text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Fabian Declet Maldonado, acusado y apelante.
    Núm. 10678.

    Sometido: Diciembre 18, 1944.

      Resuelto: Mayo 21, 1945.

      Y. M. Ránchc.z Fernández, abogado del apelante; R. A, Gómez, Fiscal d-cl Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal. ■

En este caso se imputó al apelante un delito de escala-miento en primer grado consistente en que en la noclie del 19 al 20 de- marzo de 1943 ilegal, voluntaria y maliciosamente penetró en la residencia de Félix Pérez Villanueva y sustrajo un baúl conteniendo $250 y ropa de hombre.

El perjudicado Félix Pérez Villanueva declaró que en la noche del 19 de marzo de 1943 se le desapareció de su casa un baúl donde guardaba $250 y ropa de hombre; que dió cuenta a la policía; que algunos días después fué traído a su presencia el apelante como supuesto autor del delito; que al principio el apelante negó tener participación en los he-chos que se le imputaban, pero que luego fué conducido al cuartel de la policía en Bayamón y, después de haber sido examinado por el cabo de la policía Manuel Laureano Ne-gron y un guardia, voluntariamente confesó en presencia de la policía y del perjudicado que a las ocho de la noche del 19 de marzo de 1943 penetró en la casa del perjudicado y sustrajo el baúl en cuestión, llevándolo a una pieza de caña donde, auxiliado por una vela y fósforos que llevaba consigo, abrió el baúl y sacó el dinero, dejando allí el baúl y la ropa; que guiados por la información del apelante, fueron a la pieza de caña indicada por él, y allí encontraron el baúl, un pedazo de vela y una caja de fósforos, recuperando- el per-judicado una parte del dinero que estaba todavía en poder del acusado. Y en cuanto al resto del dinero, declaró el ape-lante que lo había empleado en una casa que compró en no-venta dólares. El mismo testigo también declaró que él no vió que la policía ejercitase violencia o amenazase al acu-sado para obtener la confesión.

Otro testigo del fiscal, el cabo de la policía Manuel Lau-reano Negrón, declaró que la confesión fué voluntaria, 3^ co-rroboró lo declarado por el perjudicado.

El propio acusado declaró 'en el juicio que había com-prado la casa en cuestión; que Ciriaco Meléndez, vecino suyo con quien dijo no tener amistad, le entregó $160 para que le comprara una casa, y él compró tina en noventa dólares a nombre de dicho vecino, y cuando fué arrestado por la po-licía todavía tenía en su poder unos setenta dólares que fue-ron entregados al perjudicado. Admitió haber hecho la con-fesión, pero declaró que había sido obtenida por la violencia de que había sido objeto por parte de la policía.

El jurado lo declaró culpable, y contra la sentencia que le impuso la corte inferior interpuso el presente recurso, para sostener el cual alega que el corpus delicti no fué de-bidamente probado y que la confesión no fué voluntaria, por haber sido obtenida de él por medio de la violencia.

Cuando, como en el presente caso, la única prueba contra el acusado es una confesión extrajudicial, es indispensable para sostener una sentencia contra él, probar (1) el corpus delicti y (2) que la confesión fué hecha voluntariamente.

En este caso la prueba del corptís delicti surge del testimonio del perjudicado, al declarar que tenía debajo de su cama un baúl conteniendo su ropa y doscientos cincuenta dólares en efectivo, y que el baúl con su contenido desapareció de su casa. No habiendo el perjudicado dispuesto del baúl en alguna forma, es necesario concluir que al desaparecer del sitio en que se hallaba fué porque un agente criminal, en-una hora del día o de la noche, penetró en la casa y lo sustrajo. Como se dice en Underhill’s Criminal Evidence (cuarta edición), see. 37, pág. 45, el corpus delicti puede ser probado por evidencia circunstancial de la cual el jurado pueda razonablemente inferir que un crimen ha sido cometido.

Hasta aquí el escalamiento puede ser en primer o segundo. grado, según que la penetración hubiere sido en las horas del día o de la noche. Pero la prueba del corpus delicti sólo tiene por objeto probar que un delito se ha cometido, no siendo necesario que de ella surja el grado del delito. El grado puede probarse con la evidencia que tienda a conectar ai acusado con la comisión del delito, ya sea la confesión extrajudicial o cualquiera otra prueba que se presente a ese efecto. Así vemos que en los casos de muerte ilegal el corpus delicti se limita a probar que la muerte lia sido el acto de un agente criminal, y con la evidencia tendente a conec-tar al acusado con la comisión del delito se determina si la muerte constituye asesinato, en primer o segundo grado, u homicidio, voluntario o involuntario, según resulte de la prueba.

Probado el corpus delicti, réstanos ahora conectar al acusado con la comisión del delito.

La única evidencia que conecta al acusado con la comi-sión del delito es la confesión extrajudicial que contra él se presentó en evidencia. Ya hemos dicho que para que la con-fesión extrajudicial sea admisible es necesario probar que fué hecha voluntariamente. La prueba de la confesión con-siste de dos etapas. La primera es función exclusiva del juez. En ésta, al ofrecerse en evidencia la confesión, el juez debe oír la prueba tendente a demostrar si la confesión fué o no voluntariamente hecha. La mejor práctica es que en esta fase del caso el jurado no se halle presente. Si el juez determina como cuestión de derecho que hay prueba sufi-ciente para someter al jurado la cuestión sobre el carácter voluntario de la confesión, permitirá que el jurado oiga dicha prueba, si es que éste había sido retirado, y después oirá el jurado la prueba sobre la confesión, incumbiendo en-tonces al jurado determinar como cuestión de hecho, si fué o no voluntariamente hecha. Si cree que no lo fué, es su deber no considerarla. Brown v. State, 132 S. W. 2d 15 (Ark. 1939); People v. Jones, 150 P.2d 801 (Cal., 1944); People v. Machul, 56 N. E. 2d 811 (Ill., 1944); Commonwealth v. Sheppard, 48 N. E. 2d 630 (Mass., 1943); Kidd v. State, 136 P.2d 210 (Okla., 1943); Wynn v. State, 181 S. W. 2d 332 (Tenn., 1944; State v. Crank, 142 P.2d 178 (Utah, 1943); 3 Wigmore on Evidence, sec. 861, pág. 345. [4] El peso de la prueba sobre el carácter voluntario de la confesión, como cuestión de hecho, recae sobre el fiscal. Pueblo v. Dones, 56 D.P.R. 211, 220 (1940).

En el presente caso, al empezar el fiscal a probar la confesión, la defensa inmediatamente llamó la atención a la corte en los siguientes términos:

“Nosotros vamos a solicitar de la corte que no se continúe con las manifestaciones del testigo hasta tanto se pruebe la forma en que hizo el acusado esas admisiones.”

Inmediatamente la corte replicó:

“La corte .va a declarar sin lugar la objeción y le va a dar una excepción al compañero.”

Como puede verse, aunque el carácter voluntario de la confesión fué impugnado, el juez la admitió en evidencia sin determinar previamente si en efecto era admisible, para lo cual era preciso que oyese la prueba sobre el carácter vo-luntario de la confesión. Este error por parte de la corte hubiera podido considerarse como un error que no lesionaba los derechos sustanciales del acusado si la corte hubiera ins-truido al jurado de manera clara y específica que tenían ellos el deber de determinar si la confesión fué hecha voluntaria-mente, y que recaía sobre el fiscal la carga de la prueba para demostrar que la confesión era voluntaria, Pueblo v. Dones, supra; pero no se hizo así, y el juez se limitó a dar la ins-trucción de que para que la confesión fuera admisible en evidencia era necesario que hubiera sido voluntariamente hecha.

Habida cuenta de que el juez en presencia del jurado re-chazó la contención del abogado defensor al efecto de que no podía presentarse prueba de la confesión extrajudicial sin probarse previamente que había sido voluntariamente hecha —en ausencia de una instrucción específica de que era el de-ber de ellos determinar si la confesión había sido volunta-riamente hecha — , el jurado podía racionalmente entender que al admitirla el juez era porque él entendía que la misma era voluntaria y por consiguiente admisible, como la demás evidencia que se presentó ante ellos. No habiéndose tam-poco instruido al jurado que el peso de la prueba para es-tablecer que la confesión había sido voluntariamente hecha incumbía al fiscal, pudo también el jurado creer que esa prueba incumbía al acusado y relevar al fiscal de la obliga-ción de probar ese hecho.

Debe presumirse que esos errores, tratándose de un jui-cio por jurado, perjudicaron los derechos sustanciales del acusado. Cf. Pueblo v. Márquez, 64 D.P.R. 371, 382. Y siendo ello así, procede revocar la sentencia apelada y devol-ver el caso a la corte inferior para la celebración de un nuevo juicio.

       El juez instruyó al jurado:
      "La regla de que una confesión no puede admitirse como prueba si no se ha probado el corpus delicti es aplicable a delitos consumados y no a delitos en grado de tentativa.
      “La confesión del acusado es admisible como prueba en contra de él si ha sido hecha voluntariamente: sin violencia, intimidación, amenazas, halagos o promesas de clase alguna que pudieran influir en ella.”
      Además, les trasmitió la instrucción general al efecto de que es al jurado a quien incumbe dirimir el conflicto en la prueba y pasar sobre la credibilidad de los testigos.


source: Caselaw Access Project

author: En Jtjbz Asociado Señor Sstyder

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Salvador Suazo Morales, acusado y apelante.
    Núm. 10864.

    Sometido: Mayo 9, 1945.

      Resuelto: Mayo 21, 1945.

      G. Cruzad,o Silva, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogado de El Pueblo, apelado.
   En Jtjbz Asociado Señor Sstyder

emitió la opinión del tribunal.

El acusado apela de una sentencia de la corte de distrito imponiéndole un mes de cárcel por el delito de portar armas prohibidas.

La prueba fué que el acusado, administrador del Club Esquife, tuvo ciertas dificultades con un parroquiano en es-tado de embriaguez, y envió por un policía; que antes de éste llegar, el acusado sacó a la fuerza fuera del estableci-miento al parroquiano, quien se comportaba escandalosa-mente y quien le había pegado al acusado en la boca, hacién-dola sangrar; que el parroquiano se fué pero volvió con un cuchillo; que cuando el acusado se percató de este hecho, cogió su revólver, que estaba debajo de la barra; que en-tonces fué que llegó el policía arrestando a ambos, llevándo-los al cuartel. Según dice el Fiscal en su alegato, la única discrepancia entre la prueba del Pueblo y la del acusado es “ . . . que según los testigos de cargo ellos registraron y ocuparon en la persona del acusado y apelante en el cuartel de la policía el revólver en cuestión. Y según el acusado y apelante él mismo,le dijo a la policía que él tenía ese re-vólver y se lo entregó . . . ”. Convenimos con el Fiscal en que esta discrepancia no afecta la cuestión ante nos.

Aquí el acusado tenía derecho a guardar un revólver en su establecimiento. A causa de una situación amenazadora, portaba sobre su persona el revólver en dicho estableci-miento, cuando fué arrestado junto a su atacante y -llevado contra su voluntad al cuartel. No podemos convenir con la corte de distrito en que durante el viaje del Club al cuartel de la policía estaba bajo estas circunstancias portando ilc-galmente un arma prohibida (Cf. Mireles v. State, 192 S. W. 241 (Tex., 1917)).

La sentencia de la corte de distrito será revocada y se dictará nueva sentencia absolviendo al acusado.


author: El Juez Asociado Señor Snydjbb.

text:
    The Mayagüez Light, Power & Ice Co., Inc., peticionaria, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, etc., demandado.
    Núm. 47.

    Sometido: Abril 23, 1945.

      Resuelto: Mayo 21, 1945.

      J. Alemañy Sosa, abogado de la peticionaria; Hon. Procurador General Interino Jesús A. González y M. Velázquez Flores, Procurador General Auxiliar, abogados del interventor, querellado en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Snydjbb.

emitió la opinión del tribunal.

El 17 de junio de 1944 la peticionaria radicó ante el Tribunal de Contribuciones una querella para revisar la actua-ción del Tesorero al notificarle una deficiencia en su planilla de contribuciones sobre ingresos correspondiente al año 1936. El 7 de marzo de. 1945 el Tribunal de Contribuciones sua sponte desestimó la querella por falta de jurisdicción por haber dejado la peticionaria de radicar una fianza por tres cuartas partes dol importe de la contribución en controver-sia, de conformidad con la sección 57 (a) de la Ley de Con-tribuciones sobre Ingresos, según fné enmendada por la Ley núm. 23, Leyes de Puerto Rico, 1941, Sesión Extraordinaria ((2) pág. 73). Expedimos el auto de certiorari con el fin de revisar dicha decisión.

La sección 57(a), después de proveer la revisión de la resolución del Tesorero con respecto a cualquier deficiencia dentro de los treinta días siguientes a la notificación de tal resolución, dice: “Disponiéndose, que-(l) la resolución del Tesorero sobre la determinación de cualquier deficiencia y (2) la prestación de fianza por el contribuyente, sujeta ésta a la aprobación del Tesorero, por una suma no menor de tres cuartas (%') partes del montante de la contribución apelada, serán ambos y cada uno requisitos previos indispensables para acudir al referido tribunal, sin los cuales éste no adquirirá jurisdicción.”

La peticionaria alega que la Ley núm. 169, Leyes de Puerto Rico, 1943 (pág. 601), que constituye la última ex-presión de la Legislatura en cuanto a los poderes y juris-dicción del Tribunal de Contribuciones, ha derogado este re-quisito de la fianza. Esta teoría está basada en el lenguaje de la sección 3 de la Ley núm. 169. El segundo párrafo de dicha sección dispone- que las querellas deben radicarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la notificación de la resolución del Tesorero en cinco clases de casos. Luego de un disponiéndose en cuanto a la moción de reconsidera-ción por el Tesorero, encontramos el lenguaje en que se .apoya la peticionaria. Dice como sigue:

“Y disponiéndose, además, que el procedimiento de apre-mio o ejecución para hacer efectiva la contribución objeto de la acción o recurso quedará en suspenso, cuando las leyes sobre la materia así lo autorice y antes no lo hubiere sus-pendido el Tesorero de acuerdo con dichas leyes, hasta que emita su decisión el Tribunal siempre que éste, a solicitud del contribuyente y con citación del Tesorero de Puerto Rico permita el afianzamiento, a su entera satisfacción, de la con-tribución en controversia, incluyendo intereses y penalida-des, la autorización para prestar cuya fianza así como la fija-ción de su cuantía, serán facultad discrecional y exclusiva del Tribunal, teniendo en cuenta, en cada caso, los hechos y circunstancias que a su juicio concurran y afecten el interés tanto del contribuyente como de El Pueblo de Puerto Pico.”

Como dijimos en Mayagüez Sugar Co. v. Tribunal de Apelación de Contribuciones, 60 D.P.R. 753, 757-9, la Ley de Contribuciones sobre Ingresos — contrario a la situación prevaleciente cuando sedecidió el caso de P. R. Fertilizer Co. v. Domenech, Tesorero, 50 D.P.R. 405 — no es ya la única fuente de todo el procedimiento a seguir para obtener una revisión judicial, de todas aquellas cuestiones que surgen al amparo de ella. Tanto la Ley núm. 172, Leyes de Puerto. Rico, 1941 — y la presente Ley, Ley núm. 169, 1943 — contie-nen requisitos de procedimiento y de jrtrisdicción. Por tanto debemos referirnos ahora a la Ley de Contribuciones sobre Ingresos y a la Ley núm. 169 para determinar tales cues-tiones.

Indudablemente estas dos leyes coinciden en algunos de los requisitos procesales trayendo como resultado una granconfusión en la litigación contributiva de los últimos años, lista es una situación indeseable en extremo. Las partes en una controversia judicial tienen derecho a una decisión en los méritos, especialmente en disputas contributivas. A ese fin los requisitos, de procedimiento y de jurisdicción deben ser tan claros y tan sencillos que nadie pueda razonable-mente equivocar su significado. Esa meta ideal todavía no ha sido alcanzada completamente en los casos contributivos (Véanse Standard Oil Company (New Jersey) v. Tribunal de Contribuciones, 64 D P.R. 672; El Próspero Fruit Co. v. Tribunal de Contribuciones, 64 D.P.R. 661). Una ligera lec-tura de estas dos leyes revela que este caso envuelve una vez más una cuestión de procedimiento en la cual hay considerable campo de argumentación en ambos lados. Como las cortes se confrontan diariamente con estas materias que caen dentro de su competencia especial — en verdad, la Le-gislatura ba creído conveniente conferirnos autoridad, que hemos ejercido, para promulgar Reglas de Procedimiento para las cortes — confiamos en que no está mal que sugiramos que cuando se emprenda la tarea de revisar nuestra estruc-tura contributiva autorizada por legislación reciente, se haga un esfuerzo para- delinear un estatuto de procedimiento para toda la litigación contributiva que sea sencillo, uniforme y completo. Las decisiones de este Tribunal sólo sirven de paliativo; el remedio está en manos de la Legislatura.

Refiriéndonos al punto específico ante nos, encontramos que el problema aquí envuelto es más difícil que el del caso de Standard Oil Company. Allí el punto era si la Ley núm. 169 había eliminado la disposición de la sección 76(a) de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos al efecto de que el pago bajo protesta era uno de los requisitos jurisdiccionales para que esta Corte pudiera revisar una decisión del Tribunal de Contribuciones. Resolvimos que el silencio absoluto de la Ley núm. 169 sobre esta cuestión no era suficiente in-dicación de la intención de la Legislatura para derogar dicho requisito; y que por tanto todavía está en vigor. En su con-secuencia, la sección 76(a) debe leerse conjuntamente con la Ley núm. 169 por aquellos que soliciten de esta Corte la re-visión de decisiones del Tribunal de Contribuciones.

Pero aquí, alega la peticionaria, la Ley núm. 169 no guarda silencio en cuanto al requisito de la fianza por las tres cuartas partes exigida por la sección 57(a) de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos para que el Tribunal de Con-tribuciones revise una resolución del Tesorero. Su argu-mento consiste en que la disposición arriba citada de la sec-ción 3 de la Le}7- núm. 169 establece otro procedimiento a se-guirse por el Tesorero para asegurar el cobro definitivo de la contribución que incluye, de ser necesaria, una fianza a ser fijada por el Tribunal de Contribuciones a discreción; por tanto afirma que esta disposición, por implicación, de-roga la disposición de la fianza de tres cuartas partes de la sección 57(a), toda vez que de hecho es inconsistente con la misma.

No podemos convenir con esta contención. Al igual que en el caso del requisito del pago bajo protesta de conformi-dad con la sección 76(a) para poder recurrir a este Tribunal, la Ley núm. 169 nada contiene que revele la intención de parte de la Legislatura para eximir al contribuyente del re-quisito de la fianza de tres cuartas partes de la sección 57 ' (a). Nos es difícil comprender el alcance exacto del dispo-niéndose de la sección 3 de la Ley núm. 169 en que descansa la peticionaria. Pero creemos innecesario en este caso resolver cuál es su significado exacto y su propósito. Sólo te-nemos que manifestar que tal lenguaje indirecto no puede interpretarse como que deroga por implicación el requisito específico de la fianza de tres cuartas partes contenido en la sección 57(a). Creemos que es nuestro deber dejar en vigor esta importante disposición de la sección 57(a) hasta que la Legislatura expresa y directamente manifieste su intención sobre la cuestión. Toda vez que la parte citada de la sec-ción 3 de la Ley núm. 169 de su faz no tiene relación alguna con la disposición de la sección 57(a) en cuanto a la fianza de tres cuartas partes, resolvemos que todavía está en vigor este requisito para que el Tribunal de Contribuciones pueda revisar la resolución del Tesorero en cuanto a una defi-ciencia

Sin embargo, todavía existe en este caso un factor adicional. Poco después de haber entrado en vigor la Ley núm. 169 de 1943, el Tribunal de Contribuciones resolvió en dos opiniones, £ echadas el 27 de octubre de 1943, y el 16 de noviembre de 1943, qne ya no era necesaria la radicación de la referida fianza de tres cuartas partes. Dichos casos nunca vinieron ante este Tribunal. Más tarde, descansando en dichas decisiones, la peticionaria radicó, el 17 de junio de 1944, su querella ante el Tribunal de Contribuciones sin la fianza. Pero el 27 de febrero de 1945, el Tribunal de Con-tribuciones, después de verificarse un cambio en sus miem-bros, se revocó a sí mismo en otro caso, resolviendo que era necesaria la fianza. De conformidad con esta nueva deci-sión, desestimó, por falta de jurisdicción, el presente caso y otros más.

Nos parece que bajo estas circunstancias peculiares se-ría manifiestamente injusto si resolviéramos que a los con-tribuyentes que de buena fe descansaron en la posición del Tribunal de Contribuciones, que nunca se impugnó aquí por el Tesorero y que fué cambiada sua sponte por el Tribunal de Contribuciones, se les prive a última hora de una vista en los méritos. No podemos hacer nuestra tan deportiva teoría de justicia, bajo la cual las decisiones de una corte pueden emplearse para atrapar a los no precavidos, o aun a los precavidos.

Afortunadamente, hay una teoría legal a mano que cree-mos puede aplicarse a este caso; es decir, la regla de que aquéllos que han obtenido derechos de propiedad o de con-tratos, descansando en una decisión de una corte de última instancia, pueden bajo ciertas circunstancias ser protegidos en sus derechos, no obstante la revocación posterior de la decisión en cuestión. A. Cuesta & Cía. v. Tesorero, 54 D.P.R. 87; F. Olazábal & Cía. v. Corte de Distrito, 63 D.P.R. 928.

.Reconocemos que esta regla se aplica generalmente sólo cuando la decisión invocada provenga de una corte de’ úl-tima instancia. Por ejemplo, nadie puede descansar en una decisión de una corte de distrito Federal. Calaf v. Gonzá lez, 127 F.2d 934, 938 (C.C.A. 1st, 1942). De la misma ma-nera, una decisión de nna de nuestras cortes de distrito in-sulares no podría tener este efecto. Pero aquí tenemos un Tribunal para toda la Isla que se especializa en litigación contributiva, sobre la que tiene jurisdicción exclusiva. Bajo ese sistema, el Tribunal de Contribuciones anunció una re-gla dé procedimiento y de jurisdicción sobre una cuestión dudosa, regla que fue seguida durante dieciséis meses, indu-ciendo a los contribuyentes a descansar en la misma. En verdad, si un contribuyente hubiera ofrecido una fianza du-rante dicho período, indudablemente ésta habría sido recha-zada. Si bien el caso no es enteramente aplicable, los mis-inos elementos de justicia (fair play) que nos indujeron re-cientemente a no permitir al Tesorero imponer penalidades por no haberse pagado contribuciones por muchos años an-teriores durante los cuales sus predecesores habían resuelto administrativamente que dichas contribuciones no se debían (Puerto Rico Ilustrado, Inc. v. Buscaglia, Tes., 64 D.P.R. 914), dictan en este caso un resultado similar.

Ahora que el Tribunal de Contribuciones ha cambiado su regla, y hemos convenido con la última versión, el principio establecido en los casos de Cuesta y Olasábal sería mejor cumplido aquí permitiendo a aquellos contribuyentes que' descansaron en la primera decisión del Tribunal de Contri-buciones, que radiquen ahora una fianza de tres cuartas par-tes. Con ello el Tesorero no se perjudica en estos casos, y se advierte a los futuros litigantes que deben prestar tales fianzas dentro del término prescrito por la ley. Y no venus fin práctico en discutir la cuestión de si la radicación nunc pro tuno de tales fianzas está permitida por la ley. Aquí las fianzas tendrán la fecha de su radicación. Esto se permite bajo la doctrina de Cuesta y Olasábal y no como una actua-ción nunc pro tune.

Queremos enfatizar el hecho de que en manera alguna estamos resolviendo que la doctrina del caso de Olasábal se aplica a decisiones del Tribunal de Contribuciones sobre cuestiones de derecho sustantivo, con o sin apelaciones de las mismas. Tampoco resolvemos que en el caso ordinario no es fatal el dejar de radicar en tiempo la fianza de tres cuartas partes. Nuestra decisión se limita a los hechos del presente .caso.

La decisión del Tribunal de Contribuciones será revocada y se devolverá el caso para ■ulteriores procedimientos no in-consistentes con esta opinión.

       Un comentarista, abogado de intereses privados, quien no hubiera estado inclinado a favorecer este resultado de poderse éste evitar lógicamente, llega a la misma conclusión. E. Córdova Díaz, Procedimiento. a seguirse para revisar notificaciones ante el Tribunal de Contribuciones de P.R., La Toga, Octubre 31, 1944, pág. 6.

      No encontramos méritos en la contención de que la doctrina en el caso de Cuesta no es de aplicación aquí, porque el Tribunal de Contribuciones no es una ‘'corte”. El Juez Magruder, en una opinión de la Corte de Circuito de Apela-ciones para el Primer Circuito, ha dicho en Pelham Hall Co. v. Hassett, 147 F.2d 63, 66, que “Desde su reorganización por la Ley de Rentas de 1926, las decisiones de la Junta (ahora llamada de nuevo Tribunal de Contribuciones do los Estados Unidos) han sido esencialmente judiciales en carácter; y ahora está bien establecido que sus decisiones son base para res judicata, hayan sido o no revisadas por una corte. (Citando casos).” (Bastardillas nuestras). La sección 3 de la Ley núm. 169 dispone que nuestro Tribunal de Contribuciones "funcionará con carácter cuasi judicial”. A los fines del presente caso, ciertamente es una "corte”. i


author: El Juez Asociado Señor Snyder

text:
    Félix Jiménez, peticionario, v. Corte de Distrito de Bayamón, Hon. Emilio S. Belaval, antes su juez, hoy Hon. José Calderón, demandada.
    Núm. 29.

    Sometido: Marzo 12, 1945.

      Resuelto: Mayo 21, 1945.

      Bubón & Ochoteco, abogados del peticionario; Samuel B. Qumones, abogado de ios interventores, querellantes en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

El 22 de septiembre de 1943, nueve querellantes iniciaron una reclamación por jornales adeudádosles en la suma de $15,834.48, de conformidad con la Ley núm. 10, Leyes de Puerto Rico, 1917 (II pág. 2177), contra su patrono, Félix Jiménez, quien explotaba una vaquería. El querellado apeló para ante la corte de distrito de la sentencia dictada por la corte municipal a favor de los querellantes. La corte de dis-trito, después de hacer drásticas deducciones en las sumas concedidas a los querellantes, dictó sentencia a favor de siete de ellos. Las reclamaciones aquí envueltas son por jornales agrícolas; por tanto el presente caso no es apelable ante este Tribunal. Sin embargo, toda vez que este caso envuelve dos importantes cuestiones de derecho que pueden surgir fre-cuentemente en los pleitos entablados por los obreros para el pago de jornales adeudados, expedimos el auto de certio-rari a tenor con la Ley núm. 32, Leyes de Puerto Rico, 1943 (pág. 85).

La primera de estas dos cuestiones se refiere a la concesión por la corte inferior de honorarios de abogado en la suma de $150. La sección 14 de la Ley núm. 10 de 1917 dispone que “todas las costas que se devengaren en esta clase de juicios serán satisfechas de oficio”. Los querellantes alegan que la prohibición de la sección 14 no se aplica a los Honorarios de abogado, por el fundamento de que la • Ley núm. 94, Leyes de Puerto Rico, 1937 (Leyes de 1936-37, pág. 239) al enmendar el artículo 327 del Código de Enjuicia-miento Civil, incluyó los honorarios de abogado en un inciso aparte y los clasificó como algo diferente a las costas.

No nos detendremos a examinar esta contención, por el motivo de que la Legislatura, al prohibir cualquier concesión para costas, empleó dicha palabra con el significado que te-nía en 1917. Y no puede haber duda de que para esa época las costas incluían los honorarios de abogado (artículo 327, Código de Enjuiciamiento Civil, Edición de 1933). Añadi-mos que nada encontramos en la Ley núm. 94 de 1937 — el estatuto enmendatorio.de la ley general en cuanto a costas —que nos permita decir que la Ley núm. 94'ha modificado o ha derogado por implicación la disposición especial y ex-presa de la sección 14 de la Ley núm. 10 de 1917 referente a costas en los pleitos de salarios radicados bajo la Ley núm. 10. (Véanse 1 Sutherland, Statutory Construction, Tercera Edición, sección 2021, pág. 486;- Pueblo de Puerto Rico v. Nieto et al., 64 D.P.R. 882; Home Owners’ Loan Corporation v. Creed, 108 F.2d 153, 155 (C.C.A. 5th, 1939)). La Legislatura demostró que entendía que ésta era la. ley cuando enmendó recientemente la sección 14 de la Ley núm. 10 de 1917 adicionándole el siguiente párrafo: “En todos los casos en que se dictare sentencia a favor de la parte querellante, si ésta compareciere representada por abogado particular, se condenará al querellado al pago de honorarios de abogado.” (Ley núm. 17, Leyes de Puerto Rico, 1945). Por tanto resol-vemos que la corte de distrito no tenía autoridad para con-ceder a los querellantes honorarios de abogado.

La segunda importante cuestión de derecho que nos indujo a expedir el auto de certiorari en este caso envuelve la defensa de prescripción. El artículo 1867 del Código Civil, después de disponer una prescripción de tres años para las reclamaciones de obreros por jornales adeudados, dice que “el tiempo para la prescripción ... se contará desde que-dejaron de prestarse los respectivos servicios”. De acnerdo con dicho artículo, si un obrero abandona el trabajo de su patrono, permanece ausente durante cierto tiempo sin explicación alguna y vuelve entonces a su trabajo, ¿opera este cese temporal de servicios en el sentido de empezar desde ese momento a correr la prescripción de cualquier reclama-ción por los servicios prestados con anterioridad a la fecha en que el obrero cesó temporalmente de prestar sus servicios?

Dijimos en Muñoz v. Corte, 63 D.P.R. 236, 244, que el estatuto “no puede significar otra cosa sino que la prescrip-ción en este caso empezó a correr desde el 18 de noviembre de 1940, fecha desde la cual el obrero dejó de prestar los servicios que desde el 20 de junio de 1936 venía prestando ininterrumpidamente al patrono”. Al exponer la regla deli-beradamente empleamos la palabra “ininterrumpidamente”. No estamos resolviendo que cada interrupción de servicio ini-cia la prescripción para servicios anteriores. El peticionario admite que “una mera ausencia del trabajo por un limitado número de días por parte del obrero, con'prueba aportada por éste en cuanto a la causa que motivó la ausencia” no constituiría el cese de la prestación de servicios contemplado por la ley. Acontecimientos tales" como una breve enferme-dad del obrero, rotura de la maquinaria o escasez temporal de trabajo, no darían lugar a este resultado. - Aquí sólo te-nemos que resolver que cuando un querellante abandona el trabajo por meses o años en una industria que funciona todo el año, y no se ofrece una explicación para ello, el obrero cesa en dicho momento de rendirle servicios al patrono den-tro del significado del artículo 1867.

Es inmaterial el hecho de que el obrero pueda volver y vuelva donde el mismo patrono y realice el mismo trabajo de conformidad con el mismo arreglo. Cuando el obrero rompe el arreglo anterior, el estatuto prescriptivo por sus propios términos empieza a correr en cuanto a todos los ser-vicios anteriores. Como dijimos en el caso de Muñoz al resolver la moción de reconsideración (pág. 245) el estatuto, en su funcionamiento práctico, es altamente irrazonable. No lo haremos más irrazonable tergiversando sus claras dispo-siciones resolviendo que un obrero permanente que trabaja todo el año, que deja su puesto durante años, no ha cesado en la prestación de sus servicios al patrono sencillamente porque algunos años después el mismo patrono lo vuelve a emplear.

La corte de distrito resolvió como cuestión de hecho que durante un período de años ocurrieron frecuentes interrup-ciones en el trabajo de tres de los querellantes — Ricardo Ramos, Serapio Correa y Manuel Filomeno. Al así resolverlo, la corte de distrito aceptó las nóminas del peticionario a este fin y rechazó el testimonio de estos tres obreros negando la ocurrencia de dichas interrupciones. Sin embargo, a pesar de estas conclusiones de hecho, la corte de distrito dictó sen-tencia a favor de estos querellantes por las sumas de $927.88, $397.52 y $677.03, respectivamente, sin hacer mención alguna de la cuestión de prescripción en cuanto a ellos. Pero a la luz de las propias conclusiones de hecho de la corte inferior, no podemos permitir que subsista la sentencia a favor de estos querellantes.

En cuanto a Ramos, no tenemos que preocuparnos con ninguna de las interrupciones en los servicios con anterio-ridad a julio 17 de 1937. Abandonó'el empleo de su patrono en dicho día y no volvió al trabajo hasta el 30 de enero de 1938 — un período de más de seis meses. En ausencia de cualquier explicación de este prolongado período de desem-pleo, el hecho de que transcurrieron más de tres años desde el 17 de julio de 1937 sin que se entablara pleito alguno, prescribe todas las reclamaciones de Ramos por servicios prestados con anterioridad a dicha fecha. En cuanto a su reclamación por los servicios prestados entre enero 30 de 1938 y noviembre 9 de 1940, no podemos resolver que esté prescrita toda vez que la única interrupción habida fue de junio 18 a julio 24 de 1938, declarando el querellante que estuvo enfermo durante algunas semanas.

En el caso de Correa, todas sus reclamaciones por ser-vicios prestados antes del 3 de febrero de 1939 están pres-critas, toda vez que abandonó el empleo el 3 de febrero de 1939, estando ausente durante• veintidós meses y no ofreció-explicación para ello. De igual manera, Filomeno no puede recobrar por servicios prestados antes del 13 de septiembre de 1940, toda vez que abandonó el empleo en dicho día por un período de casi tres meses, sin ofrecer explicación alguna.

Quedan por considerar dos objeciones levantadas por ■ los querellantes contra la defensa de prescripción aquí interpuesta de acuerdo con el artículo 1867. La primera es que en su contestación el peticionario invocó la prescripción de un año del artículo 1868 del Código Civil, mientras que el artículo 128 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone que “Al alegarse la prescripción no es necesario exponer los hechos que la demuestren, pero podrá consignarse en términos generales que la causa de la acción ha quedado extinguida por ministerio de la ley, citándose ésta con el número del artículo y el correspondiente párrafo, si estuviere así dividido; . . . ”.

Reconocemos la fuerza del argumento de los querellantes en cuanto a que, como cuestión de alegaciones, deben alegarse los hechos propiamente dichos o la disposición de ley invo-cada, y que toda vez que el querellado no hizo ninguna de estas cosas en este caso, no se alegó debidamente la defensa de prescripción (Cf. Orta v. Arzuaga et al., 23 D.P.R. 259). Pero algo más ocurrió en este 'caso. El primer pronuncia-miento hecho por el abogado del querellado en el juicio fué que se opondría a cualquier prueba referente a reclamacio-nes por servicios prestados más de tres años con anteriori-dad al pleito. Tales objeciones se hicieron consistentemente a través del juicio basadas en la prescripción de tres años comprendida en el artículo 1867 del Código Civil. Y el tes-timonio del querellado se encaminó a dicho fin. Además, los querellantes no hicieron objeción alguna durante el juicio mientras se presentaba tal prueba. Por tanto somos del criterio de que las alegaciones sobre dicha cuestión especí-fica deben ser consideradas como enmendadas para confor-marlas a la prueba. Esto es particularmente cierto en un caso de salario, toda vez que la Legislatura nos ha ordenado en la Ley núm. 10 de 1917, según ha sido enmendada, libera-lizar las estrictas reglas sobre alegaciones en casos de sa-larios.

El segundo punto que levantan los querellantes contra la invocación aquí de la prescripción, es que a tenor con el artículo 1873 del Código Civil en este caso la prescripción se interrumpió por “reclamaciones extrajudiciales” hechas por los obreros al patrono por sus salarios adeudados. Asumiendo que el artículo 1873 sea de aplicación a casos de esta índole, no encontramos evidencia satisfactoria en el récord de reclamaciones precisas y expresas hechas por estos tres querellantes al patrono. El testimonio de los querellantes, excepto Kamos, Correa y Filomeno, en relación con sus propias reclamaciones, no puede ayudar a estos tres. Correa dijo que bahía hecho reclamaciones, pero no especificó las fechas ni la naturaleza de las mismas. Y Ramos y Filomeno sencillamente declararon de modo general que reclamaron doble paga por horas extra cuando se les pagaba los sábados, y que el peticionario siempre le replicó que obtendrían tal doble paga cuando la ley así lo dispusiera. Como veremos, la corte de distrito no dió crédito al testimonio de los obreros en cuanto al contrato verbal de doble paga; más bien creyó que el referido contrato entre las partes fue por paga ordinaria por trabajo realizado en exceso de ocho horas. Presumiblemente, de igual manera no creyó quo una reclamación por salarios, no provistos en el con-trato, fué hecha no obstante por los querellantes. T la corte inferior no halló probado que tales reclamaciones extrajudi-ciales se hicieran. Por tanto no podemos en este estado del récord resolver que estos tres querellantes hicieron reclama-ciones extrajudiciales suficientes para interrumpir la pres-cripción.

Sobre los méritos del caso, la corte de distrito halló probado que algunos querellantes .trabajaron once horas diarias y que otros trabajaron diez. También halló probada la existencia de un contrato verbal entre los querellantes y su patrono, por el cual trabajarían ocho horas diarias durante seis días.a la semana por un salario semanal estipulado. Por tanto resolvió la corte que tenían derecho a doble paga por la novena hora y paga sencilla por las horas siguientes calculadas a un tipo por hora obtenido dividiendo el salario semanal por cuarenta y ocho horas. Al llegar a estas conclusiones, la corte de distrito, como hemos visto, no dió ('rédito a la declaración de los obreros al efecto de que se pagaría doble compensación por trabajo realizado en ex-ceso de la octava hora; también concluyó que exageraban curando declararon que habían trabajado trece horas diarias.

Hubo un patente conflicto en la prueba. El patrono afirma que los querellantes fueron contratados para trabajar ocho horas diarias, que fué todo lo que trabajaron, con la esporádica excepción de que cuando llovía o cuando se au-sentaban algunos obreros,.se atrasaba el trabajo y se tra-bajaba un poco más. Sus nóminas no nos ayudan en esta cuestión. Sólo demuestran los días trabajados y las sumas pagadas. Guardan silencio sobre el número de horas traba-jadas. Los querellantes, por otro lado, todos declararon in-sistente y consistentemente en cuanto a trabajo extra. Si bien, como ya dijimos, la corte de distrito no dió crédito a algunas partes de su declaración, sí resolvió que ellos ha-bían trabajado algunas horas extra en exceso de las ocho horas que no estaban incluidas en el contrato de seis días semanales de ocho horas y por las cuales tenían derecho por tanto a compensación a tiempo sencillo por hora (Cardona v. Corte, 62 D.P.R. 61; Sucesión Serrallés v. Corte de Distrito, 64 D.P.R. 497; Avellanet v. Porto Rican Express, 64 D.P.R. 693). Ya que hay alguna base en el récord para sos-tener esta conclusión, no estamos en libertad de intervenir con la misma, especialmente cuando el caso no está ante esta Corte en apelación, sino por certiorari bajo la Ley núm. 32 de 1943. En vista de lo que ya hemos dicho, son distingui-bles los casos de Torres v. González, 63 D.P.R. 964, y Muñoz v. Corte de Distrito, 63 D.P.R. 236. En el caso de Torres estaba envuelta una apelación ordinaria; el caso de Muñoz vino aquí en certiorari bajo la Ley núm. 32, pero en dicho caso nada había en el récord en qué basar la sentencia y tu-vimos que dejarla sin efecto como cuestión de derecho.

El último punto presentado por el peticionario es que un número de los querellantes firmó descargos por las reclamaciones aquí envueltas. Estos supuestos descargos fueron firmados el día de Noche Buena por obreros analfabetos. Recibieron cantidades oscilando entre $5 y $23, por reclamaciones ascendentes en total a $15,834.43. Si bien su opinión no es lo clara que podría haber sido sobre esta cuestión, el juez de distrito parece haber creído el testimonio de los obreros al efecto de que se les dijo que estos cheques eran en defecto de la acostumbrada fiesta de Noche Buena; que Sn dicho momento no se discutió cuestión alguna de salarios adeudados; y que el peticionario les dijo que firmaran unos papeles que él necesitaba para el Gobierno. Si bien hay también alguna discusión en la opinión en cuanto a la alegada insuficiencia de la causa en el contrato de transacción y compromiso (■accord cmd satisfaction), estamos satisfechos en que éstas fueron las conclusiones de la corte de distrito. Aquí también respetamos sus conclusiones en vista de que en el récord hay base para ellas. Por tanto nunca llegamos a la cuestión de si tales descargos por salarios adeudados pueden otorgarse debidamente en esta jurisdic-ción y bajo qué circunstancia (Cf. Brooklyn Savings Bank v. O’Neill,_U. S_, resuelto en 9 de abril de 1945, que en-vuelve descargos de reclamaciones por salarios que se ad-mitía se adeudaban bajo las expresas disposiciones de la Ley sobre Normas Razonables del Trabajo, que es un esta-tuto de salario mínimo).

Durante el juicio en este caso, al finalizar la declaración de Juan Carmona, la corte de distrito desestimó la querella en los méritos en cuanto a Carmona,, por falta total de prueba en cuanto a su reclamación. Esto se hizo sin oír prueba alguna del querellado en cuanto a la reclamación de Carmona. Sin embargo, después que el caso quedó sometido al juez para fallo, éste dictó sentencia a favor de Carmona, por supuestos servicios prestados en el 1942. El abogado de los querellantes admite aquí que la sentencia a favor de Carmona debe dejarse sin efecto. Creemos que es nuestro deber hacer constar que la actuación de la corte de distrito al dictar sentencia a favor de Carmona bajo tales circunstancias es inexplicable.

Por las razones .aquí expuestas, él caso se devolverá a la corte de distrito con instrucciones de que modifique la sentencia (1) eliminando la disposición de honorarios de abogado; (2) dictando sentencia a favor del querellado en cuanto a la reclamación de Juan Carmona; y (3) limikmdó la sentencia a favor de Ricardo Ramos, Serapio Correa y Manuel Filomeno por servicios prestados por ellos con pos-terioridad al 30 de enero de'1938, 26 de noviembre de 1940 y 8 de diciembre, de 1.940, respectivamente.

       La cuestión de si la regla aquí enunciada se aplica a industrias que tra-bajan por temporadas no está envuelta en este caso y expresamente la dejamos sin resolver.

       Aun cuando Sánchez Román, Estudios de Derecho Civil, Vol. 4, pág. 468; Enciclopedia Jurídica Española, Vol. 25, pág. 462; Sentencia de 9 de julio de 1928, Sentencia de 6 de mayo de 1929, Sentencia de 16 de mayo de 1929, Sen-tencia do 11 de enero de 1929, de la Corte Suprema de España; y Sentencia núm. 99 de 2 de diciembre de 1905, de la Corte Suprema de Cuba, discuten los equivalentes españoles y cubanos del artículo 1867 de nuestro Código Civil, no arrojan luz sobre el problema específico ante nos.

      La corte concluyó que ellos trabajaron como sigue':
      Ricardo Ramos — De enero 2 de 1937 a enero 9 de 1937; de enero 17 de 1937 a abril 10 de 1937; de mayo 2 a junio 12 de 1937; de junio 20 a julio 17 de 1937; de enero 30 de 1938 a junio. 18 de 1938; de julio 24 de 1938 a noviembre 9 de 1940; de noviembre 17 de 1940 a diciembre 31 de 1940; de enero 12 de 1941 a mayo 4 de 1941; de mayo 18 de 1941 a agosto 24 de 1941; de septiembre 1, de 1941 a septiembre 7 de 1941; de noviembre 2 de 1941 a noviembre 9 de 1941; de enero 1 de 1942 a marzo 9 de 1942; de marzo 10 de 1942 a julio 31 de 1942; de agosto 1 de 1942 a agosto 31 de 1942; y de septiembre 1 de 1942 a diciembre 31 de 1942.
      Sorapio Correa- — De enero 10 de 1937 a enero 17 de 1937; de febrero 1 de 1937 a marzo 13 de 1937; de abril 25 de 1937 a mayo 23 de 1937; de julio 18 de 1937 a diciembre 31 de 1937; de enero 1 de 1938 a marzo 5 de 1938; de* julio 24 de 1938 a agosto 14 de 1938; de octubre 1 de 1938 a febrero 3 de 1939; de noviembre 26 de 1940 a febrero 28 de 1941; de noviembre 16 de 1941 a enero 28 de 1942; de enero 29 de 1942 a marzo 9 de 1942; de marzo 9 de 1942 a mayo 15 de 1942; de junio 24 de 1942 a julio 4 de 1942; y de sep-tiembre 14 de 1942 a diciembre 31 de 1942.
      Manuel Filomeno — De enero 11 de 1937 a mayo 15 de 1937; de mayo 16 de 1937 a diciembre 31 de .1937; de enero 1 de 1938 a -junio 30 de 1938; de junio 30 de 1938 a abril 0 de 1940; de septiembre 7 de 1940 a -septiembre 13 de 1940; y de diciembre 8 de 1940 a diciembre 31 de 1940.

      La corte inferior dijo en su opinión: “Haciendo uso de las nóminas producidas por el patrono en su contestación en cuanto a los períodos de tiempo en los cuales los odreros trabajaron y los jornales que devengaron en dielios períodos de tiempo es que hemos resuelto este caso, ya que creemos que la información del patrono en cuanto a términos del contrato y los jornales percibidos es siempre superior a la información incoherente que suelen dar los obreros sobre esto punto. ’ ’ (Bastardillas nuestras).

      No nos podemos' explicar el que la corte inferior no haya discutido esta cuestión, en vista de los hechos (1) que resolvió que la reclamación de un que-rellante estaba prescrita completamente, y (2) que aplicó es'te mismo principio al querellante Juan Carmona, resolviendo que había trabajado por un período que terminó el 31 de diciembre de 1938, cuya reclamación estaba prescrita para septiembre 22 de 1943, fecha de la radicación de la querella en este caso. La corte inferior dice entonces que “El obrero Juan Carmona volvió a empezar a trabajar con el patrono desde febrero 2 de 1942 hasta diciembre 31 de 1942, y su reclamación en cuanto a este segundo período no está prescrita.” Notamos de paso que toda la reclamación de Carmona cae por una razón diferente como se notará más adelante.

       Dicho artículo dice como sigue: "La prescripción de las acciones se in-terrumpe por su ejercicio ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto do, reconocimiento de la deuda por el deudor. ’ ’


text:
    Celia Olmedo Wood, demandante y apelada, v. Romualdo Rivera, Pablo Meléndez y Philip El Koury, demandados y apelantes.
    Núm. 9007.

    Sometido: Marzo 7, 1945.

      Resuelto: Mayo 21, 1945.

      E. Martínez Rivera, abogado de los apelantes; Miguel Olmedo Tosté, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

Romualdo Rivera contrajo matrimonio con la demandante en 1918 divorciándose en 1935. En 1920 el matrimonio com-pró un solar en el que edificaron una casa en 1922. Dicha propiedad pertenecía a la sociedad de gananciales, que to-davía está sin liquicLar. Aun cuando a los fines contributi-vos la propiedad está tasada en $1,500, la prueba no contro-vertida fue al efecto de que por lo menos valía $3,000.

El 28 de marzo de 1.938 Pablo Meléndez — amigo y com-pañero de Rivera, quien era un Inspector de Contribuciones sobre Ingresos — entabló demanda en cobro de dinero contra Rivera. La demanda alegaba que Rivera había otorgado un pagaré el 15 de mayo de 1934 a favor de Meléndez por la suma de $900, y que el pagaré había vencido el 30 de junio de 1935 — antes del divorcio — pero que no había sido pagado. La demanda también alegaba que Rivera aún estaba casado, si bien-, como hemos visto, esto ya no era cierto.

Se dictó contra Rivera sentencia en rebeldía por $900, más $100 para costas y desembolsos. El 23 de abril de 1938 Rivera renunció a su derecho de apelación con el fin de fa-cilitarle a Meléndez la inmediata ejecución de la sentencia. El 25 de mayo de 1938 el solar y la casa se vendieron en pública subasta por $500 a Philip El Koury, en ejecución de la referida sentencia. La demandante no fué parte en dicho pleito, y nunca se le notificó de procedimiento alguno.

El. 14 de julio de 1938 la demandante radicó el presente pleito contra Meléndez, Rivera y El Koury, solicitando la nulidad de la sentencia dictada en el pleito de Meléndez contra Rivera y del embargo y venta de la referida propiedad a El Koury, en lo que pudiera afectar su participación de la mitad en la referida propiedad como miembro de la so-ciedad de gananciales. lia demandante alegó que el pagaré se había simulado con el fin de privarla de sus derechos en los bienes gananciales. Después de un juicio en los méritos, la corte de distrito dictó sentencia a favor de la demandante, y los demandados lian apelado.

El juez de distrito emitió una hábil y juiciosa opinión en la que, después de analizar la prueba, llegó a la conclusión que el pagaré era simulado y se otorgó con el único fin de defraudar a la demandante en sus derechos en la propiedad en cuestión. No vamos a repetir toda la prueba. Basta decir que la conclusión de la corte inferior en cuanto a este punto está ampliamente sostenida por la prueba y enteramente convenimos con ella. Este caso está plagado de fraude y lo referiremos al Fiscal de esta Corte para que determine si el abogado que representó a Rivera cuando se fraguó y consumó el elaborado plan aquí envuelto actuó impropiamente. Sin embargo, haciendo justicia a los actuales abogados de los demandados, queremos hacer constar que se hicieron cargo de este asunto después de haberse radicado la demanda en este caso.

Rivera, Meléndez y El Koury estuvieron representados en el juicio de este caso ante la corte de distrito por el mismo abogado. Al empezar el juicio el abogado anunció que Rivera y Meléndez consentían en que se dictara senten-cia contra ellos, debido a la duda en cuanto a si la senten-cia contra Rivera en el caso incoado por Meléndez contra el primero en relación con el pagaré, podía afectar el interés de la demandante en los bienes gananciales, en virtud de los hechos de que (1) no se notificó del mismo a la demandante y (2) la demandante y Rivera se divorciaron antes de radi-carse el pleito de Meléndez. Pero toda vez que este mismo abogado anunció que El Koury continuaría resistiendo la re-clamación aquí envuelta por el fundamento de que era un comprador de buena fe en la subasta de la propiedad, la corte de distrito muy sabiamente oyó prueba en cuanto al fraude de Rivera y Meléndez para poder determinar si K¡1 ■Koury estaba envuelto en el mismo. Además, hay una ra-zón adicional por la cual la estratagema de los demandados para evitar se adujera prueba en cuanto al fraude fue pro-piamente impedida por la corte de distrito. Anular una sentencia debido a la falta de notificación o de inclusión de una parte, tiene un efecto legal enteramente diferente que si se anulara tal sentencia debido a que el pagaré de que se trata se simuló fraudulentamente. Bajo la primera teoría sólo se necesitaría entablar un nuevo pleito con la debida notificación e inclusión de partes; .pero de prevalecer la se-gunda, la alegada obligación deja de existir sin remedio al-guno.

La corte de distrito resolvió que “la prueba no es lo su-ficientemente fuerte para convencernos de la participación fraudulenta de El Koury en la conspiración de Meléndez y Rivera”. Sin embargo la corte de distrito dictó sentencia contra los tres demandados. Falló en contra de El Koury en la teoría de que una vez disuelto el vínculo matrimonial entre la demandante y Rivera, la demandante adquirió un derecho a la mitad de los bienes gananciales; y que El Koury no era un tercero bajo la Ley Hipotecaria porque, si bien el Registro de la Propiedad demostraba que los bie-nes estaban inscritos á nombre de Rivera y de la deman-dante como su esposa, era el deber de El Koury determinar si se había disuelto la sociedad de gananciales por sentencia de divorcio, “que era una sentencia in rem, Estate of Lee, 200 Cal. 310, que opera sobre el status matrimonial que es el res, [y que] fué una noticia a todo el mundo que tal sen-tencia había sido ’ dictada,, obligatoria para todos, y de la cual todos tenían que tomar conocimiento.’ (Corchetes nuestros).

Aceptamos la conclusión de la corte de distrito sobre los hechos en cuanto a la participación fraudulenta de El Koury en el plan para defraudar a la demandante. Pero no nos detenemos a examinar su teoría al efecto de que a El Koury se le podía imputar, como cuestión de derecho, el conoci-miento constructivo del divorcio. No es necesario exami-narla, porque estamos satisfechos de toda la prueba y de las circunstancias concurrentes que El Koury tenía conocimiento efectivo de todos los hechos el día de la subasta, y por tanto es imposible que sea un tercero bajo el artículo 34 de la Ley Hipotecaria (Cf. Larracuenta v. Fabián, 56 D.P.R. 775, 789; Escalera v. West India Oil Co., 43 D.P.R. 574; Ayllón et al. v. González et al., 28 D.P.R. 67; Annoni v. Sucesión Nadal, 59 D.P.R. 640, 644-5; Sección 7, Ley de marzo 9, 1905, como aparece a la página 123, Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933. Véase National City Bank v. De La Torre et al., 54 D.P.R. 233; 54 D.P.R. 685).

Convenimos con la demandante en que “la prueba indica que El Koury fue sólo un agente de Rivera, que no fue com-prador de buena fe, y que no fue sino un testaferro”. Rivera, un Inspector de Contribuciones sobre Ingresos, había llevado los libros de El Koury hasta que un reglamento del Departamento de Hacienda prohibió esta práctica, por lo que' Rivera obtuvo la misma colocación para su hija. Y en el contrainterrogatorio a que lo sometió el abogado de El Koury, Rivera declaró como sigue :

“P. ¿ Si la parte contraria hubiera aceptado la transacción suge-rida por el señor juez de readquirir esa propiedad mediante el pago de los $500 al Koury, esa cantidad la hubiera pagado usted? R. La hubiera pagado yo. Cualquiera que hubiera sido el resultado del juicio, yo pagaría eso. P. ¿Por qué fue que el señor Philip El Koury intervino en este asunto, porque tenía interés en esta casa? R. Por insinuación mía. P. ¿A qué se debió esa insinuación? R. Que yo quería conservar la casa, que no se fuera a presentar un postor y fuera a llevarse la casa. P. ¿Entonces, en esa época, trabajaba su hija en la oficina del Señor Philip El Koury? R. Sí, señor. ¿Ha-bremos de entender, entonces, que lo que usted hacía era evitando que esa casa cayera en manos de otra persona de quien usted no pudiera readquirirla en el futuro ? R. Eso mismo. P. ,¿Y dice usted que, cualquiera que sea el resultado de este pleito, esa casa, tarde o temprano, será para sus hijitas? R. Lo digo delante de mi hija y no viviría tranquilo si yo no cumpliera eso”.

Las partes aquí envueltas fueron o extremadamente in-genuas o completamente cínicas en la manera que llevaron a efecto la “venta” a El Koury. La propiedad, valorada por lo menos en $3,000, se vendió en ejecución de una sen-tencia de $1,000. El supuesto acreedor, Meléndez, “recibió” solamente $500. Meléndez no se ocupó de hacer una oferta equivalente al importe de la sentencia; Rivera no se ocupó de hacer una oferta por el valor de la propiedad. Por el contrario, los bienes se “vendieron” a El Koury por $500, el márshal expidió a Meléndez un cheque por dicha canti-dad, quien lo endosó y se lo dió a Rivera, haciéndolo éste efectivo. Lo que Rivera hizo con el dinero no se sabe. Pero es difícil creer que El Koury, el testaferro, no recibiera el dinero de Rivera como reembolso por los $500 que él aportó cómo “precio de venta” en la subasta.

Después de la “compra” hecha por El Koury, Rivera, según la declaración de su hija, le pidió a su esposa, a tra-vés de aquélla, que firmara un documento que Rivera llamó una “hipoteca”. Al negarse la demandante a firmarlo, Rivera le dijo a su hija que a la larga él obtendría la propie-dad de cualquier modo. En el referido documento, que nunca se firmó pero que se introdujo aquí en evidencia, El Koury aparece “vendiendo” la propiedad — valorada en $3,000 — a Rivera y a la demandante por $1,100, y Rivera y la demandante aparecen hipotecándola a Gonzalo Aponte por $1,100. Pero Rivera habló con su hija de una hipoteca, y no de una venta. No le habló de readquirir la propiedad; sólo discutió de hipotecarla. En verdad, en su propia decla-ración, olvidándose de que El Koury ya había “comprado” la propiedad, inadvertidamente se le escapó la verdad al hablar de hipotecarla para salvar la casa. Y el hecho de que Rivera todavía actuaba como si fuera el dueño se des-prende también del recibo de contribuciones para 1940-41 en que aparece él como dueño.

Hay todavía otro episodio que arroja luz en cuanto a la verdadera situación. Como más adelante se notará, este caso estuvo ante esta Corte en una ocasión anterior, cuando se devolvió a la corte de distrito para que ésta actuara sobre una posible moción de nuevo juicio. Se radicó tal moción y se declaró con lugar. Pero antes de que se declarara con lugar la moción, el abogado de El Koury, Rivera y Melendez obtuvo una resolución de la corte de distrito cancelando el aviso de lis pendens de este pleito anotado en el Registro. La orden de cancelación de lis pendens se obtuvo el 15 de febrero de 1941. Dos días después, el 17 de febrero, El Koury otorgó una escritura en la que intentaba vender la propiedad a un tal Balbino Balbín por $2,500. (Es de no-tarse que ésta era una venta de la propiedad que años antes estaba valorada en más de $3,000 y que Rivera permitió que se “vendiera” en la subasta por $500). Y Balbín en esa misma fecha aparece hipotecando la propiedad a la se-gunda, esposa de Rivera por $1,000.

El último eslabón en esta serie de circunstancias es que El Koury nunca compareció en este caso a declarar o a ex-plicar su posición en cuanto a todas las maniobras que se efectuaron para defraudar a la demandante. El mismo abo-gado que representó a estos tres demandados — Rivera, Me-léndez y El Koury — optó por no traer al último a declarar.

Forzoso es concluir que El Koury tiene que haber cono-cido los hechos. Permitió que Rivera lo involucrara en esta situación. Debe pedirle a Rivera que lo saque de ella. Pero bajo todas las circunstancias la participación de la esposa en esta propiedad debe permanecer intocada por tal. plan, el cual estamos satisfechos El Koury conocía cuando compró la propiedad en la subasta. Resolver lo contrario sería permi-tirle a Rivera evadir las consecuencias de esta conducta fraudulenta interponiendo un testaferro entre él y su víc-tima. Resolvemos que El Koury no. era un tercero.

Este caso ha estado ante nos en otras ocasiones. La vista en sus méritos se celebró originalmente ante un juez de distrito que lo resolvió a favor de los demandados. Dicho juez murió sin haber aprobado la transcripción de la evidencia necesaria para la apelación entablada por la demandante ante este Tribunal. En una resolución per curiam, 57 D.P.R. 985-6, aunque técnicamente desestimamos dicha apelación, no cerramos el caso. Al contrario, lo devolvimos a la corte de distrito para que determinara dentro de su discreción si debía conceder un nuevo juicio. Actuando conforme a nuestra resolución, la corte de distrito concedió el nuevo juicio. Los demandados apelaron de dicha resolución. En una opinión formal desestimamos dicha apelación por frívola. 59 D.P.R. 487.

La parte apelante arguye vigorosamente aquí que nues-tra resolución original reservándole a la demandante, una vez devuelto el caso, el derecho de solicitar de la corte de distrito un nuevo juicio, la resolución de la corte de distrito concediéndolo y nuestra confirmación de dicha resolución, caen todas fuera de la autoridad conferida por la ley de esta jurisdicción. Pero dicha cuestión necesariamente fué re-suelta por nuestras opiniones en 57 D.P.R. y 59 D.P.R., es-pecialmente en la última. La contestación allí dada consti-tuye la ley de este caso. Escartín v. Comisión de la Policía Insular, 52 D.P.R. 725. Los pleitos deben terminar en algún momento. Solamente en un caso diferente estaríamos justi-ficados en reexaminar la doctrina ya establecida para gober-nar este caso. Por idénticos motivos, debe rechazarse el ar-gumento de los apelantes de que el presente caso era res judicata de conformidad con nuestra sentencia en 57 D.P.R.

Tampoco encontramos mérito en la contención de que no se alegó adecuadamente un caso contra El Koury. Sin examinar en detalle las propias alegaciones, basta decir que las alegaciones deben considerarse como enmendadas para conformarlas a la prueba en cuanto a la cuestión del conocimiento de El Koury, especialmente toda vez que una considerable parte de la prueba sobre dicha cuestión surgió, como hemos visto, mediante el examen de los testigos efectuado por su propio abogado. Como cuestión de hecho, El Koury en su contestación interpuso como defensa que él era un tercero.

La última contención de los demandados es que la corte de distrito abusó de su discreción al imponerles el pago de honorarios de abogado por $500. La conducta de Rivera y Meléndez merece una palabra más severa que temeridad. Y El Koury, con conocimiento de las actuaciones de Rivera, permitió a éste que usara su nombre para perpetrar un fraude. Lejos de resolver que el juez de distinto abusó de su discreción al concederle a la demandante honorarios de abogado, le aplaudimos por su actuación.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.

      La corte de distrito citó extensamente de Roemer v. Taylor, 128 S.W. 685 (Tex., 1910), en apoyo de esta téoría.

       Como notaremos mas adelante, este caso se vio dos veces. Rivera declaró en la primera vista, pero no en la segunda. El testimonio citado es tomado de la transcripción de su declaración en la primera vista, la cual fué presentada como exhibit por la demandante.

      A moción de la demandante, al enterarse de los lieelios, la corte de distrito dejó sin efecto su orden y reinstaló el aviso de Us pendens.


author: El Juez Presidente Señor Travieso

text:
    Víctor Rosario, demandante y apelante, v. Hon. José M. Gallardo, Comísionado de Instrucción de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núm. 9119.

    Sometido: Mayo 8, 1945.

      Resuelto: Mayo 28, 1945.

      Virgilio Brunei, abogado del apelante; Son. Procurador General In-terino Jesús A. González, y G. Benitez Gautier, Procurador General Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En enero 8 de 1940, el demandante apelante, maestro de Artes Industriales en la Escuela Superior de Arecibo, fue suspendido de empleo y sueldo por orden del Comisionado de Instrucción Pública. Por sentencia de 22 de junio de 1943, confirmando la dictada por la Corte de Distrito de San Juan, esta Corte Suprema declaró con lugar la petición de mandamus incoada por el profesor demandante y ordenó la reposición de éste en el cargo que antes ocupaba Se or-denó, además, al demandado “que autorice, el pago al peti-cionario de los sueldos dejados de percibir durante todo el tiempo que estuvo suspendido, montantes a la suma de $735.75”. Esta fue la suma reclamada en la demanda original por sueldos devengados y dejados de percibir por el demandante desde enero 8 de 1940, fecha de su suspensión, hasta la fecha en que se radicó la demanda — junio 20, 1940.

La suspensión del demandante duró- desde el 8 de enero de 1940 hasta el 24 de agosto de 1942 en que el Comisionado demandado le repuso en sn cargo, en cumplimiento de lo ordenado por este Tribunal.

En la petición de mandamus radicada en el presente caso, el peticionario admite que el demandado le pagó la suma de $735.75, para cubrir los sueldos de enero 8 a junio 20, 1940, pero alega que ha dejado de satisfacerle los correspondien-tes al período desde junio 20, 1940 hasta agosto 24, 1942, fecha de su reposición, o sea un total de 25 meses escolares a razón de $135 mensuales, lo que da un total de $3,375, suma que el demandado se ha negado a pagar, no obstante el re-querimiento que se le ha hecho.

Se alega, además, en la petición, que después de haber sido repuesto en su cargo, el peticionario continuó desempe-ñándolo hasta el 13 de octubre de 1942 en que el demandado, ilegalmente, ordenó su traslado a la Escuela Superior de Aguadilla; que no estando conforme con dicho traslado, el peticionario recurrió ante la Corte de Distrito de San Juan en solicitud de un auto de mandamus, el cual fue expedido por sentencia de 28 de julio de 1943 por la que se ordenó al demandado la reposición del peticionario en su cargo en la Escuela Superior de Arecibo; que no fué hasta el 9 de agosto de 1943 que el demandado repuso al peticionario, quien dejó de percibir los sueldos correspondientes a los diez meses escolares de octubre 13 de. 1942 a agosto 9 de 1943, que a razón de $135 mensuales, ascienden a $1,350, que el demandado se niega a pagarle, no obstante haber sido re-querido para ello en repetidas ocasiones.

Alegó el peticionario que el demandado tenía a su dis-posición fondos suficientes para satisfacer las sumas recla-madas, y solicitó que se expidiera auto de mandamus orde-nando al demandado que autorice el pago de las mismas.

En oposición a la demanda, el demandado alegó, en subs-tancia, lo que sigue:

1. Que las sumas reclamadas por el peticionario no le han sido pagadas, porque durante todo el período de su sus-pensión el peticionario no prestó servicios en ninguna es-cuela, ni tampoco en el Departamento de Instrucción Pú-blica.

2. Que en su primera solicitud de mandamus el peticio-nario solamente solicitó el pago de los sueldos correspon-dientes al período de enero 8 a junio 20 de 1940, equivalen-tes a $735.75; y que esa es la única suma que el Tribunal Supremo ordenó fuese pagada al peticionario. Que en la segunda petición, el demandante no reclamó que se ordenase el pago de sueldo alguno.

3. Que el demandado no tiene a su disposición fondos con los cuales pueda satisfacer las sumas reclamadas.

En diciembre 11 de 1944, la Corte de Distrito de San Juan dictó sentencia desestimando la petición y anulando el auto expedido. El peticionario interpuso el presente re-curso, alegando que la sentencia recurrida es errónea y con-traria a 'derecho.

Los fundamentos de la sentencia recurrida son:

(a) Que el demandado cumplió con lo ordenado por la sentencia dictada por la Cortp Suprema,'cuando pagó al pe-ticionario la suma de $735.75.

(b) Que el Tribunal Supremo, por resolución de diciem-bre 14 de 1943, declaró sin lugar la moción del peticionario para que enmendara la sentencia de 22 de junio de 1943, para hacerla extensiva a todo el período durante el cual el peticionario estuvo suspendido de empleo y sueldo.

(c) Que de la sentencia dictada por la Corte Suprema no surge ‘ ‘ acto alguno ministerial que el demandado venga- obli-gado a cumplir, y cuyo cumplimiento esta Corte pudiera ordenar. ’ ’

La corte inferior erró al declarar sin lugar la petición.

Las dos sentencias dictadas a favor del peticionario Víctor Rosario establecieron definitivamente que el peticionario fue ilegalmente suspendido en su cargo y de sus sueldos, durante dos períodos distintos: el primero, desde enero 8 de 1940 hasta agosto 24 de 1942; y el segundo, desde octubre 13 de 1942 hasta agosto 9 de 1943. En cada una de dichas sentencias se ordenó al Comisionado de Instrucción Pública que repusiera al demandante en su cargo de Maestro de Artes Industriales de la Escuela Superior de Arecibo, el cual desempeñaba con carácter permanente y con un sueldo de $135 mensuales. En la primera de dichas sentencias se ordenó al Comisionado que autorizara el pago al peticiona-rio de “los sueldos que dejó de percibir durante todo el tiempo que estuvo suspendido, montantes a la suma de $735.75.”

En el acto de la vista celebrada ante la Corte de Dis-trito, las partes litigantes estipularon “que en poder del Tesorero de Puerto Pico y para Instrucción Pública existen fondos que exceden de la cantidad reclamada.”

¿Cuáles son los derechos y remedios reconocidos y esta-blecidos1 por la ley y la jurisprudencia en favor de un maestro de escuela que ocupa el cargo con carácter permanente, cuando se le separa ilegalmente de su cargo?

En Puerto Rico no existe estatuto alguno que autorice al Comisionado de Instrucción Pública a privar de su sueldo a un maestro permanente, durante el período de su suspen-sión, cuando esa suspensión ha sido ilegal e injustamente impuesta, como lo fue en el caso de autos. 62 D.P.R. 271. El maestro tiene derecho a que se le pague su sueldo, aun cuando no haya prestado los servicios que de acuerdo con su contrato estaba obligado a prestar, si las autoridades es-colares le impidieron, a sabiendas y sin justa causa, que cumpliera sus obligaciones como maestro. Entre los dere-chos de un maestro permanente figura el de tener empleo activo y continuo, sujeto, desde luego, a ser suspendido o separado de su cargo por las causas y de acuerdo con el procedimiento provistos por los estatutos.

La jurisprudencia de las jurisdicciones estatales reconoce el derecho que tiene el maestro que ha sido indebidamente suspendido y a quien se ha impedido el cumplir sus obliga-ciones escolares, a recobrar los sueldos correspondientes al período de la suspensión. Véase: 47 Am. Jur. pág. 384, párr. 121 y casos allí citados.

Habiéndose establecido por sentencias firmes y definitivas la ilegalidad de las suspensiones impuestas al peticionario apelante y su derecho a ser repuesto en el cargo, de esas mismas sentencias surge el derecho del peticionario a recibir— y la obligación del Comisionado demandado de pagar — los sueldos correspondientes a los dos períodos de suspensión, los cuales el demandado admite no han sido satisfechos al peticionario. El deber que tiene el Comisionado demandado de pagar esos sueldos es puramente ministerial y no depende en modo alguno de la discreción de dicho funcionario.

La sentencia recurrida debe ser revocada y en su lugar se dictará otra ordenando al Comisionado demandado que, sin pretexto ni excusa alguna, proceda, al serle notificada dicha sente.ncia, a autorizar el pago al peticionario del sueldo de $135 mensuales qioe dejó de percibir durante, todo el tiempo que, estuvo suspendido; o sea durante los veinticinco meses desde j.unio 20, 1940 a agosto 24, 1942, ascendentes a $3)375 y durante los diez meses comprendidos entre octubre 13 de 1942 y agosto 9 de, 1943, ascendentes a $1,350, lo que da un total de $4,725, más las costas.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.

        Rosario v. Gallardo, Comisionado, 62 D.P.R. 266.

      47 Am. Jur., pág. 384, párr. 121; Smith v. School District, 89 Kan. 225, 131 P. 557; Noble v. Williams, 150 Ky. 439, 150 S.W. 507; Clune v. School District, 166 Wis. 452, 166 N.W. 11.

      110 A.L.R. 801; 113 A.L.R. 1498; 127 A.L.R. 1310.


text:
    Carmen y María de la Cruz del Toro Rodríguez, peticionarias, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, demandado.
    Núm. 40.

    Sometido: Abril 10, 1945.

      Resuelto: Mayo 28, 1945.

      Damián Monserrat, Jr.; y Gabriel de la Haba, abogados de las peti-cionarias; Hon. Procurador General Interino Jesús A. González y A. D. Marchmd Paz, Procurador General AtixiUar, abogados del Tesorero de Puerto Rico, interventor, demandado en el pleito principal.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Los hechos y procedimientos que han motivado la inter-posición del presente recurso, son como signe:

Don Fernando del Toro Saldaña falleció en Madrid, Es-paña, el 7 de noviembre do 1936, bajo testamento abierto otorgado en febrero 25 de 1931.

En octubre 6 de 1937, la Corte de Distrito de Humacao decretó la administración judicial de los bienes del Sr. del Toro, por haberse alegado en la solicitud que dicho señor se encontraba ausente de la Isla, se ignoraba sn paradero y no tenía representante legal en Puerto Rico. La Corte nom-bró administrador al Lie. Francisco González Fagundo, quien ocupó el cargo basta mayo 3 de 1943 en que cesó la adminis-tración.

Carmen y María de la Cruz del Toro y Rodríguez, ciu-dadanas españolas y residentes en Madrid, únicas y nniver-sales herederas de su padre don Fernando, confirieron su representación al Lie. Damián Monserrat Suro, para que re-clamara y tomara posesión de los bienes que se encontraban bajo administración judicial.

Deseando cumplir con la ley sobre el pago de la contri-bución de herencia, el abogado de las herederas presentó al Tesorero de Puerto Rico una notificación jurada del falleci-miento del causante, acompañada de una relación del mon-tante, valor, descripción y situación de los bienes relictos, a los efectos de la determinación del montante de la contribu-ción de herencia. De acuerdo con la planilla rendida, basada en la tasación para los efectos de las contribuciones territo-riales, dichos bienes tenían un valor de $186,090. Como prueba del fallecimiento se acompañó a la declaración una “Certificación en relación con la partida de defunción del cansante”.

El Tesorero de Puerto Rico ordenó la retasación de los bienes hereditarios, haciendo subir su valor a la suma de $374,009.59, e impuso a cada una de las herederas una con-tribución de $18,606.23 o sea un total de $37,212.46, más in-tereses a razón de 1 por ciento mensual de'sde mayo 1, 1937 hasta la fecha del pago.

No estando conforme con la actuación del Tesorero, el apoderado de las herederas acudió a la Corte de Distrito de Iíumacao en solicitud de que se ordenara al administrador judicial que apelase para ante el Tribunal de Contribucio-nes, pagando la parte de la contribución no impugnada o sea a base de una valoración de $186,090, correspondiendo pagar a cada heredera la suma de $7,004.50, o sea un total de $14,009, más intereses al 1 por ciento mensual desde mayo 7, 1937, a noviembre 7, 1942, haciendo ascender a $23,395 la suma total que había de consignarse en Tesorería para po-der solicitar la revisión. Alegaron las herederas que ellas ca-recían de dinero efectivo para poder hacer dicha consignación, y que los únicos bienes y fondos con que podían contar eran los que estaban bajo la custodia del administrador. Al ce-lebrarse la vista de la petición, las herederas presentaron como prueba de la defunción del causante la misma certifi-cación que habían presentado al Tesorero con la notificación de defunción. Se opuso el administrador a la admisión del documento y la corte denegó la solicitud, por considerar que la certificación de defunción en relación no es la mejor prueba para acreditar el fallecimiento, quedando así las he-rederas imposibilitadas para poder recurrir ante el Tribunal de Contribuciones en defensa de sus derechos.

Al tener conocimiento de la solicitud de las herederas para el pago de la contribución de herencia por el adminis-trador judicial, éste se dirigió por escrito al Tesorero, in-formándole que los bienes hereditarios estaban congelados por orden del Secretario del Tesoro Federal; que no sabía si la defunción del Sr. Toro había sido acreditada mediante la certificación requerida por el artículo 69 de la Ley de Evidencia; que para poder radicar una declaración, a los efectos del pago de la contribución de herencia, es necesario estar en posesión de los bienes; que el Sr. Monserrat no estaba facultado para hacer la declaración de bienes que no poseía y que estaban en custodia le,gis, y además, congelados; que los herederos debían acudir primero ante el tribunal competente para acreditar su derecho a la herencia y soli-citar en seguida el cese de la administración y la entrega de los bienes, después de lo cual estarían obligados a llenar el trámite correspondiente al pago de la contribución de he-rencia.

En abril 15 de 1943, el abogado de las herederas dirigió una carta al Tesorero manifestándole que estaba conforme con lo expuesto por el administrador judicial y pidiéndole que dejare sin efecto todo lo actuado. Negóse a ello el Te-sorero, sosteniendo que la liquidación practicada por él es correcta y que las herederas debían pagar la contribución sin más dilación.

En marzo 19 de 1943, las herederas solicitaron el cese de la administración y en apoyo de su petición radicaron una copia, certificada de la partida de defunción y el testamento del causante. La petición fue declarada con lugar y en julio 6 de 1943 los bienes fueron entregados al Sr. Gregorio Váz-quez, administrador de las herederas. En agosto 9 de 1943, el administrador nombrado por las herederas radicó una no-tificación de defunción ánte el Tesorero de Puerto "Rico, con el fin de que se fijase el importe de la contribución de he-rencia que deberían pagar las herederas. Contestó el Teso-rero, informando al administrador que la contribución ya había sido liquidada en junio 29 de 1942 a petición del Lie. Monserrat, Jr. Solicitada y denegada la reconsideración, las herederas radicaron su querella ante el Tribunal de Contri-buciones, solicitando se declarase nulas las resoluciones del Tesorero. Declarada sin lugar la querella, las herederas in-terpusieron al presente recurso, alegando como fundamentos del mismo que el Tribunal de Contribuciones erró: (a) al resolver que el apoderado de las herederas, aun cuando no tenga la posesión y administración de los bienes heredita-rios, tiene el deber de notificar al Tesorero de la muerte del causante; (6) al declarar que carecía de jurisdicción para conocer del caso; y (c) al considerar de estricta aplicación a este caso el artículo 7 de la Ley núm. 99 de agosto 29 de 1925 (pág. 791), según fue enmendado por la núm. 20 de 21 de noviembre de 1941 ((2) pág. 65).

La primera cuestión a resolver es si la notificación del fallecimiento del Sr. Toro, hecha por el Lie. Monserrat, es una notificación válida y como tal obligatoria para las herederas peticionarias.

El artículo 5 de la Ley núm. 99 de 29 de agosto de 1925, pág. 791, según fuá enmendado por la Ley núm. 136 de mayo 6 de 1939, pág. 673, en lo que es pertinente dispone lo si-guiente :

“Artículo 5. — Será deber de todo administrador, albacea o fideico-misario, o de cualquiera de ellos que actúe en Puerto Pico, y de cualquier subadministrador, agente o persona autorizada legalmente para administrar los bienes o cualquiera parte de ellos en Puerto Rico, trasmitir al Tesorero de Puerto Rico, dentro de los sesenta días siguientes a la fecha del fallecimiento de la persona a quien repre-senten, una notificación jurada de dicho fallecimiento, haciendo constar claramente en ella el nombre y residencia del referido difunto; etc. \r cualquier administrador, albacea o fideicomisario que deje de su-ministrar al Tesorero dicha notificación, dentro del plazo aquí esper cificado, será considerado culpable de un delito menos grave, y si resultare convicto de él, incurrirá personalmente en multa de cien (100) a mil (1,000) dólares; etc.” (Subrayado nuestro).

El artículo 14 de la misma le}^ dispone que “La palabra administrador comprende a cualquier heredero, pariente u otro beneficiario de cualquier difunto, que estuviese encar-gado de la disposición y división de los bienes de dicho difunto.” (Subrayado nuestro).

Considerando las disposiciones de ambos artículos con-juntamente, es forzoso llegar a la conclusión de que no basta^ que una persona sea heredera o pariente de un difunto, para que sobre esa persona recaiga la obligación, que la Ley im-pone al administrador, albacea o fideicomisario, de trasmitir al Tesorero de Puerto Rico una notificación jurada del fa-llecimiento del causante. Para que sobre el heredero, pa-riente o beneficiario recaiga esa obligación, es requisito indispensable que él sea el encargado de la disposición y división de los bienes del difunto o la persona legalmente au-torizada para administrar los bienes. Sería un absurdo sos-tener que el legislador ha tenido la intención de imponer esa obligación a todos los herederos, aun a aquéllos que repu-diaren la herencia, y a todos los parientes, aun cuando no tuviesen interés alguno en el caudal hereditario.

Las herederas peticionarias no estaban, en la fecha en que se envió la primera notificación, en posesión de los bie-nes, ni eran las encargadas de distribuirlos o dividirlos, ni estaban tampoco legalmente autorizadas para administrarlos. Es un hecho admitido por ambas partes, que en la fecha en qne se hizo la notificación los bienes se encontraban bajo la custodia de la Corte de Distrito de Humacao y que su admi-nistración, como bienes de un ausente, había sido confiada al Lie. Francisco González Fagundo.

El artículo 5A de la misma Ley número 99 de 1925, enmen-dado por la Ley núm. 34 de 1935 (Comp. 1941, pág. 1176), dispone que cuando los herederos carecen de dinero efectivo para pagar la contribución de herencia, el Tesorero está fa-cultado para consentir al albaeea o administrador que venda o grave la parte de los bienes relictos que fuere necesaria para levantar fondos para el pago de las contribuciones. En el caso de autos, los bienes no se encontraban en poder de un albaeea o administrador testamentario. Estaban in custodia legis, como bienes de un ausente, y por tanto ni los herederos ni el Tesorero estaban autorizados para disponer de ellos sin la previa autorización de la corte. Trataron las herederas de obtener autorización para que el Administrador pagase con fondos de la herencia la parte de las contribu-ciones que ellas admitían estaban obligadas a pagar y la autorización fué denegada por no haber podido las peticio-narias establecer en forma legal el hecho del fallecimiento del causante.

Bajo las circunstancias expuestas, opinamos que sería injusto sostener que las peticionarias quedaron obligadas y perdieron todo su derecho a recurrir ante el Tribunal de Contribuciones, como consecuencia del acto realizado por su apoderado al enviar al Tesorero de Puerto Rico una noti-ficación de defunción que ellas no estaban legalmente facul-tadas para enviar.

El Tribunal de Contribuciones erró al sostener que la notificación de defunción hecha por el Lie. Monserrat era le-galmente eficaz.

La segunda cuestión a resolver es si el Tribunal de Contribuciones adquirió jurisdicción para conocer de la querella radicada por lag herederas en 21 de octubre de 1943, contra la actuación del Tesorero en octubre 5 de 1943, al de-volver la petición radicada en agosto 9 de 1943 por el Ad-ministrador de los bienes hereditarios para qne se fijara la, contribución de herencia, y al sostener la validez de la tasa-ción practicada por virtud de la- notificación de defunción hecha por el Lie. Monserrat.

Los fundamentos de la contención del Tesorero son: (a)' que las querellantes dejaron transcurrir con exceso al tér-mino legal para apelar ante el Tribunal de Contribuciones de la decisión del Tesorero; y (fe) que las apelantes no han pagado la parte de la contribución con que están conformes, de acuerdo con los requisitos de la sección 7 de la Ley de Contribuciones Sobre Herencias, núm. 99 de 1925 (pág. 791), segíin fue enmendada por la Ley núm. 20 de 21 de noviem-bre de 1941 ((2) pág. 65). '

Antes de entrar a discutir y resolver la cuestión juris-, diccional levantada por el Tesorero, debemos hacer constar-que no estamos conformes con su contención de que la no-tificación de defunción y la petición para que se fijara la contribución a pagar por las herederas, radicadas en agosto 9 de 1.943, por el administrador de los bienes hereditarios, deben ser consideradas como una moción de reconsideración de la decisión del Tesorero, de 30 de septiembre de 1942, fijando el importe de la contribución a base de la notifica-ción de defunción hecha por el abogado Monserrat, Jr. Ya hemos resuelto que dicha notificación es nula y legalmente ineficaz. Consecuentes con esa decisión, debemos resolver, como resolvemos, que la petición radicada ante el Tesorero en agosto 9 de 1943, por el administrador de los bienes, debe ser considerada como- una petición original y como la única legalmente sometida al Tesorero para la liquidación de la contribución de herencia.

Hecha esta aclaración, pasemos ahora a considerar y resolver la cuestión jurisdiccional.

La sección 7 de la Ley de Contribuciones Sobre Heren-cias, según quedó enmendada por la Ley núm. 20 de 1941, dice así:

"‘Artículo 7. — Cuando una persona afectada por la valuación o el cómputo antes referidos no estuviere conforme con cualesquiera de ellos, o cuando por cualquier motivo creyere que no debe pagar total o parcialmente la contribución de herencia ■ que a base de tales valuación y cómputo le notificare el Tesorero, y deseare apelar para ante el Tribunal de Apelación de Contribuciones, dentro de los noventa días siguientes a la fecha en que el Tesorero le notificare la contri-bución deberá pagar la parte de ésta con la cual estuviere conforme, y dentro de los treinta días siguientes a dicho pago deberá radicar su apelación contra la parte con la cual no estuviere conforme, por medio de la querella dispuesta por la ley creando dicho Tribunal de Apelación de Contribuciones, Disponiéndose, que éste no adquirirá jurisdicción a menos que (1) el pago de la contribución no impugnada se hubiere realizado dentro del plazo de noventa días antes expresado y (2) el recibo de dicho pago o su copia certificada se hiciere formar parte de la querella. .

¿Cumplió el Tesorero de Puerto Rico, después de haber recibido la notificación de defunción enviádale por el admi-nistrador, con los requisitos del artículo 6 de la Ley de Con-tribuciones Sobre Herencias, haciendo “una justa y ade-cuada valoración” de los bienes hereditarios, poniendo en conocimiento del administrador los resultados de la tasación y notificándole el importe de la contribución que debían pa-gar las herederas"!

Es un hecho admitido, que en agosto 17 de 1943, o sea ocho días después de haber recibido la notificación de defun-ción y los documentos que le fueron sometidos, el Tesorero los devolvió al administrador con una carta en la que le in-formaba que el caso ya había sido sometido a la considera-ción del departamento' en 29 de junio de 1942, por el Lie. Monserrat y que la contribución había sido liquidada e im-puesta con fecha 30 de septiembre de 1942. En otras pala-bras, el Tesorero insistió en la validez de la valuación y cómputo practicados por él a base de la notificación de. de-función hecha por el Sr. Monserrat, la cual hemos declarado nula e ineficaz. Es evidente que el propósito del Tesorero, al negarse a aceptar la petición del administrador y al de-volverle los documentos, fue el de privar a las herederas de su derecho de apelación por haber transcurrido con exceso el término legal.

El artículo 6 de la Ley de Contribuciones Sobre Heren-cias, dispone, que cuando el Tesorero así lo ordene los tasa-dores del departamento harán una justa y adecuada valora-ción de los bienes, “y los resultados de dicha tasación se pondrán en conocimiento del Tesorero de Puerto Rico, así como de los administradores, albaceas y fideicomisarios de los expresados bienes”. ¿Cómo podía saber el administra-dor si la valoración practicada por el departamento era justa y adecuada, si el Tesorero, en vez de poner én su conoci-miento los resultados de la tasación le devolvió los documen-tos, limitándose a informarle que la valuación se había hecho casi un año antes y que la cantidad a pagar era la de $37,212.64? ¿Cómo es posible que el administrador o las here-deras apelaran ante el Tribunal de Contribuciones de una va-loración de bienes, cuyos resultados no le habían sido comu-nicados por el Tesorero?

En la querella radicada ante el Tribunal de Contribucio-nes, las querellantes suplicaron:

(a) Que se declarase nula y sin efecto legal alguno la liquidación e imposición de la contribución de fecha 30 de septiembre de 1942.

(b) Que se admita la declaración de 9 de agosto de 1943, presentada por el administrador, a fin de que se practique una nueva liquidación, dando así a las querellantes una opor-tunidad de solicitar y obtener la revisión de la decisión del Tesorero.

La sección 4 de la Ley núm. 169 de mayo 15 de 1943, pág. 601, en lo pertinente, dispone:

“Sección 4. — El Tribunal de Contribuciones tendrá jurisdicción, de carácter exclusivo, para conocer de todos los casos sobre revisión de la tasación.y de todas las acciones, procedimientos o recursos especiales o extraordinarios y reclamaciones de cualquier índole, relacionadas con, o que afecten la imposición, cobro, pago, devolución o reembolso de toda clase de contribuciones, inclu-yendo.contribución sobre herencia, etc. Esta jurisdicción, sin embargo, no podrá invocarse ante el Tribunal por persona alguna, has‘ia que sobre el asunto en discusión haya recaído la correspondiente resolución administrativa por parte, del Tesorero de Puerto Rico, de acuerdo con la ley.” (Subrayado nuestro).

La resolución desestimando la querella por falta de ju-risdicción, debe ser confirmada, pero por razones distintas a las expuestas en la opinión del Tribunal.

Siendo nulas e ineficaces las actuaciones del abogado. Monserrat, Jr., el Tesorero de Puerto 'Rico debió recibir y considerar la notificación de defunción y la solicitud radica-das en agosto 9 de 1943, por el administrador de los bienes hereditarios, como una solicitud original para la determina-ción del importe de la contribución de herencia, procediendo a la práctica de la valoración de los bienes y a la imposición de la contribución, de acuerdo con lo prescrito por la Ley de Contribuciones Sobre Herencias. Si el Tesorero había practicado ya una valoración de los bienes y una liquidación de la contribución, muy fácil le hubiera sido dictar una reso-lución administrativa basada en esa valoración y liquidación y notificarla al administrador de los bienes, para que éste pudiera tener una oportunidad de apelar para ante el Tribunal de Contribuciones, dentro de los treinta días siguien-tes a la fecha de la notificación de la resolución administra-tiva, de acuerdo con lo dispuesto por las secciones 3 y 4 de la Ley núm. 169 de 1943.

Ya hemos visto, que de conformidad con la sección 4 de la Ley núm. 169 de 1943, supra, la jurisdicción del Tribunal de Contribuciones no puede ser invocada por-persona alguna “hasta que sobre el asunto en discusión haya recaído la co-rrespondiente resolución administrativa por parte del Teso-rero de Puerto Rico, de acuerdo con la Ley.” En el caso de autos no existe ninguna resolución administrativa del Te-sorero contra la cual pudiera recurrirse ante el Tribunal de Contribuciones. El asunto en discusión era la valoración de un caudal hereditario y la determinación de la cantidad a pagarse como contribución de herencia. El Tesorero no no-tificó al administrador (a) el resultado de la valoración y (b) el importe de la contribución. Lo único que hizo fue devolverle la notificación y prueba de la defunción y los de-más documentos, insistiendo en la validez y eficacia de sus actuaciones anteriores.

No existiendo una resolución administrativa del Teso-rero, dictada de acuerdo eon la ley, las herederas peticiona-rias no tenían derecho a invocar la jurisdicción del Tribunal de Contribuciones. La querella por ellas formulada en 21 de octubre de 1943 fué radicada prematuramente y debió ser desestimada por ese motivo.

Habiéndose levantado en el presente caso la cuestión sobre si el contribuyente que apela para ante el Tribunal de Contribuciones de una resolución administrativa del Tesorero, en relación con la valoración de un caudal hereditario para los fines de la imposición de la contribución de herencia, debe cumplir con los requisitos de la sección 7 de la Ley de Contribuciones Sobre Herencias, supra, pagando la parte de la contribución con la cual estuviere conforme, y teniendo en cuenta que el presente caso probablemente volverá de nuevo ante el Tribunal de Contribuciones procederemos a considerarla y resolverla.

La sección 7 de la Ley de Contribuciones Sobre Heren-cias, supra, dispone, que la persona que deseare apelar de la valoración o cómputo hechos por el Tesorero, deberá, “dentro de los noventa días siguientes a la fecha en que el Tesorero le notificare la contribución”, pagar la parte de ésta con la cual estuviere conforme. Se dispone, además, que “dentro de los treinta días siguientes a dicho pago de-berá radicar su apelación contra la parte con la cual no es-tuviere conforme”; y que el Tribunal de Contribuciones no adquirirá jurisdicción a menos que (1) se pague la contribu-ción no impugnada, dentro del plazo de 90 días y (2) se presente junto con la querella el recibo acreditativo de ha-berse hecho dicho pago.

La sección 3 de la Ley núm. 169 de 15 de mayo de 1943 . (pág. 601), aprobada con posterioridad a la sección 7 de la Ley de Contribuciones Sobre Herencias, dispone que todos los recursos que deban sustanciarse ante el Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, incluyendo los casos de con-tribuciones sobre las herencias, se iniciarán mediante instan-cia jurada de la parte interesada, la cual deberá ser formu-lada “dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la notificación que a la misma haga el Tesorero de Puerto Rico”. Nada dice la ley posterior, núm. 169 de 1943, sobre la nece-sidad de que se pague la parte de la contribución no impug-nada, para que el Tribunal pueda adquirir jurisdicción.

El artículo 3 de la Ley núm. 169 de 1943, dispone: “Toda ley, resolución, o parte de las mismas, que esté en conflicto con la presente, queda por ésta derogada.” Es evidente el conflicto existente entre el término de cuatro meses, que para apelar al Tribunal de Contribuciones concede la sección 7 de la Ley de 'Contribuciones Sobre Herencias, supra, y el término de treinta días que para el mismo fin se fija por la sección 3 de la Ley núm. 169 de 1943. Siendo la regla apli-cable la de que en caso de conflicto entre dos leyes, debe pre-valecer la más reciente, por ser ella la última expresión de la voluntad legislativa, resolvemos que las apelaciones para ante el Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico contra resolu-ciones administrativas del Tesorero de Puerto Rico, haciendo la valoración de los bienes hereditarios y liquidando la con-tribución, deben ser interpuestas dentro del término de treinta días siguientes a la fecha de la notificación de la re-solución del Tesorero.

No existe conflicto alguno entre el requisito de/la sección 7 de la Ley de Contribuciones Sobre Herencias, sobre el pago de la contribución no impugnada y las disposiciones de la Ley núm. 169 de 1943. Véanse: Tesorero v. Tribunal de Contribuciones, 64 D.P.R. 602, y Mayagüez Light, P. & I. C., v. Tribunal de Contribucienes, ante, pág., 30. Resolvemos, que el pago de la parte de la contribución con que estuviere conforme la parte recurrente es requisito esencial para que el Tribunal de Contribuciones pueda adquirir jurisdicción; que ese pago debe ser hecho dentro del término de treinta días que para la apelación concede la sección 3 de la Ley núm. 169 de 1943; y que el recibo acreditativo de haberse hecho dicho pago debe 'presentarse junto con la querella, sin lo cual el Tribunal de Contribuciones no podrá adquirir ju-risdicción.

La resolución recurrida debe ser confirmada y el caso devuelto al Tribunal de Contribuciones con instrucciones para desestimar la querella por falta de jurisdicción, sin perjuicio de, los derechos que puedan tener las herederas peticionarias a renovar su petición ante el Tesorero de Puerto Rico, para la valoración del caudal hereditario y la determinación del importe de la contribución de herencia, y para apelar para ante el Tribunal de Contribuciones, si no estuvieren confor-mes, de la resolución administrativa dictada por el Tesorero y que, les sea notificada de acuerdo con la Ley.