author: El Juez Asociado Sr. HtjtchisoN,

text:
    Rivera, Demandante y Apelante, v. Sucesores de López Villamil & Co., Demandada y Apelada.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en pleito sobre indemnización de daños y perjuicios.
    No. 2104.
    Resuelto en marzo 29, 1921.
    Negligencia Oontributoria. — No puede imputarse negligencia oontributoria a una persona por dejar de observar si bay peligro al pasar cerca de un truck cargado, si dentro de las circunstancias concurrentes no tenía ésta motivo para sospechar de ningún peligro. Sostener que constituye negligencia contributors por parte de un niño de once años el acercarse a un truck car-gado en marcha sería trazar una línea mortífera alrededor de los vehículos de motor cargados, fuera de la cual cualquier viandante que dejara de de-tenerse y tener en cuenta la forma en que está dispuesta la carga para im-pedir su caída, se arriesgaría a su perjuicio.
    Id. — Niños—Conducta de un Niño Ante el Peligro. — Aunque existen varias de las más antiguas decisiones en sentido contrario, está bien establecido que la rigurosa regla aplicada a la conducta de un adulto al determinarse si ejercitó debido cuidado para evitar peligro no ha de aplicarse a la conducta de im niño, pero que la norma por la cual debe medirse la eonducta de un niño al resolverse si ejercitó debido cuidado, es el cuidado que ordinaria-mente observan los niños de la misma edad, capacidad, discreción, conoci-miento y experiencia bajo circunstancias iguales o semejantes.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la demandante: Sr. E. López Tizol.

    Abogados de la demandada: Sres. Chas. Hartzell y F. Ramírez.

   El Juez Asociado Sr. HtjtchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

La demanda presentada en este caso alega entre otros particulares lo siguiente:

“4º. Que según información el día 30 de diciembre de 1917 a eso de las 3 de la tarde, iba el ‘vehículo pesado de motor’ No. 829, pro-piedad de la demandada, guiado por el chauffeur empleado de la misma y que en tal carácter actuaba, Ramón Gemaro, placa No. 9323, en dirección de sur a norte por la parada 3 de Puerta de Tierra de esta ciudad, conduciendo un cargamento de 125 sacos de arroz para el establecimiento mercantil de la demandada al cuidado de varios de sus empleados que como tal actuaban en el momento y al cruzar por sobre la vía de los carros eléctricos, frente al paseo de ‘Cova-donga,’ y debido al solo descuido, culpa y negligencia de la deman-dada puesto que el predieho vehículo no llevaba las estacas o barandas necesarias a su alrededor, varios de dichos sacos se cayeron cogiendo al hijo de la demandante Aurelio Salvat que en aquel momento pa-saba por allí, y sin que mediara por parte de éste culpa, negligencia ni descuido, toda vez que iba por el lado izquierdo de la calle, que es sitio seguro y resguardado, produciéndole varias contusiones en el cuerpo y la rotura o fractura de la tibia del pie derecho' de las que fué curado en la Sala de Socorros, teniendo que permanecer recluido en cama por espacio de más de un mes.”

En contestación a esto alega la demandada lo siguiente:

“3º. Que niega el hecho cuarto de la demanda en la forma en que está redactado y a su vez alega, que según información que creo cierta, el 30 de diciembre de 1917 como a las tres de la tarde, mientras el truck propiedad de los demandados, guiado por el chauffeur Ramón Gemaro, se dirigía desde el muelle de ‘San Antonio’ a San Juan y al pasar por la parada 3 de Puerta de Tierra, cargado de sacos de arroz,. un muchacho como de 10 a 11 años de edad corría detrás del truck sujeto al mismo y tratando de subirse por la parte trasera del mismo, hizo que uno de los sacos de arroz que pesan más o menos 100 libras, le cayera sobre un pie causándole algunas lesiones de poca impor-tancia de las que quedó completamente curado a los pocos días. Que este accidente ocurrió debido exclusivamente a la negligencia y falta de discreción del niño, pues sin necesidad ninguna y solo como una diversión, iba corriendo detrás del truck y tratando de montarse a él, causando así la caída del saco. El demandado, por medio de sus em-pleados en dicho truck obró con el mayor cuidado y diligencia.”

La alegación del apelante es' que la sentencia es contraria a la prueba, y el error así especificado se subdivide en el alegato en la forma siguiente:

“(a) Error de la corte al no resolver el caso apreciando en con-junto la prueba practicada y dando su fallo de acuerdo con ella.
“ (b) Error por no haber resuelto el caso de acuerdo con la pre-ponderancia de la prueba.
“(c) Error sosteniendo negligencia contributiva sin haberse pro-bado todos los elementos que la constituyen.
“ (d) Error tomando por causa próxima la causa remota y por ésta aquélla.
“ (e) Error atribuyendo negligencia contributiva a un menor que carece del discernimiento necesario para que pueda atribuírsele la misma.
“ (/) Error al considerar como negligencia contributiva el simple hecho de que algún testigo dijera que el niño tenía la intención de subirse al carro, cuando ni el hecho mismo de haberse subido a él exoneraba de responsabilidad al demandante.
. “ (g) Error al no tomar en consideración la doctrina del attractive nuisance, ni la del turnable cases.
(k) Error al no aplicar la doctrina que acabamos de citar soste-nida por ese Tribunal Supremo en la pág. 636 del volumen 18 de las decisiones de Puerto Rico.”

La conclusión a que llegó la corte inferior y las razones que le sirvieron de fundamento según ban sido expresadas por el juez sentenciador son las siguientes:

“Tal vez con la sola prueba del demandante hubiéramos podido resolver este caso si se hubiera presentado por la demandada una moción de nonsuit.
“No basta que unos cuantos testigos afirmen-un hecho y que en sus declaraciones estén más o menos contestes;, lo que importa es que el hecho tenga por lo menos apariencias de verosimilitud.
“La versión de los testigos del demandante es incomprensible para nosotros, y nunca pudimos explicarnos cómo un número mayor o menor de sacos llenos de arroz, cuyo peso no les permitiría caer en un punto muy distante de aquél de donde se desprendieron, fueran a dar alcance a una persona que cruzara por detrás del truck que transportaba esos sacos y que por lo mismo que no caminaban ambos en una misma dirección cada vez tenían que estar más distantes el uno del otro.
“Nuestras dudas nos la aclaró el testigo Allende refiriéndonos el hecho del modo más lógico: El niño Salvat corría detrás del truck con la intención de subirse a él por la parte trasera y en ese momento ocurrió el accidente que originó su desgracia.
“Si él no hubiera realizado ese acto o si no hubiera intentado realizarlo sin necesidad, sin derecho para ello, no hubiera sufrido el perjuicio que alega para recobrar indemnización por un daño que él se procuró por su imprudencia.”

Al ocurrir el accidente que dió origen a esta controversia, el truck llevaba de 100 a 125 sacos de arroz que pesaban 100 libras cada uno y media docena o más de hombres, ade-más del .chauffeur. La prueba del demandante en el juicio estableció un fuerte caso prima facie por testigos oculares, quienes con una sola excepción eran empleados de la deman-dada que iban en el truck al ocurrir el accidente. Todos es-tos anteriores empleados con la sola excepción de Allende quedó demostrado que no trabajaban con la demandada en la fecha del juicio, aunque no hay nada que indique mala voluntad o motivo de resentimiento por parte de ninguno de dichos ex-empleados. Uno de éstos explica que sólo tra-baja durante los meses de invierno y que los demandados lo mandan a buscar cuando lo necesitan. Allende fué el úl-timo testigo en declarar a favor del demandante y aunque no se ha formulado ninguna queja- por sorpresa en su de-claración, es difícil concebir por virtud de qué teoría la de-mandante lo lrubiera llamado como testigo de haber sido po-sible saber por adelantado su manifestación y opinión en cuanto al proceder y objeto del muchacho en correr detrás del truck, ó que el juez sentenciador tomaría tal manifesta-ción y opinión como base para una sentencia adversa.

Aurelio Salvat tenía once años y trece días de edad cuando sufrió la fractura de su pierna. Tanto él como sus padres nacieron y hasta la fecha de la muerte de su padre en no-viembre de 1911 vivieron en un pueblito en la montaña. El padre era un trabajador y la madre lavandera. No consta la fecha en que la viuda trajo al niño a San Juan. Fuera de la circunstancia de que la madre y el hijo vivían en Puerta de Tierra en la fecha del accidente no hay nada que mues-tre qué oportunidades pudo haber tenido el hijo para obser-var y adquirir alguna experiencia en cuanto al peligro que había en cruzar la calle por detrás de un truck que va comr pletamente cargado, p en correr tras del mismo mientras iba en marcha. Aún de acuerdo con la declaración de Allende y la de un testigo de la demandada que hace una manifes-tación algo parecida, el demandante no era un transgresor, cualquiera que haya sido su intención al correr detrás del truck, si es que corrió tras él; y dando por sentado que la declaración de estos dos testigos sea cierta, su pronta obe-diencia a la orden prohibiéndole realizar el propósito que se le imputa, si no es cosa que está a su favor, muy difícil-mente puede considerarse como circunstancia que le incri-mina. El muchacho tenía igual derecho que el truck a estar en el camino y por lo menos está sujeto .a discusión si el acto de cruzar inmediatamente por detrás, o de aproximarse por la parte trasera a un carro cargado que va por una calle de la ciudad asfaltada o afirmada, sin examinar minuciosa-mente la manera en que el mismo se carga o como se ase-gura la carga para evitar su caída, podría considerarse como negligencia contributoria en un adulto.

“No puede imputarse negligencia a una persona por dejar de observar si hay peligro si dentro de las circunstancias concurrentes no tenía ésta motivo para sospechar de ningún peligro.” Rosado v. Ponce Railway & Light Co., 20 D. P. R. 564, y autoridades citadas.

El muchacho a la fecha del juicio o sea dos años después del accidente, tenía doce años y estaba en el primer grado en la escuela. El mismo declara que no conoce las letras, pero los números sí, y que dos y dos suman cuatro. Tam-poco revela esta declaración ni ninguna parte de los autos que fuera de sus conocimientos escolares y con anterioridad a la fecha del accidente, su experiencia había sido tal que había desarrollado facultades de observación y juicio más allá de lo que pudiera esperarse de un niño cualquiera de once años de edad.

“Aunque existen varias de las más antiguas decisiones en sentido contrario, está bien establecido que la rigurosa regla aplicada a la conducta de un adulto al determinarse si ejercitó debido cuidado para evitar peligro no ha de aplicarse a la conducta de un niño, pero que la norma por la cual debe medirse la conducta de un niño al resol-verse si ejercitó debido cuidado, es el cuidado que ordinariamente observan los niños de la misma edad, capacidad, discreción, conoci-miento y experiencia bajo circunstancias iguales o semejantes.” * * * Nota al caso de Jacobs v. Koelher Sporting Goods Co., L. R. A. 1917. P. p. 7-13.
“Como revela la regla general arriba citada respecto a lo norma por la cual ha de medirse la conducta de un niño, la ley requiere al determinarse la cuestión de negligencia contributiva, que se considere el desarrollo mental, conocimiento, capacidad y experiencia del niño en particular. Esto es, la cuestión no es si el niño procedió como hubiera procedido generalmente un ñiño prudente de su edad, sino si actuó como un niño de su edad y capacidad, discreción, conocimiento y experiencia hubiera ordinariamente actuado en las mismas o seme-jantes circunstancias. En algunos casos se indica esta distinción. Por ejemplo, en un caso de Alabama se dijo: ‘No existe ninguna, regla inflexible por la cual podamos determinar la capacidad de todos los niños bajo todas las circunstancias para observar y evitar el peli-gro; cada niño está obligado a hacer uso de su razón y ejercitar el grado de cuidado y precaución posible. Un niño puede entender y darse cuenta de un peligro y otro no. Otro niño de la misma edad que el primero puede comprender el peligro que aquél no comprende y ser insensible al peligro conocido por el primero. Un niño criado en la ciudad puede perfectamente conocer y evitar el peligro de los tranvías, ferrocarriles, y calles aglomeradas, pero ser insensible a los peligros de una segadora mecánica o máquina trituradora, de una azuela, o guadaña, etc.; mientras que un niño de la misma edad, y de inteligencia corriente, educado en el campo entendería y compren-dería enteramente los peligros de la‘última clase, pero desconocería completamente los primeros. Algunos, niños a la edad de siete años comprenden mejor el peligro de los trenes y carros que otros de catorce años. Por tanto, la capacidad, inteligencia, conocimiento, experiencia y discreción del niño son siempre circunstancias proba-torias. No existe ninguna verdadera norma por la que la corte o jurado pueda resolver si determinado niño, en un caso particular, ejercitó aquel grado de cuidado que la ley requiere.’ Y en una re-ciente decisión de Utab se resolvió que se exige al niño.usar aquel grado de cuidado que una persona de su conocimiento, experiencia y comprensión ejercitaría ordinariamente bajo tales circunstancias, el cual puede ser mayor que el exigido a un niño cualquiera de la misma edad, si su inteligencia y conocimiento del daño son superiores a la de un niño cualquiera de esa edad. Otras decisiones se pronun-cian en el mismo sentido.” Idem, pág. 29.

Claramente que la corte inferior prescindió por completo del principio que debe regular los casos de esta clase.

Ni en manera alguna se pone en tela de juicio por el juez sentenciador la veracidad de los testigos del demandante, excepto en cuanto al fundamento de existir cierta incompa-tibilidad entre sus declaraciones y un criterio tergiversado de los becbos materiales. La caída de un saco de arroz puede o no estar regulada en su curso baeia abajo única y exclu-sivamente por la ley de gravedad. El promedio de aumento en distancia dentro de un período especificado de tiempo entre un vehículo que va bacia adelante y un viandante que cruza el camino por detrás de tal vehículo, ya diagonalmente o en ángulos rectos a la línea que lleva el vehículo en mar-cha, debe depender en gran parte del elemento de velocidad. La dificultad siempre es no tanto descubrir el principio en-vuelto como lo es aplicar debidamente ese principio a los hechos en cuestión.

Se trata aquí de un truck completamente cargado, que va despacio y que acababa precisamente de doblar la esquina de una calle estrecha y que solamente había seguido pocos metros cuesta arriba por la vía del carro eléctrico en la parto superior de esta corta pendiente. En este punto, ya por la sacudida o retroceso de los.muelles, o por ambas cosas que ocurrieron al caerse las ruedas traseras del truck dentro de una zanja, o por alguna otra depresión del camino, resultó que se perdió parte de la carga.

Estos hechos, así como la prueba, demuestran fuera de duda que el truck cuya velocidad máxima parece no haber sido más de once millas por hora, iba tan despacio si no poco más ligero que el paso de un hombre, o como iría un mucha-cho de once años cuando se le envía a un mandado. La de-claración de un testigo de la demandada de que “había cos-tumbre de echarle cien sacos de arroz al carro, y no podía llevar más,” de ser cierta puede indicar que el cálculo del número de sacos en'125, hecho por los testigos de la deman-dante no es tan conservador como podría serlo, pero refi-riéndose a la capacidad total de la carga no ofrece duda alguna en cuanto a la manifestación anterior acerca de la probable velocidad del vehículo. Y si un viandante que se aproxima a la rueda trasera al pasar por su lado estuviera cruzando una calle por detrás de dicho vehículo, fácilmente po-dría ser cogido por un objeto que se desprendiere de la parte arriba de la carga. Y si la persona tomara una dirección más o menos diagonal en el sentido en que va el truck esto aumentaría la posibilidad de ponerse en contacto con tal objeto.

En favor de la brevedad nos abstenemos de discutir los numerosos elementos y agentes que han concurrido y que no fueron tomados en consideración por la corte sentenciadora, los cuales se presentarían inmediatamente a cualquier ima-ginación juiciosa al revisar la prueba y que bajo uno u otro aspecto de ésta ban podido producirse para evitar el descenso perpendicular del saco de arroz en particular que golpeó al demandante. Sea o no como sugiere la prueba de la deman-dada sólo unos pocos, o no más de uno o dos sacos fueron desprendidos de la parte más alta de la carga, o si como afirman la mayor parte de los testigos, fué la estiba de sacos de más atrás la que se cayó, o si el mucbacbo estaba a dos metros de la parte trasera del truck, que fué la distancia máxima indicada por los testigos, o a un metro de él, que es el mínimum fijado por Allende; o si el saco que fracturó la pierna al mucbacbo cayó en ángulo recto a la horizontal, o se desvió algo de la perpendicular o describió una curva parabólica en el curso de su trayectoria; o si el demandante cruzaba el camino por detrás del truck, o corría detrás de éste, con o sin la intención de montarse, no son éstas cues-tiones de importancia vital dentro del criterio que susten-tamos del caso.

No bay prueba alguna de negligencia contributoria fuera de las circunstancias ya indicadas y la prueba de tal negli-gencia es una cuestión de defensa que debe alegarse y pro-barse por la demandada. Rosado v. Ponce Railway and Light Company, supra; Gonzáles v. Malgor, Luiña & Co., resuelto en febrero 14 de este año, (pág. 105).

El único testigo de' la demandante que declaró sobre el particular y cuya declaración no es más favorable a la teoría de la defensa que lo es la de Allende, declara que estaba sen-tado en medio del carro, encima de la carga. Su relato no sólo no demuestra de qué medios se valió para' ver tanto desde el sitio en que de tal modo se colocara, sino que en con-junto sugiere la idea de que él está haciendo conclusiones de lo que vió y oyó, más bien que narrando los hechos. Pi-cha declaración en su parte pertinente es como sigue:

“ * * * que el accidente ocurrió al pasar por la vía del irolby cuando venían de San Antonio, subiendo la cuesta, y el muchachito arrancó a correr y al llegar a la vía el muchachito iba a subirse al carro y en ese tiempo al caer el carro en la zanja dió un tumbo y se cayó un saco y lo cogió; que vió al niñito cuando los muchachos gri-taban que no se arreguindara; que los muchachos que gritaban eran los que venían trabajando con él en el carro; que supone que el niño se iba a arreguindar detrás del carro porque iba corriendo detrás de él y que lo supone solamente porque iba corriendo para arreguin-darse; que el niño estaba cerca porque cuando cayó el carro que dió el tumbo, cayó un saco y lo cogió porque estaba-cerca como a media vara; que el niño estaba casi cerquita del truck, pero que como el truck iba andando no se puede apreciar la distancia; que él lo vió venir en dirección hacia el carro, y que el muchacho no cruzó por detrás del carro; que la subida, es así; esta es la vía del trolley y el muchacho venía corriendo detrás del carro y al pasar el carro la vía, cuando montó en la zanja, dió un brinco y se cayó el saco; que tenía estacas en la parte de atrás del carro; que esos trucks, tienen por detrás un ancho de baranda y baranda que coge cinco sacos exten-didos de un lado a otro; que a ese carro le ponen detrás tres palos para que no se caigan los sacos, pero que ese día le faltaba una estaca nada más, pero no estorbaba; que está seguro que le dijeron al niño que no se arreguindara y por eso fué que no se arreguindó; que sintió el grito y miró para atrás y ya el muchacho había caído en el medio de la vía; * * * que vió el niño cuando venía corriendo; que el testigo venía mirando para atrás sentado; que él cree que el niño iba a coger el carro porque iba corriendo detrás del carro.”

Sin duda alguna que en muchos casos una tentativa frus-trada o abandonada para cometer un acto en violación de la ley (trespass) no solamente contribuiría sino basta podría constituir la causa próxima del accidente, pero a falta de tal relación casual el motivo parece ser inmaterial. Una mera actitud mental o propósito de intentar realizar una cosa irre-flexiva, difícilmente puede decirse que convierte en negli-gencia contributoria el acto de andar o correr un viandante que de otro modo ejercita el derecho legítimo que tiene de acuerdo con la ley al uso de los caminos públicos o calles de una ciudad. Y si fuera negligencia contributoria por parte de un niño de once años de edad acercarse a un vehículo cargado en la calle, entonces, a fortiori, un adulto que así proceda sería asimismo si no mucho más culpable. Sostener esto sería trazar una línea mortífera alrededor de los vehícu-los de motor cargados, fuera de la cual cualquier viandante que dejara de detenerse y tener en cuenta la forma en que está arreglada y asegurada la carga para evitar su caída, se arriesgaría a su perjuicio. Esto no queremos hacerlo.

Con excepción de las cuestiones ya discutidas no existe verdadero conflicto en la prueba.

Eesulta, pues, que por no darse la debida consideración a la ley que regula la cuestión de negligencia contributoria cuando se imputa ésta a un niño de poca edad y no apre-ciarse los elementos determinantes más importantes para llegar a una conclusión basada en una ley física abstracta más bien que en hechos, viciándose así la conclusión a que se llegó, el caso no fue resuelto por sus méritos. Dentro dé-las circunstancias, preferimos devolver las actuaciones para la celebración de un nuevo juicio que no dictar sentencia definitiva en primera instancia por los hechos como constan en los autos tal como se encuentran. Y habiéndonos deci-dido por este medio nos abstenemos de toda ulterior discu-sión o de expresar opinión alguna sobre los méritos, o acerca de las demás cuestiones sugeridas en los señalamientos de error, dejando a las partes y a la corte inferior libres para estudiar cuidadosamente y resolver todas aquellas cuestiones envueltas que puedan considerarse pertinentes a la cuestión litigiosa aquí suscitada.

La sentencia apelada debe ser revocada.

Revocada la sentencia apelada y devuelto el caso para ulteriores procedimientos.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

license: Public Domain

text:
    Gutiérrez, Demandante-Apelada-Apelante, v. Herederos de Rafael Gutiérrez et al., Demandados-Apelantes-Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre nulidad de sentencia.
    No. 2255.
    Resuelto en marzo 31, 1921.
    Sentencia — Nulidad—Cuestiones no Levantadas — Abogado—Menores—Em-plazamiento. — Declarada nula la sentencia a gestión de ciertos demandados rebeldes en cuanto a ellos solamente, los otros demandados que eran en su mayoría menores de edad, pidieron que la nulidad se extendiera a ellos por-que la sentencia no era divisible ni separable. Así lo resolvió la corte pero sosteniendo que la sentencia era nula, además porque los demandados me-nores no habían sido emplazados personalmente. Se resolvió: que la corte de distrito debió limitarse a decidir la cuestión planteada y que en todo caso habiendo estado los menores representados por su madre y albacea y comparecido por su abogado desde el primer momento en el pleito presen-tando alegaciones, interviniendo en el juicio, introduciendo pruebas, apelando, cualquier defecto que pudiera notarse en el emplazamiento podría conside-rarse subsanado, pudiendo decirse que los demandados prescindieron de la cuestión levantada de oficio por la corte.
    Desestimación de Apelación Pedida Después de la Yista. — Las mociones pi-diendo la desestimación de la apelación, deben presentarse antes o en el mo-mento de la vista, no después.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes-apelados: Sres. Guerra & Sol-devila.

    Abogado de la apelada-apelante: Sr. Juan Gusmán Be-mteg.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente recurso fue entablado por la demandante den-tro del mismo pleito en que había establecido la apelación No. 2204, que resolvió este tribunal por su decisión de 18 de enero último. Fué objeto del primer recurso una orden dictada por la Corte de Distrito de San Juan anulando, en cuanto a ciertos demandados, la sentencia pronunciada en el pleito a favor de la demandante, porque dichos deman-dados no habían sido emplazados debidamente. Como po-drá’ verse, 29 D. P. R. 29, esta Corte Suprema revocó la orden de nulidad dejando en todo su vigor la sentencia pro-nunciada en el pleito. Esto hubiera puesto término al asunto, pero sucedió que mientras se tramitaba el recurso No. 2204 los otros demandados en el pleito acudieron a la corte de distrito y pidieron que decretara la nulidad de la sentencia también en cuanto a ellos porque dicha sentencia no era divisible y separable entre los demandados. Así lo decidió-la corte de distrito y la parte demandante interpuso entonces •la presente apelación.

1. Basta exponer los anteriores hechos para concluir que esta apelación debe resolverse por los principios estableci-dos en la opinión emitida para fundamentar la sentencia de esta corte pronunciada en el recurso No. 2204 el 18 de enero último, ya que son las mismas las cuestiones envueltas.

2. Sin embargo la corte de distrito a pesar de no haberse invocado tal circunstancia por los propios peticionarios pa-rece que fundó su orden de nulidad apelada también en el hecho de que los peticionarios eran menores de edad y no habían sido emplazados de acuerdo con la ley, esto es, per-sonalmente. La parte demandante y apelante se hizo cargo en su alegato de tal circunstancia y la parte apelada tam-bién y esto es lo que ha complicado en cierto modo el asunto.

A nuestro juicio la corte debió haberse limitado a resolver la cuestión tal como le fue planteada. Además, de los autos aparecía que los demandados — Isabel Mimoso y sus hijos, — que hicieron la segunda petición de nulidad, habían intervenido por medio de su abogado, los menores represen-' tados por su madre con patria potestad y albacea, desde el primer momento en el pleito, formulando alegaciones, acu-diendo al juicio, interviniendo en las alegaciones, en la misma forma que ahora lo hacen para interponer este recurso y suscitar estas cuestiones. Siendo ello así, cualquier defecto que pudiera notarse en el emplazamiento, podría considerarse subsanado por la comparecencia de dichos demandados Puede decirse que éstos prescindieron de la cuestión levan-tada de oficio por la corte.

3. En su alegato la parte apelada sostiene también que la sentencia era nula porque habiéndose dictado en rebeldía en cuanto a los demandados que presentaron la primera pe-tición de nulidad no aparecía que el que diligenció el em-plazamiento, que no fué el marshal, tuviera diez y ocho años de edad. Y los apelados citan el caso de Lyons v. Cunningham, 66 Cal. 43.

Esa misma cuestión fué estudiada y resuelta por esta Corte Suprema en el caso de Buonomo v. Sucesión Juncos, 28 D. P. R. 469, y otros en él citados, en- el sentido indicado por los apelados, pero no era a éstos sino a los otros deman-dados rebeldes a los que correspondía levantarla y no lo hicieron. Además, examinando el diligenciado es por lo me-nos muy dudoso que pudiera aplicarse a este caso la doc-trina sentada, porque podría tal vez llegarse a la conclusión de que, aunque en forma imperfecta, del mismo constaba que la persona que practicó el emplazamiento era mayor de diez y ocho años.

4. Finalmente, después de celebrada la vista del recurso, la parte apelada presentó una moción pidiendo la desesti-mación del mismo por no haberse notificado el escrito de apelación a los demandados rebeldes. La parte apelante ha solicitado que se elimine dicha moción o se declare en su caso sin lugar.

Las mociones de desestimación deben presentarse antes o en el momento de la celebración de la vista del recurso. Esto bastaría para eliminar en efecto la moción de que se trata, pero aún entrando a estudiarla en sus méritos cree-mos que debe ser declarada sin lugar, porque atendidas las circunstancias especialísimas de este caso, no era necesaria la notificación a los co-demandados rebeldes.

Sin lugar la desestimación; revocada la reso-lución recurrida debiendo quedar en vigor la sentencia dictada por la corte inferior en mayo 29, 1919.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Aldrey no tomó parte en la reso-lución de este caso.


text:
    Cerra, Demandante y Apelada, v. González, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, ■ Sección Segunda, en pleito sobre desahucio.
    No. 2420.
    Resuelto en marzo 31, 1921.
    Desahucio — Jurisdicción—Precario.—En el presente caso el demandado entró’ en la posesión de la finca a virtud de un contrato de arrendamiento que se renovaba mes por mes. Eué avisado por el dueño que cesaba el contrato y como no desocupara la finea, fué demandado en desahucio. Se resolvió: que tal caso no era propiamente de precario y que la jurisdicción de la corte para conocer del desahucio debía fijarse por la cuantía del arriendo calculada por un año, de acuerdo con la ley.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. P. González.

    Abogado de la apelada: Sr. J. Texidor.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un caso de desahucio. La demandante alegó que es dueña de la casa No. 9 de la calle de Cerra, en San-turce, término municipal de San Juan y que—

' “El demandado Pedro González García, ocupa, la referida casa, sin que tenga, desde el día primero de diciembre de 1920, contrato alguno con la demandante que le permita ocupar tal casa, y sin que pague canon o merced alguna por arrendamiento; y que el deman-dado ha sido requerido en forma "por parte de la demandante para que desocupe y desaloje la casa, y la deje a disposición de la deman-dante sin que baya accedido a tal requerimiento.”

Basándose en esos hechos, solicitó nna sentencia de de-sahucio.

El demandado contestó negando que la demandante fuera dueña y alegando que “desde el mes de enero de 1916 viene poseyendo la casa No. 9 * * * en virtud de contrato de arrendamiento celebrado con doña Blanca Cerra, y pagando por el uso de dicha finca un canon mensual de treinta dólares hasta el 30 de noviembre próximo pasado.”

Y como “defensa especial” alegó: “que no conoce a la demandante ni ha tenido jamás con ella actos ni contratos de especie alguna.”

Celebrada la vista, la corte declaró con lugar la demanda y el demandado interpuso entonces el presente recurso, de apelación.

Hemos examinado los autos y resulta plenamente pro-bado que la casa de que se trata es de la propiedad de la demandante; que Blanca Cerra es apoderada de la deman-dante y como tal la arrendó al demandado; que éste pagó los cánones de arrendamiento, — treinta dólares mensuales, — • hasta el último de noviembre de 1920; que con anterioridad a esa fecha fué avisado por la apoderada de la dueña que el contrato terminaría en el dicho día último de noviembre y que debía desocupar por tanto la casa, que el demandado no lo hizo y la demandante el 13 de diciembre siguiente in-terpuso la demanda origen de este pleito.

Como puede verse, el derecho de la demandante a reco-brar la posesión de su casa es claro y claro también el deber del demandado a desocuparla. Sin embargo se ha levantado una cuestión de jurisdicción que nos obliga a revocar la sen-tencia dictada.

La alegada “defensa especial” no tiene importancia al-guna. Blanca Cerra no tenía que decir al demandado quién era lá dueña de la casa. Ella la administraba y ella la al-quiló. Cuando se vió obligada a entablar la acción de de-sahucio, entonces compareció la verdadera dneña. Se probó en el inicio el título de la demandante y el poder de Blanca Cerra. ■ Esta declaró además como testigo y explicó todo de-talladamente.

La cuestión seria envuelta en el asunto es la de la juris-dicción de la corte. No fué suscitada expresamente en la corte de distrito, pero el demandado y apelante sostiene en su alegato y sostuvo con insistencia en el acto de la vista del recurso, que este casó ha sido tratado como uno de pre-cario, motivo por el cual se tramitó en la corte de distrito y que no lo es.

Argumenta el apelante que vencimiento de contrato y precario son dos estados de derecho distintos y cita a Es-criche que dice que precario “en su más estrecha acepción es un préstamo revocable a voluntad del que lo ha hecho; y se toma también por todo lo que se posee como en préstamo y a voluntad de su dueño, y así se llama precaria una pose-sión, para dar a entender que la tal posesión no es más que un efecto de la tolerancia del propietario, sin que pueda dar derecho alguno al poseedor.”

T contesta la apelada que “aquél que ocupa la casa sin que subsista el contrato por virtud del que la ocupó anterior-mente, sin que ese contrato se haya prorrogado o se haya rescindido de una manera expresa o tácita, no hace otra cosa que detentar la posesión, y como no paga canon ni merced alguna por la ocupación, tal ocupación no tiene otro carácter que el de precario.”

A nuestro juicio tiene razón el apelante. Claramente re-sulta que ocupa la casa sin derecho alguno y en contra de la voluntad del propietario, pero no precariamente. Y siendo esto así, la calificación de precario que, según la jurispru-dencia determina la jurisdicción original de las cortes de distrito en estos casos, no puede aplicarse aquí.

La ley al fijar la jurisdicción no habla de precario. Sólo emplea esta palabra al prescribir que procede en general eb desahucio contra cualquier persona “que detente la posesión material o disfrute precariamente sin pagar canon o merced alguna.” Los preceptos relativos a la jurisdicción están con-tenidos en los dos primeros párrafos de la sección 3 de la ley especial sobre la materia, aprobada el 9 de marzo de 1905, que dicen:

“Tendrán jurisdicción para conocer de las demandas sobre desa-hucio, los jueces municipales del distrito en que radique la finca, cuando el canon de los arrendamientos o el precio o cantidad que, por virtud de cualquier contrato, deba pagarse, computado por una anualidad, no exceda de mil dollars.
“En todos los demás casos conocerán de dichas demandas las cortes de distrito en que la finca radique; y en uno u otro caso se seguirá el mismo procedimiento.”

Como se ve la base adoptada por el legislador fué la cuantía del arriendo calculado por un año. En todos los casos en que el canon, precio o cantidad envuelto por tal motivo, computado por una anualidad, no exceda de mil dó-lares, la jurisdicción corresponde a las cortes municipales. En todos los demás, a la corte de distrito. Entre esos “to-dos los demás” se ha considerado siempre comprendido el “precario.” ¿Por qué? Porque su naturaleza no permite llegar a contrato alguno que comprenda un precio fijado en dinero. La posesión precaria se origina generalmente por actos de liberalidad, o de mera tolerancia, o por abandono o desconocimiento del propietario. Cuando existe un con-trato, la cuantía del mismo controla necesariamente la ju-risdicción.

Y no se diga que el demandado detentaba la posesión material de la finca o la disfrutaba precariamente sin pagar canon o merced alguna, en cuyo concepto y no en el de arren-datario es qne se ha ejercitado la acción de desahucio. Tal teoría es errónea y no puede sostener la jurisdicción de la Corte de Distrito de San Juan. El demandado lo ha sido como arrendatario y precisamente poi'que lo era, pagando treinta dólares mensuales se le dio aviso previo de qne el contrato había de expirar el día último de noviembre de 1920. No quitaba al demandado su carácter de arrendatario el vencimiento del contrato por dicho aviso, como no qnita el carácter de arrendatario a nn demandado el vencimiento del término estipulado en el contrato. Los efectos legales de la extinción del contrato de arrendamiento por venci-miento del término fijado en el'contrato o por aviso criando no se fijó plazo son idénticos y en uno y otro caso debe es-tablecerse la demanda de desahucio ante la corte municipal correspondiente cuando el canon del arrendamiento compu-tado por una anualidad no excede de mil dólares como ocurre en el presente caso. Los conceptos de arrendatario y de poseedor en precario son enteramente distintos y claramente se expresan en la sección 2a. de la ley sobre desahucio. La posesión del demandado se ha originado de un contrato de arrendamiento, y aunque sea ilegal no puede calificarse de precaria. Yéase la sentencia del Tribunal Supremo de Es-paña de 9 de septiembre de 1901, 92 Jurisprudencia Civil 130.

La cuestión, además, no es nueva. El propio apelante invoca la jurisprudencia establecida por esta corte en el caso de Roger v. López Acosta, 28 D. P. R. 563, que es como sigue:

“La duda que sustentábamos era si este pleito de desahucio era o no de naturaleza precaria. Si lo era, entonces el demandante no tenía derecho a establecer su acción en una corte municipal. De la demanda radicada en la corte municipal, que es lo único que tenemos derecho a considerar, aparece que los demandantes reconocieron y ratificaron un contrato de arrendamiento hecho por otra persona a nombre de dichos demandantes, por término de seis meses y canon de $38 mensuales pero se negaron a prestar su consentimiento para que fuera' prorrogado. Ahora bien, aunque podría presentarse la cuestión'dé si fué concedida o no una prórroga, o si hubo o no hubo tácita reconducción, en la demanda se alega el hecho de que los de-mandantes trataban de dar término a un arrendamiento, notificán-dose a los demandados que dejaron libre y expedita la finca. El demandado basaba su derecho en su carácter de arrendatario y en el pago de una renta estipulada, y como segunda causa de acción alegaba el demandante no haberse pagado la renta. Cuando un arren-datario continúa en la finca arrendada después de vencido el término, tal posesión generalmente no es de naturaleza precaria. De otro modo toda tentativa para recobrar la posesión al vencimiento de un arrendamiento podría a elección del arrendatario convertirse en pre-caria y anular así la jurisdicción de la corte municipal.”

Por virtud de lo expuesto nos vemos obligados a revocar la sentencia recurrida dictada, por una corte que no tenía jurisdicción original para dictarla.

Revocada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    Hawayeck, Demandante y Apelado, v. El-Koury, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre daños y perjuicios.
    No. 2289.
    Resuelto en marzo 31, 1921.
    Contrato — Rescisión—Daños y Perjuicios. — Cuando el demandado ha dejado de cumplir su contrato y la sentencia de la corte ordena que el demandante re-cobre de dicho demandado la suma que le había satisfecho de acuerdo con el contrato, tal pronunciamiento, aunque puede considerarse que nominalmente es una sentencia para la rescisión del contrato es en realidad por daños y per-juicios.
    Prueba — Apelación.—Cuando el demandante llama al demandado como testigo y éste contradice rotundamente a dicho demandante, la apreciación de la corte sentenciadora al resolver el conflicto de prueba no será modificada en ape-lación.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. G. Goll Cuchí y G. Cruzado Silva.

    Abogados del apelado: Sres. Huylte y Quiñones.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal. En la vista argumentó el apelante que debía ser revo-cada la sentencia porque aún cuando en la demanda se tra-taba de recobrar daños y perjuicios por incumplimiento del contrato, la sentencia de la corte inferior rescindía el con-trato y devolvía al demandante los $500 que pagó. Esto no parece haberse alegado como error ni fué una cuestión levan-tada en la corte inferior y por tanto en realidad no debemos considerarla. Sin embargo, cuando se viola un contrato por virtud del cual un demandante ha pagado $500, la sentencia de la corte inferior al concederle $500, aunque nominalmente como se declara en la opinión es una rescisión y devolución de la suma de $500, en realidad es por daños y perjuicios. De todos modos, a falta de otro error, se hizo justicia sus-tancial y el caso cae dentro del principio del artículo 142 del Código de Enjuiciamiento Civil el cual es como sigue:

“Artículo 142. — En cualquier estado de un pleito la corte no tomará en cuenta algún error o defecto en las alegaciones o procedi-mientos que no afecten a lo esencial de los derechos de las partes, y no se revocará o invalidará ningún fallo por razón de dicho error o defecto. ’ ’

La única cuestión alegada es que la corte cometió error al no considerar obligado al demandante por la manifesta-ción de su propio testigo, el demandado, al ser llamado como tal testigo por el demandante. Esto está tan claramente comprendido en el artículo 156 de la Ley de Evidencia que no necesita aclaración. Dicho artículo es como sigue:

“Artículo 156. — La parte que presentare un testigo no le será permitido tachar su veracidad mediante evidencia de mala reputa-ción; pero podrá contradecirle con otra evidencia, y asimismo probar que en otras ocasiones hubo de hacer declaraciones incompatibles con su actual testimonio, según lo dispuesto en el artículo ciento cincuenta y nueve.”

Él'demandante declaró tendente a demostrar que compró una tienda al demandado con el fin de adquirir el maderamen de la misma y que el demandado nunca le dió posesión de la casa. Llamado el demandado por el demandante contra-dijo rotundamente a este último. Esto produjo un conflicto en la prueba que la corte resolvió a favor del demandante y no encontramos razón alguna para intervenir con la deci-sión de la corte inferior.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


text:
    Hawayeck, Demandante y Apelado, v. El Koury, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, contra orden denegatoria de nuevo juicio.
    No. 2358.
    Resuelto en marzo 31, 1921,
    por los fundamentos del caso No. 2289, Hawayeelc v. El Kowy, de marzo 31, 1921.
   Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    Guadalupe, Peticionario, v. Berga, Juez de Distrito, Demandado.
    Solicitud para que se expida un auto de certiorari contra el Juez de la Corte de Distrito de Huma cao.
    No. 316.
    Resuelto en marzo 31, 1921.
    Cortes de Distrito — Desestimación de Apelación por la Oorte de Distrito-Apelaciones Procedentes de Oortes Municipales. — Radicada en la corte de distrito una apelación procedente de la corte municipal fuera del término o de la prórroga qirevistos p0r la Ley No. 13 de 1917, procede la desestima-ción del recurso aunque la transcripción se hubiera radicado antes de ar-chivarse la moción pidiendo la desestimación. Las cortes de distrito no pueden aplicar por analogía la sección 58 del Reglamento del Tribunal Supremo.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del peticionario: Sr. F. González.

    El juez demandado compareció.
    Abogado de la parte contraria: Sr. B. López Antongiorgi.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En una solicitud interesando un auto de certiorari se queja el peticionario de la acción tomada por la Corte de Distrito de Humacao al desestimar una apelación procedente de la Corte Municipal de Vieques. Expedido el auto las actuaciones de la corte de distrito se encuentran debidamente ante nos.

El peticionario conviene desde luego en que la Ley No. 13 de noviembre 14 de 1917 exige que en una apelación de una corte municipal debe radicarse la transcripción en la corte de distrito dentro de los veinte días de la fecha del escrito de apelación y admite que la transcripción no fue radicada dentro de ese término. Sostiene, sin embargo, que como la transcripción fué realmente radicada antes de pre-sentarse la moción de desestimación, la regla 58 del Regla-mento de este tribunal es aplicable por analogía. La regla es como sigue:

“58. Si la copia de los autos, no fuere presentada dentro del tér-mino prescrito, puede desestimarse la apelación al hacerse una moción en tal sentido previa notificación de la misma. Si la copia de los autos, ha sido presentada a la fecha en que se haga tal notificación, este hecho constituirá una contestación eficaz a la referida moción aún en el caso de que dicha copia no se hubiere presentado dentro del término prescrito.”

Debe notarse que la ley de 1911 que regula las apela-ciones a esta corte, nada disponía respecto a las desestima-ciones y la regla 58 aprobada antes de esa fecha siguió siendo aplicable. La Ley No. 13 de noviembre 14, 1917, es como signe:

“Ley PARA ENMENDAR LA SECCIÓN PRIMERA DE DA LEY PARA REGLA-MENTAR LAS APELACIONES CONTRA SENTENCIAS DE LAS CORTES MU-NICIPALES EN PLEITOS CIVILES, APROBADA EN MARZO 11 DE 1908.
“Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:
“Artículo 1. — La sección primera de la ley para reglamentar las apelaciones contra sentencias de las cortes municipales en pleitos civiles, aprobada en marzo 11 de 1908 queda por la presente en-mendada, de modo que se lea como signe:
“ ‘Sección primera. — Cuando una corte municipal hubiere dic-tado sentencia en un asunto civil, resolviéndolo definitivamente, cual-quiera de las partes que se creyere perjudicada, podrá interponer recurso de apelación para ante la corte de distrito del distrito judicial en que radicare la corte municipal. Se formalizará la apelación notificándola por escrito al secretario de la corte municipal, dentro de los diez días.siguientes al en que se hubiere notificado la sentencia a la parte contra la cual se hubiere dictado, o a su abogado, y entre-gando igual notificación dentro del mismo término a la parte con-traria, o a su abogado.
“ ‘Dentro de los veinte días siguientes a la radicación del aviso de apelación, la parte apelante radicará en la secretaría de la corte de distrito correspondiente una transcripción de todas y cada una de las alegaciones, mociones, órdenes, de la sentencia definitiva y del escrito de apelación, previa entrega de un ejemplar de dicha trans-cripción a la parte contraria, o a su abogado. La referida transcrip-ción será certificada por los abogados de las partes, o por éstas, en cuanto a su exactitud, y dentro de cinco días de radicada dicha trans-cripción, la parte apelada podrá solicitar de la corte de distrito, y se ordenará por ésta, si así procediere, que se agregue al record cual-quier alegación, documento, orden o escrito que, constando en el record de la corte municipal, se hubiere omitido y fuere necesario pa'ra la mejor resolución del caso.
“ ‘Si los abogados o las partes se negaren o no se pusieren de acuerdo para certificar dicha copia o record, entonces lo hará el se-cretario de la corte municipal, a petición del apelante.
“ ‘Si la transcripción no fuere radicada en la corte de distrito dentro del término prescrito, o de la prórroga que dicha corte hubiere concedido al efecto, se desestimará la apelación.’ ”

Existen otros artículos que no se relacionan con el punto.

La ley, por sn faz, es imperativa. El apelante puede con-seguir que sn término sea prorrogado para radicar la trans-cripción, pero si dejare de radicar la transcripción dentro del término o de obtener una prórroga, la corte, según pa-rece, no tiene discreción excepto para desestimar la apela-ción. Es la Legislatura, por virtud del artículo 40 de la Ley Orgánica, la que ba fijado la forma en que deben inter-ponerse las apelaciones y prescrito lo relativo a la desesti-mación de las mismas. Fuera de las excepciones citadas no se dejó facultad alguna a la corte de distrito y la ley no parece ser una usurpación del poder judicial. Aunque es cierto que la corte de distrito adquirió la jurisdicción por virtud del escrito de apelación, sin embargo, también estaba obligada a desestimar de acuerdo con las prescripciones de dicba ley. El apelante, si bien radicó su transcripción des-pués, dejó de cumplir con la ley y no vemos que la corte tu-viera discreción para excusar su demora. En el tomo 4, C. J., página 464, se dijo en efecto, que estos estatutos o reglas relativos al envío de la transcripción no pueden mo-dificarse o prescindirse de ellos por orden o actuación de la corte, o ser renunciados por las partes. Desde luego que esta cita ba de considerarse con las excepciones relativas a las prórrogas enumeradas en la ley misma.

Aún cuando la corte hubiera tenido discreción para pro-rrogar el término después del fijado por la ley, el apelante nada bizo por aprovecharse de tal discreción. El insistió en un derecho legal.

El auto debe ser anulado.

Anidado el auto de certiorari expedido.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Aldbet,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Vázquez, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en causa por Infracción del Artículo 438 del Código Penal.
    No. 1681.
    Resuelto en marzo 31, 1921.
    Sentencia Penal Errónea — Oompra de Artículos Hurtados. — Una sentencia imponiendo multa o cárcel en defecto de pago, por infracción del artículo 438 del Código Penal consistente en haber comprado el aeusado por $23 artículos que él sabía que eran hurtados, es errónea porque tal delito no puede casti-garse sino con presidio o cárcel, pero no es necesariamente nula, pudiendo ser corregida en apelación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: No tiene.
    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Aldbet,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante Ulises Vázquez no ha comparecido en este Tribunal Supremo por escrito ni oralmente el día de la vista para alegar los errores que atribuye a la sentencia contra la cual recurre. Tampoco en la transcripción de los autos existe pliego de excepciones ni de exposición del caso pero al examinar la denuncia y la sentencia observamos que ésta le impone como pena el pago de una multa de cien dólares o un día de cárcel por cada dólar que dejare de pagar, siendo así que el hecho de haber comprado por veinte y tres dólares cierta cantidad de café, sabiendo que había sido hurtado, por el cual fué denunciado, está castigado en el artículo 438 del Código Penal con presidio cuando la cuantía de la cosa hurtada excede de cincuenta dólares, con cárcel cuando es inferior y no con multa.

Aún cuando hay diversidad de criterio en las resoluciones de los tribunales sobre si el hecho de imponer una pena no autorizada por la ley hace nula o no .la sentencia, nosotros opinamos con aquéllos que sostienen que no es nula, toda vez que no habiendo motivo para afirmar que fué errónea la declaración de culpabilidad no debemos revocar la sentencia ni ordenar un nuevo juicio; ni debemos devolver el caso a la corte inferior para que fije la pena correspondiente de acuerdo con la ley, pues el artículo 346 del Código de Enjui-ciamiento Criminal nos faculta para modificar la sentencia apelada, que es lo que debemos hacer en este caso a fin de que la pena esté de acuerdo con la ley, y la fijaremos en tres meses de cárcel.

La sentencia apelada debe ser confirmada aunque modi-ficándola en cuanto a la pena.

Confirmada la sentencia pero modificada im-poniendo tres meses de cárcel al acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


text:
    González et al., Peticionarios, v. Benítez Flores, Juez de Distrito, Demandado.
    Solicitud para que se expida un auto de certiorari contra el Juez de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera.
    No. 317.
    Resuelto en abril 4, 1921.
    Certiorari — Notieicación del Certiorari a la Parte Interesada — Desestima-ción del Recurso de Certiorari. — Cuando por haberse notificado el auto de certiorari al demandado, el asunto ha quedado sometido a la jurisdicción del Tribunal Supremo, éste puede prescindir del cumplimiento estricto de sus propias reglas relativas a la notificación de la otra parte en el pleito, que pudiera ser afectada por el procedimiento.
    Id.- — Facultades del Tribunal Supremo. — Antes de establecer una solicitud de certiorari en el Supremo, debe generalmente el peticionario agotar sus re-cursos en la corte de jurisdicción original, pero cuando el Tribunal Supremo se convence que la justicia del caso requiere su intervención inmediata, no deberá demorarla.
    Id. — Sindicatura—Nombramiento Ex parte de Síndicos. — El poder de nombrar síndicos con o sin fianza en procedimientos ex parte, que implícitamente reco-noce a las cortes de distrito el artículo 184 del Código de Enjuiciamiento Civil, sólo puede ejercitarse en casos extremos, cuando las circunstancias sean de tal naturaleza que requieran como único medio para la garantía del de-recho de una parte que se pase por encima del derecho de la otra, que a no otra cosa monta resolver, en determinado sentido, aunque sea transitoria-mente, sobre los derechos de esa otra qiarte sin oirla y sin exigir siquiera fianza que le garantice los daños que pudieran ocasionársele. Estudiadas en este caso las circunstancias concurrentes, se resolvió: que no justificaban el nombramiento de síndico ex parte y sin fianza, y dicho nombramiento fué anulado, devolviéndose el caso para que se decidiera por la corte de distrito después de oir a la parte contraria.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los peticionarios: Sr. G. Goll y Cuchí.

    El juez demandado no compareció.
    Abogado de la parte contraria: Sr. J. H. Broten.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Eduardo J. González, Enrique González y Abelardo de la Haba, por medio de su abogado, presentaron una solicitud jurada en demanda de un auto de certiorari dirigido contra el Juez de la Corte de Distrito de San Juan, Sección primera, ordenándole la remisión de los procedimientos en el pleito civil No. 13,534, sobre disolución de sociedad, en el cual el dicho juez ilegalmente había nombrado un síndico. El auto fué expedido y cumplimentado, fijándose la vista del recurso para el 7 de marzo pasado.

En el día señalado comparecieron de una parte los peti-cionarios, por medio de su abogado, y de otra Eafael Fa-bián, Luis Eubert, Eduardo Giorgetti y los menores Eulogio Dimas, Josefina Dolores, Alfonso Eafael, Luz María, Antonio, Lucía Mercedes y Eafael Angel Eiera, representados por su madre con patria potestad Josefina Bengoechea, viuda de Eiera, demandantes en el indicado pleito No. 13,534, también por medio de su abogado.

Estos últimos presentaron una moción solicitando la deses-timación del recurso. Se suscitó entonces la cuestión de si dicha parte estaba o no preparada para entrar en la discu-sión del fondo del asunto. Manifestó que lo estaba, pero que si entraba en la vista, lo haría sin abandonar en modo al-gimo su derecho a que su moción de desestimación se resol-viera por sus méritos. Con esas observaciones se oyó la moción y la corte se reservó su resolución, procediéndose a la vista, del recurso, 'archivando la referida parte una con-testación y oposición a la solicitud por escrito. Los ahoga-dos informaron oralmente y se les concedió además cinco días de término para que presentaran memorandums de au-toridades, lo que hicieron, quedando así el caso sometido a nuestra consideración y resolución.

1. La petición para desestimar el recurso se basó en que siendo ellos la otra parte realmente interesada en el asunto y teniendo derecho a ser notificados, sólo se había dejado en el bufete de su abogado, hallándose éste ausente, una copia simple de la solicitud para que se expidiera el auto.

La regla 69 de las de este tribunal dispone que en casos de esta naturaleza será él deber del peticionario a cuyo favor se dicte la orden, entregar o hacer que se entregue a la otra parte realmente interesada una copia certificada de la de-claración jurada y del auto que fundado en ella se expida. Las reglas de las cortes deben cumplirse por las partes. So-bre esto no hay duda. De otro modo no se hubieran acor-dado. Pero si la corte llega a adquirir jurisdicción en el caso, entonces puede prescindir del cumplimiento estricto de sus propias reglas, en bien de la justicia, y en este asunto esta corte adquirió jurisdicción desde que el auto fué noti-ficado al juez del distrito.

Claramente no se cumplió aquí en toda su integridad con el mandato contenido en la regla 69 citada. No hay duda alguna con respecto al interés de la parte de que se trata y a que ella tenía derecho a ser notificada. Pero ¿cuál es el propósito de la notificación? Lo es avisar a la parte a quien se notifica del asunto y de todos los datos necesarios concernientes al mismo, a los efectos de que dicha parte pueda defender sus derechos. Y aquí se demostró a tiempo que la parte estaba perfectamente preparada y siendo esto así no deben a nuestro juicio prevalecer meros tecnicismos al curso ordinario y rápido de los asuntos ante este tribunal. Si la parte hubiera manifestado que no estaba preparada, el tribunal hubiera suspendido la vista fijándola para una fecha que le proporcionara el tiempo suficiente para su preparación. Atendidas las circunstancias, el tribunal no hubiera desesti-mado la solicitud sino simplemente aplazado la vista orde-nando a los peticionarios que cumplieran entre tanto estric-tamente con la regia.

2. Como se ha dicho, examinada la solicitud la corte or-denó que el auto de certiorari se expidiera. La otra parte interesada sostiene que el auto no debió ser expedido por-que existía otro remedio rápido y eficaz como lo era el de acudir a la propia corte de distrito en solicitud de reconsi-deración de su orden nombrando el síndico. Dicha parte cita en apoyo de su contención 6 Cyc. 744, 11 C. J. 113, y las decisiones de esta misma Corte Suprema en los casos de Aramburu v. Córdova, 17 D. P. R. 948; Martínez v. Crosas, 27 D. P. R. 94; Marrero v. Bryan, 26 D. P. R. 430, y Vázques Prada v. Rossy, 20 D. P. R. 194.

Convenimos en que la práctica buena y corriente debe ser la de que si el peticionario puede obtener la solución de su problema por medio de una solicitud a la propia corte en que esté pendiente el asunto principal, no debe librarse por esta Corte Suprema el auto de certiorari. Pero esa regla tiene excepciones y no es obligatoria para este tribunal que está investido de una amplia discreción para expedir autos de esta naturaleza. Generalmente no se debe acudir a las cortes de apelación antes de agotar en las de jurisdicción original los procedimientos. Pero si las cortes de apelación se convencen de que la justicia del caso requiere su inter-vención inmediata, no deben dilatarla. Y esta corte consi-deró que la solicitud aquí presentada envolvía un caso de tal naturaleza. Además no debe perderse de vista que cuando' se habla de la existencia de otros recursos para negar el certiorari generalmente se refiere la jurisprudencia a recur-sos de apelación.

3. Se sostiene además para impugnar la procedencia del auto que las .razones en que se funda la solicitud no son sufi-cientes, en otras palabras, que la orden nombrando el sín-dico está justificada por las circunstancias concurrentes y ajustada a la ley.

Examinemos los hechos. En septiembre de 1919 E. Hubert, E. Giorgetti, E. J. González, E. González, J. D. Eiera, A. de la Haba y B. Hubert constituyeron una sociedad agrí-cola e industrial bajo la razón de “Central Victoria, Ltd.,” de acuerdo con el. Código Civil y por término de cinco años, aportando cada uno de los cinco primeros socios cien mil dólares y cada uno de los dos últimos cincuenta mil, o sea, en junto, seiscientos mil dólares. Se traspasó a dicha so-ciedad la fábrica de azúcar “Central Progreso” y otras fin-cas y propiedades de la Compañía Azucarera de la Carolina, y comenzó a funcionar bajo la presidencia del s.ocio González. Los socios J. D. Riera y B. Hubert fallecieron, adquiriendo la participación del primero sus hijos y R. Fabián y la del segundo el socio L. Hubert.

Transcurrió algún tiempo. Surgieron diferencias entre los socios dividiéndose al parecer en dos grupos, uno, el A, formado por E. J. y E.. González y A. de la Haba, que re-presentaba doscientos cincuenta mil dólares, pero que tenía mayoría en el “Consejo directivo” por razón de las cláu-sulas del contrato y de la muerte de los socios Eiera y B. Hubert, y otro; el B, formado por L. Hubert, E. Giorgetti, H. Fabián y los hijos de Riera que representaba trescientos cincuenta mil dólares y estaba en minoría en el dicho “Con-sejo directivo.”

El grupo B, el 21 de febrero último archivó una demanda en la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, sobre disolución de la sociedad, solicitando en la misma el inmediato nombramiento de un administrador judicial. La demanda está jurada por G. Vallecillo, apoderado del socio Giorgetti, que asistió como tal a las reuniones del concejo directivo de la sociedad. La corte de distrito sin exigir fianza y sin ha-berse notificado ni oído a los demandados, nombró el admi-nistrador que debería prestar una fianza por la suma de treinta mil dólares para garantizar el fiel cumplimiento de su cargo.

A nuestro juicio no hay duda alguna con respecto a la jurisdicción de la corte para nombrar síndicos en acciones entre socios “siempre que se probare que los bienes o fondos corren peligro de perderse, trasladarse o sufrir daños de consideración.” Véase el artículo 182, numero 1, del Có-digo de Enjuiciamiento Civil.

No creemos que sea necesario que decidamos ahora si la demanda justificaría o no en definitiva el nombramiento de un síndico o administrador. Tal cuestión debe dejarse libre-mente a la resolución de la Corte de Distrito después que oiga a las partes y pese las circunstancias que se demuestren que concurren en el caso.

Lo que en verdad motivó la expedición del auto y será el fundamento de nuestra decisión anulando el nombramiento, fué el procedimiento seguido.

Es cierto que el artículo 184 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone que: “Si se nombrare un síndico a solicitud ex parte, la corte, antes de dictar la orden, podrá exigir del solicitante una fianza * * * disposición que implícita-mente reconoce el poder de las cortes para nombrar síndicos sin oir a la parte contraria, dejando a su arbitrio el exigir o no fianza. Pero ese poder sólo puede ejercerse en casos extremos, cuando las circunstancias sean de tal naturaleza que requieran como único medio para la garantía del dere-cho de una parte que se pase por encima del derecho de la otra, que a no otra cosa monta resolver, en determinado sen-tido, aunque sea transitoriamente, sobre los derechos de esa otra parte sin darle la oportunidad de 'ser oída y sin esigir siquiera fianza para responder de los daños que pudieran causársele. T la verdad es que examinados los techos de la demanda no puede concluirse que presenten tal caso extremo.

El resumen de los hechos alegados se hace por la misma parte interesada, o sea por el grupo B, así:

“La demanda en este caso estableció por alegaciones apropiadas el derecho de los demandantes para solicitar la disoluQión de la so-ciedad por los siguientes fundamentos: .1
‘ ‘ 1. Violación del • contrato de sociedad y de sus deberes como socios por parte de los demandados al negarse a llevar a efecto o exigir cumplimiento de contratos ventajosos para la sociedad; vo-tarse sueldos no autorizados por el contrato de sociedad; emplear fondos de la sociedad para fines ajenos y utilizar la sociedad en interés de E. González & Co. y en perjuicio de la sociedad ‘Sociedad Central Victoria Limited.’
“2. Disensiones entre los socios ocasionados por culpa de los de-mandados que imposibilitan la buena marcha de la sociedad.
“3. Mala administración de los bienes y negocios de la sociedad por los demandados ocasionando graves perjuicios y amenazando la ruina de la misma.
“4. Exclusión de los demandantes de una justa participación en los asuntos y dirección de la sociedad.”

Tales hechos podrán quizás servir de base a la disolución de la sociedad y a su vez al nombramiento de un síndico, pero en modo alguno para el inusitado procedimiento seguido.

Esta Corte Suprema en el caso de Balasquide v. Rossy, 18 D. P. R. 33, en el cual en un procedimiento de certiorari se anuló el nombramiento de un síndico hecho por la Corte de Distrito, invocando el caso de Sage v. Memphis Railroad Company, 125 U. S. 361; el de McNair v. Gourrier, 40 La. Arm. 353, y 34 Cyc. 19 y 22 y casos citados, resumió la juris-prudencia sobre la materia, así:

“Generalmente la solicitud para el nombramiento de un síndico se dirige a la sana discreción de la corte para que se ejercite como un medio auxiliar de cumplirse los fines de la justicia. Pero el poder conferido no es arbitrario y para qne la acción judicial esté justificada bajo la base de la discreción, debe existir en realidad el caso que reclame el ejercicio de dicha discreción.
“La facultad de nombrar un síndico es muy delicada, especial-mente cuando se invoca por medio de solicitudes interlocutorias ex parte, y debe ejercitarse con gran cautela, y solamente cuando las circunstancias del caso exijan un remedio urgente, o cuando la corte tenga motivos suficientes para creer que existe peligro inminente de que pueda ocurrir una pérdida, para que no sea mayor el perjuicio que ocasione, la misma que aquel que se trata de evitar. Jamás deberá hacerse uso de tal facultad en un caso de duda, y cuando con el nombramiento no ha de obtenerse beneficio, o no resulta per-juicio de su negativa o sea, cuando no es manifiesta la necesidad de hacer el nombramiento. Debe la corte tomar en consideración las consecuencias para todas las partes, y no debe ejercitarse la facultad cuando hay probabilidades que tal ejercicio ocasione injusticia o perjuicio a los derechos privados, o si los hechos demuestran que el nombramiento lesionará los intereses de otras personas, cuyos dere-chos deben merecer tanta consideración por parte de la corte como los del demandante. Debe el juez hacer su orden de modo tal que si bien favorezca a una parte, no perjudique a otra, y de no conseguirse esto generalmente deberá negarse la solicitud. ’ ’

Llama la atención la parte impugnadora a un caso de California del modo qne sigue:

“La Corte Suprema de California ha declarado en Real Estate Association v. Supreme Court, 60 Cal. 228, que el artículo 566 del Código de Enjuiciamiento Civil de California casi idéntico con el citado artículo 184 reconoce el nombramiento de un síndico ex parte.
“Es cierto sin embargo, según la doctrina de aceptación general que una corte no nombrará un síndico ex parte a menos que se de-muestre causa para hacerlo prescindiendo de notificación a ia parte contraria.
“Las causas que de acuerdo con la citada doctrina se estiman suficientes son las siguientes:
“1. Cuando aparece que notificación a la parte contraria podría derrotar el objeto del pleito.
“2. Cuando resulta de las alegaciones de la demanda o de otra prueba que existe peligro que los bienes serán perdidos, malgastados u ocultados o de que los intereses sufran daño irreparable.”

Aunque la doctrina ha sido entresacada más bien de las autoridades citadas por las partes que de la misma opinión, podemos aceptar que ha sido bien expuesta, pero sostenemos que aplicada a este caso, es contraria al procedimiento se-guido. En el caso de California no constaba de la petición ni de la orden nombrando el síndico si se había hecho con o sin notificación. Aquí consta que se hizo sin notificación y sin fianza. El de California parece que era un' caso de insolvencia. Aquí no se impugna siquiera la solvencia del grupo A. Si bien se alega que dicho grupo constituyendo la minoría del capital controlaba por mayoría de votos el Consejo Directivo, aparece que el grupo B tenía interven-ción en el Consejo y a su disposición estaban los medios para investigar todas las operaciones de la sociedad. Los bienes son en su mayoría inmuebles y en ellos corresponde una gran parte al grupo A. Nada hay que revele con visos de verdad que por seguirse el procedimiento regular y justo al oir al grupo A, antes de resolver si procedía o no el nom-bramiento del síndico, dicho grupo en el transcurso de al-gunos días fuera a ocultar bienes, falsificar cuentas, en una palabra, defraudar al grupo B,- malbaratando la propiedad que legítimamente le pertenecía.

Los hechos del caso de Texas citado Temple State Bank v. Mansfield, 215 S. W. 154, son tan distintos, que la conclu-sión a, que en él llegara la corte no puede aplicarse a este caso concreto sometido a nuestra consideración y decisión.

Allí las circunstancias justificaron el nombramiento del síndico sin notificación a la otra parte. Aquí hemos visto que no. lo justifican.

La justicia requiere, pues, que la orden sobre el nombra-miento del síndico sea anulada y que el pleito sea devuelto a la corte de distrito de su origen para que continúe trami-tándolo de acuerdo con la ley, esto es, en el punto concreto debatido, oyendo a la parte contraria y decidiendo después de considerar y pesar los hechos y razones aducidos por to-dos los interesados.

Anulada la orden nombrando sindico y de-vuelto el caso para ulteriores procedimien-tos no inconsistentes con la opinión.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison disintió.


text:
    Forteza, Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Caguas, denegatoria de inscripción de una es-critura de compra-venta.
    No. 487.
    Resuelto en abril 5, 1921.
    Contratos Inscribibles — Promesa de Venta — Compraventa con Condiciones Suspensivas y Resolutorias. — Estudiado el contrato cuya inscripción negó el registrador, se resolvió: que era más que una promesa de venta, habiéndose transmitido el dominio, sujeta la transmisión a ciertas condiciones suspensi-vas y resolutorias no contrarias a la ley ni a la moral, siendo por tanto ins-cribible en el registro.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. R. Arce.

    El registrador recurrido, Sr. J. A. Vargas, no compa-reció.
   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Presentada en el Registro de la Propiedad de Caguas. la escritura número 115 de “compraventa de finca rústica,” otorgada el 8 de septiembre de 1920, el registrador se negó a inscribirla porque el contrato comprendido en la misma “es en el fondo, una promesa de venta, y dicha promesa de venta no es inscribible en el registro de la propiedad de acuerdo con la ley y con la doctrina sentada por la Direc ción General de los Registros de España en resolución de 12 de marzo de 1864.” No conforme el “vendedor” con la nota, estableció contra ella el presente recurso gubernativo.

Examinarlo el documento de que se trata, resulta que habiendo concertado las partes un “contrato de compraventa” de- cierta finca rústica que se describe, lo realizaron en la siguiente forma:

“OompraveNta. — Primera: Don Benjamín Forteza Segura vende ahora a la Central Defensa, Ine., y sus sucesores y cesionarios la finca rústica reseñada en el hecho primero de esta escritura al efecto de que cumplidas que fueren las estipulaciones todas de este contrato, pase a ser la corporación dicha dueña exclusiva del indicado in-mueble.
“PRECIO DE TRANSFERENCIA.-TÉRMINO PARA SATISFACERLO Y CON-DICIÓN Resolutoria del Contrato. — Segunda: El precio- que se fija por enajenación de la susodicha finca es de veinticinco mil dólarés, cantidad que la Central Defensa, Inc., y sus sucesores y cesionarios se obligan formalmente a pagar al señor Forteza Segura o a sus suce-sores en derecho, en esta ciudad de Caguas dentro del término de cinco años, a contar desde esta fecha, sin ningún interés; convinién-dose no obstante, que si al vencer los dos primeros años de los cinco años que se fijan para dejar debidamente consumado este contrato la Central Defensa, Inc., o sus sucesores o cesionarios no hubieren satisfecho o hecho entrega de esos veinticinco mil dólares al señor Forteza Segura, el vendedor tendrá libertad plena, bien para aguar-dar que transcurran los otros tres años y exigir a la Central De-fensa, Inc., el pago de la referida suma de dinero a efectos de que la compraventa quede enteramente consumada; o podrá también dicho vendedor, libremente, buscar otro comprador para la finca y vendérsela desde luego por el precio que le convenga, estipulándose que, llegado ese caso, bastará pára rescindir esta negociación de com-praventa y dar por totalmente cancelada la inscripción que de la misma se hubiere practicado en el registro de la propiedad a favor de la Central Defensa, Inc., o de sus sucesores o cesionarios, que se presente en el registro de la propiedad el testimonio de la nueva es-critura de compraventa otorgada por don Benjamín Forteza Segura o sus sucesores en derecho en favor del otro comprador del in-mueble; * * *
“Tercera: Don Benjamín Forteza Segura continuará en la libre posesión material y disfrute de sus terrenos satisfaciendo a su nombre las contribuciones sin tener que pagar ningún canon o renta a la Central Defensa, Inc., basta que esta corporación o sus sucesores o cesionarios le bagan completo pago de los veinticinco mil dólares, precio de enajenación, y hasta que el vendedor sea también debida-mente satisfecho del total importe de los frutos, plantaciones y edifi-caciones que baya en los terrenos en los momentos en que deba o quiera posesionarse de los mismos la corporación adquirente.”

Sostiene la parte apelante que:

“En la escritura que se analiza concurren todos los elementos esenciales que presiden el contrato de compraventa'. Pero las partes establecieron dos condiciones, una, suspensiva, .y otra, resolutoria; y es esta circunstancia, sin duda la que ha llevado al registrador a la confusión de la verdadera naturaleza del contrato, que acusa su nota denegatoria.
“La condición suspensiva que aquí envuelve o puede traducirse como una obligación a plazo, tiende a retener en el vendedor la pose-sión material del inmueble en tanto la compradora satisface el precio de enajenación; pero es de verse que para el pago de ese precio se fija un término que la corporación adquirente puede disminuir a su antojo, puesto que no se dice que la entrega del dinero ha de reali-zarse precisamente al vencer los cinco años que se estipulan sino' dentro de ese término; de manera, que queda al arbitrio de la com-pradora pagar y entrar, seguidamente, en el disfrute material de los terrenos. Y la razón de ese pacto es obvia. El vendedor transfirió su derecho de propiedad sin recibir, de momento, el montante del precio; y no habiéndose fijado tampoco intereses para devengarse durante el plazo de la entrega, se resolvió entonces, como cuestión de equidad, que el enajenante se apropiara los frutos de la finca hasta que la deuda quedara solventada. La estipulación, en el fondo, produce el mismo resultado de una compensación de frutos por intereses del precio de compraventa. Porque si la Central Defensa hubiera pagado, de contado, ese precio, Forteza habríale hecho, en el acto, la entrega material de la finca.”

De acuerdo con la ley inscríbense en el registro los títulos traslativos del dominio sobre bienes • inmuebles. Una pro-mesa de venta no es un título traslativo, y por consiguiente no sería inscribible, qne es lo único qne decide la resolución de la Dirección General de los Registros de España invocada por el registrador, pero el contrato otorgado en este caso es más qne una promesa.

Galindo y Escosnra, en el tomo 1, página 260, de la cuarta .edición de sns “Comentarios,” dicen:

¿ILos títulos por los que más comúnmente se transfiere el dominio son los de compraventa, permuta, donación, anticipo de legítima, dote, sociedad, transacción, cesión, herencia, mejora, legado, servi-dumbre y adjudicación; pero téngase en cuenta que no son los únicos y que, según el artículo primero del reglamento son inscribibles los contratos que sin tener nombre propio en derecho, modifiquen desde luego, o en lo futuro, alguna de las facultades del dominio sobre inmuebles y demás derechos reales.”

El contrato de qne se trata no eS' contrario a la ley, ni a la moral. Afecta a nn bien inmueble ya inscrito en el re-gistro. Uno de los fines del registro es que consten publica-mente en él todas las transacciones que afecten el dominio o derechos reales sobre inmuebles. Es nn hecho que, bajo las condiciones expresadas, quedó afectado el dominio de la finca y es conforme a la ley que la transacción realizada se inscriba en el registro constituyendo la inscripción un aviso a todas las personas que en algún sentido estuvieren inte-resadas en la misma.

Siendo esto así, opinamos que debe revocarse la nota recu-rrida y ordenarse la inscripción solicitada.

Revocada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Aldeey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Acevedo, Acusado y Apelante.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Agnadilla en cansa por abandono de menores.
    No. 1691.
    Resuelto en abril 5, 1921.
    Sobreseimiento del Proceso — Término para la Celebración de Juicios Crimina-les — Juicio Bápido. — De aeuerdo con el No. 2 del artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal, el término de ciento veinte días dentro del cual ha de celebrarse el juicio de un acusado no puede contarse a partir de otra fecha que no sea la de la presentación de la acusación.
    Los lieclios están expresados en la opinión,
    Abogados del apelante: Sres. S. García Ducós y J. B. Soto.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

En el recurso de apelación interpuesto por el apelante León Acevedo contra la sentencia condenatoria dictada contra él por la Corte de Distrito de Aguadilla alega como primer motivo de error el ele haber negado la corte inferior su petición de sobreseimiento en esta causa hecha de acuerdo con el artículo 448 No. 2o. del Código de Enjuiciamiento Criminal, por no haber celebrado el juicio dentro de los ciento veinte días siguientes a la presentación de la acusación, sin que hubiera sido suspendido a petición suya, según compro-baba con una declaración jurada que presentó. El fiscal de aquella corte se opuso a esa petición sin que de la transcrip-ción que tenemos ante nosotros aparezca que alegara razón alguna para su oposición y la corte negó la pretensión del. apelante fundándose en que dicho término de ciento veinte días debía contarse desde que el acusado solicitó ser juzgado por un jurado.

El término de ciento veinte días dentro del cual ha de celebrarse el juicio de una persona acusada de delito tiene que contarse, según dispone el No. 2o. del artículo 448 citado, desde que se presenta la acusación, por lo que no estaba au-torizada la corte inferior para contarlo desde otra fecha, cometiendo así el error que le atribuyen el apelante y el fiscal de este Tribunal Supremo; y de conformidad con la doc-trina sentada en el caso de Dyer v. Bossy, 23 D. P. R. 762, debemos revocar la sentencia apelada y dictar otra sobre-seyendo esta causa de acuerdo con el No. 2o. del artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

Revocada la sentencia apelada y sobreseída la causa.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. del Toeo,

text:
    Roig, Demandante y Apelante, v. Landrau, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 2340.
    Resuelto en abril 7, 1921.
    Aseguramiento de Sentencia sin Fianza — Obligación que no Oonsta Clara-mente en Documento Póblioo. — Cuando si bien el origen de la obligación que se reclama consta en documento auténtico, la cuantía de la reclamación depende de cálculos y liquidaciones no constantes de tal modo, el asegura-miento de la sentencia que pueda dictarse en el pleito no debe decretarse sin fianza. . '
    Los hechos están expresados en la opiniótí.
    Abogados del apelante: Sres. Ruis de Val y F. Gomales.

    Abogados del apelado: Sres. E. Campillo y J. Martines Debita.

   El Juez Asociado Se. del Toeo,

emitió la opinión del tribunal. •

La cuestión envuelta en este caso es la de si procede o no procede decretar el aseguramiento de la sentencia sin fianza.

Manuel Roig demandó a Pablo Landrau en cobro de $7,713.03, intereses y costas. Según la demanda el deman-dante subarrendó al demandado una finca rústica y le vendió la plantación de cañas en ella existente calculada en 46,500 quintales, comprometiéndose el demandado a moler las cañas en la “Central Vannina” bajo la base de siete y medio por ciento de azúcar por cada quintal de caña, siendo el precio de venta de dichas cañas el que tuviera el azúcar en el mer-cado de 1920 según se fuera liquidando por la central en la forma establecida por la costumbre. Alega el demandante que recibió el importe de 36,520 quintales y 20 libras de caña liquidado por la central y que el resto de la caña vendida calculada a $17.80 quintal de azúcar según la última liqui-dación de la Vannina, valía $13,323.03 de los cuales sólo ha recibido del demandado $5,610.00, quedando por consiguiente un saldo a su favor de $7,713.03, que es el que reclama en su demanda.

Acompañó el demandante a su demanda la escritura pú-blica creditiva del contrato celebrado, y basándose en que constaba en tal documento auténtico el contrato, pidió a la corte que decretara sin fianza el embargo de bienes del de-mandado para asegurar la efectividad de la sentencia que pudiera dictarse. La corte accedió. Compareció entonces el demandado y alegó que no constando de la escritura que el demandado debiera al demandante $7,713.03, ya que el con-trato quedaba sujeto a condiciones futuras y liquidaciones, no debió haberse decretado el aseguramiento sin fianza. La corte dejó sin efecto su orden de embargo y el demandante interpuso entonces el presente recurso de apelación.

A nuestro juicio la corte de distrito interpretó rectamente la sección 4 de la ley para asegurar la efectividad de sen-tencias de 1902, que dispone que si consta claramente en documento auténtico que la obligación es exigible, el tribunal decretará el aseguramiento sin fianza y que en cualquier otro caso exigirá fianza para decretarlo.

Es verdad que el contrato celebrado se liizo constar en un documento público, pero la cantidad reclamada si bien emana de o tiene su base en dicho contrato, depende de datos, cálculos y liquidaciones que no constan en forma auténtica alguna. Y siendo ello así, la aplicación de la ley hecha final-mente por la corte de distrito, se ajusta a su espíritu. De otro modo sería suficiente que la base de una obligación cuyo desarrollo y extensión dependiera de hechos ulteriores, cons-tara en escritura pública, para decretar sin fianza el embargo de bienes del obligado por una cuantía que dependería de la simple alegación, ni siquiera jurada, como en este caso, del demandante.

Aunque los hechos no son iguales, es conveniente citar-la doctrina establecida en el caso de Avalo v. Porrata, 19 D. P. R. 20 y ratificada en el de Polanco v. Goffinet et al., 26 D. P. R. 323, 328, a saber:

“Para que pueda decretarse un embargo sin fianza para asegura-miento de la efectividad de la sentencia, es necesario que aparezca claramente del documento auténtico que la obligación es exigible, lo que quiere decir, no sólo que los documentos en que se basa la petición sean auténticos, sino también, que fácilmente, sin gran dificultad, pueda el juez venir en conocimiento de que realmente la obligación existe y puede reclamarse.”

' Por virtud de lo expuesto, debe confirmarse la resolución apelada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Sucesores de Eduardo Artau, Demandantes y Apelados, v. Roig et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 2310
    Resuelto en abril 7, 1921.
    Nulidad de Sentencias — Jurisdicción—Recurso Adecuado Contra Errores en la Apreciación de Pruebas. — Una sentencia firme dictada por una corte que tenía jurisdicción del caso por la naturaleza de la acción ejercitada no puede ser anulada so pretexto de falta de jurisdicción a causa de errores cometidos por la corte en la apreciación de los heehos y aplicación del derecho. Si la corte comete error al no dar efectos legales a la defensa del demandado de que la acción había sido transada por las partes después de haber sido ins-tada, el recurso adecuado para obtener la revocación por causa de tal error era el de apelación y no una moción sobre nulidad de sentencia por falta de jurisdicción.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. J. J. Ortiz y F. B. Flores.

    Abogado de los apelados: Sr. S. B. Palmer.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Sucesores de Eduardo Artau, sociedad mercantil en co-mandita, establecida en la ciudad de Utuado, radicó demanda el 16 de febrero de 1917 en la Corte de Distrito de Arecibo contra la Sucesión de Antonio Roig Colomer, compuesta de María Laurentina, Angela Antonia, José Antonio, María Mon-serrate, María Isolina, Ramona Heriberta, Juan Eduardo, Francisco José, María Georgina y Rosa Agustina Roig Serrano, Pedro Antonio y Antonio Manuel Ruiz Roig y Jorge Roig Cruz, en cobro de $1,437.98, en cuya demanda alega la parte demandante como hechos determinantes de su acción que Antonio Roig Colomer tenía en el Municipio de Utuado una tienda de provisiones para la que abrió una cuenta en el establecimiento comercial de los demandantes, que al falleci-miento de aquél ascendía a la suma de $712.54, habiéndola continuado después su hijo el demandado Antonio Eoig Serrano hasta la suma de $725.44 más tomados en mercancías, ■dinero y provisiones para la misma tienda, resultando de ambas partidas la suma reclamada en la demanda que no ha sido satisfecha ni en todo ni en parte.

Comparecieron los demandados María Laurentina, Angela Antonia, María Isolina, María Greorgina, Eosa Agustina y Juan Eduardo Eoig Serrano y Manuel y Pedro Antonio Euíz Eoig y alegaron en su contestación, 19 de diciembre de 1917, ■que la acción ejercitada estaba transada en virtud de un contrato extrajudicial- firmado en primero de noviembre de 1917, pero que si no hubiera sido transada negaban el total montante de la deuda reclamada, pues cuando ocurrió el fa-llecimiento de su caucante Antonio Eoig Colomer éste sólo ■debía a la comercial demandante la suma de $432.01, can-tidad que nunca le había sido negada por la sucesión de-mandada la que siempre había estado dispuesta a pagarla.

Celebrado el juicio la corte dictó sentencia en 28 de febrero de 1919 condenando a los demandados José Antonio, Angela Antonia, María Monserrate, María Isolina, María Laurentina, María G-eorgina y Eosa Agustina Eoig Serrano, a que man-comunada y solidariamente pagaran a la mercantil deman-dante la suma de $1,157.45 y absolviendo de la demanda a los demandados Eamona Heriberta, Juan Eduardo y Francisco José Eoig Serrano, a Pedro Antonio y Manuel Antonio Euíz Eoig y a Jorge Eoig Cruz, sin especial condenación de costas, cuya sentencia quedó firme por no haber sido apelada.

Más de un año después, o sea en 20 de mayo de 1920, los demandados radicaron moción a la corte con súplica de que se declarara nula a todos sus efectos legales la sentencia pro-nunciada y se dejara sin efecto-ni valor alguno el embargo trabado a instancia de los demandantes sobre una finca rús-tica de cincuenta y una cuerdas de terreno para asegura-miento de la efectividad de dicha sentencia, y para sostener la nulidad pretendida alegan que la corte no tenía jurisdic-ción para dictarla pues en primero de noviembre de 1917 se había celebrado entre las partes un contrato de transacción que puso término al pleito desde la fecha indicada.

La anterior moción fué denegada por resolución de 15 de julio de 1920 que en la parte atinente dice así:

“En la opinión emitida por la corte al dictar su sentencia, se dice lo siguiente:
•“ ‘La demandante lia presentado un documento titulado “CON-TRATO de TRANSACCION” de fecha 1 de noviembre de 1917, en el cual consta la admisión suscrita por las demandadas María Monserrate o Monserrate Eoig Serrano, María Isolina o Isolina Eoig Serrano,, Angela Antonia o Angela Eoig Serrano, María Laurentina o Laura Eoig Serrano, Eosa Agustina o Eosa Eoig Serrano, y Georgina Eoig Serrano, y por su abogado 'Francisco E. Flores, de que don Antonio Eoig Colomer, falleció en Utuado el 27 de septiembre de 1914, siendo dichos demandados herederos y teniendo dicho Antonio Eoig Colo-mer, antes de su fallecimiento, contraída con Sucesores de Eduardo Artau, una cuenta que luego se prolongó por la Sucesión y ascendió a la suma de $1,157.45.’
“Unido a los autos y marcado ‘Demandante No. 1,’ se encuentra original el contrato de transacción a que se refiere la corte. Este do-cumento sólo aparece firmado por Julio Menchaca, cesionario de Ea-mona TIeriberta Eoig Serrano y de Pedro Euíz Eoig, y por Monserrate Eoig, Isolina Eoig, Laura Eoig, Angela Eoig, Eosa Eoig y Georgina Eoig y por su abogado Francisco E. Flores, sin que por ninguna parte aparezca la firma de los demandantes Sucesores de Eduardo Artau por lo que no puede decirse que prestaran su consentimiento, que es uno de los requisitos esenciales de todo contrato. 'Dicho docu-mento fué presentado por los demandantes para probar admisiones, de los demandados y no en forma de transacción, y el juez falló por el resultado de la prueba practicada, según puede' verse de los hechos que se declaran probados en la opinión. Se declara sin lugar la moción de los demandados comparecientes. * * * ”

Esa resolución ha sido apelada para ante esta Corte Su-prema y alegan los apelantes como motivos del recurso que la corte incurrió en error: Io. Al declarar que los deman--dantes no prestaron sn consentimiento en el contrato de tran-sacción por el lieclio de no estar firmado por Sucesores de Eduardo Artau; 2o. Al considerar que el documento fue pre-sentado a la corte por los demandantes para probar admi-siones de los demandados y no en forma de transacción.

Estimamos innecesario considerar los motivos alegados para sostener la resolución apelada, pues aún en el supuesto de que se hubieran cometido los errores apuntados, la reso-lución se sostendría por el fundamento esencial ele que la moción de nulidad se funda en la falta de jurisdicción de la Corte de Arecibo para dictar la sentencia cuya nulidad se pide, y esa falta de jurisdicción no existe. Dicha corte tenía jurisdicción para conocer del caso por la naturaleza de la acción ejercitada, y no la privaba de tal jurisdicción el hecho de la transacción que invocan los apegantes, los cuales al contestar la demanda la alegaron como materia de defensa y sometieron a la corte la apreciación de la misma. Si la corte cometió error para apreciar sus efectos legales en la forma en que. lo hizo, ese error pudo invocarse para soli-citar la revocación de la sentencia en grado de apelación, pero no para sostener una moción de nulidad de la misma sentencia, y si los apelantes trataron de acogerse al artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil para obtener la repa-ración del agravio sufrido por cualquier otro motivo que no fuera el de falta de jurisdicción de la corte, ni lo hicieron en forma debida ni dentro de los términos legales que señala el mismo artículo.

Por las razones expuestas es de confirmarse la resolución apelada.

Confirmada la orden apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.