author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Arturo Pérez, acusado y apelante.
    Núm. 7829.

    Sometido: Julio 13, 1939.

      Resuelto: Noviembre 30, 1939.

      Benjamín Ortiz y B. Fernández Garzot, abogados del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.

       Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Inocencia Peña Cruz, vecina de Fajardo, denunció ante la Corte Municipal del Distrito Municipal de su residencia-a Arturo Pérez, por un delito de abandono de menores co-metido como sigue:

. . el referido acusado Arturo Pérez allí y entonces, ilegal, voluntaria y maliciosamente y sin excusa legal alguna, ha dejado de pasarle los indispensables alimentos, medicinas y vestuarios a sus hijos naturales William Peña de 8 años y Luz Delia Peña de 5 años respectivamente, habidos entre la aquí denunciante y el acusado Arturo Pérez.”

Condenado el denunciado por la corte municipal, apeló para ante la del distrito, Humacao, y celebrado el nuevo juicio que ordena la ley, también fué condenado, apelando entonces para ante este tribunal.

La sentencia de la corte de distrito se dictó en los siguien-tes términos:

“La Corte, vista la denuncia, y oída la contestación del acusado y apreciada la prueba practicada, declara a Arturo Pérez, Policía Insular, culpable del delito de Abandono y Descuido de Menores y le im-pone la pena de cien dólares de multa y en defecto de pago a cumplir un día de cárcel por cada dólar que dejare de satisfacer y las costas; dejando en suspenso esta sentencia mientras el acusado pase a sus hijos William y Luz Delia Peña, la suma de veinte dólares mensuales por concepto de pensión alimenticia, que el acusado deberá depositar en la Secretaría de esta Corte por meses anticipados a disposición de sus citados hijos.
“Y se ordena que el sentenciado, si no cumpliere con los términos de la condición de cuota alimenticia, sea conducido de esta Corte de Justicia, si no satisficiere el importe de la multa impuesta, a la Cárcel Común del Distrito a donde será entregado al Jefe de aquel establecimiento penal para que sea en el mismo recluido por el tér-mino señalado en esta sentencia.”

En su alegato el apelante imputa a la corte ocho errores, cometidos, el primero, al apreciar la prueba; el segundo al resolver que la paternidad del acusado quedó establecida; el tercero, al no resolver que la prueba era suficiente para levantar por lo menos una duda razonable en cuanto a la paternidad; el cuarto, al permitir que se presentara prueba tendiente a establecer la filiación de los supuestos hijos adulterinos del acusado; el quinto, al permitir a la testigo Inocencia Peña que declarase sobre sus supuestas relacio-nes sexuales con el acusado; el sexto, al no permitir a los testigos Martínez y González que declarasen sobre la repu-tación del acusado en la comunidad; el séptimo, al no per-mitir prueba sobre el parecido o falta de parecido entre el acusado y sus supuestos hijos y el octavo, al dictar su sen-tencia condenando al acusado.

Por los errores cuarto y quinto se suscita la misma cuestión que fué levantada en los casos del Pueblo v. Rohena, 52 D.P.R. 313; Pueblo v. López, 54 D.P.R. 294, y Pueblo v. Rotger decidido en quince de junio último (ante, pág. 139), a saber, que tratándose de hijos adulterinos es necesario demostrar su previo reconocimiento sin que pueda ese hecho acreditarse en la causa que contra el padre se siga por abandono de menores.

En los indicados casos se resolvió, copiando el resumen del segundo o sea del de Pueblo v. López, 54 D.P.R. 294:

“En proceso por abandono de menores, tanto la declaración de la madre sobre sus relaciones con el padre de los menores como las de otros testigos a ese efecto, son admisibles en evidencia.”
“El hecho de la paternidad, o sea la relación de padre e hijo que pueda existir entre el acusado y el menor de quien se trate, puede ser establecido dentro del proceso por abandono de menores (Pueblo v. Rohena, 52:313, seguido).”

Ningún nuevo argumento se presenta que requiera nueva consideración. Bastará, pues, referirnos a la jurispruden-cia ya sentada para concluir que los dichos errores no existen.

Los errores sexto y séptimo se refieren a la práctica de la prueba.

Argumentando el sexto se limita el apelante a decir que la corte no le permitió presentar prueba de su buena repu-tación en la comunidad y a citar a Wigmore, secciones 55, 59 y 1610 de su obra sobre Evidencia.

Los autos muestran que llamado a declarar Miguel Martínez, Jefe de Distrito de la Policía Insular se le pre-guntó sobré la reputación que-tenía el acusado5 en la cómu-nidad y en cuanto a 'castidády que se-opuso-■•el-fiscal y: que la corte sostuvo' su .oposición manifestando “que era.-de presumirse que el’acusado ;tenía buena conducta- en todo ¿iio-mento.”. ; ,j

Aceptando quer el errbr* se hubiera cometido, no encon-trarnos ' que - exista perjúióió porque los - autos', también muestran que no obstante la-oposición,-és-lo cierto que-el testigo llegó a contestar uña dé las varias preguntas' qule la defensa le hizo en el séntidó de no tener con'ocimientó' de que el . acusado tuviera en algún momento relaciones ilícitas con alguna mujer.' '■ -

Lo ocurrido en relación eon el señalamiento séptimo fué así: : •

“Defensa: Como última evidencia, vamos a solicitar de la Corte que baga un parangón entre el acusado y los Rijos de la querellante; para demostrar que 'no Ray ningún parecido entre ellos.
“Fiscal: Nos oponemos. . . .'
“ Sr. Juez: ¿ Fundamento f
“Fiscal: Que no es-evidencia, en un procedimiento de esta natu-raleza, probar las relaciones con el acusado, al tiempo de la, concep-ción, con la madre de los Rijos que se alegan ser del acusado. Es improcedente el examen que' solicita la defensa.
“Defensa: Nosotros Remos atacado el RecRo de la paternidad del acusado. . . .
“Sr. Juez.- La situación de la Corte es la siguiente: traiga aquí los niños que.solicita la defensa....
“Defensa: Para ver si se evidencia el parecido o falta.de pare-cido entre los niños y el acusado. ...
“Sr. Juez: La Corte considera que no estaría en condiciones de determinar las características que pudieran existir entre los Rijos y los padres. Estas características varían de acuerdo a la edad,’ el .desarrollo, a veces enfermedades, a veces defectos' congénitos y cree la Corte que no estaría en condiciones .de poder determinar lo que solicita la defensa. . Podría llevar a la Corte a la apreciación de qué se parezcan o podría llevar a la Corte a la apreciación de qup no se parezcan.Considera el Tribunal, que a veces un Rijp se parece a la madre j qué no se parece al padre.. S. S. puede traer prueba de si se parecen o no," pero la Corte considera que no1 está
“La pregunta ha sido a menudo suscitada de si puede propia-lesivo a los derechos del acusado o lesivo a los derechos de El Pueblo.
“Defensa: Tomamos excepción. ...”

La admisión o exclusión de esta clase de prueba ha dado lugar a las más variadas decisiones.

Resumiendo la jurisprudencia sobre el particular, Ruling Case Law en su tratado sobre hijos ilegítimos, dice:

“La pregunta ha sido a menudo suscitada de si puede propia-mente exhibirse un niño al jurado para ponerlo en posición de juzgar; comparando su apariencia, semblante y facciones con las del acu-sado, si puede deducirse legítimamente una inferencia sobre su paternidad. Aun cuando las cortes no estén en armonía, la mejor regla parece ser que, por lo menos, en casos de infantes de tierna edad, es impropio exhibirlos, por el fundamento de que tal evidencia es demasiado vaga, incierta y quimérica, y que, de ser seguida, esta-blecería no sólo una regla poco sabia, si que también peligrosa e insegura; y que aun cuando sea un conocido hecho fisiológico que las peculiaridades de la forma, facciones y las características personales a menudo se trasmiten del padre al hijo, es también cierto y cuestión de conocimiento común, que durante las primeras semanas, y a veces meses, de la existencia de un niño, tiene esa peculiar falta de madurez en sus facciones que lo caracterizan como un infante, y que sus facciones cambian mucho y a menudo durante ese período. El parecido puede fácilmente imaginarse. Y así sucede muchas veces. A menudo tales parecidos son quiméricos o imaginarios. Lo que puede considerarse parecido por uno puede pasar desapercibido por otro que tenga el mismo conocimiento de las partes entre quienes existe la supuesta semejanza. La regla que la exhibición de un infante es impropia-ha sido-aplicada en el caso de un niño de seis semanas, de tres meses, de nueve meses, y uno como de un año de edad. Sin embargo, hay un considerable número de autoridades que favorecen la regla que un niño puede exhibirse al jurado como prueba de la alegada paternidad, y. generalmente las autoridades han expuesto la regla sin intimar limitaciones afectas por la edad del niño. La razón para la regla es que el peso que debe darse al testimonio corresponde al jurado y que su debilidad (de la prueba) o falta de certeza no ofrece fundamento para su exclusión. Una regla que ha recibido algún apoyo es la de que puede exhibirse al jurado un niño ilegítimo si éste es de edad apropiada, como por. ejemplo si tiene dos años. En tal casó el niño ti'ene edad suficiente' para que haya desaparecido la falta de madurez de sus facciones; que lo caracterizan como un infante. Si la exhibición al jurado se efectúa, el hecho de que el abogado del demandante comente sobre el' parecido del niño con el acusado es propio, especialmente cuando lai corte instruye al jurado que debe ignorar los comentarios si no nota el parecido. Generalmente parece aceptarse que un niño ilegítimo* puede exhibirse al jurado cuando se trata de cuestiones de raza o* color de la piel, porque es bien sabido que hay marcadas diferencias, físicas y externas, entre las diversas razas humanas, lo que permite' a un hombre de inteligencia y observación común juzgar si perte-necen a una u otra raza. En jurisdicciones donde el demandante puede exhibir un niño ilegítimo con el objeto de demostrar su pa-recido con el acusado, debe también permitirse á éste exhibirlo com el propósito de demostrar que no tiene parecido con él o para demos-trar el parecido del niño con otra persona que tuvo oportunidad de haber tenido relaciones carnales con la madre. La mejor regia y la sostenida por el peso de las autoridades es que el parecido o falta de parecido de un niño ilegítimo con el acusado no puede demos-trarse por prueba testifical, si no se exhibe el niño, pues esto es prueba pericial; y esta regla es especialmente aplicable cuando se trata de introducir evidencia respecto al color del pelo y ojos con el propósito de demostrar su parecido con los del acusado, pues la experiencia común demuestra que en la misma familia los niños com frecuencia tienen pelo y ojos de distinto color, y sería una doctrina peligrosa permitir que se impugnara o se probara la paternidad de un niño comparando el color del pelo y ojos con los del supuesto padre. Irrespectivamente de si puede exhibirse el niño ilegítimo al jurado o si se puede admitir prueba testifical respecto a su parecido o falta de parecido con el acusado, la mera presencia del niño en lá sala del tribunal no constituye error perjudicial al acusado, cuando el menor no se ha exhibido ni se ha propuesto mostrársele al jurado,, y el letrado al dirigirse a éste no hace mención del niño ni a su. presencia en corte. Tampoco es motivo de objeción que se permita, que el menor cuya paternidad está en juicio permanezca en la falda, de su madre mientras ella es examinada, por lo menos cuando la corte' advierte al jurado que no debe considerar o discutir ninguna supuesta o imaginaria semejanza o desemejanza entre el menor y el acusado; y no se ofrece el niño como prueba ni se le exhibe al jurado durante los informes.” 3 R.C.L. 764.

Y en.American Jurisprudence,, encontramos:

“Bn general, en aquellos casos en que pueda admitirse prueba de parecido para demostrar la paternidad- estableciendo así la legi-timidad o ilegitimidad del niño, las partes negando tal paternidad pueden demostrar que el niño no se parece al alegado padre, o que se parece a otro hombre' con quien la madre pudo-haber tenido relar eiones sexuales ilícitas.”
. . . hay un decidido conflicto de autoridades en cuanto a la admisibilidad de prueba de parecido en relación con la cuestión de legitimidad, las decisiones, pues, cubren desde la admisión de tal prueba sin cualificación alguna hasta su total exclusión.” 7 Am. Jur. 649.

Consúltese además 10 C.J.S. 92, 40 A.L.R. 99 y 119 y 95 A.L.R. 317 y 319.

Si examinamos la resolución de la corte a la luz de las autoridades citadas, bien podría concluirse que no debió rehusar hacer la observación de si los niños se parecían o no al alegado padre, ya que estaba actuando sin jurado, esto es, como juez de los hechos y la ley.

Pero si bien la corte declaró que “no estaría en condi-ciones de poder determinar lo que solicita la defensa”, esto es, el parecido o la falta de parecido, “porque puede incurrir en algún error lesivo a los derechos del acusado o lesivo a los derechos de El Pueblo”, es lo cierto que indicó además a la defensa que podía “traer prueba de si se pa-recen o no” y nada hizo la defensa, limitándose a tomar excepción, sin que deba perderse de vista que el acusado no sólo estaba negando la paternidad si que tratando de probar que la madre de los menores había tenido relaciones con otros hombres, dando el nombre de éstos, al tiempo probable de su concepción.

Habiendo en consideración todas esas circunstancias y considerando además que es un hecho cierto que la corte tuvo ante sí al alegado padre y a los hijos y que aunque éstos no se le parecieran llegó — como pudo llegar a virtud' de la otra prueba — a la conclusión de que era verdad la ale-gación, creemos que el error que pudiera haberse cometido no fué perjudicial.

A lo más que puede llegarse es a establecer el principio de que la prueba del parecido o del' no parécido es admisible en propios casos para ser apreciada por el juzgador — corte o jurado — como un elemento a considerar que no es por sí ■solo decisivo.

Los restantes' errores señalados van todos al peso ■de la evidencia y son los que se argumentan con más fuerza en el alegato del apelante.

• Al terminar la práctica de la prueba, el juez sentenciador se expresó así: .

“En este caso, se formuló por El Pueblo de Puerto Rico una denuncia contra Arturo Pérez, Policía Insular, miembro de uno de los cuerpos que más obligación tiene de acatamiento y respeto a las leyes vigentes en nuestro país, por un delito de abandono y descuido de menores, mediante denuncia'jurada por ■ Inocencia Peña ante la Corte Municipal de Fajardo.
■ “La Corte Municipal de Fajardo, vió este caso y dictó sentencia contra este ciudadano, condenándolo a sufrir una pena de treinta (30) días de cárcel en la Cárcel de Distrito de Humacao.
“Las leyes en un país civilizado y culto, tienen que ser acatadas por todos los ciudadanos. Los ciudadanos, no importa la posición que ocupen en la maquinaria gubernamental, tienen más obligación que nadie para que las leyes en nuestro país se cumplan. Tomar ventajas de la posición que los ciudadanos ocupen, mover resortes para que las leyes se burlen, es menoscabar el prestigio dé las leyes ■y es interrumpir la administración de.la justicia. Actuar de esa manera es. derrumbar los cimientos sobre los cuales deben levantarse la seguridad pública, y la garantía de este pueblo. El espectáculo en este aspecto, de nuestro país, ha sido doloroso. Los mismos obli-gados a cumplir con las leyes, a veces toman ventajas de su posición para burlar las mismas socavando sus- cimientos hasta el extremo de 'que el pueblo, si no ha perdido completamente la confianza en la administración de la justicia, está a punto de perderla. Y creo que la principal responsable de ese estado del pueblo y de ese sentimiento del pueblo, es la maquinaria misma, que realmente no responde a veces al alto compromiso contraído con la sociedad.
“La Corte lamenta profundamente que se traigan ante un Tribunal a miembros de 'la uniformada, de la Policía Insular, denun-ciados por el delito de abandono y descuido de menores. Es doloroso ver estos espectáculos, y doloroso para el Juez que tenga que resolver casos de esta naturaleza, porque desearía que no vinieran; pero las leyes, como ba dicho la Corte previamente, se hicieron para cum-plirlas en todo momento y para que todo ciudadano ofreciera acata-miento y respeto a las mismas, y especialmente los que por juramento están más comprometidos con la sociedad al acatamiento y al respeto y al cumplimiento de las leyes en nuestro país.
“La Corte ha oído la prueba de El Pueblo en este caso. Ha oído la declaración de esta mujer que declaró que vivía en Naguabo, que tuvo hijos de otros hombres, que conoció a este policía insular, que empezó a establecer relaciones maritales con él en Naguabo, y que más tarde del pueblo donde ella vivía, donde ella había tenido otros hombres con los cuales había tenido hijos, más tarde, muchos días después, al ser trasladado este policía al vecino pueblo de Fajardo, se trasladó ella a vivir a Fajardo, un pueblo en donde ella no había vivido. ¿Qué móviles la llevaron allí? ¿Cuál fué la causa de su traslado de Naguabo a Fajardo? La Corte opina y ha llegado a la conclusión que fueron las relaciones maritales existentes entre este policía insular y esta mujer. Allí continuaron, opina la Corte, sus relaciones maritales y ya cuando fué allí, cree la Corte firmemente, que ella llevaba en su vientre un hijo de este ciudadano, que a la luz de las cosas naturales de la vida no es un delito, pero que es delito abandonarlo y no mantenerlo, según la sociedad exige; y allí vol-vieron ellos a tener otro hijo. Después tenemos la declaración de esta comadrona, que por la forma en que ha declarado, le ofrece .a este Tribunal toda la credibilidad que le merece el testigo que, bajo la solemnidad de un juramento,. viene ante, un Tribunal a decir la verdad. Declaró esta comadrona que asistió a esta señora, que este ciudadano estuvo allí, que el tratamiento que le daba él a los hijos era el de padre para hijos. Declaró otro ciudadano que es compadre de este policía, que fué quien le echó el agua a uno de los hijos; cos-tumbre muy antigua entre nuestra gente cuando un niño recién nacido va a morir y no puede llevarse a la iglesia, se llama a "la persona de más confianza o a cualquiera persona para que le eche el agua, estableciéndose así vínculos sagrados entre la persona que le echa el agua y los padres, y declaró, también que. estuvo allí y le echó el agua y estableció relaciones sagradas- y veía a este policía que trataba a estos dos niños como hijos.
"Declaró la querellante también, que después fué, cuando el po-licía fué trasladado a Patillas, que vino el rompimiento entre ellos. Ya la ausencia estableció cierta situación contraria a los menores por parte de este policía y dice ella que entonces no le daba los alimentos. Vino entonces la conducta de ella, vino el ejercicio del derecho que tiene toda mujer que tiene un hijo de cualquier hombre. Todo hombre que tiene un hijo, tiene la obligación de man-tenerlo. La legislación moderna en todo pueblo avanzado, tiene que hacer desaparecer la irritante diferencia entre las categorías de hijos, establecidas por cánones antiguos, de hijos legítimos, hijos ñegítimos, hijos adulterinos, hijos naturales. . . . En este pueblo, esta clase de legislación tiene que desaparecer de nuestros códigos, para que se establezca la igualdad entre todos los hijos. Todos los hijos deben ser iguales; deben tener, a la luz del derecho, iguales oportunidades e iguales privilegios. Día llegará en que la sociedad haga desaparecer de sus códigos la irritante denominación de hijos adulterinos, hijos naturales e hijos ilegítimos. Sin embargo, todavía existe en nuestro Código Civil, pero nuestro Código le da derecho a aquellos hijos adulterinos, a tener por lo menos, alimentos de sus padres.
“La Corte opina que, por la forma en que han declarado los testigos de descargo, no le merecen crédito alguno. Chóferes de carros públicos, dueños de puestos de carnes, dueños de cafetines, por el estilo. La Corte opina que han venido a este Tribunal, más o menos, por el interés natural de las circunstancias en que se agitan y se mueven en sus relaciones con los policías, y por la forma en que han declarado, no le merecen a este Juez ningún crédito. Cree que todos estos testigos no han venido a hacer una relación verdad de lo que ha sucedido en este caso, y la Corte le da más crédito a los testigos presentados por El Pueblo.
“La Corte considera que, los hechos están en contra del acusado y le condena a pagar una multa de cien dólares ($100.00) o a cum-plir un día de cárcel por cada dólar que dejare de satisfacer. El imperio de la ley hay que acatarlo.”

Hemos leído la evidencia. Hemos tomado en considera-ción el análisis que de ella hace en su alegato el ilustrado abogado del apelante y sus consideraciones alrededor de la misma y sólo podemos concluir que se trata de un caso de prueba contradictoria en el que creída la de cargo precisa reconocer que contiene elementos suficientes para un fallo ■condenatorio, sin que el juez viniera obligado a dudar razo-nablemente de la paternidad imputada al acusado por virtud ■de las declaraciones de los otros testigos acerca de las rela-ciones de la madre denunciante con otros hombres o porque los hijos no se parecieran al padre.

Tampoco creemos qne deba llegarse a la conclusión de que el juez estaba prejuiciado en contra del acusado y a la de que sus manifestaciones anulan su sentencia. Quizá habló más de lo necesario, podrá estarse más o menos conforme con sus teorías, pero nada de lo por él expuesto es suficiente para justificar por parte de esta corte la adopción de las conclusiones a que llega la defensa en los señalamientos de error que estamos considerando.

Debe declararse el recurso sin lugar y confirmarse la sen-tencia.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: -El Juez Presidewte Señor Dee Toro

license: Public Domain

text:
    Municipio de Arecibo, demandante y apelado, v. Arturo González, Jr., demandado y apelante.
    Núm 7946.

    Sometido: Noviembre 27, 1939.

      Resuelto: Noviembre 30, 1939.

      ’ Dubón & Ochoteco, abogados del apelante.; L. Mercader, abogado del apelado.
   -El Juez Presidewte Señor Dee Toro

emitió la opinión-del tribunal.

Este pleito se inició en febrero 1, 1937, por demanda pre-sentada en la Corte.de Distrito de-San Juan por el Muni-cipio de Arecibo contra. Arturo González, Jr., en cobro de $1,893.75 y sus intereses. legales a partir del 9 de junio de 1932 y de $631.25 y sus intereses legales a partir de agosto 29, 1933, con más las costas y honorarios de abogado.

Contestó el demandado, fué el pleito a juicio y la corte lo falló por sentencia de octubre 11, 1937, declarando la de-manda con lugar.

Apeló el demandado, radicándose los autos en la secre-taría de esta corte en marzo 13, 1939. Solicitó cuatro prórrogas para presentar su alegato, archivándolo finalmente en julio 19, 1939.

En julio 31, 1939, la parte apelada pidió la desestimación del recurso, señalándose la vista de la moción para noviem-bre 27 en curso.

Las razones que se aducen para la desestimación son las que siguen:

“(a) Es frívolo (el recurso), porque la demanda fué por cobro de cantidades que el demandado percibió del demandante, ilegalmente, cuestión que prácticamente no se ha negado por el demandado. La contestación y aceptación del fallo lo insinúan así.
“(i) La falta de la transcripción de evidencia coloca a este tribunal en plano diferente al de la corte de distrito para considerar los errores levantados por el apelante referentes a si debe pagar los intereses desde tal o cual fecha. Al parecer preténdese argumentar una cuestión de derecho, sin tener en cuenta que ella tendría que descansar antes sobre el hecho, determinado en el juicio, de cuándo y cómo la inferior llegó a la conclusión para determinar que esos in-tereses deben cobrarse así. Por .jemplo, ¿cómo podría ahora este tribunal justificar si el demandante requirió al demandado para el pago del dinero que bajo proposiciones inexactas percibió del actor? Ese es un hecho, que en ausencia de la transcripción no es posible -evidenciarlo. Esto aparte de que el apelante admite que recibió del municipio los cheques cuando nunca hizo entrega ni acopió la planta, es decir, el demandado se enriqueció con fondos del demandante, que es un organismo público, y, por tanto, debe devolver la cantidad y sns intereses desde el propio día en qne tuvo lngar el lamentable suceso.”

Nada contestó el apelante por escrito ni oralmente. No compareció al acto de la vista de la moción. Examinando su alegato, encontramos que en él imputa a la corte sen-tenciadora dos errores. Sostiene que se cometió el primero al condenársele a pagar intereses sobre $1,893.75 a partir de abril 23, 1932, y sobre $631.25 a partir de agosto 29, 1933, cuando sólo los debía a partir de la fecha en que la demanda se interpuso, ya que no alegándose en ésta la fecba en que se hizo el requerimiento de pago, la única que podía fijarse era la de la radicación de la demanda, y aduciendo como fundamento del segundo que aun en el caso de que viniera obligado a pagar intereses desde que percibió las cantidades reclamadas, nunca lo estaría a satisfacerlos sobre la primera, o sea $1,893.75, a partir del 23 de abril de 1932, porque de la propia demanda consta que no fué basta el 9 de junio de 1932 que se le entregó dieba suma.

La falta de la transcripción de la evidencia, base principal de la moción de desestimación, se explica en el alegato por el apelante como sigue:

“No se ha elevado la transcripción de- evidencia a los fines de la presente apelación, por considerarla innecesaria, ya que el primer error discutido aparece de la propia demanda y de la Relación de Hechos y Opinión en el presente recurso.”

¿Es la explicación aceptable? Yeámoslo.

Parece conveniente antes aclarar que según la sentencia tal como consta de la transcripción preparada por el propio' • apelante y radicada en la secretaría de esta corte, no se con-denó al demandado a pagar intereses sobre la primera suma reclamada a partir de abril 23, 1932, si que a partir de junio 23, 1932. En tal virtud el segundo señalamiento de error carece de base y en el primero está equivocada la expresión de dicha fecha. ' >

Resta sólo determinar si los intereses deben computarse o no a partir de la interposición de la demanda. Es cierto que en la demanda se dijo:

"Que el demandante requirió al demandado para que le pague y devuelva la suma de 11,893.75 y sus intereses legales hasta su total pago, y asimismo los otros $631.25 y los intereses legales hasta su 'total solvento, a lo que dicho demandado no accedió.”

Siendo cierto por tanto que no fija la fecha del requeri-miento, pero como dicha fecha pudo probarse en el juicio, se hace necesario tener a la vista la transcripción de la evi-dencia para que este tribunal al resolver el recurso tenga ante sí todos los elementos que tuvo la corte sentenciadora para concluir como concluyó que los intereses se debían desde las fechas que fijó en su fallo.

No cabe, pues, prescindir de la transcripción para resolver en un sentido o en otro la única cuestión envuelta en la apelación, o sea la de la fijación de la fecha desde cuándo se deben los intereses, ya que en cuanto a la realidad de la deuda principal el demandado que la negó durante el pleito, implícitamente la ha reconocido después de dictada la sen-tencia al señalar los errores en que funda la apelación que contra la misma interpuso.

Siendo ello <así la moción debe ser declarada con lugar y en su consecuencia desestimarse el recurso.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


author: El Jijee Presidente Señor Del Tobo

text:
    S. N. Ecury, demandante y apelante, v. The Missionary Servants of the Most Holy Trinity of Puerto Rico (St. Augustine’s Military Academy), demandada y apelada.
    Núm. 8059.

    Sometido: Noviembre 27, 1939.

      Resuelto: Noviembre 30, 1939.
   El Jijee Presidente Señor Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

La apelación en este caso se interpuso el 29 de julio de 1939 y el 10 de agosto siguiente, o sea vencido ya el término que para ello concede la ley, la parte apelante pidió a la corte sentenciadora que ordenara al taquígrafo que trans-cribiera el récord a los efectos de perfeccionar su recurso.

Así las cosas, en agosto 22 último la parte apelada ar-chivó en la secretaría de esta Corte Suprema una moción pi-diendo la desestimación del recurso por no haberse perfec-cionado en tiempo y en el propio día la parte apelante radicó una moción dirigida a este tribunal pidiéndole que ejercitara su discreción en el sentido de concederle un nuevo término para que el taquígrafo preparara la transcripción porque de otra suerte su apelación sería desestimada. El tribunal se hallaba entonces en vacaciones y el Juez de Turno ordenó que se le diera cuenta en su primera reunión.

Ambas mociones fueron señaladas para verse el 27 de no-viembre actual, compareciendo a la vista las partes por sus abogados e informando ampliamente.

El motivo que aduce el apelante para la radicación de su moción de agosto diez en la corte del distrito, es el de que dejó preparado en su oficina el 22 de julio de 1939 el escrito de apelación saliendo para asistir a un campamento de la Guardia Nacional de cuya organización es oficial, con ins-trucciones a su empleado de que lo presentara el treinta que era el día en que vencía el término para apelar, y que eso no obstante su empleado lo radicó el 29 que era sábado y él, al calcular los diez días que tenía para solicitar la orden de transcripción, partió de la base de que el escrito se había ra-dicado el lunes treinta y nno de julio por ser domingo el treinta, archivando su petición el diez de agosto cuando había ya en realidad vencido el término.

Aunque la explicación no es muy satisfactoria, nos incli-naríamos a ejercitar nuestra discreción concediendo el nuevo término si el apelante nos hubiera demostrado que su recurso era meritorio o si hubiera aprovechado los tres meses que han mediado entre la presentación de su moción y la vista de la misma en la obtención de las notas taquigráficas.

No estando, pues, convencidos de los méritos de la ape-lación ni de la diligencia del apelante y habiendo trans-currido con exceso el término para archivar los autos en esta corte sin que esté pendiente de tramitación en la de distrito pliego alguno de excepciones, exposición del caso o trans-cripción de evidencia, procede la desestimación solicitada.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wolf

text:
    Cristino Ruiz Sosa, en su carácter de apoderado de Juana Ruiz Sosa, demandante y apelado, v. Antulio Martínez y Horacio Martínez, demandados y apelantes.
    Núm. 7987.

    Sometido: Junio 12, 1939.

      Resuelto: Noviembre 30, 1939.

      J. M. Valentin E sieves, abogado de los apelantes; José Veray, Jr., abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf

emitió la opinión del tribunal.

La moción para desestimar presentada en este pleito de desahucio se basa en que los apelantes no han elevado la transcripción de evidencia o la exposición del caso y en que la apelación es frívola.

Los demandados presentaron varias excepciones previas en la corte' inferior y las mismas fueron declaradas sin lugar. Igualmente radicaron una contestación. El caso fue a juicio y se dictó sentencia en favor del demandante. Los demandados apelaron pero en su alegato sólo plantean como errores el haberse declarado sin lugar dichas excepciones.

Este tribunal repetidamente ha decidido que no es menester que la parte apelante eleve la transcripción de evidencia cuando la apelación gira sobre' cuestiones que aparecen del legajo de la sentencia y no envuelve cuestiones de hecho. (Véase Torrellas v. Sucn. Torrellas, 54 D.P.R. 525.) Este motivo de la moción no puede prevalecer. Empero, la alegación de frivolidad está bien fundada.

El demandante radicó una demanda de desahucio ante la Corte de Distrito de Aguadilla y alegó sustancialmente :

1. — Que el demandante 'es mayor de 21 años, casado, empleado y vecino de Río Piedras y comparece como apoderado de su hermana. doña Juana Ruiz Sosa, mayor de edad, viuda, de oficios domésticos y vecina de Río Piedras, mencionando la escritura de poder; y los demandados Antulio Martínez y Horacio Martínez son mayores de 21 años, casados, agricultores y vecinos de Isabela.
2. — Que doña Juana Ruiz Sosa es dueña de la siguiente finca:
“Rústica: Sita en el barrio Coto de Isabela, de 10 cuerdas, o sean 3 hectáreas, 93 áreas y 4 centiáreas, conteniendo una casa y lindando por el Norte y Este, con un callejón, Sud, con más terrenos de la finca principal de donde ésta se segrega, o sea José Martínez Torres; Oeste, Ramón Martínez. Inscrita al folio 209 del tomo 48 de Isabela, finca Núm. 2839, inscripción primera, afecta a una hipo-teca a favor del Federal Land Bank of Baltimore por dos mil dólares. ’ ’
3. — Que la finca antes descrita la adquirió la referida doña Juana Ruiz Sosa, por donación por razón de matrimonio, que le hizo su esposo don José Martínez Torres, según resulta de la escritura que se describe.
4. — Que el día 18 de julio de 1937 doña Juana Ruiz Sosa celebró un contrato de arrendamiento mediante contrato privado con el codemandado Antulio Martínez, sobre la finca arriba descrita, por un término de cinco años a partir de la expresada fecha, mediante un canon de sesenta dólares anuales.
5. — Que el indicado codemandado Antulio Martínez poseyó la antes indicada finca en concepto de arrendamiento solamente hasta fines de julio del año 1938, o sea un año, expresando sus deseos a la dueña de la finca de no continuar más en el arrendamiento, por lo que ambos de común acuerdo y verbalmente lo rescindieron,.... dejándolo sin efecto ni valor legal alguno, haciendo entrega el refe-rido codemandado Antulio Martínez de dicha finca a su dueña doña Juana Ruiz Sosa, quien entró inmediatamente en posesión de la misma y ésta cedió algunas parcelas de dicha finca a varios media-neros para que la cultivasen.
6. — Que el indicado codemandado Antulio Martínez allá para el primero de diciembre del año 1938 y por escritura núm. 164, otor-gada en Isabela ante el notario José Valentín Esteves, sin derecho alguno para ello y sin el consentimiento de doña Juana Ruiz Sosa, ilegalmente otorgó un contrato de subarrendamiento de la finca que había sido arrendada por él a virtud del contrato privado otorgado el 18 de julio de 1937, el cual, al vencerse el primer año lo rescindió y lo dejó sin valor ni efecto legal alguno, habiendo hecho dicho subarrendamiento a favor de su hermano, el otro codemandado Horacio Martínez, quien desde el primero de diciembre de 1938 está ocupando la finca en precario, sin pagar canon ni merced alguna.
7. — Que el demandante ha requerido a los demandados para que desalojen la finca de referencia y la dejen a la libre disposición de su dueña, doña Juana Ruiz Sosa, hermana del aquí demandante, y que los demandados, especialmente el codemandado Horacio Mar-tínez, han rehusado y continúan rehusando acceder a tal requeri-miento.
Por todo lo cual, el demandante solicita de la Hon. Corte que se sirva señalar día y hora para la primera comparecencia a que se refiere la ley de desahucio y que en definitiva declare con lugar la presente demanda, decretando el desahucio de los demandados, especialmente del codemandado Horacio Martínez, y de las personas que estén allí bajo sus órdenes, dejando la finca objeto de esta acción a la libre disposición del actor, imponiendo a los demandados las costas, gastos y honorarios de abogado de la parte actora, si se opusieren a la presente demanda, disponiendo además en una sen-tencia que se decrete el lanzamiento de los demandados pasados veinte días desde que la sentencia es firme, en el caso de que dichos demandados no hubieren desalojado la finca objeto de esta acción. Aguadilla, P. R., a_de enero de 1939. (firmado) José Yeray, Jr., Abogado del demandante.

A esta demanda los demandados presentaron tres excep-ciones previas, a saber:

(а) Que la demanda en este caso no aduce hechos sufi-cientes constitutivos de una causa de acción.
(б) Que la corte carece de jurisdicción.
(c) Que el demandante no tiene capacidad para deman-dar, porque si bien la ley de desahucio concede a un deman-dante el derecho a cudir en corte por apoderado, ese derecho se limita a las cortes municipales, y porque en las cortes de distrito la comparecencia deberá hacerse por la parte realmente interesada.

La corte de distrito declaró sin lugar las tres excepciones. Los errores señalados son los siguientes:

1. El haberse declarado sin lugar la excepción previa fundada en que la corte carecía de jurisdicción.
2. El haberse declarado sin lugar la excepción de que la demanda no adnce nna cansa de acción.
La contención de que la corte inferior carecía de juris-dicción se basa en el hecho de que los demandados entraron en posesión de la finca a virtud de un contrato; en su con-secuencia su posesión no era en precario sino que provenía de un contrato; y que el pleito debió haberse entablado en la corte municipal toda vez que el canon anual era de $60.
Es imposible convenir con el criterio de los apelantes. Tenemos que aceptar todos los hechos de la demanda. Según ésta, los demandados' entraron en posesión de la finca en diciembre, 1938, luego de haber expirado el contrato y el arrendamiento. El subarrendatario pudo haber tomado po-sesión a virtud de un contrato con el supuesto arrendatario, mas no podía tener mayores derechos que el arrendatario mismo, y su contrato es válido tan sólo en tanto en cuanto lo sea el del arrendatario. Si se extingue el contrato del arrendatario y se abandona el arrendamiento original, el subarrendatario se encuentra en la misma posición que si hubiera contratado con una persona que nunca estuvo en posesión de la finca. Bajo tales circunstancias poseía en precario y la única corte con jurisdicción lo era la de dis-trito de Aguadilla.. El caso citado por los apelantes — Cerra v. González, 29 D.P.B. 289 — no es aplicable. En ese caso el demandado tomó posesión a virtud de un contrato de arrendamiento y permaneció en la finca después de haber expirado el mismo. Tampoco son' aplicables los casos de Aragundo v. Rámos, 33 D.P.R. 94, y Valladares v. Corte Municipal, 16 D.P.R. 145.

El segundo error señalado es aún más frívolo. Cuanto el alegato de los apelantes contiene como argumento es la siguiente oración: “Careciendo como carecía de jurisdicción la Corte de Distrito de Aguadilla para conocer de este caso, y apareciendo tal falta de jurisdicción de la propia demanda de la parte actora, no hay duda de que por ello, dicha demanda no adnee hechos snñcientes constitutivos de una cansa de acción.”

Por el contrario, de nn ligero examen de la demanda se verá qne todos los hechos necesarios aparecen de ■ sn faz. Las excepciones eran evidentemente frívolas y la corte inferior estuvo acertada al declararlas sin lugar. La apela-ción dirigida contra tales resoluciones es claramente frívola, y tenemos que convenir con el apelado en que el móvil de ésta fué demorar la ejecución de la sentencia.

Debe desestimarse la apelación.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


author: El Juez A sootado Señor, Wole

text:
    Donato Aponte, demandante y apelado, v. Jacinto A. Palacios, demandado y apelante.
    Núm. 7980.

    Sometido: Noviembre 6, 1939.

      Resuelto: Noviembre 30, 1939.

      L. Lloréns Torres y A. B. Marchand Paz, abogados del apelante; G. Benitez Gautier y J. Benitez Gautier, abogados del apelado.
   El Juez A sootado Señor, Wole

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de nna moción para desestimar el recurso por frívolo y de una sumisión del mismo sobre los méritos-Creemos preferible considerar la última cuestión.

Este es un pleito de daños y perjuicios en que se anotó' la rebeldía y, conforme aparece de la opinión emitida por la. corte inferior, se celebró un juicio más tarde. El deman-dado no compareció.

En apelación no se ha presentado exposición del caso ni pliego de excepciones y se pide que el caso sea-revisado a base tan sólo de la suficiencia de la demanda en ciertos par-ticulares. El apelante sostiene que la demanda es insufi-ciente porque deja de alegar que el demandado era dueño-de una empresa y en su consecuencia que podía caer dentro de uno de los casos especiales prescritos en el artículo 1803 del Código Civil (edición de 1930).

Los artículos 1802 y 1803 proveen:

“Artículo 1802. — El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño-causado.
“Artículo 1803. — La obligación que impone el artículo anterior-es exigible, no sólo por los actos u omisiones propios, sino por Ios-de aquellas personas de quienes se debe responder.
“Lo son igualmente los dueños o directores de un establecimiento-o empresa respecto de los perjuicios causados por sus dependientesen el servicio de los ramos en que los tuvieran empleados, o con ocasión de sus funciones.
“La responsabilidad de que trata este artículo cesará cuando las-personas en él mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño.”

Los párrafos específicos de la demanda a ser interpre-tados leen así:

“3.- — Que el demandado es y era allá para el día 20 de febrero-de 1938, dueño de la guagua marca Lodge, tablilla C-327, la cual dedicaba y dedica -al transporte de leche.
“4. — Que en la tarde del día 20 de febrero de 1938 el demandante, Donato Aponte, iba conduciendo un carro de mano con el cual se dedicaba a la venta de frutas del país, por la carretera que conti-nuando la calle de Loíza conduce de Santurce a Carolina. Que el demandante iba por su derecha en dirección de Santurce a Isla Verde. Que en esos momentos venía en dirección contraria, la guagua C-327, a bastante velocidad y haciendo zigzags de un lado a otro de la carretera, ‘que en ese sitio es bastante estrecha,’ y la cual era manejada en ese día por el empleado del demandado, Francisco Castro Kercadó, ‘quién en esa fecha, según información y creencia del demandante, no estaba autorizado para conducir vehículos de motor en las carreteras de Puerto Rico.’ ”

La contención principal del apelante es que la demanda no aduce suficientemente que el demandado se dedicaba a una empresa. Quizá la alegación pudo ser algo más espe-cífica, mas somos del criterio que el párrafo tercero, especial-mente al alegar que el automóvil se dedicaba al transporte de leche, describe la explotación de una empresa mercantil. Esto es algo robustecido por las palabras “tablilla C-327”, puesto que estas tablillas, y de ello podemos tomar conoci-miento judicial, son las usadas en automóviles generalmente dedicados al comercio.

Nada hay en el caso de Vélez v. Llavina, 18 D.P.R. 656, 665, que se pronuncie en sentido contrario. Creemos que esa decisión sostiene la conclusión a que hemos llegado. Hemos resuelto, al igual que lo han hecho las cortes de los Estados TJnidos, que surge la presunción de que la persona que conduce un automóvil es empleada del dueño del mismo. Sánchez v. Asiatic Petroleum Co., 40 D.P.R. 104; Lotti v. Charles McCormick Lumber Co., 51 D.P.R. 334; Morales v. Otero, 53 D.P.R. 569. Esto contesta una de las contenciones del apelante.

Aunque admitiendo que el demandado no tiene que probar que ejerció el cuidado de un buen padre de familia al designar a su empleado, no obstante el apelante sostiene que el demandante estaba obligado a hacer esa alegación en su demanda. La respuesta a esta contención puede hallarse en el caso de González v. Malgor, Luiña & Cía., 29 D.P.R. 105. Véase también Morales v. Otero, supra.

La sentencia debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


author: El Juez Asociado Señob Wole

text:
    Sociedad Civil “Peña y Balbás”, representada por su socio Administrador Vicente Balbás Peña, demandante y apelante, v. Corte Municipal de San Juan, Sección Primera, Hon. M. Gaetán Barbosa, Juez, y Ramón Zeno, Márshal, demandados y apelados.
    Núm. 7789.

    Sometido: Abril 21, 1939.

      Resuelto: Noviembre 30, 1939.

      A. Marín, abogado de la apelante; Hon. Procurador General B. Fernández García y B. García Gintrón, Subprocurador Auxiliar, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señob Wole

emitió la opinión del tribunal.

La presente es nna apelación interpuesta contra parte de la sentencia dictada en nn procedimiento de mandamus obte-nida por Peña & Balbás contra la Corte Municipal de San Juan, M. Glaetán Barbosa, Juez, y Bamón Zeno, Marshal.

En un pleito instado para rescindir un contrato de arren-damiento y recobrar la posesión de bienes inmuebles, Peña & Balbás obtuvo sentencia en la Corte Municipal de San Juan, Sección Primera, contra Crescencio Marcano. La propiedad envuelta era un solar sobre el cual Marcano había, construido una casa. En la sentencia se ordenaba se pusiera a Peña & Balbás en posesión del mismo. En junio 15 de 1937, a moción de la demandante que ejecutaba la sentencia, la corte libró un mandamiento al márshal, ordenándole que ejecutara la sentencia mediante el lanzamiento de la casa al demandado con todos sus muebles y enseres. El 8 de julio la corte modificó el mandamiento y el márshal lo recibió el mismo día. El 29 del referido mes la demandante, no es-tando satisfecha con las actuaciones del referido márshal, solicitó se castigara a éste por desacato y que se nombrara a otra persona como submárshal para cumplimentar la orden de la corte. La moción fue señalada para el 6 de agosto. El día antes el márshal radicó un diligenciamiento en el que hacía constar haber' embargado la casa. No estando aún satisfecha la demandante, radicó una nueva moción insis-tiendo en que se nombrara a otra persona para cumplimentar el mandamiento.

‘ El 9 de agosto la moción fue declarada sin lugar. El 11 de dicho mes lá demandante pidió-a la corte que anulara el diligenciamiento. La corté ¿sí lo hizo el 14 de agostó y el 16 de' dicho mes libró • un nuevo mandamiento. El 27 de agosto- el márshal- fue a la finca y notificó a los inquilinos que la demandanté' estaba en posesión de la propiedad, pero se negó a echar de allí a los demandados y sostuvo que la demandante tenía que demandar en desahucio para obtener el lanzamiento. La demandante se negó a aceptar esta ac-tuación o informe como diligenciado del mandamiento y el mismo día acudió de nuevo ante la corte en solicitud de que expidiera un nuevo mandamiento y se castigara al márshal por desacato. La corte señaló la moción para el 10 de sep-tiembre. El Juez se fue de vacaciones y Luis C. Trigo como Juez Interino decidió el 4 de octubre que el márshal había obedecido el mandamiento y declaró sin lugar la moción.

El día 7 de octubre la demandante que ejecutaba la sen-tencia acudió ante la Corte de Distrito de San Juan en soli-citud de un auto de mandamus contra la corte municipal para que el Juez de ésta expidiera el mandamiento y el márshal lo ejecutara, en forma tal que la peticionaria pu-diera entrar en posesión de sus bienes. El auto de mandamus fue librado en dicha forma, con costas, pero sin con-ceder daños y perjuicios ni honorarios de abogado.

La peticionaria solicitó:

(1) Que se ordenara al márshal que le pagara $210 en concepto de daños y perjuicios que ella había sufrido hasta el 30 de septiembre y que distribuía así: $200 por concepto de honorarios de abogado en el procedimiento de mandamus; $10 como daños y perjuicios sufridos con la pérdida del alquiler de la propiedad desde el 15 de junio hasta el 30 de septiembre, a razón de $4 mensuales; y que también se le pagara en concepto de daños y perjuicios la suma de $4 mensuales desde el primero de octubre hasta el día en que la peticionaria entrara en posesión de la finca.

(2) Que se ordenara al márshal le pagara la penalidad estatutaria prescrita por la sección 6 de la ley de marzo 10, 1904 (Leyes de ese año, pág. 101), ascendente a $200.

(3) Que se impusieran las costas a los demandados y que si la corte no concedía honorarios de abogado como daños y perjuicios, que se concedieran éstos con las costas.

La corte inferior resolvió que en nn procedimiento de mandamus los daños y perjuicios a recobrarse son aquéllos incurridos en el procedimiento mismo y no los provenientes de los actos que dan origen a la petición, y que la peticio-naria no podía recobrar las rentas de la propiedad ni, por igual motivo, la penalidad estatutaria fijada al márshal por la ley de 1904, supra.

La corte inferior también resolvió que cuando el auto se libra contra un juez a éste nunca se le condena a pagar daños y perjuicios, y que no podía condenar a dicho funcio-nario a pagar honorarios de abogado, como tampoco al már-shal, en ausencia de mala fe de su parte. Creyó que las actuaciones del márshal no fueron arbitrarias, toda vez que sus equivocaciones fueron sostenidas por dos jueces de la corte municipal. La corte de distrito no concedió daños y perjuicios e impuso costas, sin incluir honorarios de abo-gado, a la corte municipal recurrida, costas que serían pa-gadas por los querellados en partes iguales, mas consideró contrario a la política pública condenar a un juez al pago de costas. Ordenó que su parte de las mismas fuera pagada por Creseencio Marcano, demandado en el pleito original.

La peticionaria ha apelado de la sentencia y señala tres errores, a saber:

1. Error cometido al resolver que en pleito de mandamus la demandante sólo puede obtener como daños honorarios de abogado, pero no el valor en uso de la propiedad para cuya entrega se dicta el auto de mandamus ni la penalidad esta-tutaria impuesta al márshal.

2. Error cometido al resolver que el márshal demandado no debe ser condenado en este caso al pago de honorarios de abogado como daños.

3. Error cometido al no ejercitar debidamente su discre-ción en cuanto tampoco condenó a ninguno de los deman-dados a. satisfacer los honorarios de abogado a la deman-dante, como parte de las costas.

La apelante arguye que en los casos citados de los Estados Unidos el procedimiento de mandamus no es nn recurso civil; el jurado interviene tan sólo a discreción de . la corte y el derecho al mismo no es absoluto; y que por • ese motivo- la cuestión de daños y perjuicios no puede ser • resuelta en un procedimiento de mandamus. Dice que en Puerto Rico no existe tal impedimento a una alegación de daños y perjuicios en un recurso de mandamus. Aquí tanto . las causas civiles como los recursos de mandamus son juz- . gados por el tribunal de derecho. No existe cuestión alguna . sobre el jurado. Un procedimiento de mandamus es para todos los fines una acción civil. Que pueden probarse en el mismo los daños y perjuicios como en cualquiera otra clase de • acción. Sostiene además que' no debe obligársele a esta-blecer una causa de acción separada en cobro de los daños y perjuicios.

Igualmente insiste en. que la penalidad estatutaria im- ■ puesta al márshal — de pagar $200 a la parte perjudicada .cuando no diligencia un mandamiento sin demora — debió . habérsele impuesto en el procedimiento de mandamus y que a la peticionaria no debe obligársele a instar un procedi- . miento separado para recobrar dicha cantidad.

En lo que al segundo señalamiento se refiere, la apelante . sostiene que al márshal debió habérsele condenado a pagar las costas. El razonamiento.de la. corte inferior fue que las actuaciones del márshal fueron sostenidas por dos jueces . de la.corte municipal; que él cometió un error, pero actuaba bajo la impresión de que hacía lo correcto. La impresión del , márshal encontró apoyo en el hecho de que sus superiores . aprobaron sus actuaciones., A juicio de la corte inferior nada había que demostrara que el márshal actuó de mala fe. Fué del criterio de que una conclusión al efecto de que .el márshal actuó,de mala fe sería seguida por la conclusión ,.de que la corte municipal también aptuó de mala fe.. EÍ juez de distrito creyó que sería injusto castigar al..márshal por realizar algo que el juez municipal creyó era correcto, no siendo este último funcionario responsable.

La apelante insiste en que no ba reclamado daños y per-juicios contra el juez, sino solamente contra el mársbal. Dice que el mársbal tuvo discreción para actuar, que no tenía que acudir al juez para aconsejarse' y que sus actuaciones de-muestran que se negaba obstinadamente a' cumplir con su deber.

En lo que al tercer señalamiento se refiere, la apelante sostiene que la corte debió baber ejercitado su discreción e impuesto el pago de honorarios de abogado como parte de las costas. Como prueba de la temeridad de los querellados indica que no solamente se negaron insistentemente a cum-plir con los deberes impuéstosles por la ley, sino que con-testaron a la petición radicada ante la corte de distrito.

Los apelados sostienen que no se cometió el primer error, toda vez que el artículo 659 del Código de Enjuiciamiento Civil incluye tan sólo los daños que son incidentales al pro-cedimiento mismo. Citan los mismos casos en que la corte inferior basó su opinión: State v. McCarthy, 282 P. 1045; State v. O’Leary, 272 P. 677. Por idéntico motivo sostienen que la penalidad estatutaria fijada al mársbal pon-dejar de diligenciar el mandamiento no puede ser impuesta; pero que aun si pudiera serlo, los hechos del caso no justifican tal imposición.

Discuten conjuntamente los señalamientos segundo y ter-cero y sostienen que puesto que el mársbal no fué negligente ni actuó de mala fe, no existe razón alguna para que se le condene al pago de daños y perjuicios. No discuten la dis-' creeión de la corte para incluir honorarios de abogado en las costas del recurso.

La Ley de Mandamus, sección 11 (artículo 659 del Código dé Enjuiciamiento Civil, edición 1933) provee:

"Si se dictare un veredicto a favor del demandante, éste reco-brará la indemnización a que. tenga derecho por los daños y per-juicios sufridos, cuya indemnización y costas se fijarán por el tribunal como si se tratase de una acción civil, y se dictará también, sin dilación alguna, .un auto de mandamus perentorio.”

. , N el artículo 660 dice:

“La recuperación de daños y perjuicios en virtud de esta ley contra las' personas que hubieren contestado un mandamus, impedirá el ejercicio de cualquiera otra acción contra la misma persona a causa de su contestación.”

Interpretando estos artículos, dijimos:

“Estos principios son fundamentales y no pretendemos dedu-cirlos de las citas de casos, pero hemos encontrado uno muy inte-resante en íntima relación con los hechos de este juicio, o sea, el de People ex rel. Goring v. President, 13 Misc. 732. La opinión fué emitida por el Juez Sr. Gaynor. Antes de la promulgación de leyes especiales semejantes a la sección 11 el promovente solamente podía obtener una indemnización por daños y perjuicios mediante acción separada. Después de la orden de mandamus perentorio en ese caso se hizo una solicitud para la tasación de daños en cierto modo de acuerdo con la forma en que la hizo el peticionario en esta •acción y la corte resolvió que no podía haber daños y perjuicios puesto que tenían que ser fijados antes de dictarse la orden defi-nitiva. Entendemos que ésta es 1a. clara inteligencia de la sección 11, supra, en la cual se funda el apelante. La fijación de los daños y perjuicios es contemporánea o anterior a la expedición del auto perentorio.
“A juzgar por la actitud del apelante en el acto de la vista él argüiría que siendo los daños por el sueldo devengado éstos eran una suma fija y precisa. Además, también el apelante -.alegó que la acción fué solamente para recobrar los daños y perjuicios, precisa-mente como dispone el estatuto. El alcalde, siguiendo la misma teoría del apelante para recobrar los daños, podría haber presentado razones para destruir la contención referente a todos^o parte de los daños y perjuicios, y estuviera o> no justificado para defenderse contra la indemnización, como lo hizo contra el mandamiento dé ejecución que se trató1 de librar' en este caso. Si la naturaleza de la reclamación era por daños y perjuicios, el alcalde como en los casos de patrono y empleado, pudo quizás haber demostrado que un empleado én parti'culár no es perjudicado én la medida de todo su sueldo si tiene otro 'empleó o remuneración.
“El caso de People ex rel. Goring v. President, supra, presenta otra dificultad que más bien mencionamos sin resolver terminante-mente y ésta es que los daños que tuvo presente la ley de mandamus son únicamente aquéllos que surgen después de la expedición y noti-ficación de un auto alternativo de mandamus. La opinión muestra que en la ley común no podían existir daños en un procedimiento de mandamus. Al ser contestado un auto alternativo, la contesta-ción impedía al peticionario hacer cualquier otra reclamación, y si la contestación era fa-lsa el promovente estaba obligado a establecer una acción por una contestación falsa en la que de obtener éxito no solamente recobraba daños por dicha falsa contestación sino también un madamus perentorio. Fueron aprobados estatutos para dar de-recho al peticionario a recobrar en el mismo procedimiento de mandamus, pero como dice el Juez Sr. G-aynor, solamente por la falsa contestación. Los estatutos aprobados parecían ser iguales o seme-jantes a nuestro estatuto. Cualesquiera que fueran los daños o su naturaleza sólo podían originarse desde la fecha de la falsa contes-tación.
“En otras palabras, ocurre todavía alguna duda respecto a si el apelante podría obtener en una petición de mandamus todos los daños que reclamó.
“Todas estas consideraciones van a demostrar que la cuestión de daños vel non debió haber sido resuelta en un juicio amplio. La orden apelada fué dictada debidamente aun cuando creemos que está regulada por razones más fundamentales que las alegadas por el juez, y debe ser confirmada.” Belaval v. Todd, 24 D.P.R. 820, 825.

La corte inferior resolvió que la peticionaria no tenía derecho a obtener daños y perjuicios por la pérdida de los alquileres del aludido solar; ni a recobrar del márshal la penalidad estatutaria impuesta por la sección 6 de la Ley de 1904 que crea el cargo de márshal de distrito. La corte apoya su resolución en citas de State ex rel. Barry v. O’Leary, 83 Mont. 445, 272 P. 677; State ex rel. Golden Valley County v. District Court, 75 Mont. 122, 242 P. 421, y casos citados; y de 5, Bancroft’s Code Practice and Remedies, pág. 5235, pár. 3980.

En lo que a la reclamación de los alquileres se refiere la siguiente cita parece ser aplicable:

"Sección 3984. — Intereses.—Toda vez que el procedimiento de mandamus no tiene ninguna de las características o funciones de una acción civil en cobro de dinero, la sentencia que en él se dicte no puede propiamente incluir intereses, a menos que el pago de los mismos sea especialmente fijado por la Ley como parte de los de-beres del querellado o estén incluidos en la sentencia cuyo pago se trata de exigir mediante el auto.” 5, Bancroft’s Code Practice and Remedies, pág. 5238.

La ley que crea la penalidad estatutaria es la siguiente : Sección 6, ley de marzo 10, 1904, Sesión Ordinaria, pág. 101:

"Sección 6. — Pena por la no devolución de la ^diligencia. — Si el Márslial no devuelve sin demora una notificación o diligencia que tenga en su poder con el correspondiente endoso sobre la misma, será responsable a la parte agraviada por la suma de doscientos dollars y.por todos los daños sufridos por ella.”

La ley no fija el procedimiento a seguir para el cobro de esa penalidad. Evidentemente puede obtenerse en una acción ordinaria en cobro de dinero. En ese caso, el pleito habría que entablarlo ante la corte municipal. Quizá pu-diera cobrarse en un procedimiento incidental a la causa principal en que se expidió el mandamiento cuyo diligen-ciado se demoró. Mas en verdad nada hay que haga evi-dente la intención de la Asamblea Legislativa al efecto de que la penalidad pudiera cobrarse en un procedimiento de mandamus.

En cuanto a los daños y perjuicios impuestos a un funcionario público en un procedimiento de mandamus, Bancroft dice:

“Sección 3982. — Sentencia contra funcionario público. — Un fun-cionario público a quien la ley ordena de una manera terminante que cumpla un acto ministerial, cuyo cumplimiento él descuida o ■rehúsa, puede, por virtud de una disposición estatutaria, ser respon-sable de daños y perjuicios. Muchas cortes han resuelto que un .funcionario público está exento del pago de daños y perjuicios siempre que haya actuado de buena fé y con la intención de pro-teger los intereses públicos— aun demostrándose que ha procedido erróneamente. Pero si ha actuado caprichosa o arbitrariamente se le considerará como nn transgresor (wrongdoer) y estará sujeto a todas las responsabilidades correspondientes. Cuando el- procedi-miento de mandamus es similar a un pleito civil ordinario, puede condenarse a un funcionario público que es demandado al pago de daños y perjuicios, al igual que si se tratara de una acción civil corriente.
“Un estatuto que fija el pago de daños y perjuicios en un pro-cedimiento de mandamus no es aplicable a las cortes ni a los jueces, puesto que un juez que comete un error al decidir un caso nunca, es condenado al pago de daños y perjuicios.” 5, Bancroft’s Code Practice and Remedies, pág. 5237.

■ La decisión de la corte inferior en lo atinente a la impo-sición de honorarios de abogado como daños y perjuicios cae dentro de la regla general de que el Tribunal Supremo nunca revocará una sentencia fundada en que la de distrito se basó en una apreciación errónea de hechos, a menos que aparezca claramente de los autos que ése es el caso.

La corte sentenciadora no concedió honorarios de abogado en concepto de daños y perjuicios, por haber llegado a la conclusión de que el. márshal actuó de buena fe. Nada aparece de los autos que demuestre lo contrario. No se ha elevado transcripción de evidencia ni exposición del caso.

La negativa de la corte de distrito a conceder honorarios de abogado como parte de las costas cae dentro de su sana discreción.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wole

text:
    Wenceslao Soto Javier, peticionario y apelado, v. Corte Municipal de Aguadilla, Hon. Víctor Igartúa, Juez, demandada y apelante.
    Núm. 7816.

    Sometido: Junio 9, 1939.

      Resuelto: Noviembre 30, 1939.

      Víctor Igartúa, pro se y J. Luis Cando, Fiscal del Distrito, abogado de la apelante; José Ver ay, Jr., abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

Este recurso tuvo su origen en una supuesta denuncia radicada ante la Corte Municipal de Aguadilla en enero 4, 1938, que imputaba al peticionario y apelado, Wenceslao Soto Javier, una infracción a la Ley de la Bolita. Este presentó excepción perentoria contra la denuncia con fecba 21 de marzo del referido año. ' El día indicado, por causas que es innecesario discutir, la corte declaró con lugar la excepción y absolvió perentoriamente al acusado, ordenando al policía denunciante que presentara una nueva denuncia ante la misma corte dentro del término de 15 días, conforme provee el artículo 157 del Código- de Enjuiciamiento Criminal.

El 8 de abril, 1938, el acusado ya exonerado radicó una moción ante la referida corte solicitando se le absolviera definitivamente, de conformidad con el artículo 148 del Có-digo de Enjuiciamiento Criminal, basado en que no se babía radicado la denuncia y en que el tiempo para así hacerlo babía expirado el 5 de abril de dicho año, sin haberse pro-rrogado el mismo. El día mencionado el acusado solicitó se fijara un día para la vista de la moción. Ésta fué seña-lada y discutida el 18 de abril. La corte declaró sin lugar la moción y se negó a exonerar al acusado definitivamente. La resolución de la corte se fundaba en el hecho de que la nueva denuncia había sido ya jurada y radicada ante el Juez de Paz de Aguada, dentro del término prescrito de quince días. La nueva denuncia fué jurada el día 30 de marzo de 1938 y radicada el mismo día ante el Juez de Paz de Aguada, y luego archivada ante la Corte Municipal de Aguadilla en abril 22, 1938. El apelado acudió en mayo 24 ante la Corte de Distrito de Aguadilla en solicitud de un auto de mandamus para que se ordenara a la corte municipal que absol-viera definitivamente al acusado y dejara sin efecto la denuncia.

La corte libró el auto y en julio 13, 1938, ordenó que se dejara sin efecto la denuncia y se absolviera al acusado.

El juez querellado apeló. Señala tres errores, a saber:

"1. — La Corte de Distrito de Aguadilla erró al resolver que la nueva denuncia presentada no le daba jurisdicción a la Corte Municipal de Aguadilla para entender de la misma si no era radicada en la Secretaría de la Corte Municipal de Aguadilla sita en la ciudad del mismo nombre.
“2.- — -La Corte de Distrito de Aguadilla erró al resolver que la nueva denuncia jurada y registrada ante el Juez de Paz de Aguada en 30 de marzo de 1938 y en poder ya del Juez Municipal de Agua-dilla cuando se presentó la moción de sobreseimiento definitivo en abril 8, 1938, había dejado de ser presentada dentro del término de quince días concedido por no haberse radicado en el Libro de Causas Criminales a cargo del Secretario de la Corte Municipal de Aguadilla hasta el 22 de abril de’ 1938.
í£3. — La Corte de Distrito de Aguadilla erró al no resolver que al considerar dentro de su discreción el Juez Municipal de Aguadilla como presentada ante su corte la denuncia radicada en el Registro de Denuncias a cargo del Juez de Paz de Aguada dentro del término de quince días concedido, tal conducta equivalía a una orden implí-cita de la corte prorrogando el término concedido para su radicación en el Libro de Causas Criminales a cargo del Secretario de la Corte Municipal de Aguadilla, si es que esta última operación había de afectar a la jurisdicción de la corte para la vista del caso.”

Los tres errores se discuten conjuntamente. El argumento del apelante es el siguiente:

La Corte Municipal de Aguadilla tiene sus oficinas prin-cipales en la ciudad del mismo nombre; también celebra sesiones en Isabela, Moca y Aguada, para oír los casos que ocurren dentro de dichas municipalidades. Las sesiones se celebran en la Sala de la Corte de Paz. La práctica en dichos pueblos es,jurar las denuncias ante ,el juez de,paz y , radicarías ,en, un registro que este, funcionario lleva con tal fin. Algún tiempo después el juez de paz las- envía al secretario de la corte municipal quien las radica en el Regisr tro de Causas Criminales que se lleva en la ciudad donde la corte tiene su asiento, tínicamente las denuncias de los • casos que se originan en la ciudad que sirve de asiento al distrito municipal son radicadas directamente ante el secre-tario de la corte municipal. Sostiene que la corte adquirió jurisdicción tan pronto como quedó registrada la denuncia y que el hecho de no haberse radicado la misma por el Secre-tário de la corte municipal dentro del término de quince días no privó a la referida corte de jurisdicción. También insiste en que la corte municipal había tomado conocimiento judicial de la presentación y archivo de la nueva denuncia dentro de los quince días ante el juez de paz.

Arguye igualmente que aun si la nueva denuncia hubiera tenido que radicarse en Aguadilla dentro del término de quince días contado a partir de la fecha de la orden, la conducta de la corte al admitir la denuncia equivalió a haberse prorrogado implícitamente el término concedido para tal fin. Cita el caso de Medina v. Géigel, 44 D.P.R. 548, al efecto de que no era necesario conceder expresa-mente una prórroga.

La denuncia, a nuestro juicio, debió haberse jurado ante la Corte Municipal de Aguadilla, pero es innecesario que demos énfasis a este punto.

■ Mas, por disposición expresa de la ley, tenía que radi-carse ante la Corte Municipal de Aguadilla antes de haber transcurrido el período de quince días.

La corte de paz es una entidad distinta. No es una rama o división de la corte municipal. La radicación ante el juez de paz no cumple con la ley. ''

El tomarse nota, de la denuncia ante el Juez de Paz de Aguada no equivalió a una radicación, dentro del significado de la ley. Fué radicada en una corte sin jurisdicción. Una denuncia ho puede ser radicada en dos cortes distintas, especialmente cuando una de ellas no tiene jurisdicción, para conocer del caso.

No podemos ver cómo el conocimiento judicial, que es una cuestión de evidencia, pueda desempeñar' papel-alguno en este caso.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Luis Alberto Montero, Etc., demandante y apelante, v. Sucesión Conocida de Pedro Santoni Rodríguez, Etc., demandada y apelada.
    Núm. 7979.

    Sometido: Noviembre 6, 1939.

      Resuelto: Noviembre 30, 1939.

      Luis Mercader, abogado del apelante; A. E. Suliveres Colón, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Se instó este pleito de filiación contra la sucesión de Pedro Santoni Rodríguez, compuesta de Belén María, Juan de los Santos, Mariano, Félix Aristides, Margarita Elisa y Rafael Raimundo Santoni Artáu, y de Rafael Angel, Félix Guillermo, César Luis, Raquel y Herminio Méndez Santoni, sobrinos todos del causante anteriormente mencionado.

Solicitó el demandante ser declarado- hij'o. natural reco-nocido de Pedro Santoni Rodríguez, con todos los derechos inherentes a dicho estado; que se anule y deje sin efecto la resolución de 3 de octubre de 1936 dictada por la Corte de Distrito de Arecibo en el caso número 15657, por la que los demandados fueron declarados únicos y universales here-deros de su mencionado tío, y por último, que se les condene al pago de las costas y honorarios de abogado.

Todos los demandados fueron emplazados personalmente, con excepción de Rafael Raimundo Santoni Artáu y Rafael Ángel Méndez Santoni, que por residir fuera de Puerto Rico fueron citados por edictos. (T. de A., 26-27.)

Los cinco demandados primeramente mencionados, o sea Belén María, Juan de los Santos, Mariano, Félix Arístidesy Margarita Elisa Santoni Artáu, comparecieron por sus abogados señores Suliveres, y contestaron la demanda, opo-niéndose a las pretensiones del demandante. Los demás demandados no comparecieron, por lo que se anotó oportu-namente su rebeldía.

Fué el caso a juicio, culminando con una sentencia el 31 de mayo de 1938 que desestimó la demanda.

Apeló el demandante para ante este tribunal en igual fecha, notificando del recurso a los cinco demandados que comparecieron representados por los abogados Suliveres. (T. de A., pág. 45.)

No resultando de los autos que los demandados en' re-beldía hubiesen sido notificados del recurso, el 26 de junio último los apelados que fueron representados por los abo-gados Suliveres presentaron una moción interesando que se desestime aquél por haber dejado de notificarlo a todas- las partes interesadas en la sentencia. Se señaló la vista de la moción para el 6 del actual. Asume el apelante la nece-sidad de notificar a todos los demandados, y ai efecto radicó el 2 de noviembre de 1939 un escrito oponiéndose a la moción de desestimación, en el que el abogado del apelante, Sr. Mercader, jara que todos los demandados fueron empla-zados personalmente, excepto Rafael Raimundo Santoni Artáu, que lo fue por edictos por hallarse entonces en los Estados Unidos, y que habiéndose enterado por las gestiones que practicó en Utuado Juan Olmo G-onzález, que dicho demandado ausente Rafael Raimundo Santoni se hallaba eu Puerto Rico, envió por correo a Utuado y á San Sebastián, el 4 de junio de 1938, una copia en carbón del escrito de apelación dirigido a cada uno de dichos demandados en rebeldía. Acompañó además el apelante una declaración jurada de Juan Olmo González, en que después de corro-borar la declaración del Lie. Mercader en lo que respecta a la notificación del escrito de apelación, asegura además que él emplazó personalmente en San Sebastián a todos los de-mandados de apellidos Méndez y Santoni y al padre de éstos, Herminio Méndez Pérez.

El apelante radicó juntamente con el escrito oponiéndose a la desestimación una moción en la que somete por sus méritos la de los demandados apelados.

El 6 del actual comparecieron los apelados por su abo-gado Sr. Suliveres, quien sometió un alegato y declaraciones juradas de los demandados Rafael Raimundo Santoni Artáu, Raquel Méndez Santoni, Herminio Méndez Pérez y César Luis Méndez Santoni.

Asegura el primero, Rafael Raimundo Santoni Artáu, que había regresado a Puerto Rico para la fecha en que se celebró el juicio y asistió al mismo, habiendo hablado con el abogado Rafael Marchán y con el Lie. Luis Mercader, quien no ignoraba, por consiguiente, que él había regresado de Estados Unidos. Que ni el 4 de junio de 1938 ni en ninguna otra fecha posterior ha recibido por correo ni por ningún otro conducto, del abogado Luis Mercader ni de ninguna otra persona, notificación o copia del escrito de ape-lación y que no ha sido notificado en forma alguna de dicho recurso. Niega también haber sido notificado con copia del legajo de sentencia.

■ ''-Raquel Méndez' Santoni.afirma bajo juramento que desde tintes de iniciarse este pleito, antes del año 1937, sus her-manos germanos Rafael AngeL y Félix. Guillermo Méndez Santoni^ también odemándadoA. én' .dicho., pleito,, residen en Ntófra York,. donde' trabajan y;han constituido su familia y domicilio desde aquella f echa-,.- por/.eúyó motivo fueron em-plazados de la repetida, demandaipor medio de edictos. Que durante los años 1937, 1938 y 1939 ha sido y es la encargada de recoger- en el correo de esta población (San Sebastián) la correspondencia que se recibe para su padre Herminio Méndez y sus referidos hermanos Méndez Santoni, para entregársela en la casa de la finca donde residen, y de ma-nera categórica y terminante afirma: que ni el día 4 de junio de 1938, ni en ninguna fecha anterior o posterior, por correo ni por ningún otro conducto, la declarante ha reci-bido pliego alguno dirigido a ella o a su padre Herminio Méndez, o a sus hermanos Rafael Angel y Félix Guillermo, que residen en Nueva York, o César Luis y Herminio Mén-dez Santoni, que vivían en su compañía, pliego alguno del abogado Luis Mercader, ni de ninguna otra persona, que contuviese notificación o copia del escrito de apelación pre-sentado en dicho pleito por el abogado Mercader a nombre del demandante.” Niega también haber recibido para su padre o hermanos pliego alguno conteniendo notificación del legajo de sentencia ni copia del alegato.

La declaración de Herminio Méndez Pérez, padre de los demandados Méndez Santoni, asegura que desde antes de iniciarse este pleito, sus hijos Rafael Angel y Félix Guillermo Méndez Santoni residen en Nueva York, donde trabajan y tienen constituidos su familia y domicilio, por lo que fueron emplazados de dicha demanda por medio de edictos. Ase-gura además dicho Sr. Méndez que ni el 4 de junio de 1938 ni en ninguna fecha anterior o posterior, ha recibido por correo ni por ningún otro conducto, del abogado Luis Mer-cader, ni de ninguna otra persona, notificación o copia del escrito de apelación en este caso, ni ha sido tampoco • noti-ficado en forma alguna con copia del legajo de sentencia ni del alegato del apelante.

En los mismos términos está concebida la declaración de César Luis Méndez Santoni.

De los autos aparece, sin embargo, que los demandados "Rafael Raimundo Santoni Artáu y Rafael Angel Méndez Santoni fueron emplazados por edictos, de manera que afir-mativamente resulta que Rafael Méndez Santoni no fué em-plazado personalmente por Juan Olmo González como ase-gura éste en su declaración. El demandado Félix Guillermo Méndez, quien según la declaración de su padre y hermanos fué emplazado por edictos, aparece emplazado personal-mente en San Sebastián, junto con sus otros hermanos allí residentes. Fácil es, al emplazar varios demandados al mismo tiempo en el mismo sitio, que inadvertidamente se consigne en el diligenciamiento que un demandado ha sido emplazado en unión de los otros cuando en realidad no lo fué; pero a fin de que nuestra resolución no esté predicada en meras conjeturas, vamos a asumir que este demandado fué emplazado personalmente en San Sebastián. También vamos a prescindir, en beneficio del apelante, de si los de-mandados residentes en San Sebastián y el Sr. Rafael Rai-mundo Santoni Artáu fueron o no notificados con copia del escrito de apelación y del legajo de sentencia, a pesar de que la preponderancia de la evidencia parece estar a favor de dichos demandados, puesto que en el escrito de apelación no se hace mención alguna de estos demandados rebeldes, hallándose redactada la parte pertinente de dicho escrito en los siguientes términos:

"El demandante por su letrado que suscribe, notifica al secre-tario del tribunal, a este mismo, y a los abogados de los demandados Sres. Antonio Suliveres, padre e hijo, de TJtuado, Puerto Rico, que no estando conforme con la sentencia dictada en este caso boy 31 de mayo de 1938, apela de toda ella para ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico.”

Tampoco aparece constancia alguna en los autos, con excepción de las declaraciones juradas de los Sres. Mercader y Olmo últimamente relacionadas, de haberse hecho la noti-ficación por correo a los demandados en rebeldía.

,[1,2] Pero pasando por alto todo esto, surge de los autos un hecho cierto no controvertido, y es que Rafael „ Angel Méndez Santoni fué emplazado por edictos y que de acuerdo con las declaraciones juradas no contradichas de Raquel Méndez Santoni, Herminio Méndez Pérez y César Luis Méndez Santoni, este demandado reside en Nueva York desde antes de iniciarse este pleito y continuaba residiendo allí en la fecha en que se radicaron tales declaraciones. Esta prueba no ha sido contradicha, pues como hemos visto, la moción jurada del Sr. Mercader y la declaración del Sr. Olmo sólo se contraen a que remitieron por correo la noti-ficación del escrito de apelación, pero ninguno de ellos ase-gura, como lo hacen con respecto a Rafael Raimundo Santoni, que Rafael Angel Méndez Santoni estuviera en Puerto Rico en o después del 4 de junio de 1939, fecha en que se alega se le remitió por correo a San Sebastián una copia del escrito de apelación.

Residiendo el demandado Rafael Angel Méndez Santoni en la ciudad de Nueva York en la fecha en que se dice que fué notificado por correo mediante el envío dé copia del escrito de apelación a San Sebastián, P. R., tenemos que concluir que tal notificación por correo no es válida en lo que a este' demandado respecta, ya que no había compare-cido en autos, y hallándose fuera de Puerto Rico no podía ser notificado personalmente. No existe duda alguna de que tal notificación por edictos no se hizo, pues no consta de los autos, y el propio apelante sostiene que lo notificó por correo.

Este demandado es parte interesada en la sentencia que en definitiva pueda dictarse, toda vez que de revocarse la apelada, no participaría en la herencia de su señor tío, de quien fué declarado heredero. No habiendo sido él notifi-cado del escrito de apelación, esta corte carece de jurisdic-ción para conocer del recurso y procede, por consiguiente, desestimarlo.


author: Kl Juez Asociado Señoh De Jesús

text:
    José Vázquez, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, Etc., demandada, y Jacinto Caquías, obrero lesionado.
    Núm. 174.

    Sometido: Noviembre 6, 1939.

      Resuelto: Noviembre 30, 1939.

      Virgilio Brunet y Miguel A. Casiano, abogados del recurrente; M. León Parra, abogado de la demandada; Frank Torres, abogado del obrero.
   Kl Juez Asociado Señoh De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El obrero Jacinto Caquías sufrió ciertas lesiones mientras trabajaba para el patrono José Vázquez. La Comisión Industrial de Puerto Rico, al considerar a José Vázquez pa-trono no asegurado, determinó la compensación en $288, que con las dietas y gastos ascendió a la suma de $724.10. Por resolución de 19 de mayo último, la Comisión ordenó que el patrono debía pagar al obrero, en adición a los $724.10, la cantidad de $200 por concepto de honorarios de abogado. Por otra resolución de 15 de junio siguiente redujo a $190 la partida de honorarios de abogado, considerando que este tribunal ya había concedido al abogado del obrero la can-tidad de $10 por los servicios prestados por él en esta corte.

No conforme el patrono con la condena de honorarios de ahogado, recurrió para ante- esté tribunal, basando su recurso en que la Comisión Industrial de Puerto Rico carece de jurisdicción para imponer al patrono, aunque sea no ase-gurado, la obligación de pagar los honorarios del abogado del obrero o sus beneficiarios.

Ninguna de las partes ha presentado alegato en apoyo de sus respectivas contenciones; pero una cuestión similar fue resuelta por nosotros el 13 de junio último en el caso de Montaner, Administrador, v. Comisión Industrial, 55 D. P.R. 91. En dicho caso el Administrador del Pondo del Estado había interpuesto recurso de revisión contra una resolución de la Comisión Industrial que concedió compen-sación a favor de los beneficiarios del obrero Miguel Parque, y al confirmarse la resolución recurrida, el abogado de éstos solicitó de este tribunal que se fijasen sus honorarios y que una vez determinados, se ordenase que fuesen pagados por el Pondo del Estado y no con cargo a la compensación con-cedida a los beneficiarios del obrero.

Resolviendo la cuestión dijimos entonces:

"A falta de una ley que lo autorice, los tribunales no tienen facultades para hacer pronunciamiento de costas. En otras palabras, el pronunciamiento de costas no es un poder inherente de los tribunales. 7 R.C.L. 781. Tampoco pueden incluirse en un memo-rándum de costas los honorarios de abogado en defecto de una ley que así lo autorice. 7 R.C.L. 792. Por consiguiente, para deter-minar si el peticionario tiene derecho a que tales honorarios los pague el Fondo del Estado, precisa recurrir a la Ley nvm. 45 de 1935, supra, única que puede darnos luz alguna sobre esta cuestión.
“Las disposiciones de dicha ley que tienen pertinencia a la cuestión en controversia, son los artículos 11 y 35, que literalmente dicen así:
“ 'Artículo 11. — Cualquier parte interesada podrá presentar copias certificadas de una orden o decisión de la Comisión Industrial, de acuerdo con esta Ley, contra la cual se haya radicado petición de revisión y haya recaído resolución de ésta, de la que podrá solici-tarse revisión ante la Corte Suprema de Puerto Rico dentro dél término de quince (15) días después de su notificación; Disponién- dose, que dicba revisión solamente podrá concederse sobre cuestiones de derecho. ;
“ ‘Ninguna de las partes incurrirá en costas de- clase alguna en la tramitación de los recursos establecidos por esta Ley.
“ ‘Artículo 35. — Los obreros o empleados no necesitarán com-parecer asistidos de abogados ante el Administrador del Fondo del Estado o ante la Comisión Industrial para la gestión, liquidación o resolución de sus casos, pero si decidieren obtener los servicios de alguno para la mejor dirección y defensa de sus casos, la Comi-sión Industrial fijará el tanto por ciento que deba pagársele al abo-gado en la gestión de una reclamación en favor del empleado u obrero o sus herederos o beneficiarios, de acuerdo con las disposi-ciones de esta Ley.
“ ‘En tales casos la Comisión Industrial fijará, con cargo a la compensación que se conceda, el tanto por ciento que deba corres-ponder al abogado como honorarios. No se permitirá bajo ninguna circunstancia la comparecencia de agentes u otras personas en ningún caso en reclamación ante la Comisión Industrial a menos que se trate de un menor o incapacitado en el cual caso la persona que repre-sente al menor o incapacitado no podrá cobrar suma alguna ni recibir remuneración alguna de ninguna índole por representar o ayudar en su reclamación de compensación al interesado.
“ ‘En los casos que sean objeto de revisión ante las cortes y en los de mandamus autorizados por esta Ley y en que se utilicen los servicios de un abogado, la Corte ante la cual se vea el caso fijará los honorarios que equitativamente debe recibir el abogado.’ (Bas-tardillas nuestras.)
“Ninguna de las dos disposiciones legales transcritas autoriza a este tribunal para imponer al Fondo del Estado el pago de los hono-rarios del abogado del obrero o de sus herederos o beneficiarios, y ya hemos visto que a falta de un estatuto que lo autorice, los tribunales carecen de facultad para condenar a la parte perdidosa al pago de honorarios de abogado. Por el contrario, el artículo 11, supra, dispone que ‘ninguna de las partes incurrirá en costas de clase alguna en la tramitación de los recursos establecidos por esta Ley.’ Un pronunciamiento de'honorarios de abogado a favor del obrero o sus beneficiarios con cargo al Fondo del Estado estaría en contravención al precepto legislativo que dispone que ninguna de las partes incurrirá en costas en' la tramitación de los recursos esta-blecidos por la ley. Por el contrario, al'autorizar el artículo 35 a la Comisión Industrial para fijar los honorarios del abogado del obrero o sus herederos o beneficiarios, y disponer que' sean' pagados con cargo a la compensación que se conceda, nos da la pauta a seguir en cuanto a los honorarios que fije este tribunal, pues no existiendo razón alguna que justifique establecer distinción en cuanto a la fuente de donde deben pagarse tales honorarios, debemos seguir el criterio establecido para la Comisión Industrial, es decir, que dichos honorarios se paguen con cargo a la compensación que se conceda al obrero o sus beneficiarios, pues donde existe la misma razón debe aplicarse la misma ley. Por consiguiente, resolvemos que los hono-rarios del abogado del obrero, sus herederos o beneficiarios deberán pagarse en todo caso con cargo a la compensación que se les haya concedido. ’ ’

Existe una diferencia entre el caso citado y el que nos ocupa, y es que en éste se trata de un procedimiento contra un patrono no asegurado, mientras que en aquél el patrono estaba asegurado y la compensación debía pagarla el Fondo del Seguro del Estado. Ya hemos visto que en defecto de un estatuto que lo autorice, los tribunales carecen de juris-dicción para hacer un pronunciamiento de honorarios de abogado contra la parte perjudicada por la sentencia, y hemos visto también que el artículo 35 de la ley en cuestión, que es un precepto de carácter general y que bajo el título “Abogados o Agentes” regula el pago de honorarios, ex-presamente dispone que los honorarios del abogado del obrero o sus beneficiarios serán pagados “con cargo a la compensación que se conceda.”

Veamos ahora si el artículo 15, regulador del procedi-miento contra patronos no asegurados, anterior en orden cronológico al 35, contiene alguna disposición especial que excluya el caso del patrono no asegurado de la regla general establecida en dicho artículo 35. El artículo 15, en lo per-tinente, dice así:

“Artículo 15. En el caso de que ocurriese un accidente a un obrero o empleado cuando trabajare para un patrono que en viola-ción de la ley no estuviere asegurado, el Administrador del Fondo del Estado determinará la compensación que proceda más los gastos en el caso y certificará su decisión al Tesorero de Puerto Rico, quien cobrará al patrono dicha compensación y gastos,... .Disponiéndose, además, que la Comisión dará, tanto al patrono como al obrero o empleado, en el caso, oportunidad de ser oídos y defenderse, ajustán-dose en lo posible a las prácticas observadas en las cortes de distrito; y disponiéndose también, que, citadas las partes por el medio que la Comisión adopte, si éstas o cualquiera de ellas no concurriesen para ser oídas y defenderse, se entenderá que éstas renuncian a su de-recho, y la Comisión podrá fallar el caso en rebeldía sin más demora.
“Si cualquier patrono que emplee cuatro (4) o más obreros o empleados dejare de asegurar el pago de compensaciones por acci-dentes del trabajo de acuerdo con esta Ley, cualquier obrero per-judicado o sus beneficiarios pueden proceder contra tal patrono radi-cando una petición para compensación ante la Comisión Industrial, y además, pueden ejercitar una acción contra el patrono por daños y perjuicios, lo mismo que si esta Ley no fuera aplicable, y tendrán derecho en tal acción, sin prestar fianza, a embargar la propiedad del patrono por el montante que determinare la corte para asegurar el pago de la decisión que recayere, siempre que la corte estime que hay una justa causa de acción después del examen de la demanda, la cual deberá ser jurada. Tal embargo incluirá honorarios de abogado, que serán fijados por la corte, y el embargo se mantendrá hasta que el caso haya sido fallado y satisfecho el importe de la sentencia. Si como resultado de tal acción por daños y perjuicios recayere un fallo contra el patrono, en exceso de la compensación fijada por esta Ley, la compensación fijada, si fuere pagada o si fuere garantizada con garantía aprobada por la corte, se deducirá del fallo. ’ ’

El precepto transcrito sólo autoriza al Administrador y a la Comisión, en el procedimiento ante ellos, a determinar “la compensación que proceda, más los gastos en el caso” (shall determine the proper compensation plus the expenses of the case), y en cambio, al recurrir a la corte el obrero, de acuerdo con dicho artículo 15, se ordena al tribunal que fije e incluya honorarios de abogado (attorney’s fees). Si hubiera sido la intención del legislador que el patrono no asegurado pagase los honorarios del abogado del obrero en el procedimiento cuasi judicial ante la Comisión, fácil le hubiera sido expresarlo así, como lo hizo cuando lo ordenó en el procedimiento judicial.

No puede argüirse que la frase “gastos” (expenses) incluye “honorarios de abogado”, pues tanto en la Ley Común que impera en los Estados Unidos como en nuestro Derecho, las palabras “costas” {costs), “gastos o desem-bolsos” (expenses or disbursements), y “honorarios de abo-gado” {attorney’s fees), expresan tres conceptos distintos.

En el caso de Rivera v. Gerardino, 53 D.P.R. 107, 112, se cita con aprobación de Veve v. Municipio de Fajardo, 18 D.P.R. 764, 770:

“Los artículos 327 y 339 que dejamos transcritos hacen refe-rencia a costas, desembolsos y honorarios de abogados y por tanto, nosotros debemos aceptar esta misma distinción, sin que podamos comprender en el concepto de costas, desembolsos y honorarios.
te
“Bajo el concepto de costas vienen comprendidos los derechos y las indemnizaciones que consistan en cantidades fijas e inalterables, determinadas anticipadamente por las leyes, reglamentos o aranceles, entendiéndose por desembolsos los demás gastos del juicio, o sean las indemnizaciones y derechos, que no estén comprendidos en el concepto expresado. Bajo la denominación de honorarios de abo-gado viene comprendida la remuneración de sus servicios profesio-nales. ’5

En los casos de Swartzel v. Rogers, 3 Kan. 380, 382, y Ball v. Vason, 50 Ga. 254, se sostiene que la frase “costs and expenses” no incluye honorarios de abogado.

En el mismo caso de Rivera v. Gerardino, supra, se cita de Corpus Juris:

“Las costas son cierta concesión autorizada por el. estatuto para reembolsar a la parte victoriosa los gastos incurridos en la prosecu-ción o defensa de un recurso o procedimiento especial.
“Las palabras ‘honorarios’ y ‘costas’ son usadas con frecuencia indistintamente como si tuvieran el mismo significado. 'No obstante costas y honorarios son esencialmente distintos. Las primeras son una concesión hecha a una de las partes por los gastos incurridos en la prosecución o defensa de un litigio — un incidente de la sen-tencia; mientras que los últimos son una compensación a los funcio-narios públicos por -los servicios prestados a individuos,, en el des-arrollo.de la causa.” (15 Corpus Juris, págs. 19 y, 20.)

A nuestro juicio, la Comisión Industrial, de acuerdo con los artículos 11, 15 y 35 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, carece de jurisdicción para condenar al patrono no asegurado a pagar los honorarios del abogado del obrero lesionado o sus beneficiarios.

Por consiguiente, procede revocar las resoluciones de la Comisión Industrial de 19 de mayo y 15 de junio últimos, en tanto en cuanto condenan al recurrente a pagar los hono-rarios fijados al abogado del obrero lesionado, devolviéndose el caso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opmión.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.