author: El Juez Asociado Señor HutchisoN,

text:
    José Díaz Miró, demandante y apelado, v. Francisco García, demandado y apelante.
    No. 6468.
    Sometido: Junio 14, 1934.

      Resuelto: Septiembre 29, 1934.

      J. Pedro Miranda, abogado del apelante; B. Campos del Toro, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señor HutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

Francisco García, demandado en una acción de daños y perjuicios, apela de una sentencia adversa. Sostiene que la corte de distrito cometió error al no declarar con lugar una excepción previa por falta de hechos suficientes para deter-minar una causa de acción. El demandante Díaz Miró alegó; que había iniciado demanda bajo el No. 11342 en la Corte de Distrito de San Jnan contra José Reyes G-arcía por la suma de $652.55, intereses y costas; que el márshal embargó ciertos bienes muebles valorados en $233.87, en poder de Francisco García, el aquí demandado, en su establecimiento en Santurce, el 20 de enero de 1930, y le nombró depositario; que Francisco García firmó un recibo en que asumía la res-ponsabilidad de un depositario con todas las obligaciones inherentes al mismo de acuerdo con la ley; que el aquí de-mandante, después de dictarse sentencia a su favor y contra Reyes García en la Corte de Distrito de San Juan, obtuvo mandamiento de ejecución y el márshal se preparaba para efectuar la subasta de los bienes embargados a las diez de la mañana del 20 de febrero de 1930, en el establecimiento del referido Francisco García; que el producto de la venta por orden de la corte de distrito debía ser depositado en la oficina del secretario mientras estuviese pendiente de resolu-ción cierta cuestión relacionada con la disolución de otro embargo a que más adelante se hacía referencia en la de-manda; que Francisco García fué notificado cuatro o cinco días antes de la supuesta subasta anunciada para el día 24 de febrero; que en el día y a la hora señalados para la subasta, el márshal fué al establecimiento de Francisco García a vender los bienes embargados, cosa que no pudo hacer porque éstos no estaban en poder del depositario, quien había dispuesto de los mismos entregándolos a un tercero, sin auto-rización de la corte de distrito o del demandante, ni procedi-mientos legales al efecto; que dicho depositario en aquel entonces se negó a dar informes al márshal respecto al lugar en que se encontraban los bienes embargados o sobre la iden-tidad de la persona a quien los había entregado; que en otro pleito iniciado por Francisco García contra Reyes García ante la Corte Municipal de San Juan, Sección Segunda, el márshal de la Corte Municipal de Río Piedras, de confor-midad con un mandamiento librado por la Corte Municipal de San Juan, había embargado la misma propiedad valorada en la suma de $233.84 en el establecimiento de Reyes García en Río Piedras, y la había dejado en poder de Guillermo Pérez, quien a su vez la había entregado a Genaro Irizarry, en la calle Capotillo No. 32, de Río Piedras; que el referido Guillermo Pérez, sin orden al efecto de la Corte Municipal de San Juan, sin notificar al demandado en la acción pen-diente ante esta última corte, y sin dar los pasos requeridos por la ley, permitió que dichos bienes fuesen trasladados al distrito judicial municipal de San Juan, donde fueron em-bargados por el aquí demandante en el establecimiento de Francisco García en Santuree; que el demandante en este caso presentó moción ante la Corte Municipal de San Juan solicitando se declarara nulo e ineficaz el embargo trabado por Francisco García y que esta cuestión se hallaba pendiente ante la Corte de Distrito de San Juan en febrero 24, 1930, día fijado por el márshal de la Corte de Distrito de San Juan para la celebración de la subasta de los bienes embargados; que el aludido Francisco García, convencido de que su embargo había quedado disuelto, actuando de mala fe y por el interés que tenía en los bienes embargados, trató de impedir e impidió que el márshal de la Corte de. Distrito .de San Juan vendiera los mismos en jjública subasta, y que al así actuar violó las obligaciones que había contraído como depositario e impidió al demandante recobrar la suma de $233.87, valor de los bienes embargados; y que el demandado ha ocasionado al demandante los daños y perjuicios especificados en la de-manda.

Se arguye que el demandante no era dueño de los bienes embargados y que el contrato de depósito del deman-dado fué celebrado con el márshal y no con el demandante. No era necesario que el demandante fuera dueño de la pro-piedad embargada a fin de que pudiera iniciar una acción para recobrar la pérdida de los beneficios que hubiera reci-bido como resultado de su embargo, a no ser por el proceder del demandado. Habría más mérito en la sugestión de que el contrato celebrado por el demandado lo fné con el márshal y no con el demandante si se hubiese llamado la atención del juez de distrito hacia la excepción previa y éste la hubiese resuelto antes de terminar el juicio. Sin embargo, no se cita autoridad alguna en apoyo del argumento de que por esta razón la demanda no aducía una causa de acción y por ahora no trataremos de revisar los casos ya resueltos. Parece que de ordinario en otras jurisdicciones una acción basada en un recibo debe ser iniciada por el márshal en beneficio del acreedor que efectuó el embargo (véase 6 C. J. 322, sección 645), mas el caso de Claris v. Clough, 3 Me. 357, es citado en la nota 74, a la página 317 del mismo tomo, en apoyo de la aseveración de que “si el funcionario entrega el recibo al letrado del acreedor a fin de que éste prosiga el juicio en su beneficio, ello equivale a una cesión en equidad del con-trato para la cual su responsabilidad hacia el acreedor cons-tituye suficiente causa (consideration).” Véase también el caso de Moore v. Fargo, 112 Mass. 254; artículo 1209 del Código Civil, edición 1930, y artículo 51 del Código de Enjuiciamiento Civil (Estatutos de 1911, sección 5035). Sin perjuicio de' que discutamos la cuestión más ampliamente en casos, futuros, no estamos preparados para decir que el acreedor mismo no pueda iniciar una acción por los daños provenientes de la conversión o disposición no autorizada de los bienes embargados por parte de un depositario. Sin embargo, en el presente caso el demandado no era un mero depositario. La contestación presentada fué una negación general seguida por una excepción basada en falta de hechos suficientes para determinar una causa de acción. Cuando el demandante terminó su caso, el demandado presentó una moción de nonsuit, mencionó el hecho de que en su contesta-ción había excepcionado la demanda, y dijo que la suficiencia de ésta sería discutida en un memorándum que radicaría más tarde. Si la corte hubiese declarado con lugar la excepción al terminar el juicio o algún tiempo después, se hubiera per-mitido al demandante enmendar su demanda o se habría considerado enmendada de conformidad con la prueba, } puede tenerse como enmendada en apelación.

La evidencia aportada sin objeción por parte del deman-dado, demostró que el márshal, en el momento de practicar el embargo, estaba acompañado del demandante, quien indicó los bienes que se debían embargar y propuso o convino en que se nombrara al demandado como 'depositario. El recibo suscrito por Francisco García dice que los bienes embargado;-fueron recibidos por él en calidad de depositario judicial designado por el márshal y que como tal depositario con-venía en tener bajo su custodia los bienes embargados “hasta que la corte resuelva en el presente caso.” Este recibo fué unido por el márshal al diligenciamiento hecho por él, for-maba parte del mismo y fué archivado con éste como parte del récord. De suerte que, a nuestro juicio, aparece sufi-cientemente que el embargo y el depósito fueron hechos cumpliendo sustancialmente con la sección 10 de la ley para asegurar la efectividad de sentencias (Estatutos de 1911, sección 5242) y el apelante no pone en tela de juicio la respon-sabilidad de un depositario así designado para la custodia y entrega de los bienes embargados al serles éstos exigidos por el márshal con el fin de venderlos bajo un mandamiento de ejecución expedido después de dictarse sentencia en favor del demandante. Bajo las circunstancias no podemos estar de acuerdo con el criterio de que la corte de distrito cometió error al no sostener la excepción previa sometida luego de celebrado el juicio del caso en sus méritos.

El segundo señalamiento es que la sentencia es contraria a derecho. El apelante se basa en el artículo 1658 del Código Civil, edición de 1930, que provee que “se constituye el depósito desde que uno recibe la cosa ajena con la obligación de guardarla y de restituirla.” Se arguye que surge una presunción de propiedad al poseerse bienes muebles y que los hechos aducidos en la demanda no demuestran la existencia de nn depósito. Bastará decir que el señala-miento en sí es demasiado general o que la cuestión que aquí se trata de plantear no requiere seria consideración. Em-pero, la demanda en su totalidad niega suficientemente cual-quier presunción de propiedad por parte de Francisco García y la prueba ofrecida en apoyo y para suplementar las alega-ciones relativas al embargo, depósito y firma de un recibo por el depositario, fue suficiente para demostrar la existencia de un depósito judicial.

El tercer señalamiento es que la corte de distrito cometió error al justipreciar la cuantía de los daños y perjuicios. Una de las partidas alegadas en la demanda, establecida por la prueba y concedida por la corte, fue la suma de $100 pagados por el demandante como honorarios de abogado y gastos incurridos en sus gestiones como interventor ante la corte municipal y en apelación para ante la corte de distrito en el pleito iniciado por Francisco García contra Reyes García. Se sostiene que no se concedieron honorarios de abogado como costas en dicho pleito y que los mismos no pudieron ser concedidos de acuerdo con el estatuto que rige la materia de costas, toda vez que la suma en controversia era menor de $500. La conclusión es que una parte a quien no se le han concedido las costas, incluyendo honorarios de abogado y que no ha presentado memorándum de costas en un pleito, no puede recobrar honorarios de abogado en una acción independiente. La respuesta a esta argumentación es que el aquí demandante no trataba de obtener honorarios de abogado como parte de las costas que pudieron concederse o no como tales en otro pleito, sino como daños y perjuicios causados por el proceder del demandado al ocultar o disponer de bienes embargados por el aquí demandante en el pleito iniciado por él contra Reyes García y puestos por el márshal bajo la custodia del demandado como depositario.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


source: Caselaw Access Project

author: El J'uez Presidente Señor Del Toro,

license: Public Domain

text:
    Tiburcio Jiménez, haciendo negocios bajo la denominación y firma comercial de Jiménez & Fernández, demandante y apelante, v. Hon. Manuel v. Domenech, demandado y apelado.
    No. 6368.
    Sometido: Mayo 22, 1934.

      Resuelto: Septiembre 29, 1934.

      Juam B. Soto, abogado del apelante; Son. Procurador General Benjamin J. Sort on j B. Cordovés Arana, Subprocurador, abogados del apelado.
   El J'uez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La demanda presentada en este caso, copiada a la letra dice:

“Tiburcio Jiménez, haciendo negocios bajo la denominación y firma comercial de Jiménez & Fernández, demandante, vs. Hon. Manuel Y. Domenech, demandado. — Civil No. 18065. — Demanda.— Comparece el demandante, por conducto de sus abogados que suscri-ben y respetuosamente alega:
“1. — Que el demandante es un comerciante haciendo negocios bajo la denominación de Jiménez y Fernández.
“2. — Que durante el período comprendido entre enero 18 de 1929 y diciembre 18 de 1930, el demandante, a requerimiento que le fué hecho por el demandado, actuando éste en su carácter de Tesorero de Puerto Rico, entregó a dicho demandado, en varias partidas, en pago de estampillas de las a que se refieren las secciones 9 y 10 de la Ley No. 19 aprobada el día 19 de abril de 1928, la suma total de $34,758.91, que el demandado recibió y no ha devuelto al demandante.
“3. — Que el demandante pagó y entregó al demandado dicha suma, involuntariamente y bajo violencia e intimidación consistentes en la amenaza hecha al demandante por el demandado y sus agen-tes de ser el demandante procesado criminalmente y de serle destruido su negocio de acuerdo con la sección 22 de dicha ley, de no proceder el demandante a efectuar el dicho pago y a entregar dicha suma, y alega el demandante que dichos pagos y entrega fueron hechos por el demandante al demandado con el sólo objeto de evitar que se le envolviera en tal proceso y que le fuera destruido su negocio, el cual consistía al tiempo de efectuar el pago y entrega de dicha suma en la compra y venta de café de Puerto Rico y del extranjero.
“4. — Que con posterioridad al pago y entrega de dicha suma por el demandante al demandado, o sea el día 31 de marzo de 1931, el Tribunal Supremo de Puerto Rico declaró inconstitucional la referida Ley número 19 de abril 19 de 1928, y, posteriormente dicha Ley fué declarada inconstitucional por la Corte de Circuito de Apelaciones para el Primer Circuito de los Estados Unidos.
“Por TANTO a esta Hon. Corte suplica el demandante se sirva dictar sentencia condenando al demandado a devolver y pagar al de-mandante la expresada suma de $34,758.91, sus intereses y costas.
“San Juan, P. R., a 14 de enero de 1933.
“(Fdo.) Juan B. Soto, “Abogado del demandante.”

A la demanda opuso el demandado las siguientes excep-ciones previas:

“1.- — Porque esta corte no tiene jurisdicción para conocer de este pleito por razón de la acción en que el mismo se ejercita, por cuanto El Pueblo de Puerto Rico no ha prestado su consentimiento para ser demandado en devolución de contribuciones que no hayan sido paga-das bajo protesta.
‘‘2. — Porque existe un defecto de parte demandada por cuanto la acción que se ejercita es una realmente contra El Pueblo -de Puerto Rico y en lugar de esta entidad se demanda al Tesorero de Puerto Rico.
“3. — Porque la demanda, tal como está redactada, no aduce he-chos suficientes constitutivos de causa de acción a favor del deman-dante y en contra del demandado.
“4. — Porqué la demanda no aduce hechos suficientes para deter-minar una causa de acción, porque la acción que en ella se ejercita está prescrita a tenor de la sección 3 de la Ley No. 8 de abril 19 de 1927, disponiendo el pago de contribuciones bajo protesta, estable-ciendo un procedimiento para el cobro y devolución de las mismas, etc., por cuanto aparece de la faz de la demanda que ha transcurrido más de un año desde que se hizo el pago de la contribución que ahora se reclama.
“Por uas Razones expuestas el demandado a esta Hon. Corte su-plica que declare con lugar nuestras excepciones previas y sin lugar la demanda, con los demás pronunciamientos de ley y con las costas al demandante.
“San Juan, Puerto Rico, 25 de enero de 1933.
“ (Fdo.) Charles E. Winter,
Procurador General.
(Fdo.) R. Cordovés Arana,
Subprocurador. ”

Oyó la corte a ambas partes y declaró con lugar las ex-cepciones concediendo al demandante permiso para enmen-dar. Luego, a solicitud del propio demandante, dictó sen-tencia desestimando la demanda, sin especial condenación de costas. El demandante entonces interpuso el presente re-curso de apelación. En su alegato señala la comisión de seis errores que argumenta extensa e inteligentemente. A su vez en su alegato el demandado impugna los errores señalados y analiza todos los casos citados por el apelante con verda-dera maestría. Ambos documentos revelan un detenido es-tudio de los hechos y la ley envueltos en el caso.

La corte de distrito en la propia resolución por virtud de la cual declaró con lugar las excepciones, expresó los fundamentos qne tenía para ello. Parece oportuno trans-cribirlos. Son así:

“De la demanda aparece que el demandado actuó en su capacidad de Tesorero de Puerto Rico, y que se trata de la devolución de con-tribuciones pagadas por el demandante. La ley aplicable es ia No. 8, de 19 de abril de 1927, sobre pago de contribuciones bajo protesta. En la demanda no se alega que el pago se hiciera bajo protesta y la acción claramente está prescrita de acuerdo con dicha ley por haber transcurrido más de un año desde que se verificó el pago hasta la presentación de la demanda.
“Pero sostiene el demandante en su alegato que la demanda va dirigida contra Manuel Y. Domenecb en su carácter particular y no como Tesorero de Puerto Rico, porque la ley en que se amparó para efectuar el cobro era inconstitucional e ineficaz y no tenía derecho a cobrar y recibir la contribución reclamada. Si el demandado actuó como Tesorero de Puerto Rico, o sea como un agente del Pueblo de Puerto Rico en el cobro de la contribución, no es particularmente responsable, no existiendo otra ley en que se base la demanda para la devolución de lo pagado que la No. 8, de 1927, citada. Nos parece que el remedio que establece esa ley es exclusivo, aunque expresamente no lo determina, por no existir otro en ley.
“El caso de Atchinson Topeka & Santa Fe Railway Co. vs. O’ Connor, 223 U. S. 280, 56 L. Ed. 436, en que principalmente se funda el demandante, los hechos son distintos al presente, pues allí, si bien se estableció la acción contra Timothy O’Connor para la devolución de la contribución impuesta bajo una ley anticonstitucional, habiendo él actuado en su carácter oficial como Secretario de Estado de Colorado, expresamente se dice en la opinión escrita por el Juez Holmes que la acción es una para recobrar contribuciones pagadas compul-soriamente y bajo protesta; que el demandado había cobrado el dinero y estaba aún en su poder; y que, de acuerdo con la ley bajo la cual la contribución fué impuesta j cobrada, podía el Auditor del estado expedir un libramiento de pago para la devolución de la suma pagada, al presentársele copia certificada de la sentencia resolviendo judicialmente que la corporación había erróneamente pagado la con tribución al Secretario de Estado.
“De acuerdo con la Ley No. 8 de 19 de abril de 1927, citada, e!. pago debe hacerse bajo protesta, y la acción establecerse dentro del plazo de un año a partir de la fecha del pago, y cuando hubiere una decisión en un pleito para la devolución de contribuciones pagadas ba.jo protesta, si fuere favorable al contribuyente, el Tesorero pro-cederá a reintegrar la suma que se ordene en la sentencia con cargo a cualquier fondo existente en tesorería no destinado a otras aten-ciones; pero la acción debe dirigirse contra el Tesorero de Puerto Rico. El mero temor de estar una persona expuesta a procedimien-tos judiciales, no es suficiente para dar el carácter de compulsorio a un pago, y, además, aunque se demuestre una amenaza de persecu-ción, dicho pago debe hacerse bajo protesta. Y cuando sin protesta se hace el pago al Tesorero, ‘en virtud de una errónea reclamación de derecho, se debe recurrir a la legislatura para conseguir la restitución y no a los tribunales de justicia que de este modo han perdido su jurisdicción sobre el asunto de que se trata.’ Guerra v. Tesorero de Puerto Rico; 8 D.P.R. 292, 321.
“El caso de Alonso Riera & Co. v. Benedicto, Tesorero, 32 D.P.R. 107, aunque con referencia a la anterior ley de pago bajo protesta, de marzo 9, 1911, resuelve la cuestión, siendo los hechos bastante parecidos. En ese caso se alegó que José E. Benedicto, en su ca-rácter de Tesorero de Puerto Rico, había exigido de acuerdo con la ley de 1915, enmendada en 1917, para proteger los cigarros de Puerto Rico contra falsificaciones, la fijación de estampillas de garantía en los paquetes o cajas de tabaco; que desde marzo de 1918 a septiembre de 1919, los demandantes estuvieron pagando las cantidades de dinero relacionadas en la demanda mediante la compra y fijación de las estampillas; que la ley por virtud de la cual se hizo el cobro fué declarada anticonstitucional por la Corte de Circuito de Apelaciones en marzo 19, 1919; y que si los demandantes hubieran rehusado o dejado de pagar las estampillas de acuerdo con la ley y lo ordenado por el Tesorero, éste hubiera embargado y confiscado los paque-tes, además de iniciar el proceso criminal correspondiente; y se re-solvió que no procedía la acción contra el Tesorero para la devolu-ción de las contribuciones cobradas por él ilegalmente, por no haberse satisfecho las mismas bajo protesta, ni establecido la acción dentro del término prescrito en la ley; y que tampoco quedaba sometido el demandado a responsabilidad personal alguna por cantidades ingre-sadas de tal modo en el Tesoro, ni estaba obligado a pagar con su dinero particular aquellas sentencias que pudieran dictarse contra él en acciones personales establecidas mucho después de haberse perdido el remedio concedido en la ley, sin más compensación por esta injus-ticia que esperar la conveniencia de que la Asamblea Legislativa su-cesiva establezca el remedio que creyere procedente.”

Creemos que asiste la razón al demandado. Por más esfuerzos que hace el apelante para demostrar que no do-manda al Tesorero de Puerto Rico en sn carácter oficial, los hechos que alega hablando por sí mismos dicen que el Teso-rero actuó al cobrar las contribuciones como un funcionario público en beneficio de El Pueblo, ya que para él se cobraron las contribuciones de que se trata y el mismo demandante y apelante sostiene que el hecho de que se dicte una sentencia contra el demandado no implica que éste necesariamente tenga que pagar de su peculio el importe de la misma porque existe la ley de febrero 12, 1904, que autoriza al Auditor para librar una orden de pago a favor del contribuyente pol-la cantidad que indebidamente hubiere pagado.

Es cierto que en el caso de Atchinson Topeka & Santa Fe Railway Co. v. O’Connor, 223 U. S. 280, se resuelve que un funcionario que ha cobrado y retenido una contribución ilegal (estatuto anticonstitucional) es responsable de la misma en una acción interpuesta con el objeto de recobrarla, pero en dicho caso el pagó se hizo no sólo bajo compulsión como se alega que se hizo en éste, sino bajo protesta, con-curriendo en él la circunstancia esencialísima que aquí no concurre de que el funcionario tenía en su poder el importe de la contribución satisfecha y reclamada. Tampoco cono-cemos la ley bajo la cual se hizo el pago de la contribución.

Bajo las circunstancias que en este caso concurren y de acuerdo con las leyes en vigor en Puerto Rico creemos que la verdadera pauta a seguir fué la fijada por esta Corte Su-prema en el caso de Alonso Riera y Go. v. Benedicto, Tesorero, 32 D.P.R. 107, citado y aplicado por la Corte de Distrito en su resolución. No cabe exigir responsabilidad personal al Tesorero. Manuel V. Domenech no actuó personalmente, sino como funcionario público, en el cumplimiento de sus deberes oficiales y bajo la aparente autoridad de una ley que no había sido aún declarada' anticonstitucional, y “Hasta que un estatuto es declarado nulo por un tribunal competente, tienen ordinariamente el deber de cumplirlo los funcionarios encargados de su ejecución,” como dice Ruling Case Law resumiendo la jurisprudencia sobre el particular. 22 R.C.L. 457.

En este caso no sólo no se había declarado la ley anticons-titucional cuando las contribuciones fueron cobradas por los agentes del Tesoro y pagadas sin protesta por el demandante si que por una previa decisión de esta Corte Suprema, Nazario v. Gallardo, 40 D.P.R. 795, babía sido declarada constitucional.

Tratándose, pues, como se trata de una reclamación contra el Tesorero en su carácter oficial, no surge de los hechos alegados derecho alguno en pro del demandante porque trans-currió más de un año. desde la fecha del pago y porque no se pagó bajo portesta. Esto es tan claro que no es necesario discutirlo.

Así lo reconoce el mismo apelante y por eso insiste una y otra vez en que no demanda al Tesorero, sino a Manuel Y. Domeneeh. No cita ley concreta alguna que sostenga su teoría. Sostiene que su derecho “descansa en el principio universal de justicia que establece que nadie debe enrique-cerse a costa de otro.”

Los propios hechos de este caso rechazan la aplicación de ese principio. El demandado, Tesorero de Puerto Rico, cobra al demandante una contribución ascendente a $34,758.91 que el demandante paga sin protesta, sin manifestar siquiera de modo informal que no está conforme, y el Tesorero la in-gresa en los fondos generales del Gobierno para ser gastada en atenciones públicas; y se sostiene que Manuel Y. Dome-nech, individuo particular, debe devolver la contribución cobrada a fin de que no se enriquezca en perjuicio del con-tribuyente.

Y aunque se pudiera admitir que el pleito es contra Manuel Y. Domeneeh, ciudadano particular, pero que la sentencia no sería pagada por él sino por el Pueblo y que no obstante ser ello así el pleito continuaba siendo uno exclusivamente contra un ciudadano particular a fin de eludir el período prescriptivo y el pago bajo protesta, aun así surgiría la cuestión, a los efectos de la aplicabilidad del principio invocado de qne nadie debe enriquecerse a costa de otro, de si a costa de alguien se enriqueció el Pueblo a virtud del cobro ilegal de la contribución, no lo fue a costa del contri-buyente demandante sino a costa de los consumidores de café a quienes el contribuyente de antemano cobró el im-puesto que satisfizo al Estado.

Las contribuciones de rentas internas son en verdad con-tribuciones indirectas que gravitan sobre el consumidor. Es bien conocido por ejemplo el procedimiento que se sigue en los casos de la contribución sobre ventas y del impuesto sobre la gasolina. Es ésta una cuestión, que, como dice el apelado en su alegato, está siendo objeto de seria consideración por parte de magistrados, juristas y legisladores en el continente.

Cuando los gobiernos quieren ser justos en casos de esta naturaleza proceden como procedió el Congreso al asignar para beneficio del Pueblo de Puerto Eico en general la can-tidad que las aduanas de la nación cobraron ilegalmente a principios del cambio de soberanía de acuerdo con lo resuelto en los casos insulares. Los contribuyentes que pagaron bajo protesta fueron reintegrados directamente de acuerdo con las decisiones de las cortes declarando anticonstitucional el cobro, pero a nadie que no pagó bajo protesta y reclamó en tiempo se le ocurrió demandar luego al Pueblo de los Estados Unidos o a sus funcionarios en su carácter de tales o individualmente para que se le devolviera lo que le cobraron y pagó sin pro-testa.

Debe declararse sm lugar él recurso y confirmarse la ■ sentencia apelada.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro,

text:
    Gustavo Casanova, demandante y apelado, v. González Padín Co., Inc., demandada y apelante.
    No. 6247.
    Sometido: Abril 6, 1934.

      Resuelto: Septiembre 29, 1934.

      G. Triarte, abogado de la apelante ; Diego O. Marrero y E. Font Suarez. abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Versa este pleito sobre daños y perjuicios por injnria y calumnia y arresto ilegal. Se falló en favor del demandante, declarando la corte probados los siguientes hechos:

“Ligia Laforet Carbonell y Gustavo Casanova vivían, unidos por vínculo matrimonial y con sus hijos, en su residencia de Santuree, calle Isern Núm. 33. El día 11 de octubre de 1930, siendo aproxi-madamente las dos de la tarde, llegó la Sra. de Casanova al estable-cimiento de la demandada González Padín & Cía., Inc., en gestión de compra de artículos para su uso personal. Se acercó a la sección en que se expenden prendas para el uso interior femenino y compró tres brassieres, por los cuales pagó al serle entregado el correspon-diente ticket el precio de un dólar por cada uno — tres dólares ($3.00) en total. Compró, además, un brassiere de menos precio, valorado en cincuenta centavos, que pagó también después de habérsele entre-gado por su compra el correspondiente ticket.
“Al volver a la misma sección, desde aquélla en que se expenden trajes para niños y a la cual había ido con intención de comprar algo para sus hijos, con ocasión de examinar' el último brassiere comprado, al efecto de comprobar si correspondía a la medida solicitada, nna de las señoritas vendedoras de la corporación demandada le dirigió las siguientes palabras: ‘Joven, haga el favor de ponerme el brassiere que me ha tomado ahí sin pagarlo.’ Al contestar ésta dichas pala-bras, otra de. las damas empleadas de la mercantil demandada inter-vino, haciendo más específica la imputación añedíante el uso de la palabra ‘robo’ dirigida a la señora esposa del demandante, quien, ante esta última manifestación contestó que nada había robado, pires había pagado todos los artículos que tenía en su cartera. Fue reque-rida entonces por una de las expresadas empleadas de la demandada para entregar la cartera, mediante amenaza de que si no lo hacía así serían llamados los jefes de la casa, a lo cual la señora de Casanova manifestó que no entregaría la cartera a persona alguna que no fuera a su esposo.
“En este momento intervino el señor íimilio J. Noya, miembro de la Junta de Directores de la mercantil demandada, e inspector, entre otras Punciones, del movimiento comercial en los distintos depar-tamentos de dicha mercantil, quien se acercó con un policía al sitio donde estaba trabada la discusión, interviniendo en ésta el policía, de nombre Emilio Fernández, a quien trajo al establecimiento el ex-presado señor Noya, por orden del señor Manuel Alvarez, director también de la mercantil demandada y gerente general (General Manager) de la misma, para intervenir en el asunto y prestar el ser-vicio necesario. El señor Noya preguntó públicamente a la empleada que originó el suceso, si ya había la expresada señora pagado el pre-cio del artículo tomado, a lo que la empleada contestóle negativa-mente, con lo que quedó una vez más ratificada, por un tercer fun-cionario de la mercantil demandada, la imputación inicial de robo contra la esposa del demandante. (Declaración de la Srta. Vad.) En este momento el señor Álvarez invitó a la Sra. de Casanova para pasar con él a otro sitio, y entonces utilizando el ascensor del esta-blecimiento subió lá expresada señora, con el señor Álvarez y otras personas más al piso ocupado por el departamento de muebles. Be-quiriósele allí nuevamente por funcionarios de la demandada para que entregase la cartera en que guardaba el objeto robado, pues de lo contrario sería arrestada, a lo que la señora volvió a negarse, su-plicándoles, por favor, que llamaran a su marido para entregarla a él, informando la dirección a que podían llamarle.
“El requerimiento continuó en forma insistente, aún por el poli-cía Fernández. En todas las ocasiones en que se le hizo la señora de Casanova repudió la imputación de robo y pidió que hiciesen venir a su marido para entregar a él la cartera manifestando que era una señora honrada, de familia buena, y que no iba ella a man-char a su marido y a sus hijos. Á esto se le contestó siempre, por los representantes de la demandada, que todos los que se encontraban en situaciones similares decían así, ordenando entonces el señor Ál-varez al Sr. Noya que acompañase al policía y a la señora de Casanova hasta el Cuartel. Cuando el señor Fernández, policía insular que allí actuaba, manifestó a dicha señora Laforet que la conduciría hasta el cuartel, insistió ésta nuevamente en su inocencia y en que llamasen a su esposo, recibiendo otra-vez más la negativa a su peti-ción. Entonces fué llevada en el ascensor, hacia la parte baja del edificio y conducida, ya arrestada por el policía y por el- Sr. Noya, quien obedecía órdenes del Sr. Álvarez, por las calles de la ciudad comprendidas entre el establecimiento mercantil de la demandada y el cuartel local de la policía insular.
“Desde que el incidente surgió, en la sección de ropa interior para damas, en el establecimiento mercantil de la demandada, hasta que abandonaron el establecimiento en camino hacia el cuartel, se reu-nió numeroso público que presenció la discusión y que se informó de la imputación que se hacía a la señora esposa del demandante, for-mándose en las calles recorridas un núcleo mayor de personas, que iba detrás de ésta y de quienes la conducían hasta el cuartel, curio-seante de lo ocurrido. <*
“En el cuartel de la.policía la demandada fué nuevamente re-querida piara entregar su cartera, tanto por oficiales de la policía insular y por empleados de ]a demandada, como por personas que ami-gablemente se aprestaron a persuadirla para ello, negándose siempre la esposa del demandante a entregarla a otra persona, que no fuera su esposo, a quien pedía insistentemente localizasen para terminar la detención de que era objeto. Posteriormente, y cercanas ya casi dos horas de su detención en el cuartel de la policía, insular de San Juan, en donde se encontraba por el ax*resto que de ella hizo el po-licía Emilio Fernández, llegó al cuartel el demandante señor Casanova, a quien entonces hízole su esposa entrega de la cartera habiendo estado basta este momento dicha señora, desde que surgió el inci-dente, bajo la observación continua de empleados de la demandada. Entonces, ya en presencia de su esposo, del señor Ángel Umpierre, Juez Municipal de Toa Alta, actuando por aquella época, en San Juan, del capitán de la policía y de distintos abogados y oficiales del expresado cuerpo, se procedió a abrir la cartera y se encontró en su interior, efectivamente tres brassieres de igual calidad y un brassiere menos fino que los primeros, más dos boletas de venta ex-pedidas por la corporación demandada el mismo día 11 de octubre, demostrativas de un pago en efectivo (cash), de tres dólares por tres brassieres a razón de un dólar cada uno, correspondientes al departa-mento de ropa para señoras, y otra boleta expedida por la corpora-ción demandada el propio día 11 de octubre demostrativa de un pago en efectivo de cincuenta centavos (50‡), por un brassiere correspon-diente también al mismo departamento, en el cual había comprado y pagado dichos artículos la señora, de Casanova.
“Luego de esto, el Juez Municipal, Sr. Umpierre, practicó y re-dujo a escrito una investigación de los hechos, llegando a la conclu-sión de que no se había realizado delito alguno por la esposa del de-mandante, quien, ya cercana la noche, quedó en libertad para diri-girse a su domicilio, tras la inmensa angustia y la abrumadora ver-güenza que todo ello le produjo, y a las cuales fué sometida por la acción culpable y carente de toda justificación, que, iniciada y soste-nida por los empleados y agentes de la corporación demandada en el cumplimiento de sus funciones, desarrollóse en la forma precedente-mente expuesta.
“Con tendencias a destruir la prueba de esos hechos fundamen-tales presentada por el demandante, intentó la corporación deman-dada, dentro de los términog meramente negativos de su contestación, demostrar que ocurrieron ellos de manera distinta. Y al efecto es-forzóse por establecer que la Srta. Vad lo único que intentó, al surgir el incidente, fué que la Sra. de Casanova le entregase el brassiere tomado para empaquetarlo; que ésta confesó efectivamente haber cogido dicho artículo sin haberlo pagado, y que si fué dicha señora conducida al cuartel de la policía insular debióse a su propia petición para que así se hiciese.
“Un examen sereno, sin embargo, de la evidencia presentada para sostener tales hechos, lleva inevadiblemente a la conclusión de que no quedaron los mismos debidamente establecidos, y de que, en contra-rio, fué la evidencia ofrecida en su apoyo adversa totalmente a la demostración de su ocurrencia.”

Sigue el juez analizando la evidencia de la parte deman-dada y luego dice:

“Éstas y otras consideraciones de riguroso análisis, unidas a la impresión que personalmente le produjo el desfilar de toda la evi-dencia en el caso, llevan al juzgador a declarar que no ocurrieron, en su opinión, los hechos, como intentó demostrarlos la mercantil de-mandada, y declarar probado, en contrario, que, por un lamentable error de los agentes y representantes de la demandada, en el curso de dicha agencia y representación, la Sra. Ligia Laforet de Casanova, fué objeto de una pública imputación de hurto que éstos contra ella hicieron, sin que les constara la certeza de dicha imputación, a virtud de la cual y a instancias de los mismos, fué la expresada señora in-debida e ilegalmente arrestada y privada de su libertad en la tarde del día 11 de octubre de 1930.”

No conforme la demandada con la sentencia que contra ella se dictara, apeló para ante este tribunal, señalando en su alegato la comisión de tres errores como sigue:

“1. — La corte erró al concluir que hubo una preponderancia de prueba a favor de la parte demandante.
“2. — La corte erró al considerar que la ley está a favor de la demandante y en contra de la demandada.
“3. — La corte erró al conceder a la demandante una indemnización de $10,000, la cual es excesiva y fuera de toda proporción a los daños generales alegados en la demanda.”

A nuestro juicio no existe el primero de los errores señalados. Hemos estudiado cuidadosamente toda la evidencia presentada y hemos tomado en consideración todos los argumentos que-contiene el alegato de la parte apelante impugnando la declaración de hechos probados que dejamos transcrita y al final de nuestro examen hemos concluido una y otra vez que la declaración impugnada' encuentra apoyo en la prueba sin que pueda sostenerse que el juez al resolver el conflicto en la misma existente actuara movido por pasión, prejuicio o parcialidad o cometiera algún error manifiesto.

Es cierto que hemos vacilado al analizar la declaración del testigo del demandante Vicente N. Quiñones y al tratar de penetrar en el porqué de su intervención en este pleito, pero al volver a leer y a pesar la declaración de la ofendida nos ha parecido tan lógica, tan firme y tan sincera que nos explicamos perfectamente la decisión del juez sentenciador al darle crédito. Los hechos hablando por sí mismos y la propia prueba de la parte demandada analizada en detalle y en conjunto justifican además el fallo recurrido.

No es posible admitir que si la esposa del demandante confesó ante empleados y directores de la demandada y rati-ficó ante el propio policía que la arrestó que había cometido el delito que se le imputara, y que si Noya, director de la demandada, se dirigió al cuartel con el único propósito de hacerse cargo de los brassieres hurtados, instruido el pro-ceso terminara en el acto por falta de base, la esposa que-dara exonerada y el Director regresara a su comercio sin los brassieres y nada más gestionara. Y fue que al abrirse la cartera quedó plenamente demostrada la falsedad de la im-putación.

Tampoco es posible armonizar la insinuada existencia de una trama expresamente preparada para establecer este pleito con la confesión de culpabilidad de su crimen por parte de la persona que tenía que basar su caso en su ino-cencia.

La clave de todo lo ocurrido quizá pueda encontrarse en el hecho que revelan ciertas palabras que la testigo del de-mandante María Luisa Mercado escuchó pronunciar al director de la demandada Noya cuando se dirigía por las calles de San Juan en unión del guardia Fernández y de la esposa del demandante hacia el cuartel de policía. Dijo la testigo:

1 ‘. . . cogieron por la calle de San Francisco y yo seguí detrás y oí que varias personas le preguntaban al señor Noya qué pasaba y él decía : ‘Lo mismo de siempre, por robo.’ ”
£íLo mismo de siempre,” el hecho de las muchas sustrac-ciones de que al parecer ha sido víctima la demandada en su establecimiento mercantil, la hizo tal vez actuar con lige-reza, sin respeto a la personalidad humana, ni piedad para con una mujer, lanzando sin cerciorarse de su absoluta verdad la imputación e induciendo a la práctica del arresto por el policía que ocasionaron a la esposa del demandante la vergüenza, el dolor, los trastornos físicos y morales y la enfermedad que surgen de ,1a prueba y de la propia condición de la naturaleza humana.

Si en vez de lanzarse los dependientes de la demandada primero y sus directores después a imputarle la comisión de un delito, hubieran tratado de comprobar sus sospechas sin ofenderla, accediendo por lo menos a su insistente ruego de que se llamara a su esposo, quizá se hubiera todo evitado. El prejuicio se impuso e impulsó a dependientes y directores a actuar en la forma en que lo hicieron.

En el segundo error se discuten las tres proposi-ciones que siguen:

“La publicidad es un elemento esencial de la calumnia, que no quedó establecido en este caso.
“Las corporaciones no son responsables por los actos de'sus agen-te o empleados, a menos que sean ejecutados dentro del curso de su empleo y en el cumplimiento real y efectivo de sus deberes, o que tales actos sean autorizados o ratificados expresamente.
“La malicia y la falta de causa probable son elementos esenciales en este caso.”

Existe el elemento de publicidad. La imputación se hizo públicamente en el establecimiento de la demandada en uno de sus departamentos de venta, se repitió en el sitio a que fue conducida la esposa del demandante y se reiteró en la calle. Fue no sólo piíblica, si que notoria.

Tanto la dependiente Srta. Yad como la Sra. Blanco, en-cargada del departamento, y los directores Noya y Alvarez, el primero cajero, director y floor worker de la demandada y el segundo director y administrador general de la misma, actua-ron según demuestra la prueba dentro del radio de su empleo, dentro de la esfera de sus atribuciones, obligando por tanto con sus actos a la demandada.

“Hoy en día ba quedado plenamente establecido,” dice la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de Lake Shore & Michigan Southern R. R. v. Prentice, 147 U. S. 101, 109, “que en acciones basadas en actos torticeros puede Fa-cerse responsable a una corporación por los daños y perjui-cios ocasionados por los actos de sus agentes en el curso de sus deberes oficiales.”

La malicia se presume en casos como en éste en que se imputa la comisión de un acto constitutivo de delito a un extraño.

La misma Ley para autorizar pleitos por daños y per-juicios ocasionados por libelo y calumnia de 1902, Código de Enjuiciamiento Civil, Ed. 1933, p. 308, en su sección 5 dice:

“Se presumirá que existe malicia en cualquier comunicación o escrito infamatorio o calumnioso que se dirija a otra persona que no sea un pariente dentro del tercer grado, o a una persona a quien el autor tenga bajo su tutela, o cuando dicha comunicación se cruce entre personas que tengan negocios en sociedad, u otra asociación se-mejante.”

Y la jurisprudencia expresa:

“Por regla general imputarle a una persona verbalmente el de-lito de hurto da de por sí derecho a entablar un litigio.” 36 C. J.' 1204.
“Se ha resuelto universalmente que en acciones basadas en la difamación de una persona, cuando las palabras dichas son procesables de por sí, se presume concluyentemente la malicia.” 17 R.C.L. 322.
“Es regla general que cuando en una publicación difamatoria se usan palabras que sean libelosas per se, la presunción de malicia exi.ste contra el autor de la comunicación, presumiéndose en tal caso la exis-tencia de los daños y perjuicios; ...” Jiménez v. Díaz Caneja, 14 D.P.R. 9.
“La publicación de materia difamatoria procesable de por sí da derecho a la persona difamada a obtener indemnización por los daños y perjuicios realmente oeasionádosle irrespectivamente del motivo con que se hizo la publicación; la falta de intención de perjudicar a otro no es excusa legal. La intención no desempeña papel alguno, por lo menos cuando no se alegan daños punitivos (exemplary damages). Se ha resuelto que se presume la intención concluyentemente.
“Las decisiones han afirmado y negado que la malicia es un ele-mento necesario o el nervio de una acción por haberse difamado a una persona. Los criterios encontrados en realidad no crean diver-gencia en el derecho sustantivo sobre difamaciones, toda vez que su efecto último es idéntico. La palabra ‘malicia’ en la ley sobre difa-mación puede ser usada para denotar meramente la ausencia de una excusa legal, o sea, malicia implícita o malicia en derecho o puede' ser usada como una palabra que conlleva una intención de la mente' y del corazón, procacidad contra una persona, es decir, malicia real o malicia efectiva. Mas de ordinario cuando la parte demandante trata de obtener indemnización por concepto de daños generales tan sólo se hace referencia a la malicia legal o implícita y no a aquella ma-licia que envuelve odio o mala voluntad y por ficción de derecho tal malicia está implícita o se presume existir cuando se publican pala-bras difamatorias no privilegiadas que son procesables de por sí, y no es necesario que se establezca malicia real o expresa a fin de que la parte perjudicada pueda obtener indemnización por los daños y perjuicios sostenidos al publicarse una imputación no privilegiada que es difamatoria de por sí, a menos que el estatuto disponga lo contrario. La ausencia de malicia expresa no constituye defensa.” 36 C. J. 1214 y 1215.

El arresto existió. El policía intervino a requerimiento de la demandada. Esta, por medio de nno de sus directores, amenazó con el arresto a la señora del demandante si no entregaba la cartera y en efecto la señora fné llevada al cuartel por el policía acompañada de otro de los directores de la demandada, y estuvo en el cuartel privada de su libertad basta que el juez municipal investigó el caso y reconoció su inocencia.

Dice el artículo 241 del Código Penal:

“Entiéndese por prisión ilegal el acto de restringir ilegalmente la libertad de alguna persona, bien reteniéndola en algún local des-tinado generalmente a la reclusión de presos, o usado sólo en tal oca-sión, bien por medio de palabras y el alarde de fuerza, sin cerrojos ni barras, en cualquier lugar.”

Y la jurisprudencia expresa:

“Entiéndese por prisión ilegal el acto de restringir ilegalmente a una persona contra su voluntad o libertad de acción personal. La médula del delito de prisión ilegal la constituye la detención ilegal.” 25 C. J. 443.

“Un arresto ilegal,” se dice en el caso de Strain v. Irwin, 70 So. 734, 736, “es técnicamente y de hecho una prisión ile-gal, y la alegación adicional del encarcelamiento (imprisonment) no es esencial para que se aduzca una causa de acción de acuerdo con el código, formulario 19, p. 1198. Tampoco la alegación relativa a la duración del encarcelamiento tiene otro efecto que el de ser una orden directiva toda vez que ella se refiere meramente al alcance de los daños y perjui-cios ; y una detención momentánea, de ser ilegal, da derecho .a una causa de acción absoluta. 19 Cyc. 325.”

“No hubo malicia,” expresa la Corte Suprema de Mi■chigan en el caso de Maliniemi v. Gronlund, 52 N. W. 627, 628, “en la actuación de Gfronlund y la corte así lo informó .al jurado; a no ser por el arresto y por el consiguiente daño ocasionado a la parte demandante, el demandado era clara-mente responsable con vista de la prueba aducida por el de-mandante y de las autoridades. De no haber sido por el de-mandado el demandante nunca hubiese sido arrestado o en-carcelado. Todo el período del encarcelamiento del deman- . dante fué la consecuencia natural de los actos realizados por el demandado. Según la declaración del demandante el de-mandado hizo más que comunicar simplemente los hechos y las circunstancias de su sospecha al funcionario y dejar que éste actuara de acuerdo con su mejor criterio. El funciona-rio, que no lia declarado en este caso, actuó evidentemente a instancias de Gronlund y muy bien puede decirse que el de-mandado ordenó el arresto. Un particular tiene derecho a arrestar a una persona por sospechas de un delito grave sin necesidad de orden de arresto; pero si lo hace así y resulta que se ha arrestado a un hombre que no ha cometido delito alguno, tal persona debe estar preparada para justificar su actuación- — primero, que se cometió un delito grave; y se-gundo, que las circunstancias en que actuaba la persona arrestada fueron tales que cualquier persona de ordinario entendimiento, exenta de pasión o prejuicio, hubiese lógica-mente sospechado que el demandante lo cometió o que estaba envuelto en el mismo. 2 Add. Torts, 803, y casos citados.”

Aquí se actuó bajo una mera sospecha sin causa justificada para ello. La circunstancia de que después de verificada la compra volviera la esposa del demandante al departamento en que la verificara para cerciorarse de si el número del brassiere últimamente comprado era correcto y a tal efecto abriera su cartera para examinarlo, no justifica la actitud de las empleadas de la demandada y los actos posteriores de sus directores. Tampoco estaba obligada la esposa del de-mandante a abrir su cartera en la forma que le imponía la demandada. Pudo hacerlo y el hecho no hubiera tomado seguramente las proporciones que tomó, pero el que no lo hiciera no justifica la conducta de la demandada. Su petición de que se llamara a su esposo era razonable y la demandada que pudo llamarlo y evitar también con ello que el incidente tomara las proporciones que tomó, no lo hizo. Parece con-veniente transcribir aquí lo que sigue de la declaración de la esposa. Dice:

“Señalando al Sr. Álvarez. Entonces aquel señor, en muy bue-nas palabras me dijo: ‘Joven, TJd. quiere pasar conmigo a la oficina?’, y como vi que fué el único que no me ultrajaba, creí que me iba a ayudar en aquel momento, y lo seguí, pero como no conozco los sitios, sé que me subieron en un ascensor y como él me había dicho que me llevaría a una oficina, subí en el ascensor, pero no me llevaron a la oficina. Cuando apeé del ascensor me encontré en un sitio que no había nada más que muebles y un solo hombre limpiando. Al verme allí, me dio una impresión bárbara y pensé en muchísimas cosas.
“Entonces este señor grueso me cogió por el brazo y me dijo: ‘Joven, entregue la cartera si no quiere que la arreste.’ Le dije que no podía entregar la cartera, que por favor llamaran a mi marido allí, que después que viniera mi marido yo entregaba la cartera; le rogué que lo llamara y le di la dirección y el señor me contestó que no había marido ni familia, que lo que quería era la cartera y los ob-jetos que yo me había robado. Y yo le dije: ‘Créame que no he robado, solamente no entrego la cartera porque tengo necesidad que venga mi marido a esta- habitación donde estamos solos. ’
“Yo no podía más; uno me llevaba para este lado, otro me decía: ‘Entréguela,’ el policía también, ‘entregue la cartera, que si Ud. ha hecho algo malo yo no la arresto.’ Solamente quería que llegara en ese momento mi marido. Y yo les decía: ‘Yo soy una señora de buena familia aquí, honrada- y que nunca he tenido ninguna man-cha, y no voy a manchar a mi marido y a mis hijos’ y entonces este señor dijo que así decíamos todas las que íbamos allí y yo le dije que no había robado y que no entregaba la cartera si no venía mi marido. Y entonces le dijo este señor a Noya.: ‘Noya, haga el favor de acom-pañar a este policía al cuartel y a esta joven.’
“Cuando el policía me dijo que me llevaría al cuartel, le dije que no me llevara, que llamara a mi marido, que yo era honrada, que no había robado, pero él no quiso. Entonces me bajaron en el mismo ascensor, y llegué a la puerta de la esquina, y cuando llegué allí, no me di más cuenta. Solamente oía que el policía decía: ‘Atrás! . Atrás! . . . Atrás! . . .’ y nada más.”

Resta sólo considerar el tercer error o sea el que se refiere a la cuantía de los daños y perjuicios.

A los daños refiriéndose dijo el juez de distrito:

“Antes del suceso la señora Casanova era una mujer que gozaba de buena salud. Luego del suceso sufrió su organismo una grave, profunda y total alteración. Fiebres intensas, vómitos, frecuentes en exceso; dolor intenso en la cabeza, el pecho y el estómago; deseos e imposibilidad de llorar; sensación de fluctuaciones notables en su temperatura.; trastornos, que aún perduran, en las manifestaciones periódicas de su feminidad; extrema sobreexcitación nerviosa; ob-sesión mental con el incesante recuerdo del escándalo que la llevó a pensar en el suicidio para, no ser viviente causa de la deshonra de su esposo y de sus hijos, hasta el punto de ser considerada, por su manía suicida, como un peligro para sus mismos hijos y su esposo; sometimiento a intervenciones facultativas; reclusión en cama; mu-danza a distintos sitios, algunos de ellos apartados de toda relación social; horror a enfrentarse con sus amistades; aislamiento volun-tario por temor a que se creyese cierta la acusación; angustia espiri-tual, dolor moral, vergüenza; manifestaciones todas que pueden ocu-rrir y que en este caso ocurrieron, como consecuencia de un fuerte shock emotivo o golpe moral intenso que ponga en peligrosa conmo-ción, angustiando el espíritu, la estructura anímica de cualquier persona.
Cuáles de esos daños fueron ocasionados por la calumnia? ¿ Cuáles por el arresto ilegal ? Se hace sumamente difícil, por la na-turaleza especial del caso, distinguirlos. Hay entre ambas causas de acción relación tan estrecha-, que, aun cuando no son jurídicamente confundibles en su esencia, sólo lo son en sus alcances. Juzgando, em-pero, los hechos en su totalidad, sería arbitraria toda diferenciación que diera más importancia a los daños y a los perjuicios ocasionados por cualquiera de ambas causas de acción. Y entendiéndolo así, la Corte es de opinión que la esposa del demandante ha sufrido, en conjunto, y que deben serle resarcidos por la demandada, daños que es razo-nable fijar, cuenta habida de todas las circunstancias envueltas en la acción, en la suma de $10,000.00 distribuidos así: $5,000.00 por la primera y $5,000.00 por la segunda causa de acción, incluida en esta suma la cantidad reclamada por gastos de materiales, opinando, ade-más, que la demandada debe satisfacer también las costas, desembol-sos y honorarios de abogado en que haya incurrido el demandante para sostener la presente acción.”

Ambas partes citan numerosos casos para sostener la apelante que la cuantía fijada, es excesiva y el apelado que aun pudo ser mayor.

Es difícil determinar la exacta cantidad que procede en justicia en casos de esta naturaleza. Apreciando, sin embargo, todas las circunstancias concurrentes, nos parece que la sentencia debe modificarse fijando la indemnización en cinco mil dólares. Y así modificada, confirmarse.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Micaela Escartín Viuda de Quiñones, demandante y apelante, v. Jackson C. Hitchman, Ignacio Peñagarícano y Miguel Such, miembros de y que componen la Comisión de la Policía Insular, y Manuel V. Domenech, Tesorero de Puerto Rico, demandados y apelados.
    No. 6056.
    Sometido: Junio 21, 1933.

      Resuelto: Septiembre 29, 1934.

      C. fíoll y Cuchí, Diego O. Madrero y Guillermo Silva-, abogados de la apelante; Son. Procurador General Benjamin J. Horton (Charles E. Winter en el alegato) y Emilio de Aldrey, Subprocurador, abo-gados de los apelados.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Micaela Escartín viuda de Quiñones demandó a Jackson C. Hitcliman, Ignacio T. Peñagarícano y Miguel Such, miem-bros que componen la Comisión de la Policía Insular, y a Manuel V. Domenech, Tesorero de Puerto Rico, en cobro de dinero. Alegó:

“Segundo: — Que la demandante, de acuerdo con la ley titulada ‘Ley para establecer el retiro de los miembros del cuerpo de la Po-licía Insular de Puerto Rico y fijar reglas a dicho efecto,’ aprobada en 16 de julio de 1921, según fué enmendada por la Ley No. 86, aprobada en 20 de agosto de 1925, por la Ley No. 30, aprobada en 20 de abril de 1929, y por la Ley No. 44, aprobada en 28 de abril de 1930, fué pensionada por la Comisión de la Policía Insular; y el día 3 de mayo de 1931 tiene devengada y sin pagar la cantidad de $3,670.00.
“TeeoeRC': — Que el día 3 de mayo fué aprobada la Ley No. 70 de ese año, cuya sección primera derogó la ley anterior por virtud de la cual fué pensionada la demandante en la forma anteriormente dieba.
“Cuarto: — Que a la aprobación de la dieba Ley No. 70 de 1931, la demandante babía adquirido el derecho a ser pagada de acuerdo con la ley anterior, habiendo devengado la cantidad por concepto de pensiones que anteriormente se ha relacionado.
“Y alega la demandante que la demandante es una persona de una clase y que, según su mejor información y creencia, en las mis-mas condiciones que ella se encuentran, además, las siguientes personas.
(Cita ochenta y cinco a quienes se adeudan pensiones por valor de $75,883.86.)
“Y alega la demandante que entabla esta acción como tal persona de una clase para sí y para beneficio de los demás que se en-cuentran en las mismas condiciones que ella.
1 ‘ Quinto : — Que los demandados alegando que la ley última-mente aprobada por la Asamblea Legislativa en 1931 a que se re-fiere .el hecho cuarto de esta demanda privó a la demandante de su derecho a cobrar y que le fuere pagada la cantidad devengada, en la forma en que dicha demanda indica, se han negado a hacer efec-tiva la misma, a pesar de que dicha cantidad así devengada cons-tituye derecho adquirido a favor de la demandante del cual no puede ser despojada en forma alguna.
“Y en virtud de do expuesto la demandante a la Corte supdioa que se sirva dictar una sentencia condenando a la Comisión de la Policía Insular a que ordene el pago de la cantidad de $3,670.00, re-lacionada en esta demanda a la demandante; y al Tesorero de Puerto Rico que proceda a hacer efectivo dicho pago.”

Excepcionaron la demanda los demandados alegando que no aducía lieclios suficientes para determinar una causa de acción. La excepción fué declarada con lugar. Pidió la propia demandante que se pusiera fin al litigio dictándose la correspondiente sentencia. Así se hizo y la demandante en-touces interpuso el presente recurso de apelación.

El fundamento que tuvo la corte para desestimar la de-manda fué el que sigue:

“Examinada la demanda a la luz de la jurisprudencia sentada por nuestro Tribunal Supremo en el caso de Ortiz v. Comisión de la Policía Insular, 40 D.P.R. 166, la demanda en este caso no aduce he-chos suficientes para constituir una causa de acción por haberse es-tablecido una demanda en cobro de dinero cuando debió establecerse el correspondiente recurso para obligar a los demandados a cumplir el deber ministerial que se alega en la demanda tienen los deman-dados para con los demandantes.”

Y en efecto en el caso citado, Ortiz v. Comisión de la Polida Insular, 40 D.P.R. 166, 169, se decidió:

“La tercera excepción fué bien resuelta por la corte de distrito. Nos limitaremos a citar su propio razonamiento con el cual estamos enteramente conformes. Es así:
“ 'El tercer motivo de excepción se funda en la falta de hechos para determinar una. causa de acción. El derecho de los demandan-tes arranca de la Ley No. 68 de 1921, tal como quedó enmendada por la Ley No. 86 de 1923 (leyes de 1925, página 663). Esta ley tiene por fin establecer el retiro de los miembros de la Policía Insular, y fijar ciertas reglas a dicho retiro. La alegación que hacen los de-mandantes de que ellos son miembros retirados del Cuerpo de la Policía, Insular, no establece por sí sola un derecho de acción contra la Comisión demandada. El derecho de pensión no es un contrato entre el demandante y el Gobierno, cuyo cumplimiento pudiera exi-girse por medio de una acción ordinaria; la pensión es una gratifi-cación que se hace por el Gobierno en reconocimiento de servicios prestados por el funcionario, pero cuyo reconocimiento por el Go-bierno no establece un derecho adquirido a favor del funcionario que pueda ser puesto en vigor, o competida su ejecución por medio de una acción ordinaria. De esto estamos convencidos. De otra suerte tendríamos que en el presente caso los miembros todos de la Policía Insular que han sido pensionados tendrían cada uno de ellos una acción contra la Comisión demandada, lo que daría lugar a una multiplicidad de pleitos, cosa que la ley repudia.
“ 'Si como los demandantes alegan en su demanda, la Comisión tiene un fondo a su disposición para dedicarse al pago de las pen-siones, y se niega a pagar a los demandantes las cantidades que les adeuda no obstante haber sido requerida para ello, y no expone ni aduce razón o fundamento alguno para el no pago, tales alegaciones más bien nos demuestran la existencia de un deber a cumplir por parte de la demandada, y no la violación de un contrato cuyo cum-plimiento pueda ser específicamente ordenado.

“ ‘La acción ordinaria no es la adecuada para compeler a un organismo o funcionario el ejercicio de un deber que la ley le impone ministerialmente, y si tal deber se contrae al pago de una pensión que indebidamente se retiene, no es la acción ordinaria el remedio adecuado. 43 C. J. 817; 38 C. J. 71. Véase también Seshan vs. San Francisco Police Comr., 47 Cal. A. 29; 190 Pac. 51.’ ”

Kn su alegato sostiene la apelante que su caso es distinto al de Ortiz, supra, porque aquí se alega que de acuerdo con una ley de la Asamblea Legislativa, varias veces enmendada, y por virtud de actos específicos llevados a cabo dentro de esa ley por las partes en el pleito, la demandante ba adqui-rido el derecho a ser pagada de una determinada cantidad de dinero que los demandados se han negado a hacer efec-tiva, basándose en que la demandante no es dueña de tal cré-dito porque una ley posterior la privó de su derecho.

Y en un memorándum de autoridades que presentara el día de la vista del recurso, cita varias decisiones para sos-tener que las cantidades devengadas a favor de la deman-dante y apelante con anterioridad a la ley que invoca la Comisión que son las que se reclaman en la demanda cons-tituyen un derecho adquirido por ella del cual no puede ser-despojada. en forma alguna.

La cuestión ha sido dilucidada en la nota al caso de Gibbs v. Minneapolis Fire Dep., 125 Minn. 174, en Ann. Cas. 1915 C 751, como sigue:

“La regla indubitada es que una pensión concedida por las auto-ridades gubernamentales no es una obligación contractual, sino una concesión gratuita, en cuya continuación el pensionado no tiene un derecho adquirido; y que, por consiguiente, una pensión puede darse por terminada a voluntad del cedente.”

(Se cita un gran número de casos de Inglaterra, Canadá, de las cortes federales de Estados Unidos y de las de sus es-tados de Alabama, California, Distrito de Columbia, Illinois, Iowa, Kentucky, Minnesota, Newi York, Carolina del Norte, Ohio, Tejas y Wisconsin.)

“Sin embargo, se admite que cuando bajo una pensión ba ven-cido determinado pago, el pensionado tiene un derecho adquirido en el mismo. Pennie v. Reis, 132 U. S. 464; 10 S. Ct. 149, 33 U. S. (L. Ed.) 426; Dale v. Governor, 3 Stew. (Ala.) 387; Kavanagb v. Board of Police Pension Fund Com’rs., 134 Cal. 50, 66 Pac. 36; McFarland v. Bieber, 32 App. Cas. (D.C.) 513; In re Smith, 130 N. C. 638; 41 S. E. 802. Véase también Smith v. Auditor General, 80 Mich. 205, 45 N. W. 136 (fondo para reenganches). Compárese el caso de Donnelly v. U. S., 17 Ct. Cl. 105.

“Las pensiones concedidas por una ley especial están igualmente sujetas al poder legislativo que las otorgadas por un estatuto general. Dale v. Governor, 3 Stew. (Ala.) 387. Se desprende que en dicho caso la legislatura, en reconocimiento do ciertos servicios prestados por el demandante, lo había hecho brigadier general y concedídole una renta vitalicia. La corte al interpretar una ley que derogaba aquella parte del estatuto que concedía al demandante una pensión, resolvió que éste no tenía un derecho adquirido en la renta vitalicia, hasta que la misma le fuere pagada; que el estatuto original fué legislación ordinaria, y que el cuerpo que lo redactó estaba entera.-mente autorizado para derogarlo en una sesión posterior; y que la ley derogatoria no era inconstitucional. En el caso de U. S. v. Teller, 107 U. S. 64, 2 S. Ct. 39, 27 U. S. (L. Ed.) 352, se llegó a una con-clusión similar.

“En ocasiones, fondos de pensiones son sostenidos parcialmente mediante contribuciones compulsorias de los beneficiarios. Esto es generalmente cierto cuando los beneficiarios son policías o bomberos: y en tales casos el estatuto que crea el fondo generalmente autoriza al funcionario correspondiente para retener semanal o mensualmente determinado tanto por ciento de la paga del pensionado en perspec-tiva. Según el gran peso de las autoridades, el hecho de que un pen-sionado haya efectuado tal contribución obligatoria no le da un de-recho adquirido en la pensión. Queen v. Metropolitan Police Dist., 4 B. & S. 593, 116 E. C. L. 593, 9 L. T. N. S. 375; Pennie v. Reis, 132 U. S. 464, 10 S. Ct. 149, 33 U.S. (L. Ed.) 426, confirmando 80 Cal. 266, 22 Pac. 176; Clarke v. Police, etc. Board, 123 Cal. 24, 55 Pac. 576; Nichols v. Board of Police Pension Fund Com’rs., 1 Cal. App. 494, 82 Pac, 557; Burke v. Board of Trustees of Police Relief, etc. Fund, 4 Cal. App. 235, 87 Pac. 421; Cohrn v. Henderson, 19 Cal. App. 89, 124 Pac. 1037; Eddy v. Morgan, 216 Ill. 437; 75 N.E. 174; Pecoy v. Chicago, 265 Ill. 78, 106 N. E. 435; Ryan v. Foreman, 181 Ill. App. 262; People v. Matsell, 94 N. Y. 179; State v. Board of Trustees of Policemen’s Pension Fund, 121 Wis. 44, 98 N. W. 954. Compárese Hobson v. Hull, 4 El. & Bl. 986, 82 E. C. L. 986; Ball v. Board of Trustees of Teachers’ Retirement Fund, 71 N. J. L. 64, 58 Atl. 111. En el caso de Pecoy v. Chicago, supra, la corte dijo: ‘Las pensiones participan de la naturaleza de gratificaciones hechas por el gobierno, que tiene derecho a hacerlas, retenerlas, distribuirlas o reclamarlas a su discreción. . . . Esta regla no es modificada por la circunstancia de que el demandante en el re-curso de error alegue haber contribuido con el uno por ciento de su sueldo para crear tal fondo; la supuesta contribución no fué real-mente un pago hecho por él. Él aceptó que se le nombrara como policía a sabiendas de que se le descontaría el 1% mensualmente y que la suma así descontada iría al fondo de pensiones. Ese dinero nunca le fué pagado y la ciudad simplemente traspasó el 1% de su sueldo de un fondo a otro, y continuó reteniéndolo como un fondo especial para afrontar los desembolsos que tuviera que hacer bajo la ley de pensiones de la policía. ’ ”

Parece conveniente citar además el siguiente texto de “Corpus Juris” que comprende alguna jurisprudencia posterior a la existente cuando la nota que dejamos transcrita fué redactada:

“Si el derecho de un funcionario a participar en un fondo de pensiones creado por el estado depende de que ocurra determinado acontecimiento, su interés en dicho fondo es una mera esperanza, propensa a esfumarse en cualquier tiempo anterior a la fecha en que ocurra el referido acontecimiento, mediante acción de la legislatura derogando la ley que creó la pensión, o adoptando disposiciones nue-vas y distintas para la distribución del fondo. Y el derecho de la legislatura para así revocar la pensión no es afectado por el hecho de que al funcionario se le descontó mensualmente determinada suma, toda vez que la misma, aunque en derecho se considere como parte de su remuneración, es de hecho una asignación mensual por parte del estado para la creación del fondo. Cuando efectivamente ocurre el acontecimiento que hace pagadera la pensión a un funcionario po-licíaco, según el criterio de algunas cortes, el derecho a la pensión se convierte en un derecho adquirido, mas otras cortes consideran la pensión para este fin meramente como un fondo que el Estado puede reclamar o retener en cualquier momento.” 43 C. J, 818.

Si se examinan los términos en que está redactada la sentencia recurrida, se verá que la corte de distrito no de-cidió definitivamente o por lo menos no intentó decidir de-finitivamente la cuestión suscitada. La corte expuso como el único fundamento de su resolución, citando el caso de Ortiz, supra, que la demanda no aducía lieclios suficientes para cons-tituir una causa de acción por haberse establecido una de-manda en cobro de dinero cuando debió establecerse el corres-pondiente recurso para obligar a los demandados a cumplir el deber ministerial que se alega que tienen para con la deman-dante, o sea el recurso de mandamus.

Para sostener en el caso de Ortiz, supra, que la acción ordinaria no es la procedente, se hizo referencia a la juris-prudencia tal como consta resumida en 43 C. J. 817 y 38 C. J. 71. — debe ser 718. En efecto dicha jurisprudencia dice:

"Cuando una junta de pensiones de la policía erróneamente re-tiene una pensión, procede el recurso de mandamus para compelerla a cumplir con su deber.” 43 C. J. 817.
"Participando una pensión de la naturaleza de una gratificación, no existe tal responsabilidad legal para su pago que pueda ser exi-gida en una acción en cobro de dinero; cuando el pago ba sido erró-neamente descontinuado, el recurso a utilizarse es el de mandamus. De conformidad con las reglas generales ya expuestas, cuando el deber de un funcionario, junta o tribunal de pensiones es puramente ministerial, procede el recurso de mandamus para exigir el cumplimiento del mismo. Y cuando una junta de pensiones u otro tribunal compe-tente aquilata y determina las solicitudes de pensión beebas por fun-cionarios municipales, como por ejemplo policías o bomberos, ésta o éste realizan no meramente un deber ministerial sino quasi judicial o cuando su decisión sobre tales solicitudes es final y concluyente, procede el recurso de mandamus para obligarles a actuar en relación con la solicitud. No obstante, no procede el mandamus para con-trolar el ejercicio de la discreción de que tal junta o tribunal están investidos, a menos que se demuestre que se ha abusado de la misma; y esto es así aunque en el ejercicio de esta discreción pueda estar en-vuelta la interpretación de un estatuto, por lo menos cuando la in-terpretación que se ha dado al estatuto relativo a pensiones sea ló-gica. En ningún caso será concedido el auto si no se demuestra que el peticionario claramente tenía derecho a la pensión. Sin embargo, procede el recurso de mandamus cuando la junta de pensiones ha ac-tuado arbitrariamente y en exceso de sus facultades.” 38 C. J. 718.

No obstante, en el propio texto de 43 C. J. 817 se agrega: “Si bien nna persona con derecho a nna pensión pnede no estar limitada al procedimiento de mandamus, sino qne pnede establecer sn reclamación mediante nna acción de acnerdo • con el derecho común, se ha negado la facultad de demandar de conformidad con el derecho común; y cuando la junta de comisionados de la policía está investida de autoridad para determinar los derechos de una persona qne solicita una pen-sión, una corte no tiene jurisdicción para anticipar o eludir la decisión de los comisionados,” estando la primera parte del texto transcrito, o sea la de que una persona con derecho a una pensión no está circunscrita al recurso de mandamus, sostenida por el caso de Hayes v. Hoboken, 93 N. J. L. 432, 108 Atl. 868, 869, de la Corte de Errores y Apelaciones de Nueva Jersey, en los siguientes términos:

“Luego se dice que la demandante no tenía derecho a exigir su reclamación mediante una acción del derecho común, sino que estaba limitada al procedimiento de mandamus. Esta contención no parece tener fundamento alguno. Ella puede proceder mediante el recurso de mandamus, mas no está obligada a apelar al mismo. Si se ha so-licitado un mandamus y la corte discrécionalmente se ha negado a expedir el auto, entonces es claro que la demandante podía aún va-lerse del remedio coneedídole por el derecho común. Clarke v. Earle, 42 N. J. Law, 94, 97. Ella puede verse obligada a exigir el cumpli-miento de su sentencia a virtud del recurso de mandamus, pero tai procedimiento no afecta su derecho a obtener un juicio por jurado. Además, no creemos que esa cuestión pueda suscitarse ahora. No se planteó cuestión alguna de jurisdicción. La demandada creyó pru-dente que el caso se viera en sus méritos y no debe permitírsele ahora que suscite esa cuestión.”

Y la segunda por el caso de State, ex rel., v. Holmes 5 Oh. App. 1, 8, en el que en el curso de la opinión se dijo:

“Se alega que Delaney equivocó su remedio y de que tiene un re-medio adecuado en ley en una acción contra la ciudad para recobrar el montante de sus pensiones retenidas. Creemos que siendo la pen sión una dádiva no hay responsabilidad legal cuyo cumplimiento pu diera exigirse en una acción legal para recobrar, bien sea daños por incumplimiento de contrato o por cantidades adeudadas. Su remedio es un mandamus y es esta corte donde debe recurrir. State, ex rel. Rothgery, y. Trustees of Firemen’s Pension Fund, 20 C.C., N.S., 13; Karb et al. v. State, ex rel., 54 Ohio St., 383; State, ex rel, Holtz, y. Com’rs. of Henry County, 41 Ohio St. 423; State, ex rel Weiss, v. Keefer et al., 3 Ohio App., 426.”

Después de una cuidadosa consideración del asunto, cree-mos que debe revocarse la sentencia recurrida. Nos parece justo el criterio de la Corte de Apelaciones de Nueva Jersey. El mandamus es un recurso privilegiado. Pudo ejercitarlo la parte demandante y hubiera obtenido una más rápida y directa decisión de su caso. No lo hizo. Prefirió acogerse a la acción ordinaria más amplia y dilatada, pero ello no debe ser obstáculo para que la cuestión sea resuelta por la corte de acuerdo con sus méritos. Todo cuanto en contrario se diga en el caso de Ortiz, supra, debe entenderse derogado.

Nada prejuzgamos con respecto al derecho de las partes. Lo que decidimos es que el pleito debe seguir adelante, con-cediéndose a los demandados un término razonable para es-tablecer la defensa o defensas de que puedan estar asistidos.

El Juez Asociado Señor Aldrey no intervino.


text:
    Monserrate García de Quevedo, demandante y apelada, v. La Asamblea Municipal de Añasco, P. R., compuesta por sus miembros Adolfo Méndez, Filomena Valentín, B. Santos Rivera, C. Santos Rivera, Justo Rivera, J. Román, R. Rivé Gómez, T. Lamberty y F. Esteves Gimeno, demandada y apelante.
    No. 6424.
    Sometido: Junio 15, 1934.

      Resuelto: Septiembre 29, 1934.

      Ildefonso Freyre, abogado de la apelante; M. Figueroa del Rosario. abogado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 5 de diciembre de 1932 doña Monserrate García de Quevedo dirigió a la Asamblea Municipal de Añasco un es-crito que copiado en lo pertinente, dice:

“1. — Que con fecha de 24 de julio de 1931, por escritura No. 73, otorgada ante el notario Mario Figueroa del Rosario, de este pueblo, adquirió por compra a doña Tomasa López la siguiente propiedad:
“ ‘Casa de madera, terrera, de balcón al frente, techada de tejas, sita en la calle principal, de Añasco, P. R., sobre un solar de mil ciento diecisiete metros cuadrados, de propiedad y no ejido, que co-linda por el norte con dicha calle; por el sur con el caño La Puente; por el saliente con casa de doña María Arrillaga; y por el poniente con casa de M. García de Quevedo.’,
“2. — Que debido a que dicha casa estaba en estado de ruinas, la compareciente procedió a la destrucción de la misma, quedando dicho solar limpio y libre para una nueva construcción sobre el mismo.
“3. — Que la compareciente se propone construir sobre el dicho solar un edificio de concreto, para almacén cuyos planos se acompa-ñan a esta petición, y se hacen parte de la misma.
“Poe todo lo Cual, y siendo él solar de la propiedad particular de la compareciente, a los efectos de cumplir con la ordenanza sobre construcciones y ornato público solamente, solicita se le conceda el permiso para dicha construcción y al efecto acompaña los derechos corr esp ondientes. ”

A la solicitud proveyó la Asamblea el 8 de febrero de 1933, adoptando una ordenanza que, en lo atinente, dice:

1 ‘ ORDENANZA CONCEDIENDO EN USUFRUCTO UN 'SOLAR DE PROPIEDAD de Este Munioipio de Añasgo a Doña Monserrate Garota de Que-vedo para Fabricar Sobre él un Edificio de Concreto y para Otros Fines.
“Por cuanto: Doña Monserrate García de Quevedo acude a esta Asamblea Municipal solicitando permiso para fabricar un edificio de concreto en un solar frente a la plaza Ibáñez que alega ser de su propiedad;
“Por cuanto: La peticionaria acompaña a la solicitud una cer-tificación del Registrador de la Propiedad . . . haciendo constar que el solar de 1,117 metros cuadrados ... se halla inscrito ... a favor de. don Ernesto Esteve Yidal, por expediente posesorio ... de 16, de diciembre de 1881;
“Por Cuanto: Según información de algunos asambleístas estas inscripciones fueron declaradas nulas y sin ningún valor en virtud de una sentencia dictada en un pleito seguido por este municipio allá por el año 1902;
“Por Cuanto: La peticionaria también acompaña a la solicitud el recibo No. 301 de fecha diciembre 10 de 1932 a su favor expedido por el Tesorero Municipal por licencias y permisos de la construc-ción de la obra por estar comprendido el solar en la primera zona y además incluye un plano para la obra la que dedicará a almacén;
“Por cuanto; La Sección 54 de la Ley Municipal vigente concede a las Asambleas Municipales la facultad de ceder en usufructo solares para fabricar sobre ellos edificios en las condiciones que fijen ]as ordenanzas aprobadas al efecto;
“Por tanto: Ordénase por la Asamblea Municipal de Añasco, Puerto Rico.
“Sección 1. — Por la presente se concede en usufructo el solar des-crito en esta ordenanza de propiedad de este municipio a doña Mon-serrate García de Quevedo para fabricar sobre él un edificio de con-creto para dedicarlo a almacén, debiéndose ajustar a las condiciones del plano presentado y a pagar por adelantado un canon anual de tres centavos por cada metro comprendido en dicho solar o sean treinta y tres dólares cincuenta y un centavos, pagados antes de continuar la obra, debiendo construir una acera del mismo ancbo de la existente en dicha calle principal en todo el frente de la mencionada calle y respetar y hacer cumplir todas las ordenanzas aprobadas o que se aprueben que se refieran al ornato y salud pública y disponiéndose además, que la solicitante ni ninguna otra persona podrá instalar en dicho edificio establecimientos de Salas de Emergencias, Salas de Cu-raciones, Hospitales, Clínicas u otros establecimientos de hospitaliza-ción. tf

No conforme la peticionaria, el 24 de febrero de 1933 inició el presente recurso de certiorari en la Corte de Distrito de Mayagüez suplicando a la corte que declarara nula la orde-nanza en cuestión por los siguientes fundamentos:

“.porque no especifica los derechos de las partes o sus sucesores respecto a la propiedad de los edificios, su reconstruc-ción, en los casos en que fueren destruidos o deteriorados y tampoco se especifica que el edificio en el solar estará sujeto al pago de con-tribución, en contrario a lo exigido por el artículo 70 de la Ley Municipal vigente.
“Porque impone a la peticionaria un canon o contribución por el uso del solar anualmente sin garantizarse la uniformidad de dicha contribución puesto que ni en dicha ordenanza ni en ninguna otra se establece que el tipo de tres centavos impuesto a la peticionaria por cada metro cuadrado en primera zona será el mismo para todos los solares en dicha zona y aplicable sin distinción ni discriminación a todas las personas que usen solares en dicha zona ahora y en lo su-cesivo, en contrario a lo que dispone el artículo 1, sección 8 de la Constitución de los Estados Unidos y el Artículo 2 de la Ley Orgá-nica de Púerto Eieo, aprobada por el Congreso de Estados Unidos el día 2 de marzo de 1917;
“Porque se restringe el uso de la propiedad de la peticionaria de manera irrazonable al imponerle la condición de que ni ella ni nin-guna otra persona podrá instalar en el edificio que se construya ‘es-tablecimiento de salas de emergencia, salas de curaciones, hospitales, clínicas y otros establecimientos de hospitalización,’ en contrario a lo que dispone la Enmienda XIV de la Constitución de Estados Uni-dos de América y el Artículo 2 de la Ley Orgánica para Puerto Eieo, aprobada por el Congreso de Estados Unidos el día .2 de marzo de 1917;
“Porque menoscaba el valor de un contrato, el de compraventa celebrado entre la peticionaria y doña Tomasa López referente a la compraventa del solar en cuestión, al disponer que el solar es del municipio y siempre lia sido del municipio, sin oír a la peticiona-ria y a la dicha vendedora, en contrario a lo que dispone la Consti-tución de Estados Unidos de América, Artículo 1, Sección 10, y ei Artículo 2 de la Ley Orgánica para Puerto Rico, aprobada por el Congreso de Estados Unidos el 2 de marzo de 1917;
“Porque priva a la peticionaria de su propiedad sin el debido procedimiento de ley al declarar y disponer en dicha ordenanza que el solar no es de ella sino del Municipio y apropiárselo a nombre del Municipio y concederlo como ejido del pueblo, o sea como propiedad del Municipio y como para uso público sin oír antes a la peticiona-ria con respecto a su derecho de propiedad, sin que ésta tuviera opor-tunidad de ventilar antes dicho derecho ni defenderse en juicio, sin 1a, debida indemnización o compensación, todo ello en contrario a lo que dispone la Enmienda XIV de la Constitución de Estados Unidos de América, el Artículo 2 de la Ley Orgánica para Puerto Rico apro-bada por el Congreso de los Estados Unidos el 2 de marzo de 1917 y el Art. 282 del Código Civil Revisado de 1930.”

Expedido el auto, pidió la Asamblea su anulación por los motivos que siguen:

“1. — Parque en un recurso de certiorari de esta naturaleza sola-mente se puede resolver si la Asamblea demandada tuvo o no juris-dicción, o se excedió en el ejercicio de la misma, o el procedimiento adoptado para ejercitarla fué erróneo, o actuó ultra vires, y no se puede entrar a considerar cuestiones sobre el mejor título sobre pro-piedad inmueble.
“2. — Porque la ordenanza en cuestión no lesiona derechos cons-titucionales de la querellante ni es contraria a la Ley Orgánica ni a las leyes de Puerto Rico.
“3. — Porque la querellante tiene otros remedios adecuados en ley y los ha tenido sin que los haya ejercitado en su oportunidad.
“4. — Que no es a la Asamblea Municipal de Añasco a quien ha debido demandarse en este raso.”

El return comprende el escrito de la peticionaria y la ordenanza que hemos transcrito, una certificación expedida por el Registrador de la Propiedad de Mayagüez de la que aparece que en octubre 14, 1901, el Municipio de Añasco ins-cribió a- virtud do expediente tramitado en la corte del dis-trito el dominio de cincuenta cuerdas vara y tercia del te-rreno que forma los ejidos del Ayuntamiento adquiridos por segregación de las sesenta y dos cuerdas vara y tercia cedí-dasle por don Luis de Añasco, con nota de gran número de segregaciones, otra certificación expedida por el mismo fun-cionario de la que consta que está vigente la inscripción del solar de que se trata hecha desde el 25 de enero de 1882 a virtud de información posesoria a favor de Ernesto Esteve Vidal y copia de la escritura no inscrita a virtud de la cual Constantino Fernández como apoderado de doña Tomasa Ló-pez Viuda de Arrillaga vende el 24 de julio de 1931 a la pe-ticionaria doña Monserrate García de Quevedo por doscien-tos veinte y cinco dólares una casa de madera con el solar en cuestión, manifestando no hallarse inscrita la propiedad en el registro.

Tomó la corte bajo su consideración el caso y lo resolvió por sentencia de mayo 3, 1931, que, en parte, dice:

“PoR CUANTO, La corte ha llegado a la conclusión de que la ame-ritada ordenanza copiada en la petición es nula y sin ningún valor porque si bien el municipio pudo negar el permiso para fabricar ale-gando que el solar era un ejido del pueblo y podía conceder el per-miso como tal pero no puede poner las condiciones contenidas en dicha ordenanza, ni privar a una persona de su propiedad sin un debido procedimiento de ley, ni mucho menos imponer una contri-bución que no es uniforme en todo el municipio, habiendo llegado además la corte a la conclusión de que la Asamblea Municipal ha actuado con prejuicio en este caso por la forma en que está redac-tada dicha ordenanza;
“Por tanto : Por la presente se declara con lugar esta solicitud de certiorari y se declara nula y sin ningún efecto legal la ordenanza aprobada por la Asamblea Municipal de Añasco en 8 de febrero de 1933 y aprobada por el Alcalde el 11 del mismo mes y año y que se ■ titula: ‘Ordenanza cediendo en usufructo un solar de propiedad del Municipio de Añasco a doña Monserrate García de Quevedo para fabricar sobre él un edificio de concreto y para otros fines.’ Se im-ponen las costas con honorarios de abogado a la parte demandada.”

No conforme la Asamblea apeló para ante este Tribunal, celebrándose la vista de la apelación el 15 de junio último.

El recurso ejercitado por la peticionaria es el certio-rari expresamente autorizado por la Ley Municipal vigente —Ley número 53 de 1928, Leyes de ese año, página 335— en su artículo 83, así:

“Las cortes de distrito tendrán jurisdicción a instancia de pane perjudicada:
“(a) Para anular o revisar cualquier acto legislativo o adminis-trativo de la Asamblea Municipal, de la Junta Administrativa, del Alcalde o de los demás funcionarios municipales que lesione dere-chos constitucionales de los querellantes o sea contrario a la Ley Or-gánica o a las leyes de Puerto Rico, mediante certiorari.”

Insistiendo en los méritos de su moción para anular el auto la apelante sostiene que las cuestiones que plantea la peticionaria no son propias para ser resueltas en un recurso de certiorari, aunque no se trate del certiorari clásico sino del expresamente autorizado por la ley municipal.

Lo primero que salta a la vista es que está envuelta una verdadera cuestión de propiedad. La peticionaria al diri-girse a la Asamblea lo bizo como dueña del solar en cues-tión acompañando a su escrito los documentos en que basa su derecho. Y la Asamblea al aprobar la ordenanza cuya nulidad se pide partió de la base de que el dueño del solar no es la peticionaria sino el municipio y concedió a la peti-cionaria el usufructo.

La parte apelada tratando de obviar la cuestión dice en su alegato:

“Afirman los demandados- que la querellante tenía otros reme-dios en ley y no quiso- ejercitarlos y que por esta razón ha debido negarse o anularse el auto. Esta afirmación surge de dos errores que cometen los demandados al apreciar este procedimiento; creen que el objeto tínico "de la. querellante era discutir su derecho- de propio-dad y si era así tenía que utilizar el remedio previsto por el Art. 282 del Código de Enjuiciamiento Civil de P. R.; y creen que el remedio de certiorari establecido- en este caso es el remedio de cer-tiorari clásico y pretenden aplicar toda la jurisprudencia existente sobre este último.
“Una lectura simple de la petición revela que la intención primordial de la querellante no fué ventilar en este recurso su derecho ele propiedad sobre el solar; naturalmente piara estar más de acuerdo con el return y demás actuaciones de la Asamblea . . . . fué que se incluyó una alegación específica de impugnación a la or-denanza por este motivo, la del párrafo (d) del apartado 9 de la petición; pero se verá que la petición contiene otras alegaciones su-ficientes sin necesidad de ésta, y más esenciales que ésta, las real-mente esenciales, contenidas en los párrafos (a) y (b) del dieiio apartarlo 9, por ejemplo.Si aquélla hubiera sido la única alegación motivando la impugnación, la Corte pudo haber des-estimado; pero si además constaban estas otras, la corte podía ha-cer como hizo caso omiso de aquélla y ventilar estas otras que le daban jurisdicción completa. En eso actuó correctamente y no co-metió error.”

La verdad es que no vemos cómo pueda prescindirse de la dicha cuestión de propiedad, a menos que la peticionaria de modo claro y definitivo abandone su posición de dueña y acepte la de usufructuaria.

Si la peticionaria insiste en su derecho de propiedad, entonces al serle negado por la Asamblea debió ciertamente acudir a las cortes mediante el procedimiento que autoriza al artículo 282 del Código de Enjuiciamiento Civil, a saber:

“Cualquiera persona puede promover una acción contra otra que reclame un derecho o participación en propiedad real que fuere opuesto a dicha acción para el efecto de que se resuelva la contra-dicción entre ambas.”

Si lo abandona y parte de la base del derecho de propiedad del municipio, entonces nos inclinaríamos a resolver que no tiene razón la peticionaria al impugnar la ordenanza, o por lo menos que no existen datos bastantes en los autos para concluir que la asamblea actuó sin jurisdicción o lesionó algún derecho constitucional de la querellante, o violó la Ley Or-gánica o alguna ley de Puerto Rico.

Ambas partes están conformes en que es el artículo 70 de la dicha ley municipal el que regula la concesión de solares. Dicho artículo dice, en lo pertinente:

“La Asamblea Municipal podrá, a petición conceder solares a perpetuidad, para, la construcción de casas en los mismos, en las condiciones que fije aquélla en la ordenanza aprobada al efecto; y, una vez concedido un solar como queda dicbo, tendrá el dueño de la casa construida en él, el uso de dicbo solar durante todo el tiempo que mantuviere allí un edificio en buenas condiciones de acuei'do con los reglamentos establecidos en dicba ordenanza.
“Las Asambleas Municipales deberán especificar en jas concesio-nes que otorgaren los derechos respectivos del cedente y del cesio-nario o sus sucesores respecto a la propiedad de los edificios, su re-construcción, en los casos en que fueren destruidos o deteriorados.
“La cesión se hará necesariamente mediante ordenanza o reso-lución adoptada por la mayoría del número total de miembros de que se componga la Asamblea; siendo entendido que no se tomará en consideración solicitud alguna si el peticionario no la acompaña con los planos y presupuestos para el edificio que se haya de cons-truir, sobre el solar solicitado, de modo que la asamblea pueda darse cuenta de la obra al acordar la concesión.
“Entre las condiciones de la concesión que se establezcan para cada caso, podrá figurar la del pago de un canon anual al munici-pio concedente, el cual canon será por lo menos igual al importe fie la contribución sobre la propiedad, que 'correspondería a ésta, si es-tuviere afectada al pago de esa contribución, y en dicha concesión se estipulará, además, que cualquier edificio en la propiedad arren-dada estará sujeta al pago de contribución.”

El primer motivo de nulidad que se alega como sabemos es que la concesión no especifica los derechos de las partes o sus sucesores respecto a la propiedad de los edificios, su reconstrucción, en los casos en que fueren destruidos o de-teriorados y que el edificio que se construya en el solar es-tará sujeto al pago de contribución.

Realmente los párrafos segundo y sexto del artículo 70 que dejamos transcritos ordenan que se baga en las conce-siones tal especificación y aquí no se hizo, pero ello hace que la ordenanza sea deficiente, y no nula. Una simple pe-tición a la asamblea y una ordenanza enmendatoria o adi-cional hubieran sido suficientes para corregir el defecto.

Se sigue alegando que la ordenanza es nula porque no impone un canon o contribución uniforme.

Un canon no es una contribución y todo lo que dice la ley es'que “entre las condiciones de la concesión que se es-tablezcan para cada caso, podrá figurar la del pago de un canon anual al municipio concedente, el cual canon será por lo menos igual al importe de la contribución sobre la propie-dad que correspondería a ésta.” No podemos percibir vio-lación alguna de la ley en la condición impuesta sobre este extremo por la ordenanza en cuestión.

Y se alega, por último, que la restricción impuesta al uso de la edificación es irrazonable.

La ley invocada comienza diciendo que la asamblea podrá, a petición, conceder solares a perpetuidad, para la construc-ción de casas en los mismos, en las condiciones que fije en la ordenanza que apruebe al efecto.

La facultad de fijar las condiciones bajo las cuales concede el usufructo de su propiedad, inherentes a la condición de dueño de la misma, se reconoce expresamente en la ley.

¿Es arbitraria la fijada en este caso? ¿Es contraria a los fines de la ley? A nuestro juicio los documentos que están ante la corte no permiten contestar esas preguntas en la afirmativa. No conocemos los fundamentos que tuvo para actuar en la forma en que lo hizo la asamblea. Quizá no fueron justos, pero la restricción impuesta no es de tal na-turaleza que permita concluir por el solo hecho de su impo-sición, que es irrazonable y contraria a la ley, la equidad o la justicia. Pueden concebirse casos en que dicha restricción esté justificada en determinados sitios de una población.

No surge aquí la situación que motivó la anulación de la ordenanza en el caso de San Diego Tuberculosis Association v. City of San Diego, 186 Cal. 252, que invoca la apelada.

Los hechos en dicho caso se narran en la opinión de la Corte Suprema, como sigue:

“La demandante es una corporación organizada para fines ca-ritativos, y durante años ha poseído y explotado un hospital para el tratamiento de personas afectadas de tuberculosis. El hospital está situado en la ciudad de East San 'Diego, que es un pequeño municipio contiguo a la ciudad de San Diego propiamente dicha, y los demandados lo son el municipio y algunos de sus funcionarios. En julio 3, 1919 los síndicos de la ciudad aprobaron una ordenanza declarando a todo hospital para el tratamiento de personas ata-cadas de enfermedades contagiosas o infecciosas, un estorbo público, ' haciendo que el sostenimiento de tal hospital dentro de los límites de la ciudad constituyera un delito menos grave, decretando que su sostenimiento constituyera un delito separado durante cada día que fuera así explotado, y fijando pena de multa o cárcel para cada de-lito. Luego de aprobada la ordenanza las autoridades de la ciu-dad iniciaron una serie de acusaciones criminales contra la deman-dante, y amenazaron con arrestar y procesar a sus funcionarios y empleados y a continuar arrestándolos y procesándolos hasta que la demandante se viera precisada a clausurar su hospital. Fundán-dose en que la ordenanza es nula y en que la demandante sufriría daños irreparables en sus derechos de propiedad a sostener y a ex-plotar el hospital y que carece de un recurso adecuado, solicitó un injunction para que se impidiera a los demandados que trataran de hacer cumplir la ordenanza.”

Y la doctrina establecida lo fué en los siguientes términos:

"Se nos presentan dos cuestiones: Primero, ¿es la ordenanza nula? y segunda, aún si lo es, ¿puede su cumplimiento por parte de los funcionarios de la ciudad ser restringido mediante un recurso de injunction? La respuesta a ambas preguntas nos parece clara.
"La ordenanza tiene como justificación únicamente el ejercicio del poder de policía de que está investida la ciudad. Este poder desde luego es muy amplio, mas no ilimitado. Una limitación que se ha hecho cumplir en numerosos casos es que una ordenanza que trata de-ser un ejercicio del poder de policía por parte de la ciudad ‘no puede ser arbitraria o irrazonable. El ejercicio del poder de po-licía no puede servir de abrigo a la obstaculización o supresión de un negocio lícito.’.
"Siendo ésa la ley, ¿es la ordenanza aquí envuelta razonable en su parte esencial, o sea, la prohibición dentro de los límites de la ciudad para sostener o explotar un hospital para- el tratamiento de enfermedades contagiosas? Tal prohibición dista mucho de ser re-glamentación, y puede tener por justificación tan sólo el hecho de que tal hospital, no importa con el celo que se dirija, es una ame-naza para la paz, moral, salud o comodidad públicas. Que un hospital moderno, bien dirigido, aún piara el tratamiento de enferme-clades contagiosas e infecciosas no es tal amenaza, sino por el con-trario una de las instituciones más beneficiosas, no es necesario ar-gumentarlo. No existe el menor peligro de contagio y éste es quizá el único fundamento posible que podría servir de objeción. No va-cilamos en resolver que una ordenanza que prohíbe el sostenimiento en cualquier parte de la ciudad de una institución tan necesaria en nuestra vida moderna y tan beneficiosa sea enteramente irrazo-nable y nula.
“Respecto a la segunda cuestión, o sea, impedir que la ordenanza sea puesta en vigor, la regía lia sido expuesta en el caso de Abbey Land Co. v. San Mateo, supra, a que lacabamos de hacer referencia (167 Cal. 440, Ann. Cas. 1915 C, 804, 52 L. R. A. (N. S.) 408, 139 Pac. 1070.
“Es evidente en este caso que el hacer cumplir la ordenanza ocasionaría daños y perjuicios irreparables a la propiedad de la demandante, y que contra la amenaza dé ponerla en vigor por me-dio de los repetidos procesos autorizados por la ordenanza, la de-mandante carece de remedio adecuado. Por ende, el caso cae den-tro de la regla establecida en Abbey Land Co. v. San Mateo, supra, y de conformidad con los hechos alegados en la demanda la peticio-naria tenía derecho a que se impidiera por medio de un 'injunction que se ponga la ordenanza en vigor. ’ ’

Aquí no se trata de una medida general prohibiendo el establecimiento de clínicas en la población aplicable aún a las ya establecidas, sino de la concesión del usufructo de un de-terminado solar perteneciente al municipio que de acuerdo con la \ej podrá otorgarse para la construcción de casas en las condiciones que el.municipio fije en la ordenanza que apruebe al efecto. La casa antiguamente construida en el solar estaba dedicada al parecer a vivienda y la propia peti-cionaria especifica que la nueva edificación será un almacén, o sea una casa o edificio donde se guardan por junto o se venden cualesquiera géneros.

Bajo cualquier aspecto, pues, que el caso se considere, bien porque el certiorari no es el procedimiento adecuado para di: rimir un conflicto de títulos o ya porque no se ha demostrado que la concesión en la forma en que fué hecha viole algún derecho constitucional de la querellante o sea contraria a la Ley Orgánica o a cualquier otra ley de Puerto Rico, la senten-cia recurrida debe revocarse dictándose otra declarando la petición sin lugar, sin especial condenación de costas.