author: El Juez Peesidente Se. HeRnández,

text:
    Galafar, Demandante y Apelante, v. Sucesión Morales, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en causa sobre filiación.
    No. 1233.
    Resuelto en mayo 19, 1915.
    Apelación — -Parte Contbaria-JSÍotificación del Escrito de Apelación- — Ano-tación de Rebeldía. — Una parte contraria en un pleito, aun cuando se halle rebelde, tiene derecho a que se le notifique el escrito de apelación en cum-plimiento del artículo 296 <lel Código de Enjuiciamiento Civil.
    Parte Contraria — Partes en el Juicio — Partes Afectadas por la Revoca-ción o Modificación de la Sentencia. — La frase “parte contraria” (adverse jiarty) a que se refiere el artículo 296 del Código de Enjuiciamiento Civil, que es equivalente al 940 del de California, no se refiere a todas aquellas personas que han sido partes en el juicio ante el tribunal a quo, sino solamente a las que de ellas puedan ser afectadas por una revocación o modificación de la sentencia apelada.
    Filiación — Parte Contraria — Parte Afectada por la Sentencia. — En el pre-sente caso se estableció demanda contra una sucesión para obtener sentencia en que se declare a la demandante hija reconocida con todos los derechos que en ese concepto le correspondan. Una de las demandadas componentes de la sucesión no contestó la demanda, siendo anotada su rebeldía. Se resol-vió que. esta demandada rebelde gra una parte contraria en el pleito, quien sería afectada por una sentencia que se dictara revocando la inferior, en la misma forma que los demás demandados.
    Los beobos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. A. J. Amadeo y A. Ma-laret.

      Abogado de la apelada: Sr. Herminio Miranda.

   El Juez Peesidente Se. HeRnández,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de nna acción ejercitada por'Bernarda G-alafar representada por sn madre Andrea Galafar Milián, y bajo la dirección del Letrado José E. Díaz, contra la Sucesión de Froilán Morales Ruiz compuesta de sus hermanos Florentino, Delfina, Jorge, Estebanía y Pantaleona Morales Ruiz, y de sus sobrinos Eugenio, Aurelio, Demetria Jesús, Leonardo, Julio, Filomena y Rosa Morales como hijos de su también hermano difunto Liborio Morales Ruiz, para obtener sentencia en qUe se la declare hija reconocida del Froilán Morales Ruiz con todos los derechos que en ese concepto le correspondan.

Con excepción de la demandada Estebanía los demás de-mandados ya relacionados contestaron la demanda represen-tados por el abogado Plerminio Miranda. La Estebanía Morales Ruiz a pesar de haber sido emplazada no compareció a contestarla y a petición de la demandante le fué anotada la rebeldía.

Después de celebrado el juicio la corte dictó sentencia en 13 de abril de 1914 declarando sin lugar la demanda con las costas a cargo de la parte actora, y contra esa sentencia la representación de la demandante interpuso apelación para ante esta Corte Suprema por medio de escrito dirigido al secretario de la corte y al abogado de los demandados Her-minio Miranda, al que fué entregada copia de dicho escrito.

No aparece que ni ese letrado ni otro alguno haya com-parecido en el juicio en representación de Estebanía Morales, después de anotada su rebeldía, y lejos de ello la misma Estebanía Morales al declarar como testigo manifestó que. si bien en el presente caso fué incluida como demandada, no contestó la demanda porque reconoce a Bernarda Gala-far como sobrina suya y sabe que es hija de su hermano Froi-lán. Además, el abogado de la demandante José E. Díaz ex-presa que bajo pliego certificado envió a Don Herminio Miranda, abogado de los demandados comparecientes, copia literal de la transcripción del récord de la apelación debidamente certificada por él como abogado del apelante, y dielio abo-gado Miranda formula sn alegato escrito impugnando el re-curso a nombre de los apelados que representa, sin haber hecho nunca mención de- la rebelde Estebanía.

Como se ve, la demandada rebelde, Estebanía Morales, a pesar de se,r conocida al demandante y de haber sido empla-zada al principio, no fué notificada del escrito de apelación. No aparece del récord que haya comparecido al juicio repre-sentada por el abogado Miranda que es el que ha repre-sentado a los demás demandados. Aun más, el mismo abo-gado Miranda al contestar la demanda hace exclusión de la Estebanía y ésta al declarar en el juicio manifiesta que no la contesta por reconocer 'los derechos de la parte deman-dante.

Y la Estebanía era parte contraria en el pleito y tenía derecho a que se le notificara la apelación en cumplimiento del artículo 296 del Código de Enjuiciamiento Civil, expre-sivo de que “una apelación se interpone entregando al secre-tario de la corte en que fué dictada o registrada la senten-cia o providencia apelada, un .escrito manifestandp que se apela de ella, o de determinada parte de la misma, y pre-sentando idéntica manifestación a la parte contraria o a sn abogado.” El Código de Enjuiciamiento’ Civil de California en su artículo 940 contiene igual precepto, y ya dijimos al resolver el caso’ de Candelas v. Ramírez et al., 20 D. P. R., 33, que dicho Tribunal Supremo ha interpretado la frase “parte contraria” (adverse party) en el sentido de que no se refiere a todas aquellas que han sido partes en el juicio ante el tribunal a quo, sino solamente a las que de ellas pue-dan ser afectadas por una revocación o modificación de la sentencia apelada. O’Kane, v. Daly, 63 Cal., 317; Millikin v. Houghton, 75 Cal., 540; y casos en ella citados.

Estebanía Morales sería afectada por una sentencia que se dictara revocando la inferior, en la misma forma que los demás demandados. Posible es que siendo actualmente favo-rabie la sentencia apelada, sostuviera ella su confirmación no obstante la declaración que prestó en el juicio, si hubiera sido notificada de la apelación.

■ En apoyo de la doctrina que boy sostenemos, además del caso ya citado de-Candelas v. Ramírez et al., podemos citar los de Rondón v. Mollfulleda, 16 D. P. R., 171; Andújar et al. v. Alonso, 17 D. P. R., 433; y Martínez v. Sucesión Laurido, 2ND. P. R., 30.

Por falta de notificación a uno de los' demandados inte-resados, la apelación debe ser desestimada sin considerar los motivos en que se funda.

Desestimada la apelación.

Juéces concurrentes: Sres. Asociados Wolf,'del Toro, Al--drey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. del Tobo,

license: Public Domain

text:
    Benet, Demandante y Apelado, v. Hernández, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de. Distrito de Mayagüez en causa sobre indemnización por persecución maliciosa y libelo. '
    Moción para que se desestime la apelación por haberse pre-sentado la exposición del caso después de vencido el tér-mino legal y por no haberse incluido en la misma las en-miendas propuestas y aprobadas.
    No. 1193.
    Resuelto en mayo 24, 1915.

    Exposición del Caso — Conflicto' Respecto al Contenido de la Misma — Juez que Debe Dirimirlo — Poder para Cancelar la Certificación Aprobatoria— Error o Inadvertencia. — Cuando existe conflicto respecto al contenido de una exposición del caso archivada en la1 corte de apelación, debe recurrirse al juez sentenciador jara que lo dirima, pues no obstante dicho archivo, tiene poder para cancelar su certificación puesta al pie de' la misma, si se conven-ciere de que su acción fué errónea o realizada inadvertidamente.
    Nuevo Juicio — Jurisdicción—Jueces Distintos.- — Con arreglo el artículo 220 del Código de Enjuiciamiento Civil, la corte que decide el pleito es la que tiene jurisdicción para conocer de la solicitud de nuevo juicio, aunque el juez que la presida cuando diclia solicitud se presente no sea el mismo que dic-tara ,1a sentencia.
    Id. — Efecto del Artículo 226 del Código'de Enjuiciamiento Civil — Sitio para la Celebración de la Yista de un Nuevo Juicio. — El efecto de la sección 226 del Código Enjuiciamiento Civil, es el de prescribir expresamente que el juez de la corte sentenciadora, sea o no el mismo que dictó la sentencia, puede celebrar la vista de la moción de nuevo juicio, bien en sala' de justi-cia o ya fuera de ella, hallándose en su distrito o en cualquiera otro de la isla.
    Id. — Nuevas Pruebas — Discreción Judicial — Abuso de Discreción — Confirma-ción de la Resolución Apelada. — Cuando en una moción de nuevo juicio el juez que la niega entiende que cierta prueba que se decía descubierta des-pués de celebrada la vista no era suficiente para variar la conclusión a que llegara el juez sentenciador después de un detenido estudio de todas las cir-cunstancias concurrentes, y no se demuestra que al actuar así abusara de su poder discrecional, su decisión debe .ser confirmada.
    Persecución Maliciosa — Elementos Esenciales de la Aóción. — En las accio-nes por persecución maliciosa cuatro son los elementos esenciales que deben alegarse y probarse, a saber: 1, que el demandante ha sido denunciado por el demandado; 2, que el caso terminó de modo favorable para el demandante; 3, que fué seguido maliciosamente y sin que existiera causa probable; 4, que el demandante sufrió daños y perjuicios como consecuencia de ella.
    Id. — Derecho de la Parte Perjudicada — Indemnización Adecuada que Com-prenda Todos los Elementos del DaSo Inferido. — La parte perjudicada en una acción sobre persecución maliciosa, tiene derecho a obtener una indem-nización adecuada que comprenda todos los elementos del daño inferido. Dichos elementos de daño incluyen pérdida de tiempo, peligro de la vida o de la libertad, injurias al renombre, reputación, carácter y salud, sufri-mientos mentales, desprestigio general en el crédito social y mercantil, pér-dida efectiva en la propiedad, interés y .crédito, decrecimiento en la capaci-dad para ganar dinero y todas las pérdidas sufridas en el negocio. Tales daños deben ser el resultado directo, natural y próximo del primitivo caso.
    Libelo — Abogados—Publicación de un Cargo Contra la Buena Reputación • de un Abogado — Libelo Accionable per se. — -La publicación de una denun-cia constitutiva de una imputación escrita contraria a la buena reputación de un abogado, es un libelo accionable per se.

    Los techos están expresados en la opinión.
    El apelante compareció por escrito en nombre propio.
    Abogados del apelado: Sr. José Martínez Dávila yel pro-pio apelado.

       En junio 21, 1915,-denegada reconsideración.

   El Juez Asociado Sr. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn caso sobre indemnización procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez. Cuatro días antes del señalado para la vista del recurso, la parte apelada solicitó la desestimación del mismo por medio de una moción ácom-pañada de varios documentos que no aparecía notificada a la parte contraria. La corte ordenó que se notificara debi-damente la moción y señaló para su vista el mismo día ya fijado para la del recurso en su fondo. La parte apelante impugnó la moción solicitando la desestimación del recurso por medio de otra moción escrita y acompañada también de varios documentos. En el día señalado se vieron la moción y el recurso, con la sola asistencia del representante legal de la parte apelada, y el caso quedó definitivamente sometido a.nuestra consideración y resolución.

La solicitud- de desestimación se basa en que la exposi-ción del caso que aparece en la transcripción fué presentada después de vencido el término de' ley y en que en la misma no se incluyeron las enmiendas propuestas por el apelado y aprobadas por el juez sentenciador.

En cuanto al primer extremo, parece desprenderse de los documentos acompañados a la moción de impugnación, que dicho apelante archivó su primera exposición' del caso den-tro de la prórroga del término legal que al efecto le conce-diera el juez sentenciador. En cuanto al segundo extremo, son más confusos los hechos. El apelante admite en su mo-ción de impugnación que presentó la exposición del caso, con entrega de copia a la parte contraria, el 19 de enero de 1914; que. en 6 de junio de 1914 la parte contraria propuso enmiendas; que en 11 de julio de 1914 el juez sentenciador le ordenó que presentara una nueva exposición del caso que contuviera una relación fiel y exacta de lo actuado en el mismo; que el 27 de julio de 1914 presentó la nuéva expo-sición y envió copia de ella a la parte contraria; que la parte contraria no le notificó que hubiera propuesto enmiendas a la nueva exposición y que dicha exposición fué aprobada el 28 de agosto, por el Juez Sepulveda que dictó la senten-cia y el 2 de septiembre por el Juez Hutchison que negó el nuevo juicio,' habiéndose .elevado una copia de ella certifi-cada por el Secretario a esta Corte Suprema, y entregado otra a la parte contraria.

Ahora bien, de una certificación expedida por el-Secre-tario de la Corte de Distrito de Mayagüez acompañada a la moción de desestimación, aparece que en los autos del pleito existe un escrito del demandante de fecha 12 de agosto de 1914 proponiendo enmiendas a la exposición del caso enmen-dada, algunas de las cuales fueron declaradas con lugar por el juez sentenciador.

Tenemos, pues, ante nosotros, un verdadero conflicto. Si se da crédito a la certificación del juez setenciador que apa-rece al pie de la exposición del caso que se elevó a esta Corte Suprema, -dicha exposición “es una expresión fiel y exacta de todos los procedimientos que tuvieron lugar ante mí en la vista en juicio oral y público del presente caso”; y si se da crédito a lo consignado por el secretario, faltan en la expo-sición" las enmiendas últimamente propuestas -por la parte apelada y aprobadas por el juez sentenciador. Esto demues-tra lo errado del procedimiento seguido por la parte apelada al solicitar,- por tal motivo, la desestimación del recurso. Antes que a esta córte, debió dicha parte haberse dirigido al juez sentenciador para que fuera él, que podía hacerlo con ver-dadero acierto, el que dirimiera el conflicto." En el caso de Flynn v. Cottle, 47 Cal., 526, se decidió que no obstante ha-berse archivado la exposición del caso en. la corte de apela-ción, tiene poder el juez que la aprobó para cancelar su cer-tificación puesta al pie de la misma, si se convence de que-su acción fué errónea o realizada inadvertidamente.

No habiendo seguido la parte apelada el procedimiento adecuado, declararemos sin lugar su moción de desestimación del recurso y seguiremos considerando la exposición obrante en los autos como eficaz en cuanto sea posible. Creemos oportuno hacer constar que hemos examinado las enmiendas a que se refiere la certificación acompañada a la moción dé desestimación y hemos concluido que no tienen gran impór-tancia para la decisión del recurso. En tal virtud, los inte-reses de la parte apelada no sufrirán perjuicio alguno.

• Expuesto lo que antecede, procederemos al estudio de la apelación en su fondo. Para ello comenzaremos por fijar las cuestiones de hecho y de derecho envueltas en el mismo. La demanda, la contestación, la contrademanda y la contes-tación a la contrademanda ocupan veinte páginas de la trans-cripción. Procuraremos extractar sus hechos esenciales en la forma más breve que nos sea posible. Siempre que nos refiramos a José Benet Colón y a Agustín Hernández Mena, los designaremos respectivamente como el apelado y el ape-lante.

En la demanda se alegan tres causas de acción. La pri-mera es por persecución maliciosa y se funda en que el ape-lante maliciosamente y sin causa probable para ello presentó ‘denuncia jurada contra el apelado ante el Fiscal del distrito ¿acusándole como autor de un delito de falsa representación ■e impostura, consistente en haber el apelado, a sabiendas, voluntaria e ilegalmente, simulada, falsa y fraudulentamente representado como abogado a un tal Avelino Martínez ante la Corte Municipal de Mayagüez sin que el citado Martínez le hubiera conferido su representación en dicho pleito; ha-biendo recomendado el Fiscal el archivo de la denuncia por no encontrar culpable al apelado. Por tal motivo el ape-lado alegó haber sufrido pérdidas en su clientela forense y notarial valoradas en $2,500; en sus relaciones sociales, valo-radas en $2,500; calculando su sufrimiento y agonía mental en $5,000. La segunda causa de acción es por libelo y se funda en el hecho de haber el apelante publicado la anterior denuncia maliciosamente y con intención de exponer al ape-lado al desprecio público y perjudicarle en sus negocios. Y' la tercera causa de acción es también por libelo infamatorio y se funda en el hecho de haber el apelante publicado o hecho publicar o intervenido en la publicación, en cierto periódico que se edita en Mayagüez, de cierta carta en que se imputa por el apelante falsamente al apelado la comisión de cier-tos techos deshonestos y criminales que se especifican con el objeto de desacreditarle ante el público. La demanda que está jurada y qne contiene todos los detalles necesarios en los documentos de su clase, termina suplicando que se dicte sentencia en contra del apelante por la suma de cuarenta y cinco mil pesos.

El apelante contestó negando general y específicamente todos los hechos esenciales de la demanda y presentó una contrademanda ejercitando dos causas de acción, la primera por persecución maliciosa, fundada en que el apelado pre-sentó denuncia ante la Corte Municipal de Mayagüez acu-sando al apelante y al márshal de dicha corte del delito de desacato, consistente en haber violado una orden de injunction e infringido la ley de 8 de marzo de 1906, habiendo sido absueltos los acusados; y la segunda por libelo infamatorio, fundada en la publicación en un periódico de Mayagüez de una carta dirigida por el apelado al apelante conteniendo conceptos injuriosos, que se especifican, para el apelante. En la demanda se solicita finalmente una sentencia favorable por cincuenta mil pesos.

El juicio se celebró el 22 de octubre de 1913, presentando ambas partes prueba documental y testifical, y se resolvió pol sentencia de 31 de octubre de 1913, por virtud de la cual se declaró con lugar la demanda y sin lugar la contrade-manda, condenándose al apelante a pagar al apelado la suma de dos mil dollars como indemnización de daños y perjuicios. En su relación del gaso y opinión, la corte sentenciadora, se expresa así:

“La corte, después de haber estudiado detenidamente la eviden-cia introducida y después de haber hecho un estudio cuidadoso de la ley y jurisprudencia aplicables a las cuestiones envueltas en este litigio, ha llegado a la conclusión de que se han probado satisfacto-riamente, todos y cada uno de los hechos esenciales y necesarios, ale-gados en la demanda para constituir las tres causas de acción que en la misma se ejercitan.
“Por otra parte, la corte llega a la conclusión,de que no se han. probado satisfactoriamente todos los becbos esenciales j necesarios, alegados en la contrademanda, para ejercitar las cansas de acción qne contra el demandante, en la misma ejercita el demandado.
“La corte bace constar, especialmente, que de la prueba practi-cada, ba quedado convencida, fuera de toda du'da razonable, de que el suelto que apareció en el periódico La Voz de la Patria el día 26 de diciembre de 1912, titulado ‘Sección Neutral,' ‘Dos Cartas,' fué publicado por el demandado Agustín Hernández Mena, o este de-mandado lo bizo publicar-o permitió que se publicara.”

El apelante presentó una moción de nuevo juicio que fué declarada sin lugar el 4 de diciembre de 1913. Solicitada reconsideración de dicba orden de 4 de diciembre, fué ne-gada la solicitud el '13 del mismo mes y año. Entonces el apelante recurrió para ante este Tribunal Supremo de las resoluciones de 4 y 13 de diciembre de 1913 y de la senten-cia, habiéndose celebrado la vista de dichos recursos el 11 de diciembre de 1914.

Estudiaremos primero las cuestiones relativas al nuevo juicio y luego las que se refieren a la sentencia.

Ambas' partes sostienen que el juez que decidió la soli-citud de nuevo juicio actuó sin jurisdicción. Basándose en ello, el apelado solicita que se desestime el recurso relativo al nuevo juicio. El apelante pide que esta corte adopte ,1a resolución que proceda en derecho.

El juez que dictó la séntencia en este caso fué trasladado a otro distrito y otro juez fué nombrado en su lugar. Des-pués del cambio, se presentó la solicitud de nuevo juicio en la corte sentenciadora y el nuevo juez nombrado la cori&ideró y resolvió. ¿Tenía jurisdicción para hacerlo? Es la cues-tión que debemos resolver:

El artículo 220 del Código de Enjuiciamiento Civil esen-cialmente igual al 656 del.de. California y a la sección 3523-de los Códigos de Idaho, es como sigue:-

“Un nuevo juicio es la revisión de una cuestión de becbo ante la corte o árbitro que celebró el anterior en que se suscitó aquélla y pronunció sentencia.”

Con arreglo a la letra de dicto precepto legal, nos parece enteramente claro que la corte que,decide el pleito es la que tiene jurisdicción para conocer de la solicitud de nuevo jui-cio, aunque el juez que la presida cuando dicta solicitud se presente no sea el mismo que dictara la sentencia.

En el caso de Jones v. Sanders, 103 Cal., 678, la Corte Su-prema de dicto Estado invocó la regla de que en mociones para nuevo juicio es el deber de la corte sentenciadora exa-minar la evidencia, aun cuando sea contradictoria, y si no está satisfecta con las conclusiones a que antes llegara, debe conceder un nuevo juicio, y entonces dijo: “Y la regla es la misma si la moción se oye por el juez que juzgó el caso o por algún otro juez cuyo solo conocimiento de los techos es obtenido por los autos. Macy v. Dávila, 48 Cal., 646; Bauder v. Tyrrel, 59 Cal., 99; Blum v. Sunol, 63 Cal., 341; Wilson v. California C. R. R. Co., 94 Cal., 166.

Parece que la alegación de las partes relativa a la falta de jurisdicción de que se trata, se funda en el artículo 226 de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil, que dice así:

“La vista de la'moción para un nuevo juicio podrá celebrarse ante el juez que conoció del juicio anterior, en sala de justicia o fuera de ella, en cualquier distrito de la isla.”'

En el Código de Enjuiciamiento Civil de California no aparece dicto precepto legal, pero sí en el de Idato, sección 3530 de los códigos de dicto Estado. Hemos consultado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Idato y no temos encontrado ninguna decisión interpretando el precepto.

A nuestro juicio la sección 226 debe interpretarse en armo-nía con la 220. La regla de que sea la corte sentenciadora. la que 'conozca de la solicitud de nuevo juicio, subsiste, y el efecto de la sección 226 es el de' prescribir expresamente que el juez de dicta corte sentenciadora puede celebrar la vista de la misma, bien en sala de justicia o ya fuera de ella, tallán-dose en su distrito o en cualquier otro de la isla. , En tal vir-tud la jurisdicción del juez que decidió la moción de nuevo juicio en este caso, es evidente.

"Veamos aliora si la moción considerada en sus méritos, fué o nó propiamente declarada sin lugar.

La solicitud se basó en el descubrimiento de nuevas prue-bas sobre cierto extremo relativo a la tercera causa de acción alegada en la demanda, a saber: la publicación de la carta libelosa. Como bemos visto, el juez sentenciador concluyó que se babía demostrado que el apelante babía becbo publi-car o permitido que se publicara la carta en cuestión. La nueva prueba que se decía descubierta tendía a probar que a Antonio Olivencia le fueron entregadas copias de dos car-tas, una de ellas la libelosa, por una persona desconocida, y que como mera cuestión de información, las llevó a publi-car a un periódico de la ciudad de Mayagüez y que en efecto se publicaron. El juez que negó la moción, entendió que la prueba que se decía- descubierta después de celebrada la vista no era suficiente para variar la conclusión a que llegara el juez sentenciador tras un detenido estudio de todas las cir-cunstancias concurrentes, y, a nuestro juicio, no se lia demos-trado que al actuar así abusara de su poder discrecional, único caso en que podríamos revocar su decisión.

Aun aceptando la verdad de la declaración de Olivencia, su narración no es necesariamente opuesta a la conclusión de que el apelante permitió que se publicara la carta, ya que la persona desconocida que la entregó a Olivencia pudo ser enviada por el apelante.

Por virtud de todo lo expuesto, procede la confirmación de las resoluciones apeladas de 4 y 13 de diciembre de 1913.

Examinemos abora la apelación de la sentencia.

Sostiene el apelante que la corte erró al declarar con lugar la primera y la segunda causas de acción de la demanda, porque el apelado no probó los diferentes elementos que inte-gran las acciones por persecución maliciosa.

En primer lugar diremos que sólo la primera causa de acción es por persecución maliciosa. La segunda es por libelo. Hecha esta aclaración, veamos cuáles son esos elementos que integran las acciones por persecución maliciosa, y si se ha demostrado o nó que tales elementos existen en. este caso. La ley que regula la materia fué expuesta en Parés v. Ruiz, 19 D. P. R., 342, 346, así;

“En las acciones por persecución maliciosa, cuatro son los elementos esenciales que deben alegarse y probarse, a saber: 1. Qué el demandante ha .sido denunciado por el demandado. 2. Que la causa terminó de modo favorable para el demandante. 3. Que fué seguida maliciosamente y sin que existiera' causa probable. 4. Que el demandante sufrió daños y perjuicios como consecuencia de ello. Field on Damages, artículo 686, pág. 544; 26 Cyc., 8; Breneman. v. West, 21 Tex. Civ. App., 19; 50 S. W. Rep., 471; Collins v. Campbell, 18 R. I., 738; 31 Atl. Rep., 832.”

La existencia del primero y del segundo de los elementos; esenciales necesarios en este caso, no cabe ni siquiera discu-tirla. La prueba demuestra que el apelado fué denunciado-directamente-, bajo juramento, por el apelante, ante el Fiscal del distrito, imputándole la comisión de un delito público ;• y que el Fiscal practicó la investigación correspondiente, y finalmente solicitó el archivo de la misma por no encontrar culpable al denunciado.

También se probó a nuestro juicio la existencia del ter-cero de los elementos esenciales. Los hechos ocurrieron del siguiente modo. En la Corte Municipal de Mayagüez se tra-mitó un pleito civil seguido entre el apelante y Avelino Mar-tínez Mercado, sobre cobro de dinero. Avelino Martínez Mercado estuvo .representado en los comienzos del pleito por el abogado Juan Quintero. Luego éste, según su propia decla-ración en el acto de la vista, llevó a Martínez al bufete del apelado a fin de que el apelado continuara como su abogado en el pleito. ’ El apelado declaró en el acto de la vista que se hizo cargo en efecto de la representación. Poco tiempo después y antes de que se dictara sentencia, murió Martínez. Entonces un hermano suyo llamado Manuel habló con el ape-lado para que continuara gestionando el asunto y el apelado convino, en .ello. Manuel Martínez conferenció también con el apelante a quien manifestó que el abogado encargado del pleito no era Quintero sino el apelado. Así las cosas y no obstante la muerte del Martínez y de no haber sido sustituido por su sucesión en el pleito, se dictó sentencia en contra suya en la corte municipal. Entonces el apelado recurrió para ante la corte de distrito como abogado de Avelino Martínez, explicando que lo hizo así porque si bien tenía la represen-tación de algunos de los que componían su sucesión, no se la habían conferido todos. El término para apelar no podía perderse.

No obstante haber ocurrido así los hechos, el apelante consignó en su denuncia jurada dirigida al Fiscal que “dicho José Benet, a sabiendas, voluntaria e ilegalmente, simulada, falsa y fraudulentamente, asumió la representación como abo-gado del demandado Avelino Martínez Mercado, que había muerto con anterioridad, y bajo tal carácter usurpado, auto-rizó con su firma en representación del demandado Avelino Martínez .Mercado, presentó y entregó al secretario * * # un escrito apelando de la sentencia * * * con el deli-berado propósito criminal de defraudar al demandante Agus-tín Hernández Mena.”

A nuestro juicio basta leer los hechos que anteceden para concluir sin esfuerzo alguno que el apelante imputó al ape-lado un delito de falsa representación sin causa probable para ello, y que al actuar así, lo hizo maliciosamente.

Veamos si existió el cuarto y último de los elementos esen-ciales.

Dice Cyc., en sú tratado sobre persecución maliciosa, refi-riéndose a los elementos constitutivos de los daños compen-satorios: “La parte perjudicada tiene derecho a obtener una indemnización adecuada que comprenda todos los elementos del daño inferido. Dichos elementos de daño incluyen pér-dida de tiempo, peligro de la vida o de la libertad, injurias al renombre, reputación, carácter y salud, sufrimientos men-tales, desprestigio general en. el crédito social y mercantil, pérdida efectiva en la propiedad, interés y crédito, decre-cimiento en la capacidad para ganar dinero, y todas las pér-didas sufridas en los negocios. Tales daños deben ser el resultado directo, natural y próximo del primitivo caso.” 26 Cyc., 61.

Las tres causas de acción ejercitadas en la demanda están tan íntimamente enlazadas, que revelan una combinación com-pleta. Primero la denuncia, luego la publicación de esa de-nuncia y por último el uso del periódico para dar a conocer al público en general los hechos denunciados y otros más, todos tendentes a destruir la reputación del apelado. Esto hace difícil distinguir cuál parte de la prueba practicada ■con referencia a los daños sufridos por el apelado, se aplica a cada una de las causas de acción. De ahí sin duda que la corte sentenciadora al determinar la suma que el apelante debía pagar al apelado, fijara una sola cantidad en globo.

Limitándonos en esta primera causa de acción a la decla-ración prestada por el apelado en el acto de la vista que ocupa muchas páginas de la transcripción, diremos que ella explica de una manera completa y persuasiva los trastornos que en su familia, en su bufete y en sus relaciones sociales le oca-cionaron los actos del apelante y el intenso sufrimiento moral que soportó a consecuencia de ellos.

El juez fijó por toda indemnización la suma de dos mil pesos, y prescindiendo de las demás causas de acción ejer-citadas y considerando que dicha suma se hubiera fijado sola-mente para compensar los trastornos y sufrimientos a que nos hemos referido, aun así, no nos parecería despropor-cionada.

Muy poco diremos con respecto a la segunda causa de acción. El apelante la discute en su alegato conjuntamente con la primera y nada especialmente suscita en cuanto a ella. La publicación de la denuncia fué evidente y evidente tam-bién que constituía una imputación escrita de un cargo con-trario a la buena reputación de un abogado, siendo, por tanto, accionable per se. 25 Cyc., 333 y casos citados.

Sostiene el apelante que la corte sentenciadora erró al declarar con lngar la tercera cansa de acción “porque el demandante no lia probado en forma alguna legal,, que el demandado publicó, .bizo publicar o permitió se publicara el ártículo titulado ‘Sección Neutral,’ ‘Dos Cartas,’ el 27 de diciembre de 1912, en el periódico La Vos de la Patria que se edita en Mayagüez, o sea, la carta que aparece dirigida a José Benet y firmada Agustín Hernández.”

A lo anterior, que liemos copiado textualmente del ale-gato del apelante, se limita la impugnación de la sentencia en cuanto por ella se declaró con lugar la tercera causa de acción. No se discute el carácter libeloso de las imputacio-nes beclias en la carta en cuestión al apelado. Nada se dice con respecto a los daños y perjuicios sufridos por el mismo. Sólo se-sostiene que no se probó que la carta fuera publicada por el apelante y en tal virtud que el apelante'no es respon-sable de tal acto.

En la demanda se transcriben seis párrafos de la carta publicada en el periódico La Vos de la Patria y que aparece dirigida por el apelante al apelado, sosteniéndose que por virtud de ellos se imputó al apelado: (a), ser un vil calum-niador; (b), haber asumido ilegal falsa y fraudulentamente la representación de un cliente; (c), ser infiel a los clientes que no le compensaban sus servicios profesionales; (d), ha-ber cometido el delito de perjurio y engañado a la Corte de Distrito de Mayagüez; (e), haber falsificado pruebas, y (/), haber engañado a clientes, haciéndoles creer que habían per-dido pleitos ganados, para adquirir sus derechos a muy bajo precio en perjuicio de ellos.

En cuanto a los daños y perjuicios, el apelado alegó espe-cíficamente en su demanda que los había sufrido y en el acto de la vista presentó prueba sobre ellos. Además de su pro-pia declaración a la que nos referimos al examinar la primera causa de acción, presentó el apelado la de José A. Menéndez, quien manifestó que la lectura de la carta en el periódico le produjo una impresión desfavorable al apelado y trató de retirarle un asunto que tenía en sus manos.

Expuesto lo que antecede, yeamos si la prueba es o nó suficiente para relacionar al apelante con la publicación de la carta libelosa. No bay prueba directa de que el apelante llevara personalmente al periódico la carta. El apelado diri-gió al apelante cierta carta a la que nos referiremos al anali-zar la contrademanda, tendiendo a demostrar la prueba que el apelante contestó. ¿Se limitó el apelante a contestar y a enviar la carta a su privado destino, o la lanzó a los vientos. de la publicidad? Tal es la cuestión decisiva en este caso.

El apelado declaró bajo juramento que no envió la carta al periódico. En la misma forma declaró el apelante. El juez • sentenciador creyó al apelado y no al apelante y éste no nos ba demostrado que al actuar así el juez lo hiciera mo-vido por sentimientos opuestos a la recta administración de la justicia.

Al contrario, todas las circunstancias concurrentes tien-den a demostrar la corrección de la conclusión del juez. El apelante no sólo niega baber intervenido en la publicación de la carta, sino que va más lejos: niega en su declaración jurada en el acto de la vista, que sea su autor. T cuando se le preguntó con respecto a lo que bizo al ver publicada en un periódico una carta de tal naturaleza que ostentaba su firma, contestó que nada bizo, que creyó que aquello se debía a un ardid del apelado.

Hubo prueba tendente a demostrar que el' periódico en que se publicó la carta era hostil al apelado. Llamado su editor a declarar, dijo que no podía afirmar quién había lle-vado a la redacción la carta y que eso no obstante ordenó su publicación. Su declaración es aparentemente invero-símil.

La publicación perjudicaba claramente al apelado y en cambio estaba en perfecta armonía con la actitud adop-tada por el apelante para con el apelado. Alguien tuvo nece-sariamente que ser el autor de la carta y de su publicación, y analizados y pesados todos los indicios, la balanza se inclina indicando al apelante como antor. Y así lo resolvió la corte sentenciadora, con razón a nuestro juicio.

En tal virtud, procede la confirmación de la sentencia ape-lada en cuanto por ella se declaró la demanda con lugar.

Examinemos, por último, las cuestiones relativas a la con-trademanda del apelante.

La primera causa de acción ejercitada carece de funda-mento. Se demostró en el acto de la vista que el apelante fué en efecto denunciado por el apelado como autor de un delito de desacato y que fué absuelto por la corte, pero se demostró también que el apelado tuvo una buena cansa para actuar. Nos limitaremos a narrar concisamente los hechos. En la Corte Municipal de Mayagüez se siguió un pleito sobre tercería entre Francisco Arán y el apelante, siendo abogado de Arán el apelado. En dicho pleito se dictó una orden de injunction a fin de que el demandado, — el apelante,— no em-bargara determinada propiedad, con motivo de la ejecución de cierta sentencia que había obtenido a su favor. Luego se dictó sentencia declarando que la dicha propiedad correspon-día al tercerista Arán y convirtiendo en perpetuo el injunction preliminar. Apelada la sentencia y pendiente el recurso, el apelante trató de ejecutar de nuevo la sentencia que se había dictado a su favor, embargando la propiedad que se le había ordenado no embargar por medio del injunction.

Y también carece de fundamento, a nuestro juicio, la se-gunda y última causa de acción ejercitada. Fué por libelo y se basó en la. publicación de la carta que el apelado dirigió al apelante y que dió motivo a la contestación del apelante base de la tercera causa de acción ejercitada en la demanda.

Analizada dicha carta se concluye que a menos que se "pudieran comprobar ciertas imputaciones que el apelado hace en ella al apelante, tales imputaciones podrían servir de fun-damento para una acción por libelo infamatorio. Mas como el apelado probó en el acto de la vista que envió dicha carta bajo sobre cerrado y sellado en una forma enteramente pri-vada al apelante, y qne no publicó la carta en modo algnno, es necesario conclnir qne falta ese elemento esencial para la existencia del libelo.

. Además el apelante no demostró qne recibiera daño material algnno y en cnanto al sufrimiento moral qne pudiera baber sufrido, escúchense sns propias palabras, tomadas de sn declaración jurada prestada en el acto de la vista:

* * # “las manifestaciones qne me Rizo el Señor Benet en su carta, no me hicieron impresión ninguna; a mí no me impresiona nada-; soy viejo en la materia ya.”

Por virtud de todo lo expuesto, procede, 1°., declarar sin lugar la moción de desestimación del apelado, y 2°., declarar sin lugar los recursos interpuestos y en su consecuencia con-firmar las resoluciones denegatorias de nuevo juicio y 1a. sentencia apelada.

Desestimada la moción y confirmada la sen-tencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison po intervino en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Colón, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en ■ causa por abuso de confianza.
    No. 788.
    Resuelto en mayo 24, 1915.
    Abuso de Confianza — Relación Fiduciaria — Falsa Representación — Senten-cia Condenatoria. — Si en la denuncia no se alega claramente la relación fiduciaria, si los hechos alegados plenamente demuestran la existencia de una simple transacción comercial que únicamente lleva consigo una respon-sabilidad civil,, o hasta un hurto eon arreglo a la ley común, o la obtención de dinero mediante falsas simulaciones, o cualquier otro delito menos el de abuso de confianza, entonces indiscutiblemente que una sentencia condenatoria no puede subsistir.

      Id. — Denuncia Suficiente — Elementos Esenciales del Delito. — En el presente caso la denuncia imputa al acusado que voluntaria, maliciosa y fraudulen-tamente habiéndosele dado uua caja de hierro de guardar caudales para que la vendiera valorada en $32, para hacerlos efectivos al denunciante tan pronto efectuara la venta, no lo verificó así y vendió la referida caja a Eamón Colón, vecino de la calle de la Unión, en la suma de $18, los que se apropió para él y dispuso de ellos en su beneficio, defraudando así los intereses del denunciante, se resolvió: que contiene todos los elementos esenciales del delito de abuso de confianza.
    Id. — Examen de las Pruebas — Confirmación de la Sentencia — Examinada la prueba en este caso, es ampliamente suficiente para sostener la sentencia condenatoria, por lo que fué confirmada.'
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sres. Tizól & Campillo.

    Abogado del Pueblo: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué declarado culpable primero en la Corte Municipal de Ponce y luego al celebrarse el juicio de novo, en la Corte de Distrito de Ponce, a virtud de la siguiente denuncia:

“Corte Municipal de Ponce, P. R. Estados Unidos de América. El Presidente de los Estados Unidos. El Pueblo de Puerto Rico v. Ovidio Colón, Jr. Yo, Medardo Rodríguez, vecino de Ponce, calle Mayor Cantera, No. 53, de 35 años, formulo denuncia contra Ovidio Colón, Jr., por delito de abuso de confianza, cometido de la manera siguiente: Que en 5 del mes de diciembre del año 1913, y en la calle Mayor, Cantera de Ponce, del Distrito Judicial Municipal de Ponce, P. R., el citado Ovidio Colón, Jr., voluntaria, maliciosa y fraudu-lentamente, habiéndole dado una caja de hierro de guardar caudales para que la vendiera, valorada en treinta y dos pesos para hacérme-los efectivos tan pronto efectuara la venta, no lo verificó así y ven-dió la referida caja a Ramón Colón, vecino de la calle Unión, en la suma de diez y ocho pesos, los que se apropió para él y dispuso de ellos en su beneficio, defraudando así mis intereses. Como esto hecho es contrario a la ley para tal caso prevista, lo denuncio ante esa honorable corte, a los fines pertinentes, etc.”

Los fundamentos del recurso según han sido consignados en el alegato del apelante, son los siguientes:

“Primero. Que los hechos relatados en la denuncia no son cons-titutivos de delito.
“Segundo. Que en todo caso los hechos relatados en la denuncia podrían ser constitutivos de un delito de falsa representación y no •de abuso de confianza.
“Tercero. Porque la sentencia es contraria a la prueba.”

En apoyo de los dos primeros motivos el apelante cita los casos de El Pueblo v. García, 11 D. P. R., 355; The People v. Gordon, 133 Cal., 328, y El Pueblo v. Quevedo, 15 D. P. R., 74. Ninguno de estos casos sostiene una u otra pro-posición. En el caso de El Pueblo v. García, el denunciante entregó al acusado un corte de dril permitiéndole que lo lle-vara a su casa para examinarlo, pero con la condición de que el acusado pagaría seguido su importe, o lo devolvería inme-diatamente. En el caso de California se sostiene que una acusación “en la que se alega que la propiedad quedó con-fiada al acusado como depositario, mostraba suficientemente una relación fiduciaria,” y se citan decisiones anteriores las cuales se pronuncian en igual sentido. En el caso de Quevedo se alegaba en la acusación que “el acusado Bandolfo Quevedo se presentó en la casa del denunciante manifestándole que si era cierto que el deponente vendía un fonógrafo, y como Manuel Bosario le contestara en sentido afirmativo, el acu-sado le dijo que se lo entregara para llevárselo a un tal Girard de Isabela que lo quería comprar; que el deponente en la creencia de que el acusado le decía verdad le entregó el fonó-grafo diciendo que no lo daba en menos de $20, quedando el acusado comprometido a traerle el dinero al siguiente día, sin que hasta la fecha lo haya verificado; y como quiera que el acusado ha dispuesto del fonógrafo ilegal y maliciosamente lo denuncio en forma para lo que proceda.” Se interpuso una excepción a la denuncia fundada en que los hechos que en ella se expresaban no constituían el delito de abuso de confianza, sino el de falsa representación. Befiriéndonos al caso de El Pueblo v. García, en dicho caso este tribunal de-claró que. en la denuncia no se expresaba la relación fiducia-ria con bastante claridad para constituir el delito de abuso de confianza. Pudo haber citado el apelante otro caso re-suelto el mismo día que el de Quevedo y que también lleva por título El Pueblo v. Quevedo, 15 D. P. R., 73, en el cual se imputó al acusado el delito de falsa representación e impos-tura habiendo sido declarado culpable de abuso de confianza, en cuyo caso este tribunal igualmente resolvió que los hechos alegados no mostraban relación fiduciaria alguna, y, por tanto, no podía basarse en ellos una sentencia condénatoria por el delito de abuso de confianza.

Según se considera esta cuestión en el caso de California, en él se sostiene enteramente la denuncia que ha sido for-mulada en este caso. Los demás casos citados son tan ente-ramente distintos en cuanto a los hechos que sería más que superfluo seguir discutiendo la cuestión. Si en la denuncia que ha sido sometida a nuestra consideración no se alegó-claramente la relación fiduciaria, si en ella se expresaban los hechos como han sido referidos por el acusado, si los he-chos alegados plenamente demostraban la existencia de una simple transacción' comercial que únicamente llevaba consigo-una responsabilidad civil, o hasta un' hurto' con arreglo a la ley común, o la obtención de dinero mediante falsas simu-laciones, o cualquier otro delito menos el de abuso de con-fianza, entonces indiscutiblemente que no podía subsistir la, sentencia condenatoria. Pero tal no es el caso de autos.

No es necesario que consideremos en toda su extensión los hechos alegados en la denuncia. Baramente encontramos, en un caso de misdemeanor ante una corte municipal seme-jante exposición" clara, concisa y completa de todos los ele-mentos esenciales de un delito. La introducción formal, las palabras relativas a la intención criminal, entrega de la pro-piedad, su valor, objeto, términos y condiciones de dicha 'entrega, la relación fiduciaria, infracción de ésta, apropiación. ilegal, fraude, conclusión acostumbrada, todos estos elementos pueden compararse favorablemente a los de cualquier acu-sación en un caso ordinario por delito de felony. No existe el más remoto indicio de haberse hecho una venta al acusado, condicional o en otra forma, ni de ninguna falsa represen-tación o simulación por parte de dicho acusado, o de la comi-sión de un hurto según la ley común, o algún otro delito en contraposición al delito estatutorio por el cual se le acusó.

Los dos primeros fundamentos '"de error alegados por el apelante son por tanto enteramente insostenibles. .

El tercer fundamento de error ha sido formulado por el apelante en su alegato hábil y formalmente. Varias circuns-tancias que aparecen de la faz de los autos dan cierto color y grado de credibilidad a la narración que el acusado hace de los hechos de este caso. Hay también motivo para que exista la sospecha más o menos remota de que si el acusado hubiera estado representado por abogado en la corte inferior quizás si hubieran podido ponerse de manifiesto por medio de ciertos testigos otros hechos de naturaleza circuns-tancial, tendentes a corroborar la declaración del acusado; pero esta corte sólo puede tener en cuenta las pruebas prac-ticadas y no las que pudieran practicarse. Esto es lo más que puede decirse en cuanto a este aspecto del caso.

Dos juicios tuvieron lugar ante jueces distintos que oye-i ron las declaraciones según salían de boca de los testigos, habiendo llegado ambos a la misma conclusión después de considerar toda la prueba y fuera de toda duda razonable en lo que respecta a la verdadera culpabilidad del acusado. La prueba es ampliamente suficiente para sostener la senten-cia, por lo que debe ésta ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. del Toro,

text:
    Morales et al., Demandantes y Apelantes, v. Rexach et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en cansa sobre nulidad y cancelación de nn expediente posesorio y otros extremos.
    No. 1182.
    Resuelto en mayo 25, 1915.
    Posesión — Presunción Legal de que se Posee con Justo Título — -Mejor Dere-cho a la Propiedad. — Cuando una persona posee en concepto de dueña, tiene a su favor la presunción legal de «que posee con justo título, y ante los tribunales de justicia esa presunción sólo puede ser destruida mediante la demostración de un mejor derecho a la propiedad.
    Expediente Posesorio — Acción para que se Declare su Nulidad — -Alegación sobre el Derecho a la Propiedad. — Sólo puede pedir la nulidad de un expediente acreditando la posesión en concepto de dueño de determinada finca, aquel que tenga un mejor derecho a la propiedad de la finca en cuestión.
    .Id. — Usufructuario—Palta de Causa de Acción. — Aun admitiendo que en la demanda se hubiera alegado con suficiente claridad que el municipio de Arecibo tenía mejor derecho que la Ermita de la Monserrate a la propie-dad de las parcelas cuya posesión en concepto de dueña acreditó la Ermita, y que el municipio, después do haber concedido el usufructo de varios solares ■enclavados en las parcelas a los demandantes, se negaba a ejercitar su dere-•cho de dominio dentro del cual estaba comprendido el de usufructo de los demandantes, por cuya razón el municipio aparecía como parte demandada ■en este pleito; aun así, los demandantes no tienen acción para pedir la nuli-dad en general del expediente posesorio, y aun suponiendo que la tuvieran para pedirla en. cuanto pudiera afectar a su derecho, como ese derecho no aparece expuesto en forma concreta en parte alguna de la demanda, ésta tendrá siempre que ser desestimada.
    Los beclios están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. R. López Landrón y J. Gregory.

    Abogado de los apelados: Sr. Juan Hernández López..

   El Juez Asociado Se. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Veinte y tres vecinos de la ciudad de Arecibo entabla-ron -una demanda en la corte del distrito contra el presbí-tero Agustín Rexacb, como representante de la “Ermita de la Monserrate,” y el municipio de Arecibo, representado por su Alcalde Manuel Pérez Aviles, solicitando que la corte declarara finalmente por sentencia: 1°., que los demandantes no están obligados a pagar canon ni tributo de clase alguna por el uso que, con las casas que en ellas tienen construidas, Racen de ciertas parcelas de terreno; 2°., que los demandan-tes sólo vienen obligados a entenderse con el municipio de Arecibo a quien compete el mejor derecho a la propiedad de las parcelas de referencia, y 3°., que es nulo el expediente posesorio tramitado por el representante de la ermita para acreditar la posesión de las repetidas parcelas, debiendo, por tanto, cancelarse su inscripción en el registro de la propiedad.

Como base de tales peticiones alegaron los demandantes, en resumen, los siguientes Recbos:

Hacia el año de 1736, a solicitud de varios vecinos, el Go-bierno de la Isla de Puerto Rico como superior gerárquico del Cabildo de Arecibo, y el Obispado, autorizaron la fabrica-ción de una ermita llamada “de la Monserrate,” en la cum-bre del “Cerro,” junto al recinto principal de la población de Arecibo. Más tarde se entregó a la ermita por tiempo indefinido y sin que nada tuviera qué pagar por ello el solar del edificio y diez tercias de vara en derredor del mismo, de-biendo destinarse las. diez tercias de vara a cementerio. Luego, en 1819, el mayordomo de la ermita, solicitó del Ayun-tamiento de Arecibo, que se gravaran los solares del “Cerro” y se le satisficiera el importe del terreno del cementerio, soli-citud que fue negada por tratarse de una zona comprendida dentro de los ejidos.

Antes, en y después del 1819 los vecinos de Arecibo soli-citaban y obtenían del ayuntamiento la concesión de solares para fabricar- sus viviendas, concesiones que se hacían sin tiempo determinado y sin tener que pagar rentas de ninguna especie. La devoción de los vecinos dueños de las casas cons-truidas en el ensanche del “Cerro,” los movió desde aque-lla época a donar un peso anual para la celebración de la fiesta de la Virgen de la Monserrate, pero sin contraer obli-gación legal ulterior alguna a favor de dicho culto, ni de la Iglesia.

Así las 'cosas, en febrero de 1912 el- presbítero Rexach, cura vicario dé Arecibo, en representación de la ermita, tra-mitó un expediente alegando que la ermita venía poseyendo a título de dueña, quieta, publicamente y sin oposición de nadie, cuatro parcelas • de terreno enclavadas en el barrio de la “Monserrate,” de Arecibo. Las parcelas se valuaron en $9,340. TTna mide 2,032 metros cuadrados, otra 918, otra 1,626 y otra 1,548. Todas se describen, en debida forma. El presbítero Rexach alegó además en el expediente que las par-celas formaban parte del predio adquirido por la ermita ha-cían más de setenta y cinco años a virtud de manda piadosa de Don Calixto Soto, y que careciendo de título escrito efi-ciente, acudía a la corte para que, previos los trámites legales, aprobara la informacióny ordenara su inscripción en el regis-tro de la propiedad sin perjuicio de tercero de mejor dere-cho. El expediente fue finalmente aprobado e inscrito en el Registro de la Propiedad de Arecibo.

Las parcelas indicadas “se hallan enclavadas en la zona comunal de los ejidos para ensanche de la población, y no< se ha.citado para la instrucción del expediente posesorio a los demandantes.” Dentro de las repetidas :parcelas “los, demandantes poseen casas de su propiedad que,han sido cons-truidas por concesión y autorización del Ayuntamiento de Arecibo, sin exigirles canon, merced, ni compensación, en sola-res de la municipalidad cedidos en disfrute sin determina-ción de tiempo.” No es cierto que la ermita haya poseídoen concepto de dueña las parcelas. Es más, la ermita y.sn culto han desaparecido por reintegración al municipio del te-rreno en que se hallaba enclavada la ermita desde 1882. ■

Emplazado el demandado Rexach, opuso a la demanda la excepción previa de no aducir hechos suficientes para deter-minar una causa de acción.- La excepción fue sostenida por la corte, registrándose luego, una sentencia en contra de los. demandantes contra la cual interpusieron éstos el presente recurso de apelación.

Examinados cuidadosamente los hechos que se alegan por los demandantes, es necesario concluir que debe confirmarse la sentencia recurrida.

Aparece de la demanda misma que la Ermita de la Mon-serrate de Arecibo acreditó su posesión en concepto de dueña de' ciertas parcelas de terreno e inscribió su derecho en el registro de la propiedad. Como la Ermita posee en concepto de dueña, tiene a su favor la presunción legal de que posee con justo título y ante los tribunales de justicia esa presun-ción sólo puede ser destruida'por la persona que demuestre que tiene un mejor derecho que el de ella a la propiedad de las parcelas. Los demandantes no son dueños. Ni directa ni indirectamente hacen tal alegación, careciendo en su con-secuencia de acción para pedir la nulidad del expediente posesorio.

Pero hay más, aun admitiendo qne en la demanda se hu-biera alegado con suficiente claridad que el municipio de Arecibo tenía mejor derecho a la propiedad de las parcelas que la Ermita de la Monserrate y que el municipio, después de haber concedido el usufructo a los demandantes, se negaba a ejercitar su derecho de dominio dentro del cual estaba com-prendido el del usufructo de los demandantes, por cuya razón aparecía como parte demandada en este pleito, aun-así es evidente que los demandantes no tienen acción para pedir la nulidad del expediente posesorio en general como la piden. Y aun suponiendo que la tuvieran para pedir la nulidad del expediente en cuanto pudiera afectar a su derecho, ese dere-cho no aparece concretado en parte alguna de la demanda. La alegación de que los demandantes han construido sus casas en las parcelas, es insuficiente. Se trata de cuatro parcelas distintas y por lo menos de veinte y tres casas diferentes y no se sabe por virtud de la alegación fundamental de los - propios demandantes, la demanda, en qué parcela está situada una sola de las casas, qué extensión de terreno ocupa, ni cuá-les son sus colindancias.

Expuesto lo que antecede y haciendo constar además que en la demanda no se imputa al demandado Bexach la reali-zación de acto alguno que haya perturbado directamente a los demandantes en la posesión material de los solares que ocupan, no es necesario entrar a considerar las otras cues-tiones a que se refiere el juez de distrito en la opinión que sirve de fundamento a su sentencia, cuestiones que en este pleito resultan académicas por falta de base en las alega-ciones para poderlas levantar, discutir y resolver.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison. '


author: El Juez Asociado Se. Aldbey,

text:
    Ibáñez, Demandante y Apelante, v. Diviñó, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en causa sobre nulidad de contrato.
    No. 1245.
    Resuelto en mayo 25, 1915.
    Nulidad de Contrato — Venta—Contratos con Causa Falsa — Acción Personal. — Cuando la sola cuestión planteada por el demandante y que lia de resolver la sentencia es si la venta que motivó el contrato es nula porque no medió causa, para .él por ser falsa la que se consignó, sin que se solicite la entrega al demandante de las fincas objeto del mismo, ni que se declare que le pertenecen, tal es una acción personal.
    Prescripción — Minoría de Edad del Demandante — Derogación del Artículo 1833 del Código Civil por el 40 del de Enjuiciamiento. — El artículo 1833 del Código Civil revisado, que empezó a regir en el año 1902 y que dispone que los derechos y acciones se extinguen por la prescripción de toda clase de personas, incluso las jurídicas, en los términos prevenidos por la ley, ha sido derogado por el artículo 40 del Código de Enjuiciamiento Civil que empezó a regir en el año 1904, según el cual la prescripción no corre contra algunas personas, entre ellas las menores de edad, hasta que la incapacidad haya desaparecido, cuando se ejercitan acciones que no sean la de recobrar pro-piedad inmueble.

      Nulidad de Contratos — Contrato Real y Efectivo — Contratos con Causa Torpe — Excepción Previa de Palta de Causa de Acción. — Cuando no se trata de anular un contrato real y efectivo, aunque celebrado con causa torpe, sino simulado, excluye la aplicación del artículo 1273 del Código Civil Revisado referente a contratos con causa torpe, no constitutivo de delito ni falta. En este caso no es sostenible la excepción previa de falta de causa de acción presentada a la demanda por el fundamento de que el causante del menor demandante no podía ejercitar la acción.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Angel A. Vázquez.

    Abogado de la apelada: Sr. José Sabater.

   El Juez Asociado Se. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión a resolver en esta apelación es< si ha pres-crito o nó la acción que en la demanda se ejercita para obte-ner la declaración de nulidad de un contrato de venta de bie-nes inmuebles y que se cancele su inscripción en el registro de la propiedad.

El demandante es un menor de edad y, representado por su padre, alega ser heredero de su abuelo José Nicanor Pecu-nia y Divinó y que éste, para defraudarle en sus derechos-hereditarios, otorgó en 30 de mayo de 1908 una escritura, pú-blica de venta de varias fincas urbanas a favor de su hermana Apolinaria Divinó, que es simulada porque se hizo constar-corno precio o consideración que la venta se efectuaba por adjudicación en pago de la cantidad de 11,700 dólares en equivalencia de 15,000 pesos provinciales e intereses que el vendedor debía a sú hermana la compradora, cuando tal causa del contrato es falsa porque el vendedor en ningún momento adeudó a su dicha hermana cantidad alguna pues antes al contrario, tenía que ayudarla en las más perentorias necesi-' dades de su vida.

La demanda original fué presentada en 24 de noviembre-de 1913 y después de enmendada y de excepcionada por el fundamento de que la acción de nulidad que se ejercitaba en ella está prescrita, porque no aduce hechos determinantes de causa de acción, y porque es ambigua, ininteligible y du-¿osa, sostuvo'1 él' juez "del Tribunal dé Distrito de Mayagüez la primera de esas, excepciones y se registró sentencia decla-rando sin lugar la demanda, contra la cual interpuso el de-mandante el presente recurso de apelación.

Sostiene el apelante que su acción no ha prescrito por-que siendo menor de edad, el tiempo de prescripción no em-pieza a correr para él hasta después que llegue a su mayo-ría de edad de acuerdo con el artículo 40 del Código de Enjui-ciamiento Civil que deregó el 1833 del Código Civil; y la paite apelada entiende con el juez sentenciador que dicho artículo 40 no tiene relación alguna con este caso porque'no refiriéndose a las acciones para recobrar propiedad real, como es la que se ejercita en este pleito, es de aplicación el artículo 1268 del Código Civil, según el cual la acción de nulidad dé los contratos sólo dura cuatro años.

Este pleito no tiene por objeto recobrar propiedad real pues no se solicita en él que se le entreguen las fincas objeto del contrato cuya nulidad se pretende ni que se declare que pertenecen al demandante. La sola cuestión planteada por la demanda y que ha de resolver la sentencia es’si el contrato de venta es nulo porque no medió causa para él por ser falsa la que se consignó y esta acción es personal según ya ha sido resuelto por este Tribunal Supremo en los casos de Argüeso v. Müllenhoff, 5 D. P. R., 33, (2a. ed.), y Vázquez v. Vázquez, 15 D. P. R., 90.

Resuelta esta cuestión, pasemos .a considerar si el artículo 40 del Código de. Enjuiciamiento Civil derogó el 1833 del Có-digo Civil.

El artículo 1833 del Código Civil revisado, que empezó a regir en el año 1902, dispone que los derechos, y acciones se extinguen por la prescripción en perjuicio de toda clase de personas, inclusas las jurídicas, en los términos preve-nidos por la ley, pero’ quedando siempre a salvo a las per-sonas impedidas de administrar sus bienes el derecho para reclamar coiitra sus representantes legítimos,-cuya negligencia hubiere sido causa de la prescripción. -Si este precepto está en vigor todavía a pesar de la menor edad del demandante la prescripción de la acción de nulidad’ corre contra él, sin perjuicio de que pueda en su día reclamar contra su repre-sentante legítimo, su padre, por su negligencia en dejar pres-cribir la acción.

El Código de Enjuiciamiento Civil comenzó a regir dos años después, figurando entre sus disposiciones el artículo 40 a que nos hemos referido, y según el cual, si derogó el artículo 1833 citado, no ha prescrito la causa de acción del deman-dante porque no empieza a correr su prescripción de acción hasta después que haya salido de su minoría de edad.

Nuestro Código de Enjuiciamiento Civil ha sido tomado del de California, pero no se han traído todas sus disposi-ciones.

El título 2o. del Código de Enjuiciamiento Civil de California, contiene cuatro capítulos. El primero se refiere al tiempo en que se han de comenzar las acciones civiles; com-prende un solo artículo, el 312, que sústancialmente ha sido incluido en nuestro Código de Enjuiciamiento Civil en el capítulo preliminar del título 3°., artículo 37. •’ Después sigue el capítulo 2°., que se refiere al tiempo en que deben comen-zarse las acciones para recobrar propiedad real, que abarca desde las secciones 315 hasta la 329 y cuyas disposiciones no forman parte de nuestro Código. El capítulo 3o. desde las secciones 335 y 349, que fija el tiempo dentro del cual deben ejercitarse las acciones que no tengan por objeto recobrar propiedad real tampoco ha sido incluido en nuestro estatuto. Pero sí el capítulo 4°., que contiene disposiciones generales respecto al tiempo de comenzar' las acciones; que abarca las enumeradas desde el 350 al 363, que corresponden, excepto la 362 que ha sido eliminada, con los artículos 38 al 50 de nüestra ley incluido con el épígrafe de.disposiciones- genera-les en el capítulo 2o. ' •: • 1 • ••

Como consecuencia de lo expuesto, tenemos, que llegar a la conclusión de que el Código de Enjuiciamiento de California regula el tiempo de prescripción de las varias acciones que pueden ejercitarse; que estos particulares que son los comprendidos en los capítulos 2o. y 3o; no lian sido traídos, a nuestra ley y que por consiguiente el tiempo de duración de las acciones que. establece el Código Civil, no lia sido afec-tado por el Código de Enjuiciamiento Civil vigente. Tam-bién hemos de concluir que aunque eliminados esos dos capí-tulos, se trajeron al Código de Procedimiento el capítulo primero dispositivo de que las acciones civiles solamente po-drán deducirse dentro de los períodos prescritos en la ley,, luego de existir su causa legal, a excepción de cuando en casos especiales se disponga por la ley otra prescripción, y las disposiciones del capítulo 4°., que comprende algunas dispo-siciones generales.

Ahora bien, si la Legislatura teniendo por base para nues-tro Código de Procedimientos el de California eliminó algu-nas disposiciones de él y trajo otras que formaban un con-junto con las suprimidas, es porque quiso que éstas rigieran y que derogaran cualquiera otra anterior que estuviera en conflicto con ellas como se. desprende claramente del artículo 361 al decir que toda ley, reales decretos, órdenes, órdenes militares, disposiciones o parte de ellas incompatibles o en conflicto con el Código, quedan derogadas; y que existe la incompatibilidad entre el artículo 40 y el 1833 del Código' Civil revisado, salta a la vista.

El Código Civil dispuso que la prescripción corriera contra toda clase de personas, y el artículo 40 dispone que no corre contra algunas, entre ellas los menores de edad, hasta que la incapacidad haya desaparecido. Por tanto, siendo el Código de Enjuiciamiento Civil posterior al Código Civil e incompatible con él en este particular, tenemos que declarar que su artículo 40 derogó al 1833 de ,1a ley sustantiva y que la acción que ejercita el demandante no está prescrita.. Inch dentalmente temos hecho igual declaración en el caso de Pérez v. Guánica Centrale, 17 D. P. R., 968.

Sostiene también la parte apelada que la demanda no aduce causa de acción porque el causante del menor deman-dante no hubiera podido entablar la acci'ón si viviera, y que esta incapacidad en el causante recae en su causahabiente, siendo el fundamento de esta alegación que, según el artículo 1273 del Código Civil, cuando existe culpa de parte de ambos contratantes, que no sea constitutiva de delito ni falta, nin-guno de ellos podrá repetir contra el otro.

Atendiendo a los hechos que sustancialmente hemos con-signado de la demanda, no puede caber duda de que la acción de nulidad que se ejercita en este caso se funda en que el contrato celebrado por José Nicanor Pecunia Divinó fué simu-lado, esto es, sin que mediara causa en el contrato, con el objeto de perjudicar al demandante; y como esa acción pudo ejercitarla el causante del menor porque no se trata de anu-lar un contrato real y efectivo aunque celebrado con causa torpe, sino simulado, excluye la aplicación del artículo 1273 del Código Civil revisado ■ referente a contratos con causa torpe, no constitutivo de delito ni falta. Sentencia del Tribunal Supremo de España de 26 de junio de 1903. En con-secuencia, el demandante tiene causa de acción para recla-mar la declaración de nulidad y no es sostenible la excep-ción del demandado por ese fundamento.

Hemos examinado también la alegación que se hace de. ser la demanda ambigua, ininteligible y dudosa, y .no la encon-tramos sostenible.

Por las razones expuestas la sentencia apelada debe ser revocada para que sigan los procedimientos su curso ordi-nario.

jRevocada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no intervino.


author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    Ex parte Huertas et al., Peticionarios.
    Solicitud para'qúe se expida'un auto de habeas corpus.

    MociÓN de.los peticionarios. para que se reconsidere la reso-lución de esta corte de mayo 8, 1915, denegando la expe-dición del auto de habeas corpus por no aparecer la falta ,de jurisdicción alegada.
    No. 60.
    Resuelto en reconsideración en mayo 25, 1915.
    Former Jeopardy — Cosa Juzgada — Alegaciones—Renuncias.—La alegación de haber estado expuesto una vez por el mismo delito (former jeopardy), así como la de cosa juzgada en ún caso civil, es un privilegio que tiene el acu-sado y que debe alegarlo en un procedimiento seguido contra él, o de lo contrario se considera que ha renunciado a ello.
    Habeas Corpus — Former, Jeopardy — Debido Procedimiento de Ley — Presun-ción. — Cuando en una solicitud de habeas corpus por el fundamento de haber estado expuesto el peticionario anteriormente por un mismo delito (former jeopardy), no se alega que la corte que’conoció del caso, que en éste es una corte de récord, se negare a tomar en consideración tal alegación, la presun-ción está en favor de que ha habido el debido procedimiento de ley mien-tras no se demuestre lo contrario.
    Habeas Corpus — Recurso por Causa de Error — Apelación.—Si con el debido trámite de los procedimientos la corte comete algún error en la considera-ción de una alegación de former jeopardy, el auto de habeas corpus no puede hacer las veces' de un recurso por causa de error o de apelación.
    Portar Armas Prohibidas — Acometimiento y Agresión — Motín.—El delito de portar armas prohibidas qo puede ser mezclado o confundido (merge) con el de acometimiento y agresión o de motín.
    Los hechos están expresados en la'opinión.
    Abogados de los peticionarios-: Sres. Rafael López Lan-drón y Juan' Gregory.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Nos negamos a expedir el auto de habeas corpus en este caso por haberle parecido a todo el tribunal que era suma-mente claro que la petición carecía de hechos que justifica-ran su expedición. El abogado-.de los peticionarios ha soli-citado de esta corte que reconsidere su resolución y hemos creído conveniente, en' vista de' la insistencia del abogado, liacer constar algunas de las razones en que se basa nuestra negativa. . • •

Veinte y cinco o veinte y seis personas, según alegan los peticionarios} fueíon condenadas por la Corte Municipal de Vieqnes por portar armas prohibidas habiendo sido con-denada cada una de ellas a sesenta días de cárcel. Poste-riormente todas fueron juzgadas por la Corte de Distrito de Hnmacao y algunas declaradas culpables por el delito de acometimiento y agresión y o^ras por motín, habiéndoseles im-puesto distintas condenas en las cuales la pena varía de tres meses a dos años.

Aleg'an los peticionarios que las condenas por acometi-miento y agresión o por motín, como fuere el caso, son ile-gales puesto que ya habían sido declarados culpables todos los peticionarios por el mismo delito, o sea, por portar armas prohibidas. Los peticionarios también alegan que los hechos constitutivos de los supuestos delitos de acometimiento y agre-sión, o de motín, tuvieron lugar en febrero 16, 1915, a las 3,35 de la tarde. No sabemos por la- solicitud si en las denuncias por portar armas prohibidas se expresa qué dicho acto de portar armas tuvo lugar o nó a una hora tan precisa. Lo que en realidad se alega en esta petición es que los peticionarios se- encuentran restringidos de su libertad puesto que han sido declarados culpables, como alegan, por segunda vez por el mismo delito. .

La alegación de haber estado expuestos una vez por el mismo delito (former jeopardy), así como la- de vosa juzgada en un caso civil, es un privilegio que tiene el acusado y que debe alegarlo en un procedimiento seguido contra él, o de lo contrario se considerará que ha renunciado al mismo. Artículos 162, 163 y 167 del Código de Enjuiciamiento Criminal. El Pueblo v. Peña, 18 D. P. R., 903; El Pueblo v. Marrero, 18 D. P. R., 923; 12 Cyc., 363, 364; People v. Bennett, 114 Cal., 56; 45 Pac., 1013; People v. Lee Yune Chong, 94 Cal., 379; 29 Pac., 776.

Nada dice la solicitud con respecto al lieclio de si fué pro-movida en la Corte de Distrito de Humacao la alegación referente a haber estado expuestos los peticionarios ante-riormente por el mismo delito (former jeopardy). Esta es una razón de por qué no aparece que la Corte de Distrito de Humacao actuó sin jurisdicción.

No se ha alegado de modo alguno que la Corte de Dis-trito de Humacao se negara a tomar en consideración la ale-gación hecha por los peticionarios de haber estado expuestos anteriormente por igual delito (former jeopardy), por lo que debemos presumir que si dicha alegación se formuló en dicha corte, fué considerada y resuelta por la misma. Todas las presunciones están en favor de que ha habido el debido pro-cedimiento de ley en una corte de récord mientras no se de-muestre lo contrario. Ahora bien, el Gobierno como tam-bién las partes tenían derecho a ser oídos en cuanto al hecho de si estaban presentando o nó los acusados un caso de former jeopardy. La mera alegación de haber estado en peli-gro los acusados anteriormenté por el mismo delito no es suficiente. Por ejemplo, el Gobierno tenía hasta el derecho a ser oído sobre la cuestión de si en realidad los acusados habían sido declarados culpables por portar armas prohi-bidas; si fueron identificados; si las armas eran las mis-mas, o si el lugar o día fueron los mismos. Todas estas cues-tiones y muchas otras podrían ser promovidas y considera-das al ser formulada la alegación de haber estado expuestos los acusados anteriormente por el mismo delito (former jeopardy). Por tanto, necesariamente que habría un juicio en tal caso sobre las cuestiones de hecho, artículo 177, Código de Enjuiciamiento Criminal, y la acción de la corte podría ser errónea, pero no podía decirse .que la corte carece de1 jurisdicción.

Y aun cuando los hechos fueran claros y sólo hubiera una cuestión de derecho sometida a la corte mediante excepción o en otra forma, y la corte oyera a los acusados y dictara sentencia contra ellos, no podía decirse que la corte no tenía. jurisdicción para resolver la cuestión, sino meramente que Rabia cometido nn error.

Numerosas decisiones pueden encontrarse en las cuales se sostiene que un auto de habeas corpus no puede liacer las veces de un recurso por causa de error o de una apelación.

En los casos de Ex parte Bird, 5 D. P. R., 247 (2a. ed.), y Ex parte Thomas, 12 D. P. R., 367, ban sido recopiladas las autoridades. El Pueblo v. Burgos, 18 D. P. R., 72.

El delito de portar armas prohibidas no puede ser mez-clado o confundido con el de acometimiento y agresión o de motín. Un hombre podría estar acusado de acometimiento y agresión, o de motín, y encontrársele luego un arqaa en su persona que jamás usó en ninguna contienda, y si los hechos lo justificaran ser declarado culpable de un delito indepen-diente de portar armas prohibidas, aun cuando fuera decla-rando culpable o absuelto del otro cargo. El acto de por-tar armas prohibidas puede ser de un momento, de un día, o por cualquier otro período de tiempo, pero el delito es inde-pendiente de cualquier acto que el hombre pueda realizar con el arma que porta. El portar un arma prohibida general-mente es un hecho consumado antes de que se cometa ningún otro delito determinado, de modo que aparecería, por lo que respecta a la petición, que la Corte de Distrito de Humacao tendría jurisdicción de los delitos que fueron denunciados, aun cuando los acusados hubieran alegado y probado los hechos de la supuesta alegación de haber estado expuestos anteriormente por el mismo delito (former jeopardy), como han sido alegados en esta petición. Este tribunal ha tenido ocasión de considerar cuestiones semejantes a ésta en los siguientes casos: Ex parte Torres, 11 D. P. R., 101, que fué un caso de habeas corpus; El Pueblo v. Belpré, 19 D. P. R., 508; El Pueblo v. Belpré, 19 D. P. R., 510.

La moción de reconsideración debe ser denegada.

Denegada la reconsideración solicitada.

Jueces- concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutcliison.


author: El Juez Asociado Su. Alduey,

text:
    Nieves, Demandante y Apelante, v. Müllenhoff et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en causa sobre cobro de dinero.
    No. 1135.
    Resuelto en mayo 27, 1915.
    Apelación — Sentencia Declarando . sin Lugar la' Demanda — Parpes Necesa-rias en la Apelación. — Una sentencia que se limita a declarar sin lugar la demanda, absuelve a todos los demandados, y para que pueda revocarse en apelación y declarar que liay causa de acción, es preciso que todos ellos sean notificados del recurso, con mayor motivo en el caso de autos en que siendo la acción contra dos de los demandados subsidiaria a la del otro deman-dado que no fué notificado de la apelación y dependiente de que contra este último exista causa de acción, habría primero de determinarse si está obli-gado a pagar la cantidad que se le reclama, y si no lo está, entonces no habría aeción alguna contra ninguno de los demandados.
    Desestimación- de Apelación — Notificación del Escrito de Apelación a una Parte Necesaria. — La falta de notificación del escrito de apelación a una parte necesaria que exige el artículo 296 del Código de Enjuiciamiento Civil', da lugar a la desestimación del recurso de acuerdo con el artículo 303 del mismo Código.
    ,.Los hechos estáu expresados- en la opinión.
    -.Ahogado del demandante: 'Sr. José de Guzmán Benitez.

    Ahogados de los demandados William Ludwig' Müllenhoff y Francisco M. Cadilla: Sres. Francis E. Neagle y Franlt Antonsanti. ■

   El Juez Asociado Su. Alduey,

emitió la opinión del tribunal.- - > •

Pedro J. Nieves, como cesionario de los derechos de Julio Maysonet .Rivera, presentó demanda en el Tribunal de Dis-trito de San Juan, Sección Ia., contra William E. Miillen-hoff, William Ludwig Müllenhoff y Francisco Cadilla en la que expuso sustancialmente que su cedente había vendido a William E. Müllenhoff una finca por precio de dos mil pesos de los cuales retuvo el comprador en su poder la cantidad de mil para entregársela criando el vendedor ejecutase cierto acto a que se obligó'; qrre cuando el comprador inscribió sir título en el registro de la propiedad se bizo constar en la, inscripción la responsabilidad de dos mil dólares del preció; que cuando William Ludwig Müllenhoff, acreedor hipoteca-rio ele la finca, inscribió su derecho de hipoteca en el registro se mencionó en la relación de gravámenes de la inscripción que la finca se hallaba afecta al pago de los referidos mil dólares; y que cuando Francisco M. Cadilla compró la finca en remate público, tenía conocimiento por el registro de la propiedad del gravamen real que pesaba sobre ella, por lo que concluyó suplicando que se condenase a William E. Müllen-hoff a pagarle los mil dólares que Je debía como parte. del precio en qué se le vendió la finca y se declarase también que en defecto de pago tiene preferencia sobre los otros dos de-mandados para hacer efectiva en la finca objeto de la. venta la cantidad reclamada, pudiendo embargarla y ejecutarla.

La demanda fué excepcionada por los demandados en se-gundo término William Ludwig Müllenhoff y Francisco M. Cadilla, por el fundamento, entre otros, de que no aduce he-chos determinantes de causa de acción y celebrada la vista de las excepciones el juez las sostuvo y dictó sentencia declar rando sin lugar la demanda con las costas a cargo del deman-dante. Contra esta sentencia interpuso Pedro J. Nieves el presente recurso de apelación y compareció ante nosotros así como William Ludwig Müllenhoff y Francisco M. Cadilla, sos-teniendo cada uno sus respectivas pretensiones.

En la demanda no se solicita la rescisión o resolución dél contrato de compraventa que celebraron William E. Müllen-hoff y Julio Maysonet, cedente del demandante, por haber dejado de pagar el primero al segundo la suma de mil dólares del precio aplazado de los terrenos y por tanto no es mate-ria de discusión si la resolución del contrato podía afectar o nó los derechos de los demandados William Ludwig Müllen-hoff y Francisco M. Cadillá. La demanda sólo se dirige a obtener de William E. Müllenhoff el pago de la mencionada cantidad, sin qne de ella aparezca qne esté asegurada con hipoteca debidamente inscrita en el registro de la propie-dad, sino solamente mencionada en él.

Estudiando nosotros el caso para resolverlo observamos qne dados los términos en qne la sentencia apelada está redac-tada absuelve de la demanda a todos los demandados, ya qne su único pronunciamiento es el d'e declarar sin lugar la de-manda; y para qne podamos revocarla y declarar qne hay causa de acción es preciso qne tengamos ante nosotros a todas .las partes a quienes pueda afectar nuestra sentencia, con .mayor motivo en este caso en que siendo la acción contra William Ludwig Müllenhoff y Francisco M. Cadilla subsidia-ria a la de William E. Müllenhoff y dependiente de que con-vtra éste exista causa de acción, habría primero de determi-:narse si está obligado a pagar la cantidad que se le reclama,, pues si no lo está, entonces no habría a,cción alguna contra ninguno de los. demandados; conclusión a la que también llegó el juez sentenciador pues según la opinión que escri-bió en este caso el comprador no estaba obligado a pagar los mil pesos que se le reclaman. Por estas razones y porque de la transcripción no aparece que William E. Müllenhoff fué notificado de la apelación quisimos oir a las partes que han comparecido ante nosotros, sobré si William E. Müllen-hoff es parte necesaria en la apelación y si procedía desesti-mar el recurso.

El apelante en su alegato escrito sobre este extremo sos-tiene que dicho demandado es una parte necesaria en el pleito, que fué citado y emplazado por medio de edictos y que no ;se le notificó la apelación, pero nada dice sobre si es o no parte necesaria en la apelación.

Según lo que antes hemos expuesto el dem'andado William E. Müllenhoff es parte necesaria en esta apelación, debió ser notificado de ella, y la falta de este requisito exigido por el artículo 296 del Código de Enjuiciamiento Civil da lugar a la desestimación del recurso de acuerdo con el artículo 303 del mismo Código. Candelas v. Ramírez, 20 D. P. R., 33, y Martínez v. Sucesión Laurido, 21 D. P. R., 30.

El recurso de apelación debe ser desestimado.

Desestimada la apelación.

. Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Aldiiey,

text:
    Sucesores de L. Villamil & Compañía, S. en C., Demandantes y Apelantes, v. Solá, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en un procedimiento hipotecario; orden denegando una moción para que se deje sin efecto la consignación hecha por un segundo acreedor hipotecario.
    Moción del apelado Solá para que se desestime la apelación.
    No. 1186.
    Resuelto en mayo 27, 1915.
    Apelación — Partes Contrarias — Partes Afectadas por la Revocación o Modi-ficación de la Sentencia Apelada. — De. aeuerdo con el artículo 296 del Código de Enjuiciamiento Civil, son partes contrarias en una apelación, no todas las que lo han sido en el juicio en el tribunal a quo sino solamente las que de ellas puedan ser afectadas por una revocación o modificación de la sentencia u orden apelada, por lo que la cuestión en él caso de autos es si la resolución de la apelación puede afectar los derechos de las personas que habiendo intervenido en el juicio o procedimiento no han sido hechas partes en la apelación mediante la notificación del recurso.
    Procedimiento Hipotecario — Apelación—Parte Contraria — Consignación en Pago. — No es parte contraria un ejecutado en procedimiento hipotecario en la apelación contra una resolución para que se ordene que, subsanado cierto error que había en cuanto a intereses, no se admita la consignación en pago hecha por un segundo acreedor hipotecario y se anuncie una nueva subasta para hacer efectivas todas las obligaciones que se reclaman en el procedi-miento, puesto que con ello no sufre el ejecutado perjuicio alguno sino más bien le beneficia, porque si en el remate se cubren todas las cantidades que se le reclaman quedaría libre de la obligación personal que pesa sobre él de pagar con sus otros bienes las cantidades que la consignación en pago no ha cubierto.

      Funoionarios Ejecutivos — Marshals — Ordenes Erróneas. — .Fundamento de las Ordenes.. — Los funcionarios ejecutivos de los tribunales' tienen que limi-tarse a cumplir estrictamente lo que se les ordena, sin detenerse a conside-rar las. razones acertadas o erróneas 'en que la orden se .funde, por lo que un márslial en el cumplimiento de una orden no debe examinar sus' funda-mentos para deducir de ella'lo que el juez pudo ordenar si no estaba equi-vocado, pero que no lo ordenó.
    Venta Judicial — Error en el Edicto de Subasta — Derechos del Consig-nante. — El hecho de que se consignen en una venta judicial todas las can-tidades mencionadas en el edicto de subasta, no da derecho al consignante para que se le tenga por subrogado en los derechos del ejecutante, cuando el edicto contiene error en cuanto a la cantidad adeudada y éste- fué adver-tido en tiempo, con mayor razón en el presente caso en que el consignante, quien es un segundo acreedor hipotecario, sabía el error porque había sido notificado del auto de requerimiento de pago al deudor.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. Savage & Franjéis y Fernando Vázquez.

    Abogados del apelado Celestino Sola: Sres. G. B. Buitrago y José Martínez Dávila. .

   El Juez Asociado Se. Aldiiey,

emitió la opinión del tribunal.

Como consecuencia de un procedimiento ejecutivo hipo-tecario seguido en el Tribunal de Distrito de Humacao por Don Eamón Vilar contra Don Marcelino Sola fué éste reque-rido por el márshal, como subrogado en la obligación hipo-tecaria de “Sola e Hijo” para que en término de'treinta días pagase al ejecutante la cantidad de $1,500 por capital, $45 por intereses vencidos hasta el 31 de julio de 1912, los que posteriormente se vencieran, y $200. para costas y honorarios del abogado. El auto en que. se ordenó el requerimiento fué notificado al posterior acreedor hipotecario Don Celestino Sola:

. Eosteriormenté Don Eamón Vilar y su esposa cedieron a la mercantil Sucesores de L. Villamil y Cía., S. en C., el crédito que ejecutaban y la sociedad adqiiirente lo puso en conocimiento del tribunal presentándole la escritura de cesión inscrita en el registro de la propiedad y pidiéndole que orde-nase que la ejecución continuara en su nombre. Así lo dis-puso el juez en 14 de febrero de 1914 ordenando que se hiciera saber al marshal por medio de mandamiento que podía con-tinuar la ejecución en nombre de la mercantil Sucesores de L. Yillamil y Cía., S. en C., como cesionaria de Ramón Yilar.

Esa fué la parte dispositiva de la orden pero al relacio-nar el juez la escritura de cesión, fundamento de su resolu-ción, consignó que se habían cedido a la mercantil expresada $45 de intereses y los posteriores al 31 de julio de 1913 cuando en la escritura se cedían $45 y los posteriores al- 31 de julio de 1912. La orden fué puesta en conocimiento del márshal transcribiéndosela íntegramente el secretario, seguida de la descripción de la finca hipotecada.

El márshal anunció la subasta para el 16 de marzo si-guiente y en el edicto que con tal fin .publicó hizo constar que la venta se efectuaba para pagar a Sucesores de L. Yilla-mil y Cía., S. en C., la cantidad de $1,500 de principal, $45 de intereses vencidos hasta el 31 de julio de 1913 y los inte-reses por vencer desde dicho día más las costas que se deven-garen hasta el definitivo pago.

Dos días antes' del anunciado para la subasta compare-ció ante el márshal Don Celestino Solá, posterior acreedor hipotecario, por medio de su abogado, y le entregó $1,657.50 como importe del capital e intereses por los que se dispone en la orden la ejecución, más $30.49 como importe de las cos-tas devengadas en. el procedimiento. La subasta no se cele-bró el día anunciado.

El mismo día en que se hacía esa consignación el juez, a petición de la mercantil cesionaria, dictó resolución corri-giendo el error de año que existía en su orden de 14 de febrero antérior, a que antes hacemos referencia y dispuso que se comunicara al márshal. '■ • .

Consta én la transcripción una declaración jurada en ese mismo día de Don Fernando Vázquez, uno de los abogados de la ejecutante, haciendo constar que habiéndose enterado de que el abogado de Don Celestino Solá deseaba consignar la cantidad objeto de la ejecución, pidió inmediatamente al juez que subsanara el error de su orden de 14 de febrero anterior, en cuanto a la fecha de 1913 por 1912, que cuando toda-vía no estaba hecha la consignación comunicó al márshal que el juez iba a firmar una orden enmendando la anterior, que una vez firmada le entregaría copia y que se la entregó cuando aun estaba en la oficina del márshal el abogado dé Don Celes-tino Solá.

Después de estos hechos la mercantil ejecutante solicitó del juez que dejara sin efecto la consignación que se había hecho y que ordenara se expidiera nuevo mandamiento al márshal haciéndole saber que procediera a nueva subasta y que las cantidades de que ha de responder la finca ejecutada son $1,500 de capital; '$45 de intereses hasta el 21 de julio de 1912, los intereses desde el Io. de agosto de 1912 en ade-lante, y $200 para costas y honorarios del abogado.

A esta moción se opuso Don Celestino Solá y pidió que se cancelara la hipoteca, alegando que pagó al márshal todas las responsabilidades que tenía que cubrir de acuerdo con la orden del tribunal; que cuando pagó no se había modifi-cado la orden que tenía el márshal; que la de 14 de febrero fué expedida de acuerdo con lo solicitado por los ejecutan-tes; que ahora no se trata de consignación sino de pago, y que las costas fueron pagadas al cedente Ramón Yilar de los fondos de la quiebra de “Solá e Hijo,” S. en C.

Esta oposición fué documentada con dos declaraciones ju-radas tendentes a demostrar que cuando se hizo la consig-nación no había sido enmendada la orden de 14 de febrero y con una certificación del Secretario de la’ Corte F.ederal créditiva de que en los procedimientos de quiebra de “Solá e Hijo, S. en O.” aparecen como desembolsos $125 a R. Yilar-por costas de ejecución de hipoteca en 8 de agosto de 1913 y otras partidas más por automóviles para viajes a Humacao.

Con tales antecedentes el tribunal inferior dictó resolu-ción en 15 de julio último declarando sin lugar la moción de la mercantil ejecutante y contra ella interpuso ésta el pre-sente recurso de apelación.

Antes de que podamos considerar el recurso tenemos que decidir si debe ser desestimado ya que habiendo becbo esta petición el apelado don Celestino Solá unos días antes de la vista del recurso, acordamos entonces resolver esta cues-tión cuando el caso quedara sometido a nuestra consideración.

La moción para que desestimemos la apelación se funda en que Don Marcelino Solá debió ser notificado de la apela-ción porque es parte necesaria en ella ya que lia de afectarle-, la resolución que dictemos.

Hemos resuelto en el caso de Candelas v. Ramírez, 20 D. P. R., 34, que de acuerdo con el artículo 296 del Código-de Enjuiciamiento Civil son partes contrarias en una ape-lación, no todas las que lo ban sido en el juicio en el tribunal a quo, sino solamente las que de ellas puedan ser afec-tadas por una revocación o modificación de la sentencia u orden apelada, por lo que la cuestión en cada caso es si la resolución de la apelación puede afectar los derechos de la persona que, habiendo intervenido en el juicio o procedi-miento, no ha sido hecha parte en la apelación mediante la notificación del recurso.

Si nosotros revocamos la resolución apelada y ordena-mos que subsanado el error que hubo qn cuanto a intereses', se anuncie una nueva subasta para hacer efectivas todas la® obligaciones que se reclaman en el procedimiento, no sufri-ría perjuicio alguno Don Marcelino Solá, sino más bien bene-ficio, porque si en el remate se cubren todas las cantidades que se le reclaman, quedaría libre de la obligación personal que ahora pesa sobre él de pagar con sus otros bienes las cantidades que la consignación en pago no ha cubierto y por tanto no es parte contraria en esta apelación.

Sentado esto, pasemos a considerar el recurso.

Es indudable que el tribunal inferior cometió error al sos-tener en su resolución apelada que la consignación de pago hecha al márshal por Don Celestino Solá por las cantidades reclamadas por la sociedad ejecutante cubría todas las recla-maciones del procedimiento y estaba bien hecha, que es lo que en definitiva viene a resolver al negar la petición de la sociedad ejecutante.

En el ejecutivo se estaban cobrando, entre otras canti-dades, los' intereses desde el 31 de julio de 1912, por ellas fué requerido de pago el deudor Don Marcelino Solá y no se ha dictado ninguna orden posterior que ordenara al már-shal que solamente cobrara los posteriores al 31 de julio de 1913, pues si bien en la orden de 14 de febrero se consignó que éstos eran los que habían sido cedidos a la sociedad ape-lante, sin embargo en ella no se dispuso que el deudor solo debía pagarlos desde esa fecha. A esta orden se le dió por el márshal un alcance que no tenía, pues lo único que dispuso fué que continuara la ejecución a hombre de Sucesores de L. Villamil y Cía., S. en C., y mientras el tribunal no le ordenara que dejara de cobrar los intereses desde 31 de julio de 1912, no estaba autorizado para prescindir de ellos. Los funcio-narios ejecutivos de los tribunales tiefien que limitarse a cumplir estrictamente lo que se les ordena sin detenerse a considerar las razones acertadas o erróneas en que las órde-nes se funden, por lo que el Márshal del Distrito de Huma-cao debió cumplir la única orden que se le dió de seguir ade-lante la ejecución, sin examinar sus fundamentos para dedu-cir de ellos lo que el juez pudo ordenar, si no estaba equivo-cado, pero que no ordenó; Fernández v. Márshal del Distrito de San Juan, 20 D. P. R., 65.

Estas consideraciones debió hacerlas también el juez inferior cuando se le pidió que no aceptase la consignación de pago que hacía Don Celestino Solá y que se ordenara una nueva subasta, porque no habiendo decretado que de las can-tidades reclamadas en el procedimiento se dedujesen los inte-reses de 31 de julio de 1912 a igual día y mes de 1913 no debió aprobar la conducta del márstal recibiendo menos .de las cantidades por las cuales se había decretado el requeri-miento de pago y por el contrario debió acceder a la petición de la sociedad ejecutante, quien tenía derecho a que la finca hipotecada le respondiera dé todas las obligaciones que sobre ■ella pesan y a que solamente se aceptase como pago la can-tidad que cubriera todas' sus reclamaciones reconocidas por el tribunal.

El hecho de que Don Celestino Solá consignara todas las cantidades mencionadas en el edicto de .subasta no le da dere-cho alguno para que sé le tenga por subrogado en los dere-chos de la sociedad ejecutante desde el momento en que se advierte el error que contenía, con mayor razón en este caso cuanto que el consignante sabía que se debían los intereses posteriores a julio de 1912 porque fué notificado. del auto de requerimiento de pago al deudor en que se mandaba pagar,, esos intereses. No se entenderá pagada una deuda, dice el artículo 1125 del Código Civil, sino cuando completamente se hubiese entregado la cosa o hecho la prestación en qué la obli-gación consista; y como en este caso no se entregaron com-pletamente las cantidades debidas a los ejecutantes, el'pago que hizo Don Celestino Solá por el deudor Don Marcelino' Solá no extinguió la obligación de éste.

Todo lo dicho en cuanto a intereses tiene aplicación en cuanto a-los $200 que convinieron las partes para costas y honorarios de abogado y de los cuales prescindió también el márshal sin orden del tribunal.

•• Por las razones expuestas la moción de desistimiento debe ser declarada sin lugar y la resolución apelada tiene que ser revocada.

Sin lugar la moción para-que se desestime-la apelación, y revocada la' resolución, apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.