author: El Juez Asociado Senos. de Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Orlando Pargas, acusado y apelante.
    Núms. 11993, 11994, 11995 y 11996.
    Sometidos: Noviembre 3, 1947.

      Resueltos: Diciembre 3, 1947.

      Celestino Triarte, F. Fernández Cuyar, TI. González Blanes y Eduardo Ortiz Reyes, abogados del apelante; Hon. Procurador General Luis Negrón Fernández y Joaquín Correa Suárez, Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelados.
   El Juez Asociado Senos. de Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué sentenciado por la corte a quo por cuatro delitos de injuria y calumnia. A los efectos del juicio, los casos fueron consolidados y el mismo método se lia seguido ante este Tribunal.

El apelante impugnó, en el acto del juicio, la suficiencia de las denuncias por no exponer un delito público.

En los casos números 11,993 y 11,996' el perjudicado fné el Gobernador Eexford GK Tugwell y en los 11,994 y 11,995 lo fné el Dr. Eafael Arrillaga Torréns. Consideremos, en primer término, los casos números 11,993 y 11,996. Estos se refieren a manifestaciones vertidas públicamente por el apelante en dos mítines políticos celebrados en Bareeloneta el 18 de oetnbre y en'Manatí el 21 de septiembre de 1944, respectivamente. En el primero las palabras en cuestión fueron:

“El Gobernador Tugwell es un bandolero, un bandido, un pillo, porque mientras tiene ocbo automóviles a su disposición con gastos pagos por el Tesoro Insular y gasta y despilfarra $30,000 al año, el pueblo se muere de hambre. ’ ’

En el segundo caso las palabras que se alegan calumniosas fueron las siguientes:

“Desgraciado y bandolero gobernador que tenemos.”

Las secciones 1, 2 y 3 de la Ley núm. 49 Para Definir y Castigar el Delito de Calumnia e Injuria, aprobada el 9 de marzo de 1911 (pág. 172), prescriben:

“Sección 1. — Se entiende por calumnia toda falsa y maliciosa im-putación hecha de palabra y públicamente contra otra persona natural o jurídica, imputándole la comisión de hecho constitutivo de. delito.
“Sección 2. — Entiéndese también por calumnia todo relato (texto español: palabra) (texto inglés: tale) o informe (texto español: concepto) (texto inglés: report) proferido maliciosa y públicamente en deshonra, descrédito, menosprecio de otra persona natural o jurí-dica. (Bastardillas nuestras.) (Materia en paréntesis nuestra.)
“Sección 3. — Se presumirá maliciosa y será calumnia procesable toda expresión calumniosa hecha públicamente en presencia o en au-sencia de la persona agraviada.”

Como se dijo en el caso de Pueblo v. García, 21 D.P.R.163, la expresión que se alega calumniosa debe estar com-prendida en las secciones 1 ó 2 de la Ley, pues de otro modo. no constituirán el delito de injuria y calumnia. Examinemos los dos casos a la luz de este principio.

Decir que el Gobernador Tugwell (caso núm. 11,993) es “un bandolero, un bandido, un pillo”, estando calificadas esas palabras con la frase “porque mientras tiene ocho automó-viles a su disposición con gastos pagos por el Tesoro Insular y gasta y despilfarra $30,000 al año, el pueblo se muere de hambre”, no imputa delito alguno. Cualquier persona que oiga esa manifestación inmediatamente advertirá que se llama “bandolero, bandido y pillo” al Gobernador, no porque haya cometido un delito de hurto u otro cualquiera, sino porque no ha cumplido fielmente con los deberes de su cargo. En el caso de Palou v. Rios, 23 D.P.R. 363, citando con aprobación el de Fawsett v. Clark, 30 Am. Rep. 481, se dijo lo siguiente:

‘ fEn una acción sobre calumnia por palabras algunas de las cuales de ser pronunciadas y entendidas en su sentido ordinario ciertamente que sería motivo de denuncia, el jurado debe considerar, apreciando toda la conversación en conjunto, si las palabras precisas están de tal modo calificadas por las otras partes de la conversación que de-muestren que no fue su objeto expresar la idea que se les daría te-niendo en cuenta su sentido principal y corriente.” (Bastardillas nuestras.)

Y más adelante, citando con aprobación del caso de Bridgman v. Armer, 57 Mo. App. Rep. 528, se dijo lo siguiente:

“ ‘El simplemente llamar ladrón a un hombre es punible, pues imputa un delito grave; pero si aparece que la palabra fué usada como un mero término abusivo y que en 'realidad ella no envolvía una ver-dadera imputación de robo, no hay causa de acción. Por consiguiente, al decir el acusado con respecto al denunciante que “él es un maldito ladrón y lo mismo lo era el padre antes que él” y aparecer luego que las palabras fueron pronunciadas en momentos de coraje y en el curso de la conversación referente al hecho de haberse negado el demandante a devolver cierta suma de dinero que había recibido como albacea, Lord Ellenborough ordenó el sobreseimiento de la causa, por el fundamento de que aparecía claro de toda la conversación que las palabras, según fueron usadas, no imputaban un delito grave. (Citas)’”.

Y en la conocida obra de Martin, L. Newell, titulada The Law of Slander and Libel, (3ra. ed. 1914") pág. 348, se ilustra este principio citando de nn caso inglés en el cual las palabras vertidas fueron: “Tu eres un ladrón porque te apoderaste de mis bestias por medio de una ejecución y yo te ahorcaré.” Se resolvió en aquel caso que dichas palabras no imputaban el delito de hurto. Tampoco están comprendidas dichas fra-ses en la sección 2 de nuestra Ley. Las frases en cuestión, aunque de muy mal gusto, y más perjudiciales para el que las vierte que para la persona contra quien van dirigidas, no dejan de ser una crítica en lenguaje grosero a un funcionario público en relación con el cumplimiento de sus deberes. A este efecto se dijo en el caso de Pueblo v. García, supra, citando con aprobación del caso de Sillars v. Collier, 6 L.R.A. 680:

“ ‘ . Es, una de las infelicidades de la vida pública que un funcionario público tenga por tal motivo que estar sujeto a la crítica y a menudo a injustos comentarios; pero a menos que éstos se exce-dan de los límites fijados por la ley deberán ser tolerados en defensa del mantenimiento de la libertad de la. palabra . . .
“ ‘Pero cuando las palabras vertidas vienen a ser simplemente la opinión del que las profiere, por duro que haya sido el lenguaje en ellas expresado con respecto al carácter del funcionario público se ha resuelto que no pueden establecerse acciones contra las mis-mas. (Citas).1 ”

El caso núm. 11,996 requiere menos consideración. Como hemos indicado, las palabras que se alegan calumniosas fueron: ,

“Desgraciado y bandolero gobernador que tenemos.”

La palabra “desgraciado” no imputa un delito público. La palabra “bandolero”, si bien técnicamente significa “la-drón, salteador de caminos”, en el lenguaje corriente en Puerto Rico tiene, además, otra acepción, la de persona que realiza o es capaz de realizar malas acciones. No tenemos duda de que las palabras “desgraciado y bandolero”, en la forma dichas, son insultantes y abusivas, pero no imputan la comisión de un delito público tomando en consideración las-circunstancias en que fueron vertidas, ni tampoco constituyen, el relato o informe a que se refiere la sección 2.

Erró, a nuestro juicio, la corte inferior al no declarar con lugar la excepción perentoria contra las denuncias en los casos números 11,993 y 11,996.

Consideremos ahora los casos relacionados con el Dr. Rafael Arrillaga Torréns, que son los números 11,994 y 11,995. El primero de éstos se refiere a manifestaciones hechas por el apelante en un mitin político celebrado en Manatí el 21 de. septiembre de 1944 y el segundo a manifestaciones vertidasen otro mitin que tuvo lugar en Barceloneta, el 18 de octubre-' siguiente.

En el caso núm. 11,994 las palabras en cuestión son las. siguientes:

“El Dr. Rafael Arrillaga Torréns, que fué llevado a la Cámara’, de Representantes por la masa del Partido Socialista, traicionó a su Partido. Traidor indecente Arrillaga Torréns.”

Estas palabras no imputan un delito. El delito de traición se comete contra la patria. La traición a que se refiere-el párrafo transcrito, se relaciona con el Partido Socialista. Eliminado ese delito la palabra “traición” sólo imputa que-brantar la fidelidad y lealtad que se debe guardar o tener.

Tampoco están comprendidas dichas palabras en la sección 2 de la Ley, pues no constituyen el relato o informe a que la misma se refiere. Tales palabras sólo exponen la opinión del testigo con respecto a la lealtad del Sr. Arrillaga para con su partido.

En cuanto a este caso (11,994) también erró la corte inferior al no declarar con lugar la excepción perentoria.

Consideremos ahora el caso núm. 11,995. En éste se imputó al Dr. Arrillaga Torréns lo siguiente:

“El Dr. Rafael Arrillaga Torréns, escuchen bien, es un traidor indecente, traicionó a su partido por el estómago y claudicó defrau-dando los ideales de su Partido.”

Las palabras en cuestión no imputan un delito público por las razones expuestas al considerar el caso núm. 11,994, Tpero a nuestro juicio están comprendidas en la sección 2 de 'la Ley, pues al decir que traicionó a su partido “por el estó-mago”, significa en lenguaje vulgar en Puerto Rico que ^cambió sus ideales políticos por haber recibido una dádiva, lo cual sin duda lo expone al menosprecio público. No erró, pues, la corte, al declarar sin lugar la excepción perentoria en cuanto a este último caso núm. 11,995 y habiéndose probado las alegaciones de la denuncia en este caso, no erró la corte inferior al dictar la sentencia apelada.

Por las razones expuestas, procede revocar las sentencias apeladas en los casos 11,993, 11,994 y 11,996 y confirmarla en en el caso núm. 11,995.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Piíksidente SeñoR Tbavieso El Juez Asociado Señor Snydee

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Méndez, acusado y apelante.
    Núm. 11989.
    Sometido: Mayo 1, 1947.

      Resuelto: Junio 27, 1947.

      JE. TI. F. Dottin, abogado del apelante; Eon. Procurador General Iaiís Negrón Fernández, y Joaquín Correa Suárez, Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Piíksidente SeñoR Tbavieso

emitió la opinión del tribunal.

Irma Santiago formuló denuncia contra José Méndez, en la Corte Municipal de San Juan, por abandono de menores, alegando que el acusado era el padre natural de Luz Selenia Santiago, su bija. Celebrado el juicio se dictó sentencia en contra del acusado, y éste apeló para ante la Corte de Dis-trito, la cual le declaró culpable y le condenó a sufrir tres meses de cárcel, disponiéndose que la sentencia quedaría sus-pendida mientras el acusado pasase la suma de $20 semanales para la alimentación de su bija. No conforme con esta sen-tencia, él acusado estableció recurso de apelación para ante este Tribunal el 31 de enero de 1946. El 3 de junio de 1946 y estando pendiente la aprobación de la transcripción de evidencia, el apelante presentó una moción de nuevo juicio ante la corte de distrito, alegando que la sentencia había sido obtenida por medio del perjurio y del fraude de la de-nunciante, Irma Santiago, y do su padre de crianza Sergio Gálvez Díaz y como resultado de la confabulación de estos dos con los testigos Arcilia Vargas de Juarbe, Luz María Ro-dríguez, Sixto Figueroa Martínez y Natalio Robles Córdova. La corte inferior declaró sin lugar la moción de nuevo juicio por que “entendía no tener jurisdicción, ya que, una vez apelado el caso para ante el Tribunal Supremo, la Corte de Distrito de San Juan perdía su jurisdicción,” y además, por-que “si se anula la sentencia dictada para dictar otra, es nece-sario la celebración de otro juicio y las razones aducidas por el acusado para que se anule la sentencia son las mismas razones que el estatuto contempla para la concesión de un nuevo juicio, a saber: prueba descubierta con posterioridad a la celebración del juicio.” De esta resolución, que denegó la moción de nuevo juicio, apela también el acusado.

No creemos necesario hacer un resumen de lo declarado por cada uno de los testigos presentados por el Fiscal y por la defensa. La evidencia, considerada en conjunto, es contradictoria. La corte inferior resolvió el conflicto dando entero crédito a la prueba de cargo. Siendo ésta suficiente para justificar la sentencia y no habiéndose demostrado la existencia de pasión, prejuicio o parcialidad por- parte del juez sentenciador al apreciar dicha prueba, no se lia cometido el error señalado. Pueblo v. Bernabé, 63 D.P.R. 400.

Fn el segundo y tercer señalamientos el acusado alega que se cometió error, primero, al admitir como prueba un documento que se decía título de compra de una casa, escrita de puño y letra de un individuo que no compareció a declarar en juicio, siendo las firmas en dicho papel hechas por él mismo; y, segundo, al permitir que se comparara la fisonomía de una niña de tan poca edad con la del acusado, para demostrar su parecido. -

Durante la celebración del juicio, fué admitido en evidencia un documento escrito por Juan Juarbe, el cual representaba la transacción llevada a cabo por Méndez y Arcilia Vargas de Juarbe en la compraventa de una casa. Dicho documento, según aparece de la prueba de cargo, fué escrito en presencia de Méndez, Arcilia Vargas, Irma Santiago y de los testigos Sixto Figqeroa Martínez y Natalio Robles Córdova, quienes firmaron diclio documento. Hubo suficiente prueba adicio-nal que demostraba la compra de una casa por el acusado para regalársela a Irma Santiago. Esta cuestión lia sido re-suelta por este Tribunal en el caso de Pueblo v. Avilés, 66 D.P.R. 290, donde resolvimos que “no se cometió el error señalado y en cuanto al segundo, aceptando sin resolverlo que la corte errara al admitir en evidencia Las supuestas car-tas del acusado, dicho error no fué perjudicial' pues hubo amplia prueba adicional, a la cual la corte dió crédito, que tendía a probar los mismos hechos a que se referían las cartas, es decir, las relaciones existentes entre el acusado y la denunciante y sus hijos.”

En cuanto a la segunda parte de este señalamiento, tampoco tiene razón el acusado apelante. La prueba de cargo demostró ampliamente que el acusado tuvo relaciones íntimas con la madre de la menor comenzando el 6 de octubre de 1944 y como consecuencia de estas relaciones nació la niña Luz Selenia Santiago el día 30 de junio de 1945, o sea, nueve meses menos seis días a partir de la fecha en que comenzaron las relaciones. Esta prueba fué creída por el juez inferior, el cual concluyó que Méndez es el padre natural de la niña antes mencionada. Siendo esto así, el hecho de que la corte permitiese que se comparara la fisonomía de la niña con la del acusado para demostrar su parecido, no le fué perjudicial al acusado apelante pues, como hemos dicho, hubo prueba, no del parecido entre la niña y el acusado meramente, .sino de que éste era el padre natural de ella y así lo creyó la corte. Además, en el caso de Pueblo v. Pérez, 55 D.P.R. 677, en donde se consideró una cuestión similar a ésta, resolvimos que “la prueba del parecido o del no parecido es admisible en propios casos para ser apreciada por el juzgador — corte o jurado — como un elemento a considerar que no es por sí solo decisivo.

Como quinto señalamiento alega el acusado apelante ■que se cometió error al condenar al acusado a pasar a la niña Luz Selenia Santiago una pensión alimenticia de $20 sema-nales sin tener prueba alguna de las necesidades de la tal menor y a lo que podían montar razonablemente los alimen-tos de dicha menor. No tiene razón el acusado apelante. De .acuerdo con lo dispuesto por el artículo 263 del Código Penal, edición de 1937, la corte tiene facultad para dejar en suspenso la ejecución de la sentencia bajo las condiciones que tenga .a bien imponer para bienestar del niño. En el caso de autos, la corte le impuso al acusado tres meses de cárcel, pero sus-pendió dicha sentencia bajo la condición de que el acusado pasase a su hija natural Luz Selenia Santiago la cantidad ■de $20 semanales. Al suspender la sentencia bajo las condi-ciones ya mencionadas, la corte no hizo otra cosa que ejercer su discreción, según lo autoriza el artículo 263, supra. De la transcripción de evidencia surge que Méndez tiene un sueldo de $300 mensuales; que tiene propiedades inmuebles y además tiene intereses en una ferretería, lo que demuestra que el acusado está en posición de poder pasar a la niña la cantidad fijada por la corte. No se nos ha demostrado ni aparece del récord que la corte inferior abusara de su •discreción al fijar la cantidad de $20 semanales y en ausencia •de demostración a ese efecto entendemos que ejerció sus fa-cultades discrecionales correctamente. No se ha cometido el error señalado.

En su segunda apelación alega el acusado apelante como único señalamiento, que la corte a quo erró al denegar la moción del acusado pidiendo se anule la sentencia que se •dictó contra él.

El acusado apelante solicitó, con fecha 4 de junio de 1946, mediante moción de nuevo juicio, que se anulara y se •dejara sin efecto la sentencia. Acompañaba a esta moción una declaración jurada de Irma Santiago en la cual Irma declaraba que había sido deshonrada el día 6 ó 7 de junio de 1944 por Pedro Rosado Ayala. A.demás, acompañaba a la moción nna certificación del Dr. Emilio Vadi fechada el 23 de junio de 1944, al efecto de qne Irma Santiago había sido desflorada de tiempo no reciente. La corte inferior de-negó la moción de nnevo jiiicio porqne no tenía jurisdicción,, ya qne el caso estaba en apelación para ante este Tribunal desde enero 30 de 1946.

No procede la moción de nnevo juicio después de haberse dictado sentencia. El Código de Enjuiciamiento Criminal, edición de 1935, en su artículo 304, dispone:

"La instancia solicitando nuevo juicio deberá presentarse antes-de dictarse la sentencia.”

En este caso, la moción de nuevo juicio fué presentada tres meses después de haberse dictado sentencia, cuando ya era tarde. La moción fué correctamente denegada. A este respecto véanse: People v. Smink, 288 P. 873; Ex parte Bathurst, 277 P. 201, People v. Egan, 27 P.2d 765; The United States of America v. William F. Smith, District Judge, 331 U.S. 469, resuelto en junio 2,1947.

La sentencia de la corte inferior será confirmada.

EN MOCION DE RECONSIDERACION

Diciembre 3, 1947.

1. Padres e Hijos — Abandono de Menores — Responsabilidad Criminal — Acu-sación o Denuncia — Procedimiento Preliminar a la Iniciación de la Denuncia, — Una denuncia por abandono de menores bajo el artículo 263 del Código Penal, no necesita alegar que previo a la misma al acusado se le hizo un requerimiento formal en solicitud de alimentos y que él negó la paternidad. „ ,

2. Id. — Id.—Id.—Jurisdicción de los Delitos. — El lieelio de que una denuncia por abandono de menores bajo el artículo 263 del Código Penal alegue que el acusado negó la paternidad, informando una fecha posterior a la del supuesto abandono, no constituye un defecto jurisdiccional o falta de he-chos constitutivos de delito.

3. Id. — Id.—En General — Abandono de Menores Como Delito Continuo. — El delito de abandono de menores os uno continuo. La alegación de que el , padre abandonó al menor en fecha anterior a la denuncia debe interpretarse como una al efecto de que el abandono continuó desde esa fecha anterior hasta la fecha de la denuncia.

4. Id. — Id.—Responsabilidad Criminal — Defensas en General — Investigación Preliminar a la Iniciación del Proceso. — En proceso por abandono de menores bajo el artículo 263 del Código Penal, el hecho de que no se cele-

brara la investigación preliminar relativa a la paternidad requerida por la Ley núm. 108 de 1940 (pág. 673) es una defensa que al acusado incumbe levantar y probar.

5. Id. — Id.—Id.—Id.—Edad del Menor. — En proceso por abandono de menores bajo el artículo 263 del Código Penal, el lieclio de que el menor tenga más do 16 años de edad es cuestión de defensa para el acusado alegarla y pro-barla.

6. Derecho Penal — Mociones de Nuevo Juicio y Sobre Suspensión de Sen- ' tencia — Mociones de Nuevo Juicio — Tiempo Oportuno para Presentarlas —Apelado el Caso. — La radicación do una moción solicitando nuevo juicio mientras la apelación del caso esté pendiente, es tardía.

7. Id. — Apelación—Procedimientos para Elevar la Causa y Efecto de los Mismos — Facultades y Procedimientos en la Corte Inferior — Modifica-ción de la Sentencia. — La modificación de la sentencia por motivo de fraudo no puede obtenerse de una corto inferior mientras el caso esté en apelación ante este Tribunal.

8. Sentencias — Remedios en Equidad — Naturaleza del Remedio y Fundamen-tos — Fraude, Perjurio, Colusión u Otra Conducta Impropia — Fraude al Obtener Sentencia. — Si una sentencia fué obtenida o no por fraude prac-ticado sobre la corte sentenciadora y descubierto posteriormente es cuestión para determinarla esa corte y no la de apelación.

El Juez Asociado Señor Snydee

emitió la opinión del tribunal.

El acusado solicita la reconsideración de nuestra opinión y sentencia confirmando su condena por abandono de me-nores, ante, pág. 824. En reconsideración levanta dos cues-tiones por priméra vez, que pueden considerarse conjunta-mente: (1) la corte municipal carecía de jurisdicción para conocer del caso; (2) la denuncia no aduce heelios consti-tutivos de delito.

La denuncia se formuló el 10 de octubre de 1945 por Irma Santiago, madre de la menor, e imputaba “que en 30 de julio de 1945 ... el referido acusado . . . allí y entonces, ilegal, voluntaria y maliciosamente . . . tiene én completo es-tádo de abandono a su bija natural menor de edad llamada Luz Selenia, cuya paternidad su padre fia negado en el día de hoy . . (Bastardillas nuestras).

El apelante se basa en nuestros casos que resuelven que el mero abandono de un hijo menor ilegítimo, por sí sólo, no constituye delito bajo la Ley núm. 108, Leyes de Puerto Pico, 1940; que el requerimiento formal para qne cumpla sus obli-gaciones con el menor es una condición precedente a la-de-nuneia por infracción a la Ley núm. 108; que la causa de acción surge al abandonarse el menor después de hacerse el requerimiento; y que la corte municipal carece de jurisdicción para conocer de un caso en el que no se ha hecho el requeri-miento'. Pueblo y. Lamboy, 59 D.P.R. 174; Pueblo v. Olavarrieta, 59 D.P.R. 736; Pueblo y. Emanuelli, 61 D.P.R. 209; Pueblo v. Ramos, 61 D.P.R. 333.

El argumento del acusado es técnico en extremo. Está predicado'en el hecho de que después que la denuncia alega que se cometió el- delito de abahdono el 30 de julio de 1945, continúa alegando que no se negó la paternidad hasta el 10 de octubre de 1945, fecha de la denuncia. Arguye que el de-lito establecido en la Ley núm. 108, en su consecuencia, sólo se podía cometer después del 10 de' octubre, y por ende, que la denuncia es fatalmente defectuosa ya que imputa única-mente el abandono en una feehá anterior, 30 de julio de 1945, y no abandono alguno después del 10 de octubre.

Quizá el apelante hubiera tenido derecho, previa solicitud, a un pliego de particulares sobre este punto. Pero nunca levantó esta cuestión en la corte municipal, en la de distrito ‘o en este Tribunal, hasta que radicó su moción de reconside-ración. Hemos resuelto en Pueblo v. Emanuelli, supra, pág. 211, que no es necesario alegar que se hizo el requerimiento formal en solicitud de alimentos y que el acusado negó la paternidad. En su consecuencia, si la denuncia nada hubiera dicho en cuanto, a dicho requerimiento o en cuanto a la nega-tiva de la paternidad, y hubiera simplemente alegado el aban-dono en julio, tal denuncia no hubiera estado sujeta a una moción para desestimar por falta de jurisdicción o por falta de hechos constitutivos de delito. Y si durante el juicio con motivo de dicha denuncia, la prueba demostró que el aban-dono ocurrió en octubre y no en julio, como se alegó en la misma, de ordinario el acusado no tendría motivo para que-jarse. Véase Pueblo v. Díaz, 61 D.P.R. 696.

El hecho de que la denuncia en este caso, suscrita por un lego, innecesariamente alegara de modo afirmativo que el acusado había negado la paternidad, informando una fecha posterior a la del supuesto abandono, no debe, según nuestro criterio, constituir un defecto jurisdiccional o falta de hechos constitutivos de delito. Parece ser materia de sentido común en esta clase de casos interpretar una alegación al efecto de que el padre había abandonado a su hija el 30 de julio de 1945, como una alegación de que el abandono había continuado hasta el 10 de octubre de 1945, fecha de la denuncia.

Bajo todas las circunstancias, somos de opinión que la denuncia puede razonablemente interpretarse en el sentido de que alega que el acusado ha dejado de mantener a su hija desde julio 30, 1945. Así interpretada, la denuncia expuso hechos constitutivos de delito y la corte municipal tenía ju-risdicción para conocer del caso.

Al impugnar la jurisdicción de la corte municipal, el apelante también sostiene: (1) el récord no demuestra que la vista sobre el requerimiento formal para alimentos fuera de hecho celebrada, que el acusado no compareciera a la misma o que negara la paternidad; (2) la denuncia no alega que la menor tuviera menos de 16 años. En cuanto al fundamento (1), como hemos visto en el caso de Emanuelli a la pág. 212, el no haberse llevado a cabo la investigación preliminar relativa a la paternidad “era una defensa que incumbía levantar y probar al acusado”. El acusado ni alegó ni probó tal cosa. En cuanto al fundamento (2), creemos que es suficiente la alegación de que la niña era menor de edad. El que tuviera más de 16 años, cosa que no era cierta en este caso, es una cuestión de defensa.

El acusado en su moción de reconsideración renueva la contención, ya considerada en nuestra opinión original, de que la corte inferior cometió error al declarar sin lugar la moción de nuevo juicio. La corte de distrito denegó dicha moción por el fundamento de que fue radicada mientras estaba pendiente la apelación ante este Tribunal. En nuestra opinión original sostuvimos la actuación de la corte de dis-trito. El acusado no ataca dicho resultado, y una vez más queremos aclarar que es tardía la radicación de una moción solicitando nuevo juicio mientras la apelación esté pendiente.

Sin embargo, ahora el acusado sostiene que su moción no es una moción solicitando nuevo juicio, sino que más bien es una moción para dejar sin efecto la sentencia por haberse obtenido mediante fraude descubierto posteriormente. Arguye que la corte de distrito puede considerar tal moción, no obstante estar pendiente la apelación aquí envuelta. Se apoya el acusado en los casos de Hazel-Atlas Co. v. Hartford Co., 322 U.S. 238; Universal Oil Co. v. Root Rfg. Co., 328 U.S. 575, 580; y una manifestación en United States v. Smith, 331 U.S. 469, 475-6, nota 4, al efecto de que “desde luego, las cortes federales tienen poder para investigar el hecho de que una sentencia haya sido obtenida por fraude y hacer cualquier modificación necesaria, en cualquier momento (Bastardillas nuestras).

En ninguno de' estos casos se trató, como en el presente, de obtener la modificación de la sentencia en una corte inferior mientras estaba pendiente la apelación en la corte superior. Creemos que al emplear la frase “en cualquier mo-mento” en el caso de Smith, la Corte Suprema quizo decir que podía obtenerse la modificación en la corte inferior por motivo de fraude, aun después que la corte superior confir-mara la sentencia. No estamos de acuerdo con el acusado en que esto puede hacerse mientras el caso esté en apelación-ante este Tribunal. Sencillamente, la corte de distrito no-tiene jurisdicción durante dicho período.()

Declaramos sin lugar la solicitud del apelante para que esta Corte determine si la sentencia se obtuvo mediantefraude descubierto posteriormente. De haberse defraudado cualquier corte, lo fue la de distrito. En su consecuencia, dicha corte es la llamada a determinar la cuestión. Hazel-Atlas Co. v. Hartford Co., supra,, págs. 247-50.

'Creemos propio indicar que aunque el acusado pudiera demostrar que la evidencia sobre la cual basa la imputación de fraude es recién descubierta,() de tratar él luego, en la corte de distrito, de impugnar esta sentencia por fraudulenta, su tarea será muy ímproba. El Juez Black indica en su opinión a la pág. 245-6, que el caso de Easel-Atlas “no es sencillamente un caso de una sentencia obtenida con la ayuda de un testigo quien, a base de evidencia recién descubierta, posiblemente pueda ser culpable de perjurio. ‘ Aquí ... en-contramos un plan deliberadamente trazado y ejecutado con cuidado para defraudar, no solamente la Oficina de Patentes, si que también la Corte de Circuito de Apelaciones.” Gf. Moore y Rogers, Federal Belief from Civil Judgments, 55 Yale L. J. 623, especialmente las páginas 679-81, 691-92; Restatement, Judgments, secciones 118, 126(2)(ó); Laloma v. Fernández, 61 D.P.R. 569, 573, y casos citados; Hallett v. Slaughter, 140 P.2d 3 (Calif., 1943); Metzger v. Turner, 158 P.2d. 701 (Okla., 1945); 31 Calif. L. Rev. 600, 603-4; 54 Yale L. J. 687; Regla 60(b), Federal Rules of Civil Procedure, según enmendadas, en 329 U.S. 847, 863-A.

La moción■ de reconsideración será declarada sin lugar.

      (1)No nos detenemos a determinar si este Tribunal tiene el poder y, en caso afirmativo, cuándo debe ejercitarlo, para devolver un caso a la corte de distrito mientras esté pendiente la apelación y antes de que ésta se baya resuelto, con el fin de que la corte de distrito pueda determinar si se le defraudó. El acusado no hizo esfuerzo alguno para que aquí se hiciera esto.

      (2)La moción del acusado está predicada en declaraciones juradas ante el fiscal por la madre y su padre de crianza, al e£eeto de que un tal Pedro Itosado Ayala, la había desflorado en junio de 1944, y en un certificado médico acredi-tativo de que para dicho mes ella ya estaba desflorada. Esto estaba en abierta contradicción con la declaración do ella durante el juicio de que fué desflorada por el acusado en octubre de 1944.
      Independientemente de la cuestión de cuán material era este testimonio per-juro al punto aquí discutido, el acusado tendría que convecer a la corte de distrito de que no pudo haber descubierto esta evidencia mediante la diligencia razonable antes del juicio. Sobre este extremo, la corte de distrito deberá tener en mente que el contrainterrogatorio de la madre efectuado por el abogado del acusado en el juicio, indicó que el abogado tenía entonces alguna información que lo inducía a creer que la madre había estado viviendo con Bosado en junio de 1944.


author: El Juez Asociado Señor Snyder

text:
    Juan Bautista García Río, peticionario y apelado, v. Arturo Vivas Morales, en su carácter de Agente Comercial de Ponce de la Puerto Rico Aqueduct and Sewer Service, demandado y apelante.
    Núm. 9535.
    Sometido: Noviembre 3, 1947.

      Resuelto: Diciembre 3, 1947.

      Manuel A. Bustelo, James E. Curry y Miguel Barga, abogados del apelante; Rafael Afiles Moréu, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

Ésta es nna solicitud de mandamus para compeler a Arturo Vivas Morales, Agente Comercial en Ponce del Servicio de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, a que ins-tale servicio de agua en la residencia del peticionario en dicha ciudad. Después de un juicio en los méritos, la corte de distrito dictó sentencia a favor del peticionario. El que-rellado apela de dicha sentencia.

La corte inferior halló prohados los siguientes hechos: el peticionario ocupa una casa en Ponce, en calidad de arren-datario, bajo un contrato verbal de inquilinato de mes a mes, pagando un canon mensual de $10. Con arreglo a este con-trato la dueña de la casa venía obligada a pagar el agua que el peticionario consumiera. El Servicio suplía el agua de conformidad con un contrato entre el mismo y la dueña. Ésta dejó de pagar el agua consumida durante nueve meses por el peticionario ascendente a $150.81. En su consecuencia Vivas le suspendió el servicio de agua. Dos días más tarde y a requerimiento de éste, se restableció el servicio a con-dición de que se pagara la cuenta dentro de siete días. Ésta no fué pagada. Se suspendió nuevamente el servicio y el querellado le escribió al peticionario diciéndole que perma-necería suspendido hasta que se pagara la cuenta. Entonces el peticionario solicitó del querellado, como Agente Comercial del Servicio en Ponce, que instalara un servicio de agua en su residencia bajo un contrato directo con él, como consumidor. A esto se negó el querellado, dando como única razón la cuenta pendiente.

La corte de distrito llegó a las siguientes conclusiones de derecho: (1) procede el remedio de mandamus para obligar a una compañía de acueducto a suplirle agua a un ciudadano, cuando aquélla sin razón legal alguna se niega a-ello; (2) el peticionario tiene derecho a que una corporación de servicio público le supla agua, siempre y cuando cumpla con todas las condiciones razonables; (3) es un deber ministerial del querellado suplir el servicio solicitado por el peticionario; (4) el peticionario, como inquilino, tiene derecho al servicio de agua, aunque el dueño tenga una deuda anterior por tal servicio. Aplicando estas conclusiones .de derecho a los he-chos de este caso, la corte de distrito dictó sentencia a favor del peticionario.

El apelante señala cnatro errores. En tres de ellos ataca la tercera conclusión de derecho. Este es el único punto que creemos necesario disentir. La cuestión a determinar aquí es si el mandamus procede contra Vivas, por sí solo, sin incluir como querellados a sus superiores en el Servicio.

El mandamus procede para obligar a un funcionario público que cumpla con un claro deber ministerial, para compeler al ejercicio de discreción* cuando éste es necesario, o para corregir el abuso de tal discreción. Miguel v. McCarl, 291 U.S. 442, 451-2; Great Am. Indem. Co. v. Gobierno de la Capital, 59 D.P.R. 911, 913-14. Constituye desacato a la corte al negarse a cumplir tal auto.

En vista de la naturaleza del auto, no puede expedirse éste, so pena de desacato, contra un subalterno por sí solo, que actúa, no de conformidad con la ley, sino bajo órdenes de un funcionario superior. Los casos han resuelto unánimemente que no procede el mandamus bajo dichas circunstancias toda vez que no puede emplearse contra un individuo que no tiene poder para actuar o que sólo actúa con la anuencia de otras personas. De otro modo, el querellado sería puesto en una situación dificilísima mediante un auto ordenándole que haga lo que sus jefes le han prohibido. Miguel v. McCarl, supra, pág. 455; Warner Valley Stock Company v. Smith, 165 U.S. 28, 34-35; Gnerich v. Rutter, 265 U.S. 388, 391-93; Webster v. Fall, 266 U.S. 507; Alcohol Warehouse Corporation v. Canfield, 11 F.2d 214 (C.C.A. 2, 1926); Dami v. Canfield, 5 F.2d 533 (Dist. Ct., N.T., 1925); Drainage Dist. No. 4 v. Murphy, 119 F.2d 390 (C.C.A. 8, 1941); Huddleston v. Dwyer, 145 F.2d 311 (C.C.A. 10, 1944); Merrill on Mandamus, sec. 58, págs. 66-67, see. 234, págs. 292-3; véanse Torres v. Secretario de Puerto Rico, 11 D.P.R. 354; Pagan v. Towner, Gobernador, 35 D.P.R. 1.

Según indica el caso de Miguel a la pág. 455, el subalterno es una parte adecuada, aunque no indispensable. Pero no puede demandársele solo. Un auto que exige el cumplimiento de un deber debe expedirse primordialmente contra el fun-cionario a quien la ley le impone el deber y quien está en posición de acatarlo.

Pasemos abora a los hechos y a la ley de este caso espe-cífico. La sección 2 de la Ley núm. 40, Leyes de Puerto Rico, 1945, crea el Servicio como una corporación pública. Después de establecer la Junta de Gobierno, la sección 3 dice que los “poderes del Servicio se ejercerán por un Adminis-trador e Ingeniero Jefe . . . con sujeción a las reglas y re-glamentos y resoluciones que sean aprobados por la Junta. La Junta nombrará el Administrador, un Auditor, y aque-llos otros funcionarios que estime apropiado y fijará sus de-beres, términos de su cargo y compensación. Todos estos funcionarios, con excepción del Auditor, desempeñarán sus deberes bajo la supervisión y dirección del Administrador.” La sección 4(/) da poder al Servicio para “nombrar agentes y empleados, y designarle aquellas facultades y deberes que el Servicio determine.”

El Agente Comercial del Servicio en Ponce no es men-cionado en la Ley ni sus deberes están definidos por ley alguna o por cualesquiera reglamentos a que se ha llamado nuestra atención. Es obvio que él es uno de los empleados cubiertos por la sección 4(/). Su declaración en cuanto al papel que desempeña cuando se solicita el suministro de agua a una casa que tiene una cuenta pendiente, fué la siguiente: “Lie. Parga: Dígame, testigo, cuando una persona solicita servicio de agua y con respecto a la casa donde esté viviendo hay una deuda, puede usted, según las instrucciones que ha recibido de la Oficina Central, resolver eso concediéndole el servicio de agua? —Testigo: No. ■ — ¿Qué tiene que hacer por las instrucciones que ha recibido? ■ — Pues, sencilla-mente, una vez que una persona y una casa tienen una deuda o una cuenta de agua, referir el caso a San Juan y a lo que me informen de San Juan yo actúo. —¿Entonces la decisión final con respecto a eso es suya o de la oficina central de San Juan? —Mía no es. —¿De quién es esa decisión? —De la oficina central de San Juan. —¿De quién usted lia recibido esas instrucciones? —Del Jefe inmediato, señor Picó y del señor Francisco G-arcía Vidal. —¿Qué posición ocupa Florencio Picó? —Jefe de la División Comercial del Servicio.”

En respuesta a otras preguntas, manifestó el testigo que si un dueño o inquilino diferente solicitaba el servicio, éste no se le negaría por razón de la cuenta- pendiente. Al pre-guntársele quién decide si el caso cae dentro de una u 'otra categoría, respondió: “Lo decido yo, haciendo recomenda-ción a San Juan,” pero “finalmente no, porque yo presento-el caso tal como yo he practicado la investigación, a mi me-jor manera de entender. San Juan no lo puede, ver en esas-condiciones y me escribe diciéndome haga una investiga-ción. ’ ’

En este caso específico dijo que él discutió por teléfono-la solicitud del peticionario con un funcionario superior, el Sr. Alcaide, Agente General, de San Juan, y en una reunión en San- Juan, y que no podía resolver el caso sin consultar otras personas. Expuso que se le había dado al peticiona-rio un servicio temporal de conformidad con las órdenes de Alcaide.

La corte de distrito declaró probado que Vivas es la persona que en Ponce, a nombre y en representación del Servicio, celebra los contratos y autoriza las instalaciones para servicio de agua en Ponee. Indudablemente esto es-cierto. Pero la prueba no contradicha también demuestra que en relación con este problema específico de solicitudes para instalación de agua a casas con cuentas pendientes, él ño tiene autoridad para llegar a una decisión final sobre el asunto.

La ley que crea el Servicio y la prueba aducida demues-tran que no procede el mandamus en este caso. El recurso podría entablarse contra el propio Servicio, toda vez que éste puede bajo la sección 4(c) de la Ley núm. 40 demandar y ser demandado como una corporación. O, si el peticiona-rio prefiere no demandar al Servicio, la petición podría ins-tarse contra el Administrador e Ingeniero Jefe — o quizá aún contra algún jefe de rango inferior, a quien por regla-mento o por algún otro motivo se le baya otorgado por dele-gación autoridad específica y final. Pero Vivas no está fa-■cultado por la ley y la prueba aducida para llegar a una •decisión definitiva en este caso. Son sus superiores los que llegan a estas decisiones. Ninguna corte puede obligarlo so pena de desacato a realizar un acto cuyo cumplimiento está fuera del alcance de sus atribuciones, deberes o autoridad.

Los casos de Torres v. Capestani, 30 D.P.R. 778, y Yumet v. Herrera, Alcalde, 49 D.P.R. 154, no son de aplicación. En ellos no se atacó el poder o autoridad de los querellados para, desempeñar los deberes cuyo cumplimiento se trataba de obligar por mandamus.

La sentencia de la corte de distrito será revocada y se devolverá el caso con instrucciones de que se declare sin lu-gar la petición, a menos que dentro de un término razonable a ser fijado por la corte de distrito el peticionario incluya como querellados al Servicio, al Administrador o a cuales-quiera otras partes adecuadas.


author: El Juez PresideNte Señor Travieso

text:
    Rodolfo F. Aponte, Administrator de Inquilinato de Puerto Rico, peticionario, v. Tribunal del Distrito Judicial de San Juan, P. R., Hon. R. Cordovés Arana, Juez, demandado; Angel M. Villamil y Francisco A. Crescioni, interventores.
    Núm. 1.
    Sometido: Noviembre 6, 1947.

      Resuelto: Diciembre 4, 1947.

      Manuel Ledesma 'Dávila, abogado del peticionario; Vicente Géigel Polanco, abogado de los interventores Villamil y Creseioni; E. T. Fidler, José G. González, Tomás I. Nido, Jorge M. Morales, Ra-món L. Nevares, Mariano Canales y Andrés Guillermard, abogados de la interventora Warner Bros. Inc., y Charles R. Hartzell y Rafael G. Hernández, abogados del interventor Rafael G-. Martí.
   El Juez PresideNte Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La única cuestión envuelta' en el presente recurso, in-coado de conformidad con las disposiciones del artículo 7 de la “Ley de Alquileres Razonables” (Ley núnx 464 de 25 de abril de 1946, pág. 1327), es la siguiente: ¿Está facultado el Administrador de Inquilinato de Puerto Rico, por las dis-posiciones de la Ley de Alquileres Razonables, para conce-der un aumento del canon de arrendamiento estipulado por las partes en un contrato de arrendamiento por término fijo, estando dicbo contrato aún vigente en la fecba en que se solicita por el arrendador el aumento del canon?

• He aquí los Lechos. Los señores Angel M. Villamil y Francisco A. Creseioni adquirieron, en 29 de septiembre de 1945, por compra a don Manuel Pérez Blanco, una casa de dos plantas y un almacén dedicados a oficinas comerciales exclusivamente. En la fecha de la' adquisición, las oficinas estaban arrendadas mediante contratos por escrito, en la forma siguiente:

1. Una mitad de la planta baja a Warner Bros. First National South Films, Ine., por $100 mensuales, por contrato de abril 1, 1936, por término de 10 años, con opción de prórroga por 5 años más, a la cual se acogió la arrendataria.

2. La otra mitad de la planta baja a don Rafael G-. Martí, por canon de $85 mensuales, por escritura de 21 de abril de 1936, siendo el término el de 10 años, con opción a prorrogarlo por cinco años más, a la cual se acogió oportunamente el arrendatario.

3. La planta alta del edificio de dos plantas está arrendada a . United States Selective Service, sin término fijo, por canon de $200 mensuales, según contrato de 1 de julio de 1945.

4. El almacén a A. Alvarez Hnos., por-un canon mensual.de $200, según escritura de 2 de agosto de 1937, por un término de diez años y opción de cinco años más, la qué actualmente disfruta.”

En noviembre 22 de 1946, los arrendadores señores Villa-mil y Crescioni radicaron ante el Administrador, aquí peti-cionario, una solicitud de aumento del alquiler básico, en la que pedían que se dictase una orden autorizando un aumento de 50 por ciento sobre el alquiler máximo prevaleciente el 1’ de octubre de 1942 en el caso de los cuatro locales comer-ciales, “de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Alquileres Razonables y en los incisos (4), (5) y (6)a del artículo 5 del Reglamento de Inquilinato para locales comerciales.” En noviembre 27 de 1946 el Administrador dictó una orden denegando la solicitud y el 9 de diciembre de 1946 declaró no haber lugar a la reconsideración que le fuera solicitada.

No estando conformes con la decisión del Administrador, los arrendadores acudieron ante el Tribunal del Distrito Judicial de San Juan solicitando la revisión y anulación de la orden dictada por el AdminLtrador. En mayo 28 de 1947 el Tribunal de Distrito dictó su resolución anulando la orden dictada por el Administrador en cuanto a los casos de los inquilinos Warner Bros. Inc., Rafael G. Martí y-A. Alvarez & Hnos. y resolviendo que el Administrador tiene facultad para decretar el aumento, si las circunstancias así lo ameri-tan, no obstante existir un contrato por término fijo en el que se ha estipulado un canon uniforme hasta la termina-ción del arrendamiento. No estando conforme, el Adminis-trador radicó el presente recurso, en el cual han intervenido como partes interesadas los señores Warner Bros. Inc. y Martí.

Pasemos ahora a considerar y resolver la cuestión fundamental sometida a nuestra decisión.

Los arrendadores sostienen (a) que el párrafo 2 del ar-tículo 6 de la Ley de Alquileres Razonables () faculta al Ad-ministrador para fijar alquileres razonables sobre el alquiler básico prevaleciente el primero de octubre de 1942; (b) que en el caso de existir un contrato celebrado antes de octubre 1, 1942, fijando el canon que deberá pagarse después de esa fecha, se considerará como alquiler básico el fijado en el contrato, y sobre ese alquiler básico el Administrador puede ejercer su facultad de fijar un alquiler razonable por los mo-tivos expresados en .el artículo 6 de la Ley; y (c) que los motivos alegados por los arrendadores para que se les fije un alquiler razonable — aumento substancial en el número de ocupantes de uno de los locales; aumento extraordinario en la importancia comercial de la zona en donde radican las pro-piedades; y aumento de las contribuciones territoriales— aparecen expresamente consignados en el artículo 6 de la Ley de Alquileres Razonables y en los incisos (4), (5) y (6) del apartado “a” del artículo 5 del Reglamento de Inquilinato para Locales Comerciales. ()

Lo primero que debemos considerar es el propósito fundamental de la Ley de Alquileres Razonables, los anteceden-tes históricos que motivaron su aprobación por la Legisla-tura y el mal que se trató de impedir o remediar mediante dicho estatuto.

Al comenzar la lectura de la Ley de Alquileres Razona-bles encontramos en su artículo 1 una extensa y clara expo-sición de los motivos que tuvo el legislador para aprobar dicho estatuto y del mal que se trataba de corregir aplicando sus disposiciones. “La especulación en el arrendamiento de viviendas, solares, casas y edificaciones a base de alquileres injustos, irrazonables y abusivos, y otros factores económi-cos y sociales (que) agravan el problema de la vivienda hasta el punto de crear una situación de emergencia que afecta el bienestar, la salud, la seguridad y la vida de cientos de miles de mujeres, hombres y niños a través de los campos y pueblos de Puerto Rico”; el hecho de que en la fecha en que se aprobó la Ley, 135,786 familias se albergaban en casas y apartamientos arrendados, “pagando alquileres excesivos en la generalidad de los casos y siendo víctimas de abusivas prácticas de especulación,” prácticas que se habían extendido también a las casas y edificios, dedicados a negocios e indus-trias ; y el hecho de que debido a la gran*demanda de locales para fines comerciales “numerosos propietarios han estado y continúan imponiendo a sus arrendatarios contratos injus-tos, irrazonables y abusivos; han aumentado las rentas hasta sumas que en algunos casos exceden del doscientos (200) por ciento del canon original y están recurriendo a diversas prác-ticas de especulación y de violento desalojo de negocios e industrias de importancia económica para el país,” fueron las causas o motivos que impulsaron al legislador a buscar un remedio para una situación que causaba graves perjui-cios al bienestar, a la salud y a la seguridad de un gran nú-mero de personas, que por no ser dueños del local donde te-nían establecido su hogar o su negocio, eran víctimas de abusivas prácticas de especulación por parte de los arrenda-dores. La intención legislativa aparece claramente expuesta en el párrafo 4 de la citada exposición de motivos, que dice así:

"Para asegurar adecuada protección al pueblo de Puerto Rico en lo que concierne a este grave problema de la vivienda, falta, sin embargo, legislación apropiada sobre inquilinato, a fin de evitar la especulación por parte de los arrendadores, de garantizar alquileres razonables y de amparar convenientemente los derechos de los in-quilinos.”

No encontramos en la exposición de motivos ni en todo el texto de la Ley de Alquileres Razonables una sola palabra o frase alguna que revele preocupación por parte de la Le-gislatura en cuanto a los dueños de locales residenciales o comerciales que se habían obligado por contrato a arrendar dichos locales, por un número de años y por un canon inferior al que en la fecha de aprobación de la Ley se pagaba por locales similares. Es evidente que la Legislatura no sin-tió preocupación alguna por que ciertos alquileres fuesen ba-jos, y que sí la sintió al darse cuenta de que los arrendatarios que no'estaban protegidos por contratos por largos términos estaban siendo víctimas de las prácticas abusivas de sus arrendadores, quienes, aprovechándose de la gran demanda de locales para viviendas y para fines comerciales e indus-triales, imponían a sus arrendatarios condiciones onerosas y cánones excesivos. La intervención del poder legislativo para proteger a los arrendatarios no protegidos por contra-tos a largo plazo, era absolutamente necesaria para impedir el alza irrazonable de los precios, pues es sabido que el co-merciante o el industrial que se ve obligado a pagar un al-quiler excesivo, tiene necesariamente que pasar el exceso al público consumidor, ya sea aumentando el precio o disminu-yendo el peso o cantidad del producto. No era, por el con-trario, necesario para la defensa del “bienestar, la salud y la seguridad del pueblo” que se facultase al Administrador para intervenir y cambiar las condiciones de un contrato de arrendamiento todavía vigente, con el propósito único de au-mentar el canon libremente estipulado por las partes. El pueblo no ha de sufrir perjuicio alguno si no se permite al arrendador de bienes inmuebles cobrar un alquiler mayor que aquél especificado en el contrato. Si el legislador hu-biese autorizado expresamente al Administrador para alte-rar los términos de un contrato por un término fijo, aumen-tando el canon estipulado entre las partes, sin que esa alte-ración fuese necesaria para la protección del bienestar, la salud o la seguridad del pueblo, que es lo único que justifi-caría el ejercicio del poder de policía (police power) del Es-tado, la constitucionalidad de tal autorización sería muy dudosa.

Los casos de Block v. Hirsh, 256 U.S. 135 y Marcus Brown Company v. Feldman, 256 U.S. 170, citados por los arren-dadores en apoyo de su contención de que la interpretación que ellos dan al estatuto es constitucional, no son aplicables a la situación que nos presenta el caso de autos. En el pri-mero de dichos casos, Hirsh compró un edificio en el cual Block ocupaba el sótano y el primer piso por virtud de tin contrato de arrendamiento celebrado con el anterior dneño y qne expiraba el 31 de diciembre de 1919. Requerido por Hirsh para que le entregase el local al terminar el contrato, negóse a ello Block, alegando en oposición a la demanda de desahucio interpuesta en su contra que la sección 109 de la Ley de octubre 22, 1919 (c. 80, Title II — “District of Columbia Rents”, 41 Stat. 297, 298, 301) concedía al arrendatario el derecho a continuar, a su opción, en la posesión del local, no obstante haber expirado el término del arrendamiento, mientras pague el alquiler-y cumpla con las condiciones fija-das por la comisión creada por dicha Ley. Al sostener la validez del estatuto, la -Corte Suprema se expresó así:

“El argumento principal en contra de la ley es que a los arren-datarios se les permite continuar en posesión por la misma renta que habían estado pagando, a menos que ésta sea modificada por la Co-misión creada por la ley, y que en esa forma el uso de la propiedad y el derecho del dueño a hacer con lo suyo lo que le plazca y a celebrar los contratos que desee quedan menoscabados. Pero si el interés público queda establecido, la reglamentación de los alquileres es una de las primeras formas en que se manifiesta, y la validez de esa reglamentación ha quedado sentada desde que se decidió el caso de Munn v. Illinois, 94 U.S. 113 ....
“La Ley provee lo necesario para garantizar al arrendador una renta razonable. Sección 106. — Puede asumirse que la interpreta-ción de ‘razonable’ le privará en parte por lo menos del poder de beneficiarse con el repentino influjo de gente hacia 'Washington causado por las necesidades del Gobierno y por la guerra, y así de un derecho usualmente incidental a una propiedad afortunadamente situada — de una parte del valor de su propiedad según se define en International Harvester Co. v. Kentucky, 234 U.S. 222, Southern Ry., Co. v. Greene, 216 U.S. 400, 414. Pero aun cuando sea injusto denunciar esos beneficios derivados de una crisis nacional, la política de limitarlos ha sido incluida en las leyes contributivas y está acep-tada. Va, si acaso, un poco más allá de la restricción que se impone al dueño de dinero por las más debatibles leyes contra la usura. La preferencia que se da al arrendatario en posesión es nn casi necesario incidente de dicha política y es tradicional en el derecho inglés. Si el arrendatario quedase sujeto al poder del arrendador para desahuciarlo, el esfuerzo para limitar las exigencias del arrendador fracasaría. ’ ’

En el caso de autos no se trata de un inquilino que se encuentra-en posesión después de haber expirado su contrato de arrendamiento y que estaría expuesto a ser lanzado del local si no aceptase las condiciones onerosas e injustas que el arrendador tuviera a bien imponerle. Los inquilinos en este caso están protegidos por contratos cuyo término no ex-pirará hasta el año 1951. Ellos tienen derecho a permane-cer en la posesión de sus respectivos locales mientras paguen el alquiler estipulado y cumplan con las demás condiciones del arrendamiento. Repetimos, no encontramos en la Ley precepto alguno que directa o indirectamente autorice al Ad-ministrador para intervenir, a instancia del arrendador, con el propósito de aumentar los cánones convenidos por las par-tes. Los hechos en Marcus Brown Co. v. Feldman, supra, son casi idénticos a los de Block v. Hirsh, tratándose tam-bién de inquilinos que reclamaban su derecho bajo las leyes del estado de New York a continuar en posesión después de la expiración del contrato de arrendamiento. Véase Leavy Leasing co. v. Siegel, 258 U.S. 242.

Opinamos que la corte inferior erró al dictar la resolución recurrida y que la misma debe ser anulada y el caso devuelto a la corte de su procedencia con instrucciones de dictar una resolución desestimando la petición.

        q-) Artículo 6. — Excepto en la forma que más adelante se provee, a partir de la fecha de vigencia de esta Ley no podrá cobrarse un alquiler mayor del que se pagaba el primero de octubre de 1942.
      "Mientras no sea alterado por el Administrador de acuerdo con las facul-tades que en adelante se le confieren, a los efectos de esta Ley, se entenderá por ‘alquiler básico’ el alquiler que se pagaba en esa fecha, a menos que se haya concertado antes de ella algún convenio fijando un alquiler mayor o menor por cualquier período posterior a esa fecha. En este caso, el alquiler básico será ol alquiler convenido.
      "En caso de edificaciones destinadas a negocios, o propósitos comerciales o industriales, el Administrador podrá autorizar aumentos razonables sobro el canon prevaleciente el primero de octubre de 1942, según la importancia comer-cial de los pueblos y zonas en que estén radicadas tales edificaciones y su coste de construcción; Disponiéndose, sin embargo, que tales aumentos no excederán en ningún caso del cincuenta (50) por ciento del canon prevaleciente el primero de octubre de 1942.
      "El Administrador tendrá poderes para fijar el alquiler razonable en todos los casos en que, a juicio suyo, el alquiler prevaleciente el primero de octubre de 1942, o el que se hubiera fijado con posterioridad a esta fecha, fuere excesivo, irrazonable u opresivo. Asimismo, tendrá poder para hacer ajustes y otras de-terminaciones en los casos que envuelvan mejoras de importancia capital, aumento o reducción del mobiliario, equipo o accesorios, aumento o reducción en los servi-cios y suministros, o deterioro de la vivienda o del edificio arrendado.”

      (2)“a. Motivos-para aumentar el alquiler máximo. — Cualquier casero puede solicitar del Administrador el aumento del alquiler máximo por uno o más de los siguientes motivos únicamente:
      í t * * * # * * *
      "(4) Circunstancias peculiares; alquiler irrazonable u opresivo. — El alqui-ler máximo, por aumento substancial en el número de subinquilinos u otros ocu-pantes o por circunstancias peculiares otras que las expresamente reconocidas en este Artículo, resulta irrazonable u opresivo para el casero y no guarda relación con los prevalecientes para locales similares en la feclia que lo determinó.

        “(5) Awmento en contribuciones. — En la fecha que determinó el alquiler máximo, el local en cuestión gozaba de exención de contribuciones sobro la propiedad y el beneficio de dicha exención pasaba al inquilino, resultando en un alquiler más bajo que el prevaleciente para locales similares en dicha fecha y la exención contributiva ya no existe; o se han impuesto, después de dicha fecha, contribuciones especiales o adicionales que ameritan el aumento del aquiler.
      "(6) Zona Comercial; Coste de Construcción. — La importancia de la zona 'comercial en donde está enclavado el local comercial o el coste de construcción del mismo, si so trata de una construcción reciente amerita un aumento al alquiler máximo. Los aumentos que se conceden a base de lo anterior no excederán del 50% del aquiler prevaleciente en octubre 1ro. de 1942, o en su defecto, del que se fije por comparación.”


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Asociación de Maestros de Puerto Rico, representada por su Presidente Luis Muñiz Souffront, peticionaria y apelante, v. Hon. Manuel A. Pérez, en su carácter de Gobernador Interino de Puerto Rico; Haydée F. San Miguel, Secretaria Ejecutiva de Puerto Rico y H. A. Martin, Comisionado de Instrucción Interino, demandados y apelados.
    Núm. 9504.
    Sometido: Noviembre 5, 1947.

      Resuelto: Diciembre 4, 1947.

      Virgilio Brunet, abogado de la apelante; Hon. Procurador General Luis Negrón Fernández, Garlos Santana Becerra y A. Torres Braschi, Procuradores Generales Auxiliares, abogados de los ape-lados.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La sentencia recurrida desestimó la petición de mandamus-que presentó la apelante. El fundamento de la sentencia es-el de que la apelante no es una parte especialmente intere-sada en la materia objeto de este recurso.

Se alegó en la petición de mandamus que la peticionaria es una corporación doméstica organizada para fines no pecu-niarios ; que está integrada por el 90 por ciento de los maestros de Puerto Rico dedicados a la enseñanza dentro del sistema educativo de esta Isla; que desde su fundación ha sido requerida por sus asociados para que gestione que la 'Enseñanza en las escuelas públicas se lleve a cabo en español y a la vez que se intensifique la enseñanza del idioma inglés; que en cumplimiento de los acuerdos de sus asambleas anua-les, repetidamente ha solicitado de la Legislatura de Puerto Rico la aprobación de una ley a ese efecto; que en 1946 la-Legislatura aprobó el Proyecto del Senado núm. 51, por el ■cual se establece la enseñanza en español en nuestras escue-las públicas; que al ser sometido este Proyecto de Ley’al 'Gobernador de Puerto Rico fué vedado el 14 de marzo de 1946; que ai ser reconsiderado y aprobado por ambas Cá-maras Legislativas con arreglo al artículo 34 de la Ley Or-gánica, el proyecto fué nuevamente enviado al Gobernador; -que éste volvió a vedarlo y lo trasmitió al Presidente de los Estados Unidos por correo aéreo, por conducto del Director de la División de Territorios y Posesiones Insulares de la Secretaría del Interior de los Estados Unidos, siendo reci-bido por dicho funcionario dentro de los primeros siete días del mes de mayo; que han transcurrido con exceso los 90 días que fija la ley desde que el Presidente lo recibió, sin que hasta la fecha (26 de agosto de 1946), lo haya aprobado o desaprobado, (). por lo que; en opinión de la demandante, se ha convertido en ley.

Contiene la petición otras alegaciones que es innecesario reseñar a los efectos de esta opinión, y termina con súplica de que se expida auto de mandamus dirigido: Al Goberna- , dor de Puerto Rico para que haga que se cumpla lo provisto en el artículo 22 de la Ley Orgánica, disponiendo que dicha Ley inmediatamente se ponga en ejecución; a la Secretaria Ejecutiva para que inmediatamente proceda a registrar y a promulgar la misma; y al Comisionado de Instrucción para que, sin pretexto ni excusa alguna, pong’a en ejecución la re-ferida Ley durante el presente curso escolar () en todas las escuelas públicas de Puerto Rico.

Nuestra ley de mandamus, en su artículo 3 (Código de Enjuiciamiento Civil, art. 651) prescribe que el auto de mandamus sólo podrá expedirse a petición de parte especialmente interesada.

Consecuentemente, la cuestión a resolver en este recurso es si la demandante tiene el interés especial que requiere la ley.

Se arguye por los demandados que la Asociación de Maestros no tiene interés especial en este asunto; que acaso podrían tenerlo los maestros que son los que han de enseñar en el idioma que se adopte, pero que la peticionaria es una persona jurídica distinta de los miembros que la componen y que por consiguiente no puede, ni siquiera asumir, la representación de los maestros en este asunto.

Convendríamos con los demandados si se tratase en el presente caso de una cuestión de interés privado. No cabe duda, sin embargo, que la selección del idioma que ha de ser-vir de vehículo a la enseñanza pública de un país, es una cuestión de interés público. También lo es que las leyes se pongan en ejecución. Tratándose de cuestiones de interés público, sostiene la mayoría de las autoridades que inter-pretan preceptos similares al nuestro, que cuando la cuestión envuelta es de interés público y el mandamus tiene por ob-jeto conseguir la ejecución de un deber público, el pueblo es considerado como la parte especialmente interesada y el de-mandante no necesita probar que tiene interés especial en el resultado del caso. Basta demostrar que es un ciudadano y' como tal está interesado en la ejecución y protección del derecho público. 1942 Annual Survey of American Law, pág. 871; Board of Social Welfare v. Los Angeles County, 162 P.2d 627 (Cal. 1945); State v. Ware, 13 Or. 380; State ex rel. Passer v. County Bd., 213 N. W. 545 (Minn. 1927), 52 A.L.R. 916; State ex rel. Schwartzkopf v. Brainerd, 121 Minn. 182, 141 N. W. 97, 46 L.R.A. (N.S.) 9; monografía en 98 Am. St. Rep. 865-66.

Los casos de Baltimore Retail Liq. P. Stores Ass’n. v. Kerngood, 189 A. 209 (Md. 1937), 109 A.L.R. 1253 y Funeral Directors Ass’n. etc. v. Board of Fnrl. D. & E., etc., 154 P.2d 39 (Cal. 1944), invocados por los apelados, no son pertinen-tes porque en ellos el objeto del mandamus es un derecho privado y los respectivos demandantes no tenían el interés especial requerido por la ley. Quizás podría concederse que los casos federales de United States v. Mellon, 32 F.2d 415 (App. D.C. 1929) y United States v. Bern, 68 F.2d 773 (App. D.C. 1934) invocados también por los demandados, tienden a sostener su tesis, pero ésa es la regla de la minoría como se dice en la monografía en 98 Am. St. Rep., supra, en High, Extraordinary Legal Remedies, sec. 431, pág. 420 (3ra. ed. 1896) y en 1942 Annual Survey of American Law, supra, y no estamos dispuestos a seguirla.

Procede revocar la sentencia y devolver el caso a la corte inferior para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

El Juez Asociado Señor Snyder disintió. '

El Juez Asociado Señor Marrero no intervino.%

      O Tomamos conocimiento judicial de que el Presidente vedó el Proyecto de Ley núm. 51 el día 25 de octubre de 1946.

      (2)E1 curso escolar a que se refiere ía petición expiró en el me3 de junio último, pero interpretaremos la solicitud de. mandamus como si se refiriese al presente curso escolar de 1947-48.


author: El Juez Asociado Señok Todd, Je.,

text:
    María del Pilar Casalduc, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Utuado, recurrido.
    Núm. 1219.
    Sometido: Noviembre 3, 1947.

      Resuelto: Diciembre 4, 1947.

      G. Zeno Sama, abogado de la recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señok Todd, Je.,

emitió la opinión del tribunal.

Por segunda vezí) se recurre ante este Tribunal en re-lación con una segunda nota puesta por el Registrador al ins-cribir la escritura número veintiséis otorgada en Utuado el 13 de marzo de 1947, ante el notario Gustavo Zeno Sama por doña Asunción María del Pilar Roselló y Casalduc a favor de doña María del Pilar Casalduc y Roselló sobre compra-venta de un solar y dos condominios en ciertas fincas ubica-das en la zona urbana de Uíuado. La nota ahora recurrida dice así:

“Inscrita la presente escritura a los folios y tomos al margen de la descripción de cada ñnea con los defectos subsanables y reservas siguientes: en cuanto a la finca letra A con el defecto subsanable de no hacerse constar en el documento la colindaneia ‘Sur’ de la finca; el condominio indiviso letra B, con la reserva de la cuota usufructuaria que en su día le pueda corresponder al cónyuge viudo supérstite don Juan Luis Rosselló Sintes y con el defecto subsanable de haberse puesto en la línea décima del párrafo tercero en la página dos la abreviatura ‘doctor F. H. Carrasquillo’ lo que está en contra de lo dispuesto en la Ley. Notarial vigente, y el condominio indiviso letra C con los defectos subsanables de hacerse constar en el pá-rrafo dos, primero y último de la página tres números en signos arábigos y la abreviatura ‘doctor F. H. Carrasquillo’ contrario a lo dispuesto en la Ley Notarial vigente y con la reserva de la cuota usufructuaria que en su día le pueda corresponder al cónyuge viudo supérstite don Juan Luis- Rosselló Sintes. Utuado a 15 de agosto 1947.”

Los llamados defectos subsanables señalados por el re-currido consisten, l.ro. en no hacerse constar en la escritura la colindaneia Sur de la finca A; 2do. en no haberse hecho constar la reserva usufructuaria que en su día pueda corres-ponder al cónyuge viudo Sr. R-oselló Sintes en las fincas A y C, y 3ro. en haberse usado las abreviaturas F. H, del men-cionado doctor Carrasquillo en las fincas A y C y en haber usado números y signos arábigos en relación con la finca O. Veamos si estos defectos tienen el carácter de subsanables.

Dispone el artículo 65 de la Ley Hipotecaria, según fué enmendado por la Ley número 20 de julio 9, 1936 (Leyes de ése año, Tercera Legislatura Extraordinaria, pág. 153) que:

“Serán faltas subsanables las que afecten a la validez del mismo título, sin producir necesariamente la nulidad de la obligación en él constituida. ■
“Los Registradores no suspenderán por defectos subsanables la inscripción, anotación o cancelación de ningún título. En la inscrip-ción harán constar los defectos que contenga el título y en cualquier tiempo eh que se presente la documentación para subsanarlo, se hará constar la subsanación por medio de nota marginal.
"Serán faltas no subsanables las que produzcan necesariamente la nulidad de la obligación.
"Contra la calificación de defectos subsanables que hicieren los registradores podrá acudir el interesado al Tribunal Supremo para resolución definitiva. El Tribunal Supremo confirmará o revocará la resolución del registrador y éste hará lo que procediere de confor-midad con dicha decisión."

Y el artículo 9, inciso 1 do dicha ley, en lo pertinente, dispone que “Toda inscripción que se haga en el Registro-expresará las circunstancias siguientes: 1. La naturaleza, situación y linderos de los inmuebles objeto de la inscrip-ción ... ", disponiendo el artículo 63, inciso 3, del Regla-mento para la Ejecución do la Ley Hipotecaria que “Para dar a conocer con exactitud las fincas y los derechos que sean objeto de las inscripciones, ejercitarán los Registradores lo dispuesto en el artículo 9 de la ley, con sujeción a las reglas-siguientes : Tercero: La situación de las fincas urbanas se-determinará expresando el pueblo en que se hallen; el nom-bre de la calle o lugar; el número si lo tuvieren ... los lin-deros y cualquiera otra circunstancia que sirva para distin-guir la finca inscrita de otra.” (Bastardillas nuestras.)

En la escritura número veintiséis, supra, objeto de ins-cripción, se describió la finca A en esta forma:

"A. Urbana: Solar situado en la acera Norte de la calle del ‘General Maceo’, de esta ciudad de Utuado, midiendo doce metros de frente por veinte metros de fondo, o sea una superficie de doscientos cuarenta metros cuadrados, lindando al Norte o espaldas con tierras de las hermanas Rosselló-Casalduc; al Este o izquierda con casa de don Federico M. Maestre; y al Oeste o derecha con casa y solar de los señores Cuétara Hermanos, hoy doña María del Pilar Ca-salduc. ’ ’

Con esta descripción aparece inscrita la finca en el Regis-tro de la Propiedad de Utuado desde su inscripción primera. Técnicamente el Registrador tiene razón al decir que en dicha descripción no se menciona expresamente la colindancia “Sur” de la finca, pero a poco que examinemos la descrip-ción nos damos cuenta de que, si se dice en ella que la finca está situada en la acera Norte de la calle G-eneral Maceo y se da la colindaneia Norte como a espaldas de la finca, tene-mos que concluir inevitablemente que la colindaneia Sur no -es otra que la propia calle General Maceo. A diferencia del inciso 2 del artículo 63, supra, que al referirse a fincas rús-ticas requiere que sus linderos se den “por los cuatro puntos cardinales ”,() el inciso 3 al referirse a fincas urbanas no contiene dicho requisito limitándose a exigir que se den los linderos y dando el nombre de la calle y el número si lo tu-viera.

Somos de opinión que la finca marcada con la letra A está debidamente identificada e individualizada, ya que en la escritura se describió tal y como existe ya inscrita en el Re-gistro. No existe el defecto señalado por el recurrido.

En cuanto al defecto de no hacerse constar en la es-critura y en relación con las fincas B y C la reserva usufruc-tuaria a favor del cónyuge viudo Juan Luis R-oselló y Sintes, arguye la recurrente que dicho cónyuge superstite renunció la cuota vidual a favor de sus hijas según aparece de la ins-cripción primera y tercera de dichas fincas.

Es cierto que en dichas inscripciones aparece que al rea-lizarse la liquidación y adjudicación de los bienes relictos de doña Carmen Altagracia Sasalduc y Colón, se adjudica-ron a sus hijas, como únicas herederas, dichas fincas, hacién-dose constar que el cónyuge viudo Juan Luis Roselló y Sintes había renunciado la cuota vidual a favor de sus hijas, pero no es menos cierto que de las mismas inscripciones aparece que dichas herederas hicieron constar que “quieren y con-sienten que su referido y legítimo padre Boselló' y Sintes, sea el único administrador de los bienes mencionados ... y usufructuario de los mismos durante su vida} interesattdo que así se haga constar en el Registro.” (Bastardillas nues-tras.) Y en efecto al inscribir el Registrador estas fincas en el año 1923 hizo constar qne inscribía el dominio a favor de las hijas “con la reserva del usufructo en favor de Juan Luis Roselló y Sintes”.

Be manera que, no tenemos duda de que al inscribirse ahora la escritura de compraventa, en relación con las fin-cas B y C, procedía hacer constar que en dicha escritura no se hace la reserva del usufructo que las hijas de don Juan Luis Roselló y Sintes cedieron sobre todos los bienes que heredaron de su señora madre. No constituye, sin embargo, dicho usufructo “la cuota usufructuaria que en su día pueda corresponderle al cónyuge viudo supérptite” según hizo cons-tar, como defecto subsanable, el registrador recurrido.

Erró, por tanto el Registrador en cuanto a la forma en que señaló este defecto.

Arguye la recurrente que el uso de las iniciales F. H. antes del nombre del doctor Carrasquillo, no constituye el haber usado una abreviatura. Desde luego que no tiene razón la recurrente, ya que la palabra abreviatura significa la “representación de las palabras en la escritura con sólo varias o una de sus letras, empleando a veces únicamente mayúsculas y poniendo punto después de la parte escrita de cada vocablo” —Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española (16 ed. 1939) — empero creemos que tampoco estuvo justificado el Registrador • al calificar como defecto subsanable el uso de dichas abreviaturas o el que se usaran números y signos arábigos en la escritura, por la razón obvia de que dichas faltas no tienen el carácter de defectos subsanables ya que no afectan la validez del título como dispone el artículo 65 de la Ley Hipotecaria, supra. Constituyen, a lo sumo, irregularidades en la redacción de la escritura. •

Deloe revocarse la nota recurrida y ordenarse al registra-dor que inscriba el documento con él único defecto subsana- ble de no haberse hecho constar, en cuanto a las fincas B y G, “la reserva del usufructo en favor de don Juan Luis Boselló y Sintes

      (1) Véase Casaldue v. Registrador, ante, pág. 619.

      (2)Véase Jiménez v. Registrador, 24 D.P.R. 617; Municipio de Salinas v. Registrador, 52 D.P.R. 79.


author: El Juez Asociado Señob Matutero

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Martínez Serrano, acusado y apelante.
    Núm. 12406.
    Sometido: Noviembre 6, 1947.

      Resuelto: Diciembre 4, 1947.

      Benigno Dávila, abogado del apelante; Hon. Procurador General Luis Negrón Fernández, y J. Rivera Barreras y Alberto Picó Santiago, Fiscal y Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, respecti-vamente, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señob Matutero

emitió la opinión del tribunal.

Juan Martínez Serrano fué convicto por la Corte de Dis-trito de Bayamón por no tener inscrita un arma de fuego y sentenciado a pagar una multa de $75 ó en su defecto a su-frir un día de cárcel por cada dólar que dejare de satisfacer. Véase la Ley 14 de 8 de julio de 1936, Tercera Legislatura Extraordinaria, página 129, según fué enmendada por las Leyes núms. 95 de 12 de mayo de 1937, pág. 240, y 78 de 5 de mayo de 1942, pág. 615. De dicha sentencia ha apelado para ante este Tribunal y en el alegato radicado en apoyo de su recurso señala cinco errores. Discutiremos éstos en el orden en que han sido expuestos.

Sostiene en primer lugar el acusado que la-corte inferior erró al procesar y condenar por el delito de desacato por perjurio a Cruz Rodríguez Molina, uno de los testigos de El Pueblo. No es menester discutir este señalamiento. De los autos surge que mientras ese testigo declaraba la corte llegó a la conclusión de que éste había faltado a la verdad sobre hechos esenciales. Con tal motivo dictó 'una orden decretando su arresto y ordenando que compareciera tres días más. tarde a explicar las razones por las cuales no debía ser castigado por desacato. C) El día señalado compareció Cruz Rodríguez Molina, acompañado de su abogado, y se declaró culpable del delito imputádole, sentenciándole la corte a pa-gar una multa de $30. Si bien este incidente surgió dentro del proceso por infracción a la Ley Sobre Registro de Armas de Fuego seguido contra el aquí apelante, el mismo resulta ser un caso completamente separado, ajeno e independiente del que está ante nos. Pueblo v. Corretjer, 58 D.P.R. 43, 48. Y si Rodríguez Molina no estuvo conforme con la sen-tencia dictada, fácilmente pudo acogerse a la apelación con-cedida por la ley. Pueblo v. Aquino, 33 D.P.R. 255. ()

Como segundo error señala el apelante que la corte de distrito erró “al apreciar la prueba condenando al apelante por infracción a la Ley sobre Registro de Armas, cuando de la prueba misma aparece claramente que estuvo justificado en no registrar el arma porque el arma tenía que registrarse en el Distrito donde residía el acusado, o sea en Corozal, la adquirió el mismo día en que fué procesado, adquirió el arma fuera del Distinto, no llegó a Corozal basta la 1:30 ó 2 de la tarde, era un día sábado por la tarde cuando las autoridades y funcionarios de El Pueblo de Puerto Rico no están accesibles, y si no registró el arma fué porque los funcionarios no. se la registraron, no porque el apelante no hiciese gestiones para registrarla.”

La contención del apelante es que la mañana del día a que se hace referencia en la acusación él estaba en Isla Verde (Carolina) y allí adquirió una pistola, trasladándose a su casa en Corozal, donde llegó poco después del mediodía; que inmediatamente su señora madre empezó a prepararle al-muerzo y que mientras esto ocurría él bajó al patio de su casa con el propósito de probar el arma, pero que una vez allí la pistola se le zafó, salió un tiro e hirió accidentalmente a Margarita Rivera; y que si no inscribió el arma fué por-que no tuvo materialmente tiempo para ello.() Su conten-ción es, por tanto, que su posesión del arma fué accidental y que no debe, por ende, castigársele. Cf. Pueblo v. Lugo, 59 D.P.R. 34.

No hay duda de que hubo conflicto no sólo entre la prueba de El Pueblo y la de la defensa, sino en la prueba de El Pue-bio en sí. Veamos: de la declaración jurada suscrita por el acusado ante Consuelo Rodríguez, Juez de Paz de Corozal, se desprende que cuando se le denunció ya bacía unos días que él había comprado la pistola por cuya no inscripción se le procesaba, a un individuo que no conocía, en Isla Verde. También, que estando el acusado en el sitio indicado se en-contró con un amigo suyo, cuyo nombre no recuerda; que éste le manifestó, que “estaba un poco bruja” y que no tenía dinero para ir a Pónce, pero que tenía una pistola que le podía dejar; que él le dió $5 y que como ése era un empeño que su amigo le hizo, él se la llevó para su casa. No obstante, del testimonio de la citada Juez de Paz/ante quien se tomó la declaración escrita firmada por el apelante el día de su arresto, se infiere que éste le dijo a ella al momento de de-clarar que -el arma la había adquirido ese mismo día. An-drés Ramos Fernández,'Jefe de la Policía Insular, que fué la persona que escribió a máquina la declaración jurada pres-tada por Martínez Serrano el día que se le arrestó, no co-rrobora, sin embargo, a Consuelo Rodríguez en el sentido de que el acusado había dicho que compró el arma aquel mismo día, e insiste en que el acusado Martínez Serrano nada le dijo sobre la inscripción del arma. De todos modos, la corte inferior apreció la prueba que desfiló ante sí y no habiéndose-nos demostrado que al así hacerlo actuara movida por pasión, prejuicio o parcialidad no debemos alterar sus conclusiones. Pueblo v. Santos, ante, pág. 650; Pueblo v. Soto, 61 D.P.R. 516; y Pueblo v. Rivera, 58 D.P.R. 181.

Además, el acusado francamente admitió estar en posesión de una pistola sin registrar, y hemos resuelto que cuando hay una demostración prima facie de la posesión de un arma de fuego sin registrar, no debe revocarse la sentencia, especialmente cuando la prueba del acusado no es creída por la corte a quo. Pueblo v. Soto, supra; Pueblo v. Haddock, 57 D.P.R. 924 y Pueblo v. Villarrubia, 54 D.P.R. 346.

Como tercer señalamiento alega el apelante que la corte de distrito cometió error al admitir sin condiciones la declaración jurada del apelante ante la Juez de Paz de Coro-zal cuando de la misma prueba aparece que dicba deelara-ción jurada o confesión no es ni fue una relación fiel y exacta de lo que en realidad declaró el acusado ante la Juez de Paz de Coroza!.’’ De los autos del caso surge que la declaración jurada no fue úna transcripción literal de lo que el acusado dijo- a la Juez de Paz. Pero ella manifestó que no puso en la declaración nada que el acusado no le hubiera dicho; que la declaración se le leyó al acusado, a pesar de que éste sabía leer; que éste estuvo conforme con su contenido y que luego la firmó.

El acusado no se opuso a que la declaración escrita fuera admitida en evidencia. Dijo, por el contrario, que no obje-taba a su admisión, pero que debía admitirse condicionada y que no era una.relación correcta de lo declarado ante la Juez de Paz. No sabemos en realidad cuál fue la condición, mas para que una declaración jurada sea admitida en evidencia no es indispensable que la misma sea una copia verbatim de lo dicho por un acusado. Basta que contenga lo esencial de lo que el testigo ha manifestado y que haya sido prestada voluntariamente. Pueblo v. Lebrón, 61 D.P.R. 657, 672.

El cuarto señalamiento puede considerarse como una secuela del segundo. Sostiene ahora el acusado que la corte inferior cometió error al no concederle el beneficio de la duda razonable, toda vez que de la prueba aparece claramente que existe tal duda en cuanto a la residencia del acusado, si era San Juan o Corozal.

Este señalamiento se dirige igualmente a la aprecia-ción de la prueba y lo dicho por nosotros en relación con el segundo error alegado es aplicable al que aquí discutimos. Además, es bueno hacer constar que Consuelo Rodríguez y Margarita Rivera declararon que el acusado residía en el Barrio Palmarejo, de Corojzal, y que éste reiteradamente ma-nifestó que ésa era su residencia. (Véanse las páginas 15, 22 y 25 de la transcripción de evidencia.) Bajo estas condi-ciernes, no vemos cómo podía la corte tener dudas sobre la residencia del apelante.

Finalmente insiste el acusado en que la corte inferior erró al castigarle bajo un estatuto inconstitucional. Al discutir este señalamiento el apelante ataca la validez de la sección 10 de la Ley 14 de 1936, por ser la misma, a su juicio, incierta e indefinida. Esa sección, según fué enmendada por la Ley 78 de 1942, supra, provee en lo esencial, que “las infracciones a las disposiciones de esta Ley serán consideradas como delito menos grave (misdemeanor).” No ve-mos en verdad cómo una disposición de esta naturaleza puede considerarse inconstitucional. El argumento principal adu-cido, al efecto de que debió concederse un término razonable para la inscripción de un arma de reciente adquisición, lia sido contestado plenamente por este Tribunal al referirse a los ataques hechos a la constitucionalidad de la socción 7 de la misma ley. Pueblo v. Sánchez, 55 D.P.R. 940, y Pueblo v. Avilés, 54 D.P.R. 272.

No habiéndose cometido ninguno de los errores señalados por el apelante procede confirmarse la sentencia apelada.

      (1)Véase la Ley 41 de 9 de marzo de 1911 (pág. 136).

      (2)Discutiendo este error el propio apelante nos dice: “No sabemos a ciencia cierta si este incidente debe discutirse, ya que no afecta en forma alguna el curso del procedimiento en la corte inferior, ni lo afecta en este Hon. Tribunal . ”

      (3) También se acusó a Martínez Serrano de acometimiento y agresión y de portar armas. El primer delito fué transigido de conformidad con el ar-tículo 446 del Código de Enjuiciamiento Criminal y del segundo la Corte de Distrito de Bayamón le absolvió.


author: El Juez PkesideNte Señob, Travieso

text:
    Francisco R. Orsini, demandante y apelante, v. José Sánchez Parra, demandado y apelado.
    Núm. 9570.
    Sometido: Noviembre 3, 1947.

      Resuelto: Diciembre 5, 1947.

      R. Arjona Siaca y A. Figueroa Rivera, abogados del apelante; Guillermo S. Pierluisi, abogado del apelado.
   El Juez PkesideNte Señob, Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En octubre 29 de 1945'y ante la Corte de Distrito de San Juan, Francisco R. Orsini radicó demanda de desahucio contra José Sánchez Parra, solicitando el lanzamiento del de-mandado de cierta parte de una finca en Hato Rey, en la cual están emplazadas ciertas edificaciones destinadas a estación de venta de gasolina, lubricantes y artículos para vehículos de motor, así como para el lavado y engrasado de los mismos. Se alegó en la demanda que la referida estación y el equipo en ella existente fué arrendada por Orsini a Sánchez Parra, por contrato de abril 18 de 1944, en el cual se convino expre-samente que el arrendamiento duraría tres años, con opción de prórroga a favor del arrendatario por cuatro años más. La demanda se basó en la falta de pago del canon correspon-diente al mes de septiembre de 1945. Fué el pleito a juicio y en febrero 15 de 1946 la Corte de Distrito de San Juan dictó sentencia decretando el desahucio del demandado y conde-nando a éste al pago de costas y honorarios de abogado. Apeló el demandado para ante este Tribunal y en abril 22 de 1947 dictamos sentencia confirmando la recurrida. Véase Orsini v. Sánchez, ante, pág. 207.

Remitido el mandato a la corte inferior para el cumpli-miento de la sentencia de este Tribunal, en mayo 12 de 1947 compareció el demandado Sánchez Parra y radicó una mo-ción en la que solicitaba se dejara sin efecto dicha sentencia, previo pago de los cánones adeudados más las costas y hono-rarios de abogado. La moción se basó en las disposiciones de la. sección Ira. de la Ley níim. 268 de 14 de mayo de 1945 (Leyes, 1945, pág. 939), por la cual se enmendó él artículo 628 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, que-dando redactado en la forma siguiente:

“Art. 628. — Cuando la demanda se funde en falta de pago del canon o precio convenido en un contrato, no se admitirá al demandado otra prueba que la del recibo o cualquier otro documento en que conste haberse verificado el pago; Disponiéndose, que si el deman-dado, en cualquier estado del procedimiento, hiciere efectivos los cá-nones adeudados con las costas y honorarios de abogado que fije el tribunal, éste dictará resolución dejando sin efecto el procedimiento o la- sentencia dictada. ()

En mayo 20 de 1947 la Corte de Distrito de San Juan dictó su resolución dejando sin efecto la sentencia de desahucio. Es contra esa resolución que va dirigido el presente recurso.

Alega el apelante que la corte a quo erró al dejar sin efecto la sentencia ‘ ‘ sin tener en cuenta que la misma se ha-bía convertido ya en firme, que la ley sobro que fundó su resolución era posterior a la fecha del contrato cuyo incum-plimiento determinó dicha sentencia y que su actuación no sólo despojaba al demandante del derecho con que dicha sen-tencia le investía sino quo le dejaba sin remedio alguno por la violación de una condición esencial de sn contrato.”

Que el remedio para dejar sin efecto una sentencia de desahucio, concedido por el artículo 628 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra, podía ser invocado por el demandado ‘ ‘ en cualquier momento antes de que se ponga punto final al procedimiento con la ejecución de la sentencia” fue resuelto 'por este Tribunal en Viera v. Corte Municipal, 66 D.P.R. 31, en el cual se trataba de un procedimiento de de-sahucio para recobrar la posesión de un local destinado a vivienda.

En Font v. Echeandía, ante, pág. 244, resolvimos que un edificio o local utilizado para la explotación de un negocio de exhibición de películas cinematográficas al público, me-diante paga, está comprendido dentro de las disposiciones •■del artículo 4 de la Ley núm. 464 (Ley de Alquileres Razona-bles), aprobada el 25 de abril de 1946 (Leyes de 1946, pág. 1327), que provee que las disposiciones de dicha Ley serán aplicables a edificios y locales para propósitos comerciales e industriales. Aplicando las disposiciones del artículo 12 de la misma Ley, al efecto de que mientras el inquilino pague «el alquiler básico o el alquiler razonable fijado por el Ad-ministrador, “no podrá el propietario promover la acción de desahucio para recobrar la posesión de una vivienda, . . . o de una casa o edificación que se use-para negocios, oficinas profesionales o propósitos comerciales o industriales, aunque haya expirado el término del contrato y* que ‘ ‘ a partir de la fecha de vigencia de esta Ley, quedará en suspenso, hasta la terminación de la emergencia declarada en la misma, todo procedimiento de desahucio que no se ajuste a las causas, condiciones y términos fijados en esta Ley,” decretamos la suspensión del recurso de apelación pendiente ante este Tribunal, hasta la terminación de la emergencia. (Bastardillas nuestras.)

En Latoni v. Corte Municipal, ante, pág. 140, en que se trataba de recobrar la posesión de una casa destinada a vi-vienda, resolvimos que “estamos satisfechos con que al dis-poner la Legislatura dentro del contexto de la Ley 464 que no se permitirá ningún recurso de ‘desahucio’ a menos que concurrieran ciertas circunstancias, quiso decir que prohibía cualquier recurso, ordinario o sumario, para recobrar la po-sesión de viviendas” y que “también, la sección 12 restringe el desahucio de inquilinos de edificios comerciales que no están cubiertos por la Ley Federal.” (Bastardillas nues-tras.)

La ley vigente en la fecha en que se dictó -la resolución recurrida era la ya mencionada Ley de Alquileres Razona-bles, núm. 464, de 25 de abril de 1946, según fué enmendada por la núm. 415 de 14 de mayo de 1947. Dicha Ley fué puesta en vigor, en cuanto a viviendas, por resolución del Consejo Ejecutivo, cuando la Ley Federal espiró el 30 de junio de 1946. En cuanto a locales comerciales la Ley comenzó a re-gir el 17 de julio dej.946.

^ La única cuestión que tenemos que considerar y resolver es si las disposiciones de la Ley de Alquileres Razonables, artículo 18A, que autoriza se deje sin efecto el procedimiento o la sentencia dictada cuando el desahucio se basa en falta de pago, son aplicables a un caso como el de autos.

De acuerdo con los términos del contrato de arrenda-miento, aparece que Orsini es dueño de una estación de gaso-lina establecida en una parcela de terreno de su propiedad, con una cabida de 4,528 metros cuadrados, ubicada en Mar-tín Peña. Dicha estación está equipada con los aparatos y máquinas necesarios para lavar y engrasar automóviles y con todos los instrumentos y equipos necesarios para el ne-gocio que habitualmente se hace en esa clase de estaciones, siendo todo el equipo propiedad de Orsini. De acuerdo con el contrato, párrafo tercero, la propiedad dada en arrenda-miento es “la estación de gasolina anteriormente reseñada con los muebles que la misma contiene.” No se trata, pues, del arrendamiento de un local para vivienda o para estable-cer en el mismo un negocio o industria perteneciente al arren-datario. Lo que se ha dado en arrendamiento es un negocio ya establecido y perteneciente al arrendador, para ser ex-plotado por el arrendatario por el término y bajo las condi-ciones estipuladas en el contrato, figurando entre las últimas (1) que en caso de rescindirse el contrato, el arrendador com-prará todas las existencias que tuviera el arrendatario por su justo valor; (2) que éste hará todas las reparaciones que el equipo necesitare; y (3) que el arrendatario no será res-ponsable de ninguna reclamación por concepto de salarios o jornales ni por deudas contraídas por el arrendador con an-telación o después del contrato.

La Ley de Alquileres Razonables fué aprobada con el pro-pósito de remediar una situación de emergencia creada por la gran demanda y por la escasez de locales para viviendas y para negocios, como consecuencia del estado de guerra. El “control sobre alquileres”, consistente en la fijación por el Administrador de cánones máximos y ,§n la restricción de los desahucios, fué establecido con el propósito de proteger a los inquilinos contra las prácticas injustas de los arrendado-res de exigir alquileres excesivos e irrazonables y para evi-tar que los inquilinos de viviendas o de locales comerciales fuesen lanzados a la calle, sin poder encontrar otro local para establecer su vivienda o para trasladar su comercio, nego-cio o industria. Las razones que justifican la intervención del poder regulador — police power — del Estado, para la res-tricción de un desahucio, no .existen en el presente caso. El arrendatario Sánchez Parra no es dueño del negocio estable-cido en la estación de gasolina. Todo lo que allí existe y es utilizado para la explotación del negocio — con excepción de las existencias de artículos para la venta — es propiedad del arrendador Orsini. Y ya hemos visto que de acuerdo con los términos del contrato el arrendador está obligado a comprar dichas existencias por su justo valor. El objeto del arrendamiento en este caso es, pues, una estación de ga-solina, con las maquinarias y equipo necesarios para su fun-cionamiento y explotación. Lo que se ha arrendado es un negocio ya establecido y en marcha — going concern — que a partir de la focha del arrendamiento seguirá siendo explotado por el arrendatario en vez de serlo por el dueño. La edifi-cación o “garage” es puramente incidental al negocio allí instalado, pues posiblemente el arrendatario no hubiese arren-dado dicho garage a no ser por las maquinarias y equipos allí instalados y por' el negocio ya establecido por el arren-dador de la estación.

La ejecución de la sentencia de desahucio no habría de causar perjuicio alguno al arrendatario, quien no tendría ante sí el problema de encontrar un nuevo local para su ne-gocio. No creemos que la Legislatura haya tenido la inten-ción de hacer extensivo el remedio de la restricción del desahucio a casos como el de autos. La situación del arren-datario en este caso es similar, si no idéntica, a la de un mó-dico que habiendo arrendado la clientela, la oficina y los ins-trumentos y equipo de otro médico, pretendiese, después de terminado el contrato, continuar en la posesión y disfrute de las propiedades arrendadas bajo la protección de la Ley de Alquileres Razonables.

La resolución recurrida es errónea y, por lo tanto, será revocada.

El Juez Asociado Señor De Jesús no intervino.

      (1)E1 disponiéndose del artículo 628 es idéntico al del 18A de la Ley de Alquileres Razonables, enmendada en 1947, pág. 821.