text:
    Dionisia Elisa Arabia de Goyco y Ramón G. Goyco, demandantes y apelados, v. Pedro Juan Armstrong, demandado y apelante.
    No. 3994.

    Visto: Diciembre 2, 1926.

      Resuelto: Julio 19, 1927.
    1. Servidumbres — Extensión del Derecho, Uso y Obstrucción — Del Derecho en General — Servidumbre de Luces y Vistas — Bn General. — Una terraza es un voladizo semejante a un balcón a los efectos del artículo 589 del Có-digo Civil, sin que sea obstáculo para calificarla como tal el hecho de que se haya construido otra pared o columna para' sostenerla.
    2. Servidumbres — Extensión del Derecho, Uso y Obstrucción — Acciones Con-pesorias y Negatorias de Servidumbre — Jurisdicción.—La jurisdicción de la corte de distrito para conocer del litigio surge clara de los autos cuando se trata no solo de una acción negatoria de servidumbre de luces y vistas, si que además se prueba que la finca de los demandados íué adquirida por quince mil dólares.
    3. Servidumbres — Extensión del Derecho, Uso y Obstrucción — Preceptos Es-tatutorios. — El artículo 589 del Código Civil no es anticonstitucional.
    SENTENCIA ele B. 11. Todd Jr., J. (Ponce), declarando con lugar la demanda, sin costas.

      Modificada y confirmada.

      Alberto 8. Poventud y José 8. Poventud, abogados del apelante; 11. Arjona Siaca, abogado de los apelados.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un pleito en el que se ejercita la acción negatoria de luces y vistas y se pide la clausura de ciertos huecos o ventanas dejados en pared propia contigua a suelo y cielo ajenos. Está envuelta la interpretación del artículo 589 del Código Civil Bevisado. También su constitucionalidad.

Dionisia Elisa Arabia, dueña de cierta finca situada en la zona urbana del municipio de Ponce, y su esposo Bamón G. Goyco, demandaron a Pedro Juan Armstrong, dueño de-otra finca colindante, sitnada en la misma zona, pidiendo a la corte qne condenara al demandado a cerrar ciertos huecos o ventanas, o a elevarlos a la altura de las carreras en la forma qne determina la ley.

Qne ambas partes son dueñas de sus respectivas fincas quedó demostrado en el juicio, y que el demandado adi-cionó a su casa cierta construcción qne llega a la colindan-cia de su solar con el de los demandantes, es un hecho ad-mitido.

La prueba no es larga ni complicada y existe una ins-pección ocular y una fotografía que permiten formar una idea bastante exacta de la construcción de que se trata. Dice el acta de inspección:

“El Juez, asistido de las partes y de sus respectivos abogados, así como del secretario y taquígrafo, se constituyó primeramente en el patio de la casa del demandado Pedro Juan Armstrong, situada en la calle Mayor: a la entrada del patio de la casa del demandado, inmediatamente después que se pasa el portón de la misma, aparece que de la pared de la casa del señor Armstrong a la pared de la co-lindaneia con la casa de la demandante, bay tres metros 90 centí-metros : que pegado a esta última pared o sea la de la colindancia, existe otra pared de un espesor de 38 centímetros que comienza en el piso del patio, en el suelo, y continúa hacia arriba con una al-tura de tres metros 20 centímetros de pared sólida, teniendo una extensión desde la entrada de la casa hacia dentro en el patio, de cinco metros cinco centímetros: desde la parte superior de esta úl-tima pared, aparece en el centro de la misma una columna que tiene una altura de un metro 32 centímetros y hacia ambos lados existe un arco de una longitud de un metro 84 centímetros: sobre esta columna del centro y las del otro extremo hacia arriba es que está construida la terraza. La. Corte hace constar que situado el juez a dos metros de distancia de la pared divisoria de ambas pro-piedades, del demandante y del demandado, hacia adentro del patio del demandado, mirando hacia la propiedad del demandante, horizontalmente a la pared que ya se ha descrito, mirando hacia arriba y a través de los arcos que ya se han descrito también, que existen en la base de la terraza, se ve el cielo y el extremo superior de la casa de la demandante, en la cual existe cerca del techo una pequeña ventana, esto es, mirando por el segundo de dichos arcos o sea el que está a la parte más adentro de la propiedad y situado en la misma posición con relación al primer arco que es el que está más próximo a la entrada de la propiedad del demandado, también mirando horizontalmente, lo único que se ve es la pared ya descrita y mirando hacia arriba y através de dicho primer arco, se ve el cielo y el extremo superior de la casa de la demandante, con la ven-tana ya mencionada.
"La Corte hace constar que para poder ver a través de ambos arcos que ya' se han descrito, es necesario levantar la cabeza y echarla hacia atrás, como cuando una persona mira hacia el cielo.
"El Juez se trasladó a la terraza en la parte superior al patio que se ha descrito y medida la altura que hay desde el piso de la terraza hasta las carreras de la pared de la terraza que da hacia la propiedad del demandante, encontró que tenía una altura de dos metros 50 centímetros. Que dicha pared, en un metro de altura es de cemento y desde ahí hacia arriba es de madera. Que en esa parte de madera hay seis huecos con un enrejado cada uno de ma-dera también, cuyos huecos tienen una altura de 42 centímetros y un ancho de 32 centímetros; que los huecos del enrejado a su vez son de 13 centímetros por 13 centímetros, que los huecos son iguales.
"La- Corte hace constar que estos tres huecos existen en la pared de la terraza divisoria entre la propiedad de la demandante y el demandado.
"La Corte hace constar que el Juez, situado a dos metros de distancia de la pared divisoria de las propiedades de la demandante y el demandado en la terraza y mirando hacia la propiedad de la demandante a través de los seis huecos que se han descrito, se ve el cielo, la pared de la casa de la demandante y parte de la ventana al extremo superior de la casa de la demandante, que ya se ha des-crito anteriormente.
"Terminada la inspección desde la casa del demandado, la Corté se trasladó a la casa de la demandante comenzando la inspección por el patio de dicha casa. Desde el patio de la casa de la deman-dante se ve que el pilar del medio sobre el cual está construida la terraza, comienza como a una distancia de cinco pulgadas más arriba de la pared divisoria de ambas propiedades y sobre la pared que se ha descrito sobre la cual está construida dicha casa. Que existe una distancia de pocos centímetros desde dicha pared divisoria a la pared sobre la cual está construida la terraza, debido a que la pared divisoria está algo inclinada hacia dentro por la parte superior del patio de la propiedad de la demandante. Que el pilar este central divide los dos arcos o huecos que ya se han descrito con sus dimen-1 siones anteriormente en esta acta. La Corte hace constar que exis-ten dos huecos entre el pilar central y los dos pilares laterales que constituyen la base de la terraza y no tiene inconveniente en hacer constar que dichos dos huecos inferiores o sean los que están a la parte baja de la terraza, no tienen enrejado alguno ni varillaje de hierro, ni de madera, ni de ninguna clase, que son dos huecos co-munes: que los seis huecos pequeños que existen en la terraza tie-nen el enrejado de madera que se ha descrito.”

Declarando en el juicio el demandante G-oico, en parte dijo:

“Estos son dos pilares, parte de ellos están adheridos a la pared que hace la línea divisoria de las dos propiedades: encima de esos dos pilares viene entonces la terraza a que nos estamos refi-riendo, dando una abertura los tales pilares a manera de ventanales y entonces ya terminando la terraza arriba, me refiero al cuerpo de la terraza en sí, está casi totalmente abierta con uno y otro enre-jado de madera.
“Ese enrejado existía desde luego, cuando se tomaron las foto-grafías, hoy no existe.
“Existe la misma terraza, con excepción hecha de un seto de madera que se le puso últimamente, después de entablada la de-manda. ’ ’
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“Vamos a ver si me puedo explicar más claro: al salir a la te-rraza, el señor Armstrong irremisiblemente se enfrenta incontinenti, de siibito con la propiedad mía o sea la habitación mía de frente, indudablemente que tiene que percibir todo por el enrejillado de madera y los ventanales a que yo me refiero.”

Y declarando de igual modo el demandado en el acto del juicio, en parte, dijo:

“Esa terraza está construida sobre una muralla de concreto que yo hice, independiente de la muralla de la colindancia y sobre tres, pilares de concreto.
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“En la parte de abajo, pues con un pequeño pilar entre medio de las dos columnas principales y la parte de arriba una terraza con un enrejado de madera cubierto casi en su mayor parte.
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Preguntado: — 1 ¿ Si usted quisiera mirar hacia el vecino, o sea hacia la propiedad de la parte demandante, necesitaría ayudarse de algo?” Contestó: — “Tendría que subirme en una escalera o algo alto, porque no se ve, solamente se ve la claraboya del cieloraso, una pequeña ventana que hay allí para el cieloraso.”
Preguntado: “jll fin y al cabo hizo alguna■ cosa allí?’’ Con-testó: “Recientemente, por armonizar, pero no porque me crea obli-gado a hacerlo, tapié a cierta altura a la cual yo no podía ver de ninguna manera y he hecho eso como cortesía, pero no como obliga-ción, porque me sienta obligado a hacerlo.”

Con esos hechos como base y fundándose en el artículo 589 del Código Civil revisado y en la jurisprudencia y co-mentaristas que cita en su opinión, el juez de distrito dictó la sentencia apelada ordenando al demandado que “cierre los dos huecos o ventanas abiertos en la pared inferior de la construcción”, y que reforme “los seis huecos o venta-nas existentes en la segunda planta o terraza de dicha cons-trucción . . . para ajustarlos a lo previsto en el artículo 588 del Código Civil.”

Los errores que señala el apelante en su alegato son tres. El primero se refiere a la indebida aplicación del artículo 589 del Código Civil a los'hechos del caso, el se-gundo a la falta de jurisdicción de la corte por no haberse probado la cuantía de la cosa litigiosa y el tercero a que la ley aplicada para regular los derechos de las partes es an-ticonstitucional.

Aunque hubiera- sido más lógico tratar primero los erro-res segundo y tercero, especialmente el segundo, seguire-mos el orden del alegato porque en verdad es en el primero en el que se levantan las verdaderas cuestiones envueltas en este interesante litigio.

El art. 589 del Código Civil revisado, copiado a la letra en lo pertinente, dice:

“No se puede- abrir ventanas con vistas rectas, ni balcones u otros voladizos semejantes, sobre la finca del vecino, si no bay dos metros de distancia entre la pared en que se construyan y dicha propiedad. ’ ’

Este artículo es exactamente igual al 582 del Código Civil antiguo. Los comentaristas dicen que no tiene pre-cedentes en el derecho romano, ni en el histórico español. Aparece por vez primera en el proyecto de Código de 1851, luego en el proyecto de Código de 1882 y por último en el Código Civil de 1889. Concuerda con preceptos análogos de los Códigos francés, italiano, belga, holandés, chileno y gua-temalteco. Véanse: 4, Manresa, Comentarios al Código Civil, 765; 10, Scaevola, Código Civil 485, y' 1 Pedregal, Texto y Comentarios al Código Civil español, 747. Ha sido, interpretado y aplicado varias veces por el Tribunal Supremo de España y por esta Corte Suprema de Puerto Pico. Parece conveniente referirnos aquí a los casos de Rabell v. Rodríguez et al., 24 D.P.R. 561, 570; García v. García, 25 D.P.R. 128; Vallecillo v. Vidal, 33 D.P.R. 337; Rodrígues v. Colón, 34 D.P.R. 78, y Vicentí v. Domíngues, 35 D.P.R. 108.

De acuerdo con la ley, está prohibido, pues, de modo terminante en Puerto Rico la apertura, 1, de ventanas con vistas rectas, 2, de balcones y 3, de otros voladizos seme-jantes sobre la finca del vecino, si no hay dos metros de distancia entre la pared en que se construyan y dicha pro-piedad.

Con respecto a las distancias no hay cuestión en este pleito. Ambas propiedades, la de los demandantes y la del demandado, están divididas por una vieja cerca de mani-postería que se distingue claramente en la fotografía pre-sentada como prueba. Independientemente de ella, pero hasta el lado de ella misma, levantó su construcción el de-mandado. Antes de levantarla, la pared de su casa de la que sale o a la que está unida la construcción estaba a más de tres metros de distancia de la línea divisoria de su solar con el de los demandantes.

Lo peculiar de este caso, lo que lo distingue de los de-más resueltos basta ahora surge cuando se trata de fijar la clase de construcción levantada por el demandado, a los efectos de juzgar y decidir si cae o no dentro de la prohi-bición de la ley.

El criterio de esta corte tal como quedó fijado en los casos de Rabell, Yallecillo y Colón, supra, es que tratán-dose como se trata de un precepto restrictivo del derecho de propiedad, su interpretación debe ser estricta. A la luz de ese criterio examinaremos los hechos del caso. Se ha dado diferentes nombres a la construcción de que se trata, pero parece que las partes y el juez coinciden final-mente, sin previo acuerdo, en uno: Terraza.

El diccionario de la Academia dice que terraza es “una jarra vidriada de dos asas” y hace referencia a terrado que, según la misma autoridad significa “sitio de una casa, descubierto y elevado, desde el cual se puede explayar la vista. ’ ’

No hay duda alguna a juzgar por la fotografía presen-tada como prueba,, por la inspección ocular y por las de-claraciones de las partes que el demandado trató de cons-truir y construyó primeramente una amplia y bella terraza en el costado de su casa que da a la finca de los demandan-tes. Tiene dos plantas. La verdadera terraza la constituye la segunda- planta. La primera era necesaria para obte-ner la elevación que se pretendía y se construyó de tal modo que favorece la seguridad de la entrada interior de la casa que en vez de dar a un sitio abierto da a un sitio protegido contra el sol y la lluvia.

La ley sólo habla de ventanas, balcones y otros voladi-zos semejantes. Una terraza no es una ventana corriente. ¿Puede considerarse como un balcón o como un voladizo semejante a un balcón?

Balcón, dice la Academia en su Diccionario, es nna “ventana grande, abierta desde el suelo de la habitación, con barandilla, por lo común, saliente,” y voladizo es aque-llo qne “vuela o sale de lo maciso en las paredes o edifi-cios. ’ ’

Habiendo en consideración las anteriores definiciones y la realidad de los becbos, no obstante la interpretación res-trictiva que debe darse a la ley, es necesario concluir que-una terraza es a manera de un amplio balcón dedicado a dar expansión a los hogares, donde usualmente se reúnen las familias y sus visitas dé confianza, donde se celebran fiestas y desde donde la vista pueda explayarse y recibirse más libremente la acción de la luz y del aire que en el interior de la casa. Generalmente se cubren de enredaderas. Es, pues, un voladizo semejante a un balcón, sin que sea obstáculo para calificarlo de tal, el hecho de que se haya construido otra pared o columna para sostenerlo. Muchas veces los mismos balcones cuando son anchos y se teme que sufra la pared de que salen, se sostienen por columnas inferiores, y no por ello dejan de ser y de llamarse bal-cones.

La misma' parte demandada comprendió que no podía conservar su terraza enteramente como tal,. esto es, abierta al lado que da al solar de los demandantes, y sobre la pared de cemento levantó otra de madera dejando los huecos que se describen en la inspección. Parece que quiso colo-carse dentro de la regla establecida en el caso de Vallecillo, supra.

¿Se colocó? No, a nuestro juicio. En el caso de Valle-cilio se construyó una pared de cemento armado indepen-diente, alta, en la línea divisoria de los solares, y esta corte dijo: hecho esto, nada importa lo que el dueño del solar haga en el interior del mismo. Aquí se elevó la pared pero en ella se dejaron ciertos huecos cuya naturaleza es necesario investigar.

La terraza como tal, esto es, considerada como balcón o voladizo semejante, temos visto que no pudo construirse como se construyó no sólo más allá del límite de los dos metros fijados por la ley, sino extendiéndose hasta llegar a la misma colindancia.

Si se estimara que a virtud de haberse elevado el muro de la colindancia, la terraza dejó de serlo en cuanto a los demandantes, entonces surge la siguiente cuestión: ¿pueden o no calificarse como ventanas los huecos que existen así en la planta baja como en la alta de la construcción?

Ventana como dice la academia es la ‘‘abertura más o menos elevada sobre el suelo que se deja en una pared para dar luz y ventilación.” También se llama ventana “a la hoja u hojas de madera con que se cierra.”

Por más que hay que reconocer que no se trata de ven-tanas comunes con sus hojas de abrir y cerrar, no es posi-ble dejar de concluir que ventanas son por donde entran la luz y el aire las que existen en las dos plantas de la cons-trucción de que se trata en este caso.

¿Tienen dichas ventanas vistas rectas? Para contestar la pregunta debidamente es necesario fijar primero lo que por vistas rectas se entiende.

Dice Manresa en sus Comentarios tantas veces citados por esta corte:

“Vistas rectas — o de frente — son aquellas que se abren en pared paralela a la línea que divide los predios, o en que el hombre tiene al usarlas la cabeza en su posición natural: en ellas mira aquél perpendieularmente sobre la línea divisoria entre la pared y el fundo del vecino. Vistas oblicuas — o de costado, laterales — , son aquellas que se practican en una pared que forma ángulo con la línea divisoria de los predios: para usarlas, el hombre tiene que colocar su cabeza hacia uno de los lados. Si lo construido fuese un balcón u otra obra saliente, al lado formará una vista recta sobre el fundo vecino. 4 Manresa Comentarios al Código, .765.”

Y Scaevola, expresa, ilustrando su opinión con dos figu-ras, lo que sigue:

“Denominan los autores de Arquitectura legal ‘vistas rectas (fi-gura 8a.) aquellas en que el rompimiento que las constituye está hecho en una pared paralela a la línea divisoria que divide los pre-dios, y ‘vistas oblicuas’ (figura 9a.) aquellas en que el muro en que están practicadas forma ángulo con dicha línea; en las primeras no es necesario volver la cabeza para mirar al fundo inmediato, y en las .segundas sí. ’ ’ 10 Scaevola, Código Civil, 494.

Basándose en ciertas observaciones hechas constar por el juez sentenciador en el acta de inspección, sostiene el apelante que no se trata de vistas rectas en este caso, por-que es necesario alzar la cabeza para mirar por los huecos. La opinión de Manresa ofrece algunas dudas en tal sen-tido cuando se examina ligeramente, mas no cuando se pe-netra en ella con mayor detención. La de Scaevola no fa-. vorece la contención del apelante, y está en contra de ella el mismo Código Civil al prescribir en su artículo 590 que “las distancias de que habla el artículo anterior (589) se contarán en las vistas rectas desde la línea exterior de la pared en los huecos en que no haya voladizos, desde la lí-nea de éstos donde los haya.”

Parece conveniente transcribir el siguiente párrafo del alegato de la parte apelada impugnando dicha contención. Es así:

“Esta teoría es insostenible. Basta que, cualquiera que fuere, o que sea, la distancia a que se coloque- una persona, mire hacia la pared donde se abren los huecos y mire de frente a esa pared, aun-que tenga que elevar su cabeza hacia arriba • o descenderla hacia abajo; si la línea visual es perpendicular sobre la línea divisoria de ambas propiedades, la vista es recta, cualquiera que sea la posi-ción de los huecos en relación con la cabeza del observador. Línea visual perpendicular no quiere decir línea que forme ángulo recto al encontrarse con la línea divisoria de las propiedades: puede for-mar ángulo agudo, o puede formar ángulo obtuso, y siempre es una línea perpendicular, al encontrarse y seccionar, idealmente, la línea divisoria de los predios. Además, cuando Manresa ha dicho que la cabeza se mantenga en su posición natural, no se ha referido al he-cho de que pueda ser inclinada hacia arriba o hacia abajo para ob-tener el miraje, sino que no tenga que realizarse lo que forzosa-mente tiene que realizarse cuando se obtienen vistas oblicuas, esto es, ladear la cabeza, virar la cabeza hacia un lado u otro para po-der obtener vistas del fundo vecino. ’ ’

Caen, pues, también los huecos como ventanas que son con vistas rectas, dentro de la prohibición del artículo 589 del Código Civil, ya que la pared en que están abiertos es paralela a la línea divisoria de las fincas y al usarlos se tiene la cabeza en su posición natural y sé mira perpendi-cularmente sobre la línea divisoria entre la pared y el fundo del vecino.

Ahora bien, no está enteramente prohibido recibir luz y aire en un caso como el del demandado. Sujeto al derecho del dueño de la finca contigua a cubrirlo edificando en su terreno o levantando una pared contigua a la que tenga “dicho hueco o ventana”, el dueño de una pared no media-nera, contigua a finca ajena, puede abrir en ella “ventana o huecos” para recibir luces a la altura de las carreras, o inmediatos a los techos, y de las dimensiones de 30 centí-metros en cuadro, y en todo caso, con reja de hierro reme-tido en la pared y con red de alambre. Artículo 588 del Código Civil revisado.

Eso es todo el derecho que tiene el demandado en este caso, considerada la construcción como él mismo la descri-bió y calificó en el hecho quinto de su contestación, a saber:

“Que el demandado construyó en su citado solar no un voladizo, sino una estructura con soportes o columnas de cemento armado, que es y forma parte del cuerpo de la casa principal, ...” Las itálicas son nuestras.

Se observa en la sentencia que se ordena totalmente el cierre de los huecos o ventanas de la planta baja. En ello es errónea. Procede para la planta baja el mismo pronun-ciamiento que el que se dictó para la planta alta, de acuerdo con la jurisprudencia sentada en el caso de García v. García, supra, así:

“Se denominan carreras los maderos u otros materiales horizon-tales que se ponen sobre las zapatas de los pies derechos, o sea lo que vulgarmente se llama vigas, destinadas a servir de enlace y sos-tén principal a los distintos cruzamientos que separan los pisos de los edificios. Y entiéndese por tecbo no sólo el último expuesto a la acción directa de los elementos, si que también la parte interior que recubre las habitaciones, existiendo en tal virtud varios techos en los edificios que tienen varios pisos y por consiguiente tantas ca-rreras como techos.” García v. García, 25 D.P.R. 128.

El error relativo a la falta de jurisdicción de la corte de distrito carece de mérito, a nuestro juicio. En primer lugar parece que este pleito, por su propia naturaleza, corresponde a la corte de distrito que es la corte de jurisdicción general. Es dudoso si puede tasarse cumplidamente la cuantía en un caso como éste. Pero de todos modos habiéndose probado como se probó que la finca de los demandantes fué adquirida por quince mil dólares, y que es la libertad de dicba finca en relación con la servidumbre de luces y vistas de que se trata, la que es materia de discusión en el pleito, no bay duda alguna de la jurisdicción de la corte de distrito. Aún aplicando la regla citada por la parte apelante, o sea la No. 11 del Arancel de los Registradores de la Propiedad, Leyes de 1917, vol. II, pág. 317, la jurisdicción resultaría clara. El cinco por ciento de $15,000 es $750 y la cuantía de que pueden conocer las cortes municipales es $500.

Tampoco es sostenible el tercero y último error.

El precepto de que se trata rige en Puerto Rico desde hace cerca de cuarenta años y preceptos de igual naturaleza en vigor están aquí desde hace siglos.

El Pueblo por medio de su rama legislativa tiene el po-der de determinar en general los medios de adquirir y dis-frutar el dominio de los bienes inmuebles y el de fijar la extensión de ese derecho. Y así lo hizo en- este caso. Cuando la propiedad se adquiere, lo es sujeta a las reglas fijadas en la ley. El artículo 589 no impide al propietario fabricar basta el límite de su finca. Le reconoce el señorío sobre toda ella, pero si el propietario quiere fabricar per-manentemente con vistas rectas sólo puede hacerlo a dos metros de distancia de la línea de sn solar, concediéndosele en justa recompensa el derecho a exigir que su vecino haga lo mismo. La materia de servidumbre ha sido campo de acción para el legislador desde los más remotos tiempos. Actuó, pues, aquí el legislador no en campo vedado sino pro-pio, y su actuación no es de tal modo arbitraria que pueda considerarse que viola derecho alguno garantizado por la constitución.

Dado el exceso de trabajo que pesa sobre esta corte, no entráremos en un estudio más minucioso de esta cuestión. La falta de razón es aparente. El caso del Municipio de Ponce v. Vendrell, 28 D.P.R. 329, que cita el apelante se refiere a una situación de derecho enteramente distinta y es por tanto inaplicable. .

Debe modificarse la sentencia apelada en la forma que se ha indicado y asi modificada confirmarse.

El Juez Asociado Señor Hutchison no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: En Juez Asociado Señor Audrey,

license: Public Domain

text:
    The National Cash Register Co., demandante-apelada-apelante, v. Albors & Rosario, demandada-apelante-apelada, y Francisco Forteza & Co., citada en evicción y saneamiento.
    No. 3734.

    Visto: Marzo 8, 1927.

      Resuelto: Julio 20, 1927.
    1. Ventas — Ventas Condicionales — Acciones del Vendedor Condicional o su • Cesionario — Contra Terceras Personas — Entrega de la Cosa Vendida— Besoindida la Venta Condicional — Ley que Bige. — Rescindido un contrato de venta condicional y entregado por el vendedor condicional el mueble a un tercero en calidad de préstamo, en cuyo poder es ocupada y vendida en pública subasta, procede una acción reclamando la entrega del mueble contra el comprador en la subasta y subsiguientes compradores no bajo la Ley 61 de 1916 (p. 2) sino bajo el artículo 354 del Código Civil.
    2. Ventas — Ventas Condicionales — Acciones del Vendedor Condicional o su Cesionario — Contra Terceras Personas — Entrega de la Oosa Vendida— Rescindida la Venta Condicional — Causa de Acción. — Rescindido un con-trato de venta condicional y entregado por el vendedor condicional el mueble a un tercero en cuyo poder se ocupa y se vende en pública subasta, el ven-dedor condicional tiene acción contra el comprador en la subasta o subsi-guientes compradores en cuyo poder se encuentre para recobrar el mismo si no ba transcurrido el término que, para la prescripción del dominio, fija el artículo 1856 del Código Civil.

      3. Apelación y Error — Récord y Procedimientos que no Están en Récord— Envío, Radicación, Impresión y Servicio de Copias — Omisión de Badicar el Bécord de Apelación y Efecto — Desestimación.—Apelada una sentencia en cuanto a su pronunciamiento de costas, si el apelante ni perfecciona su recurso ni presenta alegato en apoyo del mismo, la apelación debe desestimarse.
    SentenCIA de B. Díaz Cinlrón, J. (Ponce), declarando con lugar la demanda, sin costas.

      Confirmada-.

      López de Todd & Zayas Bizarro, abogados del demandado-apelante; Hugh B. Francis j Manuel Cruz Horta, abogados de la deman-dante-apelada.
   En Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

The National Cash Register Company demandó a Albors & Rosario el 9 de octubre de 1922 alegando que el 28 de octubre del año anterior vendió condicionalmente a Y. Cal-derón de Aguadilla la caja registradora No. 842-1919-182, comprometiéndose ei comprador a pagar parte del precio en varios plazos mensuales, cuyo contrato fué inscrito en el registro correspondiente de Aguadilla; que la demandante entregó la caja a Calderón pero posteriormente y por mu-tuo acuerdo entre ellos quedó rescindido ese contrato y con-venido en que la caja fuera devuelta a la demandante; que la caja fué indebidamente traspasada a Francisco Forteza y Compañía, quien la vendió a Albors & Rosario en cuya posesión está, y que el título de propiedad de esa caja per-manece en la demandante de acuerdo con el contrato y con la ley No. 61 de 1916, por lo que solicitó de la corte que or-denase a los demandados que entregasen dicha caja.

Albors & Rosario y Francisco Forteza & Compañía, los últimos como eviccionistas, se opusieron a la demanda y ce-lebrado el juicio la Corte de Distrito de Ponce en grado de apelación dictó sentencia declarando con lugar la demanda sin especial condena de costas, la que fué apelada por to-das las partes pero limitando la demandante su recurso al particular de las costas.

De la evidencia presentada en el juicio resulta que después de rescindido por mutuo acuerdo el contrato de venta condicional qne celebraron la demandante y Y. Cal-derón respecto de la caja registradora qne motiva esta ape-lación, Tbe National Cash Register Company entregó dicha caja en calidad de préstamo a M. Cajigas e Hijos mientras les enviaba otra caja qne ellos qnerían comprar, y qne es-tando en poder de M. Cajigas e Hijos fné ocupada esa caja ■en sn qniebra y en ella vendida en pública subasta a Francisco Forteza y Co., a qnien después la compró Albors & Rosario, ignorando ambos qne estuviera solamente como préstamo en poder de M. Cajigas e Hijos.

Aunque The National Cash Register Co. citó en apoyo de sn demanda la Ley No. 61 de 1916 y en ella se fundó la •corte para dictar la sentencia apelada, esa ley no es de apli-cación en este caso porque no se basa la reclamación en contrato alguno de venta condicional, ya que el celebrado con Y. Calderón quedó rescindido y la caja entregada des-pués por The National Cash Register Company a M. Caji-gas e Hijos en calidad de préstamo y por tanto sin existir entre ellos un contrato de venta condicional.

A pesar de lo expuesto la demandante debe recobrar la expresada caja registradora del poder de Albors & Rosario porque según el artículo 354 del Código Civil todo propie-tario tiene acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla; y si bien es cierto que Albors & Rosario compraron de buena fe dicha caja a Francisco For-teza & Compañía, quien también la adquirió de buena fe por compra en la subasta de bienes del quebrado M. Cajigas e Hijos, por lo que tal posesión equivale al título según el ar-tículo 466 del Código Civil, sin embargo, ese título por sí solo y sin el transcurso de tres años fijados por el artículo 1856 del mismo Código para la prescripción del dominio de bienes-muebles, no es bastante para privar a The National Cash Register Co. de la propiedad de su caja; cuestión que fué estudiada extensamente y resuelta en ese sentido en Jos casos de García y otros v. Savino y otro, y de García v. Suro y otro, 19 D.P.R. 279 y 757 respectivamente, a los que nos referimos para no hacer extensa esta opinión.

La parte demandante no ha perfeccionado su recurso en cuanto a las costas ni ha presentado su alegato «n apoyo del mismo.

Por las razones expuestas, la apelación de la demon-' dante debe ser desestimada y en cuanto a la de la deman-dada y su eviccionista la sentencia apelada debe ser confir-mada en todas sus partes.


author: El Juez Asociado Señor Franco Soto,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan J. Gerardino y Sixto Lucoioni, acusados y apelantes.
    No. 2750.

    Visto: Enero 24, 1927.

      Resuelto: Julio 20, 1927.
    1. Desecho Penal — Juicio—Curso del, y Forma en que se Conduce el Juicio —Objeciones—Nombramiento de Fiscales Especiales. — La cuestión que, relativa a que El Pueblo esté representado en juicio por un fiscal no del distrito en que se ve la causa sino por uno de otro distrito y un fiscal especial, se levante en el acto del juicio es tardía.
    2. Desecho Penal — Fecha del Juicio v Suspensión — Sobreseimiento de la Causa o del Proceso — Tardanza en Celebrar el Juicio o en Presentar la Acusación — Juicio no Celebrado Dentro del Término — En General.— Cuando el motivo de una corte al posponer un juicio, es la renuncia de los acusados “& un juicio- rápido y a todos los derechos que pudieran favore-cerle’ ’ para así obtener la suspensión que de otro modo, y dado el trabajo de la corte, quizás ésta denegaría, tal renuncia se refiere a los subsiguientes 120 días después de dicha suspensión y quedando sujetos a que su caso pu-diera celebrarse dentro de las circunstancias que le fuera permitido a la corte, la corte está justificada en negar el sobreseimiento del caso transcurrido los 120 días siguientes a dicha suspensión.
    3., Derecho Penal — Apelación t Error, y Certiorari — Presentación y Reserva en la Corte Inferior de líos Fundamentos de Revisión- — Necesidad de que las Cuestiones se Presenten en la Corte Inferior — En General — Com-parecencia por Abogado no Autorizado. — Un acusado que se crea perjudi-cado por la actuación de un abogado al pedir éste la suspensión del juicio ■•sin haberle aquél autorizado para ello debe protestar de ta-1 actuación entonces y no levantar la cuestión por vez primera en apelación.
    4, ‘''Indictment” y Acusación — Requisitos y Suficiencia de la Acusación— Solicitud Sobre Mayor Especificación (Bill of Particulars) — Casos en que Procede en General. — Cuando en acusación por conspiración con el fin de •desfraudar, los actos ilegales que se imputan realizados por los acusados se ¡alegan específicamente y dan suficiente conocimiento a los acusados para saber su naturaleza y defenderse de los mismos, aquéllos no tienen que detallarse minuciosamente y no comete error la corte que declara sin lugar una moeión ■sobre mayor especificación (bill of particulars).

      5. Conspiración — Responsabilidad Criminal — Proceso y Castigo — Acusación Fiscal o Denuncia — Conspiración con el Pin de Defraudar, en General.— La acusación por conspiración, — con el fin de defraudar — presentada en el caso de autos se resolvió contiene todos los elementos que constituyen dicho delito.
    6. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Revisión — Cuestiones Discrecionales — Resoluciones en Cuanto a la Acusación o a las Ale-gaciones (Pleas) — Resolución Sobre Moción Solicitando Mayor Especi-ficación de Particulares. — Dirigiéndose una moción solicitando mayor espe-cificación de particulares (MU of particulars) a la discreción de la corte, cuando nada indica abuso de discreción por parte de la corte al denegar dicha moción, la actuación de la corte debe sostenerse en cuanto a tal extremo.
    7. Derecho Penal — Evidencia—Evidencia de Opinión, — Testigos—Conocimiento que Tiene Sobre Una Cuestión — En General. — Un Gerente General de una compañía de seguros puede contestar, sin previa preparación en cuanto a su capacidad pericial, sobre los requisitos necesarios a llenar para obtener un seguro de primera clase.
    8. Derecho Penal — Juicio,—Curso del, y Forma en que se Conduce el Juicio —-En General. — El permitir a un testigo declarar mediante intérprete des-cansa en la sana discreción de la corte, y a- menos que se demuestre un abuso de tal discreción, debe sostenerse la actuación de la corte en cuanto a ese extremo.
    9. Conspiración — Responsabilidad Criminal — Proceso y Castigo — De la Evi-dencia en General — En General. — En proceso por conspiración con el fin de defraudar una compañía aseguradora, un gerente general de ésta que haya intervenido personalmente en la expedición de la póliza puede declarar acerca del interés que podían tener en la póliza los beneficiarios — acusados—especial-mente cuando el testigo en sus manifestaciones habla de entrevistas tenidas con uno de ellos ya fallecida la persona asegurada.
    10. Derecho Penal — Juicio—Recepción de Pruebas — Exclusión de Testigos dé la Sala — Facultad de la Corte1 para Ello. — El permitir! a un testigo permanecer en sala para asistir o ayudar al fiscal en la dirección de la prueba, mientras .otros han sido excluidos de ella bajo las reglas de la corte, descansa en la sana discreción judicial.
    11. Conspiración — Responsabilidad Criminal — Proceso> y Castigo — De la Evi-dencia en General — Admisibilidad—I-Iechos Colaterales para Determi-nar la Intención, Designio o Fin de los Acusados. — Cuando la culpabili-dad de unos acusados depende de la intención, fin o designio, con que se realizó el acto, pueden examinarse hechos colaterales para determinar tal intención, designio o fin siempre que éstos tengan alguna relación el uno con el otro como parte de un mismo plan o hayan sido inducidos por el mismo motivo aún cuando ellos demuestren la comisión de otros delitos.
    12. Derecho Penal — Evidencia—Evidencia de Opinión — Testigos—Conclusio-nes y Opiniones de Testigos en General — Condición Física o Apariencia de una Persona — Aspecto Enfermo de la Misma. — La declaración de pro-fanos que han visto morir a varias personas de tuberculosis o que han obser-vado el aspecto enfermo de uno así como los signos físicos progresivos de dicha enfermedad, es admisible como datos o circunstancias, para ser aprecia-dos por el tribunal en relación con los demás elementos de prueba.
    13. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Revisión — Cuestiones Sobre las Pruebas — Apreciación de las Pruebas — Prueba Contradict© - ría. — Guando la prueba es contradictoria, el conflicto es dirimido por el juez sentenciador y nada hay que .demuestre que hubo error o que el juez fuera movido por pasión, prejuicio o parcialidad en su aprobación, ésta debe sos-tenerse.
    14. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Presentación y Reserva en la Corte Inferior de los Fundamentos de Revisión — Necesidad de que las Cuestiones se Presenten en la Corte Inferior — Sentencia Dictada Fuera del Término. — La cuestión relativa a que una corte abusó de su dis-creción al dictar sentencia fuera del término estatutario se presenta tardía-mente cuando se levanta por vez primera en apelación.
    15. Derecho Penal — Evidencia—Peso y Suficiencia — Lugar del Juicio (Venue). —En el caso de autos — proceso por conspiración con el fin de defraudar— se resolvió que la jurisdicción de la corte quedó plenamente probada.
    SENTENCIA de B. Díaz Ontrón, J. (Ponce), condenando a los acu-sados por delito de conspiración.

      Confirmada.

      Felipe Colón Díaz, Angel Fiol Negrón, José B. Qelpí j José Tous Soto, abogados de los apelantes; José E. Figueras, abogada de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Los acusados Juan J. Gerardino y Sixto Luccioni fueron convictos de un delito de conspiración por la Corte Municipal de Ponce y apelada la sentencia la corte inferior, en un juicio de novo, les declaró culpables, imponiendo al pri-mero seis meses de cárcel y $500 de multa, y al segundo en el último concepto la súma de $100.

Los acusados ban establecido esta segunda apelación y ■señalan en su alegato la comisión de 21 errores, que anali-zaremos en el curso de esta opinión.

Se quejan los acusados de que el gobierno estuviese representado en el juicio por los fiscales Romany y Samalea, el primero Fiscal de Distrito de Mayagüez y el segundo fiscal especial, y no por el Fiscal del Distrito de Ponce, Agustín E. Font, sin probarse ningún motivo que impidiera a este último actuar como tal fiscal en la causa. Esta cuestión fué resuelta recientemente de manera adversa a los acusados en el caso de El Pueblo v. Pabón, 36 D.P.R. 97, en el que esta corte dijo lo siguiente:

“El acusado en el acto de darle lectura a la acusación, hizo la alegación de inocencia, sin haber levantado la cuestión que se sus-cita por este error. Dejó para plantearla en el acto del juicio cuando ya era tarde para hacerlo. En el caso de El Pueblo v. Aponte, 9 D.P.R. 386, no sólo resuelve e'1 punto técnicamente sino que entra en los méritos diciendo:
!í ‘Es evidente que el Attorney General, no solamente tiene las mismas facultades que el fiscal ele cualquier distrito, sino que puede encomendarlas a cualquier agente especial, porque solamente es el que puede juzgar con respecto a la necesidad que exija el nombra-miento de dicho abogado especial.
*******
“ ‘Por lo tanto, el Attorney General necesariamente debe tener la facultad de ser representado por otras personas a menos que haya algún precepto absoluto de ley que lo prohiba, el cual no hemos po-dido encontrar.’
“Véanse además los casos de El Pueblo v. Rivera, 9 D.P.R. 505; El Pueblo v. Meléndez, 9 D.P.R. 550; y El Pueblo v. París, 25 D.P.R. 111.”

Los acusados solicitaron el sobreseimiento de la acusación porque habían transcurrido 321 días desde el 12 de marzo de 1924, en que se radicó el récord de la apelación de la corte de distrito, basta el 26 de febrero de 1925, fecha en que fué celebrado el juicio.

El fiscal se opuso y presentó prueba tendente a demos-trar que existió una justa causa que justificaba la razón de no haberse celebrado el juicio a pesar del tiempo transcu-rrido. La prueba consistió en la declaración de Emeterio Grotay, Secretario de la Corte de Distrito de Ponce. Este declara que el caso había sido señalado para el 15 de octu-bre de 1924 pero que fué suspendido a petición de los acu-sados. En cuanto a las mociones presentadas con ese ob-jeto, el testigo, en parte, dice:

P. — ¿Y cuántos acusados hay? R. — Dos. P. — ¿Qué es eso? R. ■ — -Esta es otra moción presentada originalmente en esta Corte por el abogado Tous Soto. P.- — ¿Firma a nombre de quién? R. — Abogado de los acusados. P. — ¿Y qué hace el señor Tous 'Soto como abogado de los acusados? R. — En esta moción suplica a la Corte la transfe-rencia de la vista del caso para otra fecha de la que fué señalado. P. — ¿Y a qué se comprometió el señor Tous Soto en esa carta (sic) a nombre y en representación de los acusados? Defensor: Me opongo, porque eso lo dice la misma moción. Juez: Puede contes-tar. R. — Los acusados renuncian cualquier derecho a su favor. P. —¿Qué otro derecho renuncian ahí? R. — En esta moción no se hace más renuncia. P. — ¿Qué otra moción hay en el caso? R.— Hay otra moción radicada originalmente en esta Corte por el abo-gado José Rosario Gelpí a nombre de la parte denunciada, pidiendo la suspensión del caso, de la vista que fué señalada en el término anterior, término de octubre y noviembre hasta un nuevo término. P. — ¿Compareció a nombre de quién? R. — Compareció el"abogado José, Rosario Gelpí a nombre de la parte denunciada. P. — ¿Y a qué se comprometió? R. — Renunció a un juicio rápido y a todos los derechos que pue,dan favorecerle, para que se suspenda la vista de este caso.”

El secretario refiere también el trabajo constante en asuntos criminales y civiles en que estuvo ocupada la corte en los términos que siguieron a la fecha en que se accedió por la corte a la suspensión del juicio.

Debido, sin duda, al trabajo que pesaba sobre la corte y a que esto pudiera ser un motivo para que la corte ne-gara la suspensión, los acusados no se limitaron a pedir simplemente la. posposición del juicio sino que ofrecieron renunciar “a un juicio rápido y a todos los derechos que pudieran favorecerle ...” para así obtener la suspensión. Esto no podía interpretarse en el sentido de que se le pu-diera tener a los acusados indefinidamente sin celebrarse el juicio. Véase El Pueblo v. Cepeda, 31 D.P.R. 498, pero la renuncia de los acusados se refería por lo menos a los subsiguientes 120 días después de la primera suspensión y durante ese término ellos quedaron sujetos a que su caso pudiera celebrarse dentro de las circunstancias que le fuera permitido a la corte, ya que si en general hemos sostenido que el mucho trabajo de una corte no es por sí solo suficiente motivo para sobreponerlo al derecho del acusado, en este caso es de importancia en relación con la renuncia de los acusados y la razón que tuvo la corte para posponer el jui-cio. Tomando en conjunto todas las circunstancias concu-rrentes, hay que concluir qne la corte inferior estuvo justi-ficada al negar el sobreseimiento del caso.

El acusado Luccioni alega por su parte que la moción de suspensión del juicio no se hizo a petición suya ni auto-rizó a nadie para que se pidiera a su nombre. No obstante esta contención, aparece del récord que la moción solicitando la posposición del juicio fue presentada por el abogado José Tous Soto en plural, a nombre de los acusados, y si el acu-sado Luccioni no dió tal autorización y se creyó perjudicado por tal actuación, fué en aquella oportunidad que debió pro-testar y no levantar en apelación la cuestión por primera vez.

Se sostiene que la corte erró al declarar sin lugar una moción (bill of particulars) por la que se pedía que se especificaran los actos realizados por cada uno de los denunciados a fin de tener conocimiento de los hechos de que deban responder ante la .corte y defenderse en el juicio.

La acusación, en lo pertinente, dice:

“Los citados Juan J. Gerardino y Sixto Luccioni, . . . ilegal, vo-luntaria, maliciosa y fraudulentamente, .obrando juntos y de común acuerdo, conspiraron y se pusieron de acuerdo para engañar y de-fraudar a la Compañía de Seguros de Vida ‘The Manufacturers’ Life Insurance Company,’ corporación extranjera autorizada para hacer negocios en Puerto Rico, y con tal objeto, los citados Juan J. Gerardino y Sixto Luccioni, aseguraron a un tal Julio F. Rivera por la suma de Quince Mil Dólares en la citada corporación ‘The Manufacturers’ Life Insurance Company,’ haciendo saber a dicha compañía que el nominado Julio F. Rivera se encontraba en buen estado de salud y era un riesgo de'primera clase, a sabiendas dichos acusados de que el citado Rivera, a la fecha de ser asegurado, o sea allá por el mes de Mayo de 1923, se encontraba sufriendo de tuberculosis, pulmonar, y bajo tal engaño voluntario y maliciosamente rea-lizado, indujeron a la citada compañía a asegurar al referido Ge-rardino (sic) por la suma de quince mil dólares, para lo cual dicha compañía expidió una póliza a nombre de Julio F. Rivera, sin que el fraude se consumiera (sic) por haber sido cancelada la póliza allá por el mes de Noviembre de 1923, . . .’’

La acusación contiene todos los elementos que constitu-yen el delito de conspiración. Dos personas qne obrando juntas y de común acnerdo conspiran con el propósito de engañar y defraudar a la compañía de seguros “The Manufacturers’ Life Insurance Company” mediante los actos ile-gales que se relatan en la misma. Tales actos que se im-putan realizados por los acusados se alegan específicamente y ellos dan suficiente conocimiento a diclios acusados para saber su naturaleza y defenderse de los mismos. En la de-nuncia no se tenían que detallar aquellos actos minuciosa-mente. En una acusación por conspiración con el fin de defraudar, el propósito de los acusados puede ser alegado en términos generales sin descender a tales particularidades como se requiere el imputar una acusación por fraude. 5 R.C.L. 1083. Es necesario, sin embargo, que la acusación muestre claramente que el propósito de la conspiración era realizar un plan que de hecho es fraudulento (5 R.C.L. 1083) y esto aparece distintamente en la denuncia del pre-sente caso.

Además, la moción solicitando un bill of particulars se dirige a la discreción de la corte, y nada indica un abuso de discreción por parte de la corte al denegar dicha moción.

En el curso de la declaración del testigo Eliseo Font y C-uillot se le mostró una solicitud del asegurado Julio F. Rivera para obtener de la compañía aseguradora una pó-liza de vida por $15,000. Se le interrogó por - el fiscal de si el seguro que se solicitaba era de primera clase y se tra-taba de una póliza ordinaria de vida. Los apelantes obje-taron aduciendo el fundamento de que la mejor prueba era el documento mismo. El propósito del fiscal, sin embargo, fue establecer la identidad del documento, toda vez que el declarante era el agente general de la compañía aseguradora en Puerto Rico y a él se referían todas las solicitudes que se hacían en relación con los seguros y negocios de la compa-ñía en Puerto Rico. El interrogatorio se hizo extensivo a la prima que se pagó por la póliza y entonces trató de expli-car que la nota de descargo que contenía la póliza signifi-caba que la prima fue devuelta a los beneficiarios Juan J„. Gerardino y Sixto Luccioni porque el asegurado estaba en mal estado de salud a la fecba de solicitar el seguro. La, objeción de los apelantes era que el testigo estaba interpre-tando el alcance de los documentos, lo que era de la compe-tencia de la corte. En rigor de verdad, el testigo no hizo-sino exponer a la corte la intervención que tuvo en la nota de descargo, la que fue firmada a su presencia por ambos-acusados. Además, los documentos fueron presentados en evidencia y la corte tuvo oportunidad de apreciar su alcance-por ellos mismos y no por las manifestaciones del testigo.

Otro incidente de que se quejan los apelantes es que al testigo se le permitió declarar sobre la firma de Julio F„ Rivera que aparece en la referida solicitud, sin haberle-visto firmar ni estar familiarizado con la misma. Sin embargo, el testigo declaró que no estaba familiarizado con la firma de Rivera en la época de la confección de la solicitud pero que luego recibió de él varias firmas. Además, la so-licitud aparecía firmada por los acusados como beneficiarios de la póliza y ellos en tal carácter fueron los que suscribie-ron la cancelación de la misma, la que había sido expedida en virtud de la referida solicitud. De suerte que no hubo-el- error alegado.

Al testigo también se le preguntaron los requisitos que eran necesarios llenar para obtener un seguro de primera clase. Esto fué motivo de objeción porque no se había establecido previamente la capacidad pericial del testigo. El testigo contestó que todo asegurado para obtener un seguro de vida de primera clase tenía que estar en perfecto estado de salud, no tener historia clínica, es decir, no haber padecido de ninguna enfermedad. Era bien obvio, sin embargo, que el testigo pudiera contestar sin la previa preparación exigida en cuanto a su capacidad pericial sobre la materia, pues aparte de su condición de médico él era el gerente general de la compañía en la isla y como tal estaba familiarizado con las condiciones que se requerían por las compañías de seguros para poder explicar lo que se enten-día .por un seguro de primera clase.

Durante la declaración del testigo William E. Young se suscitaron ciertos incidentes que se imputan como otros tantos errores cometidos por la corte.

Se sostiene como error que se permitiera declarar me-diante intérprete al testigo, conociendo el idioma españoL El testigo empezó declarando que hablaba el español, pero-“poquito.” El juez entonces permitió de plano que el exa-men del testigo se hiciera por medio de un intérprete. Se-guramente la corte estuvo en condiciones por las primeras manifestaciones del testigo en castellano, por el grado de conocimiento que a la vista poseía de tal idioma, que él no podía ser sometido a un extenso .y laborioso interrogatorio en español y ella pudo apreciar mejor ese extremo. La cuestión, como es natural, entraba de lleno en la sana dis-creción de la corte, y a menos que se demostrara un abuso de tal facultad, lo que no se ha demostrado, se debe soste-ner su acción en ese punto.

“De acuerdo con el código, cuando un testigo no entiende ni ha-bla el idioma inglés, debe tomársele juramento a un intérprete para que le interprete. El si es apropiado o no llamar un intérprete, es una cuestión discrecional de la corte sentenciadora, al igual que lo es la capacidad de la persona que se va a utilizar para servir de intérprete; y no se intervendrá en apelación en la actuación de la corte a menos que los autos demuestren un abuso de discreción.” 8 Cal. Jur. 225.

Se suscitó otra objeción al interrogar el -fiscal al testigo acerca del interés que podían tener en la póliza los beneficiarios Juan J. Gerardino y Sixto Luccioni. La objeción descansaba en que el punto era para ser determinado por la corte y no por el testigo. Parece que los apelantes pasan por alto la naturaleza del cargo que se les imputa en la denuncia, estableciendo un caso de conspiración o confabulación entre los acusados con el fin de defraudar a la compañía aseguradora mediante falsas representaciones. La pregunta tendía a establecer nn becbo de inequívoca signi-ficación e importancia en el caso y era lógico que siendo el testigo el gerente del departamento latino-americano de Tbe Manufacturers’ Life Insurance Co., con jurisdicción en Puerto Rico, y habiendo intervenido personalmente en rela-ción con la póliza expedida a nombre de Julio P. Rivera, pudiera declarar sobre un extremo que era de su conoci-miento personal. El testigo en sus manifestaciones babla de varias entrevistas que tuvo con el acusado Juan J. Ge-rardino, ya fallecida la persona asegurada. En una de estas entrevistas Gerardino mostró al testigo un cheque por $3,000 que había librado pocos días después de la expe-dición de la póliza al asegurado Julio F. Rivera, endosado por éste y cobrado el mismo día. Con ello trataba de de-mostrar el interés asegurable que tenía en la póliza como garantía colateral de dicho préstamo. El testigo refiere que manifestó que la operación no le daba tal interés porque el asegurado no estaba en buen estado de salud en el mo-mento en que se hizo el seguro y esto dice que fué admitido por el acusado. Este es el hecho de suyo decisivo que ex-ponía a la consideración de la corte. La supuesta enferme-dad del asegurado era el tinte cárdeno que teñía la inten-ción siniestra y fraudulenta de los acusados en su conjura o confabulación para defraudar a la compañía aseguradora. Y no es prueba de referencia como otro motivo que alegan para sostener su objeción. Se trata de la excepción al hearsay rule de que hablan los artículos 19 y 35, No. 3, de la Ley de Evidencia. El interrogatorio fué pertinente y la actuación de la corte fué correcta al desestimar las obje-ciones de los apelantes.

Hubo oposición a que el testigo Young permaneciera en la sala de la corte y se utilizara de nuevo como testigo. A moción del fiscal la corte acordó que el testigo estuviera al lado del fiscal porque podía ilustrarle en un momento dado durante el juicio. Estaba en la discreción de la corte acceder de conformidad a la moción del fiscal.

“Una corte al excluir testigos tiene discreción especialmente para •que la orden se refiera a uno o más testigos, o para negarse a ha-cerlo así. Por ejemplo, la corte puede hacer excepción de cualquier persona que pueda ayudar al fiscal en la dirección de la prueba. La corte también puede excluir al alguacil del condado o a un jefe de policía cuando éstos son testigos.” 8 Cal. Jur. 225.

Al testigo Young también se le interrogó por el fiscal si había recibido alguna otra solicitud de seguro sobre la vida de Julio F. Rivera. El testigo contestó que recibió otra posterior a la del presente caso por $18,000, siendo el beneficiario un hermano del asegurado. La póliza ordinaria de vida se expidió y luego se canceló firmando la nota ■de descargo Rafael Rivera. Aparecía además que la prima •de esta póliza fué satisfecha por el acusado Juan J. Gerardino. Asimismo fué- preguntado acerca de la expedición de otras pólizas en las que Juan J. Gerardino tuvo cierta intervención en la expedición de las mismas. Los apelantes hicieron objeción alegando que las otras pólizas no tenían conexión alguna con los acusados.

Corpus Juris, tomo 12, pág. 637, tratando de la materia ■dice lo siguiente:

Cuando la culpabilidad de un individuo depende de la intención, fin o designio con que realizó el acto, o de su intención criminal, pueden examinarse hechos colaterales en que él tomó parte- principal para determinar tal intención, designio o fin. Basta con que tales hechos colaterales tengan alguna relación el uno con el otro como parte de un mismo plan o que hayan sido inducidos por el mismo motivo, y no importa que ellos demuestren la comisión de otros delitos. La prueba en un caso de conspiración es quizá más amplia que en ningún otro caso. Tomados por sí solos los hechos ■en un caso de conspiración, son muy raras veces de naturaleza ine-quívocamente criminal, y pueden ser únicamente apreciados cuando se relacionan con todas las circunstancias que rodean el caso.”

En la nota de los casos se cita jurisprudencia que pa-rece de aplicación bajo las circunstancias concurrentes en este caso y que en lo pertinente dice así:

“(a) En una acusación criminal por el delito de conspiración eon el propósito de defraudar a los Estados Unidos de terrenos, es admisible prueba tendente a demostrar actos de falsificación en las solicitudes para el terreno, aunque no se esté tratando de castigar al acusado por el delito de falsificación, cuando tales actos están tan íntimamente relacionados con las otras actuaciones del acusado que tienden a demostrar un plan común con el fin de defraudar. Hyde v. U. S., 35 App. (D.C.) 451 (certiorari declarado con lugar, 218 U. S. 681 mem. 31 S Ct 228 mem. 54 L. ed. 1207 mem.).
“Con el objeto de probar una conspiración para cometer deter-minado fraude puede demostrarse que los mismos conspiradores co-metieron frades similares contra terceros más o menos en la misma época o al ejecutar el mismo plan. Luckey v. Roberts, 25 Conn. 486; Gardner v. Preston, 2 Day (Conn.) 205, 2 Am. D. 91; Card v. State, 109 Ind. 415, 9 N. E. 591; State v. Soper, 118 Iowa 1, 91 NW 774; State v. McIntosh, 109 Iowa 209, 80 NW 349; Com. v. Eastman, 1 Cush. (Mass.) 189, 48 Am. D. 596; Peo. v. Peckens, 153 N. Y. 576, 47 N E 883; Brackett v. Griswold, 14 N Y St 449 (revocado por otros fundamentos 112 N. Y. 454, 20 NE 376); Peo. v. Bleeker, 2 Wheel. Cr. (N. Y.) 256; In re Hitchcock, 6 City Hall-Rec (N. Y.) 43; Com. v. Pugliese, 44 Pa. Super. 361; Com. v. Spencer, 6 Pa. Super. 256; Rex v. Roberts, 1 Campb. 399. Cuando se imputa el delito de conspiración por defraudar a un con-dado sometiéndole cuentas falsas, se resolvió que era admisible in-troducir otras cuentas falsas presentadas al llevar a cabo otras cons-piraciones, cuando éstas trataban de probar el delito de conspira-ción imputado. McDonald v. Peo. 126 Ill. 150, 18 N E 817, 9 Am S R 547.”

Los testigos Nereo Pierazzi y Josefina Pierazzi, padre e bija, respectivamente, declararon acerca del aspecto de enfermo qne presentaba Julio F. Rivera, diciendo que era el tipo de un hombre tuberculoso. Rivera era inquilino de Nereo Pierazzi y vivía cerca de este último. Josefina le visitaba y pudo observar los signos físicos progresivos que ciertamente denunciaban la enfermedad que padecía Rivera. Ella habla de su aspecto pálido y delgado y de sus encogidos hombres. Nereo Pierazzi vio pocas veces a Rivera, pero fueron bastantes para que quedara impreso en su mente el aspecto de enfermo de Rivera. El declaró que había visto morir a un socio, a un sobrino y dos inquilinos de la misma enfermedad. El llegó a alarmarse y pidió a los fiadores que Rivera desalojara la casa por la clase de enfermedad que padecía y que perjudicaba a su casa por el miedo que se tenía a los tuberculosos. La contención de los apelantes oponiéndose a este interrogatorio se basaba en que era necesario demostrar la capacidad pericial de los testigos para bacer tales manifestaciones.

Desde Hipócrates, ya la tuberculosis pulmonar se estu-diaba y se describía en sus obras. Su generalización en la humanidad ha sido tal, por la falta de remedios específicos, que los signos físicos de la enfermedad son familiares a personas profanas. De esto no vamos a decir que los co-nocimientos basados en la experiencia sean un dictamen pericial para el juez sentenciador, pero son datos o circuns-tancias que eran para ser apreciados por la corte en rela-ción con los demás elementos de prueba-

Se imputa a la corte inferior que erró al apreciar la prueba.

La prueba de cargo tendió a establecer que Julio F. Rivera hizo una solicitud en mayo 2, 1923, a “The Manufacturers’ Life Insurance Company,” solicitando un seguro, de vida por $15,000 sobre una póliza ordinaria de vida. En la solicitud se hacía constar, entre otras condiciones, las siguientes: “Por la presente declaro y convengo, que me hallo actual y generalmente gozando de perfecta salud,-” Del documento aparecían ser beneficiarios Juan J. G-erar-dino por $9,000 y Sixto Luccioni por $6,000, quienes la fir-maron anteponiendo a sus firmas estas palabras: “Con-firmo las respuestas, declaraciones, y convenios que antece-den.” Se cursó la petición y la compañía aseguradora ex-pidió en mayo 18, 1923, la póliza No. 286206, pagándose la prima de $475.50 anual en un cheque por Juan J. Gerardino.

La póliza, sin embargo, fuá cancelada en noviembre 12, 1923, fecha en que ya había fallecido el asegurado, me-diante una nota de descargo que aparece al dorso de la misma y la cual dice así:

“Ponce, P. B., Noviembre 12tli de 1923. — Por la presente, Ios-abajo firmados, relevamos de toda responsabilidad a Tbe Manufacturers’ Life Insurance Company, sobre la Póliza No. 286206 la que entregamos cancelada en este acto, expedida por dicba Compañía el día 18 de Mayo de 1923, sobre la vida de Julio F. Rivera, fene- • cido, en consideración a la devolución por dicha Compañía de la suma de cuatrocientos setenticinco 50/100 dollars ($475.50) que re-presenta el importe del premio pagado a la susodicha Compañía sobre la mencionada “póliza. Hacemos esta transacción por la ra-zón de que el citado Julio F. Rivera, no estaba en buen estado de salud cuando llevó a cabo de solicitud para el seguro en dicha Com-pañía, y que dicha Compañía estaría justificada al rehusar el pago-del importe de la mencionada póliza de seguro.
“Yo recibo tres quintas partes del premio ascendentes a $285.30. (fdo.) J. J. Gerardino,
Beneficiario.
(fdo.) Elíseo Font, Jr.,
Testigo.
“Yo recibo dos quintas partes del premio ascendentes a $190.20. (fdo.) Sixto Lúccioni,
Beneficiario.
(fdo.) Elíseo Font, Jr.,
Testigo. ’ ’

Además de este descargo en que se admite por los acu-sados la falsedad de sus afirmaciones del escrito solicitando' el seguro en cuanto a que el asegurado gozaba de perfecta salud al tiempo de solicitarlo, el acusado Juan J. Gerardino admitió en sus diferentes conversaciones con el gerente de la compañía, William E. Young, que era cierto que Julio' F. Rivera estaba enfermo en mayo 2, 1923, y que padecía de tuberculosis pulmonar. Refiriéndose el testigo a otras pólizas que entraban en el plan general de confabulación y fraude a la compañía aseguradora, el testigo, mostrándole el fiscal otra póliza sobre la vida de Rivera por $18,000,, dice:

“R. — El documento es una declaración de beneficiarios en una-póliza de seguro, la póliza número 289935, sobre la vida de Julio F. Rivera. P. — ¿Quién es el beneficiario en ese documento? R. — El hermano Rafael • Rivera, de Ponce, Puerto Rico. . . . R. — El her-mano de la persona que firmó el documento. Fiscal: P. — En las conversaciones que usted tuvo con Gerardino, ¿qué le dijo el acusado Gerardino en relación con esta póliza de diez y ocho mil dólares? R. — Él incluyó esta póliza en las otras que él había ilegalmente ob-tenido sobre la vida de ciertos individuos. P. — ¿Y qué dijo él con referencia a ésta? R. — Que él obtendría que se liberara la póliza por la persona competente para dar la liberación . . . P. — ¿Qué otras pólizas admitió el acusado Gerardino que él tenía interés en ellas y en las cuales él dijo que los asegurados estaban tuberculosos en la fecha en que se espidieron esas pólizas? . . . P. — Y en las cuales él estuviera interesado. R. — Hubo dos pólizas sobre la vida de un individuo llamado Arcadio Robles. . . R. — Según yo mejor recuerdo, una era por 17,500 dólares y la otra por mil dólares. . . R. — El señor Gerardino me dijo directamente que con relación a la póliza de 17,500 dólares sobre la vida de Arcadio Robles, él y otros individuos recibirían el beneficio completo de la póliza en caso de la muerte de Arcadio Robles. Fiscal: P. — ¿Quién dijo eso? ¿quién recibiría el beneficio? R. — Que él, Juan J. Gerardino y otros indi-viduos, Enrique Valedón Maldonado, recibirían el beneficio completo de esa póliza en caso de muerte de Arcadio Robles. Había dos pó-lizas sobre la vida de Armando Minucci por un total de cuarenta mil dólares y otra de quince mil dólares. En este caso el señor Ge-rardino me dijo directamente que él y el hermano de Armando Mi-nucci habían mancomunadamente procurado cuarenta mil pesos en seguros en la Sun Life Insurance Co. que había de ser dividida en-tre Juan J. Gerardino y Armando Minucci, pero que él, Juan J. Ge-rardino, solamente había obtenido los cuarenta mil dólares sobre la vida de Armando Minucci en la Manufacturers’ Life Insurance Co. Yo pedí al señor Gerardino una explicación de. una solicitud de diez mil dólares adicionales sobre la vida de Armando Minucci fechada en esos días o no más de diez días de la fecha en que nos-otros tuvimos nuestra conversación y él me admitió . . . P. — ¿ Quién admitió? R. — Juan J. G-erardino me admitió que esa póliza de diez mil pesos, conjuntamente con una tercera suma de cuarenta mil dó-lares solicitada en la Jefferson Standard Life Insurance Co. era para él solo, sobre la vida de Armando Minucci; yo le pedí una explicación de esta solicitud de diez mil pesos, porque yo había vi-sitado y había visto a Armando Minucci en cama enfermo y le pre-gunté por qué ellos se proponían asegurarlo; el señor Gerardino me admitió que toda la transacción de obtener ciento treinta mil pesos sobre la vida de este joven infortunado, era fraudulenta y era una conspiración en la cual él había entrado con su hermano, esto es, el hermano de Armando Domeneche, nombrado Buenaventura Domeneche y fué hecha con el propósito de defraudar a la compa-ñía de • seguro de vida; él me informó que llamaría a Armando Do-meneche a Ponce y que si nosotros no reportábamos estos casos al Attorney General, él haría que todas estas pólizas se cancelaran y se entregasen a la compañía; me pidió que no divulgase al infor-tunado Armando Domeneche el hecho de que su vida había sido asegurada por una cantidad tan grande de dinero, porque ellos ha-bían obtenido el consentimiento de Armando Domeneche por medio de tretas y engaños. Yo consulté con nuestro abogado, el señor Poventud, y él me aconsejó ...”

Todas estas pólizas que se lian relacionado prueban evi-dentemente el vasto plan de la conspiración para defraudar a la compañía aseguradora.

Existe, además, prueba independiente a las admisiones de Gerardino de que Julio F. Rivera padecía de tuberculosis en la fecha de solicitar el seguro de vida. El Dr. Mon-talvo G-uenard afirmó que Julio F. Rivera clínicamente te-nía el aspecto general de un tuberculoso. No refiere la fe-cha exacta de este conocimiento de Rivera, pero dice que sería allá para mediados de 1923. El Dr. Oms si bien ha-bló de que Rivera tenía una bronco-neumonía y que de eso murió, no negaba ni afirmaba, sin embargo, que pudo pade-cer de tuberculosis pulmonar. Se puede notar la tenden-cia evasiva en estas declaraciones no sentando conclusiones categóricas, pero todo ello demuestra el esfuerzo extraordi-nario que se hacía intentando dejar en la penumbra la fal-sedad del hecho esencial que servía de base a los conspira-dores, demostrativa de su intención engañosa y fraudulenta, como lo era hacer pasar a Rivera gozando de perfecta salud cuando en realidad era un verdadero enfermo. Las decla-raciones de los testigos Pierazzi y de las cuales hemos he-cho mención, se refieren a hechos observados en los meses de marzo o abril de 1923, o sea, poco antes de solicitarse el seguro por el asegurado y los beneficiarios. No aparece en consecuencia ningún interés asegurable en la póliza or-dinaria de vida de Julio F. Rivera por $15,000 a favor de los acusados. Aunque Gerardino trató -de establecer que hizo un préstamo por $3,000 a Rivera y la póliza le asegu-raba una garantía colateral, el descargo mismo de la póliza evidencia que fué un acto de mera apariencia como parte de la urdimbre tejida por los acusados para envolver en sus redes a la compañía aseguradora y defraudarla.

La prueba de descargo trató de demostrar que Julio F. Rivera a la fecha del seguro estaba en perfectas condiciones de salud y que en virtud de un préstamo por $3,000 que ne-cesitó el asegurado de Gerardino, éste fué el beneficiario para garantizar la operación. La contradicción de esta prueba con la de cargo fué dirimida por el juez sentencia-dor en contra de los acusados y a nuestro juicio no existe nada que demuestre que hubo error o que el juez fuera mo-vido por pasión, prejuicio o parcialidad en su apreciación.

El acusado Luccioni insiste que él no tomó participación en los hechos engañosos y toda la responsabilidad la des-carga en su coautor Gerardino. imputándole que fué el principio, medio y fin de la conspiración. Sin embargo, Luccioni firmó voluntariamente la solicitud de seguro en donde él afirmaba la buena salud del asegurado, apareciendo como beneficiario por $6,000. El entró desde entonces en el acuerdo o plan con el otro acusado para conspirar y de-fraudar, certificando un hecho fraudulento y falso refirién-dose al perfecto estado de salud del asegurado. Luego re-cibió la parte de la prima por el descargo o cancelación de la póliza, aceptando que Julio F. Rivera no estaba en buena salud al solicitarse el seguro.

También se quejan los apelantes que la corte abusó dé su discreción al dictar sentencia dos meses después de celebrada la vista.- Pero la cuestión es demasiado tardía, pues se levanta por primera vez en apelación. El Pueblo v. Cardona, 36 D.P.R. 621.

Se alega por último que la corte erró al dictarse sentencia por no haberse probado fuera de duda que el delito se cometió dentro de la jurisdicción territorial de Ponce.

La prueba en conjunto demuestra que los becbos ocu-rrieron en la ciudad de Ponce, en donde vivían el asegurado y los beneficiarios. La jurisdicción quedó plenamente pro-bada.

Por todo lo expuesto debe confirmarse la sentencia ape-lada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan J. Gerardino y Enrique Valedón, acusados y apelantes.
    No. 2751.

    Visto: Enero 24, 1927.

      Resuelto: Julio 20, 1927.
    1. Derecho Penal — Juicio—Curso del, y Forma en que se Conduce el Juicio— Objeciones — Nombramiento de Píscales Especiales. — La cuestión que, re-lativa a que El Pueblo esté representado en juicio por un fiscal no del dis-trito en que se ve la causa sino por uno de otro distrito y un fiscal especias se levante en el acto del ju-ieio es tardía.
    2. Derecho Penal — Fecha del Juicio y Suspensión — Sobreseimiento de la Causa o del, Proceso — Tardanza en Celebrar el Juicio o en Presenta® la Acusación — Juicio no Celebrado Dentro del Término — En General.— Cuando el motivo de una corte al posponer un juicio, es la renuncia de lo» acusados "a un juicio rápido y a todos los derechos que pudieran favore1 eerie” para así obtener la suspensión que de otro modo, y dado el trabaje» de la corte, quizás ésta denegaría, tal renuncia se refiere a los subsiguientes 120 días después de dicha suspensión y quedando sujetos a que su caso pu-diera celebrarse dentro de las circunstancias que le fuera permitido a la corte, la corte está justificada en negar el sobreseimiento del caso transcu-rrido los 120 días siguientes a dicha suspensión.
    3. Derecho Penal — Apelación v Error, t Certiorari — Revisión — Cuestiones que se Consideran Renunciadas en Apelación. — El Supremo no considerará excepciones perentorias contra una denuncia presentadas tardíamente, aún cuando se alegue que los hechos denunciados no constituyen delito público, cuando el apelante ni argumenta ni discute los méritos de tal alegación.
    4. Conspiración — Responsabilidad Criminal — Proceso y Castigo — Acusación Fiscal o Denuncia — Conspiración con el Fin de Defraudar en General.— La denuncia en el caso de autos se resolvió establece el delito de conspiración de que s'e acusa a los apelantes.
    5. Conspiración — Responsabilidad Criminal — Proceso y Castigo — Apelación— Revisión — En General. — Alegado como error la denegatoria de una moción, sobre devolución de una póliza que se alega fue ilegalmente oeupada por haberse probado tal ocupación ilegal, cuando nada demuestra que hubo coac-ción para su entrega, sino que el tenedor la entregó voluntariamente firmando también libremente la nota de descargo o cancelación al dorso, el error ale-gado no existe.

      6. Derecho Penal — Evidencia—Prueba Documental y Exclusión be Prueba Oral for Ella — Certificaciones Oficiales. — Una certificación del superin-tendente general de seguros al efecto de que determinada compañía es una corporación extranjera debidamente registrada en el país y autorizada para hacer negocios de seguros en la Isla, presentada con el objeto de acreditar tales extremos, en ausencia de impugnación de la autenticidad de la firma del funcionario autorizante, es admisible en evidencia.
    7. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari^-Revisión — Errores no Perjudiciales — Admisión de Prueba Objetada — -Errores Subsanados por Admisiones del Propio Apelante. — De existir error en la admisión en evi-dencia de una solicitud de seguro como autorizada por el acusado sin haberse identificado su firma no es perjudicial, cuando él ha admitido ser el benefi-ciario de la póliza expedida que luego canceló bajo su firma.
    8. Derecho Penal — Evidencia—Evidencia Primaria y Secundaria y Evidencia Demostrativa (Demonstradme Dvidenee) — Motivos para Admitir Prueba Se-cundaria — Posesión o Control de la Evidencia Primaria en el Acusado. —Declaraciones en cuanto a la forma en que se ha hecho el cobro de la prima de una póliza heehas por un testigo que recibió el cheque que representaba el montante de la prima, y a quien fué pagado, son admisibles sin necesidad de que el testigo produzca dicho documento.
    9. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Revisión—Cuestiones Discrecionales — En General. — Estaoleeida la regla de no admitir como tes-tigos a o-tra persona que la que ha prestado juramento y no limitando ella la acción de la corte, en ausencia de que ésta abusó de su discreción al permitir declarar como testigo a una persona no obstante dicha regla, su actuación no será intervenida en apelación.
    10. Derecho Penal — Apelación y Error, y Cei~tiorari — Revisión—Cuestiones Sobre las Pruebas — Apreciación de las Pruebas — Prueba Contradicto-ria. — Cuando la corte no comete error ni procede con prejuicio, pasión o par-cialidad al derimir el conflicto de la evidencia, procede confirmar la sentencia apelada.
    SENTENCIA de B. Días Cintrón, J. (Ponee), declarando culpable a los acusados del delito de conspiración, con costas.

      Confirmada.

      Felipe Colón Díaz, José B. Gelpí y José Tons Soto, abogados de los apelantes; José E .Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso la corte inferior declaró culpables a los acusados Juan J. Gerardino y Enrique Yaledón de un de-lito de conspiración, imponiendo al primero seis meses de cárcel más una multa de $500, y al segundo solamente multa por la suma de $200.

Los acusados apelaron de la sentencia y en sn alegato señalan la comisión de doce errores. Varios de los errores señalados han sido resueltos en el día de hoy en el caso No. 2750 de El Pueblo v. Juan J. Gerardino y Sixto Luccioni, y sus circunstancias son más o menos las mismas que concurren en el presente. Nos referimos a los siguientes errores, a saber: 1, oposición a la representación del gobierno por el Fiscal de Distrito de Mayagüez, Sr. Romany, y el fiscal especial Sr. Samalea; 2, moción solici-tando el sobreseimiento de la causa en virtud de lo pres-crito en el inciso 2P del artículo 448 del Código de Enjui-ciamiento Criminal; y 3, desestimación de la moción solici-tando un bill of particulars. Esta moción, sin embargo, no aparece de los autos.

Se alega como cuarto motivo de error baber la corte declarado sin lugar las excepciones perentorias presentadas contra la denuncia. En el alegato, sin embargo, solamente se bace una mera referencia a la moción que fue presentada y no Se discuten los fundamentos de la misma. Aun cuando de la moción no aparece la fecba ni el momento de su presentación, parece inferirse de los autos que su presentación se bizo en el acto del juicio. Siendo esto así, la moción era tardía para considerar aquellos fundamentos que se refieren a la forma o redacción defectuosa de la denuncia. Es cierto que los apelantes alegan en la moción que los hechos denunciados no constituyen el delito de que se les acusa, pero no argumentan ni discuten los méritos de tal alegación. Basta, sin embargo, una ligera lectura de la denuncia para que se vea que ella establece el delito de conspiración de que se acusa a los apelantes. Dicha denuncia, en lo pertinente, dice:

“Los citados Juan J. Gerardino y Enrique Valedón, en Ponee, P. E., que pertenece al Distrito Judicial Municipal, de Ponee, P. E., allá por el mes de Mayo de 1923, con anterioridad a la pre-sentación de esta denuncia, ilegal, voluntaria, maliciosa y fraudu-lentamente, obrando juntos y de común acuerdo, conspiraron y se pusieron de acuerdo para engañar y defraudar a la Compañía de Seguros de Vida ‘The Manufacturers’ Life Insurance- Co.,’ corpora-ción extranjera autorizada para hacer negocios en Puerto; Eico, y con tal' objeto los citados Juan J. Gerardino y Enrique Valedón aseguraron a un tal Arcadio Robles Cortés por la suma de $17,500 en la citada corporación Tbe Manufacturers’ Life Insurance Co., haciendo saber a dicha compañía que el mencionado Arcadio Robles Cortés se encontraba en buen estado de salud, a sabiendas dichos acusados de que el citado Robles a la fecha de ser asegurado, o sea allá por el mes de Mayo de 1923, se encontraba en mal estado de salud o enfermo, y bajo tal engaño, voluntaria y maliciosamente realizado, indujeron a la citada Compañía a asegurar al referido Robles por la suma de $17,500, para lo cual dicha Compañía espi-dió una póliza a nombre de Arcadio Robles Cortés, sin que el fraude se consumiera (sio) por haber sido cancelada la póliza allá por el mes de Noviembre de 1923 ...”

En el quinto error se discute la moción que la corte inferior declaró sin lugar sobre devolución de ciertos documentos que se alegan haberse ocupado ilegalmente por los representantes de The Manufacturers’ Life Insurance Company. También los apelantes en su alegato tratan ligeramente este error. Ellos se remiten a la declaración de Mayoral alegando que fué probada su ocupación ilegal. El documento de que trata la moción es la póliza No. 287451, que fué expedida a nombre del asegurado Arcadio Robles por $17,500, siendo beneficiario Enrique Yaledón, en cuyo poder se hallaba. Un examen, sin embargo, de la declaración de Mayoral demuestra evidentemente que no hubo ningún género de coacción para que Valedón le entregara la póliza. Mayoral fué a Peñuelas, lugar de residencia del acusado, y éste voluntariamente le entregó la póliza, quien poco después firmó libremente la nota de descargo o cancelación al dorso de la póliza, admitiendo como razón para ello que Arcadio Robles estaba enfermo a la fecha de solicitar el seguro.

Se imputa como error (sexto error) haberse admitido en evidencia una certificación del Superintendente de Seguros de Puerto Rico, que no contenía la transcripción de ningún documento y sí una opinión de dicho funcionario. La certificación presentada como prueba dice:

‘‘Government of Porto Rico. — Department of Finance. — Bureau of Insurance. — Yo, Juan G-. Gallardo, Superintendente de seguros Interino, por la presente certifico que la compañía de seguros de vida denominada ‘Manufacturers’ Life Insurance Company,’ de Toronto, Canadá, es una compañía extranjera que se baila debida-mente registrada en el país y que obtuvo del Superintendente de Seguros un certificado de autorización para hacer negocios en la isla durante el año económico de 1922 a 1923, y por consiguiente se ha-llaba debidamente autorizada para hacer seguros de vida en Puerto Rico durante todo el mes de mayo de 1923.
“Y para que conste, y a petición del Fiscal Especial, Sr. Luis Samalea, expido la presente, libre de derechos, por destinarse a usos oficiales, en San Juan de Puerto Rico a 23 de enero de 1924.
“(f) Juan G. Gallardo,
Superintendente Interino. ’ ’

El fiscal dijo que el objeto de la certificación era acredi-tar que la Manufacturers’ Life Insurance Company es una corporación de Toronto, Canadá, debidamente registrada en el país y autorizada para hacer negocios de seguros en Puerto Rico, y siendo éste el objeto de la presentación del documento, y no impugnándose la autenticidad de la firma del funcionario autorizante, no encontramos que la corte erró al admitirlo en evidencia.

También alegan los apelantes al argumentar el séptimo error, que se admitió en evidencia como autorizada por el acusado, Enrique Yaledón, una solicitud de seguro sin haber sido identificada la firma de dicho acusado. Si hubo error no fué perjudicial porque el acusado Yaledón admitió en su declaración ser el beneficiario de la póliza expedida por $17,500, la que luego canceló bajo su firma.

Declarando el testigo Mayoral, siendo éste el motivo del octavo error, dijo que Juan J. G-erardino era el que ha-bía pagado las primas de las dos pólizas que fueron expe-didas al asegurado Arcadio Robles, una por $17,500, bene-ficiario Enrique Valedón, y la otra por $1,000, beneficiario Pedro J. Robles, hijo del asegurado.

Lo pertinente del incidente dice así:

“P. — ¿Cuánto era el premio de la póliza de mil dólares? Ri— No recuerdo, tendría que ver la póliza.' (El testigo obtiene el do-cumento) Treinta y uno cinco ($31.05). P. — ¿ Anual? R. — Anual. P. — ¿Y la de diez y siete mil quinientos pesos? R. — Quinientos cua-renta y tres cuarenta ($543.40). P. — Que hacen un total de qui-nientos cuarenta y tres con treinta y uno, quinientos setenta y cua-tro y pico. ¿Eso era el importe de los premios de las dos pólizas por un año? R. — Sí, señor. P.- — ¿Se pagaron esos precios? R.— Sí, señor. P. — ¿Quién los pagó? R. — Arcadio Robles. P. — ¿Con qué la pagó? R. — Con un cheque. P. — De quién era el cheque? R. — De Juan José Gerardino. P. — ¿Quién es Juan José Gerardino? R. — Uno de los acusados aquí. P. — ¿Cuál de los dos? R. — El del lado allá (lo señala). (Defensa) Nos oponemos a la evidencia del pago del cheque. Que se vea el cheque. . . P. — ¿Qué usted hizo con el cheque ése? R. — Lo deposité en el banco. (Defensa) Nos oponemos porque se eliminó la cuestión del cheque. Argumentación. Juez: Se sostiene la pregunta. Fiscal: P. — ¿Qué se hizo con el cheque? R. — Lo deposité en el banco, en mi cuenta corriente. P. —¿En qué cuenta corriente? R. — En la mía. P. — ¿Ese cheque volvió a su poder? R. — No. P. — ¿No volvió a su poder ese che-que? R. — No, señor. P. — ¿Se abonó en su cuenta corriente ese cheque? R. — Sí, por eso lo mandé al banco. P. — ¿Se le abonó en cuenta corriente ese cheque a usted? R. — Sí, señor.”

En primer lugar, Mayoral declaraba sobre un hecho del que tenía conocimiento directo. El manifiesta que recibió un cheque librado por Gerardino a favor de Arcadio Robles, que representaba el montante de las primas de las dos pó-lizas. El cheque fué pagado, acreditándose su importe en la cuenta corriente del testigo y naturalmente que el mismo volvía a manos del librador. Era como un recibo o com-probante que no estaba al alcance del testigo. Era más bien para Gerardino o para cualquier librador de un cheque el interés de producir dicho documento para probar el pago o la entrega del dinero en caso de negarse una u otra cosa. No encontramos, por tanto, que la actuación de la corte fuera errónea al permitir las manifestaciones del testigo en •cuanto a la forma en que hizo el cobro de la prima.

En los errores noveno y décimo apuntados se sostiene, por los apelantes que la corte erró permitiendo al fiscal que ■ impugnara el testimonio del testigo de cargo Angel M. Mayoral “sin haber demostrado sorpresa en otra causa legal” y porque se le permitió refrescar su memoria leyéndole una declaración prestada por él ante el fiscal.

Mientras declaraba el testigo Mayoral, surgió el inci-dente que sigue:

“P. — Cuando usted fué donde Enrique Yaledón y tuvo la en-trevista con él, ja qué se avino él? R. — A entregar la póliza. P.— j Y a qué más ? j Firmó algo ? R.- — Eñ ese momento no. P. — j Está completamente seguro? R. — Sí, señor. P. — jUsted declaró bajo ju-ramento ante el fiscal especial? R. — Sí, señor. P. — jSeñor Sama-lea? R. — Sí, señor. P.- — -¿La declaración que usted prestó es exac-tamente igual a la que está prestando aquí? (Defensa) Nos opo-nemos. Resulta abora que el Pueblo de Puerto Rico pretende im-pugnar su propio testigo. Nos oponemos en la forma a que se va a hacer. Juez: La Corte entiende que el fiscal está dentro de ley. Fiscal: P. — ¿Usted no declaró antes, cómo usted logró hacer eso? Y contestó usted. ‘Hablando . . . (Oposición por parte de la de-fensa. Alega que si las manifestaciones del testigo constan por es-crito, que se le presente el escrito. El Fiscal discute la oposición con los abogados defensores.)’ Juez: 'Sin lugar la oposición. Puede seguir interrogando. (Al fiscal) Fiscal: P. — jA usted no se le preguntó ‘ Cómo usted logró hacer eso ? ’ Y contestó: Hablando con los beneficiarios. (Defensa) Nos oponemos a que sea así. Juez: ¿La defensa se opone a la forma de la pregunta? Defensa: A la forma de la pregunta. Argumentación. Juez: ¿ Qué procedi-miento va a usar? Defensa: La pregunta típica. Juez: Puede seguir el interrogatorio. Fiscal: P. — ¿Usted contestó o es cierto o no que dijo esto: ‘Como se hizo esa cancelación.’ Defensa: Oposi-ción porque no se ha hablado nada de cancelación anteriormente.' Fiscal: El testigo ha dicho que no se avino absolutamente a nada. Defensa: Que siga el fiscal con su pregunta. Fiscal: P. — ¿Es cierto o no es cierto que la vez en que usted declaró ante el fiscal especial, señor Samalea, se le hizo la siguiente pregunta: ‘¿Cómo se hizo esa cancelación?’ Y usted contestó: ‘Los representantes de la compañía señores -Font y Young, habiéndome hecho presente que en su concepto el seguro demostraba engaño hacia la compañía por parte del asegurado ... yo me les ofrecí a conseguir las pólizas y hacer que fueran devueltas para su cancelación, lo que logré hacer suplicándole a los beneficiarios a que se las entregaran y firmaran un recibo de descargo, reconociendo la nulidad de tales pólizas.’ ¿Es cierto eso? 11. — Posteriormente se hizo eso.”

Aunque no aparece que los apelantes tomaran excepción a las resoluciones de la corte, sin embargo, como esta prueba fué la que se tomó ante la corte municipal, las partes esti-pulan introducir el récord taquigráfico de las declaraciones y dar por excepcionadas las resoluciones de la corte en to-dos los incidentes que habían sido objeto de oposición.

Con anterioridad al incidente surgido,-el testigo'en las repreguntas de la defensa había declarado que la póliza se devolvió para ser cancelada por amenazas del gerente de la compañía de perseguirle criminalmente. El fiscal entonces al interrogar al testigo nuevamente lo que trató fué de re-frescar su memoria al referirle que anteriormente había he-cho manifestaciones contrarias. Y el testigo así lo admitió cuando refiere que no hubo tales amenazas y explicó los de-talles de la forma en que obtuvo la devolución y cancelación de la póliza. El testigo no negó las manifestaciones que hizo con anterioridad al ser refrescada su memoria por el fiscal, y no fué necesario contradecirle mediante prueba de que se habían hecho.

El undécimo error se refiere a que la corte permitió declarar como testigo al abogado Alberto S. Poventud, luego de establecida la regla de que no se admitirían otros testi-gos que los que habían prestado juramento. Ciertamente que • se estableció dicha regla, pero ella no limitába la ac-ción de la corte, ya que se trataba de una cuestión discre-cional para resolver la corte de acuerdo con las circunstan-cias del caso y nada demuestra la argumentación' de lo's ape-lantes que la corte hiciera mal uso de su discreción al mo-dificar su regla. • '

El duodécimo y último error trata de la apreciación de la prueba.

De la evidencia de cargo aparece que el asegurado Ar-cadlo Robles dirigió una solicitud a la compañía asegura-dora sobre dos pólizas ordinarias de vida, una por $17,500, designándose a Enrique Valedón como beneficiario, y otra por $1,000, a favor de Pedro J. Robies, lii.jo del asegurado. En la solicitud se liacía constar que el asegurado gozaba de perfecta salud y así se confirmaba por dichos beneficiarios que también suscribieron el documento. Las pólizas fueron expedidas y la prima de cada seguro fué satisfecha por Juan J. (lerardino, uno de los acusados. Se probó evidentemente que Arcadio Robles padecía a la fecha de ia solicitud de tuberculosis pulmonar y que falleció de dicha enfermedad. K¡] médico que lo asistió declaró en tal sentido, y un examen que se hizo del esputo dió resultado positivo, encontrándose en él el bacilo de Koch. No obstante el fallecimiento del asegurado, los beneficiarios se avinieron a su cancelación suscribiendo al dorso una nota de descargo por la cual re-ciben la prima que había sido pagada y admitiendo como razón para la cancelación que el asegurado estaba enfermo al tiempo de\ solicitar el seguro. Se demostró asimismo que Robles se dedicaba a hacer instalaciones eléctricas y no ga-naba más de cuatro o cinco dólares diarios. El pasó sus últimos momentos en una casa pobre de la que el Dr. Mon-talvo hace una descripción triste y terrible. Se introdujo prueba de otras pólizas expedidas a otras personas también enfermas de tuberculosis pulmonar, en las que se demostró la intervención de G-erardino pagando las primas y las mis-.mas fueron canceladas por igual razón.

Con la prueba de defensa se trató de establecer que Ar-cadlo Robles tenía buena apariencia y no padecía de enfer-medad alguna. También se trató de probar que el interés de Yaledón como .beneficiario se derivó de un préstamo que hizo al asegurado por $2,200. La corte, sin embargo, no creyó esta prueba y no cometió error ni procedió con pre-juicio, pasión o parcialidad al dirimir el conflicto de evi-dencia en contra de los acusados.

Por todo lo expuesto, debe confirmarse la sentencia ape-lada.