text:
    José Rodríguez Pérez, demandante, apelante y apelado, v. El Municipio de San Juan, Etc., demandado, apelado y apelante.
    Núm. 7394.

    Sometido: Febrero 25, 1938.

      Resuelto: Abril 8, 1938.

      A. Ortiz Toro, abogado del apelante apelado; J. ValidejuM Rodríguez, abogado del apelado apelante.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una acción reivindicatoría ejercitada por José Bodríguez Pérez contra el Gobierno de la Capital de Puerto Rico. Los litigantes, con la aprobación de la corte inferior, estipularon gran parte de los hechos alegados en la demanda y controvertidos en la contestación. Pueden darse, pues, los que siguen, como alegados y admitidos.

El demandante es dueño desde el 5 de junio de 1919 de una finca urbana radicada en la sección norte del barrio de Santurce, del término municipal de San Juan. Consta de una casa de madera techada de hierro galvanizado, con frente a la Avenida Ponee de León, enclavada en un solar de 26 varas por el sur, 34 por el norte y 32 varas y un pie por el este y el oeste. Colinda por el norte con solar de José Rodríguez Pérez; por el sur con la Avenida Ponce de León, a la que da frente; por el este con solar de Ignacio Colón, y por el oeste con la calle Simón Bolívar. Dicha finca consta inscrita a favor del demandante en el registro de la propiedad corres-pondiente.

En 27 de febrero de 1923 el demandado ocupó, para uso de la comunidad, parte de la referida finca, en la extensión y con los linderos que se dirán, manteniéndose desde entonces en posesión de ella sin justo título y a sabiendas de que per-tenece al demandante. La parcela en cuestión ocupa una superficie de 91 metros 37 centímetros cuadrados, y colinda por el norte con la finca principal; por el sur con la Avenida Ponce de León; por el este con solar de Ignacio Colón, y por el oeste con la calle Simón Bolívar.

En cuanto al valor de la faja de terreno detentada, que el demandante fija en $4,068.50 y a los daños causados por la detentación, que el demandante hace subir a $49,502.18, las partes no llegaron a ningún acuerdo, siendo ésas, por tanto, las verdaderas cuestiones de hecho sobre las cuales existe disparidad de criterio entre los litigantes.

En cuanto a la segunda Causa de acción, que de dos consta la demanda, el demandado reconoce que el demandante es dueño de una faja de terreno ocupada por el demandado para uso público, que mide 76 metros con 18 centímetros cuadra-dos de superficie, colindante por el norte con Bernardo Eer-nández, al sur con la Avenida Ponce de León, al oeste con la calle Simón Bolívar, y al este con el solar de que forma parte, ya descrito como del demandante. Lo estipulado limita la controversia de Lechos a si el demandado ocupó dicha par-cela desde hace alrededor de 14 años para hacerla formar parte 'de la calle Simón Bolívar, como alega el demandante, o si por el contrario, está desde hace más de 30 años dedi-cada al uso público, y a si la parcela detentada vale $3,227.20 ó $457.08 como respectivamente alegan el demandante y el demandado. Quedó además en issue si hubo o no mala fe en la ocupación, y el importe de los daños ocasionados por ella, si algunos hubo.

Visto el caso declaró la corte inferior con lugar la de-manda, condenando al demandado a pagar al demandante la suma de $8,356.98 por los conceptos que después se dirán, pagando cada parte sus propias costas. No. conformes con dicha sentencia, ambas partes apelaron para ante este tribunal. El demandado señala en su alegato dos errores; el demandante los siguientes diez:

“1. Al no resolver que la falta de justo título es evidencia per se de la mala fe del detentador.
“2. Al resolver que la teoría de que la falta de título implica la falta de buena fe, si es una teoría aplicable a una corporación política, de ser aplicable al Municipio demandado 'está ya de cam-biarse. ’
“3. Al resolver qpe el hecho de ocupar una parcela para una-calle el Municipio demandado, cuando por la forma de edificación no se causaba trastorno a la propiedad, no es per se evidencia de mala fe.
“4. Al resolver que la ocupación de una parcela del demandante apelante y apelado aun sin justo título no equivale a mala fe en la posesión, equivalente a una usurpación u ocupación de la propiedad sin un debido proceso de ley.
"5. Al sostener que el Municipio demandado tiene en determi-nadas ocasiones facultad para ocupar fajas o porciones de terreno, porque siendo una entidad de constitución perpetua, tiene siempre el perjudicado el poder o la facultad de ser indemnizado o resarcido de los daños que se le ocasionen.
“6. AI no condenar al Municipio demandado a indemnizar al demandante en la suma de veinticinco mil dólares por no haber po-dido construir un edificio que tenía proyectado, así como por no haber podido desarrollar y ampliar su negocio.
“7. Al no condenar al demandado a pagar al demandante ape-lante la suma de dieciséis mil ochocientos sesenta y siete dólares ($16,867) por el costo de ajustar la construcción o reconstrucción del edificio sobre el inmueble que se describe en la demanda, con motivo del cambio de la rasante de la calle llevado a efecto por el demandado sobre la faja de terreno que da a la Avenida Ponce de León.
“8. Al no condenar al Municipio demandado a pagar al deman-dante por la disfrutación (sic) de la faja que da a la Avenida Simón Bolívar y por las rentas y utilidades que dejó de percibir con motivo de la detentación de dicha faja, estimada en la suma de cinco mil dólares ($5,000).
“9. Al no condenar al Municipio demandado al pago de las costas, desembolsos y honorarios de abogado.
“10. En la apreciación de la prueba y la aplicación de la ley al no justipreciar las fajas de terreno en las Avenidas Ponce de León y Simón Bolívar, en las sumas de $4,068.50 y $3,227.20, res-pectivamente, que totalizan la suma de $7,295.70.”

Creemos innecesaria nna extensa disensión de los primeros cinco señalamientos. Cuando la sentencia es correcta, y las razones o fundamentos equivocados, no se causa a la parte querellante agravio o perjuicio alguno que pueda invocar como base de una apelación. Ésta se establece contra la sentencia, para corregir los errores que contenga, y no contra la opinión en que descansa, aun cuando fuere equivocada.

“El tercer error se refiere a uno de los fundamentos que tuvo la corte inferior para dictar la sentencia que dictó. Pero si ésta es correcta, el hecho de que los fundamentos sean erróneos no es motivo para revocar.” Ryan v. Sucn. Ryan, 51 D.P.R. 44, 54, y casos citados.

Las cuestiones que suscita el apelante en sus cuatro primeros señalamientos de error relativas a la buena o mala fe con que el demandado detenta las parcelas de terreno objeto de este litigio, si bien son importantes a los efectos de adjudicar los frutos, carecen sin embargo de finalidad prác-tica en este recurso, porque en la sentencia se concede al ape-lante, no obstante las manifestaciones del juez sentenciador en su opinión, todo cuanto tendría derecho a recibir de un poseedor de mala fe, como veremos. Y si es eso lo que per-sigue el apelante, ¿qué importa que en su opinión la corte inferior dijera lo que el apelante le atribuye en dichos cuatro primeros señalamientos 1

Es cierto que de la opinión emitida en este caso, y espe-cialmente de las frases contenidas en ella que el apelante con-sidera equivocadas, no se desprende que la corte a quo con-siderara al municipio demandado como poseedor de mala fe, pero como a pesar de ello adjudicó los frutos con arreglo al artículo 384 del Código Civil, huelga resolver si se cometie-ron o no los cuatro primeros errores que como tales señala en su alegato el apelante, pues aun cuando aceptáramos que en ellos incurriera el juez sentenciador, el apelante no adqui-riría por eso más derechos de los que le fueron reconocidos. Si el apelante fue indemnizado o no de todos aquellos daños que son reparables dentro del citado artículo 384, lo resolve-remos al estudiar otros errores que han sido levantados.

Ese artículo, transcrito literalmente, dispone:

“Artículo 384. — El poseedor de mala fe abonará los frutos per-cibidos y los que el poseedor legítimo hubiere podido percibir, y sólo tendrá derecho a ser reintegrado de los gastos necesarios hechos para la conservación de la cosa. Los gastos hechos en mejoras de lujo y recreo no se abonarán al poseedor de mala fe; pero podrá éste llevarse los objetos en que esos gastos se hayan invertido, siempre que la cosa no sufra deterioro, y el poseedor legítimo no prefiera quedarse con ellos, abonando el valor que tengan en el momento de entrar en la posesión.”

En la sentencia apelada la corte inferior condena al de--mandado a pagar al demandante la suma de $8,356.98, que se descompone en las siguientes partidas:

“$2,741.10 por la parcela o faja de terreno correspondiente a la Avenida Ponce de León.
“$1,904.50 por la parcela o faja de terreno correspondiente a la calle de Simón Bolívar.
“$3,345.00 como indemnización por los frutos o rendimientos que tales parcelas de terreno han debido producir al demandante y por todo el tiempo que las mismas han estado én posesión del demandado.
“$366.38 por concepto de contribuciones pagadas al Tesoro Insular por las dos parcelas de terreno a que se contrae este pleito. ’ ’

La partida de $3,345 como indemnización al demandante por los frutos que las parcelas de terreno han debido produ-cirle, y a la que no tendría derecho de haber la corte consi-derado al demandado como poseedor de buena fe, claramente demuestra que aquélla tuvo en mente el artículo 384 del Có-digo Civil al dictar la sentencia apelada.

El quinto señalamiento de error, como los otros cuatro que le preceden, se refiere a supuestos errores en la opinión, que de haberse cometido no alterarían la sentencia, y en vista de ello no le daremos mayor consideración.

Consideraremos ahora si la corte inferior concedió al demandante toda la indemnización a que tenía derecho, de acuerdo con el citado artículo 384 del Código Civil.

El demandante reclama en su demanda la cantidad de $25,000 “por haberle sido imposible ... la construcción de un edificio que tenía proyectado y en condiciones de poder construir en y antes de la fecha de la detentación, así como por no haber podido desarrollar y ampliar su negocio”; $16,867 por “ajustar la construcción o reconstrucción del edi-ficio sobre el inmueble . . . con motivo del cambio de la ra-sante de la calle,” y $5,000 por “beneficios, rentas, utilida-des e intereses sobre” la faja de terreno que da a la calle Simón Bolívar. La corte estimó que esas partidas eran remo-tas, especulativas, ilógicas e irrazonables y se negó a conce-, derlas. De ello se queja el apelante en el sexto, séptimo y octavo errores, que examinaremos separadamente.

En cuanto a la de $25,000, estamos de acuerdo con el cri-terio de la corte inferior. Conceder que el demandante tiene derecho a daños por haberle sido imposible construir un edi-ficio que tenía proyectado, sería invadir el campo de la con-jetura y de la especulación. Concurren tedios futuros cuya exactitud es imposible predecir, tales como importe de los arrendamientos, que fluctúan de acuerdo con el abasto y la demanda y la fiabilidad para pagarlos; número de locales desocupados y tiempo que permanecen en ese estado; cáno-nes que por una u otra razón no fian podido cobrarse, e infi-nidad de causas varias que no es necesario enumerar.

“Otro error cometido por el árbitro y por la corte se refiere al alcance que debe dársele a la regla de que un poseedor de mala fe está obligado a responder de todo lo que la propiedad poseída puede hacerse producir. No creemos que esta regla requiera del poseedor que cambie el estado de la propiedad. Supongamos, por ejemplo, que una región vasta de terreno virgen, en su casi totalidad, un bosque, puede hacerse producir grandes rendimientos de granos y productos agrícolas si se limpiara el bosque, se arara y se cultivara. ¿Está el poseedor de mala fe — sólo técnicamente, quizá — obligado a responder al verdadero dueño una vez obtenga éste sentencia, de las miles de fanegas de trigo y maíz u otros productos agrícolas que pudieron cultivarse en la tierra? ¿Es el deber de un poseedor, aunque lo sea de mala fe, cambiar la naturaleza del terreno, de virgen a cultivado, agrícola, por ejemplo, o abrir y trabajar una mina de hierro, cobre u oro para derivar de la tierra su mayor rendi-miento y entregarlo luego al verdadero dueño? ¿Es que prevalece acaso tal principio de ley? Creemos que no. El cálculo de tales éntradas futuras (undeveloped) es totalmente especulativo en ex-tremo (too speculative a matter). New Orleans v. Gaines, 131 U. S. 191, 217.

Nada más elocuente para demostrar basta qué grado puede especularse con esa clase de daños, que los propios cálculos del demandante. Declaró en el juicio que proyectaba la cons-trucción de un edificio a un costo de $45,000, que esperaba le produjera “$800 y pico de pesos” limpios, mensualmente, esto es, $9,600 al año. Esa renta limpia representa un poco más del 21 por ciento limpio sobre el capital invertido, lo que sería indudablemente una ganancia exagerada y tal vez sin precedentes.

. . El resto hasta $768.77, o sean $549.12, se reclama, usando las mismas palabras empleadas en la demanda, ‘por importe del 25 por ciento sobre 219 dólares 65 centavos que el demandante ha per-dido por lo dejado de ganar mensnalmente, como producto líquido de dicho dinero en su casa de comercio, desde el 24 de octubre de 1911, hasta la fecha, o sean 18 meses.’

“Prescindiremos de investigar y resolver si existe o no causa de ■acción con respecto a las partidas de $131.55 y $88.10, limitando nuestro examen a la de $549.12 que se reclama como ganancia dejada de obtener.

“Hemos resumido substancialmente los hechos alegados en la demanda y al referirnos luego a la partida de $549.12, hemos trans-crito textualmente la alegación del demandante. Como puede verse de todo ello, no se expone ninguna circunstancia extraordinaria, sino que simplemente se reclama un veinte y cinco por ciento mensual, ■o sea un trescientos por ciento anual, como producto líquido de la cantidad dejada de percibir por el demandante y de la gastada por él, según sostiene, con motivo de los actos del demandado, emplea-das dichas cantidades en la casa de comercio del demandante. Es tan extraordinaria la pretensión del demandante, está tan desprovista de fundamento su reclamación de un veinte y cinco por ciento men-sual, que es necesario concluir que no tiene causa de acción con res-pecto a la partida de $549.12.” González v. Rosado, 23 D.P.R. 1.

En Palou y Sobrino v. Dueño et al., 15 D.P.R. 570, esta corte se refirió a una solicitud de daños y perjuicios pare-cida a la presentada en este caso, usando el siguiente lenguaje:

“. . . En la cláusula cuarta de la demanda, se enumeran los daños y perjuicios como sigue:
“I.
“2. Producto de 25 cuerdas de tabaco que se pensaban sembrar ■en esos terrenos según costumbre de los arrendatarios, $500. . . .
“La segunda partida, o sea la referente a las ganancias que los apelantes hubiesen podido obtener, del tabaco, es manifiestamente demasiado inverosímil. ’ ’

. Convenimos con la corte inferior en que los daños recla-mados por el indicado concepto son demasiado remotos, espe-culativos e irrazonables. No existe precepto legal alguno que pudiera justificar la concesión de tales daños.

El séptimo error demanda cuidadoso análisis. Al considerar el juez sentenciador la partida de $16,867 reclamada por el demandante como el costo de ajnstar el edificio a la nueva'rasante establecida en la avenida Ponce de León, estimó que se trataba de daños remotos, especulativos, ilógicos e irrazonables, y los negó. Quizás sea conveniente dejar establecido antes de proseguir, que el examen que fiemos fiecho de la prueba nos fia llevado al convencimiento de que la diferencia entre el antiguo y el nuevo nivel de la Avenida Ponce de León en el sitio donde radica el solar del demandante, es de un metro y treinta y cinco centímetros.

El artículo 2 de la Ley Orgánica de Puerto Rico dispone que “la propiedad particular no será tomada ni perjudicada para uso público, a no ser mediante el pago de una justa compensación fijada en la forma provista por la ley.” En ausencia de preceptos constitucionales como el citado o de estatutos al mismo efecto, ni la Corte Suprema de los Esta-dos Unidos ni las de los diferentes estados fian considerado a una corporación municipal responsable por daños conse-cuentes (consequential damages) causados a un colindante como resultado del cambio de nivel de una calle a menos que mediara negligencia o que el municipio ocupara terreno de dicfio colindante. Dorman v. City of Jacksonville, 13 Fla. 538; Simmons v. City of Camden, 26 Ark. 276; Fuller v. Atlanta, 66 Ga. 80; Wright v. City of Wilmington, 92 N. C. 156; Reynolds v. Mayor, etc., of Shreveport, 13 La. Ann. 426-428; 5 McQuillin, Municipal Corporations, sec. 2114, pág. 460. La misma doctrina prevalecía y aún subsiste en aquellos estados en que no se fia conferido al perjudicado una causa de acción basada en esos fieefios, y cuyas constituciones sólo garanti-zan que la propiedad particular no sería “tomada” para uso público sin debida compensación. Northern Transp. Co. v. Chicago, 99 U. S. 635; City of Kokomo v. Mahan, 100 Ind. 242; Smith v. City of Eau Claire, 78 Wis. 457. En este último dijo la corte:

“Posiblemente no existe regla de derecho más firmemente esta-blecida qne la de qne si resultan a nn terrateniente daños conse-cuentes (consequential damages) por subir o bajar un municipio el nivel de sus calles, ello no es una ocupación de propiedad privada para uso público dentro del significado de la constitución; y la de que si un municipio actúa por autoridad legal y con cuidado al alte-rar el nivel, no es responsable de tales daños, excepto por estatuto o por precepto constitucional.”

En el año 1870 el Estado de Illinois enmendó su constitu-. ción para garantizar no sólo que la propiedad privada no sería “tomada” para uso público a no ser mediante el pago de una justa compensación, sino tampoco “perjudicada” {damaged). El ejemplo fue seguido por muchos otros esta-dos, y por el Congreso Federal al redactar y más tarde apro-bar nuestra Carta Orgánica. La enmienda trajo como resul-tado un cambio radical en la jurisprudencia que regula la res-ponsabilidad de las corporaciones municipales al establecer y variar los niveles o rasantes de sus calles y avenidas. En 30 American State Eeports 835 se resume así esta nueva situación:

“. . . Bu estados donde este especial precepto constitucional existe, las cortes unánimemente ban sostenido que aunque con ante-rioridad a su promulgación una corporación municipal no incurría en responsabilidad hacia un terrateniente colindante por ningún daño que sufriera debido a actos de la ciudad al establecer o cambiar el nivel de sus calles excepto cuando la propiedad de aquél era en efecto ocupada, sin embargo, bajo tales preceptos constitucionales una ciudad es responsable por todo daño directo y consecuente {consequential) que surja de sus actos al establecer o cambiar el ni-vel de las calles a menos que compense dentro de un procedimiento de expropiación forzosa, antes de realizar el trabajo, o a menos que el perjuicio que cause, lo comparta el público en general. (Citas.) Esta regla ha sido sostenida por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de Chicago v. Taylor, 125 U. S. 161, donde la corte concluyó que bajo un precepto constitucional al efecto de que la propiedad privada no sería ocupada o perjudicada para uso público sin una justa compensación, prevalecería una acción en todos aquellos casos donde la propiedad privada hubiere sufrido un perjuicio substancial con motivo del establecimiento o cambio del nivel de una calle por una ciudad, aunque esos daños sean por su naturaleza directos o consecuentes (consequential) ; y cuando al establecerse el nivel de una calle o al bajar o subir el que ya existe se causa daño a la propiedad, esa propiedad ba sido perjudicada para uso público dentro del significado de dicho precepto constitucional. Worth v. City of Springfield, 78 Mo. 107; McElroy v. Kansas City, 21 Fed. 257.”

En Reardon v. San Francisco, 66 Cal. 492, 505, la Corte Suprema del Estado dijo:

“. . . El precepto abarca daño a la propiedad privada, inclu-yendo tierra, y lo que a ella está adherido. Si la tierra o los edifi-cios en ella, o cualquiera de ellos son perjudicados, este precepto re-quiere que sean compensados. Y si no se ha obtenido compensación al expropiar la tierra para la calle, dentro de un estatuto de expro-piación (véanse secciones 237, 1263 Código de Enjuiciamiento Civil, parte tercera, título 8) puede obtenerse en una acción.”

En el de City of Atlanta v. Green, 67 Ga. 386, se dijo:

“. . . En anteriores constituciones las palabras eran distintas a las de la actual. ‘La propiedad privada no será ocupada para uso público sin justa compensación,’ eran las palabras usadas corriente-mente. Pero bajo la constitución de 1877, se persigue mayor pro-tección hacia la propiedad de los ciudadanos; y ahora ‘no será ocu-pada o perjudicada’ para uso público sin justa compensación. El precepto no determina si los daños han de ser inmediatos y directos o consecuentes (consequential). Cualquier daño- a la propiedad para uso público■ debe ser compensado

En 4 McQuillin, Municipal Corporations, pág. 384, seo. 1599, dicho comentarista se expresa en una nota al calce de la página, del modo siguiente:

“. . . Donde este especial precepto constitucional existe, la re-gla sobre responsabilidad municipal ha sido cambiada y grandemente ampliada. Sin excepción alguna, las cortes han sostenido que aun-que con anterioridad a estos preceptos una corporación municipal no •era responsable a un terrateniente colindante por ningún daño su-frido' debido a actos de la ciudad al establecer o cambiar el nivel de sus calles, a menos que la propiedad fuera realmente ocupada, bajo tales preceptos una ciudad es responsable de todos los daños directos y consecuentes (consequential) que resulten de alteraciones en. el nivel de las calles, cuando el perjuicio así causado exceda del beneficio derivado con el cambio. Desde luego, que es aplicable la misma regla a toda mejora de carácter público.”

La corte de distrito cometió error, pues, al resolver como cuestión de derecho que por consistir la partida de $16,867 de daños remotos, especulativos, ilógicos e irrazonables, no tenía el demandante derecho a recobrarlos. Veamos ahora si ■con el ensanche de la carretera el demandante sufrió algún perjuicio.

La medida de daños en estos casos es la diferencia entre el valor de la propiedad antes y después de la mejora.

“Medida de Daños — Los daños generalmente se regulan por la disminución del valor razonable de la propiedad en el mercado, que ha sido directamente afectada con motivo de la mejora, y se fijan teniendo en cuenta la naturaleza de la mejora y las circunstancias de cada caso, a tenor de la ley aplicable. En otras palabras, la medida de daños que resultan a la propiedad debido a un cambio en el nivel de la calle u otra mejora pública, es la diferencia entre el valor razonable de la propiedad, en el mercado antes de realizarse el trabajo, y el valor después, menos algún beneficio o ventaja especial que resulte. Me. Quillin, Municipal Corporation, vol. 5, pág. 506, see. 2139.

En 30 American State Reports 845, se dice:

"... La regla se establece en Parker v. Atchison, 46 Kan. 14, como que es la de que cuando una ciudad cambia el nivel de sus calles, un terrateniente colindante tiene derecho a cualquier daño especial que reciba; y en una acción para recobrarlos, el jurado puede tomar en consideración la condición de la propiedad, la calle, el nivel, y también el valor en el mercado de la propiedad inmediatamente antes y después de la alteración (en el nivel) ; y cuando la propiedad es perjudicada en su valor, la medida de daños será la diferencia de valor en el mercado, que resulte con motivo del cambio de nivel; y cuando el valor de la propiedad no ha sufrido debido al cambio, no habrá derecho a daños. Los daños deben medirse por la pér-dida pecuniaria; y si con motivo del cambio de nivel de la calle con que colinda la propiedad se ha beneficiado tanto como perjudicado, entonces no hay causa de acción. (Citas.) ... Al determinar si la propiedad se ha beneficiado o no tanto como perjudicado, no debe considerarse ningún beneficio que sea común a toda otra propie-dad. Mientras la medida de daños es la diferencia entre el valor de la propiedad en el mercado, antes y después del establecimiento del nivel, ni la caída de una pared de ladrillos ni la inminente so-cavación de una casa de viviendas allí situada pueden tomarse en cuenta al estimar los daños.”

En el caso de Moore v. City of Atlanta, 70 Ga. 611, la corte resolvió:

“. . . si cualquier dueño de propiedad es perjudicado al nive-larse una calle de modo que el valor pecuniario de su propiedad dis-minuya, él puede recobrar daños por los perjuicios que sufra. Se medirá ese daño por la disminución en el valor actual de su pro-piedad. Si pecuniariamente el valor no decae, no puede recobrar nada. Si a pesar de que la nivelación le diera mayores facilidades de entrada, su valor como mera residencia hubiera desmerecido, y no obstan Le, la mejora y aumento de valor producido, fueran igua-les a la inconveniencia o incomodidad de la casa como mera resi-dencia, entonces una cosa compensaría la otra'y no habría causa de acción. En otras palabras, el derecho a recobrar estribaría en cada caso en la disminución del valor pecuniario o en el mercado de la propiedad, causado por la nivelación.”

Véanse también: City of Chawneetown v. Mason, 82 Ill. 337; Lehigh Valley Coal Co. v. Chicago, 26 Fed. 415; Springer v. City of Chicago, 135 Ill. 553.

Aplicando al caso de autos la regla establecida por la juris-prudencia que acabamos de citar encontramos que en la trans-cripción de la evidencia no hay base suficiente para fijar la indemnización a que el demandante pudiera tener derecho. El demandante tuvo amplia oportunidad durante el juicio para probar, de acuerdo con la regla citada, la disminución de valor sufrida por la casa y por el solar de su propiedad como consecuencia directa del ensanche y del cambio de nivel en la Avenida Ponce de León. Hemos leído cuidadosamente el testimonio del perito Etienne Totti, testigo del demandante, quien declaró que conocía desde 1913 la casa y solar del demandante; que la casa podrá tener de veinte a veinticinco años de construida y que está hecha de madera de pichipén, sin madera alguna del país; qne estima qne en el año 1923 diclia casa tendría nn valor de $4,000; qne la depreciación anual en las construcciones de madera es de nn 4 por ciento; y qne la casa del demandante como está actualmente vale $2,500. Nada declaró el testigo en cnanto a la disminución ■del valor del solar como consecuencia de las obras realizadas por el municipio demandado, en el año 1923.

Dando a la declaración del perito señor Totti el pleno cré-dito que ella merece, lo único que resulta probado es que la casa en cuestión, valía $4,000 en 1923 y que doce años más tarde, en 1935, en la feeba en que declaraba el perito, el valor de la propiedad se había reducido a $2,500. ¿Se debió esa diferencia de $1,500 en el valor de la casa a las obras del ensanche o a la depreciación anual de 4 por ciento que sufren normalmente las construcciones de madera? En ausencia de prueba en contrario sobre el primer extremo, debemos dedu-cir, de acuerdo con lo declarado por el perito, que la dismi-nución en el valor de la casa fué la consecuencia natural de la depreciación anual de 4 por ciento que normalmente sufren esa clase de edificaciones.

La evidencia introducida por el demandante no justifica-ría una modificación de la sentencia apelada.

Pasemos al octavo error, donde el demandante se queja de que la corte inferior no le diera todas las rentas y utilidades que la parcela que tiene su frente a la calle Simón Bolívar pudo haberle producido. La corte inferior tasó dicha parcela en $1,904.50, y concedió al demandante el 6 por ciento de interés sobre esa suma durante los 12 años que el Gobierno de la Capital la vino detentando. El demandante insiste en que de haber podido construir el edificio que tenía en proyecto, los frutos hubieran ascendido a $5,000. Por las razones aducidas al discutir el sexto señalamiento de error, opinamos que la corte inferior concedió al demandante todo cuanto tenía derecho a recibir.

No se equivocó la corte a quo, como sostiene el demandante, al no condenar al demandado al pago de las costas, desembolsos y honorarios de abogado. Las pretensiones del demandante eran tan desmedidas y desproporcionadas, que no fué temerario el demandado al defenderse. En la demanda pedía $63,797.88; la corte le concedió $8,357.28. Es de perfecta aplicación el caso de García v. Fernández, 52 D.P.R. 183, 190, y por las razones y citas en él consignadas, debe declararse sin lugar este señalamiento.

En cuanto al décimo y último señalamiento, sólo diremos-que de la transcripción taquigráfica del récord no surge el manifiesto error de apreciación que el demandante le imputa a la corte sentenciadora al justipreciar de acuerdo con la prueba, las dos parcelas de terreno envueltas en este litigio..

Examinemos añora el recurso interpuesto por el demandado. En su alegato señala dos errores. El primerodice así:

“Haber declarado que el Gobierno de la Capital está obligado a indemnizar al demandante por la tenencia de las dos fajas de terreno indicadas, en la suma de $3,345.00 por concepto de intereses legales. ’

Se basa el demandado en. que, ni en las leyes que crearon el extinto municipio de San Juan, ni en la núm. 99 del 15 de mayo de 1931, estableciendo un gobierno especial para la •capital de Puerto Rico, existe “precepto alguno del poder soberano declarando que su criatura de gobierno, el extinto municipio de San Juan y boy el gobierno de la capital, venga obligado a pagar indemnización por la posesión de tierras-dedicadas al uso de la comunidad en forma de intereses sobre-el valor mismo de dichos terrenos.” El artículo 2 de nues-tra Carta Orgánica prohíbe, como hemos visto, que la pro-piedad particular sea tomada ni perjudicada para uso publico,, a no ser mediante el pago de una justa compensación fijada en la forma provista por ley. El Código Civil contiene igual o parecido pronunciamiento. Dice el artículo 282 (ed. 1930) r

“Nadie podrá ser privado de su propiedad sino por autoridad competente y por causa justificada de utilidad pública, previa siem-pre la indemnización correspondiente.”

El mismo artículo expresa en su tercer párrafo que:

“La indemnización comprenderá no sólo el valor de la cosa de la cual el propietario es privado, sino que también una remunera-ción por los daños y perjuicios que se le ocasionen con la privación de la propiedad.”

.El hecho de que el juez sentenciador fijara en nn 6 por ciento sobre el valor de las parcelas detentadas el importe de la indemnización a que el demandante tiene derecho, carece en absoluto de importancia. Establecido el derecho del de-mandante a “una remuneración por los daños y perjuicios que se le ocasionen con la privación de la propiedad,” poco o nada importa, a nuestro juicio, que la corte inferior adop-tara como medida para la fijación de la indemnización el interés legal sobre el valor del terreno.

El segundo error señalado dice así:

“Haber decretado que el Gobierno de la Capital venía obligado a pagar al demandante $368.68 por concepto de contribuciones que se dice satisfechas por él.”

El'demandante alegó y la sentencia de la corte inferior le reconoció su título de dueño sobre las dos parcelas de terreno ocupadas por el municipio para uso público. La corte sen-tenciadora concedió además al demandante una indemnización por lo que éste dejó de percibir como frutos o beneficios du-rante el tiempo de la detentación de los inmuebles por el municipio. En otras palabras, la sentencia apelada colocó al demandante en la misma posición legal en que éste se hubiese encontrado en la fecha de la sentencia de no haber ocurrido la detentación ilegal de su posesión. No vemos razón legal alguna que pueda justificar el que se imponga al deman-dado la obligación de reintegrar al demandante el importe de las contribuciones satisfechas por éste. El demandante satis-fizo esas contribuciones como dueño que ha sido, es y con-tinuará siendo de la propiedad, hasta que su valor fijado por la corte le sea satisfecho. La corte inferior erró al condenar al demandado al reintegro de tales contribuciones.

Por las razones expuestas debe modificarse la sentencia apelada, para dejar sin efecto el pronunciamiento'por él que se impuso al municipio demandado el 'reintegro de $3b8.d8 por concepto de contribuciones, y así modificada confirmarse.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Wole

license: Public Domain

text:
    Félix Banuchi, demandante y apelante, v. El Distrito de Riego, Etc., demandado y apelado.
    Núm. 7109.

    Sometido: Marzo 14, 1938.

      Resuelto: Abril 20, 1938.

      Juan B. Soto, Juan F. Soto y E. Igaravídez, abogados del apelante; Hon. Procurador General B. Fernández García, T. Torres Pérez y Pallo Defendini, Subprocuradores, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

EN RECONSIDERACION

En febrero 14, 1938, y en respuesta a una moción para reconsiderar previamente radicada por el apelante en este caso, dictamos la siguiente resolución:

“Por cuanto, esta Corte con fecha 30 de noviembre de 1937 dictó sentencia en el presente caso revocando la de la corte inferior y concediendo la suma de #1,000 al demandante como medida de daños y perjuicios, calculados a base del tonelaje de caña que de hecho dejó de cosechar por culpa del demandado, pero negándole compensación alguna por la pérdida que alegaba haber sufrido en el valor intrínseco de sesenta cuerdas de terreno con derecho provisional de riego, ya que la consideramos muy remota;
“Por cuanto, se ha presentado una moción de reconsideración en la que se pide la rectificación de la cuantía que por la sentencia se concedió, sosteniéndose que la misma fue calculada sobre una base errónea, y además la reconsideración de nuestra decisión sobre la merma sufrida en el valor intrínseco del terreno;
“Por cuanto, solamente tenemos algunas dudas respecto a la manera más exacta de computar el valor de la caña que por la negli-gencia del demandado se dejó de cosechar, no encontrando motivos suficientes para apartarnos de las otras consideraciones por las cua-les llegamos a nuestra sentencia original;
“Por TANTO, se reconsidera nuestra sentencia de 30 de noviem-bre de 1937 en lo que a la cuantía de la misma se refiere, señalándose el día 7 de marzo de 1938 para una nueva vista, debiendo las partes limitarse a discutir la base sobre la cual procede la computación de los daños específicos apuntados.”

La nueva vista sobre la cuestión específica mencionada en la anterior resolución fue celebrada el 14 de marzo de 1938. La única cuestión que abora está ante nos, en su consecuen-cia, es la cuantía de los daños y perjuicios sufridos por el apelante, Sr. Banuchi, como resultado directo de la reducción de la cosecha para la zafra de 1929-30.

Conforme dijimos en nuestra opinión principal, hubo prueba tendiente a demostrar que Banuchi había sembrado treinta y tres cuerdas de caña de azúcar, y que debido a la falta de riego la cosecha fue de veintiocho toneladas menos por cuerda. Banuchi mismo declaró que la Central Camba-lache le pagaba $5.44 por tonelada de caña.

Ahora estamos inclinados a convenir con el apelante en que como todos los gastos de cultivo, etc., fueron sufraga-dos por él, los daños deben ser medidos po-r el producto bruto que se esperaba recibir del tonelaje de caña que se dejó de cosechar.

Procederemos, en su consecuencia, a computar los daños sobre esta base, tomando en consideración, desde luego, cual-quier circunstancia adicional que pueda tener alguna relación con este asunto. En primer lugar, somos del criterio que la rebaja estimada de veintiocho toneladas por cuerda es más bien alta. La producción máxima que se esperaba obtener era tan sólo de cuarenta toneladas por cuerda. Fijaremos la reducción en veinte toneladas por cuerda, toda vez que esa cifra está más en armonía con un promedio razonable. Enfo-cando la cuestión desde este punto de vista, el valor bruto de las 660 toneladas perdidas sería $3,590.40. Según dijimos en nuestra opinión principal, el recolectar y transportar esta caña habría costado algo al apelante. No estamos de acuerdo con su argumento al efecto de que los gastos hubieran sido exactamente los mismos. Es un hecho bien sabido que se incurre en algunos gastos con la transportación de la caña desde la finca a las romanas o al desvío. Convenimos con el apelante en que no era necesario regar más abono, toda vez que la cosecha tenía seis meses al tiempo en que se desconti-nuó el riego.

Tomando en consideración todos los factores anteriores, y quizá otros, resolvemos ahora que el demandante apelante en este caso tiene derecho a la suma de $3,000 por concepto de daños y perjuicios sufridos a consecuencia de la dismi-nución de la cosecha para el año 1929-30 como resultado directo de haber dejado el demandado de suministrarle agua para regadío desde mayo o junio de 1929 hasta que se reco-lectó la cosecha.

La conclusión sobre la cuantía de los daños y perjuicios expresada en nuestra opinión de noviembre 30, 1937, se deja, en su consecuencia, sin efecto y se modifica la sentencia de esa misma fecha en el sentido de conceder ál demandante la suma de $3,000 por concepto de daños y perjuicios.


author: El Juez Asociado Sb. Wole

text:
      Sucn. J. Serrallés, peticionaria y apelada, v. Hon. Rafael Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante.
    Núm. 7182.

    Sometido: Marzo 8, 1938.

      Resuelto: Abril 20, 1938.

      Hon. Procurador Generad B. Fernández García y B. Gordovés Arana, Procurador General A^<,xitíar, abogados del apelante; F. Parra Capó, F. Parra Toro y Leopoldo Tormes García, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Sb. Wole

emitió la opinión del tribunal.

EN MOCION BE RECONSIDERACION

Los hechos envueltos en este caso constan extensamente en nuestra opinión principal de 18 de enero de 1938, 52 D.P.R. 488. Decidimos, en síntesis, que la contribuyente, Sucesión de J. Serrallés, tenía derecho a recibir del Tesorero $24,367.43, más intereses sobre dicha suma al 6 por ciento anual desde el 26 de febrero de 1926 hasta el 18 de abril de 1934.

En 7 de febrero de 1938, la contribuyente radicó una lla-mada “moción sobre aclaración y reconsideración de senten-cia,” en la que indicaba que en la fecha en que se radicó la presente petición de mandamus en la corte inferior, o sea, el 12 de octubre de 1934, la peticionaria adeudaba al Tesorero de Puerto Rico la suma de ^34,951.73, más intereses al 12 por ciento desde el 15 de septiembre de 1934 hasta el día en que se presentó dicha petición; que el Tesorero había admitido en su contestación que la Sucesión Serrallés, por carta de octu-bre 9 de 1934, había solicitado una compensación sobre las obligaciones mutuas existentes entre las partes; que en la súplica de la demanda la contribuyente había tratado de obte-ner primordialmente esta compensación y la devolución de cualquier remanente, pero que la corte de distrito aparente-mente había invertido los términos del remedio solicitado y dictado sentencia ordenando la devolución absoluta de ciertas sumas a la peticionaria, o su compensación. La contribuyente sostiene que al confirmarse dicha sentencia, aunque se modi-ficó la cuantía, este tribunal exigió del Tesorero, desde el punto de vista legal, una cosa imposible.

Además, la contribuyente insiste en que el efecto de nues-tra sentencia debe retrotraerse a-1 12 de octubre de 1934, o sea a la fecha en que se radicó la petición original, a fin de impedir que el Tesorero se beneficie por sn propio acto al negarse a efectuar la compensación solicitada por la contri-buyente. En otras palabras, ésta insiste en que no es equi-tativo permitir al Tesorero cobrar el 12 por ciento de inte-rés sobre las sumas adeudádasle desde el 15 de septiembre de 1934, cuando él se negó a compensar o abonar este importe de la suma que esta corte ahora ha declarado el Tesorero adeu-daba a la misma contribuyente desde el 18 de abril de 1934. La Sucesión Serrallés sostiene que la sección 64 (a) de la Ley núm. 74 de 1925 (Leyes de ese año, pág. 527), le concede el derecho a tal compensación.

El Tesorero de Puerto Rico no ha radicado alegato en oposición a estas proposiciones. En apoyo de la contención al efecto de que el Tesorero no puede legalmente cumplir con la forma de la sentencia dictada por la Corte de Distrito de Ponce según fué modificada por este Tribunal, la peticionaria cita el artículo 124 del Código Político y la sección 64 (a) de la Ley núm. 74 de 1925, supra. Estas disposiciones leen así:

“Artículo 124. — No se pagará dinero a ninguna persona por con-cepto de salario, o reclamación entablada contra la Tesorería Insular, si el interesado se hallare en descubierto con el Pueblo de Puerto Rico, por deudas atrasadas, y así consta en los libros del Contador, mientras no hubiere aquél arreglado sus cuentas con el Tesorero de Puerto Rico y satisfecho a éste todas las cantidades de las cuales fuere responsable; Disponiéndose, que por razones suficientes y siem-pre que los intereses del Gobierno Insular resultaren con ello bene-ficiados, podrán hacerse los necesarios pagos de retribución o salario-devengado por personas en descubierto con el Pueblo de Puerto Rico, que continúan en el servicio del Gobierno Insular, mediante la reco-mendación del Contador, aprobada por el Gobernador.
“En todos los casos en que la paga o salario de alguna persona, o una cantidad por reclamación reconocida como buena contra el Pueblo de Puerto Rico, se retuviere en cumplimiento de este artículo, deberá el Contador abonar a cuenta de la deuda o persona alcanzada la cantidad así retenida o la parte de ella que fuere necesaria para satisfacer o extinguir dicha deuda.
“Sección 64(a.).- — Cuando cualquier contribución sobre ingresos o beneficios excesivos impuesta por esta ley o por la Ley de Contribución sobre Ingresos número 59 de 1917, la ley de Contribuciones sobre In-gresos número 80 de 1919, la Ley de Contribuciones sobre Ingresos nú-mero 43 de 1921, o por cualquiera de dichas leyes según ban sido en-mendadas, o por cualquiera otra ley, se hubiere pagado en exceso, el montante de dicho exceso será acreditado a cualquier contribución so-bre ingresos o beneficios excesivos o a cualquier plazo de las mismas que estuviere vencido, y cualquier remanente de dicho exceso será reinte-grado inmediatamente al contribuyente.
“Cuando se haya hecho un pago de cualquier contribución sobre ingreso o por ganancias excesivas impuestas por la Ley Se Contribu-ción sobre Ingresos número 43, de 1921, según fué enmendada, por el año natural de 1924 ,o por cualquier año fiscal que termine en 1925, el montante de tal pago deberá ser acreditado a favor de cualquier contribución de ingresos o ganancias excesivas entonces adeudadas por el contribuyente de acuerdo con las disposiciones de esta Ley o las leyes anteriormente enmendadas en esta subdivisión o de cualquier en-mienda a las mismas, y cualquier balance de tal exceso será inme-diatamente reembolsado al contribuyente.”

De un estudio de los preceptos arriba citados hemos for-mado el criterio de que el Tesorero no podía propiamente cum-plir con la orden primordial contenida en la sentencia, y aun-que creemos que la segunda alternativa se hubiera convertido entonces automáticamente en la única resolución, ordenamos ahora primeramente al Tesorero que abone las sumas a que hicimos referencia en nuestra opinión y sentencia de enero 18 de 1938, al importe "adeudado al Tesorero por la Sucesión Serrallés.

Igualmente resolvemos que toda vez que hemos llegado a la conclusión de que el Tesorero de Puerto Rico debe pagar a la Sucesión Serrallés la suma de $24,367.43 más intereses al 6 por ciento anual desde febrero 26 de 1926 al 18 de abril de 1934, y que la contribuyente tenía derecho a la compen-sación de acuerdo con la ley, tal decisión debe retrotraerse al 12 de octubre de 1934 en que se radicó la petición original de mandamus. Es un hecho que la contribuyente ha sido pri-vada de ese total desde el 18 de abril de 1934 'por la actua-ción deliberada, aunque explicable, del Tesorero. Resolvemos que ambas partes tenían derecho a esperar el resultado de este litigio sin perjuicio de sus respectivas posiciones al tiempo en que se instituyó el mismo.

Por tanto, se modifica la sentencia de la Corte> de Distrito de Ponce en el sentido de ordenar al Tesorero de Puerto Pico que abone a los $34,951.73 más intereses al 12 por ciento desde el 15 de septiembre hasta el 12 de octubre de 1934 adeudados por la 'Sucesión Serralíés, los $24,367.43 más intereses al 6 por ciento desde el 26 de febrero de. 1926 hasta el 18 de abril de 1934 adeudados por el Tesorero a la contribuyente, y que devuelva a la peticionaria cualquier exceso que haya.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison

text:
    José Rodríguez López, demandante y apelante, v. National Fire Insurance Co., demandada y apelada.
    Núm. 6978.

    Sometido: Abril 14, 1937.

      Resuelto: Abril 20, 1938.

      ■Garda Méndez é García Méndez, abogados del apelante; Brown, Gon-zález & Newsom, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

El demandante apela de una sentencia adversa dictada en un pleito sobre una póliza, instruido con el propósito de reco-brar el valor de ciertos muebles y otros efectos del bogar des-truidos por un incendio.

El primer señalamiento es que la corte de distrito cometió error al declarar que la notificación del incendio no fué hecha inmediatamente, conforme exige la póliza. El siniestro ocurrió el 21 de jubo de 1929. La prueba del demandante tendió a demostrar que él puso en el correo una carta dirigida a los agentes generales de la compañía y que notificó personalmente a un agente local en dicho día. Este testimonio fué contradicho por el del agente local en lo que a la supuesta notificación verbal se refería. En una carta fechada el 25 de julio dirigida a los agentes generales, el demandante hacía constar que había informado a éstos del siniestro en una comunicación anterior de fecha 21 de julio. El demandante fué informado a correo vuelto que su carta de julio 21 no se había recibido en San Juan. Otra prueba de la demandada tendió a demostrar que la carta fechada el 21 de julio fué recibida en San Juan el 10 de agosto en un sobre con el matasellos de Isabela de agosto 9. El juez de distrito resolvió que la primera notificación del incendio hecha por el asegurado fué la contenida en la carta de julio 25. En ■esta apreciación de la prueba no hallamos error manifiesto.

La cláusula contenida en la póliza al efecto de que debía notificarse “inmediatamente” de cualquier incendio, signifi-caba, desde luego, que tal aviso debía darse con razonable prontitud o dentro de un tiempo razonable. Podría admitirse que una demora de cuatro días, de ser expbcada satisfacto-riamente, no sería irrazonable. Sin embargo, el demandante no ofreció explicación o excusa, sino qne insistió en la teoría de qne había dado tal aviso el mismo día del incendio. Aún si resolviéramos qne la notificación del incendio se- hizo den-tro de un tiempo razonable, y por lo tanto “inmediatamente”' —a pesar de la ausencia de explicación alguna respecto a la tardanza de cuatro días — esta conclusión no justificaría una revocación a menos que el juez de distrito también hubiese cometido el error alegado bajo el segundo señalamiento.

El segundo señalamiento es que la corte de distrito cometió error al concluir que el asegurado no suministró la prueba de los daños dentro de quince días contados a partir de la fecha del siniestro, conforme exige la póliza. El demandante declaró que en julio 29 puso en el correo una carta que contenía la información requerida. La prueba de la demandada tendió a demostrar que esta carta nunca había sido recibida. Si ésta fuera toda la prueba a considerarse en torno a la cuestión relativa a la prueba de las pérdidas, habría más peso en el argumento del apelante. El conflicto existente entre la prueba del demandante al efecto de que él puso la carta en el correo y la de la demandada al efecto de que la misma nunca fué recibida, debe considerarse a la luz de la resolución adversa sobre la cuestión del aviso y a la luz de otras circunstancias que pueden hallarse en el alegato de la apelada, así como en la exposición del caso. No hallamos prueba de pasión o prejuicio por parte del juez sentenciador, ni error manifiesto en la apreciación de la prueba.

El tercer señalamiento es que la corte de distrito cometió error al resolver que no hubo renuncia de las condiciones de la póliza sobre notificación de siniestro y reclamación de pérdidas. Cuatro días después del incendio un agente o ajustador practicó una investigación e hizo constar el resultado en un documento notarial. El juez de distrito distinguió propiamente el caso de Ríos v. Niagara Fire Insurance Co., 33 D.P.R. 809, citado por el demandante y correctamente resolvió que el proceder adoptado por el agente o ajustador al leer en un periódico una reseña del siniestro cuatro días des-pues de haber éste ocurrido no equivalía a una renuncia de la cláusula relativa a la prueba de pérdidas. El presente re-curso fué iniciado en noviembre 1929. En una carta fechada el 12 de mayo, 1931, los abogados del demandante se refieren a una oferta de transacción que sus clientes se habían negado a aceptar y a una promesa por parte de los agentes de que escribirían a la compañía sobre una contraproposición. Los abogados deseaban que se les informara la decisión a que se había llegado. Los agentes contestaron a vuelta de correo que una investigación no justificaba la transacción por la suma sugerida por los abogados y que sentían estar imposibilitados de considerar su oferta. El juez de distrito distinguió propia-mente el caso de Concordia Insurance Company v. School District, 282 U.S. 545, y acertadamente resolvió que no había renuncia.

Los señalamientos cuarto y quinto carecen igualmente de mérito.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señob HutchisoN

text:
    José María Franceshi et al., peticionarios y apelantes, Ex Parte. López de Tord & Zayas Pizarro, interventores y apelados.
    Núm. 7610.

    Sometido: Noviembre 15, 1937.

      Resuelto: Abril 20, 1938.

      H. G. Molina y Ramón A. Gadea, abogados de los apelantes; V. Zayas Pizarro, pro se; E. Arjona Siaca, abogado del Sr. López de Tord y del Banco de Ponce como cesionario de éste.
   El Juez Asociado Señob HutchisoN

emitió la opinión del tribunal.

En octubre de 1934, la corte de distrito fijó la cuantía do ciertos honorarios de abogado en $68,000. De esta suma los letrados ya habían recibido $28,000 pagádosles por un admi-nistrador judicial de conformidad con órdenes anteriores de la corte. En su consecuencia, la corte ordenó el pag’o de $40,000 adicionales. Ambas partes litigantes apelaron de esta resolución. Más tarde los letrados desistieron de su recurso. La apelación perfeccionada por sus clientes, ciertos albaceas, fué proseguida hasta que se dictó sentencia final. Mediante esa sentencia la orden de la corte de distrito fué modificada, y, así modificada, confirmada. La única modificación consis-tió en la rebaja de la cuantía total fijada por la corte de dis-trito y en la correspondiente rebaja en el saldo o balance entre tal suma y el importe previamente recibido por los abogados. Esta rebaja ascendía a algo menos de la tercera parte del importe total fijado por la corte de distrito.

Los albaceas depositaron prontamente en la corte inferior la suma de $22,000 como saldo adeudado bajo la senten-cia modificada. Los letrados solicitaron se expidiera una orden dirigida al secretario para que este funcionario expi-diera un auto de ejecución que incluyera intereses al 6 por ciento sobre los $22,000 a partir de octubre 29 de 1934, fecha en que se dictó la sentencia original por la corte de distrito, hasta su definitivo pago. El juez de distrito ordenó se paga-ran intereses a partir de la fecha en qne se dictó la sentencia original.

Los apelantes alegan qne la corte de distrito cometió error: al ordenar el pago de intereses en la forma antes dicha; al no resolver qne la sentencia dictada en el recurso de apela-ción anterior era un finiquito bajo el cual los albaceas no tenían otra obligación que la de pagar los $22,000 concedidos por la sentencia; al basar su sentencia en los artículos 341 y 240 del Código de Enjuiciamiento Civil y 1649 y 1650 del Código Civil (edición de 1930), y en los siguientes casos: Hernández Mena v. Foote, 22 D.P.R. 759; Glenn v. Rice, 174 Cal. 269, 270; Estate of Olivera, 70 Cal. 184, 185; Clark v. Dunnam, 46 Cal. 205; Barnhart v. Edwards, 128 Cal. 572.

La médula del argumento de los apelantes es: que la recla-mación de honorarios de abogado era una reclamación ilí-quida; que los intereses, de haberlos, sobre la sentencia dic-tada por la corte de distrito, debe presumirse que han sido incluidos en la sentencia dictada en la apelación anterior; que el derecho a intereses sobre sentencias no pagadas en Puerto Rico emana del artículo 1649 del Código Civil (edición de 1930) y que de conformidad con los términos del artículo 1061 el derecho surge tan sólo cuando el demandado incurre “en mora”; que en el presente caso, habiendo los albaceas ape-lado de la sentencia, nunca incurrieron en mora dentro del significado de esa frase según la misma es usada en el ar-tículo 1061, y que la cuantía de su obligación no fue fijada y determinada por la sentencia de la corte de distrito sino por la sentencia de este tribunal; qne “cuando la ley y los pre-cedentes están en conflicto, las cortes deben atenerse a la ley. ’ ’

Podría admitirse que en España no se conceden intereses sobre la sentencia una vez apelada y mientras se halla pendiente tal recurso, aunque se confirme la sentencia. Véanse Los Daños Civiles y su Reparación, de Fischer, 125, 289; Decisión de la Corte Suprema de España de 13 de junio de 1921, 153 Jur. Civ. 352. La tendencia de las autoridades en los Estados Unidos puede hallarse en 33 C.J. 247, 248, secciones 159, 160 y 161.

No podemos asumir con los apelantes que el derecho a per-cibir intereses emana del artículo 1649 del Código Civil con exclusión de los artículos 341 y 240 del Código de Enjuiciamiento Civil. En Hernández Mena v. Foote, supra, este tribunal se expresó así:

“El artículo 341 citado por el juez inferior impone al secretario del tribunal el deber de incluir en el registro de la sentencia los intereses correspondientes a la misma desde la fecha en que se dictó: el derecho a esos intereses ha sido creado por el artículo 341 citado y es un deber ministerial del secretario, por lo que aunque la senten-cia no condenó expresamente al pago de esos intereses, tenía el se-cretario el deber de que se hicieran efectivos’ aun cuando en la deci-sión rendida por el juez no se hubieran incluido. Golden Gate Co. v. Joshua Hendy Machine Work, 82 Cal. 184; San Joaquin Land, etc., Co., v. West, 99 Cal. 345, y Barnhart v. Edwards, 128 Cal. 572.”

En Barnhart v. Edwards, supra, la Corte Suprema de California, refiriéndose al artículo 1035 del Código de Enjuicia-miento Civil de California, dijo:

“. . . . Las disposiciones de este artículo otorgan a la parte a cuyo favor se dictó la decisión, el derecho a percibir intereses, y no debe privársele de ese derecho por haber formulado la corte la sen-tencia que ha de registrar el secretario, en vez de permitir que éste por sí mismo lo haga.”

En San Joaquín Land & Water Co. v. West, 99 Cal. 345, hallamos lo siguiente:

“. ... A nuestro juicio, el secretario estaba en el deber de registrar la sentencia exactamente en la forma en que lo hizo, y el incluir en ella la cláusula relativa a intereses equivalió al ejercicio de un deber ministerial impuéstole por la ley. ’ ’

Nuestra conclusión es que el artículo 341 del Código de Enjuiciamiento Civil concede el derecho a que se incluyan inte-reses al tipo legal en una sentencia en que se ordena el pago de dinero (money judgment). El artículo 1649 del Código Civil meramente fija el tipo de interés.

De conformidad con las disposiciones expresas del artículo 341, los intereses qne el secretario ha de incluir en la sentencia por él registrada serán pagaderos “desde la fecha en qne se dictó,” y no desde la fecha en qne pneda ser confirmada o modificada, y así modificada, confirmada por este tribunal en apelación. Es nn caso claro de lex scripta. De existir cualquier conflicto entre ese precepto y los artículos del Código Civil en que se basan los apelantes, la ley más reciente debe prevalecer.

En Hernández Mena v. Foote, supra, la sentencia no contenía cláusula alguna sobre el pago de intereses. La primera vez que se mencionaron los intereses fué en el mandamiento de ejecución expedido por el secretario después de este tribunal haber confirmado la sentencia-. La corte de distrito declaró sin lugar la moción solicitando se anulara el mandamiento de ejecución y este tribunal se negó a expedir un auto de certiorari. A menos que la doctrina de ese caso deba ser repudiada por incorrecta {unsound), los intereses, por ministerio de ley, forman parte de la sentencia, ora se incluyan en ella expresamente o no, y pueden ser incluidos en el mandamiento de ejecución aunque no se hayan incluido ni por el -secretario ni por el juez de distrito en su sentencia.

Si la resolución o sentencia de la corte de distrito tal como fué modificada y confirmada era la sentencia de este tribunal, -o si ella continuó pro tanto como la resolución o sentencia de la corte de distrito, no es cuestión fundamental. En la ape-lación anterior no se suscitó cuestión alguna sobre intereses. Este tribunal no la consideró. Aún si la sentencia de la corte de distrito hubiera dispuesto el pago de intereses, no es probable que este tribunal, al reducir el importe de tales hono-rarios, hubiera además modificado la sentencia eliminando de ella el pago de intereses a partir de la fecha en que la corte de distrito dictó su sentencia. Puede admitirse que la corte de distrito no podía modificar o adicionar su sentencia des-pués de haber sido modificada y confirmada por este tribunal. Mas si la inclusión de intereses formaba ya por ministerio de ley parte necesaria de la sentencia desde la fecha en que se dictó por la corte inferior, entonces el juez de distrito nada agregó al ordenar que los albaceas debían aumentar la cuan-tía de su depósito para que incluyera los intereses. El resul-tado habría sido el mismo si el juez de distrito meramente hubiera concedido la moción en que se solicitaba una orden dirigida al secretario para que este funcionario librara un mandamiento de ejecución por una suma que incluyera inte-reses, o si el secretario hubiese expedido tal mandamiento sin que hubiera una moción u orden de la corte de distrito.

El alegato de los apelantes ha dejado de convencernos de que el caso de Hernández Mena v. Foote debe ser revocado.

Debe confirmarse la resolución apelada.

El Juez Asociado señor Travieso no intervino.


author: El Juez Asociado Seño» Teayieso

text:
    Liborio Sánchez, demandante y apelado, v. Sucn. J. Serrallés y Gerardo del Valle, demandados y apelantes.
    Núm. 7345.

    Sometido: Marzo 24, 1938.

      Resuelto: Abril 20, 1938.

      J. Vallde^uU Rodríguez, abogado de los apelantes; Manuel A. Rivera? abogado del apelado.
   El Juez Asociado Seño» Teayieso

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una acción de daños y perjuicios que ejercita Libo-rio Sánchez por la muerte de su bija menor de edad, Rissa-lina. En la primera de las dos causas de acción de que consta la demanda se alega, entre otros hechos, que en la tarde del día 23 de marzo de 1934 mientras Gerardo del Valle actuaba} como dependiente y empleado de la empresa Central Mercé-dita, conduciendo de Coamo a Juana Díaz la guagua número C-711, propiedad de aquélla, “sin ejercer el debido cuidado y tomar las precauciones razonables para garantizar la vida y propiedades, con manifiesta negligencia y en estado de em-briaguez, poniendo el vehículo que guiaba a una velocidad exa-gerada, sin tocar bocina ni señal alguna, en una línea recta abandonó el centro de la carretera, sin ninguna necesi-dad, arrollando con el guardalodo derecho a la niña Rissa-lina .... que se encontraba parada al margen de la cuneta, frente a la casa vivienda del demandante . . .” y le produjo la muerte horas más tarde; que el hecho le ocasionó, tanto a él como a su esposa sufrimientos morales y trastornos en sus sistemas nerviosos, que aprecia en $10,000. La segunda causa de acción contiene una relación detallada de daños específicos que ascienden a $143.50, por los conceptos siguientes:

(а) Al Dr. Guillermo Ortiz, por la inmediata asis-tencia-$25. 00
(б) A la Farmacia Betances_ 3. 50
(c) Funerales, incluyendo ataúd_ 40..00
(d) Panteón_'_ 50.00
(e) Gastos de automóvil y otros más, en el velorio_ 25.,00
$143. 50

Contestaron los demandados negando específicamente todas las alegaciones, y como defensas especiales reprodujeron la excepción previa de falta de hechos y le imputaron al deman-dante la causa del accidente por permitirle a su hija cr.uz.ar la, carretera cuando transitaban por ella vehículos.

Se celebró la vista que duró cuatro días, y en 2 de octu-bre de 1935 recayó sentencia por la que se condena a los deman-dados a pagar solidariamente al demandante la suma de $3,000, más las costas, desembolsos y honorarios de abogado. No conforme los demandados, apelaron. Señalan cinco erro-res en su alegato. Por referirse a la evidencia y a su apre-ciación por el juez, consideraremos conjuntamente los tres primeros. Dicen así:

‘41. Que la sentencia en este caso es contraria a la evidencia des-leída en el caso, la cual fue erróneamente apreciada por el tribunal.
“2. No haber declarado el Tribunal de Distrito de Ponee que el demandante y su hija Rissalina Sánchez, por sus actuaciones, deter-minaron la ocurrencia del accidente objeto de este pleito.
“3. Haber dictado sentencia adversa a los demandados, a pesar de la declaración del tribunal de que el codemandado Gerardo del Valle no estaba en estado de embriaguez, sobre la cual situación se basa fundamentalmente el presente pleito.”

La corte inferior encontró probados los hechos que a continuación transcribimos de la opinión que emitiera en este caso:

“La Corte, como resultado de las admisiones hechas en la vista del caso y de la evidencia introducida por ambas partes, y apreciada en conjunto, declara probados satisfactoiiamente los siguientes hechos:
“El demandante Liborio Sánchez es mayor de edad, casado con Felicita Berly y padre legítimo de la niña Rissalina, habida en dicho matrimonio.
“La demandada, ‘Sucesión J. Serrallés,’ es una sociedad civil, agrícola e industrial, con domicilio y oficina abierta en la Central ‘Mercedita,’ de Ponce. Y el otro demandado, Gerardo del Valle, es también mayor de edad, vecino de Ponce y empleado de la Suce-sión J. Serrallés en la época del accidente origen de este pleito, y lo es en la actualidad.
“La demandada Sucesión J. Serrallés tiene fincas en Coamo y Aibonito y Gerardo del Valle, ayudante de cultivo de la Sucesión, estaba encargado de visitar esas fincas el día 23 de marzo de 1934 en que ocurrió el accidente y Gerardo del Valle siempre tenía un. automóvil de la Central Mercedita para ir a dichas propiedades. El carro, tablilla C-711, que guiaba el día del accidente Gerardo del Valle, era entonces propiedad de la demandada Sucesión J. Serrallés.
“El día 23 de marzo de 1934 como a las cuatro y media de la tarde, el demandado Gerardo del Valle regresaba de Aibonito a la Central Mercedita en el curso de su empleo como ayudante de cul-tivo y jefe del ganado de la Sucesión Serrallés, manejando' el auto-móvil tablilla C-711, propiedad de la otra demandada, por la Ca-rretera Central. Al pasar el demandado Del Valle por el kilómetro 105 de dicha carretera, conduciendo el referido auto a una velocidad exagerada, sin tocar bocina ni ningún otro instrumento de alarma, haciendo zig-zags, abandonó el centro de la carretera arrollando a la niña Rissalina Sánchez Berly, quien se hallaba entonces en el paseo de la orilla derecha de la carretera (de Coamo para Ponee), causándole la fractura de la base del cráneo, la fractura del muslo derecho y erosiones en distintas partes del cuerpo de la niña Rissa-lina; falleciendo la niña entre siete y ocho de la noche del mismo día, a causa de la fractura de la base del cráneo.”

Hemos leído detenidamente la transcripción de la eviden-cia que consta de 632 páginas, y el alegato de los demandados apelantes, que la resume y comenta brevemente. Ni de una ni de otro surgen los errores que se imputan al juez senten-ciador. Lo único que el caso presenta es un conflicto de evi-dencia, cuya resolución por el juez, que ve y oye los testigos, no debemos alterar, a menos que exista manifiesto error de apreciación o medie la pasión, el prejuicio o la parcialidad. Lejos de incurrir el juez en ninguno de esos vicios, su opi-nión está inspirada en la evidencia que desfiló ante él, que sostiene ampliamente sus conclusiones. En circunstancias iguales, este tribunal lia respetado siempre el criterio de la corte inferior. Véanse, entre otros casos, Pietri v. Bacó, 52 D.P.R. 82, y casos en él citados; García v. Fernández, 52 D.P.R. 183; Bonilla v. Mitchel, 51 D.P.R. 126; López v. American Railroad Co. of P. R., 50 D.P.R. 1; Rivera v. R. Ruiz & Co., 48 D.P.R. 850. Deben, pues, desestimarse dichos tres errores.

El cuarto dice así:

“Que la sentencia dictada es excesiva e improcedente.”

Citan los apelantes en apoyo de este señalamiento cinco casos de este tribunal en que la cuantía concedida no excedió de $2,000. Tan sólo dos de ellos son casos de muerte. Pero prescindiendo de ese hecho, la cantidad que como daños se concede a un reclamante depende de tantas y tan variadas cir-cunstancias, que no puede considerarse un caso específico como precedente que estemos obligados a seguir para resolver otros casos. Prueba de ello es el hecho de que en el caso reciente de Ruberté v. American Railroad Co., 52 D.P.R. 164, esta Corte Suprema concedió $4,000 por la muerte del causante de los demandantes, y en el de Hance v. R. Méndez & Hnos., 52 D.P.R. 336, concedimos $3,000 al padre por la muerte de su hijo. En Carrio v. Compañía Insular de Transporte, Inc., 49 D.P.R. 41, y en Delgado v. Díaz, 30 D.P.R. 120, no se tra-taba de casos de muerte, y sin embargo se concedieron indem-nizaciones de $3,000 en cada uno de ellos. Dentro de las circunstancias de este caso no es, a nuestro juicio, excesiva la suma de $3,000, a cuyo pago fueron condenados los deman-dados.

El quinto error se refiere a la imposición de costas. Dice así:

“Haber condenado a los demandados al pago de las costas, des-embolsos y honorarios de abogado del demandante, ya que de la propia sentencia del Tribunal no aparece temeridad de los demanda-dos en defenderse, puesto que se reclamaban $10,000 y la Corte, a pesar de ser excesiva la cuantía, adjudicó $3,000.”

Sostienen los apelantes que no hubo- temeridad en defen-derse de una reclamación de $10,000 cuando la corte sólo con-cedió $3,000. La ley vigente en la fecha de esta sentencia dejaba a la discreción de las cortes de distrito la concesión de costas y honorarios de abogado. Los apelantes no han demostrado que el juez inferior abusara en el ejercicio de esa discreción, siendo aplicable, por tanto, lo resuelto en García v. Fernández, supra, donde dijimos:

“Además, el tribunal sentenciador tiene facultad discrecional para conceder costas, y como no se ha demostrado, según hemos visto, que se cometiera abuso alguno de discreción,- este tribunal no debe inter-venir en el ejercicio de esa discreción. Cautiño et al. v. Muñoz et al., 18 D.P.R. 881; Blanco v. Hernández et al., 18 D.P.R. 711; Santisteban Chavarri & Co. v. Sucn. Godoy, 25 D.P.R. 614; Morales v. Caraballo, 27 D.P.R. 591; Del Rosario v. Rucabado et al., 23 D.P.R. 473, 488.”

Por las razones expuestas la sentencia recurrida debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Sbñob Wolf

text:
    Carolina Fabelo, en su carácter de tutora de Juana Martín Fabelo, demandante y apelada, v. Andrés Quintana Reyes, Enrique Rincón y Martín Borges, los dos primeros por sí y en su carácter de fiadores de la sociedad civil Quintana & Borges, y el último por sí y en su carácter de socio de dicha sociedad, demandados y apelantes.
    Núm. 7029.

    Sometido: Mayo 26, 1937.

      Resuelto: Abril 21, 1938.

      B. Padró Pares, abogado de los apelantes; Pedro O. Quiñones, abo-gado de la apelada.
   El Juez Asociado Sbñob Wolf

emitió la opinión del tribunal.

En diciembre 23 de 1931 Carolina Fabelo, como tntora de Juana Martín Fabelo, radicó demanda de daños y perjuicios contra Andrés Quintana Reyes y Enrique Rincón, como fiado-res en una fianza que se describirá más adelante, y contra Martín Borges y el mismo Andrés Quintana Reyes, como únicos socios de la firma Quintana & Borges, y contra cada uno de los tres en su carácter individual.

En la primera causa de acción la demanda alega, y se probó en el juicio, que allá para el mes de marzo de 1926' Quintana & Borges, como una entidad, entabló el pleito civil núm. 1182 ante la Corte de Distrito de San Juan contra Juana Martín Fabelo y Rafael Porras, para recobrar la posesión de un autocamión que la sociedad alegaba babía sido comprado' a los mismos demandados. También se alegó y probó que-la demandante en el caso núm. 1182 tomó posesión del camión, luego de prestar una fianza por el doble de su valor, con-forme exigen los artículos 170 et seq., del Código de Enjui-ciamiento Civil, fianza que estaba suscrita por Andrés Quin-tana Reyes y Enrique Rincón, como fiadores. Otra alegación que fué probada era al efecto de que se dictó sentencia contra la demandante en el caso núm. 1182, supra, y tanto a la demandante como a los fiadores se les ordenó que devolvie-ran el camión a la allí demandada Juana Martín Fabelo, quien babía demostrado ser la única dueña del vehículo; y que el camión nunca fué devuelto. Este vehículo fué tasado en $1,000.

En la segunda causa de acción se aducía la pérdida de los servicios del camión por razón del pleito a que ya nos hemos referido, servicios que se tasaron en la suma de $2,000.

Por la tercera y última causa de acción la demandante tra-taba de recobrar las costas y honorarios de abogado en el refe-rido caso civil núm. 1182, ascendentes a $515.

De la opinión de la corte inferior se desprende qne sólo Andrés Quintana Reyes fue citado en el procedimiento y que el pleito fué proseguido exclusivamente contra él. Éste pre-sentó excepciones previas de falta de hechos en lo que a las dos primeras causas de acción se refería, y de prescripción, de acuerdo con los artículos 1868 y 1869 del Código Civil, en lo que a las dos últimas causas de acción se refería, excepcio-nes que fueron declaradas sin lugar. Su contestación consis-tió en una negación general y específica de todas las alega-ciones, y en una defensa especial en que alegaba que el camión siempre ha estado en posesión de un depositario, que la deman-dante tenía conocimiento de esto y que ella pudo haber obte-nido posesión del mismo prestando la fianza provista por el artículo 175 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Al terminar la prueba de la demandante, la parte deman-dada presentó una moción de nonstát y luego sometió el caso en sus méritos, descansando en la alegada insuficiencia de la prueba de la demandante.

La corte inferior dictó sentencia en favor de la demandante por la suma de $1,300, ochocientos como valor del camión y quinientos como pérdida de ganancias en el uso del mismo.

En apelación el demandado señala dos errores, que leen:

“Primer Error: Erró la corte inferior al no declarar con lugar la excepción previa de no causa de acción.
“Segundo Error: Erró la corte al declarar sin lugar la moción de nonsuit presentada por el demandado.”

En su discusión del primer error, el apelante considera que las dos primeras causas de acción de la demanda están comprendidas dentro de la acción conocida en derecho americano como “Trover in Conversion.” Por más que he-mos investigado, no hemos podido encontrar ese título. ‘ ‘ Conversion,” de acuerdo con el derecho común, era un elemento, y aún lo es, de la acción de “Trover.” El apelante descansa casi enteramente en la anterior premisa, y, luego de excluir la llamada acción de “Trover in Conversion” de las acciones en que nuestras cortes insulares tienen competencia, concluye que debió de haberse declarado con lugar la excepción previa.

Conforme tanto la corte inferior como la apelada han indi-cado, el argumento del apelante descansa en una base falsa. La acción en este caso no se funda en “Trover in Conversion,” como insiste en llamarle el demandado, sino en una obligación contractual que surge de la fianza suscrita por Quintana en el caso número 1182 de la Corte de Distrito de San Juan, y en virtud de la cual se quitó la posesión del auto-camión a Juana Martín Fabelo y se le dió a Quintana & Borges. (Véanse las secciones 173 y 175 del Código de Enjui-ciamiento Civil.) Esto resuelve suficientemente el primer error.

El segundo señalamiento ataca la denegación de la ihoción de nonsuit. Conviene consignar en este momento que la práctica de copiar la exposición del caso en el alegato del apelante, según se hizo en este caso, y como único fundamento para sostener un señalamiento de error, no es recomendable. El apelante debe por lo menos señalar y discutir incidentes precisos en que la evidencia es insuficiente. Por esta sola razón, y considerando además la presunción que existe de que toda sentencia es correcta, podríamos muy bien desestimar el segundo señalamiento. Sin embargo, hemos estudiado dicha exposición del caso, la cual hemos encontrado confusa y pobremente redactada, y como resultado de dicho examen hemos concluido que la moción de nonsuit fue correctamente denegada.

. Bajo estas circunstancias, y en ausencia de evidencia al-guna por parte del demandado, no existe otra alternativa que la de confirmar la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señob, Wole

text:
    Sotero Ramírez Rosario, demandante y apelado, v. The Porto Rico Dairy Co. y The Grat American Indemnity Co., demandadas y apelantes.
    Núm. 7430.

    Sometido: Mayo 20, 1937.

      Resuelto: Abril 21, 1938.

      J. Valldejuli Rodriguez, abogado de las apelantes; Eduwrdo TJrrutia, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señob, Wole

emitió la opinión del tribunal'..

Una de las cuestiones básicas en este caso es si había una, vereda al lado izquierdo de la Avenida Fernández Juncos em dirección a San Juan, más o menos en el sitio en que se baila, la carretera que conduce al aeródromo. Luego de examinar el informe de la inspección ocular becba por la corte y el resto de la prueba, no tenemos duda de. que existía una vereda. por la que pasaban frecuentemente peatones. La corte resol-vió esencialmente en favor de los becbos alegados en la de-manda, y más o menos en la siguiente forma: que Sotero, Ramírez Rosario, de cincuenta años de edad, se dirigía a su. trabajo en San Juan por la Avenida Fernández Juncos como-a las 5.20 de la mañana el 14 de agosto de 1933; que en la, parada 10 de dieba avenida el demandante fué arrollado y golpeado por un automóvil propiedad de la Porto Rico Dairy Company, conducido en el momento del accidente por el chó-fer Nicasio Rivera Candelaria, empleado de la corporación dueña del vehículo; que con motivo de dicho accidente, el demandante fué lanzado al pavimento recibiendo varias con-tusiones y heridas en distintas partes del cuerpo que le obli-garon a someterse a operaciones dolo-rosas y a molestosos tra-tamientos, de los cuales no había curado todavía a la fecha de la interposición de la demanda y como consecuencia dé-las cuales quedaría el demandante permanentemente defec-tuoso e inútil de la pierna izquierda, que resultó fracturadaen el accidente; que cuando ocurrió el accidente, el deman-dante caminaba por la vereda que forma la acera y que se ha hecho de uso por la costumbre de los peatones que la uti-lizan para sus viajes; que el accidente ocurrió porque el vehículo de la Porto Rico Dairy Co., que se encontró con el demandante en dirección contraria a la que éste llevaba, dis-curría por la carretera a tan gran velocidad, y pasó tan cerca del lesionado, que chocó contra éste, debiéndose ello única-mente al descuido con que iba guiado dicho vehículo, el chó-fer del cual no dió aviso de su proximidad, ni evitó el choque, ni redujo la velocidad del automóvil, sino después de haber arrollado al demandante; que la G-reat American Indemnity Co., como aseguradora de la entidad dueña del automóvil que ocasionó el accidente, asumió la responsabilidad de satisfacer cualquier pérdida, daño o perjuicio ocasionado con dicho auto-móvil a terceras personas; y que, como consecuencia del refe-rido accidente, el demandante ha sufrido, en concepto dé daños por dolores físicos y sufrimientos morales (sic), $5,000, y, por todo el tiempo que el demandante ha dejado de trabajar, desde el- día 14 de agosto hasta la fecha de la interposición de la demanda, $120.

Del examen que hemos hecho de la prueba no tenemos duda de que la corte estuvo justificada al concluir que los hechos ocurrieron tal y como se alega en la demanda. No vemos cómo, suponiendo que no exista ningún otro error, la corte pudo haber llegado a una conclusión distinta, y además, esta-mos convencidos de que la corte presidió el juicio en una forma eminentemente justa e imparcial. Hallamos que no hubo negligencia contribuyente por parte del demandante, quien, conforme declaró la corte inferior, caminaba por el lado izquierdo de la carretera en dirección a San Juan en la forma que las persopas que usan la carretera dé ordinario habían viajado y que éste no tuvo oportunidad de evitar el accidente-adoptando cualquier medida que se le hubiera ocurrido a un hombre prudente. Esto resuelve los señalamientos segundo,, octavo y noveno, y, hasta cierto punto-, el sexto.

El primer señalamiento lee así:

“Haber establecido, con motivo de haberse demostrado por la prueba del demandante que éste caminaba por la izquierda, el ruling-consignado en la página 38 de la transcripción de evidencia, a saber r ‘La Corte va a dar su opinión para los efectos de los alegatos de las partes. La Corte tiene la opinión que ningún peatón tiene la obligación de caminar ni pojr la derecha ni por la izquierda. Puede-caminar por el lado que más le convenga caminar.’ ”

Creemos que la corte expuso la ley claramente al decir que ningún peatón está necesariamente obligado a caminar por la derecha o izquierda de la carrétera. La jurisprudencia es; clara al efecto de que en el campo, y éste era un sitio pare-cido, donde no existen aceras, un viandante puede caminar en la forma indicada por la corte. No es necesario dar énfa-sis a este punto de derecho toda vez que la prueba demuestra claramente que había una vereda para peatones, bien visible, y la corte tomó conocimiento de ello.

El cuarto señalamiento lee como sigue:

“Haber permitido las preguntas y respuestas que aparecen en las páginas 5, 7, 55, 60 y 65 de la transcripción de evidencia.”

Este señalamiento de error es insuficiente. Cada una de las supuestas infracciones debió haberse consignado separa-damente y en forma más específica. Por ejemplo, el deman-dante pudo quizá haber dicho fácilmente, al discutir el seña-lamiento que aparece en la página 5, que la corte cometió error al permitir que el perito dijera cuál sería el estado de la pierna del lesionado en el futuro. No encontramos que cometiera error al admitir esta prueba, y las otras supuestas infracciones o no fueron errores o de serlo resultan inofensi-vos.

Apenas si entendemos el quinto señalamiento de error toda vez que la declaración del juez Carballeira respecto a las distintas declaraciones hechas ante él por un testigo en una causa criminal era enteramente admisible para contradecir las manifestaciones hechas por dicho testigo en el presente recurso. Además, el señalamiento es insuficiente por no ser específico. Éste lee así:

“Haber permitido la declaración del Juez Carballeira en las pá-ginas 89 a 93 de la transcripción de evidencia.”

El séptimo señalamiento es como sigue:

‘ ‘ Que la sentencia dictada en este caso, es nula y sin ningún efecto ya que no condena expresamente a ninguna persona al pago de can-tidad alguna en favor de alguna otra persona.”

Ahora bien, es cierto que hubiera sido mejor que la sen-tencia expresara específicamente que la misma se dictaba contra la Porto Rico Dairy Company y contra la compañía de seguros. La sentencia no menciona a ninguno de los deman-dados sino qne dice que se declara con lugar la demanda, con ■cierta excepción, y que los daños se aprecian por la corte en la suma de dos mil dólares.

La referencia que se hizo a la demanda suplió cualesquiera supuestas deficiencias en la sentencia, especialmente en vista de que la opinión formaba parte de la misma. En su alegato las apelantes, según recordamos, se refieren al hecho de que la responsabilidad de la compañía de seguros era subsidiaria, mas no puede haber duda de que de acuerdo con la ley vigente en Puerto Rico la demandada, G-reat American Indemnity Company, se hallaba propiamente ante la corte y era respon-sable.

El sexto señalamiento de error lee así:

“Haber pronunciado sentencia por la suma de $2,000, siendo la misma excesiva, improcedente y contraria a la condición económica prevaleciente en Puerto Rico.”

Quizá algún otro juez puede haber tenido la idea de que $2,000 era demasiado, mas no lo eremos así, y no importa que la corte concediera la suma total englobada de $2,000 sin refe-rirse específicamente a los $120 reclamados separadamente.

La determinación del tercer señalamiento de error es un poco más difícil. Este lee así:

“Haber dictado sentencia sin jurisdicción por los siguientes mo-tivos: (a) Porque la codemandada The P. R. Dairy Co. estaba bajo sindicatura, y no aparece que se obtuviera permiso del Tribunal para demandarla y que fuera demandado el síndico; (i) Porque la sen-tencia no fué dictada en corte abierta, en la Corte de Distrito de San Juan.”

En primer lugar resolvemos que éste no es, por lo menos nominalmente, un pleito contra el síndico de la Porto Rico Dairy Co. La jurisprudencia tiende a demostrar que tan sólo en casos excepcionales el nombramiento de un síndico impide que se instruya un pleito contra una corporación, sin permiso de la corte. Eso debe ser así ya que con mucha fre-cuencia la parte demandante necesita obtener sentencia contra una corporación para proseguir su recurso. Calhoun v. Lanaux, 127 U.S. 634, 32 L. Ed. 297; nota en Marshall v. Wabash R. Co., 8 A.L.R. 442 y casos allí citados.

El apelado también indica, con citas de autoridades, que el dejar de obtener permiso es algo que puede renunciar el síndico y que tal renuncia surgió en este caso, toda vez que en la corte inferior no se presentó tal objeción y que el sín-dico mismo fué llamado como testigo para que demostrara que el automóvil estaba asegurado y para que presentara la póliza. Si no se hubiera llamado al síndico, nada habría en los autos que demostrara su nombramiento. Sea ello como fuere, no podría surgir mucho daño en este caso puesto que la compañía de seguros era responsable.

La otra parte del error no ha sido bien señalada, mas sin entrar en todas las razones que hubo para dictarse la senten-cia, si el secretario de la corte de distrito la registró debida-mente como dictada por el juez Arjona, aunque fuera escrita en Humacao, esto era suficiente.

Debe confirmarse la sentencia apelada.