author: El Juez Asociado Sb. del Tobo,

text:
    Hernández, Demandante y Apelante, v. F. Carrera & Hno., Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en causa sobre indemnización de daños y perjuicios.
    No. 1402.
    Resuelto en mayo 17, 1916.
    Daños y Perjuicios — Excepción Previa de Falta de Hechos Suficientes.— Cuando en un caso como el presente no aparecen de la demanda hechos que demuestren que el demandado hubiera tenido obligación alguna para con el demandante, una excepción previa de que la demanda no aduce hechos sufi-cientes para determinar una causa de acción en reclamación de daños y per-juicios, debe prevalecer.
    Enmiendas a la Demanda — Hechos Adicionales. — Cuando el demandante cuya demanda original ha sido desestimada por no aducir hechos suficientes para constituir una causa de acción, no indica en que forma podría aquélla ser enmendada para que expresara una causa de acción, ni presenta alegato alguno por el que resulten hechos adicionales en los que pueda basarse una teoría que pueda ser sostenida con respecto a su caso contra el demandado, después de tener tiempo suficiente para’ presentar dicha enmienda o hacer alguna solicitud a la corte, no puede luego alegar con éxito que no se le dió una oportunidad para enmendar su dicha demanda.
    Honorarios de Abosado — Costas y Desembolsos — Temeridad Manifiesta — Pe-dimento de Costas en la Excepción Previa. — Cuando la temeridad de un demandante es manifiesta y la cuantía del pleito excede de quinientos dólares, no obstante solicitarse solamente en la excepción previa que se desestime la demanda “con las costas,” la corte puede imponer al demandante, además de las costas propiamente dichas, los desembolsos y honorarios de abogado, de acuerdo eon el artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil, tal como quedó enmendado en 1908.
    Id. — Pedimento de Costas en la Excepción Previa. — El hecho de que en una excepción previa a la demanda el demandado emplee la fórmula general ‘ ‘ con las costas,” no implica que oralmente luego, en el acto de la vista o de algún otro modo, haya dejado de pedir los desembolsos y honorarios de abogado.
    Id. — Memorándum de Costas — G-astos de Viaje para Comparecer Ante el Tribunal Supremo. — Cuando en un memorándum de costas se consigna una partida de gastos de viaje con motivo de un recurso establecido para ante el Tribunal Supremo, debe ordenarse su eliminación por no existir ley que autorice la imposición de costas y desembolsos en tales casos.
    Los hechos- están expresados en la opinión.
    El apelante compareció en nombre propio.
    La apelada no compareció.
   El Juez Asociado Sb. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Este caso está relacionado con otros decididos por esta Corte Suprema, a saber: Hernández v. F. Carrera & Hermano et al., 22 D. P. R. 538, y Hernández v. Benet et al., 23 D. P. R. 6.

La demanda es la misma en todos y fue establecida por Agustín Hernández Mena contra P. Carrera & Hermano y José Benet en reclamación de daños y perjuicios. El deman-dado Benet la excepcionó por no aducir hechos suficientes para determinar una causa de acción. La excepción fue decla-rada con lugar y habiéndose dictado sentencia, Hernández Mena apeló contra ella para ante esta Corte Suprema. Esta corte estudió el caso, se refirió a todos los hechos alegados en la demanda y concluyó que la excepción fué debidamente declarada con lugar “por no aparecer de dicha demanda he-chos que demuestren que los demandados F. Carrera & Her-mano hubieran tenido alguna vez ninguna obligación con el demandante y apelante, o que los bienes embargados le per-tenecían en realidad, o que el demandante y apelante hubiera sufrido ciertamente algún perjuicio con motivo del embargo practicado a instancia del demandado Benet,” Hernández v. Benet et al., 23 D. P. R. 6, 11.

El otro demandado F. Carrera & Hermano fné declarado en rebeldía. Solicitó la apertura de la misma y la corte acce-dió. Hernández Mena apeló y esta corte declaró sin lugar la apelación. Hernández v. F. Carrera & Hermano et al., 22 D. P. R. 538. Dicho demandado alegó también la excepción de que la demanda no aducía becbos suficientes para deter-minar una causa de acción y la corte sostuvo la excepción. En el acto de la vista de la misma el demandante Hernán-dez Mena solicitó que en el caso de que la corte resolviera el asunto a favor del demandado, le concediera un término para enmendar la demanda. La corte no accedió porque “dicho demandante no indicó en qué forma es que podía toda-vía enmendar de nuevo su demanda para que pueda expre-sar una causa de acción, ni presentó alegato alguno por el que resulten hechos adicionales, en los que pueda basar una teoría que pueda ser sostenida con respecto a su caso contra los demandados F. Carrera & Hermano; siendo así que el demandante ha tenido tiempo suficiente desde que se dictó la sentencia de la Corte Suprema en 23 de julio de 1915 hasta ahora para presentar dicha enmienda o hacer alguna solicitud a la corte y conociendo el demandante que esta corte había resuelto esta excepción previa y había dictado sentencia ante-riormente a favor de F. Carrera & Hermano, que tuvo que declarar nula por cumplimiento de un requisito estatutorio. ’ ’

Dos son, pues, las cuestiones que debemos estudiar y resolver. Primero, si la demanda aduce o no hechos suficien-tes para determinar una causa de acción en contra de F. Ca-rrera & Hermano, y segundo, si la corte erró al no acceder a la súplica del demandante con respecto a la enmienda de la demanda.

La primera cuestión ha sido ya implícitamente resuelta por esta corte al decidir la apelación en el caso de Hernández v. Benet et al., supra. Aplicando ahora los mismos razo-namientos expuestos en la opinión emitida para fundamen-tar la sentencia de esta corte en dicho caso, debemos resolver que la excepción del demandado F. Carrera & Hermano fué debidamente declarada con lugar.

T en cuanto a la cuestión segunda, diremos que nos pare-cen suficientes las razones que tuvo la corte sentenciadora para negarse a conceder el permiso solicitado. La actitud asumida por la corte está también sostenida por la juris-prudencia sentada en el dicto caso de Hernández v. Benet et al., supra.

Sostiene también el apelante que no debió condenársele en costas, ni menos en honorarios de abogado. No tiene razón el apelante. Su temeridad fué manifiesta, la cuantía del pleito excedía de quinientos pesos y no obstante solicitarse sola-mente en la excepción previa que se desestimara la demanda “con las costas,” la corte pudo imponer al demandante, ade-más de las costas propiamente dichas, los desembolsos y hono-rarios de abogado. Para llegar a esa conclusión basta leer el artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil, tal como quedó enmendado en 1908. Además, el hecho de que se em-pleara en la excepción la fórmula general “con las costas,” no implica que oralmente luego en el acto de la vista, o de algún otro modo, el demandado dejara de pedir los desem-bolsos y honorarios.

Conjuntamente con la apelación establecida contra la sen-tencia, se ha tramitado la interpuesta contra la resolución aprobatoria del memorándum de costas.

El demandado presentó su memorándum que contiene nueve 'partidas y que asciende a $276. El demandante- im-pugnó todas las partidas con excepción de la primera. De la orden de la corte tal como aparece en la transcripción resulta que el juez ordenó la eliminación de las partidas 1, 2, 3 y 9 “de $1.25 cada una,” por haber renunciado a ellas el abogado de la demandada y aprobó las restantes, conde-nando al demandante a pagar al demandado la suma de $271. Tiene que existir un error al consignarse que se eliminó la partida primera. Fué esa precisamente la única que, como hemos dicho, no impugnó el demandante. Además la corte consignó que las partidas que eliminaba eran de $1.25 cada una y en efecto las partidas 2, 3, 4 y 9 son las únicas de $1.25 del memorándum, mientras que la partida 1, honora-rios del secretario, asciende a $5. T por último la suma mandada pagar por el juez asciende a $271, b sea cinco pesos menos de los reclamados, y $5 son el resultado de la suma de las cuatro partidas de $1.25 mandadas eliminar.

Sostiene el apelante que las partidas de $15 y $250, res-pectivamente £ípor gastos y honorarios de abogado por asis-tir a esta Corte Suprema,” deben eliminarse por no estar autorizadas por la ley. Del memorándum se desprende sola-mente que la partida de $15 se empleó en conexión con la apelación a esta Corte Suprema. Los honorarios se cobran en general, sin que aparezca de modo concreto que se hayan reclamado ni concedido honorarios por trabajos legales rea-lizados ante esta Corte Suprema en tal virtud no son de aplicación los casos que cita el apelante. En cuanto a los gastos de viaje, como claramente se consigna que se hicie-ron con motivo del recurso establecido para ante este Tribunal Supremo, deben eliminarse por no existir ley que auto-rice la imposición de costas y desembolsos en tales casos. Yéanse las siguientes decisiones de esta Corte Suprema sobre la materia: Vázquez et al. v. Vázquez et al., 15 D. P. R. 291; Martínez v. Pagán, López & Cía., 17 D. P. R. 613 y J. Ochoa Hnos. v. Herederos de Lanza, 17 D. P. R. 730.

Por virtud de todo lo expuesto opinamos que debe con-firmarse la sentencia apelada y modificarse la orden apro-batoria del memorándum de costas también apelada man-dando que se excluya la partida de quince pesos de que se deja hecho mérito.

Confirmada la sentencia- apelada y corre-gida y modificada la orden aprobatoria del memorándum de costas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

license: Public Domain

text:
    Manrique de Lara, Recurrente, v. El Registrador de San Germán, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Germán denegando la anotación preventiva de una demanda.
    No. 280.
    Resuelto en mayo 18, 1916.
    Anotación Preventiva de Demanda — Aviso de la Pendencia de la Acoión— Texto Inglés y Español del Artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil — Traducción Erriónea. — El texto inglés del artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil no exige como condición para la anotación de la de-manda o contestación en el registro de la propiedad, que el demandante y en su caso el demandado pidan se declare que lo que reclaman es suyo, sino que basta que la acción que se ejercita afecte al título o al derecho de pose-sión de una propiedad inmueble. El texto español de dicho artículo no es una correcta traducción del texto inglés que es el que debe prevalecer por ser el texto original.
    Los liechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la recurrente: Sres. F. E. Dexter y F. Q. Pérez Almiroty.

    El registrador recurrido Sr. Rafael B. Sama no com-pareció.
   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico presentó demanda Manuela Manrique de Lara de Garrosi en 28 de junio de 1915, con súplica, entre otros pedimentos, de que los traspasos a que se refiere dicha de-manda de las fincas de café “Leonor” y “Luisa” y la plan-tación de.azúcar “Concepción,” radicadas en el término municipal de Yauco, traspasos hechos por el demandado Tomás Garrosi a la codemandada Juana María González, sean decla-rados nulos y de ningún valor considerándose tales propie-dades pertenecientes a Garrosi.

La demandante, en instancia dirigida al Registrador de la Propiedad de San Germán con fecha del mismo día 28 de junio acompañando copia de la demanda expresada, soli-citó la anotación preventiva de la misma en los libros del registro, y el registrador denegó tal pretensión por medio-de nota qne dice así:

“No admitida la anotación preventiva de demanda a qne se refiere el precedente documento por observarse el defecto de que la deman-dante no alega que sean suyas las propiedades de que se trata, tomán-dose en su lugar otra por ciento veinte días al margen de las ins-cripciones 13a., 8a. y 8a. de las fincas Nos. 517 triplicado, 1473 dupli-cado y 703 hechas a los folios 107 y 103 vueltos las dos primeras, del tomo 32 de Yaneo y la última al folio 114 vto. del tomo 16°. de Maricao. San Germán, agosto 20 de 1915. El registrador, Eafael B. Sama.”

Esa nota está sometida a nuestra consideración a virtud de recurso contra ella interpuesto por la representación de Manuela Manrique de Lara.

Alega la parte recurrente que el artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil ni en su letra ni en su espíritu limita la anotación de demandas y pleitos a casos en que el deman-dante - sea el dueño de las propiedades de que se trata.

Dicho artículo tal como aparece traducido en el Código de Enjuiciamiento Civil vigente, dice:

“Cuando en una acción que afecte al título o al derecho de pose-sión de una propiedad inmueble, el demandante al tiempo de pre-sentar la demanda, y el demandado al tiempo de presentar la con-testación o en cualquier tiempo después, pidieren se declare que lo que se reclama es suyo, podrán presentar' para su anotación al registrador del distrito en que radicare la propiedad o parte de ella un aviso de la cuestión litigiosa pendiente, el cual contendrá los nom-bres y apellidos de las partes, el objeto de la demanda o contesta-ción, y la descripción de la propiedad en litigio # *

El texto español de ese artículo no está conforme con el texto inglés que es el que debemos considerar para 1a, decisión del recurso, pues el texto ingiés traducido correc-tamente al español dice así:

“En una acción que afecte al título o al derecho de posesión de propiedad inmueble, el demandante al tiempo de presentar la de-manda y el demandado al tiempo de formular su contestación, cuando en dicha contestación se solicite un remedio a su favor, o en cual-quier tiempo después, pueden presentar para su anotación al regis-trador del distrito en que esté situada la propiedad o alguna parte de la misma, un aviso de estar pendiente la acción, que contenga los nombres de las partes, el objeto de la acción o defensa y una des-cripción de la propiedad afectada por dicha acción * *

Como se ve, el texto inglés no exige como condición para la anotación de la demanda o de la contestación que el deman-dante y en su caso el demandado pidan se declare que lo que reclaman es suyo, sino que basta que la acción que se ejercita afecte al título o al derecho de posesión de una pro-piedad inmueble.

En el presente caso el título de las fincas “Leonor,” “Luisa” y “Concepción,” y consiguientemente el derecho de posesión de las mismas está afectado por la demanda, y, por tanto, es de aplicación el artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil que dejamos traducido al español.

El error del registrador ha sido originado por la inco-rrecta traducción de dicho artículo según aparece en el có-digo expresado.

Es de revocarse la nota recurrida.

Revocada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. HutchisoN,

text:
    Colls, Demandante y Apelante, v. Municipio de Lares, Demanbado y Apelado.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en causa sobre daños y perjuicios por perturbación (nuisance), y desaparición de ésta.
    No. 1338.
    Besuelto en mayo 18, 1916.
    Perturbación o Estorbo (Nuisance) — Violación de Derechos de Propiedad— Molestias sin Culpa. — -Para que exista una perturbación (imisance) debe haber una violación de un derecho con arreglo a la ley. Una mera molestia sin culpa no constituye una perturbación (nuisance).

      Daños y Perjuicios — Perturbación o Estorbo (Nuisance) — Prescripción de un Año. — De acuerdo eon los artículos 1869 y 1803 del Código Civil Revisado, prescribe por el transcurso de un año la acción contra un municipio para reclamar daños y perjuicios nacidos de la construcción de una supuesta per-turbación (nuisance), consistente en una cloaca, muro de contención y terra-plén beelios eon objeto de levantar el nivel de una calle, en ausencia de prueba alguna de daños y perjuicios que resulten del mantenimiento de dichas obras como un estorbo o perturbación continuada (continuing nuisance).

    Id. — Acciones Ex Delicto. — En general los daños y perjuicios en acciones ex delicto son el punto capital de la violación del derecho. Se establecen para reparar un perjuicio.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Francisco Acevedo.

    Abogado del apelado: Sr. José D. Rodrigues.

   El Juez Asociado Se. HutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

En el mes de agosto de 1914, el peticionario y apelante estableció una acción contra el municipio de Lares, que es el apelado, sobre resarcimiento de daños y perjuicios y para hacer desaparecer, por constituir una perturbación (nuisance), una cloaca, muro de contención y terraplén, construi-dos en el año 1912, por el municipio apelado, habiéndose cons-truido el muro y terraplén eon objeto de levantar el nivel de la calle, en frente de la casa del peticionario.

Los artículos 1869 y 1803 del Código Civil Eevisado, en tanto son pertinentes a la cuestión, se expresan como sigue:

“Artículo 1869. — Prescriben por el transcurso de un año:
¡¡2 * * *
“2. La acción para exigir la responsabilidad civil * * * por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en el artículo 1803 desde que lo supo el agraviado.”
“Artículo 1803. — El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. ’ ’

El primer señalamiento de error es el de que la corte de distrito incurrió en error al declarar, como uno de los fundamentos en que se basó la sentencia definitiva dictada sobre los méritos, que la demanda no aduce hechos suficien-tes para determinar una causa de acción por aparecer de su faz que la acción establecida se rige por los artículos del Código Civil que acaban de citarse, y, por tanto, que lia pres-crito.

El argumento del apelante toma como punto de partida el artículo 26 de la Ley de Evidencia, el cual es como sigue:

“Artículo 26. — En la interpretación de un estatuto o documento, el ministerio del juez es simplemente averiguar y declarar lo que textualmente y en substancia contiene, no insertar lo que se hubiere omitido, ni omitir lo que se hubiere insertado; y cuando contuviere varias disposiciones o extremos, se adoptará la interpretación que, de ser posible, diere efecto a todos.”

Se alega que puesto que el artículo 277 del Código de Enjuiciamiento Civil, que ha sido transcrito literalmente en el caso No. 1348, de Gierbolini v. Sucesión de Rodríguez, que acaba de fallarse, no habla de culpa al definir lo que cons-tituye una perturbación (nuisance), en este caso no está en-vuelta ninguna cuestión de culpa o ausencia de ésta por parte del municipio demandado.

La alegación como ha sido presentada, presume necesa-riamente que la Legislatura sin tomar en cuenta en abso-luto o prescindiendo deliberadamente de todo precedente y de toda definición anterior y de los elementos de perturba-ción (nuisance) reconocidos universalmente, se resolvió a es-tablecer algo que es enteramente nuevo, a manera de un reme-dio para cualquier molestia o inconveniente personal sufrido por una persona y ocasionado por otra, haciendo caso omiso de los respectivos derechos de las partes como han sido regu-lados y prescritos por los más elementales y fundamentales principios de ley y de justicia. Con sólo enunciar la propo-sición es bastante para refutarla.

“Para que exista una perturbación (nuisance) debe haber una violación de un derecho con arreglo a la ley; o como dice el Sr. Cooley, una mera molestia sin culpa no constituye una perturbación (nui-sanee).” Tomo II, Jaggard on Torts, p. 788, § 242, id. p. 744, § 232, et seq.; Cooley on Torts (2a edición, p. 670, §§ 565 et seq.

La causa de acción del demandante, si alguna tiene, como aparece de la faz de su demanda, surge necesariamente ex-cle-licto. En general, si no siempre, los daños y perjuicios son el punto capital de la violación del dereolio. No es necesa-rio ningún argumento para demostrar la proposición de que una acción por daños y perjuicios es una que se establece para reparar un perjuicio. Y es muy claro que en tanto se trata de la reclamación de daños y perjuicios que resultan de la construcción del muro de contención y terraplén, que es claramente la cuestión fundamental de la presente acción, la acción ha prescrito.

El caso como ha sido presentado elimina prácticamente toda cuestión de responsabilidad por parte del municipio con motivo del alcantarillado o cloaca, y apenas si puede decirse que envuelve ninguna verdadera cuestión para hacer desa-parecer un estorbo o de una perturbación constante. Alguna prueba de daños y perjuicios ocasionados por el manteni-miento continuo de la obstrucción, a diferencia del mero hecho de su construcción hubiera sido un requisito previo indispensable para recobrar daños y perjuicios de acuerdo con la teoría que ha sido sugerida últimamente. No se han pro-bado tales daños.

El cuarto señalamiento se funda en que la corte de dis-trito incurrió en error al declarar probado y alegar como cuarto fundamento de su sentencia que las mejoras fueron hechas por el municipio con el consentimiento expreso del peticionario, apelante en este caso. Sin entrar en detalles, será bastante con decir que la conclusión está ampliamente sostenida por los autos y que, después de un detenido exa-men de toda la prueba, estamos enteramente de acuerdo con la conclusión a que llegó la corte sentenciadora con respecto a este particular.

Si fuera necesario, agregaríamos que si también el juez sentenciador hubiera declarado que los medios de entrada y salida de la propiedad del peticionario se habían' facili-tado y mejorado, y hasta el mismo valor de la propiedad aumentado en vez de perjudicado con la construcción en cues-tión, hubiéramos estado asimismo de acuerdo con esta otra conclusión.

En vista de las circunstancias, cualquier discusión acerca, de los demás señalamientos sería más que superflua.

Debe confirmarse la sentencia.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey; firmando el Juez Presidente Sr. Hernández £< con-forme con la sentencia.”


author: El Juez Asociado Se. Hutchison,

text:
    Gierbolini, Demandante y Apelante, v. Sucesión Rodríguez, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en un recurso sobre injunction.

    No. 1348.
    Resuelto en mayo 18, 1916.
    Servidumbre de Paso — Caminos Privados.— Perturbación o Estorbo (Nuisance).— La interrupción o cierre de un camino privado constituye una perturbación (nuisance) según-el artículo 277 del Código de Enjuiciamiento Civil, por lo que puede establecerse una acción por el dueño de dicho camino o servidumbre de paso con el fin de que cese la perturbación.
    Id. — Paso por Tolerancia o Condescendencia. — Colindantes.—El mero hecho de cerrar un propietario un camino o paso por su propia finca levantando una palizada a través del mismo en su dicha finca que prive a un colindante de entrada y salida a su finca, cuando por mera tolerancia o condescendencia permitió aquél al colindante que usara del camino por algún período de tiempo indefinido, no confiere derecho de acción a dicho colindante.
    Injunction — Perturbación o Estorbo (Nuisance) — Acción Personal. — La ac-ción establecida con el objeto de hacer cesar una supuesta perturbación o estorbo (nuisance) y para que se decrete un auto de injunction conforme al artículo 277 del Código de Enjuiciamiento Civil, es una acción personal y no real.
    Servidumbre de Paso — Acción Personal — Derecho de Propiedad. — La acción personal .para hacer desaparecer la obstrucción de una servidumbre de paso se funda y establece expresamente para proteger y hacer valer un derecho de propiedad, de donde se desprende que si el derecho no es claro la acción tiene que fracasar.
    Los hechos están expresados eu la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Rafael R. Rivera Zayas.

      La demandada no compareció.
   El Juez Asociado Se. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Este no es un procedimiento en solicitud de un interdicto reparador de la Ley Civil, como se define en la ley titulada “Ley proveyendo procedimientos para recobrar la posesión de propiedad inmueble,” aprobada en marzo 13, 1913. Es una acción establecida con el objeto de bacer cesar una su-puesta perturbación o estorbo, y para que se decrete un acto de injunction, de acuerdo con el artículo 277 del Código de Enjuiciamiento Civil, el cual prescribe lo siguiente:

“Todo lo que fuere perjudicial a la salud, indecente u ofensivo' a los sentidos, o que interrumpa el libre uso de la propiedad, de modo> que impida el cómodo goce de la vida o de los bienes, constituye una, perturbación que 'da lugar a una acción. Dicha acción podrá ser promovida por cualquiera persona cuyos bienes hubieren sido per-judicados o cuyo bienestar personal resulte menoscabado por dicha perturbación; y la sentencia podrá ordenar que cese aquélla así como decretar el resarcimiento de los perjuicios.”

Se ba resuelto que la interrupción o cierre de un camino particular constituye una perturbación (nuisance) según el significado de este artículo, y que puede ser establecida una acción por el dueño de dicbo camino o servidumbre de paso, con el fin de que cese tal perturbación (nuisance). Hardin v. Sin Claire, 115 Cal. 460; Franz v. Mendonca, 131 Cal. 205, 146 Cal. 640.

La petición que ha sido presentada en este caso alega,, entre otros particulares, que el demandante es dueño de una. finca rústica que en dicha petición se describe en lindes por el oeste con el río Coamo y tierras de los apelados; que dicha, finca no tiene otra vía de entrada y salida que un camino de uso constante y permanente a través de los terrenos de los apelados por la parte menos perjudicial y de menor distan-cia al camino público; que dicho camino ha existido a bene-ficio de la finca del peticionario, quien lo ha venido pose-yendo y utilizando constantemente con anterioridad al año 1889, y desde fecha ya olvidada; que en el mes de enero de 1914, los apelados sin el consentimiento y contra la voluntad del demandante, procedieron a obstruir dicha vía, constru-yendo sobre la misma una cerca de alambre, la que se nie-gan a remover, a pesar de las reiteradas instancias del deman-dante; que a consecuencia de dicha perturbación (nuisance), el demandante se encuentra privado del libre uso y cómodo goce de su propiedad, en cuanto no puede ejercer amplia-mente las gestiones administrativas que dicha finca requiere sin exponerse a graves perjuicios, no pudiendo extraer de ella, maderas, ganados y demás productos.

Los demandados admitieron lo relativo al cierre del ca-mino, pero negaron la existencia de una servidumbre.

Los hechos esenciales que han sido declarados probados por la corte inferior, son que el demandante es el dueño de la finca que se describe en primer lugar en la petición; que el camino, paso, o sendero que atraviesa la finca del deman-dado había sido usado por muchos años como vía de entrada y salida de la finca del demandante; que dicho camino ha sido cerrado por los apelados como se ha alegado; que el peti-cionario dejó de probar el uso o posesión del camino desde tiempo inmemorial como fué alegado, y, por tanto, que la pretendida adquisición del derecho de servidumbre de paso por prescripción no había sido probada.

La sentencia pronunciada es, en efecto, que la ley y los hechos están en contra del peticionario y a favor de los ape-lados, y que debe declararse sin lugar la demanda sin especial condenación de costas.

El apelante no ataca directamente la corrección de nin-guna de las conclusiones a que llegó la corte inferior, pero in-siste en el hecho de haber apreciado erróneamente dicha corte la naturaleza de la acción y el significado y alcance de cier-tas alegaciones de la demanda y que fué más allá de las cues-tiones envueltas en la discusión al resolver la cuestión de recla-maciones opuestas respecto a los verdaderos derechos de pro-piedad. El razonamiento impugna más bien el criterio del juez sentenciador y los fundamentos qne sirvieron de base a su decisión que la decisión misma. El alegato se funda aparentemente en cierta vaga teoría de que cualquier inter-vención con el uso y disfrute de la propiedad es una pertur-bación (nuisance), prescindiendo tanto de lo que constituye una perturbación, como de todos los derechos de los propie-tarios colindantes, siendo la deducción la de que el mero hecho de cerrar los apelados un camino o paso por su propia finca levantando una palizada a través del mismo en su finca, unido esto a la circunstancia de que la finca colindante del peticio-nario queda por tal motivo privada de su medio habitual de entrada y salida, camino que por mera tolerancia o condes-cendencia se ha permitido que use el peticionario por algún período de tiempo indefinido anterior a dicho cierre, con-fiere un derecho de acción al peticionario. No sabemos de ningún caso en que se sostenga ese criterio como tampoco ningún principio legal que pueda sostenerlo.

Por tanto, si la corte incurrió en error, como se alega, al interpretar la petición en el sentido de que lo que en ella se quiere decir es una intervención en el uso y disfrute de la servidumbre más bien que con el supuesto predio domi-nante, no podemos comprender en absoluto qué perjuicio ha sufrido el apelante con motivo de dicho error. El derecho al paso se funda única y exclusivamente en el supuesto uso inmemorial con anterioridad a la adopción del Código Civil Español. El peticionario dejó de probar por completo el título por prescripción y no existe la más leve prueba, ni la más remota deducción de ninguna de las alegaciones de la petición, respecto a ningún otro posible origen del título o derecho legal de servidumbre.

Estamos enteramente de acuerdo con el apelante en que ésta es más bien' una acción personal que real y para los fines de esta opinión pnede admitirse que la corte inferior cometió error en tanto se inclinó a considerar la presente acción como una oportunidad debida y adecuada para resolver en definitiva la condición de la propiedad en cuestión yendo más allá del punto relativo a si el peticionario había establecido o no prima facie su derecho a un camino por la finca de los apelados y su consiguiente derecho al remedio-que solicitó. Pero la acción personal se funda expresamentey establece para proteger y hacer valer un derecho de pro-piedad. De donde se desprende que si el derecho no es claro,, ia acción tiene que fracasar. Es una cuestión demasiado clara para merecer seria consideración que si el peticionario no-tiene derecho al camino por la finca de los apelados, tampoco-tiene causa de acción contra dichos apelados de acuerdo con el artículo 277 del Código de Enjuiciamiento Civil por razón de cualesquiera hechos que haya alegado en la petición.

No nos interesa ninguna cuestión referente al efecto que pueda tener la sentencia dictada en este caso como res judi-cata en alguna acción real subsiguiente, ni el razonamiento-de la corte sentenciadpra, sino que sólo tenemos que con-siderar el hecho de si examinada la sentencia a la luz de las; alegaciones y conclusiones de hecho, es o no correcta. Con-siderada de tal modo no hay lugar a dudas de ninguna clase en lo oue respecta a la conclusión a que llegó la corte sen-tenciadora.

En el caso de Giménez v. Sucesión Guarch, 11 D. P. R. 69, citado por el apelante, en la sentencia apelada que com-prendía extensas conclusiones de hecho y de derecho se ex-presó en ios siguientes términos:

“La corte entiende que la Sra. Doña Dolores Giménez de Quiñones,, de acuerdo con la concesión del Concejo Municipal de Caguas, tiene derecho a usar el espacio de terreno dejado entre su casa y la de la Sucesión Guarch y Ríos, y que con la fabricación de una exten-sión de esta última casa, se infringen sus derechos.”

La corte al confirmar esa sentencia dijo lo siguiente:

“Como no hay en el récord escrito de exposición de hechos, ert el que conste de modo fehaciente el resultado de las pruebas prac-ticadas en el juicio, debemos estimar que la corte sentenciadora apre-ció debidamente esas pruebas, sin que. por tanto podamos discutir tal apreciación, faltando como nos falta aquel escrito de exposición de hechos que habría de servirnos de base para hacerlo, según repe-tidas resoluciones de esta Corte Suprema.
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“No es real la acción ejercitada, sino personal, y consiste en la perturbación que ha causado la Sucesión G-uarch y Ríos a Doña Dolores Giménez de Quiñones en el cómodo goce de una casa de su pro-piedad, edificando sin derecho alguno y contra lo convenido con el ayuntamiento de Caguas en el callejón que dehe existir entre dicha casa y otra de la Sucesión Guarch y Ríos. ” * * *

En el presente caso los apelados no crearon ningún es-torbo en terrenos que no les pertenecían o a cuyo uso el peti-cionario tenía algún derecho, ni ejecutaron acto alguno, al menos según aparece de la prueba, que no tuvieran perfecto derecho a ejecutar. Es difícil imaginarse nn ejemplo más típico de damnum absque injuria.

De todos modos el caso de Giménez v. Guarch, en tanto puede considerársele como sujeto a la interpretación que pre-tende darle el apelante o que de algún otro modo está en conflicto con los principios generales en los cuales fundamos nuestra decisión en este caso no puede servir de precedente.

No consideramos necesario disentir en sus detalles los varios errores que han sido alegados. Ni era posible llegar a ningún otro resultado lógico tal como el caso fné presen-tado, no siendo perjudiciales cualesquiera errores de menos importancia que hayan podido cometerse.

Debe confirmarse la sentencia.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Presidente Sr. Hernández firmó “conforme con la sentencia.”


author: El Juez Asociado Sr. Aldeey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Villaveitía, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Hnmacao en cansa por infracción a los Reglamentos de Sanidad.
    No. 939.
    Resuelto en mayo 22, 1916.
    Infracción de los Reglamentos de Sanidad — Denuncia Insuficiente — Repara-ción de Edificios. — El imputarse en una acusación el solo hecho de que se reparó un edificio sin presentar al Servicio de Sanidad un plano triplicado de dicha reparación, no constituye infracción al artículo 2o. del Reglamento de Sanidad No. 28, de 8 de septiembre de 1914, pues es necesario alegar además conforme al artículo 20 de djcho reglamento, que el edificio no estaba a prueba de ratas o que la reparación que iba a hacerse era tan extensa que comprendía la remoción de pisos, cielos rasos, etc.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Ramón P. Rodríguez Alberty.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

El artículo 2o. del Reglamento No. 28 de la Sanidad para la construcción y conservación a prueba de ratas de edifi-cios y sus dependencias, dispone que para toda construc-ción deberá presentarse al Servicio de Sanidad un plano por triplicado sin que puedan empezarse dichas obras hasta no ser definitivamente aprobados. Y el artículo 20 dice lo si-guiente :

“Cuando se reconstruyan edificios que no están a prueba de ratas, o se hagan reparaciones en ellos, tan extensas que comprendan la renovación de pisos, cielos rasos, etc., se exigirán los mismos requi-sitos que son aplicables a los edificios de nueva construcción.”

Por la infracción de este artículo 20 fué denunciado y declarado culpable Juan J. Yillaveitía, alegándose que “re-paraba una casa sin haber presentado al Servicio de Sani-dad un plano por triplicado de dicha reparación;” y en el recurso que contra la sentencia estableció el sentenciado, solicita que la revoquemos porque la acusación no le imputó infracción alguna toda vez que no expresa si la casa en cues-tión no estaba a prueba de ratas o que la reparación era ex-tensa e incluía pisos, cielos rasos, etc., a cuya petición se adhirió el Fiscal de este Tribunal Supremo. '

El solo hecho imputado en la acusación al apelante de reparar una casa sin haber presentado al Servicio de Sani-dad un plano triplicado de dicha reparación, no es constitu-tivo de infracción al artículo 20 citado, pues para que tuviera obligación de presentar planos triplicados era necesario que la casa no estuviera a prueba de ratas o que la reparación que iba a hacer fuera tan extensa que comprendiera la reno-vación de pisos, cielos rasos, etc., y, por tanto, para impu-tarle infracción de ese precepto por no haber presentado los planos, era necesario alegar que la reparación se hallaba com-prendida en alguno de los casos a que dicho precepto se re-fiere. No se hizo así, y no se le imputó delito alguno.

La sentencia apelada debe ser revocada y el acusado ab-suelto.

Revocada la sentencia apelada y absuelto el ■ acusado.

Jueces concurrentes :■ Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Pérez, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte ele Distrito de Mayagüez en causa por delito contra la salud pública.
    No. 933.
    Resuelto en mayo 22, 1916.
    Delito Contra la Salud Pública — Salud Pública — Adulteración de Leche— Leche Adulterada — Acusación Suficiente. — La ley de 10 de marzo de 1910 ■ enmendatoria del artículo 337 del Código Penal según quedó enmendado en 1909 no dice cómo puede ser adulterada o diluida la leche, aunque dispone que la adulteración o dilución consiste en no ajustarse la leche al grado legal (standard), por lo que no necesita la acusación exponer la manera cómo fué adulterada.

      Id. — Adulteración de Leche — Depósito de Leche Abierto al Público — Pre-sunción de Tener Leche a la Venta — El solo hecho de tener un depósito jiara dedicarse a la venta de leche abierto al público, es bastante para levan-tar la presunción de que la leehe que en él se encuentra está destinada a la venta, porque tal es el objeto de los depósitos de leehe y, por tanto, no necesita el Fiscal probar que la leehe se anunciaba en venta.
    Id. — Leche Adulterada — Posesión de Leche Adulterada — Distinción Entre Este Caso t el de El Pueblo v. Andino, 21 D. P. B. 225.- — En el caso de JSl Pueblo v. Andino, 21 D. P. B. 225, se declaró que la prueba de posesión no era suficiente en aquel caso por sí sola para establecer la culpabilidad, pero fué porque la leche se había recibido en el depósito precisamente en el momento de llegar el inspector de Sanidad, cuando acababa de vaciarse en el recipiente, por lo que no hubo tiempo material para tener la leehe a la venta.
    Id. — Entrega de Muestra de Leche al Acusado. — No excusa el delito de adul-teración de leehe el que el inspector de Sanidad no entregue una muestra de la leehe que envía al laboratorio para su examen, pues la ley no exige tal requisito.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. Leopoldo Felíu.

    Ahogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Diego Pérez interpuso este recurso de apelación contra sentencia que lo declaró convicto del delito de adulteración de leche mediante acusación en la que se le imputó que en cierta fecha y lugar fraudulenta y maliciosamente tenía y ofrecía en venta, como buena y no adulterada, leche de vaca que estaba adulterada.

El primer motivo en que basa su recurso es que el tribunal inferior cometió error al desestimar la excepción que opuso contra la acusación fundándose en que era insuficiente para imputarle un delito por no expresar en qué consistió la adulteración de la leche.

La ley de 10 de marzo de 1910 enmendatoria del artículo 337 del Código Penal según quedó enmendado en 1909, dis-pone el castigo de toda persona que adulterare o diluyere leche con la intención de ofrecerla en venta, o que causare o permitiera que se ofrezca en venta, y el de la persona que-, adulterada o diluida, la vendiere, ofreciere o tuviere a la venta; consigna también qne se considerará y se tendrá por leche adulterada o diluida aquella que no diere la prueba que se prescribe por las autoridades competentes, las que deberán fijar su grado legal {standard). No dice la ley cómo puede ser adulterada o diluida la leche aunque dispone, como hemos visto, que la adulteración o dilución consiste en no ajustarse la leche al grado legal {standard), por lo que no necesitaba la acusación exponer la manera cómo fué adul-terada.

Los otros dos motivos en que se funda el recurso los con-sideraremos conjuntamente, lo mismo que hace el apelante, porque se refieren a la insuficiencia de la prueba para sos-tener la sentencia condenatoria.

De la prueba resulta que el testigo Magín Moyés, único que declaró respecto a la ocupación de la leche, declaró, entre otras cosas, que el acusado es el dueño del depósito en que ocupó la leche, teniendo encargada de él a una cuñada; que Pérez recibió la leche por la mañana y que cuando por la tarde tomó la muestra de leche que resultó adulterada, de un balde lleno que estaba en la nevera, solamente estaba allí una sobrina del apelante y que éste le dijo después que se informó del hecho que no enviara la muestra al Laboratorio de San Juan a nombre de su sobrina, sino al suyo; porque él se hacía responsable.

A pesar de esta prueba sostiene el apelante que no se ha demostrado que tuviera ese depósito para dedicarse a la venta de leche y mucho menos que la tuviera para su venta al público y que los hechos declarados por Moyés no bastan para probar el delito por el cual se le condenó. Sin embargo, el solo hecho de tener un depósito de leche abierto al público, es bastante para levantar la presunción de que la leche que en él se encuentra está destinada a la venta, porque tal es el objeto de los depósitos de leche y, por tanto, no necesitaba el Fiscal probar que la leche se anunciaba en venta. El caso de Commonwealth v. Rowell, 146 Mass. 128, es similar al pre-sente. Pero sostiene también el apelante que de acuerdo con el caso de El Pueblo v. Andino, 21 D. P. R. 225, la mera pose-sión de leche adulterada no es prueba suficiente de que se tenía para la venta o que se ofrecía en venta, caso que no es aplicable al presente porque si bien en él se declaró- que la prueba de posesión no era suficiente en aquel caso por sí sola para establecer la culpabilidad, fué porque la leche se había recibido en el depósito precisamente en el momento de llegar el inspector de Sanidad, cuando acababa de va-ciarse en el recipiente y salía el carretero con los envases vacíos, hechos que no ocurrieron en el presente caso. En otras palabras: se absolvió entonces, porque no había tiempo material para tener la leche a la venta.

La declaración de Moyés respecto a que el acusado era el dueño del depósito, hecha sin objeción, fué bastante para probar ese extremo sin que fuera necesario presentar la cer-tificación de la licencia expedida por la Sanidad para tener el depósito de leche. Probado, pues, que el apelante era el dueño de tal depósito, no necesitaba el Fiscal probar, como sostiene el apelante, que la persona que se encontraba al cui-dado del depósito en el momento de tomar las muestras de la leche era su empleada. Tenía el acusado un depósito de leche para la venta de este artículo, e importaba poco si la vendía, ofrecía o tenía a la venta por sí mismo, por medio de un empleado, El Pueblo v. Gautier, 20 D. P. R. 332, o por cualquier otra persona que no tuviera tal carácter. Y en cuanto a que el inspector de Sanidad no entregara al acu-sado una muestra de la leche que tomó para enviar al Labora-torio, esto no excusa al delito de que fué declarado culpable el apelante, pues la ley no exige tal requisito.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro y Hutchi-son.

El Juez Presidente Sr. Hernández y Asociado Sr. Aldrey no intervinieron en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Aldkey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Pujols, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Gruayama en causa por incendio malicioso.
    No. 767.
    Resuelto en mayo 26, 1916.
    Alegaciones de Hechos — Insuficiencia.—Las alegaciones de hechos de las partes no son por sí solas bastantes para tenerlas por ciertas y basar en ellas una resolución.
    Incendio Malicioso — Prueba de Indicios — Aseguros bor Cantidad Superior a las Existencias. — Es un grave indicio de culpabilidad de un acusado en causa por delito de incendio malicioso el hecho de asegurar su establecimiento por cantidad superior a las existencias qne tenía y tratar de cobrar cerca de $7,000 como consecuencia del incendio cuando solamente se le quemaron por valor aproximado de $2,000; indicio que se hace más fuerte al tener en cuenta e neste caso que el día antes del incendio el acusado sacó una carre-tada de provisiones del establecimiento, que se encontraron latas abiertas de gasolina junto a una estiba de arroz; que fué visto salir de la tienda en los momentos de empezar el fuego y que impedía el auxilio de la tienda mani-festando que había dentro materias inflamables.
    Nuevo Juicio — Nuevas Pruebas Descubiertas — Prueba Acumulativa — Debida Diligencia. — Es propiamente denegada una moción de nuevo juicio en el particular de nuevas pruebas descubiertas cuando toda ella es acumulativa y carece de la condición de ser descubierta después del juicio. Debe demos-trarse que no pudo ser conocida antes de celebrarse el juicio mediante el ejer-cicio de debida diligencia.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José de Diego.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Aldkey,

emitió la opinión del tribunal.

Juan Pujols fné acusado en 32 de noviembre de 1912 ante el Tribunal de Distrito de Guayama del delito de incen-dio malicioso por liaber pegado fuego en la nocbe del 4 de septiembre de 1912 a la casa de Francisco Roger en la que tenía el acusado su establecimiento mercantil, situada en el pueblo de Aibonito, correspondiente al Distrito Judicial de Guayama. El día antes de presentarse la acusación solicitó Pujols de dicho tribunal qne sobreseyera la cansa fundán-dose en que habían transcurrido más de sesenta días desde su detención sin presentarse acusación contra él y en que no había sido llevado a la presencia de algún juez para que inves-tigase la existencia de causa probable para la detención. Aun cuando no consta en la transcripción la resolución que tuvo esa petición debemos suponer que fue contraria al acusado toda vez que el juicio continuó hasta sentencia; pero como no fué jurada ni consta que se practicara prueba es innecesario que consideremos si, como sostiene Pujols en esta apelación, el juez inferior cometió error al desestimarla ya que las alegacio-nes de hechos de las partes no son por sí solas bastantes para tenerlas por ciertas y basar en ellas nuestra resolución.

En igual situación se halla la excepción que el acusado opuso contra la acusación, fundada en que el Tribunal de Distrito de Gruayama carecía de jurisdicción para conocer del juicio porque tenía pendiente de resolución en el Tribunal de Distrito de Ponce una solicitud de habeas corpus y por-que no había sido llevado ante un juez para investigación de causa probable para su prisión, pues aunque se expresa que se presentaba una declaración jurada para probar algu-los extremos de la objeción, no la encontramos en los autos, ni siquiera constancia de que se presentara.

Pero leyendo el alegato del apelante Pujols se ve que trata muy superficialmente esas cuestiones porque el ver-dadero motivo de su recurso es que la prueba es insuficiente para sostener el veredicto de culpabilidad pronunciado por el jurado y la consiguiente sentencia dictada por el tribunal de distrito. Antes que ésta se dictara solicitó Pujols que se le concediera un nuevo juicio por ser el veredicto contrario a la prueba y contra la resolución que se lo negó y contra la sentencia estableció el presente recurso de ape-lación en el que trata conjuntamente la cuestión de la insu-ficiencia de la prueba.

Sostiene el apelante que la prueba es insuficiente porque siendo circunstancial o de indicios no es de tal naturaleza que produzca la convicción del apelante.

Para probar el Fiscal su acusación presentó testigos por cuyos testimonios puede llegarse a las siguientes conclusiones: que a eso de las 9 de la noche del 4 de septiembre de 1912 un incendio destruyó el establecimiento mercantil del ape-lante y la casa de Francisco Roger en que se hallaba; que la tienda fné cerrada a eso de las seis de la tarde; que hacían pocos meses que el apelante se había establecido habiendo asegurado sus provisiones por la cantidad de $8,000 en el mes do mayo; que cuando en julio o agosto le fné tasado su establecimiento para las contribuciones manifestó al tasa-dor que había provisiones por valor de $10,000 pero según dicho funcionario sólo tenía $5,000, así se lo manifestó y esa fné la cantidad que le fijó; que entonces dijo también al tasador que no tenía libros porque hacía poco que había empezado; que el día antes del incendio envió a un estable-cimiento de La Plata una carreta con provisiones; que según numerosos testigos, cuando el incendio, sólo había en la tienda provisiones por valor aproximado de $2,000; que al acusado se le quemaron los libros pero no la póliza de seguro que guar-daba fuera de la tienda; que pocos días después del incen-dio pasó una nota a la compañía aseguradora reclamándole como existencias destruidas la cantidad de $6,898.72; que el acusado fué visto salir de la tienda en el momento de iniciarse el fuego; que se encontraron cerca de una estiba de arroz dos latas de gas con agujeros para la salida del líquido; que el apelante decía a las personas que trataban de apagar el fuego que no se acercaran porque adentro había gasolina y alcohol; que por su parte nada hizo para sofocar el incen-dio pues por el contrario se retiró del sitio; que cuando se quemaban las puertas caían por ellas atados de planchas de zinc las que según un dependiente suyo estaban colocadas en los lienzos de pared entre las puertas y que días antes del fuego trató de vender varias cajas de latas de gasolina diciendo que lo hacía porque si ocurría un incendio no le paga-rían el aseguro.

Tal es a grandes'rasgos la prueba que sirvió de base al jurado para pronunciar su veredicto de culpabilidad aun-que también el acusado presentó algunos testigos para demos-trar. que sus existencias eran cuando el incendio por valor de $6,000 a $7,000, prueba que el apelante estima insuficiente para declararle culpable.

Reconoce el apelante que las instrucciones del juez al jurado con respecto a las condiciones que lia de reunir la prueba circunstancial o de indicios fueron correctas y nosotros, por el examen que liemos hechos de todas las pruebas, llegamos a la conclusión de que no encontramos motivo para declarar que no sostengan el veredicto del jurado.

No tenemos necesidad de considerar separadamente los distintos indicios que demuestran la culpabilidad del ape-lante porque son tantos y tan poderosos algunos de ellos que sostienen el veredicto dictado contra él. Por ejemplo, el hecho de asegurar su establecimiento por una cantidad muy superior a las existencias que tenía y tratar de cobrar cerca de siete mil pesos como consecuencia del incendio, cuando solamente se le quemaron por valor aproximado de dos mil dólares es un grave indicio de que produjo el incendio para ganar la diferencia; indicio que se hace más fuerte al tener en cuenta que el día antes del incendio sacó una carretada de provisiones, que se encontraron latas abiertas de gaso-lina junto a una estiba de arroz, que fue visto salir de la tienda en los momentos de empezar el fuego y que impedía el auxi-lio de la tienda manifestando que había dentro materias in-flamables.

La moción de nuevo juicio en el particular de nuevas pruebas también fué propiamente denegada porque toda ella es acumulativa y carece en su mayor parte de la condición de ser descubierta después del juicio pues de la declaración del apelante resulta que conocía mucha de ella antes del juicio. Además, no se ha demostrado que no pudiera ser conocida antes de celebrarse el juicio, mediante el ejercicio de debida diligencia. El Pueblo v. Goitía, 5 D. P. R. 248; El Pueblo v. Díaz (a) Martillo, 5 D. P. R. 414; El Pueblo v. Milán, 7 D. P. R. 456; El Pueblo v. Rosado, 16 D. P. R. 434; El Pueblo v. Español, 16 D. P. R. 216 y Delanoy v. Blondet, 22 D. P. R. 235.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no intervino en la reso-lución de este caso.