text:
    Antonio Rullán Rivera, peticionario, v. Autoridad de Energía Eléctrica y Félix Parrilla Batista, recurridos, v. Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, Edwin Rivera Serrano, Sistema de Retiro de los Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, Otoniel Cruz Carrillo y Fulano De Tal, peticionarios.

      Números: CC-2008-952 AC-2008-88

      Resueltos: 30 de junio de 2010

      Joseph Deliz Hernández, abogado de Luis A. Rullán Rivera, peticionario en el caso CC-2008-952 y de Félix Parrilla Batista, apelado en el caso AC-2008-0088; Luis A. Defilló Ro-sas, Lilliam E. Mendoza Toro y Verónica Cordero Candela-ria, abogados de la Autoridad de Energía Eléctrica, recurrida en el caso CC-2008-952 y apelante en el caso AC-2008-0088; Joel I. Castro Pérez, abogado de la oficina del Procurador del Veterano, amicus curiae.

   El Juez Presidente Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

En esta ocasión nos corresponde determinar si la Ley Núm. 203 de 14 de diciembre de 2007 (29 L.P.R.A. secs. 735-743), conocida como la Carta de Derechos del Vete-rano Puertorriqueño del Siglo XXI (Ley Núm. 203), es de aplicación retroactiva. Específicamente, debemos resolver si las disposiciones de esta ley relacionadas con la acredi-tación de los años de servicio en las fuerzas armadas para los sistemas de retiro son aplicables a los empleados que ingresaron al servicio público y solicitaron la acreditación con anterioridad a la vigencia de ese estatuto. Tras exami-nar cuidadosamente el derecho aplicable, así como los ex-pedientes ante nuestra consideración, concluimos que la Ley Núm. 203, supra, es de aplicación prospectiva.

I

Los recursos de epígrafe versan sobre la misma contro-versia de Derecho. Por un lado, en el recurso CC-2008-952 el Sr. Luis Rullán Rivera nos solicita que revoquemos una sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones que de-terminó que la Ley Núm. 203 es de aplicación prospectiva. De otra parte, en el recurso AC-2008-0088 la Autoridad de Energía Eléctrica (A.E.E.) nos solicita la revocación del dic-tamen emitido por el foro apelativo intermedio en el cual un panel distinto al que atendió el caso del señor Rullán Rivera resolvió que, por ser más favorable al veterano que la ley anterior, la Ley Núm. 203 tiene efectos retroactivos.

A pesar de que ambos recursos presentan la misma cuestión de Derecho y se sustentan en hechos y alegaciones similares, el cauce procesal de cada caso es distinto, por lo que procederemos a detallarlos por separado.

A. El señor Rullán Rivera prestó servicio militar ac-tivo en la Marina de Estados Unidos durante cuatro años en tiempos de paz, desde septiembre de 1978 hasta sep-tiembre de 1982. Luego de concluir el servicio, comenzó a trabajar en la A.E.E.

En julio de 2003, el señor Rullán Rivera solicitó a esa corporación pública que le acreditara los cuatro años que sirvió en la Marina estadounidense como años de servicio en el Sistema de Retiro de los Empleados de la A.E.E.() En ese momento, la A.E.E. le notificó las cantidades que ha-brían de ser satisfechas para lograr la acreditación de los cuatro años solicitados.() No obstante, el señor Rullán Rivera no pudo realizar el pago que se le requirió correspon-diente a las aportaciones e intereses acumulados, por lo que desistió de su solicitud. Más adelante, en marzo de 2007 volvió a solicitar la acreditación de sus cuatro años de servicio. En esa ocasión, la A.E.E. le indicó que, según la ley vigente, sólo tenía derecho a que se le acreditaran dos años de servicio militar en tiempos de paz y señaló la can-tidad que sería pagada por aportaciones e intereses a base de esos dos años.

Posteriormente, en abril de 2007, el señor Rullán Rivera realizó el pago correspondiente a la acreditación de dos años de servicio, pero en noviembre del mismo año se co-municó nuevamente con la A.E.E. para que le acreditara los dos años restantes. Pendiente esta solicitud ante el Ad-ministrador del Sistema de Retiro, el 14 de diciembre de 2007, el Gobernador de Puerto Rico firmó la Ley Núm. 203.

En respuesta a la petición del señor Rullán Rivera, en febrero de 2008, la A.E.E. le informó que la ley vigente al momento de su solicitud era la Ley Núm. 13 de 2 de octu-bre de 1980 (29 L.P.R.A. ants. secs. 811 — 822), conocida como la Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño (Ley Núm. 13), la cual sólo contemplaba la acreditación de dos años de servicio militar en tiempos de paz. Por lo tanto, determinó que el señor Rullán Rivera no tenía derecho a la acreditación de más de dos años.

Insatisfecho con esa determinación, el señor Rullán Rivera presentó una solicitud de reconsideración ante la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro de los Empleados de la A.E.E. Expuso en su escrito que la aprobación de la Ley Núm. 203 en diciembre de 2007 había aumentado a cinco los años de servicio en tiempos de paz que son acre-ditables para retiro, por lo que solicitó que se le acredita-ran los cuatro años que había servido. En junio de 2008, la Junta de Síndicos denegó su moción de reconsideración y le indicó que la Ley Núm. 203 había sido aprobada en diciem-bre de 2007, por lo que la ley aplicable a su solicitud era la Ley Núm. 13. En vista de ello, sostuvo la determinación de acreditarle sólo dos años de servicio.

Ante el proceder de la Junta de Síndicos, el señor Ru-llán Rivera presentó un recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones y alegó que la Ley Núm. 203 había derogado la Ley Núm. 13, por lo que las dispo-siciones de esta última eran las aplicables a la acreditación de los años de servicio militar en tiempos de paz. El foro apelativo intermedio confirmó la decisión de la Junta de Síndicos y determinó que la Ley Núm. 203 no aplicaba re-troactivamente, por lo que el señor Rullán Rivera sólo te-nía derecho a la acreditación de dos años, según disponía la Ley Núm. 13.

Inconforme con el dictamen emitido por el Tribunal de Apelaciones, el señor Rullán Rivera presentó una petición de certiorari ante este Tribunal y alegó que la Ley Núm. 203 tenía efectos retroactivos, por lo que solicitó que revo-cáramos la sentencia del foro apelativo. Examinado su re-curso, acordamos expedir el auto de certiorari.

B. De otra parte, el Sr. Félix Parrilla Batista sirvió en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos durante cuatro años en tiempos de paz, de 1980 a 1984. Posteriormente, comenzó a trabajar en la A.E.E. y en marzo de 2004 pre-sentó una solicitud de acreditación de años de servicio para su retiro, la cual fue aprobada por esa entidad. Al infor-mársele las cantidades que habrían de ser satisfechas por aportaciones e intereses, acordó un plan de pago con la A.E.E., mediante el cual se realizarían descuentos a su sa-lario para abonar a la cantidad adeudada por la acreditación. No obstante, luego de realizar sólo los prime-ros dos pagos del plan, el señor Parrilla Batista solicitó que se suspendieran los descuentos para atender una situación económica personal. La A.E.E. accedió a su petición y sus-pendió los descuentos. Posteriormente, en mayo de 2006, el señor Parrilla Batista solicitó nuevamente la acreditación de los cuatro años de servicio militar y el reinicio del plan de pago a través de los descuentos a su salario. Sin embargo, en junio de 2006 el Sistema de Retiro de la A.E.E. le notificó al señor Parrilla Batista que sólo le acreditaría dos años de servicio militar y le informó la cantidad que debe-ría pagar para ello.

Inconforme con tal proceder, en agosto de 2006, el señor Parrilla Batista presentó una demanda de injunction y da-ños ante el Tribunal de Primera Instancia. En ésta, sos-tuvo que la A.E.E. debía acreditarle el tiempo total de cua-tro años de servicio militar y le solicitó al foro de instancia que emitiera un interdicto preliminar y permanente para ordenarle a la A.E.E. cumplir con su determinación original de acreditarle cuatro años. Además, reclamó daños y angustias mentales.

Luego de varios procedimientos ante el Tribunal de Pri-mera Instancia, las partes estipularon los hechos y acorda-ron que se trataba de una controversia de estricto derecho sobre el número de años de servicio militar acreditables para el sistema de retiro. En vista de ello, el foro primario dictó una sentencia en la que determinó que la Ley Núm. 203 disponía para la acreditación de hasta cinco años de servicio militar en tiempos de paz, por lo que concedió la petición del señor Parrilla Batista y le ordenó a la A.E.E. acreditarle los cuatro años solicitados. No obstante, ante una oportuna moción de reconsideración presentada por la A.E.E., el foro de instancia modificó su sentencia original y dispuso que, al no existir cláusula de retroactividad en la Ley Núm. 203, las leyes aplicables a la controversia eran la Ley Núm. 13 y la ley federal Uniformed Services Employment and Reemployment Rights Act of 1994, 38 U.S.C.A. secs. 4301-4335 (U.S.E.R.R.A.). Según el análisis del foro de instancia, la Ley Núm. 13 proveía para la acreditación de dos años de servicio militar en tiempos de paz, mientras que la U.S.E.R.R.A. disponía que se podrían acreditar hasta cinco años. Por ello, en vista de que la ley federal era más favorable al veterano, el tribunal reiteró su determi-nación de ordenar a la A.E.E. a acreditarle los cuatro años de servicio al señor Parrilla Batista, aunque por funda-mentos distintos a los esbozados originalmente.

Insatisfecha con tal determinación, la A.E.E. acudió al Tribunal de Apelaciones, el cual confirmó el dictamen del Tribunal de Primera Instancia. El foro apelativo interme-dio dispuso que el propósito principal de la Ley Núm. 203 había sido ampliar los beneficios existentes para los vete-ranos, por lo que debía interpretarse esta ley de la forma más liberal para validar el propósito del legislador. Por ello, sostuvo que el beneficio de acreditación de cinco años contenido en la Ley Núm. 203 debía concedérsele al señor Parrilla Batista.

Ante la decisión adversa del Tribunal de Apelaciones, la A.E.E. presentó un recurso de apelación ante este Tribunal y solicitó que revocáramos la sentencia del foro apelativo por entender que la Ley Núm. 203 no tiene efectos retroactivos. Examinada su apelación, la acogimos como una petición de certiorari por ser éste el recurso apropiado, expedimos el auto y ordenamos que se consolidara con el recurso presentado por el señor Rullán Rivera.

Con el beneficio de las comparecencias de las partes, así como un escrito de amicus curiae presentado por la Oficina del Procurador del Veterano, procedemos a resolver la con-troversia ante nuestra consideración.

II

A. La Ley Núm. 13 se aprobó con el propósito de garantizar ciertos derechos y beneficios a aquellos puer-torriqueños que han prestado servicio militar en las fuer-zas armadas estadounidenses y agrupar en una sola pieza legislativa las disposiciones aplicables a los veteranos que se encontraban dispersas en distintas leyes. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 13 (1980 Leyes de Puerto Rico 1032 — 1033).() Entre los derechos concedidos por esa ley se encuentran algunos relacionados con el trabajo, la educa-ción, los sistemas de retiro, la adquisición de propiedades y las obligaciones contributivas. 29 L.P.R.A. sec. 814. En cuanto a los derechos relacionados con los sistemas de re-tiro gubernamentales, el Art. 4C(a) de la Ley Núm. 13 dis-pone que:

Todo veterano que reingrese o que entre por primera vez al servicio del Estado Libre Asociado, sus agencias o instrumenta-lidades, corporaciones públicas o cuasi públicas o de los gobier-nos municipales y que pase a ser miembro participante de cual-quiera de los sistemas o fondos de retiro gubernamentales, tendrá derecho, en cualquier momento en que lo solicite, a que se le acredite a los fines de retiro, todo el tiempo que hubiere estado en servicio activo en las fuerzas armadas ..., incluyendo el tiempo que hubiere estado en servicio activo en las fuerzas armadas con anterioridad a la vigencia de esta ley. ... Los ser-vicios militares prestados en cualquier momento, en tiempo de paz, se limitarán a dos (2) años .... (Enfasis suplido.) 29 L.P.R.A. sec. 814 (ed. 2002).

Según se desprende del artículo citado, una vez un ve-terano ingrese o reingrese a un empleo en el Gobierno o en una de las entidades que la ley dispone y, a su vez, pase a formar parte de uno de los sistemas de retiro, podrá solici-tar que se le acrediten hasta dos años de servicio militar prestado en tiempos de paz. Ese artículo también expone la forma como se realizarán las aportaciones correspondien-tes a los años solicitados. Íd.

Durante su vigencia, la Ley Núm. 13 fue enmendada en varias ocasiones hasta ser derogada y sustituida por una nueva carta de derechos, la Ley Núm. 203, en diciembre de 2007.() Al aprobar esta última, la Asamblea Legislativa quiso atemperar las disposiciones de la Ley Núm. 13 a los cambios sociales ocurridos con el pasar de los años y, una vez más, recoger en una sola medida legislativa todos los beneficios que se encontraran dispersos en distintas leyes. Exposición de Motivos de Ley Núm. 203. http://www. lexjuris.com/lexlex/Leyes2007/lexl2007203.htm

En lo pertinente a la controversia ante nuestra consideración, el citado Art. 4C(a) de la Ley Núm. 13, supra, correspondiente a los derechos relacionados con los sistemas de retiro gubernamentales, pasó a ser el Art. 4(e)(1) de la Ley Núm. 203, el cual dispone lo siguiente:

(1) Todo veterano que entre por primera vez al servicio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus agencias o instru-mentalidades, corporaciones públicas o cuasi públicas o de los gobiernos municipales y que pase a ser miembro participante de cualquiera de los sistemas o fondos de retiro gubernamen-tales, tendrá derecho, mientras mantenga su estatus de parti-cipante en el mismo, en cualquier momento en que lo solicite, a que se le acredite a los fines de retiro, todo el tiempo que hubiere estado en servicio activo en las fuerzas armadas ... incluyendo el tiempo que hubiere estado en servicio activo en las fuerzas armadas con anterioridad a la vigencia de esta Ley.
(A) ... Los servicios militares prestados en cualquier mo-mento, en tiempo de paz, se limitarán a cinco (5) años .... (En-fasis suplido). 29 L.P.R.A. sec. 737(1).

A pesar de que la Ley Núm. 203 mantuvo esta disposi-ción esencialmente igual al antiguo Art. 4C(a) de la Ley Núm. 13, supra, el nuevo artículo se modificó para especi-ficar que el derecho a solicitar la acreditación de servicio militar aplica a los veteranos que ingresen por primera vez al servicio público y que la solicitud se deberá hacer mien-tras el veterano sea participante del sistema de retiro. íd., inciso (1). Además, se aumentó el número de años acredi-tables por servicio militar en tiempos de paz de dos a cinco años. Íd, inciso (1)(A). Asimismo, se añadieron nuevas dis-posiciones que estaban ausentes de la Ley Núm. 13 rela-cionadas con las aportaciones patronales e individuales —tanto para empleados del Gobierno como de la empresa privada— que habrán de realizarse cuando un empleado se reintegra a su empleo, luego de ser llamado al servicio activo. Íd., incisos (4) y (5).

A tono con el propósito de las Leyes Núms. 13 y 203 de proveer derechos y beneficios a los veteranos, al aprobar la Ley Núm. 203 el legislador dejó intacta la cláu-sula de interpretación que establece que “[e]sta ley deberá interpretarse en la forma más liberal y beneficiosa para el veterano. En caso de conflicto entre las disposiciones de esta ley y las disposiciones de cualquier otra ley, prevale-cerá aquella que resultare ser más favorable para el veterano”. Art. 10 de la Ley Núm. 203 (29 L.P.R.A. sec. 743); Art. 13 de la Ley Núm. 13 (reenumerado como Art. 10), 1980 Leyes de Puerto Rico 1046. http.7 /www.lexjuris. com/lexlex/leyes2007/lexl 2007203.htm

Por último, según el Art. 13 de la Ley Núm. 203, supra, el estatuto comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación, excepto en cuanto a los reglamentos que al amparo de ella deban formularse, los cuales se deberán adoptar y aprobar en los noventa días siguientes a la apro-bación de la ley. http://www.lexjuris.com/lexlex/leyes2007/ lexl2007203.htm

B. Como es sabido, en materia de interpretación de las leyes, el Art. 14 del Código Civil establece que “[c]uando la ley es clara libre de toda ambigüedad, la letra de ella no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu”. 31 L.P.R.A. sec. 14. Así, pues, si el lenguaje de la ley no crea dudas y es claro en cuanto a su propósito, su propio texto es la mejor expresión de la intención legislativa. Garriga Villanueva v. Mun. de San Juan, 176 D.P.R. 182 (2009); Depto. Estado v. U.G.T, 173 D.P.R. 93 (2008); Irizarry v. J & J Cons. Prods. Co., Inc., 150 D.P.R. 155, 164 (2000).

De otra parte, el Art. 3 del Código Civil establece que “las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren expresamente lo contrario”. 31 L.P.R.A. sec. 3. En este sentido, hemos expresado que la retroactividad de una norma, por ser una circunstancia excepcional, tiene que haberse establecido claramente por el legislador. Vargas v. Retiro, 159 D.P.R. 248, 269 (2003); Nieves Cruz v. U.P.R., 151 D.P.R. 150, 158 (2000). No obstante, este Tribunal ha reconocido —a modo de excepción— la aplicación retroac-tiva de una norma aun cuando el legislador no lo haya dispuesto expresamente, si esa interpretación es la más compatible con el propósito legislativo. Consejo Titulares v. Williams Hospitality, 168 D.P.R. 101, 108 (2006); Vélez v. Srio. de Justicia, 115 D.P.R. 533, 541-542. Véase, además, R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpre-tación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed. rev., San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, Vol. 1, pág. 391.

Con estos preceptos en mente, pasemos a analizar con-cretamente la controversia ante nuestra consideración.

III

A. El señor Rullán Rivera y el señor Parrilla Batista alegan, en síntesis, que la Ley Núm. 203 debe aplicar re-troactivamente en cuanto al número de años de servicio militar prestado en tiempos de paz que se pueden acreditar en los sistemas de retiro. Ambos sostienen que, en vista de que la Ley Núm. 203 derogó la Ley Núm. 13, esta última dejó de existir. Por lo tanto, según exponen, de no aplicarse retroactivamente la Ley Núm. 203, todos los veteranos que prestaron servicio militar antes de la vigencia de esa ley quedarían desprovistos de protección legal ante la desapa-rición de la Ley Núm. 13.() Entendemos que este argu-mento es claramente inmeritorio.

Por su parte, la A.E.E. sostiene que el hecho de que la Ley Núm. 203 disponga que ésta comenzará a regir inme-diatamente después de su aprobación y que no incluya una cláusula de retroactividad demuestra que el legislador no tuvo la intención de aplicarla retroactivamente. Por ello, alega que la Ley Núm. 203 aplica a aquellos empleados que advengan miembros de un sistema de retiro gubernamen-tal luego de la fecha de vigencia de ese estatuto. Coincidi-mos con este criterio.

Si bien es cierto que la Ley Núm. 13 fue derogada por la Ley Núm. 203 y que, para efectos prácticos, “dejó de existir”, ello no implica que las situaciones ocurridas con anterioridad a la vigencia de la Ley Núm. 203 queden en un vacío jurídico ante la aplicación prospectiva del nuevo estatuto. El hecho de que la Ley Núm. 13 no aplique a situaciones ocurridas después de 14 de diciembre de 2007 —fecha de vigencia de la Ley Núm. 203— no significa que no aplique a hechos ocurridos durante el tiempo que estuvo vigente. Es una regla elemental de hermenéutica que “[c]uando una ley es derogada, deja de existir. ... Para to-dos los efectos futuros es como si nunca hubiera existido, excepto en cuanto a los procedimientos pasados y terminados”. (Citas omitidas y énfasis suplido.) Bernier y Cuevas Segarra, op. cit, pág. 423. Precisamente, la aplicación prospectiva de la Ley Núm. 203 obliga a aplicar la Ley Núm. 13 a los eventos ocurridos con anterioridad a la vigencia del nuevo estatuto.

Contrario a las alegaciones de los señores Rullán Rivera y Parrilla Batista, la Ley Núm. 203 no aplica sólo a los veteranos que hayan prestado servicio militar a partir de su vigencia. En lo pertinente a la controversia de autos, la Ley Núm. 203, al igual que su predecesora, provee para la acreditación del servicio militar prestado “incluyendo el tiempo que hubiere estado en servicio activo en las fuerzas armadas con anterioridad a la vigencia de esta ley”. 29 L.P.R.A. sec. 737(e)(1).() El hecho de que el servicio militar se haya prestado antes del ingreso al sistema de retiro y de la aprobación de la ley no significa que quede excluido de la posibilidad de ser acreditado. () Según hemos señalado, an-teriormente, para efectos de los sistemas de retiro, “[l]a frase ‘servicio anterior’ abarca todo servicio prestado por un participante, independientemente de la fecha de su ingreso al Sistema de Retiro, siempre que éste cualifique para ser acreditado de acuerdo con lo establecido a esos efectos”. (Énfasis en el original.) Vargas v. Retiro, supra, págs. 264-265.

Una vez se determina que un servicio es acreditable, la ley dispone la manera como se llevará a cabo esa acreditación. Es decir, las condiciones en las que los referidos servicios serán acreditados dependen de la ley vigente cuando el empleado ingresó a un puesto en el servicio público y se convirtió en participante de un sistema de retiro.() Así, los veteranos tendrán certeza al momento de entrar al sistema de retiro sobre los beneficios a los que tendrán derecho. Por ello, el momento determinante para precisar cuál es la ley aplicable en cuanto al número de años de servicio militar acreditables es el momento en que el veterano entró al sistema de retiro, no el periodo durante el cual se prestó ese servicio ni cuando se hizo la solicitud de acreditación.

Tal y como hemos expuesto, tanto la Ley Núm. 203 como su predecesora la Ley Núm. 13 disponen cuáles servicios militares serán acreditables para efectos de los sistemas de retiro gubernamentales y, además, prescriben la manera en que se llevará a cabo tal acreditación. De ambas leyes, la vigente al momento en que el empleado ingresó a un puesto en el servicio público y se convirtió en participante de un sistema de retiro determina los servicios que serán acreditados, así como las condiciones de esa acreditación.

Así, los derechos prescritos en el Art. 4(e) de la Ley Núm. 203 beneficiarán a quienes ingresaron a un sistema de retiro gubernamental después de 14 de diciembre de 2007, toda vez que es esa la fecha de vigencia del estatuto y la Asamblea Legislativa no dispuso su aplicación retroactiva. El legislador tenía plena autoridad para deci-dir que todas o algunas de las disposiciones de la Ley Núm. 203 aplicaran retroactivamente. Aunque el legislador ex-presamente le confirió ciertos efectos retroactivos a algu-nas disposiciones de la Ley Núm. 203,() optó por no otor-garle un carácter retroactivo a ese estatuto en general ni, particularmente, a los derechos relacionados con los siste-mas de retiro.

No podemos ignorar la intención legislativa según plas-mada en el texto de la Ley Núm. 203. Tampoco existen circunstancias extraordinarias que requieran que el Art. 4(e) de la Ley Núm. 203, supra, se aplique retroactiva-mente, en ausencia de una disposición expresa al respecto por parte de la Asamblea Legislativa. Véanse, e.g.: Consejo de Titulares v. Williams Hospitality, supra; Vélez v. Srio. de Justicia, supra.

En una situación análoga a la de autos, surgida a raíz de la aprobación de la Ley Núm. 13 en 1980, resolvimos que, en ausencia de disposición expresa sobre la retroacti-vidad, ésta era de aplicación prospectiva. Específicamente, en Guardiola Pérez v. Morón, 114 D.P.R. 477 (1983), un veterano reclamó la acreditación de dos años de servicio militar en tiempos de paz. En aquel momento, la Ley del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno, Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 761 et seq.,( ) no proveía para la acreditación de servicio militar en tiempos de paz, por lo que el veterano alegó que la Ley Núm. 13 constituía una enmienda a ésta que le permitía acreditar el servicio militar prestado en tiempos de paz. Resolvimos entonces que, a pesar de que la Ley Núm. 13 efectivamente enmendaba las disposiciones de la Ley del Sistema de Retiro, la enmienda no tenía efec-tos retroactivos, pues ello no surgía del texto de la ley ni existían circunstancias extraordinarias que ameritaran apartarnos del principio general de irretroactividad de las leyes. Íd., pág. 480. A la misma conclusión llegamos en el día de hoy respecto a la Ley Núm. 203.

Reconocemos, al igual que lo ha hecho la Asamblea Le-gislativa a través de la adopción de las diversas leyes pro-tectoras de los veteranos, la importancia de otorgar bene-ficios y salvaguardar los derechos de aquellas personas que han dedicado parte de su vida al servicio militar. Sin embargo, en el ánimo de reconocer el servicio de estos ciuda-danos no podemos soslayar el principio de irretroactividad de las leyes que sirve como pilar de nuestro sistema de derecho y asegura la estabilidad de las relaciones jurídicas. En la medida en que el legislador estableció expresamente la aplicación prospectiva de la Ley Núm. 203 no debemos adoptar un curso de acción en el sentido contrario.

Cónsono con lo anterior, a los veteranos que entraron al servicio público e ingresaron un sistema de retiro después de 14 de diciembre de 2007 le cobijan las disposiciones de la Ley Núm. 203. Aquellos que entraron antes de esa fecha están cubiertos por la Ley Núm. 13. Se trata, a fin de cuentas, de una decisión legislativa de conceder cier-tos beneficios a partir de una fecha determinada.

B. Como argumento adicional a favor de la aplicación de la Ley Núm. 203, los señores Rullán Rivera y Parrilla Batista alegan que ésta contiene una disposición que re-quiere que se interprete de la forma más favorable al veterano. Según exponen, el conceder la acreditación de hasta cinco años de servicio prestado en tiempos de paz es más beneficioso que la acreditación de dos años que permi-tía la Ley Núm. 13, por lo que se deben aplicar las dispo-siciones de la Ley Núm. 203. No les asiste la razón.

Ciertamente, el Art. 10 de la Ley Núm. 203 dis-pone que ésta se deberá interpretar liberalmente de la manera que resulte más beneficiosa para el veterano y que, de existir conflicto entre dos leyes, se aplicará la que resulte más favorable para éste. 29 L.P.R.A. sec. 743. No obstante, en cuanto a la interpretación liberal de las leyes con propósitos reparadores hemos expresado que “[u]na interpretación liberal no puede ser fundamento para ignorar el texto de la ley”. S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 D.P.R. 345 (2009). Si luego de analizados el texto de la ley y la intención legislativa que motivó su aprobación aún persiste la duda en cuanto al alcance del estatuto, entonces la interpretación deberá favorecer a aquella parte a quien la Asamblea Legislativa quiso beneficiar. Íd. Por lo tanto, ante la claridad del texto de la ley, no podemos soslayarlo en aras de lograr una interpretación liberal que redunde en un mayor beneficio para el veterano. Es un hecho incontrovertible que la ley no contiene cláusula alguna de retroactividad, por lo que no podemos avalar una aplicación retroactiva.

Tampoco existe en el caso de autos un conflicto entre las leyes, pues tanto la Ley Núm. 13 como la Ley Núm. 203 son claras respecto al número de años de servicio militar que son acreditables para los sistemas de retiro y disponen el procedimiento que se ha de seguir para lograr la acreditación. Se trata, pues, de la aplicación temporal de cada ley, no de un conflicto irreconciliable entre dos esta-tutos sobre la misma materia, pues al derogarse la Ley Núm. 13, sus disposiciones no pueden confligir con las de la Ley Núm. 203.

C. Por último, el señor Rullán Rivera alega que la le-gislación federal U.S.E.R.R.A. debe aplicar por encima de la ley estatal por ser más beneficiosa al veterano, pues provee hasta cinco años de acreditación de servicio militar sin especificar si se prestaron en tiempos de paz o de guerra. Así resolvió el Tribunal de Primera Instancia en el caso del señor Parrilla Batista.() Sin embargo, entende-mos que esa interpretación es incorrecta en derecho.

La ley federal U.S.E.R.R.A. fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos para proteger los derechos de empleo de los veteranos y soldados, facilitar la transición a la vida laboral civil y prohibir el discrimen por haber prestado servicio militar. 38 U.S.C.A. sec. 4301. A estos efectos, la ley contiene una variedad de disposiciones que protegen a aquellos veteranos que solicitan un empleo por primera vez, luego de haber prestado servicio militar y a aquellos que dejan su empleo para irse al servicio activo y, luego de completarlo, regresan al trabajo.

En relación con las leyes estatales, U.S.E.R.R.A. dispone expresamente que la ley federal no afectará ninguna otra ley que contenga disposiciones más favorables al veterano que las allí expuestas. 38 U.S.C.A. sec. 4302. De igual forma, U.S.E.R.R.A. aplicará por encima de cualquier ley que limite, reduzca o elimine los beneficios que ésta contiene. íd.

En los recursos ante nuestra consideración, tanto el se-ñor Rullán Rivera como la sentencia emitida por el foro de instancia en el caso del señor Parrilla Batista se amparan en la U.S.E.R.R.A., 38 U.S.C.A. sec. 4312, para alegar que ésta aplica por encima de las leyes estatales.

La disposición de U.S.E.R.R.A. en 38 U.S.C.A. sec. 4312, titulada “Reemployment rights of persons who serve in the uniformed services”, contiene varias disposiciones dirigi-das a preservar los derechos de aquellas personas que se ausenten de su empleo por determinado periodo de tiempo por razón de prestar servicio militar. Entre éstas, se esta-blece que el veterano tendrá derecho a los beneficios de la ley si su ausencia del empleo, por razón de servicio militar, no excede un periodo de cinco años. Íd., inciso (a)(2). La referida sección y todos sus incisos se refieren a la situa-ción particular del empleado que regresa a su trabajo anterior después de prestar servicio militar, por lo que son inaplicables a aquellos veteranos que ingresan por primera vez en determinado empleo. Además, el periodo de cinco años mencionado en esa sección se refiere al tiempo máximo que el empleado se puede ausentar para prestar servicio militar sin perder sus derechos de empleo, y nada tiene que ver con la acreditación de años de servicio para un plan de retiro.

Por su parte, la A.E.E. alega que U.S.E.R.R.A. no aplica al caso de autos debido a una excepción contenida en la propia ley referente a los sistemas de retiro gubernamen-tales estatales. 38 U.S.C.A. sec. 4318. Sostiene que esa sec-ción exceptúa de sus disposiciones a los sistemas de retiro gubernamentales federales o estatales.

La citada sección 4318 sobre Employee pension benefit plans regula lo pertinente a la acreditación y aportaciones a sistemas de retiro para los veteranos que se reintegran a sus empleos luego de prestar servicio militar. Específica-mente, esta sección establece que, excepto determinados planes especiales regulados por separado, cualquier dere-cho relacionado con un plan de retiro de un patrono pri-vado o gubernamental de una persona que se reintegre a su empleo luego de haber prestado servicio militar (reem ployed) se regirá por lo dispuesto en esa sección. 38 U.S.C.A. sec. 4318(a)(1)(A). Contrario a lo que alega la A.E.E., la excepción contenida en el inciso (a)(1)(A) sólo se refiere a cierto tipo de plan que se regula por otras dispo-siciones, por lo que a los planes de retiro de los gobiernos estatales sí les aplica esa sección.

No obstante, la citada sección es clara al expresar que sus disposiciones aplican a los veteranos que reingresen a un empleo. En este sentido, la ley dispone que el tiempo de servicio militar se debe considerar como tiempo servido para el patrono para efectos de beneficios de retiro. Asi-mismo, dispone la forma como se hará la acreditación y las aportaciones a los planes de retiro.

En lo pertinente a la controversia ante nuestra conside-ración y el tiempo máximo de servicios acreditables, se in-dica que, una vez la persona se reintegra a su empleo luego de prestar servicio militar, tendrá derecho a los beneficios que hubiera acumulado durante ese tiempo, siempre que realice los pagos y las aportaciones necesarios para la acreditación. 38 U.S.C.A. sec. 4318(b)(2). Dispone, además, que los pagos se comenzarán a realizar a partir de la fecha de reingreso al empleo y tendrá hasta un máximo de cinco años para completarlos. Íd.

Según se desprende de las mencionadas disposiciones de la ley federal, en todo lo relacionado con la acreditación de años de servicio para sistemas de retiro, U.S.E.R.R.A. limita su aplicación a aquellas personas que se reintegran al empleo que tenían antes de partir a prestar servicio mi-litar (reemployment). Es decir, nada hay en la ley federal respecto a la forma como se acreditan los años de servicio militar prestados antes de que el veterano entre en deter-minado sistema de retiro. Por ello, las citadas disposicio-nes de la ley federal U.S.E.R.R.A. son inaplicables a la con-troversia de autos, toda vez que tanto el señor Rullán Rivera como el señor Parrilla Batista prestaron servicio militar antes de ingresar a la A.E.E. y formar parte del sistema de retiro de esa entidad. No se trata del reemployment que regula U.S.E.R.R.A., por lo que no hay un con-flicto entre la ley estatal y la federal. Ante el silencio del Congreso respecto a aquellas personas que entran por pri-mera vez a un sistema de retiro, después de concluido su servicio militar y el periodo máximo de acreditación a un sistema de retiro, aplica la ley estatal que disponga sobre este asunto.

IV

Por todo lo anterior, concluimos que la Ley Núm. 203 es de aplicación prospectiva y que la ley federal U.S.E.R.R.A. es inaplicable a esta controversia. Por lo tanto, los señores Rullán Rivera y Parrilla Batista sólo tienen derecho a que se le acrediten dos años de servicio militar para efectos de retiro, al amparo de la ley vigente al momento de su in-greso al Sistema de Retiro de la A.E.E., la Ley Núm. 13.

Por los fundamentos expuestos, se confirma la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones en el caso del señor Rullán Rivera (CC-2008-952) y se revoca aquella dictada en el caso del señor Parrilla Batista (AC-2008-88).

El Juez Asociado Señor Martínez Torres concurrió con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rivera Pérez no intervino.

      (1) El Sistema de Retiro de los Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (A.E.E.) se creó mediante la Resolución Núm. 200 de 25 de junio de 1945 de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Fuentes Fluviales, predecesora de la A.E.E., y se rige por las disposiciones del Reglamento que a esos efectos adopte su Junta de Síndicos. Este sistema de retiro es independiente del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno y sus Instrumentalidades, creado por la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951 (3 L.P.R.A. sec. 761 et seq.), según enmendada, por lo que esa ley no le aplica.

      (2) Para que se acrediten los años de servicio militar en un sistema de retiro, el veterano deberá pagar aportaciones e intereses determinados de acuerdo con su sueldo. Véanse: 29 L.P.R.A. sec. 737(e)(1)(A) y, anteriormente, 29 L.P.R.A. sec. 8140(a); 3 L.P.R.A. sec. 765a(a).

      (3) La Ley Núm. 13 derogó la primera Carta de Derechos del Veterano Puerto-rriqueño, Ley Núm. 469 de 15 de mayo de 1947 (29 L.P.R.A. secs. 761-775). A su vez, la Ley Núm. 13 sufrió varias enmiendas luego de su aprobación en 1980, entre las que se destacan aquellas incorporadas a raíz de la aprobación de la Ley Núm. 57 de 27 de junio de 1987 (29 L.P.R.A. secs. 823-823k), conocida como la Ley de la Oficina del Procurador del Veterano.

      (4) El Art. 11 de la Ley Núm. 203 derogó expresamente la Ley Núm. 13. http:// www.lexjuris.com/lexlex/Leyes2007/lexl2007203.htm

      (5) En su comparecencia como amicus curiae, el Procurador del Veterano esboza esencialmente los mismos argumentos que los señores Rullán Rivera y Parrilla Batista y sostiene que el historial legislativo demuestra que con la aprobación de la Ley Núm. 203 se buscó ampliar y mejorar los derechos de los veteranos puertorriqueños, por lo que sus disposiciones deben aplicar retroactivamente. Asimismo, alega que la Ley Núm. 203 adoptó los beneficios ya provistos por la ley federal U.S.E.R.R.A. por lo que se debe entender que ya ésta había derogado la Ley Núm. 13 en cuanto a este asunto, pues las disposiciones del estatuto federal son más favorables al veterano al proveer hasta cinco años de acreditación.

      (6) La Ley Núm. 13 disponía exactamente lo mismo en cuanto a este asunto. 29 L.P.R.A. sec. 8140(a).

      (7) El Art. 110 del Reglamento del Sistema de Retiro de la A.E.E. define “servicio anterior” como “el periodo de servicios prestados por un miembro con anterioridad a la fecha en que se convirtió en miembro y por el cual se concede crédito de conformi-dad con las disposiciones de este Reglamento”. A modo ilustrativo, en cuanto a los demás sistemas de retiro gubernamentales, la Ley de Retiro del Personal del Go-bierno expresamente autoriza la acreditación de “servicios anteriores”, según defini-dos en la ley, los cuales incluyen servicio militar prestado antes del ingreso del empleado a un sistema de retiro gubernamental. 3 L.P.R.A. secs. 763 y 765(e).

      (8) Esas condiciones establecidas en la ley incluyen aspectos tales como, por ejemplo, el momento cuando podrá hacerse la solicitud de acreditación, los intereses y aportaciones que ésta habrá de pagar y el número de años que se pueden acreditar, entre otras.

      (9) Véase el Art. 4(b)(5)(d) y 4(c)(2)(A), 29 L.P.R.A. sec. 737.

      (10) El caso hace referencia a la Ley Núm. 95 de 19 de junio de 1968, la cual fue una enmienda realizada a la Ley Núm. 447, supra.

      (11) En cuanto a la aplicación de la ley federal U.S.E.R.R.A., el señor Parrilla Batista alega que ese estatuto no es relevante ni aplicable al caso de autos, pues entiende que la Ley Núm. 203 permite la acreditación de cinco años.


source: Caselaw Access Project

author: La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

license: Public Domain

text:
    Mildred Vélez Cortés et al., demandantes y recurridos, v. Baxter Healthcare Corporation of Puerto Rico et al., demandados y peticionarios.

      Número: CC-2008-0394

      Resuelto: 1 de julio de 2010

      José A. Silva Cofresí, Juan J. Casillas Ayala, Eva Y. Mundo Sagardía y Reggie Díaz Hernández, de Fiddler, González & Rodríguez, PSC, abogados de Baxter Healthcare Corporation of Puerto Rico, parte demandada y peticionaria; Charles S. Hey Maestre, Luis Arnauri Suárez Zayas y Ada-lina De Jesús Morales, abogados de Mildred Vélez Cortés et al., parte demandante y recurrida.
   La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco

emitió la opinión del Tribunal.

(En reconsideración)

Tenemos ante nos la controversia de si las indemnizacio-nes por años de servicio o por cesantía efectuadas de forma voluntaria por un patrono a sus empleados pueden acredi-tarse a las indemnizaciones correspondientes al amparo de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, conocida como Ley de Despido Injustificado, 29 L.P.R.A. sec. 185a et seq., en caso de que los despidos sean determinados como injustificados. Concluimos que aquellas indemnizacio-nes por años de servicio o cesantía efectuadas con anteriori-dad a la vigencia de la Ley Núm. 278 de 15 de agosto de 2008 (29 L.P.R.A. sec. 185g), son acreditables a la mesada otorgada mediante la Ley Núm. 80, supra. Esto, particular-mente porque las indemnizaciones por años de servicio o cesantía adelantan los mismos propósitos de la mesada.

I

Baxter Healthcare Corporation of Puerto Rico, Inc. (en adelante Baxter) es una corporación foránea organizada al amparo de las leyes del estado de Alaska, que se dedica a la manufactura de productos médicos y farmacéuticos en Puerto Rico. Por su parte, los recurridos trabajaron para Baxter mediante un contrato sin tiempo determinado, co-menzando en distintas fechas desde 1961.

El 19 de octubre de 1995, Baxter anunció el cierre de operaciones de la planta de Carolina como parte de un es-fuerzo para mejorar su capacidad competitiva. Las cesan-tías de los empleados que laboraban en ella se efectuaron en distintas fechas hasta que Baxter decretó su cierre total el 20 de noviembre de 1998 y transfirió la mayoría de la pro-ducción de la planta de Carolina a otras plantas que tenía ubicadas en Estados Unidos y en otros municipios de la isla.

En varios “Boletines” circulados, Baxter expresó su en-tendimiento de que los despidos eran justificados. No obs-tante, ofreció a sus empleados una indemnización que de-nominó “mesada” y determinó la suma que le correspondía a cada empleado valiéndose de la fórmula establecida en la Ley Núm. 80, supra, al momento en que tomó la decisión del cierre. Añadió a esa suma un diez por ciento (10%).() La indemnización así computada sería pagada el último día de trabajo a aquellos empleados que cualificaran.() Baxter, además, mantuvo otros beneficios para los emplea-dos cesanteados, tales como la cubierta de plan médico y dental y el beneficio de maternidad a toda empleada em-barazada al día de su cesantía.()

Desde abril de 1999 hasta octubre de 2001 varios em-pleados incoaron cuatro (4) demandas contra Baxter por causa de los despidos provocados por el cierre durante 1998.() Las reclamaciones se basaban en alegados despi-dos injustificados, represalias y discrimen por razón de edad al amparo de la Ley Núm. 80, supra; la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959 (29 L.P.R.A. sec. 146 et seq.) y la Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991 (Ley de Represalias contra el Empleado), 29 L.P.R.A. sec. 194 et seq.

Luego de las argumentaciones correspondientes, el Tribunal de Primera Instancia dictó una sentencia parcial a favor de los recurridos el 19 de diciembre de 2002. Ésta fue enmendada el 28 de abril de 2003 para ser emitida como sentencia final. () En ella, el foro de instancia declaró “con lugar” la reclamación incoada por los recurridos al amparo de la Ley Núm. 80, supra. Concluyó que el despido de los empleados había sido injustificado y que, por lo tanto, te-nían derecho a que Baxter les pagara la indemnización que disponía la Ley Núm. 80, supra, honorarios y costas, y or-denó a las partes a reunirse y computar las cuantías individuales. Indicó que, de ser necesaria la intervención del tribunal en este último aspecto, se señalaría una vista evidenciaría. Por otra parte, denegó la solicitud de sentencia sumaria que fuera interpuesta por Baxter en cuanto a la reclamación de los recurridos al amparo de la Ley Núm. 100, supra.

Así las cosas, Baxter acudió al entonces Tribunal de Cir-cuito de Apelaciones para solicitar que se revisara la deter-minación del foro de instancia. El tribunal apelativo inter-medio revocó el dictamen del tribunal de instancia y desestimó la demanda presentada contra Baxter en su totalidad. Concluyó el foro a quo que la prueba había demos-trado que el cierre de la planta de Carolina fue una decisión en el curso ordinario de los negocios. Por ende, los despidos fueron justificados según las disposiciones de la Ley Núm. 80, supra, ya que la empresa solamente tenía que tomar en consideración a los empleados de Baxter en Carolina y no a la totalidad de sus empleados en las distintas plantas de la isla al momento del cierre de sus operaciones.

Inconformes, los empleados recurridos acudieron ante este Tribunal. Mediante Sentencia de 30 de junio de 2005, revocamos al tribunal a quo y restituimos la del Tribunal de Primera Instancia. Determinamos que no había un cie-rre total, temporero o permanente de la empresa según el Art. 2 de la Ley Núm. 80 (29 L.P.R.A. sec. 185b), sino un traslado de las operaciones de la planta de Carolina a otras plantas de la misma empresa. Expresamos que un cierre total de operaciones implicaba que el patrono desconti-nuaba de forma absoluta las operaciones de negocio.() Por lo tanto, concluimos que los despidos fueron injustificados; que los empleados tenían el derecho a la indemnización correspondiente, y reinstalamos la determinación del foro primario en cuanto a la reclamación mediante la Ley Núm. 80, supra. Asimismo, ordenamos que se continuaran los procedimientos en cuanto a las reclamaciones por represa-lias y discrimen. No obstante, en esa ocasión no atendimos la controversia que se presenta hoy ante nos: si procedía acreditar la indemnización por años de servicio o cesantía a la indemnización en concepto de mesada según la Ley Núm. 80, supra.

Devuelto el caso al Tribunal de Primera Instancia, los recurridos instaron una moción en la que peticionaron que se ordenara el pago de la mesada. Informaron que “[d]e los aproximadamente 300 demandantes, estamos de acuerdo en la compensación total de 209 de éstos, mantenemos diferencias respecto a la compensación total de 92 deman-dantes y hay 6 demandantes que la parte demandada no reconoce”.()

Apuntaron que el conflicto había surgido debido a que Baxter sostenía que solamente debía pagar la diferencia en-tre la cantidad que les correspondía a los empleados como indemnización al amparo de la Ley Núm. 80, supra, y las sumas de dinero pagadas por la empresa a los trabajadores en ocasión del despido. Sobre el particular, los empleados alegaron que no procedía la pretensión de Baxter, ya que ésta nunca había alegado el pago parcial como defensa afir-mativa al contestar la demanda de 10 de mayo de 1999, a la que fueron consolidados los demás casos, de modo que en-tendían que había renunciado al planteamiento.

El 19 de junio de 2006, Baxter se opuso a la solicitud de los recurridos y, a su vez, peticionó que se le acreditara la compensación entregada a los recurridos al pago de la mesada. La empresa argüyó que la cuantía pagada en oca-sión del despido fue denominada y notificada a los recurri-dos como “mesada”. Además, sostuvo que esa compensación poseía las mismas características y el mismo propósito de la indemnización que concedía la citada Ley Núm. 80, por ha-berse computado a base de los años de servicio y el salario más alto devengado, más un diez por ciento (10%) adicional a lo que requería el estatuto. Argumentó que, no hacer el descuento de la cantidad ya pagada, resultaría en una doble compensación y en un enriquecimiento injusto por parte de los recurridos. Por otra parte, Baxter también alegó que no había renunciado a la defensa de pago, ya que ésta estaba incluida en la defensa de aceptación como finiquito. Asi-mismo, fue su contención que la información había surgido del descubrimiento de prueba y de las mociones presentadas sin que fuera refutada por los recurridos.

A su vez, argüyó que, al consolidarse los tres (3) casos siguientes con el pleito original, quedaron incorporadas to-das las defensas invocadas en los distintos casos, como si se tratase de uno solo con una sola alegación responsiva.

Evaluados los argumentos, mediante sentencia emitida el 3 de octubre de 2006, el Tribunal de Primera Instancia no concedió la acreditación de la compensación pagada por Baxter y ordenó a éste a pagar a cada recurrido “la canti-dad total de la indemnización dispuesta en la Ley 80”, el pago del interés legal de cinco punto veinticinco por ciento (5.25%), acumulado y computado a partir de abril de 2003 hasta la fecha de su entrega o consignación, así como los honorarios de abogado. Razonó el tribunal que la compen-sación al amparo de la Ley Núm. 80, supra, no estaba li-mitada por concepto alguno; que las doctrinas y defensas alegadas fueron traídas por primera vez ante su conside-ración en la etapa de ejecución de sentencia por lo que habían sido renunciadas por Baxter, y que “con arreglo a la doctrina de la Ley del Caso, los planteamientos relaciona-dos con la reclamación de la Ley 80, la cual fue objeto de adjudicación por [el Tribunal de Primera Instancia], al igual que por el Tribunal Supremo al confirmar la senten-cia parcial, no pueden traerse por primera vez, reexami-narse ni modificarse en esta etapa”.

Oportunamente Baxter acudió al Tribunal de Apelaciones. El 17 de abril de 2008, el foro apelativo inter-medio dictó una sentencia en la que confirmaba la Resolu-ción del Tribunal de Primera Instancia. Determinó que se-gún la Doctrina de la Ley del Caso, nuestro mandato fue que procedía el pago de la mesada, sin especial acreditación de cuantía alguna. Apuntó que Baxter efectuó el pago por mera liberalidad y no con la intención de cumplir con la legislación social. En cuanto a la imposición de los intereses, el Tribunal de Apelaciones sostuvo la procedencia del pago de intereses de la mesada de los doscientos nueve (209) em-pleados —cuyas cuantías no están en disputa— que habría de computarse desde el momento que se había dictado la Sentencia Sumaria Parcial. Sin embargo, quedaron exclui-dos del pago de intereses desde el 28 de abril de 2003 aque-llas mesadas sobre las cuales existía una controversia bona fide.

Inconforme, Baxter acudió ante nos y señaló la comisión de los errores siguientes:

1. Erró el Tribunal de Apelaciones al enmendar por fiat judicial la exclusividad de remedios innata en la Ley de Despido Injustificado y reiterada en innumerables ocasiones por el Tribunal Supremo, provocando así un serio estado de incertidum-bre en las relaciones obrero patronales en la isla.
2. Erró el Tribunal de Apelaciones al negarse a acreditar a Baxter las cuantiosas sumas ya pagadas en concepto de me-sada o por razón de terminación del empleo la cantidad adeu-dada por dicho concepto apartándose del mandato de la propia ley.
3. Erró el Tribunal de Apelaciones al aplicar la Doctrina de la Ley del Caso amparándose en su interpretación del silencio del TPI en su sentencia de 2003 y las expresiones aisladas emitidas en votos particulares al denegarse la reconsideración solicitada por Baxter en el recurso que estuvo previamente ante esta alta curia en el 2005.
4. Erró el Tribunal de Apelaciones al ignorar el hecho del pago efectuado por Baxter; sus consecuencias liberadoras y el que ordenar el pago de la mesada sin el descuento correspondiente constituye un remedio excesivo.
5. Erró el Tribunal de Apelaciones al imponer el pago de inte-reses legales antes de que existiese una sentencia ordenando el pago de una suma de dinero específica. Es decir, antes de que existiese una sentencia ejecutable pues el asunto de la cuantía quedó expresamente postergado para una vista evidenciaría.

El 9 de marzo de 2009 emitimos sentencia para confir-mar al Tribunal de Apelaciones por estar igualmente divididos.() No obstante, presentada una moción de recon-sideración por Baxter, la acogimos. Procedemos a resolver.

II

Como expresáramos, en la sentencia de 30 de jimio de 2005, este Tribunal no atendió la controversia de si proce-día acreditar la indemnización por años de servicio o ce-santía a la indemnización en concepto de mesada mediante la Ley Núm. 80, supra. Nuestro análisis se limitó a la jus-tificación de los despidos y la reinstalación de la determi-nación del foro primario en cuanto a la reclamación según ese estatuto. Por lo tanto, a priori, no aplica la Doctrina de la Ley del Caso a la controversia ante nos. No estamos reexaminando asuntos ya considerados. In re Fernández Díaz I, 172 D.P.R. 38 (2007); Noriega v. Gobernador, 130 D.P.R. 919 (1992). En consecuencia, incidió el Tribunal de Apelaciones al determinar lo contrario.

III

Por otro lado, los recurridos alegaron que no procedía la pretensión de Baxter, ya que ésta nunca alegó el pago total ni parcial de la compensación económica como defensa afir-mativa en su contestación a las primeras dos (2) demandas instadas de modo que había renunciado al planteamiento. Argumentan que, ante tal cuadro, Baxter no podía alegar la falta de acreditación de las cuantías pagadas a la mesada adeudada, lo que a su entender fue planteado en enero de 2006.

Examinemos las contestaciones de Baxter a las deman-das presentadas. Ciertamente, en las primeras dos (2) con-testaciones Baxter no presentó como defensa el pago de la indemnización provista en la Ley Núm. 80, supra. Como hemos señalado,

“[d]e ordinario la consolidación de [los] pleitos no tiene el efecto de que automáticamente las partes y alegaciones de uno se conviertan en partes y alegaciones del otro.” Vives Vázquez v. E.L.A., 142 D.P.R. 117, 144 esc. 24 (1996), citando a Cuadrado v. García, 99 D.P.R. 154, 157 (1970).

Pero como señala correctamente la decisión del foro ape-lativo, Baxter alegó y sometió prueba para demostrar que había satisfecho la indemnización “según los criterios adoptados por el legislador en la Ley 80” y, por consi-guiente, la defensa quedó incorporada como enmienda a las alegaciones.() Regla 13.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III; Ordriozola v. S. Cosmetic Dist. Corp., 116 D.P.R. 485, 506 (1985); Srio. del Trabajo v. Vélez, 86 D.P.R. 585 (1962).

IV

La Ley Núm. 80, supra, fue adoptada con el propósito de proteger al obrero que ha sido privado injustificadamente de su trabajo y, a su vez, para desalentar este tipo de despido al imponerle al patrono el pago de la indemnización conocida como la mesada. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 D.P.R. 364 (2001). Por medio de la mesada se busca compensar particularmente al empleado por el daño sufrido; proveerle de una suma de dinero que le permita atender sus necesidades básicas en lo que consigue un nuevo empleo, y tal como hemos expresado recientemente, “reconocer el tiempo dedicado por el obrero a la empresa”. Orsini García v. Srio. de Hacienda, 177 D.P.R. 596 (2009).

La cuantía que ha de otorgarse como mesada se com-puta según la fórmula establecida en la Ley Núm. 80, supra. El estatuto exigía al momento del despido que:

Todo empleado de comercio, industria o cualquier otro nego-cio o sitio de empleo, designado en lo sucesivo como el estable-cimiento, donde trabaja mediante remuneración de alguna clase contratado sin tiempo determinado, que fuere despedido de su cargo sin que haya mediado una justa causa, tendrá de-recho a recibir de su patrono, además del sueldo que hubiere devengado:
(a) El sueldo correspondiente a un mes por concepto de in-demnización, si el despido ocurre dentro de los primeros cinco (5) años de servicio; el sueldo correspondiente a dos (2) meses si el despido ocurre luego de los cinco (5) años hasta los quince (15) años de servicio; el sueldo correspondiente a tres (3) meses si el despido ocurre luego de los quince (15) años de servicio.
(b) Una indemnización progresiva adicional equivalente a una semana por cada año de servicio.
Los años de servicio se determinarán sobre la base de todos los períodos de trabajo anteriores acumulados que el empleado haya trabajado para el patrono antes de su cesantía, pero ex-cluyendo aquéllos que por razón de despido o separación anterior le hayan sido compensados o hayan sido objeto de una adjudicación judicial. 29 L.P.R.A. sec. 185a (ed. 2002).

El derecho del empleado despedido “sin justa causa” a recibir la indemnización así computada es irrenunciable. 29 L.P.R.A. sec. 185i. Es más, “no está sujeta a descuento alguno de nómina incluyendo el del seguro social federal. Cualquier interpretación en contrario desvirtúa el fin loable que persigue la ley”. Alvira v. SK & F Laboratories Co., 142 D.P.R. 803, 812 — 813 (1997). Esto, por no considerársele salario, sino una indemnización. Íd. Ahora bien, la mesada es el remedio exclusivo para los empleados despedidos injustificadamente cuando no exista “alguna otra causa de acción al amparo de otras leyes que prohíban el despido y concedan otros remedios”. García v. Aljoma, 162 D.P.R. 572, 597 (2004). Véase Porto y Siurano v. Bentley P.R., Inc., 132 D.P.R. 331 (1992). Véase, también, Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Guía Revisada de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, enmendada, San Juan, El Departamento, 2000, pág. 49. Asimismo, hemos señalado que “[c]onceder una indemnización al amparo de dos (2) leyes distintas que tienen los mismos elementos, criterios y dependen de la misma prueba, penalizaría al patrono dos (2) veces por un s[o]lo acto”. Belk v. Martínez, 146 D.P.R. 215, 241 (1998). Véase S.L.G. Afanador v. Roger Electric Co., Inc., 156 D.P.R. 651 (2002).

Teniendo presente la normativa señalada sobre despido injustificado, en el caso de autos nos corresponde examinar si es acreditable una indemnización por años de servicio o cesantía al pago de una mesada. Esto, en momentos en que este tipo de práctica no había sido atendida en nuestro ordenamiento y previo a que este Tribunal adjudicara que el despido de los empleados por motivo del cierre de una de las plantas del patrono —al no reubicar a los empleados cesanteados— fue sin justa causa. Tal examen nos exige indagar sobre la práctica de las indemnizaciones por años de servicio y cesantía, así como interpretar la Ley Núm. 80, supra, según ésta disponía al momento del despido. Al ha-cerlo, mantenemos presente que, “hay que atribuir siem-pre a la ley el sentido que mejor responda a la realización del resultado que por ella se quiere obtener”. García Commercial v. Srio. de Hacienda, 80 D.P.R. 765, 774 (1958). Asimismo, según nuestra jurisprudencia, debemos inter-pretar la citada Ley Núm. 80 liberalmente, en favor de los derechos del trabajador debido a su carácter reparador. Belk v. Martínez, supra.

En Estados Unidos, frecuentemente los patronos ofre-cen de forma voluntaria indemnizaciones por años de ser-vicio o cesantía (conocidas en inglés como severance pay). Tales indemnizaciones han sido definidas como dinero (aparte del salario) pagado por el patrono a un empleado cesanteado. Black’s Law Dictionary, 9na ed., Minnesota, Ed. West Pub., 2009, pág. 1498. En su mayoría, éstas son entregadas de forma voluntaria como ayuda económica al obrero en lo que éste consigue un nuevo trabajo. Véase A. Mechele Dickerson, Approving Employee Retention and Severance Programs: Judicial Discretion Run Amuck?, 11 Am. Bankr. Inst. L. Rev. 93, 95 (2003). Además, entre las principales razones por las que los patronos dan este tipo de indemnizaciones se encuentra el evitar los litigios futuros. Black’s, op. cit.

Como expresáramos, en Puerto Rico esta práctica no contaba con ningún tipo de normativa hasta que recientemente fuera incorporada en nuestro ordenamiento mediante la Ley Núm. 278 de 15 de agosto de 2008, supra. Esto, en reconocimiento de la práctica de diversas empre-sas en proceso de cierre de compartir la liquidación de sus bienes con los obreros lo que “facilita que los empleados cesanteados tengan mayores recursos disponibles para en-frentar su difícil situación de desempleo”. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 278, supra. http://www.lexjuris .com/lexlex/Leyes2008/lexl2008278.htm Mediante la Ley Núm. 278, supra, la Asamblea Legislativa optó por otor-garle a las indemnizaciones por años de servicio o cesantía igual trato contributivo que a la mesada. Art. 2 de la Ley Núm. 278, supra. Al así hacerlo, aclaró que “[e]stas cuan-tías en nada afectan el cómputo o derecho a reclamar la compensación y la indemnización progresiva, dispuesta en la sec. 185a de este título”. 29 L.P.R.A. sec. 185g.

Asimismo, en Orsini García v. Srio. de Hacienda, supra, este Tribunal tuvo la oportunidad de distinguir las diferen-cias conceptuales entre la mesada al amparo de la Ley Núm. 80, supra, las indemnizaciones por años de servicio o cesantía otorgados por el patrono a la luz de la Ley Núm. 278, supra, y las indemnizaciones condicionadas a un “acuerdo de relevo”. Aun cuando el referido caso analizaba particularmente los acuerdos de relevo, en éste reconoci-mos que la mesada, así como la indemnización por años de servicio o cesantía “tienen la misma finalidad de reparar el daño que provoca la pérdida de un empleo. No obstante, se diferencian entre sí respecto al tipo de obligación por la cual el patrono tiene que responder”. Orsini García v. Srio. de Hacienda, supra, pág. 629.

No obstante, recalcamos que al momento de los hechos del caso de autos todavía la Asamblea Legislativa no se había pronunciado respecto a este tipo de indemnización, ni tampoco este Tribunal había tenido oportunidad de considerarlo. Por consiguiente, debemos limitarnos al orde-namiento existente al momento de los hechos. Art. 3 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3.

Conforme a lo reseñado, la indemnización por años de servicio o cesantía cumple con los mismos propósi-tos que la Asamblea Legislativa figuró para los empleados cesanteados mediante la mesada, particularmente, indem-nizar el daño sufrido por el empleado al ser cesanteado y ofrecer una ayuda económica en lo que éste consigue un nuevo empleo.

En el caso de autos, Baxter expresó la voluntad de cum-plir con los propósitos de la Ley Núm. 80, supra, y proveer una indemnización por cesantía calculada según ésta res-pecto a aquellos empleados que fueran cesanteados por el cierre de la planta: el sueldo correspondiente a un mes por indemnización y una indemnización progresiva adicional equivalente a una semana por cada año de servicio.() A esta indemnización Baxter añadió un diez por ciento (10%) adicional. Posteriormente, durante 1997, ofreció un au-mento en el cómputo de la indemnización, sujeto a la firma de un relevo, a todo aquel empleado cesanteado después de 19 de octubre de 1995. Esto ocurrió sólo a meses desde que la fórmula de la Ley Núm. 80, supra, fuera enmendada mediante la Ley Núm. 234 de 17 de septiembre de 1996, supra.( )

El pronto desembolso de la indemnización, previo al co-mienzo del pleito, promueve la política pública que inspira la Ley Núm. 80, supra, porque proporciona la tan necesi-tada ayuda tan pronto el empleado ha sido cesanteado. En este caso, Baxter reconoció el carácter indemnizatorio de las sumas que han de entregarse sin aceptar la falta de justificación del despido. Esto último no es necesario para considerar una indemnización por años de servicio o cesan-tía como mesada.

Visto en ese contexto, la indemnización voluntaria pro-veía mayor beneficio al empleado puesto que éste contaba con gran parte de la indemnización a la que tenía derecho en caso de que en su día recayera sentencia para declarar el despido injustificado. De otra forma, hubiese tenido que esperar a que culminara el procedimiento judicial y, por consiguiente, sufrir ciertas dificultades económicas, entre otros apuros, durante la espera.

Por lo tanto, concluimos que el reconocimiento de la acreditación de la indemnización por los años de servicio o cesantía cumple con los propósitos reparadores de la me-sada y promueve, a su vez, la continuación de este tipo de conducta por parte de los patronos que, de otra manera, simplemente esperarían a que recaiga la determinación judicial correspondiente^) Además, concluir lo contrario re-presentaría una doble compensación por parte del patrono por los mismos daños.

Reconocemos que el despido o la separación involuntaria del empleo es un evento inquietante en la vida del empleado y su familia. En Puerto Rico, el Estado ha decidido proteger mediante la mesada al empleado que se encuentra en una posición de desventaja en relación con el patrono, pero de igual forma, el patrono no debe ser obligado a pagar nuevamente o por encima tal indemnización porque en principio la pagara de forma voluntaria. En vista de ello, concluimos que la acreditación de una indem-nización por años de servicio o cesantía dada por el patrono con anterioridad a la vigencia de la Ley Núm. 278, supra, cuyo objetivo era el mismo de la mesada, sirve de beneficio al empleado. Sin embargo, por ésta ser insuficiente para cubrir la totalidad de la mesada correspondiente al mo-mento del despido y ésta ser irrenunciable por el empleado, solamente provee un crédito a Baxter. Por consiguiente, los empleados tienen derecho a toda otra suma adeudada en concepto de mesada.

V

Baxter alega que el Tribunal de Apelaciones incidió al imponer el pago de intereses legales antes de que existiese una sentencia ejecutable en la que se hubiese fijada la cuantía y en la que constara el tipo de interés, pues el asunto de la cuantía había quedado expresamente poster-gado para una vista evidenciaría.

Por su parte, los recurridos expresan que el pago de los intereses es mandatorio desde que se dicta la sentencia, por lo que si Baxter quería evitarlos debió haber consig-nado la parte de la indemnización que reconocía.

Aunque ciertamente la Sentencia de 28 de abril de 2003 no especificó la cuantía que ha de pagarse en concepto de mesada a cada empleado cesanteado, sí reconoció el dere-cho de los empleados a recibir una mesada conforme a la Ley Núm. 80, supra. La citada Ley Núm. 80 provee una fórmula que permite, de no haber otro tipo de controversia respecto a la indemnización, determinar fácilmente la cuantía en cuestión.()

Respecto a la fijación del interés legal, la Regla 44.3 de Procedimiento Civil expresa, en lo pertinente, que:

Se incluirán intereses al tipo que fije por reglamento la Junta Financiera de la Oficina del Comisionado de Instituciones Fi-nancieras y que esté en vigor al momento de dictarse la sen-tencia, en toda sentencia que ordena el pago de dinero a com-putarse sobre la cuantía de la sentencia desde la fecha en que se dictó la sentencia y hasta que ésta sea satisfecha, inclu-yendo costas y honorarios de abogado. El tipo de interés se hará constar en la sentencia. 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 44.3(a).

Conforme expresamos en Municipio de Mayagüez v. Rivera, 113 D.P.R. 467, 470 (1982), “es mandatorio el que un tribunal, al dictar una sentencia en que ordene el pago de dinero, imponga el pago de interés al tipo legal sobre la cuantía de la sentencia sin excepción de clase alguna”. No obstante, los “intereses forman parte integrante de la sentencia que se dicte y ... pueden ser recobrados aun cuando no se mencionen en la misma”. Íd., pág. 471 esc. 6.

Baxter solamente disputó la indemnización de noventa y ocho (98) empleados, ya sea por el crédito que alegaba tener o por no reconocerlos como demandantes. Respecto a los demás doscientos nueve (209) demandantes, Baxter no cuestionó la indemnización correspondiente. Por lo tanto, no erró el Tribunal de Apelaciones al sostener que precedía el pago de intereses de la mesada de los doscientos nueve (209) empleados, cuyas cuantías no están en disputa, a computarse desde el momento en que se dictó la sentencia sumaria parcial. No así respecto a aquellas mesadas sobre las cuales existe una controversia bona fide.

VI

En conformidad con lo anterior, reconsideramos nuestra Sentencia de 9 de marzo de 2009 y revocamos en parte el dictamen del Tribunal de Apelaciones, ya que procede la acreditación de la indemnización por cesantía desembol-sada por Baxter a la indemnización correspondiente en concepto de mesada. Por otro lado, confirmamos en parte la sentencia recurrida en cuanto al pago de intereses de la mesada. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Ins-tancia para que continúe los procedimientos en conformi-dad con esta determinación.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez emitió una opinión de conformidad. La Jueza Asociada Señora Fiol Matta disintió sin opinión escrita.

Opinión de conformidad emitida por la

Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

El caso de referencia ha tenido una trayectoria tortuosa no tan solo ante los foros de instancia, donde se está liti-gando hace once años, sino también ante este Tribunal. E.g., Vélez v. Baxter, 166 D.P.R. 475 (2005); Vélez Cortés v. Baxter Healthcare, 175 D.P.R. 729 (2009). Hoy, un año des-pués de nuestro dictamen más reciente, el Tribunal lo reconsidera.() Por los fundamentos que expresé en mi opi-nión disidente en este caso en marzo de 2009, procede re-considerar nuestra sentencia confirmatoria. En su lugar, debemos revocar al Tribunal de Apelaciones que dictaminó que la compensación voluntaria que la peticionaria Baxter Healthcare Corp. le había concedido a los empleados que laboraron en su planta de Carolina no podía acreditarse el pago que ésta tiene que hacerles por mesada mediante la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, 29 L.P.R.A. sec. 185a et seq. (Ley Núm. 80). Véase Vélez Cortés v. Baxter, supra. Por el contrario, respecto al cómputo de los intereses efectuado por el foro apelativo, procede confir-mar el dictamen apelativo. Íd.

Al reconsiderar su posición anterior, el Tribunal hace suyo el razonamiento de la opinión disidente de 9 de marzo de 2009, aunque sin referirse a éste. En consideración a ello, reproduzco íntegramente nuestras expresiones ante-riores:

I

La Ley Núm. 80 “le brinda a los trabajadores que han sido despedidos sin justa causa, la oportunidad de disfru-tar de una indemnización que les permita suplir sus nece-sidades básicas durante el tiempo que les pueda tomar con-seguir un nuevo empleo”. (Enfasis nuestro.) Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 D.P.R. 364, 375 (2001).

El Artículo 1 de la Ley Núm. 80 dispone que todo em-pleado que trabaja mediante remuneración de alguna clase, contratado por tiempo indeterminado, que es despe-dido de su cargo sin que haya mediado justa causa, tiene derecho a recibir de su patrono “en adición [sic] al sueldo que hubiere devengado: (a) el sueldo correspondiente a un mes por concepto de indemnización; (b) una indemnización progresiva adicional equivalente a una semana por cada año de servicio”. (Enfasis nuestro.) 29 L.P.R.A. sec. 185a. Como vemos, la compensación a la que tiene derecho todo empleado está descrita en la ley como una “indemni-zación”. Siendo así, su objetivo es “resarcir los daños sufri-dos a consecuencia del despido. Esta indemnización no equivale a una remuneración o salarios por los servicios prestados ni constituye un sustituto del sueldo”. Alvira v. SK & F Laboratories Co., 142 D.P.R. 803, 809 (1997). Su propósito es, como ya apuntamos, ayudar a “suplir [las] ... necesidades básicas [del empleado cesanteado] durante el tiempo que [tome] conseguir un nuevo empleo”. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., ante, pág. 375.

En Alvira v. SK & F Laboratories Co., ante, reconocimos que este tipo de protección que la ley le brinda a los em-pleados y obreros de nuestro país es “único”. Unjust Dismissal, Ch. 10.40, Sec. 10.40[1][a] (2007) (“Puerto Rico is unique in having legislation providing compensation for any employee under an indefinite term contract who is discharged without good cause.”) En tal rigor, el tratadista Lex Larson comenta lo siguiente:

Puerto Rico is unique in having legislation providing compensation for any employee under an indefinite term contract who is discharged without good cause.
Puerto Rico has enacted what amounts to a mandatory severance pay statute. This law provides indemnity to employees under indefinite term contracts that are discharge without good cause. The indemnification consists of one month’s salary and one week’s salary for each year worked prior to discharge. Employees are further entitled to back pay due them, and any amounts already earned in commissions and pay for vacation time not taken due to work demands. Unjust Dismissal, Ch. 9, Sec. 9A.04[1], pág. 9A-53.

Por otro lado, dado el carácter reparador de la Ley Núm. 80, hemos reiterado que ésta deberá ser interpretada libe-ralmente a favor de los derechos del trabajador. Belk v. Martínez, 146 D.P.R. 215 (1998). Ello no obstante, también hemos destacado que es injusto penalizar a un patrono dos veces por los mismos hechos. S.L.G. Afanador v. Roger Electric Co., Inc., 156 D.P.R. 651 (2002); Belk v. Martínez, ante. A tales efectos, en Belk v. Martínez, ante, pág. 241, indicamos:

Como la Ley Núm. 100, supra, compensa por los daños su-fridos por el empleado, estos daños incluyen remediar los mis-mos que la Ley Núm. 80, supra, indemniza. La Ley Núm. 100, supra, compensa adecuadamente todos los daños que sufre el empleado despedido. Conceder una indemnización al amparo de dos (2) leyes distintas que tienen los mismos elementos, cri-terios y dependen de la misma prueba, penalizaría al patrono dos (2) veces por un solo acto. (Enfasis nuestro.)

En S.L.G. Afanador v. Roger Electric Co., Inc., ante, pág. 667, nos reiteramos en esta norma, y señalamos que “si un demandante presenta una causa de acción contra su pa-trono por despido injustificado y discriminatorio, de deter-minar, el tribunal, que el despido, más que injustificado, fue en efecto discriminatorio, no se concederá una indemniza-ción bajo las dos leyes en cuestión, ... pues ello constituiría una doble penalización motivada por unos mismos hechos”. (Énfasis nuestro.) De modo que hemos resuelto que no pro-cede conceder una doble indemnización a un empleado des-pedido sin justa causa, cuando las reclamaciones instadas bajo distintos estatutos tienen los mismos elementos y cri-terios, se fundamentan en irnos mismos hechos y dependen de la misma prueba, pues ello supondría una doble penali-dad para el patrono y una doble indemnización para el empleado.

Por otra parte, hemos expresado en innumerables oca-siones que la compensación que establece la ley, conocida como la mesada, es el remedio exclusivo ante el despido injustificado. S.L.G. Afanador v. Roger Electric Co., Inc., ante; Díaz v. Wyndham Hotel Corp., ante; Vélez Rodríguez v. Pueblo Int’l, Inc., 135 D.P.R. 500 (1994).

Expuesta la doctrina general, pasemos a aplicarla a la controversia que hoy pende ante nuestra atención.

II

A. En su recurso, Baxter arguye que incidió el Tribunal de Apelaciones al no acreditar a la mesada las cuantías ya pagadas a la fecha de la cesantía de los empleados. En apoyo a su posición esgrime variados argumentos. Princi-palmente, aduce que ordenar el pago de la mesada sin acre-ditar lo ya pagado a los empleados tiene el efecto de penali-zar doblemente al patrono por irnos mismos hechos, lo que hemos rechazado en el pasado. E.g., Belk v. Martínez, ante; S.L.G. Afanador v. Roger Electric Co., Inc., ante. Indicó, que la compensación otorgada a los empleados a la fecha de su cesantía obedeció al interés del patrono de asegurar que és-tos contaran con los recursos económicos necesarios hasta obtener un nuevo empleo, es decir, que sirve el mismo pro-pósito que persigue la Ley Núm. 80. Apunta además, que la mesada provista por la Ley Núm. 80 es el único remedio disponible ante un despido injustificado, por lo que el no acreditar las cantidades ya pagadas al pago de la mesada que ordenamos, representa un remedio en exceso de lo que contempla la propia ley. Tiene razón Baxter cuando argu-menta que de no acreditarse el pago ya hecho a lo que adeuda en concepto de mesada, conlleva su doble penalization por irnos mismos hechos.

En este caso, la compensación voluntaria hecha por Baxter tiene todas las características del pago de mesada de la Ley Núm. 80 y se computa siguiendo los lineamientos de esta ley. Ya indicamos que Baxter en sus comunicaciones a sus empleados le describió el pago que haría como mesada y les informó también cómo lo calcularía. Fórmula que es similar a lo dispuesto en la Ley Núm. 80. Baxter calculó su pago a base de un mes de sueldo, una semana de sueldo por cada año de servicio, más el 10% de esa suma. La Ley Núm. 80, a su vez dispone, como ya adelantamos, que la mesada se paga a base del sueldo que hubiera recibido el empleado, el sueldo correspondiente a un mes y una indemnización adicional equivalente a una semana por cada año de servicio en el empleo. Se advierte de inmediato la gran similitud de la fórmula utilizada para el pago tanto de la mesada de la Ley Núm. 80 y el pago efectuado por Baxter por terminación de empleo.

Además, el pago hecho por Baxter participa de las carac-terísticas de una indemnización tal y como ocurre con la mesada de la Ley Núm. 80. Baxter le indicó a sus empleados que este pago tenía como propósito “ayudar al empleado en la transición al cierre de planta’b Boletín Informativo No. 16 de 20 de junio de 1997. En otras palabras, la compensación concedida participa de las características de una indemniza-ción, pues tenía como propósito resarcir los daños que oca-sionaba la pérdida de empleo por el cierre de la planta. Este es precisamente el fin que persigue el pago de mesada que ordena la Ley Núm. 80, según resolvimos en Alvira v. SK & F Laboratories Co., ante.

El hecho de que el pago hayh sido voluntario o que se aseveraba que fue en agradecimiento a los años de servicio, no detrae de la naturaleza reparadora del pago efectuado. Con lo cual, los paralelos con la mesada que ordena la Ley Núm. 80 son evidentes. Somos del criterio que imponer el pago de nueva partida por un mismo concepto y basado en unos mismos hechos —el cierre ¡de la planta de Carolina— es claramente una acción punitiva contra el patrono que se revela, a nuestro juicio, irrazonable. No se justifica que en esta ocasión nos desviemos de lo que ha sido nuestra tra-yectoria de, por un lado, proteger al obrero de prácticas inescrupulosas del patrono, pero a la vez, rechazar la pe-nalización doble del patrono por unos mismos hechos y un mismo concepto.()

B. El Tribunal de Apelaciones y los recurridos recha-zan el planteamiento de Baxter de que se le acredite al pago de la mesada al amparo de la Ley Núm. 80 los dineros ya pagados a los empleados cesanteados, según el funda-mento que este asunto fue ya adjudicado en la sentencia que dictamos en este caso el 30 de junio de 2005. No tienen razón.

Señalamos anteriormente que en el caso que se trajo ante nuestra consideración la única controversia que se adjudicó fue si el despido de los empleados de Baxter fue injustificado o no de acuerdo con lo dispuesto en la Ley que dictamos en este caso el 30 de junio de 2005. No tienen razón. 80. Contestamos esa'pregunta en la afirmativa y devolvimos el caso para qué' se computara el pago de la mesada. No estaba ante nüestra consideración el asunto sobre el crédito, por lo qué no pudo haber sido objeto de nuestro dictamen.

La expresión individual en reconsideración de tres jue-ces de este Tribunal sobre este asunto, no cambia la con-troversia en efecto resuelta en nuestra sentencia. No cabe hablar entonces de la doctrina de la ley del caso tal y como nos plantea la parte recurrida.

Y es que la única controversia que adjudicó el tribunal de primera instancia en su sentencia de 28 de abril de 2003, y que posteriormente revisamos, fue precisamente si hubo justa causa para el despido. Sobre el cómputo de la mesada, el foro primario les ordenó a las partes a reunirse para determinar su monto y les indicó que si no podían llegar a un acuerdo se celebraría una vista evidenciaría para determinar la cuantía. El planteamiento con respecto los cómputos que por hacer y qué créditos, si alguno, de-bían reconocerse, era un asunto por dilucidarse más tarde, como en efecto ocurrió.

Por otro lado, somos del criterio que si bien al contestar la primera demanda presentada en su contra Baxter no presentó la defensa afirmativa de pago, si incluyó la de aceptación del pago como finiquito o la doctrina de acepta-ción y pago, y en ésta se encuentra subsumida la doctrina del pago como defensa.

Por otra parte, en varias de las demandas instadas con posterioridad a esa primera, Baxter sí presentó esta defensa. Como ya relatamos al inicio, todos los casos fue-ron posteriormente consolidados. En atención a lo anterior, somos del criterio que en efecto se encuentra válidamente ante nuestra atención la contención de Baxter respecto el pago hecho ya a los empleados cesanteados y su plantea-miento de que se le acredite al pago de mesada ordenado.

III

Por último, Baxter alega que resulta improcedente la imposición de intereses cuando el tribunal nunca ha fijado las cuantías adeudadas a los demandantes ni consta en la sentencia el tipo de interés a pagarse. Por lo que, ausente una determinación sobre una suma líquida, no existe obli-gación alguna de pagar intereses retroactivos a la fecha de la sentencia parcial enmendada. No tiene razón.

La Regla 44.3 de Procedimiento Civil, dispone que “[s]e incluirán intereses al tipo que fije por reglamento la Junta Financiera de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras y que está en vigor al momento de dictarse la sentencia, en toda sentencia que ordena el pago de dinero, a computarse sobre la cuantía de la sentencia desde la fe-cha en que se dictó la sentencia y hasta que ésta sea satis-fecha ...”. 32 L.P.R.A. Ap. III. El texto citado es claro al hacer mandatorio que un tribunal, al dictar sentencia en la que ordena la entrega de dinero, imponga el pago de inte-rés al tipo legal sobre la cuantía de la sentencia, sin excep-ción de clase alguna. Gutiérrez v. A.A.A., 167 D.P.R. 130 (2006).

En el caso ante nuestra consideración no se ha fijado el monto final de la cuantía que Baxter adeuda a los emplea-dos demandantes. Ello no obstante, sí se había ordenado desde el 28 de abril de 2003, el pago de la mesada y este es un cómputo que se hace a base de la fórmula que se esta-blece en la propia Ley Núm. 80. Lo que restaba entonces era el cálculo matemático a base de una fórmula preestablecida. El mandato de pagar ya estaba vigente.

En vista de ello, tiene razón el foro apelativo cuando concluye que procede el pago de intereses desde que se dictó sentencia parcial (28 de abril de 2003) sobre las me-sadas de los doscientos nueve empleados sobre las que no hay controversia. Sobre los demás casos donde hay dispu-tas sobre las mesadas, los cuales requieren la celebración de una vista evidenciaría para su fijación, no procedería el pago de intereses a partir del 28 de abril de 2003, sino más bien desde la fecha en que finalmente se determine la cuantía de la mesada.

IV

Por los fundamentos expuestos en la opinión disidente de marzo de 2009, estoy conteste con el curso de acción en este caso. Sólo lamento que haya tenido que transcurrir un año para que prevaleciera lo que considero es la postura más correcta.

      (1) Asimismo, Baxter Healthcare Corporation of Puerto Rico, Inc. (en adelante Baxter) consideró las posiciones que ocupaban los empleados para el 19 de octubre de 1995, momento del aviso de cierre, al computar la indemnización para evitar que aquellos empleados que se vieron obligados, a consecuencia del cierre, a ocupar una posición de menor salario no se perjudicaran. Apéndice 11 de la petición de certiorari, pág. 124.

      (2) “Tbdo empleado que renuncie o sea despedido [por ausentismo o acción disciplinaria] no cualifica.” Apéndice 11 de la Petición de certiorari, págs. 112-122. No obstante, el empleado podía solicitar ser cesanteado, ya sea por conseguir otro empleo o alguna otra razón, y recibiría los mismos beneficios que los demás emplea-dos despedidos, incluyendo la indemnización. Baxter cesanteaba a quienes se aco-gían a la cesantía de forma voluntaria y posteriormente recurría a la política de cesantía de la compañía que era “por seniority de acuerdo a la clasificación afectada, excepto en los casos voluntarios”. Íd. pág. 111.

      (3) Apéndice 11 de la Petición de certiorari, págs. 110 y 122.

      (4) Las demandas fueron presentadas el 22 de abril de 1999, el 30 de noviembre de 1999, el 15 de junio de 2000 y el 14 de septiembre de 2001, respectivamente. Posteriormente, fueron consolidadas.

      (5) El Tribunal de Primera Instancia enmendó su dictamen para convertirlo en una sentencia final, al añadirle la advertencia de que no existía razón para posponer el dictamen hasta la resolución total del pleito y cumplir así con la Regla 43.5 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap.III.

      (6) La Ley Núm. 95 de 30 de julio de 2007 enmendó el Art. 2(d) de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, conocida como Ley de Despido Injus-tificado, 29 L.P.R.A. sec. 185a et seq., a los efectos de que “en aquellos casos en que la empresa posea más de una oficina, fábrica, sucursal o planta, el cierre total, tempo-rero o parcial de las operaciones de cualquiera de estos establecimientos, constituirá justa causa para el despido a tenor con [la sección 185b]”.

      (7) Apéndice 20 de la Petición de certiorari, pág. 388.

      (8) Al momento de emitir la sentencia original, este Foro estaba compuesto por el Juez Presidente Señor Hernández Denton, el Juez Asociado Señor Rivera Pérez, la Jueza Asociada Señora Fiol Matta y la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez. En ese momento emitimos una sentencia para confirmar al Tribunal de Apelaciones por estar igualmente divididos. La Jueza Asociada Señora Fiol Matta emitió una opinión de conformidad a la cual se unió el Juez Asociado Señor Rivera Pérez. Asi-mismo, la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez emitió una opinión disidente, a la que se unió el Juez Presidente Señor Hernández Denton.

      (9) Esto a diferencia de la Regla 13.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. En Srio. del Trabajo v. J.C. Penney Co., Inc., 119 D.P.R. 660 (1987), determinamos que las enmiendas a las alegaciones son permitidas para clarificar o ampliar la defensa previamente interpuesta al amparo de la Regla 13.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Esto para salvaguardar el carácter sumario del procedimiento.

      (10) 29 L.P.R.A. sec. 185a.

      (11) Conforme al Boletín Informativo Núm. 13 de 24 de octubre de 1996, Baxter informó lo siguiente:
      “La ayuda económica de un (1) mes, una semana por [ciada año de servicio y un 10% del total continuará. El gobierno de Puerto Rico enmendó la Ley 80 (Ley de Mesada). La Ley 80 es para penalizar al patrono cuando despide injustamente (ile-galmente) al trabajador. Como les he indicado en el pasado, un cierre de Planta por razones de reestructuración económico es legal y por lo tanto por ley no tiene que indemnizar a sus trabajadores. Baxter aunque por ley no tiene que indemnizar a sus empleados, decidió hacerlo de manera voluntaria. Estará pagando una ayuda (me-sada) de más de ocho millones de dólares”. Apéndice 11, Petición de certiorari, pág. 130.
      A mediados de 1997, Baxter aumentó la indemnización un 48% sujeto a la firma de un relevo y aplicable exclusivamente a empleados que fueron elegibles a la in-demnización por cierre, “o sea todo empleado que recibió mesada en o después del 19 de octubre de 1995”. Íd., págs. 133 y 137.

      (12) No podemos perder de vista que tanto al momento de tomar la decisión de cierre como al momento de despedir a los recurridos este Tribunal no se había ex-presado sobre la falta de justificación del despido por el cierre de una planta ni la Asamblea Legislativa se había legislado al respecto. El patrono, a su vez, desconocía sobre la situación jurídica en nuestro ordenamiento de una indemnización por años de servicio o cesantía y los acuerdos de relevo entre patrono y empleados. El patrono no podía prever la futura aprobación de este Tribunal respecto a este último tipo de acuerdo.

      (13) Véase M. Albaladejo, Derecho Civil: Derecho de Obligaciones, 8va ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1989, Vol. I, pág. 91 (“[U]na cosa es que la cuantía no esté fijada numéricamente, y otra que, estándolo, no se haya aún expresado el total de la misma, por ser necesaria todavía una simple operación aritmética, es indudable que también son líquidas aquellas deudas la expresión cuyo montante sólo depende de taloperación”).

      (1) El 9 de marzo de 2009, este Tribunal dictó una Sentencia en el caso de epígrafe en la cual confirmó al Tribunal de Apelaciones por encontrarse igualmente dividido el Tribunal. El foro apelativo intermedio había resuelto que la compensación voluntaria que le había concedido Baxter a los empleados cesanteados de su planta en Carolina, no podía acreditarse al pago de la mesada al amparo de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, 29 L.P.R.A. sec. 185a et seq., que se le ordenó pagarse. En aquella ocasión, la Jueza Asociada Señora Fiol Matta emitió una opinión de conformidad a la que se unió el Juez Asociado Señor Rivera Pérez, y la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez emitió una opinión disidente a la que se unió el Juez Presidente Señor Hernández Denton. Véase Vélez Cortés v. Baxter Healthcare, 175 D.P.R. 729 (2009).

      (2) No podemos pasar por alto también que el legislador ya expresó su criterio de que el cierre total, temporero o parcial de las operaciones de una fábrica constituye justa causa para el despido, de acuerdo con la Ley Núm. 80. Ley Núm. 95 de 30 de julio de 2007. No nos parece razonable, y por el contrario lo consideramos injusto, imponer en este caso una nueva penalidad pór algo ya atendido por el legislador.