipo-teca el acreedor inició una acción para establecer sus derechos, y pre-sentó la notificación de encontrarse pendiente de resolución una acción establecida anteriormente, el hecho de haberse presentado tal notificación hace que se considere a los compradores por virtud de la venta en cobro de la hipoteca con conocimiento de las cuestiones que se ventilaban en dicho pleito; y por consiguiente, no son compradores inocentes. ’ ’

Randall v. Duff., 79 Cal., 116.

“Si A establece una acción contra B para reivindicar una pro-piedad y presenta una notificación de estar pendiente de resolución otra acción establecida anteriormente, y durante la pendencia de la acción, y después de haberse hecho la notificación de encontrarse pen-diente de resolución otro pleito establecido anteriormente, C compra a B la finca, y posteriormente se dicta sentencia contra B, dicha sen-tencia obliga a C y le impide entrar en el dominio de la propiedad comprada. ’ ’

Calderwood v. Tevis et al., 23 Cal., 336.

Pero existen otras circunstancias que hemos tenido en cuenta para llegar a la conclusión que dejamos establecida.

Si algún derecho pudiera asistir al demandado Gómez en este caso, tal derecho estaría solamente fundado en el regis-tro de la propiedad, y siendo esto así, es justo que se tengan en cuenta todas las circunstancias del registro, así las fa-vorables como las adversas.

Además de la anotación de la demanda de tercería, cuyo efecto hemos estudiado y fijado anteriormente, figuraban ano-tados en el registro dos embargos, que el registrador en las certificaciones que ha expedido en este caso, ha hecho figurar como cargas y que como cargas aparecen consignados expre-samente en la misma escritura notarial otorgada por el marshal del distrito a favor del demandado G-ómez el 22 de enero de 1909, e inscrita en el registro el 15 de abril de 1909.

El primero de dichos embargos fué trabado en 1902 a ins-tancia de Tomás Negrón y para anotarlo, fué que se trasladó la inscripción de la finca de 29 cuerdas hecha en la antigua Anotaduría, a los modernos libros del registro. El segundo se verificó a instancias de Agustín Viruet en 1905. Si el deman-dado como es natural y propio en tales casos, indagó acerca del origen de los embargos, debemos presumir que examinó los autos de los pleitos en que fueron decretados, y si así lo hizo, es necesario concluir que él actuó con el conocimiento exacto de que la finca que embargaba no pertenecía a su deu-dor Bomán.

Atendidas, pues, todas .las circunstancias de este caso, es necesario concluir, porque así lo requieren de consuno la jus-ticia y la ley interpretada rectamente, que debe ser fallado en contra del demandado y a favor del demandante, debiendo en tal virtud declararse con lugar el recurso y revocarse la sentencia apelada, dictándose en su lugar otra por esta Corte Suprema que decida, que las veinte cuerdas de terreno descri-tas en la demanda que forman parte de la finca de veinte y nueve cuerdas inscrita en el registro, no pertenecen ni a Juan Bautista Bomán ni a Federico A. Gómez, sino a Manuel Jor-dán Correa, y que en su consecuencia, deben cancelarse la ano-tación de embargo y la inscripción hechas a favor del deman-dado Gómez en el registro de la propiedad. En cnanto a las costas, creemos que cada parte debe pagar las suyas.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary y Wolf.

Jueces disidentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciado Aldrey.

OPINIÓN DISIDENTE EMITIDA

POR EL JUEZ PRESIDENTE SEÑOR HERNANDEZ CON LA CUAL ESTUVO CONFORME EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR ALDREY.

En 7 de diciembre del año 1908 Manuel Jordán Correa presentó demanda ante la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Arecibo contra Federico A. Gómez- y Juan Bautista Román, en juicio de tercería de dominio sobre bienes in-muebles, y en ella establece como' becbos los siguientes:

• Io. Que Federico A. Gómez babía obtenido en dicba corte con fecba 31 de enero de 1907, una sentencia en rebeldía contra Juan Bautista Román, condenándole a pagar al Gómez la suma de seiscientos dollars con intereses al 6% anual desde el 5 de julio de 1906, en que fué registrada la demanda, basta quedar satisfecha dicba suma, juntamente con cinco dollars 85 centavos por costas y gastos en la fecba de aquella sen-tencia.
2o. Que expedida orden de ejecución para el cumplimiento de la sentencia, el márslial de dicba corte dispuso en 13 de noviembre de 1908 vender en piiblica subasta por término de 20 días y al mejor postor, cuyo acto babía de tener lugar en 9 de diciembre siguiente, una finca rústica embargada como de la propiedad del demandado, la que se describe así:
“Veinte y nueve cuerdas, cuadro y medio de terreno, radi-cadas en el barrio de Caguana de Utuado, conteniendo dos casas de maderas del país, techadas de zinc y enclavadas bajo los puntos siguientes: De una estaca .de ortegón a la orilla del río Caguana siguiendo agua arriba, a otra estaca de orte-gón al lado de una guaba; de aquí guardarraya con José Cortes por toda una cuchilla arriba, a nn tabomico; de éste, colindando con la hacienda San Andrés, buscando al saliente, a otra estaca de ortegón con sus vueltas y por el derrame de la cuchilla nombrada; de aquí hacia el poniente, lindando con la sucesión de José Bomán, a una estaca de ortegón; de este al norte con la misma sucesión a otra estaca de ortegón, al pie de un y agrumo, y de aquí al primer punto.”
3o. Que de la finca descrita forma parte una de 20 cuerdas, equivalentes a siete hectáreas, ochenta y seis áreas y ocho centiáreas, a café, guineos, plátanos y malezas, con una casa habitación de maderas del país, techada de hierro galvani-zado, cuya finca colinda actualmente por el este y sur con tierras de Nicolás Bíos, por el oeste con las de la sucesión de José María Malaret y por el norte con más terrenos de la finca principal; y es del dominio y propiedad del deman-dante, quien la posée como único dueño de la misma.

La demanda concluye con la súplica de que, previos los trámites legales,- se declare que la finca de veinte cuerdas anteriormente descrita es de la exclusiva propiedad del de-mandante, ordenándose en cuanto a ella la cancelación del embargo practicado y que la sentencia que se dicte sea inscrita en el registro de la propiedad.

Al contestar la demanda el demandado Federico A. Gómez en diez y siete de diciembre de 1908, lo que no hizo el otro demandado Juan Bautista Bomán, alegó como primera de-fensa, que aceptaba los hechos Io. y 2o. de la demanda, negando general y especialmente todos los demás.

Como segunda defensa, expuso, que el demandado Juan Bautista Bomán, desde el 12 de abril de 1880, adquirió de José Julián Bomán como representante de su padre José Bamón Bomán, por título de compraventa, la finca rústica embargada que se describe en el hecho 2o. de la demanda, cuyo dominio se halla aún inscrito en el Begistro de la Propiedad de Arecibo a nombre del citado Juan Bautista Bomán, sin que en dicho registro conste que tal derecho haya sido traspasado, modificado, anulado o resuelto.

Como tercera defensa, añadió que en 9 de diciembre de 1908, día señalado para la ■ subasta de la finca de 20 cnerdas, fné ésta subastada, sin que a ello se opusiera el demandante Jordán Correa; y no habiéndose presentado más postor que Federico A. Gómez, se le adjudicó por la suma de seiscientos dollars, que debía pagarle Juan Bautista Román, pasando la finca en virtud de la venta judicial, a ser propiedad de Gómez.

Se trajo el pleito a juicio en el .día señalado, y de las prue-bas que se practicaron y que han venido en el escrito de expo-sición del caso resulta:

Io. Que por escritura pública de 12 de abril de 1880, de que se'tomó razón en la antigua anotaduría de hipotecas el 15 del mismo mes, y fué trasladada a los modernos libros del registro de la propiedad en 19 de diciembre de 1901, José Julián Román, en representación de su finado padre José Ramón Román revalidó la venta que éste había hecho a favor de Juan Bautista Román de veinte y nueve cuerdas de terreno con cuadro y medio más, enclavadas en el barrio de “Ca-guana,” de la jurisdicción de Utuado, bajo los mismos puntos que se determinan en la descripción que de dicha finca se hace en la demanda.

2o. Que según convenio consignado en documento privado de 2 de octubre de 1898. entre Juan Antonio Santiago y Juan Bautista Román, el primero dió en permuta al segundo ciento veinte y nueve y media cuerdas de terreno de su propiedad por tres parcelas de terreno pertenecientes a Román, una de veinte y nueve cuerdas y media, más o menos, bajo los lin-deros y puntos expresados en la escritura que dijo tener Román, otra de treinta cuerdas, y la tercera de cuarenta cuer-das, más o menos; comprometiéndose Román en virtud de esa permuta, a desligar a Santiago de la obligación de satis-facer en cinco plazos a Tomás Jordán la suma de seis mil setecientos noventa y ocho pesos cincuenta centavos y a de-volver a Román, mil quinientos pesos, a saber; cuatrocientos, en los meses de diciembre de los años de 1898, 1899 y 1900, y los trescientos restantes en 1901, quedando interinamente las propiedades de cada uno y garantía de lo'S referidos créditos, bien entendido, que si nno n otro se arrepintiese del convenio ínterin se otorgaban las escrituras, el que así lo hiciere paga-ría al otro la suma de mil pesos para indemnizarle los daños y perjuicios que le causara.

3o. Que en juicio de conciliación celebrado ante el Juez Municipal de Utuado en 15 de julio de 1899, Juan Antonio Santiago, demandó a Juan Bautista Román para que éste se aviniera a otorgar a favor de aquél escritura de permuta de unas tierras, según convenio privado que tenían celebrado, y ambas partes convinieron en que por razón de la crisis mone-taria entonces existente, la escritura de permuta se otorgaría en el mes de diciembre del año expresado, pudiendo Santiago reconocer sobre la finca permutada a Román los seis mil pesos que se estaban debiendo' a Tomás Jordán, de los seis mil sete-cientos noventa y cinco pesos 50 centavos a que se refería dicho convenio privado, a pagar a razón de mil quinientos pesos en los meses de diciembre de los años 1899 y subsi-guientes * ' * * en virtud de lo cuál, al otorgarse la escri-tura no quedaría obligado Román a pagarle cantidad alguna a Jordán, sillo a la persona que tuviera el crédito que con garantía de la finca reconocería el Santiago.

4o. Que en juicio verbal seguido ante la corte municipal de Utuado por Tomás Negrón contra Bautista Román, fué embargada como de la propiedad de éste una finca que según la anotación de dicho embargo en el registro de la propiedad, es la misma que hubo Román por escritura de 12 de abril de 1880; y habiendo presentado Juan Antonio Santiago de-manda de tercería reclamando la propiedad de dicha finca a virtud del contrato de permuta celebrado con Román, recayó sentencia en 10 de enero de 1902 declarando con lugar la de-manda y ordenando se levantara el embargo que la originó.

5o. Que en juicio seguido ante la misma corte municipal de Utuado por Manuel Jordán Correa contra Juan Antonio Santiago en cobro de dinero, fue condenado Santiago a pagar a Jordán Correa, la suma de cuatrocientos cincuenta dollars con las costas del pleito, y para ejecución de esa sentencia fné embargada como de la propiedad de Santiago la finca de 20 cnerdas qne se describe en la demanda, sin qne de tal embargo se tomara anotación preventiva en el registro de la propiedad por no aparecer registrada dicha finca a favor del demandado ni de ninguna otra persona; y habiéndose anunciado sn venta en pública subasta, fné adjudicada en 3 de octubre de 1905 a Jordán Correa, otorgándose a favor de éste por el márslial de la expresada corte municipal la correspondiente escritura de venta judicial con fecha 3 de noviembre siguiente.

6o. Que en otro juicio seguido ante la corte municipal de TJtuado por Agustín Viruet contra Juan Bautista Román en cobro de quinientos dollars, fué embargada a Román la finca adquirida por escritura de 12 de abril de 1880, cuyo embargo fué anotado en el registro; y habiendo establecido Jordán Correa demanda de tercería contra Viruet y Román en recla-mación de la propiedad de las 20 cuerdas que le habían side adjudicadas en el pleito seguido contra Juan Antonio Santiago, fué declarada con lugar la tercería por veredicto del. jurado de 6 de noviembre de 1905.

7o. Que para ejecutar sentencia que pronunció la Corte de; Distrito de Arecibo a 31 de enero del año 1908, en pleito se-guido por Federico A. Gómez Valencia contra Juan Bautista Román condenando a éste al pago de seiscientos dollars con intereses legales y costas del juicio, se sacó a pública subasta* por el marshal de dicha corte, la finca de veinte y nueve cuer-das con cuadro y medio de terreno, ya descrita en la demanda y que había sido embargada para asegurar la efectividad dé la sentencia que se pronunciara, embargo que también fué anotado en el registro; habiéndose adjudicado aquélla en 9 de diciembre.de 1908 al mejor postor, Federico A. Gómez, por la suma ofrecida de seiscientos dollars, y otorgádosele en 22 de enero de 1909 por el marshal expresado escritura de venta, que fué inscrita en el Registro de la Propiedad de Arecibo a 15 de abril del mismo año.

8o. Que en el Registro de la Propiedad de Arecibo se tomó anotación en 9 de diciembre de 1908 del aviso de la demanda interpuesta por Manuel Jordán Correa, para obtener que se declare de su exclusiva propiedad la finca de 20 cuerdas des-crita en la demanda, como parte de la de 29 cuerdas con cuadro y medio de terreno, y que se cancele el embargo tra-bado sobre la totalidad de la finca en virtud de demanda in-terpuesta por Gómez Valencia contra Juan Bautista Román, habiéndose presentado dicho aviso en el registro, en la mañana del día anterior.

9o. Que al declarar en el juicio Juan Bautista Román, como testigo del demandado Federico A. Gómez, manifestó que permutó tres fincas de treinta, cuarenta y veinte y nueve y media cuerdas respectivamente, sin que tuviera títulos de las dos primeras y sí de la tercera, por una de Juan Antonio Santiago, no habiéndose otorgado más documento de la permuta que uno privado, el que no llegó a reducirse a escritura pú-blica, porque Santiago le debía setecientos pesos.

Terminada la vista del caso, la corte emitió opinión y pro-nunció sentencia que copiadas literalmente, dicen así:

1 ‘ Opinión. En este juicio no se ha identificado la finca reclamada con la que es objeto de reclamación, pero, aunque se hubiera identifi-cado, tampoco podría fallarse el caso a favor del demandante, puesto que su derecho alegado, parte del derecho de dominio que asegura tuvo en la finca Juan Antonio Santiago, por permuta con Juan Bautista Román, y estudiado el documento privado de dicha permuta, se vé, que si bien hubo entrega material de varias fincas permutadas, se establecieron ciertas condiciones de pago y se pactó que mientras no se cumpliesen permanecía el dominio en los dueños permutantes, que no otra interpretación puede darse *a las palabras del contrato ‘ que-dando interinamente las propiedades de cada uno. ’
“En su consecuencia se dicta hoy sentencia conforme a esta opi-nión. Arecibo, febrero 3 de 1910. (Firmado) Ramón Quiñones, Juez. ”
“Sentencia. En este pleito sobre tercería sobre bienes inmuebles, cuya vista tuvo lugar el día 10 de diciembre de 1909, comparecieron los abogados D. J. E. Martínez Quintero, en representación del de-mandante, y Don Antonio Suliveres, en representación del deman-. dado Federico A. Gómez, encontrándose en rebeldía el otro deman-dado Juan Bautista Román. Fué oída toda la prueba propuesta por ambas partes y se concedió a los letrados el tiempo necesario para presentar, como ban presentado, extensas alegaciones por escrito. Apreciadas en Su conjunto las pruebas y las alegaciones de derecho de los letrados, la corte
“FALLA:
“Que los hechos y el derecho están a favor de los demandados y en contra del demandante; y por tanto se declara sin lugar la de-manda. Arecibo, febrero 3 de 1910. (Firmado) Ramón Quiñones,, Juez.”

Contra esa sentencia interpuso Manuel Jordán Correa re-curso de apelación para ante esta Corte Suprema.

Admitimos y adoptamos como.base para la decisión del recurso, que la finca de veinte cuerdas, cuya propiedad re-clama el demandante en tercería de dominio, forma parte según alega en su demanda, de la de veinte y nueve cuerdas con cuadro y medio de terreno, inscrita primeramente en el Registro de la Propiedad de Arecibo a favor de Juan Bau-tista Román y después a favor de Federico A. Gómez; pero no podemos venir a la conclusión de que el tercerista Manuel Jordán Correa deba reputarse dueño de dicha finca en rela-ción con el demandado Federico A. Gómez.

Ciertamente que respecto de Juan Bautista Román, y Tomás Negrón, Juan Antonio Santiago era dueño de la finca de veinte cuerdas, porque perteneciendo a Juan Bautista Román como parte de otra de mayor cabida, fué ésta per-mutada con dos más por otra de Santiago, mediante convenio privado que ambos tuvieron en 2 de octubre de 1898; porque en acto de conciliación celebrado en 15 de julio del año 1899, Juan Bautista Román y Juan Antonio Santiago se obligaron a otorgarse la escritura de permuta de las fincas permutadas; y porque en juicio de tercería de dominio seguido por Juan Antonio Santiago ante la corte municipal de Utuado contra Tomás Negrón y Juan Bautista Román, se declaró por sen-tencia de 10 de enero de 1902, que la finca de 29 cuerdas con cuadro y medio de terreno era de la propiedad del tercerista Juan Antonio Santiago.

Ante esos elementos probatorios, para Juan Bautista Román y Tomás Negrón, Juan Antonio Santiago era dueño de la finca de 29 cuerdas con cuadro y medio de terreno, pues Román y Santiago' fueron las partes contratantes de la per-muta, ambos y Negrón fueron partes en el juicio de tercería de dominio promovido por Santiago sobre la finca expresada, y a los tres alcanza la autoridad de cosa juzgada, que reviste la sentencia que declaró a favor de Santiago el dominio recla-mado, sin que ni Román ni Negrón puedan invocar dereolios de terceros.

Pero como el contrato de permuta no se inscribió ni pudo inscribirse en el Registro de la Propiedad de Arecibo, por no haberse reducido a escritura pública, ni tampoco se verificó la inscripción en dicho registro de la sentencia declaratoria del dominio a favor de Juan Antonio Santiago, siempre quedó en el registro Juan Bautista Román con el carácter de dueño de la finca de que se trata y con capacidad para contratar sobre ella.

Poco importa que Manuel Jordán Correa, en juicio contra Juan Antonio Santiago en cobro de dinero, obtuviera la ad-judicación de veinte cuerdas de la finca de veinte y nueve con cuadro y medio de terreno, y que se le otorgara por el már-shal de la corte municipal de Utuado escritura traslativa del dominio en tres de noviembre de 1905; pues si según el re-gistro no era dueño de ella Santiago sino Román, el márshal en representación de aquél nó podía otorgar a Jordán Correa semejante título, sin quedar éste sujeto a las contingencias de un pleito como el presente en que ha venido a discutirse su eficacia legal respecto de un tercero como-Federico A. Grómez.

El título de propiedad otorgado a Manuel Jordán Correa en 3 de noviembre de 1905 produce efectos legales respecto de Agustín Viruet y Juan Bautista Román contra quienes siguió Jordán Correa juicio de tercería de dominio que fué declarada con lugar; pero no puede perjudicar a terceros, como Gómez que no intervino en dicho juicio y para qnien Jnan Bautista Bomán era y continuó siendo dueño de la finca de 29 cuerdas con cuadro y medio de terreno, según el Regis-tro de la Propiedad de Arecibo.

A ese registro de la propiedad, y no a las cortes munici-pales, o a las cortes de distrito, o a los márslials de esas cortes, o a los periódicos de mayor o menor circulación, o a los que alegaran derechos de dominio, era donde tenía que acudir Gómez para averiguar y comprobar cuál fuera el dueño de la finca que trataba de subastar para cobrar la cantidad que le adeudaba Román.

La finca aparecía registrada a favor de Juan Bautista Román, y de ahí que, al otorgarse a Gómez en 22 de enero dé 1909 por el márshal de la Corte de Distrito de Arecibo escri-tura de venta de la misma, adquirió de quien en el registro aparecía como dueño, o sea de Juan Bautista Román. Esa venta no está sujeta a rescisión o resolución con arreglo al artículo 36 de la Ley Hipotecaria.

T no se diga que habiéndose anotado en el registro el aviso de la demanda, cuyo aviso fué presentado en 8 de diciembre de 1908, o sea el día anterior al de la subasta, ha incurrido Gómez en la primera de las excepciones del artículo 37 de la ley citada, pues semejante aviso no puede producir mayores efectos que los de la anotación preventiva de una demanda, y tal anotación no impide la enajenación de los bienes anotados con arreglo al artículo 71, sin perjuicio del derecho de la persona a cuyo favor se haya hecho la anota-ción.

La anotación del aviso no prueba que sean ciertos los hechos alegados en la demanda, sino que es una realidad la interposición de ella, y por tanto no puede decirse que Gómez adquiriera con conocimiento de hechos ciertos y positivos que constaban explícitamente en el registro, sino que adquirió con conocimiento del hecho de que había demanda de tercería de dominio interpuesta por Manuel Jordán Correa contra la finca que. adquiriera, tercería que en definitiva sería o nó declarada con lugar por el mérito de las resultancias del juicio, pero nunca en virtud del aviso de ía demanda anotada en el registro de la propiedad.

La anotación en el registro del aviso de una demanda interpuesta con relación al título o derecho de posesión de una propiedad inmueble, no puede producir más efecto que el que le atribuye el artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil, o sea el de considerarse que el comprador o la persona que adquiriera un gravamen sobre la propiedad litigiosa, tiene conocimiento para los efectos legales de la acción pendiente entre las partes designadas en el aviso.

Dicho aviso es equiparable en su esencia a la anotación preventiva de una demanda sobre propiedad de bien inmueble o derecho real, a que se refiere el número Io. del artículo 42 de la Ley Hipotecaria, y por tanto ambas diligencias tienen que producir idénticos resultados.

La anotación preventiva de una demanda es una medida interina que no altera la naturaleza de las obligaciones y de los derechos que han de resolverse en el fallo definitivo del pleito, y sus efectos se limitan a asegurar las consecuencias del juicio sin lastimar los derechos que sobre la propiedad reclamada puedan tener terceras personas, según jurispru-dencia establecida por el Tribunal Supremo de España, en sentencias de 17 de junio de 1875 y 8 de julio de 1876. Lo propio tiene que suceder con la anotación en el registro' del aviso de una demanda de propiedad.

Haciendo aplicación de la doctrina que dejamos expuesta al tercerista Manuel Jordán Correa, es incuestionable que el' derecho de propiedad que reclama en el presente juicio, no puede ser alterado en su favor por la anotación en el registro del aviso de la demanda, y que tampoco esa anotación puede lastimar derechos ya adquiridos por terceras personas o que éstas adquirieran después de la anotación del aviso, como sucede respecto del demandado Federico A. Grómez, el cual en vista del aviso anotado en el registro no puede menos que sujetarse a las consecuenciás del juicio; pero ello no quiere decir que el juicio con relación a Federico A. Gómez deba tener distinto resultado, según que se anota o nó el aviso de la demanda. El resultado tiene que ser el mismo baya o nó' aviso. La única diferencia que babrá consiste en que si bay aviso, Federico A. Gómez tendrá que soportar las consecuen-cias del fallo, lo que no sucederá si ba faltado el aviso; pero repetimos que el fallo tiene que ser idéntico baya o nó aviso.

En el caso presente, según los becbos que resultan del juicio y los preceptos legales aplicables al caso, procede declarar sin lugar la demanda de tercería y a esa misma reso-lución es forzoso llegar habiéndose anotado en el registro el aviso de la demanda; y el caso ba de decidirse con arreglo a' nuestro derecho local y jurisprudencia interpretativa del mismo, sin acudir a resoluciones de tribunales americanos, cuyo alcance es innecesario considerar y discutir.

Ya hemos dicho que al Registro de la Propiedad de Are-cibo era donde tenía que acudir Gómez para averiguar y com-probar cuál fuera el dueño de la finca que compró para co-brarse de la cantidad que le adeudara Román. Los embargos anotados en el registro a instancia de Tomás Negrón y Agus-tín Viruet revelaban que la finca que remató Gómez era de la propiedad de Juan Bautista Román, contra quienes se si-guieron los juicios en que se decretaron tales embargos, y Gómez tenía que aceptar las consecuencias de los mismos, sin que precepto alguno legal del Código Civil y de la Ley Hipo-tecaria le impusiera la obligación de investigar cual hubiera sido el resultado de dichos juicios.

Meras presunciones no pueden despojar al demandado Federico A. Gómez del carácter de tercero que tiene con rela-ción a actos y contratos en que no intervino, y en corrobora-ción de lo que afirmamos citamos la sentencia del Tribunal Supremo de España, de 23 de marzo de 1906, por la sabia doctrina qué contiene.

Establece esa sentencia que la doctrina consignada en otras de dicho Tribunal Supremo, a tenor de las que no puede alegar su cualidad de tercero para oponerse a la nulidad de un derecho, aquel que tiene perfecto conocimiento de las con-diciones con que hubo de adquirirlo, aun cuando éstas no re-sultasen del registro, exige y requiere por su naturaleza, en relación con el espíritu y finalidad del artículo 34 de la Ley Hipotecaria, que semejante conpcimiento se revele evidente-mente, ya por hechos que tienen que herir forzosamente los sentidos, cual acontece, por ejemplo, respecto de determi-nadas servidumbres aparentes, ya por actos que haya reali-zado el mismo supuesto tercero, pues sería disconforme con aquel terminante precepto la admisión de presunciones más o menos lógicas y racionales, contradictorias en realidad de su esencial fundamento y alcance, por lo que el mismo Supremo Tribunal ha estimado y declarado en sentencia de 20 de diciembre de 1904, que a los contratantes no se les puede obligar a hacer un estudio ju,rídico\ acerca de las condiciones de los bienes inscritos y que las causas de la rescisión para que per-judiquen en este caso a tercero, ya emanen de la ley, ya de la voluntad de las partes, deben constar en el registro.

Además, según la ley sobre procedimientos en los casos de tercería, aprobada en 12 de marzo de 1908, la orden de ejecu-ción para el trámite de una subasta sólo podrá suspenderse mediante interdicto prohibitorio, que no fué solicitado en el presente caso; y por tanto, así el acto de la subasta, como el otorgamiento de la escritura de adjudicación fueron legales, sin que el conocimiento que por medio de la demanda o de su anotación en el registro pudiera tener Gómez del hecho ale-gado por Jordán Correa, relativo a ser dueño de la finca de veinte cuerdas sea por sí solo bastante para suponer mala fe en el adjudicatario Federico A. Gómez, cuando el registro estaba revelando que la finca adjudicada era de la propiedad de Juan Bautista Román, de quien la adquirió Gómez.

La escritura de venta a favor de Gómez ha- sido inscrita en el registro de la propiedad, y como la inscripción se refiere a un contrato que a favor de aquél se otorgó por persona que en el registro aparece con derecho para ello, o sea por Juan Bautista Román, en cuyo nombre actuaba el mársbal, no pnede menos qne snrtir todos sns efectos legales.

Finalmente, según el artículo 2o. de la Ley Hipotecaria, deben inscribirse en el registro de la propiedad los títulos traslativos o declarativos del dominio de los inmuebles o de los derechos reales impuestos sobre los mismos, y según el artículo 389 de la misma ley, desde que comenzó ésta a regir, no puede admitirse en los juzgados o tribunales ordinarios y especiales, en los consejos y en las oficinas del G-obierno, nin-gún documento o escritura de qne no se baya tomado razón en el registro por el cual se constituyeren, transmitieren, re-conocieren, modificaren o extinguieren derechos sujetos a ins-cripción, según la misma ley, si el objeto de la presentación fuese hacer efectivo en perjuicio de tercero el derecho que debió ser inscrito. La escritura de dominio a favor de Jor-dán’no pnede snrtir efectos legales contra Federico A. Gómez, que tiene la suya inscrita en el registro de la propiedad. Y no son aplicables a Jordán las excepciones contenidas en los apartados 2o. y 3o. del artículo 389 que acabamos de citar.

En sentencia de 28 de abril de 1870 establece el Tribunal Supremo.de España, qne carece de apoyo legal la tercería de dominio fundada en un título que no está inscrito en el regis-tro de la propiedad, sin cuyo requisito no puede perjudicar a tercero.

Por las razones expuestas se sostiene la sentencia re-currida y en su virtud debe confirmarse.


author: El Juez Asociado Se. Aldeey,

text:
    Smith v. El Registrador de la Propiedad.
    Rectjeso gubernativo contra nota del Registrador de la Propiedad de Guayama.
    No. 113.
    Resuelto en marzo 25, 1912.
    ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROINDIVISOS' — COMUNIDAD DE BIENES-Acuerdo de la Mayoría. — El arrendamiento de una finca que pertenece p, varias personas, como aeto que es de administración, debe ser otorgado por la mayoría, en cantidad, de los condueños, y por todos los condueños euando por concurrir algunas de las condiciones que menciona el No. 2o. del artículo 5o. de la Ley Hipotecaria, constituye un gravamen o derecho real a favor del arrendatario.
    Id. — Arrendamiento de Participaciones Proindivisas.- — El arrendatario debe disfrutar de la posesión de una cosa determinada y concreta, y como un con-dueño proindiviso no posee determinadamente porción alguna de la cosa co-mún, no puede dar en arrendamiento su condominio y ha de someterse a las reglas de la comunidad.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del recurrente: Sr. José Tous Soto.

   El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública de 14 de abril de 1910, Don Pedro Juan Eosaly, como apoderado de los dueños de nueve vigési-mas partes (9/20) de la hacienda “Carmen” de Salinas, pro-rrogó por veinte años un contrato de arrendamiento consti-tuido por todos los condueños de dicha finca, pero limitando la prórroga a los condominios o participaciones indivisas co-rrespondientes a sus poderdantes.

Presentada esa escritura al Registrador de la Propiedad de Guayama para su inscripción, éste la denegó fundado, se-gún entendemos su nota, en que esas participaciones están inscritas en unión de otras en común proindiviso; negativa contra la que ha recurrido el Sr. Jeremiah Smith, Jr.

Desde luego que un contrato de prórroga de arrendamiento no es otra cosa que un nuevo contrato de arrendamiento y como tal consideraremos la escritura objeto del recurso.

Según los términos en que está redactado el documento presentado al registro, si bien en el segundo de los hechos que en el se consignan se dice que los contratantes han convenido en la prórroga del contrato de arrendamiento de la hacienda “Carmen”; y en la cláusula primera de las del otorgamiento consignan que prorrogan por veinte años el anterior con-trato de arrendamiento constituido por todos los partícipes en la hacienda, sin embargo, en la misma se hace constar que tal prórroga queda limitada a los condominios que en la ex-presada hacienda corresponden a los poderdantes del Sr. Rosaly, que son de nueve vigésimas partes.

Dada la redacción de ese contrato, parece qne lo qne lian hecho los expresados condueños es otorgar un arrendamiento, no de la totalidad ni de parte de la hacienda, sino de sus con-dominios proindivisos, sosteniendo el recurrente qne pudieron hacerlo independientemente de los otros condueños y que tal contrato es inscribible.

Es cierto qne todo propietario tiene el derecho de gozar y disponer de las cosas qne le pertenecen, pero con las limita-ciones establecidas por las leyes, según dispone el artículo 354 del Código Civil.

Este mismo cuerpo legal ha establecido reglas para la ad-ministración de los bienes pertenecientes en común proindiviso. a varias personas, según las cuales para la administración y mejor disfrute de ellos, serán obligatorios los acuerdos de la mayoría de los partícipes qne representen la mayor cantidad.

Ahora bien, como por el contrato de arrendamiento de cosa, lo que se cede es el disfrute o uso de ella, por precio cierto y tiempo determinado, tal cesión de disfrute es un acto de admi-nistración qne ha de regirse por la expresada regia existente para la comunidad de bienes, por lo que el mencionado con-trato sólo puede ser otorgado por la mayoría, en cantidad, de los condueños, cuando tal contrato no reúna alguna de las condiciones establecidas en el número 5o. del artículo 2°. de la Ley Hipotecaria, pues en este caso, por constituir un gravamen o derecho real sobre la finca a favor del arrendatario, necesita el consentimiento de todos los condueños.

Y no cabe alegar, como lo hace el recurrente, que los dueños de las nueve vigésimas partes no han dado en arrendamiento otra cosa que su condominio, pues como en el arrendamiento debe haber goce o uso de una cosa, debe el arrendatario dis-frutar de la posesión de una cosa determinada y concreta, y como un condueño proindiviso no posee determinadamente porción alguna de la cosa común, no puede dar en arrenda-miento una cosa o derecho que no puede por sí solo entregar al arrendatario para que la posea o disfrute y, por tanto, ha de someterse a las regias de la comunidad.

Además, el mencionado contrato tampoco es inscribible porque no se arrienda finca alguna, y el artículo 2o. número 5 de la Ley Hipotecaria, se refiere a arrendamientos de bienes inmuebles y no a los de participaciones indivisas.

Por las razones expuestas, la nota del' registrador debe ser confirmada.

n ¿ j Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y del Toro.


author: El Juez Asociado Se. del Toro,

text:
    Mora v. Rosaly.
    ApelagcioN procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 762.
    Resuelto en marzo 26, 1912.
    Desestimación de Apelación — Jurisdicción del Tribunal Supremo — Nuevo Juicio — Cuantía Litigiosa — Cortes Municipales. — Este Tribunal Supremo no tiene jurisdicción para conocer de una apelación interpuesta contra reso-lución denegatoria de nuevo juicio dictada por una corte de distrito en grado de apelación, en un caso procedente de una corte municipal, cuando la cuantía litigiosa sin comprender frutos e intereses no excede de $300.
    Los Lechos están expresados en la. opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José A. Poventud.

    Abogados del apelado: Sres. Rafael Sánchez Montalvo, y Francisco Jiménez.

   El Juez Asociado Se. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La demanda original se interpuso en el presente caso en la corte municipal de Ponce, a los efectos del cobro por la vía judicial de un pagaré por la suma de trescientos pesos. La corte municipal falló en contra del demandante y éste apeló para ante la corte del distrito. Celebrada la nueva vista, la corte de distrito también falló en contra del demandante. La sentencia se dictó y registró el 30 de octubre de 1909.

El demandante Mora estableció un recurso de certiorari ante este Tribunal Supremo, solicitó en el mismo la anula-ción de la sentencia de 30 de octubre de 1909, y este Tribunal Supremo desestimó finalmente la solicitud porque no estaba envuelta -en la misma ninguna cuestión de procedimiento. (Mora v. Foote, sobre certiorari, decidido el 31 de enero de 1910, 16 Dec. de P. R., 19.)

El 3 de agosto de 1911, o séa cerca de dos años después de haberse dictado la sentencia, el demandante Mora pidió a la Corte de Distrito de Ponee que le concediera un nuevo juicio, y la corte, por resolución de 15 de septiembre de 1911, deses-timó la solicitud.

Y contra esta resolución de 15 de septiembre de 1911, es que se ha interpuesto el presente recurso de apelación.

Como puede verse a virtud de los hechos expuestos, sería muy fácil entrar a resolver por sus méritos la cuestión que entraña el recurso; pero, a nuestro juicio, no tenemos juris-dicción para hacerlo así y "debemos desestimar la apelación sin decidirla en su fondo.

El artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, enmen-dado en 9 de marzo de 1905, leyes de 1905, página 213, en lo pertinente, dice así:

“Artículo 295. — Podrá establecerse apelación para ante el Tribunal Supremo contra las resoluciones de las cortes de distrito en los casos siguientes:
# %
“2o. De una sentencia de una corte de distrito dictada en apela-ción interpuesta contra resolución de una corte inferior, dentro de los quince días después de registrada dicha sentencia, si el valor de la cosa reclamada o cuantía de la sentencia sin comprender frutos e intereses, excediera de trescientos dollars. ’ ’

Y como la sentencia ep este caso se dictó por la corte de distrito en apelación interpuesta contra sentencia de la corte municipal, y como el valor de la cosa reclamada no excede de trescientos dollars, es necesario concluir que el recurso de apelación interpuesto no está autorizado por la ley y que, por tanto, no tenemos jurisdicción para resolverlo en su fondo.

Se dirá tal vez que en el presente caso no se ha apelado de la sentencia, sino de la resolución negando un nuevo juicio. No discutiremos si la anterior razón tendría o nó fuerza legal en un juicio en que la cuantía de la reclamación o de la sen-tencia excediera de 300 dollars; pero desde luego afirmamos que carece de toda eficacia en el recurso sometido a nuestra consideración, en el que el valor de la cosa reclamada y la cuantía de la sentencia no exceden de la expresada suma. Si admitiéramos que tal recurso fuera procedente, dejaríamos burlado el precepto del legislador contenido en la sección 2a. del artículo 295 del Código de. Enjuiciamiento Civil, porque en-tonces, en vez de apelarse de la sentencia, se solicitaría un nue-vo juicio, se apelaría de la negativa del nuevo juicio y por ese medio hábil podría llegarse a la revocación de una sentencia, que mediante recurso de apelación contra la misma inter-puesto, no podría ser revocada por falta de jurisdicción de esta Corte Suprema.

Por falta de jurisdicción, debe desestimarse el recurso interpuesto.

Desestimada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. del Toeo,

text:
    The New York & Porto Rico Steamship Co. v. Dexter.
    ApelaoiÓN procedente dé la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera.
    No. 732.
    Resuelto en marzo 26, 1912.
    Ley del Caso (Law oe the Case) — Segunda Apelación — Cuestiones Besuel-tas. — Las contenciones y materias discutidas, consideradas, y resueltas en la primera apelación, llegan a ser la ley del caso, y no deben ni pueden discu-tirse en la segunda apelación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    AbogadOjdel apelante: Sr. Cay. Coll Cuchí.

    Abogado de la parte apelada: Sr. N. B. K. Pettingill.

   El Juez Asociado Se. del Toeo,

emitió la opinión del tribunal.

The New York & Porto Rico Steamship Company, nna corporación organizada e incorporada, según las leyes del Es-tado de New York, que explota nna línea de vapores de carga y pasaje entre esta Isla y la ciudad de. New York y está auto-rizada para hacer negocios y tiene abiertas sus oficinas en es-ta Isla, archivó una demanda en la Corte de Distrito de San Juan, el 8 de junio de 1908, contra Francis H. Dexter, en re-clamación de la suma de $692.06, intereses y costas, debida a consecuencia de cierto contrato de garantía firmado por el demandado.

Tramitado el pleito en propia forma, la corte de distrito lo resolvió en contra de la demandante. Esta apeló y la Cor-te Suprema, por sentencia de 20 de junio de 1910, revocó la de la corte de distrito y ordenó la celebración de un nuevo juicio, en los siguientes términos:

“Debe revocarse la sentencia, pero como los autos muestran que se tomó excepción por el apelado con respecto a la prueba de la pér-dida y puesto que sólo podemos considerar debidamente los errores del ¿pelante, debe devolverse el caso para la celebración de un nuevo juicio.1 ’

Celebrado el nuevo juicio, la corte de distrito falló a favor de la demandante, y contra la sentencia, registrada el 7 de marzo de 1911, el demandado interpuso el presente recurso de apelación.

En el nuevo juicio se acreditó cumplidamente la cuantía de la reclamación, y las únicas excepciones tomadas por el de-mandado y apelante se refieren a no haber permitido la corte que se practicara cierta prueba tendente a demostrar que Hodges, la persona a quien había garantizado el demandado, había dejado bienes en Puerto Rico.

Tal prueba seguramente se presentaba por el demandado para demostrar la certeza de los hechos en que basaba su teo-ría de que la demandante debió gestionar primero el cobro de Hodges, porque sólo en el caso de que Hodges no hubiera podido pagar, era él el responsable.

Exactamente la misma teoría se sostuvo en el recurso anterior y esta corte en su opinión, emitida por el Juez Asociado Sr. Wolf, se expresó así:

“La principal alegación del apelante es la de que el contrato objeto del pleito es uno de garantía (guaranty) y no uno de fianza {suretyship). Con otras palabras, que el contrato que firmó sólo lo hacía responsable en caso de que Hodges dejara de cumplir lo que había prometido. Comoquiera que se le llame, era una obligación clara de indemnizar a la compañía contra cualquier pérdida que tuviera con motivo de la entrega de las mercancías a Hodges que estaban consignadas a Miller. Hodges dijo que él era la persona a quien debían entregarse las mercancías. Antes de entregárselas, la compañía le exigió un contrato por el que Hodges había de indemni-zarla en caso de cualquier pérdida. También exigió, y la prueba de-mostró que era un requisito corriente exigido por la compañía, un contrato independiente otorgado por otra persona para poner a salvo a la compañía. Este contrato independiente fué firmado por el de-mandado y la prueba muestra que él lo leyó antes de firmarlo. No importa que el demandado creyera que él firmaba otra clase de con-venio. Hubo prueba tendente a mostrar que el demandado tuvo una conversación por teléfono con la compañía antes de firmar dicho.con-trato, con respecto a los términos del mismo, pero es un principio de ley así como de evidencia, que todas las conversaciones anteriores habidas entre las partes se consideran incluidas en el contrato. Ade-más, fué el demandado quien llamó a la compañía sin saber con quién hablaba o que era una persona que tenía autoridad. ’ ’

The New York & Porto Rico S. S. Co. v. Dexter, sentencia de 20 de junio de 1910; 16 Dec. de P. R., 595.

Las contenciones y materias discutidas, consideradas y resueltas en la primera apelación, llegan a ser la ley del caso, y no deben ni pueden discutirse en la segunda apelación.

Clark v. Keith, 106 U. S., 464.

Chaffin v. Taylor, 116 U. S., 567.

Barney v. Winona, etc., 117 U. S., 228.

United States v. Camou, 184 U. S., 574.

Falero et al. v. Falero, Sent, del T. S. de P. R. de 4 de febrero de 1910; 16 Dec. de P. R., 79.

En esta segunda apelación sólo debemos considerar si los procedimientos que tuvieron lugar en la corte de distrito fueron consistentes con la opinión emitida en la primera que; en cnanto a las cuestiones en ella disentidas y resueltas, lia llegado a ser la ley del caso.

Lo hemos hecho así y hemos llegado a la conclusion de que la corte inferior se ajustó a la norma establecida por esta Corte Suprema y que la certeza y la cuantía de la deuda, úni-cos puntos que en realidad de verdad quedaban pendientes de investigación y resolución, fueron perfectamente esclareció dos.

En tal virtud, procede declarar sin lugar el recurso y con-firmar la sentencia apelada.

Confirmada. -

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary y Wolf.

El Juez Asociado Sr. Aldrey, no tomó parte en la resolu-ción de este caso.


author: El Juez Asociado Se. MacLeart,

text:
    Ex Parte Sánchez.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadill’áv
    No. 429.
    Resuelto en marzo 29, 1912.
    Derecho Penal — Hurto de Mayor Cuantía — Jurisdicción.—De acuerdo eon la ley vigente en Puerto Pico tiene jurisdicción para conocer de un caso de hurto de mayor cuantía la corte del distrito en donde se encuentre al acusado en posesión de los bienes robados, sin tener en cuenta el distrito de donde proce-dan diehos bienes.
    Babeas Corpus — Hurto de Mayor Cuantía — Situación de los Bienes Boba-dos. — En un procedimiento de habeas corpus no puede impugnarse la validez de una sentencia por haberse cometido el delito de hurto de mayor cuantía en un distrito distinto de aquel en donde fué visto el caso, pues ésta es una cuestión que debe discutirse en el juicio de la causa y si se cometió error pudo ser revisado por medio de apelación contra la sentencia.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    El apelante compareció en nombre propio.
    Abogado de El Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. MacLeart,

emitió la opinión del tribunal.

Se inició este procedimiento ante la Corte de Distrito de Aguadilla por virtud de una solicitud interesando un auto de habeas corpus presentada bajo juramento por Isidoro Sán-chez López el día 23 de febrero del corriente año. El auto fué expedido el día 24 del pasado mes de febrero, celebrán-dose la vista del mismo el 29 de dicho mes, dictando la corte de distrito su resolución en primero del corriente mes deses-timando la solicitud. Contra esta resolución es que se ha interpuesto la presente apelación. Se alega en la solicitud, que el peticionario'se encontraba en la cárcel del Distrito de Aguadilla cumpliendo su sentencia de cinco años de presidio, a que había sido condenado por la Corte de Distrito de Agua-dilla por el delito de hurto de mayor cuantía. Se funda la solicitud en la supuesta falta de jurisdicción en la corte sen-tenciadora, alegándose también que el delito'fué cometido en el pueblo de. Quebradillas que no forma parte del distrito judicial sobre el cual tiene jurisdicción la Corte de Distrito de. Aguadilla, sino que pertenece a la demarcación territorial de la Corte de Distrito de Arecibo.

Se alega en la acusación que constituye la base de este proceso criminal, que el acusado Sánchez es culpable del de-lito de hurto de mayor cuantía por haberse llevado, con in-atención criminal, un novillo amarillo , oscuro perteneciente a •José G-. Chaves, de Isabela, en el Distrito Judicial de Agua-dilla. El robo de un novillo es un delito de hurto de mayor cuantía con arreglo a nuestro estatuto.

Esta apelación se funda en la proposición legal de que la prisión del referido peticionario, Isidoro Sánchez López, es ilegal, porque la Corte de Distrito de Aguadilla no tenía ju-risdicción para juzgar y resolver el caso, por haberse come-tido el delito en un sitio fuera de la jurisdicción de dicha corte; y aparece de la opinión del juez, que se encuentra en los autos, que durante el juicio el acusado.trató de presentar prueba .tendente a establecer este hecho. Sin embargo, del juicio del caso principal resultó que aunque el novillo hubiera sido robado en Quebradillas, fué llevado al territorio de Isa-bela que está comprendido en la jurisdicción de la Corte de Distrito de Aguadilla. En el artículo 38 del Código Penal de Puerto Rico se dispone que cualquier persona que cometa un hurto fuera de la jurisdicción de la corte inferior y traiga la propiedad robada, o se hallare con ella en la jurisdicción de dicha corte estará sujeta a pena. En California existe un estatuto semejante a éste, y se ha resuelto en dicho Estado que en una causa por hurto la jurisdicción puede estar en cualquier condado a donde se haya llevado la propiedad ro-bada. (Pueblo v. Mellon, 40 Cal., 648; y Pueblo v. García, 25 Cal., 534-535.)

Pero es ciertamente claro que una corte carece de facultad para resolver una cuestión como esta mediante una solicitud de habeas corpus. Alega la acusación que el delito se cometió en el pueblo de Isabela que forma parte del distrito judicial de Aguadilla. La corte sentenciadora expresa en su opinión desestimando la solicitud de habeas corpus que el acusado alegó ser inocente al leérsele la acusación; pero no importa la forma en que fué sentenciado, ya haya sido por virtud de su confesión de culpabilidad, por sentencia de una corte o vere-dicto de un jurado. En cualquiera de estos métodos de cele-brar juicios, la cuestión referente a la localidad o sitio en que el acto se cometió debe establecerse por medio de prueba, lo' mismo que cualquier otro hecho esencial de la acusación. Si se cometió algún error el único medio de corregirlo es ape-lando de la sentencia definitiva. Semejante error jamás po-drá ser corregido en un procedimiento de habeas corpus in-teresando la excarcelación del prisionero, porque el acusado no puede negar el cpntenido de los autos tratando de demos-trar que el sitio en que el acto fué cometido estaba fuera de los límites de la jurisdicción territorial de la corte. Esta cuestión ha quedado ampliamente establecida no solamente por los libros de texto, sino también por las decisiones de la Corte Suprema de California y de otras qortes. (Véase a Church sobre Habeas Corpus, art. 368, pág. 517, y casos cita-dos en las notas; véase también el caso de Ex Parte Rice, 88 Pacific Reporter, 599.)

Puesto que la corte no cometió error alguno en su resolu-ción negando la excarcelación del prisionero que solicitó en la petición de habeas corpus, debe confirmarse la sentencia apelada en todas sus partes.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.