text:
    No. 3231.
    Martínez, Apda., v. López Díaz, Aplte.
    C. D. Humacao.
    Junio 2, 1924.
   Confirmada la resolución apelada fijando las costas y honorarios de abogado en $210, por los fundamentos del caso de Fragoso y. Marxuach, 32 D.P.R. 690, y casos citados en el mismo.


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license: Public Domain

text:
    No. 2281.
    El Pueblo, Apdo., v. Ramírez, Aplte.
    C. D. Arecibo.
    Ataque para cometer violación.
    Junio 4, 1924.
   Revocada la sentencia y absuelto el acusado porque la acusa-ción no contiene hechos suficientes para imputar el delito por el cual fué condenado, de acuerdo con la doctrina de los casos de People v. Everret, 10 Cal. App. 12, y El Pueblo v. Cortés, 24 D.P.R. 208.


text:
    No. 3310.
    Rivera, Aplda. v. Calzada et al., Aplte. el primero.
    Tercería de bienes inmuebles.
    C. D. San Juan, Distrito 2°.

    Junio 5, 1924.
   Desestimada la apelación por-que si bien la transcripción contiene la opinión de la corte inferior, no incluye la sentencia que debió registrarse y contra la cual se interpuso el recurso.


text:
    No. 2295.
    El Pueblo, Apdo., v. Torres, Aplte.
    C. D. Ponce.
    Adulteración de leche.
    Junio 9, 1924.
   Revocada la sentencia apelada porque la prueba demuestra que el acu-sado era un mero conductor de la leche adulterada, vendida por otra persona.


text:
    No. 3299.
    Borinquen Trading Corporation, Aplte., v. Pereira, Apdo.
    Cobro de pagaré.
    C. D. San Juan, Distrito 2º.
    Junio 10, 1924.
   Confirmada la resolución apelada vistas la ley para asegurar la efectividad de sentencias de marzo 1, 1902, la orden de embargo y su diligenciamento, la sección 66 de la Ley Municipal, 25 C. J. 71 (sección 116) g,j 28 C. J. 174 (sección 219) (4).


text:
    No. 3294.
    López Díaz, Aplte.-Apdo., v. Posada, Aplte.-Apdo.
    C. D. San Juan, Distrito 2º

      Injunction.

    Junio 10, 1924.
   Vistas las alegaciones de las partes incluso la contenida en la súplica de la contestación a la demanda y el caso de Ortiz v. Silva, 28 D.P.R. 417, y no habiéndose elevado a esta corte-ninguna exposición del caso, se modifica la sentencia apelada que dictó la C. D. de San Juan, Distrito Segundo, en el sentido de eliminar de la misma las palabras “sin especial condenación de costas,” sustituyéndolas con éstas: “imponiéndose las costas al demandante, pero sin honora-rios de abogado,” y así modificada se confirma dicha sen-tencia.


text:
    No. 2274.
    El Pueblo, Apdo., v. López, Aplte.
    C. D. San Juan, Distrito 2º.
    Falsa representación.
    Junio 11, 1924.
   Revocada la sentencia apelada por los fundamentos del caso de El Pueblo v. Battistini, 5 D.P.R. 125.


text:
    No. 2293.
    El Pueblo, Apdo., v. Méndez, Aplte.
    C. D. Ponce.

      Slander.

    Junio 12, 1924.
   Revocada la sentencia y absuelto el acusado por los fundamentos de los casos de El Pueblo v. García, 21 D.P.R. 164, y El Pueblo v. Lópes, 23 D.P.R. 115.


text:
    No. 3318.
    Rivera, Aplte., v. Pérez et al., Apdos.
    C. D. Aguadilla.

      Injunction.

    Junio 12, 1924.
   Desestimada la ape-lación por los fundamentos del caso de El Pueblo v. Figueroa, de junio 12, 1924, (pág. 340).

El Juez Asociado Sr. Hutchi-son disintió."


text:
    No. 455.
    Aguilú, Peticionario, v. Díaz Cintrón, Juez, Demandado.
    Ponce. Certiorari.

    Junio 13, 1924.
   Denegado el auto por tener el peticionario otros recursos adecua-dos en el curso ordinario de la ley.


text:
    No. 3187.
    Suárez, Aplda., v. Suárez y Rodríguez, Alvarez, Demandados y Aplte. el peimero.
    C. D. San Juan, Distrito 2º.
    Nulidad.
    Junio 13, 1924.
   Desestimada la apela-ción por estar envuelta en este recurso la misma cuestión decidida en el caso No. 3188 de Suárez v. Suárez y Rodríguez, de abril 2, 1924, (pág. 1035), y por los motivos consignados en el misino.


text:
    No. 3252.
    Meléndez, Aplda., v. Gandía, Aplte.
    C. D. San Juan, Distrito 1º.
    Cobro de servicios profesionales.
    Junio 16, 1924.
   Confirmada la sentencia apelada vistas la demanda, la prueba practicada y los casos de Freyre v. Sucesión de A. Sevillano, 28 D.P.R. 396, y W. T. Woodbridge & Co. v. Díaz, 28 D.P.R. 865, citados por el apelado.


text:
    No. 3063.
    Yabucoa Sugar Company, Aplte., v. Municipio de Yabucoa, Apdo.
    C. D. Humacao.
    Junio 16, 1924.
   Nulidad de Ordenanza Municipal. Habiéndose en este caso confirmado la sentencia de la corte inferior de mayo 4, 1923, la apelación contra la resolución declarando sin lugar la so-licitud de injunction' pendente lite de abril 18, 1923, que es su incidente, también debe ser confirmada.


text:
    No. 453.
    Vidal, Peticionario, v. Corte de Distrito de San Juan, Distrito 1º, Charles E. Foote, Juez, Demandado.

      Certiorari.

    Junio 18, 1924.
   No estando convencida la corte que esté envuelta en este caso cuestión alguna de ju-risdicción o procedimiento y teniendo un remedio adecuado los peticionarios en el curso ordinario de la ley, declaró no haber lugar al auto.


text:
    No. 3040.
    Díaz, Aplte., v. Rivera y Municipio de Gurabo, Apdos.
    C. D. Humacao.
    Junio 23, 1924.
   Siendo el motivo de la apelación el que los demandados no fueron condenados en costas y no teniendo ante esta corte la prueba que se pre-sentó en el juicio, no puede declararse que el tribunal inferior abusó de su discreción al resolver dicha cuestión, de acuerdo con el caso de Lassalle v. Hilla, 29. D.P.R. 503. Confirmada.


text:
    No. 3364.
    Camacho, Apldo., v. Clavell, Aplte.
    C. D. Ponce.
    Reivindicación.
    Junio 25, 1924.
   Desestimado el re-curso a instancia de los apelados por haberse interpuesto la apelación fuera del término legal.


text:
    No. 3177.
    Rivera, Aplte., v. Suárez y Collazo, Apldos.
    C. D. Ponce.

      Mandamus.

    Junio 25, 1924.
   Examinadas las alegaciones y las pruebas y visto el tomo II de “Dillon sobre Corporaciones Municipales”, p. 1314, sección 886 y el caso de Axtmayer v. Kessinger, Auditor, 32 D.P.R. 915, se amia la sentencia de julio 7, 1923, y en su lugar se dicta sentencia por esta corte contra Silvestre Suárez, Auditor del Municipio de Jayuya, para que proceda a librar el che-que de $2,000 a que se contrae, la petición, en la forma pres-crita en la ordenanza de septiembre 7, 1922, sin costas.


text:
    No. 2182.
    El Pueblo, Apldo., v. Porto Rico Railway, Light & Power Co., Aplda.
    C. D. San Juan, Distrito 1º.
    Infracción de ordenanzas municipales.
    Junio 27, 1924.
   Examinada la transcripción y el alegato suplementario de la acusada, vistos los artículos 68 y 458 del Código de Enjui-ciamiento Criminal, el caso de El Pueblo v. Compañía Azucarera “El Ejemplo”, 32 D.P.R. 6 y el informe del fiscal, se revoca la sentencia apelada por carecer la corte senten-ciadora de jurisdicción.


text:
    No. 3317.
    Gandía, Aplte., v. Plazuela Sugar Co., Aplda.
    C. D. San Juan, Distrito 2º.
    Daños y perjuicios.
    Junio 27, 1924.
   Visto el tomo 14 R.C.L. pág. 326, sección 28; 21 Id. pág. 440, sección 5; los casos de Continental Jewelry Co. v. Pugh Bros., 53 So. 324; Almada v. Vandecar, 185 Pac. 907, Chiles et al. v. H. Smith Commission Co., 216, S.W. 11, y la constante jurisprudencia de este tribunal en el sentido de que se presume que la sentencia apelada es correcta in-cumbiendo al apelante establecer los errores, se confirma la misma.


text:
    No. 2278.
    El Pueblo, Apldo., v. Delgado, Aplte.
    C. D. Humacao.
    Asesinato en segundo grado.
    Junio 27, 1924.
   Celebrada la vista con la sola asistencia del fiscal, exami-nada la acusación, las instrucciones de la corte al jurado y la sentencia, sin aparecer que se baya cometido error al-guno, no existiendo exposición del caso contentiva de la prueba practicada, se declara sin lugar el recurso y se con-firma la sentencia.


text:
    No. 3353.
    Sucn. José A. Quiñones, Aplte., v. Sucn. Cándida Quiñones, Apldas.
    C. D. Mayagüez.
    Petición de herencia.
    Julio 9, 1924.
   Existiendo la presunción de que la sentencia apelada es correcta, no apareciendo de los autos ni de la moción para que se exima a los peticionarios de los efectos de nuestra resolución de junio 10, 1924 (pág. 320), ni del llamado affidavit de méritos que dicha moción haya sido notificada a la parte contraria, y no habiéndose demos-trado que la apelación tenga algún mérito o posibilidad de prosperar, se declara sin lugar la moción.


text:
    No. 3256.
    Flores et al., Apldas., v. Comisión de Indem. a Obreros, Aplte.
    C. D. Humacao.

      Certiorari.

    Julio 11, 1924.
   Visto el caso de Rodrigues v. Comisión de Indemnisa-ciones a Obreros, 31 D.P.R. 183, estableciendo la siguiente jurisprudencia: “Contra la sentencia pronunciada por una corte de distrito resolviendo la apelación que pueda estable-cerse ante ella contra la decisión de la comisión en casos de accidentes a obreros, no puede recurrir la Comisión para ante el Tribunal Supremo de acuerdo con la ley especial so-bre la materia”, procede desestimar el recurso. Desesti-mado.


text:
    No. 2291.
    El Pueblo, Apldo., v. Menéndez, Aplte.
    C. D. Arecibo.
    Abandono de menores.
    Julio 12, 1924.
   Siendo la prueba suficiente para sostener la sentencia y no apare-ciendo que se haya cometido error fundamental alguno, se confirma la misma.


text:
    No. 3216.
    Serrano, Peticionaria, Aplte., v. Comisión de Indem. a Obreros, Aplda.
    C. D. Ponce.
    Reclamación de compensación por accidente.
    Julio 21, 1924.
   Alegándose que la sentencia apelada es contraria a la prueba y a derecho habiendo errado la corte al desestimar la demanda y al de-clarar que la muerte del obrero Manuel Tricoche, no ocurrió como consecuencia del trabajo en que se ocupaba arrancando espeques el día en que falleció de repente: examinados los autos el tribunal resolvió que la corte de distrito no había cometido los errores que se le atribuyen pues la prueba no demuestra que el obrero falleciera a consecuencia del tra-bajo .que realizaba.


text:
    No. 3397.
    Gerena, Apdo., v. Ana Ma. Sugar Co., Apltes.
    C. D. Aguadilla.
    Julio 23, 1924.
   Desestimado el recurso a instancia del.apelado por aparecer que se trata de un pleito de tercería, que la sentencia se dictó en marzo 31, 1924 y se notificó el 14 de abril siguiente, habiéndose interpuesto la apelación el 14 de mayo 1924 o sea después de vencido el término de diez días que concede la ley (sección 5279 de la Compilación de 1911).


text:
    No. 3291.
    Rodríguez Polanco, Aplte., v. Suárez, Apldo
    C. D. San Juan, Distrito 1º.
    Daños y perjuicios.
    Julio 26, 1924.
   Apareciendo que la prueba es contradictoria y el conflicto se resolvió por la corte inferior a favor del deman-dado sin que se baya demostrado que abusara de su discre-ción, se confirma la sentencia apelada.


text:
    No. 589.
    Mejías, Recurrente, v. Registrador de Caguas, Recurrido.
    Julio 26, 1924.
   Apareciendo que se trata de una verdadera partición en la que intervienen menores y se adjudica al padre la parte de un inmueble para pago de deudas sin haberse cumplido con la ley de procedimientos legales especiales, artículo 11, enmendado en marzo 9, 1911, (p. 126), visto el caso de Longpré v. Díaz, 273 U.S. 312, se confirma la nota recurrida.


text:
    No. 594.
    Luce & Co., S. en C., Recurrente, v. Registrador de Guayama, Recurrido.
    Agosto 1, 1924.
   Vista la moción de reconsideración presentada, se deja sin efecto la resolución de julio 9, último, quedando así abierto nueva-mente el caso, pudiendo, tanto la recurrente como el regis-trador presentar nuevos alegatos dentro del término de 30 días.


text:
    No. 3451.
    El Pueblo, a instancia del Attorney General, Apdo., v. Oliveras, Aplte.
    C. D. Ponce.

      Quo Warranto.

    Oct. 30, 1924.
   Examinada la moción de reconside-ración presentada por el Fiscal General, entendiendo la corte que su facultad para revocar una sentencia dictada bajo las circunstancias de la que fué pronunciada en este caso, es completa, y entendiendo además que los fines de la justicia exigían que se diera al querellado, aún cuando no lo solicitara expresamente una oportunidad para defenderse, no ha lugar a la reconsideración solicitada.


text:
    No. 7.
    Municipio de Fajardo, Promovente, v. Robles, Jr., Demandado.

    Injunction.
    Nov. 7, 1924.
   Denegado por no aparecer que éste sea uno de los casos en que la corte tiene jurisdicción, vista la ley de 1906 sobre injunctions.


text:
    No. 2318.
    El Pueblo, Apdo., v. Torres, Aplte.
    C. D, San Juan, Distrito 2º.
    Acometimiento y agresión.
    Nov. 10, 1924.
   No habiendo el apelante archivado ningún pliego de excepciones o exposición del caso, se confirma la sentencia apelada.


text:
    No. 3441.
    Pereyó, Jr., Apldo., v. de Jesús, Aplte.
    C. D. Humacao.
    Nov. 11, 1924.
   Desahucio. Desestimado el recurso a instancia del apelado por no haberse interpuesto la apelación dentro del término fijado por la ley.


text:
    No. 3456.
    Vázquez, Aplte., v. Roselló et al., Apldos.
    C. D. Ponce,
    Nov. 11, 1924.
   Apareciendo que en febrero 28, 1924, la corte inferior concedió, al apelante un término de 20 días para que el taquígrafo preparara la evidencia el cual expiraba en marzo 19, 1924; apareciendo además que la transcripción no fué radicada dentro del término concedido y que la siguiente prórroga se pidió en marzo 20, 1924, o sea un día después de vencido el término y que las subsiguientes prórrogas fueron también pedidas y concedidas fuera de tiempo, se declara con lugar la moción y se desestima el recurso.


text:
    No. 3392.
    No. 3393.
    No. 3394.
    Villafañe, Aplte., v. Municipio de Yabucoa, Apldo. Méndez Hnos. & Co., Aplte., v. Municipio de Yabucoa, Apldo. Yabucoa Sugar Co., Aplte., v. Municipio de Yabucoa, Apldo.
    C. D. Humacao.

      Cert.

    Nov. 13, 1924.
   Apareciendo de los autos que en efecto el alegato se archivó un día después de vencido el término y horas más tarde de radicada la moción de desestimación, no habiéndose presentado ninguna causa realmente meritoria para que esta corte ejercite su discreción en estos casos, se declara con lugar la moción y se desestima el recurso.


text:
    No. 3413.
    Roig Commercial Bank, Aplda., v. Sucn. de E. Lugo Viñas, Aplte.
    C. D. San Jnan, Distrito 1º.
    Nov. 17, 1924.
   Apareciendo que si bien se está tramitando en este caso en cobro de dinero, resuelto en rebeldía de los de-mandados, una exposición del caso en la corte inferior, tal exposición es improcedente de acnerdo con la jurisprudencia establecida por esta corte entre otros en el caso de López v. Sucesión López Martínez, 19 D.P.R. 1131, y que ban trans-currido más de 30 días desde que se interpuso dicha apela-ción sin que se haya presentado la transcripción de autos en este tribunal, se desestima el recurso.


text:
    No. 3447.
    Banco Comercial de Puerto Rico, Apldo., v. Guillermety et al., Apltes.
    C. D. San Juan, Distrito 1º.
    Nov. 17, 1924.
   Desestimado el recurso a instancia del ape-lado por no haberse perfeccionado en tiempo la apelación no habiéndose impugnado tampoco la moción de desestimación.


text:
    No. 2359.
    El Pueblo, Apldo., v. Cruz, Aplte.
    C. D. Humacao.
    Escalamiento primer grado.
    Nov. 18, 1924.
   No apareciendo que se haya cometido error fundamental alguno, se confirma la sentencia apelada.


text:
    No. 3475.
    Cancela, Apldo., v. Pellot, Aplte.
    C. D. Aguadilla.
    Cobro de dinero.
    Nov. 18, 1924.
   Apareciendo que se registró sentencia en este caso en rebeldía de la ape-lante quien está tramitando una exposición del caso en el tribunal inferior para la apelación; teniendo en cuenta que tal exposición del caso no .es procedente por no haberse prac-ticado prueba, según hemos resuelto en varias decisiones, López v. Sucesión López Martínez, 19 D.P.R. 1131, y que han transcurrido más de 30 días desde que se interpuso la ape-lación sin que se haya presentado la transcripción de autos en este tribunal, se desestima el recurso.


text:
    No. 3412.
    Banuchi, Apldo., v. Cabán y Rolán, Tejedor y de Hostos, Apltes. los segundos.
    C. D. Aguadilla.
    Nov. 20, 1924.
   A la moción de la apelada para desestimar el re-curso basándose en que habiéndose establecido apelación en 31 de julio*, 1924, a la fecha de la moción 20 de agosto, 1924,. no se había radicado en este tribunal la transcripción de la evidencia, ni solicitado en la corte sentenciadora la certifica-ción de los documentos necesarios para la apelación, no ha lugar porque el 20 de agosto, 1924, no había vencido el tér-mino que el apelante tenía para radicar la transcripción de los autos, ni menos la prórroga que se le concediera para ello y porque la falta de la exposición del caso no es por sí sola bastante para desestimar un recurso. Cuestiones que sur-jan de las propias alegaciones pueden ser resueltas en una apelación bajo la base de una copia certificada de las mis-mas expedida y archivada de acuerdo con la ley. Sin lugar la desestimación.


text:
    No. 3361.
    Matías y Lorenzo, Apldos., v. Raffuci, Aplte.
    C. D. Aguadilla.
    Nov. 20, 1924.
   A la moción de la ape-lada para que se desestime el recurso por haberse inter-puesto después de vencido el término legal, ya que el esta-tuto aplicable, según alega es el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil tal como regía antes de la Ley No. 70 de 1911 que trató de enmendarlo pero que no tuvo la virtud de hacerlo por ser dicha ley contraria a las disposiciones del Acta Orgánica de 2 de marzo de 1917, la que requiere que no se apruebe ley alguna, excepto la del presupuesto, que contenga más de un asunto, el cual- deberá expresarse claramente en su título; no siendo aplicable las disposicio-nes del Acta Orgánica indicadas a leyes que ya habían sido decretadas por la Asamblea Legislativa, y apareciendo que el recurso se interpuso dentro del término legal de acuerdo con lo prescrito en el artículo 295 del Código de Enjuicia-miento Civil, enmendado por la repetida ley No. 70; no ha lugar a desestimar la apelación.


text:
    No. 3419.
    S. Ramírez & Co., Aplda., v. Cruz & Cía., Aplte.
    C. D. Ponce.
    Nov. 24, 1924.
   Cobro de dinero. Apareciendo de la moción de la apelada y de la certificación acom-pañada a la misma que la sentencia recurrida se dictó de acuerdo con lo estipulado por ambas partes al llamarse el pleito para la vista, o sea, con el consentimiento de la propia parte apelante; examinada la jurisprudencia sobre la mate-ria que se resume en 3 C.J. 671, así: “Es una regla bien es-tablecida, declarada en algunos Estados por mandato expreso del estatuto, que una parte no puede quejarse de una senten-cia, orden decreto o decisión dictada mediante estipulación o de otro modo, con su consentimiento expreso o tácito, o ape-lar o interponer recurso de error para su revisión, aun cuando se baya tratado de reservar el derecho de apelación; y esta regla generalmente es aplicable cuando una sentencia, orden o decreto ha sido dictado por virtud de la moción, ofreci-miento u admisión del apelante o a su solicitud;” se de-clara con lugar la moción y se desestima el recurso.


text:
      No. 3262.

    Malpica, Aplda., v. Carmen Centrale, Aplte.
    C. D. San Juan, Distrito 1°.
    Nov. 24, 1924.
   Resultando de la propia prueba de la parte demandante que la forma en que se usó la vagoneta que se volcó el día del accidente que ocasionó la muerte a su hijo, era la misma en que se usaba constantemente, esto es, utilizando para bajar unas palancas de madera que buscaban y ajustaban los mismos empleados, y resultando además de la prueba de la parte demandada no contradicha en tal extremo por la de la demandante que los empleados de la demandada, entre ellos el hijo Je la deman-dante, ima vez que cargaron de madera el vagón se monta-ron en él y bajaron retrancándolo con las dichas palancas de madera rompiéndose' una y siendo imposible contenerlo con la otra por cuyo motivo saltaron a tierra recibiendo el hijo de la demandante las lesiones que le ocasionaron la muerte; vista la jurisprudencia de esta corte sobre la ma-teria, especialmente la establecida en el caso de Bezarés v. Caguas Tramway Co., 16 D.P.R. 369, invocado por la parte apelante: se revoca la sentencia apelada y se absuelve de la demanda a la demandada, sin especial condenación de costas.


text:
    No. 2303.
    El Pueblo, Apldo., v. Quiñones, Aplte.
    C. D. San Juan, Distrito 1º.
    Dic. 1, 1924.
   Apareciendo que la prueba en conjunto no es suficiente para sostener la senten-cia apelada, se revoca y se absuelve al acusado.


text:
    No. 3128.
    Mata, Aplte., v. González et al., Apldos.
    C. D. San Juan, Distrito 1º.
    Dic. 4, 1924.
   A la moción del demandante apelante sobre sustitución del demandado J. González fallecido mientras la apelación se encuentra en trá-mite, vista la oposición de la apelada y lo dispuesto en el párrafo último del artículo 43 del Código de Enjuiciamiento Civil: no ha lugar.


text:
    No. 3435.
    García, Aplte., v. Sucn. de E. Mazabredo, Aplda.
    C. D. Aguadilla.
    Dic. 5, 1924.
   Apareciendo que los documentos que no se incluyeron en la transcripción de la evidencia preparada por el taquígrafo y sí en la trans-cripción de los autos certificada por el Secretario y apro-bada por el juez sentenciador, se acompañaron a cierta mo-ción sometida al tribunal; no ha lugar a desestimar la ape-lación por el primero de los fundamentos de la moción de la parte apelada. Y en cuanto al segundo fundamento de dicha moción, pudiendo estudiarse mejor si era o nó necesario notificar la apelación a las personas que se indican cuando el recurso sea visto en sus méritos, se pospone hasta en-tonces la resolución de la cuestión suscitada.


text:
    Nos. 605 y 606.
    Manrique, Recurrente, v. Registrador de Guayama, Recurrido.
    Dic. 5, 1924.
   Confirmada la nota recurrida por los fundamentos de la opinión en el caso No. 604, Manrique v. Registrador de Guayama, resuelto en diciembre 5, 1924, (pág. 821).


text:
    No. 3453.
    Monagas, Administrador Judicial, Apldo., v. Rivera, Marshal,
    C. D. Mayagüez.
    Dic. 9, 1924.
   Moción de la apelada para desestimar la apelación por frívola. Apa-reciendo que sólo está envuelta una cuestión de cuantía de honorarios de abogado que la corte de distrito rebajó de $500 a- $300 y además que la. apelante no compareció a la vista de la moción ni la impugnó por escrito, no habiendo tampoco presentado alegato dentro del término prorrogado que se concediera, se desestima el recurso.


text:
    No. 34.
    Julía Marín, Peticionario.
    Admisión al ejercicio de la abogacía.
    Dic. 9, 1924.
   Denegada la solicitud para ser admitido sin examen, por los motivos consignados en la opinión en el caso No. 35 de Huertas Ex parte, resuelto en diciembre 9, 1924, (pág. 825).


text:
    No. 3466.
    Commins, Vda. de Solís, Aplda., v. Sucesión Mercado, Aplte.
    C. D. Ponce.
    Dic. 12, 1924.
   Desestimado el recurso a instancia del apelado por aparecer que esta corte carece de jurisdicción^ para conocer de la apelación, visto el caso de Nadal v. American Railroad Company, 19 D.P.R. 1080.


text:
    No. 3421.
    Colón et al., Apldos., v. Sampol et al., Apltes.
    C. D. Humacao.
    Dic. 15, 1924.
   Desestimado el recurso a instancia del apelado por los fundamentos de los casos de Díaz Mor v. Porto Rico Ry., Light & Power Co. 33 D.P.R. 289, y El Pueblo v. Figueroa, de junio 12, 1924, (pág. 340). El Juez Presidente Sr. del Toro y el Juez Asociado Sr. Hutchison disintieron de la anterior resolución, porque hallándose pendiente en la corte de distrito una moción del apelante solicitando, de acuerdo con el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil y con las circunstancias concurrentes, la concesión de un nuevo término para la radicación de las notas taquigráficas, consideran’prematura la moción de deses-timación por no haberse presentado en tiempo dichas notas, ya que a su juicio la corte de distrito tiene jurisdicción para conceder o negar la petición que se le ha hecho.


text:
    No. 3337.
    Cabrera, Aplte., v. Bank of Nova Scotia, Apldo.
    C. D. San Juan, Distrito 1º.
    Dic. 18, 1924.
   Apa-reciendo que la prueba sostiene la conclusión a que llegó la corte sentenciadora, a saber, que el accidente ocurrió a vir-tud de la negligencia' del demandante que no debió haber entrado en el puente de que se trata ocupado ya plenamente por el carro de la demandada dados su estrechez y mal es-tado de conservación que le eran conocidos, no pudiendo pe-dirse a la demandada que se colocara más a la derecha pues la baranda de ese lado del puente está podrida y su chofer pudo racionalmente concluir que si se acercaba más a la ori-lia podía el auto caer al río; se confirma la sentencia recu-rrida.


text:
    Nos. 2336. 2330. 2337.
    El Pueblo, Apldo., v. Guzmán, Aplte. ; Pueblo, Apldo., v. Cartagena, Aplte.; El Pueblo, Apldo., v. Malavez, Aplte.
    C. D. Ponce.
    Die. 23, 1924,
    el primero y die. 24, 1924, los dos últimos.
   Apareciendo que la acusación en estos casos imputa la violación de una orde-nanza municipal que proliibe tener un depósito de materias explosivas, etc., en el recinto de la población y demostrando la prueba que no había tal “depósito” sino un ventorrillo donde se vendían artículos al detall, entre ellos pequeñas cantidades de petardos, de acuerdo con la petición del fiscal, se revocan las sentencias y absuelve a los acusados.


text:
    No. 3350.
    Figueroa, Aplte., v. Panzardi et al., Apldos.
    C. D. San Juan, Distrito 1º.
    Dic. 24, 1924.
   Apareciendo que el único error alegado por el apelante se refiere a la apreciación de la prueba por parte de la corte inferior, cons-tando de la dicha transcripción que la contienda litigiosa versó sobre eb dominio del bien mueble de que se trata, no habiendo demostrado el tercerista su derecho dominical y resultando de la prueba que^el deudor no se desprendió de la posesión de dicho bien mueble, visto el artículo 1764 del Código Civil, se confirma la sentencia apelada.


text:
    No. 3342.
    Guadalupe, Aplte., v. Comisión de Indemnizaciones a Obreros, Aplda.
    C. D. Ponce.
    Dic. 24, 1924.
   Reclamación de compensación.

Por cuanto, la corte inferior después de celebrado un juicio sobre los méritos, dictó una sentencia a favor del de-mandante-apelante por la suma de $400;

Por cuanto, celebrado un nuevo juicio que tuvo lugar aparentemente con la misma prueba ya practicada en el an- * terior, a excepción de la declaración del demandante que en nada, debilitó o disminuyó la fuerza probatoria de la evi- . dencia en conjunto, dicha corte dictó otra sentencia a favor del demandante-apelante por la suma de $150 sin expresar motivo o fundamento alguno para tal cambio de criterio;

Pos cuanto, tampoco encontramos en el alegato de la apelada ni en los autos base alguna adecuada para sustentar una diferencia tan sustancial, y no apareciendo a nuestro juicio que sea excesiva la cantidad primeramente concedida por la corte inferior;

PoR tanto, se modifica la sentencia apelada en el sentido de conceder al demandante-apelante una compensación por la lesión parcial permanente sufrida en la suma de $400 en lugar de los $150 que le adjudicó la corte inferior, y así mo-dificada, se confirma dicha sentencia.


text:
    No. 3448.
    Borinquen Trading Corporation, Aplte., v. Herederos desconocidos de Octavio García Salgado et al., Demandados y Benítez Flores, Terceristas, Apldo.
    C. D. San Juan, Distrito 2º.
    Enero 13, 1925.
   Desestimado el re-curso a instancia del apelado vistos los casos de Fajardo Development Company v. Sucesión Morphy, 17 D.P.R. 1120; Busigó v. Jordán, 19 D.P.R. 627; Brac v. Ojeda, 27 D.P.R. 652; Ferreira v. López, Juez de Distrito, 29 D.P.R. 34; Forés v. Balzac, 30 D.P.R. 370, y Fragoso v. Marxuach, 32 D.P.R. 690.


text:
    No. 3520.
    Leclerc, Apldo., v. Roch, Aplte.
    C. D. Mayagüez.
    Enero 13, 1925.
   Apareciendo que la sentencia apelada se notificó el 16 de diciembre 1921 y la apelación se in-terpuso el 16 de enero 1922 o sea después de vencido el tér-mino de 30 días que concede la ley, se declara con lugar la moción y se desestma el remrso.


text:
    No. 3522.
    Cintrón, Apldo., v. Casablanca, Vda. de Pedro, Aplte.
    C. D. Humacao.
    Memorándum de costas.
    Enero 13, 1925.
   Apareciendo que la resolución apelada es de fecha 2 de diciembre de 1924 y la apelación fue interpuesta el 15 del mismo mes o sea a los trece días después de haber sido notificada dicha resolución y por tanto vencido el tér-mino de diez días que, concede la ley, se declara con lugar la moción y se desestima el recurso.


text:
    No. 3531.
    Camacho, Aplte., v. Carrión, Apldo.
    C. D. Humacao.
    Enero 13, 1925.
   Desestimado el recurso a ins-tancia del apelado por aparecer que interpuesta la apelación en marzo 12, 1924, no se lia archivado aún la transcripción de los autos en este tribunal y, además, porque si bien el ape-lante instó la preparación de una exposición del caso, dejó fenecer el término que se le concedió para ello sin presen-tarla, habiéndosele negado una última prórroga por estar fuera de tiempo.


text:
    No. 471.
    Marrero, Peticionario, v. Corte de Distrito de Humacao, Hon. P. Berga, Juez, Demandado.

      Certiorari.

    Enero 14, 1925.
   Visto el caso. No. 3309 de Lisardi v. Ma-rrero, de die. 16, 1924 (pág. 838) se declara sin hogar el auto.


text:
    No. 468.
    Monagas et al., Peticionarios, v. Corte de Distrito de Mayagüez, Hon. A. Acosta, Juez, Demandado.
    Enero 14, 1925.

      Certiorari.

   Existiendo un remedio ade-cuado en el curso ordinario de la ley, no ha lugar.


text:
    No. 470.
    García, Peticionaria, v. Corte de Distrito de Ponce, Hon. R. Díaz Cintrón, Juez, Demandado.

    Certiorari.
    Enero 14, 1925.
   No habiéndose demostrado satisfactoria-mente que la peticionaria carezca de otro remedio adecuado en el curso ordinario de la ley, se declara sin lugar el auto.


text:
    No. 2371.
    El Pueblo, Apldo., v. Rodríguez, Aplte.
    C. D. San Juan, Distrito 1º.
    Enero 15, 1925.
   Apareciendo que no se ha elevado pliego de excepciones o exposición del caso por lo cual no es posible decidir las cuestiones que levanta el apelante en un supuesto alegato que radicó; siendo sufi-ciente la acusación y no apareciendo que se haya cometido error fundamental alguno se confirma la sentencia.


text:
    No. 3369.
    García, Apldo., v. Alonso Riera & Co., Aplte.
    C. D. San Juan, Distrito 1º.
    Enero 16, 1925.
   Siendo la evi-dencia contradictoria, habiendo la corte sentenciadora diri-mido el conflicto en favor del demandante y no demostrán-dose que se haya cometido ningún error fundamental, o que la corte actuara movida por pasión prejuicio o parcialidad, se confirma la sentencia.


text:
    No. 472.
    Cancela, Peticionario, v. Corte de Distrito de Aguadilla, Hon. T. Bryan, Juez, Demandado.

      Certiorari.

      Enero 20, 1925.
   No estando convencida la corte de qne bajo los liecbos expuestos el recurso de apelación no es adecuado y rápido, se declaró no haber lugar al auto.


text:
    No. 469.
    Matos, Peticionario, v. Corte de Distrito de San Juan, Distrito Segundo, Hon. M. Rodríguez Serra, Juez, Demandado.

      Certiorari.

    Enero 21, 1925.
   Apare-ciendo de la contestación jurada del interventor a la peti-ción de certiorari que la sentencia de desahucio fué ejecu-tada en diciembre 29, 1924 y que por tanto la cuestión re-sulta académica, y habiéndose admitido los hechos alegados en la referida contestación por el peticionario en el acto de la vista, se declaró no haber lugar al auto.


text:
    No. 3380.
    López Díaz, Aplte.-Apldo., v. Posada, Apldo.-Aplte.
    G. D. San Juan, Distrito 2°.

    Enero 21, 1925.
   Por cuanto el apelante dejó de radicar su alegato dentro del término concedido por el Reglamento de esta corte.y no obtuvo prórroga pala ello;

Por cuanto el apelante durante cerca de seis meses des-pués no. hizo tentativa de radicar alegato y. no lo radicó hasta después de ser notificado de una moción de desesti-mación ;

Por cuanto el apelante no compareció a informar en la vista de la moción de desestimación;

Por cuanto un examen del alegato indica que la cuestión principal versa sobre la apreciación de la prueba;

Por cuanto el pleito trata de un injunction para reco-brar la posesión de una faja de terreno de que el apelante alega ser dueño, y dicho apelante no carece de otro remedio;

Por cuanto el apelante, en su oposición a la moción de desestimación, no nos ha convencido de que la apelación sea meritoria;

Por tanto, debe desestimarse la apelación.


text:
    No. 3460.
    Fossas et al., Querellantes-Apldos., v. Acevedo, Quérellado-Aplte.
    C. D. San Juan, Distrito 2º.
    Enero 27, 1925.
   Siendo el único error que se alega el de no haber incluido la corte sentenciadora los desembolsos y honorarios de abogado como parte de las costas y no habiéndose demos-trado qne abusara de su poder discrecional, se confirma la sentencia apelada.


text:
    No. 3487.
    Baptista, Apldo., v. Comisión de Indemnizaciones a Obreros, Aplte.
    C. D. Gruayama.
    Enero 27, 1925.
   Desestimado el recurso a instancia del apelado, visto el alla-namiento del apelante y la doctrina establecida en el caso de Rodrigues v. Comisión de Indemnizaciones, 31 D.P.R. 183, ratificada en Flores v. Comisión de Indemnizaciones, resuelto en julio 11, 1924 (pág. 1054).


text:
    No. 2378.
    El Pueblo, Apldo., v. Ortega, Aplte.
    C. D. San Juan, Distrito 2º.
    Enero 27, 1925.
   Alegándose que la corte de distrito erró al desestimar la moción del acusado pidiendo el sobreseimiento de la causa por haber transcu-rrido más de ciento veinte días sin celebrarse el juicio, apa-recielido que la acusación se archivó el 31 de diciembre 1923 y el juicio señalado para el 13 de junio 1924, sin presentar justificación alguna para ello, vista la ley y la jurispruden-cia citada y la conformidad del fiscal de esta Corte Suprema, se declara con lugar el recurso y se revoca la sentencia ape-lada. Sobreseída la causa.


text:
    No. 2416.
    Ex parte Minguela, Peticionario y El Pueblo, Apldo.
    C. D. Mayagüez.

      Habeas -corpus.

    Enero 28, 1925.
   Habiendo en consideración las circunstancias concu-rrentes en este caso y vistos los artículos 372, 382 y siguien-tes y 137 del Código de Enjuiciamiento Criminal, se revoca la resolución apelada en cuanto por ella se niega la admi-sión de fianza al acusado para su libertad provisional y se ordena, que si él acusado presta una fianza de $3,000 a satis-facción de la corte de distrito, sea puesto inmediatamente en libertad.


text:
    No. 3515.
    Agrait Aldea et al., Apldos., v. Saldaña, Secretario Ejecutivo, Demandado y San Millán et al., Interventores-Apltes.
    C. D. San Juan, Distrito 2º.
    Enero 28, 1925.
   Pob cuanto, los apelados solicitaron la desestimación del recurso y señalada la vista de la moción para el 26 de enero actual fueron oídos los informes de los respectivos aboga-dos de las partes y además ban sido examinados los autos;

Poe cuanto, se trata de nn auto de mandamus1 para que se ordene al Secretario Ejecutivo de Puerto Rico la impre-sión en la papeleta electoral de la candidatura en la que fi-guran los apelados para los cargos municipales de Arecibc para ser electos en las elecciones generales últimamente ce-lebradas.

Pob cuanto, la sentencia de la corte inferior ordenó cer-tificar a dicho funcionario la referida candidatura al Super-intendente Insular de Elecciones para ser impresa en la pa-peleta electoral que debía utilizarse en dichas elecciones ge-nerales ;

Por cuanto, es de conocimiento judicial la celebración de las elecciones generales que tuvieron lugar el 4 de no-viembre de 1924, y se ha admitido que la repetida candida-tura de los apelados fué impresa y electos dichos apelados para los cargos que fueron designados;

Por cuanto, celebradas dichas elecciones, carece este pleito de finalidad práctica, toda vez que dentro de la peti-ción de mandamus el demandado no podrá ser compelido por falta de objeto, a cumplir la pretensión de los apelantes ni menos podría quedar sujeto por incumplimiento del man-. dato a ser procesado por desacato;

Por tanto, se resuelve declarar con lugar la moción de los apelados y en su consecuencia se desestima el recurso.


text:
    No. 474.
    A. Alvarez & Cía., Peticionaria, v. Corte de Distrito de San Juan, Distrito Segundo, Hon. M. Rodríguez Serra, Juez, Demandado.

    Certiorari.
    Enero 29, 1925.
   No apareciendo de la petición que esté envuelta ninguna ver-dadera cuestión de jurisdicción o de procedimiento, no ha lugar al auto.


text:
    No. 2372.
    El Pueblo, Apldo., v. Pérez, Aplte.
    C. DL Arecibo.
    Feb. 3, 1925.
   Habiendo él apelante alegado la in-suficiencia de la 'prueba y apareciendo ciertamente dicha in-suficiencia de la misma transcripción, estando además el fiscal conforme con la revocación por tal motivo, se revoca la sentencia y absuelve al acusado.


text:
    No. 90.
    Ex parte Colón, Peticionario.

    Habeas corpus.

    Feb. 10, 1925.
   No alegándose las razones, si es que existen algunas, por virtud de las cuales se liace indispensable que el auto se expida originalmente por este tribunal, de acuerdo con la regla 69 del Reglamento, no ha lugar.


text:
    No. 3430.
    León Lugo, Aplte., v. Matos Bernier, Apldo.
    C. D. Ponce.
    Feb. 13, 1925.
   Apareciendo que la corte inferior declaró sin lugar la demanda de desahucio establecida porque en virtud de la prueba practicada llegó a la conclu-sión de que existía un conflicto de títulos y existiendo tal conflicto, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia, se con-firma la sentencia apelada.


text:
    No. 2379.
    El Pueblo, Apldo., v. Reyes et al., Apltes.
    C. D. Ponce.
    Feb. 18, 1925.
   Confirmada la sentencia ape-lada por encontrarse que no es sostenible el único motivo del recurso, por haber evidencia de que los apelantes altera-ron la paz con una riña en una calle de Coamo.


text:
    No. 3418.
    Porto Rico Fruit Union, Aplte., v. Parkhurst Fruit Company, Aplda.
    C. D. San Juan, Distrito 1º.
    Feb. 19, 1925.
   Apareciendo de que no hay motivos suficien-tes para sostener que la corte inferior erró al desestimar la demanda en cuanto a la partida de $330 importe' de las mil cajas que la demandante alega que vendió y entregó a la demandada, ya que la prueba resultó contradictoria y no se ha demostrado que la corte al resolver el conflicto actuara movida por pasión, prejuicio, o parcialidad o cometiera al-gún error manifiesto, se confirma la sentencia apelada.


text:
    No. 2386.
    El Pueblo, Apldo., v. Guzmán, Aplte.
    C. D. Aguadilla.
    Feb. 20, 1925.
   Confirmada la sentencia apelada por aparecer que la denuncia es suficiente y que el juez sen-tenciador no cometió error al apreciar la prueba.


text:
    No. 3384.
    Marcano, Aplda., v. Casal, Aplte.
    C. D. San Juan, Distrito 1º.

    Feb. 20, 1925.
   Apareciendo que se trata de ana sentencia qne dictó la corte inferior en apela-ción de nna corte naanieipal por la sama de $200 en favor de la demandante, careciendo por tanto esta corte de juris-dicción para conocer del recarso por razón de la caantía; visto el inciso 2 del artícnlo 295 del'Código de Enjuicia-miento Civil, tal como faé enmendado por leyes de 9 de marzo, 1905, y 11 de marzo, 1908, y los casos de Nadal v. American Railroad Company, 19 D.P.R. 1080; Martínes v. American Railroad Company, 20 D.P.R. 52, Gutiérrez v. Díaz, 20 D.P.R. 270, y Polo v. Fernándes, 27 D.P.R. 52, se desestima el recurso.


text:
    Nos. 605 y 606.
    Manrique, Recurrente v. Registrador de Guayama, Recurrido.
    Feb. 26, 1925.
   Revocadas las no-tas por los fundamentos del caso No. 604 Manrique v. Regis-trador de Guayama, de febrero. 26, 1925, (pág. 821) en cnanto consignan como defecto sabsanable la manera en qae fueron publicados los edictos para la subasta jadicial.


text:
    No. 2382.
    El Pueblo, Apldo., v. Suau, Aplte.
    C. D. Agnadilla
    Feb. 26, 1925.
   Por cuaNto la ley de abril 13 de 1916 “Para reglamen-tar el aso de vehículos de motor en Puerto Rico” prescribe en su artículo 12, apartado “g” lo siguiente:

“Al acercarse al cruce o anión de calles o caminos, o a una casa escuela durante horas en qae sea probable la en-trada o salida de estudiantes, la velocidad deberá ser redu-cida dando debido aviso con el aparato correspondiente.”

Por cuanto, la denuncia imputaba el hecho de que en la calle' de Roberto H. Todd de Moca, Puerto Rico, Distrito Judicial de Aguadilla, el acusado allí y entonces de un modo ilegal, voluntaria y maliciosamente guiaba por las calles de ese pueblo como chauffeur el truck Ford No. C-139, y al acercarse a la unión de las calles de “Pedro Acevedo Rivera” y “Roberto H. Todd” en dicho pueblo, no redujo la veloci-dad que llevaba, tomando en cuenta el tráfico y ancho de las mencionadas calles para garantizar la seguridad de las vi-das y propiedades, continuando la marcha a gran velocidad, violando de ese modo el artículo 12, letra “G” de la Ley para, Reglamentar el Uso de Vehículos de Motor en Puerto Pico, aprobada en 13 de abril de 1916, etc.

Pon ouaNto la prueba tendió a acreditar que el acusado, guiando un truck, pasó un cruce en Moca a gran velocidad sin reducir ésta.

Pon tanto se confirma la sentencia dictada por la Corte de Distrito de Aguadilla en julio 16 de 1924 en el caso arriba expresado.


text:
    No. 2383.
    El Pueblo, Apldo., v. Lugo, Aplte.
    C. D. Aguadilla.
    Feb. 26, 1925.
   Confirmada la sentencia apelada por los fundamentos del caso No. 2382 de El Pueblo v. Suau, de febrero 26, 1925.


text:
    No. 3458.
    Rodríguez, Apldo., v. Colón, Aplte.
    C. D. San Juan, Distrito 1º.
    Feb. 27, 1925.
   Confirmada la senten-cia apelada porque alegándose como único fundamento del recurso haberse impuesto las costas al demandado, no se ha demostrado que la corte inferior cometiera error al imponer tales costas.


text:
    No. 2300.
    El Pueblo v. González Roque, Aplte.
    C. D. Humacao.
    Feb. 27, 1925.
   Confirmada la sentencia apelada por alegarse como único motivo el de ser contraria a la prueba y siendo ésta contradictoria fué resuelto el conflicto por la corte, inferior, sin que podamos decir que lo hizo de una manera errónea.


text:
    No. 2704.
    Cintrón, Aplda., v. A. Hartman & Co., Aplte.
    C. D. Guayama.
    Feb. 26, 1925.
   Cumplimiento de contrato.

Por cuanto la Corte de Distrito de Guayama resolvió este pleito por una sentencia que contiene los siguientes pro-nunciamientos: “A. — Que el contrato efectuado entre jas partes es válido y debe cumplirse de acuerdo con el conte-nido del mismo; B. — Que las partes demandante y deman-dada son dueñas respectivamente, de las fincas que justifi-can sus títulos, teniendo las fincas de la demandante una ca-bida de trescientas cuarenta cuerdas, y las de la demandada una cabida de trescientas cincuenta y una cuerdas, que dan rm total, según sus títulos, de seiscientas noventa y una cuerdas; C — Que practicada la mensura de las fincas, ésta arroja en su totalidad una cabida de setecientas nueve cuer-das con siete centavos, existiendo por consiguiente un exceso de diez y ocho cuerdas con siete centavos; D. — Que de acuerdo con dicho contrato debe condenar y condena a la demandada a repartir con la demandante el exceso de diez y ocho cuerdas y siete centavos en parte proporcional a la cabida de sus fincas, según sus títulos; E. — Que no habién-dole justificado debidamente los hechos alegados en la con-trademanda, la corte la desestima, sin perjuicio de los dere-chos de la parte de alegar sus defensas en cualquier otra acción, y F. — Condena a la demandada a pagar a la deman-dante las costas y honorarios de abogado;

Por cuaNto no conforme la parte demandada apeló, se-ñalando en su alegato la comisión de once errores, a saber: los cuatro primeros al no declararse con lugar las excepcio-nes previas formuladas por la demandada de falta de hechos suficientes, indebida acumulación de acciones y ambigüedad, el quinto al declarar con lugar la demanda, el sexto al admi-tir como válido el convenio de deslinde, el séptimo al resolver el conflicto de títulos a favor de la demandante, el octavo al nt> estimar justificada la ineficacia de los títulos de la demandante a ciertas porciones de terreno, el noveno al no considerar justificados los hechos esenciales de la contra-demanda, el décimo al no aplicar la doctrina del art. 1232 del Código Civil y el undécimo al imponer las costas a la parte demandada;

Por cuanto celebrada la vista del recurso, oyéndose a los abogados de ambas partes, y examinados los autos y los ale-gatos, después de una amplia discusión en el seno de la corte, la mayoría opina que no se han cometido los diez pri-meros errores señalados, ya que la demanda es suficiente, no existe indebida acumulación de acciones y la prueba de-muestra que el convenio celebrado por las partes el 8 de sep-tiembre de 1917 tendió a zanjar y zanjó dificultades que de antaño existían y en él intervinieron las partes con pleno conocimiento de los antecedentes y al hacerse la mensura en la forma acordada alcanzaron las tierras a cubrir todos los títulos sobrando aún algunas cuerdas, sin que pueda soste-nerse de manera enfática y segura que la corte sentencia-dora errara al dejar de concluir como pretende la apelante que los títulos de la demandante a la porción de cuarenta y dos cuerdas y a la mayor extensión de la hacienda “Caimi-tal” son ineficaces por tratarse- de las mismas ochenta cuer-das vendidas anteriormente por el causante de la deman-dante al causante de la demandada, y

Pob cuanto no deben imponerse las costas a la parte de-mandada por no haberse demostrado su temeridad al defen-derse, como lo revela el hecho del disentimiento de dos de los jueces de esta corté;

Pon tanto se confirma la sentencia apelada, excepción hecha de su. pronunciamiento sobre costas que se revoca, de-biendo cada parte pagar sus propios gastos.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y Hutchison disintieron.


text:
    No. 3300.
    Sánchez, Aplte., v. Rodríguez, Apdo.
    Abril 3, 1924.
   C.D. Hmnacao.


text:
    No. 3311.
    Gruppy, Aplte., v. Sobrinos de Portilla, Apda.
    Mayo 20, 1924.
   C. D. San Juan, Disto. 1º.


text:
    No. 3353.
    Sucesión de J. A. Quiñones, Apltes., v. Sucesión Cándida Quiñones et al., Apdos.
    Junio 10, 1924.
   C. D. Mayagüez.


text:
    No. 3371.
    Navajas, Aplte. v. Fernández, Apdo.
    Jun. 13, 1924.
   C. D. San Juan, Disto. 1º. Desahucio.


text:
    No. 3377.
    Sosa Oliva, Aplte., v. Sucesión de Manuel Sosa, Apda.
    Jun. 25, 1924.
   C. D. San Juan, Disto. 1º. Cobro de dinero.


text:
    No. 3375.
    Grau, Aplda., v. Martínez Reyes, Aplte.
    Junio 25, 1924.
   O. D. San Jiian, Disto. 1º.


text:
    No. 3446.
    Veve et al., Apldos., v. Rodríguez Flores et al., Apltes.
    C. D. San Juan, Disto. 1°.
    Nov. 11, 1924.
   De-negada la reconsideración en Die. 12, 1924.


text:
    No. 3459.
    Santos, Aplte., v. Rivera, Apldo.
    Nov. 11, 1924.
   C. D. Arecibo.


text:
    No. 3415.
    Carrión, Aplte. v. Nadal, Apda.
    Nov. 11, 1924.
   C. D. Mayagüez.


text:
    No. 3476.
    American Colonial Bank, Aplda., v. Carreras et al., Apltes.
    Nov. 18, 1924.
   C. D. San Juan, Disto. 1°.


text:
    No. 3478.
    Zeppenfeldt, Apdo., v. Martínez Llonin, Aplte.
    Nov. 18, 1924.
   0. D. San Juan, Disto. 29.


text:
    No. 3467.
    Font, Aplte., v. Añeses et al., Apdos.
    Nov. 18, 1924.
   C. D. Aguadilla.


text:
    No. 3437.
    Carbia, Aplte., v. Ortega Hnos. Aplda.
    Nov. 20, 1924.
   C. D. San Juan, Disto. 1º.


text:
    No. 3497.
    Castro, Demandante, v. Societé Anonyme des Sucreries de Saint Jean, Demandada, y Goffinet et al., Interventores-Apdos.
    Dic. 9, 1924.
   C. D. San Jnan, Disto. 1º.


text:
    No. 3509.
    Cortijo et al., Apltes., v. Rosario et al., Apdos.
    Die. 16, 1924.
   C. D. San Jnan, Disto. 2°.


text:
    Nos. 3499 y 3500.
    Rodríguez, Apdo., v. Gregory, Aplte.
    Dic. 18, 1924.
   C. D. Mayagüez.


text:
    No. 3363.
    Puerto Rico Leaf Tobacco Co., Aplda., v. Pérez, Aplte
    Dic. 23, 1924.
   C. D. San Jnan, Disto. 1°.


text:
    No. 3518.
    Körber & Co., Aplda., v. López, Aplte.
    Enero 13, 1925.
   C. D. San Juan, Disto. 1°.


text:
    No. 3527.
    National City Bank, Apldo., v. Vázquez et al., Apltes.
    Enero 13, 1925.
   C. D. San Juan, Disto. 2°.


text:
    No. 3529.
    Rodríguez, Aplte., v. Kessinger, Apldo.
    Enero 13, 1925.
   C. D. San Jnan, Distrito 1°.


text:
    No. 3519.
    Santos, Aplte., v. Körber & Co. et al., Apldos.
    Enero 13, 1925.
   C. D. San Jnan, Distrito 1°.


text:
    No. 3452.
    Márquez Abrams, Apldo., v. Llorens Torres, Apltes.
    Enero 20, 1925.
   C. D. San Jnan, Disto. 1°.


text:
    No. 3541.
    El Pueblo, Apdo., v. Matta, Aplte.
    Enero 29, 1925.
   C. D. Humacao.


text:
    No. 3557.
    Feb. 17, 1925.
    González, Aplda., v. López Salas, Aplte.
   C. D. San Juan, Disto. 1°.


text:
    No. 2939.
    Robles, Aplte., v. Torres et al., Apdos.
    Abril 14, 1924.
   C. D. San Jnan, Sección Primera. Otorgamiento de escritura.


text:
    No. 3102.
    Casals, Aplte., v. Rosario, Apda.
    Abril 14, 1924.
   C. D. San Jnan, Disto. 2°. Desahucio.


text:
    No. 3308.
    Figueroa, Apdo., v. Niagara Fire Insurance Co., Aplte.
    Abril 9, 1924.
   C. D. Ponce. Cobro de póliza.


text:
    No. 3169.
    Crédito y Ahorro Ponceño, Apda., v. Caribbean Soap Co., Aplte.
    Abril 8, 1924.
   C. D. Guayama. Rebeldía.


text:
    No. 2126.
    El Pueblo, Apdo., v. Barbosa et al., Aplte.
    Abril 1, 1924.
   C. D. Humacao.


text:
    No. 2160.
    El Pueblo, Apdo., v. Dieppa et al., Apltes.
    Abril 4, 1924.
   C. D. Humacao. Acometimiento y agresión.


text:
    No. 2193.
    El Pueblo, Apdo., v. Longo, Aplte.
    Abril 8, 1924.
   C. D. San Juan, Disto. 1°.


text:
    No. 2233.
    El Pueblo, Apdo., v. Serrano, Aplte.
    Abril 10, 1924.
   C. D. San Juan, Disto. 2°. Portar armas.


text:
    No. 2202.
    El Pueblo, Apdo., v. Esteves, Aplte.
    Abril 10, 1924.
   C. D. San Juan, Disto. 1°. Infracción ley de automóviles.


text:
    No. 2234.
    El Pueblo, Apdo., v. Vargas, Aplte.
    Abril 11, 1924.
   C. D. San-Juan, Disto. 2°. Adulteración de lecbe.


text:
    No. 2236.
    El Pueblo, Apdo., v. Ayala, Aplte.
    Abril 11, 1924.
   C. D. San Juan, Disto. 2°. Alterar la paz.


text:
    No. 2237.
    El Pueblo, Apdo., v. Vélez, Aplte.
    Abril 15, 1924.
   C. D. Ponce. Homicidio.


text:
    No. 2254.
    El Pueblo, Apdo., v. Monge, Aplte.
    Abril 25, 1924.
   C. D. Humacao. Infracción ley de cirugía dental.


text:
    No. 3129.
    Vega, Apda., v. Ponce et al., Apltes.
    Abril 25, 1924.
   C. D. Mayagüez. Reclamación de legado.


text:
    No. 2256.
    El Pueblo, Apdo., v. Varela, Aplte.
    Abril 29, 1924.
   C. D. Aguadilla. Incendio malicioso.


text:
    No. 2257.
    El Pueblo, Apdo., v. Vélez et al., Apltes.
    Abril 29, 1924.
   C. D. Humacao. Robo.


text:
    No. 2258.
    El Pueblo, Apdo., v. Ayala, Aplte.
    Mayo 1, 1924.
   C. D. Humacao. Asesinato en segundo grado.


text:
    No. 2268.
    El Pueblo, Apdo., v. Bairon, Aplte.
    Mayo 2, 1924.
   C. D. Arecibo. Escalamiento.


text:
    No. 2269.
    El Pueblo, Apdo., v. Baños, Aplte.
    Mayo 22, 1924.
   C. D. Arecibo. Escalamiento.


text:
    No. 2275.
    El Pueblo, Apdo., v. Guardiola, Aplte.
    Mayo 28, 1924.
   C. D. San Juan, Disto. 2°. Adulteración de leche.


text:
    No. 2273.
    El Pueblo, Apdo., v. Cepeda, Aplte.
    Junio 3, 1924.
   C. D. San Juan, Disto. 2°. Portar armas.


text:
    No. 2272.
    El Pueblo, Apdo., v. Ruiz, Aplte.
    Junio 3, 1924.
   C. D. San Juan, Disto. 2°. Acometimiento.


text:
    No. 2280.
    El Pueblo, Apdo., v. Archilla, Aplte.
    Junio 4, 1924.
   C. D. Arecibo. Mutilación.


text:
    No. 2283.
    El Pueblo, Apdo., v. Reilló, Aplte.
    Junio 5, 1924.
   C. D. Arecibo. Acometimiento y agresión.


text:
    No. 2286.
    El Pueblo, Apdo., v. Smaine, Aplte.
    Junio 6, 1924.
   C. D. Guayama. Asesinato en primer grado.


text:
    No. 2291.
    El Pueblo, Apdo., v. Menéndez, Aplte.
    Junio 10, 1924.
   C. D. Arecibo. Abandono de menores.


text:
    No. 2292.
    El Pueblo, Apdo., v. Rosario, Aplte.
    Junio 11, 1924.
   C. D. Arecibo. Violación.


text:
    No. 2297.
    El Pueblo, Apdo., v. Reyes, Aplte.
    Junio 13, 1924.
   C. D. Ponce. Ataque para cometer homicidio.


text:
    No. 2296.
    El Pueblo, Apdo., v. Rosa, Aplte.
    Junio 13, 1924.
   C. D. Ponce. Acometimiento y agresión.


text:
    No. 3307.
    Union Commercial Corporation, Aplda., v. Tomás Quiñones, Scrs., Aplte.
    Julio 23, 1924.
   C. D. San Juan, Distrito 1°. Cobro de cantidad.


text:
    No. 2304.
    El Pueblo, Apdo., v. Sánchez, Aplte.
    Nov. 7, 1924.
   C. D. Arecibo. Acometimiento y agresión.


text:
    No. 2341.
    El Pueblo, Apdo., v. Lugo, Aplte.
    Nov. 11, 1924.
   C. D. Ponce. Escalamiento.


text:
    No. 2345.
    El Pueblo, Apdo., v. Figueroa, Aplte.
    Nov. 13, 1924.
   C. D. San Juan, Disto. 1°. Hurto mayor.


text:
    No. 2328.
    El Pueblo, Apdo., v. Caraballo, Aplte.
    Nov. 14, 1924.
   C. D. Sail Juan, Disto. 1°. Homicidio voluntario.


text:
    No. 2317.
    El Pueblo. Apdo., v. Navarrete, Aplte.
    Dic. 2, 1924.
   C. D. San Juan, Disto. 2°. Adulteración de leche.


text:
    No. 3366.
    Díaz, Aplte., v. González, Aplda.
    Dic. 2, 1924.
   C. D. Guayama. Filiación.


text:
    No. 2316.
    El Pueblo, Apdo., v. Ortega, Aplte.
    Dic. 5, 1924.
   C. D. San Juan, Disto. 2°. Adulteración de leche.


text:
    No. 2313.
    El Pueblo, Apdo., v. Berríos, Aplte.
    Dic. 5, 1924.
   C. D. Guayama. Acometimiento y agresión.


text:
    No. 2327.
    El Pueblo, Apdo., v. Alamo, Aplte.
    Dic. 9, 1924.
   C. D. San Juan, Disto. 1°. Infracción de la Ley de Arbitrios.


text:
    No. 2324.
    El Pueblo, Apdo., v. Mateo, Aplte.
    Dic. 11, 1924.
   C. D. Ponce. Adulteración de leebe.


text:
    No. 2331.
    El Pueblo, Apdo., v. de la Cruz, Aplte.
    Dic. 16, 1924.
   C. D. Ponce. Acometimiento y agresión.


text:
    No. 2332.
    El Pueblo, Apdo., v. Ryan, Aplte.
    Dic. 18, 1924.
   C. D. San Juan, Disto. 1°. Adulteración de leche.


text:
    No. 2335.
    El Pueblo, Apdo., v. Audino, Aplte.
    Dic. 19, 1924.
   C. D. San Juan, Disto. 1°.


text:
    No. 2340.
    El Pueblo, Apdo., v. Santana, Aplte.
    Dic. 23, 1924.
   C. D. Ponce. Acometimiento y agresión.


text:
    Nos. 2312, 2393.
    El Pueblo, Apdo., v. Sierra, Aplte.
    Enero 13, 1925.
   C. D. Arecibo. Hurto de mayor cuantía.


text:
    No. 2370.
    El Pueblo, Apdo., v. Reyes, Aplte.
    Enero 14, 1925.
   C. D. Guayama. Asesinato en primer grado.


text:
    No. 2311.
    El Pueblo, Apdo., v. Marcial, Aplte.
    Enero 14, 1925.
   C. D. San Juan, Disto. 1°. Homicidio involuntario.


text:
    No. 2289.
    El Pueblo, Apdo., v. Pillot, Aplte.
    Enero 23, 1925.
   C. D. Guayama. Libelo infamatorio.


text:
    No. 2301.
    El Pueblo, Apdo., v. Fernández, Aplte.
    Enero 27, 1925.
   C. D. San Juan, Disto. 1°. Acometimiento y agresión grave.


text:
    No. 2344.
    El Pueblo, Apdo., v. Miranda, Aplte.
    Enero 28, 1925.
   C. D. San Juan, Disto. 1°. Infracción Ley de la Prohibición.


text:
    No. 2346.
    El Pueblo, Apdo., v. Rivera, Aplte.
    Enero 28, 1925.
   C. D. San Juan, Disto. 1°. Abuso de confianza.


text:
    No. 2348.
    El Pueblo, Apdo., v. Estrada et al., Apltes.
    Enero 29, 1925.
   C. D. San Juan, Disto. 1°. Adulteración de leche.


text:
    No. 2347.
    El Pueblo, Apdo., v. Rivera, Aplte.
    Enero 29, 1925.
   C. D. San Juan, Disto. 1°. Adulteración de leche.


text:
    No. 2350.
    El Pueblo, Apdo., v. Flores, Aplte.
    Enero 30, 1925.
   C. D. San Juan, Disto 1°. Acometimiento y agresión grave.


text:
    No. 2352.
    El Pueblo, Apdo., v. Negrón, Aplte.
    Feb. 3, 1925.
   C. D. San Juan, Disto. 1°. Abuso de confianza.


text:
    No. 2351.
    El Pueblo, Apdo., v. González, Aplte.
    Feb. 3, 1925.
   C. D. San Juan, Disto. 1°. Adulteración de leche.


text:
    No. 2354.
    El Pueblo, Apdo., v. Corujo, Aplte.
    Feb. 4, 1925.
   C. D. San Juan, Disto. 1°. Falsa representación.


text:
    No. 2353.
    El Pueblo, Apdo., v. Montañez, Aplte.
    Feb. 4, 1925.
   C. D. San Juan, Disto. 1°,. Adulteración de leche.


text:
    No. 2355.
    El Pueblo, Apdo., v. Calderón, Aplte.
    Feb. 5, 1925.
   C. D. San Juan, Disto. 1°. Acometimiento y agresión.


text:
    No. 2357.
    El Pueblo, Apdo., v. Salguero, Aplte.
    Feb. 5, 1925.
   C. D. Aguadilla. Alterar la paz.


text:
    No. 2358.
    El Pueblo, Apdo., v. Morales, Aplte.
    Feb. 6, 1925.
   C, D. Humacao. Infracción de la ley de andamios.


text:
    No. 2361.
    El Pueblo, Apdo., v. Gámbaro, Aplte.
    Feb. 6. 1925.
   C. D. San Juan, Disto. 2°. Acometimiento y agresión.


text:
    No. 2369.
    El Pueblo, Apdo., v. González, Aplte.
    Feb. 11, 1925.
   C. D. San Juan, Disto. 1°. Adulteración de leche.


text:
    No. 2362.
    El Pueblo, Apdo., v. Nieves, Aplte.
    Feb. 11, 1925.
   C. D. San Juan, Disto. 2°. Portar armas.


text:
    No. 2374.
    El Pueblo, Apdo., v. Quirindongo, Aplte.
    Feb. 12, 1925.
   C. D. Ponce. Acometimiento y agresión grave.


text:
    No. 2365.
    El Pueblo, Apdo., v. Ayala, Aplte.
    Feb. 13, 1925.
   C. D. Humacao. Inscripción ilegal.


text:
    No. 2375.
    El Pueblo, Apdo., v. Toro, Aplte.
    Feb. 13, 1925.
   C. D. Ponce. Adulteración de leche.


text:
    No. 2377.
    El Pueblo, Apdo., v. Muñiz, Aplte.
    Feb. 17, 1925.
   C, D. Aguadilla. Infracción Ley de Arbitrios.


text:
    No. 2333.
    El Pueblo, Apdo., v. Soto González, Aplte.
    Feb. 18, 1925.
   C. D. Aguadilla. Asesinato en segundo grado.


text:
    Nos. 2389 y 2390.
    El Pueblo, Apdo., v. Duprey, Aplte.
    Feb. 19, 1925.
   C. D. Aguadilla. Infracción artículo 519 del Código Penal.


text:
    No. 2392.
    El Pueblo, Apdo., v. Vaz, Aplte.
    Feb. 20, 1925.
   C. D. Aguadilla. Portar armas.


text:
    No. 2394.
    El Pueblo, Apdo., v. Bracero, Aplte.
    Feb. 20, 1925.
   C. D. Mayagüez. Atentado a la vida.


text:
    No. 2396.
    El Pueblo, Apdo., v. Figueroa, Aplte.
    Feb. 25, 1925.
   C. D. Arecibo. Mutilación.


text:
    No. 2380.
    El Pueblo, Apdo., v. Anglada, Aplte.
    Feb. 26, 1925.
   C. D. Ponce. Violación.


text:
    No. 2401.
    El Pueblo, Apdo., v. Martínez et al., Apltes.
    Feb. 27, 1925.
   C. D. Mayagüez. Homicidio voluntario.


text:
    Nos. 2375 y 3235.
    Rojas, Aplte., v. Alejandro, Apdo.
    Abril 2, 1924.
   C. D. Humacao. Tercería.


text:
    No. 3237.
    Rodríguez, Aplte., v. Gómez, Apdo.
    Abril 8, 1924.
   C. D. San Juan, Disto. 1°. Cobro de dinero.


text:
    No. 3057.
    Ex parte Peraza, Peticionario-Aplte.
    Abril 10, 1924.
   C. D. Arecibo.


text:
    No. 3097.
    Betancourt et al., Apltes., v. Sellés, Casas & Ca., S. en C., Apdos.
    Abril 11, 1924.
   C. D. Humacao.


text:
    No. 2277.
    Pueblo, Apldo., v. Iglesias, Aplte.
    Abril 14, 1924.
   C. D. Ponce. Mutilación.


text:
    No. 3228.
    Sabalier, Apldo., v. Iglesias y El Banco de San Juan, Demandados y Aplte. el segundo.
    Abril 15, 1924.
   C. D. San Juan, Disto T°. Administración judicial.


text:
    No. 3131.
    Nicolau et al., Apltes., v. Asamblea Municipal de Caguas, Apda.
    Abril 21, 1924.
   C. D. Humacao.


text:
    No. 2981.
    López, Apda., v. P. R., Ry., Light & Power Co., Aplte.
    Abril 23, 1924.
   C. D. San Juan, Sección Segunda.


text:
    No. 2271.
    Pueblo, Apdo., v. Soldevila, Aplte.
    Abril 24, 1924.
   C. D. Ponce. Homicidio.


text:
    No. 2266.
    El Pueblo, Apdo., v. Báez, Aplte.
    Mayo 5, 1924.
   C. D. Humacao. Acometimiento.


text:
    No. 2294.
    El Pueblo, Apdo., v. Acosta, Aplte.
    Mayo 19, 1924.
   O. D. Mayag’üez. Hurto.


text:
    No. -.
    Nicolau et al., Apdos., v. Asamblea Municipal de Caguas, Aplte.
    Mayo 5, 1924.
   C. D. Humacao.


text:
    No. 3327.
    Nazario, Apdo., v. Comisión de Indemnizaciones a Obreros, Aplte.
    Mayo 20, 1924.
   C. D. San Juan, Disto. 1°. Certio-rari.


text:
    No. 3259.
    Correa, Apda., v. Fajardo Sugar Company, Aplte.
    Mayo 19, 1924.
   C. D. San Juan, Disto. 1°. Daños y perjuicios.


text:
    No. 3344.
    Orcasitas, Apda., v. Fernández García, Aplte.
    Mayo 20, 1924.
   C. D. San Juan, Disto. 2°. Desahucio.


text:
    No. 2893.
    Gordils, Aplte., v. Blazquez, Apdo.
    Mayo 21, 1924.
   C. D. Arecibo. Daños y perjuicios.


text:
    No. 3828.
    Cruz, Apda., v. Comisión de Indemnizaciones a Obreros, Aplte.
    Mayo 26, 1924.
   C. D. San Juan, Disto. 1°. Certiorari.


text:
    No. 3333.
    Gautier et al., Apdos., v. Falú et al., Apltes.
    Junio 6, 1924.
   C. D. San Juan, Disto. 2°. Administración judicial.


text:
    No. 2305.
    El Pueblo, Apdo., v. Burgos, Aplte.
    Junio 12, 1924.
   C. D. Ponce. Mutilación.


text:
    No. 2306.
    El Pueblo, Apdo., v. Burgos, Aplte.
    Junio 12, 1924.
   C. D. Ponce. Homicidio voluntario.


text:
    No. 2315.
    El Pueblo, Apdo., v. Flores, Aplte.
    Junio 26, 1924.
   C. D. Mayagüez. Asesinato.


text:
    No. 3247.
    Texidor, Apdo., v. Asamblea Municipal de Arecibo, Aplte.
    Junio 27, 1924.
   C. D. Arecibo. Certiorari.


text:
    No. 2329.
    El Pueblo, Apdo., v. Cestero, Aplte.
    Julio 19, 1924.
   C. D. San Juan, Disto. 1°. Homicidio voluntario.


text:
    No. 3389.
    Sucesores de H. Joglar, Apdo., v. Hernández, Aplte.
    Julio 19, 1924.
   C. D. San Juan, Disto. 2°. Cobro de dinero.


text:
    No. 3383.
    Arabia, Aplte., v. García, Apdá.
    Julio 26, 1924.
   C. D. Ponce Reivindicación.


text:
    No. 3320.
    Torres, Aplte., v. Municipio de Coamo et al., Apdos.,

    Agosto 26, 1924.
   Certiorari.


text:
    No. 3234.
    Torres, Aplte., v. Municipio de Coámo et al., Apdos.

    Agosto 26, 1924.
   Injunction.


text:
    No. 3426.
    Candelaria, Aplte., v. Díaz et al., Apdos.
    Agosto 26, 1924.
   C. D. Arecibo.


text:
    No. -.
    El Pueblo, Apdo., v. Torres, Aplte.
    Agosto 27, 1924.
   C. D. Humacao.


text:
    No. 3176.
    Jiménez, Administradora Judicial, Aplte., v. Cruz Jiménez, Aplda.
    Oct. 16, 1924.
   C. D. Humacao.


text:
    No. 2356.
    El Pueblo, Apdo., v. Peña, Aplte.
    Oct. 16, 1924.
   C. D. Hu-macao.


text:
    No. 3461.
    Jiménez, Administradora Judicial, Aplte., v. Cruz Jiménez, Apda.
    Oct. 17, 1924.
   C. D. Humacao.


text:
    No. 2307.
    El Pueblo, Apdo., v. Guzmán, Apltes.
    Oct. 18, 1924.
   C. D. Humacao.


text:
    No. 3463.
    Banco Comercial, Apda., v. Bonner, Tesorero, Aplte.
    Oct. 28, 1924.
   C. D. San Juan, Disto. 1°.


text:
    No. 3400.
    Padovani, Apdo., v. Sucn. García Polanco, Aplte.
    Nov. 11, 1924.
   C. D. Mayagüez. Información de dominio.


text:
    No. 2385.
    El Pueblo, Apdo., v. Cruz, Aplte.
    Nov. 11, 1924.
   C. D. Arecibo. Portar armas.


text:
    No. 2387.
    El Pueblo, Apdo., v. Vázquez et al., Apltes.
    Nov. 12, 1924.
   Acometimiento y agresión. C. D. San Juan, Disto. 1°.


text:
    No. 2388.
    El Pueblo, Apdo., v. González (a) Chino, Aplte.
    Nov. 19, 1924.
   C. D. Ponce.


text:
    No. 2397.
    El Pueblo, Apdo., v. Sierra, Aplte.
    Dic. 2, 1924.
   Portar armas. — C. D. San Juan, Disto. 1°.


text:
    No. 3378.
    Figueroa et al., Apdas., v. Canals Hermanos & Co., Sucrs., Apltes.
    Dic. 4, 1924.
   C. D. Humacáo.


text:
    No. 2334.
    El Pueblo, Apdo., v. Herrera, Aplte.
    Dic. 10, 1924.
   C. D. San Jnan, Disto. 1°.


text:
    No. 3431.
    Agostini, Aplte., v. Corte Municipal de San Juan, Sección Primera, Apda.
    Dic. 11, 1924.
   C. D. San Jnan, Disto. 1°.


text:
    No. 3464.
    Agostini, Aplte., v. Corte Municipal de San Juan, Sección Primera, Recurrida, y Real, Apdo.
    Dic. 11, 1924.
   C. D, San Juan, Disto 1°.


text:
    No. 2956.
    Bravo, Apdo., v. Martínez Hermanos, Demandada, y Martínez, Aplte.
    Enero 6, 1925.
   C. D. Mayagüez. Cancelación.


text:
    No. 3406.
    Sun Life Assurance Company, Aplte., v. Cordero, Apda.
    Enero 7, 1925.
   C. D. Ponce. Nulidad de seguro de vida.


text:
    No. 2373.
    El Pueblo, Apdo., v. Rosa (a) Man, Aplte.
    Enero 12, 1925.
   C. D. Humcaao. Acometimiento y agresión.


text:
    No. 3538.
    López Díaz, Aplte., v. Ríos et al., Apdos.
    Enero 13, 1925.
   C. D. Arecibo. Desahucio.


text:
    No. 2419.
    El Pueblo, Apdo., v. Rivera (a) Chalemán, Aplte.
    Enero 23, 1925.
   C. D. San Jnan, Disto. 2°. Hurto de mayor cuantía»


text:
    No. 3550.
    Nadal, Aplte., v. Carrión, Apdo.
    Feb. 2, 1925.
   C. D. Ma-yagüez. Reivindicación.


text:
    No. 2442.
    El Pueblo, Apdo., v. Soriano, Aplte.
    Feb. 3, 1925.
   C. D. San Juan, Disto. 19. Escalamiento en primer grado.


text:
    Nos. 3355 y 3356.
    Franqui, Apdo., v. Mayens, Aplte. Padilla, Apdo., v. Mayens, Aplte.
    Feb. 5, 1925.
   C. D. Mayagüez. Incumplimiento de contrato.


text:
    No. 3395.
    Ramírez, Apdo., v. Guerra, Demandado, y Betancourt y Guzmán, Fiadores, Apltes.
    Feb. 5, 1925.
   Cobro de dinero.


text:
    No. 3540.
    Monagas et al., Apltes., v. Bermúdez, Apdo.
    Feb. 9, 1925.
   C. D. Mayagüez. Daños y perjuicios.


text:
    No. 2376.
    El Pueblo, Apdo., v. Velázquez, Aplte.
    Feb. 20, 1925..
   C. D. Ponce. Infracción art. 93 Código Penal.


author: El Juez Asooiado Señor Wolf,

text:
    Julio Rivera, demandante y apelado, v. Harold S. Graham, demandado y apelante.
    No. 3263.

    Visto: Junio 3, 1924.

      Resuelto: Marzo 3, 1925.
    1. Automóviles — “Rule op the Road”. — No existo nada en la ley de carre-teras ni en la de automóviles que exija que un automóvil se mantenga bas-tante a la izquierda al pasar cerca de otro carro; por el contrario, se re-quiere que un automóvil vaya tan distante como posible fuera a la derecha sin que cause colisión.
    2. Negligencia — Negligencia Contributoria — Persona Lesionada — Peligro.— Una persona que se sienta sobre la plataforma de un trueTc, que va en mar-cha, con los pies colgando por el lado.de dicho vehículo asume voluntaria-mente una posición de peligro.
    3. Negligencia — Causa Próxima del Daño — Consecuencias.—Una persona es sólo responsable de las consecuencias naturales y probables de su acto ne-gligente.
    4. Negligencia — Causa Próxima del Daño — Consecuencias.—El que guía un carro y pasa a un truclc que viaja en la misma dirección, no es responsable de los daños causados a una persona que viaja sobre un lado de dicho trueTc y quien, por temor a una colisión, repentinamente retira hacia atrás sus piernas y las lleva a la rueda dentada del trueTc.

    5. Negligencia — Causa Próxima del Daño — Consecuencias—Accidente Inevitable. — Con vista de la causa próxima del aeeidente a que se contrae el caso de autos, se resolvió: que el mismo fué un accidente desgraciado.
    SENTENCIA de Charles F. Foote, J. (Primer Distrito, San Juan), declarando con lugar la demanda, condenando al demandado a pagar daños y costas.

      Revocada y Desestimada la Demanda.

      Salvador Suau, R. Castro Fernández y Fernando B. Fornaris, abo-gados del apelante; 67. de la Hala y Miguel García González, abogados del apelado.
   El Juez Asooiado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante, qne es mi carpintero, viajaba con otros trabajadores en un truck Ford. Alega la demanda que el de-mandante. iba sentado sobre la plataforma del truck hacia la parte trasera de modo que sus piernas, de las rodillas para abajo, colgaban por el lado de dicho vehículo; que este truck iba hacia San Juan a una velocidad moderada por el paseo llamado 'de Covadonga, cuando, según la demanda, al llegar cerca de la Parada 1, el automóvil del demandado que via-jaba en la misma dirección que el truck, intentó pasarle sin reducir su exajerada velocidad y sin dar señal o aviso de ninguna clase; que el demandado que guiaba personalmente su automóvil salió rápidamente de detrás del truck hacia la izquierda y, como se ha alegado, tan despreocupado de su propia seguridad y de la de los que viajaban en el truck, pasó tan cerca su carro por el lado izquierdo del truck que >dió un fuerte golpe en las piernas al demandante con el ta-palodo trasero derecho; que debido a este golpe las piernas <del demandante fueron obligadas hacia atrás y como conse-cuencia la cadena que movía las ruedas traseras del truck agarraron el pie derecho del demandante pillándoselo entre ella y la estrella dentada que movía la cadena. La demanda • alegaba daños y los consiguientes perjuicios y la corte dictó .sentencia a favor del demandante.

La teoría pues de la demanda era que las piernas del demandante fueron obligadas hacia atrás sobre la cadena dentada debido a un choque con el automóvil del demandado. Los testigos del demandante también declararon eso. No se imputó ninguna otra negligencia procesable al demandado ni otra se trató de demostrar. Se ha sugerido que el deman-dado infringió cierto deber al llevar su automóvil tan cerca del truck. No existe nada en la ley de carreteras ni en la de automóviles que exija que un automóvil se mantenga bas-tante a la izquierda al pasar cerca de otro carro. Por el contrario, se requiere que un automóvil vaya tan distante como posible a la derecha de modo que permita que puedan pasa los demás automóviles que vienen en dirección contra-ria. No hay nada dentro de la condición de la ley que obli-gue a un automóvil que está pasando a que deje más espacio del necesario a fin de evitar nn choque con el carro qne va delante.

151 demandante había asumido voluntariamente una posición de algún peligro, pero no existe prueba alguna tendente a acreditar que el demandado conoció el peligro del demandante o que tuvo algún motivo para prever que las piernas de dicho demandante estuvieran en esta condición de peligro.

Los hechos físicos desarrollados en el juicio nos conven-cen de que el accidente no pudo haber ocurrido en la forma relatada por los testigos del demandante. Uno de estos mis-mos testigos manifestó qne a él le parecía imposible que el carro hubiera pasado por donde iba el truck y agolpeara las piernas del demandante sin haberse puesto en contacto con alguna parte de dicho truck. Tan cierto es ésto que a noso-tros nos parece imposible en vista de todas las circunstan-cias que las piernas del demandante en realidad fueran co-gidas. Si fue un golpe directo echando «hacia atrás ambas piernas, apenas si pudo dejar de alcanzar el truck.

La prueba nos convence de que el demandante al darse cuenta de la aproximación del vehículo del demandado vo-luntaria o involuntariamente retiró sus piernas para evitar cualquier posible contacto. Las declaraciones de los testigos excluyen cualquier otra hipótesis razonable. La prueba en cuanto a la forma en que ocurrió el accidente está lejos de ser satisfactoria. El demandante mismo apenas si supo lo que sucedió según su propia manifestación. Los demás tes-tigos no están en condiciones de haber declarado tan cate-góricamente respecto al contacto entre las piernas del de-mante y el guardalodo trasero del carro del demandado. El demandado mismo declaró que no tenía conocimiento alguno de ningún accidente.

El infrascrito, además, con ciertas dudas en la corte, cree que otros hechos hicieron imposible el accidente como se describe en la demanda. En o delante del tapalodo que se alegó causó el golpe se encontraron gotas de sangre. Si el tapa-lodo trasero golpeó las piernas del demandante obligándolas hacia atrás, entonces al echarlas hacia delante la sangre hu-biera caído en la parte trasera del alegado tapalodo que ocasionó el golpe. El demandante reconoce, según parece, este hecho físico y contestando a esto sostiene que el golpe dió lugar a que saltara la sangre y llegara a los sitios donde se encontró. Dentro de cualquier velocidad normal al pasar cerca de otro automóvil y especialmente la velocidad exage-rada que ha sido alegada, a la plataforma del vehículo no pudo haber llegado la sangre que de tal modo se supone corrió.

Suponiendo que el demandado marchaba rápidamente, la ordinaria prudencia por su misma seguridad exigiría que de-jara un espacio amplio al pasar por el lado de otro vehículo. La alegada rápida marcha sólo produjo el accidente en cau-sar temor al demandante y obligarle a retirar sus piernas rápidamente, pero creemos que ningún demandado está obli-gado a reducir su velocidad en previsión de que pueda darse el caso de que una persona que está sentada en un lado de un truck con sus piernas colgando las retire repentinamente y encuentre de este modo una rueda de su mismo vehículo que le cause un daño.

Aún asumiendo que el demandado pasó al truck en una forma negligente él no pudo haber previsto que el hecho de pasar tan cerca hubiera causado el daño resultante. Era la rueda dentada la que, según parece, fué la causa eficiente del accidente y nadie generalmente tendría conocimiento de la existencia de tal rueda. El daño no fué la causa natural y probable del accidente. La ley se resume en el caso de Armour & Co. v. Harcrow, 217 Fed. 227, a saber:

“Un daño que es la causa natural y probable de un acto de negli-gencia es procesable, y tal acto es la causa próxima de dicho daño. Pero un daño que no pudo haber sido previsto ni razonablemente anticipado como resultado probable de un acto de negligencia no es procesable, y tal acto o es la causa remota, o no es causa alguna del daño. La consecuencia natural de un acto es la consecuencia que ordinariamente sigue al mismo, el resultado que puede ser razonable-mente anticipado de dicho acto. Una consecuencia probable es la que hay más probabilidad de que siga a la supuesta causa que no que no la siga/’ (Se citan casos.)

Cualquier tentativa para imputar conocimiento al deman-dado del peligro del demandante liaría que el demandante tuviera igual conocimiento de tal peligro. Un carro que pasa cerca o hasta da un aviso tendería a hacer que una persona que está sentada al lado de un truclc retire sus piernas. Si era el deber del demandado tener conocimiento y evitar, el demandante igualmente tenía dicho deber.

La causa próxima de este accidente fué la combinación de sucesos consistentes en la posición del demandante y la existencia de la rueda peligrosa. El resultado total fué un accidente desgraciado.

Bebe revocarse la sentencia apelada y desestimarse la demanda.

El Juez Presidente Señor del Toro y el Juez Asociado Señor Hutchison, disintieron.


author: El Juez Asociado SeñoR 'Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelante, v. José Aparicio Rivera, acusado y apelado.
    No. 2267.

    Visto: Noviembre 18, 1924.

      Resuelto: Marzo 4, 1925.
    1. Estatutos — Interpretación" y Operación (operation) — Reglas Generales de Interpretación — Estatutos Adoptados del Extranjero. — Guando el estatuto es de origen americano el texto inglés debe prevalecer, de acuerdo con la Ley de noviembre 12, 1917.
    2. Derecho Penal — Naturaleza y Elementos del Delito y Defensas en General — Intención.—Aunque el artículo 559 del Código Penal prescribe que la palabra “wilfully” (voluntariamente) cuando se aplica a la intención con que se ejecuta un acto sólo quiere "decir “voluntarily” (voluntariamente) y no envuelve intención criminal, es dudoso si esto puede aplicarse a leyes que existían con anterioridad al Código Penal si la historia de la vigencia del artículo demuestra una interpretación diferente.
    3. Delitos — Delitos Cometidos por el Poder Ejecutivo y en Contra de éste— Descuido o Negativa de un Oficial Público a Ejecutar un Deber.— Guando un alcalde deseuida o rehúsa abrir los libros para un empréstito autorizado legalmente, hace transferencias de una cuenta para pagar otras sin la debida autorización y emite libramientos sin autorización alguna, estos hechos constituyen una violación del artículo 93 del Código Penal.
    ResoltjoiÓN de B. Díaz Ginirón, J. (Poncé), declarando con lugar una moción de non suit presentada por el acusado y ordenando al Jurado que rindiera veredicto de absolución perentoria.

      Bevocada y devuelto el caso para ulteriores procedimientos.

      José E. Figueras, Fiscal, abogado del apelante; Bafael Martínez Nadal, abogado del apelado.
   El Juez Asociado SeñoR 'Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El artículo 93 del Código Penal en inglés prescribe lo siguiente:

“See. 93. — Every person holding a public office, who wilfully refuses or neglects to perform the duties thereof, or who violates any provision of law relating to his duties or the duties of his office, for which some other punishment is not prescribed, is punishable by fine not exceeding five thousand (5,000) dollars, or (by) imprisonment in jail not exceeding one year or both.”

De acuerdo con el referido artículo se imputaron a José Aparicio Ribera, Auditor del Municipio de Adjuntas, varias infracciones de sus deberes como funcionario público. Des-pués de celebrado un juicio el acusado presentó una mo-ción de sobreseimiento (nonsuit) que fué declarada con lu-gar por la Corte de Distrito de Ponce. El gobierno apeló por virtud del párrafo 6 del artículo 348 del Código de En-juiciamiento Criminal, interpretado favorablemente a tal apelación en el caso de El Pueblo v. Mallén, 15 D. P. R. 800.

En la acusación se imputó la infracción de las obligaciones de su cargo “voluntariamente” y “obstinadamente,” La corte inferior resolvió que ni la “obstinación” ni la “voIuntarie'clad” habían sido probadas. La palabra “wilfully” en el texto inglés lia sido traducida al español por “obstinadamente” pero por una larga serie de decisiones en esta materia prevalece'el texto inglés: El Pueblo v. Charón, 7 D. P. R. 428; El Pueblo v. Agosto, 10 D. P. R 449; El Pue blo v. Acosta, 11 D. P. R. 249; El Pueblo v. Torres, 9 D. P. R. 440; El Pueblo v. Torregrosa, 24 D. P. R. 12; El Pueblo v. Santiago, 16 D. P. R. 469-490, y El Pueblo v. Kent, 10, D. P. R. 343. Además, el Código Penal es de origen americano y que el texto inglés debe prevalecer es el efecto-de la Ley (No. 8) aprobada por la Legislatura de Puerto Rico en noviembre 12, 1917 (1917 (2) p. 211).

La acusación empleaba tanto la palabra “voluntariamente” significando “wilfully” y “obstinadamente,” significando con un propósito determinado y llevando en ello tal vez cierta idea de mens rea. Convenimos con el gobierno en que la palabra “obstinadamente” puede ser considerada como superflua.

Existe gran conflicto entre las autoridades respecto al significado de la palabra “wilfully,” cuando se emplea or-dinariamente en un estatuto penal. Véanse las siguientes citas: Felton v. United States, 96 U. S. 697, 24 L. ed. 875, y sus citas; Kletzing v. Armstrong, 119 Iowa, 505; 93 N. W. 500.

El significado particular, o si la palabra envuelve un ele-liento de mens rea depende en parte de la historia del de-lito en particular. El artículo 559 del Código Penal, sin embargo, prescribe: “1. La palabra ‘loilfully’ (voluntaria-, mente), aplicada a la intención con que se ejecuta un acto o se incurre en una omisión, implica simplemente propósito o voluntad de cometer el acto, o de incurrir en la omisión a que se refiere.”

Esta definición no envuelve idea alguna de mens rea y descarta la intención criminal si el acto se ejecuta conscien-temente. Podemos dudar, como en el caso de El Pueblo v. Rivera, post, si en .cada caso, cuando la historia de la vigen-cia del artículo demuestra una interpretación diferente^ la Legislatura quiso variar tal interpretación al poner en vigor el artículo 559. 25 R. C. L. 992.

California tiene el equivalente del artículo 559 y sin embargo en el caso de Galvin v. Gualalia Mill Co., 98 Cal. 270, donde el estatuto empleaba la palabra “willfully’’ (volun-tariamente), la Corte Suprema de ese Estado resolvió que era necesario probarse una intención criminal. Por otra parte, en el de Coffey v. Superior Court, 147 Cal. 525, 82 Pac. 75 y Larue v. Davies, 8 Cal. App. 750, 97 Pac. 903, ambos máis o menos in pari materia con este caso, una idea dis-tinta fue indicada. En el primero la corte citó con apro-bación de la obra Mechem sobre Funcionarios Públicos, lo siguiente: “La mala conducta en el cargo no implica nece-sariamente corrupción o intención criminal. La ejecución oficial de un acto ilegal, o abandono oficial en realizar un acto que debió haberse realizado constituirá el delito aun-que no hubiere ningún motivo corrupto o malicioso.”

En el caso de El Pueblo v. Rivera, 25 D. P. R. 612, fue procesado un alcaide de cárcel por permitir que los presos estuviesen afuera y resolvimos siguiendo los precedentes que cuando un alcaide de cárcel permite a un preso que se vaya, él es culpable de un delito.

La acusación en el presente caso imputaba el hecho de- no haber el acusado abierto los" libros para un empréstito de $6,000 autorizado por el municipio de conformidad eoii el reglamento prescrito por el Auditor de Puerto Eico; que hizo transferencias montantes a la suma de $662.65 de uúa cuenta particular para pagar cuentas corrientes sin la debida autorización; hizo una transferencia montante a $250 de una partida semejante de $6,000; y también que él emitió libramientos montantes a la suma de $839.78 para atenciones generales sin autorización, todo voluntariamente:

Estos actos, o por lo menos algunos de ellos, fueron in-fracciones de sus obligaciones oficiales dentro del alcance del,artículo 93, 'supra. No pretendemos resolver sobre la suficiencia de cada cargo en particular de los cuatro que han sido imputados, pues tal cuestión no fue discutida ante nosotros.

Respecto a la cuestión de prueba hubo una estipulación en que se admitían algunos o todos los becbos radicales im-putados y hubo prueba tendente a demostrarlos. Bajo es-tas condiciones bubo prueba tendente a establecer todos los cargos. La sentencia apelada debe ser revocada y el caso devuelto a la corte inferior para interiores procedimientos que no sean incompatibles con esta opinión.


author: El Juez Asociado SeñoR Wole,

text:
    Inocencia Vega, demandante y apelada, v. Antonio Ponce y Josefa Cruz Santiago, demandados y apelantes.
    No. 3244.

    Visto: Mayo 27, 1924.

      Resuelto: Marzo 5, 1925.
    1. Legados — Género o Cantidad — Anotación.—Cuando un legatario de género o cantidad deja enteramente de tomar las medidas requeridas por los artículos 46 y 52 de la Ley Hipotecaria, no puede posiblemente surgir ningunos dere-elms a su favor.
    2. Legados — Género o Cantidad — Anotación—Término para Iíaoerdo — Ter-cero. — Un legado de género o cantidad no puede perjudicar a tercero si no es anotado dentro de los 180 días siguientes a la muerte del testador, aún cuando se hubiere hecho mención del mismo en la inscripción de una finca después de dicho plazo.
    3. Legados — Género o Cantidad — Anotación.—L. H. 29, 46 y 52. — Los artículos 46 y 52, y no el 29, de la Ley Hipotecaria, son aplicables a los legados de género o de cantidad.
    Sentencia de Angel Acosta, J. (Mayagíiez), declarando con lugar ía demanda, con costas.

      Revocada, y Desestimada la Demanda.

      Pascasio Fajardo, Abogado de la apelada; Juan Alemany Sosa, Abo-gado de los apelantes. •'
   El Juez Asociado SeñoR Wole,

Esta es una acción en la cual la demandante trató de re-clamar un legado de $1,000. Alegó ella que el legado era un gravamen sobre la finca de Julia Vélez de Vialís y por tanto un gravamen contra la propiedad de los demandados, qne adquirieron dicba propiedad del albacea esposo de la deman-dante. La referida propiedad era un bien ganancial y por supuesto que por el trapaso el comprador adquirió todo de-recho, título e interés, del esposo en ella, ya fuere ganancial o de otra clase.

En su testamento Julia Velez de Vialís legó la suma de $1,000 a Inocencia Vega, que había de ser satisfecha a esta última cuando llegara a su mayor edad. La testadora hizo otros legados de pequeñas cantidades a otras personas, as-cendiendo los legados en conjunto a la cantidad de $1,450. El remanente de su propiedad la testadora lo dejó a su es-poso, José E. Martínez y Martínez, que fué nombrado alba-cea y a quien se concedió un término de cinco años para pa-gar los otros legados. La testadora falleció en septiembre 7, 1915 — dos meses después de otorgar su testamento. En esa fecha Inocencia Vega tenía 18 años de edad, habiendo nacido en junio 15, 1897. Según parece, la tínica finca que poseía este matrimonio y que podría quedar gravada con el legado era la propiedad que ahora se discute. Se traspasó primero a favor de la Ana María Sugar Company y por ésta a los demandados. La finca, después del fallecimiento de la testadora, fué inscrita, a instancia de Ana María Sugar Company, a nombre de José E. Martínez, el referido esposo, y en dicha inscripción el registrador consignó que la expre-sada finca quedaba afectada por y sujeta al pago de los lega-dos. Una manifestación semejante fué arrastrada a las ins-cripciones subsiguientes hechas a favor de los varios com-pradores.

Además de un legado específico, la Ley Hipotecaria en sus términos exige ciertas, formalidades que más adelante se citarán, antes de que tal legado se convierta en un gravamen sobre la propiedad inmueble. Este no es el caso en el cual el conocimiento sólo impediría a un comprador de ser tenido por tercero. El conocimiento positivo es una especie de im-pedimento para negar derechos preexistentes, especialmente si son derechos reales, pero en cuanto a un legado particular para que pueda gravar una finca, el gravamen — así como un embargo- — debe primero establecerse. El derecho al legado es preexistente. Para convertirlo en un gravamen debe se-guirse la ley. De ahí que el mero hecho de hacer una men-ción, a no ser que esté autorizada por la ley, no puede crear un gravamen.

La Ley Hipotecaria, en lo que respecta a legados, es como sigue:

“Art. 46. — El legatario que no tenga derecho,’ según las leyes, a promover el juicio de testamentaría, podrá pedir en cualquier tiempo anotación preventiva sobre la misma cosa legada si fuere determinada e inmueble.
“Si el legado no fuere de especie, podrá exigir el legatario la ano-tación de su valor sobre cualesquiera bienes raíces de la herencia, bastantes para cubrirlo, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la muerte del testador.
“En uno y otro caso, se hará la anotación, presentando en el Eegistro el título en que se funde el derecho del legatario.
“El legatario de bienes inmuebles determinados o de créditos o , pensiones consignados sobre ellos, no podrá constituir su anotación preventiva sino sobre los mismos bienes.”
“Art. 52. — El legatario que no lo fuere de especie y dejare trans-currir el plazo señalado en el artículo 46 sin hacer uso de su derecho, sólo podrá exigir después la anotación preventiva sobre los bienes de la herencia que subsistan en poder del heredero;. pero no surtirá efecto contra el que antes haya adquirido e inscrito algún derecho sobre los bienes hereditarios.”

En el tomo 2 de Galindo y Escosura, Comentarios a la Legislación Hipotecaria de España, (art. 45) página 500, se dice lo siguiente:

“ * * * Todos los legatarios pueden pedir anotación en cual-quier tiempo; pero los efectos de ésta varían según el en que se pide y la clase de legatario que la pide.
“Siéndolo de cosa específica, pídala cuando la pida, conserva su dominio en toda su integridad; si no lo es de especie, puede tam-bién pedir en cualquier tiempo la anotación de' su derecho, según expresa el art. 52; pero según cuando la pida, producirá diversos efectos. Si la ha solicitado dentro de los ciento ochenta días, puede hacerla sobre cualesquiera bienes de la herencia; si después, sobre los que quedaren; pero sus derechos se conservan, se modifican o se pierden, según los casos.” ’

Y asimismo en la página 503 (artículo 50) se dice:

“El legatario que dejase transcurrir los ciento ochenta días si-guientes á la muerte del testador sin anotar” su derecho, sólo podrá exigir después la anotación preventiva sobre los bienes de la- herencia que subsistiesen en. poder del heredero, y se le preferirá en ellos a los acreedores que hubieran adquirido sus créditos después de la ano-tación; pero si aquel hubiera hipotecado los bienes de la herencia, la anotación que exija el legatario después de los ciento ochenta días, no perjudicará a los hipotecarios. No es esto decir que haya per-dido por completo su derecho; le quedarán acciones personales contra el heredero, que.realizará si éste posee otros bienes.”

Similarmente, en el tomo 6 de Manresa, Comentarios al Código Civil Español, (artículo 886), página 716, aparece la siguiente cita:

“El legatario de género o ele cantidad podrá exigir anotación del valor de su legado sobre cualesquiera bienes raíces de la herencia que no estén legados especialmente a otros, y sean bastantes a cubrirlo, aunque aparezcan ya anotados a favor de otro legatario de igual clase.
“Estas anotaciones pueden pedirse en cualquier tiempo; pero la ley distingue sus efectos, según que se pidan dentro de los ciento ochenta días siguientes a la muerte del testador, o después.
“Dentro de los ciento ochenta días el legatario elige, digámoslo así, los bienes que han de ser anotados entre los de la herencia. La ■ anotación de preferencia, en cuanto al importe de los bienes anotados, a estos legatarios sobre los que no hicieron uso de su derecho en el mismo término, y si la herencia fue aceptada puramente, sobre los acreedores del heredero y sobre cualquiera otro que con posterioridad a la anotación adquiera algún derecho sobre los bienes anotados, si bien, como queda dicho, en cuanto al importe de los bienes, y no al valor del legado. ■
“Los legatarios que anoten dentro de los ciento ochenta días no tienen preferencia alguna entre sí.
“Después del plazo de los ciento ochenta días los legatarios de género o cantidad sólo pueden pedir anotación preventiva sobre los bienes que, según el Registro, subsistan en poder del heredero,, de modo que si éste los hubiese enajenado o gravado en todo o en parte, el legatario no podría anotar más que los que quedasen al heredero, con los gravámenes que los afectaran. La anotación obtenida sólo da en este caso preferencia sobre cualquier acreedor del heredero que con posterioridad adquiera algún derecho sobre los bienes anotados, pero no sobre ningún otro legatario, aunque por su parte no solicite la anotación.”

También en la página 149 del tomo 3 de la obra Morel!, Comentarios a la Legislación Hipotecaria, (artículo 52), en-contramos lo siguiente:

“1. Relaciones entre estos legatarios y el heredero. — Pasados los ciento ochenta días el heredero puede inscribir libremente a su favor los biénes de la herencia, y se inscriben sin dificultad cuantos actos •de enajenación o gravamen hubiere realizado. El legatario sólo puede ya anotar los bienes que subsisten en poder del heredero, entendién-dose que no subsisten en su poder aquellos que hubiese transmitido con anterioridad, aunque la transmisión no resultase aun inscrita.
“2. Relaciones de los legatarios con los terceros adquirenles de hienes o derechos reales. — El art. 52 está bien claro. La anotación del legatario no surtirá efecto contra el que antes haya adquirido o inscrito algún derecho sobre los bienes hereditarios. Si ese derecho fué inscrito no procedería ya la anotación. Si no se halla aun ins-crito, pero se adquirió con anterioridad, la anotación procede, pero es ineficaz; probada la adquisición anterior, la anotación debe can celarse. ’ ’

El apelante está dispuesto a admitir que las prescripciones de la Ley Hipotecaria no pueden observarse literalmente y que un menor no puede ser obligado a actuar basta que tenga conocimiento positivo, por lo menos mientras es todavía un menor. Es un becbb establecido que dicha menor nada supo del legado hasta que llegó a su mayor edad, pero la prueba demuestra que ella no hizo la inscripción dentro de 180 días después de llegar a su mayoridad, o en alguna fecha posterior. El testamento disponía que el albacea pagara los legados en efectivo y la ignorancia de la' menor no puede afectar a los compradores por un término ilimitado. Nos inclinamos más bien al parecer de que después de 180 días cualquier acción que un legatario pueda tener es personalmente contra el albacea o los herederos. Si se establece una excepción en favor de un menor ésta- no puede ir más allá del tiempo en que dicho menor llegó a ser un adulto, ó 180 días después.

La corte aparentemente se fundaba en el artículo 29 de la Ley Hipotecaria, que prescribe lo siguiente:

“El dominio o cualquier otro derecho real que se mencione expre-samente en las inscripciones o anotaciones preventivas, aunque no esté consignado en el Registro por medio de una inscripción sepa-rada y especial, surtirá efecto contra tercero desde la fecha del asiento de presentación del título respectivo.
'.'Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de la obligación de inscribir especialmente los referidos derechos, y de la responsabilidad en que pueda incurrir la persona que en casos determinados deba pedir la inscripción.”

Por supuesto que un legado no es un derecho real anterior a la inscripción. ¿Lo convirtió en tal derecho real la mención? Oigamos lo que dicen los comentaristas:

“ * « =::= artículo 29 de la Ley se refiere únicamente al do-minio y derechos reales, y no ha de extenderse a los que, no teniendo ese carácter, se hacen constar por cualquier causa en el Registro.
“Deben, por tanto, tenerse por no mencionados y sin ningún efecto con relación a tercero/’ 2 Galindo y Escosura, Comentarios a la Legislación Hipotecaria, (art. 29), pág. 323.
“En cuanto a las menciones de derechos personales, no puede haber duda alguna.
“El art. 29 se refiere sólo a la mención del dominio o de los de-rechos reales. La mención de derechos personales o de obligación no puede perjudicar a tercero. Sin embargo, si la falta de cumplimiento de la obligación consignada debiera producir la rescisión del acto o contrato inscrito, y así constase en la inscripción, ha de tenerse pre-sente que, con arreglo al art. 37, la rescisión, si llegara a producirse, perjudicaría al tercero a quien se hubiese transmitido la finca o el derecho.
“La adjudicación de bienes determinados para pagos de deudas en una herencia, concurso o quiebra, no implica gravamen de natu-raleza real a favor de los acreedores, sino sólo una obligación personal del adjudicatario que puede retener los bienes y pagar los cré-ditos con metálico propio, a no ser que conste expresamente en la inscripción que las fincas quedan especialmente afectas al pago. Así se establece en el art. 45 de la Ley vigente, rectificando una extra-viada interpretación del Tribunal Supremo. Véase el comentario de dicho artículo.
“Cuando el derecho reservado en una escritura, es de naturaleza meramente personal, sólo produce efectos entre los otorgantes y sus sucesores a título universal, sin que afecte en ningún caso a.la inte-gridad del derecho real inscrito, por cuya razón la mención que de el se haga, no altera su naturaleza jurídica. (Resolución de 4 de diciembre de 1897.)” 2 Morell, Comentarios a la Legislación Hipo-tecaria, págs. 572-3.

Nos sentimos obligados a declarar que el artículo 29 no es aplicable a un caso de esta naturaleza. Aún cuando se resolviese que el artículo 29 de la Ley Hipotecaria era aplicable y la actuación del albacea al inscribir el testamento y hacer que se hiciera una mención en el registro fuera equivalente a inscribir un derecho real allí, sin embargo, tal inscripción no eximía a la demandante de la necesidad en que estaba de hacer alguna gestión de conformidad con los artículos 46 y 52 de la Ley Hipotecaria. El caso es análogo a otras anotaciones que no tienen el efecto de inscripciones hasta que el dueño del supuesto derecho real adopte alguna nueva gestión.

Debe revocarse la sentencia apelada y desestimarse la demanda.