author: El Jijez Asociado Sr? Aldrey,

text:
    Congregación de las Siervas de María v. May.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 660.
    Resuelto en junio 7, 1911.
    Acción Reivindicatoría — Alegaciones Esenciales de la Demanda.- — Sou alega-ciones esenciales de una demanda para ejercitar la acción reivindicatoría, el consignar el dominio de la cosa por parte del demandante, la descripción de la misma y la posesión por parte del demandado sin título para ello y una de-manda que contiene esos hechos demuestra que se ejercita la acción reivindi-catoría y no la posesoria.
    Acción Posesoria — Requisitos de la Demanda. — Para ejercitar la acción pose-soria no es necesario alegar en la demanda la propiedad de la cosa, bastando-que se aduzca la posesión y su pérdida, pues aún la mera tenencia es respetada por la ley cuando no transcurre un año desde que se perdió.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Horton y Feliú.

    Abogado del apelado: Sr. Jesús M. Bossy, Fiscal.

   El Jijez Asociado Sr? Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

La demanda en este caso alega snstancialmente qne Don Pedro Roselló era dueño en 1897, según escritura pública, de una finca descrita en la demanda, con 240 cnerdas de cabida, de las qne segregó y vendió, también por escritura pública de Io. de diciembre de 1897, una parcela o solar de veinte metros de frente por cincuenta de fondo, que asimismo describe, a favor de Doña Mercedes Segarra, cuya señora, por documento pú-blico de 31 de agosto de 1898, lo donó a la Congregación de-mandante, así como un edificio de manipostería que estaba en-tonces en construcción en dicho solar, donación que fué acep-tada por la Congregación demandante; qne no siendo inscri-bible el título de la demandante, tramitó un expediente de do-minio qne fué aprobado y luego inscrito el 10 de noviembre 1903 en el Registro de la Propiedad de Mayagüez; que desde. 1898 la demandante ha sido y es la única y absoluta dueña de dicho solar, teniendo su posesión pacífica y material hasta 1904, desde cuyo año la posee el demandado ilegalmente y sin título para ello, así como el edificio de manipostería cuyo valor era de $3,000, cuyos materiales lia utilizado el deman-dado, sin pagar su valor, siendo su renta razonable 600 pesos anuales; concluyendo por pedir se condenara al demandado a entregarle y restituirle la posesión del solar y a pagarle $3,000 por los materiales que se apropió, más $3,600 por la renta de seis años y las costas.

Contra esa demanda se dedujeron varias excepciones, de las cuales sólo una fue sostenida por la corte inferior y lia servido de base para la sentencia que el demandante ba ape-lado.

La mencionada excepción está redactada en los siguientes términos:

“Que la demanda no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción.
“De los nueve hechos de la demanda, no se deriva causa alguna de acción, pues ninguno de ellos contiene materia que pueda ser ob-jeto de controversia o litigio, ni que puedan por tanto dar origen a acción alguna; reduciéndose la demanda a hacer en ellos una relación de los diversos modos de adquisición de una finca, limitándose en el hecho VII a consignar, que el demandado la posee ilegalmente, sin determinar en qué concepto pueda poseerla el demandado y en qué consiste la ilegalidad de dicha posesión, hecho que se hace preciso y absolutamente necesario consignar, para que pudiera vislumbrarse, al menos, un principio de acción en este caso, y dar origen a materia objeto de controversia o litigio; estando, por otra parte, prescrita cualquier acción que se pretenda para recobrar la posesión, según pre-cepto del artículo 1869 del Código Civil.”

En cuanto a la sentencia ,qne es objeto de este recurso, dice así:

“En vista de la resolución de la corte, dictada en el día de hoy, declarando con lugar la excepción de los demandados, de que la de-manda no aduce hechos "suficientes para determinar una causa de ac-ción, por estimar que es una demanda para recobrar-la posesión y que ha prescrito la acción, y vista también la solicitud verbal del Letrado Leopoldo Feliú pidiendo se reserve a la parte demandante el derecho de iniciar cualquiera otra acción que sea procedente, la corte dicta sentencia desestimando la demanda, por haber prescrito la acción de recobrar la posesión, con las costas a la parte demandante, reser-vando a dicha parte demandante, el derecho de iniciar las acciones que creyere oportunas, para demostrar su dominio sobre los terrenos que reclama y cualquiera otra acción que fuera procedente.”

La cuestión, pues, a resolver es, si los hechos expuestos en-la demanda demuestran el ejercicio de una acción reivindica-toría de propiedad, o que la acción ejercitada es solamente para recobrar la posesión perdida del inmueble en litigio, bajo cuyo último punto de vista apreció la cuestión la corte inferior y por ello fué que declaró la prescripción de tal acción.

Según la jurisprudencia constante del Tribunal Supremo de España y también de esta Corte Suprema, son condicio-nes indispensables en una acción reivindicatoría, que se fije con precisión y claridad la cosa que se reclama, que se prue-be su dominio e identidad durante el juicio, o sea que es la misma a que se refieren los documentos, y que la posee el demandado.

Véanse las sentencias de 3 de julio de 1883; 22 de septiem-bre de 1886; 6 de abril de 1887; 14 de junio de 1889; 10 de mayo de 1895; y también las de este tribunal de 24 de octu-bre de 1900; 10 de mayo y 22 de junio de 1902 y 17 de junio de 1905.

De acuerdo con esta doctrina, la demanda que contenga esos requisitos ejercita una acción reivindicatoría.

Leídos detenidamente los hechos de la demanda en este caso, encontramos que claramente consigna que la asociación demandante, es dueña por título de-donación aceptada, del solar objeto del litigio, expresando además que lo tiene ins-crito a su nombre en el registro de la propiedad, la proce-dencia del mismo, que tuvo su posesión material hasta que en 1904 lo ocupó y poseyó el demandado sin título alguno para ello, así como la construcción existente en el mismo. Contiene, pues, todos los requisitos de una demanda reivin-dicatoria, por lo que debe considerarse, como tal; y si esos hechos son ciertos, y nada bay que obstaculice el ejercicio de su. derecho, tiene acción para que por el demandado se le reconozca su dominio, devolviéndole el solar, la construcción que en él existía cuando lo detentó y en su caso los frutos o rentas del mismo.

Los Jiechos, pues, de la demanda demuestran por sí mis-mos, que se ejercita la acción reivindicatoría y no la de reco-brar la posesión perdida, porque para ejercitar ésta, no era necesario alegar, como se alegó, la propiedad de la cosa, bas-tando con aducir la posesión y su pérdida, la mera tenencia, pues aun ésta es respetada por la ley cuando no transcurre un año desde que se perdió.

Si, pues, no se alega la posesión sino el dominio, es claro que no se trata de recobrar únicamente la posesión sino el dominio, por lo que la acción ejercitada es reivindicatoría de propiedad y no de recobrar la posesión, en cuyo caso hu-biera sido aplicable la prescripción consignada en el artículo 1869, número Io. del Código Civil Eevisado, porque apare-cería en la propia demanda, que por más de un año se había perdido la posesión. • •

Como la demanda contiene todas las alegaciones necesa-rias para una acción reivindicatoría, que no aparece pres-crita, fué errónea la resolución y sentencia de la corte inferior que no lo estimó así, sino que se ejercitaba una acción prescrita, para recobrar la posesión, por lo que la sentencia debe ser revocada, continuándose los procedimientos a fin de que el demandado conteste dentro del término que se le fije por la corte inferior.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.

Juez disidente: Sr. MacLeary.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

license: Public Domain

text:
    J. Ochoa Hermano v. Herederos de Lanza et al.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Hnmacao.
    Moción sobre concesión de costas.
    No. 585.
    Resuelto en junio 7, 1911.
    Costas — Interpretación de Ley — Derogación de los Artículos 328 y 330 del Código de Enjuiciamiento Civil. — Los artículos 328 y 330 del Código de Enjuiciamiento Civil han sido derogados por la ley de marzo 12, 1908, para enmendar los artículos 327 y 339 del Código de Enjuiciamiento Civil.
    Id. — Discreción del Tribunal Sentenciador — Grado de Culpabilidad de la Parte Vencida. — De acuerdo con el artículo 327 del Código de Enjuicia-ipiento Civil tal como ha sido enmendado por ley de marzo 12, 1908, la conce-sión de honorarios y costas, en pleitos o procedimientos cuya cuantía excede de $500, cuando el demandado haya comparecido, es ’discrecional por parte del juez, el cual ha de tomar por norte de su proceder el grado de culpabilidad, si lo hubiere, de la parte condenada por la sentencia.
    Id. — Eacultad Discrecional del Tribunal Supremo. — De acuerdo con el artí-culo 306 del Código -de Enjuiciamiento Civil tal como ha sido enmendado por la ley do marzo-8, 1906, salvo los casos taxativamente expresados en dicho artículo, este tribunal al pronunciar sentencia en grado de apelación tiene la facultad discrecional de conceder las costas ocasionadas en el tribunal inferior, según lo estime procedente.
    Costas en Grado de Apelación — Facultades del Tribunal Supremo. — Este tribunal no tiene facultades para imponer las costas que se originen por sos-tener un recurso de apelación..
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los promoventes: Sr. Arturo Aponte, Jr.

    Abogados de la parte contraria: Sres. Bosch y Soto.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Por sentencia de 3 de abril ultimo, esta Corte Suprema revocó la que la Corte de Distrito de Humacao había dictado condenando a los demandados a pagar a los demandantes la suma reclamada con las costas; y en su lugar declaró sin lu-gar la demanda sin especial condenación de costas.

Los demandados y apelantes presentaron con fecha 5 de mayo pasado, moción a esta corte para que reconsiderando su sentencia en la parte relativa a costas concediera éstas a dichos demandados. Esa moción fué discutida por los aboga-dos de ambas partes el día 15 de mayo citado.

En apoyo de su moción invocan los peticionarios los artí-culos 300 (debe ser 330) y 333 del Código de Enjuiciamiento Civil. -

El artículo 330 ordena que se concederán en todo caso las costas al demandado que obtuviere fallo en su favor en los pleitos mencionados en el artículo 328 y en procedimientos especiales.

El caso de que se trata está comprendido en el número 3o. del artículo 328, puesto que versa sobre cobro de dinero en cuantía superior a 100 dollars.

Pero nosotros entendemos que ambos artículos 328 y 330 ban sido derogados por la ley aprobada en 12 de marzo de 1908 para enmendar los artículos 327 y 339 del Código de En-juiciamiento Civil.

Esa Ley en su sección Ia. dice así:

“Sección Ia. — Los artículos 327 y 339 del Código de Enjuicia-miento Civil, se entenderán y quedan redactados en adelante en la forma siguiente:
“Artículo 327. — Las partes en pleitos o procedimientos tendrán derecho a las costas y desembolsos que en ellos se le hayan irrogado, con sujeción a las reglas que más adelante se establecen. En todos los casos en que un pleito o procedimiento se concedan las costas a una parte, si la materia litigiosa excede de quinientos dollars, tendrá ésta el derecho de que se le abone por la parte condenada el importe de los honorarios que haya devengado el abogado de la primera por sus ser-vicios. Disponiéndose, que nada de lo contenido en esta sección podrá entenderse en el sentido de permitir que los honorarios de abogados se incluyan en las costas impuestas contra un demandado que no hu-biere comparecido en el pleito o procedimiento, y disponiéndose ade-más, que los honorarios y costas serán concedidos diserecionalmente por el juez que entienda en el pleito o procedimiento, teniendo en cuen-ta el grado de culpabilidad, si la hubiere, de la parte condenada por la sentencia. ”'

Como se ve la concesión ele honorarios y costas en pleitos o procedimientos cuya cuantía excede de quinientos dollars, cuando el demandado baya comparecido es discrecional por parte del juez, el cual ba de tomar por norte de su proceder el grado de culpabilidad si lo hubiere de la parte condenada por la sentencia.

Y como según el artículo 306 del Código de Enjuiciamiento Civil tal como quedó enmendado por la ley aprobada en 8 de marzo de 1906, cuando se revocare la sentencia, orden o de-creto del tribunal inferior, la corte procederá a pronunciar ln sentencia, orden o decreto que dfebió haber dictado el tribunal' inferior, salvo los casos que dicho artículo expresa, es consi-guiente que esta Corte Suprema al pronunciar su sentencia de 3 de abril de 1911, estaba en las mismas condiciones que la corte inferior y pudo conceder las costas, según lo estimara procedente dentro de sus facultades discrecionales.

Esta corte estimó que no había habido culpabilidad, mali-cia o temeridad por parte de la sociedad demandante al ini-ciar y sostener el pleito y por esa razón no la condenó en las costas causadas en la corte inferior, pues por lo que atañe a las originadas para sostener el recurso, ya hemos decidido en anteriores resoluciones que el Tribunal Supremo carece de autoridad para imponerlas.

Yéase el caso de Angel Martinez v. Pagán, López y Cía., decidido en 19 de mayo próximo pasado.

Por las razones expuestas debe desestimarse la moción de los demandados y apelantes de 5 de mayo ya citado.

Denegada la moción.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary, disintió.


author: El Juez Asociado Se. MacLeart,

text:
    Rodríguez v. Rodríguez et al.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 700.
    Resuelto en junio 8, 1911.
    Acumulación de Acciones — Acciones de Filiación, Daños y Pebjuicios y Reivindicación. — No puede entablarse en una misma demanda una acción de filiación contra ciertos herederos, y una acción de daños y perjuicios y reivin-dicación contra un tercero extraño a dicha sucesión, para reivindicar ciertos bienes que la fueron vendidos por los' citados herederos, pues dichas acciones no son aeumulables.
    Acumulación de Partes Demandadas — Acciones de Filiación, Daños y Perjui-cios y Reivindicación. — De acuerdo con la anterior doctrina, en una demanda de reivindicación contra ciertos herederos, no puede ser incluido como deman-dado un tercero de quien se quieren reivindicar ciertos bienes vendidos a él por los herederos.’
    Id. — Comunidad de Intereses Entre las Partes. — La norma para determinar si pueden acumularse como demandantes y demandados ciertas partes, es examinar si las partes acumuladas están unidas por un interés común en el punto esen-cial que se debate en el pleito, o si tienen una base común para litigar, y en tales casos pueden acumularse partes diferentes aun cuando la súplica contra cada una sea distinta.- ,
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. A. Poventud.

    Abogado de los apelados: Sr. Luis Llorens Torres.

   El Juez Asociado Se. MacLeart,

emitió la opinión del tribunal.

La sentencia contra la cnal se ha interpuesto este recurso de apelación, es una declarando con lugar una excepción pre-via a la demanda e imponiendo las costas al demandante. El recurso de apelación, se funda en cuatro motivos, según se ex-ponen en los diferentes errores alegados. Pero dichos moti-vos son sencillamente ampliaciones de la sola proposición de que el tribunal inferior cometió error al dictar sentencia, con-traria a la ley, por no resolver que las acciones de filiación y petición de herencia pueden acumularse, y que el demandado Mora era parte propia como comprador de las fincas perte-necientes a la sucesión.

El apelado afirma que diferentes acciones lian sido indebi-damente acumuladas, a saber, las de-filiación, daños y reivin-dicación.

El apelante cita en su apoyo el caso resuelto por este tribunal el 11 de febrero pasado, en el que el apelante era Lu-cero, y Vilá el demandado,‘y en la que dijimos:

“Eespecto al tercer motivo del recurso sobre indebida acumula-ción de acciones, conviene hacer constar que las acciones ejercitadas son tres, a saber: de filiación, de reconocimiento de derechos consi-guientes a dicha filiación, y de nulidad de testamento que lastima esos derechos en la parte que tienen de sucesorios.
‘ ‘ Ahora bien, la segunda acción se deriva de la primera, y la tercera de la segunda, siendo evidente que hay una relación estrecha entre todas ellas, por lo que no vemos dificultad en su acumulación.”

Hay una gran diferencia entre- ese caso y el que nos ocupa. En aquel caso las partes del mismo eran, de un lado los Lijos naturales, y del otro los herederos legítimos, y se pretendía la anulación del testamento del difunto; derivándose todas esas cuestiones del mismo origen y unas de otras en orden lógico.

En el caso que nos ocupa se trae como parte demandada a un extraño a la familia del difunto, y lo que se trata de anu-lar es úna venta que se hizo de ciertas propiedades. O, según el apelado presenta la cuestión, que las acciones que se trata de acumular son las 'de filiación, daños y reivindicación. Es-tas acciones no pueden acumularse en un mismo procedi-miento. (Véase el art. 104 de nuestro Código de Enjuicia-miento Civil, el cual es idéntico al art. 3205 del Código de Ida-lio y al art. 672 del de Montana, y al art. 427 del Código de California.) Bajo cada uno de estos artículos de los Códigos idénticos citados, bay notas de casos numerosos que pueden citarse como autoridades en apoyo de esta proposición.

Tampoco es autoridad en este caso el de Puente v. Puente, resuelto por este tribunal el 17 de junio, 1910. La mención que en el dictamen emitido en dicho caso se hace de causaha-Mentes fné una mera inadvertencia, y debió haberse borrado la palabra antes de firmarse.

Mora no era parte necesaria en la acción de filiación, o para hacer la declaratoria de herederos del difunto. Estas cuestio-nes no tenían necesariamente conexión con la propiedad de las fincas en poder de Mora’y no estaba él directamente intere-sado en ellas.

Según nuestro código de enjuiciamiento pueden acumu-larse acciones, pero solamente de acuerdo con sus disposi-ciones que establecen, que todas las cuestiones acumuladas deberán corresponder a una de las siete clases enumeradas en la ley y que deberán afectar a todas las partes en .el pleito. En apoyo de esta doctrina puede citarse a Sutherland on Pleadings, Practice and Forms, pp. 127, 130 y 136. Ese prin-cipio está bien expuesto en el dictamen emitido en el caso de Bayley v. Dale, 71 Cal., 34, en el sentido “de si partes acu-muladas en el pleito tienen o nó un interés común convergente en un punto en litigio en la causa, o un punto común de liti-gio.” Si es así, se ha declarado que partes no relacionadas pueden acumularse, aún en casos en que las reclámaciones contra ellas sean distintas; no siendo así, no puede hacerse semejante acumulación.

Aplicando este principio al caso presente, Mora no era - parte propia en el litigio y no podían acumularse las causas de acción. Por consiguiente debe confirmarse la sentencia.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. MacLeaby,

text:
    Ex Parte Pesquera.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a.
    No. 355.
    Resuelto en junio 8, 1911.
    Desacato — Habeas Corpus — Examen de los Hechos Constitutivos de Desa-cato. — En un procedimiento de habeas, corpus no puede revisarse los hechos constitutivos de desacato, y que han servido de fundamento a la sentencia con-denatoria dictada contra el que ha cometido el desacato, sino que por el con-trario, si la corte sentenciadora tenía jurisdicción sobre la materia,y la persona, la apreciación de los hechos, hecha por ella, es conclusiva.
    Id. — Mandamiento de Prisión — Requisitos que Debe Reunir en Caso.de Desa-cato — MArshal de la Corte — Alcaide de la CArcel — Lev Foraker. — Exa-minado el mandamiento de prisión expedido contra el peticionario en virtud de la sentencia condenatoria de desacato, y vistos los requisitos que exige la sección 3 de la Ley de Desacato de marzo 1, 1902, tal como ha sido enmen-.dada por la ley de marzo 8 de 1906 y el artículo 327 del Código de Enjuicia-miento Criminal, el tribunal resolvió que el citado mandamiento reúne sus-tancialmente todos los requisitos exigidos por la ley, sin que tales manda-mientos deban expedirse a nombre de los "Estados Unidos de América, el Presidente de los Estados Unidos," pues tal mandamiento no constituye la diligencia judicial (judicial process) a que se refiere la sección 16 de la Ley Foraker.
    Id. — Mandamiento de Arresto — Medios de Obligar la Comparecencia del que Comete el Desacato. — En vista de la redacción de la Ley de Desacato de marzo 8, 1906, es discutible la necesidad absoluta de que se expida manda-miento de arresto contra la persona que comete un desacato en la presencia del tribunal, aunque opinamos que es mejor práctica el hacerlo.
    Id. — Arresto del Acusado — Copia Certificada de la Sentencia Condenatoria.— Según los preceptos del artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Criminal, la copia certificada de una sentencia condenatoria, es un mandamiento sufi-ciente para poner en prisión a un acusado y dichos preceptos deben cumplirse en todos los casos.
    Id. — -Habeas Corpus — Defectos dé Forma en un Mandamiento de Prisión.— Los defectos de forma de que pueda adolecer un mandamiento de prisión, según el artículo 484 del Código de Enjuiciamiento Criminal, no pueden ser-vir de base en un procedimiento de habeas corpus para decretar la excarcela-ción del peticionario.
    Id. — Jurisdicción de las Cortes Municipales para Castigar por Desacatos Cometidos en su Presencia — Cortes de Registro — Juzgados de Paz. — Se-gún la legislación vigente en Puerto Rico, las cortes municipales y juzgados de paz no son cortes de registro, (courts of record.)

    Id. — Cortes Municipales — Jueces de Paz — Jurisdicción para Castigar por Desacato. — Teniendo en cuenta que de acuerdo eon los artículos 4 y 14 de la ley reorganizando el sistema judicial, de marzo 10, 1904, los jueces munici-pales ejercen todas las funciones de los jueces de paz a quienes sustituyeron y que de acuerdo con la ley de mayo 28, 1904, el procedimiento criminal en las cortes municipales es el mismo que rige en los juzgados de paz, es indu-dable que las cortes municipales, de acuerdo con los artículos 56 y 61 del Código de Enjuiciamiento' Criminal tienen facultades para mantener el orden y el prestigio de la corte, castigando por desacatos cometidos en presencia del tribunal, imponiendo las penas que prescribe el citado artículo 61.
    Id. — Faculdades de las Cortes Municipales para Castioar por Desacato.— Aun en el supuesto de que los artículos 56 y 61, por los raíonamientos consig-nados en el párrafo anterior, no dieran facultades a las cortes municipales para castigar por desacato, los preceptos del artículo 29 del Código de Enjui-ciamiento Civil le conferirían tales facultades en los casos preceptuados en aicbo artículo.
    Id. — Cortes Municipales — Pena Excesiva. — Examinada la pena de prisión de 5 días, impuesta al peticionario, el tribunal resolvió que tal pena no es excesiva y que la corte municipal no se excedió en su jurisdicción al imponerla, no estando obligada según el artículo 61 a imponer la pena alternativa de multa o prisión, sino que podría imponer cualquiera de ellas o ambas.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. José L. Pesquera.

    Abogado del apelado: Sr. Jesús M. Bossy, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. MacLeaby,

emitió la opinión del tribunal.

La preserfte es una apelación interpuesta contra la sen-tencia'de la Corte de Distrito de San Juan ordenando la devo-lución del prisionero, en un procedimiento de habeas corpus, a la custodia del alcaide de la cárcel del Dorado. El apelante, que es un abogado que ejerce su profesión en la corte municipal de Bayamón, de donde es juez el Hon. L. Santiago Car-mona, se encontraba en dicha corte en la celebración de una causa criminal, y, al tratar el juez de hacer ciertas preguntas a un testigo se opuso a ello el abogado, de donde surgió una discusión entre ambos que dió por resultado que el juez tu-viera que procesar por desacato al referido abogado ordenan-do su prisión en la cárcel del Dorado, en cuya villa se encon-traba la corte celebrando juicios por cinco días. Estos pro-cedimientos tuvieron lugar el día 19 de abril de 1911, habiendo anteriormente la corte llamado al orden al abogado varias veces; apareciendo todos esos hechos de la orden de prisión que se encuentra en los autos.

El abogado presentó nna solicited de habeas corpus al Juez Gill de la Corte de Distrito, en donde alegaba que el juez municipal no tenía jurisdicción para ordenar su prisión por desacato, y celebrada la vista del caso,- la controversia quedó enteramente resuelta en 25 de abril último, dictando la corté una orden negando el excarcelamiento del prisionero y orde-nando fuera devuelto a la custodia del alcaide de la cárcel men-cionada, con el fin de que cumpliera con la sentencia de la corte municipal de Bayamón.

Contra esta sentencia interpuso el peticionario recurso de apelación para ante este tribunal, celebrándose oportunamente la vista de dicbo retíurso en 5 de mayo último; a cuyo acto compareció el apelante personalmente y por medio de abo-gado, estando representado El Pueblo de Puerto Rico por el Fiscal de esta corte. Se alegan varios fundamentos para que se revoque la sentencia y se ponga en libertad al prisionero, los que examinaremos por su orden debido.

La primer cuestión que surge de los autos, es la que se re-fiere a la facultad de la corte de distrito, en procedimientos de habeas corpus, para examinar los hechos en,que se fundó la corte municipal al dictar su sentencia de desacato. Está bien establecido por muchas autoridades, que la corte que co-noce de un caso de habeas corpus, no tiene facultad, cuando el prisionero está encarcelado por nna sentencia de desacato dictada por otra corte, por mala’ conducta en presencia del tribunal; pero que los hechos en tales casos de desacatos se consideran enteramente resueltos si la corte procedió de acuerdo con la' ley y tenía jurisdicción sobre la persona y la materia, y facultad para dictar sentencia, la orden de prisión debe prevalecer. (Spencer, ex parte, 83 Cal., 460; Clark ex parte, 110 Cal., 405; Shattuck v. State, 24 Am. Rep., 624; Tolman v. Jones, 114 Ill., 153.)

Estas autoridades son suficientes pero podrían citarse mu-chas más que pueden encontrarse en 9 Cyc. 68, nota 5; Rapalje sobre Desacato, artículo 157, así como otros libros de textos sobre habeas corpus y procedimientos de desacato.

La segunda cuestión que se lia presentado, es si el manda-miento de prisión es nulo o ineficaz por no cumplir con los estatutos. Se insiste en qne el mandamiento no está beato de conformidad con la ley orgánica ni con el estatuto que regula la materia de desacato, aprobado en 1 de marzo de 1902, y enmendado en 8 de marzo de 1906. (Véase el artículo 16 de la Ley Orgánica y los Estatutos Revisados de P. R., pág. 87.) La sección 16 de la Ley Orgánica determina la forma de los procedimientos judiciales; que se seguirán en nombre de los Estados Unidos de América, el Presidente, etc. Se bace refe-rencia al caso de Solares eco parte (4 P. R. Rep., 154) como uno en qne se declara con lugar la alegación de que el manda-miento es nulo. Aquel caso no era uno de desacato, en que los procedimientos son sumarios y más o menos irregulares. Peí tanto no puede considerarse como fin precedente para el caso que abora consideramos. Es cierto queda sección 3a. de la ley que regula los procedimientos en casos de desacato, citada anteriormente, dispone que el mandamiento expresará el acto o actos que constituyan el desacato, así .como la f-ecba, sitio, y las circunstancias del mismo, especificando la sentencia, sin cuyos requisitos será nulo y sin ningrin valor. El manda-miento que encontramos en los autos reúne en substancia to-dos estos requisitos y es suficiente según la ley.

El artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Criminal dispone además:

“Cuando se haya dictado sentencia que no sea de muerte, se entre-gará enseguida una copia certificada del original al oficial que tenga la obligación de ejecutarla, y no será necesaria ninguna otra orden ni autorización para justificar o pedir la ejecución.”

Esta es la ley de donde procede la autoridad del mársbal de la corte y del alcaide de la cárcel para encarcelar al solici-tante. En la copia de la sentencia de este caso, que ba sido ■certificada por el secretario, se cumple enteramente con este requisito. Se alega que todo procedimiento debe seguirse ■en el nombre del Presidente de los Estados Unidos, pero tal orden expedida por el juez, no es diligencia propiamente diclio, sino un mandamiento o auto de prisión. En la ley de 1906 se le llama orden o mandamiento. Pero esto no hace que se convierta en el procedimiento a que se refiere la ley orgánica en su sección 16. 2 Bouvier, 766.

El principio relativo al hecho de traer a una persona ante un tribunal, emana del departamento ejecutivo y se conoce con el nombre de procedimiento, pero una vez adquirida juris-dicción, es la corte la que expide las demás órdenes necesarias, para la tramitación de sus asuntos y ejecuta sus sentencias.. Según la redacción de la ley de 8 de marzo de 1906, es discu-tible si es necesario en absoluto un auto o mandamiento para efectuar el arresto de una persona por un desacato cometido, en presencia de la corte; sin embargo, entendemos que es la mejor práctica en la mayor pai’te de los.casos la expedición del mandamiento. En este caso, según hemos dicho, la orden o mandamiento mostraba “los actos constitutivos del desaca-to, la época y sitio de la comisión del mismo, las circunstan-cias y la sentencia de la corte” según exige la ley, y era com-pletamente suficiente. (Estatutos Revisados de P. R., art.. 146.)

No solamente es una copia certificada de una sentencia condenatoria un mandamiento suficiente para la prisión y de-tención de un prisionero en la cárcel, según los artículos 327 de nuestro Código de Enjuiciamiento Criminal, sino que se lia declarado que este artículo de la ley debe cumplirse en todos los casos según sus términos; esto es, una copia de la senten-cia condenatoria debe entregarse al alcaide de la cárcel que es la que da autoridad al alcaide para encancelar al prisio-nero. (Eugenio Buitrago ex parte, resuelto en 12 de diciembre 1906; Lino Julio ex parte, resuelto en 22 de junio de 1905; Pablo Rolón ex parte, resuelto en 22 de junio de 1905; José Gr. Torres ex parte, resuelto en 24 de mayo de 1905; Justo Aranzamendi ex parte, resuelto en 18 de mayo de 1905; José Benito ex parte, resuelto en 14 de noviembre, 1904.)

Además, si en el auto de prisión hubiera algún error sim-plemente sería uno de forma, y según el artículo 484 de nues-tro Código de Enjuiciamiento Criminal, no puede el prisio-nero por ese motivo ser excarcelado en procedimientos de habeas corpus. (Código de Enjuiciamiento Criminal, art. 483, pár. 3; Bird ex parte, 3 P. R. Rep., 500; Bird ex parte, 4 P. R. Rep., 422; Medina ex parte, 4 P. R. Bep.,- 502.) El auto de habeas corpus, según hemos declarado frecuentemente, no puede hacer las veces de una apelación o de un. recurso por causa de error. (Cintrón ex parte, 5 P. R. Rep., 185; Bird ex parte, 5 P. R. Rep., 505.)

Llegamos ahora a la tercera cuestión envuelta en este ré-cord, a saber; ¿tenía jurisdicción del caso la corte municipal al ordenar el encarcelamiento del prisionero por desacato co-metido en su presencia, o excedió la corte su jurisdicción al condenar al prisionero a prisión por cinco días en términos absolutos y no como un castigo alternativo por la falta de pago de la multa? Para resolver esta cuestión debemos deter-minar cuál es el estatuto que tiene aplicación a este caso; el artículo 61 del Código de Enjuiciamiento Criminal, o la ley referente a desacato, aprobada en 1 de marzo de 1902, que se encuentra en los Estatutos Eevisados, páginas 87 y 89. Se-gún sus términos el segundo estatuto se refiere únicamente a las’ cortes de registro; y debemos entonces preguntar, ¿son las cortes municipales de esta isla, cortes de registro? No pueden ser consideradas como tales. Esto está bien deter-minado en nuestros estatutos, que de modo claro expresan que la Corte Suprema y las de distrito de Puerto - Bico son cortes ■de registro, de donde se infiere también claramente que las cortes municipales y juzgados de paz no lo son. (Código de Enjuiciamiento Civil, art. 3 y 4, pág. 177-178.) De acuerdo con todas las mejores autoridades, tales cortes tendrían que ex-, cluirse de esa categoría (1 Diccionario de Leyes de Bouvier, pág. 465, y autoridades allí citadas.)

Pero el peticionario insiste, basando su razonamiento en el artículo 146 de los Estatutos Eevisados, en que las cortes municipales están comprendidas en las disposiciones de la ley de 1 de marzo de 1902. Se dice que .de no ser así la ley lia-ría referencia a una clase de cortes que no existe. Eso pnede ser así, pero pnede haber sido la intención de la Legislatura el legislar acerca de una clase de cortes de registro que fueran creadas por una legislatura subsiguiente. Esta suposición por lo menos es más razonable que el clasificar a las cortes municipales como cortes de registro, haciendo caso omiso de los principios bien establecidos. Si hubiera sido la intención de la Legislatura el convertir a las cortes municipales en cor-tes de registro, fácilmente hubiera podido declararlo así, y estaríamos obligados a considerarlas como tales.

El juez de distrito que conoció de este caso, funda su sen-tencia en una resolución dictada por el Ilon. Félix Córdova Dá-vila, en la Corte de Distrito de Guayamá, en el caso de Manuel Rivera Torres ex parte, en cuyo caso el juez sentenciador dic-tó una luminosa y lógica opinión que por sí se recomienda al-tamente a nuestra aprobación. Examinemos además la ley aplicable a los casos de desacato que se cometan en las cortes inferiores de Puerto Rico.

La ley especial que define el delito de desacato y fija el correspondiente castigo para el mismo, fué aprobada en 1 de marzo de 1902, y quedó en vigor desde la fecha de su aproba-ción. El Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal que fueron asimismo aprobados en igual día, empezaron a re-gir el día 1 de julio de 1902. De modo qiie a partir de la última fecha quedaron en vigor, a la vez, tres estatutos, a saber; la ley especial referente a desacato, artículos 45 y 145 del Código Penal, y el artículo 61 del Código de Enjuicia-miento Criminal. (Véanse los Estatutos Revisados y Códigos de Puerto Rico, págs. 87, 530, 554, 555,.y 688.) Si inmediata-mente después de empezar a regir estas leyes, al tener cono-cimiento un juez de paz que se había cometido un desacato a su autoridad, hubiera castigado a la persona que fuera culpable de tal desacato con cinco días de prisión en la cárcel, dicho juez no habría excedido su facultad en el ejercicio de sus funciones, con arreglo al artículo 61 del Código de Enjui-ciamiento Criminal, y esto no obstante las prescripciones del artículo 2 de la ley definiendo el''delito de desacato y fijando la pena para el mismo. Esto está admitido por todo el mun-do. Veamos ahora si después de las modificaciones introdu-cidas en las leyes, continúa en vigor el artículo 61 del Código de Enjuiciamiento Criminal y si el juez municipal tenía auto-ridad para imponer un castigo por desacato de acuerdo y por virtud de las prescripciones de este artículo. Las secciones 1 y 3 .de la ley especial de desacato a que se lia hecho referen-cia, fueron enmendadas por una ley aprobada en 8 de marzo de 1906, que derogó también el artículo 145 del Código Penal y enmendó el artículo 45 del mismo Código. (Leyes de la se-sión de 1906, págs. 32 y 33.) Estas enmiendas no cambiaron o modificaron de modo alguno la sección segunda de la ex-presada ley especial, que continúa en vigor en igual forma que cuando fué aprobada en marzo de 1902, lo mismo que el artículo 61 del Código de Enjuiciamiento Criminal, que tam-poco ha sufrido ninguna modificación. Véanse las leyes de la sesión citada anteriormente. El cargo de juez de paz tal y como fué creado por el artículo 14 del Código de Enjuicia-miento Criminal, (Estatutos Revisados y Códigos de Puerto Rico, págs. 673 y 674) quedó expresamente abolido por la sección 3 de la ley “Para reorganizar el sistema judicial de Puerto Rico,” aprobada en marzo de 1904, que creó el cargo de juez municipal. (Leyes de la sesión de 1904, pág. 94.)

El artículo 4 de la ley últimamente citada dice:

“A excepción de lo que se determina más adelante en la presente ley, el juez municipal creado por la presente ejercerá todas las fun-ciones que actualmente corresponden a los jueces de ‘paz y jueces municipales. ’ ’

Estas atribuciones de. los jueces municipales después apa-recen limitadas por el artículo 14 de' la misma ley, que dice:

‘ ‘ En todos los municipios, excepto los de San Juan, Ponce y Maya-güez, para los que ya se ha provisto en la sección cuarta de esta ley y excepto en los distritos de cortes múnicipales en que sólo hay una población, será nombrado un juez de paz con jurisdicción para conocer y resolver las faltas en que la pena que aparejen no exceda de quince dollars de multa, o de treinta días de cárcel y además tendrá jurisdic-ción en todos los casos por infracciones a las ordenanzas municipales, y quien en la ausencia del juez municipal actuará como juez de ins-trucción.” (Leyes de la sesión de 1904, pág. 98.)

Las disposiciones que anteceden demuestran' de una ma-nera clara y precisa cuáles son las atribuciones de los jueces municipales así como las que pertenecen a los jueces de paz. Los campos en que se desenvuelven ambos funcionarios que-dan completamente deslindados, y bien podemos decir que allí donde terminan las atribuciones del juez de paz, empiezan las del juez municipal.

¿Está entonces autorizado este último funcionario para imponer un castigo de prisión de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 61 del- Código de Enjuiciamiento Criminal? Hemos visto que según la ley estatutoria el juez municipal ejercerá las mismas funciones que el juez de paz, y por más que sus atribuciones empiecen allí donde terminan las del juez de paz, esta limitación de atribuciones en causas crimi-nales o casos análogos, se refiere únicamente a los delitos or-dinarios o comunes, y no al delito de desacato que es de índole especial; pues si el juez municipal ejerce las mismas funciones que el juez de paz, aunque sea dentro de ciertos límites, debe disponer también de los mismos medios para hacer respetar su autoridad, y entre los cuales el de poder castigar a cual-quiera persona que incurra en desacato, de acuerdo con los artículos 56 y 61 del Código de Enjuiciamiento Criminal. Pero si las secciones 4 y 14 de la Ley para “reorganizar el sistema judicial de Puerto Pico, ’ ’ citada anteriormente, interpretadas conjuntamente, no fuesen bastante claras y ofreciesen alguna duda sobre este particular, ha venido a disiparla la ley de 28 de mayo de 1904, prescribiendo el procedimiento para los jui-cios de causas criminales en los juzgados municipales.

El artículo 1 ele dicha ley, dice lo siguiente:

‘ ‘ Que el procedimiento para el inicio y la celebración de juicios en causas criminales, en los juzgados municipales, serán los mismos que dispone la ley para causas criminales en los juzgados de paz.” (Leyes de la sesión de 1904, sesión especial, pág. 18.)

En virtud de esta ley, ambos tribunales deben regirse por un mismo procedimiento, y es claro que sus jueces deben te-ner idénticas facultades para mantener el orden, para dispo-ner lo conducente a la más ordenada dirección de los asuntos ante ellos pendientes, para exigir acatamiento a sus fallos, y obediencia a sus órdenes y providencias, y para ejercer las mismas funciones que se determinan en el artículo 56 del Có-digo de Enjuiciamiento Criminal, que también forma parte del procedimiento en tales cortes. El citado artículo 56 es-pecifica las facultades del juez de paz para mantener el pres-tigio de la corte y asegurar el orden y dirección del procedi-miento, y el artículo 61 prescribe la pena que puede imponer el juez de paz para castigar todos los desacatos a su autoridad. Este último artículo es como sigue:

“Dicho juez de paz tendrá facultad para castigar los desacatos que de su autoridad se hagan en el ejercicio de sus funciones judiciales, con una multa que no exceda de dos y medio dollars o con prisión en la cárcel por un plazo que no exceda de cinco días, o con ambas penas.”

Después cl'e examinar los estatutos que regulan estas ma-terias no tenemos duda alguna acerca de las atribuciones del juez municipal para imponer ambos castigos, el de multa y prisión de conformidad con el mismo artículo. Es evidente que si'una persona cualquiera durante la celebración de un juicio desacata la autoridad del juez municipal, éste puede castigarle, ajustándose al hacerlo, al artículo 61 del Código de Enjuiciamiento Criminal, y con arregló a la ley de 28 de mayo de 1904, que prescribe los mismos procedimientos para los' juzgados municipales que para los juzgados de paz, tanto en éste como en otros casos. .

También se dispone en el artículo 29 del Código de'Enjui-eiamiento Civil que “para el ejercicio efectivo de las facul-tades conferidas por el precedente artículo a un funcionario> judicial, puede éste castigar por desacato en los casos dis-puestos en este Código.” (Leyes de la sesión de 1904, pág. 183.) Si estas cortes carecieran de toda facultad especial,, esta facultad general autorizaría el debido procedimiento por parte del juez municipal en todos estos casos. La sentencia, contra la cual se lia interpuesto esta apelación podría confir-marse, si necesario fuera, por virtud y sólo por este últinm estatuto que lia sido citado.

Es tan importante para la debida administración de jus-ticia que las cortes inferiores de la isla estén debidamente facultadas para mantener el orden durante sus sesiones y con-servar el prestigio de las mismas, así como hacer respetar sus procedimientos, como importante es que tales facultades se confieran a las cortes superiores. Con una multa insignifi-cante de $2.50, a penas sería suficiente para reprimir a algu-nas perdonas excitadas por algún interés o sentimiento du-rante el curso de un juicio acaloradamente controvertido; y tanto la Legislatura, como el foro y la judicatura, deben pres-tar su ayuda a esos concienzudos y laboriosos caballeros que sirven a su país en los honrosos cargos de las cortes inferio-res, en los esfuerzos que realizan para cumplir debidamente con sus deberes judiciales. Asimismo el juez municipal no debe imponer castigaos severos, excepto en casos de notoria desobediencia a sus órdenes.

Teniendo este criterio acerca de las distintas cuestiones que aparecen de los autos, debe confirmarse la sentencia de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., y ordenarse que el prisionero sea devuelto a la custodia del alcaide de la cárcel municipal del Dorado, para que cumpla con la sentencia.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados "W olf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Fernández et al. v. Velázquez.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao.
    No. 621.
    Resuelto en junio 9, 1911.
    Acción Reivindicatoría — Título del Demandante — Liquidación de Herencia.- — ■ Mientras no se practique la liquidación de la herencia y por consecuencia de ella la correspondiente partición y adjudicación a cada heredero de lo que le corresponde, carecen éstos de verdadero título que les sirva para reivindicar bienes concretos y determinados de la misma herencia.
    Id. — Orden.de Ejecución contra una Persona Fallecida — Nulidad de una Orden de Ejecución — Anulable—Let en Puerto Rico. — Según la ley co-mún y la jurisprudencia casi general en los Estados Unidos, una orden de ejecución contra una persona fallecida, es una nulidad. En algunos casos tal orden ha sido declarada anulable solamente. Cuando la regla de la.ley común ha sido modificada por algún estatuto, éste debe seguirse estrictamente. En Puerto Rico, de acuerdo con el artículo 244 del Código de Enjuiciamento Civil, no obstante la muerte del deudor declarado tal por la sentencia, puede librarse orden de ejecución de la misma, si la sentencia fuere para recobrar propiedad real o personal.
    Inscripción en el Registro de la Propiedad — Actos Nulos — Terceros.'—La inscripción no convalida los actos o contratos que sean nulos con arreglo a las leyes, pero los actos y contratos que se ejecuten u otorguen por persona que en el registro aparezca con derecho para ello no se convalidarán en cuanto a tercero, una vez inscritos, aunque después anule o resuelva el derecho del otorgante en virtud de título anterior no inscrito, o de causas que no resultan claramente del mismo registro.
    Id. — Derechos de los Herederos.' — Para el registro, el derecho del heredero nace de la inscripción.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados de los apelantes: Sres. T. D. Mott, Jr. y Hord & Scoville.

    Ahogado del apelado: Sr. Luis Muñoz Morales.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un caso sobre reivindicación e indemniza-ción por daños y perjuicios. Los demandantes alegaron, en resumen: Io. que dos de ellos, José Maximino y Catalina Dolores Fernández y Borrás, son menores de edad y comparecen bajo la autoridad y representados por su padre el otro de-mandante; 2°. que Evaristo Fernández comparece por su pro-pio derecho y en representación de sus dichos menores hijos; 3o. que los demandantes son dueños de la mitad de tres fincas rústicas de 76.77 cuerdas, de 60 cuerdas y de 1 % cuerdas, que se describen detalladamente; 4o. que desde o alrededor del 18 de julio de 1908, el demandado Velazquez ha estado y está en posesión de dichas fincas, pretendiendo ser duefio legítimo de las mismas; que -dicho demandado no es el dueño, ni tiene título legal de dichos terrenos o de cualquier parte de ellos; que dicho demandado está ilegal e injustamente en posesión de las fincás contra lá voluntad de los demandantes, causando a éstos perjuicios por valor de diez mil dollars, y que las fin-cas valen veinte mil dollars.

La demanda termina suplicando a la corte que declare a los demandantes dueños de la mitad proindivisa de las fincas .descritas, que ellos tenían derecho a su posesión durante todo el tiempo mencionado en la demanda y que se ordene al de-mandado que les pague diez mil dollars como daños.

El dgmandado contestó alegando, en resumen, 1°., que ad-mite las alegaciones Ia. y 2a. de la demanda; 2°. que niega que los demandantes sean hoy ni hayan sido nunca dueños de la mitad del dominio de las fincas descritas en la demanda; 3°. que el dominio y posesión de la finca de 76.77 cuerdas pertene-ció a la sociedad Puig Hermanos-y Cía., que ésta la vendió por escritura piiblica de 23 de diciembre de 1875 a Bartolomé Borrás, inscribiéndose la venta en el registro el 13 de junio de 1892; que muerto Borrás bajo testamento, pasó el domi-nio de la finca por herencia a su Aduda Gerónima Ginart y a sus hijas Catalina y Juana Borrás y Ginart, inscribién-dose en el registro el 12 de agosto de 1893; que seguido un pleito en la Corte de Distrito de Humacao por Francisco y María Antonia Ramis contra Catalina y Juana Borrás y Ginart, Sucesión de Gerónima Ginart y B. Borrás Herma-nos, en liquidación, -en- la ejecución de la sentencia pronun-ciada a favor de los demandantes, se adjudicó a éstos la finca en cuestión, otorgándoles el márshal escritura de venta el 5 de julio de 1905 e inscribiéndose su derecho en el registro de la propiedad; que Francisco y María Antonia Ramis ven-dieron la finca a M. A. Walker por escritura pública de 3 de mayo de 1906 que se inscribió en el registro de la propiedad; que M. A. Walker a su vez la vendió a J. B. Cobb por escri-tura publica de 17 de diciembre de 1906 que se inscribió en el registro, y que J. B. Cobb, por último, la vendió al de-mandado por escritura pública de 18 de julio de 1908; que él demandado es desde entonces el dueño legítimo de dicha finca, con su derecho inscrito en el registro de la propiedad y está en la quieta y legal posesión- de la misma, y que los demandantes jamás fueron dueños ni estuvieron en posesión de la más mínima parte de la finca, que ni estuvo ni está inscrita a su favor en el registro de la propiedad; 4o. que el dominio y posesión de la otra finca de 60 cuerdas los adquirió Bartolomé Borrás de Felipe Jiménez por escritura pública de 30 de marzo de 1871; de Borrás pasó a sus herederos Ge-rónima Ginart, su viuda, y Juana y Catalina Borrás y Gi-nart, sus hijas; de éstos a virtud de adjudicación *en pago de sentencia, a Francisco y María Antonia Ramis; de éstos a M. A. Walker; de éste a J. B. Cobb y de éste al demandado, ocurriendo todas dichas transferencias en la misma forma que las de la finca de 76.77 cuerdas y constando todas ins-critas en el registro de la propiedad, en cuyos hbros no apa-rece inscrito el alegado derecho de los demandantes que tam-poco han poseído la más mínima parte de la finca; 5o. que el dominio y posesión de la tercera finca de 1% cuerdas, los adquirió Bartolomé Borrás por compra a Isabel Ramírez hecha constar en escritura pública de 14 de octubre de 1870; de Borrás pasó a sus herederos, de éstos a los Ramis, de éste a M. A. Walker, de éste a J. B. Cobb y de éste al de-mandado Velázquez, en la misma forma que las otras fin-cas, y 6o. que el demandado niega que los demandantes, no teniendo como no han tenido ni tienen derecho alguno a las fincas litigiosas, hayan sufrido daños por la posesión legal del demandado y sus predecesores en los inmuebles litigiosos.

La contestación termina suplicando que se declare sin * lugar la demanda, con las costas a los demandantes.

La prueba presentada por los demandantes consistió:

(a) En la declaración del demandante Evaristo Fernán-dez que dice así:

“Que se llama Evaristo Fernández, es uno de los demandantes en este pleito y que José Maximino Fernández Borrás y Catalina Borrás son sus hijos legítimos; que estuvo casado con Doña Catalina Borrás y Ginart y esos dos hijos son fruto de su matrimonio; que Doña Catalina Borrás era hija de Doña Gerónima Ginart y de Don Bartolomé Borrás; que Doña Gerónima Ginart está muerta y murió antes que Doña Catalina; que Don Bartolomé Borrás dejó dos hijos, a saber: a la que fué su esposa Doña Catalina Borrás Ginart y también a Doña Juanita Borrás Ginart; que Doña Catalina Borras y Doña Juana Borrás formaron la sucesión de Doña Gerónima Ginart; que conoce las siguientes parcelas de terreno descritas en la demanda: un predio de terreno de 264 cuerdas radicadas en el barrio de Cañabón otro predio de 11 cuerdas en el barrio de Cagüitas; otro predio de 31 cuer-das en el barrio de Cagüitas, otro predio de 22 cuerdas 39 centavos en el barrio *de Cagüitas y una parcela de 37 cuerdas en el barrio de Bairoa y que ha conocido dichos terrenos por un tiempo alrededor de veinte años; que éstos sirven para la siembra de cañas para lo cual son magníficos y que el precio del arrendamiento de esos terrenos en el vecindario de Caguas, es en la actualidad por lo menos $1 mensual’por cuerda; que conoce el precio de los terrenos en Caguas en arrenda-miento y que éste es $1 por cuerda mensual y lo ha sido de 4 a 5 años a esta parte.”

(b) En una copia certificada de la resolución de la Corte de Distrito cíe San Juan dictada el 20 de diciembre de 1904, declarando herederos de María Catalina Borrás y G-inart, fallecida el 4 de junio de 1904, a sus hijos José Maximino y Catalina Dolores Fernández y a su viudo Evaristo Fernán-dez.

(c) En la declaración de José L. ÍPereyó, Marshal de la Corte de Distrito de Humacao, con objeto de presentar cier-tos autos sobre ejecución de sentencia, y

(d) En los dichos autos, de los cuales aparece que para ejecutar la sentencia dictada el 10 de julio de 1903 en el caso de Ramis v. Borrás y otros, se libró auto de ejecución el 12 de junio de 1905; que se vendieron en pública subasta adjudi-cándose a los demandantes las fincas de 60 y 76.77 cuerdas previamente embargadas, y no alcanzando a satisfacer el montante de la sentencia, se embargaron otras propiedades de los demandados entre ellas la de iy2 cuerdas a que se refiere la demanda.

La prueba del demandado consistió en la presentación de varios documentos públicos creditivos de las compras de "Walker a los Eamis, de Cobb a Walker y de Yelázquez a ■Cobb, todos dichos documentos debidamente inscritos en el registro de la propiedad.

Y la corte de distrito resolvió que la ley y los hechos •estaban en contra de la parte demandante y en su consecuen-cia declaró sin lugar la demanda con costas. Contra esa sen-tencia se interpuso el presente recurso de apelación.

Los demandantes alegan, que de la prueba practicada, surge claro no sólo su derecho a la propiedad de la mitad de las fincas de que se trata, sino la nulidad del título del de-mandado, porque ella demuestra que cuando se libró el auto de ejecución en el pleito de Ramis v. Borrás et al., ya había muerto la demandada Catalina Borrás y Ginart. Esta es ciertamente la cuestión fundamental envuelta en este pleito.

En primer lugar analizaremos la prueba con respecto a los derechos hereditarios alegados por los demandantes. .Aparece como hecho fuera de toda duda que las fincas de que se trata en este pleito pertenecieron a Bartolomé Borrás y que muerto Borrás bajo testamento, las heredaron sus hijas Catalina y Juana y su viuda Gerónima Ginart, cons-tando inscritas a su nombre en el registro de la 'propiedad.

Los demandantes reclaman a título de herederos de Catalina Borrás y Ginart, la mitad de las fincas y ellos no de-muestran que tal mitad de las fincas estuviera alguna vez inscrita en el registro a favor de su causante, ni que su cau-sante hubiera estado en posesión de la misma. Se dirá que se reclama la mitad proindivisa de las fincas y qne estando inscritas dichas fincas a favor de la madre y de dos herma-nas, muerta la madre, su herencia correspondió por igual a las hermanas y quedaron éstas dueñas cada una de la mitad proindivisa. Pero tales hechos qne parecen lógicos a pri-mera vista, requieren demostración cumplida en pleitos de esta naturaleza en que se trata no sólo de reclamar derechos, sino de destruir otros derechos adquiridos prima facie de buena fe y de acuerdo con la ley.

Para demostrar la muerte de Gerónima .Ginart y que sus hijas Catalina y Juana componen su sucesión, se aporta como única prueba la declaración deficiente y contradictoria del demandante Evaristo Fernández. Nada se sabe sobre si Gerónima Ginart falleció bajo testamento o intestada, sobre cuáles eran los bienes que constituían su herencia, y sobre el modo en que dichos bienes se partieron, y todo esto era nece-sario saberlo para concluir que el derecho que la madre tenía sobre las fincas había correspondido por igual a las dos hermanas y por igual se les había adjudicado. Debe te-nerse bien presente que este pleito no se sigue por todos los herederos de Bartolomé Borras, primitivo dueño de las fin-cas, sino por los herederos de una heredera de Bartolomé Borrás que a su vez heredó de otra hered'era.

Resulta, pues, bien claro que los demandantes no proba-ron que su causante Catalina fuera dueña de la mitad proin-divisa de las fincas reclamadas como exclusivamente suyas en este pleito. Lo único que se ha demostrado .es que el dominio de las fincas en cuestión estuvo inscrito en el registro a favor de Gerónima Ginart y Juana y Catalina Borrás. Sobre la he-rencia de Gerónima, nada positivo y preciso se probó en el pleito.

En relación con la herencia de Catalina Borrás y Ginart, sólo consta de la prueba practicada, que Catalina murió sin otorgar testamento el 4 de junio de 1904 y que los demandan-tes fueron declarados sus herederos el 20 de diciembre del mismo año, por una corte de justicia. Nada se alegó ni probó con respecto a los actos de los demandantes como tales here-deros.

La herencia solo es el conjunto d$ bienes que quedan des-pués de cubiertas todas las obligaciones del difunto, y la ley fija regias para su liquidación, tanto en los casos en que exis-te testamento como en los abintestato. Dada la índole especial de este pleito., los demandantes debieron probar que los bienes que ellos reclaman eran realmente suyos por heren-cia, esto es, que tales bienes fueron los que quedaron o eran parte de los que quedaron para los herederos después de haber satisfecho todas las obligaciones del defunto.

El Tribunal Supremo de España, en sentencia de 13 de junio de 1901, 91 Jurisprudencia Civil, 915, ha establecido la siguiente doctrina. “Que mientras no se haga la liquida-ción de la herencia, y por consecuencia de ella la correspon-diente partición y adjudicación a cada heredero de lo que le corresponde, carecen éstos de verdadero título que les sirva para reivindicai bienes concretos y determinados de la mis ma herencia, pues para tal acción no es título suficiente el testamento.”

Habiendo en consideración todo lo expuesto y limitándo-nos al examen de la prueba aportada por los demandantes, en-cuanto a sus derechos hereditarios, se concluye que aun. en el caso de que ellos hubieran demostrado que tenían al-guín derecho a la propiedad de las fincas que reclaman, habría sido la demostración en forma tan vaga e incierta, que no podría servir dé base para dictar una sentencia como la que ellos solicitan.

Examinemos ahora la interesante cuestión fundamental levantada por los apelantes con respecto a la nulidad del auto de ejecución expedido en el caso de Ramis v. Borrás et al., después de fallecida una de las demandadas en dicho pleito.

En el caso de Mitchell v. St. Maxent’s Lessee; 71 U. S. 242, el Juez Davis, al emitir la opinion de la Oorte Suprema de los Estados Unidos, se expresó- en estos términos:

“La solución de una cuestión presentada por los autos, es decisiva de este caso. Autorizado y expedido el auto d&• fieri facias, después de la muerte de la parte, contra la que se dictara la sentencia, ¿ confiere él al funcionario ejecutivo la facultad de ejecutarlo? Se admite que St. Maxent, al tiempo de su fallecimiento, era el dueño de los terrenos en litigio, y que los demandantes, ante la corte inferior, son sus here-deros legales; pero se alega que St. Maxent fué despojado del título de dominio, en virtud de ciertos procedimientos de embargo, seguidos contra él, en los tribunales de Florida, que terminaron por una sen-tencia, mientras él vivía. Es un principio de derecho bien establecido 'y que frecuentemente ha recibido la sanción de este tribunal, el que la resolución o sentencia de una corte competente, es obligatoria hasta que sea revocada, y no puede ser impugnada colateralmente. Pero el defecto en el presente caso, ocurre después de dictada la sentencia y es fatal para el título de Mitchell, porque los compradores en una venta judicial no están protegidos si la orden de ejecución, en virtud de la cual se hizo la venta, era nula. Una orden judicial nula no confiere al funcionario, el derecho de vender; y todos los actos ejecu-tados en virtud de la misma, son absolutamente nulos.” (71 U. S., 237.)

Y en la Enciclopedia de Ley y Procedimiento, conocida por Oye., tomo 17, pág. 991, se consigna:

“Según la ley común, si el demandado moría después de haberse dictado sentencia y antes de expedirse la orden de ejecución, no podía expedirse la orden de ejecución sin un scire facias. Esta ha sido la regla casi universal en este país y una orden de ejecución así expedida ha sido casi universalmente declarada nula. Una orden de ejecución contra una persona fallecida es una nulidad, por no existir -demandado contra quien, o contra cuyos bienes, pueda seguirse el procedimiento. En algunos casos una orden de ejecución así expedida ha sido decla-rada anulable solamente, y no nula. Sin embargo, en los casos en que la regla de la ley común con respecto a este punto ha sido modi-ficada mediante un estatuto, debe seguirse estrictamente dicho esta-tuto en todos respectos, para reclamar los derechos conferidos por el mismo.”

Veamos lo que dicen nuestros estatutos con respecto a la materia. El artículo 244 del Código de Enjuiciamiento Civil es como sigue:

No obstante la muerte de una de las partes después de dictada la sentencia, podrá librarse orden de ejecución de la misma, o exigirse sn cumplimiento, en los casos siguientes:
1. En caso de muerte del acreedor declarado tal por la sentencia, mediante solicitud de su albacea, administrador o sucesor en sus de-rechos.
‘‘2. En el caso de muerte del deudor declarado tal por la sentencia, si ésta fuere para recobrar propiedad real o personal.

El caso concreto que resolvemos está claramente compren-dido dentro ele las prescripciones del artículo transcrito, bien se considere que el pleito de Ramis v. Borrás et al. versó sobre reclamación de propiedad real, dado que hay indica-ciones en los autos que tienden a demostrar que se trataba de la ejecución de una hipoteca, ya se concluya que se esta-bleció para recobrar propiedad personal.

No expresa la ley el procedimiento que deba seguirse en el caso del No. 2 . del articulo 244, como lo hace en el primero, pero teniendo en cuenta la jurisprudencia establecida y lo dispuesto en el artículo 69 del propio Código, es indudable que cuando ocurre el fallecimento del demandado, debe po-nerse tal hecho en conocimiento del tribunal que dictó' la sen-tencia, y solicitarse que la ejecución se expida contra la suce-sión del fallecido, dando a dicha sucesión la intervención en el procedimiento, que corresponde a una parte realmente inte-resada.

Basándose en la prueba practicada, los apelantes alegan que el auto de ejecución se expidió contra todos los demanda-dos en el pleito de Ramis v. Borrás et al., a saber, Catalina y Juana Borrás y Ginart, Sucesión de Gerónima Ginart y Borrás Hermanos en liquidación, después que había fallecido la demandada "Catalina Borrás, sin haber revivido la senten-cia en cuanto a los herederos de Catalina Borrás, ejecután-dose en propiedades que en parte pertenecían ya a los de-mandantes como herederos declarados de Catalina.-

Un examen de la prueba practicada sólo demuestra que el auto de ejecución se libró en efecto contra todos los deman-dados en el pleito, pero nada aparece si se hizo o nó con el conocimiento y consentimiento de los herederos de Catalina. Este hecho concreto, ni se alegó ni se probó por los deman-dantes.

Atendida la naturaleza del caso, de acuerdo con la ley vi-gente en Puerto Rico, la sentencia, dictada en el pleito de Ramis v. Borrás et al. pudo ejecutarse después de muerta una de las demandadas, y como sólo parece que el espíritu de la jurisprudencia es que en tales casos no se proceda a espaldas de los herederos para evitar fraudes e injusticias,, los demandantes debieron demostrar que ellos ni tuvieron conocimiento de la expedición del auto, ni consintieron en que se ejecutara en la forma en que fué expedido.

Pero aun cua.ndo se llegara a la conclusión de que habien-do muerto Catalina Borrás, una de las demandadas en el pleito de Ramis v. Borrás, y no habiéndose revivido la sen-tencia contra los herederos de Catalina, no debió expedirse el auto de ejecución contra la dicha Catalina, ni debió' ejecu-tarse en bienes que fueron de la misma; es lo cierto que el auto se expidió y se ejecutó en bienes que en parte le pertene-cieron y que la -venta se inscribió en el registro de la pro-piedad, en donde no constaba ni consta aún inscrito el dere-cho de los demandantes, y siendo esto así, y habiendo adqui-rido el demandado de aquél que en el registro aparecía como, dueño, su título no puede invalidarse.

Existe vigente en Puerto Rico desde hace muchos años una Ley Hipotecaria cuyos preceptos claros y terminantes resuelven este caso.

Si bien el artículo 33 de dicha ley prescribe que “la ins-cripción no convalida los actos o contratos que sean nulos, con arreglo a las leyes,” el 34 dispone que “no obstante lo declarado en el artículo anterior, los actos o contratos que se ejecutan u otorguen por persona que en el registro apa-rezca con derecho para ello, no se invalidarán en cuanto a tercero, una vez inscritos, aunque después se anule o resuelva, el derecho del otorgante en virtud de título anterior no ins-erito, o de cansas que no resiilten claramente del mismo regis-tro. Solamente en virtud de nn título inscrito podrá invaln darse, en perjuicio de tercero, otro título posterior también' inscrito, salvo lo dispuesto en el artículo 389.”

En el presente caso el demandado adquirió de J. B. Cobb, que tenía su derecho inscrito en el registro, Cobb de M. A. Walker, que era el dueño según el registro; Walker de los Bamis que figuraban en el registro con su derecho inscrito; los-Bamis de Catalina y Juana Borrás y de la sucesión de Geró-nima Ginart, por medio del marshal de una corte, ep. la ejey cución de una sentencia dictada contra los que aparecían como dueños en el registro; y las Borrás y la Ginart de Bartolomé Borrás, a favor de quien se inscribió por vez pri-mera la finca en el Begistro de la Propiedad de Caguas. Y no sólo aparece que el demandado adquirió de quien era el dueño según el registro, sino de quien estaba en posesión, y además, que el demandado está actualmente en posesión de las fincas y tiene inscrito su derecho en el registro.

En cuanto a los demandantes, resulta que no obstante haber sido declarados herederos de Catalina Borrás el 20 de diciembre de 1904, ellos no inscribieron .su derecho' en el registro, y para el registrp, según dice Galindo en su Legis-lación Hipotecaria, tomo 2°., página 207, el derecho del here-dero nace de la inscripción.

Nada absolutamente se ha alegado ni probado en este pleito con respecto a que existiera fraude o mala fe por parte del demandado, ni por parte de sus antecesores en derecho, ni siquiera se ha alegado ni probado, que el dicho deman-dado tuviera conocimiento del hecho de que cuando se expi-dió el arito de ejecución en el pleito de Ramis v. Borrás et al., había muerto una de las demandadas en el dicho pleito.

Pero se alega por los apelantes, que el demandado debió haber investigado la historia de su título más allá de los límites del registro, ya que el registro le indicaba que una de las adquisiciones se había verificado como consecuencia de un pleito.

El artículo 18 de la Ley Hipotecaria, impone a los regis-tradores el deber de calificar bajo su responsabilidad, la lega-lidad de -las escrituras en cuya virtud se solicite la inscrip-ción y la capacidad de los otorgantes por lo que resulte de las mismas escrituras, debiendo dichos registradores cali-ficar también bajo su responsabilidad y para el único efecto de admitir, suspender o negar su inscripción o anotación, todos los documentos expedidos por la autoridad judicial.

El demandado por tanto pudo confiar en la calificación del registrador y en que antes de inscribir la venta otorgada por el marshal, a nombre de los demandados en el pleito de Ramis v. Borrás, el registrador examinó la personalidad del vendedor e inscribió la escritura al llegar a la conclusión de que tenía capacidad para otorgarla de acuerdo con la ley.

Pero aun cuando el demandado hubiera tenido el deber de ir más allá de los límites del registro, como aconseja la prudencia y debe hacerse para mayor seguridad en casos de esta naturaleza, al examinar los autos del pleito ¿qué hubiera encontrado ?

Los demandantes no aportaron como prueba todos los autos, ni demostraron que en ellos constara la muerte de una de las demandadas, y a juzgar por los de la ejecución de la sentencia que forman parte del récord, sólo hubiera podido averiguar que la ejecución se libró contra todos los demandados y no constando la muerte de ninguno de ellos, tal procedimiento aparecía seguido enteramente de acuerdo con la ley. Además, existía a favor de los Eamis, que com-praron como ya se ha dicho las fincas a que se'refiere este pleito en pública subasta, celebrada en cumplimiento de una orden de un tribunal, la presunción de buena fe, de acuerdo con lo prescrito en la sección 7 de la ley relativa a las sen-tencias y a la manera de satisfacerlas, aprobada en marzo 9, 1905. (Leyes de 1905, pág. 187.)

Bajo cualquier aspecto, pues, que se considere este caso, se llega a la conclusión de que la sentencia apelada, decla-rando sin lugar la demanda, debe confirmarse.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Wolf, firmó la sentencia liaciendo , constar estar conforme con ella, pero no con algunos de sus fundamentos.


author: El Juez PresideNte Sr. Hernández,

text:
    Monge et al. v. Zechini et al.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 507.
    Resuelto en junio 9, 1911.
    Nulidad de Permuta de Bienes de Menores — Acción Reivindicatoría — Parti-ción v Adjudicación de Bienes. — Los demandantes en este caso, habiendo adquirido la propiedad de los terrenos que tratan de reivindicar en virtud de 'la partición y adjudicación hecha a cada uno de ellos en las operaciones divisorias de su causante, de acuerdo con el artículo 1068 del Código Civil antiguo y 1035 del actual, tienen título para reivindicar la finca objeto de esta acción.
    Id. — Partición de Herencia de Menores — Aprobación Judicial. — De acuerdo con el artículo 1060 del Código Civil Español, vigente en la fecha en que se practicaron las operaciones divisorias de que se trata, cuando los me-nores de edad están sometidos a la patria potestad y representados en la par- • tición por el padre y en su caso por la madre, no era necesaria la intervención ni la aprobación judicial y el artículo 1048 de la Ley de Enjuiciamiento Civil antiguo, que exigía dichos requisitos, en casos- como el que se trata, quedó modificado por el artículo 1060 del Código Civil antiguo, ya citado.
    Id. — In capacidad de los Contratantes — Alegación de Incapacidad por el Con-tratante Capaz — Estoppel.—Aún en el supuesto de que hubiera sido nece-saña la intervención y aprobación judicial en las operaciones divisorias del causante de los demandantes, el demandado que contrató con los demandantes, no puede invocar la falta de aquel requisito para beneficiarse de su omisión según el artículo 1269 del Código Civil revisado.
    Id. — Incapacidad de los Contratantes — Alegación de Incapacidad por los Mandantes del Mandatario que' Intervino en el Contrato. — Aun aquellos demandados que no intervinieron .directa y personalmente en las operaciones partieionales del causante de los demandantes, pero sí por medio de uno de los demandados como mandatario, no pueden alegar la incapacidad de los deman-dantes en el contrato de permuta hecho con ellos.

      Id- Causas Justificadas de utilidad ó Necesidad — Facultades del Padre o Madre para Enajenar Bienes de Sus Hijos Menores. — líe acuerdo con el artículo 161 del Código Civil vigente en la época en que tuvo lugar la adqui-sición de los terrenos objeto de este litigio, que es el 229 del Código Civil revisado, el padre o madre no pueden enajenar los bienes inmuebles del hijo en que les correspondía el usufructo o la administración, ni gravarlos sino por causas justificadas de utilidad o necesidad, y previa la autorización del juez del domicilio con audiencia del ministerio Fiscal.
    Id. — Inscripción en el Registro — Convalidación de un Contrato Nulo. — La inscripción en el registro del auto aprobatorio del expediente de dominio de los bienes adquiridos por los demandados, en virtud de un contrato de permuta nulo, no convalida dicho contrato según el artículo 33 de la Ley-Hipotecaria.
    Id. — Nulidad de Expediente de Dominio — Omisión de los Verdaderos Ad-quirentes. — Adolece del vicio de nulidad un expediente de dominio en donde se afirma que la parte de la finca a que se refiere el expediente fue adquirida por compra a determinada persona, sin consignar que la compra fué hecha ' esa misma persona como representante legal de sus menores hijos.
    Id. — Nulidad de la Inscripción — Producida por Ser Nulo el Contrato.— Siendo nulo un contrato de permuta de bienes inmuebles por falta de capa-cidad para enajenarlos y declarada nula la enajenación, queda también anu-lada su inscripción en el registro de la propiedad.
    Id- Terceros. — No pueden invocar el carácter de terceros los que han intervenido en la instrucción del expediente de dominio y contrataron con los mismos demandantes que no tienen capacidad para contratar.
    Id. Restitución Recíproca de las Cosas y sus Frutos — Enriquecimiento de los Contratantes Incapaces. — Declarado nulo un contrato de permuta de bienes inmuebles de menores y con lugar la reivindicación de los mismos, no están obligados los demandantes menores a restituir a los demandados, por no haberse justificado que se enriquecieron con la permuta.
    Id. — Prescripción entre Presentes — Buena Fe y Justo Título. — No concu-rriendo los requisitos de buena fe y justo título en la posesión entre presentes, no se adquire por prescripción de diez años, el dominio de los bienes poseídos.
    Id.- Reivindicación de Parte de Una Finca — División de la Finca — Segrega-ción de la Parte Reivindicada. — Declarada con lugar la reivindicación de una finca que ha sido incorporada a otra de mayor cabida e inscrita como una sola finca en el registro, para verificar la entrega de la parte reivindicada, es nece-sario practicar la división de la finca de acuerdo con el artículo 409 del Código Civil, segregando la parte reivindicada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. José G. Torres.

    Abogado de los apelados: Sr. Eugenio Benitez Castaño.

   El Juez PresideNte Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

En 6 de marzo del año 1909 Juan del Carmen Monge y Agosto, por derecho propio y como defensor judicial de sus hermanas menores de' edad Valeriana y Mercedes, de los mismos apellidos, produjo demanda ante la Corte de Dis-trito del Distrito Judicial de San Juan, contra Antonio, Ma-ría, Angela y Josefina Zechini y Veve, con súplica de que se condene a los demandados a devolver a los demandantes, 13 cnerdas y 68 céntimos de terreno que están detentando, y de que son dueños los demandantes, por herencia de su padre Juan del Carmen Monge, cuyos terrenos se encuentran com-prendidos dentro de 27 cnerdas y 89 céntimos que los deman-dados han inscrito a su nombre en el registro de la propie-dad; condenándoles también al pago de mil quinientos dollars, en concepto de indemnización de los productos de los terrenos detentados, y a solventar las costas del litigio.

Con el fin dé que pueda llevarse a cabo la sentencia que se dicte con relación a la devolución de las 13 cuerdas y 68 céntimos de terreno, solicitan además los demandantes, que se declare nulo el expediente de dominio promovido por los demandados en la parte relativa a dicho terreno, y que se ordene la división de la finca inscrita para entregar a los de-mandados la participación que en la misma les corresponda.

Los demandados Antonio, Angela y Josefina Zechini y Veve, al contestar la demanda en 29 de abril siguiente, soli-citaron fuera declarada'sin lugar en todas sus partes; y ade-más formularon reconvención contra los demandantes para que, en el caso de prosperar dicha demanda, fueran conde-nados a reintegrar a la Sucesión Zechini la suma de 6,000 dollars, por una. finca de 50 cuerdas y cantidad de 625 dollars que desembolsaron los demandados para adquirir en permuta los terrenos que los demandantes tratan de reivin-dicar, por los productos de aquella finca, desde el año 1895 hasta el de 1905, y por los intereses dedos 625 dollars.

Posteriormente, en 31 de agosto del mismo año, adicio-naron la contestación en el sentido de qiie habiendo habido allá por el año 1897 con bueña fe y por título de permuta con Cruz Agosto el terreno objeto de reivindicación, habían ya adquirido por prescripción el dominio de ese terreno con arreglo al artículo 1858 del Código Civil revisado.

Celebrado el juicio, la corte dictó sentencia en 11 de octu-bre del año 1909, por la que declara que los demandantes no tienen derecho a reivindicar de los demandados la finca en litigio, y declara también sin lugar la reconvención propuesta subsidiariamente para el caso de que prosperase la demanda, sin especial condenación de costas.

Esa sentencia lia sido recurrida por los demandantes, quienes solicitan su revocación y que se dicte otra de acuerdo con las peticiones de la demanda.

De las alegaciones de las partes combinadas con los ele-mentos probatorios aportados al juicio resulta:

Io. Que Juan del Carmen Monge falleció en el pueblo de Río Grande en 5 de febrero de 1895.

2o. Que por resolución judicial de 22 de febrero de 1897, fueron declarados herederos del mismo sus legítimos hijos Pedro y Tomás, habidos en su primer matrimonio con Asun-ción Rivera, sus también hijos legítimos Julia Monserrate y Eulalia, habidos en su segundo matrimonio con Dionisia Ji-ménez, sus hijos naturales Antonio Ramón, Juan Isaac, Mercedes, Esteban y Valeriana, procreados en Cruz Agosto Ne-gron, sus nietos Jesús María, Esperanza, Eugenia, Enrique y Nemesio, en representación de su finada madre Juana Justa Monge y Rivera, y sus otras dos nietas, Lucía Candelaria y Josefa, en representación de su legítima madre Emilia Herminia Monge y Jiménez.

3o. Que por escritura de 16 de julio de 1895, Rosa Cruz Agosto y Antonio Zechini Veve como representante de la Sucesión de Antonio Zechini García, que la constituían la viuda y los cuatro demandados, se comprometieron a permu-tar dos fincas rústicas una de 18 cuerdas y 72 céntimos, radi-cada en el barrio de Herrera, término municipal de Río Grande, colindante por el norte, con la hacienda María, de la sucesión de Antonio Zechini; por el sur, con terrenos de la sucesión de Juan Monge; por el este, con el río del Espí-ritu Santo, y por el oeste con un caño o cauce viejo del río de Eío Grande, cuya finca, había de adjudicarse a los hijos naturales de Eosa Cruz Agosto, nombrados Antonio, Juan, Mercedes, Esteban y Valeriana Monge y Cruz en la testamen-taría de su padre Juan Monge, según convenio privado te- • nido con los demás interesados, y la otra de la propiedad de la sucesión de Antonio Zechini y García, compuesta de 50 cuerdas y radicada en el barrio de Guzmán Abajo, del mismo término municipal de Eío Grande, colindante por el norte con la sucesión de Antonio Zechini; por el sur y oeste, con la sucesión de Nemesio Jiménez, y por el este con el camino del barrio expresado, cuya permuta había de llevarse a cabo por ambas partes, tan pronto como a los hijos de Cruz Agosto se hiciera la adjudicación correspondiente en dicha testamen-taría, habiendo señalado las partes de común acuerdo igual precio o valor a cada una de las fincas descritas.

4o. Que en 12 de mayo de 1897, los herederos de Juan del Carmen Monge, a saber: Tomás, Pedro y Monserrate Monge, Antonio Zechini, como cesionario de los derechos y acciones de Eulalia Monge por título de compra, José Bloy en repre-sentación de sus hijas Josefa y Lucía, habidas en su matri-monio con la heredera difunta Herminia Monge, Pelegrín Tó-rrales, como representante defensor de los menores Jesús, Eugenia, Enrique y Nemesio Sabaud-, hijos de la heredera difunta Justa Monge, y Cruz Agosto, acompañada de su apo-derado Eodolfo González, en su calidad de madre de los me-nores Antonio, Juan, Mercedes, Esteban y Valeriana Monge, procedieron a inventariar y valorar, asistidos de peritos, los bienes relictos por el difunto Juan del Carmen Monge, entre cuyos bienes, que dieron el valor total de $2,490.65, figuraron 78 cuerdas de terrenos, 46 centavos de otra de vega, en el barrio de Herrera, colindantes, por el este, Rió Grande; por el sur, con Don Antonio Zechini; *por el norte, con el catice de Río Viejos, y con el mismo Don Antonio Zechini, equi-valentes a treinta hectáreas, ochenta y tres áreas y setenta y ocho centiáreas, a veinte y ocho pesos cuerdas, cuyo título ele propiedad no lia venido al juicio; habiendo sido nombrado de común acuerdo el heredero Pedro Monge albacea y conta-dor partidor, cuyos actos se hicieron constar en escrito que firmaron los interesados por sí o por otros a su ruego.

5o. Que al día siguiente, trece de mayo citado, el albacea y contador partidor nombrado, Pedro Monge, practicó y redujo a escrito que en prueba de conformidad también firmaron los interesados, con renuncia de todo derecho que pudiera favore-cerles, las operaciones de división y adjudicación de los bie-nes de Juan del Carmen Monge, habiéndose adjudicado a la heredera Eulalia Monge Jiménez nueve cuerdas y ocho centavos de otra, de los terrenos de vega ya descritos y valorados a razón de veinte y ocho pesos la cuerda, y a los hijos de Cruz Agosto, Antonio, Juan, Mercedes y Esteban cuatro cuerdas cincuenta y seis centavos de otra, y a Valeriana cuatro cuer-das 57 centavos y treinta y seis céntimos de otra de los mismos terrenos, sin que se expresaran las colindancias de cada parte adjudicada, tanto a Eulalia Monge como a los cinco hijos de Cruz Agosto.

6o. Que Cruz Agosto entregó a Antonio Zechini las por-ciones de terreno adjudicadas a sus cinco hijos, y recibió en cambio de Zechini la finca de cincuenta cuerdas a que se re-fiere la escritura ya mencionada de 16 de julio de mil ocho-cientos noventa y cinco, y además seiscientos veinte y cinco -pesos en metálico, quedando así cumplido el compromiso de permuta consignado en dicha escritura, no habiendo mediado autorización judicial para el convenio de permuta, ni para su realización.

7o. Que Cruz Agosto Negrón vendió a Manuel Melchor García la finca de 50 cuerdas que recibió de Zechini, habién-dole pagado García el precio de la venta, parte en dinero y parte en uña casa radicada en el pueblo de la Carolina; y como no había recibido de" la sucesión Zechini escritura de propie-dad de dicha estancia, fué convenido en que se otorgara esa escritura a favor de Manuel Melchor García, como así lo hizo Zechini, por sí y como apoderado de sns hermanas Josefina, Angela y María, en documento público de 17 de junio del año 1902, inscrito en el Registro de la Propiedad de San Juan, en cuyo documento confesaron los vendedores haber recibido del comprador como precio, la suma de quinientos dollars antes del otorgamiento de la escritura.

8o. Que por lo que atañe a los terrenos recibidos por los demandados a virtud de permuta con Rosa Cruz' Agosto, Antonio Zechini y Yeve, por su propio derecho y como apoderado de sus hermanas María, Angela y Josefina, promovió expe-diente de dominio ante la Corte de Distrito de San Juan, para justificar el que tenía sobre una finca rústica con cabida de 27 cuerdas 89 centavos y 36 céntimos, radicada en el barrio de Herrera de Río Grande, cuya finca habían adquirido él y sus hermanas por compra a Eulalia Monge y Jiménez y a Cruz Agosto, hacía el espacio de cuatro años, habiéndose declarado a favor de los hermanos Zechini y Yeve el dominio solicitado, por auto de 18 de marzo de 1901, inscrito en el registro de la propiedad con fecha 17 de junio, del mismo año.

9o. Que acerca del producto anual de los terrenos reclama-dos por los demandantes, fueron examinados Tomás Monge, Gerardo Baldrich y Antonio Zechini, de los cuales el primero dice que el valor mínimo en arrendamiento anual de una cuer-da de dichos terrenos es el de ocho pesos, sin que sepa lo que producen anualmente; el segundo, que los terrenos si se dedican a cañas valen en arrendamiento diez o doce pesos al año cada cuerda; y el tercero, que los mismos terrenos, culti-vando ciertas cuerdas de cañas y otras de pastos, tabaco, etc., pueden rendir seis, ocho o diez pesos por cuerda, aun en la fecha en que tuvo lugar la permuta.

Expuestos como quedan los hechos resultantes del juicio, entendemos que la sentencia recurrida no se ajusta a derecho. Yeámoslo,

Los demandantes tienen título para reivindicar las 13 cuerdas y 68 céntimos de terreno que reclaman como suyas.

Dicho título es el documento privado de partición de bie-lies de Juan del Carmen Monge, en el cual fueron adjudicadas a cada una de los demandantes cuatro cuerdas y centavos de otra, de una finca con cabida de setenta y odio cuerdas y centavos de otra radicadas en el municipio de Río Grande y per-tenecientes al finado Monge.

La partición legalmente hecha, dice el artículo 1035 del Código Civil revisado, igual al 1068 del Código Civil antiguo, confiere a cada heredero la propiedad exclusiva de los bienes que le han sido adjudicados, y por tanto los demandantes Juan del Carmen, Valeriana y Mercedes Monge y Agosto, ad-quirieron a virtud de las operaciones divisorias de su causan-te Juan del Carmen Monge, la propiedad de los terrenos que les fueron adjudicados. Y no puede .alegarse que la partición fué ilegal, por falta de aprobación judicial, pues el artículo 1027' del Código 'Civil revisado, que es el 1060 del Código Civil español, vigente en la fecha en que se practicaron las opera-ciones divisorias de que se trata, estatuye que cuando los me-nores de edad estén sometidos a la patria potestad y repre-sentados en la partición por él padre, y en su caso por la ma-dre, no será necesaria la-intervención ni la aprobación judicial. El artículo 1048 de la Ley de Enjuiciamiento Civil an-tigua, que exigía dicho requisito en casos como el que se tra-ta, quedó modificado por el artículo 1060 del Código Civil an-tiguo que dejamos citado.

Pero es que aun en el supuesto de que hubiera sido nece-saria la intervención y aprobación judicial en las operaciones divisorias del difunto Juan del Carmen Monge, el demandado Antonio Zechini, que intervino en ellas como cesionario de los derechos y acciones de la heredera Eulalia Monge, no podría invocar la falta de aquel requisito para beneficiarse de su omisión, pues, según el artículo 1269 del Código revisado que es el 1302 del Código Civil antiguo, las personas capaces no pueden alegar la incapacidad de aquellos con quienes con-trataron, y D. Antonio Zechini contrató con los demandantes concertando con ellos, representados por su madre, y con los demás herederos, las operaciones divisorias de los bienes del finado Don Juan del Carmen Monge.

Aunque el razonamiento expuesto no es aplicable a los de-mandados María, Angela y Josefina Zechini y Yeve, pues ellas no intervinieron en las operaciones divisorias de que se deja hecho mérito, tampoco pueden impugnarlas por una razón que es común a las mismas y á su hermano D. Antonio Zechini o sea por haber contratado con dichos menores, Zechini por propio derecho, y ellas bajo la representación de Zechini, adquiriendo de los demandantes por títulos de per-muta, la participación que les correspondió en las operaciones divisorias'.

El contrato de permuta que celebraron los demandantes con los cuatro demandados, obrando Zechini por derecho pro-pio y a nombre de sus hermanas, es manifiestamente nulo, pues el artículo 4o. del Código Civil declara nulos los actos ejecutados contra lo dispuesto en la ley, salvo los casos en que la. misma ley ordene su validez, y el artículo 164 del Código Civil vigente en la época en que tuvo lugar la adquisición de los terrenos objeto de este litigio, que es el 229 del Código Civil revisado, preceptúa que el padre o la madre en su caso, no podrán enajenar los bienes inmuebles del hijo en que les corresponda el usufructo o la administración, ni gravarlos sino por causas justificadas de utilidad o necesidad y previa la autorización del juez del domicilio con audiencia del minis-terio Fiscal, salvo las disposiciones que en cuanto a los efec-tos de la transmisión establece la Ley Hipotecaria.

Igual prescripción contiene el artículo 2010 de la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente en la fecha de la permuta; y la Ley de Procedimientos Legales Especiales aprobada en marzo 9 de 1905 consagra su título 5o. a las autorizaciones sobre de-rechos y bienes de menores, viniendo la Ley aprobada en 9 de marzo del corriente año, a consignar preceptos más restric-tivos sobre el mismo particular.

No importa que los demandados hayan inscrito en el regis-tro de la propiedad el auto aprobatorio del dominio de los terrenos que adquirieron ele Cruz Agosto, englobándolos con otros adquiridos ele Eulalia Monge. Tal inscripción, según el artículo 33 de la Ley Hipotecaria no puede convalidar un con-trato que era nulo con arregio a las leyes.

Además, el expediente ele dominio contenía un vicio esen-cial, por el cual se trató de salvar ante la corte correspon-diente y ante el registro, la dificultad insubsanable de la falta de autorización judicial, cuyo vicio consistía en afirmarse co-mo se afirmó, que parte de la finca a que se refería el expe-diente, había sido adquirida por compra a Cruz Agosto, en. vez de consignar que la compra fué hecha a ésta como repre-sentante legal de sus menores hijos.

Según sentencia del Tribunal Supremo de España de 30 de diciembre de 1875, para adquirir con seguridad bienes in-muebles o derechos reales, es indispensable no sólo que el ven-dedor sea dueño de ellos, sino que tenga capacidad civil para enajenarlos y declarada nula la enajenación, queda también anulada su inscripción en el registro de la propiedad.

Los hermanos Zechini adquirieron.las trece cuerdas y 68 céntimos de terreno a que alude la demanda, de los deman-dantes que hoy les reclaman su devolución, y éstos eran due-ños de dichos terrenos por título legítimo, según ya hemos manifestado; pero como menore^ de edad no tenían capacidad civil para enajenarlos y tampoco su madre pudo hacerlo sin la correspondiente autorización judicial, por lo que fué nula la enajenación y consiguientemente nula también la inscrip-ción del dominio de esos terrenos en el registro de la propie-dad, a favor ele los demandados. No pueden éstos invocar carácter de terceros en frente de las pretensiones de los de-mandantes, pues intervinieron eñ la instrucción del expediente de dominio inscrito y contrataron con los mismos demandantes que no tenían capacidad para contratar.

Siendo corno es nulo el contrato de permuta, son de apli-cación al caso los artículos 1270 y 1271 del Código Civil vi-gente, que reproducen los 1303 y 1304 del Código Civil anti-guo. Esos artículos dicen así:

'‘Articule 1270. — Declarada la nulidad de una obligación, los con-tratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses, salvo lo que se dispone en los artículos siguientes:
Artículo 1271. — Cuando la nulidad proceda de la incapacidad de uno de los contratantes, no está obligado el incapaz a restituir, sino en cuanto se enriqueció con la cosa o precio que recibiera. ’ ’

Ante preceptos tan terminantes los demandados deben restituir a los demandantes los terrenos que éstos les recla-man con sus frutos, sin que los demandantes estén obligados a restituir a los demandados, pues no se ha justificado que se enriquecieran con la permuta. Esa prueba incumbía a los demandados.

í Cuáles son los frutos que con los terrenos han de ser res-tituidos a los demandantes?

Para determinar la cantidad que en concepto de frutos han percibido los demandados durante los doce años próxi-mamente en que han estado detentando los terrenos que se les reclaman, desde el año de 1897 en que los recibió Zechini hasta el 6 de marzo de 1909, en que fué interpuesta la demanda, debemos tener'en cuenta las declaraciones de Tomás Monge„ Gerardo Baldrich y del mismo Antonio Zechini, y tomándolas; en el sentido más favorable a los demandados, bien podemos llegar a la conclusión de que las trece cuerdas y 68 céntimos de terreno que reclaman los demandantes, han debido produ-cir a los demandados en los doce años en que las han deten-tado, al menos la suma de mil dollars.

Los demandados no pueden pretender que siendo como es nulo el contrato de permuta que celebraron con Cruz Agosto en representación de los demandantes, les reintegren éstos la suma de seis mil dollars ni otra alguna por los conceptos que expresan en su reconvención, pues no habiéndose justificado que los demandantes se enriquecieran con la permuta, no es-■tán en la obligación de restituir, según el precepto del artículo 1271 del Código Civil que dejamos transcrito.

Ni lian adquirido los demandados por prescripción el do-minio del terreno de que se trata con arreglo al artículo 1858 del Código' Civil, según alegaron al adicionar su contestación, porque si bien en el presente caso las partes estaban presen-tes y habían transcurrido los diez años de posesión que exige dicho artículo, no concurrieron los requisitos de buena fe y justo título necesarios al efecto.

Teniendo como tienen derecho los demandantes a reivin-dicar las 13 cuerdas y 68 céntimos de terreno que- adquirieron, por adjudicación hecha en la divisoria de los bienes de su 'difunto padre, y estando incluidos esos terrenos en otros de ca-bida de veinte y siete cuerdas 69 centavos y 36 céntimos, que fueron objeto del expediente de dominio inscrito en el regis-tro de la propiedad a favor de los hermanos Zechini, para que pueda verificarse la entrega de aquéllos a los demandantes, se hace necesario que se haga la división de la finca de 27 cuerdas, 69 centavos y 36 céntimos, segregando la participa-ción que corresponde a los demandantes y quedando' el resto a favor de los demandados.

Para la división de la expresada finca que hoy propia-mente pertenece a los demandados y a los demandantes en común y proindiviso, aunque en distintas proporciones, debe darse aplicación al precepto del artículo 409 del Código Civil.

Por las razones expuestas entendemos procede:

Io. Que se declare de la propiedad de los demandantes el terreno que como suyo reclaman en la demanda.

2o. Que se declare la nulidad del expediente dé dominio promovido por los demandados en la parte relativa al terreno reclamado.

3o: Que se haga la' división de los terrenos a que se refiere el expediente de dominio promovido por Zechini, precisán-dose y determinándose la parte que corresponda a los deman-dantes.

4o. Que esa parte, una vez fijada y determinada, se entre-gue a los demandantes.

5o. Que los demandados satisfagan a los demandantes por vía de reintegro de frutos, la suma de mil dollars.

6o. Que los demandados no tienen derecho a reintegro al-guno y deben pagar las costas causadas en primera instancia.

La sentencia apelada debe revocarse y dictarse otra que contenga los pronunciamientos indicados.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary y Wolf.

Los Jueces Asociados, Sres. Del Toro y Aldrey, no inter-vinieron en la resolución de este caso.