author: El Juez Asociado Señob Alduey,

text:
    Porto Rico Fertilizer Company, demandante y apelante, v. Manuel V. Domenech, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    No. 6690.

    Sometido: Abril 11, 1935.

      Resuelto: Noviembre 13, 1935.

      J. Henri Brown, C. Ruiz Nazario, G. E. González, G. Benitez Gautier y W. L. Butte, abogados de la apelante; ílon. Procurador General Benjamin J. Horton y M. Rodríguez Serra, Procurador General Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señob Alduey,

emitió la opinión del tribunal.

La corporación doméstica Porto Pico Fertilizer Company pagó sin protesta al Tesorero de Puerto Pico en los años 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, Í931 y 1932 las contribuciones que le fueron cobradas como agente retenedor de la Virginia Carolina Chemical Corporation, corporación de los Estados Unidos de América. El pago hecho en 1929 lo fué en 11 de junio de ese año. El 4 de octubre de 1933 la Porto '.Rico Fertilizer Company solicitó del Tesorero de Puerto Rico que le devolviese todas esas contribuciones por haber sido co-bradas y pagadas erróneamente, fundándose en que si bien desde 1924 a 1931 tomó dinero a préstamo a la Virginia Carolina Chemical Corporation, todos esos préstamos fueron hechos en Richmond, Estado de Virginia, donde fué gastado el dinero y donde fueron pagados los intereses de los prés tamos con dinero que la Porto Rico Fertilizer Company tenía en bancos de Nueva York, y en que la Virginia Carolina Chemical Corporation no ha tenido ni tiene agente en esta isla ni tampoco representante u oficina en la misma. El Tesorero negó las devoluciones interesadas, en cuanto a los pagos he-chos hasta el 11 de junio de 1929 por haber transcurrido -cuatro años desde su pago. También negó la devolución de las pagadas posteriormente a esa fecha. Contra esas resolu-ciones del Tesorero interpuso la Porto Rico Fertilizer Company demanda en la Corte de Distrito de San Juan para que condenase al Tesorero a devolver todas las expresadas contribuciones, alegando los hechos que acabamos de exponer. Dos pagos fueron hechos en 1926 y en la demanda se relacio-nan ocho causas de acción, una por cada pago realizado. Ex-cepcionada esa demanda por no aducir hechos determinantes de causa de acción, sostuvo la corte esa alegación del deman-dado porque la reclamación hecha por los pagos a que se refieren las cinco primeras causas de acción se ha hecho después de haber transcurrido más de cuatro años. En cuanto a las satisfechas después del 11 de junio de 1929, que son a las que se refieren las tres últimas causas de acción, declaró la corte que no podía ordenar su devolución porque los pagos no fueron hechos bajo protesta y porque la Porto Rico Fertilizer Company debió apelar la negativa de devolu-ción del Tesorero para ante la Junta de Revisión e Iguala-miento antes de que pudiera acudir a los tribunales de justi-cia. Dictada sentencia de conformidad con esa resolución fue interpuesto este recurso de apelación por la demandante.

La apelante reconoce en su alegato ante nosotros que las cinco primeras causas de acción están prescritas, por lo que limita la argumentación de su recurso a ser errónea la- sentencia en cuanto a las tres últimas causas de acción, toda vez que no tiene el deber de hacer los pagos bajo protesta ni tampoco'lo tenía de apelar la resolución del Tesorero para ante la Junta de Revisión e Igualamiento.

La Ley núm. 74 de 1925, que es de contribuciones sobre ingresos, vigente cuando los pagos objeto de esta apelación fueron hechos, faculta en su sección 75 al Tesorero para re-mitir, reintegrar y devolver toda contribución que aparezca injustamente impuesta o en cantidad excesiva o de cualquier manera erróneámente cobrada, imponiéndole el deber de in-formar a la Legislatura al empezar cada sesión ordinaria de todas las transacciones a que en esa sección se le autoriza.

La misma ley en su sección 76 y bajo el epígrafe “Limi-tación de pleitos y procedimientos entablados por el contri-buyente” dispone en su apartado (a) que las resoluciones de la Junta de Revisión e Igualamiento serán finales sin perjui-cio de su reconsideración con arreglo a la ley, y que el con-tribuyente deberá satisfacer bajo protesta toda la contribu-ción que le baya sido impuesta dentro del plazo fijado, pu-diendo interponer dentro de los treinta días siguientes aJ pago bajo protesta demanda contra el Tesorero de Puerto Rico ante la Corte de Distrito correspondiente. Ese plazo de treinta días fué ampliado por la Ley núm. 8 de 1927 a un año. El apartado (h) de dicba sección 76 dispone que nin-gún pleito o procedimiento será declarado con lugar por nin-gún tribunal, cuando fuere entablado para recuperar una contribución sobre ingresos o beneficios excesivos que se ale-gare fué impuesta o cobrada errónea o ilegalmente, o para recuperar cualquier penalidad pecuniaria que se alegare fué cobrada sin autoridad, o para recuperar cualquier suma que se considerare excesiva o erróneamente cobrada por cual-quier motivo, basta que debidamente se baya presentado al Tesorero y en apelación ante la Junta de Revisión e Iguala-miento una reclamación de reintegro o crédito, según lo es-tablecido por la ley en ese sentido, y por los reglamentos dic-tados de acuerdo con dicba ley. El alcance de dichos apar-tados es que la contribución sobre ingresos debe ser pagada bajo protesta para poder reclamar su devolución, y el pleito contra el Tesorero establecido dentro de un año, pero que dicbo procedimiento no será declarado con lugar por el tribunal a menos que habiéndose efectuado el pago bajo protesta se baya presentado al Tesorero y en apelación ante la Junta de Revisión e Igualamiento, antes o después de dicbo año, una reclamación de reintegro. Ya hemos dicbo antes que en el presente caso no se hizo el pago bajo protesta, como debió haberlo sido.

Por otra parte, era necesaria la apelación por la apelante ante la Junta de Revisión e Igualamiento ele la resolución del Tesorero que negó la devolución que se le pidió. Las pala-bras de la ley sobre apelación ante la Junta de Revisión e Igualamiento son bastante explícitas para concluir que con-cedieron una apelación ante la Junta. Tal apelación no fué hecha.

Por no haberse hecho el pago bajo protesta y por no ha-ber sido interpuesta apelación ante la Junta de Revisión e Igualamiento, la sentencia apelada debe ser confirmada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

license: Public Domain

text:
    Herminia Burset, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Humacao, recurrido.
    No. 964.

    Sometido: Noviembre 4, 1935.

      Resuelto: Noviembre 13, 1935.

      F. González Fagundo j Burset é Pérez Pimentel, abogados de la recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Herminia Burset y la sucesión de Manuel Ortiz promo-vieron demanda sobre disolución de comunidad de bienes contra la sucesión de José Manuel Anguita, de la cual forma parte el menor de edad José Manuel Anguita, representado por su madre con patria potestad Marina Salas. Se dictó sentencia declarando que el bien poseído en comunidad, que consiste en una casa, es indivisible, y se decretó la división de la misma ordenando su venta en pública subasta por un precio mínimo.de $3,000. Notificadas las partes interesadas de la sentencia, acudieron todas ellas ante la misma corte alegando que se habían puesto de acuerdo para vender dicha propiedad a la comunera Herminia Burset, por la suma de $2,700, por entender que la cantidad de tres mil dólares era un poco elevada.

El menor José Manuel Anguita fué representado en esta comparecencia por su madre Marina Salas viuda de Anguita. Se pidió a la corte que aprobara la estipulación referida por tratarse de derechos de menores y que. la sentencia sirviera como autorización judicial para efectuar la venta. La Corte de Distrito dictó sentencia autorizando la venta solicitada, fijando el valor de la finca en $2,700 y ordenando además que la sentencia hiciera las veces, y sirviera como autorización judicial para efectuar dicha venta por las personas a cuyo cargo estaban los menores interesados. De conformidad con la sentencia dictada la Sra. Marina Salas viuda de Anguita, por sí y en representación de su hijo José Manuel Anguita, vendió a Herminia Burset la participación de una mitad que le correspondía en el inmueble por el precio de $1,350.

Presentada en el Registro de la Propiedad de Humacao dicha escritura, junto con copia certificada de la estipulación de las partes y de la sentencia dictada por la Corte de Distrito de Humacao, el Registrador denegó ■ la inscripción respecto a la venta del derecho del menor José Manuel Anguita, porque dicha venta se hizo sin previa subasta pública y demás requi-sitos para enajenar bienes de menores que estatuye el art. 159 del Código Civil, ed. 1930, en relación con la ley sobre procedimientos legales especiales, y además porque la sen-tenpia que sirve de base a la venta no autoriza expresamente la enajenación del condominio del expresado menor en el solar propio en que enclava la casa objeto de la sentencia.

Dos son los errores que se atribuyen al Registrador de la Propiedad. Se aleg’a que dicho Registrador cometió error al aplicar a este caso el art. 159 del Código Civil en vez de aplicar el 338 del referido cuerpo legal y ah denegar la ins-cripción por no haberse hecho uso de la ley de procedimientos legales especiales.

Admite la recurrente que el artículo 159 del Código Civil no autoriza al padre ni a la madre' para enajenar o gravar bienes inmuebles de menores de edad sin autorización judicial, previa la comprobación de la necesidad y utilidad de la venta, y que para dar cumplimiento' a este precepto sustantivo es necesario el trámite que marcan los artículos 80, 81 y 82 de la ley sobre procedimientos legales especiales (Comp. 1619-1621), pero añade que estos artículos solamente son aplicables a las ventas que voluntariamente tratan de hacer los menores, representados por su padre o madre con patria potestad o por el tutor, pero no a aquellas que surgen forzosamente de acuerdo con el artículo 338 del Código Civil, que dice así:

“Cuando la cosa común fuere esencialmente indivisible y los condueños no convinieren en que se adjudique a uno de ellos, indem-nizando a los demás, se venderá y repartirá su precio.”

Arguye la recurrente que si se decreta la subasta pública correrá el riesgo de perder el derecho que le concede el ar-tículo 338 de adquirir la propiedad, porque podrían presen-tarse postores que le privaran de ése derecho. Es verdad que los comuneros pueden- convenir que se adjudique a uno de ellos la propiedad poseída en común, pero para esto es necesario el consentimiento unánime de acuerdo con las dis-posiciones prescritas por la ley. Y la ley, en el caso de menores, prescribe que cuando se trate de vender bienes in-muebles, se obtenga la autorización judicial y que la subasta se verifique ante el marshal del tribunal. Para que el menor pueda prestar su consentimiento, es necesario que se cumplan las disposiciones de la ley. Si éstas quedan incumplidas, no puede decirse que legalmente se Raya prestado el consenti-miento. El menor carece de autoridad para consentir qui-se adjudique la finca a uno de los comuneros, toda vez que no puede prescindir de la venta al mejor postor mediante subasta pública. Nos bailamos, por lo tanto, en el caso pre-visto por el artículo 338 del Código Civil, que dispone la venta de la cosa en común cuando fuese esencialmente indivisible y los condueños no hubiesen convenido la adjudicación a uno de ellos. Así lo ordenó la corte originalmente, disponiendo que la finca fuese vendida en pública subasta. Así debo hacerse, para garantir los derechos del menor, que legalmente no ha prestado su consentimiento, aunque los demás con-dueños se hayan puesto de acuerdo para venderle la pro-piedad a la recurrente. No se trata en este, caso de una división de la cosa poseída en común, sino de una enajena-ción completa de todo el interés del menor en la propiedad. Para la división de la cosa común, no necesitan los menores de la aprobación judicial y la subasta pública, cuando están representados por el padre, o, en su caso, por la madre (Sánchez v. Registrador, 21 D.P.R. 478); pero sí la necesitan para enajenar - su participación en la propiedad. En este caso el menor aparece vendiendo a la recurrente toda su participa-ción en la cosa común. Y si para vender a un extraño, o a uno de los comuneros, cuando los demás no están conformes, es necesaria la aprobación judicial y la subasta pública para, que el menor pueda enajenar su participación, también deben •ser necesarios estos requisitos cuando los demás comuneros, con excepción del menor, que no puede consentir legalmente, convienen en que se adjudique la propiedad a uno de los comuneros.

Bebe confirmarse la nota recurrida.


author: El Juez Peesidente Señor del Toro,

text:
    Rafael Arjona Siaca, peticionario y apelado, v. Blanton Winship, Gobernador de Puerto Rico, et als., demandados y apelantes.
    No. 6695.

    Sometido: Mayo 12, 1935.

      Resuelto: Noviembre 15, 1935.

      IIon. Procurador General Benjamin J. Horton y T. Torres Pérez, Subprocurador, abogados de los apelantes; A. Ortiz Toro, abogado del apelado.
   El Juez Peesidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Rafael Arjona Siaca,. Jnez de la Corte de Distrito do Humacao, inició en la Corte de Distrito de San Juan nn pro-cedimiento en armonía con la “Ley Uniforme de Sentencias Declaratorias” de 1931, Leyes de 1931, p. 397, en solicitud de una declaración de inconstitucionalidad de cierta asigna-ción contenida en las Leyes de presupuesto núm. 40 de 1932 (pág. 299) y mun. 59 de 1933 (pág. 399).

Prescindiremos del estudio y resolución de las cuestiones previas suscitadas y del de otras incidentales que surgieron durante el curso del procedimiento, para llegar sin demora al fondo de la cuestión planteada, a saber: -¿Pudo reducirse el sueldo del juez demandante?

El 29 de abril de 1930 (Leyes de 1930, pág. 419) se aprobó la Ley núm. 58 decretada por la Asamblea Legislativa dispo-niendo que el cargo de juez de las cortes de distrito de Puerto Rico fuera desempeñado por jueces nombrados por el tér-mino de diez años. De acuerdo con ella el demandante fue nombrado Juez de la Corte de Distrito de Humacao.

La ley no contiene disposición alguna fijando el sueldo de los jueces. En la Ley núm. 75 del propio año 1930 “fijando el presupuesto de los gastos necesarios para el sostenimiento del gobierno de Puerto Rico en el año económico que termi-nará el 30 de junio de 1931, y para otros fines”, consta la siguiente asignación: “Corte de Distrito de Humacao: Juez, $5,500.00.” Leyes de 1930, p. 545.

Y como en las subsiguientes leyes de presupuesto núm. 40, de 1932, y núm. 59, de 1933, sólo se asignan respectivamente para el pago del sueldo del juez de la Corte de Distrito de Humacao, $5,120.00 e igual suma con autorización al Auditor para hacer una rebaja del cinco por ciento, el demandante sostiene que dichas leyes son anticonstitucionales y por con-siguiente nulas por haberse decretado en violación del pá-rrafo trece de la sección 34 de la Ley Orgánica que dice:

“Con excepción de aquellos casos en que se disponga lo. contrario en esta Ley, ninguna ley prorrogará el término de ningún funcio-nario público, ni aumentará o disminuirá su sueldo o emolumentos después de su elección o nombramiento, ni permitirá a ningún fun-cionario o empleado percibir compensación por más de un cargo o empleo. ’ ’

Los términos de ese precepto constitucional son claros y la idea fundamental que lo inspira es la de asegurar la inde-pendencia del funcionario público una vez nombrado contra el halago que pudiera representar el aumento de su sueldo o la situación económica difícil que la disminución pudiera crearle. Las cortes lo han hecho valer en muchas ocasiones, poniendo de relieve su importancia trascendental para la causa del buen gobierno.

Sin embargo, como toda ley, el precepto de que se trata es sólo aplicable a los casos para los cuales se dictó y es-tamos convencidos tras un. estudio cuidadoso de la propia ley orgánica invocada y de la jurisprudencia que se cita, que no es aplicable a éste-que estamos considerando y resolviendo.

Ya hemos dicho que el sueldo del peticionario no se fijó por la ley creadora del cargo, ni por ninguna otra decretada a ese efecto. Constaba sólo asignado en el presupuesto del año en que se le nombró. Por su propia naturaleza las leyes de presupuesto tienen vida limitada y en cnanto a sueldos, la propia Ley Orgánica dispone en su sección 50, según fue enmendada por Ley del Congreso de junio 7, 1924, lo que sigue :

“Con excepción de lo que en contrario se dispone en esta Ley, los sueldos de todos los funcionarios de Puerto Rico que no sean nombrados por el Presidente, incluyendo delegados, auxiliares y demás ayudantes, serán fijados y pagados de las rentas de Puerto Rico según de tiempo en tiempo determinare la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y aprobare el Gobernador; y si la Asamblea Legisla-tiva dejare de hacer una asignación para dichos sueldos, los sueldos anteriormente fijados se pagarán sin necesidad de nuevas asigna-ciones para ello.” Itálicas nuestras.

Y así el nombramiento del demandante de acuerdo con las leyes vigentes en relación con el mismo, se hizo por el tér-mino de diez años y con el sueldo que de tiempo en tiempo determinara la Asamblea Legislativa* y aprobara el Gober-nador.

Si otra hubiera sido la intención del Legislador, hubiese fijado los sueldos de los jueces en la propia Ley núm. 58 de 1930, y entonces sí que hubiera estado el caso cubierto por el párrafo 13 del artículo 34 de la Ley Orgánica. Estimó que durante un período de diez años podrían ocurrir oscila-ciones económicas que exigieran aumentos o 'disminuciones y prefirió limitarse a dar a los cargos judiciales mayor esta-bilidad extendiendo el período del nombramiento de cuatro a diez años, reservándose el poder flexible de la fijación del sueldo de cuando en cuando de acuerdo con las necesidades de los tiempos.

No hay la más leve indicación de que la disminución de-cretada obedeciera a fines contrarios al pensamiento genera-dor de la limitación constitucional invocada. No lo fué para el juez demandante en particular, ni para los jueces como clase. Se extendió a todos los funcionarios de Puerto Rico y tuvo por fundamento la difícil situación económica por la que la isla atravesaba.

Debe revocarse la sentencia recurrida y dictarse otra de-clarcmdo la demanda sin hogar.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Emilio de Aldrey Montilla, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, recurrido.
    No. 968.

    Sometido: Noviembre 4, 1935.

      Resuelto: Noviembre 15, 1935.

      F. Soto Gras, abogado del recurrente; el registrador recurrido com-pareció por escrito.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En escritura pública sobre reconocimiento de deuda y constitución de hipoteca otorgada por Emilio de Aldrey y su esposa ante el notario público Francisco Soto Gras el 23 de julio de 1935 los otorgantes consignaron que “a medida que sus necesidades económicas lo exijan . . . han resuelto ges-tionar la tramitación de dos pagarés hipotecarios al porta-dor” a cuyo efecto “reconocen adeudar en calidad de prés-tamo a los portadores de los pagarés que luego se dirán . . . la suma de cuatro mil dólares, que desde ahora declaran tener recibida antes de este acto y a su satisfacción por virtud de la cesión o traspaso que se efectúe de dichos pagarés.”

Los pagarés son iguales. Uno se inserta en la escritura. Dice:

"Por $2,000.00 U. S. Cy. — Para 23 de julio de 1937. — Debemos y pagaremos a la orden del portador, el día veinte y tres (23) de julio ■de mil novecientos treinta y siete (1937) la suma de dos mil dolases ($2,000.00). Este pagaré devengará intereses a razón del nueve por •eiento (9%) anual y está garantizado con hipoteca que, por su principal, intereses y crédito adicional de cuatRocientos dólares ($400.00) para costas, desembolsos y honorarios de abogado en caso de reclamación judicial, hemos constituido por escritura de esta misma fecha, otorgada en esta ciudad, ante el Notario don Francisco Soto ■Gras, bajo el número diez y nueve (19) de su protocolo comente, sobre una finca de nuestra propiedad que se describe en dicha escri-tura y sujeta a las condiciones y pactos del documento público ex-presado. — San Juan, Puerto Rico, a 23 de julio de 1935. — Por mí y ■como apoderado de mi esposa Sylvia Ferrer. — (firmado) Emilio de Aldrey.”

Presentado el documento para su inscripción en el Begis-tro de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, causó la siguiente nota:

"Inscrita la hipoteca que comprende este documento, en cuanto ai principal de la misma, crédito adicional para costas, gastos y hono-rarios de abogado en caso de reclamación judicial, y los intereses sobre dicho principal al ocho por ciento anual, denegándose en cuanto .al exceso de los intereses estipulados en el contrato por prohibición ■expresa de la Ley, ...”

No conformes los otorgantes recurrieron de ella para ante teste tribunal.

La ley a que se refiere el registrador (Ley núm. 5 de 1933 '(2) pág. 27) es la misma que fué ampliamente estudiada <en el caso Caraballo v. Registrador, 48 D.P.R. 923. En lo pertinente dice:

"... que no podrá fijarse un tipo de interés, por convenio especial, que sea mayor de nueve (9) .dólares anuales sobre cada cien (100) dólares o sobre su equivalente en valor, cuando el capital ■objeto del préstamo o del convenio no exceda de $3,000, y de ocho (8) dólares anuales por cada cien (100) dólares, cuando pase dicha ■cantidad. ’ ’

Acepta Ja parte recurrente que ésa es la ley aplicable y sostiene que no tratándose de un convenio que exceda de tres mil dólares, sino de dos, ninguno de los cnales llega a esa. suma, el interés del nueve por ciento fijado se ajusta a sus-prescripciones.

El registrador insiste en su alegato en que “la hipoteca-que se constituye para garantizar una deuda, esté o no dicha-hipoteca representada por uno o varios pagarés, tiene que ajustarse, en cuanto al tipo de interés, a lo que determina el único precepto limitativo del interés contractual que existe vigente en nuestro Derecho Civil — Ley núm. 5 de agosto 17, 1933.”

Estaríamos enteramenté conformes en que el interés del nueve por ciento fijado sería ilegal si dél documento surgiera el hecho de haberse realizado o tenerse que realizar la nego-ciación de los dos pagarés en un solo acto, porque entonces no habría duda alguna de que se trataba de una sola transac-ción.

Pero como dicho documento, dados los términos en que está redactado, puede servir de base a dos transacciones dis-tintas celebradas en varias fechas con diversas personas, que tengan vida separada por sí mismas, ninguna de las cuales excedería de tres mil dólares, el interés fijado no puede con-cluirse aún que sea ilegal.

Bajo esas circunstancias el registrador debió, a nuestro juicio, inscribir el documento con la advertencia de que si los pagarés se negocian de modo tal que pueda estimarse que la negociación constituye una sola transacción, entonces el interés del nueve por ciento fijado llegará a ser ilegal.

En tal virtud, debe revocarse la nota recurrida en la parte en que lo ha sido y ordemarse la inscripción en la forma indicada.

El Juez Asociado Señor Wolf opina que procede la inscrip-ción del documento siu advertencia alguna.

El Juez Asociado Señor Aldrey no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Aldeey,

text:
    Luis Fernández Viñas y Rosa Rosales, demandantes y apelantes, v. Loíza Sugar Company, James H. Post, James D. Coombs y Frederick S. Armstrong, The Fajardo Sugar Growers’ Association y The Fajardo Sugar Company of Porto Rico, demandados y apelados.
    No. 6357.

    Sometido: Mayo 5, 1931.

      Resuelto: Noviembre 15, 1935.

      C. Coll y CucM, abogado de los apelantes; Jaime Sifre, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

Después de nn juicio dictó sentencia la Corte de Distrito de Sari' Juan declarando sin lugar la demanda de los esposos demandantes y fué interpuesta esta apelación.

Luis Fernández Viñas y su esposa Rosa Rosales tenían en arrendamiento dos fincas desde el I. de julio de 1928, una nombrada “Carmen,” de la Loíza Sugar Company, y otra llamada “Cupey,” que les subarrendó Tbe Fajardo Sugar Growers Association, por cierto número de años ambas. En 10 de julio del mismo año 1928, The Fajardo Sugar Company prestó a esos consortes la cantidad de $11,000 con garantía de cierto número de cabezas de ganado, con la cual pagó Fernández Viñas a The Loíza Sugar Company $10,975, como parte de una deuda mayor que con dicha corporación tenía entonces, quedando a deberle $7,098.50, cuya última cantidad autorizó Fernández Viñas seis días después a la Fajardo Sugar Company para que se la abonara a dicha Loíza Sugar Company y se la cargara a él en su cuenta corriente por refacción agrícola. Cuando un año después venció el prés-tamo de los $11,000, no lo satisfizo Fernández Viñas, y en-tonces The Fajardo Sugar Company inició un procedimiento judicial para el cobro del mismo por la vía ejecutiva. Luis Fernández Viñas para esa época había dispuesto de parte del ganado que había dado como garantía del pago de dichos $11,000. Entonces fué firmada el 24 .de julio de 1929 por la tarde, por los otorgantes y testigos, una escritura por la cual quedaron rescindidos los contratos de arrendamiento y subarrendamiento de las dos fincas y los demandantes ven-dieron a The Fajardo Sugar Growers’ Association todas las cañas que tenían sembradas en ellas, así como ganado, abono y los utensilios de labranza que se encontraban en las mismas, todo por precio de $14,399.64, de los cuales retuvo la com-pradora $11,895.02 para pagar a The Fajardo Sugar Company los $11,000 del mencionado préstamo, sus intereses devengados hasta esa fecha ascendentes a $858.00, y otra cantidad de $37.02 como saldo de la referida cuenta corriente que tenía The Fajardo Sugar Company por refacción con los esposos Fernández-Rosales. El remanente del precio montante a $2,504.62 se lo pagó en efectivo. Esa escritura la leyó por la mañana Fernández Viñas y entonces recibió los $2,504.62 por su balance. El préstamo de los $11,000 lo cargó la Fajardo Sugar Company el 10 de julio de 1928 en la cuenta corriente de ella con los esposos Fernández-Eosales por refacción agrícola, pero tres días después de haber hecho ese cargo quedó éste sin efecto por un asiento de abono hecho en la misma cuenta; y el mismo día, en otra cuenta de préstamo agrícola, se cargó esa suma a los demandantes. Más tarde, el 24 de julio de 1929, en cuyo día fué firmada la escritura de rescisión de arrendamiento y venta, se llevó a la cuenta corriente como cargo la cantidad de $11,000 del expresado préstamo y otra cantidad de $858.00 por intereses del mismo, pero con la misma fecha fné saldada toda la cnenta por sn total de $11,895.02, qne era lo qne The Fajardo Sngar Growers’ Association retnvo en la compra qne hizo a los esposos Fernández-Rosales para pagárselos a la Fa-jardo Sngar Company.

Despnés de esos hechos Lnis Fernández Viñas y sn esposa' radicaron la demanda qne motiva esta apelación, en la qne alegan qne la mencionada escritura de 24 de julio de 1929 es nula porque fné otorgada por error, violencia e intimida-ción y además porque no tiene cansa de obligar. En conse-cuencia solicitaron qne se declarase tal nulidad y se condenase a los demandados a pagarles cierta cantidad de dinero como indemnización por perjuicios sufridos.

La prueba testifical presentada en el juicio es contradictoria pues mientras los demandantes y los testigos que presentaron declararon que Fernández Viñas no quería firmar esa escritura ni tampoco su esposa y que ése era un documento provisional porque fué convenido que pocos días después se firmaría otra escritura definitiva pasándole las fincas a don Marcial Suárez para que éste se las arrendase a Fernández Viñas, sin embargo, la prueba de los demandados contradijo totalmente esas declaraciones y afirmó que no hubo oposición alguna de los demandantes para firmar esa escritura y que la suscribieron voluntariamente sin protesta de clase alguna y sin que hubiera manifestación alguna de que se trataba de una escritura provisional. La Corte de Distrito no dió crédito a las declaraciones de los testigos de los demandantes pero sí se lo dió a las de los testigos de los demandados, resolviendo así el conflicto de la evidencia de manera justa y apropiada, pues después de leer nosotros todas esas declaraciones llegamos sin vacilación alguna a la conclusión de que el juez estuvo acertado en la resolución de este conflicto, por lo que no podemos sostener que el documento fué otorgado por dolo o error, ni tampoco por intimidación debida a haber dispuesto el Sr. Fernández Viñas de parte del ganado que había dado , en garantía del préstamo. Es más, la prueba de los demandantes es contradictoria en sí misma. • ■

Con respecto a la falta de causa para ese contrato alegan los mencionados esposos que- no debían los $11,000 del préstamo agrícola e intereses que fueron retenidos en la escritura de venta, porque habiendo sido cargado ese préstamo el 10 de julio de 1928 en la cuenta de refacción con The Fajardo Sugar Company, fué cancelado ese asiento tres días después por abono que de dicha deuda fué hecho en la,misma. Esto es, que por no estar debiendo esos $11,000 en la fecha de la escritura, no había causa en ella para celebrar ese contrato, por lo que es .nula y deben ser indemnizados los demandantes en los daños y perjuicios que les ha causado.

• -Bastará decir que habiendo sido concedido el préstamo el 10 de julio de 1928 se cargó primeramente en la cuenta de refacción ese mismo día y se canceló por -asiento- contrario tres días después, o sea con fecha 13 de julio de dicho año en que tal préstamo fué anotado en el .libro de- préstamos agrícolas de la. Fajardo Sugar Company, por lo que puede verse que el primer asiento que aparece en la referida cuenta de refacción se hizo .interinamente .mientras se llevaba al libro correspondiente de préstamos, lo cual no se .llevó a cabo hasta tres- días después, -por. motivos que desconoce-mos. Posiblemente se cargó la cantidad en la cuenta co-rriente el mismo día en que el préstamo agrícola fue. hecho para que esa cantidad no quedase sin salida en los libros en tanto el préstamo era llevado a la otra cuenta. .En lo refe-rente a que por segunda vez se volvió a cargar el importe de ese préstamo en la cuenta corriente el día 24 ,de julio de 1929 y también cancelado en la misma fecha por entrega que hiciera la Fajardo Sugar Growers’ Association por cuenta de Fernández Viñas de conformidad con lo- estipulado en la escritura de venta antes mencionada, será suficiente advertir que según resulta de la pruebay lo deja explicado especial-mente -el testimonio de Eladio J. Candal, -quien tenía a su cargo la contabilidad de' The Fajardo Sugar Company, el montante de diclio préstamo agrícola y de sus intereses de-vengados basta entonces, ascendentes a la suma de $858.00, fué saldado en el libro de préstamos agrícolas al tiempo de otorgarse la escritura, trasladándose como cargo a la cuenta ■de refacción para en unión al pequeño saldo pendiente de la misma en esa fecba formar el balance englobado de $11,895.02, cuyo importe retuvo la compradora The Fajardo Sugar Growers’ Association para pagarlo a The Fajardo Sugar Company. Que el préstamo agrícola no había sido satisfecho y por consiguiente se estaba aún adeudando, lo demuestra por otra parte el hecho de que en. la repetida es-critura reconoció Fernández Viñas expresamente estar de-biendo a The Fajardo Sugar Company los $11,000 del mismo en adición a los $858.00 indicados por concepto de intereses, partidas éstas que fueron canceladas el mismo día 24 de julio de'1929 en el libro de,préstamos agrícolas.

En cuanto a los daños reclamados, no existen por no ser nula la escritura.

Por lo expuesto no vemos motivo alguno para revocar la sentencia apelada y debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Salvador Villanueva acusado y apelante.
    No. 5569.

    Sometido: Marzo 5, 1935.
    Resuelto: Noviembre 15, 1935.

      B. Martínez Nadal y A. Beyes Delgado, abogados del apelante; B. A, Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Villanueva fue convicto del delito de asesinato en. segundo grado. Los señalamientos primero y segundo figuran en el alegato en la siguiente forma:

“1. — La Hon. Corte de Distrito de Areeibo cometió grave error al instruir al jurado en los siguientes términos:
“ ‘ (a) De la evidencia aportada por ambas partes, señores del jurado, ba quedado establecida por parte del fiscal la siguiente teorías que el día 23 de septiembre del año pasado, el acusado llevaba rela-ciones con una joven llamada Lydia Eosa Hernández que era hija de Julio Hernández y de Teresa Martínez; que ese día el acusado se personó en la casa de Lydia Eosa Hernández como a las dos de la tarde y tuvo una conversación con Lydia Eosa Hernández en la sala; que más tarde, se encontraba el acusado en el balcón con Lydia y el acusado le manifestó a ésta ‘vamos a un paseo’ y ella dijo ‘que no’ y entonces el acusado le dijo a Lydia ‘sabes, si no nos casamos de aquí a veinte días, te voy a matar’; que esa misma tarde, y como a las seis de la tarde, Lydia Eosa le devolvió las cartas al acusado Salvador Villanueva; que esa misma tarde y alrededor de las siete de la noche, volvió el acusado a la casa de Lydia Eosa Hernández, procuró por Lydia y le preguntó a Angelita, la hermana y ésta le contestó que estaba en el baño y el acusado preguntó a Lydia cuando ella salió ‘si era verdad eso’, porque ella le había devuelto las cartas, y ella le dijo: ‘está todo terminado’; que ahí le disparó el primer tiro, salió la madre y delante de ésta le disparó el segundo tiro; que la madre la encontró acurrucada al lado del sofá y al acusado parado y ahí la madre lo empujó hasta la escalera; que el segundo disparo, se lo hizo por la espalda; que el acusado manifestó delante de ciertos policías lo siguiente: ‘qué más investigaciones ni más investigaciones. Yo fui quien lo hice y voy contento a la cárcel.’
‘(b) Respecto de la prueba de la defensa uno de los testigos de ella declara que iba en dirección a un barrio que le dicen Los Cocos a una cita que tenía; que iba a pie; que conoce el sitio donde vive Julio Hernández; que vió esa noche a Salvador Villanueva con ocasión de que pasaba casualmente y oyó ciertos insultos de: ‘borra,-chón, canalla, tú no te vas a casar con mi hija, lárguese de aquí;’ que se detuvo a oír eso; que oía eso en casa de Julio Hernández; que las palabras fueron ‘borrachón, canalla, usted no es'un hombre para casarse con mi hija’; que se puso' a observar allí y a los dos minutos sintió dos disparos; que no vió quién hizo los disparos; que se fijó que lo empujaban, al acusado, insultándolo, con esas palabras que ha dicho y otras que no se atreve decir; que se acercó al acusado cuando lo empujaban así y ya había salido de la verja y le dijó-: ‘¿qué te pasa?’ y salió en compañía de él hasta la Bala de Bronce y se puso a conversar con él hasta que llegó Charriz; que no le vió nada en la mano cuando salía de la casa; que quien lo echaba de la casa era itna señora y que las frases fueron primero de las detonaciones. Otros testigos declaran que por una o dos veces mandó a buscar con un nene, hermanito de la interfecta, al acusado al garage del acusado, diciéndole que mandaba a decir ella que fuera allá.’
“2. — La Hon. Corte de Distrito de Arecibo cometió grave error al pronunciar ante el jurado, después de haber instruido sobre la ley y los hechos y haber catalogado los veredictos, cualquiera de los cuales podía traer el jurado, el discurso que a continuación copiamos:
“ ‘Señores del Jurado: Por ministerio de la Ley se os tomó a vosotros dos clases de juramentos: uno preparatorio y otro definitivo, para entrar en el ejercicio de vuestras delicadas y altísimas obliga-ciones sociales y judiciales. El primero exige que respondáis - con veracidad a las preguntas que se os hagan con respecto a vuestras condiciones para servir como jurados. El segundo requiere, apelando para ello a vuestras conciencias de hombres honrados, que juzguéis la causa que pende ante vosotros ateniéndoos al resultado de la prueba y a los dictados de vuestras conciencias. Quiérese decir, que por el primer juramento empeñáis vuestra palabra de honor con el fin de poneros en condiciones de poder cumplir lo que en el segundo de vosotros se requiere.
11 ‘Por eso aunque es innecesario que lo diga yo desde este curuL judicial debéis entender que estos dos juramentos tienen una coexis-tencia y relación moral íntima e inseparable, estando, por tanto, ante la sociedad y vuestras conciencias obligados a cumplir con vuestro deber, no importando temores ni prejuicios ante la imperativa nece-sidad de bacer que se cumpla la justicia. Por algo existe (sic) la ley que el panel sea formado por doce miembros. Eso es un símbolo; constituís el apostolado más noble de los pueblos civilizados. Sois el apostolado de la justicia popular y en él no pueden caber ni los Pedros que niegan, ni los Judas que traicionan.
‘Podrán levantarse oleadas de pasiones, podrán flamear llamas de odios alrededor de los casos que se traen a nuestros tribunales, pero nada de eso puede ni debe llegar hasta vosotros. El Jurado, como las aves de potentes remos, debe sostenerse en zonas tan altas y tan puras que hagan imposible que lleguen hasta él esas ruines y execrandas pasiones que han de pasar por debajo de vosotros come las tormentas y las nubes cargadas de fuego bajo las alas poderosas del águila y del cóndor.
“ ‘Y yo os concito, apelando a vuestras conciencias, a que resol-váis este caso ateniéndoos exclusivamente a la solemnidad del jura-mento prestado, atemperándoos exclusivamente al° resultado de la prueba practicada. Yo os pido que en cumplimiento de la palabra, empeñada vayáis a la Cámara de deliberaciones libres de prejuicios como el islamita que deja a la puerta del templo sus sandalias para no manchar el sagrado recinto con el polvo del camino.
“ ‘La Corte confía en vosotros como hombres justos y como puer-torriqueños que tenéis un claro y alto concepto del deber, y la jus-ticia pública y vuestro pueblo espera de vosotros que cumpláis con ese deber.’

La excepción a la primera instrucción se basó en la con-tención de qne el juez al manifestar “a virtud de la prueba presentada ha quedado establecido por parte del fiscal”, dijo al jurado que el fiscal había probado su caso. La defensa reforzó esta objeción indicando que al hacer un resumen de la prueba de descargo no se habían usado palabras similares.

El fiscal de esta Corte se funda en definiciones lexico-gráficas de las palabras “establecer” y “teoría”. No dis-cute la cuestión de hasta qué punto puede haberse dado una interpretación algo distinta a la manifestación “ha quedado establecido por parte del fiscal la siguiente teoría”, por el hecho de que la misma estaba precedida de la frase “de la evidencia aportada por ambas partes” y seguida por un ex-tracto de la prueba aducida por El Pueblo. Sin penetrar en este aspecto de la cuestión, podría admitirse, sin resolverlo, que el lenguaje usado por el juez de distrito está sujeto a la interpretación dádale por el apelante.

Interpretadas en esa forma muy bien podría argumentarse que la exhortación impugnada en el segundo señalamiento equivalía a una instrucción para que se trajera un veredicto condenatorio. Sin embargo, la cuestión no es tanto si la corte de distrito cometió o no error como si el error, do haberlo, es uno que da lugar a la revocación. . Si la corte hubiese cometido cualquier otro error claramente perjudicial al acusado, si la prueba en su totalidad hubiese dejado cual-quier laguna por la cual éste hubiera podido escapar, si hubiera habido alguna base tangible para la teoría de homi-cidio, o si hubiera habido motivo para tener duda razonable, sería difícil evitar la revocación.

Empero, los dos extractos que se hacen de las instruc-ciones dadas por el juez al jurado, no fueron trasmitidos uno inmediatamente después del otro, conforme aparece en el señalamiento de error. Fueron el exordio y la perora-ción respectivamente de una instrucción que comprende trece páginas de la transcripción taquigráfica. El resumen de la prueba de la defensa no se hizo inmediatamente después de referirse a la teoría del fiscal, según figura en el señalamiento. El resumen de la prueba de la defensa que se hace en el señalamiento está incompleto. Además está seguido de un resumen adicional de otra prueba de cargo que comienza con la frase “Respecto de la prueba de cargo, o sea del fiscal. . .” A la referencia hecha a la teoría del fiscal le precedió un informe del delito imputado en la acusación, y le siguió la enumeración de los testigos que habían declarado en favor de El Pueblo. Después de esto, hay otro párrafo relativo al certificado de defunción, a una gorra dejada por el acusado en la escena del suceso y al vestido usado por Lydia Rosa. El contraste existente entre la referencia lieclia a la teoría del fiscal y el resumen de la prueba de descargo, separadas como están en las instrucciones dadas al jurado, no es tan llamativo como cuando en el señalamiento se coloca una inme-diatamente después de la otra. A continuación del resumen de la prueba y antes de la exhortación final hay muchas páginas escritas a máquina conteniendo instrucciones sobre asesinato en primero y segundo grado, deliberación y malicia, expresa e implícita, la presunción de inocencia, el derecho del acusado a no declarar, el peso de la prueba, la definición y doctrina de duda razonable, y la facultad y deber exclusivos del jurado de apreciar la prueba. Este punto se hizo entera-mente claro, y no es probable que se hubiese obtenido otro resultado valiéndose de palabras más apropiadas al referirse a la teoría del fiscal. No podemos asumir que el jurado pasó por alto todas las instrucciones intermedias y que interpretó la exhortación final en relación con la teoría del Fiscal como una instrucción terminante en pro de la causa de El Pueblo, o cómo una orden de que se rindiera un veredicto condena-torio.

A veces durante el juicio existe cierta atmósfera alrededor.del caso,.que se esfuma por completo en apelación. El juez, que vive en la comunidad, que ha presidido la corte durante el juicio y ha oído los argumentos de los letrados, está en mejor posición que este tribunal para determinar la necesidad de equilibrar las influencias extrañas llevando ai ánimo del jurado la responsabilidad contraída con su jura-mento como jurados. Si bien,» por regla general, los arran-ques de oratoria deben dejarse a los letrados de la defensa y de El Pueblo, la mera exhortación respecto al cumplimiento de un deber contraído por el juramento prestado no es su-ficiente motivo para que se revoque la sentencia.

El tercer señalamiento se dirige a la negativa del juez de distrito a trasmitir ciertas instrucciones sobre homi-cidio voluntario. Si hubiera habido alguna prueba en qué basar un veredicto de homicidio, esta negativa hubiera sido un error que daría lugar a la revocación. En ausencia de tal prueba, la cuestión de homicidio no estaba envuelta y la corte no cometió error al negarse a dar la instrucción soli-citada. Nada de lo que la madre de Lydia Rosa dijera a Villanueva antes o después de los disparos, fue suficiente provocación. Fuera de .esto, nada hay en la prueba que sostenga la teoría de que Villanueva actuó “en un arrebato de cólera, motivada por súbita y suficiente provocación” (artículo 207, inciso 2 del Código Penal). Por consiguiente, la corte no cometió error al negarse a dar al jurado instruc-ciones sobre homicidio voluntario.

El alegato del apelante deja de convencernos de que el juez de distrito demostrara pasión, prejuicio o parcialidad durante el curso del juicio en forma tal que exija la revoca-ción de la sentencia. Esto resuelve el cuarto señalamiento.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señoe Wole,

text:
    Marta Vega, demandante y apelada, v. Pedro Salom, de mandado y apelante.
    No. 6455.

    Sometido: Diciembre 14, 1934.
    Resuelto: Noviembre 15, 1935.

      R. Padró Paros, abogado del apelante; Juan Lastra, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señoe Wole,

.emitió la opinión del tribunal.

Pedro Salom era el arrendatario del Hotel Central al tiempo en que ocurrió el accidente en este caso. Según se desprende de los autos, el ascensor del hotel era usado libre-mente por huéspedes y empleados. En la tarde del 9 de marzo, 1931, la hija de la demandante fué al hotel en busca de su madre y ambas, en unión de otro pasajero, tomaron el as-censor. La madre estaba empleada en el hotel. Cuando el ascensor llegó al primer piso no se detuvo a su nivel. Al-gunos de los testigos, peritos y de otra índole, dicen que el ascensor se detiene o tiene la tendencia a detenerse, más abajo del nivel del primer piso. Otros dicen que se paró sobre el nivel. En nuestra opinión, la prueba tiende a de-mostrar que el ascensor se para en algunas ocasiones como a un pie sobre el nivel del piso. Cuando el ascensor dejaba de llegar al nivel el operador tenía por costumbre, quizá por necesidad, llevarlo hasta el segundo piso para ponerlo al nivel del primero. Por el examen que hemos hecho de la prueba estamos bastante convencidos de que el ascensor se detuvo momentáneamente en o cerca del primer piso, y que casi instantáneamente el conductor lo llevó hasta el se-gundo piso. La jaula en sí del ascensor no tiene puerta, y aparentemente no la había tenido por algún tiempo. Al de-jar el primer piso para subir al segundo, la puerta exterior estaba abierta o lo fué por alguien dentro del ascensor. La probabilidad es, según las declaraciones de los peritos y do otros testigos, que la puerta fué abierta mientras el ascensor estaba quieto y no después de haber iniciado su marcha. La hija de la demandante trató de salir del ascensor, y mientras éste ascendía fué estropeada y muerta al chocar con una de las vigas de los alrededores del ascensor (shaft) o por el cielo raso del primer piso.

Algunos de los testigos oculares de la demandante dicen que el operador abrió la puerta. Varios testigos del deman-dado manifiestan que la hija de la demandante fué quien la abrió. La corte resolvió directamente y más tarde dió énfa-sis en su opinión, al hecho de que la puerta fué abierta por el conductor del ascensor. Es claro que si el conductor fué ne-gligente el demandado es responsable.

Podemos resolver rápidamente varios de los señalamien-tos de error. El primero era totalmente insuficiente. Otro de éstos era al efecto de que la hija de la demandante no tenía derecho a usar el ascensor. No solamente se demos-tró la costumbre general de usar el ascensor, sino que el día del accidente el empleado del demandado permitió a la in-terfecta que lo tomara cual si fuera un pasajero.

La demanda aduce una causa de acción al alegar en los párrafos 4 y 5 lo siguiente:

o “4. — T sigue alegando la demandante que el día nueve de marzo de 1931, la menor Irene Agosto utilizó como pasajera los servicios del ascensor antes mencionado, tomándolo en el prmier piso y llegando basta el quinto piso, adonde fué en busca de su madre la demandante que trabajaba con el demandado en calidad de empleada; que momentos después, a las cinco y cuarto de la tarde del expresado día nueve de marzo de 1931, ambas, la menor Irene Agosto y la deman-dante, de regreso a su domicilio, tomaron en el quinto piso el ascensor para bajar al “’primero que es el que da acceso a la calle; que ya dentro del ascensor y funcionando éste, por una maniobra de §u conductor Luciano Agosto, aquél paró como a un pie más abajo del nivel del primer piso; que en ese mismo instante, allí y entonces, el conductor Luciano Agosto dió contramarcha acelerada al aparato en sentido ascendente, motivando con su maniobra que la menor Irene Agosto fuese elevada a una altura de dos o tres pies, yendo a chocar con un listón de madera que hay por la parte afuera, cayendo al sótano con la cabeza destrozada y muriendo inmediata-mente en la fecha y hora indicadas; que el ascensor en ese momento tenía los cables flojos, la valla en mal estado y la puerta desajustada, acusando falta de inspección y reparación.
“5. — Y sigue alegando la demandante que lo antes referido se debió únicamente a descuido, negligencia y falta de circunspección del conductor Luciano Agosto al maniobrar con la manigueta del ascensor referido y al estado de los cables, valla en mal estado y la puerta desajustada de dicho aparato, como la falta de reparación o inspección que se alega en el hecho cuarto de esta demanda.”

Esto desde luego estaba sujeto a incongruencias o en-miendas inmateriales, realmente hechas o que pudieran con-siderarse como hechas durante el juicio.

La presencia de un testigo durante el juicio y antes de que ocupara la silla testifical estaba dentro de la discre-ción de la córte, y toda vez que su testimonio se limitó a la cuantía de los daños y perjuicios, el dejar de excluirlo no fué perjudicial.

Abrigamos alguna duda respecto a si la corte no debió haber admitido prueba tendente a demostrar que un testigo había hecho manifestaciones inconsistentes en un examen pre-liminar practicado por el fiscal de distrito. Por los autos y la opinión tenemos la idea de que la corte tuvo lo suficiente ante sí para- dudar de la veracidad del testigo y que ella en realidad de verdad no se fundó en el testimonio así impug-nado.

Los principales errores señalados son que la corte cometió error al apreciar la prueba y al no declarar que la hija de la demandante fué culpable de negligencia contribuyente.

La cuestión de negligencia contribuyente "se dirige en verdad a la controversia principal del caso, a si la joven abrió o no la puerta exterior. Toda vez que la conclusión es que ella no lo hizo, no se necesita consideración adicional alguna sobre la cuestión de negligencia contribuyente.

■ • La declaración del empleado contenía algunas inconsisten-cias, especialmente con respecto a las personas a quienes se permitía montar en el ascensor. Empero, podría admitirse en resumen que él no creyó que había abierto la puerta. Pudo haberlo becbo automáticamente. Sea ello como fuere, no ba-ilamos lo suficiente en los autos, ni el apelante nos convence de que la corte cometiera error en la apreciación de la prueba.

Hubo alguna disensión sobre la doctrina de res ipsa lo-quitur, mas bajo los becbos de este caso es innecesario consi-derarla.

No hallando ningún error que dé lugar a la revocación, la ■sentencia apelada debe ser confirmada.


author: TCl Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Cirilo Nieves, demandante y apelante, v. White Star Bus Line, Inc., demandada y apelada.
    No. 6239.

    Sometido: Noviembre 21, 1934.

      Resuelto: Noviembre 21, 1935.

      Diego O. Marrero y A. Quirós Méndez, abogados del apelante; J. Henri Brown, C. Ruiz Nazario. G. E. González y G. Benitez Gautier, abogados de la apelada.
   TCl Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Ocurrió un accidente. El demandante sostenía que es-taba dentro de una guagua de la White Star Line al ocurrir •el mismo, es decir, que era un pasajero. La demandada pre-sentó prueba tendente a demostrar que el demandante nunca estuvo dentro del vehículo y que el accidente le ocurrió por haber chocado con un poste del teléfono mientras caminaba distraídamente cerca del lugar por donde pasaba el ómnibus.

En realidad, uno de los principales testigos de la deman-dada lo era un policía insular. Este hizo una relación deta-llada de lo sucedido. Si bien hubo considerable prueba de-parte del demandante y de sus testigos al efecto de que el accidente tuvo lugar mientras el demandante se desmontaba, del vehículo, el juez sentenciador resolvió el conflicto contra, el demandante. El policía no era el único testigo de la de-mandada, aunque sí fue uno muy importante.

El demándante ofreció como prueba una comunicación hecha por el jefe de distrito al jefe de la policía al tiempode ocurrir el accidente. El contenido del documento era como sigue: .

“1. — El clía 7 del actual, a las 11:05 A.M. y en la Ave. José-Martí, Santurce, la guagua No. P-76, propiedad de la White Star-Line, Inc., de San Juan, asegurada en la Porto Rican and American. Insurance Co., guiada por David Camerón, chauffeur No. 29863, re-sidente en la calle Europa, No. 44, parada 22, arrolló a Cirilo Nieves, residente en la calle Cantagallo, Santurce, ocasionándole la fractura: completa del fémur tercio medio de la pierna izquierda y heridas y contusiones en distintas partes del cuerpo, de pronóstico reservado,, siendo recluido en el Hospital Municipal.
“2. — El guardia Ramón Izquierdo, No. 233, que presenció Ios-hechos y los testigos José Ocasio, residente en la calle del Tren, Pda. 4, Puerta de Tierra, y Ramón Bonilla, residente en la Calle William, No. 13, Bo. Obrero, informan que el accidente ocurrió en momentos-que el lesionado caminaba con dirección a la parada 44 por la de-recha, mirando hacia atrás y chocó con un poste del teléfono, ca-yendo sobre el pavimento, atravesado el cuerpo en la calle, siendo-alcanzado por la guagua que marchaba en la misma dirección y en ese momento le daba alcance.
“3. — El caso fué sometido a la consideración del Hon. Juez de-la Corte Municipal, Sección Primera, quien acusó a David Camerón de un delito de infracción a la ley de automóviles, artículo 12 (c),. señalándole $1,000.00 de fianza para permanecer en libertad provisional. ’ ’

Mientras ocupaba la silla testifical, el policía Izquierdo declaró que este informe era copia del que él había hecho en el libro de novedades. El demandante se opuso, substancial-mente fundado en que el testigo no había dicho que el docu-mento presentado era copia fiel del asiento hecho en el libro de novedades; que era tan sólo copia de un informe dado a la compañía de seguros por el ¡jefe; que no era copia literal del asiento efectuado en dicho libro o debidamente certificado por la persona a cargo del mismo.

La objeción tenía quizás visos de razón. Empero, la si-tuación que tenemos ante nos no es un caso ordinario de probar el contenido de un documento oficial mediante copia certificada, o un caso en que el contenido de un documento es un elemento esencial de la controversia. La teoría del juez de distrito al admitirlo fué que el mismo contribuía a corro-borar el testimonio del policía en relación con el informe hecho por éste el día del suceso. El policía mismo, según declaró, había efectuado el asiento en el libro de novedades y en efecto decía que el documento que tenía a la vista era una copia del asiento contenido en el libro de novedades, con-forme el mismo fué hecho por él.

Según indica la apelada, no se trata de un caso en que se presenta un certificado y en que no hay oportunidad de investigar el origen del mismo, sino que aquí se puso al po-licía en la silla de los testigos y éste declaró respecto a los detalles del accidente y que había practicado el asiento. El demandante tuvo amplia oportunidad para repreguntar al testigo, tanto respecto a los detalles del accidente como sobre el asiento efectivamente hecho. No hallamos que se come-tiera error.

De haber algún error, el mismo no fué perjudicial debido a la coincidencia del informe con la prueba y al testimonio incontrovertido de haberse hecho el asiento.

El apelante se queja de otros errores, pero puede considerarse que todos se refieren a la indebida apreciación de la prueba por la corte. Varios testigos oculares, o su-puestos testigos oculares, dicen que el demandante viajaba como pasajero, mientras que otros manifiestan lo contrario, entre éstos, el policía que ya se ha dicho. Ahora bien, a la corte no se le exige, según sugiere el apelante, que haga un bosquejo terminado de la forma en que resolvió el conflicto. Puede haber uno o más testigos del demandante y uno o más testigos de la demandada y, sin embargo, muy frecuente-mente es imposible para la corte exponer las razones por las cuales creyó más bien a un grupo de testigos que a otro. En Deliz v. Deliz, 40 D.P.R. 77, dijimos:

“Otro señalamiento de error se funda en liaber dejado la corte de hacer conclusiones más específicas. El tribunal dijo que se habían probado las alegaciones de la demanda y que el caso era uno en que había conflicto de prueba. De la opinión es aparente que la corte creyó las declaraciones ofrecidas por la demandante. La ley aprobada por la Legislatura en 1925 (Ley núm. 25 de 1925, p. 179) dice que en caso de conflicto de prueba el juez debe expresar las razones que lo inducen a llegar a una conclusión. Cuando aparece que la corte creyó a un grupo de testigos más bien que a otro, poco más puede exigirse. No creemos que fuera la intención del legislador que el juez manifestara que un testigo no merece crédito debido a sus palabras, su actitud o sus gestos, y dudamos que la Legislatura tenga derecho a exigirle a un juez requisitos tan minuciosos. Sea ello como fuere, surge la cuestión relativa a lo que debe hacer este tribunal de apelación en caso de que el juez* deje de exponer sus con-clusiones de hecho. ¿Debemos devolver el caso para nuevo juicio, o debemos exigirle al juez, después de muchos meses de celebrado el juicio, que revele todas sus más íntimas ideas? Resolvemos lo con-trario. Frecuentemente, el juzgador no puede exponer todos los mo-tivos que ha tenido para llegar a una conclusión de hecho. Hay envuelta cierta cantidad do intuición en el proceso. El apelante, además, no solicitó conclusiones adicionales. Esto, al igual que el dejar de solicitar instrucciones mejores o corregidas en causas cri-minales, constituye una renuncia por la parte perdidosa, o algo similar. .

También, en Frangui v. Fuertes Hnos., S. en C., 41 D.P.R. 224, manifestamos:

“Bn lo que respecta al artículo 227, no sólo la demandada dejo de hacer un señalamiento de error sobre el particular, sino que dejó igualmente de solicitar de la corte que hiciera un análisis adicional al que se hizo en este caso. Hemos indicado antes que sería impo-sible para una corte expresar todas las razones que le indujeron a creer o a no creer a determinado testigo o grupo de testigos, y un gesto olvidado podría producir una convicción en la mente del juez...”

El apelante en su alegato hace extractos de las declara-ciones de los testigos. Insiste en que el testimonio de éstos, y especialmente el del demandante, demuestran un caso prima facie definitivo, de no demostrar una preponderancia de la prueba en su favor. Desde luego, el juzgador de un caso tiene derecho a dudar, aun de testimonio incontrovertido, aunque ello debe hacerse con gran cautela.- Pero cuando existe un conflicto, es más fácilmente posible que un juez no crea cualquiera de las declaraciones de los testigos del de-mandante. Por supuesto, entonces no importa mucho que la prueba del demandante, de ser creída, tienda fuertemente a probar su caso.

Hemos prestado atención un poco más minuciosa al ataque hecho a la declaración del policía y a la del testigo Bonilla, que era el starter en el sitio en que ocurrió el accidente. El mismo ocurrió en la calle de Loíza, inmediatamente al este del sitio en que el tranvía de la calle del Parque la cruza. El starter Bonilla se hallaba en la acera al oeste de la vía, mien-tras que el policía estaba en la calle inmediata a éste. El demandante cayó contra un poste a una distancia que calcu-lamos como de 75 pies.

El testimonio de cada uno de estos dos testigos es que el demandante venía del este al ser arrollado por la guagua, después de chocar contra el poste y caer. El apelante insiste enfáticamente en que ni el policía. Izquierdo ni el starter po-dían haber visto al demandante desde sus respectivas posi-ciones, ya que había otro poste de la compañía del tranvía que interceptaba la mirada. Ni del testimonio ni de las fotografías Rallamos que' la guagua en realidad obstruyera la vista.

En lo que a las posibilidades de observación por parte del starter se refería, existe un poco de peso en la contención del demandante, mas con la fotografía no nos convence de que el starter no pudo haber visto cuanto declaró. En lo que se refiere al policía, que es el testigo estelar y en quien prin-cipalmente se fundó la corte, nada hallamos que le impidiera ver por completo el accidente desde el sitio en que se encon-traba. La fotografía demuestra que los dos postes no están en la línea visual de una persona que esté parada en la acera occidental, y especialmente en la de una persona que esté pa-rada en la calle. El testimonio de otros dos testigos tiende a sostener a Bonilla y a Izquierdo.

Debe confirmarse la sentencia apelada.