author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Leila Nazario, acusada y apelante.
    Núms. 6924 y 6947.

    Sometidos: Abril 7, 1938.

      Resueltos: Mayo 31, 1938.

      Alfonso Lastra Chárriez, abogado de la apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Estos dos recursos se sometieron por un mismo alegato 7/ serán considerados en una sola opinión. Las cansas se tra-mitaron ante la Corte de Distrito de San Juan, comenzando por acusaciones formuladas por uno de sus fiscales imputando a Leila Nazario de Martínez por la primera un delito de ase-sinato cometido el 21 de mayo de 1934, en San Juan, dando muerte de una manera ilegal y voluntaria, con malicia preme-ditada y firme y deliberado propósito de matar, al ser humano Rafaela Pardo, acometiéndola y agrediéndola con un revólver, infiriéndole varias heridas de bala a consecuencia de las cua-les falleció el mismo día, y por la segunda un delito de por-tar armas, consistente en llevar sobre su persona el referido día, en San Juan, con fines de ofensa y defensa, un revólver que es un arma cuya portación prohibe la ley.

El 19 de junio de 1934 compareció ante la corte la acusada en persona, acompañada de su abogado. Se le leyeron las acusaciones. En ambas hizo la alegación de inocente, solici-tando en la de asesinato juicio por jurado y pidiendo en la de portar armas que se dictara sentencia por la prueba que se practicara en la primera.

En enero 29 de 1935 comenzó el juicio por jurados. Ter-minó el 2 de febrero siguiente. El jurado declaró a la acu-sada culpable de homicidio voluntario.

Fijado día para dictar sentencia, se pidió la posposición de dicho acto a fin de determinar la defensa el procedimiento a seguir en vista del veredicto del jurado. Los abogados que representaron a la acusada durante el juicio se retiraron, asu-miendo su representación el letrado Alfonso Lastra Chárriez, quien en marzo 7, 1935, presentó una moción sobre investi-gaeión del estado mental de sn representada en diferentes épo-cas, concesión de un nuevo juicio, y otros extremos. 0

La corte oyó a ambas partes extensamente sobre la moción y por resolución fundada de abril 11,1935, la declaró sin lugar, señalando el 17 siguiente para dictar las sentencias y así lo hizo en dicho día, imponiendo a la acusada tres años de pre-sidio por el delito de asesinato y un mes de cárcel por el de portar armas.

Apeladas la resolución de abril 11, 1935, y ambas senten-cias, surgieron varios incidentes con motivo de la prepara-ción gratis de la transcripción de las notas taquigráficas, inci-dentes que dilataron el curso de las apelaciones cuyas vistas se celebraron finalmente el siete de abril último.

Sólo un error se imputa por la apelante en su alegato de sesenta y cuatro páginas, el cometido a su juicio por la corte sentenciadora “al negarse a seguir los caminos que le seña-lara en su petición intitulada ‘Writ of Error Coram Nobis.’ ”

Dichos caminos fueron:

1. El de la anulación del veredicto a virtud de la prueba médica sometida y de las declaraciones del abogado anterior y del actual de la acusada y de la Viuda de Nazario, madre de la misma, concediendo un nuevo juicio, de acuerdo con los artículos 439 y 303, núm. 6, del Código de Enjuiciamiento Criminal.

2. El de someter la investigación del estado mental de la acusada a un tribunal de peritos, por existir duda substancial sobre su cordura durante la celebración del juicio y al ren-dirse el veredicto, a fin de que la corte, amparándose en el dictamen técnico que se rindiera, anulara el veredicto y con-cediera un nuevo juicio. Artículos 440, 441 y 442 del Código-de Enjuiciamiento Criminal.

3. Y el de la designación de un tribunal técnico que inves-tigara y resolviera en definitiva sobre el estado mental de la acusada en el instante en que se iba a dictar la sentencia,, y si la resolución era en el sentido de que estaba loca, eñton-ces que la corte suspendiera el pronunciamiento de la dicha sentencia de acuerdo con la ley.

El auto de coram nobis o cor am vobis procede de la ley común de Inglaterra. Se expedía para corregir una sentencia por la misma corte que la dictara. Se distingue del auto ordinario de error en que éste se interpone a virtud de algún alegado error de ley que surja de los autos, llevando -el caso a un tribunal superior que decide la cuestión y con.firma, modifica o revoca la sentencia, mientras que aquél se basa en errores de hecho que no surgen de los autos, dejando el caso en la propia corte sentenciadora que puede corregir el error bajo la presunción de que de haber conocido la realidad de los hechos no lo hubiera cometido.

Aunque debido a la concesión de otros remedios estatuta-rios que cubren el campo, no es frecuente, aún existe y se ha usado con eficacia en varias ocasiones. En 2 Euling Case Law 307, 308, al tratar sobre el alcance del auto, se citan los variados casos en que se ha interpuesto. Y allí se dice — ba-sando el texto en casos de Kentucky, Maine, Indiana y West Virginia, reportados en 32 Am. Dec. 68, 74 Am. Dec. 503, 44 Am. Rep. 29, 18 L.R.A. 840 y 19 L.R.A. 762—lo que sigue:

“ . . . En lo que se refiere al efecto de la demencia del acusado al momento en que se dictó sentencia en su contra, hecho que no fué presentado a la corte, las autoridades están en conflicto, aunque ambos los juristas y las cortes han asegurado que ello sirve de base al remedio mediante el recurso de error coram nobis. Igual sucede cuando el acusado se hallaba loco al momento de su convicción, pu-diendo encontrarse algunos casos que sostienen que éste puede tener éxito valiéndose de dicho recurso. Por otra parte, existe buena autoridad para la proposición de que no procede un recurso de error coram nobis basado en la demencia del adusado al momento en que se dictó sentencia en su contra, y que el remedio debe solicitarse en equidad. ’ ’

Por supuesto que el auto no se expide sino cuando apa-rece con razonable certeza que un error substancial de hecho fué cometido. 46 Am. Dec. 260. Habiéndose decidido que la discreción de la corte ejercitada para negarlo no es revisable en apelación. 34 Am. Dec. 395 y nota.

No es necesario que ahondemos en el estudio sobre la materia, porque en Puerto Eico la cuestión suscitada está regulada por el estatuto. Lo dicho es suficiente para satisfacer el interés histórico que levanta y para la debida interpretación de los procedimientos vigentes en armonía o con conocimiento de sus fuentes de origen.

Dice el artículo 439 del Código de Enjuiciamiento Criminal (ed. de 1935): “Ninguna persona puede ser juzgada, sen-tenciada a pena, o penada por un delito público, mientras esté loca, ’ ’ precepto que consagra la conquista de la civilización en la materia.

Y luego la propia ley establece el procedimiento a seguir cuando surge la necesidad de aplicar el precepto. Es así:

“Artículo 440. — Si cuando se haya citado a juicio para deci-dir una causa, o en cualquier momento durante el juicio, o cuando se haga comparecer al acusado para oír la sentencia basada en la convicción de su culpabilidad, surge alguna duda sustancial respecto a la cordura del reo, el tribunal debe ordenar que esta cuestión se someta a la decisión de tres peritos que designará, y el juicio o el acto de pronunciar la sentencia debe suspenderse hasta que la cues-tión quede resuelta por la decisión de dichos peritos. El jurado citado para el juicio puede ser exonerado de su obligación o quedar constituido, mientras esté pendiente de decisión el punto relativo a la locura, según lo que disponga discrecionalmente el tribunal.”

Seguidamente el código por sus artículos 441 a 444 regula la forma como deben actuar los peritos, el efecto de su decla-ración y lo que debe hacerse con el acusado si se le declara loco. Iturrino v. Corte, 50 D.P.R. 934.

Lo ocurrido en este caso concreto fue como sigue: El nuevo letrado defensor de la acusada alegó en su moción que por vez primera se enteró “por su propia observación, y por el dictamen facultativo de psiquiatras reputados en la comunidad como autoridades en enfermedades de la mente, que ía referida Leila Nazario estaba y se hallaba mentalmente enferma. ’ ’ Alegó además que investigó con el anterior letrado Sr. Martínez Nadal con respecto a la conducta de la acusada y dicho letrado le manifestó que nunca pudo hacer compren-der a su defendida la posición peligrosa en que se encontraba ni obtener de ella dato alguno para su defensa, mostrándose nerviosa en ciertas ocasiones, indiferente en otras, denun-ciando siempre un grado de inconsciencia que la imposibilitó de auxiliar a sus abogados en su beneficio. Expuso que Leila Nazario estuvo padeciendo de enajenación mental antes, desde el 29 de enero, 1935, al 3 de febrero siguiente, o sea, durante la celebración del juicio, y después. -

Acompañó a su moción una certificación médica de los doc-tores Mario Fernández y M. Quevedo Báez, otra de la decla-ración del Dr. Fernández en el juicio, una declaración jurada del letrado Sr. Martínez Nadal, las instrucciones de la corte al jurado y las declaraciones juradas de María Dolores Eivera y del propio nuevo defensor sobre el estado de locura de la acusada.

En el acto de la vista de la moción el fiscal presentó en evidencia varias declaraciones que fueron admitidas sin obje-ción y copias de resultados de análisis.

La reacción de la conciencia del juez sentenciador ante las alegaciones, la evidencia anterior y nuevamente presentada y ios informes de los abogados, consta de su resolución, así:

“Desde el acto do la lectura de acusación hasta después del ve-redicto estuvo la acusada representada por el letrado don Rafael Martínez Nadal. A pesar de la reconocida habilidad y competencia del letrado defensor en ningún momento se insinuó siquiera a la corte que la acusada mientras se celebraba el juicio se hallaba su-friendo de enajenación mental. La conducta de la acusada durante la celebración del juicio era perfectamente normal. Su principal defensa era la de hallarse padeciendo de enajenación mental en el momento de realizar el acto delictivo, estando de tal manera oscu-recidas sus facultades que no podía distinguir entre el bien y el mal. Se presentó evidencia de ciertos actos realizados por la acu-sada en fecha anterior a la comisión del delito, se hizo por un mé-dico una relación de las distintas enfermedades que desde su infan-cia habla padecido; declararon también su madre y los doctores Goenaga, Fernández, Lange y otros, y en ningún momento pudo observar la corte que la recordación de su infancia, ni la declara-ción de su madre, ni la relación de los distintos actos que como indi-cativos de locura se le imputaban, exaltasen en alguna forma a la acusada, ni produjesen en ella alguna impresión que no fuese la de una persona normal. Se abstuvo de declarar, como por regla general se abstienen los acusados de delitos de esta naturaleza, pero nunca se advirtió a la corte que la acusada no hacía uso de tal de-recho por hallarse sufriendo de enajenación mental. Oyó estoica-mente los informes del fiscal y la defensa, y más tarde el veredicto adverso del jurado, sin que revelase un estado mental anormal.”

Vuelve a referirse el juez a la moción cuyos hechos bási-cos bahía antes expuesto, y cita de 16 0. J. 1327, entre otros principios los que siguen: “El auto de error coram nobis no procede para corregir una controversia de hecho (issue of fact) que ha sido adjudicada aunque erróneamente; . . . Tam-poco puede utilizarse este recurso cuando los hechos de que se queja el acusado eran conocidos antes del juicio y pudie-ron alegarse en el mismo.” Y continúa:

“En el presente caso la defensa de locura fué sometida al ju-rado. Se presentó una extensa evidencia tanto de hecho como pe-ricial con el fin de probar que la acusada estaba loca en el momento de realizar los actos que se le imputan. El jurado oyó toda esa prueba así como la que en oposición a la misma presentó el fiscal, recibió instrucciones de la corte con respecto a la defensa establecida por la acusada, y después de deliberar por largas horas, conside-rando que la acusada era responsable de sus actos en el momento de realizar el delito que se le imputa, trajo un veredicto declarándola culpable de homicidio voluntario. De manera que los hechos que ahora se alegan como base del auto de error coram nobis, fueron presentados al jurado y hubo una adjudicación al rendirse el vere-dicto, lo que hace improcedente, Como hemos demostrado, el auto de error coram nobis.
“Tampoco procede en este caso el nuevo juicio solicitado, por-que en nuestra opinión el veredicto del jurado no es contrario a la ley y a la evidencia. Se alega que el veredicto del jurado es con-trario a la ley y a la evidencia porque se sigue sosteniendo por la defensa que Leila Nazario estaba loca en el momento de realizar el delito.
“Desde el año 1843 en qne Lord Chief Justice Tindall, en el caso de M’Naghten, evacuando la consulta que le hiciera la Cámara de los Lores, estableció el criterio a seguir para determinar la respon-sabilidad criminal en casos de locura, o sea que toda persona es responsable de sus actos a menos que al realizarlos no pueda distin-guir entre el bien y el mal, desde esa fecha, repetimos, ha quedado establecido en la jurisprudencia tanto de Inglaterra como de los Estados Unidos, que no toda persona mentalmente enferma es irres-ponsable de sus actos. Aquél que ante el médico es un enfermo mental, como por ejemplo, los que padecen de impulsos irresistibles, de alucinaciones y manías extravagantes, no es un loco ante el De-recho si a pesar de su impulso irresistible, de sus alucinaciones y de sus manías, al realizar un acto se da cuenta que es contrario a la ley y por consiguiente que está haciendo mal. En este caso se presentó evidencia tendente a demostrar la conducta de la acusada en distintas ocasiones, tratando de probar así su irresponsabilidad al realizar el acto que se le imputa. Se presentó evidencia de que mientras se hallaba en estado grávido tenía la manía de masticar sal; que en cierta ocasión cogió un automóvil y corrió a gran ve-locidad por las carreteras de Santuree, sin hacer caso de las órdenes de la policía para que se detuviese, hasta que avisado de ello su esposo fué alcanzada por éste; que en otra ocasión al llegar un testigo a su casa observó que salía de la habitación rasgándose los vestidos, etc. En cambio, surgió de la prueba, de los testigos pre-senciales del suceso, una circunstancia que indudablemente sirvió de base al jurado para dirimir el conflicto de la evidencia en cuanto a la responsabilidad de la acusada, y fué la siguiente: de acuerdo con la prueba, cuando la interfecta Rafaela Pardo huía hacia el puesto de periódicos, corría tras ella la acusada con el revólver en la mano. Al penetrar en el puesto de periódicos, la interfecta se agarró a la dueña del establecimiento pidiendo protección. Mientras tanto, la acusada permanecía con el revólver en la mano y no fué hasta que la dueña del puesto logró desasirse de la interfecta que Leila Nazario hizo sus disparos contra ésta. Esta circunstancia re-vela claramente que la acusada se daba cuenta de que la que ella intentaba matar no era la dueña del puesto de periódicos, sino aqué-lla de quien tenía celos, contra la cual había un móvil, su rival Rafaela Pardo. Esta circunstancia por sí sola demuestra que en los momentos en que se realizó el delito la acusada tenía suficiente ca-pacidad para distinguir entre el bien y el mal, pues de otro modo hubiera actuado como actúan los locos, disparando su revólver contra cualquiera que se le pusiere delante, sea éste su más encarnizado enemigo o su ser más querido.
“Por estas razones, entendemos que el jurado interpretó correc-tamente la evidencia que se le presentó, y no alegándose en la pe-tición, ni teniendo la corte conocimiento de que se haya cometido algún error de derecho durante el juicio ni en las instrucciones al jurado, ni ninguna otra irregularidad, no procede anular el veredicto.
“Con respecto a la alegación que ahora se hace que la acusada se hallaba loca en el momento del juicio, es suficiente lo que hemos dicho con respecto a la conducta de la acusada durante el juicio.
“Se ha dicho por la Corte Suprema de California en el caso de People v. Gilberg, 197 Cal. 306, resuelto en octubre de 1925, que nadie está en mejores condiciones que el juez que preside el juicio, para apreciar la conducta del acusado durante el mismo, y que por esta razón se le concede una amplia discreción al determinar si el acusado debe o no ser sometido a un juicio de peritos.
“Declararon como peritos los alienistas doctores Mario Fernán-dez y F. R. de Goenaga, quienes a pesar de haber estado en contacto con la acusada mientras se celebraba el juicio, ninguno manifestó que la acusada estuviese loca en aquella ocasión. En la declaración del Dr. Mario Fernández, a pesar de ser extensa, en ningún momento se indica que la acusada se encontraba sufriendo de enajenación mental en los momentos en que él declaraba. Se contrae exclusiva-mente al estado mental de la acusada en la fecha de la comisión del delito. Lo mismo sucede con la declaración del Dr. Goenaga.
“El Dr. Pereira Leal, en cuya clínica estuvo recluida la acusada y sufrió una operación quirúrgica varios meses después de la fecha en que se cometió el delito, declaró que nada anormal observó en el estado mental de la acusada mientras estuvo en su clínica, y que de haberlo observado, la hubiera referido a un alienista, porque según declaró él ‘no opera a locos.’
“Más de una ocasión hubo para que cualquiera de estos médicos que por espacio de varios días, mientras se sustanciaba el juicio, estuvieron en contacto con la acusada, hubiesen hecho alguna alu-sión siquiera a su estado mental en aquellos días.
“La declaración del Lie. Martínez Nadal sobre la actitud de la acusada durante el juicio, conociendo como conocemos su recono-cida competencia como criminalista, sólo nos la explicamos al con-siderar su justo deseo de no aparecer obstaculizando al compañero que le ha sustituido en la representación de la acusada.
“Refiriéndonos ahora a la última etapa de la moción, o sea, la alegación de que la acusada sufre actualmente de enajenación mental, resolvemos que no procede la concesión de un nuevo juicio, ni someter el caso a un jurado de peritos médicos, porque la corte no tiene duda sustancial con respecto a la capacidad mental actual de la acusada. La evidencia que ahora se presenta para demostrar que la acusada se halla actualmente loca, es la misma que oyó y resolvió el jurado al dictar su veredicto de culpabilidad en este caso. La única evidencia nueva que se presenta es una certificación del Dr. Quevedo Báez, en que basa sus conclusiones en la misma evidencia que se presentó al jurado sobre los actos realizados por la acusada antes y después de la realización por la acusada del delito, y la cir-cunstancia de hallarse la acusada actualmente recluida en el mani-comio.
“Resulta en verdad extraño que hallándose la acusada loca en el momento de realizar el delito y durante varios días que duró el juicio, no se le haya ocurrido a los familiares de ésta recluirla en el manicomio hasta muchos días después de haber jugado y perdido su última carta en la contienda judicial que terminó con el veredicto adverso el 2 de febrero último. Si realmente la acusada estaba loca, ¿por qué no se le recluyó inmediatamente en el manicomio, de este modo impidiendo que sufriera el vía crucis de un juicio por asesi-nato con todas sus consecuencias?
“Pero hay algo más que no debemos pasar por alto al resolver esta última cuestión. Durante la vista de la moción se presentó en evidencia por el fiscal urna declaración jurada del Dr. Luis M. Morales, especialista en enfermedades mentales y nerviosas, en la que hace constar que el 26 de febrero último practicó una punción lumbar en el cuerpo de Leila Nazario, sustrayendo líquido céfalo-raquídeo, que el declarante mareó ‘Leila Nazario, Manicomio Insular’ y lo re-mitió al Laboratorio Biológico del Departamento de Sanidad. Tam-bién presentó el fiscal en dicha ocasión la declaración de Carlos Bou, quien ocupa el cargo de Serólogo Auxiliar (Técnico Serológico) en el Laboratorio Biológico desde el año 1929, que fue enviado por la Fundación Rockefeller a Estados Unidos donde por espacio de seis meses cursó estudios especiales en técnica serológica como la de Wassermann y Kahn, y también en líquido céfalo-raquídeo, y en reac-ciones de oro coloidal, declarando dicho testigo que el 28 de febrero de 1935 practicó una reacción de Wassermann y de Kahn en una sangre rotulada ‘Leila Nazario,’ enviada desde el Manicomio Insular, y que el mismo día 28 de febrero de 1935 practicó también una reac-ción de Wassermann y una reacción de oro coloidal en un líquido rotulado ‘Leila Nazario.’ Que al leer los resultados de esas técnicas y ver el nombre de Leila Nazario en un caso que había estado sub jiídice en las cortes de Puerto Rico, llevó para que el director del la-boratorio, Dr. Oscar Costa Mandry, viese personalmente el resultado de dichos exámenes, siendo negativos tanto el resultado de la reac-ción de Wassermann como la de la reacción de Kahn. Que el resul-tado del líquido fué negativo lo mismo en la reacción de Wassermann que en la reacción Lange.”

Transcribe entonces la declaración del Dr. Costa Mandry presentada por el fiscal en el acto de la vista de la moción sobre el resultado negativo de sífilis en los exámenes de san-gre y líquido céfalo-raquídeo de Leila Nazario y termina como sigue:

“De modo que cuando se está asegurando que la acusada está actualmente loca y que la causa de su enfermedad es heredo-sífilis, el laboratorio no encuentra evidencia alguna de lo que se alega ser la causa de tal locura.
“Además, la certificación que sirvió para recluir a la acusada en el Manicomio Insular, está basada en conclusiones e inferencias sobre el historial clínico de la acusada, historial que fué oído y con-siderado por el jurado al traer el veredicto. People v. Sloper, 198 Cal. 238.
“No compartimos la opinión de la defensa de que por el solo hecho de que la acusada ofreciera y la corte admitiera evidencia con el fin de determinar si aquélla estaba loca o no en el momento de realizar el delito, y por el hecho de haberse dado instrucciones al jurado sobre la defensa de locura, está la corte obligada a tener duda sustancial con respecto a Ja enajenación de la acusada y con-cederle un nuevo juicio o someterla a un jurado de peritos. En nin-gún caso puede la corte impedir que el acusado ofrezca prueba de locura en el momento de realizar el delito, siempre que esta prueba se ofrezca de acuerdo con los preceptos de la Ley de Evidencia, y una vez presentada la evidencia, la corte está obligada a instruir al ju-rado sobre la ley en relación con la defensa de locura. Todo lo con-trario de lo sostenido por la defensa parece indicar la Corte Su-prema de California en la cita que hacemos del caso de People v. Sloper, supra.

Hemos analizado la evidencia practicada y tomado en con-sideración todo cnanto dice el defensor de la acusada en su alegato, y opinamos que la resolución de la corte revela un estudio detenido y hondo de la cuestión que se le presentara y un ajuste completo a la ley y a la jurisprudencia al decidirla.

La corte no estaba obligada por el solo hecho de la pre-sentación de la moción jurada acompañada de affidavits, a declararla con lugar. Cumplió su deber abriendo el asunto a discusión y a prueba. Estaba facultada para resolverlo de acuerdo con los hechos y la ley, en el ejercicio de su discre-ción. Ya hemos visto que se ha llegado tan lejos como a decidir que no cabe revisar esa discreción en grado de apela-ción. Tendría que demostrarse que se había abusado de ella para que el tribunal superior estuviera justificado en una revo-cación. Y aquí, aparte de que en realidad se trata de una cuestión de hecho que no sólo surgía de los autos cuando la moción fué presentada, si que fué resuelta en contrario por el jurado en cuanto a la locura en el acto de la comisión del delito y pudo ser suscitada durante el juicio en cuanto a la locura mientras el mismo se celebraba, aparte de eso, repe-timos, lo que revelan los autos no es un mal uso sino un buen uso de la discreción judicial al resolver la cuestión de hecho suscitada, considerada de nuevo, como si no surgiera de los autos con anterioridad a la moción.

Enfermos son en verdad esos pobres seres que como Leila Nazario cometen delitos pasionales, pero no dementes irres-ponsables, incapaces de distinguir el bien del mal. Si de algo pecó la corte sentenciadora en este caso fue de benigna al imponer la pena.

Los recursos serán declarados sin lugar y confirmadas la resolución y las sentencias apeladas.


source: Caselaw Access Project

author: -El Juez Presidente Señor Del Toro

license: Public Domain

text:
    Ezequiel Forastieri, demandante y apelante, v. Félix Calzada, Alcaide de la Cárcel de Distrito de Humacao, demandado y apelado.
    Núms. 7598, 7599, 7600 y 7601.

    Sometidos: Mayo 5, 1938.

      Resueltos: Mayo 31, 1938.

      A. Lastra Chárriez y A. D. Marchand Paz, abogados del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   -El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

El diez de junio de 1937, Ezequiel Forastieri por medio de sus abogados radicó en la Corte de Distrito de Humacao cuatro peticiones de babeas corpus alegando sustancialmente en cada una de ellas que se bailaba detenido en la Cárcel del Distrito ignorando los motivos de su detención, que el man-damiento librado para su arresto era nulo por no existir causa razonable ni probable que lo justificara, que el fiscal que lo expidiera no practicó investigación ni tenía prueba alguna en su poder en que fundar su actuación y eso no obstante a base de una sola transacción babía iniciado varias causas contra el peticionario, señalándole para que éste pudiera obtener su libertad provisional una fianza de cinco mil dólares que resul-taba excesiva por ser el peticionario insolvente.

Acto seguido ordenó el Juez del Distrito al Alcaide de la Cárcel que le presentara el cuerpo del peticionario y le infor-mara sobre la causa de su prisión. A gestiones del peticio-nario la vista del auto diligenciado fué transferida para junio 24, 1937.

Celebrada en dicho día, quedó en los autos el informe del Alcaide del que resulta que el mandamiento que dió orig'en a la detención del peticionario en el recurso Núm. 7598, copiado a la letra, dice:

“En la Corte del Distrito del Distrito Judicial de Humacao, P. R. —Estados Unidos de América, El Presidente de los Estados Unidos, SS: El Pueblo de Puerto Rico versus Ezequiel Forastieri. — El Pueblo de Puerto Rico al Alcaide de la Cárcel Municipal Caguas o Ditto. Humacao. Plabiéndose con esta fecha dictado por mi una orden para que Ezequiel Forastieri sea detenido con objeto de que responda al Cargo que se le hace de Inf. Art. 131 del C. P. (felony) porque un día del mes de abril de 1937, en Caguas, dentro del Dis-trito Judicial de Humacao, P. R., ilegal y maliciosamente, ofreció, prometió y dió una dádiva, dinero en metálico, a Manuel Quin-tero, testigo de cargo que como tal había de ser llamado a declarar en el caso El Pueblo v. Ezequiel Forastieri, pendiente por asesinato en la Corte de Distrito de Humacao, induciéndolo así a dar un falso testimonio, ocultando el verdadero, al ser llamado a declarar como tal testigo de cargo, por la presente se ordena a usted lo reciba bajo su custodia y lo detenga en tanto sea legalmente excarcelado. Fianza $5,000. Dado bajo mi firma hoy día 9 de junio de 1937. (Firmado) Miguel García González, Fiscal.”

Los mandamientos en los recursos núms. 7599, 7600 y 7601 son iguales, excepto en cuanto a las personas a quienes se ofreció la dádiva, que lo fueron, respectivamente, Lorenzo Ramos, Joaquín Vázquez y Emilia Nieves.

El mismo día de la vista la corte de distrito declaró sin lugar las cuatro peticiones. Forastieri apeló para ante esta Corte Suprema. Presentó un alegato común a los cuatro re-cursos que fuerog. oídos el cinco de mayo actual con asisten-cia del apelante por su abogado y del fiscal que se opuso por escrito y oralmente. Serán considerados, pues, en una sola opinión y resueltos por sentencias separadas.

Sostiene el apelante que deben revocarse las sentencias recurridas porque la prueba del fiscal, legalmente considerada, no es bastante para demostrar la existencia de causa probable para su detención.

La evidencia practicada fue la misma en los cuatro casos, tomándose el soborno en relación con Quintero como demos-trativo de la concurrencia de iguales circunstancias en rela-ción con los de Ramos, Vázquez y Nieves.

El fiscal presentó la acusación formulada contra el ape-lante Forastieri imputándole la comisión de un delito de ase-sinato al dorso de la cual figuran como testig’os de cargo Manuel Quintero, Lorenzo Ramos, Joaquín Vázquez y Emilia Nieves, la fianza de cinco mil dólares prestada en dicha causa a fin de que el acusado obtuviera su libertad provisional, la acusación formulada contra el propio Forastieri por infrac-ción del artículo 131 del Código Penal en relación con Quin-tero, la declaración prestada por éste en junio 2, 1937, en la investigación que condujo a la formulación de la dicha acu-sación por infracción al artículo 131 del Código Penal, y su propio testimonio. Dijo que además de la declaración de Quintero tenía otras de testigos cuyos nombres figuran a'l dorso de la acusación. Mientras declaraba se obtuvo la infor-mación del secretario de la corte en el sentido de que no se había radicado acusación alguna contra Quintero.

El peticionario Forastieri declaró entonces. Dijo que se mantenía con el producto de su trabajo. Fue maestro de ins-trucción pública hasta 1932, dedicándose en la actualidad a administrar algunas economías de una hermana, unos dos mil dólares. Tiene un pedazo de terreno que compró por dos o tres mil dólares.

Presentó el fiscal un expediente sobre licencia para portar armas iniciado por Forastieri en la corte en 1935 por decla-ración jurada en la que dijo que se dedicaba a la administra-ción de fincas y al negocio de préstamos, teniendo que andar a diario por Caguas y otros pueblos llevando a veces consigo grandes sumas de dinero. También una certificación de la inscripción de una finca del peticionario valorada en tres-mil dólares y la declaración de Juan Carrió, Gerente de la Sucur-sal de Cagnas del Banco Popular, manifestando que el peti-cionario abrió su cuenta corriente con $1,095.31, teniendo en 10 de junio de 1937 un balance a su favor de $4,305.25.

En su declaración ante el fiscal, Manuel Quintero, dió tes-timonio de 1© que sigue:

Declaró en la investigación de la causa sobre asesinato lo que sabía en verdad. Después lo llamó Forastieri “para decirme que yo no sacaba nada con que él fuera a la cárcel porque ya el muerto estaba muerto y que con que él fuera a la cárcel el muerto no se iba a vivir, que si yo cambiaba mi declaración y daba otra, que no lo perjudicara tanto, que me daría una cantidad de dinero al yo dar la declaración y la otra después del juicio .... Me dijo que declarara que Na-talio Díaz le atacó con un machete, que él huyó para atrás y cuando le volvió a atacar por segunda vez, que entonces él, Forastieri, sacó el revólver de un bolsillo del carro, que dis-paró un tiro y tuvo la mala suerte de herirlo, porque así era una defensa propia y así no había jurado que lo echara a la cárcel .... Yo le contesté que no podía hacerlo porque ya tenía una declaración jurada. Y Forastieri entonces me dijo que si ése sólo era el inconveniente. Yo le contesté que algu-nos más. Entonces él me dijo que él tenía a una persona de la corte de Humacao, que si nosotros cambiábamos las decla-raciones . . . haría desaparecer las declaraciones del caso, que habían dado los cuatro testigos que a esa fecha habíamos declarado.”

Sigue refiriéndose a otra entrevista que tuvo con Foras-tieri en la que éste quemó un papel que el testigo creyó que contenía su anterior declaración y a otras en que tomaron parte Vázquez, Torres y Bamos. Termina al hablar de aqué-lla en que intervino Vázquez, diciendo: “En ésa fué la oca-sión que nos dió cuatro pesos para los dos,” y la en que toma-ron parte “Felino Torres y Lorenzo Bamos,” como sigue: “Ahí les ofreció también a Felino y a Lorenzo una cantidad de dinero antes del juicio y otra después porque cambiaran las declaraciones. ’ ’

La declaración concluye así:

“P. — ¿No ba habido alguna otra entrevista”? R. — El lunes de esta semana Forastieri me llamó a su casa para decirme que se había enterado que a los testigos los había citado la corte, el fiscal, me dijo él, para una nueva investigación. Yo le dije que- sí, que era cierto, que estábamos citados todos para el martes. Entonces me dijo: ‘Bueno, pues ya usted sabe lo que le he dicho, si lo llaman para nueva investigación es porque el fiscal no tiene las declara-ciones juradas que ustedes habían dado, y ya ustedes soben cómo tienen que declarar.’ P. — ¿Y el día que usted fué citado por el fiscal? R — Declaré lo mismo que había declarado la primera vez, y lo mismo que hoy he declarado en cuanto a los hechos del caso de la muerte de Natalio. P. — ¿Forastieri nunca llegó a hablarle de can-tidad específica de dinero por cambiar la declaración ? R. — No, señor, nunca me puso tarifa. P. — ¿Después de declarar en fiscalía no habló con él? R. — No, señor.”

Siguiendo la abundante jurisprudencia sobre la materia, se dijo en Ex parte Vega, 46 D.P.R. 491, 492:

“Estamos muy dé acuerdo con el fiscal de este tribunal en que al presentarse una petición por falta de causa probable, el ministerio público no tiene necesidad de establecer un caso completo para una convicción, sino solamente que hay una probabilidad, o una proba-bilidad razonable, de que el caso puede ser sometido al jurado para su veredicto.”

¿Demostró en este caso el fiscal de distrito la existencia de esa probabilidad?

El apelante insiste en que no. Se basa en que la única evidencia aportada consistió en la declaración de un cómplice y disponiendo el artículo 253 del Código de Enjuiciamiento Criminal (ed. de 1935), que no procede la convicción por decla-ración de un cómplice, a no ser que ésta sea confirmada por alguna otra prueba que por sí misma y sin la ayuda del tes-timonio del cómplice tienda a demostrar la relación del acu-sado con la comisión del delito, es evidente que no se com-probó que hubiera prueba, ni principio de prueba que justi-ficara su detención.

Si Quintero fuera en verdad cómplice de Forastieri, ten-dría éste razón. ¿Lo es? Resumiendo la jurisprudencia sobre la materia se dice en 8 Am. Jur., Bribery, sec. 34:

“Las cortes no están contestes respecto a si el dador y el tomador de un soborno son cómplices entre sí, bajo la regla que exige la corroboración del testimonio de un cómplice. Un grupo de ellas adopta el criterio de que no son cómplices por razón de que el dar un soborno y el recibirlo son delitos distintos por los cuales una persona ajena al acusado no podría ser procesada como principal o cómplice. Otro grupo, negándose a adoptar este criterio y razonando que una persona es cómplice de un delito con motivo de la parte que lia tomado en el mismo, llega a la conclusión de que la persona que da un sóborno es cómplice de la que lo acepta, y viceversa. ’ ’

En Puerto Rico la ley separa las ofensas, describiéndolas y castigándolas como delitos distintos, como sigue:

“Artículo 131. — (137 Cal.) — Soborno de Testigos. — Toda persona que ¿Lere, ofreciere o prometiere a un testigo o persona que va a ser llamada como testigo, alguna dádiva, en la inteligencia de que con ello ba de influir en el testimonio de dicho testigo, o que intentare por cualquier otro medio inducir fraudulentamente a alguna persona a dar falso testimonio o a omitir el verdadero, será reo de felony.
“Artículo 132.— (138 Cal.) — Aceptación de Soborno por Testi-gos. — Toda persona que fuere o pudiere ser llamada a servir de tes-tigo y recibiere u ofreciere recibir cualquier dádiva en la inteligen-cia de que ésta habrá de influir en su testimonio, o hacer que se au-sente del juicio o procedimiento en el cual se requiere que testifique, será i'eo de felony.”

Siendo ello así, la jurisprudencia que debe aplicarse a nues-tro juicio es aquélla que sostiene la negativa.

En 73 A.L.R. 389 hay una nota completa sobre la materia. En ella, refiriéndose al estado de California, se dice:

“En People v. Coffey (1911) 161 Cal. 433, 39 L.R.A. (N. S.) 704, 119 Pac. 901, se resolvió que la persona que recibe un soborno es un cómplice del aceptante de] mismo y viceversa, no obstante el hecho de que según el estatuto el ciarlo y el aceptarlo son dos de-litos distintos. Al resolver que el criterio contrario era erróneo, la corte dijo: ‘El más común de estos errores puede ser expresado así: La ley declara que todas las personas complicadas en la comisión de un crimen, y que directamente cometieren el acto constitutivo del delito o aconsejaren o incitaren a su comisión, son principales o auto-res. Ellas son, desde luego, cómplices. Por tanto, un cómplice es aquella persona que puede ser procesada por el mismo delito impu-tado al acusado, y por tanto, si no puede imputársele el mismo de-lito, no es un cómplice. Aquí se sintetiza el razonamiento de casos como el de State v. Durnam (1898) 73 Minn. 150, 75 N. W. 1127, 11 Am. Crim. Rep. 179, y la falacia del razonamiento debe ser obvia. Uno es cómplice de un delito por la parte que ha tomado en el mismo y no porque pueda acusársele como coautor. Esta última es una circunstancia accidental, que depende del contexto y que en forma alguna afecta la verdadera piedra de toque, o sea, la parte, que el cómplice ha tomado en el delito.’ ”

Y después se agrega:

“Mas no obstante el hecho de que la Corte Suprema de California aparentemente sentó la regla contraria en el caso de Coífey (Cal.) supra, se ha resuelto en People v. Powell (1920) 50 Cal. App. 436, 195 Pac. 456, en el cual se interpretó el artículo lili del Código' Penal, adoptado con posterioridad al caso de Coffey, supra, que define un cómplice como aquél ‘que está, sujeto a ser procesado por el mismo delito imputado al acusado en el caso en que se presta el' testimonio del cómplice,’ que el dador de un soborno no es por tal hecho un cómplice del tomador del mismo y viceversa. Tal decisión se sostiene a base de que el solicitar.un soborno o el ofrecerlo es de por sí suficiente para constituir el delito de soborno, irrespectiva-mente de si el mismo se da o se recibe más tarde; y el hecho de que se dé o se acuerde dar el mismo, o se reciba o se acuerde recibirlo, no disminuye la responsabilidad criminal proveniente de la mera solicitud u oferta. Se arguye además que, toda vez que la otra parte no puede ser un auxiliar o instigador de la solicitud u oferta, ella no puede ser convicta de ese delito, y en su consecuencia no es un cómplice. En dicho caso la corte dijo: ‘Conforme hemos visto, entre los otros delitos imputados al acusado está el de solicitar un soborno. Ese delito puede ser cometido sin cooperación alguna por parte del denunciante, y quedó terminado en el momento en que se solicitó el soborno. No era necesario, por ende, que la persona de quien se solicitó el soborno se allanara a darlo, o que tuviera ningún acuerdo o entendido con la persona que lo solicitó. . . . Por tanto el denun-ciante no puede ser convicto como auxiliar o instigador del delito de solicitar un soborno, aunque indudablemente podría condenársele por coadyuvar o instigar a la comisión del delito de recibir un so-borno.’ Esta aseveración fue aprobada en los casos de People v. Lips (1922) 59 Cal. App. 381, 211 Pac. 22, y People v. Anderson (1926) 75 Cal. App. 365, 242 Pac. 906, en que se resolvió que el dador de un soborno no es un cómplice de la persona que lo recibe.
“En los últimos casos antes mencionados, las personas acusadas de soborno habían iniciado toda la transacción al solicitar el soborno antes del dador del mismo hacer oferta alguna, y parecía haber un elemento del delito de extorsión unido a la solicitud. En su con-secuencia, pueden ser distinguidos del caso de Coffey, puesto que no puede decirse que han resuelto la cuestión que surge, como en aquel caso, cuando el cómplice, más bien que la persona acusada de reci-birlo, inicia la transacción ofreciendo primeramente el soborno. Sin embargo, bajo la definición estatutaria de cómplice, el razonamiento de los casos anteriores, llevado a su conclusión lógica, conduciría posiblemente al mismo resultado en'todos los casos de soborno.”

El apelante sostiene en un alegato adicional que presentara que el cambio en la jurisprudencia en California se debió a la enmienda de la ley, enmienda que no se ha hecho en la de Puerto Rico, citando como autoridad la nota misma de A.L.R. que estamos siguiendo.

Acabamos de transcribir lo que dice el autor y estamos por consiguiente en condiciones de fijar su alcance. La enmienda lo que hizo fué en verdad definir por ley algo en armonía con lo que antes existía, pero que exigió la definición a virtud de una interpretación distinta, de suerte que en Puerto Rico donde la cuestión es nueva, estamos en condiciones de seguir el verdadero pensamiento legislativo sin necesidad de que el legislador se vea obligado a exponerlo expresamente.

La negativa está sostenida además por decisiones de otros estados. Consideramos suficiente referirnos a uno de ellos, Minnesota, tal como se cita en 73 A.L.R. 392, a saber:

“De igual modo, en el caso de State v. Durnam (1898) 73 Minn. 150, 75 N. W. 1127, 11 Am. Crim. Rep. 179, que parece babea- sido la fuente de donde se tomó el razonamiento utilizado en los casos más recientes de California, el tribunal dijo: ‘Cada una de las dos personas que toma parte en la transacción puede ser culpable de un delito, y sin embargo, si los dos delitos son separados y distintos, una persona no es cómplice de la otra. Supongamos, por ejemplo, que A solicita un soborno de B, y que B lo entrega. A es culpable del delito de solicitar el soborno y B del delito de darlo. Pero los dos delitos son enteramente distintos y ninguna de esas personas po-dría ser procesada como principal o cómplice del delito cometido por la otra. Tal caso no estaría cubierto por un estatuto que prohíbe que se castigue a base del testimonio no corroborado de un cómplice, aunque, desde luego, la delincuencia moral del uno, al ser llamado como testigo contra el otro, sería un becho que'milita contra su cre-dibilidad, y a ser tomado en consideración por el jurado,’ a pesar de no existir definición estatutaria de un ‘cómplice’ en aquel estado, según la había en los casos más recientes de Califoria. ”

No siendo, pues, Manuel Quintero un cómplice, su declara-ción es suficiente para demostrar que existió causa probable para la detención de Forastieri y por tanto que no cometió la corte sentenciadora el error que se le atribuye.

El otro fundamento del babeas corpus — fianza excesiva— no se discute en el alegato. Conocemos la prueba. El peti-cionario no carece de bienes propios ni de relaciones. No demostró que en verdad no pudiese prestar- la fianza fijada por el fiscal. Y como las acusaciones fueron ya radicadas y las causas están bajo la jurisdicción de la corte de distrito que rebajó las fianzas y que tiene discreción en cualquier mo-mento para actuar sobre la materia de acuerdo con las cir-cunstancias concurrentes, no es necesario que adoptemos me-dida alguna sobre el particular.

Beben declararse sin lugar los recursos y confirmarse las sentencias apeladas.

El Juez Asociado Señor Travieso no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wolf

text:
    Francisco Fano, Tesorero Interino de Puerto Rico, demandante, v. Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, demandado; Banco de Puerto Rico, Síndico Interino del Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, demandado y apelante y Royal Bank of Canada, interventor y apelado.
    Núm. 6949.

    Sometido: Mayo 4, 1937.

      Resuelto: Mayo 31, 1938.

      José Ramírez Santibáñez y Rafael Ramírez Santibáñez (Salvador Suau Oarbonell, en el alegato), abogados del apelante; Brown, González & Newsom, abogados del interventor apelado; Son. Pro-curador General B. Fernández García y E. de Aldrey, Procurador General Auxiliar, abogados del demandante.
   El Juez Asociado Señor Wolf

emitió la opinión del tribunal.

En un pleito instruido por Francisco Fano, Tesorero Inte-rino de Puerto Rico, contra el Banco Territorial y Agrícola, el Banco de Puerto Rico fue nombrado administrador o sín-dico del referido Banco Territorial y Agrícola. Los términos ban sido usados indistintamente por la corte inferior. Los autos que están ante nos no revelan la naturaleza del proce-dimiento iniciado por el Tesorero Interino ni por qué el banco fué puesto bajo sindicatura. Otros hechos que pueden tener alguna relación con el caso tampoco aparecen, como por ejem-plo, la fecha de la designación del síndico y las fechas en que se cobraron las varias letras de cambio o cheques cobrados por el Banco Territorial y Agrícola, como agente del Boyal Bank of Canada.

El Boyal Bank of Canada entregó para su cobro al Banco. Territorial y Agrícola varias letras de cambio o cheques. Esto es cierto, mas lo que sucedió literalmente fué que el Boyal Bank of Canada entregó letras de cambio o cheques para ser cobrados por la sucursal del Banco Territorial y Agrícola de Manatí y otros giros a la sucursal del mismo banco en Guayama. Be igual modo, el Boyal Bank of Canada en-tregó uno o más cheques directamente al Banco Territorial y Agrícola en San Juan, mas cuándo y cómo estas cobranzas fueron entregadas al Banco Territorial y Agrícola en San Juan, no aparece de los autos. La probabilidad es que estos cheques fueran cobrados por otras sucursales de la Isla.

La sucursal del banco en Manatí y la sucursal de Guayama cobraron estos giros específicos y en cambio cada una de ellas libró sus propios cheques contra la oficina matriz, o sea contra el Banco Territorial y Agrícola de San Juan. Guando se presentaron estos cheques para su pago al Banco Territorial y Agrícola de San Juan, se negó su pago basándose en que los fondos cobrados habían sido mezclados con los fondos generales del Banco Territorial y Agrícola y que no era posi-ble distinguirlos de los otros fondos en poder del Banco de Puerto Bico, síndico.

Posteriormente el Boyal Bank of Ganada radicó una peti-ción solicitando permiso para intervenir en el pleito arriba descrito. Se autorizó la intervención. La demanda de inter-vención fué radicada y entonces el síndico presentó una lla-mada oposición.

El caso fué sometido a la Corte de Distrito de San Juan a base de estas dos.alegaciones, según puede llamárseles. La corte de distrito dictó sentencia a favor del interventor y ordenó al Banco de Puerto Bico, en su carácter de adminis-trador judicial, que procediera a pagar a dicho interventor la suma de $1,603.89 de los fondos que dicho síndico tenía en su poder como pertenecientes al banco que estaba bajo admi-nistración. No se fijó fecha alguna para el pago. El síndico ha apelado.

En su opinión la corte de distrito hace constar las varias sumas entregadas y cobradas, especificando el documento mer-cantil remitido, ascendentes a:

A la sucursal de Manatí, cheques y giros cobrados por ésta y pagados por su Gerente mediante cheque contra el Banco central en San Juan-$1, 340. 46
A la sucursal de Guayama, cheques y giros cobrados por ésta y pagados por su Gerente mediante cheque contra el Banco central en San Juan- 240. 76
Al Banco central de San Juan, dos cheques cobrados por éste y pagados mediante cheque del Gerente por la suma de_ 22. 67
Total_$1, 603. 89

La teoría de la corte fue que los importes de los documen-tos mercantiles así cobrados participaban de la naturaleza de un fideicomiso (trust ftmcl) o de un depósito especial.

Los señalamientos de error son como sigue:

“1. La acorte inferior erró al declarar que las sumas reclamadas por la interventora Royal Bank of Canada gozan de preferencia por-que proceden de un trust fund con el carácter de depósito especial.
“2. La corte erró al apreciar indebidamente que al decretarse la sindicatura del Banco Territorial y Agrícola el síndico recibió dinero efectivo en exceso de la suma de $1063.98, que es el montante reclamado, como base para declarar el cobro preferente de dicha suma contra la sindicatura y ordenar el pago inmediato de la misma de los fondos pertenecientes al banco en administración.
“3. La corte cometió error al ordenar el pago inmediato de la reclamación preferente en su totalidad, sin establecer el prorrateo de pago con las otras reclamaciones preferentes y preexistentes de la sindicatura. ’ ’

En la mayoría de las decisiones más antiguas sobre la relación existente entre nn banco trasmitente y nn banco cobrador,' las cortes tuvieron la inerte tendencia, para así decirlo, de qne existe la relación de mandante y mandatario basta qne se efectúa el cobro y qne lnego el banco cobrador se convierte en dendor del banco trasmitente. Del becbo de la agencia o de sn continnación las cortes se acostumbraron a resolver que se creaba nn fondo de fideicomiso en favor del banco trasmitente.

Más recientemente las decisiones de las cortes basta cierto punto ban cambiado y están más dispuestas a decir, bajo las circunstancias, qne surge una relación de fideicomiso en favor del banco trasmitente. Re Jayne v. Mason, 140 Misc. 822, 251 N.Y. Supp. 768; Central Trust Co. v. Bank of Mullens, 108 W. Va. 12, 150 S.E. 137 (tomado de la nota que aparece en 77 A.L.R. 474); Miami v. First Nat. Bank, 58 F. (2d) 561, 289 U.S. 707; Aplicable—People v. Bank of Dansville, 39 Hun. (N.Y.) 187, seguido en Baldwin’s Bank v. Smith, 215 N.Y. 76, 109 N.E. 138 (tomado de la nota qne aparece en 90 A.L.R. 15); Tesorero v. Banco Comercial y Manrique, 46 D.P.R. 308, y otros analizados en el alegato del apelado.

Parte de la relación qne antecede ba sido reseñada en la opinión emitida por este tribunal en el caso de Tesorero de Puerto Rico v. Banco y Manrique, supra. Ésa fué una deci-sión de una corte dividida, mas la diferencia principal allí existente fué si el depósito disentido en diebo caso era uno general o especial. No bubo duda de qne nn depósito especial creaba nn fondo de fideicomiso.

A través de todas las decisiones el elemento más impor-tante es la intención de las partes qne establecen la relación. Por ejemplo, no bay duda de qne si el banco trasmitente tiene nn depósito o una cuenta con el banco cobrador y no existen instrucciones de qne se remitan los fondos inmediatamente al banco trasmitente, surge la relación de acreedor y dendor. Por otra parte, es claro qne cuando el banco trasmitente pide qne los fondos le sean inmediatamente remitidos, surge una relación de fideicomiso. La corte inferior halló o resolvió, según sea el caso, qne como no se desprendían instrucciones de. clase alguna, el dinero cobrado por el Banco Territorial y Agrícola era un fondo especial y por tanto que existía una relación de fideicomiso, y puede bailarse apoyo para esta posi-ción en las decisiones que anteceden.

En los alegatos se ha discutido algo acerca de los fondos, el haberse mezclado los mismos en los fondos generales del banco central en San Juan, y la suficiencia de los mismos. Los autos guardan silencio respecto a cuándo los fondos cobra-dos por las sucursales llegaron a San Juan. No sabemos si el dinero cobrado jamás salió de las sucursales de Manatí o Gruayama. Be los autos no se desprende siquiera la fecha en que el síndico tomó posesión de los fondos. Aunque nos inclinamos a convenir con la corte inferior, sin razón especial ulterior, creemos que incumbía al apelante demostrar que el dinero cobrado por las sucursales de Manatí y Gruayama perdió su naturaleza específica o se mezcló con otros fondos.

Se desprende que en el caso de Mcmriqtte y otros, la mayo-ría de las veces, como evolución necesaria en la relación de deudor y acreedor que existe entre el banco y su cliente, prác-ticamente existe siempre un depósito. Desde luego, este lla-mado depósito no es el depósito clásico, toda vez que no es menester devolver la misma cosa depositada. Basta siempre devolver su equivalente. Sin embargo, existe un elemento del depósito.

El artículo 1658 del Código Civil (edición 1930) provee:

“Se constituye el depósito desde que uno recibe la cosa ajena con la obligación de guardarla y de restituirla.”

En el presente caso podría decirse que no surgió ni se demostró depósito alguno. No surgió depósito alguno en el sentido clásico de la palabra porque no existía en absoluto el deber de guardar en sus arcas el dinero recibido por el banco que lo cobró. Éste estaba obligado a entregar el pro-ducto de la suma cobrada al banco trasmitente y, a menos que se demostrara mía costumbre contraria, no podía surgir, bajo estos becbos, la relación de deudor y acreedor. Sea ello como fuere, dado el nexo jurídico existente entre las partes, resol-vemos que incumbía al síndico en este caso demostrar que la única reclamación que tenía el apelado era en su calidad de acreedor.

La resolución a/pelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señoe Hutchison

text:
    María Vázquez y Toro, demandante y apelante, v. Juan Font y Jesús, y María Geli Collazo, demandados y apelados.
    Núm. 7373.

    Sometido: Diciembre 23, 1937.

      Resuelto: Mayo 31, 1938.

      Ramón A. Gadea Picó, abogado de la apelante; Leopoldo Tormos García, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señoe Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

Este es un pleito para recobrar un bogar seguro vendido en pública subasta para satisfacer una sentencia en cobro de dinero. Los demandados adujeron como defensa especial que la finca reclamada como bogar seguro babía sido adquirida con dinero tomado a préstamo a un predecesor de los deman-dados. La única prueba ofrecida en apoyo de esta conten-ción fué una escritura de compraventa e hipoteca voluntaria. Ese documento fué otorgado el 11 de abril de 1919. Los com-parecientes hicieron constar que el vendedor, Federico Toro y Pérez babía adquirido la finca en cuestión de Maximiliano Chardón por escritura otorgada en 1916.

La primera cláusula del documento de 1919 se intitula “compraventa”. De conformidad con los términos de la misma Federico Toro y Pérez vendió a Maximiliano Chardón, por el precio de $500 — que se decía el comprador entregaba en presencia del notario y de los testigos — la finca adquirida de éste en 1916. Las cláusulas segunda y tercera están agru-padas bajo el título de “hipoteca”. La cláusula segunda dice que la acreedora hipotecaria Petra G-eli Collazo entregaba en calidad de préstamo y Chardón recibía en presencia del nota-rio y de los testigos la cantidad de $650. Chardón se compro-metía a devolverle dicha suma en una sola partida, el 11 de abril de 1920, con intereses al nno por ciento mensual, paga-deros por meses vencidos. De acuerdo con los términos de la cláusula tercera, Chardón, con el consentimiento de su esposa Juana María Vázquez, constituyó hipoteca para garan-tizar el pago de los $650, más $50 para intereses y $100 adi-cionales para costas, gastos y honorarios de abogado, en caso de litigio.

La finca adquirida de Chardón por Toro Pérez, vendida por éste de nuevo a Chardón e hipotecada por Chardón, se describe del modo siguiente:

“Parcela ele terreno radicada en el barrio de Canas de esta ciu-dad, al Oeste de la finca nombrada Perseverancia, teniendo de cabida cinco cuerdas setenta y nueve céntimos, o sean dos' hectáreas, vein-tisiete áreas y cincuenta y siete centiáreas, de terreno llano, conte-niendo una casa de vivienda, de madera, de una sola planta, techada de zinc; otra de los mismos materiales para mayordomo y dos ran-chones de madera y techo de zinc, destinados a cochera y pesebre; colindando al norte con el río Pastillo; al sur con don Julio Chardón; al este con la carretera de Peñuelas y al oeste con el mismo río Pas-tillo. Esta finca se halla libre de cargas.”

El juez de distrito resolvió .que Chardón había pagado el precio de la finca del producto de la hipoteca. Basó su reso-lución en el hecho de que el importe de la compraventa era menor que el del préstamo, y en los incisos 20 y 27 del artículo 101 (sic) de la Ley de Evidencia. El artículo 101 de la Ley de Evidencia tan sólo tiene siete incisos. Entre las presun-ciones disputables establecidas por el artículo 102 hallamos las siguientes:

“20. — Que se ha seguido el curso ordinario de los negocios.
“27. — Que las cosas han ocurrido de acuerdo con el proceso or-dinario de la naturaleza y los hábitos ordinarios de la vida.”

No nos detendremos a considerar la pertinencia de estas presunciones. No basta decir que el precio de la compraventa filé pagado del producto de la hipoteca. La sección 1 de la Ley de Hogar Seguro (en la actualidad artículo 541 del Código Civil, edición 1930) exime el hogar seguro de “embargo, sentencia, exacción o ejecución, excepción hecha do las contribuciones que adeudare, el valor de la compra de dicha propiedad. . Esta ley nos ha venido del Estado de Illinois, con ligeras modificaciones. De ordinario cuando un estatuto ha sido adoptado por la Asamblea Legislativa de un territorio o estado, de otro territorio o estado, debe presu-mirse que ha sido adoptado con la interpretación previamente dádale por las cortes del territorio o estado donde se originó. En Eyster v. Hatheway (1864), 50 Ill. 521, 99 Am. Dec. 537, la Corte Suprema de Illinois dijo:

“Al declarar el estatuto que el derecho de hogar seguro no estará exento de una deuda por el valor de la compraventa, evidentemente usó las palabras en su sentido corriente y popular. Todo el mundo sabe que con el valor de la compra se quiere decir el precio que se ha convenido pagar por el terreno, o la deuda creada por la compra-venta. Con ello no se significa una deuda a otra persona que aquélla de quien se hubo la finca. En este caso la deuda surgió con motivo de un préstamo y no por razón de la finca comprada. El apelado no vendió ningunos terrenos al apelante, sino que le prestó dinero. No importa, en lo que a esta deuda se refiere, que el dinero fuera más tarde pagado por la misma propiedad o por otra. Nacía hay en el caso que demuestre la relación de vendedor y comprador entre las partes, y este precepto del estatuto es aplicable tan sólo a aque-llas personas que se encuentren en esa relación, o a los que les re-presenten, y a una deuda creada por la compraventa de la finca ob-jeto del hogar seguro.”

En nna nota al caso de Mertz v. Berry, 45 Am. St. Rep. 379, 386, hallamos lo siguiente:

“En Eyster v. Hatheway, 50 Ill. 525, 99 Am. Dec. 537, se re-solvió en efecto que el valor de la compra de la propiedad objeto del hogar seguro, significa el precio que el comprador conviene pagar por la finca al vendedor, y no una deuda general contraída con otro; por tanto, si se toma dinero prestado a un tercero, sin especificar el objeto para el cual se obtiene, y el prestatario aplica más tarde ese dinero al pago del precio de la finca objeto del hogar seguro, ese tercero no se sitúa en el lugar del vendedor y no tiene derecho a gravamen alguno, y esta decisión lia sido seguida en Parrott v. Kimpf, 102 Ill. 423; Winslow v. Noble, 101 Ill. 194. Por otra parte, se ba decidido repetidamente en el Estado de Illinois qiie si el dinero to-mado a préstamo es pagado por la tercera persona directamente al vendedor a nombre del comprador, como precio del terreno, ese dinero equivale al valor de la compra de dicba propiedad, y por él el prestamista tiene un gravamen contra el bogar seguro: Austin v. Underwood, 37 Ill. 438; 87 Am. Dec. 254. O, si el dinero es ade-lantado por un tercero con el propósito de pagar el precio del bogar seguro y el comprador se obliga a devolverlo del producto de la finca, diebo dinero es el valor de la compra y por él el prestamista tiene un gravamen contra el derecho de bogar seguro: Magee v. Magee, 51 Ill. 500; 99 Am. Dec. 571, y la nota que aparece a las páginas 574-576 que trata de los gravámenes que tiene el vendedor contra la finca objeto del bogar seguro por el valor de la compra.”

Luego de indicar que la mayoría de los casos en otras juris-dicciones sostienen lo que lia sido caracterizado como una “regia más equitativa,” la nota termina así:

“Quizá la mejor regla a seguir es la adoptada en Dresse v. Myers, 52 Kan. 126; 39 Am. St. Rep. 336; y en Carey v. Boyle, 53 Wis. 574. En este último caso la corte, al sentar dicha regla, dijo: ‘Debe entenderse que la extensión de esta equidad (el gravamen del ven-dedor) a un tercero está limitada estrictamente a aquéllos que su-ministran o anticipan el dinero al comprador, de tal forma que po-dría decirse que lo han pagado al vendedor personalmente, o hecho que el dinero se pague a nombre o en beneficio del adquirente, y basta este punto ellos se convierten en partes que intervinieron en la tran-sacción. No ba de ser un préstamo general, utilizado por el compra-dor para pagar el precio de la cosa comprada o para cualquier otro objeto que se le antoje. En tal caso el mero hecho de que el dinero puede identificarse con el terreno como el pagado por el adquirente al vendedor, como parte del precio o en pago total de la compra-venta, no otorga tal derecho a la persona que prestó el dinero.’ A esta regla podría agregarse el hecho de que si se toma dinero pres-tado a un tercero a condición expresa de que el mismo será utilizado en la compra de un hogar seguro, o para pagar el precio del mismo, y se le usa para tal fin, el dinero se convierte en el valor de la com-praventa (purchase money), y la persona que hace el anticipo tiene derecho a que se le subrogue en los derechos del vendedor, y puede exigir su gravamen contra el hogar seguro por sobre la objeción del dueño del terreno: Dreese v. Myers, 52 Kan. 126, 39 Am. St. Rep. 336; Nichols v. Overacker, 16 Kan. 54; Magee v. Magee, 51 Ill. 500; 99 Am. Dec. 571; Warhmund v. Merritt, 60 Tex. 24.”

Tales consideraciones no presentan razón satisfactoria alguna para que nos neguemos a seguir a las cortes de Illinois.

En el presente caso el dinero no fue pagado por la acreedora hipotecaria directamente al vendedor a nombre del deudor hipotecario ni en ninguna otra forma. No se sostiene que el préstamo fuera hecho con el objeto expreso de poner al prestatario en condiciones de adquirir la finca que debía hipotecarse en garantía del préstamo o que éste fuera hecho para ningún fin específico. El artículo 1163 del Código Civil (ed. 1930) puede tener algo que ver con la cuestión de subrogación. Éste lee así:

“La subrogación de un tercero en los derechos del acreedor no puede presumirse fuera de los casos expresamente mencionados en este código.
‘ ‘ En los demás será preciso establecerla con claridad para que pro-duzca efecto.”

El artículo 3 de la Ley de Hogar Seguro (artículo 543 del Código Civil, edición 1930) lee del modo siguiente:

“No será válida ninguna renuncia o traspaso de una finca así exenta, a menos que se consigne expresamente en la escritura de traspaso por dicho jefe de familia, su esposo o esposa, si él o ella lo tuvieren, o a menos que se obtuviere o abandonare la posesión de acuerdo con la escritura de traspaso, o sin la orden de la corte de distrito disponiendo el traspaso del título de la propiedad, siempre que la exención se haga extensiva a un hijo o hijos.”

Nada hay que demuestre que la escritura de Chardón a Toro Pérez en 1916 contuviera ningún traspaso expreso de la finca sujeta al hogar seguro. No se “obtuvo o abandonó la posesión de acuerdo con la escritura de traspaso.” Char-dón y su familia habían ocupado la finca como hogar seguro durante unos siete años anteriores al otorgamiento de la escri-tura por Chardón a Toro Pérez. Ellos continuaron ocupando la finca como hogar seguro hasta el momento en que Toro Pérez la traspasó de nuevo en 1919 y luego de esa fecha hasta el momento en que Chardón murió en 1928. Con posteriori-dad a la muerte de Chardón, su viuda, la aquí demandante, y sus hijos continuaron ocupando la finca como hogar seguro y aparentemente seguían en posesión para la época en que se celebró el juicio en la corte de distrito.

Chardón nunca se desprendió del título que tenía de la finca objeto del hogar seguro. El hogar seguro no fué in-cluido en la enajenación hecha a Toro Pérez. En su conse-cuencia, este derecho no fué readquirido de Toro Pérez en 1919. Ninguna parte del precio entregado a Toro Pérez fue pagada como valor de la compra de un hogar seguro. La finca objeto del hogar seguro no estaba sujeta a ningún gravamen en favor del vendedor, ya fuere por subrogación o en alguna otra forma, toda vez que nadie vendió la finca objeto del hogar seguro. El caso no cae dentro de la excepción a la exención del hogar seguro creada por el artículo primero de la ley, puesto que no buho “valor de la compra de dicha propiedad,” dentro del significado de dicha frase, conforme la misma es usada en ese artículo.

La demandante alegó que la casa de vivienda y el solar no valían conjuntamente más de $500. Los demandados en su contestación alegaron que la finca valía $1,800. La prueba de la demandante tendió a demostrar que toda la finca no valía más de $450. La de los demandados tendió a probar que la casa valía $200 ó $250 y el terreno aproximadamente $200 por cuerda, lo que hacía un total de algo más de $1,000. El juez de distrito resolvió la cuestión a favor de los deman-dados. En ello no hallamos error manifiesto.

Toda vez que la sentencia declarando sin lugar la demanda ha de ser revocada, surge la cuestión de si este tribunal debe resolver el caso directamente o devolverlo a la corte inferior para ulteriores procedimientos. A este respecto- surge la cuestión de si la casa y una parte del solar que no exceda del valor de $500 deben ser primeramente separados como un hogar seguro. Véase Dávila v. Sotomayor, 36 D.P.R. 780. Ora se haga esto o no, otras cuestiones pueden surgir y pro-bablemente surjan respecto a cuál debe ser la sentencia defi-nitiva. Éstas son cuestiones que deben ser resueltas en pri-mera instancia por la corte de distrito luego de celebrarse una vista, a menos que las partes mediante algún arreglo puedan evitar los gastos de ulteriores litigios.

La sentencia apelada debe ser revocada y devolverse el caso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison

text:
    Ubaldo Cardona, lesionado y apelante, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, apelada.
    Núm. 34.

    Sometido: Mayo 9, 1938.

      Resuelto: Mayo 31, 1938.

      J. M. Valentín Esteres, abogado del apelante; Eon. Procurador General B. Fernández García, E. de Aldrey, Procurador General AuoviUar j L. Negrón Fernández, abogado éste del Fondo del Se-guro del Estado, abogados del Administrador del Fondo men-cionado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

Cardona contrajo tuberculosis mientras trabajaba como conserje en una escuela pública. Solicita la revocación de una decisión adversa dictada por la Comisión Industrial. No hubo prueba satisfactoria de relación causal alguna entre su trabajo y la enfermedad. Ésta — de haber sido causada por la inhalación de polvo durante el período de varios años en que estuvo empleado — no fué el resultado de un accidente. Si era una enfermedad ‘ ‘ ocupacional, ’ ’ ella no era una por la cual la Comisión Industrial puede conceder compensación.

Una lectura de las opiniones en los casos citados por el peticionario bastará para distinguirlos. Ellos son:

Sullivan Mining Co. v. Aschenbach, 33 F. (2d) 1; Certiorari denegado en 280 U.S. 586; Columbine Laundry Co. v. Industrial Commission, 215 P. 870; Tintic Milling Co. v. Industrial Commission of Utah, 23 A.L.R. 325; Schabel v. Riddell-Robineau Mfg. Co., 53 S.W. (2d) 750; Dove v. Alpena Hide & Leather Co., 164 N.W. 253; Madore v. New Departure Mfg. Co., 134 A. 259; Perú Plow & Wheel Co. v. Industrial Commission, 142 N.E. 546; In Re Madden, 111 N.E. 379.

Véanse también Cambridge Mfg. Co. v. Johnson, 153 A. 283, U.S. Gypsum Co. v. McMichael, 293 P. 773, y otros casos citados en 71 C.J. 593, sección 344.

Las disposiciones de la Ley (núm. 45) de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Leyes de 1935, pág. 251, son, bajo los términos del artículo 2, “ aplicables a todos los obre-ros .... que sufran lesiones o se inutilicen, o que pierdan la vida por accidentes que provengan de cualquier acto o fun-ción inherente a su trabajo o empleo y que ocurran en el curso de éste, y como consecuencia del mismo; o por enfer-medades o muerte derivadas de la ocupación, según se espe-cifican en el artículo siguiente.” El artículo 3 contiene una “tabla de enfermedades ocupacionales y sus causas.” Dis-pone que las enfermedades enumeradas en la tabla se consi-derarán como enfermedades ocupacionales “cuando sean con-traídas por obreros o empleados en el curso de las ocupaciones que en la misma se enumeran.” La tuberculosis no es una de las enfermedades ocupacionales allí enumeradas.

No hallamos error alguno en la conclusión a que llegó la Comisión Industrial al efecto de que la tuberculosis en el caso de autos no fue el resultado de un accidente compensable ni era una enfermedad “ocupacional” por la cual puede con-cederse compensación bajo la expresión perfectamente clara de la voluntad legislativa. Éste es un caso de lex scripta.

La decisión de la Comisión Industrial no será alterada.


author: El Juez Asociado Señor Hutchisoít

text:
    Juana Correa Rodríguez, recurrente, v. Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, recurrido.
    Núm. 1023.

    Sometido: Mayo 19, 1938.

      Resuelto: Mayo 31, 1938.

      Damián Monserrat, Jr., abogado de la recurrente; el registrador re-currido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Hutchisoít

emitió la opinión del tribunal.

El juez de distrito, luego de un’ procedimiento ejecutivo sumario, ordenó se cancelara la inscripción que en el registro de la propiedad figuraba a nombre de un segundo acreedor hipotecario. El registrador canceló la inscripción sujeta a un defecto subsanable. De la resolución dictada por el juez de distrito se desprendía que la notificación de la subasta se había hecho mediante la publicación de edictos. De ninguno de los documentos presentados en el registro de la propiedad se desprendía que se hubiera hecho o tratado de hacer la notificación personal exigida por el párrafo final del artículo 171 del Reglamento de la Ley Hipotecaria. Tampoco se des-prendía que- se hubiera llamado la atención del juez de distrito hacia el hecho de haberse dejado de cumplir con este requi-sito o qne dicho' juez hubiera considerado la cuestión de si tenía autoridad — no habiéndose tratado de hacer una notifi-cación personal — para ordenar la cancelación de un asiento a nombre de un segundo acreedor hipotecario. El registra-dor, en su nota recurrida, no trató de revisar ninguna cues-tión de hecho o de derecho resuelta por el juez de distrito. En ausencia de algo que revele que el juez de la corte inferior hubiera resuelto esa cuestión jurisdiccional, el registra-dor tenía derecho a suscitar la cuestión y a proteger al dueño de una hipoteca posterior contra una posible privación de su propiedad sin el debido proceso de ley. Lo menos que el registrador podía hacer, no habiéndose demostrado debida-mente que se hubiera hecho o tratado de hacer la notificación personal, fué mencionar la existencia de un defecto subsanable.

La recurrente descansa en los siguientes casos: Crehore v. Registrador, 22 D.P.R. 640; Ortiz v. Registrador, 22 D.P.R. 339; Delgado v. Registrador, 25 D.P.R. 486; Virella v. Registrador, 25 D.P.R. 757; Caballero v. Registrador, 35 D.P.R. 617; Cintrón v. Registrador, 35 D.P.R. 805; Ferrer v. Registrador, 44 D.P.R. 277.

El presente recurso cae dentro del principio de los casos citados por el registrador. Éstos son: Orcasitas v. Registrador, 21 D.P.R. 553; Montes de Oca v. Báez, 23 D.P.R. 707; Nazario v. Registrador, 36 D.P.R. 778; Banco Territorial y Agrícola v. Registrador, 41 D.P.R. 751; Ferrer v. Registrador, 44 D.P.R. 277; Petterson v. Contreras, 42 D.P.R. 491; Moraza v. Registrador, 45 D.P.R. 829; Matos v. Registrador, 46 D.P.R. 298; Ojeda v. Registrador, 39 D.P.R. 239; Pérez v. Registrador, 50 D.P.R. 289; Arroyo v. Zavala, 40 D.P.R. 269.

Debe confirmarse la nota recurrida.