text:
    Carmen Escudero y Caballero Vda. de Angelet, demandante y apelada, v. Tomás González, demandado y apelante.
    No. 5893.

    Sometido: Noviembre 16, 1932.

      Resuelto: Diciembre 12, 1932.

      D. Campillo y A. Quirós Méndez, abogados del apelante; J. P. Miranda, ab'ogado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de nn caso de desahucio. En la demanda se alega que la demandante es dueña de una finca urbana, casa con su solar, situada en la Calle “Europa”, de Melilla, Santuree,’ y que el 9 de febrero de 1931 el demandado, sin el consenti-miento de la demandante y contra su voluntad, sin que me-diara contrato alguno, ni pago de canon o merced, ocupó como vivienda la indicada casa.

Contestó el demandado negando los hechos de la demanda. Como materia nueva de oposición alegó que en efecto ocupa la casa, pero lo es mediante el pago de veinte dólares men-suales que satisface al dueño de la misma Emilio Cuadra por mediación de su administrador La O. Flores.

Señalada la vista del pleito para el 12 de marzo de 1931 sólo compareció la parte demandante que practicó su prueba. La corte el mismo día dictó sentencia declarando la demanda con lugar.

Aparece lnego de la transcripción nna “moción de recon-sideración” presentada por el demandado el propio día 12 de marzo de 1931. En ella se alega que la falta de compare-cencia del demandado se debió a baber creído su abogado que el juicio se babía señalado para las diez de la mañana en vez de para las nueve.

La corte el 20 de marzo, 1931, resolvió como sigue:

“Vista la moción de reconsideración que radica el demandado en este caso y el affidavit de mérito que a la misma se acompaña, se declara la misma con lugar y se ordena la comparecencia de las par-tes el día 27 de marzo a las 9: 00 de la mañana para que el deman-dado practique la prueba que a bien tenga, dejando entre tanto en suspenso la sentencia dictada en este caso basta que el Tribunal re-suelva la moción de reconsideración.”

Comparecieron en efecto las partes en el día señalado y el demandado practicó su prueba. Juzgando el mérito de la misma, la corte, el 31 de marzo, 1931, dictó una resolución cuya parte dispositiva expresa:

“Se declara sin lugar la moción de reconsideración presentada por el demandado con fecha 12 de marzo de 1931, y se restituye en toda su fuerza y eficacia la sentencia de la misma fecha que dictá-ramos en este caso, pero entendiéndose que los efectos de la misma empezarán a contarse desde el día de la notificación.”

Notificó el secretario al demandado el 2 de abril siguiente y el demandado el 6 del propio mes apeló. Su escrito dice:

“E] demandado, p'or medio de, su abogado que suscribe, pone en conocimiento de Ud., que no estando conforme con la sentencia dic-tada en el caso arriba expresado y registrada el día 20 del cte. mes, cuyos efectos empiezan a contarse desde el día 2 de abril de 1931, en que fué notificada a esta parte, apela de ella para ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico.”

En su alegato señala la apelante' la comisión de tres errores cometidos a su juicio por la corte al apreciar la prueba de la parte demandada.

La parte apelada sostiene como cuestión previa que no cabe considerar los errores del apelante porque aquí se apeló de la sentencia de 12 de marzo, 1931, y no de la resolución de 31 de marzo, 1931.

Por más que no consideramos desprovista de fundamento la contención de la apelada, opinamos que debe declararse sin lugar atendidas todas las circunstancias que concurren. A virtud de la moción titulada de reconsideración la corte abrió el caso de nuevo y permitió la práctica de la prueba del demandado. Luego no se limitó a desestimar la moción sino que pesó la prueba practicada y a virtud de ello consideró que debía subsistir su anterior sentencia “pero entendiéndose que los efectos de la misma empezarán a contarse desde el día de la notificación.” Y conocemos cómo y cuándo se in-terpuso el recurso.

La corte debió haber dejado sin efecto su anterior sen-tencia ya que abrió el caso de nuevo y haber dictado otra basada en las alegaciones y las pruebas de ambas partes, pero como de hecho fue lo que hizo, 'creemos que en bien de la justicia procede considerar y resolver el recurso tomando por base todo lo que tuvo ante sí la corte al dictar su última resolución.

Analicemos la prueba. La de la demandante consistió en su declaración y en la escritura pública otorgada ante el notario Monserrat por TJrrutia, márshal del distrito de San Juan, a favor de la demandante, el 26 de agosto de 1929.

Declarando dijo la demandante que era dueña de la casa descrita en la demanda, que no conocía al demandado que vive su casa sin haber celebrado con ella contrato alguno. La escritura, que fué inscrita en el registro de la propiedad, el 6 de septiembre de 1929, acredita la venta de la casa y solar de que se trata hecha por el márshal a nombre de doña Eosario Mojica y sus menores hijos en el ejecutivo hipo-tecario que contra doña Eosario y sus hijos siguiera la de-mandante.

La prueba del demandado consistió también en su propia declaración y en una escritura pública. Declaró además otro testigo, La O. Flores, que dijo que la finca en cuestión es de Emilio Cuadra y él la administra, y como administrador la alquiló al demandado por veinte dólares mensuales; que in-tervino en el ejecutivo hipotecario en que se adjudicó la finca a Cuadra, yendo con él el márshal el 15 de enero — no expresa el año — y ordenando a las personas que vivían la casa que la desalojaran dentro de quince días. Las personas lo hi-cieron antes y tomó posesión de la finca para Cuadra.

La declaración del demandado está conforme con la del administrador. La escritura aparece otorgada ante el nota-rio Enrique Campillo el 3 de enero de 1931. Consta inscrita como signe en el registro: “Inscrito el solar a que se refiere este documento, con vista de otro ...” El documento se otorgó por el márshal Náter a nombre y representación de la demandante en el ejecutivo hipotecario seguido finalmente contra ella en el cual se vendió en pública subasta el solar en cuestión, sin hacerse mención expresa a la casa.

Juzgando esa prueba dijo la corte en su resolución de 31 de marzo de 1931:

“De la prueba de la parte demandada aparece que realmente una tercera persona es dueña del solar en donde radica la casa que es objeto de este procedimiento, y si bien aparece de la escritura pre-sentada por el demandado tal circunstancia, no se destruye, sin embargo, la presunción de que es dueño del suelo aquél que lo es de lo edificado sobre él.
“Dada la naturaleza especial del procedimiento sumario de desa-hucio, no son válidas las defensas que interpone el demandado en este caso, toda vez que nada impedía que la parte realmente intere-sada en las mismas compareciera o interviniera en alguna forma en este procedimiento”

Los tres errores señalados por el apelante en su alegato se formulan así:

“1. — La Corte cometió error al declarar que aun cuando una tercera persona era realmente dueña del solar en donde radica la casa que es objeto del procedimiento, no se destruye, sin embargo, la pre-sunción de que es dueño del suelo aquél que lo es de lo edificado sobre él.
"2. — La Corte cometió error al no considerar que existía un con-flicto de títulos entre la demandante y el arrendador del demandado.
“3.- — La Corte cometió error al considerar no válidas las defensas que interpuso el demandado, toda vez que nada impedía que la parte realmente interesada en las mismas, compareciera o interviniera en alguna forma en este procedimiento.”

La parte apelada admite que la corte erró al establecer la presunción a que se refiere el primer error, pero sostiene que el error no fue perjudicial. Para apreciar bien su posición parece conveniente transcribir de su alegato lo que sigue:

"De acuerdo Con la prueba practicada en la segunda compare-cencia, parece existir en realidad un conflicto de títulos entre la de-mandante y Emilio Cuadra, con respecto a la propiedad que se describe en la demanda, y estamos conformes también con el demandado que si sólo se relacionara la causa de acción de la demandante con la posesión del s'olar, indudablemente que la corte hubiera cometido el error apuntado, pero existe otra cuestión de hecho y de derecho importantísima.
"Sobre el solar descrito en la demanda y contestación existe una casa propiedad de la demandante, cuyo título ni está ni ha estado nunca en discusión, ni se alega nada en la contestación c'on respecto a la posesión o. propiedad de la misma.
"La demandante alega que el demandado Tomás González, ocupa como vivienda la dicha casa, y solicita de la Corte se decrete el de-sahucio del demandado, es decir, que prohiba al demandado ocupar domo vivienda dicha finca,
"Por la parte apelante se ha dicho, que el dueño del terreno es dueño de todo lo que está enclavado en él, porque lo accesorio sigue a lo principal.
"Doña Carmen Escudero, compró en virtud de subasta judicial el solar y la casa que en él enclava y posteriormente el señor Cua-dra, también en venta judicial compró el solar que era propiedad de doña Carmen Escudero, pero no la casa, que ni se mencionó ni se vendió en el procedimiento ejecutivo hipotecario que dió origen a la subasta donde nació el título del señor Cuadra, por la sencilla razón, de que cuando se constituyó la hipoteca no existía la casa que hoy enclava en el solar ejecutado y por lo tanto no estaba sujeto a la obligación hipotecaria exigida.”

Basta la mera exposición de los anteriores hechos y con-sideraciones para concluir que surgen en este caso cuestiones cuya resolución no es pertinente dentro de un juicio sumario de desahucio. En tal virtud, la demanda debió haber sido declarada sin lugar.

Procede en su consecuencia la revocación de la sentencia apelada dictándose otra en él sentido indicado, sin especial condenación de costas.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señok Cókdova Dávila,

license: Public Domain

text:
    Santini Fertilizer Co., demandante y apelante, v. Albert E. Lee & Son y José Moisés Colón, demandados y apelados.
    No. 5852.

    Sometido: Diciembre 2, 1932.

    Resuelto: Diciembre 13, 1932.

      Rafael Buscaglia, abogado de la apelante; Carlos J. Torres, abogado de la razón social apelada.
   El Juez Asociado Señok Cókdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

En 5 de agosto de 1924, José Moisés Qolón reconoció deber a la mercantil Finlay Waymontb & Lee, Inc., la cantidad de $3,000, sobre los cuales se obligó a pagar intereses al tipo de 10 por ciento anual por el término de nn año, vencedero el día 5 de agosto de 1925. Este reconocimiento de deuda se hizo constar en escritura pública otorgada en 9 de agosto de 1924, y según dicha escritura en la misma fecha José Moisés Colón suscribió una obligación por la expresada can-tidad a la orden de la mercantil Finlay, Waymouth & Lee, Inc., vencedera el 5 de noviembre de 1924, acordándose que esta obligación sería substituida por otra a vencer el día 5 de febrero de 1925, la que sería substituida por otra a vencer el día 5 de mayo del mismo año, y últimamente por otra a vencer el día 5 de agosto del propio año 1925, en cuya fecha se comprometió el deudor a pagar todo el capital reconocido de $3,000, siendo convenido que al firmar cada una de esas tres obligaciones pagaría el deudor por adelantado los inte-reses correspondientes al período de prórroga sobre los $3,000.

Para garantizar el pago de esta suma, con sus intereses durante las prórrogas mencionadas y de $300 más por los intereses devengados desde el vencimiento de la última pró-rroga, costas y gastos judiciales necesarios y honorarios de abogado, José Moisés Colón, con el consentimiento de su es-posa, constituyó a favor de la corporación Finlay, Waymouth & Lee, Inc. primera hipoteca sobre la finca que ha originado este litigio. Esta hipoteca fué debidamente inscrita en el registro de la propiedad en 18 de agosto de 1924.

Santini Fertilizer Company obtuvo sentencia a su favor contra José Moisés Colón en cobro de dinero, y en 16 de mayo de 1930 adquirió por adjudicación en pública subasta el domi-nio de la finca hipotecada. Posteriormente Albert E. Lee & Son, alegando que la obligación hipotecaria había sido endo-sada a su favor, ejecutó la hipoteca y adquirió por adjudica-ción, en 17 de diciembre de 1930, la misma finca que había sido adquirida con anterioridad por la demandante y ape-lante Santini Fertilizer Co., quien no fué legalmente notificada de los procedimientos en lá ejecución de la hipoteca.

La Corte de Distrito de San Juan decretó la nulidad del procedimiento ejecutivo hipotecario, y como ninguna de las partes ha establecido recurso de apelación contra este pronun-ciamiento, nos limitamos a consignar los hechos necesarios para la resolución de las cuestiones planteadas en el presente recurso. La demandante apela únicamente del pronuncia-miento sobre costas y de aquella parte de la sentencia que declara sin lugar la demanda en cuanto se pide que se declare inexistente y extinguida la hipoteca constituida para el pago de la obligación contraída por José Moisés Colón.

Sostiene la parte apelante que la obligación principal garantizada por hipoteca es una obligación mercantil que seextingue y muere por prescripción a los tres años de vencida,, extinguiéndose también la hipoteca.

A nuestro juicio esta contención no puede sostenerse. La. hipoteca se establece sobre la cosa y no sobre el crédito personal. La ley fija un término de veinte años para la pres-cripción de la acción hipotecaria. Dice Morell en el toma 4, pág. 74, de su obra sobre “Legislación Hipotecaria”:

“ ‘La hipoteca — como dice Aragonés — produce una acción que es el derecho en movimiento, y esta acción se consideraba en nuestro Derecho como de naturaleza mixta, asignándole los autores una vida legal de treinta años.’
“La ley Hipotecaria fijó su duración en veinte años, por lo que se afirmaba su naturaleza personal. El Código Civi] establece que la acción personal dura quince años, y la acción hipotecaria, veinte (art. 1964). La acción al dirigirse contra la finca es real, y n'o al-tera su naturaleza el hecho de prescribir a los veinte años y no a los treinta. Como dice Barraehina, las servidumbres prescriben tam-bién a los veinte años, y no cabe duda alguna de que se trata de una acción real.”

En la exposición de Motivos de la Ley Hipotecaria de 1861 se dice que la hipoteca es un verdadero derecho real adherido al cumplimiento de la obligación a que sirve de ga-rantía y que signe siempre a la cosa hipotecada, cualesquiera que sean las manos a, que pase, y a pesar de los cambios que. ocurran en la propiedad que grava. G-alindo, Legislación Hipotecaria^ tomo primero, pág. 112.

En el párrafo que copiamos a continuación, tomado tam-bién de la Exposición de Motivos, se expresa aun con mayor claridad el carácter de la hipoteca y las relaciones del acreedor con el deudor y con la finca gravada:

“Para conocer la importancia y necesidad del sistema adoptado por la Comisión, debe tenerse en cuenta que el fin de la legislación hipotecaria es asentar el crédito territorial en la base de la seguridad de la hipoteca y del pago de lo ofrecido. El que presta con hipo-teca, más bien que a la persona, puede decirse que presta a la cosa; el valor de la finca hipotecada es la causa, porque entra en la obli-gación; el deudor es sólo el representante de la propiedad; al pres-tamista nada le interesan ,el crédito, el estado de fortuna, las cuali-dades morales de la persona a quien da su dinero, porque para nada las tiene en cuenta; lo que le importa es que la finca baste a reinte-grarle en su día de lo que dió. Su crédito no es un crédito personal, es un crédito real, no depende de la persona del deudor, no está su-jeto a sus vicisitudes; lo que importa al acreedor es que la hipoteca no desaparezca: adherido, por el contrario, su crédito a la finca, no se altera por la pérdida del crédito personal de su dueño.”

El comentarista Manresa se expresa así:

“Prescripción por término de veinte años. — Por. dicho término prescribe la acción hipotecaria. Precepto es éste que se halla en un todo conforme con lo establecido en el art. 128 de la ley Hipotecaria vigente, reproducción del 134 de la anterior.
“El mayor plazo fijado para la prescripción de esta clase de ac-ciones, con relación a las meramente personales, se funda, como desde luego se comprende, en la naturaleza especial de aquéllas, las cuales exigían dicho aumento como Compensación a la garantía hipotecaria ofrecida por las mismas y perdida por la prescripción extintiva. Sin embargo, en algún Código, como sucede en el de Guatemala, el plazo de prescripción de la acción para el cobro de una deuda ase-gurada con hipoteca es el de quince años. En cambio, el de Uruguay y otros exigen el lapso de treinta años.” Manresa, 12 Código Civil Español, edición de 1921, pág. 925.

Opinamos qne onado se lleva a cabo nn préstamo asegu-rado por hipoteca, la acción personal se refunde en la acción real hipotecaria. En realidad los préstamos a qne sirve de garantía la hipoteca son de carácter personal y si interpretá-ramos que al prescribir la acción personal la acción hipote-caria muere por inexistencia de la obligación principal, no podría aplicarse prácticamente la prescripción de veinte años y el legislador habría realizado, al fijarla, nn acto inútil. La jurisprudencia americana coincide con este criterio en el ex-tremo de que la garantía hipotecaria responde de la deuda, irrespectivamente de la acción personal. Esta jurisprudencia se basa principalmente en que, aunque la acción personal no pueda hacerse efectiva por la prescripción, sin embargo la deuda no se extingue y queda sujeta a la hipoteca. Conway v. Caswell, 48 S. E. 957; Downey v. Mariority, 81 Conn. 842.

Además, cuando se lleva a cabo un préstamo asegurado por hipoteca, el acreedor tiene derecho a todas las garantías que puedan favorecerle, y una de ellas es que su crédito no prescriba mientras no hayan transcurrido los veinte años que fija la ley para la prescripción de la acción hipotecaria.

Alega la demandante que la corte erró al resolver que la obligación cuyo cobro perseguía Albert E. Lee & Son a través del procedimiento hipotecario no era una obligación futura en relación con el otorgamiento de la escritura de hipoteca que la garantizaba, y que la misma no puede perjudicar a la demandante, que es un tercero. Arguye la apelante que garantizando la hipoteca obligaciones futuras, no podía perjudicar a tercero, por razón de no haberse hecho constar en el registro la contracción de la obligación futura.

Opinamos que la corte inferior no cometió el error que se le atribuye. Con fecha 5 de agosto de 1924, José Moisés Colón reconoció deber a la mercantil Finlay, Waymouth & Lee, Inc., la cantidad de $3,000, sobre los que se obligó a pagar intereses al 10 por ciento anual por el término de un año, vencedera el día 5 de agosto de 1925. Esta es la obligación contraída por el deudor y ésta fué la obligación ratificada por escritura pública en 9 de agosto de 1924, y aunque el deudor convino en firmar un pagaré a vencer en determinada fecha, para sustituirlo por otro basta suscribir el último, que vencería en 5 de agosto de 1925, o sea la fecha que se convino al contraerse la deuda desde el primer mo-mento, la verdad es que se trata de los mismos $3,000 y de la misma obligación que desde el 5 de agosto de 1924 se com-prometió a pagar José Moisés Colón en 5 de agosto de 1925. Es claro que no se trata de una obligación futura que no hubiese nacido cuando José Moisés Colón reconoció la deuda, sino de una obligación específica, con vida real y positiva en el acto en que se contrajo la obligación y se otorgó la escri-tura. En cuanto a la alegación de la demandante de que es un tercero que no puede ser perjudicado, baste con decir que la hipoteca se inscribió con los más amplios detalles en el registro de la propiedad, según consta de la certificación del registrador que obra en autos.

Alega por último la demandante que la corte inferior erró y abusó de su discreción al no imponer las costas, gastos y honorarios de abogado de este litigio a los- demandados.

La corte inferior, en sus conclusiones de hecho, declara que la demandada Albert E. Lee & Son tenía conocimiento del embargo y de la venta del inmueble a favor de Santini Fertilizer Co., y también del error en que había incurrido el registrador con anterioridad a la iniciación del procedimiento ejecutivo. Este procedimiento se llevó a cabo sin haber sido notificada la demandante, Santini Fertilizer Company, dueña entonces del mencionado inmueble. La corte inferior declara nulo el referido procedimiento ejecutivo hipotecario. Albert E. Lee & Son negó en su contestación bajo juramento, por falta de suficiente información y creencia, que la demandante adquiriera la finca objeto de este litigio en ejecución de sen-tencia o por algún otro procedimiento o pleito, alegando en contrario que en el supuesto de que esto fuese cierto, tal título es nulo en cuanto a la finca que fué objeto de la hipo-teca. Se deduce de los autos y de las conclusiones de hecho de la corte inferior qne Albert E. Lee & Son, a sabiendas de qne la finca no pertenecía a José Moisés Colón, en la fecha en qne se inició el procedimiento ejecutivo, no se cuidó de notificar a Santini Fertilizer Co. Es verdad qne en la de-manda, además de la nulidad del procedimiento ejecntivo, se pide qne se declare inexistente el crédito hipotecario, pero no es menos cierto qne Albert E. Lee & Son se opuso a la nulidad del procedimiento ejecntivo qne inició y ultimó sin notificar a la demandante y solicitó qne se declarase sin lugar en todas sus partes la demanda. Hemos estudiado detenida-mente la prueba y las conclusiones de la corte inferior y creemos que ésta debió ejercitar su discreción, condenando en costas a la demandada Albert E. Lee & Son.

Por las razones expuestas debe confirmarse la sentencia apelada, con la única modificación de condenarse en costas a la demandada Albert E. Lee & Son.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

text:
    En Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Angel Oquendo, acusado y apelante.
    No. 4919.

    Sometido: Diciembre 7, 1932.

      Resuelto: Diciembre 13, 1932.

      Jose E. Días, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Angel Oquendo fné declarado culpable por la Corte de Distrito de Areeibo del delito de portar armas prohibidas. Contra esta sentencia interpuso recurso de apelación, atri-buyendo a la corte inferior tres errores, que en realidad se reducen a uno solo, porque únicamente se discute en ellos la apreciación de la prueba. La prueba de la acusación sostiene que el acusado portaba ostensiblemente un revólver en el bolsillo de atrás del pantalón. La prueba de la defensa tiende a demostrar que al acusado no se le ocupó ningún revólver.

Según el testimonio del testigo Cándido Cacho, el acusado, en las primeras horas de la noche del día 5 de febrero de 1932, y en la calle Quiñones esquina a la de Baldorioty, del pueblo de Manatí, portaba un revólver “Smith.” en forma ostensible y visible. Dice Cacho que vió al acusado portando el revólver y se lo ocupó, después de informarse de que dicho acusado no tenía licencia para portar armas. El Sr. Cacho llamó al cuartel de la policía y de allí enviaron al policía Yaledón, quien llegó al sitio del suceso y recogió de manos del testigo el revólver “Smith”.

Valedón declara que preguntó al acusado si tenía licencia para portar el revólver y que dicho acusado le contestó que no, agregando. que era empleado y guardián de la casa del Sr. Morán y que no tenía licencia. A este testigo se le pre-guntó si había manifestado al Lie. José E. Díaz que el acu-sado nunca aceptó que el arma fuera de él y respondió que dicho acusado negó los hechos a presencia del Jefe de la Policía en el cuartel. El Lie. Díaz declaró que Yaledón le dijo que el acusado negó que portaba un revólver. La de-claración de este policía y sus manifestaciones al Lie. Díaz no se contradicen. Valedón, cuando ocupó el revólver, pre-guntó al acusado si tenía licencia y éste le contestó que no. Cualquiera que sea la interpretación que pueda darse a esta contestación, el policía no podía decir que el acusado le dijo que portaba el revólver. Luego, en el cuartel, Oquendo negó los hechos ante el Jefe de la Policía. El policía Yaledón se ajustó a la verdad criando dijo que el acusado negó que portara el revólver.

Los testigos de la defensa declaran que no vieron revólver alguno al acusado. José López dice, entre otras cosas, que estaba en el balcón de su casa y que desde allí vió que el Juez Cacho le entregó un revólver al policía Yaledón y que no puede asegurar si Cacho se acercó en algún momento al acusado; que después que llegó el policía el acusado se acercó, cuando lo llamaron. Ramón Menéndez declara entre otras cosas, que vió que Cándido Cacho llamó al policía Yale-dón, se sacó del bolsillo de atrás un revólver y se lo entregó, y que el acusado se acercó donde estaba el Juez Cacho cuando lo llamaron. Adolfo Morales declara, entre otras cosas, que vió cuando llegó el policía Yaledón llamado por el Juez; que no vió a Oquendo acercarse a Cacho en ningún momento; que sabe que Cacho llamó al policía Valedón pero no puede decir si le entregó o dejó de entregar el revólver, que el testigo se encontraba bastante cerca del sitio donde estaban Cacho y Oquendo. El acusado declara, entre otras cosas, que vió cuando Cacho se sacó un revólver del bolsillo de atrás, que lo entregó al policía Yaledón y que entonces Yaledón llamó al acusado, manifestándole- que el Juez Cacho le había entregado el revólver diciéndole que se lo había ocupado a él, y que en ningún momento se acercó al Juez Cacho antes de llegar Yaledón. Los testigos José Morán y Deogracias Rodríguez no presenciaron los hechos.

Esta es la prueba practicada. No surge de los autos que la corte inferior actuara en la apreciación de la misma movida por un sentimiento de parcialidad, pasión o prejuicio. Es la corte sentenciadora la llamada a apreciar la prueba apor-tada y nosotros debemos respetar su apreciación, a menos que existan razones que justifiquen nuestra intervención, de acuerdo con la jurisprudencia constantemente sostenida por este tribunal.

Alega además el acusado que, aun asumiendo que se le hubiese ocupado el revólver el día de autos, no sería culpable del delito imputado, porque dicbo acusado se bailaba celando y cuidando los almacenes de tabaco de Ramón Morán & Cía., como empleado o celador.

La doctrina establecida en los casos de Bosch y Rodríguez (El Pueblo v. Eloy Bosch y El Pueblo v. Encarnación Rodríguez, resueltos ambos en los primeros días del mes de gulio de 1932, 43 D.P.R. 741 y 749, respectivamente) citados por el acusado, no es aplicable al presente caso. La prueba del acusado tiende a demostrar que no portaba arma alguna. El mismo acusado declara que Cacho se sacó del bolsillo el revólver y se lo entregó al policía. En los casos de Bosch y Rodríguez se aceptó por los acusados la portación del arma y se demostró por la prueba su condición de celadores. No concurren en este caso las mismas circunstancias que en aquellos casos concurrieron. Angel Oquendo, aun asumiendo que fuese celador, no se encontraba dentro de la finca ni fuera de ella en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con la prueba practicada. En este caso se trata sencillamente de la portación de un arma en plena calle, y es evidente que el acusado no tenía derecho a portar el arma que se le ocupó en estas condiciones.

Por las razones expuestas debe confirmarse la sentencia apelada.

Los Jueces Presidente Señor del Toro y Asociado Señor Aldrey están conformes con la sentencia.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Agueda Capó Vázquez, demandante y apelante, v. Santiago A. Panzardi & Co., S. en C., René Cintrón y Ventura Barnés, éste en su carácter de Márshal de la Corte Municipal de Ponce, P. R., demandados y apelados.
    No. 5847.

    Sometido: Diciembre 6, 1932.

      Resuelto: Diciembre 14, 1932.

      F. Colón Díaz, abogado de la apelante; Totes Soto é Zapater, abo-gados de Santiago A. Panzardi & Co., S. en C., apelada.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En pleito qne siguiera Santiago A. Panzardi & Go., S. en O., contra René Ointrón Parra en cobro de pesos, embargó como de la propiedad del demandado el automóvil Oldsmobile licencia No. 4707. Entonces Agueda Capó Vázquez inició este pleito contra Panzardi reclamando como suyo el indicado auto. Panzardi contestó alegando en resumen cine el ver-dadero dueño del automóvil era Cintrón por ser simulado el traspaso qne de él bizo a su esposa Carmen Capó Vázquez y el de ésta a su hermana la demandante Agueda.

Fue el pleito a juicio practicándose una larga prueba por ambas partes. La corte lo falló en contra de la demandante, con costas, pero sin incluir en ellas los honorarios de abogado.

Apeló la demandante para ante este tribunal. En su ale-gato señala la comisión de seis errores.

El primero se formula con motivo de haber permitido la corte la declaración del testigo Rene Cintrón sobre otras transacciones que nada tenían que ver con la que está envuelta en este caso.

A nuestro juicio no existe el error. La parte demandada que presentó el testigo explicó que se trataba en verdad de transacciones distintas pero coetáneas a la de este caso que revelaban el propósito común de defraudar al acreedor siendo por tanto admisibles como evidencia circunstancial para probar el fraude, invocando el artículo 53, párrafo 13 de la Ley de Evidencia. Y sobre esa base fue que se permitió la práctica de la prueba.

Cuando el testigo terminó de declarar se pidió la elimi-nación de su testimonio porque constituía evidencia oral de contratos que se consignaron por escrito. No accedió la corte, y su resolución se señala como el segundo error.

Panzardi, que no era parte en los contratos, preguntó al propio Rene Cintrón que los había celebrado, sobre las circunstancias que concurrieron en los mismos. No hubo error. En el caso de Nicorelli v. López, 26 D.P.R. 55, esta corte dijo:

“No puede admitirse prueba ora] para Contradecir, variar, añadir o quitar de los términos de un documento válido. Esta regla no es aplicable cuando la controversia es entre una de las partes del con-trato y otra persona que no es parte ni Copartícipe en el mismo.”

Además como se ha indicado aquí se trataba de probar un designio común de fraude y el caso cae en tal virtud en una de las excepciones a la regla que invoca la apelante.

En Morales v. Franco, resuelto en noviembre 22 último, (ante, pág. 66) esta corte, por medio de su Juez Asociado Sr. Hutchison, se expresó así:

“No es éste el caso típico de una parte que, mediante evidencia oral, trata de variar los términos de un contrato escrito bajo el mero pretexto de que no lo leyó. Se trata de un caso de simulación o fraude deliberados, bien establecidos no sólo por la declaración del demandante sino también por todas las circunstancias que rodearon la transacción.”

Los cuatro errores restantes deben estudiarse conjunta-mente. Sostiene la apelante que la corte erró al concluir: 1, que no quedó consumada la venta porque no hubo entrega del automóvil; 2, que la venta fué hecha sin que mediara precio y en fraude de acreedores; 3, que se hizo una dona-ción de marido a mujer que es nula de acuerdo con la ley, y 4, que la prueba fué altamente contradictoria debiendo el conflicto resolverse en contra de la demandante.

Para fundar su sentencia, dijo, en parte, la corte de dis-trito :

“La evidencia en este caso, en cuanto a quién era el verdadero y legítimo dueño del automóvil cuando éste fué embargado por el Márshal de la Corte Municipal, ha sido altamente contradictoria, pues mientras la demandante Agueda Capó y sus testigos han declarado que el día del embargo (21 de junio de 3930) el automóvil recla-mado estaba en posesión de la dicha reclamante Agueda Capó Váz-quez, por el contrario los testigos del demandado declararon que dicho automóvil estuvo hasta el día 23 de junio de 1930, en que fué embargado por el Márshal, bajo el control y en posesión del deman-dado René Cintrón. Los testigos que declararon a favor de la de-mandante fueron la propia demandante, Agueda Capó Vázquez, su hermana Carmen Capó Vázquez de Cintrón, su cuñado René Cintrón y el primo de este último José Sánchez Parra. Los testigos que de-clararon a favor de -la parte demandada, excepto el señor Joaquín Pon Jr., gestor de S. Panzardi & Co., S. en C., son personas que no tienen ningún interés aparente en este casó. La Corte encuentra que la. preponderancia de prueba está a favor de la parte demandada y en tal sentido resuelve el conflicto de la evidencia. (Art. 162 No. o de la Ley de Evidencia). De toda la evidencia presentada por ambas partes, y apreciada en conjunto, resultó probado satisfacto-riamente que no hubo trasmisión o venta del automóvil a favor de Agueda Capó Vázquez, toda vez que no hubo la tradición o entrega del automóvil y por tal motivo nó quedó consumada la venta; por-que para que una venta de bienes muebles quede consumada, la cosa vendida debe ser entregada. (Arts. 1364, 1365 y 3366 del Código Civil). Si hubo la venta a favor de Agueda Capó Vázquez, dicha venta fué hecha sin mediar precio cierto o consideración y en fraude de acreedores. (Art. 1284 del Código Civil; Santini vs. Burgos, 34 13. P. R. 869). Si se bizo una donación por Rene Cintrón a su es-posa Carmen Capó, tal donación es nula de acuerdo con el artículo 1301 del Código Civil; y siendo nulo el título de la donataria Carmen Capó de Cintrón, ésta no pudo trasmitirlo legalmente a Agueda Capó.”

Sostiene la apelante que la corte dejó de aplicar el artículo 1352 del Código Civil, ed. 1930, porque la cosa vendida se entiende también entregada por la entrega de las llaves del lugar en que se halle guardada. La corte no sólo se refirió al artículo 1351, ed. 1930 que dice: “Se entenderá entregada la cosa vendida cuando se ponga en poder y posesión del comprador ’ ’, si que también al 1352, ed. 1930. Juzgando toda la prueba, incluso la de la llave, fué que la corte concluyó que no se había demostrado la trasmisión.

Al discutir en su alegato la cuestión de la donación del marido a la mujer, afirma la apelante que no hubo donación alguna.

Declarando Eené Cintrón dijo:

“P. — ¿Usted no hizo el traspaso de la licencia expedida a favor de usted por el Departamento del Interior en mayo siete de mil no-vecientos veintiocho, a favor de su esposa en julio dos de mil nove-cientos veintiocho? — R.—Sí, señor. — P.—¿Entonces usted traspasó ese carro a favor de su esposa? — B.—Sí.—P.—¿Por qué precio? — R.— ¿Por qiié qué? — P.—¿Cuánto le pagó su esposa a usted? — R.— ¿Cuánto me pagó? A mí, nada. Fué un regalo que yo le hice a ella; quise halagarla con eso.”

No obstante lo claro y terminante de esa declaración, la apelante insiste en que el traspaso de la licencia no significa una donación del automóvil. Alega que éste siguió pertene-ciendo a la sociedad de gananciales.

Como esa conclusión aislada pudiera perjudicarle la com-pleta con la de que la venta del auto se la hizo la sociedad de gananciales actuando la esposa por estar a nombre de ella la licencia pero encontrándose presente en-el acto de la entrega del dinero el marido, que asintió. Se refiere a las páginas 115 y 116 de la transcripción. Bn ellas encontramos parte de la declaración del marido que es como sigue: .

“P. — 4 El día diez y siete de junio de mil novecientos treinta, doña Agueda Capó estuvo en su casa? — R.—Estuvo en mi casa. — P. —-¿Se practicó alg'o, se hizo algo entre ustedes allí? — R.—Sí. Perso-nalmente ]a transferencia que le hizo mi señora a la señora Agueda Capó. — P.—¿Usted personalmente lo observó eso? — R.— Sí.' — P.—¿Estaba usted presente? — R.—Estaba yo presente. — P.— ¿Qué se dijo allí? — R.—Me dijo mi esposa, me explicó que no se p'o-día pagar y le debía a su hermana. — P.—¿ITsted estaba delante? — ■ R. — Sí. Estaba delante. . . . Ella le entregó, mi cuñada entregó a mi esposa trescientos dólares en billetes de banco; mi esposa le firmó la licencia e hizo el traspaso, y entonces mi cuñada hizo lo demás.— Demandante :• — P.—¿ Usted vió la entrega de ese dinero ? — R.—Sí, se-ñor. La vi. ’ ’

El marido donó. ¿Pudo hacerlo? No pudo de acuerdo con el artículo 1286 del Código Civil, ed. 1930, que dispone:

“Artículo 1286. — Será nula toda donación entre los cónyuges du-rante el matrimonio.
“No se incluyen en esta regla los regalos módicos que los cónyu-ges se hagan en ocasiones de regocijo para la familia.”

En sus comentarios al artículo 1354 del Código Civil Español, igual al 1286 del nuestro, Manresa estudia su origen y la razón de la regla que contiene con su acostumbrada com-petencia y claridad y termina diciendo:

“Las donaciones entre cónyuges son, pues, nulas por regla general. Quiere esto decir que legalmente n'o existen. No se trata, en nuestra opinión, de un acto anulable a voluntad del donante, sino de un acto inexistente, porque declararlo anulable equivaldría a dejar el cum-plimiento de la ley a merced de la voluntad de los mismos cónyuges que la quebrantasen, quedando válidas las donaciones prohibidas por el no ejercicio de la acción durante cuatro años, lo cual es un ab-surdo.” 9 Manresa. Comentarios al Código Civil, 267.

Si no puede reconocerse existencia legal a la donación que hizo el marido a la esposa en este caso fuera de la es-fera del regalo moderado que pudo ofrecerle dentro de la situación económica en que se encontraba puesta de manifiesto por los autos, claro es que la esposa no pudo vender el auto a su hermana. Y la venta tal como la describe el' marido y la propia demandante no fue hecha por la esposa á nombre de la sociedad de gananciales, sino por la esposa actuando independientemente. Conocemos lo que dijo el marido. Oiga-mos ahora a la propia demandante. Dijo:

“Mi hermana Carmen necesitaba doscientos pesos y fué a casa allá a San Germán a pedirlos a mi mamá, mi mamá en ese momento le dijo: 'Yo no tengo dinero; aquí la única que tiene dinero es Agueda. ’ Entonces mi hermana Carmen me dijo: ‘ ¿ Tú no tienes dinero que me quieras prestar para unas necesidades?’ Y yo le dije: ‘Yo tengo un dinero que he ahorrado, que lo necesito porque lo es-toy reuniendo para un viaje. ’ Entonces cogí y le presté los doscien-tos pesos, y se los di; los llevé y se los conté, y se los di; en algu-nas monedas y algunos billetes, le di los doscientos pesos. Luego, después como usted sabe, yo estaba reuniendo para un viaje ese dinero, vine a Ponce a buscar el dinero porque lo necesitaba, y entonces ella me dijo que el diner'o no lo tenía. . . . Después que vine — vine a Ponce, y entonces vine decidida a comprar el carro; y le dije a mi liermana — le traje los trescientos pesos, y le dije que yo aceptaba la compra del carro; y entonces el diez y siete de junio yo le entregué los trescientos pesos, y ella me hizo el traspaso del carro.”

Pero aceptando que la venta a la demandante hubiera sido hecha por la sociedad de gananciales, sabemos qne apreciando la prueba practicada decidió la corte de distrito qne no tuvo tampoco existencia legal por simulada y hecha en fraude de acreedores, y analizada esa prueba no nos sentimos justifi-cados para alterar el juicio de dicha corte que estaba en mejores condiciones que nosotros para juzgar sobre la cre-dibilidad de los testigos.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    J. Octavio Seix & Co., Inc., demandante y apelante, v. Brockway Motor Truck Corporation of P. R. y Andrés Medina, demandados y apelados.
    No. 5638.

      Sometido: Marzo 8, 1932.

      Resuelto: Diciembre 16, 1932.

      F. Colón Díaz, abogado de la apelante; Molina, Bubón & Ochoteco, abogados de la corporación apelada.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

J. Octavio Seix & Co., Ine., efectuó nna venta condicional de vehículos de motor marea “Brockway” a Andrés Medina. La Brockway Motor Truck Corporation, para recobrar la suma de $1,420.44 en nn pleito ordinario incoado contra Andrés Medina, embargó dichos vehículos de motor como per-tenecientes al citado deudor Medina. La aludida J. Octavio Seix & Co., Inc., radicó nna tercería para recobrar dichos vehículos. La Brockway Motor Truck Corporation, la acree-dora que había embargado, excepcionó la demanda y la Corte de Distrito de San Juan sostuvo la excepción.

En la petición o demanda de J. Octavio Seix & Co., Inc., nada se dijo respecto a que el comprador Medina dejara de pagar los plazos adeudados por concepto de la venta condi-cional. La teoría de la tercerista, según revela sn demanda, es exclusivamente r que el título a la propiedad permaneció, y permanece, en J. Octavio Seix & Co., Inc.

La tercerista permitió que se dictara sentencia basada en la excepción, y en la apelación interpuesta el único error señalado''es el siguiente:

“Erró la Corte de Distrito de San Juan, al declarar con lugar las excepciones previas formuladas contra las demandas de tercería, de acuerdo con la jurisprudencia en lbs-casos de Montalvo v. Valdivieso, 38 D.P.R. 545 y de De Gracia v. Guardiola, 38 D.P.R. 573, por los fundamentos de que el verdadero dueño de los automóviles es el comprador condicional y nO la vendedora J. Octavio Seix & Co., Inc.”

La apelante sostiene qne la doctrina de los casos citados es qne el comprador tiene nn títnlo suficiente para incoar pleitos contra terceros, pero en efecto qne en lo qne concierne a las partes qne intervinieron en la venta condicional original, el vendedor tiene un títnlo superior. El caso de Commercial Credit Co. v. Soto, 41 D.P.R. 397, se cita como análogo.

Ese fue un caso en que el punto esencial resuelto fue qne un acreedor que embargaba no era un tercero respecto a los derechos existentes entre las partes en una venta condicional y que los derechos de tal acreedor no eran superiores a los dél deudor. '

Por consiguiente, nos sentimos obligados a resolver que el comprador en una venta condicional tiene un título o interés suficiente en los bienes para permitir.que uno de sus acree-dores efectúe un embargo, especialmente cuando no se de-muestra que el deudor ha dejado de pagar o que el acreedor ha dado algún paso tendente a que el título vuelva a su poder.

La apelada admitió que el gravamen del vendedor no quedó sin efecto por el embargo. Nos abstenemos de consi-derar cuáles hubiesen sido los derechos de la apelante si hubiese tratado de proteger su gravamen.

Debe confirmarse la sentencia.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelante, v. Pedro P. Pagán, acusado y apelado.
    No. 4815.

    Sometido: Noviembre 16, 1932.

      Resuelto: Diciembre 16, 1932.

      B. A. Gómez, Fiscal, abogado del El Buéblo, apelante; A. Beyes Delgado, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El fiscal apela de una sentencia' de la corte de distrito declarando con lugar una moción de nonsuit y absolviendo al acusado. La ley que permite apelaciones a este tribunal, dispone:

“El -ministerio público puede establecer apelación.:
“1. De una providencia desestimando la acusación.
“2. De una sentencia a favor del acusado eu virtud de excepción perentoria puesta a la acusación.
“3. De una providencia, concediendo la celebración de nuevo juicio.
“4. De una providencia declarando el sobreseimiento provisional.
“5. De una providencia dictada después de pronunciado el fallo, que afecte los derechos sustanciales del ministerio público.
“6. De una 'orden del tribunal al jurado mandando que éste pro-nuncie veredicto a favor del acusado.” Artículo 348 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

Una apelación es asunto de pura concesión legislativa, y debe ser- autorizada específicamente. No creemos que una. orden sosteniendo un nonsuit y poniendo en libertad al acu-sado puede ser revisada mediante-apelación. Pueblo v. Allan, 17 D.P.R. 38; Pueblo v. Martínez, 15 D.P.R. 744; Pueblo v. Caguías, 7 D.P.R. 573. Por tanto, es’innecesario decidir la-cuestión respecto a si el acusado era reincidente.

Bebe desestimarse el recurso.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Ochoa Fertilizer Corporation, demandante y apelada, v. J. Octavio Seix, actuando como J. Octavio Seix & Co., demandado, y José J. Benítez, fiador, apelante.
    No. 5992.

    Sometido: Diciembre 12, 1932.

      Resuelto: Diciembre 16, 1932.

      González Fagundo & González Jr., abogados del apelante; J. Henri Brown, G. Ruiz Nazario, G. E. González y G. Benitez Gautier, abogados de la demandante y apelada.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del ' tribunal.

La parte apelada nos pide que desestimemos esta apela-ción por frívola.

En pleito seguido en la Corte de Distrito de San Juan por la corporación Ochoa Fertilizer contra Octavio Seix fueron embargados bienes del demandado para aseguramiento de la sentencia que se dictase, embargo que fue levantado por la fianza que con tal fin prestaron José J. Benitez y Arcadia B. de Seix. La sentencia condenatoria dictada contra el de-mandado está insoluta e incobrable en cuanto a él en cantidad de $9,516.40 más los intereses de $6,408.93 al 6 por ciento anual desde el 30 de abril de 1931.

A instancia de la demandante la corte inferior ordenó que el fiador José J. Benitez compareciera ante ella a exponer por qué no debía ser confiscada la fianza y ordenarse que en sus bienes fuese ejecutada la sentencia. Compareció ese fia-dor y alegó que la fianza es nula pero la corte por su juez Sr. Llauger dictó resolución en 19 de diciembre de 1931 de-clarando válida la fianza y señaló otro día para que el fiador mostrase causa para que la sentencia obtenida por la deman-dante no se hiciera efectiva en bienes de ese fiador. Este no compareció a esa vista y la corte por su juez Sr. de Jesús dictó resolución en 21 de enero de 1932 declarando confiscada la fianza y ordenando que la sentencia dictada a favor de la demandante se ejecute en bienes del fiador José J. Benitez. Contra esta resolución interpuso apelación dicho fiador, quien nos ha presentado la transcripción de los autos para la ape-lación y también su alegato en apoyo de sn recurso. Después se ha solicitado la desestimación de la apelación.

La lianza que motiva esta apelación, en lo fundamental, literalmente dice así: “Por tanto, nosotros, J. Octavio Seix, como principal, y Arcadia B. de Seix y José J. Benitez, como fiadores, y obligamos personalmente con todos nuestros bienes, presentes y futuros, para responder a la corporación demandante de la sentencia que pudiera recaer en este caso, con todos sus intereses y costas; siendo la condición de esta obligación que si la demandante obtuviere el todo o parte de lo que en su demanda solicita, esta fianza quedará en toda su fuerza y vigor basta que dieba sentencia fuere satisfecha; y de lo contrario quedará sin valor ni efecto alguno. San Juan, P. R., 4 de enero de 1928. (Fdo.) J. Octavio Seix, Principal. (Fdo.) Arcadia B. de Seix, Fiador. (Fdo.) José J. Benitez, Fiador.”

Los dos primeros motiyos de esta apelación se refieren a la fianza y en apoyo de ellos dice el apelante que es nula porque los fiadores no se obligaron a pagar a la demandante en caso de que no se encontraran bienes del demandado y que no es solidaria porque no lo dice la fianza, por lo que en el supuesto de que el apelante tuviera alguna responsa-bilidad por tal fianza, no puede ser condenado al pago de toda la cantidad y sería responsable solamente de una parte proporcional.

Opinamos que los términos de la fianza en este caso son suficientes para poder llegar a la conclusión de que el ape-lante se obligó con todos sus bienes a responder a la corpo-ración demandante de la sentencia que pudiera recaer en el caso en que fué prestada; y en cuanto a la solidaridad de la obligación del apelante diremos que ya ba sido resuelto por este Tribunal Supremo que las fianzas judiciales, como es la que el apelante firmó, son solidarias. Muriente v. Terrasa, 22 D.P.R. 738.

En cuanto al otro motivo del recurso carece, como los anteriores, de importancia, pues el hecho de que el juez que dictó la resolución apelada no fuera el mismo que declaró válida la fianza no anula la resolución recurrida.

La apelación debe ser desestimada por frívola.