text:
    Rafael Argüelles Fernández, demandante y apelado, v. Pedro Cosme y Providencia Rivera, demandados y apelantes.
    No. 6458.
    Sometido: Noviembre 6, 1934.

      Resuelto: Noviembre 23, 1934.

      Armando Miranda, abogado de ios apelantes; Ignacio Morales Acosta, y Dubón & Ochoieco, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La única cuestión a resolver en este caso es la del montante de las costas que tienen derecho a recobrar los demandados.

El memorándum por ellos presentados comprende las si-guientes partidas:* $15 por honorarios del Secretario; $40 por certificaciones expedidas por el Secretario; $45 por hono-rarios del taquígrafo y $1,500 por honorarios de abogado. Fue impugnado. La corte aprobó las partidas de honorarios del Secretario y del taquígrafo, eliminó la de certificaciones y redujo la de honorarios de abogado a $75.

La partida de cuarenta dólares por certificaciones estuvo bien eliminada porque los demandados no proporcionaron a la corte la evidencia suficiente para justificarla. ¿Estuvo acertada la reducción de los honorarios de abogado a setenta y cinco dólares? Para contestar la pregunta de-bemos estudiar los hechos y las circunstancias que concurren.

El demandante Arguelles en marzo de 1932 pidió a la Corte de Distrito de Bayámón que decretara el desahucio de los demandados de cierta finca suya que estaban ocupando sin pagar canon o merced.

Por medio de abogado gestionaron los demandados que se les declarara pobres y obtenida la declaración contestaron la demanda alegando que no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción y negando todas y cada una de sus alegaciones.

Pué el pleito a juicio y seis días después de practicadas las pruebas y de quedar el caso sometido a la corte para su decisión, presentó el demandante una moción desistiendo del mismo y la corte dictó sentencia teniéndolo por desistido con las costas pero excluyendo de ellas los honorarios de abogado. Apelaron los demandados y obtuvieron que la sentencia fuera revocada. Argúelles v. Cosme, 44 D.P.R. 169.

Volvió el caso a la corte de distrito de su origen que lo falló entonces por sus méritos declarando la demanda sin lu-gar, sin especial condenación de costas. Apelaron de nuevo los demandados en cuanto al pronunciamiento de costas y ob-tuvieron de igual modo su revocación. Argüelles v. Cosme, 45 D.P.R. 143.

Pué entonces que presentaron el memorándum de costas a que nos referimos al principio de esta opinión.

Descartando el trabajo realizado ante esta Corte Suprema por no ser recobrable de acuerdo con la ley y la jurispruden-cia, resulta de lo expuesto con toda claridad que el letrado de los demandados tuvo necesariamente que dedicar varios días al estudio del asunto y a la defensa de sus clientes en corte abierta. No se trata de un pleito complicado que en-vuelva cuantiosos intereses, pero sí se trata de un litigio que entraña cuestiones de hecho y de derecho serias e interesantes como se concluye fácilmente examinando las alegaciones y la transcripción de la evidencia qne sirvieron de base a la sen-tencia de la corte sobre los méritos y de la opinión emitida por su ilustrado juez para fundarla, una parte de la cual nos parece oportuno transcribir. Dice:

“1. Nuestra legislación civil en nada se desvió del Código Civil Español al cubrir materia tan compleja como la de aparcería basta hace apenas un año. El Código Civil Revisado de 1902, en su artículo 1482, siguió las mismas palabras del artículo 1579 del Español: ‘El arren-damiento por aparcería de tierras de labor, ganados de cría o esta-blecimientos fabriles e industriales, se regirá por las disposiciones re-lativas al contrato de sociedad y por las estipulaciones de las partes, y en su defecto, por la costumbre de la tierra.’ La primera pregunta que se hicieron los intérpretes de la ley fué la siguiente: ¿ Qué es la aparcería? Manresa respondió: ‘Inútil será buscar en el Código su definición legal. Todo el mundo está conforme, sin embargo, en enten-der que hay aparcería cuando una persona cede a otra el goce o uso de una cosa, recibiendo en cambio una parte alícuota de los frutos que ésta produzca.’ La inmediata pregunta fué esta otra: ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la aparcería? El Código califica de arrendamiento a la aparcería y decide que se regirá por las dispo-siciones relativas al contrato de sociedad. Los tratadistas se dividen en la interpretación que debe darse a la disposición legal; y los tribunales españoles no logran fijar una cónsona y unánime conclusión y al fallar dictan la parte doctrinal según aconteciere en el recurso. Y surge la tercera pregunta: ¿Procede el desahucio en los casos de aparcería? Como puede verse por las sentencias de 29 de julio de 1902, 2 de diciembre de 1904, 4 de julio de 1908, 20 de enero de 1911, 2 de junio de 1913, 12 de marzo de 1917, los rigores de los pri-meros fallos han menester ser templados por otros posteriores.
“Ya en 1905 reconocióse la necesidad de llevar a cabo la reforma porque ‘fuerza es atender los requerimientos de necesidades especia-les que salen al paso de legisladores y gobernantes, en relación con distintos puntos de derecho, no bien definidos en el Código Civil, o desenfocados de los principios que prevalecen en la vida jurídica moderna. ’
“No tenemos noticia de que se haya afrontado en España la re-forma. En Puerto Rico no se hizo, aunque parcialmente, hasta, el 4 de mayo de 1931, en que se aprobó la Ley número 76. Hemos dicho parcialmente, porque la ley sólo parece referirse a la aparcería agrí-cola, dejando subsistente el Código en orden a la aparcería pecua-ria y de establecimientos fabriles o industriales que tanto difieren de la de. predios rústicos.
“Era necesaria la reforma. El contrato de aparcería es una de las manifestaciones más generalizadas entre nosotros de la explota-ción agrícola, ya que, como acertadamente se ha dicho, mediante la aparcería, el capital y el trabajo coinciden en una acción común; en una coparticipación inmediata de provechos y riesgos, que de-fienden y garantizan a la vez compenetrándoles íntimamente, el inte-rés del propietario de la tierra y el del aparcero que cultiva.
“El legislador puertorriqueño respondió a la primera de las his-tóricas preguntas, trasladando al estatuto la definición siguiente: 'Se entenderá por contrato de aparcería agrícola todo convenio verbal o escrito, en cuya virtud convenga una de las partes en cultivar tierra labrantía de la otra y ésta en darle por ese trabajo una participa-ción en los frutos que se colecten o en el valor que los misinos tu-vieren en el mercado.’ Respondió a la segunda de las preguntas des-echando la calificación de arrendamiento y estableciendo la existen-cia de un acto contractual especialísimo; y rechazando toda regen-' cia por las disposiciones relativas al contrato de sociedad, estableció las reglas por las que debe regirse. Y respondió a la tercera esta-bleciendo el procedimiento de desahucio. Nuestro legislador salvó así las dificultades con que parecía tropezarse para disolver una obli-gación que, en consonancia con su naturaleza, debe tener toda la flexi-bilidad precisa para plegarse a las modalidades de un enjuiciamiento sencillo y rápido.
“Decimos todo esto para resolver, declarándola sin lugar, la ex-cepción previa de falta de causa de acción alegada por el demandado. La demanda contiene, a la luz de la Ley número 76, todo cuanto es necesario alegar en casos de esta naturaleza, y quizás algo más.”

Prosigue el juez de distrito analizando la prueba prac-ticada que ocupa cuarenta y tres páginas de la transcripción de los autos y concluye que no demuestra que el contrato verbal de aparcería que surge de la misma estuviera vencido a la fecha de la interposición de la demanda y por tanto que no procedía decretar el desahucio solicitado.

Dejando, pues, hablar a los hechos por sí mismos, se impone la modificación de la sentencia porque la suma de setenta y cinco dólares fijada por la corte para el pago de honorarios de abogado resulta claramente inadecuada. Dos-cientos cincuenta dólares, atendidas todas las circunstancias concurrentes, nos parece que es la suma menor que puede fijarse para ello.

Debe modificarse en tal sentido la resolución apelada, y así modificada, confirmarse.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Del Toro,

license: Public Domain

text:
    José Sánchez Falconi, representado por Arístides Ayala, su defensor judicial, demandante y apelado, v. Félix López Alvarez, demandado y apelante.
    No. 6348.
    Sometido: Junio 14, 1934.

      Resuelto: Noviembre 23, 1934.

      J. Henri Brown, C. Ruiz Nazario, G. T5. González y G. Beoiitez Gautier, abogados del apelante; Luis Mercader, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

José Sánchez Falconi, de diez y seis años de edad, entabló demanda por medio de su defensor Aristides Ayala nom-brádole al efecto por la corte, contra Félix López Alvarez, en reclamación de ocho mil dólares por daños y perjuicios que se le causaron según su reclamación, así:

Como a las cuatro y media de la tarde de marzo 18, 1930, en momentos en que montado en bicicleta ascendía por la calle Patriota Pozo de Manatí, en dirección Norte a Sur, lado derecho, bajaba un automóvil propiedad del demandado guiado por su chauffeur Miguel Angel Landrón, en gestiones de sus negocios, y no obstante observar el chauffeur que a su derecha estaba parado otro automóvil, no se detuvo sino que continuó violentamente sn carrera sin anunciar su proxi-midad en forma alguna, desviando hacia la izquierda lanzán-dose a ocupar la derecha por donde subía el demandante chocando con éste y ocasionándole varias lesiones, entre ellas la fractura de una pierna, que lo obligaron a sufrir una opera-ción y a permanecer tres meses en el hospital.

Se alega específicamente en la demanda que el deman-dante hizo cuanto estuvo a su alcance para evitar el accidente y que éste se debió a la negligencia del empleado del deman-dado al conducir el auto por la zona urbana a una velocidad de más de treinta kilómetros, al no detenerse a pesar de ver delante de él, a sn derecha, otro auto parado, y observar que subía por su derecha en bicicleta el demandante, al no avisar sn proximidad y al desviarse violentamente hacia su izquierda bajando.

El demandado alegó que negaba general y específicamente todos y cada uno de los hechos y alegaciones de la demanda y así trabada la contienda fué el pleito a juicio. Basándose en la evidencia aportada en el mismo por ambas partes, la corte declaró probado el hecho del accidente y.concluyó que su causa única fué la negligencia del chauffeur del deman-dado al no dar aviso de su proximidad al acercarse al cruce de dos calles y al no reducir su velocidad en tal sitio espe-cialmente cuando tuvo que desviarse a su izquierda para poder pasar al auto que encontró parado a su derecha.

Declaró además la corte que no hubo negligencia contri-butoria por parte del demandante y que si bien el demandado no viajaba en su auto en el momento del accidente, el vehículo regresaba de evacuar una gestión que le producía beneficio pecuniario, y dictó sentencia condenando al demandado a pagar al demandante mil dólares, con costas.

No conforme el demandado interpuso el presente recurso de apelación señalando en su alegato cuatro errores cometidos a su juicio por la corte al decidir que la causa próxima y directa del accidente fué la negligencia del chauffeur del de-mandado, al resolver que no hubo negligencia contributoria por parte del demandante, al sostener que en el momento de ocurrir el accidente el automóvil del demandado era usado en beneficio de un negocio o empresa del mismo y al no eximir de responsabilidad al demandado de acuerdo con el artículo 13, apartado (a) de la Ley de Automóviles de Puerto Rico aprobada en 1916.

Después de un detenido estudio de los hechos y la ley entendemos que aunque pudiera concluirse que el chauffeur del demandado fué negligente y que el demandante no con-tribuyó con su negligencia al accidente, tendremos siempre que revocar la sentencia apelada porque en el automóvil no viajaba su dueño el demandado ni se demostró que en el mo-mento del accidente formara- parte de alguna empresa del demandado o estuviera dedicado a algún negocio lucrativo del mismo.

Lo más que demuestra la prueba es que el demandado, negociante en tabaco y con una finca de frutas, tenía dos automóviles, uno nuevo que usaba con su esposa, y otro viejo, el de que se trata en este caso, que empleaba para llevar y traer sus hijos a la escuela, en otras diligencias de su casa, en viajes de negocios y de cuando en cuando en transportar tabaco y toronjas y que el día del accidente después de ser usado para llevar algunas toronjas de la finca al mercado el chauffeur fue a buscar los niños que salían de la escuela y viajando en el carro uno de ellos ocurrió el choque.

La ley y la jurisprudencia aplicables son bien conocidas. Véanse los artículos 1803 y 1804 del Código Civil, 1802 y 1803 de su edición de 1930, el artículo 17 de la Ley No. 75 de 1916, Leyes de 1916, p. 155, y entre otros los casos de Vélez v. Llavina, 18 D.P.R. 656, Alicea v. Áboy, 23 D.P.R. 108, Truyol v. West India Oil Co., 26 D.P.R. 361, y Candal v. Sociedad de Auxilio Mutuo, 37 D.P.R. 874, y Sucn. D. Rodríguez v. Umpierre Jr., 44 D.P.R. 167.

Debe revocarse la sentencia recurrida y dictarse otra declarando la demanda sin hogar, sin especial condenación de costas.


text:
    Francisco González Fagundo, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Caguas, recurrido.
    No. 934.
    Sometido: Noviembre 5, 1934.

      Resuelto: Noviembre 23, 1934.

      F. González Fagundo, por su propio derecho; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 12 de julio último compareció ante notario Francisco González Fagundo por su propio derecho y como apoderado de su esposa Oliva Carmona Marchetti y vendió a Julio Vega dos fincas rústicas pertenecientes a la sociedad ganancial, situadas en el término municipal de Caguas.

Presentada la escritura para su inscripción en el registro de la propiedad del distrito, causó la siguiente nota:

“Denegada la inscripción del precedente documento y tomada en su lugar anotación por 120 días a favor del comprador Julio Vega, a los folios 80 vto. y 73 vto. de los tomos 175 y 91 de Caguas, fincas 927 tripldo. y 2803 dp. anotaciones B y B; por observarse que la escritura de poder No. 73 otorgada en Humacao el 2 de noviembre de 1918- ante el notario Carlos Travecier, por Doña Oliva Carmona Marchetti a favor de su esposo clon Francisco González Fagundo, contiene vein-tiséis cláusulas, habiéndose especificado en algunas de ellas claramente que dicho apoderado actuará en relación con el mismo tanto en los bienes privativos como en los gananciales, mientras que en otras cláusulas sólo se refiere a los bienes de la poderdante, sin que se haya hecho extensiva a los bienes de la sociedad de gananciales, en-tre ellas la décima primera que es la que está en relación (son el documento que precede; no teniendo por tanto facultades para vender bienes de la sociedad de gananciales.”

No conforme González Fagundo, recurrió para ante este tribunal exponiendo en el propio escrito los fundamentos del recurso. Los de la nota constan de la misma y se amplían por el registrador en su alegato.

La cláusula pertinente del poder que es la décima primera, expresa:

“Déoimo i RIMERO: Para que venda en todo o en parte todas las fincas que posea o pueda poseer la poderdante con las limitaciones que estime oportunas o en la forma que mejor convenga a sus inte-reses. ’ ’

Sostiene el recurrente que si bien es verdad que el poder en su cláusula undécima no habla de bienes privativos y gananciales, dicha cláusula no debe interpretarse aisladamente sino en relación con la primera, segunda y tercera por virtud de las cuales autoriza la esposa al esposo para que administre sus bienes “ya propios o ya de la sociedad de gananciales,” para que los arriende por el tiempo que estime conveniente y para que cobre cuantas cantidades le correspondan proce-dentes de cualquier contrato que con ellos celebre.

El registrador parece sostener que es precisamente de-bido a la distinción que existe entre las tres primeras cláusulas y las restantes del poder sin que éste contenga al final expli-cación alguna, que surge la ’ dificultad. Y tiene razón a nuestro juicio.

Los poderes son de interpretación estricta. Fano v. Registrador, 15 D.P.R. 334. Lo mismo que se hizo cuando se encomendó la administración, debió haberse hecho cuando se otorgó la facultad de vender. Son cláusulas separadas y distintas que tienen vida por sí mismas y lo dispuesto en unas no es aplicable a las otras en ausencia de alguna cláusula que así lo determine. La misma parte interesada en el propio poder al referirse a los bienes gananciales dijo “bienes de la sociedad de gananciales” y así lo son en efecto. No los “posee” la poderdante. Son poseídos por una entidad de la que ella forma parte, pero que es distinta de ella, la sociedad de gananciales que tiene constituida con su esposo.

Debe declararse sin lugar el recurso, confirmándose la nota recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Bautista Pagán, acusado y apelante.
    No. 5556.
    Sometido: Noviembre 13, 1934.

      Resuelto: Noviembre 23, 1934.

      Carlos A. Babilonia, abogado-del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Juan Bautista Pagán, declarado culpable de un delito de libelo infamatorio y condenado a $20 de multa, recurre de la sentencia dictada en apelación por la Corte de Distrito de Aguadilla, alegando que ni la denuncia ni los hechos pro-bados imputan al apelante delito alguno, que la corte inferior actuó movida por pasión y prejuicio y cometió manifiesto error al apreciar la prueba, que el veredicto es contrario a la misma, y que no debió admitirse la declaración del testigo Méndez Liciaga ni dejar "de resolverse las objeciones de la defensa a ciertas preguntas formuladas por el fiscal.

En apoyo de la excepción de falta de hechos en la denuncia para imputar un delito público, alega el acusado que de la misma no se desprende que el supuesto libelo se dirige contra el denunciante, Sr. Esprívalo, que la denuncia no alega “que los hechos son contrarios al estatuto para tal caso hecho y formulado” y que no se expresa que el acusado voluntaria-mente publicara el referido libelo.

Aún cuando la denuncia que se ha formulado en este caso por la parte que se considera ofendida no constituye un modelo de acusación, de sus términos, sin embargo, se deduce claramente que las palabras que se consideran libelosas fueron dirigidas al propio denunciante José Esprívalo.

El delito atribuido al acusado consiste en la publicación de un artículo que el denunciante considera libeloso, en el periódico “El Liberal”, que se edita y publica en Aguadilla. Este artículo, según la denuncia, fné publicado maliciosa y voluntariamente por el acusado con el fin expreso de impug-nar la honradez, integridad y buena fama del referido José Esprívalo.

El escrito que se considera libeloso aparece inserto en la denuncia. En dicho escrito se barajan los nombres de Higinio López y Pepito Esprívalo, y a raíz de mencionar en último término al referido Esprívalo, se dice:

. Este señor, que cometió un ataque cobarde y criminal contra, una infeliz mujer que sirvió con sus amores y cuidados a su padre, por lo que la Corte de Aguadilla lo sentenció a pagar cincuenta pesos de multa, siendo así un perturbador de la paz y tranquilidad co-munal, pretendía que aquel escándalo continuara y tuviera, como pudo, a no ser por la ayuda de López y otros aguadillanos liberales, fatales consecuencias.”

Luego se añade en la querella que el acusado escribió, mandó a publicar y publicó en el referido periódico el artículo de que se hace mención, con el único fin expreso y libeloso de exponer, como expuso, al denunciante al odio, desprecio y ridículo públicos, etc. La denuncia demuestra que las pa-labras libelosas fueron dirigidas al propio querellante y por esta razón se desestima en cuanto a este particular la excep-ción perentoria formulada por el acusado, quien además sus-cribió una estipulación que dice así:-

“Las partes convienen y estipulan que el acusado admite todos los hechos de la denuncia relativos a la publicación de un libelo én el periódico ‘El Liberal’ que se editaba en 5 de noviembre’ de 1932 en el distrito de Aguadilla, dirigido dicho libelo a la persona del de-nunciante señor José Esprívalo, negando solamente en dicha denun-cia que el autor de dicho artículo libeloso dirigido al señor José Esprívalo sea el acusado.”

No tiene razón el acusado cuando dice que de la denuncia no surge que publicara voluntariamente el libelo. Las palabras que de la querella copiamos a continuación expresan con claridad la publicación voluntaria por el acusado del ar-tículo considerado libeloso:

“El referido acusado, Juan Bautista Pagán, voluntaria, maliciosa, ilegal y criminalmente, y a sabiendas de que cometía libelo, escribió e hizo publicar y se publicó en el periódico ‘El Liberal’, qixe se edita, publica y circula y que circuló en Aguadilla, P. R.
“El acusado escribió, mandó a publicar y se publicó en el indi-cado periódico el artículo a que se hace mención, con el único fin ex-preso y libeloso de exponer, como expuso, a este denunciante al odio, desprecio y ridículo público con la publicación del mismo.”

Estima además el acusado que la denuncia es defectuosa porque no se alega que los hechos son contrarios al estatuto para tal caso hecho y formulado. Basándonos en el criterio sostenido por esta corte en el caso de El Pueblo v. Quintana, 39 D.P.R. 197, se desestima esta objeción.

El segundo error atribuido a la corte inferior es, según el acusado, el eje, la base fundamental en que descansa la revocación de la sentencia. Se alega que la corte actuó movida por pasión y prejuicio, y que incurrió en manifiesto error al apreciar la prueba. La argumentación de la defensa gira principalmente sobre el hecho de haber declarado como testigo Andrés Méndez Liciaga, editor del periódico “El Liberal”, quien fué acusado y absuelto en igual fecha del mismo delito atribuido al apelante. La responsabilidad que pudiese recaer sobre el Sr. Méndez Liciaga como editor del periódico donde se publicó el libelo no le incapacita para declarar como testigo contra el acusado Juan Bautista Pagán ni puede impedir que éste fuera declarado culpable del delito de que se le acusa, si en realidad resultan probados los hechos que se alegan en la denuncia.

El Sr. Méndez Liciaga declaró sin ser molestado. No se interpuso objeción alguna a las preguntas formuladas por el fiscal. Su declaración resulta además corroborada. Juan Bautista Pagán se limitó a negar que fuese autor del artículo libeloso dirigido al Sr. José Esprívalo. Con excepción de este hecho todos los demás particnlares de la querella que-daron aceptados en virtud de la estipulación autorizada por el propio acusado y el fiscal. Méndez Lieiaga declaró que el acusado admitió ser autor del artículo, hecho que no le negó, porque no ignoraba que el testigo lo sabía.

Juan Wilfredo Borges, cajista de “El Liberal”, mani-festó que vió escribiendo en maquinilla al acusado, quien le entregó los papeles que acababa de escribir, entre los cuales figuraba el artículo libeloso.

No se ha demostrado que la corte actuara movida por pasión, prejuicio o parcialidad al apreciar la prueba. A nuestro juicio, se deduce de la misma que fué Juan Bautista Pagán quien escribió dicho artículo y quien autorizó y obtuvo su publicación. Debe desestimarse el error apuntado.

Se alega además que la corte cometió error al admitir la declaración de Méndez Lieiaga sin que su nombre figurase al dorso de la denuncia como testigo. No debemos olvidar que se trata de una mera denuncia y qué en este caso ni siquiera se ha demostrado ni alegado que el acusado hubiese sido sorprendido con la presentación en el acto de la vista del testigo aludido. De acuerdo con la doctrina establecida en los casos de El Pueblo v. Alméstico, 18 D.P.R. 320, y El Pueblo v. Román, 18 D.P.R. 219, se desestima el error alegado.

Se alega por último que la corte cometió error al no resolver de una manera u otra la admisión o no admisión de algunas preguntas formuladas por el fiscal y objetadas por el abogado defensor. El acusado en ningún momento llamó la atención a la corte para que se resolvieran las objeciones formuladas ni tomó excepción porque la corte dejara de resol-verlas.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Davila,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Rafael M. García, acusado y apelante.
    No. 5453.
    Sometido: Noviembre 21, 1934.

      Resuelto: Noviembre 23, 1934.

      Angel M. Villamil, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Córdova Davila,

emitió la opinion del tribunal.

Rafael M. García fué declarado culpable de haber infrin-gido el artículo 18 de la Ley para reglamentar el uso de vehículos de motor en Puerto Rico (Ley No. 75 de 1916, pág. 144) enmendada en 1926, que impone una sanción penal a toda persona, firma, sociedad o corporación que por sí misma o por medio de sus agentes transporte en los vehículos pesados de motor, o en los vehículos comerciales, más carga que la autorizada por dicha ley.

Se alega que un camión propiedad del acusado, cuando pasaba por la carretera No. 3, kilómetro 128, hectómetro 9, transportaba una maza de hierro fundido para molino de caña de 34% pulgadas de diámetro por 78 pulgadas de largo, rayada a un hilo de pulgada y encasquillada a un eje de acero de tamaño standard de 19 pulgadas de diámetro por 14 pul-gadas de largo, cuyo peso es de 268 quintales, según compro-bación y certificación de los ingenieros mecánicos de la casa Sucesores de Abarca, cuya certificación se acompaña como evidencia. Se añade que dicho camión llevaba nn exceso de carga de 168 quintales, lo enal está en contra de la referida ley de automóviles vigente.

El acusado atribuye a la corte el error de haber dictado una sentencia contraria a la prueba y contraria a derecho. Entiende el apelante que los hechos alegados en la denuncia no han quedado establecidos por la prueba. El testigo Antonio Ortiz, celador de conservación de carreteras, declara que el camión traía como carga una maza de un molino de hierro fundido, que midió dicha maza con una cinta métrica y que tenía 34% pulgadas de diámetro por 78 de' largo y que el eje al cual iba encasquillada la maza tenía 19 pulgadas de diámetro por 14 pies de largo. Agrega que mandaron dichas medidas al Departamento, que el camión estaba autorizado para cargar cien quintales y que el truck pesaba también cien quintales, debiendo pesar todo en conjunto doscientos quintales. En estos momentos el fiscal ofreció como prueba una carta dirigida al Hon. Manuel Egozeue que aparece firmada por Sucesores de Abarca. La defensa se opuso a la admisión de esta carta donde se dice que el peso de una maza de hierro fundido para molino de caña de 34% pulgadas de diámetro por 78 pulgadas de largo, rayada a un hilo en pulgada y encasquillada a un eje de acero de tamaño standard, que sería de 19" de diámetro por 40' 0" de largo total, es de 26,800 libras. Basó su oposición la defensa en que el documento es inadmisible, entre otras razones, por tratarse de una firma que viene a declarar a través de una carta, sin haber tenido el acusado la oportunidad de repreguntarle, y porque no surge de dicha carta que la maza que en la misma se describe fuese la que llevaba el carro en cuestión. No aparece ninguna resolución de la corte admitiendo o negando la admisión de esta prueba.

Continúa declarando el testigo acerca de su experiencia y conocimiento para afirmar que la maza pesaba más de diez toneladas, y dice que desde hace doce años las centrales vienen pidiendo permiso para cargar mazas de esta índole con más de diez toneladas y qne por la experiencia adquirida en la cuestión de conservación de carreteras sabe que esa maza pesaba más de diez toneladas. Expresa que ha pesado mazas análogas a la que llevaba el camión del acusado, que a su juicio dicha maza pesaba más de diez toneladas, y que está seguro de que éste era su peso. El testigo Manuel Velázquez se limita a decir que el camión estaba autorizado para cargar cien quintales, que no ha visto- pesar estas mazas y que lo que sabe no lo sabe porque lo haya visto sino por información. José Méndez Cardona, inspector general de ca-rreteras, declara que midió personalmente la maza, que tiene mucha experiencia con respecto al peso porque se dedica en la oficina justamente a eso, a extender los permisos, estando encargado de tomar los datos a fin de extender el-permiso de las cargas que se transportan por la isla que se exceden del peso. Agrega que a- su juicio la maza pesaba más de diez toneladas y que funda su opinión en que ha sido administrador de centrales, de la Plazuela Sugar Co. y conoce el peso de una maza de siete toneladas y aquélla era de un peso mayor de 7 toneladas; que puede calcular el peso aproximadamente, pero los datos exactos los da la casa fundidora que son los que tienen el hábito de hacerlo, que eso es lo exacto, pero que a su juicio la maza aquella pesaba más de diez toneladas; que tomaron una cinta de su automóvil y midieron el diámetro del eje, el de la maza y la longitud del eje de la maza, y que enviaron esas medidas a la casa de Abarca para que les dijeran lo que pesaba una maza de esa naturaleza; que no pesó la maza y que lo que está declarando lo dice por deduc-ción. A preguntas del juez declaró el testigo que cree que la maza pesaba más de diez toneladas de acuerdo con las dimensiones, pero que no puede decir el peso exacto, que está seguro de que la maza pesaba más de diez toneladas por sus dimensiones.

No hay duda alguna de que la carta que aparece suscrita por Sucesores de Abarca no puede tomarse en consideración, porque ese documento en la forma en que fue presentado resulta claramente inadmisible como prueba, y porque además no surge de los autos que hubiese sido admitido y que el tribunal inferior lo hubiese tenido en cuenta al dictar su fallo. Descartado este documento, debemos atenernos exclu-sivamente al testimonio de los testigos para resolver si con la prueba aportada ha podido dictarse o no un fallo declarando culpable al acusado. Antonio Ortiz es el testigo que parece declarar con más énfasis acerca del peso de la carga que llevaba el camión. Este testigo, que midió la maza de hierro fundido, basa su testimonio en la experiencia adquirida en trabajos de conservación de carreteras por doce años en que las centrales todas han venido pidiendo permiso para cargar mazas de esta índole, de más de diez toneladas. Para pro-ducir su testimonio no toma Ortiz como base la medida que hiciera de la maza a fin de determinar el peso de la misma de acuerdo con dicha medida, sino que se basa en su expe-riencia como celador de carreteras. Las afirmaciones del testigo no obedecen a un cálculo cierto deducido de la medida. No dice Ortiz que una maza de tantas pulgadas de diámetro y tantas de largo arroje un peso determinado. No demostró el testigo que tuviese conocimientos para llevar a cabo estos cálculos. Esta prueba, que pudo producirse, no fue aportada por ninguno de los testigos de la acusación. Ninguno de estos testigos demostró que tuviese conocimiento y capacidad para calcular el peso, basándose en la medida. Por el con-trario, se enviaron dichas medidas a la casa de Abarca para que ésta fijara el peso de la carga.

El hecho denunciado ocurrió en 21 de junio de 1933 y la denuncia se formuló en 7 de julio del mismo año, cuando ya el querellante, que es el propio testigo Ortiz, se había procurado xin documento aparentemente suscrito por Suce-sores de Abarca, que acompañó con la denuncia y que se in-tentó introducir como prueba, donde se habla de la medida de cierta maza de hierro fundido y del peso de la misma de acuerdo con la medida.

El testigo José Méndez Cardona, inspector general de carreteras, declara también que tiene experiencia; pero no hace ningún cálculo para determinar el peso ni demuestra que estuviese capacitado para fijarlo, partiendo de la base de la medida practicada. Este testigo es quien dice que se en-viaron las medidas a la casa de Abarca para que les dijeran lo que pesaba una maza de esa naturaleza.

La prueba aportada es, a nuestro juicio, insuficiente para autorizar una conclusión de culpabilidad.

Bebe revocarse la serntemcia apelada y declararse dbsuelto al acusado.


text:
    Antonia Rieder de Marxuach, demandante y apelante, v. Juan Torruella Cortada, demandado y apelado.
    No. 6681.
    Sometido: Noviembre 8, 1934.

      Resuelto: Noviembre 30, 1934.

      A. Arnaldo Sevilla y F. Parra Capó, abogados de la apelante; José A. Poventud j Alberto S. Poventud, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Es ésta una acción iniciada por Antonia Bieder de Marxuach. contra Juan Torruella Cortada en la cual se recla-man $38,000 como indemnización por derribo de árboles en una finca que perteneció a la demandante. Solicitado ase-guramiento de sentencia por la cantidad de $8,000, la corte, en 5 de abril de 1933, previa prestación de una fianza por la misma cantidad, ordenó que se librase mandamiento de embargo contra los bienes de Juan Torruella Cortada. Tra-bado el embargo en la forma solicitada, el demandado pidió que se decretara su nulidad. Oídas las partes, la corte, en 18 de abril de 1933, a solicitud de la propia demandante, con-cedió diez días para enmendar la fianza, reservándose su re-solución sobre la moción de nulidad de embargo, que resolvió favorablemente el día 24 del mismo mes y año.

En 3 de mayo de 1933 la demandante solicitó y obtuvo el desglose de la fianza prestada para devolverla a la compa-ñía fiadora, y en ese mismo día R. Porrata Doria suscribió ante notario una nueva fianza en su carácter de apoderado de la Great American Indemnity Co. En 23 de agosto de 1933 la demandante, basándose en que. el embargo anterior-mente trabado había sido declarado nulo y sin efecto alguno, y considerando en vigor la orden que decretó el embargo y la fianza, solicitó de la corte una nueva orden disponiendo que por el secretario se librase un mandamiento al már 'hal para el embargo de bienes del demandado a fin de asegurar, en cuanto a la cantidad de $8,000, la efectividad de la senten-cia que pudiese dictarse en el caso.

La fianza otorgada en 3 de mayo de 1933 aparece radi-cada en secretaría el mismo día 23 de agosto en que se so-licitó una nueva orden para que pudiese expedirse por el se-cretario mandamiento, de embargo sobre los bienes del de-mandado. Esta fianza fué aprobada el mismo día de su ra-dicación por el juez de la corte inferior, y dice en parte así:

“Por CUANTO, la demandante ha solicitado además que se decrete el aseguramiento de la efectividad de la sentencia que en su día pueda recaer a su favor, mediante el embargo de bienes del demandado en cantidad suficiente a cubrir las sumas reclamadas, a lo que la Corte ba accedido, exigiéndole previamente la prestación de una fianza por la suma de ocho mil dollars ($8,000) para responder al demandado de los perjuicios que se le puedan irrogar en consecuencia del embargo que de sus bienes habrá de hacerse.
“Por tanto: nosotros, Antonia Rieder de Marxuach como principal, y la GrEBAT AMERICAN INDEMNITY COMPANY, .... C0D10 fia-dora, nos abligamos y comprometemos hasta la suma de OCHO mil dollars ($8,000) que pagaremos mancomunada y solidariamente al demandado Juan Torruella y Cortada, sus herederos, sucesores o cau-sahabientes en todo o en la parte que sea necesario para indemnizarle de los perjuicios que se le puedan irrogar en consecuencia del embargo que de sus bienes habrá de hacerse en aseguramiento de la efectividad de la sentencia que en su día pueda recaer a favor de la demandante. ’ ’

Resolviendo la moción de la demandante interesando una orden disponiendo que el secretario librase mandamiento de embargo al marshal, la corte inferior dictó la providencia que se copia a continuación:

“De acuerdo con lo solicitado, el juez que provee, decreta y or-dena que por el secretario "se libre mandamiento al márshal para que embargue bienes del demandado para asegurar, en cuanto a la cantidad de $8,000, la efectividad de la sentencia que se dicte en este caso.”

La orden que antecede fue dictada en 23 de agosto de 1933 a raíz de haberse presentado la moción de la deman-dante.

En 2 de enero de 1934, la demandante radicó una moción en la cual alegó, entre otras cosas, que el embargo decre-tado mediante fianza de $8,000 no había sido practicado, que Juan Torruella Cortada tenía un crédito contra la propia demandante por $7,336.13 en virtud de sentencia dictada a favor del demandado y contra la demandante en el caso civil No. 7176, y solicitó de la corte una orden disponiendo que para asegurar la efectividad de la sentencia por la can-tidad de $8,000 se practicase embargo sobre todo título, de-recho o interés de Juan Torruella Cortada en el crédito re-ferido, y se prohibiese al demandado enajenar dicho crédito y ejecutar la referida sentencia dictada en 11 de enero de 1932. La corte dictó una orden en los términos solicitados por la demandante para que por el secretario se expidiese al márslial el correspondiente mandamiento de embargo. El demandado solicitó que se dejara sin efecto el embargo tra-bado por el marshal en virtud del mandámiento expedido por el secretario de la corte, entre otras razones porque la fianza que obra en autos, de agosto 23, 1923, no fué presen-tada ni aprobada al dictarse la nueva y última orden de embargo de 2 de enero de 1934, o con posterioridad a la misma, porque dicha fianza no puede comprender las consecuencias del último embargo decretado en la fecha antes mencionada, y porque en todo caso una sentencia no es embargable ni está sujeta a la prohibición a que se contrae la regla h (Seo. 2) de la Ley sobre aseguramiento de sentencia.

La parte demandante en su argumentación escrita opo-niéndose a la nulidad del embargo, mantiene la validez del mismo y de la fianza prestada, y dice que procede modificar el embargo practicado en el sentido de que dicho embargo se ajuste a la letra & y no a la letra h de la referida Ley de aseguramiento de sentencias y que el embargo se limite al crédito por sentencia, eliminando la prohibición de ejecutar el crédito embargado. La corte denegó la moción para anu-lar el embargo, pero al presentarse por el demandado una-moción sobre reconsideración celebró una nueva vista con asistencia de ambas partes y dictó entonces la siguiente re-solución :

“Vista la moción ... en la que se solicita sea reconsiderada la resolución dictada en marzo 5 de 1934; la Corte, después de un nuevo estudio de la cuestión y vistos el artículo 1726 del Código Civil (Ed. 1930) y los Comentarios de Manresa al Código Civil, volumen 12, páginas 225 a 234, se inclina a creer que la fianza aprobada en agosto 23 de 1933 no responde de las consecuencias del último embargo decretado por la orden de 2 de enero de 1934, por lo que procede la prestación de una nueva fianza por la suma de $8,000 en relación con la última orden de embargo de fecha 2 de enero de 1934.
“Y visto el caso Pontón v. Huertas, 44 D.P.R. 629, y tomada en cuenta la manifestación hecha en el acto de la vista por el abo-gado del demandado: Que, en caso de que se sostuviera el embargo, está dispuesto a que se elimine la prohibición de ejereutar la sen-tencia, pero que todo dinero que se obtenga de la ejecución de la sentencia sea depositado en la Corte’; la Corte, deseando que que-den asegurados los derechos de ambas partes en este caso y resol-viendo por la presente la moción de reconsideración, ordena y de-creta lo siguiente:
‘1 Que si la demandante, dentro del término de 10 días presta una nueva fianza por lai suma de $8,000.00 para responder al demandado de los daños y perjuicios que puedan causársele con motivo de la orden de embargo ■ de 2 de enero de 1934, quedará subsistente el embargo trabado en la misma fecha, 2 de enero de 1934, en el caso civil número 7176, pero modificado en el sentido de quedar elimi-nada de dicho embargo la prohibición de ejecutar la sentencia dic-tada en 11 de enero de 1932 en el caso número 7176, modificado, ade-más, dicho embargo en el sentido de que todo dinero que se obtenga .de la ejecución de dicha sentencia sea depositado en la Corte.
“Y que, si dentro del referido término de 10 días, la deman-dante no ha prestado la fianza arriba mencionada, el embargo tra-bado en 2 de enero de 1934 en el caso número 7176 quedará anulado, y sin ningún valor ni, efecto.
“Ponce, P. R., a 13 de marzo de 1934.”

De esta resolución apeló la demandante alegando que en la resolución recurrida se ha incurrido en error:

“PRIMERO: al estimarse que la fianza aprobada en agosto 23 de 1933 no responde de las consecuencias del último embargo decretado por la orden de 2 de enero de 1934, por lo que procede la prestación de una nueva fianza, por la suma de $8,000 en relación con la úl-tima orden de embargo de fecha 2 de enero de 1934.
‘ ‘ SEGUNDO: al decretarse que si dentro del término de 10 días la demandante no ha prestado nueva fianza por $8,000 para responder al demandado de los daños y perjuicios que puedan causársele con ■motivo de la orden de embargo de 2 de enero de 3,934, el embargo trabado en 2 de enero de 1934 en el caso civil número 7176 quedará anulado y sin ningún valor legal; y
“Teroero: al decretar y ordenar que en el caso de que se preste la nueva fianza quedará subsistente el embargo trabado con fecha de 2 de enero de 1934, en el juicio civil número 7176, pero modi-ficaclo en el sentido de quedar eliminada de dicho embargo la pro-hibición de ejecutar la sentencia dictada en 11 de enero de 1932 en el caso civil 7176, y modificado, además, dicho embargo en el sen-tido de que todo dinero que se obtenga de la ejecución de dicha sen-tencia sea depositado en la Corte.”

La parte apelante ha desistido del tercer error alegando que el crédito existente a favor del demandado en virtud de sentencia contra la demandante, afectado por el embargo, lia sido satisfecho, que la cantidad de $7,000, importe de dicho crédito ha quedado depositada en la corte de acuerdo con la orden dictada, que el error atribuido a la corte inferior re-sulta académico, y que por esta razón desiste del mismo. La parte apelada entiende que debe declararse a lá apelante desistida de todo el recurso porque la apelante “al pagar la sentencia que había embargado al apelado y aceptar su de-pósito en la corte ha cumplido con la misma y aceptado los beneficios de la orden que ahora pretende impugnar a través del presente recurso.” Según el demandado un litigante que acepta los beneficios o cualquier parte sustancial ■ de los beneficios de una sentencia o decreto está impedido de re-chazarlo y de evadir sus efectos. La jurisprudencia citada por el demandado resulta inaplicable. Los errores apunta-dos por la parte apelante plantean cuestiones completamente distintas. En los errores primero y segundo se alega que la corte erró al estimar que la fianza aprobada en agosto 23 de 1933 no responde de las consecuencias del último embargo decretado, y al decretarse que si dentro del término de diez días la demandante no ha prestado nueva fianza el embargo trabado quedará anulado y sin ningún valor. En el error desistido se alega que la corte erró al decretar que si se presta una nueva fianza quedará subsistente el embargo trabado, pero modificado en el sentido de quedar eliminada de dicho embargo la prohibición de ejecutar cierta senten-cia, cuyo importe, “en caso' de ejecución, deberá depositarse en la corte.

El hecho de que la demandante haya desistido del error atribuido a la corte inferior en un pronunciamiento que, dicho sea de paso, fué sugerido por la propia demandante, no puede convertir en académica una cuestión completa-mente distinta como la que se relaciona con el efecto de la fianza sobre el embargo últimamente decretado. La cues-tión, a nuestro juicio, es tan clara que no necesita argumen-tación.

También alega el demandado que debe desestimarse la apelación porque el artículo 295,.inciso tercero, del Código de Enjuiciamiento Civil “autoriza la apelación contra una providencia anulando o negándose a anular un embargo, pero tal disposición estatutaria se refiere al caso en que se disuelva, anule o deje sin efecto una orden de embargo, es decir, la providencia decretativa del embargo y no la traba que posteriormente efectúa el márshal a virtud del mandamiento que recibe en cumplimiento de aquella orden.” En el presente caso la corte dispuso que el embargo trabado quedara anulado y sin ningún valor ni efecto en caso de que no se prestase dentro del término de diez días una nueva fianza por el demandante. Esta es una orden anulando un embargo y’ está claramente comprendida dentro de las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil.

También alega el demandado que el recurso interpuesto es frívolo por tratarse de una cuestión discrecional de la corte inferior. Opinamos que si la fianza radicada en 23 de agosto de 1933 es buena para responder al demandado del se-gundo y último embargo decretado, no puede calificarse de frívolo el recurso de apelación interpuesto por la deman-dante.

Los errores primero y segundo se relacionan con la orden de la corte exigiendo una nueva fianza y decretando la nulidad del embargo en caso de no ser prestada dentro del término señalado. La corte inferior se inclina a creer que la fianza aprobada en 23- de agosto de 1933 no responde de las consecuencias del embargo decretado en la orden de 2 de enero de 1934. Basa la corte su resolución en el artículo 1726 del Código Civil, edición 1930, según el cual la fianza no se presume, debiendo ser expresa, y no pndiendo exten-derse a más de lo contenido en ella. También se cita a Manresa en sus Comentarios al Código Civil, volumen 12, páginas 225-234. Estamos de acuerdo en que no puede in-terpretarse en sentido extensivo la obligación de fianza, am-pliándola a más del contenido de la misma, según sus tér-minos, en que la fianza es de interpretación estricta o res-tringida, y en que esta regla se aplica a las fianzas presta-das cuando se decreta un embargo para asegurar la efecti-vidad de una sentencia (National Surety Co. v. Jean, 36 Fed. (2d) 468, 68 Am. Law Rep. 1327); pero no creemos que baya necesidad de aplicar estos principios en este caso en que la misma fianza demuestra claramente que cubre bajo sus términos el único embargo practicado después de haber sido prestada. La fianza se prestó en 3 de mayo de 1933, después de anulado el embargo originalmente practicado. El representante de la compañía fiadora hace constar bajo juramento que tiene conocimiento del aseguramiento de la efectividad de la sentencia y que firma el documento de fianza en su capacidad de apoderado de la Great American Indemnity Co. La parte apelada arguye que la fianza pres-tada en mayo 3 de 1933 se refiere al embargo anulado, sin tenerse entonces por la compañía fiadora presente la nueva orden de aseguramiento que fuera dictada en enero 2 de" 1934. La lectura de la fianza disipa toda- clase de dudas acerca de los escrúpulos de la parte demandada.

La parte apelada entiende que la fianza otorgada en 3 de mayo de 1933 se refiere al embargo anulado en 24 de abril, porque en la misma se declara que la demandante ha solicitado que se decrete el aseguramiento de la efectividad de "la sentencia, a lo que la corte ha accedido, y en la fecha en que se otorgó el documento la corte únicamente había accedido a decretar el embargo que fué más tarde anulado. Eesolviendo la moción de la demandante solicitando aseguramiento de sentencia, la corte ordenó, en 5 de marzo de 1933, que mediante la prestación de una fianza de $8,000, se librase mandamiento de embargo contra los bienes del demandado. Se anuló el embargo practicado porque el tribunal a quo entendió que no podía trabarse sobre otro embargo; pero es evidente que la corte acordó el asegura-miento cuando fijó la fianza y decretó el embargo, y que la anulación de lo que hiciera el marshal al ejecutar la orden del secretario no puede dejar sin efecto lo acordado por la corte en cuanto al aseguramiento. Cuando se otorgó la segunda y última fianza la compañía fiadora y la demandante .sabían que se había practicado el embargo que fué luego ■anulado y se comprometieron a indemnizar al demandado no de los perjuicios que se le' pudiesen irrogar a consecuen-cia del embargo practicado, sino de “los perjuicios que se le puedan irrogar en consecuencia del embargo que de sus bie-nes habrá de hacerse” etc. La obligación se contrae para responder de los perjuicios que puedan irrogarse a conse-cuencia de algo que habrá de hacerse, no de lo que ya se ha hecho, del embargo que la demandante intenta trabar, no del (pie ya fué trabado y anulado por la corte. Es claro que el otorgamiento de la fianza debe preceder a la expe-dición del auto de embargo. En el. presente caso la fianza se otorgó después de haberse dictado una orden fijando una fianza de $8,000 para el embargo de los bienes del deman-dado, y antes de haberse expedido el auto por el secretario. La parte apelada arguye que se trata de una enmienda a la fianza anterior. A nuestro juicio se trata de una nueva fianza; pero aun cuando se tratase de una enmienda, la fianza primitiva se dictó para responder de los perjuicios -del embargo que habría de practicarse en virtud de la orden -original de la corte inferior, y puesto que el embargo tra-•bado había sido anulado, la fianza primitiva, posteriormente enmendada, hubiese respondido de cualquier otro embargo que se hubiese llevado a cabo para hacer efectiva la orden de la corte.

La parte apelada, al solicitar que se decretase la expe-dición de un nuevo auto de embargo por la corte, se basó en la orden original que decretó el embargo y la fianza, la cual, según sus propias palabras, consideró en vigor. Que la corte lo entendió así lo demuestra el hecho de que no fijó fianza para la traba del nuevo embargo, lo cual demuestra que consideró en toda su fuerza y vigor la fianza anterior-mente señalada. El mismo día en que se decretó la orden, la corte impartió su aprobación a la fianza. No se trabó entonces el embargo, 3^ en 2 de enero de 1934 la demandante pidió y obtuvo una orden para que se decretase el embargo en la forma solicitada. Al dictar esta orden la corte no hizo otra cosa que repetir y ratificar las órdenes anteriormente dictadas en cuanto al aseguramiento de la sentencia mediante embargo. El hecho de que la demandante especificase los bienes que debían embargarse y la forma en que debía de-cretarse el embargo nada tiene que ver con la responsabili-dad contraída por los fiadores. Las fianzas todas tienen un mismo fin: garantizar al demandado de que se le pagarán todos los daños y perjuicios que se le irroguen por el ase-guramiento. ' El embargo puede practicarse en una forma u otra. La fianza responde de las consecuencias que pue-dan irrogarse por el embargo que se practique en los bienes del demandado. El embargo había sido decretado mediante la prestación de una fianza de $8,000 y una vez cumplido este requisito la parte tenía derecho al aseguramiento de la sen-tencia. Opinamos que la corte inferior incurrió en error al declarar nulo el embargo en caso de que no se prestase una nueva fianza, por inclinarse a creer que la segunda y última fianza aprobada no responde de las consecuencias del último embargo. A nuestro juicio resulta claro que la segunda fianza responde al demandado de las consecuencias del re-ferido embargo.

Debe revocarse la resolución apelada.


author: El Juez Asociad» Señor Córdova Dávila,

text:
    Sellés, Casas & Co., Sucrs., S. en C., tercerista y apelada, v. Santini Fertilizer Co., Inc., Nicolás Casas y Ramón Sellés, demandados y apelados; Zenón Roldán Velázquez y Julio Muñoz Dieppa, fiadores y apelantes.
    No. 6834.
    Sometido: Noviembre 26, 1934.

      Resuelto: Noviembre 30, 1934.

      E. Torres Sola, abogado de los apelantes; B. BuscagUa, abogado de la demandada apelada, Santini Fertilizer Co., Inc.
   El Juez Asociad» Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

En mi procedimiento de tercería se dictó sentencia con-denando a la tercerista y a sus fiadores a satisfacer a Santini Fertilizer Oo. la cantidad de $3,000, valor de los bienes ob-jeto de la tercería, intereses y costas. No habiendo apelado la tercerista, los fiadores, dándose por notificados, promo-vieron recurso de apelación contra la sentencia dictada.

La parte apelada, Santini Fertilizer Co. Inc., solicita la desestimación'del recurso promovido en este caso por enten-der que los fiadores no tienen derecho a apelar de una sen-tencia dictada en un procedimiento de tercería. Se alega que esta sentencia fué notificada al abogado de la deman-dante en tercería, que no ha establecido recurso de apela-ción, y que los fiadores, dándose por notificados, han pro-movido el presente recurso bajo la teoría de que la senten-cia dictada en el caso no es firme en cuanto a ellos por no xaber sido notificados de dicha sentencia.

Durante la vista de esta moción ante este Tribunal, la parte apelada discutió la doctrina sentada en los casos de Arroyo v. Corte, 42 D.P.R. 44, y Sucn. Andrades v. Sosa, 45 D.P.R. 732, arguyendo que la jurisprudencia citada por nosotros en el último de dichos casos no es aplicable a Puerto Rico, donde tenemos nna disposición qne únicamente concede derecho de apelar a una parte agraviada por una resolución judicial. Dijimos, citando el tomo 2 de Ruling Case Law, página 55, qne la clase más numerosa de personas que no son partes en un pleito y que reclaman el derecho de apelar de acuerdo con los estatutos como personas agraviadas son los fiadores en fianzas oficiales y que la mayoría de las auto-ridades sostiene el derecho de esas personas para apelar, como tales fiadores, de una sentencia contra su principal por la teoría de que dichos fiadores, en ausencia de fraude o colusión, están obligados por un fallo contra su principal y son partes agraviadas. Añadimos que este derecho de apela-ción surge aun más claro en las sentencias de tercería donde la ley dispone que se condene al principal obligado en la fianza y también a sus fiadores a pagar el valor de la pro-piedad mueble reclamada por el tercerista, cuando éste ha dejado de probar su reclamación.

No hay razón alguna para que esta corte modifique la doctrina anteriormente citada. Nolan v. Johns, 108 Mo. 431, 18 S. W. 1107, es un caso que ha servido de base a la juris-prudencia para sostener los derechos de los fiadores a pro-mover recurso de apelación y puede encontrarse citado como autoridad en un buen número de decisiones. <£E1 primer punto que se ofrece a nuestra observación,” dice la corte en este caso, “es si los fiadores en una fianza de injunction tie-nen derecho a apelar de una sentencia rendida en la fianza por daños y perjuicios contra el principal solamente y en un procedimiento sumario en el caso original a virtud de moción. El estatuto concede el derecho de apelar a ‘toda persona agraviada por una sentencia final o decisión de cualquier corte de circuito en una causa civil.’ Es claro qne no se intentó que el derecho de apelar se limitase a perso-nas que fuesen técnicamente partes en la acción y contra' quienes se dictó sentencia directamente. ‘Toda persona agraviada’ incluye toda persona cuyos derechos fueron en cualquier respecto decididos por la sentencia: El uso do la designación ‘persona’ en vez de ‘parte’ en nn capítulo del estatuto que trata exclusivamente de práctica y procedi-mientos en casos civiles, es por sí mismo indicativo de que otras personas además de aquellas que sean técnicamente partes en la acción y sentencia deben tener el derecho de apelar. Además, es justo y equitativo que cualquier persona cuyos intereses son afectados y decididos por la sentencia tenga derecho a que se revisen por una corte de apelación todos los procedimientos que culminaron en dicha senten-cia.”

Es de notarse que el estatuto de Missouri sufrió más tarde una enmienda que eliminó la palabra “persona” susti-tuyéndola por la palabra “parte.” La corte, sin embargo, después de esta enmienda, siguió sosteniendo el criterio ante-riormente adoptado. En el caso de Wauchope v. McCormick, 158 Mo. 660,, 59 S. W. 970, se promovió la apelación por una persona afectada por la sentencia que no aparecía como parte en la acción. Solicitada la desestimación del recurso, la corte se expresó así:

“El abogado de] apelado alega que la apelación en este caso fue impropiamente permitida y que debe ser desestimada. Esta alega-ción se basa en el texto de la sección 806 de los Estatutos Revisados que dispone que ‘any party to a suit aggrieved by any judgment dic-tada por una corte de circuito en cualquier causa civil puede enta-blar apelación.’ Basa su argumentación la parte apelada en el cambio hecho en la misma sección, que anteriormente decía: ‘Every person aggrieved by any final judgment o decisión de cualquier corte de circuito en cualquier acción civil puede establecer apelación.’ . . . El propósito de la enmienda fué extender, no restringir, el derecho de apelación. Sin embargo, se alega que la Legislatura al adop-tar la enmienda sustituyendo las palabras, ‘toda persona agraviada’ por las palabras ‘cualquier parte agraviada en una acción’ ha res-tringido prácticamente, en vez de extender, el derecho de apelación y ha privado a la apelante de este derecho, que ella hubiera tenido bajo la ley original. No debe darse tal interpretación al estatuto a menos que sus términos así lo requieran claramente y nosotros no creemos que lo requieran.”

La conclusión de la corte de que la¡ enmienda amplió más bien que limitó el derecho de apelación es cuestión que no nos toca a nosotros discutir. La verdad es que el tribunal de Missouri, a pesar de la enmienda, resolvió que una persona afectada por una sentencia tiene derecho a apelar, con-secuente con su criterio anteriormente mantenido de que es justo y equitativo que cualquier persona cuyos intereses son afectados y decididos por la sentencia tenga derecho a que se revisen por una corte de apelación todos los procedi-mientos que culminaron en dicha sentencia. La tercería ofrece un ejemplo típico de un derecho claro de apelación a favor de los fiadores, contra los cuales se dicta sentencia (final) por mandato de la ley.

Debe declararse sin lugar la moción de desestimación presentada por la parte apelada.


author: El Juez Asociado Señor Cordova Dávtla,

text:
    Apelio Felices Portilla, demandante y apelado, v. Porto Rico Iron Works, Inc., demandada y apelante.
    No. 6433.
    Sometido: Noviembre 16, 1934.

      Resuelto: Noviembre 30, 1934.

      F. Parra Capó y F. Parra Toro, abogados de la apelante; José S. Alegría, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Cordova Dávtla,

emitió la opinion del tribunal.

Es ésta una acción en cobro de pesos basada en nn con-trato celebrado en 29 de noviembre de 1929 entre el deman-dante Apelio Felices Portilla y la demandada Porto Rico Iron Works Inc. Se alega que este contrato se llevó a cabo en virtud de gestiones que realizara el demandante a reque-rimiento de la demandada, para la incorporación de la so-ciedad industrial Sobrinos de Portilla y control de dicba corporación por la referida demandada Porto Rico Iron Works Inc.

El contrato a que nos venimos refiriendo anulaba y de-jaba sin efecto un contrato anterior existente entre las mis-mas partes, de fecha 16 de septiembre de 1929, en que la demandada apelante se comprometía a asegurarle al deman-dante un adelanto mensual de $350 por sus servicios con la nueva corporación que iba a formarse de la sociedad Sobri-nos de Portilla. El contrato de 16 de septiembre de 1929 dice, en parte, así:

“Al mismo tiempo nos comprometemos a asegurarle un adelanto de $350 mensuales por sus servicios con la nueva corporación de Sobrinos de Portilla Inc. durante el término de cinco años, sujeto este compromiso a las condiciones generales sobre el retiro de actua-les socios que se encuentren en el contrato de la adquisición.”

El contrato de fecha 29 de noviembre de 1929 en lo per-tinente dice:

“Anulamos el convenio existente según carta de la Porto Rico Iron Works Inc. de fecha 16 de septiembre de 1929, y en su lugar convenimos que la Porto Rico Iron Works Inc. garantizará un ade-lanto mensual de $350 durante la vigencia de su contrato de empleo con la corporación a formar Sobrinos de Portilla Inc., al señor Ape-lio Felices Portilla, en consideración de su sueldo y participación de los beneficios.”

Se alega por el demandante y admite por la demandada que habiéndose efectuado la incorporación de Sobrinos de Portilla bajo el nombre de Portilla Iron Works Inc., y pa-sado el control de ésta a manos de Porto Rico Iron Works Inc. a virtud de las gestiones del demandante, se efectuó un contrato de servicios, con fecha 27 de enero de 1930, entre el demandante y dicha corporación Portilla Iron Works Inc., de común acuerdo con la demandada Porto Rico Iron Works Tnc., bajo las siguientes cláusulas:

“1. La primera parte se compromete a prestar sus servicios a la segunda parte como jefe del departamento de ventas en el estableci-miento de la segunda parte, en San Juan, P. R., así como cualquier otro servicio para que sea requerido dentro de la línea general del negocio por la Junta Directiva.
“2. Este contrato se llevará a efecto por un plazo de cinco (5) años que empezarán a contarse el día 18 del corriente mes de enero, a cuya fecha se retrotraen los efectos del mismo.
“3. La primera parte devengará, por sus servicios la cantidad de doscientos setenta y cinco dólares ($275.00) mensuales. Además como otra compensación tendrá derecho a un cinco por ciento (5%) del beneficio líquido que tenga anualmente la corporación.”

La prueba aportada demuestra que la demandada entregó al demandante una cantidad mensual de $75 desde marzo primero a octubre 2 de 1930, y que el demandante acusó re-cibo de estas cantidades en sendos documentos redactados por 1a. demandada que dicen así:

“Recibí de Porto Rico Iron Works- Inc. la suma de setenta y cinco dólares como adelanto a cuenta del 5 por ciento del beneficio neto anual de la corporación Portilla Iron Works Inc. que me corresponde según mi contrato de empleo con dicha corporación y cuya cantidad autorizo a que se descuente y entregue a la Porto Rico Iron Works Inc. al hacérseme dicha liquidación.”

Admite la demandada que ha dejado de satisfacer al de-mandante las sumas correspondientes a los meses de agosto, 1930, a septiembre, 1931, o sea doce meses, que a razón de $75 mensuales arrojan la cantidad de $900, y alega que los pagos mensuales realizados con anterioridad a esta fecha los hizo como adelanto a cuenta del 5 por ciento del beneficio neto anual de la corporación Portilla Iron Works Inc., para ser dicha suma descontada al demandante por la demandada al hacerse la liquidación anual de dichos beneficios.

La parte demandada alega que ha satisfecho al deman-dante desde el 29 de noviembre de 1929 hasta el día 30 de julio de 1930 la suma de $675, y establece contrademanda contra el Sr. Felices reclamando dicha suma.

La corte inferior .declaró con lugar la demanda y deses-timó la contrademanda, condenando a la demandada al pago de la suma reclamada con sus intereses legales desde la in-terposición de la demanda y las costas y honorarios de abo-gado. La parte apelante alega que la corte inferior cometió error al considerar que la obligación contraída era de carácter principal y que la intención de las contratantes al otorgar el contrato fué garantizar al demandante una cantidad men-sual de $350 durante la vigencia de su contrato de servi-cios, lo que equivalía a que la demandada apelante garan-tizara un mínimum de beneficio de $75 mensuales.

Yernos que el 16 de septiembre de 1929 la demandada contrajo el compromiso de asegurar al demandante un adelanto de $350 mensuales por sus servicios a la nueva corporación Sobrinos de Portilla, y que más tarde, en 29 de noviembre de 1929, se anuló este contrato, comprometiéndose entonces la demandada a garantizar al demandante un adelanto mensual de $350 en consideración de su sueldo y participación de los beneficios. Parece deducirse que primeramente se aseguró al demandante un adelanto de $350 por su salario y que más tarde las partes tuvieron en cuenta, al establecer la garantía, el sueldo del demandante y su participación en los beneficios. Que ésta fué la intención de los contratantes queda claramente demostrado en el convenio efectuado en 27 de enero de 1930, explicativo y aclaratorio del convenio anterior. En este último convenio se fijan $275 mensuales al demandante por sus servicios y se dice que además, como otra compensación, tendrá derecho a nn 5 por ciento del beneficio líquido que tiene anualmente la corpora-ción.

Y para que no baya dudas acerca de lo convenido por las partes, el propio demandante acepta, en un documento au-torizado con su firma, la suma de $75 como adelanto a cuenta del 5 por ciento del beneficio aludido para ser des-contado y entregado a la Porto Rico Iron Works Inc. al ha-cerse la liquidación.

Se alega en la demanda y se admite en la contestación que no se liquidaron beneficios en los balances de Portilla Iron Works Inc. Sin embargo, el tesorero de la demandada, Luis Ferré, declara que el primer año la casa de Portilla tuvo un beneficio de $4,000 aproximadamente y el segundo una pérdida de $7,000. El demandante declara que el pago de los $75 mensuales no era a cuenta de beneficios directa-mente, sino a cuenta de sueldos y beneficios. Con respecto a los recibos autorizados, copiamos a continuación el testi-monio del demandante respondiendo a preguntas de la de-mandada :

“A. Tenga la bondad de examinar estos siete (7) documentos que le presento.
“T. Ocho (8) pagos que me hicieron.
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'‘A. ¿De modo que según este recibo y los demás que son todos iguales, usted recibía de Porto Rico Iron Works Inc. la suma de se-tenta y cinco (75) dollars como adelanto a cuenta del cinco por ciento (5%) del beneficio neto anual de la corporación P’ortilla Iron Works Inc. que le correspondía a usted según su contrato de empleo con dicha corporación, y cuya cantidad de setenta y cinco (75) dollars autorizaba ‘a que se descuente y entregue a la Porto Rico Iron Works Inc. al hacérseme dicha liquidación’?
“T. Yo confieso haber recibido esos setenta y cinco (75) pesos mensuales a cuenta de sueldos y beneficios del cinco por ciento (5%) que me garantizaron ellos que tendría yo en la corporación Portilla Iron Works.
“A. ¿Este recibo representa el contrato entre ustedes?
“T. No. Sueldos y beneficios, como lo dice el contrato original y lo dice la carta original que está abí.
“A. ¿De modo que usted firmó este recibo que no era verdad? ¿ Un recibo que no demostraba exactamente la operación que usted ha-bía becbo?
“T. Como eran setenta y cinco (75) pesos que yo recibía, pues firmaba. Siempre había la creencia de que estaba tratando uno con . . .
“A. (Interrumpiendo). ¿De modo que usted, con tal de echarse los setenta y cinco (75) pesos al bolsillo, hubiera estado dispuesto a firmar cualquier clase de recibo que le hubieran presentado, aunque no fuera la verdad?
“T. Eso era parte del contrato. Se hablaba de beneficios.
“A. ¿En qué quedamos entonces? ¿Este recibo es expresivo de la verdad de la operación que usted hizo con estos señores?
“T. Es expresivo de parte de la verdad.
“A. ¿Y por qué no de toda la verdad?
“T. Porque cada vez que yo llamaba la atención, siempre me de-cían: ‘Ah, entre nosotros no habrá diferencia.’ ”

El testigo Luis Ferré, Tesorero de la demandada, de-clara que en 16 de septiembre el Sr. Apelio Felices 3'' el Sr. Ramón Riancho fueron donde la Porto Rico Iron Works Inc. para ver si esta corporación tenía interés en hacerse cargo del negocio de Portilla en San Juan. “Nos hicieron,” dice el testigo, “la proposición de que si se les garantizaba a ellos un sueldo mensual de $350 a uno y $400 al otro, y al mismo tiempo se les daba una comisión de $6,000 a uno y $4,000 al otro, ellos estarían dispuestos a trabajar con nosotros, y dejar que nosotros dirigiéramos y administrá-ramos el negocio de San Juan. A ese efecto nos concedie-ron, el 1ro. de octubre, una opción para que durante un pe-ríodo de dos meses la Porto Rico Iron Works Inc. hiciera una investigación de los libros de Sobrinos de Portilla y decidiera si les convenía o no hacerse cargo de aquel nego-cio bajo estas condiciones que los señores imponían. Se hizo el estudio de la contabilidad y antes de vencerse el plazo para la aceptación o el rechazo de la proposición, se llegó a la conclusión de que el negocio estaba en condicio-nes muy serias y qne por lo tanto era imposible que el nego-cio, sin obtener ciertas concesiones especiales, siguiera ade-lante. A este efecto, antes de esa fecha, • o sea el 29 de no-viembre, dos días antes de terminar el plazo de la opción, o un día antes, llamamos al señor Felices y al señor Rian-cho y les dijimos: ‘ Señores, esta compañía, si la vamos a trabajar, no puede pagar los sueldos que ustedes quieren. De manera que nosotros no estamos dispuestos a firmar la opción a menos que ustedes estén dispuestos a cancelar el convenio que tenemos con ustedes de sueldo y aceptar suel-dos inferiores a esas cantidades.’ Los señores Felices y Riancho nos dijeron que estaban conformes, pero que ellos necesitaban dinero inmediatamente y que entonces nosotros les fuéramos adelantando a cuenta del beneficio que el ne-gocio iba a tener, la diferencia entre el sueldo que el nego-cio podía darles y el que ellos demandaban. A ese efecto se firmó este convenio, el cual anulaba la carta de septiem-bre 16, y en el cual se especificaba que el sueldo por servi-cios sería trescientos cincuenta (350) dollars y se especifi-caba que se le darían trescientos cincuenta dollars, pero que parte de este dinero, que convinimos verbalmente sería setenta y cinco dollars, se le adelantaría a cuenta de bene-ficios que tuviera la compañía. Durante un año entero la compañía empezó a trabajar y durante el primer año nosotros le seguimos adelantando setenta y cinco dollars al señor Felices y cien al señor Riancho a cuenta de los beneficios de la casa. Los planes que tuvimos no resultaron y la casa arrojó un beneficio sumamente pequeño y empezó a arrojar pérdidas al año siguiente. De manera que como lo que es-tuvimos haciendo era una concesión a cuenta de un bene-ficio que iba a tener la casa, les dijimos a los señores Feli-ces y Riancho que no podíamos seguirles adelantando ese dinero puesto que el beneficio no había cristalizado y no ha-bía ninguno tampoco al año siguiente. Ésa es la relación de log Lechos.”

La corte inferior llegó a la conclusión de que Portilla Iron Works Inc., controlada por Porto Rico Iron Works Inc., pagó al demandante su sueldo de $275 y que la canti-dad de $75 mensuales fué satisfecha por la demandada du-rante ocho meses como adelanto a cuenta de los beneficios y autorizando al demandante para descontar dicha cantidad y entregarla a la demandada al hacerse la liquidación; pero entiende que la obligación de la demandada es principal y que la intención de los contratantes al otorgar el contrato fué garantizar al demandante una cantidad mensual de $350 durante la vigencia de su contrato de servicios, sin de-terminarse en él el montante del sueldo. “Ambos contra-tos,'” dice la corte, “presumen la existencia de beneficios, se garantizaron éstos por la demandada como parte del con-trato de servicios, y el hecho de que no los hubiera en defi-nitiva no la exime de la responsabilidad de pagarlos al de-mandante hasta la cantidad garantizada.”

Convenimos con la corte inferior en que las partes cre-yeron que el negocio había de producir beneficios. Es natural que abrigaran esta esperanza. Así ocurre siempre cuando se inicia un negocio y así se explica que la deman-dada garantizara el anticipo en la creencia de que habría beneficios para devolverle la cantidad anticipada; pero esto no quiere decir que el demandante tenga un derecho de ac-ción para reclamar el anticipo prometido después de trans-currido el tiempo durante el cual debió haberse satisfecho, dicho anticipo. Puede que el demandante, cuando la de-mandada dejó de pagarle el adelanto, hubiese tenido un de-recho de acción para obligarla a cumplir su compromiso; pero después de transcurrido un año sin haberse obtenido beneficio, la parte actora no debe tener derecho a que se le adelante una suma cuyo reembolso no puede ser obtenido, ya que no existen beneficios y la. suma reclamada tiende a cu-brir mensualidades atrasadas. Conforme a lo convenido el pago tiene el carácter de un adelanto que debe reembolsarse de los beneficios al hacerse la liquidación. Pero si se espera a que se haga esta liquidación y de la misma resulta que no hay beneficios, no puede existir obligación de pagar sin es-peranzas de reembolso. Aun asumiendo la existencia de be-neficios, si no se anticipó el pago y se esperó a la liquida-ción, la demandada estaría obligada a entregar al deman-dante, no un anticipo que ya no tendría razón de ser, sino su beneficio real y efectivo para cubrir las mensualidades atrasadas. El tesorero de la demandada dice que en vista de que la casa arrojó el primer año un beneficio sumamente pequeño y empezó a arrojar pérdidas al año siguiente, se le dijo a los Sres Felices y Riancho que no podían seguirles ade-lantando ese dinero, puesto que el beneficio no había cris-talizado y no había tampoco ninguno al año siguiente. Es éste el momento en que la parte actora pudo tener algún derecho para ejercitar su acción; pero no después de trans-currido el año y admitido por ambas partes que durante ese año no hubo beneficio. De acuerdo con lo convenido el de-mandante debía devengar $275 mensuales por sus servicios, y además como otra compensación tendría derecho a un 5 por ciento del beneficio líquido que tuviera anualmente la corporación. Es a cuenta de este 5 por ciento del beneficio neto anual, según lo admite bajo su propia firma .el deman-dante, que la demandada adelantaba la suma de $75 men-suales para ser descontada al demandante y entregada a la demandada al practicarse la liquidación. Ahora bien, ¿ cuándo debía hacerse la liquidación? A nuestro juicio, anualmente, .ya que parece natural que se practicara una liquidación to-dos los años a fin de averiguar “el beneficio líquido que tenga anualmente la corporación”, y que se hiciese también anual-mente el descuento al demandante de la cantidad anticipada par a. de volverla a la demandada.

Por estas razones opinamos que debe declararse sin lu-gar la demanda.

En cuanto a la contrademanda, se ha demostrado mediante prueba documental que la demandada pagó al de-mandante ocho mensualidades a razón de $75 que arrojan un total de $600, y que la corporación Portilla Iron Works Inc. tuvo algunos beneficios durante el primer año de sus acti-vidades. El tesorero de la demandada admite en su decla-ración que de estos beneficios correspondían al demandante la cantidad de $300. Siendo ello así, opinamos que el de-mandante debe devolver a la demandada la cantidad de $300 que le pagó como anticipo de beneficios que no fueron pro-ducidos.

Debe revocarse la sentencia apelada y dictarse otra en su lugar declarando sin lugar la demanda y con lugar la contrademanda, condenando al demandante a satisfacer a la demandada la cantidad de $300, todo ello sin especial conde-nación de costas.

El Jues Asociado Señor Aldrey no intervino.


author: El Juez PresideNte Señob Del Toro,

text:
    Herman L. Cochran, como Síndico de Sucrs. de L. Villamil & Co., S. en C., y sus socios gestores José León Núñez y Celso Suárez, en quiebra, demandante y apelado, v. Mercedes Fernández Vda. de Suárez, demandada y apelante.
    No. 6420.
    Sometido: Junio 7, 1934.

      Resuelto: Noviembre 30, 1934.

      L. Llorens Torres, abogado de la apelante; J. J. Fuertes y B. Castro-Fernandes, abogados del apelado.
   El Juez PresideNte Señob Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Herman L. Cochran, como Síndico de Suers, de L. Villa-mil & Co., S. en C., y sus socios gestores José León Núñez .y Celso Suárez, en quiebra, entabló demanda contra Mercedes Fernández viuda de Suárez, en cobro de dinero.

Alegó dos causas de acción. Basó la primera en que la demandada ha sido socia comanditaria de Suers, de L. Vi-llamil & Co.- S. en C. con derecho a participar en los bene-ficios y pérdidas, habiéndole la sociedad enviado dinero en anticipo de beneficios, constituyendo dichas transacciones una cuenta corriente que se liquidó entre las partes en septiembre 13, 1925, con un balance a favor de la sociedad de $721.28.

Desde la fecha de la liquidación hasta abril 23, 1932, la sociedad “remitió a la demandada” — que tiene su domici-lio en Madrid, España — “o pagó obligaciones de la deman-dada por la suma de $74,132.65 representando dicha suma cantidades remitidas mensualmente a la demandada a Es-paña por dicha mercantil durante el período indicado por concepto de rentas cobradas de propiedades de la deman-dada en Puerto Rico y fondos remitidos por adelantado y en anticipo de la participación de dicha demandada en los beneficios actuales obtenidos por la Sociedad antes mencio-nada así como también gastos incurridos por la Sociedad desde el 13 de septiembre de 1925 al 23 de abril de 1932 para sostener y conservar las propiedades que la demandada poseía en la Isla de Puerto Rico, cuyos pagos constituían •entradas al débito en la cuenta corriente entre dicha mercan-til y la demandada en los libros-de dicha entidad comercial.”

■ Durante el mismo período la sociedad acreditó a la de-mandada en la indicada cuenta corriente $46,286.15 que re-presentan los beneficios realmente obtenidos por la deman-dada en la sociedad y las rentas y otros ingresos de pro-piedades de la demandada recolectados por la sociedad.

La cuenta corriente arrojaba en abril 23, 1932 un balance a favor de la sociedad en quiebra de $28,569.78, cuyo balance forma parte de las propiedades del Síndico, está ven-cido y no ha sido satisfecho en todo ni en parte.

La segunda causa de acción se basa en los mismos hechos aducidos para sostener la primera, alegándose además que en abril 23, 1932, la demandada adeudaba a Suers, de L. Villa.mil $28,569.78, según liquidación de la cuenta corriente que existía entre ambas partes que fué enviada a y acep-tada por la demandada que se comprometió a pagar el balance resultante en contra suya, balance que hoy forma parte de los bienes del Síndico nombrado por¡ la Corte Federal en el caso de quiebra de Suers, de L. Villanal & Co., S. en C., y sus socios José León y Celso Suárez, y que no ha sido pagado en todo ni en parte.

El mismo día en que se archivó la demanda se solicitó el aseguramiento de la sentencia que pudiera dictarse a vir-tud de la misma, recayendo la siguiente orden de, la corte:

"Vista la moción que antecede y los autos en este caso, la Corte ordena el embargo de los bienes inmuebles y derechos reales que se enumeran y describen en la moción de aseguramiento de sentencia bajo las letras A, B, C, B y E de la demandada Mercedes Fernández, Vda. de Suárez, en cantidad suficiente para responder de la suma de $28,569.78 de principal, sus intereses legales desde el 23 de abril de 1932 hasta su completo pago, más las costas y gastos que este pleito irrogue al demandante.
"En virtud de las fuertes hipotecas que gravan las propiedades de la demandada antes mencionada, la Corte ordena además, el embargo de las rentas que producen dichas propiedades y que en la actualidad pertenecen y son pagadas a la demandada, o a sus agen-tes en Puerto Rico.
"ORDENÁNDOSE además a la demandada, Mercedes Fernández Vda. de Suárez, o a sus agentes o representantes legales se absten-gan de vender, hipotecar o enajenar en forma alguna las propiedades y derechos reales que la demandada posee en la Isla de Puerto Rico y descintos en la moción de aseguramiento de sentencia,
"No constando la reclamación en documento auténtico la Corte ORDENA la prestación por parte del demandante de una fianza de $5,000.00 para responder a la demandada de los daños y perjuicios que se le puedan irrogar por consecuencia del embargo trabado so-bre sus bienes.
"El Secretario espedirá el mandamiento procedente al Márshal de esta Corte para la debida ejecución de la orden.”

Expedido el mandamiento, fué diligenciado en forma por el márshal.

La parte demandada presentó dos mociones solicitando la eliminación de ciertos particulares de la demanda y la mayor especificación de otros en la primera y la nulidad del embargo en la segunda. La corte declaró sin lugar ambas mociones, sin perjuicio de que la dicha parte demandada pu-diera pedir un pliego de particulares.

Opuso entonces la demandada excepciones previas a la demanda que fueron desestimadas por la corte el l9 de marzo de 1933, con permiso para contestar dentro de diez días.

En ese estado el pleito, el 14 de marzo de 1933 compare-ció el demandante y pidió a la corte que nombrara un sín-dico que se hiciera cargo de la administración de las pro-piedades embargadas. La corte accedió.

El 28 de marzo de 1933 no habiendo la demandada ar-chivado su contestación, acusó el demandante su rebeldía que fué anotada el propio día por el Secretario y el 25 de abril siguiente pidió a este funcionario que registrara sentencia declarando con lugar la demanda en cuanto a su segunda causa de acción, y la sentencia fué en efecto registrada el 27 del propio abril y notificada a la parte perdidosa el 4 de mayo siguiente.

El 2 de junio de 1933 la demandada interpuso el pre-sente recurso de apelación contra las resoluciones de enero 24, 1.933, enero 25, 1.933, marzo 1, 1933, y contra la senten-cia de abril 27, 1933, señalando en su alegato cinco errores cometidos a su juicio por la corte, al desestimar su moción eliminatoria, al negarse a anular el embargo, al declarar sin lugar sus excepciones previas y al decretar el nombramiento del síndico y por el Secretario, al registrar la sentencia final en favor del demandante.

A nuestro juicio la corte no cometió el primer error que se le atribuye. Las eliminaciones solicitadas no eran perti-nentes en su mayor parte, y la resolución de la corte ne-gando las que quizá procedían no vicia de tal modo el pro-cedimiento que deba por ese solo motivo revocarse la sen-tencia apelada.

En cuanto a la mayor especificación, creemos que fué su-ficiente la reserva a la demandada de su derecho a pedir un pliego de particulares, atendidas las circunstancias con-currentes y la naturaleza del pleito.

Tampoco fué cometido el tercero de los errores señalados.

La demanda aduce hechos suficientes para determinar mía (-ansa ele acción. La obligación de pagar la demandada al demandante la cantidad que le reclama, surge clara de los hechos alegados si se admite como es necesario admitir la certeza de los mismos a los efectos de la excepción previa alegada.

T en cnanto a la indebida acumulación de acciones, no existe. Lo que hizo el demandante fué establecer su reclamación bajo dos formas distintas, a saber: bajo la de una cuenta corriente que lo obligaba a probarla por entero en (‘.aso de una negativa, y bajo la de esa misma cuenta corriente liquidada, rendida y aceptada que lo obligaba en 1al caso a probar solamente la aceptación.

Eli demandante apelado explica en su alegato su actua-ción así:

“Era posible que por cualquier motivo no pudiésemos probar la causa de acción sobre la cuenta corriente liquidada y aceptada pol-la demandada y entonces no podríamos entablar otra acción sobre lina (menta corriente. Bajo estas circunstancias hemos sido pruden-tes y liemos seguido a los tratadistas en la materia.”

El segundo señalamiento de error abarca dos ex-tremos. Se sostiene por el primero que el embargo decretado para asegurar la sentencia es nulo porque la córte no tuvo poder para decidir cuáles eran los bienes que el márshal debía embargar a tal efecto, siendo a juicio de la apelante el procedimiento a seguir el fijado por la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil Española que ordenaba embargar antes que inmuebles y derechos reales, el efectivo en caja, las joyas y los muebles y semovientes del deudor.

Creemos que no está bien fundada la contención. La ley especial sobre la materia se limita a disponer en su artículo 2, letra (&) que si la obligación reclamada fuera de pagar una suma de dinero, el aseguramiento consistirá en el embargo de bienes bastantes del deudor para responder de las sumas reclamadas. Luego el artículo 9 prescribe cómo se efectuarán el embargo y la prohibición de enajenar decre-tados. Código de Enjuiciamiento Civil, Ed. 1933, ps: 96 y 98. Y esta corte en el caso de López v. Martínez Hnos., 45 D.P.R. 530, ratificando anteriores decisiones, resolvió que:

“Decretado nn embargo por la corte para asegurar la efectivi-dad de la sentencia que pueda dictarse en el pleito, la orden para que el embargo se practique por medio de anotación en el registro emana de la corte y puede cumplirse por mandamiento expedido por el secretario directamente al registrador o al marshal correspondiente como en los casos ordinarios para que actúe.”

No se trata de la ejecución de una sentencia, sino de una medida de aseguramiento, y parece lo natural que el orden a seguir sea distinto, debiendo comenzarse por los inmuebles. De tal suerte queda garantizado el derecho del demandante con la menor perturbación posible a los intereses del deman-dado. Si el embargo le fuere gravoso, puede el deudor obte-ner que se levante pagando, consignando o afianzando las sumas reclamadas. Artículo 15 de la ley.

Sobre el segundo extremo que es en verdad el que ha levantado dudas en nuestra mente, se limita a decir la parte apelante en su alegato:

“En cuanto al embargo de rentas o intereses futuros y de futu-ros cánones de arrendamiento, esta demandada alegó: que dicho embargo es ilegal y nulo, porque de acuerdo con la legislación vigente en Puerto Rico, no se pueden embargar rentas futuras ni futuros cánones de arrendamiento.”

No es ése el modo de plantear seriamente una cuestión de tanta trascendencia que no sabemos que haya sido de-cidida de modo terminante en esta jurisdicción, ni en otra alguna.

Es la parte apelada la que en su alegato estudia la cues-tión suscitada con alguna amplitud. Invoca la letra (h) del citado artículo 2 de la ley que expresa que “en lo no pre-visto en las reglas precedentes, el tribunal discrecional y equitativamente adoptará las medidas procedentes para ase-gurar la efectividad de la sentencia,” y dice que ajustó su solicitud a la regla establecida por esta corte en el caso de Manrique v. Aguayo, 35 D.P.R. 393 especificando en ella las circunstancias que lo llevaban a pedir el embargo de las ren-tas además del de los inmuebles, circunstancias que en efecto fueron las que sirvieron de base a la corte para decretar dicho embargo, como así resulta de su propia orden, a saber:

“En virtud de las fuertes bipoteeas que gravan las propiedades de la demandada antes mencionadas, la Corte ordena además el embargo de las rentas que producen dichas propiedades y que en la actualidad pertenecen y son pagadas a la demandada o a sus agen-tes en Puerto Pico.”

En tales condiciones no intervendremos con la resolución de la corte, dejando la cuestión abierta para ser resuelta en el futuro si fuera presentada en propia forma.

El cuarto error se refiere al nombramiento del síndico. Se señala, pero no se discute en el aleg*ato de la apelante.

Resta sólo examinar el quinto y último de los errores señalados. Por él se sostiene que el Secretario actuó, sin jurisdicción al registrar la sentencia por no estar este caso comprendido dentro del número primero del artículo 194 del .Código de Enjuiciamiento Civil.

Dos motivos abarca el error, primero, que éste no es un pleito que nazca de un contrato sobre pago de dinero o para obtener perjuicios solamente; segundo, que aquí la deman-dada fué emplazada por edictos. )

El registro de la sentencia en rebeldía se hizo sobre la base única de la segunda causa de acción, o sea la que se funda en la cuenta corriente liquidada y rendida por el de-mandante y aceptada por la demandada. Siendo ello así, se trata claramente de un pleito que nace de un contrato sobre pago de dinero, comprendido, por tanto, dentro del número primero del artículo 194 del Código de Enjuicia-miento Civil. No nos encontramos aquí frente a un caso de una cuenta ilíquida, sino liquidada y aceptada, repetimos. Rivera v. Corte, 44 D.P.R. 817, 820.

Es cierto que la demandada fué citada por edictos y que el artículo 194 del Código de Enjuiciamiento Civil en su No. 3 prescribe que en tal caso si no se contesta, la sen-tencia en rebeldía debe dictarse por la corte mediante prueba, pero también lo es que la dicha demandada compareció en el pleito e hizo las gestiones que conocemos, quedando así sometida a la jurisdicción de la Corte de igual modo que si hubiera sido citada personalmente. Franceschi et al. v. Sepúlveda, 27 D.P.R. 118, Aparicio Hnos. v. H. C. Christianson & Co., 23 D.P.R. 493, Hernaiz, Targa & Co. v. Vivas, 20 D.P.R. 106.

Tampoco fué el error cometido, debiendo en tal virtud de-clararse el recurso interpuesto sin hogar y confirmarse las re-soluciones y la sentencia apeladas.


author: Ei, ,1 uez Asociado Señob, Wolf,

text:
    Luis Ríos, peticionario y apelante, y El Pueblo de Puerto Rico, opositor y apelado.
    No. 5513.
    Sometido: Noviembre 7, 1934.

      Resuelto: Noviembre 30, 1934.

      Buenaventura E sieves y José M. Valentín Esteves, abogados del ape-lante : B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   Ei, ,1 uez Asociado Señob, Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El artículo 29 del Código de Enjuiciamiento Criminal dispone:

“íái después de oída la denuncia, el acusado alegare su inocencia, el juez de paz procederá en la siguiente forma:
“Cuarto: El juez de paz tomará entonces en consideración la prueba aducida y dictará su fallo dentro de las veinte y cuatro horas siguientes. Tanto la celebración del juicio como el acto de dictar sentencia se hará en presencia del acusado. Si el fallo fuere favorable al acusado, absolviéndolo del cargo que se le imputa, será puesto en libertad inmediatamente. Si del fallo resultare que el acusado es culpable, el acusado podrá apelar en el término del ter-cer día ante la corte de distrito.”

El apelante alegó que la Corte Municipal de San Sebas-tián había dejado de cumplir con las disposiciones del ar-tículo citado, perdiendo así su jurisdicción. Para determi-nar la, cuestión de jurisdicción y para otros fines se presentó • una petición de hábeas corpus ante la Corte de Distrito de Aguadilla, la que luego de librar el auto y de celebrar una vista, declaró sin lugar la petición.

El peticionario fué acusado de portar un arma prohibida. Su única defensa fué que portaba el arma en la finca de su patrono. Durante el juicio en la corte municipal el acusado, en apoyo de su contención, ofreció presentar una escritura para demostrar el título de su patrono. La corte dejó el caso abierto para permitirle hacerlo así y la escritura fué realmente presentada al' día siguiente de haberse concedido el permiso. Al recibir la escritura en 24 de enero de 1934, la corte creyó necesario hacer una inspección ocular del lugar. La inspección fué llevada a cabo el 2 de febrero de 1934 sin notificarse al acusado y sin la presencia de éste. La corte entonces señaló el caso nuevamente para dictar sentencia el 6 de febrero de 1934 y así lo hizo en dicho día.

A nuestro juicio la corte municipal perdió su jurisdic-ción. Si la corte hubiese señalado el caso de nuevo para continuar la vista, quizá podrían surgir algunas de las du-dar sugeridas por el fiscal. Sin embargo, el proceder de la corte al señalar el caso tan sólo para dictar sentencia en el mismo demuestra que el juez consideró que el juicio había terminado y que el caso quedaba finalmente sometido.

No daremos énfasis al hecho de que una inspección ocular celebrada legal o generalmente a discreción de la corte debe efectuarse en presencia del acusado. Si la corte pri-vadamente hubiera hecho una inspección del lugar dentro del límite de tiempo fijado por la ley, es posible que no hu-biera surgido perjuicio alguno.

Aquí vemos que el presente caso estaba plenamente bajo consideración de la corte el 24. de enero de 1934. La inspec-ción efectuada el 2 de febrero fue demasiado tardía y la sentencia de 6 del mismo mes fué dictada sin jurisdicción. No importa que la demora original se debiera a instancias del acusado.

Por lo general, cuando se suspende el caso debe hacerse así constar aun tratándose de una corte que no sea de registro.

El artículo 29 del Código de Enjuiciamiento Criminal es imperativo. Pueblo v. Acosta, 40 D.P.R. 471. En el caso de El Pueblo v. Rodríguez Alberty, 39 D.P.R. 599, no hallamos nada en sentido contrario.

La resolución de la corte de distrito de 13 de febrero de 1934 debe ser revocada y se decreta la libertad del peticio-nario apelante.


author: El Juez Asociado Señok Wolf,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Guillermo G. Gonzalo, acusado y apelante.
    No. 5548.
    Sometido: Noviembre 15, 1934.

      Resuelto: Noviembre 30, 1934.

      B. Martínez Nadal y Bamón G. Goyeo, abogados del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de E] Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señok Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

José Tiburcio Gonzalo y Guillermo G. Gonzalo fueron acusados de asesinato en segundo grado por babor acome-tido y agredido en 6 de enero de 1931 a Pablo Sardón Silva con armas cortantes, produciéndole varias heridas, a conse-cuencia de las cuales falleció éste el 11 de febrero del mismo año.

Al ser llamado el caso los acusados solicitaron juicios se-parados y la corte accedió a ello. Ésta es la apelación in-terpuesta por Guillermo G. Gonzalo contra una sentencia condenatoria por el delito de homicidio voluntario que le condenó a la pena de dos años de presidio con trabajos for-zados.

Se han señalado tres errores. El primero y tercero son discutidos conjuntamente por el apelante y se refieren a cuestiones de lieclio; en otras palabras, el acusado sostiene que el veredicto es contrario a la prueba.

En lo atinente al primer señalamiento de error relativo a una moción sobre suspensión de sentencia, somos del criterio que el apelante estuvo equivocado al radicaría, toda vez que cuestiones de hecho que no constaran en. récord no pueden ser impugnadas mediante una moción sobre suspensión de sentencia.

Al atacar el veredicto, el apelante presenta dos aspectos. El primero es que no hubo suficiente prueba para demostrar que Guillermo G-. G-onzalo infirió la herida que produjo la muerte a Pablo Sardón Silva. El pueblo presentó dos testigos para demostrar que Guillermo G. Gonzalo en realidad infirió una herida en el pecho al occiso, que el Dr. De Jesús creyó bastaba para producir la muerte. En pocas palabras, José Tiburcio Gonzalo, hijo del apelante, agredió a Pablo Sardón Silva. Poco después José Tiburcio Gonzalo fué a una fonda que por allí cerca había y consiguió un pequeño machete, o un trozo del mismo. El interfecto siguió su camino, entró en una casa y obtuvo un cuchillo corriente de mesa para defenderse.. Poco tiempo después, posiblemente tres o cuatro minutos más tarde, Guillermo Gonzalo fué informado de lo ocurrido y acudió a la escena de los sucesos. En el ínterin, José Tiburcio Gonzalo se marchó y regresó en un automóvil con un número de amigos. Así fué como padre e hijo se hallaron juntos en el sitio en que ocurrieron los hechos. Entonces Silva dijo en efecto que no quería tener peleas con ninguno de ellos y entregó el arma al padre. La prueba tiende a demostrar que el hijo hirió al interfecto por la espalda o por el costado, mientras el padre le propinó una herida en el pecho. Los testigos oculares presentados por El Pueblo ofrecieron prueba al efecto de que el interfecto manifestó que había sido herido por Guillermo Gonzalo. Aunque quizó los dos testigos de cargo no están perfectamente seguros de la naturaleza del arma con que se causó la herida y realmente no describen el momento en que la misma fué inferida, el jurado tenía dereclio a creer que fué Guillermo Gonzalo la persona que infirió la herida que causó o pudo causar la muerte del interfecto. Decimos “pudo causar” en vista del segundo aspecto discutido por el apelante.

Aun si los testigos hubiesen sido menos explícitos y no hubiesen visto la herida inferida, cuando la prueba tendió a demostrar que Pablo Sardán Silva murió a consecuencias de las heridas inferídasle el 6 de enero de 1931. y cuando se demostró que el acusado y su hijo estuvieron allí y le atacaron, todo ello fué prueba circunstancial que dió derecho al jurado para creer que la muerte sobrevino a consecuencias de la herida causada por el frente y que el acusado fué la persona que la produjo.

Además, tanto el apelante como su hijo coadyuvaban y cooperaban entre sí en los sucesos que tendieron a producir la muerte de Silva, y de conformidad con el artículo 36 del Código Penal cualquiera de ellos podría considerarse como coautor.

El segundo aspecto fué al efecto de que no se demostró de manera definitiva que Silva falleció a consecuencias de una herida. El Dr. De Jesús declaró que el interfecto recibió una herida que le interesó los pulmones y llegó hasta el corazón. La herida en este último órgano sanó más tarde, pero sobrevino un absceso en el pulmón que fué la causa próxima de la muerte de Silva. Al ser examinado con más amplitud, el Dr. De Jesús admitió naturalmente que la infección del pulmón pudo haber provenido de una causa distinta a la herida. El acusado insiste en esto especialmente toda vez que la muerte ocurrió algún tiempo después del día en que se infirió la herida. Una lectura de la declaración del médico en su totalidad hace evidente que el jurado tenía derecho a creer que la muerte de Silva fué causada por la herida inferídale en 6 de enero de 1931. Un perito tan sólo puede dar su opinión, y así lo hizo el médico. Hubiese sido imposible para él manifestar que el absceso no ■ pudo sobrevenir a consecuencia de alguna otra causa. La ley tan sólo exige certeza razonable en casos de esta índole y esta certeza razonable existe en el presente recurso.

También se presentó una moción de nuevo juicio fundada en el descubrimiento de nueva prueba. Ésta fué controver-tida por el fiscal, y la corte tenía derecho a decidir el con-flicto y no bailamos que se cometiera error.

La sentencia apelada debe ser confirmada.