text:
    Zulma Muñoz Rodríguez y Orlando Schmidt Mora, demandantes y recurridos, v. Ten General Contractors y Palmas Reales, S.E., demandadas y peticionarias.

      Número: CC-2005-292

      Resuelto: 3 de marzo de 2006

      Juan Carlos Garay Massey, abogado de la parte peticionaria; José Antonio Rivera Ayala, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Presidente Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

Nos corresponde determinar si el término de dos años que dispone la Ley de la Oficina del Oficial de Construc-ción adscrita a la Administración de Renovación Urbana y Vivienda() (Ley del Oficial de Construcción) para presen-tar una querella ante el Departamento de Asuntos al Con-sumidor (D.A.Co.) por vicios de construcción es de caduci-dad o de prescripción.

I

Los hechos que dan lugar a este recurso no están en controversia. El 9 de agosto de 1996 la Sra. Zulma Muñoz Rodríguez y su esposo, el Sr. Orlando Schmidt Mora (seño-ra Muñoz Rodríguez) adquirieron de Palmas Reales, S.E. (Palmas Reales) una residencia localizada en el proyecto Valle Húcares del Municipio de Juana Díaz. La construc-ción del referido proyecto de urbanización estuvo a cargo de Ten General Contractors.

El 10 de septiembre de 1996, la señora Muñoz Rodrí-guez le envió a Ten General Contractors y a Palmas Reales una comunicación en la que les informó de un problema de inundaciones en su patio a causa de un fenómeno atmosfé-rico que provocó copiosas lluvias. Ante este reclamo, Ten General Contractors realizó un movimiento del terreno de dicho patio para corregir el problema. No obstante, el 8 de octubre de 1996 la señora Muñoz Rodríguez envió una se-gunda notificación a las compañías para informarles que el trabajo no dio resultados y que el problema persistía.

Cinco años después, la señora Muñoz Rodríguez le envió a Palmas Reales una tercera comunicación en la cual rei-teró que el problema no había sido resuelto y solicitó su corrección. Además, en 2002 el matrimonio le requirió a Palmas Reales, mediante comunicaciones telefónicas, que corrigieran el problema.

Así las cosas, el 16 de abril de 2003 la señora Muñoz Rodríguez presentó una querella ante D.A.Co. contra Pal-mas Reales y Ten General Contractors. Alegó que la pro-piedad antes mencionada tenía unos defectos en la parte posterior que provocaban que el patio se inundara. Opor-tunamente, Palmas Reales presentó una moción de deses-timación, en la que alegó que la acción había caducado, ya que se presentó luego del término de dos años que dispone la Ley del Oficial de Construcción. D.A.Co. declaró “no ha lugar” dicha solicitud.

Luego de dos inspecciones de la propiedad y de una vista evidenciaría, D.A.Co. dictó una resolución en la que declaró “con lugar” la querella y ordenó a Palmas Reales a corregir la situación del patio de la residencia de los querellantes. Con relación a Ten General Contractos, éstos establecieron en la vista que no tuvieron participación en la construcción de patio, por lo que se les exoneró de responsabilidad.

Inconforme, Palmas Reales acudió al Tribunal de Apelaciones. Alegó que, según el Art. 11 de la Ley del Ofi-cial de Construcción, 17 L.P.R.A. sec. 511, la reclamación de los querellantes había caducado, porque al momento de la presentación de la querella habían transcurrido más de dos años desde la compraventa de la residencia. El Tribunal Apelativo confirmó la resolución de D.A.Co. Resolvió que el plazo de caducidad dispuesto en la Ley del Oficial de Construcción era realmente un plazo de prescripción. Re-solvió, además, que dicho plazo no había transcurrido, ya que al momento de la presentación de la querella no ha-bían pasado dos años desde la última inteligencia entre las partes.

Aún inconforme, Palmas Reales acude ante nos. Plan-tea, en esencia, que erró el Tribunal de Apelaciones al sos-tener que el término establecido en la Ley del Oficial de Construcción constituye un término prescriptivo y no de caducidad que no admite interrupción.

Expedimos el auto solicitado. Luego de examinar las comparecencias de las partes, procedemos a resolver este asunto sin ulterior trámite.

h — I HH

A. De entrada, para resolver la controversia objeto de este recurso es menester aclarar la diferencia entre un término de caducidad y un término de prescripción. Los términos de caducidad y de prescripción tienen la misma finalidad y efecto: impedir que permanezcan indefinidamente inciertos los derechos y dar firmeza a las relaciones jurídicas. Martínez Soria v. Proc. Esp. Rel. Fam., 151 D.P.R. 41, 57 (2000), opinión concurrente del Juez Asociado Señor Negrón García. La diferencia fundamental entre ambas figuras es que la prescripción, a diferencia de la caducidad, admite su interrupción o suspensión. Ello tiene la consecuencia de que un término prescriptivo, en la medida en que se interrumpa oportunamente, puede ser indefinido, ya que su interrupción puede ocurrir en un número ilimitado de ocasiones.

Por otro lado, un término de caducidad no puede ser interrumpido o suspendido, por lo que éste siempre ex-tingue el derecho a la causa de acción con el mero transcurso del tiempo. Martínez Soria v. Proc. Esp. Rel. Fam., supra. Su propósito es fijar de antemano el término dentro del cual podrá ejercitarse un derecho. íd. Una vez comienza a transcurrir un término de caducidad, no hay forma de revivirlo en su totalidad, como ocurre con un término prescriptivo cada vez que se interrumpe por una de las formas establecidas en ley.

La justificación o razón de ser de la caducidad radica en la naturaleza del derecho, el cual tiene una du-ración determinada. J. Puig Brutau, Caducidad, Prescrip-ción Extintiva y Usucapión, 3ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1996, pág. 39. Según explica Puig Brutau:

... los conceptos de caducidad y prescripción se distinguen profundamente, pues el primero responde a una situación temporalmente delimitada de antemano, de manera que se sabe cuando se iniciará y al propio tiempo cuando terminará, mientras que la prescripción afecta a derechos que, en princi-pio, no tienen una limitación temporal, pero con la posibilidad de que el transcurso de un periodo suficiente para su normal ejercicio permita al obligado considerarse liberado de tener que realizar necesariamente su prestación. Íd., pág. 38.

B. Por otra parte, el Art. 1483 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 4124, establece la responsabilidad del contratista por los vicios de construcción. Dis-pone, en lo aquí pertinente, que el contratista de un edificio que se arruinase por vicios de construcción responde por los daños y perjuicios si la ruina tuviese lugar dentro de los diez años, contados desde que concluyó la construcción. No obstante, para que aplique dicho plazo de garantía de diez años es necesario que el vicio de construcción sea de tal magnitud que pueda considerarse un defecto arruinante.

La jurisprudencia de este Tribunal ha establecido que para que un defecto se considere arruinante no es necesario que se comprometa la solidez o estabilidad de la estructura. Rivera v. A & C Development Corp., 144 D.P.R. 450 (1997). No obstante, es necesario que el defecto sea de tal magnitud que afecte severamente el uso y disfrute del edificio. Maldonado Pérez v. Las Vegas Dev., 111 D.P.R. 573, 574-575 (1981).

Con relación al plazo de diez años que dispone el Art. 1483, supra, hemos resuelto que es un término tanto de caducidad como de garantía. Zayas v. Levitt & Sons of P.R., Inc., 132 D.P.R. 101 (1992); Rivera v. Las Vegas Dev. Co., Inc., 107 D.P.R. 384 (1978); Bartolomei v. Tribunal Su perior, 98 D.P.R. 495 (1970). En vista de ello, cualquier reclamación en daños al amparo del citado Art. 1483 tiene que ejercitarse dentro de los diez años de haber sido termi-nada la construcción, excepto cuando la causa sea la falta del contratista a las condiciones del contrato. Rivera v. Las Vegas Dev. Co., Inc., supra.

Además del Art. 1483, supra, en nuestra jurisdicción existen unas leyes especiales que rigen el negocio de la construcción. En particular, la Ley del Oficial de Construcción reglamenta y fiscaliza el negocio de viviendas privadas en Puerto Rico. Dicho estatuto, entre otras cosas, confiere jurisdicción a D.A.Co. para atender querellas presentadas por cualquier comprador u optante de una propiedad cuando un constructor o urbanizador haya incurrido en cualquiera de las prácticas prohibidas por el estatuto. 17 L.P.R.A. sec. 511; Rivera v. A & C Development Corp., supra, pág. 464; Quiñones v. San Rafael Estates, S.E., 143 D.P.R. 756, 772-773 (1997). De esta forma, se provee una mayor protección a los compradores de viviendas y se facilita el proceso de adjudicación de sus querellas. Rivera v. A.C. Development Corp., supra.

Por otro lado, el Art. 11 de la Ley del Oficial de Construcción establece que “las acciones para exigir res-ponsabilidades por vicios o defectos de construcción,() ex-cepto aquellas que cualifiquen bajo la sección 4124 del Tí-tulo 31 caducan por el transcurso de dos años a partir del otorgamiento de las escrituras de compraventa”. (Énfasis suplido.) 17 L.P.R.A. sec. 511.

Como se desprende del texto claro de la refe-rida disposición, el término ahí estatuido es de caducidad. Sabido es que “cuando la ley es clara, libre de toda ambi-güedad, la letra de ella no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir con su espíritu”. Art. 14 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 14.

Además, del historial legislativo de la Ley del Oficial de Construcción se desprende que ésta ha sido objeto de va-rias enmiendas. Originalmente el Art. 11 de dicha ley, supra, establecía un término de dos años para presentar una querella por vicios de construcción. No obstante, en 1976 se enmendó este artículo en términos generales e, inadverti-damente, se eliminó el referido término. Ello tuvo la con-secuencia de que, no habiendo un término expreso en la ley especial, aplicaba el término prescriptivo de quince años que dispone el Código Civil para acciones personales sin un término prescriptivo establecido en ley. 31 L.P.R.A. sec. 5294. El citado Art. 11 fue enmendado nuevamente por la Ley Núm. 137 de 20 de julio de 1979 para restablecer el término de dos años.

Al examinar el historial legislativo de la Ley Núm. 137, supra, vemos que la intención de la Asamblea Legislativa fue establecer un término razonable para la presentación de querellas por vicios o defectos de construcción no arruinantes. Según estableció el informe conjunto de las Comisiones de Desarrollo Urbano y Vivienda y Asuntos del Consumidor presentado al Senado de Puerto Rico durante el proceso de aprobación de la referida enmienda, un tér-mino de quince años para reclamar por un defecto de cons-trucción no arruinante fue considerado como excesiva-mente largo, por lo que se recomendó reestablecer el término de dos años para la presentación de una querella por vicios o defectos no arruinantes. En dicho informe se dispuso que:

Entendemos que un término de quince (15) años para recla-mar por un vicio o defecto de construcción que no es arrui-nante, es excesivamente largo. ... Entendemos que un término de dos (2) años a partir de la fecha del otorgamiento de la escritura de compraventa, término durante el cual estará en vigor la fianza que prestará el urbanizador o constructor es suficiente para la radicación de una querella por efectos no arruinantes. Informe Conjunto de las Comisiones de Desarro-llo Urbano y Vivienda y Asuntos al Consumidor, P. del S. 894, 15 de marzo de 1979, págs. 3-4.

El lenguaje del mencionado informe confirma que la in-tención de la Asamblea Legislativa era que el término pre-ceptuado en el Art. 11, supra, fuera un término de caducidad. El propósito era precisamente establecer un término determinado para el ejercicio de la acción por vi-cios de construcción. Además, al decretar que un término de dos años es “suficiente”, vemos que la intención del le-gislador era que dicho término no se interrumpiera o ex-tendiera, sino más bien que fuera definido.

En vista de lo anterior, somos del criterio de que el plazo de dos años que dispone la Ley del Oficial de Construcción es un término de caducidad, a contarse desde el otorgamiento de la escritura de compraventa hasta la presentación de la querella ante D.A.Co. Como explicamos, por ser un término de caducidad, una reclamación por defectos de construcción presentada al amparo de esta ley no admite interrupción extrajudicial.

A la luz de la normativa antes expuesta, pasemos a exa-minar los hechos del caso ante nos.

KH H — I

En este caso, la señora Muñoz Rodríguez adquirió la residencia objeto del presente litigio en agosto de 1996. A pesar de que en varias ocasiones ésta le comunicó a Pal-mas Reales sobre la existencia de unos defectos de cons-trucción, la querella ante D.A.Co. se presentó el 16 de abril de 2003.

Como vemos, al momento de presentar la querella, ha-bían transcurrido más de seis años desde el otorgamiento de la escritura de compraventa. En vista de ello, la recla-mación de la señora Muñoz Rodríguez caducó. No obstante, la señora Muñoz Rodríguez alega que los defectos que ado-lece su propiedad constituyen ruina, por lo que aplica el plazo decenal de garantía dispuesto en el Art. 1483 del Código Civil, supra. No le asiste la razón.

Si bien es cierto que el término de dos años para presen-tar una querella por vicios de construcción no aplica a de-fectos que puedan catalogarse como una ruina, al exami-nar las determinaciones de hecho de D.A.Co., en ninguna parte surge que los defectos de construcción habidos en la propiedad de la señora Muñoz Rodríguez sean de tal mag-nitud que afecten severamente su uso y disfrute de y, por lo tanto, constituyan una ruina.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, se revocan las de-terminaciones tanto del Tribunal de Apelaciones como del Departamento de Asuntos del Consumidor y se desestima la querella presentada por la Sra. Zulma Muñoz Rodríguez y su esposo, el Sr. Orlando Schmidt Mora.

Se dictará la sentencia correspondiente.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri disintió sin opinión escrita.

      (1) Ley Núm. 130 de 13 de junio de 1967 (17 L.P.R.A. sec. 501 et seq.).

      (2) El Reglamento Núm. 2268, Reglamento sobre el Negocio de la Construcción de Viviendas Privadas en Puerto Rico del Departamento de Asuntos del Consumidor de 16 de septiembre de 1977 define el término “defecto de construcción” de la forma siguiente:
      .. significará cualquier anormalidad, defecto, falla, deterioro prematuro, mal funcionamiento, inexactitud en las medidas o cualesquiera otra condición más allá de las tolerancias normales permisibles que pueda sufrir la estructura de vivienda o el área en que ésta esté enclavada o cualquier otro vicio o condición que exceda la medida de las imperfecciones que cabe esperar en una construcción sin que se pueda imputar a una fuerza mayor y/o fenómeno natural


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
      In re Enmienda a la Regla 8.1 del Reglamento para la Admisión de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría.

      Número: EJ-2006-01

      Resuelto: 7 de marzo de 2006
   RESOLUCIÓN

Al amparo del poder inherente de este Tribunal para regular la admisión y el ejercicio de la práctica de la abo-gacía y la notaría, y conforme a lo dispuesto en la Regla 15.4 del Reglamento para la Admisión de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría, de 1 de junio de 1998 (4 L.P.R.A. Ap. XVII-B), se enmienda la Regla 8(8.1.1) del citado reglamento para que exprese lo siguiente:

Regla 8. Avisos
(8.1.1) La Junta hará que se publique en un (1) periódico de circulación diaria general en Puerto Rico, con cargo al presu-puesto del Tribunal, los avisos siguientes:
(a) un aviso que ha de publicarse por lo menos sesenta (60) días antes de la fecha señalada para el comienzo de cada examen de reválida, en el que se indicará el lugar, las fechas del examen, la fecha límite para la presentación de solicitudes de examen, y una descripción de las materias que serán objeto de examen;
(b) un aviso, luego de conocidos los resultados de cada examen de reválida, en el que se relacionarán por orden alfa-bético los nombres y lugares de residencia de los aspirantes aprobados, y que concederá un término, a partir de la publica-ción del aviso, a toda persona que tuviese reparo a la admisión de algún aspirante al ejercicio de la abogacía, para comuni-carlo a la Junta, y
(c) un aviso sobre la puntuación mínima para aprobar cada examen de reválida, que ha de publicarse antes de la administración de cada examen de reválida.

Esta enmienda entrará en vigor inmediatamente. Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re Enmienda a la Regla 2(a) del Reglamento de la Comisión de Reputación para el Ejercicio de la Abogacía.

      Número: EJ-2006-02

      Resuelto: 7 de marzo de 2006
   RESOLUCIÓN

AI amparo del poder inherente de este Tribunal para regular la admisión y el ejercicio de la práctica de la abo-gacía y la notaría, y conforme a lo dispuesto en la Regla 6 del Reglamento de la Comisión de Reputación para el Ejer-cicio de la Abogacía, 4 L.P.R.A. Ap. XVII-C, aprobado el 30 de junio de 1998, se enmienda la Regla 2(A) del citado re-glamento para que exprese lo siguiente:

Regla 2 Procedimientos
(a) Expediente ante la Comisión de Reputación para el Ejer-cicio de la Abogacía
(1) Luego de cada examen de reválida, la Directora Ejecu-tiva o el Director Ejecutivo de la Junta Examinadora de Aspi-rantes al Ejercicio de la Abogacía remitirá a la Comisión de Reputación para el Ejercicio de la Abogacía, respecto a cada aspirante que hubiese aprobado dicho examen, copia de los documentos siguientes:
(a) Los que se mencionan en la Regla 6 del Reglamento para la Admisión de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría de junio de 1998.
En lo referente a la entrega del certificado de anteceden-tes penales por aquellos aspirantes que hayan residido por más de seis (6) meses consecutivos durante los diez (10) años anteriores a la fecha de examen al cual solicitó admisión, la Comisión de Reputación para el Ejercicio de la Abogacía podrá aceptar como sustitución del certificado de antecedentes pena-les una declaración jurada en la que se asevere que no se ha cometido delito o falta en una jurisdicción foránea y en que se reconozca que, de ser falsa tal aseveración, hay consecuencias disciplinarias en los casos siguientes:
(A) El aspirante o la aspirante somete evidencia in-equívoca de que en la jurisdicción foránea no puede tramitarse la petición del documento porque no existe un trámite igual o similar o por razones de índole política que entorpecen su obtención.
(B) El aspirante o la aspirante demuestra que ha sido diligente en solicitar el documento, pero las autoridades forá-neas no quieren o no pueden indicar una fecha cierta de en-trega o envío del documento.
En relación con los hechos expuestos en el subinciso (A), la Comisión de Reputación para el Ejercicio de la Abogacía (en ausencia de información de naturaleza negativa en el expe-diente) procederá a recomendar una admisión plena.
En relación con los hechos expuestos en el subinciso (B), la Comisión de Reputación para el Ejercicio de la Abogacía (en ausencia de información de naturaleza negativa en el expe-diente) procederá a recomendar una admisión condicionada según dispone la Regla 2(d)(2) de este reglamento.
(b) Cualquier información o documento sometido por el aspirante o la aspirante como parte de su solicitud de reválida pertinente a la evaluación que habrá de hacer la Comisión de Reputación para el Ejercicio de la Abogacía.
(c) Cualquier otra información o documento que a juicio de la Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Abo-gacía pueda ayudar a la Comisión de Reputación para el Ejer-cicio de la Abogacía con su encomienda.

Esta enmienda entrará en vigor inmediatamente. Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Rebollo López no intervino.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo


author: per curiam:

text:
      In re Humberto Guzmán Rodríguez, querellado.

      Número: AB-2005-013

      Resuelto: 10 de marzo de 2006

      Salvador Antonetti Stutts, procurador general, Mariana D. Negrón Vargas, subprocuradora general, y Noemí Rivera De León, procuradora general auxiliar, querellantes; Erick J. Rodríguez Toro, querellante; Maricarmen Ramos De Szenderey, abogada de la parte querellada; Humberto Guz-mán Rodríguez, abogado querellado.
   per curiam:

El Lie. Humberto Guzmán Rodríguez fue ad-mitido al ejercicio de la abogacía el 18 de noviembre de 1980 y al ejercicio del notariado el 10 de febrero de 1981.

El 18 de enero de 2005 el Sr. Erick J. Rodríguez Toro presentó una queja jurada contra el licenciado Guzmán Ro-dríguez, en la que le imputó una conducta alegadamente violatoria del Canon 28 del Código de Ética Profesional.() Específicamente, alegó en su queja que tanto él como va-rias corporaciones de las cuales es accionista, fueron de-mandados en el Tribunal Federal por Verónica Lee Barnés en el caso Verónica Lee Barnés v. Puerto Ven Quary Corp, et al.( ) En dicho pleito, el licenciado Guzmán Rodríguez es abogado de la parte demandante, señora Lee Barnés, y el Lie. Enrique Almeyda Bernal es el abogado del señor Ro-dríguez Toro.() Argüyó el quejoso que el 9 de noviembre de 2004 se reunió con la señora Lee Barnés en las oficinas del Bufete Martínez, Odell and Calabria, donde entonces tra-bajaba el licenciado Guzmán Rodríguez, con el propósito de intentar lograr una transacción en el caso. El quejoso asis-tió a la referida reunión sin su abogado. Según alega, es-tuvo reunido con la señora Lee Barnés por una hora en el salón de conferencia. Añadió que luego de la reunión, la señora Lee Barnés llamó a su abogado, el licenciado Guz-mán Rodríguez.

Argüyó que el licenciado Guzmán Rodríguez, mediante presión e induciéndolo a error, logró convencerlo sobre cierta transacción en el caso sin éste haber consultado con su abogado. Añadió que, luego de convencerlo, el licenciado Guzmán Rodríguez escribió en un papel, con su puño y letra, el acuerdo al que supuestamente habían llegado luego de la intervención del querellado.() Adujo, además, que el licenciado Guzmán Rodríguez nunca llamó a su abo-gado durante la reunión, por lo que entendió que la con-ducta de éste viola los cánones de ética de los abogados.()

El 11 de marzo de 2005 el Lie. Humberto Guzmán Ro-dríguez presentó su contestación a la queja, representado por la Leda. Maricarmen Ramos de Szendrey. Sostuvo que a principios de noviembre de 2004, el quejoso le manifestó a su representada su interés en transigir el caso. Por ello, comenzaron a reunirse las partes, junto a sus abogados, con el propósito de poner fin al litigio en cuestión. Luego de que ciertas conversaciones habidas el 8 de noviembre de 2004 no culminaran con una transacción, el 9 de noviem-bre el quejoso llamó a su cliente con el propósito de re-unirse para terminar el pleito. Sostuvo que ambas partes se comunicaron con sus abogados, pero éstos no podrían reunirse ese día, por lo que la señora Lee Barnés y el que-joso acordaron reunirse solos. Aceptó que en cierto mo-mento su cliente lo llamó y le pidió que los ayudara.

No obstante, sostiene que quiso aprovechar el ánimo que tenían las partes de lograr una transacción y se reunió con ellas. Añadió que, de buena fe, redujo a escrito el con-venio transaccional que ambas partes firmaron. Reconoció que su conducta es contraria al texto literal del Canon 28, supra, por lo que admite que fue imprudente al participar en la reunión que las partes sostenían sin que el represen-tante del quejoso estuviera presente. Reconoció que debió abstenerse de participar en la referida reunión. No obs-tante, entiende que, considerados los intereses protegidos por el Canon 28, supra, su conducta no perjudicó de nin-guna manera a las partes. Añadió que tampoco obtuvo lu-cro personal ni alguna ventaja indebida para su represen-tada, ni esperaba obtenerla en ningún momento, ya que “era un hecho incuestionable que el representante de Ro-dríguez Toro examinaría el documento y tendría que apro-barlo para presentárselo al tribunal en una estipulación transaccional judicial”.() Expresó que su conducta no tuvo consecuencias de ninguna naturaleza para nadie y que debe tomarse en consideración el hecho de que goza de una excelente reputación en la comunidad legal y que nunca antes había sido objeto de una queja disciplinara.

El 25 de abril de 2005 referimos el asunto al Procurador General para su investigación e informe, quien sometió su informe el 13 de octubre de 2005. El 20 de octubre de 2005 le concedimos al licenciado Guzmán Rodríguez un término de veinte días para expresarse sobre el Informe del Procu-rador General. Así lo hizo el licenciado Guzmán Rodríguez. Resolvemos.

HH

El Canon 28 del Código de Ética Profesional, supra, dispone lo siguiente:

El abogado no debe, en forma alguna, comunicarse, negociar ni transigir con una parte representada por otro abogado en ausencia de éste. Particularmente, debe abstenerse de aconse-jar o incurrir en conducta que pueda inducir a error a una parte que no esté a su vez representada por abogado.

El referido canon claramente proscribe, entre otras cosas, toda comunicación entre un abogado y una parte adversa que ostenta representación legal. El propó-sito de éste “es evitar que los abogados de una parte hagan acercamientos inapropiados y deshonestos a personas de-bidamente representadas para obtener ventaja”. Pretende, además, “prevenir que los abogados induzcan a error a per-sonas que carecen de representación legal. De esta forma se salvaguarda tanto el derecho de los litigantes a obtener representación legal adecuada, como el privilegio abogado-cliente”.()

La prohibición contenida en el Canon 28, supra, aplica independientemente del nivel de educación o escolaridad de las partes y de la intención del abogado que intenta el contacto con la parte.() Hemos expresado que la jerarquía profesional del abogado, comparada con la ausencia de preparación del adversario legao, colocaría al abogado que así actúe en posición ventajosa y se le haría fácil inducir a error al adversario falto de su representación legal. Aún en casos de igualdad de circunstancias entre abogado y parte adversa, hemos expresado que es conducta impropia el intentar comunicarse con la parte adversa en ausencia de su abogado.()

HH

En el presente caso no existe controversia sobre la in-tervención del licenciado Guzmán Rodríguez en la reunión entre el querellante y la señora Lee Barnés. De hecho, aceptó que fue él quien redujo a escrito el convenio transactional que ambas partes firmaron. Ello, sin la presencia del abogado del señor Rodríguez Toro en la referida reunión.

El licenciado Guzmán Rodríguez entiende que lo anterior no debe ser motivo de sanciones disciplinarias porque el quejoso es un experimentado hombre de negocios, accio-nista o presidente de varias corporaciones. Sostiene que no podía inducirlo a error al momento de la transacción por tratarse de una materia mejor conocida por el propio que-joso que por el querellado. No le asiste la razón. Como an-teriormente expresamos, la prohibición contenida en el re-ferido Canon 28 aplica independientemente del nivel de educación o escolaridad de las partes.()

Por otro lado, arguye que aunque su conducta es contra-ria al texto del Canon 28, supra, su intención no fue obte-ner lucro personal ni ventaja indebida para su representada. Sostiene que, de buena fe, quiso aprovechar el ánimo de las partes en poner fin al pleito, por lo que redujo a escrito el acuerdo transaccional sin llamar al abo-gado del quejoso. Por ello entiende que su conducta no amerita tan siquiera una censura por parte de este Tribunal. No compartimos su criterio.

Independientemente de la intención que tuviera el li-cenciado Guzmán Rodríguez al intervenir en la reunión, el Canon 28, supra, le prohíbe expresamente comunicarse, negociar o transigir con una parte representada por un abogado en ausencia de éste. De hecho, conforme surge del expediente ante nos, la razón por la cual las partes se re-unieron sin sus respectivos abogados era porque ninguno de ellos tenía la fecha disponible para acompañarlos. Es decir, el querellado sabía que el quejoso tenía representa-ción legal y que éste no podía acompañar a su cliente du-rante tal reunión. A pesar de ello, se personó a la reunión sin que estuviera presente el abogado del señor Rodríguez Toro.

Conociendo lo anterior, el licenciado Guzmán Rodríguez debió haberse negado a intervenir en la reunión sin la pre-sencia del representante legal del señor Rodríguez Toro, independientemente de las buenas intenciones que pu-diera tener de poner fin al pleito en cuestión. El licenciado Guzmán Rodríguez sabía que el Canon 28, supra, le prohi-bía toda comunicación con la otra parte en ausencia de su abogado, por lo que los motivos que tuviera para hacerlo no justifican su conducta. Sus buenas intenciones no le exi-men del cumplimiento con las normas éticas que rigen la profesión.

Concluimos, en consecuencia, que la conducta en que incurrió el licenciado Guzmán Rodríguez violentó las dis-posiciones del Canon 28 del Código de Etica Profesional, supra.

No obstante, “[h]emos establecido que al determinar la sanción disciplinaria que se habrá de imponer al abogado querellado, podemos tomar en cuenta factores como la reputación del abogado en su comunidad, el historial previo de éste, si se trata de su primera falta, la aceptación de la falta y su sincero arrepentimiento, si se trata de una conducta aislada, el ánimo de lucro que medió en su actuación, resarcimiento al cliente y cualesquiera otras consideraciones ya bien atenuantes o agravantes que medien de acuerdo a los hechos”.()

En el presente caso, el licenciado Guzmán Rodríguez ha reconocido que fue imprudente al participar de la reunión que las partes sostenían, sin que el representante del que-joso estuviera presente. Tampoco existe indicio alguno de que el quejoso se haya perjudicado por la actuación del querellado. Se trata, además, de un abogado que ha gozado de buena reputación por quince años y que comete su pri-mera falta dentro de su descargo profesional en la abogacía. Nunca antes se había presentado queja alguna por su conducta profesional.

Tomando en consideración lo antes expuesto, procede que limitemos nuestra sanción disciplinaria a una censura al licenciado Guzmán Rodríguez. Se le apercibe que en el futuro deberá dar fiel y cabal cumplimiento a los cánones del Código de Etica Profesional que rigen la profesión de abogado o, de lo contrario, será objeto de sanciones disci-plinarias más severas.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rebollo López y la Juez Aso-ciada Señora Rodríguez Rodríguez no intervinieron.

      (1) 4 L.P.R.A. Ap. IX.

      (2) 03-2358(SEC).

      (3) En conformidad con el expediente ante nos, el señor Rodríguez Ibro estuvo representado originalmente por el licenciado Almeyda Bernal, luego por el Lie. Fernando Longo y, desde febrero del 2005, por el licenciado Almeyda Bernal nuevamente.

      (4) El señor Rodríguez Toro acompañó con su queja copia de dicho papel escrito a mano, como Anejo I. Cabe señalar que el 10 de noviembre de 2004 el quejoso se comunicó con la señora Lee Barnés para informarle que no honraría el acuerdo porque le resultaba muy oneroso.

      (5) Queja jurada presentada por el señor Rodríguez Toro el 18 de enero de 2005.

      (6) Contestación del licenciado Guzmán Rodríguez a la queja en cuestión del 11 de marzo de 2005, pág. 3.

      (7) In re Martínez Lloréns, 158 D.P.R. 642, 646 (2003); In re Andreu, Rivera, 149 D.P.R. 820, 825 (1999).

      (8) In re Martínez Lloréns, supra.

      (9) Íd.; In re Andreu, Rivera, supra, pág. 825, citando a S. Torres Peralta, El Derecho Notarial Puertorriqueño, ed. especial, San Juan, Pubs. STP, 1995, Cap. IV, págs. 4.67-4.68.

      (10) In re Martínez Lloréns, supra.

      (11) In re Ortiz Morales, 166 D.P.R. 105 (2005). Véanse: In re Montalvo Guzmán, 164 D.P.R. 806 (2005); In re Martínez Lloréns, supra, pág. 647; In re Vélez Barlucea, 152 D.P.R. 298, 310-311 (2000).


author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Gilberto Rodríguez Martínez, peticionario.

      Número: CC-2004-267

      Resuelto: 15 de marzo de 2006

      Alberto Colón Bermúdez, abogado de la parte peticionaria; Salvador Antonetti Stutts, procurador general, Kendys Pi-mentel Soto, subprocuradora general, Ricardo E. Alegría Pons y Janitza Alsina Rivera, procuradores generales auxiliares, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

Contra Gilberto Rodríguez Martínez se determinó causa probable para arresto y, posteriormente, para acusar por alegadas violaciones a la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. sec. 2101 et seq. Específicamente se le imputó haber vendido sustancias controladas a un agente encubierto de la Policía. Luego de celebrado el acto de lectura de acusación, la defensa de Rodríguez Martínez presentó una moción de supresión de evidencia, en la cual solicitó la eliminación de la identificación realizada por el agente encubierto y por el supervisor de éste.

El 25 de septiembre de 2003 se celebró una vista eviden-ciaría en la que, entre otras cosas, se desfiló prueba rela-cionada a la aludida moción de supresión de evidencia. Ese mismo día, y en corte abierta, el juez que presidió la vista declaró “no ha lugar” la solicitud del imputado y, además, denegó una solicitud de reconsideración presentada por éste. No surge del expediente que la representación del acu-sado le informara al tribunal en dicho día de su intención de solicitar la revisión de la referida determinación, por lo que el tribunal no ordenó la notificación de la minuta.

Así las cosas, el 23 de octubre de 2003 la representación legal de Rodríguez Martínez fue a la secretaría del tribunal de instancia y obtuvo una copia certificada de la minuta de la vista evidenciaría antes mencionada. Del texto de ésta surge que fue transcrita el 1 de octubre de 2003.

Inconforme con la determinación del foro primario, el 21 de noviembre de 2003 Rodríguez Martínez acudió —me-diante un recurso de certiorari— ante el Tribunal de Apelaciones. Adujo, en síntesis, que el tribunal de instan-cia erró al declarar “no ha lugar” la solicitud de supresión de evidencia, debido a que la identificación de éste por parte del agente encubierto y su supervisor no fue con-forme a las garantías de confiabilidad establecidas por la jurisprudencia de este Tribunal. Además, alegó que el foro primario incidió al no admitir en evidencia unas fotos pre-sentadas por él.

Oportunamente, el Procurador General, en representa-ción del Ministerio Público, compareció ante el foro apela-tivo intermedio para solicitar la desestimación del recurso presentado por el acusado. Argumentó que conforme lo re-suelto en Pueblo v. Rodríguez Ruiz, 157 D.P.R. 288 (2002), el recurso fue presentado veintiún días tarde.

Evaluados los argumentos de ambas partes, el foro ape-lativo intermedio denegó el recurso antes mencionado por entender que carecía de jurisdicción. Sostuvo que como Ro-dríguez Martínez no le informó al tribunal de instancia de su intención de solicitar la revisión judicial de su determi-nación, el término para presentar el recurso comenzó a transcurrir desde el día en que se transcribió la minuta —o sea, el 1 de octubre de 2003— y venció el 31 de octubre del mismo año, veintiún días antes de presentado el recurso. El aludido foro apoyó su determinación en Pueblo v. Rodríguez Ruiz, ante, por entender que los hechos de ese caso eran idénticos a los del presente caso y, a su vez, lo dife-renció de lo resuelto en Sánchez et als. v. Hosp. Dr. Pila et als., 158 D.P.R. 255 (2002). Al respecto, determinó que como en el presente caso “no se notificó nada posterior a la minuta”, lo resuelto en Sánchez et als. v. Hosp. Dr. Pila et als., ante, era inaplicable a éste.()

Aún insatisfecho, Rodríguez Martínez acudió —me-diante recurso de certiorari— ante este Tribunal. Alega que procede revocar la sentencia emitida por el foro apela-tivo intermedio debido a que dicho foro incidió:

... al entender que el recurso fue radicado tardíamente ya que el reglamento transitorio de ese tribunal aprobado por este Honorable Tribunal Supremo y posterior a la decisión de Ro-dríguez-Ruiz no enmendó la Regla 32 de dicho Tribunal Ape-lativo conforme a la resuelto en dicha opinión.
... al entender que el caso de Rodríguez-Ruiz, ya citado, es idéntico a los hechos del caso de auto[s] del cual recurrimos ante este Honorable Tribunal Supremo ya que en el de Rodrí-guez-Ruiz se notificó la minuta al abogado del acusado el mismo día en que se celebró la vista, no así en el presente.
... al resolver que la opinión emitida en Sánchez-Torres [v.] Hospital Dr. Pila, ya citado, no era de aplicación a los hechos de éste caso dado el hecho de que dicha opinión es posterior a la de Pueblo [v.] Rodríguez-Ruiz, ya citado, y es más conso-nante [sic] con la doctrina establecida por este propio tribunal de que nos [sic] se interpreten rigurosamente las disposiciones que rigen el trámite de los recursos de carácter apelativo. Pe-tición de certiorari, pág. 3.

Expedimos el recurso. Estando en posición de resolver, procedemos a hacerlo.

I

El presente caso plantea, nuevamente, la interrogante siguiente: ¿cuándo comienza a transcurrir el término de treinta días dispuesto para solicitar la revisión apelativa de una decisión interlocutoria emitida en corte abierta —en un caso criminal— cuando la parte perjudicada no le manifiesta al tribunal de instancia de su intención de re-currir en revisión al Tribunal de Apelaciones y, por ende, el foro de instancia no ordena que se notifique la minuta?

De entrada es menester señalar que para que el foro apelativo intermedio pueda revisar una decisión del foro de instancia, “[l]o esencial es que se acompañe copia del documento en sí que recoge la decisión”. Pueblo v. Pacheco Armand, 150 D.P.R. 53, 58 (2000).() Así pues, hemos determinado que una minuta que recoja, en términos claros, la decisión del juez que se pretende revisar, es suficiente para cumplir con el requisito antes mencionado. Íd.; Pueblo v. Rodríguez Ruiz, ante.

En cuanto al momento en que comienza a transcurrir el término para acudir al Tribunal de Apelaciones para solicitar la revisión de las resoluciones u órdenes interlocutorias en procedimientos criminales, tanto la Regla 32(D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, aprobado el 20 de julio de 2004 (4 L.P.R.A. Ap. XXII-B), como la Regla 32(D) del Reglamento Transitorio del Tribunal de Apelaciones —aplicable a los hechos del presente caso— disponen que el recurso de “certiorari” se deberá presentar dentro de los treinta días posteriores a la fecha del archivo en autos de copia de la notificación u orden recurrida. Cónsono con ello, la Regla 32(b) para la Administración del Tribunal de Primera Instancia de 1999 (4 L.P.R.A. Ap. II-B), según enmendada, establece, entre otras cosas, que las minutas deberán notificarse a las partes o a sus abogados cuando éstas incluyan una resolución u orden emitida por el juez en corte abierta.()

A pesar de lo dispuesto en. dichas reglas, la realidad en la práctica es otra. Tanto en Pueblo v. Rodríguez Ruiz, ante, como en Pueblo v. Pacheco Armand, ante, reconocimos que las minutas de los procedimientos criminales no suelen notificarse a las partes, lo cual provoca que la parte perjudicada por una decisión pueda ver afectado su derecho a recurrir del dictamen. Asimismo, indicamos que si obligáramos a la parte a esperar por que se notifiquen las resoluciones u órdenes del tribunal, el recurso podría tornarse académico. Id.

En Pueblo v. Rodríguez Ruiz, ante, nos enfrentarnos a una controversia similar a la del presente caso. En aquella oportunidad expresamos lo siguiente:

... como norma general, cuando el tribunal de instancia tome ■una determinación en corte abierta que pueda ser objeto de revisión judicial, la parte perjudicada por ésta deberá infor-marle al tribunal, ese mismo día y en corte abierta, su propó-sito de solicitar revisión ante el Tribunal de Circuito de Apela-ciones [hoy, Tribunal de Apelaciones]. A su vez, el tribunal de instancia deberá ordenar a la Secretaria de Sala que notifique dicha minuta a todas las partes de manera oficial. En ese caso, la fecha cuando comenzará a transcurrir el término para soli-citar revisión será obviamente la fecha de la notificación oficial de la minuta. Ahora bien, en los casos excepcionales en que la parte perjudicada por la determinación del tribunal no exprese en dicho momento su propósito de solicitar revisión, y poste-riormente decida revisar, la fecha de notificación será la fecha de transcripción de la minuta. (Enfasis nuestro.) Íd., págs. 297-298.

Las antes transcritas expresiones son claras. Establecimos que la parte se entenderá notificada: (1) cuando se notifique oficialmente la minuta, si en ese día y en corte abierta la parte perjudicada le informó al tribunal su intención de solicitar la revisión del dictamen ante el foro apelativo, o (2) cuando se transcriba la minuta, si la parte peijudicada no informó lo anterior en el momento indicado.

Los fundamentos que nos llevaron a adoptar dicha norma no han variado. Por un lado, la práctica de los tribunales de no notificar las minutas en los procedimientos criminales continúa vigente y, por el otro, se sigue promoviendo que los casos criminales se resuelvan de manera expedita y que la parte perjudicada por un dictamen del foro primario pueda solicitar su revisión. Pueblo v. Rodríguez Ruiz, ante. En dicho caso expresamos, y hoy reiteramos, que ante la espera de la notificación del dictamen “[e]l proceso apelativo podría resultar académico y acarrear violaciones de derechos constitucionales fundamentales; más aún cuando estamos ante decisiones que, aunque interlocutorias, podrían ser cardinales para la disposición del caso”. Íd., pág. 298.

Somos del criterio que los intereses antes mencionados están adecuadamente protegidos bajo el palio de la norma adoptada en Pueblo v. Rodríguez Ruiz, ante. Por tal razón, reiteramos que cuando una parte interese acudir ante el foro apelativo intermedio para solicitar la revisión de un dictamen interlocutorio del foro primario emitido en corte abierta en un caso criminal, el término para presentar el recurso comenzará a transcurrir, como norma general, cuando se notifique oficialmente la minuta, si la parte perjudicada le informó al tribunal ese día y en corte abierta su intención de solicitar la revisión del dictamen ante el foro apelativo. Sin embargo, en situaciones —como en la de autos— en que la parte peijudicada no informe lo anterior en el momento indicado, el término comenzará a transcurrir cuando se transcriba la minuta.

HH H — I

Por estar íntimamente relacionados, evaluaremos en conjunto los señalamientos de error levantados por Rodrí-guez Martínez.

El peticionario alega en su recurso que tanto lo resuelto en Sánchez et als. v. Hosp. Dr. Pila et als., ante, como la Regla 32(D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, ante —ambos posteriores a Pueblo v. Rodríguez Ruiz, ante— demuestran que lo allí resuelto no tiene vigencia en la actualidad. No tiene razón.

En Sánchez et als. v. Hosp. Dr. Pila et als., ante, resolvimos que en los casos civiles la notificación que activa los términos para interponer una moción de reconsideración o un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones tiene que constar por escrito y que dicho escrito tiene que ser notificado a las partes. Dichas expresiones son claras al establecer que esta norma aplica únicamente a los casos civiles.

Asimismo, resulta patentemente claro que lo resuelto en Sánchez et als. v. Hosp. Dr. Pila et als., ante, no es viable en los procedimientos criminales. Ello, porque para poder aplicar correctamente dicha norma en el contexto de estos casos deberíamos, entre otras cosas: (1) ordenar que se notifiquen todas las minutas que incluyan órdenes o resoluciones aunque sean rutinarias, lo cual sobrecargaría de trabajo las ya atareadas Secretarías de lo Criminal de los Tribunales de Primera Instancia, o (2) permitir —como propone el peticionario— que la fecha de notificación sea el día que la parte acuda a la Secretaría y obtenga una copia certificada de la minuta, lo que sería prácticamente dejar a la entera discreción de éste el deter-minar cuándo será notificado, lo cual es inaceptable.

De otra parte, el peticionario aduce que considerar la fecha de la transcripción de la minuta como la fecha de la notificación ocasionará un caos administrativo, ya que los abogados que se proponen recurrir de dichas resoluciones u órdenes tendrán que estar llamando o acudiendo cons-tantemente a la Secretaría del tribunal para poder tener conocimiento de cuándo ésta se transcribió.

En cuanto a dicha contención, basta con señalar que aunque consideramos que dichas gestiones pueden causar inconvenientes a los abogados, somos del criterio que no provocarán, como el peticionario alega, un “caos” en la Secretaría del Tribunal. Además, destacamos que la fecha de la notificación para recurrir ante el Tribunal de Apelaciones será la de la transcripción de la minuta, únicamente en los casos excepcionales en que la parte afectada no le indique al tribunal el día en que se emitió el dictamen y en corte abierta su intención de solicitar la revisión de éste. En otras palabras, los casos en que los abogados se vean en la necesidad de saber la fecha de la transcripción de la minuta deben ser los menos, pues la norma general es que éstos actúen de forma competente y le informen al tribunal de su deseo de recurrir para que éste ordene la notificación oficial de la minuta.

Por otro lado, no tiene razón el peticionario al sostener que la norma establecida en Pueblo v. Rodríguez Ruiz, ante, atenta contra la política pública de ser flexibles en la interpretación de las leyes y reglamentos que se refieran a los procedimientos apelativos. No debe caber duda que dicha política no significa, bajo ningún concepto, que los abo-gados practicantes puedan hacer caso omiso de los prece-dentes jurisprudenciales y luego pretender que los tribunales apelativos asuman jurisdicción en casos donde claramente no la hay. La norma establecida en Pueblo v. Rodríguez Ruiz, ante —y aquí reiterada— es clara y, por lo tanto, no debe alterarse por el mero desconocimiento o la poca diligencia de una de las partes, máxime cuando de hacerlo afectaríamos más intereses de los que bene-ficiaríamos.

Finalmente, Rodríguez Martínez arguye que los hechos de Pueblo v. Rodríguez Ruiz, ante, no son idénticos a los del presente caso, por lo que no debe utilizarse para resolver la controversia ante nos. Aun cuando, a diferencia del caso ante nuestra consideración, en Pueblo v. Rodríguez Ruiz, ante, la minuta fue notificada, ello no es óbice para que la norma allí pautada sea de aplicación al presente recurso. Como vimos, dicha norma establece una solución específica para los casos como el de autos, además de que protege adecuadamente todos los intereses aquí impli-cados.

Aclarado lo anterior, debemos determinar si actuó co-rrectamente el foro apelativo intermedio al desestimar el presente caso por carecer de jurisdicción.

HH

Es un hecho incontrovertido que el 25 de septiembre de 2003 —día en que el foro primario emitió su dictamen— el peticionario, a pesar de solicitar la reconsideración, no le informó al tribunal su intención de acudir ante el Tribunal de Apelaciones a solicitar la revisión de éste. Tampoco está en controversia que la minuta se transcribió el 1 de octubre de 2003 y que no fue hasta el 23 del mismo mes y año que el peticionario acudió a la Secretaría a solicitar una copia certificada de ésta.()

Analizados dichos hechos según la normativa antes expuesta, no debe caber duda de que el término para acudir ante el foro apelativo intermedio para solicitar la revisión del dictamen emitido en corte abierta el 25 de septiembre de 2003 comenzó a transcurrir el 1 de octubre de 2003 —día en que se transcribió la minuta de la vista en la que se emitió el dictamen— y venció el 31 de octubre del mismo mes y año. Ante estos hechos, el foro apelativo in-termedio actuó correctamente al desestimar el recurso por considerarlo tardío.( ) Tampoco incidió el aludido foro al resolver que el peticionario no adujo justa causa alguna que le permitiera extender el término de cumplimiento estricto.()

IV

Por los fundamentos antes expresados, procede confir-mar la sentencia emitida en el presente caso por el Tribunal de Apelaciones y, en consecuencia, devolver el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos de forma compatible con lo aquí resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rivera Pérez disintió sin opi-nión escrita.

      (1) Es menester señalar que el juez Brau Ramírez emitió un “voto concurrente” en el que expresó que la doctrina aplicable era la establecida en Sánchez et als. v. Hosp. Dr. Pila et als., 158 D.P.R. 255 (2002), por lo que el recurso no era tardío. No obstante, concurrió con el resultado por entender que no se cometieron los errores señalados.

      (2) Somos conscientes de que en los casos en que se emite en corte abierta la “sentencia final” en un procedimiento criminal, el término para presentar el recurso pertinente comienza a transcurrir desde el momento en que aquélla se dicta. Véanse: Regla 23 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, aprobado el 20 de julio de 2004 (4 L.P.R.A. Ap. XXII-B); Regla 194 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II.

      (3) Dicha regla expresa, en lo pertinente, que:
      “(b)(1) Minutas. — La minuta será el registro oficial de las incidencias más importantes ocurridas durante la vista judicial en el salón de sesiones y en cámara. La misma será preparada conforme con las normas que establezca el Director Admi-nistrativo o la Directora Administrativa de los tribunales y será certificada por la Secretaria de Servicios a Sala.
      “La minuta original se unirá al expediente judicial. En aquellos casos consoli-dados, la minuta original será unida al expediente de mayor antigüedad. Se incluirá copia de la minuta en los expedientes consolidados restantes.
      “Se permitirá la utilización de papel de color rosa o del color que se establezca y que se tenga disponible para la preparación de la minuta original. Esto tiene como propósito poder identificar en el expediente con rapidez la minuta.
      “La minuta no será notificada a las partes o a sus abogados, salvo que incluya una resolución u orden emitida por el juez o la jueza en corte abierta, en cuyo caso será firmada por el juez o la jueza y notificada a las partes.
      “La Secretaria, custodia del expediente podrá expedir copia de la minuta previo la cancelación de los derechos arancelarios, según corresponda.
      “(2) La Secretaria o el Secretario de Servicios a Sala preparará la minuta en la que se hará constar la fecha, las partes y su representación legal, cuando la hubiera, el número de identificación del expediente, una breve reseña de los procedimientos habidos o asuntos atendidos en la vista, los planteamientos de las partes y las de-terminaciones del juez o de la jueza, una relación de las personas que testificaron, y una relación de la prueba documental presentada con indicación de si fue admitida o no.” 4 L.P.R.A. Ap. II-B, R. 32(b).

      (4) Cabe destacar que de los hechos antes mencionados se desprende que el peticionario obtuvo copia de la minuta siete días antes de expirar el plazo para recurrir del dictamen.

      (5) Recordamos que los tribunales no pueden asumir jurisdicción donde no la hay y que cualquier sentencia dictada sin jurisdicción es una sentencia nula en derecho y, por lo tanto, inexistente. Rivera v. Algarín, 159 D.P.R. 482 (2003); Febles v. Romar, 159 D.P.R. 714 (2003); Pueblo v. Miranda Colón, 115 D.P.R. 511, 513 (1984).

      (6) Un término de “cumplimiento estricto” le otorga al foro judicial la facultad de ejercer discreción para proveer justicia de acuerdo con las circunstancias particula-res de cada caso. Arriaga v. F.S.E., 145 D.P.R. 122, 130-131 (1998). Sin embargo, el foro apelativo sólo puede ejercer su discreción si la parte que solicita la prórroga demuestra justa causa fundamentada para ello en su escrito de certiorari. Cuando la parte que solicita la prórroga no demuestra justa causa, el foro apelativo carece de discreción para acoger el recurso. Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 D.P.R. 560, 564 (2000); Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadillo, 144 D.P.R. 651, 657 (1997).


text:
      In re Ana L. Vega Morales, querellada.

      Número: TS-7173

      Resuelto: 17 de marzo de 2006

      Salvador J. Antonetti Stutts, procurador general, Mariana D. Negrón Vargas, subprocuradora general, y Noemí Rivera De León, procuradora general auxiliar, querellantes; José Ángel Cangiano, abogado de la abogada querellada.
   per curiam:

La licenciada Ana L. Vega Morales fue admi-tida al ejercicio de la abogacía el 15 de mayo de 1981 y al ejercicio del notariado el 1 de julio del mismo año.

El 6 de mayo de 2004 el Tribunal de Primera Instancia declaró culpable a la licenciada Vega Morales por el delito de tentativa de apropiación ilegal agravada, en el caso Pue blo v. Ana L. Vega Morales,( ) ello por apropiarse, junto con la Sra. Carmen Vázquez Rodríguez, también acusada, de varias piezas de ropa interior pertenecientes a la tienda Sears de Plaza del Caribe en Ponce.

Conforme surge del expediente ante nos, el Tribunal de Primera Instancia le impuso a la acusada una multa de doscientos dólares. Copia de la referida sentencia fue en-viada a la Oficina del Procurador General de Puerto Rico el 21 de marzo de 2005 para la acción correspondiente.

El 15 de noviembre de 2005 el Procurador General for-muló una querella contra la referida abogada, en conformi-dad con lo dispuesto en la See. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909,() por tratarse de un delito menos grave que im-plica depravación moral. Sostuvo, además, que la conducta exhibida por la licenciada Vega Morales violaba el Canon 38 del Código de Ética Profesional.()

Examinado el Informe del Procurador General de Puerto Rico, le concedimos a la licenciada Vega Morales un término de treinta días para que se expresara. El 17 de febrero de 2006 la licenciada Vega Morales presentó su contestación a la querella, representada por el licenciado José A. Cangiano. Alegó que las disposiciones de la See. 9, supra, no le aplicaban, porque el delito por el cual se le declaró culpable no fue cometido en el desempeño de sus funciones como abogada, no es un delito grave ni implica depravación moral.()

Respecto a la imputada violación del Canon 38 del Có-digo de Ética Profesional, supra, alegó que, aunque no ac-tuó correctamente, sus clientes no resultaron afectados por las acciones cometidas en su vida personal. Añadió que aunque su conducta fue impropia, no fue de tal magnitud que merezca una suspensión o un desaforo de la profesión.() Resolvemos.

HH

La Sec. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909 dis-pone lo siguiente:

El abogado que fuere culpable de engaño, conducta inmoral 0malpractice), delito grave (felony) o delito menos grave (misdemeanor), en conexión con el ejercicio de su profesión o que fuere culpable de cualquier delito que implicare depravación moral, podrá ser suspendido o destituido de su profesión por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. La persona que siendo abo-gado fuere convicta de un delito grave cometido en conexión con la práctica de su profesión o que implique depravación moral, cesará convicta que fuere, de ser abogado o de ser com-petente para la práctica de su profesión. A la presentación de una copia certificada de la sentencia dictada al Tribunal Supremo, el nombre de la persona convicta será borrado, por orden del Tribunal, del registro de abogados. Al ser revocada dicha sentencia, o mediante el perdón del Presidente de los Estados Unidos o del Gobernador de Puerto Rico, el Tribunal Supremo estará facultad[o] para dejar sin efecto o modificar la orden de suspensión. 4 L.P.R.A. sec. 735.

El referido canon claramente establece que este Foro podrá suspender o destituir de su profesión a cualquier abogado que sea convicto de un delito grave (felony), que haya sido convicto de delito menos grave (misdemeanor) en conexión con el ejercicio de su profesión y que sea convicto de cualquier delito que implique depravación moral.

Hemos expresado que “[l]as funciones que les competen a los abogados como oficiales del tribunal, hacen que un abogado convicto de delito grave o menos grave que implique depravación moral esté incapacitado para desem-peñar éticamente los deberes y obligaciones que como miembro de la profesión le corresponden”.()

A esos efectos, hemos resuelto que

“DL]a depravación moral, tratándose de abogados, consiste ... en hacer algo contrario a la justicia, la honradez, los buenos principios o la moral. ... En general la consideramos como un estado o condición del individuo, compuesto por una deficien-cia inherente de su sentido de la moral y la rectitud; en que la persona ha dejado de preocuparse por el respeto y la seguridad de la vida humana y todo lo que hace es esencialmente malo, doloso, fraudulento, inmoral, vil en su naturaleza y dañino en sus consecuencias”.()

Por su parte, el Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra, dispone, en lo pertinente, lo siguiente:

El abogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia. ...
Por razón de la confianza en él depositada como miembro de la ilustre profesión legal, todo abogado, tanto en su vida pri-vada como en el desempeño de su profesión, debe conducirse en forma digna y honorable.

En In re Sepúlveda Girón, 155 D.P.R. 345, 361 (2001), señalamos que “[l]a apariencia de conducta impropia puede resultar muy perniciosa al respeto de la ciudadanía por sus instituciones de justicia y por la confianza que los clientes depositan en sus abogados”. “Cada abogado es un espejo en que se refleja la imagen de la profesión. Sus actuaciones reflejan ante la comunidad las bases del concepto que ésta se forme, no solamente del abogado particular que actúa, sino también de la clase profesional toda que debe representar la limpieza, lealtad, y el más escrupuloso sentido de responsabilidad”.()

En el presente caso la licenciada Vega Morales fue con-denada ante el foro de primera instancia por tentativa de apropiación ilegal. Ello por haberse apropiado de varias piezas de ropa pertenecientes a la tienda Sears de Plaza del Caribe en Ponce.

Sostiene que por no tratarse de un delito que implique depravación moral no debe ser suspendida del ejercicio de su profesión. Añade que “no ha dejado de preocuparse por el respeto y la seguridad de la vida humana” y que “los hechos por los que fue acusada no son esencialmente ma-los, dolosos, fraudulentos, inmorales, viles en su natura-leza ni dañinos en sus consecuencias”.() No compartimos su criterio.

Los actos por los cuales la licenciada Vega Morales fue condenada ante el foro primario ejemplifican, claramente, depravación moral y constituyen motivo suficiente para suspenderla del ejercicio de la abogacía y la notaría en Puerto Rico, en conformidad con lo dispuesto en la See. 9, supra. Su actuación denota un comportamiento contrario a la justicia, la honradez, los buenos principios y la moral.

Su conducta tampoco fue sincera ni honrada. El apro-piarse de ropa y artículos de una tienda sin pagar por ellos demuestra claramente una falta de honestidad de la licen-ciada Vega Morales. No albergamos duda de que lesiona la imagen de la profesión legal quien entra a una tienda con la intención de sustraer ropa y otros artículos sin pagar por ellos. Por todo ello, su conducta constituye una violación a lo dispuesto en el Canon 38 del Código de Ética Profesio-nal, supra.

En vista de lo anterior, procede que decretemos la sus-pensión de la licenciada Vega Morales inmediata e indefi-nidamente del ejercicio de la abogacía y la notaría. Se le impone a la licenciada Vega Morales el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para continuar repre-sentándolos, devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos. Deberá, además, certificarnos dentro del término de treinta días a partir de la notificación de esta opinión “per curiam” y sen-tencia, del cumplimiento con esos deberes. El Alguacil de este Tribunal procederá a incautarse de la obra y del sello notarial de la Sra. Ana L. Vega Morales, y a entregarlos a la Oficina de Inspección de Notarías para el correspon-diente examen e informe a este Tribunal.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rebollo López y la Juez Aso-ciada Señora Rodríguez Rodríguez no intervinieron.

      (1) Caso JPD-2002-G0970. Las partes llegaron a un acuerdo en el que solicitaron que se enmendara el delito de apropiación ilegal agravada por el de tentativa de apropiación ilegal agravada, lo cual aprobó el tribunal. La acusada alegó culpabili-dad y el tribunal la aceptó, y la declaró culpable y convicta de tal delito.

      (2) 4 L.P.R.A. sec. 735.

      (3) 4 L.P.R.A. Ap. IX.

      (4) Contestación al Informe del Procurador, pág. 2.

      (5) Íd., pág. 4.

      (6) In re Boscio Monllor, 116 D.P.R. 692, 697 (1985).

      (7) In re Piñero Martínez, 161 D.P.R. 293, 295-296 (2004). Véase In re García Quintero, 138 D.P.R. 669, 671 (1995).

      (8) In re Ramírez Ferrer, 147 D.P.R. 607, 616 (1999).

      (9) Contestación al Informe del Procurador, pág. 3.


author:
CFdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo
     Juez Asociada Se-ñora Rodríguez Rodríguez. Juez Presidente Señor Hernández Denton,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Nelly Collazo González, peticionaria.

      Número: CC-2005-297

      Resuelto: 17 de marzo de 2006

      Hiram Betances Fradera, abogado de la parte peticionaria; Salvador Antonetti Stutts, procurador general, abogado de la parte recurrida.
   SENTENCIA

En el presente caso se presentó una denuncia contra la Sra. Nelly Collazo González por el delito de apropiación ilegal agravada. La conducta imputada a la señora Collazo González consistía de varios actos mediante los cuales se apropió de distintas sumas de dinero pertenecientes a los clientes de su patrono, el Dr. José Gómez. A pesar de ello, el Ministerio Público sólo imputó la comisión de un delito en virtud de la figura del delito continuado.

Luego de que el foro de instancia determinara causa probable para acusar, la defensa solicitó la desestimación del cargo presentado contra la señora Collazo González. Alegó, en síntesis, que el Ministerio Público incorrecta-mente consolidó varios delitos ocurridos en fechas distintas. Argumentó también que muchos de los delitos en cuestión eran menos graves, ya que las cantidades apro-piadas eran menores de doscientos dólarés. Conforme a lo anterior, la defensa sostuvo que estos delitos menos graves estaban prescritos, pues ya había pasado más de un año desde la comisión de los actos imputados.

El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de la señora Collazo González, pues consideró que la conducta imputada constituía un delito continuado. Inconforme, la señora Collazo González acudió ante el foro apelativo. Dicho foro denegó expedir el auto solicitado por entender que el Ministerio Público actuó correctamente al imputar un solo delito en lugar de varios delitos. Aún insatisfecha, la señora Collazo González acudió ante nos.

Luego de los procedimientos y trámites de rigor, este Tribunal se encuentra igualmente dividido en cuanto a la correcta resolución del caso de autos. Por lo tanto, se con-firma por empate el dictamen del Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso al foro de instancia para que se continúe con los procedimientos de forma compatible con lo aquí resuelto.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secre-taria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente Señor Her-nández Denton emitió una opinión disidente, a la cual se unieron el Juez Asociado Señor Rivera Pérez y la Jueza Asociada Señora Fiol Matta. La Juez Asociada Señora Ro-dríguez Rodríguez emitió una opinión de conformidad.

CFdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo

— O —

Opinión de conformidad emitida por la

Juez Asociada Se-ñora Rodríguez Rodríguez.

Estoy conforme con el resultado de la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones en el caso de autos, resul-tado que se confirma mediante la sentencia que dictamos hoy al estar igualmente dividido este Tribunal. Entiendo que en este caso, en efecto, se configura un delito conti-nuado al concurrir, conforme los hechos alegados, el ele-mento subjetivo necesario para la aplicación de dicha figura. Por lo tanto, procedía imputar un solo delito grave basado en la suma total del dinero alegadamente apropiado. No soy del criterio de que los hechos de este caso sólo reflejen una mera resolución general y abstracta de cometer todas las apropiaciones ilegales posibles dentro de determinado marco de tiempo. Concurre en el caso un plan preconcebido para apropiarse ilegalmente de los dine-ros del perjudicado.

Escribo entonces para exponer mi parecer de que el ele-mento subjetivo en el delito continuado puede inferirse de la concurrencia del elemento objetivo. Además, debo expre-sar mi desacuerdo con el criterio propuesto en la opinión disidente emitida por el Juez Presidente Señor Hernández Denton, respecto al requisito de “designio o dolo global” en el delito continuado, ya que la adopción de esta teoría su-pone la derogación, de facto, de la figura del delito continuado.

i — I

Es mi opinión que el elemento subjetivo del delito con-tinuado puede inferirse de la presencia del elemento objetivo. En tal sentido, es ilustrativo lo dispuesto por el Tribunal Supremo de España en su Sentencia de 12 de enero de 1994, Núm. 476, LXI (Vol.l) Repertorio de Juris-prudencia 639, sobre cómo se configura el delito continuado. Los hechos en este caso se referían a varios escalamientos acaecidos durante un mismo mes en una misma localidad y en varias residencias, en algunas de las cuales hubo más de un escalamiento. El Tribunal indicó que era “evidente, pues, que concurren los elementos del delito continuado, tanto el objetivo, consistente en la plu-ralidad de acciones infractoras del mismo precepto legal penal, como el subjetivo, relativo a la ejecución por el autor de un plan preconcebido, hecho que se infiere, conforme a las reglas de la lógica y de la experiencia, de diferentes datos plenamente probados como el propio contenido de las acciones, la proximidad tanto temporal como geográfica en-tre una y otras, así como los semejantes modos de ejecución”. (Enfasis nuestro.) Íd.

Los hechos imputados en el caso ante nuestra conside-ración permiten una conclusión en igual sentido. La acu-sada en este caso se desempeñaba como secretaria en el consultorio médico del Dr. José Gómez. Como parte de sus funciones, ella recibía los dineros provenientes de los pa-cientes en pago de los servicios recibidos. Esto incluía aquellos pacientes a quienes se les había dado la oportuni-dad de acogerse a un plan de pago por dichos servicios. Aprovechándose de esta situación, la señora Collazo, se alega, se apropiaba del dinero únicamente en los días y las ocasiones en que los pacientes acogidos al referido plan realizaban pagos en efectivo.()

De lo anterior —asumiendo, claro está, que el Ministe-rio Público logre probarlo más allá de duda razonable— se desprende un esquema o designio común y preconcebido de la acusada quien, aprovechándose de estas ocasiones, logra defraudar a su patrono y apropiarse ilegalmente de los dineros que le pertenecían por servicios médicos prestados cuando el pago de esos servicios se efectuaba en efectivo. En resumen, la conducta delictiva imputada va dirigida contra una misma persona, se refiere a un mismo tipo de-lictivo y refleja una misma unidad de propósito —defrau-dar al patrono apropiándose de su dinero— configurándose así el delito continuado.

H-i HH

Debo expresar, además, que no comparto el criterio ex-presado en la opinión disidente del Juez Presidente Señor Hernández Denton, respecto al concepto de “designio o dolo global” en el delito continuado y lo que ello comprende. Estimo, como indiqué, que adoptar tal visión tendría el efecto real de hacer superflua la institución.

La opinión disidente propone que para que se configure el delito continuado se requiera que el autor tenga previsto un “resultado global”, de suerte que los actos individuales se manifiesten como actos sucesivos en la realización del acto global. Además, se propone que “debe concurrir en el actor una intención que abarque íntegramente el conjunto de acciones constitutivas del hecho, de forma que cada acto constituya para él la consecución de un eslabón necesario para lograr obtener un resultado previamente establecido”. Opinión disidente, pág. 349.

Esta visión sobre la naturaleza del dolo global ha susci-tado oposición en la doctrina desde dos puntos de vista, a saber:

... por la dificultad de afirmar la realidad de un dolo total, de un lado, y por la dificultad de delimitar en la práctica el dolo conjunto y el plan global, y de otro, por lo criticable que resulta político-criminalmente beneficiar con una figura como el delito continuado a quien revela una mayor energía criminal, en el sentido de que el tratamiento privilegiado que suele derivar de la unificación de las plurales acciones en unidad de acción por continuación, supone premiar al delincuente que planifica ra-zonadamente, y en especial a la criminalidad organizada. (Én-fasis nuestro.) J. Choclán Montalvo, El Delito Continuado, Madrid, Marcial Pons Ed., 1997, págs. 257-258.

El propio Jakobs indica que “[e]l requisito del dolo global privilegia al autor que planea escrupulosamente ... y condena la relación de continuidad a la falta de relevancia en la práctica ... si se toma en serio y no se opera con ficciones”. G. Jakobs, Derecho Penal: Parte General (J. Cuello Contreras y J.L. González, trads.), 2da ed., Madrid, Ed. Marcial Pons, 1997, pág. 1094, Núm. 44. También en la doctrina española, J. Antón Oncea, en su obra Derecho Penal, Madrid, Ed. Akal, 1986, pág. 500, considera que la unidad de dolo raramente se da en la práctica e indica que ésta es estimable sólo en algunos raros casos.

Precisamente, la profesora Castiñeira señala lo si-guiente: "... de reducirse la eficacia del delito continuado a los supuestos en que concurre unidad de dolo constituiría una institución superflua, ya que no estaría entonces ante una pluralidad de delitos sino ante un delito único.” M.T. Castiñeira, El Delito Continuado, Barcelona, Ed. Bosch, 1977, pág. 20. Indica ésta con acierto que la exigencia de dolo único o global

... resulta rechazable por varias razones: es difícilmente concebible un dolo dirigido a la realización de urna serie de acciones, cuando para que cada acción sea delictiva debe ne-cesariamente realizarse concurriendo dolo (o en su caso culpa). Si se mantiene que debe tratarse de un dolo único, se equipara el delito continuado a delito único, puesto que se uti-liza como elemento de conexión un elemento propio de toda acción delictiva (dolosa) ....
Cualquiera que sea la forma en que se configura el dolo único o conjunto, no se explica cómo precisamente por un que-rer previo comprensivo de todas las acciones, deba tener lugar una atenuación (o, en algunos casos una agravación) de la pena. (Escolios omitidos.) Íd., págs. 106-107.

Nos parece más apropiado entender la figura del delito continuado y su elemento subjetivo de la forma en que fue descrito por el Tribunal Supremo de España en su Senten-cia de 26 de enero de 1993, Núm. 188, LX (Vol.1) Reperto-rio de Jurisprudencia 254. El Tribunal indicó lo siguiente:

La figura del delito continuado puede surgir de un plan pre-concebido o del aprovechamiento de idéntica ocasión; y así como en el primer caso el elemento subjetivo exige una unidad de dolo, concebido como voluntad que abarca desde el primer momento la totalidad del resultado, el segundo —que es el más frecuente en la práctica— se emancipa de este nexo sub-jetivo entre las diversas acciones y se contenta con que el dolo propio de cada acción sea homogéneo concurriendo —en el plano objetivo— la realización del mismo o semejante tipo penal y las obligadas conexiones de lugar y tiempo. Íd. En igual sentido, véanse: S. de 25 de junio de 1983, Núm. 3583, L (Vol. 2) Repertorio de Jurisprudencia 2789; S. de 12 de enero de 1994, supra.

En el pasado hemos reconocido las dificultades que en-traña establecer una regla fija que permita precisar cuándo un delito es continuo. Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 630, 639 (1999); Pueblo v. Cortés Rivera, 147 D.P.R. 425, 430 (1999). La regla del “designio o dolo global” no goza del favor de un sector importante de la doctrina pues, entre otras razones, hace inoperante el delito continuado. No es una norma que a mi juicio debamos adoptar.

Como hemos indicado en el pasado, el enfoque subjetivo requiere el examen de la intención del autor para determi-nar si en la serie de actos subsistió un único designio común. Pueblo v. Colón Mendoza, ante; Pueblo v. Carballosa y Balzac, 130 D.P.R. 842 (1992); Pueblo v. Tribunal Superior, 94 D.P.R. 392, 396-397 (1967); Pueblo v. Adorno, 81 D.P.R. 518, 536-527 (1959). “La idea es que en la comi-sión de la cadena delictiva ha [ya] mediado una intención común que aglutina a todos los actos.” D. Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño: Parte General, 3ra ed., Hato Rey, Inst. Desarrollo del Derecho, 1995, pág. 330.

Por ser así, debo concluir que en este caso el Estado imputó un esquema de acción continuo que respondía al designio común de la acusada de aprovechar su posición como secretaria del perjudicado para apropiarse ilegal-mente de los pagos efectuados en efectivo por los pacientes del doctor Gómez y que le pertenecían a éste. Concurre entonces una intención común que aglutina todos los actos; se invocó correctamente las reglas del delito continuado.

— O —

Opinión disidente emitida por el

Juez Presidente Señor Hernández Denton,

a la cual se unieron el Juez Aso-ciado Señor Rivera Pérez y la Jueza Asociada Señora Fiol Matta.

Hemos decidido emitir el siguiente voto disidente por entender que la conducta imputada a la señora González Collazo consiste en varios actos separados e independien-tes que no debieron ser consolidados en un solo cargo en virtud de la figura del delito continuado. Veamos.

I

En octubre de 2003 se presentó una denuncia contra la Sra. Nelly Collazo González por el delito de apropiación ilegal agravada, 33 L.P.R.A. sec. 4272. Se le imputó la co-misión de varias apropiaciones de pagos en efectivo hechos por los pacientes del Dr. José Gómez mientras era secreta-ria de éste. Los referidos actos fueron realizados entre enero de 2001 y marzo de 2003. El valor total de las apro-piaciones fue de $12,000. La denuncia presentada en su contra especificaba que se trataba de un solo delito en vir-tud de la aplicación de la figura del delito continuado, ya que su conducta constituía “una violación de la misma dis-posición legal ... en fechas distintas, con el mismo propó-sito o intención criminal”.

Una vez se determinó causa probable para arresto, se celebró la vista preliminar en su contra. Surgió de la prueba desfilada que la señora Collazo González se había apropiado de varios pagos realizados por pacientes del doctor Gómez. Según los recibos presentados en evidencia, al-gunos de los pagos eran por cantidades de dinero que osci-laban entre $62.95 y $150. El Tribunal de Primera Instancia determinó que existía causa probable para acu-sar a la señora Collazo González y el Ministerio Público procedió a presentar la correspondiente acusación.

Luego de varios trámites procesales, la defensa presentó una moción de desestimación al amparo de la Regla 64(m) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Alegó, en síntesis, que el Ministerio Público consolidó ilegalmente distintos delitos ocurridos en diferentes fechas. Adujo, ade-más, que la mayoría de los delitos en cuestión eran menos graves, ya que las cantidades apropiadas eran menores de $200. A base de ello, la señora Collazo González sostuvo que estos delitos estaban prescritos, ya que había transcu-rrido el término prescriptivo de un año establecido por el Art. 78 del Código Penal de 1974 (33 L.P.R.A. sec. 3412) para delitos menos graves.

El foro de instancia denegó la moción de desestimación, pues estimó que los hechos cometidos constituían un delito continuo que obedecían a un esquema general en el cual la intención de apropiarse de los bienes estuvo presente du-rante todo el tiempo transcurrido entre la comisión del primer delito imputado y el último. Por tal razón, concluyó que el delito por el cual se le acusa a la señora Collazo González es un delito grave, ya que la suma de todas las apropiaciones es de $12,000. Sostuvo, además, que el delito no estaba prescrito en atención a que el período prescrip-tivo de cinco años establecido para delitos graves comenzó a transcurrir en marzo de 2003 cuando culminó la última transacción delictiva.

La señora Collazo González acudió mediante un certio-rari al Tribunal de Apelaciones para solicitar la revocación de la determinación del foro de instancia. El foro apelativo, mediante un razonamiento similar al del Tribunal de Pri-mera Instancia, denegó la expedición del auto solicitado.

Inconforme, la señora Collazo González acude ante nos para solicitar que revoquemos al foro apelativo y decrete-mos que las acusaciones presentadas en su contra están prescritas por tratarse de varios delitos menos graves, en lugar de un solo delito continuado. Emitimos una orden para mostrar causa por la cual no debíamos revocar el dic-tamen del Tribunal de Apelaciones.

Este Tribunal, por encontrarse igualmente dividido, confirmó el dictamen del foro apelativo. En vista de que consideramos que en el caso de autos no se satisface el elemento subjetivo necesario para que proceda acudir a las reglas sobre el delito continuado, disentimos.

bH

El delito continuado consiste en “una pluralidad de ac-tos que aisladamente pudieran concebirse como delitos in-dependientes, pero que en conjunto se conciben como un delito único”. Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 630, 638 (1999). Al amparo de dicha figura se genera una ficción jurídica destinada a eludir las reglas sobre el concurso real de delitos, así como el sistema de cuantías imperante en los delitos contra la propiedad. Pueblo v. Cortés Rivera, 147 D.P.R. 425, 428-429 (1999).

En sus orígenes, el delito continuado fue desarrollado para evitar la imposición de la pena de muerte al autor de tres o más hurtos. Pueblo v. Cortés Rivera, supra, pág. 428. En vista de que dicha situación no existe actualmente, la necesidad de conservar la figura ha sido cuestionada por numerosos comentaristas. Véase, por ejemplo, a E. Baciga-lupo, Derecho Penal: Parte General, 2da ed., Buenos Aires, Ed. Hammurabi, 1999, págs. 584-585. Los críticos señalan que mediante el delito continuado se unifican artificiosa-mente “una serie de hechos que cumplen con todos los pre-supuestos de hechos punibles individuales que se deberían sancionar según las reglas del concurso real”. Bacigalupo, op. cit., pág. 585. De otra forma, también se ha señalado que dicha figura puede beneficiar injustamente al autor que decide cometer una multiplicidad de actos delictivos en virtud de un plan preconcebido. Véase a G. Jakobs, Dere-cho Penal: Parte General (J. Cuello Contreras y J.L. Gon-zález, trads.), 2da ed., Madrid, Ed. Marcial Pons, 1997, pág. 1098. Por otro lado, las reglas del delito continuado pueden beneficiar injustamente al Ministerio Público al permitirle imputar la comisión de un delito agravado a pe-sar de que en realidad se cometieron varios delitos menos graves. Por ello se considera que dicha institución “resulta difícilmente legitimable” y se fomenta limitar lo más posi-ble su ámbito de aplicación. Bacigalupo, op. cit., pág. 586.

Para que aplique la figura del delito continuado es ne-cesario que concurran varios requisitos tanto subjetivos como objetivos. En cuanto al aspecto subjetivo, hemos se-ñalado que los actos delictivos deben haber sido puestos en movimiento por un solo impulso y operados por una sola fuerza. Pueblo v. Colón Mendoza, supra, pág. 638. Se re-quiere, además, examinar la intención del autor para de-terminar si durante la serie de actos cometidos subsistió un único designio común. Íd., pág. 639.

De lo que se trata, por lo tanto, es de constatar en el autor una “intención que abarque el hecho globalmente” que “debe comprender el resultado [total] en sus rasgos esenciales ... de modo que los actos individuales se presen-ten sólo como la realización sucesiva de un todo querido unitariamente”. H.H. Jescheck y T. Weigend, Tratado de Derecho Penal (M. Olmedo Cardenete, trad.), 5ta ed., Granada, Ed. Comares, 2002, pág. 771. “La mera ‘decisión general’ de realizar delitos de determinada naturaleza en la oportunidad conveniente no es suficiente.” H. Welzel, Derecho Penal Alemán (J. Bustos Ramírez y S. Yáñez Pérez, trads.), 4ta ed., Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1997, pág. 268. A estos efectos, se ha dicho en el contexto de los delitos patrimoniales, que para que varias estafas consti-tuyan un delito continuado

... el dolo debe haber estado dirigido desde un comienzo a la totalidad de los distintos perjuicios patrimoniales; no es por ello bastante con una resolución delictiva adoptada de modo general para cometer todas las estafas posibles de una clase determinada o destinada a robar al número mayor posible de viandantes. (Citas omitidas y énfasis suplido.) Jes check y Weigend, op. cit., pág. 772.

En cuanto al aspecto objetivo, se requiere la concurren-cia de dos elementos, a saber, identidad de la víctima e infracción de la misma prohibición. Véase la Sentencia del Tribunal Supremo de España de 19 de enero de 1940, Núm. 77, VII Repertorio de Jurisprudencia 55. Véase, ade-más, F. Muñoz Conde y M. García Arán, Derecho Penal: Parte General, 6ta ed., Valencia, Tirant Lo Blanch, 2004, págs. 469-470; S. Mir Puig, Derecho Penal: Parte General, 7ma ed., Montevideo, Ed. B de F, 2004, págs. 637-638. En el contexto de los delitos patrimoniales, el primer requisito supone que para considerar a las plurales defraudaciones o sustracciones efectuadas como un solo delito de estafa es necesario que todas afecten “al mismo sujeto pasivo”. Id.

Por último, debemos señalar que la normativa que aca-bamos de exponer coincide con lo preceptuado por la Asam-blea Legislativa en el Código Penal de 2004, ya que ahí se permite acudir a las reglas del delito continuado cuando el actor “con unidad de propósito delictivo” (elemento subje-tivo) e “identidad de sujeto pasivo” (elemento objetivo) lo-gra “producir los elementos de un mismo delito” (elemento objetivo). Art. 80 del Código Penal de 2004, Ley Núm. 149 de 18 de junio de 2004 (33 L.P.R.A. sec. 4708).

A la luz del derecho antes expuesto, pasemos a exami-nar los hechos del presente caso.

hH h — i

En el caso de autos, el Ministerio Público alega que a la señora Collazo González se le imputó correctamente la co-misión de un solo delito en virtud de la figura del delito continuado, ya que mediante distintos actos se infringió “la misma disposición legal ... con el mismo propósito o inten-ción criminal”. No le asiste la razón.

Como ya hemos explicado, la figura del delito conti-nuado aplica sólo cuando la intención del autor alcanza la totalidad del hecho delictivo. Por lo tanto, debe concurrir en el actor una intención que abarque íntegramente el con-junto de acciones constitutivas del hecho, de forma que cada acto constituya para él la consecución de un eslabón necesario para lograr obtener un resultado previamente establecido. Por otro lado, la intención debe estar dirigida desde el principio a la consumación global de una serie de actos concretos y determinados. En virtud de ello, la mera resolución general y abstracta de cometer todas las apro-piaciones ilegales posibles dentro de determinado marco de tiempo no satisface el elemento subjetivo que debe estar presente en el delito continuado.

De la prueba contenida en el expediente es forzoso com cluir que la señora Collazo González meramente tenía la intención abstracta y general de apropiarse de la mayor cantidad de dinero posible en el mayor número posible de actos independientes. No obstante, carecía de un “designio común” o global que, desde un principio, abarcara concreta y determinadamente la totalidad de los actos fraudulentos que finalmente terminó realizando.() Por ello, somos del criterio de que no procede acudir a las reglas del delito continuado, ya que no concurrió en la señora Collazo Gon-zález el elemento subjetivo requerido para la aplicación de dicha figura.

Por tal razón, estamos convencidos de que erró el Minis-terio Público al imputar un solo delito grave de apropiación ilegal basándose en la suma de la totalidad de las cantida-des apropiadas. Por ende, contrario a lo resuelto en la sen-tencia emitida por este Tribunal, devolvería el caso al foro de instancia para que determine cuáles de los delitos im-putados están prescritos por tratarse de múltiples ofensas menos graves en lugar de un solo delito grave.

      (1) Este esquema dificultaba la detección inmediata de la apropiación. En total, la señora Collazo se apropió, alegadamente, de doce mil dólares entre enero de 2001 a marzo de 2003.

      (1) Un caso paradigmático en el que concurre el elemento subjetivo del delito continuado es el de un ladrón que decide apropiarse ilegalmente de cada una de las tres hojas que componen una sola pintura (un tríptico) mediante tres actos separados. En estos casos es obvio que existe en el autor un “dolo global” que abarca desde un principio la totalidad del resultado (obtención de la pintura). Nótese que cada hurto por separado (apropiación de una sola hoja de la pintura) no tiene un valor propio e independiente para el ladrón. El verdadero botín se consigue sólo cuando el autor logra apropiarse de las tres hojas.