author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Dávila, Recurrente, v. El Registrador, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota denegatoria de inscripción del Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección 2a.
    No. 171.
    — Resuelto en marzo 6, 1914.
    Hipotecas — Inscripción Previa de la Finca Hipotecada a Nombre del Hipo-tecante. — No estando inscrita en el registro a nombre del hipotecante la linca que se hipoteca, no puede inscribirse a nombre del acreedor hipotecario la hipoteca. Véase el caso' de Duran et al. v. DI Registrador, resuelto en marzo 6, 1914.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Enrique Márquez Huertas.

    El Registrador Sr. José Benedicto compareció por escrito en nombre propio.
   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública No. 88 otorgada en Bayamón a 18 de agosto del año próximo pasado 1913 por ante el Notario Don Enrique Márquez Huertas, los consortes Doña Juana Durán' y Don Francisco Giménez confesaron baber recibido en calidad de préstamo de Don José Ramos Rivera y de Don Virgilio Dávila Cabrera las sumas de $600 y de $2,180 res-pectivamente, que se obligaron a pagar en tiempo fijo, y en garantía del pago bipotecaron a favor de Ramos Rivera una finca descrita con letra B, consistente en casa de madera de altos y bajos, con solar de 12 varas de frente por 25 de fondo en la calle de Toa Baja de Bayamón, y a favor de Dá-vila y Cabrera la misma casa en segunda hipoteca y otra finca urbana marcada con letra A, consistente en un solar radicado en la calle de Comerlo de Bayamón con 413 metros 70 centímetros cuadrados de cabida, colindante por su frente o sur con la calle de Comerlo, por su fondo o norte con una calle en proyecto sin nombre, por el este o derecha entrando con solar de Sucesores de San Miguel Hermanos y por la izquierda u oeste con propiedad de Miguel Gránela, conte-niendo tres casas, una de maderas extranjeras techada de zinc de 8 varas de frente por 8 de fondo con un martillo y 5 puertas al frente, una casilla terrera de madera techada de zinc de 6 varas de frente por 10 de fondo, y una casa de madera, terrera, techada de zinc de 19 varas de frente por 8 de-fondo.

Segiin se consigna en la escritura expresada la finca mar-cada con la letra A es el resultado de agrupación que los espo-sos Durán Giménez hicieron por escritura de la misma fecha 18 de agosto de 1913 de un solar y casa de la Durán, y otro solar con casilla de madera perteneciente a la sociedad con-yugal de la Durán con Giménez, existiendo en la finca agru-pada una casa construida por la Durán con fondos de ambos esposos.

Presentada en el Registro de la Propiedad de Ban Juan, Sección 2a., para su inscripción, la escritura de que se deja hecho mérito, el registrador inscribió el documento en cuanto a la finca letra B, y denegó la inscripción respecto a la finca marcada con la letra A, según nota de 20 de diciembre de 1913, por no hallarse inscrita dicha finca a nombre de los esposos hipotecantes, habiéndose extendido anotación preven-tiva por término legal.

Esa nota está sometida a nuestra consideración a virtud de recurso contra ella interpuesto por Don Virgilio Dávila en la parte que le es adversa.

Encontramos ajustada a derecho la nota recurrida.

En este mismo día hemos resuelto el recurso gubernativo No. 170 interpuesto contra el Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección 2a., por Juana Durán y su esposo Francisco Giménez contra nota por la que dicho registrador deneg’ó la inscripción de la agrupación de fincas y de la casa de nueva construcción a que se refiere la escritura sobre el particular otorgada en 18 de agosto de 1913, y nuestra resolución ha sido confirmatoria de aquella nota. Por tanto, queda en pie el fundamento en que descansa la nota materia del presente recurso. La finca que se hipoteca no ha sido inscrita en el registro y por tanto tampoco cabe inscribir la hipoteca. Ar-tículos 20 de la Ley Hipotecaria y 244 del Reglamento para su ejecución.

Es de confirmarse la nota recurrida.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sb. Wolf,

license: Public Domain

text:
    Sucesion Igaravídez et al., Demandantes y Apelantes, v. Rubert Hermanos et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en un caso sobre devolución de bienes.
    Moción de la parte apelada para que se desestime la apelación.
    No. 1024.
    — Resuelto en marzo 9, 1914.
    Desestimación de Apelación — Notietcación del Escrito de Apelación a una Parte Rebelde.- — Envolviendo la moción de la parte apelada para que se desestime esta apelación por no haber sido notificado el escrito de apelación a una parte demandada rebelde un examen de los méritos del caso, la corte resuelve denegar la moción sin perjuicio de considerarla en la vista del recurso.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. Savage y Francis y Rafael López Landrón.

      Abogados de los apelados: Sres. Alvarez Nava y Domín-guez.

   El Juez Asociado Sb. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En 31 de enero de 1911, este tribunal dictó una orden apla-zando la resolución de una moción que se presentó para deses-timar la apelación, basta que el caso fuera sometido en su totalidad a la consideración de la corte. Los apelados for-mulan ahora nuevamente su moción pero en ella solamente alegan que los autos están en conjunto ante la corte y hacen referencia a ciertas constancias de los mismos fundándose en que el tribunal bailará que toda la cuestión se encuentra expresada en los documentos o partes de clicbos autos a los cuales se baee especial mención. La cuestión envuelta en la moción se refiere al becbo de si la apelación fue notificada a determinadas partes. Los apelantes alegan varias cues-tiones relativas a ciertas omisiones en que incurrieron los apelados por las que estaban impedidos de solicitar la deses-timación de la apelación, así como también con respecto a la cuestión de si era necesario notificar a las partes que se alega que no fueron notificadas, puesto que los apelantes no habían sido notificados de la presentación de la demanda enmen-dada. Los méritos del caso están al parecer más o menos comprendidos en la cuestión. De todos modos no vemos que exista alguna razón para modificar la resolución dictada ante-riormente por este tribunal y debe desestimarse la moción sin perjuicio de que podamos considerar dicha moción en la celebración de la vista de la apelación.

Denegada la moción.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Marxuach, Demandante y Apelado, v. Aguilar et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan,. Sección Ia., en nn caso sobre propiedad y desalojo de una casa.
    No. 1093.
    — Resuolto en marzo 11, 1914.
    Apelaciones de las Cortes Municipales — Desestimación de Apelación — Sen-tencias. — La resolución de una corte de distrito desestimando una apelación procedente de una corte municipal en un caso civil por haber transcurrido' con exeeso el término de 20 días que marea la sección 1 de la Ley de-marzo 11, 1908, para la radicación de los autos en la corte de distrito, es-inapelable por no constituir una sentencia a los efectos del párrafo 2 del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, enmendado por Ley de-marzo 9, 1905.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. Manuel F. Bossy.

    Abogados de los apelantes: Sres. Savage y Francis.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Antes de qne la transcripción de la apelación fuera reci-bida en la Secretaría de esta Corte Suprema nos presentó el apelado una moción para que desestimáramos el recurso, fun-dándose para ello en que no era apelable la resolución de la-corte inferior contra la cual se estableció la apelación, cues-tión que no pudimos considerar entonces porque dejó de demostrársenos suficientemente que tal apelación existiera, 77 aun cuando después del recibo de la transcripción no ba reproducido el apelado su solicitud ni ba presentado alegato-alguno, como la vista de la apelación se ba celebrado debemos-previamente resolver la cuestión propuesta porque ataca a la jurisdicción de esta corte para decidir la apelación.

La demanda a que se refiere este recurso tuvo su origen en la Corte Municipal de San Juan y dictada sentencia los demandados apelaron de ella para ante la Corte de Distrito-de San Juan, ante cuya sección primera compareció el apelado solicitando que se desestimara la apelación toda vez que los apelantes habían dejado transcurrir con exceso los veinte días que fija la sección primera de la ley de 11 de marzo de 1908 para presentar en la corte de distrito la correspondiente mo-ción personándose y depositar los derechos correspondientes; petición que después de discutida por las partes fué resuelta por la corte de distrito declarándola con lugar y desierto el recurso interpuesto, habiendo sido registrada como sentencia tres días después. Esta resolución de la corte inferior es la que motiva el presente recurso de apelación. Tal resolución no es apelable.

Las resoluciones que dictan las cortes desestimando un recurso de apelación por haber dejado de cumplir el apelante determinados requisitos para que pueda ser oída, no son ver-daderas sentencias, aunque como tales se registren y aunque producen el efecto de dejar firme la sentencia apelada, porque no resuelven los méritos del pleito y se limitan a negarse a oir y decidir el recurso. Harrington, v. Holler, 111 U. S., 796 y Wenar v. Jones, 217 U. S., 593, aplicados por nosotros en el caso de Gautiño v. Muñoz, que resolvimos en noviembre 11 de 1913. Por consiguiente, esas resoluciones no están com-prendidas entre las sentencias a que se refiere el número 2 del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil tal como quedó enmendado en el año 1905.

La apelación. debe ser desestimada.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Freiría & Co., S. en C., Demandantes y Apelantes, v. R. Félix Hermanos & Co., Demandados y Apelados.
    ApelaoióN procedente de la Corte de Distrito de Hnmacao en nn caso sobre cobro de dinero.
    No. 993.
    — Resuelto en marzo 12, 1914.
    Sentencia en Rebeldía — Apelación de Orden Anulándola. — Una orden de una corte de distrito anulando una sentencia en rebeldía y el embargo y venta en pública subasta de los bienes del demandado para satisfacer dicta sentencia, es apelable para ante este tribunal.
    Emplazamiento — Advertencia al Demandado en Caso de que no Comparezca— Sentencia Anulable. — Es defectuoso un emplazamiento expedido en una acción sobre cobro de dinero en el cual se notifica al demandado que en el caso de que no comparezca y conteste la demanda dentro del término legal “la demandante podrá obtener se anote la rebeldía de la demandada y se dicte sentencia con arreglo a derecho, porque tal advertencia no se ajusta literalmente a los preceptos del párrafo 4 del artículo 89 del Código de Enjuiciamiento Civil. La sentencia que se dicte-bajo la base de tal empla-zamiento, puede anularse siguiendo el procedimiento que marca el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil.
    Sentencia en Rebeldía — Emplazamiento Defectuoso — Tardanza del Deman-dado en 'Pedir la Nulidad de la Sentencia. — Pero cuando como en el caso de autos se dicta una sentencia en rebeldía contra el demandado después de habérsele notificado personalmente el emplazamiento defectuoso expedido, con copia de la demanda, y posteriormente se le notifica personalmente el embargo de sus bienes para satisfacer dicha sentencia, y deja transcurrir cuatro años después de registrada la sentencia y cerca de dos después de notificado el embargo, sin pedir la nulidad de la sentencia, tal petición es tardía y no puede prosperar.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Francisco González.

    Abogado de los apelados: Sr. Manuel Tons Soto.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn recurso de apelación interpuesto contra una orden de la Corte de Distrito de Humacao anulando una sentencia dictada en rebeldía.

Aparece de los autos que la mercantil Freiría y Cía., S. en C., demandó a II. Félix Hermanos y Cía. en cobro de $1,245.15; que la sociedad demandada fué emplazada el 15 de febrero de 1909, en Oaguas, dentro del distrito judicial de Humacao, en la persona de Román Félix Aponte, único ge-rente de -la misma; que la parte demandada no contestó la demanda y la parte demandante solicitó que se anotara su rebeldía y se dictara sentencia en contra suya; que en efecto, el 3 de marzo de 1909, se anotó la rebeldía y se dictó la sen-tencia condenando a la sociedad demandada a pagar a la demandante la suma por ésta reclamada en su demanda; que el 27 de mayo de 1909 se expidió • orden para ejecutar dicha sentencia;' que en 10 de septiembre de 1910 el márshal del distrito de Humacao cumplimentó dicha orden embar-gando ciertas propiedades del demandado Román Félix a quien notificó el embargo; que en 28 de junio de 1912 se celebró la subasta de los bienes embargados que se adju-dicaron por la suma de quinientos pesos, en pago parcial de su crédito, a la demandante; qrm así las cosas, la parte deman-dada, el 15 de abril de 1913, compareció en el pleito ‘‘sola-mente a los efectos de pedir la nulidad del emplazamiento expedido ’ ’ por el fundamento de no contener el requerimiento que ordena la ley; que oídas ambas partes, la corte, por reso-lución de 19 de abril de 1913, declaró nulo todo lo actuado desde el emplazamiento inclusive, y que notificada dicha reso-lución el 12 de mayo de 1913 al abogado de la demandante, ésta, el 13 de mayo de 1913, interpuso contra ella el presente recurso de apelación.

La primera cuestión que surge en este caso es la de si la orden de 19 de abril de 1913 es o nó apelable. La juris-prudencia es contradictoria, pues mientras, por ejemplo, en el caso de Reitmeir v. Siegmund, 13 Wash., 624, se resolvió que una orden dejando- sin efecto una rebeldía y concediendo permiso para contestar, lo mismo si se dicta en el caso original a virtud de moción que a consecuencia de una solicitud en un nuevo caso, no era apelable, en el de People’s Ice Co. v. Schlenker, 50 Minn., 1, 52 N. W., 219, se decidió que una orden anulando una sentencia en rebeldía y concediendo al deman-dado permiso para contestar, era apelable.

En el caso de Hernais v. Vivas, decidido el 13 de febrero de 1914, Remos estudiado con algún detenimiento esta, cues-tión, y, haciendo aplicación de los principios en él estable-cidos, debemos decidir que la orden de 19 de abril de 1913 es apelable.

Pasaremos abora a considerar el recurso en su fondo. El emplazamiento declarado nulo por la resolución apelada, es como sigue:

“CORTE DE DISTRITO DEL DISTRITO JUDICIAL DE IÍUMACAO, Puerto Rico.
Estados Unidos de América El Presidente de los Estados Unidos ss:
Freiría y Compañía Demandante contra B. Félix Hermanos y Cía. Demandado - Emplazamiento.
“El Pueblo de Pueeto Rico,
“Á R. Félix Hermanos y Compañía, o sea demandado ante-mencionado.
“Por la presente se notifica a usted que se ha presentado en la oficina del Secretario de la Corte de Distrito de Humacao del Distrito-Judicial de Humacao, Puerto Rico, la demanda del actor antes citado,, en la cual solicita se dicte sentencia condenando a la sociedad deman-dada al pago de mil doscientos cuarenta y cinco dollars quince centavos a favor del demandante, intereses de esa cantidad al tipo legal desde el día 1 de febrero de 1909 y las costas de esta acción, todo según la demanda que suscribe como abogado del demandante el de esta vecindad Don Salvador Fulladosa y Mir.
“Y se notifica a usted que de no comparecer a contestar dicha demanda dentro de los diez días después de notificado, si la notifica-ción se hiciere en el distrito y dentro de los veinte días, si se hiciere fuera del distrito, pero en la isla de Puerto Rico, y dentro de los cuarenta días, si se hiciere en otra parte, la demandante podrá ob-tener se anote la rebeldía de la demandada y se dicte sentencia con arreglo a derecho.
‘ ‘ Extendida bajo. mi firma en Humacao, Puerto Rico, boy 5 de febrero de 1909. Jesús L. Pereyó. Secretario. Por Tomás Torres Grau. Secretario Auxiliar. Hay un sello de la corte.
“JURAMENTO.
“Miguel Muñoz López, debidamente juramentado, declara: que es vecino de Caguas, mayor de diez y ocho años de edad, y que no tiene interés en este asunto: que recibió el presente emplazamiento el día catorce de febrero de 1909, y que notificó el mismo personal-mente el día quince de febrero de 1909, a Román Félix Aponte, único gerente de R. Félix Hermanos y Compañía, demandado mencionado en dicho emplazamiento, entregando a dicho demandado y dejando en su poder personalmente en Caguas una copia, de dicho emplaza-miento y en poder del demandado mencionado una copia fiel y exacta de la demanda en el pleito mencionado en- dicho emplazamiento. Caguas, 17 de febrero de 1909. Miguel Muñoz López.
“No. 124'. Jurado y suscrito ante mí por D. Miguel Muñoz López, mayor de edad, casado, empleado y vecino de esta población a quien ■conozco personalmente. Caguas 17, febrero 1909. José Molina. Juez de Paz. Hay dos sellos de R. I., uno de 10 centavos y otro de 5 ■centavos y un sello del juzgado de paz."

La petición de nulidad se basó' únicamente en que de acuerdo con el inciso 4 del artículo 89 del Código de Enjui-ciamiento Civil, el emplazamiento era nulo porque tratándose ■como se trataba de una acción en cobro de dinero, no con-tenía la advertencia de que si el demandado no comparecía ■dentro del término de ley, el demandante obtendría fallo por ,1a cantidad exigida, especificándose la suma.

La resolución apelada se basó también en que el emplaza-miento era nulo por no' contener el indicado requisito exigido ■expresamente por la ley y en q-ue apareciendo la nulidad de la faz del legajo de la sentencia, podía solicitarse y decre-tarse en cualquier tiempo.

La ley, Código de Enjuiciamiento Civil, en lo pertinente, ■dice así:

“Artículo 89. — La citación irá dirigida al demandado, firmada por el Secretario y librada bajo el sello de la Corte, y deberá contener:
“2 # * #
< g * * #
“4.. En una acción originada de nn contrato para obtener dinero, o el importe de daños y perjuicios solamente, se hará constar la pre-vención de que si no compareciere y contestare el demandado según se le ordena, el demandante obtendrá fallo por la cantidad exigida en la demanda, especificando la snma.
< < g * * *

Basta comparar el emplazamiento con la ley, para con-cluir sin esfuerzo alguno que el primero no se ajusta literal-mente a lo ordenado en la segunda. Que el emplazamiento es defectuoso, es cuestión tan clara que no admite discusión alguna.

Ahora bien, ¿el defecto anotado es de tal naturaleza que deba concluirse que la corte no adquirió jurisdicción sobre el demandado, y que siendo ello así, no obstante haber trans-currido más de cuatro años desde que se dictó la sentencia, ésta puede anularse por una moción presentada por la parte demandada? A nuestro juicio, no puede llegarse a tales con-clusiones, atendidas las circunstancias que concurren.

El verdadero objeto del emplazamiento es el de dar a conocer al demandado que se ha establecido contra él una determinada reclamación en una corte de justicia, que debe comparecer ante la expresada corte dentro del plazo que se fije a gestionar su derecho, y que de no hacerlo así, se ano-tará su rebeldía y se dictará sentencia en contra suya de acuerdo con la ley. Cyc.,-en su volumen 23, página 752, dice: “La rebeldía es una admisión de todas las alegaciones ma-teriales y que pueden ser impugnadas contenidas en la demanda que son necesarias para la causa de acción del ■demandante, de que el demandado es la persona especificada en el mandamiento y contra la cual se trata de dirigir la acción, y de que la corte ha adquirido jurisdicción sobre la persona de dicho demandado y la tiene de la causa de la acción. ’ ’

En el presente caso se entregó al demandado una copia de la demanda. Por ella quedó enterado de todo lo que el demandante alegaba, por ella fue informado de que el deman-dante pedía que se diotara sentencia en contra suya conde-nándolo al pago de $1,245.15, intereses legales y costas. Se le entregó además copia del emplazamiento, documento por el que se le notificó' expresamente la presentación de la de-manda ‘ ‘ en la cual se solicita se dicte sentencia condenando a la sociedad demandada al pago de mil doscientos cuarenta y cinco dollars quince centavos a favor del demandante * * V’ y, además, ‘ ‘ que de no comparecer a contestar dicha demanda dentro de * * * la demandante podrá obtener se anote la rebeldía de la demandada y se dicte sentencia con arreglo a derecho.”

Los fines de la ley se cumplieron en su esencia, la corte de distrito adquirió jurisdicción sobre la persona del deman-dado y como es un hecho no discutido siquiera que también tenía jurisdicción sobre la materia, la sentencia dictada en este caso por errónea que sea, no puede considerarse como enteramente nula. En el curso de la opinión emitida por la Corte Suprema de California en el caso de Grannis v. Superior Court, reportado en 79 Pac., 892, se dijo: “Al dic-tarse la sentencia la corte tenía jurisdicción sobre la materia y sobre las partes. La regla general es que en tales casos la sentencia no es nula por errónea que fuere.” 146 Cal., 245, 247.

Para sostener que debe confirmarse la resolución apelada se han invocado las decisiones de esta Corte Suprema de Puerto Rico en los casos de Zapater v. Irizarry el al., 15 D. P. R., 542, y de Vías v. Sucesión Pérez, 15 D. P. R., 732. Hemos estudiado cuidadosamente dichas decisiones y no tienen el alcance que pretende la parte apelada y que les dió la corte de distrito.

En el primero de dichos casos se emplazó a los deman-dados con la advertencia de que de no contestar, etc., el demandante podría obtener “una sentencia de acuerdo con la demanda.” Los demandados no contestaron y se pidió y se anotó sn rebeldía. Los demandados pidieron permiso para archivar sn contestación. Les fné negado y se dictó la sentencia. Los demandados apelaron y esta corte dijo: “Nosotros creemos qne el proceder del secretario,, anotando la rebeldía, debe sostenerse en el presente caso; pero qne la cansa debe ser devuelta al tribnnal sentenciador, con ins-trucciones de celebrar el jnicio de la misma, para determinar el importe de los daños y perjuicios qne baya sufrido el demandante. ’ ’

Y en el segundo a sea en el de Vías v. Sucesión Pérez, se emplazó a los demandados el 23 de abril de 1908 con la advertencia de qne de no contestar etc., “el demandante po-drá obtener la sentencia qne solicita en sn ' demanda. ’ ’ Entre los demandados había algunos menores de edad qne no frieron emplazados personalmente. El 15 de mayo de 1908 se anotó la rebeldía de todos los demandados y se dictó la sentencia. En 18 del mismo mes ■ de mayo pidió la parte demandada qne se dejara sin efecto la rebeldía y la corte no accedió. Se apeló de sn resolnción a la Corte Snprema y ésta distingnió entre los varios demandados atendidas las circunstancias concurrentes y resolvió: en cnanto a los de-mandados menores de edad, qne la corte de distrito no llegó nunca a adquirir jurisdicción por no haber sido emplazados personalmente, siendo la anotación de sn rebeldía, en sn consecuencia, completamente nula; y en cnanto a los deman-dados mayores de edad, dejó subsistente la anotación do rebel-día pero anuló la sentencia dictada, porque si el caso se estimaba comprendido en el numero 1 del artículo 194 del Código de Enjuiciamiento Civil, el emplazamiento no con-tenía la advertencia de qne si el demandado no contestaba se dictaría sentencia por la cantidad exigida, especificando la suma, y si se consideraba comprendido en el número 2 de dicho artículo, el secretario de la .corte no pudo registrar por sí mismo la sentencia.

Como se ve, en el primero de los casos citados la petición se hizo antes de dictarse la sentencia y en el segundo tres días después de dictada, mientras que en éste que ahora resol-vemos se dejaron transcurrir más de cuatro años después de registrada la sentencia. El artículo 140 del Código de Enjui-ciamiento Civil, era aplicable a los dos primeros casos y es inaplicable al último. He ahí la diferencia que existe entre ellos.

La jurisprudencia de los tribunales es abundantísima sobre esta materia. En el caso de Ward v. Ward, 59 Cal., 139, 141, la Corte Suprema confirmó la orden de la. corte inferior que dejó sin efecto una sentencia en rebeldía porque tratándose de un caso para recobrar daños sólo se había advertido al demandado, al emplazarlo, que de no contestar “el demandante pediría a la corte el remedio solicitado en la demanda.” La regla establecida parece aplicable a este caso.- Sin embargo no conocemos con exactitud los hechos, ni constan de la opinión y antecedentes publicados la fecha en que se presentó la solicitud de nulidad y la en que se dictó la sentencia.

Hemos estudiado cuidadosamente los casos de People v. Temple, 103 Cal., 446; Eichoff v. Eichoff, 107 Cal., 42, y People v. Davis, 143 Cal., 673, citados por el juez de distrito en su resolución. En el primero, o sea en el de People v. Temple, se sienta la doctrina de que “una sentencia que es nula sobre su faz y que requiere sólo una simple inspección del legajo de la sentencia para concluir que no es válida, puede dejarse sin efecto a virtud de moción dirigida a la corte que la dictó en cualquier tiempo después de haberse registrado; pero si no es nula sobre su faz y su falta de validez no aparece del legajo de la sentencia, no puede dejarse sin efecto a virtud de una moción alegando la falta de jurisdicción de la corte sobre la persona del demandado, a menos que se baga la moción dentro de un tiempo razonable después del registro de la sentencia que no exceda del límite fijado por la sección 473 del Código de Enjuiciamiento Civil.” El caso versaba sobre una citación por edictos.

En el segundo, o sea en el de Eichhoff v. Eichhoff, se sostiene la teoría de qne “es sólo por nna impugnación directa por medio de la apelación contra la sentencia en rebeldía qne no existe presunción en favor de la existencia de cualquier lieclio esencial a la jurisdicción de la corte sobre el deman-dado; pero, cuando se establece una acción en una corte de equidad para qne se deje sin efecto nna sentencia en ley, la impugnación, aunque no puede estimarse como colateral, es siempre indirecta, y tal impugnación no pone en disensión la sentencia como decisión, sino que procura librarse de sus efectos por razones equitativas.”

T en el tercero, o sea en el de People v. Davis, se establece que “una sentencia que no es nula sobre su faz no puede ser dejada sin efecto por una moción después de transcurrido el tiempo limitado por la sección 473 del Código de Enjui-ciamiento Civil; y que una orden dictada con el propósito de dejar sin efecto tal sentenciaba virtud de moción del sucesor del demandado, después de transcurrido un año, lo fué sin jurisdicción y es nula, y puede ser dejada sin efecto por la corte por su propio acuerdo en cualquier tiempo, y el deman-dante no puede ser perjudicado por no baber apelado de ella o por no baber pedido que se dejara sin efecto dentro de seis meses. La cuestión de si una sentencia es o nó nula sobre - su faz debe decidirse por una inspección del legajo de la sentencia de acuerdo' con la ley vigente a la fecba del registro de la misma.”

Una inspección del legajo de la sentencia en este caso muestra el defecto que bemos apuntado, esto es, que el empla-zamiento no cumple literalmente con la ley, pero no muestra que la corte de distrito dejara de adquirir jurisdicción sobre la persona del demandado. ■ Este fué en realidad de verdad emplazado personalmente y notificado de las pretensiones del demandante; de su obligación de comparecer ante una deter-minada corte dentro de un plazo fijado y de lo que podía ocurrirle si no- comparecía. Al hacérsele esta última adver-tencia no se cumplió estrictamente con la ley, mas como el demandado no pidió a la corte de distrito dentro del término en qne se dictó la sentencia o dentro del plazo de seis meses qne fija el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, que dejara sin efecto la sentencia, y, personalmente notificado en septiembre de 1910 del embargo trabado en la ejecución de la sentencia, tampoco, dentro de un período razonable, pidió que se le eximiera de los efectos de la sentencia, es nece-sario concluir que la solicitud del demandado becba el 15 de abril de 1913, se presentó demasiado tarde para que pueda prosperar en una corte de justicia.

“Cuando una sentencia es enteramente nula por falta de jurisdicción, el poder de la corte para dejarla sin efecto no está limitado al término en el cual se dictó, sino que puede ejercerse en un término posterior. Y esto se aplica lo mismo •cuando la falta de jurisdicción es por razón de la materia que por razón de las partes. Pero esta regla no se aplica a meros errores e irregularidades; y defectos e irregularidades con respecto a la jurisdicción que bagan la sentencia anulable a lo sumo, no pueden servir de fundamento para anular la sentencia en un término posterior, especialmente cuando ba ■sido consentida por las partes por un considerable período •de tiempo.” 23 Cyc., 905 y 906 y autoridades citadas.

Una parte que tiene conocimiento de una sentencia dictada en contra suya debe ejercer diligencia" razonable en procurar que se deje sin efecto, y su dilación inexcusable en bacer la solicitud, siendo igual a negligencia, será motivo bastante para que la corte rebuse conceder el remedio solicitado, espe-cialmente cuando el dejar sin efecto la sentencia causaría molestias no usuales a la parte contraria, o cuando están envueltos derechos de terceros.” 23 Oye., 909 y 910 y auto-ridades citadas.

En el caso de Bronson v. Schluter, 104 U. S., 410, en el cual la Corte Suprema de los Estados Unidos revocó una sentencia dictada por la Corte de Circuito de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York, por virtud de la cual la dicha corte de circuito anuló una sentencia que babía pro-nunciado bacía diez y siete años, después de un cuidadoso estudio de las facultades de las cortes de justicia en casos de tal naturaleza, dice la corte: “También es un principio de equidad de los que más se alegaa, que deberá la parte que trata de obtener un remedio en un caso como el presente, emplear la debida diligencia en ejercitar sus derechos, y que tanto la negligencia como el- abandono en tal respecto, cons-tituyen iguales obstáculos para el ejercicio del remedio.”

En tal virtud, atendidas todas las circunstancias concu-rrentes, opinamos que debe declararse con lugar el recurso establecido y revocarse la orden apelada, dictándose en su lugar otra desestimando la solicitud de la parte demandada.

Revocada la orden apelada y desestimada la solicitud del demandado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.


author: El Juez Peesideette Se.

text:
    García, Demandante y Apelada, v. Torres et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en un caso sobre nulidad de _ pagarés y procedimientos para su cobro e injunction.

    No. 1019.
    — Resuelto eu marzo 18, 1914.
    Injunction- — Prueba Prima Facie — Demanda Jurada no Negada. — Guando en el . acto de la vista de un injunction preliminar los demandados no niegan los hechos alegados "bajo juramento en la demanda, el demandante no está obli-gado a presentar prueba alguna sobre tales beehos de cuya veracidad es prueba prima facie el juramento de la parte demandante.
    Id. — Discreción del Tribunal Sentenciador. — Concedido un injunction preli-minar por un tribunal inferior, a menos que se demuestre que la corte ba abusado de su discreción, este tribunal no revocará tal resolución.
    Id. — Jurisdicción de las Cortes de Distrito — Cuantía Litigiosa. — La jurisdic-ción de las cortes de distrito para expedir mandamientos de injunction no está limitada por la cuantía del litigio.
    Id. — Indebida Acumulación de Acciones — Apelación de una Orden Decretando un Injunction Preliminar. — En una apelación contra una orden decretando un injunction preliminar no procede discutir la alegación' de indebida acumu-lación de acciones hecha por los demandados en el acto de la vista del injunction preliminar, sino que tal cuestión ha de resolverse cuando se plantee ante el tribunal inferior por medio de excepción previa o en la contestación a la demanda.
    Id. — Remedio Ordinario — Anotación de Litis Pendencia. — El remedio de ano-tación de litis pendencia que pueda tener un demandante con arreglo al artí-culo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil no excluye el remedio de injunction que es más rápido, eficaz y adecuado en determinados casos.
    Lqs hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelada: 'Sr. Leopoldo Feliú.

    Ahogado de los apelantes: Sr. José Benet.

   El Juez Peesideette Se.

la opinión del tribunal.

Ante la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Maya-güez Manricia García Hernández de Torres produjo demanda con fecha 21 de mayo de 1913 contra Roque Torres y Rodrí-guez, Julio N. Laaves y Jaime Zapata para anular ciertos pagarés suscritos por el primero de dichos demandados a favor de los otros dos, y los juicios seguidos por los tenedores de dichos pagarés para el cobro de los mismos, solicitándose en dicha demanda que mientras ésta se sustanciaba y resol-vía definitivamente por sentencia* se dictara una orden de injunction preliminar contra los demandados prohibiéndoles la continuación de dichos pleitos y la celebración de las su-bastas que a su instancia estaban para verificarse.

Alegase en síntesis por la demandante Mauricia García Hernández en su demanda jurada, que en 19 de febrero de 1913 había establecido un pleito en la Corte de Distrito de Mayagüez contra su esposo Roque Torres y Rodríguez en cuyo pleito pendiente de resolución, además de solicitar el divorcio había pedido la separación de bienes de la sociedad de gananciales; que su referido esposo en combinación con los otros demandados Laaves y Zapata, y mediante conspira-ción para privar a la demandante de su participación en los bienes de la sociedad conyugal de gananciales, otorgó con fecha aparente de 31 de octubre de 1911 a favor del deman-dado Julio N. Laaves un pagaré simulado por la suma de $1,525 a vencer en igual día y mes de 1912, y a favor del code-mandado Jaime Zapata, con fecha también aparente de 12 de enero de 1912 otros dos pagarés igualmente simulados, nno de ellos por $375 a vencer en 30 de septiembre del mismo año, y el otro por $125 vencedero en 31 de diciembre de 1912; que Roque Torres se hizo demandar por Laaves ante la Corte de Distrito de Mayagüez para el cobro del pagaré de $1,525, y por Jaime Zapata ante la Corte Municipal de Mayagüez para el cobro de los otros dos pagarés ascendentes a $500, y habiéndose dejado anotar la rebeldía en ambos juicios, fueron registradas sentencias contra él condenándole al pago de los supuestos créditos reclamados; que los bienes de la sociedad de gananciales sujetos en su día a separación y divi-sión consistían en 3 fincas rústicas de 14, 13 y 3 cuerdas de terreno, respectivamente, que se describen en la demanda y se marcan con las letras a, b y c, bienes adquiridos por el demandado Roque Torres durante su matrimonio uon la demandante Mauricia G-arcía; que para la ejecución de la sentencia dictada a favor de Zapata fué embargada, la finca letra c cuya subasta se había anunciado para el día 23 de mayo de 1913, y para la ejecución de la sentencia a favor de Laaves habían sido embargadas las fincas letras a y b, estando anunciada su venta para el día 6 de junio de 1913; que si se rematan los expresados bienes la demandante sería privada irreparablemente de la participación que en los mis-mos le corresponde o pueda cor responderle: que el deman-dado Torres no tiene más bienes que su participación en los gananciales, y que el único remedio que la asiste para que no se le prive de su propiedad es la concesión del injunction solicitado.

Señalado día para oir a los demandados contra los cua-les se pedía el injunction, se opusieron éstos a la pretensión de la demandante alegando, primero: que dos causas dife-rentes de acción habían sido indebidamente acumuladas, se-gundo, que la demanda en cuanto se refiere al injunction, no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción, y tercero; que la demandante tiene un remedio ordi-nario prescrito en el artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil.

El injunction preliminar fué concedido por orden de 26 de ag’osto de 1913 previa fianza de $1,000, y esa orden fué apelada por los demandados Laaves y Zapata.

Alega la parte apelante como motivos del recurso los siguientes:

Primero. Que la corte cometió error al conceder el injunction en vista de la demanda jurada de la demandante, sin la menor justificación de los lieclios en ella alegados;

Segundo. Que también erró al desestimar la excepción general de que la demanda que comprende la petición de injunction no aduce lieclios suficientes para constituir una causa de acción;

Tercero. Que además incurrió en error al no considerar que siendo los demandados Laaves y Zapata dos personas distintas a quienes se atribuían actos diferentes realizados en épocas diversas y mediante distintos pleitos se ejercita-ban en la demanda que originaba el injunction dos acciones de nulidad que no podían acumularse:

Cuarto. Que la demandante tiene un remedio ordinario prescrito en el artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil, por lo que no lia podido solicitar el remedio de injunction que es de carácter extraordinario.

Examinemos los errores apuntados:

Primer error. Los techos en virtud de los cuales fué expe-dido el auto provisional de injunction fueron alegados por el peticionario bajo juramento y los demandados en su oposi-ción, lejos de negar esos hechos limitáronse a establecer cues-tiones de derecho tales como indebida acumulación de accio-nes, insuficiencia de hechos para determinar una causa de acción, y la existencia de un remedio ordinario que impedía la concesión del injunction. No habiendo sido denegados los hechos, éstos habían de servir de base para la consideración y decisión.de las cuestiones de derecho planteadas sin que fuera necesario aducir prueba alguna sobre tales" hechos de cuya veracidad era prueba prima facie el juramento de la parte demandante. Central Altagracia v. Otero, 13 D. P. R., 112.

Segundo error. Examinados los hechos alegados en la pe-dición de injunction, se desprende de ellos claramente el dere-cho del demandante y la procedencia del remedio solicitado.

Se promovía juicio por Mauricia García para anular cier-tos pagarés simulados suscritos por su esposo Roque Torres a favor de Laaves y Zapata y anular también las sentencias que en virtud de conspiración entre los presuntos acreedores Laaves y Zapata y el falso deudor Roque Torres se habían dictado contra éste en perjuicio dé la Mauricia García, a la que así se privaba de su participación en la sociedad de gananciales de ella y Roque Torres y el injunction solicitado tendía a impedir la ejecución de las sentencias y las subas-tas de los bienes embargados mientras se resolvía definiti-vamente el pleito iniciado sobre nulidad. Mediante la conce-sión del injunction no sólo se previene el daño que con la subasta habría de sufrir la Mauricia García pasando los bie-nes embargados que tenían el carácter de gananciales, a ter-ceras personas, sino que además se evita a la García la ini-ciación de otro pleito para anular las subastas que de no acce-derse al injunction habrían de realizarse. Con el injunction decretado se impide la venta o el traspaso y se conserva el status quo de los bienes embargados, cuyo cambio de condición podría constituir un obstáculo para la ejecución de la senten-cia que se dictara en el pleito sobre nulidad y originaría un nuevo pleito sobre la nulidad de las ventas en subasta pública contra el que los adquiriera. Los hechos alegados muestran la procedencia del remedio solicitado. Secciones 3a. y 4a.'de la Ley sobre Injunctions aprobada en 8 de marzo de 1906. Además, como ya dijimos al resolver el caso de Río v. Vázquez, 17 D. P. R., 170, la petición de injunction se presentó a la corte de distrito y ésta apreció que mostraba motivos suficientes para expedir el auto solicitado y lo expidió fijando una fianza. suficiente para responder de cualquier perjuicio que pudiera ocasionarse al demandado; y a menos que se demuestre que la corte lia abusado de su discreción, no esta-remos dispuestos a revocar su resolución.

Tercer error. No procede discutir en el presente recurso si en la demanda de nulidad en que se solicitó el injunction bubo o nó indebida acumulación de acciones, lo que habría de resolverse si en ese mismo sentido fuera ■ excepcíonada dicha demanda. A nosotros nos toca considerar la demanda tal como ha sido presentada para determinar la procedencia del injunction sin perjuicio de lo que la corte inferior pueda resolver sobre la excepción antedicha al serle propuesta como previa o como perentoria. Para sostener el error apuntado alega la parte apelante que en cuanto a Zapata, la cuantía de su reclamación era por $500 y por tanto la corte de distrito carecía de jurisdicción para despachar el injunction. A esa alegación contestaremos que no consta de autos cuál sea la cuantía de la finca embargada para ejecutar la sentencia dic-tada a favor de Zapata y que en todo caso la corte habría actuado con jurisdicción, pues la de los tribunales de juris-dicción general en la expedición de injunctions no está limi-tada por la cuantía del litigio. Sección 2a. de la Ley de Injunctions. Caso ya citado de Río v. Vázquez.

Cuarto error. El artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil dice así:

“Artículo 91.' — Cuando en una acción que afecte al título o al derecho de posesión de una propiedad inmueble, el demandante al tiempo de presentar la demanda, y el demandado al tiempo de pre-sentar la contestación o en cualquier tiempo después, pidieren se declare que lo que se reclama es suyo, podrán presentar para su ano-tación al registrador del distrito en que radicare la propiedad o parte de ella un aviso de la cuestión litigiosa pendiente, el cual contendrá los nombres y apellidos de las partes, el objeto de la demanda o con-testación, y la descripción de la propiedad en litigio. Sólo desde el día de la presentación del aviso para ser anotado se considerará que el comprador o la persona que adquiera un gravamen sobre la propiedad litigiosa, tiene conocimiento, para los efectos legales, de la acción pendiente contra las partes designadas por sus nombres verdaderos. ’ ’

Dicho artículo no es aplicable al presente caso en que no se trata de una acción que .afecta al título o al derecho de posesión de una propiedad inmueble y en que el demandante no pide que se declare que lo que reclama es suyo, requisitos necesarios para la aplicación de aquel artículo como lo revela su simple lectura; pero de todos modos el remedio expresado no excluye el injunction, más rápido, eficaz y adecuado en el presente caso. 22 Cyc., 771.

Por las razones expuestas es de confirmarse la orden re-currida.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. del Toeo,

text:
    Hernández, Demandante y Apelante, v. Rosado et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en un caso sobre rescisión de contratos e indemnización de perjuicios.
    No. 1094.
    — Resuelto en marzo 18, 1914.
    Gravámenes por Sentencia — Finca Adquirida Antes de Registrada la Sen-tencia. — De acuerdo con la sección 6 de la ley sobre gravámenes por sen-tencia de 1906, no está afecta al gravamen que dicha ley establece una finca adquirida con anterioridad al registro de la sentencia en el libro de senten-cias del registro de la propiedad del distrito.
    Terceros — Gravámenes por Sentencia. — No puede invocar el carácter de tercero a los efectos del artículo 25 de la Ley Hipotecaria, aquel a cuyo favor se ha dictado una sentencia que ha sido registrada en el registro de sentencias del registro de la propiedad correspondiente con posterioridad a la adquisi-ción de una finca, aun cuando la inscripción de la finca sea posterior al registro de la sentencia.

      Enajenación en Eraude de Acreedores — Presunción.—Para que se presuma fraudulenta una enajenación liecha a título oneroso es necesario que con-curran las siguientes circunstancias: 1. Que se dicte una sentencia condena-toria contra una persona o que se expida un mandamiento de embargo contra sus bienes; 2. Que esa persona venda sus bienes a otra que también tenga conocimiento de la sentencia o del embargo; 3. T que exista un acreedor perjudicado por la enajenación que carezca de todo otro recurso legal para obtener la reparación del perjuicio.
    Prueba Contradictoria — Apreciación del Tribunal Sentenciador. — En los casos de prueba contradictoria, para que el Tribunal Supremo modifique la apre-ciación hecha por la corte sentenciadora, es necesario que se demuestre que dicho tribunal actuó movido por pasión, prejuicio o parcialidad, o que cometió algún error manifiesto.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    El apelante compareció en nombre propio.
    Los apelados no comparecieron.
   El Juez Asociado Sr. del Toeo,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación interpuesto contra sentencia de la Corte de Distrito de Mayagüez declarando sin lugar cierta demanda sobre rescisión de contrato esta-blecida por Agustín Hernández Mena contra Arturo Rosado Fussá y Julio Medina González.

En la demanda se alega que el demandante, el 19 de agosto de 1909, obtuvo una sentencia a su favor y en contra de Julio Medina González, por la suma de $1,480.95, cuya sentencia fué inscrita y pasada al índice del libro registro de senten-cias del Registro de la Propiedad de Mayagüez el 17 de enero de 1910, a los efectos de la ley sobre gravámenes por sentencia, hallándose dicha inscripción vigente en la actua-lidad.

■Que en la ejecución de la sentencia de 19 de agosto de 1909, el demandante, el 29 de octubre de 1910, embargó todo el derecho que el deudor Medina tuviera en cierta porción de terreno de doce cuerdas situada en el barrio de Sábalos, de Mayagüez, y señalado el 24 de noviembre de 1910 para la subasta, fué ésta suspendida a virtud de una demanda de tercería interpuesta por Arturo Rosado Fussá reclamando como suya la dicha porción de terreno embargada.

Que el pleito de tercería, en el cual alegó Rosado que había comprado la porción de terreno a Medina por escritura pú-blica otorgada el 12 de enero de 1910, fué fallado finalmente a favor de Rosado y el demandante en este pleito, Agustín Hernández Mena, se vió obligado a satisfacer al tercerista Rosado las costas del procedimiento.

Que la porción de terreno de que se trata, vendida por Medina a Rosado el 12 de enero de 1910, no estaba inscrita en el registro de la propiedad, y Rosado tramitó un expe-diente para acreditar su dominio sobre la misma y obtuvo una sentencia favorable el 25 de febrero de 1911 que fué ins-crita en el registro de la propiedad.

Que Rosado antes y al tiempo de comprar la porción de terreno, al interponer la tercería y al iniciar el expediente de dominio, sabía y le constaba: (a) que el vendedor Medina era deudor por sentencia firme de Agustín Hernández Mena, (b) que Medina se había constituido en insolvencia, y (o) que al inscribir la sentencia de dominio en el registro, estaba ya inscrita y pasada al índice del libro registro de sentencias del mismo registro, la sentencia de 19 de agosto de 1909 dic-tada a favor de Hernández Mena y en contra de Medina Gon-zález, pendiente aún de satisfacer en su totalidad.

Que la venta de Medina a Rosado fué hecha en fraude de acreedores y con el propósito deliberado de que el deman-dante no pudiera hacer efectiva la sentencia que había obte-nido contra el vendedor Medina.

Y que el único medio que el demandante tiene para cobrar lo que se le debe, es pedir la rescisión del contrato de com-praventa celebrado entre' Medina y Rosado, ya que el pri-mero se ha constituido en estado de insolvencia voluntaria.

El demandado Julio Medina no contestó la demanda y el otro demandado Rosado Fussá lo hizo aceptando algunos de sus hechos, negando otros y alegando como materia nueva que en efecto había comprado la porción de terreno de que se trata a Julio Medina González el 12 de enero de 1910 no estando en esa fecha inscrita en el registro de sentencias del Registro de la Propiedad de Mayagüez la sentencia obtenida por Hernández Mena en contra de Medina González, y qne babía tramitado públicamente, desde diciembre de 1910 basta febrero de 1911, sn espediente de dominio de la repetida por-ción de terreno y Agustín Hernández Mena no compareció a oponerse dentro del plazo qne concede la ley y qne se fijó en los edictos publicados.

El 23 de octubre de 1913 se celebró el juicio y la corte, el 31 del propio mes, dictó sentencia, declarando sin lugar la demanda, sin especial condenación de costas.

En su relación del caso y opinión, la corte de distrito consignó que babía estudiado la evidencia practicada y babía llegado a la conclusión de que el demandante no babía pro-bado todos los becbos esenciales y necesarios de su demanda constitutivos de la causa de acción ejercitada en la misma. La prueba se ba incluido en una exposición del caso debida-mente preparada y certificada.

Veamos, en primer término, si es o nó aplicable a este caso la ley sobre gravámenes por sentencias' de 1906, Leyes de Puerto Rico, 1906, p. 77. El demandante alega que la sentencia de 19 de agosto de 1909 se registró1 en el libro regis-tro de sentencias del Registro de la Propiedad de Mayagüez y se pasó al índice el 17 de enero de 1910.' A partir de esa fecha fué que, de acuerdo con la sección 6 de la indicada ley, tenía la sentencia inscrita y pasada al índice el efecto de un gravamen sobre todos los inmuebles del demandado no exentos de embargo, radicados en el distrito, y sobre todos los que pudiera, adquirir posteriormente en dicho distrito, teniendo dicho gravamen el alcancé y prelación que se deter-mina en el párrafo 4 del artículo 1824 del Código Civil. Véase la decisión de esta Corte Suprema en el caso de Hernández v. Medina et al., 19 D. P. R., 88, en la que se estudia con alguna extensión el origen y los efectos de la ley sobre gravámenes por sentencia de 1906.

La venta de Medina a Rosado, cuya rescisión solicita el demandante en este pleito, tuvo lugar por escritura pública otorgada el 12 de enero de 1910, esto es, con anterioridad al registro de la sentencia de 19 de agosto de 1909, verificado el 17 de enero de 1910. Siendo esto así, es bien claro qne no tiene aplicación a este caso la ley sobre gravámenes por sen-tencia a qne nos liemos venido refiriendo.

El hecho de qne ya estuviera la sentencia de 19 de agosto ■de 1909 inscrita y pasada al índice cuando Rosado inscribió la sentencia de dominio que obtuvo a su favor a virtud del expediente que tramitara al efecto, no varía la naturaleza ■del caso, pues la verdadera fecha en que Rosado adquirió la propiedad del inmueble de que se trata en este pleito, no fué la de la inscripción de la sentencia de dominio en el regis-tro, sino la de la escritura de compraventa otorg-ada el 12 ■de enero de 1910. Si en esta ultima fecha adquirió el domi-nio libre del gravamen de la sentencia de 19 de agosto de 1909, libre de ese gravamen pudo inscribirlo luego, como lo inscribió, en el registro de la propiedad. Véase el caso de la Sociedad de Auxilio Mutuo v. Rossy, 17 D. P. R., 83.

Tampoco puede invocar Hernández Mena carácter de ter-cero respecto de la venta hecha por Medina a Rosado en ■escritura pública de 12 de enero de 1910 para acogerse al artículo 25 de la Ley Hipotecaria, pues en la fecha expre-sada no tenía aquél gravamen alguno sobre los bienes de Medina según la ley sobre gravámenes por sentencia de 1906. La expresada escritura produjo efecto contra Hernández Mena desde la fecha de su otorgamiento.

El artículo 1264 del Código Civil revisado, en su párrafo 2°.. dice así:

“Artículo 1264. — * * *.
“También se presumen fraudulentas las enajenaciones a’título •oneroso, hechas por aquellas personas contra las cuales se hubiese pronunciado antes sentencia condenatoria en cualquier instancia, o ■expedido mandamiento de embargo de bienes.”

Para que tenga lugar el caso a que el precepto legal trans-crito se refiere, es necesario que concurran las siguientes circunstancias:

(a) que se dicte' una sentencia condenatoria contra una persona, o que se expida un mandamiento de embargo contra sus bienes;

(b) que esa persona venda sus bienes a otra que tam-bién tenga conocimiento de la sentencia o del embargo; y

(c) que exista un acreedor perjudicado por la enajena-ción que carezca de todo otro recurso legal para obtener la reparación del perjuicio.

Las circunstancias que liemos señalado con las letras a y c se desprenden claramente del artículo 1264 del Código Civil que en lo pertinente dejamos transcrito, y del. 1261 del mismo cuerpo legal, que copiado a la letra dice así:

“Artículo 1261. — La acción de rescisión es subsidiaria; no podrá ejercitarse sino cuando el perjudicado carezca de todo otro recurso legal para obtener la reparación del perjuicio.”

La circunstancia marcada con la letra b, se infiere de una interpretación racional del repetido artículo 1264 y de la acción tomada por la Legislatura al decretar en 1906 la ley sobre gravámenes por sentencia.

Comentando Scaevola el artículo 1297 del Código Civil es-pañol, igual al 1264 del nuestro, se expresa como sigue:

“Ultimamente, el código no lo dice, pero es indudable que el fraude requiere en este caso, como preciso, el conocimiento por el enajenante del embargo o condena a que se habían sujetado sus bienes. La prueba de esta falta de conocimiento será una cansa decisiva para contradecir en juicio la presunción legal.” 20 Scaevola: Código ' Civil: 941.

Y si, según el comentarista Scaevola, se requiere el cono-cimiento del embargo o condena por parte del enajenante, por lo menos la misma razón existe para que se requiera tal conocimiento por parte del adquirente.

Veamos añora si las circunstancias que la ley exige y que se alegaron debidamente en la demanda, tuvieron en el juicio demostración cumplida.

La primera quedó demostrada plenamente. Cnando Medina González en 12 de enero de 1910 vendió a Rosado la por-ción de terreno de que se trata, se había ya dictado en contra del vendedor y a favor del demandante en este caso, Hernán-dez Mena, la sentencia de 19 de agosto de 1909, pendiente en 12 de enero de 1910 de satisfacer en sn totalidad.

La segunda no quedó suficientemente demostrada a jui-cio del tribunal sentenciador. El demandante alegó que el demandado Rosado al comprar sabía que Hernández Mena había obtenido una sentencia contra el vendedor que no es-taba satisfecha y que la venta de Medina a Rosado se hizo con el propósito deliberado de perjudicarlo. En el acto de la vista el dicho demandante presentó como única prueba de su alegación su propia declaración jurada en la cual se produjo como sigue:

“* * *. En noviembre o diciembre de 1909, no recuerdo per-fectamente, tuve conocimiento de que el Sr. Medina y el Sr. Arturo Rosado, tenían el negocio de compraventa de un terreno. Como Medina me debía dinero, fui al registro a ver si tenía inscrito algo, pero no encontré nada; entonces, un día de dicho mes, encontré al Sr. Arturo Rosado en la Calle de la Candelaria, en coche, le hice parar, él accedió y le indiqué que había sido informado de que tenía un negocio de compraventa de un terreno de Julio Medina, me dijo que no, al contestarme que no, le dije, le pregunto a Yd. porque Julio Medina me está debiendo a mí una cantidad de dinero procedente de una demanda de la corte de distrito. Entonces él dijo que no sabía nada de eso, y nos despedimos.”

El demandado Rosado también declaró bajo juramento en el juicio y negó la certeza de las afirmaciones del deman-dante. La prueba resultó, pues, contradictoria y el conflicto fué resuelto por la corte de distrito, según se desprende de su sentencia en favor del demandado. Y como el deman-dante y apelante no nos ha demostrado que al actuar así la corte sentenciadora lo hizo movida por pasión, prejuicio o parcialidad, o que cometiera algún error manifiesto, noso-tros aceptaremos la apreciación del tribunal inferior como la justa y procedente en este caso.

Habiendo llegado a la anterior conclusión, se liace inne-cesario investigar si concurre o nó la tercera de las circuns-tancias necesarias para integrar la causa de acción ejerci-tada. Faltando como falta una de ellas, no es posible que pueda prosperar la demanda que fué, en tal virtud, debida-mente desestimada.

Por las razones expuestas, debe declararse sin lugar el recurso establecido y confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.


text:
    Pizzini, Peticionaria, v. Lloreda, Juez de Distrito, Demandado.
    Solicitud para que se expida mandamiento de certiorari al Juez de la Corte de Distrito de Arecibo en un procedi-miento sobre aseguramiento de sentencia.
    No. 118.
    — Resuelto en marzo 20, 1914.
    Aseguramiento de Sentencia — Obligación de no Hacer — Remedio Adecuado.— El aseguramiento de sentencia para impedir que un demandado en una acción sobre nulidad de expediente posesorio cobre réditos o arrendamiento por el terreno a personas que ban construido casas sobre el mismo, es improcedente cuando no consta de una manera específica, concreta y determinada, la exis-tencia de la obligación de no hacer dichos cobros por parte del demandado.
    Los fiecLos están expresados en la opinión.
    Abogado de la peticionaria: Sr. Rafael López Landrón.

    El demandado no compareció.
   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una petición de auto de certiorari lieclia a esta Corte Suprema por el Letrado Don Rafael 'López Landrón en representación de Carmen Pizzini de Matheu para revi-sar procedimientos de la Corte dé Distrito de Arecibo en juicio seguido por la Carmen Pizzini y otros contra el Pres-bítero Agustín Rexach y Dueño, como representante de la “Ermita de la Monserrate” en Arecibo, y el municipio de dicba ciudad representado por su Alcalde Manuel Pérez Avi-lés, sobre nulidad y cancelación de un expediente posesorio y otros extremos.

De las alegaciones de la petición de certiorari y de los documentos que en copia certificada se acompañan a la misma, resulta que la Carmen Pizzini de Matbeu y otros promovieron ante la Corte de Distrito de Arecibo el mencionado pleito mediante demanda en la que solicitaban, entre otros pronun-ciamientos, se decretara que los demandantes no estaban obli-gados legalmente por concepto de réditos, arrendamiento, o en cualquiera otra forma, a satisfacer ni a seguir satisfa-ciendo a la “Ermita de la Monserrate,” ni a su Advocación, ni al Presbítero Agustín Rexacb y Dueño cantidad alguna por el uso, disfrute, tenencia o posesión de los solares que con las respectivas casas de su propiedad ocupaban. dentro de las cuatro parcelas de terreno descritas en dicba demanda.

Resulta además que la representación de Carmen Pizzini presentó a la expresada Corte de Arecibo solicitud de ase-guramiento de sentencia pidiendo se dictara una orden por la que mediante prestación de fianza por la peticionaria se prohibiera al demandado Rexacb y Dueño que hiciera o continuara haciendo en lo sucesivo, privada ni judicial-mente, cobro alguno por el disfrute del solar que con casa ocupaba la Pizzini, apercibido de ser castigado por desacato, basta tanto se dictara la sentencia correspondiente en el pleito principal, cuya orden debía comunicarse al Juez Municipal de Arecibo ante quien se estaba siguiendo procedimiento de cobro por Rexach contra la Pizzini por el uso y goce del solar que ocupaba.

La Corte de Distrito de Arecibo denegó el asegura-miento ele sentencia solicitado fundándose en que en la de-manda principal no se reclamaba ninguna obligación de no hacer.

En apoyo del recurso de certiorari, fundado en los hechos expuestos, invoca la peticionaria las secciones Ia., 2a. y 4a. de la ley para asegurar la efectividad de sentencias, pues entiende que en la demanda se reclama el cumplimiento de una obligación de no hacer.

Opinamos que el Juez de la Corte de Distrito de Arecibo ha procedido con arreglo a ley pues si bien para que pueda solicitarse y obtenerse del tribunal una medida precautoria que asegure la efectividad de la sentencia que se dicte, basta que se reclame el cumplimiento de una obligación, cualquiera que sea su naturaleza, bien sea líquida o ilíquida, de hacer o de no hacer, o de entregar una cantidad de dinero u otra cosa determinada, según dijimos al resolver en 12 dé marzo de 1905 el caso de Sobrinos ele Ezquiaga v. Munitiz, 8 D. P. R., 429, dicha obligación ha de ser específica, concreta y deter-minada, lo que no sucede en el presente caso en. que no se nos muestra cuándo, dónde, en qué forma y con qué personas se obligó el demandado Rexach a no verificar cobro alguno por réditos, arrendamiento o por cualquier otro concepto respecto de los solares comprendidos en las parcelas de te-rreno de que se trata.

Si el Presbítero Rexach entabla acción ante cualquier tribunal para verificar un cobro ilegal por el uso y disfrute de solares que cree pertenecer a la “Ermita de la Monserrate” de Arecibo, los demandados podrán alegar la falta de acción por parte de Rexach, o ejercitar cualquier otro recurso que según las circunstancias les asista para su defensa, pero nunca será remedio adecuado el recurso de aseguramiento de sentencia intentado por la peticionaria.

Procede desestimar la solicitud de certiorari.

Denegada la expedición del mandamiento de certiorari.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    Riera, Demandante y Apelante, v. Wolff’s Auto Garage et al., Demandados y Aperados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en un caso sobre cobro de una fianza en una tercería de dominio.
    No. 1015.
    — Resuelto en marzo 26, 1914.
    Tercería de Dominio — Fianza—Naturaleza de la Obligación. — De aeuerdo con las secciones 3, 14 y 15 de la Ley de marzo 14, 1907, estableciendo el pro-cedimiento en casos de tercería, la fianza que ha de prestar el tercerista que reclama los bienes que han sido embargados por un tercero, no tiene necesa-riamente el carácter de una penalidad, sino que su objeto es garantizar al acreedor que ha embargado los bienes, que el tercerista se los devolverá en la misma condición en que los ha recibido, y en el caso de que así no lo haga que le compensará su valor más el interés legal y los daños y costas a que fuere condenado.
    Id. — Desistimiento de la Demanda de Tercería — Devolución de los Bienes al Acreedor que los Embargó. — Guando, como en el caso de autos, el tercerista desiste de su demanda y después de haber prestado la Correspondiente fianza devuelve los bienes al acreedor que los embargó, aun en el supuesto de que la fianza se hubiere .otorgado por el doble del montante del valor de los bienes, dicho acreedor, si recibe los bienes, sólo tiene derecho a que se le indemnice la diferencia que pueda haber entre el valor de los bienes al ser devueltos por el tercerista y el que tenían cuando los recibió éste con los daños verda-deros sufridos.
    Id. — Daños que Debe Indemnizar el Tercerista — Interés Legal. — En el estado de los hechos probados no es necesario resolver en este caso si de acuerdo con la sección 3 de la Ley de marzo 14, 1907, ya citada, el acreedor que embargó los bienes puede reclamar al tercerista la indemnización de cualquier daño que haya sufrido en el caso de que los intereses legales sobre el montante del valor de los mismos no sean suficientes para compensar los perjuicios sufridos.
    Honorarios de Abogados — Costas—Discreción del Tribunal Sentenciador.— La concesión de honorarios de abogados en un procedimiento de tercería de dominio descansa por completo en la discreción del tribunal sentenciador y este tribunal por regla general no modificará la resolución del tribunal inferior sobre tal extremo.
    Los,hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. José G. Torres y José lla-món Freyre.

      Abogados de los apelados Francisco del Moral y Maxi-mino Rodríguez: Sres. Bosch y Soto.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Se inició está acción ante la Corte de Distrito de Maya-güez en 7 de noviembre de 1911. Los hechos fueron sustan-eialmente los siguientes:

El día 3 de abril de 1911, estableció una demanda Eduardo Riera contra Simón Cario en cobro de una obligación vencida por la suma de $2,000. Al empezar el pleito el demandante obtuvo una orden de aseguramiento contra dicho demandado y entregó, o iba a entregar, ciertas máquinas o maquinaria del deudor Cario. Posteriormente, en 5 de abril de 1911, la Wolff’s Auto G-arage, uno de los demandados en esta acción, presentó una demanda de tercería o reclamación de bienes muebles alegando como de su pertenencia la propie-dad embargada por virtud de un contrato privado celebrado entre ella y Cario. El tercerista a su vez prestó uua fianza de $3,000, o sea por el doble del valor de la maquinaria, siendo la interpretación de dicha fianza el objeto de esta apelación. La fianza es como sigue:

‘ ‘ FIANZA. Por cuanto: en virtud de una orden de embargo librada por la corte de distrito a favor del demandante Don Eduardo Riera contra el demandado Don Simón Cario, para asegurar la efectividad de la sentencia que pueda recaer en este asunto, autenticada el 5 de abril de 1911, el marshal de dicha corte ha embargado a designa-ción del demandante, la propiedad mueble descrita a continuación: ‘Un torno marca Benjamín Lauranee builder, of Lowell, Mass., U. S. A., con 8 piñones y dos platos. Un torno Manning Maxwell & More, con 8 piñones y dos platos. Una máquina de barrenar con un juego de barrenas de 1/16 hasta una pulgada. Una sierra de cortar hie-rros. Un milling machine No. 1. con doce fresas. Una máquina con dos piedras de esmeril. Un motor gasolina sistema Otto. Una prensa, un marrón,'12 llaves fijas, seis perros de torno y varios accesorios y herramientas inherentes a la maquinaria/ la cual propiedad ha sido tasada por el citado agente en_dollars. Y por cuanto: la Sociedad Wolff’s Auto Garage, ha reclamado dicha propiedad y pre-sentado al aludido agente un juramento por escrito, haciendo constar que su reclamación se ha hecho de buena fe. Por tanto: Nosotros, Ramón Wolff, gerente de la Sociedad Wolff’s Auto Garage, como principal, y Francisco del Moral y Nadal y Maximino Rodríguez, como fiadores nos obligamos a pagar al citado Eduardo Riera la suma de tres mil dollars, o sea el doble del valor de la reseñada pro-piedad, con la condición de que si la Sociedad Wolff’s Auto Garage dejare de justificar su derecho a la memorada propiedad, la devolverá al marshal de esta corte de distrito o a su sucesor, en la misma condi-ción en que la recibió, y satisfará también el valor razonable del uso, alquiler, incremento y productos de la misma, desde la fecha de esta fianza y las costas, o si dejare de devolver dicha propiedad y pagar por el uso, alquiler, incremento y productos de la misma, satisfará al demandante el valor de ella, con intereses legales sobre dicho, valor, desde esta fecha, así como todos los daños y costas a que fuere con-denado. Firmado hoy en Mayagüez a 5 de abril de 1911. (Firmado) R. Wolff, principal pagador. F. del Moral. M. Rodríguez, fiadores.”

Al ser prestada la fianza se entregó la propiedad a la Wolff’s Auto Garage, quedando bajo su control basta el día 14 de septiembre de 1911, o sea por un período de cinco' meses y ocho días, cuando fué entregada dicha propiedad a Eduardo Riera al desistir de su demanda la Wolff’s Auto Garage y haberse dictado sentencia de desistimiento contra ella a su costa y perjuicio. Se resolvió que la palabra “costas,” se refería a las del procedimiento de tercería. Quedó probado el hecho de haber sido entregada la propiedad a Riera dos días después del desistimiento de esta acción de tercería. Asimismo quedó establecido que al ser devuelta dicha ma-quinaria, se echaron de menos algunas piezas de la misma que tenían un valor de $200, siendo ésta la única pérdida o deterioro ocasionado, según la opinión de la corte. Igual-mente quedó demostrado por la prueba que después del desis-timiento de dicha acción el demandante Riera presentó un memorándum de costas y honorarios ascendente a $110.55, que fueron satisfechos por la Wolff’s Auto Garage.

Todos estos procedimientos tuvieron lugar por virtud de la ley aprobada en marzo 14, 1907, que regula el procedi-miento en casos de tercería sobre bienes muebles, Leyes de la Sesión de 1907, página 308. Según la sección 14 de esta Ley, como lo admiten las partes en el pleito y el juez especial-' mente lo reconoce, pudo haberse dictado sentencia contra la Wolff’s Auto Garage y sus fiadores por cualquier suma permitida por la ley pero en vez de hacerlo así, dicha corte, después de dictar sentencia por costas y honorarios en los procedimientos de tercería ordenó que la fianza fuera entre-gada al demandante Eduardo Riera para que ejercitara el derecho que tuviera por conveniente. En su virtud, el de-mandante entabló la presente acción contra la Wolff’s Auto Garage y sus fiadores.

Durante la celebración de este juicio el demandante trató de probar varias partidas referentes a daños y perjuicios, pero la corte dictó por último sentencia por la suma de $231.95, valor del admitido deterioro de la maquinaria, con interés legal desde la fecha en que fue embargada. La corte dictó sentencia por .la expresada suma pero sin costas u hono-rarios, contra la cual interpuso el demandante Riera recurso de apelación.

Alega el apelante por medio de su abogado que la fianza es según sus propios términos una con cláusula penal y que no habiendo sido devuelta la propiedad por el tercerista al demandante Riera en tan buena condición- como la recibió ni pagado al demandante el valor razonable del uso, alquiler, incremento y productos de la misma, debió haberse dictado la sentencia por toda la suma penal de $3,000, o al menos por la entera cantidad de $1,500, en que fué valorada la ma-quinaria, y por los demás daños y perjuicios que se probaron. Sostiene que se le debieron haber concedido otras partidas de daños y perjuicios y no debió limitarse la sentencia úni-camente al interés sobre la suma del principal. También in-siste el apelante en que la corte cometió error al negarse a concederle costas y honorarios en este pleito.

En cuanto a la primera cuestión planteada por el ape-lante conviene que citemos las secciones de la ley que son de aplicación al caso.

“Sección 3. — La fianza se constituirá con la condición de que si el reclamante no lograre justificar su derecho a la propiedad devol-verá ésta al agente que hubiere efectuado el embargo, o al sucesor de éste, en tan buena condición como la recibió, y de que también satis-fará el valor razonable, del uso, alquiler, incremento y productos de la misma, desde la fecha de la fianza; o si dejare de devolver dicha propiedad, y pagar por el uso, alquiler, incremento y productos de la misma, satisfará al demandante el valor de dicha propiedad, con más el interés legal sobre el mismo desde la fecha de la fianza, así como todos los daños y costas a que fuere condenado.”
“Sección 14. — En todos los casos en que el reclamante de una propiedad, bajo las disposiciones de esta Ley, dejare de probar su derecho a ella, se dictará fallo en contra de él y de sus fiadores, por el valor de la propiedad, con interés legal sobre el mismo desde la fecha de la fianza.
“Cuando dicho valor fuere mayor que la cantidad reclamada en la orden en cuya virtud se procedió al embargo de la propiedad, la indemnización se computará sobre la cantidad reclamada en la orden.
“Dicho fallo se dictará a favor del litigante victorioso en el asunto donde se decretó la orden de embargo, o cualquiera otra que haya motivado la tercería; y cuando el fallo se dictare a favor del deman-dante en la orden de embargo, o de los diversos demandantes, si hu-biere más de uno, se fijará en dicho fallo la cuantía, y el orden pre-lativo de la reclamación de cada demandante. En todo caso en que no se trate de abandono de acción por el demandante, o de rebeldía del demandado, el juez reservará su sentencia en la tercería hasta que haya recaído sentencia en el asunto que motivó la tercería. ’ ’
“Sección 15. — Dentro de los diez días de haberse dictado el fallo, se librará el mandamiento de ejecución.
1 ‘ Si dentro de los diez días de haberse dictado fallo contra el recla-mante, éste devolviere la propiedad en la misma buena condición en que la hubiere recibido, y pagare por el uso de la misma así como por los daños y costas causados, con tal entrega y pago se tendrá por satisfecha la sentencia.”

Entendemos qne de un examen de estas tres secciones se ve que el objeto de la ley no fné imponer un castigo sino conceder una compensación y garantizar la misma. La sec-ción 14 dispone que se dictará sentencia contra el tercerista que dejare de probar su derecho por el valor de la propie-dad con intereses legales sobre la misma desde la fecha de la fianza, y la sección 15 prescribe que el tercerista podrá satis-facer esta sentencia devolviendo la propiedad en la misma, •buena condición en que la hubiere recibido, pagando por el uso de la misma, así como por los daños y costas causados. Por tanto, somos claramente de opinión que el objeto de la ley es la compensación.

La propiedad fué devuelta y recibida por el demandante. Si éste se hubiera negado a recibirla con el pretexto de que no se encontraba en la misma condición que tenía cuando se le privó de ella, quizás entonces podría tener razón al alegar que debió ordenarse que se le pagara toda la suma de $1,500. Al decretarse que se le abonaran los $200 por los deterioros sufridos en la maquinaria en vez de la suma de $1,500, o sea el valor en que fue tasada la maquinaria, la corte procedió a nuestro juicio de acuerdo con la ley y la justicia del caso. Otro modo de considerar esta cuestión es el siguiente: Supongamos que el apelante tenía derecho a recibir los $1,500. Se le devolvió la maquinaria a la que ahora se da un valor de $1,300. Por tanto si se tiene en cuenta el valor de la, referida propiedad, el apelante tenía derecho solamente a la diferencia.

La corte inferior llama la atención hacia la forma defec-tuosa en que está redactada la ley. La fianza se limita ahora a favor del demandante cuando debería hacerse a favor del márshal o de la parte que resulte victoriosa en el pleito. To-davía sería mejor una fianza en la que el tercerista se com-prometiera a responder de la propiedad y de todos los daños y perjuicios que se originen por la tercería y los fiadores a garantizar tal responsabilidad, y que si la sentencia se dicta contra dicho tercerista, pudiera condenarse en la misma al tercerista y a sus fiadores a hacer efectiva dicha responsa-bilidad.

Ahora bien, aunque los términos de la sección 14 se refie-ren a la sentencia e intereses solamente, creemos que según el espíritu general de la ley y de la sección 3a. de la misma podrían quizás considerarse y estimarse cualesquiera daños que se hayan ocasionado al demandante si fuere insuficiente el interés para repararlos, pero no hay necesidad de resolver esta cuestión de modo específico hasta que no se pre-sente un verdadero caso. En este caso el demandante Riera ofreció prueba a la corte inferior para demostrar que cuando la maquinaria fué sacada del taller de Cario el deudor Riera tenía que pagar alquileres por el sitio de donde fué llevada la misma, teniendo además que pagar sueldos a varios em-pleados del taller. Pero no aparece de qué modo sobrevi-nieron estos daños como causa próxima por el hecho de haber sido tomada la maquinaria. Riera entró en posesión del taller, mientras no se demuestre otra cosa, con el consenti-miento expreso o tácito del deudor Carlo. Si hubo daños resultarían para este último, pero según hemos visto la fianza se hizo a favor de Riera. Los daños que tuvo en cuenta la fianza se refieren a los que se causen a la maquinaria, los productos y uso de la misma u otros semejantes. Por estas razones no vemos que Riera sufriera otros daños y perjuicios por virtud de la fianza que aquellos que le concedió la corte.

Otro fundamento de error es el de que no se concedieron honorarios de abogado. Esta es una cuestión que descansa tanto en la discreción de la corte sentenciadora que no nos sentimos inclinados a intervenir con dicha discreción. Si el demandante Riera hubiera solicitado de la corte por medio de moción que fijara los daños en el' pleito original de ter-cería, la corte podría haberlo hecho así. De todos modos el demandado ya ha sido obligado a pagar honorarios de uno de los abogados por haberse tomado indebidamente la maquinaria y no estamos por tanto dispuestos a intervenir con la discreción de la corte. Debe confirmarse la sentencia.

G onfirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociad o Sr. Alore y,

text:
    Vicens et al., Promoventes y Apelados, v. Cruz et al., Opositores y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en nn caso sobre administración judicial de bienes de nn difunto.
    No. 1028.
    — Resuelto en marzo 26, 1914.
    Administración Judicial — Jurisdicción de las Cortes de Distrito. — De acuerdo con el artículo 23 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales de 1905, la corte del distrito de la última residencia del finado o en el que radican sus bienes, tiene jurisdicción para conocer de la administración judicial de los bienes de un finado.
    Id. — Traslado a Otro Distrito — Prueba Contradictoria de la Residencia del Pinado. — Cuando se pide el traslado de un procedimiento de administración judicial de los bienes de un finado a otro distrito, porque la última residencia estaba dentro del otro distrito, y la corte -resuelve la contradicción en la prueba declarando que la residencia estaba dentro de su distrito, este tribunal no irá contra esa apreciación.
    Id. — Deiensor Judicial — Nombramiento de Tutor. — La petición hecha a un tribunal para que se nombre defensor judicial a un menor y tutor a otro, no implica necesariamente la iniciación de un procedimiento sobre adminis-tración judicial, y no impide, por tanto, que se promueva el procedimiento de administración judicial en otro distrito al cual correspondía la última resi-dencia del finado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelados: Sr. Gustavo Rodríguez.

    Abogado de los apelantes: Sr. José Tous Soto.

   El Juez Asociad o Sr. Alore y,

emitió la opinión del tribunal.

Margarita Vicens, viuda de Rafael Cruz, promovió en el Tribunal de Distrito de Ponce un procedimiento sobre admi-nistración judicial de los bienes dejados por su difunto con-sorte alegando entre otras cosas, que la muerte de éste había ocurrido en Guániea donde tuvo su último domicilio y residen-cia. Posteriormente, Rafael Cruz Santiago o Mora, uno de ios hijos del primer matrimonio del finado, pidió a dicho tribunal que se declarase incompetente para conocer de esas dili-gencias y las trasladase al Tribunal de Distrito de Mayagüez, fundado en que si bien su padre había fallecido en Guániea, era vecino de Lajas donde siempre tnvo su domicilio y tam-bién porque la viuda promovente de las diligencias babía acudido con anterioridad al Tribunal de Distrito de Mayagüez, del que obtuvo el nombramiento de un defensor para su hijo menor de edad y el de un tutor para otros hijos naturales reco-nocidos del causante.

Celebrada la vista y pruebas de esa petición el Tribunal de Distrito de Ponce dictó resolución en la que, estimando-satisfactoriamente probado que Guánica fué el último domici-lio y residencia del finado Eafael Cruz y que allí dejó bienes, de alguna consideración, declaró que era competente para conocer del asunto y negó el traslado interesado. La apela-ción interpuesta contra esta resolución es la que motiva el pre-sente recurso.

Dos son los motivos de error que contra ella se alegan, a saber: que el tribunal inferior carece en absoluto de juris-dicción porque el último domicilio del finado fué dentro del distrito de Mayagüez y que aunque ambos tribunales tuvieran jurisdicción concurrente, el de Mayagüez babía adquirido ya jurisdicción por baber acudido a él la viuda con las peticiones para nombramiento de defensor y de tutor.

Eespecto al primer motivo, habiendo resuelto el juez inferior la contradicción de la prueba sobre ese extremo en el sentido de que el último domicilio de Eafael Cruz fué el de Guánica, bemos de dar por cierto ese beebo. Por tanto, como el artículo 23 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales confiere jurisdicción para conocer de la administración judicial de los bienes de un finado al tribunal de distrito de su última residencia o al en que radiquen sus bienes, tenía jurisdicción el de Ponce porque habiendo sido la última residencia del finado en Guánica dentro de su demarcación judicial, a él se presentó la solicitud.

En cuanto al segundo motivo del recurso, las peticiones de Margarita Yicens al Tribunal de Distrito de Mayagüez para que nombrase defensor judicial a su hijo menor de edad y un tutor para los hijos naturales que babía reconocido su cón-yuge, no iniciaron el juicio de ab-intestato porque tales peti-ciones no llevan como necesaria consecuencia la administra-ción judicial, la que comienza con la petición que de ella se hace y de la cual se derivan los demás trámites marcados por la ley basta su conclusión. Así, pues, las únicas diligencias de esa naturaleza son las que lian motivado esta apelación, iniciadas ante tribunal que tenía jurisdicción.

La resolución apelada debe ser confirmada.

Confirmada. .

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.


author: El Juez Asociado Sb. Aldbey,

text:
    Vázquez-Prada, Peticionario, v. Rossy, Juez de Distrito, Demandado.
    Solicitud para que se expida mandamiento de certiorari, al Juez de la Corte de' Distrito de San Juan, Sección 2a., en un procedimiento sumario hipotecario.
    No. 116.
    — Resuelto en marzo 26, 1914.
    Certiorari— Juramento de la Solicitud por el Abogado — Información y Creencia. — Cuando el motivo de jurar el abogado por su cliente es que los hechos le son conocidos, no puede hacerlo por información y creencia, pero sí cuando se basa en estar ausente o imposibilitado su cliente.
    Id.- — Juramento de la Solicitud por Conocimiento Propio y por Información o Creencia. — Cuando el juramento de una solicitud de certiorari se hace basado en heehos que constan de propios conocimientos y en otros por infor-mación o creencia que se cree cierta, deberá expresarse en la alegación que se jura o en el propio juramento cuáles se conocen de un manera y cuáles de otra.
    Id. — Recurso en Ley Adecuado, Rápido y Eficaz — Procedimiento Ejecutivo Hipotecario. — Es improcedente el recurso extraordinario de certiorari para anular un procedimiento ejecutivo hipotecario por no haber sido notificado uno de los demandados, porque de acuerdo con el artículo 175 del reglamento de la ley hipotecaria en relación con’ el artículo 91 del Código de Enjuicia-miento Civil, tal demandado tiene en ley el remedio adecuado, rápido y eficaz de pedir la nulidad del procedimiento ejecutivo hipotecario en una acción ordinaria y anotar en el registro de la propiedad la presentación de la demanda para conocimiento de terceros adquirentes.

      Id. — Documentos que Deben Considerarse — Presentación de Pruebas. — En un recurso de certiorari sólo puede tener en cuenta este tribunal las constancias y procedimientos que sirvieron de base al juez inferior para dictar su reso-lución y no pueden alegarse ni probarse becbos distintos de los que resultan de los autos.
    Los Rectos están expresados en la opinión.
    Abogado del peticionario: Sr. Rafael López Landrón.

    El demandado compareció por escrito en nombre propio y por medio de sn abogado Sr. Herminio Díaz Navarro.
   El Juez Asociado Sb. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

Arturo Leopoldo Vázquez Prada y López nos presentó una solicitud jurada por su abogado D. Rafael López Landrón para que expidiéramos un auto de certiorari dirigido contra ■el Hon. Jesús Ma. Eossy, Juez de la Sección 2a. del Tribunal . de Distrito de San Juan y contra Vicente Rocco y su esposa .Rosa María Cesarino y Brandy, a fin de que revisando el pro-cedimiento ejecutivo hipotecario seguido por dicto matri-monio contra el peticionario y otros, lo anuláramos en aten-ción a que siendo el peticionario mayor de edad no tabía sido ■citado, oído ni vencido en el procedimiento, no obstante lo •cual tabía sido vendida en pública subasta la finca en que es ■condueño.

Expedido el auto y recibidas las diligencias reclamadas •con un informe del juez justificando sus procedimientos, se ■celebró la vista con asistencia del abogado del peticionario y de Don Herminio Díaz Navarro, abogado que siguió el eje-cutivo en el tribunal inferior. En el informe escrito del juez y en el oral del Sr. Díaz Navarro se alegó que debíamos anular •el auto expedido porque el juramento de la solicitud era insu-ficiente, porque el peticionario tenía remedio en ley adecuado, rápido y eficaz y en último caso porque de la demanda inicial ■ del procedimiento no resultaba ser Arturo Leopoldo Vázquez Prada mayor de edad sino menor bajo la patria potestad de su madre y habiendo sido esta señora requerida de pago, su requerimiento era el de su hijo bajo su guarda y custodia '.legal.

En cuanto al primer motivo de objeción el artículo 118 del Código de Enjuiciamiento Civil permite que el abogado jure por su cliente en alguno de estos tres casos: Io. por la ausencia de la parte del distrito donde su abogado resida; 2o. por la imposibilidad de la parte por alguna otra causa para prestarlo; y 3o. cuando los hechos sean conocidos por el abo-gado. En este último caso es que no puede el abogado jurar por información y creencia y que es aplicable la doctrina expuesta en el caso de Silcox v. Land, 78 Cal., 121, que se cita para que se elimine el juramento que prestó López Landrón. Cuando el abogado presta el juramento en alguno de los otros dos casos, como ocurre ahora, entonces no está constreñido a hechos que le consten de propio conocimiento. Sin embargo, cuando el juramento se hace basado en hechos que constan de propio conocimiento y en otros por información o creencia que se cree cierta, deberá) expresarse en la alegación que se jura o en el propio juramento cuáles se conocen de una manera y cuáles de otra. Rivera v. Cámara, 17 D. P. R., 533. En este caso ni la petición ni el juramento cumplen con este requisito, pero como el auto se expidió y hay otras razones para anularlo, prescindiremos de ese defecto.

Be las diligencias seguidas ante el tribunal inferior resulta que se trata de una demanda por el procedimiento ejecutivo de la Ley Hipotecaria y su Reglamento, para hacer efectiva cierta cantidad garantizada con hipoteca en una casa de esta ciudad y que cuando el peticionario nos presentó su solicitud de certiorari, la finca gravada había sido vendida en pública subasta y adjudicada a los demandantes en pago de su acreen-cia. Con estos hechos veamos si el peticionario tenía procedi-miento en ley adecuado, rápido y eficaz para conseguir la nuli dad que pretende en este certiorari.

Muchas veces ha sido tratado por el Tribunal Supremo y resuelto, que por ser el auto de certiorari un procedimiento extraordinario y privilegiado no puede concederse cuando hay un recurso en ley para conseguir el mismo fin que sea adecuado, rápido y eficaz. Es cierto que en el procedimiento ejecutivo hipotecario para cobro de hipotecas no se concede recnrso de apelación al peticionario, pero el párrafo 6o. del número 3o. del artículo 175 del Reglamento para la ejecución de la Ley-Hipotecaria dispone que las reclamaciones del deudor refe-rentes a la nulidad del procedimiento deberán tratarse en un juicio ordinario. No puede por tanto haber duda de que el peticionario tiene un recurso ordinario en ley para conseguir la declaración de la nulidad que pretende por este recurso extraordinario de certiorari y la única cuestión a considerar es si tal remedio es adecuado, rápido y eficaz pues si no lo es, entonces a pesar de su existencia, será procedente el certiorari.

Para resolver este aspecto de esa cuestión es bueno tener presente lo resuelto en el caso de Arpín v. del Toro, Juez de Distrito, 8 D. P. R., 290, porque guarda gran analogía con el actual. Se trataba en ese caso de que para cumplir una sentencia se constituyó e inscribió en el registro de la pro-piedad una servidumbre sobre una finca de Arpín, quien no había sido parte en el pleito y habiendo acudido dicho señor a este Tribunal Supremo con un recurso de certiorari para que se anulara la constitución e inscripción de esa servidumbre, se declaró que era improcedente dicho recurso porque tenía el remedio de acudir a un juicio ordinario de nulidad de la inscripción de la servidumbre y el de injunction o interdicto prohibitorio preliminar establecido conjuntamente con aquel juicio, si llegaba la necesidad de tener que impedir cualquier hecho que tratase de causar perjuicio en la propiedad. En el presente caso el precepto antes citado del Reglamento de la Ley Hipotecaria concede al que reclama la nulidad del procedimiento el derecho de retener el precio del remate y el artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil el de anotar su demanda en el registro de la propiedad para conocimiento de terceros adquirentes, siendo todos estos remedios adecua-dos, rápidos y eficaces para asegurar el resultado del pleito. Por consiguiente, de acuerdo con el caso de Arpín citado, he-mos de concluir que el recurso de certiorari del peticionario es improcedente porque existe remedio en ley adecuado, rápido y eficaz para la nnlidad que se pretende.

Pero debemos, decir también que al resolver nosotros un recurso de certiorari no podemos tener en cuenta otras cons-tancias y diligencias que las mismas que sirvieron de base al juez para sus resoluciones y que no es lícito, por tanto, adu-cir en la solicitud hechos distintos de aquéllas.' Decimos esto, porque el peticionario consigna en su solicitud como hecho fundamental de ella, que siendo mayor de edad no fué citado, cuando tal hecho no consta de los documentos que el juez tuvo ante sí para resolver, sino por el contrario el de que es un menor de edad bajo la patria potestad de su madre la deman-dada Doña Luisa López Laborde.

Por las razones expuestas debe anularse el auto de cer-tiorari.

Anulado él mandamiento de certiorari expedido.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.