text:
    Juan Buenaventura, Petrona de Jesús, Juana M. Gabriela, Juan Concepción, Domingo María y Domingo Aquiles Quiñones Vega, demandantes y apelantes, v. South Porto Rico Sugar Company of P. R. y La Comisión Industrial, demandadas y apeladas.
    No. 6583.

    Sometido: Marzo 14, 1935.

      Resuelto: Abril 10, 1935.

      It. Hernández Malos, abogado de los apelantes; F. Manuel Toro, abo-gado de la apelada South Porto Rico Sugar Co. of P. R.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso los demandantes, como hermanos y únicos "herederos del obrero Jesús Quiñones Vega, solicitan de esta corte un decreto declaratorio, al amparo de la Ley No. 47 del año 1931 (pág. 379), basados en los beebos que se alegan en la demanda y que sustancialmente fueron declarados pro-hados por la corte inferior.

Jesús Quiñones Vega, mientras trabajaba con la deman-dada, South Porto Rico Sugar Co., sufrió un accidente en junio de 1931. En agosto 17 del mismo año el patrono, con la conformidad del obrero, • sometió a la consideración de la Comisión Industrial de Puerto Rico un proyecto de convenio por la suma de $438.49, cantidad que se fijó tomando como base una incapacidad de un 40 por ciento en las funciones del brazo izquierdo del obrero, de acuerdo con el dictamen producido por el médico del patrono. Recibió la Comisión el referido proyecto, y sin realizar acto alguno para apro-barlo o desaprobarlo, ordenó el examen del obrero por el médico de la Comisión, Dr. Guzmán Soto, quien estimó que el referido obrero ‘ ‘había perdido un 40 por ciento en las funciones del brazo izquierdo, del hombro hacia abajo, quo es la incapacidad estimada por la compañía aseguradora.” La Comisión, que tenía en su poder el proyecto de convenio-enviado por el patrono, acordó remitir a dicho patrono copia del informe médico, para que enviase un proyecto de con-venio de acuerdo con la incapacidad establecida en el mismo.. La South Porto Rico Sugar Co. recibió este acuerdo en enero 19 de 1932 y con fecha 29 del mismo mes se dirigió a la. Comisión recordándole que en 17 de agosto de 1931 le había remitido un proyecto de convenio que firmó y aprobó el obrero Jesús Quiñones Yega, por la suma de $438.49, que acompañó en un cheque a favor del lesionado Jesús Quiñones-Vega. Manifiesta el patrono que estando el proyecto de con-venio sometido a la consideración de la Comisión sólo resta, que ésta señale la cantidad de la indemnización y acepte o-rechace el convenio sometido y que en caso de que sea menor cantidad se le devuelva el cheque para expedir uno nuevo-por el montante exacto de la compensación. Cuando se es-cribió esta comunicación había ocurrido ya el fallecimiento-de Jesús Quiñones Yega, que tuvo lugar en 21 de enero de 1932. Los demandantes, hermanos del finado, quien no dejó-ascendientes ni descendientes, fueron declarados sus únicos-herederos.

En 4 de febrero de 1932 M. León Parra, miembro de la. Comisión, contestó al abogado del patrono manifestándole-que el obrero había sufrido una pérdida permanente del 40' por ciento en la capacidad remunerativa del brazo izquierdo-desde el hombro hacia abajo, y que de acuerdo con su edad' y su salario había que pagarle la cantidad de $470, o sea $31.51 más de la cantidad concedida por el patrono en su: proyecto. El Sr. León Parra pide que se remita la dife-rencia para unirla al cheque de $438.49 que se encontraba, ya en poder de la Comisión, enviado por el patrono.

Con fecha 28 de febrero del mismo año, el abogado-Rafael Hernández Matos se dirigió a la Comisión Industrial' a nombre de los herederos, alegando sn derecho a recibir la cantidad señalada por el Comisionado Mannel León Parra en febrero 4 de 1932. En 11 de mayo del mismo año la Comisión Industrial de Puerto Rico dictó la siguiente reso-lución :

“El obrero Jesús Quiñones Vega sufrió en el mes de junio de 1931, mientras trabajaba con el patrono self-insurer South P. R>. Sugar Co. una lesión en su cuerpo* por consecuencia de un accidente del trabajo, quedándole cierta incapacidad parcial permanente que su patrono lijó en la cantidad de $438.49, suma que fue remitida por éste a la Comisión Industrial en 17 de agosto de 1931 por medio de un check, sometiendo de acuerdo con la ley 85-1928 a la aprobación de esta Comisión un proyecto de convenio entre dicho patrono y el obrero por el que se fijaba aquella suma como compensación de la incapacidad que sufría dicho obrero por consecuencia de su le-sión, convenio que no fué aprobado por la Comisión Industrial por entender ésta que tenía derecho el obrero a percibir $470.00 o sea $31.51 en adición al montante del check antes indicado.
“En este sentido se dirigió la Comisión Industrial al patrono re-quiriéndole para que remitiera esta diferencia, y mientras de una parte y otra se hacían observaciones que versaban alededor de este particular, el obrero del caso murió el 21 de enero de 1932, quedando como herederos de sus derechos y acciones varios hermanos quienes por conducto del abogado de Ponce Sr. Hernández Matos, pidieron se les hiciera entrega como tales herederos del check de referencia, a cuya petición se opuso el patrono, por entender que los derechos que contemplaba la Ley 85-1928 denominada ‘Ley de Indemnizacio-nes por Accidentes del Trabajo’ hacían referencia exclusivamente a los que corresponden a los beneficiarios de un obrero, esto es, a los de aquellas personas que dependían razonablemente para su vida a la hora de la muerte del obrero de lo que ganaba con su trabajo mien-tras vivió; y por ende que la jurisdicción de la Comisión Industrial no llegaba más allá, no extendiéndose por consiguiente hasta poder entender en aquellos procedimientos relativos a la trasmisión por he-rencia de la propiedad de una persona por causa de su muerte; ju-risdicción que es exclusivamente de una Court of Probate que en Puerto Rico compete exclusivamente a las Cortes de Distrito. La comisión entiende que, planteada la cuestión en este terreno en la forma que lo ha sido por el patrono self-insurer South P. R. Sugar Co. of P. R. en verdad la jurisdicción propia para entender en el presente caso, en el trámite en que actualmente se encuentra, corresponde sin duda alguna a una Corte de Distrito, y mientras recaiga la resolución que proceda de la Corte competente sobre el particular que nos ocupa ahora, la Comisión Industrial acuerda conservar en su poder el check antes referido de $438.49 librado a favor.de Jesús Quiñones Vega para hacer entrega de él a quien disponga aquélla en su sentencia.”

El cheque de $438.49 fué devuelto más tarde al patrono por la Comisión.

Contra esta resolución de la Comisión Industrial fué que se inició la solicitud sobre decreto declaratorio. Los deman-dantes alegan que siendo la cantidad de $470 una suma líquida que pertenecía al obrero Jesús Quiñones Vega, y dada la incertidumbre e inseguridad que se advierte con respecto a la persona o personas a quienes pueda corres-ponder dicha suma, se hace necesario que se determine judi-cialmente si son los herederos del obrero los dueños legítimos de la referida cantidad o si la misma corresponde al patrono.

La corporación demandada alega como defensa especial que la compensación otorgada por la Comisión Industrial de Puerto Rico en el caso de Jesús Quiñones Vega lo fué con posterioridad a la muerte del referido obrero y que los de-mandantes en este caso no son beneficiarios dentro de los términos de la Ley No. 85 de 1928 (pág. 631), por la cual se rige la Comisión Industrial, ni tienen derecho en su carácter de herederos a recibir dicha cantidad.

La solicitud de los demandantes fué declarada sin lugar. Los apelantes alegan que la corte inferior erró al resolver que al fallecimiento del obrero Jesús Quiñones Vega éste no dejó ninguna propiedad ni ningún derecho en relación con la compensación, que sea trasmisible por herencia a sus hermanos los demandantes, porque ninguna compensación le había sido concedida al obrero antes de ocurrir su muerte. Se alega además que el tribunal a quo erró al resolver que la acción del referido obrero ante la Comisión Industrial de Puerto Rico dejó de existir al ocurrir la muerte del mismo, de acuerdo con la antigua máxima “Actio personalis moritur cum persona.”

Como cuestión de hedió la corte inferior establece la conclusión de que la Comisión Industrial de Puerto Rico en ningún momento aprobó el convenio de compensación cele-brado entre el patrono y el obrero y que la carta de febrero 4 de 1932 suscrita por el Comisionado Manuel León Parra a la South Porto Rico Sugar Co. no es una resolución de la Comisión Industrial, la cual no ha dictado en ningún momento resolución alguna fijando la compensación que correspondía al obrero Jesús Quiñones Vega.

Copiamos a continuación la carta dirigida al abogado de la South Porto Rico Sugar Co., F. Manuel Toro, que según la corte inferior no constituye una resolución de la Comisión Industrial:

“He leído su moción fecha 29 de enero del año en curso en re-lación con el caso del epígrafe del patrono South P. R. Sugar Co. of P. R. en la que Ud. hace referencia a un proyecto de convenio entre la compañía y el obrero remitido a esta Comisión por dicha compañía en unión del check por la suma, que fija ascendente a $438.49 para que dicho proyecto fuera aprobado por esta Comisión Industrial.
“Se trata de la pérdida de un 40% de manera permanente en la ■capacidad remunerativa del brazo izquierdo del obrero desde el hom-bro hacia abajo. Éste tiene 37 años de edad y un earning capacity de 70fí al día. Con estas premisas hay que pagarle a este obrero la suma de $470.00 o sea $31.51 más de la cantidad que Uds. conceden en su proyecto de convenio antes referido. Si le parece bien remi-tan esa diferencia la cual unida al check de Uds. antes aludido ya en poder de esta Comisión, se pagará al obrero.
“En espera de sus noticias, quedo suyo atto. amigo (fdo.) M. León Parra, Comisionado. ’ ’

En 19 de jnnio de 1932 la Comisión Industrial, habiendo acordado aclarar, a petición del patrono, su resolución de 11 de mayo del mismo año en ciertos particulares, dijo, entre otras cosas, lo siguiente:

“En febrero 4 siguiente, de acuerdo con las premisas existentes con respecto a este particular en los autos del presente caso, se re-solvió que de acuerdo con esta incapacidad correspondía al obrero en cuestión percibir $470 en concepto de compensación, y con este mo-tivo en la misma fecha se dirigió al abogado del patrono comuni-cación firmada por el Comisionado ponente, que en su parte perti-mente dice así: . . (Se copia la carta del Sr. León Parra ante-riormente transcrita.)

De lo expuesto se deduce que la Comisión fijó en $470 la compensación que correspondía al obrero, pero que esta decisión se dictó después del fallecimiento del mismo. La incapacidad fijada por el médico de la Comisión que coincidió con el médico de la compañía aseguradora, fué aceptada por dicha Comisión en 4 de enero de 1932, cuando acordó remitir el informe de su propio médico al patrono, para que éste enviase “un proyecto de convenio de acuerdo con la incapa-cidad establecida en el mismo.”

No discrepan las partes en cuanto a los hechos que aparecen expuestos por la corte sentenciadora con claridad y precisión. La dificultad estriba en determinar si al ocurrir la muerte del obrero lesionado había éste adquirido o no un derecho que pudiese ser trasmisible a sus herederos. El derecho que pueda subsistir en favor de los herederos des-pués de muerta una persona con derecho a compensación, bajo la ley de indemnizaciones a obreros, es una cuestión a discutir de acuerdo con las leyes de cada estado en particular. Puede decirse en términos generales que en la mayoría de los estados en que las cortes han considerado esta cuestión the right to compensation not yet accrued termina con la muerte del obrero lesionado o la persona que de él dependa y no pasa a los representantes personales de la herencia o a los herederos.

En Sucn. Bachier v. Comisión de Indemnizaciones a Obreros, 33 D.P.R. 1016, Jesús Bachier solicitó de la Comisión de Indemnizaciones a Obreros que se le indemnizara a causa de un accidente que sufriera mientras trabajaba en su carácter de obrero en cierta factoría. La solicitud fué de-negada. Se estableció apelación para ante la corte de dis-trito, pero, dnrante la tramitación del recnrso, falleció el demandante y a petición de sns herederos fueron éstos sus-tituidos por la persona de su causante para continuar el procedimiento. Luego la corte, motu proprio, desestimó la apelación declarando que el derecho del peticionario Jesús Bachier quedó extinguido con su muerte, sin que fuera dable a sus herederos revivir tal derecho a virtud de una sustitu-ción de partes. Confirmando la sentencia de la corte inferior, esta corte se expresó en los siguientes términos:

“El artículo 3 de la Ley de Indemnizaciones a Obreros, tal como quedó enmendado por la Ley No. 61, aprobada en julio 14 de 1921 (p. 475), prescribe en los párrafos 1, 2, 3 y 4 el derecho de todo obrero que resulte lesionado a recibir cierta compensación según el carácter transitorio de la lesión o la incapacidad parcial o total para el trabajo y por el párrafo 5 se dispone que si el obrero perdiere la vida como resultado de las lesiones sufridas y ocurriere la muerte dentro de un año después del accidente, las personas o beneficiarios que enumera y quienes dependieran de modo razonable de lo que ganaba el obrero fallecido, tendrán derecho a la compensación que se determina en dicha ley.
“Primeramente el propósito de la ley fué proveer los medios de subsistencia al obrero que recibe lesiones en sustitución de los sala-rios que deja de percibir durante su incapacidad, ya temporal o per-manente, como resultado de tales lesiones. Esta es una acción personal que corresponde al obrero y cesa con su muerte. En relación con este derecho del obrero las autoridades discuten si lo que percibe el obrero durante su vida debe colacionarse al montante de la compen-sación que obtenga el beneficiario o dependientes a consecuencia de su muerte o si el obrero puede transar en vida de modo que sus bene-ficiarios queden impedidos de ejercitar su acción por su subsecuente fallecimiento. Las autoridades parecen unánimes en el sentido- de que el obrero no puede transigir sobre el derecho futuro de sus beneficiarios por razón de su muerte, pero si bien estas cuestiones no tenemos que considerarlas en este recurso, todo demuestra y así se desprende cla-ramente del artículo 3 y párrafos citados, que la ley establece dos acciones separadas e independientes sin interés recíproco entre las partes realmente interesadas, no surgiendo, por tanto, el derecho de los beneficiarios hasta el momento de la muerte del obrero y limitada la acción por nuestro estatuto, si tal evento ocurre, dentro del año después del accidente.
“La ley de Massachusetts es bastante semejante a nuestro estatuto y la Corte Suprema de dicho estado', refiriéndose al punto suscitado en este caso, dice:
“ ‘Somos de opinión, sin embargo, que el derecho a una orden para pago en el futuro de esta compensación especial termina con la muerte de la persona lesionada,. Es un derecho peculiar a dicha persona y no creado para beneficio de los que dependen de él. Es parte del sistema de compensación especial provisto en las secciones 9, 10 y 11 de la segunda parte de la ley. Por la sección 9 se dispuso una compensación especial por un período de incapacidad total para el trabajo; por la sección 10 se fijó la compensación por un período de incapacidad parcial; por la sección 11, tal como fué enmendada por la ley de 1913, se concede compensación adicional por la pérdida o incapacidad total o parcial de ciertas partes del cuerpo. Todas estas disposiciones parecen haberse establecido para la compensación personal del empleado lesionado, proveyéndose para los que de él dependen la compensación que se da por su fallecimiento. La com-pensación especial toma el lugar de los salarios que de no haber ocurrido la lesión el empleado hubiera ganado. Como indica la Junta de Accidentes Industriales en su resolución, nada hay en el texto de la ley que autorice que se ordenen los pagos especiales durante un tiempo después de la muerte del empleado, ni su fraseología ni su fin aparente requieren tal interpretación. Si esto no fuera así, las sumas que habrían de ser pagadas a los que dependen de él se aumen-tarían proporcionalmente a la rapidez con que su muerte ocurriera después de haber comenzado la ineajiaeidad, a pesar de que el ob-jeto evidente de estos pagos era resarcir las pérdidas por su inca-pacidad para ganar dinero. En nuestra opinión la decisión soste-niendo que esta compensación específica sólo debe concederse mien-tras vive el empleado lesionado, fué correcta.’ In re Burns (218 Mass. 8), 105 N. E. 601.”

Los diversos estatutos de cada estado han sido interpre-tados por los tribunales de acuerdo con sus peculiares dis-posiciones. Las decisiones son en realidad numerosas. En algunos puntos se manifiestan acordes y en otros en abierto conflicto. Este conflicto no surge siempre de los términos: en que está redactada la ley, sino de la aplicación de un criterio diferente a disposiciones legales prácticamente idén-ticas.

Las decisiones versan sobre la trasmisibilidad de los de-rechos de la persona lesionada después de su muerte, o de sus beneficiarios, también después de haber fallecido. La Corte Suprema de Massachusetts, en Murphy’s Case, 224 Mass. 592, 113 N. E. 283, se expresa así:

“Sostener que la persona que dependía del obrero tiene un derecho adquirido (vested right) a compensación que pasa a un legata-rio mediante testamento y en caso de sucesión intestada se trasmite al pariente más cercano de dicha persona, sería imponer al asegura-dor una carga no justificada por el objetivo que la ley se propuso al-canzar. Además, la compensación concedida a esa persona iría en tal caso a personas ajenas a la clase que tuvo en mente el legislador. Así interpretado, el estatuto enriquecería o podría enriquecer a ex-traños en lugar de hacer justicia a la familia y al pariente más cer-cano del obrero muerto en el curso- del trabajo en que estaba em-pleado. En Inglaterra y en Ohio prevalece un criterio contrario, pero aquellas decisiones se basaron en disposiciones de las leyes allí cues-tionadas que no son iguales a las disposiciones de nuestra ley de in-demnizaciones a obreros. . . . Por estas razones somos de opinión que aunque no hay disposición expresa a este efecto en la ley, los pagos semanales que se hacen a la persona beneficiada deben ter-minar cuando la misma muere.”

Esta decisión aparece ratificada más tarde en Bartoni’s Case, 225 Mass. 349, 114 N. E. 663, y en Bott’s Case, 230 Mass. 152, 119 N. E. 755.

En Cambridge Mfg. Co. v. Johnson, 153 Atl. 283, se dice qne cuando la Comisión o la corte en apelación ha concedido una compensación a la persona lesionada, aunque la decisión de la corte se dicte después de su muerte, el representante de la herencia tendrá derecho a cobrar aquella porción que el lesionado hubiera tenido derecho a percibir hasta el momento de su fallecimiento. Con respecto a aquella porción que la persona lesionada no tuvo derecho a percibir durante su vida, de acuerdo con la corte, ni el administrador de los bienes ni ninguna otra persona tiene derecho a cobrarla después de su muerte.

En Bry-Block Mercantile Co. v. Carson, 288 S. W. 726, resuelto por la Corte Suprema de Tennessee, se sostiene que el derecho a una compensación not yet accrued, a la cual la persona que dependa del obrero tendría derecho, termina con su muerte y no pasa a sus representantes personales, o here-deros. En este caso se afirma enfáticamente que si el obrero muere de causas naturales sus representantes no tienen reclamación contra el patrono y si la muerte resulta de lesiones recibidas en su trabajo, existen disposiciones es-peciales para proteger a los que dependan del empleado. Se arguye que sería imponer una carga adicional al patrono, no intentada por la ley, si se le requiriera a pagar salarios o compensaciones a los representantes de la herencia del obrero que falleció de muerte natural. Añade además la Corte de Tennessee que si el lesionado hubiese tenido un derecho adquirido al tiempo de su muerte para obtener com-pensación por ochenta y tres semanas adicionales, si se hubiese constituido una deuda a su favor, serían los repre-sentantes de la herencia los llamados a cobrarla. Se niega que existiese tal derecho adquirido y se dice que los salarios cesan con la muerte del obrero y que igualmente debe cesar la compensación concedida en su lugar.

En Inglaterra el derecho a la compensación que surge con motivo de la muerte del obrero pasa a los representantes de la herencia de un finado que dependía de dicho obrero. Darlington v. Roscoe (1907) 1 K. B. 219, 76 L. J. K. B. N. S. 371, 96 L. T. N. S. 179, 23 Times L. R. 167, 9 W. C. C. 1. Se ha decidido por la Casa de los Lores que cuando un beneficiario bajo las leyes de compensación de Inglaterra muere sin haber reclamado compensación, los representantes legales del mismo pueden solicitarla, sobre la base de que el derecho para hacer la reclamación quedó investido en el beneficiario al tiempo de morir el obrero y pasa a los repre-sentantes legales del primero. United Collieries v. Hendry (1909) 101 L. T. 129; A. C. (8th L.) 383; 2 B. W. C. C. 308.

En McRandall v. Canadian Cartage & Storage Co. (1924) Rap. Jud. Quebec 62 S. C. 152, el tutor de nn menor reclamó compensación por lesiones sufridas por el último, y habiendo muerto éste, se sostuvo que dicha acción podía ser conti-nuada por sus herederos, quienes tenían los mismos derechos del empleado de acuerdo con la ley de indemnizaciones a obreros.

En State ex rel. Munding v. Industrial Commission of Ohio, 92 Ohio St. 434, 111 N. E. 299, la Corte Suprema de Ohio sostiene que la concesión de una compensación a la persona que dependía del obrero fallecido a causa del acci-dente constituye un derecho adquirido (vested right), cuando se dicta el fallo, de acuerdo con la ley de indemnizaciones a obreros de dicho estado. Se sostuvo en este caso que los representantes de la herencia, al ocurrir la muerte de dicha persona, tenían derecho al balance o diferencia de la cantidad que no hubiese sido satisfecha.

En el caso de Haugse v. Sommers Bros. Mfg. Co., 51 A.L.R. 1438, 254 Pac. 212, el obrero perdió un ojo por enuclea-ción en el curso de su empleo. La compañía aseguradora convino con el obrero lesionado en satisfacerle cierta can-tidad. Este convenio fue aprobado por la Comisión Industrial. Murió el obrero después de haberse comenzado a cumplir el convenio. La compañía aseguradora solicitó en-' tonces que se le relevara de continuar pagando la compen-sación. La Corte Suprema de Idaho, resolviendo esta cues-tión, se expresó así:

“La compañía aseguradora arguye que el propósito de la ley de compensaciones a obreros es pagar al obrero solamente durante el período de su incapacidad para el trabajo y que al terminar esa in-capacidad la compensación debe cesar. Es verdad que bajo los Es-tatutos Compilados, art. 6231, enmendado (Leyes 1921, capítulo 217, .art. 3), se dispone que cuando la lesión causa la incapacidad total para el trabajo, ‘el patrono, durante tal incapacidad . . . pagará al empleado lesionado/ y que un lenguaje similar se usa en relación con-las lesiones que causan incapacidad parcial. Estatutos Compilados,, art. 6233, enmendado (Leyes 1921, capítulo 217, art. 4). También, se dice en cada uno de dichos artículos que en ningún caso los pagos-semanales continuarán después que la incapacidad cesa. Sin embargo, estos pagos no cubren la lesión sufrida por el obrero en este-caso. Por el contrario, el artículo 6234 de los Estatutos Compila-dos, según fué enmendado (Leyes 1921, capítulo 217, art. 5), es-aplicable a esta lesión determinada. Este artículo dispone lo si-guiente: ‘En el caso de las siguientes lesiones la compensación será 55% del cómputo general1 de los salarios semanales, pero no más dé-la compensación semanal dispuesta en el artículo 6231, en adición a-toda otra compensación por los períodos estatuidos contra tales le-siones respectivamente, a saber: . . . Un ojo por enucleación, . 120 (Semanas.)’
“No hay nada en el artículo 6234 o en la ley que disponga la ce-sación de los pagos por la pérdida de un ojo por enucleación en caso-de muerte de la persona lesionada. En virtud de la aprobación del convenio la Comisión rindió un laudo de $1920. El laudo, que está, de acuerdo con el Estatuto, no tiene condición alguna y no se rindió-para que dependiera de una continuación de la incapacidad o te-niendo en cuenta que el obrero viviera durante el período del con-venio. La compañía aseguradora no ha quedado relevada de sul obligación por el hecho de la muerte de la persona lesionada.”

En Heiselt Constr. Co. v. Industrial Commission, 197 Pac. 589, 15 A.L.R. 799, 802, el laudo se rindió después de muerto el obrero, quien no dejó persona alguna que dependiera de él, como ocurre en el caso ante nos. La Corte Suprema de Utah resolvió que el administrador de la herencia no tenía autoridad para reclamar, porque el derecho a la compensa-ción cesó con la muerte del obrero y no era trasmisible. Refi-riéndose al laudo de la Comisión dice la corte:

“En este caso no se rindió laudo alguno en favor de persona vi-viente, ni había persona alguna viviente a la cual pudiera aplicarse. El referido laudo no se rindió hasta diciembre 20, de 1920, o sea cerca de nueve meses después de haber muerto Murphy. Esta dis-tinción puede que no merezca una seria consideración. El ponente no desea sugerir, a modo de argumento, que dicha distinción esté des-pojada de mérito. El punto, sin embargo, que se intenta establecer es que si el derecho no se adquiere hasta que se rinde el laudo, en-tonces, en el presente caso no hubo derecho adquirido', porque no existía ninguna persona viviente que pudiese adquirirlo. Es muy difícil concebir que un derecho se trasmita a la herencia a menos que el derecho haya sido adquirido por alguna persona viviente.”

El Juez Gideon, quien emitió una opinión disidente, refi-riéndose a este punto dijo:

“Para mí la fecha del laudo no tiene importancia. El derecho existió o no existió con anterioridad a la muerte del obrero. En este caso decididamente el obrero durante su vida tuvo derecho a demandar la compensación fijada por la ley. El laudo no crea el derecho. El laudo depende del derecho existente antes de su ren-dición. Es simplemente el acto de la comisión reconociendo un de-recho que ya ha existido. Se sugiere en la opinión de la corte que difícilmente puede concebirse que el derecho pase a la herencia a menos que haya sido adquirido por alguna persona viviente. Si el derecho de algún modo dependiera del laudo la sugestión podría tener algún peso en el razonamiento de la corte. El derecho, sin embargo, no depende del laudo. El derecho fué creado por la ley, Yo he tratado de puntualizar que no hay nada en el estatuto deroga-torio del derecho por razón de la muerte del obrero.”

En Greenwood v. Luby, 105 Conn. 398, 135 Atl. 578, 51 A.L.R. 1443, se sostuvo que la muerte del obrero lesionado antes de rendirse el laudo no impide que se dicte un laudo en favor del representante de la herencia por el montante devengado con motivo de su incapacidad con anterioridad a la muerte. Según la corte, aquella parte de la compensación devengada durante su vida que no ha sido pagada pasa a formar parte del caudal hereditario.

En Morgannelli v. Derby, 105 Conn. 545, 135 Atl. 911, el empleado murió después de iniciados los procedimientos para obtener compensación y antes de rendirse el laudo. La corte resolvió que el Comisionado actuó correctamente al sostener que toda la compensación originada y vencida du-rante la vida del empleado pertenecía al caudal hereditario.

En el caso de City of Milwaukee v. Roth and Industrial Commission, 185 Wis. 307, 201 N. W. 251, la corte se expresó así:

“El laudo no fija el derecho, únicamente determina el montante de la compensación por la lesión. El derecho a la compensación está determinado por el estatuto; la fijación de su cuantía es simplemente un detalle administrativo.”

Como hemos dicho, la mayoría de las autoridades se manifiesta en el sentido de que el derecho a la compensación not yet accrued termina con la mnerte del obrero lesionado. Sin embargo, aquella porción de la compensación already accrued a la mnerte del obrero constituye un derecho adqui-rido que puede ser reclamado por los herederos o los repre-sentantes de la herencia. Creemos, como la mayoría de los tribunales, que en Puerto Rico puede llegarse a esta conclu-sión. El propósito evidente de nuestra legislación es bene-ficiar en primer lugar al obrero que sufre las lesiones y en caso de muerte a las personas que de él dependen; pero esto no quiere decir que una vez adquirido un derecho por la persona directamente lesionada, este derecho, en un caso como el presente en que el obrero no dejó personas que de-pendieran de él, pueda ser reclamado por sus herederos, al-bacea o administrador de la herencia. Nuestra ley concede compensación al obrero directamente por su incapacidad par-cial o permanente durante su vida, y, en casos de muerte, dentro de un año después de ocurrido el accidente, a las personas que se especifican en el artículo quinto de dicha ley, si dependían de modo razonable para su subsistencia de lo que ganaba el obrero lesionado. El obrero en este caso sufrió una pérdida de un 40 por ciento en la capa-cidad remunerativa del brazo izquierdo. La compensación se fijó teniendo en cuenta el carácter permanente de esta lesión, la edad del obrero y su capacidad para ganarse el sustento. La ley en vigor en Puerto Rico dispone en su artículo quinto que la indemnización será graduada en relación con el tipo de salario que ganaba el obrero, atendiendo a la capacidad para ganar del lesionado y probabilidades de vida del mismo, y la importancia de la lesión sufrida. No hay dificultad alguna, a nuestro juicio, en fijar la compensación que debió recibir este obrero hasta el momento de su fallecimiento. De acuerdo con la ley, “la indemnización en dinero que correspondía al obrero o a sus herederos se podrá conceder en pagos parciales mensuales. Si la Comisión concediera la indemnización en un solo pago, ejercerá sus buenos oficios por medio de sugestiones razonables para que la suma con-cedida se invierta de una manera provechosa al bienestar del obrero o de sus beneficiarios.” La indemnización en un solo pago no es posible cuando el laudo se dicta, como en el pre-sente caso, después de muerto el obrero. No cabe conceder una indemnización para cubrir salarios que nunca han de devengarse puesto que la persona con derecho a recibirlos falleció antes de dictarse el fallo. Creemos, sin embargo, que la Comisión está autorizada para fijar la cantidad que correspondía al obrero lesionado en concepto de compensa-ción hasta el momento de su muerte y que debe hacerlo así a requerimiento de los herederos.

Opmamos que debe revocarse la sentencia a/pelada y dic-tarse otra en su lugar declarando que los herederos de Jesús Quiñones Vega tienen derecho a reclamar las ccmtidades que hubiese tenido .derecho a percibir el referido obrero hasta el momento de.su muerte.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señoh Hutchison,

license: Public Domain

text:
    Severo López, demandante y apelante, v. Gerardo Irizarry y Central Coloso, Inc., demandados y apelados.
    No. 6607.

    Sometido: Marzo 1, 1935.

      Resuelto: Abril 10, 1935.

      José Veray, Jr., abogado del apelante; García Méndez & García Mén-dez, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señoh Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante en pleito de daños y perjuicios apela de una sentencia adversa y alega que la corte de distrito erró en la apreciación de la prueba. Mientras nn niño de once años cruzaba una carretera frente a un carro de bueyes que estaba en movimiento, fué golpeado y lanzado al suelo. Una de las ruedas del carro pasó longitudinalmente por sobre su cuerpo. Dejó su marca, que se extendía desde la ingle hacia arriba sobre una parte del vientre, el pecho, la cara y la frente. Presentaba una fractura del cráneo, tenía el hígado destrozado y la autopsia reveló una hemorragia interna en la cavidad abdominal. La muerte pudo haber sido ocasionada bien por una o por ambas lesiones, y del criterio que hemos formado del caso podría admitirse, sin resolverlo, que la corte de distrito cometió error al concluir que el niño murió como consecuencia de un golpe recibido antes de que la rueda pasara sobre él.

El carro marchaba por la derecha de la carretera y el niño por el lado contrario y en dirección opuesta. El juez de distrito dijo que antes de cruzar la carretera el niño venía corriendo por el lado izquierdo de la misma en dirección opuesta a la que el carro traía. La relación del caso y opinión demuestra en resumen con bastante claridad que el juez se refería al lado izquierdo de la carretera desde el punto de vista del vehículo en movimiento que estaba a la derecha. No quiso decir que el niño corría por el mismo lado en que caminaba el carro de bueyes.

Al aproximarse la carreta a un callejón o cruce que de la carretera principal conduce a la derecha, los bueyes, de acuerdo con el testimonio del demandante y de algunos de los testigos de los demandados, trataron de doblar hacia este ■callejón o cruce. Según estas declaraciones el carretero, a fin de mantener el carro en su ruta, hincó el buey de la derecha y le hizo aligerar el paso. La teoría del apelante es que el niño fue golpeado como consecuencia de este repen-tino movimiento hacia adelante. El juez de distrito, sin resolver si el carretero en realidad hincó o no el buey de la derecha, halló que en todo caso el niño era culpable de negli-gencia contribuyente al cruzar imprudentemente por delante de los bueyes en movimiento y tan cerca de ellos que fuera golpeado por uno de éstos, bien por la lanza del carro o con ■el yugo. No encontramos en esto error que dé lugar a la revocación.

El artículo 22 de la ley aprobada el 10 de marzo de 1910 (Estatutos Bevisados de 1911, see. 2263) dispone que: '“Todo conductor de carros tirados por bueyes deberá caminar siempre enfrente de los bueyes cuando transitaren por caminos públicos.” En el presente caso hubo un marcado conflicto en la prueba respecto a si el carretero estaba sentado •en el carro o si caminaba por la izquierda junto a los bueyes. El juez de distrito se sintió inclinado a creer que caminaba junto a los bueyes. Este, sin embargo, no es un punto decisivo. Él no caminaba frente a los bueyes y estaba, porende, infringiendo el estatuto en el momento del accidente. El verdadero alcance y efecto de esta circunstancia sobre la cuestión de la responsabilidad de los demandados, es cuestión sobre la cual los alegatos radicados arrojan poca o ninguna luz. No trataremos de hacer una investigación independiente de este aspecto del caso. Sin que cerremos las puertas a una discusión en casos futuros, nos inclinamos a creer, y por el momento resolvemos, que el efecto del estatuto no es abrogar el derecho de los demandados a descansar como defensa en la negligencia contribuyente del demandante. Véase 45 C. J. 980, see. 532; 20 R. C. L. 104, sec. 90.

Debe confirmarse la sentencia ajelada.


author: El Juez Asociado Señor Hutchisoh,

text:
    Tomás Pérez Sales, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, Lic. A. Ramírez Silva, Registrador Sustituto, recurrido.

      No. 948.

    Sometido: Marzo 4, 1935.

      Resuelto: Abril 10, 1935.

      José Scobater, abogado del recurrente; el registrador recurrido com-pareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Hutchisoh,

emitió la opinión del tribunal.

El registrador de la propiedad se negó a inscribir un documento notarial que envolvía la distribución y adjudica-ción de ciertas parcelas de terreno, fundado entre otras-razones en que no se babía presentado el recibo de la con-tribución sobre herencia. El recurrente no trata de obtener que se revise este aspecto de la nota, pero insiste en que otros fundamentos especificados por el registrador eran de-fectos subsanables y que la escritura debió haberse inscrito' sujeta a tales defectos.

El artículo 379 del Código Político (Estatutos Bevisados de 1911, sección 3086) expresamente dispone que ningún-registrador inscribirá instrumento alguno, en relación con la división, distribución o entrega de los bienes de ningún fallecido, a menos que, se haya presentado y exhibido él recibo o los recibos especiales provistos en el artículo anterior. Ante tal disposición estatutaria, la negativa del registrador a inscribir el documento en cuestión difícilmente podría ser revocada aún si se admitiera que la contención del recurrente es correcta respecto a la naturaleza subsanable de los de-fectos que discute en su alegato. Por tanto, no es necesario que resolvamos las cuestiones así suscitadas.

Debe confirmarse la nota recurrida.


author: El Júez Asociado Señor Wolb,

text:
    De la Torre & Ramírez, demandantes y apelados, v. Josefa, conocida por Josefina Bengoechea y Macías, demandada y apelante.
    No. 5858.

    Resuelto: Abril 10, 1935.

      Pellón & Ayuso, abogados de la apelante; Be la Torre & Ramírez, por su propio derecho.
   El Júez Asociado Señor Wolb,

emitió la opinión del tribunal.

En una moción de reconsideración la apelante insiste 'en ■que las disposiciones del artículo 1247 del Código Civil tal cual fué enmendado, son cuestiones de derecho substantivo y no de derecho adjetivo. La teoría es que ora se objetara o no a la admisión de prueba oral en la corte inferior, no obstante, los letrados demandantes en este caso estaban obli-gados a probar que el contrato sobre honorarios debió haberse efectuado por escrito por el apoderado, Sr. Macías.

Uno de los puntos de la apelante es que ella no se hallaba en la debida posición para oponerse a la prueba oral. Pri-mero, porque en la demanda se decía que el contrato fue celebrado con la demandada Josefa Bengoechea misma, y se-gundo, porque había una segunda causa de acción en la cual se alegaba un quantum meruit, que podía considerarse los demandantes estaban tratando de probar y que esta segunda causa de acción no fué abandonada hasta que el pleito había progresado hasta cierto punto.

Respecto a la alegación contenida en la demanda al efecto de que el contrato fué celebrado con doña Josefa Bengoechea, todo lo que la demanda necesitaba exponer era el hecho último. Si los demandantes trataron con el apoderado debidamente autorizado, el hecho último era que ellos trataban con la principal. Qui facit per alium facit per se.

En lo que al segundo punto concierne, de no hacerlo antes, tan pronto como la demandada averiguó que los demandantes no se fundaban en un qucmtum meruit y sí solamente en una cuenta liquidada (stated account), fué el deber de los letrados oponerse inmediatamente, solicitar la eliminación o adoptar alguna otra medida, si no deseaban que se les colocara en posición de baber renunciado a los beneficios del artículo 1247, suponiendo que en realidad tal renuncia pudiera efectuarse.

En nuestra opinión principal, a instancias de alguna indicación de la apelante, nos referimos al Estatuto de Fraudes Inglés con la posibilidad de que sus disposiciones fueran renunciadas. La apelante sostiene que en su alegato ella solamente se refirió a dicho Estatuto para determinado fin. No embargante, nos sentimos obligados a resolver que el artículo 1247 del Código Civil en su contexto general y espíritu es muy similar a las disposiciones del Estatuto de Fraudes. El fin de dicho artículo va a la forma del contrato; el mismo fin tienen por mira los distintos artículos del Estatuto de Fraudes.

El artículo 4 del estatuto inglés disponía:

“No se iniciará acción alguna contra ningún albacea o adminis-trador, etc.; (2) o contra un demandado por la promesa especial de responder de la deuda, mora, o incumplimiento de otra persona; (4) o basado en un contrato sobre la venta de terrenos, etc.; (5) o basado en ningún convenio que no baya de realizarse dentro del tér-mino de un año, etc.; (6) a menos que el pacto en que se base tal acción o algún memorándum o nota en relación con éste conste por ■escrito, y esté suscrito por la persona responsable del mismo o por alguna otra debidamente autorizada por ella.”

El artículo 17 del mismo estatuto provee: “No se con-siderará como bueno ningún contrato para la venta de efectos, etc.”.a menos que el mismo conste por escrito. De suerte pues, que es evidente que las disposiciones del artículo 1247 del Código Civil no son más imperativas que disposi-ciones similares del Estatuto de Fraudes. Ubi eadem ratio, ibi idem jus; et de similibus idem est judicium, máxima que fue aplicada por nosotros para otros fines, en el caso de Fernández v. Obén, 26 D.P.R. 150.

En un buen número de los estados, bajo el Estatuto de Fraudes Americano, la objeción debe hacerse mediante la alegación correspondiente, y en otros estados resulta dema-siado tarde suscitar la objeción después de haberse presen-tado toda la prueba.

En el caso de Saavedra v. Moreno, 33 D.P.R. 564, dijimos que en lo que a escrituras de poder se refería el mandante debía considerarse como un tercero y hasta que se nos convenza plenamente de lo contrario no, abandonaremos esta decisión.

El contrato celebrado entre los letrados y doña Josefa Bengoechea fue verbal o se hizo constar por escrito. Si el contrato constaba por escrito es evidente que la demandada no podía admitir, sin objeción, prueba respecto al contenido del contrato escrito y más tarde oponerse a que se dejara de presentar el contrato escrito.

Si por el contrario, conforme ocurre en este, caso, cuando la realidad o toda la probabilidad es que el contrato celebrado entre los letrados y el apoderado Macías lo fué verbal, si se hubiesen presentado objeciones a las declaraciones de Ramírez y De la Torre durante el juicio, según debió haberse hecho, dichos demandantes hubieran podido presentar prueba tendente a demostrar el consentimiento o la ratificación por parte de la mandante, o un' impedimento {estoppel). Esta cuestión relativa a la posible ratificación es altamente im-portante, toda vez que si los letrados saben que la parte demandada se va a fundar en la defensa de un contrato escrito de acuerdo con el inciso 6 del artículo 1247, ellos tal vez tengan varias formas de evadir su falta de presentar el contrato escrito o demostrar que la demandada misma consintió.

Es un hecho saliente en el presente caso que la contestación está suscrita, no por doña Josefa Bengoechea, sino por sn hermano. Las relaciones tenidas por los letrados fueron casi exclusivamente con Macias y éste dice al jurar la contestación que él presta tal juramento por tener un conocimiento más exacto y más seguro de los hechos. A nuestro juicio es claro que la persona que realmente inter-vino en estos procedimientos fué el hermano de la demandada y, por tanto, cuando los letrados trataban con él era prácticamente lo mismo que si estuvieran tratando con la mandante. Maclas había contratado los servicios de los letrados y él prosiguió con el contrato. En la página 22 de su alegato la apelante hace constar de manera enteramente clara que fué siempre Maclas la persona que intervino en todas las cuestiones relacionadas con la sucesión o herencia en cuestión.

Estas consideraciones son fortalecidas por la primera defensa especial de la demandada, en la que dice:

“Que en o por el mes de julio de 1924, la demandante formuló a la Sucn. de Riera una cuenta corriente por sus servicios profesio-nales y la demandada por su apoderado Antonio B. Macias y siguiendo instrucciones suyas, se entrevistó con José Ramírez Santibáñez, uno de los abogados socios que componen la firma demandante en este caso De la Torre & Ramírez y llegaron a un entendido o acuerdo; con respecto a la referida cuenta, por fuerza del cual quedó reducido el saldo de la misma, de $39,025.00 a $24,000.00, mediante una rebaja de $15,025.00 que Mzo don José Ramírez Santibáñez a nombre y en representación de la sociedad demandante, . . .

Enfocando este caso desde cualquier ángulo somos de opinión que el contrato quedó debidamente perfeccionado y que si había cualquier defecto de forma el mismo fué renun-ciado. Hallamos que es innecesario discutir algunas de las otras cuestiones sugeridas en la moción.

Debe declararse sm hogar la moción de reconsideración.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro,

text:
    Rafaela Jaramillo Vda. de Matanzo, demandante y apelada, v. Antonio Pillado Pérez, demandado; Francisca Schroder, interventora y apelante.
    No. 6774.

    Sometido: Abril 9, 1935.

      Resuelto: Abril 11, 1935.

      Pedro Álbizu Campos y A. Casanova Prats, abogados de la apelante; J. M. Calderón, abogado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La parte apelada solicitó la desestimación de la apelación interpuesta en este caso, por frívola. La vista de la moción tuvo lugar el Io. de abril en curso con la sola asistencia de dicha parte por su abogado. Pendiente de resolverse la cuestión suscitada, se celebró la vista del recurso en su fondo el 9 de abril actual también con la sola asistencia de la parte apelada por su abogado. La decisión de la moción hubiera requerido el estudio que ahora haremos de los méritos del caso. La una y el otro quedarán resueltos por una sola sentencia.

El único error que señala el apelante lo formula así:

“La Corte de Distrito de San Juan erró al declarar sin lugar la moción de la interventora apelante por la cual solicitaba se dejara sin efecto la sentencia dictada con fecba de 13 de marzo de 1934 de-clarando sin lugar la demanda de intervención y con lugar la de-manda. ’ ’

Examinemos los hechos. El pleito se inició en mayo 2, 1933, en la Corte de Distrito de San Juan por demanda entablada por Rafaela Jaramillo viuda de Matanzo contra Antonio Pillado Pérez, sobre cobro de dinero, en la cual alegó substancialmente que por escritura pública otorgada en 1928 vendió al demandado un establecimiento de óptica por mil doscientos dólares pagaderos en plazos mensuales de cincuenta, habiéndole el demandado satisfecho seiscientos y debiéndole los otros seiscientos que se ha negado a pagarle. Solicitó sentencia por el saldo.

En el pleito intervino Francisca Schroder alegando subs-tancialmente que estaba casada con el demandado, viviendo actualmente separada de él, y que el pleito constituye una confabulación entre las partes para ocultar los bienes de la-sociedad conyugal que existe entre la interventora y el de-mandado, siendo lo cierto que dicha sociedad nada debe a la demandante. Esta contestó negando los hechos relativos a la confabulación y a la no existencia de la deuda.

El 13 de marzo de 1934 el pleito fué resuelto por la siguiente sentencia:

“Llamado este caso a juicio oral por su orden de señalamiento en el calendario general de asuntos civiles de esta corte, compareció solamente la demandante representada por'su abogado, Ledo. J. M. Calderón. La demandante procedió a leer sus alegaciones y pre-sentar sus pruebas, consistentes en documental y testifical, sometiendo el caso sin argumentación, y la corte, por el mérito de las alegacio-nes y evidencia presentada, que a juicio de la corte prueban satisfac-toriamente los hechos esenciales de la demanda, dicta sentencia de-clarando con lugar la demanda, y condenando al demandado Antonio Pillado Pérez a pagar a la demandante Rafaela Jaramillo Yda. de Matanzo, la cantidad de $600 y las costas de este procedimiento, de-clarándose sin lugar la demanda de intervención. ...”

Y en abril 3, 1934, la interventora pidió a la corte que la dejara sin efecto, así:

“Que el juicio del presente pleito fué señalado para el día 12 de marzo de 1934, a las 9 de la mañana;
“Que ese día compareció, a la ñora señalada, el abogado que sus-cribe, con el propósito de solicitar la suspensión de este pleito basta nuevo señalamiento, lo cual manifestó con anterioridad a la bora señalada para la vista al Ledo. Calderón, abogado de la demandante, por la. razón de que su cliente, la interventora en este pleito, doña Francisca Schroder, se bailaba ese día y desde dos días antes recluida en cama, víctima de una fuerte gripe que le ocasionó fiebres altas por todo ese tiempo;
‘ ‘ Que como a eso de las diez de la mañana del mismo día señalado para la vista de este pleito, el abogado suscribiente preguntó al Se-cretario del tribunal, señor Héctor González Blanes, si el presente pleito se vería el mismo día y él, el secretario, le manifestó a este abogado que no habría tiempo ese día porque el pleito que se estaba celebrando era largo y cogería todo el tiempo, a pesar de lo cual el abogado que suscribe estuvo por la tarde en la Corte esperando que este caso fuera llamado, lo cual no sucedió, por lo cual se retiró ese día este abogado de la corte;
“Que al día siguiente, como a las diez de la mañana, poco más o menos, este abogado compareció ante esta Ilon. Corte y el Secretario de la misma le manifestó que la otra parte había obtenido sentencia a su favor debido a la no comparecencia de la interventora;
“Que ni este abogado ni la interventora en este pleito fueron no-tificados ni verbalmente ni por escrito, ni por el Secretario de esta Corte ni por el abogado de la demandante, de que este pleito se vería el día en que la demandante practicó su prueba, razón por la cual este abogado, que no estaba preparado para juicio, y de lo cual tenía pleno conocimiento la otra parte, no compareció a solicitar la suspen-sión de la vista;
“Que la sentencia obtenida en este pleito por la demandante fué obtenida por sorpresa, a espaldas de la interventora y sin darle a ésta oportunidad de defenderse en este pleito en que se alega en la demanda de intervención la connivencia de la demadante y el de-mandado para defraudar a la interventora de sus bienes gananciales;
“Que la interventora, a nuestro juicio, tiene una buena causa de acción contra la demandante y el demandado en este pleito, según •cree el abogado que suscribe por los becbos que su cliente le ha ex-plicado. ’ ’

El 6 de junio, 1934, la corte resolvió la petición como signe:

“La vista del juicio oral en este caso se señaló para el día 12 de marzo de 1934 a las nueve de la mañana. En dicbo día se estaba celebrando otro juicio que no pudo terminarse antes del día 12, por ■cuya razón este caso no fué llamado a juicio hasta el día 13 de marzo. En dicho día compareció solamente la demandante Rafaela Jaramillo Vda. de Matanzo representada por su abogado, J. M. Calderón. La interventora no compareció. Oída la prueba de la demandante, la corte dictó su sentencia el mismo día, la que fué notificada al día si-guiente a las partes perjudicadas. El día 3 de abril siguiente la interventora radicó una moción solicitando se dejase sin efecto la sentencia dictada, y como fundamentos de dicha moción alega (se refieren los de la petición que ya conocemos).
“Basta la simple exposición de los fundamentos en que basa su moción la interventora, para comprender que la misma carece de mé-ritos. En primer término, la sentencia fué notificada según aparece de los autos el día 14 de marzo, y el día 3 de abril, o sea, 20 días •después de dictada se presentó la moción de la interventora solici-tando que se dejara sin efecto la sentencia. En segundo lugar, el .abogado de la interventora no ignora como no lo ignora ninguno de los abogados que postulan en esta Corte de Distrito, que desde hace más de tres años existe una regla de esta corte en relación con los •calendarios civiles en virtud de la cual mensualmente se lee el calen-dario general de los asuntos que han de verse durante el mes si-guiente; que se señalan para juicio cuatro casos durante cada uno de los tres primeros días de las tres primeras semanas del mes, de-jando la última sin señalamientos, a fin de que el juez pueda resolver durante ese tiempo los casos que haya visto con anterioridad a esa fecha; que prescribe además esta regla que señalado un caso para juicio si no puede por cualquier circunstancia celebrarse el juicio ■en el día especificado, se continuará al día siguiente hasta que se vean todos los juicios señalados para la semana en cuestión. De modo que si un juicio no puede verse el lunes para el cual está señalado porque un caso anterior le ha tomado su turno, entonces el caso podrá verse .al siguiente día o cuando termine el caso inmediatamente anterior.
“ Conociendo como indudablemente conocía el abogado de la in-terventora esta regla, era su obligación estar pendiente de que se lla-mase este caso a juicio y no esperar a que el Secretario o la parte-contraria lo notificara, pues ni el Secretario ni la parte contraria es-taban obligados a ello, ni como cuestión de práctica nunca se ha hecho-así en esta corte.”

Para sostener que la razón le asiste, invoca la interven-tora apelante el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento-Civil en la parte que dice:

. . y también eximir a alguna persona o a sus representantes-legales, de los efectos de una sentencia, orden u otro procedimiento-que se hubiese dictado contra ella, por causa de equivocación, inacL vertencia, sorpresa o excusable negligencia; ...”

Hemos examinado los autos y tomado en consideración: cuanto dice la interventora apelante en su alegato y creemos-que no es posible concluir que la corté estuviera obligada por la fuerza de las circunstancias a dejar sin efecto su sentencia-

A nuestro juicio no cabe alegar con éxito la existencia de sorpresa o excusable negligencia.

La corte de distrito consideró detenidamente la petición-Su resolución habla por sí misma en forma persuasiva y convincente. La vista no pudo ser una sorpresa para la. interventora. La fecha del señalamiento no sólo se hizo de-acuerdo con la ley y las reglas de la corte si que era conocida de la interventora. Su abogado estuvo presente en el tribunal y allí debió permanecer personalmente o por medio de algún otro representante. Por lo menos debió archivar con el Secretario su petición escrita de suspensión alegando las razones que tenía para ello, y nada hizo.

Bajo circunstancias tan adversas tendría que demostrarse que el caso de la interventora era en su fondo de tal modo meritorio que la justicia exigía que se echara a un lado el derecho ya adquirido en el curso ordinario de la ley por la parte demandante, para dar a la interventora una nueva oportunidad. Y a ese respecto la interventora se limitó a alegar en su moción que tenía una buena causa de acción-cuando pudo y debió referir en detalle la prneba con qne contaba para demostrar ia verdad de las alegaciones esen-ciales de sn demanda relativas a la confabnlación y a la no existencia de la denda. En sn alegato ante esta Corte Su-prema nada dice sobre extremo de tanta trascendencia.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Andrés Pol Serrano, peticionario y apelado, v. La Corte de Distrito de Aguadilla, Hon. E. S. Mestre, Juez, demandada; Matías Suau Ballester, por su tutor Bernardo Suau Balester, interventor y apelante.
    No. 6495.

    Sometido: Enero 23, 1935.

      Resuelto: Abril 11, 1935.

      Ángel Arroyo, abogado del apelante; Luis Mercader, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante en nn juicio de desahucio por precario interpuso esta apelación contra la sentencia que un juez de este Tribunal Supremo dictó en un procedimiento de cer-tiorari interpuesto ante él por el demandado durante las vacaciones de este tribunal, por la cual anuló la resolución de la corte inferior que negó su aprobación a la fianza que el demandado prestó para su apelación contra la sentencia y que declaró no haber lugar a admitir el recurso de apela-ción por no haber quedado formalizada la fianza dentro del término concedido para dicha apelación.

El apelante demandó en la Corte de Distrito de Aguadilla al apelado en juicio de desahucio por precario en el cual fué dictada sentencia contra el demandado, la que le fué notifi-cada el 4 de agosto de 1933. Al día siguiente, 5, el deman-dado apeló esa sentencia y solicitó de la corte que fijara la cantidad por la cual debía prestar fianza para su apelación y el mismo día fué fijada en $5,000. El mismo día 5 fué suscrita y jurada la fianza pero no fué radicada en la secre-taría de la corte hasta el día 7, sin constancia de haber sido notificada al demandante. Ese documento lo suscribieron y juraron Hipólito Collazo y Aurelio Liado como fiadores ma-nifestando el primero de ellos ser dueño de bienes en. el municipio de Utuado libres de ejecución y sin cargas por valor mayor de $5,000, por cuyos bienes paga contribuciones al Tesoro Insular en suma anual mayor de $250. El otro fiador también juró ser propietario de bienes raíces en el municipio de Utnado con propiedad inmueble libre de ejecu-ción y sin cargas por valor mayor de $5,000, por los cuales paga contribuciones por más de $250 anuales. Al siguiente día 8 obtuvo el demandante en Utnado ciertas constancias referentes a los fiadores, las cuales presentó el día 9 a la corte con moción para que no aprobase la fianza. La notificación de esa moción fué puesta el mismo día 9 en el correo en Mayagüez, donde reside el abogado del demandante, para ser entregada en Areeibo, donde vive el abogado del demandado. En esa moción se alegó que la fianza no debía ser aprobada por no estar redactada de acuerdo con el artículo 355 del Código de Enjuiciamiento Civil y porque los fiadores no tienen bienes bastantes para la garantía que prestaron. Dichas constancias son declaraciones escritas y juradas según las cuales Hipólito Collazo no tiene finca alguna inscrita en el Registro de la Propiedad de Utuado y que en la Colec-turía de Rentas Internas bay dos recibos a su nombre, uno por 2y2 cuerdas de terreno valoradas en $50 y otro por 9 cuerdas tasadas en $180. En cuanto a Aurelio Liado existe un recibo por una finca de 62 cuerdas 763 milésimas valoradas con sus establecimientos en $2,690, finca que según certifica-ción del registro'de la propiedad está gravada con tres hipo-tecas, una de $3,020 por capital e intereses, otra de $10,100 por capital, intereses y costas y otra de $1,500; sumando las tres $14,620. El 11 de agosto siguiente la corte de dis-trito dictó resolución negando su aprobación a la fianza y no admitiendo el recurso de apelación interpuesto por el de-mandado. Después de las actuaciones que hemos relacionado no hay otras constancias en los autos de la corte de distrito que hagan referencia a la fianza.

El 15 de agosto acudió el demandado Andrés Pol Serrano ante un juez de este Tribunal Supremo durante las vaca-ciones de éste para que librase un auto de certiorari a fin de que revisara la resolución de la Corte de Distrito de Agua-dilla de 11 de agosto a que nos hemos referido, alegando a tal fin, en lo pertinente aliora, que el día 11 de agosto recibió por correo en Arecibo copia de la moción del demandante sobre nulidad y desestimación de la apelación por no haberse presentado la fianza dentro de los cinco días siguientes al 31 de julio en que se dictó la sentencia y también porque la fianza era insuficiente: que el mismo día 11 fue a Aguadilla a presentar escrito de oposición a la moción de desestima-ción del demandante suplicando se señalara día para una vista para probar la solvencia de sus fiadores y para que si la corte no encontraba suficiente la fianza presentar nuevos fiadores, concediéndole para ello un plazo razonable; pero que cuando llegó a Aguadilla de cuatro a cinco de la tarde se le notificó la resolución de la corte' no admitiendo su re-curso de apelación, a pesar de lo cual radicó esa misma tarde su escrito de oposición interesando de ese modo que la corte reconsiderara su resolución de 11 de agosto, sin que fuera reconsiderada. También alegó que la corte cometió error de procedimiento cuando sin oír al demandado ni darle opor-tunidad de defensa ni de enmendar la fianza o adicionar los fiadores decretó la no admisión de la fianza y anuló el recurso de apelación.

El juez a quien fue presentada esa solicitud de certiorari libró el auto interesado después de haber oído' sobre su pro-cedencia a las partes del litigio. Posteriormente falló anu-lando la resolución de la corte de distrito de 11 de agosto de 1933 y el demandante interpuso esta apelación.

En los autos de la corte de distrito, en la petición de-certiorari y en la resolución apelada hay ciertas constancias sobre un aseguramiento de sentencia decretado en el pleito, de las cuales hemos prescindido porque ese asunto no es motivo de error en esta apelación y porque es independiente de la cuestión en controversia. Tampoco hay discusión en cuanto a que el término de cinco días concedido por la ley para apelar una sentencia en juicio de desahucio se cuenta desde la fecha en que la sentencia fuere notificada por el secretario de la corte a las partes o a sus abogados, como expresamente dispone la enmienda hedía en 1929 (Ley No. 11 de 1929, pág. 139) a la sección 11 de la ley de desahucio. Ni hay contienda en que según la sección 12 de la misma ley no se admitirá al demandado el recurso de apelación si no otorga fianza a satisfacción del tribunal para responder de los daños y perjuicios que puedan irrogarse al demandante y de las costas de la apelación cuando la demanda no se funde en falta de pago de las cantidades convenidas, así como que la fianza deberá quedar formalizada dentro del término concedido para la apelación. En resumen, el demandado tuvo, de acuerdo con la ley, cinco días contados desde el 5 ■de agosto para apelar y para presentar la fianza requerida por la ley.

Si bien la resolución de la corte de distrito fué dictada después de sentencia, por lo que era apelable, sin creemos que el recurso de certiorari era procedente en este caso porque dada la naturaleza sumaria de los desahucios, la apelación contra esa resolución no hubiera resultado un remedio adecuado, rápido y eficaz; teniendo en cuenta también que se alega error de procedimiento por haber sido negada la aprobación de la fianza sin dar oportu-nidad al demandado para probar que los fiadores tenían bienes suficientes para la garantía que prestaron.

Según el artículo 12 de la ley de desahucio y nuestras decisiones en los casos de Figueroa v. Sepúlveda, 24 D.P.R. 690, y de Ramírez v. Pérez, 25 D.P.R. 231, el término de cinco vdías concedido por la ley para apelar en juicio de desahucio no es prorrogable ni puede concederse un nuevo término para tal fin.

El juez que dictó la sentencia que motiva esta apelación se fundó para anular la orden de la corte inferior negando su aprobación a la fianza presentada por el demandado y declarando en consecuencia sin lugar el recurso de apelación que interpuso, en que cuando la fianza adolece de algún defecto, tanto la corte como el demandante deben actuar con la necesaria prontitud para ofrecer al demandado la oportunidad de subsanar estos defectos o de prestar nueva fianza; en que la impugnación a la fianza se radicó el mismo día que expiraba el plazo para formalizar la apelación, siendo ■notificada por correo desde Máyagü-ez a Arecibo, práctica-mente cuando no había tiempo para subsanar los errores apuntados, para demostrar la suficiencia de los fiadores ni para prestar nueva fianza; que es un deber claro de la corte examinar prontamente la fianza para que si no resulta satis-factoria pueda ser subsanada o prestarse otra; que cuando se radicó la fianza faltaban dos días para expirar el plazo dentro del cual debía radicarse la apelación pero que la corte dictó su resolución dos días después de expirar. Citó algunas sentencias de tribunales de los Estados Unidas.

Nosotros creemos que el apelante, a quien la ley exige fianza para establecer apelación, tiene el deber primordial de que la que presente cumpla con los requisitos legales* pues en caso contrario se expone a perder su derecho. No conocemos deber alguno impuesto por la ley al apelado para que tenga que impugnar la fianza necesariamente con tiempo bastante para que el apelante lo tenga para corregir los de-fectos de que adolezca, o para presentar otra fianza en tiempo oportuno, de tal modo que si no lo hace pierda su derecho a que haya una fianza suficiente y tenga que seguir sin fianza adecuada durante el tiempo que dure la apelación y recaiga sentencia definitiva. Por otra parte, los hechos de éste caso demuestran que el apelante no fue diligente en la presentación de su fianza, pues teniéndola firmada desde el 5 de agosto, cuando aún quedaban cuatro días de los cinco que concede la ley, la retuvo y no la presentó hasta el día 7, cuando sólo quedaban dos días para expirar el plazo legal; y también demuestran que el demandante fue sumamente ac-tivo en la impugnación que hizo a la fianza, pues presentada ésta el día 7, sin que conste que se le notificara, al siguiente día 8 averiguaba en Utuado los bienes que los fiadores juraron que tenían allí y el resultado de la prueba que obtuvo lo presentó al tribunal al siguiente día 9 para demostrar que los fiadores no tenían bienes suficientes para garantizar la cantidad de $5,000. Es cierto qne el día 9 era el último-de los que tenía el apelante para dejar perfeccionada su?, apelación pero en esto no tuvo el demandante culpa ni falta, de diligencia; la culpa estuvo en el apelante en presentar-una fianza que se dice no cumple con los requisitos legales y no haberla radicado el día 5, en cuya fecha estaba firmadar en la que hubiera habido cuatro días para impugnarla y para resolver la corte. Tampoco hubo falta alguna en la corte pues aunque hubiera sido resuelta la impugnación al siguiente día 10, ya había expirado el término para ser corregida la fianza o para presentar otra nueva. De todos modos, aunque la resolución de la corte de 11 de agosto pudiera ser considerada tardía, si tal falta existió no sería responsable el demandante de esa falta de la corte. Ya hemos demostrado que el demandante no incurrió en falta alguna. Sin embargo, la resolución apelada crea la situa-ción de que se prosiga la apelación sin fianza, ya que según los documentos que presentó el demandante, sin que nosotros resolvamos ahora respecto a ellos, los fiadores no tienen bienes suficientes para garantizar $5,000.

A pesar de lo expuesto entendemos que el demandado tenía derecho a ser oído antes de negarse la aprobación a su fianza para que tuviera la oportunidad de demostrar que no sólo está bien redactada sino también que sus fiadores tienen bienes suficientes para la obligación que contrajeron, no obstante los documentos presentados por el demandante. Por este solo motivo y para ese fin debe ser amolada la reso-lución de la Corte de Distrito de 11 de agosto de 1933, enmen-dándose en ese sentido la sentencia apelada que resolvemos,

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    G. Llinás & Co., S. en C., recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    No. 950.

    Sometido: Abril 2, 1935.

      Resuelto: Abril 12, 1935.

      Luis López de Victoria, abogado de la recurrente; el registrador re-currido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En 12 de junio de 1934 el recurrente presentó para su inscripción un contrato al Registro de la Propiedad de San Grermán. Se denegó la inscripción el 16 de junio y se tomó anotación preventiva por el término de ciento veinte días. En alzada, durante cuya tramitación intervinieron las vaca-ciones de este tribunal, revocamos la nota recurrida y en 14 de diciembre de 1934 ordenamos la inscripción. G. Llinás & Co. v. Registrador, 47 D.P.R. 817.

Entonces el recurrente presentó nuevamente su contrato y el registrador se negó a inscribirlo a menos que éste acom-pañara nuevos sellos' de rentas internas. La teoría del registrador fué que toda vez que habían transcurrido los ciento veinte días, él carecía de facultad bajo la ley para dar nuevos pasos sin el pago de los derechos.

La sección 6 de la ley de marzo 1ro. de 1902 (Comp. 2185), tal cual fué enmendada el 13 de abril de 1916 (Ley No. 57 de 1916, pág. 115), lee como sigue:

“Cuando el Tribunal Supremo apruebe o confirme la calificación del registrador, podrá imponer al recurrente como costas, el pago de una suma que no baje de diez ni exceda de cincuenta dólares, la cual se hará efectiva por los procedimientos de ley e ingresará en el Te-soro Insular, y si revocare la calificación del registrador, deberá ha-cerse la inscripción sin el pago de derechos adicionales a menos que la Corte Suprema dispusiere lo contrario.”

El texto es imperativo. La Legislatura lia indicado su intención de que en todos aquellos casos en que la nota del Registrador sea revocada, se haga la inscripción sin el pago de derechos adicionales, a menos que esta Corte Suprema disponga lo contrario. El suponer que la Legislatura se refería solamente al período de ciento veinte días haría que la sección 6, tal cual rige en la actualidad, fuera innecesaria, puesto que aun sin tal disposición, conforme el misino regis-trador sostiene, de acuerdo con la Ley Hipotecaria y quizá con alguna otra, el no tendría derecho a proceder a menos que se adhirieran los sellos correspondientes.

Podría decirse que la idea es que si bien la anotación misma no pueda convertirse en inscripción, el documento debe ser inscrito independientemente, no importa cuál haya-sido el efecto, de tenerlo, de la expiración del término de la anotación preventiva.

Debe revocarse la nota del registrador y hacerse la ms-cripción sim necesidad de ccmcelarse nuevos sellos de rentas-internas.


author: El Juez PRESIDENTE SeñoR Del Tobo, Juez Presidente Sr. del Toro.

text:
    Concepción Fernández Viuda de Castro, demandante y apelante, v. Rafael Arjona Siaca, demandado y apelado.
    No. 6510.

    Sometido: Febrero 21, 1935.

      Resuelto: Abril 17, 1935.

      Heriberto Torres Sola, abogado de la apelante; E. Campos del Toro, abogado del apelado.
   El Juez PRESIDENTE SeñoR Del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Allá por el año de 1922, sin qne consten el mes y el día, la demandante Concepción Fernández Vda. de Castro, vendió la biblioteca qne fné de sn esposo Antonio F. Castro al abo-gado demandado Rafael Arjona Siaea por dos mil dólares. También separadamente nn armario cuyo precio se fijó en cinenenta.

En Octnbre 27 de dicho año el comprador abonó cien dó-lares, y en marzo 21 del siguiente año, 1923, se redujo a es-crito la transacción, como signe:

“1. — El Sr. Arjona se compromete a entregar a la Sra. de Castro la suma de $800.00, en 30 de abril de 1923, así como un pagaré que vencerá en tres meses a partir desde dicba fecha, por $600.00, con el 10% anual; entendiéndose que este pagaré de $600.00 será prorro-gable por otros tres meses más a petición del Sr. Arjona.
“2. — En caso de que no pudiera cumplirse la obligación anterior; entonces el Sr. Arjona se compromete al cumplimiento de las condi-ciones objeto del pacto anterior con respecto a la compra de la biblio-teca del Sr. Castro, cuyas condiciones son las siguientes: — $200.00 de contado, y $1,700.00 en tres años plazo, así: — $700.00 el 30 de abril de 1924, $700.00 el 30 de abril de 1925 y $300.00 el 30 de abril de 1926, con intereses al 8% anual, entendiéndose los mismos plazos prorrogables en igual forma que el anterior.”

No pudo cumplir el comprador lo prometido en el primer párrafo rigiendo en tal virtud lo acordado en el segundo. Tampoco hizo el comprador los pagos en las fechas fijadas. Llegó a abonar dos mil dólares en diferentes fechas y parece que creyó que con el último abono de mil dólares hecho a un representante de la vendedora todo quedaba terminado. No lo consideró así la vendedora que inició este pleito reclamando un saldo de $779.33, con sus intereses a partir del 21 de enero; 1927, en que se hizo el último abono hasta sn total pago, y las costas.

Fné el pleito a juicio y la corte decidió que la suma real-mente debida a la fecha del último abono era la de $126.71 y condenó al demandado a pagarla con sns intereses al 8 por ciento anual a partir de dicha fecha, sin costas.

No conforme la demandante apeló para ante esta Corte Suprema. En su alegato señala como único error el que sigue:

“La Corte erró en la interpretación del contrato de 21 de marzo de 1923, transcrito en el párrafo 5o. de la primera demanda enmen-dada (p. 15 del Leg. de Sent.) al no computar para dictar el fallo, los intereses desde la fecha del documento hasta tres meses después del yeneimiento de los plazos, al 8%; y al computar intereses a ese tipo, en vez del 6% anual durante el tiempo de la mora.”

Examinados los autos y los alegatos, es necesario concluir que el error existe. La propia parte apelada dice:

“ Veamos ahora los fundamentos sobre los cuales sostiene la de-mandante su imputación de error a la sentencia apelada. Manifiesta la demandante que los intereses debieron haber sido computados al 8% desde la fecha del documento. Sostenemos, en contrario, que fué cor-recta la interpretación de la Corte apelada al resolver que los in-tereses convenidos eran a devengarse después de vencido el plazo en que el principal que los devengaba debió haber sido satisfecho. La apelante, empero, llama la atención de esta Corte hacia el hecho de que la contestación del demandado, (Legajo de la Sentencia, pág. 31 a 32), bajo la Materia Nueva, párrafo A, establece claramente que ‘cada plazo devengaría intereses al 8% anual desde la fecha de la compra hasta el vencimiento del mismo.’ Siendo ésa una alegación de la contestación, aún cuando con la misma no estuvo ni está con-forme el demandado, quien la vino a conocer después de formulada en autos, el demandado acepta la situación que de ella se desprende, y entiende que, a los efectos de la determinación de la controversia existente entre las partes con motivo de los hechos objeto de esta ac-ción, deben computarse sobre la suma adeudada los intereses, desde la fecha en que la deuda se contrajo hasta el vencimiento de cada plazo, a razón del 8% anual, y de que es sólo desde el vencimiento de cada plazo en adelante que deben computarse los intereses a razón del 6% anual, por concepto de mora.”

Sostiene, sin embargo, dicha parte que el interés del 8 por ciento sólo debe computarse hasta el vencimiento del plazo y no hasta el de la prórroga del mismo.

Creemos que no tiene razón, porque siendo el 8 por ciento el interés estipulado, debe entenderse hasta la prórroga acordada en el contrato. No pagado a su vencimiento, debe considerarse que el plazo quedó en efecto prorrogado. El interés legal se aplica al tiempo no regulado por las partes. En tal caso la ley interviene y suple lo dejado de acordar.

La dificultad para dictar la sentencia que debió haber dictado la corte de distrito surge a virtud de que el cálculo hecho por la parte apelante partiendo de la existencia del error arroja un saldo de $478.91 y el hecho por la parte ape-lada uno de $98.49.

Como lo mandado pagar por la corte fue $126.71, tuvimos la idea de confirmar la sentencia aplicando el principio “De minimis non curat praetor,” pero no es posible, ya que se admite que el cálculo de intereses en que se basa la sentencia omite determinado tiempo. Hecho el cálculo por nosotros mismos, nos da un saldo deudor a la fecha del último abono, enero 21, 1927, de $339.32, sin tomar en consideración los cincuenta dólares del armario. Aunque no incluida en el documento, esa transacción existió, debiendo en su conse-cuencia ordenarse también el pago correspondiente a la misma, o sea cincuenta dólares con intereses al seis por ciento anual a partir de la fecha de la interposición de la demanda.

Debe, pues, modificarse la sentencia recurrida y ordenarse ál demandado que pague a la demandante la suma de $339.32 con intereses al 6 por ciento a/rmal a partir de enero 21, 1927, hasta la fecha ■del pago y a que le satisfaga además la suma de $50 con mtereses al ■6 por ciento mmal a partir del 25 de febrero, 1930, en que se inició este pleito, todo sin especial condenación de costas, y así modificada, confirmarse.

Junio 7, 1935

BN MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN

Opinión del tribunal emitida por el

Juez Presidente Sr. del Toro.

En abril 17 último esta corte resolvió este recurso modifi-cando la sentencia apelada en el sentido de condenar como condenó al demandado apelado a pagar a la demandante ape-lante $339.32 con intereses al seis por ciento anual a partir de enero 21, 1927 y a pagarle además $50 con intereses al seis por ciento anual a partir de febrero 25, 1930.

Dentro de la'prórroga eoncedídale la parte apelada pre-sentó en mayo 11 último una moción sobre especificación y prórroga que fue resuelta como sigue: ■

“No ba lugar a la especificación, porque si bien en la opinión de esta Corte no se hacen constar las varias operaciones aritméticas que hubo necesidad de practicar para llegar al resultado que sirve de fundamento a la sentencia, surgen de dicha opinión las bases para el cálculo, a saber, intereses calculados al 8% anual desde la fecha del documento hasta tres meses después del vencimiento de los plazos y al 6% anual durante el tiempo de la mora, debiendo liquidarse capital e intereses a la fecha de cada abono aplicándose éste primero al pago de los intereses adeudados;
“Y en cuanto a la prórroga, se concede hasta el 27 de mayo en curso para archivar su moción de reconsideración. ’ ’

El 27 de mayo el apelado archivó en efecto su moción de reconsideración. Sostiene en ella que esta corte erró en sus cálculos al tomar como precio de la venta de la biblioteca dos' mil dólares cuando según el documento últimamente otorgado dicho precio se fijó en mil novecientos dólares. Hizo entonces el cálculo sobre la base de mil novecientos dólares con el resultado de un saldo deudor de $249.53 en vez del de $339.32 que le ordenó pagar la corte.

Se dió traslado de la moción sobre reconsideración a la parte apelante concediéndosele un término para manifestar por escrito lo que conviniere a su derecho, quedando enten-dido que si la corte lo estimara justo no sólo reconsideraría :stl sentencia si que dictaría en sn lngar la que fuere proce-dente.

En junio 4 actual la apelante radicó su oposición a la solicitud de reconsideración. Contiene un cuidadoso estudio de todas las cuestiones suscitadas y una liquidación hecha a base de las Matte’s Interest Tables compiladas por Napoleón Matte, a base de años de 365 días, que arroja un saldo deudor de $335.01.

La opinión en que se funda nuestra sentencia comienza así:

“Allá por el año de 1922, sin que consten el mes y el día, la demandante Concepción Fernández Yda. de Castro, vendió la biblio-teca que fué de su esposo Antonio F. Castro al abogado demandado Rafael Arjona Siaca por dos mil dólares. También separadamente un armario cuyo precio se fijó en cincuenta.”

Con respecto a los cincuenta dólares del armario no hay ■cuestión. Con respecto al precio de la biblioteca se tomó en ■efecto para nuestro cálculo la base de dos mil dólares. Si aparecen mil novecientos en el documento que se otorgó des-pués y que se transcribe en la propia opinión, es porque se prescindió de los cien que se habían previamente abonado. No cabe la reconsideración solicitada.

Ahora bien, como de la liquidación hecha por la propia apelante resulta una diferencia de $4.31 favorable al apelado, nuestra sentencia deberá modificarse sustituyendo la partida •de $339.32 por $335.01, quedando de tal modo resuelta en definitiva la cuestión suscitada por el demandado apelado.


text:
    María Aldea y Díaz, demandante y apelante, v. Paulina Jesusa Tomas y Piñán, et als., demandados y apelados.
    No. 7000.

    Sometido: Abril 8, 1935.

      Resuelto: Abril 17, 1935.

      Garlos D. Vázquez, abogado de la apelante; Dubón & Ochoteco, abo-gados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión, del tribunal.

La Corte de Distrito de San Juan dictó sentencia declarando sin lugar la demanda al conocer en apelación de una sen-tencia dictada por una corte municipal en pleito sobre recla-mación de $500 por hogar seguro (homestead). Apelada por el demandante la sentencia de la corte de Distrito para ante nosotros, nos piden los apelados que la desestimemos por no existir ese recurso de apelación cualquiera que sea la cuantía de la reclamación porque, según sostiene, el artículo 295, No. 2, del Código de Enjuiciamiento Civil como fué enmendado en 1905 y por el cual se concede apelación contra sentencias de las cortes de distrito dictadas en apelación interpuesta contra resolución de la corte inferior cuando su cuantía, excede de $300, ha quedado derogado por la sección- 4 de una ley de 1934, vigente cuando la sentencia recurrida a este tribunal fué dictada.

En 1908, pág. 124, fué dictada una ley para reglamentar las apelaciones contra sentencias de las cortes municipales en pleitos civiles. La sección Ia. de esa ley fué enmendada en noviembre de 1917, pág. 225, y posteriormente en 1929, pág. 123. Sus secciones 3 y 4 han sido enmendadas en 1934, pág. 293, por ley (No. 31) para enmendar la de 1908 para reglamentar las apelaciones contra sentencias de las cortes municipales en pleitos civiles. Las secciones 3 y 4 enmendadas dicen así:

“Sección 3.' — •(a) El secretario de la corte de distrito anotará la causa en el registro de acciones civiles, notificándolo a las partes in-teresadas. El apelante deberá solicitar la inclusión del pleito en el calendario o lista de señalamientos civiles, en la primera lectura que del mismo haya de celebrarse subsiguientemente a la radicación del caso. Al anunciarse la vista de la apelación, el tribunal, a instancia del apelante, revisará y tomará en consideración cualquiera providen-cia, resolución, auto u orden por los cuales se creyere éste perjudi-cado. Resueltas estas cuestiones se procederá a la vista de la causa tal como resulte de las alegaciones, a no ser que en virtud de excep-ción previa, permitiese el juez que fueren enmendadas la demanda o la contestación. Dispuesto así el pleito para la vista, se tramitará como nuevo juicio, rigiendo para el mismo todas las disposiciones y reglamentos judiciales aplicables a la vista de pleitos originalmente iniciados en la corte de distrito, (b) Si el apelante dejase de soli-citar la inclusión' del pleito en el calendario, el juez de distrito de-clarará desierto el recurso, imponiéndole las costas; y el secretario remitirá inmediatamente la causa a la corte inferior para la ejecu-ción de la sentencia apelada.
‘ ‘ Sección 4. — Celebrado el juicio, la corte dictará sentencia dentro de un período de quince días y el secretario remitirá inmediatamente a la corte inferior una copia certificada de dicha sentencia, con ex-presión de las costas causadas en la apelación. De allí en adelante toda tramitación para ser efectiva 1a. sentencia se llevará a cabo en la corte municipal como si ésta la hubiese dictado.”

Las palabras que contiene la sección 4 son las que a juicio de los apelados destruyen el derecho de apelación que hasta ahora ha existido, pues entienden que cuando la ley ordena que la sentencia dictada por la corte de distrito en apelación sea remitida inmediatamente por el secretario a la corte inferior es porque esas sentencias no pueden ser ape-ladas.

La ley de 1908 y sus enmiendas tuvieron por único objeto, como dice sp título, reglamentar las apelaciones contra sen-tencias de las cortes municipales y no contra las que dicten las cortes de distrito en apelaciones procedentes de las cortes municipales. Para esa clase de apelaciones contra sentencias de las cortes de distrito rige el artículo 295, No. 2, según quedó enmendado en 1905, cuando la reclamación hecha en la corte municipal es superior a $300. La ley de 1934 no deroga expresamente el artículo 295, No. 2, citado y las de-rogaciones tácitas no son favorecidas por 1-os tribunales. Además, la sección cuarta de la última ley hay que enten-derla en el sentido de qne a no ser qne se haya interpnesto apelación remitirá inmediatamente la sentencia a la córte inferior.

La moción de desestimación debe ser negada.


author: El Juez Asociado Señoe Cókdova Dávila,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Jenaro Rodríguez Hernández, acusado y apelante.
    No. 5743.

    Sometido: Abril 12, 1935.

      Resuelto: Abril 24, 1935.

      E. Martínez Aviles, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señoe Cókdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Andrés Torres, policía insular, formuló denuncia contra Jenaro Rodríguez Hernández por un delito de acometimiento grave. La querella, suscrita por dicho funcionario, dice, en parte, así:

" . . .El referido Jenaro Rodríguez Hernández acometió con una daga al denunciante, tirándole varios tajos a la cabeza, los cuales, haciendo inauditos esfuerzos, pudo evadir. Las agravantes que se alegan en esta denuncia son que el denunciante es y era un policía insular completamente uniformado, luciendo sus insignias como tal funcionario y a quien el acusado conocía perfectamente como tal funcionario, quien en aquel momento se encontraba en el ejercicio de las funciones de su cargo, toda vez que se empeñaba en el arresto del acusado, quien había cometido un delito felony y otro delito de de portar armas.”

La Corte de Distrito de Arecibo declaró culpable al acu-sado, y. lo condenó a sufrir tres meses de cárcel y al pago de las costas.

Se alega que la corte inferior erró al creer a los testigos del Pueblo, no obstante las contradicciones fundamentales en que incurrieron, y al concluir que un ciudadano puede ser arrestado en su propia casa a las tres de la mañana, sin orden de allanamiento ni de arresto, y sin haberse demostrado que la persona arrestada haya cometido un delito grave.

Tres son los testigos que declararon en este caso: Andrés Torres y Rosario Polanco para sostener la acusación y Paula Jiménez como testigo de la defensa. El policía insular An-drés Torres comienza su declaración en la siguiente forma:

"Estaba de servicio nocturno esa noche y a las dos de la ma-ñana se presentó un carro al Consultorio del Dr. Quiñones, con un hombre herido, y subí arriba e investigué, y resulta que este hombre ...
“P. Lo que resulta uo. ¿Llegó allí y vió a un hombre herido? Sí, señor.
“¿Quién era? — Saro Polanco.
“¿Y qué hizo Ud.?
“Llegué a la conclusión. . .
“Abogado Sr. Martínez Avilés: Que se elimine eso.
“Hon. Juez: Sí,'elimínese.”

Continúa declarando el testigo que salió para el barrio de Florida Afuera con el propósito de arrestar a Jenaro Rodrí-guez, que tocó a la puerta de su hogar y que la señora del acusado abrió la puerta, que le preguntó si se encontraba en la casa Jenaro Rodríguez, contestándole que no; que la se-ñora le mandó a entrar para que .viera que no estaba en la casa y que el acusado se encontraba escondido con un machete en la mano y al asomar la cabeza le tiró un machetazo que pudo evadir; que cuando vió al acusado ya estaba en-cima de él; que eso ocurrió como a las cuatro de la mañana, que el acusado le tiró el primer machetazo y no pudo tirar más porque se emburujó con él; que no pudo arrestarlo, pero que al otro día vinieron por la mañana y lo condujeron a la cárcel; que no le dió al acusado ni sabe que le hayan dado; que la señora le dijo que se asomara para que viera que su marido no estaba allí y que al asomarse le tiró el ma-chetazo; que el machete dió en un virote y entonces el tes-tigo agarró por los brazos al acusado; que iba uniformado y que el acusado lo vió con uniforme.

Rosario Polanco declara que en la madrugada del 24 de junio .estuvo con el policía Torres en casa de Jenaro Rodrí-guez,' a quien iban a arrestar; que el acusado había herido a un hermano del testigo; que el herido se encontraba en el hospital, en la Clínica del Dr. Quiñones; que el policía llegó a la casa de Jenaro Rodríguez y preguntó a la señora si éste se encontraba allí; que llamó y tocó y respondió la se-ñora Paula; que abrieron la puerta y el policía preguntó si se podía entrar y le contestaron que sí, y que cuando el po-licía entró al cuarto salió Jenaro Rodríguez con un machete tirándole machetazos; que la señora tenía una lámpara en la mano, la cual puso en una esquina cuando entró el policía; que Jenaro Rodríguez le tiró con él machete al policía, quien huyó- para atrás; que el acusado le tiró varios machetazos al referido policía y que éste se defendía echándose para atrás. Paula Jiménez, esposa del acusado, declara que a las tres de la-mañana llegó el guardia Torres y preguntó si estaba Je-naro; que la testigo le dijo que no; que el policía dió tres macanazos y dijo que abriera la puerta y que la obligó a abrir la puerta y se metió en el cuarto, debajo de la cama a buscar; que en eso llegó Jenaro y al decirle que lo venía a arrestar le dijo que lo perdonara, que a esa hora no podía ir; que entonces el guardia se tiró abajo e hizo dos dispa-ros; que cuando Jenaro Rodríguez llegó a su casa el guardia estaba dentro, buscando debajo de la cama; que la testigo estaba allí con cuatro niñas; que ignora lo que le pasara a su esposo; que el policía no le hizo nada a su esposo, pero que lo buscó dentro de la casa y pidió que le abriera la puerta; que por la mañana fueron tres policías a buscar a su esposo y lo arrestaron; que tenía una daga en su casa y por la mañana, cuando llegó la policía, la cogió de detrás de la casa, de un mazo de leña que hendía.

A juicio de la defensa las contradicciones en que incu-rrieron los testigos de cargo Torres y Polanco son de tal na-turaleza que hacen surgir necesariamente la conclusión de que dichos testigos no dijeron la verdad. Examinada dete-nidamente la prueba, puede decirse que sustancialmente es-tos testigos sólo discrepan en cuanto al número de macheta-zos que el acusado dirigiera contra el policía. Torres de-clara que el acusado no pudo tirarle más de un machetazo, mientras Polanco dice que fueron unos cuantos los macheta-zos que le tiró. Hay otros detalles, que carecen de impor-tancia. Por ejemplo, se llama la atención a que el policía manifestó que pidió auxilio al guardia Polanco, a pesar de haber declarado que en aquel momento no había allí otro guardia más que él. Evidentemente el testigo se refirió a su acompañante, el hermano del herido, Rosario Polanco, a quien llamó guardia por equivocación.

La esposa del acusado declara que Jenaro le dijo al poli-cía que lo perdonara, que a esa hora no podía ir, y que en-tonces .el policía se tiró abajo e hizo dos disparos. Confiesa que el policía no le hizo nada a su esposo, pero que lo buscó dentro de la casa. La verdad es que el policía Torres tuvo que abandonar su propósito de arrestar en aquel momento a Jenaro Rodríguez y que hubo que utilizar tres policías para practicar, por la mañana, el arresto del acusado. La prueba de cargo demuestra que hubo resistencia. Paula Jiménez dice que su esposo llegó después, cuando el policía estaba dentro de la casa, pero no niega que acometiera con un machete al referido policía. No creemos que el tribunal inferior incurriera en manifiesto error al estimar como probado el hecho de que el acusado acometiese con un machete al re-ferido policía.

En cuanto al arresto que dicho policía intentó llevar a cabo en la propia casa del acusado a las tres de la mañana sin orden de allanamiento ni de arresto y sin haberse demostrado que la persona arrestada hubiese cometido un delito grave, es cuestión que no se discute en los alegatos con la debida amplitud, pero que debe merecer de nuestra parte detenida consideración. La Ley Orgánica de Puerto Rico (See. 2, pár. 14) dispone que no se expedirá mandamiento de arresto o registro sino por motivo fundado, apoyado con juramento o afirmación y describiendo particularmente el lugar que ha de registrarse y las personas que han de ser detenidas o las cosas que deban ser embargadas. No prohíbe esta disposición arrestos sin mandamiento, sino simplemente la ex-pedición de un mandamiento sin causa justificada y sin la base de una declaración respaldada por un juramento o afirmación.

El artículo 116 del Código de Enjuiciamiento Criminal dispone que un oficial de orden público puede hacer un arresto en cumplimiento de una orden que le haya sido en-tregada con tal fin o puede, sin nna orden de arresto, detener una persona en los siguientes casos:

1. Por un delito público cometido o que se ha intentado come-ter en su presencia.
2. Cuando la persona arrestada ha cometido felony, aunque no haya sido en su presencia.
3. Cuando en realidad se ha cometido un felony y él tiene-mo-tivos razonables para creer que la persona arrestada lo ha cometido.
4. En virtud de una denuncia fundada en causa razonable, de la perpetración de un felony por la persona arrestada.
5. Por la noche, cuando haya motivos razonables para creer que la persona arrestada ha cometido un felony.

No hay duda de que el arresto puede ser practicado de noche cuando el funcionario tiene motivos fundados para creer que se ha cometido un delito grave por la persona a quien se intenta arrestar. Las razones para abrigar esta creencia deben ser de tal naturaleza que puedan impresionar e influir en el ánimo de una persona prudente y cautelosa bajo las circunstancias. People v. Ford, 191 N. E. 315.

En el presente caso el policía Torres tuvo conocimiento de que Jenaro Eodríguez había herido a un hombre que ingresó en el hospital. No surge de la prueba el carácter de la he-rida ni las circunstancias bajo las cuales fué inferida. Cuando el policía parecía dispuesto a explicar, las interrupciones de los abogados desviaron su testimonio y no fué preguntado en ningún momento acerca de la información que tuvo para de-cidirse a llevar a cabo el arresto del acusado.

La Corte Suprema de California, en el caso de Davis v. Pacific Telephone & Telegraph Co., 57 Pac. 764, se expresa así:

“No hay manifestación alguna con respecto a si el arresto se llevó a cabo en virtud de una orden o sin ella, y la presunción de ley es que un funcionario público ejecutó sus deberes y en este caso la presunción sería que el funcionario tenía un mandamiento, o que el delito fué cometido en su presencia. La alegación de la demanda es que el demandante fué acusado de un delito y en tal caso el deman-dante no puede ahora alegar que no fué acusado de un delito. Ha-biéndosele imputado un delito y habiendo sido arrestado por un. funcionario público sin alegarse nada en contrario, debe presumirse; que el funcionario actuó bajo una orden de arresto.”

En el caso de Lees v. Colgan, 120 Cal. 262, 52 Pac. 502, el mismo tribunal, comentando el artículo 836 del Código Penal de California, equivalente al 116 de nuestro Código de Enjui-ciamiento Criminal, se expresa así, después de copiar en parteo las disposiciones de dicho artículo:

"En otras palabras, es el deber de un oficial de orden público’ arrestar bajo cualesquiera de las condiciones anteriormente expresa-das. Ciertamente es su deber practicar un arresto cuando se ha co-metido un delito en su presencia. Igualmente seña su deber arres-tar cuando tiene un mandamiento válido ordenando el arresto. Sin embargo, de acuerdo con el estatuto citado, su deber para practicar un arresto bajo tales circunstancias no es mayor que cuando se ha cometido un felony y tiene causa razonable para creer que cierta persona lo ha cometido. Aquí, por necesidad, debe asumirse que el funcionario tenía causa razonable para practicar el arresto. No debe asumirse que él actuó sin una buena causa, y si él tenía esta buena causa para arrestar, su deber fué llevar a cabo el arresto.”'

Éstos son los únicos casos que hemos encontrado soste-niendo que en ausencia de prueba en contrario debe prevale-cer la presunción de que el oficial de orden público cumplid con su deber al practicar el arresto. En el tomo 3 de la obra “California Jurisprudence”, pág. 120, se cita el caso de Lees v. Colgan, supra, y se dice que en ausencia de evidencia en contrario debe asumirse que el funcionario tenía causa razo-nable para llevar a cabo el arresto. No es necesario, sin embargo, resolver este punto en esta ocasión, porque, a nuestro juicio, la prueba demuestra que, aun en el supuesto de que el arresto hubiese sido ilegal, el acusado acometió innecesaria-mente al policía Torres. El derecho de una persona para resistir un arresto ilegal no es ilimitado. Si bien es cierto que una persona a quien se intenta arrestar ilegalmente puede usar fuerza proporcionada para resistir el arresto, sin embargo, si los medios que usa para evitar su detención son des-proporcionados, tal resistencia resulta ilegal. 2 R.C.L. 474; Porter v. State, 124 Gla. 297, 2 L.R.A. (N.S.) 730.

En el presente caso, de acuerdo con la declaración del policía, que fué creída por la corte inferior, el acusado, que estaba escondido, le tiró un machetazo al asomar la cabeza, que pudo evadir. El machete dió en un virote y entonces ’Torres se abalanzó sobre el acusado para evitar que siguiera tirándole. El policía penetró en la casa con el consentimiento de la esposa y no se ha demostrado que tratara de -ejercer violencia alguna en la persona del acusado para ejecutar el arresto. La prueba demuestra que el acometimiento no estuvo justificado. En estas circunstancias no es posible llegar a la conclusión de que la corte inferior incurriera en error al declarar a Jenaro Rodríguez culpable del delito de .acometimiento que le fué imputado.

Bebe confirmarse la sentencia apelada.