author: En Juez Asociado Se. del Toro,

text:
    Vega, Peticionario, v. Crosas, Juez de Distrito, Demandado.
    Solicitud para que se expida un auto de certiorari al Juez de la Corte de Distrito de Aguadilla en pleito sobre co-bro de pesos.
    No. 231.
    Resuelto en diciembre 9, 1918.
    Apelaciones de la Corte Municipal para Ante la de Distrito — Costas.—Enta-blada cierta demanda en una corte municipal, el demandado alegó que no aducía hechos suficientes. La corte sostuvo la excepción y concedió al de-mandante permiso para enmendar. El demandante no presentó enmiendas y se dictó sentencia en su contra. Entonces apeló para ante la corte de dis-trito y una vez radicado en ella el pleito, pidió que se tuviera al demandado por desistido de su acción por no haber satisfecho los derechos exigidos por la ley, y la corte así lo declaró, decidiéndose el pleito sin la intervención del demandado y sin considerar su excepción. El demandado no había 'hecho ninguna nueva alegación en la corte de distrito. Se resolvió: que la corte erró al proceder de tal modo y se acordó devolver el pleito a la misma para que continuara tramitándolo de acuerdo con la ley.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del peticionario: Sr. Alfredo Blasco Pagán.

   En Juez Asociado Se. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Angel Vega presentó en esta Corte Suprema una solicitud' para que se expediera un auto de certiorari contra el Juez, de la Corte de Distrito de Aguadilla. El tribunal accedió, se elevaron los autos originales en el pleito de que se tra-taba y el caso quedó definitivamente sometido a nuestra con-sideración y resolución.

De un examen de la petición y de los autos, resulta que la mercantil Blanco López y Cia. entabló una demanda en la Corte Municipal de Arecibo contra Angel Vega, en cobro de $192; que Angel'Vega, solicitó y obtuvo el traslado del pleito a la Corte Municipal de San Sebastián, lugar de su domicilio; que el dicho demandado Angel Yega alegó que la demanda no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción y su excepción fué declarada con lugar concediéndose al demandante diez días para enmendar. su demanda; que transcurrieron dichos diez días y el demandante no enmendó su demanda por cuyo motivo el demandado solicitó y obtuvo-de la corte que se dictara sentencia teniendo al dicho deman-dante por desistido de su acción; que el demandante apeló entonces para ante la corte de distrito, radicándose los autos-en dicho tribunal allá por el mes de abril de 1916; que en junio 28 de 1918 el demandante y apelante Blanco López y Cía. presentó una moción a la corte de distrito pidiendo que se tuviera “al demandado Angel Vega, por desistido de su alegación de excepción previa que hizo ante la corte inferior, y en su virtud permitir al demandante probar las alegaciones. hedías en su demanda/’ porque el dicho demandado no había pagado los derechos correspondientes; y que en efecto la córte de distrito el mismo día 28 de junio último, se negó a tomar en consideración la excepción previa del demandado, oyó la prueba del demandante y dictó sentencia condenando al demandado a pagar al demandante la suma reclamada en la demanda.

A nuestro juicio tiene razón el peticionario. Angel Vega, lia apelación se interpuso por el demandante y se radicó en la corte de distrito. Copia de las alegaciones hechas en la corte municipal al formular las cuales las partes pagaron, los derechos exigidos por la ley (Leyes de 1915, página 46), se encontraba ante el tribunal de apelación. Parece que se ha-bía satisfecho por' el demandante y apelante la cantidad exi-gida por entrar el pleito en el calendario y señalarlo para la vista. El demandado y apelado no había formulado ninguna alegación nueva. Siendo ello así, no venía obligado a satis-facer ningún .nuevo derecho. La ley no se lo .exigía expresa-nlente'y en tal virtud no pudo la córte negarse "a considerar su' alegación tanto más tratándose como se- trataba de una excepción, previa basada en que la demanda no aducía hechos suficientes para-determinar una causa de acción.

Lq.expuesto en' el caso de García v. Córdova, 24 D. P. R. 881), debe, examinarse en relación con lo que decidimos ahora, a: dos efectos de fijar el alcance de la jurisprudencia esta-blecida.

o La-,sentencia de 28 de junio de 1918 debe dejarse sin efecto y, el pleito' devolverse a la corte de distrito para que continúe tramitándolo de acuerdo con la ley.

Anulada la sentencia de 28 de junio de 1918 y devuelto el pleito a la corte de distrito par.a que continúe tramitándolo de acuerdo con la 7 ley-

Jueces, concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciadas; Wolf, Aldrey y Hutchison.'


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

license: Public Domain

text:
    F. Carrera & Hermano, Peticionaria, v. Foote, Juez de Distrito, Demandado.
    Solicitud para que se expida un auto de certiorari,al Juez de la Corte de Distrito de Mayagüez, en pleito de tercería sobre bienes muebles.
    No. 239.
    Resuelto en diciembre 12, 1918.
    Apelaciones Procedentes de las Cortes Municipales — Corrección de Autos— Discreción Judicial. — La circunstancia de no haber sido certificada una transcripción de autos radicada-en tiempo, más que por el demandante-ape-lante y por una de las dos partes demandadas-apeladas, en .el procedimiento regulado por la ley No. 13 de noviembre 14, 1917, constituye un defecto que ■ puede ser subsanado, aún después de transcurrido el término para radicar la transcripción, con permiso de la corte, cuya concesión se regula por la " sana discreción judicial.
    Los beobos están expresados eu la opinión.
    Abogado del peticionario: Sr. Angel A. Vázquez.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de certiorari interpuesto por F. Carrera y Hermano para la revisión de los procedimientos seguidos en la Corte de Distrito de Mayagüez con motivo de apelación interpuesta por José Suris Cardona, contra sen-tencia dictada por la corte municipal de dicha ciudad en pleito de tercería sobre bienes muebles.

' Librado el mandamiento para que se elevaran a esta Corte Suprema los autos que habían de ser revisados, se hizo la remisión, y de esos autos y de la petición de .certiorari resultan los siguientes hechos:

José Suris Cardona siguió ante la Corte Municipal de Mayagüez un pleito sobre tercería de bienes muebles contra F. Carrera y Hermano y Juan Suris Cardona, y habiendo recaído sentencia desestimando la demanda estableció ape-lación el tercerista, la que fué notificada a ambos deman-dados. La transcripción de autos fué radicada en la Corte de Distrito de Mayagüez dentro del término legal pero cer-tificada únicamente por el abogado del demandante ter-cerista y el abogado de la demandada F. Carrera y Her-mano. El otro demandado Jnan Suris Cardona no tabla comparecido al juicio. La sociedad F. Carrera y Hermano presentó moción solicitando fuera desestimada la apelación por el fundamento de no haber sido certificada la transcrip-ción por el demandado Juan Suris Cardona o por su abogado, y al ser discutida dicha moción solicitó la representación del tercerista José Suris Cardona, que en el caso de que la corte entendiera que la transcripción de autos debía estar certifi-cada también por el demandado Juan Suris Cardona se le permitiera presentar la conformidad de éste con dicha trans-cripción, habiendo resuelto la corte por orden de 28 de octubre de 1918, desestimar la moción de F. Carrera y Hermano y conceder al demandante apelante cinco días para que radi-cara en secretaría la conformidad del demandado Juan Suris Cardona con la transcripción expresada al objeto de que la misma quedara completa para los efectos del recurso. El demandado Juan Suris Cardona por nota marginal estam-pada con su firma en la transcripción de autos, expresó su conformidad con ella en Io. de noviembre de 1918.

Alega el peticionario que la resolución dictada por la Corte de Distrito de Mayagüez en 28 de octubre de 1918, infringe abiertamente la Ley No. 13 de 14 de noviembre de 1917 enmendatoria de la sección Ia. de la ley para reglamentar las apelaciones contra sentencias de las cortes municipales en pleitos civiles, aprobada en marzo 11, 1908, pues con dicha orden la corte de Mayagüez traspasó los límites de su juris-dicción concediendo a la parte apelante un remedio no pre-visto por la ley y extendiendo un plazo ya vencido para registrar la conformidad del apelado Juan Suris Cardona con la transcripción ya radicada por el apelante.

Sin que entremos a discutir si Juan Suris Cardona es o no parte necesaria en el recurso, toda vez que tal cuestión no ha sido levantada por las partes, entendemos que la trans-cripción de autos fué radicada dentro del término prevenido por la ley y que el hecho de no estar certificada por uno de los demandados o sea Juan Suris Cardona, constituía nn de-fecto que podía ser subsanado con permiso de la autoridad judicial como en efecto lo fue. Y la corte, no carecía de jurisdicción para conceder ese permiso, cuya concesión sólo podría ser regulada por la sana discreción judicial, de la que no aparece abusara el juez,' teniendo en cuenta las circuns-tancias del caso. Esas mismas circunstancias nos inclina-rían a no bacer uso de nuestra discreción judicial para conce-der el remedio de certiorari solicitado, que como bemos diebo repetidas veces no es de procedencia obligatoria sino que debe expedirse sólo cuando se demuestre a la corte una causa especial para ello. ■

Es de anularse el auto de certiorari expedido, devolvién-dose los autos originales a la corte inferior a los fines pro-cedentes. '

Amelado el auto de certiorari expedido y de-vueltos los autos originales a la corte inferior.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutcbison.


author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Hernández, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en causa por acometimiento y agresión.
    No. 1320.
    Resuelto en diciembre 13, 1918.
    Acometimiento y Agresión — Defensa Propia. — Cuando se demuestra que una persona golpea a otra violentamente, la persona que así produce los golpes es prima faaie culpable de acometimiento y agresión, y sobre ella descansa el peso de la prueba para demostrar que obró en razonable defensa propia.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sr. Antonio E. Suliveres y Juan B. Soto.

      Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso se presentó prueba de la qne la corte inferior tenía derecho a inferir qne José A. Hernández no sólo agredió a Lnis A. Padilla, sino qne también le dió al de-nunciante un golpe con el pie cuando éste yacía en el suelo. Padilla declaró en este sentido, y otros testigos prestaron declaración tendente a demostrar que bubo una lucha o que entrambos se agarraron. Los testigos vieron al acusado de pie en actitud amenazadora contra Padilla y que éste pre-sentaba pequeñas heridas como resultado de la lucha.

El primer motivo de error consiste en que la prueba no demuestra ni tiende a demostrar quién fué el primero en. agredir. Pero existe prueba clara en el sentido de que Her-nández había agolpeado a Padilla, no importa quién fuese el primero en agredir. La definición del acometimiento y agre-sión es la que sigue:

“Todo acto ilegal de inferir algún daño violento en la persona de algún semejante con la intención de causarle daño, cualesquiera que sean los medios o el grado de violencia que se emplearen, constituirá un delito de acometimiento y agresión. Toda tentativa para cometer una agresión, o cualquiera señal de amenaza que demuestre en sí o con palabras una intención inmediata acompañada de aptitud para cometer la agresión, será considerada como un acometimiento. ’ ’ Leyes de 1904.

Cuando se demuestra que una persona ag’olpeara a otra violentamente, la persona que produce dichos golpes es prima facie culpable de acometimiento y agresión y sobre él des-cansa el peso de la prueba para demostrar que lo hacía en razo-nable defensa propia. Se arguye que Padilla verdadera-mente no vió quién le produjo los golpes y que nadie vió tampoco quién los realizara. Pero Padilla sintió los golpes y dijo que vió a Hernández darle con el pie y otras personas vieron a Hernández parado al pie del caído en actitud colérica. Existen otras circunstancias en contra de Hernández, pero hemos reseñado lo snficiénte para demostrar no sólo que Hernández era culpable de acometimiento y agresión, sino que en realidad de verdad él fue el agresor.

Los tres errores restantes pueden muy bien agruparse en uno. El apelante alega que toda la prueba demuestra que fue Padilla el agresor y que no existe conflicto alguno en la prueba. La prueba del demandado o acusado tiende a de-mostrar que Padilla fué el agresor. Puesto que su declara-ción, como hemos visto, se produjo en opuesto sentido, hubo evidente conflicto de prueba y, por lo tanto, el caso cae dentro del principio, tan frecuentemente enunciado, de que la reso-lución de semejante conflicto en la prueba compete a la corte sentenciadora. '

Es-de confirmarse la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Alclrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Wolp,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Belmonte, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en causa por infracción al artículo 283 del Có: digo. Penal.
    No. 1303.
    Resuelto en diciembre 13, 1918.
    Exposiciones Deshonestas — Actos Deliberados del Acusado. — Una vez demos-trado que el acusado deliberadamente expuso sns partes pudendas en un sitio no perfectamente protegido de ser visto, y en defecto de la más mínima prueba de la existencia de algún torpe motivo de parte de las personas que presenciaron la exposición deshonesta, la corte sentenciadora tiene el derecho de llegar a la conclusión de que ellas pudieron haber sido o efectivamente fueron ofendidas y declarar al acusado, en su consecuencia, convicto del delito previsto y penado por el artículo 283 del Código Penal.
    Exposiciones Deshonestas — Sitio Público — Texto Inglés. — De acuerdo con el texto inglés, el artículo 283 del Código Penal no exige que el delito de ex-posiciones -deshonestas se cometa en un sitio público, sino qne pnede come-terse en “cualquier sitio,” doctrina que puede aplicarse aun a falta de especial estatuto.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. Pedro Timothee.

    Ahogado del apelado: Sr. Salvador' Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Wolp,

emitió la opinión del tribunal. .

La acusación en este caso le imputa al acusado el delito de haber expuesto voluntaria y lascivamente en el Hospital Municipal de San Juan sus partes pudendas, con ofensa del pudor de las enfermeras de dicho hospital. No hay duda alguna de que el acto se realizó deliberadamente. La defensa principal consiste, según la hemos entendido, en que las en-fermeras en cuestión estaban voluntariamente en el sitio de la ocurrencia y consiguientemente no se les causó ofensa alguna. El estatuto, artículo 283 del Código Penal, hace culpable de un delito menos grave a todo el que voluntaria y lascivamente “exposes his person or the private parts thereof in any public place or in aivy place where there are present other persons to be offended or annoyed thereby.”

En castellano se dice: “expusiere su persona o partes pudendas en cualquier sitio público o donde se hallaren pre-sentes otras personas, a quienes tal exposición pudiere ofen-der o molestar.”

La prueba tiende a demostrar que las enfermeras miraron hacia el sitio, imperfectamente velado por un biombo, en el que se hallaba el acusado, habiendo sido atraída la atención de una de ellas poí un ruido que oyó. Una vez demostrado que el acusado deliberadamente expuso sus partes a estas mujeres y en defecto de la más mínima prueba de la exis-tencia de algún torpe motivo de parte de ellas, la corte tenía -el derecho de llegar a la conclusión de que ellas pudieron haber sido, o efectivamente fueron, ofendidas.

En cuanto a si el sitio era o no un sitio público es de advertirse que el texto inglés del estatuto no sólo habla de un sitio público, sino que el delito puede cometerse en “cual-quier sitio.” Y era ésta la doctrina general de derecho a falta de especial estatuto. 8 R. C. L. 347.

Es de confirmarse la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    In re Llorens, Querellante y Apelante, v. El Pueblo, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., sobre infracción del artículo 26 de la Ley Notarial.
    No. 1293.
    Resuelto en diciembre 13, 1918.
    Indices Semanales — Corrección Disciplinaria ■— Apelación Improcedente. — En el presente caso, .entendiendo el notario que las semanas que no autorice escritura alguna no está obligado a remitir a la corte de distrito el índice notarial que prescribe el artículo 26 de la Ley Notarial, omitió remitirlo, por lo cual fué multado por la .corte. Habiendo apelado el notario de la resolu-ción condenatoria, se resolvió: que aunque podría quizás existir algún otro medio de revisar la resolución de la corte de distrito, es improcedente el re-curso de apelación, porque en la citada ley no se encuentra precepto alguno que autorice tal recurso y no cae la infracción alegada dentro del orden general penal.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: \8V. Luis Llorens Torres.

    Abogado del apelado: iSr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El notario don Luis Llorens Torres, convencido de que de las semanas en que no autorice escritura alguna no le impone ningún deber la Ley Notarial de remitir el índice semanal a la corte de distrito, no remitió índice alguno a dicha corte. Fué citado para ante la corte y multado por la misma. Contra la resolución de la corte interpuso el pre-sente recurso de apelación. Es la propia Ley Notarial qne le confiere autoridad a la corte para imponer la multa im-pugnada, y en esa ley no se encuentra precepto alguno que autorice el recurso de apelación.

La falta de remitir el índice de que se trata no lia sido calificada de delito por la legislatura y por lo tanto no cae dentro de las disposiciones generales referentes a las apela-ciones de sentencias por delitos graves o menos graves. En estos estatutos especiales se lia concedido generalmente con toda claridad el recurso de apelación.

La sección 27 de la referida ley prescribe que—

“El notario que dejase de cumplir con esta obligación, será corre-gido disciplinariamente por el juez de la corte de distrito, la primera vez, eón multa que no será mayor de 500 dollars; la segunda, con suspensión temporal en el ejercicio del cargo, no pudiendo aquélla exceder de seis meses; y la tercera, con suspensión definitiva.”

La multa es una pena administrativa o disciplinaria y no hay intención alguna por parte de la legislatura de constituir en delito la falta de no remitir los índices. En el caso de El Pueblo v. South Atlantic Fruit Co., 25 D. P. R. 665, se discutió sobre si se imputaba en la acusación delito alguno, pero el estatuto en el citado caso disponía la formación de proceso por el fiscal y sobre la convicción de sus infractores. Bajo estas circunstancias tenemos que declarar que no se ba cometido delito alguno.

Por lo tanto, aun cuando podría, quizás, existir algún otro medio de obtener la revisión de la resolución de la corte de distrito, es improcedente la apelación establecida contra las multas impuestas con arreglo a la sección 27 de la Ley Notarial, que aprobó la legislatura con la intención de que se estimen de naturaleza sumaria.

Es de desestimarse la apelación.

Desestimado el recurso.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutcbison.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández, SE. WOLE.

text:
    Muñoz, Recurrente, v. El Registrador de Humacao, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Humacao, denegando la inscripción de un con-trato' de venta.
    No. 371.
    Resuelto en diciembre 16, 1918.
    Esposa Superviviente — Sociedad Conyugal — Partes Demandadas — Acciones 'Personales. — No es necesario incluir como demandada a la esposa supervi-viente como partícipe en la sociedad de gananciales, en una acción personal sobre cobro de una deuda contraída por el esposo durante el matrimonio. Fallecido el esposo bastará, con que la acción se dirija contra su viuda y herederos.
    Acreedores de la Sociedad Conyugal — Liquidación de la Sociedad Legal. — La circunstancia de que no se haya practicado la liquidación de la sociedad conyu-gal, no impide que los acreedores ejerciten las acciones de que se crean asis-tidos.
    Inscripción Previa, — Herencia Yacente — Herederos Desconocidos. — La venta judicial de unas fincas otorgada por el márshal en representación de la viuda y herederos desconocidos del esposo difunto, es en cuanto a éstos una venta a nombre de una herencia yacente; y siendo ello así, no puede exigirse la previa inscripción a nombre de dichos herederos.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Ramón P. Rodríguez.

    El registrador recurrido, Sr. Rafael López Antongiorgi, compareció por escrito.
   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Ante la Corte de Distrito de Humacao entabló demanda en 25 de agosto de 1917 Ramón Aníbal Muñoz contra Juan de Dios Medina, hoy su sucesión, compuesta de su esposa Josefina Fuentefría y de herederos desconocidos, designados en la demanda con los nombres de John Doe y Richard Doe, para el cobro de una deuda de dinero, y anotada la rebeldía de los demandados de los cuales Josefina Fuentefría fué ci-tada personalmente y los herederos desconocidos por medio de edictos, dicha corte pronunció sentencia en 10 de diciem-bre de 1917 a favor del demandante habiendo sido vendidas en pública subasta para la ejecución de la sentencia y adju-dicadas al demandante en pago parcial de la deuda, dos fin-cas rústicas que aparecían inscritas en el Registro de la Propiedad de Hnmacao a nombre de los esposos Jnan de Dios Medina y Josefina Fuentefría.

El marshal de la Corte de Distrito de Hnmacao, Rafael Mas Florido, a nombre de la sucesión de Juan de Dios Medina, integrada por la viuda Josefina Fuentefría y demás herederos desconocidos, otorgó escritura de venta en 6 de mayo de 1918 ante el notario Ramón P. Rodríguez Alberty a favor de Ramón Aníbal Muñoz, de las dos fincas rústicas que le habían sido adjudicadas, y el Registrador de la Pro-piedad de Humacao denegó la inscripción del documento se-gún nota que se transcribe a continuación:

“Denegada la inscripción de este documento por resultar del re-gistro que las fincas vendidas no figuran inscritas a nombre de los vendedores demandados, y sí a favor de los esposos don Juan de Dios Medina López y doña Josefina Fuentefría Meléndez, sin que conste asimismo del registro que se baya liquidado la sociedad de gananciales entre ambos cónyugos, y además porque del presente documento no aparece que la acción se siguiera contra doña Josefina Fuentefría, la esposa, como dueña que pudiera ser de la mitad de las fincas al liquidarse la sociedad conyugal, y que sólo se la de-mandó como parte de la sucesión de Juan de Dios Medina tomán-dose en su lugar anotaciones por 120 días de acuerdo con la ley, en los tomos 5 y 1 de Ceiba, a los folios 83 y 224 vueltos, fincas núme-ros 208 y 46, anotaciones letras B y A. Humacao, P. R. mayo 27 de 1918. (Firmado) Rafael López Antongiorgi, registrador inte-rino.”

Esa nota está sometida a nuestra consideración a virtud de recurso gubernativo contra ella interpuesto por Ramón Aníbal Muñoz.

No estamos conformes con los motivos en que descansa 3 a nota recurrida.

No se ha levantado cuestión alguna sobre la procedencia de la deuda; la sentencia dictada por la Corte de Distrito de Humacao muestra que fué contraída durante el matrimo-nio de Juan de Dios Medina y Josefina Fuentefría.

Si durante la vigencia de la sociedad conyugal Medina Fnentefría, se hubiera intentado el cobro de la deuda, la ac-ción hubiera estado bien dirigida contra el esposo sin inter-vención de la esposa, Porto Rican Leaf Tobacco Co. v. Ereño, et al., 16 D. P. R. 100; y consiguientemente, muerto el esposo* éste debe ser sustituido en el ejercicio de la acción por la sucesión del mismo, continuadora de su personalidad, como se ha hecho en el presente caso. Además la acción ejerci-tada en la demanda es de carácter puramente personal, sin haberse dirigido contra bienes determinados de la sociedad conyugal; y no hay por tanto razón alguna para que la es-posa fuera también demandada, según sostiene el registra-dor, en concepto de dueña que pudiera ser de la mitad de las fincas al liquidarse la sociedad conyugal. De todos modos, la viuda demandada, conocedora de la demanda, nada ar-güyó contra ella.

Tampoco se sostiene la nota recurrida por el fundamento de que las fincas aparecen inscritas en el registro no a favor de los vendedores demandados sino a favor de los esposos Juan de Dios Medina y Josefina Fnentefría, sin que conste del registro que se haya liquidado la sociedad de ganancia-les entre ambos cónyuges. La falta de liquidación de la so-ciedad conyugal no impide que los acreedores ejerciten las acciones de que se crean asistidos. Si el registrador ha que-rido significar que no procede la inscripción por no estar inscritas las fincas a favor de los herederos desconocidos del difunto Juan de Dios Medina, pues lo están a favor de la viuda, opinamos que semejante razón no abona la negativa de la inscripción, pues por lo que toca a los herederos desconoci-dos, la herencia de su cansante Juan de Dios Medina debe repudiarse yacente y no es necesaria la previa inscripción a nombre de los mismos. Siendo estos ignorados es imposi-ble que se presente prueba de que hayan repudiado la he-rencia.

Es yacente la herencia no reclamada por nadie. (Scae-vola, Principios Gen. del Derecho Civil, página 130).

Seguida ejecución contra los herederos del deudor y ven-dida la finca a nombre de la herencia yacente, por ser aque-llos ignorados, no puede exigirse la previa inscripción a nombre de los herederos (R. de la D. Gr. de los ít. de 25 de abril de 1890).

La venta en representación de los herederos desconocidos de Juan de Dios Medina designados con los nombres de Johu Doe y Richard Doe, por lo que atañe a éstos, es una venta a nombre de una herencia yacente, por la razón de que tales nombres no se refieren a personas conocidas y determinadas, sino que por una ficción legal indican los herederos descono-cidos de Juan de Dios Medina.

Por las razones expuestas es de revocarse la nota recu-rrida ordenándose la inscripción solicitada..

Revocada la nota recurrida y ordenada la ins-cripción solicitada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del To'ro, Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió.

OPINIÓN DISIDENTE DEL JUEZ ASOCIADO

SE. WOLE.

Convengo con la corte en que en una acción en cobro de dinero basta con demandar al marido durante su vida, no siendo entonces la esposa una parte necesaria puesto que el marido es el administrador de la sociedad conyugal. Sin embargo, muerto el marido, siendo la esposa socia del todo tiene derecho a ser oída en un pleito igualmente con la suce-sión o herederos de su difunto esposo. La sucesión o here-deros del causante de ningún modo la representan a ella como la representaba- en vida su marido. En mi opinión era necesario que se hubiera hecho a la viuda parte deman-dada en el asunto, no como miembro de la sucesión, sino por su propio derecho. De aquí que entienda yo que tuvo razón el registrador al denegar la inscripción por este fundamento.

Estoy conforme con la otra parte de la opinión que se refiere a la cuestión de la herencia yacente.


text:
    Ochoa, Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Sección 2ª., Recurrido
    Becuesq gubernativo interpuesto contra nota del Begistrador de la Propiedad de San Juan, Sección 2a. denegando la inscripción de una escritura de hipoteca.
    No. 380.
    Resuelto en diciembre 16, 1918.
    Préstamos — Actos de Administración — Actos de Riguroso Dominio —Man- . dante — Mandatario—Facultades del .Mandatario. — Teniendo en cuenta la letra y el espíritu del artículo 1615 del Código Civil Revisado, el acto de dar dinero a préstamo con hipoteca a favor del acreedor, es de administración v no de riguroso dominio; y por tanto, para la inscripción de la hipoteca en el registro no es necesario acreditar que el mandatario estaba facultado expre-samente por el mandante para ejercitar dicho acto.
    Mandatario — Mandato—Presentación del Mandato en el Registro — Defecto Subsanable.- — Constituye defecto subsanable en el caso expresado el no aere- . ditarse por el mandatario su nombramiento como tal.
    Estado Civil — Nombre del Cónyuge Omitido en la Inscripción — Defecto Sub-sanable — Subsanación de Defectos — Acta Matrimonial. — Cuando del regis-tro no aparece el nombre del cónyuge al tiempo de adquirir la finca hipote-cada, existe un defecto subsanable que puede corregirse presentando en el registro la copia certificada de la correspondiente acta matrimonial.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del recurrente: Sr. Francisco Soto Gras.

    El registrador interino recurrido, Sr. Manuel Paz Urdaz, compareció por escrito.
   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública No. 63 otorgada en 24 de mayo de 1918 ante el notario Francisco Soto Gras, Adolfo Yaldés-y Ordóñez, como mandatario de Dolores Ochoa y de Albornoz, de estado casada, sin que eñ dicha escritura se inserte po-der alguno otorgado a favor de Yaldés ni tampoco haya sido presentado en el registro de la propiedad, y los esposos Francisco Serrano Matos y Pilar Zayas- Dones, concertaron una operación de préstamo recibiendo dichos consortes de Adolfo Yaldés y Ordóñez en concepto de tal mandatario, la cantidad de $5,000, cuyo pago fué garantizado por los consortes Serrano Matos y Zayas Dones con hipoteca a favor de la aeree-dora Dolores Oclioa y de Albornoz, sobre dos fincas rústicas que se describen en la expresada escritura.

Presentado el documento en el Registro de la Propiedad de San Juan, Sección 2a., para su inscripción, el registrador la denegó por medio de nota que dice así:

“Denegada la inscripción de la hipoteca que comprende este do-cumento por observarse que si bien la hipoteca no necesita la acep-tación del acreedor conforme al artículo 138 de la Ley Hipotecaria, no resulta acreditado que el mandatario Adolfo Yaldés Ordónez se halle facultado expresamente por la mandante Doña Dolores Oehoa de Albornoz -para dar dinero a préstamo de la propiedad de esta señora, la cual facultad constituye un acto de riguroso dominio, te-niendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 1615 del Código Civil y los principios establecidos por el Hon. Tribunal Supremo en la resolución de 5 de abril de 1910, tomo 17 de las Decisiones de Puerto Rico, página 434, habiéndose en su lugar, y en cumplimiento de la Ley de 10 de marzo de 1902, extendido anotación preventiva por término de ciento veinte días * * * anotaciones letras B y A res-pectivamente. Tales anotaciones han sido verificadas además con el defecto subsanable de no haberse acreditado en legal forma que Pi-lar Zayas Dones, quien juntamente con su esposo Francisco Serrano Matos ha constituido la hipoteca, sea la misma señora con quien es-taba casado el referido Francisco Serrano Matos en la fecha de la adquisición del solar de la finca letra A y en la fecha en que adqui-rió también la finca de la letra B. * * * San Juan, Puerto Rico, .junio 22 de 1918. Manuel Paz Urdaz, registrador substituto.”

La nota transcrita fia sido recurrida para ante esta Corte Suprema por la representación de Dolores Oclioa y de Albor-noz.

El artículo 1615 del Código Civil y la resolución de esta Corte Suprema en el caso de Villar v. El Registrador de la Propiedad, 17 D. P. R. 434, no son aplicables al presente caso.

El artículo 1615 que dejamos citado, en la parte atinente dice así:

“El mandato concebido en términos generales no comprende más que los actos de administración. Para transigir, enajenar, hipotecar ' o ejecutar cualquier otro acto de riguroso dominio se necesita man-dato expreso.”

Entendemos que el acto de dar dinero a préstamo es ad-ministrativo y no de riguroso dominio, en el sentido qne debe darse a esas palabras, teniendo en cuenta la letra y espíritu del artículo transcrito. Hay, además, gran diferencia entre tomar dinero a préstamo que es el caso a que se refiere nues-tra resolución anteriormente citada, y dar dinero a préstamo, como así lo revelan la naturaleza y efectos de esos actos..

En vista de las anteriores razones llegamos a la conclu-sión de que el registrador debió verificar la inscripción del derecho hipotecario de que se trata; y como el poder del mandatario Adolfo Yaldés y Ordóñez no fue presentado al registro, procedía la inscripción con el defecto subsanable de no haberse acreditado el nombramiento y facultades del mandatario.

En cuanto al defecto subsanable apuntado en la nota re-currida, alega la parte recurrente vaguedad en su expresión pues se hace imposible determinar si el motivo del defecto-consiste en no haberse acreditado cuál fuera la esposa del deudor en la fecha de la adquisición de los bienes hipoteca-dos, o si el registrador entiende que aún constando en la ad-quisición primitiva el nombre de la esposa debe comprobarse el hecho del matrimonio, o si por último lo que se exige es que se pruebe la identidad de los cónyuges.

Parécenos que la nota del registrador es clara sobre el particular expuesto, pues sólo exige la justificación de que Francisco Serrano Matos estaba casado con Pilar Zayas Do-nes en la fecha de la adquisición de las fincas a que se refiere el registrador.

Dicho defecto, que realmente existe, es susceptible de ser corregido mediante prueba sencilla, como ya dijimos al resolver el caso de Delgado v. El Registrador de San Germán, 23 D. P. R. 704, y la manera más rápida y satisfactoria de hacerlo es la presentación del documento que acredite la ce-lebración del matrimonio. .. .

Es de revocarse la nota recurrida, ordenándose la ins-cripción de la escritura de que se trata con el defecto subsa-' nable de no haberse acreditado el nombramiento y facultades del mandatario y el otro defecto también snbsanable apun-tado por el registrador en la dicha nota.

Revocada la nota recurrida, ordenándose la inscripción solicitada con el defecto subsa-nable de no haberse acreditado el nombra-miento y facultades del mandatario y él otro defecto también subsanable apuntado por él registrador en la nota recurrida,.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Martínez, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en causa por acometimiento y agresión.
    No. 1339.
    Resuelto en diciembre 16, 1918.
    Acometimiento y Agresión — Defensa Propia. — La alegación de defensa pro-pia formulada por el acusado a una acusación por acometimiento y agresión, fundada en que el acusado actuó para repeler un acometimiento no ha de ser sostenida cuando la prueba demuestra que antes del acometimiento el acusado insultaba a su agresor, ante el cual se encontraba en actitud agresiva.
    Id. — Id.—Acometimiento y Agresión con cirgunstancias Agravantes. — El aco-metimiento y agresión se convierte en grave cuando se infiere grave daño corporal al perjudicado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. A. Quintana Cajas.

    Abogado del apelado: Sr. 8. Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El presente fue un caso de acometimiento y agresión.

La defensa principal del apelante es qne al tirar la pie-dra él actuó en defensa propia. De la prueba aparece que el denunciante había agredido al acusado-apelante antes de que éste tirara la piedra efectivamente, pero de la misma evidencia que tenía la corte sentenciadora, estaba en su de-recho creer que era el denunciante más bien que el acusado el que había obrado en defensa propia, pues éste estaba in-sultando al denunciante y amenazándole con la piedra.

En cuanto al otro error alegado, o sea, el de las circuns-tancias agravantes, éstas fueron demostradas, y la senten-cia de convicción se justifica por la subdivisión 7 de la sección 6 de la ley de marzo 10, 1904, por la' cual un acometimiento es de circunstancias agravantes cuando se infiere grave daño corporal a la persona agredida. Por lo tanto, la sentencia de la corte de distrito que impuso una multa de cien dollars y una sentencia alternativa de cárcel que no exceda de no-venta días, es justa.

La sentencia debe confirmarse.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison. .


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    Rodríguez González, Recurrente, v. El Registrador de Arecibo, Recurrido.
    Recurso gubernativo interpuesto contra nota del Registrador de la Propiedad de Arecibo denegando la inscripción do una escritura de compraventa del derecho do nuda pro-piedad.
    No. 389.
    Resuelto en diciembre 16, 1918.
    Nudo Propietario — Venta de Parte del Derecho de Nuda Propiedad — Dere-chos del Usufructuario. — El nudo propietario de una finca rústica que se-grega mediante adecuada descripción y enajena por escritura pública una parte de la misma dejando a salvo los derechos del usufructuario, no infrin-je los preceptos del artículo 488 del Código Civil Revisado por el cual se pro-híbe al nudo propietario alterar la forma o sustancia de la finca principal así como hacer en la misma nada que pueda perjudicar al usufructuario.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Manual Paz Urdas.

      El registrador, Sr. Raúl Benedicto, no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En el 1913 don Antonio Rodríguez González vendió a don Manuel Torrado Rodríguez 167 cuerdas de terreno, reser-vándose para sí el usufructo de dicha finca durante su vida. En febrero de 1918 Torrado Rodríguez y su esposa vendieron y enajenaron a doña Francisca Rodríguez González la nuda propiedad de 30 cuerdas de terreno segregadas mediante debida descripción de las 167 cuerdas, sin perjuicio del usu-fructo vitalicio que en la misma tiene don Antonio Rodríguez.

La inscripción de. esta escritura fue denegada “porque de acuerdo con el artículo 488 del vigente Código Civil el nudo propietario no puede alterar la forma de la finca principal. ” .

El artículo a que se hace referencia dispone que “el pro-pietario de bienes en que otro tenga el usufructo podrá ena-jenarlos, pero no alterar su forma ni sustancia, ni hacer en ellos nada que perjudique al usufructuario.”

Los propietarios de la finca de que se trata, al disponer de su derecho a determinada porción de la totalidad de la misma, simplemente ejercitaron una parte de la facultad ex-presamente conferídales por la ley. No llegaron a alterar ni la forma ni la sustancia de la finca dentro del alcance del precepto del código, ni llegaron a “hacer en la misma nada que perjudique al usufructuario.”

Es de revocarse la nota recurrida ordenándose la inscrip-ción solicitada.

Revocada la nota recurrida y ordenada la ins-cripción solicitada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. Hutchison,

text:
    Kennedy, et al., Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Sección 1ª. Recurrido.
    RecuRso GubeRNativo interpuesto contra nota del Registra-dor de- la Propiedad de San Juan, Sección Ia., inscribiendo non defecto snbsanable una escritura de compraventa.
    No. 394.
    Resuelto en diciembre 16, 1918.
    Inscripción — Segregaciones—Descripción del Resto como Finca .Principal.— Defecto Subsanable. — Constituye un defecto subsanable el no aparecer del documento que se trata de inscribir la descripción do la finca principal de donde se ha segregrado el'solar objeto de inscripción, aun cuando la finca principal constituya el resto de otra, de que asimismo fue segregada.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Eduardo López Tisol.

    El registrador recurrido, Sr. Rafael Tirado Yerrier, com-pareció en nombre propio.
   El Juez Asociado Se. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Benjamín E. de Sola y su esposa vendieron a doña Ana Teresa Kennedy de Bisbop nn solar de 774.60 metros cua-drados.

En la escritura se bizo constar que los vendedores fue-ron dueños de una finca de 57,076 metros cuadrados, la que se describe, y de la cual se segregó una fracción de 11,279 metros 34 centímetros y se vendió a Waldemar Hepp, qne se determinó una porción de 22,645 metros 13 centímetros y se enajenó la tercera parte en proindiviso de dicha porción al mismo Sr. Hepp y que el solar enajenado a la Sra. Bishop fué tomado del resto de la finca primitiva.

El recurrente se queja del defecto subsanable anotado en la inscripción de la escritura del solar • antes mencionado, a saber, “por no describirse con cabida y colindancias el resto de la que se hace la segregación objeto de dicha inscripción.

En el caso de Cadilla v. El Registrador de la Propiedad, 19 D. P. R. 80, 81, se resuelve esta cuestión del modo siguiente:

“No consta, pues, en el título presentado al registro la descrip-eión de la finca principal, de la cual procede el solar cedido en usu-fructo al recurrente, Sr. Oadilla, y aunque se consignan datos bas-tantes para que el registrador pueda identificarla en sus libros, sin embargo, esto no es suficiente y origina un defecto subsanable, pues la descripción debe aparecer del mismo título presentado, según ya resolvió esta Corte Suprema en el caso de Franceschi v. Registrador, 13 D. P. R. 227, y por la Dirección General de los Registros en 20 de noviembre de 1889 y Io. de diciembre de 1892.”

El recurrente confunde la “finca principal,” de la que se segregó el solar en cuestión, con la finca primitiva de la que se practicaron las anteriores segregaciones. En este caso Cía finca principal” es la parcela de terreno cuyo dominio permaneció exclusivamente con los vendedores después de las dos enajenaciones liecRas en favor de Hepp.

De lo contrario hubiera sido igualmente innecesario des-cribir la parcela de 57,076 metros cuadrados, que era el resto de otra finca de 17.31 cuerdas, la que a su vez ha podido ser el resto de una tercera finca de mayor extensión, siendo po-sible en un caso concebible que el resto primitivo fué lo que se dejó de la Isla de Puerto Rico después de la primera con-cesión hecha por la Corona de España a algún individuo. Por otro lado la enajenación hecha en favor de la Sra. Bishop parece como que no es más que el comienzo de otra serie de ulteriores pequeñas segregaciones y ventas, cada una de las cuales, por supuesto, dejará su propio e individual “resto” sucesivo.

Obviamente la adopción de la teoría del recurrente ali-mentaría las complicaciones y traería rápidamente la interminable confusión que la doctrina invocada por el registrador sabiamente tiende a evitar.

Es de confirmarse la nota recurrida.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: En Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Torres Santana, Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Recurso gubernativo interpuesto contra nota del Registrador de la Propiedad de Caguas denegando la inscripción de una escritura de compraventa.
    No. 397.
    Resuelto en diciembre 17, 1918.
    Podt'ü para Enajenar Bienes Inmuebles Gananciales — Gananciales—Bienes—■ Enajenación. — En este caso la esposa, según el primer párrafo de la escritura de mandato, confirió poder al esposo para que, “con relación a los bienes propios de la compareciente y a los gananciales de ambos, lo ejercite en estos términos:” y según la cláusula sexta: “Para que venda libremente o con condiciones las fincas rústicas o urbanas que pertenezcan actualmente a la (.ue suscribe, así como las que adquiera en lo sucesivo.” Presentada para su inscripción la copia de una escritura de venta de inmueble que otorgara el esposo por sí y como apoderado de la esposa, el registrador la denegó por “no aparecer que dicho esposo apoderado tenga facultades para vender bienes inmuebles de la sociedad de gananciales.” Se resolvió: Que si bien la re-dacción de la cláusula sexta del poder hace surgir alguna duda, .tal duda desaparece cuando se interpreta dicha cláusula en relación con el párrafo primero del mandato.
    Estado Civil — Nombre del Cónyuge Omitido en la Inscripción — Defecto Sub-sanable — Subsanación de Defectos — Acta Matrimonial. — Cuando del re-gistro no aparece el nombre del cónyuge al tiempo de adquirir la finca ven-dida, constituye esto un defeeto subsanable que puede corregirse presentando en el registro la copia certificada de la correspondiente acta matrimonial.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Rafael Arce.

    El registrador recurrido, -Sr. Pedro Gómez Lasserre, com-pareció por escrito.
   En Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Juan Ramírez Muñoz, por sí y como apoderado de su es-posa, Guadalupe Hernández Ramos, compareció ante nota-rio público y vendió a Ceferino Torres Santana una finca rústica. Presentada la escritura para su inscripción en el registro, el registrador se negó a ello por medio de la si-guiente nota: esto año, ante el notario Rafael Arce, y extendida en sn lugar ano-tación preventiva por el término legal, a favor de Ceferino Torres Santana al folio 218 vuelto del tomo 19 de Aguas Buenas, finca nú-mero 790 triplicado, anotación letra A, por las razones siguientes: Por resultar que el señor Ramírez Muñoz vende esta finca como per-teneciente a la sociedad de gananciales con su esposa Guadalupe Hernández Ramos, y del poder que ésta le confirió en escritura nú-mero 208 otorgada en Caguas, el 30 de octubre del pasado año, ante el notario Rafael Arce Rollet, que se ha tenido a la vista, no apa-rece que dicho esposo apoderado tenga facultades para vender bie-nes inmuebles de dicha sociedad conyugal. Se hace constar el de-fecto subsanable de que no constando del registro el estado civil del señor Ramírez Muñoz cuando adquirió esta finca, no se acredite que en caso de ser casado en la fecha de dicha adquisición, lo estuviera con su actual esposa Guadalupe Hernández Ramos.”

“Denegada la inscripción del precedente documento, que es la escritura número 162 otorgada en Caguas el 26 de septiembre de

Contra la nota transcrita interpuso el comprador el pre-sente recurso gubernativo. En la escritura de compraventa se transcriben los siguientes particulares del poder conferido al vendedor por su esposa, que son en realidad de verdad los esenciales para resolver la cuestión de que se trata:

"Que confiere poder cumplido y con la ® * * extensión legal necesaria a favor de su legítimo esposo, don Juan Ramírez Mu-ñoz, mayor de edad, propietario y también vecino de Gurabo, para que, con relación a los bienes propios de la compareciente y a los gananciales de ambos, lo ejercite en estos términos:
Sexto. — Para que venda, libremente o con condiciones, las fincas rústicas y urbanas que pertenezcan actualmente a la que suscribe, así como las que adquiera en lo sucesivo, estipulando el precio que creyere más ventajoso.”

Si el notario hubiera redactado la cláusula sexta del poder dan claramente como el párrafo primero de los transcritos, no existiría duda de ningún género. Eso no obstante opina-mos que tal como aparece el poder, es bastante. En el pá-rrafo primero se describe la naturaleza de los bienes en re-lación con los cuales se otorga el mandato, a saber: los bie-nes propios de la esposa y los bienes gananciales, y en la cláusula sexta, si bien las palabras "que pertenezcan actual-mente a la que suscribe,” hacen surgir alguna duda, tal duda desaparece cuando se observa que dichas palabras interpre-tadas en relación con el párrafo primero deben estimarse como generales y abarcándolo todo, esto es, los bienes que pertenezcan privativamente a la esposa o puedan pertene-cerle en parte como gananciales. La lectura de la totalidad del poder, que también se presentó en el registro, robustece la conclusión a que hemos llegado.

El defecto subsanable existe de acuerdo con la jurispru-dencia establecida en el caso de Ortiz v. El Registrador de San Germán, 23 D. P. R. 702.

Por virtud de lo expuesto debe revocarse la nota y orde-narse la inscripción solicitada pero con el defecto subsana-ble de que se ha hecho mención.

Revocada la nota y ordenada la inscripción con el defecto subsanable apuntado por el registrador.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asooiad'o Se. Aldbey,

text:
    De Jesús, Peticionario y Apelante, v. El Pueblo, Opositor y Apelado.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Gnayama en procedimiento de habeas corpus.

    No. 1345.
    Resuelto en diciembre 20, 1918.
    Habeas Cokpus — Mandamiento de Abeesto. — Cuando una persona lia sido arres-tada eon un mandamiento de prisión que se alega ser defectuoso y después es condenada por el delito que motivó la expedición del mandamiento, re-sulta oeioso resolver una petición de habeas corpus que tiene por fundamento los supuestos defectos del mandamiento de arresto, en virtud del cual se hallaba detenida aquélla.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: 8r. F. Cervoni Gely.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asooiad'o Se. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fnndó sn petición de habeas corpus, presen-tada en la Corte de Distrito de Gnayama en qne el manda-miento de arresto, por el qne estaba detenido, contenía cier-tos defectos y en qne no existía cansa probable para sn prisión.

El anto fné librado y recayó la siguiente resolución;

“Señalado el día de hoy para la vista de este habeas -corpus, com-parecieron las partes debidamente representadas. De las admisio-nes hechas por el acusado, por su abogado defensor en cuanto a he-chos que estima probados y de la prueba del Fiscal, aparece que este acusado se encuentra actualmente cumpliendo sentencia en la cárcel de distrito, por sentencia de esta corte de distrito; y, por con-siguiente, como' el habeas corpus que se presenta tiene por único ob-jeto obtener la excarcelación del acusado, la cual no puede conce-derse porque este acusado está cumpliendo sentencia, extinguiendo una condena, la corte entiende que el habeas corpus carece de efecto legal, que no lleva a ningún fin práctico, y por tanto, la corte lo de-sestima de plano.”

Interpuesta apelación contra ella por el solicitante Isa-belino de Jesús (a) “El Indio” no ha presentado ante esta Corte Suprema aleg’ato escrito ni oral.

En vista de la resolución del juez inferior, negando la petición por carecer de fin práctico, toda vez qne el peticiona-rio estaba cumpliendo condena, entendemos qne tal condena es por el delito que motivó el mandamiento de arresto qne Isa-belino de Jesús estimó ser defectuoso.

Como por sn condena quedó sin efecto el mandamiento de arresto, qne es objeto de la petición de habeas corpus, es ocioso qne resolvamos si adolecía de defectos que dieran como resultado su libertad toda vez que ahora no está detenido por ese mandamiento.

Tampoco podríamos revocar la resolución apelada porque, no apareciendo en los autos que se nos han presentado para resolver la apelación las admisiones del acusado, hechas por su abogado y lo que constaba de la prueba del Fiscal, no es-tamos en la misma situación que el juez inferior cuando re-solvió la solicitud. *

La resolución apelada debe ser confirmada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Vélez Gaztambide et al., Demandantes y Apelantes, v. Guánica Centrale, Demandada y Apelada, y Sucesores de Bianchi, Interventores y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en una acción negatoria de servidumbre.
    No. 1843.
    Resuelto en diciembre 20, 1918.
    Sebvidumbke de Paso — Acción Negatoria — Estoppel.—En el presente caso ol demandante consintió una servidumbre de paso por su heredad, a cambio de ciertas concesiones de las cuales so aprovechó. Después de más de diez años de haber la persona a quien se concedió el derecho realizado obras de carác-ter permanente en relación con el ejercicio del mismo, el demandante entabló esta acción negatoria de servidumbre. Se resolvió: Que era aplicable la doctrina de estoppel y por lo tanto que dicho demandante estaba impedido de ejercitar la dicha acción.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. G. Casta Fornes.

    Abogado de la demandada-apelada: Sr. F. Manuel Toro.

    Abogado de los interventores y apelados: Sr. Cayetano Coll CucM.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

José Ramón Vélez Gaztambide y su esposa entablaron en la Corte de Distrito de Mayagüez una demanda contra Guá-nica Céntrale, sobre acción negatoria de servidumbre. La demandada contestó negando todas y cada una de las ale-gaciones de la demanda. T con permiso de la corte intervi-nieron en el pleito Sucesores de Bianchi, sociedad civil real-mente interesada en el litigio. Se celebró la vista, y la corte, por el resultarlo de las alegaciones y las pruebas, dictó sen-tencia declarando, la demanda sin lugar. Contra esa senten-cia interpusieron los demandantes el presente recurso de apelación, con el cual se ba tramitado conjuntamente otro recurso interpuesto por los mismos demandantes contra la resolución final de la corte de distrito relativa al pago de las costas y honorarios de abogados.

Los demandantes basaron su demanda en que son dueños de dos fincas rústicas que describen, situadas en los barrios de Cidra y Espino del término municipal de Añasco; en que la demandada, una corporación dedicada a la elaboración de azúcar de caña, pasa por dentro de las fincas de los demandan-tes un ferrocarril y tiene construido sobre el río “Humetas” un puente cuyos estribos se levantan sobre tierras de los de-mandantes, impidiendo de tal modo a los demandantes el pleno disfrute de sus bienes. El hecho VI de la demanda, copiado a la letra dice así:

“Que los demandantes no han otorgado título alguno de servi-dumbre a favor de la sociedad demandada, ni de ninguno de los predios confinantes con sus fincas, ni de heredad alguna enclavada entre éstas, no habiendo jamás consentido en el establecimiento o continuación de presunta servidumbre, ni obtenido cantidad alguna do la demandada ni de ninguna otra persona natural o jurídica por concepto de indemnización, ni renunciado en forma alguna al com-pleto dominio de sus tierras que cruza el mencionado ferrocarril.”

La demandada, Guánica Céntrale, es arrendataria de Su-cesores de Bianchi. Estos alegaron que son los actuales dueños del ferrocarril de Añasco a Altosano que pasa en efecto por las fincas de los demandantes y que tanto para la construcción de la vía como para la del puente de que se ha hecho mérito se solicitó y obtuvo el consentimiento de los demandantes.

La prueba demostró que el ferrocarril de Añasco a Alto-sano estaba construido desde antes del ciclón de San Ciriaco; que por virtud de dicho ciclón un puente que existía sobre el río Humetas fué destruido; que al tratar de reconstruirlo el ingeniero Skerret opinó que debía levantarse en otro sitio; qne así se acordó y como el nuevo sitio requería la ocupa-ción de terrenos del demandante José Eamón Yélez Gaztam-bide, Sucesores de Bianchi solicitaron y obtuvieron su con-sentimiento para ello.

Sobre la forma en que se prestó el consentimiento la prueba no está del todo conforme. El propio demandante José Eamón Gaztambide declaró “que los señores Bianchi le pidieron permiso para que tolerare poner por allí la vía, que no le explicó el tiempo por el que les dejó pasar la vía; que fué una mera tolerancia de él; que no hubo contrato entre ellos, ni él les prometió otorgarles escritura de servi-dumbre, ni de venta, ni de nada; * '* Luego, sujeto a un largo interrogatorio por el abogado de la parte deman-dada, termina por declarar: “que él concedió el estableci-miento de esa vía a condición de que le garantizaran, de que le concedieran pasar un loril para su familia, de traer mer-cancías hasta su casa, pero una vez que la G-uánica compró * * *; que le concedieron un vagón; que por ese motivo fué que dió el permiso para que se pusiera el puente, pero no le conviene; no le han cumplido el contrato; que no le han cumplido las condiciones por las cuales cedió ese paso; que estableció su acción porque las condiciones para el paso a la vía no se las habían cumplido.” Y si del examen de esa de-claración del demándante pasamos a la del testigo Enrique Green de la parte demandada, encontraremos que dicho testigo describe el contrato celebrado así: “que hubo una súplica de Sucesores de Bianchi a don José Eamón Yélez para que le de-jara poner el ferrocarril y existió el acuerdo, en el escritorio de Bianchi, donde se acordó todo: Gas a usar un loril que lo vas a tener a tu disposición de día y de noche, a todas horas, y además vas a disponer de ese ferrocarril sin cobrársete arrastre ninguno;’ que cuando Sucesores de Bianchi arren-daron a la Guánica Céntrale, fué condición de aquel contrato que ellos vendrían obligados a respetar lo que habían acor-dado Sucesores de Bianchi; que él tiene entendido que ellos han usado el loril, pero que después él se fué a vivir a Maya-güez y no tiene la seguridad si la G-uánica Céntrale ha respe-tado o no; * * *.” F. Manuel Toro, abogado de la Guá-nica Céntrale, en cuanto a ese último extremo, declaró: “que el Sr. Vélez usaba el ferrocarril con un loril para ir y venir-de la propiedad al pueblo de Añasco, y le consta que trans-portaba por ese loril provisiones o mercancías, algunos efec-tos.” Otros testigos declararon, pero no creemos necesario referirnos a sus dichos. Las declaraciones del demandante Vélez y del testigo Green dan una idea clara del caso.

Habiendo, pues, en consideración las alegaciones y las pruebas, opinamos que estuvo enteramente justificada la corte de distrito al declarar sin lugar la demanda. Por lo menos es necesario concluir como concluyó dicha corte que es de perfecta aplicaciótí la doctrina de estoppel.

Esta cuestión fué ampliamente estudiada por esta Corte Suprema en el caso de Torres et al., v. Plazuela Sugar Co., 24 D. P .R. 479. Allí se llegó a la conclusión de que no era aplicable tal doctrina porque se trataba de una empresa pri-vada y porque el demandante no había recibido compensación o beneficio alguno, estableciéndose la siguiente jurispruden-cia: “Cuando no ha habido causa legal o consideración para la existencia dé una servidumbre de paso, ni el dueño del predio sirviente ha obtenido beneficio alguno, aún cuando haya prestado su consentimiento para ello, tal consentimiento no implica que haya renunciado para siempre su completo dominio.” Y aquí se otorgó al dueño de las tierras una compensación a cambio del permiso que daba para la insta-lación de la vía y la construcción del puente, compensación de la cual se ha beneficiado el dicho dueño.

El elemento tiempo debe ser también considerado en este caso, así como el carácter permanente de la obra construida. Desde hace más de diez años las vías y el puente de qne se trata se encuentran en el lugar que hoy ocupan, y un puente que según el mismo demandante Vélez G-aztambide tiene de sesenta a setenta metros, cuyo sitio fué escogido por el inge-niero como el apropiado para que el río en sus crecientes no 'lo destruyera como sucedió con el que se había levantado an-teriormente, en lugar distinto, revela que se trataba no de una obra meramente provisional sino de carácter permanente.

En cuanto al pronunciamiento de la sentencia relativo a las costas y honorarios de abogados, opinamos que debe re-vocarse. Este es un asunto dudoso, sobre todo después de la jurisprudencia sentada en el repetido caso de Torres v. Plazuela, y la demanda aquí.se interpuso meses después de establecida dicha jurisprudencia.

La sentencia debe dictarse sin especial condenación de costas, y siendo esto así, cae por su base la resolución final ordenando a los demandantes a pagar a los abogados de los demandados, en junto, la suma de ciento sesenta pesos.

Por virtud de lo expuesto debe confirmarse la sentencia apelada con excepción de su pronunciamiento relativo a las costas y honorarios de abogado, ordenándose que cada parte pague sus costas respectivas y revocarse la resolución apro-batoria de los memorándums de costas de los demandados.

Confirmada la sentencia apelada con excepción de sn pronunciamiento relativo a las costas y honorarios de abogado, ordenándose que cada parte pague sus costas respectivas y revocada la resolución aprobatoria de los memorándums de costas de los demandados.

Jueces concurrentes: S'res. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


text:
    Sucesión Rivera García, Demandante y Apelada, v. Hernández et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre reivindicación de inmuebles y sus frutos, e indemnización de daños y perjuicios.
    No. 1834.
    Resuelto en diciembre 20, 1918.
    Acción Reivindicatoría — Adjudicación de la Cosa. — Para que en una acción reivindicatoría pueda recobrarse determinada fracción de terreno, es preeisn que ésta haya sido especialmente adjudicada.
    Cesión de Derechos — Derechos del Cesionario. — El derecho de una persona a ceder o traspasar los derechos y acciones que le correspondan en determi-nada cosa está expresamente reconocido por el artículo 406 del Código Civil. Y tal cesión o traspaso de todos sus derechos y acciones en la herencia, hecho por un heredero, es perfectamente válido y crea derechos en favor del ce-sionario.
    Acción Reivindicatoría Contra un Condueño. — Cuando resulta que un deman-dado es condueño en la cosa sobre la cual versa la reclamación, la acción reivindicatoría establecida contra él por unos demandantes mayores y me-nores interesando la entrega de la totalidad de una finca, es improcedente.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes:, Sres, Manuel Tous Soto y Rafael Arce.

    Abogado de la apelada: Sr. Luis Mendín.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Jacinto Rivera García falleció en 27'de febrero de 1895. Había contraído dos veces matrimonio y los herederos nom-brados en su testamento lo eran Josefa, Graciano, Abad, Eduarda, Cristina, Prudencia Yidal, Agustín, Regalada Rivera Delgado y Alberto Rivera López.

Los herederos Josefa, Graciano, Antonio y Abad Rivera Delgado, en un pleito seguido en su contra en la corte municipal por Gregorio Hernández por la suma de $600, celebra-ron una transacción por virtud de la cual, en pago de la-ameritada deuda, traspasaron al mencionado Hernández to-dos sus derechos y acciones a y sobre dos fracciones de te-rreno, una de cuarenta y la otra de seis cuerdas. Este acto-de conciliación se celebró a reserva de otorgarle oportuna-mente la correspondiente escritura de venta, pudiendo desde luego Hernández entrar en posesión del terreno. La certi-ficación de este acto de conciliación no pudo ser inscrita en el registro de la propiedad porque para los fines de la Ley Hipotecaria, era preciso el otorgamiento de la correspon-diente escritura de venta del terreno.

Posteriormente, en 17 de mayo de 1898, G-raciano Rivera otorgó escritura pública de cesión a favor de Gregorio Her-nández, escritura que fué debidamente inscrita en el registro de la propiedad. ¡

Otro de los herederos, a saber, Eduarda Rivera Delgado* asimismo otorgó escritura de cesión de sus derechos, pero» la escritura no pudo inscribirse en el registro toda vez que una persona que no era testigo instrumental firmó a nombre del cedente por no saber éste leer y escribir.

Con respecto a otro de los herederos, Cristina, no pudo inscribirse la escritura pública que otorgara por el mismo defecto anteriormente apuntado y porque la cedente apare-cía con el nombre de “Crispina” siendo “Cristina” su ver-dadero nombre.

Dos de los herederos, Prudencia y Regalada, cada una por sí y separadamente, otorgaron escrituras públicas de ce-sión de sus derechos, las que fueron inscritas, pero cada una de estas cesiones han sido impugnadas por razón de la su-puesta menor edad de las ceclentes a la fecha de su otor-gamiento. Uno de los herederos, Agustín, falleció en 1899, cuando sólo contaba tres años de edad.

Respecto de Alberto Rivera López, nada aparece de los autos.

La demanda se presentó en la Corte de Distrito de Ilu-macao a nombre de todos estos herederos y en ella se solici-taba la reivindicación del dominio y entrega de posesión de-la totalidad de la finca e indemnización ele daños y perjui-cios por los productos recibidos. La corte dictó sentencia en favor de los demandantes por la reivindicación y ,orde-nando la entrega de posesión de la finca, y además conde-nando a los demandados al pago de $4,000 de daños y per-juicios, costas y honorarios de abogado.

Al resolver la corte sobre la validez de estas cesiones dijo que ínterin se practique la liquidación de los bienes heredi-tarios y hasta tanto no se adjudique a cada heredero la par-ticipación que le corresponda, los herederos carecen de tí-tulo 'bastante para enajenar válidamente los bienes del caudal relicto. Esta es una teoría errónea por parte de la corte. Se trata de una acción reivindicatoria, y en esta clase de ac-ciones es preciso que para que pueda recobrarse determinada fracción! de terreno, ésta le haya sido especialmente adjudi-cada. Soriano et al. v. Rexach et al., 23 D. P. R. 573. Esto •dista mucho de decir que uno de varios herederos no pueda ■traspasar todos sus derechos a otra persona. Este derecho está expresamente reconocido por el artículo 406 del Código Civil. El apelante en este caso es el demandado y no el de-mandante. En cuanto se refiere a la finca en cuestión, tiene todos loS' derechos que les hubieran correspondido a los he-rederos, incluyendo el derecho de posesión.

La cesión o traspaso hecho por un heredero de todos sus derechos y acciones en la herencia es perfectamente válido y crea derechos en favor del cesionario, según constante juris-prudencia de esta corte. Rola v. Sucesión Hernández, 15 D. P. R. 758; Velilla v. Pizá et al., 17 D. P. R. 1112; Plantations Company v. Smith, 23 D. P. R. 394, 395; Soriano et al. v. Rexach et al., supra.

Que semejantes cesiones, verificadas aún antes de la li-quidación y adjudicación a determinado heredero, son vá-lidas para transferir el título de dicho heredero en el regis-tro dé. la propiedad, lo ha reconocido esta corte en los casos dé Méndez v. El Registrador, 18 D. P. R. 805-6; Cortés v. El Registrador, 20 D. P. R. 141.

"Puesto que Gregorio Hernández necesariamente recibió ‘todos los derechos de los herederos adultos, dicho apelante, por lo menos, es condueño con los menores, y una acción de reivindicación en sn contra es improcedente. Fernández v. Gutiérrez, 10 D. P. R. 60, 61; Trinidad v. Trinidad, 19 D. P. R. 647, 648; Vega v. Rodríguez, 21 D. P. R. 334.

Sostiene el apelante con bastante razón que cuando un menor heredero de más de catorce años celebra un contrato, como en el presente caso, es su deber impugnarlo dentro de los cuatro años de haber cumplido su mayor edad. El ape-lado sostiene que el menor no puede consentir. No carece de fundamentos la teoría del apelante, pero preferimos más amplia discusión sobre este punto antes de resolverlo defini-tivamente.

No encontramos justificación alg’una para este pleito, es-pecialmente por parte de los herederos adultos.

Puesto que los demandantes en sí no reúnen todo el tí-tulo a la finca en cuestión, y puesto que los adultos carecen de todo derecho a hacer reclamación alguna, es de revocarse la sentencia y desestimarse la demanda, sin especial conde-nación de costas.

Revocada la sentencia apelada y desestimada la demanda, sin especial condenación de costas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison firmó conforme con la sentencia.


author: En Juez Asociado Se. Hutchison,

text:
    Mitjans, Demandante y Apelante, v. Mitjans, hoy su Sucesión, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 1855.
    Resuelto en diciembre 20, 1918.
    Lugar para la Celebración del Juicio — Renuncia del Rubro del Domicilio— Su Fuerza Obligatoria para con los Herederos. — La renuncia del fuero del domicilio es una condición lícita en los contratos tanto como una de las eos-tumbres locales bien establecidas, sancionada por el orden público y soste-nida por la corriente uniforme de la jurisprudencia; y tal renuncia es tan obligatoria para los herederos como lo es el cumplimiento de cualquiera otra de las cláusulas o condiciones del contrato.
    Los hechos están, expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Sarmiento, Rodríguez Serra é Puig.

    Abogados del apelado: Sres. Jum, Alberto y Sandalio García Ducós.

   En Juez Asociado Se. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El pagaré objeto de la demanda en este caso concluye como signe:

“En caso de demora en el pago de la suma que adeudo y que va consignada en este pagaré devengará el nueve por ciento anual, so-metiéndome para todo a los tribunales insulares de esta isla de San •Juan de Puerto Rico, renunciando mi domicilio el que someto al de mi acreedor o acreedores y para constancia del interesado firmo éste en Aguadilla a 4 de abril de 1914.”

El presente recurso de apelación se ha establecido contra la orden por la que se declara sin lugar una moción de re-consideración de la orden declarando con lugar la moción de traslado y contra la posterior decisión dictada en el sen-tido de que otras mociones semejantes en que se solicita el traslado del caso por parte de varios demandados han que-dado resueltas sustancialmente de conformidad.

En las citadas mociones de traslado se hizo constar que ni los demandados ni la persona que suscribió el pagaré re-nunciaron en época alguna el derecho de ser demandados ante la corte de su domicilio. Sin embargo, en las declaraciones juradas archivadas para justificar esta alegación, esa afir-mación, en cuanto se refiere al deudor primitivo por virtud del pagaré, se hace por información y creencia, y en la vista de la moción ante la corte de distrito el demandante produjo el pagaré original acompañado de varias contra-declaracio-nes juradas para justificar la identidad de la firma.

La corte de distrito, al declarar con lugar el traslado, no estimó suficientemente justificado ninguno de los funda-mentos de la moción, salvo el del privilegio personal de los demandados sobre el lugar para la celebración del juicio, y declaró y basó su resolución sobre la teoría de que la renuncia consignada en el pagaré no era obligatoria para los herede-ros del deudor.

En el caso de Gómez v. Toro, 23 D. P. R. 642, 648, dijimos que—

“El caso hipotético de que una persona se vea obligada, tal vez por virtud de un documento falso en donde conste su sumisión, a defenderse fuera del lugar de su domicilio, no está ante nosotros. En el caso que estamos considerando y resolviendo el demandado implícitamente aceptó la autenticidad del documento en que consta su sumisión, al limitarse al consignar en su excepción previa, que era dudosa la forma en que se cobraban los intereses.”

Después de citar el párrafo que acabamos de insertar, la corte inferior al resolver la moción de reconsideración, con-signa lo siguiente:

“En el caso presente, la legitimidad del documento en que apa rece la sumisión ha sido negada. La corte no puede resolver ahora si el documento es o no legítimo, pero es evidente que acerca de su contenido todo hay una controversia; y, por tanto, no aparece cla-ramente la sumisión a otro tribunal que no sea el del domicilio dei demandado. Fuera de que la corte no tiene el convencimiento de que una persona pueda imponer a sus herederos la renuncia de un privilegio personal como el de la jurisdicción.
“Pero aparte de lo expuesto, la corte ve que la sumisión que se hace en el documento no se refiere específicamente a corte alguna de las insulares, sino que se somete a los tribunales insulares en ge neral; y la renuncia que hace de domicilio, se ha extinguido.”

Como ya fiemos indicado, la vaga afirmación de que el causante de los demandados jamás renunció el fuero de su domicilio, apoyada solamente en una declaración jurada fie-cfia por información y creencia, fué controvertida por medio de unas cuantas positivas declaraciones juradas tendentes a identificar no sólo la firma sino también el contenido del pa-garé en cnestión en el sentido de que fué redactado y firmado de puño y letra del otorgante del mismo.

A falta total de otra prueba por parte de los demandados o de alguna debilidad intrínseca u otro fundamento tangible que justifique una sospecha, estas declaraciones juradas fian debido ser aceptadas por su valor aparente por parte de la corte sentenciadora para establecer prima facie, con el único fin de resolver la cuestión de competencia, la autenticidad de la firma.

No fiemos tenido la fortuna de entender sobre qué funda-mento pueda descansar la duda que abriga la corte senten-ciadora en cuanto a la facultad del que suscribe un pagaré para obligar a sus herederos. En su alegato los apelados meramente se conforman con opinar que la cuestión de com-petencia o lugar en que deba celebrarse el juicio de una causa civil es un privilegio personal y no un derecho u obligación hereditario, y que por lo tanto que aun cuando los pagarés pueden ser considerados como contratos no obstante, los here-deros quedan obligados por aquellos pactos que sean lícitos y conformes con reconocidas costumbres. Pero el otorga-miento solemne de todo contrato, la constitución de una obli-gación escrita, es por lo general esencialmente potestativa para las partes contratantes e igualmente materia de privi-legio personal. Esta Corte Suprema ha resuelto varias ve-ces que la renuncia del fuero del domicilio es una condición lícita en los contratos tanto como una de las costumbres locales bien establecidas, sancionada por el orden público y sostenida por la uniforme corriente de la jurisprudencia; y, en cuanto a la cuestión planteada en este caso se refiere, la insinuación de que los pagarés constituyen una excepción a la que no deben aplicarse los principios generales que rigen comúnmente en materia de contratos, ni siquiera merece los honores de una detenida consideración.

El código define el concepto de sucesión del modo si-guiente :

“Sucesión es la transmisión de los derechos y obligaciones del. difunto a sus herederos.” Art. 664 del Código Civil.
“La herencia comprende todos los bienes, derechos y obligaeío nes de una persona, que no se extingan por su muerte.” Art. 667 del Código Civil.

El contrato del causante obliga a su heredero, salvo “el caso en que los derechos y obligaciones que procedan del contrato no sean transmisibles, o por sn naturaleza, o por pacto, o por disposición de la ley.” Art. 1224 del Código Civil.

Aun cuando la doctrina del Derecho Civil sobre la res-ponsabilidad personal de los herederos por las deudas de su causante no rigiese (9 Ruling Case Law, p. 103, see. 102), los herederos generalmente ‘ ‘ ocupan el lugar de sus antecesores. ’5 (Idem, p. 87, see. 83.)

“Si el causante está impedido (estopped), del mismo modo lo están sus herederos.” (Idem, p. 88, see. 84).

Nos parece que no existe razón alguna para no seguir la doctrina desde hace mucho tiempo establecida por el Tribunal Supremo de España de que la estipulación referente a la renuncia del fuero del domicilio es tan obligatoria para los herederos como lo es el cumplimiento de cualquiera otra de las cláusulas o condiciones del contrato. 1 Manresa, 188, nota; Sent, de 6 de julio de 1872, 26 Jur. Civ. 79; Sent, de 9 de enero de 1873, 27 Jur. Civ. 137.

En el presente caso el pagaré claramente determina el domicilio del acreedor para la celebración del juicio a que diere lugar, y no se ha hecho indicación alguna de cambio de residencia desde la fecha de su otorgamiento, ni existe duda alguna respecto a cuál fue la intención que concibió el deudor fuera del indebido énfasis que se ha tratado de dar a las pa-labras “tribunales insulares de la isla.”

Por lo tanto, no necesitamos por ahora excogitar sobre cuál pudiera ser el resultado de una aceptación sin restric-ciones del domicilio del acreedor respecto de la competencia (venue) de un tribunal en un pleito hipotético seguido en otro distrito que no fuese el de la residencia del deudor a la feolia en que firmó el pagaré.

Las órdenes recurridas deben ser revocadas y devolverse el caso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

Revocadas las resoluciones apeladas y de-vuelto el caso a la corte inferior para ul-riores procedimientos.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y. Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió.


text:
    Fernández, Demandante y Apelante, v. Pescay et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre rescisión de contrato y daños y perjuicios.
    No. 1774.
    Resuelto en diciembre 23, 1918.
    Apertura de Rebeldía — Anulación de Sentencia en Rebeldía — Artículo 140 del Código de Eniuiciamiento Civil. — El precepto contenido en el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, que es idéntico al 473 del de California, es un precepto reparador y debe ser interpretado liberalmente con el fin de que se cumplan sus fines y promueva la justicia. Se cumple mejor resolviendo los casos por sus méritos sustanciales más bien que atendiendo estrictamente a las reglas técnicas de procedimiento.
    Id. — Ejercicio de la Discreción. — La discreción de la corte bajo la sección 140 del Código de Enjuiciamiento Civil debe siempre ser ejercitada, como lo fué en este caso, de conformidad con el espíritu de la ley y de tal modo que más bien ayude que impida o destruya los fines de la justicia, conside-rando los meros tecnicismos como obstáculos que Dan de ser vencidos más que como principios a los cuales ba de darse efecto en derogación del dere-cho sustancial.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. E. Rincón Plumey.

    Abogado de los apelados: Sr. M. Guerra. Mondragón.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante, nn arrendatario, presentó nn pleito inte-resando la rescisión de nn contrato de arrendamiento e in-demnización de daños y perjuicios. En .la demanda original se alegó la existencia 'de nn contrato privado de arrenda-miento otorgado ante dos testigos y que lnego se elevó a escri-tura pública, alegando la erección de cierta caseta y el pago de los cánones de arrendamiento por el demandante, así como la contratación de una póliza de seguros y la constitución de nna hipoteca por parte del arrendador sobre las mencio-nadas mejoras y la pérdida consiguiente por parte del arren-datario de su crédito mercantil y reputación moral como hombre de negocios y ciudadano.

Después de haberse solicitado y registrado la rebeldía del demandado, se presentó una demanda enmendada en la que se alega un contrato verbal de arrendamiento con la expresa promesa de vender la finca arrendada al arrendatario por la suma de $500 tan pronto como los arrendadores hubiesen sa-tisfecho una hipoteca de determinada finca que comprende el terreno arrendado al demandante, consignando las mejoras hechas por el arrendatario y alegándose que el demandante firmó el contrato escrito, en donde no se hizo constar la men-cionada promesa de venta, inducido por las insidiosas ma-quinaciones que hicieron creer al demandante que la escri-tura no era más que pura fórmula' y que la verbal promesa de venta continuaría vigente. Se alegó además que los de-mandados, al pagar la hipoteca antes mencionada, no ven-dieron al demandante sino que volvieron a hipotecar el - te-rreno junto con las mejoras hechas por el demandante y fraudulentamente aseguraron los edificios junto con unas maquinarias que contienen y que son de la propiedad del demandante; que con motivo del referido incumplimiento del contrato por parte de los demandados, el demandante ha perdido la venta de dichas casas y del negocio a que se dedica-ban y en su consecuencia el haber dejado de ganar $3,000. La súplica se produce en la alternativa, ora para que se de-crete la nulidad del contrato escrito y se obligue al demandado al cumplimiento individual (specific performance) de la ale-gada promesa de venta, ora la rescisión del contrato con indemnización de daños y perjuicios.

El caso fue llamado para juicio y, no habiendo compare-cido los demandados, el demandante introdujo su prueba y obtuvo una sentencia que posteriormente fue dejada sin efecto a moción de los demandados.

Contra esta orden interpuso el demandante el presente recurso de apelación.

Cualquier, adecuada discusión de los trece motivos de error, algunos de los cuales no carecen por completo de fun-damento desde un punto de vista técnico, alongaría indebida-mente esta opinión sin que tuviese ningún propósito de mayor utilidad.

En la demanda enmendada no se alega que la minuta es-crita, en la que se dejó de incluir la supuesta promesa verbal de venta, se hubiese elevado casi un año después a escritura pública, y el documento últimamente mencionado, no se intro-dujo como prueba en el juicio. La moción para abrir la rebel-día se basaba en declaraciones juradas, documentos a las mis-mas acompañados y en los autos del caso. El abogado que re • dactó la demanda original fue sustituido por otro antes de radicarse la demanda enmendada.

En el affidavit del abogado de los demandados se hace constar en síntesis que para el mes de julio de 1917 los es-posos Pescay le hablaron de la demanda entablada en este caso; que para esa fecha el deponente era candidato para el puesto de representante at large en la Asamblea Legisla-tiva del país; y no teniendo un solo momento que dedicar al estudio del asunto, solicitó del abogado señor Gregory, que lo era a la sazón del demandante en este caso, abriera la re-beldía registrada y le concediera un tiempo hábil dentro del cual poder estudiar la defensa de sus representados y pre-sentar la contestación a la demanda; que el señor Gregory accedió gustoso a ello; que el deponente salió electo candi-dato en las elecciones generales celebradas en julio de 1917 y que desde entonces Rasta la fecha no ha podido dedicarse nn solo momento al estudio de sus asuntos profesionales por motivo de sus trabajos en la Legislatura; que nunca tuvo conocimiento de la rebeldía registrada, ni del señalamiento del caso para juicio, por lo cual no pudo haber hecho gestión alguna, ni personalmente ni por medio de otro letrado en defensa de los intereses de sus representados.

El demandado Simón Pescay jura que, como uno de los demandados, celebró con el demandante un contrato de arren-damiento del solar que describe, el cual contrato consta inserto en la demanda enmendada; que niega haber ofrecido ni ver-balmente ni por escrito al demandante, venderle dicho solar por precio alguno durante la vigencia de dicho contrato, ni en ningún otro tiempo; que dicho contrato privado fué ele-vado a escritura pública en primero de enero de 1917, en cuyo acto el deponente y el demandante ratificaron lo conve-nido previamente en el anterior contrato extrajudicial. Que ni en el contrato extrajudicial ni en el elevado a escritura pública, se hace mención del compromiso de venta por parte del deponente al demandante; antes bien, es cláusula esen-cial de ambos contratos, que al finalizar el término de arren-damiento — es decir, después de transcurrido el período de tres años del mismo — el demandante no tendrá opción alguna a los terrenos aludidos; en otras palabras, la caseta pasará a ser de la propiedad exclusiva del deponente y de su esposa; que sobre los terrenos indicados y sobre la casa que queda hacia la carretera, pesaba una hipoteca a favor del señor Abarca pero que habiendo obtenido el deponente oportunidad y oca-sión de pagar un interés más bajo, levantó dicha hipoteca para otorgar otra el mismo día por menor cantidad a favor de Antonio Pérez Pierret; que el deponente no levantó total-mente la hipoteca en aquel entonces por no tener dinero con qué pagarla; que si lo hubiera tenido hubiera preferido, como hombre prudente de negocios, pagar la deuda en vez de gravar su peculio con un pago innecesario de intereses; que el de-ponente aseguró la caseta a que se refiere la demanda en-mendada, no a nombre de él, sino a nombre del demandante, y sin incluir en el seguro las maquinarias existentes en dicha caseta; qne la caseta alndida tiene nn valor aproximado de quinientos dólares, y no de dos mil en qne la ha valorado el demandante; que no es cierto que el demandante le haya exigido nunca la venta del terreno aludido, como no es cierto que el deponente se haya comprometido en tiempo alguno a venderle dicho solar al demandante por ninguna suma de dinero.

Don Juan Gregory, anterior abogado del demandante, dice que fue quien, como abogado del demandante, redactó la demanda original en este caso; que una vez registrada la re-beldía, el abogado señor Miguel Guerra Mondragón le su-plicó cierta vez en la calle que le abriera la rebeldía, porque el dicho señor Guerra, con motivo de su campaña electoral, no había tenido tiempo para preparar la defensa de los de-mandados; que el deponente, sabiendo que si Guerra pedía la prórroga a la corte, ésta se la concedería, le concedió dos meses para contestar la demanda, no sólo por las razones expuestas por el señor Guerra sino también por la razón principalísima de encontrarse la corte en vacaciones; que el deponente preparó y redactó la demanda original en este caso de acuerdo con los datos suministrados por el deman-dante; y que hizo constar en dicha demanda original todos los datos que le suministró Fernández.

El proyecto de contestación que se acompañó con estas declaraciones juradas, después de negar en términos gene-rales y de una manera especial los hechos de la demanda, afirma que el contrato extrajudicial celebrado entre deman-dante y demandados en el mes de marzo de 1916 fué elevado a escritura pública ante el notario don Damián Monserrat y Simó en primero de enero de 1917, ratificando ambas partes las estipulaciones y convenios acordados en el primer con-trato extrajudicial. Es incierto que los demandados se com-prometieran ni de palabra, ni por escrito, ni por ningún otro medio, a venderle al demandante el solar que ocupa en la caseta a que se refiere la demanda enmendada por precio de quinientos (500) dólares, ni por ningún otro precio. Y ale-gan los demandados qne es parte principalísima y esencial, tanto del contrato extrajudicial aludido como del ratificado más tarde ante el notario Monserrat, qne al terminar y ven-cer el término del contrato de arrendamiento el demandante no tendrá derecho algnno a la caseta construida, la cual pa-sará a ser propiedad de los demandados.

Los demandados alegan qne, lejos de ser cierto el dis-gusto habido entre el demandante y sus socios por los motivos qne aparecen en la demanda enmendada, el demandante ha venido pagando sin interrupción alguna el canon de arren-damiento aun después de ocurrida la divergencia alegada en dicha demanda entre él, el demandante, y los demandados. Los demandados niegan que el demandante les exigiera la venta del solar qne aquél ocupa, en ningún momento durante la vigencia de dicho coütrato de arrendamiento; y, alegan, además, que el demandante Cándido Fernández en varias ocasiones ha admitido y confesado a ciertas personas no te-ner derecho ninguno de opción de compra al terreno aludido. Niegan además los demandados, haber asegurado a sn nom-bre la caseta aludida, en la compañía de seguros a que se refiere la demanda enmendada y niegan también haber ase-gurado las maquinarias existentes en dicha caseta.

En el caso de Gutiérrez v. Foix, 23 D. P. R. 73, 75, al in-terpretar el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, citamos con aprobación de un caso de California lo siguiente:

“Este es un precepto reparador, y, de acuerdo con las prescrip-ciones del artículo 4 del propio código el cual exige que sea liberal-mente interpretado con el fin de que se cumplan sus fines y promueva la justicia, se observa mejor resolviendo los casos por sus méritos sustanciales más bien que atendiendo estrictamente a las reglas téc-nicas de procedimiento. La discreción de la corte debe siempre ser ejercitada de conformidad con el espíritu de la ley y de tal modo que más bien ayude que impida o destruya los fines de la justicia, considerando los meros tecnicismos como obstáculos que lian de ser vencidos más bien que como principios a los cuales ha de darse efecto en derogación del derecho sustancial.”

Los hechos anteriormente relacionados no revelan que se haya cometido ningún abuso de la amplia discreción ejer-citada por nuestras cortes sentenciadoras en cuestiones de esta índole.

Eesnelto así el caso por sus méritos, haciendo caso omiso de las cuestiones planteadas en la moción de los demanda-dos para enmendar la transcripción de autos, no tenemos necesidad de resolver ni las cuestiones así planteadas, ni la moción de desestimación que se presentó después de la vista de este caso.

Es de confirmarse la orden recurrida.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.