author: El Juez Presidente Se. Hebnández,

text:
    Sucesión Marín, Demandante y Apelada, v. Municipio de Arecibo, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 2056.
    Resuelto en mayo 27, 1920.
    Pago de lo Indebido por Error de Derecho. — El que paga lo indebido tiene acción para pedir la devolución de lo pagado cuando el error es de heeho, pero no así cuando es de derecho.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. L. Mercader.

    Abogados de la apelada: Sres. Large, & Zeno.

   El Juez Presidente Se. Hebnández,

emitió la opinión del tribunal.

La presente es una acción ejercitada por la Sucesión de Aureliano Marín y Guerrero contra el Municipio de Arecibo para obtener la devolución de cierta suma de dinero. A la demanda opuso el demandado como excepción previa la de que los heelios alegados no determinaban una cansa de ac-ción por cnanto la alegación esencial de ella se basaba en un error de derecho y esa excepción fné declarada sin lugar por resolución de 21 de diciembre de 1918. El demandado contestó entonces la demanda y celebrado el juicio la corte dictó sentencia en 31 de marzo de 1919 declarándola con lugar y condenando al demandado a pagar a la sucesión de-mandante la cantidad de $3,929.15 y las costas causadas en el litigio.

Contra dicha sentencia interpuso el demandado recurso de apelación para ante esta Corte Suprema, y para sostener el recurso invoca entre otros motivos el de que la corte co-metió error al desestimar la excepción previa alegada.

Alega el demandante como hechos fundamentales deter-minantes de su acción que AurelianoMarín y Guerrero desde hace más de treinta años y hasta su muerte tenía a su cargo y mantenía un servicio de pasaje para personas, animales y vehículos, a través del Río Grande de Arecibo, entre el barrio ‘£ Cambalache ’ ’ y dicha ciudad, con nn ancón de su pertenencia, cuyo servicio después de la muerte de aquél ocu-rrida en 27 de julio de 1907, continuó a cargo de su sucesión. Que el Municipio de Arecibo en distintas fechas y en dife-rentes partidas, sin derecho alguno para ello, ha cobrado y recibido en concepto de arbitrio municipal, como precio de remate del servicio expresado la suma total de $3,929.15, según relación que hace de las partidas que integran esa suma, cuyos pagos se hicieron por Aureliano Marín menos el último que lo fué por su sucesión, indebidamente, creyendo Marín y su sucesión, errónea y equivocadamente, que el Mu-nicipio de Arecibo tenía derecho al cobro de dichas partidas en el concepto indicado, y que en esa creencia errónea vivió y falleció el causante de los demandantes y han vivido éstos hasta que posteriormente, sabedores de que tales cobros y pagos no procedían, acudieron al municipio demandado en reclamación de lo pagado, habiendo sido infructuosas las ges-tiones practicadas a ese fin pues no se les ha restituido en todo ni en parte la suma reclamada.

La relación de las cantidades cobradas y recibidas por el Municipio de Arecibo comienza en el año económico -de 1889 a 1890 y termina en 2 de septiembre del año económico de 1908 a 1909, dando un total de $3,929.15.

La demanda se ha establecido bajo la teoría del artículo 1796 del Código Civil, el cual establece que cuando se recibe alguna cantidad que no había derecho a cobrar y que por error ha sido indebidamente entregada surge la obligación de restituirla.

El error a que se refiere dicho artículo es el de hecho como ya lo hemos resuelto en los casos de Arandes v. Baez, 20 D. P. R. 388 y American Railroad Company v. Wolkers, 22 D. P. R. 283, y por, tanto la cuestión'a resolver a virtud de la excepción previa propuesta es la de si el error en que la sucesión demandante funda su acción es de hecho o simple-mente de derecho.

Las alegaciones de la demanda muestran que Aureliano Marín Guerrero primero y por fallecimiento de éste sn su-cesión, por más de treinta años tenían a su cargo un servi-cio de pasaje para personas, animales y vehículos a través del Eío Grande de Arecibo, entre el barrio ‘ ‘ Cambalache ” y dicta ciudad, con un ancón de su pertenencia; y que el Municipio de Arecibo como precio de remate de tal servicio y en concepto de arbitrio municipal les cobró y recibió la suma total de $3,929.15 en diversas partidas, desde el año económico de 1889 a 1890 hasta el año económico de 1908 a 1909, cuyos pagos se hicieron en la creencia equivocada y errónea de que el Municipio de Arecibo tenía derecho al cobro y percibo de las cantidades recibidas.

Si como alegan los demandantes las diferentes partidas fueron cobradas y recibidas por el Municipio de Arecibo en concepto de arbitrio municipal y como precio de remate del servicio de pasaje para personas, animales y vehículos entre el barrio "Cambalache” y la ciudad de Arecibo a través del Río Grande de dicha ciudad, es forzoso admitir que el men-cionado servicio fué adjudicado a Aureliano Marín Guerrero en almoneda o subasta pública, pues el remate según Escriche, y así se entiende ordinariamente, es la adjudicación que se hace de los bienes que se venden en almoneda o subasta pú-blica al comprador de mejor puja y condición. El hecho del remate ha sido admitido por los demandantes y si éste fue nulo e ilegítimos los pagos hechos como consecuencia del mismo al Municipio de Arecibo no es esa una cuestión de-hecho a 'resolver sino de derecho. Los demandantes tenían conocimiento del hecho que originó los pagos 3' el conoci-miento posterior que tuvieran de que los pagos eran impro-cedentes por carecer el-Municipio de Arecibo de derecho al cobro no puede estimarse como error ele hecho sino de de-recho, el cual no puede favorecerles con arreglo a la máxima jurídica “Ignbrantia facti excusat-, ignorantis, juris non excusat.”

Ni encontramos en la demanda alegación alguna especí-fica en virtud de la cual el Municipio de Arecibo pueda que-dar obligado en justicia y en buenos principios de equidad a devolver lo cobrado con error de derecho por parte de los demandantes, después de haberse aprovechado aquellos de las ventajas que podía ofrecerles ese servicio.

Entendemos que la Corte de Arecibo procedió con error al desestimar por resolución de 21 de diciembre de 1918 la excepción previa referida y que en su consecuencia procede la revocación de la sentencia apelada, dictándose otra pol-la que se absuelva de la demanda al demandado, sin especial condenación de costas. 1

Revocada la sentencia. apelada y desestimada la demanda sin c'ostas.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no tomó parte en la re-solución de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

license: Public Domain

text:
    Villamil et al, Demandantes y Apelados, v. Fuentes, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre filiación.
    No. 2066.
    Resuelto en mayo 27, 1920.
    Reconocimiento 'de Hijos Naturales — Prueba Contradictoria — Testigos Com-petentes. — Aunque en un caso de reconocimiento de hijo natural en que se requiere una prueba robusta y convincente de los actos directos del padre que determinaron tal reconocimiento, la prueba sea contradictoria, si el fun- ; damento que tuvo la corte inferior para concluir que los heehos estaban en favor del demandante es la mayor credibilidad que le merecieron los testigos de éste respecto de los del demandado, no se irá en apelación contra tal apre-ciación; sin que importe que los principales testigos de la demandante fue-ran ella misma y personas de su familia, pues esos testigos son los que mejor conocen por lo general los asuntos de familia.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. E. Campillo y M. Tons Soto.

    Abogado de los apelados: Sr. E. H. F. Dottin.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió" la opinión del tribunal.

Los menores Josefa y Paulino Yillamil, representados por su madre Carmen Yillamil, radicaron demanda en la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, con fecha 27 de marzo de 1918, contra Saturnino Puentes, suplicando se les declare hijos naturales reconocidos de dicho Puentes, con los demás pronunciamientos de ley, y costas, gastos y desem-bolsos a cargo del demandado.

Esa demanda fue declarada con lugar por sentencia de 26 de febrero de 1919 que declaró a los demandantes hijos naturales reconocidos de Saturnino Puentes con todos ios derechos inherentes a su condición de hijos naturales, y cos-tas y honorarios de abogado a cargo del demandado, el cual interpuso contra ella recurso de apelación para ante esta Corte Suprema.

Los demandantes alegan en síntesis en su demanda que el demandado y Carmen Villamil, ambos solteros, sostuvie--ron relaciones amorosas y vivieron juntos bajo el mismo techo en concubinato abierto, desde el año 1899 hasta 1907; que viviendo ambos en concubinato nacieron los demandan-tes, Josefa en 1901 y Paulino en 1906, sin que los padres tuvieran impeclünento alguno para casarse; que al ocurrir el nacimiento de los demandantes el demandado pagó los gas-tos de comadrona; que el demandado ha reconocido públi-camente a los demandantes como hijos naturales suyos, ha-biéndolo manifestado así a varias personas; que siempre lia contribuido a la manutención de los demandantes y pagado los gastos de alquiler de casa y vestuario tanto de la madre como de los hijos y que éstos se hallan en la posesión continua del estado de hijos naturales del demandado, justificado " por los actos del mismo.

El demandado al contestar la demanda negó en absoluto los hechos en ella expuestos, y como materia nueva de opo-sición, alegó que entre los años de 1899 hasta 1907 y después de esa fecha Oarmen Villamil sostuvo relaciones maritales con distintos hombres, entre estos Germán Wolkers y Miguel Vélez, siendo considerada en la comunidad Josefa Yillamil como hija natural de "Wolkers y Paulino Villamil como hijo natural de Vélez.

Celebrado el juicio la corte pronunció sentencia en los términos que al principio dejamos indicados, y para funda-mentarla establece en su.opinión como conclusiones de becbo las siguientes, a saber:

Que Saturnino Puentes y Carmen Villamil, solteros' am-bos y sin impedimento legal para contraer matrimonio, sos-tuvieron relaciones amorosas con trato carnal y vivieron en concubinato desde 1899 basta 1907, de cuya unión y concu-binato nacieron Josefa y Paulino, de 18 y 12 años de edad respectivamente; que desde que nacieron Josefa y Paulino, Saturnino Puentes los tuvo como hijos naturales y proveyó a su sustento y cuidado, los llamó sus hijos pública y pri-vadamente y los atendió, no con largueza pero sí como cum-plimiento de sus obligaciones paternas; que habiendo con-traído matrimonio Saturnino Puentes con una señora que no os Carmen Villamil, eludió desde entonces el cumplimiento de sus obligaciones paternas; y que habiendo empezado a practicar gestiones los menores demandantes por medio de su madre, para obtener el reconocimiento, el demandado in-tentó una transacción, ofreciendo para los hijos la suma de $1,500 y ciertas concesiones para el futuro, cuyas proposi-ciones no fueron aceptadas.

La parte apelante en su alegato escrito, mediante rela-ción y examen d'e las pruebas practicadas en el juicio, trata • de combatir la apreciación que de ellas hizo la corte inferior para deducir que no se>ha justificado la existencia de hechos ■determinantes de la posesión del estado de hijos naturales de los demandantes con relación al demandado y que consi-guientemente se ha infringido la ley aplicable al caso.

Hemos hecho un detenido examen de la evidencia apor-tada al juicio por ambas partes y si bien encontramos algún conflicto sobre todo en la parte relativa a las relaciones que sostuviera Carmen Villamil con otros hombres, especialmente con Hermán Wolkers y Miguel Vélez, la corte lo resolvió en el sentido de £íser cierto qne Carmen Villamil lia podido tener amores con otros hombres qne no fuera Saturnino Fuentes, pero no en el tiempo en qne vivía en • concubinato con éste, sin que se baya probado en forma alguna que Wolkers o Vélez hayan tenido hijo alguno con Carmen Villamil.”

La corte a quo sostiene que debe reconocer la fuerza de la prueba presentada por la parte demandante por tener todo ,el peso de la credibilidad e imponerse a la conciencia del juz-gador con toda la eficacia de la verdad y que nadie que haya oido declarar a los testigos del demandado, vacilantes y al-gunos negativos para el fin con que fueron traídos al juicio puede sin grave temor de conciencia honrada darles crédito alguno. No se nos ha demostrado que el juez al expresarse en esos términos para sostener sus conclusiones de hecho haya procedido con pasión, prejuicio, parcialidad o manifiesto error y tenemos que aceptar por tanto las conclusiones de hecho a que ha llegado.

Si Saturnino Fuentes, como estima probado la .corte sen-tenciadora, vivió en concubinato con Carmen Villamil desde 1899 hasta 1907, si durante ese tiempo nacieron los menores Josefa y Paulino Villamil, si desde que nacieron el deman-dado los tuvo como hijos naturales y proveyó a su sustento y cuidado, si pública y privadamente los tuvo por hijos; se impone la conclusión legal de que Saturnino Fuentes ■ reco-noció por actos directos como hijos naturales suyos a los demandantes y que éstos han estado en la posesión constante del estado de tales hijos naturales deducido de actos direc-tos de su padre que obligan a reconocer la filiación natural que reclaman.

V el reconocimiento de esa filiación natural aparece to-davía más demostrado por la evidencia que han aportado los demandantes, tendente a justificar que Saturnino Fuentes pagó a la comadrona que asistió a Carmen Villamil en los dos partos, que Saturnino Fuentes fué testigo de la ins-cripción de ambos niños en el registro civil y que un her-mano de Saturnino Fuentes apadrinó a la niña Josefa y un primo del mismo al niño Paulino, por más que esos méritos probatorios por sí solos, prescindiendo de los anteriormente consignados, no serían bastantes para constituir prueba del reconocimiento.

La prueba en su conjunto es tan robusta, convincente y concluyente que no deja la menor duda según el orden natural y ordinario de las cosas, del reconocimiento de los de-mandantes por el demandado.

T no importa que las declaraciones más importantes ha-yan sido prestadas por la demandante Josefa Villamil, por su madre y por su abuela, pues esas declaraciones en el pre-sente caso llevan el sello de la verdad y testig’os de esas condiciones son los que mejor conocen por lo general los asuntos íntimos que se relacionan con la familia. Fajardo et al. v. Tió, 17 D. P. R. 249.

El apelante trata de hacer valer en el recurso la excep-ción que tomó al no permitírsele repreguntar a la testigo Carmen Villamil sobre el color de Saturnino Fuentes. '

Ciertamente que al repreguntar el demandado a Carmen Villamil por el color que tenía Saturnino Fuentes la repre-sentación de los demandantes se opuso a la repregunta, y habiendo sostenido el juez la objeción el demandado tomó excepción.

Éesulta de la transcripción de autos que Josefa y Pau-lino Villamil estaban en la corte, lo mismo que su madre Carmen Villamil, y no habiéndose ministrado por el deman-dado prueba alguna sobre el color de aquéllos, faltaba base para calificar de pertinente y admitir la repregunta indicada. No vemos qué influencia pudiera tener en el resultado del juicio el color de Saturnino Fuentes, aún en el supuesto de que fuera blanco.

Tampoco se alegó razón alguna para sostener la excep-ción, como debió hacerse por el demandado.

Finalmente, debe tenerse en cuenta en cuanto al menor Paulino Villamil que éste fué concebido y nació en el año de 1906 cuando ya regía el Código Civil reformado, y que según el artículo 193 de dicho código el padre estaba obli-gado a reconocer al hijo ilegítimo entre otros casos cuando la madre fué conocida viviendo en concubinato con el padre al tiempo del embarazo o nacimiento del hijo o cuando éste haya nacido llevando sus padres relaciones amorosas. El concubinato o vida común de Saturnino Fuentes y Carmen Yillamil sería bastante por sí solo para decretar e] recono-cimiento solicitado por el menor Paulino.

Por las razones expuestas es de confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Fajardo, Demandante y Apelado, v. Fajardo, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en un procedimiento de mandamus.

    Moción para desestimar la apelación.
    No. 2235.
    Resuelto en mayo 28, 1920.
    Desestimación de Apelación — Apelación Frívola. — La sección 59 del Regla-mento de este Tribunal, tal como está redactada y ha sido interpretada, re-quiere, para desestimar una apelación, que se demuestre que el apelante no ba proseguido el reeurso con la debida diligencia, o de buena fe, o que la apelación es frívola y, además, que hayan transcurrido noventa días conta-dos a partir de la fecha en que el recurso se interpuso. Ahora bien, esa re-gla no impediría al Tribunal Supremo desestimar una apelación de tal ma-nera frívola que su interposición constituyera una manifiesta burla de la administración de la justicia, antes del transcurso de los noventa días, pero no se ha demostrado que ese sea el caso de autos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. A. Arnaldo.

    Abogados del apelado: Sres. Feliú & Alemañy.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se pide por el demandante la desestimación del recurso de apelación interpuesto por el demandado. El demandante solicitó la expedición de nn anto de mandamus ordenando al demandado qué permitiera la inspección de determinados libros de la “Central Eureka", de cuya corporación era pre-sidente el demandado. El auto se expidió en forma condi-cional y se notificó el 26 de marzo último. El 6 de abril siguiente, día fijado para la comparecencia de las partes, la demandada radicó una moción jurada de allanamiento, pero manifestando que algunos de los libros de la corporación no se encontraban en sú poder y sí en el de Mateo Fajardo, que se hallaba en los Estados Unidos. Manifestó además el demandado que se había ordenado a Fajardo la remisión de los libros y que él regresaría a Mayagüez el 21 del pro-pio mes de abril. La corte entonces, de acuerdo con las partes, dejó en vigor el auto condicional hasta el 22 de abril, en cuya fecha debería comparecer el demandado a mostrar causa por qué había dejado de cumplir, en su caso, el auto. El 22 de abril el demandado manifestó que aun no tenía en su poder los libros, que Mateo Fajardo trató de remi tirios con un amigo y no pudo y los reservaba bajo su cus-todia para traerlos personalmente, y pidió a la corte qué de-negara finalmente la solicitud.' La corte no accedió, libró el auto e impuso el pago de las costas al demandado. Este interpuso entonces el presente recurso de apelación, noti-ficando su escrito el 24 de abril último.

Así las cosas, la parte apelada, el 3 de mayo actual, ra-dicó una moción solicitando la desestimación del recurso poY ser éste frívolo y haberse interpuesto con el solo objeto de demorar y entorpecer el cumplimiento de la ley y la admi-nistración de la justicia.

La vista de dicha moción se celebró el 17 de mayo actual. El demandante invocó en apoyo de su moción la regla 59 de las de este tribunal, y el demandado sostuvo que la ape-lación no podía desestimarse porque no había transcurrido el término de noventa días fijado en la propia regla invo-cada y, además, porque la apelación no era frívola por lo menos en el particular relativo a la imposición de las costas.

La regia de que se trata, dice así:

“59. Expirado el término de noventa días desde la fecha en que se presentare el escrito de apelación, y no obstante las prórrogas concedidas por la corte inferior, el tribunal a discreción podrá deses-timar una apelación que no baya sido anteriormente registrada en este Tribunal, mediante moción presentada al efecto, si se probare satisfactoriamente que el apelante no ba proseguido su apelación con la diligencia debida o de buena fe, o que tal apelación es frívola. ’ ’

Dicha regla ha sido interpretada por este tribunal, del siguiente modo:

“El solo transcurso de los noventa días'fijados en la regla 59 para solicitar la desestimación del recurso de apelación, no basta para que así se acuerde, sino que es necesario además, que se de-muestre que la apelación es frívola o que no se ba procedido con la debida diligencia.” Véase el caso de Pérez v. Pérez et al., 22 D. P. R. 178, y los en él citados.

Tiene, pues, razón el apelante. La regla tal como está redactada y ha sido interpretada requiere el transcurso de noventa días y, además, que se pruebe bien que el apelante no ha proseguido su apelación con la debida diligencia, o de buena fé, o que tal apelación es frívola.

Resumiendo la jurisprudencia sobre la materia, dice Corpus Juris:

“Aunque una corte de apelación pueda tener el poder para deses-timar una apelación cuando es manifiesta y palpablemente frívola y sin ningún mérito, ese poder no se ejercerá, como una regla, para desestimar por tal fundamento sino para confirmar la sentencia de la corte inferior, ni dicho fundamento será considerado a menos que sea perfectamente manifiesto del record que tal era el propósito de la apelación.” 4 C. J. 574.

Nuestra decisión interpretando la regla en el sentido que dejarnos expuesto no debe entenderse como negando todo po-der a esta corte para desestimar antes de los noventa días de interpuesta, una apelación que sea de tal manera frívola que constituya una clara y manifiesta burla de la administra-ción de la justicia. Pero no se lia demostrado de una manera clara y manifiesta que ese sea el caso que resolvemos.

Por virtud de todo lo expuesto, debe declararse no liaber lugar a desestimar por aliora la apelación aquí establecida.

Sin lugar la moción de desestimación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    Elías, Demandante y Apelante, v. Banco Popular de San Juan et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en Procedimiento de Tercería.
    No. 2057.
    Resuelto en mayo 28, 1920.
    Bienes Exentos de Ejecución — Bienes Gananciales- — Tercería.—Habiendo la demandante, apelado de una' sentencia que desestimó su demanda de tercería entablada en enero 22 de 1916 para eximir de cierto embargo y ejecución or-denada contra su esposo las rentas de una propiedad aportada por ella al ma-trimonio, se resolvió: Que no obstante su carácter de gananciales, tales rentas, a la fecha en que se entabló la demanda, no estaban sujetas a embargo para responder de deudas contraídas por el esposo durante el matrimonio.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. J. Hernández López.

    Abogado de los apelados: Sr. Damián Monserrat, Jr.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La demandante apela de una sentencia que declara sin lu-gar su demanda de tercería en la que trataba de eximir de los efectos de un embargo y orden de ejecución contra su esposo, las rentas de cierta propiedad que a ella pertenecía por ser de su exclusiva propiedad. La demanda se entabló en 22 de enero de 1916, con motivo de un embargo anterior.

Los fundamentos que sirvieron de base a la sentencia son los referidos por el juez sentenciador, a saber:

“Queda el caso reducido a una cuestión de ley; la de si las ren-tas o frutos' de bienes propios de la esposa, son gananciales y res-ponden de deudas contraídas por el marido durante el matrimonio.
“La cuestión nace de si rige el artículo 1323 del Código Civil, o si ha sido derogado por el artículo 248 del Código de Enjuicia-miento Civil.
“La corte declara que las rentas y frutos de bienes propios de cualquiera de los cónyuges se reputan gananciales, y son tales, a me-nos que se pruebe que el matrimonio se contrajo excluyendo el ré-gimen económico de gananciales.
“Declara también la’corte que las obligaciones de la sociedad de gananciales se hallan regidas, especialmente, por las disposicio-nes contenidas en el Capítulo IV, Título III, Libro 4o. del Código Civil, y no por leyes de procedimiento; y que este caso se halla re-gido por el artículo 1323 del Código que no ha sido derogado, se-gún se ve en la doctrina sentada por la Corte Suprema de Puerto Rico en diversos casos, y especialmente en el caso Vivaldi v. Mariani, 10 D. P. R. 444.”

De la doctrina del caso de Vivaldi v. Mariani y otros casos que lian sido citados infiere el apelado- las siguientes con-clusiones: , ¡| "

“A. Que las rentas de la casa No. 32 de la calle de la Cruz de esta ciudad, propiedad exclusiva de la tercerista son bienes ganan-ciales.
“B. Que como tales bienes gananciales no son de la exclusiva propiedad de la esposa ni tampoco del marido.
“C. Que tales bienes pertenecen a la persona jurídica sociedad conyugal.”

Para los fines de esta opinión no es necesario que se dis-cuta la razón que informa estas proposiciones. De ello no se infiere, sin embargo, que la Legislatura no tiene facultad para eximir a cualquier determinada porción o clase de bienes ga-nanciales de una orden dé ejecución. Tales exenciones no son raras aunque varían en los diferentes Estados donde rige la sociedad de gananciales y si bien modifican en cierto modo las reglas generales que son aplicables a la propiedad que de tal modo ha quedado exenta, no destruyen necesaria-mente su carácter de ganancial. McKay sobre Bienes Ga-nanciales, artículos 294/304.

La cuestión no es.como ha dicho el juez sentenciador, si las rentas y productos de los bienes inmuebles privativos de la esposa son o no gananciales, sino pura y simplemente si tales rentas y ganancias están exentas de la ejecución se-guida contra el marido, no obstante su carácter de ganan-ciales.

El artículo 248 del Código de Enjuiciamiento Civil y el efecto de la exención que en dicho artículo se establece no fueron considerados en el caso de Vivaldi v. Mariani, ni en ninguno de los casos citados por el apelado. Ese artículo es como sigue:

“Artículo 248. — Toda propiedad, real o personal, perteneciente a una mujer casada, 'a la fecha de su matrimonio o que posterior-mente adquiera por derecho propio, y todas las rentas, beneficios y productos de la misma, así como toda retribución que le sea debida o le corresponda por sus servicios personales estarán exentos de una orden de ejecución contra su esposo.”

El texto citado no convierte necesariamente'en bienes pri-vativos las rentas, beneficios y productos mencionados ñi su-pone, como alega el apelado, que son bienes particulares; sino que meramente expresa que estarán exentos de una orden de ejecución contra el esposo. Los términos en que está re-dactado son muy claros para que requieran interpretación y enuncian la única regla que es aplicable a los casos a que se refiere. Como última expresión del pensamiento legislativo la regia así prescrita debe regir sobre el punto indicado en caso de existir conflicto con cualquier precepto del Código Civil, o alguna otra disposición estatutoria anterior. Resolver otra cosa equivaldría a una tentativa para derogar mediante legislación judicial toda aquella parte del artículo que consi-deramos relativa a las rentas, beneficios y productos. Sin embargo, con sujeción a esta ligera modificación el artículo 1323 del Código Civil y todos los demás preceptos del mismo ya definan tales rentas, beneficios y productos como bienes gananciales o los regulen como tales, permanecen en toda su fuerza y vigor:

“Una derogación que resulte de una incompatibilidad y contra-dicción irreconciliable entre dos leyes se juzga por el 'alcance del conflicto o incompatibilidad, y si cualquiera parte de la primitiva ley puede subsistir por no estar derogada o afectada por la ley posterior, no queda derogada.” 25 R. C. L., p. 916, sección 167.

Nada tenemos que ver con el criterio bueno o malo de la innovación.

“La derogación tácita descansa en la presunción de que la le-gislatura trató de dar efecto a sus disposiciones legislatiyas. ” 25 R. C. L., 917, sección 168, y casos citados.

Sin embargo, prescindiendo de tal presunción, toda duda que pudiera surgir acerca de cualquier inadvertencia posible al decretarse originalmente el artículo 248, supra, queda re-suelta por el hecho de que doce años después, o sea en 13 de abril de 1916, dicho artículo fué expresamente enmendado a fin de que quedara redactado en los términos siguientes:

“Toda propiedad real o personal, perteneciente a una mujer ca-sada, a la fecha de su matrimonio, o que posteriormente adquiera por derecho propio, así como toda retribución que le sea debida o le corresponda por sus servicios personales, estarán exentas de una orden de ejecución contra su esposo; pero no gozarán de este privi-legio de exención los beneficios, rentas y productos de los bienes pri-vativos de la mujer casada, quedando aquellos sujetos en una mi-tad de su valor, a una orden de ejecución dictada- contra su esposo.”

liemos considerado el presente caso bajo el punto legal en discusión de si es ele aplicación el artículo 1323 del Código Civil según regía con anterioridad a 1904, o el 248 del Có-digo dg Enjuiciamiento Civil antes de ser enmendado, y úni-camente hemos mencionado la enmienda de 1916 para dar én-fasis a la intención inequívoca del legislador. La contro-versia fué sometida en la corte inferior por medio de una relación de hechos convenida por las partes para la resolu-ción de la cuestión como fué planteada, y no habiendo sido sugerida ninguna otra cuestión en apelación debe considerarse el caso como precedente únicamente en cuanto al punto que ha sido discutido y resuelto.

La sentencia apelada debe ser revocada, dictándose otra por la que se declare con lugar la demanda de tercería, con los demás pronunciamientos consiguientes, sin especial con-dena de costas.

Revocada la sentencia apelada y declarada con lugar la tercería. sin especial condenación de costas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


text:
    Goico, Demandante y Apelada, v. Rodríguez et al., Demandadas y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagiiez en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 2102.
    Resuelto en mayo 28, 1920.
    Obligaciones — Interés Después del Vencimiento — Interés Legal.' — Cuando una obligación que devenga intereses no expresa el tipo de interés que deberá pa-gar el deudor después del vencimiento, el acreedor no podrá cobrar en tal caso otro tipo que el legal.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de las apelantes: Sr. J. Sabater.

    Abogados de la apelada: Sres. Benet y Souffront.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Una obligación montante a $1,644.15 había sido garanti-zada por hipoteca que contiene las siguientes cláusulas:

“1. La hipoteca se constituye por cinco años y al interés de doce por ciento anual pagadero en la siguiente forma: $328.83 de capital y $197.29 de intereses, en todo el mes de diciembre de 1915; $328.83 de capital y $157.83 de intereses, en el mes de diciembre de 1916; $328.83 de capital y $108.37 de intereses en todo el mes de diciem-bre de 1917; $328.83 de capital y $78.91 de intereses en todo el mes de diciembre de 1918, y los $328.83 restantes de capital y $39.45 de intereses en todo el mes de diciembre de 1919.
“2. Vencido y no satisfecho cualquiera de los concertados plazos, se entenderá vencida toda la deuda y en su derecho el acreedor para la oportuna reclamación judicial.
“3. En aseguranza de tales obligaciones y de doscientos dólares más, para gastos y costas, inclusos los honorarios del abogado del demandante en caso de reclamación o litigio, las señoras Eodríguez y Colón, con el consentimiento y beneplácito de sus respectivos es-posos don José Nicolás y don Tomás Perea, constituyen a favor de don José Arrarás y Noain, hipoteca especial vpluntaria sobre la finca descrita en el hecho o motivo primero de esta escritura, gravamen que subsistirá íntegro mientras no sean totalmente cumplidas y canceladas las obligaciones que garantiza.”

Los deudores satisficieron el primer plazo de intereses as-cendente a la suma de $157.83, habiendo hecho otro pago de $28.15 en 1917.

En la demanda original, así como en la enmendada, se reclamaba la suma de $425.38 por intereses, o sean $12-9.44 de intereses que quedaron adeudando los demandados en diciembre de 1917 más $295.94 de intereses devengados desde esa fecha hasta la radicación de la demanda; y solicitaba que se dictara sentencia por la suma de $2,069.53 por capital e intereses hasta la fecha mencionada en último término más el interés del uno por ciento desde la interposición de la de-manda, con $200 para costas, desembolsos y honorarios de abogado.

Las demandadas formularon entonces las siguientes ale-gaciones :

“1. Que en este caso la demandante solicita se dicte sentencia contra las demandadas por la suma de $2,269.53 más intereses al tipo del uno por ciento mensual desde la interposición de la demanda.
“2. Que las verdaderas sumas que adeudan las demandadas en este caso son las siguientes:
Por principal de la deuda-$1, 644.15
Intereses adeudados en diciembre 1917- 129.44
Intereses vencidos en diciembre de 1917- 108. 37
Intereses vencidos en diciembre de 1918- 78. 91
Intereses por siete meses desde enero de este año y nueve días basta boy- 23. 95
Total de capital e intereses basta boy-$1, 984. 82
A esta suma total debe abonarse:
$7.59 que entregaron las demandadas en café a la demandante en septiembre 11 de 1917;
$10.44 que entregaron las demandadas en café a la demandante en septiembre 20 de 1917;
$10.12 que entreg'aron las demandadas en café a la demandante en septiembre 21 de 1917.
Total que debe abonarse, $28.15.
De este modo quedan entonces a adeudar basta boy la suma lí-quida de $1,956.67 que las demandadas depositan en poder del Se-cretario de esta Corte a disposición de la demandante.
POR tanto: las demandadas solicitan de esta Honorable Corte se sirva ordenar el archivo definitivo de estos autos, disponiendo que la demandante reciba en pago total de su reclamación la suma de-positada montante a $1,956.67, sin especial condena de costas.”

. La demandante entonces, en una segunda demanda en-mendada, hizo las siguientes alegaciones:

“Cuarta: Las demandadas no satisficieron'a don José Arrarás y Noain, ni a ninguna otra persona con derecho a ello el importe del capital adeudado y quedaron adeudando $129.44 de intereses en el mes de diciembre de 1916, además los intereses desde diciembre de 1916 basta la fecha ascendentes a la suma de $509.68 que con los $129.44 que quedaron adeudando en diciembre de 1916 asciende a la suma de $639.12.
“Quinta: Las demandadas abonaron en el mes de diciembre de 1917, la suma de $28.15'en café, que deducida del montante de la deuda por intereses deja un balance a favor de la demandante de $610.97.”

Y suplicaron a la corte que dictara sentencia por la suma de $1,644.15 por capital más $610.97 de intereses y además la suma de $200 convenidos para costas, desembolsos y bono-rarios de abogado en caso de reclamación judicial y el interés del uno por ciento sobre el total de esta suma desde la in-terposición de la demanda enmendada o sea un total ■ de $2,455.12.

Las demandadas entonces llamaron la atención de la corte liacia el hecho de haberse aumentado la suma reclamada no obstante la admisión hecha en la segunda demanda enmen-dada en cuanto al pago de $28.15 y a pesar de la conformi-dad de las demandadas con la segunda demanda enmendada menos en lo que respecta a la cuestión de la suma debida; manifestaron además su deseo en aceptar que se dictara una sentencia por la suma reconocida por ellas como debida; vol-vieron a someter la relación detallada presentada anterior-mente; llamaron la atención de la corte hacia el hecho de que el primer plazo de intereses montante a $197.29 que pa-garon las demandadas era mayor que el tipo de 12 por ciento que determina la ley y por tanto nulo, toda vez que calcu-lando los intereses al doce por ciento sobre $1,644.15 desde el 9 de febrero de 1915, fecha en que se otorgó la hipoteca, hasta el 31 de diciembre del mismo año, importan dichos in-tereses $175.98 y no $197.29, existiendo una diferencia de $21.31 que fueron pagados demás por las demandadas en ♦contra de la ley; y además alegaron “que las demandadas no están obligadas a pagar intereses de mor,a por no haberse estipulado; la demandante no puede cobrar intereses sobre intereses como pretende y menos al uno por ciento mensual; y no deben pagar las costas ni honorarios de abogado, por-que se allanaron a la demanda, máxime cuando la demandante y las demandadas en 10 de julio de 1918 suscribieron un con-trato de transacción de la deuda por el cual las demandadas entregarían la finca hipotecada a la demandante y ésta en cambio entregaría a las demandadas una casa sita en la calle de los Almendros de Añasco, uña finca rústica de treinta cuerdas en el barrio de “Cerro G-ordo” y cien dollars. Por tanto las demandadas solicitaron de la honorable corte, die-tara sentencia contra ellas por el montante de $1,956.67 que lian depositado, sin especial condenación de costas dejando a la discreción de esta honorable corte para que resuelva, de acuerdo con la equidad y justicia sobre el pago indebido de intereses del primer plazo ascendente a $197.29 que pagaron las demandadas al causante de la demandante.

La prueba aducida por la demandante en el juicio consis-tió en la escritura de hipoteca y en la declaración de la de-mandante, la cual es como sigue: Las demandadas deben del plazo de 1916, $129.44- de intereses y además todos los inte-reses de la deuda desde diciembre de 1916 hasta la fecha y también todo el capital pues no han abonado nada a los pla-zos de capital y sí solo $28.15 que abonaron en café en diciembre de 1917.

Las demandadas apelan de la sentencia que les condena a pagar la suma de $2,455.12 más los intereses de esta suma al tipo del uno por ciento desde agosto 12 de 1919, inclu-yendo en esa la suma de $200 convenidos para costas, de-sembolsos y honorarios de abogado caso de reclamación judicial.

Los siguientes son los errores que han sido alegados.-'

1. La corte inferior erró al condenar a las apelantes al pago de intereses de mora; *

2. La corte inferior erró al condenar a las demandadas a pagar $200 para gastos, costas y honorarios de abogado, y abusó de su discreción.

3. La corte inferior erró al no hacer un ajuste de las can-tidades en controversia y usar de su discreción para determi-nar la verdadera cantidad que debían las demandadas.

La corte inferior interpretó la hipoteca en los siguientes términos:

“Examinada detenidamente la escritura por la corte, ésta ha lle-gado a la conclusión de que fué expresamente convenido en la misma que las demandadas satisfarían el interés del 12 por ciento anual sobre el importe del capital adeudado y no ba de estimarse la forma de pago y los plazos convenidos como una liquidación distinta de intereses, siendo así que las demandadas deben satisfacer a la deman-dante el importe total de la deuda más sus intereses no satisfechos a razón del 12 por ciento anual sobre la misma basta su total sol-vento, pues esto es lo estipulado y no cabe considerar que su cobro equivalga a computar intereses de mora.
"En cuanto a la suma de $200 de honorarios reclamados por la parte demandante, es indudable que habiendo sido convenido en el contrato de hipoteca que en caso de reclamación o litigio las deman-dadas satisfarían al acreedor la suma de $200 por concepto de cos-tas, desembolsos y honorarios de abogado, y apareciendo de la misma escritura que la demandante siguió el único remedio legal que tenía para el cobro de dicha deuda, y habiéndose hecho una oposición a la causa de acción de la demandante y a los otros remedios auxiliares solicitados por ésta, por el cual motivo el abogado de la demandante tuvo que comparecer varias veces ante la corte y compareció asi-mismo a la -celebración del juicio, la corte no ve motivo alguno por el cual los demandados no deben ser condenados a satisfacer dicha suma de $200 así convenida.”

A nuestro juicio erró la corte de distrito al concedin’ in-tereses al doce por ciento a partir de la fecha y después de vencido todo el término de la hipoteca, y por esta razón la sentencia tal como fué dictada no puede subsistir.

T esa conclusión a que llegamos encuentra apoyo en los artículos 1067, 1068, 1075, 1076 y 1141 del Código Civil, pero aunque así no fuera estaríamos satisfechos con seguir la doc-trina enunciada por la Corte Suprema de los Estados Uni-dos, como se indica en la cita que a continuación hacemos :

"Está bien establecido que el tipo convencional de intereses será permitido después de vencida la obligación cuando existe estipula-ción en este sentido, y también ha sido frecuentemente resuelto que tal tipo puede permitirse aún en ausencia de un convenio expreso en tal sentido cuando de los términos de la obligación misma in-terpretados debidamente resulta enteramente manifiesto. que ésta fué la intención de las partes, como por ejemplo en el caso de un pagaré pagadero un día después de la fecha, o un pagaré pagadero a su presentación, con intereses convenidos. Sin embargo, cuando no hay nada, que indique la intención de las partes en el contrato y la cues-tión no está resuelta por prescripción del estatuto, las autoridades están en conflicto respecto a si será o no concedido el tipo conven-cional o legal después del vencimiento. ' Según un número de deci-siones el tipo convencional de interés seguirá después del vencimiento lo mismo que antes a falta de alguna estipulación becba por las par-tes. Por otro lado las cortes en un número de Estados sostienen que bajo tales circunstancias el tipo legal de interés y no el tipo con-vencional será permitido después del vencimiento. Esta es la re-gla generalmente aplicada por la Corte Suprema de los Estados Uni-dos pero ese tribunal ba resuelto que la cuestión es siempre de ley local y que cuando se ba establecido una regla diferente rige en esa localidad. Tiene bastante fundamento el argumento de que cuando el contrato nada dice en cuanto al tipo. de interés después del- ven-cimiento debe permitirse el tipo legal. Aquellos que sostienen una teoría distinta alegan que es una presunción de las partes el que el tipo anterior estipulado deba continuar después del vencimiento; pero esto se opone a la regla de que después que se ba dejado de ve-rificar el pago el interés se da entonces no de acuerdo con el con-trato sino en concepto de daños y perjuicios y entonces la regla re-ferente a daños, el tipo legal de interés, debe regir.” 15 R. C. L. 22.

Al parecer e] mismo principio sería de aplicación a los varios plazos que excluyen la concesión de más del tipo legal de seis por ciento sobre cada uno de ellos después de su ven-cimiento, pero esto tal vez está sujeto a discusión y no es necesario que ahora sea definitivamente resuelto. Puede que tenga méritos la alegación del apelante de que sin requeri-miento no, se devengarán intereses de ninguna clase al ven-cimiento de la hipoteca en su totalidad, o en cuanto' a sus diferentes plazos, después del vencimiento de cada uno de éstos. La cuestión de costas envuelve varios puntos intere-santes que podrían ser discutidos por las partes.

La sentencia apelada se fundaba en una interpretación errónea del contrato que excluía la debida consideración del juez sentenciador de estas y de otras cuestiones envueltas que tampoco se han desarrollado tan ampliamente como de-bieran aparecer en los alegatos. En vista de las circunstan-cias, en vez de dictar la sentencia que debió haber dictado la corte inferior preferimos revocar la sentencia apelada y ordenar la devolución de las actuaciones.

Revocada la sentencia apelada y devuelto él caso para ulteriores procedimientos.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sb. Aldbey,

text:
    Piovanetti et al., Demandantes y Apelados, v. Paz et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en un procedimiento de mandamus.

    No. 2173.
    Resuelto en junio 1, 1920.
    Asambleas Municipales — Vacantes en las Asambleas Municipales — Manera de Cubrirlas.' — El artículo 22 de la vigente ley municipal debe ser interpre-tado en el sentido de que las asambleas municipales están obligadas a cu-brir las vacantes que ocurran en su seno con la persona que le proponga el organismo director local del partido que eligió el miembro euya vacante haya de cubrirse, sin poder pedir que se les proponga más de una para cada va-cante y sin tener el derecho de eleeeión.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. J. Tous Soto.

    Abogado de los apelados: Sr. G. del Toro Fernández.

   El Juez Asociado Sb. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

Según el artículo 22 de la Ley No. 85 aprobada en 31 de julio de 1919, denominada “Ley Municipal”, las vacantes que ocurran en las asambleas municipales se cubrirán por éstas con personas que tengan la condición de elegibles y sean de la misma filiación política del miembro que causare la vacante, a propuesta del organismo director local del par-tido que eligió el miembro cuya vacante haya de cubrirse.

En la Asamblea Municipal de Yaueo ocurrió la vacante de un miembro de la minoría en ella, afiliado al partido po-lítico “Unión de Puerto Rico,” y habiendo propuesto el orga-nismo director de este partido en Yauco a Carlos del Toro Fernández para ocupar la Asacante, la asamblea municipal acordó pedir y pidió a dicho organismo político que enviara una terna de candidatos para cubrir esa vacante de acuerdo con una regla que había adoptado en su reglamento interior y no atendió al requerimiento que le hizo el otro miembro de la minoría para que nombrara la persona propuesta.

Establecido un procedimiento de mandamus para que se ordenara a los miembros de la mayoría de la asamblea municipal que nombraran para dicha vacante a la persona pro-puesta así lo decretó perentoriamente la Corte de Distrito de Ponce despues de haber oido a los demandados, quienes interpusieron el presente recurso de apelación contra esa sentencia.

La única cuestión fundamental planteada por las alega-ciones es la de si la asamblea municipal tiene que nombrar en esa vacante a la única persona que le propuso el orga-nismo director del partido de la minoría o si tiene derecho a pedir que.se le propongan candidatos para escoger entre ellos el que parezca más conveniente.

Basta este enunciado para comprender que no tienen ra-zón los apelantes,- pues la Ley Municipal no los autoriza para exigir que el partido de la minoría le proponga varias per-sonas para cubrir la vacante que dejó uno de sus afiliados, sino que dice que la vacante se cubrirá a propuesta del or-ganismo director del partido que eligió el miembro cuya Asa-cante haya de cubrirse. A este partido es a quien se concede el derecho de proponer el candidato j por tanto el de escoger, el que crea más conveniente; y tiene que ser así por-que no puede quedar a merced del partido contrario en la asamblea municipal la elección de la persona que ha de re-presentar en ella al partido de la minoría, siendo este el re-sultado si tuviera el derecho de pedir que se le proponga más de una persona.

La única interpretación que puede darse al artículo 22 citado es que las asambleas municipales tienen que cubrir las vacantes qne ocurran en su seno con la persona que le proponga el organismo director del partido que eligió el miem-bro cuya vacante baya de cubrirse, sin poder pedir que se le proponga más de una para cada vacante y sin tener el de-recho de elección.

Las otras cuestiones planteadas por los apelantes no son de importancia.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Presidente Se. Hernández,

text:
    Guzmán, Demandante y Apelante, v. Juncos Central Company, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humaeao en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 2075.
    Resuelto en junio 1, 1920.
    Corporaciones — Directores de Corporaciones — Pago de Servicios. — En ausen-cia de previo convenio se presume que los directores de corporaciones desem-peñan sus servicios y obligaciones sin compensación alguna, a menos que tal compensación se les otorgue por el estatuto regulador, o por alguna regla interior, reglamento o resolución aprobada o consentida por la corporación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. J. B. Huyhe.

    Abogados del apelado: Sr. Charles Hartsell y F. Barniz vez de Arellano.

   El Juez Presidente Se. Hernández,

emitió la opinión dol tribunal.

Pretende el demandante Julio D. Guzmán en demanda pre-sentada a la Corte de Distrito de Humaeao en 22 de julio de 1918, que se le pague por la demandada, “The Juncos Central Company”, la suma de $1,000; y al efecto alega que en sesión celebrada en 1912 por la Junta General de Accio-nistas de la “Juncos Central Company” fue nombrado miem- ' bro de la directiva de dicha corporación, para el año de 1912 a 1913 y después se le nombró por la directiva tesorero de la corporación, cuyo cargo aceptó y desempeñó bien y fiel-mente durante el término del nombramiento, sin que le ha-yan sido pagados sus haberes de tal director-tesorero a pe-sar de las gestiones practicadas en ese sentido, cuyos habe-res estima por lo bajo en la suma de $1,000.

La demandada al contestar la demanda aceptó las alega-ciones de la misma, pero niega deber al demandante canti-dad alguna por el desempeño del cargo de tesorero durante el año de 1912 a 1913 puesto que no se le señaló compensa-ción alguna por sus servicios y éstos fueron gratuitos.

Celebrado el juicio la corte dictó sentencia en 29 de junio de 1917 declarando sin lugar la demanda, con las costas al demandante y éste apeló de ella para ante esta Corte Suprema.

El apelante según expresa en su alegato no basa su de-recho en contrato alguno celebrado con la corporación de-mandada ni en servicios extraordinarios prestados a la misma, sino “en el hecho de que la Juncos pagando siempre el servicio de sus directores creó la idea en el que va a ser-vir de que ha de recibir una compensación por sus trabajos.”

No aparece justificado que la demandada haya pagado siempre el servicio de sus directores, pero aun en el supuesto de que así fuera, ese hecho no crea 'derecho alguno a favor del demandante, pues estaba subordinado a que la corpora-ción demandada quisiera seguir pagando los servicios de sus directores. La voluntad de la compañía podía ser persistente o no y al actuar el demandante bajo la idea de que había de obtener remuneración se expuso a actuar bajo una creencia que estaba sujeta a la discreción de la compañía y que podía resultar errónea.

El artículo 3o. de la Ley No. 30 aprobada en 9 de marzo de 1911 para poner en vigor una ley de corporaciones pri-vadas, establece entre otras facultades propias de toda cor-poración la de “nombrar los oficiales y agentes que exigie-ren los negocios de la corporación y asignar a éstos una remuneración equitativa.” De esa facultad no hizo uso la corporación demandada con relación a los directores nom-brados para el año 1912 a 1913, y a falta de ejercicio de dicha facultad los directores de la demandada por el año de 1912 a 1913 no adquirieron derecho a compensación alguna.

“Se presume que los directores de corporaciones, lo mismo que los otros síndicos, desempeñan sus obligaciones sin compensación al-guna y que no. tienen derecho a reclamar ninguna compensación por sus servicios, a menos que tal compensación se les otorgue por el estatuto regulador, o por alguna regla interior, reglamento, resolu-ción o contrato, aprobado o consentido por la corporación en general y no meramente por los mismos directores.” 10 Cyc. 898.

No se ha demostrado por el apelante que por las cláusu-las de incorporación de la “Juncos Central Company”, por los reglamentos de la misma, o por acuerdo alguno de ella general o particular, se haya hecho asignación alguna al de-mandante por el desempeño del cargo de tesorero para el año de 1912 a 1913 y por tanto los servicios que en tal con-cepto prestó deben reputarse gratuitos.

Aun más, las relaciones jurídicas de los directores de una corporación con respecto a la entidad legal de ésta, son las de un mandatario, y el mandato consiste en la prestación de servicios gratuitos salvo pacto-en contrario, según el artículo 1613 del Código Civil. Tal pacto no ha existido en el pre-sente caso. ,

T no importa que por el presidente de la corporación con-testando reclamaciones del demandante se alimentaran sus esperanzas de pagar sus servicios hasta que por fin en 8 de julio de 1916 se le comunicó que el board de directores por unanimidad había estimado improcedente su reclamación. No hubo compromiso alguno de pago que obligara a la deman-dada con el demandante.

Es de confirmarse la sentencia apelada. -

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


text:
    Valladares, Demandante y Apelante, v. The Juncos Central Company, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de. la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 2076.
    Resuelto en junio 1, 1920,
    por los fundamentos del caso No. 2075, Gúzmán v. The Juncos Central Co., de junio 1, 1920 (pág. 539).
    Abogado del apelante: 8r. J. B. Huyhe.

    Abogados de la apelada: Sres. C. Ilarizell y F. Ramírez de Arellano.

   Confirmada la sentencia.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. HutciíisoN,

text:
    Nin, Demandante y Apelado, v. Rucalleda et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corté de Distrito de Mayagiiez en pleito sobre servidumbre ’de paso e -injunction.

    No. 2091.
    Resuelto en junio 1, 1920.
    Servidumbre de Paso — Pinga aislada de Vías Públicas — Salida a Vías Pú-blicas. — Debe estimarse que un predio no tiene salida a camino público, no solo cuando así es absolutamente, sino cuando carece de una bastante segura y practicable. Podría decirse que el esquema de la servidumbre de paso debe ser una recta — distancia más corta — entre el camino público y el predio do-minante, modificada y adaptada por las exigencias del menor daño posible, y teniendo en cuenta que el dueño del predio dominante tiene derecho a pe-dirla o a exigirla en consonancia con las exigencias y conveniencias de su fundo. Así, pues, el dueño do un predio situado entre un camino vecinal o municipal y una carretera insular tiene derecho a exigir salida direeta a ésta si tal salida es la más natural y conveniente al predio dominante.
    Id. — Indemnización de Daños y Perjuicios. — Habiéndose señalado como error de la corte de distrito el haber fijado en veinte dólares anuales la indemni-zación que los demandantes deberían pagar a los demandados como pago de daños y perjuicios por la servidumbre de paso impuesta sobre el predio sir-viente, se resolvió: que aunque la forma en que se estimaron los daños es algo inusitada, no habiéndose demostrado perjuicio ni habiéndose heeho gestión para que la corte inferior modificara su sentencia previa audiencia de más prueba, -la importancia de la cuestión no justifica la devolución del caso.
    Los hechos están expresados en la opinión.

      Abogado de los apelantes: Sr. J. Sabater.

    Abogados del apelado: Sres. Benet & Sonffront.

   El Juez Asociado Se. HutciíisoN,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante, en sn carácter de dueño de una hacienda de café denominada “San Carlos,” estableció demanda contra los demandados como dueños de una finca colindante lla-mada “Paz”, y obtuvo sentencia a su favor por la que se establecía una servidumbre de paso por la finca de los de-mandados, consistente en el uso ilimitado de un camino, que existe en la actualidad y que atraviesa la referida finca, hasta llegar a la carretera que conduce de Mayag'üez a Ma-ricao y Las Marías. La sentencia declaraba también perpe-tuo y definitivo el injunction preliminar decretado y orde-naba que los demandados y los posteriores dueños del pre-dio sirviente recobraran del demandante o de los posteriores dueños de la hacienda “San Carlos”, la suma de veinte dó-lares por anualidades adelantadas por concepto de indem-nización por el uso y derecho de servidumbre así establecidos.

El demandante alegó, entre otras cosas, que su finca es-taba enclavada en otras, entre ellas la de los demandados y se encontraba aislada de toda vía pública; que desde tiem-pos inmemoriales la finca “San Carlos” había usado como salida para sus cosechas y productos y como medio de salida para la carretera arriba descrita, un camino que atravesando la hacienda “Paz”, empalmaba con la carretera en el kiló-metro 12 y medio; y que sin tal derecho de paso, o algún otro camino por la finca de los demandados, el demandante perdería gran parte de sus cosechas y su finca depreciaría grandemente.

Los demandados negaron el aislamiento de la hacienda “San Carlos” y alegaron que dicho predio tenía cuatro ca-minos más por los cuales podían ser transportadas sus co-sechas.

La corte inferior no. solamente llegó a la conclusión general de que el demandante había establecido las alegaciones ele su demanda, sino que también declaró probados más específicamente los hechos que a continuación se refieren:

“La prueba practicada incluyendo la inspección ocular demostró claramente a la corte que la hacienda “San Carlos” perteneciente al demandante se encuentra aislada de toda vía pública, pues el único camino que había estado usando por más de veinte años el deman-dante, era el que saliendo de los establecimientos de la hacienda “San Carlos” cruza por la hacienda “Paz” de los demandados hasta llegar a la carretera, cuyo uso le fué prohibido por los demandados.
“Este camino es indudablemente la vía más corta, práctica y segura que puede servir de salida y que ha servido siempre a la hacienda “San Carlos” para llegar a la carretera extrayendo por el mismo sus cosechas y productos. Existe otro camino de finca que saliendo desde los establecimientos de la hacienda 1 ‘ San Carlos, ’ ’ atra-viesa a ésta y llega a otro camino también de finca el cual atrave-sando terrenos de la hacienda “San Carlos” y de la hacienda “Triunfo” de la Sucesión Martínez sigue en esa forma en dirección Oeste hasta que después de atravesar terrenos pertenecientes a la Sucesión Surra en una extensión como de medio kilómetro empalma luego en terrenos de don Carlos Sabater con el camino vecinal deno-minado de Río Cañas hasta salir a la carretera.
“La corte, después de la inspección ocular de este camino llegó a las siguientes conclusiones:
“Primero: Que el demandante no tiene derecho al uso de todo ese camino hasta llegar al camino vecinal de Río Cañas, puesto que el mismo atraviesa por terrenos que no pertenecen a la hacienda “San Carlos” ni son del demandante no existiendo ninguna servi-dumbre a favor de la hacienda “San Carlos” ni del demandante para el uso de dicho camino.
“Segundo: Que dicho camino no es una vía suficientemente practicable y segura para poder el demandante en todo tiempo extraer a través del mismo las cosechas de la hacienda San Carlos inclu-yendo los frutos menores de ésta ventajosamente.
“Tercero: El camino vecinal de Río Cañas hasta salir a la ca-rretera en su kilómetro ocho y medio no es de tal naturaleza que responda a las necesidades del tráfico y conducción del fruto, pues por el mismo solamente puede conducirse frutos haciendo uso de bestias de cargas y a juzgar por las condiciones en que estaba, el camino después de tres o cuatro meses de seca, es indudable que en tiempo de lluvia ha de resultar extremadamente dificultoso el con-ducir frutos a través del mismo, pues lejos de ser un camino afir-mado se encuentra lleno de grandes sanjones y “baches extensos.”
“Cuarto: Que una bestia cargada a través de dicho camino ne-cesitaría alrededor de dos horas por lo menos, saliendo desde los establecimientos de la hacienda “San Oarlos” del demandante hasta, llegar a la carretera, lo que debido al costo de esa clase de trans-porte de frutos en los campos de Puerto Rico, necesariamente ha-bría de causar grandes pérdidas al demandante en la extracción de todas sus cosechas, pero especialmente en la de frutos menores, tales como guineos, chinas, etc., frutos que seguramente no pagarían los gastos de transporte por lo que habían de perder en casi su tota-lidad.
“Quinto: Que durante la temporada de lluvias el río denomi-nado Cañas necesariamente y en muchas ocasiones'ha de interrum-pir por varias horas el tránsito por dicho camino, pues en tiempo de seca o sea en el tiempo o época en que la corte hizo su inspección ocular, dicho río tenía una profundidad de una vara aproximada-mente en el paso que se utiliza en dicho camino.
“Examinado por la corte el camino que saliendo de los estable-cimientos de la hacienda San Carlos del demandante, atraviesa por la hacienda Paz de los demandados, llegó con ayuda de la prueba practicada en el presente caso a las siguientes conclusiones-.
“Primero: Que este camino es la salida más corta y viable y la única realmente provechosa, practicable y segura que tiene la hacienda San Carlos hasta llegar á la carretera mencionada, siendo el mismo, un camino bastante bueno, éón muy pocas pendientes que responde a todos los usos a que se dedican los caminos vecinales en las regiones cafeteras, pudiendo una bestia cargada recorrer el mismo desde los establecimientos de la hacienda San Carlos hasta la carre-tera en unos treinta minutos aproximadamente.
“Segando: Que el demandante estuvo usando ese camino para extraer las cosechas de la hacienda San Carlos por un período mayor de 20 años sin que el demandado haya podido probar que en ningún tiempo le ocasionara perjuicio alguno a la hacienda Paz el uso de dicho camino por el demandante y sin que probara en nin-guna forma que la continuación del uso de dicho camino por el demandante para extraer las cosechas de la hacienda San Carlos habría de producirle daño alguno en el futuro.
“Tercero: Que por el contrario, impedirle al demandante el uso de este camino para extraer las cosechas de la hacienda San Carlos negando así la servidumbre solicitada, habría de producirle necesa-riamente grandes perjuicios basta el extremo de que perdería gran parte o casi la totalidad de sus frutos menores, privando así tam-bién al mercado público de esta ayuda eficiente y por el cual mo-tivo la hacienda San Carlos del demandante quedaría depreciada grandemente.
“Cuarto: Que prohibido al demandante el uso d!e este camino la hacienda San Carlos quedaría aislada de toda vía pública.”

Los siguientes son los errores que han sido alegados por los apelantes:

1. “La corte inferior erró al conceder la servidumbre de paso por necesidad fundándose en que la hacienda San Carlos del de-mandante está aislada de toda vía pública..
2. “La corte inferior erró al tratar sobre el camino vecinal de Río Cañas como si su estado de conservación pueda influir igualmente en la concesión o negativa de la servidumbre.
3. “La corte inferior erró al interpretar el artículo 571 del Có-digo Civil.
4. “La corte inferior erró al no declarar que el camino más corto para sacar sus frutos de su finca el demandante es el' que conduce al camino público de Río Cañas.
5. “La corte inferior erró al dictar sentencia constituyendo' so-bre la hacienda Paz una servidumbre de paso ilimitada y señalando como indemnización lo que costaría arreglar el camino anualmente.”

Admiten los apelantes que en el primer señalamiento de error se levanta la cuestión fundamental. Sin embargo, en la discusión que en dicho señalamiento se hace, se prescinde por completo de la conclusión de que el demandante no tiene derecho de paso por los terrenos situados entre la hacienda “San Carlos” y el camino de Río Cañas, y se asume implí-citamente que la existencia de tales predios intermediarios para nada se relaciona con la cuestión del aislamiento. No se cita ninguna autoridad para demostrar, ni se insiste ex-presamente en el hecho de que el dueño de una finca aislada no puede exigir una salida por los terrenos de ninguno de sus vecinos, como no sea por aquella cuya propiedad da ac-ceso al camino público más cercano, prescindiendo de toda consideración de conveniencia relativa, valor y necesidad de tal salida, considerada a la luz de las necesidades de la finca aislada, teniendo en cuenta su situación con relación al mer-cado y a otros medios posibles de comunicación con el mismo. Tal sería, sin embargo, el resultado práctico de la teoría de los apelantes, de prevalecer en el presente caso.

El razonamiento que se liaee en el segundo, tercero y cuarto señalamiento de error, en gran parte no es sino una modificación y en cierto modo un estudio más acabado del razonamiento contenido en el primer señalamiento de error. Tal vez la corte incluyó si no en sus conclusiones, por lo menos en una relación de hechos por separado, según apa-recía de la inspección ocular que hizo de los dos caminos en cuestión y de las fincas que atravesaban, más de lo necesario para sostener la sentencia. Lo mismo puede decirse de las varias consideraciones a que se alude, en apoyo de la con-clusión a que llegó sobre los méritos. Tal error, de haberse cometido, no era. perjudicial y el razonamiento en su mayor parte se refiere a detalles como este. Los artículos 571 y 572 del Código Civil, equivalentes a los 564 y 565 del Código Español, prescriben lo siguiente:

“Artículo 571. — -El propietario de una finca o heredad enclavada entre otras ajenas y sin salida a camino público, tiene derecho a exigir paso por las heredades vecinas, previa la correspondiente in-demnización.
“Si esta servidumbre se constituye de manera que pueda ser continuo su uso para todas las necesidades del predio dominante estableciendo una vía permanente, la indemnización consistirá en el valor del terreno que se ocupe y en el importe de los perjuicios que se causen en el predio sirviente.
“Cuando se limite al paso necesario para el cultivo de la finca enclavada entre otras y para la extracción de sus cosechas a través del predio sirviente, sin vía permanente, la indemnización consistirá en el abono del perjuicio que ocasione esté gravamen.”
“Artículo 572. — La servidumbre de paso debe darse por el punto menos perjudicial al predio sirviente, y en cuanto fuere conciliable con esta regla, por donde sea menor la distancia del predio domi-nante al camino público.”

Manresa, al tratar de tal servidumbre, en el tomo 4, pá-gina 704 de sus Comentarios, dice lo siguiente:

“El fundamento general filosófico de la misma está en la nece-sidad de condicionar el destino económico de las cosas; un fundo aislado de toda comunicación con una vía pública, resultaría en una condición verdaderamente negativa para la adecuada utilización de sus usos y aprovechamientos.”

Y en la página 706 del referido tomo, dice:

“Lo del aislamiento con relación al fin de la servidumbre, no ha de interpretarse de una manera material sino relativa a la necesidad que se quiere satisfacer y no puede ser satisfecha por no haber el acceso conveniente dado la necesidad hacia la vía pública.”

T también dice dicho comentarista en la misma página y tomo:

Cuándo se estimará que un predio no tiene salida a un ca-mino público? Realmente, debe estimarse en esta condición, no sólo el fundo que no la tiene en absoluto, sino también el que no tiene una bastante segura y practicable; un fundo que linda con un ca-mino público mediante un declive o pendiente inabordable, está real-mente aislado para el efecto de la servidumbre que se pide por su dueño. Por otro lado, ¿se ha de estimar con el servicio adecuado de acceso a camino público, una finca que por cualquier circuns-tancia pierde necesariamente la salida a dicho camino en determi-nadla época del año? Conceptuamos, siguiendo en esto el parecer de los autores, (1) que el dueño de una finca en estas condiciones puede pedir servidumbre para todo el año, por ser contraria a la naturaleza de la servidúmbre predial esa forma intermitente de suuso..."

Encontramos asimismo en la página 707 del referido tomo lo siguiente:

“Preguntan- algunos si un río que estuviese interpuesto entre una finca y el camino público debe considerarse como condición de ais-lamiento de aquella. La cuestión se ha debatido por Laurent y ha sido objeto de discusiones encontradas en los tribunales extranjeros— Holanda, Francia, etc. En rigor no cabe resolver la cuestión de plano. Si el río es vadeable cómodamente y sin peligro alguno en todo tiempo puede no ser un. obstáculo que determine imposición de servidumbre.”

Es verdad, como indican los apelantes, que la finca del demandante no colinda con el camino de Río Cañas en un punto en que el acceso a el mismo es imposible; y ni siquiera colinda con él dicha finca, ni está separada del mismo por ningún río que no sea vadeable en ocasiones, o por otro obs-táculo intermitente. Pero es asimismo y claramente cierto que estos son simples ejemplos de la infinidad de variadas circunstancias que podrían y pueden prevalecer en determi-nado caso.

También es cierto, como igualmente lian sugerido los ape-lados, que Manresa en la página 718 del mismo tomo su-giere el hecho de que entre las varias salidas posibles por terrenos poseídos por distintos dueños colindantes debe ser-vir de norma a la corte la misma regla general que preva-lece al elegir caminos por la propiedad de un solo dueño, o sea el más corto en distancia a aquel, que cause menos daño. Pero hay algo aquí también en el comentario, examinado en conjunto, .que favorece poco a los apelantes:

"El ideal, en el establecimiento de esta servidumbre, está, pues, en la mayor brevedad y en el daño mínimo. Pero la dificultad está en que esas dos condiciones no siempre concurren paralelamente: la mayor brevedad, puede ocasionar un daño mayor. En este caso, el código impone la solución: el paso deberá establecerse supedi-tando lo de la brevedad al menor daño. El esquema, de la servi-dumbre de paso debe ser una recta — distancia más corta — entre el camino público y el predio .dominante, modificada y adaptada por las exigencias del menos daño posible. Naturalmente corresponde al dueño del predio sirviente oponerse, bien sea al establecimiento de la servidumbre en su fundo, si puede alegar que es menos per-judicial que en el suyo, en otros, o siendo igualmente gravosa, si es por el otro más corto, bien sea at trazado que el del dominante pida, para hacer efectivas las condiciones del establecimiento en el sentido del artículo 565.
“Aún cuando estas condiciones, según decíamos antes, parecen, al tenor del artículo 565, puestas en interés del predio sirviente, toda vez que se habla de conciliar, lo del camino corto — beneficio del predio sirviente en cnanto al mínimum de ocupación — con su menor perjuicio — se ha de elegir, de dos trazados, el que ocupe te-rreno menor o el que cause daño menor a la finca; sin embargo, no ha de interpretarse en tal sentido de una manera exclusiva. Por de pronto la servidumbre establecida según el criterio del menor daño, beneficia indirectamente al dueño del dominante, toda vez que cuanto menor es el daño, más corta debe ser la indemnización. Ade-más, es preciso no olvidar que la servidumbre de paso, adaptada a tales condiciones, tiene el dueño del predio dominante derecho a pedirla o a exigirla, en consonancia con las exigencias y convenien-cias de su fundo.”

En este caso los demandados no trataron de hacer partes en el pleito a los demás propietarios ni consta, ni siquiera fué alegado que una salida por los terrenos de tales propie-tarios les causaría menos daños que el que se causaría a los demandados por la servidumbre decretada por la corte inferior. Por el contrario, toda la prueba, así como las con-clusiones de la corte sugieren la conclusión contraria, y como ha indicado Manresa en la última de las citas hechas, no so-lamente la cuestión del camino más corto debe estar subordi-nada a la de los daños consiguientes, sino que jamás debe-rán pasar desapercibidos los intereses del predio dominante. Y no encontramos aquí ni en alguna otra parte ninguna au-toridad para sostener la proposición de que el dueño de una propiedad situada entre un camino vecinal o municipal y un camino insular no tiene derecho a exigir salida directa a la carretera principal siendo esa la salida más natural y con-veniente, simplemente porque podría llegarse al camino se-cundario por una vía algo más corta y que de llegarse a ella esto proporcionaría al fatigado viajero llegar finalmente a su destino.

Que no se ha establecido ni puede establecerse una regla inflexible y determinada para regular en absoluto cualquier caso que pueda concebirse, que la resolución en cada caso en particular ha de depender en cierto modo de las circuns-tancias peculiares envueltas; y que el juez sentenciador en todos los casos después de considerar los lieclios a la luz de los principios generales que sirven de fundamento a los pre-ceptos del código, debe dictar aquella sentencia que demanda el sentido común y los intereses de la justicia substancial, es más o menos una conclusión tan terminante como aquella a que pueda llegarse en vista de los comentarios examinados en conjunto. Y esto parece ser en substancia lo que ba becbo la corte inferior.

Oomo explicación de la forma peculiar de estimar los daños y perjuicios, el juez sentenciador dice lo siguiente:

“En cuanto a la indemnización que debiera pagar el deman-dante por obtener la servidumbre solicitada, la corte no tiene otra prueba ante sí para juzgar el montante de la misma que la declara-ción del propio demandante, de que en el arreglo de dicbo camino se gastaban anualmente la suma de veinte dollars, y no habiendo presentado los demandados prueba alguna para juzgar el montante que debiera recibir por tal indemnización ni prueba alguna de que la servidumbre a favor de la hacienda “San Carlos” habría de causarle perjuicio alguno a la hacienda ‘Paz’ y no tratándose de abrir un nuevo camino sino die usar el ya existente y que se ha ve-nido usando durante más de veinte años, sin causar perjuicio al-guno a la hacienda de los demandados, la corte llegó a la conclusión de que el demandante deberá satisfacer a los demandados la canti-dad de veinte dollars anuales por el concepto de gastos de reparación de dicho camino, como indemnización por la servidumbre estable-cida a favor de la hacienda ‘San Carlos’ como predio dominante sobre la hacienda ‘Paz’ de los demandados como predio sirviente.”

Se quejan los apelantes- de que la apreciación de daños en cuestión es una infracción de lo prescrito en el apartado segundo del artículo 571 supra, pero no se ba demostrado que se baya causado algún perjuicio, ni se hizo tampoco nin-guna gestión para que la corte inferior modificara su sen-tencia en cuanto a este particular, lo que pudo haberse be-cbo abriéndose nuevamente el caso, de haber sido necesario, a fin de que se oyera más prueba sobre este punto. A falta Ide alguna prueba respecto al valor de los terrenos o a la |cuantía de los daños y perjuicios, los demandados no tenían más derecho que a los daños nominales y aunque la forma en que se han estimado es algo inusitada, nos inclinamos a convenir con la teoría del apelado de que el juez sentencia-dor fué muy liberal al fijar la cuantía de dichos daños y per-juicios. De todos modos los autos no suministran base al-guna para que la sentencia apelada sea modificada por este tribunal de modo que favorezca a los demandados y la cues-tión no es de importancia bastante para que estemos justifi-cados en devolver las actuaciones. De minimis non curat lex.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sb. Wole,

text:
    Alvarez et al., Demandantes y Apelantes, v. Gutiérrez et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre nulidad de venta y otros extremos.
    No. 2123.
    Resuelto en junio 1, 1920.
    Bienes Gananciales — -Hipoteca—Consentimiento de la Esposa. — La ley pro-híbe al marido hipotecar bienes gananciales sin el consentimiento de su es-posa, pero tal requisito no es necesario para que pueda adquirir bienes que ya han sido hipotecados.
    Id. — Id.—Sociedad—Terceros—Er-aude.—Cuando mediante la debida considera-ción se traspasa una hipoteca a una sociedad de la cual el acreedor hipoteca-rio es socio y al liquidarse la sociedad se adjudica dicho crédito a personas que no son los herederos del acreedor hipotecario fallecido, dichos cesiona-rios son terceros tanto de acuerdo con la Ley Hipotecaria como con la Ley Civil, por lo cual, así como por no haberse probado en este caso las alegacio-nes de simulación y fraude, no procede la nulidad de dicha hipoteca.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. A. Sarmiento.

    Abogados de los apelados: Sres. E. Acuña, J. Martines Dávila, y L. Muños Morales.

   El Juez Asociado Sb. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Alegan los apelantes que Andrés Crosas O’Ferrall o sn apoderado debidamente autorizado, mediante falsas simula-ciones, indujeron al principal apelante Antonio Alvarez Gon-zález a que le comprase un solar y solicitaron dichos ape-lantes en sn demanda que se declarase nula la hipoteca por parte del precio aplazado de la venta, habiendo reclamado también daños y perjuicios. La simulación fraudulenta que se alega era que la finca en cuestión tenía salidas y entra-das libres sobre el terreno de la “American Bailroad Company” mientras que en realidad de verdad tales salidas y entradas fueron clausuradas subsiguientemente por la refe-rida “American Bailroad Company.”

Para anular la hipoteca en este caso los apelantes tam-bién sostienen que en la fecha de los traspasos a que se re-fiere e] pleito la esposa de Antonio Alvarez González pade-cía de enajenación mental y que por tanto el apoderado de Crosas vendió la propiedad al hijo de Antonio Alvarez Gon-zález quién a su vez la traspasó a su padre; que dicha es-posa por supuesto no podía prestar su consentimiento a la hipoteca por el precio de venta aplazado y por consiguiente que toda la transacción era simulada.

La cuestión de fraude fué prontamente eliminada por la corte y no encontramos prueba alguna en los autos de nin-gún acto fraudulento por parte de Crosas o de su apoderado. La prueba, en verdad, muestra que Antonio Alvarez Gonzá-lez, el último comprador, tenía completo conocimiento de la condición de la finca, de sus salidas y entradas y que todos los traspasos, si no se hicieron únicamente a indicación suya, por lo menos se hicieron con su completo consentimiento. La prueba tiende a mostrar que al mismo tiempo que Antonio Alvarez González hacía negociaciones con el apoderado de Crosas también las hacía con la “American Bailroad Company” para adquirir una servidumbre de paso por su finca y que posteriormente él estableció una acción en la Corte Federal para ultimar su reclamación en contra de la refe-rida “American Railroad Company.” También parece, aun-que no insistimos en este punto, que cuando existe un título inscrito, como en este caso, un comprador estaría obligado a saber si existía o no una servidumbre antes de ultimar su venta. En lo que respecta a Antonio Alvarez González la falta de prueba resuelve su reclamación.

Este, sin embargo, no es un pleito seguido solamente por Antonio Alvarez González. Su esposa está muerta y con él son partes sus dos hijos quienes alegan la nulidad de las ven-tas y de la hipoteca debido a la enajenación mental de la esposa y madre. A falta de fraude no tenemos duda de que el traspaso hecho por Crosas al hijo era legal y que siendo este último mayor de edad y soltero, tenía derecho a hipo-tecar la finca por el precio aplazado de venta. Asimismo, en ausencia de fraude, Antonio Alvarez González tenía de-recho a comprar a su hijo la finca sujeta a la hipoteca. Antonio Alvarez González era el representante de la sociedad que existía entre él y su esposa y tenía derecho a comprar bienes hipotecados. La ley solamente prohíbe a un marido hipotecar bienes de la sociedad conyugal sin el consentimiento de su esposa pero ésta es cosa muy distinta a decir que el marido no puede comprar bienes ya hipotecados.

Supongamos, sin embargo, que se hubiera cometido fraude contra la esposa. Son sus herederos solamente los que ten-drían acción contra el esposo culpable-y sus cómplices. La prueba no satisfizo a la corte inferior ni nos satisface a nosotros en cuanto a que Orosas o sus mandatarios tuvieran algún conocimiento de la enajenación mental de la esposa del principal apelante. Tanto Antonio Alvarez González como el hijo de quién compró, debido a su intervención en todas las escrituras, estarían impedidos de poder establecer una reclamación contra Orosas. También nos inclinamos a creer que el otro hijo que se unió a su padre y hermano para es-tablecer esta complicada acción debe correr igual suerte que sus codemandantes. De todos modos no se probó ningún fraude o conocimiento por parte de Crosas.

Esta, sin embargo, no es toda la defensa. Crosas hizo que el crédito hipotecario formara parte del capital de la sociedad a que él perteneció. Tanto él como su socio falle-cieron y en las liquidaciones subsiguientes fué asignado el crédito a personas que principal o enteramente no son los herederos de Crosas ni responsables de sus actos o de los de .su apoderado. Una hipoteca tendría por tanto que subsistir porque los cesionarios son terceros tanto de acuerdo con la Ley Hipotecaria como de la Ley Civil.

Esta fué también una acción en reclamación de daños y perjuicios, pero habiendo fracasado la prueba ele fraude, y por otras razones, los herederos de Crosas no pueden ser responsables de dichos daños y perjuicios.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente‘Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    Gandía, Demandante y Apelante, v. Porto Rico Fertilizer Co., Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre cobro de dividendos y prevención de traspasos.
    No. 2046.
    Resuelto en junio 1, 1920.
    Non Suit.. — En Puerto Rico, como en California, al resolver una moción de non suit la corte está obligada a considerar meramente si la prueba del deman-dante establece un caso prima facie.

    Id. — Decisiones Exoepcjonadas por Ministerio de la Ley. — Una sentencia de non suit es una decisión definitiva a los efectos del artículo 213 del Código de Enjuiciamiento Civil, por lo cual no tiene que ser excepeionada para que pueda apelarse de ella, pues se considera excepeionada por ministerio de la ley.
    Prueba. — Aunque para probar los Lechos controvertidos se requiere la mejor prueba, esta regla se refiere a que mientras pueda obtenerse la prueba orí-ginal no será admisible prueba substituía, pero no se infringe porque la parte elija prueba equivalente o la prueba más débil cuando pudo haber obtenido la más fuerte o porque deje de presentar toda la prueba a su al-cance.
    Prueba- — Presunción de Continuidad. — Prueba de ser dueño de acciones en época anterior permite la aplicación de la regla de continuidad de dominio como establece el artículo 102, apartado 31 de la Ley de Evidencia.
    Id. — Prueba sin Objeción.- — Cualquier prueba lógica es admisible cuando no es objetada.
    Estoppel. — Una persona no está impedida (estopped) de reclamar contra otra, debido a manifestaciones casuales o incidentales hechas en sus actos o con-tratos o aun en pleitos con terceras personas, a menos que sus manifestacio-nes o sus actos hubieran perjudicado a dicha persona.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. J. ele Guzmcm Benitez.

    Ahogados de la apelada: Sres. G. Goll Cuchí y G. Cru-zado Silva.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La “Porto Rico Fertilizer Company” es la demandada en este caso. Cuando la corporación fué originalmente incor-porada, las aceiones estaban divididas en la forma siguiente: 250 acciones de la “Virginia Carolina Chemical Company” de Richmond, Virginia; 125 acciones pertenecientes a la mer-cantil “Gandía y Stubbe”; 60 acciones según constaban de las cláusulas de incorporación pertenecían a Stubbe y 60 al demandante Pedro Gandía; 3 a Federico Stubbe y 2 a Hector Cesteros. En la demanda se hace cierta referencia al primer reparto de dividendos declarado pero en el juicio.se demos-tró que la‘s partes se referían al segundo dividendo. Sos-tiene el demandante que de este segundo dividendo, $8,234.06 correspondió al demandante Gandía por sus 60 acciones y que el efectivo quedó en las cajas de la corporación.

Poco tiempo después de la declaración de estos dividen-dos, en julio 24 de 1916, quedó disuelta la sociedad “Gandía y Stubbe.” Se redactaron cláusulas de disolución, la inter-pretación de las cuales es una de las cuestiones principales en controversia en este pleito. La otra cuestión de impor-tancia es la de la pertenencia délos $8,234.06.

Se alega en la contestación de la demandada que aunque en las cláusulas de incorporación las 60 acciones aparecían como pertenecientes a Gandía, que dichas 60 acciones y las otras 60 pertenecientes a Stubbe en realidad de verdad eran propiedad de la firma de ‘ ‘ Gandía y Stubbe; ’ ’ que de las 500 acciones de la “Porto Eieo Fertilizer Company” 250 perte-necían a los directores de la “Virginia Carolina Chemical Company” y 250 a “Gandía y Stubbe,” y la corporación de-mandada alega también que los $8,234.06 reclamados por Gan-día, así como los $8,234.06 que aparecen abonados a Stubbe, eran dividendos no de las 120 acciones que se alegan como pertenecientes individualmente a Gandía y a Stubbe, sino sobre todas las 250 acciones de “Gandía y Stubbe,” y dice también la corporación que al recibir aviso de que Gandía había vendido sus acciones a Stubbe, pagó esta la totalidad de la suma de $16,250 a Stubbe.

Se celebró el juicio del caso y a moción de la demandada la corte dictó sentencia de non suit a su favor. La corte después de resumir algunos de los anteriores hechos y con-siderar la naturaleza de la moción de non suit en la que to-dos los hechos expresados por el demandante ■ deben ser te-nidos por ciertos, declaró probado que el demandante Gan-día 110 había probado su derecho a las sesenta acciones. La corte declaró probado que la prueba del hecho de que Gan-día fuese el dueño de las sesenta acciones en la fecha de la incorporación de la compañía no es prueba de que fuera hoy el dueño y que la mejor, más adecuada y competente prueba en el caso eran los libros de la compañía. También declaró probado la corte que en las cláusulas de disolución se asig-naba individualmente a Gandía y a Stubbe la suma de $8,234.06 pero que en cambio toda esta suma de $16,468.12 se consig-naba como activo de “Gandía y Stubbe” y que por tanto el demandante no estaba en condición de ir contra los hechos de tal modo consignados en dichas cláusulas.

Sostiene la apelada que la corte inferior al considerar una moción de non suit no está obligada como en California a considerar meramente el hecho de si hay prneba tendente a establecer nn caso prima facie, pero según entendemos a la apelada, la corte pnede considerar toda la prneba y diri-mir cualquier conflicto qne pneda snrgir. El artículo 192 del Código de Enjuiciamiento Civil prescribe que se podrá desistir de una demanda o declararse abandonada en los ca-sos siguientes: (5) Por la corte, a moción del demandado, cuando en el juicio no presentare el demandante prueba sufi-ciente para fundarse sobre ésta una sentencia.

El precepto legal correspondiente en California era:

“(5) Por la corte a moción del demandado cuando en el juicio el demandante deja de probar un caso suficiente para el Jurado.”

La diferencia entre estos dos artículos, sostenemos que es precisamente el hecho de que en Puerto Pico no hay ju-rado en casos civiles en las cortes insulares. De otro modo los principios que regulan los non suits permanecen inalte-rables y así hemos aplicado dichos principios en el caso de Vargas v. Monroig, 15 D. P. R. 27, y de Méndez v. Banco Comercial, 26 D. P. R. 647. También hicimos aplicación do la regla en los casos criminales en que la corte había dictado' sentencia de non suit a favor de los acusados.

Aun cuando la apelada tuviera razón en su alegación es evidente que la corte inferior no estaba considerando el peso de la prueba sino solamente si ésta era suficiente. Tam-bién es evidente que una corte no debe estar obligada a con-* siderar dos veces la credibilidad de los testigos. La idea de la palabra “non suit” significa que el demandante no ha probado un caso prima facie. Podemos decir de paso que la conclusión final a que hemos llegado tendría lugar ya que la corte estuviera considerando la cuestión de la existencia de un caso prima facie o ya sobre los méritos del caso como le fué sometido,

La apelada alegó también que la resolución sobre una moción de non suit debe ser excepcionada. Esta no lia sido la práctica en esta jurisdicción. El artículo 192 del Código de Enjuiciamiento Civil prescribe qué se podrá dictar sen-tencia de non suit, etc., y el artículo 213 prescribe que la de-cisión definitiva y acción * * * se considerarán excepcio-nadas. Una sentencia de non suit es tal decisión definitiva.

La corte cometió error al resolver que Candía no había probado prima facie su derecho a las sesenta acciones. No solo lo declaró él así sino que las cláusulas de incorporación muestran que era el dueño de las referidas sesenta acciones y una vez probado su derecho la presunción de continuar en él existe como se determina en el artículo 102, de la Ley de Evidencia y según ha sido resuelto por nosotros en el caso de Fulladosa v. Castro, sentencia de julio 18 de 1919, y casos citados en la misma.

La corte estaba bajo la errónea impresión de que la regla de la mejor evidencia era aplicable a la prueba del dominio en estos casos. En el tomo 17 de Cyc., página 505, se dice lo siguiente:

“Cuando la ley exige que se lleve un registro d'e los actos y pro-cedimientos de una corporación particular, tal registro constituye la mejor prueba de su contenido y no es admisible la prueba testi-fical de poder obtenerse el registro. Sin embargo, la precedente re-gla no es de un alcance ilimitado; los hechos independientes de los cuales un testigo tiene conocimiento personal pueden ser probados por su declaración, no obstante el que puedan ellos aparecer también en el registro de la corporación.”

Y en el tomo 10 de Ruling Case Law, página 903 se sienta la regla en la siguiente forma:

“La mejor prueba que pueda obtenerse debe ser presentada para probar cada hecho controvertido, y el dejar de hacerlo y tratar en cambio de sostener la cuestión por prueba secundaria permitirá la inferencia de que la parte no presenta la mejor prueba porque ella tendería a destruir en vez de sostener la cuestión por su parte. Al exigirse la presentación de la mejor prueba aplicable a cada hecho en particular, quiere decirse que no se recibirá ninguna prueba que sea meramente de carácter sustituto mientras la prueba original pueda ser obtenida. La regia excluye solamente aquella prueba que en sí indica la existencia de más fuentes primitivas de información; pero cuando no hay prueba sustituía sino solamente la elección de pruebas más débiles en vez de más fuertes, o una omisión en pre-sentar todas las pruebas que puedan obtenerse, no se infringe la regla. El jefe de una penitenciaría tal vez podría suministrar la prueba más robusta de que una persona en determinada fecha ha-bía cumplido condena en la penitenciaría puesto que él lleva un registro en el que anota la fecha exacta en que entran y salen los presos pero el hecho puede 'acreditarse por cualquiera otra prueba competente.”

Como en el ejemplo citado del jefe de la penitenciaría, un libro de acciones de una corporación podría constituir al-guna prueba del dominio de las acciones, pero no sería la única prueba y esto es manifiesto si no por alguna otra razón por el hecho de que las acciones que pueden transferirse libremente con frecuencia no se llevan a los libros de la cor-poración en absoluto después que han sido traspasadas. El dominio de las acciones es un hecho que generalmente es anterior al registro por el empleado o secretario en el libro de acciones de la corporación. La presentación cíe las ac-ciones tal vez sería la mejor prueba pero aquí se admite que Gandía no estaba en posesión de las acciones y las cláusulas de disolución y toda la prueba muestran que Gandía renunció a cualquier reclamación sobre las acciones de la corporación.

No solamente es cierto lo anterior, sino que se permitió a Gandía presentar las cláusulas de incorporación donde consta su derecho de propiedad sin objeción de ninguna clase y manifestó asimismo que él poseía las acciones en cierta época, también sin objeción. Frecuentemente se ha resuelto que cualquier hecho probatorio es admisible como prueba hasta que se formule la debida objeción. De modo pues, que era claro que hubo prueba tendente a mostrar que Gandía era el dueño de las 60 acciones.

Las cláusulas de disolución se refieren varias veces a un traspaso hecho por G-andía a Stubbe de sus acciones en la compañía, dando así color a la reclamación de Gandía de que era él el dueño de las referidas 60 acciones.

También está la corte equivocada cuando trata de apli-car una regia de estoppel contra Gandía porque los $16,468.12 declarados como dividendos fueron puestos en el activo de “Gandía y Stubbe.” Por lo menos prima facie Gandía ex-plica esto muy bien o sea que domo él y Stubbe eran socios iguales él tenía derecho a la mitad de cualquier cósa que fuese declarada y probablemente no le importaba que en la declaración del activo se pusieran estos diez y seis mil pesos como pertenecientes a la sociedad más bien que a Gandía y Stubbe individualmente. Sin embargo, en oposición a esta conclusión de la corte las cláusulas de disolución dan espe-cíficamente a Gandía un crédito de $8,234.06 por dividendos declarados en la “Porto Eico Fertilizer Company” y declara él que esta suma nunca le fué satisfecha. Las cláusulas de disolución tienden así a demostrar que estos $8,234.06 fue-ron retenidos por la demandada según él declara. Es ver-dad que Gandía inició una acción primero contra Stubbe bajo la teoría ele que Stubbe había entrado en posesión de este dinero y por tanto lo demandó, según explicó, por daños y perjuicios. Si es un hecho que estos $8,234.06 estaban toda-vía en poder de .la demandada en la fecha de la disolución y la corporación tenía conocimiento por conducto de sus ofi-ciales de los hechos de tal disolución, entonces la compañía sería responsable a Gandía cualesquiera que hubieran sido las manifestaciones casuales o incidentales que Gandía haya hecho ya en las cláusulas de disolución o en su pleito individual contra Stubbe. Gandía nunca podría estar impedido a menos que por algo que hubiese manifestado o realizado hubiera inducido a error a la “ Porto Rico Fertilizer Company.” Por la demostración prima facie que aquí, se ha he-cho por lo menos los’funcionarios de la-“Porto Rico Fertilizer Company” y los miembros de la sociedad de “Gandía y Stnbbe ’ ’ eran en su mayoría los mismos, y el conoci-miento de la “Porto Rico Fertilizer Company” resalta fuer-temente. Hubo una demostración bastante fuerte de que Gan-día era dueño de $8,234.06 de dividendos y que éstos jamás-fueron satisfechos a él o a “Gandía y Stubbe.” La contes-tación niega estos hechos pero esa es una cuestión de defensa..

En tanto en cuanto se'trataba de la demandada, los autos-demostraban legalmente que Gandía era el dueño de las 60 .-acciones, no .importa cual fuera el arregio interior de “Gan-día y Stnbbe,” de modo que prima facie Gandía tenía de-recho a cualquier dividendo que fuese declarado- sobre estas acciones, ya fuera la suma de $8,234.06 o menos. Los socios deben haber estado hablando de algo cuando dijeron en las cláusulas de disolución que Gandía traspasaría sus acciones a Htubbe.- Ahora bien, ya que este traspaso se refiriese a las 60 acciones o al interés de Gandía en todas las acciones de “Gandía y Stubbe” por igual razón debe declararse a Gan-día con derecho a los dividendos ya declarados correspon-dientes a estas acciones y la incongruencia entre la demanda v la prueba sería inmaterial. Por tanto, como los $8.234.06 se le abonaron a él al disolverse la sociedad, él parece tener derecho a esta suma.

No hemos considerado más ampliamente la prueba, por-que esto en realidad es una cuestión para la corte senten-ciadora. .Memos analizado lo suficiente para mostrar que se presentó un caso prima facie y por tanto debe revocarse la sentencia y devolverse las actuaciones para la celebración de un nuevo juicio.

Revocada la sentencia apelada y. or denada la celebración de un nuevo juicio.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.'