text:
    Sixta Guadalupe, peticionaria, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. Ricardo La Costa, Jr., Juez, demandada.
    Núm. 1600.

    Sometido: Junio 25, 1945.

      Resuelto: Julio 12, 1945.

      Victor J. Vidal González, abogado de la peticionaria; B. Prieto Ázúar, abogado del interventor, demandado en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

El 19 de junio de 1944, Sixta Guadalupe radicó una de-manda ante una corte de distrito contra Alfredo Aeín Vall-Lloberas. Alegaba que el 3 de febrero de 1944 fué seria-mente lesionada al ser arrollada, mientras se encontraba en la acera, por una bicicleta manejada por un menor quien la usaba como mensajero del demandado, dueño de una farma-cia. La súplica solicita daños en la suma de $6,000.

El epígrafe de la demanda lee: “Sixta Guadalupe, asis-tida de su esposo José Rivera, Demandante, v. Alfredo Acín Yall-Lloberas, Demandado”. Esta misma frase se repite en el párrafo preliminar que contiene la comparecencia de la demandante, en el primer párrafo de la demanda y en la súplica. Sin embargo, en el cuerpo de la demanda propia-mente dicho, la demandante relató solamente los daños infe-rídosle a ella; y hace la reclamación solamente a nombre suyo, y no para la sociedad de gananciales. El demandado admite qne la reclamación de daños está redactada en dicho lenguaje. En verdad, radicó nna moción de desestimación precisamente en la teoría de qne en la demanda se reclama-ban daños para la esposa solamente, y no para la sociedad de gananciales.

La corte inferior declaró sin lugar la moción de desesti-mación del demandado. El demaridado solicitó la reconside-ración de dicha resolución. Así las cosas, el 23 de febrero de 1945 la demandante solicitó permiso para enmendar sn demanda. La demandante se proponía en la enmienda eli-minar la frase “asistida de sn esposo”, según aparecía donde ya se ha dicho; y adicionar nn párrafo a saber, ‘ ‘ Qne la demandante tiene en la actualidad 65 años de edad, es ca-sada y vecina de Santnrce, Puerto Rico y comparece en este caso por sn propio derecho por vivir completamente sepa-rada de sn cónyuge José Rivera, por quien fné abandonada hace aproximadamente veintiocho años y con quien nunca ha vuelto a reanudar las relaciones conyugales.”

El demandado se opuso a la moción. El 25 de abril, la corte de distrito dictó una resolución denegando la moción. Expedimos el auto de certiorari para revisar esta actuación de la corte inferior.

Según indica la corte de distrito, la indemnización concedida dentro del matrimonio por daños personales a la esposa constituye un bien ganancial; y la esposa no puede entablar pleito por ellos a su propio nombre a no ser que esté viviendo separada de su esposo por haberla éste abandonado. Vázquez v. Porto Rico Ry., Lt. & P. Co., 35 D.P.R. 62. Pero al determinar si un pleito específico ha sido radicado a nombre de la sociedad de gananciales o de la esposa solamente, debemos remitirnos a las alegaciones en el cuerpo de la demanda.

Claramente lo hicimos constar al manifestar reciente-mente que en el caso de Vázquez v. Valdés, et al., 28 D.P.R. 467, citado por la corte de distrito, “se trataba de un pleito establecido en reclamación de daños personales sufridos por la esposa. La acción fué interpuesta por ésta, asistida de su marido, y después de resolverse que la acción pertenecía a la sociedad conyugal, se confirmó la sentencia que desestimó la demanda, porque del contexto de ésta surgía que la acción se 'ejercitaba para beneficio de la esposa y no a favor de la sociedad de gananciales.” (Segarra v. Vivaldi, 59 D.P.R. 803, 808). (Bastardillas nuestras).

Por otro lado, en, el caso de Segarra, intitulado “Monse-rrate V. de Segarra, asistida de su esposo don Antonio Se-garra”, se alegó en el cuerpo de la demanda que los deman-dantes sufrieron daños. Por tanto concluimos que se esta-blecía (pág. 809) ‘Lio en beneficio exclusivo de la esposa, sino para la sociedad conyugal”. Entonces pasamos a resolver que (págs. 809-10) “Habiéndose instado el pleito por la esposa asistida de su marido Antonio Segarra, éste úl-timo es parte en la acción . . . Por consiguiente, en el pre-sente caso sólo podría decirse que la comparecencia de la es-posa es superflua y siendo así puede hacerse caso omiso de ella, subsistiendo la del esposo, quien, como administrador de la sociedad conyugal tiene el derecho de representarla en esta acción.”

Aquí los hechos son todo lo contrario de los del caso de Begarra; pero la teoría de dicho caso impera sin embargo. Es decir, las alegaciones sustanciales aquí envueltas esta-blecen una reclamación de daños para la esposa únicamente, y el pleito es exclusivamente para su beneficio. Por tanto, en la frase ‘‘Sixta Guadalupe, asistida de su esposo”, la comparecencia del esposo, y no la de la esposa, es rechazada por superflua. En verdad, hablando en términos gramati-cales, es un poco más fácil llegar al presente resultado. En el caso de Begarra, fue necesario que explicáramos que la comparecencia del esposo surgió del uso de la frase “asis-tida de su esposo”. Aquí la esposa inequívocamente compa-rece como demandante.

El resultado es que en un pleito por lesiones personales recibidas por una mujer casada, la frase “la demandante asistida de su esposo” no es decisiva. Puede ser un pleito instituido por el esposo a nombre de la sociedad de ganan-ciales. O puede ser un pleito de la esposa haciendo una re-clamación para sí. Las alegaciones en el cuerpo de la de-manda son el aspecto fundamental del caso. Si la reclama-ción es por daños a la sociedad de gananciales, la compare-cencia de la esposa es superflua; si la reclamación es para la esposa únicamente, la frase “asistida de su esposo” es superflua.

En la demanda original en este caso la esposa hizo una reclamación para sí. Por tanto rechazamos por superfluas las alusiones con respecto al marido. Una vez que obtene-mos ese resultado, es obvio que la esposa tenía derecho a enmendar su demanda para alegar un hecho cuya ausencia hacía que la demanda fuera defectuosa: el abandono por parte de su marido hacía muchos años. Tal enmienda no cambia la naturaleza de la causa de acción ni reemplaza a la demandante por una parte demandante completamente diferente. Simplemente suministra nn hecho necesario a la cansa de acción, que, con excepción de este hecho, ya aduce la demanda en beneficio de la demandante. Por tanto el caso es claramente distinguible de los de González v. White Star Bus Line, Inc., 53 D.P.R. 345, y Morán & Cía. v. Corte de Distrito, 55 D.P.R. 637. De conformidad con la Regla 15 a, Reglas de Enjuiciamiento Civil, la corte de distrito debió haber declarado con lugar la moción de la demandante soli-citando permiso para radicar la propuesta demanda enmen-dada

La resolución de la corte de distrito denegando la mo-ción solicitando permiso para enmendar la demanda será anulada y devuelto él caso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

       La resolución de la corte de distrito dice en parte, como sigue:
      “Está firmemente resuelto en esta jurisdicción, que una mujer casada no puede demandar sola en acciones de daños y perjuicios, a menos que haya sido abandonada por su esposo; así como que la indemnización concedida a cualquiera1 de los cónyuges es un bien ganancial; y que siendo el marido el administrador de la sociedad de gananciales, es él quien debe ejercitar la acción, doctrina que no es alterada por el hecho de que la esposa comparezca asistida de su esposo rec-lamando indemnización para ella. (Véase: Vázquez v. Valdés, et al., 28 D.P.R. 467; Vázquez v. P.R. Ry., Light & Power Co., 35 D.P.R. 62; Irizarry v. Díaz Ojeda, 35 D.P.R. 144; Flit v. White Star Bus Line, Inc., 49 D.P.R. 144, 50 D.P.R. 98; González v. White Star Bus Line, Inc., 53 D.P.R. 345; P. R. Ry., Light & Power Co. v. Cognet et al., 3 F. 2d 21).
      “La demanda original, tal y como está redactada, no expone hechos consti-tutivos de una causa de acción; es inexistente; y por la demanda enmendada se trata de traer ahora al pleito, como demandante, a la única parte que tenía interés cuando se ejercitó la acción, y ello no puede hacerse mediante enmienda. (González v. White Star Bus Line, Inc., supra; Ramón Morán & Cía. v. Corte, 55 D.P.R. 637).”

       Véanse Ruiz v. Ruiz, 61 D.P.R. 823; Jaume v. Corte de Distrito, 61 D.P.R. 168; Municipio v. Ríos, 61 D.P.R. 102; Rodríguez v. The San Juan Fruit Co., 60 D.P.R. 437.


source: Caselaw Access Project

author: 'El Juez Asociado Señor De Jesús

license: Public Domain

text:
    Celsa Rivera, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Caguas, recurrido.
    Núm. 1168.

    Sometido: Junio 21, 1945.

      Resuelto: Julio 16, 1945.

      A. L. López, abogado de la recurrente; el registrador recurrido com-pareció por escrito.
   'El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Arcadia Barety, en su carácter de madre con patria po-testad de María Socorro Acevedo Barety, de 18 años de edad, soltera y vecina de Nueva York, solicitó autorización judicial para vender un condominio consistente de una mi-tad de cierta finca urbana radicada en Caguas. El Fiscal expresó que estaba conforme con que se autorizase la ena-jenación, siempre que la totalidad de la finca fuese vendida en pública subasta y el producto de la venta se depositase en la secretaría de la corte de distrito para disponer de la parte correspondiente a la menor, de conformidad con lo que ordenase la corte. La corte, siguiendo la indicación del Fiscal, ordenó la venta de todas las fincas y así se hizo. Pre-sentada en el Registro de la Propiedad la escritura de venta judicial, el documento fue inscrito con el defecto subsanable de no haber consentido Arcadia Barety que su condominio, consistente de la otra mitad de la finca, fuese vendido en pública subasta.

Para revisar la nota del Registrador interpuso la com-pradora el presente recurso.

De la orden decretando la venta del inmueble aparece que la autorización solicitada por Arcadia Barety fué para vender únicamente el condominio perteneciente a su hija. No consta que dicha señora consintiera expresamente que su condominio fuese vendido en pública subasta. Siendo ello así, la corte carecía de jurisdicción para ordenar la venta del condominio de la. madre. Ella pudo haber pedido de manera expresa que su condominio fuese vendido juntamente con el de su hija, de ese modo facilitando la venta y aumen-tando las probabilidades de obtener mejor precio por los condominios.

Sin prejuzgar los derechos que pueda tener la recurrente contra Arcadia Barety, cuestión que no está envuelta en este recurso, nos limitaremos a resolver que en la cuestión regis-tral suscitada por la nota del Registrador, éste tiene la razón.

El caso de West India Oil Co. v. Blanch, 57 D.P.R. 591, citado por la recurrente, no es de aplicación. Allí se tra-taba de la división de comunidad sobre un solar, y la forma de dividir la comunidad se regía por el artículo 338 del Có-digo Civil, ed. 1930, de conformidad con el cnal procedía la venta de la totalidad del inmueble.

Debe confirmarse la.nota recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Db Jesús

text:
    Miguel García Martínez y otros, peticionarios y apelantes, v. Carlos M. Soltero y Ramón Roig, Presidente y Secretario Contador, respectivamente, de la Asociación Fondo de Ahorro y Préstamo de los Empleados del Gobierno Insular de P. R., demandados y apelados.
    Núm. 9034.

    Sometido: Abril 6, 1945.

      Resuelto: Julio 16, 1945.

      Heriberto Borres Solé, Lionel Fernández Méndez y Juan A. Furia, abogados de los apelantes; F. Ramos Antoniní, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Db Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Algunos de los apelantes son los beneficiarios de emplea-dos que estuvieron asegurados en- la Asociación Fondo de Ahorro y Préstamo de los Empleados del Gobierno Insular, y los restantes fueron empleados asegurados en la misma Asociación quienes reclaman su seguro por inutilidad.

En el indicado carácter todos han solicitado un auto de mandamus contra el Presidente y el Secretario Contador de la Asociación, ordenándoles que les liquiden sus pólizas con arreglo a la sección 20 de la Ley núm. 52 aprobada el 11 de julio de 1921 (pág. 375), según fue enmendada esa sec-ción por la Ley núm. 189 de 11 de mayo de 1942 (pág. 963).

La citada sección fue también enmendada por la Ley núm. 150 aprobada el 15 de mayo de 1937 (pág. 399), de modo que en lo pertinente decía así:

“Al ser aprobada esta Ley, el Secretario Contador, de acuerdo con el presidente, procederá a liquidar y el Auditor de Puerto Rico a satisfacer por turno y basta donde alcance, las cuotas recolectadas en todos los casos de seguros por inutilidad y muerte pendientes y los que puedan ocurrir en adelante, por el importe total igual al que resulte en el mes de la fecha de la aprobación de, esta Ley, hasta liquidar y poner al día todos los casos pendientes, y después de transcurrido el término de cinco (5) años, desde dicha focha de apro-bación de la Ley, el seguro se liquidará por el importe total que resulte de las cuotas de los asociados y acogidos en la forma siguiente: Las cuotas mensuales correspondientes al seguro se distribuirán en la forma siguiente:
“(a) Se destinará el cinco (5) por ciento para la devolución de las cuotas a los asociados que disfruten del beneficio del seguro de inutilidad y muerte, sujeto a las disposiciones de esta Ley y que cesaren en sus cargos y no quedaren acogidos al seguro por muerte al tiempo de dicho cese.
“(ó) Así también se destinarán el diez (10) por ciento para es-tablecer mi ‘Fondo.de Reserva’ el producto del cual se aplicará a la liquidación de los casos de inutilidad o muerte que resulten en exceso de las cuatro, que de acuerdo con la ley deben liquidarse mensual-mente con las cuotas que se descuenten.
“(c) Y el ochenta y cinco (85) por ciento o remanente se apli-cará en cada caso a satisfacer el seguro por inutilidad o por muerte por riguroso turno; ...”

La misma sección fué posteriormente enmendada por la Ley núm. 108 de 5 de mayo de 1939 (pág. 557), pero la por-ción antes transcrita no fué alterada en absoluto.

La enmienda de que fué objeto la citada sección por la Ley núm. 189 de 11 de mayo de 1942 fué la que alteró la referida porción quedando redactada, en lo pertinente, así:

“Al ser aprobada esta Ley, el Secretario Contador, de acuerdo con el presidente, procederá a liquidar y el Auditor de Puerto Rico a satisfacer por turno y liasta donde alcance, las cuotas recolectadas en todos los casos de seguros por inutilidad y muerte pendientes y los que puedan ocurrir en adelante, por el importe total igual al que resulte en el mes de la fecba de la aprobación de esta Ley, hasta liquidar y poner al día todos los casos pendientes, y después de transcurrido el término de cinco (5) años, desde dicha fecha de aprobación de la Ley, el seguro se liquidará por el importe total que resulto de las cuotas de los asociados y acogidos en la forma si-guiente :
“(a) Se destinará el dos (2) por ciento para fondo de alivio (relief) para ayudar a aquellos asociados que, habiendo solicitado la inutilidad física y examinados por el médico de la Asociación, se hallen temporalmente incapacitados para su trabajo; Disponiéndose, que tal ayuda no se concederá por más de 60 días consecutivos, des-pués que el empleado inhabilitado haya agotado la licencia para va-caciones y por enfermedad a que tenga derecho; Y disponiéndose, además, que la cuantía y forma de concesión de dicha ayuda serán reglamentadas por la Junta de Directores.
“(&) Se destinará el tres (3) por ciento para la devolución de las cuotas a los asociados que disfruten del beneficio del seguro de inutilidad y muerte, sujeto a las disposiciones de esta Ley y que cesaren en sus cargos y no quedaren acogidos al seguro por muerte al tiempo de dicho cese; Disponiéndose, que después que un asociado haya significado su intención de continuar acogido al seguro por muerte al cesar en su empleo, sí continuare pagando las cuotas corres-pondientes, no podrá recobrarlas de acuerdo con lo dispuesto en esta sección, si significare su deseo de que se le releve como acogido o diero motivo a que por falta de pago se le dé de baja.
“(c) Así también se destinarán el diez (10) por ciento para establecer un ‘Fondo de Reserva’ el producto del cual se aplicará a la liquidación de los casos de inutilidad o muerte que resulten en exceso de las cuatro, que de acuerdo con la ley deben liquidarse mensualmente con las cuotas que se descuenten.”

Como la Ley de 1939 no alteró dicha porción, tenemos que considerar que al transcribirse en la enmienda de 1939 la referida porción de la sección 20, esa parte no fué afec-tada por dicha enmienda de 1939 y quedó en vigor para to-dos sus efectos legales, no como si fuese reenactada por la Ley de 1939, sino como si no hubiera sido enmendada. A este efecto se dijo en People v. Wiebolt & Co. (Ill., 1934) 191 N. E. 689, 93 A.L.R. 789: “Cuando la Legislatura aprueba una enmienda a una ley prescribiendo que ésta sea enmendada de modo que quede redactada como se expresa en la ley enmendatoria, las porciones de la anterior ley que se repiten literal o sustancialmente en la ley enmendatoria, deben considerarse como una continuación de la ley anterior y no como una nueva ley sobre la materia. People v. Lloyd, 304 Ill. 23 (1922), 136 N. E. 505.” (Paréntesis nuestro.)

Véanse al mismo efecto Farmers A. Inter-Insurance Exchange v. MacDonald, (Wyo., 1943) 140 P.2d 905; MacClure v. United States, 95 F.2d 744 (C.C.A. 9th, 1938), 1 Sutherland, Stat. Const., 3rd. ed., See. 1933, pág. 425.

Por consiguiente tenemos que considerar que esa porción de la sección 20, tal como fué enmendada por la Ley de 1937, permaneció en vigor hasta que prospectivamente empezó a regir la enmienda de 1942.

Como en 1942 habían muchos más empleados asegurados en la Asociación que en 1937, conviene más a los intereses de los apelantes que sus pólizas sean liquidadas con arreglo a la enmienda de 1942, y por esa razón solicitaron, que se les liquidase con arreglo a dicha última enmienda. La corte inferior, basándose en las alegaciones — la contesta-ción admitió los hechos alegados en la demanda, pero negó el efecto legal de los mismos — dictó sentencia declarando sin lugar la petición de- mandamus.

Como dijera la corte inferior, las muertes ocurridas o las inutilidades declaradas en el período comprendido entre la vigencia de la enmienda de 1937 y la de 1942, deben liqui-darse con arreglo a la ley entonces en vigor, la enmienda de - 1937; pero si dichos eventos ocurrieron a partir de la vi-gencia de la enmienda de 1942, entonces tendrían derecho los peticionarios a que sus pólizas fuesen liquidadas con arreglo a la enmienda de 1942.

Declaró la corte inferior, correctamente a nuestro juicio, que la petición de mandamus no alega hechos de los cuales pueda determinarse en qué fechas ocurrieron dichos eventos. Todo lo que se alega en la petición a ese respecto, es la siguiente conclusión de derecho, la cual fue negada en la contestación, a saber: . . . son personas aseguradas con la mencionada Asociación Fondo de Ahorro y Préstamo de los Empleados del Gobierno Insular de Puerto Rico, cuyas pólizas por inutilidad están sujetas a liquidación bajo los términos de la Ley núm. 52 de 11 de julio de 1921, como quedó enmendada por la Ley núm. 189 de 11 de mayo de 1942, . . .”.

En tales circunstancias no han probado los apelantes que exista un claro deber ministerial, impuesto por la Ley a los demandados, de liquidar las pólizas con arreglo a la en-mienda de 1942. Incumbía a los apelantes exponer clara-mente en su petición de mandamus los hechos a base de los cuales la corte pudiese determinar cuál de las dos leyes, la enmienda de 1937 o la de 1942, era la aplicable.

Dada la conclusión a que llegamos es innecesario consi-derar la cuestión de procedimiento invocada por los apelan-tes, a los efectos de si erró o no la corte inferior al permitir a los demandados radicar nna moción juntamente con la contestación solicitando que se desestimase la solicitud de mandamus, por no aducir hechos constitutivos de causa de. acción.

Procede confirmar la sentencia.

      La palabra “pendientes” aparecía también en la enmienda de 1937 y no croemos que fuese la intención de la Legislatura, al aprobar la. enmienda cíe 1942, especialmente cuando no se trata de una ley de procedimiento, darle efecto retroactivo a dicha enmienda con perjuicio de la solvencia del Pondo del Seguro.

      E1 artículo 34 de la Ley Orgánica, en lo pertinente, dispone: “Ninguna ley será restablecida o enmendada, ni se dará mayor alcance a sus disposiciones, ni se conferirán las facultados en ella contenidas, haciendo referencia a su título solamente, sino que toda la parte de ella que sea restablecida, enmendada, exten-dida o conferida será decretada nuevamente y publicada en su totalidad.”


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    Ricardo A. Gómez, peticionario, v. Luis Negrón Fernández, Procurador General Interino de Puerto Rico, demandado.
    Núm. 408.

    Sometido: Julio 2, 1945.

      Resuelto: Julio 16, 1945.

      B. Cuevas Zequeira y A. Ortiz Toro, abogados del peticionario; Eon. Procurador General Interino Luis Negrón Fernández, y Luis Ve-negas Cortés, Procurador General Auxiliar, abogados del deman-dado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

En la solicitud en este caso se alega, en síntesis, que el demandante Ricardo A. Gómez, fue nombrado, el 13 de abril de 1943, por el Gobernador con el consentimiento y aproba-ción del Senado para ocupar por cuatro años el cargo de Fiscal del Tribunal Supremo de Puerto Rico de acuerdo con la Ley núm. 39 aprobada el 7 de marzo de 1912; que el de-mandante desempeñó dicho cargo hasta el 30 de junio de 1945 y cumplió con todas sus obligaciones; que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó el 14 de mayo de 1945 la Ley núm. 270 (pág. 945) con el propósito de enmendar la Ley núm. 39 de 1912 (pág.’75) y en lo que concierne al cargo de Fiscal del Tribunal Supremo “se limitó a verificar una leve alteración en la designación oficial del cargo en cues-tión, que ahora se designa con el nombre de Procurador General Auxiliar y Fiscal del Tribunal Supremo con las mis-mas obligaciones, atribuciones y deberes del cargo anterior”; que el demandado a requerimiento del demandante le dirigió una comunicación con fecha 2 de julio de 1945, en la cual hacía constar que se negaba a nombrarle para ocupar la plaza de Procurador General Auxiliar y Fiscal del Tribunal Supremo creada por la Ley núm. 270 de 1945 por conside-rar que el cargo de Fiscal del Tribunal Supremo quedó abo-lido por dicha ley y el nuevo cargo es de nombramiento del Procurador General sin que a su juicio tenga derecho “a ocupar el nuevo cargo de Procurador General Auxiliar quien será a la vez el Fiscal del Tribunal Supremo” por el hecho de haber ocupado el cargo inexistente de Fiscal del Tribunal Supremo; que dicha comunicación tiene el propósito y produjo el efecto de destituir al demandante del cargo que desempeñaba, sin habérsele formulado cargos y sin que el demandante realizara acto alguno que le incapacitara para continuar en el ejercicio del puesto de Fiscal del Tribunal Supremo; que la actuación del demandado “es injusta, ar-bitraria, opresiva y ultra vires, por cuanto con ella se pre-tende privar al demandante de su status como funcionario público con derecho a permanecer en su puesto hasta el 13 de abril de 1947 devengando el sueldo correspondiente a dicho cargo”; que el demandante carece de remedio ade-cuado, rápido y eficaz en el curso ordinario de la ley para obligar al demandado a cumplir con el “deber ministerial” que tiene de reponerlo en “el cargo que hasta el día 30 de junio de 1945 desempeñara.” Por último se alegan los moti-vos que tiene el demandante para acudir en primera instancia ante esta Corte y se suplica que se expida un auto peren-torio de mandamus dirigido al Procurador General Interino Luis Negrón Fernández “ordenándole reponer inmediata-mente al demandante en el cargo de Fiscal de la Corte Su-prema de Puerto Rico.” Y, además, que se expida el auto alternativo correspondiente y usual en estos casos.

Concedimos término al peticionario y al demandado para que radicaran alegato sobre la procedencia de expedir el auto alternativo, y así lo han hecho.

A nuestro juicio los hechos alegados no justifican que ex-pidamos el auto de mandamus solicitado por los motivos siguientes:

La petición está predicada bajo la teoría de que el nombramiento para un cargo que no está comprendido en el Servicio Civil Clasificado, como no lo está el del peticionario concede a la persona nombrada un “status como funcionario público con derecho a permanecer en su puesto ’7 por un término fijo, no obstante que la Legislatura haya abolido dicho cargo. Y esto no es así ni aún en relación con aquellos cargos comprendidos en el Servicio Civil Clasificado cuando la abolición ha sido hecha por la Legislatura de buena fe. Así lo resolvimos en Cruz v. Buscaglia, Tes., 61 D.P.R. 737, 746, diciendo:

“. . . Es doctrina bien sentada la de que cualquier cargo pú-blico comprendido dentro del Servicio Civil Clasificado puede ser abolido de buena f© por la Legislatura, pues las leyes de Servicio Civil no garantizan a ningún empleado público el derecho a ocupar un puesto que ya no es necesario. State ex rel Voris v. Seattle, 74 Wash. 199, 133 Pac. 11; 4 A.L.R. 198; State ex rel Ware v. Sewerage & Water Board, 160 L. 251, 106 So. 845; Anotación 37 A.L.R. 816. ...”

Los casos resueltos por esta Corte sosteniendo la doc-trina de que la abolición de un cargo y la creación de otro con distinto nombre pero con los mismos deberes y obliga-ciones, no priva al incumbente del primero del derecho a ser designado para el segundo, han sido casos no sólo de cargos o empleos dentro del Servicio Civil Clasificado, sino que los hechos han demostrado que el funcionario o empleado había adquirido un" status de permanente en dicho Servicio. Véanse Cruz v. Buscaglia, supra; Rosario, v. Cuevas, Comisionado, 60 D.P.R. 470; Géigel Polanco v. Rivera Martinez, 48 D.P.R. 124 y Romero v. Gore, 46 D.P.R. 408.

Con las limitaciones que la Ley de Servicio Civil con-tiene para la protección de aquellos funcionarios o emplea-dos que tengan reconocido un status permanente dentro del Servicio Clasificado no existe, pues, lo que el'peticiona-rio califica de su “status como funcionario público con de-recho a permanecer en su puesto” por un término fijo, si la Legislatura lia tenido a bien abolir su puesto. Veamos, por tanto, si esto ba sido hecho en el caso del peticionario.

Los hechos alegados en la petición demuestran que al caso de autos no son aplicables la doctrina expuesta-en esta jurisprudencia y en otra similar citada por el peticionario en su alegato.

El cargo de Fiscal del Tribunal Supremo fue creado, originalmente, a virtud de la Orden General Núm. 118 del 16 de agosto de 1899 promulgada por el Brigadier General Davis, la cual, en su artículo 2 al crear esta Corte dispuso que la misma “tendrá también un fiscal.” Posteriormente la Legislatura de Puerto Rico, al aprobar el Código Político el primero de mayo de 1902, dispuso, en su artículo 66, que: “El Attorney General podrá nombrar dos Attorneys General auxiliares, quienes bajo su dirección le ayudarán en sus funciones, y uno de los cuales asistirá a la Corte Suprema como Fiscal de la misma.”

No fue hasta el año 1912 que la Legislatura de nuevo le-gisló en cuanto al cargo y por la sección 2 de la Ley núm. 39 de 7 de marzo (Leyes de 1912, pág. 75), dispuso que: “El Gobernador con el consentimiento del Consejo Ejecu-tivo, nombrará un Fiscal del Tribunal Supremo, por un pe-ríodo de cuatro años.” Las secciones 3, 4 y 5 de esta ley proveían en cuanto a las cualifieaciones, deberes, obligacio-nes y el sueldo de dicho fiscal.

No creemos necesario entrar a considerar y resolver la cuestión planteada por el demandado en su alegato, de si el artículo 14 de la Carta Orgánica, aprobada el 2 de marzo de 1917, tuvo el efecto de derogar, implícitamente, la Ley núm. 39 de 1912, ya que ésa no es la cuestión que con-frontamos a virtud de las alegaciones de la petición.

Sí confrontamos el hecho de que por el artículo 1 de la Ley núm. 270 de 14 de mayo de 1945 (pág. 945) la Legisla-' tura expresamente derogó las secciones 2, 3, 4 y 5 de la Ley núm. 39 de 1912, aboliendo así el cargo de Fiscal de esta Corte. El artículo 2 de esta ley dispone que: “Por la pre-sente se crea en el Departamento de Justicia el cargo de Procurador General Auxiliar, guien será, además, Fiscal del Tribunal Supremo de Puerto Rico.” (Bastardillas nuestras.) El artículo 3 crea, en el mismo Departamento, un cargo de Oficial Jurídico Ayudante del Procurador General Auxiliar, quien será, además, Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Continúa la ley especificando los deberes y obligaciones de estos dos funcionarios y disponiendo que sus sueldos se incluirán anualmente en el Presupuesto General de Gastos del Gobierno de Puerto Rico.

¿Puede sostenerse que el cargo de Procurador General Auxiliar, quien será, además, Fiscal del Tribunal Supremo, creado por la Ley núm. 270 de 1945, es el mismo cargo de Fiscal del Tribunal Supremo abolido por dicha ley y que fuera creado por la núm. 39 de 1912? Aun cuando los de-beres y obligaciones de ambos cargos sean similares o aun iguales, creemos que no lo son. El Fiscal de esta Corte creado por la Ley 39 era un funciónario nombrado por el Gobernador de Puerto Rico con la aprobación del Consejo Ejecutivo, ahora el Senado de Puerto Rico, por un término de cuatro años. El nuevo cargo de Procurador General Auxiliar y Fiscal de esta Corte, se crea como un subalterno del Procurador General y es nombrado por éste sin término fijo, y, por tanto, el incnmbente del mismo podrá ser susti-tuido por el Procurador General a su voluntad. No se li-mitó, por tanto, la Legislatura, como alega el peticionario, “a verificar una leve alteración en la designación oficial del cargo,” sino que varió, fundamentalmente, la forma de su nombramiento y el término del mismo. Y cuando exista la más leve diferencia entre dos cargos, no por su designación oficial, sino en cuanto a su naturaleza, no puede sostenerse que el cargo anterior no fia sido abolido. Aceptando, a los fines de la argumentación, que el peticionario, según alega, no hubiera podido ser destituido sin la formulación de car-gos, ese hecho no impedía a la Legislatura abolir su puesto.

Como se dijo en el caso de Newton v. Commissioners, 100 U. S. 548, 559; “El poder legislativo de un Estado ex-cepto en cuanto está limitado por su propia Constitución, es en todo momento absoluto en cuanto a todos los cargos a su alcance. Puede, a su voluntad, crearlos o abolirlos o mo-dificar sus deberes. Puede asimismo, acortar o extender su término.”

Este poder puede ser ejercitado en. cualquier momento y aun cuando el cargo esté ocupado por un incumbente debi-damente electo o nombrado. A este efecto la Corte Su-prema Nacional en el caso de Butler v. Pennsylvania, 10 How. 402, 416 (1850), expuso la doctrina, ratificada y acep-tada hasta el presente de que “en todo gobierno debida-mente constituido y competente para ejercitar sus funciones debe existir un poder general para aprobar y para derogar leyes; así como para crear, cambiar o descontinuar los fun-cionarios designados para la ejecución de esas leyes. Tal poder es indispensable para la preservación del cuerpo po-lítico, y para la seguridad de los individuos en la comuni-dad. Es cierto que este poder, o el alcance de su ejercicio, podrá ser controlado por la más alta ley orgánica o consti-tución del Estado, como ocurre en algunas constituciones es-taduales, .... pero donde no se impone tal restricción, el poder descansa únicamente -en la discreción del gobierno. . . Ya hemos demostrado que el nombramiento y la duración de un cargo público, y la determinación de la compensación asignada al mismo, no cae dentro del significado de la sec-ción de la Constitución que invocan los demandantes ape-lantes; no están incluidos dentro del concepto del término contratos, o, en otras palabras, en los derechos privados per-sonales adquiridos (vested) que por ella se intentan prote-ger. Son funciones pertenecientes a esa clase de poderes y obligaciones a virtud de los cuales los gobiernos pueden, y se les requiere, fomentar y promover él bienestar público; funciones, por consiguiente, que no puede presumirse que han sido renunciadas por cualquier gobierno, si en verdad pudiera bajo cualquier circunstancia justificársele en renun-ciarlos.” (Bastardillas nuestras.)

Está firmemente establecido, pues, que al abolir un cargo creado por la Legislatura no se priva al in cumbente de nin-gún derecho constitucional. No existe ningún derecho contractual o interés de propiedad en relación con la aceptación de un cargo de creación legislativa y el incumbente lo acepta bajo el entendido de que el mismo puede ser abolido en cual-quier momento. Véanse al efecto 42 Am. Jur. 904, Public Officers, Sec. 33, y las monografías en 4 A.L.R. 215 y 37 A.L.R. 815.

En el caso de House v. Creveling (1923) 147 Tenn. 589, 250 S. W. 357, se resolvió que la Legislatura puede adoptar un nuevo sistema de gobierno para tales instituciones o de-partamentos del estado que no estén protegidos por la Cons-titución y puede abolir el plan anterior y los cargos creados para la administración de ese plan, en su totalidad o en parte.

La Legislatura de Puerto Rico en su última sesión, ade-más de aprobar la Ley núm. 270, supra, concedió al Procu-rador General amplios poderes para reorganizar la Rama Ejecutiva de su Departamento al asignar en el Presupuesto de Gastos para el año económico 1945-46 una suma global de $152,168 para el pago de “Sueldos para otros funciona-rios y empleados,” habiendo fijado la Legislatura en el mismo, únicamente, el sueldo del Procurador General, el de un Juez de Distrito General y los del Procurador General Auxiliar quien será además Fiscal del Tribunal Supremo y el Oficial Jurídico Ayudante del Procurador General Auxi-liar quien será además Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo. Es de notarse que en los presupuestos anteriores los sueldos del Fiscal y Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo se fija-ban, no como formando parte de la Rama Ejecutiva del De-partamento de Justicia, sino en la Rama Judicial.

La actuación legislativa al variar, no sólo el título del cargo, sino la forma de su nombramiento y su tér-mino, y por legislación coetánea conceder amplias facultades al Procurador General para reorganizar en otros aspectos el funcionamiento ejecutivo de su departamento, es indicio de que la intención legislativa fue, no sólo abolir el cargo de Fiscal, tal y como existía, sino crear de nuevo uno de los cargos de Procurador General Auxiliar tal y como existía a virtud del artículo 66 del Código Político y que dicho fun-cionario sea un subalterno del Procurador General.

Bn cnanto a la sabiduría, conveniencia o motivos que baya tenido la Legislatura para actuar en la forma en que lo ba hecho, no concierne a la rama judicial, dentro de nues-tro sistema de separación de poderes, entrar a investigarlos o discutirlos. Santaella v. Garrido, Comisionado, 50 D.P.R. 147, 157; Yancey v. Hyde, supra.

Al abolirse el cargo de Fiscal del Tribunal Supremo y crearse el de Procurador General Auxiliar, quien será, ade-más, Fiscal de esta Corte, variando totalmente su término y la forma de su nombramiento y no existiendo prohibición alguna en nuestra Carta Orgánica a que esto pueda hacerse por la Legislatura, somos de opinión que el demandado no tiene el deber ministerial de nombrar al peticionario para el nuevo cargo creado.

Por los motivos expuestos, no ha lugar a expedir ’el auto solicitado.

       La sección 4 de la Ley de Servicio Civil, en lo pertinente, dispone:
      “Sección 4. — Servicio No Clasificado. El Servicio no Clasificado compren-derá:

        “(a)*

      “(&) Todos los funcionarios nombrados por el Gobernador mediante el con-curso y consentimiento del Senado.”

        En el caso de Sárraga v. Sancho Bonet, Tes., 56 D.P.R. 892, se resolvió, y copiando del sumario, que:
      "Al ser separado de su cargo, un empleado no incluido en el Servicio Civil Clasificado no tiene dereelio a la protección que a los comprendidos en esa clasifi-cación brinda la Ley de Servicio Civil núm. 88 de 1931 (pág. 535) en cuanto a serlo por justa causa y mediante oportunidad de ser oído en su defensa.” ■
      Al mismo efecto, véase Rodríguez v. Buscaglia, 63 D.P.R. 490.

      Y aun en cuanto a dicha ley, la Legislatura puede derogarla o limitar su alcance. Cruz v. Buscaglia, supra.

      E1 artículo 14, en lo pertinente, dispone que:
      "El Fiscal General tendrá a su cargo la administración de justicia en Puerto Rico; será el consejero legal del Gobernador y de los jefes de departa-mento, y será responsable de la debida representación del pueblo de Puerto Rico o de sus funcionarios debidamente constituidos, en todas las demandas y procesos, civiles o criminales, ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en los cuales el pueblo de Puerto Rico esté interesado o sea parte; . . . ”

      Se ha resuelto que el poder de la legislatura para abolir cargos creados por ella, no está limitado por una disposición en la Constitución para el residen-ciamiento y remoción de funcionarios. Hawkins v. Roberts & Son, 122 Ala. 130, 27 So. 327; State ex rel. Yancey v. Hyde, 129 Ind. 296, 28 N.E. 186.

      Nuestra Carta Orgánica no contiene limitación alguna a este respecto. Por el contrario su sección 40 dispone, en parte, que:
      “El poder judicial residirá en las cortes y tribunales de Puerto Eieo ya establecidos y en ejercicio de acuerdo y por virtud de las leyes vigentes. La jurisdicción de dichos tribunales y los trámites seguidos en ellos, así como los distintos funcionarios y empleados de los mismos, continuarán como al presente hasta que otra cosa, se disponga por ley; ...” (Bastardillas nuestras.)

      Que nuestra Legislatura ha ejercitado este poder en otras ocasiones lo demuestra la Ley núm. 58 aprobada el 29 de abril de 1930, a virtud de la cual se declaró vacante el cargo de juez de cada una de las cortes d,e distrito de Puerto Eico y se varió el término de dicho cargo de cuatro años a diez años.

      Véase Higginbotham v. Baton Rouge, 306 U.S. 535, 538 (1939) en el cual también se cita con aprobación el de Newton v. Commissioners, supra.


text:
    The Fajardo Sugar Growers Association, demandante y apelante, v. Vicente Rosa, demandado y apelado.
    Núm. 9100.

    Sometido: Junio 1, 1945.

      Resuelto: Julio 20, 1945.

      Adolfo García Veve, abogado de la apelante; Cruz Ortiz Stella, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Es ésta nna acción de desahucio en precario incoado por The Fajardo Sugar Growers Association contra Vicente Eosa, quien había sido trabajador de dicha entidad. La Corte de Distrito de Humaeao declaró con lugar una moción de sobreseimiento (nonsuit) del demandado fundada en que la prueba de la demandante demostró que existía una incon-gruencia en cuanto a la causa de acción ejercitada, ya que de la misma se desprendía que el demandado no ocupaba la casa objeto del litigio en precario sino a virtud de un con-trato verbal de servicios y arrendamiento. La corte inferior resolvió que no procedía el desahucio en precario por tra-tarse de un caso de la exclusiva jurisdicción de la corte municipal. La demandante apeló y sostiene en este recurso que la corte erró al resolver que la posesión de la casa por el demandado surgía de una relación contractual y no de su mera liberalidad o tolerancia, y alega que la prueba presen-tada por ella demostró que la casa fue entregada al deman-dado por pura conveniencia y no a virtud de un contrato.

Veamos, en síntesis, la prueba presentada por la demandante.

Biehard C. McConnie declaró ser jefe de campo de la demandante desde hacía veintiséis años; que la demandante tiene un caserío en la finca Paulina de su propiedad; que las casas las ocupan trabajadores de la demandante y que sólo podían ocuparlas siempre y cuando trabajaran para la demandante; que era condición de su trabajo que “de un lado ellos debían prestar servicios de trabajadores” de la demandante y “que a cambio de su trabajo ellos recibirían un jornal y el derecho a ocupar las casas”; que los obreros no pagan a la demandante canon de arrendamiento alguno por las casas; que a los trabajadores que viven casas se les paga un jornal igual o mejor que los que viven fuera; que los trabajadores que viven las casas son escogidos por ser los mejores del barrio y se les da casa para tenerlos cerca del trabajo.

Rogelio Díaz, mayordomo de la finca Paulina, declaró qne conoce al demandado qne trabajaba con la demandante y vive nna de las casas de la demandante; qne el le dio la casa al demandado para vivirla; qne el demandado no paga nada por la casa qne‘es nna de las qne se dan a los traba-jadores “para qne trabajen en la finca con más comodidad para ellos y para nosotros también”; qne les dan las casas mientras trabajan para la firma; qne el demandado ya no trabaja en la finca hace ocho meses; qne le ha requerido |>ara que desocupe la casa y se ha negado; que esas casas se las dan a los trabajadores “para más beneficio de nosotros, de la finca y de ellos”; qne él le dió la casa al demandado para qne trabajara con la compañía.

La prueba documental demostró qne la finca Paulina y las casas pertenecen a la demandante.

Somos de opinión que la corte inferior no erró al resolver qne la prueba de la demandante demostró qne no existía nna cansa de acción de desahucio en precario contra el deman-dado.

Es innegable 'que la casa fné dada al demandado por ra-zón de la relación contractual qne existía entre él y la asocia-ción demandante. Así se desprende claramente de la prueba. Al declarar el Sr. McConnie que los obreros podían ocupar las casas siempre y cuando fueran trabajadores de The Fa-jardo Sugar Growers Association y qne cuando dejaran de serlo, cesaba el derecho a vivir las casas, y que las casas se les daban a los mejores trabajadores, y al declarar el Sr. Díaz qne la Asociación daba las casas a los trabajadores mientras trabajaban en la finca y qne lo hacían para mayor beneficio de ambas partes, es obvio qne no fné la mera libe-ralidad o tolerancia de la demandante la qne originó la po-sesión del demandado, sino el hecho de ser mutuamente be-neficiosa para las partes el que el demandado tuviera derecho a dicha posesión. •>

El artículo 1477 del Código Civil dispone que:

“La despedida de los empleados de labranza, menestrales, artesa-nos y demás trabajadores asalariados a que se refieren los artículos anteriores, da derecho para desposeerlos de toda herramienta y edi-ficios que ocuparen por razón del contrato.”

De acuerdo con este artículo, según ha sido interpretado,, el inmueble puede ser ocupado por el empleado bien por razón de su cargo o bien como parte de su salario, depen-diendo del contrato que tenga celebrado con su patrono.

Al comentar Scaevola su equivalente en el Código Civil Español, art. 1587, dice lo siguiente:

“Como denominador común de todos los numeradores preceden-tes que componen la sección, decreta el artículo 1587 que la despe-dida de los criados, sean domésticos o agrarios, menestrales, artesa-nos y demás trabajadores asalariados da derecho al arrendatario (amo, patrono o contratista) para desposeerles de la herramienta que usaren o de los edificios que ocuparen en razón de sus servicios. No es así precisamente como lo dice el texto legal; pero así es como debe, en-tenderse, prescindiendo de críticas menudas de dicción.
“La doctrina del artículo es diáfana y requiere muy pocas acla-raciones.
“El hecho determinante de la desposesión es la despedida, en cuya acepción se comprenden los dos modos activo y pasivo de la resolución (justa o injusta) del contrato: despedirse el trabajador; ser despedido por el amo o patrono.
“También la despedida de los criados, menestrales y trabajadores a salario da derecho para lanzarlos de los inmuebles que ocuparen por razón de su cargo o como parte de su remuneración. Una juris-prudencia muy copiosa afirma que en el hecho de la despedida va contenido el término del arrendamiento de servicios y el consiguiente derecho al lanzamiento- del criado o del obrero. El procedimiento para privarles de la posesión de las habitaciones que ocuparen es él juicio de desahucio .... (Bastardillas nuestras.) Código Civil, Tomo 24, 2da. Parte, págs. 63-64 (Ed. 1915).

Y Manresa, en sus Comentarios al Código Civil, Tomo X, págs. 669-670, Cuarta Edición (1931) hace referencia a la jurisprudencia española sobre el particular:

“Según la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de Junio de 1898, es competente, para conocer del desahucio que se desprende del art. 1.587, el Juez municipal respectivo, porque no teniéndose él edi-ficio en precario, sino en virtud del arrendamiento de servicios y como parte de pago de los mismos, cumple el término estipulado en el con-trato con la despedida del criado o trabajador, y, por lo tanto, corres-ponde conocer al Juez municipal, según el núm. I9 del art. 1.562 de la ley de Enjuiciamiento civil, sin necesidad de acto de concilia-ción ni de concesión de previo plazo.” (Bastardillas nuestras.)

Véanse además las sentencias de 9 de septiembre de 1901, de 22 de enero de 1907 (106 J. C. 52), de 2 de diciem-bre de 1902 (94 J. C. 604), 5 de febrero de 1903 (95 J. C. 214), 11 de julio (98 J. C. 830) y 12 de diciembre de 1904, 12 de enero (100 J. C. 56), 7 de mayo, 8 de julio (102 J. C. 87), 5 y 20 de agosto de 1905 (102 J. C. 229; 102 J. C. 235), 10 de marzo (103 J. C. 556) y 20 de noviembre de 1906 (105 J. C. 734) y 28 de octubre de 1907.

No erró, por consiguiente, la corte a quo al declarar con lugar la moción de sobreseimiento. En el caso de Suárez v. Saavedra, 52 D.P.R. 684, 690, se dijo:

“En las cortes insulares no existe el juicio por jurado en casos civiles. Un juez de distrito, al resolver una moción de nonsuit, no está impedido de hacer las inferencias que de la prueba sean razo-nables y propias. Rosado v. Ponce Ry. & Light Co., supra.' Sin embargo, al hacer tales inferencias debe tener presente que, según se indicó en el caso de Rosado, ‘las mociones de sobreseimiento deben ser consideradas con cautela y concederse únicamente en aquellos casos que son completamente claros.’ Desde luego, tampoco debe estar en un error en lo que respecta a la ley aplicable a los hechos que tiene ante sí. Si en el presente caso fuera claro que no existiera ningún error de hecho o de derecho y que él resultado hubiese sido él mismo de haberse declarado sin lugar la moción de nonsuit, no habría motivo alguno para la revocación de la sentencia.” (Bastar-dillas nuestras.)

En el caso de autos de haberse declarado sin lugar la moción de nonsuit y presentado prueba por el demandado, el resultado hubiese sido el mismo ya que la controversia planteada por su contestación fué al efecto de que “ocupa dicha casa bajo contrato verbal de arrendamiento celebrado con la demandante a virtud del cual el demandado podía ocupar dicha casa mientras trabajaba para el demandante” o sea precisamente lo que demostró la prueba de la apelante.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Snyder

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Enrique Rivera Rivera, acusado y apelante.
    Núm. 10733.

    Sometido: Junio 6, 1945.

      Resuelto: Julio 20, 1945.

      Mariano Acosta Telar de y Donald R. Dexter, abogados del apelante; R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, y Luis Negrón Fer-nández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

El acusado manejaba y conducía una locomotora de la American Bailroad Co. que arrolló y cansó la muerte de Petrona Cruz en nn paso a nivel de un camino vecinal. Como resultado de ello el Fiscal acuso al apelante de homicidio involuntario, alegando la acusación que manejaba y conducía la máquina que arrolló y ocasionó la muerte de la interfecta “sin observar la debida prudencia y circunspección”. Ar-tículo 203, Código Penal, ed. 1937. El pliego de especifica; ciones radicado por el Fiscal decía que “La negligencia del acusado consistió en conducir a velocidad exagerada la loco-motora, no reducir dicha velocidad, ni dar aviso de clase alguno, no obstante- acercarse a un paso a nivel.” El acu-sado fué juzgado en la corte inferior por tribunal de de-recho; se le declaró convicto y sentenciado a seis meses de cárcel; y el caso se encuentra ante nos en apelación contra la sentencia condenatoria. Examinaremos primeramente el alegado error de que la evidencia fué insuficiente como cues-tión de derecho para establecer la culpabilidad del acusado.

La prueba del Fiscal fué que la interfecta retornaba de un sitio donde había obtenido una lata de agua que llevaba sobre su cabeza; que iba por un camino vecinal que conducía a su casa y que intersectaba la vía de la American Railroad Co.; que el ruido del tren que se acercaba podía oírse a una distancia de por lo menos S'esenta metros; que si bien ciertos automóviles hacían ruido, predominaba el ruido del tren que se acercaba, afirmando aún algunos de los testigos que ellos “sintieron” el tren; que el tren podía oírse y observarse fácilmente a sesenta metros del paso a nivel por una persona que, como la interfecta, cruzara la vía de izquierda a derecha, porque (a) las vías entraban al paso a nivel curveando a la derecha, (b) la curva.no era cerrada y (c) no existían obstáculos naturales que obstruyeran la visibilidad del tren que venía por la curva. Las fotografías introducidas en evidencia reafirman el hecho de que un tren que viniera por la curva podía fácilmente observarse desde el paso a nivel.

Los testigos del Fiscal también declararon qne no había guardabarrera en el paso a nivel, que el tren venía “ligero”, que paró “lejísimos” del accidente, y que el pito de la loco-motora se tocó, bien antes o al momento del accidente. Pero todas estas personas estaban dentro o en los patios de unas casas ubicadas algunos metros distantes de las vías cuando ocurrió este episodio. Y és difícil suponer que el tren, que se había parado para coger agua de un tanque que se en-contraba aproximadamente a 250 metros de la curva, pu-diera haber desarrollado considerable velocidad cuando llegó al sitio del accidente, que era sólo sesenta metros después de la curva. Los testigos del acusado calcularon la veloci-dad del tren de 18 a 20 kilómetros por hora, siendo éste un estimado más preciso y razonable, bajo las circunstancias, que el hecho por las personas quienes, sentadas en sus casas contiguas a la vía, vagamente dijeron que venía “ligero”.

Pero, aparte de las cuestiones de la velocidad del tren y la alegada falta del acusado de tocar el pito según se le im-puta en el pliego de especificaciones, y suponiendo que el acusado manejara el tren a una velocidad excesiva y de que no tocó el pito lo suficientemente antes, todas las circunstan-cias de este caso, según lo presentan los testigos del Pueblo, nos compelen a concluir que estos alegados actos del acusado no fueron la causa próxima del accidente; sino que al con-trario, la muerte de la interfecta fue causada exclusivamente por su propia negligencia.

En Pueblo v. Guadalupe, 62 D.P.R. 262, dijimos que: “La regia está bien establecida que ‘una muerte causada por la negligencia criminal del acusado constituye homicidio, aun-que la falta de debido cuidado de la víctima contribuyera o no al accidente.’ Warren on Homicide, Sección 121, pág. 546. La negligencia contribuyente, en breve, no es una defensa como tal contra una acusación criminal de homicidio invo-luntario. Pueblo v. Francis, 19 D.P.R. 692; Biscamp v. State, 154 S. W.2d 466 (Texas, 1941); Click v. State, 164 S. W.2d 664 (Texas, 1942); State v. Leopold, 147 Atl. 118 (Conn., 1929). Según se señaló en Pueblo v. Francis, snpra, la negligencia de la víctima exoneraría al acusado de res-ponsabilidad criminal únicamente si dicha negligencia fuese la única causa de su muerte(Bastardillas nuestras).

Aquí la interfecta era una señora de 58 años de edad que llevaba sobre su cabeza una pesada lata de agua. No bay controversia en cuanto a que ella tenía una clara visi-bilidad del tren que estaba a 60 metros y que bacía tanto ruido que algunos de los testigos del Pueblo dijeron que se podía “sentir”. Toda vez que la prueba demostró que ella -no era sorda, indudablemente oyó el tren según lo oyeron todos los otros circunstantes. Pero insistió en cruzar la vía cuando venía el tren y fue arrollada y muerta. Forzoso es’ concluir por tanto, que con la lata sobre su cabeza, no po-día moverla completamente a la derecha y ver cuán peligroso era tratar de cruzar en dicho momento. Por el contrario, aparentemente trató de medir la distancia entre el tren y el cruce guiándose iónicamente por el sonido y erró en su cálculo. En resumen, su negligencia al oír solamente y no mirar, fue la única y próxima causa del accidente. Véase Pueblo v. Rodríguez, 47 D.P.R. 600.

La apreciación que hemos hecho de la prueba del Fiscal hace innecesario examinar los otros errores señalados por el acusado.

La sentencia de la corte de distrito será revocada, y se-dictará otra absolviendo al acusado.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


author: El Juez Asogiadío Señor Shydbr

text:
    Autoridad de Tierras de Puerto Rico, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Aguadilla, recurrido.
    Núm. 1167.

    Sometido: Junio 11, 1945.

      Resuelto: Julio 20, 1945.

      Francisco A. Arrillaga y Aureliano Rivas Rosario, abogados de la re-currente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asogiadío Señor Shydbr

emitió la opinión del tribunal.

La Autoridad de Tierras de Puerto Rico adquirió mediante permuta una finca de Francisco L. Raffucei. Citando el in-ciso sexto del artículo 9 de la Ley Hipotecaria, el Registra-dor denegó la inscripción de la escritura de permuta por el fundamento de que se había omitido el nombre y apellido de la persona de quien Raffucei inmediatamente adquirió el inmueble objeto de la permuta. La Autoridad de Tierras ha entablado este recurso gubernativo contra la nota del Registrador.

ELineiso sexto del artículo 9 y el artículo 75 del Regla-mento son las disposiciones legales pertinentes a este caso. Dicen como sigue:

“Artículo 9. — Toda inscripción que se haga en el Registro expre-sará las circunstancias siguientes:
“6a. — El nombre y apellido de la persona o el nombre de la corporación o persona jurídica de quien procedan inmediatamente los bienes o derechos que deban inscribirse.”
“Artículo 75. — La inscripción de cualquier especie se extenderá por el orden siguiente:
‘ ‘ * # * # # * * “Tercero. — Nombre y título de adquisición del que transfiera el derecho o el nombre de la corporación o persona jurídica de quien proceda inmediatamente. ”

Parece claro que estos artículos no exigen que se exprese en una escritura de transmisión de dominio el nombre- y apellido de la persona de quien el transmitente adquirió su título. La resolución de la Dirección General del Registro de la Propiedad de 6 de marzo de 1884 sostiene lo contrario que la nota del Registrador. Esta resolución, según se ex-tracta en el Diccionario de Jurisprudencia Hipotecaria de España, por Carlos Odriozola, dice como sigue:

“La circunstancia sexta del artículo 9 de, la Ley Hipotecaría, que ha de constar en todas las inscripciones, es el nombre y apellido de la persona de quien procedan inmediatamente los bienes o derechos, o sea, el del que transmite o grava y no el de su causante por lo que expresado en la escritura el nombre del que constituye la .hipoteca aparece ya cumplido lo que exige el artículo 9, sin que sea necesario consignar además en la inscripción, el nombre y apellido del dueño anterior de la finca.” (Pág. 619).

Dato, Repertorio Doctrinal y Legal de la Jurisprudencia Civil, liacé un comentario similar en el tomo 6, pág. 205:

“Ni la circunstancia 6“ del artículo 9' de la Ley Hipotecaria alude al causante de la persona que transmite el dominio o derecho real, sino al mismo transferente, ni la omisión del título de adquisi-ción exigido por el núm. 3° del art. 29 del Reglamento, impide se haga constar en la inscripción, consultando los datos de la oficina, como lo declaró la Dirección general 'en 6 de max-zo de 1884.”

Manuel Martínez Escobar, considerando esta cuestión en su obra Las Inscripciones, tomo II, a la pág. 203, se expresa así:

“Las inscripciones contendrán, además de las circunstancias in-dicadas en los tres capítulos precedentes, el nombre y apellido de la persona, si fuese determinada (art. 99 n9 59 de la Ley), y no siéndolo, el nombre de la corporación o el colectivo de los interesados a cuyo favor se hace la inscripción.
“Contendrán, asimismo (n9 69), el nombre y apellido de la peiv-sona, o el nombre de la corporación o persona jurídica de quien pro-cedan inmediatamente los bienes o derechos que deban inscribirse.
“En todas ellas, sea cual fuere su especie, se expresará, entre otras cosas, el nombre y título de adquisición del que transfiera el derecho o el nombre de la corporación o persona jurídica del que proceda inmediatamente (art. 75, ng 39, del Reglamento), y el nom-bre de la persona, entidad, colectividad o corporación a cuyo favor se transfiera (n9 5°).
“Más claro: los nombres del fransferente y del adquirente del derecho que se inscriba.” (Subrayado en el original).

- Gralindo y Eseosura, en sus Comentarios a la Legislación Hipotecaria de España, tomo 2, a las págs. 337 y 338, dicen:

“Respetando la autorizadísima opinión de tan eminente, Juriscon-sulto, no nos deja convencidos. Aunque no haya transmisión, hay constitución de un derecho; y éste procede de la persona que es dueño de la finca, cuyo nombre es el que, según el número 6’, ha de hacerse constar en la inscripción. Si efectivamente no fuera po-sible, como entendía la Serna, indicar en las inscripciones de hipo-teca, la persona de quien procede, se hubiera hecho la excepción en el art.. 99 y no en el 30; pero como en aquél no se exceptúa, segui-mos creyendo, no obstante las razones alegadas por el más autori-zado de los Expositores de la Ley, que la inscripción hipotecaria puede y debe contener, con arreglo al núm. 69 del art. 9?, el nombre y apellido de la persona de quien procede el derecho de hipoteca. (Y. Res. de 24 Ab. 1883).
“Pudiera salvarse el precepto de la Ley, si por las palabras ‘la persona de quien procedan inmediatamente .los bienes o derechos que deban inscribirse', no se entendiera que se designaba al otorgante del contrato, sino a su antecesor; a aquel de quien había recibido los bienes o derechos el que los gravaba. Entonces se comprendería la excepción; al hipotecar el dueño la finca a la seguridad del prés-tamo, creaba un derecho real que no había recibido de nadie, que por lo tanto no procedía de nadie; cosa que no puede suceder en la translación de inmuebles, porque las fincas no se crean, salvo casos muy especiales, y no olvidando que los edificios se consideran como accesorios del suelo. Así, pues, vendiéndose una heredad, es circuns-tancia precisa decir de quién la ha adquirido el enajenante, si por herencia de Antonio, si por compra de Pedro; pero como el derecho hipotecario que se constituye no se había heredado ni comprado de nadie, sino que se creaba en. aquel momento, sería imposible cumplir semejante requisito.
“Pero esta interpretación no es admisible: la persona de quien proceden inmediatamente los bienes o derechos que se han de ins-cribir, no es el causante del que contrae, sino el mismo que contrae; del causante, la procedencia es mediata. (V. Res. de 24 Nov. 1882).
"... Resultaría además, de aceptarse esta inteligencia de. la cir-cunstancia 6a., un vacío inexplicable en los preceptos del art. 9Q, si las palabras ‘persona de quien procedan inmediatamente los bienes’, designaran, no al que contraía, sino a su causante; habría olvidado la Ley exigir como requisito necesario en las inscripciones el nombre de uno de los contrayentes, y esa omisión sí que entrañaría causa más justa de nulidad, que la del nombre del causante del que ena-jenaba o gravaba.’’

Finalmente, este Tribunal en Pereira v. Registrador, 20 D.P.R. 62, empleó el siguiente lenguaje a la pág. 64:

“Además, al decir el número 6 del artículo 9 de la Ley Hipote-caria que en la inscripción se hará constar el nombre y apellido de la persona, o el nombre de la corporación o persona jurídica de quien procedan inmediatamente los bienes o derechos que deban inscri-birse, no hace referencia a su causante, por lo que conteniendo la escritura de cuya inscripción se trata todos aquellos requisitos, no puede sostenerse que contenga defecto subsanable ni insubsanable porque en ella no se haya expresado el título de adquisición de la persona que transmite el derecho, ya que la omisión de esa circuns-tancia no impide que el registrador la haga constar en la inscripción, consultando los antecedentes de su oficina a fin de cumplir con el número 3 del artículo 75 del reglamento para la ejecución de dicha ley.’’

La nota del registrador será revocada y se le ordenará que inscriba la escritura de permuta sin defecto alguno.

       Véanse también los artículos 21 y 30 de la Ley Hipotecaria.

      E1 artículo 29, inciso tercero que se menciona loe así:
      “Artículo 29.~La inscripción de cualquier especie se extenderá por el orden siguiente:

        ( ( -X- ir -X-
      “3o. — El nombre y título de adquisición del que transfiere el dereclio.’’

      E1 Registrador descansa principalmente en un párrafo de nuestra opinión en Ubiñas González v. Registrador, 64 D.P.R. 487, que dice como sigue:
      “No cabe dudar que si se tratase de la venta o transmisión del dominio de la finca, el Registrador estaría justificado no sólo en consignar el defecto de no expresarse en la escritura el título de adquisición del vendedor, sí que también en denegar la inscripción, toda vez que ésta sería nula si se practicara sin haberse cumplido con el indicado requisito legal.”

        Pero al leerse dicho lenguaje junto a toda la opinión y a la luz de lo que resolvimos en el caso de miñas — alli se resolvió que una escritura de hipoteca-no necesitaba indicar el nombre de la persona ¿e quien el hipotecante adquirió la finca — claro es que no tiene el alcance que le atribuye el Registrador. Para evitar cualquier otra posible confusión, añadimos que ahora resolvemos que el nombre y apellido de la persona de quien el transmitente adquirió no tienen que expresarse en una escritura transmitiendo el título.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Sucesores de Conrado Díaz, demandante y apelada, v. Eufrosina Cianchini Viuda de Santiago, demandada y apelante.
    Núm. 8997.

    Sometido: Abril 3, 1945.

      Resuelto: Julio 28, 1945.

      Manuel A. Rivera y Leopoldo Torines García, abogados de la apelante; Erando Arjona Siaca, abogado de la- apelada.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Este caso es una secuela del de Cianchini viuda de Santiago v. Díaz, 51 D.P.R. 613, en el cual se trataba de un pleito sobre cobro de cánones de arrendamiento, figurando como demandante Eufrosina Cianchini viuda de Santiago y como demandados Julio Díaz, Sucesores de Conrado Díaz y Eurique Lanausse. Para asegurar la efectividad de la sen-tencia, en marzo del año 1932 fuéron embargadas 16 yun-tas de bueyes como de la propiedad de Sucesores de Con-rado Díaz, pero habiéndose declarado sin lugar la demanda en cuanto a ella, dicha sociedad instó este pleito en el año 1938 contra la Sra. CiancMni en reclamación de los daños y perjuicios que alega haber sufrido con motivo del embargo.

En su contestación la demandada impugna la existencia de la sociedad demandante.

La corte inferior resolvió que la demandada en el pre-sente caso estaba impedida (estopped) de negar la existen-cia de la demandante porque en el caso de Cianchini viuda de Santiago v. Díaz, supra, la demandó y le embargó bienes como suyos, y en el presente caso, a pesar de negar su exis-tencia legal, la contrademandó, de ese modo, a juicio de la corte inferior, reconociendo -su personalidad. Penetrando luego en los méritos del caso, dictó sentencia declarando con lugar la demanda y sin lugar la contrademanda.

Dada la índole de la cuestión levantada por la demandada apelante, precisa resolver, en primer término, si erró la corte inferior al llegar a esa conclusión.

Para probar su personalidad la demandante en este caso presentó en evidencia la escritura de 5 de diciembre de 1929 otorgada ante el notario Manuel A. Rivera, abogado de la Sra. Cianchini en éste y en. el caso anterior. Por esa escri-tura los hijos y la viuda de Conrado Díaz constituyeron una sociedad agrícola a la cual aportaron cierto ganado y sus respectivos condominios en una finca radicada en el barrio Jauca de Santa Isabel. Se convino que la duración de la sociedad sería de diez años.

A los efectos de controvertir esa evidencia, la demandada presentó evidencia tendente a probar que, no obstante la constitución de esa sociedad, los demandantes la habían de-jado sin efecto por la realización de actos inconsistentes con la existencia de la misma. A ese fin presentó la demandada la siguiente evidencia documental:

1. Escritura de 5 de diciembre de 1929 ante el notario José Tous Soto, otorgada el mismo día, pero horas después, a la de constitución de sociedad. En esta escritura los hijos y la viuda de Conrado Díaz, protestando ser dueños de la finca, celebraron contrato de refacción y molienda e hipoteca sobre la finca a favor de Central Aguirre, sin que para nada interviniera en dichas transacciones la sociedad constituida aquel mismo día, a pesar de que de acuerdo con la referida escritura social, incumbía a la sociedad la explotación de la finca

2. Certificación del Registrador de la Propiedad de Ponce de la cual resulta que por escritura de 23 de mayo de 1930 ante el notario Miguel Marcos Morales, Julio Díaz consti-tuyó hipoteca a favor del Crédito y Ahorro Ponceño sobre su participación indivisa en la citada finca;

3. Certificación del Registrador de la Propiedad de Ponce de la cual resulta que por escritura de 26 de febrero de 1931 ante el notario Fernando Zapater, Calixto Díaz, quien figura como socio en la escritura de 5 de diciembre de 1929 ante el notario Manuel A. Rivera, constituyó una segunda hipo-teca a favor de Moseoso Hno. & Co. sobre el condominio que aseguró le correspondía en la citada finca;

4. Escritura de 27 de agosto de 1931 ante el notario José Tous Soto por la cual los miembros de la alegada sociedad individualmente y como dueños de la finca en común proin-diviso, la hipotecaron a favor de la Central Aguirre Sugar Co.;

5. Escritura de 18 de diciembre de 1932 ante el notario Fernando Zapater por la cual las mismas personas, sin men-cionar siquiera a la sociedad denominada Sucesores de Con-rado Díaz, vendieron a Lnee & Co., S. en C., la finca de su propiedad incluyendo las plantaciones de caña existentes en la misma, etc.;

6. Dos certificaciones acreditativas de que Sucesores de Conrado Díaz no figuró como contribuyente por concepto de contribución sobre ingresos durante los años 1932-33; y

7. Dos certificaciones acreditativas de que Sucesores de Conrado Díaz no aparecía como contribuyente para fines de la contribución sobre la propiedad en el municipio de Santa Isabel durante los años -1931-32 y 1932-33.

En adición a esta "evidencia se presentó el testimonio de Juan García, contable de la Central Aguirre, ¡quien declaró que en los libros de dicha Central la cuenta de refacción re-lacionada con esta finca aparecía a nombre de “Sucn. J. C. Díaz” o “Sucn. José C. Díaz”, excepto la liquidación co-rrespondiente al mes de marzo de 1932 que aparecía a nom-bre de “Suers. J. C. Díaz”.

Esta prueba demuestra concluyentemente que si bien se constituyó una sociedad por la escritura de 5 de diciembre de 1929 ante el notario Manuel A. Rivera, esa- sociedad nunca actuó como tal, siendo repudiada desde el mismo día de su constitución por los actos de sus supuestos socios incompatibles con la existencia de la sociedad. La declara-ción que hacemos sobre la inexistencia de la sociedad no debe entenderse como que pueda afectar a un tercero que, conociendo el contrato de sociedad y no teniendo conoci-miento de estos actos a que hemos hecho referencia, hubiera contratado con ella en la creencia de que existía tal sociedad.

Pasemos a considerar ahora si erró el juez de la corte inferior al resolver que en el presente caso la. demandada está impedida {estopped) por sus propios actos de impug-nar la personalidad de la demandante.

Es verdad que en la demanda presentada en 4 de marzo de 1932 en el pleito de Cianchini viuda de Santiago v. Díaz, se hizo figurar como demandada a Sucesores de Conrado Díaz y se embargaron los bueyes como propiedad de dicba demandada. Ello se debió, como declaró el abogado de la demandante Sr. Manuel A. Rivera, en que ante él mismo, como notario, se había constituido la supuesta sociedad tres años antes por un término de diez años y naturalmente creía que la sociedad existía para aquella fecha. Ningún perjuicio se causó a Sucesores de Conrado Díaz por haberlos deman-dado bajo ese nombre ni ninguna ventaja obtuvo la entonces demandante Sra. Cianchini con haberlos nombrado así.

En lo que respecta a la contrademanda en el presente pleito tampoco puede alegarse el estoppel, pues la contrade-mandante no podía preveer que la corte inferior sostuviese su defensa de falta de personalidad legal por parte de la , demandante como en efecto no la sostuvo', y en previsión de esa eventualidad presentó la contrademanda. De todos mo-dos, si su defensa de falta de capacidad hubiese prosperado, en ese caso su contrademanda hubiese fracasado, pues no hubiera sido posible dictar una sentencia contra una entidad inexistente.

Procede, por lo expuesto, revocar la sentencia apelada y ^ en su lugar dictar otra declarando sin lugar la demanda con costas a la demandante.

El Juez Presidente Sr. Travieso no intervino.'

      En la cláusula "G-” del séptimo párrafo de la escritura de sociedad agrícola de 5 de diciembre de 1929 se convino lo siguiente:
      "Los administradores y apoderados aquí designados quedan plenamente facul-tados y autorizados para suscribir en nombre de la sociedad y usando de la fli'ma social cualquier contrato de molienda de cañas, de refacción o de garantías hipo-tecarias con la Central Aguirre Sugar Co. o con cualquier otra compañía subsi-diaria con el fin de impulsar el cultivo y negocios de la sociedad, pero no podrá cambiar en totalidad el cultivo de la caña, ni vender bienes inmuebles de la sociedad sin una autorización expresa de la mayoría de los doce socios con-tratantes.” (Subrayado nuestro.)

         Desde luego, no estamos resolviendo que no se causaron perjuicios con motivo del embargo, pues esa es una cuestión que no hemos considerado en esta opinión.


text:
    Jesús Stella Rodríguez, Hoy su Sucesión, etc., demandantes y apelantes, v. Jorge Blasini Flash, Hoy su Sucesión, etc., demandados y apelados.
    Núm. 9148.

    Sometido: Mayo 7, 1945.

      Resuelto: Noviembre 13, 1945,

      Leopoldo Tormes García, abogado de los apelantes; Raúl Matos, abo-gado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Jesús Stella y Jorge Blasini eran dueños en común pro-indiviso de la Hacienda Santa Elena radicada en G-uaya-nilla. Convinieron en disolver la comunidad y a ese efecto, por escritura de 30 de julio de 1937, dividieron la Hacienda en tres parcelas que denominaron Blasini Núm. 1, Stella Núm. 2 y Blasini Núm. 3. A Stella le fue adjudicada la parcela que lleva su nombre y a Blasini las dos restantes. La parcela Stella Núm. 2 está atravesada por un camino de-nominado “Callejón de La Bomba”, que se extiende desde la carretera de Yauco a G-uayanilla basta llegar a las fincas de Blasini. Como éste último, luego de terminada la comuni-dad, continuó utilizando el camino en relación con las fincas que poseía al norte y al este de la parcela Stella Núm. 2, Jesús Stella instó nn pleito contra él sobre negatoria de servidumbre, a fin de impedirle el tránsito por el “Callejón La Bomba”. La Corte de Distrito de Ponce desestimó la demanda y este Tribunal confirmó la sentencia por el fun-damento de que el referido callejón era un camino que el público usaba desde tiempo inmemorial y que Blasini, como cualquiera otra persona, tenía derecho a utilizarlo. Stella v. Blasini, 61 D.P.R. 372. Como consecuencia de esa sen-tencia el 3 de febrero de 1944, Stella instituyó este pleito contra la Sucesión Blasini. En la demanda, luego de re-ferirse al pleito sobre negatoria de servidumbre, se alegó que en la escritura de división de comunidad no se expresó que existiera tal servidumbre, y por el contrario, la descrip-ción de la parcela Stella Núm. 2 tendía a demostrar que el terreno ocupado por el “Callejón de la Bomba” era parte de dicha parcela; que con motivo de la referida sentencia de este Tribunal el demandante, quien luego fue sustituido por su Sucesión, había sido privado del terreno ocupado por el camino, terreno que tiene un área de 99 centésimas de cuerda; que la colindancia sur de la parcela 2, en vez de ser con terrenos de la parcela Blasini Núm. 1, según consta de la escritura de división de comunidad, lo es ahora, en virtud de la sentencia, un camino de uso público conocido por “La Bomba”; que el terreno ocupado por el camino tiene un valor de $1,000 y que el demandante tuvo que gas-tar la cantidad de $800 en el récord taquigráfico, indemni-zación a testigos, honorarios de abogado y sellos de Rentas Internas tratando de defender la propiedad de 99 centésimas de cuerda de terreno en el pleito sobre negatoria de servi-dumbre; y por último se alega que los demandados no le han satisfecho dichas sumas ni en todo ni en parte. A base de estos hechos solicitó sentencia condenando a los deman-dados solidariamente a pagarlo la suma de $1,800, o sea, $1,000 valor del terreno ocupado por el camino, más $800 montante de los gastos de escrituras, y las costas, desem-bolsos y honorarios de abogado.

Contra esta demanda los demandados opusieron, entre otras defensas, la de insuficiencia de hechos constitutivos do cansa de acción y además la de cosa juzgada. La corte inferior declaró con lugar ambas defensas.

En el caso de Stella v. Blasini, supra, sobre negatoria de servidumbre, resolvimos que el camino de “La Bomba” existía en la Hacienda Santa Elena desde tiempo inmemorial, y que al otorgarse la escritura de división de comunidad no se mencionó el camino ni se expresó que el mismo constituyese una servidumbre, por lo que debía considerarse que constituía una servidumbre de paso siendo el predio sirviente la parcela Núm. 2. Art. 477 del Código Civil. Stella v. Blasini, supra; McGormick v. Vallés, 55 D.P.R 226 e Illanas v. González, 51 D.P.R. 803.

Pero como la servidumbre de paso es discontinua y apa- ' rente, Código Civil, art. 468, los demandados invocan el ar-tículo 1372 del Código Civil que dice:

“Si la finca vendida estuviese gravada, sin mencionarlo la escri-tura, con alguna carga o servidumbre no aparente, de tal naturaleza que deba presumirse no la habría adquirido el comprador si la hubiera conocido, podrá pedir la rescisión del contrato, a no ser que prefiera la indemnización correspondiente. ’

No hay duda de que Stella, como condueño de la Hacienda Santa Elena, conocía la existencia del camino cono-cido por “Callejón La Bomba” y consecuentemente es de aplicación el art. 1372 del Código Civil, el cual a contrario sensu le impide en tal caso reclamar el saneamiento por evicción. A este efecto dice Manresa:

“Por el contrario, si el comprador tenía conocimiento del gravamen, aunque éste no estuviese inscrito en el Registro de la Propie-dad, y esto se .demuestra por el vendedor, entendemos que aquél no podrá ejercer ninguna de las acciones que le concede el art. 1483, pues, entonces no se puede decir que haya habido error. Esta inter-pretaeión, lejos de pugnar concuerda con los términos del art. 1483, el cual, por la forma de su redacción (que deba presumirse no la habría adquirido el comprador si la hubiera conocido), claramente deja entrever que todo el precepto parte del supuesto de que el com-prador no conocía el gravamen, de donde se deduce que conocién-dolo falta el motivo de la ley.” Tomo 10, pág. 203, Comentarios al Código Civil.

No existiendo el derecho de saneamiento a favor de loS' demandantes y apelantes, no pueden reclamar éstos el valor del terreno ocupado por el camino y naturalmente tam-poco tienen derecho a los $800 que declaman como gastos en el pleito sobre negatoria de servidumbre, en el cual defen-dieron la propiedad absoluta de ese terreno, pues el derecho a esa reclamación, suponiendo que existiera, dependería na-turalmente de que el demandante tuviere derecho a reclamar el valor del terreno ocupado por el camino. Y no pudiendo, como en efecto, no podía reclamar tal precio, tampoco había derecho a que se le resarcieran esos gastos.

No aduciendo la demanda hechos constitutivos de causa de acción, es innecesario discutir la defensa de cosa juzgada.

La defensa de estoppel alegada por el demandante no procede. Siendo la servidumbre aparente, el hecho de no mencionarse en la escritura no impide al vendedor invoca)' el art. 1372 del Código Civil.

No siendo frívolo este recurso procede denegar la mo-ción de desestimación. Resolviendo ahora el caso 'em sus méritos procede confirmar la sentencia apelada, y conside-rando que no erró la corte sentenciadora al condenar a los apelados al pago de costas y honorarios de ahogado por la cantidad de $300, procede confirmar también la resolución aprobatoria del memorándum de costas.


text:
    Ana Cerdá, demandante y apelante, v. Salvador Ossorio, demandado y apelado.
    Núm. 9082.

    Sometido: Junio 1, 1945.

      Resuelto: Noviembre 13, 1945.

      Enrique Báez García, abogado de la apelante; Pascasio Fajardo Mar-tínez, abogado dél apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del. tribunal.

Ana Mariana Cristy era dueña de un solar de 345 metros cuadrados radicado en el barrio Sábalos, de Mayagüez, ins-crito al folio 150 del tomo 57 de Mayagüez, finca número 2735, inscripción primera. De este solar segregó y vendió otro de 150 metros que pasó a formar la finca número 2354 y se inscribió el 25 de febrero de 1908, al folio 200 del tomo 71 de Mayagüez;, inscripción primera. En el año 1920 se se-gregó de la misma finca número 2735 otro solar de 124.02 metros cuadrados que fue vendido a los esposos Andrea Coin y Rufino Camacbo, el cual pasó a formar la finca número 5356, inscrita al folio 199 del tomo 138 de Mayagüez, inscrip-ción primera. Deducidas estas dos segregaciones, el área de la finca número 2735 quedó reducida a 70.98 metros cuadra-dos. Este remanente de 70.98 metros cuadrados fue vendido por Ana Mariana Cristy a Ana Cerdá viuda de Fajardo, por precio de $70 por escritura número 207, otorgada en Maya-güez ante el notario Guillermo H. Moscoso, el 10 de octubre de 1925 y se inscribió el 25 del mismo mes al folio 150 vuelto del tomo 57 de Mayagüez.

El 29 de diciembre de 1905 Ana Mariana Cristy había vendido a Celestina Pardo una porción de 100 metros cua-drados que la compradora no inscribió, y habiendo fallecido ésta en septiembre de 1938 bajo testamento en el cual ins-tituyó heredero a su sobrino Salvador Ossorio Pardo, se encontró éste con que a virtud de las dos segregaciones de que fué objeto la finca 2735 y con motivo de la venta del remanente de la misma, o sea una porción de 70.98 metros cuadrados a favor de Ana Cerdá, nada quedaba de la finca 2735, y por consiguiente, no podía él inscribir el solar de 100.20 metros cuadrados que había heredado de Celestina Pardo.

Tratando de remediar esa situación Salvador Ossorio Pardo tramitó un expediente en la Corte de Distrito de Ma-yagüez para justificar a su favor el dominio de los 100.20 metros cuadrados que había heredado de Celestina Pardo. En el escrito inicial expresó que de los 100.20 metros cua-drados, 70.98 aparecían inscritos en dominio a favor de Ana Cerdá y solicitó que fuera ésta citada por edictos por ha-llarse para aquella fecha fuera de Puerto Rico y desconocer él su dirección. Ordenó la corte de distrito la citación por edictos, los cuales fueron publicados en un periódico diario de Mayagüez denominado “Diario del Oeste”. No habiendo comparecido Ana Cerdá a oponerse a la pretensión del pro-movente, la Corte oyó la prueba ofrecida por Salvador Osso-rio Pardo, declaró justificado a su favor el dominio de 100.20 metros cuadrados y ordenó que la inscripción que existía a favor de Ana Cerdá sobre los 70.98 metros cuadrados fuese cancelada.

Habiendo Ana Cerdá regresado de los Estados Unidos donde temporalmente se hallaba y enterada de que el de-recho de dominio que tenía sobre los 70,98 metros cuadra-dos que había comprado a Ana Mariana Cristy había sido de ese modo cancelado en el Registro de la Propiedad, instó este pleito en la corte inferior solicitando una sentencia que anulase, solamente en cuanto a los 70.98 metros cuadrados pertenecientes a ella, el expediente de dominio a favor de Salvador Ossorio, y que se anulase también la parte de la resolución que ordenaba la cancelación de la inscripción de los 70.98 metros cuadrados que aparecía en el Registro a su favor.

La demandante basó su contención: (a) en que la orden de citación por edictos era nula y que por consiguiente la corte nunca adquirió jurisdicción sobre ella; y (b) en que dentro de un expediente de dominio la corte carece de "ju-risdicción para decretar la cancelación de cualquier otra ins-cripción contradictoria, ya fuera de dominio o de posesión. En apoyo de esta última contención alegó la demandante que si bien nuestra Ley Hipotecaria permite, esa cancelación den-tro de un expediente posesorio, en el cual la resolución se dicta sin perjuicio de tercero, dicha Ley no contiene igual disposición cuando de un expediente de dominio se trata.

El artículo 393 de la Ley Hipotecaria prescribe que los Registradores, • antes de inscribir alguna finca o derecho en virtud de una información posesoria examinarán cui-dadosamente el Registro para averiguar si hay en él algún asiento relativo al mismo inmueble que pueda quedar total o parcialmente cancelado por consecuencia de la inscripción de posesión, y si lo hallaren, suspenderán la inscripción, to-marán anotación preventiva si la solicita el interesado y remitirán copia de dicho asiento al Juez que haya aprobado la información posesoria. Y los párrafos 3 y 4 del mismo artículo prescriben:

“El juez, en su vista, y con citación y audiencia de las personas que por dicho asiento puedan tener algún derecho sobre el inmueble, confirmará o revocará el auto de aprobación, dando conocimiento en todo caso de la providencia que recayese al registrador, a fin de que en vista lleve a efecto la inscripción o cancele la anotación preven-tiva.”
“Si las personas que hubieren de ser citadas estuvieren ausentes, se llevarán previamente a efecto las formalidades exigidas para la citación en la regia 5 del artículo 391.”

La Regla 5 del art. 391 en lo pertinente dice:

“Si se ignorase su paradero, se las citará por medio de edictos en los periódicos oficiales de la provincia de Ultramar respectiva y por término de noventa días; y si transcurridos estos términos no comparecieren los citados, el juzgado aprobará el expediente y man-dará hacer la inscripción del derecho, sin perjuicio del que corres-ponda a dichos dueños colindantes o partícipes, expresándose que éstos no han sido oídos en la información. ’ ’

No existiendo en Puerto Rico los periódicos oficiales de la provincia que existían bajo la soberanía española y es-tando regulado el procedimiento para la citación en el Có-digo de Enjuiciamiento Civil en la fecha en que fue citada Ana Cerdá, es preciso recurrir a dicho Código a los efec-tos de citar las personas interesadas en las inscripciones contradictorias de dominio o posesión.

De acuerdo con el procedimiento vigente en la actualidad y cuando se hizo la citación, era preciso que Ana Cerdá fuese citada personalmente y sólo en el caso de existir las circunstancias previstas en el artículo 94 del Código de Enjuiciamiento Civil, podía recurrirse a la citación por edictos, en cuyo caso el que la solicita viene obligado a probar la existencia de tales circunstancias.

El escrito inicial del expediente de dominio se presentó el 8 de noviembre de 1940. Se alegó en el mismo que el dominio de una parte de la finca, o sea 70.98 metros cuadrados, se hallaba inscrito a favor de Ana Cerdá; que ésta se encontraba ausente de la Isla de Puerto Rico; y que el promovenle ignoraba su paradero por lo que se hacía necesario notificarla por medio de edictos que se publicasen en un periódico diario de la localidad.

El escrito inicial, sin embargo, no fué jurado ni se pre-sentó un affidavit donde aparecieran los hechos que se expo-nen en dicho escrito. Tampoco se intentó emplazar perso-nalmente a Ana Cerdá con anterioridad a la citación por edictos devolviendo el emplazamiento con diligenciamiento negativo expresando las diligencias que se hubieren practi-cado para llevar a cabo la citación personal, tal como lo exige la jurisprudencia interpretativa del artículo 94 del' Código de Enjuiciamiento Civil. Goldsmith v. Villari, 27 D.P.R. 794; Danis v. Corte Municipal, 57 D.P.R. 830; Matos v. Agraít, Juez, 59 D.P.R. 291 y McCormick v. McCormick, 61 D.P.R. 841.

No habiéndose cumplido con los requisitos exigidos por el art. 94 del Código de Enjuiciamiento Civil, la corte inferior no adquirió jurisdicción sobre Ana Cerdá. Goldsmith v. Villari, supra; Danis v. Corte Municipal, supra; Matos v. Agraít, Juez, supra y McCormick v. McCormick, supra. Por consiguiente la sentencia dictada no pudo perjudicar sus derechos sobre el solar de 70.98 metros cuadrados inscrito a su favor.

Dada la conclusión a que acabamos de llegar no es nece-sario considerar el segundo señalamiento de error.

Procede declarar con lugar el recurso y revocar la sen-tencia apelada en cucmío declaró justificado a favor del de-mandado el dominio sobre el solar de 70.98 metros cuadra-dos y ordenó la cancelación de la inscripción que de dicho solar existía en el Registro de la Propiedad a favor de Ana Cerdá, debiéndose dictar sentencia por este tribunal de con-formidad con los términos de esta opinión.

       En el caso de Canino v. Registrador de San Juan, 31 D.P.R. 434, el pro-cedimiento para cancelar inscripciones de dominio o de posesión contradictorias a una información de posesión que se trate de inscribir, se aplicó por analogía a los casos en que se trate de inscribir una información de dominio y existan asientos contradictorios de posesión o de dominio.

      En su “ Texto Revisado de la Ley Hipotecaria de Puerto Rico y su Reglamento1', el Lie. Luis^Muñoz Morales, redacta la Regla 5 del art. 391, en lo que a citación por edictos se refiere, en la siguiente forma:
      “Quinta. Si los dueños de los terrenos colindantes o el partícipe en la pro'piedad o en los derechos de una finca que deben ser citados estuvie-ren ausentes, se les citará en la forma dispuesta en el Código de línjwioia-miento Civil; . .


text:
    Juan Crespo Hernández, demandante, apelado y apelante, v. Carmelo Crespo, demandado, apelante y apelado.
    Núm. 9118.

    Sometido: Junio 1, 1945.

      Resuelto: Noviembre 13, 1945.

      Luis Mercader y A. Muñoz Igartúa, abogados del apelante apelado; Pedro E. Anglade y Ángel (?. Avila, abogados del apelado ape-lante.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

. Juana Hernández Yélez falleció ab intestato en la ciu-dad de Areeibo el 17 de mayo de 1944. Tres días antes de morir otorgó una escritura de compraventa por la cual tras-mitió a su hijo de crianza Carmelo Crespo, la casa que po-seía, por precio de $400 que confesó haber recibido del com-prador con anterioridad al otorgamiento de la escritura. La finada dejó un hijo legítimo, Juan Crespo Hernández, el demandante, el cual fué declarado único y universal here-dero de Juana Hernández Vélez por la Corte de Distrito de Areeibo.. A fin de reivindicar la casa en cuestión, la cual constituía todo el capital relicto por su madre, Juan Crespo Hernández instó este pleito en la Corte de Distrito de Are-cibo alegando que la venta a favor del demandado era in-existente por no haber mediado precio alguno, ya que el que figuraba en la escritura era simulado; y que la supuesta venta le privaba ilegalmente de sus derechos hereditarios en el patrimonio de su madre. El demandado alegó que el con-trato de compraventa no era simulado y que había pagado por el inmueble el precio que se expresó en la escritura. La corte inferior declaró probado que no había mediado precio, pero que la evidencia demostraba que fué la intención de Juana Hernández Vélez trasmitir su derecho de propiedad sobre la casa al hijo de crianza; y que siendo ésa su inten-ción, y habiéndola llevado a cabo por escritura pública, debía considerarse que la transacción — que la supuesta vendedora y el pretendido comprador habían denominado compraventa —era una donación. Empero, como la finada no podía dis-poner por donación de dos terceras partes del valor del in-mueble por ser ésa la legítima forzosa qne correspondía a su Mjo legítimo, solamente pudo donar al Mjo de crianza la tercera parte de la propiedad. Código Civil, art. 596. Ba-sada en esa conclusión la corte dictó sentencia declarando que el demandante era dueño de dos terceras partes del in-mueble, casa y solar, y el demandado de la tercera parte res-tante a título de donación y condenó al demandado a devol-ver al demandante dos terceras partes de las rentas produ-ducidas o debidas producir por el inmueble desde la muerte de Juana Hernández Yélez basta su entrega al demandante, a razón de $10 mensuales, más las costas sin incluir hono-rarios de abogado.

Las dos partes apelaron. El demandante señala como errores el haber variado la teoría del caso según resulta de las alegaciones y de la evidencia del demandante y deman-dado; el no condenar al demandado al pago de todas las rentas producidas o debidas producir y el no imponerle el pago de honorarios de abogado.

El demandado a su vez señala como error el haber va-riado la teoría del caso y no haber sostenido su contención de que la _ transacción verificada entre él y su madre de crianza era una de compraventa y el condenarle a devolver al demandante las dos terceras partes de las rentas.

Tin examen de la evidencia revela claramente que en el supuesto contrato de compraventa no medió precio alguno, conforme encontró probado el Juez; y que el demandado nunca tuvo la cantidad de $400 que se fijó en la escritura como precio de la finca. A este efecto veamos el razonamiento del Juez sentenciador.

“Para fundar su convicción de que el otorgamiento de la escritura fué un acto de liberalidad y no una venta, la Corte expone las siguientes razones:
“Las relaciones de íntima familiaridad entre el demandado y Juana Hernández, que lo crió y lo tuvo como si fuera un Mjo legítimo.
“El precio de la finca es cerca de tres veces el valor de $400 que se fijó en la escritura. El-solar sin la casa, casi vale los $400.
“El demandado, al tiempo del otorgamiento y por un tiempo razonable antes, era sólo un empleado de un pequeño comercio. La prueba del demandante dice que ganaba $4 semanales. El propio demandado declaró que ganaba $30 y para disimular su insolvencia y para demostrar la posibilidad económica de comprar una finca con tan poco sueldo, dijo que le daban una comisión de un 20 por ciento, hecho que la corte no ha creído, no sólo porque en un negocio tan pequeño y de esa clase no se dan esas comisiones, sino porque las cantidades que él dijo recibió por la comisión de sólo un 20 por ciento, son exageradamente absurdas si se tiene en cuenta la impor-tancia y clase de negocio. Además, el demandado declaró que nunca había tenido cuentas con un banco ni se probó con alguna prueba auténtica o relación comercial, que él fuera socio industrial del nego-cio. Su condición económica, que se observa hasta en su apariencia y modo de declarar, no le permitía comprar una finca de contado que por lo menos vale $1,000.
“Además, y esto es lo más chocante, en la escritura el Notario da fe de que la vendedora confesó que había recibido los $400 con anterioridad al acto del otorgamiento y la prueba presentada en el juicio por el demandado, tiende a demostrar y asegura con lujo de detalles, que el dinero se entregó en el acto en billetes de banco; y choca también que la señora Hernández le diera todo el dinero al hermano que declaró. Este hermano declaró que había empleado el dinero en ciertos pagos y trató de presentar unos recibos, pero no se trajeron a declarar a los supuestos firmantes de tales cuentas.
“Es también un hecho que llama la atención que un hijo de crianza que lo había recibido todo de la señora Hernández y que vivía en su propia casa, no hubiese atendido a los gastos de ella en su enfermedad, si era verdad que tenía dinero para comprar la finca.”

Convenimos con las dos partes en que la corte varió la teoría del caso que surgió de las alegaciones y la prueba presentada. El demandante reclamaba bajo la teoría de que la venta era inexistente y perjudicaba sus derechos hereditarios. El demandado resistía la contención del demandante basándose en que la compraventa era válida. Aún en apelación insiste el demandado en que él no recibió donación alguna de parte de su madre de crianza y ni las ale-gachones ni la evidencia, como hemos indicado, tienden a de-mostrar que ésa fnese la controversia sometida por las par-tes. Siendo ello así, la corte erró al sostener tal teoría. U. S. v. Seminole Nation, 299 U. S. 417.

Dadas las conclusiones de hecho a que llegó el juez sen-tenciador, no cabía otra sentencia que no fuese declarando que el inmueble en su totalidad pertenecía al demandante y en su consecuencia que el demandado venía obligado a de-volver la totalidad de las rentas producidas o debidas pro-ducir desde la muerte de Juana Hernández Yélez, hasta la entrega del inmueble. Código Civil, art. 603.

Procede, de conformidad con la preponderancia de la prueba, tal como la apreció la corte inferior, revocar la sen-tencia apelada y dictar otra declarando con lugar la de-manda y condenando al demandado a entregar al deman-dante la finca reclamada dentro del término de diez dias después de recibido el mandato en la corle inferior, más las rentas del inmueble a razón de $10 mensuales desde la fecha de la supuesta venta hasta la entrega del inmueble, más las costas y $75 para honorarios de abogado.