text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Francisco Flores Cintrón, acusado y apelante.
    Núm. 9943.

    Sometido: Junio 7, 1943.

      Resuelto: Noviembre 4, 1943.

      Leopoldo Tormes García, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogado de El Pueblo, apelado.-
   El Jiiiík Pbesidente TnteRino SeñoR Travieso

emitió la opi-nión del tribunal.

Francisco Flores Ointrón fné denunciado ante la Corte Municipal de Guayama por un delito de daños maliciosos cometido al matar “maliciosamente y cruelmente” una cerda de Antonio Ortiz. La corte del distrito, en grado de ape-lación, declaró al denunciado culpable y lo condenó a pagar una multa de veinticinco dólares.

El acusado apelante alega que la evidencia no demuestra la existencia del elemento “malicia”, necesario para la comi-sión del delito que prevé y castiga el artículo 514 del Código Penal que fué el que se le imputara.

La prueba de cargo consistió en las declaraciones de Antonio Ortiz, Y. M. Aponte y D. Mendoza. El primero, dueño del animal que fué muerto, dijo que estaba encargado de una finca de J. Farraró que linda con otra del doctor Cobián, situadas ambas en el barrio Ancones de Arroyo; que tenía una cerda amarrada en la finca de Farraró que se soltó cuando un empleado del doctor Cobián fué a buscar a dicha finca un buey de su patrono acompañado de un perro; que llamó la atención del empleado sobre el daño que podía cau-sar la cerda suelta y el empleado le contestó que se des-preocupara, que estaban arando; que dos días después la cerda fué muerta dentro de la finca de Farraró por el acusado obedeciendo órdenes del encargado de la finca del doctor Cobián, sin estar ocasionando daño alguno, cayendo entre los alambres que separan ambas fincas.

V. M. Aponte es un policía insular que fué a investigar el hecho. Dijo que vió la mancha de sangre que dejó la cerda debajo de los alambres de la cerca y que observó que los terrenos del doctor Cobián adyacentes a ésta se estaban arando.

Domingo Mendoza, un muchacho de catorce años, vió al acusado apuntar una carabina contra la cerda que “estaba en lo de Farraró”, disparar y matarla, brincando la cerda y. cayendo en la orilla de los alambres de la cerca.

La prueba de dascargo consistió en las declaraciones de J. Lasanta, L. Rivera, J. Irizarry, F. Valentín y A. Santiago. Lasanta dijo que “los cerdos” hacían daño en las planta-ciones de cañas comiéndose las semillas que se sembraban y que estuvo en casa de Ortiz a darle razón para que los reco-giera. Fue el empleado del doctor Cobián que estuvo en busca del buey en la finca de Farraró y admite que la cerda de Ortiz estaba amarrada y se espantó con el perro, soltán-dose. Como a los tres o cuatro días ocurrió el becbo denun-ciado. Vió más cerdos en la finca de Farraró, uno amarrado y otros sueltos.

Rivera manifestó que fué con Lasanta a casa de Ortiz a llamarle la atención sobre el daño que hacían los cerdos.

Irizarry pudo observar en varias ocasiones el daño que hacían los cerdos en las siembras de caña del doctor Cobián.

Valentín se expresó así:

“El día a que se refiere la denuncia estaba yo trabajando con el Sr. Ambrosio Santiago en propiedad del Sr. Cobián y cuando llegamos por la mañana a trabajar habían ciertos lechones por allí haciendo daño contra la semilla que habíamos sembrado el día antes ... y entonces mandó un peón de los que había... a sacarlos; entonces los sacaron y salieron por un sitio y entonces entraron por otro sitio, volvieron otra vez como a la media hora y permanecieron haciendo daño, volvían otra vez y el Sr. Ambrosio mandaba otro peón a sacarlos y los sacaban, pero que ya cuando eran como las once y media del día que iban a ser las doce, que íbamos a almorzar un poco distante, retirado, el Sr. Ambrosio dijo: ‘estos animales van a seguir haciendo daño, así es que vete, Francisco, busca la escopeta, hay que matarlos, ya se le han dado muchas razones y vamos a almorzar lejos y ellos van a seguir haciendo daño en lo que venimos’ y entonces el muchacho fue y buscó la escopeta. ’ ’

Santiago, el encargado de la finca del doctor Cobián, se refiere a los daños que hacían los cerdos y al aviso que ordenó que se diera a su dueño. Dijo que el día del suceso los cer-dos hacían daño y los mandó sacar en la mañana dos o tres veces.

“Entonces yo mandé a buscar una escopeta a casa con un peón de los que estaban trabajando y me trajeron la escopeta con un cartucho y mandé a éste a matarlo y desde ese día no volvieron los puercos. P. ¿En qué sitio preciso estaba la cerda ese día? R. En la finca del Dr. Oobián, dentro de la caña. P. ¿Qué hacía? R. Osando la semilla que estaba sembrada. P. ¿Dónde cayó esa cerda muerta? R. Como un metro poco más o menos antes de la empalizada. ’ ’

¿Es esa prueba suficiente? La corte de distrito entendió que lo era por los siguientes motivos:

“La corte entiende que la ley en relación con esta materia es que el solo y simple hecho de penetrar un animal en una finca ajena aunque cause algún daño, sin estar acompañado de otros hechos, no es por sí suficiente para negar la demostración prima facie de malicia; así también, por el contrario, cuando se demuestran hechos repetidos y actuaciones para; impedir esos hechos a tal extremo que puedan producir el agotamiento de la paciencia y la imposibilidad de evitar mayores daños y subsiguientes daños y el individuo ha actuado bajo esa impresión, actúa movido por un impulso justificado que elimina el factor malicia. Aquí nos encontramos que.. .el animal víctima de un disparo hecho por el acusado.. . estuvo amarrado y que se soltó por causas ajenas a su dueño y más bien por causas de las cuales era culpable uno de los empleados del dueño de la finca. Indudable-mente que para que eso tuviera algún peso en relación con el estado mental del acusado y su responsabilidad de respetar ese animal por haber sido culpa del dueño de la finca, se necesitaba que él hubiese tenido conocimiento de ello; de modo quo no habiendo tenido cono-cimiento el acusado del' hecho.. .no afecta... Pero, por otro lado nos encontramos que no se ha probado así tampoco que el acusado tuviera conocimiento de todas estas gestiones y de todos los hechos anteriores. Los testigos que han declarado ante este tribunal, han declarado sobre lo que ellos saben, sobre lo que ellos han visto y sobre lo que ellos han hecho, las veces que han tenido que sacar los puercos y las veces que han tenido que avisar. De modo que esta corte, aun cuando le’ diera crédito a esa prueba, no podría admitir o aplicar el contenido de esa prueba al estado mental del acusado porque no se ha probado que el acusado conociera todos y cada uno de esos hechos o por lo menos suficientes de esos hechos para que, en caso de ser creídos por la corte, pudiera la corte juzgar que el conocimiento de esos hechos había afectado al estado mental del acusado en tal forma que eliminase el elemento malicia, según resulta en el caso de-El Pueblo v. Valdés del tomo 23 D.P.R. 713. La corte, por lo tanto, cree que el acusado es culpable del delito que se le acusa, o sea, de infracción al artículo 514 del Código Penal.”

Llamó entonces la defensa la atención de la corte hacia el hecho de que el acusado había actuado por orden del mayordomo, un hombre de 66 años, con un brazo inútil, y el juez manifestó:

“La corte pensó en eso y lo tuvo presente; la corte tampoco ha dicho que haya creído la prueba de la defensa, la corte no ha en-trado en el juicio de la prueba, pero do dársele crédito a la prueba de la defensa, esa prueba podría haber beneficiado al mayordomo que dió la orden, pero no al empleado que la obedeció; si el mayor-domo tiene conocimiento de esos hechos es él quien debe actuar per-sonalmente, no ordenárselo a un subalterno que no tiene conocimiento de esos hechos y que en su mente él comete el delito porque solamente él presenció un acto aislado. El elemento malicia es una cosa interna, mental, del individuo en particular que comete el acto y un indi-viduo, no importa hasta dónde llegue su grado de obediencia a sus superiores, nunca está obligado a obedecer ninguna orden que le lleve a la comisión de ningún delito.”

Sostiene el apelante que procede la revocación de la sen-tencia porque se dictó contra el acusado sin que la corte entrara, en la apreciación de su prueba, como era su deber.

El criterio de la corte sentenciadora fue el de que no necesitaba resolver si era o no cierta la prueba aportada por el acusado sobre los daños anteriores causados por los cerdos de Ortiz y sobre las advertencias hechas a su dueño, porque no se demostró que el acusado tuviera conocimiento de ello y por tanto en nada pudieron esos antecedentes influir en su ánimo al dar muerte al animal, y nada contrario a la ley encontramos en ese criterio.

El acusado no era dueño de las siembras que se dicen dañadas por los animales de Ortiz. Tampoco encargado de vigilarlas. No tenía responsabilidad alguna en relación con las mismas. Era nn trabajador que recibió una orden de matar que no tenía que obedecer y mató. No lo bizo en defensa de su propiedad, ni en la de propiedad algnna puesta bajo su custodia o vigilancia. Mató un animal que no era suyo sin motivo justificado alguno y es responsable de su acto.

El delito, en la modalidad imputada en este caso concreto, consiste en matar maliciosamente algún animal perteneciente a otro. Art. 514 del Código Penal.

Según ese propio cuerpo legal, las palabras “malicia”, “maliciosamente”, denotan la comisión de un acto dañoso, intencionalmente, sin justa causa o excusa — la esciente in-fracción de la ley, en perjuicio de otro. Art. 559, número 4.

Y aquí la prueba demostró que el acusado actuó volun-tariamente, ya que no estaba obligado a obedecer la orden que se le diera, y el repetido código en el número uno del último artículo citado, dice que voluntariamente, cuando se aplica a la intención con que.se ejecute un acto, implica simplemente propósito o voluntad de cometerlo. Y que el propósito del acusado fue el de matar sin justa causa o excusa, es tan claro que no puede ni siquiera discutirse.

Todo cuanto pudo apreciarse en favor del acusado, lo apreció la corte al imponerle una multa de veinticinco dóla-res, cuando el delito puede en propios casos aparejar pena de cárcel por dos años o multa de doscientos cincuenta dóla-res o ambas penas. Art. 16 del Código Penal. Sostener que está exento de responsabilidad sería ir demasiado lejos.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor De Jesús Juez Asociado Sr. Snydeb,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, querellante, v. Central Cambalache, demandada.
    Núm. 3.

    Sometido: Junio 20, 1943.

      Resuelto: Noviembre 5, 1943.

      Jaime Sifre y F. 31. Susoni, abogados de la querellada; Miguel Guerra-Mondragón, abogado de la Autoridad de Tierras; Francisco A. Arrülaga, .Asesor Legal especial de la Autoridad de Tierras; Mariano Acosta Yetar de, y Luis E. Bubón, Félix Gchoteco, Jr., y B. Sánchez Castaño, los tres últimos por el Colegio de Abogados de Puerto Rico, como amicus curiae.

   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Entre la Central Cambalache y la Autoridad de Tierras de Puerto Rico han surgido ciertas diferencias de criterio relacionadas con la designación y pago de honorarios del notario que habrá de autorizar la escritura de compraventa que en cumplimiento del decreto por consentimiento dictado en este caso el 6 de marzo de 1942 deberá otorgar la primera a favor de la segunda. Alega la-Autoridad de Tierras que se propone (1) exigir que sea uno de los abogados de la Autoridad de Tierras en ejercicio del notariado el que auto-rice dicha escritura; (2) hacer que tal abogado notario cobre a la vendedora el arancel completo; (3) ingresar el importe de dichos honorarios en los fondos generales de la Autoridad de Tierras; y (4) no permitir al notario autori-zante de la referida escritura otro emolumento que el sueldo (pie como abogado percibe de la Autoridad de Tierras.

Sostiene en contrario la Central Cambalache (pie la Auto-ridad de Tierras de Puerto Rico no tiene derecho a realizar tales propósitos,

(1) porque dicha agencia gubernativa no puede ejercer el notariado;

(2) porque esta transacción de compraventa es de natu-raleza forzosa en lo que a la Central respecta y por lo tanto debe regirse a todos los efectos legales por lo prescrito en el artículo 1345 del Código Civil, a virtud del cual la Central tiene derecho a recibir el valor de la cosa de que es dueña, en cantidad representativa de una justa compensación, sin deducción de cantidad alguna que la convierta en injusta o no compensativa;

(3)' porque de ser aplicable a esta transacción lo dis-puesto en el artículo 1344 del citado Código, dicho artículo no la autoriza a seleccionar el notario ni a cobrar los hono-rarios de éste, porque lo primero compete al vendedor y lo segundo al notario autorizante.

Prescribiendo el inciso 12 del decreto que este Tribunal retendrá jurisdicción de la causa para dictar cualquier ulterior orden u órdenes que fueren necesarias, las dos partes nos sometieron la cuestión en controversia, interviniendo además amicus curiae.

La primera cuestión a resolver es a cuál de las dos partes en un contrato de compraventa corresponde la elección del notario.

Nuestras leyes no contienen disposición alguna que determine a cuál de las partes en el contrato de compraventa corresponde ese derecho. Pero como dice Laurent: “Rehu-sar juzgar cuando la ley no es clara y precisa, sería real-mente negar la justicia, y esto es introducir el desorden en la sociedad.” A igual resultado conduciría, en casos civiles, desde luego, rehusar juzgar cuando no exista le' aplicable al caso. A remediar esa situación va encaminado el artículo 7- de nuestro Código Civil, que prescribe:

“Artículo 7. — El tribunal que rehúse fallar a pretexto de silencio, obscuridad o insuficiencia de la ley, o por cualquier otro motivo, incurrirá en responsabilidad.
“Cuando no haya ley aplicable al caso, el tribunal resolverá conforme a equidad, que quiere decir que se tendrá en cuenta la razón natural de acuerdo con los principios generales, del derecho, y los usos y costumbres aceptados y establecidos."()

Es digno de notarse que el segundo párrafo del precepto legal transcrito difiere del correspondiente en el artículo 6 del Código Civil español, que dice:

"Cuando no haya ley exactamente aplicable al punto controver-tido, se aplicará la costumbre del lugar, y, en su defecto, los prin-cipios generales del Derecho.”'

El Código español, en defecto de ley exactamente apli-cable, suministra al juez sólo dos fuentes de donde suplirla: la costumbre del lugar, en primer término, y solamente en defecto de ésta, los principios generales del Derecho. En cambio, nuestro Código introduce una novedad al prescribir que en defecto de ley aplicable al caso, el juez resolverá teniendo en cuenta la razón natural de acuerdo con los prin-cipios generales de derecho, y los usos y costumbres acep-tados y establecidos. Al conjunto de esos tres elementos nuestro Código denomina “equidad”. La discreción del juez puertorriqueño es sin duda más amplia que la del juez español, obligado como está este último a aplicar sin otras consideraciones la costumbre del lugar y sólo en defecto de ésta, los principios generales del Derecho. Estos principios, según ha resuelto el Tribunal Supremo de España, los cons-tituyen la jurisprudencia de dicho tribunal o los que puedan hallarse en los viejos códigos españoles, prohibiéndose al juez aplicar principios de otros sistemas de Derecho, no importa lo correcto y justa que éstos puedan ser. A este efecto dice F. Clemente de Diego, en su reciente obra “Instituciones de Derecho Civil Español”, tomo 1, pág. 100:

"El legislador español, a nuestro entender, al invocar los prin-cipios de Derecho, pensó en los del Derecho español, en aquéllos que ya aprovechó al formular las reglas del Código, y que no por eso quedaron agotados. Por eso, siguiendo el ejemplo del legislador italiano, no dijo ‘principio de derecho natural’, como el austríaco, sino sólo ‘principios generales de derecho’.”

Pero como el legislador puertorriqueño estimó conve-niente modificar el segundo párrafo del artículo 6 del Código español, variándolo en la forma que hemos expuesto, no estamos obligados a seguir la interpretación que el Tribunal Supremo de España y los comentaristas de aquel Código han dado al citado párrafo. Sin menospreciar el’ caudal de sabiduría que atesoran los códigos españoles, estamos en libertad de acudir también a sanos principios que, aunque de otros sistemas de Derecho, sin destruir las líneas del edificio legal sean aplicables a las condiciones locales actuales y no estén en conflicto con las leyes existentes. Así lo ha venido haciendo este Tribunal y lo ha hecho también el Tribunal Supremo de Filipinas, a pesar de (pe allí se adoptó literal-mente el Código Civil Español. Estados Unidos v. Cuna, 12 Jur. Fil. 241, 247; Arnedo v. Llorente y Liongson, 18 Jur. Fil. 257.

Con respecto a “la costumbre del lugar”, ha dicho el Tribunal Supremo de España (pe para que pueda ser apli-cada en defecto de ley escrita, es necesario que se halle legal-mente acreditada, sin que baste suponerla existente, desde luego, sin prueba alguna. A este efecto dice F Clemente de Diego, en su obra citada, tomo 1, págs. 96-97, (pe desde la época de los glosadores se consideró (pe la costumbre era un simple hecho y como tal era menester (pe fuese probada ante el juez por aquél que la invocaba, y cita las Sentencias del Tribunal Supremo de España de 8 de octubre de 1877 (37 J. C. 451) 29 de enero (J. C.) y 26 de junio de 1899 (87 J. C. 572) y 8 de noviembre de 1911. También Manresa cree (pe ésa es la doctrina más acertada. 1 Comentarios al Código Civil Español, 78. El Tribunal Supremo de Filipinas la aplicó en el caso de Patriarca v. Orate, 7 Jur. Fil. 404. La misma regla prevalece en la Ley Común. Unkovich et al. v. New York Cent. R. Co. et al. (N. J., 1934) 16 Atl. (2d) 558.

En el presente caso, “los usos y costumbres” no han sido probados. En tal virtud debemos descartar ese ele-mento a los efectos de formular el principio aplicable a este caso. Acudamos, pues, a la razón natural de acuerdo con los principios generales de Derecho.

Es indudable que el vendedor y el comprador tienen interés en la elección del notario; pero a poco (pe reflexio-nemos sobre la cuestión, nos daremos cuenta de que el grado de interés del comprador necesariamente es mayor que el del vendedor. Éste recibe del comprador el precio en mo-neda legal. Pll otro, el comprador, si bien como cuestión de hecho recibe la posesión material de la cosa comprada, el título de propiedad sobre ella puede, por ignorancia, negli-gencia o malicia del notario autorizante, estar viciado de nulidad en todo o en parte, y como consecuencia de ese vicio no recibir en realidad aquello por lo que legítimamente pagó su dinero. En Argentina, cuyo código civil, como el español y el nuestro, guarda silencio sobre la cuestión que nos ocupa, se ha establecido, por interpretación judicial que es al com-prador y no al vendedor a quien incumbe designar el escri-bano que autorice la escritura. Tan respetable se considera ese derecho del comprador, que se ha resuelto que aunque en los avisos de remate se haya señalado un escribano, es el comprador quien tiene derecho a designar el que deba auto-rizar la escritura. Código Civil de Argentina, anotado por el Dr. Daniel Antokoletz, tomo 1, pág. 412.

A nuestro juicio, de acuerdo con la “equidad”, debemos resolver que salvo pacto en contrario y mientras no se de-muestre la existencia de usos y costumbres en distinto sen-tido, es el comprador y no el vendedor quien tiene derecho a elegir el notario. ()

Si como acabamos de resolver, es la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, como compradora, la que tiene de-reeho a elegir "-el notario en este caso, ¿existe impedimento legal alguno para que pueda dicha agencia gubernativa exigir que la escritura sea autorizada por uno de sus abogados legalmente calificados para ejercer la profesión notarial? En Puerto Rico, el notariado es una profesión. Así lo cali-fica nuestra Ley Notarial () En efecto, nuestros notarios no reciben nombramiento alguno. Para ejercer les basta ser admitidos a postular como abogados por este Tribunal y cumplir los requisitos prescritos por las secciones 2 y 5 de la Ley Notarial. Como los abogados, pueden ejercer en toda la Isla; su número es ilimitado — es decir, igual al de los abogados admitidos a postular que cumplen los indicados requisitos — , y al cesar en el ejercicio por muerte o por cual-quier otro motivo, no se crea ninguna vacante que deba ser cubierta por un poder nominador. Podrá argüirse que el notario de Puerto Rico al dar autenticidad a los contratos y demás actos extrajudiciales, y al autorizar las declaraciones juradas, ejerce una función pública. Así es en verdad, pero el mero hecho de ejercer una función pública y prestar el juramento que le exige la ley no lo convierte por ello en un funcionario público. También los miembros del Gran Jurado ejercen una función pública y prestan el juramento de rigor, y sin embargo, a pesar de la reconocida función pública que desempeñan, se ha resuelto en distintas jurisdic-ciones que no son funcionarios públicos. State v. Graham, 60 S. E. 431; State v. Bradley, 48 Conn. 535; McDuffie v. Perkerson, 91 A.L.R. 1002. El hecho de que el notario preste una fianza para garantizar sus funciones, tampoco implica que sea un funcionario público, pues como dice Fernández Casado en su “Tratado de Notaría”, al conceder el Estado al documento notarial el carácter de fehaciente, tiene el per-fecto derecho de tomar las medidas convenientes que sirvan de garantía a los otorgantes.

La Ley Notarial que rigió en esta Isla hasta que fue derogado por la vigente “Ley para Regular el Ejercicio de la Profesión Notarial de Puerto Rico”, de 8 de marzo de 1906 (Leyes de 1906, pág. 141; Comp. 1911, §§1979-2020), era la misma ley española “Sobre Constitución del Nota-riado”, de 28 de mayo de 1862 que con leves alteraciones se hizo extensiva a Cuba y Puerto Rico el 29 de octubre de 1873. De conformidad con la citada ley española, los nota-rios- eran de nombramiento real (art. 11); se proveían por oposición ante las Audiencias, que proponían al gobierno los tres opositores que creyesen más beneméritos (art. 12); debían prestar fianza (art. 14); juraban obediencia y fide-lidad al Rey, guardar la constitución y las leyes, y cumplir bien y lealmente su cargo (art. 15); era incompatible el ejercicio del notariado con cualquier otro cargo que deven-gara sueldo de los presupuestos generales, provinciales o municipales (art. 16), y por último prescribía el artículo 3 que cada partido judicial constituiría un distrito de notariado dentro del cual se crearían tantas notarías cuantas se esti-masen necesarias para el servicio público, tomando en cuenta la población, la frecuencia y facilidad en las transacciones, etc.

No obstante concurrir en el notario español todos los elementos esenciales para calificarlo como funcionario pú-blico dentro de nuestras leyes vigentes, bajo las españolas tenía el concepto de un profesional, no de un funcionario público. Así lo sostienen el tratadista español Miguel Fer-nández Casado en su citada obra, tomo 1, páginas 23-24, y el Sr. Euiz Gómez, citado con aprobación por el primero en la página 143 de la obra indicada.

El notario en los Estados Unidos con razón está califi-cado como un funcionario publico. Allí la creación del cargo (office), el procedimiento para nombrarlo, el número de no-tarios para cada condado, la demarcación territorial dentro de la cual pueden ejercer, la duración del cargo, las vacantes y forma de cubrirlas, y las facultades del funcionario, están prescritas por ley. Véanse Thompson’s Laws of New York, 1939, Parte I, páginas 1016-1017; Peering, Political Code of California, 1937, secciones 791-801; 4 Dart, Louisiana General Statutes, secciones 6285 et seq.

Siendo el notario un profesional en Puerto Rico, su posi-ción como empleado de la Autoridad de Tierras es la misma que la de cualquier otro técnico de dicha agencia guberna-tiva, y no conocemos ley alguna que expresa o tácitamente prohiba a la Autoridad de Tierras designar a uno de sus abogados, que a la vez sea notario, para que redacte y auto-rice la escritura. Por el contrario, la Ley de Tierras de Puerto Rico (Leyes de 1941, pág. 401), bajo el epígrafe “Poderes y Facultades G-enerales de la Autoridad”, en su sección 8(p) le confiere, entre otros, los siguientes:

“Nombrar aquellos funcionarios, agentes y empleados y confe-rirles aquellas facultades, imponerles aquellos deberes y fijarles, cambiarles y pagarles aquella compensación por sus servicios que la Autoridad determine.” (Bastardillas nuestras.)

De conformidad con el precepto legal transcrito, la Auto-ridad puede imponer a cualquiera de sus funcionarios legal-mente capacitados para ello, como parte de sus deberes oficiales, el de redactar y autorizar durante las horas labo-rables aquellos instrumentos públicos en que estuviere legal-mente interesada.

¿En quién puede la Autoridad de Tierras tener más confianza que en sus propios funcionarios o empleados, espe-cialmente cuando se trata de una transacción que envuelve una cantidad mayor de $1,000,000? Es cierto que este Tribunal ha sostenido que es inmoral y contrario a la ley que un funcionario público ejerza en su propio beneficio la pro-fesión de abogado durante las horas laborables que legal-mente está obligado a dedicar por entero al desempeño del cargo oficial que ocupa. Rodríguez v. Mudafor, 50 D P.R. 856. Cierto también es que esa prohibición se aplica igual-mente a un notario que a cualquier otro profesional en idén-ticas circunstancias. Pero el caso que nos ocupa es distinto. Aquí el trabajo lo verifica el notario por orden y en beneficio de la Autoridad de Tierras, de quien recibe un sueldo como empleado o funcionario.

Es verdad que la sección 39 de la “Ley para Regular el Ejercicio de la Profesión Notarial en Puerto Rico” contiene un arancel que fija la compensación que un notario puede percibir por sus servicios. Las cantidades así fijadas no constituyen un derecho {fee) que pertenezca al Estado, del cual no pueda éste ser privado. Tampoco pueden conceptuarse como el salario de un funcionario público del cual no pueda dicho funcionario ser privado, pues como hemos visto, el notario de Puerto Rico no es un funcionario público y sí un profesional. El arancel sólo fija la compensación que puede cobrar un notario por sus servicios. Pero el notario que se propone utilizar el Director Ejecutivo de la Autoridad de Tierras es uno de los funcionarios o empleados de dicha agencia gubernativa, entre cuyos deberes, por disposición de dicho Director Ejecutivo, se halla el de redactar y autorizar durante horas de oficina, aquellos documentos públicos que formalicen transacciones en que sea parte o estuviere legahnente interesada la Autoridad. En compensación de sus deberes dicho funcionario percibe el sueldo fijádole por la Autoridad, y, claro está, no puede legalmente percibir compensación adicional, como no podría percibirla cualquiera otro de los abogados de dicha agencia a quien se le encomendase el estudio de cualquier cuestión legal en que la Autoridad estuviese legalménte - interesada. Véase por analogía Coggeshall v. Conner, 39 L.R.A. (N. S.) 81.

El caso de Wilcox v. Banco Popular (C.C.A. 1918) 255 Fed. 442, no es de aplicación. Allí se declaró nula una escri-tura de hipoteca otorgada a favor del Banco ante un notario que era presidente y a la vez un importante accionista de la institución bancaria. Se fundó la decisión en que el notario tenía un interés material en la transacción, que lo descalifi-caba para actuar como tal. En realidad el notario y el Banco estaban tan identificados en interés que virtualmente eran la misma persona. Pero en el presente caso el funcionario de la Autoridad de Tierras no tiene interés material alguno en las transacciones que en cumplimiento de los fines para los que fué creada, lleve a cabo dicha agencia gubernativa.

Establecido que el notario en, el presente caso no tiene derecho a cobrar honorarios por dicho trabajo notarial por ser un funcionario o empleado de la Autoridad de Tierras, fácilmente se comprenderá que no puede cederlos a la Autoridad, pues nadie puede ceder lo que no le pertenece. Tampoco puede la Autoridad subrogarse en los derechos del notario, porque es legalmente imposible subrogarse en derechos que no existen. Por consiguiente, al exigir la Autoridad de Tierras el pago de dichos honorarios, necesariamente tiene que reclamarlos por su propio derecho y en ninguna forma como un derecho adquirido del notario. Pero es claro, a nuestro juicio, que la Autoridad de Tierras no puede por su propio derecho percibir esos honorarios. Ello equivaldría a reconocer en dicha agencia gubernativa el derecho a ejercer la profesión notarial, con manifiesta infracción de la sección 2 de la Ley para regular el ejercicio de la Profesión Notarial en Puerto Rico. Véanse las monografías en 73 A.L.R. 1327 y 105 A.L.R. 1364.

Además, es sabido que los funcionarios y agencias del gobierno no pueden cobrar al público otros derechos u honorarios que no sean los prescritos por la ley. En Puerto Rico no existe, que sepamos, precepto legal alguno que autorice a la Autoridad de Tierras a cobrar honorarios por servicios de la índole de los que nos ocupan. Pero en el supuesto de que la ausencia de una prohibición legal a ese efecto pudiese interpretarse como que equivalía a conceder la facultad de cobrarlos, aun así, no podría ella exigirlos en ausencia de una autorización expresa o implícita para cobrar esta clase determinada de honorarios, por impedirlo, como hemos no-tado, la vigente Ley Notarial.

Por lo expuesto, procede declarar:

(1) que la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, como compradora, tiene derecho en este caso a elegir el notario que autorice la escritura de compraventa, pudiendo ser dicho no-tario uno de los empleados o funcionarios de la citada Auto-ridad ; y

(2) que ni el notario así elegido dentro de los funcionarios o empleados de la Autoridad, ni la propia Autoridad, podrán cobrar honorarios por dicho trabajo notarial.

Opinión disidente del

Juez Asociado Sr. Snydeb,

Concurro con la opinión y resolución del Tribunal en este caso, con la excepción de que en mi opinión los honorarios percibidos por un notario en el desempeño de sus deberes como un funcionario o empleado de la Autoridad de Tierras deben ingresar en los fondos generales de la Autoridad. No me impresiona el argumento de que ninguna ley autoriza expresamente el cobro de estos honorarios. En este caso hemos resuelto que, al desempeñar las funciones descritas en la opinión de la mayoría, el notario en cuestión estaría actuando propiamente como un notario. Habiendo decidido esto, no puedo ver cómo podemos limitarnos a decir que, aunque tal empleado está actuando correctamente bajo la ley que reglamenta a los notarios, los honorarios que debe recibir, aun cuando no los ha renunciado, no puedan ser percibidos. Estoy presto a convenir que el notario, a quien se le paga un sueldo como funcionario o empleado público, no puede per-cibir estos honorarios en adición a su sueldo (Rodríguez v. Mudafor, 50 D.P.R. 856). Pero nada encuentro en la ley que nos exija conceder al vendedor de terrenos a la Autoridad el beneficio (windfall) de no pagar los honorarios fijados por ley en relación con una transacción de esta índole.

Considero altamente significativo el hecho de que estos son honorarios que una persona que vende a una entidad privada estaría claramente obligada a pagar y que, en tér-minos generales, simplemente reintegran a la Autoridad los salarios pagados a los notarios por tales servicios.

Se ha atacado como inmoral la práctica de ingresar tales honorarios en los fondos públicos. No veo tal inmoralidad. Los abogados afirmaron, sin contradicción, que ésta es la práctica general en las muchas adquisiciones de tierras en Puerto Eico por diversas agencias federales. Los derechos de los registradores, que hemos resuelto son derechos por servicios rendidos, y no contribuciones (R. F. C. Mortgage Co. v. Registrador, 60 D.P.R. 235), son, por virtud de ley, ingresados en la tesorería insular. De la misma manera, los derechos cobrados a litigantes por los secretarios de las cortes federales y los fiscales de los Estados Unidos son reintegrados por estos funcionarios a la tesorería pública (Título 28, U.S.C.A., See. 541 y siguientes). Por tanto el argumento se reduce a manifestar que la inmoralidad surge, no del cobro por el Gobierno de los honorarios propiamente dichos, si que de la ausencia de una disposición específica de ley para ello. La opinión de la mayoría contiene una excelente discusión de la necesidad de que las cortes decidan cuestiones no com-prendidas en la ley. Convengo enteramente con este prin-cipio y lo creo de aplicación al problema que discutimos, pero en cuanto a mí las equidades en este caso favorecen clara-mente a la Autoridad. Por tanto creo que si debemos legislar judicialmente en este caso, debemos asumir la actitud de que los honorarios deben cobrarse por la Autoridad toda vez que no lo prohibe ninguna ley en vez de decidir, como decide la mayoría, que no existe estatuto alguno que autorice tal práctica.

Mi opinión sincera es que toda vez que este asunto se suscita expresamente por vez primera, los vendedores de terrenos a agencias gubernamentales insistirán en el futuro que el asunto se convenga expresamente en el contrato. Sin embargo, la decisión de la mayoría impide al Gobierno em-plear este argumento, el cual con todo derecho podían em-plear en el pasado, como parte de su poder de negociación, para insistir bien que los honorarios sé pagasen y se ingre-sasen a la tesorería pública o, en caso de qne se renunciara a los mismos, qne tal renuncia se reflejara en el precio de venta del terreno.

Las cifras que nos fueron presentadas al efecto de qne algunos pequeños vendedores de terrenos a la Puerto Rico Reconstruction Administration fueron obligados a pagar por honorarios, el diez por ciento del valor del terreno vendido, muy bien pudieron ser úna carga onerosa sobre tales vende-dores, pero no encuentro razón por la cual cualquier agencia gubernamental no pueda como parte de su poder de contra-tación renunciar todo o parte de tales hononarios. Por otro lado insistir que tal renuncia debe prevalecer inexorablemente en cada caso como cuestión de derecho, resultaría en casi todos los casos, como en el presente, solamente en beneficio (windfall) del vendedor.

Se nos ha llamado la atención en el curso del argumento hacia el hecho de que nuestra decisión en este caso podría tener algún efecto sobre los honorarios de notarios que rinden servicios similares a base de un sueldo para instituciones pri-vadas o bufetes. Tal como interpreto la opinión de la ma-yoría, dicho asunto se deja pendiente. No expongo mi opinión sobre el mismo ya que no creo está envuelto en el presente caso.

      (1) En Argentina esta cuestión está regulada por el artículo 16 del Código Civil que dice así:
      "Si una cuestión civil no puede resolverse, ni por las palabras, ni por el espíritu de la ley, se atenderá a los principios de leyes análogas; y si aun la cuestión fuere dudosa, se resolverá por los principios generales del derecho, teniendo’en consideración las circunstancias del caso.”

      (2) F. Clemente de Diego, en su obra y tomo citados, dice, a la página 103:
      “Ahora bien: como en éstas (se refiere a la ley y a la costumbre) se encuentran lagunas que de algún modo tienen que ser suplidas, y los principios generales a los que hay que acudir en defecto de ley y de costumbre no están formulados y es menester aducirlos y formularlos, en tales supuestos la actividad de los Tribunales está muy aerea de la producción jurídica y casi se asimila la jurisprudencia a las fuentes formales y directas del Derecho. Así, el fallo de los Tribunales podrá engendrar nuevas formaciones de Derecho o por la vía consuetudinaria o influyendo sobre el legislador para que recoja su doctrina en las leyes." (Paréntesis y bastardillas nuestros.)
      Compárese el pensamiento del jurista español con el del Juez Holmes al decir en su opinión disidente emitida en Southern Pacific Co. v. Jensen, 244 U.S. 205, 221:
      “Reconozco sin vacilación que los jueces legislan, y es su deber legislar, pero sólo pueden hacerlo para llenar vacíos (interstitially)

      (3) La sección 2 de la Ley para Regular el Ejercicio de la Profesión Notarial de Puerto Rico en lo pertinente dice:
      “Sección 2. — Además de los que hoy ejercen en esta Isla Jet profesión Notarial y de los que hasta hoy han obtenido título librado por la Corte Suprema de Puerto Rico, sólo podrán en lo sucesivo ejercer dicha profesión, los Abogados que hayan sido admitidos a practicar como tales ante las Cortes de Justicia pol-la di día Corte Suprema y hayan prestado una fianza a favor de El Pueblo de Puerto Rico, por la suma de dos mil quinientos dólares, para responder del buen desempeño de su cargo.’’


text:
    Alberto Núñez, demandante y apelante, v. Josefa López, demandada y apelada.
    Núm. 8652.

    Sometido: Junio 18, 1943.

      Resuelto: Noviembre 8, 1943.

      Liego O. Marrero abogado del apelante; Géigel <So Silva, abogados de la apelada.
   El Juez Presidente Interino Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En la demanda interpuesta en este caso, Alberto Núñez alega que en fecba 2 de marzo de 1914 contrajo matrimonio con la demandada en la ciudad de San Juan; que allá para el mes de marzo de 1934 el demandante y la demandada se separaron; que desde esa fecha han mantenido ese estado de separación, sin que haya mediado entre ellos relaciones mari-tales de clase alguna; y que ni el uno ni el otro se han ausen-tado de la Isla durante el año precedente a la interposición de la demanda.

La demandada contestó aceptando todos los hechos ale-gados, con excepción de los referentes a la separación de los cónyuges, los cuales negó específicamente.

El 13 de octubre de 1942 se celebró la vista del caso. El demandante ocupó la silla testifical, y en apoyo de su de-manda declaró, en síntesis, como sigue:

Que desde hace más de ocho años no vive con la deman-dada; que se separó de ella en el mes de febrero de 1934, saliendo de su casa situada en el Barrio Obrero en San Juan y yéndose a vivir al Hotel Gruayama en donde permaneció hasta el mes de octubre de 1936, fecha en que montó su resi-dencia en Arecibo; que durante ese tiempo él continuó via-jando por diversos pueblos de la Isla como representante de los cigarrillos “Lucky Strike” y que cuando regresaba a San-Juan dormía siempre eu el Hotel Gruayama hasta que volvía a salir para la isla; que se trasladó a Arecibo .a una coloca-ción con Manuel Oliver hasta el 1937 que entró a trabajar con la casa de Pórtela, en donde ha estado trabajando hasta el presente; que en Arecibo montó casa desde el mes de octubre de 193.6; que en el año 1940 se fué a vivir a una casa en el barrio ele Buenos Aires en Arecibo, que es la que ocupa, actualmente; que durante todo ese tiempo él no ha vivido con su esposa, quien ha continuado viviendo en San Juan en el mismo sitio en que vivía al efectuarse la separación.

Repreguntado por el abogado de la demandada, el deman-dante declaró que cuando él se fué a vivir a Arecibo montó casa y la amuebló, viviendo en ella bastante tiempo, solo, hasta que fué a vivir con él la familia de doña Encarnación Lugo, a quien él alquiló parte de la casa; que después se mudó a otra, mudándose también la familia de doña Encar-nación Lugo Declaró además, que doña Encarnación es sol-tera y madre de tres hijas y un hijo; que con ella vive una hija llamada Rosa María; que Rosa María es madre de dos niños. Preguntado si conocía al padre de esos niños se opuso el abogado del demandante, haciendo constar que no se tra-taba de un pleito de filiación y sí de divorcio por separación de más de siete años. La corte ordenó al testigo contestar-la pregunta, su abogado tomó excepción, teniendo lugar en-tonces el siguiente diálogo:

“Señor Juez: P. — Conteste.
R. — Lo conozco.
P. — ¿Quién es el padre?
R. — -Yo mismo.
P. — ¿Usted vive con la hija de doña Encarnación?
R. — Sí, señor.
P. — ¿Y han tenido dos. hijos en esas relaciones?
R. — Sí señor.
P. — ¿Qué edad tiene la mayor?
R. — El mayor cumplió cuatro años el pasado mes y el menor-tres años.”

Después de un receso el tribunal inferior se expresó en la forma siguiente:

“Entiende el Tribunal que después de esa declaración suya no vale la pena continuar viendo este caso y procede que la demanda sea declarada sin lugar. Nuestro Tribunal Supremo, en caso de Fernández v. Hernández, 8 D.P.R. 243, dijo lo siguiente hace muchos años: ‘el cónyuge que ejercita la acción trascendental de divorcio que l\a de romper el .vínculo matrimonial y destruir el hogar que nació por el mutuo amor y en donde existen hoy hijos inocentes, debe estar limpio de toda culpa y debe ser una verdadera víctima que agotó todos los medios amistosos para detener el mal en su origen.’ Es un deber de la Corte, a moción propia, denegar el divorcio cuando surge de la evidencia, aunque no se haya establecido como defensa, que el demandante ha cometido actos recriminatorios, ya que el divorcio es un remedio en beneficio del cónyuge inocente contra el culpable, y si ambos son culpables, no debe concederse. La doctrina de recriminación descansa en la bien conocida máxima de equidad que dice: ‘El que pida equidad debe hacerlo con las manos limpias.’ 9 R.C.L. pág. 392, pár. 185; 19 C. J. pág. 93, pár. 219.
“Como regla general, la defensa de recriminación es una defensa que debe ser alegada, pero esta regla no es aplicable cuando de la propia prueba del demandante surge su culpabilidad, siendo el motivo de excepción a dicha regla cuando el propio demandante demuestra al tribunal que está en ‘pari delicto’ y no comparece a la corte con sus manos limpias, en cuyo caso no debe concedérsele el remedio solicitado. Conant v. Conant, 10 Cal. 249; Rapp v. Rapp, 58 Atl. 167; Jones v. Jones, 90 Am. Dec. 607; Young v. Young, 119 Atl. 92; Kennerley v. Kennerley, 29 D.P.R. 777; Redington v. Redington, 2 Colo. App. 8, 29 P. 811 y además el caso de Chávez v. Chávez, 50 P. (2d) 264.”

Y acto seguido dictó sentencia declarando sin lugar la de-manda y condenando al demandante al pago de las costas más la suma de $50 como honorarios de abogado.

El presente recurso de apelación, interpuesto por el demandante, se basa en siete señalamientos de error. No hemos de discutirlos separadamente, pues en realidad la única cuestión envuelta es la de si en una demanda de divorcio, basada en la separación de los cónyuges durante el período estatutario, puede invocarse la doctrina de recriminación por actos realizados por la parte demandante, con posterioridad a y durante el período de la separación.'

En el caso de autos, como hemos visto, la doctrina de recriminación fué invocada por la corte, sua sponte, sin que la parte demandada hiciera alegación alguna a ese efecto.

Por la Ley núm. 46 aprobada en mayo 11 de 1933 (Leyes de 1932-33, pág. 305),-la Legislatura insular enmendó el ar-tículo 96 del Código Civil (Ed. 1930) para agregar a las ya existentes, una nueva causal de divorcio, a saber:

“9. La separación de ambos cónyuges por un período de tiempo sin interrupción de más de siete (7) años; Disponiéndose, que pro-bada satisfactoriamente la separación por el expresado tiempo de más de siete (7) años, al dictarse sentencia siempre se considerará como cónyuge inocente a la mujer con todos los derechos inherentes a tal condición como consecuencia del divorcio.”

Y por virtud de la Ley núm. 62 de abril 29 de 1942 ((1) pág. 583), el citado artículo fué nuevamente enmendado en el sentido de reducir a tres años el período de separación que pueda dar lugar al divorcio.

La interpretación y alcance de la citada disposición legal fueron considerados por primera vez por esta Corte Suprema en el caso de Pérez Valdivieso v. León, 52 D.P.R. 512, en el cual resolvimos:

“En 1933 nuestra Legislatura en su sabiduría estimó que los matrimonios cuyos cónyuges hubiesen estado separados por más de siete años continuos podían disolverse por los tribunales de justicia por sentencia de divorcio, sin tener que investigarse cuál de ellos era el culpable, debiendo siempre considerarse como inocente a la mujer con todos los derechos inherentes a esa condición como conse-cuencia del divorcio.”

Interpretando un estatuto muy parecido al nuestro, la Corte Suprema de Louisiana, en Hava v. Chavigny, 143 La. 365, se expresó así:

“En sus razonamientos para sostener la excepción de falta de causa de acción, dice el juez que no se ha alegado en la demanda que el demandante esté exento de culpa y que él haya cumplido o esté dispuesto a cumplir sus deberes bajo el contrato matrimonial. Pero esta alegación no se menciona en la Ley núm. 269. La ley no impone otra condición en relación con su aplicación que aquella de que las partes ‘hayan vivido separadas y distanciadas por un período de siete años o más’. La alegación de que él estuviera libre de culpa era por tanto innecesaria para sostener 3a causa de acción en este caso.”

Y en North v. North, 164 La. 293, el misino tribunal resolvió:

“El estatuto sobre el cual se basa esta acción, introdujo en este Estado una causal de divorcio, nueva e independiente; y ese estatuto no toma en consideración la cuestión de qué causa haya podido motivar o por culpa de quién se efectuó la separación. El único requisito del estatuto, como condición precedente a la concesión del divorcio, es que las partes en realidad y como cuestión de hecho hayan vivido separadas y distanciadas y en distintos domicilios por un período completo de siete años, durante el cual una de las partes por lo menos haya continuado residiendo en este estado.”

En Brooks v. Brooks, 143 S.W. (2d) 1098, la Corte Su-prema de Arkansas, interpretando un estatuto similar al nues-tro, resolvió que cuando de la evidencia resulta probado que el marido y la mujer lian vivido separados y sin cohabitar du-rante más de tres años consecutivos, el marido tiene derecho a que se decrete el divorcio por él solicitado, aun cuando la mujer se haya visto obligada a separarse de él involuntaria-mente, por coacción o fuerza. Se resolvió, además, que cuando las condiciones fijadas por el estatuto se han cumplido, es mandatorio para la corte el dictar una sentencia de divorcio a petición de uno de los cónyuges.

Hemos examinado cuidadosamente todos los casos citados por la corte inferior, y aun cuando estamos conformes con la doctrina de recriminación que ellos sostienen, consideramos que los mismos no son de aplicación al caso de autos. En la mayoría de dichos casos se trata de una demanda de divorcio en la que la parte demandante imputa a la parte demandada la realización de uno de los actos reconocidos por la ley como causa suficiente para un decreto de divorcio; y la parte demandada ha contestado la demanda imputando al demandante la realización por su parte de un acto que de acuerdo con la ley daría a la parte demandada el derecho a solicitar un decreto de divorcio a su favor. De acuerdo con la doctrina de “recriminación”, se sostuvo en Rapp v. Rapp, 58 Atl. 167 y en Young v. Young, 119 Atl. 92, que cuando el marido lia abandonado a la mujer por un período de tiempo suficiente para que ella pueda pedir el divorcio por la causal de abandono, ese abandono puede ser alegado por ella como una defensa válida y suficiente en contra de la demanda de divoi’cio incoada por el marido por el adulterio cometido por ella después de vencido el plazo fijado por el estatuto para poder pedir el divorcio por abandono, Y en Gray v. Gray, 287 N. W. 708, en el que se solicitaba el divorcio por aban-dono, se resolvió que el adulterio cometido por el demandante durante el período del abandono podía alegarse como recri-minación en su contra.

En Kennerley v. Kennerley, 29 D.P.R. 777, esta Corte Suprema revocó la sentencia por la cual se concedía el divorcio a favor del esposo demandante, resolviendo que el •acometimiento y agresión del esposo contra la esposa y la intimidad de aquél con otra mujer, constituyen la defensa de recriminación por trato cruel que hace ineficaz la acción de divorcio por trato cruel ejercitada por el esposo.

i ja defensa de recriminación está basada en el principio de que “el divorcio es un remedio para beneficio de uno de los esposos agraviados que no ha sido la causa voluntaria y determinante de los actos en que se funda para invocarlo.” Boeck v. Boeck (Idaho), 161 Pac. 576. Schouler, Marriage & Divorce, etc. §1724.

En los casos de divorcio, como el presente, basados en la separación de los cónyuges, sin interrupción, por el tiempo fijado en el estatuto, el demandante no imputa a la deman-dada la comisión de acto alguno que al ser probado dé derecho al demandante a que se dicte sentencia a su favor. La sepa-ración que da derecho al divorcio no es, como lo es el aban-dono, el adulterio o el trato cruel, el acto personal, individual y exclusivo de uno de los cónyuges. El estatuto asume que las partes han vivido separadas como consecuencia del mutuo propósito de hacerlo así. Messick v. Messick, 177 Ky. 337, 197 S. W. 792.

El propósito y la intención del legislador al aprobar el estatuto que estamos examinando se desprenden del lenguaje claro y terminante en que está redactado. Probado a satis-facción de la corte que los cónyuges han vivido separados por más de siete años — o por más de tres años según la última enmienda — es deber de la corte decretar el divorcio. Y que el legislador ha querido, que en casos de divorcio pol-la causal de separación no se investigue cuál de los dos cón-yuges ha sido el causante de la separación, se desprende clara-mente de la disposición de que “al dictarse sentencia siempre se considerará como cónyuge inocente a la mujer.”

(Siendo la intención legislativa que en casos de la natura-leza del presente no debe investigarse cuál de los cónyuges fue el culpable de la separación, la corte inferior erró al obligar al demandante, en contra de la objeción formulada por sú abogado, a declarar en cuanto a la paternidad de los niños de Rosa María Lugo; y erró igualmente al desestimar la demanda.

No habiéndose permitido al demandante terminar la pre-sentación de su prueba, ni dádose a la demandada una opor-tunidad de practicar la suya, es procedente que revoquemos la sentencia recurrida y que devolvamos el caso a la corte de su procedencia para ulteriores procedimientos no incon-sistentes con esta opinión.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


text:
    International General Electric Company of Porto Rico, demandante y apelante, v. Plácido Colón Delgado y su esposa Enriqueta Daussá, demandados y apelados.
    Núm. 8584.

    Sometido: Abril 2, 1943.

      Resuelto: Noviembre 16, 1943.

      James R. Beverley, R. Castro Fernández y José López Baralt, abo-gados de la apelante; A. Aponte y F. R. Aponte, abogados de los apelados.
   El Juez Peesidente Intehino Señok Teavieso

emitió la opi-nión del tribunal.

Éste es un pleito en cobro de dinero en el que se dictó sentencia declarando la demanda sin lugar, y se condenó a la demandante al pago de las costas y de trescientos dólares en concepto de honorarios de abogado.

La demandante, una corporación insular, alegó en su de-manda que los demandados, marido y mujer, constituyeron a su favor en noviembre 16, 1932, una hipoteca sobre cierto solar y casa de su propiedad para garantizarle $3,100.93, en consideración a una cuenta corriente existente entre ellos que arrojó en la indicada fecha un balance a favor de la deman-dante por la expresada suma; y que en noviembre 30, 1935, vencida la hipoteca fué liquidada la cuenta corriente con un saldo a favor de la demandante de $1,712.43, con más $128.90 por intereses, que los demandados no satisficieron a la deman-dante no obstante haberlos requerido para ello.

En su contestación los demandados aceptaron el otorga-miento de la escritura de hipoteca pero negaron que lo fuera para garantizar suma alguna en exceso de $2,500 y negaron que la hipoteca estuviera vencida y que cubriera saldo alguno a favor de la demandante, negando asimismo que suma al-guna de la cantidad originalmente adeudada a la demandante por el demandado Plácido Colón, que fué objeto de la garantía hipotecaria, se hallara insoluta. En contrario alegaron que todo el importe de la deuda garantizada, así como todo lo que adeudaba e] dicho demandado en noviembre de 1932, fué pagado en distintos abonos hechos a la demandante desde noviembre 19, 1932, a diciembre de 1935.

Negaron que la cuenta corriente objeto del litigio fuera liquidada en momento alguno y en contrario alegaron que en diciembre 1935 se presentó al demandado Plácido Colón el representante de la demandante J. Bonano y le informó que estando los auditores de la casa investigando los asuntos de la demandante, deseaba que le pusiera el “O. K.” a los dos estados de cuenta que le presentó, uno por $1,712.43 y otro por $128.90. El demandado se negó por no poder determinar la exactitud de las partidas, pero Bonano le rogó que firmara prometiendo devolverle los documentos tan pronto los audi-tores terminaran su trabajo, y confiando Colón en la caballe-rosidad de Bonano, así lo hizo. Sigue alegando que la cuenta según pudo comprobarse después estaba llena de errores, ha-biéndose cargado intereses en la misma, $472.42, que no habían sido convenidos y omitiéndose abonos por más de $397.

Negaron que aceptaran liquidación alguna de capital ni de intereses de la hipoteca y que fueran requeridos de pago.

.Del récord aparece que los demandados hicieron a la de-mandante una proposición de transacción al-efecto de que se dictara sentencia en contra de los demandados por la suma de $843.01; y que dicha proposición no fué aceptada por la demandante.

En el acto del juicio se llamó a declarar a Jenaro Bonano, subsecretario auditor de la demandante. Se le mostró un documento y dijo: “Éste es un estado de la cuenta del Sr. Plácido Colón de Humacao reportado el 31 de diciembre de 1935 demostrando un saldo a favor de la compañía de $1712'.43.” Llegó a sus manos “por el curso ordinario del correo.” Conoce la firma y es genuina. Beconoce la copia de la carta de diciembre 11,1935 remitiendo el estado. Aclara que eran dos estados. La fecha diciembre 31, 1935 que aparece en el estado es la de su recibo.

Los estados y la copia de la carta se ofrecieron en evi-dencia y fueron admitidos. lia carta dirigida a Colón fechada en diciembre 11, 1935, dice:

Debido a que estamos esperando la visita de uno de los auditores de nuestra oficina principal deseo tener aclarada su cuenta con anti-cipación a la llegada de este señor y me estoy permitiendo adjun-tarle dos estados- do cuenta; uno que comprende su cuenta corriente o sea $1,712.43 en noviembre 30 y otro $379.55 que corresponde a los giros que usted nos firmó y que están al cobro con el Roig Commercial Bank. También le estoy adjuntando dos facturas por inte-reses que liemos dejado de cargar a su cuenta corriente desde diciembre 31, 1934, a noviembre. 30, 1935, cuya factura asciende a $128.90.
“Mucho apreciaríamos si se quedase con el duplicado de estos documentos y nos devolviese el original de cada uno de ellos con su conformidad.”

Continuó declarando el testigo y contestando al .abogado de la demandante negó que hubiera tenido entrevista personal alguna con Colón para llegar a la liquidación de la cuenta. Eran más de las seis de la tarde y el Juez dijo: “Para las repreguntas vamos a fijar otro día. La corte fijará fecha para la continuación de este caso.”

Cerca de dos meses después, en junio 24, 1940, continuó la vista. El abogado de la demandante manifestó que su caso quedó terminado. El de los demandados aclaró que no, que el testigo Bonano estaba declarando y no habían terminado las repreguntas. El juez ordenó que se llamara al testigo. La demandante informó que no podía comparecer por ha--liarse fuera de la isla. Insistieron los demandados en que tenían “notas de crédito” por valor de $5,615.13 a ser reco-nocidas. Indicó el juez que su autenticidad podía admitirse por la demandante, contestando los demandados: “Hay al-gunas notas de éstas, Sr. Juez, que nosotros tenemos, que no están aquí y que queremos someter al propio Sr. Bonano, porque es una de las formas que tenían para coger al Sr. Bonano. Las ofreceremos a la corte, no vamos a cogerlo.”

La corte se declaró en receso para que las partes se pu-sieran de acuerdo. A las dos de la tarde se llamó el caso y los demandados manifestaron:

“Sr. Juez, én este caso nosotros dimos los papeles, de acuerdo eon lo sugerido por la corte, a la parte contraria. Estuvimos alre-dedor de media hora larga y últimamente el examen que hacía la parte contraria para ver todos los papeles, era sumando las partidas, tomando notas, viendo mi prueba, y nosotros tuvimos que decirle que no, que era simplemente a ver si esos documentos eran autén-ticos. ’

Siguieron varias manifestaciones de los abogados y no obstante las indicaciones del juez para que lo que se aceptara se marcara, la transcripción es tan confusa que no permite concluir con certeza si algo fue o no definitivamente aceptado. Y así las cosas, aumentando la confusión, dijo la demandante por su abogado: “Sr. Juez, con el fin de poder igualarnos a la parte contraria en cuanto a la posición que nos creaba la declaración del Sr. Bonano, vamos a renunciar formalmente a esa declaración.”

Se opusieron los demandados. Surgió la consiguiente dis-cusión que ocupa varias páginas del récord y en el curso de la misma manifestó el abogado de la demandante, “Sr. Juez, vamos a aceptar que los documentos fueron entregados por Bonano, de caballero a caballero, y que ■ el Sr. Colón los firmó de caballero a caballero. Yamos a aceptar eso como cierto y que no fueron cursados por correo.”

Opinamos que la sentencia recurrida debe ser revocada y ordenarse la celebración de un nuevo juicio, por los motivos que vamos a exponer.

Existe en este caso la circunstancia de que el juicio fue celebrado ante un juez, quien tuvo la oportunidad de ver y oír declarar a los testigos, y la sentencia fue dictada por otro que no tuvo esa oportunidad. Esta Corte Suprema se encuentra, pues, en igualdad de condiciones que. el juez sentenciador para pesar la prueba y resolver los conflictos que de ella puedan surgir. Examinada detenidamente toda la evidencia, de ella surge nn serio conflicto entre la declaración de Jenaro Bonano, testigo principal de la demandante y el testimonio del demandado Plácido Colón. En nada ayuda a la solución del conflicto el testimonio de Alberto Burgos, tes-tigo de refutación ofrecido por la demandante, pues éste contradice y desmiente a Bonano en cnanto a la parte de su declaración en que negó enfáticamente la celebración de la entrevista entre él y el demandado, y por otra parte desmiente a Colón en cuanto a las falsas representaciones y promesas que dice Colón le hiciera Bonano para conseguir su aceptación de las cuentas.

El juez sentenciador resolvió el conflicto a favor del de-mandado, a cuya declaración dió entero crédito, negándoselo a los testigos de la demandante. Una mayoría de este Tribunal opina que el juez sentenciador erró en la apreciación de la prueba y que procede por tanto revocar la sentencia recurrida. La opinión del Tribunal es unánime en cuanto a que no sería justo dictar una nueva sentencia en favor de la demandante y en contra del demandado, toda vez que éste se vió privado del derecho de repreguntar al testigo Bonano. Todas estas circunstancias excepcionales y el estado de con-fusión en que se encuentra el récord han llevado al Tribunal a la conclusión de que es procedente y justo que se revoque la sentencia y que se devuelva el caso a la corte de su proce-dencia para la celebración de un nuevo juicio.

Nada de lo que aquí resolvemos deberá ser considerado o interpretado como una alteración de la regla de que un caso visto ante un juez puede y debe ser fallado por otro cuando concurran las circunstancias provistas en la Regla 63, de las Reglas de Enjuiciamiento Civil. De haber estado en vigor las citadas Reglas en la fecha en que se resolvió este caso, el juez inferior hubiera tenido discreción para conceder un nuevo juicio, a tenor de lo dispuesto en el párrafo cuarto de la citada Regia 63.


author: El Juez Asociado Senos, Todd, Jb.,

text:
    Sucesión de Enrique de Jesús, Etc., demandantes y apelantes, v. Sucesión de Plinio L. Castro, Etc., demandados y apelados.
    Núm. 8712.

    Sometido: Junio 17, 1943.

      Resuelto: Noviembre 16, 1943.

      Luis Mercader, abogado de los apelantes; Federico Acosta Vdardo y Mariano Acosta Velarde, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Senos, Todd, Jb.,

emitió la opinión del tribunal.

La Sucesión de Enrique de Jesús, compuesta de su viuda Juana Barada Cruz y de su hija menor de edad, Nuvia de Jesús y Barada, apela de la sentencia dictada por la Corte de Distrito de Arecibo que declaró sin lugar su demanda soli-citando la nulidad de nna sentencia dictada por la misma corte en el año 1931 en acción entablada por Plinio L. Castro contra dicha sucesión sobre otorgamiento de escritura. En la mencionada acción la sucesión demandada, a pesar de haber sido emplazada, no contestó la demanda y se anotó su rebel-día. La corte celebró una vista y dictó sentencia condenán-dola a otorgar escritura de venta de una casa que se alegó y probó que el causante de la sucesión había vendido a Castro por $400. La sucesión no apeló de la sentencia sino que la propia demandada Juana Barada Cruz compareció ante el Notario Diego E. Ramos por sí y en representación de su hija menor de edad y en cumplimiento de la sentencia dictada otorgó la escritura de venta a favor de Castro.

Alegó en la presente acción la Sucesión de Jesús que la anterior sentencia es nula, 1, porque la corte no adquirió juris-dicción sobre la persona de Juana Barada por no haber sido ésta y su hija menor de edad debidamente emplazadas; 2, porque la corte admitió prueba inexacta e incierta, y 3, por-que Enrique de Jesús nunca hizo contrato de venta alguno con Plinio Castro.

La 'corte inferior resolvió que la presente acción consti-tuía un ataque colateral a la anterior sentencia y que “pro-bado por el récord del pleito y demás evidencia que la corte tuvo jurisdicción sobre las personas y la materia objeto del caso . . . para juzgar y dictar sentencia ... y apa-reciendo además que dicha sentencia fué cumplida desde el año 1931, no puede atacarse dicho fallo firme por error al juzgar sus méritos o porque la evidencia fuera insufi-ciente . . . ”

Aun cuando la apelante señala varios errores, somos de opinión que la cuestión fundamental envuelta en este recurso es determinar si la corte inferior erró o no al resolver que había actuado con jurisdicción al dictar la sentencia anterior.

Sostiene la apelante que habiéndose probado que Juana Barada, viuda de Enrique de Jesús, al tiempo de ser emplazada sólo tenía 16 años de edad, necesitaba el consen-timiento de sus padres para defenderse en la acción y que por el hecho de haber sido emplazada su incomparecencia no concedió jurisdicción a la corte para oír y resolver el caso en rebeldía.

Son hechos admitidos y probados que el 20 de octubre de 1931 cuando Juana Barada fue emplazada personalmente sólo contaba 16 años de edad y que era viuda de Enrique de Jesús. ¿Es nulo dicho emplazamiento y como consecuencia nula la sentencia dictada por no haber adquirido jurisdicción la corte? Estimamos que la pregunta debe contestarse en la negativa.

Los artículos 239 y 240 del Código Civil disponen lo si-guiente :

“Artículo 239. El menor, sea varón o hembra, queda de derecho emancipado por el matrimonio.
“No obstante, para enajenar o hipotecar los bienes inmuebles o tomar dinero a préstamo, necesitará el menor emancipado por razón del matrimonio el consentimiento de su padre, en su defecto, el de su madre, y, en su caso, el de su tutor.”
“Artículo 240. El menor emancipado por razón de matrimonio puede comparecer en las cortes de distrito representando sus derechos en los casos de ley.”

Tenemos, por lo tanto, que la única limitación que contiene nuestro código en cuanto al menor emancipado por razón del matrimonio es al efecto de que para enajenar o hipotecar bienes inmuebles o para tomar dinero a préstamo continúa necesitando el consentimiento de su padre, madre o tutor, se-gún sea el caso. El artículo 240, supra, expresamente le faculta para comparecer en la corte de distrito en su propia representación. Este artículo no consta en el Código Civil, de España en el cual, por el- contrario, la limitación para comparecer en juicio por sí sola es absoluta ya que el artículo 317 de dicho cuerpo legal dispone que'no podrá hacerlo “sin la asistencia de dichas personas”, es decir, el padre, la madre o el tutor, limitación ésta que nuestro código por su artículo 237 impone únicamente a los emancipados por concesión del padre o de la madre qne ejerza la patria potestad.

El Código Civil español, además, se diferencia del nuestro en esta materia, por el hecho de qne si bien por sn artículo 315 reconoce la emancipación por razón del matrimonio, la misma está sujeta a las limitaciones contenidas en el artículo 59 al efecto de qne el marido “si fuere menor de dieciocho años, no podrá administrar sin el consentimiento de sn padre; en defecto de éste, sin el de sn madre; y a falta de ambos, sin el de sn tutor. Tampoco podrá comparecer en juicio sin la asistencia de dichas personas.” Estas limitaciones fueron omitidas en el artículo 91 de nuestro Código Civil equivalente al 59, supra.

Comentando Manresa esta limitación del artículo 59, dice:

. Sieuclo aplicable esta disposición, como lo es, a los emanci-pados por el matrimonio, resulta clara y terminante la prohibición de comparecer por sí solo en juicio al casado que sea menor de eda'd aun ateniéndose a la letra de dichos dos artículos, pues el menor de dieciocho años se lo prohíbe el 59, y al mayor de esta edad que no haya cumplido los veintitrés años el 317.” 1 Manresa, Código Civil, 334, 335 (5a. ed.).

Y al comentar el artículo 317 sostiene que no basta el consentimiento del padre, madre o tutor para que el menor emancipado pueda comparecer en juicio, sino que necesita “la asistencia de esas personas”. 2 Manresa, Código Civil, 743.

Ahora bien, al referirse al artículo 315 en relación con los efectos de la disolución o nulidad del matrimonio sobre la emancipación, sostiene el ilustre comentarista que aten-diendo al derecho anterior al Código y de acuerdo con la Ley 47 de Toro, “al sancionar la emancipación por matrimonio, reputó a los casados emancipados para siempre, lo cual quiere decir que en ningún caso el hijo o hija era restituido a la patria potestad, bajo el supuesto indiscutible de que el ma-trimonio hubiese sido legal, porque de otro modo la emanci-pación no podría .producirse ... ”

“Y no hay para qué hablar de la disolución por muerte, que aun rompiendo el lazo conyugal, deja subsistente todos los efectos civiles en la persona del cónyuge superviviente y de sus hijos. . .” 2 Manresa, Código Civil, 720, 721.

En Cuba tampoco existe la diferencia apuntada pues en su Código Civil ha mantenido los mismos preceptos que el de España. (Véanse Arango Código Civil de Cuba. Artícu-los 315 y 317). Aun en la Argentina, donde dé acuerdo con el articuló 131 de su Código Civil, la única forma de emanci-pación reconocida es a virtud del matrimonio, tampoco pue-den los menores así emancipados “estar en juicio en pleito civil” . . . “sin expresa autorización del Juez”, según pro-vee el artículo 135. Comentando Llerena este último artículo en su obra “Concordancias y Comentarios del Código Civil Argentino”, Tomo Primero, págs. 296, 297, dice que “La autorización del Juez es indispensable aun para el juicio de expropiación, porque si bien estas vistas son forzosas, la auto-rización del Juez para intervenir en el juicio es con el objeto de que se le nombre al menor emancipado un curador ad litem, para que lo represente en toda la tramitación, supliendo así su incapacidad.” Y esto es así no obstante que el artículo 133 del Código Argentino dispone que “La emancipación produce el efecto de habilitar a los casados para todos los actos de la vida civil, awnque el matrimonio se disuelva en su menor edad o por muerte de uno de ellos, tengan o no hijos” (bástardillas nuestras), pues como sostiene Llerena, la frase “para todos los actos de la vida civil” es sólo un principio general, limitado por las innumerables restricciones que contienen los demás artículos concordantes — obra citada, pág. 291 — entre los cuales se encuentra el artículo 3456 que dispone que “A los menores emancipados se les nombrará un curador, sea para formar la demanda de partición, sea para responder a la que se entable contra ellos.”

Aun cuando en las islas Filipinas no existe el equivalente de nuestro artículo 240, supra, se ha resuelto que a virtud de Ja aprobación del Código de Procedimiento Civil (Art. 115), “La hija, menor de edad, emancipada por el matrimonio, no necesita de curador ad litem para entablar pleitos”; Siman v. Leus y Leus, 37 Jur. Fil. 1019; habiéndose resuelto,' además, en dicho caso, que el último párrafo del artículo 317 del Código Civil, que es igual al de España y al 237 del nuestro, supra, había quedado derogado por el Código de Procedimiento Civil.

Los motivos que pudieron haber inducido a nuestra Le-gislatura, a virtud del artículo 240, supra, a conceder al me-nor. emancipado por matrimonio un derecho que continuó negando al emancipado por concesión, paterna, no obstante que, en el caso de varones, la edad mínima tanto para contraer matrimonio como para la emancipación por concesión paterna, es la de dieciocho años y en el caso de las mujeres, para contraer matrimonio sólo se las requiere que hayan cum-plido diez y seis años, artículo 70, Código Civil, es cuestión que no compete investigar a los tribunales de justicia pues, como se dijo en In re Morrissey, 137 U. S. 157, 159: “La edad en que un menor será competente para realizar algunos actos o cumplir cualquier deber, militar o civil, depende exclusivamente de la legislatura.”

Aparentemente el artículo 240, supra, fué adaptado del artículo 380 del Código Civil de Louisiana que dispone, en lo pertinente, que “El menor emancipado por matrimonio, puede comparecer en las cortes de justicia sin la asistencia de un curador.” En dicho Estado también se prohibe al emancipado por concesión paterna o por concesión judicial, el comparecer en las cortes a menos que esté asistido de un curador ad litem nombrado por el juez — artículo 375. El privilegio concedido a los emancipados por matrimonio en Louisiana es más significativo si tomamos en consideración que en dicho Estado las edades mínimas para poder contraer matrimonio son catorce años en el varón y doce en la mujer —artículo 93 Código Civil de Louisiana.

En el caso de Beauchamp v. Whittington, 10 La. Ann. 646, se resolvió que “Un menor qne lia sido emancipado por matri-monio, Inego disnelto por muerte, puede legalmente deman-dar, sin la asistencia de un curador ad litem”; habiéndose resuelto en el caso de Wilcox v. Henderson, 7 Rob. 338 que “Aunque la menor que ha sido emancipada por matrimonio enviudase antes de cumplir los veintiún años de edad, ella no volverá al estado de tutelaje (pupilage).”

Habiéndose probado en el caso de autos que tanto Juana Barada como su hija menor Nuvia, fueron debidamente emplazadas en el pleito anterior, por habérseles entregado fopia del emplazamiento personalmente a la madre y a la hija y también a la madre por ser la hija menor de catorce años, se cumplió con el artículo 93 del Código de Enjuicia-miento Civil, y como consecuencia somos de opinion que, .de acuerdo con el artículo 240 del Código Civil, supra, dicha Juana Barada pudo comparecer en la referida acción repre-sentando sus derechos. Por tanto, no era necesario que se solicitara y obtuviera el nombramiento de un defensor judicial para ella poder comparecer, requisito éste que sólo se exige de acuerdo con el artículo 56 del Código de Enjuicia-miento Civil, cuando un menor, demente o persona incapa-citada es parte en un litigio o, de acuerdo con el artículo 237 del Código Civil, supra, cuando el menor emancipado lo ha sido per concesión paterna.

Siendo esto así, la Corte de Distrito de Arecibo adquirió jurisdicción sobre la persona de Juana Barada en el pleito sobre otorgamiento de escritura, y la sentencia dictada en' el mismo es válida. No se cometió el primer error que hemos discutido.

Tampoco el segundo y tercero, pues en ellos la apelante parte de la premisa de que la corte inferior actuó sin jurisdicción en el primer pleito, y que por tanto en ,1a presente acción puede atacar colateralmente la sentencia dictada, y que la corte debió admitir cierta prueba que ofreció para contradecir y desacreditar la que sirvió de base para dictar la sentencia anterior. No liemos de entrar a discutir esta cuestión y las reglas aplicables a la misma, pues recientemente tuvimos ocasión de exponerlas en el caso de Lokpez v. Fernández, 61 D. P. R. 522. Siendo errónea la premisa es insos-tenible la conclusión de la apelante.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


author: El Juez Asociado Señoe Snydeb.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Cayetano Puig, acusado y apelante.
    Núm. 10157.

    Sometido: Noviembre 10, 1943.

    Resuelto: Noviembre 17, 1943.

      Celestino Iriarte., F. Fernández Cuyar y H. González Blanes, aboga-dos del apelante; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señoe Snydeb.

emitió la opinión del tribunal.

El acusado fué convicto de practicar ilegalmente la medi-cina en violación de la sección 9, Ley núm. 22, Leyes de Puerto Rico, 1931 (pág. 203). Apela de la sentencia de la corte de distrito que le impuso una multa de $100.

La única cuestión sustancial ante nos consiste en deter-minar si la prueba ofrecida por El Pueblo fué suficiente para justificar la convicción. El fiscal de esta Corte en su alegato hace un buen resumen de la prueba como sigue:

"Que allá para uno de los días del mes de mayo de 1942, el acusado le recetó a Rosa Nieves, empleada doméstica de la casa de Francisco de León, después de preguntarle, los síntomas que se sentía y ella explicarle, unas inyecciones y un jarabe; que para liacer esto, el acusado después de preguntarle ‘¿qué te sientes?’ y ella contes-tarle ‘tengo catarro y me duele por aquí’, sacó un libro de recetas y le hizo una receta; que el acusado se encontraba ese día en la casa de Francisco de León y éste al acordarse que su empleada Rosa Niev'es estaba con x*est‘riado y conociéndolo a él como doctor, con oficina abierta al público en Bayamón y con rótulo, en cuya oficina atendía a las personas que allí acudían a examinarse, y allí recetaba y trataba a dichas personas, le pidió que le recetara, lo que éste hizo en la forma anteriormente indicada; que dicha empleada conocía al acusado como el ‘Doctor Puig', porque él se anunciaba como doctor; que Francisco de León había visitado al acusado en otras ocasiones en su oficina, en la calle Martí y en la calle Barbosa de B'ayamón y lo vió un día recetando y tratando a una señora que allí estaba, habiéndole manifestado en esa ocasión el acusado ‘que estaba tratando a dicha señora’.
“Demostró asimismo la prueba que el acusado no estaba auto-rizado por la Junta Examinadora de. Médicos para ejercer la pro-fesión de médico en Puerto Rico ni que su nombre figurara inscrito en el Registro de Médicos de dicha Junta o Tribunal Examinador. Se admitió en evidencia la receta mencionada.
“El acusado no presentó prueba de clase alguna.”

Aunque los hechos ele este caso nos llevan a la creencia Je que el fiscal de distrito pudo con un poco de diligencia presentar un caso más fuerte,' no podemos decir que los hechos no son suficientes para justificar la convicción.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.


text:
    Rafael Bermúdez, demandante y apelante, v. Porto Rico Railway, Light & Power Company, demandada y apelada.
    Núm. 8655.

    Sometido: Noviembre 10, 1943.

      Resuelto: Noviembre 18, 1943.

      F. Ii. Aponte, abogado del apelante; Brown, González <& Neiusom y Enrique Córdova Díaz, abogados de la apelada.
   El Juez Presidente Interino Señor Travieso

emitió la opi-nión del tribunal.

El demandante y apelante radicó ante la Corte de Dis-trito de Humacao nna demanda en la.que reclamaba a la compañía demandada la snma de $4,000 como indemnización por la destrucción de una casa de su propiedad, cansada por nn incendio que según alega fué originado por la negligencia de los empleados de la demandada.

En la demanda se alega que los alambres de la deman-dada “discurrían por la orilla de la carretera Núm. 3, que de Fajardo conduce a Río Piedras”; 31 “que en el kilómetro 36, hectómetro 6 de dieba carretera número 3, existía el 7 de marzo de 1941, continua a la carretera una casa propie-dad del demandante”. Esa casa es la que se alega fué des-truida por el incendio. La corporación demandada compa-reció especialmente ante la corte inferior, radicó nna moción eliminatoria y al mismo tiempo una moción solicitando el traslado de la causa a la Corte de Distrito de San Juan. Se basó dicha moción en la alegación de que los alegados daños y perjuicios fueron ocasionados en el pueblo de Río Grande, que forma parte del distrito judicial de San Juan; y que de acuerdo con el artículo 79 inciso 1ro. del Código de Enjui-ciamiento Civil (Edición 1933) es en el distrito de San Juan donde debe celebrarse la vista del caso.

En noviembre 3 de 1942 la Corte de Distrito de Huma-cao declaró sin lugar la moción de traslado, basándose en que de acuerdo con lo alegado en la demanda, el kilómetro 36, hectómetro 6 de la carretera número 3, sitio donde se alega ocurrió el siniestro-, está dentro de los límites de la jurisdicción de dicha corte. Nueve días más tarde, el 12 de noviembre de 1942, la demandada solicitó la reconsideración de la resolución denegando el traslado, alegando que el sitio descrito en la demanda como aquel en que ocurrió el sinies-tro, o sea el kilómetro- 36, hectómetro 6 de la carretera nú-mero 3, queda dentro del barrio “Jiménez” que pertenece a la municipalidad de Río G-rande, la cual está incluida den-tro del distrito judicial de San Juan. En la moción de re-consideración se alegó, además, que no es exacto que el si-niestro ocurriera en el sitio alegado en la demanda y sí “en la carretera que conduce desde la carretera insular número 3 hasta el campamento conocido por ‘El Verde’ cuyo trozo de carretera queda y está completamente dentro de la juris-dicción municipal del pueblo de Río Grande.”

En 23 de noviembre de 1942 la corte inferior, después de considerar la prueba practicada por la parte demandada y de oír las alegaciones de ambas partes dictó una resolución dejando sin efecto la orden denegando el traslado y decre-tando el traslado del caso para la Corte de Distrito de San Juan. Es contra esa resolución que se ha interpuesto el pre-sente recurso de apelación, el cual se basa exclusivamente en la alegación de que la Corte de Distrito de Humacao carecía de jurisdicción para reconsiderar la orden de traslado por haber sido solicitada la reconsideración después de haber expirado el término de cinco días fijado por el artículo 292 del Código de Enjuiciamiento Civil, según quedó enmendado por la ley número 67 de 8 de mayo de 1937 (Leyes de 1936-37, •pág. 199).

No tiene razón el apelante. El artículo 292 del Código de Enjuiciamiento Civil se refiere exclusivamente a la forma y manera en que deberán computarse los términos señalados por el mismo Código para revisar en apelación las sentencias o resoluciones dictadas por las cortes de distrito. Dicho artículo, antes de ser enmendado se limitaba a dispo-ner que una sentencia o providencia dictada en un pleito civil podría ser revisada' de acuerdo con lo prescrito en el Código y de ningún otro modo.

En el año 1937, la legislatura, con el propósito de poner fin al frecuente abuso de las mociones de reconsideración, hechas con el solo propósito de prorrogar indefinidamente el término para apelar de una sentencia o resolución, aprobó la ley número 67 de dicho año, fijando términos de quince y de cinco días para poder solicitar la reconsideración de una sentencia o de una resolución, respectivamente. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo en su forma enmendada, cuando la corte rechaza de plano la moción de reconsideración, el término para apelar de la sentencia debe ser computado de acuerdo con las disposiciones del Código, de igual modo que si no se hubiese presentado petición alguna de reconsidera-ción. Si la corte decide reconsiderar su sentencia o resolu-ción u oír a las partes en cuanto a los méritos, de la moción, en ese caso el término para apelar deberá computarse desde la fecha del archivo en los autos de una copia de la notifi-cación de la resolución denegando la reconsideración a la parte perdidosa.

En el caso de autos no se trata de la computación del término concedido por la ley para apelar de la resolución de la corte inferior denegando el traslado. La cuestión en-vuelta es si habiendo llegado a la convicción de que su pri-mera resolución era errónea, la corte inferior estaba o no facultada para enmendar su error y dictar una nueva reso-lución de acuerdo con los hechos probados.

A nuestro juicio la corte tenía esa. facultad y la ejerció correctamente en el caso de autos. El artículo 7 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone que toda corte tiene poder “para inspeccionar y corregir sus providencias y órdenes con el fin de ajustarlas a la ley y a la justicia”. Habiéndose probado a satisfacción de la corte inferior que el sitio donde ocurrió el siniestro está dentro de los límites de la munici-palidad de Río Grande, la corte resolvió de acuerdo con la ley y la justicia que la parte demandada tenía derecho a in-sistir en que el juicio se celebrara ante la Corte de Distrito de San Juan.

El artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil fa-culta a las cortes para que en bien de la justicia exima a cualquier persona de los efectos de una sentencia u orden que se hubiere dictado contra eRa, por causa de equivocation inadvertencia, sorpresa o excusable negligencia. La recon-sideración decretada en este caso cae dentro de los límites de las facultades que a la corte inferior concede el citado artículo 140.

Por las razones expuestas debe desestimarse el recurso ¶ confirmarse la resolución recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Snyder

text:
    Enrique Irizarry, peticionario, v. Corte de Distrito de Ponce, Hon. A. S. Poventud, Juez, demandada.
    Núm. 1533.

    Sometido: Noviembre 8, 1943.

      Resuelto: Noviembre 18, 1943.

      Carlos E. Colón, abogado del peticionario; B, A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abo-gados de la demandada.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

El acusado fue convicto en la corte municipal de infrac-ción a la Ley núm. 31,-Leyes de Puerto Rico-, 1943 (pág. 83). Apeló a la corte de distrito, donde radicó excepción peren-toria a la denuncia. Una de las contenciones del acusado en la argumentación oral de esta excepción, fue que la corte de distrito carecía de jurisdicción toda vez que la Ley núm. 31 que confiere a las cortes insulares jurisdicción para enten-der en infracciones a la Ley Federal de Emergencia sobre Control de Precios era nula, ya que dicha Ley Federal con-fería a las cortes federales jurisdicción exclusiva en infrac-ciones de tal naturaleza. Sin embargo, la corte inferior, en vez de resolver en sus méritos la excepción formulada por el acusado, la declaró sin lugar por el fundamento de que de-jaba de cumplir con el artículo 154 del Código de Enjuicia-miento Criminal, que lee como sigue:

“La excepción perentoria deberá presentarse en escrito firmado por el reo o por su defensor. Deberá precisar los fundamentos de los reparos a la acusación, sin lo cual no se tomará en cuenta. ’ ’

Tenemos ante nos un certiorari para revisar esa resolu-ción.

Podría argüirse con considerable plausibilidad que la ex-cepción del acusado especifica los fundamentos de sus repa-ros a la acusación, y que lo que no contiene es sencillamente los argumentos que puedan aducirse en apoyo de tales fun-damentos. Sin embargo, no es necesario que vayamos tan lejos para resolver este caso. En el caso de Pueblo v. Rosa, 25 D.P.R. 894, hemos resuelto que cuando una excepción for-mulada a una acusación contenía meramente la aseveración de que los hechos en la misma alegados no constituyen de-lito público (pág. 896), “la corte, atendida la naturaleza pri-vilegiada de la misma, debió oír a las partes sobre sus mé-ritos y dictar entonces la resolución que fuese procedente.” Una excepción a la jurisdicción de la corte es de igual na-turaleza privilegiada; esto es, objeciones a la jurisdicción de la corte o de que los hechos alegados no constituyen de-lito público de conformidad con el artículo 161 del Código de Enjuiciamiento Criminal, pueden levantarse en cualquier es-tado de los procedimientos (Pueblo v. Trápaga, 15 D.P.R. 211). Resolvemos, por tanto, que la corte de distrito debió haber entrado en los méritos de la excepción perentoria for-mulada en el presente caso.

No debe interpretársenos como que sancionamos la prác-tica de que se radique una mera enunciación a tal efecto y exigir que la corte, de su propia iniciativa, busque y aplique los estatutos y autoridades pertinentes. Por el contrario, los letrados deben ofrecer a la corte toda la ayuda posible en la consideración de aquellas cuestiones de derecho levantadas por ellos. En el presente caso el abogado del acusado cum-plió con este deber haciendo una exposición oral sobre las autoridades envueltas. Si el juez de la corte de distrito hu-biera preferido que dicha exposición le fuera sometida por escrito, él estaba en libertad de solicitar alegatos. Pero, en todo caso, él debió haber resuelto en sus méritos la cuestión levantada por la excepción perentoria.

La resolución de la .corte de distrito será anulada y él caso devuelto para ulteriores procedimientos no inconsisten-tes con esta opinión.

      (1) Da excepción perentoria leía en parte como sigue:
      “Que esta Honorable Corte de Distrito de Ponce, así como la corte inferior donde se vió este caso originalmente, carecen de jurisdicción para entender en el mismo. ’ ’


author: El Juez Asociado Señoe. De Jesús

text:
    Ramón Delfín Pagán, recurrente, v. El Registrados de la Propiedad de Aguadilla, recurrido.
    Núm. 1126.

    Sometido: Noviembre 1, 1943.

      Resuelto: Noviembre 22, 1943.

      Buenaventura Esteves, abogado del recurrente; el registrador re-currido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señoe. De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Ramón Delfín Pagán promovió un expediente en la Corte de Distrito de Aguadilla para justificar a su favor el domi-nio sobre seis parcelas de terreno, la posesión de las cuales aparece inscrita a nombre de Erasmo Cardona Fuentes, su anterior dueño.

Bajo el sello de la corte se expidió emplazamiento diri-gido a Erasmo Cardona Fuentes o sus herederos o suceso-res, como anterior dueño de la finca, describiéndola por su situación, cabida superficial, linderos, etc.; se expresaba cómo la había adquirido el promovente y se informaba expresa-mente a Erasmo Cardona Fuentes, sus herederos, etc., que el promovente alegaba ser dueño y hallarse en posesión de ella, concluyendo la notificación en los siguientes términos: “Por tanto, se cita al anterior dueño Erasmo Cardona Fuentes, sus herederos o derechohabientes, para que en el término de sesenta días naturales a contar desde que fueren legal-mente citados, comparezcan a oponerse a las pretensiones del peticionario, si les conviniere.”

Dicho emplazamiento fué debidamente diligenciado noti-ficándose personalmente con copia del mismo y de la solici-tud inicial a los herederos todos de Erasmo Cardona Fuentes, mencionándolos por sus nombres. A demás, en la súphca de la solicitud se dice: “Vuestro peticionario solicita que, cumplidos que sean los trámites legales, se declare justificado a su favor dicho derecho [el dominio] y se ordene su in scrip-ción en el Registro de la propiedad, previa ia >cancelación de las inscripciones de las seis parcelas que aparecen inscritas en posesión, con los demás pronunciamientos oportunos.” (Bastardillas nuestras.)

Presentada en el Registro de la Propiedad de Aguadilla una copia certificada de la resolución declarando justificado el dominio, de la solicitud inicial y una certificación del Se-cretario de la Corte de Distrito de Aguadilla relativa al con-tenido del emplazamiento y su diligenciamiento, el Registra-do] denegó la inscripción por la siguiente razón:

“Por entender que la notificación dirigida a los herederos de Brasmo Cardona Fuentes debió contener el apercibimiento de que de no comparecer dentro del término legal a formular su oposición, la corte decretaría la, cancelación de la inscripción practicada en el Registro a nombre de su causante. . (Bastardillas nuestras.)

El registrador sostiene en apoyo de su nota que a su juicio la supuesta deficiencia en el emplazamiento impidió que la corte adquiriese jurisdicción sobre las personas emplazadas y que ordenar la cancelación ele las inscripciones de posesión en tales circunstancias equivale a privar a los interesados de su propiedad sin el debido proceso de ley.

El registrador no cita, ni conocemos nosotros, precepto legal alguno que sostenga su proposición. Invoca, sin embargo, el caso de Canino v. Registrador, 31 D.P.R. 434, ar-guyendo' que de acuerdo con lo resuelto en dicho caso el re-gistrador no debe inscribir un expediente de dominio cuando existan asientos de posesión a favor de personas distintas del promovente, a menos que dichas personas sean citadas en forma legal.

lis verdad que en el caso invocado' .por el registrador se hizo el apercibimiento a que se refiere la nota recurrida, pero en ninguna parte de la opinión se dice que ese aperci-bimiento sea necesario para la validez de la notificación. Todo lo que exige la garantía constitucional sobre el debido proceso de ley en los procedimientos judiciales es que el de-mandado o la persona qne pueda ser perjudicada por dicho procedimiento sea notificado y se le dé nna oportunidad de ser oído, lo cual incluye, desde lnego, el derecho a nna opor-tunidad de presentar evidencia. Hagar v. Hardy, 169 U. S. 366.

En el presente caso los herederos fueron debidamente notificados, se les informó de las pretensiones del promo-verle y se les concedió tiempo más que razonable para ser oídos. Lo hecho era suficiente para dar cumplimiento a la citada garantía constitucional.

Procede, revocar i la nota recurrida y ordenar la inscrip-ción del docv/mento.