author: El Juez Asociado Seños De Jesús

text:
    Pilar Sánchez, demandante, apelada y apelante; v. Cooperativa Azucarera “Los Caños”, demandada, apelante y apelada.
    Núm. 9244.

    Sometido: Abril 5, 1946.

      Resuelto: Junio 24, 1946.

      Félix Ochoteco, Jr., y Luis E. Dubón, abogados de la apelante y ape-lada ; Eduardo Pérez Gasdlduc, abogado de la apelada y apelante.
   El Juez Asociado Seños De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La demandante es dueña de una finca rústica dedicada a la siembra de caña de azúcar. El día 1ro. de mayo de 1943 una locomotora de la demandada, mientras arrastraba 25 vagones cargados de caña de la demandante para ser molida en la factoría de la demandada, dejó escapar de la chimenea una chispa que incendió una plantación de 37.47 cuerdas de caña de la finca de la demandante. Esta reclamó extraju-dicialmente el pago de $4,144.32 por concepto de los daños y perjuicios sufridos con motivo del incendio. La deman-dada autorizó entonces a su administrador Héctor González para que discutiese la reclamación con Vitaliano García, re-presentante de la demandante y a la vez administrador de la finca, con la condición de que el acuerdo a que llegasen sería sometido a la consideración de la Junta de Directores de la demandada, la cual se reservaba el derecho de aceptarlo o rechazarlo. Se reunieron los representantes y acordaron que los daños reclamados montaban a la cantidad de $2,625. Sometido el acuerdo a la demandada, ésta lo rechazó y ofre-ció una suma menor que no fue aceptada por la demandante, radicándose entonces el presente pleito. La causa de acción alegada en la demanda original solicitaba una sentencia con-denando a la demandada al cumplimiento del convenio ce-lebrado entre las partes, convenio que, como hemos visto, no obligó a la demandada. Posteriormente se enmendó la de-manda. Interpretándola liberalmente puede concluirse que la acción establecida en la demanda enmendada es por da-ños y perjuicios, pero la cantidad por la cual se pidió senten-cia fué la misma reclamada en la demanda original, es de-cir, $2,625.

La corte de distrito dictó sentencia á favor de la deman-dante por la cantidad de $2,190, más las costas y $150 por concepto de honorarios de abogado. En su opinión la corte inferior hizo constar que el importe de la sentencia compren-día las siguientes partidas .de daños: (1) merma producida por el incendio en el rendimiento de la caña; (2) disminu-ción de la bonificación concedida por la A.A.A.; y (3) ex-ceso en el pago de los jornales por el corte de la caña que-mada. Notificada de la sentencia, la demandada presentó una moción para que la corte ampliase esas conclusiones de hecho, especificando qué parte de la sentencia corresponde a cada una de las tres partidas de daños antes mencionados y que expresase, además, la cantidad de caña que sirvió de base a sus cálculos. La demandante a su vez solicitó que se enmendase la sentencia, elevando su importe a la cantidad de $2,625 reclamada en la demanda. La corte no alteró el importe de la sentencia y dividió la cantidad de $2,190 en las siguientes partidas: merma en la producción, $1,400; pérdida en la bonificación de la A.A.A., $560; y exceso en el pago del jornal con motivo del incendio, $230. Consignó además, que aceptó la cantidad de 27,838.60 como el número do quintales de caña quemada.

Apelaron las dos partes. La demandada señaló cinco errores. Siguiendo el orden lógico discutiremos, en primer término, el que se refiere a la prescripción de la acción, ya que de existir éste, sería innecesario considerar los cuatro restantes.

Arguye la demandada que como el art. 8 del Código Civil prescribe que cuando en las leyes se habla de meses se entenderá que éstos son de treinta días y como nada dispone para cuando se habla de años, teniendo el año doce meses, deberá entenderse que consta de 360 días. Concluye entonces la demandada que habiendo ocurrido el incendio' el 1ro. de mayo de 1943, al radicarse la demanda original el 28 de abril de 1944 ya habían transcurrido 362 días desde que se causó el daño y consecuentemente la acción estaba pres-crita.

La cuestión no es nueva en este Tribunal. Fué resuelta adversamente a la contención de la demandada en el caso de Ortiz v. Am. Railroad Co., 62 D.P.R. 181, 185, resolviéndose allí que el año, a los efectos de la prescripción, debe enten-derse que consta de 365 días. No habiendo transcurrido 365 días desde que la demandante tuvo conocimiento del daño el lro. de 'mayo de 1943 hasta el 28 de abril de 1944 en que se ra-dicó la demanda original, la acción no estaba prescrita. Pero la demandada, para el caso de no prosperar su contención de que el año de prescripción consta de 360 días, arguye ahora que como la acción expuesta en la demanda original fué sobre cumplimiento de contrato de transacción y la que alegó en la demanda enmendada que radicó el 6 de junm de 1944 es por daños y perjuicios, la demanda enmendada ex-puso una causa de acción distinta de la que se alegó en la demanda original y consecuentemente el pleito empezó el 6 de junio de 1944 cuando ya estaba prescrita la acción a pesar de que se resuelva que el año de prescripción consta de 365 días.

Concedemos que en la demanda enmendada se alegó una causa de acción distinta de la expuesta en la demanda original. Aunque tanto en la demanda original como en la en-mendada se tituló la acción como “indemnización por Daños y Perjuicios”, no hay duda alguna que aunque bajo el mismo nombre se alegaron dos causas de acción distintas. La ale-gada en la demanda enmendada era por Daños y Perjuicios por negligencia, mientras que la demanda original expuso una causa de acción predicada en el contrato de transacción. Bajo las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil, los efectos de la demanda enmendada bajo las circunstancias del presente caso, no se retrotraían a la fecha de la demanda original. Pero bajo las Eeglas de Enjuiciamiento Civil vi-gentes cuando se inició este pleito, la regla es diferente. A este efecto prescribe la Eegla 15(c):

“Efecto Retroactivo de las Enmiendas.— Siempre que la recla-mación o defensa expuesta en la alegación enmendada surgiere de la conducta, transacción o evento expuesto- o que se hubiere inten-tado exponer en la alegación original, las enmiendas se retrotraerán a la fecha de la alegación original.”

Bajo la Eegla transcrita el criterio para determinar si una alegación enmendada se retrotrae o no a la fecha de la alegación original, no es el de si la alegación enmendada expone una causa de acción distinta de la que aparecía en la alegación original. El criterio aplicable es si la alegación enmendada surge de la conducta, transacción o evento que se expuso o intentó exponer en la alegación original, no impor-tando que la reclamación contenida en la alegación enmen-dada se haga bajo una teoría de derecho distinta de aquella bajo la cual se hizo la reclamación en la demanda original. Moore Federal Practice, Vol. 1, sección 15.08, pág. 810.; Commentary, Relation Bach of Amendments to Pleadings After Statute of Limitations Has Run, 2 Fed. Rules Serv. 15 c. 1.

En el presente caso surge de la demanda original y de la enmendada que la conducta, evento o transacción que sir-vió de base a las acciones alegadas en una y otra demanda, fue el incendio en la plantación de caña de la demandante causado por una chispa de fuego escapada de la' chimenea de la locomotora de la demandada. En tales circunstancias, los efectos de la demanda’ enmendada se retrotraen a la fecha de la demanda original y como ésta se radicó dentro del año de prescripción, preciso es concluir que la acción no estaba prescrita al radicarse la demanda enmendada.

Otro error señalado por la demandada consiste en haberse fijado en la cantidad de $1,400 la pérdida por con-cepto de merma en el rendimiento de los 27,838.60 quintales de caña. La prueba de la demandante.sobre ese extremo fué al efecto de que la pérdida ascendió a $1,285, sin exponer los factores que tomó en cuenta para determinar esa cantidad. La de la demandada estimó la pérdida por ese concepto en $1,064. Pero, como hemos visto, la corte la valoró en $1,400, cantidad que excedía de la que resultó de la prueba de la demandante y de la demandada.

La conclusión de la corte es claramente contraria a la prueba y por lo tanto es errónea. La cantidad de $1,285 que según la prueba de la demandante es el valor de dicha par-tida, fué determinada arbitrariamente. Se fijó esa cantidad para que el total-de la reclamación ascendiese a $2,625, suma a que, en su tentativa de transacción, el representante de la demandante y el de la demandada, redujeron la reclamación extrajudicial que ascendía a $4,144.32. Empero, la valora-ción de la demandada, computada por su perito, está basada sobre hechos ciertos. Partió de la base de que lá caña que-mada dió un peso de 27,838.60 quintales, hecho aceptado por ambas partes. Se tomó un factor que las dos partes acep-taron, o sea, que el promedio de azúcar que produce la caña en condiciones normales es igual al 10.30 por ciento de su peso. Se determinó así el azúcar que los 27,838.60 quintales de caña hubieran producido si no se hubieran quemado, o sea 2,867.38 quintales. Pero como la caña quemada realmente produjo 2,334.27 quintales de azúcar, la diferencia entre el azúcar que debió producirse de no haberse quemado la caña y lo que realmente produjo, fué de 533.11 quintales. De esos 533.11 quintales de azúcar hubiera correspondido a la deman-dante el 63 por ciento, o sea 335.86 quintales. Multiplicada esta cifra por $3.14 o sea el precio del azúcar en la quincena en que fué molida la caña, da un total de $1,054.60. A esto de-bemos agregar la cantidad de $10 por ajuste de los dos centavos finales, haciendo así nn total de $1,064.60, la pérdida que por' concepto de merma sufrió la demandante con mo-tivo del incendio. Debe reducirse la partida de $1,400 que fijó la corte a $1,064.60.

Alega la demandada que erró la corte al condenarla a pagar $560 por concepto de disminución en la bonificación que concede la Ley del Congreso de los Estados Unidos ti-tulada “Sugar Act of 1937”, según ha sido enmendada De conformidad con dicha Ley, la bonificación es de ochenta centavos por cada quintal de azúcar producido por el colono, ’siempre que su producción total no exceda de 350 toneladas de azúcar crudo. Como en el presente caso la pérdida total en la producción de azúcar fue de 533.11 quintales, una simple operación aritmética demostrará que la demandante dejó de percibir, por concepto de bonificación, la cantidad de $426.49. Existió, pues, este error y en su consecuencia debe reducirse la partida de $560 que por ese concepto fijó la corte a $426.49.

Otro de los errores señalados por la demandada es haberse' concedido a la demandante la cantidad de $230 por concepto de exceso en los jornales que tuvo que pagar por el corte de la caña quemada.

El representante de la demandante, Vitaliano García, de-claró que el exceso de jornales ascendió a $739.51. De la evidencia resulta que los cortadores de caña, en la fecha en que ocurrió el incendio, ganaban $1.80 por día y cuando la caña estaba quemada percibían $2.40 diarios, o sea 33 por ciento sobre el salario ordinario. De la prueba de la deman-dada resultó que este aumento en el jornal estaba compen-sado por el aumento en eficiencia del obrero al cortar la caña quemada, eficiencia que calculó en 33 por ciento. Esta con-tención de la demandada fué parcialmente corroborada por el mayordomo de la demandante, quien declaró que el au-mento en la eficiencia del cortador de caña quemada podía calcularse en un 25 por ciento. La corte no dió entero eré-dito a la declaración de Vitaliano García y redujo esta par-tida de daños a $230. Pero si examinamos la evidencia, ten-dremos que convenir con la demandada en que la corte na tuvo apoyo alguno en la prueba ni en las alegaciones para fijar esa suma o cualquier otra. Para poder fijar esa par-tida de daños si es que realmente existió, era indispensable co-nocer la cantidad que por concepto de jornales pagó la de-mandante por el corte de la caña quemada. Como de la evi-dencia no resulta ese dato, sin ese elemento de prueba cual-quier cantidad que se conceda a la demandante por dicho concepto resultará arbitraria y especulativa. El mero hecho de que la demandante pueda haber sufrido pérdidas no da derecho a indemnización, pues para obtenerla, precisa sumi-nistrar a la corte los datos necesarios para poder estimar su importe. Boria v. The Maryland Casualty Co., 60 D.P.R. 830. No habiendo la demandante probado esa partida de daños erró la corte al conceder por ese concepto la cantidad de $230;

Por último se queja la demandada de que la córtela condenó al pago de las costas y $150 por concepto de honorarios de abogado.

Habiéndose dictado sentencia en contra de la demandada, era imperativo en la corte inferior condenarla en costas. En-lo que respecta a honorarios de abogados es discrecional en la corte sentenciadora el imponerlos, teniendo en cuenta el grado de temeridad, el de culpa en el litigio y el trabajo ne-cesariamente prestado por el abogado de la parte contraria. No encontramos en el presente caso motivo alguno para in-tervenir con la discreción del juez sentenciador en lo que a este pronunciamiento respecta.

Después de discutidos los errores señalados por la parte-demandada, es innecesario considerar el señalado nor la de-mandante, es decir que se aumente la sentencia a la canti-dad de $2,625 reclamada por ella en su demanda. La sen- Senda de la corte inferior debe ser reducida, de acuerdo con •las conclusiones a gue hemos llegado en esta opinión al dis-cutir los errores señalados por la demandada, a la cantidad total de $1,491.09, quedando subsistente la condena de cos-tas y honorarios de abogado, y asi modificada se confirma.

      E1 pago de la bonificación se hacía por conducto de la A.A.A.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor De Jesús

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Humberto Zapata y Cecilio Acevedo, acusados y apelantes.
    Núm. 11451.

    Sometido: Junio 17, 1946.

      Resuelto: Junio 27, 1946.

      .Manuel Torres Reyes, abogado de los apelantes; Son. Procurador General E. Campos Bel Toro, Luis Negrón Fernández, Primer Pro-curador General Auxiliar, y J. Correa Suárez, Fiscal Auxiliar del 'Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Los apelantes fueron sentenciados por un delito de adul-teración de leche consistente en que en un café restaurante ■donde se vendían comidas, café y bebidas, .del cual era dueño Humberto Zapata y mozo el coacusado Cecilio Acevedo, te-nían y ofrecían en venta para el consumo humano leché "adul-terada con agua, añadida artificialmente.

La prueba revela que la leche se tenía en el restaurante para servirla en el café a los parroquianos; que mientras los inspectores estuvieron allí no se realizó ninguna venta de leche, y que dicho artículo hacía poco1 tiempo había sido recibido en el establecimiento.

*Í2n el caso de Pueblo v. Morillo, 50 D.P.R. 737 este Tribunal expresó duda con respecto a la responsabilidad criminal de un empleado de un establecimiento igual al de este caso-, que no efectúa venta alguna de leche adulterada, aun-que en el establecimiento se exponga a la venta dicho ar-tículo. En aquel caso se dió el beneficio de la duda al acu-sado y se le absolvió libremente. En éste podemos decir que el mozo de un restaurante, quien no ha vendido la leche, aun-que el establecimiento esté abierto al público para hacer transacciones, no es responsable de ese delito. No se aplica la misma regla al dueño del establecimiento, quien por ser dueño del negocio es responsable del delito aunque no se halle presente ni se haya realizado de hecho una venta, siem-pre que el establecimiento esté abierto al público. Pueblo v. González, 63 D.P.R. 144, 146.

Se revoca la sentencia en cuanto al apelante Cecilio Acevedo absolviéndosele libremente y se confirma en cuanto al dueño del establecimiento Humberto Zapata.


author: El Juez Presidente Señor Travieso

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Jesús Ruiz Arzola, acusado y apelante.
    Núms. 11372, 11373 y 11374.

    Sometidos: Junio 6, 1946.

      Resueltos: Junio 28, 1946.

      J. C. Santiago Matos, abogado del'apelante; Hon. Procurador General E. Campos Del Toro, Luis Negrón Fernández, Primer Pro-curador General Auxiliar, y J. Correa Suárez, Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Jesús Ruiz Arzola apela de las sentencias que le fueran impuestas por los delitos de homicidio voluntario, portación ilegal de un revólver y no haber registrado dicha arma.

Como primer señalamiento se alega que la corte sentenciadora cometió un grave y perjudicial error al no permitir que el acusado impugnase la declaración de los Testigos del Pueblo mediante prueba tendiente a establecer el hecho de que dichos testigos estaban declarando, no lo que vieron, sino lo que ellos convinieron antes del juicio que habrían de declarar.

El incidente que ha motivado este señalamiento es, en síntesis, como sigue:

Al terminar el examen directo del testigo de cargo Peter Girón, el abogado defensor le preguntó si conocía al testigo de cargo Lázaro Serra, si había hablado con éste sobre el caso de autos y si Serra le había hablado sobre el caso, con-testando Girón en la afirmativa. Preguntóle entonces la de-fensa: “¿Qué le ha dicho él a Ud?” Se opuso el Fiscal, diciendo: “Un momento. Eso es por información.” Pre-guntó el Juez si el propósito de la pregunta era impugnar la declaración del testigo, contestando la defensa que lo que se proponía era “determinar si esa declaración que este tes-tigo ha venido a declarar aquí es espontánea, de lo que él vió y no lo que le informó Lázaro Serra.” La corte no ad-. mitió la pregunta y la defensa anotó su excepción.

El testigo Lázaro Serra declaró a preguntas de la defensa que él hablaba a cada rato con Peter Girón, pues éste es ve-cino de su casa, pero que nunca le habló a Girón sobre este caso.

Después de haber declarado cinco, de los ocho testigos ci-tados por el Fiscal, éste informó a la corte que renunciaba el testimonio de Teodoro Echevarría Velázquez “por enten-der que es prueba acumulativa, en parte, o totalmente de lo que se ha dicho”, reservándose el derecho a utilizarlo como prueba de rebuttal. Solicitó entonces la defensa que se con-siderase al testigo renunciado por el Fiscal como prueba de la defensa y la corte así lo ordenó. Expuesta la teoría del acusado, basada en la defensa propia, fué llamado a decla-rar como primer testigo Teodoro Echevarría Velázquez. Su testimonio tendió a sostener la defensa propia alegada por el acusado. Al preguntarle el abogado defensor si él había hablado antes del juicio con alguna otra persona en relación con este caso, contestó el testigo que había hablado con Lá-zaro Serra, y añadió: “Sí, señor, y entonces le dije . . .”. Se opuso el Fiscal, se hizo salir al jurado, y entonces tuvo lugar el siguiente incidente que copiamos del récord:

“Esa pregunta trae una serie de preguntas posteriores y para sintetizar sería mejor yo explicar lo que hubiese declarado el tes-tigo ahí a preguntas mías. Lo que hubiese declarado el testigo a preguntas mías, era en el sentido (en el interrogatorio de la de-fensa), era en el sentido de que ese testigo que estaba allí conjun-tamente con los testigos de El Pueblo sorprendió a uno de los tes-tigos de El Pueblo instruyendo a otro testigo del' mismo pueblo en la forma que ese otro testigo debía declarar. El propósito de ese testimonio es demostrar que ese testigo anterior que desfiló ante el Jurado no declaró lo que realmente vió, sino lo que el otro le dijo, y en la hipótesis de que hubiese declarado lo que realmente viera, su declaración está condicionada, afectada por la insistencia del otro testigo que le dijo que tenía que declarar en esta forma. Si nosotros establecemos ese hecho, pues me parece a mí que eso tiene que ir al jurado para demostrar la falta de credibilidad que debe dársele a los otros testigos de El Pueblo. Yo no tenía dere-cho a conocer el testimonio de este testigo, porque como era de El Pueblo, y por primera vez cuando se sienta ahí como testigo mío, porque el Pueblo no lo quiso utilizar, es que yo me percato que este señor tiene algo que manifestar, y ese algo que manifestar es que le consta eso, que le consta que cierto testigo le dijo al otro testigo que tiene que declarar en tal forma.
Juez: ¿Qué testigo?
Defensa: Lázaro Serra, o Eentas, le instruyó a Girón en la forma que tenía que declarar; luego la declaración de esos dos testigos no es espontánea, es un testimonio prejuzgado, coloreado, adulterado, es un soborno moral lo que ha sucedido ahí.
Juez: Para aclarar, vamos a ver. El compañero de la defensa quiere impugnar la declaración de Girón, del testigo de El Pueblo Girón a base de que lo que él declaró fué lo que le dijo otro tes-tigo. ...
Defensa: Yo no estoy impugnando el testimonio, la declaración de' esos testigos. Yo lo único que hago es tratando de demostrar que su testimonio no es espontáneo, que no refleja la realidad. (Ar-gumenta extensamente. Cita los artículos 249 a 254 del Código.)
Juez: La Corte resuelve no admitir eso.
Ledo. Santiago Matos: Nosotros tomamos excepción.
Juez: ¿El acusado está?
Ledo. Santiago Matos: Sí.
Juez: Que pase el jurado.”

■ Habiendo regresado el jurado, continuó él interrogatorio del testigo Echevarría. Preguntado por la defensa si él ha-bía hablado con Lázaro Serra contestó que sí. Se opuso el Fiscal a que se permitiese al testigo- decir qué era lo que había hablado con Serra y la corte resolvió no admitir la pregunta “porque se quiere impugnar la declaración del tes-tigo de El Pueblo Lázaro Serra, sin haberse sentado las bases.” Hizo constar la defensa que no se trataba de impug-nar la declaración de Serra y sí de demostrar el ‘ ‘acondicio-namiento, la falta de autenticidad y la falta de seriedad de esa declaración.” Sostuvo la corte su resolución y la de-fensa anotó su excepción.

He lo expuesta resulta claro y evidente que el propósito;' de la defensa no era el de impugnar las declaraciones de Peter Girón y Lázaro Serra — supuestos únicos testigos pre-senciales del suceso — mediante prueba de que en otra oca-sión habían hecho declaraciones contrarias a las que había® prestado en el acto de la vista, y sí el de demostrar que lo declarado por uno y otro testigo en el juicio era el producto de un entendido o combinación entre ellos para declarar era la forma en que lo hicieron y no to que ellos realmente ha-bían presenciado.

El acusado tenía el derecho de tachar dichos testigos y de demostrar que lo declarado por ellos no era la verdad, mediante evidencia tendiente a afectar su veracidad, honra-dez, integridad o móviles, o por evidencia contradictoria,. Artículos 383 y 520, Código de Enjuiciamiento Civil. Si Gi-rón y Serra se combinaron o conspiraron para declarar en¡ contra del acusado y exponer ante el jurado hechos falsos o distintos a tos que ellos habían realmente presenciado, el acusado tenía el derecho a someter a la consideración del jurado la prueba tendiente a demostrar la falsedad de 1© declarado por dichos testigos. Una vez sometida esa prueba al jurado, era a éste y no a la corte a quien incumbía resolver el conflicto entre lo declarado por tos testigos en el acto del juicio y la prueba aducida por el acusado para tacharlos.. La decisión de la corte inferior negándose a admitir la prueba ofrecida por el acusado es errónea.

En el caso de People v. Michalow, 128 N. E. 228, la Corto de Apelaciones del Estado de New York, después de consi-derar un señalamiento de error similar al que nos ocupa* revocó la sentencia y ordenó la celebración de nn nnevo jui-cio, expresándose así:

“Encontramos, sin embargo, nn error por el cnal se han perju-dicado los derechos del acusado. La hostilidad de un testigo hacia •el acusado puede ser probada mediante cualquier evidencia compe-tente. Puede ser establecida mediante el contrainterrogatorio del testigo, o presentando testigos que puedan declarar en cuanto a he-chos de los cuales aparezca tal hostilidad. No es necesario exami-nar primero al testigo, en cuanto a su alegada hostilidad. (Cita.) Según hemos visto aquí, la alegación del acusado era que los tes-tigos hostiles habían conspirado para echar el peso del crimen sobre él. Uno de los más importantes de dichos testigos era Anne Mos-cowitz. Un hombre llamado Bogoe, aun cuando no había sido ju-ramentado, estaba allí para la defensa, y durante el juicio él y ■otros testigos estuvieron encerrados en una antecámara contigua si salón de la corte. Al terminarse el testimonio fué llamado por la defensa. Dijo que había oído una conversación entre una mu-jer, evidentemente Anne Moscowitz, y otro de los testigos de El Pueblo. La corte no le permitió que relatara dicha conversación. .Se le preguntó si la mujer había dicho algo al testigo en cuanto ■al testimonio dado por él y tampoco se le permitió que contestara. .La réplica del testigo fué también excluida, así como el testimonio ■en cuanto a si la mujer había dicho algo a los demás testigos. . . . La Corte entonces se negó a permitir que se hiciesen más pregun-tas sobre el mismo tema. Dijo que la cuestión ya había sido pre--sentada y - resuelta — que no era competente el que Bogoe decla-xase sobre lo que él había oído decir a otros testigos. El acusado ■debe primero preguntar a los testigos mismos si ellos han hecho manifestaciones en conflicto con su testimonio y entonces podría •contradecirlos.
Que el testimonio de Bogoe, de ser creído, era importante, es •claro. Es claro también que la decisión fué errónea. Es obvio que «1 objeto del testimonio era demostrar hostilidad y corrupción por parte de los testigos. Debió ser admitido. . . .
Si había evidencia de que Mrs. Moscowitz estaba instruyendo a los testigos en cuanto a la identidad del acusado, el jurado tenía •derecho a tenerla ante sí. Pudiera no ser cierta, pero ésa era una •cuestión para ser decidida por el jurado.”

Véanse: Abbott Criminal Trial Practice, (4th ed.) See. 325, pág. 614; Underhill’s Criminal Evidence, sec. 437; Haisten v. State, 59 So. 361, 5 Ala. App. 56.

El error cometido por la corte sentenciadora fue sin duda alguna perjudicial al acusado, pues es evidente que el jurado dio crédito a los dos testigos a quienes el acusado trató de tachar. Tal vez el veredicto hubiese sido distinto, si la corte no hubiese errado al negarse a admitir la prueba ofrecida por la defensa para establecer la hostilidad y la corrupción de dichos testigos.

No apareciendo del récord que el fiscal presentara prueba alguna para sostener la acusación en cuanto al alegado delito de no haber registrado el revólver a su nombre; y habiendo quedado dicha acusación sometida al Tribunal por el récord practicado', procede revocar la sentencia en cuanto a dicho delito y absolver al acusado.

Las sentencias impuestas al apelante por los delitos de homicidio voluntario y portar armas deben ser revocadas y los casos devueltos a la corte inferior para la celebración de um nuevo juicio.


author: El Juez Asociado SeñoR De Jesús

text:
    Emilio Álvarez, demandante, apelado y apelante, v. Rafaela y Ángel Eurípides Manzano, demandados, apelantes y apelados.
    Núm. 9267.

    Sometido: Marzo 6, 1946.

      Resuelto: Junio 28, 1946.

      Enrique Báez García, abogado de los apelantes apelados; Ángel Ei-vera Colón, abogado del apelado y apelante.
   El Juez Asociado SeñoR De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Este es un pleito sobre cumplimiento de contrato insti-tuido por Emilio Alvarez contra los únicos y universales he-rederos de su esposa, Angel Eurípides y Rafaela Manzano. Cuando Alvarez contrajo matrimonio - con Aurelia Manzano aportó ella una finca rústica de 25.58 cuerdas descrita en la demanda, en la cual existían cinco casas. La finca se hallaba afecta a una hipoteca a favor del Federal Land Bank of Baltimore. Durante el matrimonio construyeron en el mismo terreno cuatro casas, las cuales pertenecen a la sociedad de gananciales. Existiendo desavenencias entre Alvarez y los dos herederos de su esposa, a instancia del primero, la corte inferior decretó la administración judicial de todos los bie-nes de la herencia. Señalada la vista de un incidente de la administración judicial para el 30 de junio de 1944, Alvarez y los dos herederos se encontraron en la córte inferior y ha-biéndose sugerido la posibilidad de que las partes pudiesen llegar a un acuerdo respecto a la división del caudal, solici-taron la suspensión de la vista y las partes, asistidas de sus respectivos abogados, se reunieron en la sala de sesiones, llegando a un convenio que formalizaron en el siguiente do-cumento :

“Documento de Transacción
“Sépase poR el PREsente Documento, Que Nosotros: de Una Parte.- Los hermanos Doña Rafaela y don Ángel Eurípides Man-zano, ambos mayores de edad, casados, de oficios domésticos ella, agri-cultor él y vecinos de Mayagüez y Ciales respectivamente.
“Y de la OtRA Parte: Don Emilio Alvarez, mayor de edad, viudo, comerciante y vecino de San Juan, P. R.
“Contratamos Haciendo Constar lo Siguiente:
“1. Que con el fin de dar término a la Administración Judicial ■ pendiente ante esta Corte de Distrito de Arecibo, Puerto Rico, pro-movida por don Emilio Alvarez, bajo el caso Civil número 4725, las partes han llegado a un acuerdo amistoso, el cual consiste en lo siguiente:
“(a) Los comparecientes doña Rafaela y don Ángel Eurípides Manzano, se obligan vender a favor de don Emilio Alvarez y éste se compromete a comprar, sus participaciones que les corresponde en los bienes dejados por la finada doña Aurelia Manzano, hermana' de los primeros y esposa que fué del segundo compareciente, con-sistente dichos bienes en una finca rústica radicada en el barrio Jaguas de Cíales, compuesta de veinticinco cuerdas más o menos, y conteniendo varias casas-viviendas, de las cuales algunas de las ca-sas o sean 5, son de carácter privativo y 4 casas, son de carácter gananciales entre la finada doña Aurelia Manzano y don Emilio Alvarez.
“(5) A los efectos de la venta se valora la finca con todas sus casas en la cantidad de catorce mil dólares ($14,000).
“ (o) Las casas de carácter gananciales, que son cuatro, se valoran en la cantidad de cuatro mil quinientos dólares ($4,500).
“ (d) En el inventario del caso de Administración Judicial figu-ran como bienes muebles un automóvil marca ‘Packard’, muebles en Río Piedras y muebles en Cíales, y las partes, acuerdan que todos correspondan al señor Don Emilio Alvarez, pero en cambio éste de-berá renunciar a la cuota de usufructo legal como viudo.
“ (e) Antes de pxocederse al otorgamiento de la escritura de com-praventa se arreglará previamente una reclamación que tiene pen-diente el Ledo. Camuñas en la Sucesión por servicios profesionales prestados, y al efecto el señor Alvarez puede retener una cantidad en su poder para atender al pago de dicha deuda.
“ (/) Las deudas según' inventario practicado por los compare-cientes ascienden a la suma de mil seiscientos diez y siete dólares ochenta centavos ($1,617.80), más o menos’y de ésta los hermanos de apellido Manzano deberán pagar la mitad y la otra mitad le corres-ponde al señor Alvarez, y en igual proporción se comprometen a aten-der al pago de cualquier otra deuda que aparezca.
(g) El señor Alvarez pagó la suma de ciento cuarenta dólares ($140), por concepto de deuda'de los muebles de Río Piedras, de cuya suma los hermanos Manzano deberán pagar la mitad.
(h) Desde septiembre del año 1942, las casas de carácter ganan-ciales han venido rentando a razón de cuarenta y dos dólares ($42) mensuales de cuyas rentas el señor Alvarez tendrá derecho a percibir la mitad.
“Y para que así conste, lo firman las partes de común acuerdo en Arecibo, Puerto Rico, hoy día 30 de junio de 1944.
“(Fdo.) Emilio Alvarez
“(Fdo.) Rafaela Manzano
“(■Fdo.) Ángel E. Manzano
“Testigos: (Fdo.) José Febo. (Fdo.) Evaristo Ortiz.”

Como además del crédito hipotecario del Federal Land Bank of Baltimore habían algunas deudas de la herencia cuyas cantidades exactas ignoraban las partes en aquella fecha, se fijó el 6 de julio siguiente para reunirse en la ofi-cina del abogado del demandante en Ciales con el propósito de determinar dichas deudas, las cuales, de acuerdo con el contrato, debían pagarse de por mitad por el demandante y los demandados. Una vez determinado el importe de estas cuentas, se procedería a firmar la correspondiente escritura. La reunión se celebró el 20 de julio, haciéndose entonces la siguiente liquidación:

Deudas aceptadas en el documento $1, 617. 80

Deuda aceptada por pago de muebles 140. 00

Deuda de Ramón Fernández . 90.00

Deuda de Maximino Fernández 70. 75

Deuda por concepto de agua al Municipio de

Ciales 7.80

$1, 926. 37

Se determinó, además, que el crédito hipotecario del Federal Land Bank of Baltimore montaba a $1,164.24. Aunque se fijó el montante de las deudas, no se firmó la escritura por divergencia en la interpretación del- contrato. Alegaban los demandados que las cuatro casas de la sociedad de ganan-ciales no estaban incluidas en el precio de $14,000, que “a los efectos de la venta” se fijó a la finca con todas sus casas y pretendían que a dicha cantidad se sumasen $2,250 que era el valor que tenía la participación de los demandados en las cuatro casas de la sociedad de gananciales. El demandante a su vez exigió que el montante del crédito hipotecario del Federal Land Bank of Baltimore en su totalidad fuese de-ducido de los $14,000. En tales circunstancias, no se con-sumó la transacción y algún tiempo después Alvarez instó este pleito de cumplimiento de contrato.

La sentencia que declaró con lugar la demanda, en su parte dispositiva, decretó:

"Por lo tanto habiéndose valorado la finca con todas sus casas en la cantidad de catorce, mil dólares ($14,000) hay que deducir de dicha cantidad las siguientes partidas:
Mitad de las deudas ascendentes a $1,926.37- $963.18
Mitad de la hipoteca debida al Banco Federal- 582.12
Mitad del valor de las casas gananciales- 2, 250. 00
Mitad de, la renta de las casas gananciales hasta el día
30 de abril de 1945 ascendente a un total de $1,344- 672. 00 que hace un total de cuatro mil cuatrocientos sesenta y siete dólares treinta centavos-$4, 467. 30.
Corresponde por tanto a los demandados percibir como pago total por la finca que se describe en la demanda y las casas contenidas en ella tanto gananciales como privativas, la cantidad de nueve mil quinientos treinta y dos dólares, setenta centavos ($9,532.70); además el demandante y los demandados deberán depositar en la secretaría de esta corte, para satisfacer en su día los honorarios corespondientes al Ledo. Camuñas, (párrafo ‘e’ del contrato) la, cantidad de qui-nientos dólares ($500) o sea doscientos cincuenta dólares ($250) cada parte.
"POR tanto, la Corte dicta sentencia declarando con lugar la demanda y en su consecuencia ordena que el demandante deposite en la secretaría de esta Corte en el término de 15 días a contar desde la fecha en que esta sentencia sea firme, la cantidad de nueve mil quinientos treinta y dos dólares, setenta centavos ($9,532.70), dis-poniéndose que los demandados una vez depositada por el demandante la suma anteriormente dicha, deben proceder a otorgar la correspon-diente escritura de traspaso de la finca de 25 cuerdas, 58 céntimos descrita en la demanda, a favor del demandante, comprendiendo en dicha venta todas las casas contenidas en ella; y en caso de que no lo efectúen los demandados, _ que se proceda por el Márshal de esta Corte a otorgar la correspondiente escritura de traspaso de dicha, finca a favor del demandante.
"Y también dispone que el demandante, y los demandados depo-siten en la secretaría de esta corte quinientos dólares ($500) o sea doscientos cincuenta dólares ($250) cada parte, para los honorarios correspondientes al Ledo. José Camuñas de Río Piedras por los ser-vicios prestados a la sucesión de Aurelia Manzano Padró, imponién-dose las costas a los demandados y $150 para honorarios del abogado del demandante ’

Ambas partes apelaron. Los demandados, de la totalidad de la sentencia. El demandante, del pronunciamiento que dispuso que se dedujese del precio de venta la mitad del crédito hipotecario, o sea $582.12 y no su totalidad.

Como hemos visto, esa deuda no se mencionó expresamente en el contrato de transacción, ni en aquel momento se conocía su montante exacto; pero- es un hecho que tanto el demandante como los demandados conocían la existencia de la deuda cuando firmaron el contrato. El demandante, algo remiso al principio, pero francamente después, y su testigo José Febo, declararon que aunque el crédito no se mencionó en el contrato, los demandados oralmente convinieron con el demandante que se deduciría en su totalidad. La corte inferior parece no haber dado crédito a estos testigos en cuanto a este particular, pues decretó que sólo dedujese la mitad. Somos de opinión que ese pronunciamiento no es erróneo, pues esa era una deuda de la herencia, y aunque no se mencionase expresamente en el contrato, claramente quedó cubierta por la cláusula (/) de dicho contrato dispositiva de que cualquier deuda que apareciere debería pagarse de por mitad por las partes.

Pasemos ahora a considerar el recurso de los deman-dados.

La primera contención de los demandados es que el contrato suscrito el 30 de junio fué una mera tentativa de transacción, sujeta a que en una reunión que posteriormente debía celebrarse en Cíales las partes llegaran a un acuerdo sobre ciertas partidas que no habían sido determinadas en el contrato, y que al celebrarse la reunión las partes no pudieron llegar a un acuerdo.

El contrato no fué una mera tentativa de transacción. En el documento se valoró la finca rústica con todas sus ca-sas, a los efectos de la venta, en $14,000, quedando así in-cluidas en ese precio las cuatro casas pertenecientes a la so-ciedad de gananciales. Pero como en esas cuatro casas el demandante tenía una participación igual a la mitad dé su valor, y como es de presumir que él no compraba a los de-mandados nada más qne el interés que éstos tenían en las casas, se fijó su valor total en $4,500, debiendo por consi-guiente deducirse de los $14,000 la cantidad de $2,250 que era el interés que en dichas casas tenía el comprador. Se convino en que ciertos bienes muebles existentes en Eío Piedras y Cía-les, respectivamente, a pesar de pertenecer a la sociedad de gananciales, se adjudicarían al demandante, quien a su vez se obligó a renunciar al usufructo vidual a que tenía derecho. Se hizo un inventario de las deudas de la herencia, las cua-les ascendieron' a $1,617.80, estipulándose que de esa suma el demandante pagaría la mitad y la otra mitad correspon-día a los demandados, estableciéndose la misma norma para' cualquier otra deuda que apareciera. Se acordó también que antes de procederse al otorgamiento de la escritura se arre-glaría una reclamación pendiente que tenía el abogado Ca-muñas y se autorizó al Sr. Alvarez para retener una can-tidad en su poder para atender al pago de la deuda. Tam-bién se declaró que el Sr. Alvarez había pagado $140 a cuenta de los muebles que habían en Eío Piedras y que de dicha suma los demandados deberían pagar la mitad. Por último,, se aclaró en que desde septiembre de 1942 las casas de ca-rácter ganancial habían venido produciendo rentas a razón de $42 mensuales, y que de esas rentas el demandante tenía derecho a percibir la mitad.

El hecho de que al momento de firmarse el contrato nose supiese exactamente el montante de algunas deudas, tales, como la del Banco Federal por concepto del crédito hipote-cario, y lo adeudado en el comercio de. Ciales por concepto de madera y otros materiales de construcción, no implica que el contrato fuese incierto como alegan los demandados, y que por consiguiente no procediese la acción de cumplimiento de contrato, pues una simple operación aritmética establecería la cantidad exacta que debía pagar el demandante. Es ver-dad que en aquella ocasión no se precisó exactamente el pre-cio que, luego de deducida la mitad del importe de las cu en-tas pendientes, había de pagar el comprador, pero se esta-blecieron las normas para determinarlo, con lo cual se cum-plía el requisito del precio cierto exigido por el art. 1334 del Código Civil. Véase, por analogía, Morales v. Alvarez, 63 D.P.R. 208, 211.

El contrato quedó perfeccionado en Arecibo el 30 de ju-nio de 1944, cuando las dos partes, vendedores y comprador, llegaron a un acuerdo respecto al precio y a la cosa. Lo que las partes pospusieron para llevar a cabo en Ciales fué la consumación del contrato, y no pudiéndose verificar. la consumación entonces, la exigió el demandante a través de-, este pleito de cumplimiento de contrato.

Arguyen los demandados que erró la corte inferior al declarar con lugar la demanda porque el referido documento no fué aprobado por la corte. Sostienen que era necesaria esa aprobación por hallarse los bienes sujetos a una administración judicial.

Tal aprobación no era necesaria, pues todas las personas interesadas en la herencia, es decir, el demandante y los de-mandados, son mayores de edad. Véase por analogía el art. 604 del Código de Enjuiciamiento Civil. Una vez puestas de acuerdo las partes, o firme ya la sentencia decretando el cumplimiento del contrato y otorgada la correspondiente es-critura, bastaría solicitar de la corte que diese por terminada la administración judicial y ordenase al administrador que hiciese entrega de los bienes al comprador.

Sostienen los demandados que la corte inferior actuó sin jurisdicción en este caso al aprobar la división de bienes de la herencia de Aurelia Manzano sin exigir el correspondiente recibo acreditativo del pago de la contribución de herencia.

Esta contención de ]os demandados está predicada en lo dispuesto en la sección 12 de la Ley núm. 99 aprobada el 23 de agosto de 1925 (Leyes de 1925, pág. 791), según fué en-mendada por la Ley niixn. 20, aprobada el 27 de abril de 1933 ■(Leyes de 1932-33, pág. 233).

Sin duda que, 'a través del contrato cuyo cumplimiento ■decretó la corte, se llevó a cabo la división de la herencia de Aurelia Manzano. Pero siendo todos los herederos ma-yores de edad, la división de la herencia no necesitaba la apro-bación judicial, de conformidad con el art. 604 del Código de Enjuiciamiento Civil. Por consiguiente,' la sección 12 no privó de jurisdicción a la corte para dictar la sentencia en ■este caso. No es que las partes en este caso puedan burlar lo prescrito en la citada sección 12, pues al proceder al otor-gamiento de la escritura, que de acuerdo con la sentencia tenía que otorgarse, el notario, en cumplimiento de la citada sección 12, no autorizaría la referida escritura, a menos que se le presentase el recibo del pago de la contribución de he-rencia. El Registrador, a su vez, de acuerdo con la misma sección 12, no inscribiría la escritura sin que también se le . acreditase el pago de la contribución de herencia.

Por último, se quejan los demandados de que la • corte inferior les impuso el pago de las costas y honorarios Me abogado.

En cnanto a la condena de costas, repetidas veces Remos resnelto que sn imposición a la parte contra quien se dicte la sentencia es imperativa por mandato expreso de la ley. En cnanto a la condena de honorarios concierne, sn imposi-ción es discrecional en la corte sentenciadora, considerada la temeridad, grado de cnlpa en el litigio y el trabajo necesa-riamente prestado por el abogado de la otra parte. No vemos motivo qne jnstifiqne la revocación de ese pronunciamiento.

Procede la confirmación de la sentencia.

      Dicha sección, según fué enmendada, dice así:
      ‘ ‘Excepto en los casos especiales, según se determina en el artículo 5a de esta Ley, ningún tribunal aprobará la división o distribución de los bienes de ningún fallecido, ni permitirá la liquidación final de las cuentas de ningún alba-oea, administrador, fideicomisario o persona que administre cualesquiera bienes, a monos' de haberse presentado y exhiban el recibo o los recibos especiales, según lo dispuesto en el artículo 11 de esta Ley; y ningún notario expedirá, autorizará o certificará instrumento alguno de sentencia, división, o distribución, ■enajenación o hipoteca de bienes, a menos de haberse 'presentado dicho recibo •o recibos, expedidos por el Tesorero; y ningún registrador inscribirá en ningún registro a su cargo, instrumento alguno ni fallo, sentencia o auto judicial auto-rizado, dictado o emitido en relación eon la división, distribución o entrega de ■dichos bienes, a menos de haberse presentado el recibo o recibos expedidos por el Tesorero; y las personas que infrinjan las prescripciones de este artículo serán responsables por todas las contribuciones no satisfechas, a causa de dicha infracción pagando además el interés, según se dispone en el artículo 9 de ■esta Ley, o incurrirán en un delito menos grave que se castigará con multa que no será menos de cien (100) a mil (1,000) dólares o cárcel por tres meses a ■nn año, o ambas penas a discreción del tribunal.”


text:
    Juan Mari Ramos, apelante, v. La Junta de Planificación, Urbanización y Zonificación de Puerto Rico, querellada.
    Núm. 3.

    Sometido: Junio 10, 1946.

      Resuelto: Junio 28, 1946.

      José Sabater, abogado del apelante; Giro Málatrasi, Jr., y Rafael R. Fuertes, abogados de la querellada.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Se trata en este caso de determinar si este Tribunal tiene jurisdicción para conocer de un recurso de revisión instado contra nna resolución dé la Junta de Planificación, Urbani-zación y Zonificación de Puerto Pico, imponiendo ciertas con-diciones para la aprobación final de nna solicitud de lotifi-caeión.

El 26 de febrero de 1946 Juan Mari Eamos presentó ante la Junta una declaración de intención de lotificar, recayendo resolución el 3 de abril siguiente. No se solicitó ante la Junta la revisión o reconsideración de su resolución, instán-dose el presente recurso el 18 de abril de 1946. La Junta lia solicitado la desestimación de este recurso, fundándose en no haberse solicitado previamente ante ella la reconsidera-ción de su resolución.

La ley aplicable, a este caso es la sección 26 de la Ley núm. 155 de 14 de mayo de 1943 (pág. 489) que en lo pertinente prescribe:

“Cualquier parte interesada en la aprobación, denegación y desa-probación de un plano de lotificaeión, . . . contra la cual una peti-ción de revisión baya sido presentada y sobre la misma haya rendido opinión la Junta de Planificación, Urbanización y Zonificaeión de Puerto Rico o la Junta de Apelaciones de Planificación, Urbanización y Zonificaeión, según sea el caso, podrá presentar, dentro del término de quince (15) días con posterioridad a la notificación de la misma, copias certificadas de cualesquiera tales decisionés o acciones para su revisión ante la Corte Suprema de Puerto Rico; Disponiéndose, que dicha revisión ante la Corte Suprema podrá concederse solamente sobre cuestiones de derecho.”

Exigiendo la ley que como condición previa a la inter-posición del recurso de revisión ante este Tribunal se soli-cite de la Junta de Planificación, Urbanización y Zonifiea-ción la reconsideración, y no habiéndose cumplido ese trá-mite, carecemos de jurisdicción para conocer de este recurso y por lo tanto procede su desestimación.

       La sección 26 fuó enmendada por la Ley núm. 429 de 23 de abril de 1946 ((1) pág. 1219), subsistiendo el requisito de la previa reconsideración.


author: El Juez Asociado Señor Córdova

text:
    Russell & Co., Sucrs., apelada, v. Comisión de Servicio Público de Puerto Rico y Departamento de Agricultura y Comercio de Puerto Rico, apelantes.
    Núm. 9090.

    Sometido: Marzo 25, 1946.

      Resuelto: Junio 28, 1946.

      Tomás Torres Peres, abogado de los’ apelantes; James R. Beverley, R. Castro Fernández j José López Baralt, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Córdova

emitió la opinión del tribunal.

EN RECONSIDERACION

• Los causantes de la sociedad apelada solicitaron y obtu-vieron de la apelante, Comisión de Servicio Público, una franquicia para utilizar las aguas de la Laguna Guánica para fines de riego. Posteriormente la Comisión ordenó a la apelada mostrara causa por la cual no debía cancelarse la franquicia por el fundamento de 'haber la apelada violado una de sus condiciones. La apelada compareció y negó ha-ber violado la franquicia. Visto el caso, la Comisión deter-minó que se había violado una de las condiciones de la fran-quicia, y dictó resolución cancelando la franquicia,, resolución que fué apelada y en definitiva confirmada por las cortes.

Algunos años después de terminado el litigio cuya histo-ria acabamos de exponer, comenzó el que nos ocupa. Se ini-ció con una querella informal, radicada ante la Comisión de Servició Público por el Jefe de la División de Ornitolo-gía y Piscicultura, que en lo pertinente rezaba así:

“La laguna de G-uánica, según tengo entendido, pertenece a la firma Russell & Co. la cual por disposición del Tribunal Supremo de los Estados Unidos deberá poseer franquicia de la Comisión de Ser-vicio Público para utilizar las agaas de dicba laguna para fines de .riego, lo cual a mi entender está actualmente haciendo sin haber obtenido la correspondiente franquicia.”

A base de esa querella, expidió la Comisión una orden dirigida a Russell & Co. para mostrar causa por la cual es-taba “utilizando esas aguas sin baber obtenido previaménte una franquicia de la Comisión de Servicio Público.” Compareció Russell & Co. y expuso: (1) Que era dueña de las aguas, (2) Que la Comisión 'carecía de jurisdicción para co-nocer del caso, por no tratarse de: aguas de dominio público, (3) Que no era cierto, según se alegaba en la querella, que el Tribunal Supremo hubiese resuelto que Russell & Co. ne-cesitara franquicia para usar las aguas.

Durante la vista que se celebrara, los miembros de la Comisión inquirieron del abogado de Russell & Co. si en el pleito anterior se había resuelto si era necesaria o no una franquicia. El abogado contestó que ese punto no se sus-citó, y que su contención era que ni entonces ni ahora se necesitaba una franquicia para utilizar las aguas, por per-tenecer éstas q, la apelada Russell & Co. Presentó ésta prueba demostrativa de que las aguas le pertenecían, siendo ésa la única prueba practicada. No aparece que El Pueblo de Puerto Rico fuese notificado de la vista, ni que compa-reciera

La Comisión resolvió que, “ . . . asumiendo para los fines de esta orden que los terrenos y el álveo o fondo de la La-guna G-uánica pertenece exclusivamente a la entidad Russell & Co., Suers., y que las aguas contenidas en esa laguna son de dominio privado, el uso de ellas, que haga necesario . . . construcción de obras, que hace variar el curso natural de las aguas en perjuicio de tercero, hace necesario legalmente la previa obtención de una franquicia de la Comisión de Ser-vicio Público”, y ordenó a Russell & Co. cesara en el uso de las aguas basta tanto obtuviese una franquicia.

Apeló Russell & Co. a la Corte de Distrito de San Juan, la cual dictó sentencia dejando sin efecto la orden de la Co-misión, por entender que según la prueba las aguas perte-necen a Russell & Co. y que la Comisión carece de facultad para prohibir el uso de las aguas por su dueño. De la sen-tencia de la Corte de Distrito radicó la Comisión la apela-ción que ahora nos ocupa.

La apelación de la Comisión presentó el caso ante esta Corte en la siguiente forma (copiamos de su alegato):

“La Corte de Distrito de San Juan ... se limitó a considerar dos puntos legales o sea:
“(1) A quién pertenece la Laguna G-uánica; en otras palabras, ¿es una laguna de dominio público o de dominio privado?
“(2) Si es una laguna de dominio privado ¿puede la Comisión de Servicio Público prohibir el uso de sus aguas a su legítimo dueño l
“Acerca de esas dos cuestiones trata la opinión de la Corte de Distrito de San Juan.
“Opinamos que la decisión de la primera cuestión, sea lo que sea, es correcta, mas no así la decisión de la segunda cuestión.
“Señalamos como error lo siguiente:
“Entendemos que la Corte de Distrito de San Juan ha.resuelto que la Comisión de Servicio Público no puede, prohibir ciertos usos de aguas privadas o sea resolver que una laguna formada en un predio privado por aguas pluviales puede ser usada sin limitación.”

EL 27 de noviembre de 1945 resolvimos la apelación re-vocando la sentencia apelada, por entender (1) que en el litigio anterior se determinó la naturaleza pública de las aguas de la Laguna Guánica, (2) que esa adjudicación anterior fue planteada ante la Comisión, y que aunque consti-tuye una defensa.que, de no ser afirmativamente planteada queda renunciada, en este caso no fue renunciada.

•'La apelada, Bussell & Co., solicitó entonces la reconsi-deración de nuestra sentencia, porque (1) No habíamos re-suelto la cuestión de si la Comisión tenía o no jurisdicción para dictar la orden que dictó, (2) La adjudicación en el li-tigio anterior no determinó que las aguas fueran públicas, (3) La defensa de res judicata, qo fue planteada, ni se pre-sentó prueba que pudiera establecerla. Aunque la otra parte fue notificada de la moción de reconsideración, y de la vista que se celebró para oír a las partes sobre la misma, ni com-pareció a la vista ni ha radicado escrito alguno en oposición.

Tenemos serias dudas de que la .decisión en el litigio anterior adjudicara que las aguas de la Laguna Guánica son públicas, y aunque así se hubiera adjudicado, también es muy dudoso que la Comisión apelante -haya establecido adecuadamente esa defensa afirmativa, particularmente en vista de que en su apelación a este Tribunal renunció tácitamente a «cualquier ventaja que pudiera brindarle la adjudicación anterior. No es necesario, sin embargo, que resolvamos estos, dos puntos, .pues hemos llegado a la conclusión de que la sentencia apelada debe confirmarse, ya que, sean de dominio privado o público las aguas de la Laguna Guánica, la Comisión carece de jurisdicción para determinar la naturaleza y extensión de los derechos, públicos o privados, a esas aguas, ni para prohibir a nadie que las use. Es cierto que la cuestión jurisdiccional no ha sido debidamente planteada por la apelada, quien se limitó a objetar, ante la Comisión y ante nosotros, que la. Comisión carecía de jurisdicción por tratarse de aguas privadas, cuando la cuestión que se ha pretendido determinar era precisamente si eran privadas o públicas, particularmente en vista de la adjudicación anterior. Pero tratándose de una cuestión jurisdiccional, podemos y «debemos considerarla aunque no haya sido planteada.

La jurisdicción de la Comisión de Servicio Público, según aparece de las secciones 38 y 39 del Acta Orgánica y de la Ley de Servicio Público de 6 de diciembre de 1917 y leyes suplementarias, puede dividirse en dos campos: el campo de la reglamentación de los servicios públicos y com-pañías de servicio público, en el cual se confieren a la Co-misión amplios poderes, y el campo de la concesión de franquicias y privilegios de carácter público o cuasi público.

Es obvio que en este caso no se trata de la reglamenta-ción de un servicio público, ni de una compañía de servicio público, ya que de los autos aparece que Bussell & Co. se dedica a la agricultura y utiliza las aguas de la Laguna Guá-niea para el riego de sus propias tierras. La intervención de la Comisión en este caso no puede por lo tanto fundarse, ni fia pretendido la Comisión fundarla, en los poderes de la Comisión sobre las compañías de servicio público y los ser-vicios públicos en sí.

Veamos si los poderes de la Comisión respecto a la con-cesión de franquicias le confieren jurisdicción suficiente para prohibir a una persona el uso de aguas, públicas o privadas, sin antes obtener una franquicia. Las facultades de la Co-misión en este respecto emanan del artículo 38 del Acta Or-gánica, que en lo pertinente dispone que “Toda franquicia, derecho, privilegio y concesión de carácter público o cuasi público, será otorgada por una Comisión de Servicio Públi-co ... ”, y del artículo 52 de la Ley de Servicio Público de 1917 que reza así:

“Concesiones que se hicieren. — La Comisión tendrá poder para otorgar franquicias, derechos, privilegios o concesiones para fines pú-blicos o cuasi-públieos incluyendo el derecho de usar o cruzar carre-teras, caminos o cauces de agua públicos; y para otorgar franqui-cias, derechos, privilegios o concesiones para el aprovechamiento de las aguas públicas para fines públicos o particulares. No estará fa-cultada para conceder el dominio o aprovechamiento de terrenos o propiedades públicas o para otorgar franquicias, derechos, privile-gios o concesiones para usos particulares, excepción hecha del apro-vechamiento de aguas públicas, sin la aprobación de la Asamblea Le-gislativa. ’ ’

No hay duda, pues, de la facultad de la Comisión para conceder franquicias para el uso de aguas públicas, y en ca-sos apropiados para enmendarlas y revocarlas. Pero la fa-cultad de conceder una-franquicia para el uso de bienes de dominio público, que es esencialmente una función legisla-tiva, no conlleva de por sí la facultad de determinar si una persona puede o no hacer uso de bienes que se consideran públicos sin franquicia, que es esencialmente una función judicial. La legislatura puede, por ejemplo, conceder a una persona permiso para utilizar terrenos públicos. Pero sí alguien utiliza terrenos que son, o que el estado considers que son, públicos, sin tener franquicia para ello-, no es a ls legislatura sino a las cortes que incumbe entender en la con-troversia que con ese motivo surja entre el estado y esa persona. Otro ejemplo de la diferencia entre la facultad de conceder una franquicia o privilegio-, y la de intervenir eon aquellos que sin ostentar la franquicia pretenden actuar como si la tuvieran, lo ofrece la franquicia o privilegio de exención de contribuciones a industrias nuevas. La legisla-tura ha delegado el poder de la concesión de tales franqui-cias a la Comisión de Servicio Público. Pero si alguna industria, sin tener tal franquicia, se obstinase en no pagar contribuciones, es obvio que la Comisión carecería de juris-dicción para obligarla a pagar, o para intervenir en forma alguna en el asunto. Aunque no pretendemos decir que los ejemplos citados sean precisamente análogos al caso qué nos ocupa, los hemos utilizado sencillamente para ilustrar la pro-posición, que nos parece obvia, de que la facultad de la Co-misión para conceder franquicias para el uso de aguas pú-blieas no conlleva, por sí sola, y en ausencia de otras dis-posiciones legislativas que expresa o tácitamente la confie-ran, la de entender en controversias respecto al derecho a usar aguas sin franquicia. Eesta considerar, por lo tanto, si existen disposiciones legislativas que extiendan la juris-dicción de la Comisión sobre aguas públicas o privadas más allá del campo de la concesión, modificación" y revocación de franquicias.

La Comisión, en la contestación que radicó en la Corte de Distrito de San Juan como respuesta al escrito de apela-ción de Bussell & Co. insiste en que tiene amplios poderes sobre aguas públicas y privadas, derivados de la Ley de Aguas de 5 de febrero de 1886, según enmendada por la Ley de 12 de marzo de 1903 (Leyes de 1903, pág. 151).

La Ley de Aguas trata del dominio de las aguas terres-tres, y de sus cauces y riberas, de la construcción de obras privadas de defensa en cauces públicos, de la desecación de lagunas y pantanos públicos y privados, de las servidumbres en-materias de aguas y riberas, de los aprovechamientos co-munes y especiales de aguas públicas, de la policía de las aguas, y de la competencia de los tribunales en materia de aguas. Originalmente, correspondía al Ministerio de Ultra-mar de España conceder ciertos aprovechamientos de aguas públicas y ciertos permisos para construir obras privadas en cauces públicos, determinar ciertos trámites respecto a la desecación de lagunas y pantanos privados, revisar las decisiones del Gobernador imponiendo servidumbres forzo-sas de acueducto, encargarse de la policía de las aguas pú-blicas y sus cauces naturales, riberas y zonas de servidum-bre, dictar reglamentos para la ejecución de la ley, y llevar a cabo la demarcación, apeo y deslinde de cuanto perteneciere al dominio público de acuerdo con la ley Vsm perjuicio de la competencia de los tribunales respecto a las cuestiones de propiedad y posesión.” Otras facultades correspondían al Gobernador y. otras a funcionarios municipales. La Ley de 12 de marzo de 1903 dispuso que todos los-derechos, fa-cultades y deberes que de acuerdo con la Ley de Aguas co-rrespondieran al Ministro de Ultramar quedaban traspasa-dos al Consejo Ejecutivo-, y los que correspondieran al Go-bernador, al Comisionado del Interior.

Arguye la Comisión que todos los poderes que correspondían al Ministerio de Ultramar, y que pasaron al Consejo Ejecutivo en el 1903, corresponden ahora a la Comisión en virtud del artículo 38 del Acta Orgánica y el artículo 52 de la Ley de Servicio Público. El artículo 38 del Acta Orgánica, en adición al poder general de conceder franquicias que ya hemos discutido, sólo traspasó a la Comisión aquellas atribuciones del Consejo Ejecutivo “referentes a corporaciones de servicio público.” Y el artículo 52 de la Ley de Servicio Público, que ya hemos copiado, - sólo confirió a la Comisión poder para conceder franquicias para el aprovechamiento de las aguas públicas para fines públicos o privados. Carece de base, pues, la contención de la Comisión de que deriva de la Ley de Aguas poderes adicionales a los que expresamente le confiere el Acta Orgánica y la Ley de Servicio Público respecto a aguas públicas o privadas. Y como ya hemos visto, los poderes que el Acta Orgánica y la Ley de Servicio Público confieren a la Comisión se limitan a la concesión, modificación y revocación de franquicias para el uso de aguas públicas.

Pero hay más. De la propia Ley de Aguas que invoca la Comisión, resulta que el caso de autos es uno para la consideración de los tribunales de justicia, y no de agencias o tribunales administrativos. El artículo 254 de la Ley de Aguas reza así:

“Jurisdicción de los tribunales civiles. — Compete a los tribuna-les que ejercen la jurisdicción civil el conocimiento de las cuestiones relativas:
1. Al dominio de las aguas públicas y al dominio de las aguas privadas y de su posesión.
2. Al dominio de las playas, álveos o cauces de los ríos y al do-minio y posesión de las riberas, sin perjuicio de. la competencia de la administración para demarcar, apear y deslindar lo perteneciente al dominio público.
3. A las servidumbres de aguas y de paso por las márgenes, fun-dadas en títulos de derecho civil.
4. Al derecho de pesca.”

El artículo 150 de la misma ley dispone lo siguiente:

“Concesiones se entenderán sin perjuicio de tercero. — Duración, cómo se determinará.. — Toda concesión de. aprovechamiento de aguas públicas se entenderá hecha sin perjuicio de tercero y dejando a salvo los derechos particulares; respecto a la duración de estas concesiones se determinará en cada casó según las prescripciones de la presente Ley.”

Y, como ya hemos visto, el artículo 248 de la ley, que impone al Ministro de Ultramar (hoy el Consejo Ejecutivo) la obligación de llevar a cabo la demarcación, apeo y des-linde de cuanto perteneciere al dominio público de acuerdo eon la ley, dispone que la determinación que así se. haga res-pecto a lo que es de dominio público será sin perjuicio de la competencia de los tribunales respecto a las cuestiones de propiedad y posesión.

De los tres artículos a que acabamos de hacer referencia, y que están aún vigentes, se desprende claramente que la determinación de la naturaleza pública o privada de las aguas incumbe a los tribunales, y no a la agencia que concede fran-quicias para el uso de aguas públicas, antes el Ministerio de Ultramar, hoy la Comisión de Servicio Público. Según dispone expresamente el artículo 150, aunque apenas era necesaria la expresión, la concesión de una franquicia es sin perjuicio de los derechos particulares. Y según nos dice el artículo 254 y también afirma el 248, corresponde a los tribunales ci-viles, y no a los administrativos, dilucidar las cuestiones re-lativas a la propiedad y posesión de las aguas públicas y privadas.

Resulta, por lo tanto, qiie la Comisión de Servicio Público carecía de jurisdicción para dilucidar la cuestión que pre-tendió plantear mediante la orden para mostrar causa ex-pedida al comenzar este caso, a saber, el derecho de Russell & Co. a usar las aguas de la Laguna Guánica, o lo que es lo mismo, la cuestión de la naturaleza y la extensión de los derechos públicos o privados en dichas aguas.

Debe dejarse sin efecto nuestra opinión y sentencia del 27 de noviembre de 1945, y en su lugar dictarse otra con-firmando la sentencia apelada.

        Havemeyer v. Comisión Servicio Público, 45 D.P.R. 698; Savemeyer v. Public Service Commission of Puerto Rico, 74 F.2d 637; Commission v. Havemeyer, 296 U.S. 506, 80 L. Ed. 357.

      En In Me Herminia Colón Vda. de Semidey, etc., 59 D.P.R. 248, distin-guimos entre la Comisión de Servicio Público, como agencia con facultad para conceder franquicias para el uso de aguas públicas, y El Pueblo de Puerto Rico como dueño de las aguas públicas.y por lo tanto parte interesada en las fran-quicias. Véase también Baetjer v. Corte, 56 D.P.R. 596, 58 D.P.R. 422.

      Véase Rivera v. Luge, Alcaide, 53 D.P.R. 684.

      Véase la Ley núm. 94 de 14 de mayo de. 1936 (Leyes de 1936, (1) pág. 495).

      E 1 artículo 82 de la Ley de Servicio Público exige a la Comisión radique una contestación al escrito de apelación.

      Artíeulo 248 de la Ley de Aguas, Compilación de Estatutos y Códigos de 1941, pág. 181.


author: El Juez Presidente Señoii Teavieso

text:
    American Bitumuls Co., peticionaria, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, demandado; Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, interventor.
    Núms. 69, 70, 86 y 88.

    Sometidos: Marzo 18, 1946.

      Resueltos: Julio 1, 1946.

      James B. Beverley y Carmen B. Hernández, abogados de. la peticio-naria; Ilon. Procurador General E. Campos Del Toro y J. B. Fernández Bcdillo, abogado éste del Departamento de Justicia, abogados ambos del interventor, Tesorero de Puerto Rico, quere-llado en el pleito principal.
   El Juez Presidente Señoii Teavieso

emitió la opinión del tribunal.

La corporación peticionaria declaró al Tesorero de Puerto Eieo que su propiedad mueble sujeta a tasación en enero 15, 1943, ascendía a $21,496.50 y en enero 15 de 1944 a la can-tidad de $25,396.70. El Tesorero notificó a la peticionaria que su propiedad mueble había sido tasada en $39,440 para el año 1943-44 y en $65,600 por el año contributivo de 1944-45. No estuvo conforme la peticionaria y radicó sendas querellas ante el Tribunal de Contribuciones, alegando en cada una de ellas que la tasación hecha por el Tesorero es injusta e ile-gal por estar basada en una errónea interpretación del con-cepto “valor en el mercado” y haberse incluido'’ en ella los beneficios futuros de la corporación en la venta de mercan-cías, sobre los cuales se pagó la contribución sobre ingresos.

Al serle notificada la imposición de la contribución para cada fino de dichos años, la peticionaria pagó la suma con que estuvo conforme y radicó dos nuevas querellas en las que alegó como razones adicionales en contra de la contri-bución que le fue impuesta, que el Tesorero valoró el as-falto (bitumuls) depositado en el tanque en enero 15 de 1943 y en enero 15 de 1944 tomando como base el valor en el mer-cado al detal de cada galón, en vez de tomar como base el costo de la mercancía puesta en el almacén de la peticio-naria.

El Tribunal de Contribuciones en octubre 19 de 1945 re-solvió en ambos casos que las existencias de “bitumuls” y “laykold” de la querellante fueron tasadas por el Tesorero siguiendo un procedimiento razonable y correcto, pero que, en lo que al monto de dichas existencias se refiere, dicho fun-cionario deberá proceder a tasar, en la forma y a los pre-cios a que lo hizo, la cantidad de 132,990 galones de bitumuls y 8,250 de laykold por el año 1943-44 y la de 252,873 galones de bitumuls y 109 galones de laykold por el año 194L-45 por ser ésas las cantidades de dichos productos que la contribu-yente tenía realmente en existencia en las,fechas indicadas.

No estando conforme con las resoluciones del Tribunal, la contribuyente radicó en noviembre 21, 1945, las dos soli-citudes de Certiorari Núms. 69 y 70. Las consideraremos y resolveremos con una sola opinión por envolver ambas la misma cuestión.

La peticionaria alega, en síntesis, que el Tribunal de Con-tribuciones erró al resolver que el procedimiento seguido por el Tesorero para tasar la mercancía es razonable y correcto, cuando en realidad no lo es por los siguientes motivos:

(1)Porque al tasar la existencia completa de mercancías no se tomó en cuenta su valor en el mercado productor y sí su valor en el mercado al detal, incluyendo en el mismo fu-turas ganancias, las cuales son inciertas y eventuales.

(2) Porque “valor en el mercado” es lo que estaría dis-puesto a pagar un comprador o sea lo que costó la mercam cía puesta en el almacén o sea su valor en el mercado pro-ductor; y no su precio de venta al detal, como sostiene el .Tesorero, por ser el precio al detal un factor indeterminado, que fluctúa y puede ser afectado- por múltiples circunstan-cias tales como la competencia, la demanda y la introducción de otros productos.

(3)' Porque el Tesorero valoró la mercancía en conjunto, dándole un valor como si se vendiese al detal, lo que es con-trario a la ley y a las prácticas mercantiles.

(4) Porque al tasar la propiedad dicho funcionario tomó en cuenta futuras ganancias de la peticionaria, imponiendo así a ésta una doble tributación, por estar dichas ganancias sujetas al pago de la contribución sobre ingresos.

En febrero 26 de 1946, el Tesorero solicitó la desestima-ción de ambos recursos, alegando que esta Corte carece de jurisdicción para conocer de los mismos (a) porque no habién-dose radicado un nuevo cómputo ni notificado por el Secre-tario la finalidad de las resoluciones recurridas, los recursos Ran sido .interpuestos prematuramente; y (b) por no haberse hecho el pago bajo protesta.

En abril 12 de 1946, la peticionaria radicó dos nuevas so-licitudes de certiorari Núms. 86 y 88 en las cuales reprodujo todas las alegaciones de las anteriores y alegó como hechos adicionales que en marzo 11 de 1946 el. Tesorero radicó el cómputo de la contribución adeudada; que dicho cómputo fue aprobado y la finalidad de la resolución del Tribunal noti-ficada a la peticionaria el día 14 del mismo mes y año; que-el 12 de abril dé 1946 la peticionaria pagó bajo protesta el balance adeudado de acuerdo con la decisión; y que estas nuevas solicitudes se radican en vista de lo resuelto por esta Corte Suprema en Island Needlework Incorporated v. Tribunal de Contribuciones, certiorari Núm. 64, 65 D.P.R. 727, 733.

Aun cuando resolviéramos que los recursos números 69 y 70 fueron radicados prematuramente, siempre tendríamos jurisdicción para conocer de los recursos números 86 y 88 que envuelven la misma cuestión. Procederemos, pues, a con-' siderarla y resolverla en sus méritos.

No existe controversia alguna en cuanto al monto de las existencias sobre las cuales debe pagarse la contribución. E3 Tribunal de Contribuciones dió entero crédito a la prueba aducida por la querellante y resolvió que las existencias de dichos productos eran en enero 15, 1944, 252,873 galones de bitumuls y 109 galones de laykold. La única cuestión que debemos considerar y resolver es cuál de los dos procedi-mientos es el razonable y correcto: {a) el seguido por el Tesorero de Puerto Rico, en el cual se tomó como base para la tasación el precio de la mercancía en venta al detal, in-cluyendo en el mismo las futuras ganancias; o (6) el que sugiere la peticionaria, o sea que la tasación debió ser prac-ticada tomando como base el valor de la mercancía en el mercado productor, “replacement cost”, más los gastos i-n-curridos en la transportación de la mercancía basta el al-macén de la contribuyente.

La disposición aplicable del Código Político de Puerto Rico es la siguiente:

“Artículo 294. — La parte de propiedad de cualquier fabricante, ■ comerciante o negociante que consista en existencias de mercancías u otros efectos para la venta, será inscrita aparte y tasada por el pro-medio de su valor en el mercado durante el año próximo anterior a la fecha de la valuación; y el tasador, al tasar las citadas existencias, podrá exigir a dichos fabricantes, comerciantes o negociantes la ex-hibición del último inventario de ellas: y si a juicio del tasador ese inventario no fuese correcto, o si hubiese transcurrido tanto tiempo ■desde que se hizo que haya dejado de ser fidedigno, y si dicho comer-ciante o negociante dejare de presentar un nuevo inventario dentro del término de diez días, o si el tasador no considerare fidedigno este último inventario, entonces el tasador valuará dichas existencias cxa-minándolas personalmente.' '

Examinemos la jurisprudencia en que se apoyó el Tribunal de Contribuciones para resolver, como resolvió, que el “valor en el mercado” de la mercancía para los efectos de su tasación es el precio por el cual el dueño o productor de la mercancía la ofrece en venta al detal a quien desee com-prarla en el curso ordinario de su negocio.

En Cliquot v. United States, 70 U. S. 114, 18 L. ed. 118, el Gobierno Federal instituyó un procedimiento para la con-fiscación de un número de cajas de champagne exportadas de Francia e importadas por el puerto de San Francisco. Se alegó en la demanda que el consignatario “había presen-tado y usado una factura que no contenía una relación fiel y completa del real y verdadero valor en el mercado de dichas mercancías en la fecha y en el sitio cuando y donde las mismas fueron adquiridas o manufacturadas; y que, por el contrario, como muy bien lo sabía dicho dueño, dicha factura era falsa, y el valor en el mercado de la mercancía era mu-cho mayor que las sumas que aparecían en dicha factura”. El juez que presidió la vista, en sus instrucciones al jurado, definió el “valor en el mercado” de la mercancía, así:

"el precio por el cual el dueño de las mercancías, o el productor, las tienen para la venta; el precio por el cual son ofrecidas libremente en el mercado a todo el mundo; aquellos precios que los traficantes en esos artículos están dispuestos a recibir y que los compradores se ven obligados a pagar, cuando los artículos son vendidos y comprados en el curso ordinario de los negocios.”

La Corte Suprema confirmó la sentencia ordenando la confiscación. Posteriormente, en British & Foreign Marine Insurance Co. v. Maldonado & Co., Inc., 182 Fed. 744 y en Muser v. Magone, 155 U. S. 240, 39 L. Ed. 135, se citó con aprobación la instrucción arriba transcrita.

En los casos que acabamos de citar se trataba de la im-posición y cobro de derechos de aduana “ad valorem”, so-bre mercancías compradas en mercados extranjeros e impor-tadas a los Estados Unidos. De conformidad con la sección 2906 de los Estatutos Revisados, “cuando un tipo de dere-chos de aduana ad valorem es impuesto sobre mercancía im-portada ... el colector . . . hará que se tase el actual valor en el mercado o precio -al por mayor de la mercancía, en la fecha de su exportación a los Estados Unidos, en los mer-cados principales del país de donde la mercancía ha sido im-portada, y el valor así tasado será considerado como el valor sobre el cual se impondrán los derechos.” Tanto en el caso de Gliquot como en el de Muser v. Magone, en el que se trataba de bordados en algodón, los inspectores tomaron como base para la valuación de la mercancía el precio al por mayor pagado en el mercado extranjero en donde fué ad-quirida por el importador para ser traída a los Estados Uni-dos. Pero en ninguno de los dos casos se tomó como base para la tasación el precio al detal de la mercancía importada en el mercado consumidor. En realidad la regla aplicada en dichos casos fué la de tomar como base el costo de reposición (replacement value) de la mercancía o sea lo que costaría reponer esa mercancía, comprándola a precio de por mayor en el mercado productor.

Convenimos con el Tribunal recurrido en que la jurispru-dencia sentada por la Corte Suprema Federal debe ser se-guida por nosotros en cuanto pueda aplicarse, pero no po-demos convenir en que los casos que hemos examinado nos obliguen a sostener la resolución recurrida.

Es numerosa la jurisprudencia de las jurisdicciones es-tatales en la que se sostiene que “market vahee” significa “■replacement cost” o “el precio por el cual los artículos pueden ser repuestos por dinero en el mercado, y no el pre-cio por el cual son vendidos al detal.’’ En Rust-Owen, etc. v. Wisconsin Tax Commission, infra, se resolvió que: “market significa el mercado de compra y no el de ventas. Nunca debería ser interpretado como que significa los pre-cios de venta de la entidad a la cual pertenece la mercancía. Tal base para la valuación del inventario resultaría en una anticipación de los beneficios o pérdidas, lo cual es contra-rio a una buena contabilidad”.

Mertens, en su obra “Law of Federal Income Taxation”, Vol. 10, Cap. 59.02, pág. 44-0, dice:

“El valor para los fines contributivos en términos generales se considera ser la cantidad que un vendedor voluntario y un comprador deseoso y capaz de comprar, ambos familiarizados con la situación, razonables en sus puntos de vista, actuando en su propio interés, y cada uno de olios dispuesto a modificar sus puntos de vista en cuanto al valor en lo que fuere necesario para efectuar una venta por una suma razonable, y justa para ambas partes, pagarían y aceptarían.”

En Appeal by Borough of Millbourne, 198 A. 49, 329 Pa. 321, se dijo:

“El procedimiento correcto para fijar el valor de la propiedad para la imposición de contribuciones por el Borough es determinar su valor real (actual value) o sea su valor en el mercado (market value), el cual se define como el precio que un comprador dispuesto pero no obligado a comprar .pagaría a un dueño dispuesto pero no obligado a vender, tomando en consideración todos los usos a que la propiedad es adaptable.”

La misma definición puede encontrarse en numerosos otros casos. Pero en ninguno de los casos citados hemos podido encontrar que para la valuación de mercancías a los efectos del pago de la contribución sobre la propiedad mue-ble se haya tomado como base el precio de la mercancía en venta al detal, como- se hizo en el caso de autos.

Opinamos que el procedimiento seguido por el Tesorero, o sea el de tomar como base para la valoración el precio de venta al detal de cada galón de bitumuls y de laykold depo-sitado en los tanques de la contribuyente el día 15 de enero ■de cada uno de los años en controversia, es contrario al es-tatuto pues con ello se obliga al dueño de la mercancía a pagar contribución sobre ganancias aún no realizadas y que tal vez podrían nunca ser realizadas. Si la propiedad depo-sitada en el almacén del contribuyente y aún no vendida en enero 15, fuese destruida por un incendio ól 16 de enero, el contribuyente, de acuerdo con el método seguido por el Te-sorero estaría obligado a pagar la contribución no solamente sobre el “replacement value” de la mercancía si que tam-bién sobre las ganancias que hubiese podido realizar y que no pudo realizar por haber sido destruida la mercancía. Ése no es ni pudo ser el propósito del legislador.

Somos de opinión, y así lo resolvemos, que el procedi-miento que el legislador tuvo en mente para fijar el valor de las existencias de mercancías u otros efectos para la venta, es el de tomar como base el promedio de su valor en el mercada, o sea el costo de reposición o reproducción para el traficante, durante el año próximo anterior a la fecha de la valuación.

La resolución recurrida debe ser anulada y el caso de-vuelto al Tribunal de Contribuciones para ulteriores proce-dimientos no inconsistentes con esta opinión.

        General Fire Extinguisher Co. v. Beal-Doyle Dry Goods Co., 160 S.W. 889, 892; Wehle v. Haviland, 69 N.Y. 448; Bust-Owen, etc. v. Wisconsin Tax Commission, 231 N.W. 870; H. Lieles & Co. v. Klengenberg, 23 F. 2d 611.

         Kansas City W. & N.W. R. Co. v. Fisher, 30 P. 111; Dady v. Condit, 58 N.E. 900, 902; Clark v. Commercial Trust Co, 181 A. 269, 119 N.J. Equity 133; Madisonville, etc. v. Ross, 103 S.W. 330; Underwood Typewriter Co. v. City of Hartford, 122 A. 91; Smith v. Louisville N. R. Co., 209 N.W. 465; Cumberland Pipe Line Co. v. Commonwealth, 15 S.W. 2d 280; Philadelphia & Reading Coal Co. v. Commissioners, 186 A. 105. Véase: “The Valuation of Property”, by James C. Bonbright, págs. 291 y 506.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Jorge Rodríguez Camacho y José Celso Otero Rodríguez, acusados y apelantes.
    Núm. 11371.

    Sometido: Junio 4, 1946.

      Resuelto: Julio 5, 1946.

      Ernesto J. Fonfrtas y Arturo Ortiz Toro, abogados, respectivamente, de los apelantes; Eon. Procurador General E. Campos Del Toro, Luis Negrón Fernández, Primer Procurador General Auxiliar, y J. Correa Suárez, Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, aboga-dos de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal

Pablo Torres, Jorge Rodríguez y José Celso Otero fue-ron acusados de un delito de escalamiento en primer grado. Habiendo fallecido Pablo Torres, el Fiscal el día del juicio solicitó el' sobreseimiento de la acusación contra dicho acu-sado, continuando el caso contra los otros dos. Celebrado el juicio por tribunal de derecho, los dos acusados fueron declarados culpables y luego de denegar una moción de nuevo juicio radicada por José Celso Otero, fueron senten-ciados a un año de presidio con trabajos forzados. Los dos apelaron, pero el acusado Jorge Rodríguez no presentó ale-gato. José Celso Otero presentó el suyo y fundamentando-su recurso señala como primer error, que la prueba es insu-ficiente para sostener la sentencia dictada contra él.

De la evidencia resulta que Rafael Alvarez, dueño de un camión, lo entregó a Pablo Torres y le dió el dinero necesario para engrasarlo. Torres, en compañía de Otero, fué en el camión al barrio Espinosa, donde se encontraron con Jorge Rodríguez. Torres y Otero habían estado ingiriendo licor, y al encontrarse con Rodríguez lo invitaron a que fuera con ellos a buscar más bebida. A ese efecto se dirigieron los tres a un pequeño quiosco, propiedad de Antonio Mojica, situado en el barrio Río Lajas de Toa Alta. Al llegar al quiosco, entre once y doce de la noche, lo- encontraron cerrado. Bajaron del camión y Torres, con un pedazo de hierro, forzó la única puerta del establecimiento y penetró acompañado de Jorge Rodríguez. Otero permaneció en el camión, según él, dormido por el efecto del alcohol que había tomado. Torres y Rodríguez sacaron las existencias del quiosco y las colocaron en el camión. En los momentos en qne Antonio Mojica, dueño del quiosco, quien había sido avisado del escalamiento, venía a investigar lo que sucedía, los tres acusados partieron rápidamente en el camión, sin ser identificados.

Declaró Antonio Mojica que unos días después de haberse cometido el escalamiento los acusados tuvieron una entre-vista con él, en el curso de la cual le dijeron: “ . . . que mi-rara a ver qué podía yo hacer por ellos, y cómo se podía arreglar eso; que ellos estaban dispuestos a darme más dinero de lo que valían las provisiones que se habían llevado de mi establecimiento; que nunca se habían visto envueltos en estos asuntos; que eso lo habían hecho bajo unos palos.” Y más adelante, a preguntas del juez, repitió: “Ellos me dijeron que se habían metido dentro del local, dentro de la tienda, y que se habían llevado lo que había en el negocio en un truck.”

El policía Jovino De Jesús declaró que en la investiga-ción que practicó de este caso en el cuartel de la Policía en Toa Alta, los acusados manifestaron que al encontrar el quiosco cerrado, lo abrieron y se llevaron lo que había allí. Repreguntado por la defensa declaró:

“Defensa: ¿Quién fué el que cogió todas esas provisiones que Usted dice?
1 ‘ Testigo: Lo admitió Pablo Torres delante de estos dos, los tres acusados lo admitieron.
“P. — ¿Y quién era el que las tenía esas provisiones?
“Rr. — Las tenía. . . .
“P. — ¿A quién se las ocupó la detective?
“R. — El detective fué quien las ocupó.
“P. — ¿Usted no sabe a quién se las ocupó?
“R. — No, señor.
“P. — ¿Usted no sabe si se las ocupó a este muchacho (señalando a un acusado), o si se las ocupó a este otro (señalando al otro acu-sado) ?
“R. — De éso yo no participé.
“P. — 4Fué ei detective el que las ocupó?
“R. — Sí, señor.”

El detective Wilfredo Martinó, quien arrestó a los acu-sados, declaró que Torres, en presencia de los otros dos acu-sados, le dijo que los tres habían sido los que escalaron el cafetín; que al hacer Torres estas manifestaciones Otero protestó diciendo que él (Otero) estaba embriagado y se ha-bía quedado dormido dentro del camión cuando los otros es-calaban la tienda.

Se observará que el detective y el policía no están de acuerdo en lo que respecta a la admisión que según el poli-cía De Jesús hicieron los tres acusados, pues de acuerdo con la declaración del detective, tan pronto Torres manifestó que los tres habían cometido el escalamiento, Otero rechazó la imputación en la forma ya indicada. Además se observará que el policía De Jesús, al preguntársele quién era el que tenía las provisiones, a pesar de que no le constaba, estuvo presto a declarar quién las tenía, pero al ser interrumpido por la defensa preguntándole a quién se las ocupó el detective, manifestó entonces que fué el detective quien las ocupó y que él no sabía nada sobre ese particular.

Jorge Kodríguez declaró cómo se encontró con los otros dos acusados en el barrio Espinosa y fueron al quiosco en Eío Lajas; que al llegar al quiosco Torres descerrajó la. puerta, sacó las provisiones y las puso dentro del camión; y que Otero no ayudó a sacar las provisiones.

, La declaración del detective Wilfredo Martinó, en cuanto a lo que manifestó Torres en presencia de los acusados al efecto de que los tres habían escalado el cafetín, no es ad-misible ni hace prueba contra Otero porque éste inmediata-mente rechazó la imputación. Esa evidencia hace prueba solamente contra la persona a quien se le imputa participa-ción en un delito y no la rechaza. El hecho de no negar la imputación cuando pudo hacerlo, constituye una admisión, porque se presume que al no negar la imputación, la asin-tió. 4 Wigmore, Evidence, (3ra ed. 1940) sección 1071, pág. 70.

Descartada la declaración del detective y la del policía De Jesús, contradicha por la del primero en lo que respecta a la confesión, sólo nos queda discutir el testimonio de Mo-jica. Se observará que los acusado's vinieron donde éste con el propósito de hacer una transacción para evitar ir a juicio. Estando los tres acusados juntos cuando-hablaban con dicho testigo, es de presumirse que no todos hablarían a ía vez. Tampoco podemos presumir que cada uno de ellos iba repi-tiendo sucesivamente lo que decía el otro. Lo lógico era que uno de ellos hablase por los demás. Y como el propósito era lograr de Mojica que el caso se archivase, y si a los efec-tos de lograr la transacción el que hablaba aceptaba que ha-bían cometido el delito, no era de esperarse que se suscitase discusión entre ellos para evitar ser perjudicados por la ad-misión que el otro hiciera. Como dice Wigmore, hay casos donde el silencio de la parte levanta una presunción o infe-rencia contra él; pero esta presunción deriva toda su fuerza de las circunstancias concurrentes bajo las cuales se hizo la imputación o manifestación que pueda exigir una negativa. Ob., T. y Sec. eit., pág. 71.

La declaración del policía De Jesús en lo que a la admi-sión de Otero respecta, fue contradicha por la del detective Wilfredo Martinó. La de Mojica, que tiende a incriminar al acusado, es tan imprecisa én cuanto a Otero, que la creemos insuficiente para sostener un fallo en contra de dicho acusado. En tales circunstancias, el Fiscal, en cuanto a Otero, no ha pro-bado su culpabilidad más allá de duda razonable, y siendo ello así, debió el juez inferior darle el beneficio de la duda absol-viéndolo.

Procede revocar la sentencia en cuanto al acusado José Celso Otero y absolverlo, y se desestima la apelación en cuanto al acusado Jorge Rodrigues, guien abandonó su re-curso al no presentar alegato.

       Obsérvese que esta manifestación del testigo está en contradicción con el resto de la prueba, de la que resulta que José Celso Otero on ningún momento penetró en el local.


text:
    Transportation Service Co., recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., demandada.
    Núm. 360.

    Sometido: Julio 1, 1946.
    Resuelto: Julio 11, 1946.

      M. León Parra, abogado del recurrente; Frank Torres, abogado de los beneficiarios del obrero.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El obrero José Antonio García trabajaba c.omo peón- de truck con el patrono Transportation Service Company. En el curso de su trabajo, el 7 de abril de 1945, mientras el camión viajaba de Adjuntas para Ponce, García cayó a la carretera pasándole por la cabeza las ruedas del ca'mión, a consecuencias de lo cual murió instantáneamente. El patrono estaba asegurado y al investigar el caso el Administrador del Fondo del Estado, concedió a los padres del obrero, sns únicos beneficiarios, nna compensación de $2,275. No estu-vieron éstos satisfechos y recurrieron para ante la Comisión Industrial, donde alegaron que, como el obrero tenía para la fecha del accidente la edad de 17 años, 4 meses y 13 días, su empleo había sido en violación de la ley prohibiendo el trabajo de menores y reclamaron el .derecho a compensa-ción adicional por parte del patrono, en una cantidad igual a la concedida por el Administrador del Fondo del Estado. Invocaron el párrafo 5 -del art. 3 de la Ley de Compensa-ciones por Accidentes del 'Trabajo (Leyes de 1935 (1) pág. 251), según quedó enmendada por la Ley núm. 162 de 1943 (pág. 525), el cual en lo pertinente, prescribe:

“Bn caso de obreros menores de diez y ocho (18) años empleados en eontravensión a las leyes regulando el empleo de menores vigentes a la fecha del empleo, que sufrieren lesiones, o enfermedades oeupa-cionales de acuerdo con los términos de esta Ley, la compensación que les corresponda por cualquier incapacidad permanente a que quedaren afectos, o a sus beneficiarios en casos de muerte, será el doble del importe correspondiente a un obrero de diez y ocho (18) años empleado legalmente; Disponiéndose, que la doble penalidad a que se refiere esta sección no será aplicable al caso de un patrono que sea inducido a error por la apariencia física del menor o por una declaración jurada hecha con anterioridad al empleo del menor por el padre, por la madre, o por el tutor o encargado del menor, en que se haga constar que éste es mayor de edad. ...”

El patrono, a su vez, alegó que al emplear al obrero, fue inducido a error por su apariencia física y por haber estado haciendo el. mismo trabajo para otros patronos, por lo que creyó de buena fe que era mayor de edad. Para sostener su contención presentó en evidencia la declaración de Carlos Nicole, dueño de una empresa de trucks, con quien el obrero había trabajado en ocupación similar durante los meses in-mediatamente anteriores a su empleo por la corporación Transportation Service Co.; presentó además las nóminas de ía empresa de trucks del Sr. Nicole, varias fotografías del obrero, así como las declaraciones de varios testigos, mecáni-cos unos y chóferes otros, que conocían al occiso, presentán-dose dicha evidencia con el objeto de probar que por su aspecto físico y la fuerza que desarrollaba en su empleo, nadie podía sospechar que el obrero fuese menor de 21 años.

Basándose en el art. 15 de la Ley núm. 230 “Para Re-glamentar el Empleo de Menores . . . ”, aprobada el 12 de mayo de 1942 (pág 1299) y en el caso de Sucn. Lledó v. Comisión Industrial, 65 D.P.R. 430, la Comisión decidió que como el menor había sido empleado en violación de la ley en nna ocupación declarada peligrosa a la vida y a la sa-lud del menor, para lo cual el obrero no podía ser legalmente autorizado ni por sus padres ni por funcionarios del Depar-tamento del Trabajo, no procedía la defensa reconocida al patrono por el párrafo 5 del art. 3 de la Ley de Compensa-ciones por Accidentes del Trabajo. Y refiriéndose a la prueba del patrono la Comisión se expresó así:

“A nuestro juicio, la defensa interpuesta por el patrono en este caso no puede prosperar, y se hace innecesario el que- la Comisión Industrial se extienda a analizar la prueba presentada ni a resolver la cuestión que sobre las fotografías del obrero occiso se nos pre-sentara. ’ ’

Al denegar la reconsideración que solicitó el patrono, la Comisión aclaró más su posición diciendo:

“En otras palabras, la posición de la Comisión Industrial es que en aquellos casos en que el obrero menor de edad es empleado para trabajar en una ocupación declarada como peligrosa a la salud y a Ja vida de! trabajador, en virtud del artículo 15 de la ley que regula el empleo de menores, no cabe la defensa de que el patrono fuera in-ducido a error por la apariencia física del menor. Entiende la Co-misión Industrial que esta defensa solamente, puede prosperar en aquellos otros casos especificados en la ley en que el obrero fué em-pleado para trabajar sin que medie permiso del Departamento del Trabajo.”

Y volviéndose a referir a la prueba presentada por el pa-trono, se expresó así:

“Indudablemente, que si fuésemos a considerar esta defensa en el presente caso, tendríamos que dar seria consideración a la evidencia aportada por el patrono, ya que la misma resultaba bastante convin-cente para sostener la teoría sustentada por él, pero como acabamos de apuntar, este Organismo entiende que esta defensa no puede aducirse en un caso como el presente en que el obrero fué empleado para trabajar en una de las ocupaciones peligrosas así declaradas por la ley, y como dijo el Tribunal Supremo que el que así actúa, lo bace en violación del estatuto no pudiéndose para ello obtener ni permiso de los padres ni tampoco del Departamento del Trabajo.”

El párrafo 5 del art. 3 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, según fné enmendado por la citada Ley de 1943, al prescribir que la penalidad a que se refiere dicho precepto legal no es aplicable “al caso de un patrono que sea inducido a error por la apariencia física del menor o por una declaración jurada becba con anterioridad al em-pleo del menor por el padre, por la madre, o por el tutor o encargado del menor, en que se haga constar que éste es mayor de edad”, no establece diferencia alguna entre ocu-paciones declaradas peligrosas y las que no lo son.

El caso de Sum. Lledó v. Comisión Industrial, supra, no sostiene la contención de la Comisión Industrial. .Allí se alegó la defensa de que el patrono fué inducido a error por la apariencia física del menor, pero la evidencia que en apoyo de ese extremo presentó el patrono, no fué creída por la Comisión y consecuentemente dicha defensa no prosperó. También alegó el patrono en aquel caso que el padre del obrero verbalmente le había dicho que su hijo era mayor de edad y se resolvió que como la ley exige, para que pueda prosperar esa defensa, que la manifestación del padre, de la madre o del tutor del obrero a ese efecto se haga en de-claración jurada, tampoco prosperó la defensa del patrono. El hecho de que en el último párrafo de la opinión en el caso de Sucn. Lledó se. dijese que el trabajo en el cual fué empleado el menor era una ocupación peligrosa a la salud y a la vida, para lo cual no podía ser legalmente autorizado ni por sus padres ni por los funcionarios del Departamento del Trabajo, no significa que el patrono no tuviese derecho a establecer la defensa de haber sido inducido a error por la apariencia física del menor.

Las resoluciones de la Comisión Industrial son erróneas y procede su revocación; pero como en las resoluciones re-curridas no se expusieron las conclusiones de h&cho a que llegó la Comisión Industrial, nos vemos competidos a devol-ver el caso pa/ra que se dicte nueva resolución estableciendo dichas conclusiones aplicando a las mismas los principios le-gales enunciados en esta opinión.

      Dicho art. 15, en lo pertinente, prescribe:
      “Ningún menor de diez y ocho (18) años será, empleado ni se le permitirá ni tolerará que trabaje en ninguna do las siguientes ocupaciones, declaradas peli-grosas a la salud y la vida ni en relación con ellas:

        “ *' * * * * * *
      “Como conductor de un vehículo de motor o ayudante del mismo, entendién-dose por ayudante cualquier persona que vaya en el vehículo y realice trabajos relacionados con la distribución de mercancías.”

      E1 párrafo 5 del art. 3 fué nuevamente enmendado por la Ley núm. 284 de 15 de mayo de 1945 (pág. 1037) con posterioridad a la fecha de este accidente, eliminando el “Disponiéndose” en que basa su defensa el patrono.