author: El Juez Asociado Señou Cóudova DÁvila,

text:
    Jesús Estela, demandante y apelante, v. Mario Mercado e Hijos, demandada y apelada.
    No. 5855.

    Sometido: Enero 17, 1933.

      Resuelto: Febrero 17, 1933.

      López de Tord c£ Zoyas Pizarro, abogados del apelante; Tous Soto & Zapater, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señou Cóudova DÁvila,

emitió la opinión del tribunal.

La presente es una acción iniciada para remover y des-truir un estorbo de carácter público. Se imputa a la deman-dada el hecho de haber cerrado un camino que, según el demandante, ha sido destinado desde tiempo inmemorial al servicio público. Se alega en la demanda- que la sociedad demandada es dueña de una finca denominada “Buena Vista”, que está atravesada por la carretera insular que une a G-ua-yanilla con Ponce y que radica en el barrio Playa de Guaya-nilla; que frente a la piedra que marca el kilómetro 5, hee-tómetro 3 de dicha carretera, sitio el Peñoncillo, se halla la entrada de nn camino qne atraviesa terrenos de la hacienda Buena Vista y une la carretera de Guayanilla a Ponce, con el poblado denominado La Playa de Guayanilla; que dicho camino tiene alrededor de 6 metros de ancho y una longitud de unos 200 y pico de metros; que este camino se viene usando desde tiempo inmemorial por todos los vecinos de Guayanilla, especialmente por los vecinos de la Playa de Guayanilla que tienen acceso desde la carretera, camino que los dueños de la Hacienda Buena Vista han respetado siem-pre, sosteniendo a cada lado una cerca de alambre para de-jarlo completamente separado de los terrenos de la hacienda para beneficio del público; que el demandante Jesús Estela es dueño de dos fincas, una de 70 cuerdas y otra de 50, radi-cadas en el' municipio de Guayanilla, barrio Las Magas, que tiene sembradas de cañas de azúcar, y las cuales cañas, en virtud de contrato con la Central Bocachica del barrio Capi-tanejos de Juana Díaz, las transporta por medio del ferro-carril de la American Railroad Company of Puerto Rico; que dicha American Railroad Company convino en establecer un cargadero para el traslado de dichas cañas en lugar contiguo al poblado de la Playa, de Guayanilla, el cual fue suspendido al ser cerrado el camino que daba acceso a dicho cargadero por la aquí demandada Mario- Mercado e Hijos, y que el ferrocarril está dispuesto siempre a continuar y terminar dicho cargadero y que para conducir las cañas hasta dicho sitio el demandante tiene necesidad de pasar con carros de bueyes por el mencionado camino; que en diciembre del año 1929, la demandada colocó en la entrada de dicho camino un portón que mantiene continuamente cerrado por medio de candado, negándose dicha demandada a mantener abierto dicho camino, a pesar de la protesta de los vecinos, inclu-yendo el aquí demandante, y que el demandante no puede llevar sus cañas hasta el cargadero que se está construyendo sin usar el mencionado camino que obstruye la demandada; que es la primera vez que dicha demandada impide el tránsito por dicho camino y que dicha obstrucción constituye un es-torbo público, ya que impide el libre tránsito por un camino vecinal sobre el cual la demandada no tiene un interés superior al de la comunidad, constituyendo asimismo dicho portón un estorbo privado, ya que priva individualmente al demandante de su uso, y que las actuaciones de la demandada se deben al hecho de haber el demandante dejado de ser su colono, y haber hecho un contrato de molienda con otra central, tomando así represalias contra el aquí demandante y que con tal motivo el demandánte para cumplir con su contrato con la Central Bocachica se ha visto obligado a llevar sus cañas a larga distancia hasta la zona urbana de G-uayanilla, cuya distancia no le permite al demandante hacer un traslado en forma regular, dando esto lugar a que parte de dichas cañas se pierdan por exceso de madurez y causán-dole al demandante la acción de la demandada al obstruir dicho camino daños y perjuicios de consideración, irreparables o de difícil determinación, careciendo el demandante de todo re-medio rápido y eficaz en el curso ordinario de la ley, con excepción de la acción para remover dicho nuisance, y que la demandada a pesar de ser requerida, se ha negado a quitar dicho portón y que una compensación pecuniaria en este caso no constituye un remedio adecuado, siendo la remoción de dicho nuisance necesaria para evitar una multiplicidad de procedimientos.

La demandada niega en su contestación el carácter público del camino que ha sido obstruido, alegando que dicho camino es un callejón privado de la hacienda Buena Vista que parte cerca de su eolidaneia norte, y atraviesa dicha finca de norte a sur, cortando la carretera insular y terminando en el mar. Niega que dicho camino se haya usado por tiempo inmemorial y alega que hace muchos años quedó interrumpido el tránsito de carros con motivo de la construcción de las vías del ferro-carril que lo cortó por un talud que se eleva a considerable altura sobre el nivel del mismo y sobre una alcantarilla de dos metros sesenta centímetros.

La Corte de Distrito de Ponce dictó sentencia declarando sin lugar la demanda y condenando en costas al demandante. No conforme éste con el fallo dictado, interpuso el presente recurso de apelación. Examinaremos en primer término las cuestiones fundamentales planteadas por el apelante en los errores tercero, cuarto y quinto, y tocaremos de paso algunos puntos discutidos en el primer error que se relacionan con la inspección ocular.

Alega el demandante que la corte inferior erró al desestimar la demanda bajo la teoría de que la acción ejercitada se basa en una servidumbre de paso para beneficio de su propiedad, cuando en realidad lo que el demandante pide en este caso es la destrucción de un estorbo público que impide el uso del mencionado camino vecinal no solamente al demandante sino también a los demás vecinos de la jurisdicción. Alega además el apelante que la corte erró al no resolver que el mencionado camino ha sido consagrado al uso público desde tiempo inmemorial y que por lo tanto el dominio del mismo ha prescrito a favor del público, mediante consagración para tal objeto, de acuerdo con la doctrina de esta corte en Saldaña v. Concejo Municipal de San Juan, 15 D.P.R. 37.

No hay duda de que el fin que persigue la parte actor a es la remoción de un estorbo que, según sus alegaciones, im-pide a los vecinos y al propio demandante el uso de un camino que desde tiempo inmemorial, ha sido consagrado al público. La corte inferior dice en sus conclusiones que el mencionado camino parte de la antigua factoría de la hacienda Buena Vista y termina en la Playa. En la diligencia de ins-pección ocular el juez hace constar que la entrada de este camino es por la plaza de la hacienda Buena Vista y no por la carretera. Los abogados del demandante arguyen que estas conclusiones de la- corte no están justificadas, ya que la carretera insular intercede entre dicha finca y el camino. Convenimos con los abogados del apelante en que lo único que pudo observar la corte en la inspección ocular es que hay un camino que va desde el establecimiento de la hacienda hasta la carretera, y que cerca de ella hay nn camino que parte de la carretera y llega al mar, que es el camino en litigio. Se hace, sin embargo, la observación de que la corte no pudo decir que se tratara de un mismo camino, o de caminos distintos, porque para averiguarlo habría tenido que depender de manifestaciones que le hicieran personas que no habían prestado juramento. No debemos olvidarnos de que la inspección ocular se llevó a cabo después de practicada la prueba testifical, cuando ya la corte conocía la declaración del propio demandante Jesús Estela y de su testigo Ramón Lugo, y las declaraciones de los testigos de la demandada. Estela nos dice en la página 42 de la transcripción de evi-dencia que el camino parte de la hacienda Buena Vista, atra-viesa la carretera, y va a terminar a la playa, si se coge toda la orilla del mar, y su propio testigo Ramón Lugo declara que el camino está sobre terrenos de la hacienda Buena Vista, y que antes de llegar a la carretera dicho camino arranca de la hacienda. No creemos que la corte incurriera en error alguno al decir que la entrada del camino era por la plaza de la hacienda, o que el camino partía de dicho punto si así lo observó, para continuar, luego de atravesar la carretera, hasta la vía del ferrocarril; pero aun cuando se admitiera que se trata de una conclusión y no de la consignación de un hecho, no hay motivos para asumir que la corte s'e basó en manifestaciones que se le hicieran sin la sanción de un juramento cuando ya tenía el beneficio de las declaraciones del demandante y su testigo y de la prueba de la parte de-mandada que es amplia y clara sobre este particular.

También dice la corte inferior en sus conclusiones que este camino fué abierto por un Sr. Villoch para conducción de azúcares y mieles a la playa, y que ha dejado de usarse desde la construcción del ferrocarril de 1891 para tener acceso al mar. ' Tanto los testigos del demandante como los de la demandad'a convienen en que anteriormente fueron dueños de la finca Buena Vista ciertas personas de apellido Villoch. Balbina Villoch, testigo del demandante, dice qne nació nn mes después del cólera y qne perteneció a la familia Villoch. A preguntas del abogado del apelante dice qne ese camino lo hizo don Emiliano Villoch para transitar la gente por allí, y preguntada por el abogado de la demandada si don Emiliano Villoch abrió ese camino para pasar con sus carros, sus azucares y su miel y embárcalas en ancones para Ponce, contesta que sí y que además pasaba la gente por allí. El testigo de la demandada Ercilio Porgas, quien dijo tenía 115 años de edad, declara-que quien abrió el camino fué don Pedro Villoch y que don Emiliano, su hijo, fué quien lo arre-gló. Según este testigo el camino se abrió para conducir azúcar a la entrada del muelle. Esta fué la prueba que tuvo bajo su consideración la corte inferior para decir que este camino fué abierto por un Sr. Villoch. No puede negarse que la prueba tiende a demostrar que el camino fué abierto por los antiguos dueños de la hacienda Buena Vista para su beneficio y que se permitió al público el tránsito por dicho camino. La conclusión de la corte de que este camino ha dejado de usarse desde que fué obstruido por la vía del ferrocarril en 1891 está sostenida por la prueba de ambas partes, en lo que respecta al paso de carros para cruzar la vía y llegar al sitio denominado La Playita. Se alega que por ese camino continúa pasando gente a pie a pesar de la obstrucción, y creemos que se ha probado que alguna gente continuó pasando por allí. Lo que no admite dudas es que no pueden pasar carros y que los terrenos ocupados por la vía constituyen la propiedad privada de la American Railroad Company. Por lo menos el demandante así lo reconoce al aceptar el permiso que aparece concediéndole la referida corporación para cruzar la vía precisamente por el punto por donde se dice pasa gente a pie, atravesando dicha vía. El Sr. Estela dice que hay que hacer un terraplén para que los carros puedan subir y entonces pasar al otro lado del ferrocarril. El permiso concedido por la coinpañía del ferro-carril al Sr. Estela se hizo constar por escrito y fué firmado por el propio demandante y por el administrador general de la compañía ferroviaria Sr. E. Jiménez. En dicho permiso ■se dice qne “el camino del peticionario (se refiere al deman-dante Jesús Estela) tiene sn origen en la carretera y a nna distancia de 100 metros del origen cruza la vía de la com-pañía a nn ángulo de 90 grados y que el peticionario queda .■autorizado a cruzar la vía de la compañía por el referido sitio en el kilómetro 257/615 de' la vía general, entendiéndose que este paso es privado, para uso exclusivo del peticionario, sus agentes o empleados.” En el referido permiso se dice que el Sr. Estela colocará y conservará por su cuenta a la entrada del camino y a cada lado de la vía y a cinco metros de su eje un aviso prohibiendo eh paso. El permiso se ex-tiende por el término de dos años, es personal y no podrá ser traspasado a ninguna otra persona sin el consentimiento, expresado por escrito, de la compañía, la cual se reserva el derecho de cancelar dicho permiso en cualquier tiempo, pre-vio aviso al peticionario de treinta días.

Reconoce en este documento el Sr. Estela el derecho de la compañía a impedir que se utilice el camino, atravesando la vía, desde el momento en que se aviene a que se prohíba el paso y en que acepta una concesión de carácter personal y privado. No aparece del documento suscrito por Estela que esta prohibición se limite exclusivamente a los carros. Sencillamente se impone al demandante la obligación de colocar un aviso prohibiendo el paso. El permiso para cruzar la vía se limita a los meses de zafra, para que el Sr. Estela pase con sus cañas, quedando el camino cerrado el resto del año. Estas precauciones que adopta la compañía ferroviaria para proteger los intereses públicos y para su propia protección no parecen indicar una disposición de ánimo para haber permitido' anteriormente el cruce por la vía al público en general, como alega el demandante. Así tiende a demostrarlo el testimonio del jefe de transporte del ferrocarril, Manuel Jovet, quien declara que los reglamentos del ferrocarril no permiten atravesar la vía, pero que aquí hay muchas cosas que, aunque se prohíben, se hacen.

La posición del Sr. Estela es algo difícil de explicar» Sostiene que el público transita por ese camino y al mismo tiempo acepta que se prohíba el paso a ese mismo público, cuyos derechos invoca para promover esta acción, y se aviene a cooperar con la compañía, obligándose a colocar el aviso requerido. Este camino tiene, de un extremo a otro, o sea desde la carretera a la vía, una extensión de cien metros, según se admite en el mencionado permiso. La vía tiene como dos metros y medio de altura sobre el nivel del camino. Sin el paso por la vía el camino no conduce a ningún sitio determinado, como no sea* a la finca Buena Vista, cuyos te-rrenos atraviesa. Si nosotros no interpretamos equivocada-mente el permiso suscrito por el Sr. Estela, éste acepta que se haga, para su exclusivo beneficio, aquello que quiere prohibir a la demandada, o sea la clausura del camino, con la única diferencia de que en un caso se cierra dicho camino con un portón al entrar por la carretera y en el otro con un aviso en el extremo opuesto colocado en la vía. Este camino, según la corte inferior, no figuró como camino vecinal ni en el municipio de Gruayanilla ni en el Departamento del Interior.. El alcalde de Gruayanilla, Benigno Rodríguez, declara que no se ha presentado queja alguna con motivo de la clausura del camino y que nunca ha tenido noticia oficial o extraoficialmente, de que se haya presentado reclamación por algún vecino sobre dicho camino.

Pero es más, aun cuando el estorbo en realidad sea de carácter público, entendemos que un ciudadano privado, para tener derecho a obtener su remoción, debe alegar y probar la existencia dé un perjuicio especial. En el caso de Saldaña v. Concejo Municipal de San Juan, supra, sólo intervinieron cuatro jueces, dos de los cuales opinaron que debía revocarse el fallo de la corte inferior y dos que debía sostenerse, quedando subsistente dicho fallo en la forma en que fue dictado por la corte sentenciadora. Si se estudia cuida-dosamente la opinión de la corte emitida por el Hon. Juez McLeary, se observará que éste sostiene que los demandantes alegaron un interés especial y haber sufrido perjuicios es-peciales. En esta opinión manifiesta el Juez McLeary que los demandantes no trataron de ejercitar solamente un de-recho de carácter público, sino que ejercitaron un recurso para obtener reparación de ciertos perjuicios especiales que se describen en la opinión. Insiste el Juez McLeary en mantener este criterio, como puede verse en las páginas 45, 46, 49 y 50 de su opinión publicada en el tomo 15 de las deci-siones de este tribunal. El Juez Wolf, en su opinión disi-dente sostiene que no se alegó ni probó la existencia de un perjuicio especial tal como esta expresión debe ser entendida en derecho. La diferencia que se advierte entre el criterio de la corte y el del juez disidente se relaciona más bien con una cuestión de hecho que de derecho. En principio parece que ambas opiniones están de acuerdo, aunque el Juez Wolü sostiene con más énfasis que el Juez McLeary el derecho ex-clusivo del “Attorney General” a promover la acción cuando no se alegan perjuicios especiales. Nosotros creemos que este principio debe sostenerse, porque así lo requiere la ley vigente y para evitar multiplicidad de acciones.

El artículo 277 del Código de Enjuiciamiento Civil, que describe lo que es un estorbo, autoriza el ejercicio de una acción por cualquier persona cuyos bienes hubieren sido per-judicados o cuyo bienestar personal resulte menoscabado por la perturbación o nuisance. Nuestra ley de injunction, en su artículo 12, dice así: “Podrá concederse un, injunction a petición de El Pueblo de Puerto Eico, para prohibir y su-primir la conservación y mantenimiento de un perjuicio común. La petición será jurada por el fiscal del distrito en que el perjuicio común exista, o por el Attorney General', según su leal saber y entender, y no será necesaria ninguna fianza. ’

La acción que se ejercita en el presente caso con el pro-pósito de remover un estorbo que se califica de público tiene •el carácter de nn injunction mandatorio. En el estado de California se aprobó en 1905 una enmienda al artículo 731 del Código de Enjuiciamiento Civil, muy parecida a la sección 12 de nuestra ley de mjunction. En esta enmienda se dice •que se puede promover una acción en el nombre del pueblo •del estado de California para remover un estorbo público, por el fiscal del distrito del condado o por el abogado de la ciudad o pueblo donde el estorbo exista y que tanto el fiscal ■del condado como el abogado de la ciudad deben iniciar la acción cuando se lo ordene la junta de superintendentes del condado o la autoridad legislativa del pueblo o ciudad. La sección 12 de nuestra ley de injunction, como el artículo que acabamos de citar, autoriza una acción a nombre del Pueblo •de Puerto Rico y dice que la petición será 'jurada por el fiscal del distrito donde exista el estorbo o por el Attorney ■General. A nuestro juicio, en el caso de un estorbo público es el pueblo el que debe promover la acción a iniciativa de sus representantes legales, a menos que se hubiesen ocasio-nado perjuicios especíales a un ciudadano privado, en cuyo •caso éste tendría un derecho de acción de acuerdo con el artículo 277 del. Código de Enjuiciamiento Civil.

En el caso de Johnson v. V. D. Reduction Co., 175 Cal. 63, se alegó por los apelantes que si bien es cierto que el artículo 731 del Código de Enjuiciamiento Civil reconocía expresamente a cualquier persona perjudicada en sus bienes o en su bienestar personal el derecho de promover una acción •con el fin de remover un estorbo, la enmienda de que fue objeto dicho artículo en 1905, autorizando al fiscal o al abo-gado de un pueblo o ciudad para promover la acción, surtía el efecto de despojar a un ciudadano privado del derecho de demandar para obtener la remoción de un estorbo público. Resolviendo la cuestión planteada la Corte Suprema de California se expresó en los siguientes términos:

"Resulta claro que no fue la intención de la legislatura al aprobar la enmienda destruir o afectar los derechos concedidos por el artículo, con anterioridad a la enmienda, a las personas privadas para man-tener acciones, solicitando la remoción de un estorbo, ya sea éste de carácter privado o piíblico, cuando el efecto del mismo seriamente afecta a su salud, a su bienestar personal o convierte su bogar en un sitio impropio para ser habitado. ”

Hemos citado esta decisión para demostrar que aun en el mismo estado de California se creyó que la enmienda de 1905 arrebataba a los ciudadanos privados el derecho de obtener la remoción de un estorbo público, de acuerdo con el artículo 731 del Código Californiano que en este particular concuerda con el 277 del nuestro. La Corte Suprema de dicho estado resolvió que cuando se ocasionan perjuicios especiales a una persona privada, ésta puede ejercitar la acción. El siguiente párrafo, que copiamos del tomo 20 de la Jurisprudencia de California, página 272, expone con claridad la doctrina man-tenida en dicho estado, donde existen disposiciones idénticas a las que están en vigor en Puerto Rico: ,

“El daño proveniente d.e un estorbo público puede ser resarcido, por regla general, solamente a instancias del pueblo. ‘Una persona particular puede incoar un procedimiento para abatir un estorbo público, especialmente si le es perjudicial, mas no si ocurre lo con-trario.’ Esta fraseología del código expresa una regla fundamental y universal, y las autoridades en apoyo de la misma son uniformes. La regla es aplicable tanto a litigios en equidad para abatir un estorbo público como a acciones en derecho para recobrar daños y perjuicios. A fin de que pueda sostenerse el procedimiento el daño especial causado al demandante debe ser el resultado inmediato de conducta o condición ilegal. La enmienda de 1905 al artículo 731 del Código de Enjuiciamiento Civil, que faculta a los fiscales para incoar motu proprio procedimientos para abatir estorbos públicos y que les obliga a hacerlo así a instancias de la autoridad legislativa local, no afectó el derecho previamente concedido por este artículo a personas pai’ti-eulares para que incoaran procedimientos para abatir un estorbo que les ocasiona daños especiales. Aunque aseverándose que un individuo puede atacar un estorbo público solamente fundándose en daños espe-ciales, se ha dicho que el remedió se concede no solamente porque el estorbo le es peculiar sino también debido al hecho de que el público resultará beneficiado. Empero, sea ello como fuere, es cuestión re-suelta, que si el estorbo es considerado como público, que ocasiona daños especiales, será abatido totalmente, mientras que si el daño se considera como nn estorbo privado, el remedio se limitaría a la pro-tección que debe darse a los derechos particulares del peticionario. Y de esto resultaría una multiplicidad de. procedimientos — uno por cada persona perjudicada.”

De acuerdo con la jurisprudencia citada, aun cuando se pruebe la existencia de un estorbo público, la acción para removerlo no puede prosperar sin antes demostrarse que se han ocasionado perjuicios especiales a la persona que inte-resa la remoción del estorbo. ¿ Concurren estas circunstan-cias en el presente caso? Estela obtuvo permiso de la com-pañía ferroviaria para pasar sus carros por la vía cuando estuviese puesta a nivel con el camino mediante la ejecución de ciertas obras que no llegaron a realizarse debido a la clausura del referido camino. En el documento que se re-dactó no se menciona el camino como vecinal o público, sino como el camino del peticionario. Esto lo suscribe el propio Sr. Estela. La compañía se reserva el derecho de cancelar el permiso. Estela acepta el permiso exclusivo de pasar sus carros por la vía y para recibir este beneficio especial, con ex-clusión del público, pide la apertura del camino. Los daños especiales alegados en la. demanda dependen de este permiso, concedido por una tercera persona. La prueba testifical con respecto a estos daños especiales se manifiesta en abierto conflicto. La corte inferior, que oyó declarar a los testigos, nos dice en su opinión que el demandante terminó su corte de cañas y acarreo de las mismas, que tiene fácil acceso a la estación del ferrocarril y que no ha sufrido perjuicios.

Be alega que la corte inferior incurrió en errores al hacer constar por escrito sus observaciones en la diligencia de inspección ocular. La corte dijo que el camino en litigio estaba dentro de los terrenos pertenecientes a la hacienda Buena Vista. Bien, esto es la verdad. El mismo Sr. Estela dice en su demanda que. el camino atraviesa terrenos de la hacienda Buena Vista. Convenimos en que la corte se ex-tendió en consideraciones que están fuera de lugar, como las que se relacionan con la boyada del Sr. Estela, y conside-ramos inoportunas sus manifestaciones cuando dijo que la traslación de cañas de los terrenos de Estela para nada necesita del camino en litigio y que las cañas de Estela se conducen al apeadero de la American Railroad ’ Company. En la inspección ocular el Juez debe limitarse a describir el .sitio con la mayor exactitud posible, sin emitir juicio alguno acerca de los hechos observados, especialmente cuando este juicio puede indicar el fallo que ha de dictarse. La corte debió reservarse sus conclusiones para formularlas luego en su opinión. Estas conclusiones, sin embargo, no tienen la importancia que les atribuye el demandante. Estudiando detenidamente las alegaciones y la prueba aportada en este caso, se llega a la conclusión de que, con inspección ocular o sin ella, había que dictar un fallo declarando sin lugar la demanda.

Se admitió como prueba, con la oposición del demandante, un plano levantado por el ingeniero Alberto Hernández. En este plano se marcan los límites de los terrenos de la American Railroad Company en relación con el camino en litigio y la declaración del ingeniero Hernández versó principal-mente sobre la dificultad, a su juicio, de construir un terraplén para que puedan pasar carros por la vía, utilizando única-mente los terrenos de la compañía ferroviaria. Esta prueba carece de importancia y no juega papel alguno en la resolu-ción del caso.

Se alega por último que la corte cometió error al condenar en costas al demandante. No creemos injustificado el pro-nunciamiento del tribunal inferior.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor del Toro,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Domingo Hernández González, acusado y apelante.
    No. 4976.

    Sometido: Febrero 16, 1933.

      Resuelto: Febrero 20, 1933.

      A. García Ducós, abogado del apelante; 11. A. Góme$, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Domingo Hernández González fue denunciado por una in-fracción a la sección 29 de la Ley de Kentás Internas de Puerto Kico, tal como quedó enmendada en agosto 20, 1925 (p. 611), cometida como sigue:

‘ ‘ Que en 18 de enero de 1932, en el barrio Cuchillas, de Moca, . . . allí y entonces, maliciosa y voluntariamente tenía en su poder, bajo su custodia y a su disposición como dueño, un alambique capaz de destilar alcohol, para fines medicinales, industriales, científicos o sacra-mentales, montado, sin que dicho acusado Domingo Hernández Gonzá-lez, allí y entonces hubiera tenido inscrito en la Oficina del Tesorero de Puerto Rico, firmando ante dicho Tesorero y entregándole para su archivo una declaración por escrito, haciendo constar en ella el sitio peculiar donde dicho alambique está situado o almacenado, ...”

El acusado formuló contra la denuncia la siguiente excep-ción :

“Que la corte no tiene jurisdicción porque la sección 29 de la Ley No. 85 de Rentas Internas, del año 1925, es anticonstitucional y nula, porque: (a) no da una oportunidad clara a los ciudadanos para, cumplir con la misma; (b) es prácticamente absurda, imposible de cumplir e indefinida; y (c) no señala un procedimiento adecuado para la inscripción del alambique.”

La corte declaró sin lugar la excepción y oída la prueba condenó al acusado a sufrir un mes de cárcel y al pago de-las costas.

No conforme el acusado apeló para ante esta Corte Su-prema, señalando en su alegato un solo error, el cometido a su juicio por la corte al declararse con jurisdicción para conocer de la cansa.

Argumenta el apelante los motivos que consignó en su excepción citando jurisprudencia que establece principios bien reconocidos sobre el debido procedimiento de ley, pero que en verdad no sostienen sus proposiciones.

La ley de que se trata, dice:

‘ ‘ Sección 29. — Toda persona que tuviere en su poder o custouia o a su disposición, de cualquier manera, bien como dueño, o arrenda-tario, o depositario, o guardián o en otra forma, cualquier alambique que sea capaz de destilar alcohol para fines medicinales, industriales, científicos o sacramentales, montado o desmontado, lo inscribirá en la oficina del Tesorero de Puerto Rico, firmando ante dicho Tesorero y entregándole para su archivo una declaración por escrito, haciendo constar en ella el sitio particular donde dicho alambique esté situado o almacenado, la clase de alambique, su capacidad total, el nombre del dueño del mismo, sitio de su residencia, croquis del alambique y los fines para los cuales dicho alambique se ha usado, está usándose o se proponga usar; y al serle exigido por cualquier funcionario de rentas internas, debidamente autorizado, dará acceso libre y sin res-tricción hasta dicho apar-ato con el fin de inspeccionarlo. Dichos alambiques deberán estar en locales que no sean utilizados como resi-dencias particulares. Toda persona que dejare de inscribir cualquier alambique que estuviere en su poder, depósito, custodia o a su dispo-sición de cualquier manera, o que impidiere o dificultare la libre ins-•pección del mismo por un agente de rentas internas, será culpable de delito menos grave (misdemeanor). Y todo alambique -no inscrito será embargado por el Tesorero de Puerto Rico, o por sus agentes y por él confiscado y vendido a beneficio de El Pueblo de Puerto Rico o destruido, si así lo creyere conveniente.”

Basta leerla para- concluir que puede, ser cumplida por los ciudadanos sin dificultad, si es que quieren obedecerla en su letra y en su espíritu.

El--poder del Pueblo por medio de su Legislatura, para | dictar regla,s: sobre la materia de la posesión de' aparatos para destilar alcohol y para castigar la infracción- de las mismas y el embargo, confiscación y venta de los aparatos, es claro. El hecho de qne no se fije el tiempo en qne debe verificarse la inscripción, no convierte en nnla la ley.

Se impone a la persona qne tenga en su poder o custodia 6 (t su disposición o de cualquier manera, bien como dueño, arrendatario, depositario, guardián o en otra forma cnalqnier alambique que sea capaz de destilar alcohol para los fines qne se especifican, el deber' de inscribirlo en la oficina del Tesorero de Puerto Pico. ¿Cómo? Firmando y entregando ante dicho Tesorero y entregándole para su archivo la decla-ración qne la propia ley determina. ¿Cuándo? No lo dice expresamente la ley, pero surge de sus claras y terminantes disposiciones que desde el instante en que la posesión se adquiere y dentro del término razonable que sea necesario para cumplir con la obligación.

La Ley Orgánica crea el cargo de Tesorero y determina sus funciones. El Código Político y otras Leyes las especi-fican. El departamento que dirige está situado en San Juan con funcionarios esparcidos por todos los pueblos de la Isla. Cualquier persona que desee adquirir y explotar un alam-bique, puede obtener seguramente de esos funcionarios todos los datos que necesite para actuar debidamente, sin responsa-bilidad alguna.

No existiendo el único error que se señala, debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sentencia apelada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelante, v. Severo Rodríguez, P. I., acusado y apelado.
    No. 4888.

    Sometido: Enero 11, 1933.

      Resuelto: Febrero 23, 1933.

      B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelante; B. A. Arroyo Bios y J. VaUdejuli, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El Fiscal del Distrito de Humacao formuló acusación contra Severo Rodríguez, policía insular, por una infracción al artículo 138 del Código Penal (misdemecmor) consistente en- haber, ilegal y maliciosamente, so color de autoridad y sin motivo justificado para ello, acometido y agredido con una macana al ciudadano Angel Berberena, en el pueblo de Las Piedras y en la noche del 16 de agosto de 1931, causán-dole lesiones de carácter grave en la cabeza.

La acusación termina así:

“(Pilo.) Luis Campillo, Fiscal del Distrito. — -Jurada y firmada ante mí, hoy 29 de Oet. de 1931.— (Fdo.) A. Ramírez Jr., Secretario Corte de Distrito.”

Muestra el récord que la causa se tramitó como sigue:

“Hoy 21 de noviembre de 1931, se llamó este caso para la lectura de la acusación y comparecieron El Pueblo de Puerto Rico por su Fiscal y el acusado en persona y representado por su abogado R. A. Arroyo. Leída la acusación entregándosele copia al acusado, éste hizo la alegación de inocente y solicitó juicio por jurado. La Corte así lo acordó reservándose señalar fecha para el juicio.”

Luego, en junio del año siguiente, aparece la sentencia que dice:

“A petición de la Defensa y por no aparecer que la acusación en este caso fuera presentada en Corte abierta, conforme lo requieren los artículos 3 y 69 del Código de Enjuiciamiento Criminal, la Corte or-dena el archivo y sobreseimiento de este caso y la cancelación de la fianza prestada por el acusado para su libertad provisional, con las costas de oficio.”

No conforme el fiscal, interpuso el presente recurso de apelación, señalando en su alegato la comisión de cuatro errores que pueden estudiarse conjuntamente ya que sólo existe una sola cuestión fundamental a investigar y resolver,, la de si las acusaciones que formulan los fiscales en Puerto Rico tienen necesariamente que ser presentadas en Corte abierta.

Argumentando su caso el fiscal sostiene:

“Primero: Que existe una gran diferencia a los efectos de la cuestión que debatimos entre ‘indictment’ e ‘information’. ‘Indictment’ es la acusación encontrada y traída por un gran jurado; mien-tras que ‘information’ es la formulada y traída por el Attorney General o sus delegados fiscales.
“Segundo: El ‘indictment’ debe ser radicado y presentado en corte abierta por el mismo gran jurado que lo trajo y a su presencia así como dentro del término en que'fué encontrado.
“Tercero: El ‘information’ por el contrario no tiene que ser pre-sentado a la corte en corte abierta, por el Attorney General o Fiscal que lo formuló. Basta con que la radique con el secretario de la corte, constituyendo dicha radicación con el secretario el ‘presentment’ (presentación de la acusación), y ni aún es necesario que la corte esté trabajando; puede radicarse con. el secretario aún no estando la corte en sesión.”

Examinemos los preceptos legales en que basó su sentencia la corte de distrito, a saber, los artículos 69 y 3 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

El 69 en español, dice:

“Cuando la acusación ha sido presentada se denominará ‘presen-tación del cargo’ (‘‘presentment’) y deberá ser presentada al tribunal y archivada por el secretario del mismo.”

Y en inglés es como signe:

“The information when filed shall be known as the presentment, and must be presented to the court and be filed, with the clerk thereof. ’ ’

A nuestro juicio ese precepto legal por sí solo no exige que la acusación sea presentada en sesión pública, bastando que se entregue al Secretario y éste la radique, continuando los demás procedimientos en la forma que trámite por trámite va señalando la ley.

Esa conclusión está sostenida por lo dispuesto en esta-tutos similares y por lo resuelto por la jurisprudencia en general.

Consultado el Código Penal de California, se encuentra que su sección 803 dispone: “An indictment is found within the meaning of this chapter when it is presented by the grand jury in open court, and there received and filed.” Las sec-ciones 800 y 801, refiriéndose a delitos graves la primera y menos graves la segunda emplean las palabras: “an indictment must be found or an information filed.” Y en su sec-ción 809 prescribe: “When a defendant has been examined and committed, as provided in section eight hundred and seventy-two of this code, it shall be the duty of the district attorney, within thirty days thereafter, to file in the superior court of the county in which the offense is triable an information charging the defendant with such offense.”

Se ve, pues, que sólo se exige la presentación en corte abierta de los “indictments” o acusaciones del Gran Jurado, no de las “informations”, o acusaciones del fiscal. A igual conclusión se llega examinando los códigos de Idaho y Montana.

Sin embargo, no es sólo el artículo 69 el que está envuelto. Lo está también el 3 del propio código, que requiere un es-tudio separado.

Dicho artículo, en lo pertinente, en español, es como sigue: “Todo delito respecto del cual tuviere jurisdicción original la corte de distrito, deberá perseguirse en virtud de acusa-ción presentada por el fiscal en sala de justicia y confirmada con su declaración jurada ...” Y en inglés así: “Every offense of which, the district court has original jurisdiction must be prosecuted by information filed by the prosecuting attorney, in open court, verified by his affidavit ...”

Ese es el texto tal como quedó enmendado en 1904 (véase Leyes de 1905, p. 15). Cuando se aprobó el Código en 1902, el texto en español, en la parte transcrita, era el mismo con excepción de una coma que había después de la palabra justicia. También era igual el texto inglés con excepción de que las palabras “in open court” que actualmente tienen una coma antes y otra después lo estaban sin esas comas.

Por sus propios términos el precepto ordena que la acusa-ción se presente en corte abierta. El fiscal sostiene que al colocarse en inglés las palabras “in open court” entre dos comas se quiso expresar que los delitos deben perseguirse en corte abierta y no que las acusaciones deben presentarse en corte abierta.

Los Códigos Penales de California, Idaho y Montana no nos ayudan en la solución del problema. La sección 682 del de California, comienza: “Every public offense must be prosecuted by indictment or information, except ...” Son iguales a la sección 11607 de “The Revised Codes of Montana” y a la 5130 de los “Idaho Codes.”

La interpretación que da el fiscal a la ley no es admisible. Monta a tanto como a separar las palabras “in open court” del sitio en que se encuentran para colocarlas después de “prosecuted” y antes de “by”.

Nos damos cuenta de la trascendencia de esta resolución, ya que la práctica constante en las cortes de distrito de Puerto Rico desde su creación ha sido la de radicar las acusa-ciones en la secretaría, pero suscitada la cuestión debida-mente es necesario resolverla de acuerdo con la ley, y ya hemos visto que la ley en vigor en esta isla exige que las acusaciones todas lo mismo las que formule el fiscal por sí solo como las que procedan del G-ran Jurado se presenten en corte abierta.

A bora, bien ¿qué efecto tiene sobre los procedimientos ulteriores el dejar de cumplir estrictamente el estatuto?

Cuando se lee la acusación al acusado, acto que se realiza en corte abierta, en corte abierta tiene necesariamente que estar la acusación. Fue archivada con el Secretario, pero no permaneció en su oficina. Llegó a sesión pública. Si en el momento de leérsele la acusación, el acusado levanta la cuestión, su derecho debe serle reconocido inmediatamente, j Cómo ? Dándose por presentada por el fiscal allí y entonces, en corte abierta, la acusación, y señalándose día para su lec-tura, en el que podrá concederse al acusado el tiempo nece-sario para que la conteste formulando las alegaciones que a su derecho estime pertinentes.

Si nada alega el acusado, debe entenderse que los proce-dimientos continúan sin obstáculo alguno de acuerdo con la ley, ya que no se trata de la violación de un derecho subs-tancial.

¿Qué ocurrió en el caso concreto sometido a nuestra con-sideración y resolución?

Los autos son claros. Se faltó por el Fiscal al dejar de presentar la acusación en corte abierta, pero leída dicha acusación en corte abierta al acusado, éste se limitó a alegar su inocencia y a solicitar que lo juzgara un jurado. Fue mucho después que levantó la cuestión que implícitamente había renunciado. Bajo esas circunstancias no existió mo-tivo justificado para sobreseer el proceso.

Al llamarse el recurso para su vista, el apelado solicitó su desestimación, (a) porque no procede la concesión de un nuevo juicio, (6) porque el delito habría prescrito, (c) por-que expondría al acusado a un nuevo proceso por el mismo delito y (d) porque no se notificó al abogado compareciente del escrito de apelación.

La moción no está bien fundada. Lo que pide el fiscal es que se revoque la sentencia recurrida y se devuelva el caso para ulteriores procedimientos, que es lo que liará este tribunal. Cualquier defensa que pueda tener el acusado podrá presentarla ante la corte de distrito que es la llamada a decidir sobre los ulteriores procedimientos que pueden seguirse, con la única limitación de que no sean inconsistentes con esta opinión y que lo sean de acuerdo con la ley. En cuanto a la notificación, aparece de los autos que se dió cum-plimiento al estatuto.

Por virtud de todo lo expuesto, debe declararse con lugar el recurso, revocarse la sentencia apelada, y la causa devol-verse a la corte de distrito de su origen para ulteriores pro-cedimientos. de conformidad con la ley.

EN MOCIÓN DE RECONSIDERACION

Marzo 15, 1933

Se ha solicitado la reconsideración de la sentencia dictada en este caso el 23 de febrero último. La moción se archivó demasiado tarde, cuando ya el mandato se había remitido al tribunal sentenciador. La hemos, eso no obstante, examinado, y sus argumentos no nos convencen de que la actitud asumida por la corte al considerar renunciado el error no sea la justa y procedente. En la moción se levanta otra cuestión que parece oportuno considerar. Dijo en ella el apelado:

“Porque asimismo el presente caso del policía Severo Rodríguez fué radicado en la Secretaría de esta Corte con fecha 12 de julio de 1932 y resuelto en 23 de febrero de 1933, violándose con ello el artículo 360 del Código de Enjuiciamiento Crimina] de Puerto Rico, enac-tado especialmente para esta Corte Suprema y cuyos términos son ínandatorios e imperativos y que por su fraseología envuelve un dere-cho substancial para el acusado que puede protestar de su violación en cualquier momento y por lo que esta Corte Suprema está obligada, sin entrar en el fondo de este caso, a ordenar el archivo y sobresei-miento del mismo, y el cual precepto legal dice textualmente así:
“ ‘Artículo 360. — Todas las apelaciones en causas criminales'de-ben ser sustanciadas y resueltas por la Corte Suprema dentro de los ■ciento veinte días de elevados los autos a dicho tribunal, a menos que continúe la tramitación a petición o con el consentimiento del acu-sado.’ ”

El propio acusado se encargó de subrayar la parte del precepto que le impide invocarlo en su favor en este estado del procedimiento.

La vista del recurso se celebró el 11 de enero último cuando ya había transcurrido el término que fija el artículo 360 del Código de Enjuiciamiento Criminal y el acusado, que no sólo se limitó a oponerse al recurso si que solicitó la desestimación del mismo por moción presentada el propio día de la vista, no levantó la cuestión que abora suscita, consin-tiendo implícitamente que la apelación continuara tramitán-dose.

Además el precepto no es mandatorio sino directivo y las circunstancias que en el caso concurren no nos hubieran llevado a ejercitar nuestra discreción desestimando el re-curso aunque la cuestión se hubiera suscitado el día de la vista.

Interprentando la sección 1252 del Código Penal de California que es esencialmente igual al artículo 360 del nuestro, la Corte Suprema de dicho estado en el caso de People v. Staples, 91 Cal. 23, 29, se expresó así:

“No aparece error alguno de los autos, y la sentencia y orden apeladas deben confirmarse a menos que una moción que ha presen-tado ahora el acusado en el sentido de que revoquemos la sentencia y lo absolvamos, deba, ser declarada con lugar por el fundamento de •que su apelación no ha sido resuelta dentro de los sesenta días de haberse radicado aquí la transcripción, según lo exige el artículo 1252 •del Código Penal. Pero es que ninguna consecuencia de esa natura-leza. surge a causa de que se deje de cumplir ese precepto, extremo en el cual difiere del artículo 1382, que es imperativo en su requisito de que un proceso criminal debe ser sobreseído, salvo que se demues-tre justa causa eu contrario, cuando no se celebre el juicio en la corte de distrito dentro de sesenta días después de haberse radicado una acusación o denuncia. Es de observarse además que el último artículo fija los medios — los únicos medios' — de hacer valer el derecho constitu-cional del acusado a un juicio rápido y público. (Const., art. 1, sec. 13; People v. Morino, 85 Cal. 515.) Sin embargo, no basamos-nuestra negativa de esta moción en distinción alguna entre un derecho constitucional y uno estatutario — entre el derecho a un juicio rápido y a una rápida determinación de una apelación — sino sólo por el fun-damento de que una disposición es meramente directiva y la otra im-perativa en su fondo y en sus términos.”

La moción de reconsideración debe declararse sm lugar.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    The National City Bank of New York, demandante y apelado, v. Eduardo G. González & Co. y Eduardo G. González, demandados y apelantes.
    No. 6113.

    Sometido: Febrero 20, 1933.

      Resuelto: Febrero 23, 1933.

      Angel A. Vázquez, abogado de los apelantes; E. T. Fiddler y Jorge L. Górdova, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del-tribunal.

El apelado nos pide que desestimemos esta apelación por ser frívola.

La demanda en este caso fue presentada en una corte de-distrito para cobrar nn pagaré por $475 más $46.54 por in-tereses, en total $521.54. La obligación de pagar venció el 4 de febrero de 1930 y la demanda fué presentada el 22 de diciembre de 1930. Según el pagaré en que consta esa obliga-ción el demandado apelante se comprometió a pagar intereses del 11 por ciento al año desde el vencimiento de su deuda. Ese documento está escrito en inglés y las palabras en él usadas con respecto al pago de intereses dicen así: “With interest at the rate of eleven per cent per annum after maturity.” La sentencia fué condenatoria y el único motivo que alega el apelante para que la revoquemos es que sólo está obligado a pagar intereses al vencimiento de cada año, y que siendo por menos de un año los $46.54 reclamados en la demanda por intereses no puede dicha cantidad agregarse a los $475 de la deuda por lo que la corte inferior careció de jurisdicción en este asunto.

La alegación del apelante es frívola, pues las palabras usadas en el pagaré respecto al pago de intereses lo que significan es que el tipo del interés será el del 11 por ciento al año y no que los intereses se deban cada año. Sólo son determinantes del tanto por ciento por año pero el derecho a cobrarlos a ese tipo surge desde el vencimiento de la obligación de pagar la deuda principal, ya sean días o meses los transcurridos hasta que la demanda es presentada. Por consiguiente, la fracción de año reclamada por intereses era debida y pudo con los $475 dar jurisdicción a la corte inferior.

La apelación debe ser desestimada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El, Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Sergio S. Peña, acusado y apelante.
    No. 4624.

    Sometido: Febrero 16, 1932.

      Resuelto: Febrero 23, 1933.

      F. Cervóny Gely, Tí. Rivera Almodovar, 21. Benitez Flores y F. Gallardo Díaz, abogados del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El, Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

El Dr. Sergio' S. Peña interpuso esta apelación contra la sentencia que lo condena por portar nn revólver.

Al ser detenido el apelante por la policía por orden verbal del juez de la Corte de Distrito de Hnmacao y por motivo distinto al que origina esta apelación, al salir de noche de la casa de nna enferma, se le encontró un revólver en el maletín que portaba con sus instrumentos de cirugía. Al día siguiente el fiscal radicó en la secretaría de la Corte de Dis-trito de Iíumacao su acusación contra el apelante por el delito de portar un arma prohibida y al leérsele esa acusación cuatro días después al Dr. Peña, éste solicitó de la corte que le concediera cinco días para hacer sus alegaciones contra la acusación pero sólo se le concedió hasta la tarde del mismo día. Al comparacer entonces el acusado ante la corte alegó por escrito que ésta carecía de jurisdicción en el caso por no haber sido presentada acusación alguna por el fiscal ante la corte por lo que no existe presentación del cargo (presentment) y solicitó el sobreseimiento y archivo de la causa. Según las minutas de la corte de ese día la moción de sobre-seimiento y archivo fué negada y entonces el acusado se de-claró no culpable y fué señalado el juicio para cuatro días ■después, aunque posteriormente fué pospuesto para otra fecha. El juez de la corte se inhibió de conocer del juicio y fue nombrado otro para el mismo. El acusado reprodujo ante él su moción de sobreseimiento por el motivo que antes hemos expresado y fue negada esa solicitud, tomando excep-ción el acusado. De los autos aparece que el fiscal radicó la acusación en la secretaría de la corte y que no la presentó a ella en sesión pública antes de leerse la acusación al ape-lante. La negativa a ese sobreseimiento por el motivo expre-sado es uno de los fundamentos de la apelación que. resol-vemos.

En el caso de El Pueblo v. Severo Rodríguez que hemos decidido en el día de hoy, 44 D.P.R. 578, no fue suscitada esa cuestión por aquel acusado al serle leída la acusación sino posteriormente. Después de un detenido estudio de esa cuestión ‘dijimos en ese caso que la ley en vigor en esta isla exige que las acusaciones todas, lo mismo la que formula el fiscal por sí solo como las que procedan del Gran Jurado,, se presenten en corte abierta; y agregamos lo siguiente: “Ahora bien, ¿qué efecto tiene sobre los procedimientos ulte-riores el dejar de cumplir estrictamente el estatuto? Cuando-se lee la acusación al acusado, acto que se realiza en corte abierta, en corte abierta tiene necesariamente que estar la acusación. Pué archivada con el secretario, pero no perma-neció en su oficina. Llegó a sesión pública. Si en el mo-mento de leérsele la acusación, el acusado levanta la cuestión,, su derecho debe serle leconocido inmediatamente. ¿Cómo? Dándose por presentada por el fiscal allí y entonces, en corte abierta, la acusación y señalándose día para su lectura, en el que podrá concederse al acusado el tiempo necesario para que la conteste formulando las alegaciones que a su derecho’ estime pertinentes. Si nada alega el acusado, debe enten-derse que los procedimientos continúan sin obstáculo alguna de acuerdo con la ley, ya que no se trata de la violación de un derecho substancial.’'

Aplicando esa doctrina al caso presente toda vez que el apelante alegó en la primera oportunidad que tuvo para hacer objeciones contra la acusación que ésta no había sido presen-tada a la corte en sesión pública, se revoca la sentencia ape-lada y se devuelve el caso a la corte mferior para ulteriores procedimientos.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Fernando J. Géigel, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, recurrido.
    No. 886.

    Sometido: Febrero 15, 1933.

      Resuelto: Febrero 24, 1933.

      Gabriel de la Haba, abogado del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Un apoderado, de conformidad con las cláusulas de la es-critura de poder, estaba autorizado para reclamar, cobrar y recibir cuantas cantidades se adeudasen a los mandantes, para liquidar cuentas y expedir los resguardos conducentes; para enajenar bienes inmuebles por los precios y condiciones que pactare, recibiendo aquéllos en moneda o en especie o bien confesando sn pago, y para otorgar cartas de pago y cancelaciones de hipotecas y otras garantías reales; y para que en virtud de lo referido otorgase y firmase cuantos docu-mentos públicos y privados fuesen precisos.

Este apoderado, en una escritura notarial, acusó recibo de cierta cantidad de dinero que se decía haber sido pagada previamente a sn mandante, acreedor hipotecario, así como ■de otra suma que se suponía ser el saldo adeudado al acree-dor hipotecario, pagádale al apoderado. En vista de ello otorgó escritura de cancelación total de hipoteca. Al inscri-Mr este documento, un registrador de la propiedad canceló ia inscripción de hipoteca hasta el límite del pago efectuado .al apoderado y se negó a cancelar la misma en tanto en -cuanto se refería al pago anteriormente efectuado directa-menté al acreedor hipotecario.

La teoría del registrador fue que de conformidad con la regla establecida de hermenéutica estricta, la facultad para cancelar hipotecas debe limitarse a cancelaciones otorgadas a virtud de pagos efectuados por mediación del apoderado. No hallamos tal limitación en la escritura de poder. El in-terpretarla así equivaldría a la interpolación de una restric-ción que no estuvo en la mente de las partes que intervinieron en el contrato.

Debe revocarse la nota recurrida.


text:
    En Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pedro Juan Atilano, acusado y apelante.
    No. 4953.

    Sometido: Febrero 8, 1933.

      Resuelto: Febrero 24, 1933.

      José Q. Torres Sallaberry, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal,, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

Pedro Juan Atilano fue denunciado ante la Corte Municipal de Salinas como autor de un delito de hurto de menor cuantía consistente en haberse apropiado voluntaria y cri-minalmente de una gallina perteneciente a Juan Ayés valo-rada en un dólar, vendiéndola en setenta y cinco centavos a Julia Ortiz, tomando para sí el producto de la venta.

En el juicio celebrado de nuevo en la Corte de Distrito-de Gruayama el fiscal presentó la siguiente prueba de cargo:

Juan Ayés declaró que era dueño de una gallina loriga .que dormía al lado de la cocina de su casa situada en la calle de la Playa, de Salinas, y que faltó el 25 de junio de 1932. La recuperó como a los dos días entregándosela el policía. Conoce al acusado. Acostumbraba pasar por allí, por el camino.

Julia Ortiz vive en la Playa de Salinas. Conoce al acu-sado a quien compró una gallina búliea blanca. La tuvo en su poder como ocho días. Ahora la tiene su amo, Ayés. Se la quitó el policía.

Domingo Bivera es testigo de la venta de la gallina por el acusado a Julia Ortiz. También Aristides Buiz.

Por último el policía Pagán declaró que había investigado el caso y denunciado al acusado. Ocupó la gallina loriga blanca en poder de Julia Ortiz. Ayés la reconoció como la suya. La llevó a la corte, y la corte se la entregó a Ayés.

El acusado formuló una moción de nonsuit que fué de-clarada sin lugar. Acto seguido presentó su prueba consis-tente en su declaración y en las de los testigos Luis Colón y Juan Bodríguez.

Dijo el acusado que estando un día con Colón y Bodríguez pasó un hombre con unas banastas vendiendo aves y le com-pró dos. Dejó una en casa de Colón y otra se la llevó a la playa. Como a los cinco o seis días se encontró arrancado y vendió la gallina a Julia Ortiz en setenta y cinco centavos. Colón y Rodríguez corroboraron su testimonio.

Juzgando esa prueba la corte declaró culpable a Pedro Juan Atilano y le impuso tres meses de cárcel. No conforme éste apeló. Señala en su alegato tres errores cometidos a su juicio por la corte al declarar sin lugar la moción de nonsuit, al considerar la prueba suficiente y al aceptar la teoría del fiscal de que no era necesario probar la sustrac-ción.

No precisa considerar el primer error aisladamente. Se ba decidido por esta corte repetidas veces que cuando desestimada su moción de nonsuit el acusado presenta prueba, se entiende que renuncia la moción. El Pueblo v. Ojeda, 26 D.P.R. 438; El Pueblo v. González, 24 D.P.R. 713, y El Pueblo v. Alvarado, 19 D.P.R. 870. Esto no quiere decir que el acusado al someterse definitivamente el caso no pueda suscitar de nuevo aunque en forma algo distinta la cuestión de la insuficiencia de la prueba de cargo. Técnicamente cuando la cuestión se presenta al final del juicio se dirige a la suficiencia de la evidencia en su totalidad. Sin embargo, a menos que la evidencia del acusado supla algún defecto u omisión de la del fiscal, la cuestión prácticamente será la misma que la levantada por la moción de nonsuit. Si la prueba de descargo no suple la deficiencia y la corte se convence de que tal insuficiencia existe, debe absolver al acusado. Por supuesto, que si no quedare convencida deberá ratificar su criterio y condenar al acusado.

Los otros dos errores pueden estudiarse conjuntamente. El fiscal no sostuvo que no fuera necesario probar la sustracción. Sostuvo que la prueba aportada era suficiente para demostrar la sustracción y su perpetración por el acusado. ¿Lo es?

Puede darse por demostrado que existió un hurto, el de la gallina de Ayés. Con respecto a la culpabilidad del acu-sado, existe una fuerte presunción consistente en haber estado la gallina en su poder sin que la explicación que diera de cómo la adquirió quedara confirmada sin lugar a dudas como, en el caso de la testigo Julia Ortiz en cuyo poder fué ocupada. ¿Es ello bastante por sí solo?

La cuestión legal envuelta fia sido estudiada en varios casos1 por este tribunal, especialmente en el de El Pueblo v. Laureano, 20 D.P.R. 7. En opinión emitida por el Juez Asociado Sr. Wolf después de citarse varios casos, entre ellos uno de Montana en el que la opinión fué escrita por el Juez Asociado Sr. MacLeary entonces Juez Asociado de la Corte Suprema de dicho estado, y al tratadista Wigmore, se dice:

‘ ‘ Estaríamos dispuestos a adoptar la jurisprudencia del Estado de; California y demás Estados de igual procedencia en cuanto a este punto, aun cuando fuera necesario para nosotros el resolver un caso sobre la simple posesión de objetos robados después de ocurrido el robo, si bien en este caso no tenemos necesidad de dictar una reso-lución tan específica. En los casos de California se declara que la posesión de la propiedad poco tiempo después de ocurrido el robo es-una circunstancia sospechosa que en unión de otras exige al acusado que explique dicha posesión. People v. Kelly, 28 Cal. 424; People v. Luchetti, 119 Cal. 501; People v. Vidal, 121 Cal. 221; People v. Wilson, 135 Cal. 331; People v. Matezuski, 11 Cal. Apps. 465. Véase también el caso de Territory v. Doyle, 7 Mont. 250 y el de State v. Sanford, 8 Idaho 187.
“En el caso de Vidal supra se declaró, que habiéndose encontrado al acusado en posesión de una yegua que había sido recientemente robada era suficiente con que se presentara alguna otra ligera prueba corroborante de hechos que tendieran a inculparlo para someter el caso al jurado. Uno de los otros hechos que ha sido considerado como suficiente para declarar culpable a una persona que está en posesión de objetos recientemente robados es el de no explicar dicha posesión cuando se le da la oportunidad de hacerlo. Thomason v. State, 41 S. W. 638; State v. Marshall, 74 N. W. 763; State v. King, 96 N. W. 712; 25 Cyc. 138.
“De igual manera el valor de la explicación que se hiciere es una cuestión que debe dejarse a la consideración del jurado si el caso se celebra ante él. 25 Cyc. 138. En el presente caso no sólo estaba el acusado en posesión de la sortija robada, sino que se encontraba colo-cado en la misma fábrica de donde el querellante era empleado y tenía acceso al cuarto de donde fué tomada la sortija. Se le dió la¡ oportunidad de que explicara el becbo de haberse bailado ésta en su poder y manifestó que la había comprado a un negrito a quien no pudo presentar a pesar de las dos semanas que le dio el policía para que lo hiciera. Cuando una persona aparece en posesión de objetos que han sido robados recientemente y se le ofrece la ocasión de que' explique tal posesión, tendrá ésta para con la sociedad la'obligación de explicar dicha posesión y de no hacerlo así al juez o jurado que conozca del caso, el tribunal de apelación no revocará la sentencia, condenatoria que se dicte.
“Si uii hombre está en posesión de objetos robados y no puede presentar a la persona de quien los obtuvo, por lo general podrá ofrecer prueba de su buen carácter con anterioridad al hecho para contrarrestar su posesión sospechosa y el juez o jurado, según sea el caso, deberá siempre estar satisfecho de la culpabilidad del acusado fuera de duda razonable.
“Este caso fué juzgado por el juez ante quien compareció el acusado y dicho juez tenía derecho a determinar si la explicación hecha por el referido acusado acerca de la compra que hizo al negrito' era satisfactoria. No solamente concurrió el elemento de si fué satis-factoria dicha explicación sino que la oportunidad que tuvo el acusado de coger la sortija era también una circunstancia que había de ser considerada por el juzgador.”

El caso está en la línea, pndiendo decirse que aquí se de-mostró que el acusado pasaba por frente de la casa de Ayés y pudo ver la gallina y hurtarla. Con poco más, como en el caso de Laureano, hubiera sido bastante. Laureano estaba colocado en la misma fábrica que el dueño de lá sortija y tenía acceso al cuarto de donde fué tomada. Alegó que había comprado la sortija a un negrito, circunstancia en sí misma sospechosa, y no obstante habérsele dado tiempo para bus-carlo, no lo presentó. Aquí se trataba de una gallina, que-suele venderse en la forma que dijo el acusado. La explica-’ ción que éste dió pudo ser sin duda alguna más concreta, debiendo haber demostrado por lo menos que hizo esfuerzos ’ para encontrar al vendedor, pero no es increíble y pudo ser ’ cierta. No existe ninguna otra prueba en contra del acusado y bajo esas circunstancias por fuerte que sea la sospecha que contra él se tenga, no es suficiente para declararlo culpable. Es aplicable la regla establecida en él de El Pueblo v. Dom inguez, 36 D.P.R. 463 en el que se resolvió qne: “Cuando en proceso por hurto la prueba sólo demuestra la posesión por parte del acusado del objeto hurtado sin ninguna otra circunstancia que le conecte con el hecho de la sustracción, ella es insuficiente.”

Debe declararse con lugar el recurso, revocarse la sen-tencia apelada y absolverse al acusado.


text:
    Los Esposos Polonio Ceballos y Juana Parrillas, demandantes y apelados, v. La Sucn. del Fallecido Francisco Alvarez, compuesta de Juana y Enriqueta González Pardiño, demandada y apelante.
    No. 6190.

      Sometido: Marzo 6, 1933.

    Resuelto: Marzo 8, 1933.

      Celestmo Iriarte y F. Fernández Cuyar, abogados de la apelante; Angel A. Vázquez y Carlos D. Vázquez, abogados de los apelados.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Este pleito se inició por demanda reclamando la nulidad de cierto procedimiento hipotecario. La parte demandada excepcionó y contestó, establecindo además reconvención. Fue el pleito a juicio y la corte lo resolvió por sentencia de-clarando la demanda con lugar y con lugar la reconvención, condenando a la parte demandada al pago de las costas.

Ninguna de las partes apeló y firme la sentencia la deman-dante archivó su memorándum de costas incluyendo en él una partida de $500 por honorarios de abogado. Impugnó dicha partida, por excesiva, la demandada. La corte la redujo a $200 “teniendo en cuenta el trabajo realmente reali-zado por el abogado del demandante, la importancia del caso y el grado de temeridad de la parte demandada.”

De la resolución de la corte apeló la demandada y los demandantes ban pedido la desestimación del recurso por frívolo.

Tenemos ante nosotros copias de las alegaciones del pleito; no de la transcripción de la evidencia. Sabemos lo que el juez afirmó. Las alegaciones revelan un pleito de relativa importancia. No consta, la evidencia. No sabemos cómo fue el pleito. La cantidad concedida por la corte, dos quintas partes de la reclamada, está en armonía con lo que conocemos del pleito y tenemos que presumir que también lo está con lo que no conocemos del mismo.

En su alegato la apelante dice que se decretó la nulidad del procedimiento por uno solo de los varios motivos ale-gados y que se declaró con lugar su reconvención. Pero es lo cierto que la sentencia la condenó en costas con honorarios de abogado y que ella la consintió. Sólo cabe discutir la cuantía y es tan claro que no es excesiva la suma finalmente fijada por la corte, que seguir tramitando una apelación como ésta una vez llamada la atención sobre su frivolidad, no ten-dría justificación.

Debe desestimarse por frívolo el recurso.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Rosa, Belén, Mercedes, Adela y María Carreras Freyre, demandantes y apeladas, v. Josefa Dolores Brunet y Guayba, demandada y apelante. Las Mismas, demandantes y apeladas, v. Abraham E. Copeland, demandado y apelante.
    Nos. 6290 y 6291.

    Sometidos: Marzo 6, 1933.

      Resueltos: Marzo 8, 1933.

      Gabriel de la Haba y B. Castro Hernández, abogados de los apelantes, respectivamente; A. Marín Marién, abogado de las apeladas.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

En la Corte de Distrito de San Juan se presentaron sepa-radamente estos dos pleitos pero la prueba, por convenio de las partes, fué presentada conjuntamente excepto en pe-queños particulares propios de cada uno de ellos. En la apelación que interpusieron los demandados contra las res-pectivas sentencias fué convenido también y aceptado por la corte inferior que la transcripción de la evidencia que hiciera el taquígrafo sirviera para ambas apelaciones. Se solicitaron varias prórrogas para que el taquígrafo preparase su trans-cripción, pedidas unas veces por cada uno de los demandados y otras con el título de ambos pleitos, siendo del último modo la de sesenta días de 17 de noviembre, vencedera el 17 de enero. Antes del vencimiento de la última fué radicada la trans-cripción de la evidencia, la que después de aprobada por ,1a corte inferior fué archivada con el legajo de la sentencia en los libros de nuestra secretaría el mismo día que el apelado radicó su moción para que desestimemos ambas apelaciones, fundándose en que las prórrogas concedidas por la corte inferior para hacer la transcripción eran inciertas y en que la .transcripción de la evidencia fué presentada en la corte inferior después de vencida la última prórroga.

Las prórrogas concedidas no eran inciertas pues fijaban un término preciso para ellas. No vamos a hacer un re-cuento de las fechas de las distintas prórrogas que fueron concedidas porque dado el curso que han seguido estas ape-laciones en las que una transcripción serviría para ambas, la prórroga concedida a cualquiera de los demandados tenía que servir para ambas en cnanto a la presentación de la transcripción, común para los dos apelantes; y porque la transcripción de los autos ya se encuentra en este tribunal.

Las mociones de desestimación de amibas apelaciones deben ser declaradas sin Vagar.


author: El Juez Asociad» Señor Hutchison,

text:
    Antonio C. Cosme, peticionario y apelante, v. José Candelario, Alcaide de la Cárcel Municipal de Salinas, P. R., opositor y apelado.
    No. 4653.

    Sometido: Febrero 10, 1932.

      Resuelto: Marzo 10, 1933.

      Leopoldo Feliú (Feliú & La Costa en el alegato), abogado del ape-lante; R. A. Gomes, Fiscal, abogado del apelado.
   El Juez Asociad» Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Cosme, dueño y explotador autorizado (licensed operator) de una máquina automática, fue arrestado por tener estable-cido, por medio de cierto mecanismo, un juego de azar, por dinero. El conducir tal juego constituye ordinariamente un delito menos grave. Véase el artículo 299 del Código Penal (Estatutos Revisados, see. 5747). Con anterioridad a agosto de 1931, cuando empezó a regir una ley que autoriza se ex-pidan licencias para explotar máquinas automáticas, se re-solvió que la explotación de tales máquinas infringía el ar-tículo 299 antes citado. Véase El Pueblo v. Torres, 40 D.P.R. 252, y El Pueblo v. Rivera, 41 D.P.R. 257. En el presente caso el juez de distrito expidió un auto de babeas corpus y después de celebrada una vista anuló el auto y ordenó la encarcelación del peticionario. La cuestión es si el dueño de una máquina automática que ba obtenido una licencia para la explotación de lá misma de conformidad con la ley de 1931, está exento de ser procesado.

De acuerdo con la sección 1 de la ley de 1931 (Leyes de' ese año, pág. 504) se cobrará y pagará un impuesto de rentas internas sobre toda máquina de juego de azar y máquina cuyo funcionamiento se produzca por medio de manivelas o monedas o cualquier sustituto de éstas, y máquinas automáticas, “que se venda, traspase, use o introduzca en Puerto Rico.” La sección 84 de la ley de 1927 (Leyes de ese año, pág. 477), según fué enmendada por la sección 3 de la ley de 1931, dispone que toda persona deberá pagar trimestralmente, como rentas internas, “por la explotación de máquinas automáticas vendedoras o de juego de azar, cuyo funcionamiento se produzca por medio de manivelas o monedas, o cualquier sustituto de éstas, diez (10) dólares por cada máquina.”

En el caso de El Pueblo v. Rodríguez, 43 D.P.R. 11, en que se invocó por primera vez la ley de 1931 como funda-mento para la revocación de una sentencia, se dijo: “El peso de las autoridades es que el imponer contribuciones a artefactos castigados por la ley penal no deroga la ley penal a menos que tal intención sea claramente indicada por la Legislatura.” Ulterior consideración de la cuestión, según lia sido discutida en el alegato del apelante en el presente recurso, nos lia convencido de que la intención de "la legis-latura de eximir de persecución a un explotador debidamente autorizado de una máquina automática, es bastante clara. La ley de 1931 no solamente fija contribuciones sobre máquinas automáticas de juegos de azar sino que autoriza la expedi-ción de una licencia para la explotación de tales máquinas como una ocupación o negocio, y exige de la persona que las explota una contribución por el privilegio de dedicarse a ese negocio. El fin obvio de la legislatura fué legalizar esta forma específica de juegos de azar al ser conducidos bajo ■determinadas condiciones. No podemos asumir que los re-dactores de la ley tuvieran la intención de expedir licencias al negocio de usar máquinas automáticas de juegos de azar, ■exigir dinero a la persona a quien se expida la licencia por el privilegio de dedicarse a ese negocio, y al mismo tiempo ■castigarla imponiéndole una multa o encarcelándola, o ha-ciendo ambas cosas, por dedicarse a tal negocio.

Ya hemos dicho que la ley de 1931 exime de que se persiga al dueño autorizado de una máquina automática. Fuera de esto no abroga los artículos 291, 292 y 299 del Código Penal. Ni un dueño no autorizado ni un dueño cuya licencia ha expirado pueden escudarse en esta ley. La licencia introducida como prueba en el presente caso, advierte a la persona que se le expide que si emprende o continúa cualquier negocio sujeto a licencia sin proveerse de la misma, incurrirá en un delito menos grave y estará sujeta a ser procesada. Creemos que ésa es una interpretación correcta de la ley.

La sentencia apelada debe ser revocada y absolverse al apelante.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    Julia Fornaris, demandante y apelada, v. Francisco Font, demandado y apelante.
    No. 5482.

    Sometido: Febrero 10, 1933.

      Resuelto: Marzo 10, 1933.

      Leopoldo Tormos, abogado del apelante; F. Zapater, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

El demandado fue condenado a pagar cierta cantidad de dinero a la demandante y el primer motivo que alega em su apelación contra esa sentencia es que la corte inferior debió eliminar cierta alegación de la demanda por ser impertinente. En la demanda se alega que el pagaré que contienela obligación cuyo pago se reclama fue entregado a su vencimiento por el apoderado general de la demandante al abogado Leopoldo Tormes a su requerimiento y con el pretexto de que iba a ser pagado por el deudor, sin que la demandante baya podido conseguir que se le devuelva a pesar de no estar cancelada la deuda. Tal alegación no es impertinente en este caso porque sirve para poder presentar prueba del porqué la demandante no tiene en su poder la obligación escrita cuyo-pago reclama. El caso de Carlo v. Ferrer, 27 D.P.R. 216, que cita el apelante, no tiene relación con el presente.

El segundo motivo es por haber sido desestimada la ex-cepción previa opuesta a la demanda, fundada en que carece de hechos determinantes de causa de acción porque no dice si la demandante es soltera o casada; porque si es casada y la deuda fue contraída durante su matrimonio, ella no tiene causa de acción sino su marido. Nos bastará decir ahora que de la demanda aparece que la demandante es soltera, pues el pagaré está otorgado a favor de la Srta. Julia Pornaris, que es la demandante.

En el tercer motivo del recurso se dice que la corte inferior cometió error al considerar probados los hechos de la demanda y al dictar sentencia contra el demandado en los términos en que dicha sentencia fue dictada, porque siendo el pagaré a la orden y habiendo sido presentada la demanda a los diez años de su vencimiento el demandado está cobijado por la prescripción de tres años de los pagarés comerciales y porque condena a intereses superiores a los legales.

El apelante no alegó en la corte inferior la prescripción de la acción y la promueve por primera vez en este tribunal por lo que no podemos considerarla. La prescripción de la acción es un privilegio que se entiende renunciado al no ale-garse en la contestación. Catoni v. Martorell Vda. de Prado, 38 D.P.R. 328; Sucn. Franceschi v. González, 42 D.P.R. 940, confirmado por la Corte de Circuito de Boston.

En cuanto a que la sentencia condena al pago de intereses al 1 por ciento mensual hasta el completo pago de la obliga-ción y que sólo son debidos hasta el vencimiento de ella, y los posteriores al tipo legal del 6 por ciento anual, nos bastará decir que en el pagaré aceptó el deudor pagar intereses al tipo del 1 por ciento mensual desde la fecha del documento hasta el total pago de la obligación.

El demandado se limitó en la corte inferior a negar los hechos de la demanda sin alegar defensa alguna en su favor, ni presentó prueba para contradecir la de la demandante, por lo que no entendemos que hubiese error en ser condenado en costas, como alega en el último motivo del recurso.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Méndez, acusado y apelante.
    No. 5006.

    Sometido: Febrero 15, 1933.

      Resuelto: Marzo 10, 1933.
    El acusado compareció por escrito; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

José Méndez fué declarado culpable de un delito de aco-metimiento y agresión y condenado a sufrir quince días de cárcel por la Corte de Distrito de Arecibo. No conforme el acusado con esta sentencia, interpuso el presente recurso de apelación.

Se alega que la corte cometió error al condenar al apelante a cumplir quince días de cárcel, (A) porque la sentencia así dictada es contraria a lo dispuesto en la sección quinta de la ley de marzo de 1904 derogando el artículo 237 del Código Penal, (B) porque de acuerdo con la expresada sentencia, la corte no siguió la ley del estatuto y por el contrario dictó una sentencia en contravención a lo dispuesto en la ley, y (C) porque si la corte no calificó el delito de grave, la sen-tencia que necesariamente debía dictarse, de acuerdo con la ley, liabía de ser multa y no expresamente cárcel por un período determinado de días.

Los tres errores que anteceden envuelven una misma cues-tión. Se alega que la corte permitió una sentencia de quince días de cárcel cuando debió haberse limitado a imponer una multa y que siendo dicha sentencia contraria a la ,ley, debe absolverse al acusado.

Es cierto que la sección quinta de la ley para castigar acometimiento, acometimiento y agresión, etc., expresa que el castigo del acometimiento o de acometimiento y agresión que no apareje circunstancias agravantes consistirá en multa que no bajará de un dólar ni excederá de $50.

En este caso se formuló denuncia contra José Méndez por un delito de acometimiento y agresión cometido de la manera siguiente: “que en 18 de abril de 1932, y en el barrio de Florida Afuera, de Barceloneta, Puerto Rico, del distrito judicial municipal de Manatí, que forma parte del distrito judicial de Areeibo, el acusado José Méndez, allí y entonces, de una manera ilegal, voluntaria y maliciosamente, y con la intención criminal de infligir daño violento en la persona de un semejante, con la intención de causarle daño corporal violentamente, con una navaja barbera acometió y agredió al semejante Esteban Ortiz, causándole una herida en la oreja derecha y otra en el brazo izquierdo.”

Es verdad que en la denuncia se califica el delito única-mente de acometimiento y agresión, sin alegar expresamente que el delito se ha cometido con circunstancias agravantes; pero no es menos cierto que la expresada denuncia contiene hechos bastantes de los cuales puede deducirse claramente las circunstancias agravantes determinadas en los incisos octavo y noveno de la sección sexta de la ley sobre acome-timiento y agresión. La agresión en este caso fué producida con nna navaja barbera que es nn arma mortífera de acnerdo con la jurisprudencia sentada por este tribunal, puesto que con ella puede producirse grave daño corporal y basta la muerte. El Pueblo v. Rivas, 16 D.P.R. 611, El Pueblo v. Oriol, 27 D.P.R. 208, y El Pueblo v. Chardón, ante, pág. 529. El acusado José Méndez no usó el arma para los fines a que está destinada una navaja barbera, sino para realizar un acto ilegal, al acometer y agredir al individuo Esteban Ortiz.

La denuncia, a nuestro juicio, alega becbos bastantes para constituir, un delito de acometimiento y agresión grave, y si la corte inferior, como lo expresa en su sentencia, condenó al acusado por el delito de acometimiento y agresión de que se le acusa, indudablemente que lo condenó por un delito de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes.

Los incisos octavo y noveno del artículo sexto de la ley antes citada, dicen que existe la circunstancia agravante cuando el acometimiento y agresión se cometiere con armas mortíferas en circunstancias que no revistiesen la intención de matar o mutilar, y cuando se cometiere con intención pre-meditada y para el fin calculado de inferir graves heridas corporales.

En el caso de El Pueblo v. Varela, 25 D.P.R. 395, se im-putó al acusado un delito de acometimiento. Fué declarado culpable por la corte inferior de un delito de acometimiento con circunstancias agravantes. En ese caso esta corte dijo:

“. . . el verdadero beelio que se imputa al acusado consta clara-mente descrito en el cuerpo de la denuncia y es constitutivo de un delito de acometimiento con circunstancias agravantes, de acuerdo con la ley vigente. ’ ’

Véanse los casos de El Pueblo v. González, 17 D.P.R. 1186, El Pueblo v. Sánchez, 16 D.P.R. 718, El Pueblo v. Zambrana, 18 D.P.R. 758, y El Pueblo v. Haddock, 43 D.P.R. 752.

La ley en vigor en el estado de Tejas sobre acometimiento y agresión contiene todas las disposiciones de la ley vigente en Puerto Rico, con algunas variantes. El artículo 6 de muestra ley, que determina cuándo el acometimiento y agre-sión se considerará con circunstancias agravantes, es idéntico •al artículo 601 del Código Penal de Tejas.

En el caso de Meier v. State, 10 Tex. A. 39, no se calificó •el delito de acometimiento y agresión grave, pero se alegaron •en la acusación hechos que constituían un acometimiento y agresión con circunstancias agravantes. La Corte de apela-ciones del estado de Tejas hace una revisión de las decisiones anteriores del tribunal, sostiene que no es necesario que las palabras “acometimiento y agresión graves” sean específica-mente empleadas, y opina que el acusado queda mejor infor-mado del cargo de que tiene que defenderse cuando la acusa-ción contiene las circunstancias que determinan la agravante, que cuando simplemente se usa el lenguaje de que se cometió «1 delito con circunstancias agravantes, sin establecer las circunstancias que constituyen la agravante que se intenta probar.

De la opinión emitida en este caso copiamos lo siguiente:

“Estos casos, por el contrario, resuelven lo que creemos es la ver-dadera doctrina, que es tanto aplicable a nuestro actual código como al que estaba en vigor cuando se fallaron estos casos; es decir, que en uno u otro caso debe imputarse un acometimiento en términos ex-presos, pero si se tiene la intención de perseguir un acometimiento grave, las circunstancias agravantes'deben también alegarse; lo que a nuestro juicio es la adecuada aplicación del principio de que se hace uso en The State v. Pierce, al efecto de que una persona no debe ser castigada por acometimiento grave a virtud de una acusación que no alega por sus propios términos un acometimiento grave. Alegar es-pecíficamente las circunstancias agravantes sería hacerlo en términos aun de mayor certeza, e informaría con mucha mayor claridad al acu-sado respecto al cargo de que ha de defenderse, que si meramente se empleara la fraseología de que él perpetró un acometimiento grave, sin exponer las circunstancias constitutivas del agravante que se in-tente probar. Atribuyendo este significado a la fraseología usada en cada uno de estos casos — lo que parece ser justo y legítimo — se verá que estos casos armonizan con otras autoridades, y sostienen, más Men que rechazan, los puntos de vista que tenemos sobre la cuestión que estamos considerando; y son, que en una acusación por acometí-miento grave no es necesario ni requisito de ley caracterizar el delito' en tales o cuales palabras como un ‘acometimiento grave’, sino que, a fin de que el acusado se entere de to que tendría que afrontar du-rante el juicio, es preciso y se requiere alegar las circunstancias agra-vantes para que se pueda sostener una condena por acometimiento' grave o por acometimiento y agresión con circunstancias agravantes.
“Es necesario que n0' haya duda, o confusión, o falta de unifor-midad, en la práctica. El código define el acometimiento y los aco-metimientos y agresiones en términos claros. También declara las-circunstancias bajo las cuales un acometimiento o un acometimiento y agresión se agravan. No define el acometimiento grave o el aco-metimiento y agresión grave, pero sí fija las circunstancias que con-vertirán en grave un acometimiento o un acometimiento y agresión, y de ese modo indica, a nuestro juicio palmariamente, el curso a' seguir por el fiscal al preparar la acusación en un caso de acometimiento grave o de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes— es decir, imputar primero el acometimiento con todos tos particulares-precisos en cuanto a tiempo, lugar y circunstancias, y agregar a ello, no necesariamente en un segundo cargo, sino en el mismo, la circuns-tancia agravante en que se propone fundarse el fiscal para solicitar una convicción por la modalidad más alta del delito; o sea, alguna de las circunstancias bajo las cuales un acometimiento o una agresión se agi-avan, tal como están enumeradas en tos incisos 1 al 10, inclusive,, en el artículo 496 (hoy 601) del Código Penal.
“La acusación en el presente caso llena todos tos requisitos de las reglas anteriormente enunciadas. Imputa un acometimiento y alega el tiempo y el sitio de su comisión, así como el nombre de la persona acometida. No alega que fué perpetrado con uii arma mortífera, pero sí que por el uso de tos medios empleados se infligió grave daño-corporal; lo que coloca el delito bajo el inciso 7 del artículo 496 (hoy 601) del Código Penal. Somos de opinión de que la acusación-es suficiente para sostener una condena por acometimiento y agresión grav'e, y que la corte inferior no erró al declarar sin lugar la moción para que no se dictara la sentencia. ’ ’

Como ya dijimos antes, la corte declara culpable al acusado del delito de acometimiento y agresión de que se le acusa. Se incorporaron en la denuncia hechos bastantes para constituir un delito de acometimiento y agresión grave. El acusado fué, por lo tanto, declarado culpable- del delito de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes. de que fue acusado. No cabe argüir en favor del acusado el error de la corte al condenarlo a quince días de cárcel, cuando el -mrniTrfflm a que puede condenarse a una persona culpable de acometimiento y agresión grave es un mes. La imposición de una pena menor que la prescrita por la ley favorece al acusado y no es motivo que justifique la revocación de la sentencia.

En el caso de El Pueblo v. Llauger, 14 D.P.R. 548, esta corte dijo lo siguiente:

“La imposición ele un término ele prisión más breve que el auto- . rizado por la ley, nO‘ justificará la revocación de una sentencia conde-natoria con motivo de una apelación interpuesta por el acusado. ’ ’

En el caso de People v. Oliver, 95 Pac. 172, 173, la Corte Suprema de California se expresó en los siguientes términos:

“El primer punto suscitado en apelación es que la sentencia im-puesta (siete años) es menor que el período de tiempo mínimo pro-visto por el estatuto (Código Penal 666) para los casos en que la con-vicción sea por-hurto mayor-eon posterioridad a una convicción por escalamiento (diez años) y que por ende es nula. Según dijimos en el caso de In re Reed, 143 Cal. 634, 77 Pac. 660, 101 Am. St. Rep. 138, tal sentencia no es nula. Cae dentro de las disposiciones del es-tatuto y no fuera de ellas. Ex parte Soto, 88 Cal. 629, 26 Pac. 530. Aun cuando la sentencia impuesta exceda del máximum fijado por el estatuto, ella es meramente errónea y si es revocada por este mo-tivo, la corte de apelaciones devolverá la causa con instrucciones de que se proceda a dictar sentencia de conformidad con el veredicto. People v. Riley, 48 Cal. 549. La aplicación de tal regla al caso’ante nos tendría por resultado el imponer una pena al acusado por haber apelado de una actuación de la corte sentenciadora. Este no es el espíritu de la ley, sino que cuando un acusado se queja de la comi-sión de un error en su propio favor, el mismo no será corregido en su detrimento. Por ejemplo, en un caso en que se anuló un veredicto y la corte sentenciadora concedió un nuevo juicio fundada en que el veredicto fue demasiado favorable al acusado, la Corte Suprema re-vocó tal resolución y ordenó a la eorte sentenciadora que procediera a dictar sentencia en armonía con el veredicto traído. People v. Muhlner, 115 Cal. 303, 43 Pac. 128. La corte aplicó a dicho caso simplemente la regla de que no siendo perjudicial al acusado el error cometido, éste no puede quejarse de que el caso fuera resuelto más favorablemente a él de lo que justificaba, la prueba. People v. Barhart, 59 Cal. 381; People v. Maroney, 109 Cal. 279, 41 Pac. 1097; Pen. Code, 1404.”

Debe confirmarse la sentencia apelada.