source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Martínez Torres

license: Public Domain

text:
    Peerles Oil & Chemical, Inc., peticionaria, v. Hermanos Torres Pérez, Inc., demandados, Víctor Torres Oliveras, Hilda Pérez Souchet y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, Víctor Torres Pérez, Annette Fuster Padilla y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, Germán Rivera Colón, Wanda Torres Pérez y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, Luis Vélez Santiago, María Torres Pérez y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, e Hilda Torres Pérez, recurridos.

      Número: CC-2010-1087

      Resuelto: 13 de julio de 2012

      Luis Sánchez Betances, Maileidy A. Gómez Germán, de Sán-chez Betances, Sifre y Muñoz Noya, C.S.P., abogados de la parte peticionaria.
   El Juez Asociado Señor Martínez Torres

emitió la opinión del Tribunal.

Comparece ante nos Peerless Oil & Chemicals, Inc. (POC) y solicita la revisión de la sentencia que emitió el Tribunal de Apelaciones, en la cual revocó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que condenó a los Herma-nos Torres Pérez, Inc. (HTP) y a varios accionistas de esa corporación —como garantizadores solidarios— a pagar $148,054.69 en concepto de intereses por mora. El foro ape-lativo intermedio fundamentó su contención en que el Tribunal de Primera Instancia carecía de jurisdicción para atender la controversia, luego que HTP presentó una peti-ción de quiebra.

En reiteradas ocasiones hemos manifestado que la pre-sentación de una petición de quiebra por un codeudor, fia-dor o garantizador de una deuda no afecta las obligaciones que frente a esa misma deuda tengan otros codeudores, garantizadores o fiadores. Sin embargo, nunca antes he-mos precisado si, en tiempo para apelarse una sentencia, la petición de quiebra instada por un quebrado suspende el término que tienen las otras partes para revisarla, aun cuando haya una orden del tribunal que paraliza sus efec-tos postsentencia.

El presente recurso nos permite determinar qué efecto tiene sobre los términos de apelación la presentación de una petición de quiebra por un solo deudor en un caso en que existen varios garantizadores solidarios de la misma deuda. Evaluada la controversia, resolvemos que los ga-rantizadores solidarios de una deuda deben apelar la de-terminación conforme disponen las leyes y los reglamentos correspondientes, pues de lo contrario la sentencia u orden se convierte en final y firme. Como se sabe, la presentación de una petición de quiebra solo paraliza los procedimientos contra el deudor que la presentó. Por eso, revocamos al foro apelativo intermedio por falta de jurisdicción.

HH

POC es una corporación que se dedica al almacena-miento y venta de derivados de petróleo. Por su parte, HTP es una corporación dedicada a la compra, venta y distribu-ción de productos derivados del petróleo por acarreo.

El 29 de agosto de 2008, POC presentó una demanda en cobro de dinero contra HTP y los siguientes accionistas: Sr. Víctor Torres Oliveras, Sra. Hilda Pérez Souchet y la socie-dad de bienes gananciales compuesta por ambos; Sr. Víctor Torres Pérez, Sra. Annette Fuster Padilla y la sociedad legal de bienes gananciales compuesta por ambos; Sr. Ger-mán Rivera Colón, la Sra. Wanda Torres Pérez y la socie-dad legal de bienes gananciales compuesta por ambos, y el Sr. Luis Vélez Santiago, la Sra. María Torres Pérez y la sociedad legal de bienes gananciales compuesta por ambos. Les reclamó una deuda de $4,180,366.92 en concepto de venta de productos más intereses por mora, según pactados. Esa cantidad cubre diecinueve facturas de pro-ductos derivados de petróleo que POC vendió a HTP. Espe-cíficamente, la responsabilidad de los recurridos surgía de unas garantías personales que cada uno de ellos firmó en las que se responsabilizaban solidariamente del pago de cualquier suma adeudada por HTP a POC.

En la demanda, POC alegó que durante años ha vendido a HTP derivados de petróleo, como gasolina y diesel, para ser revendido a cuatro estaciones de servicio de su propie-dad y a otras seis estaciones propiedad de sus accionistas. Los términos de venta establecidos eran a crédito, otor-gando de siete a diez días para pagar las facturas. Explicó que luego de un tiempo, HTP comenzó a atrasarse en el pago de las facturas de los productos vendidos. Ello se de-bía a que varios accionistas, oficiales y directores de HTP compraban productos para sus estaciones de servicio y luego no pagaban. Así las cosas, solicitó que se condenara a HTP y a los recurridos a pagar la suma adeudada, más gastos de honorarios de abogado por temeridad, así como la concesión del remedio provisional de embargo como asegu-ramiento de sentencia conforme a la Regla 56.3 de Proce-dimiento Civil de 1979, 32 L.P.R.A. Ap. III.

En la contestación a la demanda, HTP y los recurridos aceptaron los números de las facturas, pero negaron sus cuantías por falta de información. Asimismo, admitieron que acumulaban una deuda con POC de más de cuatro millones de dólares. Posteriormente, POC presentó una de-manda enmendada en la que repitió los mismos argumen-tos que esbozó en la primera, pero aclaró que la deuda acumulada por los recurridos era, hasta el momento, de $3,364,240.12, más intereses por mora según pactados, además de intereses legales y honorarios de abogado.

POC presentó una moción de sentencia sumaria parcial. En esta solicitó al tribunal que condenara a HTP a pagar $3,122,261 por las compras a crédito que adeudaba. En su oposición, HTP y los recurridos sostuvieron que no hay controversia acerca de la cantidad adeudada, pero sí de la legalidad de las facturas. Fundamentaron su contención en las disposiciones de las siguientes leyes: Ley de Gasolina, Ley Núm. 73 de 23 de junio de 1978, 23 L.P.R.A. sec. 1131 et seq.; la Ley de Control de Productores, Refinadores y Distribuidores Mayoristas de Gasolina, Ley Núm. 3 de 21 de marzo de 1978, según enmendada, 23 L.P.R.A. sec. 1101 et seq., y la Ley de Monopolios y Restricciones de Comercio, Ley Núm. 77 de 25 de jimio de 1964, según enmendada, 10 L.P.R.A. sec. 257 et seq. En síntesis, argüyeron que el De-partamento de Justicia presentó una querella contra POC ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) en la que le acusó de violar las disposiciones del Art. 4 de la Ley Núm. 3, supra, 23 L.P.R.A. sec. 1108, al otorgar precios de venta distintos a sus compradores. A esa moción, POC replicó y alegó que los recurridos pretendían inducir a error al Tribunal y dilatar los procedimientos para no pa-gar lo que correspondía. Asimismo, resaltaron que no exis-tía controversia sobre la cuantía debida, ya que HTP la estipuló y aceptó. Concluyeron que la única controversia por resolver era en cuanto a las partidas de intereses por mora.

En el informe de conferencia con antelación a juicio, POC, HTP y los recurridos expusieron, en esencia, los mis-mos argumentos. En específico, HTP y los recurridos sos-tuvieron que las garantías personales que brindaron los accionistas de la corporación no fueron dadas voluntaria-mente ya que su consentimiento estuvo viciado. Afirmaron que cuando los accionistas firmaron esas garantías, lo hi-cieron bajo la promesa de que POC continuaría supliéndo-les productos para generar flujo de efectivo y pagar las facturas vencidas.

El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia parcial. En esta declaró “con lugar” la demanda, pero úni-camente en lo referente al principal de la deuda. Condenó a HTP a pagar $3,122,261 con intereses legales desde que sometieron la demanda hasta su saldo total, honorarios de abogado computados a razón del diez por ciento de la tota-lidad de la deuda, más las costas y los gastos del pleito. Añadió que la única controversia pendiente era la cuantía de los intereses por mora.

Inconformes con el dictamen, HTP y los ahora recurri-dos acudieron al Tribunal de Apelaciones. Ese foro con-firmó la determinación del foro primario. Concluyó, ade-más, “que las alegaciones de que se ejerció presión e intimidación a los accionistas en su carácter personal para la compra de combustible a crédito, son hechos impertinen-tes a dilucidar en la demanda instada por POC”. Apéndice, pág. 108. Dijo esto porque la reclamación de POC a HTP era en términos de su deuda y no en contra de sus accio-nistas en su carácter personal y como garantizadores de la deuda. Por ello, razonó que la teoría de la intimidación argüida por los aquí recurridos ignoraba la sana práctica comercial que protege al suplidor. Asimismo, añadió que aceptarla obligaría a POC a suministrar el producto sin recibir su retribución a cambio. Por último, razonó que la querella no tenía relación sustancial con los negocios y con-tratos de las partes litigantes como mayoristas, ni cuestio-nan su validez jurídica y la deuda reclamada.

Posteriormente, se celebró juicio para dilucidar los inte-reses por mora. El 28 de septiembre de 2009, el foro prima-rio dictó sentencia —copia de cuya notificación se archivó en autos el 2 de octubre del mismo año— y condenó a HTP y a los recurridos al pago de $148,054.69 por ese concepto.

Trabada así la controversia, el 19 de octubre de 2009, HTP presentó una moción en la que solicitó que se dejara sin efecto la sentencia. En ella, indicó que el 7 de julio de 2009 instó una petición de quiebra al amparo del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras que paralizaba todos los procedimientos. Véase 11 U.S.C.S. secs. 1107-1174. Es ne-cesario señalar que HTP no informó la presentación de la petición de quiebra a POC ni al tribunal hasta la presen-tación de la moción de relevo de sentencia el 19 de octubre de 2009. Se sometió al procedimiento de quiebra. Ninguno de los accionistas garantizadores, es decir los recurridos, se han sometido al proceso de quiebra hasta el momento.

En conformidad con lo anterior, el 23 de octubre de 2009, el Tribunal de Primera Instancia emitió una resolu-ción, notificada el 13 de noviembre de 2009, en que para-lizó el caso para propósitos de los asuntos postsentencia. En la resolución, el foro primario expresó que se reservaba “jurisdicción para decretar su reapertura, a solicitud de parte interesada, en caso que dicha orden de paralización emitida por el Tribunal de Quiebra sea dejada sin efecto en cualquier momento con posterioridad a la fecha de la pre-sente resolución y la parte interesada acuda ante este foro solicitando la continuación de los procedimientos”. Apén-dice, pág. 121.

El 9 de diciembre de 2009, POC presentó una moción para reabrir el caso al amparo de la Regla 51.7 de Proce-dimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V. Argüyó que la obligación contractual por la que se radicó el caso en cobro de dinero tiene una serie de garantizadores solidarios que no están acogidos al procedimiento de quiebra. Por consi-guiente, tienen la obligación de responder por su cumplimiento. El 22 de enero de 2010, el Tribunal de Pri-mera Instancia emitió una orden en que autorizó la reaper-tura del pleito respecto a los accionistas de HTP y permitió tomar la deposición.

Insatisfechos, los recurridos acudieron al Tribunal de Apelaciones. En esencia, atribuyeron al foro primario errar por impedir la presentación de prueba sobre el supuesto vicio del consentimiento de los accionistas al momento de obtenerse sus garantías personales. Por su parte, POC pre-sentó una moción de desestimación por entender que el recurso era tardío. Explicó que los garantizadores solida-rios no formaban parte de la solicitud de quiebra, por lo que la paralización de los procedimientos que decretó el foro primario no los cobijaba. Por ello, esbozaron que el recurso se presentó fuera del término de treinta días con-tados desde que se archivó en autos copia de la notificación de la sentencia.

El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como cer-tiorari, lo expidió y revocó el dictamen del foro primario. Concluyó que el Tribunal de Primera Instancia erró al sos-tener la Sentencia de 28 de septiembre de 2009, pues luego del 7 de julio de 2009, fecha en que HTP presentó su soli-citud de quiebra, el tribunal local carecía de jurisdicción para tomar cualquier determinación en el pleito. Por ende, el foro apelativo determinó que la Sentencia de 28 de sep-tiembre de 2009 era nula. El Tribunal de Apelaciones aña-dió que su sentencia anterior no era final y firme, pues los procedimientos contra HTP se paralizaron desde la presen-tación de la petición de quiebra el 7 de julio de 2009. Por consiguiente, concluyó que cualquiera de las partes podía solicitar la reconsideración o recurrir oportunamente de ese dictamen. Por último, decretó que a pesar de que POC alega que los accionistas son deudores solidarios, la sen-tencia que condenó a HTP al pago de los $3,122,261 no los incluyó como deudores solidarios y, además, no ha adqui-rido finalidad. Por ello, POC no podía requerirle a los ac-cionistas que sufragaran la totalidad de la deuda antes de que la sentencia del Tribunal de Primera Instancia advi-niera final y firme.

No conteste con esa determinación, el 15 de diciembre de 2010, POC recurrió ante nos. En su petición atribuyó que el foro apelativo intermedio se equivocó (1) al asumir jurisdicción sobre un recurso de apelación que se presentó cinco meses tarde; (2) al acoger el recurso como certiorari cuando el dictamen apelado no constituía una resolución interlocutoria; (3) al determinar que POC no podía reco-brar su acreencia a los recurridos por entender que no fue-ron incluidos en la sentencia parcial; (4) al determinar que POC no podía recobrar su acreencia directamente de los accionistas, aun cuando estos son garantizadores solida-rios y responden ante el acreedor aunque no medie senten-cia en contra del deudor y; (5) al dejar sin efecto la senten-cia en cuanto a los recurridos, toda vez que la paralización automática del proceso legal por la quiebra de uno de los codemandados no se extiende a los otros que no son parte de la petición de quiebra.

El 29 de abril de 2011 expedimos el auto. Le otorgamos un plazo a la parte recurrida para que presentara su ale-gato y le apercibimos que de no recibirse en el término dispuesto, el caso quedaría sometido sin su comparecencia. La parte recurrida nunca compareció. Así, pues, con el be-neficio de la comparecencia de la parte peticionaria y con los documentos que obran en el expediente, procedemos a resolver.

HH I — I

A. La jurisdicción es el poder o autoridad que posee un tribunal para decidir casos o controversias. S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 D.P.R. 675, 682 (2011). Véanse, además: González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 D.P.R. 848, 854 (2009); ASG v. Mun. San Juan, 168 D.P.R. 337, 343 (2006). La falta de jurisdicción de un tribunal incide directamente sobre el poder mismo para adjudicar una controversia. Souffront v. A.A.A., 164 D.P.R. 663, 674 (2005). Por eso, es importante que las par-tes cumplan con los términos que dispone la ley para acu-dir en revisión de las sentencias y resoluciones.

En innumerables ocasiones “hemos advertido que los tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción y que no tienen discreción para asumir jurisdicción allí donde no la tienen”. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 D.P.R. 873, 882 (2007). Esto responde a que “las cuestiones relativas a la jurisdicción de un tribunal son privilegiadas y como tal deben atenderse y resolverse con preferencia a cualesquiera otras”. Id. Véase, además, Autoridad sobre Hogares v. Sagastivelza, 71 D.P.R. 436, 439 (1950). Ello es así porque “[u]na sentencia, dictada sin jurisdicción por un tribunal, es una sentencia nula en derecho y, por lo tanto, inexistente”. (Énfasis en el original.) Montañez v. Policía de Puerto Rico, 150 D.P.R. 917, 921 (2000). En otras palabras, cuando un tribunal determina que no tiene jurisdicción para intervenir en un asunto, pro-cede la inmediata desestimación del recurso apelativo conforme lo ordenado por las leyes y reglamentos para el perfeccionamiento de estos recursos. S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, supra, pág. 682. Véanse, además: Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345, 355 (2003); Souffront v. A.A.A., supra, pág. 674.

Como la falta de jurisdicción de un tribunal no se puede subsanar, le corresponde a los foros adjudicativos examinar su propia jurisdicción, así como aquella del foro de donde procede el recurso ante su consideración. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, pág. 883. Recordemos que “[e]n numerosas ocasiones hemos expresado que este Tribunal tiene la responsabilidad de asegurarse que nuestro foro apelativo intermedio dispense justicia conforme al ámbito de autoridad que se le ha conferido estatutariamente”. Id. Por ello, “[e]n el ejercicio de esta tarea, cuando el Tribunal de Apelaciones asuma jurisdic-ción en un recurso sin tenerla, es nuestro deber así decla-rarlo y desestimar el recurso”. (Enfasis en el original). íd. Véase, además, Morán v. Martí, 165 D.P.R. 356, 364 (2005).

B. En el ejercicio de su función revisora, el Tribunal de Apelaciones atiende sentencias parciales o finales, así como resoluciones y órdenes de carácter interlocutorio. La Regla 42.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, define sentencia como “cualquier determinación del Tribunal de Primera Instancia que resuelva finalmente la cuestión litigiosa y de la cual pueda apelarse”. Por otro lado, define la resolución como “cualquier dictamen que pone fin a un incidente dentro del proceso judicial”.

En Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 D.P.R. 642, 656 (1987), indicamos que cuando un tribunal emite una sentencia, se adjudican las controversias habidas en un pleito y se definen los derechos de las partes. Es decir, “[e]l término Sentencia se define como cualquier determinación del tribunal que resuelva finalmente la cuestión litigiosa. ... Esto es, que adjudique una reclamación entre las partes de la cual se pueda apelar”. Cortés Pagán v. González Colón, 184 D.P.R. 807, 812—813 (2012). Véanse, además: Abrams Rivera v. E.L.A., 178 D.P.R. 914, 926 (2010); Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 83, 94 (2008); U.S. Fire Ins. v. A.E.E., 151 D.P.R. 962, 967 (2000). Ello es así aunque la determinación haya sido titulada erróneamente como una resolución. Abrams Rivera v. E.L.A., supra, pág. 926; García v. Padró, 165 D.P.R. 324, 333 (2005); De Jesús v. Corp. Azucarera de P.R., 145 D.P.R. 899, 903 (1998).

Por el contrario, las resoluciones no adjudican definiti-vamente la totalidad de una reclamación, sino que “ponen fin a un incidente dentro del proceso judicial, ya sea antes o después de dictarse la sentencia”. Corté s Pagán v. González Colón, supra, págs. 812-813. Véanse, además: Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, págs. 95-96; García v. Padró, supra, pág. 332.

C. Las disposiciones legales que establecen la jurisdic-ción y competencia del Tribunal de Apelaciones para aten-der recursos de apelación y de certiorari están recogidas en la Ley de la Judicatura de 2003, Ley Núm. 103-2003, 4 L.P.R.A. sec. 24(t) y ss., en la Regla 52.2 de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, y en las Reglas 13 y 32 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B.

El Art. 4.006 inciso (a) de la Ley de la Judicatura de 2003, supra, 4 L.P.R.A. sec. 24y(a), dispone que el Tribunal de Apelaciones conocerá mediante recursos de apelación de toda sentencia final que dicte el Tribunal de Primera Instancia. En cambio, señala en el inciso (b) que mediante certiorari expedido a su discreción, conocerá de cualquier resolución u orden que dicte el Tribunal de Primera Instancia. Por su parte, la Regla 52.2 de Procedimiento Civil, supra, destaca que los recursos de apelación para revisar sentencias emitidas por el Tribunal de Primera Instancia se deben presentar en el término jurisdiccional de treinta días, contados a partir del archivo en autos de la copia de la notificación de la sentencia dictada por el tribunal apelado. Igual término concede la Regla 13 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.

Hemos expresado que los términos jurisdiccionales son improrrogables, por lo que no están sujetos a interrupción o cumplimiento tardío. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, págs. 881-882. “Se denominan estos términos como jurisdiccionales o fatales porque transcurren inexorablemente, no importa las consecuencias procesales que su expiración provoque”. Id. Por ello, “una vez trans-curre un término de naturaleza jurisdiccional, el tribunal o la agencia estatal pierde jurisdicción para atender el asunto ante su consideración”. Id.

Conforme a la Regla 52.2 de Procedimiento Civil, supra, y la Regla 13 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, el término que se dispone para revisar una resolución, al igual que para revisar una sentencia, es de treinta días contados a partir del archivo en autos de copia de la notificación de la resolución. Véase García Ramis v. Serrallés, 171 D.P.R. 250, 253 (2007). Ahora bien, cuando se presenta una petición de certiorari, el término es de cumplimiento estricto, mientras que cuando se presenta una apelación, el término es jurisdiccional. Regla 13 del Reglamento del TA, supra.

Ello acarrea una diferencia cuando se está ante un tér-mino de cumplimiento estricto, pues “los tribunales no es-tán atados al automatismo que conlleva un requisito de carácter jurisdiccional y pueden, por lo tanto, proveer el remedio que estimen pertinente, extendiendo el término según las circunstancias”. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, pág. 881. Véase, además, Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 D.P.R. 560, 564 (2000). “Esto significa que su observancia tardía es permisible sólo de existir y demostrarse a cabalidad una justa causa para no cumplir rigurosamente con el término en cuestión”. Figueroa v. Del Rosario, 147 D.P.R. 121, 127 (1998). Ahora bien, el que su cumplimiento no esté atado a la rigidez del término juris-diccional no significa que el Tribunal de Apelaciones goza de discreción para prorrogarlo automáticamente. Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., supra, pág. 564. Para hacerlo, la parte deberá demostrar al tribunal (1) la existencia de justa causa para la dilación, y (2) las bases razonables que tiene para ella. Id., pág. 565. Ahora bien, la existencia de justa causa se deberá demostrar con “explicaciones concretas y particulares, debidamente evidenciadas, que le permitan al tribunal concluir que la tardanza o demora ocurrió por al-guna circunstancia especial razonable” y no “con excusas, vaguedades o planteamientos estereotipados”. (Enfasis en el original). Lugo v. Suárez, 165 D.P.R. 729, 738-739 (2005). Por lo tanto, “[e]n ausencia de estas condiciones, el tribunal carece de discreción para prorrogar el término y, por consiguiente, de acoger el recurso de certiorari ante su consideración”. Id., pág. 738.

Con este trasfondo doctrinal, evaluemos la naturaleza del recurso que tenía ante sí el Tribunal de Apelaciones.

III

Conforme reseñamos anteriormente, el Art. 4.006(a) de la Ley de la Judicatura de 2003, supra, establece que para que el Tribunal de Apelaciones pueda acoger un recurso como certiorari se debe tratar de la revisión de una resolu-ción y no de una sentencia. Al examinar los hechos de este caso, observamos que el 13 de mayo de 2009, el Tribunal de Primera Instancia emitió una sentencia parcial en la que adjudicó el monto de la cuantía principal reclamada por POC en su demanda sobre cobro de dinero y determinó expresamente que lo único que restaba por resolverse era la cuantía a la que ascendían los intereses por mora acu-mulados sobre la deuda principal. Cónsono con lo anterior, se celebró una vista evidenciaría en la que las partes esti-pularon y admitieron la cuantía de los intereses por mora reclamados por POC. De esa forma, como mismo expresó el Tribunal de Primera Instancia, la adjudicación de los inte-reses resolvía la reclamación de POC en su totalidad y con ello se daba fin a la controversia que era objeto de la demanda.

De acuerdo con lo anterior, es forzoso concluir que la sentencia del foro primario de 28 de septiembre de 2009, que adjudicó los intereses por mora, constituyó una senten-cia y no una resolución, ya que puso fin al pleito. Al no tratarse de un incidente procesal dentro del pleito, era im-procedente atender ese recurso como un certiorari. Peor aun es que el foro apelativo intermedio, al acoger el recurso como certiorari, solicitó a los recurridos que justificaran la crasa dilación en la presentación de su recurso pero estos nunca comparecieron.

Aclarado que erró el foro apelativo intermedio al acoger el recurso como certiorari, veamos el derecho correspon-diente al efecto de la presentación de una petición de quie-bra por un deudor en los casos en que concurren varios garantizadores de una misma deuda.

IV

Recientemente señalamos en Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 D.P.R. 476, 490 (2010), que “[l]a paralización automática es una de las protecciones más básicas que el legislador estadounidense instituyó en el Código de Quiebras para los deudores que se acogen a éste”. Con la paralización automática se impide, “entre otras cosas, el comienzo o la continuación de cualquier proceso judicial, administrativo o de otra índole que fue o pudo haber sido interpuesto en contra del deudor, o para ejercitar cualquier acción cuyo derecho nació antes de que se iniciara la quiebra”. (Enfasis suplido). Id., pág. 491. Véase, además, 11 U.S.C.A. sec. 362.

La paralización automática no requiere notificación formal; surte efectos desde que se presenta la petición de quiebra y se extiende hasta que se dicte la sentencia final. íd. Véase, además, In re Jamo, 283 F.3d 392, 398 (1er Cir. 2002). La paralización automática impide que comience o continúe cualquier acción judicial o administrativa en contra del deudor, pendiente o que pudo comenzar antes del inicio de la petición de quiebra. 11 U.S.C. sec. 362(a)(1). A su vez, prohíbe las acciones judiciales y admi-nistrativas que se inicien en contra del deudor para recu-perar reclamaciones hechas con anterioridad a la petición, íd. De igual forma, la paralización automática prohíbe las acciones para cumplir sentencias que se obtuvieron antes de que la petición de quiebra se iniciara. Id.

Ahora bien, “[1] a responsabilidad de una persona que es codeudor, fiador o en alguna forma garantizador de un quebrado no se altera por la adjudicación en quiebra de éste”. Cámara Insular Etc. v. Anadón, 83 D.P.R. 374, 380 (1961). Véanse, además: 11 U.S.C.A. sec. 524(e); 2 Collier on Bankruptcy Sec. 362.03[3] [d] (2010). El propósito de la ley “es proteger el ejercicio de cualquier acción que tenga el acreedor contra cualquier otra persona que se hubiere obligado conjuntamente con el deudor quebrado”. Cámara Insular Etc. v. Anadón, supra, pág. 380.

En Credit Alliance Corp. v. Williams, 851 F.2d 119 (4to Cir. 1998), el Tribunal de Apelaciones para el Cuarto Cir-cuito afirmó que la presentación de una petición de quiebra al amparo del Capítulo 11 paraliza los procedimientos en contra del deudor que la solicita y no así contra los garan-tizadores solidarios de una deuda. Asimismo, dejó claro que los garantizadores solidarios deben presentar sus de-fensas y apelaciones a tiempo cuando están como deman-dados en un pleito en el que el deudor principal se sometió a la quiebra. De no hacerlo se arriesgan a que las senten-cias recaídas se constituyan finales, adjudicadas en los mé-ritos e imposibles de relitigarse por el principio de res judicata. En ese caso, cuando el acreedor presentó una pe-tición de embargo contra todos los deudores, la Corte Federal de Quiebras sostuvo que las disposiciones de la Ley de Quiebra con relación a la paralización automática ha-cían nula una sentencia en rebeldía declarada en contra del deudor principal y los deudores solidarios. El Tribunal de Distrito federal revocó la determinación de la corte de quiebra y concluyó que la reclamación en contra de los ga-rantizadores no fue paralizada por la presentación de la quiebra, ni mucho menos se convirtió en nula. De esa de-terminación, uno de los codeudores apeló.

El Tribunal Federal de Apelaciones para el Cuarto Cir-cuito determinó que

[e]l lenguaje claro de la Sección 362, sin embargo, dispone solo para la paralización automática de los trámites judiciales y la ejecución de sentencias “contra el deudor o su propiedad inmueble.” Véase Williford v. Armstrong World Industries, Inc., 715 F.2d 124, 126-27 (4to Cir. 1983). El historial legisla-tivo de esta disposición revela que el Congreso puso en vigor la Sección 362 para proveer protección a deudores en quiebra y facilitar la distribución ordenada de los activos del deudor en-tre sus acreedores. “La paralización automática es una de las protecciones fundamentales dispuestas en las leyes de quiebra. Esta le otorga al deudor un respiro de sus acreedores.
... Le permite al deudor tratar de establecer un plan de pago o reorganización, o simplemente ser relevado de las presiones financieras que lo llevaron a la quiebra.” S. Rep. No. 989, 95th Cong., 2d Sess. 54-55 (1978), reimpreso en 1978 U.S. Code Cong. & Admin. News, 5787, 5840-41; H.R.Rep. No. 595, 95th Cong., 2d Sess., 340 (1978), reimpreso en 1978 U.S. Code Cong. & Admin. News, 5963, 6296-97.
Nada dentro del contenido de la Sección 362 sugiere que haya sido la intención del Congreso que esta disposición le arrebatara a los acreedores del deudor en bancarrota la pro-tección que procuraban y recibían cuando solicitaban que un tercero garantizara la deuda. El Congreso sabía cómo extender la paralización automática a las partes que no estaban en quiebra cuando se propuso hacerlo. El Título 13, por ejemplo, contiene una disposición estrictamente definida para parali-zar los procedimientos contra una cantidad limitada de codeu-dores individuales de deudas del consumidor. Véase 11 U.S.C. sec. 1301(a). Bajo la Sección 362(a) no existe tal protección para los garantizadores de las quiebras por Título 11. Véase Williford, 715 F.2d, páginas 126-127.
Los garantizadores de los deudores que procedan en quiebra bajo el Título 11 están limitados a reclamaciones de rembolso o contribución hasta el límite permitido al amparo de 11 U.S.C. sec. 502(e) o la subrogación en los derechos del acreedor según 11 U.S.C. see. 509. Este esquema protege al acreedor asegurado “al extremo de que a un fiador o codeudor no le está permitido competir con el acreedor que éste ha asegurado hasta que la reclamación de la parte asegurada sea satisfecha en su totalidad.” 124 Cong.Rec. H11089 (Sept. 28, 1978) (de-claraciones del Rep. Edwards), reimpreso en 1978 U.S. Code Cong. & Admin. News, 6436, 6449—50. Una lectura de la Sección 362 que restrinja la capacidad del acreedor para proceder en contra de su garantizador eliminaría la protección de acree-dores asegurados contemplada en la Ley de Quiebras. (Tra-ducción nuestra). Credit Alliance Corp. v. Williams, supra, pág. 121.

Refiriéndose a lo resuelto en A.H. Robins Co. v. Piccinin, 788 F.2d 994 (4to Cir. 1986), cert. denegado, 479 U.S. 876, el Tribunal expresó que en circunstancias inusuales, un tribunal, conforme a la Sección 362, supra, puede paralizar procedimientos en contra de codeudores no amparados por la quiebra. Sin embargo, aclaró que esas circunstancias in-usuales ocurren cuando

“[e]xiste tal identidad entre el deudor y el tercero demandado de manera que podría decirse que el deudor es la parte deman-dada real y que una sentencia contra el tercero demandado constituirá, en efecto, una sentencia o resolución contra el deudor”, ... o cuando los procedimientos contra los codeman-dados nodeudores puedan reducir o minimizar “la propiedad del deudor [como el fondo de seguro del deudor] en perjuicio de los acreedores del mismo como conjunto.” (Traducción nuestra). Credit Alliance Corp. v. Williams, supra, pág. 121, citando a A.H. Robins Co. v. Piccinin, supra, págs. 999 y 1008.

Tras concluir que en ese caso no se configuraron las cir-cunstancias excepcionales que darían paso a la paraliza-ción a favor de los garantizadores, el tribunal determinó que la sentencia en rebeldía constituía una sentencia final en los méritos y los principios de res judicata impedían que se relitigaran defensas que pudieron ser invocadas en el tribunal estatal.

A igual conclusión llegó el Segundo Circuito en Queenie, Ltd. v. Nygard Intern., 321 F.3d 282, 287 (2do Cir. 2003), al establecer que la petición de quiebra de un deudor paraliza su apelación y la de su corporación, pero no así la de otros codemandados en el pleito. Véase, además, The Bankruptcy Code’s Automatic Stay, 895 PLI/Comm 661, 674 (2007) (Debtor’s filing of bankruptcy petition stayed his appeal and that of his wholly owned corporation, but not that of co-defendants).

En fin, salvo circunstancias excepcionales, “la iniciación del procedimiento de quiebra es una defensa personal que puede invocar el deudor peticionario únicamente, pero que no beneficia a los codeudores”. (Traducción nuestra.) The Bankruptcy Code’s Automatic Stay, supra. Véanse, además: In Re Robert F. Youngblood Constr Co., 2012 Bankr. Lexis 1214 (Bankr. E.D.N.C. 2012); Schumacher v. White, 429 B.R. 400, 407 (2010); Liberty Mut. Ins. Co. v. Greenwich Ins. Co., 286 F. Supp. 2d 73, 76 (D. Mass. 2003); United States v. Rassmussen, 184 F. Supp. 351 (Minn. 1960); Trustees of Schools, etc. v. Chamberlain, 78 N.E.2d 525 (Ill. 1948); Green v. Welsh, 956 F.2d 30 (2do Cir. 1992).

Veamos, entonces, si la paralización automática gene-rada a raíz de la presentación de la petición de quiebra de HTP benefició a los codeudores recurridos.

V

De entrada debemos señalar que es incorrecta la deter-minación del foro apelativo intermedio de que la sentencia de 28 de septiembre de 2009 es nula y carece de efecto jurídico entre las partes luego de que el 7 de julio de 2009 HTP presentara la petición de quiebra. Conforme reseña-mos anteriormente, salvo en circunstancias excepcionales, que no están presentes aquí, la responsabilidad de un ga-rantizador no se altera por la presentación de una petición de quiebra hecha por el deudor principal. Por consiguiente, cuando en un pleito hay varios codeudores, garantizadores o fiadores, estos no se pueden amparar en la quiebra de uno de los deudores para alegar también la paralización del proceso en su contra. Si lo hacen y la sentencia adviene final y firme, los principios de res judicata le imposibilitan relitigar el asunto. Véase Credit Alliance Corp. v. Williams, supra.

Al recapitular los hechos de este caso, observamos que el 28 de septiembre de 2009, el Tribunal de Primera Ins-tancia emitió la sentencia que condenó a los recurridos a pagar $148,054.69 en concepto de intereses por mora. Co-pia de la notificación de esa sentencia se archivó en autos el 2 de octubre de 2009. Así, pues, los recurridos tenían hasta el 1 de noviembre de 2009 para acudir al Tribunal de Apelaciones. Sin embargo, el 19 de octubre de 2009, HTP presentó la moción para que se dejara sin efecto la senten-cia por motivo de la petición de quiebra que había presentado. El Tribunal de Primera Instancia nunca dejó la sentencia sin efecto. Aunque el 23 de octubre de 2009, mediante resolución notificada el 13 de noviembre si-guiente, decretó el caso paralizado, con ello no afectó el término de los recurridos para apelar. Es conocido que el Tribunal de Primera Instancia no puede prorrogar el tér-mino para apelar. Plan Salud Unión v. Seaboard Sur. Co., 182 D.P.R. 714, 721 (2011); Vélez v. A.A.A., 164 D.P.R. 772, 786 (2005). El término no estaba paralizado para los recu-rridos, pues ellos no se acogieron a la petición de la Ley Federal de Quiebras. Por consiguiente, erró el foro apela-tivo intermedio al acoger el recurso presentado, pues al momento en que lo hizo, ya había transcurrido el término de treinta días que tenían las partes para apelar.

Los recurridos no pueden alegar confusión ante la pre-sentación de la petición de quiebra. Aunque el 19 de octu-bre de 2009 —antes de vencer el plazo para apelar— HTP presentó la moción para que se dejara sin efecto la senten-cia por motivo de la presentación de la petición de quiebra, lo cierto es que para ese entonces los recurridos descono-cían cuál iba a ser la determinación del Tribunal de Pri-mera Instancia. No estaban impedidos de presentar la ape-lación oportunamente, pues la paralización a favor de HTP no los cobijaba a ellos ni paralizaba los términos para ir en apelación. Esto se debe a que la presentación de la petición de quiebra de HTP es un incidente aparte que no paralizó los efectos de la sentencia en contra de las demás partes, como lo haría una moción al amparo de la Regla 43 o 47 de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. Y. Recordemos que según el Art. 1090 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3108, cuando los recurridos firmaron la garantía, se convirtieron en garantizadores solidarios de la obligación que HTP contrajo con POC. Por ello, POC puede exigirle su acreencia a cualquiera de los deudores o a todos simultáneamente. Resolver lo contrario implicaría soste-ner que la presentación de una petición de quiebras tiene el efecto de desgarrar la solidaridad pactada.

Como último señalamiento, cabe apuntar que POC pre-sentó una moción al amparo de la entonces vigente Regla 51.7 de Procedimiento Civil de 1979, supra; para cobrar de los recurridos la sentencia que advino a su favor. Esta regla, como explicó el Comité Asesor de las Reglas de Pro-cedimiento Civil, se conceptualizó para evitar que “deudo-res solidarios que no formaron parte de un pleito obstacu-licen e impidan que el acreedor presente una reclamación contra éstos como co-deudores solidarios”. (Énfasis nuestro). Tribunal Supremo de Puerto Rico, Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, Informe de Reglas de Procedimiento Civil, marzo 2008, págs. 582-583. Sin embargo, el Comité Asesor recomendó su eliminación, pues “lo dispuesto en la regla es contrario al ordenamiento jurídico, ya que permite ejecutar una sentencia contra una persona que no fue parte en un pleito y sobre la cual el tribunal no adquirió jurisdicción”. (Énfasis nuestro). Id., pág. 583.

Como se aprecia, utilizar esa regla era improcedente en este caso, toda vez que POC demandó desde el inicio a todos los codeudores, por lo que estos eran parte. Lo que procedía era solicitar la ejecución de la sentencia, conforme la Regla 51.2 de Procedimiento Civil de 1979, supra, vi-gente al momento. Sin embargo, aunque POC invocó la regla incorrecta, su petitorio procedía.

VI

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos al Tribunal de Apelaciones pues, al revisar la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 28 de septiembre de 2009, carecía de jurisdicción para hacerlo. Asimismo, declaramos que la sentencia de 28 de septiembre de 2009 del Tribunal de Primera Instancia no surte efecto en cuanto a HTP, pero sí en cuanto a los recurridos, pues la petición de quiebra no los cobija. Por último, se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce, para la continuación de los procedimientos de forma compatible con lo resuelto aquí.

Se dictará sentencia de conformidad.

       Las garantías disponen como sigue:

        “Garantía personal y Autorización para Investigar

      “Queda expresamente entendido y acordado que el abajo firmante garantiza solidariamente, en su carácter personal, el pago de cualquier suma adeudada por Hermanos Torres Pérez a Peerless Oil & Chemicals, Inc., incluyendo los intereses aplicables, costos de cobranza y gastos legales. Reconocemos que Peerless podrá co-brar cualquier cantidad adeudada y no pagada sin antes tener que cobrar del deudor primario. Aceptamos, según aplique, todos los términos antes indicados. Renuncia-mos a ser notificados de cualquier enmienda a los términos de pago u otros acuerdos entre el deudor primario y Peerless Oil & Chemicals, Inc. No será necesario que Peerless proceda contra otras garantías o colaterales provistas por o a beneficio del deudor primario antes de solicitarnos el pago, judicial o extrajudicialmente.
      “Autorizamos a Peerless Oil & Chemicals, Inc. a obtener información de crédito sobre los suscribientes garantizadores. Reconocemos que Peerless Oil & Chemicals, Inc. podrá notificar a las agencias de crédito la experiencia de crédito de nuestra cuenta”. Apéndice, pág. 89.

       La Regla 43.1 de Procedimiento Civil de 1979, 32 L.P.R.A. Ap. III (ed. 2001), disponía en palabras parecidas que “el término ‘sentencia’ incluye cualquier deter-minación del Tribunal de Primera Instancia que resuelva finalmente la cuestión litigiosa de la cual pueda apelarse”.

        “Regla 51.7. Procedimientos en sentencia contra deudores solidarios

      “Cuando se obtiene una sentencia contra uno o más entre varios deudores soli-dariamente responsables de una obligación, aquellos deudores que no fueren partes en la acción, podrán ser citados para que comparezcan a mostrar por qué causa no han de estar obligados por la sentencia de igual modo que si hubieren sido deman-dados desde un principio. La citación, conforme lo dispuesto en esta regla, deberá relacionar la sentencia, y requerir a la persona citada para que comparezca deter-minado día y hora a mostrar causa de por qué no ha de estar obligada por dicha sentencia. No será necesario entablar nueva demanda. La citación deberá acompa-ñarse de una declaración escrita y jurada del demandante, su agente, representante o abogado, manifestando que la sentencia o parte de ella, permanece incumplimen-tada y expresando además, la cantidad que a cuenta de la misma se debiere.
      “Hecha la citación, el deudor citado deberá comparecer en la fecha que se indica en la citación, y en dicha vista podrá aducir cualquier defensa de hecho y de derecho para eximirle de responsabilidad. Las cuestiones así planteadas podrán substan-ciarse como en los demás casos”. 32 L.P.R.A. Ap. III (ed. 2001).


text:
    Presidential Financial Corporation of Florida, peticionaria, v. Transcaribe Freight Corporation, recurrida.

      Número: CC-2010-494

      Resuelto: 18 de julio de 2012

      Eric Pérez-Ochoa, Hilda Quiñones Rivera y Fabián Rodríguez Torres, de Adsuar, Muñiz, Goyco, Seda & Pérez-Ochoa, P.S.C., abogados de la parte peticionaria; Luis N. Blanco Matos, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo

emitió la opinión del Tribunal.

En el presente caso nos corresponde determinar si cuando un demandado levanta en su primera alegación responsiva, la defensa afirmativa de cosa juzgada en su modalidad de impedimento colateral se debe entender que igualmente levantó la modalidad de fraccionamiento de causa de acción.

Asimismo, se nos brinda la oportunidad de aclarar la doctrina de cosa juzgada en su modalidad de fracciona-miento de causa de acción, así como expresamos sobre la aplicación inteijurisdiccional y la jurisdicción suplementa-ria (accesoria) en el foro federal de dicha doctrina.

Por entender que el Tribunal de Apelaciones erró en sus determinaciones, revocamos la sentencia recurrida. Pase-mos, pues, a exponer los hechos que dieron origen a la con-troversia planteada en el caso de epígrafe.

I — I

Las partes involucradas en este litigio son la peticiona-ria Presidential Financial Corp. of Florida (Presidential) y la recurrida Transcaribe Freight Corp. (Transcaribe). Presidential es una corporación domiciliada en el estado de Georgia, que se dedica a ofrecer servicios de financia-miento comercial. Transcaribe es una corporación organi-zada y existe según las leyes del estado de Delaware, con operaciones en Puerto Rico, que se dedica al transporte y almacenamiento de mercancía y bienes.

El 6 de julio de 2005, Presidential concedió un préstamo de capital de trabajo a International World Imports & Exports, Inc. (International World) por $1,500,000. International World es una corporación domiciliada en Puerto Rico, que se dedica a la importación y exportación de productos. Miguel Toyéns (Toyéns), presidente de International World, representó a dicha corporación en la transac-ción con Presidential y sirvió de garantizador del repago de la deuda. International World le indicó a Presidential que estaba pendiente de recibir ochocientos noventa transfor-madores eléctricos en las instalaciones de Transcaribe, y para poder liberarlos tenía que pagarle a Transcaribe. Presidential solicitó evidencia sobre dicha deuda a International World. Acorde con lo anterior, Toyéns entregó a Presidential un documento titulado Bill of Lading P-0315 de Transcaribe por $1,000,496.10, el cual resultó ser falso.

El 15 de julio de 2005, Presidential efectuó dos transfe-rencias electrónicas a la cuenta bancaria de Transcaribe por $1,000,496.10 y $475,503. El 18 de julio de ese mismo año, Transcaribe, por instrucciones de Toyéns, giró un cheque por $1,000,496.10 a favor de International World, con el conocimiento de que para esa fecha ni To-yéns ni International World adeudaban cantidad alguna a la corporación. Dos meses más tarde, nuevamente por ins-trucciones de Toyéns, Transcaribe giró un cheque por $475,503 a favor de Toyéns en su carácter personal A pesar de tratarse de un depósito millonario inusual, Trans-caribe realizó dichos desembolsos sin hacer gestión alguna

para comunicarse ni obtener instrucciones de Presidential.

En octubre de 2005, personal de Presidential viajó a Puerto Rico para indagar sobre la falta de pago del prés-tamo concedido a International World. En ese momento Presidential se percató de los desembolsos que realizó Transcaribe a International World y a Toyéns. Presidential acudió a las oficinas de Transcaribe y los confrontó con el Bill of Lading P-0315 que International World le había entregado. Transcaribe comparó el documento con los ar-chivos de la empresa y confirmó que era falso.

Ante esta situación, el 13 de octubre de 2005, Presidential presentó una demanda en cobro de dinero contra International World y Toyéns en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico (Tribunal Federal). El foro federal asumió jurisdicción de esa causa de acción por existir diversidad de ciudadanía. En dicho pleito, Presidential recuperó parcialmente los fondos que éstos no habían pagado. La suma no recuperada por Presidential mediante dicha demanda asciende a $838,302.05.

Así las cosas, el 25 de septiembre de 2006, Presidential presentó una demanda en el Tribunal de Primera Instan-cia, Sala Superior de Carolina, contra Transcaribe. En la misma solicitó la indemnización por actos y/u omisiones negligentes y/o culposos realizados por Transcaribe que le ocasionaron daños y perjuicios. En la demanda, la peti-cionaria planteó que Transcaribe incurrió en negligencia al no contactar ni comunicarse con Presidential para indagar sobre las razones de la transferencia millonaria realizada, conociendo que no correspondían a ninguna suma adeudada. Indicó, además, que en ausencia de deuda, Transcaribe debió actuar diligentemente y comunicarse con Presidential para solicitar instrucciones en cuanto al destino de los fondos transferidos. Alegó que, como resul-tado de esas actuaciones y/u omisiones negligentes y/o cul-posas, sufrió daños y pérdidas económicas que se estiman en $838,302.05. De esta forma, la peticionaria pidió al tribunal de instancia que dictara sentencia en contra de Transcaribe.

El 13 de febrero de 2007, Transcaribe contestó la demanda. Entre sus defensas afirmativas levantó la de-fensa de impedimento colateral por sentencia Luego, el 30 de junio de 2008, Transcaribe presentó una moción de sentencia sumaria. Por primera vez, en dicha moción, Transcaribe mencionó la defensa de fraccionamiento de causa de acción, pero no la fundamentó Finalmente, el tribunal celebró el juicio en su fondo y declaró “con lugar” la demanda. Así, ordenó a Transcaribe que pagara los da-ños ocasionados y le impuso el pago de intereses por temeridad. En particular, el Tribunal de Primera Instancia expresó que Transcaribe, al recibir fondos que no tenía de-recho a cobrar y en ausencia de instrucciones por parte de Presidential, debió actuar con la diligencia de un buen padre de familia. A su vez, el foro de instancia indicó que la obligación y el deber de Transcaribe antes de entregar los fondos a International World era indagar sobre su origen y obtener instrucciones del depositante previo a su disposición.

Inconforme con la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Transcaribe presentó una moción de reconsideración. En la misma levantó la defensa de cosa juzgada en su modalidad de fraccionamiento de causa y por primera vez la fundamentó. Transcaribe alegó que el caso de autos se basa en los mismos hechos que dieron lugar a la demanda en el Tribunal Federal, por lo que Presidential tenía la obligación de incluir en la demanda federal a todo demandado que entendía que podía ser responsable. El foro de instancia declaró “no ha lugar” la moción de reconsideración. Como resultado de lo anterior, Transcaribe presentó un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones en el cual solicitó la revocación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Mientras, la aquí peticionaria, Presidential, presentó su alegato y soli-citó la confirmación de la decisión recurrida.

Expedido el auto, el Tribunal de Apelaciones revocó la determinación del foro de instancia y ordenó la desestima-ción de la causa de acción. Esto, fundamentado en su in-terpretación de la doctrina de cosa juzgada en su modali-dad de fraccionamiento de causa de acción. El foro apelativo intermedio indicó que en la demanda llevada ante el Tribunal Federal, Presidential no incluyó a Trans-caribe como parte, teniendo conocimiento de su participa-

ción en los hechos en que basó su reclamación. En su sentencia, el Tribunal de Apelaciones señaló lo siguiente:

Habida cuenta de la exacta identidad entre las partes y la causa de acción, advenida luego sentencia final adjudicando en los méritos las controversias, Presidential está impedido ahora de incoar nueva acción contra Transcaribe en el Foro local para reclamar lo mismo que reclamó a nivel federal y por los mismos fundamentos que allí esgrimió. (Enfasis suplido.)

En desacuerdo con la decisión del Tribunal de Apelacio-nes, Presidential solicitó reconsideración, mas ese foro de-negó su petición. Así, la peticionaria recurrió ante esta Curia mediante una solicitud de certiorari en la que señaló los siguientes errores:

[.1] Erró el Tribunal de Apelaciones al desestimar la causa de acción incoada por Presidential contra Transcaribe por enten-der que la sentencia en un caso en cobro de dinero en el Tribunal Federal donde Transcaribe no fue parte constituye cosa juzgada, aunque entre el pleito federal y el pleito estatal no existe identidad de causas ni identidad de partes[.]
[2] Erró el Tribunal de Apelaciones al concluir que la falta de sustitución de una parte acumulada bajo un nombre ficticio en un pleito federal constituye un impedimento por razón de fraccionamiento indebido de la presente acción, aunque entre el pleito federal y el pleito estatal no existe identidad de causas ni identidad de partes[.]
[5] Erró el Tribunal de Apelaciones al desestimar la causa de acción incoada por Presidential contra Transcaribe por entender que la sentencia en un caso en cobro de dinero en el Tribunal Federal constituye impedimento colateral por sentencia, aunque entre el pleito federal y el pleito estatal no existe identidad de partes y a pesar de que Presidential prevaleció en el pleito federali.] Petición de certiorari, Pieza 1, pág. 10.

Visto el recurso presentado, dictamos una Resolución en la que le concedimos a la parte recurrida, Transcaribe, un término de treinta días para que compareciera y mos-trara causa por la cual no debíamos revocar la Sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones. Transcaribe pre-sentó un escrito en cumplimiento a nuestra orden, y así, con el caso debidamente perfeccionado, procedemos a expe-dir y resolver el recurso.

i — I HH

A. Doctrina de cosa juzgada y sus modalidades de impedi-mento colateral y fraccionamiento de causa de acción

En nuestro ordenamiento jurídico, la doctrina de cosa juzgada se encuentra tipificada en el Art. 1204 del Código Civil. El referido artículo dispone, en lo pertinente, lo siguiente:

Para que la presunción de cosa juzgada surta efecto en otro juicio, es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquél en que ésta sea invocada, concurra la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los liti-gantes y la calidad con que lo fueron.

El tratadista español Manresa define la doctrina antes citada como “ ‘lo ya resuelto por fallo firme de un Juez o Tribunal competente, y lleva en sí la firmeza de su irrevo-cabilidad’ ”. Por lo tanto, y según lo anterior, la doctrina de cosa juzgada “persigue poner fin a los litigios luego de haber sido adjudicados de forma definitiva por los tribuna-les y, de este modo, garantizar la certidumbre y seguridad de los derechos declarados mediante una resolución judicial para evitar gastos adicionales al Estado y a los litigantes”. Worldwide Food Dis., Inc. v. Colón et al., 133 D.P.R. 827, 833-834 (1993).

La doctrina de cosa juzgada es valiosa y necesaria para la sana administración de la justicia. Por un lado, vela por el interés gubernamental de que se finalicen los pleitos y, por otro lado, se interesa en no someter a los ciudadanos a las molestias de tener que litigar dos veces una misma causa Sin embargo, la aplicación de dicha doctrina no procede de forma inflexible y automática cuando hacerlo derrotaría los fines de la justicia o las consideraciones de orden público

Como bien dispone el Art. 1204 del Código Civil, supra, la presunción de cosa juzgada sólo tendrá efecto si existe la más perfecta identidad de las cosas, las causas, las perso-nas de los litigantes y la calidad con que lo fueron. A con-tinuación analizamos cada elemento de esta doctrina.

Para aplicar la doctrina de cosa juzgada, el requisito de la identidad de cosas significa que el segundo pleito se refiere al mismo asunto del que versó el primer pleito, aunque las cosas se hayan disminuido o alterado La cosa es el objeto o materia sobre la cual se ejercita la acción. A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, 110 D.P.R. 753 (1981). Un criterio certero para determinar si existe identidad del objeto es si un juez está expuesto a contradecir una decisión anterior afirmando un derecho nacido o naciente Quiere decir que existe identidad de objeto cuando un juez, al hacer una determinación, se expone a contradecir el derecho afirmado en una decisión anterior. Se tiene que identificar cuál es el bien jurídico cuya protec-ción o concesión se solicita del juzgador. Hay que conside-rar no sólo la cosa sobre la cual se suscita la controversia, sino también el planteamiento jurídico que se genera en torno a ella.

En cuanto al requisito de identidad de causas, según interpretado por Manresa, este “significa el fundamento capital, el origen de las acciones o excepciones planteadas y resueltas, y no debe confundirse con los medios de prueba ni con los fundamentos legales de las pretensiones deducidas por las partes”. Por otro lado, Scaevola nos recuerda que la “causa” es el motivo que tuvo el demandante para pedir. La identidad de causa existe cuando los hechos y los fundamentos de las peticiones son idénticos en lo que afecta a la cuestión planteada. A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, supra. Al determinar si existe identidad de causas de acción debemos preguntarnos si ambas reclamaciones se basan en la misma transacción o núcleo de hechos.

Por último, en cuanto a la identidad de las personas de los litigantes y la calidad en que lo fueron, el propio Art. 1204 del Código Civil, supra, dispone, en lo pertinente, que,

[s]e entiende que hay identidad de personas siempre que los litigantes del segundo pleito sean causahabientes de los que contendieron en el pleito anterior, o estén unidos a ellos por vínculos de solidaridad o por los que establece la indivisibili-dad de las prestaciones entre los que tienen derecho a exigir-las u obligación de satisfacerlas.

Al considerar este tercer requisito, hemos señalado que los efectos de la cosa juzgada se extienden a quienes intervienen en el proceso, a nombre y en interés propioj En otras palabras, las personas jurídicas que son parte en ambos procedimientos, cumplidos los requisitos de identidad entre las causas y las cosas, serían las mismas que resultarían directamente afectadas por la excepción de la cosa juzgada.

De otra parte, el fraccionamiento de causa de acción e impedimento colateral por sentencia son dos modalidades de la doctrina de cosa juzgada. A continuación analizamos cada una de las modalidades.

1. Impedimento colateral por sentencia

Reiteradamente, hemos señalado que el impedimento colateral por sentencia constituye una modalidad de cosa juzgada. Al igual que la doctrina de cosa juzgada, el impedimento colateral tiene como propósito promover la economía procesal y judicial, proteger a los litigantes contra lo que representa defenderse o probar sus reclamaciones en repetidas ocasiones tratándose de la misma controversia, evitar litigios innecesarios y decisiones inconsistentes.

Ahora bien, el impedimento colateral se distingue de la doctrina de cosa juzgada en que para su aplica-ción no es necesario que se dé el requisito de identidad de causas. Esto significa que la razón de pedir que se pre-sente en una demanda no tiene que ser la misma que se presentó en la demanda anterior. En nuestra reciente de-cisión de Beníquez et al. v. Vargas et al., 184 D.P.R. 210, 225 (2012), reiteramos nuevamente que la doctrina de im-pedimento colateral “ ‘surte efectos cuando un hecho esen-cial para el pronunciamiento de una sentencia se dilucida y se determina mediante sentencia válida y final [y] tal determinación es concluyente en un segundo pleito entre las mismas partes, aunque estén envueltas causas de ac-ción distintas’ ”. Sin embargo, no procede la interposición de la mencionada doctrina cuando la parte contra la cual se interpone no ha tenido la oportunidad de litigar previa-mente el asunto y no ha resultado ser la parte perdidosa en el litigio anterior.

Por último, es menester señalar que la doctrina de impedimento colateral por sentencia no aplica a asuntos que pudieron ser litigados y determinados en el primer caso y no lo fueron. Su aplicación se limita a aquellas cuestiones que, en efecto, fueron litigadas y adjudicadas.

2. Fraccionamiento de causa de acción

En cuanto a la modalidad de fraccionamiento de causa de acción, hemos expresado que aplica a toda reclamación posterior que se presente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto. Es por esto que si un demandante tiene varias reclamaciones, que surgen de un mismo evento, contra un mismo demandado y presenta una de esas reclamaciones, se aplicará esta modalidad si luego de terminado dicho pleito decide presentar otro pleito contra el mismo demandado por las otras reclamaciones. No procede extender esta doctrina a una parte que no fue in-cluida como demandada en el primer pleito. Además, su aplicación se limitará a reclamaciones que son recobrables en la primera acción incoada.

La modalidad de fraccionamiento de causa tiene como propósito promover el fin de las controversias judiciales y evitar las continuas molestias a una parte con la presentación sucesiva de varios pleitos relacionados con el mismo asunto. Por lo tanto, esta modalidad procede cuando el demandante obtiene una sentencia en un primer pleito y luego radica una segunda acción contra la misma parte por otra porción de esa misma reclamación.

B. Aplicación interjurisdiccional de la doctrina de “cosa juzgada”

Cuando se presenta ante el Tribunal de Primera Instancia una sentencia federal final y firme, y se levanta la defensa de cosa juzgada, hay que examinar el fundamento invocado en el foro federal que sustentó la jurisdicción federal. De esta forma podemos determinar si aplica la doctrina de cosa juzgada estatal o la doctrina de cosa juzgada federal. Así, en aquellas circunstancias en las que el Tribunal Federal asumió jurisdicción al amparo de la doctrina de cuestión federal, se aplicará la norma federal de cosa juzgada para impedir que se litigue un caso nuevamente en el foro estatal. En cambio, en aquellas cir-cunstancias en las que el foro federal asumió jurisdicción por diversidad de ciudadanía, se aplicará la norma estatal de cosa juzgada. En Díaz v. Navieras de P.R., 118 D.P.R. 297, 303 (1987), decidimos que

[e]n situaciones como la de autos, en que una corte federal dicta sentencia luego de asumir jurisdicción por diversidad de ciudadanía, la jurisprudencia mayoritaria se inclina a recono-cer que la doctrina estatal es la que gobierna. Esta postura se fundamenta en la premisa básica de que la doctrina de cosa juzgada es materia que pertenece al ámbito de derecho sustantivo y, por ende, rige Erie R. Co. v. Tompkins, 304 U.S. 64 (1938).

La aplicación interjurisdiccional de la doctrina de cosa juzgada se estableció de esta manera para preservar la supremacía y finalidad de la decisión inicial basada en las leyes del foro que la dictó.

De otra parte, se ha establecido que cuando el Tribunal Federal asume jurisdicción en un caso bajo una causa de acción federal, puede asumir jurisdicción suplementaria (accesoria) sobre una causa de acción estatal en la que de ordinario no tendría jurisdicción para adjudicar. Para que el foro federal pueda asumir jurisdicción suplementaria (accesoria) sobre una causa de acción estatal, es necesario que la reclamación federal sea lo suficientemente sustancial como para conferir al tribunal jurisdicción sobre la materia. Si la reclamación federal es sustancial, el tribunal puede considerar todas las reclamaciones, estatales o federales, que surjan del mismo núcleo común de hechos, siempre que hubiese sido de esperar que el demandante las litigara todas en un solo procedi-miento judicial. Si el demandante no solicita al foro federal que asuma jurisdicción suplementaria (accesoria) so-bre la reclamación estatal, la sentencia que en su día emita el foro federal tendría el efecto de cosa juzgada por tra-tarse de un fraccionamiento de causa indebido, ya que se pudo haber hecho la solicitud y no se hizo. Ramos González v. Félix Medina, 121 D.P.R. 312 (1988).

C. Defensa afirmativa de cosa juzgada al amparo de la Regla 6.3 de Procedimiento Civil de 1979

Es importante señalar que las reglas aplicables al caso de autos son las Reglas de Procedimiento Civil de 1979. En nuestro ordenamiento jurídico, la Regla 6.3 de Procedimiento Civil establece las distintas defensas que puede levantar un demandado en su alegación responsiva. Esta regla proviene de la Regla 8(c) de Procedimiento Civil Federal, Fed. R. Civ. P. 8(c). Estas defensas comprenden materia de naturaleza sustantiva y/o materia constitutiva de excusa, por la cual la parte demandada no debe responder a las reclamaciones en su contra. En Díaz Ayala et al. v. E.L.A., 153 D.P.R. 675, 695 (2001), se aclaró que las defensas afirmativas “deben plantearse al responder a una alegación precedente o se entienden renunciadas; deben además ser alegadas en forma clara, expresa y específica”. (Enfasis en el original suprimido y énfasis suplido). Luego, esta expresión fue incorporada en las nuevas Reglas de Procedimiento Civil de 2009 por el Comité Asesor Permanente de las Reglas de Procedimiento Civil.

El Prof. Rafael Hernández Colón explica que las defensas afirmativas se tienen que plantear aseverando los hechos que las sustentan. Quiere decir, que si mera-mente se alega la defensa afirmativa, la alegación es insu-ficiente y se entiende que se renunció. Acorde con lo anterior, y en el contexto de la defensa de cosa juzgada y sus modalidades, en Dávila v. P.R. Ry. Light & P. Co., 44 D.P.R. 950, 959 (1933), expresamos que:

“La persona que aduzca la alegación de res judicata [cosa juzgada] debe establecerla mediante preponderancia de evidencia. Para probar la existencia y el contenido de una sen-tencia es necesario presentar, y ellos serían suficientes, los autos del pleito o copia auténtica, y estos hechos no pueden ser establecidos mediante prueba colateral o extrínseca. Además no basta presentar la sentencia solamente sino que ésta debe estar acompañada por el récord en su totalidad, cuando el mismo existe incluyendo el legajo de la sentencia, a menos que, según puede ocurrir con los decretos de equidad, la sen-tencia de la corte contenga una narración que demuestre ple-namente no sólo el hecho de la sentencia sino el alcance y la extensión del impedimento (estoppel) por ella creado.”

De otra parte, hemos advertido que los tribuna-les no pueden levantar motu proprio las defensas afirma-tivas a las que el demandado renunció, excepto por la de-fensa de falta de jurisdicción sobre la materia.

La Regla 6.3 de Procedimiento Civil dispone como defensa afirmativa la doctrina de cosa juzgada. Como defensa afirmativa se debe invocar en la primera alegación responsiva o se entenderá renunciada. Olmeda Nazario v. Sueiro Jiménez, 123 D.P.R. 294 (1989). De igual forma, el impedimento colateral por sentencia y el fraccionamiento de causa de acción son modalidades distinguibles de la

cosa juzgada, por lo que al igual que esta última, constitu-yen defensas afirmativas independientes que se deben plantear cada una en forma clara, expresa y específica en la primera alegación responsiva. Como ya hemos discutido, en caso de que por no haber identidad de causa no pueda levantarse la defensa afirmativa de cosa juzgada, sí se po-dría levantar la modalidad de impedimento colateral. Como señala el Tribunal del Quinto Circuito de Apelaciones Federal en U.S. v. Shanbaum, 10 F.3d 305 (5to Cir. 1994):

Defenses of collateral estoppel and res judicata are not necessarily fungible concepts, and thus pleading one of these defenses does not necessarily signify that other has also been pleaded.

Ill

En el caso de autos, el Tribunal de Apelaciones concluyó que el Tribunal de Primera Instancia incidió al no desesti-mar la causa de acción por la doctrina de cosa juzgada en su modalidad de fraccionamiento de causa. Tal determina-ción fue errada. Nos explicamos.

A. En primer lugar, la interpretación que el distin-guido panel del Tribunal de Apelaciones hizo con relación a la aplicación inteijurisdiccional de la doctrina de cosa juz-gada es errónea. Como hemos señalado, cuando el foro federal asume jurisdicción por diversidad de ciudadanía, no se aplica la norma federal sino la estatal. La norma federal sólo se aplicará cuando el foro federal asuma jurisdicción por cuestión federal. Ahora bien, es importante aclarar que el Tribunal Federal podrá asumir jurisdicción suplementa-ria (accesoria) sobre reclamaciones estatales que surjan del mismo núcleo común de hechos, siempre que hubiera sido de esperar que el demandante las litigara todas en un solo procedimiento judicial. Así las cosas, es necesario pedir permiso al foro federal para que atienda esa causa de ac-ción estatal.

En el caso ante nuestra consideración, el Tribunal Federal asumió jurisdicción por diversidad de ciudadanía contra International World por cobro de dinero. Además de esta causa de acción, Presidential tenía una causa de ac-ción estatal contra Transcaribe por daños y perjuicios. Esta causa de acción estatal contra Transcaribe no surge por los mismos fundamentos que la reclamación contra International World. La reclamación contra International World surgió cuando ésta incumplió con su obligación de pagar el préstamo de capital de trabajo a Presidential. Por el con-trario, la reclamación contra Transcaribe surgió por ésta ocasionarle daños a Presidential por su actuación u omi-sión negligente. Por esta razón, Presidential no tenía que solicitarle al Tribunal Federal que asumiera jurisdicción suplementaria (accesoria) por la causa de acción contra Transcaribe. La doctrina de jurisdicción suplementaria (ac-cesoria) no es vital, como indica el Tribunal de Apelaciones, para determinar si aplica la doctrina de cosa juzgada. Lo único que se tiene que examinar para determinar si pro-cede la doctrina de cosa juzgada estatal o la doctrina de cosa juzgada federal es el fundamento invocado que sus-tentó la jurisdicción federal. Una vez se determina que la jurisdicción en el foro federal se basó en diversidad de ciu-dadanía, la doctrina de cosa juzgada que gobernará será la estatal. Por lo tanto, erró el Tribunal de Apelaciones al aplicar la doctrina de jurisdicción suplementaria (acceso-ria) a los hechos del presente caso.

B. Atendemos, entonces, los errores planteados por la peticionaria; esto es, que el Tribunal de Apelaciones se equivocó al determinar que el Tribunal de Primera Instan-cia debió desestimar la causa de acción contra Transcaribe

por constituir cosa juzgada en su modalidad de fracciona-miento de causa de acción. Sobre dicho asunto, la peti-cionaria plantea que Transcaribe renunció a la defensa afirmativa de cosa juzgada en su modalidad de fracciona-miento de causa por no levantarla en la contestación a la demanda. Además, en la alternativa, plantea que no ocu-rrió fraccionamiento de causa de acción porque no se cum-plen los requisitos de dicha doctrina. Le asiste claramente la razón.

Como hemos señalado, los demandados tienen el deber de levantar todas las defensas afirmativas que entiendan pertinentes en su primera alegación responsiva. En Díaz Ayala v. E.L.A., supra, expresamos que estas defensas tie-nen que plantearlas de manera clara, expresa y específica. También añadimos en ese caso, que las defensas afirmati-vas que no levante el demandado se entenderán renunciadas. Por la importancia de estas expresiones y para que no exista duda al momento de hacer la primera alegación responsiva, se añadieron estas expresiones a las nuevas Reglas de Procedimiento Civil de 2009. Además, hemos expresado que los tribunales están impedidos de le-vantar las defensas afirmativas motu proprio cuando las partes han renunciado a ellas.

En el presente caso, Transcaribe no levantó la defensa de cosa juzgada en su modalidad de fraccionamiento de causa de acción. Sólo se limitó a levantar la modalidad de impedimento colateral por sentencia. Alega, erróneamente, que al levantar la modalidad de impedimento colateral se debe entender que igualmente levantó la modalidad de fraccionamiento de causa, por ser ambas modalidades de cosa juzgada.

Como ya discutimos, a pesar de que el fraccionamiento de causa e impedimento colateral son modalidades de la doctrina de cosa juzgada, estas son defensas afirmativas distintas. Ambas modalidades tienen el mismo propósito, sin embargo, sus requisitos son distintos. La modalidad de fraccionamiento de causa de acción aplica cuando cm de-mandante tiene varias reclamaciones, que surgen de un mismo evento, contra un mismo demandado, pero presenta sólo una de esas reclamaciones y luego en un segundo pleito pretende presentar las otras reclamaciones. En otras palabras, aplica cuando en el segundo pleito se reclama lo que se pudo reclamar en el primer pleito pero no se hizo. Por otro lado, la modalidad de impedimento colateral se utiliza en asuntos que ya fueron litigados y adjudicados, y en el segundo pleito se trae ese mismo asunto, aunque sea bajo otra causa, contra el mismo demandado. En resumen, en la modalidad de fraccionamiento de causa no se ha liti-gado sobre el asunto aunque se pudo haber traído en el primer pleito, y en la modalidad de impedimento colateral ya se litigó sobre el asunto y se trae de nuevo en el segundo pleito.

En el caso de autos, Transcaribe levantó específica y únicamente la defensa de impedimento colateral. No se puede entender que cuando un demandado levanta especí-fica y únicamente la modalidad de impedimento colateral se asuma que levantó igualmente la modalidad de fraccio-namiento de causa de acción. Esto iría en contra de los principios y requisitos que hemos establecido para poder presentar con éxito una defensa afirmativa. Si Transcaribe deseaba levantar la defensa de fraccionamiento de causa de acción debió hacerlo de manera clara, expresa y especí-fica en la contestación a la demanda. Es importante recal-car que Transcaribe mencionó por primera vez, sin argu-mentar ni fundamentar, la defensa de fraccionamiento de causa en la moción de sentencia sumaria que presentó un año y cuatro meses después de su primera alegación responsiva. No es hasta la moción de reconsideración, luego de que el Tribunal de Primera Instancia dictara su sentencia, que Transcaribe mencionó y argumentó la de-fensa de fraccionamiento de causas de acción. No cabe duda que Transcaribe renunció a la defensa de cosa juz-gada en su modalidad de fraccionamiento de causa de acción.

Por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones estaba impedido de resolver a favor de la doctrina de cosa juzgada en su modalidad de fraccionamiento de causa de acción, ya que el demandado había renunciado a esa defensa afirmativa al no levantarla en su primera alegación responsiva.

Ahora bien, aún si Transcaribe hubiese presentado a tiempo la defensa de cosa juzgada en su modalidad de frac-cionamiento de causa de acción, dicha doctrina no aplica, ya que no se configuran los requisitos de la misma. Veamos.

La defensa de fraccionamiento de causa de acción, como modalidad de la doctrina de cosa juzgada, requiere la más perfecta identidad entre las causas, las cosas, las partes y la calidad en que lo fueron. Para que exista identidad de partes es necesario que en el segundo pleito el demandante presente una reclamación contra el mismo demandado del primer pleito. No obstante, la doctrina de cosa juzgada es-tablece excepciones en las que el demandado no tiene que ser la misma persona. Estas excepciones son: que el de-mandado sea causahabiente de los demandados del primer pleito, que estén unidos por vínculos de solidaridad o por los que establece la indivisibilidad de las prestaciones.

En el presente caso, Presidential demandó en el foro federal a International World y luego demandó en el foro estatal a Transcaribe. International World y Transcaribe evidentemente no son las mismas partes. Tampoco existen entre ellas alguna de las razones que constituyen excepcio-nes al requisito de identidad de parte. Transcaribe no es causahabiente de International World ni tiene vínculos de solidaridad con esa empresa, como alega. Recordemos que la solidaridad en los contratos no se presume; existirá cuando la ley o el propio contrato indiquen que los deudo-res son solidariamente responsables. En el presente caso no se pactó que Transcaribe e International World fueran deudores solidarios a favor de Presidential y tam-poco existe una ley que lo disponga. International World es responsable ante Presidential por incumplimiento de con-trato y cobro de dinero, mientras que Transcaribe es res-ponsable extracontractualmente por causarle daños y perjuicios. Por lo tanto, erró el Tribunal de Apelaciones al entender que existe la más perfecta identidad de partes en ambos pleitos.

De otra parte, el Tribunal de Apelaciones entendió que existía identidad de causa, ya que en el foro estatal, Presidential reclamó lo mismo que reclamó en el foro federal y por los mismos fundamentos. El foro intermedio determinó que Presidential fraccionó la causa al no sustituir a una parte acumulada bajo un nombre ficticio por Transcaribe. Tampoco le asiste la razón.

Presidential demandó en el foro federal a International World por cobro de dinero porque International World no pagó el préstamo concedido. Luego, en el foro estatal, Presidential demandó a Transcaribe por daños y perjuicios, ya que su actuación negligente le causó daños. Claramente se trata de causas distintas. El motivo que tuvo Presidential en cada reclamación es distinto. En la primera reclama-ción, su motivo fue cobrar el dinero que International World le adeudaba. Por el contrario, el motivo que tuvo Presidential en la segunda reclamación fue que Transca-ribe le indemnizara por los daños que le ocasionó su con-ducta culposa o negligente. El hecho de que Presidential conociera de la existencia de Transcaribe y no lo sustitu-yera por los nombres ficticios que incluyó en la demanda federal, no tiene efecto en la doctrina de fraccionamiento de causa de acción. Transcaribe no era una parte indispensable en el pleito de cobro de dinero contra International World y, por lo tanto, no tenía que ser incluido en la de-manda ante el foro federal.

Como resultado de lo anterior, podemos concluir que tampoco le asiste la razón al foro intermedio sobre esta determinación. La reclamación posterior no fue entre las mismas partes ni sobre el mismo asunto, como dispone la modalidad de fraccionamiento de causa de acción. Se trata de dos demandados independientes con causas de acciones distintas. Por lo tanto, al no configurarse los requisitos de la doctrina de cosa juzgada, es forzoso concluir que no aplica esta doctrina en su modalidad de fraccionamiento de causa de acción.

IV

Por las razones antes expresadas, se expide el auto de “certiorari”, se revoca la sentencia del Tribunal de Apelacio-nes, Región Judicial de Carolina, y se reinstala la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Hernández Denton concurrió e hizo constar la expresión siguiente:

El Juez Presidente Señor Hernández Denton concurre úni-camente con los Acápites II A y II C de la Opinión de este Tribunal por entender que el Tribunal de Apelaciones erró al aplicar la doctrina de cosa juzgada en su modalidad de frac-cionamiento de causa. Transcaribe Freight Corp. renunció a esa defensa afirmativa al presentar solamente la defensa de impedimento colateral por sentencia y no especificar y funda-mentar la de fraccionamiento de causa. Una vez resuelta esta controversia, no hubiésemos hecho los pronunciamientos ex-puestos en el Acápite II B ni en el resto de la Opinión que no atienden ese asunto.

Las Juezas Asociadas Señora Rodríguez Rodríguez y Se-ñora Pabón Charneco, y el Juez Asociado Señor Rivera García concurrieron con el resultado sin opinión escrita.

       Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 82-90.

        Bill of Lading es un documento efectuado por un transportista (compañía de camiones, ferrocarril, barco o buque de carga de aire) que sirve como acuse de recibo de las mercancías y especifica el acuerdo para el transporte de la mercancía a un destino indicado. Enciclopedia Británica, http://www.britannica.com/EBchecked/ topic/327501/bill-of-lading (última vista el 30 de marzo de 2012).

       Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 74.

       Íd., pág. 75.

       Íd., págs. 78-79.

       Íd., págs. 80-81.

       Es necesario señalar que Transcaribe no pudo justificar ninguno de los des-embolsos, salvo que Toyéns le pidió que los hiciera.

       Toyéns falsificó una factura que le emitió Transcaribe en marzo de 2005 por $100 en concepto de almacenaje de mercancía. Esta deuda fue pagada el 2 de junio de 2005.

        Presidential Financial Corp. v. International World Imports & Exports, et al., Civil Num. 05-2087.

       Es importante señalar que, distinto al foro estatal que es de jurisdicción general, el foro federal es de jurisdicción limitada. Quiere decir, que el Tribunal Federal puede asumir jurisdicción en una causa de acción únicamente por:
      (1) cuestión federal — cuando la causa de acción surge de la Constitución, ley o tratado federal; o
      (2) diversidad de ciudadanía — cuando la causa de acción surge de un estatuto estatal, pero el demandante reside en un estado distinto al que reside el demandado y la cuantía envuelta excede de $75,000.

       Al amparo del Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141.

       Además, levantó las siguientes defensas afirmativas: (1) las aseveraciones en la demanda no exponen una reclamación que justifique un remedio, (2) la causa de acción está prescrita, (3) los remedios solicitados no proceden como cuestión de hecho y de derecho, (4) no existe nexo causal entre los daños y la reclamación ale-gada, (5) los daños son consecuencia de sus propios actos, (6) los daños y las recla-maciones alegadas en la demanda se debieron exclusivamente a terceras personas, (7) no procede conforme a la doctrina de actos propios, (8) los demandantes no ac-tuaron diligentemente, (9) los daños reclamados son excesivos, (10) el demandante no mitigó los daños, (11) el demandante actuó de mala fe, y (12) la negligencia comparada.

       No surge del expediente qué determinación, si alguna, tomó el Tribunal de Primera Instancia en cuanto a la sentencia sumaria.

       Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 37.

       Íd., pág. 58.

       Íd., págs. 58-59.

       Íd., pág. 68.

       Íd., Pieza 2, pág. 426.

       Íd., págs. 425-426.

       Es importante destacar que aunque el Tribunal de Apelaciones explicó la doctrina de impedimento colateral por sentencia en sus fundamentos, no desestimó la causa de acción al amparo de esa doctrina. Por lo tanto, no entraremos a discutir este error.

       Atendida la solicitud de certiorari, se le proveyó “no ha lugar” por incumpli-miento al Reglamento. Así las cosas, el peticionario presentó una moción de reconsideración.

       31 L.P.R.A. see. 3343.

        S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 D.P.R. 133, 153 (2011), citando a J.M. Manresa, Comentarios al Código Civil español, 6ta ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1967, T. VIII, Vol. 2, pág. 278.

        Fonseca et al. v. Hosp. HIMA, 184 D.P.R. 281 (2012); P.R. Wire Prod. v. C. Crespo & Assoc., 175 D.P.R. 139 (2008).

        Fonseca et al. v. Hosp. HIMA, supra; Parrilla v. Rodríguez, 163 D.P.R. 263 (2004).

        Rodríguez Rodríguez v. Colberg Comas, 131 D.P.R. 212, 220 (1992), citando a Q.M. Scaevola, Código Civil, 2da ed., Madrid, Ed. Reus, 1958, T. 20, pág. 534.

        Lausell Marxuach v. Díaz de Yáñez, 103 D.P.R. 533 (1975).

       M. Serra Domínguez, en M. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, 2da ed., Madrid, Ed. Edersa, 1991, T. XVI, Vol. 2, págs. 735-736.

       J.M. Manresa, Comentarios al Código Civil español, 5ta ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1950, T. VIII, Vol. 2, págs.. 237-242.

       Véase Rodríguez Rodríguez v. Colberg Comas, supra.

        Beníquez et al. v. Vargas et al., 184 D.RR. 210, 223 (2012), citando a Scaevola, op. cit., pág. 535.

        Martínez Díaz v. E.L.A., 182 D.P.R. 580 (2011). Véase, además, AVX Corp. v. Cabot Corp., 424 F.3d 28 (1er Cir. 2005).

      5) Hernández Pérez v. Halvorsen, 176 D.P.R. 344, 345 (2009), opinión de con-formidad de la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

       Albaladejo, op. cit., págs. 755-756.

      7) Beníquez et al. v. Vargas et al., supra; S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, supra; P.R. Wire Prod. v. C. Crespo & Assoc., supra.

        Beníquez et al. v. Vargas et al., supra; Méndez v. Fundación, 165 D.P.R. 253 (2005).

       J.A. Echevarría Vargas, Procedimiento civil puertorriqueño, BiblioServices, 2010, pág. 343. Véanse, también: Beníquez et al. v. Vargas et al., supra; S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, supra.

        Beníquez et al. v. Vargas et al., supra; P.R. Wire Prod. v. C. Crespo & Assoc., supra.

        U.S. v. International Building Co., 345 U.S. 502 (1953); Tartak v. Tribl. de Distrito, 74 D.P.R. 862 (1953).

        S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, supra; Abengoa S.A. v. American Intl. Ins., 176 D.P.R. 512 (2009).

        Zambrana v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 179 (1971).

        Ramos González v. Félix Medina, 121 D.P.R. 312 (1988).

        Tesorero v. Tribl. Contribuciones y Del Toro, 72 D.P.R. 617 (1951).

        S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, supra.

        Avellanet v. Porto Rican Express Co., 64 D.P.R. 693 (1945).

        Santiago, González v. Mun. de San Juan, 177 D.P.R. 43 (2009).

        Martínez Díaz v. E.L.A., 182 D.P.R. 580 (2011); Santiago, González v. Mun. de San Juan, supra.

        Martínez Díaz v. E.L.A., supra, citando a Santiago, González v. Mun. de San Juan, supra.

        Ramos González v. Félix Medina, supra.

      60) íd. Véase, además, 28 U.S.C.A. sec. 1367.

        Díaz Maldonado v. Lacot, 123 D.P.R. 261 (1989).

       32 L.P.R.A. Ap. III.

       J.A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 2011, T. II, pág. 407.

        Díaz Ayala et al. v. E.L.A, 153 D.P.R. 675 (2001); Cuevas Segarra, op. cit, pág. 408.

       32 L.P.R.A. Ap. V.

       R. Hernández Colón, Derecho procesal civil, 5ta ed., San Juan, LexisNexis, 2010, pág. 251.

       Íd.

       Véase esc. 10 en Álamo v. Supermercado Grande, Inc., 158 D.P.R. 93 (2002).

        Schneider v. Colegio de Abogados de Puerto Rico, 670 F. Supp. 1098 (1987).

       Aun cuando la peticionaria planteó dos errores distintos, el primero esbo-zando que erró el Tribunal de Apelaciones al determinar que existe cosa juzgada, y el segundo esbozando que erró al determinar que existe fraccionamiento de causa de acción, realmente se trata de un sólo error y, por lo tanto, lo atenderemos como uno solo.

       32 L.P.R.A. Ap. V.

       Art. 1090 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3101.