author: per curiam:

text:
      In re Diana M. Santiago García, querellada.

      Número: AB-2006-235

      Resuelto: 12 de mayo de 2009

      Sara Galarza Santiago, quejosa; Marla D. Ríos Díaz, direc-tora auxiliar de la Oficina de Inspección de Notarías, y
      Lourdes 1. Quintana Lloréns, directora de la Oficina de Inspección de Notarías; Diana M. Santiago García, pro se.

   per curiam:

Nuevamente nos encontramos en la necesi-dad de ejercer nuestra facultad disciplinaria contra un miembro de la profesión legal por su reiterado incumpli-miento con los requerimientos de este Tribunal. Este caso ilustra diáfanamente cómo, a pesar de todas las oportuni-dades concedidas, nos vemos en la obligación de imponer la más severa de las sanciones por una falta que muy bien pudo haberse evitado.

I

La Leda. Diana M. Santiago García fue admitida al ejer-cicio de la abogacía el 30 de enero de 2001 y prestó jura-mento como notaria el 15 de junio de 2001.

El pasado 21 de agosto de 2006, la Sra. Sara Galarza Santiago presentó la Queja Núm. AB-2006-235 contra la licenciada Santiago García por alegadas irregularidades en sus ejecutorias como notaria. El 21 de septiembre de ese mismo año, la Secretaria del Tribunal Supremo, Leda. Aida Ileana Oquendo Graulau, cursó una comunicación a la li-cenciada Santiago García en la que le notificó de la queja presentada en su contra y le solicitó que presentara su contestación. Dicha notificación no fue contestada. El 24 de octubre se le concedió un término adicional de diez días a la licenciada Santiago García para que contestara la queja.

Toda vez que ninguna de las comunicaciones antes men-cionadas fue contestada, el 23 de febrero de 2007 emitimos una Resolución en la que concedimos un término adicional de diez días a la licenciada Santiago García para que com-pareciera y presentara su contestación. Sin embargo, no fue hasta después de que emitimos la Resolución de 14 de septiembre de 2007 mediante la que le concedimos un tér-mino final e improrrogable, que ésta finalmente contestó la queja en su contra.

Así las cosas, el 26 de febrero de 2008 referimos el asunto a la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) para que investigara la queja presentada y nos rindiera el in-forme correspondiente. Conforme a esto, el 23 de mayo de 2008 ODIN envió vía correo regular —a la dirección pro-vista por la licenciada Santiago García en su contesta-ción— una comunicación en la cual le solicitaba cierta do-cumentación relacionada con la investigación en curso. Dado que la licenciada Santiago García no presentó la do-cumentación requerida, ODIN envió una segunda notifica-ción en septiembre de ese mismo año.

El pasado 11 de diciembre de 2008 compareció ante nos la Directora de ODIN, Leda. Lourdes Quintana Lloréns, y nos informó que la licenciada Santiago García no ha pre-sentado la documentación requerida a pesar de que las co-municaciones enviadas no fueron devueltas. Además, nos informa que le ha resultado imposible comunicarse con la licenciada Santiago García vía telefónica, ya que su nú-mero de teléfono aparenta estar fuera de servicio.

A solicitud de la Directora de ODIN, el pasado 29 de diciembre de 2008 emitimos una Resolución para conce-derle a la licenciada Santiago García un término de quince días para que compareciera ante ODIN y proveyera los do-cumentos solicitados. Dicha resolución fue notificada per-sonalmente y en la misma apercibimos a la licenciada Santiago García que su incumplimiento podría conllevar sanciones disciplinarias severas, incluso su suspensión del ejercicio de la profesión. Aún hoy la licenciada Santiago García no ha atendido nuestros requerimientos.

II

En reiteradas ocasiones hemos enfatizado que todo abogado tiene la obligación ineludible de responder diligentemente a los requerimientos de este Tribunal, particularmente cuando se trata de procedimientos sobre su conducta profesional. Más aún, hemos señalado que pro-cede la suspensión del ejercicio de la abogacía cuando un abogado no atiende con diligencia nuestros requerimientos y se muestra indiferente ante los apercibimientos de san-ciones disciplinarias. In re Lloréns Sar, 170 D.P.R. 198 (2007). Debe quedar claro que dicha conducta constituye una violación al Canon 9 del Código de Etica Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, relacionado con la exigencia de respeto hacia los tribunales y que, por lo tanto, configura una falta independiente a los méritos de la queja presentada. In re Colón Rivera, 170 D.P.R. 440 (2007).

Por otra parte, la obligación de atender los requerimientos relacionados a un procedimiento disciplinario en contra de un abogado no se limita a aquellos formulados por este Tribunal. Esta se extiende también a los requerimientos formulados por el Procurador General, la Comisión de Ética del Colegio de Abogados y la Oficina de Inspección de Notarías. Véanse: In re Otero Encarnación, 175 D.P.R. 767 (2009); In re Grau Díaz, 154 D.P.R. 70 (2001); In re Arroyo Rivera, 148 D.P.R. 354 (1999).

III

En el caso de autos, la licenciada Santiago García ha incumplido reiteradamente con los requerimientos tanto de este Tribunal como de ODIN durante todo el procedi-miento disciplinario iniciado tras la presentación de la queja en su contra. Luego de que se presentara la referida queja, fue necesario que emitiéramos varias resoluciones antes de que la licenciada Santiago García presentara su contestación. Posteriormente, no atendió varios requeri-mientos de ODIN para que presentara cierta documenta-ción necesaria para que esa oficina culminara su informe.

Han transcurrido varios meses desde que emitimos nuestra Resolución de diciembre de 2008, en la cual le con-cedimos un término de quince días a la licenciada Santiago García para que presentara la documentación requerida por ODIN, sin que nuestro requerimiento haya sido atendido. Ello, de por sí, denota una falta de diligencia y un alto grado de indiferencia ante nuestros apercibimien-tos de sanciones disciplinarias. Además, su conducta repre-senta una falta de respeto hacia los tribunales.

De acuerdo con lo anterior, se suspende inmediata e in-definidamente del ejercicio de la abogacía y la notaría a la licenciada Santiago García. Se le impone el deber de noti-ficar a todos sus clientes de su inhabilidad para continuar representándolos, devolverles cualesquiera honorarios re-cibidos por trabajos no realizados e informar oportuna-mente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos. Además, tiene la obligación de acreditar y certificar ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior, dentro del término de treinta días a partir de la noti-ficación de esta opinión per curiam.

Por último, el Alguacil de este Tribunal debe incautar la obra y el sello notarial de la licenciada Santiago García y entregarlos a la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías para la correspondiente investigación e informe.

Se dictará sentencia de conformidad.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Rivera Pérez

license: Public Domain

text:
    Quest Diagnostics of Puerto Rico, Inc., recurrida, v. Muni-cipio de San Juan y Hon. Jorge Santini, en su capacidad de Alcalde del Municipio de San Juan, peticionarios.

      Número: CC-2007-565

      Resuelto: 14 de mayo de 2009
   El Juez Asociado Señor Rivera Pérez

emitió la opinión del Tribunal.

En este recurso se nos solicita la revocación de una sen-tencia emitida por el Tribunal de Apelaciones, por la cual se confirmó el dictamen del Tribunal de Primera Instancia. El foro primario por vía de sentencia sumaria declaró “ha lugar” una demanda en cobro de dinero por $283,063.15 contra el municipio de San Juan.

I

El 16 de febrero de 2000, el municipio de San Juan (Mu-nicipio) realizó una subasta para adquirir servicios de la-boratorios de referencia para sus Centros de Salud del De-partamento de Salud. Las Marías Reference Lab. (Las Marías), obtuvo la adjudicación de esta subasta. El 27 de marzo de 2000, el Municipio y Las Marías suscribieron un contrato para dichos servicios por dos años con fecha de vigencia hasta el 27 de marzo de 2002.

El inciso (10) del referido contrato dispone lo siguiente:

Constituye elemento esencial para la adjudicación de esta su-basta el análisis de solidez económica y moral del licitador por lo que se prohíbe expresamente al licitador agraciado, traspa-sar, transferir, conceder, vender, asignar o de otra forma dispo-ner de los derechos y deberes incluyendo los créditos que el licitador o contratista adquiera a su favor por este contrato, entiéndase cesiones de crédito, contrato de refacción industrial y comercial entre otros, a ninguna persona natural o ju-rídica sin el consentimiento previo y por escrito de la Junta de Subasta. El licitador garantiza al someter su propuesta fir-mada que su situación financiera es sólida y su crédito es excelente. (Enfasis nuestro.)

El 26 de diciembre de 2001, vigente el contrato, Quest Diagnostics of Puerto Rico, Inc. (Quest) adquirió varios ac-tivos de Las Marías, entre los cuales se encontraba el con-trato antes descrito. Las Marías no solicitó ni obtuvo el consentimiento del Municipio para dicho traspaso. Ade-más, el contrato no fue enmendado en forma alguna para sustituir a Las Marías por Quest.

El 8 de octubre de 2002, y luego de vencido el contrato original, la supervisora de la sección de compras y subas-tas del Departamento de Salud del Municipio, mediante una carta, solicitó la extensión del contrato hasta el 31 de diciembre de 2002. De igual forma, el contrato fue exten-dido en cuatro ocasiones —hasta el 31 de julio de 2003— esto a más de un año del vencimiento del contrato original. En las últimas dos ocasiones los funcionarios del Municipio expresaron que las extensiones solicitadas habían sido aprobadas por la Junta de Subastas mediante reuniones celebradas a tales efectos. Sin embargo, no existe prueba sobre tales acuerdos.

El 18 de febrero de 2004, Quest presentó una acción judicial en cobro de dinero contra el Municipio por $283,063.15. Posteriormente, el Municipio presentó una solicitud de sentencia sumaria. El foro primario determinó que las cartas para extender el contrato constituyeron un consentimiento tácito por parte del Municipio. Además, de-claró “con lugar” la solicitud de sentencia sumaria a favor de Quest y condenó al Municipio al pago de $283,063.15. Basó su decisión en que una enmienda a la normativa apli-cable permite subsanar el no haber realizado un contrato escrito. El Municipio apeló oportunamente dicho dictamen al Tribunal de Apelaciones, quien confirmó la sentencia del foro primario.

Inconforme con esta determinación, el Municipio recu-rrió ante nos y señaló los errores siguientes:

Erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar la sentencia emi-tida por el Tribunal de Instancia y concluir que entre Quest y el Municipio de San Juan se crearon obligaciones jurídicas en atención a la cesión o traspaso del contrato con Las Marías Reference Lab., a pesar que Quest nunca suscribió con el Mu-nicipio contrato escrito alguno.
Erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar la sentencia emi-tida por el Tribunal de Instancia y concluir que el contrato entre Las Marías Reference Lab. y el Municipio de San Juan se extendió válidamente a través de cartas suscritas por emplea-dos municipales sin facultad legal para suscribir contratos a nombre del Municipio.

Debidamente sometidos los alegatos de las partes, pro-cedemos a resolver sin ulterior trámite.

II

El asunto central a resolver es determinar si la cesión y extensión del contrato en cuestión vinculan al Municipio a los términos allí establecidos. Entendemos que no.

A. El Código Civil expone el carácter obligatorio de las relaciones jurídicas realizadas mediante contrato. Por su parte, su Art. 1213 exige que para la perfección de una relación contractual válida concurran sus elementos esenciales, a saber, objeto: consentimiento y causa. El Art. 1214 dispone que el consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y causa en el contrato.

Estos requisitos son esenciales, de manera que su falta impide la existencia del contrato. El consentimiento comprende “dos aspectos fundamentales y bien diferenciados: el relativo a la capacidad para consentir y el que se refiere a la prestación del consentimiento”. El Art. 1216 de nuestro Código Civil reconoce las posibles restricciones a la capacidad para consentir que pueden establecerse me-diante la ley. Esta disposición comprende las prohibicio-nes legales que afectan a determinadas personas con inde-pendencia de sus condiciones estrictamente personales. Este precepto legal se refiere a los contratantes “a quienes la ley les prohíbe prestar su consentim iento en determina-dos casos por razones de moralidad o conveniencia”.

A estos efectos, mediante estatutos especiales, el legislador ha impuesto requisitos y condiciones a la contratación con los municipios. A los contratos con entidades gubernamentales se les examina su validez de acuerdo con los estatutos especiales, en lugar de acudir a las teorías generales de contratos. Mun. de Ponce v. A.C. et al., 153 D.P.R. 1 (2000).

La Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, mejor conocida como Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Ley de Municipios Autónomos), dispone una serie de requisitos para la adjudicación de subastas y su posterior contratación con los municipios. Esta ley delega a la Junta de Subasta el deber de evaluar y adjudicar todas las subastas requeridas por ley. Todos los acuerdos y resoluciones de la Junta deben ser por mayoría de sus miembros, salvo que otra cosa se disponga.

En materia de contratación con municipios se exige que el contrato escrito se remita a la Oficina del Contralor, salvo determinadas excepciones, y que se acredite certeza de tiempo. Ocasio v. Alcalde Mun. de Maunabo, 121 D.P.R. 37 (1988). La Ley Núm. 127 de 31 de mayo de 2004 enmendó la Ley Núm. 18 de 30 de octubre de 1975 (Ley 18) para disponer que no se declarará nulo un con-trato municipal por el sólo hecho de que no haya sido regis-trado o remitido a la Oficina del Contralor. Esta en-mienda no alteró la política pública que persigue los demás requisitos establecidos por ley y jurisprudencia, ya que si-gue siendo necesario e indispensable para la validez del contrato su perfeccionamiento y que conste por escrito. Cordero Vélez v. Mun. de Guánica, 170 D.P.R. 237 (2007); Colón Colón v. Mun. de Arecibo, 170 D.P.R. 718 (2007). El requisito de contrato escrito es de carácter formal o sustan-tivo que sirve como mecanismo profiláctico para evitar pa-gos y reclamaciones fraudulentas e ilegales. Colón Colón v. Mun. de Arecibo, supra.

En Las Marías v. Municipio San Juan, 159 D.P.R. 868, 878 (2003), por descansar en cartas escritas para renovar relaciones contractuales con el Municipio, se declararon nulos los contratos. Dicho caso fue examinado antes de la enmienda a la Ley 18, supra, por lo que fue resuelto bajo la ausencia del registro de los contratos impugnados.

La norma formulada en Fernández & Gutiérrez v. Mun. de San Juan, 147 D.P.R. 824, (1999), está vigente y no ha sido afectada por la enmienda a la Ley 18, supra. En aque-lla ocasión, la demandante reclamaba el pago por cánones de arrendamiento que adeudaba el Municipio. Las partes habían suscrito válidamente un contrato de arrendamiento que expiró. Se alegaba que dicho contrato había sido exten-dido mediante cartas enviadas por el Municipio a la demandante. Sin tener que resolver si las referidas cartas reflejaban el compromiso incondicional para contratar, concluimos que el Municipio no estaba obligado a cumplir con la extensión. Basamos nuestra decisión en que las car-tas no las hizo el Alcalde o la persona delegada por éste para asumir obligaciones a nombre del Municipio. Además, resolvimos que aún si las cartas las hubiera hecho la persona facultada en ley, no responsabilizaban al Municipio, pues el compromiso no constaba en un contrato escrito.

El Art. 3.009 de la Ley de Municipios Autónomos designa en el Alcalde la facultad y función de representar al Municipio, y de delegar por escrito a otro funcionario las funciones y los deberes que se le asignan en dicha ley.

Estos preceptos legales y su jurisprudencia interpretativa persiguen fomentar la eficacia, honestidad y corrección en protección de los intereses del pueblo. Cordero Vélez v. Mun. de Guánica, supra. El principio establecido dispone que para obligar fondos públicos es necesario seguir los procedimientos establecidos en ley, promoviendo así la sana y recta administración pública. Cordero Vélez v. Mun. de Guánica, supra. Los tribunales están llamados a velar por las disposiciones legales dirigidas a proteger desembolsos públicos, ya que protegen el interés público y no el de las partes contratantes. Hatton v. Mun. de Ponce, 134 D.P.R. 1001 (1994).

Reiteradamente, hemos expresado que los entes privados tienen el deber de asegurar el cumplimiento de la ley al contratar con los municipios o se arriesgan a asumir la responsabilidad por sus pérdidas. Colón Colón v. Mun. de Arecibo, supra. Por consiguiente, hemos determinado la inaplicabilidad de cualquier remedio en equidad por los daños sufridos por no adherirse a la normativa establecida. Las Marías v. Municipio San Juan, supra.

B. La Regla 36.2 de Procedimiento Civil es el mecanismo procesal adecuado para solicitar sentencia por la vía sumaria. Este mecanismo es de carácter extraor-dinario y aplica sólo en casos en que no se requiere la ce-lebración de un juicio para resolver. González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 D.P.R. 127 (2006). La parte que promueve dicha solicitud debe establecer su derecho con claridad y demostrar que no existe controversia sustancial sobre al-gún hecho material. Id. La parte que se opone a dicha so-licitud debe controvertir la prueba presentada y no debe cruzarse de brazos o se corre el riesgo de que se resuelva en su contra. Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 D.P.R. 652 (2000). Sin embargo, el mero hecho de que el promovido no se oponga, no implica necesariamente que ésta proceda, ya que debe proceder en derecho. Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 D.P.R. 714 (1986).

Para evaluar una solicitud de sentencia sumaria se deben considerar todas las alegaciones en el expediente, interrogatorios, admisiones, en unión a las declaraciones juradas y verificar si hay o no controversia real sobre algún hecho material. Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, supra. Cualquier duda sobre la existencia de una controversia de hechos pertinentes y materiales debe ser resuelta contra la parte que solicita la sentencia sumaria. Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R. 599 (2000). No se debe utilizar este mecanismo en casos muy complejos o que involucren el interés público. González Aristud v. Hosp. Pavía, supra.

Ill

Con el beneficio del Derecho antes descrito, pasamos a revisar la presente controversia. El Tribunal de Apelacio-nes confirmó al foro primario y decidió que el Municipio conocía del traspaso del contrato a Quest, por lo que era válida su cesión y extensión. Además, avaló las determina-ciones del foro a quo sobre que la ley permite que los con-tratos que no estén por escrito sean subsanables y sobre el consentimiento tácito del Municipio para extender el contrato. Entendemos que erró al así hacerlo.

A. El Municipio alega que entre Quest y éste nunca existió un contrato. Además, arguye que el contrato que suscribió con Las Marías no fue válidamente trasferido a Quest al fin de obligarle.

Por su parte, Quest sustenta su contención en principios generales de derecho contractual sin considerar las regula-ciones especiales que no se cumplieron y que persiguen propiciar una adecuada fiscalización de los gastos públicos. En su alegato, Quest expresa que “las cartas extendiendo el término del contrato, la solicitud de servicios adicionales y las admisiones de funcionarios municipales inequívoca-mente demuestran el consentimiento del Municipio a dicha cesión”.

Quest sostiene que nuestros pronunciamientos en Cor-dero Vélez v. Mun. de Guánica, supra, son inaplicables, pues en aquellos hechos nunca existió un contrato. Mani-fiesta que las cartas enviadas por la Supervisora de la División de Compras y Subastas, el Director Auxiliar de Compras y Suministros y el Gerente Interino de la Oficina del Municipio eran suficientes para consentir la cesión y para extender el contrato. El inciso (10) del contrato sus-crito con Las Marías expresamente prohibía la cesión del contrato a no ser por el consentimiento previo y por escrito de la Junta de Subasta. Nuestras expresiones en Cordero Vélez v. Mun. de Guánica, supra, aplican, pues tratan acerca del consentimiento de la Junta de Subasta. La Ley 81, supra, dispone la forma en que la Junta emite sus re-soluciones y acuerdos. Descansa Quest en una carta en-viada a todos los clientes de Las Marías informando la cesión. La razón para exigir una previa aprobación de la Junta pretende asegurar que las personas que brindan ser-vicios a los municipios sean adecuadas y cumplan con los requisitos de ley. Quest no ha demostrado que obtuvo el consentimiento previo y por escrito de la Junta para dicha cesión, por lo que la cesión no vincula al Municipio.

B. Arguye Quest en su defensa que de la conducta del Municipio se deduce su consentimiento tácito para contratar. Olvida, una vez más, que los principios genera-les en materia de contratos no son suficientes en este tipo de contratación cuando no se cumple con los requisitos que imponen las leyes especiales aplicables.

Las cartas para extender el contrato fueron suscritas por empleados municipales no autorizados en ley para comprometer al Municipio, por lo que no le obligaron. Además, las cartas para extender el término de vigencia de la relación jurídica entre las partes no puede considerarse un contrato entre estas partes, pues no cumplen con los requisitos de ley para constituir un contrato escrito que vincule al Municipio.

La enmienda a la Ley 18, supra, en nada cambia el re-sultado aquí expuesto, pues en la enmienda sólo se consi-dera la remisión del contrato a la Oficina del Contralor, siendo aún exigible cumplir con el requisito indispensable de hacer un contrato escrito. Decidir lo contario abriría las puertas a actuaciones ilegales en detrimento de los fondos públicos. No procede imponerle al Municipio el cumpli-miento de un contrato ineficaz por no ceñirse a la ley. Es imprescindible para la sana administración el apego a las normas establecidas.

Quest sabía o debía saber que las cartas que se le envia-ron para extender el contrato eran ineficaces y en nada vincularon al Municipio. Las partes privadas que contra-tan con el Gobierno deben velar por el fiel cumplimiento de las leyes o se arriesgan a sufrir pérdidas económicas por su descuido.

Una vez más, desalentamos firmemente la inobservancia de la ley y la actuación de los empleados del Municipio. Es deber de todo municipio asegurar que todos sus funcionarios se ajusten a los procedimientos estableci-dos en la Ley de Municipios Autónomos. No empece, “[l]a buena administración de un gobierno es una virtud de de-mocracia, y parte de una buena administración implica lle-var a cabo sus funciones como comprador con eficiencia, honestidad y corrección para proteger los intereses y dine-ros del pueblo ...”. Mar-Mol Co., Inc. v. Adm. Servicios Gens., 126 D.P.R. 864, 871 (1990).

Por no haber alguna controversia real sobre algún he-cho material, procede dictar sentencia sumaria para deses-timar la reclamación contra el Municipio.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la sen-tencia recurrida y emitida por el Tribunal de Apelaciones. Se declara “con lugar” la solicitud de sentencia sumaria presentada por el Municipio y se dicta sentencia de confor-midad desestimando la demanda de autos.

La Jueza Asociada Señora Rodríguez Rodríguez concu-rrió con el resultado sin opinión escrita.

       31 L.P.R.A. sec. 2994.

       31 L.P.R.A. sec. 3391.

       31 L.P.R.A. sec. 3401.

       J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1985, T. II, Vol. 1, pág. 41.

       Puig Brutau, op. cit., pág. 43.

       31 L.P.R.A. sec. 3403.

       Puig Brutau, op. cit., pág. 44.

       J.R. Vélez Torres, Derecho de Contratos, T. IV, Vol. II, 1990, pág. 1.

       21 L.P.R.A. sec. 4001 et seq.

       21 L.P.R.A. sec. 4505.

       2 L.P.R.A. sec. 97.

       21 L.P.R.A. sec. 4109.

       32 L.P.R.A. Ap. III.

       Alegato en Oposición de Quest, pág. 12.

       Así lo demuestra la certificación de Órdenes Ejecutivas firmadas por el Alcalde. Apéndice del recurso, pág. 514.


text:
      In re Carlos A. Cubero Feliciano.

      Número: TS-12179

      Resuelto: 20 de mayo de 2009

      Carlos A. Cubero Feliciano, pro se; Israel Pacheco Acevedo, secretario ejecutivo del Fondo de Fianza Notarial del Co-legio de Abogados de Puerto Rico.
   RESOLUCIÓN

Examinada la Moción Solicitando Reinstalación a la Abogacía y la Notaría, se reinstala al licenciado Carlos A. Cubero Feliciano al ejercicio de la abogacía. Se le apercibe que en el futuro deberá cumplir rigurosamente con su deber de pagar las cuotas del Colegio de Abogados y con las ór-denes de este Tribunal.

En cuanto a la solicitud de reinstalación al ejercicio de la notaría, se ordena a la Directora de la Oficina de Inspec-ción de Notarías a que, en un término de treinta días con-tados a partir de la notificación de esta Resolución, informe el estado de la obra notarial incautada al licenciado Cu-bero Feliciano.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(JFdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


author:
(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau
      Secretaria del Tribunal Supremo
     Juez Asociada Se-ñora Rodríguez Rodríguez,

text:
    Ida Nicza Meléndez Berríos, recurrida, v. Wilfredo Maldonado Dieppa, peticionario.

      Número: CC-2007-677

      Resuelto: 21 de mayo de 2009

      Myrna Delma Delgado, abogada de la parte peticionaria; Edwin Rivera Delgado, abogado de la parte recurrida.
   SENTENCIA

Por estar igualmente dividido el Tribunal, se dicta sen-tencia para el dictamen del Tribunal de Apelaciones.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secre-taria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada Señora Ro-dríguez Rodríguez emitió una opinión de conformidad, a la que se unieron el Juez Presidente Señor Hernández Den-ton y el Juez Asociado Señor Rivera Pérez. El Juez Aso-ciado Señor Martínez Torres disintió con la expresión si-guiente, a la cual se unieron la Jueza Asociada Señora Fiol Matta y el Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo:

Esta Sentencia se aparta de lo resuelto en Díaz v. Aguayo, 162 D.P.R. 801 (2004). Allí se estableció que cuando el comu-nero A se muda a la propiedad inmueble de la comunidad de bienes a vivir con una tercera persona, el comunero B tiene el derecho a un crédito por privación del uso de la propiedad comunal desde que el comunero A se mudó a ella, sin que sea necesario que B requiera previamente que se le compense por el uso exclusivo del inmueble. En aquel caso A y B eran ex novios. A se casó y se mudó a vivir en el inmueble comunal con su esposa. En el caso que nos ocupa, se trata de dos cónyuges que se divorciaron y la ex esposa se quedó viviendo en el hogar conyugal. No hay prueba de que ambos cónyuges se reconci-liaron en ese período o que la ex esposa hubiera permitido que su ex marido permaneciera en la propiedad. Así pues, en am-bos casos —Díaz v. Aguayo, supra, y éste— hay una exclusión de uno de los comuneros en el uso de la propiedad, ya que tanto la ex novia en el primer caso como el ex esposo en el segundo están impedidos de vivir en el inmueble comunal. Por lo tanto, aplicada la norma de Díaz v. Aguayo, supra, el ex marido tiene el derecho a un crédito por el uso exclusivo de la propiedad desde que cesó el derecho a hogar seguro y la ex esposa se quedó viviendo en la propiedad de la comunidad de bienes. Ahora bien, ya que el peticionario Maldonado Dieppa redujo voluntariamente su reclamo a un período más corto, a saber, desde que él solicitó por primera vez la división de la comunidad de bienes, el 24 de abril de 2002, limitaría el cré-dito para que se compute a partir de esa fecha y hasta la liquidación de la comunidad.

La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco no interviene.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Opinión de conformidad emitida por la

Juez Asociada Se-ñora Rodríguez Rodríguez,

a la que se le unen el Juez Presidente Señor Hernández Denton y el Juez Asociado Señor Rivera Pérez.

Nuevamente tenemos ante nuestra consideración una controversia referente a una comunidad post ganancial. En esta ocasión determinamos el momento a partir del cual un ex cónyuge está obligado a pagarle rentas al otro ex cón-yuge por el uso exclusivo de la residencia que una vez fue conyugal. Veamos los hechos que originan esta contro-versia.

I

El 10 de marzo de 2005, la Sra. Ida Nicza Meléndez Berríos (señora Meléndez Berríos) presentó una acción de división de comunidad de bienes contra el Sr. Wilfredo Maldonado Dieppa (señor Maldonado Dieppa). En ésta alegó que estuvo casada con el señor Maldonado Dieppa bajo el régimen de sociedad de gananciales desde el 4 de mayo de 1974 hasta el 17 de marzo de 1998, fecha cuando se declaró roto y disuelto el vínculo matrimonial por la causal de separación. Alegó la existencia de varios bienes pertenecientes a ambos cónyuges, obtenidos durante la du-ración del matrimonio y solicitó la división de la comuni-dad existente entre éstos, nacida tras la disolución de la unión matrimonial.

El señor Maldonado Dieppa contestó oportunamente dicha demanda y presentó una reconvención. Solicitó que se le impusiera a la señora Meléndez Berríos una renta a ra-zón de seiscientos dólares mensuales por el uso de la pro-piedad que fue una vez la residencia conyugal. Alegó que la señora Meléndez Berríos utilizó exclusivamente dicha pro-piedad, como residencia y taller de trabajo “sin pagar una adecuada compensación”. Solicitó que los cánones fueran satisfechos desde el 2 de junio de 2000, fecha cuando la menor de los hijos del matrimonio se emancipó por mayo-ridad, hasta la liquidación de la comunidad.

Así las cosas, el señor Maldonado Dieppa solicitó que se dictara sentencia sumaria a su favor. En ésta expuso que no había controversia de hechos en relación con los bienes pertenecientes a la comunidad existente entre la señora Meléndez Berríos y él. Alegó que era igualmente un hecho no controvertido el pago realizado por el señor Maldonado Dieppa de las contribuciones sobre la. propiedad desde 1998 hasta la presentación de la solicitud, a pesar de no haber disfrutado de la propiedad. Por último, indicó que el valor del uso en el mercado de la propiedad en cuestión era de cuatrocientos dólares.

Como cuestión de derecho, modificó su postura inicial y apuntó que se le debía resarcir las rentas por el uso exclu-sivo que tuvo la señora Meléndez Berríos de la propiedad desde el 24 de abril de 2002, fecha cuando solicitó por pri-mera vez la división de la comunidad existente, hasta la fecha de la liquidación de los bienes en común.

Por su parte, la señora Meléndez Berríos también soli-citó una sentencia sumaria a su favor. Estableció esencial-mente los mismos hechos no controvertidos que estableció el señor Maldonado Dieppa en su solicitud. Argüyó, no obstante, que no estaba obligada a pagar renta alguna al señor Maldonado Dieppa, pues era comunera tal como él y todo comunero tiene el derecho al uso y disfrute de la pro-piedad en común. Indicó que no le impidió el uso de la propiedad al señor Maldonado Dieppa, sino que éste se au-toexcluyó del disfrute de la propiedad al contraer nuevas nupcias. En la alternativa alegó que, de determinarse que debía pagar renta, los cánones procedían desde que el se-ñor Maldonado Dieppa realizó un requerimiento formal del pago éstas, es decir, desde el momento cuando éste pre-sentó la reconvención.

El Tribunal de Primera Instancia emitió una sentencia sumaria a favor de la señora Meléndez Berríos. En relación con la controversia sobre la renta de la propiedad, deter-minó que, en efecto, la señora Meléndez Berríos estaba obligada a compensar al señor Maldonado Dieppa por el uso exclusivo que tuvo de la propiedad. Indicó, no obstante, que este crédito debía satisfacerse desde el 6 de abril de 2005, fecha cuando el señor Maldonado Dieppa presentó la reconvención en la cual solicitó formalmente el pago de las rentas, hasta el momento cuando se liquidara la comu-nidad.

Inconforme con dicho dictamen, el señor Maldonado Dieppa recurrió al Tribunal de Apelaciones. Este foro con-firmó el dictamen del Tribunal de Primera Instancia. Re-solvió que, distinto a Díaz v. Aguayo, 162 D.P.R. 801 (2004), en este caso la recurrida señora Meléndez Berríos permaneció soltera y no excluyó ni privó al peticionario de su derecho al uso de la residencia, sino que éste se autoex-cluyó al contraer nuevas nupcias. Indicó, además, que de las cartas en las cuales el señor Maldonado Dieppa alegaba que había realizado un requerimiento para el pago de cá-nones, no surgía un reclamo expreso de rentas ni un reque-rimiento de desalojo a la señora Meléndez Berríos. Por lo tanto, ordenó el pago de los cánones, que habrían de com-putarse desde la fecha cuando el señor Maldonado Dieppa presentó su reconvención.

Inconforme aún, el señor Maldonado Dieppa acude ante este foro para argüir que:

Erró el Tribunal de Apelaciones, al entender que el crédito por rentas por uso exclusivo de un bien común debe compu-tarse al ser reclamado en acción judicial. En consecuencia también erró el TPI al determinar que el crédito de rentas es reclamable y debe ser computado a partir de la fecha de radi-cación de la reconvención y no desde su reclamo en el año 2002.
Erró el Tribunal de Apelaciones, al determinar que la recu-rrida no excluyó al recurrente de la posesión del inmueble. Petición de certiorari, pág. 5.

El 19 de octubre de 2007 expedimos el auto solicitado. Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes en el litigio, procedemos a resolver.

II

La sociedad de gananciales es el régimen económico su-pletorio que establece el Código Civil para gobernar las ganancias o los beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de los cónyuges durante el matrimonio, en au-sencia de capitulaciones matrimoniales. Arts. 1267 y 1295 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 3551 y 3621. Su funcio-namiento está codificado en los Arts. 1295-1326 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 3621-3701. En un matrimonio re-gido por la sociedad de gananciales, se presumen comunes todos los bienes adquiridos por los cónyuges durante la vi-gencia de éste. Art. 1307 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3647. La administración de los bienes de la sociedad co-rresponde a ambos cónyuges por ser codueños de la totali-dad del patrimonio matrimonial, sin distinción de cuotas. Montalván v. Rodríguez, 161 D.P.R. 411, 420 (2004).

Al disolverse el matrimonio, por divorcio o muerte de uno de los cónyuges, se extingue la sociedad de gananciales. Art. 1315 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3681. Dicha disolución conlleva el nacimiento de una co-munidad de bienes ordinaria entre los ex cónyuges, que regirá hasta el momento de la liquidación y división de la antigua sociedad de bienes gananciales. Residentes Sa-grado Corazón v. Arsuaga, 160 D.P.R. 289, 305 (2003); Soto López v. Colón, 143 D.P.R. 282, 287 (1997).

A esta comunidad de bienes, o según llamada en la doc-trina comunidad post ganancial, le aplican los Arts. 326-340 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 1271-1285, en au-sencia de disposiciones especiales o pacto entre los ex cónyuges. Residentes Urb. Sagrado Corazón, supra, pág. 306; Bidot v. Urbino, 158 D.P.R. 294 (2002). Esta comuni-dad estará integrada por los bienes que en el momento de la disolución de la sociedad de gananciales constituían el activo de la masa común. J. J. Rams Albesa, La sociedad de gananciales, Madrid, Ed. Tecnos 1992, pág. 418.

En esta controversia se cuestiona el momento a partir del cual un integrante de una comunidad post ganancial está obligado a satisfacer rentas al otro comunero, su ex cónyuge, por el uso exclusivo de la propiedad que una vez fue la residencia conyugal. Por no existir disposiciones es-peciales que resuelvan esta controversia, y a falta de pac-tos expresos entre los ex cónyuges, resolveremos esta con-troversia a la luz de los artículos del Código Civil pertinentes a la comunidad de bienes.

III

A. Una comunidad de bienes existe cuando la propie-dad de una cosa o un derecho pertenece pro indiviso a va-rias personas. Art. 326 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 1271. Como dice Castán, existe comunidad siempre que un derecho o conjunto de derechos está atribuido a una plura-lidad de sujetos, correspondiéndole en común. J. Castán Tobeñas, Derecho Civil español, común y foral, 14ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1992, T. II, pág. 459. El Código Civil establece que la participación de cada uno de los comune-ros en la cosa común será en proporción a sus respectivas cuotas, tanto en los beneficios como en las cargas. Art. 327 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 1272. Este derecho de los copropietarios se refiere a toda clase de uti-lidades que puedan suponer un incremento de la cosa, tales como frutos naturales o accesiones naturales, o un in-cremento puramente económico del valor del capital de la cosa, como aumentos de su valor. J. Beltrán de Heredia y Castaño, La comunidad de bienes en derecho español, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1954, pág. 235.

En relación con el uso y disfrute de la cosa común, asunto de especial interés para la presente controversia, el Art. 328 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 1273, establece que:

Cada partícipe podrá servirse de las cosas comunes, siempre que disponga de ellas conforme a su destino y de manera que no perjudique el interés de la comunidad, ni impida a los co-partícipes utilizarlas según su derecho.

Este precepto promulga que cada copropietario tiene el derecho a usar y disfrutar de las cosas comunes, conforme a su derecho de propiedad, conjuntamente con los demás copropietarios. Beltrán de Heredia, op. cit., pág. 231. Se trata, según Castán, de un uso simultáneo, pero recíproca-mente limitado de todos los condueños. Castán Tobeñas, op. cit., pág. 523. Ciertamente, el uso de la cosa común no puede efectuarse en perjuicio de los demás condueños. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1973, T. Ill, Vol. 2, pág. 25, citando la Sentencia del Tribunal Supremo de España de 17 de enero de 1968. El Código Civil establece tres parámetros o lími-tes para el uso de la cosa común, de forma que no se per-judiquen los derechos de los comuneros.

El primero se refiere a que la cosa debe usarse conforme a su destino. Como bien se discute en la doctrina, el destino de la cosa puede referirse a varios supuestos. Puede tra-tarse del destino natural de la cosa; puede ser el destino que las partes, por mutuo acuerdo, hayan determinado para la cosa, o el destino que la cosa tenga que cumplir, según el tráfico jurídico. Beltrán de Heredia, op. cit., pág. 232. Diez-Picazo y Gullón añaden que al hablar de “desti-no”, el Código se refiere, por supuesto, al destino económico de la cosa. L. Diez-Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, 6ta ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1997, Vol. III, pág. 82. Puesto que es posible que la cosa tenga varios destinos, cabe que se use de variadas maneras. A falta de un pacto expreso o tácito entre los comuneros, el uso que haga de la cosa alguno de los comuneros será válido siempre que éste quepa en las posibilidades delimitadas por su naturaleza o por el tráfico jurídico. J.M. Miquel González, en M. Albala-dejo, Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1985, T. V, Vol. 2, pág. 74.

El segundo límite impuesto por el Código Civil es que el uso no perjudique el interés de la comunidad. Este límite, según algunos tratadistas, tiene una relación íntima con el primero y se refiere a que el uso que realice uno de los comuneros no puede ir por encima de la suma de los inte-reses de cada uno de ellos. Beltrán de Heredia, op. cit., pág. 233. Es decir, no se trata de un interés distinto, superior al de cada uno de los copropietarios, pues la comunidad no es más que el total de cada uno de sus miembros. Por lo tanto, el interés de la comunidad es aquel de la mayoría de los comuneros, el cual sobrepasa el interés particular del co-munero usuario. Miquel González, op. cit., pág. 75; Diez-Picazo y Gullón, op. cit.

Por último, el Código establece que el uso de la cosa común por uno de los comuneros no puede impedir el uso a los demás, según su derecho. Es el límite más importante de los tres discutidos, pues regula precisamente la figura de la copropiedad; es decir, el que varios sujetos ostenten el mismo derecho. Beltrán de Heredia, op. cit, pág. 233. An-teriormente hemos resuelto que un comunero no puede usar o disfrutar de manera exclusiva de un bien comunita-rio, sin pagar a los demás comuneros por este beneficio privativo. Díaz v. Aguayo, supra, pág. 811; De la Fuente v. A. Roig Sucrs., 82 D.P.R. 514, 534 (1961).

En los casos citados, no obstante, no atendimos especí-ficamente esta controversia. Siendo el uso y disfrute de la cosa una de las prerrogativas clásicas del derecho de domi-nio, que en el caso del condominio corresponde a cada uno de los copropietarios, ¿desde qué momento se entiende que el uso que hace uno de los comuneros es en su propio be-neficio, por lo que está obligado a compensar a los demás? Veamos.

B. La regulación del uso tiene una dificultad intrín-seca, pues cada uno de los comuneros tiene el derecho a usar toda la cosa, por lo que generalmente se requiere una coordinación entre éstos para la consecución de dicho fin. Beltrán de Heredia, op. cit., pág. 238; Miquel González, en Albaladejo, op. cit, pág. 76. Así, se establece que cuando no quepa el uso simultáneo de la cosa, los comuneros establez-can pactos o acuerdos que regulen el uso y disfrute de la cosa a base de turnos entre éstos. M. Albaladejo, Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1976, T. Ill, Vol. I, pág. 390; Beltrán de Heredia, op. cit., pág. 239. Este sis-tema permite el uso sucesivo de la cosa sin límites de can-tidad o extensión, sino sólo en cuanto al tiempo. Beltrán de Heredia, op. cit., pág. 240.

Cuando existe una reglamentación sobre el uso de la cosa, la violación de este acuerdo por uno de los copropie-tarios conllevaría la responsabilidad frente a los demás. Sin embargo, en ausencia de reglamentación, es la opinión de la doctrina que la extralimitación en el uso de la cosa, por sí sola, no constituye un uso ilícito de ésta que conlleve una responsabilidad frente a los otros copropietarios. Bel-trán de Heredia, op. cit., pág. 241. Así lo entiende José María Miquel González, quien atiende específicamente el asunto que tenemos ante nuestra consideración por lo que citamos in extenso:

... ¿A partir de qué momento el comunero que use más allá del límite de su cuota incurre en responsabilidad frente a los de-más? O mejor y antes, ¿a partir de qué momento el uso puede considerarse sin causa, o injusto o ilícito? No parece que el propio comunero sea quien deba ponerse el límite, a falta de una reglamentación del uso; de modo que si el partícipe viene usando más que los demás, aunque tal uso fuera incompatible con el de los otros, eso por sí solo no lo convierte en un uso sin causa, sin justificación o ilícito, de modo que pueda dar lugar a una acción de enriquecimiento o de resarcimiento del daño. Para ello parece necesario infringir una reglamentación espe-cífica del uso, o un requerimiento —caso de no existir aqué-lla— del comunero lesionado por el uso incompatible con su derecho. En otro caso, a falta de cualquiera de ellos, en sus respectivos supuestos, no podría considerarse ni un uso injus-tificado, a los efectos de enriquecimiento, ni un uso ilícito, a los efectos de resarcimiento de daños. (Enfasis suplido.) González en Albaladejo, op. cit., pág. 73.

Como vemos, este tratadista entiende que el mero uso de una forma exclusiva de la cosa común por parte de uno de los comuneros no supone un uso ilícito que requiera un resarcimiento por daños a los demás copropietarios. Para esto, será necesario que dicho comunero infrinja una regla-mentación específica de uso o a falta de ésta, que haya un requerimiento del comunero afectado o lesionado para que se le permita usar la cosa o, en su caso, para que se le comience a resarcir por el uso exclusivo de la cosa.

Este raciocinio nos convence, pues el límite que impone el Código Civil es el que no se le impida al otro comunero el derecho al uso y disfrute, según el derecho ostentado. Por lo tanto, para que se entienda ilícito tendría que demos-trarse que la extralimitación del uso, en efecto impidió al otro comunero el uso, según su derecho. Es decir, es la idea del perjuicio que se pueda ocasionar a los demás copropie-tarios el límite efectivo y concreto a la extralimitación en el uso. Beltrán de Heredia, op. cit.

Así pues, la determinación de cuándo debe comenzar el pago de un canon o una renta por parte de un copropietario a los demás, como medida de responsabilidad frente a éstos por el uso exclusivo de una cosa, es esencialmente una cuestión de hechos que se habrá de establecer caso a caso. El comienzo del uso exclusivo de la cosa por uno sólo de los comuneros, por sí solo, no puede ser el momento a partir del cual surge la obligación de un comunero de satisfacer rentas a los otros por dicho uso. Ese uso es compatible con el derecho de dominio que tiene cada uno de los copropietarios. En ausencia de la violación de un pacto o una reglamentación específica de uso establecido por los comuneros, aquel que entienda que el uso exclusivo de la cosa por otro comunero es incompatible con su propio de-recho, tendrá que requerir al otro el uso de la cosa o del pago de la renta o del canon por el uso exclusivo y a partir de ese requerimiento nacerá la obligación de resarcir.

C. En su alegato, el peticionario arguye que exigir un requerimiento para el pago de rentas es incompatible con lo resuelto en Díaz v. Aguayo, supra. Indica que, en ese caso, se ordenó el pago de rentas desde que el comunero comenzó a hacer uso exclusivo de la propiedad en común. Por lo tanto, entiende que tiene un derecho al pago de ren-tas desde que su ex cónyuge comenzó a poseer exclusiva-mente la propiedad, pero está dispuesto a reclamar sólo desde que requirió extrajudicialmente la división de la comunidad. Entendemos que la lectura que el peticionario hace de Díaz no toma en consideración los hechos a los cuales nos enfrentamos en aquella ocasión.

En Díaz v. Aguayo, supra, el señor Aguayo Leal y la señora Díaz Lizardi adquirieron una residencia en común pro indiviso cuando éstos eran novios. La relación de no-viazgo terminó sin que hicieran uso de la residencia común. Al año de concluir el noviazgo, el señor Aguayo Leal contrajo nupcias con otra joven y se mudó con ésta a la residencia común de éste y de la señora Díaz Lizardi. Al año de ese acto, la señora Díaz Lizardi presentó una acción de división de comunidad de bienes y solicitó una renta por el tiempo en que el señor Aguayo Leal hizo uso exclusivo de la residencia junto a su esposa. Resolvimos en esa ocasión que procedía que el señor Aguayo Leal pagara una renta por el uso de la propiedad desde el momento cuando se mudó a ella con su nueva esposa. Resolvimos de esa ma-nera, pues entendimos que el acto del señor Aguayo Leal de mudarse con su esposa constituyó una exclusión de la señora Díaz Lizardi del uso de la propiedad y, por lo tanto, le impidió a ésta su uso. Entendimos que, bajo aquellos hechos, no podíamos concluir que la señora Díaz Lizardi hubiese consentido a que su propiedad fuera utilizada por el señor Aguayo Leal y su esposa, desde que se mudaron a ella hasta que se presentó la acción de división. Probable-mente el resultado hubiese sido distinto si el señor Aguayo Leal se hubiese mudado solo a la propiedad. Véase Díaz v. Aguayo, supra, pág. 821 (opinión de conformidad, Juez Presidente Hernández Denton).

Así pues, son asuntos distintos los que se dilucidan en este caso, frente a los que se dilucidaron en Díaz v. Aguayo, supra. En aquel caso, hubo una clara exclusión de uno de los comuneros de la propiedad en común. Por lo tanto, desde el momento de la exclusión, surgió el derecho del otro comunero de recibir una renta por el uso exclusivo de la propiedad, pues desde ese momento se le impidió el uso de la cosa en común.

En este caso, se trata del uso exclusivo que hace un ex cónyuge de la residencia que una vez fue conyugal, y que permanece en comunidad por no haberse liquidado la so-ciedad ganancial extinta con el divorcio. En casos como éste, en ausencia de un acto de exclusión, no se puede igua-lar el mero hecho del divorcio con la exclusión e impedi-mento de uso del cual habla el Código Civil en el Art. 328, supra, y que origina una acción de resarcimiento en forma de renta al otro comunero. En el orden de estado civil, el divorcio implica necesariamente la ruptura completa del vínculo matrimonial y la separación de propiedad y bienes entre los cónyuges. Art. 105 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 381. Sin embargo, dicha ruptura no puede ser catalogada como una exclusión de uno de los comuneros de la propiedad en común, en los términos del Art. 328, supra. Tenemos que tomar en consideración que, en estos casos, se trata de la residencia de la familia, y su atribución a uno sólo de los cónyuges no es equiparable a un acto de exclusión formal por parte de ese cónyuge al otro. Por esto, las rentas, si alguna hay que pagar al ex cónyuge por el uso de la residencia familiar, no se deberán, sino hasta que el ex cónyuge no residente realice un reque-rimiento de éstas.

Así pues, en ausencia de prueba en contrario, se presu-mirá que el ex cónyuge no residente consintió tácitamente a que su ex cónyuge ocupara la residencia familiar exclu-sivamente, sin tener que pagar renta alguna hasta el mo-mento del requerimiento. Véase Díaz v. Aguayo, supra, pág. 814 esc. 2.

Con el beneficio de la normativa establecida, pasamos a resolver el caso de autos.

rv

El señor Maldonado Dieppa y la señora Meléndez Be-rríos se divorciaron en marzo de 1998. En marzo de 2005, la señora Meléndez Berríos presentó una demanda de división de comunidad de bienes. El señor Maldonado Die-ppa reconvino para solicitar rentas desde el momento cuando la hija menor de edad de ambos llegó a la mayoría de edad en el 2000.

Según establecido, un comunero tendrá derecho a reci-bir rentas por el uso exclusivo que de la propiedad hace otro comunero, cuando haya un acto específico de exclusión por parte del usuario a los demás. De no existir dicho acto, es necesario que el comunero lesionado realice un requeri-miento de pago por el uso exclusivo que realiza el otro comunero. En este caso, la señora Meléndez Berríos no ex-cluyó específicamente al señor Maldonado Dieppa del uso y disfrute de la propiedad en cuestión. Simplemente la se-ñora Meléndez Berríos, por acuerdo de las partes luego del divorcio, se quedó viviendo en la residencia conyugal junto a los tres hijos procreados durante la vivencia conyugal. El uso que hizo de la propiedad es conforme a su destino, no contravino el interés de la comunidad, ni impidió al señor Maldonado Dieppa que usara de la propiedad en común.

Por lo tanto, según lo discutido, las rentas por el uso exclusivo serán pagaderas desde que el ex cónyuge no re-sidente, en este caso el señor Maldonado Dieppa, las soli-citó a su ex cónyuge, la señora Meléndez Berríos. El Tribunal de Apelaciones resolvió que dicho momento fue al presentarse la reconvención por parte del señor Maldonado Dieppa. Este alega, sin embargo, que dicho momento se concretó en 2002, cuando en varias comunicaciones en las que se discutió la división de la comunidad, solicitó las ren-tas extrajudicialmente. Veamos.

El 24 de abril de 2002 el señor Maldonado Dieppa, a través de su representante legal, cursó una carta a la se-ñora Meléndez Berríos para solicitar la liquidación de la comunidad de bienes existente entre ellos. En dicho mo-mento no reclamó rentas por el uso exclusivo del inmueble. Luego, el 29 de julio de 2002 envió nuevamente una carta, esta vez a la representación legal de la señora Meléndez Berríos, en la cual ofreció la cantidad de $75,000 por la participación de la señora Meléndez Berríos en la comuni-dad, “tomando en consideración que el terreno fue una do-nación de su padre, que ella estuvo ocupando la residencia y el deterioro de la propiedad”. La señora Meléndez Berríos rechazó la oferta mediante carta de 27 de agosto de 2002 y realizó una contraoferta de $101,250.

Posteriormente, y en respuesta, el señor Maldonado Dieppa rechazó la contraoferta y expuso que “[l]a idea era llegar a un acuerdo razonable, tomando en consideración que [la señora Meléndez Berríos] ha estado en la posesión de la propiedad por espacio de siete (7) años”. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 81. La señora Meléndez Be-rríos respondió el 19 de noviembre de 2002, indicando que infería de la mención sobre la posesión de la propiedad por siete años que el señor Maldonado Dieppa estaba solici-tando un crédito por arrendamiento. Indicó que entendía que no procedía y que, de proceder, debía ser desde que la hija menor de edad alcanzó la mayoridad. Las partes con-tinuaron realizando ofertas y contraofertas para la liquida-ción de la comunidad de bienes hasta el 10 de marzo de 2005, cuando la señora Meléndez Berríos presentó la de-manda que originó la controversia.

El señor Maldonado Dieppa arguye que, de las expresio-nes contenidas en las cartas relacionadas anteriormente, surge una intención de requerir rentas de forma prospec-tiva por el uso exclusivo del inmueble por parte de la se-ñora Meléndez Berríos. No estamos de acuerdo. De dichas cartas lo que surge es la intención de que se tome en con-sideración el tiempo que la señora Meléndez Berríos utilizó el inmueble sólo para propósitos del cómputo de la cuota participativa de ésta en la comunidad. De esas expresiones no surge un requerimiento por parte del señor Maldonado Dieppa para que se le resarciera por el uso del inmueble, desde ese momento en adelante. Aunque es válido un re-clamo de rentas de forma extrajudicial con el propósito de recibirlas de manera prospectiva, entendemos que en este caso el señor Maldonado Dieppa no exteriorizó esa inten-ción hasta el momento cuando presentó la reconvención a la demanda instada en su contra, el 6 de abril de 2005.

Por lo tanto, resolvemos, al igual que lo hicieron los fo-ros inferiores, que la señora Meléndez Berríos está obli-gada a pagar renta por el uso exclusivo de la propiedad al señor Maldonado Dieppa desde el 6 de abril de 2005, fecha en la cual éste presentó la reconvención, para solicitarle a la señora Meléndez Berrios las rentas por el uso de la pro-piedad en común, hasta el presente.

       Los tres hijos del matrimonio se quedaron viviendo con la señora Meléndez Berríos al momento de la disolución del matrimonio en la residencia objeto de la controversia. De éstos, dos ya eran mayores de edad al momento del divorcio. Ni la sentencia de divorcio, ni algún otro documento en el expediente, hacen mención del otorgamiento o la petición del derecho a un hogar seguro.

       No hizo mención sobre las contribuciones de la propiedad, pagadas alegada-mente por el señor Maldonado Dieppa.

       La sentencia sumaria dictada por la ilustrada sala de instancia no hace mención sobre el crédito por el pago de contribuciones sobre la propiedad, alegado por el señor Maldonado Dieppa en su solicitud de sentencia sumaria. Sin embargo, dicho asunto no fue alegado ante el Tribunal de Apelaciones, por lo que no lo atendemos.

       Aquel que no esté de acuerdo con el uso al que la mayoría destina la cosa, siempre tiene a su haber la acción de división de la comunidad. M. Albaladejo, De-recho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1976, T. Ill, Vol. I, pág. 390.

       Hacemos constar expresamente que no resolvemos en este caso, por no estar ante nuestra consideración, la interacción del derecho a un hogar seguro y de la obligación de alimentar con los intereses propietarios del cónyuge no residente y si procederían en ese caso el pago de rentas o los cánones al otro cónyuge durante el período en el cual la propiedad estuvo sujeta al derecho a hogar seguro o exista una obligación de alimentar.


text:
      In re Adán Rodríguez Lugo, querellado.

      Números: CP-2008-10
    CP-2008-11

      Resueltos: 27 de mayo de 2009

      Ricardo E. Alegría Pons, procurador general auxiliar, e Ileana Oliver Falero, subprocuradora general interina, parte que-rellante; Adán A. Rodríguez Lugo, pro se; Eliaais Orsini Zayas, comisionada especial.
   per curiam:

I

El Ledo. Adán Rodríguez Lugo fue admitido al ejercicio de la abogacía el 30 de enero de 2001. El licenciado Rodrí-guez Lugo no es notario en esta jurisdicción.

El 28 de septiembre de 2006, el Sr. Esteban Correa Alo-mar presentó una queja contra el licenciado Rodríguez Lugo (CP-2008-10). Esta queja originalmente se había pre-sentado ante el Colegio de Abogados y se desistió. El 6 de noviembre de 2006, la Sra. Vidalina Rivera Torres compa-reció ante nos y le imputó al licenciado Rodríguez Lugo violaciones a los cánones de ética profesional (CP-2008-11).

El querellado no pudo contestar las quejas presentadas en su contra dentro del tiempo que se le concedió, pues no notificó a este Tribunal el cambio de su dirección.

Ante esto, referimos ambas quejas al Procurador General para que realizara la evaluación correspondiente a las imputaciones hechas contra el querellado. El 24 de mayo de 2007 y el 20 de junio de 2007, el Procurador General presentó dos informes con la evaluación de las alegaciones de los quejosos. Para la querella CP-2008-10 el Procurador General encontró violaciones a los Cánones 18, 19 y 20 del Código de Etica Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, e incumpli-miento con la Regla 9(j) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A. Por su parte, para la querella CP-2008-22 el Procurador General determinó que se ha-bían violado los Cánones 18 y 19 del Código de Etica Pro-fesional, supra, y omitido lo requerido por la Regla 9(j) del Reglamento del Tribunal Supremo, supra.

El 11 de septiembre de 2008, el licenciado Rodríguez Lugo presentó dos escritos en contestación a las querellas presentadas en su contra. En síntesis, el licenciado aceptó los hechos imputados y expresó su profundo arrepenti-miento por la conducta exhibida. El 30 de octubre de 2008 nombramos Comisionada Especial a la Hon. Eliadis Orsini Zayas.

El 17 de febrero de 2009, la Comisionada Especial rin-dió un informe consolidando ambas querellas. Encontró que el licenciado Rodríguez violó los Cánones 18, 19 y 20 del Código de Ética Profesional, supra, y a la Regla 9(j) del Reglamento del Tribunal Supremo, supra. Después de con-siderar varios atenuantes, la Comisionada Especial reco-mendó la suspensión del querellado por dieciocho meses del ejercicio de la abogacía. Según la Comisionada Especial, el querellado demostró arrepentimiento y aceptó los hechos básicos durante todo el proceso ante su consideración.

Con el beneficio del expediente completo, estamos en posición de resolver.

II

Los hechos imputados en la querella no están en contro-versia, pues el querellado los acepta.

El Sr. Esteban Correa Alomar contrató por escrito los servicios del querellado para preparar y presentar una apelación en el Tribunal de Apelaciones. Para dichos servi-cios se pactaron los honorarios de abogado en $1,500. Ade-más, se dispuso una suma de $600 adicionales en caso de tener que acudir al Tribunal Supremo, los cuales serían pagaderos quince días antes de vencer el término para recurrir.

El cliente realizó un pago de $285 para, según lo pac-tado, acudir en recurso de certiorari a este Tribunal. Dicho pago se hizo tres días antes de vencer el término para recurrir. El querellado aceptó que no presentó el recurso porque el cliente no le satisfizo los honorarios pactados. En agosto de 2005 y luego de iniciado el proceso ante el Cole-gio de Abogados, el querellado devolvió los honorarios de abogado que se le pagaron. El querellante alegó que el pago se hizo completo, pues hubo un acuerdo verbal que modificó los honorarios para el recurso de revisión. La Co-misionada Especial determinó que el pago se hizo incom-pleto y tardío, y que el contrato no fue enmendado como se alegó en la querella.

Por otro lado, la Sra. Vidalina Rivera Torres contrató los servicios del querellado para evaluar un caso de impericia médica. La querellante hizo un pago inicial de $300 para que el querellado evaluara su expediente médico y deter-minar la procedencia de su reclamación. El querellado acepta que no realizó gestión alguna en beneficio de su cliente. El querellado nunca envió a buscar el expediente médico ni evaluó la posible causa de acción de la señora Rivera Torres. Se alega que el licenciado Rodríguez Lugo había mudado su oficina profesional sin comunicarse con la querellante. No es hasta un año después que la quere-llante se enteró de que su reclamación no se evaluó ni presentó.

El querellado le reembolsó a esta dienta el dinero que ella le pagó. Lo hizo luego de que el Procurador General rindiera su informe.

III

En reiteradas ocasiones hemos manifestado que el Código de Etica Profesional pauta las normas mínimas que rigen a los abogados en el ejercicio de su delicada labor. In re Filardi Guzmán, 144 D.P.R. 710, 715 (1998). Las exigencias éticas requieren de los abogados un comportamiento honrado, sincero, digno y honorable. In re Díaz Ortiz, 150 D.P.R. 418, 424 (2000).

La Regla 9(j) del Reglamento del Tribunal Supremo, supra, dispone en lo pertinente lo siguiente:

(j) El(la) Secretario (a) llevará un registro de abogados(as) en el cual inscribirá en orden cronológico a base de la fecha de admisión al ejercicio de la profesión, los nombres de todos(as) los(as) abogados(as) autorizados(as) a postular ante este tribunal, las fechas en que fueron admitidos al ejercicio de su pro-fesión y su dirección postal y residencial. ... Todo(a) aboga-do(a) tendrá la obligación de notificar al(a la) Secretario(a) cualquier cambio de dirección postal o física. (Enfasis suplido.)

Hemos resuelto reiteradamente que incumplir con el de-ber de notificar cualquier cambio en la dirección postal o física menoscaba nuestra facultad disciplinaria y es causa suficiente para decretar la suspensión indefinida de un abogado. Col. Abogados P.R. v. Dávila, 152 D.P.R. 221, 224-225 (2000); In re Aponte Sierra, 128 D.P.R. 177, 179 (1991); In re Berrios Pagán, 126 D.P.R. 458, 459 (1990); In re Kieffer, 117 D.P.R. 767, 770-771 (1986).

El Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, exige que el abogado haga su gestión diligente y competentemente. El referido canon dispone, en lo pertinente:

Canon 18. Competencia del abogado y consejo al cliente
Será impropio de un abogado asumir una representación profesional cuando está consciente de que no puede rendir una labor idónea competente y que no puede prepararse adecuada-mente sin que ello apareje gastos o demoras irrazonables a su cliente o ala administración de la justicia.
Es deber del abogado defender los intereses del cliente dili-gentemente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurí-dica en general estima adecuada y responsable.

Este Tribunal ha expresado que los abogados tienen “el deber de defender los intereses de sus clientes diligente-mente, desplegando su máximo conocimiento”. In re Pizarro Colón, 151 D.P.R. 94, 105 (2000). Un abogado no puede olvidar que la “indiferencia, desidia, despreocupación, in-acción y displicencia en la tramitación de un caso, viola el Canon 18”. Íd. En In re Verdejo Roque, 145 D.P.R. 83, 87 (1999), reiteramos que “un abogado que acepta un caso y luego no demuestra la competencia y diligencia que exige el ejercicio de la abogacía y tampoco mantiene al cliente informado de los desarrollos del caso, incurre en una vio-lación seria a la ética profesional”.

Por otra parte, el Canon 19 del Código de Ética Profesional, supra, impone al abogado la responsabilidad de mantener a sus clientes informados de las cuestiones importantes de los casos que atiende. Esta norma ética pretende hacer viable una comunicación efectiva entre el abogado y su representado. Para poder cumplir con esta exigencia ética es esencial que el abogado esté disponible y accesible. Este deber de los abogados es una obligación ética independiente. In re Ríos Ríos, 175 D.P.R. 57 (2008). Se incumple con el Canon 19 cuando el abogado no atiende los reclamos de información del cliente; no se le informa sobre asuntos importantes del caso o una decisión adversa; no se mantiene al cliente informado del estado procesal del caso, o simplemente se niega a dar información del caso al cliente. In re Ríos Ríos, supra. Es importante que la información se provea a tiempo para que el cliente pueda tomar decisiones sobre su caso. Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R. 232, 240 (1984).

El Canon 20 del Código de Ética Profesional, supra, dicta el procedimiento que debe seguir un abogado al renunciar a la representación legal de un cliente. Por su rol fundamental, un abogado antes de renunciar debe tomar todas las medidas razonables que eviten perjuicios al derecho de su cliente. El Canon 20 prescribe algunas de las medidas que pueden ser necesarias, a saber: notificar al cliente; aconsejarle sobre la necesidad de conseguir nueva representación legal y concederle tiempo para esto; notificar términos de ley que puedan afectar su derecho o para la presentación de cualquier escrito, y cualquier otra disposición legal del tribunal. Además, al ser efectiva la renuncia, el abogado debe entregar al cliente el expediente de su caso y reembolsar inmediatamente cualquier canti-dad adelantada que le hayan pagado por como honorarios de abogado por los servicios no prestados.

Hemos manifestado que en nuestra jurisdicción un abogado no tiene derecho a retener los documentos de un cliente ni a gravar bienes de este último aunque medien controversias respecto a los honorarios profesionales. Nassar Rizek v. Hernández, 123 D.P.R. 360 (1989); In re Vélez, 103 D.P.R. 590 (1975). "Constituye una grave falta que el abogado retenga una suma de dinero que le adelantó el cliente en concepto de honorarios sin realizar la gestión a la cual se comprometió.” In re Pereira Esteves, 131 D.P.R. 515, 523 (1992).

Como tenemos presente que el abogado tiene la loable función de representar a terceros en la reclamación de sus derechos, no podemos refrendar la inacción del querellado. El hecho de no ser compensado por sus servicios no es excusa para que un abogado desatienda la defensa de su cliente. In re Pereira Esteves, supra. En reiteradas ocasiones hemos reconocido que “[l]a profesión de la abogacía no es un mero negocio con fines de lucro”. In re Clavell Ruiz, 131 D.P.R. 500, 510 (1992).

IV

Tras analizar los hechos que motivan las querellas ante nos, concluimos que el licenciado Rodríguez Lugo violó los Cánones 18,19 y 20 del Código de Ética Profesional, supra, y la Regla 9(j) del Reglamento del Tribunal Supremo, supra.

Resulta evidente la incompatibilidad de la conducta del querellado con el citado Canon 18. Aceptar la representa-ción legal de los querellantes y luego no exhibir la diligen-cia que de un abogado se espera viola gravemente la norma ética aludida. El señor Correa Alomar y el querellado lle-garon a un acuerdo sobre los términos de la representación legal ante este Tribunal. La ausencia de pago por el balance adeudado en concepto de honorarios de abogado no justifica la desidia del abogado. La falta de diligencia mos-trada impidió que el cliente del querellado ejerciera su de-recho a revisar una sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones.

Por otra parte, el querellado fue altamente negligente en su gestión profesional en nombre de la señora Rivera Torres. Después de ser contratado por la querellante para que evaluase su expediente médico, el querellado no hizo gestión alguna para cumplir con su labor. La incompeten-cia mostrada por el licenciado Rodríguez Lugo impidió a la querellante auscultar la posibilidad de exigir el reparo de sus agravios.

El abogado cambió de dirección sin notificar a sus clien-tes su nueva dirección y cuestiones relevantes al caso, como, por ejemplo, que no se presentó el recurso en el caso del señor Correa Alomar. No es hasta un año después que la señora Rivera Torres supo que nada se había hecho en relación con los servicios que contrató. Es claramente con-cluyente que las actuaciones del querellado violentaron el Canon 19 del Código de Etica Profesional, supra, al no mantener adecuadamente informados a sus clientes.

Por otra parte, el querellado incumplió con el Canon 20 del Código de Etica Profesional, supra, al no reembolsar inmediatamente los honorarios adelantados por servicios no rendidos y por abandonar la representación legal de sus clientes sin tomar las medidas cautelares que este canon exige. En ambos casos el querellado devolvió la cantidad pagada en concepto de honorarios varios años después de haberle sido entregados y luego del inicio de los procesos disciplinarios en su contra.

El querellado cambió de dirección sin notificarlo a este Tribunal. Este proceder, además de estar reñido con el Re-glamento del Tribunal Supremo, lacera nuestra indelega-ble función disciplinaria. Esta actuación provocó que se in-terrumpiera y atrasara el proceso disciplinario contra el querellado.

Para imponer una sanción disciplinaria a un abogado por conducta impropia, es necesario considerar el previo historial del abogado; si el abogado goza de buena reputación; la aceptación de la falta y su sincero arrepentimiento; si se realizó con ánimo de lucro, y cualquier otro factor pertinente a los hechos. In re Díaz Ortiz, supra; In re Arroyo Rivera, 148 D.P.R. 354 (1999).

Es menester señalar que el querellado, desde el inicio del proceso, aceptó su culpa y mostró un sincero arrepentimiento. Además, esta es la primera falta del abo-gado y aunque tardíamente, el querellado reembolsó el dinero dado en concepto de honorarios de abogado.

Luego de darle especial atención a los hechos y factores señalados, suspendemos al licenciado Rodríguez Lugo del ejercicio de la abogacía por el término de dieciocho meses, término recomendado por la Comisionada Especial. Censu-ramos firmemente las actuaciones del querellado, eviden-temente contrarias a las normas éticas de la profesión. Le apercibimos que, de repetirse en un futuro la conducta que dio lugar a esta querella, seremos mucho más severos en nuestra sanción.

V

Por los fundamentos antes expuestos, suspendemos al Ledo. Adán Rodríguez Lugo del ejercicio de la abogacía por el término de dieciocho meses y se dicta sentencia en con-formidad con lo aquí dispuesto.

El querellado tiene el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para continuar con su represen-tación y devolverá a éstos los expedientes de los casos pen-dientes así como los honorarios recibidos por trabajos no rendidos. Además, tiene el deber de informar oportuna-mente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos. Estas gestiones deberán ser certificadas a este Tribunal dentro del término de treinta días a partir de la notificación de esta opinión per curiam y Sentencia.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez concu-rrió con el resultado sin opinión escrita.


text:
    José Calderón Morales et al., peticionarios, v. Administra-ción de Corrección, recurrida, Comisión Apelativa del Sis-tema de Administración de Recursos Humanos del Servicio Público et als., peticionarias.

      Número: CC-2007-0401

      Resuelto: 3 de junio de 2009

      Laura G. Rechani Ydrach, asesora legal de la Comisión Ape-lativa del Sistema de Administración de Recursos Huma-nos del Servicio Público, y Milagros Vasallo Colón, de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación, parte peticionaria; Genoveva Valentín Soto e Israel Barra-das Bonilla, Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, parte recurrida; Salvador J. Antonetti Stutts, procurador general, Isabel Sánchez del Campo, procuradora general auxiliar, y Mariana D. Negrón Vargas, subprocuradora general, abogados de la Administración de Corrección y Re-habilitación, parte recurrida.
   per curiam:

Nuevamente tenemos que determinar cuál organismo administrativo, si la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA) o la Comisión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos (CA-SARH), es la agencia con jurisdicción apelativa para adju-dicar las reclamaciones de alrededor de cuarenta oficiales de custodia que fueron destituidos o suspendidos de sus empleos en la Administración de Corrección tras incurrir en conducta proscrita por los reglamentos de la referida agencia.

I

Luego de examinar los recursos de apelación presenta-dos por varios Oficiales de Custodia de la Administración de Corrección, la CASARH los desestimó por falta de juris-dicción sobre la materia. Concluyó que la CIPA era la agen-cia con jurisdicción apelativa exclusiva para adjudicar la procedencia de las medidas disciplinarias de los recurridos que se alega incurrieron en violaciones al Reglamento de Personal y al Reglamento de Oficiales de Custodia de la Administración de Corrección. A raíz de tal determinación, los recurridos presentaron varios recursos de revisión ante el Tribunal de Apelaciones.

Ya que todos los recursos presentados ante el foro ape-lativo intermedio versaban sobre la misma controversia, dicho foro procedió a consolidarlos. El foro apelativo in-termedio revocó la determinación de la CASARH y resolvió que el foro con jurisdicción para atender las apelaciones de cada uno de los oficiales de custodia era la CASARH y no la CIPA. Dicho foro razonó que las medidas disciplinarias im-puestas a los recurridos versaban sobre conducta negli-gente en el desempeño de los deberes del puesto que éstos ocupaban, asuntos que atañen al principio de mérito y, por lo tanto, a la CASARH. Concluyó, además, que la CIPA no tiene jurisdicción apelativa para evaluar las apelaciones presentadas por los recurridos, ya que las medidas discipli-narias impuestas no implicaban mal uso o abuso de autoridad.

Inconformes con tal determinación, la CIPA y la CA-SARH presentaron ante nos un recurso de certiorari en el que adujeron que el Tribunal de Apelaciones erró al deter-minar que la CIPA no tiene jurisdicción apelativa exclusiva para evaluar las medidas disciplinarias impuestas a los Oficiales de Custodia de la Administración de Corrección como resultado de la violación a los reglamentos que los regulan.

Contrario a lo argüido por las agencias administrativas, los recurridos adujeron en su alegato que la CASARH es el organismo con jurisdicción apelativa exclusiva para adju-dicar sus reclamaciones puesto que las alegadas violacio-nes versan sobre áreas relacionadas con el principio de mérito. De otra parte, el Procurador General compareció ante nos —en representación de la Administración de Co-rrección— y argüyó que el foro con jurisdicción para eva-luar y adjudicar las apelaciones presentadas por los Oficia-les de Custodia relacionadas con medidas disciplinarias es la CIPA y no la CASARH.

Con el beneficio de la comparecencia de todas las partes, pasamos a resolver.

II

La presente controversia ha generado una multi-plicidad de litigios en el Tribunal de Apelaciones y en este Tribunal. El conflicto jurisdiccional entre la CIPA y la CA-SARH surgió como resultado del lenguaje del Art. 1 de la ley habilitadora de la CIPA. Éste establece que dicha agen-cia tiene jurisdicción apelativa para resolver las apelacio-nes que presenten los funcionarios de la Rama Ejecutiva autorizados a efectuar arrestos, cuya dependencia guberna-mental tenga una reglamentación similar a la de la Policía de Puerto Rico.

Para aclarar y determinar la jurisdicción apelativa de la CIPA y la CASARH, y así promover la economía procesal, resolvimos en González y otros v. Adm. de Corrección, 175 D.P.R. 598 (2009), que la CIPA es la agencia con jurisdicción apelativa exclusiva para adjudicar las recla-maciones de los Oficiales de Custodia de la Administración de Corrección.

Para llegar a esa conclusión, analizamos las leyes habi-litadoras de la CIPA y la CASARH, así como la reglamen-tación de la Administración de Corrección y la Policía de Puerto Rico. Al ponderar los referidos estatutos, conclui-mos que la reglamentación que rige a los Oficiales de Cus-todia de la Administración de Corrección es similar a los reglamentos que gobiernan a la Policía de Puerto Rico.

Según tal conclusión, resolvimos que la CIPA evaluará las apelaciones presentadas por los Oficiales de Custodia en dos instancias, a saber: (1) cuando se les impute haber cometido faltas leves o graves a los reglamentos de dicha agencia, y (2) en aquellos casos en que se les haya imputado mal uso o abuso de autoridad. No obstante, dejamos claramente establecido que la CASARH es el organismo administrativo con jurisdicción apelativa para atender las apelaciones relacionadas con el principio de mérito.

Aclarados estos extremos, pasemos a determinar en el caso de autos cuál de las dos agencias tiene jurisdicción apelativa para adjudicar las apelaciones presentadas por los recurridos.

III

Del expediente de autos surge que las violaciones impu-tadas a los recurridos Oficiales de Custodia son diversas e incluyen, entre otras, las conductas siguientes: (1) aban-dono del servicio propiciando la evasión de confinados; (2) negativa a realizar el recuento reglamentario de los reclu-sos; (3) uso de lenguaje soez y ofensivo; (3) excarcelación de confinados sin contar con la debida Orden de Excarcela-ción; (5) entrega de arma de reglamento sin descargarla previamente; (6) quedarse dormido durante horas labora-bles; (7) brindar acceso a los confinados al área médica sin que éstos estuviesen acompañados por el Oficial de Custo-dia correspondiente; (8) arrojar positivo a sustancias con-troladas; (9) negativa injustificada a someterse a las prue-bas de detección de sustancias controladas; (10) incurrir en conducta violenta y agresiva contra su esposa; (11) incurrir en conducta constitutiva de maltrato de menores.

Al examinar el Reglamento de Oficiales de Custodia de la Administración de Corrección, el Reglamento de Personal de la Administración de Corrección y el Manual para la Aplicación de Medidas Correctivas y Disciplinarias a los Empleados de la Administración de Corrección, es ineludi-ble concluir que las conductas antes señaladas constituyen abuso de autoridad o faltas —leves y graves— a dichos reglamentos. Evidentemente, tales conductas inciden directamente en el orden y la seguridad de las instituciones penales y de la ciudadanía en general. Asimismo, no cabe duda de que tales conductas, de ser probadas, atentan contra la seguridad e integridad de los confinados. De acuerdo con lo anterior, es forzoso concluir que la CIPA es el foro con jurisdicción para evaluar las medidas disciplinarias impuestas a los Oficiales de Custodia.

No obstante, tal como expresáramos anteriormente, la CIPA no tiene jurisdicción para evaluar aquellas medidas disciplinarias impuestas a los Oficiales de Custodia como resultado de violaciones a áreas relacionadas con el principio de mérito. En el presente caso, no cabe duda de que las tardanzas y el ausentismo crónico e injustificado son áreas relacionadas al principio de mérito. Por ende, en tales casos es la CASARH el organismo administrativo con jurisdicción apelativa exclusiva para evaluar las medidas disciplinarias impuestas a los Oficiales de Custodia.

Por último, no podemos ignorar el hecho de que la Ad-ministración de Corrección le informó equivocadamente a los recurridos su derecho a apelar la determinación admi-nistrativa ante CASARH. Por lo tanto, según lo pautado en Carabarín et al. v. A.R.P.E., 132 D.P.R. 938, 958 — 959 (1993), éstos tienen derecho a presentar la apelación co-rrespondiente ante la CIPA de manera que ésta, de acuerdo con el conocimiento especializado que posee, la evalúe.

No obstante, los Oficiales de Custodia que fueron san-cionados por la Administración de Corrección porque se alega incurrieron en tardanzas o ausentismo no autori-zado, tienen derecho a presentar el recurso de apelación ante la CASARH para que ésta evalúe y adjudique su reclamación.

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos en su totalidad la Sentencia del Tribunal de Apelaciones. Los re-curridos Oficiales de Custodia tendrán el mismo término concedido por ley para recurrir a la CIPA como foro admi-nistrativo con jurisdicción a partir de la notificación a las partes de la presente sentencia. Aquellos Oficiales de Cus-todia que fueron sancionados porque se alega incurrieron en tardanzas o ausentismo injustificado, tendrán el mismo término concedido por ley para recurrir a la CASARH como foro administrativo con jurisdicción a partir de la notifica-ción a las partes de la presente sentencia.

       Los recursos que fueron consolidados son los siguientes: KLRA200601001, KLRA200700177, KLRA200700215 y KLRA200700265. Los Oficiales de Custodia que presentaron un recurso de revisión judicial ante el foro apelativo intermedio son: José Calderón Morales, José M. Guzmán Rentas, Jorge Del Valle Rodríguez, Pablo Rosa Fontánez, Alfredo Suárez Quiles, José Cruz Santiago, William Morales Pérez, Hugo Falcón Muñiz, Carlos González Andino, Alexander Cruz Vélez, Saúl Urrutia Torres, Albert Ortiz Ortiz, William Jácome Cancel, Efrain Crespo Pérez, José López Godén, Roberto Torres De Jesús, Luis Ballester León, Louis Robles Malavé, Luis Avilés Fred, Damián Andino Rosado, Jessica Moreno Alicea, Wanda Santiago Figueroa, Adamaris Agostini Vega, Ivonne Porrata González, Elynette Figueroa Estrella, Alexis Cruz Rivera, Julio Morales Calderón, Joel Carmona Gutiérrez, Luis Torres Ruiz, Isidro Ruiz Sánchez, Eddie Sanabria Colón, Edgardo Delgado Colón, Fernando Pagán Chico, Juan Rosario Pagán, Francisco Vera Cruz, Patrick Kalme López y William Alomar Rodríguez.

       1 L.P.R.A. see. 172.


text:
    Edwin Feliciano Sambolín et al., apelantes recurrentes, v. Administración de Corrección, apelada recurrida, y Comi-sión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos del Servicio Público et als., peticionarias.

      Número: CC-2008-0099

      Resuelto: 3 de junio de 2009

      Milagros Vasallo Colón, de la Comisión de Investigación, Pro-cesamiento y Apelación; Sandra Negrón-Zayas y Maria-nela Rivera Pacheco, de la Comisión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos del Servicio Pú-blico, parte peticionaria.
   per curiam:

En el presente recurso se nos solicita la re-vocación de una Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones. De acuerdo con este dictamen, el foro apela-tivo intermedio revocó varias resoluciones de la Comisión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Hu-manos del Servicio Público (CASARH), mediante la cual determinó que su ley habilitadora no le había otorgado ju-risdicción apelativa para evaluar las medidas disciplina-rias impuestas a los Oficiales de Custodia porque incurrie-ron en múltiples violaciones a los reglamentos de la Administración de Corrección.

El Tribunal de Apelaciones concluyó que la CASARH es el organismo con jurisdicción apelativa exclusiva para en-tender en las apelaciones interpuestas por los Oficiales de Custodia ya que la Comisión de Investigación, Procesa-miento y Apelación (CIPA) sólo tendrá jurisdicción para adjudicar casos relacionados con el mal uso o abuso de au-toridad de los funcionarios del Poder Ejecutivo autorizados para intervenir con la ciudadanía. A continuación, expon-dremos los hechos que originaron la presente controversia.

I

Luego de que alrededor de treinta Oficiales de Custodia de la Administración de Corrección presentaran recursos de revisión en el Tribunal de Apelaciones para impugnar la determinación de la CASARH, relativa a la falta de juris-dicción sobre la materia para evaluar y adjudicar las me-didas disciplinarias que les impusieron, el foro apelativo intermedio procedió a consolidar los recursos.

El foro apelativo intermedio descartó el argumento es-grimido por el Procurador General de que es la CIPA la agencia administrativa con jurisdicción apelativa exclu-siva para adjudicar las reclamaciones de los Oficiales de Custodia de la Administración de Corrección. El Procura-dor General argüyó que de acuerdo con el estatuto habili-tador de la CIPA ésta posee jurisdicción apelativa para ad-judicar las reclamaciones de los Oficiales de Custodia puesto que la Administración de Corrección es una agencia con reglamentación similar a la aprobada por la Policía de Puerto Rico.

No obstante, el Tribunal de Apelaciones resolvió que la CIPA sólo tiene jurisdicción apelativa en aquellos casos re-lacionados con el mal uso o abuso de autoridad de los fun-cionarios del Poder Ejecutivo autorizados para intervenir con la ciudadanía, categoría que no incluye a los Oficiales de Custodia de la Administración de Corrección. Tras esta conclusión y sin discutir las medidas disciplinarias im-puestas a los Oficiales de Custodia, el Tribunal de Apela-ciones concluyó que la CASARH es el ente administrativo con jurisdicción para adjudicar los méritos de las reclama-ciones de los Oficiales de Custodia.

Inconformes con tal determinación, la CIPA y la CA-SARH presentaron ante nos un recurso de Certiorari argu-yendo que el Tribunal de Apelaciones erró al resolver que la CASARH es el foro con jurisdicción apelativa para eva-luar las medidas disciplinarias impuestas a los Oficiales de Custodia de la Administración de Corrección como resul-tado de las múltiples violaciones a los reglamentos que los regulan.

Pasemos a resolver la controversia ante nos sin ulterior trámite.

II

Hace apenas cuatro meses resolvimos la presente con-troversia en González y otros v. Adm. de Corrección, 175 D.P.R. 598 (2009). En tal ocasión, analizamos las leyes ha-bilitadoras de la CIPA y la CASARH así como la reglamen-tación de la Administración de Corrección y la Policía de Puerto Rico para determinar cuál de las dos agencias fue investida por la Legislatura para evaluar las medidas dis-ciplinarias impuestas a los Oficiales de Custodia de la Ad-ministración de Corrección.

En primer lugar, concluimos que para propósitos de la jurisdicción apelativa exclusiva de la CIPA, la reglamenta-ción de la Administración de Corrección que rige a los Ofi-ciales de Custodia es similar al Reglamento de la Policía de Puerto Rico. Además, destacamos el hecho de que los ofi-ciales de custodia constituyen un cuerpo policial adicional con el propósito de proveer seguridad en un sector que re-quiere vigilancia particularizada.

De acuerdo con lo anterior, y tras analizar los estatutos aplicables, concluimos que es la CIPA y no la CASARH la agencia que posee jurisdicción exclusiva para adjudicar los méritos de las apelaciones interpuestas por los Oficiales de Custodia de la Administración de Corrección. Ahora bien, tal jurisdicción se ejercerá en dos instancias, a saber: (1) cuando se les impute haber incurrido en la comisión de faltas leves o graves plasmadas en los reglamentos de dicha agencia, y (2) en aquellos casos en que se les haya imputado mal uso o abuso de autoridad. De otro lado, en las áreas relacionadas con el principio de mérito resolvimos que la CASARH es el organismo administrativo con jurisdicción apelativa para atenderlos.

Veamos entonces cuál de las dos agencias en el presente caso tiene jurisdicción apelativa para entender en las ape-laciones interpuestas por los oficiales de custodia.

III

La CIPA y la CASARH arguyen que las medidas im-puestas a los Oficiales de Custodia recurridos versan sobre las conductas siguientes: (1) negligencia crasa relacionada a la prevención de la pérdida o hurto del arma de fuego reglamentaria; (2) dejar el arma de reglamento en un lugar accesible en su residencia, la cual posteriormente fue hur-tada y utilizada en un asesinato; (3) asistir a un negocio de bebidas alcohólicas con su arma de reglamento; (4) que-darse dormido durante horas laborables; (5) no intervenir en un incidente de agresión contra una confinada; (6) abandonar el puesto por estar observando un juego de pe-lota por televisión durante horas laborables; (7) abandonar el puesto sin haber sido relevado; (8) agredir a una confi-nada mediante el empleo excesivo de fuerza; (9) insubordi-nación; (10) incurrir en conducta violenta y agresiva contra su esposa; (11) incurrir en conducta constitutiva de hosti-gamiento sexual.

Es ineludible concluir que las conductas antes descritas constituyen abuso de autoridad o faltas —leves o graves— al Reglamento de Oficiales de Custodia, al Reglamento de Personal de la Administración de Corrección y al Manual para la Aplicación de Medidas Correctivas y Disciplinarias a los Empleados de la Administración de Corrección. A su vez, surge diáfanamente que tales conductas inciden direc-tamente sobre el orden y la seguridad de las instituciones penales y de la ciudadanía en general. Por lo tanto, el foro con jurisdicción para evaluar las medidas disciplinarias impuestas a los Oficiales de Custodia que incurrieron en tales conductas es la CIPA y no la CASARH.

Ahora bien, debemos señalar que la CASARH tendrá jurisdicción apelativa para entender en casos relacio-nados con la destitución de los Oficiales de Custodia por violación a las normas de asistencia y recursos humanos de la Administración de Corrección. Evidentemente, la CA-SARH es la agencia con jurisdicción apelativa para evaluar las medidas disciplinarias impuestas a los Oficiales de Custodia que hayan incurrido en ausentismo no autorizado. Ello es así, puesto que el ausentismo no auto-rizado es una de las áreas relacionadas al principio de mérito.

Para que cada oficial sancionado tenga derecho a ser oído ante la CIPA, y dado que la Administración de Correc-ción les informó equivocadamente de su derecho a apelar la determinación administrativa ante CASARH, resolvemos que según con lo pautado en Carabarín et al. v. A.R.P.E., 132 D.P.R. 938, 958-959 (1993), todos los Oficiales de Cus-todia en el presente caso tendrán derecho a presentar la apelación correspondiente ante la CIPA para que ésta, de acuerdo con el conocimiento especializado que posee, la evalúe.

Asimismo, aquellos Oficiales de Custodia que fueron sancionados por la Administración de Corrección por que se alega incurrieron en ausentismo no autorizado, tienen derecho a presentar el recurso de apelación ante la CA-SARH para que ésta adjudique su reclamación.

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos en su totalidad la Sentencia del Tribunal de Apelaciones. Los re-curridos Oficiales de Custodia tendrán el mismo término concedido por ley para recurrir a la CIPA como foro admi-nistrativo con jurisdicción a partir de la notificación a las partes de la presente sentencia. Por otro lado, los Oficiales de Custodia que fueron sancionados porque se alega incu-rrieron en ausentismo injustificado, tendrán el mismo tér-mino concedido por ley para recurrir a la CASARH como foro administrativo con jurisdicción a partir de la notifica-ción a las partes de la presente sentencia.

       Los recursos que fueron consolidados son los siguientes: KLRA200700312, KLRA200700451, KLRA200700661 y KLRA200700709. Los Oficiales de Custodia que presentaron un recurso de revisión judicial ante el foro apelativo intermedio son: Gerardo Pérez Ramos, José Torres Román, Jesús Texidor Santi, Lupicinio Echeva-rría Suárez, Wilberto Aponte Torres, Javier Ramos Rivera, Edwin Santiago Arocho, Edwin Feliciano Sambolín, Pedro Robles Quirós, Luis M. Aviles Fred, Eddie Cordero Varela, Osvaldo Anaya Cortijo, Carlos Crespo Cruz, Damián Andino Rosado, Raymundo Torres Martínez, Jerónimo Santiago Díaz, Norberto Martí Malavé, Rafael Maldonado Ruiz, Hiram Peña Roldán, Edwin Rodríguez Cintrón, Geraldo Hernán-dez Feliciano, Carlos Rodríguez Jiménez, Rafael Cruz Tapia, Pablo Cedeño Aponte, Eloiset Maldonado Ortiz, Rolando Velázquez Matos, Rubén Rosa Concepción y En-vida Rivera Torres.

        Pueblo v. Andino Tosas, 141 D.P.R. 652, 657 (1996).