author: El Juez Asociado Señor FraNoo Soto,

text:
    The Whitney Central Trust & Savings Bank, Tercerista y Apelada, v. Nicolás Hernández y Ca. et al., Demandados y Apelantes los Primeros.
    No. 3338.
    Visto: Diciembre 11, 1924.

      Resuelto: Enero 21, 1925.
    Tercería de Bienes Muebles — Transcripción en Pleito de Tercería — -Prueba que Debe Incluirse en la Transcripción. — El juicio de tercería es indepen-diente del asunto principal y en aquél debe actuarse como en cualquier otro juicio. Borinquen Trading Corporation v. Benítee Flores, et al., 32 D. P. E. 199.
    Giro contra i-l Consignatario Descontado for un Tfrcero; Derechos de Este ---Propiedad de las Mercancías Objeto del Giro Descontado. — Cuando el remitente gira contra el consignatario por el precio de la compra y el giro, con el conocimiento de embarque adherido, es endosado o traspasado a alguien que lo hace efectivo con un descuento, surge en el cesionario un derecho especial de propiedad sobre los artículos, sujeto, sin embargo, a desaparecer por virtud de la aceptación y pago del giro. En estas circunstancias los artículos aseguran el pago del giro y aquel que lo ha pagado tiene derecho a la po-sesión de -los artículos hasta tanto el giro sea pagado en su totalidad.

      SENTENCIA de G. E. Foote, J. (San Juan, Primer Distrito), decla-rando con lugar la demanda de tercería, eon las costas.

      Confir-mada.

      J. G. Torres, abogado de los apelantes; F. Ramírez de Arellano, abo-gado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor FraNoo Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una acción de tercería sobre bienes muebles y las partes a iniciativa de uno de los demandados, sometie-ron el caso mediante las alegaciones a la corte inferior, la que en definitiva dictó un fallo declarando con lugar la de-manda con costas.

En virtud de tal sumisión parece conveniente transcribir a continuación .aquellas alegaciones que fuesen pertinentes para el mejor orden en la discusión del asunto.

Las alegaciones de la demanda dicen:

“En marzo 17 de 1920 W. K. Seago y Co. embarcaron por vapor ‘Coroza!' de la New York & Porto Rico Steamship Company, según conocimiento número 57, en el puerto de New Orleans, de Es-tados Unidos, 824 sacos de arroz para ser entregados a N. Hernán-dez & Co. previo pago de un giro por el importe de dicho arroz y que se envió unido al conocimiento, a The Royal Bank of Ganada, San Juan Branch.
“El importe de este arroz o sea la suma de $8,277.75 se consignó en el expresado giro, expedido por W. K. Seago & Co. a favor de The Whitney Central Trust & Savings Bank, Morgan State Branch, y a cargo de Nicolás Hernández & Co., en virtud de haber sido ne-gociado tales giros a dicho Whitney Central Trust & Savings Bank, Morgan State Branch, el que abonó su importe a W. K. Seago & Co. después de deducir el descuento correspondiente.
“Este giro, como ya se ha dicho, fué enviado por The Whitney Central Trust & Savings Bank, Morgan State Branch, junto con el conocimiento de embarque a The Boyal Bank of Canada, San Juan Branch, para su cobro, y en cuyas oficinas N. Hernández & Co. de-bía recoger el conocimiento, previo el pago del giro en cuestión. Llegado el arroz a San Juan, N. Hernández & Co. lo levantó del muelle, mediante una carta de garantía suscrita por el American Colonial Bank; pero no recogió el conocimiento ni el giro existen-tes en las oficinas del Royal Bank of Canada, San Juan Branch.
“Ignorándose el liecbo de que N. Hernández & Co. habían reco-gido el arroz, en septiembre 7 de 1920, The Royal Bank of Ganada San Juan Branch, por instrucciones de The Whitney Central Trust & Saving Bank, Morgan State Branch, entregó este conocimiento al Almonedero Público Isidoro D. Delgado, para que se hiciera cargo del arroz y lo vendiera en pública subasta por cuenta de The Whitney Central Trust & Savings Bank, Morgan State Branch..
“Dicho Almonedero al tratar de hacerse cargo de este arroz, en-contró que éste había sido recogido en l9 de abril de 1920 por N. Hernández & Co. en la forma ya indicada, y en 25 de octubre de 1920 N. Hernández & Co. vendió dicho arroz al precio ele $6.25 por saco y el producto de $5,150.00 fué entregado por N. Hernández & Co. al Sr. Delgado. Inmediatamente N. Hernández & Co. presenta-ron una demanda contra W. K. Seago y Co. y embargaron esta suma en poder de Isidoro D. Delgado.
“El giro ya mencionado por $8,277.75, representativo del im-porte de los 824 sacos de arroz, fué espedido directamente por W. IL Seago & Co. a favor de The Whitney Central Trust & Savings Bank, Morgan State Branch, y siendo este giro una propiedad ex-clusiva de dicho banco, naturalmente que lo era también el arroz representado por dicho giro.
“Al embargar N. Hernández & Co. el importe de dicho arroz como de la propiedad de W. K. Seago & Co., ha privado voluntaria e intencionalmente a The Whitney Central Trust & Savings Bank, Morgan' State Branch, de un dinero que pertenecía a éste, y ésta es la razón de esta tercería que se hace de buena fe y no con la inten-ción de perjudicar ni entorpecer la acción de los demandados.”

En la contestación se alega:

“Que el dinero embargado a don Isidoro Delgado, almonedero público, procede de la venta de arroz remitido por los demandados W. K. Seago & Co. a sus agentes entonces en esta isla Nicolás Her-nández y Ca., quienes recogieron el arroz y ordenaron su venta en pública subasta.
“Que al actuar de este modo, los agentes de dichos demandados estaban protegiendo los intereses de sus comitentes, y que la cuenta objeto de la demanda contra W. K. Seago es originada precisa-mente por la protección de dichos intereses y evitar mayores pér-didas a los comitentes.
“Que la demanda está dirigida contra W. K. Seago o sus liqui-dadores que sou los ahora terceristas, y uo pueden éstos ostentar el carácter de demandados y terceristas a la vez.
"Que aún en el caso de que realmente los terceristas tuvieran al-gún derecho sobre el dinero embargado, al proteger los intereses de W. K. Seago, se protegían a la vez los del banco tercerista, y cual-quier preferencia sobre el dinero producto del arroz debe declararse a favor de Nicolás Hernández y Ca. ya que ellos actuaron en bene-ficio de Seago y el banco tercerista y la cuenta procede de estos gas-tos de protección.”

Posterior a la contestación, el mismo demandado presentó la excepción de falta de cansa de acción, fundándola en los motivos siguientes:

"Fundan los comparecientes esta petición en que, estando de-mandados The 'Whitnejr Central Trust & Savings Bank, Morgan State Branch, juntamente con W. K Seago & Co., no pueden osten-tar el carácter de terceros.
"Y si bien es cierto que esta corte dictó una resolución sobre una excepción previa de falta de jurisdicción sobre los demandados The Whitney Central Trust & 'Savings Bank, no se -ha registrado aún ninguna sentencia; y mientras no haya una sentencia firme a su favor, no pueden ellos comparecer con el carácter de terceros.
"En apoyo de nuestra petición citamos los siguientes casos:
"La Compañía de los Ferrocarriles et al. vs. La Línea Férrea del Oeste, 8 D.P.R. 427; Castrillón y Ca. vs. Juez Municipal de San Juan, 27 D.P.R. 906; Schroder vs. Schmidt, 71 Cal. 399; y Coen vs. United Order of Honor, 76 Cal. 354.”

El demandado-apelante Nicolás Hernández & Co., no obs-tante su estipulación para que se dictara sentencia sobre las anteriores alegaciones, presentó a la consideración de la corte inferior una exposición del caso en la que bace una relación de los hechos y de las cuestiones legales del pleito principal, teniendo por resultado que la corte inferior no aprobó dicha exposición del caso, sin que sea pertinente por nuestra parte que podamos considerar en esta apelación las razones que aduce la apelante en su alegato impugnando la resolución de la corte en tal sentido. La apelante, sin embargo, trata de justificarse alegando que si pidió que se die-tara sentencia sobre las alegaciones fné en la creencia de que, siendo la tercería un incidente, podría traer en apela-ción lo actuado en el caso principal, lo que no pudo hacer por la negativa de la corte. Sin embargo, ya hemos resuelto-que el juicio de tercería es independiente del asunto principal y en aquél debe actuarse como en cualquier otro juicio. En el caso de Boringuen Trading Corporation v. Corte de Distrito de San Juan, sobre tercería de bienes muebles, re-suelto por esta Corte Suprema en julio 12, 1923, se dijo:

"Siendo el procedimiento de tercería de mejor derecho una nueva acción que exige investigación judicial independiente y sepa-rada de la acción principal, la prueba que se' practique en ésta y que se pretende que surta sus efectos en el incidente de tercería, tiene que repetirse en la vista de este último; por lo que, evidencia, que se introdujo en la acción principal pero no en la de tercería, no puede- ser incluida en la transcripción preparada para perfeccio-nar una apelación entablada contra la sentencia que declaró con lugar la tercería.” 32 D.P.R. 199.

Pasando- al estudio de las alegaciones, nos es bastante ci-tar de la opinión del juez inferior aquellas conclusiones y citas legales que consideramos de aplicación a este caso y cuyo tenor literal es como sigue:

"Pasemos a considerar el derecho que pueda tener la tercerista -The Whitney Central Trust & Saving Bank, Morgan State Branch, al producto de la venta del arroz depositado en poder del almone-dero público. Esto nos parece que ha quedado claramente estable-cido, aceptadas como están las alegaciones hechas en la demanda de tercería. No hay duda de que la expedición a favor de The Whitney Central Trust & Savings Bank, Morgan State Branch, de un giro por el valor del arroz embargado por'W. K. Seago & Co., transmitió, a dicho banco todo el derecho que pudieran tener los vendedores sobre la mercancía mencionada.
"Véase 8 Corpus Juris, página 387, de donde copiamos:
" ‘El traspaso de un documento o pagaré negociable lleva con-sig'o todos los derechos y facultades provistos en el mismo documento o en las garantías colaterales que lo acompañan, y los demás dere-chos que surgen del traspaso del documento y relacionados con él etc.’
“Si a esto unimos el hecho de que dicho giro se unió al conoci-miento de embarque (MU of lading) es más claro aún el derecho del tercerista.
“Véase 10 Corpus Juris pág. 202:
“ ‘Cuando el remitente gira sobre el consignatario por el precio -de venta y el giro con el conocimiento que lo acompaña se endosa o traspasa a alguna persona que descuenta la letra, una propiedad especial en los efectos pasa al cesionario, sujeta, sin embargo, a que-■dar privada de ella por la aceptación y pago de la letra. Dentro de estas circunstancias los efectos quedan en prenda para el pago de la letra, y la persona que paga la letra tiene derecho a la pose-sión de los géneros hasta que dicha letra sea satisfecha entera-mente.’ ”

Si no fuera porque la apelada no se ha mostrado estricta en atacar la forma en que debió presentarse el alegato del apelante, tal vez se hubiera podido llegar a la conclusión que dicho alegato no cumple con la regia 42 del Reglamento de esta Corte Suprema y la jurisprudencia aplicable. 29 D. P.R. 796.

El apelante después de una serie de consideraciones ge-nerales termina su alegato enumerando dos errores: I, falta de causa de acción en la demanda por aparecer el tercerista que no era un tercero en derecho, y II, el haber tomado en cuenta la corte inferior, como ciertas, las alegaciones del tercerista y no las del demandado.

Los dos errores se relacionan por tener el mismo funda-mento. No tenemos dudas de la suficiencia de la demanda, pues la misma demandada admite en las razones que pre-senta para sostener la excepción previa, que en el asunto principal el tercerista fue excluido como demandado en el caso principal por resolución de la corte inferior, cayendo así por su base el argumento esencial de la apelante soste-niendo que la apelada por ser parte en dicho procedimiento no era un tercero en derecho sin acción para reclamar como tercerista.

La apelante insiste, sin embargo, que como no se había registrado aún ninguna sentencia en dicho caso principal y no hay una sentencia firme a favor de la apelada, no pueden ellos comparecer con el carácter de terceros. Sin que ten-gamos que resolver el motivo de este razonamiento, es lo cierto que carece de toda fuerza en este caso porque falta la base para acreditarlo por no constar tal alegación en la demanda de tercería.

For las razones expuestas la sentencia inferior debe confirmarse.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Franco Soto,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Millán, Acusado y Apelante.
    No. 2299.

    Visto: Noviembre 21, 1924.

      Resuelto: Enero 21, 1925.
    APELACIÓN' — DEBER DEL APELANTE-ALEGATO-DESECHO DEL .TUÍ'Z A INTERROGAR A los Testigos. — El juez sentenciador tiene g, su cargo el control de la prueba y puede en su discreción durante el juicio y con más razón si el acusado ha elegido el tribunal de derecho, interrogar a un testigo para aclarar cualquiera de sus manifestaciones o para el mejor esclarecimiento de -los-hechos objeto de la acusación. Y cuando un acusado conceptúa erróneo el interrogatorio del juez, debe especifican’ las preguntas perjudiciales y no dejar al tribunal de apelación la tarea de escudriñar el récord para encontrarlas.
    Alambique no Inscrito — Prueba de Estar Inscrito el Alambique. — Una voz demostrado que el alambique se ocupó en poder del acusado, es a éste a quien corresponde probar que lo tenía inscrito en la Tesorería de Puerto Rico. El Pueblo no está obligado a probar que el acusado no lo tenía inscrito.
    Id. — Prueba Suficiente. — No se necesita que un testigo sea perito para que pueda declarar si el aparato ocupado al acusado era o no un alambique.
    Id. — Prueba Innecesaria. — En casos de infracción a la seeeión 61 de la Ley de Arbitrios de junio 15 de 1919 no es necesario alegar ni probar que el alam-bique ocupado era capaz de destilar alcohol para fines medicinales, sacramen-tales o científicos.
    SENTENCIA de P. Barga, J. (Hnmacao), condenando al acusado de una infracción a la ley de arbitrios.

      A. Aponte, C. Traveoier y P. Gallardo, abogados del apelante; José E. Figueras, Fiscal, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

El acusado fné sentenciado a un mes de cárcel por haber violado la sección 61, título Y, de la Ley de Arbitrios No. 55, aprobada en junio 15, 1919, (p. 227).

Apeló de la sentencia y en su alegato hace el señalamiento-de los siguientes errores, a saber:

“1. La corte erró al formular su interrogatorio al testigo Antonio Marrero, toda vez que la corte debía juzgar y no ser parte en la controversia.
“2. La corte erró al aceptar la prueba documental que a conti-nuación se copia: ‘El que suscribe, Tesorero de Puerto Rico, por la presente CbRtipioa: que de los archivos de este Departamento no aparece que Juan Millán, de Ceiba, haya inscrito .en la oficina del Tesorero de Puerto Rico un alambique o aparato para destilar, de acuerdo con lo que dispone la sección 61 de la Ley No. 55 de junio 15, 1919. — -Y para que conste, expido la presente certificación en la ciudad de San Juan a los veinte días del mes de abril del año mil novecientos veinte y tres. — -(ido.) Ramón Aboy, Jr., Tesorero de-Puerto Rico. 2. — Asunto Oficial.”
■ «< #• # * * « . *
“3. La corte erró al admitir la declaración de Miguel Ramírez Méndez.
“4. La corte erró al no declarar con lugar la eliminación de la declaración del testigo Ramírez, tal como fué solicitada.
“5. La corte erró al aceptar como prueba el alambique ofrecido por El Pueblo de Puerto Rico.
“6. La corte erró, además, en la apreciación de la prueba.”

El primer error lo argumenta el apelante sin significar las preguntas que el juez inferior hiciera al testigo Antonio Marrero y del cual se infiere el prejuicio que se imputa a dicho juez en la dirección del juicio. Era el deber del ape-lante especificar el interrogatorio que a su juicio creyó per-judicial al acusado y no dejar a esta corte la tarea de exa-minar minuciosamente el récord para descubrir la proposi-ción que de un modo general se intenta demostrar. Es sa-ludable decir, sin embargo, que el juez sentenciador tiene a su cargo el control de la prueba y puede en su discreción du-rante el juicio y, con. más razón si el acusado ha elegido el tribunal de derecho, interrogar a un testigo para aclarar cualquiera de sus manifestaciones o para el mejor esclare-cimiento de los hechos objeto de la acusación.

Sostiene el apelante el error de haberse admitido la-prueba de la certificación negativa del Tesorero de Puerto Rico acreditando que el alambique ocupado no está inscrito en Tesorería y de una carta remitida por el Attorney General al Juez Municipal de Fajardo, con el endoso del Teso-rero aconsejando la. continuación del proceso. Esta misma cuestión había sido resuelta en el caso de El Pueblo v. Hernández, 30 D.P.R. 368, diciéndose que El Pueblo pudo pres-cindir de la certificación, pues una vez demostrado que el alambique se ocupó en poder del acusado, a éste correspon-día probar, como cuestión de defensa, que lo tenía inscrito en la Tesorería de Puerto Rico. Se cita además el caso de Shaw v. Morrison, 14 N.C. 299; Black on Intoxicating Liquors, p. 507; 4 Lewis Great American Lawyers, 292 y 23 Cyc. 247.

Los errores tercero y cuarto se refieren a haber permi-tido la corte inferior la declaración de Miguel Ramírez Mén-dez, quien declaró en concepto de perito diciendo que el apa-rato ocupado era un alambique. Esta es otra cuestión ya resuelta por esta Corte Suprema. En el caso de El Pueblo v. Ribera, 32 D.P.R. 73, en la opinión emitida por el Hon. Juez Wolf se dijo lo siguiente:

“Los dos primeros señalamientos de error se refieren a la admi-sión de prueba porque durante la celebración del juicio de una causa por estar el acusado en posesión de un alambique sin tener licencia, se permitió declarar a dos policías sobre la existencia del alambique. También se opuso el apelante por el fundamento de que los policías no eran peritos. Los policías declararon con res-pecto a lo que habían visto y que parecía se'r un alambique. Hasta tanto no estemos convencidos de lo contrario nos sentimos obligados a resolver que no necesita un testigo ser perito para poder declarar acerca de la existencia de un alambique. El Pueblo v. Negrón, 29 D.P.R. 55, caso en el cual el alambique fué presentado a la corte.”

Se alega en cuanto al quinto error que la corte inferior estuvo equivocada permitiendo que se produjera la prueba del alambique por no aparecer de la denuncia que dicho apa-rato fuera capaz de destilar alcohol de cuarenta grados. El hecho denunciado ocurrió en febrero 17, 1923, con anteriori-dad a la ley No. 68 de 28 de julio de 1923, (1) p. (443) por lo que la ley aplicable es la aprobada en junio 15, 1919, No. 55. Y esta ley en su sección 61 prescribe:

“Sec. 61. — Toda persona que tuviere en. su 'posesión o custodia o a su disposición, como dueño, arrendatario, guardián o en otra forn a, lo inscribirá en la oficina del Tesorero de Puerto Rico, fir-mando y archivando con dicho Tesorero una declaración por escrito, haciendo constar el sitio particular donde dicho alambique o apa-rato destilador está situado o almacenado, la clase de alambique, y su capacidad cúbica, el nombre del dueño del mismo, sitio de su re-sidencia y los fines para los cuales dicho alambique o aparato des-tilatorio se ha usado, está usándose o se propone usar; y al serle exigido por cualquier funcionario de rentas debidamente autorizado, proveerá acceso libre y sin restricción a dicho aparato con el fin de inspeccionarlo. Dichos alambiques o aparatos destilatorios deberán estar en locales que no sean utilizados como residencias particula-res. Y toda persona que dejare de inscribir cualquier alambique o aparato destilatorio que estuviere en su poder o custodia o a su dis-posición, o qxie impidiere o dificultare la libre' inspección del mismo por un agente de rentas internas, será culpable de delito menos grave (misdemeanor). Y todo alambique o aparato destilatorio no inscrito será embargado por el Tesorero de Puerto Rico, o por sus agentes, y por él confiscado y vendido a beneficio de El Pueblo de Puerto Rico. ”

El delito consiste en la posesión, custodia, como dueño, arrendatario, guardián o en otra forma de “ cualquier alam-bique o aparato para destilar” que se dejare de inscribir en Tesorería o que se impidiere o dificultare la inspección del mismo. No forma parte de su definición que fuera ca-paz para destilar alcohol de cuarenta grados y por consi-guiente no es requisito afirmativo que debe contener la de-nuncia ni elemento que debió probarse en el juicio. Es po-sible que el apelante haya seguido en su razonamiento la doctrina establecida en el caso de El Pueblo v. Valentín, de abril 24, 1924, (pág. 40), interpretando la sección 61 tal como fué enmendada por la ley de febrero 17 de 1923, que se refiere a alambiques capaces de destilar alcohol para fi-lies medicinales, sacramentales o científicos, resolviéndose que este es nn requisito esencial que liay que probar. Pero ya liemos dicho que los hechos de este caso tuvieron lugar antes de la enmienda, no siendo aplicable la última ley.

Resta el último error que versa sobre la apreciación de la prueba por el juez inferior. Esta fué contradictoria y el conflicto fué resuelto en contra del acusado. No se des-prende de la misma ningún error manifiesto ni que haya ha-bido prejuicio, pasión o parcialidad en su apreciación.

La sentencia inferior debe confirmarse.


text:
    Llinás, Recurrente, v. El Registrador de Ponce, Recurrido.
    No. 601.

    Sometido: Noviembre 18, 1924.

      Resuelto: Enero 21, 1925.
    Cancelación de Gravámenes o Derechos Caducados — Precio Aplazado. — Recu-rrida la nota que denegó la cancelación de cierto derecho que aparece reser-vado en una finca que fué agrupada con otras, se resolvió: que apareciendo de la inscripción que el precio de la venta de la finca se pagaría a plazos y que el vendedor se reservó el dominio o señorío hasta la extinción de la deuda, o como se hace constar al final de la inscripción: en garantía del pago de dicho precio, es preciso concluir que la reserva uo podía tener más efecto que -la de una garantía o gravamen para responder del precio aplazado. Las secciones 1 y 2 de la Ley No. 12 de 1923, enmendada en 1924, no seña-lan por sus nombres esta clase de gravámenes, pero en su naturalo: a y por su objeto son equivalentes a los gravámenes hipotecarios de que- halda la sección 2a. supra.

    Id. — Menciones.—Eué la intención de la Legislatura extinguir por ministerio de la Ley No. 12 de 1923, enmendada en 1924, todas aquellas menciones y gra vámenes comprendidos en las secciones 1 y 2 para que por el transcurso de los términos especificados, queden borrados los defectos' que en los títulos puedan existir en virtud de tales gravámenes, obedeciendo sin duda al funda-mento de la prescripción, encaminada. a dar fijeza a la propiedad y evitar o poner fin. a las cuestiones litigiosas.
    Nota de M. Planellas, R. (Ponce), denegando la cancelación de cierto derecho sobre una finca.

      Revocada.

      V. Zayas Pizarro, abogado de la recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Este es nn recurso contra la nota del Registrador de Pouce que deniega la cancelación de cierto derecho que apa-rece reservado en una finca, de 30 cuerdas a favor de Juan Pablo Acevedo, quien fue uno de sus anteriores dueños.

La nota del registrador dice:

“lv El documento está en contradicción con lo que resulta del Registro. Doña María Llinás Oliver no es dueña en pleno dominio de toda la finca de setenta y cinco cuerdas. Ha presentado ella in-mediatamente después de este documento el título de venta que le otorgó su hermano Don Gabriel Llinás; pero éste no puede trasmi-tirle más de lo que tiene en el Registro. El tiene inscrita la finca en cuanto al dominio pleno de cuarenta y cinco cuerdas y sólo en cuanto al dominio útil de 30 cuerdas, habiéndose denegado la ins-cripción del dominio directo de las treinta cuerdas, por aparecer re-servado a favor de Juan Pablo Acevedo. * * *
“2? El documento desconoce la naturaleza del derecho de Juan Pablo Acevedo y es contrario a la Ley. No se trata de una simple mención de precio ni de la cancelación de un gravamen caducado, sino del dominio directo cuya ‘extinción’ en una persona sólo puede ocurrir cuando su derecho pasa legalmente a otra persona, por cu-yos motivos se ha denegado la cancelación solicitada, * * *

La petición al registrador se basa en la Ley No. 12 de 29 de agosto de 1923, (2) p. (37) según fné enmendada por otra Ley No. 12, en 25 de junio de 1924, p. (109).

El apartado “a” de la sección P de dicha ley tal como fuá enmendada en 1924, dice lo siguiente:

“ (c) Las menciones de hipoteca o de precio aplazado de la com-praventa de inmuebles, ya consten en los antiguos y modernos libros del registro, si hubieren transcurrido más de veinte (20) años desde que se verificó la respectiva mención, cuando la parte interesada no hubiere solicitado la inscripción del derecho mencionado dentro del plazo de un año siguiente al día 29 de agosto de 1923, o hubiere pro-movido, dentro de ese período, demanda en reclamación de su de-recho, anotándola en el registro. Las menciones de censo no se can-celarán de los antiguos o modernos libros del registro cuando la parte interesada solicite la traslación del asiento o mención del de-recho mencionado a los modernos libros del registro dentro del plazo de dos años a contar desde el día en que empiece a regir esta Ley o promueva dentro de ese período, demanda en reclamación de .su .derecho, anotándola en el registro; Disponiéndose, además, que dichos registradores de la propiedad a instancia escrita de parte o de su representante, autenticada ante notario, procederán a cancelar también en el respectivo registro cualesquiera otras menciones de ■derechos para pago de dinero, que no se refieran al precio aplazado de la compraventa de inmuebles,, cuando no se fije plazo, o no se indique en el título que motiva la mención que se constituye un gravamen sobre el inmueble, si hubieren transcurrido más de cinco años.

Y la sección 2K\ en lo pertinente, prescribe:

' ‘ Sección 2. — Cualquier persona natural o jurídica, que sea dueña de bienes inmuebles sobre los cuales pesen gravámenes hipotecarios que tengan veinte (20) años de vencidos o de constituidos, si no tu-vieren vencimiento, podrá presentar a la corte de distrito en que radiquen los bienes o la mayor parte de ellos, una petición solici-tando la cancelación de dichas hipotecas, y el juez de dicha corte •ordenará la citación del acreedor para que comparezca ante la misma dentro del término de diez (10) días, si la citación se hace en el dis-trito, de veinte (20) días si se hace fuera del distrito, pero dentro de la Isla, y cuarenta (40) días si se hace fuera de la Isla, a que ■exponga las razones por las cuales dichas hipotecas no deben ser ■canceladas.
“ Transcurrido un año desde la vigencia de esta Ley, los regis-tradores, a instancia de las personas interesadas ya indicadas, pro-cederán a la cancelación de las hipotecas referidas en esta sección, sin necesidad de notificación alguna, si no se hubiere acreditado en el registro la interposición de la demanda en cobro de la misma o la de subsistencia de tales gravámenes.”

La. recurrente aparece ser dueña en el registro de una finca de mayor cabida, formada por agrupación de varias parcelas, entre las cuales se encuentra la de 30 cuerdas, ins-crita al tomo 16 de Adjuntas, folio 210, finca No. 812, que perteneció a Juan Pablo Acevedo y que vendió a Gabriel Goto Medina por la suma de $575 pagaderos a $100 anuales siendo el último plazo de $75 que vencía en diciembre de 1879, reservándose el vendedor el derecho, dominio y seño-río de la finca basta la extinción total de lo adeudado. En la inscripción se consigna además qne el comprador Gabriel Soto Medina inscribió el dominio útil de la finca a título de compra, reservándose el dominio directo a favor , del vende-dor Acevedo.

Alega la recurrente que el registrador cometió error al resolver que ella no es dueña en pleno dominio de la finca objeto del recurso porque fia dado más valor y efecto al de-recho que se reservó el vendedor, ya que el mismo no fué otra cosa sino un simple gravamen para responder del pre-cio aplazado.

Apareciendo de la inscripción que el precio de la venta se pagaría a plazos y que el vendedor se reservó el dominio o señorío hasta la extinción de la deuda, o como se hace constar al final de la inscripción: en garantía del pago de dicho precio, parece fácil que debemos tener por cierto que la reserva no podía tener más efecto que la de una garantía o gravamen para responder del precio aplazado. Las sec-ciones arriba insertas no señalan en verdad por sus nom-bres esta clase de gravámenes, pero en su naturaleza y por su objeto no vemos que se pueda diferenciar de los graváme-nes hipotecarios de que habla la sección 2a supra, por lo que existiendo igual situación legal debe aplicarse la misma ra-zón de derecho, pues en todo caso no podía aplicársele nin-guna de las denominaciones de cualquiera de los contratos que definen nuestras leyes civiles, porque si bien en el censo enfitéutico se separa el dominio directo y el útil, el derecho del censualista es el de percibir una pensión y por ello no puede equipararse el gravamen que nos ocupa.

Por. otro lado, no tenemos dudas que fué la intención de nuestra Legislatura extinguir por ministerio de la ley to-das aquellas menciones y gravámenes comprendidos en las secciones citadas para que por el transcurso de los términos especificados, queden borrados los defectos que en los títu-los puedan existir ¿n virtud de tales gravámenes, obedeciendo sin duda al fundamento de la prescripción, encaminada a dar fijeza a la propiedad y evitar o poner fin a las cuestiones litigiosas.

Por lo expuesto, la nota debe revocarse y ordenarse la■ cancelación solicitada.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Berríos, Acusado y Apelante.
    No. 2263.

    Visto: Diciembre 4, 1924.

      Resuelto: Enero 22, 1925.
    Alteración de la Paz — Denuncia Suficiente — Alegación Innecesaria. — La de-nuncia en este caso alega que los acusados penetraron en un baile de invitados sin el consentimiento del portero, tratando de bailar en contra de la voluntad de los concurrentes, pronunciando al propio tiempo frases que no se repro-ducen por ser indecentes, y otras como “Maldita sea la madre del guapo,” “Aquí no se baila más,” lo que dió lugar a que se turbara la paz y la tranquilidad de los concurrentes. Se resolvió: que Iá denuncia es suficiente porque constituyendo amenaza y provocación y alegándose que perturbaron la paz y tranquilidad de los concurrentes al baile', no era necesario alegar que tales palabras fueron pronunciadas en presencia o al alcance de mujeres o niños, importando poco si el apelante entró en el salón de baile con per-miso o sin permiso del dueño de la casa o del portero, ni si trataba de bailar ■ en contra de la voluntad de los concurrentes al baile.
    Id. — Juicio de Novo — Prejuicio.—El hecho de que la corte de distrito al imponer en apelación tres meses de cárcel por alterar la paz a un acusado condenado a $25 por la corte municipal, expresara que tales hechos están ocurriendo con frecuencia, no demuestra prejuicio ni constituye error perjudicial.
    Sentencia de C. E. Foote, J. (San Juan, Primer Distrito), conde-nando al acusado por alterar la paz.

      Confirmada.

      E. López Tizol, abogado del apelante; José E. Eigueras, Fiscal, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Luis Berríos y Manuel Berríos fueron denunciados en una corte municipal por un policía y la corte de distrito en grado de apelación condenó a Manuel Berríos a tres meses, de cárcel por el delito que se le imputó y- fue interpuesta por el apelante esta apelación. ' ..

La denuncia dice que Manuel y Luis Berríos maliciosa,, ilegal y voluntariamente penetraron a las, 3.50 minutos de. la madrugada en el salón de la casa de". Evangelista' Félix,> donde se celebraba un baile de invitados, lo que hicieron sin el consentimiento del portero, tratando de bailar en contra' de la voluntad de los concurrentes, pronunciando al propio tiempo ciertas frases que no reproducimos por ser indecen-tes, y otras como “Maldita sea la madre del guapo,” “Aquí no se baila más,” lo que dio lugar a que sé turbara la paz y la tranquilidad de los concurrentes:

Alega el apelante que la denuncia no imputa un delito porque no dice que las palabras que se le atribuyen fueran pronunciadas en presencia o al alcance de mujeres o niños en forma estrepitosa o inconveniente, que es requisito exi-gido por el artículo 368 del Código Penal para que esas pa-labras sean constitutivas de delito.

Esa es una de las maneras cómo puede ser cometido el delito de turbar la paz pública según dicho artículo, pero también especifica otra manera, cual es la de perturbar la paz o tranquilidad de algún vecindario o individuo con fuer-tes o inusitados gritos, conducta tumultuosa y ofensiva, o amenazas, vituperios, riñas, desafíos o provocaciones, en cuyo caso no es necesario que las palabras sean pronuncia-das en la presencia o al alcance de mujeres o niños; y como las palabras atribuidas al apelante son de amenaza y de pro-vocación, y como se alega que dieron lugar a que se pertur-bara la paz y tranquilidad de los concurrentes al baile, no tenemos duda alguna de que la denuncia imputa la comisión de un delito en la forma dicha, importando poco si el ape-lante entró en el salón de baile con permiso o sin permiso del dueño de la casa o del portero, ni si trataba de bailar en contra de la voluntad de los concurrentes al baile.

Alega también el apelante que la sentencia es contraria a la prueba, pero la lectura que hemos hecho de ella nos con-vence de lo contrario pues resulta que el apelante penetró en actitud violenta en un baile sin ser invitado y a pesar de la oposición del portero; que ya en el salón cogió una pa-reja para bailar y al decírsele que aquél era un baile de la clase de color, que no estaba invitado y que se retirase, dijo el apelante que bailaba de todos modos por sus pantalones o se acababa el baile, pronunciando las palabras que le im-puta la denuncia y otras de igual índole y tuvo una lucha con la gente del baile.

Se alega también como error el haber sido modificada la sentencia de la corte municipal que le impuso $25 de multa por la de tres meses de cárcel, fundada la corte de distrito en que éstos son hechos que están ocurriendo con frecuencia, y que por esto hubo prejuicio en la corte contra el apelante.

Las apelaciones en estos casos ante las cortes de distrito son juicios de nuevo y por esto no hay que tener en cuenta la pena que impusiera la corte municipal, sin que el hecho de que la corte de distrito tuviera en. cuenta para imponer la pena que son frecuentes hechos como los realizados por el apelante pueda ser considerado como erróneo ni perjudicial, pues está dentro de sus atribuciones la imposición de la pena y puede tener en cuenta la frecuencia del delito en la comunidad a fin de evitarlos. Confirmada.


author: El Juez Asociado Señob Aldkey,

text:
    Salgado, Demandante y Apelante, v. Figueroa, Demandado y Apelado.
    No. 3360.

    Visto: Diciembre 19, 1924.

      Resuelto: Enero 22, 1925.
    ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS-COBRO DE SERVICIOS PRESTADOS ANTES DE MODI-FICARSE el Contrato — Alegaciones—Demanda Suficiente. — Alega el contra-tista demandante que convino con el demandado en fabricarle una casa por cuyo trabajo recibiría la mitad del exceso que resultare basta $6,000 si la construía con $4,500 ó $5,000, y que habiéndole exigido el demandado ciertas ampliaciones después de empezada la obra, le dijo que con tales variaciones tendría que gastar $3,000 ó $4,000 adicionales, a lo que contestó el demandado que no importaba y que le pagaría los $500 ofrecidos como mitad de los $1,000 estipulados originalmente. Se resolvió: que esta última alegación hace innecesaria la de que fué cumplida por el demandante la condición de fabricar la casa a un costo no mayor de $5,000, por lo que bajo tal reclamación la demanda es suficiente.
    Id. — Servicios Prestados Sin Previo Convenio — Alegación Necesaria. — No ale-gándose convenio para el pago de servicios profesionales prestados como con-secuencia de alteraciones exigidas por el dueño de la obra, era necesario alegar el valor razonable de -los servicios, no siendo suficiente la estimación que de ellos hace el demandante.
    Id. — Materiales Suplidos Sin Previa Eijación de su Valor — Alegación Nece-saria. — No alegándose un contrato a preeio cierto por la arena suplida por el contratista demandante, era necesario alegar el valor razonable de la misma, pues el demandado no está obligado a pagar el valor que arbitraria; mente fije el demandante.
    Sentencia de C. Foote, J. (San Juan, Primer Distrito), en una ac-ción en cobro de dinero, declarando sin lugar la demanda, con las costas.

      Revocada en parte.

      G. Cruzado Silva y C. Coll Cuchí, abogados del apelante; A. Marín Marión, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señob Aldkey,

emitió la opinión del tribunal.

La demanda enmendada en este pleito alega separada-mente dos cansas de acción, siendo los hechos expuestos en la primera que el demandante es constructor de obras y como tal contrató con el demandado fabricarle una casa por cuyo trabajo recibiría la mitad del exceso que resultara hasta $6,000 si lograba construirla con $4,500 a $5,000, con cuyas condiciones comenzó la obra después de haber hecho sus cálculos y en la seguridad de que edificaría la casa con $5,000 por lo que le corresponderían $500, mitad de la dife-rencia entre $5,000 y $6,000, pero después de empezada la obra el demandado exigió en ella ampliaciones y modificacio-nes, y habiéndole llamado el demandante la atención de que con esas modificaciones tendría que gastar $3,000 a $4,000 más le contestó el demandado que no importaba y que los $500 que él le había prometido como mitad de los $1,000 es-tipulados originalmente le serían satisfechos, habiendo su-bido así el costo de la edificación a $9,000, y que el deman-dado se niega a satisfacerle dichos $500 y también otros $500 en que el demandante estima el valor de su trabajo por el aumento de la obra hecho fuera del contrato primitivo. En la segunda causa de acción se alega que el demandante suministró para la construcción de la casa toda la arena que fué necesaria para ella ascendente a 215 metros, que a ra-zón de $2.50 el metro importa $537.50, cantidad que también se niega a pagarle el demandado.

Formulada excepción previa contra esa demanda por nó aducir hechos suficientes para las dos cansas de acción que se ejercitan la corte la sostuvo en cuanto a los $500 que se reclaman por. el trabajo realizado por el demandante para el demandado en el aumento de obra, porque no se dice que esa cantidad sea el valor real o razonable de la obra reali-zada sino una mera estimación que hace el demandante; y también en cuanto a la reclamación por la arena porque no alegándose que hubiera contrato o convenio alguno para su compra no expone que los $537.50 que por ella se reclaman .sean el valor real y que efectivamente tenía o que fuese su valor razonable. En vista de esa resolución el demandante pidió, a la corte que dictase sentencia la que fué registrada declarando sin lugar la demanda .con las costas, contra la cual interpuso este recurso de apelación.

. Aunque la demanda sólo contiene dos causas de acción separadas son tres las reclamaciones que en ella se hacen, a saber: $500 por la construcción de la casa según un con-trato entre las partes: otros $500 por valor del trabajo he-cho fuera de ese contrato; y $537.50 por la arena que el demandante suministró para la fabricación de la casa; y dados los términos de la resolución de la corte inferior que originó la sentencia apelada entendemos que sólo en cuanto a las dos últimas reclamaciones fué declarada insuficiente la demanda. A.pesar de esto .alega el apelado que tampoco la primera reclamación de $500 aduce hechos suficiente porque estando la obligación de pagar sujeta a la condición de que la casa fuera construida por una cantidad que no excediera de, $5,000, debió alegarse que fué cumplida esa condición, Tendría razón el apelado en esta alegación si la demanda no hubiese alegado que al llamar la atención el demandante al demandado de que las ampliaciones y modificaciones que exigía aumentaba el costo de la obra le contestó que no im-portaba y que los $500 que le había prometido como mitad dq los $1,000 estipulados en el contrato original le serían satisfechos, por lo .que en vista de la aceptación alegada da demanda es suficiente en cuanto a esos $500.

Con respecto a los otros $500 reclamados por el trabajo del demandante en el aumento de obra por las ampliaciones y modificaciones requeridas por el demandado después del contrato de construcción y de haber sido comenzada la obra la demanda es insuficiente, pues no alegándose que hubiese convenio alguno para el pago de ese aumento de trabajo de-bió alegarse que la cantidad reclamada es el valor razonable de él, ya que el artículo 1486 del Código Civil dispone que a falta de convenio en el arrendamiento de servicios profesio-nales la parte con derecho a remuneración podrá reclamar y obtener el importe razonable de sus servicios; y ese im-porte razonable es el que se justifique mediante pruebas y no la estimación y apreciación personal del que arrienda sus servicios.

Tampoco las alegaciones en la segunda causa de acción son suficientes, pues no alegándose un contrato para la en-trega de la arena por precio determinado debió alegar la demanda que los $2.50 que se reclaman, por cada metro de arena es el valor razonable de ella, pues el demandado no está obligado a pagar la cantidad que arbitrariamente se fije como valor de la arena.

En vista de las conclusiones a que llegamos, conformes con las de la corte inferior, y de que el demandante en vez de enmendar su demanda prefirió' que se dictase sentencia contra él, podríamos declarar sin lugar la demanda en cuanto a la segunda y tercera reclamación, pero no lo haremos en bien de la justicia porque debiendo devolverse el caso por ser suficiente la demanda en cuanto a la primera reclamación preferimos que el demandante pueda enmendar su demanda en cuanto a esas dos reclamaciones.

Por lo expuesto la sentencia apelada debe ser revocada en cuanto declara sin lugar toda la demanda y confirmarse en cuanto a las segunda y tercera reclamaciones que en ella se hacen pero devolviendo el caso para ulteriores procedi-mientos no inconsistentes con esta opinión.


text:
    Palacios, Demandante y Apelado, v. González, Demandado y Apelante.
    No. 3355.

    Visto: Enero 15, 1925.

      Resuelto: Enero 22, 1925.
    DiscRüción Judicial — Orden de Presentación de Prueba. — La corte tiene dis-creción para admitir prueba al demandante después de haber presentado la suya el demandado.
    Oobro de la -Fianza al Piador — Admisión de Prueba — Evidencia de Prórroga Pedida bor el Piador. — Vencida la obligación que se reclama el 19 de enero de 1920 y no habiendo sido presentada la demanda contra el fiador hasta el 29 de junio de 1923, el demandante podía probar, aunque no fuere alegado, que a pesar del tiempo transcurrido la obligación del fiador subsistía porque a su instancia fueron concedidas prórrogas para el pago al obligado principal.
    Id. — Pasión y Prejuicio. — Si las manifestaciones teñidas de pasión y prejuicio que se atribuyen a la corte sobre la credibilidad que le merecía un testigo que declaró mediante deposición no constan en los autos, el Tribunal Supremo carece de base para decidir la cuestión.
    SentenCia de- M. Rodríguez Berra, J. (‘San Juan, Distrito Segundo), en una acción en cobro de pagaré, declarando con lugar la de-manda, y las costas.

      Confirmada.

      C. Coll y Cuchí y G. Cruzado Silva, abogados del apelante; J. Mar-tínez Dávila, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fue condenado a pagar como fiador la recla-mación que motiva este pleito y en el recurso que fia inter-puesto contra la sentencia alega como motivos del mismo la indebida admisión como prueba de ciertas cartas, que se permitiera al apelado presentar evidencia después de baber terminado su prueba, que la corte no diese crédito a cierto testigo del demandado y que declarase con lugar la demanda sin tener en cuenta que la obligación que reclama está novada.

Después de terminar el demandante la presentación de su evidencia le fue permitido que presentara el pagaré original en que funda su demanda, lo que se alega ser erróneo, pero la corte no sólo tenía facultad discrecional para admi-tir prueba al demandante después de baber presentado la suya el demandado, sino que esa prueba era innecesaria por-que habiendo sido insertado el pagaré en la demanda su au-tenticidad quedó admitida por el demandado por el becbo de ,11o haberla negado bajo juramento en sn contestación, de acuerdo con el'- artículo 119 del Código de Enjuiciamiento Civil.

En el juicio fueron presentadas por el-acreedor tres car-tas que le escribió el fiador el 7 y 9 de marzo y el 14 de mayo de 1922, cuya admisión por la corte se alega ser errónea porque no corresponden a ninguna de las alegaciones de la demanda ni son pertinentes tratándose del cobró de un pa-garé. Esa evidencia no era impertinente en este caso, pues vencida la obligación que se reclama el 19 de enero de 1920 y no habiendo sido presentada-la demanda contra el fiador hasta el 29 de junio de 1923, el demandante podía probar, aunque no fuere alegado, que a pesar del tiempo transcu-rrido la obligación del fiador subsistía porque a su instancia fueron concedida? prórrogas para el pago al obligado principal.

La cuestión respecto a si la obligación que se reclama quedó novada el 27 de octubre de 1922 sin el consentimiento del fiador, que es la única defensa del demandado, y que por esto no está obligado al pago que se le exige, descansa en el hecho ,de si el acreedor aceptó de su deudor principal una nueva. obligación en la que se comprendió la cantidad que era reclamada, otra más de otro pagaré y los intereses de-bidos. hasta entonces, sin la garantía del fiador demandado, cuestión que resultó contradictoria y cuyo conflicto en la evidencia fué resuelto por la corte inferior en contra del de-mandado, sin que el examen que hemos hecho de la evidencia nos demuestre que la corte inferior errara al resolver el.con-flicto en la forma qüe lo hizo.

Se alega también que la corte inferior se expresó en tér-minos muy poco favorables sobre la credibilidad que le me-recían los testimonios tomados por deposición y que hizo manifestaciones llenas de pasión y prejuicio respecto de ellas por lo que no dió crédito a un testigo del demandado que de-claró por deposición. Sin embargo, como esas manifestado-pes atribuidas a la corte no constan en los autos, carecemos de base para poder declarar si babo prejuicio en contra de lo declarado por deposición por dicbo testigo.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Wolf no tomó parte en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Señoe AldRey,

text:
    Ruiz, Demandante y Apelante, v. Bravo, Opositor y Apelado.
    No. 3427.

    Visto: Diciembre 18, 1924.

      Resuelto: Enero 23, 1925.
    Divorcio — Corte—Jurisdicción-—Medidas Provisionales Mientras se Decide el Divorcio — Habeas Corpus. — Presentada por la esposa nn recurso de habeas corpus ante la Corte de Distrito de Mayagüez para que-ínterin resolvía la de Aguadilla el pleito de divorcio por abandono entablado contra la peticionaria, el esposo le entregara una bija legítima de ambos que retenía ilegalmente en Mayagüez, se resolvió: que la facultad de poner a los bijos bajo el cuidado de la esposa, a que se refiere el artículo 166 del Código Civil, así como la de regular las relaciones de familia de los cónyuges con sus hijos mientras . dura el divorcio, correspondía a la Corte de Distrito de Aguadilla y no a la de Mayagüez, la que sólo podía resolver, por estar la niña en su jurisdicción, si estaba retenida ilegalmente por su padre.
    Sentencia de A. Acosta,'J. (Mayagüez), declarando sin lugar una solicitud de habeas corpus.

      Confirmada en parte.

      A. Nazario Lugo y L. Llorens Torres, abogados de la apelante; Benet & Bouffront, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señoe AldRey,

emitió la opinión del tribunal.

La apelante presentó en la Corte de Distrito de Maya-g.üez una solicitud de babeas corpus alegando que su esposo tenía presentada contra ella una demanda de divorcio por abandono en la Corte de Distrito de Aguadilla y que su ma-rido retenía ilegalmente dentro de la jurisdicción de la Corte de Distrito de Mayagüez la custodia de una bija menor del matrimonio que corresponde a la peticionaria mientras se re,-suelve el divorcio por lo que solicitó que dicha niña le fuera entregada. Se opuso el padre a esa petición alegando no haber’ privado ilegalmente a la peticionaria de la custodia de su bija porque la conducta de la madre cometiendo adul-terio y su intención manifestada de continuar cometiéndolo-la privan de todo derecho a tener a la niña en sn compañía y qne en el pleito de divorcio está pendiente de resolverse por la Corte de Distrito de Aguadilla una petición de la madre para qne la niña le sea entregada a la qne se ha opuesto el padre. La Corte de Distrito de Mayagüez resol-vió la contienda declarando sin lugar la entrega de la niña a la peticionaria y decretando que la menor quede bajo la custodia del padre mientras se resuelve el pleito de divor-cio, sin perjuicio de que la peticionaria continúe las relacio-nes de familia con su hija, las que limitó a una visita de una hora el primer domingo de cada mes. Contra esa sentencia interpuso la peticionaria este recurso de apelación.

Dispone el artículo 222 del Código Civil que la patria potestad sobre los hijos legítimos no emancipados corres-ponde, en primer término, al padre, y en ausencia, impedi-mento legal o muerte de éste, a la madre; y el artículo 223 que uno de los efectos de la patria potestad es el de tener a los hijos en su compañía, por lo que no puede sostenerse-que el padre demandado en este procedimiento de habeas-corpus retenga ilegalmente a su hija bajo su custodia.

Es cierto que una de las medidas provisionales que pue-den tomarse durante el pleito de divorcio, según el artículo-166 del mismo Código es que los hijos del matrimonio cuyo-cuidado provisional pidieran ambos cónyuges, sean puestos-bajo el cuidado de la mujer, mientras el juicio se sustancie y decida a menos que concurran razones poderosas a juicio de la corte de distrito para privar a la mujer del cuidado de sus hijos en todo o en parte; pero esta cuestión así como la de regular las relaciones de familia de uno u otro cón-yuge con los hijos mientras dura el divorcio corresponde a la Corte de Distrito de Aguadilla donde el pleito de divor-cio se tramita, por ser una medida provisional del pleito, y no a la Corte de Distrito de Mayagüez la que sólo podía resolver por estar la niña en su jurisdicción si estaba rete-nida ilegalmente por su padre. En verdad, el derecho que pueda tener la madre en contraposición al primordial del padre a la custodia de lá niña surgiría del pleito de divorcio, y por tanto si por él tiene derecho a la. custodia de la niña o si debe ser privada de ella en virtud de razones poderosas son cuestiones de la competencia de la corte que conoce del pleito.

Por lo expuesto la sentencia apelada debe ser confirmada solamente en cuanto declara sin lugar la petición de habeas corpus.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


author: El Juez Peesidente Señob del Tobo,

text:
    Ortiz et al., Demandantes y Apelantes, v. San Miguel, Etc., Demandada y Apelada.
    No. 3493.

    Visto: Diciembre 8, 1924.

      Resuelto: Enero 27, 1925.
    Desestimación de Apelación — Prórroga Ratificada — Oortes de Justicia: su Facultad para Convalidar una Orden que Quedó sin Firma. — Un juez de distrito tiene facultad para firmar una orden de prórroga, debidamente soli-citada y concedida, cuando por una inadvertencia no lo hizo, y dicha orden así convalidada surte sus efectos desde »el momento en que fué realmente dictada.
    Id. — Costas—Taquígrafo.—No existe ley que disponga que el escrito por virtud del cual el taquígrafo solicita prórroga para preparar la transcripción de la evidencia deba llevar adherido un sello de rentas internas de $5.
    Moción sobre desestimación de apelación presentada por él apelado y del apelante' sobre corrección de autos.

      Sin lugar la desestima-ción permitiéndose la corrección de los autos.

      A. Arnaldo y H. F. Besosa, abogados de los apelantes; A. A. Váz-quez, abogado de la apelada.
   El Juez Peesidente Señob del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Archivada ya la transcripción de los autos en este Tribunal, la parte apelada solicita la desestimación del recurso por dos motivos, 1, porque el taquígrafo radicó la transcrip-ción de la evidencia después de vencido el término que se le concediera para ello, y 2, porque el escrito por virtud del cual el taquígrafo solicitó una prórroga no tiene adherido y cancelado nn sello de rentas internas por valor de cinco dólares.

La parte apelante se opnso alegando que la transcripción de la evidencia fné archivada por el taquígrafo dentro de una prórroga concedídale por el juez y que el sello de ren-tas internas no era necesario.

Para sostener su alegación en cuanto al primer motivo, pidió el apelante que se le permitiera corregir el récord adi-cionándole la copia certificada de la orden sobre prórroga, que dice:

“Por cuanto: Esta Corte con fecha 7 de junio del corriente año concedió al taquígrafo una prórroga de cuarenta días para que pro-cediera a entregar el récord taquigráfico, cuyos cuarenta días habían de comenzar a contarse desde el diez de junio hasta el veinte de ju-lio del corriente año; “
“Por cuanto: Por una inadvertencia dicha orden no fué firmada por el Juez que provee; •
“Por cuanto: En el día de hoy ha sido'llamada la atención de esta Corte sobre la omisión de haber, firmado la orden que' dictó, y a la que se refiere el primer por cuanto;
“Por tanto, esta Corte declara que la orden de siete de junio del corriente año sobre concesión de prórroga al taquígrafo, queda ra-tificada, entendiéndose que dicha orden produce sus efectos desde el día siete de junio en que esta Corte la dictó, quedando subsanada la omisión de la firma, en la que se incurrió por inadvertencia.
“Mayagüez, Diciembre 1 de 1924.— (Firmado) Angel Acosta, Juez del Distrito. ’ ’

■ „ ¿Es válida la orden de' la corte en los términos en que fué dictada y aparece ratificada?

■ Entendemos que sí. Según la certificación del secretario de la corte de distrito acompañada a su moción por la parte apelada, en los autos del caso aparece un escrito del taquí-grafo de fecha 7 de junio, 1924, solicitando una prórroga de cuarenta días. Al pie de dicho escrito figura la orden ac-cediendo a lo solicitado con la firma del juez en blanco. Pero el juez explica luego,' en forma auténtica y fehaciente, lo pcurrido,- asegurando que la orden- fué dictada y quedó' sin firmar por una inadvertencia, motivo por el cual la ratifica. Lo que hizo el juez fue restablecer la verdad de lo ocurrido y para ello su facultad es clara.

No tiene razón el apelado en cuanto a la necesidad del sello de rentas internas. El caso de Nazario v. Santos, Juez Municipal, 27 D.P.R. 89, invocado, no es aplicable. El sello de cinco dólares se exige que se adhiera al escrito de apelación. Ley No. 17 de 1915 (pág. 45). El taquígrafo no interpuso la apelación. Gestionó algo dentro de la ape-lación ya interpuesta. El taquígrafo no es una parte en el litigio, sino un funcionario llamado a cumplir ciertos debe-res en relación con el recurso interpuesto por la parte inte-resada. La cuestión es tan clara que la contención carece de mérito alguno.

Debe, en tal virtud, declararse con lugar la moción sobre corrección de autos y sin lugar la moción de desestimación.


author: El Juez Presidente Señor del Tobo,

text:
    Blanco, Peticionario y Apelante, v. La Asamblea Municipal de Santa Isabel, Demandada y Apelada.
    No. 3372.

    Visto: Noviembre 14, 1924.

      Resuelto: Enero 28, 1925.
    Destitución de Empleados Municipales — Causa Suficiente — Eorma del De-creto.- — Es cansa suficiente para la destitución de un secretario-auditor de un municipio el que autorizara el pago de dietas a miembros de la asamblea que no asistieron a una sesión en la cual él mismo estuvo presente, y habiéndose formulado el cargo por escrito y dádose al funcionario la oportunidad de de-fenderse, la destitución es válida, sin que sea necesario que se decreto en ■ forma de ordenanza.
    Resolución de G. Gastejón, J. (G-uayama), desestiñiando solicitud de auto de certiorari.

      Confirmada.

      J. G. Gelpí y F. Colón Fías, abogados del apelante; C. Ramos An-tonini, abogado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Fortunato Blanco Mateo destituido de su cargo de Secre-tario Auditor del Municipio de Santa Isabel por la Asam-blea Municipal, presentó una solicitud de certiorari en lá Corte de Distrito de Gfuayama eon objeto de que se revisa-ran y anularan los procedimientos que tuvieron lugar con tal motivo.

Se expidió el auto y con vista del “return” y de las ale-gaciones de las partes, el juez desestimó la petición expo-niendo amplia y cuidadosamente sus razones en una opinión que forma parte de los autos. No conforme el peticionario, apeló para ante este Tribunal.

En su alegato impugna el apelante las conclusiones de hecho a que llegó la corte sentenciadora constantes en la ex-presada opinión. Hemos leído las actas transcritas en el “return” y a-nuestro juicio justifican las conclusiones de la corte, a saber: el peticionario fué destituido por la asam-blea municipal en una sesión extraordinaria mediante cargos escritos que se le formularon, dándosele oportunidad de de-fenderse y presentándose prueba de los cargos.

Los cargos constituyen causa justificada para la destitu-ción, especialmente el segundo o sea haber librado pagos a ciertos asambleístas que no concurrieron a una sesión de la Asamblea. El testigo Enrique Seda, bajo juramento, de-claró :

“. Que un acta levantada en el libro de actas de la Asam-blea Municipal de Santa Isabel, es nula debido a que no se celebró tal sesión y sí una reunión de cuatro miembros, de la Asamblea Municipal de Santa Isabel, Puerto Rico, con el Secretario-Auditor en la oficina de este último. Que sabe que esa reunión fué pagada como sesión a los cuatro miembros que asistieron a dicha reunión, como también »paga'da a los no concurrentes, que fueron cuatro. Que los Sres. Asambleístas que tuvieron la referida reunión en la oficina del Secretario-Auditor, con éste último, fueron los Sres. José J. Pérez, Miguel Santiago, Juan Díaz Robledo y Lino A. Burgos; los no concurrentes fueron Vidal Moreno, Juan Molina, Regino León y Francisco A. Escribano.”

. No es necesario que el decreto de destitución se hiciera constar en forma de ordenanza. La sección 27 de la Ley Municipal (Leyes de 1919 p. 701) fué debidamente interpre-tada por la corte sentenciadora. Las destituciones guardan relación con los nombramientos, excluidos expresamente por el Legislador de tener que ser decretados en forma de orde-nanza.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Polanco, Peticionario y Apelante, v. Alvarez, Opositor y Apelado.
    No. 3331.

    Visto: Junio 11, 1924.

      Resuelto: Enero 28, 1925.
    Divorcio — Derechos del Cónyuge Inocente — Patria Potestad. — Aunque en la demanda no se pida ni la sentencia lo disponga expresamente, la patria po-testad sobre los hijos menores corresponde al cónyuge inocente.
    Id. — Custodia de dos I-Iijos a la Muerte del Cónyuge Inocente. — Atendido el estado actual de la ley y la jurisprudencia en Puerto Pico, el cónyuge culpable en casos de divorcio pierde la patria potestad sobre sus hijos y no la recobra a la muerte del cónyuge inocente.
    SENTENCIA de P. Berga, J. (Humaeao), sobre nombramiento de tutor, declarando sin lugar la solicitud, sin costas.

      Revocada.

      Sres. C. Benitez y J. Puig Morales, abogados del apelante; Sr. B. Fernández García, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se apela de una sentencia que declaró sin lugar una pe-tición de nombramiento de tutor a una menor, bija de cón-yuges divorciados, a la muerte .del cónyuge inocente que la tenía bajo su cuidado y patria potestad. La petición se for-muló partiendo de la base de haber perdido en absoluto el cónyuge culpable la patria potestad, como consecuencia del divorcio. La corte de distrito decidió que a la muerte del cónyuge inocente, el culpable recobraba la patria potestad y por tanto que no había lugar al nombramiento, y la parte apelante sostiene que erró al interpretar de tal modo la ley vigente en Puerto Rico. La discusión de ese error consti-tuye la cuestión fundamental a resolver en el recurso. Los otros errores señalados carecen de importancia.

Los hechos concretos se narran en la opinión de la corte sentenciadora, así:

“Ramón Alvarez y María Polanco Santiago, contrajeron matri-monio el día 21 de septiembre de 1908. Durante el matrimonio pro-crearon una hija, Rosa María Alvarez Planeo, de 14 años cumpli-dos de edad. En 12 de agosto'de 1920, María Polanco Santiago pre-sentó en la Corte de Distrito de Humacao, demanda de divorcio contra su esposo Ramón Alvarez López, fundada en abandono por más de un año, y en ella alegó, además, que la hija habida en el matri-monio se encontraba a su cuidado. En la súplica de la demanda la demandante solicitó que se dictara sentencia declarando roto y disuelto el vínculo matrimonial existente entre las partes, con todos los demás pronunciamientos que • dicha sentencia debía comprender. Visto el caso, por sentencia de 26 de noviembre de 1920, se declaró que la ley y los hechos estaban en favor de la demandante y en contra del demandado, y en su consecuencia roto y disuelto el vínculo matrimonial existente entre las partes. En la sentencia no se hizo pronunciamiento especial con respecto a la niña Rosa María, la que continuó bajo la custodia de la madre, la referida María Polanco Santiago, hasta su fallecimiento ocurrido en Caguas el día 31 de diciembre de 1923, en que dicha niña pasó al cuidado del padre. María Polanco Santiago falleció sin dejar testamento y su hija Rosa María Alvarez Polanco ha sido declarada su única y universal he-redera, según resolución de esta corte- de 15 de enero de 1924.
“El peticionario Nicolás Polanco Santiago es tío consanguíneo materno de Rosa María Alvarez Polanco y alega en la petición de este caso, que la referida menor se encuentra sin tutor que repre-sente su persona y rija sus bienes, habida consideración de que su legítimo padre Ramón Alvarez López se halla privado del derecho de patria potestad por virtud de la sentencia de divorcio, y solicita dé la corte dicte un auto designando la persona que deba ejercer la tutela, previa prestación de la correspondiente fianza. Y alega en contrario el opositor Ramón Alvarez López, padre de la menor, que en la demanda de divorcio establecida en su contra por María Po-lanco Santiago, no solicitó que la hija habida en el matrimonio que-dara bajo la custodia y patria potestad de la madre, ni esto se le concedió en la sentencia, y por tanto que él, como padre legítimo, tiene la patria potestad de su referida hija Rosa María Alvarez Po-, lanco, y solicita que así se declare, negándose en su consecuencia la petición sobre nombramiento de tutor.”

Narrados los techos, dice el tribunal sentenciador:

“Dos son las cuestiones de derecho planteadas, a saber:
“1. Si la sentencia de divorcio lleva como secuela la patria po-testad de los hijos a favor del cónyuge inocente, aun cuando no se solicite expresamente en la demanda, ni se conceda en la senten-cia; y
“2. Si el cónyuge culpable recobra la patria potestad a la muerte del cónyuge inocente.”

Procediendo al estudio de la primera, expresa:

“En todos los casos de divorcio, establece el artículo 175 del Có-digo Civil que los hijos menores serán puestos bajo el cuidado y pa-tria potestad de la parte que lo hubiese obtenido. Y el artículo 234 del mismo código determina que el padre o la madre perderán la patria potestad sobre sus hijos cuando por sentencia de divorcio se concediese la custodia de los hijos a uno de los dos cónyuges. Y fun-dado en este último precepto es que alega el opositor que aún con-serva la patria potestad sobre su menor hija, porque en la sentencia no se concedió la custodia a la madre. No es materia de discreción judicial el conceder o nó la custodia de los hijos al cónyuge inocente, y con ello la pérdida de la patria potestad, sino que ése es uno de los efectos o consecuencia necesaria de la sentencia de divorcio, como lo es también la separación de propiedades y bienes de todas clases entre los cónyuges. El artículo 175 del citado Código Civil es man-datorio. Los hijos menores serán puestos bajo el cuidado y patria potestad del cónyuge inocente, y no era necesario en este caso que así se dispusiera expresamente en ,1a sentencia. Dicho artículo 175 del Código Civil de Puerto Rico es semejante al 157 de Louisiana, e interpretando dicho artículo la Corte Suprema de aquel estado ha decidido que cuando un matrimonio es disuelto por divorcio, la cus-todia de los hijos se retiene por la parte que lo hubiese obtenido, no siendo necesario que especialmente así se disponga en la sentencia. Lemunier v. MeClearly et al., 37 La. Ann. 133. Véase además Crochet v. Dugas, 126 La. 285. En el presente caso la madre tenía la custodia de su hija y con ella la patria potestad y la retuvo hasta su muerte.”

Y continuando en el de la segunda, dice, en parte, así:

“La patria potestad, según el artículo 233 del Código Civil, sólo se acaba cuando concurren cualesquiera de las circunstancias siguien-tes: la muerte de los padres o del hijo; la emancipación o la adop-ción del hijo. Y si bien es cierto que el artículo 234 del mismo có-digo determina que el padre o la madre perderán la patria potestad /sobre sus hijos cuando por sentencia firme en pleito de divorcio se «concediese la custodia de los mismos a uno de los cónyuges, el pro-pósito del legislador no fué el de privarlos para siempre de ese de-recho, pues de acuerdo con los preceptos que rigen la institución de tutelas, que determina en qué casos procede el nombramiento de tutor, no se especifica en ninguno de ellos que proceda tal designación en el supuesto caso de que, muerto el cónyuge inocente y sobrevi-viendo el cónyuge culpable, deba decretarse el nombramiento de un tutor. Y debe tenerse en cuenta para orientarse en esta cuestión trascendental, el artículo 236 que determina el único caso en que, habiendo padres, puede nombrarse un tutor, o sea, cuando trataren a sus hijos con dureza excesiva, o si les dieren órdenes, consejos o ejemplos corruptores, y a cuyo estatuto le es aplicable la máxima expressio unius est exclussio alterius. Véase Rojas vs. Colón, 27 D.P.R. 882; Le Hardy vs. Acosta, 18 D.P.R. 458; Cuevas vs. Cartagena, 21 D.P.R. 224; Arbona vs. Torres, 24 D.P.R. 452. El artículo 234 debe interpretarse como una restricción accidental de las rela-ciones legales entre padre e hijo, pero nunca en el sentido de des-truir por completo los lazos. creados por la naturaleza, porque si el padre sigue teniendo obligaciones para con su hijo, esas obligaciones nacen de un vínculo que subsiste y si se rompiera en absoluto hasta el extremo de destruir los derechos del padre, lógico sería concluir también que habían terminado sus obligaciones. Y el divorcio no priva en ningún caso a los hijos de ninguno de los derechos o ven-tajas que por la ley están señalados o que les correspondan por ra-zón del matrimonio. Artículo 176 del Código Civil.
“El artículo 73 del Código Civil Español, que comprende en parte a los artículos 173, 174 y siguientes del nuestro, dispone que 'a la muerte del cónyuge inocente volverá el culpable a recobrar la patria potestad y sus derechos, si la causa que dió origen al divor-cio hubiese sido el adulterio, los malos tratamientos de obra o inju-rias graves, y'si fué distinta se nombrará tutor a los hijos.’ Es de-cir, que en el derecho español, el cónyuge culpable recobra la patria potestad sobre sus hijos menores a la muerte del cónyuge inocente, excepto cuando la causa que dió origen al divorcio hubiese sido: *La violencia ejercida por el marido sobre la mujer para obligarla a cambiar de religión; la propuesta del marido para prostituir a su mujer; el conato del marido o de la mujer para corromper a sus hijos o prostituir a sus hijas; y la connivencia en su corrupción o prostitución, y la condena del cónyuge a cadena o reclusión perpetua. ’ El abandono no es causa de divorcio en el derecho español, (Art. 105 del Código Civil Español), pero si lo fuera el cónyuge culpable recobraría quizás la patria potestad a la muerte del cónyuge ino-cente. Sin duda que el legislador español tuvo en cuenta los moti-vos de la ruptura de vida común al determinar los casos en que el cónyuge culpable recobraría la patria potestad, negándosela en aque-llos en que la separación proceda de actos perversos y de malas in-tenciones para con sus hijos. Véase 1 Manresa, 364.
“El único caso en que, conforme al artículo 164 de nuestro Có-digo Civil, puede decirse que se decreta el divorcio por una ofensa a los hijos es el del inciso 7: ‘el conato del marido o de la mujer para corromper a sus hijos o prostituir a sus hijas, y la conniven-cia en su corrupción o prostitución.’ En ninguna otra de las cau-sas del divorcio que establece la ley, puede decirse que se concede por una ofensa a la prole. Puede el padre cometer adulterio, o ser condenado por delito grave que apareje la pérdida de los derechos civiles, o ser un ebrio consuetudinario, o afecto al uso excesivo del 'opio o de cualquier otro narcótico, tratar cruelmente a su esposa o injuriarla gravemente, abandonarla, por más de un año, sobrevenirle impotencia incurable después del matrimonio y, sin embargo, a pe-sar de todas estas causas de divorcio que reconoce nuestro Código Civil, ser un buen padre, cariñoso y amante con sus hijos. jY no se-ría en extremo cruel e inhumano que a un padre, por sobrevenirle la impotencia absoluta, perpetua e incurable después del matrimonio, y concedido el divorcio a la mujer por esta causa, se le privara para siempre del derecho a la patria potestad sobre un hijo procreado antes de sobrevenirle tal estado?”
*#***##

Se refiere luego el juez sentenciador a la jurisprudencia de California que- establece que a la muerte del cónyuge a quien se entregara la custodia del hijo menor, pasa dicha custodia al otro cónyuge, y trata, por último, sin conse-guirlo, de distinguir este caso del de Mallén v. Vidal, 25 D.P.R. 669.

Un estudio de la transcripción revela que los hechos ban sido debidamente expuestos por el juez sentenciador. Su criterio acerca de que aunque no se disponga expresamente por la sentencia, la custodia de los hijos corresponde ál cónyuge inocente, tiene nuestra aprobación, pero no nos es posible sostener con él que a la muerte del cónyuge inocente, el culpable recobra el ejercicio de la patria potestad, aten-dido el estado actual de la ley y la jurisprudencia en Puerto Rico.

Quizá se trata en verdad de un casus omissus, ya que toda consideración lógica milita en favor de quet el cónyuge culpable en el divorcio vuelva a hacerse cargo de la custodia de los hijos a la muerte del inocente en casos apropiados. Entre las causas que reconoce la ley como base para el divorcio, existen algunas que sería imposible pensar que el legislador considerara como suficientes para la pérdida ab-soluta de la patria potestad.

Pero lo cierto es que la ley vigente en Puerto.Rico está comprendida en el artículo 234 del Código Civil Revisado, que dice:

“Artículo 234. — El padre o la madre perderán la patria potestad sobre sus hijos, cuando por sentencia firme en pleito de divorcio se concediese la custodia de los hijos a uno de los dos cónyuges.”

Y que ese artículo con los otros que guardan relación con él, fué interpretado por esta Corte Suprema en el caso de Mallén, supra, así:

“Roto y disuelto el matrimonio por virtud de sentencia de divor-cio y concedida al cónyuge inocente la custodia y patria potestad de los hijos menores conforme el artículo 234 del Código Civil, al fallecimiento de él el culpable no la recupera, pues la naturaleza de la custodia que se concede a la parte inocente es la de destruir la relación legal existente entre el cónyuge culpable y los hijos aunque según él artículo 175 del mismo código, las relaciones de familia, consideradas aparte de la patria potestad, pueden continuarse.” 25 D.P.R. 669.

La jurisprudencia ha sido publicada debidamente y es de presumirse que la Legislatura la conoce, pero si por alguna circunstancia hubiere pasado desapercibida, este caso que ahora resolvemos servirá para poner otra vez de relieve la cuestión, tocando a la Legislatura actuar bien siguiendo la pauta establecida en el Código Civil antiguo, bien otor-gando amplias facultades- a las cortes para' que a la muerte o incapacidad por cualquier otro concepto del cónyuge ino-cente, reconozcan en el culpable la patria potestad si estu-viere en condiciones de ejercerla para bien del Mjo, ya adop-tando cualquier otra medida que su sabiduría le aconseje, o dejando las cosas en el estado en que se encuentran.

Por virtud de todo lo expuesto, debe revocarse la senten-cia apelada y el caso devolverse a la corte de su origen para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

Los Jueces Asociados Sres. Hutcbison y Franco Soto disintieron.


text:
    La Iglesia Católica Apostólica Romana en Puerto Rico, Demandante y Apelante, v. Fournier, Demandado y Apelado.
    No. 3542.

    Visto: Enero 26, 1925.

      Resuelto: Enero 29, 1925.
    Apelación — Sentencia Definitiva — Quaere.—Cuando la sentencia es apelada al pronunciarse y más tarde al ser modificada en el sentido de imponer costas, cuál debe considerarse definitiva.
    Id. — Desestimación de Apelación — Término para Apelar. — Procede desestimar una apelación a petición de la parte apelada cuando el escrito interponiéndola se radicó treinta y dos días después de dictada la sentencia.
    Moción de la apelada para desestimar la apelación.

      Desestimada.

      H. Torres Sola, abogado de la apelante; G. del Toro Fernández, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso se dictó sentencia por la corte inferior en noviembre 14, 1924 declarando sin lugar la demanda y en noviembre 15, 1924 la demandante estableció el recurso de apelación. No obstante, la apelante dejó transcurrir los diez días siguientes a la fecha del escrito de apelación sin archi-var una exposición del caso ni prórroga para hacerlo ni tam-poco hizo la opción de pedir a la corte que el taquígrafo pro-cediera a la transcripción de la evidencia.

Posteriormente — a solicitud del demandado— la corte inferior enmendó en diciembre 2, 1924 la sentencia qne babía dictado en noviembre 14, 1924 en el sentido de imponer las costas a la demandante. Esta última resolución fné notifi-cada a la demandante en diciembre 4, 1924, y fné apelada en enero 5, 1925.

En el escrito de oposición a la desestimación de este re-curso y en el acto de la vista, la demandante insistió qne habiéndose modificado la sentencia mediante una enmienda sustancial, como alega ser la imposición de costas, la pri-mera sentencia no es la final y sí la sentencia enmendada.

De todos modos no es necesario detenernos en este as-pecto del asunto toda vez qne aún partiendo de la fecha en qne fné apelada la sentencia enmendada, la apelación se es-tableció fuera de tiempo. La resolución enmendando la pri-mitiva sentencia se dictó el 2 de diciembre, 1924; en diciem-bre 4, 1924 fné notificada al demandante y desde esta úl-tima fecha al 5 de enero de 3925 qne se radicó el escrito de apelación se cuentan, sin incluir el primer día e incluyendo el último, 32 días, y por tanto el escrito se presentó fuera de tiempo.

Debe declararse con lugar la moción y desestimarse la apelación.


author: El Juez PresideNte Señor del Toro,

text:
    García, Recurrente, v. El Registrador de Ponce, Recurrido.
    No. 602.

    Sometido: Noviembre 28, 1924.

      Resuelto: Enero 29, 1925.
    Inscripción — Errores en la Misma; Cómo Pueden Corregirse — Registradores de la Propiedad; Sus Pacultades. — Un registrador de la propiedad carece de facultades por sí solo para anular una inscripción que ha creado un estado de derecho a favor de determinada persona no obstante lo errónea que pueda-ser, sin el concurso de dicha persona. Tal facultad corresponde a los tribu-nales de justicia.
    Nota de M. Planellas, R. (Ponce), denegando la inscripción de es-critura de venta de finca segregada.

      Confirmada.

      T. Castillo, abogado del recurrente; el registrador compareció por escrito.
   El Juez PresideNte Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 17 de octubre de 1905 Juan Camacho vendió a Marcelino García por escritura pública una porción de terreno de treinta y siete céntimos de cuerda que segregó de una finca de dos cuerdas veinte y cinco céntimos que le pertene-cía y que tenía inscrita a su nombre en el registro.

Pasaron cerca de veinte años y Domingo García, here-dero de Marcelino García, el comprador, presentó la escri-tura para su inscripción en el registro; no accedió el regis-trador, basándose en que “la parcela vendida no aparece inscrita a nombre del vendedor y sí en cuanto a una par-cela de cuarenta y dos céntimos de cuerda a nombre de Paula García y el resto a nombre de Juan Negrón Díaz,” y Domingo García interpuso entonces el presente recurso gubernativo.

En su alegato el recurrente admite la venta de la par-cela de cuarenta y dos céntimos de cuerda a Paula García y se refiere a ciertas hipotecas constituidas por el dueña Camacho sobre el resto de la finca, describiéndose dicho resto como de una cuerda y. cuarenta y seis céntimos de otra, y sostiene que siendo ello así, del registro resulta aún inscrita a nombre del vendedor la porción de 37 céntimos vendida a García y debe, por tanto, inscribirse a favor de éste a virtud del título presentado.

Tiene razón en su cálculo el recurrente pero él mismo expresa en su alegato que cuando Camacho falleció en 1921, fueron declarados herederos sus hijos y al hacerse la ins-cripción en el registro el registrador “sin duda por un error involuntario, inscribió a nombre de esos herederos, no el resto descrito e indicado por el causante en las dos escri-turas de hipotecas antes citadas, sino que abarcó en esa inscripción a favor de estos herederos, los 37 céntimos que el causante había dejado fuera por razón de haberlos ven-dido por la escritura que motiva este recurso.” T expresa además el propio recurrente que los herederos “trasmitie-ron la finca tal como quedó inscrita a su nombre, a favor de Juan Negrón Díaz,” inscribiéndose dicha trasmisión en el registro.

De suerte que, según el mismo recurrente, bien o mal el hecho es que él resto de la finca, con excepción de los cua-renta y dos céntimos de cuerda vendidos e inscritos a favor de Paula García, sin excluir los treinta y siete céntimos ven-didos al causante del recurrente, se encuentra actualmente registrado a nombre de una persona distinta del vendedor Oamacho y que tiene aparentemente el carácter de tercero con respecto al recurrente.

Pero insiste el recurrente en que aún siendo así procede la inscripción, porque se trata de un error material que puede ser rectificado por el propio registrador.

No estamos conformes. En el registro se ha creado un estado de derecho favorable a Juan Negrón Díaz y sólo con su intervención puede alterarse. El registrador por sí solo no puede hoy decidir el caso del recurrente y actuó con ra-zón derecha al negarse a inscribir el documento de acuerdo con lo que prescribe el artículo 20 de la Ley Hipotecaria.

“Hecha una inscripción en el registro de la propiedad,” decidió esta corte en el caso de Bolívar et al. v. El Registrador, 13 D.P.R. 375, “el registrador carece de facultades para anularla sin el concurso y conformidad de los intere-sados, por ser facultad privativa de los tribunales de jus-ticia.” T aquí si se accediera a las pretensiones del recu-rrente, la inscripción hecha a favor de Juan Negrón Díaz quedaría anulada en cuanto a treinta y siete céntimos de cuerda.

Igual doctrina se estableció en el caso de Dávila v. El Registrador de Caguas, 28 D.P.R. 197, 200. Para un estu-dio más amplio de cuales son los errores que pueden corre-girse por el registrador y cuáles no, además del art. 254 y siguientes de la Ley Hipotecaria y los correspondientes del Reglamento, puede verse el tomo 4, pág. 94 y siguientes de la Legislación Hipotecaria por G-alindo.

Debe confirmarse la nota recurrida.


author: El Juez Asociado Señor "Wole,

text:
    Arriví, Demandante y Apelante, v. Rivera et al., Demandados y Apelados.
    No. 3410.

    Visto: Enero 20, 1925.

      Resuelto: Enero 30, 1925.
    Desahucio — Jurisdicción—Memorándum Radicado Euera de Tiempo. — Una sen-tencia desestimando la demanda de desahucio por falta de jurisdicción es una dentro del procedimiento de desahucio; y cuando el demandado radica, el memorándum de costas después de diez días contados desde que la sentencia por no haberse apelado se hizo firme, la concesión de costas es improcedente por falta de jurisdicción.
    Resolución de M. Rodrígtiez Serra, J. (San Juan, Distrito Segundo), en incidente sobre memorándum de costas, aprobándolo.

      Revo-cada.

      M. García González, abogado del apelante; J. VálldejuU, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor "Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El apelado, victorioso en la corte inferior, presentó un memorándum de costas que la corte aprobó en parte y en parte redujo. La apelación se establece contra la resolu-ción concediendo costas, y el apelante sostiene que la corte carecía de facultad para conceder ningunas costas, toda vez ■que el memorándum en que se reclaman fué radicado dema-siado tarde. Se admite que si la sentencia ba de conside-rarse como adecuada y que exclusivamente pertenecía a la acción de desahucio, entonces la reclamación fué archivada muy tarde.

El apelante presentó una demanda en la Corte de Dis-trito de San Juan, Distrito Segundo. El apelado, por ex-cepción previa o de otro modo, levantó la cuestión de que la referida corte carecía de jurisdicción. La corte así lo re-solvió y el demandante no apeló. El término para apelar, si la acción lia de considerarse como de desahucio, vencía dentro de cinco días y el demandado entonces hubiera estado obligado a radicar su memorándum dentro de los diez días subsiguientes. El esperó mucho más de este término fun-dado en' la teoría de que la acción y la sentencia recaída en ella habían de regularse no por la ley de desahucio, sino por los principios generales del Código de Enjuiciamiento' Civil.

El razonamiento es que la ley de desahucio nada prescribe sobre una apelación contra una sentencia que declara que la corte no tiene jurisdicción, sino que solamente es aplicable a las apelaciones en que se ordena o se niega el lanzamiento del demandado. La sección 11 de la ley do desahucio es, sin embargo, suficientemente explícita, y prescribe lo siguiente:

“Sección 11. — Las apelaciones deberán interponerse en el tér-mino de cinco días contados desde la fecha de la sentencia.” Comp. see. 1635.)

Un demandante cuya demanda ha sido indebidamente des-estimada por falta de jurisdicción de la corte, puede apelar y si tiene razón, recobrar finalmente su propiedad. Si la corte se niega a dictar sentencia sobre los méritos él puede hacer exactamente la misma cosa. La idea de la ley es la rapidez de acción. Nos sentimos obligados a declarar que cualquier sentencia que anule el presente derecho de desa-hucio, es una sentencia dentro del procedimiento de desahu-cio, y una apelación debe ser interpuesta dentro de cinco días. Si no se interpone de tal modo, el deber recae en la parte contraria de presentar su memorándum de costas den-tro de los diez días subsiguientes como lo requiere la ley No. 15, aprobada en noviembre 19 de 1917, (2) (p. 229). El memorándum no fue así presentado y la corte carecía de facultad para conceder costas.

La resolución concediendo costas debe ser revocada.


author: El Juez Asociado SeñoR Hutchison,

text:
    Sucesión Aponte et al., Demandantes y Apelantes, v. Sampayo, Demandado y Apelado.
    No. 2989.

    Visto: Noviembre 9, 1923.

      Resuelto: Enero 30, 1925.
    DaSos y Perjuicios — Negligencia.—A eso de las nueve dq la noehe el demandado, quien dormía en una eama separada, aunque en la misma habitación con su esposa e hijos, se despertó a los gritos de su esposa que deeía que en su habitación había una persona y que alguien había tocado su cama. La esposa también había llamado al ama de llaves, si bien el marido niega haber oído esto. El ama de llaves al momento respondió a la llamada de la esposa; y el marido sin una palabra de aviso, o pregunta, hizo cuatro disparos de revólver hacia lo que vió figurado más o menos indistintamente en la semi-obseuridad del cuarto-habitación, causando la muerte al ama de llaves. De-mandado el marido en reclamación de daños y perjuicios por el esposo y la hija del ama de llaves, set resolvió: que en ausencia de una explicación satis-factoria en cuanto a la razón que tuvo para temer que se le causara daño o que tuvo algún motivo para creer que la persona contra quien disparó no era un miembro de su familia, es preciso concluir que la muerte fué obra de una intención más bien que de un accidente, por lo que el demandado es responsable de la negligencia que se le imputa.
    Sentencia de P. Berga, J. (Humacao), en una acción de daños y perjuicios, declarando con lugar la demanda, sin costas.

      Revo-cada.

      'F. Gervoni, abogado de los apelantes; L. Pereyó Quiñones, abogado del apelado.
   El Juez Asociado SeñoR Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Doña Zenén Aponte estaba empleada como ama de llaves en la casa del demandado y con 'su bija Margarita dormía en nna habitación contigua a la ocupada por el demandado con su esposa e hijos. El marido y la mujer dormían en camas separadas. A eso de las 9 de la noche el demandado se despertó a los gritos de su esposa que decía que en'su habitación había una persona y que alguien había tocado su cama. La esposa también había llamado a la ama de lla-ves, si bien el marido niega haber oído esto. El ama de llaves al momento respondió a la llamada de la esposa; y el marido sin una palabra de aviso, o pregunta, hizo cuatro disparos de revólver hacia lo que vió figurado más o me-nos indistintamente en la semioscuridad del cuarto-habita-ción. Tres de las balas hicieron blanco y la presente acción se establece por el esposo sobreviviente y la hija de la fi-nada Zenén Aponte, por daños y perjuicios con motivo de la muerte de su madre que se alega fué causada por el acto negligente o ilegal del demandado.

La corte inferior después de celebrar un juicio sobre los méritos dictó sentencia a favor del demandado, fundada al parecer en la teoría de ser éste un accidente desgraciado y la ausencia de todo deber por parte del demandado hacia el ama de llaves. El juez sentenciador también expresa en su opinión que el demandado actuó en defensa propia ante el grave e inminente peligro en que se encontraba.

El demandado admitió al declarar como testigo que no tenía dinero o efectos de valor en la habitación y lo que es más, en su declaración no hay una sola palabra a manera de manifestación directa con respecto de lo que pensó en el momento, o de cuál fué el motivo que impulsó su proceder, o con relación a la hipótesis por virtud de la cual él disparó. El no sólo dejó de alegar alguna razón para temer que se le causara daño/ sino que ni siquiera dice que creyó que se encontraba en peligro.

Aunque no hay nada que indique que el demandado re-conoció a su ama de llaves, o que siquiera sospechó que era ella el blanco, es asimismo claro que su objeto era dar muerte a una persona y que la muerte fué consecuencia de una in-tensión más bien que de un accidente, a pesar de no haberse identificado la víctima antes del suceso. También parece de-masiado claro para discutirse que la manifestación hecha por; la mujer herida al Fiscal del Distrito en el sentido de que el acusado no era culpable, en la cual se ha hecho cierta in-sistencia por el juez sentenciador, en manera alguna es con-cluyente sobre ese punto.

Sin embargo, la teoría del abogado de los demandantes parece admitir que la esencia de la acción estriba en dejarse de observar el debido cuidado y cautela en el cumplimiento de lo que a no ser por tal omisión hubiera sido un acto legal. Ni tampoco estaríamos dispuestos a exigir investiga-ción más extensa, o el tomarse precauciones extraordina-rias para evitar cualquier posible error en cuanto a la iden-tidad en casos de esta naturaleza.

Por otra parte, el hecho de que el ama de llaves y su hija ocuparan una habitación contigua,- que la esposa del demandado llamara al ama de llaves así como al deman-dado y que el ama de llaves respondiera inmediatamente a la llamada, ofrecen prueba elocuente de la clase de relacio-nes que existían entre la familia del demandado y doña Ze-nén. Dentro de las circunstancias, estamos obligados a de-clarar que los demandantes lograron establecer un caso prima facie que exigía algo más como defensa que la mera manifestación hecha de que el demandado se despertó al grito de una mujer atemorizada quien, si bien ella misma estaba medio dormida, se había imaginado que alguien se encontraba en la habitación; y que al ser despertado notó que alguien estaba en la habitación — alguno que hubiera sido, de lo que aparece de los autos — la misma esposa o cual-quiera de los hijos.

Aceptando aunque sin resolver, que el acto de matar a un transgresor por la noche en la habitación dormitorio del matador es un homicidio justificable, sin embargo, dentro de las circunstancias de este caso en particular incumbía al demandado, si es que tenía algún motivo razonable para creer que la persona a quien disparó no era un miembro de .su misma familia o casa, expresar la razón de tal creencia.

Puede ser cierto que una o dos palabras del demandado acerca de esto hubiera sido bastante para sostener la senten-cia, la cual aun en la forma en que subsiste hemos tenido dudas al revocar; pero alguna demostración como esta, por insignificante que sea, la requería la situación como fué des-arrollada en el juicio; y faltando no podemos convenir con el criterio del juez sentenciador de que el demandado no te-nía ninguna obligación y no era culpable de negligencia al-guna. Sostener otra cosa sería eximir a toda persona tí-mida y nerviosa, así como todo hombre impulsivo y descui-dado, de su deber y responsabilidad no sólo para con los miembros de su casa sino hasta para con los de su propia familia que ocupan un mismo cuarto-habitación.

La sentencia apelada debe ser revocada y en su lugar esta corte debe dictar sentencia a favor de los demandantes y en contra del demandado, concediendo al esposo sobrevi-viente la suma de $1,000 y a su hija la de $2,500, por daños y perjuicios, debiendo cada parte pagar sus costas.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto disintió.


author: El Juez Asociado Señor Wolp,

text:
    Hickz, Demandante y Apelante, v. The Texas Company, Demandada y Apelada.
    No. 3368.

    Visto: Enero 28, 1925.

      Resuelto: Enero 30, 1925.
    Desistimiento Voluntario — Apelación Improcedente — Sobreseimiento. — Des-pués de un desistimiento voluntario la regla general es que no procede ninguna apelación.
    Enmiendas no Permitidas. — No es permisible una enmienda con el objeto de substituir al demandado por otra persona completamente distinta.
    Resolución de R. Díaz Cmirón, J. (Ponce), teniendo por desistido al demandante de la acción entablada por daños y perjuicios, sin costas.

      Desestimada la apelación.

      Martínez Nadal, Tormes c& Colón, abogados del apelante; O. B. Frazer y R. Castro Fernández, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wolp,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso el apelante, como demandante en la corte inferior, desistió de su acción contra la demandada. El ad-mitió que había demandado a la persona que no era. En-tonces mediante moción o enmienda, trató de traer ante la corte al supuesto debido demandado.

Después de un desistimiento voluntario la regla general es que no procede ninguna apelación. Sanders Philippi, S. en C., v. Viuda de Baigés e Hijos, 32 D.P.R. 855; Ramírez & Co. v. Cruz & Co., de noviembre 24, 1924, post. De modo que no estando comprendido el caso en ninguna reconocida excepción, todo aquello que en los señalamientos de error hace referencia a cosas que tuvieron lugar antes del desis-timiento debe ser ignorado.

Después del desistimiento se hizo una moción para traer ante la corte a una persona enteramente distinta y de nom-bre semejante. La corte no resolvió la moción y la apela-ción en este sentido fue prematura.

Si la moción ha de considerarse por sus méritos, es evi-dente que la demandada, The Texas Co., no tiene absoluta-mente relación alguna, interés o nexo con alguna otra persona cuyo nombre es semejante. Para enmendar, debe dirigirse la moción a la persona contra la cual puede final-mente dictarse sentencia si es solamente de costas. No existe en absoluto ninguna razón por la cual una persona que ha sido indebidamente demandada deba seguir siendo molestada. Como no había ninguna persona ante la corte contra quien pudo dictarse sentencia sobre la alegada obligación, la corte carecía de facultad para enmendar y nada podía servir de base para hacer enmiendas. Una persona que accidental-mente ha sido citada para comparecer ante la corte no puede servir de vehículo para traer a la debida persona a la corte, pero tal supuesto demandado debe ser notificado, o citado en el curso regular del procedimiento. Es necesaria una nueva acción.

De igual modo que por virtud del desistimiento quedó fuera de la corte The Texas Co., no había tampoco nadie a quien pudiera notificarse una apelación. La apelación debe ser desestimada por estos motivos y además por ser frívola.