author: El Juez Asociado Se.. Wolf,

text:
    Más et al. v. Borinquen Sugar Company.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagiiez.
    No. 771.
    Resuelto en abril 26, 1912.
    Desahucio — Primera Comparecencia — Prórroga.—La facultad de aplazar un señalamiento es inherente en las cortes de justieia, y las disposiciones del artículo 4. de la Ley de Desahucio de 1905 no debieran interpretarse tan restrictivamente que prohíban a una corte de distrito el aplazar la primera comparecencia en un juicio de desahucio, para un término posterior al de 10 días indicado en dicho artículo.
    Id. — Primera Comparecencia — Aplazamiento.—El tener el abogado de una parte ocupaciones perentorias en una corte de distrito en otro sitio no es razón suficiente por sí sola para qiedir a una corte que aplace la primera compare-cencia en un juicio de desahucio.
    Id. — Facultad Discrecional. — Apelación.—Cuando una' corte rehúsa ejercer su facultad discrecional para aplazar un señalamiento por creer que carece de facultades para ello, tal negativa a ejercer dicha facultad puede ser revisada en grado de apelación.
    Id. — Error Perjudicial. — Aun cuando una resolución sea errónea, si no perju-dica a la parte contra quien se dicta sentencia, tal sentencia no será revocada si el error no es perjudicial.
    Id. — Abuso de Discreción — Injusticia.—Existe abuso de discreción por parte de un tribunal cuando claramente resulta que se ha cometido una injusticia, y en este caso el Tribunal Supremo resolvió que 'la resolución de la corte sen-tenciadora negando la suspensión de la primera comparecencia bajo las circunstancias reveladas en la segunda moción de la demandada, constituye una injusticia, y si se aprecia que dicho tribunal hizo uso de su facultad discrecional, entonces - sería también un abuso de tal facultad.

      Id. — Enmiendas a las Alegaciones — Excepciones Previas. — Por regla general al ser declarada con lugar una excepción previa, el tribunal debe permitir a la parte que enmiende su alegación, y a veces cuando una parte solicita per-miso para enmendar sus alegaciones, puede la corte exigirle que presente dentro de un término razonable su proyecto de enmienda para examinar si constituye o nó una buena alegación. Y en este caso concreto, la negativa a la parte apelante para enmendar su alegación constituye un error, si, corno-parece, la corte creyó no tener facultad para permitir la enmienda y de otro modo, un abuso de discreción.
    Id. — Interpretación de Lev — Ley Anticonstitucional — Absurdos.—Cuando la interpretación literal del texto de una ley conduce a un absurdo y baria posiblemente anticonstitucional dicha ley, la corte está en el deber de apre-ciar por cualesquiera medios que tenga a su alcance cuál fué la intención de la Legislatura.
    Id. — El artículo 9 de la Ley de Desahucio de 1905 es discutido e interpretado en la opinión.
    Id. — Palta de Pago del Arrendamiento — Defensas del Demandado — Recibo.— ■Únicamente en los casos en que el demandado en un juicio de desahucio por falta de pago de arrendamiento alegue como defensa el haber pagado, es que son aplicables los preceptos del artículo 9 de la Ley de Desahucio de 1905, pero en cualquier otro caso son admisibles todas las defensas legales y todos los medios de prueba que legalmente pueda proponer el demandado, y el interpretar dicho artículo en el sentido de que en todas las acciones de desa-hucio establecidas por falta de pago, la única defensa del demandado es la presentación del recibo o cualquier otro documento en que conste haberse verificado el pago, sería ir contra la intención de la Legislatura.
    Id. — Jurisprudencia del Tribunal Supremo de EspaSa — Ley Tomada del Có-digo de Enjuiciamiento Civil Espaííol. — La aprobación por la Legislatura puertorriqueña de la Ley de Desahucio que es una copia sustancial de los artí-culos 1559 y siguientes del Código de Enjuiciamiento Civil Español, trae consigo la presunción de que nuestra Legislatura tuvo la intención de adoptar dicha ley con la interpretación que le ha dado el Tribunal Supremo de España.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. Alvares Nava y Domín-guez.

    Abog’ados de los apelados: Sres. Juan Hernández López y Arturo Aponte, Jr.

   El Juez Asociado Se.. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En 3 de julio de 1911, los demandantes iniciaron tina ac-ción de desahucio contra la corporación demandada. El mis-mo día la corte procedió a señalar el 8 del propio mes para que la demandada hiciera su primera comparecencia. Se hi-zo a ésta el emplazamiento de la acción que contra ella se ha-bía establecido el día 3 de julio en San Juan. En 7 de julio la demandada presentó una moción solicitando la suspensión de la primera comparecencia señalada y que se hiciera el señalamiento del caso en una fecha posterior. Se- alegó en dicha moción que los abogados de la demandada eran los que componen la Sociedad de Alvarez Nava y Domínguez, y que el único representante de esa socie-dad que entonces se encontraba en San Juan, era el abogado Jorge Domínguez, y debido a tener señalada la vista de un ca-so necesariamente para la misma fecha en San Juan, se le hacía imposible comparecer en dicha fecha en la Corte de Humacao. La corte resolvió que no podía suspenderse la vista señalada para la primera comparecencia en vista de las terminantes prescripciones del artículo cuarto de la ley de desahucio aprobada en 1905, que prescribe de modo categórico, que la primera comparecencia tendrá lugar dentro de los diez días después de empezar el pleito. En otras palabras, que la corte no ejercitó discreción alguna.

El día 8 de julio que fué el señalado para la primera com-parecencia presentó la demandada por medio de sus abogados una segunda moción de suspensión en la que éstos expresaron más detalladamente el motivo de la obligación que tenían d'e permanecer en San Juan; que la corporación demandada fué emplazada el día 3 de julio y como el caso estaba señalado por el 8, únicamente tenía cuatro días para preparar toda la complicada defensa de que era objeto este pleito, y siendo la distancia de San Juan a Humacao de treinta millas, la deman-dada tenía derecho por lo menos a dos días más; que debido a la premura y festinación con que fué señalada esa compare-cencia el abogado no había tenido tiempo material, ni trámite legal para preparar su defensa y alegaciones necesarias a la protección de los intereses de la demandada; que si la vista de la comparecencia se señalara para cualquier día hasta el 13 del corriente mes, dicho señalamiento estaría dentro del término de diez días fijados en la ley especial de desahucio, sin lesionarse con ello los derechos de nadie ni infringirse nin-guna disposición legal. Esta moción se acompañó de un affi davit en el que igualmente expresa el abogado, que debido a esta gran premura le babía sido imposible poner en conoci-miento de otro abogado los hechos relativos a la defensa.

El mismo día 8 de julio, la corte negó la moción por el fundamento de que no se ajustaba a lo dispuesto en el artículo 202 del Código de Enjuiciamiento Civil; que de la moción no aparecía que se hubieran hecho las diligencias suficientes para conseguir la prueba que debía someterse a la corte, y que ni de la moción ni del affidavit aparecía el mérito de la prueba. Entonces la parte demandada contestó la demanda en la que primeramente negó que hubiere infringido o quebrantado al-guna de las cláusulas o estipulaciones contenidas en el con-trato de arriendo; y en segundo lugar, negó de modo específi-co que la corporación demandada hubiera dejado de pagar a los demandantes el semestre que por concepto de arrenda-miento venció en 26 de junio, 1911; y como materia nueva de defensa alegó la demandada que en 30 de junio de 1911, y a eso de las dos de la tarde, se presentó en la oficina de dicha compañía el Sr. Manuel Soto, situada en la calle de Alien de San Juan, como pretendido mandatario del demandante Pedro Más, y presentó a un empleado de la compañía deman-dada, José Yilá, un recibo por el canon correspondiente al semestre entonces vencido por valor de $750; que el Sr. Yilá procedió a extender un cheque por dicha cantidad, con cargo al Royal Bank of Canada, en pago de dicho arrendamiento; que tan pronto se extendió el cheque notó el Sr. Yilá que el Sr. Bafael Fabián, Tesorero de dicha corporación y que tenía su oficina casi en frente de la de la compañía no se hallaba en ella; en la imposibilidad de obtener su firma para el che-que, y enterado el Sr. Vilá de que el Sr. Fabián volvería den-tro de media hora, así se lo manifestó al Sr. Soto, requirién-dole para que transcurrido ese tiempo volviese a recoger dicho cheque que ya estaría firmado por el Sr. Fabián, única persona con autoridad para ello; que el Sr. Soto accedió y estuvo conforme con lo solicitado por el Sr. Vilá y prometió volver al poco tiempo después que evacuase una diligencia en la Corte Suprema de Puerto Rico; que el Sr. Soto no volvió en ese día, y con tal motivo el Sr. Yilá se trasladó al otro día, primero de julio, a la oficina del Sr. Soto a requerirle para que entregase el recibo y recogiese el cheque, a lo que se excusó de una manera vaga el Sr. Soto; y habiendo transcurrido dos días, el día 3 del mismo mes, volvió el Sr. Yilá donde el Sr. Soto a hacerle entrega de dicho cheque, a lo que se negó Soto manifestando que ya había devuelto el referido recibo, y que no tenía autoridad para recibir dicho cheque ni su montante, que la corporación demandada estuvo siempre y lo está hoy dispuesta a satisfacer el referido arrendamiento, y si no pudo hacer efectivo el cheque ese día fué por la negligencia e im-propia conducta del pretendido mandatario de uno de los de-mandantes al no cumplir su promesa de volver el mismo día, y negarse a verificarlo y a aceptar dicho cheque en los días 1 y 3 de julio último.

Los demandantes presentaron una excepción previa a la contestación, formulando también otra excepción previa por separado a la nueva materia contenida en la contestación, o sea, a la parte donde se describen los hechos ocurridos entre el Sr. Soto y el Sr. Yilá; fundando dicha excepción previa en el artículo 9 de la Ley de Desahucio. La corte ordenó la eli-minación de la nueva materia alegada en la contestación pol-los motivos expresados en esta- excepción previa especial; y después de haber declarado lá corte con lugar la excepción previa, la demandada solicitó permiso para hacer enmiendas que le fué negado, habiendo dicha demandada tomado excep-ción de esa resolución de la corte.

Las palabras del artículo 4 de la ley a que se ha hecho refe-rencia son como sigue:

‘ ‘ Se promoverá el juicio por medio de demanda redactada conforme a lo prescrito para el juicio ordinario en el Código de Enjuiciamiento Civil, y presentada aquélla se mandará convocar al actor y al deman-dado para una comparecencia que deberá celebrarse dentro de los diez días siguientes al en que se presente la reclamación.” Leyes de la Sesión de 1905,. pág. 287.

Aliora bien, aunque el estatuto dispone que el señala-miento de la primera comparecencia se hará dentro de diez días, la corte no está privada de ejercitar sn discreción para prorrogar el señalamiento. La facultad de suspender un se-ñalamiento es inherente en las cortes, y el poder judicial reside en las cortes de Puerto Rico con arreglo a la sección 33 de la Ley -Orgánica. Pueden surgir causas de enfermedad, muerte, ausencia, incapacidad n otras semejantes, por las que se baga indispensable o esté justificada la suspensión de una vista. (People v. Logan, 4 Cal., 188.) No lia de entenderse que las prescripciones del artículo 4o. son de tal modo impera-tivas que no permitan a las cortes ejercitar sn sana discre-ción. Además, en el presente caso se comenzó el pleito en 3 de julio y se señaló la vista para el 8. La corte pudo haber hecho el señalamiento del caso para cualquier fecha que no fuera posterior al 13 de julio, y estar, sin embargo, dentro de la letra de la ley. Si hubiera la corte ejercitado su discreción al negarse a conceder la suspensión solicitada en la primera moción que presentó la demandada, estaríamos en condiciones de poder expresar ahora si abusó dicha corte o nó de su dis-creción. El abogado solamente se fundó en el simple pre-texto de tener necesidad de asistir a una vista en otra corte el mismo día. El mero hecho de tener ocupaciones en otras cortes no es una razón suficiente. Las cortes deben' ser, y generalmente son, deferentes con los abogados, pero el hecho de que esto no suceda no constituye un error. Los abogados que residen en una población y desean ejercer su profesión en otra lo hacen con algún riesgo, y es de esperarse que en casos de urgencia hagan lo que últimamente hizo el abogado en este caso, o sea, encargar del asunto a otro abogado. Pero, según hemos visto la corte no hizo uso alguno de su facultad discre-cional, constituyendo esto un error. La negativa de la corte sentenciadora a ejercitar la discreción que tenía — negativa que fundó en la carencia de facultad — puede ser considerada en una apelación. (Fajardo Development Co. v. Sucesión Morfi, 17 D. P. R., 1120; Van Epps v. Redfield, 34 L. R. A., 360; Leonard v. Green, 30 Minn., 496; Seibert v. Minneapolis etc. Ry. Co., 58 Minn., 58; Thompson v. Warren, 45 S. E., 912; Palliser v. Home Telephone Co., 58 So., 499; Moran et al. v. Bentley, 42 Atl., 1013; Sanders v. German Fire Ins. Co. of Indiana, 105 N. W., 787; Livingston v. Taylor, 63 S. E., 694; 3 Cyc., 326.)

Se ba resuelto en algunos casos que si de ejercitarse la discreción ésta resultara necesariamente contraria a lo solici-tado, la corte de apelación no revocará la sentencia. (Polhemus v. Ann Arbor Savings Bank, 27 Mich., 44, y casos de la pág. 50.)

En otras palabras, que aun cuando exista error, si éste no perjudica a la parte contra quien se dicta la sentencia, esta corte considerará que tal error no es perjudicial. Aparece, sin embargo, de la xlemanda presentada en este caso, que la de-mandada tenía un arrendamiento de consideración del cual disfrutaba desde hacía algunos años. Dicho arrendamiento había de terminar én el año 1927. El abogado de la deman-dada compareció de buena fe ante la corte solicitando se le concediera un término razonable para preparar su defensa, siendo el de cinco días que se le concedió muy corto en vista de las circunstancias del caso. La corte pudo prorrogar ese término aun interpretando estrictamente la ley. Por lo general, las cortes son refractarias a decretar la nulidad de los contratos y los procedimientos subsiguientes que práctica-mente anularon todas las defensas, demostraron que la de-mandada resultó perjudicada por no haber la corte ejercitado su discreción.

No puede considerarse que la corte ejercitara su discre-ción al resolver la moción de julio 8. Aunque el apelante hi-zo grandes esfuerzos con el fin de que la corte hiciera uso de su facultad discrecional, ésta, sin embargo, fundó su resolu-ción en otros motivos que tenían por base una mala inteligen-cia de la solicitud presentada por el apelante. La demandada no pedía que se ordenara la suspensión para adquirir testigos y no se fundaba en ninguno de los preceptos contenidos en el artículo 202 del Código de Enjuiciamiento Civil. La deman-dada de buena fe trataba de obtener una oportunidad conve-niente para preparar su defensa, y habiendo solicitado la suspensión del caso le fué imposible conseguir de la corte que ejercitara su discreción con respecto a este particular.

Aun cuando se hubiera considerado, sin embargo, que la acción tomada por la corte.en julio 8 constituyó un ejercicio de su discreción, estaríamos obligados a resolver que hubo abuso de discreción. En realidad el apelante sólo había te-nido cuatro días para preparar su defensa. Y aún en .el caso de que se siguiera estrictamente la letra de la ley, la corte, no obstante, hubiera podido señalar la comparecencia para el día 13 de julio y no se hubieran perjudicado los demandantes por una demora de 48 horas, que fué todo lo que últimamente pi-dió la demandada. Se ha resuelto en California que hay abuso de discreción cuando claramente resulta que se ha co-metido una injusticia. (Clavey v. Lord, 87 Cal., 419. Véase también el caso de Sharon v. Sharon, 75 Cal., 48.) El tiempo que en realidad se concedió a la demandada constituyó una in-justicia.

Después de desestimarse la excepción previa que se for-muló a la materia especial alegada por la demandada, ésta pidió permiso para hacer enmiendas, y según hemos visto, la corte negó la solicitud. A veces la corte puede exigir a la par-te que propone una enmienda que exprese dentro de un tiempo razonable la naturaleza de la enmienda que se propone hacer, y permitir o nó que se haga dicha enmienda, según que ésta pueda constituir o nó una buena alegación. Sin embargo, por lo general al declararse con lugar una excepción previa debe permitirse que se haga la enmienda. (The Fajardo Development Co. v. Sucesión Morfi, 17 D. P. R., 688; People v. Mt. Shasta Mfg. Co., 107 Cal., 258.)

La excepción previa se formuló el mismo día que la contes-tación. La demandada creyó que tenía una buena defensa y no se trataba de ninguna cuestión sobre procedimientos dila-torios, por lo que la corte debió haber concedido un tiempo razonable, aun cuando éste fuera de pocas horas, para que de este modo pudiera la demandada preparar su defensa. Cree-mos que aunque la corte hubiera estado justificada en su ne-gativa de aplazar los procedimientos, el no haber concedido la enmienda bajo las circunstancias de este caso habría consti-tuído un abuso de discreción. .

Resulta, sin embargo, que la corte no ejercitó su discre-ción. Siguiendo lo indicado por la demandante en su excep-ción previa, la corte ordenó la eliminación de la nueva mate-ria alegada por la demandada, fundándose en que el artículo 9 de la ley de desahucio prohibía la presentación de ninguna prueba en un caso como el presente que no fuera un recibo o cualquier otro documento en que conste haberse verificado el pago.

El artículo 9 es como sigue:

‘ ‘ Cuando la demanda se funde en falta de pago del canon o precio convenido en un contrato, no se admitirá al demandado otra prueba que la del recibo o cualquier otro documento en que conste haberse el pago verificado.
“Las pruebas de ambas partes coixtprenderán los hechos funda-mentales de la cuestión principal. ’ ’

Nos inclinamos a convenir con el apelante en que una ley como esta, que en los Estados Unidos en casos de acciones es-tablecidas por falta de pago limitaran las defensas a la pre-sentación en evidencia del recibo u otro documento que acre-dite el pago, no constituiría debido procedimiento de ley. No es necesario discutir en este caso ninguna cuestión constitu-cional porque no creemos que la legislatura tuviera la inten-ción de limitar el derecho. Resolver otra cosa sería propor-cionar al propietario una oportunidad, ya negándose a acep-tar el canon cuando estuviera vencido, o estableciendo una ac-ción prematura, para anular las defensas, terminando así, de modo arbitrario, el contrato que existía. Un extraño podría entrar en posesión de la propiedad de otra persona alegando simplemente la propiedad de la misma, el arrendamiento y falta de pago, y no podría el arrendatario negar el arrenda-miento ni la propiedad. Cuando las palabras de un estatuto conducen a un absurdo como el presente ai interpretarlas li-teralmente, y quizás a resultados anticonstitucionales, la corte está en el deber de resolver por cualesquiera otros medios que tenga a su alcance, cuál fue la intención de la legislatura. (Church of the Holy Trinity v. U. S., 143 U. S., 457; Oates v. National Bank, 100 U. S., 239; Interstate Drainage & Investment Co. v. Board of Commissioners of Freeborn Co., Minn., 158 Fed. Rep., 270.)

Creemos que las palabras de-dicto artículo 9 se limitan solamente a los casos en que el demandado combate el lieclio relativo a la falta de pago y funda su defensa en el lieclio del pago. Esto parece resultar en parte de las palabras “en que conste haberse el pago verificado. ’ ’ A nada conduciría el tra-tar de probar el pago si la defensa fuera, por ejemplo, que el canon estipulado no estaba vencido, o que existía un estoppel o bien que el demandado había sido relevado debidamente de. su obligación. El artículo continúa como sigue: “Las pruebas de ambas partes comprenderán los hechos fundamentales de la cuestión principal.” Cuando la defensa principal es al-guna otra que no sea la del pago, los hechos fundamentales que han de probarse no podrían fácilmente ser ni un recibo u otro documento en que conste que se ha hecho el pago.

La interpretación a que hemos llegado parece deducirse de la definición de la acción de desahucio. La sección Ia. dice lo siguiente:

“Tienen acción para promover el juicio de desahucio los dueños de la finca, los usufructuarios y cualquiera otro que tenga derecho a disfrutarla, y sus causahabientes. ’ ’

Ninguna persona tiene derecho al goce de una propiedad que ha arrendado a otra, no habiendo el arrendatario come-tido acto alguno que lleve consigo la terminación del contrato de arrendamiento. Si el arrendatario puede probar que no ha infringido su contrato, o que el arrendador está impedido por sus propios actos de alegar el incumplimiento del mismo, no puede considerarse que el propietario tiene derecho al goce de la propiedad, no procediendo por tanto la acción de desa-hucio. Para probar que la acción no procede debe el arren-datario si su prueba no se funda en el pago, estar en condicio-nes de poder presentar sus otras pruebas, y deberá ser oído en juicio.

Las mismas consideraciones se infieren del artículo 1457 del Código Civil. Con arreglo a dicho artículo el arrendador está obligado a mantener al arrendatario en el goce pacífico del arrendamiento por todo-el tiempo del contrato. El arren-dador no puede eludir esa obligación por la simple alegación de la falta de pago, si el arrendatario puede probar de algún otro modo que no sea por la prueba de haber verificado el pago, que el contrato es válido y subsistente.

Iguales consideraciones surgirían de la ley de evidencia que empezó a regir con posterioridad a la Ley de Desahucio, y especialmente de los artículos 32, 34 y 35 de dicha ley.

Con excepción de que en la sección 9 a la vez se permite la confesión judicial, la Ley de Desahucio es una copia virtual de los artículos 1559 y siguientes del Código de Enjuicia-miento Civil Español. La presunción es que la legislatura tuvo la intención de adoptar aquí la ley con la interpretación que le dió la Corte Suprema de España. (James v. Appel., 192 U. S., 129; Copper Queen Consolidated Mining Co. v. Arizona, 206 U. S., 474; Hernández v. Felici, 11 P. R. R., 395, 11 D. P. R., 412.) La Corte Suprema de España ha resuelto interpretando el artículo correspondiente al 9 de la Ley de Desahucio, que cuando la defensa no es la de haberse verifi-cado el pago, puede presentarse otra prueba. (Sentencias del Tribunal Supremo de España de enero 22, 1896; enero 5, 1888; enero 25, 1886.)

La acción asumida por la corte inferior en el presente caso ordenando que fueran eliminadas las defensas de la deman-dada, y probablemente su negativa a permitir que se hiciera la enmienda, se fundó en una mala interpretación de la ley. Hemos evitado expresamente entrar a disentir la validez de la defensa especial, según se presentó o ahora ha sido pro-puesta, porque la excepción previa formulada en la corte inferior así como la subsiguiente eliminación de la misma por orden de la corte se refería solamente al derecho de la de-mandada a probar alguna cosa que no fuera el hecho de ha-berse verificado el pago, y porque no consideramos que la cuestión referente a la suficiencia de la defensa fue debida-mente argumentada. La demandada trataba de hacer en-miendas teniendo en cuenta las circunstancias bajo las cuales se le había hecho ir apresuradamente al juicio. Las cortes, según hemos dicho, por lo general, son contrarias a decretar la nulidad de un contrato y la demandada de buena fe tra-taba de demostrar que existían circunstancias que explicaban la falta de pago y que constituían una defensa. Tenía dere-cho la demandada a que la corte- ejercitara su discreción con •respecto a la solicitud que hizo para hacer enmiendas, y el dejar de hacerlo por parte de la corte, constituyó también un error.

Debe revocarse la sentencia y devolverse el caso a la corte inferior con instrucciones de que se señale otro día para pro-ceder de nuevo a la primera comparecencia de la demandada.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, del Toro y Aldrey.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado.Se. Wole,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo v. Collazo.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Gruayama.
    No. 406.
    Resuelto en abril 30, 1912.
    Derecho Penal — Exposición del Caso — Prórroga Demasiado Larga — Abusó-le Discreción. — No constituye abuso de discreción en un caso criminal el aprobar una exposición del caso cuatro meses y veinte y cuatro días después de haberse pronunciado la sentencia, teniendo en cuenta que se hizo con el consentimiento del Eiseal del distrito y que no se ha cometido injusticia alguna con tal prórroga aunque sea demasiado larga. Puede ser que la corte sentenciadora tuviera conocimiento de cansas poderosas para prorrogar tanto la aprobación de la exposición del caso. No habiendo sido impugnada dicha aprobación en la corte sentenciadora y no habiéndose solicitado en este tribunal su eliminación, dicho documento surte sus efectos legales.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Manuel A. Martínez Dávila.

    Abogado del apelado: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   El Juez Asociado.Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un recurso de apelación contra una sentencia dic-tada por la Corte de Distrito de Guayama en una causa por seducción. El apelante fue condenado a cinco años'de presidio con trabajos forzados. Se alega en la acusación que en los primeros días del mes de noviembre y en el barrio Carite, de Guayama, el acusado Benito Collazo, voluntaria y maliciosa-mente sedujo bajo promesa de matrimonio, a la joven María Hernández, que basta entonces estaba reputada como pura, teniendo con ella contacto carnal.

En 18 de diciembre de 1911, se remitieron los autos a este tribunal, los que contienen una exposición del caso. El Fiscal solicita de este tribunal que no tome en consideración dicha exposición del caso por haber sido suscrita cuatro me-ses y veinte y cuatro días después de dictada la sentencia. Sostiene que la corte abusó de su discreción concediendo una prórroga tan larga, cuando la única razón que se alegó para dicha prórroga fue, en primer término, la de las ocupaciones profesionales del abogado del apelante, y en segundo lugar, las vacaciones de la corte. La alegación en una causa criminal de que las demoras ocurridas habían sido consentidas por el Fiscal de la Corte de Distrito de Guayama, parece ser una contestación suficiente, pero la cuestión tiene otro aspecto.

El fiscal nos cita cuatro casos de California, a saber:

People v. Woppner, 14 Cal., 437; People v. Lee, 14 Cal., 510; People v. Sprague, 53 Cal., 422; Brown v. Prewett, 94 Cal., 502. Los dos primeros casos constituyen autoridad sola-mente para demostrar que el tiempo en que debe aprobarse un pliego de excepciones es una cuestión más bien de carácter directorio que mandatorio. En los otros dos casos se resuelve en sustancia que la prórroga que se liace fuera del término fijado en el estatuto es una cuestión discrecional en la corte, no pudiendo ser retirada la negativa de la corte a conceder una prórroga, a menos que resulte que lia habido abuso de dis-creción. No se nos fia citado un solo caso y dudamos que pue-da encontrarse alguno en el que se baya resuelto que el ejer-cicio de tal discreción en favor de un acusado constituye abu-so de discreción. Verdaderamente que en el caso de People v. Sprague, 55 Cal., 424, arriba citado, la corte se expresa co-mo -sigue:

“Cuando los autos están sometidos a nuestra consideración, no investigaremos acerca de los motivos que indujeran al juez a firmar dicho pliego o exposición después de transcurrido el término fijado en el estatuto, sino que debemos presumir que dichos motivos fueron suficientes. ’ ’

Lejos de probar esto que el juez lia cometido una injusti-cia, dudamos que ningún tribunal de apelación puede consi-derar que una corte inferior comete abuso de discreción por-que conceda una prórroga, cualquiera que sea el caso. El abuso de discreción debe ser tal que produzca una injusticia. (Más et al. v. Borinquen Sugar Co., 18 D. P. R., 304.) La corte inferior puede haber tenido conocimiento de los otros motivos que originaron la demora, pero de ningún modo debe consi-derarse como una injusticia la acción tomada por la corte per-mitiendo que se revise el caso de un acusado.

Además, vemos que los autos que consideramos contienen esta exposición. Tampoco se formuló objeción alguna en la corte inferior ni se presentó moción alguna ante este tribunal para que se eliminara dicha exposición. Bajo estas circuns-tancias, y de acuerdo con el precedente establecido en la regla 58, debe de todos modos negarse la solicitud.

Encontramos, sin embargo, prueba suficiente en los méri-tos del caso para sostener la sentencia condenatoria.

La denunciante es María Hernández. Su narración es completa y está corroborada por varios testigos en todas las alegaciones esenciales contenidas en la acusación. Los autos no revelan ningún error y debe confirmarse la sentencia.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    Pérez et al. v. Romano et al.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera.
    MociÓN de eliminación.
    No. 841.
    Resuelto en abril 30, 1912.
    Apelación — Nuevo Juicio — Transcripción de Autos — Legajo de la Senten-cia. — En una apelación contra una orden denegatoria de nuevo juicio fundada en la insuficiencia de la prueba, es indispensable de acuerdo con el artículo 225 del Código de Enjuiciamiento Civil, que las alegaciones, los resultandos de la corte sentenciadora y la sentencia, formen parte de la transcripción de autos, para que el Tribunal Supremo pueda entrar en el examen de la prueba.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogados de los promoventes: Sres. José de Qusmán Benitez, Francisco de la Tovrre y José Martínez Dávila.

    Abogados de la parte contraria: Sres. Bosch y Soto.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso se ba establecido apelación contra una reso-lución, desestimando una moción en la que se solicita un nuevo juicio. El apelado solicita que se elimine la demanda, contes-tación, conclusiones de la corte y la sentencia por el funda-mento de que en tal apelación no debe incluirse en los autos el legajo de la sentencia. Para que la corte pueda estar en con-diciones de conocer cuáles fueron las cuestiones propuestas por las partes, se bace necesario que las alegaciones, conclu-siones de la corte y sentencia, se nos remitan con la correspon-diente certificación. Esto debe hacerse de conformidad con las disposiciones del artículo 225 del Código de Enjuicia-miento Civil. Las sentencias de California se pronuncian en igual sentido. (Mendocino Co. v. Peters, 82 Pac. Rep., 1122; Kimple v. Conway, 69 Cal., 71, 73.) El artículo 225 deter-mina una excepción a la regla cuando la moción se funda en las minutas de la corte. En el presente caso, sin embargo, el apelante se fundaba en 1'a falta de prueba y otras cuestiones semejantes. Debe desestimarse la moción.

Sin lugar.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Delgado et al. v. Soto Nussa, Juez de Distrito.
    Solicitud para que se expida mandamiento de certiorari.

    No. 91.
    Resuelto en mayo 2, 1912.
    Certiorari — Tutor—Aprobación de la Fianza — Jurisdicción.—No procede el recurso de certiorari para examinar la justicia o injusticia de una resolución dictada por una corte de distrito denegando la aprobación de la fianza de un tutor por estimarla defectuosa, pues esto no envuelve ninguna cuestión de jurisdicción o de procedimiento.
    Los hecbos están expresados en la opinión.
    Abogado de los promoverles: Sr. Victor P. Martines.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En un procedimiento seguido de acuerdo con la ley, la Corte de Distrito de Aguadilla nombró a Doña Monserrate Delgado y Esteves tutora de los menores José María y María Cecilia Delgado y Torres y fijó en mil quinientos dollars la fianza que el tutor debía prestar.

En 12 de abril de 1912 se archivó una fianza en la corte de distrito y el juez resolvió, en 16 de abril de 1912, no haber lugar a aprobarla por estar a su juicio mal constituida.

La tutora, por medio de su abogado, presentó una solici-tud a esta Corte Suprema para que se expida un auto de certiorari dirigido contra el Juez de Distrito de Agnadilla, se anule la indicada orden de 16 de abril último y se termine el procedimiento aprobando la fianza y ordenando la inscrip-ción del nombramiento en el libro registro de tutelas corres-pondiente.

De todo lo expuesto se concluye que no está envuelta en este caso ninguna cuestión de jurisdicción o de procedimiento y que por tanto, es improcedente el recurso de certiorari establecido.

“En cuanto a la justicia o injusticia de la sentencia pro-nunciada por el juez de la sección primera de la Corte de Distrito de San Juan, nada tenemos que decir, porque los autos de certiorari no pueden servir para revisar las senten-cias en el fondo, sino para determinar si lian sido dictadas dentro de las reglas que determinan la competencia de los jueces y si los procedimientos que la ley establece lian sido o nó cumplidos.” (Axtmayer et al. v. Aldrey, 14 D. P. R., 647.)

Debe declararse no baber lugar a expedir el auto solici-tado.

Destimada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. Aldeey,

text:
    El Pueblo v. Alméstico.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 350.
    Resuelto en mayo 2, 1912.
    Derecho Penal — Confesión del Acusado — Pruebas.—Las declaraciones de tes-tigos acerca de la confesión hecha por el acusado a ellos voluntaria y libre-mente, constituye evidencia directa y nó prueba de referencia.
    Id. — Confesión del Acusado — Prueba de que fué Hecha Libre y Volunta-riamente.' — -El testimonio de testigos que relatan la confesión hecha por el acusado, no pierde su valor por el hecho de que el Riscal no haya presentado prueba para demostrar que la confesión fué hecha libre y voluntariamente, pues cuando el acusado no se opone a la presentación de la prueba de confe-sión, se supone que fué hecha libre y voluntariamente, a menos que lo con-trario aparezca de la propia declaración del testigo.

      Id. — Confesión de un Acusado Obtenida Mediante Engaño — Policía—Detec-tive. — El heeho de que un policía, detective o cualquiera otra persona obtenga una confesión mediante engaño, no es por sí solo bastante para hacer inadmi-sible esa evidencia.
    Id. — Clases de Asesinato en Primer Grado. — Según nuestro Código Penal existen tres clases de asesinato en primer grado:' el que se perpetra por medio de aeeeho, veneno o tortura; el que ocurre al cometer o intentar cometer delito de incendio, violación, robo o mutilación; y el perpetrado en cualquier otras, forma voluntaria, deliberada y premeditada.
    Id. — Asesinato en Primee Grado — Acecho—Deliberación y Premeditación. — - En el asesinato en primer grado perpetrado por medio de acecho, demostrado' ese extremo, no es necesario presentar otras pruebas de deliberación y preme-ditación para que el delito se califique de asesinato en primer grado.
    Id — Instrucciones al Jurado — Delito de Grado Inferior. — No comete error el tribunal que en un caso de asesinato en primer grado no instruye al jurado respecto del delito de homicidio, euando no hay nada en la evidencia que pudiera justificar el que el delito se rebajara a ese grado.
    Id. — Lista de Testigos de Cargo — Acusación.—No hay precepto legal alguno en nuestras leyes penales que exijan al Fiscal que haga constar al dorso de una acusación, todos los testigos de cargo que ha de utilizar. Es bastante con que mencione aquellos que él ha examinado con el fin de presentar la acu-sación.
    Id. — “Veracidad de los Testigos — Presunciones—Impugnación de la Veracidad de un Testigo. — La ley no quiere que la presunción de veracidad de un tes-tigo se ataque con prueba de determinados actos más o menos reprochables, sino que exige la prueba de que su reputación es generalmente mala en cuanto a veracidad, honradez e integridad, o por prueba de convicción de algún delito grave.
    Id. — Impugnación de la Veracidad de un Testigo — Actos Determinados Be-'prochables. — No es admisible como prueba para impugnar la veracidad de un testigo, la evidencia tendente a demostrar actos determinados reprochables y cierto disgusto habido entre dos personas a quienes el acusado por boca del testigo atribuye alguna participación en el crimen.
    .Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Luis Muñoz Morales.

    Ahogado del apelado: Sr. Charles F. Foote, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

El Fiscal de la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Ponce presentó en ella una acusación contra Juan Alméstico, imputándole que durante la noche del 28 al 29 de marzo de 1910 y en el barrio “Machuelo” de Ponce, que forma parte del Distrito Judicial de Ponce, dicho acusado Juan Alméstico con malicia premeditada, alevosa y deliberadamente y demostran-do tener un corazón pervertido y maligno infirió ilegalmente a Pablo Franehi una herida con instrumento contundente en la parte posterior de la cabeza y cuatro heridas en la espalda con un instrumento cortante, como consecuencia de las cuales falleció inmediatamente. •

El acusado alegó ante la corte no ser culpable de ese de-lito, y señalado día para el juicio, este tuvo lugar ante un ju-rado el que después de oir la evidencia, las argumentaciones de los abogados y las instrucciones que le dió el juez de la corte, pronunció su veredicto declarando a Juan Alméstico culpable del delito de asesinato en primer grado.

Antes de dictarse sentencia por la corte, el acusado solici-tó de ésta que le concediera un nuevo juicio, fundándose para ello en que la corte había cometido error: Io. permitiendo que declarasen ciertos testigos presentados en el juicio por el Fiscal sin haber sido notificado el acusado de que iban a ser usa-dos en su contra; 2o. porque no consintió que la representa-ción del acusado preguntara al testigo Cornelio Ayala si ha-bía estado procesado anteriormente porque, como detective y finjiéndose maquinista, incitaba a otras personas a jugar para luego sorprenderlas, preguntas que tenían por objeto impug-nar la honradez y veracidad de ese testigo; 3o porque no per-mitió que declarasen varios testigos que presentó el acusado para probar el mismo hecho que en repreguntas se trató de demostrar con respecto a Cornelio Ayala; y 4o. porque la cor-te no dejó examinar otros testigos del acusado, presentados para probar que anteriormente al crimen que se perseguía existían enemistades y rencores entre Julio Colón y Don Carlos Torres, por lo que no podía ser cierta la manifestación que el testigo Cornelio Ayala pone en boca del acusado, de que en-tre él y Julio Colón habían matado a Franehi por orden de Don Carlos Torres; evidencia tendente también a impugnar la veracidad del expresado testigo Ayala.

La moción de nuevo juicio fué negada por la corte, sin que el acusado haya interpuesto recurso de apelación contra dicha negativa y sí únicamente contra la sentencia; pero co-mo los fundamentos de la solicitud de nuevo juicio son las excepciones tomadas en él, las qne conocemos por el pliego qne se nos lia presentado, y como esas excepciones sirven de fnndamento al recnrso de apelación contra la sentencia, re-salta de aqní qne las cnestiones en qne se basa la solicitud de nnevo juicio quedan resueltas al resolver los motivos del re-curso contra la sentencia.

A más de las excepciones mencionadas, el recurrente alegó como motivos de error qne las instrucciones del juez al jurado fueron insuficientes y que la evidencia no fué bastante para un veredicto de culpabilidad.

Con respecto a la acusación el recurrente no alegó defecto alguno en ella, mas, a pesar de eso, la fiemos examinado de-tenidamente y encontramos que es suficiente.

El motivo alegado por el recurrente de que la evidencia es insuficiente para sostener un veredicto de culpabilidad, fiace necesario que bagamos un resumen de ella para venir en co-nocimiento de si es fundada o nó esa alegación'.

De la exposición del caso que tenemos delante al resolver este recurso aparece que la testigo, María Josefa Anciani, que vive en el barrio de Machuelo Arriba testificó fiaber cono-cido a Pablo Francfii: que la última vez que lo vió vivo fué el 28 de marzo a las 7 de la tarde a cuya fióra salió en su bici-cleta con dirección al cine, sin que portara consigo otra arma que una cuchilla de cabo blanco con un ramo punzó, de punta muy aguda, como formando media luna; que entre una y dos de la madrugada del 28 al 29 de marzo lo volvió a ver muerto en la carretera que de Ponce conduce a Juana Díaz antes de llegar a la casa de ella; que fué registrado por el juez y los guardias sin que apareciera la cuchilla mencionada con la que él salió de su casa y la cual no fia vuelto a ver más.

Según la declaración del Doctor López Nussa, Pablo Fran-cfii presentaba un golpe en la cabeza y varias heridas en la espalda, además de otro golpe en la frente: que en la autopsia pudo comprobar que la herida de la cabeza en el lado izquier-do, era como de ocho centímetros de larga, profunda, produjo una fractura en la base del cráneo, que se extendió de la re-gión temporal hacia adelante por la órbita, teniendo además otra pequeña herida como de uno y medio centímetros de larga y un centímetro de profundidad; herida ésa del cráneo que de-bió ser producida por un cuerpo contundente como un palo, pucliendo haberlo sido con el que se le presentó en el juicio, y siendo difícil que fuera con una piedra porque ésta hubiera tenido-que ser grande, y hubiera producido una depresión en el cráneo, y no tendría entonces el cadáver la herida en forma tan recta. En cuanto a las tres heridas de la espalda, eran de unos tres centímetros de longitud, muy estrechas, corte muy agudo y producidas con un instrumento cortante y punzante, como una cuchilla o algo así.

El Fiscal presentó en el juicio, y sin objeción del acusado, un palo perteneciente a éste, que tenía en uno de sus extre-mos manchas, las que según la declaración del Dr. Ferrán eran positivamente de sangre y no muy antiguas. Este perito también declaró que dos pequeñas manchas que había recono-cido en el pantalón de Alméstico, eran también positivamente de sangre.

Según la declaración del Juez Sr. López Acosta, en la no-che del 28 al 29 de marzo acudió al sitio en que estaba en la carretera el cadáver de Pablo Franchi; que registrado el ca-dáver no se le encontró ninguna cuchilla; que después de ha-ber clareado el día y como a las cinco de la madrugada se in-vestigó por los alrededores y notó que habían algunas pisa-das al lado de la carretera y empezando a hacer la investi-gación por ellos encontró una cuchilla, que es la misma que se le presenta en el juicio y que desde que vió el cadáver hasta que se encontró la cuchilla, no había por el sitio más de cinco o seis personas, y que en la investigación en la que encontró la cuchilla fué acompañado por el Sargento Torres Quintero y otro guardia.

El sargento de la policía, Torres Quintero, confirma el ha-, llazgo de la cuchilla en las condiciones expresadas por el juez.

Deogracias Aguirre, policía insular, también acudió al lugar del suceso y habiéndosele dado en aquellos momentos. 1111a lista para que hiciera investigaciones, figurando en ella el nombre de Juan Alméstico, fné a su casa a detenerlo pero no lo encontró, y al regresar al sitio del suceso lo vió que estaba dentro de una pieza de caña inmediata, deteniéndolo entonces y poniéndose muy nervioso el acusado; que Alméstico empezó a darse paseos por la carretera de la que luego cogió nn palo de fósforos con el que empezó a hincarse las encías hasta que se hizo sangre de la que dejó caer una gota en la parte delan-tera de su traje, diciéndole entonces al testigo: ‘'Aguirre, ven-ga, fijese que esta gota de sangre que me ha caído es de la boca”; que así era, pero entonces llamó la atención de Almés-tico de que detrás del pantalón tenía otra mancha de sangre que no procedía de la boca, a lo que el acusado no le dió ex-plicación.

El policía insular, José B. Monsón, declara sustancial-mente lo mismo que el anterior, pero añadió que cuando el acu-sado mostró a Aguirre la mancha de sangre, le dijo: “Mire, Aguirre, que no vayan luego a decir que esta sangre es de la del muerto.”

Juan Alicea, un viejo de sesenta años de edad se levantó esa noche como entre doce y doce y media para ir a su trabajo en la hacienda y entonces vió pasar en su bicicleta a Pablo Pranchi y poco después un hombre a pie que resultó ser el co-misario a quien el declarante acompañó hasta su casa, siguien-do luego solo su camino durante el que oyó unos pujidos (que-jidos) y momentos después sintió que un hombre venía co-rriendo en dirección hacia él pero quien contuvo la carrera como a ocho o diez pasos de distancia, siendo ese hombre Juan Alméstico a quien conoció perfectamente, quien vestía cami-seta negra y portaba un palo; que le cogió miedo porque de-cían que era muy atrevido y por eso se volvió; pero habiendo encontrado luego a Monserrate García y a Emiliano Eodrí-guez emprendió de nuevo con ellos el camino que había aban-donado ; que les dijo que iba a llevar el cuidado de unos pu-jidos (quejidos) que había sentido por allí y cuando llegaron cerca de unos Meares tropezó Monserrate García con el cadá-ver de Pablo Franchi, y dijo: “es el señor de Pablo Franchi que ha pasado por delante de nosotros ahorita mismo”; que él, después de esa noche, no ha vuelto a hablar con Emiliano Rodríguez ni con Monserrate García, y que cuando aquella no-che se encontraron no les dijo que había sentido un hombre corriendo a caballo y otro a pie, ni tampoco les dijo que se había encontrado con Alméstico.

Monserrate García confirmó en su declaración que él y Emiliano Rodríguez se encontraron en la carretera con Juan Alicea y después de seguir juntos su camino los tres encontra-ron el cadáver de Franchi. Expresó que Alicea le dijo haber sentido unos pujidos y haber visto una persona a caballo.

Este testigo presentado luego por el acusado como suyo declaró ser peón de Don Carlos Torres y que en la mencionada noche le había dicho Alicea que había visto el celaje de una persona enzapatada a caballo y que habiéndose encontrado en otra ocasión después de esa noche, les preguntó Alicea que si durante ella no se habían encontrado a tres y al contestarle el testigo que a nadie, replicó Alicea: “¡caramba! ¿qué ten-dría yo esa noche?”

Maximino Rodón manifestó ante el Jurado que Pablo Franchi tenía una tienda a la que el declarante iba muy a me-nudo : que el sábado anterior al lunes en que murió Franchi vió al acusado por la noche frente a la tienda de Franchi; que Franchi le dijo que se aguardara para salir juntos y mientras el testigo lo esperaba abajo llegó Alméstico con un palo en la mano parecido al que se le enseñó en el juicio y se paró frente a la tienda, creyendo que no vió al declarante por-que estaba medio escondido haciendo agua; que habiéndole preguntado si pasaba algo le contestó Alméstico que no y viró para atrás; que al decir a Franchi que Alméstico había esta-do allí le contestó éste que tenía unos cuantos enemigos.

Eudosia León, una de las dos concubinas del acusado, re-conoce como propiedad de éste el palo y una camiseta negra que fueron ocupados en su casa.

Inés Piñero manifestó haber conocido, como propiedad de Pablo Franchi una cuchilla ele cabo blanco con nn ramo punzó la erial vio en casa de Endosia León concubina del acusado, a los dos o tres días después de muerto Franchi.y llamó la aten-ción de Eudosia de que aquella cuchilla era de Pablo Franchi. La cuchilla de cabo blanco a que se refiere tenía la punta más aguda que la otra cuchilla que se le presentó en el juicio; y en cuanto a esta última manifestó conocerla porque había sido suya hasta que la vendió al acusado Alméstico, como un mes antes de la muerte de Franchi y pocos días antes de morir, és-ta vió que el acusado aguzaba con ella un lápiz.

El testigo José Franco nada dice de particular.

A más de estos testigos el Fiscal presentó a Cornelio Ayala quien dijo ser un detective de la policía y habiéndole mani-festado el día 30 de marzo el Fiscal que lo necesitaba para la investigación de un crimen, el Fiscal mandó a buscar al al-caide de la cárcel quien en ése día lo entró en ella con un traje de maquinista sucio y una gorra en calidad de preso y fué colocado en la misma bartolina en que estaba Juan Almés-tico ; que entró en ella lamentándose mucho de la policía y diciendo que lo había golpeado; que luego que se fué el alcaide de la cárcel le preguntó el acusado de dónde venía a lo que le contestó que estaba en Aguirre trabajando de maquinista y le hizo creer al acusado que había tenido hacía unos tres años una cuestión con Pablo Franchi en la que le dió unos cuantos golpes por un dinero que le quería cobrar de una cuenta que no le debía y como ahora habían herido a Franchi lo habían cogido a él por sospechas como complicado en esa muerte; que habló muy mal de la policía y así estuvieron en amistad toda la noche y el día siguiente contándose mutuamente epi-sodios de su vida; que el acusado nada le dijo entonces con re-lación al crimen; que a la otra noche el alcaide de la cárcel lo fue a buscar y lo llevó a la fiscalía y que al regresar de ésta otra vez a la bartolina dijo al acusado que había estado donde el Fiscal que llegó hasta él y luego lo mandó salir fuera que-dándose dentro de la habitación Lespier, el alcaide de la cár-cel, y el Fiscal y entonces oyó cuando el Fiscal decía al alcaide que el médico laabía certificado que la sangre que tenía el pan-talón de Alméstico era sangre de cristiano y no de cerdo: que cuando él le dijo eso estaban sentados los dos y de pronto se levantó Alméstico quien le dijo “Amigo, Yd. no sabe lo que yo agradezco eso,” preguntándole entonces el testigo “Yd. es Juan Alméstico'?” a lo que le contestó él que sí y al repli-carle el testigo que la cosa estaba mala replicó Alméstico: “¡Ay amigo! ¿de qué manera me salvaré yo?” Entonces el acusado le dijo que lo ayudara a buscar un abogado y al pre-guntarle el testigo sí creía que así podría salvarse, le contestó Alméstico: “sí, porque yo le cuento la verdad, le cuento el cri-men como pasó y él me puede salvar, porque le ofreceré dinero para que se lo dé al médico para que diga que la sangre es de cerdo y así se puede salvar Don Carlito, porque Don Car-lito fué el que me mandó. ’ ’ Entonces el testigo le preguntó en qué forma había sucedido eso, si él solo lo había matado, y le contestó que no; que fué entre él y un tal Julio Colón que es-taba allí también preso, dándole éste el primer palo y cuando cayó al suelo, él (Alméstico) le dió tres o cuatro puñaladas; que al decirle por qué se había quedado con el pantalón que lo iba a comprometer, le contestó que no se lo había quitado por-que creía que no tenía nada; que la camisa era negra y no te-nía mancha ninguna y que el cuchillo lo guardó en casa de.la querida lo mismo que. la camisa y el palo; también le dijo Al-méstico a una pregunta del testigo que lo había visto un viejo pero que creía que no podría probar nada; que por el acusado supo que tenía dos concubinas, una de las cuales está recien-parida; que había estado desde el sábado en la noche con dos individuos más velando a Franchi; que pudo haberlo matado antes, pues el sábado en la noche había estado con dos indi-viduos más velándolo, pero que no pudo matarlo porque venía con otro más en una calesa y que durante tres noches lo ha-bía estado acechando.

Después de estas manifestaciones del acusado al testigo, éste en unión del Fiscal y de la policía, estuvieron en casa de Eudosia León, concubina de Alméstico, y allí ocuparon un palo y una camiseta negra.

Adolfo Lespier, alcaide de la cárcel de Ponce en aquella feclia, confirmó haber puesto en ella a Cornelio Ayala y en el mismo departamento en que estaba Juan Alméstico.

Esta fué toda la evidencia presentada en este caso por el ■defensor del Pueblo. La del acusado consistió en las declara-ciones de Monserrate G-arcía, que ya fiemos indicado y la de Eudosia León, habiendo declarado ésta ser una de las dos concubinas del acusado; que cuando mataron a Franchi tenía quince días de parida y que en esa noche se recogió Alméstico en su casa como a las once de la noche; niega que Inés Pinero estuviera en su casa después de la muerte de Franchi y que ■delante de ella sacara una caja del baúl en la que estaba una cuchilla. Después manifestó no recordar bien si Inés Pinero había estado en su casa antes o después de la muerte de Fran-chi.

Por último el testigo Antonio Ferrari contestó al Fiscal •que en un careo habido entre Inés Pinero y Eudosia León, ésta aceptó que aquélla había estado en su casa dos días des-pués de haber sido muerto Franchi, pero niega que hubiera visto cuchilla alguna.

Basta la simple lectura de los testimonios presentados en este caso al jurado para quedar convencidos de que hay prue-ba suficiente de la culpabilidad del acusado, así como de que han sido dos las clases de evidencia ofrecidas: una circuns-tancial o de indicios y la otra de evidencia directa, cuyo carác-ter tiene la confesión qiie el acusado hizo al testigo Corne-lio Ayala.

Respecto a este último extremo es bueno recordar lo que esta Corte Suprema dijo al resolver el caso de El Pueblo v. Rivera (a) Panchito que aparece en el tomo 7, D. P. R., 332, y ele la cual copiamos lo siguiente:

“El testimonio de los testigos que detalladamente comunicaron al tribunal las confesiones que les había hecho el acusado no puede con-siderarse como testimonio de referencia, si no que constituye una prueba directa de los actos del acusado que puede utilizarse contra él en el juicio. Si el acusado deseare excluir las confesiones que se ofrez-can presentar contra él, debía demostrar que están comprendidas en una de las excepciones establecidas por la ley, según la interpretan los autores comentaristas. Esto quiere decir que él debía demostrar que' se bailaba bajo coacción, o que obraba bajo la influencia de esperanzas-o promesas, que se le habían dado para el caso de que hiciera una. confesión. ’'

Véanse también los siguientes casos en que se reproduce-esa doctrina y en los cuales, como en el anterior, se bailan, numerosas citas que la sostionen:

El Pueblo v. Eligier, 9 D. P. R., 396.

El Pueblo v. Dones, 9 D. P. R., 469.

El Pueblo v. Kent, 10 D. P. R., 343.

El Pueblo v. Román (a) Chelo, 10 D. P. R., 561.

El Pueblo v. Hernández, 14 D. P. R., 225.

El Pueblo v. Morales (a) Yare Yare, 14 D. P. R., 234.

De acuerdo pues, con la doctrina sentada en esta juris-prudencia, hemos de estimar como evidencia directa la con-fesión hecha por el acusado a Cornelio Ayala, siempre que haya sido voluntaria y libremente hecha.

En este caso no se ofreció por el representante del Pueblo-evidencia alguna de que tal confesión fué hecha libre y volun-tariamente por Juan Alméstico, esto es, sin que fuera debida, a amenazas, temor o inducido a ello por cualquier otro medio-impropio, pero a pesar de no haberse practicado esa prueba, por el Fiscal, el acusado no hizo objeción a que el testigo Cor-nelio Ayala relatara las manifestaciones que ponía en boca del acusado ni éste tampoco ha presentado evidencia de ninguna clase que tienda a demostrar que tales manifestaciones no fueran voluntarias y libres. A pesar de ser esto así, tal cir-cunstancia no quita valor alguno a la declaración de Corne-lio Ayala, porque aun en los Estados en donde esa prueba se exige previamente sino se practica y se admite la confesión sin la objeción del acusado, se supone que si no impugnó fué porque fué hedía libre y voluntariamente,- a menos que lo contrario aparezca de la propia declaración del testigo.

State v. Madison, 47 La. Ann., 30.

State v. Davis, 34 La. Ann, 351.

People v. Barker, 60 Mich., 277.

Además, de la declaración de Cornelio Ayala se ve que la confesión del acusado fué voluntaria y libre pues se produ-jo espontáneamente al manifestarle que había oído decir al Fiscal que eran de sangre humana las manchas del pan-talón de Juan Alméstico, y no mediaron amenazas ni ofer-tas que por otra parte no era presumible que hiciera Ayala ni que pudiera creer Alméstico, en vista de que conversaba con una persona que aparecía ser un maquinista preso como presunto responsable de un delito.

Es cierto que Cornelio Ayala obtuvo la confesión del acu-sado debido al engaño de decirle que eran de sangre humana las manchas de un pantalón ocupado a Juan Alméstico, pero ésta falta o simulación no era de tal naturaleza que privara al acusado de su libertad y voluntariedad para hacer o nó la confesión de su delito. El hecho de que un policía, detective o cualquiera otra persona obtenga una confesión me-diante engaño, no es por sí solo bastante para hacer inad-misible esa evidencia.

Borton v. State, 107 Ala., 108; 18 So., 284.

Stone v. State, 105 Ala., 60; 17 So., 114.

King v. State, 40 Ala., 314.

Wigmore on Evidence, Sec. 841.

La prueba de confesión, que es directa, ha sido corrobo-rada sin embargo, en este caso, Así vemos que el particular confesado por Alméstico de que por dos o tres noches antes del crimen había acechado a Pablo Franchi, resulta compro-bado por el testigo Bodón; el que fué visto por un viejo en los momentos del crimen, lo justificó Juan Alicea; el hecho de que tenía dos concubinas una de ellas recién parida lo acre-ditó Eudosia León; que la noche del suceso vestía una cami-seta negra, también lo comprobó Alicea; la manifestación de que esa camiseta y el palo que portaba la mencionada noche estaban en la casa de Eudosia León, lo atestiguó ésta y el hecho de ser encontrados en la casa de ella.

Pero independientemente de esa evidencia directa y corro-borada en este caso, existió otra circunstancial o de indicios, tal como la de que al saber Franchi en la noche del sábado que había estado por su tienda Juan Alméstico solamente con-testara que tenía algunos enemigos; que el acusado fuera visto en los mismos momentos en que el crimen ocurrió, que corría por la carretera y por sitio inmediato a aquel en donde el crimen tuvo lugar; que una cuchilla perteneciente al acu-sado fuera encontrada cerca del cadáver; que otra que aque-lla noche llevaba encima Pablo Franchi no se le encontrara al ser hallado muerto, pero sí fue vista en casa de una de las concubinas del acusado, dos o tres días después de haber ocurrido el crimen; que un palo perteneciente al acusado tuviera manchas que positivamente eran de sangre, ocurrien-do lo mismo con las dos manchas que tenía el pantalón del acu-sado al ser detenido.

Estos indicios que son útiles porque conducen a demos-trar la culpabilidad del acusado excluyendo cualquiera otro, y la prueba de confesión que ha sido presentada, son suficien-tes para poder llegar a la conclusión de que el acusado fué quien produjo la muerte de Pablo Franchi en la manera ilegal y violenta que relata la acusación y para que esté sostenido el veredicto del jurado, ya que de esa evidencia resultan las circunstancias esenciales del delito de asesinato en primer grado.

Nuestro Código Penal expresa que es asesinato el dar muerte ilegal a un ser humano con malicia y premeditación; que todo asesinato perpetrado por medio de veneno, acecho o tortura y toda clase de muerte voluntaria deliberada y pre-meditada o cometida al perpetrarse o intentarse algún in-cendio de morada, violación, robo, asalto o mutilación, consti-tuye un delito de asesinato en primer grado.

Existen pues, tres clases de asesinato en primer grado: el que.se perpetra por medio de acecho, veneno o tortura; el que ocurre al cometer o intentar cometer delito de incen-dio, violación robo o mutilación; y el perpetrado en cualquier otra forma voluntaria, deliberada y premeditada.

El presente caso está comprendido en la primera clasifi-cación porque, según la propia confesión del acusado, estuvo acechando por dos o tres noches al interfecto, y estando esto justificado y habiendo causado la muerte en esas circunstan-cias, no era necesario presentar otras pruebas de delibera-ción y premeditación para que pudiera el delito calificarse de asesinato en primer grado.

Sostiene el recurrente que la corte inferior no instruyó al jurado respecto del delito de homicidio y que por eso incu-rrió en error.

Es cierto que tal instrucción no se dió al jurado, pero a pesar de ello la corte inferior no cometió error alguno por-que en la evidencia nada había que pudiera justificar un homicidio y en tal caso el juez no debe dar instrucciones res-pecto al grado inferior del delito acusado, cuando no hay nada en la evidencia que pudiera justificar el que el delito se re-bajara a ese grado.

Blashfield Instructions to Juries, Yol. 1, Secciones. 86 y 190.

Wharton on Homicide, Secciones 158-160.

En el caso de Sparf and Hausen v. United States, 156 U. S., 51, dijo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, lo siguiente:

“Las peticiones que hicieron los acusados a la corte sobre instruc-ciones al jurado se fundaban en la sección 1035 de los Estatutos Revi-' sados de los Estados Unidos, que prescribe que ‘en todas las causas criminales puede declararse culpable al acusado de cualquier delito cuya comisión esté necesariamente incluida en aquel que se le imputa en la acusación, o puede ser declarado culpable de tentativa de cometer el delito que se le imputa a no ser que tal tentativa constituya por sí sola un delito.’
“La negativa de la corte a conceder las instrucciones solicitadas por los acusados, considerada en relación con cierta parte de las instruc-ciones dadas al jurado con respecto al delito de homicidio, así como las apreciaciones de la corte al solicitar el jurado por medio de su presi-dente que se le dieran más instrucciones, presentan la cuestión de si la. corte se excedió en sus facultades al expresar, como efectivamente ex-presó, que en vista de la prueba practicada el único veredicto que de acuerdo con la ley podía emitir el jurado, era o el de encontrar al acu-sado culpable del delito imputádole, o no culpable de dicho delito; que si se hubiera cometido un homicidio voluntario por cualquiera de los acusados, siendo los jurados los jueces acerca de la prueba, en el pre-sente caso no existía motivo que justificara el rebajar el delito a un grado inferior al de asesinato; y que, ‘siendo el jurado uno de los tribunales del país, debe estar regido por la ley, y ésta debe recibirla de la corte.’
“La corte inferior consideró correctamente que la sección 1035 de los Estatutos Eevisados no autorizaba al jurado en un caso criminal a declarar a un acusado culpable de un delito de grado inferior al que se le imputa en la acusación, a menos que tal veredicto esté justificado por la prueba. El Congreso no tuvo la intención de investir al jurado de una facultad por la que pueda arbitrariamente hacer caso omiso de la prueba y de los principios de ley que son aplicables al presente caso. El único fin de esa sección fué el de colocar al jurado en condiciones en el caso de que resultara que el acusado no era culpable del delito específico que se le imputaba, y si la prueba lo permitía, de declararlo culpable de un delito de grado inferior que estuviera necesariamente comprendido en el que se le había imputado, o del delito de tentativa de cometer el que se le imputó. Examinando minuciosamente la prueba, no encontramos en ella motivo alguno por el cual el jurado llegara debidamente a la conclusión de que el acusado Hansen sola-mente era culpable de un delito comprendido en el que se le im-putaba, o de una simple tentativa de cometer el delito imputá-dole. Un veredicto de culpable de un delito de grado inferior al im-putado, hubiera sido uno en completo desacuerdo con toda la prueba, infringiendo así el jurado la obligación que tiene de emitir un veredicto justo. Faltaba por completo prueba en la que pudiera fundarse un veredicto de culpable de homicido o de simple acometimiento. Dic-tando un veredicto de esa clase el jurado ejercitaría la facultad de conmutar el castigo correspondiente a un delito realmente cometido por otro distinto de aquel que la ley prescribe.”

Aplicando esa doctrina al presente caso, decimos que no hay en este caso evidencia alguna que pudiera justificar un veredicto de homicidio, por lo que el juez no tenía que dar instrucciones de este delito al jurado y por tanto no cometió el error que se le atribuye.

Los errores que nos resta examinar son los que también servían de motivo para la moción de nuevo juicio, siendo el primero de ellos que la corte no debió permitir que fueran examinados, a pesar de la protesta del acusado, ciertos tes-tigos presentados por el Fiscal en el juicio, y que no figu-raban al dorso de la acusación.

Respecto de este particular, para demostrar que no existe el error alegado, nos bastará reproducir lo que resolviendo igual cuestión fiemos dicfio en el caso del Pueblo v. Román, resuelto en 8 del presente mes:

“Con referencia a la cuestión de que se incluyan los nombres de los testigos de la acusación, no hay precepto legal alguno que de modo imperativo exija al fiscal que haga una relación de todos los testigos que conoce. Es bastante con que mencione aquellos que él ha exami-nado con el fin de presentar la acusación. En algunos estados es un requisito legal imperativo que se acompañe una relación de todos los testigos, pero no sucede así en California de donde procede nuestra jurisprudencia (People v. Symonds, 22 Cal., 349; People v. Jocelyn, 29 Cal., 564; El Pueblo v. Kent, tomo 10, D. P. R., pág. 343.) Aun-que no existió ningún error técnico, si resultara sin embargo que el acusado en realidad fué sorprendido por haberse presentado algunos testigos cuyos nombres no habían sido incluidos en la acusación, el dejar de mencionar dichos testigos es una cuestión a la que siempre debe dársele gran consideración al determinar si la corte abusó o nó de su discreción al negar la suspensión del juicio, para que el acusado tuviera oportunidad de presentar su prueba contradictoria.”

Los otros tres motivos de error basados eu las tres res-tantes excepciones tomadas por el acusado según aparecen en pliego que de ellas formuló y fué aprobado por el juez, fian sido tratados conjuntamente por el recurrente y pode-mos fiacer nosotros lo mismo porque descansan en el mismo fundamento.

La Corte de Distrito no permitió que el testigo Cornelio Ayala contestara a ciertas repreguntas del acusado, con las que trataba de demostrar que dos o tres años antes fingién-dose maquinista dicho testigo, siendo detective en Ponce, in-vitaba a distintas personas para que jugasen y luego de con-seguirlo y de ganerles el dinero los denunciaba o mandaba recado a otros policías para que sorprendieran la jugada, habiendo sido dos veces el testigo procesado por ese hecho.

Este mismo hecho trató de probarlo el acusado presen-tando diversos testigos, sin que la corte permitiera tampoco esa clase de evidencia.

Asimismo presentó -testigos para justificar que con bas-tante anterioridad a la muerte de Franchi era Julio Colón enemigo de Don Carlos Torres, con motivo de haberse negado éste a reconocer un hijo ilegítimo que según Julio Colón tuvo una cuñada suya con Torres. Esta evidencia no fue permi-tida por la corte y el acusado tomó excepción como hizo con las anteriores.

Por esos tres medios trataba el acusado de impugnar la declaración de Cornelio Ayala.

La presunción establecida en la ley de que todo testigo dice la verdad es juris tantum y por consiguiente puede ser rechazada por la forma en que declaró, por el carácter de su declaración o por evidencia que afecte a su veracidad, hon-radez, integridad o móviles, o por evidencia contradictoria; la parte contra quien se presente un testigo podrá tacharlo mediante evidencia contradictoria, o de que su reputación en cuanto a veracidad, honradez e integridad es generalmente mala, pero no con evidencia de determinados actos reproba-bles, salvo el que fué convicto de delito grave, lo que podrá probarse mediante el examen del testigo o por la anotación de la sentencia. También podrá tacharse al testigo con evi-dencia de que en otras ocasiones hizo manifestaciones incompatibles con la que hace en el juicio.

Tales son las regias consignadas en la Ley de Evidencia mediante las cuales puede tacharse o impugnarse a un tes-tigo, y de acuerdo con ellas la corte no cometió error al re-chazar esas clases de evidencia.

La ley no quiere que la presunción de veracidad de un testigo se ataque con prueba de determinados actos más o menos reprochables, sino que exige la prueba de que "su repu-tación es generalmente mala en cuanto a veracidad, honradez o integridad, o por prueba de convicción de algún delito grave.

People v. O’Brien, 96 Cal., 171.

Evans v. DeLay, 81 Cal., 103.

Jones v. Duchow, 87 Cal., 109.

Barkly v. Capelahd, 86 Cal., 483.

Sharon v. Sharon, 79 Cal., 633.

El acusado no trataba de probar que la reputación ’general del testigo Ayala era mala, sino que intentó probar actos determinados que estimaba reprochables y también cierto dis-gusto entre dos personas a quienes el acusado por boca del testigo atribuye alguna participación en el crimen, pero tal clase de evidencia no siendo de mala reputación general era inadmisible para atacar la credibilidad del testigo Ayala, por lo que la corte no cometió error al desestimarla.

Hemos examinado y resuelto todos los motivos del re-curso, y habiendo también considerado detenidamente la transcripción de los auto's y los pliegos de excepciones y de exposición de hechos, no encontramos que se haya cometido error alguno fundamental, por lo que la sentencia debe ser confirmada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y del Toro.


author: El Juez Asociado Su. Aldeet,

text:
    Binet v. García, Guánica Centrale, Interventora.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 751.
    Resuelto en mayo 3, 1912.
    Cobro dé Dinero — Excepciones Previas — Renuncia de la Excepción Previa de Palta de Causa de Acción. — La exeepeión previa de que la demanda no aduce hechos bastantes para determinar una causa de acción, no se entiende ■ renunciado nunca, sino que por el contrario puede formularse en cualquier tiempo, aun por primera vez en la apelación, y aunque no se planteara, el tri- ■ - bunal pirecle en todo caso considerarla y resolverla motu propio. Presentada esa excepción pre.via y retirada por la parte antes de que el tribunal la resol-viera, puede volverla a presentar posteriormente, sin que se entienda que por haberla retirado 'la renunció.
    Id. — Alegación dé -Pago — Interpretación1 Liberal ‘de las Alegaciones. — La alegación tercera de la demanda- en el caso de autos'fué redactada en la si-guiente forma: ‘ ‘ Gestionando amistosamente el cobro de la misma, de la deudora, no ha sido posible hacerla efectiva. ’ ’ Sé resolvió en apelación que tal alegación es suficientemente explícita para'"entender, p'of ella que el rom-pimiento del contrato ha sido alegado, De aeuerdo pon el artículo 122 del Código de Enjuiciamiento Civil, las alegaciones deben ser interpretadas con liberalidad.
    .■^resunciones — Mandante y^MandatariOt-Documento Simulado— gi bien es cierto que de acuerdo con la presunción establecida en el párrafo segundo del artículo 101 de la Ley dé Evidencia, un mandante no puede impugnar la relación contenida.en un documento Suscrito por su apoderado, dentro del ejer- . , cieio .de sus funciones, este principio no rige cuando se alega la falsedad del documento por haber sido otorgado por el demandante y el, apoderado para ■ ' defraudar al mandante.- ' ' ‘ 1 1
    ,Jd.. — Pagaré .Simulado — Pruebas—Impugnación . del . Documento — De acuerdo con la doctrina establecida en el párrafo anterior es admisible prueba extraña a' un pagaré presentado por 'el mandante del que suscribió' dicho pagaré, para demostrar-su simulación y que fué suscrito por el apoderado para defraudar a su mandante. ... .
    Pruebas — Apreciación del Tribunal Sentenciador — Pasión, Prejuicio o Par- •' cialidad — Error'Grave.—Guando'l'a prueba es contradictoria la' apreciación que de ella haga el tribunal sentenciador no, será revocada a menos que se demuestre que obró con pasión prejuicio o parcialidad o, con. error manifiesto.
    Intervención — Resolución de la Demanda de Intervención. — Presentada una demanda de intervención con'la súplica dé que én caso de qué el demandado fuese condonado a pagar al demandante, se declare preferente ’el crédito del interventor, no habiendo sido condenado el demandado, no cometió error la corte al no resolver la súplica condieional.de la demanda de intervención.
    Los béchos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Pascasio Fajardo.

    Abogado del apelado: Sr. Jasé de Diego.

   El Juez Asociado Su. Aldeet,

emitió la. .opinión del tribunal.

’' La demanda en éste casó tiene por objeto obtener el cobro de cierta cantidad’de dinero, siendo todas sns alegaciones las . siguientes: .

. ■<<primera: Que 'la demandada vecina de esta ciudad; soltera y niayor de edad, por conducto de su apoderado general, Don Isidro F. Sanjurjo, tomó a préstamo a éste demandante, en 31 de marzo de 1909, la cantidad de 5,000 dollars, subscribiendo la obligación que copiada a la letra, dice así: .
“ ‘Por 5,000 dollars. Pagaré a la orden de Don José M. Binet, la suma de cinco mil dollars valor recibido; cuya cantidad será satis-fecha a razón de un mil dollars cada día 31 de 1<ds meses de marzo de los años 1910 al 1914 inclusive, más sus intereses a razón de doce' por ciento anual. Siendo convenido que vencido un plazo y no satisfecho se considerarán vencidos los demás y en libertad el acreedor de exigir la totalidad del crédito. El deudor se somete expresamente para cual-quiera reclamación judicial consecuencia de esta obligación, a la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Mayagüez. Mayagüez, 31 de marzo de 1909. Dolores García Sanjurjo, Por poder: Isidro F. San-jurjo.
‘ ‘ Segunda: Dicha obligación según puede verse de su lectura, está vencida desde el día 31 del mes de marzo que acaba de vencer.
■■■ “Tercera: Gestionado amistosamente el cobro de’la. misma, de la deudora, no ha sido posible hacerla efectiva. ’ ’

La señora demandada opuso la excepción de que la de-manda no aducía lieclios bastantes que determinasen una causa de acción, pero desistió de ella y presentó entonces una contestación que negaba los' Lechos de la clémanda y alegaba 'además que el pagaré en qu’e se basaba la’reclamación'es'si-mulado, fingido y redactado únicamente para perjudicar'a la demandada .mediante confabulación del demandante y de la persona que lo suscribió. '

En este pleito presentó la corporación “Güánicá Cén-trale” una demanda de intervención interesando que, ¿i se pronunciaba sentencia a favor del demandante, se declárase que la corporación interventora tenía prelación y preferencia para cobrar de la demandada determinada cantidad de dinero.

Celebrado el juicio durante el que demandante y deman-dada presentaron toda su evidencia, y además admitieron co-mo ciertos los hechos alegados por la corporación'interven-tora, los abogados de las partes argumentaron 'el caso,- pro-poniendo entonces la demandada la excepción que presentó al principio de este pleito y que retiró después para contestar.

Dictada sentencia en 17 de abril de 1911, por ella se declaró sin lugar la demanda con imposición de costas ah demandante.

Esta sentencia se fundó, según la opinión escrita del juez de la corte inferior, en que la excepción alegada debía soste-nerse, porque la demanda no aducía hechos bastantes que de-terminasen una causa de acción contra la demandada; pero que además, la evidencia era favorable a la demandada, pues con ella la corte había llegado a la convicción de que la obli-gación que se reclamaba es simulada, siendo inexacto que el demandante haya entregado al Sr. Fernández Sanjurjo, la cantidad que ahora reclama de la poderdante de dicho señor.

Apelada esa sentencia por el demandante, presentó éste su alegato escrito en el que señala como primer motivo de error, el que la corte inferior considerase la excepción previa propuesta durante la argumentación final del caso, después que la demandada había renunciado su derecho a esa excep-ción, pues la había retirado cuando primeramente la formuló.

Esa excepción era la de que la demanda no aducía hechos bastantes para determinar una causa de acción, la que al igual que la de falta de jurisdicción, no se entiende renunciada nunca; de acuerdo con el artículo 109 del Código de Enjuicia-miento Civil, puede formularse en cualquier tiempo, aun por primera vez en la apelación, y aunque no se planteara, el tribunal puede en todo caso considerarla y resolverla motu propio.

Pérez Hermanos v. Oliver, 11 D. P. R., 397.

Bas v. Ferrán, 14 D. P. R., 190.

López v. López, 15 D. P. R., 725.

Sucesores de J. Martínez v. T. Dávila y Ca., fallado en febrero 24, 1912.

Como esta es la ley y la jurisprudencia, no cometió la corte inferior el error que se le atribuye, pues el haber reti-rado esa excepción sin que la corte la resolviera, no impide el presentarla después.

Examinemos, pues, la demanda para determinar si ado-lece del defecto mencionado en la excepción aducida contra ella, fundada en que no se alega la falta de pago.

Es cierto que en toda acción sobre cumplimiento de con-trato debe alegarse su incumplimiento, porque este es uno ele los hechos que dan vida a la acción, ya qne no pnede ha-cerse cumplir lo que no aparece haberse dejado de cumplir, por lo que en demandas en que se reclama el pago d© alguna cantidad, debe alegarse de una manera clara que no ha sido pagada. En el presente caso la alegación tercera de la de-manda es suficientemente explícita para entender por ella que el rompimiento del contrato ha sido alegado, ya que sus palabras son equivalentes a las de que la obligación se ha cobrado a la deudora, pero no la ha pagado, quedando así cumplido el artículo 122 del Código de Enjv'¿amiento Civil que dispone que las alegaciones sean interpretadas con libe-ralidad.

Alegada pues, una obligación qué estaba vencida y que no había sido pagada por la deudora, tenía la demanda todos los hechos esenciales para fundar la acción de cobro de lo debido.

Estamos, pues, ahora en condiciones para tratar las de-más cuestiones propuestas, pero alterando el orden en que han sido formuladas, comenzaremos por la referente a la evidencia, la que fué apreciada por la corte inferior en la si-guiente manera.

“Con efecto, la declaración de Don Isidro Fernández Sanjurjo, completamente desacreditada, por sns graves contradicciones, las mani-festaciones poco satisfactorias del Sr. Binet, su manera de declarar, su afirmación de que no tenía dinero para realizar el préstamo ha-biéndolo tomado, la mitad al Sr. Fajardo y la otra mitad a su esposa de sus economías, para facilitárselo al Sr. Sanjurjo, con la única ga-rantía de un documento privado, la circunstancia de haber sido jurado ante notario este documento, catorce meses después de la fecha en que aparece suscrito, y las declaraciones de los demás testigos del de-mandado, incluyendo a la Señorita Sanjurjo, quien asegura no haber tenido nunca conocimiento de esta obligación, todos estos hechos, de-tenidamente analizados, traen a nuestro ánimo la convicción de que en este caso, se trata de una obligación simulada, siendo inexacto que el demandante haya entregado al Sr. Sanjurjo la suma que se re-clama. ’ ’

Después de nosotros haber examinado detenidamente la evidencia que aparece en la transcripción de los autos, vemos que la corte estuvo acertada en la apreciación que liizo de la evidencia, y que no ha cometido los errores que le atribuyen los motivos 5o. y 6o. del alegato del apelante.

Se basa el primero de estos dos errores en que habiéndose •presentado el documento privado en que consta la obliga-ción, es esta una evidencia directa que según el inciso 2o. del artículo 101 de la Ley de Evidencia, se estima como pre-sunción concluyente, que es incontrovertible, por lo que el juez estaba obligado a dictar su fallo de acuerdo con tal docu-mento.

Si bien es cierto que como consecuencia de la presunción a que se hace referencia en el párrafo anterior, un mandante no puede impugnar la relación contenida en un documento suscrito por su apoderado, dentro del ejercicio de sus funcio-nes, este principio no rige cuando se alega la falsedad del documento por haber sido otorgado por el demandante y el apoderado para defraudar al mandante.

Bajo esta regla y toda vez que la contestación contenía la defensa de que el documento base de la demanda era simu-lado entre el demandante y el que lo suscribió como apode-rado de la demandada para defraudarla, no cometió la corte inferior error al tomar en consideración otra evidencia ten-dente a contradecir las manifestaciones de ese documento. Además, la demandada no había perdido ese derecho, toda vez que juró su contestación, en que negaba la autenticidad del pagaré inserto en la demanda.

En cuanto al sexto motivo, se alega en él que, al realizar el demandante su préstamo al apoderado de Doña Dolores García Sanjurjo, lo hizo de buena fe y sin mediar entre ellos simulación.

La cuestión debatida en este pleito ha sido precisamente si la obligación reclamada fué o nó simulada entre el deman-dante y Don Isidro Fernández Sanjurjo para • perjudicar a la demandada, siendo esta una cuestión de hecho que había de resolver el juez en vista de toda la evidencia, y habiendo él decidido el conflicto de ella en sentido favorable a la señora demandada, o sea de que existió la simulación que ella alegó, decisión sostenida por la evidencia, y no habiéndose alegado, ni menos demostrado, pasión, prejuicio ni parcialidad por parte del juez sentenciador, ni apareciendo de la transcripción de los autos error grave en la apreciación de la evidencia, he-mos de sostener el juicio que de la misma formó, con el que estamos conformes y es por tanto insostenible ese motivo de error.

El séptimo motivo se funda en que la sentencia es nula porque no resuelve la demanda de intervención de la “Guá-nica Céntrale. ’ ’

Este fundamento es insostenible, pues si esa corporación pedía que se resolviera sn petición en caso de que fuese con-denada la demandada, desde el momento en que no lo fué, no habiendo la sentencia reconocido al demandante derecho a cobrar de la demandada, holgaba y era impertinente una declaración de la corte de que la í£G-uánica Céntrale” hu-biera de cobrar antes o después del demandante, cuando éste nada tiene derecho a cobrar.

Hemos dejado para lo último los motivos segundo, ter-cero y cuarto del recurso, porque refiriéndose a infracciones de la ley que rige las relaciones entre mandante y mandatario por obligaciones contraídas por éste, es inútil considerarlas, desde que se declara que la obligación reclamada no es ver-dadera sino simulada entre el demandante y el Señor Fer-nández Sanjurjo, ya que es imposible que una obligación simulada produzca efectos civiles.

Como la sentencia apelada se sostiene por el fundamento de la apreciación de la evidencia hecha por la corte inferior, debe ser confirmado el fallo recurrido y desestimarse el re-curso.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y del Toro.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Torres v. Irizarry.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 788.
    Resuelto en mayo 3, 1912.
    Costas — Impugnación—Incomparecencia de la Parte Impugnadora. — De los términos del artículo 339 del Código de Enjuiciamiento Civil enmenda.do por ley de marzo 12, 1908, se deduce que en caso de impugnación de un memorandum de costas, debe celebrarse la vista del asunto asistan o nó las partes, y que praetíquense o nó pruebas, la corte debe dictar resolución sobre el asunto sometido a su decision, pues ni la asistencia a la vista, ni la presenta-ción de pruebas son actos obligatorios, sino derechos concedidos a las partes y renuneiables expresa o tácitamente.
    Id. — Impugnación — Incomparecencia de ■ la Pabte Impugnadora — Procedi-miento.' — En caso de impugnación de un memorandum de costas, cuando com-parece únicamente la parte que redama las costas y no la que impugna la reclamación, es aplicable al procedimiento los preceptos del artículo 193 del Oódigo de Enjuiciamiento Civil, con sujeción al artículo 36 del mismo Código, y por lo tanto debe resolverse ol incidente con arreglo a sus resultancias. El artículo 192 del mismo Código no es aplicable, porque la parte impugnadora que no comparece equivale al demandado y el demandante viene a ser la parte que reclama las costas.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José Sabater. '

    Abogado del apelado: Sr. Angel A. Vázquez.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

En juicio seguido ante la Corte de Distrito de Mayagüez por José Torres contra Juan Irizarry, presentó el demandado un memorandum jurado de costas y desembolsos que había de satisfacerle el demandante, comprensivo de cuatro parti-das ascendentes a once dollars a saber: cinco por honorarios al secretario de la corte, igual cantidad por indemnización a cinco testigos que declararon en el juicio, cincuenta centavos por honorarios del notario que recibió el juramento del memorandum, y otros cincuenta centavos por servir al deman-dante una copia de dicho memorandum.

El demandante Torres formuló por escrito impugnación a las dos primeras partidas del memorandum presentado, alegando que el demandado Irizarry no había gastado cinco dollars por honorarios al secretario, y que tampoco había desembolsado igual suma en concepto de indemnización a cinco testigos, pues en el juicio solo declararon tres, sin dere-cho a indemnización alguna por ser vecinos de la ciudad de Mayagüez.

Señalado día para la discusión del memorandum de cos-tas y desembolsos, compareció únicamente el abogado del demandado, y solicitó de la corte que en vista de no haber comparecido el demandante, se tuviera a éste por desistido de la impugnación y se aprobara el memorandum, a lo que accedió la corte por orden de 17 de noviembre del año pró-ximo pasado, que en la parte conducente dice así:

“La corte, en vista de no haber comparecido el demandante a sostener su impugnación, le tiene por desistido de la misma y aprueba dicho memorandum de costas en la suma total de once dollars.”

Esa orden está sometida a nuestra consideración mediante recurso de apelación contra ella interpuesto por el deman-dante José Torres.

El artículo 339 del Código de Enjuiciamiento Civil, tal como ha quedado enmendado por la sección Ia. de la ley apro-bada en 12 de marzo de 1908, establece que en caso de impug-nación de un memorandum de costas la parte contraria podrá contestarla, y la corte señalará día para la vista del asunto y celebrada ésta, practicándose en el acto las pruebas per-tinentes que las partes propongan, dictará su resolución.

Dedúcese de los términos del artículo citado que la. vista debe celebrarse, asistan o nó las partes, y que practíquense o nó pruebas, la corte debe dictar resolución sobre el asunto sometido a su decisión, pues ni la asistencia a la vista ni la proposición de pruebas son actos obligatorios, sino derechos concedidos a las partes y renunciables expresa o tácitamente.

¿Cuál debe ser dicha resolución en un caso como el pre-sente, en que al acto de la vista compareció únicamente la parte que reclama las costas y no la que impugna la reclama-ción? Es regla general de procedimiento que una vez que el demandado haya comparecido y contestado la demanda, aun-que no asista al juicio ni presente pruebas, no puede habér-sele por desistido de su oposición, sino- que el pleito debe continuarse y decidirse con arreglo a sus resultancias, según el artículo 193 del Código de Enjuiciamiento Civil. Tal regla es de aplicación al presente caso con sujeción al artículo 36, preceptivo de que cuando una corte tenga jurisdicción, en el ejercicio de ella, si el procedimiento no estuviere especial-mente señalado en dicho Código o en otra ley, podrá adoptarse cualquier otro procedimiento o modo adecuado que parezca estar más en'armonía con el espíritu del mismo. Su infrac-ción por la corte de Mayagüez al dictar la orden recurrida es manifiesta.

Y no cabe invocar como excepción el número tercero del artículo 192, según el cual se podrá desistir de una demanda o declararse abandonada, entre otros casos, cuando el deman-dante deje de comparecer en el juicio y el demandado com-pareciente pida que se declare a aquél por desistido. En la hipótesis de que ese precepto fuera aplicable al que presenta un memorandum de costas, nunca sería de aplicación al que lo impugna. Ciertamente que Torres era demandante en el juicio e Irizarry demandado; pero en la cuestión incidental de costas, el demandante propiamente es Irizarry que pre-sentó el memorandum j Torres el demandado que lo ha im-pugnado. No hay términos hábiles para que la excepción expresada comprenda el caso de que se trata.

Por las razones expuestas entendemos que procede la re-vocación de la orden apelada, y ordenar a la corte inferior que señalando nuevo día para la vista del asunto, celebre ésta con o sin asistencia de las partes, practicándose en su caso las pruebas pertinentes que cualquiera de las partes pro-ponga, y dictando oportunamente la resolución que proceda en derecho.

„ , Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sk. Wole,

text:
    El Pueblo v. Calderón.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda.
    No. 425.
    Resuelto en mayo 6, 1912.
    Derecho Penal — Abuso de Confianza — Pruebas—Venta de una Yegua. — Ha-biéndosele imputado al acusado el haberse apropiado del producto de la venta de una yegua y no habiéndose probado que el acusado vendiera dicho animal o que no lo tuviera aun en su posesión, no ha quedado probado el delito impu-tado al acusado. El mero hecho de que el acusado prometiera pagar $25 y que después de denunciado los pagara al denunciante, no demuestra por si solo, en ausencia de la otra prueba, que el acusado hubiera vendido la yegua y se quedara con su importe.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Adrián Agosto.

    Ahogado del apelado: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   El Juez Asociado Sk. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Se inició esta cansa mediante denuncia que se presentó en el juzgado de paz de Toa Alta. Norberto Rosado formuló denuncia contra Elias Calderón por el delito de abuso de confianza, en la que alegó que el día 15 de octubre de 1911, el citado acusado voluntaria, maliciosa y fraudulentamente, y con intención criminal, dispuso de veinte y cinco dollars, importe de una yegua que le había confiado para que la ven-diera en dicha suma.

Apelado el caso a la Corte de Distrito de San Juan, Sec-ción 2a., se hizo una declaración en dicha corte, que es substan-cialmente como sigue:

Norberto Rosado declaró que en 15 de octubre el acusado vino a su casa a hacer un negocio con él de una potranca que tenía; que el acusado le dijo “venga a ver si me quiere vender esa potranca,” y el acusado le respondió: “la compro,” y el testigo le manifestó, “se la vendo y se la doy en $25, pero usted debe venderla dentro de ocho días”; que el acu-sado no apareció a los ocho días a entregarle la cuenta de los $25 y que fué donde él acusado y le dijo “dónde está mi cuenta” y él respondió, “ven pasado mañana para que la recibas;” que volvió pasado mañana y tampoco la tenía, en-tonces él (el testigo), lo denunció en Toa Alta; que él le dió la yegua para que se la vendiera en la cantidad de $25; que no le devolvió ni la potranca, ni los $25, pero que el día 26 (del mes siguiente a la denuncia) le devolvió la cuenta. Re-preguntado el testigo negó que hubiera vendido la yegua al acusado en $25; que la venta tenía que ser con otro si el acu-sado lo quería; que la obligación del acusado era darle los $25 o la yegua. El segundo testigo del fiscal "declaró que la venta se hizo en términos generales con el acusado. Aunque el tercer testigo no fué muy claro en su declaración, mani-festó no obstante, que la venta se celebró sin condiciones.

El acusado presentó una moción de sobreseimiento pero la corte negó dicha moción.

La prueba fué todo menos clara, con respecto o que se entregara "la yegua a Calderón para que la vendiera a otra persona. De los tres testigos del Fiscal dos declaran lo con-trario y el denunciante no es muy preciso en sus manifesta-ciones sobre las condiciones de la venta. No creemos que la prueba fué suficiente en lo relativo al mandato que se confirió al acusado. De la prueba resulta que dicha venta fué más que otra cosa de carácter condicional.

Aun cuando se considerase que la yegua quedó confiada a Calderón para que la vendiera a otra persona, en la denuncia no se imputó al acusado el hecho de haberse apropiado dicho animal sino de haber hecho uso del producto de la venta del mismo. No se demostró que Calderón vendiera la yegua, o que no la tuviera, ni nada que demuestre que no está aún en posesión de dicho animal. El mero hecho de que el acusado prometiera pagar los veinte y cinco dollars y que después de presentada la denuncia efectivamente pagara dicha suma al denunciante, es un hecho perfectamente compatible con el deseo que tenía el acusado de cumplir con su contrato cuando se le amenazó con denunciarle.

No habiendo quedado establecido por la prueba la comi-sión del delito que se imputó al acusado, debe revocarse la sentencia y absolverse al prisionero.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, del Toro y Aldrey.