author: El Juez Asociado Sbñoe AldRey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Augusto B. Padilla, acusado y apelante.
    No. 5117.

    Sometido: Junio 9, 1933.

      Resuelto: Junio 20, 1933.

      B. Rivera Zayas, abogado del apelante; R. A. Gómez, Riscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Sbñoe AldRey,

emitió la opinión del tribunal.

Al apelante en este caso le fné ocupada una pistola qne tenía en sus manos cuando estaba en una reyerta con otras personas. Eso constituye una portación de arma, sin necesidad de que se pruebe que también la portaba con an-terioridad a ese momento.

Esa pistola no tenía balas ni el peine en qne son co-locadas: estaba descargada. Por esto alega el apelante qne no era nn arma prohibida por la ley porqne no podía ser nsada como pistola. Por consiguiente, la cuestión a resolver es si el qne porta una pistola o nn revólver qne está descar-gado comete delito por la portación de dicha arma.

Algunas decisiones de tribunales de los Estados Unidos han declarado qne una pistola que está descargada o tiene roto su muelle principal u otra parte necesaria es impropia para usarla como pistola y deja de ser el arma a qne se re-fiere la ley, pero la regla general es al contrario. En el caso de Mitchell v. State of Mississippi, 55 So. 354, 34 L.R.A. 1174, se dijo lo siguiente:. •

“El apelante fue acusado, juzgado, convicto y sentenciado en la corte de circuito del condado de Covington por portar ocultamente una pistola. Apela de esa sentencia para ante este tribunal.
“En la corte sentenciadora la prueba demuestra que el apelante portaba ocultamente una pistola y que ésta no tenía el gatillo ni mue-lle principal. El apelante sostenía que esto no era una pistola den-tro del significado del estatuto. El Estado, por otra parte, sostenía que sí lo era. Ésta fué la controversia principal durante el juicio. En el curso del mismo el acusado solicitó de la corte que instruyera al jurado que si la pistola que se alegaba portar el acusado no tenía gatillo ni muelle principal, entonces la misma no era una pistola. La corte se negó a dar esta instrucción. El Estado solicitó de la corte que instruyera que si el acusado portaba ocultamente, total o parcial-mente, una pistola defectuosa, por no tener gatillo o muelle principal, el jurado debía declarar al acusado culpable del delito imputádole. La corte así lo expresó.
“Al haberse negado a dar la primera instrucción y al dar la se-gunda, la corte procedió acertadamente y su resolución cayó clara-mente dentro del significado y espíritu de nuestro estatuto. Es evi-dente que el resolver lo contrario equivaldría a destruir los benéficos fines de la ley. Según algunas autoridades, en la condición en que se probó que estaba la pistola no caería dentro del espíritu y alcance del estatuto. Uno de los principales casos que sostienen este criterio es el de Evins v. State, 46 Ala. 88. El peso de las autoridades es claramente contrario a este criterio y rehusamos seguirlo. Bishop en su obra Statutory Crimes, párrafo 791, dice: ‘Según la que parece ser la mejor opinión, si una pistola no tiene muelle principal o el que tiene está roto, y si no puede ser disparada en forma ordinaria y puede serlo usándose un fósforo, sin embargo, sigue siendo una pis-tola dentro del significado del estatuto, aunque lo contrario fué una vez resuelto.’
“Al interpretar un estatuto similar al nuestro, la Corte Suprema de Georgia en un caso bien considerado se expresó así: ‘.¿Qué se quiere decir con la frase ‘ ‘ cualquier pistola ? ’ ’ Ésta es la única cues-tión. . . “Pistola” es una palabra usada generalmente por todo el mundo y por consiguiente debe entenderse en su significado ordina-rio. . . Una vez que un objeto llega a ser mía pistola, no deja de serlo por estar temporalmente defectuosa. Su estado y condición puede variar de tiempo en tiempo sin alterar su naturaleza esencial. Su maquinaria puede ser más o menos perfecta; en ocasiones puede estar cargada; en otras descargada. Puede tener o no pistón ful-minante, ser fácil, difícil o de momento incapaz de disparar; sin embargo, si conserva sus características generales y su apariencia de pis-tola, sigue siendo una pistola y en lenguaje corriente así se le deno-minaría. . . Estando el muelle principal descompuesto de tal modo que es imposible disparar el arma en la forma ordinaria en que se usan las armas de fuego, ello no sería excusa o justificación. El por-tar un arma ocultamente está prohibido por el estatuto, ora esté el mecanismo en perfecto estado o no.’ Williams v. State, 61 Ga. 418, 34 Am. Rep. 102.”

Por nuestra parte hemos dicho que un revólver o una pis-tola no deja de serlo porque esté cargado o no, o porque le falten algunas piezas, mientras tenga las características ge-nerales de un revólver y su apariencia de tal. El Pueblo v. Alonso, 35 D.P.R. 476: El Pueblo v. Cortés, 37 D.P.R. 36. Y en el de El Pueblo v. Pagán, resuelto en mayo último, ante, pág. 108, declaramos que el que porta un revólver que no puede ser usado como tal porque su muelle principal está roto no comete delito cuando lo porta para llevarlo a componer. En el caso de Caldwell v. State (Tex. Crim. App. 1907) 106 S.W. 343, se declaró que no es defensa que la pistola estuviese descargada cuando era portada. Lo mismo se dice en State v. Duzan, 6 Blackf. 31: State v. Bollis, 73 Miss. 57: 8 R.C.L. 290, párrafo 311.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Wole,

license: Public Domain

text:
    F. Soto Gras, demandante y apelado, v. Manuel V. Domenech, como Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante.

      No. 6347.
    Sometido: Mayo 15, 1933.

      Resuelto: Junio 20, 1933.

      Son. Procurador General Charles E. Winter y R. Cordovés Arana, Subprocurador, abogados del apelante; J. J. Oriiz Alibrán y F. Soto Gras, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Tenemos ante nos una moción para desestimar un re-curso de apelación por frívolo. Por regla general, en la moción para desestimar deben hacerse constar todos los he-chos y citarse la esencia de la ley de forma que el tribunal no tenga que acudir a los autos a menos que haya una,dis-puta sobre algún hecho suscitada por el apelante. Empero, la cuestión principal parece ser simple y no hubo controver-sia sobre los hechos esenciales. De suerte que hemos con-siderado la moción.

Aparece que el Sr. Soto Oras, el apelado, era accio-nista de la Nimaca Shoe Factory. La corporación no mar-chaba con bastante éxito y el apelado le prestó $1,300 para ayudarla. En el año 1927, el apelado presentó sus planillas de contribuciones sobre ingresos al Tesorero de Puerto Pico y en aquel entonces creyóse convencido de que el dinero que la fábrica de calzado le adeudaba no tenía valor alguno, al igual que las acciones por él poseídas. El apelado consideró, y tuvo razón para creer, que la Nimaca Shoe Factory era en realidad insolvente. Por tanto, dedujo el importe total de sus ingresos brutos. La cuestión fué ante el Tesorero de Puerto Rico, no en 1927, sino en 1929 y para aquel entonces, como resultado de la liquidación de la compañía, el apelado había recibido un dividendo de $402.52. El tesorero sos-tiene que la Nimaca Shoe Factory en 1927 no era insolvente, y que nadie sabía esto mejor que el apelado que era un fun-cionario de la corporación. Las autoridades citadas por el Gobierno tienden a demostrar que cuando ha de esperarse un dividendo futuro de una compañía en liquidación, no de-ben hacerse deducciones hasta que se efectúe el pago final a los accionistas o acreedores. Tenemos idea de que puede haber casos excepcionales.

La corte inferior dictó sentencia a favor del apelado y en su opinión citó ciertos casos en apoyo de su decisión.

Las partes no han agotado la jurisprudencia y la cita de autoridades hecha por la corte inferior no nos satisface enteramente. Una de ellas, por ejemplo, Avery v. Commis sioner of Internal Revenue, 22 F. (2d) 536, 55 A.L.R. 1277, se refiere más bien que a otra cosa, al año en que una deuda mala puede ser deducida. No decide, y la ley parece ser en sentido contrario, que la opinión del contribuyente debe acep-tarse como definitiva. Indudablemente en ausencia de otra prueba, la posición tomada por el contribuyente debe tener algún peso, pero el Tesorero de Puerto Eico no queda ne-cesariamente obligado por ella.

Podría decirse de paso que en 1927 el Sr. Soto Gras te-nía dereclio a creer que sus créditos contra la compañía eran remotamente cobrables (desperate). En realidad él insiste en que el saldo a favor de los accionistas y acreedores se debió a los esfuerzos hechos por el síndico al transigir re-clamaciones. Asimismo insiste en que un dividendo posterior pudo y debió declararse como ingreso.

El apelado también sostuvo que de todos modos él debió haber tenido derecho a rebajar la diferencia entre su crédito y los $402.52 que finalmente recibió, y nos inclina-mos a creer que el Tesorero debió haber deducido esa dife-rencia, ya que él tenía a la vista todos los hechos y docu-mentos que demostraban que no podía haber nuevos divi-dendos. Por ende, el resto de la apelación en lo atinente a la suma en exceso de $402.52 es necesariamente frívolo. Tenemos algunas dudas acerca de si tendríamos el derecho a desestimar todo el recurso por frívolo mientras se halla pendiente esta cuestión de los $402.52. El curso que segui-remos es similar al seguido por las cortes de los Estados Unidos cuando un veredicto excesivo ha sido dictado por un jurado. Las cortes indican al apelado que si condona el exceso la sentencia será confirmada. La analogía quizás no es perfecta, pero si el apelado renuncia en esta corte a la parte proporcional de la contribución sobre los $402.52, que es la única cuestión en disputa, la sentencia será modificada a fin de limitar la suma a recobrar a la diferencia, y como el resto de la apelación es insignificante o nugatorio, la sen-tencia, tal cual ha sido modificada, será confirmada.


text:
    Pedro Sanabria Rosario y Julia Cruz Santiago, recurrentes, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    No. 878.

    Sometido: Abril 3, 1933.

      Resuelto: Junio 20, 1933.

      Samuel R. Qtdñones, abogado de los recurrentes; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El Registrador de Mayagüez se negó a inscribir la cancelación de una hipoteca basándose en que el supuesto apoderado que presentó la escritura de cancelación no tenía autoridad específica para hacerla. Examinando la escritura de poder notamos que la misma contiene estas palabras (tra-ducción y puntuación nuestras):

“7. Requerir, demandar judicialmente, exigir el pago, recibir y otorgar recibos eficaces y cartas de pago por cualesquiera sumas de dinero, garantías de deudas pecuniarias, efectos y bienes mué-bles pertenecientes en la actualidad o que pertenezcan o correspon-dan en el futuro a la compañía, o que cualquier persona, personas o corporación adeude, pague o transfiera a la compañía.
* * * * * * *
“10. Otorgar, suscribir, celebrar, reconocer, perfeccionar y es-pedir cualesquiera escrituras, convenios, declaraciones, documentos, actos y operaciones que sean necesarias en relación con todos o cualquiera de los fines o asuntos antes descritos, incluyendo cuales-quiera actos y operaciones que sean necesarios para inscribir, ano-tar, o en alguna otra forma completar y dar validez a los mismos.”

Un mero examen de estos dos párrafos nos convence que fné la intención palmaria de las partes conceder autoridad específica al apoderado para otorgar una escritura de can-celación y para tal objeto no era necesario considerar par-ticularmente el alegato del recurrente. La intención general de la escritura de poder fué conceder una comisión ex-presa conforme lo dispone el artículo 1604 del Código Civil, edición de 1930.

Sin embargo, el recurrente radicó un alegato en que cita autoridades que tienden a demostrar claramente que la palabra “discharge” equivalía, a la palabra “cancel” o “release”. No tenemos dudas de las autoridades citadas.

El registrador además solicita la desestimación del recurso fundándose en que el recurrente de conformidad con la ley debió haber radicado su alegato en determinada fecha y no lo hizo así. En realidad el recurrente solicitó y obtuvo ante esta corte prórrogas para radicar su alegato. Es cierto que estas prórrogas o algunas de ellas no fueron notificadas al registrador, 'mas no hallamos que sea necesario hacerlo así. El alegato en sí fué notificado al registrador.

Es verdad que un recurso gubernativo no equivale estrictamente al ejercicio de jurisdicción dentro del poder judicial de una corte. Es una jurisdicción especial conferida por la Legislatura a la Corte Suprema de Puerto Rico. Por consiguiente, cuando la Legislatura confirió a esta corte ju-risdicción para conocer de recursos gubernativos, también le confirió necesariamente el poder para conceder prórrogas. Una vez se creyó que el término en nn procedimiento de •desahucio para la segunáa comparecencia era “fatal”, mas esta corte resolvió qne ese término podía ser prorrogado. Mas et al. v. Borinquen Sugar Company, 18 D. P. R. 304.

Debe revocarse la nota del registrador e incribirse la es-critura de cancelación.


author: Ei. Juez Asociado Señob Hutchison,

text:
    José García Gómez, demandante y apelante, v. R. Cacho & Co., demandada y apelada.
    No. 6112.

    Sometido: Junio 1, 1933.

      Resuelto: Junio 23, 1933.

      y. Polanco de Jesús, abogado del apelante; 8. O’Neill, abogado de la apelada.
   Ei. Juez Asociado Señob Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En nna acción de daños y perjuicios provenientes del embargo ilegal de cierta cantidad de arroz y azúcar, el juez de •distrito declaró sin lugar una moción de nonsuit y la de-mandada no presentó prueba alguna. El demandante apela de una sentencia adversa dictada tres días después. Podría admitirse que la mayoría de los daños alegados, si no todos,, eran demasiado remotos o no fueron establecidos en tal forma que ofrecieran una base satisfactoria para que se re-cobrara algo más que una suma nominal.

No podemos convenir con el juez de distrito en que la demandada estuvo justificada en embargar la propie-dad en cuestión. Podría ser cierto que el testimonio del mársbal que practicó el embargo fuese influido por el deseo de evadir responsabilidad por el embargo ilegal trabado y de imputar tal responsabilidad a la aquí demandada, de-mandante en la acción original. Empero, el caso no depende enteramente del testimonio del mársbal. Este es corrobo-rado en sus puntos principales, no sólo por el testimonio in-controvertido del aquí demandante, sino también por cier-tos becbos indisputados que la prueba documental revela. Cuando la aquí demandada señaló los bienes que debían em-bargarse en la acción original, ella bizo constar por escrito,, por información y creencia, que los demandados en dicho pleito habían vendido los bienes a José García. Cuando se permitió que García interviniera en el procedimiento original como reclamante de los bienes embargados, la aquí de-mandada, contestando la demanda de intervención, alegó que con anterioridad a la fecha en que se inició la acción original, ella había informado a García que Cruz Matos (uno de los demandados en el aludido pleito) era deudor de ella y le había dicho a él (a García) que si compraba dicho es-tablecimiento comercial debía hacerse cargo del crédito. La venta de Cruz Matos a García fué hecha por escrito. El documento estaba suscrito por las partes contratantes y por testigos en presencia de un notario, y el precio de la com-praventa fué pagado en efectivo en presencia de dicho no-tario y de los testigos. Este documento fué mostrado por García y examinado por el marshal y por uno de los miem-bros de la firma demandada, quien no obstante insistió en que el mársbal procediera a practicar el embargo. Luego, la demandada tenía conocimiento de la venta en perspectiva antes qne ella se consumara y había sido informada de sn consumación antes de obtener el mandamiento de embargo y antes de dar instrucciones escritas al marshal. Ella pudo-haberse cerciorado de todos los hechos y haber disipado toda posible duda que pudiera surgir en cualquier momento du-rante los diez o doce días que transcurrieron entre la fecha en que se hizo el traspaso y la fecha en que se practicó el embargo. En el momento de efectuarse el embargo {levy} se confrontó con evidencia escrita del traspaso, de los tér-minos del mismo y de la forma en que éste se había efec-tuado. Al momento de la incautación G-arcía también mos-tró el recibo creditivo del dinero pagado por él al municipio por una patente para explotar el negocio. La patente para vender cigarros y cigarrillos aun estaba a nombre del anterior dueño del negocio, mas los cigarros’ y cigarrillos m> fueron embargados. Ante estos hechos, no hubo excusa o justificación para proceder con el embargo.

La sentencia apelada debe ser revocada y en su lugar esta Corte dictará otra en favor del demandante por la suma-de $5.00 más las costas.


author: El Juez Asociado Señob Hutchison,

text:
    Brockway Motor Truck Corporation of Porto Rico, demandante y apelante, v. Antonio Torres, demandado y apelado.
    No. 5484.

    Sometido: Febrero 3, 1933.

      Resuelto: Junio 24, 1933.

      Molina, Dichón & Ochoieco, abogados de la apelante; Felipe Colón Díaz, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señob Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La Brockway Motor Truck Corporation of Porto Rico, •demandante en una acción en cobro de cinco pagarés, apela de una sentencia adversa y alega que la corte de distrito erró al desestimar la acción, porque nada hubo que demostrara que la demandante, presuntivamente una tenedora de buena fe y por valor, supiera, al momento del endoso, de algún de-fecto o condición que afectara la validez de las referidas obligaciones.

Los pagarés eran los últimos de una serie, y al tiempo del endoso representaban el balance adeudado de una venta condicional de un “truck Brockway, modelo S,” hecha por J. Octavio Seix & Co.. Inc., en noviembre 28, 1927. De la prueba documental presentada por el demandado aparece que J. Octavio Seix & Co., Inc., habían sido los agentes ex-clusivos en Puerto Rico de la Brockway Motor Truck Corporation desde el 8 de enero de 1927; y que la Brockway Motor Truck Corporation of Porto Rico es una sucursal de la Brockway Motor Truck Corporation, poseída y regida por ésta, y organizada con el propósito de intervenir y dirigir más de cerca los negocios de J. Octavio Seix & Co., Inc., la que continuó actuando “exclusivamente como una organiza-ción vendedora de la corporación así creada para facilitar el desarrollo adecuado del negocio y permitir que la dicha J. Octavio Seix & Co., Inc., dedique todos sus esfuerzos a gestionar la venta de los productos Brockway en esta isla.” Esta evidencia documental, considerada a la luz de todo el testimonio oral, permite apenas dudar qne la demandante, al tiempo de venir en posesión de los pagarés, sabía qne és-tos representaban el pago aplazado de nn camión, -o algo por el estilo, vendido por J. Octavio Seix & Co., Inc., como agente de la Brockway Motor Track Corporation.

Otra contención es qne la corte de distrito erró al permitir qne el demandado introdujera evidencia de nn acnerdo celebrado en marzo 18, 1929, sobre nn snpnesto cré-dito de $300 a ser concedido contra la denda evidenciada por los pagarés en cnestión. Se arguye qne la evidencia fné una sorpresa para la demandante. Esta cnestión de sorpresa fné demasiado tardía al ser suscitada por primera vez al termi-nar la "vista de una oposición a la solicitud del demandado para qne se le concediera permiso para enmendar sn con-testación de conformidad con la prueba ya presentada.

Los señalamientos tercero y cuarto son al efecto de qne la corte de distrito erró al relevar al demandado de pagar el total del importe de los pagarés en controversia, cuando nada demostró qne la demandante, tenedora actual de dichos pagarés, de buena fe y por valor, hubiera recibido esa suma, y al declarar sin lugar la demanda en todas sus par-tes. En vista de las conclusiones a que hemos llegado, no es necesario discutir estas cuestiones separadamente.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Wolf está conforme con el re-sultado.


author: El Juez Asociado Señoe Hutchison,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Pagán, acusado y apelante.
    No. 5129.

    Sometido: Junio 13, 1933.

      Resuelto: Junio 24, 1933.

      A. Ramírez Silva, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abo-gado de El Piteólo, apelado.
   El Juez Asociado Señoe Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

José Pagan fué convicto de portar nn revólver y alega que la acusación no imputa delito alguno, toda vez que no especifica cómo se portaba el arma; que la Corte de Dis-trito de Aguadilla carecía de jurisdicción en vista de que la acusación no demuestra con suficiente certeza dónde se co-metió el delito, y que la corte de distrito cometió error al apreciar la prueba. La acusación debió ser más específica, pero el Lecho de no indicar si el arma era portada por el acusado sobre su persona o en otro sitio, no equivalía a de-jar de imputar un delito. La objeción se plantea demasiado tarde al ser suscitada por primera vez en apelación.

La acusación alega que el acusado portaba un revolver en el término municipal de Aguadilla, que forma parte del Distrito Judicial de Aguadilla. Fuera del hecho de que se alega que el término municipal de Aguadilla forma parte del Distrito Judicial de Aguadilla, es materia de conocimiento judicial que tanto el municipio de Aguadilla como el Dis-trito Judicial Municipal de Aguadilla están en realidad den-tro de la jurisdicción territorial de la Corte de Distrito de Aguadija. A este respecto la acusación debió ser igual-mente más específica, pero una vez más, el hecho de no es-pecificar con mayor certeza el sitio en que el delito fue co-metido, no equivale a dejar de aducir los hechos jurisdiccio-nales necesarios.

ITn examen cuidadoso de la transcripción taquigráfica, a la luz del alegato del apelante, no revela ningún error en la apreciación de la prueba que justifique la revocación de la sentencia.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

text:
    José González Cádiz, demandante, v. Vicente Ortiz López, demandado; El Pueblo de Puerto Rico, apelante.
    No. 6399.

    Sometido: Junio 19, 1933.

      Resuelto: Junio 24, 1933.

      Son. Procurador General Charles E. Winter y B. Cordovés Arana, S til) pro curador, abogados del apelante; González Fagundo & González Jr., abogados del demandante.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

José González Cádiz inició procedimiento ejecutivo hipo-teeario contra Vicente Ortiz López y su esposa Paula Ortiz* y obtuvo la ejecución de una finca que le fué hipotecada por los demandados en garantía de un préstamo que les faci-litara. Mientras se tramitaba este procedimiento ejecutivo sumario, El Pueblo de Puerto Rico remató la finca hipote-cada en cobro de contribuciones adeudadas por Vicente Ortiz López, e inscribió su título en el Registro de la Propiedad.

El demandante José González Cádiz, alegando que no tuvo conocimiento de la referida venta hasta el momento en que trató de inscribir su título, adquirido en virtud de venta judicial, solicitó de la corte inferior que se citara a El Pueblo de Puerto Rico para que de acuerdo con el. artículo 73 de la Ley Hipotecaria liberara la finca si así lo deseaba, pa-gando al demandante la suma consignada en el auto de re-querimiento, apercibiéndole de que, de no hacerlo así, se or-denaría la cancelación de su inscripción de dominio en el registro de la propiedad.

De acuerdo con la solicitud del demandante, la corte de distrito dictó una orden que en lo pertinente dice así:

“. . . visto el artículo 71 de la Ley Hipotecaria y la juris-prudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de Arroyo v. Zavala, se ordena que El Pueblo de Puerto Rico sea notificado-de la venta en pública subasta y adjudicación de la finca hipote-cada, realizada en este caso, para que si lo estima conveniente a su derecho, pueda liberar la antedicha finca pagando las cantida-des consignadas en el auto de requerimiento de que la misma res-ponde, . . . apercibiéndole de que si así no lo hiciere dentro del término de diez días de notificado, se procederá a cancelar en el Registro de la Propiedad de Humacao la inscripción de su dominio sobre la finca mencionada.”

El Pueblo de Puerto Rico solicitó que se anulara y de-jara sin efecto la orden anteriormente transcrita, y la corte, luego de oír a las partes, declaró sin lugar la moción y dej6 subsistente la referida orden.

El Pueblo de Puerto Rico alega que adquirió un título ab-soluto a la referida propiedad, al hacer efectivo un crédito^ por contribuciones de ingresos adeudadas por Vicente Ortiz López, que tiene preferencia sobre el crédito hipotecario constituido a favor del demandante. La corte de distrito de-sestimó la moción por entender que el procedimiento tra-mitado por el Tesorero fue un acto claramente ultra vires, carente por completo de toda validez legal.

Apeló El Pueblo de Puerto Rico de la resolución de la corte inferior y ahora comparece el demandante solicitando que se desestime la apelación porque no aparece de la misma que el demandado "Vicente Ortiz fuese notificado del recurso, y porque la resolución de la Corte de Distrito de Humacao no es una resolución apelable de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil.

En cuanto al primer motivo de desestimación ale-gado por el demandante, entendemos que una vez adjudicada la finca al acreedor hipotecario, éste no tiene interés alguno en que se cancele o se deje de cancelar la inscripción que aparezca en el registro a favor de una tercera persona so-bre el dominio de dicho inmueble. Ésta es una cuestión que afecta exclusivamente a El Pueblo de Puerto Rico y al acree-dor hipotecario. El Sr. Vicente Ortiz López dejó de ser dueño de la finca y no necesita ser notificado.

En cuanto a que la orden dictada por la corte de dis-trito no es apelable, el demandante se limita a sostener la" negativa, sin aducir argumento alguno en apoyo de su con-tención, y la parte apelante nos dice que ésta es una senten-cia que lleva consigo, como consecuencia inevitable, la can-celación de una inscripción hecha en el registro de la pro-piedad a favor de El Pueblo de Puerto Rico, y que además • tiene el carácter de una providencia especial dictada después de sentencia definitiva. La cancelación fué decretada por la corte en una orden posterior que también ha sido apelada y que prácticamente envuelve las mismas cuestiones que se ventilan en este caso, pudiendo ambas órdenes considerarse como formando parte de una sola apelación.

Aunque es la primera vez que esta cuestión se plantea directamente ante este tribunal, existen dos decisiones en las cuales se lian resuelto en sus méritos recursos de apelación interpuestos con motivo de la aplicación del artículo 71 de la Ley Hipotecaria. En el caso de Arroyo v. Zavala, 40 D.P.R. 269, el acreedor hipotecario solicitó que se notificara a una tercera persona que había inscrito su título sobre el inmueble ejecutado en el registro de la propiedad, bajo aper-cibimiento de que si en el plazo de diez días no paglaba el importe de la hipoteca y liberaba la finca, se ordenaría la cancelación de su inscripción de compra de la misma. Así lo proveyó la corte. Se ordenó más tarde la cancelación so-licitada y se dejó luego sin efecto esta orden a petición de la parte interesada. De esta resolución apeló el acreedor hi-potecario y esta corte resolvió que un conflicto de esta'na-turaleza podía solucionarse aplicando los preceptos del ar-tículo 71 de la Ley Hipotecaria. En el caso de United P. R. Bank v. Nieves, Oriente Corp., Interventora, y Vela et al., Opositores, ante, pág. 74, se presentó una moción en el ejecutivo hipotecario para que se cancelase la inscripción he-cha en el registro de la propiedad a favor de una tercera persona sobre el inmueble ejecutado. La corte decretó la cancelación de dicha inscripción y la parte a cuyo favor ha-bía sido hecha interpuso recurso de apelación. Este tribunal resolvió la apelación en sus méritos, revocando la reso-lución de la corte inferior.

Es evidente que la orden apelada fué dictada después de sentencia final. Puede argüirse que se dictó para proteger un derecho adquirido por el acreedor dentro del procedi-miento ejecutivo hipotecario y que por esta razón no es ape-lable. Esta corte ha resuelto, en Arroyo v. Zavala, supra, que el procedimiento ejecutivo hipotecario no termina con la subasta, sino con la posesión, la escritura y su inscripción. Sin embargo, la verdad es que cuando el acreedor se acoge a los preceptos del artículo 71 de la Ley Hipotecaria, ya la finca ha sido ejecutada y adjudicada en pago de su crédito, y que la corte, para aplicar el artículo 71, tiene que notifi-car y oír al tercero que haya inscrito su derecho en el re-gistro. Parece natural que la parte que resulte perjudicada por la decisión de la corte tenga derecho a recurrir de la resolución que se dicte para ser también oída por el tribunal superior. También sostiene el demandante que es frívolo el recurso de apelación interpuesto. Dadas las cuestiones plan-teadas en este caso, no procede desestimarlo por motivos de frivolidad.

Debe declararse sin lugar la moción solicitando que se desestime el recurso.


text:
    Luis Carminely, demandante y apelante, v. Miguel Truyol, demandado y apelado.
    No. 6183.

    Sometido: Junio 16, 1933.

      Resuelto: Junio 24, 1933.

      F. Beiró Bovira, abogado del apelante.; O. Domínguez Rulbio, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

En un pleito procedente de la Corte Municipal de G-ua-yama, la corte de distrito del mismo nombre dictó senten-cía en apelación condenando al demandado Miguel Truyol a pagar al demandante la cantidad de $300*, intereses, costas y honorarios de abogado. Esta sentencia fné confirmada en apelación por esta corte en cnanto a la snma principal y mo-dificada en tanto en cuanto fijaba una cantidad para costas,, gastos y honorarios de abogado del demandante, limitán-dose esta' corte a condenar en costas al demandado. (39 D.P.R. 959.) .

En 8 de enero de 1932, el demandante radicó en la Corte de Distrito de Guayama un memorándum de costas que fue impugnado por el demandado, entre otras razones por ca-recer la corte de distrito de jurisdicción para aceptar y apro-bar dicho memorándum de costas.

De acuerdo con el artículo 339 del Código de Enjui-ciamiento Civil, según quedó enmendado por la Ley No. 15r de noviembre de 1917, volumen segundo, página 229, “las costas se reclamarán por la parte a la cual hayan sido con-cedidas, entregando al secretario de la corte en que se hu-biere dictado sentencia en primera instancia un memorán-dum de dichas costas, de los desembolsos necesariamente hechos por el reclamante en el pleito y del montante de los honorarios de su letrado, la veracidad del cual memorán-dum deberá ser jurada por la parte o su abogado; y la en-trega de dicho memorándum se hará dentro de los diez días siguientes al en que haya vencido el término para apelar de la sentencia dictada en el caso de que no se hubiere ape-lado; si se hubiere apelado, la entrega se hará dentro de los diez días siguientes al en que se haya recibido en la corte sentenciadora en primera instancia aviso oficial de la resolución dictada en apelación en última instancia ...”

Comienza este artículo diciendo que las costas se recla-marán por la parte a la cual hayan sido concedidas, entre-gando al secretario de la corte en que se hubiese dictada sentencia en primera instancia un memorándum de dichas costas. La corte que resolvió este asunto en primera ins-tancia fué la corte municipal. La jurisdicción de la corte de distrito fue adquirida en apelación. Se arguye por el ■demandante que en un juicio de novo, la sentencia de la corte inferior no es revocada o confirmada, sino que se dicta una sentencia nueva, distinta, tal como lo requieran los mé-ritos demostrados en el juicio, y que por lo tanto la senten-cia dictada por la Corte de Distrito de Guayama en el pre-sente caso debe considerarse como en primera instancia, ya que es nueva y distinta. El liecbo de que se trate de un juicio de novo no quiere decir que la corte de apelación ac-túe en primera instancia. La jurisdicción de la corte de distrito para resolver el caso en apelación surge de la juris-dicción original adquirida por la corte municipal. Es en esta corte donde tiene lugar la primera instancia. Hay casos procedentes de una corte municipal que sólo son apelables para ante la corte de distrito correspondiente. En estos ca-sos hay claramente dos instancias. Cuando la ley tabla de la primera, es porque es cosa entendida que existe más de una instancia y ésta tiene que ser ante la corte de distrito, que en estos casos es el tribunal de última instancia.

Copiamos a continuación las razones expuestas por el ilustrado Juez de la Corte de Distrito de Guayama en apoyo de su resolución:

“A nuestro juicio, el precepto antes transcrito resulta en un todo claro y no ofrece dificultad alguna para su interpretación.
“Según él, el memorándum debe presentarse dentro de los diez días siguientes ‘al en que se baya recibido en la Corte sentenciadora en primera instancia aviso oficial de la resolución dictada en la ■apelación en última instancia.’
“A la luz de este precepto, es claro, a nuestro juicio, que el me-morándum debe radicarse en la Corte que conoció originalmente del caso en primera instancia. Podría alegarse, quizás, que tratándose de una apelación de una corte municipal a una de distrito en donde los casos se ven de nuevo, ambas cortes podrían considerarse como de primera instancia, en razón a que en ellas se celebra el juicio de nuevo, pero si examinamos la doctrina establecida por la jurispru-dencia en cuanto a las apelaciones en casos ‘de novo’, podemos ver que la jurisdicción de la corte de distrito, si bien en ella se celebra nuevamente el caso, no es una jurisdicción original y sí una juris-dicción apelativa.
“Nuestra Corte Suprema en Amy v. Aponte et al., 31 D. P. R. 66, cita con aprobación la siguiente doctrina:
“ ‘En juicio de novo’, dice Cyc, resumiendo la jurisprudencia, ‘la sentencia de la corte inferior no es revocada o confirmada, sino que se dicta una sentencia nueva, distinta, tal como lo requieran los méritos demostrados en el juicio.’ Pero inmediatamente agrega: ‘La jurisdicción adquirida por la corte es, sin embargo, de apela-ción, y no podrá dictar una sentencia que no hubiera podido ser dictada por la corte inferior.’ 24 Cyc 750.
“Si examinamos la definición consignada por Escriehe en su Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia, nos encon-tramos con que la palabra ‘instancia’ significa ‘el ejercicio de la ac-ción en juicio desde la contestación hasta la sentencia definitiva,’ y definiendo lo que se entiende por primera, segunda y tercera ins-tancia, establece lo siguiente:
“ ‘Se llama primera instancia el ejercicio de la acción ante el primer juez que debe conocer del asunto; segunda instancia al ejer-cicio de la misma acción ante el juez o tribunal de apelación, para que se reforme la sentencia del primer juez; y tercera instancia el ejercicio de la acción reproducida ante el mismo tribunal de ape-lación o ante otro más elevado, según la clase de jurisdicciones, para que se revea el proceso y se corrija o revoque la segunda sentencia.’
“Podemos referirnos además a otras consideraciones contenidas en el referido diccionario en relación con la materia y que no trans-cribimos en gracia a la brevedad y para no hacer tan larga esta opi-nión.
“Esta teoría de Escriehe la encontramos también reproducida en 32 Corpus Juris, página 940, en donde se transcribe íntegramente la definición dada por Escriehe a la referida Frase.
“Siendo la cuestión de jurisdicción una de carácter privilegiado y teniendo como tenemos formada opinión de que esta corte carece de jurisdicción para conocer del memorándum de costas referido, por entender que el mismo lia debido radicarse en la Corte Municipal de Guayama, que fue la que conoció en primera instancia del caso, sería improcedente que entráramos a considerar las demás cuestiones planteadas por el opositor, ya que no tendríamos juris-dicción para considerarlas y resolverlas.”

La sentencia dictada en apelación no se ejecuta- en la, corte de distrito. De acuerdo con la sección cuarta de la ley para reglamentar las apelaciones de las cortes munici-pales, el secretario de la corte de distrito remitirá copia certificada de la sentencia a la corte municipal contra la cual se hubiese interpuesto recurso de apelación. De allí en ade-lante toda la tramitación para hacer efectiva la sentencia se llevará a cabo en la corte municipal, como si dicha sen-tencia se hubiese originado en ella. Estas disposiciones de-muestran que la ley, al conceder una apelación para que el caso sea visto de novo, no ha despojado a la corte municipal de su jurisdicción, desde el momento en que ésta queda res-tituida al ser fallado el caso definitivamente por la corte de apelación. Opinamos que una vez recibido en la corte municipal el aviso oficial de la sentencia dictada, si se quiere presentar un memorándum de costas éste debe entregarse al secretario de dicha corte dentro de los diez días siguien-tes al recibimiento del aviso, a tenor de lo dispuesto en el artículo 339 del Código de Enjuiciamiento Civil, según el cual el memorándum se radicará en la corte sentenciadora en primera instancia.

Sostiene la parte apelante que la corte municipal no tendría jurisdicción para conceder honorarios de abogado, y cita en su apoyo el caso de Ferreira v. López, 29 D.P.R. 34, donde se dice que la corte municipal de Guayama no te-nía jurisdicción para imponer honorarios de abogado por virtud de una sentencia dictada por la Corte de Distrito de Guayama. También se dijo en ese caso que si la corte municipal no tenía facultades para conceder honorarios de abo-gado la corte de distrito no podía adquirir esas facultades en apelación. En el caso citado no hubo convenio con res-pecto a los honorarios del abogado. Se desestimó una de-manda de tercería y se condenó al tercerista a pagar costas, desembolsos y honorarios. - En el presente caso el deman-dado se obligó al pago de costas, gastos y honorarios del abogado que el acreedor utilizare ante cualquier corte de justicia. Esta corte ha declarado que cuando esiste conve-nio entre las partes, la materia de costas, gastos y honora-rios de abogado debe regularse por dicho convenio y no por los preceptos del Código de Enjuiciamiento Civil. Cintrón Aboy v. Solá, 28 D.P.R. 262. Si la parte demandada se obligó al pago de honorarios de abogado en caso de recla-mación judicial, siendo éste el convenio de las partes, la corte municipal adquirió jurisdicción para conceder esos ho-norarios al adquirir jurisdicción sobre la obligación principal. El derecho del acreedor no puede quedar sujeto a la eventualidad de un recurso apelativo que puede o no ser in-terpuesto. Además, como ya hemos dicho en Ferreira v. López, supra, si la corte municipal no tenía facultades para conceder los honorarios, esta facultad no podía adquirirla tampoco la corte de distrito.

Esta corte, en el caso de Amy v. Aponte, 31 D.P.R. 64, declara que en cuanto a honorarios por el trabajo realizado en la corte municipal, admitiéndose como se admite que dicha corte no hubiera podido imponerlos, tampoco puede con-cederlos la corte de distrito en apelación. También se de-clara en esa decisión que no pueden concederse honorarios por el trabajo realizado en la corte de distrito, en las ape-laciones procedentes de las cortes municipales, según se deduce de una consideración detenida de las reformas hechas por la Legislatura en el artículo 327 del Código de Enjui-ciamiento Civil.

En el presente caso tanto la corte municipal original-mente, como la corte de distrito en apelación, tuvieron juris-dicción para conceder costas incluyendo honorarios en vir-tud del convenio de las partes. El memorándum de costas, de acuerdo con la ley, debió radicarse en la corte de primera instancia, que es la corte municipal.

Debe confirmarse la resolución apelada.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Josefina B. Macías Vda. de Riera, demandante y apelada, v. Sucesores de L. Villamil, Sociedad Mercantil, demandada y apelante.
    No. 5789.

    Sometido: Noviembre 23, 1932.

      Resuelto: Junio 24, 1933.

      De la Torre é Ramiros, abogados de la apelante; Pellón & Ayuso, abogados de la apelada.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

José D. Riera y la mercantil demandada celebraron nn •contrato por virtud del cual cierto tabaco comprado por Eiera en Santo Domingo y trasladado por él a Puerto Rico •debería venderse por la demandada en España sobre la base de Pacer los gastos de por mitad y obtener y partir las uti-lidades en la misma proporción.

Realizado el negocio pero pendiente aún de liquidarse, murió Riera, adjudicándose a su viuda la demandante su par-ticipación en el mismo. Pidió la demandante a la deman-dada que le rindiera cuentas. Lo hizo al fin la demandada y no conforme con ellas la demandante inició este pleito. 'Trabada la contienda se sometió su decisión a arbitraje. El dictamen rendido fué anulado, y ambas partes sometieron a la corte la siguiente estipulación:

“Que esta Hon. Corte con fecha 30 de junio de 1930, dictó re-solución declarando nulo y sin ningún valor ni eficacia, el informe o dictamen rendido por los árbitros en este caso en 29 de junio de 1929 quedando las partes en libertad de someter el asunto a los mismos árbitros, o a otros distintos para que procedan a investigar-la cuestión a ellos sometida, siguiendo el debido procedimiento de ley, dando a las partes citación y audiencia para intervenir en la investigación y ajustándose los árbitros, en cuanto al cómputo de-intereses se refiere, a lo dispuesto en el artículo 1557 del Código Civil y a la jurisprudencia establecida en el caso de Central Pasto Viejo v. Aponte, 34 D.P.R. 890.
“Que esta decisión fué notificada a las partes en 30 de junio de 1930, y es firme por no haberse interpuesto recurso alguno contra la misma para ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
“Que no deseando las partes someter de nuevo el caso a los mis-mos árbitros, se han puesto de acuerdo, en cuanto al nombramiento de nuevos árbitros que resuelvan la cuestión, y así la demandante-propone como árbitro suyo a Don Rafael Paonessa, sin objeción al-guna de la parte demandante.
“P-OR todo lo que, la demandante y la demandada solicitan de esta lion. Corte se sirva impartirle su aprobación a la presente es-tipulación y nombrar árbitros en esta cuestión a Don Rafael Pao-nessa y Don José Díaz Miró, para que estudien y resuelvan el pre-sente caso, ajustándose a la resolución de esta Hon. Corte de fecha 30 de junio de 1930, de que antes se hace referencia.”

' Por orden, de agosto 18, 1930, la corte aprobó la estipu-lación. En febrero 24, 1931, rindieron su informe los árbi-tros. Lo impugnó la demandada en marzo 9, 1931, y en 22 de abril siguiente la corte declaró sin lugar la impugnación, y aprobó el informe, registrándose sentencia de conformidad.

Es contra esa sentencia que la parte demandada inter-puso el presente recurso de apelación, señalando en su ale-gato dos errores, uno cometido a su juicio por la corte al declarar que la demandada no tenía derecho a cobrar inte-reses por las sumas adelantadas por ella en la parte que de-bió suplir al acopio común de la sociedad el Sr. Riera, y el otro al imponerle el pago de las costas del litigio.

En la liquidación del negocio la demandada cargó a la demandante $4,733.59 por concepto de intereses sobre los $11,883.24 a que ascendió el cincuenta por ciento de los gas-tos de embarque de Puerto Rico a España que la deman-dada pagó y cuya cantidad debió satisfacer el Sr. Riera al originarse dicho gasto, y abonó a la demandante la suma de $1,330.37 por concepto de intereses sobre los $3,346.84 a que ascendió el cincuenta por ciento de los gastos de em-barque del tabaco de Santo Domingo a Puerto Rico que el Sr. Riera suplió de su peculio.

En el informe arbitral aprobado finalmente por la corte, se eliminó el pago de intereses, sobre la base de que no ha-biéndose pactado, no podían cobrarse, de acuerdo con la es-tipulación aprobada' por la "corte. La decisión de los árbi-tros y la sentencia dejaron así un margen de $3,403.22 a favor de la demandante y es de ello de lo que se queja la de-mandada.

Para sostener que se trataba de una sociedad civil de ga-nancias conforme al artículo 1567 del Código Civil Revisado que prescribe que “La sociedad es un contrato por el cual dos o más personas se obligan a poner en común, dinero, bienes o industria, con ánimo de partir entre sí las ganan-cias.”, y que en tal virtud el aplicable no es en cuanto al pago de intereses el artículo 1657 de dicho código sino el 1584 que expresamente dispone que “El socio que se ha obligado a aportar una suma en dinero y no la ha aportado, es de derecho deudor de los intereses desde el día en que debió aportarla, sin perjuicio de indemnizar además los da-ños que hubiese causado.”, invoca la demandada los hechos tales como los narra la misma demandante en su demanda, a saber:

“Que en el mes de octubre de 1916, Don José Dimas Riera y Ci-íuentes y la mercantil aquí demandada, Sucesores de L. Villamil y Compañía, convinieron en realizar, asociados, un negocio de com-pra y venta de tabaco para bacer la compra de dicha mercancía en Santo Domingo, y la venta de la misma en España, y sobre la base de hacer los gastos de por mitad cada uno de los socios, y obtener y partir las utilidades en la misma proporción.”

En su alegato la parte apelada sostiene que siendo ambas partes comerciantes y puramente mercantiles los fines para los cuales se asociaron, no puede alegarse que constituyeran una sociedad civil, ni aún una verdadera sociedad mercantil, sino a lo sumo nna sociedad accidental de cuentas en parti-cipación — artículos 239 a 243 del Código de Comercio — refi-riéndose a la cual dice el Tribunal Supremo de España en sentencia de abril 8, 1897:

“Lo que caracteriza la Sociedad accidental o de cuentas en par-ticipación, y la distingue de las compañías mercantiles, propiamente tales, es que por aquélla no se crea una persona jurídica con razón social determinada, sino que cada interesado, o el gestor del nego-cio, según los casos, contrata y se obliga en su nombre, comprome-tiendo su propio crédito personal dentro de las condiciones estipu-ladas, y sin perjuicio de los pactos que se establezcan para la dis-tribución de ganancias o pérdidas; y estimándolo así la Sala sen-tenciadora, no infringe los artículos 354 al 357 del Código de Comercio de 1829. El Código no previene solemnidad alguna para la formación de la mencionada Sociedad.” 81 J. C. 673.

La cuestión que así se plantea es interesante y a nues-tro juicio si bien es aparente que no se trata de una socie-dad civil sino más bien de una de cuentas en participación, no está desprovista de razón la contención de la apelante en cuanto al pago de intereses. Por lo menos parece equi-tativa.

No podemos, sin embargo, decidirla, porque, como sos-tiene la parte apelada en su alegato, el hecho de que el nuevo laudo arbitral debería rendirse sobre la base de que el caso en cuanto al cómputo de intereses se regiría por el artículo 1657 del Código Civil, fué aceptado por la parte apelante. Así consta en verdad de la estipulación de ambas partes que dejamos transcrita y que fué aprobada por la corte sirviendo de base al clictamen de los árbitros y a la sentencia de la corte.

Resta sólo considerar la cuestión de las costas. He-mos examinado los autos y tratado de penetrar en la acti-tud de ambas partes y no estamos en condiciones de afirmar que la corte de distrito abusara de su discreción al imponer las costas a la demandada.

Bebe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Presidente Señob. del Tobo,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Nicolás Acevedo Viera, acusado y apelante.
    No. 5127.

    Sometido: Junio 20, 1933.

      Resuelto: Junio 24, 1933.

      García Méndez & García Méndez, abogados del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señob. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

La acusación, base de esta causa, en lo pertinente, dice:

“El Fiscal formula acusación contra Nicolás Acevedo y Juan Cruz por un delito de Infracción a la Sección Tercera del Título Segundo de la Ley Nacional de Prohibición, tal como quedó en-mendada por la ley del 2 de marzo de 1929 {felony) cometido de la manera siguiente:
“Los referidos acusados, Nicolás Acevedo y Juan Cruz, con an-terioridad a la presentación de esta acusación, o sea, allá por el día 3 de agosto de 1931, y en el barrio ‘Maleza Baja’ del término municipal de Aguadilla, que forma parte del Distrito Judicial de Aguadilla, Puerto Rico, allí y entonces dichos acusados, Nicolás Acevedo y Juan Cruz, maliciosa, voluntaria y criminalmente transpor-taban y conducían en una yegua alazana amarilla, cincuenta cuar-tillos de ron, que es una bebida embriagante, propia para beber y que contiene más del medio del uno por ciento de alcohol por vo-lumen, siendo dichos cincuenta cuartillos de ron más de un galón de dicho líquido.”

Leída al acusado Nicolás Acevedo Viera, Mzo la alega-ción de no culpable y solicitó juicio por jurado. Celebrado el juicio, el jurado rindió un veredicto de culpabilidad y la corte dictó sentencia condenando a Acevedo a tres meses de cárcei.

Acevedo apeló para ante este tribunal, señalando en su alegato dos errores. Por el primero sostiene que la acusa-ción no es suficiente; por el segundo que la prueba fue erró neamente apreciada.

Refiriéndose al primero dice en su alegato:

“Como previa deseamos plantear la cuestión de que Rabiándose aprobado por el Congreso de los Estados Unidos una ley autorizando el uso de cervezas y vinos que tengan hasta el 3.2% de alcohol, la acusación de epígrafe que sólo imputa el que el apelante transpor-taba bebidas que tenían más del medio del uno por ciento de alcohol, no constituye delito puesto que es necesario que para que sea delito tenga más del 3.2% de alcohol.”

Si la acusación sólo expresara lo que dice el apelante, quizá tendría razón, pero como expresa que lo que transpor-taba el acusado era ron, que no es vino ni cerveza y que esta corte ha resuelto que es una bebida embriagante (El Pueblo v. Vargas, 43 D.P.R. 860, El Pueblo v. Rivera, 37 D.P.R. 459), carece de mérito la contención del apelante.

Tampoco se ha demostrado que exista el segundo de los errores señalados. El ron fué ocupado por dos policías cuando lo transportaba el acusado. Pueden advertirse con-tradicciones en detalles en las declaraciones de los policías, pero coinciden en lo fundamental. El acusado presentó evi-dencia tendente a demostrar que en el momento en que se le imputa el transporte se encontraba en sitio distinto. El jurado creyó la prueba de cargo y no dió crédito a la de des-cargo. Nada existe en los autos que demuestre que debió haber actuado de otro modo.

Bebe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Pbesidente Señoe del Tobo,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Nicolás Acevedo Viera, acusado y apelante.
    No. 5126.

    Sometido: Junio 20, 1933.

      Resuelto: Junio 24, 1933.

      García Méndez & García Méndez, abogados del apelante; B. A. Gó-mez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Pbesidente Señoe del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El Fiscal del Distrito de Aguadilla acusó a Nicolás Acevedo Viera de la portación de un cuchillo, arma prohibida. ILa prueba de cargo tiende a demostrar que el acusado fué sorprendido por la policía montado en una yegua condu-ciendo ron acompañado de otra persona que iba a pie, que el acusado se dió a la fuga y que registrada su cabalgadura se encontró el cuchillo que se ocupó y se presentó en el jui-cio debajo de la pelliza, y la de descargo a establecer que el acusado en el momento en que se dice que fué sorpren-dido por la policía, se encontraba en sitio distinto realizando un negocio. Se estipuló por las partes que al declarar los testigos de cargo <£no determinaron de cuál de los dos acu-sados era el cuchillo.”

La corte condenó a Acevedo y éste apeló. Señala en su alegato dos errores que se refieren a la apreciación de la prueba. No existen a nuestro juicio. No era necesario demostrar que el cuchillo era del o pertenecía al acusado. Bastaba probar que el acusado lo portaba. Y a este res-pecto es suficiente la evidencia de haberlo encontrado bajo lo pelliza de la yegua que montaba y abandonó precipitada-mente al ser sorprendido por la policía.

Bebe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Loíza Sugar Co., demandante y apelante, v. Juan G. Gallardo, sustituído por Manuel V. Domenech, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    No. 5392.

    Sometido: Abril 8, 1931.

      Resuelto: Julio 5, 1933.

      Jaime Sifre Jr. y Horacio FrancescM, abogados de la apelante; Hon.. Procurador General James B. Beverley y M. Rodríguez Serra, Procurador General Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

La corporación Loíza Sugar Company demandó al Teso-rero de Puerto Rico para que le devolviese $4,789.56 que alega le cobró indebidamente por contribuciones sobre in-gresos. Dictada sentencia en contra de sus pretensiones in-terpuso la presente apelación.

La corporación presentó al Tesorero sn planilla de in-gresos del 1 de agosto de 1917 al 31 de julio de 1918, qne fné marcada con el número 41, y le fné impuesta como contri-bución de ingresos de acuerdo con la ley federal entonces vi-gente aquí la cantidad de $5,097.33, que pagó según el recibo número 21. También presentó otra planilla de ingresos por el mismo período de tiempo, que fué marcada con el número 159¿ para la contribución adicional de ingresos dispuesta por la Ley No. 59 de 1917 (II, pág. 385), y por ese concepto le fué impuesta como contribución la cantidad de $8,674.66 que la corporación pagó según el recibo No. 46. Posteriormente el Tesorero, actuando por la Ley No. 80 aprobada en junio de 1919, impuso a la corporación por el mismo período de tiempo y por la planilla No. 41 otra contribución sobre ingresos as-cendente a $7,718.71, de la que dedujo los $5,097.33 pagados por el recibo No. 21, quedando así un resto de $2,621.38 pára ser pagado. Solicitó la corporación que el Tesorero reconsi-derase la imposición de esa contribución pero su solicitud fué negada por lo que acudió en alzada ante la Junta de Revisión e Igualamiento la que confirmó lo hecho por el Tesorero. Entonces la corporación pagó los $2,621.38. El pago de las mencionadas contribuciones no fué hecho bajo protesta. Este fué uno de los motivos que tuvo la corte inferior para de-clarar sin lugar la demanda.

La apelante no se queja en este pleito de que la'contribu-ción impuesta de acuerdo con la Ley No. 59 fuera impro-cedente, por lo que.no tenía que recurrir en alzada de ella ante la Junta de Revisión e Igualamiento. Su reclamación es porque al imponérsele la contribución de acuerdo con la ley posterior No. 80 (Leyes de 1919, pág. 613) no se le abonó la parte proporcional a los meses de enero a julio 31, 1918, que había pagado de acuerdo con la Ley No. 59 y por eso es que solicita que se le devuelva la parte proporcional de esos meses que había pagado.

En cuanto a no haber hecho el pago bajo protesta sostiene la apelante que no era necesario que tal cosa hiciera porque aun cuando es regla general que en esta clase de re-clamaciones debe haberse hecho el pago en esa forma, tal regla tiene excepción cuando existe además otra ley que autoriza la reclamación sin el pago bajo protesta, siendo tal ley en este caso la de 12 de febrero de 1904, Estatutos Revisados, sección 2365. Esa ley dispone que siempre que resultare, ya fuere a solicitud de un contribuyente o por investigación practicada por el Tesorero o el Auditor, al hacer la revisión y corrección de los recibos de contribuciones, que se han cobrado cantidades de dinero por el Tesorero de Puerto Rico indebidamente o en exceso de la cantidad debida, el Auditor queda autorizado mediante la aprobación del Gobernador para librar una orden de pago a favor del contribuyente por la cantidad de dicho exceso o por la cantidad que se hubiere pagado indebidamente. Esa ley no es aplicable al caso pre-sente porque sólo tiene por objeto autorizar la devolución de cantidades indebidamente cobradas cuando por investiga-ción del Tesorero o del Auditor se llegue a la conclusión de que se han cobrado cantidades de dinero en exceso de las debidas. El pago bajo protesta era necesario en este caso porque la misma Ley No. 80 de 1919 de contribuciones sobre ingresos dispone en su sección 63 que las resoluciones de la Junta de Revisión e Igualamiento serán finales: y que el contribuyente deberá hacer el pago bajo protesta pudiendo interponer después la correspondiente demanda. La sección 66 de esa ley, comentada en el caso de South Porto Rico Sugar Co. v. Benedicto, Tesorero, 26 D.P.R. 505, no es apli-cable a este caso porque allí se recurrió directamente a los tribunales de justicia contra la negativa de devolución por el Tesorero mientras que en el presente la resolución del Tesorero fue recurrida para ante la Junta de Revisión e Igualamiento y es contra ésta que se interpuso este pleito.

Cita también la apelante la sección 64 (a) de la Ley No. 74 aprobada el 6 de agosto de 1925 (pág. 527) en apoyo de que no tenía que hacer el pago bajo protesta para poder reclamar lo que indebidamente pagó. Dicha sección de esa ley sobre contribuciones por ingresos dispone qne cuando cualquier contribución por ingresos se hubiese pagado en exceso, el montante de dicho exceso será acreditado a cual-quier contribución sobre ingresos o beneficios. excesivos o a cualquier plazo de las mismas que estuviere vencido; y que cualquier remanente de dicho exceso será reintegrado inme-diatamente al contribuyente. Esto no quiere decir que no haya que hacer el pago bajo protesta para poder reclamar lo pagado indebidamente. Además, posiblemente esa ley no estaba en vigor cuando el pago fue hecho y se presentó la demanda original pues la enmendada lo fue en 18 de agosto de 1925.

En vista de la conclusión a que llegamos es innecesario resolver si la cantidad que se reclama fué indebidamente cobrada y pagada.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Córdova Dávila no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor Cóbdova Dávila,

text:
    Vicente Balbás Peña, Francisco y Adolfo Parra Capó, Francisco Sánchez Parra y Francisco e Isabel Parra Toro; Sicila y Amalita Arce Capó, Aide (Haydee) y Juan Mario-Raúl Arce Ortiz; Manuel León Parra y María Rodríguez Vda. de León; América, Dolores, Constanza y Marina Corchado y Parra; José Luis León Parra y Luisa, Carlos y Zulema Valdivieso Rosaly, demandantes y apelantes, v. Luce & Co., S. en C., demandada y apelada.
    No. 6315.

    Sometido: Mayo 11, 1933.

      Resuelto: Julio 11, 1933.

      José A. Poventud, Alberto S. Poventud j M. León Parra, abogados .de los apelantes; Jamte Sifre Jr., abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Cóbdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata en este caso de reivindicar cierta propiedad in-mueble radicada en el distrito de G-uayama. La acción se inició en la Corte de Distrito de Ponce. La demandada com-pareció solicitando el traslado a la corte federal. Los deman-dantes se opusieron y el traslado fue denegado. Radicada en la corte federal una certificación de los autos por la de-mandada, los demandantes y apelantes presentaron una mo-ción para devolver el caso a la corte local y así lo ordenó el tribunal federal. La demandada compareció entonces espe-cialmente ante la Corte de Distrito de Ponce para impugnar el emplazamiento. Antes de resolverse esta moción la deman-dada pidió el traslado del caso a la Corte de Distrito de Gua-yama. Los demandantes se opusieron y la Corte de Distrito de Ponce ordenó el traslado solicitado, y contra esta orden se interpuso el presente recurso de apelación.

Sostienen los apelantes qne la Corte de Distrito de Ponce cometió error al no declarar qne fné de carácter general y qne produjo sumisión, impidiendo el traslado del caso a la Corte de Distrito de Guayama, la primera comparecencia de la demandada apelada para solicitar el traslado del litigio a la Corte Federal de Puerto Rico.

Entienden los. apelantes que la demandada, al solicitar el traslado a la corte federal, compareció general-mente y se sometió de tal modo a la Corte de Distrito de Ponce que no pudo solicitar, después de esta sumisión, ningún traslado para otra corte local. Antes de resolver el carácter de esta comparecencia y sus efectos legales, es conveniente fijar los efectos que produce una comparecencia en las cortes insulares que tiene por objeto solicitar el traslado a otra corte insular. Esta corte ha declarado que la comparecencia del demandado solicitando el traslado de un distrito a otro tiene el carácter de una, comparecencia voluntaria y en tal virtud cualquier defecto que pueda tener el emplazamiento queda subsanado por dicha comparecencia. Hernaiz Targa & Co. v. Vivas, 20 D.P.R. 113. Es una regla bien establecida que una comparecencia voluntaria y general constituye una renuncia al derecho del compareciente a ser emplazado y desde luego a cualquier defecto o irregularidad que se observe en el emplazamiento. Esta es la verdadera significación de la comparecencia general. El artículo 98 de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil dice que la comparecencia voluntaria de un demandado es equivalente a la diligencia de su citación personal y entrega de la copia de la demanda.

La doctrina sostenida por esta corte de que una moción de traslado constituye una comparecencia general está sos-tenida por abundante jurisprudencia. Jones v. Jones, 59 Ore. 308; 117 Pac. 414; Hanson v. Hanson, 86 Kans. 622, 122 Pac. 100; Tilles v. Pulitzer Pub. Co., 241 Mo. 60, 145 S. W. 1143; Heard v. Holbrook, 21 N. D. 348, 131 N. W. 251; Grant v. Grant, 75 S. E. 734.

De acuerdo con el artículo 82 del Código de Enjuiciamiento Civil, aunque el distrito en que se establece la demanda no sea aquél en el que deba seguirse el juicio, podrá sin embargo continuarse en el primero, a menos que el demandado al com-parecer a contestar o a formular excepciones presente una declaración jurada y fundada, y pida por escrito que el juicio se celebre en el distrito correspondiente. De modo que la comparecencia general es necesaria para que el demandado se coloque dentro de los preceptos del estatuto al radicar su solicitud de traslado.

Esta ley relativa a traslados en las cortes insulares difiere esencialmente de la ley federal que regula los traslados de las cortes estaduales a las cortes federales. La ley insular dispone que el traslado se solicite al comparecer gene-ralmente a contestar o formular excepciones, quedando de este modo impedido el demandado de impugnar el emplaza-miento; la ley federal, por el contrario, autoriza al deman-dado para plantear en la corte federal, una vez trasladado el caso, cualquier cuestión que hubiese podido suscitar en el pleito, como si originalmente hubiese sido incoado en dicha corte. En el primer caso la comparecencia es general y equivale al emplazamiento; en el segundo, únicamente com-parece el demandado para el propósito del traslado y siendo esta comparecencia de carácter especial, conserva el derecho de impugnar los defectos o irregularidades de que pueda adolecer la citación.

Aparte de que nosotros entendemos que estas disposicio-nes del Código de Enjuiciamiento Civil se refieren exclusi-vamente a traslados en las cortes insulares, nos parece que aun la misma jurisprudencia citada por los demandantes no favorece completamente su contención de que la demandada, por el hecho de haber solicitado el traslado a la corte federal, está impedida de presentar idéntica solicitud para otra corte local. Los casos citados por los demandantes, uno de ellos resuelto por la Corte Suprema de Missouri y otro por la Corte de Apelaciones de Nueva York, se apartan de la regla general al sostener que una moción de traslado de una corte estadual a una corte federal constituye una comparecencia general. El abogado de los demandantes, al presentar sus argumentos oralmente ante este tribunal, puso mucho én-fasis en el caso de Farmer v. National Life Ins. Co., 33 N. E. 1075, resuelto por la Corte de Apelaciones de Nueva York. En este caso, después de expedido y diligenciado el empla-zamiento, se solicitó el traslado del caso a la Corte de Cir-cuito del Distrito Este de Nueva York, donde estuvo pen-diente hasta el 8 de enero de 1892 en que este tribunal' de-volvió el caso a la corte estadual. Algún tiempo después el demandado solicitó la nulidad del emplazamiento, basán-dose en que el superintendente de la compañía demandada no había sido emplazado personalmente y además porque la admisión que éste hizo de haber sido emplazado era fatal-mente defectuosa por no haberse cumplido con los requisitos exigidos por el Código de Enjuiciamiento Civil. La Corte de Apelaciones de Nueva York sostuvo que el. demandado, después de solicitar el traslado a la corte federal y de ser devuelto el caso a la corte .estadual, no podía atacar el em-plazamiento por haber admitido la jurisdicción de la corte local. Puede que esta resolución no tenga el alcance que le atribuye el ilustrado abogado de los demandantes. No re-suelve la corte de Nueva York que el demandado no estuviere en condiciones de solicitar el traslado a una corte local des-pués de haber comparecido, al presentar su solicitud de tras-lado. Lo que realmente se resolvió fué que el demandado se sometió a la jurisdicción de la corte estadual, estando impe-dido por lo tanto de atacar el emplazamiento.

Alegan sin embargo los demandantes qne de acnerdo con el artícnlo 77 del Código de Enjuiciamiento Civil, el deman-dado queda sometido después de personado en el juicio, cuando realiza cualquier gestión que no sea la de pedir que el juicio se celebre en la corte correspondiente. Este artículo, a nuestro juicio, no puede aplicarse a traslados de una corte insular a una corte federal. Esta disposición se refiere a aquellos casos en que el demandado solicita el traslado para un distrito local que no sea el distrito correspondiente. En este caso, si el demandado se equivoca o pretende a sabiendas trasladar el caso a un distrito que no sea aquél en que deba seguirse el juicio, queda sometido a la corte donde se inició el pleito, perdiendo su derecho a obtener el traslado al dis-trito correspondiente.

La demandada alega que una petición pidiendo el traslado de una corte local a una corte federal es una comparecencia especial, tanto en lo que respecta a una corte como a otra, y que siendo ello así no puede considerarse que una moción de esa naturaleza equivalga a una gestión becha por el de-mandado después de personado en juicio y pueda ser obs-táculo para una moción de traslado a otra corte local una vez devuelto el caso al tribunal de origen por la corte federal.

Ron numerosas las decisiones que sostienen la contención de la demandada de que la comparecencia en este caso es especial y no general. La Corte Suprema de los Estados Unidos, en el caso de Wabash Western R. R. Co. v. Brown, 164 U. S. 271, 41 L. Ed. 431, dice que la radicación de una petición de traslado no constituye una comparecencia general, sino una comparecencia especial únicamente. De la opinión emitida por la corte en este caso copiamos lo siguiente:

“Una comparecencia que implica una renuncia al derecho de ob-jetar la jurisdicción de la corte sobre la persona es una compare-cencia voluntaria, que puede efectuarse de diversos modos, y resul-tar algunas veces del acto del demandado, aun cuando no tuvo la intención en realidad de comparecer. Pero el derecho del deman-dado a un traslado (removal) es estatutario y es su deber ajustarse al curso prescrito, y cuando él se limita a bacer uso del derecho en la forma prescrita, no debe considerarse que ha renunciado volun-tariamente cualquier derecho que posea. Un derecho reconocido no puede ser destruido por el hecho de que se utilicen los medios que la ley ofrece para reclamar ese derecho. El estatuto no requiere que la parte que solicita el traslado suscite la cuestión de jurisdie-■ción sobre su persona en la corte estadual antes del traslado, o que reserve tal cuestión con respecto a la corte que va a perder cualquier poder que tenga para tratarla; y decidir que la presentación de la petición y la fianza constituye una renuncia de la objeción equi-valdría a imponer una limitación sobre la jurisdicción en la Corte ■de Circuito, lo cual es completamente incompatible con la ley.
“Además, la petición no invoca la ayuda de la corte con respecto ■a un remedio que únicamente puede concederse en el ejercicio de la jurisdicción sobre la persona. El estatuto impone el deber a la norte del estado, al radicarse la petición y la fianza, de aceptar tal petición y fianza sin dar ningún otro paso en la acción, y si la causa ■es trasladable, una orden de la corte estadual negando la petición no tiene efecto, porque el peticionario puede radicar una copia del :récord en la Corte de Circuito, la cual debe proseguir en el caso.
“En este aspecto es imposible la conclusión de que la parte se ■somete a la jurisdicción de la corte del estado, por valerse de un ■derecho que le reconoce la ley del Congreso y que la corte estadual <está obligada por dicha ley a reconocer.”

En el caso de Goldey v. Morning News, 156 U. S. 518, 39 L. Ed. 517, la Corte Suprema de los Estados Unidos dice que aunque la demanda esté realmente pendiente en la corte del estado antes de ser trasladada, su remoción a la Corte de Circuito de los Estados Unidos no admite que estuviera legal-mente pendiente en la corte estadual, o que el demandado pudiera haber sido compelido a contestar en dicha corte; pero autoriza al demandado a valerse en la Corte de Circuito de los Estados Unidos de todas y cada una de las defensas debida y oportunamente reservadas y alegadas en la acción, en la misma forma como si dicha acción hubiese sido original-mente comenzada en dicha Corte de Circuito. Esta opinión fue emitida dos años después de resuelto el caso de Farmer v. National Life Ins. Co., supra, por la Corte de Apelaciones de Nueva York, donde se dice que no debe tolerarse que un demandado discuta la jurisdicción de un tribunal estadual sobre su persona después que ha efectuado el traslado de la causa a otra corte mediante una declaración jurada de la-pendencia de la acción, de su remoción a la misma corte y de haber obtenido la aprobación de la fianza requerida como, una condición para el traslado.

En el citado caso de Goldey y. Morning News el deman-dado hizo constar que comparecía especialmente con el solo-propósito de presentar su petición de traslado. “Ésta,’y dice la Corte Suprema, “fue una comparecencia especial para este propósito solamente, y aunque la gestión para obtener el traslado fracase o sea coronada por el éxito, no puede con-siderarse como una sumisión del demandado a la jurisdicción de la corte estadual para cualquier otro propósito.”

Hughes, en su obra “Federal Practice”, dice:

“Es cuestión firmemente decidida que la comparecencia de nn demandado en un caso pendiente ante una corte estadual con el pro-pósito de radicar una petición de traslado con su fianza no cons-tituye una comparecencia general y por consiguiente al solicitar el traslado el demandado no renuncia al derecho de impugnar un em-plazamiento defectuoso.” 4 Hughes, 452.

También Foster sostiene que el traslado de una causa de una corte estadual a una corte federal no es una compare-cencia general, sin que cambie el aspecto de la misma el hecho-de que se haga constar o no por el demandado que compa-rece especialmente para el propósito del traslado solamente-1 Foster, “Federal Practice”, 609.

Esta es la opinión de estos dos tratadistas en procedi-mientos federales, aunque se observa que un número de tribunales, al sostener que el traslado no implica una renuncia al derecho de impugnar el emplazamiento, menciona el hecho, de que el demandado compareció especialmente en la corte-estadual.

La comparecencia para solicitar el traslado a la corte federal no está regulada por los preceptos de nuestro Código-de Enjuiciamiento Civil, qne nos parecen inaplicables. En este caso, según el affidavit de mérito y las alegaciones de la demanda, la propiedad que se trata de reivindicar radica en el distrito de Guayama. A no ser qne la demandada se baya sometido al Distrito de Ponce, este caso debe juzgarse en la Corte de Distrito donde radica la propiedad, de acuerdo con el artículo 75 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Se alega además por los demandantes que el tribunal a quo erró al no declarar y sostener que la demandada quedó sometida a su jurisdicción y competencia mediante las estipulaciones radicadas en la Corte Federal y por sus mo-ciones de prórroga presentadas ante la propia corte inferior. Ambas partes solicitaron prórroga para radicar alegatos en cuanto a la primera solicitud de traslado para la corte federal. Los apelantes entienden que esta prórroga implica una sumi-sión. No lo entendemos así nosotros. La presentación de este alegato fué una mera incidencia de la moción de tras-lado y la prórroga concedida por la corte para radicarlo, a solicitud de la demandada, no puede tener el alcance de una sumisión. Tampoco lo tienen las estipulaciones de ambas partes presentadas en la corte federal relativas a señala-miento y posposición de la vista sobre devolución del caso. No comprendemos cómo estas estipulaciones ante la corte federal puedan considerarse como un sometimiento de la parte demandada a la corte local. Estas mociones y estipu-laciones, lejos de indicar la intención de la demandada de someterse a la Corte de Distrito de Ponce, indicaban su pro-pósito de insistir en el traslado. La corte Federal devolvió el caso. La demandada presentó una moción para anular el emplazamiento y los apelantes arguyen que esta moción y la prórroga que se concedió por la corte local para discutirla, a petición de la demandada, constituyen también una sumi-sión que impide el traslado a otra corte local. Opinamos que esta comparecencia con el único y exclusivo propósito de impugnar el emplazamiento no impide que la demandada pueda solicitar el traslado del caso al distrito correspondiente. Al presentar esta moción de traslado, la demandada práctica-mente desistió de sn impugnación a la citación.

Debe confirmarse la resolución apelada.


text:
    José Abraham Torres, demandante y apelado, v. Joaquín Díaz, demandado y apelante.
    No. 6396.

    Sometido: Junio 10, 1933.

      Resuelto: Julio 11, 1933.

      G-. Lopes1 de Victoria, abogado del apelante; O. Souffront, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante apelado, José Abraham. Torres, solicita la desestimación del recurso interpuesto por el demandado contra la resolución dictada por la Corte de Distrito de Ma-yagüez condenando a dicho demandado a pagar la suma de $400 por honorarios de abogado y $29 en concepto de costas y desembolsos. Se alega por el demandante apelado que el escrito de apelación va dirigido al Lie. Oscar Sonffront, qne no es parte apelada en el procedimiento, y al secretario de la corte, sin especificar a qné secretario se dirige.

El Sr. Sonffront es abogado del demandante, según consta claramente de los antos. Compareció ante la corte inferior representando a] demandante y ante esta corte para sostener y argumentar la apelación. El artículo 296 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone que el escrito de apelación se dirija a la parte contraria o a su abogado. El Sr. Souffront se dió por notificado como abogado del deman-dante. No puede haber una prueba más evidente y más clara de que se ha cumplido con los preceptos del estatuto.

Es verdad que se omitió el nombre de la corte en el escrito de apelación, el cual aparece dirigido exclusivamente al secretario de la corte y al Lie. Oscar Souffront; pero no es menos cierto que hay prueba en los autos de que este es-crito de apelación fue radicado en la Secretaría de la Corte de Distrito de Mayagüez. Así lo- certifican el abogado del demandante, Sr. Oscar Souffront, y el abogado del deman-dado, Gilberto López de Victoria, quienes autorizan con sus firmas la transcripción de los documentos que obran en autos, entre los cuales figura el escrito de apelación de la aproba-ción del memorándum de costas. Aparece sin dejar lugar a dudas que «se ha cumplido con el propósito de la ley y por lo tanto no procede la desestimación del recurso por el motivo alegado.

Entiende además el demandante que procede la deses-timación por motivos de frivolidad.

El demandado arguye en su alegato que la Corte de Dis-trito de Mayagüez cometió error al conceder $400 para hono-rarios de abogado por ser dicha cantidad excesiva en rela-ción con el grado de temeridad del demandado apelante. Se dictó sentencia en este caso a favor del demandante por la cantidad de $850. Se concedieron $400 por honorarios de abogado y $29 en concepto de costas y desembolsos. Alega el apelante que la acción del demandante apelado se fnnda en el inciso tercero del artículo 1803 del Código Civil de Puerto Rico. Añade que el demandado apelante no estaba en el sitio del accidente cuando ocurrió éste, ni le consta de propio conocimiento cómo se desarrollaron los hechos, y arguye que si bien el pronunciamiento de costas de la corte inferior fue confirmado en apelación, tiene derecho a discutir el grado de temeridad del demandado apelante en relación con la cuantía concedida, la cual considera excesiva.

Opinamos que no procede la desestimación del recurso por motivos de frivolidad.

El demandante apelado sugiere que si de acuerdo con lo que aparece de la faz de las alegaciones transcritas este tribunal creyera que se impone una reducción en la suma fijada para honorarios de abogado, dicho demandante y ape-lado consiente en que este tribunal haga la reducción que crea justa y confirme la resolución una vez notificada, todo lo cual redundaría en beneficio de ambas partes y de una rápida administración de justicia. Aunque nos parece plausible la solución propuesta, sin embargo esta corte no puede, en una moción de desestimación de apelación, dictar la reso-lución que interesa el demandante.

Debe declararse sin lugar la moción del demandante apelado.


author: El Juez Asociado SeñoR Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan López Guillama, acusado y apelante.
    No. 4831.

    Sometido: Junio 8, 1933.

      Resuelto: Julio 11, 1933.

      J. Valide juli Rodríguez, abogado del apelante; R. A. Gómei, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado SeñoR Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Francisco Irlanda y José Torres se entregaron a una riña «en Orocovis. De los autos se desprende que ambos fueron arrestados posteriormente. Mientras se desarrollaba esta lucha se reunió una gran multitud de personas, entre ellas el acusado y apelante en este caso, Juan López Guillama, policía que prestaba servicios en dicho pueblo. También vinieron otros policías, uno de los cuales agarró a José Torres, «que estaba sobre el otro contendiente, y el acusado Juan liópez Guillama agarró a Francisco Irlanda. La prueba de El Pueblo tendió fuertemente a demostrar que el acusado Juan López Guillama agredió a Francisco Irlanda varias veces. López Guillama fué convicto en la Corte de Distrito de Ponce del delito de acometimiento y agresión y sentenciado a pagar diez dólares de multa.

En apelación una de las principales contenciones del apelante es que estos dos ciudadanos estaban fuera de la ley. Si bien no admite que él fué culpable de haber acome-tido y agredido a Francisco Irlanda, el apelante sostiene que el caso era uno que justificaba la intervención del policía y de actuar en la forma en que él lo hizo. No podemos estar en absoluto de acuerdo con esta contención. El deber de un policía es no usar más fuerza de la necesaria para efectuar un arresto. La prueba es indubitada al efecto de que Francisco Irlanda no ofreció resistencia alguna al policía que trató de arrestarlo. Es cuestión de menor importancia que Juan. López Guillama estaba emparentado con Torres, que también fué arrestado al mismo tiempo.

El apelante también comenta algo respecto al hecho de qne esta pequeña multa puede hacer que un policía sea sus-pendido o separado de su cargo, mas no es ésta cuestión que está ante las cortes.

Hubo algún conflicto en la prueba, pero de los autos no aparece nada que permita a esta corte hacer una distin-ción del acometimiento y agresión cometido en este caso de muchos otros que de ordinario vienen ante nos. En otras palabras, el Juez de Distrito de Ponce era la persona que estaba en mejor posición para considerar el conflicto de la prueba y no hallamos que hubiera error ni prejuicio.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señou Wolf,

text:
    Isidoro Pagán González y Catalina Pagán Colón, demandantes y apelantes, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, demandada y apelada.
    No. 5658.

    Sometido: Enero 23, 1933.

      Resuelto: Julio 11, 1933.

      Bolívw Pagan, abogada de los apelantes; Ron. Procurador General Charles F. Winter y FeUpe Janer, Sub pro curador, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señou Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En 15 de octubre de 1926 y en Jayuya, Carmelo Pagan, quien estaba cubierto por la Ley de Indemnizaciones a Obre-ros, sufrió un accidente mientras trabajaba para Joaquín Rodríguez y murió a consecuencia del mismo. Dentro de un mes contado a partir del día en que ocurrió el accidente, las personas con derecho a ello radicaron una reclamación ante la Comisión de Indemnizaciones a Obreros.

De acuerdo con la ley entonces en vigor (Ley 102 de 1925, Leyes de ese año, pág. 905), el obrero lesionado tenía derecho a apelar, dentro de treinta días, de la orden o resolución de la ameritada Comisión de Indemnizaciones a Obreros. Esta comisión fué abolida y la Comisión Industrial de Puerto Rico la substituyó en 14 de mayo de 1928 (Leyes de ese año, pág. 631), y en 25 de septiembre de 1930 dicha comisión, actuando en substitución y subrogación de la anterior Comisión de Indemnizaciones a Obreros, denegó la reclamación fundada en que los peticionarios no dependían del ameritado obrero fallecido. La aludida ley de 1928 proveía que el obrero tenía derecho a solicitar, dentro de diez días, que se' revisara la orden de la comisión. En este caso.no se hizo tentativa al-guna de obtener la revisión del procedimiento dentro de dichos diez días, mas los aquí demandantes presentaron una demanda tal cual si estuviesen actuando de conformidad con la ley anterior.

La Corte de Distrito'de San Juan resolvió que la nueva ley substituyó toda la materia procesal que regía de acuerdo con la ley antigua, incluyendo el derecho de apelación, y que ■dicha corte de distrito no adquirió jurisdicción para revisar el procedimiento.

En apelación para ante esta corte los apelantes sostienen que el accidente tuvo lugar mientras regía la ley anterior y que por ende tenían derecho a apelar de confor-midad con la ameritada ley existente. Es ley establecida, en ausencia de cualquier cláusula en contrario (savmg clause), que un nuevo sistema de procedimiento o de apelación subs-tituye un sistema viejo de procedimiento o apelación. El Procurador General cita varios casos a este efecto. La ley más reciente en realidad dice que ella no afectará ningún caso previamente instituido, mas esta cláusula no milita contra un cambio en el procedimiento a seguir. Meramente deja en vigor el derecho de una persona a obtener compensa-ción o daños y perjuicios, según sea el caso. City of Chicago v. Industrial Commission, 127 N. E. 46, 292 Ill. 409; Independent Cotton Oil Co. v. Beachham, 120 Pac. 969.

El Procurador General también presenta una moción para desestimar el recurso pero la base de esta moción es prác-ticamente la misma cuestión sustancialmente envuelta.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Alfonso Luquis y Manuel J. Jiménez, acusados y apelante el segundo.
    No. 4965.

    Sometido: Marzo 21, 1933.

      Resuelto: Julio 11, 1933.

      González Fagunclo & González Jr., abogados del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.

      Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es la apelación de Manuel J. Jiménez en nn caso en que él y Alfonso Luquis fueron convictos de transportar leche adulterada para dedicarla al consumo humano. Cuando los inspectores ocuparon la leche, el único de los acusados que estaba presente fué Alfonso Luquis, quien se admite era em-pleado de otra persona. El Gobierno trató de demostrar que esa otra persona era Manuel J. Jiménez, coacusado en este caso. Los inspectores tomaron muestras de la leche, dieron una de ellas a Luquis, pero no así a Jiménez. El Pueblo de Puerto Eico no fué a juicio bien preparado para probar su caso contra Jiménez. Tan era así, que uno de los inspectores mientras ocupaba la silla testifical pidió tiempo para volver a su oficina a fin de traer el récord original de Jiménez. En realidad de verdad, no se demostró claramente en el juicio que Jiménez tuviera licencia para explotar un puesto de leche. Uno de los testigos declaró que el carro en que se conducía la leche tenía un letrero o rótulo que mostraba el nombre de Jiménez y el número de su licencia. Este testigo también expresó que Luquis, al tiempo de la alegada transportación, vendía leche del depósito de Manuel Jiménez. También manifestó más tarde que no podía decir si la leche que se estaba vendiendo era del depósito de Manuel Jiménez o de cualquier otro depósito. En la repregunta el testigo dijo que sabía que Manuel Jiménez era el dueño de la leche de acuerdo con la licencia que le fué expedida. El acusado Jiménez objetó esta última manifestación, la corte desestimó el reparo, y el acusado anotó excepción. Hubo mucho testimonio adicional y gran parte de él, si no todo, fné objetado y alguno eliminado bajo las órdenes de la corte. Sin embargo, la corte declaró a Jiménez culpable del delito imputádole.

En apelación, el único error señalado es que la corte se equivocó al apreciar la prueba. No se señaló error respecto a alguna de la evidencia que, a nuestro juicio, fué indebida-mente admitida. En conjunto, no creemos que se probara más allá de toda duda razonable que la lecbe procedía del depósito de Manuel Jiménez. Considerando. todo el testi-monio objetado y no objetado, bubo alguna prueba circuns-tancial tendente a demostrar la culpabilidad de Manuel Jiménez, pero esa prueba circunstancial no era de por sí bastante para demostrar que la lecbe en verdad procedía del depósito de Manuel Jiménez, admitiendo que el carro fuera suyo y aun que Luquis fuera su empleado, extremo que no fué suficientemente esclarecido. No bubo prueba satisfac-toria de que la lecbe fué tomada del depósito de Manuel Jiménez. No queda excluida la probabilidad de que la misma hubiera procedido de otra fuente. Si se considera la evi-dencia objetada, entonces había menos para justificar a la corte en declarar culpable al acusado.

Desde luego que de toda la evidencia en el caso uno podría extraer la idea de que hay la probabilidad de que Jiménez era culpable, pero la ley exige algo más. Exige algo que se aproxime a una certeza; en otras palabras, la culpabilidad del acusado debe establecerse fuera de toda duda razonable. En un caso criminal se presume la inocencia del acusado, y las reglas de derecho se hacen en gran parte para proteger al inocente. Si, siendo culpable, Jiménez pudiera ser con-victo a base de la clase de prueba aducida en este caso, así podría serlo cualquiera persona por completo inocente de un delito. No estamos convencidos que la culpabilidad de Jiménez fué realmente probada, o probada fuera de toda duda razonable.

Debe revocarse la sentencia ajelada y absolverse al acu-sado Jiménez.

El Juez Presidente Señor del Toro disintió.


author: El Juez Asociado Señor HtjtghisoN,

text:
    Francisco López, demandante y apelante, v. Manuel V. Domenech, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    No. 6289.

    Sometido: Junio 21, 1933.

      Resuelto: Julio 11, 1933.

      Angel Arroyo, abogado del apelante; Hon. Procurador General Charles E. Winter y R. Cordones Arana, 8 ub pro curador, abo-gados del apelado.
   El Juez Asociado Señor HtjtghisoN,

emitió la opinión del tribunal.

La corte de distrito se negó a expedir nn auto alternativo de mandamus para obligar al Tesorero de Puerto Eico a que cancelara ciertos recibos de contribuciones qne estaban en descubierto, correspondientes a los años fiscales 1929-30, 1980-31 y 1931-32. El peticionario se funda en una ley (No. 25) aprobada el 28 de abril de 1932 titulada “Ley para can-celar las contribuciones” adeudadas por las fincas de café, correspondientes al año económico 1928-29; para condonar parcialmente las de los ejercicios económicos de 1929-30 y 1930-31; para aplazar el cobro de estas contribuciones; para fijar un tipo de tasación para dichas fincas de café; para asignar fondos para compensar a los municipios por las con-donaciones hechas, y para otros fines.” (Leyes de ese año, pág. 275.)

El demandante alega: que es dueño de 45 cuerdas de terreno exentas de contribuciones por ser una finca de café, pero que el demandado le ha impuesto contribuciones y exige el pago de éstas ascendentes a $92.64 para los años 1929-30, 1930-31 y 1931-32; que diez cuerdas de dicho terreno estaban y están sembradas de café, cinco de las cuales están en plena producción y cinco son de resiembros que estarán en plena producción dentro de dos años; que dichas diez cuerdas se encontraban sembradas de café y estaban cultivadas desde antes del ciclón de San Felipe de octubre (sic) 1928; que dicho ciclón destruyó y barrió la aludida plantación y que el demandante la rehabilitó en el ínterin; que el terreno, del cual más de 18 cuerdas son inservibles y están cubiertas de malezas, no produce otra cosa que café, y que el resto del terreno se está preparando para sembrarlo de café y frutos menores; que el demandante presentó su reclamación al de-mandado en enero 16, 1933, y éste la denegó el 19 del mismo mes, tomando como pretexto la mera circunstancia de que el demandante allá por los años 1927 ó 1928 suscribió una pla-nilla que preparó uno de los tasadores del Departamento de Hacienda, en la cual se hizo constar, sin percatarse de ello el demandante y contrariamente a la verdad de los hechos, qne la finca en cuestión se componía de trece cnerdas de malezas y el resto (31 cnerdas) estaba dedicado a pasto; y qne el demandado se ha negado a cancelar los recibos para los años fiscales 1929-30, 1930-31 y 1931-32.

Ciertas disposiciones de la ley, como por ejemplo la sección 3, pneden referirse exclnsivamente a plantaciones de café qne han sido tasadas como tales. Empero el títnlo habla en términos generales de “contribuciones adendadas por las fincas de café.” La sección primera antoriza la cancelación de “los recibos de contribuciones sobre fincas de café por el año económico 1928-29” qne estaban pendientes de pago en la fecha de la vigencia de dicha ley. A este respecto la Legislatura no hace distinción alguna entre plantaciones de cafó tasadas como tales y plantaciones de café tasadas como pastos, terreno baldío o de alguna otra forma. Nada hay en esta sección de la ley sobre la cual el Tesorero o las cortes puedan fundar tal distinción.

Podría admitirse, desde luego, que el Tesorero está llamado a ejercer alguna discreción al resolver estas reclama-ciones. El no está obligado a aprobar, sin hacer investiga-ción alguna, cuanta reclamación se le presenta. Sin embargo, en un caso meritorio él no puede negarse a cancelar los re-cibos de contribuciones.

Los únicos hechos en el estado en que se encuentra el presente caso son los narrados en la petición. Para los fines de esta opinión podría admitirse,, sin resolverlo, que no fué la intención de la Legislatura ayudar a los dueños de plantaciones de café que con el propósito de obtener una tasación menor, deliberadamente habían declarado para el pago de contribuciones que sus fincas eran de pasto o terreno yermo. No se puede presumir la mala fe. La petición qué ahora tenemos a la vista niega, aunque no en .forma muy satisfactoria, la existencia de propósito alguno de defraudar al Gí-obierno. El Tesorero no concedió al reclamante, aquí peticionario, oportunidad alguna para explicar la descripción anterior de su plantación de café como terreno dedicado a pastos y malezas. La reclamación fue denegada sin hacerse ninguna investigación sobre los méritos.

No es necesario que anticipemos cuestiones que pueden o no surgir durante el juicio. La petición aduce hechos sufi-cientes para justificar la expedición de un auto alternativo.

Debe revocarse la orden apelada y devolverse el caso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Luis Enrique Cano, acusado y apelante.
    No. 4904.

    Sometido: Abril 4, 1933.

      Resuelto: Julio 11, 1933.

      E. Ramios Antonini, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Cano fué convicto del delito de violación estatutaria y solicitó un nuevo juicio. A un testigo se le preguntó qué concepto tenía formado de la reputación y moral del acusado. El fiscal se opuso fundándose en que el concepto del testigo y la reputación del acusado no tenían importancia alguna. El juez sostuvo esta objeción y el acusado se anotó una excep-ción. Uno de los fundamentos alegados en la moción de nuevo juicio fue el error cometido al sostenerse esta objeción. Otro fundamento fue el supuesto error al declararse sin lugar una moción solicitando se instruyera al jurado para que tra-jera un veredicto absolutorio. Otro, que el veredicto era contrario a derecho y a la prueba. Uno de varios otros fun-damentos fue haberse descubierto nueva prueba. Debido al descubrimiento de esta nueva prueba se concedió un nuevo juicio. La orden concediendo el nuevo juicio fue revocada en el caso de El Pueblo v. Cano, 43 D.P.R. 175. Según se indica en la opinión, el acusado no radicó alegato alguno ni compareció a la vista celebrada ante esta corte. Si hubiese hecho una u otra cosa, tal vez la orden apelada habría sido confirmada. Una idea de las dudas tenidas por el juez sen-tenciador poco después del juicio podría concebirse de los hechos reseñados en la opinión en que se basó la revocación.

Al llamarse al acusado nuevamente para que manifestara las razones por las cuales no debería dictarse sentencia en su contra, presentó otra vez su moción de nuevo juicio basada en todos los fundamentos aducidos en la moción original, excepto el referente al descubrimiento de nueva prueba a virtud de la cual él suscitó la única cuestión directamente resuelta por la corte de distrito al decidir la moción original, al igual que por esta corte en la apelación anterior. El acu-sado apela ahora de una orden declarando sin lugar esta moción y de la sentencia consiguiente.

Al declararse sin lugar la segunda moción de nuevo juicio presentada por el acusado, el juez de distrito dijo que no obstante la naturaleza "extraordinaria del caso, nunca anularía el veredicto del jurado por insuficiencia de la prueba sino que dejaría que esa cuestión fuese resuelta por el Tribunal Supremo. En la apelación anterior esta corte, refi-riéndose a un comentario más extenso hecho por el juez de •distrito sobre la naturaleza extraordinaria del caso, dijo: “Las demás circunstancias a que se refiere la corte respecto a la manera en que se dice cometido el delito y a la forma >en que actuó el acusado en su propia casa podrían ser propias en una apelación contra la sentencia por insuficiencia de la prueba pero no para conceder nn nnevo juicio por pruebas-nuevamente descubiertas.” El juez de distrito parece haber-sido influido grandemente por este dictum para llegar a su. decisión de que no resolvería la cuestión relativa a la sufi-ciencia de la prueba para sostener el veredicto, sino que la. dejaría pendiente para que fuese resuelta por este tribunal5 en apelación. Esto, desde luego, fue un error. Si el juez-, de distrito estaba convencido de que la prueba era insuficiente^, debió haber anulado el veredicto. Si no lo estaba, debió haber-declarado sin lugar la moción por ese motivo, a menos que1 estuviese convencido de que debía ser declarada con lugar por alguna otra razón.

Ni al tiempo de conceder el nuevo juicio ni en el momento de declarar sin lugar la segunda moción de nuevo-juicio mencionó el juez de distrito la contención de que él había cometido error al excluir prueba relativa a la buena-conducta (character) 'del acusado. El derecho que tiene el acusado a probar su buena conducta es una cosa. La forma en que esa conducta debe ser probada es otra. Los letrados-de ambas partes en el presente caso están ahora familiari-zados con el método generalmente aceptado de establecer la buena conducta de un acusado y con la acentuada crítica que-se ha hecho a ese método, que puede conducir a alguna modi-ficación del mismo en el porvenir. Echando a un lado, para los fines de esta opinión, cualquier cuestión relativa al cono-cimiento que se tenga del acusado y a la oportunidad para observarle, no podemos estar de acuerdo con el criterio de-que ni el concepto de un testigo respecto a la buena conducta de un acusado, ni la reputación de éste, es cuestión que carece de importancia alguna.

La orden y sentencia apeladas deben ser revocadas y de-volverse el caso para un nuevo juicio.