author: El Juez Asociado Señor T-odd, Jr.,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Benito González Alers, acusado y apelante.
    Núm. 11137.

    Sometido: Marzo 1, 1946.

      Resuelto: Mayo 29, 1946.

      José Veray, Jr., abogado del apelante; Iíon. Procurador General E. Campos del Toro, Luis Negrón Fernández, Primer Procurador General Auxiliar, y J. Correa Suárez, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor T-odd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Apela el acusado de la sentencia de un año de presidio que le impuso la Corte de Distrito de Aguadilla al ser eon-victo por un jurado del infame delito contra natura. En este recurso alega que la corte inferior erró al permitir declarar a la testigo Bienvenida Bonet Ríos, madre del niño perjudi-cado Casiano Bonet de cinco años y medio de edad, sobre manifestaciones que éste le hizo y que tendían a inculpar al acusado, cuando ya dicho niño había fallecido en la fecha de la celebración del juicio; al permitir a dicha testigo decla-rar con el fin de cualificar al niño en cuanto a su capacidad y grado de inteligencia para así poder admitir su declara-ción como parte del res gestae y al declarar sin lugar su mo-ción de nonsuit y declarar culpable al acusado con prueba.de referencia pues aun en la hipótesis de que fuera admisible como parte del res gestae es insuficiente para condenar en ausencia de algún hecho esencial establecido por otra prueba. Los tres señalamientos envuelven una sola cuestión primordial, es decir, si la prueba de cargo, única presentada en el juicio, es suficiente para sostener el veredicto. Veamos.

El Dr. Luis A. Sánchez declaró que examinó al niño Casiano Bonet y encontró que tenía varios desgarres en la región del ano; que dichos desgarres pudieron ser cau-sados por cualquier cuerpo extrañó, especificando varios.

Bienvenida Bonet Ríos, madre del niño, declaró que éste había fallecido varios meses antes del día en que se celebró el juicio; que su hijo nació el 4 de enero de 1938 (los he-chos ocurrieron, según la acusación, el 25 de octubre de 1943, de manera que el niño tenía cinco años nueve meses de edad); que ella vivió con su marido y sus hijos en el Barrio G-uani-quilla de Aguada; que conocía al acusado por ser vecino suyo; que el día de los hechos, de cuatro a cinco de la tarde, su hijo Casiano estaba en la casa del acusado, jugando con otros niños; que vió cuando el acusado mandó a su hijo a pedirle permiso para irse a bañar con él a la quebrada y ella accedió confiada por ser el acusado vecino; que vió cuando salieron jDara la quebrada y el acusado impidió que otro niño que quería ir fuera con ellos; que a la hora y pico llegó su hijo a su casa llorando, se quitó la ropa y se acostó; que ella le preguntó que qué le pasaba y le dijo que el acu-sado lo había cogido y lo había tumbado y dicho que se que-.dara callado, que no dijera nada porque ella podía pegarle, que él le iba a cortar un pedazo de caña y le dió un centavo; que lo había tumbado sobre un cacharro y entonces el acusado le había colocado su miembro por el ano; que las ropas de su hijo estaban con sangre y tenía el ano partido con magu-lladuras, desbaratado; que entonces ella llamó a la madre del acusado y el niño repitió lo que había sucedido pero el acusado negó y dijo que el niño se había caído pero que el niño de sostuvo que le había hecho esas cosas malas; que al día siguiente su marido llevó el niño al hospital donde el Di. Sánchez y luego todos fueron a la fiscalía y le dieron cuenta de lo ocurrido al fiscal. ¿Es suficiente esta prueba?

La declaración del médico estableció el hecho de que al-guien había cometido el delito de contra natura en la -persona del niño.

La de la madre tiene dos aspectos. La primera, directa, en cuanto a los hechos que ella presenció, a saber: vió a su hijo jugando en casa del acusado y cuando éste lo envió a pedirle permiso para ir a bañarse a la quebrada y cuando salieron juntos y el acusado impidió que otro niño los acom-pañara. También lo es el hecho de haber visto las condi-ciones físicas de su hijo y de su ropa inmediatamente des-pués- de haber regresado a su casa y haber presenciado cuando su hijo le sostuvo al acusado que había hecho cosas malas con él, lo que negó el .acusado diciendo que se había caído.

Esta prueba era claramente admisible. Aunque circuns-tancial, tendía a conectar al acusado con la comisión del de-lito. ¿Era admisible el resto de la declaración de la madre en cuanto a lo que le dijo su hijo? Somos de opinión que, bajo la doctrina del res gestae, era admisible.

lisas manifestaciones fueron hechas inmediatamente des-pués de regresar el niño de la quebrada, cuando aún estaba bajo los efectos del dolor que sufría por el acto que se ha-bía cometido con él y bajo el temor de lo que podía suce-dería, según le había dicho el acusado, si decía algo. El hecho do que la madre tuviera que preguntarle al niño qué le pasaba, para que le relatara el acto criminal que se había cometido con él, no le resta espontaneidad a sus manifesta-ciones si tomamos en consideración su edad y el temor que el acusado había infundido en él.- En el caso de Pueblo v. Fuentes, 63 D.P.R. 44, resolvimos que la queja dada por la perjudicada a su madre, a preguntas de ésta, cinco días des-pués de consumado el delito era admisible como corrobora: eión o como parte del res gestae por haber estado la perju-dicada bajo el temor de las amenazas de su violador. Diji-mos entonces, y repetimos ahora, que la aplicación de la re-gia que permite la admisión de esta clase de prueba con mayor o menor rigidez, depende de las circunstancias especia-les de cada caso. A.su vez lo dicho en el caso de Fuentes no fué sino una repetición concisa del principio expuesto por Wigmore, que citamos en el caso de Pueblo v. Calventy, 34 D.P.R. 390, 2, 3, al efecto de que: “Debe observarse que las manifestacio'Kes no tienen que ser estrictamente contemporá-neas con la causa excitante; pueden ser subsiguientes a ella, siempre que no haya habido tiempo para que la influencia excitante pierda su influjo y sea disipada. . . . Además, no puedo haber ningún límite de tiempo definido y fijo. Cada caso debe depender de sus propias circunstancias.” Wigmore on Evidence, Vol. VI, pág. 142, sec. 1750.

En dicho caso de Galventy citamos otro párrafo del mismo autor en el curso del cual se dice que: “Hay una pérdida .lamentable de tiempo por parte de las cortes superiores en tratar -aquí bien de establecer o respetar precedentes. En vez de esforzarse débilmente por lo imposible deben decisi-vamente insistir en que todo caso sea tratado por sus pro-pias circunstancias. Debieran, si pueden hacerlo, levantarse perceptiblemente aun a la mayor altura de dejar la aplica-ción del principio absolutamente a la ■ determinación de la corte sentenciadora. ...” A esta recomendación esta corte, por su Juez Asociado Sr. Hutchison, contestó diciendo:

“No tenemos que especular respecto a si sería o no enteramente conveniente, o prematuro, o peligroso ahora y en esta jurisdicción el pretender hacer un vuelo en los Campos Elíseos por la zona altitu-dinal del penúltimo párrafo arriba citado en último término. Por ahora será bastante con decir que a menos que y hasta tanto un ape-lante pueda demostrar una abierta desatención o clara desviación del principio envuelto, no estaremos- dispuestos a intervenir con el ejer-cicio de la sana discreción del juez sentenciador.”

Este mismo principio lo expresa Underhill aduciendo: “Si las manifestaciones pueden ser admitidas cómo res ges-tae, aunque separadas por el tiempo o distancia de la tran-sacción principal, depende de las circunstancias de cada caso. Si la evidencia es admisible como parte del res gestae des-cansa -grandemente en la discreción judicial.” Underhill, Criminal Evidence, pág. 351, Sec. 191 (4ta. ed.)

El de autos es un caso- que presenta las circunstancias especiales que, a nuestro juicio, requiere la aplicación de la regla con menor rigidez. Presenta el hecho de*que el niño, por haber muerto antes del día del juicio, no pudo ser uti-lizado como testigo aceptando- que hubiera podido ser cua-lificado como tal. Pero es que, aun cuando no hubiera po-dido serlo, la declaración de la madre era igualmente admi-sible. Bajo la regla del res gestae “ .... el hecho de que una persona sea incompetente para declarar como testigo no afecta la admisibilidad en evidencia de sus declaraciones. Así pues, manifestaciones de niños, deseualificados como tes-tigos competentes por razón de su infancia, si dichas mani-festaciones son parte del res gestae,: han sido admitidas si dichos niños han sido los perjudicados por el daño o acto o meramente estaban presentes en el momento del accidente o de la comisión del crimen.” 1 Jones on Evidence, Sec. 355 a; Underbill, ob. cit., pág. 363, Sec. 197; Wigmore, ob. cit.,pág\ 175, Sec. 1761, qnien expresa la regla en casos de violación, en esta forma: “Cuando la perjudicada es una niña dema-siado joven para ser testigo, la manifestación debe no obs-tante ser admitida; porque, aunque en general un testigo de referencia no debe dejar de tener las eualifieaciones de un testigo corriente . . ., sin embargo la peculiar naturaleza de la presente excepción . . . bace que este principio sea sus-tancialmente inaplicable a niños ...” Y esto es así, por-que en dicha £>rueba no es el testigo el que habla sino la transacción expresándose ella misma. Powell v. Gallivan, 118 A. 769; Kenney v. State, 79 S. W. 817. En este último caso se resolvió y copiamos del sumario, que “En un pro-ceso de violación de una niña de tres años y medio de- edad y de inteligencia insuficiente para declarar como testigo, su incompetencia como testigo no hacía evidencia inadmisible las quejas hechas por ella tan poco después de la ofensa qae constituían res gestae.”

Los casos de Soto v. Territory, 94 Pac. 1104, y Keefe v. State, 72 P.2d 425, ambos por delitos contra natura, y re-sueltos por la Corte Suprema de Arizona, revelan la distin-ción que debe hacerse en la aplicación de la regla que dis-cutimos. En el primero los hechos son muy* similares a los del caso de autos. En el juicio la madre declaró que mandó a su hijo de cuatro años de edad a la tienda a las once de la mañana; que cuando volvió a las doce y media llegó llo-rando y muy pálido; que lo examinó y encontró su rectum lacerado y sangrando. Al preguntarle el fiscal qué le había dicho el niño, la defensa objetó la pregunta pero la corte la admitió y la madre contestó exponiendo lo que le había dicho. Hubo otros testigos que declararon en cuanto a que vieron al niño, poco después de llegar a su casa, llorando, excitado y quejándose y también describieron su condición física. La única cuestión planteada en apelación fué la admisión como evidencia de la declaración de la madre relatando las mani-festaciones de su hijo en cuanto a los detalles del delito. Después de citar varias autoridades para demostrar que las manifestaciones no tenían que ser estrictamente contemporá-neas con la transacción principal, la corte se expresó así, a la página 1105:

"Aplicando esta doctrina al caso de autos, no podemos decir que la corte sentenciadora erró al admitir el testimonio de la madre del niño en cuanto a sus’ manifestaciones de lo que había ocurrido entre él y el acusado. Cuando consideramos su juventud, su condición física, el grado de excitación y nerviosidad que estaba sufriendo cuando vol-vió a su casa y cuando hizo las manifestaciones y todas las circunstan-cias concurrentes demostradas por la prueba, creemos que estaba dentro de la sana discreción de la corte sentenciadora permitir que este testimonio fuera al jurado.”

Por el contrario, en el caso de Keefe, supra, aun cuando se ratificó la doctrina expuesta en el de Soto, se diferenció por el hecho de que las manifestaciones de la niña perjudi-cada, de cuatro años de edad, y las de su hermano de seis, fueron hechas a sus padres un sábado y se refirieron a un hecho ocurrido el lunes anterior y no porque estuvieran bajó-la excitación o nerviosidad del mismo, sino como una excusa dada a sus padres cuando la madre los sorprendió a ellos realizando actos inmorales. Dijo la Corte a la página 427:

“Examinemos el testimonio y veamos si puede razonablemente presumirse que las manifestaciones de los niños fueron hechas como-una consecuencia espontánea y sincera del shock de un acto cometido el lunes anterior. Estamos constreñidos a sostener que tal conclu-sión no es razonable ni en consonancia con la experiencia ordinaria dé la humanidad. Lo' que motivó las manifestaciones obviamente no fué un acto que ocurrió el lunes anterior sino el shock causado en los niños al ser sorprendidos en flagrante delicto, y la manifestación de ellos fué obviamente un intento de justificar su conducta en ese momento dando como excusa la conducta anterior del acusado, más. bien que la excitación nerviosa causada por cualquier actuación del acusado. El caso de Soto v. Territory, 12 Ariz. 36, 94 P. 1104, citado por ambas partes, ilustra claramente en qué casos las manifestaciones de un niño son admisibles como exclamaciones espontáneas y cuándo no lo son. ...”

'En el caso de autos las manifestaciones del niño fueron hedías a la madre inmediatamente después de volver a su casa, cuando aún estaba bajo la excitación y nerviosidad cau-sada por el shock que había sufrido como consecuencia del despreciable y vergonzoso acto cometido en su persona y cuando aún estaba bajo el temor que en él había infundido el acusado del castigo que podía recibir si le decía algo a su madre. Las manifestaciones del niño fueron contemporáneas con la comisión del delito pues guardan una “relación causal, lógica y psicológica, con los hechos primarios envueltos en el caso.” State v. Lasecki, 106 N. E. 660, 1 (sumario).

Si a las manifestaciones del niño unimos la prueba en cuanto al estado de su ropa y su cuerpo' lastimado, según los describió su madre y además el hecho de haber ella pre-senciado cuando su hijo, poco antes, se dirigió hacia la que-brada con el acusado, a petición de éste, forzoso es concluir-que no erró la corte al admitir la declaración de la madre y al declarar sin lugar la moción de nonsuit de la defensa..

Si en algo podría decirse que erró la corte inferior fue al imponer un año de presidio a un acusado convicto por un jurado de cometer un delito de esta naturaleza con un niño de cinco años de edad. Por lo general, respetamos la dis-creción judicial en la imposición de la’ pena en casos crimi-nales, empero, eso no implica que dejemos de expresar nues-tra desaprobación cuando el caso así lo amerite. La im-puesta en el caso de autos, a nuestro juicio, es claramente inadecuada en relación a la gravedad del delito cometido.'

Eso no obstante, se confirma.

       Al mismo efecto, véase el caso de Pueblo v. Márquez, 64 D.P.R. 371, 80.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

license: Public Domain

text:
    Luis Ramón Rivera, demandante y apelante, v. Aurora López Vda. de González, conocida por Lola López y por Lola, Teodora y Aurora González; Vicente Eduardo, Aurora-Milagros y Carlina González López, demandados y apelados.
    Núm. 9308.

    Sometido: Abril 9, 1946.

      Resuelto: Mayo 31, 1946.

      José Sabaier, abogado del apelante; Andrés Ruiz, Jr., abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal. .

Aurora López Vda. de González, conocida por Lola Ló-pez, y sus Lijos Carlina, Vicente Eduardo y Aurora Mila- . gros González López eran dueños en común proindiviso de una finca urbana en Mayagüez. Se alega en la demanda que los demandados le vendieron la antes mencionada finca,1 ac-tuando doña Lola como apoderada de su hija Carlina resi-dente en Nueva York, por la cantidad de $2,500, pero que al Irse a elevar el traspaso a escritura pública se negaron a ha-cerlo y a menos que'el demandante les pagase $3,000 que le había ofrecido otra persona por la propiedad. Solicitó se ordenara a los demandados otorgar escritura.a su favor en cumplimiento del contrato celebrado-.

Alegaron los demandados que nunca le vendieron la finca a Rivera,; que la demandada Aurora o Lola López estableció negociaciones con él para la venta por la cantidad de $2,800 pues sus hijos no aprobaron que se vendiera por $2,500, y que mientras ella' estaba en trámites con el demandante, quien le ofrecía $.2,500, su hijo-Vicente Eduardo los estable-ció también con el Sr. Félix Santiago, quien ofreció $3,000 por la finca y que en efecto fue vendida al Sr. Santiago.

La Corte de Distrito de Mayagüoz dictó sentencia a favor de los demandados declarando sin lugar la demanda con costas.

Apeló el demandante y alega que la corte inferior erró al declarar que no hubo contrato entre los demandados y el demandante sobre la compraventa de la finca urbana a que se refiere 3a demanda; al declarar que los hijos de dolía Aurora López, Vicente Eduardo y Aurora- Milagros no se en-trevistaron ni discutieron el precio de venta con el deman-dante y al declarar que el corredor Gilberto Mirabal no le' mereció entero crédito- y al no darle valor a la declaración del testigo Lie. Enrique Báez García, el notario que inter-vino en el negocio, ni al testigo Rafael Quiñones Otero.

Gomo puede verso los tres errores señalados atacan la apreciación que de la prueba hizo la corte sentenciadora. Dicha prueba fuá contradictor^ y después do revisar cuidadosa y detenidamente la transcripción de la evidencia no estamos convencidos do que la corte inferior cometiera los errores señalados. . La mera imputación de manifiesto error en lit apreciación do la prueba al igual que la de haber actuado la corte con pasión, prejuicio y parcialidad no es suficiente para que esta Corte revoque una sentencia. Debo alegarse y probarse o resultar evidente de los autos. Velásquez v. Sucn. Blanco, 59 D.P.R. 294; Gilormini v. Lorenzo, 44 D.P.R. 834.

En el caso de autos la prueba do los demandados a la -cual dió crédito la corto inferior, tendió a demostrar que los codemandados Vicente. Eduardo y Aurora Milagros Gonzá-lez López en ningún momento tuvieron trato ni celebraron contrato alguno con el demandante ni autorizaron a su ma-dre a venderle la finca en. $2,500. En cuanto a la codeman-dada su declaración tendió a demostrar que ella le pidió al demandante $2,800 por la finca y éste le ofreció $2,500; que sus hijos no intervinieron en las conversaciones que tuvo con el demandante y que ella nunca autorizó al corredor Mira-bal, ni a ninguna otra persona, a intervenir en la venta de la casa y que tampoco autorizó al demandante a que le pa-gara comisión a Mirabal por el negocio; que ella le prestó la escritura de la finca ah demandante para estudiarla o con-sultar con su abogado y le permitió medir el solar, pero que no le autorizó a mandar a preparar una escritura de compraventa a base de un precio de $2,500, el cual nunca fué aceptado por ella ni por sus hijos.

No habiendo dado crédito la corte inferior a la prueba del demandante al efecto de que todos los demandados in-tervinieron en el negocio y que esto se hizo a base de un precio de $2,500 y, siendo la prueba contradictoria, procede confirmar la sentencia apelada. .


author: El Juez Asociado Señoii Oórdova

text:
    Justina Cruz Nieves, demandante y apelante, v. Gerardo M. González, Nevares & Morales y Maryland Casualty Company, demandados y apelados.
    Núm. 9268.

    Sometido: Abril 4, 1946.

      Resuelto: Mayo 31, 1946.

      Juan Enrique Gcigel y Guillermo Silva, abogados de la apelante; F. Prieto JÍsúar, abogado de la Maryland Casualty Co., apelada.
   El Juez Asociado Señoii Oórdova

emitió la opinión del tribunal.

La demandante en una acción de daños y perjuicios cau-sados por el manejo negligente de- un camión, apela de la sentencia que declaró, sin lugar la demanda por aparecer de la misma que la acción está prescrita.

Sostiene la apelante que la corte inferior erró al estimar prescrita la acción. Arguye en primer término que, si bien la demanda se radicó más de un año después de ocurrir el accidente, se alega en la misma una reclamación extrajudicial que interrumpió el término prescriptive. La reclamación extrajudicial so hizo a una sola de las partes demandadas, a saber, la compañía aseguradora de los daños que causara el camión perteneciente a otra demandada.

La corte interior resolvió que la reclamación hecha a la aseguradora no interrumpió el período proscriptivo, por no ser la aseguradora deudora de la demandante, ni ésta aeree-dora de aquélla. La apelante insiste en que es acreedora de la aseguradora, particularmente en vista del artículo 175 de la Ley de Seguros de Puerto Bico que le permite deman-dar a la aseguradora conjuntamente con el asegurado. Pero suponiendo sin resolverlo, que la apelante sea acreedora do la aseguradora, y que por lo tanto su reclamación extrajudicial interrumpiera el término prescriptivo de suerte que no resulte prescrita la acción en cuanto a la aseguradora, tenemos que la acción está prescrita en cuanto al asegurado, y que por lo tanto la demanda no aduce hechos ni contra el asegurado ni contra la aseguradora, ya que ésta sólo res-ponde si aquél es responsable.

Aunque la apelante no ha argumentado el punto, hemos examinado detenidamente la posibilidad de que la interrup-ción de la prescripción respecto a la aseguradora pudiera perjudicar por igual al asegurado. Pero nos encontramos con que, de acuerdo con el Código Civil, el único caso en que la reclamación extrajudicial hecha a un deudor perju-dica a otro es el de las obligaciones solidarias. La soli-daridad no se presume, ni existe a menos que expresamente se convenga. Y aunque en la súplica de su demanda so-licita la apelante se condene a los demandados solidariamente al pago de los daños y perjuicios, en la demanda no se alega que la aseguradora se obligara expresamente a responder a terceros, solidariamente eon el asegurado, de los daños que causara el camión del asegurado. Las alegaciones de la demanda no nos permiten, pues, concluir que la reclama-ción extrajudicial a la aseguradora perjudicó al asegurado, ya que no se alega la existencia de una obligación solidaria, ni se alega que la reclamación se hiciera a la aseguradora como agente o representante del asegurado.

Concluimos que, aun suponiendo que de la demanda re-sulte interrumpida la prescripción de la acción en cuanto a la compañía aseguradora se refiere, no aparece que esa in-terrupción perjudique al asegurado. Siendo ello así, está prescrita la acción contra el asegurado. Y como quiera que la aseguradora no es responsable de no serlo el asegurado,, no aduce la demanda causa de acción contr'a la asegura-dora.

Otro argumento invoca la apelante: que la aseguradora está impedida de interponer la defensa de prescript ción. Surge el estoppel, según sostiene la apelante, del hecho, alegado en la demanda, de que, ál escribir la demandante a la aseguradora antes do prescribir la acción, inquiriendo de ésta expresara si estaba en disposición de discutir la redamación de la apelante, contestó la aseguradora estar “en la mejor disposición para discutir este asunto,.’21

'Dista mucho lo alegado en la demanda ele constituir he estoppel. La manifestación de la aseguradora de su confor-midad con discutir el asunto no equivale a una jn'omcsa o representación de que renuncia a la defensa de prescripción.. Tampoco constituye conducta tendente a persuadir a la ape-lantq a posponer su acción judicial. Falta además un ele-mento esencial del estoppel: el que la apelante cambiara cíe posición a base de la representación o-promesa de la asegu-radora. No solamente se deja de alegar que la apelante pos-pusiera la acción judicial confiando en la manifestación & conducta de la aseguradora, sino que se alega expresamente que fue otra la causa de la demora, o sea “que debido a.que la demandante continuó sometida a tratamiento médico hasta el raes de diciembre de 194-3, y debido a que no se le bahía determinado todavía el grado de incapacidad producido 'por la fractura de la fíbula derecha, la demandante no radicó esta demanda antes de expirar un año a partir de la fecha del accidente. ”

No existe, pues, base para el estoppel que invoca la ape-lante.

No habiéndose cometido el error imputado■ a la corte inferior, procede la confirmación de la 'Sentencia apelada.

El Juez Presidente Sr. Travieso no intervino.

       Leyes de 1929, pag. 161.

      Véase el artículo 158 do la Ley de Seguros (Leyes de 1921, pag. 523.)

       Artículo 1874-, Código Civil, Edición de 1930. Compároro c.on c.1 artículo 1875.

      Artículo 1090, Código Civil, Edición de 1930.

      Véase Bergeron v. Mensour, 152 F.2d 27.

       Aunque la alegación que copiamos aparentemente se insertó en la demanda con ol fin do eludir la defensa de prescripción, la apelante no lia pretendido ampararse en la misma. En González v. Pérez, 57 D.P.R. 860 resolvimos que era impertinente una alegación similar.


author: El Juez Presidente Señor, Travieso

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Fernando Rivera Escuté, acusado y apelante.
    Núm. 11334.

    Sometido: Abril 4, 1946.

      Resuelto: Junio 5, 1946.

      Sanios P. Amadeo, Gilberto Concepción de Gracia y F. Hernández Vargas, abogados del apelante; lion. Procurador General E. Cam-del Toro, Luis Negrón Fernández, Primer Procurador General Auxiliar y J. Correa Suárez, Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor, Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El apelante, acusado y convicto de asesinato en primer grado por haber dado muerte ilegal a Phillip Houston fuó - sentenciado a la pena de reclusión perpetua e interpuso el presente recurso de apelación imputándole a la corte a quo la comisión de cuatro errores.

El primer señalamiento está basado en la admisión, como prueba, de la confesión que por escrito y bajo juramento hiciera el acusado ante el Fiscal durante la investigación del caso. Sostiene el apelante que esta prueba era inadmisible porque la alegada confesión la Iriso el acusado ante el Fiscal sin renunciar expresa e inteligentemente su derecho a no incriminarse, ya que según declaración del profesor Alfredo Silva de la Universidad de Puerto Rico, el acusado era un retardado mental del tipo “morón”, quien no pudiendo comprender el alcance de las advertencias legales que lo hiciera el Fiscal antes de recibir su confesión, no podía estar en condiciones de saber las consecuencias de ésta. También alega como fundamento del alegado error que el privilegio constitucional de no incriminarse que tiene un acusado se aplica al examen preliminar (preliminary hearing) y cita para sostener su aserto la doctrina sentada en el caso de Woods v. United States, 128 F.2d 265, 270.

Empezaremos por decir que ni nuestra Ley Orgánica ni nuestros estatutos contienen disposición alguna que requiera para la validez y admisión de-una acusación o confesión una vista preliminar del caso (preliminary hearing). La doctrina sentada en el caso de Woods v. United States, supra, se re-fiere a aquellos casos en que se celebra una vísta preliminar en cumplimiento de las disposiciones constitucionales o es-tatutarias del estado en que rigen. De acuerdo con el ar-tículo 3 del Código de Enjuiciamiento Criminal, cuando se trata de un delito, como el del caso de autos, sobre el cual tiene jurisdicción original la corte de distrito, el proceso de-berá iniciarse “en virtud de acusación presentada por el fiscal en sala de justicia y confirmada con su declaración ju-rada que será suficiente si en ella se expresa que la acusa-ción se funda en las declaraciones de testigos juramentados por él o las declaraciones de testigos examinados ante un juez instructor”. Véase Pueblo v. Travieso, 60 D.P.R. 530.

Se alega en defensa del apelante que éste es uno ele esos “morones” a quienes todo el mundo califica como idiotas por tener la mentalidad baja, según palabras textuales del testigo de la defensa Alfredo Silva, profesor de la Univer-sidad de Puerto Rico y que, por lo tanto, su derecho a no incriminarse no pudo ser renunciado inteligentemente. El artículo 12 del Código .Penal, entre otras cosas, dispone: “Se reputan de sano juicio todos los que no sean idiotas, luná-ticos o locos.” Esta presunción es necesario desvirtuarla por medio de prueba convincente. La prueba aducida con el pro-pósito de demostrar que el acusado es un “morón”, o sea, un retardado mental, a nuestro entender, así como el de la corte y jurado que intervino en el caso, no es suficientemente convincente para destruir la presunción antes aludida ni para sostener la contención de la defensa. Por el contrario, un es-tudio cuidadoso de la confesión que hiciera bajo juramento el acusado ante el fiscal, nos induce a creer, por la forma •coherente y consciente en que éste contestara todas y cada una de las preguntas que lo fueran formuladas, que las res-puestas a dichas preguntas no podían ser el producto de la mentó de un “morón”.

El segundo de los errores imputados a la corte sentenciadora consiste en haber ésta resuelto que la confesión hecha por ol acusado no había sido conseguida mediante coacción física y moral. Para sostener esta alegación presentó el testimonio de su hermano Alfonso Rivera Escnte, de su hermana Otilia Rivera Escuté y de su. tío Cruz Eseuté, quienes declararon, el primero, que vió cuando en el Cuartel de ia Policía de Ganturee varios policías le pegaban a su hermano el acusado, sin determinar si estos hechos ocurrieron autos o después (le prestar su confesión, y los otros, solamente declararon que vieron al acusado con la cara y el cnePo hinchado sin relacionar su estado físico con la confesión prestada. Para controvertir esta prueba, el Fiscal presentó la declaración del Fiscal José C. Aponte, quien informó que el acusado confesó voluntariamente la comisión del de-lito después de haberle hecho las advertencias de rigor y que en ningún mohiento y especialmente cuando el acusado pres-tara su confesión, notó que estuviera golpeado o que so que-jara de algo, y que declaró tranquilamente. También decla-raron los detectives Porfirio Vega y Susano González que el acusado estuvo bajo su custodia y que en ningún momento persona alguna le pegó en su presencia. La corte inferior admitió la confesión como evidencia en el caso e instruyó debidamente al jurado en cuanto a su deber de rechazarla si después de considerar la evidencia en-cuanto a la alegada coacción llegasen a la conclusión de que la confesión no ha-bía sido prestada voluntariamente. 101 jurado resolvió el conflicto de esta prueba en contra del acusado y no existe razón alguna que nos induzca a determinar que la corte erró.

En su tercer señalamiento alega el apelante que la .corte inferior erró al resolver que no se privó al acusado, del derecho constitucional y estatutario de, estar asistido por abogado en el examen preliminar. Descansa su contención en las disposiciones de los artículos 44, 11 y 141 del Código de Enjuiciamiento Criminal y en el artículo 2, inciso 2 de nuestra Carta Orgánica y la doctrina sentada'' en los casos de Woods v. United States, supra, Powell v. Alabama, 287 U. S. 45, Johnson v. Zerbst, 304 U. S. 458, People v. Napthaly, 105 Cal. 641, y otros. Repetiremos, para resolver la cuestión legal planteada, lo que dijimos en el caso de Pueblo v. Travieso, supra, que ni la Ley Orgánica ni nuestro Código de Enjuiciamiento Criminal contienen disposición al-guna que requiera como requisito previo para la validez ele una acusación, que ésta sea radicada por el Fiscal después de haberse practicado un examen preliminar y librado or-den de prisión por un magistrado o juez instructor, y a esto agregamos según fuera resuelto en el caso del Pueblo v. Montes, 64 D.P.R. 322, que en esta jurisdicción no existe re-quisito constitucional de que ol acusado deba estar represen-tado por abogado con anterioridad a la lectura do la acusa-ción. Además, en la hipótesis de quo nuestras leyes requi-riesen para la validez de una acusación que se practicara previamente un examen preliminar, tal derecho del acusado ha quedado renunciado al haber dejado de presentar una moción antes o en el acto del arraignment para que se deses-timo la acusación por no haberse cumplido con tai requisito legal. Pueblo v. Travieso, supra; Ex parte McConnell, 83 Cal. 558 y People v. Ransse, 26 Cal. App. 100, 146 Pac. 65.

Y, por último, sostiene el apelante como error cometido por la corte, que el veredicto rendido por el jurado y en el cual está basada la sentencia es contrario a derecho y a la prueba: Alega para sostener su aserto que la confesión del acusado no fue debidamente corroborada, que no se probó la comisión de un delito de asesinato en primer grado y que el veredicto es contrario a la prueba.

De un estudio global de la prueba aducida por El Pueblo en este caso llegamos a la conclusión de que, independien-temente de la confesión prestada por el acusado, ha quedado establecido indubitablemente el •corpus delicti, pues se ha probado la muerte ilegal do un ser humano causada por un agente criminal. El corpus delicti, según se dice en Under-hill’s Criminal Evidence, cuarta edición, see. 37, pág. 45, puede ser probado por evidencia circunstancial de la cual el jurado pueda razonablemente inferir que un crimen ha sido cometido. La prueba del corpus delicti sólo tiene por objeto probar la comisión de un delito, no siendo necesario que de ella surja el grado de dicho delito. Así vemos que en caso de i'..lorio ilegal el corpus delicti se limita a probar que la muerte ha sido el acto de un agente criminal y con la evi-dencia tendiente a conectar al acusado con la comisión del delito se determina si la muerte constituye asesinato en pri-mero o segundo grado u homicidio voluntario o involuntario, según resulte de la prueba. Véase: Pueblo v. Declet, 65 D.P.R. 23. Entendemos que la evidencia presentada en este caso unida, a la confesión del acusado lia dejado probado su-ficientemente todos los elementos de nn delito de asesinato en primer grado sin que sea necesario el cumplimiento de ningún otro requisito legal. La confesión no fue la única prueba contra 'el acusado. Hubo prueba de testigos que vie-ron al acusado el día del crimen en el sitio donde apareció el cadáver; que las manchas de sangre que tenía la ropa y zapatos del acusado eran del mismo tipo que las del tubo con que se ocasionó la muerte y las cfS cubreasientos del auto* móvil en donde estaba' acostado el cadáver.

Por los fundamentos expresados anteriormente somos de opinión que no se ha cometido ninguno de los cuatro erro-res señalados, por lo que procede confirmar la sentencia apelada.


author: Er, Jusz Presidente Señor Travieso

text:
    Vicente Zayas Pizarro, peticionario, v. Corte de Distrito de Ponce, Hon. Ramón A. Gadea Picó, Juez, demandada; Sucesión de Antonio Palmieri, etc., interventores.
    Núm. 1631.

    Sometido: Marzo 25, 1946.

      Resuelto: Junio 6, 1946.

      Vicente Zayas 'Bizarro, pro se; el Juez recurrido compareció por es-crito; Agustín E. Font y José Guillermo Vivas, abogados de los interventores, demandados en el pleito principal.
   Er, Jusz Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En su demanda ante la Corte de Distrito de Ponee el aquí recurrente alegó que los linderos comunes entre su finca y otras dos fincas pertenecientes a los demandados estaban confundidos; que creía que los demandados estaban en po-sesión de terrenos de la finca del demandante; y que los de-mandados se negaban a practicar un deslinde de las tres fin-cas. Contestaron los demandados que ellos no se oponían a que se decretase el deslinde “por un agrimensor nombrado ele mutua conformidad por ambas partes, y en caso de que los litigantes no pudieren ponerse de acuerdo, por un ter-cer agrimensor nombrado por la Corte”.

La corte inferior dictó sentencia sobre las alegaciones y decretó el deslinde, disponiendo que debería tomarse corno base para el mismo el plano y certificación de mensura le-vantados en abril 8 de 1926, por el ingeniero agrimensor J. Elias Cordero, a solicitud de los demandados, quienes on la indicada feelia eran dueños de la finca que abora posee el demandante. De conformidad con los términos de dieba sen-tencia, las partes litigantes radicaron ante el tnbunal inferior una moción en la que hicieron constar que “de mutuo acuerdo lian designado y nombrado al agrimensor Ifred J. Jeffries, vecino de Ponee, Puerto Rico, para que proceda a-fijar los puntos de eolindancia entre las fincas del deman-dante y los demandados de acuerdo con el plano y certifica-ción de mormura de fecha 8 de abril de 1926 levantados por el Ingeniero-agrimensor J. Elias Cordero”. En septiembre 24 de 1945, la corto a quo dictó una orden aprobando el yiom-braxniento hecho por las partes a favor del Sr. Je'ffries y autorizando a éste para que procediese a practicar el des-linde de acuerdo con los términos del convenio entre las par-tes y lo dispuesto en la sentencia.

Practicado el deslinde por el Sr. Jeffries, el demandante sometió a la aprobación de la corte inferior el informe cer-tificado y el plano levantado por dicho agrimensor. Opusié-ronse los demandados a la aprobación del deslinde y solici-taron plazo para verificar otra mensura. Se opuso el de-mandante a que se ordenase una nueva mensura y la corte concedió a la parte demandada “un plazo de 10 días para radicar las objeciones que crea pertinentes”.

En enero 25 de 1946, habiendo expirado el plazo conce-dido por la corte sin que los demandados hubiesen formu-lado objeciones específicas en contra del deslinde hecho por Je'ffries, el demandante solicitó nuevamente la aprobación del mismo. En febrero 4, 194$ la corte inferior declaró sin lu-gar la moción y ordenó que ol agrimensor Je'ffries “'en unión al nombrado por la parte demandada Sr. Edil M. Eivera, practique una rectificación de lo actuado por el Sr. Jeffries e informen a la corte por escrito dentro del término de dé-cimo día después de notificadas las partes de esta resolu-ción”. No estuvo conforme el demandante y acudió a este Tribunal en solicitud de un auto de -certiorari para la revi-sión de dicha resolución.

La única cuestión a considerar y resolver es si la corte inferior erró al negarse a aprobar el deslinde practicado de conformidad con lo convenido .entre las partes y aprobado por la corte, contra el cual no se había formulado objeción específica alguna que pudiera afectar su validez o corrección, y al ordenar un nuevo deslinde.

En sus Comentarios a los artículos 385 a 387 del Código Civil Español, equivalentes a los 320 a 322 del nuestro (edi-ción de 1930), dice Manresa:

“Los convenios acerca de. las cuestiones entre los colindantes para fijar la línea divisoria con hitos o mojones, o para evitar unas veces y terminar otras las diferencias surgidas sobre sus respectivos dere-chos, son en su esencia jurídica un contrato, o una verdadera transac-ción, tal y como define este acto el artículo 1809 del Código. Su vali-dez, las formalidades extrínsecas e intrínsecas del contrato, la capa-cidad de los contratantes y la manera de suplir o completar esa capacidad, habrán, por tanto, de regirse conforme a los principios aplicables a la transacción de derechos. Y excusado parecerá decir que esos mismos principios han de tenerse en cuenta para los des-lindes que se soliciten en acto de jurisdicción voluntaria, puesto que lo en ellos acordado recibe su fuerza del mutuo asentimiento de los interesados, y no de resolución final alguna del juez que interviene en el asunto.”
“Por lo expuesto, procede sostener respecto a los deslindes extra-judieiaies y a los que se lleven a cabo en la forma establecida por el tít. 15, libro 3, de la ley vigente de Enjuiciamiento Civil: 1°., que su validez y eficacia se regulan por los principios comunes de los -contratos, y en su caso por los consignados para las transacciones, en el tít. 13, cap. Io., libro 4°., Código Civil; 2°., que conforme a lo prescrito on el art. 1293, lo convenido no puede- rescindirse por lesión, salvo en los casos terminantemente expresados en los núms. 1° y 2o del art. 1291 del presente Código; .... ” (Kanresa, Tomo 3°., págs. 340 y 341.)

El artículo 1709 del Código Civil, edición de 1930, equi-valente al 1809 del Código Español, provee que “la transac-ción es un contrato por el cual las partes, dando, prome-tiendo o reteniendo, cada una alguna cosa, evitan la provo-cación de un pleito o ponen término al que había comenzado.”' El artículo 1715 del mismo Código de 1930 (art. 1816, Có-digo Español) prescribe que “la transacción tiene para las partes la autoridad de la cosa juzgada”; y el art. 1716 (art. 1817 del Código Civil Español) dispone que “la transac-ción en que intervenga error, dolo, violencia o falsedad de documentos, está sujeta a lo dispuesto en el artículo 1217 de este Código. Sin embargo, no podrá una de las partes oponer el error de hecho a la otra siempre'que ésta se hayá. apartado por la transacción de un pleito comenzado”.

Examinemos los hechos del caso de autos a la lnz de los preceptos legales que acabamos de citar. Entablada la ac-ción de deslinde con el propósito de poner fin a la confusión existente entre los linderos de la finca del demandante y las de los demandados, aviniéronse éstos al deslinde solicitado, proponiendo que el mismo fuese practicado “por un agri-mensor nombrado de mutua conformidad por ambas partes, y en caso de que los litigantes no pudieren ponerse de acuerdo, por un tercer agrimensor nombrado por la Corte”. Aceptada la proposición por el demandante, pusiéronse de acuerdo las partes litigantes y estipularon por escrito que el deslinde sería practicado por el agrimensor Sr. Jeffries, estipulación que recibió la aprobación de la corte. Según .aparece del informe del Sr. Jeffries,’ el deslinde fué practi-cado por él en presencia de los dueños de las fincas y de sus representantes y tomando como base el plano levantado por el agrimensor Cordero en el año 1926.

El convenio celebrado entre las partes es en efecto un compromiso o transacción por la cual se encomendó a una tercera persona — el agrimensor Sr. Jeffries — la resolución del litigio pendiente. Esa transacción deriva su fuerza y validez del mutuo asentimiento de las partes interesadas “y no de resolución final alguna del-juez que interviene en el asunto”. Habiendo estipulado que el deslinde sería practi-cado por el Sr. Jeffries, las partes están obligadas a estar y pasar por el informe rendido que dicho agrimensor, a me-nos que se alegare y probare que el mismo está viciado por dolo o falsedad.

No habiéndose alegado que el deslinde estuviere viciado por dolo o falsedad, opinamos que' la corte inferior erró al negarse a impartirle su aprobación y que erró también al ordenar que se practicase una nueva mensura.

La resolución recurrida debe ser anulada y él caso de-vuelto a la corte inferior para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.


author: El Juez Presidente Señor Travieso

text:
    José Ernesto Asencio, demandante y apelado, v. The American Railroad Company of Porto Rico, demandada y apelante.
    Núm. 9207.

    Sometido: Febrero 1, 1946.

      Resuelto: Junio 6, 1946.

      Mariano Acosta Velarde y Donald II. Dexter, abogados de la apelante; José Sabater y Carlos García Méndez, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Rafael Asencio, niño de ocho años de edad, hijo del de-mandante, fné arrollado por una locomotora de la Compañía demandada en momentos en que pasaba a pie por un ca-mino o paso a nivel conocido como “Flag Stop Isabel Josefa”, en el kilómetro 4-400, barrio Bajura, Cabo Rojo. El niño mnrió como consecuencia de las heridas graves que re-cibiera.

En la demanda radicada por el padre se alega que el accidente fué motivado tínicamente por la negligencia del empleado de la demandada quien conducía la máquina a una velocidad exagerada y al acercarse al paso a nivel no tocó campana ni pitó ni dió señal alguna de su proximidad; y que aun cuando el maquinista hizo un esfuerzo extraordina-rio, tratando de detener el tren para evitar el accidente, no pudo lograrlo por causa de la velocidad exagerada, viniendo a ser detenida la máquina ^ una distancia como de doscien-tos metros del sitio del suceso.

Contestó la. demandada negando específicamente los hechos esenciales de la demanda y alegando como defensas especia-les: (a) que si en el accidente medió culpa o negligencia al-guna por parte de la demandada, también medió la negli-gencia contribuyente del demandante o del menor, siendo ésta- última la causa próxima, única e inmediata del acci-dente; y (b) que la muerte del menor fué el resultado de un accidente desgraciado e inevitable, sin que mediara en el mismo culpa o negligencia por parte de la Compañía de-mandada.

lia Corte de Distrito de Mayagiiez, ante la cual se cele-bró la vista del caso, declaró probado a su satisfacción que el niño fué arrollado por la locomotora en los momentos en que cruzaba a pie por el paso a nivel “Flag Stop Isabel Josefa”, “y que a la vez es un camino privado abierto al pú-blico”; que el menor murió como consecuencia de dicho ac-cidente; que la máquina venía • corriendo a mucha velocidad, muy ligero, antes de ocurrir el accidente, “sin tocar cam-pana, pito o señal de alarma para anunciar su proximidad a dicho sitio que es un paso a nivel por donde cruza el -pú-blico”; que la velocidad a que era conducido el tren quedó demostrada por el hecho de que el maquinista hizo esfuer-zos para detener la locomotora y no pudo detenerla hasta una distancia de 200 a 300 metros más adelante del sitio donde fué arrollado el menor; que el maquinista no sola-mente no dió aviso alguno, sino que tampoco redujo la ve-locidad al acercarse al paso a nivel; y que la causa única próxima del accidente fué la culpa, descuido y negligencia de la Compañía demandada por medio de sus empleados.

La demandada apela de la sentencia condenándola a pa-gar una indemnización de $2,800, costas y $300 para hono-rarios de abogado.

Los cuatro primeros señalamientos pueden ser considerados conjuntamente por estar todos relacionados con la apreciación de la prueba relativa a la velocidad a que era conducido el tren antes y en el momento en que ocurrió el accidente.

La corte inferior no resolvió, como alega la apelante, que la demandada fué culpable de negligencia porque la máquina y los vagones no pudieron ser detenidos hasta una distancia de 200 ó 300 metros más allá del sitio en donde fué arrollado el niño. Lo que sí resolvió la corte fué que el hecho de que la locomotora era conducida a gran velocidad y de que el maquinista hizo esfuerzos para detenerla “quedó demostrado por los chirridos de las ruedas del tren al serle aplicados los frenos y por no haber podido ser la máquina y los vagones que arrastraba detenida hasta una distancia de 200 a 300 metros más adelante del sitio donde fue arrollado el menor de edad Rafael Asencio Matos”. La evidencia ofrecida para fijar la distancia recorrida por el tren después del accidente es contradictoria. Los testigos del demandante, a los cuales dió crédito la corte sentenciadora, estimaron esa distancia en unos doscientos metros. Los testigos de la Compañía la fijaron en cincuenta o sesenta metros. Era a la corte infe- ■ rior, que tuvo ante sí a los testigos, a quien correspondía dirimir el conflicto. No vemos razón alguna para alterar sus conclusiones. Vega v. American Railroad Company, 57 D.P.R. 376.

Alega la Compañía apelante que la conclusión de la corte sentenciadora de que la demandada fue culpable de negligen-cia por nó haber reducido la velocidad de su tren al acer-carse al cruce, es contraria a derecho.

Copiaremos las palabras exactas de la coxlo inferior:

“Quedó asimismo claramente demostrado, por la prueba do la parte actora, a la cual esta Corte lo da entero crédito, que en el paso a nivel donde ocurrió el accidente objeto do esta demanda, la deman-dada no solamente no tocó aparato de alarma alguno, sino que tampoco redujo la velocidad al acercarse a dicho, paso a nivel, no habiendo la demandada por medio de sus empleados ejercido un grado razo-nable de cuidado para evitar el accidente ocurrido, y que la causa única del accidente do referencia fué la culpa, descuido y negligencia de la compañía demandada” . . . (Bastardillas, nuestras.)

En el párrafo anterior al que acabamos de transcribir, la corte inferior declaró como hechos probados “que diclfa máquina y tren de pasajeros venía corriendo a mucha velo-cidad antes y al ocurrir el accidente, sin tocar campana,, pito o señal de alarma para anunciar su proximidad a dicho si-tio, que era un paso a nivel por donde cruza el público”.

Es evidente que la conclusión de que la Compañía deman-dada había sido negligente se basó en el alegado y probado incumplimiento por parte de sus empleados de ía obligación que tiene toda compañía de ferrocarriles de tocar aparatos de alarma al acercarse a un cruce con un camino privado carretero usado por el público. La prueba demuestra que la demandada tenía conocimiento de que el camino era usado por el público, no solamente por los letreros que allí había colocado, si que también porque allí había una parada, “flag stop” para recoger pasajeros. Cuando por estatuto se fija una regla de conducta a ser cumplida por un ferrocarril en su cruce con una calle o camino, la violación de esa regla constituye negligencia per se. La manifestación adicional de que la demandada “tampoco redujo la velocidad al acer-carse a dicho paso a nivel” es, además de innecesaria, clara-mente errónea toda vez que el deber de reducir la velocidad surge solamente antes de cruzar las calles. Ferrer v. American Railroad Co., 39 D.P.R. 40, 45. Empero, el error come-tido en nada ha podido perjudicar a la demandada, toda vez que la conclusión de que la Compañía había sido negligente al no tocar aparato de alarma alguno antes de cruzar el paso a nivel es por sí sola suficiente para justificar la sentencia recurrida.

Alega la apelante en su quinto señalamiento que la corte a quo cometió manifiesto error de derecho al no considerar y al dejar de resolver la defensa especial de negligencia contribuyente.

Es cierto que la demandada alegó como defensa especial que la cauca próxima, única e inmediata del accidente fue la culpa y negligencia contribuyente del menor, sin especificar en manera alguna en que consistió la alegada negligencia. Pero no es menos cierto que la demandada no presentó evi-dencia alguna tendiente a demostrar que el niño había ac-tuado negligentemente al tratar de cruzar lá vía en el paso a nivel.

Habiendo resuelto que el accidente ocurrió en el paso a nivel y no habiendo dado crédito a la evidencia ofrecida en apoyo de la defensa de negligencia contribuyente, la corto inferior se limitó a resolver que ala causa única del acci-dente de referencia fue la culpa, descuido y negligencia de la Compañía demandada por medio de sus empleados y agen-tes” y que esa negligencia fue la causa próxima del acci-dente.' De ese modo quedaba implícitamente resuelto que la defensa de negligencia contribuyente no había sido estable-cida. -

En el caso de Vega v. American Railroad Company, supra, se trataba como en el presente de un niño de ocho años de edad que fue arrollado por un automóvil de vía que cruzó el paso a nivel sin dar aviso de su proximidad. La Compa-ñía. alegó la negligencia contribuyente del menor como causa próxima del accidente. La prueba demostró que el niño trató de cruzar estando las barreras bajadas. La corte sentencia-dora resolvió que si se hubiera tratado de una persona sui juris la sentencia hubiera tenido que ser a favor de la de-mandada, pero considerando que se trataba de un niño de ocho años de edad, que no gozaba de una precocidad superior a la ordinaria de niños de su edad, resolvió que no po-día exigírsole el misino grado de cuidado que a un adulto. Confirmamos la sentencia a favor del menor, citando con aprobación el siguiente párrafo de la opinión de la corte inferior:

“. . . .La negligencia contributoria es una defensa afirma-tiva. El peso de la prueba correspondía a la demandada. Y la evidencia dista mucho de convencernos de que este niño pudiera tener la discreción suficiente para ser culpable de negligencia eontri-butoria atendidas todas las circunstancias que concurren en este caso. ’ ’

Véase: Castro v. González, 58 D.P.R. 368, 381.

Aceptando que el niño Kafael Asencio tuviera- el día del accidente ocho años y diez meses de edad y que fuera un niño saludable e inteligente, capaz de incurrir en negligen-cia contribuyente, siempre tendríamos que llegar a la con-clusión de que no existo prueba o indicio alguno de que dicho niño actuara negligentemente al tratar de cruzar la vía. El conflicto en cuanto a si el accidente ocurrió cuando el niño trató de cruzar el paso a nivel, como alegó el demandante, o si ocurrió en otro sitio de la vía por donde el niño no te-nía derecho a cruzar, como sostuvo la Compañía, fue resuelto a favor del demandante; y estando esa conclusión sostenida' por prueba suficiente, es nuestro deber respetarla. Es cierto que el viandante que va a cruzar una vía férrea por un paso a nivel tiene la obligación de detenerse, mirar y oír antes de cruzar, pero es a la Compañía demandada a la que incumbe probar que el niño no cumplió con esa obligación. No pode-mos presumir que dejó de cumplirla, pues ello equivaldría a establecer como regla que la negligencia contribuyente se presume. Así como el demandante que alega la negligencia del' demandado está obligado a probarla, del mismo modo está obligado el demandado a probar la negligencia contribuyente del demandante, cuando ésa es la base de su defensa. Véase: Figueroa v. American Railroad Co., 64 D.P.R. 335.

Las conclusiones de la corte inferior son correctas y se ajustan a la evidencia y a la ley.

Alega la demandada apelante que la corte inferior erró al permitir, no obstante su oposición, que se presentara evidencia sobre los daños y perjuicios sufridos por la madre del menor al conceder una indemnización de $2,800, “estimando los supuestos daños y perjuicios sufridos por Carmen Matos, quien no fué ni era parte en la acción”.

La corte inferior hizo constar en sn opinión qne conside-raba como hechos prohados qne tanto el demandante como sn esposa han sido privados de y han perdido para siempre los servicios del hijo y qne ambos han sido agobiados por intensa. angustia y sufrimiento moral y mental como conse-cuencia de lo acaecido.

Del record aparece qne en contra de la oposición de la demandada, la corte permitió al demandante que declarase qne después de la muerte de su hijo su esposa había estado enferma de cama, nerviosa y achacosa por un período de tres meses.

El inciso (j) de la Eegla 17 de Enjuiciamiento Civil dis-pone que el padre y la madre, solos o conjuntamente, podrán entablar demanda por la muerte de un hijo menor de edad, cuando la muerte.se deba al acto ilegal o negligencia de otro, “Disponiéndose, que la madre legítima o natural será siem-pre partícipe en la acción, en proporción igual al padre le-gítimo o natural reconocido”.

La prueba de los daños sufridos por la madre del menor era admisible, aun cuando ella no figurase como parte de-mandante en el título de la demanda, de conformidad con nuestra decisión .en Parrilla v. Loíza Sugar Co., 52 D.P.R. 241. La demanda original radicada por el padre del menor fue desestimada a virtud de una moción de nonsuit, siendo confirmada la sentencia por esta Corte Suprema en 31 de mayo de 1932. El padre demandante falleció en octubre de 1932; y en febrero de 1933 Inés Parrilla, madre del menor, radicó una nueva demanda en la cual se relataban los hechos en cuanto a la institución de la acción original por el padre y su terminación mediante moción de nonsuit y no por 'los méritos del caso. La corte de distrito ordenó la eliminación de dichas alegaciones y declaró prescrita la acción, por el fundamento de que lá madre no era parte en el pleito in-coado por el padre y que las alegaciones eliminadas eran im-pertinentes y habían side hechas con el propósito de evitar la defensa de prescripción de la acción. Al revocar la sen-tencia, dijimos:

“Si a tenor de las disposiciones del artículo 60 del Código de En-juiciamiento Civil (edición de 1933) la esposa tiene una acción de daños y perjuicios por la muerte de su hijo menor de edad, indepen-dientemente de la acción concedida al marido, y viceversa, entonces la institución del pleito por uno de los esposos no obstruiría o suspen-dería el período prescriptivo en lo que a la causa de acción del otro se refiere. Bajo esas circunstancias la corte sentenciadora procedió correctamente al eliminar los párrafos arriba reseñados. Empero, si el artículo citado tan sólo concede una causa de acción, y cualquiera de los esposos, o ambos conjuntamente, pueden iniciar el recurso, entonces el presente litigio no habría prescrito.
“En nuestra opinión, si hay algo durante la existencia del matri-monio en que tanto el padre como la madre tienen igual interés, ello es la prole. Gomo jefe de la sociedad de gananciales el padre está investido por ley de ciertos privilegios de administración. Como cabeza de familia está igualmente investido de ciertas prerrogativas sobre sus hijos menores de edad. Este tribunal ha resuelto en repe-tidos casos que la causa de acción proveniente de las lesiones causadas a la esposa corresponde a la sociedad de gananciales y debe ser enta-blada por el marido. Hemos ido aun al extremo de negarle a la esposa status ante los tribunales. Vázquez v, Valdés, 28 D.P.R. 467; Vázquez v. P. R. Railway, Light & Power Co., 35 D.P.R. 62; Irizarry v. Diaz, 35 D.P.R. 144; Dávila v. P. R. Railway, Light & Power Co., 44 D.P.R. 950.
“Los daños y perjuicios a recobrarse por el padre y la madre por la muerto de un hijo menor de edad deben medirse por la pérdida pecuniaria eausádales a virtud de tal muerte. Está más en armonía con loa principios generales de la sociedad de gananciales el interpretar el artículo 60 en el sentido de que permite al padre o a la madre, o a ambos conjuntamente, presentar una demanda para recobrar la pérdida toial sufrida por la sociedad. Desde luego, la interposición de una demanda por cualquiera de ellos sería un impedimento a la interposición do un recurso similar por el otro. El artículo 60 por bus propios términos dice:
“ ‘Disponiéndose, que la madre legítima o natural será siempre' partícipe en la acción, en proporción igual al padre legítimo o natural reconocido; Y disponiéndose, además, que nada de lo establecido ante-riormente se entenderá én violación de los derechos de herencia esta-blecidos por el Código Civil y de las acciones que son consecuencia de los mismos.’
"El primer disponiéndose implica que la indemnización, aunque en él'sc usa la palabra ‘acción,’ corresponderá en partes iguales a los cónyuges. -En lo que al último disponiéndose concierne, nos inclina-mos a creer que éste se refiere al derecho de sucesión que tienen ios herederos del menor*, a cualquier causa de acción o chose in action que pueda corresponder a él personalmente por razón de sus lesiones o muerte.
"Hemos revisado los casos en que esta corte ha considerado hechos similares a los del presente, pero en ninguno de ellos hemos resuelto la cuestión específica que ahora está ante nosotros. En la mayoría de ellos el padre y la madre se unieron en el recurso, y en los otros el padre dedujo la demanda.
"Bajo el punto de vista que hemos asumido, creemos que la acción originalmente instruida por el marido interrumpió con éxito la pres-cripción de la causa de acción en favor de la sociedad de gananciales y que el pleito posteriormente entablado por la-esposa como repre-sentante supérstite de la comunidad fué meramente la continuación del litigio anterior por una parte demandante debidamente sustituida. Resolvemos, por tanto, que la acción iniciada por el padre original-mente y la instada por. la madre en 1933, que ahora so encuentra ante este tribunal en apelación, son recursos instruidos por la misma parte demandante, o sea por la sociedad de gananciales, representada en el litigio anterior por su administrador, y en el presente caso por su sucesora legal.
"Tan sólo existo una causa de acción, que quizá pueda ser ejer-citada a veces indistintamente por cualquiera de los padres.”

La sentencia recurrida debe ser confirmada.

       Artículo 3 letra (g) Ley de Servicio Público de P. R.; Marrero v. American Railroad Co., 33 D.P.R. 207; Ferrer e Hijo v. American Railroad Co., 39 D.P.R. 40; Vega v. American Railroad Co., 57 D.P.R. 376; E. Solé & Co. v. American Railroad Co., 61 D.P.R. 752; Ortiz v. American Railroad Co., 62 D.P.R. 181; 52 C.J. 250.


author: El Juez Asociado Señok Todd, Jr.,

text:
    Bernardo Suárez, demandante y apelante, v. Angel Francisco Pereira, demandado y apelado.
    Núm. 9278.

    Sometido: Mayo 2, 1946.

      Resuelto: Junio 6, 1946.

      Rafael Soltero Peralta, abogado del apelante; R. Rivera■ Zayas y R. Rivera Gestero, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señok Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante apela de la sentencia que desestimó su demanda sobre daños y perjuicios por estimar la corte inferior que de los hechos alegados aparece que su acción había prescrito. La demanda original se radicó el 11 de septiembre de 1944 y los hechos alegados en la demanda enmendada, los cuales debemos aceptar como ciertos a los efectos de la moción sobre desestimación presentada por el demandado, en síntesis, son los siguientes:

Se alega que el accidente que ocasionó los daños al demandante ocurrió el 8 de agosto de 1943 y que al día siguiente estando el demandante recluido en una clínica el demandado fué a verlo con un amigo y admitió que la guagua que había estropeado al demandante era del demandado y que (1 chófer que la manejaba estaba en funciones de sn cargo-; que el demandado admitió su. responsabilidad en el caso como consecuencia de la negligencia de sn empleado y le propuso arreglo al demandante; que también el demandado informó al demandante que el vehículo en cuestión estaba asegurado con una compañía de seguros representada en -Puerto Rico por la compañía Carrión, Inc. y solicitó del demandante que dirigiera su reclamación de indemnización contra dicha compañía; que tres o cuatro semanas después del accidente, Angel Rivera, -el chófer del demandado, fué donde el demandante y le enseñó el impreso que proporciona la compañía de seguros para que el chófer lo llene en caso de accidentes y que Rivera le dijo que había ido a buscar dicho impreso .por instrucciones del demandado para que la compañía se hiciera cargo de pagar la indemnización corres-pondiente; que después de haber estado el demandante hos-pitalizado durante tres meses y de haberse determinado el alcance de su incapacidad, el demandante, por conducto de su abogado hizo gestiones con la Groat American Indemnity Company, que es la compañía aseguradora del vehículo del demandado, reclamando a dicha compañía la indemnización correspondiente; que la compañía “reconoció su condición de aseguradora del vehículo que ocasionó el daño al deman-dante, conforme se alega en los apartados anteriores, y du- ■ rante varios meses, y después de haberse celebrado diversas entrevistas entre los agentes de dicha compañía y el abo-gado del demandante, no se pudo llegar a un acuerdo en cuanto a la cantidad específica de la indemnización, ya que la compañía declaró estar dispuesta a pagar una suma no mayor do $999 como indemnización al demandante, y la misma no fue aceptada por éste. Se alega además que los agentes de la compañía aseguradora en ningún momento cuestionaron la responsabilidad del demandado ni su pro-pia responsabilidad como compañía aseguradora, habiéndose limitado todas las conversaciones a la discusión de la cuan-tía de la indemnización.” (Bastardillas nuestras.)

La corte inferior al declarar con lugar la moción de des-estimación se expresó así:

“Examinada dicha demanda enmendada, de la que resulta que el accidente en que se ocasionaron los daños que se reclaman ocurrió el día 8 de agosto de 1943, y apareciendo de autos que la demanda primitiva fué radicada en septiembre 11 de 1944, sin que pueda esti< marse que la alegada visita hecha por el demandado al demandante en 9 de agosto de dicho año 1943" cuando aceptara expresamente la negligencia de su chauffeur empleado en relación con el accidente, ■haya interrumpido por más de un día el período de prescripción, como tampoco concluirse que las gestiones del ahogado del demandante ante la Compañía aseguradora del vehículo que causó los daños, perte-neciente al demandado, aun si tales gestiones fueron hechas a indi-cación del demandado, interrumpieran en modo alguno el plazo legal de prescripción de la acción para reclamar resarcimiento de per-juicios ...”

Aun cuando el apelante hace un señalamiento de seis errores, los discute conjuntamente y admite que la cuestión básica envuelta en este caso es si la acción que se ejercita está prescrita o -no.

El artículo 1868 del Código Civil (Ed. 1930) dispone que la acción para exigir la responsabilidad civil por las obliga-ciones derivadas de la culpa o negligencia prescriben por el transcurso de un año desde que lo supo el agraviado, dispo-niendo a su vez el artículo 1873 que “La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los tribunales, por- reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor. ’ ’

. Apareciendo de los autos que la demanda original fué ra-dicada el 11 de septiembre de 1944 y que el accidente que ocasionó los daños al demandante ocurrió el 8 de agosto de 1943, es obvio que había transcurrido el año que señala el artículo 1868, supra. Ahora bien, ¿son suficientes las alega-ciones contenidas en la demanda enmendada, las cuales hay que aceptar como ciertas a los efectos de la moción de des-estimación, para demostrar que el período prescriptivo do un año fué interrumpido? Veamos.

Arguye el apelado y sostuvo la corte inferior-que la ale-gada visita que hizo el demandado al demandante al día si-guiente del accidente, o sea, el 9 de agosto de 1943, en la que aceptó expresamente la negligencia de su chauffeur, inte-rrumpió la prescripción solamente un día y que las' gestio-nes que hizo el demandante con la compañía aseguradora del vehículo del demandado, aun cuando fueran hechas a indi-cación del demandado, no tuvieron el efecto de interrumpir la prescripción.

Somos de opinión que el apelante tiene razón al soste-ner que habiendo alegado que el demandado admitió su res-ponsabilidad al día siguiente del accidente y que al mismo tiempo le pidió que dirigiera su reclamación contra la com-pañía aseguradora y alegándose además que, en efecto, al cumplir el demandante dicha indicación, la aseguradora en ningún momento cuestionó la responsabilidad del demandado ni su propia responsabilidad bajo la póliza y que el único punto en controversia entre el demandante y la aseguradora sobre el cual no pudieron ponerse de acuercfo fue en cuanto a la cuantía de la indemnización, habiendo durado las con-versaciones entre ellos varios meses, las cuales comenzaron después de haber estado el demandante hospitalizado tres meses, dichas alegaciones son suficientes para demostrar, si son probadas oportunamente, que la prescripción fue inte-rrumpida durante varios meses, y que la acción no había prescrito ya que la demanda fue radicada sólo un mes y tres días después del año de ocurrido el accidente.

Un el caso de Cruz Nieves v. González et al., pág. 212, ante, resolvimos que no pbstante la reclamación extrajudicial que se hizo por la demandante a una sola de las partes demandadas, a saber, a la compañía aseguradora, suponiendo que ésta fuera deudora de la demandante, la acción estaba prescrita en cuanto al asegurado, a quien no se hizo recla-mación alguna ni había admitido su responsabilidad, y que, como consecuencia, la demanda no aducía, hechos ni contra el asegurado ni contra la aseguradora, ya que ésta sólo res-ponde si aquél es responsable.

El caso de autos es distinto. Los hechos alegados tien-den a demostrar, 1ro., que el asegurado aceptó y reconoció su responsabilidad, 2do., que el demandante, a instancias del asegurado, hizo la reclamación extrajudicial a la asegura-dora y 3ro., que la aseguradora aceptó, tanto la responsabi-lidad del asegurado, como la suya propia. Estas alegacio-nes nos permiten concluir (lo que no pudimos hacer en el caso de Cruz Nieves v. González et al., supra) que la recla-mación extrajudicial a la aseguradora perjudico al deman-dado como asegurado, pues aquélla reconoció, al igual que-ya lo había hecho éste, su responsabilidad. La indicación hecha por el demandado al demandante de que dirigiera 'su reclamación contra la aseguradora y. la aceptación de ésta de su respqnsabilidad y, como consecuencia, entrar en negocia-ciones para determinar la cuantía de la indemnización, con-virtió a la aseguradora, si es que no lo era ya por los tér-minos de la póliza, en agente o representante del asegu-rado. No sería justo ni equitativo que, aceptando como cier-tas las alegaciones de la demanda enmendada, pueda permi-tirse al demandado eludir su responsabilidad alegando que la acción lia prescrito. Su aceptación voluntaria de respon-sabilidad no limitó la interrupción preseriptiva durante vein-ticuatro horas como resolvió la corte inferior. Esa interrup-ción continuó durante los varios meses en que la asegura-dora, solidarizándose con la responsabilidad del asegurado., mantuvo el caso bajo discusión en cuanto a la cuantía de la indemnización. La conducta de la aseguradora, según se alega en la demanda, no se limitó a discutir con el deman-dante el asunto, como sucedió en el caso de Cruz Nieves v, González et al., supra, sino que dicha conducta unida a la del asegurado, aceptando su responsabilidad, interrumpió la prescripción durante varios meses. Siendo dicho término mayor que el de un mes y tres días en que se radicó la de-manda después del año de ocurrido el accidente, la acción no había prescrito.

Debe revocarse la sentencia&apelada y devolverse el caso para ulteriores procedimientos.

      Véase Bergeron v. Mansour, 152 F.2d 27, 33.


author: .El Juez Asociado Señor Córdova

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Candito Cintrón, conocido por Candelario, acusado y apelante.
    Núm. 11446.

    Sometido: Junio 5, 1946.

      Resuelto: Junio 6, 1946.
    -G-. López de Victoria e Ildefonso Freyre, abogados del apelante; Hon. Procurador General E. Campos del Toro, Luis Negrón Fernández, Primer Procurador General Auxiliar, y J. Correa Suárez, Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   .El Juez Asociado Señor Córdova

emitió la opinión del tribunal.

251 apelante fue convicto de infracción al artículo 137 del Código Penal, por haber demorado y estorbado al márshal de una corte municipal mientras éste procuraba citar a una acusada. Sostiene que erró la corte al estimar probado el delito. El fiscal de esta Corte conviene en que se cometió el error imputado.

La prueba demuestra que el márshal se presentó en el establecimiento del acusado e inquirió sobre el paradero de una mujer. El acusado, quien conocía al márshal •como tal, contestó que no estaba la mujer en su establecimiento, e indicó que quizás estaría en otro sitio. El márshal se fue, y volvió al rato con un policía, quien identificó a una mujer que estaba en* el establecimiento del acusado como la mujer que buscaba el márshal.

. Aunque la prueba demuestra que el márshal buscaba la mujer para citarla para juicio, no aparece que así se lo hi-eiera saber al acusado, ni que este lo supiera. El articulo 137 del Código Penal sólo prohíbe la obstrucción voluntaria de un funcionario al tratar éste de cumplir alguna de sus obligaciones. Para que exista esa voluntad de obstruir es preciso que el acusado sepa, no sólo el carácter del funcio-nario, sino el hecho de que está actuando en gestiones pro-pias de su cargo. McLendon v. State, 12 Ga. App. 691, 78 S. E. 139. Véase Pueblo v. Santiago, 35 D.P.R. 767.

No habiéndose probado que el acusado voluntariamente obstruyera la gestión del márshal, procede la revocación de la sentencia apelada.


author: El Juez Presidente SeñoR Travieso

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Nicolás Millán, acusado y apelante. El Mismo v. El Mismo. El Mismo v. El Mismo.
    Núms. 10894, 10895 y 10896.

    Sometidos: Junio 6, 1945.

      Resueltos: Junio 7, 1946.

      B. Bivera Zayas, G. Bivera Cestero y E. Buitrago, abogados del ape-lante; Hon. Procurador General E. Campos Del Toro, (B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, y Luis Negrón l’ernández, Fiscal Auxiliar, en el alegato), abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente SeñoR Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El fiscal del distrito de Humacao formuló acusación contra el apelante, imputándole la comisión de un delito de ase-sinato en la persona de José María Roig. En otras dos acusa-ciones separadas se le imputaron los delitos de portación ilegal de la pistola con la cual dió muerte a Roig y no ha-ber registrado dicha arma de acuerdo con lo dispuesto por la Ley núm. 14 de 1936 ((2) pág. 129).

Habiendo sido declarado culpable de los delitos de homi-cidio voluntario, portar un arma prohibida y no haberla re-gistrado, casos que fueron sometidos conjuntamente por la misma prueba, el acusado apeló de las tres sentencias que le fueron impuestas. El apelante imputa a la corte senten-ciadora la comisión de 19 errores, los cuales examinaremos y resolveremos en el mismo orden en que aparecen expues-tos en el alegato.

El primer señalamiento se refiere a la admisión de la declaración del perito médico sobre las heridas sufridas por el individuo Carmelo Ortiz Cay, que no es la persona que fué víctima del asesinato imputado al apelante. Alega éste que dicha prueba no era necesaria ni pertinente a la resolución del caso y que fué ofrecida con el solo propósito de levantar prejuicio contra el acusado en el ánimo del jurado, perjudicando así sus derechos substanciales.

Al preguntarle el fiscal si había hecho un examen del cuerpo de Carmelo Ortiz Cay, se opuso la defensa, alegando que el caso que se estaba viendo era el de la muerte de Roig y no el de las heridas inferidas a Ortiz. Replicó el fiscal que las heridas de Ortiz eran “parte de la misma transac-ción ’ ’, o -sea, qne Ortiz había sido herido durante la ocurren-cia del suceso en el cual Roig perdió la vida. Manifestó la defensa que no tenía objeción a que se declarase que otra persona había salido herida, pero sí se oponía a la presen-tación de la prueba pericial en cuanto al carácter de las he-ridas. La corte admitió la declaración ..sujeta a la condición de que se conectara en alguna forma con los hechos del caso de autos. La defensa anotó su excepción y entonces el tes-tigo declaró en cuanto al carácter, situación, trayectoria e importancia de las dos heridas recibidas por Carmelo Ortiz.

En el segundo y tercer señalamientos se levanta la misma cuestión que en el primero. La corte, con oposición de la defensa, permitió que el médico declarase sobre la autopsia por él practicada en el cadáver de Antonio Torres Ortiz— persona distinta a la del occiso en el caso de asesinato — y que describiese las heridas recibidas en el mismo suceso por Florentino Ortiz.

Habiendo sido heridos Carmelo Ortiz y Florentino Ortia y muerto Antonio Torres Ortiz, en el mismo acto' o suceso en el cual se cometiera el alegado asesinato de José María Roig, la prueba de esos hechos era admisible como parte© de una misma transacción. Sería en verdad imposible rela-tar los hechos en cuanto a la muerte de Roig, sin hacer re-ferencia al hecho de que otra persona fué muerta y otra© dos heridas, en el mismo sitio, por la misma persona y usándo-la misma arma. Véanse: Pueblo v. Souffront, 30 D.P.R. 105; Pueblo v. Philip, 34 D.P.R. 644; Pueblo v. Sierra, 42 D.P.R. 504 y Pueblo v. Pierantoni, 60 D.P.R. 13. La evidencia eis cuanto al carácter y trayectoria de las heridas no era perti-nente ni admisible. Empero, no aparece que el error de ha-berla admitido haya podido causar perjuicio alguno al acu-sado, ni que sea motivo suficiente para justificar la revoca-ción que se solicita.

La corte inferior admitió en evidencia una declaración manuscrita, prestada por el acusado mientras estaba preso en la Cárcel de Humacao, ante el Teniente Donnelly, Juez de Investigación de la Policía Militar del Ejército de los Estados Unidos; y en relación con dicha declaración admitió el testimonio de dicho oficial, quien no conoce el idioma español. Se imputa a la corte el error de haber admitido la declaración del acusado, sin que la misma hubiera sido debidamente identificada, ni constituyera una confesión o admisión voluntaria incriminatoria del acusado.

De la transcripción de la evidencia aparece que el Te-niente Donnelly, encargado de investigar la causa de la muerte de Roig, quien era un soldado en servicio activo, fué .a visitar al acusado llevándo como su amanuense e intérprete al soldado Raúl Trujillo 'Santiago, quien conoce perfecta-mente el español y el inglés. Declaró el teniente Donnelly, que* al encontrarse con el acusado Millán informó a éste cuál era su posición en el ejército y que estaba investigando la muerte del soldado Roig, que antes de interrogar al acusado le advirtió de su derecho a no declarar, informándole que su silencio no sería utilizado en su contra, pero que “si hablaba y cualquier cosa que dijese fuese incriminatoria contra él, po-dría ser usada en su contra”; que entonces el acusado, por medio del intérprete relató todas sus actuaciones, alegando que era la verdad y que estaba dispuesto a jurar esos he-chos; que acto seguido el intérprete Trujillo tomó la decla-ración del acusado, preguntando a éste al terminar cada ora-ción si era correcto o no; que las únicas tres cosas que re-sultaron incorrectas fueron tachadas poniendo el acusado sus iniciales, y cuando toda la declaración fue terminada la entregó al acusado para que la leyera y el acusado la leyó cuidadosamente página por página, la encontró conforme, prestó juramento y firmó; y que aiftes de que el acusado firmara le advirtió una vez más de sus derechos.

Opinamos que la declaración del acusado, admitida en evidencia, fue suficientemente identificada por el oficial que la autorizó con su firma, quien reconoció la firma del acusado y las de los demás firmantes del documento, como puestas en su presencia. La declaración fue prestada voluntaria-mente por el acusado, después de haber sido debidamente advertido de su derecho a no declarar. Todas las páginas de la declaración aparecen firmadas por el acusado. El úl-timo párrafo de la declaración dice así: “Quiero decir que se me ha advertido de mi derecho constitucional a no decla-rar, y que presto esta declaración voluntariamente con el objeto de cooperar con el Ejército en su esfuerzo de escla-recer la verdad.”

La declaración prestada por el acusado no es en realidad una confesión ni una admisión de culpabilidad. Por el contrario, el acusado declaró que él se encontraba en su establecimiento, echando fuera a los curiosos que allí se habían reunido, cuando oyó los “disparos que provenían de la Calle Muñoz Rivera”. Su declaración no es otra cosa que lo que se conoce como un exculpatory statement, mediante el cual una persona trata de protegerse declarando que no tuvo participación alguna en el hecho delictivo que se inves-tiga. La declaración era admisible sin que estuviese la Corte obligada a instruir al jurado que las manifestaciones del acusado debieran ser consideradas como ciertas hasta que fueran destruidas. Recientemente sugerimos y ahora así lo resolvemos que el dictum em contrario en Pueblo v. Mercedes Sánchez Parra, 55 D.P.R. 351, 369, fue erróneo y que “en una confesión la materia exeulpatoria debe ser tratada como cualquier otra evidencia, estando el jurado en libertad de creerla o rechazarla.” Pueblo v. Muñiz 65 D.P.R. 985.

Se queja el apelante de que no se le permitiera. preguntar al testigo de cargo Carmelo Ortiz Cay, si tenía pendientes ante la Corte de Distrito de Humaeao, acusaciones por delitos graves que surgían de los mismos hechos en-vueltos, en el presente caso, y por otros delitos cometidos con posterioridad. El objeto de dichas preguntas era, según se alega, poner de manifiesto el prejuicio, la parcialidad, el in-terés y la depravación moral del testigo.

El testigo, repreguntado por la defensa, declaró que él y el acusado eran amigos, del mismo pueblo y nunca habían tenido disgustos. Fué entonces que el abogado defensor le preguntó si tenía algún proceso pendiente con motivo del mismo suceso. Objetada la pregunta, la corte sostuvo la ob-jeción del fiscal. La defensa preguntó entonces al testigo si había sido convicto de algún delito grave y el testigo con-testó en la negativa.

El interrogatorio, a nuestro entender, era admisible con el propósito de establecer el interés que pudiera tener el tes-tigo en declarar en la forma en que lo hizo. Este Tribunal, en el caso de Pueblo v. Ramírez de Arellano, 25 D.P.R. 263, 283, sentó la regla de que no es permisible preguntar a un testigo si se había iniciado una causa contra él; y que hasta tanto una persona no haya sido declarada culpable, existe la presunción de inocencia a su favor y el hecho relativo a un proceso criminal no tiende a desacreditarlo. Esa doctrina no ha sido revocada por la decisión dictada en el caso de Pueblo v. Bermúdez, 39 D.P.R. 826, pues existe una gran diferencia en el interrogatorio formulado en. uno y otro caso. El interrogatorio en el caso de Bermúdez tendía a establecer un hecho específico ejecutado personalmente por el acusado Jenaro Bermúdez en contra del testigo de cargo, o sea que dicho acusado lo había denunciado en varias ocasiones por la comisión de unos cuantos delitos. En otras palabras, se interrogaba al testigo sobre hechos perjudiciales a él, reali-zados por el acusado, los cuales pensando lógicamente, ten-dían a demostrar la existencia de un motivo de apasiona-miento o parcialidad por parte del testigo. La defensa en el presente caso se concretó a repreguntar al testigo Carmelo Ortiz Cay si es cierto o no que está procesado con motivo del suceso que diera lugar a la acusación de Millán, o de otros acaecidos posteriormente.

La doctrina sentada en Pueblo v. Ramírez de Arellano, supra, es que el interrogatorio tendiente a demostrar que el testigo está sujeto a un proceso criminal no es admisible en evidencia. La del caso de Pueblo v. Bermúdez, supra, es que se puede interrogar al testigo si ha sido denunciado por el acusado por la comisión de algún delito, con el propósito de establecer la existencia de un estado -de antagonismo entre el testigo y el acusado, que sirva de base para impugnar la declaración de dicho testigo. La corte inferior debió per-mitir la pregunta hecha al testigo en este caso, pero no apa-reciendo que su exclusión causara perjuicio alguno a los de-rechos del acusado, el error cometido no justifica la revoca-ción solicitada.

Se queja el apelante de que la corte a quo no permitió repreguntas a los testigos de cargo Antonio López y Carmelo Ortiz Cay y preguntas al testigo de la defensa, el policía Vizcarrondo, tendentes a demostrar que horas antes de la muerte de Roig, éste estaba en estado de embriaguez así como sus compañeros Antonio Torres Ortiz y Carmelo Ortiz Cay, y quienes observaban una actitud agresiva y peligrosa para las personas y la propiedad.

Del récord de este caso no aparece que el acusado tomara excepción de la resolución de la corte denegando la admi-sión de las repreguntas formuladas sobre el particular cuando se interrogaba al testigo Antonio López. Ha sido doctrina constante de este Tribunal la de que resolución no excepcionada es resolución aceptada, no pudiendo, por tanto, ser motivo de revisión a menos que constituya un error tan fundamental, lo que no sucede en este caso, que malogre los fines de la justicia.

En cuanto a la declaración del testigo de la defensa, el •policía Vizcarrondo, aparece de la transcripción de la evi-dencia que la corte inferior no permitió al testigo declarar sobre dificultades anteriores habidas entre él y Roig y sus acompañantes. La corte sentenciadora puede negarse a per-mitir que un testigo declare sobre hechos que én nada afec-tan el delito cometido. Las dificultades habidas entre el in-terfecto José María Roig y sus compañeros con el policía Vizcarrondo en momentos y sitio distintos a los del suceso de autos, en nada pudieron afectar el delito que se imputa al acusado. Lo que motivó la acción del acusado en este caso, según su teoría, no fueron las dificultades anteriores, si algunas hubieron, entre el policía Vizcarrondo y Roig y sus amigos. Lo que surge de la teoría de la defensa.es que el acusado Millán dió muerte a Roig porque vió en peligro la vida del policía Vizcarrondo, sin tener en consideración las dificultades a que se ha hecho mérito. Cuestión similar a la presente fué resuelta por este Tribunal en los casos de Pueblo v. Sarria, 57 D.P.R. 882, 890; Pueblo v. Garay, 64 D.P.R. 106, 108.

Se queja el apelante que la corte inferior erró al admitir, a pesar de la reiterada oposición del acusado, las preguntas formuladas por el fiscal al policía Vizcarrondo con el objeto de impugnar su veracidad, tomando como base una declaración escrita tomada por el propio fiscal en la investigación preliminar a pretexto de refrescar la memoria del testigo, rehusando exhibir o mostrársela al testigo y a la defensa, antes de proceder a formular dichas preguntas.

Un examen del récord de este caso demuestra que no se cometió el error alegado, pues aparece que el fiscal al tratar de impugnar la veracidad del testigo, al decir éste que la única pregunta que el fiscal le había formulado en la inves-tigación del caso era si creía que el acusado Millán había matado a Roig innecesariamente, le presentó su declaración al testigo, y además la entregó para su lectura al abogado defensor. Rectificada su afirmación por el testigo al decla-mar que había sido objeto de varias preguntas más, el fiscal dió por terminada por creerla innecesaria la impugnación del testigo. Luego al interrogar nuevamente el fiscal al testigo si al declarar ante él bajo juramento le había leído dos de-claraciones juradas que anteriormente hubiera prestado ante otras autoridades, la defensa se opuso por entender que de-bía previamente mostrársele al testigo sus declaraciones. Ante tal oposición, el fiscal retiró su pregunta. Más ade-lante surge de nuevo la misma oposición por parte del abo-gado defensor cuando el fiscal interrogó al testigo en cuanto al número de declaraciones que había prestado en la inves-tigación de este caso. Es obvio que este interrogatorio no era tendente a impugnar la veracidad del testigo porque éste hubiese hecho manifestaciones contrarias a las presentes en sus declaraciones anteriores. No teniendo el interroga-torio del fiscal el alcance de impugnar la veracidad del tes-tigo, el artículo 245 del Código de Enjuiciamiento Criminal no es de aplicación. No obstante, en el supuesto caso de exis-tir el error alegado por no haberse cumplido con las dispo-siciones del referido artículo 245, éste carece de importancia suficiente para acreditar la revocación de la sentencia dic-tada por la corte inferior. Véase Pueblo v. Lebrón, 61 D.P.R. 657.

9,10,12,13,16 y 18. Se refieren todos y cada uno de es-tos señalamientos a sendos errores que a juicio del apelante cometiera la corte inferior en sus instrucciones al jurado.

Del récord del caso no aparece que el apelante tomara excepción específica contra las instrucciones de la corte al jurado relacionadas con dichos señalamientos. Tampoco aparece que solicitara expresamente instrucciones al jurado sobre los mismos extremos, dando así una oportunidad a la corte a quo de corregir cualquier error cometido o cubrir cualquier omisión en que hubiere incurrido al dar sus instrucciones. Es innecesario, siendo esto así, entrar en la consideración de los referidos errores, pues si la defensa tuvo su oportunidad de impugnar las instrucciones dictadas por la corte al jurado, y dejó de hacerlo-, con su proceder ha re-nunciado a cualquier error que existiera en dichas instruc-ciones. Tampoco aparece del récord que el acusado hubiese solicitado instrucciones especiales en cuanto a los extremos abarcados en los errores antes indicados. Véanse: Pueblo v. Ramos, 36 D.P.R. 821; Pueblo v. Figueroa, 26 D.P.R. 754; Pueblo v. Ramírez de Arellano, 25 D.P.R. 263; Pueblo v. García, 64 D.P.R. 290, 293; Pueblo v. Garay, 64 D.P.R. 106, 108; Pueblo v. Díaz, 63 D.P.R. 987, 993 y Pueblo v. Valentín, 63 D.P.R. 787, 793.

Al comentar los errores 9 y 10, el apelante se queja de que la corte inferior invadió las atribuciones del jurado al afirmar en sus instrucciones que el policía Vizcarrondo había tratado de arrestar a Boig y sus compañeros, dando por sentado como hecho probado que dicho policía trató de ejecutar tal arresto sin justificación alguna, no obstante ser contradictoria la prueba sobre este extremo, invadiendo en esta forma las atribuciones del jurado como juez exclusivo de los hechos y la apreciación de la prueba. No es cierto que la prueba, en cuanto a este particular, sea contradictoria. Los hechos ejecutados por el policía Vizcarrondo al intervenir con Boig y sus compañeros, son más elocuentes que las palabras del propio policía, testigo de la defensa. Un cuidadoso análisis de esta prueba nos lleva a la indiscutible conclusión de que el propósito del policía era arrestar a Boig y sus compañeros, no porque éstos observaran ante él una conducta ofensiva y tumultuosa o cualquier otro acto ilegal en su presencia que justificara un arresto por dicho funcionario del orden público, sino que fué consecuencia directa del requerimiento o indicaciones del acusado al policía con motivo de los daños causados a dicho acusado en su bar momentos anteriores y en ausencia del referido policía; todo lo cual aparece tanto de la prueba de cargo como de la de defensa, no existiendo, por tanto, contradicción alguna en cuanto a este extremo.

Al discutir los errores 9 y 10, hemos entrado incidentalmente en la consideración del señalado bajo el núm. 11 por estar éste estrechamente relacionado con aquéllos. Ahora comentando especialmente éste último debemos agregar que la corte inferior no erró al denegar la instrucción especial solicitada por la defensa al efecto de que el policía Vizcarrondo tenía derecho a proceder al arresto de Eoig y sus compañeros sin la correspondiente orden de arresto, si éstos en su presencia alteraban la paz públiea, observando una conducta ofensiva, tumultuosa, encontrándose en estado de embriaguez en la vía pública. Ya hemos dicho anteriormente que de la prueba no aparece la comisión de delito alguno por Eoig y sus compañeros en presencia del policía y que lo que motivara el propósito de este policía de arrestarlo fue el incidente ocurrido en ausencia del tantas veces citado policía en el Bar Venecia del pueblo de Juncos. Por lo tanto no procedía se instruyera al jurado sobre este extremo.

En cuanto al error marcado con el núm. 16 referente a supuestas instrucciones erróneas sobre defensa propia, debemos agregar a lo anteriormente dicho que no se tomó excepción ni se solicitó instrucción adicional alguna y que las instrucciones dadas por la corte exponen correctamente la materia sobre defensa propia y se ajustan a la ley, tanto en su forma como en su fondo. Véanse: Pueblo v. Valentín, 63 D.P.R. 787 y Pueblo v. Guzmán, 61 D.P.R. 634.

Agregamos a lo ya dicho en cuanto al señalamiento de error núm. 18, que las instrucciones dadas por la corte al jurado exponen correctamente los hechos de este caso y se ajustan razonablemente a la ley. Véase Pueblo v. Valentín, supra.

Alega el apelante que la corte inferior erró al no admitir en evidencia el Libro de Novedades del Cuartel de la Policía Insular de Juncos, en el que se hicieron los asientos relativos a los hechos ocurridos y que motivaron el proceso de este caso. Sostiene que es evidencia suprimida vo-luntariamente, puesto que el fiscal había citado al Jefe de la Policía Insular de Juncos con el referido libro para ofre-cerlo como prueba. Entendemos que no existe tal supresión de prueba, puesto que el contenido de dicho libro era informe dado por el propio policía Vizearrondo, quien declaró con lujo de detalles en la vista de este caso sobre todo lo ocu-rrido en el día de los sucesos. Hubiese sido procedente la presentación de dicho libro como prueba, por una u otra parte, si se hubiese tratado de impugnar la declaración del testigo o de refrescar su memoria.

Alega el apelante que la corte inferior erró al denegar las instrucciones solicitadas por el acusado en el sentido de que es al jurado a quien corresponde determinar si la declaración prestada por. el acusado ante las autoridades militares fue hecha o no voluntariamente y desecharla si creían que no fue voluntaria.

En cuanto a la declaración antes aludida, ya hemos re-suelto que ésta no es otra cosa que lo que se conoce como un “exculpatory statement”, mediante el cual una persona trata de protegerse declarando que no tuvo participa-ción alguna en el hecho - delictivo que se investiga. Esto no constituye una confesión ni tampoco una admisión por parte del acusado, pero no obstante, la corte inferior en sus ins-trucciones al jurado informó a éste que le incumbía apreciar si tal declaración fué prestada voluntaria o involuntaria-mente, dándole el valor que estimase procedente. Siendo esto así, no se ha cometido el error alegado.

Sostiene el apelante que el veredicto de homicidio voluntario es contrario a derecho y a la prueba.

Para una mejor comprensión de este señalamiento trans-cribimos, en síntesis, la prueba que tuvo ante sí el jurado que entendió en este caso.

La de cargo demostró que en el día de autos el interfecto José María Roig, Antonio Torres Ortiz y Carmelo Ortiz Cay, entraron al Bar Venecia, en el pueblo de Juncos, tomaron algunas bebidas y en presencia del acusado, quien era el en-cargado o administrador, de dicbo Bar, rompieron algunos vasos y botellas, rompiendo Roig una vitrina. Tan pronto como dichos tres individuos hubieron salido del Bar, 'el acu-sado salió dirigiéndose a su casa y encontrando en el camino al policía Vizcarrondo, le informó sobre lo que había suce-dido. El acusado regresó al establecimiento, armado de una pistola. Encontrándose en el Bar el policía Vizcarrondo y el acusado, volvieron a pasar por allí Roig y sus compañe-ros, quienes se dirigían a otro sitio para comer. El acusado los señaló al policía Vizcarrondo como las personas que ha-bían hecho el daño en su establecimiento y entonces Vizca-rrondo se dirigió hacia ellos, les dijo que estaban arrestados y que fueran al Cuartel con él. Al negarse Roig y sus acompañantes a someterse al arresto, el policía Vizcarrondo hizo ademán de sacar su revólver y entonces Ortiz Cay le aguantó la mano y se agarró con el policía, luchando ambos por breves momentos, mientras se aproximaban Roig y Torres. En un momento en que Torres se separó de los dos que luchaban, el acusado sacó su pistola y disparó contra Torres, hiriéndolo'. Después de disparar contra Torres y caer éste en el suelo, siguió Ortiz Cay en su lucha con Viz-carrondo hasta entrar en un puesto de verduras inmediato* entrando también Roig luchando con el policía; y que en-tonces en esos momentos se acercó el acusado a la puerta de dicho puesto de verduras y a indicaciones de álguien re-trocedió, pero volvió nuevamente hasta los escalones del puesto y desde allí hizo otro disparo de pistola contra Roig que le produjo la muerte en el acto y luego continuó haciendo dos disparos más contra Ortiz Cay, que aún estaba en lucha con el policía. Como consecuencia de estos disparos Ortiz Cay recibió dos heridas de bala.

La prueba de defensa tendió a demostrar que el policía Vizcarrondo fué atacado por Roig y sus acompañantes, y que el acusado Millán actuó en defensa de dicho policía para impedir que se le privara de la vida.

El jurado tuvo ante su consideración la prueba que, en síntesis, se relata anteriormente y se resolvió el conflicto de la prueba en contra del acusado. La prueba de cargo sos-tiene el veredicto rendido en este caso por el jurado y no existiendo manifiesto error, prejuicio o parcialidad en la apreciación de la misma, no procede que este Tribunal in-tervenga con la sentencia dictada. Véase Pueblo v. Valentín, supra; Pueblo v. Rodríguez, 62 D.P.R. 778, 252; Pueblo v. Garay, supra, y Pueblo v. García, 64 D.P.R. 290.

Se queja el apelante que la corte inferior erró al declarar sin lugar su moción de nuevo juicio. No apare-ciendo de los autos que se interpusiera recurso de apelación contra la resolución de la corte inferior declarando sin lu-gar dicha moción, este Tribunal carece de jurisdicción para conocer de este alegado error. Véanse: Pueblo v. Ortiz, 62 D.P.R. 258; Pueblo v. Lebrón, 61 D.P.R. 657, y Pueblo v. Mediavilla, 54 D.P.R. 565.

No habiéndose cometido los errores señalados en el caso de asesinato (felony); y apareciendo, además, probados to-dos y cada uno de los elementos de los delitos de portar y no registro de armas, procede la confirmación de las senten-cias dictadas por la corte inferior en estos casos.

Los Jueces Asociados Sres. De Jesús y Córdova no in-tervinieron.