text:
    Núm. 4.
    El Colegio de Abogados de Puerto Rico, querellante, v. Acosta , etc., querellados.
    Julio 26, 1939.
   Por cuanto, el Colegio de abogados de Puerto Rico radicó que-rella el día 3 del corriente mes solicitando una orden para que mos-traran causas por las cuales no debían ser suspendidos en el 'ejer-cicio de la abogacía por no haber pagado'al querellante las cuotas fijadas por la Ley núm. 43 de 1932, los siguientes abogados: Tomás Acosta Ramis, Ernesto Agostini, Alfredo Arnaldo Jr., Luis A. Ar-chilla Laugier, Obdulio Bauzá González, Aníbal Boneta Colón, Néstor Boneta Colón, Marcilio B. Carrasquillo, Lorenzo Coballes Gan-día, Pedro Nelson Colberg, José Coll Cuchí, Gilberto Concepción de Gracia, José Córdova Rivera, Manuel Cruz Horta, Joaquín Díaz Cruz, Gaspar Encarnación Santana, Angel E. Franco Cabrero, Ernesto Juan Fonfrías, Juan José R. Fuertes, Estrella García Capella, José A. Gautier, Juan Lastra, Manuel Ledesma Dávila, Ernesto Ló-pez Gamio, Samuel Medina Rivera, Ernesto Ortiz Roméu, Mario Or-sini, Fernando Pérez Rejis, Antonio, Pinero Rodríguez, Matías Po-níales, Alfonso Rey, Antonio Rivera Brenes, Francisco Rodriguez Alverio, José M. Rodriguez Bermudez, Pelayo Román Benitez, Antonio Román Benitez, Abelardo Román Font, Víctor Sánchez Fer-nández, José Enrique Segarra, José Soto Rivera, José Suárez Zen-gotita, Consuelo Suria, Esteban Susoni Lens, José M. Terrasa, José M. Toro Nazario, Francisco Torres Aguiar, Miguel Elpidio Vega, Arturo Alfonso Vidal, Salvador Vilella Llovet, José Villaronga Chá-rriez, Luis Villaronga Chárriez y Erasto J. Arjona Siaea;

PoR cuanto, el día 5 de julio corriente este Tribunal autorizó la correspondiente resolución ordenando que el querellante notificara su querella a los demandados y fijando el día 24 del actual para que éstos comparecieran a mostrar causas, si existieren, por virtud de las cuales no se les debía suspender en el ejercicio de la abogacía por no haber pagado las cuotas fijadas por el artículo 9 de la citada Ley núm. 43 de 1932; ■

PoR cuanto, con anterioridad a esta resolución el Colegio quere-llante ha solicitado que se eliminen de la querella y principalmente de los efectos de la resolución de 5 de julio corriente los abogados Tomás Acosta Ramis, Ernesto Agostini, Luis A. Archilla Laugier, Obdulio Bauza González, Aníbal Boneta Colón, Marcilio B. Carras-quillo, Lorenzo Coballes Gandía, Pedro Nelson Colberg, José Coll Cuchí, José Córdova Rivera, Gaspar Encarnación Santana, Angel E. Franco Cabrero, Ernesto Juan Fonfrías, Juan Lastra, Manuel Le-desma Dávila, Ernesto López Gamio, Ernesto Ortiz Roméu, Antonio Piñero Rodríguez, Matías Pomales, Antonio Rivera Brenes, Francisco Rodríguez Alverio, Abelardo Román Font, Víctor Sánchez Fer-nández, José Enrique Segarra, José Soto Rivera, José Suárez Zengo-tita, José M. Terrasa, Francisco Torres Aguiar, Miguel Elpidio Vega, Salvador Vilella Llovet, José Villaronga Chárriez, Luis Villaronga Chárriez, Erasto Arjona Siaca; Néstor Boneta Colón, Estrella García Capella y Fernando Pérez Rejis.

Por tanto, se declaran con lugar las mociones del Colegio para que se eliminen de la querella los abogados mencionados en el pá-rrafo que antecede; y apareciendo que fueron debidamente notifica-dos con la querella y el señalamiento de audiencia y que están por consiguiente en rebeldía los abogados Alfredo Arnaldo Jr., Gilberto Concepción de Gracia, Manuel Cruz Horta, Joaquín Díaz Cruz, Juan José R. Fuertes, José A. Gautier, Samuel Medina Rivera, Mario Or-sini, Alfonso Rey, José M. Rodríguez, Bermúdez, Pelayo Román Benitez, Antonio Román Benitez, Consuelo Suria, Esteban Susoni Lens, José M. Toro Nazario, Arturo Alfonso Vidal, se les suspende hasta nueva orden la licencia a virtud de la cual vienen ejerciendo la abogacía y el notariado en los tribunales insulares, debiendo ser eliminados sus nombres del libro registro de abogados y notarios en ejercicio. El Secretario Repórter notificará esta resolución en la forma acostumbrada a los querellados, al querellante y a las cortes de distrito, quienes a su vez la notificarán a las municipales y de paz de sus territorios respectivos.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Núm._
    Ex parte Currá.
    Noviembre 17, 1939.
   Por los fundamentos consignados en la opinión emitida el día 8 de junio de 1939 en Ex parte Ernesto Jiménez Scmjurjo, peticionario, núm. 3, sobre admisión al ejercicio de la abogacía (ante, pág. 54), se declara sin lugar la solicitud del peticionario para que se le ad-mita al ejercicio de la abogacía sin examen de reválida, y se le au-toriza para que, si así lo desea, tome los próximos exámenes de re-válida en el día, a la hora y bajo las condiciones que este Tribunal fije oportunamente.


text:
    Núm. 7489.
    Fernández, apldo. v. MacLeod, etc., apltes.
    C. D. San Juan.
    Noviembre 22, 1939.
   Por Cuanto, apelada la sentencia dictada por esta Corte en este caso el 29 de marzo de 1938 (52 P.R.R. 899) para ante la Corte de Circuito de Apelaciones para el Primer Circuito, dicha corte el 28 de diciembre de 1938 (101 F. (2d) 20), resolviendo la apelación, or-denó, adjudicó y decretó que “the judgment of the Supreme Court of Puerto Rico is reversed and the case is remanded to that' court ‘for further proceedings in accordance with the opinion passed down this day,” y

Por cuanto, se ha recibido en esta Corte el mandato contentivo de la dicha sentencia de la Corte de Circuito de Apelaciones para el Primer Circuito, que consta unido, a los autos,

Por tanto, se revoca la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan el día 31 de agosto de 1936, y én su lugar se dicta otra desestimando'la demanda, sin'especial condenación de costas.


author: Juez Asociado Sr. Hutchison.)

text:
    Núm. 1055.
    Douglas, recurrente, v. Registrador, recurrido.
    Noviembre 24, 1939.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

PoR CUANTO, el recurrente en su alegato dice:

“El recurrente lia tomado los pasos necesarios para la corrección de los de-fectos que dieron motivo a los fundamentos segundo y tercero de la nota dene-gatoria, es decir, acreditó quiénes oran los miembros de la Sucesión de Eran-cisco Pagan Osores, acompañó la tasación del Tesorero de Puerto Rico- al in-mueble vendido, y también acompañó resolución del Consejo Ejecutivo de Puerto Rico aprobando la venta. Dichos documentos están al presente inscribiéndose en el Registro de la Propiedad de Mayagüez, y tan pronto los mismos estén inscritos presentaremos -ante este Tribunal evidencia de que esos defectos han sido debidamente corregidos. Por tal motivo, limitaremos nuestro argumento a los fundamentos uno y cuatro de la nota denegatoria. ’ ’

Por Cuanto, en el alegato del registrador encontramos las si-guientes manifestaciones:

“Instado recurso de revisión en este caso, el recurrente se limita en su alegato, a discutir los fundamentos marcados con los números 1 y 4 por haber sido ciertamente subsanados, en fecha-posterior, los defectos relacionados bajo los números 2 y 3 de la nota denegatoria.’’

Por Cuanto, en tal virtud tampoco hemos discutido, por enten-derlo innecesario, los fundamentos segundo-y tercero de la nota re-currida. ■

- Por tanto, y por los motivos expresados en nuestra opinión emi-tida en el día de hoy (ante, pág. 665), se revoca la nota recurrida y se ordena la inscripción del documento presentado, siempre que aparezcan ya subsanados en el registro, tal como se desprende de los respectivos alegatos arriba mencionados, los defectos erróneamente clasificados por el registrador como insubsanables en los fundamen-tos segundo-y tercero de dicha nota.


author: Juez Asociado Sr. De Jesús.)

text:
    Núm. 170.
    Montaner, Admor., recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, dmdada., y Torres, etc., peticionarios ante la Comisión.
    Enero 8, 1940.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. De Jesús.)

Por Cuanto, .el abogado Sr. Juan Valldejuli Rodríguez presentó en esta Corte una moción solicitando se fijen sus honorarios por los servicios profesionales prestados á las beneficiarías del obrero en este Tribunal;

PoR cuanto, la referida moción, fue notificada a dichas beneficia-rías, habiéndose señalado el 18 de diciembre pasado para oír a las partes sobre la procedencia de lo solicitado;

PoR cuanto, a la referida audiencia sólo asistió el abogado Sr. Valldejuli, no haciendo lo mismo las beneficiarlas;

Por tanto, oído el peticionario y vistos los autos de este caso, la "Corte fija sus honorarios en la cantidad de $30, habida cuenta de •que se trata de clientes pobres, como es de presumirse siendo bene--.fíeiarias de un obrero, y considerando además la cantidad por él re-cibida por sus servicios prestados ante la Comisión Industrial.


text:
    Núm. 179.
    Montaner, Admor., recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, dmdada., y Maldonado, etc., peticionarios ante la Comisión.
    Enero 16, 1940.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. De Jesús.)

PoR cuanto, el obrero José Antonio Maldonado falleció como con-secuencia de la asfixia producida al caer dentro de una zanja de agua, en la cual trabajaba para su patrono Sucn. J. Serrallés;

PoR cuanto, según el informe médico la muerte de dicho obrero ■fue causada por haber aspirado materias extrañas, las cuales fueron encontradas en sus pulmones y bronquios al practicársele la autopsia;

Por cuanto, la caída de dicho obrero dentro de la zanja fué mo-tivada por un ataque epiléptico sufrido por dicho obrero durante el eurso de su trabajo;

Por tanto, de acuerdo con lo resuelto en esta misma fecha en el «aso núm. 178, Ramón Montaner, etc., v. Comisión Industrial de Puerto Rico, etc. (ante, pág. 900), se confirma la resolución recu-rrida dictada el 18 de julio de 1939 por la Comisión Industrial de Puerto Rico en el caso núm. C. I. 4463, José Antonio Maldonado, ■obrero, Sucn. J. Serrallés, patrono, Fondo del Estado, asegurador.


author: Juez Asociado Sr. Wolf.)

text:
    Núm. 176.
    Montaner, Admor., recurrente, v. Comisión Industrial, dmdada., y Rodríguez, peticionario ante la Comisión.
    Enero 16, 1940.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Wolf.)

Por cuanto, los hechos en .el caso de autos son prácticamente idénticos a los del caso núm. 178, Ramón Montaner, etc., v. Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., resuelto en esta misma fecha (ante, pág. 900), se confirma la resolución recurrida dictada en julio 6, 1939, por la Comisión Industrial de Puerto Rico en el caso núm. G. I. 5695, Julio Rodríguez Zayas, lesionado, Luce & Company, S. en C., patrono, Fondo del Seguro del Estado, asegurador.

G ertioraries:


text:
    Núm. 1184.
    Báez, peticionario, v. Corte, dmdada.
    Julio 29, 1939.
   (Por la Corte, a propuestá del

Juez Asociado Sr. De Jesús.)

Por cuanto, de los autos del caso núm. 7999 sobre desestimación de apelación pendiente en este Tribunal aparece que las cuestiones que se suscitan allí son exactamente las mismas que son objeto de la petición de certiorari en el caso arriba expresado,

Por cuanto, dichas cuestiones deberán ser resueltas en el citado caso 7999,

Por cuanto, resulta además de los autos de este caso que el pe-ticionario no solicitó de la corte inferior la reconsideración de la orden impugnada,

Por tanto, sin prejuzgar las cuestiones suscitadas en este caso, se desestima el recurso, se anula el auto expedido en 6 de junio de 1939, y se ordena que se devuelvan los autos a la corte inferior para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta resolución.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


text:
    Núm. 1192.
    López, peticionario, v. Corte, dmdada.
    Julio 29, 1939.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Wolf.)

Por cuanto, aparece de la petición ante nosotros que Cristóbal Dávila demandó al peticionario Manuel López Fernández en cobro de dinero en la Corte de Distrito de Guayama, pleito Civil núm. 975;

•Por cuanto, una vez dictada sentencia en contra del demandado peticionario la Corte autorizó a la General Cigar Co., Inc., a inter-venir en dicho procedimiento y a presentar demanda en intervención; y concedió a las partes intervenidas diez días para radicar contes-tación a la demanda de intervención;

Por Cuanto, se solicita que se revise la actuación de la corte inferior y se expida auto de certiorari al efecto;

Por cuanto, la orden dictada por la Corte de Distrito de Gua-yama tiene carácter apelable por haber sido dictada después de la sentencia;

Por tanto, no ha lugar al auto solicitado.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.

En los siguientes casos, a propuesta de sus distintos Jueces, el Tribunal declaró no haber lugar a expedir los autos solicitados:

Núms. 1177, 1182, 1187, 1188, 1189, 1190, 1193, 1195, 1197, 1198 y 1201.'

Injunctions:

Núm. 21.

Mandamus:

En el siguiente caso, a propuesta de uno de sus Jueces, el Tribunal declaró no haber lugar a expedir el auto solicitado:

Núm. 336.


text:
    Núm. 155.
    Montaner, Admor., recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, dmdada. y Fuentefría, etc., peticionarias ante la Comisión.
    Junio 24, 1939.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. De Jesús.)

El peticionario Francisco Rebollo solicita reconsideremos nuestra resolución de 16 del actual que literalmente dice así:

“No constando de los autos que el abogado Francisco Kebollo, peticionario, hubiera realizado trabajo alguno en el caso arriba titulado ante esta Corte, no ha lugar.”

Alega el peticionario que si bien no presentó alegato alguno en este tribunal en representación de sus clientes, sin embargo asistió a la vista del caso en apelación e informó oralmente en colaboración con el abogado Virgilio Brunet, representante legal de la apelada Josefina Fuentefría.

Examinada el acta de la vista que se celebró el día 6 de marzo último en el caso arriba expresado, en efecto resulta que el peticio-nario Lie. Rebollo López informó oralmente en representación de sus clientes.

Habida cuenta de que no se radicó alegato alguno por estimarlo él mismo innecesario, y considerando además que se trata de clientes pobres y que dicho peticionario recibirá compensación adecuada por sus servicios ante la Comisión Industrial y ante el Administrador del Fondo del Estado, se declara con lugar la reconsideración solicitada y se fijan sus honorarios por el trabajo realizado en este tribunal en la cantidad de $15.00.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.

Por la Corte, a propuesta de sus distintos Jueces, .se declaró no haber lugar a las reconsideraciones interesadas en los siguientes casos:

Núms. 3 , 8 , 15 , 21 \ 21 , 115 , 178 , 1046 , 1189 , 7592, 7597, 7635, 7653, 7675, 7730, 7766, 7768, 7781, 7804, 7883, 7938, 7939, 8013.

En los siguientes casos, a propuesta de sus distintos Jueces, el Tribunal declaró no haber lugar a los recursos de Revisión inter-puestos :

Núms. 177, 184 y 189.

       Admisión Ejercicio de la Abogacía.

        Impeachment. ■

      Hábeas Corpus.

       Recurso Revisión.

       Recurso Gubernativo.

        Certiorari.


text:
    Núm. 8010.
    Méndez, apldo. v. Lamour, etc., apltes.
    C. D. San Juan.
    Julio 14, 1939.
   Vista la moción que antecede sobre desestimación del presente re-curso con la sola asistencia de la parte apelante, examinado el me-morándum de éste y los casos citados, especialmente el de Hernáiz Targa & Co. v. Vivas, 20 D.P.R. 106, no ha lugar a la desestimación solicitada.

El Juez Asociado Si\ Travieso no intervino.


author: Juez Asociado Sr. Wblf.)

text:
    Núm. 8007.
    Benítez Rexach, etc., apldo. v. Muñoz, etc., apltes.
    C. D. Humacao.
    Junio 24, 1939.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Wblf.)

Por cuanto, por sentencia de esta Corte de 24 de febrero de 1938 se desestimó por frívola la apelación interpuesta por el demandado Domingo Quintana sobre oposición a sustitución de partes demanda-das, nulidad de orden de ejecución y otros extremos, habiéndose por esta Corte impuesto al apelante el pago de las costas en apelación, incluyendo entre ellas la cantidad de $50 por honorarios de abogado;

Por cuanto, devuelto el caso a la Corte de Distrito de Humácao los dichos apelantes presentaron ante la misma varias mociones que fueron todas declaradas sin lugar, y según alega el apelado y pare-cen indicar los autos fueron radicadas con el solo objeto de entor-pecer la ejecución de la resolución de este Tribunal;

Por cuanto, desde la' fecha de la radicación del recurso los ape-lantes no han presentado ningún otro escrito ante esta Corte;

Por tanto, se desestima por falta de gestión y por motivos de frivolidad la apelación establecida en este caso contra resolución dic-tada por la Corte de Distrito de Hnmacao en Abril 22 de 1938. •

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


text:
    Núm. 8052.
    F. Gavilán & Co., aplte. v. L. C. Smith & Corona Type Co., Inc., aplda.
    C. D. San Juan.
    Noviembre 28, 1939.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. De Jesús.)

Por cuanto, en el caso arriba expresado la Corte de Distrito de San Juan dictó sentencia el 6 de abril de 1939 declarando con lugar la demanda y condenando a la demandada F. Gavilán & Co. a pagar cierta cantidad de dinero a la demandante apelada;

Por cuanto, F. Gavilán & Co. interpuso recurso de apelación para ante este Tribunal y con fecha 22 de mayo de 1939 solicitó se ordenase al taquígrafo transcribir la evidencia presentada en el acto del juicio;

Por cuanto, con fecha 9 de junio de 1939 dicha demandada ape-lante solicitó una prórroga de 30 días para perfeccionar su apela-ción, prórroga que venció el 11 de julio último, sin que hasta la fecha haya solicitado nuevas prórrogas ni radicado su apelación ante este Tribunal, conforme aparece de la certificación expedida por el Se-cretario de la Corte de Distrito con fecha 2 de agosto de 1939;

Por cuanto, la demandante apelada solicitó se desestimase la ape-lación por los motivos anteriormente expuestos;

Por cuanto, señalada la vista de la moción de desestimación para el día de ayer, compareció solamente el abogado de la apelada, no haciendo lo mismo el de la apelante;

Por tanto, vistos los autos de este caso y la certificación anterior-mente aludida, se desestima el recurso.


text:
    Núm. 8071.
    Camacho, aplte. v. Valedón, apldo.
    C. D. Ponce.
    Diciembre 5, 1939.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. De Jesús.)

Por Cuanto, en el caso arriba indicado la Corte de Distrito de Ponce, con fecha 9 de octubre de 1934, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda y con lugar la contrademanda establecida por el demandado contrademandante apelado Jorge Valedón;

Por cuanto, la demandante contrademandada apelante apeló de dicha sentencia con fecha 6 de noviembre de 1934, sin que haya ra-dicado exposición del caso o transcripción de evidencia ni solicitado prórroga para ello conforme resulta de la certificación expedida por el Secretario de la Corte de Distrito de Ponce en 26 de septiembre de 1939;

PoR cuanto, el demandado contrademandante apelado ba solici-tado la desestimación del recurso por no haberse perfeccionado en tiempo la apelación;

Pob cuanto, notificadas las partes ninguna de ellas compareció a la vista, quedando sometida la moción;

Por tanto, vistos los autos de este caso, y especialmente la cer-tificación del Secretario de la Corte de Distrito anteriormente alu-dida, se desestima el recurso.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


author: Juez Asociado Sr. Travieso.)

text:
    Núm. 8069.
    Vieta, aplte. v. Alvarez, apldo.
    C. D. Humacao.
    Diciembre 5, 1939.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Travieso.)

Vista ,1a moción de desestimación radicada por el apelado, así como la certificación expedida por el secretario de la Corte de Dis-trito de Humacao, y apareciendo de dichos documentos que desde el día 23 de junio de 1939 en que el apelante radicó su escrito de ape-lación contra una resolución de la Corte de Distrito de Humacao aprobando un memorándum de costas presentado por el demandado apelado, hasta la fecha, el demandante no ha hecho gestión alguna tendiente a perfeccionar su apelación, se accede a lo solicitado y se desestima el recurso.

El Juez Presidente Sr. Del Toro ao intervino.


text:
    Núm. 7944.
    Capier, aplte. v. Sancho Bonet, Tes., apldo.
    C. D. San Juan.
    Diciembre 5, 1939.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Travieso.)

Por cuanto* el 1 de agosto de 1939 esta Corte concedió a la parte apelante una nueva y última prórroga que vencería en 29 de agosto del mismo año para radicar en la Corte de Distrito la transcripción de la evidencia en el caso de autos-;

Por cuanto, la parte apelante d'ejó transcurrir dicho término sin radicar en la corte inferior la transcripción de la evidencia;

Por cuanto, la parte apelada ha radicado un escrito solicitando de nosotros que por la anterior razón desestimemos el recurso de ape-lación interpuesto;

Por cuanto, la parte apelante ha radicado otra moción en que solicita un nuevo y último término de 30 días a contar del 21 de agosto de 1939 para radicar en la corte inferior la transcripción de la evidencia;

■ PoR cuanto, de acceder a lo solicitado por la parte apelante, nues-tra resolución sería académica;

PoR tanto, se accede a lo solicitado por los demandados apelados y en su consecuencia se desestima el recurso de apelación interpuesto.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


text:
    Núm. 8092.
    Ruiz, aplte., v. Orta, aplda.
    C. D. Humacao.
    Enero 8, 1940.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Travieso.)

Vista la moción de la demandada apelada para que se desestime el recurso por haber vencido en noviembre 1, 1939, el término para radicar la transcripción de evidencia y exposición del caso en la Secretaría de este Tribunal Supremo, sin que hasta la fecha se haya radicado;

Por cuanto, de los autos del caso aparece que en noviembre 9 de 1939 la parte apelante radicó en la Secretaría de este Tribunal el legajo de la sentencia, certificado en octubre 30 de 1939 por el secretario de la Corte de Distrito de Humacao, y la Transcrripeión de Evidencia, aprobada en 8 de noviembre, 1939, por el juez sen-tenciador.

No ha lugar a la desestimación solicitada.


author: Juez Presidente Sr. Del Toro.)

text:
    Núm. 8097.
    Rivera, aplte., v. Colón, apldo.
    C. D. San Juan.
    Enero 16, 1940.
   (Pór la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. Del Toro.)

A la moción de la parte apelada solicitando la desestimación del recurso interpuesto en este caso por falta de diligencia en su trami-tación, vista en enero quince con asistencia e informe de los aboga-dos de ambas partes; habiendo en consideración que si bien la tra-mitación se ha dilatado es lo cierto que el taquígrafo declara bajo juramento que sólo le faltan alrededor de treinta páginas para ter-minar la transcripción de la evidencia y que ha recibido ya el im-porte de sus honorarios, no ha lugar, con permiso de reproduciría si dentro de treinta días contados a partir de esta fecha la parte apelante no ha archivado el récord de su apelación en la Secretaría de este Tribunal.


text:
    Núm. 8085.
    Isaac, etc., apldos., v. Isaac, aplte.
    C. D. San Juan.
    Enero 16, 1940.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Wolf.)

Por cuanto, la sentencia en el caso de epígrafe fué dictada el 30 de marzo de 1939 y notificada a las partes el 4 de abril del mismo año;

PoR Cuanto, el demandado apeló para ante este Tribunal Supremo con fecha 4 de mayo de 1939 y solicitó en la corte de dis-trito varias prórrogas para preparar y radicar la transcripción de la evidencia, habiendo vencido la última concedida el 30 de julio del referido año;

PoR cuanto, el apelante no ha hecho desde entonces gestión al-guna para radicar la transcripción de la evidencia ni la transcrip-ción del récord en esta Corte Suprema:

Por tanto, se desestima el recurso por falta de gestión.


author: Juez Presidente Sr. Del Toro,)

text:
    Núm. 8094.
    Sancho Bonet, Tes., dmdte. v. Banco Territorial y Agrícola, etc., apldo. y Schroder, aplte.
    C. D. San Juan.
    Enero 24, 1940.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. Del Toro,)

Por cuanto, la Corte de Distrito de San Juan el 15 de julio de 1936 y en el caso sobre administración judicial núm. 17,493, pen-diente ante ella, declaró sin lugar la solicitud sobre preferencia de créditos que le presentara el interventor Ramón Schroder; y

Por cuanto, apelada que fué por Schroder la resolución de la Corte desde julio 28, 1936, nada ha hecho para perfeccionar el re-curso, motivo por el cual la parte apelada por moción de noviembre-10, 1939, notificada al apelante y vista en enero quince actual, pidió, su desestimación:

Por tanto, de acuerdo con la ley, las reglas y la jurisprudencia-aplicables, se declara la moción con lugar y en su consecuencia se desestima, por abandono, el recurso.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


text:
    Núm. 7889.
    J. González & Co., S. en C., aplada, v. Aponte, aplte., y Falcón, Interventor y aplte.
    C. D. Humacao.
    Junio 1, 1939.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Travieso.)

Por cuanto, la demandante y apelada ha radicado una mociónen que solicita de nosotros que desestimemos los recursos de apela-ción interpuestos en el caso de autos por el demandado y por el in-terventor;

Por cuanto, los fundamentos que se aducen en apoyo de la. des-estimación son, con excepción de uno, los mismos que consideramos: al dictar nuestra resolución del 25 de febrero de 1939 en este misma, caso. Véase J. González & Co. v. Aponte, 54 D.P.R. 391;

Por cuanto, el único fundamento que entonces no se adujo y aliora sí, consiste en que la ‘apelación es frívola, lo cual no surge cía--ramente de los autos;

Por tanto, no alegándose abora nada nuevo que nos haga recti-ficar nuestro criterio, según lo expusimos en la mencionada resolu-^ ción del 25 de febrero de 1939, y siendo de parecer que el recurso no es frívolo, procede declarar sin lugar la moción de desestimación,


text:
    Núm. 7997.
    Méndez, apldo. v. Torres, Etc., apltes.
    C. D. Ponce.
    Junio 6, 1939.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Vistas las dos mociones que anteceden con la asistencia de ambas1 partes, atendidas las circunstancias especiales del caso, se concede' á la parte apelante un nuevo término de diez días, contados desde él día de hoy, para radicar en la corte de .distrito la transcripción de la evidencia a que se contraen dichas. mociones,. y no apareciendo1 claramente frívola la apelación interpuesta contra la resolución que dictó la Corte de Distrito, de Poncé en noviembre. 22, 1938, ni extra7 ordinaria la supuesta falta de.debida diligencia en la tramitación de' dicha apelación, no ha lugar por ahora a la desestimación solicitada.


author: Juez Asociado Sr. Travieso'.)

text:
    Núm. 8028.
    Dávila, apldo. v. Torres, aplte.
    C. D. Ponce.
    Noviembre 7, 1939.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Travieso'.)

Por cuanto, el demandante apelado solicita que de conformidad 1 con la regla 59 del Reglamento de este Tribunal Supremo se 'deses-time por frívolo el recurso de apelación interpuesto por el deman-dado apelante; 1

Por cuanto, las partes estipularon al comenzar el juicioque so, trataba de una reclamación sobre el saldo de una cuenta corriente entre el demandante, como traficante al por mayor en provisiones en general, y el demandado como traficante en provisiones' al detall;

•Por cuanto, la cuestión principal a resolver en este pleito es la-' de si de acuerdo con el inciso 4 del artículo 1867 del Código Civil " de Puerto Rico (ed. de 1930) la acción del demandante está pres-crita; . .

Por cuanto, este Tribunal no há tenido aún oportunidad dé pá-’ sar por sobre la aplicación del referido artículo a-hechos do la nát’u-"' raleza de los que aquí se plantean;

■ Por tanto, se resuelve que la apelación no es frívola y en sti, consecuencia se declara sin lugar la moción de desestimación.


text:
    Núm. 8014.
    Montalvo, aplda. v. Ferrero, etc., aplte.
    C. D. Ponce.
    Noviembre 30, 1939.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Wolf.)

Por cuanto, la apelada solicita la desestimación del recurso, refi-riéndonos al legajo de sentencia y a la transcripción de evidencia ya radicados;

Por cuanto, en una moción de esa índole la parte apelada no ■debe limitarse a bacer una referencia en esa forma, sino que ha de ■exponer dentro de la moción misma las razones por las cuales pro-cede la desestimación del recurso por frívolo:

Por tanto, se declara no haber lugar a la moción solicitada y se ordena se señale el caso definitivamente para vista, no debiendo la apelada en este caso presentar nuevas mociones de desestimación por frivolidad.


text:
    Núm. 8091.
    Vda. de Alicea, aplda. v. Vda. de Pool, aplte.
    C. D. San Juan.
    Enero 9, 1940.
   Vista la moción que antecede, sin asistencia de las partes, exa-minada la misma con la documentación que se acompaña, no exis-tiendo base suficiente en los autos para decidir sobre la cuestión de frivolidad que se suscita, no lia lugar a la desestimación solicitada.


text:
    Núm. 8043.
    Goyco, apldo. v. Gavilán, etc., apltes.
    C. D. Ponce.
    Enero 29, 1940.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Vista la moción que antecede con la sola asistencia de la parte apelada, se desestima por falta de alegato la apelación interpuesta cofitra la sentencia que dictó la Corte de Distrito de Ponce en junio 16, 1938.


text:
    Núm. 7938.
    Hess Klinger, etc., apldos. v. Mestres, Sucn., dmdados. y Mestres, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Junio 6, 1939.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Wolf.)

Por cuanto, se solicita la desestimación del presente recurso por alegada falta de notificación del escrito de apelación a otras partes en el pleito que pudieran ser perjudicadas o afectadas;

Por cuanto, el apelante en su contestación alega que las partes cuya notificación omitióse no son partes interesadas ni necesarias en el procedimiento;

PoR tanto, no estando convencido de los méritos de la moción, se declara la misma sin lugar.


text:
    Núm. 8035.
    Durlach Bros., Inc., apldo. v. Figueroa, etc., apltes.
    C. D. Arecibo.
    Noviembre 27, 1939.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. De Jesús.)

PoR cuanto, el 9 de junio de 1938 la Corte de Distrito de Are-eibo dictó sentencia en el caso arriba expresado declarando con lugar la demanda de tercería interpuesta por Durlacb Bros., Inc.;

PoR cuanto, el 8 de julio siguiente los demandados interpusie-ron recurso de apelación para ante este Tribunal, habiéndose apro-bado por el juez sentenciador la transcripción de evidencia el 31 de mayo de 1939;

PoR cuanto, el 8 de julio de 1939 la demandante en tercería ra-dicó una moción en este Tribunal interesando se desestime la apela-ción por no haberse radicado hasta dicha fecha el legajo de sentencia y transcripción de evidencia, y por el fundamento adicional de ser frívolo el recurso, acompañando a su moción copias certificadas de la sentencia, escrito de apelación y orden aprobatoria de la trans-cripción de evidencia, certificando además el Secretario de la corte inferior que hasta el 4 de noviembre de 1939, fecha de dichas certi-ficaciones, los demandados apelantes no le habían entregado certifi-cación de los documentos constitutivos del legajo de sentencia auto-rizada por los abogados de las partes, ni habían solicitado de dicho funcionario la aludida certificación satisfaciendo los derechos corres-pondientes;

Por cuanto, señalada la vista de dicha moción para el 6 cjel actual sólo compareció la representación de la demandante apelada §• sostener su moción, no asistiendo los demandados apelantes a opo-nerse ;

Por tanto, vista la moción y documentos que se acompañan, de los que aparece que al radicarse aquélla ya había transcurrido con exceso el término legal para perfeccionar el recurso, sin que hasta la fecha lo hayan verificado los apelantes, se desestima la apelación por ese solo fundamento y no por el de frivolidad, toda vez que no se ha acompañado la evidencia que nos permita resolver si el recurso es o no frívolo.


text:
    Núm. 8049.
    González, etc., apldos. v. Hernández, aplte.
    C. D. San Juan.
    Noviembre 28, 1939.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Travieso.)

Vista la moción de desestimación radicada en el caso de autos pol-los demandantes apelados y la certificación expedida por el secreta-rio de la Corte de Distrito de San Juan que la acompaña; oída la parte apelada en la vista del 27 de noviembre actual, a la que no compareció la parte apelante, y apareciendo que se trata de una sen-tencia que-dictó la Cort,e de Distrito.,de San Juan en apelación de una corte municipal, por la suma de $262.14, intereses legales y cos-tas, en favor, de los demandantes, careciendo por tanto esta Corte de jurisdicción para conocer del recurso por razón de la cuantía; visto el inciso segundo del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, edición de 1933, y los casps de Arzuaga v. Muñoz, 55 D.P.R. 106; Espinosa v. P. R. Telephone Co., 40 D.P.R. 518; Gutiérrez v. Díaz, 20 D.P.R. 270, y Nadal v. American R. R. Co., 19 D.P.R. 1080, pro-cede desestimar el recurso, y así se ordena.


text:
    Núm. 8068.
    Miranda, aplte. v. Vega, apldo.
    C. D. San Juan.
    Diciembre 5, 1939.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Vistas lais dos mociones que anteceden sin la asistencia de las partes, apareciendo que el demandante apelante radicó su escrito de apelación en agosto 22, 1939, y apareciendo además que en septiem-bre 14 el juez de distrito declaró sin lugar una moción solicitando una orden para la preparación de una tránscrijieión de la evidencia por haber sido rádicado fuera de tiempo el escrito de apelación, sin que hasta la fecha dicho demandante apelante haya radicado en la secretaría de este Tribunal ningún legajo de sentencia o transcripción de autós, se desestima por abándono'y por falta de jurisdicción la apelación interpuesta contra la sentencia que dictó la corte de distrito de San ’Juan en julio 14, 1939.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


author: Juez Asociado Sí. Wolf).

text:
    Núm. 8100.
    Miranda, apldo. v. Drug Co. of Puerto Rico, etc., aplte. Coballes, apldo. v. Drug .Co. of Puerto Rico, etc., aplte
    C. D. San Juan.
    Enero 16, 1940.
    Núm. 8099.
    C. D. San Juan.
    Enero 16, 1940.
   (Por la Corte, a. propuesta del

Juez Asociado Sí. Wolf).

Por cuanto, en este recurso de tercería la Corte de Distrito -de San Juan dictó sentencia con fecha 10 de enero, 1939, y la misma fue notificada a la demandada, el día 16 del referido mes y año;

Por cuanto, conforme dispone el artículo 19 de la ley para pro-veer el 'procedimiento en los casos de tercería (Código de Enjuicia-miento Civil, ed. de 1933, pág. 115) “contra las sentencias dictadas en los juicios de tercería podrá apelarse en el término de diez días; ’ ’

POR cuaNto, la apelación en este caso no fué interpuesta hasta el 3 de febrero de 1939, o sea, después de haber transcurrido el término estatutario de diez días;

Por tanto, se desestima el recurso por falta de jurisdicción.


text:
    Núm. 8087.
    Fernández, apldo. v. Arroyo, aplte.
    C. D. Humacao.
    Enero 16, 1940.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Wolf.)

Por Cuanto, con fecha 20 de julio de 1939 la Corte de Distrito de Humaeao dictó resolución desestimando la apelación interpuesta para ante ella contra la sentencia dictada por la corte municipal del mismo pueblo;

Por Cuanto, ya este Tribunal ha resuelto que resoluciones de esa índole dictadas por una corte de distrito no son apelables para ante esta Corte (Marxuach v. Aguilar, 20 D.P.R. 157);

Por cuanto, aún si dichas resoluciones fueran apelables la parte apelante ha dejado de elevar el legajo de sentencia dentro del tér-mino de treinta días prescrito por el estatuto;

Por tanto, se desestima la apelación interpuesta contra la refe-rida resolución.


text:
    Núm. 7556.
    Pueblo, apldo. v. Munera, aplte.
    C. D. Ponce.
    Junio 6, 1939.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Por Cuanto, el apelante solicita una revocación de la sentencia apelad^ “porque los hechos alegados en la denuncia por el acusado no constituyen un delito de alteración de la paz y que en modo alguno se perturbó de una manera grosera, maliciosa o impúdica la tranquilidad del vecindario, por lo que es preciso concluir que el delito denunciado no está comprendido en el artículo 368 del Código Penal.”

PoR CUANTO, como fundamento capital para sostener la insufi-ciencia de la denuncia, el apelante se expresa así en su alegato:

"Examinada la acusación se verá que la sola teoría que ella sustenta es la de emplearse lenguaje ofensivo consistente en vocablos groseros en presencia de .mujeres y niños. Para sostener nuestros puntos de vista véase el caso del Pueblo v. Ruiz, 29 D.P.R. 76 y Pueblo v. Pabón, 15 D.P.R. 212. A nuestro juicio este caso es muy similar, si no idéntico y respetuosamente nos permitimos referir a este ílon. Tribunal a las páginas antes mencionadas del tomo antes citado.
"Se ve claramente que el artículo 368 del Código Penal es específico y exi-gente. Invocamos la doctrina sentada por ese Hon. Tribunal en el caso de El Pueblo v. Vaz, 28 D.P.R. 926.
‘ ‘ De una lectura de la acusación en este caso a que se ha hecho referencia resulta claramente que el apelante no obró voluntaria y maliciosamente y que en suma las expresiones usadas por él en el diálogo surgido al ir él a solicitar el cobro de los $25 no son aquellas frases específicas que requiere el artículo 368 del Código Penal, y que las mismas en la forma que constan en la denuneia a que estamos refiriéndonos, no pueden en realidad producir el efecto de alterar la paz de determinada o determinadas personas, pues tal perturbación es lo que constituye la ofensa delictiva."

PoR cuanto, la denuncia imputa al acusado el delito de altera-ción de la paz cometido de la manera siguiente:

"Que en 22 de agosto de 1939, y en el Nuevo Ensanche de Juana Díaz, del Distrito Judicial Municipal dé Ensanche de Juana Díaz, que forma parte del Distrito Judicial de Ponce, P. R., el acusado voluntaria, ilegal y maliciosa-mente y con la intención manifiesta de insultar a la denunciante, como así lo hizo, alteró la paz pública diciéndole a la denunciante: 'Vieja hechicera’, ■‘em-baucadora,’ ‘que le diera $25 porque de lo contrario estaba dispuesto a cualquier cosa.’ Que así siguió por toda la calle frente a la casa de la denunciante y dirigiéndose a ella, o sea la denunciante, le decía: ‘So vieja ladrona, te quieres quedar con lo que no es tuyo.’ Todo dicho en alta voz al alcance del oído de mujeres y niños.”

Por cuanto, los hechos en los casos citados por el apelante eran distintos, siendo más aplicable al presente la doctrina establecida en el caso de Pueblo v. Ways, 29 D.P.R. 334, y apareciendo que la de-nuncia redactada por la denunciante misma, contiene hechos sufi-cientes para constituir el delito imputado' al acusado;

Por tanto, se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Ponce en diciembre 15, 1938.


text:
    Núm. 7726.
    Pueblo, apldo. v. Márquez, aplte.
    C. D. Humacao.
    Junio 16, 1939.
   Por los fundamentos consignados en la opinión emitida en el caso núm. 7669, El Pueblo de Puerto Pico, demandante y apelado, v. Mario Márquez Muñoz, acusado y apelante, resuelto el 13 de junio de 1939 (ante, pág. 102), se revoca la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Humacao el día 20 de diciembre de 1938 y se absuelve al acusado.


author: Juez Asociado Sr. Hutcbison.)

text:
    Núm. 7671.
    Pueblo, apldo. v. Santiago, aplte.
    C. D. San Juan.
    Julio 5, 1939.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutcbison.)

PoR CUANTO, los únicos señalamientos de errores son:

“1. La Corte de Distrito de San Juan erró al admitir el revólver como evi-dencia contra el acusado, sin que hubiese constancia en los autos de que el arma fué ocupada mediante orden de allanamiento.
“2. La Corte de Distrito de San Juan erró al declarar que cualquier prueba, no importa cómo se obtenga, aunque sea hurtada, aunque sea robada, es admi-.sible como prueba. ’

Por Cuanto, durante el juicio ocurrió el siguiente incidente:

“Eiseal: Ofrezco en evidencia el arma.
“Defensa: Antes de que la corte la admita deseamos hacer algunas pre-guntas al testigo.
‘ ‘ Juez: Como no.
“Defensa:
“A. ¿Usted dice que ocupó esa arma dónde?
“T. En la residencia de este acusado.
“A. ¿Cómo ocupó usted esa arma en la residencia del acusado?
“T. La tenía en un ropero.
“A. ¿Pero eómo penetró usted en la casa?
“T. Mediante orden de allanamiento.
“A. ¿Quién expidió esa orden de allanamiento?
“T. La corte municipal.
“A. ¿O sea, el juez de la corte?
“T. Exactamente.
“A. ¿Usted dice que el juez municipal expidió una orden de allanamiento?
“T. Sí, señor.
“A. ¿Y esa orden de allanamiento, dónde está?
“T. Se entregó junto con el revólver.
“A. ¿Y basado en qué fué que el juez municipal expidió esa orden de alla-namiento? ¿Basado en qué?
“T. En declaraciones hechas por detectives . . .
“A. ¿Cómo se hicieron esas declaraciones?
“T. Por escrito y juradas ante el juez.
“A. ¿Y a quién le entregaron ustedes esa orden de allanamiento?
“T. A la corte correspondiente.
“Defensa: Por nuestra parte, nada más.
“Señor Juez, vamos a.oponernos a la admisión de esta arma en evidencia porque no aparece del expediente a virtud de qué autoridad estos funcionarios penetraron a la casa del acusado y ocuparon esa arma, y no se acompaña ni la orden de allanamiento, que debe liaeerse formar parte del legajo del caso, ni se acompañan las declaraciones en las cuales se basó el magistrado' que expidió la orden de allanamiento para registrar la casa de nuestro representado.
“Juez: No, no. Aquí lo que estamos investigando ahora no es si el re-vólver fué ocupado bien o mal; si la policía ocupó bien o mal el revólver, o si se le debe devolver o no. Lo que estamos investigando ahora es si el acusado tenía un revólver sin inscribir.
11 Defensa: Vamos a anotarnos una excepción a la resolución del tribunal porque entendemos que si bien la denuncia es por no tener . . . por tener un arma no inscrita, habiéndose ocupado esta arma en el domicilio del acusado, hay que cumplir con las formalidades de la ley que determinan que para re- . gistrar un domicilio de una persona hay que ir provisto de una orden de alla-namiento y esta orden de allanamiento debe estar basada en, por lo menos, dos' personas que den declaraciones escritas ante el magistrado. Se trata del domi-cilio donde vive este hombre con su mujer y sus hijos y hay que estar provisto . del correspondiente mandamiento para penetrar allí, y después podrán venir las sanciones que la ley disponga. Eso es lo que nosotros entendemos y por consi-guiente tomamos excepción de la resolución del tribunal.
“Juez: Es un principio rudimentario en ley que cualquier prueba, no im-porta cómo se obtenga, aunque sea hurtada, aunque sea robada, es admisible como prueba. El arma es admisible como prueba. Vamos a continuar.
“Riscal: Está pendiente la admisión del revólver.
“Juez: La corte lo admite.”

Por cuanto, el presente caso, atendidas sus circunstancias espe-ciales, se rige por los de Pueblo v. Cerecedo, 21 D.P.R. 56 y Pueblo v. Lebrón, 46 D.P.R. 588, y no por los de Gouled v. Estados Unidos, 255 U. S. 299 y Amos v. Estados Unidos, Id. 313.

POR tanto, se confirma la sentencia que dictó la Corte de Dis-trito de San Juan en enero 10, 1939.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


text:
    Núm. 7767.
    Pueblo, apldo. v. Delestre, aplte.
    C. D. Mayagüez.
    Julio 14, 1939.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Por cuanto, de los autos constan las dos minutas. y sentencia -siguientes: • .

“Minuta. Jueves, 24 de marzo de 1938.
“El fiscal solicita permiso para radicar acusación en.este caso. La corte concede el permiso solicitado y ordena este caso sea radicado en el libro Registro de Causas Criminales de Secretaría. Estando presente el acusado el fiscal soli-cita permiso de la corte para leerle la acusación. La Corte concede el permiso solicitado.
“Interrogado por la Corte sobre la identidad de su nombre y apellido ma-nifestó llamarse José Delestre Bayrón. La Corte le informa que de no ser éste ■su verdadero nombre el proceso seguirá en su contra bajo el nombre por él dado.
“Interrogado por el fiscal manifestó ser natural de Mayagüez, de 18 años •de edad, estado soltero, color blanco, sabe leer y escribir y no paga contribución.
“Leída la acusación y entregada copia de la misma 'al acusado éste Mzo ••alegación de no culpable. La corte señalará el caso oportunamente y fija al láeusado una fianza de $5,000.00 para su libertad provisional . . .
“Minuta. Sábado, 27 de agosto de 1938.
“Comparece el Pueblo de Puerto Rieo, por su fiscal Hon. E. Díaz Viera y •el acusado en persona para hacer alegaciones.
“A petición del acusado, la corte le coneede permiso a éste para retirar su-alegación de no culpable hecha en el acto del arraignment. El acusado retira dieha alegación de no culpable y so deelara culpable del delito que se le imputa.
“La corte, vista la alégaeión de culpabilidad hecha por el acusado, lo de-elara culpable y convicto de un delito de violación téeniea y dieta sentencia condenando a José Delestre Bayrón. a sufrir diez años de presidio con trabajos forzados, abonándosele el tiempo que haya estado preso por esta misma causa y relevándole del pago de las costas por ser insolvente.
“Y se ordena que el sentenciado sea llevado desde esta sala de justicia a la cárcel del distrito y de allí con la rapidez posible al Presidio Departamental de P. R. en la ciudad de Río Piedras, P. R. y allí le sea entregado al jefe de dieha institución para ser en la misma confinado por el término expresado en esta sentencia.
“Sentencia. ■
“Comparece el Pueblo de Puerto Rico por su Hon. fiscal, E. Díaz Viera y el acusado en persona. .
“El acusado solicita permiso de la corte para retirar su alegación de no culpable del delito de violación téeniea ' hecha en el acto del arraignment para declararse culpable' del mismo delito. La corte, vista' la conformidad del Mi-nisterio Riscal, concede el permiso solicitado y deelara a su vez-a dicho acusado culpable y convicto del delito de violación técnica. El. acusado solicitó se dic-tase sentencia en el acto.
“Interrogado dicho convicto si tenía alguna razón legal que aducir por la cual no procediera dictarse sentencia en el acto, manifestó que no. Y no exis-tiendo a juicio' de la corte nadá que impida el pronunciamiento de sentencia, la corte procede a dictarla y la dieta condenando a José Delestre Bayrón por un delito de violación técnica a sufrir diez años de presidio con trabajos forzados, abonándosele el tiempo que haya estado preso por esta misma causa y releván-dole del pago de las costas por ser' insolvente.
“Y se ordena que el■ sentenciado• sea llevado desde esta' Sala de Justicia a la cárcel del distrito y de allí con la rapidez posible, al Presidió Departamental de esta isla, en la ciudad de Río Piedras, y allí le ^ea entregado al jefe de dieha institución para ser en la misma confinado por el término expresado en esta sentencia. Dada en Mayagüez, P. R., a 27 de agosto de 1938.”

; ■ PoR TANTO, celebrada la vista del caso con la sola asistencia del fiscal, atendida la recomendación de éste y de acuerdo .con la doc-trina establecida en el caso de Ex Parte Hernández Laureano, 54 D.P.R. 416, se revoca la sentencia apelada y se devuelve el caso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con la opinión emi-tida en dicbo caso.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


text:
    Núm. 7672.
    Pueblo, apldo. v. Salgado, aplte.
    C. D. San Juan.
    Julio 21, 1939.
   PoR CUANTO, examinada la evidencia practicada en este caso en-contramos que no es suficiente para sostener la sentencia condena-toria dictada:

Pok tanto, se declara con lugar el recurso, se revoca la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan en octubre 4, 1938, y se absuelve al acusado.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


text:
    Núm. 7677.
    Pueblo, apldo. v. Ruiz, aplte.
    C. D. San Juan.
    Julio 21, 1939.
   Por Cuanto, examinada la denuncia se encuentra que no im-puta la comisión del delito por el cual fué castigado el acusado, ya que lo en ella alegado es compatible con el hecho de que los pasajeros transportados lo fueran para ser conducidos finalmente a Carolina, Bayamón u otros pueblos de la isla; y

Por Cuanto, denuncias semejantes fueron declaradas por esta .corte insuficientes en los casos de El Pueblo v. Matos, (ante, pág. 184) y El Pueblo v. Martínez, (ante, pág. 280), resueltos respectiva-mente en junio 24 y julio 14 de este año de 1939, absolviéndose a los acusados:

Por tanto, se declara con lugar el recurso, se revoca la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan en octubre 4, 1938, y se absuelve al acusado.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


text:
    Núm. 7674.
    Pueblo, apldo. v. Carazo, aplte.
    C. D. San Juan.
    Julio 21, 1939.
   Por cuanto, examinada la denuncia se encuentra que no imputa claramente la comisión del- delito por el cual fué castigado el acusado, ya que lo en' ella alegado no obstante expresarse que se montó al pasajero “para conducirlo hacia Santurce” es compatible con el hecho de que caminando en esa dirección el pasajero se tomara ■para llevarlo a Carolina, Bayamón u otro pueblo de la isla; y-

PoR CUANTO, denuncias semejantes fueron declaradas insuficien-tes en los casos de El Pueblo v. Matos (ante, pág. 184) y El Pueblo v. Martínez (ante, pág. 280) decididos respectivamente en junio 24 y julio 14 de este año de 1939, absolviéndose a los acusados; y

Por cuanto, aún cuando la denuncia fuera suficiente, examinada la evidencia no encontramos que lo sea para sostener la sentencia condenatoria dictada:

Por tanto, se declara con lugar el recurso, se revoca la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan en octubre 4, 1938, y se absuelve al acusado.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


text:
    Núm. 7749.
    Pueblo, apldo. v. Lucas, aplte.
    C. D. Ponce.
    Julio 16, 1939.
   Por cuanto, en el caso arriba expresado la denuncia en lo perti-nente dice así:

"El referido acusado Enrique Lucas Caraballo allí y entonces ilegal, volun-taria y maliciosamente, violó la sección 95 de la Ley de la Hon. Comisión de Servicio Público en su orden definitiva prohibiendo el transporte de pasajeros mediante paga . consistente en que el día 15 de octubre de 1938, a las 7: 30 A. M., fué sorprendido por el denunciante en momentos en que manejaba el auto Núm. P-1531.. .transportando por la Avenida Hostos a los pasajeros... mediante paga y en abierta competencia con las guaguas de la Ponce Star Line, que tiene su ruta ya establecida entre Ponce y su Playa y viceversa, y sin que el acusado se hubiera provisto de un certificado de necesidad y conveniencia de la Hon. Comisión de Servicio Público, violando de esta manera la sección 95, etc.”

Por Cuanto, al llamarse el caso a juicio oral el acusado presentó una excepción perentoria a la denuncia por el fundamento de no aducir hechos constitutivos de delito público, la cual fué desestimada por la Corte;

Por Cuanto, examinada la denuncia de este caso, no resulta de ella en qué sitio fueron tomados los pasajeros en cuestión, por lo que puede inferirse fácilmente que el automóvil pudo ser tomado en cualquier otro sitio fuera de la ruta concedida a la Ponce Star Line, por lo que la denuncia no aduce delito público alguno,

Por tanto, vista la ley que se alega infringida y el caso de Pueblo v. Martínez Marichal (ante, pág. 280), resuelto por este Tribunal el 14 de julio de 1939, se declara con lugar el recurso, se desestima la denuncia y se absuelve libremente al acusado.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


text:
    Núm. 7747.
    Pueblo, apldo. v. Ramos Hnos., Inc., etc.
    C. D. Bayamón.
    Julio 29, 1939.
   (Por la Corte, á propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

PoR cuaNto, la denuncia en este caso expone que:

"... Los referidos acusados, ‘Eamos Hermanos, Inc.’ ... y Ángel Eodrí-guez, quien se dedica a la venta ambulante de pan, en el sitio y fecha arriba indicados, voluntaria e ilegalmente exhibían y ofrecían para la venta, y en la guagua Chevrolet tablilla C-821, una cantidad de bollos de pan, cuyo peso co-rrecto debía ser una libra, según lo expresaba un rótulo que llevaba estampado en la envoltura de cada uno de ellos ...”

Por Cuanto, la única prueba tendiente a demostrar que Eamos Hermanos, Inc., era dueña del pan a que se refiere la denuncia consistió en las envolturas, que contenían el nombre de la acusada apelante.

Por cuanto, estamos conformes con la apelante y 'con el Fiscal de esta Corte en que tal prueba era insuficiente para demostrar que era la acusada apelante quien exhibía y ofrecía para la venta el pan falto de peso.

Por tanto, se revoca la sentencia dictada por la Corte de Dis-trito. de Bayamón en marzo 28, 1939, y se absuelve a la acusada apelante Eamos Hermanos, Inc.

El Juez Asociado Sr. Travieso, no intervino.


text:
    Núm. 7675.
    Pueblo, apldo. v. Loubriel, aplte.
    C. D. San Juan.
    Julio 29, 1939.
   Por cuanto, aunque los' hechos desarrollados en este caso son algo diferentes a los envueltos en el caso, de El Pueblo v. Cuevas, 54 D.P.R. 301, sin embargo no encontramos diferencia bastante para distinguir la jurisprudencia sentada en dicho caso,

Por tanto, se revoca la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan en junio 27, 1938, y se absuelve al acusado.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


text:
    Núm. 7140.
    Pueblo, apldo. v. Arroyo, aplte.
    C. D. Ponce.
    Noviembre 17, 1939.
   (Por lá Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Wolf.)

Por cuanto, ésta''es una apelación de una sentencia de la Corte de Distrito de Pónce que condenó ál apelante por un delito de in-fracción al artículo 7 de la Ley núm. 14 de julio 8 de 1936, a cumplir la pena de seis meses de cárcel; '‘ ''

Poe CUANTO, el apelante ha radicado una excepción perentoria a la acusación y de los ocho fundamentos alegados, el primero lee como sigue:

1ro. La acusación no expone en forma alguna el distrito policíaco donde residía el acusado en la fecha en que se cometió el delito.”

Por cuanto, la acusación dice como sigue:

"El referido acusado, allá por el día 30 de diciembre de 1937, y en Yaueo, P. R., que forma parte del Distrito Judicial de Ponce, P. R., ilegal y volunta-riamente tenía en su poder, sin declararlo por escrito al Jefe de la Policía de Yauco un revólver siendo dicho revólver un arma de fuego, con la cual puede causarse grave daño corporal. — Este hecho es contrario a la ley para tal caso prevista y a la paz y dignidad de ‘El Pueblo de Puerto Rico;’ (fdo.) Pedro Rodríguez Serra, Fiscal del Distrito,”

y en la misma no se alega que el acusado residía en el mencionado pueblo de Yauco;

Por Cuanto, en el caso de El Pueblo v. Díaz, resuelto el día de hoy (ante, pág. 629), se resolvió que “La posesión voluntaria e ilegal de un arma de fuego dentro de los límites de un municipio o distrito policíaco, sin haberla declarado al jefe de la policía de tal distrito, no equivale a tura infracción del artículo 7, a menos que el poseedor del arma resida dentro del distrito. La residencia es un elemento esencial del delito”;

Por cuanto, habiendo resuelto que procede el primer funda-mento es innecesario considerar los otros siete;

Por tanto, se declara con lugar la excepción perentoria por el primer fundamento señalado - y se revoca la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Ponce, el día 5 de abril de 1938, y se absuelve al acusado.


text:
    Núm. 7491.
    Pueblo, apldo. v. Suárez, aplte.
    C. D. Bayamón.
    Noviembre 21, 1939.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Travieso.)

Por los fundamentos expuestos por nosotros al resolver los casos dé El Pueblo v. Raimundo Díaz Ocasio, criminal número 7478 (ante, pág. 629), y El Pueblo v. Darío Arroyo Morales, criminal núm. 7140 (ante, pág. 1004), ambos resueltos en. 17 de noviembre de 1939, se revoca la sentencia dictada por la Corte de Distrito de Bayamón en 14 de octubre de 1938 y se absuelve al acusado libremente.


text:
    Núm. 7877.
    Pueblo, apldo. v. Rodríguez, aplte.
    C. D. Bayamón.
    Enero 9, 1940.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Wolf.)

POR cuanto, la Corte de Distrito de Bayamón condenó al acu-sado a seis meses de cárcel por el delito de infracción al artículo 7 de la Ley núm. 14, aprobada en 8 de julio de 1936;

POR cuanto, el acusado apeló de dicha sentencia y señaló origi-nalmente tres errores cometidos por la corte inferior;

POR cuanto, en moción radicada posteriormente el acusado le-vanta la cuestión privilegiada de nó haberse alegado en la acusación el sitio de la residencia del acusado, hecho que hace dicha acusación fatalmente defectuosa;

PoR cuanto, examinada la acusación, de la misma no aparece alegada la residencia del acusado;

Por cuanto, el Fiscal de esta Corte se allana en su informe es-crito a la revocación de la sentencia y a la absolución del acusado:

Por tanto, de acuerdo con la doctrina establecida en el caso de El Pueblo v. Díaz Ocasio, número 7478, resuelto el día 17 de noviem-bre de 1939 (ante, pág. 629), se revoca la sentencia apelada y se absuelve al acusado.


text:
    Núm. 7960.
    Pueblo, apldo. v. Carrero, aplte.
    C. D. San Juan.
    Enero 10, 1940.
   Por los fundamentos consignados en la opinión emitida en el día de hoy en el caso número 7788, El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Gregorio Rodríguez y Santos Ocasio, acusados y apelantes, (ante, pág. 864), infracción al artículo 243 del Código Penal (Libelo), se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan en el presente caso con fecha noviembre 29, 1938.


text:
    Núm. 7678.
    Pueblo, apldo. v. Barreto, aplte.
    C. D. San Juan.
    Junio 20, 1939.
   Por cuanto, en mayo 25, 1939, el Fiscal presentó una moción notificada al abogado del apelante solicitando la desestimación del recurso por falta de jurisdicción basado en que el escrito interpo-niéndolo no fué notificado al Fiscal del Distrito como ordena la ley;

Por cuanto, llamado el caso el 5 de junio siguiente para l,a vista de la moción sólo compareció el Fiscal; y

POR cuanto, apareciendo en efecto que el escrito no fué notifi-cado, la Corte desestimó el recurso el propio día 5 de junio, 1939; y

PoR CUANTO, el apelante tres días después presentó una moción pidiendo la reconsideración de la orden por virtud de la cual se desestimó el recurso, basándose en que el caso era igual al de El Pueblo v. Federico Loubriel, decidido en mayo 31, 1939, (54 D.P.R. 1010), declarando sin lugar la desestimación; y

Poe Cuanto, examinado el caso que se invoca se encuentra que en él se dió el Fiscal por notificado de la transcripción del taquí-grafo firmando al pie de la misma haciendo constar que no había objeción, mientras que en éste sólo aparece, certificado por el pro-pio taquígrafo haber servido copia de la transcripción “al Iíon. Fiscal del Distrito y abogado del acusado, de acuerdo con la ley”, faltando en su consecuencia aquella actuación personal que fué el factor más importante que se tuvo en cuenta para considerar que el fiscal estaba impedido de levantar la cuestión de notificación, ha-biéndose de hecho dado por notificado de algo que llevaba consigo la inferencia de su conocimiento de la debida interposición del recurso:

Por tanto, no ha lugar a la reconsideración solicitada.

El Juez Asociado Sr. Wolf está conforme con el resultado.

Por la Corte, a propuesta de sus distintos Jueces, se declaró no Faber lugar a la reconsideraciones interesadas en los siguientes ca-nos:

Núms. 7582, 7678, 7709, 7844, 7855 y 7962.


text:
    Núm. 7809.
    Pueblo, apldo. v. López, etc., apltes.
    C. D. San Juan.
    Noviembre 14, 1939.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Vista la moción que antecede, examinada la misma así como el. escrito de oposición y no apareciendo claramente frívola la apelación interpuesta contra la “sentencia” que dictó la Corte de Distrito de-San Juan en 13 de mayo de 1939, no lia lugar a la desestimación solicitada.


text:
    Núm. 7750.
    Pueblo, apldo. v. Rodríguez, aplte.
    C. D. Ponce.
    Junio 5, 1939.
   Celebrada hoy la vista de este caso con asistencia de ambas partes,, la parte apelante, por su abogado, urgió la revocación alegando que la sentencia fué dictada sin jurisdicción por haber condenado al apelante sin que éste tuviera la asistencia de abogado. La parte apelada pidió a su vez la desestimación por falta de jurisdicción dé este Tribunal por cuanto el escrito de apelación no fué notificado al fiscal de distrito. El Tribunal, oídos los informes, declaró con lugar la moción del fiscal y eii su consecuencia desestimó el recurso por falta de jurisdicción.


text:
    Núm. 7711.
    Pueblo, apldo. v. Cruz, aplte. Pueblo, apldo. v. Santiago, aplte.
    C. D. San Juan.
    Julio 11, 1939.
    Núm. 7707.
    C. D. San Juan.
    Julio 11, 1939.
   (Por la Corte, a propuesta de sus

Jueces Asociados Sres. Wolf y De Jesús, respectivamente.)

POR cuanto, la vista de este caso en su fondo se señaló para el. día 3 del actual;

POR cuanto, al llamarse el caso comparecieron ambas partes,, presentando en el acto el 'Fiscal de este Tribunal una moción solici-tando que se desestimase el recurso por falta de jurisdicción -en este-Tribunal, toda' vez que el escrito de apelación no había sido notificado-ai Fiscal de Distrito;

POR cuanto, ambas partes fueron oídas acerca de dicha moción y efectivamente resulta de los autos que el escrito de apelación no fué notificado en ningún momento al fiscal de la corte inferior;

PoR cuanto, es éste ’ún" requisito jurisdiccional de acuerdo con el artículo • 350 del Código de Enjuiciamiento Criminal; '

Por tanto, se desestima el recurso por falta de jurisdicción.

351 Juez Asociado Sr.‘ Travieso no intervino.


text:
    Núm. 7714.
    Pueblo, apldo. v. Santiago, aplte.
    C. D. San Juan.
    Julio 13, 1939.
   Vista la moción que antecede con la asistencia de ambas partes y apareciendo que el escrito de apelación no fuera notificado al fiscal de distrito, según taxativamente dispone el artículo 350 del Código de Enjuiciamiento Criminal, por la presente se desestima la ape-lación interpuesta contra la sentencia dictada por la Corte de Dis-trito de San Juan en octubre 26, 1938.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


author: El Juez Presidente Señor Del Tobo

text:
    Thorkil Fog, demandante y apelado, v. Francisco Vázquez Escobar, demandado y apelante.
    Núm. 7898.

    Sometido: Diciembre 7, 1939.

      Resuelto: Enero 31, 1940.

      Antonio Lens Quena, abogado del apelante; Enrique Igaravídez, abo-gado del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

Thorkil Fog demandó en la Corte de Distrito „de Areeibo a Francisco Vázquez Escobar reclamándole mil cincuenta dó-lares por daños y perjuicios.

Alegó en su demanda que allá por los meses de julio y agosto, 1937, tenía arrendada y estaba en posesión de una finca rústica de diez y siete cuerdas y media que describe, habiendo sembrado en ella y siendo dueño de doce cuerdas de piñas.

Que en julio de 1937 convino en vender y entregar antes de agosto siguiente todas las semillas e bijos que produjera la plantación a un precio de diez dólares por.cada mil “slips” y siete por cada mil “suckers” estimando en mil cincuenta dólares el valor de lo que podría recolectar y vender.

Que a fines de la primera semana de agosto, 1937, mien-tras se disponía a la recolección, se personó en la finca Francisco Vázquez, el demandado, y alegando ser su dueño y de lo que en ella estaba sembrado, prohibió al demandante y a sus empleados que procedieran a la misma, acudiendo a él personalmente el demandante el diez de agosto de 1937 y negándose el demandado de nuevo a permitirle la recolección a no ser que aceptara las condiciones onerosas que le impuso para ello, volviendo ese mismo día el demandado a la finca en compañía del Márshal de la Corte de Distrito de Arecibo que lo puso en posesión de la propiedad, impidiéndole de tal modo que recogiera sus semillas e hijos de piñas, teniendo que rescindir el contrato de venta de los mismos, privándolo así de su valor razonable ascendente a mil cincuenta dólares.

Que el derecho de arrendamiento del demandante está inscrito en el Registro de la Propiedad y no expira hasta octubre de 1937 habiendo el demandante pagado los cánones por adelantado hasta esa fecha.

Contestó finalmente el demandado negando que prohi-biera al demandante la recolección de semillas de piña, siendo el demandante el que voluntariamente dejó de hacerlo. Admi-tió que el márshal del distrito lo puso en posesión de la finca pero alegó que dicha posesión no fue material sino simbólica.

Fué el pleito a juicio y la corte lo decidió por su sentencia de abril diez y nueve de 1938 condenando al demandado al pago de parte de la reclamación. Basó su sentencia en la siguiente declaración de hechos probados:

“El demandado remató la propiedad y obtuvo posesión de ella por conducto del Marshal de esta Corte. De la evidencia se concluye que al tiempo de tomar posesión, había en la finca semillas e hijos de piñas (slips and stickers) propiedad del demandante, y que éste in-sistió en que se le permitiera recolectarlos basándose en su contrato inscrito que aún no había expirado. Se desprende del conjunto de la prueba, que el demandado creyó que una vez adquirida la posesión judicial de la finca, el demandante no tenía más derecho que arrancar las plantaciones e irse. El cortar las plantaciones implicaba un gasto adicional al trabajo de sacar las semillas, a cuyo gasto el demandante no estaba obligado. El demandado declaró que él estaba dispuesto a pagar ese gasto, pero no hemos quedado convencidos de ese punto de su declaración. De todos modos, si el demandante se negó a cortar las plantaciones el demandado debió permitirle que extrajera las sé-millas, con mucha más razón, cuando el arrendatario estaba allí a virtud de un contrato inscrito que le permitía disponer de' la finca hasta su terminación, si no realizaba un daño malicioso.
“Aún cuando se desprende que el demandante no fué todo lo diplomático que pudo serlo en la discusión del asunto, estamos con-vencidos que hubo pérdidas innecesarias por cierta ignorancia del demandado en cuanto a los derechos del primero.
“Del conjunto de la evidencia y de algún conocimiento que tene-mos en cuanto a producción de esas clases de plantaciones, entende-mos que la cantidad de semillas e hijos que dice el demandante había en la finca es exagerada; de la misma carta que presentó como prueba sobre la entrega futura de esas semillas a John MI Kohn, se des-prende que él esperaba recolectar mucho menos de las semillas que declaró había en la finca. Además, hay que tener en cuenta que el extraer las semillas implica un gasto y que no todas las plantaciones producen semillas. Creemos también que el precio de las semillas e hijos contenido en la carta firmada por John Kohn fué más bien tentativo para semillas de calidad superior, porque generalmente no es el precio en el mercado para una cosecha general. El testigo que presentó el demandante con cierto carácter pericial, no fué todo lo explícito que es de esperarse para justificar daños exactos, aunque reconocemos que quiso ser veraz como corresponde a una persona que declara bajo juramento. Además, estando para entregar la finca, por el vencimiento del contrato, el demandante no había de hacer los mismos gastos para una buena producción, que en los primeros años. Hay que suponer una cantidad de semillas reducidas, la que quedó en la finca.
“Apreciando la prueba en conjunto y tomando en consideración todas las circunstancias del caso, la Corte entiende que hace justicia declarando la demanda con lugar y condenando al demandado a pa-gar al demandante la suma de trescientos cincuenta dólares y las costas, excluyendo honorarios de abogado.”

Apeló el demandado señalando como errores los cometi-dos a su juicio por la corte de distrito “al considerar, de acuerdo con la prueba presentada, que había causado al de-mandante los daños que se alegan en la demanda,” y “al no tomar como base para los daños las declaraciones prestadas por los testigos del demandante.”

Hemos examinado la prueba y los alegatos y a nuestro juicio la primera sostiene la sentencia.

La parte apelante no asistió a la vista del recurso y la parte apelada pidió que dada su temeridad y la frivolidad de su apelación, debían imponérsele las costas de ésta, incluyendo úna cantidad razonable por concepto de honorarios de abo-gado.

Si bien acabamos de decir que la prueba sostiene la sen-tencia, no podemos concluir de igual modo que se trate de una apelación frívola y de una actuación temeraria por parte del demandado.

El caso está en la línea. La propia corte sentenciadora dijo: “Aún cuando se desprende que el demandante no fue todo lo diplomático que pudo serlo en la discusión del asunto, estamos convencidos que hubo pérdidas innecesarias por cierta ignorancia del demandado en cuanto a los derechos del pri-mero.” Y así es en efecto.

Quizá lo mejor que pudo haber hecho el demandado ái en-terarse del fallo del pleito y de sus fundamentos, hubiera sido acatar la sentencia aunque en su interior no creyera que había causado intencionalmente los perjuicios que se le ordenaba resarcir, ya que la tramitación del recurso debe haberle cos-tado más que el montante de la sentencia, pero no cabe afir-mar que no estuviera en su derecho al invocar la jurisdicción de esta corte para que dijera la última palabra.

No es éste un caso de frivolidad ni de temeridad. Es un caso dudoso en que esta corte defiere a la apreciación de la prueba hecha por la corte de jurisdicción original que estaba en mejores condiciones que ella para juzgarla. Y sobre esa base se resuelve.

Por virtud de todo lo expuesto debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sentencia apelada sin que haya lugar a imponer las costas de la apelación al apelante.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Anastasio y Cristina Escalera Falú, y Petrona Escalera Febre, demandantes y apelados, v. Modesto y Monserrate Escalera Falú, y Fermín, Amalia, Micaela, Zoila, Jacinto, Félix, Isabel y Agustín Calderón y Escalera; y Amparo Calderón, demandados y apelante el sexto (Zoila).
    Núm. 7869.

    Sometido: Diciembre 14, 1939.

      Resuelto: Enero 31, 1940.

      Angel A. Vázquez, abogado de la apelante; E. TL. P. Dottin, abogado de los apelados.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Anastasio Escalera Falú y otros demandaron a Modesto Escalera Falú y otros en la Corte de Distrito de San Juan, pidiéndole que ordenara la venta en pública subasta de cierta finca urbana perteneciente en común y pro indiviso a deman-dantes y demandados.

Contestó y contrademandó una de las demandadas, Zoila Calderón. Fué el pleito a juicio y la corte lo falló decretando la división de la comunidad y la venta en pública subasta de la finca.

No conforme la demandada Calderón, apeló. Señala en su alegato ocho errores, levantando en el primero una cues-tión de jurisdicción, así:

“1. La corte erró al declararse con jurisdicción original en este asunto y al resolver que la alegación por los demandantes del valor de la casa objeto de la división en cantidad menor de $500.00 no pri-vaba al tribunal de autoridad o competencia para conocer del pleito, porque tal alegación no era necesaria.”

En sn relación del caso y opinión dijo la corte sentencia-dora a este respecto:

“Bu la demanda se alega que la casa en litigio tiene un valor ra-zonable de $300, y en la contestación enmendada se acepta este he’cbo como cierto, sin que hubiera evidencia en contrario. Y en su alegato manifiesta ahora la demandada compareciente que la corte carece de jurisdicción para conocer del asunto por razón de la materia o cuantía de la acción, en virtud de que el valor de la casa no excede de $500. Esta corte es una de jurisdicción general, versando el pleito sobre la disolución de la comunidad de bienes, y la alegación del valor ele la casa en cantidad me'nor de $500 no priva al tribunal de autoridad o competencia para conocer del pleito, porque tal alegación no era ne-cesaria. Oronoz v. Román, 26 D.P.R. 25; Lowande v. García, 13 D.P.R. 271.”

El caso de Oronoz v. Román, 26 D.P.R. 25 versó como éste sobre división de comunidad. En la demanda no se fijó el valor de los bienes y el demandado alegó que de ella no surgía que la corte tuviera jurisdicción por razón de la materia. La corte de distrito declaró sin lugar la excepción. Pallado el pleito en favor del demandante, apeló el deman-dado. Por uno de los errores que señalara levantó la cues-tión de jurisdicción indicada y esta corte dijo que la senten-ciadora estuvo acertada “porque siendo la de distrito de Aguadilla una corte de jurisdicción general, no era necesario que se alegara en la demanda el valor de la cosa sobre que versa el pleito para que quedara establecida su autoridad para conocer del mismo. Véase el caso de Lowande v. García, 13 D.P.R. 271, en donde se trata ampliamente esta cues-tión. ’ ’

Quizás sea conveniente agregar que luego el propio de-mandante enmendó su demanda con permiso de la» corte agre-gando que el valor de los bienes era el de tres mil dólares.

T lo resuelto en el caso de Lowande v. García, 13 D.P.R. 271, fué, copiando del resumen, lo que sigue:

“Las cortes de distrito son cortes de jurisdicción general aunque en los pleitos sobre reclamación de dinero y propiedad, están limi-tadas a aquellos casos en que la cuantía excede de quinientos dollars, y las cortes municipales son cortes de jurisdicción limitada; en las primeras, la jurisdicción se presume, cuando no aparece de la de-manda, pero en las segundas, es necesario que la demanda contenga alegaciones tendentes a establecer la jurisdicción de la corte.”

Si en este caso concreto que estamos considerando nada se hubiera alegado en la demanda sobre el valor de los bienes, aplicando la regla de los casos de Lowande y Oronoz, supra, se presumiría la jurisdicción de la corte de distrito, pero habiéndose alegado que el valor de los bienes cuya venta se solicita asciende a trescientos dólares, la falta de juris-dicción por razón de la cuantía, es evidente.

Esta cuestión de jurisdicción fué tratada con alguna ex-tensión en el caso de Pujals Carlo v. Corte, 40 D.P.R. 92, en el que, después de referirse a varias de sus decisiones ante-riores, la corte dijo:

‘‘Existen otras decisiones en igual sentido y bien puede decirse que por un período de más de veinte años, la corte de modo invariable vino interpretando y aplicando la sección 4 de la Ley reorga-nizadora del sistema judicial de Puerto Rico en el sentido de dar énfasis a las palabras ‘todos los asuntos civiles,’ (all civil matters) para interpretar ampliamente las que le siguen ‘basta la suma de 500 dollars,’ {to the amount of five hundred dollars) y así reco-nocer jurisdicción a las cortes municipales en todos los asuntos civi-les en que la cuantía de la reclamación llegara basta quinientos dó-lares. o el interés envuelto fuera valuable o tasable y no excediera de dieba suma, eon las excepc'ones indicadas. García v. Registrador supra, y Valdivieso v. Rivera, supra. Sólo bace un año, en el caso de Colón Caballero, supra, se puso el énfasis en las palabras ‘inte-reses inclusive’ y se restringió el alcance de las que le precedían, limi-tando así la jurisdicción de las cortes munic'pales a reclamaciones de dinero únicamente.
“Sometida abora la cuestión de nuevo a nuestro examen, con el pensamiento fijo en ella, creemos que debe prevalecer la anterior ju-risprudencia convertida en práctica constante por un largo período de tiempo y al amparo de la cual se ban dictado seguramente cientos de sentencias resolviendo asuntos referentes a propiedad inmueble.”

Poco después en González v. Corte, 40 D.P.R. 158, ratificando la jurisprudencia, se resolvió que: “Las cortes muni-cipales tienen jurisdicción en pleitos sobre reivindicación de bienes inmuebles cuando la cuantía de éstos no excediere de quinientos dólares.”

Y más tarde en Porrata v. Caribbean Casualty Co., 42 D.P.R. 856, 857, en Pérez v. Corte, 47 D.P.R. 580, 585, y en Escobar Rosario v. Registrador, 55 D.P.R. 193, 196, se citó el caso con aprobación.

La acción para dividir la cosa poseída en común en un caso como éste en el que no existen menores, no está com-prendida en ninguna de las excepciones reconocidas por la jurisprudencia a la regla general.

En tal virtud no habiéndosenos citado precepto de ley al-guno o jurisprudencia en el sentido de que la jurisdicción de las cortes de distrito para conocer de casos de tal naturaleza sea exclusiva, debe aplicárseles la regla general y aplicada precisa resolver que erró la corte de distrito al declararse con jurisdicción original para-conocer del pleito y resolverlo ya-que el valor de la casa cuya división se solicitaba, era inferior a quinientos dólares. Y careciendo de jurisdicción, todo cuanto en los méritos resolviera dicha corte cae por su base, sin que deba entrarse a considerar si estuvo o no acer-tada en su resolución.

Procede, pues, declarar el recurso con lugar, revocar la sentencia apelada y dictar otra declarando que la corte no tiene jurisdicción para conocer en primera instancia 'del pleito, con las costas pero sin comprender en ellas los hono-rarios de abogado.


text:
    Marcelino González, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., demandada, y Ramón Montaner, Administrador del Fondo del Estado, recurridos.
    Núm. 180.

    Sometido: Diciembre 18, 1939.

      Resuelto: Enero 31, 1940.

      Virgilio Brunei y Miguel A. Casiano, abogados del recurrente; M. León Parra, abogado de la demandada; Son. Procurador General Interino E. Campos del Toro■ y E. de Aldrey, Pro-ciarador General Aiíxiliar, y Victor J. Vidal González, abogado éste del Fondo del Estado, abogados del Administrador del Fondo, recurrido.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

El ocho de septiembre último compareció ante esta Corte Suprema, Marcelino González por medio de sus abogados y expuso que sufrió un accidente mientras trabajaba para su patrono asegurado San Antonio Co.; que fué recluido en la Clínica San José por orden del Asegurador, Fondo del Es-tado; que tuvo allí un encuentro personal con un empleado ‘de la institución y por ese motivo fué expulsado de la misma y privado de su derecho a compensación por el Administrador del Fondo, y que no conforme con la decisión del Adminis-trador, apeló para ante la Comisión Industrial y ésta, después de celebrar una vista, sostuvo en agosto 25, 1938, la resolu-ción del Administrador.

T siguió expresando en su escrito que en septiembre 3, 1938, pidió reconsideración de la resolución de agosto 25, 1938, invocando su derecho a ser hospitalizado dada la condición de su rodilla y a recibir'sus dietas por el tiempo que había estado y estuviere lesionado; que en septiembre 6, 1938, sus aboga-dos radicaron una más amplia moción de reconsideración, presentando ciertas cuestiones de derecho; que en septiembre 8, 1938, la Comisión ordenó al Administrador que recluyera al peticionario en una institución médica; que en septiembre 14, 1938, la propia Comisión ordenó la celebración de una vista para oír las cuestiones de derecho planteádasle, vista que se celebró en enero 4, 1939, sin que la Comisión resolviera dichas cuestiones; que en junio 16, 1939, dicha Comisión de-sestimó la moción de reconsideración por haberse presentado después del término de diez días, y que en junio 24, 1939, so-licitó de la Comisión que dejara sin efecto su resolución de junio 16, 1939, y resolviera el caso en su fondo, a lo que se negó dicho organismo por orden de agosto 24, 1939.

A virtud de todo lo expuesto alega el obrero que la Comi-sión erró al desestimar su moción de reconsideración porque ésta fue presentada el tres de septiembre de 1938 cuando no habían vencido aún los diez días que le concedía la ley y pide en su consecuencia a este tribunal que revise y revoque las resoluciones de la Comisión de junio 16 y agosto 24 de 1939 y le ordene que falle el caso en su fondo.

Todo el problema a resolver estriba pues en si la reconsi-deración se pidió o no en septiembre 3 de 1938, debiendo considerarse la moción de septiembre 6, 1938, como comple-mentaria de la de septiembre 3 y no como la sola y única moción de reconsideración archivada.

Los autos de la Comisión fueron elevados y de ellos re-sulta que en junio 23, 1938, se decidió en efecto por el Admi-nistrador del Fondo del Seguro del Estado en el caso del obrero recurrente lo que sigue:

“Se trata aquí de un obrero que el día 23 de abril de 1938 sufrió un accidente del trabajo consistente en que mientras entablaba el piso eon el fin de colocar cartones conteniendo sombreros iba car-gando una tabla para ponerla en el piso cuando accidentalmente el extremo de ésta le d’ó contra otra carga cercana cayendo el obrero al suelo y golpeándose levemente la región pectoral derecha y la ro-dilla del mismo lado.
“El obrero fué hospitalizado en la Clínica San José del Dr. E. García Cabrera el día 31 de mayo de 1938.
“En esta fecha ha comparecido el Director de dicha Clínica y ha informado a esta Administración que el obre’ro de este caso intro-dujo en la sala de curaciones de dicha Clínica a una señora, esposa o familiar de él por lo que tuvieron que llamarle la atención y orde-narle que saliera de aquel sitio. Parece que' el obrero consideró que había sido delatado por un empleado de la Clínica y al encontrarse con éste lo agredió con el puño en la cara produciéndole lesiones de alguna consideración.
“La actitud asumida por el obrero constituye un acto de indis-ciplina imperdonable y revela la falta de disposición de dich.0 lesio-nado a obedecer debidamente los reglamentos de la institución mé-dica en donde estaba hospitalizado, por lo que el Administrador del Fondo del Seguro del Estado, de acuerdo con las facultades que la Ley le confiere, dispone que este obrero debe ser privado de su derecho a recibir compensación alguna por el aecide’nte sufrido sin perjuicio de que continúe suministrándosele el tratamiento médico adecuado hasta su total restablecimiento.”

Apeló el obrero para ante la Comisión, se celebró una vista a la que compareció el obrero en persona, y en agosto 25, 1938, la Comisión confirmó la resolución del Administrador.

Notificado el obrero el propio día 25 de agosto, 1938, pre-sentó el tres de septiembre siguiente una “Moción de recon-sideración” redactada así:

“El que suscribe, Marcelino González, solicita de la Hon. Comi-sión Industrial la reconsideración de la resolución dictada en agosto 25 de este' año y suplica tanto a la Hon. Comisión Industrial como al Hon. Administrador del Fondo del Seguro del Estado, sea “hospita-lizado, pues el estado de mi pierna continúa en tales condiciones que requiere hospitalización para que la curación sea más rápida y efec-tiva, ... y solicito muy respetuosamente, de esa Hon. Comisión así como del Hon. Administrador del Fondo del Seguro del Estado, que a pesar de que me creo inocente de lo que se me acusó, no obstante, si fuera hospitalizado, probaría mi buena conducta, lo que creo sería suficiente para que por lo menos, se me compensara desde el nuevo ingreso en la clínica.

Y tres días después, o sea en septiembre seis, por medio de sus abogados, archivó otra “Moción de reconsideración” de tres páginas a máquina en la cual se impugnan los fun-damentos de la resolución cuya reconsideración se pide o sea la de agosto 25, 1938, sin que se baga la más leve referencia a la anterior moción de septiembre tres.

La moción de septiembre tres fné resuelta como signe:

“Vista la moción ... la Comisión Industrial Resuelve ordenar al Administrador del Fondo del Seguro del Estado hospitalice al obrero en vista del estado de su pierna, ...”

Nada resolvió sobre pago de compensación. Y con res-pecto a la moción de septiembre seis, ordenó la celebración de una vista para oír a las partes “sobre la cuestión de derecho planteada. ’ ’

Sigue una moción presentada en octubre 18, 1938, y un memorándum en enero 19, 1939. En ambos lo que se suplica a la Comisión es que ordene que se paguen al obrero las dietas semanales desde junio 23 a septiembre 26 de 1938.

Viene entonces la resolución de la Comisión de junio 16, 1939, por virtud de la cual se decidió que no procedía la reconsideración por haberse presentado fuera de término, y la moción del obrero de junio 24, 1939, pidiendo que se deje sin efecto la resolución de junio 16, 1939, y termina el expe-diente.

A nuestro juicio tiene razón el obrero. Aunque la moción de septiembre 3, 1938, redactada sin asistencia de abogado, se presta a interpretaciones y parece que acepta la resolu-ción de la Comisión de agosto 25, 1938, y se acoge a sus tér-minos, es lo cierto que no sólo se titula “de reconsideración” si que expresamente pide “la reconsideración de la resolu-ción” e insiste en su derecho a que se le compense “por lo menos desde el nuevo ingreso en la clínica.” Su tono es de petición de gracia más bien que de reclamación de derecho, pero, eso no obstante, muestra con toda claridad la incon-formidad del obrero y su deseo de que la Comisión resuelva de modo distinto la cuestión envuelta.

El espíritu de la moción del seis de septiembre es el de la reclamación en firme de un derecho de que se cree estar asistido, no por gracia si que por corresponder en ley. Revela al abogado, pero en el fondo pide lo mismo que pidió el obrero en persona en la del tres, a saber, que se le pague la compensación qne le otorga el estatuto, para privarle de la cual se sostiene que no tuvo facultad en ley el Adminis-trador del Fondo del Estado. Y hay que reconocer que el asunto es debatible.

Bajo esas circunstancias, pedida la reconsideración en tiempo, nos parece que aunque la moción de reconsideración que se presentó después no baga referencia a la primera y parezca por sus términos una petición independiente, debe considerarse como complementaria de la primera, constitu-yendo la fecha de ésta el verdadero punto de partida para la computación del término.

Siendo ello así, precisa reconocer que erró la Comisión al negarse a resolver por sus méritos la reconsideración pedídale. Tiene jurisdicción y el asunto debe volver ante ella para que actúe y resuelva la cuestión planteada de acuerdo con los hechos y la ley.


author: El Juez Asociado SeñOR Wole

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Angel Hernández, acusado y apelante.
    Núm. 7988.

    Sometido: Enero 19, 1940.

      Resuelto: Enero 31, 1940.

      Negrón López & Negrón López, abogados del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, ape-lado.
   El Juez Asociado SeñOR Wole

emitió la opinión del tribunal.

En 22 de diciembre, 1938, el Fiscal de la Corte de Dis-trito de Mayagüez presentó una acusación contra Angel Hernández por el delito de escalamiento consistente en baber penetrado en horas de la noche en la casa habitación de Esmeralda Pabón y en haberle hurtado una cadena de oro, valorada en $12.

El acusado hizo primeramente la alegación de inocente, pero más tarde solicitó permiso para retirar su alegación y para declararse culpable del delito de escalamiento en se-gundo grado.

El delito de escalamiento se divide en dos grados. Cuando se comete de noche es escalamiento en primer grado, y cuando se comete de día es escalamiento en segundo grado. La pena máxima para el delito de escalamiento en primer grado es quince años de presidio y para escalamiento en segundo grado es de dos años de cárcel.

El fiscal de la corte de distrito se avino al cambio y más tarde dicha corte de distrito sentenció al acusado a año y medio de cárcel. En apelación el acusado sostiene principal-mente que la pena es excesiva. Los tres señalamientos de error son específicamente como sigue:

“1. — La Hon. Corte de Distrito de Mayagüez cometió error al im-poner al acusado una sentencia de un año y medio de cárcel a pesar de haber confesado el acusado su delito espontáneamente antes de la fecha dd juicio, estimando el acusado y apelante que dicha pena es excesiva y que debe ser modificada (Pueblo v. Liceaga, 36 D.P.R. 443; Pueblo v. Bocanegra, 52 D.P.R. 382).
“2. La Hon. Corte de Distrito de Mayagüez cometió error al no admitir prueba sobre la reputación del acusado.
“3. — La Hon. Corte de Distrito de Mayagüez cometió error al de-clarar sin lugar la moción de reconsideración presentada por el acu-sado y apelante. ’ ’

A un hombre se le acusa de escalamiento en primer grado y se allana a declararse culpable de escalamiento en segundo grado. Este caso es algo distinto a aquél en que el acusado se declara culpable del delito imputádole. Ya el acusado, con la aquiescencia del fiscal, había obtenido una rebaja del posible castigo. Aún sin esto, si la pena máxima para escalamiento en segundo grado, que de por sí es algo leve, es tomada en consideración, no debemos resolver que la corte cometió un abuso de discreción al fijarle la pena de un año y medio de cárcel, cuando la pena máxima es de dos años. Los casos citados no militan contra esta posición. Algunas de las otras cosas que digamos sobre la moción de reconsideración son aplicables a lo ya dicho al discutir el primer señalamiento de error.

En su moción de reconsideración el acusado trató de demostrar lo que él esperaba probar, o sea que el acusado es hermano de la persona de quien se había hurtado la pro-piedad; que el acusado con mucha frecuencia y por razón de su parentesco íntimo con la perjudicada entraba en la casa "de ésta; y que según la declaración de su hermana la acusación fué iniciada para que sirviera de correctivo al hermano.

Cuando la corte se preparaba para dictar sentencia el fiscal solicitó se le permitiera poner a la perjudicada a de-clarar. De su declaración era dudoso saber si el delito se ■cometió de día o de noche. También salieron a relucir algunos de los otros hechos que aparecían en la moción de reconsideración.

De suerte pues, que bajo todas las circunstancias de este caso, se desprende que el acusado, con la ayuda del fiscal, tuvo toda indulgencia, y tomando en consideración todos los hechos, la corte no cometió abuso alguno de discreción.

El segundo error señalado se refiere a que la corte de distrito no permitió prueba sobre la buena reputación del acusado. Esto podría presumirse pero, sea ello como fuere, la cuestión relativa a la buena reputación del acusado puede ser tomada en consideración. Sin embargo, no creemos que es un derecho absoluto del acusado, y el error, de haberlo, no fué perjudicial.

Sentimos cierta simpatía liacia este joven, más criándo-se invocan los procedimientos de nna corte, no es la hermana, ni ninguna otra persona, la que puede determinar el grado-del castigo, sino la corte misma.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Wole

text:
    Antillas Electric Corporation, demandante y apelada, v. Municipio de Arecibo, demandado y apelante.
    Núm. 8115.

    Sometido: Enero 29, 1940.

      Resuelto: Enero 31, 1940.

      Luis Mercader, abogado del apelante; Carlos J. Torres y Armando■ A. Miranda, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

La demandante, Antillas Electric Corporation, presentó una reclamación contra el Municipio de Arecibo en cobro de ciertos efectos eléctricos. La demanda estaba jurada y el demandado, luego de algunas objeciones preliminares, con-testó. La demandante entonces solicitó sentencia sobre las alegaciones, cosa que la corte de distrito concedió en una opinión razonada. El municipio apeló. La demandante soli-cita se desestime el recurso por frívolo.

La apelada presentó fundamentos escritos para la deses-timación del recurso. El demandado no contestó específica-mente la moción para desestimar y la corporación no com-pareció a la vista. Todo lo que el apelante hizo ante este tribunal fué radicar un alegato.

Conforme indicó la corte de distrito, en la demanda se alegó que el demandado en distintas fechas y con órdenes suyas anotadas en sus libros de contabilidad compró a la demandante a base de crédito, materiales eléctricos por valor de $3,743.89, que fueron debida y oportunamente suministrados y aceptados por el municipio; que además de esa alegación, la parte demandante hace un análisis completo de la reclamación y desengloba la suma alegada en distintas partidas con el número de la orden del municipio, de la fecha y de la cantidad objeto de cada partida. Según esta reclamación los materiales fueron entregados desde principios del año 1931 hasta agosto de 1933.

Si el demandado carecía de cualesquiera informes, cosa que probablemente no era así, él pudo haber solicitado un pliego de especificaciones.

Se ataca la suficiencia de la demanda, más convenimos con la corte inferior en que con los anteriores datos la de-mandante presentó un caso prima facie.

La demanda estaba jurada y la contestación del demandado, luego de aducir ciertos hechos, decía lo siguiente:

“Jurado y suscrito ante mí en Arecibo, a 26 de septiembre de 1939 por don Juan Abréu, Alcalde de Arecibo, mayor de edad, a quien conozco personalmente. (Fdo.) Juan Ramírez Vega, Secretario.”

Estamos de acuerdo en que este juramento era insufi-ciente y que la demanda podía considerarse como admitida. Según el artículo 110 del Código de Enjuiciamiento Civil, ■si se jurare la demanda, y en este caso la demanda estaba jurada, la negación de cada alegación impugnada deberá ser específica y el juramento hará constar que los hechos ex-puestos son ciertos. El apelado cita varios casos en apoyo de esta contención, que no creemos necesario mencionar toda vez que la práctica es bien conocida.

No importa cuál sea la regla en otras jurisdicciones, y no estamos convencidos de que exista semejante regla en cualquier otro sitio, nada hay en las leyes de Puerto Rico que exija que un demandante haga constar que existía un fondo especial que sería aplicado a la liquidación de la suma reclamada. Tal aseveración podría tener alguna importancia en la ejecución de la sentencia, pero no impediría a un demandante que asegurara su reclamación obteniendo una sentencia.

En su alegato el apelante sostiene que el demandado es un municipio y alega que la suma adeudada a la demandante se había hecho figurar en el presupuesto del demandado. Esta es una alegación vaga y no impide una sentencia sobre las alegaciones.

No ludíamos una defensa adecuada en los autos y la ape-lación debe ser desestimada por frivola.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Manuel Alvarez Paduvani, acusado y apelante.
    Núm. 7888.

    Sometido: Enero 16, 1940.

      Resuelto: Enero 31, 1940.

      Felipe Colón Díaz, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El acusado apelante fné convicto de nn delito de hurto menor, consistente en que “ilegal, voluntaria y maliciosa-mente penetró en la escuela Walter Me Jones de la referida municipalidad (Yillalba) y sustrajo del cuarto inodoro de la mencionada escuela un lavabo que estaba valorado en diez pesos, $10, que fue vendido por el acusado Manuel Alvarez Paduvani al Sr. Gerardo Torres por la cantidad de cinco pesos, $5, etc.” '

Como base del presente recurso de apelación se alega que ni la Corte Municipal de Juana Díaz ni la Corte de Distrito de Ponce, de acuerdo con los hechos denunciados y la prueba, tenían jurisdicción para conocer del caso. Arguye el ape-lante que los hechos denunciados son constitutivos de un delito de escalamiento; que el fiscal probó un delito de esca-lamiento en primer grado, del cual podía conocer la corte de distrito originalmente, mas no en grado de apelación de la corte municipal.

La prueba aducida por el fiscal demuestra que el acusado es de oficio plomero; que por orden del Director Escolar desmontó el lavabo para hacerle ciertas reparaciones, quedando el lavabo en el mismo cuarto; que entre las doce y una de la .noche, el acusado fué visto por dos testigos cuando salía de la escuela con un lavabo en la ca-beza, bacía la casa de Gerardo Torres; que Gerardo Torres le compró al acusado un lavabo en $5, diciéndole el acusado que se lo había comprado en Juana Díaz a un tal Lafaye; y por último que el lavabo fué encontrado en poder de Torres e identificado por el principal de la escuela, por la numera-ción que en el mismo aparecía, que corresponde a la que aparece en los records.

La prueba de la defensa, consistente en las declaraciones de Lafaye y otro testigo tendía a demostrar que el lavabo encontrado en casa de Torres era el que el acusado le había comprado a Lafaye y no el que faltaba en la escuela.

La evidencia del Pueblo, a la cual dió entero crédito la corte inferior, es a nuestro juicio suficiente para sostener una acusación de hurto menor o de escalamiento. La acusa-ción formulada contra el acusado le imputa claramente un delito de hurto menor. Hay, pues, perfecta congruencia entre la alegación y la prueba.

Es cierto que la prueba de cargo sería también bastante para sostener una acusación por un delito de escalamiento, si en la denuncia se hubiese alegado la comisión de tal delito.

El delito de hurto no es uno de los comprendidos dentro de una acusación por escalamiento. Y el escalamiento queda consumado desde el momento en que una persona penetra en un edificio o estructura con intención de cometer hurto o cualquier delito grave, aun cuando no llegue a realizar el delito que intentó cometer. Son dos delitos tan distintos y separados, que una persona acusada solamente de uno de los dos, no puede ser convicta del otro. Véanse: El Pueblo v. Delgado, 50 D.P.R. 658; People v. Devlin, 143 Cal. 128; People v. Matezuski, 105 P. 425; Bishop’s New Criminal Law, Vol. I, sec. 1062.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.