text:
    José Rodríguez Rodríguez, demandante y apelante, v. United States Fire and Insurance Co. of New York, demandada y apelada.
    No. 3374.

    Visto: Marzo 19, 1925.

      Resuelto: Junio 23, 1925.
    1. Seguros — Del Contrato en General — Interpretación y Operación (Operation) — Propiedad Cubierta por la Paliza — Mobiliario de'Establecimiento Comercial. — Aseguradas contra incendio "las existencias de provisiones en general’ ’ de un establecimiento comercial, el mobiliario de diebo estableci-miento no se entiende cubierto por dicha póliza.
    2. Seguros — Aviso y Reclamación de Pérdidas — Renuncia a Dichos Requisitos —Requerimiento al Asegurado para que Nombre un Arbitrio. — El hecho de que una compañía de seguros requiera al asegurado para que nombre un árbitro para- apreciar las mercancías no puede tener el efeeto legal de una renuncia en cuanto a la íalta de presentar el asegurado su estado de pér-didas (proof of claim).

      3. Seguros — Pérdida de dos Derechos Bajo una Póliza1 por Quebrantamiento de Garantía, Estipulación o Condición Subsiguiente — Estipulación en Cuanto a Libros de Contabilidad. — Un comerciante que sólo lleva un libro en el que'se anotan las compras pero no las ventas realizadas no cumple con la cláusula sobre “libros de contabilidad e inventario en caja de caudales” {iron safe eUmse) contenido en un contrato de seguro.
    SENTENCIA de Charles E. Foote, J. (Primer Distrito, San Juan), de-clarando sin lugar la demanda, con costas.

      Confirmada.

      B. Martínez Nadal y B. A. Martínez, abogados del apelante; J. H. Brown y Clemente Buis Nazario, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante y apelante había asegurado las existen-cias de su establecimiento comercial en la compañía deman-dada por valor de $4,000 y por término de un año. El 15 de abril de 1922 ocurrió un incendio en la casa comercial del demandante y con motivo del siniestro se inició este pleito.

La póliza que fue expedida por la demandada y en la que constan las estipulaciones del contrato se hace formar parte de la demanda, pero no aparece que ella se baya unido al récord. No obstante de las alegaciones y de las pruebas se puede inferir que la misma contenía, entre otras cláusulas, las siguientes: 1- Notificar, o dar aviso del incen-dio que ocurriera a la demandada; 29 Presentar el deman-dante a la demandada, dentro de los quince días subsiguien-tes al siniestro, a menos que una prórroga fuera concedida, un inventario expresando detalladamente las pérdidas sufri-das y el valor exacto de sus existencias al tiempo del in-cendio ; 3° Llevar el demandante libros de contabilidad e inventario en cajas de seguridad (iron safe clause), o sea la obligación de llevar tales libros no expuestos a las contin-gencias de un fuego; y 4° Que el incendio ocurriera por mero accidente y sin intervención directa o indirecta del de- . mandante. En cualquiera de estos casos previstos que el demandante faltare a su cumplimiento, él quedaría privado de todo derecho a reclamar, incluso asimismo que en su re-clamación de daños (proof of claim) se apoyare en declara7 ciones falsas.

El demandante alegó haber sufrido los siguientes daños: $1,397.59 por depreciación de las mercancías averiadas y las totalmente perdidas; $659.45, por depreciación del mo-biliario, y $116.99, mitad de gastos por almacenaje y venta en pública subasta de las provisiones que resultaron ave-riadas.

La apelada negó que el mobiliario estuviera cubierto por la póliza por no estar comprendido dentro de las palabras “las existencias de provisiones en general” que refiere el contrato en ese particular.

Como cuestión de ley, el mobiliario de un establecimiento comercial no se entiende incluido dentro del significado de “provisiones.” 32 Cyc. 742. T se fia determinado clara-mente que el aseguro sobre “existencias” (stoclc) o “mer-cancías” (merchandise) de una casa comercial únicamente se refiere a los artículos u objetos destinados para la venta y no a ]os que se dedican ai uso del establecimiento. Kent v. London, Liverpool & Globe Ins. Co., 26 Ind. 294, 89 Am. Dec. 463; Agricultural Ins. Co. v. Collins, 175 S. W. 1120 (Tex.).

La demanda por tanto en ese extremo no es bastante para sostener una causa de acción.

Otra de las defensas de la demandada es que el demandante no presentó un estado de las pérdidas (proof of claim) faltando así a una de las condiciones de la póliza.

El apelante sostiene en su alegato sin embargo que ha-biendo requerido la demandada al demandante para que nombrara un árbitro, hubo la renuncia a que se cumpliera esa condición. Si como se ha declarado en el caso de Parga & Frontera, S. en C. v. Royal Ins. Co., 32 D.P.R. 78, las dis-posiciones sobre arbitraje en pólizas de seguro son nulas en Puerto Rico por razón de lo que dispone el artículo jL75 de la Ley No. 66 de julio 16 de 1921, (p. 649) cualquier indica-ción de la demandada en tal sentido no podía tener el efecto legal de una renuncia en-cnanto a la falta de presentar el demandante su reclamación. De todos modos aunque existe un conflicto en las autoridades respecto a si el mero hecho de entrar en un arbitraje implica o nó tal renuncia, nos pa-rece como más racional y equitativa la doctrina que esta-' blece la Corte Suprema de Massachusetts en el caso de Rockwell v. Hamburg Bremen Fire Ins. Co., 212 Mass. 318, 98 N. E. 1086, en que se declara:

“Una póliza de seguro de incendio proveía que en caso de pérdi-das el aseguradlo debía presentar una declaración jurada y firmada por él, exponiendo el valor de la propiedad asegurada, su interés en la misma, y un detalle de todo otro seguro sobre la misma, así como el objeto del seguro y la manera cómo se originó el incendio, y otra estipulación proveía un arbitraje 'si las partes no llegaban a un acuerdo en cuanto a las pérdidas. Se resolvió que, habiendo el ase-gurado dejado de someter la declaración requerida, el acto del ase-gurador al enviar su agente especial para averiguar el montante de las pérdidas, y al proceder a determinar y adjudicar éstas por ar-bitraje, no fué una renuncia de la cláusula requiriendo al asegurado a someter la declaración.”

Y "más adelante se expone el claro razonamiento del mo-tivo de la doctrina, diciendo:

“Aunque los demandados pudieron haber esperado la declaración jurada antes de tratar de ajustar el montante de las pérdidas, no «bscante es muy importante, especialmente cuando hay razón para creer o sospechar que, bien por mala fe, error u honesto prejuicio el asegurado puede exagerar el montante de sus pérdidas, que el ase-gurador esté alerta y comience prontamente una investigación. Y el mero hecho de que el asegurador así lo haga y proceda a determinar las pérdidas y firma un acuerdo para arbitraje- como el de este caso no es evidencia de una renuncia del requisito de la póliza en lo que respecta a la declaración jurada.”

En el presente caso la prueba tendió a establecer que Hastrup, ajustador de la compañía aseguradora, escribió una carta al demandante incluyéndole un blanco para que consignara en él un estado de las pérdidas y así se hiciera constar por escrito la reclamación a la compañía y requi-riéndole además para el nombramiento de un árbitro para apreciar las mercancías. La demandada no recibió contes-tación y el mismo demandante admite en su declaración que él no cumplió con ese requisito. Y éste fué uno de los fun-damentos que tuvo la corte inferior para rechazar con ra-zón la demanda.

Asimismo la corte inferior declaró que el demandante no cumplió con la cláusula que imponía la obligación al demandante de llevar libros de contabilidad e inventario guardados en cajas de seguridad (iron .safe clause) y su conclusión, que también consideramos como expresión correcta de los hechos que fueron probados, dice así:

“Que el demandante no cumplió con la cláusula del contrato de seguro sobre ‘libros de contabilidad e inventario en caja de cauda-les' (Iron Safe Clause) y esto se desprende de la propia declaración del demandante y de la de su empleado. En el establecimiento sólo se llevaba un libro, pero en forma tan irregular y con tanto' des-cuido que él no puede llamarse en modo alguno ‘libro de contabili-dad' a los efectos de dejar cumplido lo que exije la cláusula de la póliza ya mencionada.”

El apelante insiste que no es necesario llevar los libros de contabilidad que pudiera llevar un tenedor de libros, es-pecialmente cuando la póliza, no determina la clase de libros que debían llevarse por el demandante y se basa para ello en la siguiente cita:

“Un convenio de ‘llevar un juego de libros demostrando un ré-cord completo de los negocios realizados, incluyendo todas las com-pras y ventas, tanto de contado como a crédito, en unión del último inventario del mismo negocio,' no debe ser interpretado como que significa aquellos libros que se llevarían por un experto tenedor de libros, pero es bastante si los libros que se llevan fueran tales que demostraran razonablemente a un hombre de ordinaria inteligencia, ‘todas las compras y ventas, tanto de contado como a crédito.’ El convenio impone al asegurado el deber de preservar en una forma inteligible, en uno o más libros de su propio gusto, prueba escrita de sus compras, de sus ventas, y de sus embarques, * ® * ” 14 R.C.L. 1141.

No puede ser más razonable y justa la doctrina legal ci-tada, pero conforme a las circunstancias de este caso, la bondad de tal doctrina no ampara al apelante. El libro que él llevaba no podía dar una idea exacta de las existen-cias en el momento del siniestro. En él se anotaban las' compras pero no las ventas realizadas, y de aquéllas no aparecía consignada la clase ni la cantidad de los artículos comprados. Se trató de justificar algunos asientos; pero no se presentaron todas las facturas, y de las producidas, ellas se referían a los últimos meses pero no a las de fechas an-teriores. Y si a esto añadimos que hubo prueba tendente a demostrar que el siniestro no fué meramente casual, es-tamos aún más satisfechos por el conjunto de circunstancias concurrentes en este caso de sostener la sentencia de la corte inferior.

Por todo lo expuesto la sentencia de la corte inferior debe confirmarse.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor HutchisoN,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Francisco Calventy, acusado y apelante.
    No. 2338.

    Visto: Diciembre 23, 1924.

      Resuelto: Junio 24, 1925.
    1. Derecho Penal — Evidencia—Hechos en Controversia y Pertinentes a las Cuestiones Litigiosas, y Res Gestae^-Manifestaciones de un Agredido.— Las manifestaciones hechas por una persona minutos después de haber sido agredida y tan pronto como puede hablar conscientemente y respondiendo a preguntas que le hacen antes de adquirir dominio propio para hacerlas son admisibles en evidencia' como res gestae.

    2. Derecho Penal — Evidencia—Prueba Pericial — Edad del Acusado. — La de-claración de un médico es admisible para demostrar que un acusado es mayor de veintiún años. (Pueblo v. Ruiz, 31: 312, confirmado.)
    3. Derecho Penal — Castigo y Prevención del Delito — Pena Excesiva. — Un juez de distrito no está obligado por la pena impuesta a un acusado en la corte municipal. Atendidas las circunstancias del caso de autos, se resolvió que la pena impuesta al acusado no era excesiva.
    SENTENCIA de Tomás Bryan, J. (Aguadilla), condenando al acusado por delito de acometimiento y agresión con circunstancias agra-vantes.

      Modificada.

      García Méndez (&■ García Méndez, abogados del apelante; José E. Fígueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor HutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fné declarado culpable por nn delito de aco-metimiento y agresión con circunstancias agravantes, y alega:

“Primer error. — La corte cometió error al admitir las manifesta-ciones de referencia de la testigo Epifanía Moya, bajo el erróneo fundamento de que las mismas constituían parte del res gestae.
, “Segundo error. — La corte cometió error al permitir prueba pe-ricial para probar la edad del acusado.
“Tercer error. — La corte cometió error al negar la eliminación de la declaración del Dr. Buenaventura Jiménez Serra.
“Cuarto error. — La corte cometió error al declarar culpable al acusado cuando la evidencia es insuficiente para sostener la senten-cia; y
“Quinto error. — La corte erró en el uso de su discreción al im-poner dos años de cárcel al acusado, y las costas.”

La acusación imputaba el liecbo de que el delito fué cometido a las 3 de la tarde. No bubo conflicto alguno en la prueba. Tanto el denunciante como Epifanía Moya declaran que el acometimiento tuvo lugar entre 12 y 1 de la tarde, y después de almuerzo. El juez sentenciador atribuyó la discrepancia que existe entre esta declaración y la bora que se menciona en la acusación al esfuerzo becbo por estos testigos para armonizar los hechos según ocurrieron con la hora de almuerzo en el pueblo. Pero sea esto como fuere, todas las circunstancias, como han sido expuestas por ambos testigos, indican una revelación hecha inmediatamente después del suceso. El juez sentenciador estaba en libertad para' dar crédito, y evidentemente que dió crédito, que la conversación impugnada tuvo lugar unos minutos después del acometimiento, en realidad tan pronto como la víctima pudo hablar conscientemente respondiendo a reiteradas preguntas- que repetidamente se le hicieron durante el corto intervalo que medió antes de que pudiera ella volver a adqui-rir ruñciento dominio propio para poder hacer una manifes-tación inteligible en relación con lo que había ocurrido.

Dentro de las circunstancias la cuestión de si el delito en realidad fue cometido entre las 12 y 1 del día, como han manifestado los testigos en el juicio, o a las 3 de la tarde, según se alega en la acusación, no es de importancia vital y recibió en la corte inferior mucha, más consideración que la que merecía.

“Este principio general se funda en la experiencia de que bajo ciertas circunstancias externas de conmoción física puede producirse una tensión de excitación nerviosa que paraliza las facultades refle-jas y pierden su control, de modo que la manifestación que entonces tiene lugar responda de una manera espontánea y sincera a las sen-saciones y percepciones reales ya producidas por la sacudida externa. Puesto que esta manifestación se hace bajo el dominio inmediato y sin control de los sentidos, y durante el breve período en que las con-sideraciones de interés propio no podían haberse traído enteramente a colación por la reflexión razonada, la manifestación puede tomarse como especialmente digna de crédito’ (o, al menos, como que carece de ios motivos generales de falta de confianza), y por tanto como que expresa la verdadera tendencia de la creencia del que habla en cuanto a los hechos que acaban de ser observados por él; y puede, por tanto, recibirse como testimonio 'de- aquellos hechos. La situa-ción ordinaria que presenta estas condiciones es una riña o accidente ferroviario. Pero el principio mismo es uno amplio.” 3 Wigmore, sección 1747, p. 738.
“Las manifestaciones deben haber tenido lugar anies ele que haya habido tiempo para idear y tergiversar, por ejemplo, mientras la excitación nerviosa se supone que todavía domina y las faculta-des reflejas están aún en suspenso. Esta limitación es en la prác-tica la materia de la mayoría de las resoluciones.
“Debe observarse que las manifestaciones no tienen que ser es-trictamente contemporáneas con la causa excitante; pueden ser sub-siguientes a ella, siempre que no haya habido tiempo para que la influencia excitante pierda su influjo y sea disipada. La falacia, anteriormente tenida en cuenta por algunas cortes, de que la mani-festación debe ser estrictamente contemporánea (post, sec. 1756) debe su origen a la aplicación errónea de la doctrina del Acto Yer-bal : * * *.
“Además, no puede liaber ningún límite de tiempo definido y fijo. Cada caso debe depender de sus propias circunstancias. * ® *
“Toda vez que la aplicación del principio depende, pues, ente-ramente de las circunstancias de cada caso, es por tanto imposible considerar las resoluciones sobre esta limitación como que tienen en rigor la fuerza de precedentes. El discutir de un caso a otro acerca de esta cuestión de ‘tiempo para idear.o tergiversar’ es jugar con el principio y llenar los autos de sutilezas innecesarias e infructuo-sas. Hay una pérdida lamentable de tiempo por parte de las cortes supremas en tratar aquí bien de establecer o respetar precedentes. En vez de esforzarse débilmente por lo imposible deben decisiva-mente insistir en que todo caso sea tratado por sus propias circuns-tancias. Debieran, si pueden hacerlo, levantarse perceptiblemente aim a la mayor altura de dejar la aplicación del principio absolu-tamente a la determinación de la corte sentenciadora. Hasta que sea alcanzado ese resultado benéfico las lucubraciones de las cortes su-premas sobre los detalles de cada caso continuarán multiplicando la lectura tediosa de la profesión.’’ Id., see. 1750, págs. 744-751.

No tenemos que especular respecto a si sería o nó ente-ramente conveniente, o prematuro, o peligroso, ahora y en esta jurisdicción el pretender hacer un vuelo en los Campos Elíseos por la zona altitudinal del penúltimo párrafo arriba citado en último término. Por ahora será bastante con de-cir que a menos que y hasta tanto un apelante pueda de-mostrar una abierta desatención o clara desviación del prin-cipio envuelto, no estaremos dispuestos a intervenir con el ejercicio de la sana discreción del juez sentenciador.

El apelante parece haber pasado por alto el caso de El Pueblo v. Ruiz, 31 D.P.R. 312, el cual, a falta de algo más a manera de razonamiento que lo que contiene el alegato del apelante en este caso, resuelve los señalamientos segundo y tercero.

El fiscal de este tribunal se inclina a admitir que la prueba demuestra la comisión de un delito de acometimiento y agresión con circuiistancias agravantes más bien que una verdadera agresión. Toda vez que la cuestión afecta única-mente al nombre y a la clasificación técnica del delito sin afectar a la pena, podemos asimismo admitir, sin resolver, qne la sentencia debe ser modificada basta el pnnto indicado.

Aparte de esto y a falta de citas de autoridades, el seña-lamiento cuarto no requiere seria consideración, aunque al acusado pudo habérsele imputado el hecho de haber come-tido un delito mucho más grave que surge de los mismos hechos.

En apoyo del quinto señalamiento el apelante .alega que en la corte municipal la sentencia que le fué impuesta era solamente de seis meses de cárcel. Nada encontramos en los autos que demuestre este hecho; pero de todos mo-dos el juez de distrito, después de. un juicio de nuevo, no estaba obligado por la pena impuesta en la corte municipal; y atendidas todas las circunstancias, no podemos decir que dos años de cárcel sea demasiado.

La sentencia apelada debe ser modificada suprimiendo el elemento de agresión, y así modificada, confirmada.


author: El Juez Asociado Señoe, HutchisoN,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Domingo Canales (a) La Boa, acusado y apelante.
    No. 2366.

    Visto: Enero 13, 1925.

      Resuelto: Junio 24, 1925.
    Derecho Penal — Jurisdicción—Jurisdicción del Delito Según el Sitio en que SE OOlMETE — LÍNEA DIVISORIA DE DíOS DISTRITOS JUDICIALES.-Cuando Un delito se comete en la carretera central, linea divisoria de los dos distritos judiciales de San Juan, la jurisdicción de la corte en que el delito se juzgue debe establecerse por prueba del sitio en que se cometió con referencia a dicha línea divisoria; la jurisdicción del tribunal no queda establecida por la simple inferencia que se haga en cuanto a que el delito se cometió en determinada parada de la carretera, ya que la referencia a una parada sugiere la veeindad inmediata a ambos lados de la misma.
    Sentencia de M. Rodríguez Berra, J. (Segundo Distrito, San Juan), condenando al acusado a la pena capital por delito de asesinato en primer grado.

      Revocada.

      R. Rivera Zayas y G. del Toro Fernández, abogados del acusado; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señoe, HutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

El acusado fue declarado culpable de un delito de asesi-nato en primer grado y alega que no bubo prueba de la ju-risdicción de la corte.

El artículo 8 del Código de Enjuiciamiento Criminal prescribe que:

“La jurisdicción correspondiente a los delitos radica en la Corte de Distrito del respectivo distrito judicial dentro del cual se come-tieren. 1 ’

De todo el barrio de Santurce, del municipio de San Juan, la línea divisoria de los dos distritos judiciales aquí envuel-tos es una parte de la carretera insular que conduce de San Juan a Ponce, conocida por Avenida de Ponce de León. En el presente caso, para establecerse la jurisdicción de la corte donde el caso fue juzgado, era necesario que la acusación probara que el delito babía sido cometido al lado sur de la avenida. Toda la prueba acerca de este punto, según re-sulta de los autos y ba sido presentada por el fiscal de esta corte en su alegato, es como sigue:

“Pedro González, al comienzo de su declaración, fué preguntado en el interrogatorio directo y contestó lo siguiente:
“ ‘¿En qué se ocupaba Ud. para el mes de agosto? Guardia de un garage.- — ¿De qué garage? Del garage de la 17. — ¿Ese garage de la 17 está en qué sitio? — En los altos de la fábrica de mosaicos.’
“Isaac Ramos declaró:
“ ‘Allá por los primeros días del mes de agosto de este año pa-sado, ¿dónde vivía Ud? — En la misma carretera, 121. — ¿Trabajaba en alguna, parte entonces? — Allí mismo, en la fábrica de mosaicos.— ¿Dónde es eso? — En la 17. — ¿En qué parte es eso?- — En los bajos del garage en Santurce.’
“Ramón Ayala declaró:
“ ‘Allá por los primeros días del mes de agosto, ¿en qué se ocu-paba Ud?- — Trabajando de aprendiz en la fábrica de Jiménez. — ¿Fá-brica de qué? — De mosaicos. — ¿Dónde está esa fábrica? — Situada en la parada 17.’
“Guillermo Velázquez declaró:
“ ‘¿Dónde trabajaba Ud. entonces? — -En la fábrica de mosaicos. —¿Dónde es esa fábrica? — Parada 17, en los bajos del garage San-turee. ’
“El acusado Domingo Canales, quien declara en los autos, dijo lo siguiente: ' •
“ ‘El 6 de agosto del año pasado, ¿dónde trabajaba? — En la fá-brica de Emilio Jiménez del Valle, en la parada 17, en los bajos del garage de automóviles.’ ”

De aquí colegimos que el garage está sobre una fábrica de mosaicos, que ésta queda debajo del garage, y ambos es-tán situados en los alrededores de la parada 17. Y en estas circunstancias se nos pide que tomemos conocimiento judicial del hecbo de que en la parada 17 el tranvía está al lado sur de la Avenida dé Ponce de León, que las paradas están marcadas en los postes de la compañía del carro eléctrico, y por tanto, que el garage y fábrica en cuestión se encuen-tran al mismo lado de la calle. Pero la conclusión citada en último lugar no es una clara inferencia (non sequitur).

Cuando en una conversación se bace referencia a las pa-radas, para poder identificar el sitio de un determinado edi-ficio, si es una residencia o un sitio de negocio, por lo general no se distinguen como que indican sólo el lado de la calle en el cual están colocadas las tablillas de las paradas; sino que sugieren más bien la vecindad inmediata en ambos lados de la carretera. La escuela Barbosa en la parada 4 de Puerta de Tierra está tan propia y exactamente identifi-cada cuando así se le llama como podría estarlo cualquiera de los edificios en las esquinas al lado de la avenida, y en relación uno’ con el otro en lados opuestos de la calle trans-versal.

Si la prueba mostrara que el delito babía sido cometido en la estación de correos de Puerta de Tierra, o en la es-cuela Labra, o basta en el Union Club o en la casa aparta-mientos de Miramar, entonces podríamos tal vez asumir que el jurado estuvo suficientemente informado en cuanto al si-tio de cualquiera de estos edificios más o menos públicos, y negarnos a declarar que no había sido establecida la ju-risdicción. Pero no tenemos más derecho para asumir que la fábrica de mosaicos y el garage en la parada 17 están al sur y no al lado norte de la avenida, y que el jurado cono-cía este hecho, que el que tendríamos para asumir que un delito cometido en cualquier café salón de billar, salón de baile, u otro sitio de recreo o de negocio, o morada particular, mencionados por los testigos sin referencia al lugar, sin alguna indicación de la vecindad general de una línea divi-soria entre dos distritos judiciales, filé cometido dentro del distrito donde el caso fue juzgado.

Es algo sorprendente que el fiscal hubiera hecho tantas preguntas como las que aquí se hicieron con respecto al si-tio general del garage y fábrica de mosaicos, sin exigirse a ningún testigo que determinara el lugar del crimen con re-lación a la carretera. Y a no ser por el hecho de que la verdad es tan a menudo “más extraña que la ficción,” pa-recería increíble que esto hubiera ocurrido más de un año después del aviso específico contenido en el caso de El Pueblo v. Amorós, 31 D.P.R. 506, en el cual, anticipándonos y tratando de eludir la posibilidad de tener que revocar una sentencia condenatoria en algún caso de más importancia que el que entonces considerábamos, dijimos:

“En cuestiones como ésta ba de establecerse de algún modo el límite y no deben los fiscales confiar enteramente en que esta corte confirme toda sentencia en caso criminal, sin tener en cuenta la forma en que se ha celebrado el juicio, por el solo hecho de demos-trarse que el acusado ha cometido un delito.”

Los demás errores alegados envuelven instrucciones da-das al jurado y, en tanto merecen seria consideración, si acaso, pueden evitarse en un nuevo juicio.

Debe revocarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Jaime Pujals, acusado y apelante.
    No. 2309.

    Visto: Enero 21, 1925.

      Resuelto: Junio 24, 1925.
    Seducción — Responsabilidad Criminal — Instrucciones al Jurado Respecto a la Corroboración de la Oeendida — Omisión y Eeecbo. — El heeho de que en un' proceso por seducción el tribunal inferior no instruya al jurado respecto a que es necesaria la corroboración de la declaración de la ofendida no es un error que requiera la revocación de la sentencia, y menos cuando no se hace petición especifica alguna a la corte de instruir al jurado en tal sentido. {Pueblo v. Molina, 28: 170, distinguido.)
    SENTENCIA de Charles JE. Foote, J. (Primer Distrito, San Juan), condenando al acusado por delito de seducción.

      Confirmada.

      Román Díaz Collazo, abogado del apelante; José E. Figueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Jaime Pujals fué declarado culpable de haber seducido a Providencia Rodríguez bajo promesa de matrimonio. En apelación no hay señalamientos de error y el apelante en su alegato no sostiene que no hubo prueba suficiente para condenar. Por el contrario, la perjudicada declaró tendente a probar la seducción bajo promesa de matrimonio, decla-ración que fué corroborada en todas sus partes esenciales. Insiste el apelante en que el caso debe ser revocado por no haber la corte instruido al jurado que era necesaria la co-rroboración de la declaración de la perjudicada, exigiendo dicha corroboración el artículo 250 del Código de Enjuicia-miento Criminal, como fué enmendado. El apelante se funda en el caso de El Pueblo v. Molina, 28 D.P.R. 170. El caso de El Pueblo v. Molina, interpretado debidamente, no sos-tiene la contención del apelante. Antes de considerar dicho caso examinaremos ligeramente la jurisprudencia relativa a las instrucciones en casos semejantes al presente, empezando por el de Caminetti v. United States, 242 U.S. 495.

Ese no fue un caso de seducción o uno semejante, sino que trataba de las declaraciones de cómplices, siendo la si-tuación análoga. El fundamento de error fné qne la corte sentenciadora no instruyó al jurado que la prueba de cóm-plices había de ser recibida con cautela y creída solamente cuando estaba corroborada por otra prueba. La corte dijo: “Convenimos con la Corte de Circuito de Apelaciones que la petición en la forma que se hizo no debió haber sido con-cedida. En el caso de Holmgren v. United States, 217 U.S. 509, (54 L. ed. 861), este tribunal rehusó revocar una sen-tencia por no haberse dado una instrucción de este carácter general, mientras decía que era mejor práctica para las cor-tes llamar la atención de los jurados con respecto a confiar demasiado en la declaración de cómplices y exigir declara-ción corroborante antes de dar,crédito a tal prueba. Aunque esto es así, no hay principio legal absoluto que impida las condenas basadas en la declaración de cómplices si los ju-rados las creen. 1 Bishop’s Criminal Procedure, 2* edición, see. 1081, y casos citados en la nota.

En el caso de Rachmil v. United States, 288 F. 782, también se citaron los casos de Caminetti y Holmgren. La corte dijo que aunque es corriente y parte de la buena prác-tica advertir a un jurado que aquilate cuidadosamente la prueba de un cómplice, el no hacerlo así no era un error que requería la revocación. Esto era particularmente cierto cuando no había ninguna petición específica de instruir al jurado en cuanto a tal declaración, o cuando por otra parte había una omisión en llamar la atención de la corte a este principio.

Wigmore sobre Evidencia, sección 2061 y siguientes, muestra que en la ley común la declaración de la acusadora privada o perjudicada en el juicio de delitos contra la cas-tidad de las mujeres era por sí sola suficiente prueba para sostener una condena; no obstante de que en muchas ju-risdicciones un estatuto basado plausiblemente en el laudable propósito de proteger a una persona contra falsas acu-saciones ha introducido una regla que exige la corrobora-ción. Este autor está convencido de que el estatuto no es en absoluto beneficioso, pero él es de opinión en todo caso de que si existe tal prueba corroborante debe ser- una cues-tión para la resolución del juez sentenciador en vista de las circunstancias de cada caso y algunas cortes se inclinan a tal doctrina. Cumminghane v. State, 73 Ala. 51, 55; Mill v. Com., 93 Va. 815, 22 S.E. 863.

El caso de State v. Pearson, 79 Pac. 986, procedente de Washington (37 Wash. 405), estado que tiene estatutos pe-nales semejantes a los de California, también sostiene que aunque se recomienda instruir al jurado respecto al crédito que fia de darse a los cómplices, tal instrucción no era nece-saria, y el no darla no era fundamento de error. La regla general de ley era que un hombre podría ser declarado culpable por la prueba no corroborada de un cómplice,. a dife-rencia dé la declaración de la perjudicada, si bien algunas cortes sostienen que la corroboración es necesaria. De ese caso aparece, sin embargo, que los jurados están advertidos acerca de los cómplices, toda vez que sus declaraciones pro-ceden de una fuente corrupta.

Por supuesto que surge inmediatamente • a la m,ente el hecho de que una mujer perjudicada no es presuntivamente del mismo carácter que un cómplice. Ella generalmente ■ no ha sido culpable de ninguna violación de la ley. Tiene de-recho a la presunción que existe en favor de cualquier otro testigo, excepto en cuanto nuestro estatuto requiere especí-ficamente la corroboración.

En el caso de El Pueblo v. Molina, supra, la corte ins-truyó al jurado en estos términos:

“Este es un caso, señores del jurado, en que no se ha practicado prueba por parte de la defensa y es deber suyo de examinar la prueba de la acusación y resolver, si de ella les satisface o no fuera de duda razonable, de la culpabilidad del acusado.
“La declaración de un solo testigo que merezca entero crédito es prueba suficiente de cualquier hecho salvo perjurio o traición. En este caso la declaración de un solo testigo respecto a cualquier hecho esencial es prueba suficiente del hecho si ese testigo merece entero crédito, esto es, si Uds. creen que ese testigo está diciendo la verdad -y siempre que la declaración de ese testigo es corroborada por otra evidencia.”

Es evidente, pues, que cuando se exige la corroboración, el decir al jurado que la prueba de un solo testigo es sufi-ciente, constituye inequívocamente un error, aun cuando la corte no fuera consistente y finalmente usara palabras ten-dentes a una dirección opuesta. La instrucción en todo caso inducía a error toda vez que según el artículo 250 sólo la declaración de la perjudicada necesita corroboración. Al final de la opinión dijimos: “Pero nos vemos obligados a opinar con el fiscal que el hecLo de no darse una instruc-ción más específica respecto a la necesidad de que la decla-ración prestada por la supuesta víctima fuese corroborada por otra prueba es una cuestión que tiene demasiada impor-tancia para no ser considerada.”

Hace tiempo que en el caso de Cohens v. Virginia, 6 Wheat. (U.S.) 264, (5 L. ed. 257) el Juez Presidente Sr. Marshall dijo que una opinión incidental (dictum) én un caso no debe regular la sentencia en un pleito subsiguiente. Lo que sosteníamos esencialmente en el caso de Molina era que las instrucciones fueron erróneas.

El juez sentenciador había dicho por dos veces al jurado en substancia y no obstante de las disposiciones terminan-tes del artículo 250 del Código de Enjuiciamiento Criminal que de ser creída la declaración no corroborada de la agra-viada esto era bastante para sostener un veredicto de cul-pabilidad. Una disposición de poca importancia y contra-dictoria en sí agregada al final de la segunda de estas dis-posiciones no tuvo por objeto llamar la atención dél jurado ni es adecuada para hacer desaparecer la faísa impresión ya causada. En estas circunstancias resolvimos, y no vaci-lamos en reiterar, que “el dejar de dar una instrucción más específica” era “cuestión demasiado seria para no ser te-nida en cuenta.” '

No dijimos, ni del lenguaje empleado de ser interpretado a la luz de su contexto puede hacerse inferencia legítima al-guna al efecto, de que el mero hecho de no darse instruccio-nes sobre la necesidad de la corroboración es un error que exige la revocación en todos los casos y prescindiéndose de las circunstancias envueltas.

. En varios de los casos que hemos citado, la sentencia fué sostenida en parte por no haberse solicitado instrucciones específicas en la corte sentenciadora. En el caso de El Pueblo v. Lebrón, 23 D.P.R. 658, después de citar el artículo 1 de la ley de mayo 30, 1904 (Comp. 6408), sostuvimos que de acuerdo con ella la corte había revocado voluntariamente algunos casos donde los derechos fundamentales de los acu-sados habían sido desatendidos, citándose casos, pero que generalmente a falta de excepciones habíamos rehusado re-vocar a no ser que se demostrara claramente un perjuicio, citándose otros casos. El Pueblo v. Trujillo, 24 D.P.R. 129.

. En el caso de Molina ejercitamos esa facultad, pero no vemos razón , alguna para hacerlo así aquí. No se solicita-ron instrucciones específicas. Las instrucciones dadas no contienen manifestación errónea alguna y no se tomó nin-guna excepción.

Bebe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Francisco J. Santos, demandante y apelante, v. “El Ancora”, demandada y apelada.
    No. 3637.

    Visto: Junio 19, 1925.
    Resuelto: Junio 24, 1925.
    1. 'Apelación t Error — Decisiones Sujetas a Revisión — Sentencias Ríñales— Sentencias Sobre Excepciones Previas. — Atendidas las alegaciones de la' demanda, que en cobro de póliza se presentó en el caso de autos, se resolvió: que la corte inferior no cometió error al declarar con lugar la excepción de falta .d.e causa de acción que se formuló contra la misma,
    2. Seguros — Riesgos y Causas de Pérdida — Seguros de Vida — Causa de la Muerte. — Habiéndose aceptado que un asegurado falleció de tuberculosis pulmonar, el heebo de-que: el bacilo invada otras partes del cuerpo y sobre- , yepga .una debilidad orgánica y una cistitis, -no es base para concluir que aquél no falleció de tuberculosis pulmonar.

      SENTENCIA ele B. Díaz Cintrón, J. (Ponce), declarando sin lugar la demanda, sin costas.

      Confirmada.

      B. Arjona Siaca, abogado del apelante; Gustavo Bodríguez, abogado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Francisco J. Santos, farmacéutico, demandó a “El An-cora”, una sociedad de seguros, en cobro del importe de la póliza de Emilio E. Durán, que le fué cedida. La demandada alegó que la demanda no aducía hechos suficientes para de-terminar una causa de acción. La excepción fué declarada con lugar y, dictada sentencia, el demandante apeló seña-lando en su alegato un solo error, el cometido, a su juicio, por la corte al declarar con lugar la excepción previa.

En la demanda se alega que el 8 de febrero de 1924 le fué entregada a Durán su póliza expedida de acuerdo con los estatutos de la sociedad demandada cuyo artículo 30, dice:

“Quedan excluidos del beneficio de la Pensión y cancelada la Póliza o Certificado correspondiente, cuando ocurra, entre los sus-criptores, un accidente de quinta clase (muerte) causada por tuberculosis pulmonar dentro del primer año de inscrito contado a' par-tir de la fecha del certificado de inscripción.”

Se alega además que Durán falleció el 20 de julio de 1924 a consecuencia de tuberculosis pulmonar, según el cer-tificado del Dr. Yordán Pasarell. Y se alegaj por último, que si bien lo expresado en su certificado por el doctor Yor-dán Pasarell es verdad, no es toda la verdad pues la muerte fué “a consecuencia, según informes, de una severa cistitis liemorrágica con intenso tenesmo vesical, acelerada, en su proceso patológico,' por una total debilidad orgánica deter-minada por la probable existencia de una infección bacilar pulmonar sub-aguda, así como por la acción patológica directa de una infección tuberculosa prostética y renal de que padecía. ’ ’

Después de citar en su alegato numerosa jurisprudencia tendente a establecer la regla de que cuando una póliza sea susceptible de varias interpretaciones, debe aceptarse aquella que le dé validez, debiendo preferirse de dos interpretacio-nes igualmente justificadas, una a favor de la compañía y otra a favor del asegurado, la que favorezca a éste, se ex-presa el apelante así:

“La póliza ele aseguro en este caso tiene una excepción a favor del asegurador, exonerándole de responsabilidad y anulando la pó-liza, si el asegurado muere en determinado período de tiempo, de tuberculosis pulmonar. La misma póliza da derecho, según se alega en la demanda, al asegurado, a percibir la indemnización completa, dentro del mismo período de tiempo si su muerte fuere ocasionada por cualquier •otra enfermedad.
“Si la muerte es ocasionada por tuberculosis pulmonar única-mente, la póliza es clara: no hay indemnización.
“Si la muerte- es ocasionada por cualquier otra enfermedad, la póliza es también clara: hay indemnización.
“Pero si la muerte es producto de dos o más causas determi-nantes, simultáneas, concomitantes, directas, acopladas, relacionadas, conjuntas, y una de estas causas es la tuberculosis pulmonar, (ex-cepCTÓN a PAVOR del asegurador), y las demás causas, tan directas como la anterior, son otras enfermedades (estipulaciones a pavor del asegurado) entonces la póliza no es clara, porque mientras el asegurador tiene derecho a no indemnizar por la causalidad de la excepción, (tuberculosis pulmonar), el asegurado tiene derecho a la indemnización por las demás causales (en este caso la cistitis hemo-rrágica, el tenesmo vesical intenso y la tuberculosis prostática y renal que se alegan en la demanda).”

No estamos conformes. No bay duda alguna en este caso. No habían transcurrido aún seis meses después de expedida la póliza, cuando el asegurado, que la había cedido al demandante, murió de tuberculosis pulmonar, según certi-ficación médica que el propio demandante acepta que dice la verdad, y, siendo ello así, el artículo 30 de los Estatutos de la sociedad demandada es aplicable.

La confusión que trata de. introducirse por virtud de la alegación de la cistitis, de la debilidad orgánica y de la tuberculosis renal, como concansas de la muerte, desaparece en cuanto se penetra con sano juicio en la verdad del caso. No existen aquí dos interpretaciones igualmente justas. Sólo hay una. La que dió la corte de distrito al declarar la ex-cepción con lugar y desestimar finalmente la demanda. Duran, el asegurado que cedió su póliza al demandante, murió de tuberculosis pulmonar. Si el terrible bacilo invadió otras partes de su cuerpo y vino como consecuencia la debilidad orgánica y la cistitis, no es ello base para concluir que Du-rán no muriera de tuberculosis pulmonar.

Debe confirmarse la sentencia rectirrida.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Francisco Quiñones, demandante y apelado, v. “L’Unión”, demandada y apelante.
    No. 3405.

    Visto: Febrero 6, 1925.

      Resuelto: Junio 24, 1925.
    1. Seguros — Aviso t Reclamación de Pérdidas — Renuncia a Dichos Requisi-tos — Aviso Telefónico del Siniestro. — Cuando un agente, a quien el ase-gurado da aviso telefónico de un siniestro, se constituye en el lugar del mismo, diebo aviso sustituye al escrito participando dicho siniestro que éste debe dar a aquél, pero no releva al asegurado de cumplir con las demás obligaciones que le imponen las estipulaciones contenidas en la póliza.
    2. Seguros — Acciones Fundadas en Pólizas — Cumplimiento de las Condiciones Obligatorias Precedentes — Pérdida Total. — Las estipulaciones en una pó-liza de incendio respecto a suministrar un estado de las pérdidas y una rela-ción de los seguros existentes son condiciones obligatorias precedentes a cual-quier derecho de acción, y a menos que se renuncien, el asegurado viene obli-gado a cumplirlas aún en el caso de una pérdida total.
    3. Seguros — Acciones Fundadas en Pólizas — Cumplimiento de las Condiciones Obligatorias Precedentes. — Un asegurado que no eumple con las obliga-ciones por él aceptadas en una póliza de seguro queda privado de toda ac-ción contra la compañía aseguradora.
    SentbnCIA de Charles E. Foote, J. (Primer Distrito, San Juan), declarando con lugar la demanda, con costas.

      Revocada, decla-rándose sin lugar la demanda.

      R. Castro Fernández, abogado de la apelante; Rafael Rivera Zayas, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

En mi contrato de seguro contra incendio celebrado en-tre las partes de este pleito la demandada aseguró una casa del demandante por $2,500 contra pérdidas o daños y se bizo constar que las condiciones impresas al dorso de la pó-liza serían consideradas cómo parte de ella. Entre esas con-diciones del dorso de la póliza se baila el artículo undécimo, según el cual inmediatamente después de un siniestro que cause daños o pérdidas en los objetos asegurados por la pó-liza, el asegurado tiene obligación de participarlo a la com-pañía por escrito y de entregarle, a más tardar dentro de los quince días siguientes al siniestro o en cualquier otro plazo que la compañía le hubiere especialmente concedido por es-crito, los documentos siguientes: (a) un estado de las pér-didas y daños causados por el siniestro indicando del modo más detallado y exacto que sea posible los varios objetos destruidos o averiados y el importe de la pérdida correspon-diente, teniendo en cuenta el valor de dichos objetos en el momento del siniestro, sin comprender ganancia alguna: y (&) una relación detallada de todos los demás seguros que pudieran existir sobre los mismos objetos. También se dice que el asegurado viene obligado a certificar la exactitud de su reclamación y de cuantos extremos estén consignados en la misma, mediante una declaración hecha, sea bajo jura-mento o en cualquiera otra forma legal, y que si el asegu-rado no cumpliera lo dispuesto en ese artículo quedará pri-vado de todo derecho a indemnización en virtud de la póliza.

Ocurrido un incendio en esa casa el asegurado lo comu-nicó a las pocas horas por teléfono al agente de la compañía aseguradora quien el mismo día se personó en el lugar del suceso y quien, según el demandante, algunos días después le manifestó que debía escribir una carta, y el asegurado, sin hacer notificación escrita a la compañía y sin ofrecer los datos requeridos por el artículo 11 citado, demandó a la compañía aseguradora para que le pagase toda la cantidad del seguro alegando la destrucción total de la casa. Opuso la demandada como una de sus defensas la falta de cumpli-miento por el demandante del artículo 11 citado, pero la corte inferior'resolvió qne no tratándose de un caso en que se hubiesen perdido mercancías o existencias, y que siendo, además, la pérdida total, no podía considerarse esencial él cumplimiento de la cláusula que exige rendir una cuenta o estado de las pérdidas o daños cansados por el siniestro; y que no existía ninguna otra póliza de seguro con referen-cia a la casa, por lo que condenó al pago ■ a la demandada. Esas conclusiones se alega que son erróneas en el primer motivo de esta apelación interpuesta por la demandada.

La póliza de seguro es un contrato en el que las partes que lo celebran adquieren derechos y aceptan obligaciones, y habiéndose comprometido el asegurado a dar aviso escrito del siniestro inmediatamente después de ocurrido y de entregarle a la aseguradora; dentro de los quince días siguientes un estado jurado de las pérdidas y daños indicando los objetos destruidos o averiados y su importe, teniendo en cuenta el valor de dichos objetos en el momento del* siniestro, con una relación de los demás seguros que tuviera, so' pena de quedar privado de todo derecho de indemnización en virtud de la póliza, no podía el asegurado dejar de cumplir esa obligación sin perder su derecho a los beneficios del seguro. Podemos admitir que el aviso telefónico del siniestro substituyó al escrito que del mismo debía dar al agente de la compañía puesto que él se constituyó en el lugar del siniestro, pero no que con ese aviso quedó relevado de las demás obligaciones que le impone dicho artículo* tanto más cuanto que el mismo demandante reconoce que el agente le pidió después que le escribiese una carta, lo que demuestra que la compañía no renunció a los demás extremos comprendidos en la cláusula citada, a pesar del aviso telefónico comunicando el incendio.

Dados los términos de la póliza y de sus condiciones, no encontramos que la corte inferior estuviera justificada en sostener que cuando no se trata de mercancías o cuando la pérdida es total el asegurado no tiene que cumplir la obli-gación que aceptó por la cláusula undécima. Esta cuestión fué resuelta por nosotros el 24 de enero de 1924 en los casos que conjuntamente resolvimos de J. Casablanca, S. en C., y Rivera, v. The Palatine Insurance Co., Limited (32 D.P.R. 678), pues considerando una cláusula igual a la presente en. seguro de mercancías dijimos: “En cada uno de los casos la teoría que sustenta la demandante en su demanda, en todo el juicio y en apelación fué y es que el artículo 10, supra, no es aplicable en el caso de una pérdida total. Pero una obligación de pagar todas las pérdidas ocasionadas por fuego que no excedan del importe por el cual se asegura ■cada artículo, no es una promesa de pagar una suma deter-minada en el caso de una pérdida total. La fraseología empleada no es el lenguaje de daños liquidados. La obliga-ción -contraída por la compañía demandada parece que se hizo constar en la forma de una póliza corriente no valo-rada. Por lo menos no hay nada que indique ninguna in-tención de expedir una póliza valorada y por tanto no existe base para la distinción entre una pérdida parcial y una total. ‘Las pólizas de incendio generalmente se redactan de modo que la responsabilidad de la compañía dependa del importe de la pérdida, el cual ha de determinarse después de que dicha pérdida ha ocurrido; y la valoración de la propiedad en la solicitud o póliza no fija la responsabilidad de la compañía aun en el caso de una pérdida total.’ 26 C. J. -98, sección 97. Aquí las pólizas ni siquiera calculan el valor de la propiedad asegurada; fijan meramente un lí-mite máximo fuera del cual el asegurador no asume nin-guna responsabilidad. En los términos en que está redac-tado el artículo 10, la compañía aseguradora tenía justa-mente derecho a alguna prueba preliminar respecto del valor de la propiedad destruida al tiempo de ocurrir el si-niestro.” En la obra de Joyce sobre Seguros, edición se-gunda, sección 3275, se dice que las estipulaciones de que se dará aviso dentro de un tiempo determinado y también que se suministrará a la compañía prueba de las pérdidas so pena de perder el seguro, son estipulaciones razonables y cuando se han insertado en la póliza o están contenidas en la carta constitutiva (charter) de la compañía, son con-diciones obligatorias precedentes de cualquier derecho de acción a menos que sean renunciadas. En el caso de Masino v. Farmers’ & Mech. M. Insurance Co., Sup. Ct. Penn. 1912, 84 Atl. 406, se declaró que cuando la póliza de seguro dis-pone que el asegurado debe dar aviso de las pérdidas por escrito a la "compañía y tal aviso no es dado, el asegurado no puede recobrar por las pérdidas sin prueba de la renun-cia de ese derecho (waiver). En McCormack v. N. British Ins. Co., 78 Cal. 468, se declaró que cuando una prueba pre-liminar es requisito requerido por la póliza de seguro, el asegurado debe alegar y probar que tal prueba se ha hecho o que este requisito ha sido renunciado. En 33 C. J. 8 y 74 encontramos que la prueba de las pérdidas son necesa-rias a pesar de que la compañía tenga conocimiento actual de las pérdidas: y que el suministrar la prueba de las pér-didas como es requerida por la póliza es una condición pre-cedente a 'una acción por pérdidas, en ausencia de renuncia o impedimento (estoppel) que cohiba a la compañía solici-tarla, y en ausencia de estatuto que releve de ella al asegu-rado. El caso de Patrick v. Farmers F. Ins. Co., 43 N. H. 621, 80 Ame. Dec. 197, sostiene igual principio.' Es cierto que en 26 C. J. pág. 378, No. 484, se dice que cuando la pér-dida es total no hay necesidad de cumplir esos requisitos, pero se funda en sentencias del Estado de Pennsylvania que sostiene esa doctrina para casos de destrucción total de edificios, distinta a los demás Estados. Véase “Joyce on Insurance,” sección 3338.

No se trata en el presente pleito de la interpretación de cláusulas de un contrato de seguro sino sencillamente de determinar si el asegurado cumplió o nó con las obligaciones por él aceptadas y si por esto ha de sufrir las consecuencias de su conducta. Claramente no cumplió el demandante la obligación que aceptó en el artículo que he-mos considerado y la consecuencia es que por su propio acto quedó privado de acción contra la demandada asegu-radora.

La sentencia apelada debe ser revocada y dictarse otra declarando sin lugar la demanda.


author: El Juez Asociado Señor Franco Soto,

text:
    El Municipio de Comerío, demandante y apelado, v. Ramón Rivera, demandado y apelante.
    No. 3552.

    Visto: Abril 30, 1925.

      Resuelto: Junio 25, 1925.
    Injunction — Materias Sujetas a Protección y BiJmedio — Bienes, Traspa-sos y Gravámenes — Disputa Existente en Cuanto al Derecho Legal En-vuelto. — No proeede decretar un injunction, cuando existe disputa en cuanto al derecho legal' envuelto y el derecho del demandante no es claro y sí dudoso por la prueba presentada. (Martines y.'Soto, 32:609, confirmada.)
    2. Injunction — Materias Objeto de Protección y Remedio — Bienes, Traspasos y¡ Gravámenes — Disputa Existente en Cuanto a Títulos. — El injunction no es el remedio adecuado para determinar y prejuzgar cuestiones relativas a la prevalaeión de títulos que están en disputa. (Martines v. Soto, 32: 609, confirmada.)
    SENTENCIA de Charles IS. Foote, J. (Primer Distrito, San Juan), declarando con lugar demanda de injunction, con costas.

      Revo-cada, declarándose sin lugar la demanda.

      J. Yaldejulli Rodríguez, abogado del apelante; R. Rivera Zayas, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un injunction para impedir que el demandado continúe la ejecución de cierta obra basta que baya cumplido con los requisitos exigidos por una ordenanza adoptada por el municipio de Comerío que se refiere al “ornato público.”

Este fuá el fundamento esencial de la demanda, alegán-dose que el demandado encontrándose en posesión de un solar radicado dentro de la zona urbana del municipio, ba em-pezado trabajos de edificación, practicando excavaciones y nivelaciones del terreno, sin haber obtenido previamente el permiso escrito requerido por la sección 6°- de la indicada ordenanza.

Se alega más adelante que el demandado hizo la corres-pondiente solicitud acompañada de los documentos requeri-dos por la ordenanza y que la asamblea rehusó concederle el permiso. No se alega, sin embargo, el motivo de la ne-gativa.

La prueba del demandante para sostener la demanda consistió únicamente en las declaraciones de Celestino J. Pérez y José Montalvo, comisionado de servicio público el primero, y secretario municipal el segundo, quienes están contestes que la solicitud del demandado para edificar, diri-gida a la asamblea municipal, acompañada del plano y pre-supuesto de la obra, está de acuerdo con la ordenanza y que la única razón para negar el permiso es porque el munici-pio es el dueño del solar. Se declaró también que el muni-cipio adquirió el solar por compra a Pablo F. Cruz me-diante documento privado. .Además se afirma por otro lado que el municipio ha demandado a Pedro A. Eomero para que otorgue escritura de 81 cuerdas de terreno.

No aparece claramente de esas declaraciones si el título que alega el demandante procede de Cruz o Eomero.

Por otra parte el demandado practicó prueba tendente a demostrar la legitimidad de su título y presentó prueba do-cumental que establece que el solar lo adquirió por compra a Pablo F. Cruz por escritura otorgada ante el notario Ce-lestino J. Pérez, documento que fué inscrito en el registro de la propiedad.

Pablo F. Cruz declaró asimismo que no había vendido parte de su propiedad al municipio.

Parece desprenderse de toda la evidencia que el título que alega el municipio procede de Pedro A. Eomero; que éste vendió a Cruz, quien a su vez vendió al demandado.

De todos modos parece evidente que el debate durante el desarrollo de la prueba se llevó al terreno relativo a la prevalaeión o cuestión de títulos y estamos obligados a decir que la prueba que ofreció el demandante fué más bien confusa y del todo insuficiente para dejar establecido el único motivo que podía tener para solicitar el injunction. Bajo estas condiciones creemos además pertinente citar lo qne dijimos en el caso de Martínez et al. v. Soto, 32 D.P.R. 609:

“Un in junction en tales condiciones no es apropiado decretarse. En otras acciones es que correspondería determinar y fijar la dis-cusión de tales derechos y el injunction no es la medida más proce-dente para determinarlos y a,sí prejuzgarlos.”

Por las razones expuestas, la sentencia de la corte inferior debe revocarse y dictar otra declarando sin lugar la de-manda sin especial condenación de costas.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Santini Fertilizer Co., Inc., recurrente, v. El Registrador de Guayama, recurrido.
    No. 614.

    Sometido: Abril 18, 1925.

      Resuelto: Junio 26, 1925.
    1. Embargos — Mandamiento de Embargo — Distribución de Responsabilidad Entre Eincas Embargadas. — Da distribución de responsabilidad entre las fincas exigida para las inscripciones por el artículo 9, inciso 2, de la Ley Hipotecaria no tiene aplicación, cuando se trata de anotaciones preventivas.
    2. Embargos — Anotación de Embargo — Cantidad Asegurada por Embargo— Distribución de Responsabilidad Entre Eincas Embargadas. — En las ano-taciones de embargo se cumple con el inciso 2, del artículo 9 de la Ley Hipo-tecaria haciendo constar el- importe de la cantidad que se trata de asegurar por embargo sin necesidad de distribuirla entre las fincas embargadas.
    3. Embargos — Anotación de Embargo — Solicitud Limitando Responsabilidad de Eincas Embargadas — Invasión de las Euncjones de la Corte. — Una; parte o su abogado no invade las funciones de una corte que decreta una orden de embargo al solicitar del registrador que limite a determinada can-tidad de la garantizada por el embargo la responsabilidad de cada una de las varias fincas embargadas.
    Nota de B. B. Pérez Mercado, B. (G-uayama), denegando anotación de un embargo.

      Revocada.

      E. Rincón Plumey, abogado del recurrente; el registrador compare-ció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Se lia interpuesto este recurso gubernativo contra el Re-gistrador de la Propiedad de G-uayama por haberse negado a anotar el embargo trabado en dos fincas para asegurar la efectividad de la sentencia fundándose en que la canti-dad de $1,350 por la cual se decretó el embargó no lia sido distribuida por el juez entre las fincas, a los efectos del núm. 29 del artículo 9 de la Ley Hipotecaria, siendo insufi-ciente para subsanar esa omisión el escrito privado del abo-gado de la parte demandante por carecer de facultad y ca-pacidad para modificar la orden de la corte. En el escrito a que se refiere el registrador bizo constar el abogado del demandante que una de las fincas debía responder de $1,000 del embargo y la otra de $350.

Si bien el artículo 72 de la Ley Hipotecaria dis-pone que las anotaciones preventivas comprenderán las circunstancias que exigen para las inscripciones varios artículos que menciona siendo uno de ellos el 99, preceptivo de que toda inscripción que se baga en el registro expresará las circunstancias que en él se enumeran, diciéndose en su -número 29 que entre otras, se liará constar la extensión del derecho que se inscriba, y que el artículo 164 del Reglamento prohíbe a los registradores que inscriban ninguna hipoteca sobre bienes diferentes afectos a una misma obligación, sin que por convenio entre las partes, o por mandato judicial en su caso, se determine previamente la cantidad de que cada finca deba responder, pudiendo las partes acordar la distribución en el mismo título que se deba inscribir, o en otro instrumento público o -solicitud dirigida al registrador, firmada o ratificada ante él por los interesados, tal distribución de responsabilidad entre las fincas exigidas para las inscripciones no tiene aplicación cuando de anotaciones preventivas se trata por excepción expresa de la ley establecida en el articuló siguiente 165 en el que se dice que lo dispuesto en el artículo anterior (164) no será aplicable a la anotación preventiva, excepto cuando se convierta en inscripción definitiva de hipoteca y grave diferentes bienes, y que la anotación preventiva de diferentes bienes se asentará en el registro especial de cada finca, expresán-dose también la cuantía del crédito u obligación de que la finca responda; precepto que es confirmatorio del artículo 126 del mismo Reglamento, según el cual- las anotaciones preventivas contendrán, segrin los casos, entre otras circuns-tancias la enumerada en sexto lugar, en que se dice que si se hiciere a consecuencia de mandamiento de embargo o se-cuestro, o en cumplimiento de alguna ejecutoria, se expre-sará así, manifestando el importe de lo que se trate de asegurar. Por consiguiente, en las anotaciones de embargo se cumple con el número 2 del artículo 9 de la ley en cuanto a la extensión de la responsabilidad de las fincas haciendo constar el importe de la cantidad que se trata de asegurar por embargo, sin que haya de ser distribuida entre las fin-cas. De esta opinión es G-alindo en su obra Legislación Hipotecaria, .4* edición, pág. ■ 261, y también el Sr. Morell en su Legislación Hipotecaria, tomo 3, pág. 330, quien co-mentando el artículo 72 de la ley plantea la cuestión de si es necesaria la distribución del crédito reclamado entre las diversas fincas embargadas y la contesta diciendo que no lo exige la ley ni el reglamento, citando algunas resoluciones.

En vista dé la conclusión a que hemos llegado la parte o su abogado no invade las funciones de la corte al solicitar del registrador que limite a determinada cantidad de- la garantizada por el embargo la responsabilidad de cada finca.

La nota recurrida debe ser revocada y ordenarse la ano-tación del embargo en la forma que ha sido solicitada.


author: El Juez Asociado Seño» Franco Soto,

text:
    Rafael González, demandante y apelado, v. Octavio Wys, demandado y apelante.
    No. 3650.

    Visto: Junio 23, 1925.

      Resuelto: Julio 7, 1925.
    Depositarios — Acciones en Contra de Estos — Acción en Cobro de Dinero Pundada en un Depósito — Prueba Insueiciente. — Una demanda en cobro de dinero fundada en que cierto depósito se hizo en "billetes de banco de curso legal, moneda americana”, no queda probada con evidencia de que la cantidad reclamada se entregó '‘en valores en calidad de depósito”; en tal caso existe más bien, una deficiencia o falta de prueba que una incongruencia entre lo alegado y probado.
    SENTENCIA de B. Díaz Cintrón, J. (Ponce), declarando con lugar la demanda, sin costas.

      Revocada, declarándose sin lugar la de-manda.

      Carlos Brunei del Valle, abogado del apelante; E. Ramos Antonini, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Seño» Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

La sola cuestión envuelta en esta apelación se contrae a la interpretación de cierto documento de depósito que las partes sometieron a la corte inferior como única prueba pára la decisión del asunto.

Dicho documento copiado a la letra dice:

“Ponce, P. R., Agosto 22/923. — Recibí de D. Rafael González la suma de trescientos ochenta y 00/00 dollars, ($380.00) en valores en calidad de depósito. — $380.00 (f.) O. Wys. ’ ’

Fundándose en los términos de ese recibo, el demandante alegó que él entregó al demandado en calidad de depósito la suma de $380 en billetes de curso legal y sujeta a devolu-ción en cualquier tiempo.

El demandado negó que en fecha alguna el demandante le entregara cantidad alguna para depósito y alegó en con-trario que el único depósito hecho a nombre del demandante consistió en billetes de lotería de Madrid, que no pertenecen al demandante sino a la sucesión Mena y que en todo mo-mento el demandado ha estado y está dispuesto a devolver dichos billetes de lotería, los que sé ha negado a recibir el demandante por exigir su importe en dinero.

El Juez inferior en su opinión sosteniendo su sentencia en favor del demandante, admite sin embargo que la eviden-cia aducida no es congruente con las alegaciones de la de-manda. La parte pertinente de dicha opinión dice:

“Es verdad que la única evidencia aducida en este caso no es de un todo congruente con la alegación del depósito que establece en su demanda: sin embargo, el demandado ha suscrito un docu-mento en el que confiesa haber recibido del demandante la suma de $380.00 en depósito y en valores, y es indudable, de acuerdo con nuestro Código Civil vigente, artículo 1668 y siguientes, que está en la obligación de restituirlos al depositante.”

Se puede ver el error en que incurrió la corte. En primer lugar el recibo de depósito no dice que la suma de $380 se hiciera en depósito y en valores, sino únicamente “en va-lores en calidad de depósito,” y en segundo lugar, que par-tiendo de este último sentido en relación con la demanda que exige simplemente el cobro de dinero, se trata más bien de una deficiencia o falta de prueba que de una incongruen-cia, por haber quedado sin probar el hecho exacto de la ale-gación del demandante.

Los artículos 34 y 35 de la Ley de Evidencia (secciones 1402 y 1403, Comp. 1911, p. 301), dicen:

“Art. 34. — La evidencia deberá corresponder a las alegaciones esenciales, y ser pertinentes a la cuestión que se ventila. Queda, sin embargo, a arbitrio del tribunal, permitir la investigación de un hecho accesorio siempre que éste estuviere directamente relacio-nado con la cuestión en controversia, y fuere necesario para su debida determinación o afectase la credibilidad de un testigo.'
“Art. 35. — De conformidad con las precedentes disposiciones, po-drá presentarse en un juicio evidencia de los hechos siguientes:
“1. El hecho exacto en controversia.
<« # * é * * *• * ’>

Y el artículo 138 del Código de Enjuiciamiento Civil asi-mismo dice:

“Art. 138.- — -Sin embargo, cuando las alegaciones de la demanda o contestación a que se refiere la prueba, quedan sin probar, no en algún particular o particulares solamente, sino en su alcance y sig-nificación general, no deberá considerarse como un caso de incon-gruencia, con arreglo a los dos últimos artículos, sino como defi-ciencia de la prueba.”

Correspondía, por tanto, al demandante probar, como él alega, que el depósito se había hecho “en billetes de banco de curso legal, moneda americana,” a menos que le diera-mos una interpretación especial a la palabra “valores” fnera del lenguaje usual y corriente — para significar dinero en efectivo. Pero no podemos sostener tal interpretación toda vez qne por valores se entiende generalmente y en el comercio especialmente, documentos representativos de dinero efectivo tales*como bonos, acciones de banco, pagarés, giros y otros de carácter análogo. Así es qne teniendo dicha palabra un sentido general bien definido por el uso, es-tamos obligados a seguir su significación usual y corriente y no la interpretación especial qne le fia sido dada. En el mismo Código de Comercio, al regular el depósito mercantil, podemos encontrar la distinción que hace, del numerario re-firiéndose al dinero, artículo 3Q7, y de los depósitos consis-tentes en títulos, valores, etc., artículo 3Q8.

Por otra parte, si lo entregado son valores, esta es una obligación específica y en tal sentido es qué puede exigirse. De otro modo era necesario alegarse la imposibilidad de su entrega para qne pudiera traducirse en una acción en cobro de dinero. El artículo 1668 del Código Civil dispone que el depositario está obligado a guardar la cosa y restituirla cuando la sea pedida, y determina además que su responsa-bilidad en cuanto a la guarda y la pérdida de la cosa se re-girá por lo dispuesto en el título I del mismo código. El título I, libro 4o, trata de las obligaciones y contratos. En el capítulo II que se refiere a la naturaleza y efecto de las obligaciones, el artículo 1063 dice lo .siguiente:

“Art. 1063. — Cuando lo que deba entregarse sea una cosa de-terminada, el acreedor, independientemente del derecho qne le otorga el artículo 967, puede compeler al deudor a que realice la entrega.
“Si la cosa fuere indeterminada o genérica, podrá pedir que se cumpla la obligación a expensas del deudor.
“Si el obligado se constituye en prora, o se halla comprometido a entregar una misma cosa a dos o más personas diversas, serán de su cuenta los casos fortuitos hasta que se realice la entrega.”

Este artículo se refiere al derecho que permite el artículo 967, pero la referencia de este artículo indudablemente está equivocada por referirse a materias sobre aceptación y re-pudiación de' herencia. El artículo 1063 es el equivalente del 1096 del Código Civil español y en éste el que se men-ciona es el 1101 del propio código español equivalente a su vez al 1068 de nuestro Código Civil Revisado, que dice:

“Art. 1068. — Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados, los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad; y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas.”

. Y el demandante ni funda su demanda reclamando la de-volución específica de los “valores” que constituyen el de-pósito ni tampoco hace descansar su acción en lo que dis-pone el artículo 1068 transcrito.

Por todo lo expuesto, la sentencia inferior debe revocarse y dictarse otra declarando sin lugar la demanda,, sin especial condenación de costas.


author: El Juez Asociado Señor Frastco Soto,

text:
    Roig Commercial Bank, demandante y apelado, v. Sucn. de E. Lugo Viña, compuesta de Lucía R. Vda. de Lugo Viña, Andrés, Aurora y Lucía Lugo Viña, demandada y apelante.
    No. 3590.

    Visto: Junio 12, 1925.

      Resuelto: Julio 7, 1925.
    1. Costas — Cuantía, Tasación v Partidas — Gastos Innecesarios. — Los gastos de protesto de un pagaré en que se funda una acción así como los gastos de viaje de los abogados de las partes no son partidas legítimas sujetas a aprobación en un memorándum de costas.
    2. Costas — Cuantía, Tasación y Partidas — Derechos Arancelarios — Derechos Devengados por el Mírshal. — En el easo de autos se impugnó una partida relativa a "honorarios y gastos de anotación de embargo” por existir otra de gastos de "anotación de embargo”. Se resolvió: que los honorarios y gastos de la primera partida debieron especificarse, tanto más cuando un márshal no puede cobrar dereeho alguno por las anotaciones de embargo.
    3. Costas — Naturaleza, Fundamentos y Extensión del Derecho — Pronuncia-miento Sobre Costas en Sentencias Dictadas en Rebeldía. — La disposi-ción contenida en el primer disponiéndose del artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil vigente no es prohibitiva de todo pacto o convenio res-pecto a honorarios de abogado sino supletorio para los easos en que no exista convenio alguno respecto al pago de costas.

      ResoluciÓN de Charles F. Foote, J. (Primer Distrito, San Juan), aprobando memorándum de costas.

      Revocada en cuanto a deter-minadas partidas j confirmada en cuanto a otras.

      Manuel F. Rossy, abogado de la apelante; Francisco González Fa-gundo, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Frastco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un incidente sobre cobro de costas. El deman-dante-apelado presentó un memorándum de costas conte-niendo las siguientes partidas: L, honorarios del márshal y anotación de embargo, $40.00; 2s, honorarios del secretario, $24.00; 3% gastos protesto pagaré, $7.50; 4?, transcripción del récord, $12.00; 5% viajes de los abogados a San Juan, $60.00; 65L, anotación embargo registro Gruayama, $13.00; y 7% honorarios' abogado, $250.00; total, $406.50.

La corte inferior aprobó dichas partidas, modificando únicamente la de honorarios de abogado, que redujo a $200.

Salta a la vista el error de la corte inferior en cuanto a las partidas 3* y 5- Como cuestión legal no es necesario el protesto de un pagaré a su vencimiento para su cobro. Tal requisito sólo es exigible en cuanto a las letras de cam-bio para que no queclen perjudicados. Arts. 481, 482 y 483 del Código de Comercio' (secciones 8040, 8041, 8042, Comp. de 1911, págs. 1267 y 1268). T el gasto de viajes de los abogados, de Humacao a San Juan, tampoco es un gasto necesario. La elección de abogados fuera del distrito en donde se ventila un pleito es de interés únicamente para las partes que así lo hacen y ellas están obligadas a sufrir los gastos de traslado.

Los honorarios del márshal y gastos de anotación de embargo que montan a $40, habiendo sido impugnados han debido especificarse pues aparece otra partida (6®) que habla también de gastos de anotación de embargo. Tal especificación parece más necesaria si se tiene en cuenta los derechos que debe percibir un márshal de acuerdo con la Ley No. 17, regulando el cobro de derechos y costas en causas civiles etc., aprobada en marzo 11 de 1915. Esta ley en la página 46 del tomo de las leyes de ese año, dice:

“A. Por cada diligencia de un emplazamiento— $1.00
“B. Por notificar un embargo * *- 3.00”

Y en la letra H se dispone que puede cobrar por gastos de viaje para notificar cualquiera citación etc., por cada mi-da $0.25.

El arancel nada dispone que el marshal cobre derechos por la anotación del embargo. Una vez practicado el embargo él solamente lo notifica al demandado y expide el man-damiento por duplicado para su anotación en el registro de la propiedad que corresponda.

Se sostiene con insistencia por el apelante que habiéndose dictado en el pleito imincipal la sentencia en rebeldía, el pronunciamiento sobre costas no incluye honorarios de abogado. Sin embargo, en la obligación o pagaré en que se funda la demanda el deudor convino' expresamente que si el mismo no fuera satisfecho a su vencimiento, en caso de reclamación, judicial, pagaría todas las costas, incluyendo en ellas los honorarios del abogado que tuviera que retener el acreedor para su cobro. El artículo 1222 del Código Civil Revisado prescribe que los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y .condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarias a las leyes y a la moral ni al orden público. Y el convenio comprometiéndose el deudor a pagar honorarios de abogado en caso de reclamación judicial no hay razón para que deje de ser lícito, por lo menos en lo que respecta a la moral y al or-den público. La única cuestión sería examinar si el artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil, tal como fué enmendado por la Ley No. 38, aprobada en abril 2 de 1917, p. 207, disponiendo que no se entenderán comprendidos los honorarios de abogado en las costas que se impusieren a un demandado que no hubiese radicado su comparecencia en una acción o procedimiento, es o nó prohibitivo de todo pacto o convenio como el que se lia puesto en tela de juicio en este caso. Entendemos, sin embargo, qne el artículo 327 es solamente supletorio o previsor para todos aquellos casos en que no exista ninguna estipulación, como la que se consigna en el pagaré objeto de la demanda.

Por lo expuesto, la resolución de la corte inferior se re-voca en cuanto a las partidas F, y 5% y se confirma res-pecto a las restantes.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Julio Rodríguez, acusado y apelante.
    No. 2544.

    Visto: Junio 25, 1925.

      Resuelto: Julio 7, 1925.
    1. “Indictment” y Acusación — Mociones para Eliminar o Desestimar y Ex-cepción Previa- — Denuncia—Eliminación de Hechos que son Consecuen-cia de la Ineracción Imputada. — No procede eliminar, por inmaterial, eierto párrafo de una denuncia, cuando los hechos que en él se expresan son una consecuencia de la infracción que se imputa al acusado.
    2. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Revisión—Resoluciones Sobre Mociones Eliminatorias. — Examinada la denuncia en el caso de autos, se resolvió: que dentro de las circunstancias que concurren en el mismo, el error alegado en cuanto a la negativa de la eliminación solicitada no existe, y aún1 existiendo, no es suficiente por sí sólo para revocar la sentencia ape-lada.
    3. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Revisión—Conclusiones Sobre Prueba Contradictoria. — Cuando la prueba es contradictoria y el juez resuelve el conflicto, su resolución no será modificada en apelación en ausencia de dato o circunstancia alguna que revele la comisión de 'un manifiesto error, o que se aetuara con pasión, prejuicio o parcialidad en la apreciación de los hechos.
    SENTENCIA ele Gabriel Gastejón, J.-(Guayama), condenando al acu-sado por delito de infracción a la Ley de Automóviles.

      Confir-mada.

      C. Domínguez Rtobio, abogado del apelante; José E. Figueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

El acusado fué sentenciado a satisfacer una multa de veinticinco dólares por infringir el artículo 12, letra (<a¡), de la Ley No. 75 para reglamentar el nso de vehículos de motor en Puerto Rico, etc., aprobada en abril 13, 1916 (p. 152).

No conforme apeló y apunta en su alegato la comisión de los siguientes errores:

“1. Negarse a eliminar de la denuncia las siguientes palabras: ‘yéndose sobre la niña a la cual arrolló, ocasionándole una contusión en la región frontal y otra sobre el ojo izquierdo.’
“2. Al no sostener la oposición que hiciera el acusado a la ave-riguación de aquellos hechos en relación con una niña que se dice pisara el acusado con el tmclc.
“3. La sentencia es contraria a la prueba.
“4. La prueba de cargo sostiene la supuesta realización de un hecho imposible.”

A fin de considerar los dos primeros errores que se sostienen por iguales motivos, transcribimos la parte pertinente de la denuncia, que dice:

“ * # * ei acusado Julio Rodríguez, * * * maliciosa, ile-' gal y voluntariamente violó las disposiciones de la Ley para regla-mentar el uso de vehículos de motor en los caminos públicos de Puerto'Rico, por descuido o negligencia dejó de tomar las debidas precauciones para garantizar la seguridad de vidas y propiedades, consistente en que cuando guiaba el automóvil Truck H. P. No. 168, propiedad de José D. Padilla, al acercarse a la niña Sergia María Rodríguez, que venía por la derecha de la carretera, éste no tomó su respectivo lado derecho yéndose sobre la niña a la cual arrolló, ocasionándole una contusión en la región frontal y otra sobre el ojo izquierdo de las que fué asistida en el Hospital Municipal de esta ciudad,, donde quedó recluida.”

El apelante sostiene que el párrafo a que se refiere en su primer señalamiento de error es inmaterial porque no tiene relación con el hecho que se denuncia y que sirvió de base para influir en el ánimo del juez en perjuicio del acu-sado.

La simple lectura de la acusación indica que el párrafo a que alude el apelante es una consecuencia de la infracción que se imputa a dicho apelante, quien debiendo en todo tiempo ejercer el debido cuidado -para garantizar la seguri-dad de vidas y propiedades, no lo bizo así, por no conducir el vehículo por la derecha, arrollando a la niña que a su vez caminaba por su derecha, según describe la denuncia.

El propio artículo 12 de la referida ley dice:

“Las personas que manejen 'vehículos de motor en los caminos públicos, deberán, en todo tiempo, ejercer el debido cuidado y to-mar precauciones razonables para garantizar la seguridad de vidas y propiedades.”

Y la letra (d) del mismo artículo dice lo siguiente:

“Los vehículos de motor que transiten por caminos públicos de-berán marchar lo más a la derecha que fuere posible, y esta pre-caución deberá observarse particularmente cuando 'se esté doblando una curva * * *.”

Bajo las circunstancias que concurren nos inclinamos a creer que el error alegado no existe, pero en el caso de que existiera no sería suficiente por sí solo para la revocación de la sentencia.

Los restantes errores se refieren a la apreciación de la prueba.

Ella fué contradictoria, pue's mientras los testigos de cargo declaran en resumen que el acusado no venía por su derecha y que caminaba “curveando,” en uno de cuyos mo-mentos fué a chocar con el carrito que conducía a la niña y los de descargo afirman que el acusado venía siempre por su derecha, el juez inferior resolvió el conflicto declarando culpable al acusado sin que encontremos ningún dato o cir-cunstancia que revele la comisión de algún manifiesto error ni que actuara con pasión, prejuicio o parcialidad en la apre-ciación de los hechos.

Por todo lo expuesto, la sentencia de la corte inferior debe confirmarse.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    León Anglada, demandante y apelado, v. Ramón Morales, demandado y apelante.
    No. 3408.

    Visto: Febrero 26, 1925.

      Resuelto: Julio 8, 1925.
    1. Injunction — Materias Sujetas a Protección y Remedio — Bienes, Traspasos y Gravámenes — Injunction para Recobrar la Posesión — Demanda Sufi-ciente. — Una demanda que alega que el demandante es dueño de una finca que se describe, cuya posesión real ha venido disfrutando; que el demandado .lo despojó de su posesión material y detenta y viene detentando dicha pose-sión, es suficiente.
    2. Apelación y Error — Revisión.—Cuestiones de Hecho, Veredictos y Conclu-siones — Conclusiones soRre la Prueba. — Examinada la prueba en el caso de autos, se resolvió: que la corte inferior no erró al apreciarla y la sen-tencia no era contraria a la misma.
    3. Apelación y Error — Revisión—Circunstancias Relativas a la Alegada Pasión y Prejuicio. — Examinadas las circunstancias que se consideran por el apelante, como indicativas de pasión y prejuicio en la mente del juez sen-tenciador, se resolvió: que ellas no son suficientes para demostrar tal pre-juicio o pasión.
    SENTENCIA de Tomás Bryan, J. (Aguadilla), declarando con lug'ar demanda de injunction para recobrar posesión, con costas.

      Con-firmada.

      Buenaventura Esteves, abogado del apelante; José Luis B. Cando, abogado dél apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Apela el demandado de una sentencia dictada contra él en un procedimiento de injunction para recobrar la pose-sión material de una propiedad inmueble, y alega que:

“I. La corte de distrito erró al declarar sin lugar la excepción previa y resolviendo que la demanda aduce hechos suficientes para constituir una causa de acción.
“2. La corte de distrito erró al ordenar que se eliminara de la cohtrademanda (?) todo lo que se refiere al título ‘dejando en vigor lo qite se refiere a la posesión y a los hechos, o sea: se elimina de lá contrademanda todo el hecho ‘B,’ todo el hecho ‘C,’ del he-cho ‘D’ se elimina, después de la primera coma (,) la palabra ‘sin título.’ Del hecho ‘E,’ después de las palabras ‘que viene pose-yendo,’ que se elimine ‘como dueño,’ y después de las palabras ‘de buena fe,’ se elimina ‘y justo título.’
“3. La corte de distrito cometió un manifiesto error en la apre-<eiaeión de la prueba en este caso y demostró un mareado prejui-cio y apasionamiento en contra del demandado y a favor del de-smandante.
*‘4. La corte de distrito erró al dictar en este caso una sentencia que es contraria a derecho y contraria a las pruebas, lesionando el daro derecho del demandado a la posesión del terreno que legíti-mamente le pertenece.”

Los hechos alegados en la demanda son los siguientes:

“2. Que el demandante es 'dueño en pleno dominio de la finca •que se describe más adelante, cuya posesión real ha venido disfru-tando desde hace más de cinco años. ‘Predio rústico compuesto «He siete cuerdas, radicado en el barrio Salto de San Sebastián, P. B., efl lindes por el Norte con terrenos del demandado y la quebrada Cáneora; por el Sur con otros terrenos del demandante; por el Este con terrenos de Manuel Cruz; y por el Oeste con terrenos de Juan Bivera Santana.
“Que hace como 20 días, el demandado, acompañado de Pedro y de Antonio Morales como empleados suyos armados todos de machete y en actitud amenazadora, despojó al demandante de la po-sesión material de la finca predescrita, lanzando un ganado que el ■demandante tenía e2i ella a otros terrenos que posee el demandante contiguos a la misma, por su parte Sud.
“4. Que el mismo día de autos, el demandado, asistido de Antonio y Pedro Morales, llevó a la dicha finca detentada, ganado de su propiedad, haciendo cargo de dicho ganado y finca a los mencio-nados Pedro y Antonio.
“5. Que desde el mismo día de autos, el demandado ha conti-nuado y aún continúa detentando la posesión material del predio «a cuestión, habiendo amenazado al demandante con quitarle la vida ¡a él, o a cualquiera otra persona que por encargo suyo trate de re-cuperar la posesión del predio referido.”

Una lectura cuidadosa de los estatutos que sirven de fundamento a la acción, como quedaron enmendados en el año 1917 (2) (p. 221), será bastante para demostrar • que la primera contención del apelante no puede ser sostenida.

Se radicó la contestación al ser llamado el caso para juicio y el demandante solicitó de la corte que eliminara la materia nueva alegada por vía de defensas afirmativas. El demandado no ofreció ninguna explicación de la elaborada exposición en cnanto al origen, naturaleza y condición de su título, pero la corte prontamente pudo descubrir que ciertas partes del documento de ser interpretadas liberalmente po-drían envolver la alegación de que el demandado estaba en posesión de una parcela de quince cuerdas de terreno co-lindantes con la propiedad del demandante, y que éste tra-taba de privar al demandado de una parte de los terrenos así poseídos por él. Habiendo descubierto esto la corte inferior, actuando a virtud.de la teoría de que sólo estaba envuelta una cuestión de posesión, procedió a eliminar los-particulares mencionados en el segundo señalamiento.

El único fundamento de excepción alegado fue que las alegaciones así eliminadas no “constituían un conflicto de título,” y el razonamiento en el alegato es en sustancia que:

“Las alegaciones del demandado eliminadas por orden de la corte eran tendentes a demostrar que el demandante no poseía ni ha poseído nunca finca alguna de siete cuerdas con la descripción que pone en su demanda, ni con ninguna otra descripción, y que- el demandado no detenta ni puede detentar una posesión imaginaria. En la misma demanda se alega que las siete cuerdas colindan por el Norte con terrenos del demandado y nuestra defensa va a demos-trar que poseemos una finca de 15 cuerdas, debidamente inscrita, la cual colinda por uno de sus vientos con terrenos que pertenecie-ron a don José Santos Hernández, hoy del demandante, y que éste, sin título ni derecho alguno, utilizando para ello medios violentos y en actitud amenazadora, fungiendo de valiente, viene tratando de despojar al demandado .de una parte de dicho inmueble, molestán-dole en la posesión arrancando alambres y cercas puestas por el demandado, quien se ha visto obligado varias veces a quejarse a las autoridades de San Sebastián y hasta a denunciarlo criminal-mente para conseguir que el demandante le respete sus derechos.”

Si en realidad fué éste el pensamiento dominante del de-mandado, entonces debió haberse hecho una pronta mani-festación en ese sentido al ser presentada la moción de eli-minación. Aparte de la cuestión de la inscripción del tí-tulo en el registro de la propiedad, la que claramente nada tuvo que ver eon el caso, los particulares a que acabamos de referirnos constaban, en tanto en realidad aparecían, no de las alegaciones eliminadas sino de lo que quedó después de la eliminación del elemento del título.

De todos modos se permitió al demandado probar por declaraciones de testigos su título o reclamación de dominio en cuanto a las quince cuerdas, y la corte inferior no tuvo dudas de dicho título o reclamación en manera alguna o en algún momento. El error, si lo hubo, al conceder hasta el límite indicado la moción para eliminar, no era por tanto •perjudicial.

No encontramos ningún error en la apreciación de la prueba ni es tampoco la sentencia contraria a la evidencia.

Los testigos principales de la defensa fueron el deman-dado y sus dos hijos.

La declaración del demandante tendió fuertemente a sos-tener las alegaciones de la demanda y las conclusiones he-chas sustancialmente de conformidad con la misma demanda no fue en sus pormenores esenciales desvirtuada por el ex-tenso examen de repreguntas, y prácticamente no fue con-tradicha por los testigos de la defensa a que nos hemos re-ferido. La declaración del demandado y la de uno de sus hijos parece que se hicieron en ausencia del abogado del demandante y ninguno de ellos estuvo sujeto a la prueba de las repreguntas. La forma en la cual el otro hijo afrontó esa prueba no tuvo por fin inspirar confianza en la verdad de sus afirmaciones.

Un extracto del récord taquigráfico que comprende la parte sustancial de la prueba del demandado, siguiendo su descripción de la finca por él poseída y la forma de su ad-quisición, será suficiente para demostrar el método peculiar empleado en el interrogatorio de estos testigos. Dicho ex-tracto es el siguiente (bastardilla nuestra):

“Dígame señor, Ud. ba lanzado de algún terreno del señor An- glada, alguna vez, algún ganado, armado de machete? — No, señor, nunca, los animales del señor Anglada los he cogido en mi finca y los be llevado al depósito. — ¿Cuántas veces? — Tres o cuatro.' — ¿De modo que cada vez que Ud. ba cogido ganado de Don León An-glada en la finca de Ud., lo ba llevado al depósito? — Lo be llevado aí depósito. — ¿Don León Anglada tiene alguna finca que colinde con la suya? — Colinda una finca que era de Cbepo Hernández. — ¿De Don José Hernández? — Hernández.—¿De cuántas cuerdas? — 40 cuer-das más o menos.”

Si las negativas contenidas en la contestación archivada por el demandado se hubieran hecho en la forma de nega-ciones afirmativas' (negative pregnant) el demandante hu-biera tenido derecho a una sentencia sobre las alegaciones.

Que la corte inferior estuvo impresionada desde el principio con la veracidad de la prueba del demandante, y dudosa de la presentada por el demandado es enteramente claro; y no parece que se haya hecho ningún esfuerzo por ocultar el hecho. Ni tampoco el hecho de que el juez sentenciador no dejó de ocultar su actitud mental es prueba de pasión o prejuicio. Es cierto que él tuvo alguna participación con más o menos liberalidad de la necesaria en el interrogatorio de los testigos; y hemos tenido ocasión hasta ahora de llamar la atención acerca de la conveniencia que existe en observar algún grado de dominio propio en lo que respecta a intervenir con la forma de conducir el caso los abogados. Butler et al. v. Sorongo et al., 28 D.P.R. 84. Pero en el presente no encontramos tal abuso de discreción en este sentido que justifique una revocación.

El demandado, momentos antes de cerrar su caso, llamó al demandante como testigo. El abogado del demandante preguntó qué se proponía probar el demandado con este tes-tigo y, al parecer, sin esperar la contestación del abogado del demandado, hizo la corte una indicación algo rara por no decir sorprendente que por fortuna no tenemos que citar en toda su extensión o considerar en relación con sus mé-ritos o defectos intrínsecos. La resolución realmente die-tacla no se lia demostrado que baya privado al demandado de ningún derecho sustancial, ni siquiera se • ha alegado como error; pero se cita únicamente como el punto culmi-nante de una serie de circunstancias que el ahogado del ape-lante considera como indicativa de pasión y prejuicio en la mente del juez de distrito.

No podemos convenir con el apelante en cuanto a la sig-nificación de estos detalles; aunque si la preponderancia de la prueba hubiera estado tan claramente a favor del de-mandado como estuvo en favor del demandante, entonces la actitud que ahora se impugna pudo haber sido difícil de explicar o sostener. Pero si la situación hubiese sido lo contrario, en tanto se trata del peso de la prueba aducida al juicio, entonces es lógico asumir que el demandante en vez del demandado hubiera tenido tanto motivo de queja en lo que respecta a la actitud del juez sentenciador como tiene ahora el demandado.

El incidente a que acabamos de referirnos revela una falta lamentable de conocimiento de las reglas elementales de evidencia y tal premura en resolver un punto respecto al cual no está bien informada la corte, y en acudir de prisa a ayudar a un testigo que también es parte y está repre-sentado por abogado, antes de llegar a la silla de testigos o sin siquiera haber solicitado la ayuda o protección del juez o que en manera alguna está en peligro o necesita de tal protección o ayuda, no es desde luego recomendable. Pero el demandante había sido declarado culpable de daños mali-ciosos en la corte municipal y el caso había sido desesti-mado en apelación a la corte de distrito por envolver una cuestión civil en vez de un delito. Interpretadas en rela-ción con esta circunstancia, las razones aducidas por el juez sentenciador para su actuación, por erróneas que pueden ser, indican una fuerte convicción de que el demandante, como un demandado confrontado por lo que la corte inferior, con o sin razón, caracterizó como contrademanda, tenía derecho a cierta clase de privilegio o exención, cuya violación no puede ser tolerada. Lo que tuvo en mente precisamente la corte inferior no resulta claro. Quizás no fue claro para la misma corte. Pero de lo que consta estamos persuadidos de que tanto la resolución dictada y las razones formuladas para tal actuación procedían de una honrada mala interpre-tación de las regias de evidencia y procedimiento, más que de pasión o prejuicio, consciente o sub-consciente.

Después de una detenida consideración de todos los autos es difícil concebir cómo podría cualquier corte haber llegado a una conclusión distinta; y debe por tanto confir-marse la sentencia apelada.


author: .El Juez Asociado Señor Franco Soto,

text:
    Pedro B. Jesús, demandante y apelante, v. Juan G. Gallardo, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    No. 3614.

    Visto: Mayo 26, 1925.

      Resuelto: Julio 8, 1925.
    Contribuciones — Pago y Devolución o Recobro de Contribuciones Pagadas— RECLAMACIÓN DE CONTRIBUCIONES PAGADAS BAJIO PROTESTA-ACCIÓN Y PRO-CEDIMIENTO — Jurisdicción.—La jurisdicción de los tribunales en casos de redamaciones para obtener la devolución de contribuciones pagadas bajo pro-testa se determina por razón de la cuantía envuelta.
    SENTENCIA ele Pablo Berga, J. (Humacao), declarando sin lugar la demanda, sin costas.

      Modificada.

      Antonio L. López, abogado del apelante; Hon. Attorney General y G. Llauger Diaz, abogados del apelado.
   .El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Pedro B. Jesús interpuso demanda ante la Corte de Dis-trito de Humacao, reclamando la devolución de $195.53 por concepto de contribuciones que pagó bajo protesta al Teso-rero de Puerto Bico.

La parte demandada apelada levantó en la corte a quo la cuestión de jurisdicción, alegando que dicha corte care-cía de jurisdicción original por razón de la cuantía en-vuelta. Esta alegación fue desestimada si bien la demanda fuá declarada sin lugar por otros fundamentos.

Sin embargo, la cuestión de jurisdicción suscitada y en la que la apelada insiste en su alegato, es primordial y de vital importancia en este caso.

En 9 de marzo de 1911 (p. 132), la legislatura aprobó por primera vez una ley autorizando un procedimiento para exigir la devolución de contribuciones pagadas bajo protesta y. por la sección 3 (Comp. 2991) disponía que la reclama-ción se presentaría “ante la corte de jurisdicción compe-tente. ’ ’

Esta ley fué objeto de interpretación en relación con la Ley No. 76, aprobada en abril 13 de 1916 (p. 155) para au-torizar demandas contra El Pueblo de Puerto Rico en los casos de Saurí y Subirá v. Sepúlveda, Juez de Distrito, 25 D.P.R. 242, y Serrallés v. Tesorero de Puerto Rico, 30 D.P.R. 237. En ninguno de estos casos que cita la corte inferior se declaró que la ley de 1911 fuera derogada por la de 1916. Se declaró más bien que las dos leyes coexistían independientemente y tenían vida propia. ■

Luego, en marzo 13 de 1920 (p. 125) se aprobó lá Ley No. 17, autorizando el procedimiento administrativo y judicial respecto de las contribuciones pagadas bajo protesta y derogar la ley de 9 de marzo de 1911. Se disponía por la sección 2 que el contribuyente tenía que presentar su re-clamación dentro del plazo fijado, “ante la corte de distrito que corresponda”, separándose en eso de lo que prescribía la ley de 1911. La disposición era clara: ella cambiaba, por el significado literal de sus palabras, el sentido de la ley anterior, designando exclusivamente a las cortes de distrito para conocer de las demandas sobre contribuciones pagadas bajo protesta, sin atender a la cuantía. Pero últimamente la Ley No. 9 de 1924 (p. 71) por la que se rige el presente caso, restableció lo que prescribía la primitiva ley, a cuyo efecto la sección 4, dice:

“Sección 4.- — El contribuyente que baya pagado el todo o parte de cualquier contribución bajo protesta, deberá, dentro del plazo improrrogable de treinta días a partir de la fecha del pago, demam-dar al Tesorero de Puerto Rico, en un tribunal de jurisdicción competente, para obtener la devolución de la cantidad protestada. El Tesorero de Puerto Rico, por medio del Attorney General, o funcionario que este último designe dentro de su Departamento, contestará dicha demanda dentro del término que concede la ley-para cualquier contestación y en ella hará por su orden, las alega-ciones sobre eliminación de particulares de la demanda, y excepeio-, ríes previas. * * * ”

Tenemos que presumir que cuando la Legislatura varió los términos de la ley de 1920 en ese extremo, fué claro sra propósito de no mantener en las cortes de distrito la juris-dicción exclusiva en esa clase de reclamaciones, sino que la jurisdicción se determinaría por razón de la cuantía, si-guiendo para ello la ley de carácter general aprobada en 10* de marzo de 1904, Comp. de 1911, p. 262. Y seguramente se consideró para ello que no sería equitativo ni justo obligar a un contribuyente por sumas insignificantes que acudiera a una corte de distrito para establecer su demanda pudienck» hacerlo ante la corte municipal que corresponda siempre que la cuantía no exceda de |500, intereses inclusive. See. 1173 Comp. 1911, p. 265.

Por las razones,expuestas, debe modificarse la sentencia apelada de modo que su parte dispositiva lea como sigue; “'Se declara con lugar la excepción de falta de jurisdicción y en su consecuencia se desestima la demanda, sin especial condenación de costas,” y así modificada, confirmarse.