text:
    Antonia Rodríguez, como madre con patria potestad sobre sus menores hijos Junio y José Antonio Lugo, demandante y apelante, v. La Comisión de Indemnizaciones a Obreros, demandada y apelada.
    No. 3933.
    Visto: Noviembre 4, 1926.

      Resuelto: Diciembre 7, 1926.
    1. Patrono y Empleado — Ley de Indemnizaciones bob Accidentes del Trabajo —Procedimientos—Procedimientos de la Comisión de Indemnizaciones a Obreros — Apelación Oontra Sentencias Dictadas por líos Tribunales al Revisar Aquellos — Revisión—■Cuestiones de I-Iecho y Conclusiones.— Atendidas las circunstancias concurrentes en el caso de autos, se resolvió'que la corte inferior razonablemente concluyó que el obrero padecía de tuberculosis pulmonar crónica y que falleció de dicta enfermedad.
    2. Patrono y Empleado — Ley de Indemnizaciones por Accidentes del Trabajo —Naturaleza y Fundamentos de la Responsabilidad del Patrono — Lesio-nes o Daños Sufridos en el Curso de y Como Consecuencia del Empleo— Causa del Daño Recibido. — Cuando hay base para presumir lógicamente que la enfermedad de un obrero — tuberculosis pulmonar — data de tiempo, y que la muerte del obrero se debió a una) hemoptisis causada por 'dieha enferme-dad, la hemorragia en sí no puede considerarse como el accidente que pro-dujo la muerte.
    3. Patrono y Empleado — Ley de Indemnizaciones por Accidentes del Trabajo —Naturaleza y Fundamentos de la Responsabilidad del Patrono — Lesio-nes o Daños Sufridos en el Curso de y Como Consecuencia del Empleo— Enfermedades Provenientes de Empleos u Ocupacionales. — Si una enfer-medad es o no oeupacional depende da las circunstancias especiales ide cada caso y la legislación aplicable al mismo.
    4. Patrono y Empleado — Ley de Indemnizaciones por Accidentes del Trabajo —Naturaleza y Fundamentos de la Responsabilidad del Patrono — Lesio-nes o Daños Sufridos en el Curso de y Cómo Consecuencia del Empleo— Enfermedades Provenientes de Empleos u Ocupacionales. — La tuberculosis pulmonar no es una enfermedad oeupacional a menos que estando dicha enfermedad paralizada (arrested), suceda un accidente que la haga surgir nuevamente, en cuyo caso se concede indemnización por lai incapacidad au-mentada con su reaparición.
    5. Patrono y Empleado — Ley de Indemnizaciones bor Accidentes del Trabajo —Naturaleza y Fundamentos de la Responsabilidad del Patrono — Lesio-nes o Daños Sufridos en el Curso de y Cómo Consecuencia del Empleo— En General. — La debilidad congénita o laf pre-existeneia de ciertas enfer-medades no impiden que en caso de un accidente que cause un daño personal o la muerte del obrero sea compensable.
    6 Patrono y Empleado — Ley de Indemnizaciones por. Accidentes del Trabajo —Naturaleza y Fundamentos de la Responsabilidad del Patrono — Lesio-nes o Daños Sufridos en el Curso de y Oomio Consecuencia del Empleo— Relación Causal Entre el Accidente y el Daño Personal o Muerte.— Para tener derecho a la compensación que prescribe).la ley es necesario qne exista una relación causal entre el aeeidente y el daño personal o muerte del obrero.

      Sentencia de B. H. Todd, Jr., j. (Ponce), declarando sin lugar la demanda, sin costas.

      Confirmada.

      Arjona <& Arjona, abogados de la apelante; Attorney General George C. Butte, C. Llauger Díaz y Emilio Aldrey, Sub-Proeuradores, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Eleuterio Lugo, de oficio panadero, mientras trabajaba en cierta panadería, como borneador, en la fabricación de pan, sufrió una fuerte hemorragia por la boca, a consecuen-cia de la cual murió pocos momentos después. Sus hijos naturales reconocidos Julio y José Antonio Lugo, represen-tados por su madre natural Antonia Eodríguez solicitaron de la Comisión de Indemnizaciones a Obreros se les conce-diera una indemnización por la muerte de su padre.

La Comisión de Indemnizaciones a Obreros negó la soli-citud basándose en que las circunstancias del caso no esta-blecían una enfermedad ocupacional. Contra esta negativa los peticionarios acudieron a la corte inferior mediante de-manda, y ésta fué declarada sin lugar, sosteniéndose por la corte la decisión de la Comisión.

La apelante señala en su alegato la comisión de cinco errores, los que sin embargo pueden reducirse a dos, o sea, que la corte inferior erró al declarar que la hemorragia causante de la muerte de Eleuterio Lugo fué producida úni-camente por una tuberculosis pulmonar crónica, y que erró al estimar que la hemorragia a consecuencia de la cual fa-lleció el obrero no constituye un accidente del trabajo.

Examinaremos conjuntamente esos errores.

El Dr. G-abriel Eigau asistió pocos instantes después de sobrevenir la hemorragia a Eleuterio Lugo, y su declaración en parte, dice:

“R. — Yo hallé una hemorragia intensa en la cavidad pleural iz-quierda y el pulmón tenía una cavidad grande en su parte superior hacia el ápice, cubierta por sangre toda la región. P. — A su lado izquierdo dice usted que vió? R. — Sí, señor; al lado izquierdo la pleura estaba algo inflamada, ya crónica, tenía sus fibrosidades y había algunas adherencias hacia la aorta, la arteria grande que está cerca del pulmón. Juez: P. — ¿Qué fué lo que usted dijo des-pués de la hemorragia interna? R. — Encontré una cavidad en el pulmón, en su parte superior, un estado de pleuresía crónica, la pleura inflamada ya crónica y algunas adherencias hacia la aorta; no encontré ninguna otra lesión, me limité al examen de los pulmo-nes y eso fué lo que hallé, diagnosticando patológicamente como una muerte debida a la intensa hemorragia y que la lesión probable-mente era una tuberculosis pulmonar crónica; ese fué mi diagnós-tico patológico. P. — ¿Muerte por hemorragia? R. — -Sí, señor; y que la cavidad pulmonar, la lesión pulmonar era probablemente una tuberculosis crónica. (Demandante) P. — ¿Probablemente? R.— Sí, señor. P. — ¿ Existía la probabilidad de que no fuera una tuberculosis crónica también, es decir, existía la probabilidad contraria ? R. — Podría ser un absceso de otro origen, podría ser un absceso sép-tico, una cavidad séptica. (Dmdo.): — P.—¿Entonces la conclusión técnica suya es de que la muerte se debió a la hemorragia causada por una tuberculosis crónica? R. — Sí, señor.”

La apelante alega que las manifestaciones del médico contradicen la conclusión que sentó la corte inferior de que Eleuterio Lugo falleciera únicamente a consecuencia de tuberculosis pulmonar crónica. Estamos conformes, desde luego, que el diagnóstico del médico no fué categórico en cuanto al origen de la gran cavidad que encontró en uno de los pulmones del obrero fallecido, pero si no perdemos de vista que en la demanda se admite que últimamente Lugo estaba “bastante resentido en su salud” y que otros testi-gos afirman que Lugo, poco antes de su muerte, no trabajaba como un empleado regular sino ocasionalmente, para poder descansar, es razonable admitir que por el examen de la prueba en conjunto la corte inferior pudo establecer, como así lo hizo, la conclusión de que Lugo padecía de tuberculosis pulmonar crónica y que falleció de esta enfermedad, siendo la hemorragia un síntoma de la misma, produciendo como una consecuencia la muerte.

La cuestión relativa a que se considere la hemorragia en sí como el accidente que produjo la muerte, por el exceso del esfuerzo físico que hacía el obrero en su trabajo, es to-mar el efecto por su causa. Y la apreciación del mismo como algo imprevisto para caracterizarlo como un verda-dero accidente no es proposición que pueda sostenerse. La existencia de una lesión tan extensa como la que reveló la autopsia en el pulmón izquierdo de Lugo lleva la presun-ción lógica que la enfermedad databa de tiempo, tal vez de años, y no podía ser de otro modo cuando la apelante en su demanda reconoce que la salud del obrero estaba quebran-tada. El argumento asimismo de la apelante de que “si la hemorragia hubiera sido fatal y que si el curso forzoso de la enfermedad que padecía Eleuterio Lugo hubiera. tenido que concluir, indefectiblemente, en una hemorragia que le causara la muerte, esa hemorragia causal de la muerte, que podíamos llamar desenlace, hubiera ocurrido más o menos tarde, pero nunca en el momento que ocurrió . . . no es para una seria refutación. Aun para los profanos es sa-bido que la hemoptisis es a veces frecuente en los pacientes de tuberculosis incipiente, en un período en que los signos físicos de esta desgraciada enfermedad no son aún aprecia-bles, o bien ella se puede presentar en el curso de la enfer-medad, ya una o repetidas veces. Aun en reposo y con ios más minuciosos cuidados, la misma enfermedad las origina sin nada externo que las estimule. Siendo esto así, tanto el razonamiento que luego hace el abogado de la apelante, así como las citas en que se apoya, son más bien adversas a su contención al referirse al carácter fortuito de todo ac-cidente. A este efecto, en la página 17 de su alegato, el abogado apelante se expresa así:

“ ‘Fortuito’ se define como que ‘ocurre por casualidad en con-trario a designio; que sucede o tiene lugar sin ninguna causa; por accidente; casual; y un caso fortuito se dice que es un caso con-tingente o accidental.’
“Los casos ingleses no hacen distinción alguna entre las pala-bras accidente y acto fortuito, usadas en algunas leyes; pues se dice en el último caso mencionado. en respuesta a la contención que en el mismo se hizo qne para qne una lesión esté comprendida en las disposiciones de la Ley Ing'lesa debe ser causada por algún acón, teeimiento fortuito y externo, y que ‘la palabra “accidente” es una palabra popular de un significado muy amplio. Esta palabra que originalmente era usada tan sólo por personas versadas en gramá-tica, ha sido usada desde los tiempos del Dr. Johnson hasta el pre-sénte para significar “algo imprevisto, que ocurre por casualidad o por accidente.” ’ 'Si durante cuatro años un' hombre ha usado con éxito sus músculos para levantar algún peso, y debido quizá a un descuido, tal vez a un resbalón, o a otra causa que no sea enferme-dad, pierde el uso de los músculos, que siempre habían trabajado bien, y si a una persona de inteligencia mediana se le preguntara qué le había sucedido a ese hombre, contestaría que había sufrido un ‘accidente,’ y yo creo que esa palabra estaría correctamente usada. Para mí significa lo mismo que si ese hombre hubiese estado usando una cuerda lo suficientemente fuerte para el fin a que se dedica y por exceso de peso o por halarse repentinamente, la cuerda se que-brara y una viga le cayera encima. Eso sería un accidente. En un easo el accidente es causado por la cuerda; en el otro por los músculos. En cada caso hay algo adecuado para el trabajo a que se le dedica, pero sucede lo inesperado, la cuerda o ios músculos se rompen y ocurre un accidente. A mi manera de pensar, en la pa-labra ‘accidente’ siempre hay un elemento de lesión. En cuanto a la palabra ‘fortuito,’ no creo que es necesario hablar mucho. Si la lesión es causada por una enfermedad, es claro que el peticionario no tendría derecho a recompensa alguna, pero creo, como cuestión de hecho, que el hombre, no tenía enfermedad alguna. En realidad no se argumentó seriamente que estuviera enfermo. ‘Fortuito’ quiere decir ‘accidental,’ ‘casual,’ ‘que ocurre por casualidad’; y ya yo. he dicho en mi opinión que esta lesión fue causada por un aconte-cimiento accidental y fortuito. Para determinar si la lesión ha sido» causada o nó por un accidente, uno tiene que distinguir entre lo que tiene que ocurrir y lo que no tiene necesariamente que ocurrir en el curso de un empleo. Si tiene que ocurrir, no es un accidente, pero si no tiene que suceder, entonces ahí está el elemento fortuito y ahí está el accidente.” 1 Honnold on Workmen Comp., 286-287-288.

Si examinamos las autoridades se puede notar que existe un conflicto en las decisiones en relación con las enfermedades que se lian considerado hasta ahora como aeci-dentes del trabajo. En 28 K.C.L. pág. 794, la jurispruden-cia se resume así:

"‘Si bien las opiniones de los casos publicados más bien justifi-can la decisión a que se ba llegado, haciendo referencia a la expre-sión ‘que provengan del empleo y ocurran dentro del curso de éste,’ sin embargo, un número considerable de opiniones descansa en el significado de la palabra ‘lesión,’ ‘lesión personal’ o ‘lesión por ac-cidente.’ De acuerdo con la jurisprudencia prevaleciente no es esen-cial que la lesión sea de tal carácter que presente signos externos o aparentes de su existencia. T gi bien algunas cortes sostienen que el estatuto no autoriza el pago de una compensación cuando la. in-capacidad resulta de una enfermedad, como por ejemplo, pulmonía, reumatismo, fiebre tifoidea, se ha resuelto en la mayoría de los es-tados que la fraseología de las leyes de indemnizaciones a obreros es bastante amplia para incluir enfermedades no provenientes del empleo, como pulmonía, fiebre tifoidea, reumatismo, ántrax, o neuritis óptica que cause la pérdida de la vista. Pero generalmente se ha resuelto que enfermedades que son calificadas como provenientes de empleo no dan derecho a compensación en ausencia de un esta-tuto que lo disponga así expresamente. De acuerdo con esta teoría no puede haber compensación alguna por enteritis, eczema, 'plumhism o envenenamiento con plomo, neurosis proveniente de presión en el plexo braquial, o un agotamiento general debido a exceso de tra-bajo. Se ha declarado que tales lesiones no están comprendidas en los términos ‘lesión’ o ‘lesión personal.’ Sin embargo, en algunos casos se ha resuelto que él estatuto incluye • enfermedades' provenien-tes de industrias o de empleos. Si bien hay casos que resuelven lo contrario, se ha ■ decidido generalmente que una dislocación o frac-tura resultante de esfuerzos exagerados es una lesión por la cual debe concederse compensación. De conformidad se ha concedido com-pensación en caso de hemorragia cerebral, y ataque de nervios. Se ha resuelto que la frase ‘lesión personal’ incluye hernia producida por esfuerzos exagerados.”

No obstante las diferencias de interpretación en las diversas jurisdicciones, dependiendo sin duda de la fraseolo-gía sui generis de cada estatuto, es lo cierto que la tuberculosis pulmonar no se ba considerado como enfermedad ocu-pacional, a menos que ocurra lo que refiere la apelante en el caso de Birk v. Matson Navigation Co., 2 Cal. I.A.C. Dec. 177, diciéndose:

“Cuando un empleado ha sufrido previamente de tuberculosis pulmonar, enfermedad que había estado paralizada, y al suceder el accidente que le causó la fractura de una costilla tal tuberculosis surge nuevamente, se concede cpmpensaeión por la incapacidad au-mentada debido a la reaparición de la tuberculosis.”

Y no puede ser más lógica la decisión de este caso en nada semejante al de autos.

Finalmente estamos de acuerdo con la apelante que la debilidad congenita o la preexistencia de ciertas enfermedades no impiden que en caso de un accidente que cause un daño personal o la muerte del obrero, sea compensable. Pero la cita que hace la- apelante para corroborar su conclusión tampoco es favorable a este caso, pues más bien lo excluye. La cita dice lo siguiente:.

“Es un principio fundamental que el patrono' toma al empleado sujeto a su condición física al empezar a trabajar. Se concede com-pensación no solamente para la protección de empleados que estén en condición física normal, sino también para la de aquellos que estén en un estado subnormal, excepto en casos excepcionales cuando a consecuencia de enfermedades o desórdenes físicos, tales como tuberculosis o sífilis, un trabajador lesionado sufre por un período muy en exceso del que hubiese sufrido si hubiese gozado de buena salud, casos en los cuales se concede compensación únicamente por el período máximo que razonablemente quedaría incapacitada una persona que estando en condición física normal sufriera el mismo accidente. Se desprende que ni una debilidad congenital ni una enfermedad preexistente hacen no compensable una lesión recibida en condiciones que de lo contrario sería compensable.” 1 Honnold on Workmen Comp., 302-304.

Convenimos además con la apelada que los casos de Crespo v. Comisión de Indemnizaciones a Obreros, 33 D.P.R. 831, y Rosado v. Comisión de Indemnizaciones a Obreros, 35 D.P.R. 985, tienen aplicación a este caso. En ellos quedó establecido el principio de que debe existir una relación de casualidad entre el accidente y el daño personal o muerte del obrero para que se tenga derecho a la compen-sación que prescribe la ley.

Por todo lo expuesto, debe confirmarse la sentencia ape-lada. *

El Juez Asociado Sr. Hutchison no tomó parte en la resolución de este caso..


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señob del Tobo,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José González, acusado y apelante.
    No. 2911.
    Visto: Noviembre 29, 1926.

      Resuelto: Diciembre 7, 1926
    1. '‘Indictment” y Acusación — Requisitos y Suficiencia de la Acusación— De los Delitos Definidos y Castigados por Estatutos — Excepciones y Provisos — Negación de Excepciones o Defensas. — No es necesario alegar en una acusación porl portar armas prohibidas la no existencia de la excep-ción contenida en el inciso 1 del artíeul'Q 5 de da Ley No. 14 de 1924 (p. 115).
    2. Armas — Portar Armas Prohibidas — Proceso y Castigo — Defensas.—La ex-cepción contenida en el artículo 5, inciso 1, de da Ley No. 14 de 1924 (p. 115) es materia de defensa y como tal debe alegarse y probarse o probarse simplemente en el acto del juicio. • .
    3. Armas — Portar Armas Prohibidas — Cuchillo—Largo de la Hoja. — En pro-ceso por portar sobre la persona un cuchillo, el hecho de que su hoja tenga más o menos de tres pulgadas no es de importancia decisiva, porque el cu-chillo no es el cortaplumas o navaja plegadiza de bolsillo a que se refiere la ley.
    SENTENCIA de R. López Antongiorgi, J. (G-uayama), condenando al „ acusado por delito de Portar Armas Prohibidas.

      Confirmada.

      José J. Aponte, abogado del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señob del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

La acusación formulada por el Fiscal, en lo pertinente, dice: “el referido José González, allá por el día 4 de Enero de 1926, en el barrio Carite de Guayama, P. B., . . . . ilegal y voluntariamente portaba y conducía un cuchillo, siendo éste un instrumento con el cual puede causarse daño corporal. ’ ’

Fué la causa a juicio, practicándose prueba de cargo y de descargo, y la corte, después de desestimar una excep-eión perentoria formulada por el acusado, lo declaró culpable del delito de portar armas prohibidas y lo condenó a su-frir cuarenta y cinco días de cárcel.

No conforme González interpuso el presente recurso de apelación, señalando en su alegato la comisión de dos erro-res cometidos a su juicio por la corte de distrito , al declarar, sin lugar la excepción y al apreciar la prueba."

Sostiene el apelante que la acusación no es suficiente porque no alega que al conducir el arma el acusado no era con motivo y en ocasión de utilizar la misma en el' ejercicio de su profesión, ocupación o deporte. Invoca el caso de El Pueblo v. Soto, 34 D.P.R. 286.

Basta leer la decisión en el caso de Soto, supra, para concluir que no es aplicable en el sentido en que la invoca el apelante. Aplicable es la de El Pueblo v. Rivera, 35 D. P.R. 545, en la que se resolvió que la excepción contenida en el inciso 1 del artículo 5 de la Ley No. 14 de 1924 no es necesario negarla por virtud de una alegación expresa en la acusación, siendo como es materia de defensa que debe alegarse y probarse o probarse simplemente en el acto de la vista.

No existe, pues, el primer error. Tampoco el segundo.

La prueba de cargo demostró que el acusado .tuvo “unas palabras” con José Rodríguez y sacó un cuchillo. Según Rodríguez el cuchillo no era muy grande. La hoja era de hierro y tendría como tres pulgadas y media, aunque no po-día asegurarlo.

La prueba de descargo no tiende a demostrar que el cu-chillo que portaba González no era en sí mismo un arma prohibida, o que lo llevaba el acusado y lo usaba únicamente en su profesión, oficio, ocupación o deporte (caso de El Pueblo v. Soto, supra), sino más bien intenta probar que el acusado no portaba el cuchillo, ni arma de especie al-guna. Declarando el propio acusado dijo que “ese día,” refiriéndose al 4 de enero de 1926, “se le salió una vela que traía en el bolsillo y cuando la cogió tal vez creían que era nn cuchillo. Que él no portaba cuchillo alguno.”

La corte sentenciadora creyó a Bodríguez y no dió cré-dito al acusado y éste no ha demostrado que al actuar de tal modo lo hiciera movida por pasión, prejuicio o parciali-dad o que cometiera algún error manifiesto, y debe por tanto quedar en pie su conclusión.

Insiste el apelante en su alegato en sostener que la prueba fué deficiente porque el testigo principal del Pueblo no aseguró que el cuchillo que dijo que sacó el acusado tuviera más de tres pulgadas. Tal argumento carece de fuerza porque el largo de la hoja no es de importancia decisiva en este caso, pues no se trata del cortaplumas o cuchilla plegadiza de bolsillo a que se refiere el No. 3 del artículo 5 de la Ley No. 14 de 1924, sino de un cuchillo que, según el diccionario, es un “instrumento de hierro acerado y de un corte solo, con mango de metal, madera u otra cosa,” que no se lleva generalmente sobre la persona, mientras que cortaplumas, según la misma autoridad, es un “instrumento a manera de navaja pequeña usado para cortar plumas,” con el que podrá quizá causarse daño corporal en alguna ocasión inesperada pero cuyos otros múltiples usos personales, enteramente independientes de los fines de ofensa o defensa, son los determinantes de que se lleve comúnmente sobre la persona.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no tomó parte en la resolución de este caso.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    A. Alvarez y Hermanos, demandantes y apelantes, v. Victoria R. de Alamo y Agustín Alamo, demandados y apelados.
    No. 3974.
    Visto: Noviembre 29, 1926.

      Resuelto: Diciembre 8, 1926.
    1. Apelación y Error — Requisitos y Procedimientos para Elevar la Causa— Causa de Error (Writ of Error), Citación o Notificación — Escrito- ds Apelación — Falta de Notificación y Efecto. — El no aparecer del récord que el escrito de apelación se notificó a la parte apelada o su abogado no e» motivo para desestimar cuando aportada prueba aliunde sobre tal notificación, dicha prueba es suficiente para concluir que la notificación se hizo.
    2. Apelación y Error — Récord y Procedimientos que no Estín en Récord— Defectos, Omisiones, Enmiendas y Correcciones — Omisiones en el Récord y Efecto — Omisiones Gomo Fundamentos de Desestimación. — Es el deber del apelante al preparar la transcripción del legajo de la sentencia, incluir todos los documentos que de acuerdo con la ley forman parte de dicho legajo. Cabe corregir la omisión de documentos que forman parte del legajo durante el curso de la apelación. Si no se corrigiere, puede, por tal motivo, desesti-marse el recurso.
    Moción sobre desestimación de apelación presentada por los apela-dos. Concedido término para adicionar el récord, y si así no se hiciere, se registrará resolución desestimando el recurso.

      Francisco Soto Gras, abogado del demandante; Manuel Benitez Flores, abogado de los apelados.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se solicita la desestimación del recurso porque el es-crito de apelación no fué notificado a la parte apelada y porque no se fian incluido en la transcripción determinados documentos.

El artículo 296 del Código de Enjuiciamiento Civil prescribe que una apelación se interpone entregando al Secretario de la corte en que fué dictada o registrada la sentencia o providencia apelada un escrito manifestando que se apela de ella o de determinada parte de la misma, y presentando idéntica manifestación a la parte contraria o a su abogado.

De los autos aparece que el escrito de apelación fué ar-chivado el 29 de marzo de 1926 en la corte de distrito. Al pie del mismo consta lo. que sigue: “Notificado con copia boy”_de marzo de 1926. _ Abogado de los demandados.” Nada más existe.

La parte apelante así lo reconoce pero sostiene que la notificación se hizo y al efecto presenta como prueba una declaración jurada de José I. Lomba que dice que recibió el escrito original de apelación y nna copia del mismo el 29 de marzo de 1926 en el bnfete del Ledo. Soto Gras, abogado del demandante, en. San Juan, P. R., y ese mismo día se trasladó al bufete del Ledo. Benitez Plores, abogado de los demandados, situado también en San Juan, P. R., y bailán-dose diebo abogado ausente practicó la notificación dejando en poder de un empleado suyo que entonces y allí actuaba como tal empleado, secretario o encargado de la oficina, la copia referida.

El artículo 320 del citado Código de Enjuiciamiento Civil dispone que la diligencia de notificación a un abogado cuando se bailare ausente de su bufete podrá verificarse “Entregando la notificación .... al empleado o persona encargada de la oficina.”

Siendo ello así, parece suficiente la prueba aportada para concluir que la notificación se bizo y en tal virtud que no cabe desestimar el recurso por el primero de los motivos alegados.

Examinemos el segundo. La parte apelante admite que no se ban incluido en la transcripción del legajo de la sentencia los documentos especificados por la parte apelada, pero sostiene que no' se incluyeron por innecesarios.

Los documentos dejados de incluir son: 1, los emplaza-mientos; 2, la moción impugnándolos; 3, la orden decla-rando sin lugar la impugnación; 4, una moción eliminato-ria; 5, orden negándola; 6, excepciones previas; 7, orden desestimándolas; 8, moción sobre aseguramiento de senten-cia, y 9, orden de embargo.

Estamos conformes con la parte apelante en que no es-taba obligada a incluir en la transcripción el mayor número de los documentos mencionados porque de acuerdo con la ley no forman parte del legajo de la sentencia a menos que se incluyan en él por medio de algún pliego de excepciones, lo que no se alega que se hiciera, pero bay dos, a saber, las excepciones previas y la resolución dictada con motivo de •las mismas que forman parte por mandato expreso de la ley del legajo de la sentencia y que en tal virtud el apelante •estaba obligado a incluir. También los emplazamientos hu-bieran formado parte del legajo de la sentencia en el caso •de no haberse, contestado como se contestó la demanda.

El artículo 233 del Código de Enjuiciamiento Civil, que ;no ha- sido derogado^ ni afectado por la llamada “ley de •costura” de 1906 — Ley proveyendo el modo de coleccionar los autos en los asuntos civiles, aprobada en 19 de Febrero de 1906, Leyes de 1906, p. 99 — , impone al Secretario de Distrito el deber de formar “el legajo.de la sentencia” in-mediatamente después de registrada ésta y especifica los documentos que constituyen dicho legajo, entre los cuales •están “las alegaciones” y “copia de cualquier resolución ■recaída respecto de alguna excepción previa.”

El artículo 299 del propio Código, tal cómo se aprobó «originalmente, Leyes de 1904, p. 299, y como fué enmendado en 1911, Comp. 1911, p. 902, prescribe que constituirá el récord de una apelación entre otros documentos la “certifi-cación del legajo de la sentencia” y la ley No. 81 de 1919 —Leyes de 1919, p. 675 — a cuyos beneficios parece haberse .acogido la parte apelante pidiendo una transcripción de la «evidencia, enmendando de nuevo el dicho artículo 299 en-tre otras cosas dispone lo que sigue:

“Constituirá el récord de una- apelación la certificación que li-bran el secretario del tribunal a quo, o los abogados de las partes, del legajo de la sentencia y de la notificación de la apelación, ex->«eepto en el caso de haberse aprobado una transcripción de la eviden-cia de acuerdo con la ley. En este caso el récord de apelación es-tará constituido por dicha transcripción original y por certificación de los demás documentos que constituyan el legajo de la sentencia autorizada .en la forma prevista anteriormente. Será deber del ape-lante entregar al secretario dicha certificación autorizada por los abogados de las partes, o solicitar la misma de aquél, y dicho fun-cionario elevará a la Corte Suprema, sin demora alguna, el récord '.completo de la apelación. . . . . ”

Ahora bien, ¿procede por el motivo indicado la desesti-mación del recurso?

Hemos examinado ligeramente el récord y nuestra pri-mera impresión es que las cuestiones envueltas podrían dis-cutirse perfectamente tal como se encuentra aquél en la ac-tualidad. Siendo ello así se explica el error cometido. Ade-más, estimamos que dicho error no es de tal naturaleza que produzca de modo. inevitable la desestimación del re-curso. Puede corregirse.

Siendo ello así, la resolución que parece más justa y apro-piada es la de conceder a la parte apelante un término de diez días para que.corrija el récord haciendo formar parte de él la excepción perentoria y la resolución de la corte y cualquier otro documento que sea parte del legajo de la sentencia, y si así no lo hiciere, entonces que se registre una resolución" desestimando el recurso.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no tomó parte en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Señoe AldRey,

text:
    Miguel Abraham, en su carácter de padre con patria potestad sobre su hijo menor de edad Ramón Abraham, demandante y apelante, v. Miguel Piereschi, demandado y apelado.
    No. 4052.
    Visto: Noviembre 29, 1926.

      Resuelto: Diciembre 9, 1926.
    1. Lugar del Juicio (Venue) — Cambio del “Venue”’o Lugar del Juicio — Mo-tivos, para Conceder el Cambio — Conveniencia de los Testigos — En General. — La facultad concedida a las cortes por el artículo 83 del Código' de Enjuiciamiento Civil para cambiar el lugar del juicio cuando la conveniencia de los testigos y los fines de la justicia se beneficien con ello es discrecional.
    2. Apelación y Error — Revisión—Discreción de la Corte Inferior — Actuacio-nes Previas al Juicio — Cambio del Lugar del Juicio (Venue). — La reso-lución sobre moción solicitando el traslado o cambia del lugar del juieio nó se revocará en apelación a menos que se demuestre un abuso de discreción.
    Resolución de Charles E. Foote, J. (Mayagüez), negando solicitud de traslado del pleito.

      Confirmada.

      Francisco Cervoni, abogado del apelante; Benet & Souffront, abo-gados del apelado.
   El Juez Asociado Señoe AldRey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante, como representante legal de nn hijo suyo menor de edad, presentó en la Corte de Distrito de Maya-güez donde reside el apelado nna demanda sobre indemni-zación de daños y perjuicios por un accidente de automóvil que tuvo lugar en el pueblo de Aibonito Correspondiente al Distrito Judicial dé' Guayama alegando que su hijo sufrió la fractura del fémur izquierdo, habiéndole quedado la pierna izquierda más corta que la derecha, y la laceración del labio inferior, y antes de celebrarse el juicio solicitó el deman-dante que .el pleito fuese trasladado a la Corte de Distrito de Guayama por la conveniencia de los testigos. La Corte de Distrito de Mayagüez negó el traslado que se le pidió y el demandante apeló de esa resolución alegando ante noso-tros que' es errónea.

La facultad que concede el artículo 83 del Código de Enjuiciamiento Civil a las cortes para cambiar el lugar dél juicio cuando la conveniencia de los testigos y los fines de la justicia se beneficien con el cambio es discrecional y, por esto, para que revoquemos una resolución concediendo o negando un traslado por el motivo expresado tenemos que estar convencidos de que la corte actuó haciendo un m'al uso de esa facultad discrecional.

El apelante, para apoyar su petición, alegó en la corte inferior que sus testigos son del pueblo de Aibonito, siendo niños de escuela que presenciaron los hechos y que perde-rían por lo menos un día de clases en ir a Mayagüez y vol-ver de allí, lo que no ocurriría si el juicio se celebrase en Guayama; que otros de sus testigos, el médico, el practi-cante y la enfermera que atendió al lesionado residen tam-bién en Aibonito de cuyo pueblo no podrían separarse sin desatender las obligaciones de los cargos municipales que ocupan, por no tener substitutos para casos de ausencia; y que la mayor parte de sus testigos son pobres, careciendo el - demandante de los medios suficientes para sufragar los gastos que le ocasionaría el traslado de sus testigos a Ma-yagüez. Al oponerse el demandado al traslado alegó que para probar hechos de su contestación a la demanda tiene necesidad de presentar como prueba de ellos dos peritos médicos que residen en Mayagüez, siendo uno de ellos tam-bién Director Escolar de la ciudad de Mayagüez; que ha-brá de practicarse en el juicio una fluroscopia de la pierna lesionada del niño para determinar a ciencia cierta el ver-dadero alcance de la lesión que sufrió, la que no pudo prac-ticarse en Aibonito por no existir allí equipo de Rayos X debidamente instalado, ni lo hay en Guayama; que su es-posa es testigo del accidente, pero como se ha divorciado, no se trasladaría a Guayama, tanto más cuanto que es la dueña y administradora de un taller de bordados en Maya-güez, donde también reside otro de sus testigos presencia-les, el chauffeur que manejaba ese día el automóvil, y que el demandante no es persona que carezca de recursos para satisfacer los gastos de transporte de sus testigos a Maya-güez, pues es un comerciante establecido en Aibonito con más de $3,000 en existencias en su establecimiento sin con-tar los créditos a su favor y que posee en dicho pueblo una casa qne vale más de $500.

Con vista de esas alegaciones juradas de ambas partes no podemos concluir que exista un manifiesto abuso de dis-creción de la corte inferior al negar el traslado del pleito y su resolución debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no tomó parte en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado SeñoR Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Asunción Román, acusado y apelante.
    Nos. 2871 y 2872.
    Vistos: Noviembre 4, 1926.

      Resueltos: Diciembre 9, 1926.
    1. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Presentación y Reserva en la Corte Inferior de los Fundamentos de Revisión — Objeciones a las Denuncias — Vaguedad y Ambigüedad. — Las objeciones que vayan dirigidas a la suficiencia de una denuncia no pueden levantarse por-vez primera en apelación.

      2. Abuso de Confianza — De la Acusación o Denuncia — Su Suficiencia — Rula-ción de Carácter Fiduciario. — Da relación fiduciaria surge de denuncia- poi ■abuso de confianza que susianeialmente alega quo el acusado, mientras ae- ' tuaba como agente de una compañía, cobró- de un cliente de ésta una can • tidad extendiéndole un recibo ya utilizado de otro cliente, apropiándose de] valor de dicho recibo con la intención da emplearlo en su propia utilidad y privando a dicha compañía de dicho dinero.
    Sentencia de M. Rodrigues Berra, J. (San Juan, Segundo Distrito), condenando al acusado por delitos de Abuso de Confianza.

      Con-firmadas.

      José Buis de Val, abogado del apelante; José M. Figueras, abogado de Fl Fuello, apelado.
   El Juez Asociado SeñoR Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En cada uno de estos casos, tanto en la corte municipal como en la de distrito, Asunción Román fné convicto del de-lito de abuso de confianza y en apelación ataca la suficien-cia de las denuncias.

En éstas se alega substancialmente que Asunción Román mientras actuaba de agente vendedor y cobrador de la Singer Sewing Machine Company, ilegal, voluntaria, fraudu-lenta y maliciosamente cobró de cierta señora, cliente de dicha compañía, la suma de $20 ($10 en el caso No. 2872) extendiendo a dicha señora nn recibo ya utilizado de otro cliente y que había sido reportado previamente por dicho acusado apropiándose así el valor de este recibo con la frau-dulenta* intención de emplearlo en su propia utilidad y pri-vando así a la citada compañía de dicho dinero.

El apelante alega que la denuncia es vaga y ambigua y basta cierto punto lo es, pero no se presentó objeción alguna en este sentido en la corte inferior. Estamos obligados a asumir, en ausencia de la debida objeción, que las alegaciones eran suficientemente claras y precisas para informar al acusado de los elementos del delito qué se le imputaba.

Por otra parte, el fiscal de esta corte sugiere que en la denuncia no se alegan todos los elementos constitutivos del delito de abuso de confianza. Esta supuesta deficiencia consiste en dejar de álegar la relación fiduciaria en virtud de la cual el acusado obtuvo la posesión del dinero y se lo apropió para su uso defraudando así a su principal. La denuncia, sin embargo, sí expresa que Román era agente vendedor y cobrador de la Singer Sewing Machine Co. Si bien hubiese sido más correcto decir que él como agente de la compañía efectuó una venta a determinada señora, le ex-pidió un recibo fraudulento y se apropió el dinero que recibió de ella y que debía entregar a la compañía, o quizás aún más, sin embargo, la denuncia demuestra todos estos hechos imperfectamente y de ellos surge la relación fiduciaria. El acusado extendió a dicha señora un recibo correspondiente a otro cliente de la compañía, que ya había sido reportado. Recibió $20 mientras actuaba como tal agente. Todos sus actos hasta el momento de la apropiación, y quizás también ese acto mismo, se dicen haber sido cometidos en su capacidad de agente. Debió haber sido claro para el acusado saber que se le imputaba la apropiación de dinero en su capacidad fiduciaria de agente.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no tomó parte en la resolución de este caso.


author: El Juez Peesidente Señor del Toro,

text:
    Gómez y Vega Sucs., demandantes y apelados, v. Tiburcio Merced, demandado, José Merced, interventor y apelante.
    No. 4086.
    Sometido: Diciembre 9, 1926.

      Resuelto: Diciembre 10, 1926.
    Apelación y Error — Récord y Procedimientos que no Están en Récord— Contenido, Preparación y Aprobación (Settlement) de la Exposición del Caso o Relación de I-Iechíos — Aprobación—Discreción—Exposición Defi-nitiva Radicada Después de Vencido el Término. — Archivada en tiempo una exposición del caso y propuestas y aprobadas enmiendas a la misma, el juez sentenciador tiene discreción para admitir y aprobar el nuevo doeu-monto contentivo de la exposición tal como quedó enmendada, aunque se radique después de veneido el término para ello.
    Moción sobre Reconsidekáción de otra que declaró no haber lugar a la desestimación de la apelación solicitada por la apelada.

      No ha lugar.

      fiármelo Honoré, abogado del apelante; Adrián Agosto, abogado de la apelada.
   El Juez Peesidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La parte apelada solicitó la desestimación del recurso por no haber archivado la parte apelante en tiempo la ex-posición del caso. Se opuso la parte apelante acompañando a su oposición una certificación creditiva de haberse apro-bado por el juez la dicha exposición. Y la corte, por reso-lución de 6 de diciembre actual, declaró no haber lugar a la desestimación solicitada.

Se pide ahora a la corte que reconsidere su resolución de 6 de diciembre por basarse en un error de hecho consis-tente en dar por establecido que la exposición enmendada se archivó dentro de la prórroga concedida por el juez de distrito, cuando es lo cierto que al archivarse el expresado documento ya había vencido el término concedido por el juez.

Tiene razón la parte apelada en cuanto a la “exposi-ción enmendada”, pero como de los autos resulta que la exposición original fue archivada en tiempo y dicha expo-sición y las enmiendas propuestas formaban parte del ré-cord como sostiene el juez de distrito en su resolución de 15 de noviembre último, la cuestión se reduce a estudiar y resolver si pudo o nó dicho juez admitir y aprobar el nuevo documento contentivo de la exposición tal como fué enmen-dada después de vencido el plazo que el mismo concediera para ello.

A nuestro juicio el juez tenía discreción para actuar en la forma en que lo hizo. No se trata de un término ju-risdiccional. Todos los procedimientos se habían desarro-liado de acuerdo con la ley. Sólo faltaba rehacer un do* cimiento ajustándolo a las enmiendas introducidas en efe mismo. El 14 de octubre de 1926 se concedió a la parte' que archivó el documento original diez días para que lo re-hiciera. Poco después de vencido el término, el documento-enmendado se presentó y el juez no por inadvertencia sino* consignando los hechos en su. resolución, decidió admitirlo* y así lo hizo por orden de 15 de noviembre de 1926. La ac-tuación del juez implica si no la prórroga del término con-cedido por ser técnicamente imposible, la concesión de xm. nuevo término sin que las circunstancias demuestren abuso» alguno de discreción.

Siendo ello así, habiéndose archivado definitivamente una exposición del caso que fue aprobada el 15 de noviembre úl-timo, no ha vencido aún el término para radicar la trans-cripción en esta Corte Suprema y no procede, por t'anto, Im desestimación del recurso.

El juez Asociado Sr. Hutchison no tomó parte en la. resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Señor Franco Soto,

text:
    Schlüter & Co. Sucr., demandante y apelada, v. Rafael Hernández, José R. Hernández y Ramón González, demandados y apelantes.
    No. 3937.
    Visto: Noviembre 17, 1926.

      Resuelto: Diciembre 13, 1926.
    1. Letras y Pagarés (Bills and Notes) — Interpretación y ‘ • Operation ’’ — Es-tipulaciones o Convenios. — Una cláusula en un pagaré al efecto de que, em-caso de mora, los deudores se obligan y comprometen a otorgar hipoteca- posr el total del pagaré os un derecho u o^ición concedido al aerecdor do exigir-éste se. afiance su crédito si llegado el vencimiento del plazo, no se haee-ol pago.
    2. Letras y Pagarés (Bills aind Notes) — Acciones — Excepciones Previas— Falta de Causa de Acción. — Contrademanda entablada a nombre de una-mercantil en la que se alega que ésta está integrada por sólo una persona, que se expresa, no procede la excepción previa de falta de causa de acción.
    3. Nombres — Nombres Convencionales — Negocios Bajo un Nombre Conven-cional — Acción Ejercitada Bajo Dicho Nombre. — Cuando una persona — so-cio de una mercantil — pasa a ser la única interesada- en el negocio y en 3»-continuación de éste se conserva el nombre de la mercantil que existió ante-riormente sólo como un nombre comercial descriptivo de su establecimiento,. una demanda, entablada bajo dicho nombro convencional equivale a decir que el' verdadero demandante es la qiersona mencionada.

      4 Sociedades — La Relación. — Creación y Requisitos — Existencia de la Socie-dad — Impedimento (Estoppel) para Alegarla o Negarla. — Los que contra-' tan con uno que, dedicado a negocios, hace operaciones bajo un nombre que solamente representa un nombre comercial (trade name) descriptivo de su establecimiento comercial] como si se tratase de su nombre individual para designar su propia personalidad, están impedidos, en acción derivada del con-trato, de poner en tela de juicio la significación de dicho nombre como equi-valente de tal personalidad.
    Sentencia de Miguel A. Muñoz, J. (San Juan), declarando con lu-gar la demanda, con costas.

      Modificada y confirmada.

      González Fagimdo & González, Jr., abogados de los apelantes; Antonio L. López, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

En la demanda de este caso se alega que la demandante es una mercantil domiciliada en San Juan, integrada única-mente por Ernesto Fernando Scbliiter, y que los demanda-dos Ramón González, Rafael Hernández y José R. Hernán-dez suscribieron solidariamente a la orden de Scbliiter & Go. Sucesor, un pagaré por $1,102.89 que venció el 15 de septiembre de 1924. El pagaré se copia ■ en la demanda y al final del mismo se consigna lo siguiente:

“En caso de demora, nos comprometemos y obligamos a otorgar primera hipoteca a favor de Scbliiter & Co. Sucr., sobre dicha finca, por el montante total de este pagaré que desde su vencimiento .de-vengará el interés mensual del uno por ciento.”

Todos los demandados se apoyan en ese párrafo del pagaré para sostener que la obligación no es exigible mientras ellos están dispuestos a otorgar hipoteca, de acuerdo con el convenio garantizando la obligación principal. La cláusula, sin embargo, no tiene otro alcance que un derecho u opción que se concede por los deudores al acreedor, de éste exigir que se afianzara su crédito si el plazo fijado llegase y ellos no hicieran el pago.

El apelante José R. Hernández sostiene además que es-tando integrada la sociedad mercantil, como se alega en la demanda, por Ernesto Fernando Schlüter, no existe tal so-ciedad, debiendo, entonces establecerse hechos qne determinen cómo pasó ese documento a ser de la propiedad del último.

La demanda realmente es defectuosa. Parece ale-garse que Schlüter & Co. Sucesor es una mercantil, pero se expresa en seguida que está integrada únicamente por Ernesto Fernando Schlüter y desde luego que no hay tal so-ciedad mercantil. Sin embargo, la excepción que se hizo a la demanda por ese fundamento alegándose que carecía de causa de acción, no era la procedente. Las excepciones que hubieran cabido eran la de falta de capacidad legal, en el demandante para demandar o la ambigüedad de los térmi-nos de la demanda, pero estas excepciones no se presenta-ron en la corte inferior y como no son privilegiadas las he-mos de. considerar por abandonadas. Resulta además que estos defectos de la demanda fueron subsanados por la evi-dencia que se practicó en el juicio. La prueba documental fué admitida sin objeción y demuestra que existía anterior-mente la sociedad de Schlüter & Co., S. en C., y por com-pra‘que hizo Ernesto Fernando Schlüter al socio comandi-tario de todos sus derechos y acciones en la sociedad, no habiendo otros socios, el primero quedó dueño único de todo lo concerniente a dicha mercantil.

Como consecuencia de esta negociación Ernesto Fernando Schlüter inscribió en el Registro Mercantil su nombre personal como comerciante bajo el nombre de Schlüter & Co. Sucesor. No podemos prescindir de la duda que surge en cuanto a la legalidad de la forma en que aparece hecha tal inscripción. No se puede considerar el nombre de Schlüter & Co. Sucesor como una razón social o con efectos legales como entidad jurídica, pero como cuestión de hecho dicho nombre solamente representa un nombre comercial (trade name) descriptivo del establecimiento comercial de Ernesto Fernando Schlüter, como si se tratase de su nombre- individual para designar su propia personalidad en relación con la reputación del negocio a que se dedica en sus operaciones con el público, y en este sentido su signi-ficación, bajo las circunstancias de este pleito, equivale a decir que el verdadero reclamante es la persona de Ernesto Fernando Scblüter, dueño único de la obligación. Véase 30 Cyc. 402.

De cualquier modo resulta además que los demandados están impedidos de poner en tela de juicio la significación del nombre de Scblüter & Co. Sucesor como equivalente de la persona de Ernesto Fernando Scblüter, siendo aplicable, por igual razón justa y lógica, la doctrina del caso de Houston Packing Co. v. Pagán López & Co., 20 D.P.R. 252, resolviendo que quien contrata con una corporación está impedido de negar su existencia en una acción derivada del contrato.

La sentencia apelada, sin embargo, debé modificarse en el sentido de que el pago de la obligación suscrita a nom-bre de Scblüter & Co. Sucesor debe hacerse a la persona de Ernesto Fernando Scblüter como dueño de la misma.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no tomó parte en la resolución de este caso.


author: El Juez Peesidente Señob. del Toro,

text:
    Ex parte José M. Caballero, peticionario y apelante, v. El Pueblo de Puerto Rico, opositor y apelado.
    No. 2957.
    Visto: Noviembre 5, 1926.

      Resuelto: Diciembre 13, 1926.
    1. Habeas Corpus — Jurisdicción, Procedimientos Remedio — Evidencia—Su Suficiencia en General. — Para que pueda negarse a, una persona acusada de asesinato la libertad bajo fianza, es necesario que sea evidente la prueba y grande la presunción de culpabilidad. Examinada la prueba en este caso, se resolvió: que no cometió error la corte de distrito al estimarla suficiente.
    2. Homicidio (Homicide) — Asesinato—Homicidio (Homicide) por Acto Ilegal Dirigido Contra Persona Distinta a Aquella a Quien se Mató. — La regla general es que el que da muerte equivocadamente a un ser humano confun-diéndolo con otro a quien intentaba matar, es culpable o no culpable del delito de que se le acusa, al igual que si el hecho lo hubiera sido en la persona de aquél a quien intentó dar muerte.

      Resolución de Miguel A. Muñoz, J. (San Juan), declarando sin lu-gar la solicitud de Habeas Corpus.

      Confirmada.

      B. Cuevas Zequeira, abogado del peticionario; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Peesidente Señob. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 15 de septiembre último uno de los fiscales del dis-trito judicial de San Juan expidió mandamiento de arresto contra José M. Caballero para que respondiera al cargo que se le bacía de baber asesinado a Saturnino Salgado en la nocbe del día 12 del propio mes de septiembre. Solicitó Caballero su libertad bajo fianza y le fue negada. Acudió entonces a la corte de distrito mediante una solicitud de habeas corpus. Se practicó prueba y la corte, basando su resolución en una opinión cuidadosamente escrita, negó la petición de Caballero. Este interpuso entonces el presente recurso de apelación.

Estamos conformes con el apelante en que para que pueda negarse la libertad provisional de una persona acusada de asesinato es necesario que sea evidente la prueba y grande la presunción de su culpabilidad. Lo exige' así de modo expreso el artículo 372 del Código de Enjuiciamiento Criminal. Pero no lo estamos en que sea aquí insuficiente la prueba. A nuestro juicio dicba prueba es bastante.

Pué un hecbo admitido por el propio apelante que Sal-gado murió y es un becbo comprobado por el testimonio de Juan Morales que en la nocbe del domingo doce de sep-tiembre último, en el barrio de G-uzmán, de Bío Grande, Caballero bajaba maldiciendo la madre de Santiago Ca-rrasquillo y diciendo que el primero que se le presentara lo iba a matar y que en efecto disparó su escopeta sobre una persona que resultó ser Salgado que dijo: “Caballero me mató” y anduvo tras él basta que el testigo y otra persona lo cogieron y lo llevaron a su. casa para llamar gente para conducirlo al pueblo. Salgado no tenía armas, ni agredió, ni hizo ademán alguno de agredir a Caballero. Preguntado el testigo por qué tenía Caballero que disparar contra Sal-gado contestó: .... él venía de allá para acá, quizás tendría su encono con él o se figuró que sería el otro, Santiago, y le disparó.”

Asesinato es dar muerte ilegal a un ser humano con malicia y premeditación (with malice aforethought) dice el artículo 199 del Código Penal. Si se acepta que Salgado murió y si se prueba que Caballero, armado, blasfemaba y amenazaba con matar y en efecto disparó su escopeta contra una persona que no lo atacó ni hizo ademán alguno de causarle daño y que al sentirse herido dijo: “Caballero me mató,” ¿qué otra calificación merece el hecho por Caballero realizado que la de asesinato? Y si ello se com-prueba con la declaración de un testigo presencial, ja qué otra conclusión puede llegarse que no sea la de que la prueba es evidente y grande la presunción de culpabilidad?

La circunstancia de que Caballero quizá no intentara matar a Salgado sino a Santiago Carrasquillo, en nada influye en la calificación del delito.

“La regla general es que el que cía muerte equivocadamente a un ser humano confundiéndolo con otro a quien intentaba matar, es culpable o no culpable del delito de que se le acusa, al igual que si 'el hecho cometido lo hubiera sido en la persona de aquel a quien intentó darle muerte.” 63 L.R.A. 660. Nota al caso de White v. State of Texas y autoridades en ella citadas.

Por virtud de todo lo expuesto debe confirmarse la re-solución apelada, sin que se entienda, por supuesto, que la apreciación que hemos hecho de la declaración de Juan Morales, prejuzga en modo alguno el caso del peticionario.

El Juez Asociado -Sr. Hutchison no tomó parte en la resolución de este caso.


author: En Juez Asociado Señor Franco Soto,

text:
    Diego Agüeros & Cía., demandante y apelada, v. Leandro Frontado, demandado y apelante.
    No. 4080.
    Visto: Dieiembre 6, 1926.

      Resuelto: Diciembre 14, 1926.
    Apelación t Error — Desestimación, Retiro y Abandono — Apelación Frívola y con el Fin de Dilatar. — Si solicitada desestimación de lina apelación por ser frívola y con el fin de dilatar los procedimientos no aparece que el ape-lante haya impugnado la moción y nada aparente existe en relación con- los méritos deü caso para revocar, procede la desestimación por el fundamento alegado.
    Moción sobre desestimación de apelación presentada por la apelada.

      Con lugar.

      Carmelo Honoré, abogado del apelante; Francisco Soto Gras y B. Díaz Collazo, abogados de la apelada.
   En Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

La apelada solicita la desestimación del recurso alegando que la apelación es frívola y con el fin de dilatar los pro-cedimientos.

La acción es en cobro de un pagaré por la suma de $1,670.84 para pagar el deudor en diez plazos iguales de $167.08, todos los días 30 de cada mes, empezando el primer pago el día 30 de mayo de 1925. Alegó la demandante que el demandado ba dejado de pagar los plazos correspondien-tes a los.meses de mayo, junio y julio de 1925, encontrán-dose vencido el pagaré de acuerdo con los propios términos de la obligación.

El demandado admitió la autenticidad del pagaré y alegó como defensa que babía satisfecho los plazos relacionados en la demanda. El juicio se celebró en ausencia del deman-dado y practicada la prueba del demandante, la corte inferior dictó sentencia de conformidad con la súplica de la de-manda. Posteriormente el abogado del demandado pidió reconsideración para que se dejara sin efecto la sentencia, alegando esencialmente que el 11 de febrero de 1926, día en que se celebró el juicio, tuvo que asistir como funciona-rio del gobierno a la recepción de las obras del Riego de Isabela, siendo sn ausencia inevitable y qne si además no compareció a la vista lo hizo fnndado en las promesas de celebrarse en cualquier momento conveniente para las par-tes. La corte inferior, con razón, denegó la reconsideración porque el abogado del demandado no alegaba suficientes techos de carácter legal que justifiquen lo solicitado.

Asumiendo que este incidente estuviera sujeto a nuestra consideración, la frivolidad de los motivos en que descan-saba el abogado apelante era manifiesta. Ello demuestra simplemente la incompatibilidad y lo arriesgado que resulta de ejercer al mismo tiempo un cargo público y la práctica de la abogacía. Una u otra cosa tienen que ser desatendi-das.

No aparece que el demandado haya impugnado la mo-ción. Nada aparente existe, por consiguiente, en relación con los méritos del caso para revocar la sentencia. La mo-ción de la apelada por el fundamento alegado debe decla-rarse con lugar y desestimarse el recurso.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no tomó parte en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Miguel Angel Pietri y Ortiz, recurrente, v. El Registrador de San Germán, recurrido.
    No. 659.
    Sometido: Noviembre 8, 1926.

      Resuelto: Diciembre 14, 1926.
    1. Información de Dominio — Anteriores Dueños o Causahabientes — Citación —Remotos Anteriores Dueños. — Cuando el’ promovente de un informativo • de dominio lia adquirido la finca de que se trata de unos que, a su vez, la habían adquirido de otros, la citación de la sucesión de uno de. éstos no es necesaria, sin que, por el hecho de que el causante de dicha sucesión se opu-siera a un expediente anterior incoado sobre dicha finca, por los dueños inme-diatos dé quien él actual promovente la adquirió cree /un, derecho especial a favor de dicha sucesión para ser citada. (Sermida v. Registrador, 31-. 193, seguido.)
    2. Información de Dominio — Inscripción—Denegatoria de Inscripción — Fun-damentos Insuficientes — Anteriores Dueños o Causahabientes — Omisión de Citarlos. — La omisión de citar a un remoto anterior dueño de la finca objeto de la información no es motivo suficiente por sí sólo para denegar la inscripción de la resolución declaratoria del dominio. (Sermida v. Regis-trador, 31: 193, confirmado.)

      Nota de Luis Capó Medres, R. (San Germán), denegando inscrip-ción de nna resolución aprobatoria de dominio.

      Revocada.

      Luis López de Victoria, abogado del recurrente; el Registrador re-currido no compareció.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

El Registrador de la Propiedad de San Gemían se negó a inscribir en sns libros la declaración de dominio becba por la Corte de Distrito de Mayagüez a favor de Miguel Angel Pietri Ortiz de una finca de 30 cuerdas de terreno con 41 céntimos de otra, radicada en el barrio de Indiera Fríos del término Municipal de Maricao, según la nota puesta al pie de dieba declaratoria y que dice:

“DeNegada la inscripción de dominio ordenada a que se refiere el precedente documento, que es una certificación espedida el día. 28 de junio último por Enrique Báez, Secretario de la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Mayagüez, ereditiva de la Resolu-ción dictada con fecha siete de mayo último por el Hon. Charles E. Foote, Juez de dicha Corte en el Caso Civil No. 11474, con vista de otro complementario; por observarse que después de ha-berse examinado cuidadosamente el Registro, resulta del mismo, que allá por el año 1910, el anterior dueño de la finca que se trata de inscribir llamado José Pietri y Rodríguez, trató de inscribir el dominio de una finca denominada ‘Juanita’ constante de 143 cuer-das radicada en dicho barrio de ludiera Fríos, término municipal de Maricao, alegando dicho señor en el expediente que fué trami-tado ante la Corte de Distrito de Mayagüez que hubo su dicha hacienda Juanita sin título escrito inscribible por compra a Juan Angelino, Andrés, Agustín, Emilio, Leopoldo e Isabel Pietri y Ro-dríguez, en el mes de febrero de 1899. Por orden de la expresada Corte fueron citados los anteriores dueños de esa hacienda resul-tando que la Sucesión del condueño Leopoldo Pietri y Rodríguez compuesta de su viuda Dominga Negrón, y de sus hijos Herminia, Amelia, Ramón y Santiago Pietri y Negrón, por medio de su abo-gado Alfredo Arnaldo y Sevilla presentaron oposición al expediente impugnándole en cuanto a 43 cuerdas de las 143 cuerdas que ale-gaba el entonces promovente se componía su dicha hacienda admi-tiendo los opositores que la misma se componía solamente de cien cuerdas que era la extensión cierta acompañando en el escrito de oposición copias de las escrituras no inscritas relativas de la manera de adquirir las dichas cien cuerdas. El citado José Pietri y Ro-dríguez por medio de su abogado contestó a la oposición manifes-tando ser cierta la manera de adquirir las cien cuerdas; pero alegó ■que poseía 113 cuerdas a cuya cabida reducía la solicitud original ■de su expediente expresando que bubo las trece cuerdas restantes por compra a Pablo Pietri, por las razones expuestas el abogado -del interesado solicitó la aprobación del expediente por las aludidas 113 cuerdas y pasado dicho expediente al Ministerio Fiscal de la Corte, éste lo presentó en Corte abierta y solicitó que se redujera la cabida de la hacienda ‘Juanita’ a cien cuerdas y que se elimina-ran las 13 cuerdas últimamente incorporadas, y la referida Corte de acuerdo con lo manifestado y solicitado por el Efiscal, y con el .allanamiento del citado promovente José Pietry y Rodríguez declaró justificado el dominio de la finca a favor de dicho señor con una ca-bida de cien cuerdas según resolución dictada el 25 de agosto de 1910 que quedó fume. Desde entonces y hasta la fecha esa finca en todas sus posteriores inscripciones ha sido limitada su cabida a las cien cuerdas referidas y denegándose en cuanto a las 43 cuerdas restantes, entre las cuales figuran las 30 cuerdas que se describen en ■el expediente que se trata de inscribir,, y ahora un hijo de aquel anterior promovente, como según así resulta de los documentos presen-tados, pretende inscribir a su favor dichas treinta cuerdas limitándose a exponer y alegar que adquirió la finca, tal como se describe, por ■compra a sus padres los esposos José Pietri y Rodríguez en siete de agosto de 1918, quienes en su oportunidad de la tramitación de su ■dicho expediente de las referidas 143 cuerdas, se allanaron a la opo-sición de la citada sucesión de Leopoldo Pietri y Rodríguez, y a la •del Fiscal de este Distrito aceptando el entonces promovente que su finea se componía solamente de cien cuerdas, y ahora se trata de ins-cribir por el hijo del finado promovente las treinta cuerdas en cues-tión, sin que en este nuevo expediente resulte que se ha notificado de .acuerdo eon la Ley y en la forma que debe de hacerse a la referida .sucesión de Leopoldo Pietri y Rodríguez, la cual tuvo éxito en la «oposición qrre antes se ha hecho referencia, por lo que de acuerdo con lo expuesto deniego la inscripción y en su lugar extiendo anota-ción preventiva por el término de ciento veinte días a favor del promovente Miguel Angel Pietri y Ortiz.”

Contra esa negativa interpuso Miguel Angel Pietri Ortiz este recurso gubernativo alegando que el registrador erró al no aplicar el inciso segundo del artículo 395 de la Ley Hipotecaria, tal y como fue interpretado por este Tribunal Supremo en el caso de Hermida v. Registrador, 31 D.P.R. 193.

De la declaración de dominio hecha por la corte, cuya negativa de inscripción origina este recurso, aparece que la finca de 30 cuerdas 41 céntimos fue adquirida por don Miguel Angel Pietri Ortiz por compra en 7 de agosto de 1910 a sus padres don José Pietri Rodríguez y doña Mi-caela Ortiz: que estos esposos fallecieron luego y compo-nen su sucesión sus hijos Agustín, Herminia, Nuncia, José y Miguel Angel, de apellidos Pietri Ortiz: y que los espo-sos Pietri Ortiz compraron ese inmueble a Juan Angelino Andrés, Agustín, Emilio, Leopoldo e Isabel, de apellidos Pietri Rodríguez, en 1899. Por consiguiente, el anterior dueño al recurrente de la finca de 30 cuerdas 41 céntimos fué don José Pietri Rodríguez y su esposa doña Micaela Ortiz; y como en el caso de Hermida v. Registrador, supra, hemos declarado que de acuerdo con el número segundo del artículo 395 de la Ley Hipotecaria no es necesario que se citen a los remotos anteriores dueños sino al inmediato de quien el recurrente la adquirió, no era necesaria la cita-ción en este caso de la sucesión de Leopoldo Pietri Rodrí-guez por ser un remoto dueño y porque su oposición al anterior expediente de dominio no creó en su favor un . dere-cho especial para ser citado, por lo que no debió negarse la inscripción solicitada debiendo ser revocada la nota recu-rrida y ordenarse la inscripción interesada.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no tomó parte en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Señor, Franco Soto,

text:
    Emilio Vázquez, demandante y apelado, v. Jesús Ortiz Gómez, demandado y apelante.
    No. 3949.
    Visto: Noviembre 24, 1926.

      Resuelto: Diciembre 15, 1926.
    Injunction — Materias Objeto de Protección y Remedio — Bienes, Traspasos y Gravámenes — Injunction pasa Recobrar la Posesión — Procedencia del Remedio. — Cuando, según ios términos dol contrato de arrendamiento la falta de pago del canon da derecho al arrendador a reclamar la entrega inmediata del inmueble y aparece que el arrendatario hace saber al arrendador que dis-ponga del edificio en la fecha indicada por aquél y éste no muestra resisten-cia o protesta para entregar la llave y la entrega, no procede el remedio solicitado.
    Sentencia de R. II. Todd, Ir., J. (Ponce), declarando con lugar la demanda de injunction, con costas.

      Revocada.

      Sergio León, abogado del apelante; Felipe Colón Díaz, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor, Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es nna demanda de injunction para recobrar el de-mandante la posesión de nn edificio destinado a cine y qne le babía cedido en arrendamiento el demandado. El con-trato era por el término de nn año, empezando el 28 de marzo de 1925. Se estipulaba como canon de arrendamiento a razón de $120 mensuales pagaderos por adelantado du-rante los diez días primeros de cada mes, conviniéndose además que vencido el décimo día y no satisfecho el arren-damiento el arrendatario renunciaba por completo al resto del término y quedaba rescindido totalmente el contrato, pudiendo el arrendador reclamar la entrega inmediata del edificio, negocio y pertenencias arrendados, etc. Cláusula 2 del contrato.

El demandante pagó las dos primeras mensualidades de abril y mayo, pero babía dejado de satisfacer las corres-pondientes a los meses subsiguientes, incluso septiembre de 1925.

El demandante alegó que en 5 de octubre de 1925 fué despojado por el demandado de la posesión del edificio arrendado, porque contra su voluntad se apoderó de las lla-ves y trancó el mismo, tomando así su posesión de una ma-nera arbitraria e ilegal. El' demandado- negó esta alegación y contestó sustancialmente que el demandante no habiendo pagado los cánones de arrendamiento que estaban vencidos, entregó voluntariamente el edificio al demandado, tomando éste la posesión material en forma pacífica y amistosa.

La corte inferior sostuvo al demandante y en su opinión, después de analizar la prueba, la resume diciendo:

“La prueba en este caso ha sido muy contradictoria, existiendo un verdadero conflicto de evidencia. La Corte no tiene duda al-guna de que los testigos de una parte u otra parte faltaron a la verdad al relatar lo ocurrido el día 5 de octubre a las ocho de la mañana en el cine Bélgica; pero toca a la corte resolver ese con-flicto de evidencia y es de opinión que debe hacerlo a favor de la prueba del demandante, toda vez que es lógico llegar a la conclu-sión de que los testigos del demandado, uno su socio, todos los de-más empleados suyos (operador de la máquina cinematográfica, mú-sico, etc.) tienen un interés directo en favorecer al demandado. Ocurrió, además, cierto incidente en el cuarto de testigos, del cual la corte dió cuenta al fiscal el día de la vista para la acción proce-dente, que induce- a la corte a no dar mucho crédito al testimonio del testigo Leoncio Rodríguez, socio del demandado.”

Este incidente que refiere el juez inferior no formó parte de la prueba. Pué materia enteramente extraña al récord y el demandado tenía derecho a intervenir en los hechos del mismo para determinar su influencia en el caso. No se le puso en condiciones de que pudiese destruir el prejuicio que aparece que produjo dicho incidente en la mente del juez inferior. Bajo las circunstancias concurrentes de este caso, esto por sí solo sería motivo suficiente para la revoca-ción, ya que el testigo' Leoncio Rodríguez fué quien reco-mendó la persona del demandante al demandado para que éste llevara a cabo el contrato y a quien se quejó el deman-dado de no estar cumpliendo el demandante con el pago de los arrendamientos. Pero el error en la estimación de la prueba va más al fondo en otro extremo de la evidencia. Dos días antes del llamado despojo de que se queja el de-mandante, éste escribió al demandado la siguiente carta:

“Oct. 3 de 1925. — Sr. Jesús Ortiz Gómez, Guayanilla, P. R.— Apreciado don Jesús: La presente tiene el objeto de manifestarle que fui informado por Leoncio que usted necesitaba el Teatro para el Lunes, como quiera que yo tengo una deuda con usted y deseo lo más pronto posible pagarla, espero que usted tome esto en consi-deración para que me brinde la última oportunidad para poder cumplir.
“Como usted comprenderá desde este mes es que se empieza ha-cer negocio en el Teatro y yo creo poder pagar la -mensualidad y abonar algo a lo atrazado.
“Pero si es que usted desea el teatro para trabajarlo como él me manifestó, usted sabe que es suyo y que yo no puedo negarme a lo que usted disponga, pero creo que usted debe darme la última oportunidad, para que entonces usted diga si es que trato de cum-plirle o de engañarlo.
“Esperando que usted resuelva sobre esto quedo de usted como siempre affmo. amigo y S. S. (f.) Emilio Vázquez.”

El juez inferior apreció el valor probatorio de esta carta diciendo que su objeto principal fué de solicitar el deman-dante una prórroga al demandado para pagarle los cánones que le adeudaba. De modo que se tomó en consideración en un solo extremo y no en su conjunto interpretada a la luz de los términos del contrato. En la carta el demandante empieza haciendo constar que fué informado que el deman-dado necesitaba el teatro para el lunes, o sea, el día en que aparece tomando la posesión del edificio. Keconoce que ha faltado al pago de los cánones de arrendamiento y si bien pide una última oportunidad para continuar y cumplir el contrato, expresa' al mismo tiempo clara y francamente que si el demandado deseaba el teatro para trabajarlo podía así disponerlo. Esta invitación implícita del demandante estaba de acuerdo con el contrato. La falta de pagar un solo arrendamiento dentro de los primeros diez días del mes daba lugar a la rescisión y entrega inmediata del edifi-cio al demandado. Eran tres mensualidades las que había dejado decaer el demandante. No es que el demandado a pesar de la situación creada por el demandante pudiera tomar la posesión del edificio contra la voluntad del último y hacerse justicia por su mano, pero la actuación del deman-dante da base para presumir lógicamente que el demandado no tenía que recurrir a pretextos o subterfugios para reco-brar la posesión del edificio arrendado. El demandante es-taba avisado de que el demandado iba a tomar posesión material del edificio en la fecha indicada en la carta de oc-tubre 3, 1925. A sabiendas de que tal era su objeto, el de-mandante no aparece que mostrara ninguna clase de resis-tencia o protesta para entregar las llaves del edificio. El tenía suficiente aviso para que si él hubiera cambiado de actitud ése era el momento propicio para negarse a la en-trega de las llaves. Lo demás que ocurrió en cuanto a que el demandado trancara el edificio y retuviera las llaves en su poder, era la consecuencia natural de la tradición simbó-lica que representó el acto de la entrega de las llaves y de las que voluntariamente se desprendió el demandante pa-sando al poder del demandado.

Por todo lo expuesto, debe revocarse la sentencia ape-lada.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no tomó parte en la resolución de este caso.


author: El, Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Rafael Márquez, acusado y apelante.
    No. 2935.
    Visto: Diciembre 10, 1926.

      Resuelto: Diciembre 15, 1926.
    1. Derecho Penal- — Apelación y Error, y Certiorari — Revisión—Errores no Perjudiciales — Perjuicio al Acusado. — Aunque se concluya que unas pana-bras debieron eliminarse de una denuncia, el error al no eliminarlas, de exis-tir, no es de importancia cuando no se demuestra que con ello se perjudicó al acusado.
    2. Derecho Penal — Apelación y Error, t Certiorari — Revisión—Cuestiones Sobre las Pruebas — Conclusion's Sobre Prueba Contradictoria.- — Resue'to en contra de una parte el conflicto existente de la prueba, cuando la de des-cargo no desvirtúa la de cargo y por el contrario, tiende a probar el hecho imputado, procede confirmar la sentencia apelada.
    Sentencia de B. López Antongiorgi, J. (G-uayama), condenando al acusado por infracción a la ley de automóviles.

      Confirmada.

      C. Domínguez Rubio, abogado del apelante; José E. Figueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El, Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fné denunciado por infracción a la Ley de Automóviles en su artículo 12, letra (a), en relación con la letra (d) del mismo, imputándosele que en determinada fe-cha, a las 9 p. m. y en la carretera de Patillas, guiaba un automóvil Hudson sin tomar las precauciones necesarias y sin tener en cuenta el ancho, tráfico y uso del camino, de-jando de marchar por su derecha y sin apagar las luces deslumbrantes, por cuyo motivo chocó con un automóvil Ford ocasionándole desperfectos. Celebrado el juicio fué condenado y en la apelación que ha interpuesto alega como errores de la corte inferior el haber sido declarado sin lu-gar la .moción que le hizo para que fuesen eliminadas de la denuncia las palabras “y sin apagar las luces deslumbran-tes por cuyo motivo chocó con el automóvil Ford No. 5296 ocasionándole desperfectos” y también por la apreciación que hizo de las pruebas.

Con respecto al primer error bastará decir que aunque se concluyera que las palabras indicadas debieron ser eliminadas, el error cometido no sería de importancia por no haberse demostrado que perjudicara al acusado.

Según la evidencia del denunciante que guiaba un automóvil Ford, al venir en dirección contraria en un sitio ancho de la carretera el Hudson con luces deslumbrantes, el Ford bajó sus luces para que el Hudson hiciera lo mismo, como acostumbran hacer los chauffeurs, pero que como el Hudson no bajó sus luces, el Ford se hizo bien a su derecha y se detuvo con las luces apagadas, sacando el chauffeur su brazo izquierdo afuera para que otro Ford que iba detrás de él se detuviera, como lo hizo, chocando después el Hudson con el Ford detenido en primer término por su parte izquierda. La prueba del denunciado tendió a demostrar que el Hudson bajó sus luces, que el Ford de atrás trató de pasarle al de adelante en cuyo momento ocurrió el choque con el primero de ellos porque los dos-tapaban el camino, y que el primer Ford no estaba dete-nido.

El conflicto de esa evidencia fué resuelto por la corte-inferior en contra del denunciado sin que la prueba del de-nunciante quedase desvirtuada por el hecho de que si el Ford estaba detenido bien a su derecha y sin luces podía pasar el Hudson sin chocar con él, porque si a pesar de esos hechos el Hudson chocó con- el Ford pudiendo pasar fxté porque no manejaba por1 su derecha sino por el centro de la carretera y más bien a su izquierda, ya que fué a cho-car con un automóvil que estaba detenido bien a su dere-cha en dirección contraria.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no .tomó parte en-te resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Señor Audrey, JUEZ PRESIDENTE SE. DEL TORO.

text:
    Félix Tórres Sosa, demandante y apelado, v. J. Lema & Co., demandada y apelante.
    No. 3824.
    Visto: Febrero 18, 1920.

      Resuelto: Diciembre 15, 1926.
    Patrono y Empleado — Responsabilidad pob .Daños a Terceras Personas — Ac-tos u Omisiones del Empleado — Responsabilidad del Principal — Actos Culpables. — El dueño (principal) de un establecimiento comercial — tienda de calzado — no es responsable por los actos criminales ejecutados por un de-pendiente para la venta cuando dichos actos no se realizan en el ejercicio de-su empleo o con ocasión ele sus funciones.
    Sentenoia de Charles E. Foole, J. (San Juan, Primer Distrito),, declarando con lugar la demanda, y en su consecuencia, conde-nando a la demandada J. Lema & Co. a pagar al demandante la suma de $4,000 en concepto de indemnización por los daños su-fridos más las costas y desembolsos.

      Revocada.

      Alemañy Ramírez, abogado del demandante; Jacinto Texidor, abo-gado de- la demandada.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

La sociedad mercantil establecida en San .Tuan, “JL. Lema & Co.,” tiene una tienda en el pueblo de Río Piedras para la venta de calzado y en ella tres dependientes encar-gados de la venta. En la noche de un sábado, diez o veinte minutos después de las nueve, desde cuya hora deben cesar por- mandato de la ley las transacciones comerciales, se pre-sentó en esa tienda el guardia de la Policía Insular Félix Torres Sosa requiriendo a los dependientes para que ce-rraran la tienda, surgiendo con ese motivo una discusión entre el guardia y dos 'de los dependientes sobre si se es-taba vendiendo o nó y en ese momento se acercó el otro de-pendiente y con un hierro dió un golpe al guardia en la cabeza, hiriéndolo. Por ese hecho el guardia Félix Torres Sosa demandó a J. Lema & Co. solicitando indemnización y habiéndose dictado sentencia contra la demandada inter-puso esta apelación para que la revoquemos y dictemos otra absolviéndola de la demanda, siendo uno de sus moti-vos para el recurso que la corte inferior erró al estimar a la demandada responsable del acto de su dependiente Ernesto Martínez al herir al demandante, y estimar que Mar-tínez realizó el acto dentro del ejercicio de sus funciones, errando también al aplicar el artículo 1804 del Código Civil. Este motivo del recurso envuelve la cuestión fundamental en este pleito.

El artículo 1803 del Código Civil declara la responsabi-lidad de la persona que por acción u omisión causa daño a otra, interviniendo culpa o negligencia, y el 1804 determina los casos de excepción en que una persona ha de responder civilmente por otra, encontrándose entre ellos el que hace responsable a los dueños o directores de un establecimiento o empresa respecto de los perjuicios causados por sus de-pendientes en el servicio de los ramos en que estuvieren empleados, o con ocasión de sus funciones.

Nos .parece que importa poco en este caso determinar si se estaba infringiendo o nó la ley que dispone el cierre de establecimientos a determinadas horas cuando el guardia fué acometido y herido por uno de los dependientes de la tienda, pues la cuestión a determinar es si el acto culpable de ese dependiente fué realizado por él en el ejercicio del ramo en que estaba empleado o con ocasión de sus fun-ciones, pues sólo así sería responsable la demandada por el acto de su dependiente.

'El caso de Marrero v. Lopez, 15 D.P.R. 773, es similar al presente, pues el hecho ocurrido fué que un mayordomo encargado de cuidar una finca de su principal, mientras es-taba vigilándola pidió agua a unos niños que en dicha finca «custodiaban un tabaco de su padre y al contestarle uno de ellos que no tenían agua le pegó y al huir el niño le disparó con un revólver y lo mató; caso en el que fué confirmada la sentencia que absolvió al principal porque el mayordomo se salió de la esfera de sus atribuciones, separándose del desempeño de los negocios de su principal y excediéndose en sus obligaciones y de las instrucciones explícitas o im-plícitas del principal, habiéndose citado en ese caso reglas muy importantes para poder determinar cuándo los actos realizados por dependientes o empleados están comprendi-dos dentro de la regia de la ley que hace responsable al principal por sus dependientes por actuar en el ramo en que estuvieren empleados o con ocasión de sus funciones. En ese caso se citó con aprobación lo siguiente del caso de Stone v. Hills, 45 Conn., 44; 29 Am. Rep., 636:

“La regla es de que por todo aeto ejecutado por un empleado, obedeciendo las órdenes o intrueciones formales del principal, o des-empeñando los negocios del principal, dentro de la esfera de su co-metido, y por actos en cualquier sentido autorizados explícita o im-plícitamente por el poder que se le liaya conferido, teniendo en con-sideración la naturaleza de los servicios que se le exigen, las ins-trucciones recibidas y las circunstancias en las cuales se cometió el acto, el principal es responsable; por actos que se separan de es-tas condiciones, el empleado sólo es responsable."

También en otro caso resuelto por nosotros, Martines v. Trujillo & Mercado, 24 D.P.R. 293, se volvió a citar la re-

gia del caso de Stone v. Hills, supra, se Mcieron otras ci-tas y se confirmó la sentencia absolutoria para un principal que babía encargado de la vigilancia de su hacienda a otra persona la que como guardián vigilante tenía el deber de usar y portar una escopeta suministrada por su principal, y mientras ese empleado vigilaba la hacienda encontró al-gunos trabajadores y al preguntarle uno de ellos si era ca-paz de matar a un hombre por un pedazo de caña, se puso a cargar la escopeta para demostrar a dichos trabajadores cómo haría si encontraba a una persona substrayendo caña, y al ir a cerrarla, no pudiendo cerrar la escopeta por estar inservible, dióle con tanta fuerza a la escopeta que se dis-paró matando a una persona. En ese caso se dijo que aunque podría suponerse que el empleado actuó en interés de su principal, ejecutó, sin embargo, ese servicio de un modo tan extraordinario que su acto no estaba dentro de la previsión de ninguna persona prudente.

De acuerdo con los fundamentos de las opiniones en ios dos casos resueltos anteriormente por este tribunal, con las reglas en ellos citadas y con los hechos del presente caso, llegamos a la conclusión de que siendo las funciones de los dependientes que J. Lema & Co. tenía en su tienda de Río Piedras las de vender los efectos que en ella hubiera, al acometer el dependiente Martínez al demandante y herirle cuando el guardia hablaba con los otros dependientes sobre el cierre de la tienda, no estaba en el servicio del ramo en que había sido empleado ni con ocasión de él; no obedecía instrucciones en ese sentido de su principal ni tal acto es-taba comprendido dentro de la esfera de su cometido, ni estaba autorizado para él explícita o implícitamente por su principal, ni tenía relación alguna con su empleo, de tal modo que no pudo prever J. Lema & Co. que su dependiente para vender calzado pudiera realizar un acto de tal natu-raleza.

Por las razones expuestas la, sentencia apelada debe ser revocada y absolverse a la demandada.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no tomó parte en la resolución de este caso.

OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ PRESIDENTE SE. DEL TORO.

Disiento de la opinión de la mayoría porque habiendo examinado las alegaciones y las pruebas, estoy conforme con la siguiente conclusión del juez de distrito .contenida en la opinión que emitiera para fundar su sentencia: “Que los actos realizados por los empleados de la demandada y que culminaron con la agresión del demandante por Ernesto Martínez, fueron llevados a cabo en el curso de los negocios de aquella a quien representaban.” Siendo ello así, es natural que concluya también con el juez sentencia-dor de acuerdo con la ley y la jurisprudencia que cita, que la demandada es responsable.


author: El Juez Asociado Señob Aldkey,

text:
    Körber & Co., Inc., demandante y apelada, v. Prudencio Muñoz y Jacinto Muñoz, demandados y apelantes
    No. 3903.

      Visto: Junio 16, 1926.

      Resuelto: Diciembre 16, 1926.
    1. Apelación y Error — Revisión—Procedimientos y Cuestiones Intisrlocuto-rios, Colaterales y Suplementarios — En Apelación Contra Sentencia Pinal Dictada en un Caso — Resoluciones o Providencias Apelables.— Negado el traslado de un pleito sin ajiela-rse la resolución acordándolo, dicha cuestión no puede resolverse en apelación contra, la sentencia dictada en el caso. (Santiago v. C<ibán, 23:510, confirmado.)
    2. Sentencias — Casos Contenciosos — Congruencia con las Diligencias (Process), Alegaciones, Pruebas y Aeremotos y Conclusiones — Congruencia Entre lo Alegado y Probado — Importe Reclamado — Intereses.—La sen-tencia que, conforme a la súplica de la demanda, condena al pago de inte-reses estipulados desde el vencimiento hasta el completo juago de la obliga-ción que se reclama no coneede intereses no pedidos porque en dicha demanda se exprese el importe do aquéllos a la fecha de la misma.
    3. Letras y Pagarés — Acciones—De la Demanda — Intereses—Alegación de su Importe a la Pecha de la Demanda y Efecto. — Reclamado el importe de una obligación, la alegación en la. demanda del importe de los intereses devengados a la fecha de dicha demanda no- es una limitación al derecho a cobrarlos hasta, el total pago de la deuda reclamada..
    4. Apelación y Error — 'Revisión—Discreción de la Corte Inferior — Condena en Oostas. — Una condena on costas contraemos demandados no es errónea cuando éstos, con el incumplimiento de su obligación, dan lugar a ser con-denados a pagarla.
    5. Letras y Pagarés — Acciones—De la Demanda — Origen o Oausa de la Obli- ■ gación Reclamada.- — Cuando se reclama- el importe de un pagaré como acree-dor directo de los demandados no es necesario alegar en la demanda el origen o causa de la obligación reclamada.
    Sentencia de Miguel A. Muñoz, J. (San Juan), declarando con lngar la demanda, con costas.

      Confirmada.

    A. L. López y JulÁo Reguero, abogados de los apelantes; Henry Q. Molina y Leopoldo Feliú, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señob Aldkey,

emitió la opinión del tribunal.

La corporación Korber & Co., Inc., demandó en la Corte de Distrito de San Juan a don Prudencio Muñoz y a don Jacinto Muñoz en cobro de dinero alegando que los deman-dados suscribieron y entregaron a la demandante un pa-garé en el que se comprometieron a pagar solidariamente el 30 de mayo de 1922 la cantidad de $1,131.90 con inte-rés del 1 por ciento mensual desde su vencimiento: que en el mismo pagaré los demandados se sometieron a la juris-dicción de la Corte de Distrito de San Juan: que en 5 de julio de 1922 los demandados abonaron $200 a cuenta de ese pagaré por lo que están adeudando a la demandante la cantidad de $1,233.30, de ellos $931.90 por el resto del pa-garé y $301.40 por intereses basta la fecha de la demanda, suma que no le ha sido pagada a la demandante ni parte alguna de ella, por lo que solicitó sentencia a su favor por los $931.90 y sus intereses a razón del 1 por ciento mensual d'esde el 30 de mayo de 1922, los cuales hasta la fecha de la demanda ascendían a $301.40, haciendo un total hasta esa fecha de $1,233.30, y por las costas.

Los demandados excepcionaron la demanda y solicitaron el traslado del pleito a la Corte de Distrito de Humacao por ser la ciudad de Caguas el lugar de su residencia y ejercitarse en la demanda una acción personal, pero el tras-lado les fué negado por la corte inferior y entonces contes-taron la demanda, celebrándose después el juicio, al que no asistieron los demandados, y la corte sentenció condenando a los demandados a pagar mancomunada y solidariamente a la demandante la cantidad de $931.90' de principal más intereses sobre la misma al 1 por ciento mensual desde el 30 de mayo de 1922 basta su pago total, así como las costas, gastos, desembolsos y honorarios de abogado.

El primer motivo de la apelación de los demandados contra esa sentencia es por haber negado la corte inferior el traslado del pleito al distrito del domicilio de los demandados, y se alega que aunque esa negativa no fué apelada podemos resolver esa cuestión en esta apelación contra la sentencia, citándosenos como aplicable el caso de Trautman v. Sociedad Trautman & Acha, 31 D.P.R. 268.

El artículo 305 del Código de Enjuiciamiento Civil dis-pone que en la apelación de una sentencia, la corte de ape-lación podrá revisar la resolución apelada y cualquiera otra providencia o resolución interlocutoria, si hubiese sido ob-jeto de excepción y se refiera a los hechos en que la senten-cia se base o necesariamente la afecte, excepto cuando se trate de una resolución o providencia de la que se hubiere [jodido apelar; y como el No. 3 del artículo 295 del mismo código autoriza apelación contra resolución que conceda o niegue el cambio de lugar [jara la celebración del juicio, no podemos resolver en esta apelación contra la sentencia si el traslado del pleito fué negado erróneamente, como pre-tende el apelante, y así lo resolvimos en el caso de Santiago v. Cabán, 23 D.P.R. 510. En cuanto al caso citado de Trautman, nó tiene aplicación • a éste porque en él se trataba de una orden que negó el levantamiento de un embargo y que declaramos ser revisable en apelación contra la sentencia definitiva de acuerdo con la ley para asegurar la efectividad de las sentencias aunque el No. 3 del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil permite apelación contra orden que anule o se niegue a anular un embargo, porque no consideramos, esos recursos como incompatibles, sino electivos.

Se alega como segundo motivo que la corte inferior concedió más de lo que se liabía pedido en la demanda porque condenó a pagar intereses basta el total pago de la deuda, concediendo así intereses no pedidos. Este error no existe, porque la demandante pidió en la súplica de .su demanda que se condenase a los demandados al pago de $931.90 e intereses al 1 por ciento mensual desde el 30 de mayo de 1922, sin que su manifestación de que en la fecha de la demanda ascendían los intereses a $301.40 sea una limitación a su derecho a cobrarlos hasta el total pago de la deuda; y sin que sea de aplicación el caso de Sucrs. de Oliva & Ca. v. Matienzo & Ca., 13 D.P.R. 293, porque en éste no se trataba de intereses sino de daños y perjuicios futuros que podían ocurrir o nó después de la sentencia.

A pesar de que los demandados han dado lugar con la falta de cumplimiento de su obligación a ser condenados, se alega como tercer motivo del recurso que fue error el condenarlos también en costas, sin que en apoyo de tal alegado error se diga otra cosa sino que no es discreto agobiar con una condena de costas a los que no pueden pagar sus deudas, por lo que no le daremos más consideración.

En el cuarto y último motivo se alega que la demanda es insuficiente porque no expresa la causa de la obligación que se reclama.

Para apoyar ese motivo se dice que .en el syllabus del caso de Sucrs. de Martínez v. Dávila & Cía., 18 D.P.R. 80, hemos declarado que una demanda en cobro de créditos mercantiles entablada por el cesionario de los mismos sin alegar el origen y naturaleza de dichos créditos es insufi-ciente y no puede servir de base a una sentencia fundada en las alegaciones dictadas contra el demandado por el he-cho de ser insuficiente la contestación; pero ese caso no es aplicable al presente porque el demandante no reclama como'cesionario de otra persona sino como acreedor directo de ios demandados.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no tomó parte en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Señor- Aldrey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Mercedes Guadalupe, acusada y apelante.
    No. 2896.
    Visto: Diciembre 16, 1926.

      Resuelto: Diciembre 20, 1926.
    Derecho Penal — “Poemer Jeopardy” — Necesidad de que los Delitos Sean Idénticos — Delitos Varios, Parte de la Misma Transacción. — Acometi-miento y Agresión y Otros Delitos. — Siendo el delito de portar armas pro-hibidas nno separado y distinto del de acometimiento y agresión, la absolu-ción o condena- de una persona por haber acometido y agredido a otra con un arma prohibida no* impide un proceso subsiguiente por la portación de dicha arma.
    Sentencia de B. López Aniongiorgi, ■}. (G-uayama), condenando al acusado por delito de portar armas prohibidas.

      Confirmada.

      C.-Domínguez Rubio, abogado del apelante; José E. Figueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor- Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Mercedes Guadalupe fué denunciada y condenada porque en determinada fecha portaba una navaja barbera, y en su apelación contra esa sentencia alega los errores siguientes:

“1. — La Corte incurrió en error al no declarar con lugar la ex-cepción que hiciéramos de que la acusada había sido absuelta en un delito que comprendía como un agravante el acto que ahora se le imputa.
“2. — La Corte erró al- aceptar la prueba que no tenía relación alguna con este caso.
“3. — La resolución de la Corte y la sentencia son contrarias a la prueba.”

El primer error lo funda en que habiendo sido denun-ciada y absuelta por haber acometido y herido a otra persona con una navaja barbera no puede ser condenada por portar esa navaja, pero esta cuestión lia sido ya resuelta por este Tribunal Supremo en sentido contrario del alegado por la apelante en los casos de Ex parte Torres, 11 D.P.R. 101, y en el de Ex parte Huertas, 22 D.P.R. 524. Véase también 16 C. J., página 275.

El segundo error tampoco existe porque no se trató de probar el delito de acometimiento y agresión que babía sido imputado a la apelante en otra denuncia, sino el momento en que se vió que la apelante portaba la navaja, que fué •cuando birió a otra mujer, y la corte inferior tuvo cuidado •en eliminar del juicio todo aquello que pudiera referirse al acometimiento y agresión mencionado.

Para resolver el tercer señalamiento de error bemos examinado la evidencia y su lectura nos convence de que la corte inferior decidió propiamente el conflicto de la evi-dencia.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no tomó parte en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    The Royal Bank of Canada, demandante y apelada, v. Ramón G. Goico y Nisí Arabía de Goico, demandados y apelantes.
    No. 3929.
    Visto: Diciembre 10, 1926.

      Resuelto: Diciembre 21, 1926.
    Costas — Fijación (Taxation) — MemcrAndum de Costas — Radicación o Presen-tación — Radicación Prematura. — -Declarada con lugar moción de reconside-ración de sentencia en el Supremo' una vez devuelto e'l caso y ya radicado e impugnado el memorándum do costas én la corte inferior, dicha radicación del memorándum ni es prematura ni queda invalidada por pasos subsiguientes dados para dejar sin efecto la resolución que declaró con lugar la reconsi-deración e hizo definitivamente firme la sentencia apelada.
    ResoluciÓN ele Angel Acosta Quintero, J. (Ponee), aprobando me-morándum de costas.

      Confirmada.

      Arjona & Arjona, abogados de los apelantes; Alberto S. Poventud, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Con fecha 8 de junio de 1925 (34 D.P.R. 944) esta corte’ confirmó originalmente la sentencia de la Corte de Distrito-de Ponce dictada en marzo 30 de 1925. El caso fué de-vuelto a Ponce, y en julio primero de 1925 el apelado radicó su memorándum de costas. Entonces se presentó en esta corte una moción de reconsideración que fué declarada coa lugar. El banco apelado por su parte llamó la atención al hecho de que el mandato había estado en Ponce por un. número de días; que esta corte había perdido su jurisdic-ción y que los apelantes habían radicado su oposición al me-morándum de costas. Entonces esta corte dictó la siguiente resolución:

“Vista la moción levantando la cuestión de falta de jurisdiccío» presentada por la demandante-apelada y apareciendo de la certifi-cación acompañada y de los autos que la moción sobre reconsidera-ción de los apelantes fué radicada más de 10 días después de dic-tada la sentencia cuya reconsideración se solicita y después de ar-chivada la sentencia de la Corte de Distrito y de presentado per-la apelada un memorándum de costas que fué impugnado por Ios-apelantes, y visto además el tomo 2 Ruling Case Law, página 175.,. párrafo 150, se deja sin efecto la resolución de esta Corte de julio.’ 22, 1925, y se confirma la sentencia dictada por la Corte de Dis-trito de Ponce en marzo 30 de 1925, en el caso arriba expresado... Comuníquese. ’ ’

Con el memorándum y la oposición ante sí la Corte de-Distrito de Ponce procedió, según resolución que dictó, a fijar las costas y honorarios de abogado. Se apela de dicha resolución y los apelantes insisten en que el memorán-dum de costas fué radicado prematuramente. La teoría ale-gada es que nuestra orden de reconsideración privó a la Corte de Distrito de Ponce de jurisdicción y que la senten-cia de dicha corte tan sólo era firme desde la fecha de nues-tra resolución final que se transcribe más arriba.

Al tiempo de radicarse el memorándum de costas exis-tía una sentencia aparentemente firme. De todos modos resolvemos qne el memorándum de costas originalmente no fné radicado prematuramente así como que los pasos sub-siguientes de esta corte por los cuales la sentencia por fin se hizo definitivamente firme no invalidaron la radicación del memorándum de costas. A ser necesario, nuestra reso-lución de 10 de marzo de 1926 supra, debe considerarse como que restablece el caso a su status quo.

La resolución apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no tomó parte en la resolución de este caso.