author: del Juez Asociado Sr. Travieso.)

text:
    Núm. 3.
    Pueblo, querellante, v. Central Cambalache, querellada.
    Original.
    Marzo 12, 1942.
   (Por la Corte, a propuesta

del Juez Asociado Sr. Travieso.)

Vista la sentencia por consentimiento sometida a la Corte en 6' de marzo de 1942 por los abogados de las partes en este procedimiento, la cual dice así:

"Sentencia por Consentimiento
"El'Pueblo de Puerto Rico radicó su petición en el caso de autos el día 19 de julio de 1937, y habiendo la demandada comparecido por abogado, El. Pueblo de Puerto Rico, por el Procurador General y abogado asociado, ha pedido-sentencia de la Corte, consintiendo la demandada el registro de esta sentencia sin oposición alguna.
"Por tanto, se ordena, falla y decreta de la manera siguiente, a saber:
"1. Que la Corte tiene jurisdicción en este procedimiento y sobre todas las-partes y que la querella aduce una causa de acción contra le demandada a tenor-de (1) la sección 3 de la Resolución Conjunta del Congreso de los Estados Unidos-aprobada en 1 de mayo de 1900 (48 USCA 752); (2) bajo el artículo 4 de la ley relativa a corporaciones privadas aprobada por la Legislatura de Puerto Rico-en 9 de marzo de 1911; y (3) bajo la Ley Núm. 47 aprobada por la Legislatura, de Puerto Rico en 7 de agosto de 1935.
"2. Que la demandada Central Cambalache se desposeerá de todas las tierras-de cultivo de que es dueña al presente, exceptuando la cantidad de 500 acres,, vendiendo dichas tierras bajo los términos que abajo aparecen, junto con' las: plantaciones en las mismas, mejoras, equipo agrícola, sistema de regadío y demás-bienes y derechos de propiedad que más adelante se enumeran, a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico establecida por el artículo 2 de la Ley 26 aprobada, por la Legislatura de Puerto Rico en 12 de abril de 1941. Toda dicha propiedad y todos dichos derechos de propiedad serán vendidos por Central Cambalache-a la Autoridad de Tierras, según se ha dicho, libres de toda carga y gravamen-
"La Autoridad de Tierras bajo los poderes que le confiere la ley arriba mencionada pagará a Central Cambalache, de contado, el justo precio de las: tierras, plantaciones, mejoras, equipo agrícola, sistema de regadío y demás bie-nes y derechos de propiedad, que aparecen del Exhibit A que se acompaña, a ser vendidos y traspasados a la Autoridad de Tierras por la demandada Central' Cambalache, y el precio que habrá de pagar la primera a la segunda será fijadoy determinado por la Autoridad de Tierras y Central Cambalache después del debido avalúo; pero ai la Autoridad de Tierras y la demandada Central Cam-balache no llegasen, a un acuerdo .en cuanto, al precio de compra, entonces, en tal evento, el precio de compra a ser pagado por la Autoridad de Tierras será fijado y determinado por dos tasadores, uno de los cuales será nombrado por la Autoridad de Tierras y el otro por la demandada Central Cambalache, y si estos tasadores no llegaren a un acuerdo, ellos deberán seleccionar a un tercer tasador y el laudo dé la mayoría de ellos en cuanto al precio justo de dichas propiedades y de' dichos derechos de propiedad a ser traspasados por Central Cambalache a la Autoridad de Tierras será firme y obligatorio para las partes. El precio de compra así determinado será satisfecho de contado por la Autoridad de Tierras a la Central Cambalache con el traspaso del título.
“La Autoridad de Tierras tendrá el derecho de comprar todas las propieda-des arriba mencionadas por el justo valor de las mismas, determinando como se deja dicho, dentro de un período que no excederá de un año a contar de la fecha de esta sentencia, o dentro de tal término adicional que las partes convinieren, durante el cual término las tierras no serán vendidas o gravadas por Central Cambalache a ninguna persona o entidad; disponiéndose, sin embargo, que durante dicho período de tiempo la- demandada Central Cambalache podrá cons-tituir gravámenes sobre sus cañas en pie y productos de las mismas con el fin de arbitrar y tomar a préstamo tales sumas de dinero que fueren de tiempo en tiempo necesarias al cultivo adecuado y a la explotación de las tierras y para el funcionamiento de la factoría azucarera, y para tales fines podrá dar como garantía colateral de tales préstamos los bonos hipotecarios o los pagarés hasta el presente librados por la demandada. Siendo entendido, sin embargo, que nada de lo aquí contenido relevará a la demandada Central Cambalache de la obliga-ción contraída bajo los términos de esta sentencia de vender, libre y exenta de todo gravamen, toda la propiedad que ha de ser vendida a la Autoridad de Tierras mencionada -según se provee en- esta sentencia.
“Las cuotas bajo la Ley de Ajuste Agrícola pertenecientes a las tierras de labrantío de que es dueña y de que es arrendataria Central Cambalache, paJ sarán, hasta donde lo permitan los reglamentos de la A.A.A., a la Autoridad de Tierras, sus sucesores y cesionarios, con la excepción de una cuota por 2,000 toneladas de azúcar que será retenida por la Central Cambalache para beneficio de las tierras de labrantío retenidas por dicha Central según en la presente se provee.
“3. Que las plantaciones de caña que hubiere en las tierras a ser vendidas y traspasadas por Central Cambalache a la Autoridad de Tierras, al tiempo de su traspaso, serán compradas por la Autoridad de Tierras por el justo precio, determinado como se ha dicho; o, a opción de la Autoridad de Tierras, la Auto-ridad de Tierras podrá permitir a Central Cambalache que coseche la plantación en pie, en el cual caso la cuantía a ser pagada por la caña que hubiere en las- tierras será determinada en la fecha en que la cosecha haya terminado.
“4. Que la demandada Central Cambalache se desposeerá, dentro del año posterior al traspaso de títulos a la Autoridad de Tierras de las propiedades ai riba mencionadas, de toda-s las tierras que al presente controla por arrenda-miento.
“5. La demandada Central Cambalache, como corporación, tendrá el dere-cho, desde esta fecha a la fecha en que la Autoridad de Tierras compre las pro-piedades arriba mencionadas, de continuar operando y administrando su factoría azucarera y emprender cualquier actividad agrícola que estime adecuada y conveniente en relación con toda la tierra afectada en la causa de autos, y al actuar así no estará sujeta a otras restricciones y limitaciones que no fuesen las especificadas en esta sentencia.
"Que la demandada Central Cambalache, después de disponer y desposeerse de las propiedades arriba referidas, se limitará en sus operaciones a la molienda de caña de azúcar y a la fabricación y venta de azúcar y derivados de-la misma y a otros fines industriales, y se abstendrá de toda actividad agrícola en el futuro excepto la que le sea permitida por la ley.
6. Que al tiempo de la venta a la Autoridad de Tierras de las propiedades arriba referidas, la demandada Central Cambalache tendrá el derecho a selec-cionar y retener de entre las tierras que en la actualidad posee, una parcela o parcelas que no excedan de 500 aeres, en las cuales podrá dedicarse a fines agrícolas; disponiéndose, sin embargo, que ninguna de dichas parcelas tendrá un área menor de 100 acres. Central Cambalache tendrá también el derecho a retener y conservar para sí la cuantía de tierras que ahora ocupa y posee en y para el manejo de su factoría azucarera, ferrocarril, dependencias y accesorios.
“7. No obstante la venta de las propiedades arriba mencionadas' a la Autoridad de Tierras, la demandada Central Cambalache tendrá derecho a con-tinuar operando y manteniendo como hasta el presente su ferrocarril, sistema tele-fónico, líneas de ~trasmisión eléctricas, sistema de agua para fines industriales y servidumbres para el tránsito de camiones a través y sobre las tierras a ser vendidas a la Autoridad de Tierras, y tendrá además derecho al uso y disfrute, a perpetuidad, de tales derechos de paso y servidumbres que sean necesarios en relación con aquéllas y como sea convenido por ambas Central Cambalache y Autoridad de Tierras de Puerto Rico.
"8. Si la Autoridad de Tierras, por cualquier razón, dejare de comprar las propiedades arriba mencionadas dentro del término de un año a contar de la fecha de esta sentencia, o de aquella prórroga o prórrogas que las partes puedan convenii-, todas las obligaciones bajo esta sentencia cesarán y terminarán, y todas las partes en este procedimiento se reintegrarán al estado en que se hallaban antes del registro de esta sentencia, y &3te procedimiento proseguirá tal cual si esta sentencia nunca hubiese sido registrada sin perjuicio para ninguna de las partes.
“9. Que la Autoridad de Tierras quedará obligada a imponerse a sí misma y a todos los futuros dueños o arrendatarios de dichas tierras la obligación y el deber de moler todas las cañas de azúcar sembradas y cultivadas en las mis-mas en la factoría de la demandada, de sus sucesores y cesionarios, y la deman-dada Central Cambalache, sus sucesores y cesionarios, quedarán obligados a moler tales cañas; siendo entendido, sin embargo, que nada de lo aquí contenido se interpretará en sentido de imponer a la Autoridad de Tierras, o a los futuros dueños o arrendatarios de la tierra, la obligación de entregar para ser molidas cañas a base improductiva o confiscatoria o de imponer a Central Cambalache, a sus sucesores o cesionarios, la obligación de moler cañas sobre bases improduc-tivas o eonfiseatorias. Es entendido además que nada de lo aquí contenido será interpretado en sentido de obligar a la Autoridad de Tierras, sus sucesores o cesionarios a sembrar caña en las tierras que se vendan a tenor de la presente, o de obligar a Central Cambalache, sus sucesores y cesionarios a continuar en el negocio de fabricar azúcar.
“Nada de lo aquí contenido se entenderá que implica que la Autoridad de Tierras, sus sucesores o cesionarios no puedan concertar la molienda de cual-quier porción de las cañas sembradas en las tierras referidas en otra central siempre que se llagan arreglos con la demandada, Central Cambalache, mediante los cuales una cantidad igual de caña de extraña procedencia se supla a la Central Cambalache para ser molida bajo términos en cuanto a arrastre y otras condiciones que no serán más gravosos para Central Cambalache que' los exis-tentes relativos a la caña así transferida a tal otra central. La disposición de este’párrafo no será interpretada en sentido de impedir que la Autoridad de Tierras o cualquier otra agencia gubernativa requiera de la demandada Central Cambalache el cumplimiento de cualquier ley válida futura respecto a zonas, y en tal caso la Autoridad de Tierras, sus compradores o arrendatarios, no estarán obligados a moler en Central Cambalache las cañas sembradas en tierras que sean asignadas a otra Central de acuerdo con tal ley de zonas, y -en tal caso la Autoridad de tierras, 0osus compradores o arrendatarios, no serán responsables a Central Cambalache por ningún daño sufrido por razón de no moler la caña sembrada en tierras asignadas a otras centrales a tenor de la mencionada ley sobre zonas de molienda.
“10. La nota de lis pendens ahora pendiente contra las tierras de la de-mandada en el Registro de la Propiedad así como el auto de injunction expedido por esta Corte prohibiéndoles a los directores de la demandada disponer de las tierras de la misma, serán ipso facto cancelada y disuelto, respectivamente, siem-pre y cuando la demandada venda y disponga de sus tierras de la manera indi-cada.
“11. La demandada no pagará multa, costas ni honorarios de abogado.
“12. Que la jurisdicción sobre esta causa será retenida por esta Corte al objeto de decretar tales otras y ulteriores órdenes que fueren necesarias.
“El Pueblo de Puerto Rico consiente el registro de esta sentencia hoy, dio. 6 de marzo de 1942.
“•Georgo A. Malcolm,
‘ ‘ Procurador General.
‘ ‘ Miguel Guerra-Mondragón,
“Asesor Especial.
“La demandada consiente el registro de"esta sentencia hoy, día 6 de marzo de 1942.
“Jaimo. Sifre, Jr.,
“Earlo T. Eiddler,
“Francisco M. Susoni, Jr.
“Abogados de la demandada.”

Pob cuanto, la sentencia por consentimiento arriba transcrita ha merecido y merece nuestra aprobación,

PoR tanto, la Corte falla y decreta hacer suya dicha sentencia por consentimiento en todos sus particulares.


source: Caselaw Access Project

author: del Juez Asociado Sr. De Jesús.)

license: Public Domain

text:
    Núm. 8267.
    Villafañe, aplte. v. White Star Bus Line, Inc., aplda.
    C. D. San Juan.
    Marzo 13, 1942.
   (Por la Corte, a propuesta

del Juez Asociado Sr. De Jesús.)

Por cuanto, este recurso sólo envuelve una cuestión de hecho, es decir, determinar si la negligencia del chófer de la demandada fué la causa próxima del accidente sufrido por la demandante;

PoR cuanto, la prueba es contradictoria, y la corte sentenciadora resolvió el conflicto dando entero crédito a la de la demandada y manifestando expresamente que no le merecía crédito alguno la, prueba de la demandante;

PoR cuanto, dadas las circunstancias concurrentes tampoco es de aplicación la doctrina de last clear chance, toda vez que de acuerdo con la prueba el chófer de la demandada no tuvo una razonable opor-tunidad de evitar el accidente;

PoR tanto, visto el caso de García v. Figueroa & Gautier, 52 D.P.R. 897, se desestima el recurso y se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan en 11 de abril de 1940.

El Juez Asociado Sr. Todd Jr. no intervino.


author: del Juez Asociado Sr. Todd, Jr.)

text:
    Núm. 8303.
    Gutiérrez, aplte. v. Pérez et al., apldos.
    C. D. San Juan.
    Abril 28, 1942.
   (Por la Corte, a propuesta

del Juez Asociado Sr. Todd, Jr.)

Por cuanto, la Corte de Distrito de San Juan declaró sin lugar la demanda de daños y perjuicios en el caso del epígrafe y el de-mandante, como único fundamento de este recurso, alega que dicha corte cometió manifiesto error en la apreciación de la prueba;

Por cuanto, la corte inferior hizo constar en la opinión que dictó en apoyo de su sentencia que la evidencia presentada “es con-tradictoria y el caso debe resolverse por la preponderancia de la prueba”;

Por cuanto, la preponderancia de la prueba no la establece el mayor número de testigos, según argumenta el apelante en su ale-gato, pues tal preponderancia puede establecerla un testigo contra un número mayor que declare lo contrario, artículo 18 Ley de Evidencia; Matías v. Schweister, 55 D.P.R. 764; Ballester v. Farm & Fairy Products, Inc., 58 D.P.R. 479;

Por cuanto, hemos estudiado detenidamente toda la prueba presentada por las partes, según aparece de la transcripción de evi-dencia, y opinamos que si la corte inferior hubiera declarado con lugar la demanda su decisión no hubiera sido alterada en apelación y que la misma conclusión debemos adoptar en cuanto a este recurso, pues la sentencia está sostenida por la prueba de los demandados a la que dió crédito el juez sentenciador, que vió y oyó declarar a los testigos, sin que se haya alegado ni demostrado que actuara movido por pasión, prejuicio o parcialidad,

Bob tanto, se desestima el recurso y se confirma la sentencia ape-lada que dictó la Corte de Distrito de San Juan con fecha 14 de julio de 1939.


text:
    Núm. 374.
    Acosta Velarde, et als., peticionarios, v. Tribunal de Apelación de Contribuciones, etc., dmdos.
    Original.
    Mayo 18, 1942.
   (Por la Corte, a propuesta

del Juez Asociado Sr. Todd, Jr.)

Pob cuanto, los hechos alegados en la petición de mandamus en este caso y el asunto envuelto en el mismo son idénticos a las alega-ciones y a la cuestión fundamental planteada en el recurso "núm. 369 de este Tribunal, Diego Guerrero Noble, peticionario v. Tribunal de Apelación de Contribriciones et al., sobre mandamus (ante, pág. 241), según lo admiten los propios demandados en el párrafo 10, página 9 de su contestación;

Por cuanto, la única diferencia que existe entre uno y otro caso es que en el de Guerrero Noble él era el único peticionario y en el de autos los peticionarios Mariano Acosta Yelarde y Rafael Castro Fernández presentan la petición a nombre propio y para beneficio e interés de todos los abogados admitidos por este Tribunal Supremo a la práctica de su profesión en la Isla de Puerto Rico, siendo por lo tanto el presente uno de los llamados pleitos de clase (class suits) y en los cuales no es necesario, como pretenden los demandados, que se 'mencionen por sus nombres y apellidos todos y cada uno de los miembros del Colegio de Abogados de Puerto Rico para cuyo benefi-cio efectivo o potencial se solicita el remedio. Véase Rivera v. Tugwell, Gobernador, 59 D.P.R. 841.

PoR cuanto, el Tribunal estima que no es necesario entrar a considerar los méritos de la moción presentada por los demandantes solicitando la eliminación del juramento a la contestación;

Por tanto, por los fundamentos de nuestra opinión en el caso núm. 369, Diego Guerrero Noble, peticionario v. Tribunal de Apelación ele Contribuciones et al., sobre mandamus, dictada el 14 de abril de 1942, somos de opinión que procede declarar y declaramos con lugar la petición en este caso y, en su consecuencia, se ordena al Secretario de este Tribunal que expida bajo el sello de la Corte, un auto perentorio de mandamus dirigido al Tribunal de Apelación de Contribuciones de Puerto Rico y a cada uno de sus miembros, Juan Enrique Soltero, Ulpiano E. Colóm y Julio N. Matos, ordenándoles que, sin pretexto ni excusa alguna, permitan a los peticionarios Mariano Acosta Velarde y Rafael Castro Fernández, así como a todos y a cada uno de los miembros del Colegio de Abogados de Puerto Rico, postular ante dicho Tribunal de Apelación de Contribuciones de Puerto Rico, no obstante no haber cumplido con la núm. 2 de sus reglas de práctica, y por el solo hecho de ser abogados admitidos por este Tribunal a ejercer su profesión como tales en la Isla de Puerto Rico.


text:
    Núm. 8216.
    Torruellas, apldo. v. Fuentes et als., apltes.
    C. D. Humacao
    Mayo 18, 1942.
   (Por la Corte, a propuesta

del Juez Asociado Sr. Todd, Jr.)

Por cuanto, con la única diferencia de que los certificados de crédito objeto de su acción fueron adquiridos por el demandante mediante endoso de sus dueños, los hechos de este caso son idénticos a los del caso de Humacao Lumber Co. v. American Surety Co., et al., 59 D.P.R. 165 en el que resolvimos, ratificando lo ya resuelto en el de Moscoso Hno. & Cía. v. Municipio, 50 D.P.R. 188 lo siguiente, según aparece del sumario:

Es aula la venta de materiales a un municipio agotada la partida asignada en presupuesto para hacer frente a la obligación.
í í ¾ ⅜ ⅜ ⅛ * ⅜ * ⅜
‘'Por el hecho de que el Secretario-Auditor de un municipio expida certi-ficados de crédito a favor de una persona qqe vendió al municipio materiales agotada la partida asignada en presupuesto y el Alcalde los apruebe, no ad-quieren dichos certificados valor alguno ni vienen obligados el Secretario-Auditor, el Alcalde y la compañía fiadora del primero a satisfacer el importe de los mis-mos. ’

Por cuanto, siendo nulo ab initio el contrato celebrado con un municipio cuando en el momento de la transacción no existe suma alguna asignada en el presupuesto para hacer frente a tal obligación, también son nulos unos certificados de créditos expedidos por el Secretario-Auditor a favor del vendedor, y el hecho de que éste se los haya endosado al aquí demandante no los convalida o da valor alguno;

Por tanto, se revoca la sentencia apelada y se dicta otra decla-rando sin lugar la demanda, con las costas, sin incluir honorarios de abogado.


text:
    Núm. 2.
    Pueblo, querellante, v. Rubert Hermanos, Inc., querellada.
    Original.
    Junio 3, 1942.
   (Por la Corte, a propuestá

del Juez Asociado Sr. Travieso.)

Vista la estipulación suscrita por el Procurador General de Puerto Rico, en representación de la parte querellante, y por los abogados J. Henri Brown y Jaime Sifre, Jr. en representación de la que-rellada, radicada ante esta Corte el 29 de mayo del año en curso, por la cual ambas partes consienten en que el Sr. Jaime Annexy Iglesias tome posesión del cargo de Síndico de la extinta corporación “Rubert Hermanos Inc.”, para el cual fué nombrado por resolución dietadá por esta Corte Suprema en julio 26 de '1940, sin que sea necesario esperar que el mandato de la Corte Suprema de Estados Unidos sea recibido.

Bob cuanto, este Tribunal tiene conocimiento de la opinión y sentencia dictada por la Corte Suprema de Estados Unidos en marzo 16 de 1942, por la cual se revocó la dictada por la Corte de Circuito de Apelaciones para el Primer Circuito (118 F. (2d) 752) y se con-firmó en todas sus partes la resolución de esta Corte nombrando al Sr. Annexy para el cargo de Síndico (57 D.P.R. 958a);

Por cuanto, a juicio del Tribunal, y no habiendo objeción de ninguna de las partes interesadas, es conveniente que las pro-piedades de la disuelta corporación pasen sin más dilación a la posesión y control del Síndico nombrado por esta Corte.

Pon no tanto, se aprueba la estipulación sometida por las partes y se autoriza al Síndico Sr. Jaime Annexy Iglesias para que tan pronto como baya prestado y archivado el juramento de ley y cons-tituido la fianza fijádale por la resolución de julio 26 de 1940, pro-ceda a tomar posesión de y administrar las propiedades de la corpo-ración querellada en cumplimiento de y ajustándose en todo a lo dispuesto en la referida resolución de julio 26 de 1940, debiendo so-meter a la aprobación previa de este Tribunal todas aquellas actua-ciones que se viere precisado a realizar para la buena marcha de su administración y para las cuales no haya sido autorizado por la ya mencionada resolución.


author: del Juez Asociado Sr. Snyder.)

text:
    Núm. 1299.
    Acosta, peticionaria, v. Tribunal de Apelación de Contribuciones, etc., dmdo.; Buscaglia, Tes., interventor.
    Original.
    Julio 28, 1942.
   (Por la Corte, a propuesta

del Juez Asociado Sr. Snyder.)

Por cuanto, este caso fué decidido por el Tribunal de Apelación de Contribuciones de Puerto Rico a base del expediente que le fué entregado por la Junta de Revisión e Igualamiento;

Por cuanto, el Tribunal de Apelación de Contribuciones no con-cedió una vista a la contribuyente para discutir su caso y en la decisión del mismo tomó en consideración un informe de un Inspector de Contribución sobre Ingresos que no fué presentado en evi-dencia en la vista ante la Junta de Revisión e Igualamiento y el cual era desconocido por la contribuyente;

Poe tanto, visto el caso de Mayagüez Sugar Co., Inc. v. Tribunal de Apelación de Contribuciones, etc., demandado, Rafael Buscaglia, Tesorero de P. R., interventor, 60 D.P.R. 753, resuelto eu julio 23, 1942, se revoca la decisión del Tribunal de Apelación de Contribuciones registrada en mayo 1, 1942 y se devuelve el caso a dicho tribunal para ulteriores procedimientos.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


text:
    Núm. 8580.
    Giráu, aplte. v. Saldaña, etc., apldo.
    C. D. San Juan.
    Julio 29, 1942.
   (Por la Corte, a propuesta

del Juez Asociado Sr. Todd, Jr.)

” PoR cuanto, en este recurso Juan Giráu Aler apela de la sen-tencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan que declaró sin lugar su petición de habeas corpus;

Bob cuanto, el fundamento de su petición descansa en la alega-ción de que al declararse culpable del delito de asesinato en segundo grado de que fué acusado no estuvo representado por abogado y que la sentencia de diez años de presidio dictada en su contra es nula y por tanto está privado de su libertad ilegalmente;

PiOR cuanto, de la transcripción de la evidencia que obra en autos que contiene la prueba practicada en la corte inferior, aparece que el peticionario se declaró culpable del delito de asesinato en segundo grado por conducto del abogado Jorge Benitez Gautier quien declaró además que actuó después de consultar al peticionario personalmente;

Por cuanto, la corte inferior hace constar'en su sentencia que en tanto en cuanto la declaración del peticionario está en conflicto con lo que aparece del récord y con lo que declara el Lie. Jorge Benitez Gautier, no le da crédito al peticionario;

Por cuanto, nada encontramos en los autos de este caso que jus-tifique la revocación de la sentencia dictada por la corte inferior,

Por tanto, se desestima el recurso y confirma la sentencia ape-lada.


text:
    Núm. 1305.
    Bravo, peticionario, v. Tribunal de Apelación de Contribuciones, Etc., dmdo.; Buscaglia, Tes., interventor.
    Original.
    Julio 30, 1942.
   En el caso precedente, así como en los Núms. 1306, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1320, 1321, 1323, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1346, 1347, 1348, 1350, 1354, 1356, 1357, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1373 y 1374, se concedió el certiorari solicitado y se devolvieron los casos para ulteriores procedimientos.


text:
    Núm. 1323.
    Portela, peticionario, v. Tribunal de Apelación de Contribuciones, Etc., dmdo.; Buscaglia, Tes., interventor.
    Original.
    Agosto 1, 1942.
   Certiorari.


author: del Juez Presidente Sr. Del Toro.)

text:
    Núm. 1353.
    Ortiz, peticionario, v. Tribunal de Apelación de Contribuciones, Etc., dmdo.; Buscaglia, Tes., interventor.
    Ori-nal.
    Agosto 1, 1942.
   (Por la Corte, a propuesta

del Juez Presidente Sr. Del Toro.)

PoR cuanto, ni con la petición de certiorari ni después se ha presentado el recibo del pago de la contribución bajo protesta en tiempo;

PoR tanto, visto lo decidido por este Tribunal en el día de ayer en los casos números 1296, 1297 y 1298, González v. Soltero, Matos y Colom, Jueces del Tribunal de Apelación de Contribuciones, 60 D.P.R. 901, se anula el auto expedido y se desestima el recurso.


text:
    Núm. 8516.
    García, apldo., v. Saldaña, aplte.
    C. D. San Juan.
    Marzo 25, 1942.
   Visto el allanamiento del Fiscal y atendidas las circunstancias 'concurrentes se declara con lugar la moción de desestimación y por tanto se desestima el recurso de apelación establecido en este caso por el Pueblo de Puerto Rico contra sentencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan, con fecha diciembre 29, 1941; y en su. consecuencia se deja sin efecto el señalamiento de la moción cuya, vista había sido fijada para el día 13 de abril próximo.


text:
    Núm. 8515.
    Jiménez, apldo. v. Berríos, Etc., apltes. y Guzman.
    O. D. Humacao.
    Abril 10, 1942.
   (Por la Corte, a propuesta

del Juez Presidente Sr. Del Toro.)

Pob cuanto, la parte apelada presentó el 13 de marzo de 1942 una-moción jurada solicitando la desestimación del recurso en este caso-de desahucio por no haberse prestado por el apelante la fianza que ordena la ley, moción que fué notificada a la parte apelante, y

PoR cuanto, señalada la vista de la moción para el 6 de abril,. 1942, se notificó el señalamiento a ambas partos y el día de la. vista sólo compareció la apelada, y

Por cuanto, el artículo 631 del Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933, exige la prestación de una fianza para apelar en casos de-esta- naturaleza, fianza que no prestó el apelante:

- Por tanto, se declara con lugar la moción y en su consecuencia, se desestima el recurso.


text:
    Núm. 8475.
    Reyes, apldo. y aplte. v. Aponte, Etc., apltes. y apldos.
    C. D. Humacao.
    Abril 15, 1942.
   (Por la Corte, a propuesta

del Juez Asociado Sr. Todd, Jr.)

Por cuanto, en este caso tanto el demandante como los deman-dados apelaron de la sentencia dictada por la corte inferior;

Por cuanto, el 16 de diciembre de 1941 el demandante radicó una. moción en. esta Corte solicitando la desestimación del recurso de Ios-demandados por alegada frivolidad del mismo y el día 14 de enero de 1942 los demandados asimismo radicaron moción solicitando la desestimación del recurso del demandante por no haber éste radicado-la transcripción de evidencia;

Por cuanto, ambas mociones de desestimación fueron señaladas para ser vistas el día 19 de enero de 1942, a cuya audiencia sólo-compareció el abogado de los demandados, quedando sometidos los dos escritos;

Por cuanto, el día 21. de enero de 1942 este Tribunal dictó una-resolución declarando sin lugar la moción presentada por el deman-dante por no estar convencido de que la apelación interpuesta por-los demudados sea frívola, y, por un error involuntario, no se re-solvió la moción de desestimación presentada por los. demandados;

Por cuanto, el 10 de -marzo de 1.942 los demandados apelantes-radicaron un escrito insistiendo en la desestimación anteriormente-solicitada por ellos, la que fué señalada como si se tratara de una nueva moción solicitando la desestimación del recurso del deman-dante, para ser vista el 13 de abril actual, en el cual día compareció de nuevo únicamente el abogado de los demandados;

PüR cuanto, si bien es cierto que el demandante apelante no ba radicado la transcripción de evidencia para perfeccionar su apela-ción, también lo es que los demandados sí ban radicado dicba trans-cripción, y apareciendo de la moción de oposición radicada por el demandante la alegación bajo juramento de que para poder someter el caso al juez de la corte inferior, que no fué el que intervino en el juicio, fué necesario que el taquírgafo que actuó en la vista del caso ante la referida corte preparara la transcripción de la eviden-cia y que la misma fué pagada por ambas partes, alegación ésta hecha bajo juramento que no ba sido impugnada por el abogado que ahora solicita la desestimación;

Por cuanto, aceptando- como cierta esta alegación sería injusto que desestimáramos el recurso por no haber el demandante radicado otra copia de la transcripción de evidencia;

PoR cuanto, dados los hechos concurrentes en este caso no es de aplicación al mismo la jurisprudencia citada por los demandados,

PoR tanto, no ha lugar a la desestimación solicitada por los demandados apelados en este caso.


text:
    Núm. 244.
    Rodríguez, recurrente, v. Comisión Industrial, Etc., dmda.; Sucn. Lucas P. Valdivieso, patrono.
    Original.
    Agosto 1, 1942.
   (Por la Corte, a propuesta

del Juez Asociado Sr. De Jesús.)

PoR cuanto, este Tribuna] decidió conocer del presente recurso-de revisión a virtud de las alegaciones de la petición radicada por la recurrente al efecto de que la Comisión Industrial no permitió prueba de la conducta inmoral y relaciones amorosas y carnales con otros hombres, de la madre del niño José Manuel Ortiz, alegado hijo pos-tumo del obrero fenecido, al tiempo de la concepción y nacimiento de dicho niño;

Por cuanto, la referida Antonia Ortiz, madre del niño, solicitó de esta Corte la desestimación del recurso porque la cuestión de derecho antes mencionada no existe, toda vez que la evidencia no admitida se refería a actos posteriores a la concepción y al naci-miento del niño y por consiguiente era inmaterial a los efectos de resolver sobre la paternidad en controversia;

Por cuanto, las partes fueron oídas en relación con dicha mo-ción, quedando la misma sometida el 22 del mes pasado;

PoR cuanto, examinado el récord taquigráfico de la vista cele-brada en la Comisión Industrial, claramente aparece que el alegado error de derecho no existe, toda vez que la evidencia no admitida no se refería a la fecha de la concepción del niño y era además in-sustancial y claramente impertinente;

PoR cuanto' no existiendo dicho error, la petición de revisión carece de méritos;

PoR tanto, se declara con lugar la moción y se desestima el recurso.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


text:
    Núm. 8430.
    Argea, Etc., apldos. v. Vázquez et al., apltes.
    C. D. Guayama.
    Marzo 5, 1942.
   (Por la Corte, a propuesta

del Juez Presidente Sr. Del Toro.)

Por cuanto, la parte apelada en septiembre 20, 1941, solicitó la desestimación de esta apelación porque habiendo vencido la última prórroga de treinta días que se concedió al apelante en julio 21, 1941, para perfeccionarla, nada hizo en tal sentido; y

Por cuanto, habiendo el apelante impugnado la moción alegando que tenía pendiente de resolución en la corte de distrito una soli-citud de nuevo término para archivar la transcripción esta Corte, en noviembre 12, 1941, declaró no haber lugar a la desestimación, sin perjuicio de que la petición se reprodujera si la corte de dis-trito negaba la concesión del nuevo término; y

Por cuanto, el apelado en febrero 2, 1942, reprodujo en efecto su moción de desestimación alegando que la corte de distrito por orden de enero 20, 1942, había negado la concesión del nuevo término, celebrándose la vista de la nueva moción el 2 de marzo en curso con la sola asistencia de la parte apelada por su abogado;

Por tanto, vistas la ley y la jurisprudencia aplicables, se de-clara la moción con lugar y, en su consecuencia, se desestima el recurso.


text:
    Núm. 8504.
    Sucn. Martínez, Etc., apltes. v. Aguirre & Thillet, aplda.
    C. D. San Juan.
    Marzo 19, 1942.
   (Por la Corte, a propuesta

del Juez Asociado Sr. De Jesús.)

Por cuanto, el 26 de junio de 1941 se notificó a los demandan-tes la sentencia que desestimó la demanda en este caso, habiendo establecido recurso de apelación para ante este Tribunal el 29 de julio siguiente;

Por cuanto, desde dicha fecha los demandantes apelantes no han hecho gestión alguna para perfeccionar sn recurso;

Por cuanto, el 20 del mes pasado la demandada apelada solicitó la desestimación del recurso por los motivos antes expuestos, habiendo notificado su moción a los demandantes apelantes, quienes también fueron notificados del señalamiento 'para la vista de dicha moción para el día 16 del actual, fecha en que se celebró sin asistencia de los demandantes apelantes;

PoR tanto, vistos los autos de este caso y el artículo 59 del Re-glamento de este Tribunal, se desestima por abandono el recurso.

El Juez Asociado Sr. Travieso uo intervino.


text:
    Núm. 8503.
    Mercado, apldo. v. Municipio de Gurabo, aplte.
    O. D. Humacao.
    Marzo 25, 1942.
   (Por la Corte, a propuesta

del Juez Asociado Sr. Travieso.)

Vista la moción del demandante apelado solicitando la desesti-mación del presente recurso por no haber sido éste proseguido con la debida diligencia;

Por cuanto, de los autos aparece que la sentencia recurrida fué dictada el 12 de septiembre de 1941; que el escrito de apelación fué radicado el día 16 del mismo mes; que el 20 de octubre de 1941 el apelante radicó en la Secretaría de la corte inferior un es-crito solicitando se ordenara al taquígrafo preparar y radicar la transcripción de la evidencia; y que no obstante el tiempo trans-currido, el apelante no ha radicado aún la transcripción;

Por cuanto, en su oposición a la moción de desestimación el ape-lante alega como única excusa por su dilación en radicar la trans-cripción, “que dicho Tribunal no ha tomado acción sobre la moción solicitando transcripción de evidencia;”

Por cuanto, es deber de todo apelante ser diligente en la prose-cución del recurso por él entablado, sin que sea suficiente para excusar su propia negligencia imputarle falta de diligencia a la corte que debe ordenar la preparación de la transcripción;

Por cuanto, el apelante no ha alegado ni probado a satisfacción de esta Corte que desde la fecha en que radicó su moción hasta el presente, él haya hecho gestión alguna para conseguir que la corte inferior dicte la orden solicitada.

Por uo tanto, se declara con lugar la moción del demandante apelado y se desestima por abandono el recurso.


text:
    Núm. 8373.
    Polanco, apldo. v. Alcalde de Ciales, Etc., apltes.
    C. D. Arecibo.
    Abril 28, 1942.
   PoR cuanto, la parte' apelada archivó en la Secretaría de esta corte una moción notificada a la parte apelante solicitando la deses-timación del recurso por falta de diligencia en su tramitación, y

Por cuanto, señalada la vísta de la moción para abril 27 en curso se notificó el señalamiento a ambas partes y ambas dejaron de com-parecer, presentando la apelada mía moción sometiendo la de deses-timación por las constancias de autos, y

PoR cuanto, de la certificación expedida- por el secretario de la corte sentenciadora aparece que la sentencia se dictó el 30 de abril de 1941 y apelada en tiempo se fueron solicitando prórrogas para perfeccionar el recurso, venciendo la última en noviembre 10, 1941, sin que se haya practicado ninguna otra gestión;

POR tanto, de acuerdo con los hechos y la ley, se declara la moción con lugar y en su consecuencia se desestima, por abandono, el recurso.


text:
    Núm. 8539.
    Puerlo, ex rel. Castro, apldo. v. Padrón Rivera, aplte.
    G. D. San Juan.
    Abril 30, 1942.
   (Por la Corte, a propuesta

del Juez Asociado Sr. Travieso.)

Yista la moción del demandante apelado para qué se desestime el presente recurso por falta de diligencia en la prosecución del mismo y por ser a juicio del promovente enteramente frívolo.

Por cuanto, de acuerdo con la certificación expedida por el Se-cretario de la Corte de Distrito de San Juan, que obra en autos, el taquígrafo de dicha Corte radicó con fecha' 21 de abril de 1942 la transcripción de la evidencia, habiéndose hecho, dicha radicación dentro de las prórrogas concedidas por la Corte y señalado el día 4 de mayo del año en curso para la aprobación de dicha transcripción.

Por cuanto, no habiéndose radicado la transcripción do la evi-dencia, ni relación alguna en cuanto a las cuestiones envueltas en este recurso, este Tribunal no está en condiciones para poder dictar una resolución en cuanto a los méritos o frivolidad del recurso.

Por tanto, se resuelve no haber lugar a la desestimación soli-citada.


text:
    Núm. 8531.
    Figueroa, apldo. v. Ramírez, et al., apltes.
    C. D. Mayagüez.
    Mayo 29, 1942.
   (Por la Corte, a propuesta

del Juez Asociado Sr. Snyder.)

Por cuanto, en el caso arriba expresado la Corte de Distrito de Mayagiiez expidió el 5 de febrero de 1942 un auto perentorio de mandamus ordenando a los demandados el pago de cierta cantidad de dinero;

Por cuanto, los demandados interpusieron recurso de apelación para ante este Tribunal con fecha 6 de febrero de 1942 y solicitaron la transcripción de evidencia el 9 del mismo mes y año, la cual fué -ordenada el día 17;

PoR cuanto, ha transcurrido el término legal para radicar dicha transcripción y no se ha solicitado prórroga alguna ni se ha con-signado en Corte suma alguna de dinero para honorarios del taquí-grafo, ni se ha hecho ninguna otra gestión por parte de los deman-dados para perfeccionar la apelación establecida, conforme aparece de la certificación expedida por el Secretario de la Corte de Distrito con fecha 15 de mayo de 1942;

Por cuanto, el demandante apelado solicitó se desestimase la ape-lación por los motivos anteriormente expuestos;

Por cuanto, los apelantes no han explicado su conducta, a lo -cual venían obligados. Vázquez v. Laugier, 59 D.P.R. 582, 583;

Por cuanto, señalada la vista de la moción de desestimación, com-pareció solamente el abogado del apelado, no haciendo lo mismo el de los apelantes;

Por tanto, vistos los autos de este caso, la certificación anterior-mente aludida, y la regla 59 de este Tribunal, se desestima el recurso por 110 haber sido tramitado con la diligencia debida.


author: del Juez*Asociado Sr. Travieso.)

text:
    Núm. 8542.
    Irizarry et al., apltes. v. P. R. Ry., Lt. & P. Co., aplda.
    C. D. San Juan.
    Junio 2, 1942.
   (Por la Corte, a propuesta

del Juez*Asociado Sr. Travieso.)

Vista la moción radicada por la demandada apelada, en la que •solicita la desestimación del recurso por haber sido éste abandonado por la parte apelante.

Por cuanto, de la certificación expedida con fecha 24 de abril •de 1942 por el Secretario de la Corte de Distrito de San Juan apa-rece que la sentencia recurrida fué dictada el 26 de enero de 1942 y notificada a la parte perdidosa el 27 del mismo mes; que el escrito de apelación fué radicado el 25 de febrero de 1942 y que hasta la fecha los demandantes apelantes no han radicado moción alguna solicitando transcripción de evidencia ni' han hecho gestión alguna con el propósito de perfeccionar la apelación, ni han solicitado pró-rroga para ello,

Por lo tanto, se declara con lugar la moción y se desestima por .abandono el recurso.


text:
    Núm. 8543.
    Vélez, aplte. v. P. R. Ry., Lt. & P. Co., aplda.
    C. D. San Juan.
    Junio 2, 1942.
   Poe cuanto, con fecha 1 de julio de 1941 la Corte de Distrito de' San Juan dictó sentencia en el presente caso desestimando la de-manda ;

PoR cuanto, con fecha 1ro. de agosto del mismo año la deman-dante radicó su escrito de apelación-y el 8 del mismo mes solicitó la transcripción de la evidencia, habiéndose ordeado su preparación cuatro días más tarde;

Poe cuanto, hasta la fecha la demandante no ha radicado la. transcripción de la evidencia en la corte inferior;

Por cuanto, la demandada radicó en este 'Tribunal una moción, solicitando se desestime el recurso por abandono, moción que fué notificada a los abogados de la parte contraria, señalándose la vista de la misma para el día primero del actual, fecha en la que sólo, compareció la demandada a sostener su moción;

Por tanto, vistos los autos de este caso y el artículo 59 del Re-glamento de este Tribunal, se declara con lugar la moción de la. demandada y en su consecuencia se desestima por abandono el re-curso.


text:
    Núm. 8484.
    Martínez, aplte. v. Buscaglia, Tes., et al., apldo.

      C. D. San Juan.
    Junio 16, 1942.
   Por cuanto, no habiéndose radicado alegato en el presente caso-ni solicitado prórroga para radicarlo este Tribunal dictó resolución el 27 de mayo de 1942 ordenando que la parte apelante compare-ciera a la sesión de este Tribunal el día 3 del corriente mes, a las dos p. m., a fin de que expusiera las razones, si algunas tuviere,, para que no se desestime el recurso por abandono;

Por cuanto, la parte apelada ha radicado moción para que el recurso sea desestimado por abandono y por frívolo;

Por cuanto, en la audiencia para mostrar causa compareció el abogado Hipólito Marcano en representación de la parte apelante y el Tribunal concedió a ésta un término de diez días para radicar su alegato, “y si no lo radicare dentro del término se desestimará el recurso ”;

Por cuanto, el apelante ha dejado transcurrir el término eon-cedídole sin que haya radicado su alegato ;

Por tanto, se desestima por abandono la apelación establecida en este caso contra la sentencia dictada por la Corte de Distrito de-San Juan en septiembre 24, 1941.


text:
    Núm. 8567.
    López, et als., apldos. v. Domenech, Tes., et al., apltes.
    O. D. San Juan.
    Julio 31, 1942.
   (Por la Corte, a propuesta

del Juez Asociado Sr. Travieso.)

Vista la moción radicada por los demandantes apelados, en la que solicitan se desestime el presente recurso por no haber sido pro-seguido con la debida diligencia, y visto también el escrito radicado por los demandados apelantes oponiéndose a la desestimación del recurso e invocando la discreción de este Tribunal para que el re-curso no sea desestimado,

Pon cuanto, de la certificación expedida por el Secretario de la Corte de Distrito. de San Juan aparece que la sentencia recurrida fui dictada en fecha 6 de septiembre de 1941; que los demandados apelantes obtuvieron prórrogas para radicar la transcripción de evi-dencia hasta el día 10 de febrero de 1942, en cuya fecha, vencida la última prórroga no fué extendido el término; que con fecha 8 de junio de 1942 el taquígrafo solicitó una nueva prórroga, estando ya el término vencido, la cual no ha sido provista por la corte inferior; y que con fecha 16 de julio de 1942 el taquígrafo radicó la trans-cripción de evidencia en la corte inferior, sin obtener previamente el permiso para así hacerlo;

PoR cuanto, los demandados apelantes no han puesto a esta Corte en condiciones de poder ejercitar su discreción, pues aun cuando alegan en su escrito de oposición que la apelación por ellos interpuesta envuelve una cuestión legal importante, se han abste-nido de informar a este Tribunal sobre los méritos de dicha cues-tión; y

PoR cuanto, hasta el día de hoy, ni la transcripción de autos ni la transcripción de evidencia han- sido radicadas en esta Corte Su-prema, no obstante haber transcurrido más de diez meses desde la fecha en que se radicó el escrito de apelación,

Por lo tanto, se declara con lugar la moción de desestimación y se desestima por abandono el recurso.


text:
    Núm. 8525.
    De Jesús et al., apldos. v. Assad, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Julio 28, 1942.
   (Por la Corte, a propuesta

del Juez Asociado Sr. Snyder.)

Por cuanto, la parte apelada presentó una segunda moción so-licitando la desestimación del recurso por ser frívolo y haber sido interpuesto de mala fe;

Por cuanto, señalada la vista de la moción para el 20 de julio en curso ambas partes no comparecieron, radicando una estipulación sometiendo el caso por los autos que aparecen en esta Corte;

Bor cuanto, la sentencia apelada se dictó sobre los méritos ba-sándose la corte sentenciadora, no solamente en las alegaciones, sino también en la prueba y ésta no se halla ante nosotros.

Bou tanto, nó habiendo proporcionado la apelada a esta Corte la transcripción de la evidencia y otros documentos presentados por el demandado y apelante que son necesarios para apreciar si el re-curso es frívolo, no ha lugar a su desestimación.


text:
    Núm. 8571.
    Arrigoitía, aplte. v. Recurt et al., apldas.
    C. D. Humacao.
    Julio 28, 1942.
   Vista la moción de las demandadas-apeladas solicitando la deses-timación del recurso, por no haber sido éste proseguido con. la debida diligencia.

PoR cuanto, de la certificación anexa a la moción, expedida por el Secretario de la Corte de Distrito de Humacao, aparece que el escrito de apelación fué radicado el día 2 de diciembre de 1941; que el demandante apelante. solicitó que se ordenara al taquígrafo -preparar la transcripción de evidencia y así lo ordenó la Corte; que la última prórroga concedida por el Tribunal para radicar la trans-cripción expiró en abril 15 de 1942, y que desde esa fecha hasta la presente el apelante no ha solicitado ni obtenido nueva prórroga.

Por lo tanto, se declara con lugar la moción de los apelados y se desestima por abandono el recurso.

Llamados para vista los casos que a continuación se expresan, comparecieron los demandados por el fiscal de esta Corte, y apare-ciendo que los apelantes no presentaron alegato y no obstante habér-seles notificado el señalamiento no comparecieron al acto de la vista, se desestimaron por abandono sus recursos.

Núms. 8534, 8535, 8548 y 8578.


text:
    Núm. 8491.
    Cruz, apldo. v. Carrasquillo, aplte.
    C. D. Huma-cao.
    Abril 8, 1942.
   (Por la Corte, a propuesta

del Juez Asociado Sr. Todd, Jr.)

PoR cuanto, el demandante apelado radicó una moción solicitando la desestimación de este recurso alegando que el mismo es frívolo;

Por cuanto, oídas las partes en audiencia celebrada el día 6 del corriente mes, el demandado apelante se opuso a dicha moción y llamó la atención del Tribunal hacia los errores de derecho que se-ñala en su alegato como cometidos por la corte inferior;

Por cuanto, examinados los autos del caso y tomando en con-sideración la naturaleza de la acción ejercitada, no aparece que el recurso sea claramente frívolo,

PoR tanto, no lia lugar a la desestimación solicitada.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


text:
    Núm. 8517.
    Laborde, apldo. v. Tugwell, Gobernador, et als., apltes.
    C. D. San Juan.
    Abril 28, 1942.
   (Por la Corte, a propuesta

del Juez Asociado Sr. Todd, Jr.)

Por cuanto, el demandante apelado radicó una moción solici-tando la desestimación de este recurso alegando que el mismo es frívolo y solicitando además se condene a los apelantes al pago de las costas y honorarios de abogado;

Por cuanto, señalada dicha m'oción para vista, la que se celebró en el día de ayer, a la misma compareció únicamente el apelado, pero los demandados apelantes radicaron una moción solicitando se les tenga por desistidos de su recurso;

POR cuanto, el apelado ratificó oralmente su solicitud de que se ■condene a los apelantes al pago de las costas y honorarios de abogado;

Por cuanto, las razones expuestas por los apelantes para que se les tenga por desistidos de su recurso son meritorias, no procediendo por tanto que se les condene al pago de costas y honorarios que soli-cita el apelado,

Por tanto, se desestima el recurso en este caso interpuesto por los demandados.


text:
    Núm. 8525.
    De Jesús et al., apldos. v. Assad, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Mayo 8, 1942.
   Por cuanto, la parte apelada presentó una moción solicitando la desestimación del recurso por ser frívolo, y

Por cuanto, señalada la vista de la moción para el 4 de mayo en curso, ambas partes comparecieron, oponiéndose a la desestima-ción la apelante, y

Por cuanto, la sentencia apelada se dictó sobre los méritos, ba-sándose la corte sentenciadora en las alegaciones y en las pruebas y ni las unas ni las otras se encuentran ante nos:

Por tanto, no habiendo proporcionado la apelada a esta corte la base necesaria para apreciar si el recurso es o no frívolo, no ha lugar a su desestimación.


text:
    Núm. 8536.
    Robles, aplte. v. Laverne, apldo.

    C. D. Humacao.
    Julio 28, 1942.
   (Por la Corte, a propuesta

del Juez Asociado Sr. Travieso.)

Por cuanto, el demandado apelado ha presentado moción de desestimación basada en la falta de jurisdicción de la Corte de Dis-trito de Húmacao sobre la presente acción a tenor de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley Núm. 70 de 1917.

Pon cuanto, el citado artículo 91 de la referida ley le confiere jurisdicción exclusiva a la Corte de Distrito de San Juan sobre injunctions para modificar, suspender, detener o anular alguna orden de la Comisión de Servicio Público.

PoR cuanto, en el presente recurso el peticionario-apelante, por medio de un procedimiento de injunction, ha tratado de dejar sin efecto una franquicia concedida por la Comisión de Servicio Pú-' blico, siendo aplicable por lo tanto el referido artículo 91 al caso de autos.

PoR tanto, se desestima por frívolo el recurso con costas al pe-ticionario apelante, sin incluir honorarios de abogado.

En los siguientes casos el Tribunal se negó a desestimar por frívolos los recursos por no estar o haber quedado convencido de que lo fueran o porque claramente no lo son:

Núms. 8452, 8501, 8502 y 8537.


text:
    Núm. 8335.
    Ortiz, apldo. v. Palmer et al., apltes.
    C. D. Ponee.j
    Junio 23, 1942.
   Mandaonus.


text:
    Núm. 8336.
    Finlay, apldo. v. Palmer, et al., apltes.
    C. D. Ponce.
    Junio 23, 1942.
   (Por la Corte, a propuesta

del Juez Asociado Sr. Todd, Jr.)

Por cuanto, la parte apelada en mayo 20, 1942 archivó una mo-ción notificada a los apelantes el día anterior, solicitando la desestw mación del recurso por no haberse tramitado con la debida diligen-j cia por el hecho de que los apelantes no habían radicado su alegatcj a pesar de las prórrogas concedidas, moción a la que se opusieron! los apelantes y cuya vista se celebró sin asistencia de la partes enj el día de ayer;

Por cuanto, los apelantes han radicado su alegato dentro del término de la última prórroga que les fué concedida. |

Por tanto, no ha lugar a la desestimación solicitada.

El Juez Asociado Si-, Travieso no intervino.


text:
    Núm. 8497.
    Arroyo, apldo., v. Saldaña, aplte.
    C. D. San Juan.
    Febrero 27, 1942.
   Visto el allanamiento del Fiscal, quien reconoce qne la apelación en este caso fné radicada fuera de tiempo, se declara con lugar la moción y en su consecuencia se desestima, por falta de jurisdicción, el recurso de apelación establecido en el casó arriba titulado contra sentencia dictada por la Córte de Distrito de San Juan con feeba 29 de diciembre de 1941.


text:
    Núm. 8008.
    McCormick, aplda. y aplte. v. McCormick et als., apltes. y apldos.
    C. D. San Juan.
    Junio 16, 1942.
   (Por la Corte, a propuesta

del Juez Asociado Sr. Todd, Jr.)

PoR cuanto, la Corte de Distrito de San Juan dictó sentencia en el caso de epígrafe el 29 de marzo de 1939, declarando con lugar la demanda en su primera causa de acción, la que fue notificada por el secretario a los demandados Eduardo Otto McCormick; Hortensia Dalmau; Eduardo, William, Josefina, Hortensia y Dolores McCormick Dalmau, estos cinco últimos representados por su padre con patria potestad Eduardo Otto McCormick; Edith McCormick de Muñoz y sus hijos José, Fernando, Alda, Carlos y Roberto Muñoz McCormick, los tres primeros representados por su padre con patria potestad José Muñoz Vázquez; dichos José Muñoz Vázquez y Edith McCormick de Muñoz como únicos herederos de la demandada falle-cida Aida Muñoz McCormick, el 5 de abril de 1939 y en la misma fecha se archivó en los autos copia de dicha notificación;

PoR cuanto, los demandados mencionados radicaron en la corte inferior un escrito apelando de dicha sentencia el día 6 de mayo de 1939;

PoR cuanto, de acuerdo con estos hechos, según aparecen com-probados de la transcripción de autos, la demandante María McCormick viuda de Serrano radicó ante esta Corte una moción soli-citando la desestimación del recurso interpuesto por dichos deman-dados por haberlo sido después de expirado el término de un mes concedido por la ley;

Por cuanto, en la misma moción la demandante solicita la deses-timación tanto del recurso establecido por los demandados ya men-cionados, como del interpuesto por los demás demandados, dentro del término legal, por el fundamento de que dichos recursos no han sido tramitados diligentemente, y por el motivo adicional de que las apelaciones son completamente frívolas y dilatorias;

POR cuanto, notificados los demandados de dicha moción y seña-lada para vista, se oyó a las partes en el día de ayer sobre los méritos de la misma;

PoR cuanto, es nn hecho admitido por los demandados mencio-nados en el primer “por cnanto” de esta resolución, que a pesar de haber sido notificados de la sentencia y de haberse archivado en los autos copia de dicha notificación el 5 de abril de 1939, no fué hasta el día 6 de mayo del mismo año que radicaron su escrito de apela-ción, es decir, un día después de haber vencido el término legal de 30 días que tenían para hacerlo; art. 295 del Código de Enjuicia-miento Civil; Abril v. Moreno, 14 D.P.R. 7; Luce & Co., S. en C. v. Cintrón, 42 D.P.R. 610; Casasús v. White Star Bus Line, 58 D.P.R. 865; careciendo por tanto esta Corte de jurisdicción para conocer del recurso entablado por dichos demandados;

PoR cuanto, si bien es cierto que todos los demandados apelan-tes solicitaron varias prórrogas para radicar su alegato ante esta corte, es un hecho admitido por la demandante apelada que dicho-alegato fué radicado el día 8 del corriente mes, o sea dentro del término de la última prórroga concedida;

Poe cuanto, examinada la transcripción de autos y las cuestio-nes legales envueltas en este litigio,-no aparece que el recurso esta-blecido por los demás demandados sea claramente frívolo;

PoR tanto, se declara (1) con lugar la moción de la demandante en tanto en cuanto se refiero al recursó interpuesto fuera de término por los demandados Eduardo Otto McCormick; Hortensia Dalmau,-Eduardo, William, Josefina, Hortensia y Dolores McCormick Dal-mau, estos cinco últimos representados por su padre con patria po-testad Eduardo Otto McCormick; Edith McCormick de Muñoz y sus hijos José' Fernando, Aida, Carlos y Roberto Muñoz McCormick, ios tres primeros representados por su padre con patria potestad José Muñoz Vázquez; dichos José Muñoz Vázquez y Edith McCormick de Muñoz como únicos herederos de la demandada fallecida Aida Muñoz McCormick, y en su consecuencia se desestima dicho recurso y (2) sin lugar dicha moción en cuanto al recurso interpuesto por los demandados Helen Merman McCormick, Catalina y Muriel Merman McCormick, y Catalina McCormick por sí y como madre con patria potestad sobre dicha Helen Merman McCormick.


text:
    Núm. 8552.
    Beltrán, aplte. v. Saldaña, Etc., apldo.
    C. D. San Juan.
    Julio 28, 1942.
   (Por la Corte, a propuesta

del Juez Asociado Sr. Todd, Jr.)

San Juan, Puerto Rico, julio 28, 1942.

Poe cuanto, el Fiscal de esta Corte solicitó la desestimación de este recurso por no baber sido notificado el Fiscal del Distrito, que representó al demandado en la corte inferior, del escrito de apela-ción radicado por el peticionario apelante;

PoR cuanto, en la vista de dicba moción el abogado del apelante alegó oralmente, en oposición, que la sentencia dictada por la corte inferior le fué notificada al peticionario y no a su abogado y que fué el peticionario el que radicó el escrito de apelación, sin notifi-carlo al fiscal, no habiendo intervenido su abogado basta la vista celebrada en la corte inferior para la aprobación de la transcripción de evidencia;

PoR cuanto, si bien de acuerdo con el artículo 324 del Código de Enjuiciamiento Civil las notificaciones deben hacerse a los abogados, en lugar de la parte, en el caso que resolvemos aparece que el pe-ticionario suscribió por su propio derecho la petición sin estar re-presentado por abogado y que si bien el Lie. Fonfrías compareció a la vista del caso nada había en los autos que obligara al Secretario a tenerlo como abogado de récord pues nunca hizo su comparecencia escrita como tal;

Poe cuanto, la cuestión planteada pof el apelante, de proceder, debió haberse sometido en primera instancia a la corte inferior para su resolución, pero, esto no obstante, puede interpretarse el hecho de haber el Lie. Fonfrías intervenido en la aprobación de la transcrip-ción de evidencia y continuado en el perfeccionamiento ele la apelación como una renuncia (waiver) al derecho que tenía de ser notificado de la sentencia, pues dicho derecho es renunciable, según hemos re-suelto en Vázquez v. González, ante, página 718;

Poe tanto, se declara con lugar la moción y en su consecuencia se desestima el recurso.

Los Jueces Presidente Sr. Del Toro y Asociado Sr. Travieso, no intervinieron.


text:
    Núm. 8549.
    De Jesús, aplte. v. Saldaña, Etc., apldo.
    C. D. San Juan.
    Julio 28, 1942.
   Llamado este caso para vista, compareció el demandado por el Fiscal de esta Corte, y apareciendo que el apelante faltó en- compa-recer no obstante habérsele notificado el señalamiento, y que el es-crito de apelación no fué notificado a la parte apelada, debe desesti-marse como se desestima el recurso por falta de jurisdicción.


text:
    Núms. 8949 y 8951.
    Pueblo, apldo., v. Rodríguez, aplte.
    C. D. Bayamón.
    Marzo 10, 1942.
   (Por la Corte, a propuesta

del Juez Asociado Sr. Todd, Jr.)

Por cuanto, el 3 de diciembre de 1941 declaramos con lugar una' moción del acusado apelante para que se devolviera la transcripción de evidencia a la Corte de Distrito de Bayamón a fin de que la misma fuera corregida en la forma que en la moción se indicaba y se concedió al apelante un término de 30 días para hacer dicha correc-ción y radicar la transcripción enmendada conjuntamente con su ale-gato;

Por cuanto, el Secretario de este Tribunal envió dicha transcrip-ción a la corte mencionada y celebrada una vista ante la misma a la que comparecieron las partes, la corte dictó, el 29 de diciembre, la siguiente resolución:

"No apareciendo del récord ninguna materia al respecto del incidente en relación con la representación del acusado en los casos; si bien aparece del récord que este acusado presentó una moción en el mismo día del juicio por la mañana solicitando qué fuese suspendido, la Corte negó esa moción y se celebró el juicio en ambos casos asistido el acusado del abogado Armando A. Miranda; consiguientemente, la Corte deja el récord en la forma que está por no aparecer incidente alguno del mismo y ordena que pase el caso al Supremo en la misma forma en que está.”

Por cuanto, el 2 de enero de 1942 el acusado apelante radicó una moción solicitando de esta Corte se le concediera una prórroga de 30 días para perfeccionar la transcripción de evidencia y radicar 'su alegato, habiéndosele concedido un término de 10 días.

Por cuanto, el 13 de enero el acusado apelante radicó otra mo-ción solicitando una vez más que se devolviese la transcripción de evidencia a la Corte de Distrito de Bayamón junto con tres declara-ciones juradas que obran en autos, a fin de que el Juez de dicha Corte certifique las mismas como parte de la transcripción de,evi-dencia o en la alternativa que esta Corte declare que dichas declara-ciones juradas forman parte de la transcripción;

PoR cuanto, se dio traslado al Fiscal de este Tribunal con dicha moción para que informara y al efecto lo hizo, oponiéndose a lo solicitado por el apelante por ser dichas declaraciones juradas to-madas ex parte, sin la intervención del Fiscal de Distrito ni la propia norte apelada, ni haber sido producidas en el curso de los procedi-mientos, no formando parte de la referida transcripción de evi-dencia ;

PoR cuanto, aparece claramente demostrado que la corte inferior .-se ha negado, por los motivos que expresó en la resolución antes ■citada, a corregir la transcripción de evidencia en la forma que desea ■el acusado apelante,

PoR tanto, se declara sin lugar la moción del acusado apelante ■de enero 13, 1942.


text:
    Núm. 9136.
    Pueblo, apldo. v. Rosado, aplte.
    C. D. San Juan.
    Marzo 25, 1942.
   (Por la Corte, a propuesta

del Juez Asociado Sr. Travieso.)

Por cuanto, el acusado apelante fué convicto de un delito de infracción del artículo 287 del Código Penal, mediante denuncia que dice:

"El referido acusado, Sabad Rosado, allí y entonces, ilegal, voluntaria y maliciosamente, a sabiendas, tenía y tiene establecida, una casa de citas desho-nestas, donde concurren personas de ambos sexos, más de una vez, con el fin -de realizar actos de prostitución y lascivia, arrendando habitaciones con sus ■camas, a hombres y mujeres, para realizar actos carnales, violando el acusado de esa manera, lo dispuesto en el Artículo 287 del Código Penal vigente en Puerto Rico.’*

Por cuanto, no obstante ser cierto, como sostiene el apelante, que la denuncia no alega, usando las mismas palabras del estatuto, que la casa que el acusado tenía y tiene establecida es “una casa de lenocinio”, dicha denuncia debe ser sostenida como suficiente ¡:>ara informar al acusado de la naturaleza del delito que se le imputa, toda vez que las alegaciones descriptivas de los fines a que se dedica dicha casa y los actos que en la misma se realizan, constituyen una descripción exacta de lo que se entiende por “casa de lenocinio”. (Pueblo v. Reyes, 26 D.P.R. 581; Pueblo v. Bracero, 27 D.P.R. 124; Pueblo v. Aviles, 30 D.P.R. 842.)

POR cuanto, examinada la prueba ofrecida por El Pueblo, la misma es a nuestro juicio suficiente para sostener la denuncia y justificar la sentencia recurrida.

POR uo tanto, se confirma la sentencia que dictó la Corte de-Distrito de San Juan en. febrero 25 de 1940.


text:
    Núm. 9135.
    Pueblo, apldo. v. García, aplte.
    C. D. San Juan.
    Marzo 25, 1942.
   (Por la Corte, a propuesta

del Juez Asociado Sr. Todd, Jr.)

PoR cuanto, Pablo García apela de la sentencia que le impuso la Corte de Distrito de San Juan por violación a la orden final dictada, por la Comisión de Servicio Público, de 4 de enero de 1938, por actuar como porteador público en la ruta servida por la White Star Bus Line entre San Juan y Santurce;

Por cuanto, como fundamentos de su recurso el apelante alega (1) que dicha orden final es anticonstitucional y ultra vires, y (2) que la corte inferior erró al apreciar la prueba;

Por cuanto, la validez y eonstitucionalidad de esta misma orden final fue sostenida tanto por esta Corte Suprema en el caso de Pueblo v. Ortiz, 56 D.P.R. 27, como por la Corte de Circuito de Apelaciones para el Primer Circuito en el de Ortiz v. Public Service Commission of Puerto Rico, 108 P. (2d) 815; y la argumentación, que hace el apelante tampoco podría prevalecer en su favor, primero, porque no la planteó ante la corte inferior y sí por primera vez en apelación, 24 C. J. S., sección 1676; y segundo, porque a él se le acusó como porteador público y en ningún momento reclamó que su vehículo funcionaba como un taxímetro en San Juan;

Por cuanto, hemos examinado la transcripción de evidencia y somos de opinión que la prueba de cargo presentada es suficiente para-justificar la sentencia de acuerdo con lo resuelto en el caso de Pueblo v. Rodriguez, 50 D.P.R. 182,

P-OR tanto, se desestima el recurso y confirma la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


text:
    Núms. 9015 y 9016.
    Pueblo, apldo. v. Mojica, aplte.
    C. D. San Juan.
    Marzo 27, 1942.
   (Por la Corte, a propuesta

del Juez Asociado Sr. Travieso.)

Vistos conjuntamente los recursos números 9015 y 9016 interpues-tos por el apelante, el primero contra la sentencia de $15 de multa-que le fuera impuesta por un delito de alteración de la paz y el sé-gundo contra la sentencia a un mes de cárcel por el delito de portar-armas.

Bob cuanto, el primer señalamiento de error al efecto de que dichas sentencias son contrarias a la prueba carece de méritos, pues examinada la evidencia presentada por ambas partes, la aducida por El Pueblo de Puerto Rico, a la cual dió entero crédito la corte inferior, es a nuestro juicio suficiente para sostener ambas sentencias;

POR cuanto, la alegación que hace el apelante de que las dos sentencias recurridas son contrarias a derecho por haber sido dictadas fuera de término carece igualmente de fundamento, pues del récord aparece que al terminarse la vista de ambos casos el Juez hizo cons-tar que no iba a resolver dichos casos en aquel momento y que lo dejaría para el próximo martes a las nueve de la mañana, pregun-tando expresamente al abogado defensor si tenía, algún inconveniente, a lo que contestó dicho abogado en la forma siguiente: ‘ ‘ Oon mucho gusto, señor Juez, y comparecerá el acusado”, todo lo cual equivale a una renuncia expresa y clara por parte del acusado de su derecho a que dichas sentencias fuesen dictadas dentro del término fijado por el artículo 29 del Código de Enjuiciamiento Criminal;

PoR tanto, se declaran sin lugar ambos recursos y se confirman las sentencias recurridas dictadas ambas por la Corte de Distrito de San Juan con fecha 10 de diciembre de 1940.


text:
    Núm. 8.
    Pueblo, apldo. v. Valldejuli, aplte.
    Original.
    Junio 2, 1942.
   (Por la Corte, a propuesta

del Juez Asociado Sr. Travieso.)

Vista la moción radicada por el querellado Juan Valldejuli Ro-dríguez, en la que alega que con fecha 6 de mayo de 1942 presentó ante la Corte de Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito una moción desistiendo de la apelación interpuesta por él contra la sentencia dictada por esta Corte Suprema en julio-29 de 1941, y pidiendo a este Tribunal que reconsidere dicha sen-tencia; y visto también el mandato remitido por la referida Corte de Circuito de Apelaciones, del cual aparece que la apelación in-terpuesta por el querellado ha sido desestimada y archivada a peti-ción del mismo;

Por cuanto, el querellado hace constar en su moción que él acata y respeta la decisión dictada por este Tribunal y alega que nunca estuvo en su mente la intención de cometer infracción alguna de los deberes que como miembro del foro y ciudadano viene obligado a observar hacia este Tribunal Supremo;

Por cuanto, el propósito fundamental del procedimiento de-desacato es proteger la dignidad de la Corte, impidiendo que su auto-ridacl sea menoscabada y castigando todo acto que tienda a impedir y obstaculizar la libre administración de la justicia;

Por cuanto, el Tribunal es de opinión que para la realización de los indicados propósitos, en el presente caso, no es absolutamente necesario que el querellado cumpla la sentencia de prisión • que le fué impuesta y que es suficiente que satisfaga la multa a que fué condenado;

PoR do tanto, el Tribunal acuerda reconsiderar, y por la presente reconsidera, la sentencia dictada en julio 29 de 1941, y modificarla en el sentido de condenar al querellado Juan Valldejuli Rodríguez al pago de $50 de multa y las costas. Y así modificada Se confirma -en todas sus partes.


author: del Juez Presidente Sr. Del Toro.)'

text:
    Núm. 9375.
    Pueblo, apldo. v. Torres (a) Bejuco, aplte.
    C. D. Iíumaeao.
    Junio 10, 1942.
   (Por la Corte, a propuesta

del Juez Presidente Sr. Del Toro.)'

Por cuanto, para sostener su apelación el apelante, en un alegato formulado por él mismo, expone: 1, que no tuvo abogado en la “vista preliminar de los supuestos hechos ”; 2, que en la vista de su causa en la corte de distrito suscitó las siguientes cuestiones de derecho, que se resolvieron en su contra: “(a) que las sentencias no apare-cen firmadas por el juez municipal, (b) que fué sentenciado de tres distintos delitos el mismo día y.a la misma hora, (c) que las -denuncias formuladas contra el acusado fueron hechas por la policía y por información, y (d) que en los hechos el perjudicado fué el -■acusado ya que recibió una herida en la cabeza”; 3, que es hombre de buenos antecedentes; y 4, que se le denunció por delitos de la ■misma índole cometidos a la misma hora, y

Por cuanto, el récord de la apelación comprende un solo delito, •el de alterar la' paz, y está constituido por el legajo de la sentencia, que sólo contiene la denuncia, el acta del juicio y sentencia y el •escrito de apelación, con la constancia de no haberse presentado ex-posición del caso, y

Por cuanto, de dicho récord aparece que se trata' de un caso en apelación en la corte de distrito en la que el acusado estuvo asistido •de abogado, sin que tengan en él comprobación las cuestiones que suscita el apelante con respecto a falta de asistencia de abogado en la “vista preliminar” y a otros delitos, y

Por cuanto, el que el acusado no tuviera antecedentes penales no es motivo para que no se le condenara si se probó en el juicio ■el delito imputádole, ni es nula la denuncia por el hecho de que fuera formulada por el cabo de la policía insular Ramón López, que acusó en ella directamente al apelante del delito por el cual fue cas-tigado, nombró los testigos y la juró ante el secretario de la Corte Municipal correspondiente:

PoR tanto, debe declararse como se declara el recurso sin lugar y confirmarse como se confirma la sentencia apelada que dictó la corte de distrito el 28 de enero de 1942.


text:
    Núm. 1302.
    Sánchez, peticionario v. Corte, dmda.
    Original.
    Junio 17, 1942.
   (Por la Corte, a propuesta

del Juez Asociado Sr. De Jesús.)

La sentencia de diez años de presidio por un delito de hurto-mayor subsiguiente impuesta al acusado es apelable de acuerdo con la ley. Por. consiguiente, no es revisable por certiorari aunque el acusado haya perdido el derecho a apelar por no haber instado el procedimiento dentro del tiempo que determina la ley. Leach v. Superior Court, 215 Cal. 531, 535. Por lo expuesto, no ha lugar a la expedición del auto.


text:
    Núm. 9414.
    Pueblo, apldo. v. González, aplte.
    C. D. San Juan.
    Junio 18, 1942.
   (Por la Corte, a propuesta

del Juez Asociado Sr. Snyder.)

PoR cuanto, Félix González apela de la sentencia que le impuso la Corte de Distrito de San Juan por violación a la orden final dic-tada por la Comisión de Servicio Público de 4 de enero, 1938, por actuar como porteador público en la ruta servida por la "White Star Bus Line entre San Juan y Santurce;

PoR cuanto, como fundamentos de su recurso el apelante alega (1) que dicha orden final es nula, ilegal, arbitraria y anticonstitu- , cional, y (2) que la prueba no es suficiente para sostener una con-vicción en contra del acusado;

Por cuanto, la validez y constitueionalidad de esta misma orden final fué sostenida tanto por esta Corte Suprema en él caso de El Pueblo v. Ortiz, 56 D.P.R. 27, como por la Corte de Circuito de Apelaciones para el Primer Circuito en el de Ortiz v. Public Service Commission of Puerto Rico, 108 F. (2) 815; y la argumentación que hizo el apelante tampoco podría prevalecer en su favor porque no la planteó ante la corte inferior y sí por primera vez en apelación;

Por cuanto, hemos examinado la transcripción de evidencia y somos de opinión que la prueba de cargo presentada es suficiente para justificar la sentencia en este caso;

Por tanto, se desestima el recurso y se confirma la sentencia apelada.


text:
    Núm. 9350.
    Pueblo, apldo. v. Rodríguez, aplte.
    O. D. Areeibo.
    Julio 7, 1942.
   (Por la Corte, a propuesta

del Juez Asociado Sr. Todd, Jr.)

POR cuanto, Marcelino Rodríguez Ríos fué acusado y convicto en la Corte de Distrito de Areeibo de una infracción al artículo 7 de la Ley núm. 14 de 1936 y sentenciado a cumplir seis meses de cárcel;

PoR cuanto, en este recurso aun cuando el único error que im-puta a la corte inferior es el de que la sentencia es contraria a la prueba presentada, el Fiscal de esta Corte nos llama la atención hacia ■el hecho de que la acusación es fatalmente defectuosa e insuficiente para constituir delito público, ya que se limita a alegar que el acu: sado no declaró por escrito la xoosesión que tenía de un revólver al Jefe de la Policía de Utuado, sin expresarse en la acusación que el .acusado residiera en dicho pueblo;

Por cuanto, en efecto hemos comprobado que la acusación no ■contiene alegación alguna en cuanto a si el acusado residía o no en ■el pueblo de Utuado;

Por cuanto, en el caso de Pueblo v. Díaz, 55 D.P.R. 629 resolvimos que la residencia del acusado es un elemento esencial del delito, ■que debe alegarse, y que cuando esto no se hace la acusación no im-puta un delito público,

Por tanto, se declara con lugar el recurso, se revoca la sentencia ■apelada y se absuelve al acusado.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


text:
    Núm. 9352.
    Pueblo, apldo. v. Sánchez, aplte.
    C. D. Humacao.
    Julio 28, 1942.
   (Por la Corte, a propuesta

del Juez Asociado Sr. Todd, Jr.)

A la moción del apelante solicitando se le conceda el beneficio de insolvencia a los efectos de su apelación para ante la Corte de Apelaciones del Primer Circuito, no estando dicha moción debida-mente jurada y no habiéndose comprobado a satisfacción del Tribunal ■dicha insolvencia, no ha lugar.


text:
    Núm. 9352.
    Pueblo, apldo. v. Sánchez, aplte.
    C. D. Humacao.
    Julio 28, 1942.
   (Por la Corte, a .propuesta

del Juez Asociado Sr. Todd, Jr.)

A la moción del apelante solicitando se le fije fianza para per-manecer en libertad provisional mientras se resuelve la apelación que ha estabecido para ante la Corte de Apelaciones del Primer Cir-cuito; no apareciendo, a juicio del Tribunal, que dicha apelación ■envuelva una cuestión substancial, no ha lugar.


text:
    Núm. 9458.
    Pueblo, apldo., v. Canino, aplte.
    C. D. Bayamón.
    Julio 31, 1942.
   Vista la moción jurada presentada por el acusado apelante, por la que solicita dejemos sin efecto la resolución dictada en 15 de julio ■de 1942, por la cual se desestimó por abandono el presente recurso, y visto también el informe rendido por el Fiscal de esta Corte Su-prema, se declara sin lugar dicha moción.


text:
    Núm. 9400.
    Pueblo, apldo. v. Ruiz, aplte.
    C. D. Bayamón.
    Agosto 1, 1942.
   (Por la Corte, a propuesta

del Juez Presidente Sr. Del Toro.)

A la moción del 30 de julio de 1942, sobre rebaja de pena, oído «1 representante de El Pueblo, no ha lugar.


text:
    Núm. 9328.
    Pueblo, apldo. v. Figueroa, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Agosto 1, 1942.
   (Por la Corte, a propuesta

del Juez Asociado Sr. Travieso.)

POR cuanto, el apelante fué acusado y convicto del delito de po-seer un revólver sin haberlo declarado por escrito al jefe de la poli-nía del distrito de Arecibo, en donde reside, en violación de lo dis-puesto por el Artículo 7 de la Ley Núm. 14 de julio 8 de 1936;

PoR cuanto, de la prueba practicada resulta que el revólver le fué ocupado por la policía al acusado, en cumplimiento de-una orden de registro, mientras el acusado portaba dicho revólver en su auto-móvil, sin tener licencia que le autorizara a portarlo;

Por cuanto, el acusado alegó en su defensa que el revólver le había sido entregado por la que fué su suegra, para que lo compu-siera; y que en el momento en que le fué ocupado por la policía él lo llevaba desde el taller donde lo había compuesto para entregárselo a su suegra; "

Por cuanto, la testigo Petra Domínguez, exsuegra del acusado, negó haberle entregado el revólver al acusado para componerlo;

'Por cuanto, el conflicto entre ambas declaraciones fué resuelto por el juez sentenciador al dar crédito a la declaración de Petra Domínguez y no a la del acusado;

Por cuanto, la prueba practicada es a nuestro juicio suficiente para sostener la acusación y justificar la sentencia;

Por tanto, se confirma la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Distrito de Arecibo el 27 de marzo de 1941 en el caso arriba indicado.


text:
    Núm. 9505.
    Pueblo, apldo. v. Benítez, aplte.
    C. D. San Juan.
    Agosto 1, 1942.
   (Por la Corte, a propuesta

del Juez Presidente Sr. Del Toro.)

Por cuanto, condenado José Benítez Sampayo por la Corte de-Distrito de San Juan a un mes de cárcel como autor de un delito-de portar armas, apeló para ante este Tribunal alegando error ma-nifiesto en la apreciación de la prueba y error manifiesto en la ad-misión de la'misma, y

POR cuanto, examinada la evidencia encontramos que sostiene la. conclusión a que llegó la corte de distrito en cuanto a la culpabilidad del acusado, no habiéndose en tal virtud cometido el-primer error-señalado, y

POR cuanto, el segundo tampoco fué cometido, ya que manifes-taciones hechas en el momento de la ocurrencia del hecho por perso-nas presentes, a saber, exclamaciones tales como “esa mujer tiene el revólver,” son admisibles como parte del res gestae, sin‘que tampoco conste que la convicción del- acusado se hubiera basado en dichas ma-nifestaciones :

Pon tanto, debe declararse como se declara sin lugar el recursoy confirmarse como se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan el 10 de marzo de 1942.


text:
    Núm. 9243.
    Pueblo, apldo. v. Ruiz, aplte.
    C. D. San Juan-
    Abril 15, 1942.
   (Por la Corte, a propuesta

del Juez Asociado Sr. Travieso.)

Vista la moción radicada por el Fiscal de esta Corte solicitándo-se desestime por abandono el recurso interpuesto por el acusado-apelante, por cuanto con anterioridad a la fecha señalada para la vista de dicha moción el acusado- apelante radicó ante esta Corte la-, transcripción de evidencia y demás documentos necesarios para per-feccionar la apelación, por lo tanto se declara sin lugar la moción, de desestimación.


text:
    Núm. 9316.
    Pueblo, apldo. v. Lebrón (a) Tito, aplte.
    C. D. San Juan.
    Junio 8, 1942.
   Llamada Roy para vista la moción del fiscal para desestimar; oídas las partes y apareciendo de la certificación presentada por el ape-lante que las partes estipularon en la corte inferior someter el pre-sente caso por la prueba practicada en el caso seguido contra el ape-lante por delito de asesinato, y que la transcripción de evidencia en el referido caso de'asesinato lia sido sometida para su aprobación a la corte sentenciadora, se declara sin lugar la moción de desesti-mación.


text:
    Núm. 9501.
    Pueblo, apldo. v. Cataquet, aplte.
    C. D. Aguadilía.
    Julio 28, 1942.
   (Por la Corte, a propuesta

del Juez Asociado Sr. Todd, Jr.)

PoR cuanto, Emiliano Cataquet Grafal fué declarado culpable por la Corte de Distrito de Aguadilía, de una infracción al artículo 7 de la Ley núm. 14 de 1936, por no tener inscrita una pistola que se le ocupó, y sentenciado a cumplir seis meses de cárcel;

PoR cuanto, el acusado estableció este recurso contra dicha sen-tencia el 17 de abril de 1942 y en junio 14 se radicó en esta Corte Suprema la transcripción de autos y se señaló la vista del caso en su folido para el día 20 de julio de 1942;

PoR cuanto, en dicha fecha compareció el Lie. Benieio Sánchez Castaño y a nombre del acusado radicó una moción solicitando un nuevo término para Radicar su alegato, por la razón de que no fué hasta el 17 de julio que dicho abogado recibió del taquígrafo de la corte inferior copia de la transcripción de evidencia y que de acuerdo con lo que en ella aparece este recurso es meritorio;

Por cuanto, en los autos de este caso no se ha radicado trans-cripción de evidencia alguna y ninguna razón se ha expuesto para no haberlo hecho y como consecuencia no estamos en condiciones de to-mar en consideración los hechos del caso narrados por el abogado en su informe oral y tampoco podemos considerar como razón justifica-tiva para conceder un nuevo término el anteriormente expuesto,

Por tanto, se declara sin lugar la moción del apelante y se deses-tima el recurso.


text:
    Núm. 9213.
    Pueblo, apldo. v. Méndez, aplte.
    C. D. Bayamón.
    Abril 8, 1942.
   (Por la Corte, a propuesta

del Juez Presidente Sr. Del Toro.)

PoR cuanto, interpuesto recurso de apelación en diciembre 20, 1940, contra la sentencia dictada en este caso en diciembre 16, 1940, el Fiscal, en enero 8, 1942, pidió su desestimación por no haberse archivado aún en esta corte los autos de la apelación, y

PoR cuanto, hecha la notificación de la moción al abogado del acusado, César Andréu Ribas, la aceptó, aunque haciendo constar que no podía ejercer la profesión por desempeñar el cargo de Secre-tario de la Corte de Distrito de San Juan, manifestando que estaba dispuesto a preparar el alegato si se compelía el taquígrafo a pre-parar la transcripción de evidencia, y

PoR cuanto, señalada la vista de la moción para el 6 de abril, 1942, se notificó el señalamiento al Fiscal y al dicho abogado en enero 24, 1942, y

; PoR cuanto, en el día señalado, abril 6, 1942, comparecieron el Fiscal, que sostuvo su moción, y el abogado Andréu Ribas, que in-sistió en que debía ordenarse al taquígrafo la ■ preparación de la transcripción porque el recurso estaba bien fundado, y declararse no haber lugar a la desestimación, y

Por cuanto, la apelación se interpuso desde hace más de un año y notificado el apelante en la persona de su abogado del señalamiento de la vista desde hace más de dos meses, se limitó a actuar en la forma que se deja indicada, sin aportar prueba del estado en que se encuentra el récord en la corte inferior ni de las gestiones que se hayan podido practicar en la misma para perfeccionar el recurso, y sin presentar tampoco affidavit de méritos en cuanto a los que puede tener la apelación:

PoR tanto, habiendo transcurrido con exceso todos los términos de ley y siendo el abandono manifiesto, debe declararse y se declara con Jugar la moción y en su consecuencia se desestima el recurso. El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


text:
    Núm. 9400.
    Pueblo, apldo. v. Ruiz, aplte.
    C. D. Bayamón.
    Julio 20, 1942.
   (Por la Corte, a propuesta

del Juez Presidente Sr. Del Toro.)

Por cuanto, el Fiscal por moción del 7 de abril de 1942, notifi-cada al abogado del apelante, pidió la desestimación del recurso in-terpuesto, basándose en que dictada la sentencia recurrida el 2 de mayo de 1941, o sea hacía más de once meses, no se había archivado aún la transcripción de los autos en este Tribunal, y

Por cuanto, señalada la vista de la moción para el 13 de julio en curso, en el acto de la misma el apelante por un nuevo abogado pidió que se declarara sin lugar la moción, concediéndosele un tér-mino de treinta días para archivar la transcripción, alegando que tenía buenas razones para pedir la revocación de la sentencia, y

PrOR cuanto, la falta de diligencia en la tramitación del recurso es manifiesta y la razón que se alegó como fundamental para pedir la revocación — falta de hechos suficientes en la acusación por no haberse expresado que el arma dejada de registrar medía hasta doce pulgadas — no lo es, de acuerdo con la jurisprudencia establecida en el caso del Pueblo v. Aviles, 54 D.P.R. 272, citada con aprobación y aplicada en los del Pueblo v. Rodríguez, 59 D.P.R. 602 y Pueblo v. Candelaria Rodríguez, 60 D.P.R. 626;

POR tanto, se declara con lugar la moción y en su consecuencia se desestima, por abandono, el recurso.


text:
    Núm. 9401.
    Pueblo, apldo. v. Ruiz, aplte.
    C. D. Bayamón.
    Julio 20, 1942.
   (Por la Corte, a propuesta

del Juez Presidente Sr. Del Toro.)

POR cuanto, dictada sentencia condenando al acusado a un mes de cárcel por el delito de portar armas en mayo 2, 1941, el acusado apeló y no ha radicado aún la transcripción del récord, motivo por el cual el Fiscal pidió la desestimación del recurso por moción del 7 de abril último, notificada al abogado del apelante, y

POR cuanto, señalada la vista de la moción para el 13 de julio en curso, el apelante por medio de otro abogado se limitó a presentar una moción el propio día trece pidiendo un término de treinta días para radicar la transcripción, basándose en qne había solicitado un nuevo término en el recurso número 9400 que acaba de ser desesti-mado :

Por tanto, siendo el abandono manifiesto, se declara la moción con lugar y en su consecuencia se desestima el recurso.


text:
    Núm. 9352.
    Pueblo, apldo. v. Sánchez (a) Polo, aplte.
    Junio 5, 1942.
   (Por la Corte, a propuesta

del Juez Presidente Sr. Del Toro.)

POR cuanto, en mayo 19, 1942 el Fiscal solicitó la desestimación del recurso interpuesto en este caso porque no habiendo el apelante notificado su apelación al Fiscal, al entablarla, esta corte no había adquirido jurisdicción para conocer de la misma, y

Pob cuanto, notificado el apelante, se opuso a la desestimación porque al radicar su apelación estaba preso y no pudo hacer entrega personal de la copia de su escrito al Fiscal pero desde la cárcel so-licitó que la notificación se hiciera y porque la moción de desestima-ción es tardía ya que fue presentada cuando estaba radicado el legajo de la sentencia en la secretaría de este Tribunal por virtud de lo cual esta Corte adquirió jurisdicción, fijó fecha al apelante para radicar su alegato y habiéndolo radicado señaló la vista del recurso, y

Por cuanto, señalada la vista de la moción para el 25 de mayo último ambas partes comparecieron e informaron oralmente soste-niendo sus respectivas peticiones, quedando la cuestión sometida a la decisión del tribunal, y

Por cuanto, tanto la ley — arts. 350 y 351 del Código de Enjui-ciamiento Criminal — como la repetida jurisprudencia de esta propia Corte — Pueblo v. Rubio, 44 D.P.R. 889; Pueblo v. The Shell Co. (P. R.) Ltd., 47 D.P.R. 895; Pueblo v. Martínez, 53 D.P.R. 578 — es terminante en el sentido de que esta Corte no adquiere jurisdicción si la interposición del recurso no se notifica en el tiempo y en la forma que la misma ley dispone y esa notificación no se hizo en este caso, y

POR cuanto, ni el hecho de que el acusado apelante estando preso solicitara que la notificación se hiciera sin que se diera cumplimiento a su solicitud, ni el de que los autos de la apelación se radicaran en esta Corte y se concediera una prórroga al apelante para presentar su alegato y presentado el juicio se señalara, constituyen un cumpli-miento substancial del de la ley, de modo que el caso pudiera consi-derarse comprendido dentro de lo resuelto en el del Pueblo v. Arroyo, 54 D.P.R. 895 y los en él citados,

PoR tanto, debe declararse como se declara con lugar la moción y en su consecuencia desestimarse como se desestima, por falta de jurisdicción, el recurso.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Pablo Ruiz, recurrente, v. Osvaldo Torres Gómez, como Delegado del Fiscal en sustitución del Registrador de la Propiedad de Utuado, recurrido.
    Núm. 1111.

    Sometido: Noviembre 2, 1942.

      Resuelto: Noviembre 4, 1942.

      Antonio JS. Suliveres, abogado del recurrente; el registrador recu-rrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Vidal Montalvo Rodríguez tenía inscrita a su nombre en el Registro de la Propiedad de Utuado una finca de 62.50 cuerdas. Mediante cinco escrituras distintas, Montalvo se-gregó d'e dicha finca y vendió seis parcelas, de 18, 9, 3, 3, 7 y 13.50, respectivamente, quedando así reducida la finca principal a una cabida de nueve cuerdas. En la misma fecha en que se hicieron las mencionadas segregaciones, o sea en agosto 1 de 1942, Montalvo otorgó escritura de compraventa a favor del aquí recurrente, Pablo Ruiz, con el propósito de vender a éste las nueve cuerdas que aún le quedaban como resto de la finca original de 62.50 cuerdas. En dicha escri-tura se describe el inmueble objeto de la compraventa, así:

“Rústioa: Radicada en el barrio Salto Arriba del término municipal de Utuado, compuesta de nueve cuerdas de terrenos, equiva-lentes a tres hectáreas, cincuenta y tres áreas y setenta y tres cen-tiáreas, de terrenos. Linda: Por el Norte, con Pablo Rivera; Este, con la P.R.R.A.; Sud, con Pedro Ramón Maldonado; y por el Oeste, con Evaristo López, Pablo Rivera y Juana Maldonado.”

Presentada la escritura al registro", el registrador re-currido se negó a inscribirla, por las razones consignadas en la siguiente nota, contra la cual se ha interpuesto el pre-sente recurso:

“Se deniega la inscripción de la anterior escritura, porque en ella no se describe la finca principal de la que se dice es resto la de nueve cuerdas que Vidal Montalvo Rodríguez vende a Pablo Ruiz, las referencias que se hagan en una escritura de venta, aun con res-pecto a las inscripciones en el Registro no son suficientes para cum-plir con los artículos 21, 9 y 30 de la Ley Hipotecaria que exigen que los bienes se describan en la misma escritura bajo pena de nu-lidad de su inscripción. (Pietri et. al v. Registrador, 22 D.P.R. 729 y 732). Tomándose en su lugar anotación preventiva por el término' legal de 120 días a favor del adquirente Pablo Ruiz, al folio 66 vuelto del tomo 175 de Utuado, finca número 7521, anotación “A”. Utuado a 3 de septiembre de 1942. (Fdo.) Osvaldo Torres Gómez, Delegado del Fiscal.”

Opinamos que el registrador procedió correctamente al negarse a practicar la inscripición.

El artículo 21 de la Ley Hipotecaria dispone que las escrituras públicas de actos o contratos que deban ins-cribirse “expresarán por lo menos todas las circunstancias que bajo pena de nulidad debe contener la inscripción y sean relativas a las personas de los otorgantes, a las fincas y a los derechos inscritos”. Y de acuerdo con el artículo 9 de la misma ley, toda inscripción que se haga en el registro deberá expresar entre otras cosas: (1) la naturaleza, situa-ción y linderos de los inmuebles objeto de la inscripción o a las.cuales afecte el derecho que debe inscribirse y su me-dida superficial; y (2!) la naturaleza, extensión, condiciones y cargas del derecho sobre el cual se constituya el que sea objeto de la inscripción. Cuando la inscripción carece de las expresadas circunstancias, es nula de acuerdo con lo dis-puesto por el artículo 30 de la Ley Hipotecaria.

De la certificación expedida por el Eegistrador y presen-tada por el recurrente en apoyo del presente recurso, apa-rece que al folio 65 del tomo 175 de TJtuado, inscripción primera, aparece inscrita a nombre del recurrente la finca número 7521, que se describe así:

“Rústica: Radicada en los Barrios Guaonico y Salto Arriba del término municipal de Utuado, compuesta de sesenta y dos cuerdas y cincuenta céntimos de otra, equivalentes a 24 hectáreas, 56 áreas y 50 centiáreas de terrenos. Linda: Por el Norte, con Juan Serrano, Pablo Rivera, Jerónimo Rivera y la Puerto Rican Reconstruction Administration; Este, Sucesión Avilés; Sud, Sucesión Eusebio Maldonado, The Federal Land Bank of Baltimore y Evaristo López; y Oeste, Luis Carrasquillo. ”

De la misma certificación consta que las segregaciones a que ya hemos hecho referencia han sido inscritas como fincas separadas a nombre de los respectivos adquirentes.

En el presente caso no se trata de una nueva segregación y sí de la venta del remanente de la finca número 7521, cuya-cabida ha sido reducida a nueve cuerdas. La descripción que se hace en la escritura de la finca objeto de la venta no corresponde con la descripción que de la finca número 7521 aparece en el registro. En éste no aparece inscrita ninguna finca de nueve cuerdas a favor del vendedor, con las colin-dancias que en la escritura se especifican.

La práctica corriente y más aconsejable es la de describir la finca original tal y como aparece del .Registro; hacer constar las segregaciones que se hubieren practicado, para poder determinar con exactitud a cuanto ha quedado redu-cida la cabida del inmueble; y, por último, vender el rema-nente de la finca, haciendo constar sus colindancias. Eso parece ser todo lo que ha exigido el Registrador en el pre-sente caso.

Al calificar una escritura en cuya virtud se solicita una inscripción y la capacidad de los otorgantes, el registrador debe tomar en consideración lo que resulte de la misma escritura; y no está obligado a examinar las inscripciones anteriores del registro, ni a estudiar otras escrituras no complementarias de la que se trata de inscribir. Artículo 18, Ley Hipotecaria y 77 del Reglamento; Sucesión de Santos Collazo v. Registrador, 41 D.P.R. 576, 578; 2 Morell 241.

Debe confirmarse la nota recurrida.


text:
    Manuel Ramírez Santos, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, recurrido.
    Núm. 1106.

    Sometido: Noviembre 2, 1942.

      Resuelto: Noviembre 4, 1942.

      Antonio L. López, abogado del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

De la escritura presentada al Registro de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, extractamos los siguientes hechos:

Por escritura pública de enero 3 de 1931, las menores Silvia María y María Socorro Viera Díaz, representadas por su madre doña Socorro Díaz Viuda de Viera, dieron a prés-tamo la suma de $4,000 a don- Manuel Ramírez Santos, quien otorgó, a favor de dichas menores y en garantía del prés-tamo, hipoteca sobre dos fincas, una radicada en Caguas y la otra en Río Piedras. En septiembre 7 de 1939, Manuel Ramírez Santos y su esposa traspasaron las dos fincas a las menores, en pago del préstamo contraído. En la escritura de dación en pago se estipuló y cedió el “privilegio de opción de compra” a dicho Manuel Ramírez Santos siempre y cuando que éste pagara el importe de cuatro mil dólares que fué el préstamo original efectuado entre las partes, los intereses vencidos, contribuciones y una cantidad razonable de ganancias.

En el mes de abril de 1942 la señora madre de las meno-res compareció ante la Corte de Distrito de San Juan y soli-citó la aprobación del referido convenio y que se le autorizara para vender las dos fincas a Manuel Ramírez Santos por precio de $5,500. En abril 24, 1942 la corte de distrito dictó su resolución aprobando y autorizando la venta, la que se llevó a efecto el primero de mayo de 1942 mediante la escri-tura que ha dado motivo al presente recurso. Las razones que tuvo el registrador para negarse a inscribir la venta a favor de Ramírez, el aquí recurrente, aparecen consignadas en nota que lee así:

“Denegado el precedente documento por observarse que en la autorización judicial no se dispone por la Corte que la venta se veri-fique por el Márslial mediante subasta pública, por tratarse de bienes pertenecientes a personas menores de edad, ni dicha venta se ha prac-ticado en la forma antes expresada de conformidad con lo dispuesto por la ley y lo resuelto por la Corte Suprema repetidas veces, y to-mada en su lugar anotación preventiva ... en cuanto a la finca letra ‘B’ única perteneciente a la demarcación de este Registro.”

De acuerdo con los alegatos de una y otra parte, la cláusula por la cual se otorgó a Ramírez la opción para la compra de las propiedades, lee así:

“Sexta: Manifiesta la adquirente doña Socorro Díaz Viuda de Viera, que en caso de que ella interese vender esa finca, le cederá el privilegio de opción a los esposos don Manuel Ramírez Santos y a doña María Serrano Viera, para que ellos compren dichas fincas, empezando a contarse dicho privilegio de opción a partir de la fecha del otorgamiento de esta escritura hasta el término de un año, siempre que dichos esposos comparecientes paguen el importe total del capital e intereses aquí reseñados, todos los gastos en que se ha incurrido en el otorgamiento de esta escritura y su inscripción, inclusive las cantidades adeudadas en concepto de contribuciones al Pueblo de Puerto Rico.”

Parece evidente que al impartir su aprobación al pro-puesto traspaso de las propiedades a Ramírez, la corte de distrito, no obstante haber tenido ante sí la escritura de dación en pago a favor de las menores, no tuvo en cuenta que el derecho concedido o reservado a Ramírez, que era en realidad una preferencia para el caso de venta y no nna “opción de compra”, sólo podía ser ejercitado por Ramírez dentro de nn término de nn año, contado desde la fecha de la escritura de dación en pago, y únicamente en el caso de que la Sra. Viera interesare vender las fincas. Habiendo sido otorgada la escritura de dación en pago en septiembre 7 de 1939, el derecho de preferencia en caso de venta, conce-dido a Ramírez, dejó de existir en septiembre 7 de 1940, desde cuya fecha las dos menores se convirtieron en dueñas ab-solutas de las dos fincas, con derecho a venderlas libremente y sin obligación de dar preferencia alguna al recurrente Sr. Ramírez.

Asumiendo, sin resolverlo, que el derecho de preferencia reservado a Ramírez era, durante el término de su existencia, válido y obligatorio para las menores, ¿ estaba facultada la corte de distrito, en abril 29 de 1942, diecinueve meses después de haber expirado el llamado privilegio de opción, para autorizar la venta de las propiedades a Ramírez, como si el supuesto privilegio a favor de éste aún existiera y prescindiendo del requisito legal de venta por el márshal y en subasta pública? Opinamos y resolvemos que la corte de distrito carecía de tal facultad y que la orden por ella dictada en abril 29 de 1942, autorizando la venta a Ramírez, en cumplimiento de la estipulación efectuada en la escritura de dación en pago, es nula por ser contraria a las disposiciones expresas de los artículos 80 y 82 de la Ley sobre Procedimientos Legales Especiales, artículos 614 y 616 del Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933.

La nota recurrida debe ser confirmada.