author: La Jueza Asociada Señora Fiol Matta

text:
    Banco Popular de Puerto Rico, recurrente, v. Hon. Frank Quiñones Vigo, Registrador de la Propiedad, Sección de Aguadilla, recurrido.

      Número: RG-2006-2

      Resuelto: 30 de octubre de 2007

      Alondra M. Fraga Meléndez, del bufete Juan H. Soto Sold, abogada de la parte recurrente; Frank Quiñones Vigo, re-gistrador de la propiedad, Sección de Aguadilla, parte recurrida.
   La Jueza Asociada Señora Fiol Matta

emitió la opinión del Tribunal.

Para atender los hechos de este caso debemos precisar las solemnidades requeridas para la validez de un contrato de donación en la República Dominicana y en nuestro or-denamiento para determinar si un documento otorgado en aquel país puede ser inscrito en el Registro de la Propiedad según Artículo 46 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. see. 2209.

I

El 30 de septiembre de 1985 el Sr. Jesús María Felipe Rosario y la Sra. Miriam González Machado, casados entre sí, adquirieron una propiedad ubicada en el barrio Mora del municipio de Isabela, Puerto Rico, por el precio de $38,300 y con conocimiento de que dicha propiedad estaba gravada por una hipoteca a favor del Banco Popular de Puerto Rico (Banco Popular). El 18 de septiembre de 1987 se divorciaron por consentimiento mutuo y acordaron en la sentencia de divorcio que el señor Felipe Rosario le vende-ría a la señora González Machado su participación sobre la propiedad situada en Isabela.

Según acordado, el 19 de noviembre de 1998 el señor Felipe Rosario vendió, cedió y transfirió a la señora Gon-zález Machado todos sus derechos sobre el inmueble de referencia por la suma de cien pesos de oro de la República Dominicana. Esta venta se llevó a cabo ante un notario público de dicho país, a través del documento titulado “Contrato de Venta Bajo Firma Privada”, al cual se le aña-dió la certificación del Consulado de Estados Unidos de América en República Dominicana.

El 17 de abril de 1999 la señora González Machado sus-cribió la Escritura Núm. 53 sobre “Protocolización de Con-trato de Venta Bajo Firma Privada” ante un notario pú-blico, en el municipio de Isabela, Puerto Rico. El notario transcribió en la escritura el “Contrato de Venta Bajo Firma Privada” otorgado en República Dominicana. Ade-más, lo unió a la escritura e hizo constar que el propósito de la protocolización era elevar el contrato privado a un documento público en nuestra jurisdicción.

El 15 de junio de 1999 el Banco Popular presentó una demanda en cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra el señor Felipe Rosario, la señora González Machado y la Sociedad de Bienes Gananciales compuesta por éstos. Du-rante el proceso, el Banco Popular se enteró del divorcio y de la Escritura Núm. 53, por lo que solicitó que se conti-nuara la acción sólo contra la señora González Machado.

El Banco Popular presentó la Escritura Núm. 53 ante el Registro de la Propiedad, para su inscripción, el 7 de marzo de 2006. El Registrador de la Propiedad (Registrador) se negó a inscribir el documento. Indicó que la protocolización del documento de compraventa no tiene el efecto de ele-varlo a escritura pública ni le da acceso al Registro de la Propiedad. Además, señaló que el documento de compra-venta no incluía una equivalencia del precio de venta en dólares, lo cual era indispensable para fijar los aranceles notariales y regístrales. El Banco Popular presentó un es-crito de recalificación, en el cual, entre otras cosas, informó que la equivalencia en dólares del precio de venta del in-mueble es $6.26959. El Registrador sostuvo su denegatoria.

En el Recurso Gubernativo presentado ante este Tribunal el 1 de noviembre de 2006, el Banco Popular alega que el Registrador erró al denegar la inscripción de la Escri-tura Núm. 53 sin tomar en consideración lo dispuesto en el Artículo 46 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Pro-piedad, supra, y el Artículo 11 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 11. Posteriormente, el Registrador presentó su alegato en respuesta al recurso. Con la compa-recencia de ambas partes pasamos a resolver.

II

El Artículo 46 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, supra, dispone que los documentos otor-gados fuera de Puerto Rico podrán ser inscritos en el Re-gistro de la Propiedad si reúnen los requisitos siguientes:

Primero. — Que el asunto o materia del acto o contrato sea lí-cito o permitido por las leyes de Puerto Rico.
Segundo. — Que los otorgantes tengan la aptitud y capacidad legal necesarias para el acto o contrato con arreglo a las leyes de su país. Sin embargo cuando se relacionen con bienes de menores de edad y de incapacitados, deberá haberse dado cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en Puerto Rico.
Tercero. — Que en el otorgamiento se hayan observado las for-mas y solemnidades del territorio o país donde se han verifi-cado los actos o contratos, o las de Puerto Rico.
Cuarto. — Que el documento contenga la legalización y demás requisitos necesarios para su autenticación en Puerto Rico. Quinto. — Que dicho documento haya sido protocolizado por un notario en Puerto Rico si para su eficacia no requiere trámite judicial. (Énfasis suplido.) 30 L.P.R.A. sec. 2209.

Según el tercer requisito del Artículo 46, un documento otorgado fuera de Puerto Rico tendrá acceso al Registro de la Propiedad si cumple con las formas y solemnidades del país donde fue otorgado o las de nuestra jurisdicción. Esto nos requiere discutir las formas y solemnidades requeridas en la República Dominicana y Puerto Rico respecto al ne-gocio jurídico ante nuestra consideración.

Para ello es necesario precisar cuál es el negocio jurídico exacto que da lugar a este recurso. Se trata de un contrato relativo a un bien inmueble regulado, por ende, por el Artículo 10 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 10, que dispone que los bienes inmuebles se regirán por las leyes del país en que estén sitos. Aplica, por lo tanto, la norma conocida en el Derecho Internacional Privado como lex rei sitae, según la cual los actos y contratos relativos a bienes inmuebles se regirán por las leyes del país en que éstos estén ubicados. Sucn. Evans v. Srio. De Hacienda, 108 D.P.R. 713, 718 (1979). Véase, además, Zarelli v. Registrador, 124 D.P.R. 543, 550 (1989).

El documento ante nuestra consideración tiene el propósito de traspasar la titularidad de una finca en Isabela, Puerto Rico, por el precio aproximado de seis dólares. El precio que pagaron los contratantes para adquirir el inmueble sobrepasó los treinta y ocho mil dólares. Ante esta realidad debemos recordar la normativa que hemos desarrollado jurisprudencialmente sobre la simulación relativa contractual. Esta ocurre cuando los contratantes llevan a cabo un negocio jurídico aparente que encubre otro real con causa lícita, fingido o disimulado. En específico, hemos resuelto que hay una donación disimulada en un contrato de compraventa cuando la causa de dicho contrato no es onerosa, sino que responde a la mera liberalidad de uno de los contratantes: el donante. Hernández Usera v. Srio. de Hacienda, 86 D.P.R. 13 (1962). Véanse, además: La Costa Sampedro v. La Costa Bolívar, 112 D.P.R. 9 (1982); Díaz García v. Aponte Aponte, 125 D.P.R. 1 (1989).

En la República Dominicana las donaciones de bienes inmuebles son un acto jurídico solemne. El Artículo 931 del Código Civil de la República Dominicana dispone:

Todo acto que contenga donación entre vivos, se hará ante no-tario, en la forma ordinaria de los contratos, protocolizándose, bajo pena de nulidad. (Énfasis suplido) N. Soto Castillo, Código Civil y compendio de legislación complementaria, 13ra ed., Santo Domingo, 2003, pág. 145.

Según este artículo, en el derecho común de la Repú-blica Dominicana las donaciones de bienes inmuebles son un acto jurídico solemne que debe constar en forma autén-tica, o acto auténtico, y no en acto bajo firma privada. El tratadista de derecho notarial dominicano, Dr. Manuel Víctor Gómez Rodríguez, explica que el Artículo 931 del Có-digo Civil de la República Dominicana requiere que las do-naciones de bienes inmuebles consten en acta notarial y no en un acto bajo firma privada. M.V. Gómez Rodríguez, Tratado de Derecho Notarial Dominicano, Santo Domingo, 1997, pág. 66.

Según Gómez Rodríguez; en un acta notarial el notario da fe del contenido del documento. En particular, la auten-ticación y clausura del acta “consiste de la declaración del notario mediante la cual él certifica y da fe de que este documento ha sido elaborado y firmado por él, de todo lo cual, él certifica y da fe, concediéndole la autentificación inherente a los actos de la autoridad pública, es decir la fe pública, por la cual tiene que ser creído por s[í] mismo y la plena fe de que se basta así mismo como medio de prueba completo y por excelencia del contenido del mismo Gómez Rodríguez, op. cit., págs. 49-50.

Sin embargo, en un acto bajo firma privada, el notario sólo da fe sobre la autenticidad de las firmas y no sobre el contenido del documento. Al respecto, Gómez Rodríguez explica:

[E]s conveniente explicar que el contenido del acto bajo firma privada NO LIGA al notario, el cual UNICAMENTE, tiene responsabilidad sobre las firmas, si estas son las de las perso-nas a las que el acto se refiere y si la estamparon libre y voluntariamente y en la fecha indicada, NO existe ninguna responsabilidad notarial. Gómez Rodríguez, op. cit., págs. 121-122.

Respecto a la solemnidad de las donaciones de bienes inmuebles, el tratadista de Derecho Civil dominicano, Carlos Romero Butten, explica lo siguiente:

En principio, la donación es un acto solemne, que debe ser pasado ante un Notario (Art. 391 C. Civil). La solemnidad del acto se explica por su gravedad: el Notario pondrá su atención sobre la disposición y sobre el carácter definitivo de la enaje-nación que consiente el donante. Sin embargo, de hecho, la regla de la solemnidad concierne a las donaciones de inmue-bles, por lo que muchas donaciones se realizan sin acto notarial, o mediante actos simulados o disfrazados. C. Romero Butten, Tratado Elemental de Derecho Civil, Santo Domingo, 2001, pág. 346.

En cuanto al derecho inmobiliario dominicano, el Artículo 189 de la Ley de Registro de Tierras de la Repú-blica Dominicana establece los requisitos de redacción de los actos jurídicos. Dicho artículo dispone, en lo pertinente:

Los actos o contratos traslativos de derechos registrados, así como aquellos que estén destinados a constituir, radiar, redu-cir, prorrogar o extinguir gravámenes sobre inmuebles regis-trados, o que de cualquier forma afecten o se relacionen con esos mismos derechos, podrán redactarse en forma auténtica o bajo escritura privada. Art. 189 de la Ley 1542 de Registro de Tierras de la República Dominicana, Santo Domingo, 1999.

El tratadista Rafael Ciprián explica que aunque el Artí-culo 189 de la Ley de Registro de Tierras de la República Dominicana permite que los actos jurídicos que recaigan sobre los bienes inmuebles sean redactados en forma au-téntica o bajo escritura privada, las donaciones de inmue-bles siempre tendrán que hacerse conforme al derecho co-mún, o sea, en la forma de los actos auténticos y no bajo firma privada. En lo pertinente, Rafael Ciprián expresa lo siguiente:

El Artículo 189, modificado por las Leyes No. 1860, de fecha 18 de diciembre de 1948 y la No. 132, de fecha 20 de abril de 1961, de la Ley de Registro de Tierras es la columna vertebral de toda la serie de requisitos que impone el Legislador para la redacción de los actos jurídicos.
El referido texto legal establece que todos los actos traslativos de derechos inmobiliarios, o los que tengan por finalidad “constituir, radiar, reducir, prorrogar o extinguir gravámenes sobre inmuebles registrados, o que de cualquier forma afecten o se relacionen con esos mismos derechos, podrán redactarse en forma auténtica o bajo escritura privada”.
La disposición que establece que los actos jurídicos que se re-fieran a derechos inmobiliarios registrados podrán ser redac-tados en forma auténtica o bajo escritura privada, es muy importante. Primero porque reitera el carácter liberal de la Jurisdicción Catastral, y el interés del Legislador por facilitar las operaciones comerciales inmobiliarias y, segundo, porque introduce modificaciones importantes al derecho común. Sabe-mos que los actos de donación o de hipoteca en terrenos regis-trados tienen que hacerse en la forma de los actos auténticos, conforme al derecho común.
Ya sea que el acto jurídico se redacte en la forma auténtica o en la forma correspondiente a los denominados actos bajo firma privada, se tendrán que respetar las formalidades que esta-blece el derecho común. (Enfasis suplido.) R. Ciprián, Tratado de Derecho Inmobiliario, Ira ed., Santo Domingo, 2003, págs. 870-871.

De igual forma, en nuestra jurisdicción las donaciones de bienes inmuebles son un acto jurídico solemne. En Hernández Usera u. Srio. de Hacienda, supra, establecimos que una donación disimulada de un bien inmueble es válida si cumple con los requisitos de forma ad solemnitatem de las donaciones de bienes inmuebles. En lo pertinente, el Artículo 575 del Código Civil de Puerto Rico dis-pone, en lo pertinente, lo siguiente:

Para que sea válida la donación de cosa inmueble ha de hacerse en escritura pública, expresándose en ella individual-mente los bienes donados y el valor de las cargas que deba satisfacer el donatario.
La aceptación podrá hacerse en la misma escritura de dona-ción o en otra separada; pero no surtirá efecto si no se hiciese en vida del donante. 31 L.P.R.A. see. 2010.

Por lo tanto, el contrato simulado que encubre la dona-ción tiene que ser otorgado en escritura pública, describir los bienes donados individualmente y hacer constar la aceptación del donatario en ésta o en una escritura sepa-rada, pudiendo deducirse tal aceptación de la firma del do-cumento simulado. En caso de una donación onerosa, en la que se le impone al donatario un gravamen sobre el valor de lo donado, el contrato simulado debe expresar las cargas que el donatario asume. Hernández Usera v. Srio. de Hacienda, supra, pág. 25. Véanse, además: La Costa Sampe- dro v. La Costa Bolivar, supra, pág. 26; Sucn. Toro v. Sucn. Toro, 161 D.P.R. 391 (2004).

Los tratadistas Diez-Picazo y Gullón explican que las formalidades ad solemnitatem

... son aquellas que necesitan una clase de negocios jurídicos para su existencia o nacimiento. La forma en ellos es sustan-cia, de tal modo que no existen como tales negocios si no apa-recen celebrados bajo la forma ordenada legalmente. Así, por ejemplo, la donación de bienes inmuebles sin este requisito (v. gr., en documento privado) es radicalmente nula o inexistente. L. Diez-Picazo y a. Gullón Ballesteros, Sistema de Derecho Civil, 9na ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1997, Vol. I, pág. 512.

En Hernández Usera v. Srio. de Hacienda, supra, explicamos que la importancia de los requisitos de forma de las donaciones disimuladas de bienes inmuebles radica en su finalidad, que es proteger “ ‘al transferente contra sus desordenados impulsos, a su cónyuge, herederos y acreedores contra las lesiones de los derechos que el régimen económico familiar, la ley sucesoria o el principio patrimonial le confieren, y al donatario contra los riesgos de una adquisición en apariencia precaria o por lo menos desprovista de las defensas que las obligaciones recíprocas y los actos formales ponen enjuego Id., pág. 23, citando la Sentencia dictada el 5 de noviembre de 1956 por el Tribunal Supremo de España.

Finalmente, y pertinente a este caso, hemos establecido que la cuantía base para computar los derechos de arancel debe ser fija y reconocible, sin necesidad de ulterior determinación matemática. Al respecto, en Inspector de Protocolos v. Dubón, 107 D.P.R. 50, 64-65 (1978), explicamos lo siguiente:

La cuantía base para computar los derechos de arancel de un documento público notarial, sea escritura, acta o de cual-quier otra índole, de no aparecer del propio documento, deberá tomarse de las constancias, diligencias y anejos que se unen al original permaneciendo en el protocolo y que reflejen el valor envuelto en el acto o negocio jurídico objeto del otorgamiento.

III

En este caso, el señor Felipe Rosario vendió, cedió y transfirió a la señora González Machado todos sus dere-chos sobre un bien inmueble sito en Puerto Rico a través de un contrato privado titulado “Contrato de Venta Bajo Firma Privada”, por el precio aproximado de seis dólares. Del precio de este alegado contrato de compraventa se des-prende que el verdadero negocio jurídico llevado a cabo en-tre las partes fue una donación onerosa disimulada, ya que la señora González Machado asumió el gravamen sobre el verdadero valor de lo donado, en este caso, la hipoteca a favor del Banco Popular.

Luego de que un notario en Puerto Rico protocolizó el contrato a través de la escritura núm. 53, el Banco Popular lo presentó al Registro de la Propiedad para su inscripción, alegando que el documento cumple con los requisitos del Artículo 46 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, supra. No tiene razón. La escritura núm. 53 no satisface el tercer requisito de dicho artículo, ya que no cumple con las formas y solemnidades de la República Dominicana ni las de Puerto Rico.

Según las formalidades exigidas en la República Domi-nicana, la donación del bien inmueble contenida en el do-cumento en controversia debió ser otorgada en forma au-téntica y no en una escritura bajo firma privada. Por esto, el “Contrato de Venta Bajo Firma Privada” no cumplió con las formas y solemnidades de la República Dominicana. Prueba de esto es que el notario sólo dio fe de la autentici-dad de las firmas de los otorgantes. En específico, el nota-rio expresó:

YO: LICDO. NICANOR GUILLERMO ORTEGA, Abogado y Notario P[ú]blico de los del N[ú]mero del Distrito Nacional, CERTIFICO Y DOY FE, que las firmas que anteceden fueron puestas en mi presencia libre y voluntariamente por los seño-res MIRIAM GONZALEZ MACHADO Y LICDO. JESUS MARIA FELIPE ROSARIO, de generales que constan, quienes me han declarado bajo la fe del juramento, que esas son las mis-mas con las cuales acostumbran firmar todos los actos de sus vidas en los cuales son partes. En Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dieci-nueve (19) días del mes de noviembre del año mil novecientos noventa y ocho (1998).

De igual forma, el documento presentado ante el Registro de la Propiedad no cumplió con las formas y solemnidades de Puerto Rico, ya que no fue otorgado en escritura pública y no expresa las cargas que la donataria asumió, según lo requieren las formas ad solemnitatem de las donaciones de bienes inmuebles en nuestra jurisdicción.

Debido a que hemos establecido que la escritura núm. 53 no cumple con el tercer requisito del Artículo 46 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, supra, no es necesario referirnos a los demás requisitos de dicho artículo.

Finalmente, según lo requiere nuestro ordenamiento, la escritura núm. 53 debió contener la cuantía base para com-putar los derechos de arancel, de forma tal que no fuera necesario una determinación matemática ulterior, o sea, que no fuera necesario calcular su equivalencia en dólares.

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la de-negatoria del Registrador.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervino.

       Respecto al Artículo 46 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. see. 2209, el Informe a la Cámara de Representantes sobre la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad de 1979 explica lo siguiente:

        “Los Artículos 45, 46 y 47 contienen disposiciones legales del campo del derecho internacional privado ‘Conflicts of Law’ en cuanto a documentos otorgados fuera de Puerto Rico. ... Se persigue con los mismos que los documentos provenientes de otras jurisdicciones sean lo mas confiables posible.” Informe a la Cámara de Representan-tes sobre el P. del S. 792, 8va. Asamblea Legislativa, 3ra. Sesión Ordinaria, junio de 1979.

       Los Artículos 1317 y 1322 del Código Civil de la República Dominicana defi-nen lo que son actos auténticos y actos bajo firma privada de la manera siguiente: “Es acto auténtico el que ha sido otorgado por ante [sic] oficiales públicos, que tienen derecho a actuar en el lugar donde se otorgó el acto, y con las solemnidades requeridas por la ley.” (Énfasis suplido.) Art. 1317 del Código Civil de la República Dominicana.
      “El acto bajo firma privada, reconocido por aquél a quien se le opone, o tenido legalmente por reconocido, tiene entre los que lo han suscrito y entre sus herederos y causahabientes, la misma fe que el acto auténtico.” Art. 1322 del Código Civil de la República Dominicana. Véase Código Civil de la República Dominicana, Santo Domingo, Ed. Tiempo, 1987, págs. 202-203.

       En lo pertinente, el Artículo 560 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 1983, dispone lo siguiente:
      “Las donaciones entre vivos pueden ser de tres clases:
      “(1) La donación puramente graciosa o la que se hace sin condición y por mera liberalidad.
      “(2) La donación onerosa, o aquella en que se impone al donatario un gravamen sobre el valor de lo donado.
      “(3) La donación remuneratoria, o la que se hace a una persona por sus méritos o por servicios prestados al donante, siempre que no constituyan deudas exigibles.” (Enfasis suplido.)

       En lo pertinente, la cita del Tribunal Supremo de España expresa lo si-guiente:
      “ ‘... [C]on arreglo a la tradición española, en el campo de las donaciones puras y simples de inmuebles, por reflejar los hechos inter vivos más que un modo abs-tracto e independiente de transferir la propiedad, un acto liberal que atribuye el dominio al donatario gratuitamente y que por significar una merma, sin contrapres-tación, del patrimonio del donante, y su enriquecimiento sin gravamen, del benefi-ciario, requiere requisitos y solemnidades que protejan al transferente contra sus desordenados impulsos, a su cónyuge, herederos y acreedores contra las lesiones de los derechos que el régimen económico familiar, la ley sucesoria o el principio patrimonial le confieren, y al donatario contra los riesgos de una adquisición en aparien-cia precaria o por lo menos desprovista de las defensas que las obligaciones recíprocas y los actos formales ponen en juego, habiendo de hacerse para que sea válida la donación de cosa inmueble, a tenor del art. 633 del Código Civil, en escritura pública, con expresión de los bienes donados y el valor de las cargas que deba satisfacer el donatario, pudiendo formalizarse la aceptación en la misma escritura u otra sepa-rada, y aunque con tales preceptos no se cierra el paso de toda donación que pretenda llevarse a cabo en un instrumento público de compraventa, los intereses más arriba mencionados no quedan a salvo, si los elementos jurídicos que integran el acto disi-mulado y en especial el acuerdo de voluntades sobre gratuidad, alcance y condiciones de la transferencia, no son puestos de relieve de una manera indiscutible y auténtica.’ ” (Énfasis suplido.) Hernández Usera v. Srio. de Hacienda, 86 D.P.R. 13, 23 (1962), citando la Sentencia dictada el 5 de noviembre de 1956 por el Tribunal Supremo de España.


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text:
    Oriental Financial Services, peticionaria, v. José Juan Nieves, recurrido.

      Número: CC-2006-34

      Resuelto: 2 de noviembre de 2007

      Alfredo Fernández Martínez y Jenyfer García-Soto, de Delgado & Fernández, LLP, abogados de la parte peticionaria;
      Jeanette Marina Negrón Ramírez, del Bufete García & Fernández, abogada de la parte recurrida.
   La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez

emitió la opi-nión del Tribunal.

Nos corresponde determinar si es válida una cláusula de reembolso por estudios o adiestramiento contenida en un contrato de empleo suscrito entre Oriental Financial Services Corp. y el Sr. José Juan Nieves.

I

El Sr. José Juan Nieves posee un bachillerato en admi-nistración de empresas que obtuvo en 1992. En agosto de 1996 comenzó a trabajar como oficial de plataforma en Oriental Bank & Trust, la subsidiaria bancaria de Oriental Financial Group. En tal capacidad, éste tenía a su cargo ofrecer a los clientes del banco diferentes productos banca-rios, tales como: cuentas de cheques, de ahorro, IRA’s, prés-tamos personales, etc.

En algún momento mientras trabajaba para Oriental Bank & Trust, el señor Nieves le indicó al Sr. José Rafael Fernández, quien en ese momento era vicepresidente sé-nior de Oriental Financial Services Corp. (Oriental Financial), subsidiaria de corretaje de Oriental Financial Group, que le interesaba desempeñarse como corredor de inversio-nes en Oriental Financial. Semanas después, Nieves reci-bió una llamada para que comenzara a laborar en Oriental Financial.

Como el señor Nieves no tenía experiencia en esta in-dustria, así como tampoco poseía una licencia de corredor de inversiones, Oriental Financial le ofreció sufragar los costes de adiestramiento y de obtención de la licencia. En-tre los gastos se incluyó un seminario preparatorio ofrecido en Estados Unidos. Además, durante el periodo de seis me-ses en que el señor Nieves estudiaba para su examen, Oriental Financial le pagó mensualmente la suma de $1,500 para atender sus necesidades financieras inmediatas. Una vez Nieves aprobó el examen, Oriental Financial llevó a cabo todos los trámites administrativos para la obtención y el registro de la licencia de Nieves.

En el contrato de empleo suscrito entre las partes se pactó que el costo del referido adiestramiento y obtención de licencia ascendía a la cantidad de $60,000. La cláusula 6.5 del contrato proveía un mecanismo de reembolso, a pro-rrata, de estos costes en la eventualidad de que Nieves renunciara a su trabajo antes de haber cumplido cuatro años en la empresa. A esos efectos, de renunciar dentro del primer año, Nieves debía reembolsar la suma de $60,000; el segundo año reembolsaría $45,000; el tercer año reem-bolsaría $30,000 y, finalmente, si renunciaba en el cuarto año debería reembolsar la suma de $15,000. Este contrato se suscribió el 17 de septiembre de 1997.

Así las cosas, el 8 de septiembre de 2000, el Sr. Nieves renunció a Oriental Financial luego de haber recibido una oferta de empleo como corredor de inversiones en otra ins-titución financiera. El 20 de septiembre de 2000, Oriental Financial demandó al señor Nieves, a su esposa y a la So-ciedad Legal de Gananciales, reclamándoles la suma de $30,000 en virtud del contrato suscrito entre ambos. Luego de varios trámites procesales, la vista en su fondo se celebró el 22 de julio de 2003. Poco después, el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia en el caso declarando “con lugar” la demanda instada. En una extensa sentencia, el foro primario concluyó que el contrato suscrito entre las partes era válido y que el señor Nieves tenía que cumplir las obligaciones contraídas en éste.

Inconforme, Nieves acudió ante el Tribunal de Apelaciones. El foro intermedio revocó al tribunal inferior. Concluyó, en lo pertinente a la controversia que nos ocupa, que la cláusula en cuestión era una cláusula de permanen-cia en el empleo, la cual era irrazonable por ser su término excesivamente largo y por constituir un abuso del principio de la buena fe contractual, por lo cual la declaró nula. Sos-tuvo, tomando como modelo cierta legislación española, que la duración máxima del pacto de permanencia debía ser de dos años.

Inconforme, Oriental Financial acudió ante nosotros mediante una petición de certiorari. En su recurso, Oriental Financial planteó, en síntesis, que el Tribunal de Ape-laciones invocó erróneamente la doctrina española sobre los acuerdos de permanencia en el empleo entre el em-pleado y la empresa. Sostuvo que la cláusula objetada no constituía un pacto de permanencia según éste aparece re-gulado en la legislación española, sino más bien una cláu-sula de reembolso, la cual permite que la empresa recupere los costes en que incurrió en el adiestramiento ofrecido a Nieves. Finalmente, indicó que la cláusula en cuestión no prohibía que Nieves renunciara a su trabajo en cualquier momento y solamente le obligaba al reembolso de lo inver-tido en su adiestramiento.

Nieves, por su parte, adujo que el contrato suscrito en-tre él y Oriental Financial fue un contrato de adhesión que restringía su libertad de empleo al imponerle, alegó, como condición de empleo aceptar la cláusula de reembolso. Adujo que esta exigencia era contraria al principio de la buena fe contractual, por lo que el contrato de empleo era nulo.

Planteada la controversia bajo estos términos, el 31 de marzo de 2006 expedimos el auto solicitado. Con el benefi-cio de la comparecencia de las partes, pasamos a resolver el caso.

II

La controversia que hoy nos ocupa pone de manifiesto el cambio de paradigma acaecido en años recientes en la re-lación laboral entre patrono y empleado. En el mundo eco-nómico contemporáneo, la información y el conocimiento se han transformado en las principales armas de la competitividad. El desarrollo económico actual obliga a las empresas más competitivas a gestionar su conocimiento como un activo clave para mantener y acrecentar su com-petitividad; es decir, el conocimiento representa un activo de capital. De ahí el interés legítimo de éstas de proteger su información confidencial, sus clientes, sus empleados claves, etc. Esto es particularmente cierto para las indus-trias de alta tecnología o para aquellas basadas en el conocimiento.

Igualmente, las empresas modernas tienen que invertir en la formación y el desarrollo profesional de sus empleados si desean mantenerse en una posición ventajosa frente a sus competidores. Así pues, la inversión en la formación constituye una variable estratégica que le pro-porciona a las empresas las mejores oportunidades de competitividad. Por tal razón, entre otras, la entidad co-mercial interesa recuperar su inversión.

Las cláusulas o los contratos de no competencia, de exclusividad y de reembolso por adiestramiento o educación, están diseñadas para, precisamente, proteger y adelantar estos intereses comerciales. Persiguen el objetivo de capitalizar, a través del mejor método posible, el potencial humano de las empresas. Todas ellas, en alguna medida, imponen limitaciones a la movilidad del trabajador y, como tal, generan tensiones entre los intereses de la empresa y del empleado.

En esta ocasión se nos plantea por primera vez si una cláusula de reembolso por educación o adiestramiento es válida y, por lo tanto, exigible la obligación de reembolso contraída.

III

En nuestra jurisdicción, como sabemos, rige el principio de libertad de contratación. El Art. 1207 del Có-digo Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3372, reconoce el principio de autonomía contractual de las partes al disponer que los contratantes pueden establecer los pactos, las cláusulas y las condiciones que tengan por convenientes, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral y al orden público. De igual forma, el Art. 1044 del Código Civil, 31 L.RR.A. see. 2994, establece el principio general de que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse a su tenor. Por su parte, los tribunales están facultados para velar por el cumplimiento de los contratos y no deben rele-var a una parte del cumplimiento de su obligación contractual cuando dicho contrato sea legal, válido y no contenga vicio alguno. Mercado Quilichini v. U.C.P.R., 143 D.P.R. 610 (1997).

La buena fe es un principio medular en nuestro derecho de contratos. Sus dictámenes vinculan a las partes durante las relaciones precontractuales, afectan la interpretación de los contratos, regulan su cumplimiento y permiten su modificación. Véase J.L. De los Mozos, El principio de la buena fe: Sus aplicaciones prácticas en el Derecho Civil español, Barcelona, Ed. Bosch, 1965, págs. 179-183 y 222-228; J. Mosset Iturraspe, Interpretación Económica de los Contratos, Buenos Aires, Rubiznol-Culzoni Editores, 1994, Cap. IV. Es una fuente que produce “ ‘especiales deberes de conducta exigióles en cada caso, de acuerdo con la naturaleza de la relación jurídica y con la finalidad perseguida por las partes a través de ella’ ”. Arthur Young & Co. v. Vega III, 136 D.P.R. 157, 170 (1994), citando a M. Godreau Robles, Lealtad y Buena Fe Contractual, LVIII (Núm. 3) Rev. Jur. U.P.R. 367, 379 (1989), donde se cita a L. Diez-Picazo, Prólogo, en Wieacker, El principio general de la buena fe, Madrid, Ed. Civitas, 1982, pág. 19.

La buena fe, como principio general del Derecho, constituye una norma jurídica que se traduce en la obligatoriedad para todos los miembros de la comunidad jurídica de actuar de buena fe en sus relaciones recíprocas. “Trasladada esta idea al ámbito contractual, significa que los sujetos deben comportarse lealmente en sus relaciones jurídicas, o, dicho de otra manera, que deben ejercitar de buena fe los derechos cuya titularidad les pertenece, así como cumplir, también de buena fe, las obligaciones que les competen.” N. Sirvent Hernández, El pacto de permanencia en la empresa, Valencia, Ed. Tirant lo Blanch, 2002, pág. 101. El contrato de trabajo evidentemente no está exento de cumplir con este precepto. “[L]a buena fe, ‘en sus diversos aspectos y manifestaciones, tiene suma importancia en estas relaciones humanas derivadas del contrato de trabajo’.” J. García Viña, La buena fe en el contrato de trabajo, Madrid, Consejo Económico y Social, 2001, pág. 27, citando a J. Menéndez Pidal, La lealtad en el contrato de trabajo, 210 Rev. Gen. Leg. Jur. 646 (1961).

Por otra parte, en Puerto Rico, el derecho de un trabajador a seleccionar y a renunciar a su trabajo goza de una alta estima entre los valores tutelados por nuestra Constitución. Art. II, Sec. 7, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. Véanse: San Miguel Lorenzana v. E.L.A., 134 D.P.R. 405, 426-427 (1993); Dolphin Int’l of P.R. v. Ryder Truck Lines, 127 D.P.R. 869, 878 (1991). Existe una clara política pú-blica a favor del derecho de toda persona a obtener empleo, devengar ingresos y renunciar a ese empleo en cualquier momento para dedicarse a otra ocupación. No obstante, he-mos reconocido que éste no es un derecho absoluto y, como tal, “[p]uede ser renunciado o limitado por el propio trabajador. Este puede, mediante la celebración de un con-trato, establecer las condiciones razonables de trabajo que regirán la relación obrero-patronal”. Dolphin Int’l of P.R. v. Ryder Truck Lines, supra, pág. 878.

En el pasado, hemos utilizado los principios antes enunciados al considerar la validez de distintas cláusulas o acuerdos contractuales que, como habíamos señalado, imponen limitaciones al derecho del trabajador a renunciar o a escoger libremente su empleo. Así, en García v. World Wide Entmt. Co., 132 D.P.R. 378 (1992), reconocimos —sin mayor expresión— la validez de un acuerdo de exclusividad que impedía a un artista trabajar para terceras personas. En Arthur Young & Co., nos expresamos acerca de la validez de las cláusulas de no competencia. Allí resolvimos que, como regla general, los acuerdos de no competencia son válidos sujeto a la regla de razonabilidad, según la cual un contrato de no competencia será razonable si protege intereses legítimos del patrono sin imponer una carga excesiva al empleado y sin perjudicar al público en general. En el contrato impugnado en Arthur Young & Co., concluimos que éste era nulo ya que el término de duración de la prohibición de competir (dos años) imponía una carga excesiva al empleado. Consideramos que un término razonable hubiese sido el de un año.

Con ello en mente, evaluemos detenidamente la cláu-sula de reembolso impugnada en este caso.

IV

La cláusula de reembolso es aquella mediante la cual el empleado se compromete a repagar al patrono los costes en que este último incurrió en su adiestramiento o educación, si el empleado finaliza su relación de empleo antes de que el patrono haya podido recuperar su inversión mediante el rendimiento del empleado. Su finalidad es, por lo tanto, garantizar a la empresa la amortización de los gastos que para ella ha supuesto la inversión económica efectuada en la especialización del trabajador. De ordinario, previo a la firma del contrato de empleo, se le adscribe un valor económico a de adiestramiento o educación y se determina, además, el período de tiempo necesario para que el patrono pueda recuperar lo invertido. Mediante una escala descendiente, o a prorrata, se determina cómo se reduce lo adeudado a mediada que el empleado va rindiendo beneficios a la empresa. Este mecanismo o fórmula ha sido descrito bajo los términos siguientes:

Training cost repayment agreements usually require employees to work for a period of one to several years to avoid being charged for their training. Typically, they contain a repayment obligation that decreases in proportion to the employee’s post-training service. Employees are credited with partial repayment in kind for each successive period that they remain on the job until the entire amount is discharged. A.W. Kraus, Repayment Agreements for Employee Training Costs, 44 (Núm. 1) Labor L.J. 49, 49-50 (1993).

Este no es un cálculo que se hace al azar, sino que res-ponde a un análisis de costo-beneficio que le permite a la empresa determinar el potencial de ganancias que gene-rará su inversión, la cual ha sido previamente cuantificada. El objetivo es determinar cuál es el rendi-miento que generará la inversión en el adiestramiento del empleado y cuándo comenzará a generar las ganancias, de suerte que se pueda determinar, con algún grado de cer-teza, cuándo se recupera la inversión.

Cada vez más se observa la incorporación de cláusulas de esta naturaleza a los contratos de empleo, muy en particular como alternativa a las cláusulas de no competencia. En tal rigor, se apunta:

Repayment agreements, which require employees to pay back training expenses if they quit before the employer recoups its investment, have become increasingly prevalent in employment contracts. ... [They] help employers establish proportionality between their outlay in training and their restrictions on employees, making them a formidable alternative to traditional noncompetes. (Escolios omitidos.) B.S. Long, Protecting Employer Investment in Training: Noncompetes v. Repayment Agreements, 54 (Núm. 5) Duke L.J. 1295, 1317 (2005). En igual sentido, véase K.V.W. Stone, Knowledge at Work: Disputes over Ownership of Human Capital in the Changing Workplace, 34 (Núm. 3) Conn. L. Rev. 721 (2002).

Al igual que el contrato de no competencia, este tipo de cláusula será válida en la medida que proteja intereses legítimos del patrono sin imponer cargas, en exceso onerosas, sobre el derecho del empleado a escoger y renunciar libremente a su empleo. Somos del criterio que, en tanto y en cuanto el patrono haya ofrecido un adiestramiento o educación especializada o extraordinaria al empleado, supliendo de esta forma su desconocimiento o falta de experiencia en la industria o negocio en que se va desempeñar, el patrono tiene un interés legítimo en pactar contractualmente para el reembolso de los costes.

El adiestramiento ofrecido no tan sólo tiene que ser de carácter especializado —es decir, no del proceso de apren-dizaje ordinario que ocurre simultáneamente al ejercicio de cualquier oficio y profesión— sino que también tiene que conllevar una inversión económica considerable por parte del patrono. Precisamente por ello es razonable el interés del patrono de proteger o recuperar su inversión, incorpo-rando cláusulas de reembolso a los contratos de empleo.

Al reconocerle validez a este tipo de cláusula, evitamos que el patrono sufra un doble daño. Por un lado, el patrono tendrá que incurrir en nuevos gastos para adiestrar su nuevo personal sin haber podido recuperar su inversión original. Además, será su competidor quien habrá de capitalizar de la inversión hecha en el adiestramiento, al reclutar a una persona a quien se le han trasferido los conocimientos especializados sin haber invertido en ello. Véase Cavico, Extraordinary Specialized Training as a Legitimate Business Interest in Restrictive Covenant Employment Law: Florida and National Perspectives, 14 St. Thomas L. Rev. 53 (2001).

Adviértase que el empleado también recibe un beneficio al enriquecer su patrimonio personal y profesional, por lo que pasará a ser más valorado en el mercado de empleo. Véase R.S. Arnow-Richman, Bargaining for Loyalty in the Information Age: A Reconsideration of the Role of Substantive Fairness in Enforcing Employees Noncompetes, 80 (Núm. 4) Or. L. Rev. 1163, 1204 (2001) (“training creates human capital that the employee may be inclined to sell to competitors for a profit”). Parece razonable entonces concluir que el principio de la buena fe haría que pueda esperarse de un trabajador que ha de recibir esa especialización con cargo a su empresa que, sin anular su libertad para escoger su profesión, pueda pactar una cláusula de reembolso, la cual le permita al patrono beneficiarse de su inversión; una vez pactada, que cumpla con la obligación contraída.

Estas cláusulas serán válidas en la medida en que el monto del reembolso guarde relación con los costes en que incurrió verdaderamente el patrono. Véase Kraus, supra, pág. 52 (“the amount of any repayment for the cost of training should be commensurate with its actual original cost to the employer”); Stone, supra, pág. 755. Igualmente, el término pactado para el reembolso debe ser mo-derado y debe existir una correlación entre ese término y los costes del adiestramiento. Kraus, supra, pág. 52 (“the amount of any repayment for the cost of training should be commensurate with its actual original cost to the employer. The duration of the obligation to remain with that employer should also be moderate and reasonably correlated to the cost of the training”). Ya que este tipo de cláusula impone limitaciones a la libre movilidad del em-pleado, éstas deberán estipularse ateniéndose rigurosa-mente a los criterios antes mencionados, de lo contrario no serán válidas.

El acuerdo de reembolso, como todo contrato, deberá contar con los elementos esenciales para su validez: consentimiento, objeto y causa. Art. 1213 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3391. Al evaluarlos, velaremos celosamente por que el empleado haya firmado libre y voluntariamente tal acuerdo. Y al igual que indicamos respecto al contrato de no competencia, “[n]o permitiremos coacción o presión indebida alguna por parte del patrono”. Arthur Young & Co. v. Vega III, supra, pág. 176. Finalmente, este contrato ha de constar por escrito. Id.

Recapitulando, las cláusulas de reembolso son válidas en la medida en que éstas pretendan recuperar los costos reales —directos e indirectos— en que incurrió el patrono en el adiestramiento o la educación especializada ofrecida al empleado, quien carece de tal conocimiento o de experiencia. La inversión del patrono ha de ser considerable, determinación que se hará caso a caso. Además, el tér-mino pactado debe ser moderado y debe existir una corre-lación entre los costes en que se incurrió y el término impuesto. Finalmente, el acuerdo de reembolso deberá constar por escrito.

Establecidos los requisitos de una cláusula de reem-bolso, pasemos a aplicarlos a los hechos concretos de este caso.

V

Como habíamos señalado, el señor Nieves suscribió un acuerdo de empleo con Oriental Financial en el 1997 para desempeñarse como corredor de inversiones. Previo a esa fecha, Nieves no tenía experiencia en este negocio ni poseía una licencia para desempeñarse como tal. En atención a lo cual, Oriental Financial se comprometió contractualmente a pagar el adiestramiento necesario para que Nieves pu-diese obtener su licencia de corredor de valores. Las partes acordaron que el valor del adiestramiento ascendía a $60,000. El contrato dispuso también que si el señor Nieves renunciaba a su empleo dentro del término de cuatro años luego de suscrito, éste tendría que reembolsar cierta cantidad a Oriental Financial en repago del adiestra-miento recibido.

Al analizar la cláusula en cuestión debemos señalar, como cuestión de umbral, que el adiestramiento ofrecido a Nieves es, en efecto, el tipo de adiestramiento especiali-zado cuyos costes pueden recobrarse. La industria de valo-res es altamente especializada y regulada que requiere la obtención de una licencia para trabajar como corredor de valores. Véase 10 L.P.R.A. see. 861 et seq. Además, y como señalamos, Nieves no tenía experiencia en este tipo de negocios, así como tampoco contaba con la licencia re-querida para emplearse como corredor de valores. Con lo cual, el adiestramiento recibido le permitió a Nieves adqui-rir, para todos los efectos, una nueva profesión, a saber: corredor de inversiones. Es conveniente señalar que este tipo de arreglo es usual en esta industrial.

Por otro lado, Oriental Financial le pagó a Nieves la cantidad de $1,500 mensuales durante los seis meses en que éste se dedicó a adiestrarse y educarse como corredor de valores. No hay duda entonces que, en principio, proce-día el reembolso de los costes reales en que incurrió Oriental Financial.

Como recordaremos, habíamos advertido que los costes que pueden recobrarse son aquellos que razonablemente guarden relación con los costes en que verdaderamente in-currió el patrono. Debemos determinar, entonces, si la can-tidad de $60,000 guarda relación con los costes en que in-currió Oriental Financial en el adiestramiento de Nieves. Para ello, citamos extensamente del testimonio del Sr. José Fernández Martínez, vicepresidente sénior de Oriental Financial Group y presidente de Oriental Financial Services, quien testificó sobre este particular.

A preguntas de la representación legal de Oriental Financial, el señor Fernández indicó lo siguiente, y citamos extensamente:

LCDO. ALFREDO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ: Ok. Le pre-gunto, ¿qué razón, si alguna existe, llevándolo a la página seis de ese contrato, para la inclusión de la cláusula 6.5 de ese contrato?
TESTIGO JOSÉ RAFAEL FERNÁNDEZ: La cláusula 6.5 bá-sicamente lo que nosotros hemos hecho es establecer, un costo mínimo de lo que significa desarrollar, entrenar, convertir en un profesional de planificación financiera a un individuo que realmente tiene un potencial, no tiene la experiencia, no tiene las licencias, no tiene un entrenamiento en ventas, no tiene contactos, no tiene la credibilidad en la calle, y nosotros pues tenemos que hacer una inversión sustancial en esa persona, no solamente en dólares, sino también en tiempo, en tiempo de visitar a un cliente, en presentación en diferentes foros ya sea seminarios, programas radiales, programas de televisión, en la prensa, en conferencias, en convenciones, para poder levan-tar la credibilidad del individuo para cuando llegue a posicio-narse como lo que queremos que se posicione que sea planifi-cador financiero tenga la madurez, la credibilidad, el ‘standing’, la confianza en sí mismo, para poder verdadera-mente ofrecer lo que necesita el cliente en ese momento, ya sea algún tipo de inversión o asesoría en planificación financiera
LCDO. ALFREDO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ: Sr. Fernández, ¿qué tipo de inversión hizo Oriental Financial Services en la contratación del Sr. Nieves?
TESTIGO JOSÉ RAFAEL FERNÁNDEZ: Específicamente en la contratación del Sr. Nieves, pues fue un poquito, diría, lo que podemos decir es, yo puedo decirte o le puedo decir a us-tedes, cuanto (sic) es el valor que nosotros le adjudicamos.
LCDO. ALFREDO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ: ... ¿[Q]ué tipo de inversión y en qué consistió la inversión que hizo Oriental Financial Services al contratar al Sr. José Juan Nieves para la de financiero o de broker?
TESTIGO JOSÉ RAFAEL FERNÁNDEZ: El mismo tipo de inversión que se hace con cualquier otra persona que viene sin experiencia a trabajar o a querer trabajar como corredor de valores o como planificador financiero en Oriental Finacial Services, y eso conlleva un gasto aproximado de por lo menos $100,000.00 dólares.
LCDO. ALFREDO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ: ¿Y en qué consist© ©s© gasto^
TESTIGO JOSÉ RAFAEL FERNÁNDEZ: Ese gasto consiste primero en las licencias, conseguir las licencias, para poder conseguir la licencia tiene que coger unos entrenamientos y tener que pasar unos exámenes, tiene que coger unos exáme-nes, unos exámenes que requiere el Nacional Asociation [sic] Security Leaders [sic], ... [H]ay que pagar los gastos de los reguladores ... y ... luego de que pasa el examen se incurren en unos gastos de entrenamiento ya sea operacional para que conozca como [sic], cuáles son realmente los problemas que pueden ocurrir en el negocio de planificación financiera para que cuando le suceda a uno de sus clientes él sepa como [sic] atenderlo y lo ponemos a trabajar en la parte de operaciones por un tiempo.
LCDO. ALFREDO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ: Y Sr.'Fernán-dez, ¿quién, cómo se establece o se calcuela esa suma de $60,000 en el párrafo 6.5 del contrato?
TESTIGO JOSÉ RAFAEL FERNÁNDEZ: Realmente ha sido impredecible y tratando de ser lo mas justo posible, decidimos que queremos recobrar nuestra inversión, al menos parcial-mente y creemos que dándole un periodo de cinco años a esta persona para que trabaje con nosotros luego de nosotros de-pende básicamente de un año, año y medio iniciales de un periodo [de] entrenamiento, donde para nosotros, nosotros no recobramos la inversión de un corredor que no tiene experien-cia y que tiene por su licencia, no recobramos la inversión al menos que esa persona este [sic] produciendo para, en algún momento más de de $300,000 dólares en comisiones, hay [sic] es que empezamos a recobrarlos, si la persona el primer año y el segundo año tiene una producción, vamos a llamarle razo-nable para ese primer año, yo la llamaría un [sic] producción de $120 a $125,000 dólares de comisiones, pues al tercer año tiene que estar ya produciendo entre 250 y 300 para recobrar nosotros nuestra inversión, al nosotros hacer ese análisis de-cimos, bueno si se va el primer año hemos invertido la gran cantidad de tiempo, dólares y esfuerzo en crear unas [sic] cre-dibilidad y un bagaje profesional, para esta persona, pues si esta persona se va el primer años [sic] nos tiene que reemobol-sarnos [sic] a nosotros por lo menos parte de la inversión y hay [sic] es que esta [sic] la escena de los 60,000 dólares y obvia-mente lo que hacemos es un prorrateo [de] cinco años la persona no tenga esa carga que alguno, que al [sic] personas po-drían considerarla pero en el caso nuestro lo consideramos como algo bien justo y razonable luego de la inversión que se ha hecho, y demás esta decir, actualmente tenemos corredores en nuestra firma qué pasaron por ese proceso. Transcripción, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 366-374.

A poco que analicemos el testimonio antes transcrito nos percatamos que de éste no se desprende, verdaderamente, cómo se computó la cantidad de $100,000 o los $60,000. En la primera parte de su testimonio, el señor Fernández ex-plica a grosso modo en qué consiste “desarrollar entrenar, convertir en un profesional de planificación financiera” a una persona sin experiencia en esta industria. Describiendo el tipo de actividad que la empresa fomenta para, con éstas, “levantar la credibilidad del individuo” en su relación con el cliente. Somos de criterio que el testimonio sobre este particular fue impreciso, en la medida que no nos permite impar-tir certeza al valor adscrito al adiestramiento ofrecido. La aseveración conclusiva de que la inversión en el adiestra-miento “conlleva un gasto aproximado de por lo menos $100,000”, sin más, se revela insuficiente para validarla.

El expediente en este caso está huérfano, por ejemplo, de estudios, análisis o informes de cuántas horas un em-pleado en adiestramiento le dedica a algunas de las activi-dades que se enumeran, así como tampoco hay información sobre el costo en horas/personas que ello conlleva. Tampoco hay evidencia del tiempo que le dedica la empresa a moni-torear o supervisar el trabajo del nuevo empleado y el coste que ello supone en horas/personas. Es decir, no hay eviden-cia empírica que nos permita validar el monto asignado al adiestramiento ofrecido. Si bien el señor Fernández testi-ficó sobre el adiestramiento operacional, de ventas y de servicios así como de los distintos productos ofrecidos por Oriental Financial que recibiera Nieves de parte de distin-tos oficiales de la organización, no sabemos qué tiempo ello representa ni el valor en horas/personas que se le puede adscribir, o cualquier otro costo, directo o indireto, que ello hubiese representado. Transcripción, Apéndice de la Peti-ción de certiorari, págs. 369-370.

En resumen, si bien hubo testimonio descriptivo de en qué consistió el adiestramiento ofrecido, no existe informa-ción objetiva que permita con algún grado de certeza o pre-cisión, adscribirle un valor monetario a ese adiestramiento. Como ya indicamos, el monto de reembolso procede sólo en la medida en que guarde relación con los costes en que verdaderamente incurrió el patrono.

Por otro lado, a la pregunta específica de cómo se llegó a la cantidad de $60,000, observamos que la respuesta del señor Fernández va dirigida a explicar el tiempo necesario para recuperar la inversión, utilizando como base las comi-siones que generará el empleado en los años subsiguientes al adiestramiento. La explicación del señor Fernández po-dría justificar el término incluido en una cláusula de reem-bolso, pues a eso va dirigido, pero ciertamente no explica cómo se llegó a la cantidad del reembolso.

En vista de lo anterior, y a la luz del récord ante nuestra consideración, somos del criterio que no se probó que los costes imputados —$60,000— guardasen relación directa con los gastos en que verdaderamente incurrió Oriental Financial en adiestrar al señor Nieves. La evidencia que consta en autos es insuficiente para validar la cantidad de $60,000 que se le adscribió al adiestramiento recibido por Nieves.

Antes bien, hay ciertos costes sobre los cuales no existe controversia alguna; específicamente, nos referimos a los gastos en que incurrió Oriental Financial durante los pri-meros seis meses de trabajo de Nieves cuando ésta le pagó una mensualidad ascendiente a $1,500 “con el objetivo de que se concentr[e] en entrenarse como ... corredor”. Trans-cripción, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 371. Así, tampoco hay controversia en cuanto al costo por el seminario a que acudió Nieves en Florida y que fue sub-vencionado por Oriental Financial. Estos gastos ascienden a, aproximadamente, $10,000. Habiendo trabajado Nieves para Oriental Financial por espacio de tres años, dicho tér-mino es suficiente para que ésta recuperase la inversión hecha mediante las ganancias generadas por Nieves para la empresa.

En virtud de lo anterior, resolvemos que el monto de reembolso reclamado por Oriental Financial es improce-dente por cuanto no se puede fijar con precisión la totali-dad de lo reclamado. No empece lo anterior, hay ciertos costes, conforme enumeramos, cuyo reembolso podía reclamarse. No obstante, somos del criterio que Oriental Financial había recuperado ya esa inversión, de natura-leza cuantificable, al momento en que Nieves concluyó su empleo para la empresa. A esos efectos, se dictará sen-tencia para modificar la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Reñor Rebollo López hace constar que “[n]o obstante estar conforme con la norma que se esta-blece en la decisión emitida, disiente; ello por entender, contrario a la Mayoría y ante la ausencia de prueba en contrario, que la evidencia presentada por la parte deman-dante —respecto a la corrección y procedencia de la suma de $60,000 a la que se alude en la Cláusula 6.5 del contrato otorgado entre las partes— es suficiente en Derecho. Con-forme nuestra jurisprudencia, este Tribunal no tiene auto-ridad para ignorar dicha prueba, actuación que, lamenta-blemente, resulta ser arbitraria”. El Juez Asociado Señor Rivera Pérez disintió sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervino.

       La Cláusula 5.4 del contrato de empleo suscrito entre las partes disponía que cualquier disputa o controversia relacionada con el contrato habría de someterse a arbitraje. No obstante, ninguna de las partes ha invocado en momento alguno el arbitraje. Por ello, somos del criterio que con sus acciones las partes han acordado dejar sin efecto este mecanismo de solución de controversias.

       Para una discusión más abarcadora, véanse: Bishara, Covenants not to compete in a knowledge economy: Balancing innovation from employee mobility against legal protection for human capital investment, 27 Berkeley L. Emp. & Lab. L. 287 (2006); Gely y Breman, The Law and Economics of Employee Information Exchange in the Knowledge Economy, 12 Geo. Mason L. Rev. 651 (2004); K.V.W. Stone, Knowledge at Work: Disputes over the ownership of Human Capital in the Changing Workplace, 34 (Núm. 3) Conn. L. Rev. 721 (2002); R.S. Amow-Richman, Bargaining for Loyalty in the Information Age: A Reconsideration of the Role of Substantive Fairness in Enforcing Employees Noncompets, 80 (Núm. 4) Or. L. Rev. 1163 (2001).

       El professor Bishara, supra, pág. 296, indica: “Employers are aware that the quality of a business’s employees is an inescapable component of a business’s success and is worth fighting to protect. Business efficiency and profitability are driven by effective hiring, training, and retention of productive employees. Investors, too, realize that the value of many corporations is not fully reflected on their balance sheet. This is because the value of many of today’s companies, particularly high-tech companies and other knowledge-based industries, is tied up in the creative services provided by the human capital of their employees, not by physical assets that can be owned, sold or leveraged.” (Énfasis nuestro.)

       Stone, supra, pág. 735 (“Clearly, one of the most important elements in the new employment relationship is the promise of training that will enable employees to develop their human capital”).

       La profesora Stone, supra, págs. 722-723, describe con precisión este con-flicto:
      “As firms and employees have come to recognize the enormous value of employee human capital, disputes over ownership of human capital have increased. Such conflicts may well be endemic to the information-based workplace, in which the unique nature of human capital defies simple legal categorization. Employees bring knowledge and capabilities to their jobs and expect that their jobs will further increase their human capital, whether by providing experience and learning on the job, or by providing more formal training opportunities ... as one of the benefits of the job. Jobs are often evaluated and selected on the basis of whether and how much opportunity for learning and skill enhancement is provided. Accordingly, employees assume that the skills and knowledge they acquire on a particular job ‘belong’ to them in the sense that they take these with them when they depart.
      “Employers, on the other hand, believe that if they have imparted valuable skills or knowledge to their employees, they should ‘own’ that human capital in the sense of being able to ensure that it is utilized on their firm’s behalf.” (Escolio omitido.) Véase, además, Sánchez Caso, El contrato de mordaza: apuntes sobre el acuerdo de confidencialidad en una relación de empleo, 39 Rev. Jur. U.I.RR. 811 (2005).

       Véase, en general, M.J. Godreau Robles, Lealtad y Buena Fe Contractual, LVTII (Núm. 3) Rev. Jur. U.P.R. 367, 379 (1989). Con respecto a las relaciones pre-contractuales, véanse: Colón v. Glamourous Nails, 167 D.P.R. 33 (2006); RBR Const., S.E. v. A.C., 149 D.P.R. 836 (1999); Torres v. Gracia, 119 D.P.R. 698 (1987); Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, 113 D.P.R. 517 (1982). Véase, con respecto a la interpre-tación de los contratos: Municipio Mayagüez v. Lebrón, 167 D.P.R. 713 (2006); Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, 120 D.P.R. 61, 75 (1987); Ramírez, Segal & Látimer v. Rojo Rigual, 123 D.P.R. 161, 174-175 (1989). Sobre el cumplimiento, véanse: Arthur Young & Co. v. Vega III, 136 D.P.R. 157, 170-171 (1994); Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 D.P.R. 339 (1989). Con respecto a la modificación del contrato, véanse: López de Victoria v. Rodríguez, 113 D.P.R. 265 (1982) (sentencia), citada con aprobación en Marcial v. Tome, 144 D.P.R. 522, 536 (1997), y en Méndez v. Morales, 142 D.P.R. 26, 35 (1996); Util. Cons. Servs. v. Mun. de San Juan, 115 D.P.R. 88 (1984) (sentencia), citada con aprobación en Levy v. Aut. Edif. Públicos, 135 D.P.R. 382, 395 (1994).

       Para una discusión más abarcadora, véase C. Zeno Santiago y V. Bermúdez Pérez, Tratado de Derecho del Trabajo, San Juan, Pubs. JTS, 2003, T. I, Cap. 10.

       Como indicamos anteriormente, el Tribunal de Apelaciones catalogó el con-trato o cláusula que interpretamos como un pacto de permanencia de acuerdo con la legislación española prevaleciente y procedió, entonces, a aplicarle los requisitos de dicha legislación al acuerdo aquí impugnado. Véase J. Cruz Villalón y J. Maetzu Gregorio de Tejada, Estatuto de Trabajadores, 3ra ed., Madrid, Ed. léenos, 1986, T. I, Art. 21.4, págs. 67-68. La figura del pacto de permanencia no aplica a esta controversia. En lo que se refiere al derecho laboral, “[l]a fórmula civilista española no responde al desarrollo y enfoque de la legislación laboral de Puerto Rico. En nuestro derecho laboral todo trabajador tiene un derecho constitucional a renunciar libremente a su empleo. Este derecho le permite poner fin a su ocupación y a dedi-carse a otra, en cualquier momento. ... El derecho laboral español no favorece que un trabajador renuncie libremente a su oficio”. Zeno Santiago y Bermúdez Pérez, op. cit., pág. 227. Véanse, además: N. Sirvent Hernández, El pacto de permanencia en la empresa, Valencia, Ed. Tirant lo blanch, 2002, págs. 53-59; M. Rubio de Medina, El pacto de permanencia en la empresa, 20ma ed., Barcelona, Ed. Bosch, 2005; A. Montoya Melgar, Derecho del Trabajo, Madrid, Ed. Tecnos, 1999, pág. 456. Esta diferen-cia, de naturaleza sustantiva, nos impide extrapolar la figura proveniente del Dere-cho español a la controversia de autos.

       En tal sentido se ha indicado lo siguiente:
      “Before investing in training, employers undoubtedly will have performed a cost-benefit analysis to assess the profit potential from such an investment. In fact, back-end computing software available to most companies facilitates this process. Companies that use this type of software can also evaluate how their human resources are generating revenue for the business through the use of such training. ... Thus, because the employer would have the ability to compute the cost of training and the revenue generated from that employee’s use of training, the employer can also determine when it has broken even. With this information, the employer should be able to generate a repayment plan that accurately predicts the amount to be repaid by the employee at each stage of his employment should he choose to leave the firm. If designed properly, the repayment amount at each step would reflect the break-even point at which the employee’s repayment would fully compensate the employer.” B.S. Long, Protecting Employer Investment in Training: Noncompetes v. Repayment Agreements, 54 (Núm. 5) Duke L.J. 1295, 1318-1319 (2005). Véase, ade-más, Oracle, Oracle E-Business Suite, en www.oracle.com/applications.

       En Wilson v. Clarke, 470 F.2d 1218, 1223 (1er Cir. 1972), el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito indicó sobre este particular:
      “Doubtless an employer who has provided specialized training to an employee — as by a course of studies or the like might reasonably contract with the employee for reimbursement if the employee should quit before the employer achieves any benefit. However, the employer may not require its ex-employee to make payment to it unrelated to the employer’s damage, simply as a penalty to discourage or punish a job change.”

       El profesor Bishara, supra, pág. 301, describe este doble daño de la manera siguiente:
      “If the employee is imbued with value transferred from the first employer and fully takes it to a second employer, then the first employer is arguably double harmed. First it loses out on some of the return on its investment in the employee and has to start training a new person. ... Second, it is harmed because the employee is now aiding a competitor by capitalizing on the very human capital the first firm ‘paid’ to develop. Moreover, the competitor reaps the reward of hiring a trained employee without investing in training.”

       Se ha indicado que para cumplir con el requerimiento de “adiestramiento especializado”, el patrono tiene que demostrar lo siguiente: “the employer must demonstrate that the training and education provided, and the skills and knowledge imparted thereby, were highly specialized, and as a result of this highly specialized training and education, the employee acquired singular skills and knowledge, or obtained an enhanced degree of sophistication, competency, and erudition in existing skills and knowledge. The fact that the employee, as a result of the training, was able to secure a government license or certification, especially in a heavily regulated industry, will be an important point.” (Énfasis nuestro.) Cavico, supra, pág. 99.

       Véase, Pamela Savage Forbat, Indenture Servitude, noviembre de 1997, www.registeredrep.com/mag/finance_indentured_servitude/. Allí se indica, por ejem-plo, que Smith Barney le adjudica un valor de $45,000 a sus costes de adiestra-miento, Prudential Securities lo estima en $39,000, Merill Lynch en $38,000 y Paine Webber (ahora UBS) en $40,000. El término de años para estos acuerdos de reem-bolso oscilaba entre dos a cuatro años.

       Puntualizamos que no estamos pasando juicio sobre la razonabilidad del

        plazo de cuatro años pactado en el contrato suscrito entre Oriental Financial y el señor Nieves. El resultado a que llegamos hoy, a saber, que Oriental Financial no justificó adecuadamente el monto del reembolso reclamado, hace innecesario en esta ocasión una evaluación sobre la razonabilidad del término dispuesto contractualmente.


author: per curiam:

text:
      In re José M. Jiménez Román.

      Número: TS-10893

      Resuelto: 6 de noviembre de 2007

      José M. Montalvo Trías, director ejecutivo del Colegio de Abo-gados de Puerto Rico.
   per curiam:

El Ledo. José M. Jiménez Román fue suspen-dido indefinidamente del ejercicio de la profesión mediante opinión per curiam de 30 de diciembre de 2003 al no responder a los requerimientos de este Tribunal con motivo de varias quejas presentadas en su contra. La suspensión se hizo efectiva el 11 de febrero de 2004. In re Jiménez Ro-mán, 160 D.P.R. 786 (2003). El 12 de abril de 2005 el señor Jiménez Román solicitó su reinstalación. Tras varios trá-mites, el 15 de diciembre de ese año referimos el asunto a la Comisión de Reputación de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía.

Esta Comisión rindió su informe el 27 de enero de 2006. Recomendó, entre otras alternativas, que se readmitiera al señor Jiménez Román y se convirtieran ciertas quejas pen-dientes en su contra a un trámite bajo la Regla 15 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, dándole, a la vez, la oportunidad de demostrar que no de-bía tomarse ninguna medida de orden profiláctica al am-paro de dicha regla.

Mediante una Resolución de 30 de mayo de 2006, reins-talamos al licenciado Jiménez Román al ejercicio de la abo-gacía, con la condición de que por el término de un (1) año se sometiera a pruebas periódicas de dopaje. Además, or-denamos a la Comisión de Reputación de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía que estableciera el procedimiento a seguir y supervisara el cumplimiento del licenciado Ji-ménez Román con la condición impuesta. Acorde con dicha resolución, el 1 de junio de 2006 la Comisión le requirió al Ledo. José M. Jiménez Román que, a partir de 1 de junio de 2006, sometiera en la Secretaría de este Tribunal unas certificaciones mensuales de pruebas de “dopaje” para com-probar que no estuviera en condición de dependencia de sustancias controladas. Este requisito debía cumplirse du-rante el periodo de un año a partir de esa fecha.

El 30 de enero de 2007 la Comisión nos informó que el licenciado Jiménez Román no había presentado las prue-bas de dopaje correspondientes a los meses de agosto y septiembre de 2006. Como consecuencia de lo anterior, el 30 de octubre de 2006 la Comisión emitió una Resolución, concediendo al licenciado Jiménez Román un término de cinco días para que informara la razón de su incumpli-miento con la orden de la Comisión y mostrara causa por la cual no debería ser referido el asunto al Tribunal Supremo de Puerto Rico. El 1 de noviembre de 2006 se notificó la resolución a la dirección que consta en el expediente del licenciado Jiménez Román. La notificación fue devuelta por el correo y recibida en la Secretaría del Tribunal el 14 de noviembre de 2006. A partir del 16 de noviembre de 2006, la Secretaría del Tribunal trató de comunicarse con el licenciado Jiménez Román a los teléfonos informados en su expediente, sin resultado alguno. El licenciado Jiménez Román tampoco sometió las pruebas de dopaje correspon-dientes a los meses de noviembre y diciembre de 2006.

En vista del incumplimiento del abogado con nuestra Resolución y con el procedimiento establecido por la Comi-sión de Reputación de Aspirantes al Ejercicio de la Aboga-cía, así como de la imposibilidad de localizarle, la Comisión sometió el asunto ante este Tribunal para la acción que corresponda. Luego de esto, recibimos los resultados de unas pruebas de dopaje fechadas 8 de diciembre de 2006 y 19 de enero de 2007. Estas fueron entregadas por mensa-jero sin sobre y sin que las acompañara ningún otro documento.

El 9 de marzo de 2007 ordenamos al Ledo. José M. Ji-ménez Román que mostrara causa por la cual no debíamos ordenar su suspensión indefinida del ejercicio de la aboga-cía por haber incumplido con lo ordenado por este Tribunal como condición para su reinstalación. Nuestra resolución le apercibió de la posible imposición de medidas severas, incluyendo la suspensión indefinida de la profesión. Esta resolución se notificó personalmente a través de la Oficina de Alguaciles de este Tribunal. El licenciado Jiménez Ro-mán compareció mediante una moción informativa, adu-ciendo que no había recibido copia del informe de la Comi-sión de Reputación de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía que nos refirió el asunto.

El 16 de agosto de 2007 ordenamos que se le notificara personalmente con copia de la Moción Informativa de 21 de febrero de 2007 y el Informe de la Comisión de Reputación de 30 de enero de 2007, presentados ambos por el Ledo. Doel Quiñones Núñez, Presidente de la Comisión de Repu-tación de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía, así como la Resolución de dicha Comisión de 30 de octubre de 2006.

Concedimos entonces al licenciado Jiménez Román un nuevo término para que mostrara causa por la cual no de-bíamos suspenderlo del ejercicio de la profesión. Esta reso-lución fue notificada personalmente el 4 de septiembre de 2007. Aún hoy el abogado no ha comparecido.

I

Resulta verdaderamente sorprendente que, luego del esfuerzo que conlleva la carrera de la abogacía, se desatiendan las órdenes de este Tribunal a sabiendas que al hacerlo se pone en peligro el título obtenido.

Hemos señalado reiteradamente que desatender las ór-denes judiciales constituye un serio agravio a la autoridad de los tribunales e infringe el Canon IX del Código de Etica Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. In re Maldonado Rivera, 147 D.P.R. 380 (1999). Igualmente, hemos resaltado que los abogados tienen el deber ineludible de cumplir diligente-mente las órdenes de este Tribunal. Desatender nuestras órdenes acarrea la imposición de sanciones disciplinarias severas, incluso la suspensión del ejercicio de la profesión. Véanse, entre muchos otros: In re Grau Díaz, 167 D.P.R. 397 (2006); In re Zayas Cabán, 162 D.P.R. 839 (2004); In re Arroyo Rivera, 161 D.P.R. 567 (2004); In re Torres Torre-grosa, 161 D.P.R. 66 (2004); In re Fernández Pacheco, 152 D.P.R. 531 (2000); In re: Corujo Collazo, 149 D.P.R. 857 (1999); In re Ron Menéndez, 149 D.P.R. 105 (1999); In re Rivera Rodríguez, 147 D.P.R. 917 (1999).

Como señaláramos en In re Escalona Colón, 149 D.P.R. 900, 901 (2000), el “[d]esatender nuestras órdenes en el curso de un procedimiento disciplinario, revela una gran fisura del buen carácter que debe exhibir todo miembro de la profesión legal”. Dicho proceder constituye un acto de indisciplina, desobediencia, displicencia, falta de respeto y contumacia hacia este Tribunal que, definitivamente, no estamos dispuestos a aceptar. Reiteramos que “no toleraremos la incompresible y obstinada negativa de un miembro de nuestro foro de incumplir con [nuestras] órdenes In re Melecio Morales, 144 D.P.R. 824, 826 (1998). Véanse: In re Guemárez Santiago I, 146 D.P.R. 27, 29 (1998); In re Nicot Santana, 129 D.P.R. 717, 718 (1992).

El licenciado Jiménez Román incumple, por segunda vez, con su obligación de atender y responder a nuestras órdenes. La primera vez le valió una suspensión que se alargó por dos años. Al readmitirlo, lo hicimos sujeto a cier-tas condiciones. Sin embargo, no ha comparecido para ex-plicar la razón de su incumplimiento con dichas condiciones. Ha optado, nuevamente, por guardar silencio ante nuestros requerimientos.

Por ello, se suspende indefinidamente al licenciado Ji-ménez Román del ejercicio de la abogacía y la notaría. Se le impone el deber de notificar a todos sus clientes de su in-habilidad para seguir representándolos, devolverles cua-lesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar oportunamente de su suspensión a los distintos foros judiciales y administrativos del país.

Además, deberá acreditar a este Tribunal el cumpli-miento con lo anterior dentro del término de treinta días a partir de la notificación de esta opinión per curiam y Sentencia.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rebollo López hace constar que suspendería de forma inmediata al Sr. José M. Jiménez Román. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    El Pueblo de Puerto Rico en Interés del Menor K.J.S.R., peticionario.

      Número: CC-2006-662

      Resuelto: 6 de noviembre de 2007

      Salvador J. Antonetti Stutts, procurador general, Zaida Z. Girón Anadón, procuradora general auxiliar, Maite D. Oronoz Rodríguez, subprocuradora general, y Mariana D. Negrón Vargas, subprocuradora general, parte recurrida; Emma Cristina Torres Martínez, de la Sociedad para la Asistencia Legal, División de Apelaciones, parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

Al menor K.J.S.R. se le imputó una infracción al Art. 27 de la Ley de Explosivos de Puerto Rico, Ley Núm. 134 de 28 de junio de 1969 (25 L.P.R.A. see. 587 et seq.), delito grave que consiste en la posesión de explosivos con propó-sitos ilegales. En la querella se expuso que el 17 de no-viembre de 2005, en Caguas, Puerto Rico, el referido me-nor, “ilegal, voluntaria, maliciosa y a sabiendas, tenía en su posesión una mochila color negra con 19 artificios expío-sivos de color rojo y verde con mecha conocidos como Cherry Bombs, los cuales se utilizan para estallar, con el propósito ilegal de usarlo para hacer daño corporal o ate-rrorizar a cualquier persona”. En tal fecha también se le ocuparon $67 que fueron hallados dentro de la referida mo-chila negra y que, alegadamente, eran producto de la venta de los Cherry Bombs.

La vista de determinación de causa probable para pre-sentar la querella se celebró el 28 de diciembre de 2005. Allí se presentó el testimonio de la Sra. Zayra Claudio Fer-nández, guardia de seguridad de la escuela. El 10 de enero de 2006 el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Asuntos de Menores de Caguas, determinó que no había causa probable para presentar la querella contra el menor.

Inconforme con lo resuelto, el Ministerio Público solicitó la celebración de una vista de causa en alzada. Esta se llevó a cabo el 10 de enero de 2006 y en ésta declararon Claudio Fernández, Feliciano Coss Flores, agente del or-den público, y Víctor Vargas González, agente de la Divi-sión de Explosivos. En dicha ocasión, la defensa del menor alegó que la prueba fue ocupada ilegalmente y que, por lo tanto, era inadmisible. Nuevamente, el Tribunal de Pri-mera Instancia determinó que no existía causa para pre-sentar la querella.

De tal determinación, el Procurador General, en repre-sentación de El Pueblo de Puerto Rico, recurrió ante el Tribunal de Apelaciones mediante una solicitud de certiorari. Planteó que el tribunal de instancia incidió al excluir la evidencia de cargo sin tomar en consideración las limitaciones al derecho de intimidad del menor en el con-texto escolar y al basar su determinación en la exclusión errónea de la prueba de cargo.

Luego de varios trámites procesales, las partes sometie-ron la Exposición Narrativa de la Prueba Estipulada. El menor le solicitó al tribunal apelativo una orden para que el tribunal de instancia emitiera una resolución que expu-siera los fundamentos para su determinación de “no causa”. Sin embargo, el foro apelativo denegó dicho pedido.

En su oposición a la petición de certiorari, el menor adujo que el registro al que fue sometido se llevó a cabo sin una orden judicial y sin que existieran motivos fundados para la intervención realizada. Argüyó que, a raíz de la ilegalidad del registro, la evidencia derivada del registro era inadmisible. Alegó, además, que el Ministerio Público no podía recurrir mediante un certiorari al Tribunal de Apelaciones, ya que la determinación de no causa en la vista inicial y en la vista en alzada se basó en considera-ciones de la insuficiencia de la prueba de cargo, y no en una cuestión de derecho.

El 16 de mayo de 2006 el Tribunal de Apelaciones emitió la resolución que motiva el recurso de epígrafe. Dicho foro denegó la expedición del recurso de certiorari, aludiendo a la normativa expuesta en Pueblo v. Aponte Nolasco, 167 D.P.R. 578 (2006). Sobre el particular, expuso que la deter-minación de inexistencia de causa, tanto en la vista inicial como en la vista en alzada, no era revisable mediante cer-tiorari; ello tomando en cuenta que las “determinaciones, aunque están fundadas en cuestiones de derecho, éstas se encuentran íntimamente vinculadas a la prueba que se desfiló con la intención de demostrar la comisión de la falta imputada al menor”. Apéndice, pág. 95.

El Procurador General solicitó una reconsideración, rei-terando que su solicitud no versaba sobre la apreciación de la prueba, sino en torno a una cuestión de derecho revisable mediante el recurso de certiorari, a saber, la supresión de la evidencia bajo el fundamento de que fue obtenida de forma ilegal. El Tribunal de Apelaciones denegó la reconsideración.

Inconforme, el Procurador General acudió ante este Tribunal —vía certiorari— planteando que erró el foro apela-tivo

... al interpretar la normativa esbozada en Aponte Nolasco a los efectos que únicamente es revisable [mediante certiorari] aquellas cuestiones de derecho que son ajenas al proceso mismo de la vista preliminar ....
... al determinar que la evidencia [presentada] era resultado de un registro y allanamiento ilegal ... [e] inadmisible como prueba de cargo, en CONTRAVENCIÓN a las limitaciones re-conocidas al derecho de intimidad en un ambiente escolar en el que los intereses colectivos de seguridad y estabilidad del estudiantado en general prevalecen sobre los derechos indivi-duales de los estudiantes.
... al determinar que no existía causa suficiente para ... la presentación de la querella, ... decisión que se fundó EXCLU-SIVAMENTE en la alegada ilegalidad del registro y allana-miento realizado [s]. Petición de certiorari, págs. 8 y 9.

Expedimos el recurso. Estando en condiciones de resolver el recurso presentado, procedemos a así hacerlo.

I

Los procedimientos judiciales sobre menores se rigen tanto por la Ley de Menores de Puerto Rico, Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986 (Ley de Menores), 34 L.P.R.A. see. 2201 et seq., como por las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores, 34 L.P.R.A. Ap. I-A. Hemos destacado que dichas reglas recogen lo que en esencia disponen las Reglas de Procedimiento Criminal, que aplican en los procedimientos de adultos. Pueblo en interés menor G.R.S., 149 D.P.R. 1 (1999).

Aun cuando los procedimientos de menores se consideran procesos de carácter civil sui generis, y no de naturaleza criminal, conllevan la imposición necesaria de remedios de naturaleza punitiva, incluyendo la restricción de la libertad de un menor. Como consecuencia, deben salvaguardarse las mismas garantías del debido proceso de ley que cobijan a los procedimientos de adultos. Pueblo en interés menor A.L.G.V., 170 D.P.R. 987 (2007); Pueblo en interés menores A.L.R.G. y F.R.G., 132 D.P.R. 990 (1992); Pueblo en interés menor G.R.S., ante; Pueblo en interés me-nor N.O.R., 136 D.P.R. 949 (1994).

La Regla 2.10 de Procedimiento para Asuntos de Menores, 34 L.P.R.A. Ap. I-A, regula la vista de determinación de causa probable para presentar una querella contra un menor. Su propósito es determinar si existe la prueba necesaria en torno a los elementos esenciales de la falta en cuestión y su conexión al menor imputado, en aras de evitar someter a un menor a los rigores de un proceso judicial innecesariamente. Pueblo en interés menores A.L.R.G. y F.R.G., ante. Hemos resuelto que dicha regla es equivalente a la Regla 23 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, relativa a la vista preliminar para la determinación de causa probable para presentar una acusación en casos de adultos. Por esto, toda norma jurisprudencial sobre esta última aplica al interpretar la Regla 2.10, ante. Pueblo en interés menor G.R.S., ante; Pueblo en interés menor E.R.C., ante; Pueblo en interés menores A.L.R.G. y F.R.G., ante.

La vista preliminar, codificada en la antes citada Regla 23 de Procedimiento Criminal, se rige por un modelo procesal ecléctico que persigue evaluar tanto la validez del arresto como las probabilidades de que el acusado sea culpable o inocente, evitando así que “se someta a un ciudadano en forma arbitraria e injustificada a los rigores de un proceso criminal”. Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 D.P.R. 653, 663 (1985). Véase Pueblo en interés menor G.R.S., ante.

A esos efectos, hemos establecido que: “(1) el objeto central de la vista preliminar no es hacer una adjudicación en los méritos en cuanto a la culpabilidad o inocencia del acu-sado; (2) aunque se trata de una función propiamente judicial, no es ‘un mini juicio’; (3) el fiscal no tiene que pre-sentar toda la prueba que posea; (4) la vista está encaminada a proteger a la persona imputada a través de un filtro o cedazo judicial por el cual el Estado tiene que pasar prueba, y demostrar si está justificado o no a inter-venir con la libertad de un ciudadano y someterlo a los rigores y contingencias de un juicio plenario, y (5) una vez se demuestra y se justifica esta intervención, la vista ha cumplido su propósito de ley.” Pueblo v. Rodríguez Aponte, ante, pág. 665. Distinto a lo que ocurre en el juicio plena-rio, en la vista preliminar no es necesario probar la culpa-bilidad del acusado más allá de toda duda razonable. Pueblo en interés menor G.R.S., ante; Pueblo v. Rivera Alicea, 150 D.P.R. 495 (2000).

En la etapa de la vista preliminar, el peso de la prueba recae sobre el Ministerio Público. Según mencionamos, éste no tendrá que presentar toda la evidencia que ostenta contra el acusado. Sin embargo, debe demostrar que existe evidencia sobre todos los elementos del delito y su conexión con el acusado. Además, la prueba presentada por el Ministerio Público debe ser admisible en el juicio plenario. Véanse: Pueblo v. Andaluz Méndez, 143 D.P.R. 656 (1997); Pueblo v. Rodríguez Aponte, ante.

Una determinación de causa apoyada en prueba inadmisible sería contradictoria con los propósitos de la vista preliminar para acusar ya que, al llegar el día del juicio, tal evidencia no podría ser utilizada para demostrar la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable. Claramente, ello sería contrario a las normas que rigen nuestro ordenamiento jurídico en tanto constituiría un mal uso de los recursos judiciales y tendría el efecto de someter al acusado a un juicio de forma innecesaria.

En Pueblo v. Aponte Nolasco, ante, págs. 582-583, citando a Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 630 (1999), indicamos que existen tres instancias por las cuales un magistrado puede concluir que no existe causa probable para acusar: “(1) cuando la prueba desfilada durante la vista no estableció a satisfacción del juzgador la probabilidad de que el delito se haya cometido o la conexión del imputado con el delito, (2) cuando la prueba desfilada durante la vista estableció la probable comisión de un delito inferior o distinto al imputado, y (3) cuando [sic] por razones estrictamente de derecho desvinculadas a la prueba presentada sobre la comisión del delito ....”

Cuando un magistrado determina que no existe causa probable para acusar debido a la insuficiencia de la prueba para demostrar que el delito fue cometido o su conexión con el imputado, el Ministerio Público no podrá presentar acusación alguna, y el acusado queda exonerado y en libertad. Pueblo en interés menor G.R.S., ante; Regla 24 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Por otro lado, cuando el magistrado determina causa probable por un delito inferior o distinto al imputado, el Ministerio Público puede proseguir contra el acusado por tal delito inferior o distinto, desistir de la acción penal en su contra o recurrir en alzada.

Al recurrir mediante una vista preliminar en alzada, el Ministerio Público puede impugnar tanto una determinación de no causa por insuficiencia de la prueba como una determinación de causa por un delito inferior o distinto al imputado. No se trata de una apelación de la vista inicial, sino de una vista de novo, totalmente independiente de la primera. Así, el Ministerio Público tiene una segunda oportunidad para presentar la misma prueba —o prueba distinta— ante otro magistrado de categoría superior. E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1993, Vol. III, pág. 101. Ahora bien, la determinación emitida tras la vista en alzada, ya sea la inexistencia de causa por insuficiencia de la prueba o causa probable por un delito distinto o inferior, es final y no es revisable ante un foro de mayor jerarquía. Pueblo v. Ríos Alonso, 149 D.P.R. 761 (1999); Pueblo v. Rodríguez Ríos, 136 D.P.R. 685 (1994); Pueblo v. Cruz Justiniano, 116 D.P.R. 28 (1984).

Sin embargo, cuando la determinación de no causa probable para acusar se funda en cuestiones estrictamente de derecho, desvinculadas de la apreciación de la prueba que fue presentada para demostrar la comisión del delito, ésta es revisable mediante un certiorari. Pueblo v. Aponte Nolasco, ante; Pueblo v. Rivera Alicea, ante; Pueblo v. Cruz Justiniano, ante.

Sobre el particular, hemos señalado que a través de dicho mecanismo se puede solicitar la revisión de errores de derecho, tanto procesales como sustantivos, que se aleguen que hayan sido cometidos en la vista de causa probable para arresto, en la vista preliminar inicial y en la vista preliminar en alzada. Pueblo v. Aponte Nolasco, ante; Pueblo v. Colón Mendoza, ante.

Toda la normativa antes expuesta se extiende a los ca-sos de menores ya que, según expresamos anteriormente, la vista de determinación de causa probable para presen-tar la querella contra un menor es la contraparte de la vista preliminar para determinar causa probable para acu-sar en casos de adultos. Pueblo en interés menor G.R.S., ante; Pueblo en interés menor E.R.C., ante; Pueblo en inte-rés menores A.L.R.G. y F.R.G., ante.

II

En primer término, nos corresponde determinar si pro-cede la revisión de la determinación de no causa probable mediante el recurso de certiorari, cuando tal determina-ción se basó en la ilegalidad del registro efectuado al me-nor recurrido.

El Procurador General argumenta que la determinación de “no causa”, ligada a la supresión de la evidencia como resultado del registro ilegal, plantea una cuestión de dere-cho revisable mediante un certiorari. Razona que tal deter-minación “no constituye una decisión en los méritos sobre la existencia o no de causa probable para presentar quere-lla en contra del menor imputado, como cuestión de hecho”. (Enfasis suprimido.) Petición de certiorari, pág. 12. Asi-mismo, sostiene que solicitó la exposición narrativa de la prueba sólo para que constara el motivo por el cual el tribunal de instancia determinó no causa para presentar la querella, y no porque cuestiona la apreciación de la prueba efectuada por el tribunal de instancia.

Recientemente, en Pueblo v. Aponte Nolasco, ante, concluimos que la determinación de no causa para acusar en dicho caso se basó en una cuestión estrictamente de derecho, esto es, cuándo una demora en llevar a los arrestados ante un magistrado resultaba o no resultaba irrazonable, determinación que era revisable mediante un certiorari. Reiteramos que, por el contrario, cuando la determinación de “no causa” se funda en la insuficiencia de la prueba para establecer que se ha cometido el delito o la conexión del imputado con el delito, el único remedio que tenía a su disposición el Ministerio Público era la vista preliminar en alzada.

De otra parte, en Pueblo v. Martínez Torres, 126 D.P.R. 561 (1990), indicamos que la determinación sobre la admisibilidad de cualquier evidencia le corresponde ex-clusivamente al juez y que, por tal motivo, es una determinación de derecho. Ello no obstante, enfatizamos en esa ocasión que “dicha determinación puede conllevar el aquilatamiento de algunas cuestiones de hechos ...”. íd., pág. 575. En Pueblo v. Blase Vázquez, 148 D.P.R. 618, 633 (1999), reiteramos lo anterior al exponer que, “en función de establecer si hay fundamento en derecho que ordene la exclusión de la evidencia objetada, el tribunal deberá aqui-latar cuestiones de hecho”.

De modo que la determinación de si un registro es irrazonable o no, si bien es una cuestión de derecho, ciertamente depende de la apreciación que de la prueba presentada haga el magistrado que presida la vista.

Aquí, el Ministerio Público pretende que evaluemos si, a la luz de la prueba desfilada en la vista preliminar y en la vista en alzada, en efecto el registro fue ilegal e irrazonable. En otras palabras, el Estado persigue que de-jemos sin efecto las determinaciones de dos magistrados a nivel de instancia quienes, luego de escuchar, evaluar y adjudicar la credibilidad que le merecieron los testigos que presentó el Estado, llegaron a la determinación de que no existía causa probable para presentar la querella contra el menor en controversia por razón de que la única evidencia delictiva con que contaba el Estado había sido obtenida ilegalmente. No le asiste la razón al Estado.

Como podemos notar, no estamos ante una determina-ción de “no causa” por “razones estrictamente de derecho desvinculadas a la prueba presentada sobre la comisión del delito”. Pueblo v. Aponte Nolasco, ante, págs. 582-583.

En conformidad con la normativa antes expuesta, y to-mando en cuenta los hechos particulares del caso de autos, es forzoso concluir que el recurso de certiorari no es un mecanismo adecuado para solicitar la revisión de la deter-minación de “no causa” emitida en la vista en alzada. En este caso se trata de una determinación mixta de hecho y de derecho. El Ministerio Público ya agotó todos los remedios que tenía disponibles en cuanto a ello.

Actuó correctamente el Tribunal de Apelaciones al dene-gar la expedición del recurso de certiorari bajo el funda-mento que, aun cuando se trataba de una cuestión de de-recho, la determinación que se pretendía revisar estaba estrictamente vinculada a la prueba desfilada durante la vista preliminar y a la aquilatación que el tribunal de ins-tancia hizo de la prueba, incluyendo la credibilidad que le merecieron o no los testigos que declararon en dichas vistas.

III

En mérito de lo antes expuesto, procede dictar sentencia confirmatoria de la emitida por el Tribunal de Apelaciones y devolver el caso al foro de instancia para procedimientos ulteriores compatibles con lo aquí resuelto.

Se dictará Sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervino.

       En particular, le asiste el derecho a presentar prueba a su favor, a confron-tarse con la prueba de cargo, a una adecuada representación legal y a un juicio rápido, además de la garantía constitucional contra la auto incriminación y la regla de exclusión de evidencia obtenida mediante un registro o allanamiento ilegal. Pueblo en interés menor A.L.G.V., 170 D.P.R. 987 (2007); Pueblo en interés menor E.R.C., 149 D.P.R. 804 (1999); Pueblo en interés menor G.R.S., 149 D.P.R. 1 (1999); Pueblo en interés menores A.L.R.G. y F.R.G., 132 D.P.R. 990 (1992); Pueblo en interés menor N.O.R., 136 D.P.R. 949 (1994).

       Este caso es una secuela de Pueblo v. Martínez Torres, 120 D.P.R. 496 (1988), en donde revocamos una sentencia contra el acusado por haberse admitido errónea-mente una prueba obtenida como producto de un registro ilegal, aun cuando el acu-sado solicitó su exclusión en varias ocasiones.