text:
    Ciuró, Demandante y Apelante, v. Ciuró et al., Demandadas y Apeladas.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponee en pleito sobre declaratoria de herederos.
    No. 2718.
    Resuelto en diciembre 21, 1922.
    DiscbecióN Judicial — Enmienda del Juramento de la Contestación — Enmien-das Durante el Juicio. — La corte inferior permitió a la parte demandada enmendar el juramento de su contestación en el acto del juicio fundándose en que si bien dieta parte era culpable de negligencia nada indicaba que su propósito fuera demorar la tramitación del pleito! o que hubiera actuado de mala fe. Se resolvió: que dadas las razones en qué se fundó la corte no puede concluirse que abusara de su poder discrecional.
    Filiación — Alegaciones—Negación Específica. — En la demanda se alegaba que el demandante fué reconocido por an padre natural, y la contestación negó que hubiera sido reconocido como hijo naturál de dicho supuesto padre. Se resolvió: que interpretada esta última alegación liberalmente, de acuerdo con el artículo 122 del Código de Enjuiciamiento Civil, puede entenderse que niega específicamente la alegación de la demanda.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. D. Sepulveda.

    Abogados de las apeladas: Sres. G. Brunet y J. Tous Soto.

   El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

Bafael Ciuró Santiago expuso en la alegación segunda de su demanda que fué el único hijo procreado por Cristino Ciuró Ortega en unión natural con Ana Santiago, siendo am-bos solteros, sin que existiera impediente legal entre ambos, y que habiendo nacido el 11 de diciembre de 1869 fué reco-nocido por el citado Cristino Ciuró Ortega comq tal hijo suyo a los pocos meses de su nacimiento. En esto se funda para pedir que siendo un heredero forzoso y por haber sido pre-terido en la declaratoria de herederos de Cristino Ciuró Ortega hecha a favor de su viuda e hija legítima, respectiva-mente se declare su nulidad, y para pedir que se anule la par-tición que ellas hicieron de los bienes heredados y las ins-cripciones verificadas a su favor en el registro de la pro-piedad. Como la demanda fué jurada también la contesta-ción se juró y negó el hecho segundo de la demanda en todas sus partes y especialmente que el demandante fuera reco-nocido en forma alguna como hijo natural de Cristino Ciuró Ortega.

Celebrado el juicio la corte declaró, a instancia de las demandadas, que la prueba del demandante no sostiene las alegaciones de su demanda y dictó sentencia declarándola sin lugar. Contra ella interpuso el demandante este recurso de apelación.

Al comenzar el juicio en la corte inferior, dos años des-pués de haber sido presentada la demanda, el demandante pi-dió a la corte que dictase sentencia a su favor por las alega-ciones de la demanda, sin celebración de juicio, fundándose en que no existía contestación por ser nulo su juramento y porque el reconocimiento alegado en la demanda no fué ne-gado específica y. afirmativamente en la contestación. Ad-mitieron las demandadas que el juramento es nulo y pidieron permiso a la corte para enmendarlo, el que les fué concedido, fundándose la corte en que si bien el juramento es nulo y las demandadas han sido culpables de negligencia y descuido, sin embargo, nada hay en los autos que indique que las demanda-das han procurado obstaculizar o demorar la tramitación del pleito ni que procedan de mala fe, por lo que la resolución de la corte no ha de resultar en una sorpresa para el deman-dante y que, además, porque la alegación de la demanda re-ferente al reconocimiento hecho a favor del demandante está bien negada en la contestación.

Los motivos alegados en este recurso para que revoque-mos la sentencia apelada son los siguientes: primero, porque la corte abusó de su poder discrecional al declarar sin lugar su moción solicitando sentencia sobre las alegaciones; se-gundo, por haber declarado que las alegaciones contenidas en el hecho segundo de la demanda están bien negadas en la contestación; y, tercero, al declarar sin lugar la demanda por-falta de pruebas.

En cnanto al primer error alegado, no podemos concluir con el apelante en que la corte inferior usara indebidamente de su poder discrecional al permitir que las demandadas en-mendaran en el acto del juicio el juramento de su contesta-ción, pues las razones expuestas por la corte para autorizar la enmienda al juramento son suficientes para justificar esa concesión.

Argumentando el segundo motivo de error el apelante alegó que la contestación no niega el becho segundo de su de-manda porque exponiendo ésta que el demandante fue reco - nocido por Cristino Ciuró, lo que niega la contestación es que el demandado fuera reconocido en forma alguna como bijo. natural de Cristino Ciuró y que por esto no niega especí-ficamente el reconocimiento por Cristino Ciuró sino que fuera reconocido como tal bijo por otras personas.

El uso indebido de una proposición gramatical por otra no es suficiente en este caso para que declaremos que la con-testación dejó de negar específicamente el beebo segundo de la demanda, pues interpretando liberalmente esa alegación de la contestación, de acuerdo con el artículo 122 del Código de Enjuiciamiento Civil, puede entenderse que niega que el demandante fuera reconocido como bijo natural por su ale-gado padre.

El tercer motivo de error no lo argumenta el demandante basándose en que la prueba que presentó en el juicio fuera suficiente sino en que siendo insuficiente la contestación por las razones expuestas en el segundo motivo de error, la corte debió rechazar la moción de las demandadas para que deses-timase la demanda por falta de pruebas (nonsuit) y debió' dictar sentencia a favor del demandante.

Estimando nosotros con la corte inferior que la contestación es suficiente, no bubo error en admitir la moción de nonsuit de las demandadas.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro j Aso-ciados Wolf y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la resolución de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

license: Public Domain

text:
    González, Demandante y Apelante, v. Rivera, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en un procedimiento de injunction.

    No. 2670.
    Resuelto en diciembre 22, 1922.

      Injunction para Recobrar la Posesión — Solares Concedidos en Usueruoto por Municipios.' — A, dueño de una edificación levantada sobre solar cuyo usufructo concedido por el municipio babía inscrito, fué despojado por B, que ostentaba también una concesión de usufructo, de una parte del solar, sobre la cual construyó una casa que no ocupaba en totalidad la superficie usurpada. Se resolvió: que mediante el recurso de i/n,junction para reco-brar la posesión, provisto por la Ley núm. 43 de 1913, A puede recobrar aquella parte do la superficie usurpada que no está oeupada por el edificio levantado en ella por B con el conocimiento y sin protesta por parte de A.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Ly Mercader.

    Abogado del apelado: Sr. A. Brusi.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La corte inferior, después de celebrar un juicio sobre los méritos del caso, declaró sin lugar la demanda en solicitud de un injunction para recobrar la posesión de una propiedad inmueble por las razones que a continuación se expresan:

“Considero que el demandante no tiene acción o derecho para obtener el injunction que solicita. El obtuvo la concesión del terreno en usufructo, para construir sobre el mismo el Teatro Cine, que ha edificado, y en esta posesión no se prueba que haya sido perturbado por el demandado, quien a su vez, sobre otra porción de terreno del solar, obtuvo de la Asamblea Municipal de Hatillo la concesión del mismo en usufructo por tiempo ilimitado para construir una casa en las condiciones indicadas en la solicitud, lo que ha venido veri-ficando sin oposición alguna del demandante quien, según dice el testigo Luis Lamur, pasaba por allí todos los días sin decir nunca nada; manifestando también dicho testigo que allí no había cerca, sino unos postes muy separados.
“El objeto del injunction, que provee la ley No. 43 de 1913, en su sección Ia. es para recobrar la posesión material de la propiedad inmueble, cuando una parte demuestra que ha sido privada de dicha posesión material, y en el caso presente, si bien el demandante ha demostrado, ser dueño de la casa teatro y tener la posesión material de la parte del solar que ocupa el edificio de dicho teatro cine, no' así la posesión material del terreno en que se construye la casa por el demandado, el cual la tiene por el mismo concepto y con igual razón legal que el demandante posee la otra parte de terreno ocu-pada por el referido teatro.
“No es además el presente un caso propio de injunction para recobrar la posesión material de propiedad inmueble, que establece la ley No. 43 de 1913. El procedimiento establecido en esta ley, tiene por objeto, lo que su mismo epígrafe indica, el recobrar la posesión material de propiedad inmueble, correspondiendo, por tanto, al llamado juicio de interdicto para recobrar de la legislación es-pañola, pero el caso que se nos presenta en la demanda, no es un un caso de interdicto o injunction para recobrar, sino propiamente constituye, el llamado ‘Interdicto de Obra Nueva,’ que es un inter-dicto prohibitorio para que se suspenda la obra comenzada a edificar en terreno ajeno, y esta clase de interdictos no puede sustituirse con el procedimiento de la ley No. 43 de 1913, y a falta del interdicto de Obra Nueva, que no existe, en tal forma, enunciado en nuestra ley, tales casos requieren el procedimiento de un juicio declarativo, a fin de poderse en el mismo determinar los derechos de las partes de acuerdo con las disposiciones del Código Civil que regulan la materia referente a la edificación en suelo ajeno, de todos modos caso distinto del presente, en que el suelo no es propiedad sino usu-fructo de ambos.
“La finalidad’ del injunction objeto de este juicio, es recobrar la posesión material, lo cual en este caso equivaldría a demoler lo edi-ficado, y ello implicaría una declaración de derecho que requiere un juicio declarativo.”

El peticionario había estado en posesión desde bacía unos . dos años j tenía inscrito su título en el registro, de la pro-piedad. El teatro está situado en la esquina del solar con frente al oeste. La faja de terreno en controversia parece haber estado en uso continuo en relación con el funciona-miento del teatro. Por detrás estaba ocupada por depen-dencias exigidas por el departamento de Sanidad. Una pali-zada que marcaba la colindancia del norte fué destruida por el demandado. El peticionario explica la falta de una pali-zada a través del frente diciendo que se le exigió conservar abierto este espacio .en toda la extensión del edificio como salida en casos de emergencia. El becbo de que no protes-tara por la construción de una casa desde el principio lo ex-plica la manifestación adicional de que el peticionario se en-contraba enfermo cuando el trabajo comenzó. El testigo Luis Lamur es el carpintero empleado para construir la casa por su dueño.

Para los fines de esta opinión, sin embargo, aceptamos la conclusión de la corte inferior de que el peticionario no bizo ninguna protesta a la edificación de la casa.

La crisis surgió cuando el dueño de la nueva construcción, un policía insular, requirió al peticionario para que quitara las dependencias que están en el fondo. Contra esto se dijo que el demandado podría sacar su casa que estaba en vías de construcción. El demandado entonces colocó los postes para una palizada que cerraría el paso del teatro a las dependen-cias. El peticionario entonces estableció éste procedimiento.

Claramente que la corte sentenciadora no tuvo en cuenta la enmienda de 1917 haciendo extensivo el remedio de injunction a fin de comprender casos que no estén previstos en la ley de 1913 como fué originalmente decretada. Ni según apa-rece, se le ocurrió al juez sentenciador que la posesión de una parte de la faja en controversia podría ser devuelta a la po-sesión del peticionario sin perjuicio o injusticia para el de-mandado.

Estamos satisfechos de que no se demostró una oposición tal a la fabricación de la casa que dé derecho al peticionario al remedio mediante la devolución del terreno realmente ocu-pado de tal modo. La ley aquí invocada tiene por fin pro-teger a aquellas personas que lian sido privadas de la pose-sión sin su conocimiento o consentimiento, o que son amena-zadas con semejante despojo o perturbadas en alguna otra forma. No puede permitirse a nadie que permanezca en si-lencio mientras se construye una casa en su terreno con su conocimiento o consentimiento tácito y que cuando la fabrica-ción está para terminarse exija a una córte de justicia que le dé posesión inmediata del mismo por medio de este procedi-miento sumario que excluye toda cuestión de título o dere-chos superiores en equidad. Por otra parte, nadie aún cuando sea un policía insular, puede exigir que su vecino le-vante una construcción que le molesta del terreno del cual está realmente en posesión dicho vecino y al negarse a cum-plir con tal petición proceda a cercar el terreno así ocupado. De sostenerse otra cosa se obligaría al que de tal modo ha sido despojado a soportar la carga de demandante en una acción en la cual tiene derecho a los beneficios consiguientes al puesto más fácil y seguro de demandado. El fin general si no el principal de la ley de 1913 fué impedir que se obtu-viera semejante ventaja indebida y dicha ley se adapta ad-mirablemente a ese objeto.

La cuestión de título o derechos superiores o iguales por razón de títulos contradictorios no está envuelta.

El peticionario estaba en posesión material del terreno en controversia. Esa posesión la acreditaba una palizada a lo largo de uno de los lados, un teatro-cine en el otro con salidas por la faja en disputa y dependencias en la parte del fondo utilizadas de noche si no de día por los concurrentes al tea-tro. El propio demandado declaró que los postes que él co-locó y a que se refiere el juez sentenciador eran postes de pa-lizada y que su intención fué terminar dicha palizada. Pri-var al peticionario de éstas dependencias exigidas por la ley o los reglamentos de sanidad que tienen fuerza de ley, podría por lo menos equivaler a la clausura de su teatro por las au-toridades sanitarias.

Debe revocarse la sentencia apelada y en su lugar orde-nar la de esta corte la completa protección del peticionario en su libre posesión, uso y disfrute de aquella parte de la faja en controversia que no esté ocupada por el edificio le-vantado en ella por el demandado.

Revocada la sentencia, apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Sb. Wolp,

text:
    Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, Demandante y Apelado, v. Rossy & Co., Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez . en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 2696.
    Resuelto en diciembre 22, 1922.
    Letras de Cambio — Agencia—Causa de Acción — Demanda Insuficiente. — La demanda en este caso se fundó en una letra de cambio aceptada por deter-minada persona a nombre de la demandada, que es una corporación, sin ale-garse que dicha persona era su oficial o agente debidamente autorizado. Por-mulada excepción previa, fué declarada sin lugar. Se resolvió: que erró en ello la corte inferior pues ninguna persona, natural o jurídica, puede que-dar obligada por los actos de otra a menos que su autoridad aparezca con-ferida por alguno de los medios reconocidos por la ley; y careciendo la de-manda de alegación en ese sentido debió declararse con lugar la excepción previa. Quaere: si es necesario el protesto de una letra de cambio para obli-gar respecto de ella a quien la aceptó.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: \Sres. F. Otero Rivera y M. F. Rossy.

    Abogado del apelado: Sr. A. A. Vázquez.

   El Juez Asociado Sb. Wolp,

emitió la opinión del tribunal.

Formulada la excepción previa a una demanda sostiene el apelante que la corte inferior incurrió en error al declararla sin lugar. Alega la demanda que fué presentada para su aceptación una letra de cambio a Rossy y Co., que es una corporación y la demandada en la corte inferior, y que dicha demandada aceptó la letra en esta forma: “Aceptado — Sep-tiembre 14, 1920. — (Firmado) Rossy y Co., por Wm. Rossy.” Es ley muy conocida que una corporación actúa primera-.mente por medio de sus oficiales y en cierto modo subsidia-riamente por sus agentes debidamente autorizados. En la demanda no hay nada que muestre que Wm. Rossy era un ofi-cial de la compañía demandada o un agente debidamente au-torizado. Como contestación a este alegado error el apelado meramente dice que fué frívolo. No lo consideramos así. Ninguna persona, natural o jurídica, puede quedar obligada por los actos de otra a menos que la autoridad para actuar haya sido conferida por alguno de los muchos medios reco-nocidos por la ley, como por ejemplo, autorización expresa, impedimento, ratificación, etc. y la autoridad de Wm. Rossy debió haber aparecido de algún modo. La excepción previa estuvo bien formulada y debió haber sido declarada con lugar,

En este caso la letra de cambio fué protestada por falta de pago. En la hipótesis de que el protesto era necesario por virtud del artículo 504 del Código de Comercio, nos in-clinamos a convenir con el apelante en que un protesto hecho meses después de vencida y no satisfecha la obligación se pre-senta muy tarde. La duda que tenemos, aparte de las apa-rentes disposiciones del artículo 502 del Código de Comer-cio es si para obligar a un aceptante sobre la letra mi,sma es necesario el protesto. El aceptante se compromete como obligación principal a cumplir con el deber de pagar la letra y sería cosa dudosa para nosotros si en caso de un protesto ineficaz quedaría él exento del pago de alguna parte de la le-tra excepto el costo del protesto.

Sin resolver en definitiva el otro error o errores debe re-vocarse la sentencia por haberse cometido error al desesti-mar la excepción previa, debiendo concederse permiso al de-mandante para enmendar sn demanda dentro del término de diez días a menos qne la corte inferior estime necesario pro-rrogar dicho término.

Revocada la sentencia apelada y concedidos 10 días al demandante para enmendar la demanda.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Audrey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Ruíz, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, en causa por acometimiento y agresión grave.
    No. 1992.
    Resuelto en diciembre 22, 1922.
    Prueba de Referencia — Admisión de Pruebas. — La declaración de un testigo sobre una admisión espontánea del acusado no puede considerarse como prueba dd referencia y es, por tanto, admisible (M Pueblo y. Posado, 17 D. P. R. 441; P¡1 Pueblo y. Martínez, 23 D. P. R. 228); y aun tratándose de prueba de referencia, si no es objetada es admisible y constituye prueba en la causa {Palero y. Palero, 15 D. P. R. 118).
    Edad del Acusado — Prueba Pericial sobre la Edad del Acusado. — Para demos-trar que un acusado es mayor de 21 años, condición que puede ser tan apa-rente que no ya un perito sino un testigo- ordinario podría declarar sobre ella, es admisible la declaración de un médico. El artículo 320 del Código Civil no es aplicable a un caso de esta naturaleza.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. L. Abella Blanco y J. Valldejuli.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

El acusado apela de una sentencia que le condena por de-lito de acometimiento y agresión con la circunstancia agra-vante de ser la agredida una mujer y el agresor un varin adulto mayor de 21 años.

Para sostener su recurso alega la comisión de tres erro-res por la parte inferior, consistente el primero en liaber sido admitida la declaración de referencia del testigo José Guardiola.

Denunciante y denunciado son esposos. La declaración de José Guardiola consistió en decir que al llegar al estable-cimiento del acusado lo encontró algo incomodado y al pre-guntarle qué le pasaba le dijo que acababa de darle unos golpes a su esposa y le babía bincbado un ojo, pero no le dijo por qué, y habiendo ido a la casa de ella, porque es su prima, la vió con ese golpe que le estaba curando un médico.

Esa declaración no es de referencia pues tiene el carácter de.admisión espontánea del acusado y por tanto era admisi-ble. El Pueblo v. Rosado, 17 D. P. R. 441, y El Pueblo v. Martínez, 23 D. P. R. 228. Pero aunque hubiera sido de re-ferencia era admisible y constituía prueba en la causa por-que no fué objetada. Falero v. Falero, 15 D. P. R. 118.

El segundo error se alega por.haber admitido la corte como prueba de la edad del acusado la declaración oral del doctor Jesús María Eodríguez, sin haber traído a la corte la mejor prueba, o sea, el acta literal y certificada del re-gistro civil correspondiente demostrativa del nacimiento del acusado, o sin haber demostrado a la corte que la mejor prueba no podía conseguirse.

El fiscal presentó en el juicio un médico para probar que el acusado tiene más de 21 años de edad y su defensa se opuso a esa declaración alegando que la mejor evidencia es la partida de nacimiento del acusado y que mientras no baya evidencia que demuestre que no existe la partida de naci-miento no es admisible la prueba secundaria propuesta. El artículo 320 del Código Civil se refiere a la prueba del estado civil y aquí no se trataba estrictamente de la prueba del es-tado civil del acusado. Era necesario demostrar que el acu-sado era un varón adulto, o sea, que tenía más de 21 años, y esa condición puede ser tan aparente que no ya un perito, sino un testigo ordinario podría declarar sobre ella, sin ne-cesidad de fijar la fecha exacta del nacimiento y por consi-guiente el número exacto de años que contaba el acusado.

En el tercer motivo del recurso se alega que la corte inferior cometió error por haber declarado culpable al acusado del delito de acometimiento y agresión con circunstancias ■ agravantes siendo dicha sentencia contraria a la prueba. La argumentación de este alegado error descansa en que la prueba no es suficiente y en que no se ha probado que el acu-sado sea un varón adulto.

Hemos examinado la prueba y encontramos que es sufi-ciente para' sostener la comisión del delito por el acusado. En cuanto a la referente a ser el acusado varón adulto enten-demos que también se ha probado este hecho, dada la forma en que hemos resuelto el segundo motivo del recurso.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez PbesideNte Se. del Tobo,

text:
    Colón, Demandante y Apelante, v. Plazuela Sugar Company, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en pleito sobre negatoria de servidumbre.
    No. 2758.
    Resuelto en diciembre 23, 1922.
    Servidumbre de Vía — Título Sueiciente. — Un mero permiso verbal otorgado por el dueño de una finca a los representantes de una central azucarera para que ésta tienda sobre las tierras de la Anea las vías de un ferrocarril privado destinado a la conducción de cañas dulces, sin que mediara precio, ni se fi-jara tiempo, ni se establecieran condiciones, no es bastante para concluir que quedó constituida a favor de la central una servidumbre permanente de vía sobre la finca en cuestión.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de la apelante: Sr. B. Agrait Aldea.

    Ahogado de la apelada: Sr. H. Miranda.

   El Juez PbesideNte Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Se "ejercita en este pleito la acción negatoria de servi-dumbre. La demandante alegó, en resumen, que es dueña de cierta finca rústica que describe, situada en el barrio del Islote, término municipal de Arecibo, con su título inscrito en el registro, libre de gravámenes. T alegó, además, que la demandada, dueña de una central azucarera, instaló y man-tiene una vía fija, para el funcionamiento de un ferrocarril privado, sobre la finca de la demandante, sin la autorización de ésta, habiendo requerido la demandante a la demandada para que cese el funcionamiento del dicho ferrocarril.

Contestó la demandada negando los hechos de la demanda y alegando como materia nueva, en resumen, que Jesús de León, de quien hubo la finca la demandante, constituyó a favor de la demandada una servidumbre de paso de vía, y que la demandante al adquirir la finca en 1911 conocía la existen-cia de dicha servidumbre, sin que jamás hiciera gestión al-gnma para el levantamiento de la vía.

Fué el pleito a juicio. Se practicó la prueba y la corte, a virtud del examen de los hechos y la ley, contenido en una larga opinión, concluyó que la demandante al adquirir la finca descrita en la demanda, lo hizo con una servidumbre de paso ferroviaria clara y aparente a favor de la Plazuela Sugar Company, constituida por el anterior dueño de la finca, y dictó sentencia declarando la demanda sin lugar, sin especial condenación de costas.

No conforme la demandante estableció el presente recurso de apelación,, señalando en sn alegato la comisión de dos erro-res, a saber:

“I. La Corte de Distrito de Areeibo cometió manifiesto error al declarar sin lugar la demanda y sostener: (a) que una servi-dumbre íué constituida por los anteriores dueños de la finca de la demandante a favor de Plazuela Sugar Company; (ó) que la de-mandante está obligada a respetar y cumplir como un gravamen sobre su finca, la licencia verbal concedida por los anteriores dueños a Plazuela Sugar Company para la instalación de la vía y pase de sus trenes.
“II. La Corte de Distrito de Areeibo cometió manifiesto error al no admitir en la vista del juicio como contraprueba de la deman-dante, la escritura pública de arrendamiento otorgada por Eulogia Colón Alvarez y Basilio Beyes, que fue ofrecida como tal evidencia. ’'

Son techos absolutamente probados que la demandante adquirió la finca de que se trata libre de gravámenes según su título que así se inscribió y figura inscrito en el registro; que la demandada es dueña de un ferrocarril privado que usa, para la conducción de cañas dulces y que vías de ese ferroca-rril se tendieron sobre la finca de la demandante con el con-sentimiento verbal de su anterior dueño allá por el año de 1906 y desde entonces tan sido usadas por la demandad!.

La cuestión fundamental a estudiar y a resolver, es, pues, la de si a virtud del permiso otorgado por el anterior dueño de la finca, quedó constituida sobre ella una servidumbre a favor de la demandada que la demandante esté obligada a respetar.

Probado su derecto dominical, libre de gravámenes, por la demandante, correspondía demostrar a la demandada la existencia de su título. Para ello sólo aportó prueba testi-fical. Sus primeros testigos fueron Juan de León y su es-posa María, los antiguos dueños de la finca de quienes trae causa directa e inmediata la demandante. Juan de León, en lo pertinente, dijo:

“P. ¿Quién dió el consentimiento para que esa vía fuera empo-trada sobre esa finca ? — B. To di el consentimiento. * * * .
“P. ¿ Quién fué a solicitar el consentimiento ? — R. Basilio Reyes y Julio Rodríguez.
“P. ¿Quién es Julio Rodríguez? — R. El ingeniero que tenía a cargo tender la vía de la finca.
“P. ¿Quién mandaba a ese ingeniero? — R. La Hacienda. * *
“P. ¿A cambio de qué dió permiso para esa vía? — R. Di ese paso porque entonces lo único que tenía mercado y se podía vender y allí no babía por donde sacarlo, la caña de azúcar, y aquella finca no valía ese dinero que vale boy, porque estaba becba pocbales, no se sembraba más que frutos menores, y no reportaba nada, y para poder sembrar cañas tenía uno que buscar por donde sacarlas, y por eso di el consentimiento a la vía.
“P. ¿Dió el consentimiento para tener un medio de sacar los frutos de la finca? — R. Sí, señor. * * '*
“P. ¿Estaba Eulogia Colón presente cuando fué usted a hablar con Tomás Boneta de que usted babía dado el paso de la vía sobre la finca? — R. Estaba ella allí, estaba presente, f * *
“P. ¿Esa vía se ve claramente atravesar la finca? — R. Sí, se-ñor. * * * ”

La esposa, María de León, en lo pertinente, expresó:

”P. ¿Sobre esa finca pasa alguna vía férrea de la Central Pla-zuela? — R. Pasa una vía.
“P. ¿Qué tiempo hace? — R. Como diez y seis años hace. * # *
“P. ¿Usted recuerda si en alguna ocasión fueron a pedirle a usted y a Jesús de León, a ustedes, permiso para poner esa vía? — R. Sí, señor. * '* '*
: “P. ¿Dieron el consentimiento? — R. Sí, señor. '* l# *
“P. ¿Usted estuvo conforme con que se pusiera la vía? — R. Sí, señor. * '* *
“P. ¿Vió si los trenes pasaban después por esa vía?' — R. Sí, señor.
“P. ¿Cuántos años más o menos estuvo allí? — R. Hace ocho años que salimos de la finca.”

Declararon también Julio Rodríguez y Basilio Reyes, o sea, las personas que en nombre de la demandada solicitaron y obtuvieron el permiso. El primero depuso, en lo perti-nente, así:

“P. ¿En alguna ocasión ha tenido que ver algo con Jesús de León y su esposa? — E. Cuando fuimos a pedirle autorización para el paso de la vía por su finca.
“P. ¿Ha tenido interrupción alguna el tráfico de trenes a través de esa vía puesta sobre la finca de Jesús de León? — E. Nunca.
“P. ¿Desde cuándo? — E.—La vía se empezó a construir en 1905 y se terminó en 1906, que fué cuando empezaron a funcionar los trenes. * * * ”

Basilio Beyes fué interrogado más extensamente. Tam-bién en lo pertinente, dijo:

“A preguntas del Hon. Juez, declaró: — P. ¿Bajo qué carácter fué a solicitar de los esposos de León la concesión de la vía? — Plazuela me comisionó para recoger no solamente el paso de esa vía sino de todos los propietarios del barrio. — P. ¿En beneficio de quién? — De Plazuela Sugar Co. y de nosotros los agricultores. — P. ¿El convenio ese lo hicieron en qué forma, el de pedir el paso de la vía por la finca? — E. Lo pedimos porque era una cosa favorable para el barrio. —P. ¿ En qué forma hicieron constar la concesión ? — Lo pedimos y nos autorizaron y dijeron que podíamos pasar la vía. — P. ¿Fué verbal-mente? — Sí, señor. — P. ¿No hicieron constar nada por escrito? — Me parece que no. — P. ¿Con quién habló? — Con Jesús de León y con la señora, y Juño Eodríguez que también iba conmigo. — P. ¿Ese con-trato se hizo con algún beneficio a favor de ellos, si medió precio?— Por lo presente no medió ninguno allí. — P. ¿No exigieron algo? — No exigieron nada.- — P. De manera, ¿en qué forma cedieron, por cuánto tiempo?- — No se estipuló tiempo, y como no había vías de comuni-cación era un bien para todos. — P. Quisiera que fuera más explícito respecto a la concesión. Eecordar lo que le dijo a ellos y lo que ellos aceptaron. — Nosotros le dijimos que la vía era favorable para todos, a las propiedades allí, y dimos explicación respecto al favor que nos podían hacer. — P. ¿Y lo que dijeron ellos? — El paso, que dejara pasar la vía por la finca. — P. ¿Que dejaran tender la vía para pasar? —Sí, señor; y ellos cedieron. — P. ¿Cómo contestaron ellos? — Que es-taban dispuestos a dejar que pusieran la vía por la finca. — P. ¿No hubo pacto de tiempo? — No, señor; después de haber hablado res-pecto a eso, del favor que ocasionaba la vía, nos dijeron que estaban dispuestos a dejar que la pusieran. — P. ¿Ni por parte de Uds. ni por parte de ellos hubo señalamiento de plazo, de tiempo? — No, señor; no recuerdo. P. ¿ Fué limitado o ilimitado ? — No se limitó tiempo.— P. ¿Y no se volvió a hablar más nunca? — No, señor. — P. ¿Ellos no hicieron'reclamación? — Que yo sepa; no sé si a Plazuela le hicieron alguna. — P. ¿Y antes de ésta no ha habido reclamación de nadie?— Ahora. — P. ¿Antes de ésta? — Antes de ésta no había ninguna. — P. ¿ Y siguen pasando por allí ? — Sí, señor. — P. ¿ Todos ? — Sí, señor, todos. — P. ¿Todos los de esa parte? — Todos los propietarios. — P. ¿Las Tías siguen puestas? — Sí, señor. — P. ¿Y los trenes circulan? —Sí, señor.
“A preguntas del abogado Sr. Miranda, declaró:
“P. ¿Recuerda si se discutió algo sobre el beneficio que le repor-taría a Jesús de León el mandar las cañas por esa vía? — Ya lo creo que le reportaba. — P. ¿Se habló de que le reportaba beneficio a él?— Sí, señor. — P. ¿El antes no había sembrado cañas? — No, señor. — P. ¿Y sembró después? — Sí, señor. — P. ¿Y por dónde las conducía?— Por esa misma vía.”

Los testigos Maximino Felicie y José E. Roberts decla-raron sobre la existencia continua de la vía usada por el Le-rrocarril desde 1906, el primero, y el segundo sobre el hecho de no haber establecido Eulogia Colón reclamación alguna con excepción de este pleito, durante el período de cinco años que hace que es administrador de la central de la demandada.

Esa fué toda la prueba de la parte demandada. Acep-tando como cierto lo dicho por los testigos, ¿puede concluirse que la demandada demostró su derecho para continuar dis-frutando de la vía tendida sobre la finca de la demandante, contra la voluntad de ésta? ¿Probó la demandada la exis-tencia de la servidumbre negada por la demandante?

Todos los hechos de este caso ocurrieron bajo el imperio del Código Civil Revisado. Según dicho cuerpo legal, la ser-vidumbre es un gravamen impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente a distinto dueño. Pueden las servidumbres - ser continuas, discontinuas, aparentes y no aparentes. Las continuas y aparentes se adquieren en vir-tud de título, o por prescripción de veinte años. Las con-tinuas no aparentes, y las discontinuas^ sean o no aparentes, sólo podrán adquirirse en virtud de título.

No es necesario entrar a considerar si el juez de distrito se equivocó o no en la calificación de la servidumbre en este caso. No bay cuestión de prescripción. Aceptando que la vía se construyera en 1905, a la fecba de la demanda no ha-bían transcurrido los veinte años exigidos por la ley. Sólo, pues, probando un título, quedaría demostrada la existencia de la servidumbre de que se trata.

Estamos conformes en que no es de absoluta necesidad que el contrato sea escrito. Aunque es lo propio y lo co-rriente que por escrito se celebren contratos de esta natura-leza, que son inscribibles y se inscriben generalmente en el re-gistro, aceptamos que puedan celebrarse verbalmente y pro-barse por evidencia testifical, siendo dicba evidencia, desde luego, clara, precisa, completa, fuerte.

A nuestro juicio demuestra la prueba que la demandada en el año de 1905, por medio de sus representantes, se acercó a los esposos de León, dueños de una finca rústica, y expo-niéndoles las ventajas que derivarían de la construcción de un ferrocarril que la demandada proyectaba construir por el barrio en que la finca estaba situada, para dedicarlo al trans-porte de cañas dulces, obtuvieron su permiso para tender parte de las vías del ferrocarril por la finca. No medió pre-cio. No se fijó tiempo. Ni siquiera se babló de tiempo. Las vías se tendieron y el ferrocarril comenzó a funcionar sin oposición de los esposos de León. En niguna ocasión éstos expresaron la extensión del permiso concedido y cuando seis años después vendieron la finca al actual dueño, la deman-dante, lo hicieron consignando en el título que la finca ven-dida estaba libre de gravámenes. La demandante entró así en el dominio de la finca, existiendo prueba tendente a demos-trar que en 1913 expresó su inconformidad con la existencia de la vía. Cierta escritura de arrendamiento en la que parece que constaba algo sobre la actitud de la demandante en re-lación con la vía, no fué admitida como prueba por la corte. De tocios modos, para la resolución del problema jurídico en-vuelto en cnanto al conocimiento y actos de la demandante podría partirse de la siguiente base: la demandante sabía que existía la vía de ferrocarril privado construida con per-miso del dueño anterior de la finca desde 1905; dicho dueño, al venderle, le aseguró que no pesaba gravamen alguno sobre la finca; así aparecía entonces y aparece en la actualidad del registro. Entró en posesión y toleró la vía hasta que estable-ció este pleito negando la servidumbre y pidiendo a la corte que ordenara el levantamiento de la vía, ya que la demandada se negaba a hacerlo voluntariamente.

Siendo ese el resultado de la prueba, es claramente erró-nea la conclusión a que llegó la corte de distrito para basar su sentencia. Ante la corte llevó la parte demandada a la persona con quien dijo haber contratado. Tuvo la oportuni-dad de interrogarla ampliamente sobre todas las' condiciones del contrato y no lo hizo. Simplemente probó que dicha persona le había permitido la instalación de la vía a través de su finca. No se trata de un ferrocarril público o cuasi público, sino enteramente privado. Una servidumbre de vía implica generalmente la privación por parte del dueño de la finca que la soporta del uso del terreno ocupado. Una vía de un fe-rrocarril de la naturaleza del de la demandada puede insta-larse y se instala a veces por una cosecha, por varias cosechas, pero no lleva envuelta necesariamente la idea de permanencia.

Presentó también la demandada como testigos suyos a sus propios agentes. Cuando el último declaraba y terminó de responder a las preguntas vagas, imprecisas, del abogado de la demandada, el juez quiso, investigar más a fondo y dejamos transcritas las manifestaciones que hizo. Nada se habló al concederse el permiso del tiempo que había que durar. No medió precio, ni ninguna otra compensación específica. Sólo se aduce como causa el probable aumento del valor de la finca al tener la oportunidad de cultivar cañas y conducir a la central de la demandada sus productos; Una servidumbre de via, que es,uno de los gravámenes más fuertes que pueden im-ponerse a una propiedad, no se constituye de tal modo.

La doctrina establecida en el caso de Torres et al. v. Plazuela Sugar Co., 24 D. P. R. 479, es perfectamente aplicable. La demandada no sólo dejó de probar un verdadero título á la servidumbre adquirido del antiguo dueño, sino que tam-poco hubiera podido alegar en contra suya la teoría del im-pedimento en equidad (equitable estoppel). Los hechos en este caso son distintos de los que sirvieron de base a nuestra decisión en el de V. Gaztambide et al. v. Guánica Centrale, 26 D. P. R. 795.

Eesumiendo Cyc. la jurisprudencia americana sobre la ma-teria, se expresa así:

■"Una mera licencia, que no es más que un privilegio personal, puede ser revocada a voluntad del que la concedió, y el hecho de que la licencia fuera otorgada mediante instrumento escrito, o aun mediante escritura, nb afecta a la regla de revocabilidad a opción del que la concede.
“En un número de Estados cuando el tenedor de la licencia ha actuado bajo la facultad en ella conferida y ha incurrido en gastos para llevar a cabo su objeto, ya haciendo mejoras de valor o en alguna otra forma, se considera en equidad la licencia como un con-trato consumado cuya revocación no se permitirá, y aquélla se tiene sustancialmente como una servidumbre cuya revocación sería en fraude del tenedor. Pero en principio estos casos pueden soste-nerse sólo sobre la base de que la llamada licencia era algo más que una mera licencia. En muchos casos la licencia está relacionada con una concesión, y entonces la parte que la ha concedido general-mente no puede revocarla en tal forma que destruya la concesión de que era un incidente. En otros casos no existía una mera licencia sino un contrato verbal para la concesión de una servidumbre, se-guido de mejoras permanentes y materiales hechas bajo la fe del convenio, lo cual en equidad se considera como una ejecución parcial suficiente para excluir el caso del estatuto de fraudes, y algunos casos se basan abiertamente en estos fundamentos. Sin embargo, de acuerdo con el mejor criterio, cuando nada más aparece que una mera licencia verbal la misma es revocable a voluntad del que la concedió, cualesquiera qne sean los gastos que baya becbo el tenedor, siempre que dicbo tenedor baya tenido aviso y oportunidad razo-nables para quitar sus instalaciones y mejoras. Sostener lo con-trario sería pasar por encima del estatuto d'e fraudes y convertir una licencia otorgada en un derecho real, lo cual equivaldría a ir mucbo más lejos que jamás se fue en equidad bajo la doctrina de ejecución parcial; ni tampoco envuelve el caso cuestión alguna de estoppel in pais contra el que concedió la licencia ni está éste su-jeto a responsabilidad en una acción por daños.
“De acuerdo con el peso de las autoridades el becbo de que se pague una causa o consideración por la licencia no la bace irrevocable, aunque hay algunas decisiones en sentido contrario.” 25 Cyc., págs. 645-649.

Y si ello es así en cuanto al primitivo dueño, con mucha mayor razón lo es con respecto al actual coñ quién no trató la de-mandada, que adquirió la ñuca libre de gravámenes y qúe meramente toleró la existencia de la vía basta que expresó su voluntad en contrario. Los actos meramente tolerados, no afectan a la posesión. Artículo 446 del Código Civil Revi-sado.

No es necesario considerar el segundo de los errores se-ñalados. Debe revocarse la sentencia apelada y declararse con lugar la demanda, pero concediéndose un término razona-ble que se fija en seis meses, contado a partir de esta fecha, para el levantamiento de la vía, con las costas a la parte de-mandada.

Revocada la sentencia apelada, con las cos-tas a la demandada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Aldrey y Hutchison.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y Franco Soto no in-tervinieron en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Hutchison,

text:
    N. Santini & Co., Demandante y Apelante, v. Santini, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en pleito sobre daños y perjuicios.
    No. 2546.
    Resuelto en diciembre 23, 1922.

      Nonsuit — Sentencia tor los Méritos. — Declarada sin. lugar una moción de non-suit el demandado tomó exeepeión y renuneió a presentar prueba. So resol-vió: que esto equivalía a someter el caso por los méritos de la prueba del demandante y no cometió error la corte inferior al considerar el caso por sus , méritos, ni bubo inconsistencia al hacerlo después de haber declarado sin lu-gar la moeión de nonsuit.

    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. J. Vendrell.

    Abogado de] apelado: Sr. A. L. López.

   El Juez Asociado Se. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La demandante apela de una sentencia que declara sin lu-gar la demanda y alega lo siguiente:

Io Que la corte inferior erró al considerar en conjunto la prueba de la demandante después de haber denegado la mo-ción de nonsuit, sin que el demandado hubiese sometido el caso a la consideración del tribunal para su sentencia final en el fondo.

2o Que la corte inferior erró al aplicar indebidamente los artículos 292 y 293 del Código de Comercio.

3o. Que la corte inferior erró al dictar sentencia declarando sin lugar la demanda porque tal sentencia es contraria a la prueba.

El primer señalamiento en la forma en que ha sido alegado envuelve una premisa falsa. Después de haber sido declarada sin lugar la moción de nonsuit el demandado tomó excepción y rehusó presentar ninguna prueba. Esto en efecto era una sumisión del caso por los méritos de la prueba ya presentada por la demandante y así fué debidamente considerada por la corte inferior.

La moción ele nonsuit era a manera de una, excepción previa a la prueba y para los fines de la moción admitía la veracidad de la prueba de la demandante. La corte al resolver esta mo-ción aceptó necesariamente esta prueba como cierta sin tratar de resolver sobre su valor probatorio en relación con la cre-dibilidad de los testigos según aparecía de la forma de sus declaraciones, contradicciones, inconsistencias en sus manifes-taciones, o como resultado de un examen cuidadoso a la luz de todas las circunstancias concurrentes. La única cuestión así promovida fué si la prueba, de ser cierta, y dando a la demandante el beneficio de toda duda en este sentido, fue o no suficiente para establecer un caso prima facie, y por consi-guiente para sostener una sentencia. Se infiere, pues, que no hubo ningún error o incompatibilidad por parte del juez sen-tenciador al proceder a considerar el caso por sus méritos después de declarar sin lugar la moción de nonsuit.

Las cuestiones que se levantan en los otros dos señalamien-tos de error como fian sido argumentados en el alegato de la apelante se dirigen únicamente al peso de la prueba.

No obstante el becbo de que la apelante ba asumido más bien que demostrado el fundamento de la conclusión a que ba llegado en su alegato, bemos examinado la prueba con cierto cuidado y después de dicho exámen no podemos decir que las conclusiones del juez sentenciador son manifiestamente erró-neas.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada. .

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la resolución de este caso.


text:
    Pabón, Recurrente, v. El Registrador de San Germán, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Germán negándose a inscribir la cesión de unos créditos*hipotecarios.
    No. 535.
    Resuelto en diciembre 23, 1922.
    Mención — Hipoteca.—Al inscribirse una hipoteca sobre un linea se mencionó en el registro, de acuerdo con la manifestación de los deudores, el hecho de ha-berse pagado una hipoteca inscrita y constituida sobre un condominio, de la misma finca a favor de la central “Eureka,” por uno de los condueños. Ulises Pabón, cesionario del crédito sobre el condominio que la central “Eureka” había cedido anteriormente a Rafael Sánchez, presentó para su inscripción las escrituras de cesión con un- acta aclaratoria en que los deu-dores, dueños de la finca, hicieron constar que no era cierto que el erédito hipotecario sobre el condominio hubiera sido pagado, según expresaron en la escritura de hipoteca que dió origen a la mención. Recurrida la nota del registrador que negó las inscripciones solicitadas, se resolvió: que la sola manifestación que en contrario hacen los deudores hipotecarios en el acta aclaratoria no es bastante para que quede destruida la mención que consta en el registro, por lo que estuvo bien denegada la inscripción a favor de Rafael Sánchez de la cesión que le hizo la “Eureka;” y no habiendo sido inscrito este documento procedía negar también la inscripción del crédito eedido por Sánchez al recurrente Pabón.
    Los hechos están expresados eu la opinión.
    El recurrente compareció por sí propio.
    El registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

En el Registro de la Propiedad de San Germán se halla inscrita la hipoteca que Tomasa Yélez constituyó en el año 1912 sobre su condominio en una finca a favor de la "Central Eureka”, cuyo crédito ésta cedió más tarde a Rafael Sánchez por la escritura pública número 105 de 30 de abril de 1917. Posteriormente se inscribió en el registro la escritura número 140 de 12 de junio, 1917, por la que Tomasa Yélez y sus hijos Gómez Yélez como dueños todos en común proindiviso de dicha finca la hipotecaron a Juan Ortiz Perichi, manifestando en ella que la hipoteca de la Eureka estaba satisfecha y cuyo pago se mencionó en la inscripción que en el registro se hizo a favor de Ortiz Peri obi. En 13 de diciembre de 1921 y por la escritura número 248 Rafael Sánchez, cesionario del cré-dito de la Eureka lo cedió a su vez a TJlises Pabón qnien pre-sentó esa escritura en el registro para su inscripción con una acta aclaratoria número 16 de 6 de marzo de 1922 en la que Tomasa Yélez y sus hijos Gómez Yélez hicieron constar que si bien en la escritura de hipoteca a favor de Ortiz P.erichi se dijo que la hipoteca de la Eureka estaba pagada, esto no era cierto y fué consignado para facilitar el préstamo y que tam-poco era cierto el traspaso que del crédito de la Eureka hizo Rafael Sánchez a Manuel Gómez Yélez por escritura pública número 138 de 12 de junio de 1917 ni otra escritura número 39 de igual fecha, otorgada por Manuel Gómez Vélez sobre carta de pago y cancelación total de la hipoteca adquirida de Sán-chez.

■El registrador se negó a inscribir la escritura de cesión de la Eureka a Rafael Sánchez otorgada con el número 105 en 30 de abril de 1905, entre otros fundamentos porque en la inscripción del crédito de Ortiz Perichi consta la mención de haber sido pagada la hipoteca a la Eureka, y también negó la inscripción del crédito cedido por Sánchez a Pabón por no estar inscrito el crédito de su cedente, negativas contra las que se ha establecido este recurso gubernativo.

Habiendo prestado Juan Ortiz Perichi su dinero a Tomasa Vélez y a sus hijos Gómez Yélez bajo la manifestación que le hicieron de haber sido pagada la hipote'ca anterior de la Eureka y habiendo sido mencionado este pago en los libros del registro no creemos que la sola manifestación que en contrario hacen ahora los deudores hipotecarios en el acta aclaratoria que otorgaron posteriormente sea bastante para que quede des-truida la mención que consta en el registro y por tanto en-tendemos que estuvo bien denegada la inscripción a favor de Rafael Sánchez de la cesión ’que le hizo la Eureka, y no ha-biendo sido inscrito este documento procedía negar también la inscripción qne de tal crédito hipotecario hizo Sánchez a favor del recurrente Ulises Pabón.

Las dos notas recurridas del 19 de abril de 1922 deben ser confirmadas.

Confirmadas las notas recurridas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Otero et al., Recurrentes, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Caguas denegando la inscripción de una escri-tura de compraventa.
    No. 554.
    Resuelto en enero 8, 1923.
    Registros de la Propiedad — Demarcación Territorial de los Registros de la ■ Propiedad. — No existiendo ley alguna que disponga la segregación del barrio “Pasto” de la demarcación del registro de Caguas y su agregación al registro de Areeibo, continúa formando parte de aquel registro para todos los efeetos del mismo, pues el hecho de que dicho barrio haya dejado de for-mar parte del municipio de Barros para los efectos municipales y haya sido agregado al de Morovis no es por sí solo bastante para que haya dejado de corresponder a la demarcación territorial del registro de Caguas y para que dicho registrador esté justificado en negar la inscripción de fincas situadas en dicho barrio.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de los recurrentes: Sr. V. Polanco de Jesús.

    El registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

En el Registro de la Propiedad de Caguas se hallan los libros correspondientes al municipio de Barros y en ellos hay varias inscripciones de fincas situadas en el barrio de Pasto de dicho municipio, siendo una de ellas a favor de Juan Cabán Otero, casado con Concepción Bivera, verificada en 23 de diciembre de 1919. Esos esposos vendieron dicha' finca en fe-brero de 1922 a Alberto Otero Bobles y a su hijo Camilo Otero Santos manifestando que está situada en el barrio de Pasto, término de Morovis, antes de Barros, pero el Begis-tardor de la. Propiedad de Caguas se negó a inscribir la venta fundándose en que el barrio de Pasto corresponde ahora a Mo-rovis, pueblo que no forma parte de la demarcación de su registro.

Contra esa negativa se interpuso este recurso gubernativo basado en que ella equivale a dejar sin efecto la inscripción de la finca; pero ésta no es la cuestión en este caso sino la de si el registrador de Caguas puede o no hacer la inscripción porque el barrio de Pasto, que antes correspondía al término municipal de Barros, incluido éste en la demarcación territorial del registro de Caguas, forma parte ahora del municipio de Morovis, que pertenece al registro de Arecibo.

■ Dispone el artículo Io de la Ley Hipotecaria que no podrá alterárse la circunscripción territorial de los registros sino por una ley; y se establece en el artículo 11 del reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria que cuando por alterarse la. circunscripción territorial de un registro se haya de agregar a él un nuevo pueblo o partido- rural, el Gobernador General de la isla señalará el día desde el cual deberán presentarse a dicho registro los documentos relativos a fincas situadas en el pueblo o partido agregado, publicándose con la conveniente anticipación en los periódicos oficiales, y que para llevar a efecto la agregación indicada se observarán las reglas con-signadas en los artículos que siguen, que se refieren a la forma y manera de hacer los índices previos al pase de un registro a otro y a la manera de cerrar los libros en el regis-tro del cual se ha hecho la segregación. Cuando en 10 de marzo de 1904 la legislatura dispuso en la ley asignando sueldo a los registradores de la propiedad y para otros fines que el término municipal de Comorío y el poblado de Hormigueros quedaban segregados, respectivamente, de las demarcaciones de los registros de la propiedad de Caguas y San Germán, e incorporados, respectivamente, a la Sección Segunda del re-gistro de San Juan y al registro de la propiedad de Mayagüez, dispuso asimismo la manera de'hacer los traspasos de uno a otro registro y fijó la fecha desde la cual debían presentarse los documentos en el registro al que se había hecho la agre-gación.

En este caso no se nos cita por el registrador ley alguna, ni la conocemos, que disponga que el barrio de Pasto ha dejado de formar parte de la demarcación territorial del registro de Caguas y que ha pasado a formar parte de la del de Arecibo, limitándose a expresar en su alegato que según le ha informado el Comisionado Municipal de- Morovis el barrio de Pasto dejó de pertenecer al pueblo de Barros desdé el 15 de mayo, de 1895 en que a petición de sus vecinos fue agregado al municipio de Morovis por orden del Gobernador General de esta isla y que el recurrente ha debido sacar certificaciones de los asientos de la finca para conseguir con ellas que sea inscrita en el registro de Arecibo para de ese modo obtener la ins-cripción de la venta que motiva este recurso.

No existiendo ley alguna que disponga la segregación del barrio de Pasto de la demarcación del registro de Caguas y su agregación al registro de Arecibo continúa formando parte de aquel registro para todos los efectos del mismo, pues el hecho de que dicho barrio haya dejado de formar parte del municipio de Barros para los efectos municipales y haya sido agregado al de Morovis no es por sí solo bas-tante para que haya dejado de corresponder a la demar-cación territorial del registro de Caguas y para que dicho registrador esté justificado en negar la inscripción de fincas situadas en dicho barrio y, por tanto, la nota recurrida debe ser revocada y ordenarse la inscripción solicitada.

Revocada la nota del registrador y ordenada la inscripción.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Aldbey,

text:
    Reyes, Demandante y Apelante, v. Cabassa, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre filiación y petición de herencia. Memorán-dum de costas y honorarios de ahogado.
    No. 2614.
    Resuelto en enero 8, 1923.
    Filiación y Beclamación de Herencia — Transacción—Costas—Honorarios de Abosado. — Transada eon permiso de la corte la causa de acción de recla-mación de herencia en un pleito en que en la primera causa de aeeión el me-nor reclamaba el reconocimiento de hijol natural, y habiendo probado el de-mandado en el incidente sobre memorándum de costas que eon los $5,000 que pagó por transacción quedó Televado de toda responsabilidad por razón del pleito, es preciso concluir que igualmente quedó relevado del pago de hono-rarios de abogado que le reclama el demandante en dicho memorándum ra-dicado para hacer efectiva! la sentencia que declaró con lugar la demanda en cuanto a la filiación, y condenó al demandado al pago de costas.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de la apelante: Sr. L. Tormes.

    Ahogado del apelado: Sr. J. Tons Soto.

   El Juez Asociado Se. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

Terminado este pleito por sentencia que impuso las cos-tas a los demandados, la parte demandante presentó su me-morándum. de costas en el que figuran partidas por gastos en la secretaría del tribunal, por testigos y $5,000 por hono-rarios de ahogado. El demandado Jacoho L. Cabassa lo im-pugnó en su totalidad y especialmente el derecho a percibir honorarios de abogado, por haber sido satisfechos, pero la corte aprobó las partidas reclamadas con excepción de los $5,000 de honorarios de abogado cuya cantidad fijó en $25, como nominales. Contra esta resolución interpuso la parte demandante este recurso de apelación en cnanto le niega dichos $5,000.

El pleito fné establecido por Carmen Reyes como madre con patria potestad sobre sn hijo menor de edad no emanci-pado, Jaime Leopoldo Reyes, está dirigido contra la sucesión de Leopoldo Cabassa Pica compuesta por sus tres hijos y una nieta menor de edad, representada por sn madre, y en él :se ejercitan las acciones de filiación y de reclamación de heren-cia. Fné anotada la rebeldía de los demandados con excep-ción de Jaeobo L. Cabassa, quien compareció y, después de varias alegaciones, contestó la demanda.

Antes del juicio fué autorizada Carmen Reyes por la corte de distrito para que en nombre de su hijo menor de edad no emancipado, Jaime Leopoldo Reyes, celebrase una transac-ción con Jaeobo L. Cabassa por $5,000 sobre la causa de acción a que se refiere la petición de la herencia que a dicho menor pueda corresponder en su carácter de hijo natural reconocido de Leopoldo Cabassa Pica, y para que de ella satisfaga $2,500 al abogado Leopoldo Tormes por sus honorarios profesiona-les prestados en el pleito de filiación, a virtud de un contrato que tenía con la' demandante por el que recibiría el 50 por ciento de lo que se obtuviera por herencia en dicho pleito. Como consecuencia de esa autorización se otorgó una escri-tura pública de transacción entre Carmen Reyes y Jaeobo L. Cabassa, como heredero de Leopoldo L. Cabassa Pica y como’ cesionario de sus dos hermanos herederos también, en cuanto a la acción de petición de herencia, por la que la demandante se apartaba y desistía de esa causa de acción en consideración a la cantidad de $5,000 entregados por Cabassa. De esa can-tidad recibió el abogado Leopoldo Tormes $2,500 y la deman-dante desistió en el pleito de la segunda causa de acción, celebrándose después el juicio sin asistencia de los demanda-dos y recayendo sentencia que declaró con lugar la demanda en cuanto a la primera causa de acción, con las costas a los démandados.

En el incidente sobre el memorándum de costas se pre-sentó la escritura de transacción y prueba testifical tendente a demostrar que con los $5,000 entregados por Cabassa que-daba éste relevado de todo pago posterior por razón del pleito, y la corte, por el resultado de la prueba, estimó que los honorarios de abogado del pleito de filiación fueron parte de la transacción y que el pago por el demandado Cabassa de dichos $5,000 comprendió toda suma de dinero que estaba obligado a satisfacer a la demandante como consecuencia del pleito, por lo que declaró que la demandante tiene derecho únicamente a honorarios nominales, que fijó en $25.

Como es la parte demandante quien apeló la resolución de la corte en cuanto le perjudica por haber rebajado a $25 la cantidad que reclama por honorarios de su abogado, la cues-tión a decidir es si a pesar de existir una sentencia que con-dena en costas a los demandados no está obligado el deman-dado Cabassa a satisfacer los honorarios de abogado de la demandante por haber probado que con los $5,000 que pagó como transacción quedó relevado de toda otra responsabilidad por razón del pleito y, por tanto, del pago de dichos honora-rios. La corte inferior así lo estimó por el resultado de la prueba y nosotros estamos conformes con su conclusión. Es cierto que la apelante sostiene ahora que no eran admisibles las declaraciones de los testigos para demostrar el alcance de la transacción porque los términos de ésta constan en es-critura pública, pero no tenemos que resolver esta cuestión porque la demandante permitió que tal prueba fuera presen-tada sin su oposición.

También es cierto que sólo fue transada la segunda causa de acción referente a la participación hereditaria del menor y que el pleito fué a juicio por la primera causa de acción, pero la transacción en cuanto a la cuantía hereditaria del me-nor demandante no sólo implicaba el reconocimiento tácito por Jacobo L. Cabassa de la cualidad de aquél como hijo natural reconocido do Leopoldo Cabassa Pica, pues sin ella no-le hubiera reconocido derecho en la herencia, sino que según resulta de la prueba sólo se consignó la transacción en euanto a la segunda causa de acción por la duda de que no pudiera ser válida la transacción de la acción de filiación referente al estado civil del demandante, a tal punto que después de la transacción efectuada el apelado no compareció a tomar parte en la prueba de la primera causa de acción. Por otra parte, la transacción pone término al pleito comenzado y, por tanto, al pagar Cabassa por ese concepto la cantidad de $5,000 tuvo que ser como término a toda clase de reclama-ción por dicho pleito y, por consiguiente, quedó relevado del pago de toda clase de costas; pero como esta apelación ha sido interpuesta por la demandante y no debemos empeorar su situación, confirmaremos la sentencia apelada en la forma que fué dictada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Sb. Wolf,

text:
    Delgado et al., Demandantes y Apelantes, v. Bouillerce, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en un procedimiento de injunction.

    No. 2777.
    Resuelto en enero 8, 1923.
    Honorarios de Abogado — Injunction— Señalamiento de Errores — Discreción de la Corte. — Cuando en una' apelación contra una orden concediendo hono-rarios de ahogado en un procedimiento de injunction, no se ha presentado pliego de errores ni se han elevado los autos originales, la presunción es que la corte inferior hizo buen uso de su facultad discrecional, y la orden de-berá ser confirmada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes': iSr. R. Muñoz Ramos.

      Abogado del apelado: Sr. D. Sepulveda.

   El Juez Asociado Sb. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una apelación contra una resolución concediendo honorarios por la suma de $300. No hay señalamiento de errores y, por tanto, no consideraremos las cuestiones levan-tadas con gran amplitud.

La corte inferior rehusó considerar la impugnación he-cha al memorándum de costas porque no estaba debidamente jurado. Expresa el apelado al citar el caso de Torres v. Irizarry, 18 D. P. R. 344, que la impugnación debe ser consi-derada como una contestación y, por consiguiente, que cuando se jura el memorándum deben asimismo jurarse las objeciones contra el mismo si en ellas se levantan cuestiones de hecho. . Hay fuerza en este razonamiento, aunque no es-tamos enteramente convencidos de ello. La reclamación fué por la suma de $400. La corte concedió $300. Hemos exa-minado las objeciones casualmente y estamos enteramente satisfechos de que la corte debió haber tomado en considera-ción todas las cuestiones promovidas en ellas y era el mismo juez que presidió el juicio. El apelante no nos demuestra en qué forma fué perjudicado por la actuación de la corte y los autos nos convencen de que el error, de haber alguno, no era perjudicial.

Expresa el apelante que los honorarios concedidos eran excesivos. La teoría es que antes del juicio de un pleito de injunction el demandante desistió de su acción y que por ello eí abogado del demandado no tuvo que hacer gran esfuerzo. Es claro, sin embargo, que la mera expedición de un injunction preliminar puede hacer que un demandado y su abogado tengan que hacer grandes esfuerzos. Los procedimientos originales no están ante nosotros y la presunción es que la corte ejercitó bien su discreción.

Se quejan también los apelantes de que la corte debió ha-ber permitido la radicación de objeciones nuevas o enmien-das al declarar sin lugar aquéllas que fueron formuladas ori-ginalmente. Se limitan a decir que entonces ellos hubieran probado que el memorándum de costas fué presentado dema-siado tarde. Esta es una cuestión que los apelantes pudie-ron haberla levantado verbalmente. Creemos que el apelado demuestra con buen éxito que el memorándum fué debida-mente radicado dentro de los diez días después de ser firme la sentencia, como lo exige el artículo 339 del Código de En-juiciamiento Civil, según quedó enmendado en el año 1917.

La resolución apelada debe ser confirmada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr- Wole,

text:
    Mengell, Recurrente, v. El Registrador de Mayagüez, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Mayagüez negándose a cancelar cierta carga que pesaba sobre una finca.
    No. 543.
    Resuelto en enero 9, 1923.
    Inscripción de Título — Adjudicación para Pago de Deudas — Remate por Con-tribuciones — Acreedores—Aviso.—Una finca dejada a su fallecimiento por un hombre casado fué adjudicada a su viuda para cubrir su participación en la herencia y para el pago de las deudas que ella asumía. Más'tarde la finca fué rematada para el cobro de contribuciones, pero el Tesorero no hizo a los acreedores la notificación exigida por el artículo 315 del Código Polí-tico. El adjudicatario en el remate gestionó la cancelación en el registro de la carga que sobre la finca pesaba por razón de las deudas del difunto. Se resolvió: que la omisión de notificar a los acreedores dejó intactas las cargas a pesar del remate por contribuciones.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. J. Sabater.

    El registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Sr- Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Antonio Mengell tiene inscrito a su nombre el título a cierta propiedad. El título se obtuvo por varios traspasos a virtud de venta en subasta piiblica por falta de pag*o de las contribuciones. La propiedad perteneció una vez a Julio Audinot, desde entonces fallecido, y fué vendida por falta de pago de las contribuciones después de su muerte. Antes de la venta y durante los procedimientos de testamentaría la propiedad en controversia fué adjudicada a Josefa Monagas,. viuda de Audinot, siendo la adjudicación para cubrir su por-ción en los bienes relictos y pago de las deudas de las cuales se bizo cargo. Parece estar admitido el lieclio de que según el artículo 23 de la Ley Hipotecaria u otro precepto legal las deudas de una persona fallecida se cargan a los bienes que así se adjudican. El recurrente trató de cancelar esta carga presentando una petición al Registrador de Mayagüez expo-niendo los hechos. El registrador denegó la cancelación por-que, según expresó, no se había cumplido con el artículo 315 del Código Político al hacerse la venta por falta de pago de las contribuciones. La parte pertinente de este artículo es como sigue:

“En todos los casos en que se embargaren y vendieren bienes raíces para el pago de contribuciones, el Tesorero de Puerto Rico notificará la inscripción de dicha venta a todas las- personas que tuvieren una hipoteca o gravamen sobre dicha propiedad, consig-nando en la notificación la fecha de la venta, la suma en que se hubiere vendido la propiedad y los demás datos que estimare opor-tunos.”

En el caso de Salgado v. El Registrador de San Juan, 26 D. P. R. 172, sostuvimos la actuación del registrador al dene-gar la inscripción de un título adquirido en una venta para pago de contribuciones en la cual no se había cumplido con el artículo 315, supra, y está conforme el recurrente con los principios de ese caso. Sostiene, sin embargo, que el título que adquirió pertenecía,a la viuda a quien había sido adjudi-cado en pago de su participación en los bienes y para satis-facer las deudas del caudal de las que se hizo cargo; que al asumir ella esta obligación, la subsiguiente contribuyente mo-rosa, dejó libres en efecto o en realidad los bienes del caudal de la carga alegada y que por tanto se subrogó en lugar de los acreedores de los bienes; que al ser vendida la propiedad para pago de contribuciones en la suma de $1,000, el rema-nente de esta cantidad después de deducidas las contribucio-nes fué pagado a ella quien aceptó el pago, ratificando así o subsanando cualquier falta .de notificación según prescribe el artículo 315 supra. Y alegó además, que la venta para pago de las contribuciones extinguió la carga.

El artículo 23 de la Ley Hipotecaria al asumir que una persona se obliga a pagar las deudas en consideración a una adjudicación de propiedad deja libre de responsabilidad los demás bienes y aparentemente a los herederos a la vez. Esto robustece la necesidad de que los bienes en particular que se traspasan deben quedar sujetos a la carga de las deu-das. No vemos, por tanto, como ésta admitida carga por la reclamación de acreedores podía quedar extinguida por nin-gún acto de la persona obligada a pagar la deuda, o por una venta en subasta pública. El único medio en tal caso por parte de los deudores para librarse de la carga sería pa-gando las deudas. Los acreedores tienen derechos.

Se admite que todo lo que vendió el Tesorero fué la parti-cipación que la viuda tenía en los bienes por virtud de la adjudicación. Tuviera o no derecho el Tesorero a vender no podía extinguir esta carga sin notificar a los poseedores de deudas como prescribe el artículo 315. Si eran desconoci-dos dichos dueños o pudo habérseles citado por edictos o. no había medio de cancelar dicha carga. Existe todavía la duda de si la propiedad podía legítimamente ser vendida como se indica en el caso de Salgado v. El Registrador de San Juan, supra.

El lieclio subsiste de que la finca fue vendida para pago de contribuciones y que fué inscrita, pero nos sentimos obliga-dos a declarar que la omisión en notificar a los tenedores de-cargas dejó intacta la carga apesar de la venta por contribu-ciones.

No bay cuestión alguna de tercero pues todos estos becbos constaban del registro y una persona que compra en subasta pública adquiere con sujeción a las leyes en vigor.

Debe confirmarse la nota recurrida.

Confirmada la nota, recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutcbison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Aldeey,

text:
    Cruz, Demandante y Apelado, v. Quiñones, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre filiación.
    No. 2593.
    Resuelto en enero 9, 1923.
    Eilíación — Beconocimiento de Hijos Naturales — Concubinato de los Padres. — Cuando se reclama el reconocimiento de hijos naturales nacidos al amparo del artículo 135 del Código Civil1 Español no es necesario probar que los alegados padres vivieran como marido y mujer durante los embarazos y los partos.
    Id. — Concubinato de los Padres — Posesión del Estado de Hijo Natural Be-oonocido. — El último apartado del artículo 189 del Código Civil Bevisado, tal como regía cuando nacieron tres de los hijos ilegítimos que demandan el reconocimiento en el presente caso, se refiere al easo en que el reconoci-miento haya de establecerse solamente por el concubinato o por las relacio-nes amorosas, pero aunque no se pTuebe esto puede obtenerse la declaración de reconocimiento de hijo natural si se prueba que el padre pública o priva-damente ha tenido al hijo por suyo o le ha llamado tal en conversación o se ocupa de su educación o sostenimiento, como dice el párrafo segundo.
    Id. — Dispensa para Contraer Matrimonio.. — -La liceneia para contraer matrimo-nio requerida por el artículo 45 del Código Civil Español es la que debían dar los padres a los hijos menores de edad para contraer matrimonio, pero no es la dispensa a que se refiere el artículo 119 del Código Civil Español, pues ésta es de los impedimentos para contraer matrimonio, que son dispensables.
    Los tedios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. P. Fajardo Martines.

    Abogado del apelado: Sr. L. Torres Grau.

   El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

Biosa-Elisa, Eita, Ursula, Víctor, Ana-María y Luisa, Lijos naturales de Crescencia Cruz, los tres primeros por su propio derecho y los restantes representados por su madre, por ser menores de edad, demandaron a Luis Quiñones Ay-mard para que se declarase judicialmente que son hijos na-turales suyos, alegando que nacieron en el período compren-dido entre el 25 de noviembre de 1894 y el 3 de noviembre de 1905, especificando las respectivas fechas, durante el público concubinato de sus padres, siendo solteros, sin impedimento legal para contraer matrimonio y que siempre fueron tra-tados por el demandado Luis Quiñones Aymard como hijos suyos, llamándolos como tales en sus conversaciones públi-cas y privadas y que cuidó de su alimentación, sostenimiento y educación como tales hijos. Presentada la contestación del demandado se celebró el juicio dictándose sentencia de con-formidad con la demanda y contra ella interpuso el deman-dado este recurso de apelación.

Los errores alegados por el apelante son por haber esti-mado la corte inferior como suficiente la prueba de los de-mandantes y porque tratándose de hijos nacidos al amparo de distintas leyes la prueba aportada por los demandantes no demuestra con precisión los actos de reconocimiento rela-tivos a cada uno de los presuntos hijos. Así, pues, ambos alegados errores versan sobre la suficiencia de la prueba.

Cuatro de los demandantes y su madre declararon en el juicio, haciéndolo también otros quince testigos, resultando del conjunto de las declaraciones que el demandado Luis Qui-ñones Aymarcl tuvo relaciones amorosas con la madre de los demandantes durante varios años, annqne no vivían habitual-mente en la misma casa; que fruto de ellas fueron los seis demandantes y otra hermana que murió y que durante ese tiempo y después el demandado los tuvo y consideró como hijos suyos, tratándolos como tales ante diversas personas, habiendo manifestado a algunas que eran sus hijos y ha-biendo suministrado dinero para su sostenimiento y educa-ción hasta poco antes de ser demandado.

Sostiene, sin embargo, el apelante que esa evidencia es in-suficiente porque no se probó que durante los embarazos y los partos fueran conocidos Crescencia Cruz y Luis Quiñones viviendo como marido y mujer, atendiéndola y pagando sus gastos.

El artículo 135 del Código Civil español, bajo cuyo am-paro nacieron los cuatro primeros demandantes, dice que el padre está obligado a reconocer al hijo natural: Io, cuando exista escrito suyo indubitado en que expresamente reco-nozca su paternidad; 2o, cuando el hijo se halle en la pose-sión continua del estado de hijo natural del padre deman-dado, justificada por actos directos del mismo padre o de su familia. Nada dice con respecto al concubinato. Y el ar-tículo 189 del Código Civil Revisado, tal como regía cuando nacieron los otros hijos, disponía que el padre está obligado a reconocer al hijo ilegítimo: Io, cuando exista escrito suyo in-dubitado en que expresámente reconozca su paternidad; 2o, cuando pública o privadamente le tenga por hi jo. suyo o le haya llamado tal en conversación o se ocupe de su educación o sostenimiento; 3o, cuando la madre fuere conocida viviendo en concubinato con el padre al tiempo del embarazo o naci-miento del hijo o cuando éste haya nacido llevando sus padres relaciones amorosas. Este último apartado se refiere al caso en que el reconocimiento haya de establecerse sola-mente por el concubinato o por las relaciones amorosas pero aunque no se pruebe esto puede obtenerse la declaración de reconocimiento de hijo natural si se prueba que el padre pú-blica o privadamente ba tenido al hijo por suyo o le ba lla-mado tal en conversación o se ocupa de su educación o soste-nimiento, como dice el párrafo segundo. Pero aparte de esto en este caso, además de demostrarse que los demandan-tes están comprendidos dentro de los incisos segundos de am-bos artículos, se ba probado también que los demandantes na-cieron llevando sus padres relaciones amorosas.

También se alega por el apelante que no se ba probado que el demandado tratara a los demandantes pública y pri-vadamente como hijos suyos llamándolos tales hijos en sus conversaciones públicas y privadas, alimentándolos, sostenién-dolos y educándolos como tales hijos, pero la lectura que hemos hecho de la prueba nos convence de lo contrario.

En el alegato escrito y en el oral ha insistido el apelante en que este caso es igual al de Méndez, v. Martínez, 21 D. P. R. 252, y que siguiendo la doctrina establecida en él debemos declarar que la prueba es insuficiente y revocar la sentencia apelada. En el caso citado no se absolvió al demandado sino que se ordenó un nuevo juicio porque tratándose de dos niños nacidos en 1909 y 1911, ciertas cartas que se presentaron para demostrar la paternidad del demandado eran de fecha muy anterior al nacimiento de ellos, o sea, de 1898 a 1907, y se refieren a otros niños; porque otras cartas no tienen fechas ni se probó la fecha en que fueron escritas; porque hubo testi-gos que se contradijeron al declarar; porque a otros no se les pidió la razón de sus afirmaciones y porque tratándose de niños cuyo reconocimiento estaba subordinado a leyes diver-sas no se había logrado determinar con precisión los actos de reconocimiento relativos a, cada uno de ellos y las fechas en que tuvieron lugar, por todo lo que se estimó que la prueba distaba mucho de ser robusta y convincente, como dijimos en el caso de Negueruela v. Somohano, 16 D. P. R. 692, que debe ser. Esas circunstancias no concurren en el pleito que resolvemos porque no se presentó prueba documental de reeo-nocimiento, porque los testigos no se contradijeron y porque los actos de reconocimiento por el padre se refieren a la época del nacimiento y a otros posteriores.

Por último alega el apelante que los demandantes no pro-baron qne sus padres podían casarse sin dispensa o con ella al tiempo de la concepción para qne tnyieran el concepto de liijos naturales, según el artículo 119 del Código Civil español, porque no se probó el estado civil de los padres ni se presentó prueba de que fueran mayores de 23 años o que hubieran ob-tenido la licencia para casarse requerida por el artículo 45 del Código Civil español. Esta licencia es la que debían dar los padres a los hijos menores de edad para contraer matri-monio, pero no es la dispensa a que se refiere el artículo 119 del Código Civil español, pues ésta es de los impedimentos para contraer matrimonio, que son dispensables; y en cuanto al estado civil de los padres se probó con sus declaraciones que entonces eran solteros.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez PeesideNte Se. del Tiobo, JUECES ASOCIADOS SUES. WOLE Y ALDKEY.

text:
    Preston, Demandante y Apelante, v. Luyando, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre desahucio.
    No. 2536.
    Resuelto en enero 12, 1923.
    Desahucio — Contrato Personalísimo — Apoderado. — La prueba practicada en este caso demuestra que el demandado oeupa la Anea de que se trata a virtud de un contrato, cuya naturaleza no es propia para ser fijada en un juicio de desahucio, celebrado con el antiguo dueño de la finca y ratificado al mo-rir éste por su viuda, y que ausente de la isla la viuda, se inició este pleito por su apoderado que no demostró haber recibido ninguna instrucción especial. Se resolvió: que actuó en justicia la corte de distrito al deelarar, como declaró, la demanda sin lugar.
    Los hechos están, expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. F. Gomales.

    Abogado del apelado: Sr. F. Gervoni.

   El Juez PeesideNte Se. del Tiobo,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de nn caso de desahucio. En la demanda se alega que la demandante es dueña de una finca rústica situada en el barrio de Eío Blanco, de Naguabo, compuesta de vein-tidós euerdas, con su título inscrito en el registro y que dentro de esa finca, ocupando una superficie “como de dos cuerdas próximamente, ’ ’ se encuentra el demandado, sin pagar canon o merced. Que el demandado fué requerido para desalojar la porción de terreno que ocupa y se negó a ello.

El demandado alegó que la demanda no aducía hechos su-ficientes para determinar una causa de acción, negó general v especialmente todos y cada uno de los hechos de la demanda y, como materia nueva, expuso:

“Que según la información y creencia del demandado, la de-mandante doña Florence E. Preston, que reside actualmente en Estados Unidos, es ajena y no tiene conocimiento de esta demanda, que ha sido establecida por el señor Carlos Maymí, que es un en-cargado de dicha señora y que, sin autorización ni consentimiento de ella, ha entablado en su nombre esta demanda.
“Y alega, además, que el demandado hace siete años que habita en una finca de la demandante, que no es la que se describe en la demanda, llamado y consentido por la demandante y el causante de ella don Gustavo Preston, para que el demandado viviera y traba-jara en ella. En este sentido el demandado, ha edificado allí su casa -vivienda y ha sembrado una cuerda de café, dos de malangos, media de batatas, un cuadro de yautías, media cuerda de yuca y cien árboles de gandules, todo lo cual tiene un valor de seiscientos dollars. Y estos cultivos los ha hecho y los hace el demandado sin que haya sido prohibido ni impedido por persona alguna.”

La demandante solicitó la eliminación de la “materia nueva” y así lo ordenó la corte, tomando excepción el de-mandado.

Toda la prueba practicada consistió en una certificación expedida por el Registrador de la Propiedad de Humacao creditiva de que la finca de veintidós cuerdas que se describe en la demanda está inscrita a favor de la demandante y en las dos declaraciones que siguen:

“La demandante presentó como testigo a Carlos Maymí Salgado el cual después de prestar juramente, siendo examinado por el abo-gado de la demandante declaró como signe: que se llama Carlos Maymí Salgado, Administrador de la viuda del señor Preston y conoce la. finca Florida que está compuesta de tres parcelas distin-tas: bay la finca grande que son cuatrocientas setenta y ocho cuer-das, otra finca más denominada “Cercado” de treinta y dos cuerdas y otra más pequeña que se llama las veintidós cuerdas que es la que ocupa el demandado y está al lado del río Hicaco colindando por el este o sea el saliente con el río Hicaco, por el sur y oeste con un tal Hernández y terrenos que tiene la sucesión de los señores Borges, por el norte hoy los Roger; que esos terrenos de los Roger eran antes de la Condesa de Calves: que en las veintidós cuerdas reside el demandado y un yerno de él sin satisfacer cantidad alguna por ello, pues no paga nada y lo ha requerido para que salga de la finca hace tres meses y no la ha desocupado.
“Repreguntado por el abogado del demandado declaró que hace tres me'ses que requirió a Luyando para que desocupara la finca: que lleva seis u ocho meses como administrador y un año antes como Mayordomo y hace cerca de dos años que entre mayordomo y admi-nistrador está en la finca y cuamdo entró en ella como mayordomo ya Luyando vivía allí: que no le consta quién lo puso allí ni si él vivía allí o no pero le han informado algunas personas y el mismo Luyando que está allí hace siete años ignorando el motivo porque él vive allí: que tiene como cuarenta o cincuenta dólares en café y además algunas matas de guineo; que la casa en que él vive es de la finca, pues Luyando solamente tiene de la casa tres solares y un estante: que cuando el declarante llegó a la finca Luyando ocupaba una casita propiedad de la finca y empezó a desbaratar la casa para 'hacer otra nueva que es en la que él vive: que como Administrador de la finca para lo-único que no está autorizado es para vender, pero está autorizado para hacer cualquier cosa en representación de la señora Preston: que no tiene aquí el poder, pero puede asegurar que lo tiene en su caja de caudales y no lo trajo porque creía que no era necesario y además su abogado no le aconsejó que lo trajera: que cuando fué a la finca el administrador anterior era el señor Lavergne y cuando llegó allí el señor Luyando empezó a desbaratar la casa para hacerla de nuevo y Lavergne estaba enfermo y llamó a Luyando y le dijo que no le autorizaba para hacer el cambio: que sabe que el administrador anterior quería lanzarlo de la finca y el declarante le recomendó que no lo hiciera: que la señora Preston no le hizo ninguna recomendación al declarcmte, pues después que el que habla lo recomendó bien estaba demás que ella lo recomen-dara : que el señor Lavergne lo quería lanzar y el declarante compa-deciéndole porque se trataba de un pobre viejo lo recomendó a la señora Preston y después quedó el declarante como administrador.
“Terminada la prueba de la demandante el demandado presentó al testigo Ramón Luyando, quien después de prestar juramento fué examinado por su abogado y declaró como sigue: que se llama Ramón Luyando, vive en Río Blanco arriba barrio de Naguabo en la finca de don Gustavo Preston, que es hoy de la señora doña Flo-rencia y hace unos siete años que vive allí: que antes vivía en una finca de su propiedad que tenía en Maizales y siempre ha servido a don Gustmo Preston hace como veintiún años y la finca esa era de don Pablo Maldonado: que fué a vivir a esa finca porque don Gustavo se la entregó diciéndole que se viniera para acá y vendiera el pedacito de terreno que tenia, porque el declarante era un hombre que le había hecho muchos beneficios y quería tenerlo a su lado para cualquier cosa que necesitara: que allí existía una casa vieja que estaba cayéndose y un día don Gustavo le preguntó si se acostum-braba y le contestó que no porque la casa se estaba cayendo y le dijo que lo estaba esperando para ver si le daba el permiso para poner otra casa porque tenía en su finca dos casas, vendió una y se trajo la otra comprando más maderas para fabricar porque él podía hacer una casa buena si le vendna un pedacito de terreno y don Gustavo le d/ijo ‘yo no se lo vendo pero se lo doy pa/ra que \siembre y cultive de todo para que cuando usted esté un poquito anciano que usted no pueda ganar un jornal tenga algo;’ que don Gustavo murió y la señora sabia que el declarante vivía allí, porque ella vino y lo mandó a buscar y le preguntó si era la persona d'e Ramón Luyando y al contestarle que sí le replicó que había estado mucho con su marido y que él le encargó que lo considerara y entonces llamó ál señor May mí y le dijo quie tuviera cuidado porque él era un hombre que don Gustavo lo apreciaba mucho. Que esto fué en su presencia y le dijó que lo interpretara así, que se lo dijera en español para que supiera lo que ella le decía: que él contestó las palabras que ella le dijo: que las palabras fueron que lo conside-raba mucho y le diera trabajos que pudiera hacer, pues era un hombre avanzado y que atendiera al bien de él: que lo dejaron allí y que nadie tenía que intervenir con él: que el declarante no tenía que intervenir con él: que el declarante no tiene otro sitio donde vivir ni otra casa que la que hizo en la finca: que no tiene nada más que los frutos sembrados. Repreguntado por el abogado de la demandante declaró que él vivía en esa finca con el consentimiento de don Gustavo y de su señora: que no paga cantidad alguna por estar allí, solamente voltear las colindancias y también anterior-mente tenía hecha entrega de unas diez y seis o veinte cabezas de ganado que cuidaba sin darle un vellón: que ahora después que sacaron el ganado no paga nada y lo que hace es trabajar en la hacienda.” Las itálicas son nuestras.

La' corte dictó finalmente sentencia declarando la de-manda sin lugar y la demandante interpuso entonces el pre-sente recurso de apelación.

No constan los fundamentos que tuvo la corte de distrito para dictar su sentencia. La parte apelada no presentó ale-gato ni compareció a la vista del recurso. Sólo liemos oído al apelante que alega “que la corte cometió error al declarar sin lugar la demanda, porque, la sentencia dictada es con-traria a la prueba.”

A nuestro juicio la corte erró al decretar la eliminación de la “materia nueva” pero el error carece de importancia ya que se permitió al demandado en el acto de la vista introducir prueba sobre ella.

Es éste un caso digno de estudio. En la demanda se alegó que el demandado sólo ocupaba dos cuerdas de terreno en una finca de veintidós, sin describir la porción ocupada. La prueba tendió a demostrar que el demandado ocupaba toda la finca de veintidós cuerdas. Pero no es este detalle de impor-tancia decisiva.

Estamos conformes con el apelante en que la evidencia demostró que la finca pertenecía a Florence E. Preston y en qne el demandado no tiene derecho alguno al dominio de las tierras que ocupa, sean dos o veintidós. No es éste, pues, el caso que tantas veces se presenta en que surge un conflicto sobre la propiedad. El demandado es un simple poseedor, pero alega y prueba, a nuestro juicio, que entró y está en po-sesión a virtud de un contrato celebrado con el antiguo dueño de las tierras, ratificado después por su esposa Florence E. Preston, cuya naturaleza no es propia para ser fijada, atendi-didas las circunstancias de este caso que seguida examinare-mos, en este juicio de desahucio.

Según la sección primera de la ley de desahucio tienen acción para promover el juicio “los dueños de la finca, los usufructuarios y cualquiera otro que tenga derecho a disfru-tarla, y sus causahabientes.

La demanda comienza: “Comparece la demandante, por conducto de su ahogado * * * ” y la persona que figura como demandante es realmente la dueña. Pero la prueba de-muestra que personalmente la Sra. Preston no autorizó esta acción. Su iniciación se debe a su se dicente administrador Maymí. Este declaró que tenía facultades para todo en re-lación con los bienes de su poderdante, excepto para vender-los. Quizá sea así, pero demostrando como demuestra la prueba, una relación personalísima entre el demandado y los dueños anterior y actual de la finca, debió haber por lo menos versado la declaración de Maymí sobre alguna instrucción especial.

Durante la discusión de este caso se ha sostenido que sería ir en contra de los bien establecidos principios que regulan las relaciones entre abogado y cliente el llegar a la conclusión que hemos llegado, ya que apareciendo redactada la demanda en la forma en que lo está, debe presumirse que la Sra. Preston, la dueña del terreno, autorizó directamente al abo-gado. No estamos conformes. Los bien establecidos princi-pios subsisten. El abogado actuó correctamente. Siguió las instrucciones del administrador, a quien consideró con poder bastante, y redactó la demanda en propia forma. Lo que sucedió fue que la prueba, admitida sin objeción, puso de ma-nifiesto, por lo menos, que era dudosa la facultad que asumió el administrador dadas las circunstancias especialísimas del caso, y siendo ello así, estuvo justificada la corte sentencia-dora al actuar en la forma en que lo hizo, atendidas todas las circunstancias del caso.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia, apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados HutcMson y Franco Soto.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y Aldrey disintieron.

OPINIÓN DISIDENTE DE LOS

JUECES ASOCIADOS SUES. WOLE Y ALDKEY.

La probabilidad es que la corte inferior creyó que existía un conflicto de .títulos o algo semejante a esto en cuanto a ellos y por consiguiente erróneamente, a mi entender, se negó a dictar sentencia. No se lia emitido ninguna opinión. Esta Corte resuelve que bubo un contrato probado celebrado entre el causante de la demandante y el demandado, pero en la opi-nión de la mayoría ni siquiera se trata de decir qué clase de contrato era éste o su duración- si tenía alguna. General-mente, y en relación con terrenos, existen arrendamientos o permisos o algo derivado de un título completo o alguna cosa inferior a esto. Decir que el demandado está en pose-sión por virtud de un contrato, meramente expresa una con-clusión de cierta premisa indefinida. Más categóricamente yo diría que estando admitido el título de la demandante el demandado estaba obligado a probar que él tenía derecho a la posesión y para eso necesitaba él algo más que las supuestas vagas promesas hechas por un hombre que había muerto y no podía declarar y una supuesta ratificación. Si los contratos de arrendamiento pudieran probarse en esta forma indefinida la ley de desaliado probablemente pronto se convertiría en nna letra muerta.

La corte inferior eliminó la defensa que se trató de esta-blecer, a saber, que el abogado que compareció no tenía la de-bida autorización para representar a la demandante. Por tanto no estaba debidamente ante esta Corte, espedalmente toda vez que el demandado no apeló ni pudo apelar.

A mi juicio, la opinión de la mayoría resuelve necesaria-mente que sin una alegación con tal fin el derecho de un -abo-gado a representar a su cliente puede ser impugnado por el apelado en apelación. Las autoridades demuestran que la forma adecuada de atacar el derecho de un abogado a repre-sentar a su cliente es mediante moción, o algo por el estilo, hecha antes del juicio. 6 C. J. 635.

Fué cierto que el apoderado de la demandante dijo algo en cuanto a que él y no la demandante autorizó la compare-cencia del abogado, pero la manifestación hecha por el testigo que no es contestación a ninguna cuestión en cuanto a este particular en el caso, no era obligatoria para el abogado. El apoderado, sin embargo, declaró que él tenía la debida facul-tad para emplear un abogado. La presunción sería que cuando un abogado compareció él había obtenido una autori-zación directa. 6 C. J. 631. La Sra. Preston puede haberse comunicado directamente o autorizado a su apoderado para utilizar un abogado. Todas estas cosas están dentro de la importante presunción de que cuando comparece un abogado él actúa con la debida autoridad. Es necesaria una notifica-ción especial para impugnar la facultad de un abogado.

No se hizo ninguna impugnación adecuada en la corte inferior respecto a la facultad del abogado, y esa facultad, en mi opinión, no podía propiamente ser puesta en tela de juicio en este Tribunal. 6 C. J. 635, nota 10.

Por estas razones disiento.