text:
    Núm. 2.
    Pueblo, querellante v. Rubert Hermanos, Inc., Dmda.
    —Original.
    Febrero 19, 1937.
   (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Travieso.)

Vista la moción radicada por la corporación demandada, por la qne solicita la eliminación de ciertas alegaciones de la querella pre-sentada en este caso, y examinados los alegatos sometidos por una y otra parte en pro y en contra de las eliminaciones solicitadas, se resuelve:

1. Deben eliminarse de la querella las palabras “ha perdido todos sus derechos a ejercer las franquicias y privilegios que le fueran concedidos por las razones siguientes,” que aparecen en el párrafo-inicial de la querella, por constituir dichas palabras una mera con-clusión legal y no una exposición de hechos.

2. Se declara sin lugar la moción en cuanto a las demás elimina-ciones solicitadas, por entender que las redundancias que en ellas pueda haber carecen de importancia y no pueden causar perjuicio o molestias a la demandada.

3. Se concede al querellante un término de quince días para en-mendar su querella de conformidad con los términos de esta resolu-ción; y a la demandada un término de veinte días para presentar-las excepciones que creyere convenientes o para contestar la querella enmendada, debiendo contarse dicho término desde la fecha en que la citada demandada o sus abogados fueren notificados con copia de la querella enmendada.

El Juez Asociado Sr. Wolf está conforme con la resolución, excepto en cuanto a la negativa a eliminar en todo o en parte el párrafo (f) de la querella, con sus incisos (1), (2) y (3). El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino.


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license: Public Domain

text:
    Núm. 7221.
    Yabucoa Sugar Company, aplte. v. Sancho Bonet, Tes. Apldo.
    C. D. San Juan.
    Febrero 24, 1937.
   (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Pon cuaNto, los únicos errores señalados son:

“1. La Gorte de Distrito de San Juan cometió manifiesto error de derecho al denegar los intereses reclamados, por el fundamento de que cuando se recurre a los tribunales para la devolución de contribuciones pagadas bajo protesta, la concesión de intereses en la sentencia no es imperativa y queda a la discreción del tribunal sentenciador.
“2. La Corte de Distrito de San Juan cometió manifiesto error de hecho al no concederle a la demandante apelante los intereses reclamados sobre las sumas pagadas bajo protesta.”

Por cuaNto, la cuestión planteada en el primero de dichos seña-lamientos ha sido resuelta ya en sentido contrario a la teoría de la apelante, sin que exista motivo suficiente para revocar la jurispru-dencia ya establecida. (Véanse: Loiza Sugar Co. v. Domenech, Te- sorero, 44 D.P.R. 550; Behn v. Domenech, Tesorero, 49 D.P.R. 808; P. R. Fertilizer Co. v. Domenech, Tesorero, 50 D.P.R. 405.)

Por Cuanto, la coi’te ele distrito resolviendo la cuestión plan-teada en el segundo de dichos señalamientos dijo:

“ ... El pleito se inició mediante demanda radicada en febrero 18, 1926, y no es hasta 9 de marzo de 1934, o sea, ocho años después en que se presenta la demanda enmendada, con hechos distintos de la demanda original, que aceptó en gran parte el demandado, en 3 de abril de 1934, y no hubo necesidad de practicar evidencia porque la demandante aceptó como correctas las diferencias de cantidades pagadas por concepto de contribuciones sobre beneficios excesivos, lo que redujo el montante total de la reclamación de $46,830.35 a $34,945.57, o sea en una suma de $11,884.68. No hubo temeridad en el demandado al defen-derse, siendo mayor la reclamación que la suma concedida, y si el pleito duró 8 años, culpa es de la demandante que no presentó hasta marzo 9, 1934 la de-manda enmendada que sirve de base a la sentencia. Es cierto que el total pa-gado al gobierno por la demandante, por concepto de contribuciones sobre bene-ficios excesivos fue de $141,966.74, de los cuales puede sólo recobrar $34,945.57, y que la diferencia, de más de $100,000.00, se pagó bajo leyes anticonstitucio-nales, tal pago fué voluntario, sin protesta alguna, y no puede servir de funda-mento al considerar si debe o no concederse intereses' sobre las cantidades cuya devolución se ordena y las costas de la acción. Bajo las circunstancias del caso parece que hacemos buen uso de la discreción no concediendo intereses ni costas. ’ ’

Por Cuanto, uo encontramos ni abuso ele discreción ni manifiesto error de hecho en la resolución de la corte al no conceder los inte-reses reclamados.

PoR tanto, se confirma la sentencia dictada .por la Corte de Dis-trito de San Juan en octubre 20, 1934.

Los Jueces Asociados señores Córdova Dávila y Travieso no intervinieron.


text:
    Núm. 7214.
    Franceschi, apltes. v. Claudio, apldos.
    C. D. Ponce.
    Marzo 10, 1937.
   (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Por cuanto, los únicos supuestos errores señalados por los ape-lantes son:

“Primer error: Erró la corte al opinar que los demandantes no probaron hechos esenciales para obtener la orden de injunction para retener la posesión que solicitan.
“Segundo error: Erró la corté al opinar que los demandantes no han pro-bado que estuvieran en posesión material de la finca por los sitios donde tra-' zaron la cerca.
“Tercer error: Erró la corte al opinar que colindante con la finca de los demandantes los demandados y Pedro Claudio poseen una parcela de ocho cuerdas.
‘ ‘ Cuarto error: Erró la corte al opinar que el hecho de que se declarara que el alcalde dio su consentimiento para variar el camino demuestra que los demandantes no estaban, en posesión, aparte de que el consentimiento del alcalde no implica que él tuviera autoridad de acuerdo con la Ley Municipal.”

POR cuanto, examinados los alegatos y la prueba no encontramos en la apreciación de ésta error alguno* tan manifiesto que exija una revocación de la sentencia apelada;

POR CUANTO, los hechos en el caso de Cividanes v. Obén y Vázquez, 34 D.P.R. 802, citado por los apelantes eran muy distintos a los del presente;

Por cuanto, la objeción del demandante y apelante referente a las supuestas admisiones contenidas en la contestación ha sido sus-citada muy tardíamente (Blanco Fresno v. Royal Insurance Co., 43 D.P.R. 433, 435; Ana María Sugar Co. v. Castro et al., 28 D.P.R. 241) :

Por tanto, se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Ponce en septiembre 17, 1935.


text:
    Núm. 975.
    Suárez, recurrente v. Registrador, recurrido.
    Original.
    Marzo 10, 1937.
   (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Travieso.)

Vista la moción del recurrente en la que solicita que se recon-sidere y deje sin efecto la resolución dictada por este Tribunal Supremo en 1 de agosto de 1936 y consideradas las nuevas razones y argumentaciones del recurrente para que se revoque la nota dene-gatoria del Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Se-gunda ;

Por Cuanto, se ha comprobado a satisfacción de este Tribunal que la sentencia dictada en la Corte de Distrito de San Juan en el pleito civil núm. 10,126, de Ramona Muñoz Viuda de Alonso v. Luis Fernández Viñas y Marcial Suárez y Suárez, fué anotada en el Registro al folio 16 del Libro de Sentencias, el día 14 de marzo de 1931, en cuanto a los bienes inmuebles del demandado Suárez; que han transcurrido con exceso los cinco años fijados por el Artículo 388-A, inciso D, de la Ley Plipoteearia, como término para la can-celación de gravámenes por sentencia, a instancia de parte, sin que la acreedora de dicha sentencia haya realizado acto alguno para su cobro o ejecución o para su prórroga mediante orden de la corte competente; que el escrito sobre “Liquidación de Sentencia” presen-tado por el deudor Suárez al Registrador, en 28 de febrero de 1935, fué presentado con el propósito de que el Registador procediera a cancelar el gravamen y no a renovarlo y que la acreedora no inter-vino en forma alguna en la presentación de dicho documento al Re-gistro ;

PoR lo taNto, se reconsidera y se deja sin efecto la resolución dictada por este Tribunal en 1 de agosto de 1936, se revoca la nota denegatoria del Registrador recurrido y se ordena a éste que pro-ceda a cancelar el gravamen por sentencia que aparece inscrito al Folio 16 del Libro de Sentencias del Registro a su cargo, sin especial condenación en costas.


text:
    Núm. 7189.
    Caballero, aplte. v. The National City Bank of New York, apldo.
    C. D. San Juan.
    Marzo 31, 1937.
   (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Poe cuanto, el único señalamiento es:

‘'Que la Corte de Distrito de San Juan cometió manifiesto error al con-ceder sólo una indemnización de seiscientos dólares, a pesar de haber dado por probadas todas las alegaciones de la demanda, siendo dicha indemnización ri-dicula y contraria a las propias conclusiones del juzgador de la corte de distrito y a la evidencia ofrecida por el actor y admitida y reconocida como cierta por dicho tribunal.”

Por cuanto, si bien no carece de todo mérito el argumento del apelante relativo al razonamiento de la corte de distrito en su pri--mera resolución del caso y opinión, y examinada la prueba a la luz de su opinión, de la opinión subsiguiente al resolver una moción sobre reconsideración y del alegato del apelante, ésta parece justa, razonable y suficiente para cubrir los daños actuales sufridos por el demandante, no siendo motivo bastante para justificar una revoca-ción cualquier incongruencia técnica entre la sentencia y alguno u otro de los hechos que el juez de distrito en términos generales dió por probados;

Por tanto, se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan en mayo 10, 1935.

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino.


text:
    Núm. 7488.
    De Choudens, etc. apldo. v. Portilla, aplte.
    C. D. San Juan.
    Abril 13, 1937.
   (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Travieso.)

Vista la moción del demandado apelante por la cual solicita que se expida por esta Corte un auto de supersedeas dirigido a la Corte de Distrito de San Juan y a sus jueces y funcionarios, requiriéndoles para que se abstengan de tramitar nuevos procedimientos en relación con la ejecución de la sentencia dictada en rebeldía contra dicho de-mandado, hasta tanto se resuelva por esta Corte Suprema la apela-ción interpuesta contra la resolución dictada por dicha Corte de Dis-trito en 5 de marzo de 1937, declarando sin lugar la moción hecha por el demandado para la apertura de la rebeldía, anulación de la sentencia y para que se le permitiese radicar una contestación, la que se presentó anexa a dicha moción;

Vistos los autos del caso núm. 25,284 de la Corte de Distrito ofrecidos como evidencia, de los que resultan que el emplazamiento del demandado se hizo mediante publicación de edictos, por encon-trarse el demandado fuera de la Isla de Puerto Rico; que la senten-cia en rebeldía, fué dictada en octubre 24, 1936; que la solicitud sobre apertura de la rebeldía fué radicada el día 5 de diciembre de 1936, o sea dentro del término de un año fijado por el Artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil; y que dicha solicitud y la contestación a ella anexa presentan una defensa prima facie meri--toria;

Poe CUANTO, esta Corte Suprema puede, según el artículo 676 del Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933, librar mandamiento de injunction para hacer efectiva su jurisdicción y en la solicitud del demandado apelante, pendiente ahora ante nosotros, se nos pide substancialmente que ejercitemos esa facultad;

POR TANTO, se ordena a la Corte de Distrito de San Juan que suspenda, previa la prestación por el demandado apelante de una fianza por $1,500 que responda a la demandante apelada de todos los daños que se le ocasionaren, la subasta en ejecución de la senten-cia que dictara el 24 de octubre de 1936 en el pleito núm. 25,284 sobre daños y perjuicios, Inés de Choudens v. Rafael Portilla, seña-lada para el día 16 de abril de 1937, y hasta nueva orden de esta Corte Suprema.


text:
    Núm. 307.
    Vázquez Prada, peticionario v. Corte, dmda.
    Original.
    Abril 19, 1937.
   (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Travieso.)

Vista la solicitud del peticionario para que se expida un auto de mandamus dirigido al demandado Iíon. Carlos Llauger Díaz, Juez de la Corte de Distrito de San Juan, por el que se ordene a dicho Juez que proceda sin más dilación a considerar y decidir las cuestiones envueltas en el caso civil núm. 15,642, titulado Leopoldo J. E. Vázquez Prada y López v. Cipriano Santos Lanchas et al., de conformi-dad con la opinión dictada por esta Corte Suprema en mayo 29, 1935, en el recurso núm. 6680, entre las mismas partes, la que apa-rece publicada en 49 D.P.R. 308;

Visto el escrito presentado por el Juez demandado, en el que hace constar las causas o motivos que le han impedido dar cumpli-miento a lo resuelto por este Tribunal en su ya mencionada decisión;

POR CUANTO, este Tribunal está convencido de que la dilación ha-bida en la tramitación de este caso no se debe en manera alguna a los prejuicios que el peticionario imputa al juez demandado; pero no lo está en cuanto a la suficiencia de las razones o motivos adu-cidos por el juez demandado para justificar su dilación en dictar un fallo definitivo que ponga fin a la controversia entre las partes;

Pob cuanto, esta Corte opina que la dilación en la decisión de-finitiva de este caso puede causar graves perjuicios al peticionario, y que el juez demandado debe dar preferencia a dicho caso y resol-verlo antes que otros que le hayan sido sometidos con posterioridad a la fecha de la decisión dictada por este Tribunal;

Por lo tanto, se declara con lugar la solicitud del peticionario y se ordena que por el Secretario de esta Corte Suprema se espida ■un auto de mandamus dirigido al Hon. Carlos Llauger Díaz, Juez de la Corte de Distrito de San Juan, requiriéndole para que dentro del término de treinta días contado desde la fecha en que le fuere noti-ficado dicho auto proceda a dictar sentencia en el caso Civil núm. 15,642, Leopoldo J. E. Vázquez Prada y López v. Cipriano Santos Lanchas, pendiente ante él, de acuerdo con los términos de la opi-nión de este Tribunal Supremo dictada en el recurso núm. 6680, entre las mismas partes y publicada en 49 D.P.R. 308; o para que dentro del indicado término comparezca ante esta Corte Suprema a mostrar las causas o razones que pudiere tener para no cumplir lo que por la presente se le ordena.


text:
    Núm. 7113.
    Guzmán, aplte. v. De Jesús, aplda.
    C. D. Mayagüez.
    Abril 21, 1937.
   (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Por cuanto, los únicos supuestos errores señalados por el apelante son los siguientes:

“1. La corte inferior en la resolución de este caso, mediante prejuicio y pasión, cometió manifiesto -error al declarar sin lugar la demanda fundándose para ello en que no da credibilidad a la prueba del demandante-apelante, des-cansando, como la base más sólida, para dictar la sentencia, en la declaración de la demandada-apelada.
“2. La corte inferior en la resolución de este caso cometió error al admitir como admitió las cartas que fueron presentadas en evidencia dirigidas por Angé-lica García a Ernesto Guzmán y admitiendo toda la prueba testifical tendiente a probar las relaciones de Ernesto Guzmán y Angélica García.
“3. La corte inferior en la resolución de este caso cometió manifiesto error, mediante pasión y prejuicio, al estimar insuficiente la prueba del demandante.”

Por cuanto, la única objeción interpuesta por el demandante á la admisión de las cartas mencionadas en el segundo señalamiento, cuando dichas cartas fueron ofrecidas en evidencia, fué la siguiente:

"Lie. Bamírez Silva:

"Nos vamos a oponer a la admisión de las cartas, en primer término porque el lieclio de que las cartas sean dirigidas' a Ernesto Guzmán no imputan en contra del demandante, aun cuando se admitieran como prueba. Hay que demostrar que hubo una correspondencia con el demandante y aun cuando las cartas pro-baran que ha existido una relación de carácter amoroso-platónieo, podríamos decir, entre el demandante y Angélica García, eso no sería defensa meritoria en este caso, porque cuando aun probado ese hecho, no podría la Corte determinar que justifica los actos de trato cruel e injurias graves realizados por la esposa contra el esposo.”

Por CUANTO, la defensa en este caso no fue la de recriminación ni es por tanto aplicable la teoría invocada por el apelante fundán-dose en el caso de Kennerley v. Kennerley, 29 D.P.R. 777, al efecto de que:

"... para que constituya una defensa eficaz la teoría de recriminación* es necesario que los hechos que se aleguen sean suficientes por sí solos a dar un derecho de divorcio a la parte que plantea esa defensa.”

sino más bien la doctrina establecida también por el mismo caso en aquella parte de la opinión donde dijimos:

"... Las cortes, sin embargo, en un caso de divorcio, generalmente escu-driñarán todos los procedimientos para cerciorarse de si el demandante tiene de-recho al divorcio. La mala conducta de un demandante para constituir una de-fensa por el motivo de provocación, justificación o excusa no ha de ser tal que por sí dé derecho al demandado a un divorcio, distinguiéndose así de la mala con-ducta que constituye la defensa de recriminación, la cual debe por sí ser sufi-ciente como fundamento de divorcio. 19 O. J. 77, y especialmente los casos ci-tados en las notas’ 54 a la 57.
“Boeck v. Boeck, (Idaho) 161 Pac. 576, fué un caso en que la corte declaró probado que la actitud de la esposa hacia su marido era indiferente, fría, desagra-dable y quejosa y tendía a impulsarlo, y lo impulsaron a ciertos actos los cualesen ausencia de la mala conducta por parte de ella hubieran equivalido a extre-mada crueldad como se define en el estatuto. La corte se expresó como signer
" ‘El divorcio es un remedio para beneficio de uno de los esposos agra-viados que no ha sido la causa voluntaria y determinante de los actos en que se funda para invocarlo, y no está al alcance de una persona que en desatención de la solemnidad de los lazos conyugales impulsa al otro cónyuge-a observar una conducta que sería inexcusable de cometerse contra un ma-rido o mujer que verdaderamente trataba de sostener las relaciones matrimo-niales. ’ ”

Por CUANTO, no encontramos ni pasión ni prejuicio ni error tan manifiesto en la apreciación de la prueba que exija una revocación de la sentencia tal como se alega en el primero y tercero de los tres señalamientos arriba copiados.

Poe tanto, y atendida además la recomendación del fiscal de esta Corte, basada en los motivos expresados en su informe, se confirma, la sentencia que dictó la Corte de Distrito de Mayagüez, el día 22 de mayo de 1935, en el caso arriba titulado.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino.


text:
    Núm. 5909.
    United P. R. Sugar Co. of P. R., aplda. v. Sucn. Sánchez, aplte.
    C. D. Plumacao.
    Abril 27, 1937.
   (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Vista la moción sobre reconsideración que antecede, con la asis-tencia de ambas partes, se deja sin efecto la sentencia dictada por esta Corte en marzo 31 del corriente año, modificándose la dictada por la Corte de Distrito dé Humacao en 11 de junio de 1931, en la parte dispositiva de la misma para que lea como sigue:

“Declarando con lugar la demanda en cuanto al demandado, Simón Sánchez, y sin lugar en cuanto a los demandados Monserrate Concepción Correa, Mermi-nuta, María de Jesús, Juliana, Sebastiana y Simona Sánchez, amparando a la demandante en la posesión y disfrute de la parte de la finca en su colindancia norte, propiedad de dicha demandante, que más adelante se describe, ordenando al demandado Simón Sánchez, así como a sus subalternos, relacionados o emplea-dos y cuantas personas actúen por orden y consejo del mismo, paga o dirección, se abstengan todos de inquietar a la demandante, United Porto Rican Sug'ar Co. (of Porto Rico) en la posesión y disfrute de la finca de referencia, prohibién-doles a todas dichas personas que inquieten en cualquier forma o manera a la demandante o sus relacionados en la posesión de la mencionada finca, la cual descrita, dice así:
“Rústica: Pinca compuesta de 200.172 cuerdas, iguales a 78 hectáreas, 67 áreas y 54 eentiáreas, radicada en los barrios de Navarro de Q-urabo y Quebrada de San Lorenzo, correspondiendo en el primero de ellos a una ■extensión de terreno de 73.852 cuerdas y en el segundo 126.32 cuerdas, en lindes: norte, Angel Buonomo y la Quebrada Adentro, Inés Correa, y te-rreno de los menores Muñoz; sur, Sucesión de José Buxó y José Dieppa; este, Elias Bruselis y Angel Buonomo; oeste, con Luis Vilá y los menores Ramírez, separados por la quebrada Adentro.
“Inscrita al folio 170 del tomo 42 de San Lorenzo, finca No. 1935 y al folio 193 del tomo 36 de G-urabo, finca No. 1367, inscripciones primeras.” ‘‘ Se condena al demandado Simón Sánchez, al pago de las costas correspon-dientes al demandante de acuerdo con la Sección 5 de la Ley No. 43 de 1913 (Leyes de ese año, pág. 85), y se condena al demandante al pago de las costas correspondientes a los demandados Monserrate Concepción Correa, Merminuta, María de Jesús, Juliana, Sebastiana y Simona Sánchez, de acuerdo con dicha ley.”

Y así modificada se confirma dicha sentencia.


text:
    Núms. 7204, 7205.
    Miguel, apldo. v. Álvarez, et als., apltes.—Salim, etc., apldos. v. Álvarez, et als., apltes.
    C. D. San Juan.
    Mayo 24, 1937.
   (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Travieso.)

POR cuanto, los casos del epígrafe fueron vistos conjuntamente ante esta Corte, por estar seguidos contra los mismos demandados y referirse a las mismas cuestiones de hecho y de derecho, sin asis-tencia de las partes;

Por cuanto, el único error que se imputa a la Corte sentencia-dora en cada uno de dichos casos, es el de no haber impuesto a los demandantes el pago de las costas del litigio;

Por cuanto, la corte sentenciadora tiene facultad discrecional para imponer o no las costas a la parte perdidosa; y del examen que hemos hecho de los autos no aparece que la corte inferior haya abu-sado de su discreción al negarse a conceder las costas a los deman-dados apelantes;

Por lo tanto, se confirman las sentencias dictadas por la Corte de Distrito de San Juan en los casos núms. 14,867 y 14,869 en mayo 16, 1935.


text:
    Núm. 7147.
    Cosme, etc., apltes. v. Márquez, etc., apldos.
    C. D. San Juan.
    Mayo 26, 1937.
   (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Travieso.)

Por cuanto, los hechos esenciales y las cuestiones legales que presenta este caso son prácticamente idénticos a los del caso de Mo-desta Concepción Cosme v. Demetrio Latoni, núm. 7143, resuelto por este Tribunal en el día de hoy (ante pág. 564) ;

Por los fundamentos de la opinión emitida en dicho caso se mo-difica la sentencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan el día 11 de octubre de 1934 en el sentido de dejar sin efecto aquella parte de la misma que declara sin lugar la reclamación de los de-mandantes por el importe de las rentas percibidas por los deman-dados y las que pudieron haber percibido los demandantes, y se de-vuelve el caso a la corte inferior para que £>roceda a abrirlo a prueba en cuanto a la reclamación sobre las rentas, requiriendo a los de-mandados para que rindan cuenta de las rentas realmente percibidas por ellos desde la fecha de la radicación de la demanda y durante todo el tiempo de su posesión y dando oportunidad a los demandantes para presentar la evidencia que fuere pertinente para probar el valor de los frutos podidos percibir y que no hubieren sido percibidos por culpa, abandono o negligencia de los demandados, y así modificada se confirma la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Sr. Hutchison disintió en cuanto a la devolución del caso por estimar que existe base suficiente en la prueba para dictar sentencia defini-tiva respecto a las rentas dejadas de percibir.


text:
      In re Goyco, peticionario querellado; Olivieri, opositor.
    Original.
    Junio 7, 1937.
   Por CUANTO, la Asociación de Padres y Maestros de la Escuela Federico Degetau de Ponce solicita por medio de abogado la devo-lución de un certificado de depósito que por la suma de $540.40 se encuentra en la Secretaría de este Tribunal en el expediente sobre procedimiento seguido ante la Comisión de Reputación para la depu-ración de cargos presentados contra el abogado Ramón G. Goyco antes de ser admitido al ejercicio de la abogacía;

Por CUANTO, con la solicitud se acompaña copia certificada del acuerdo adoptado en la sesión que celebrara dicba Asociación de Padres y Maestros de la Escuela Federico Degetau de Ponce el día 26 de abril, 1935, a fin de que se gestione ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico la devolución de dicbo certificado de depósito por $540.40 para ser ingresado en el fondo que está abierto en el Banco Crédito y Ahorro Ponceño de Ponce para erigir un monumento en dicha ciudad a la memoria del patricio Don Federico Degetau González;

Por Cuanto, en la contestación a la querella enmendada, autori-zada bajo juramento por el entonces aspirante Ramón G. Goyco aparece la siguiente alegación:

“(e) En cuanto a los párrafos 5 y 6, el querellado alega: que lo obtenido en conjunto por el ‘Comité Pro Monumento Degetau’, en virtud de suscripciones individuales, beneficio de una Velada en el Teatro Broadway, de Ponce, y de colectas escolares ascendió a quinientos cuarenta dollars cuarenta centavos, suma total que se encuentra a la disposición de la persona natural o jurídica con facultad legal para recibirla, por lo que, en prueba de absoluta buena fe, se une a esta contestación el ‘Managers check’ 3STo. 1522, de diciembre 27, año 1930, expedido a favor del querellado por ‘The National City Bank of New York’, Sucursal de Ponce, cual ‘Managers check’ cubre la cuestionada suma ($540.40) y está dispuesto el querellado a endosarlo como corresponda.”;

Por Cuanto, eou fecha 7 de abril, 1931, la Comisión de Reputa-ción desestimó los cargos formulados contra el aspirante Ramón G. Goyco cuya buena conducta fué certificada por la Comisión en virtud ele lo cual fué admitido al ejercicio de la abogacía previo- el juramento que prestó;

Por Cuanto, aparece de la moción solicitando la devolución del reseñado certificado de depósito que el abogado Ramón G. Goyco fué notificado con copia de la solicitud y está conforme con lo que en la misma se solicita:

Por TANTO, se autoriza al Secretario-Repórter para que, previo recibo, devuelva a la Asociación de Padres y Maestros de la Escuela Federico Degetau de Ponce al cuidado de la Principal de dicha Es-cuela Sra. Mercedes R. Ferrer el certificado de depósito antes refe-rido expedido a favor de Ramón G. Goyco po'r valor de $540.40, cuya suma será ingresada en el fondo abierto en el Banco Crédito y Ahorro Poneeño, de Ponce, Puerto Rico, a los fines expresados en el acuerdo tomado por la Junta Directiva de la Asociación de Padres y Maestros según se expresa en la resolución antes referida de abril 26, 1935.


text:
    Núm. 6407.
    Madera, dmte. v. Herminio Madera, Inc. et als., dmdos.
    Original.
    Junio 10, 1937.
   Poe cuanto, en cumplimiento de la resolución dictada por este Tribunal el día 7 del corriente la Maryland Casualty Company ha radicado su moción sobre consignación de fianza, acompañada de su check No. 012962, pagadero al Secretario-Repórter de la Corte Su-prema, por $3,133.91, cantidad que representa $3,111.11 por principal, más $22.80 por intereses al 8 por ciento desde mayo 6, 1937 hasta junio 9, 1937;

Por cuanto, dicha fiadora Maryland Casualty Company había radicado con su moción sobre consignación de cantidad y liquidación de fianza el check No .010042, a favor del “Clerk” de la Corte Su-prema de Puerto Rico, por $20.00, importe de las costas concedidas en apelación a la parte demandante en el caso arriba titulado por la Corte de Circuito de Apelaciones para el Primer Circuito de los Estados Unidos;

Por cuanto, la parte demandante ha expresado su conformidad al ser notificada de la referida moción sobre consignación de fianza;

Por tanto, se decreta: (a) declara el Tribunal bien hechas las consignaciones de las sumas depositadas por la Maryland Casualty Company como fiadora en la fianza de “supersedeas” y “cost bond” aprobada por el Tribunal Supremo en abril 13, 1936; (5) se ordena al Secretario-Repórter que entregue a la Maryland Casualty Company o a sus abogados la fianza original objeto de la consignación, quedando relevada de toda responsabilidad por dicha fianza la fia-dora Maryland Casualty Company; (o) decreta el Tribunal que desde esta fecha la fiadora Maryland Casualty Company queda subro-gada en derecho hasta el importe de las sumas consignadas y ante-riormente expresadas, en cualquier reclamación, gravamen o derecho que en el caso de epígrafe pudiera corresponder al demandante contra los demandados, a virtud de la sentencia recaída a favor de aquél en el caso objeto de la consignación; y (d) se autoriza al Secretario-Repórter para que entregue a la parte demandante o a sus abogados los cheques antes descritos.

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino.


text:
    Núm. 7058.
    Vázquez, aplda. v. Golderos, aplte.
    C. D. Ponce.
    Junio 16, 1937.
   (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Por cuaNto, los únicos señalamientos de error son:

“1. Erró la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Ponce, Puerto Rico, al resolver el conflicto de evidencia en este caso a favor de la demandante e interpretando erróneamente el Artículo 162 de nuestra Ley de Evidencia.
1 ‘ 2. Erró igualmente la Corte de Distrito de Ponce, Puerto Rico, en su Rela-ción del Caso y Opinión, que forma parte de la sentencia, al dejar de cumplir con el requisito que le impone el Artículo 227 del Código de Enjuiciamiento Civil, tal y como fué enmendado por la Ley Núm. 25 aprobada en junio 12 de 1925.”

Por CUANTO, el juez de distrito eu su relación del caso y opinión dijo en parte:

“La Corte, después de haber apreciado debidamente y en conjunto la evi-dencia de ambas partes, declara que la preponderancia de prueba está a favor de la parte demandante y en tal sentido resuelve el conflicto de evidencia (artículo 162, apartado 5o. de la Ley de Evidencia). — La Corte, como resultado de la evi-dencia, apreciada en conjunto, declara probados satisfactoriamente los siguientes hechos: Que la demandante Esperanza Vázquez tenía 13 años y algunos meses de edad cuando ocurrieron los hechos que dieron motivo al presente pleito; que, entonces, el demandante Enrique Golderos era menor de edad y ya a la fecha de la vista de este caso había cumplido 21 años. — Que el día 16 de octubre de 1933 y en el Barrio Jagua Pasto de Guayanilla, el demandado Golderos atacó a la demandante Esperanza Vázquez con la intención, manifestada en hechos y palabras, de cometer violación por medio de fuerza y amenazas en la persona de dicha demandante, y que los hechos ocurrieron en la forma y circunstancias que aparecen de la declaración de Esperanza Vázquez que se deja extractada, sustancialmente, en esta opinión. — Que a consecuencia del ataque para cometer violación realizado por el demandado contra la demandante Esperanza Vázquez, ésta sufrió dolores físicos y angustia mental, quebranto del sistema nervioso, pérdida de salud y fué ultrajada en su pudor y sentimientos; todo lo cual le ocasionó daños y perjuicios que la Corte estima en la suma de quinientos dollars ($500.00).”

Por Cuanto, no encontramos en esto ninguna interpretación erró-nea del Art. 162, inciso 5 de la Ley de Evidencia ni error tan mani-fiesto en la apreciación de la prueba que exija una revocación.

PoR ouanto, no aparece que el demandante apelante llamara la atención del juez de distrito en ningún momento al supuesto defecto en su relación del caso y opinión de que se queja ahora en el segundo señalamiento ni que solicitara del juez de distrito en ningún momento la corrección de tal defecto o la enmienda, aclaración o ampliación de dicha opinión de acuerdo con el Art. 227 del Código de Enjui-ciamiento Civil.

POR ouaNto, en todo caso aparece que el juez de distrito ha cum-plido substancialmente con los requisitos de dicho artículo. Véase el caso de Morales v. Cortés, 50 D.P.R. 909, y casos citados.

Por TANTO, se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Ponce en 17 de enero de 1935.

El Juez Asociado Si\ Córdova Dávila no intervino.


text:
    Núm. 7.
    Montaner, etc., recurrente, v. La Comisión Industrial de P. R., recurrida; Ortiz, peticionaria, apelante ante la Comisión Industrial.
    Original.
    Junio 23, 1937.
   (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. "Wolf.)

Por Cuanto, en 30 de abril de 1937 confirmamos la resolución de la Comisión Industrial en este caso, que le concedía una compensación de $1,357.50 a la beneficiaría del obrero fallecido, sin asignar en nuestra sentencia suma alguna en concepto de honorarios de abo-gado por los servicios prestados ante esta Corte por el letrado de la beneficiaría;

Por Cuanto, se nos ha solicitado por dicho abogado que señale-mos una cantidad para dicho fin;

Por Cuanto, la sección 35 de la Ley núm. 45 de abril 18, 1935, pág. 251, lee como sigue:

“Artículo 35. Los obreros o empleados no necesitarán comparecer asistidos de abogados ante el Administrador del Fondo del Estado o ante la Comisión Industrial para la gestión, liquidación o resolución de sus casos, pero si deci-dieren obtener los servicios de alguno para la mejor dirección y defensa de sus casos, la Comisión Industrial fijará el tanto por ciento que deba pagársele al abogado en la gestión de una reclamación en favor del empleado u obrero o sus herederos o beneficiarios, de acuerdo con las disposiciones de esta Ley.
“En tales casos la Comisión Industrial fijará con cargo a la compensación que se conceda, el tanto por ciento que deba corresponder al abogado como ho-norarios. No se permitirá bajo ninguna circunstancia la comparecencia de agentes u otras personas en ningún caso en reclamación ante la Comisión Industrial a menos que se trate de un menor o incapacitado en el cual caso la persona que represente al menor o incapacitado no podrá cobrar suma alguna ni recibir remuneración alguna de ninguna índole por representar o ayudar en su reclamación de compensación al interesado.
"En los casos que sean objeto de revisión ante las cortes y en los de mandamus autorizados por esta Ley y en que se utilicen los servicios de un abo-gado, la Corte ante la cual se vea el caso fijará los honorarios que equitativa-mente debe recibir el abogado.”

Por Cuanto, al abogado solicitante ya se le ba asignado por la Comisión Industrial el 15% del montante de la indemnización en este caso por sus servicios ante dicha Comisión y ante el Adminis-trador del Fondo del Estado;

Por cuanto, entendemos que el valor razonable de sus servicios ante esta Corte no excede de $25.00;

Por tanto, se declara con lugar la moción del abogado de la be-neficiarla y se le asigna dicha suma por concepto de honorarios ante este Tribunal.

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino.


text:
    Núm. 7039.
    Carmona, etc., aplte. v. Ramos, apldo.
    C. D. San Juan.
    Junio 24, 1937.
   (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Por Cuanto, los únicos señalamientos de error son:

"1. Erró la Corte de Distrito, declarando que la evidencia de ambas partes en el litigio revela que el alegado préstamo jamás existió.
"2. Erró la Corte de Distrito, afirmando que los dos cheques de $350.00 cada uno se entregaron al demandante para que se resarciese de ciertos gastos en que hubiera incurrido para la reclamación de cierta herencia.
‘ ‘ 3. Erró la Corte de Distrito, admitiendo que la demandante (antepenúltimo - párrafo de su 'Relación del Caso y Opinión’) presentó en evidencia cuatro che-ques cancelados montantes a $275.00 y que el resto de los $700.00 fuese em-pleado en gestiones para recobrar la herencia de don Euclides Jiménez.
"4. Erró la Corte de Distrito, declarando que, de haber alguna acción de este caso, procedía por rendición de cuentas.
"5. Erró finalmente la Corte de Distrito, desestimando en absoluto la de-manda, por su sentencia.”

Por cuanto, los primeros dos de estos señalamientos se refieren a un conflicto en la evidencia resuelto por el juez de distrito, sin que exista error tan manifiesto que exija una revocación de la sentencia apelada.

Por Cuanto, el antepenúltimo párrafo de la relación del caso y opinión mencionado en el tercer señalamiento, lee como sigue:

"El demandante presentó en evidencia cuatro checks cancelados, montantes a $275.00 y declaró que el resto de los $700.00 fueron empleados en gestiones del procedimiento para recobrar la herencia. De todos modos, háyase gastado o no la totalidad de los $700.00, entendemos que la prueba de la demandante no sostiene la teoría de sus alegaciones. No se ha probado la existencia del préstamo por ella alegado y si alguna acción hubiera contra el demandado, sería sobre rendición de cuentas, pero no en cobro de dinero.”

Por CuaNto, la equivocación del juez de distrito al decir que “el demandante presentó en evidencia cuatro cheques cancelados, montantes a $275.00” en vez de decir “el demandando presentó en evidencia cuatro cheques cancelados, montantes a $275.00”, carece de importancia.

Por cuaNto, el juez de distrito no resolvió “que el resto de los $700.00 fuese empleado en gestiones para recobrar la herencia de don Euelides Jiménez” sino que dijo que el demandado había declarado “que el resto de los $700 fueron empleados en gestiones del proce-dimiento para recobrar la herencia”.

Por Cuanto, el juez de distrito antes de llegar al párrafo ante-penúltimo de su relación del caso y opinión, había resuelto' como cues-tión de hecho que el demandado había devuelto $200 de los $700, los cuales sumados a los $275.00 importe de los cuatro cheques, ascien-den a un total de $475.00, dejando un balance a favor de la deman-dante de $225.

Por Cuanto, a falta de cheques, recibos o particulares especí-ficos en cuanto a los demás gastos en relación con la reclamación de la herencia y no cubiertos por los cuatro cheques arriba mencionados, un abono adicional de $25.00 sería razonablemente suficiente para resarcir al demandado por tales supuestos gastos.

Por cuanto, nos inclinamos a estar conformes con la parte ape-lante en que si bien hubiera sido más procedente quizás una acción sobre rendición de cuentas, no era necesario declarar sin lugar la demanda por ese motivo, obligando así a la demandante a entablar una nueva acción, pudiendo haber dictado la corte de distrito senten-cia a favor de la demandante en la presente acción por la diferen-cia entre los $700.00 y el total de los gastos incurridos por dicho demandado.

Por tanto, se revoca la sentencia apelada dictada por la Corte de Distrito de San Juan en octubre 2, 1934, y en su lugar se dicta otra a favor de la demandante en la suma de $200.00, sin especial condenación de costas.

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino.


text:
    Núm. 1.
    Pueblo, querellante v. The Fajardo Sugar Co., of P. R., et als., dmdas.
    Original.
    Julio 12, 1937.
   (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Travieso.)

Vistas las sendas mociones eliminatorias radicadas por The Fa-jardo Sugar Growers’ Association, Loíza Sugar Company y The Fajardo Sugar Company of Porto Rico, por las que dichas deman-dadas solicitan la eliminación de numerosas alegaciones de la que-rella enmendada, todas las cuales figuraban en la querella original y cuya eliminación fué solicitada y denegada por esta Corte por re-solución de 18 de enero de 1937 (50 D.P.R. 966).

PoR CuaNto, el propósito fundamental de las querelladas al re-producir dichas mociones ha sido el de reservar sus derechos para el caso de una apelación, según lo manifestaron sus abogados al so-meter dichas mociones sin argumentación.

Por los fundamentos de la citada resolución de 18 de enero- de 1937 se declaran sin lugar las eliminaciones solicitadas.

El Juez Asociado Sr. Cordova Dávila no intervino.


text:
    Núm. 1.
    El Colegio de Abogados de Puerto Rico, querellante v. Fajardo, etc., querellados.
    Original.
    Julio 12, 1937.
   A la anterior moción del querellante Colegio de Abogados de Puerto Rico solicitando la rehabilitación del querellado Juan E. Guz-mán García por haber éste satisfecho las cuotas que adeudaba al Co-legio con posterioridad a la resolución de este Tribunal de mayo 20, 1937; visto el artículo 9 de la Ley núm. 43 de 1932 en relación con el artículo 6o. del Reglamento aprobado por el Colegio- de Abogados -de Puerto Rico, se declara con lugar dicha moción y por tanto queda nuevamente autorizado el señor Juan E. Guzmán García a ejercer la abogacía en las cortes insulares sin restricción alguna.

Núm. 6964. — Franoesoi-ii, et als., apltes., Ex parte; López de Tord & Zatas Pizarro, interventores y apldos. — C. D. Ponce. Inci-dente sobre liquidación y pago de honorarios. Julio 13, 1937.

(Por la Corte, a'propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Por CUANTO, los únicos errores señalados por los apelantes son los siguientes:

“1. La corte erró al no fijar los honorarios separadamente por cada pleito o asunto independiente por los cuales los apelados especificaron los honorarios reclamados a virtud de la orden dictada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en noviembre 7, 1933. (Franeeschi v. Corte, 45 D.P.R. 683 a la pág. 691.)
“2. La corte erró al admitir cualquier evidencia con respecto a los hono-rarios pagados al abogado Eraneiseo Parra Capó.
"3. La corte erró al declarar que la suma de $68,000.00 era el valor justo y razonable de todos los servicios prestados por los apelados en adición a las otras sumas percibidas por ellos.
“4. La corte erró al declarar sin lugar en todas sus partes las reconven-ciones de los Herederos, en vez de compensar el montante de las mismas contra la cuantía concedida a los abogados, en concepto de honorarios.
“5. La corte erró al no imponer las costas a los señores López de Tord & Zayas Pizarro. ”

POR cuanto, la corte de distrito procedió correctamente a nues-tro juicio al fijar el montante de los honorarios de los abogados en una suma alzada a base del valor razonable de todos los servicios prestados tomándolos conjuntamente y tomando en cuenta la natu-raleza del contrato general que un cliente constante, después de con-siderar (como es de presumirse que se consideró) el valor razonable-de los servicios prestados en cada pleito o asunto especificado en el pliego de paticulares, sin que fuera necesario como alega el apelante fijar los honorarios separadamente por cada pleito o asunto inde-pendiente, por los cuales los apelados especificaron los honorarios re-clamados a virtud de la orden dictada por esta Corte en Frcmceschi v. Corte, supra.

PoR CUANTO, nos inclinamos a estar conformes con los apelantes en que “la corte erró al admitir cualquiera evidencia con respecto a los honorarios pagados al abogado Francisco Parra Capó”.

Por cuanto, en todo caso, estamos conformes en que la corte erró al declarar que la suma de $68,000.00 era el valor justo y ra-zonable de todos los servicios prestados por los apelados.

Por cuanto, por no existir error tan manifiesto en la apreciación de la prueba que exija una revocación de aquella parte de la senten-cia apelada que declaró sin lugar en todas sus partes las reconven-ciones de los Herederos, en vez de compensar el montante de las mismas contra la cuantía concedida a los abogados apelados en con-cepto de honorarios.

Por cuanto, no encontramos abuso de discreción alguno por ha-berse dictado la sentencia apelada sin especial condenación de costas.

Por cuanto, estamos conformes en que el valor justo y razonable de todos los servicios prestados por los abogados apelados es el de $50,000.

Por tanto, se modifica la sentencia apelada en su parte perti-nente para que lea como sigue: “declarando, como declara, que ‘el valor justo y razonable’ de todos los servicios de todas clases pres-tados por los peticionarios interventores, López de Tord & Zayas Pizarro, como abogados, a los herederos, de don Francisco María Fran-eeschi, y a los administradores judiciales de la herencia de dicho señor Franceschi, en relación con los bienes o derechos de la misma herencia, es la suma total de cincuenta mil dólares ($50,000.00), y que dicha suma constituye gastos de administración.

“Por la presente se declara, además, que los interventores López de Tord & Zayas Pizarro ya han recibido a cuenta de sus honorarios en este caso la suma de veintiocho mil dólares ($28,000.00).
“Y, por la presente, se condena a los herederos de don Francisco María Francesehi, nombrados José María y Juan Franceschi, Domingo, Salvador y Estrella Leandri y Ángel y Blanca Massari a pagar a los interventores, López de Tord & Zayas Pizarro, dentro de este procedimiento de administración judicial, como gastos de dicha administración y como saldo de los honorarios de dichos interven-tores, la suma de veintidós mil dólares ($22,000.00).
“Esta sentencia se dicta sin especial condenación de costas.” Así modificada, se confirma dicha sentencia.

Los Jueces Asociados Sres. Córdova Dávila y Travieso no intervinieron.


text:
    Núm. 2.
    Pueblo, querellante v. Rubert Hermanos, Inc., dmda.
    Original.
    Julio 13, 1937.
   (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Travieso.)

Vista la moción presentada por la corporación demandada soli-citando se ordene la cancelación de las anotaciones hechas en el Re-gistro de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, de la que-rella presentada en este caso, y examinados los alegatos radicados por ambas partes litigantes;

PoR cuanto, los fundamentos de dicha moción y los argumentos aducidos en apoyo de la misma son idénticos a los presentados en apoyo de una moción presentada con el mismo objeto en el caso de Quo Warranto núm. 1, entre El Pueblo de Puerto Rico y The Fajardo Sugar Company of Porto Rico et al. (ante, pág. 893);

Por las razones y fundamentos consignados en la opinión emitida en el día de ayer en el citado caso de Quo Warranto núm. 1, se de-clara no haber lugar a la cancelación solicitada.

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino.


text:
    Núm. 2.
    Pueblo, querellante v. Rubert Hermanos, Inc., dmda.
    —Original.
    Julio 13, 1937.
   (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Travieso.)

Vista la moción radicada por la corporación demandada por la que solicita la eliminación de ciertas alegaciones de la querella en-mendada ;

Por cuanto, las'eliminaciones que se solicitan en la referida mo-ción son las mismas que se solicitaron en la moción eliminatoria pre-sentada en contra de la querella original; y

Por cuanto, el objeto de reproducir dicha moción ha sido el de dejar a salvo los derechos de la parte promovente para el caso de ul-teriores recursos, según lo hiciera constar expresamente el abogado de la demandada en el acto de la vista de dicha moción;

Por taNto, por las razones y fundamentos expuestos en la reso-lución dictada por esta Corte en febrero 19, 1937, se declara no haber lugar a las eliminaciones solicitadas.

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino.


text:
    Núm. 2.
    Pueblo, querellante v. Rubert Hermanos, Inc., dmda.
    Original.
    Julio 13, 1937.
   (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Travieso.)

Vistas las excepciones previas formuladas por la corporación de-mandada en contra de la querella enmendada radicada en este caso, y examinados los alegatos presentados por ambas partes en pro y en contra de dichas excepciones;

Por CUANTO, las excepciones previas formuladas en este caso son idénticas a las formuladas por las partes querelladas en el caso de Quo Warranto• núm. 1, El Pueblo de Puerto Rico v. The Fajardo Sugar Company of Porto Rico et al. (ante, pág. 876), por las razones y fundamentos expresados en la opinión emitida en el día de ayer en el referido caso de Quo Warranto núm. 1, se desestiman todas y cada una de las excepciones previas formuladas por la demandada y se concede a ésta el término de treinta días para contestar la que-rella.

El Juez Asociado Sr. Wolf está conforme con el resultado. El Juez Aso-ciado Sr. Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wolf

text:
    María Colón, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, Hous. M. León Parra y F. Paz Granela, Comisionados, recurrida.
    Núm. 13.

    Sometido: Junio 21, 1937.

      Resuelto: Julio 16, 1937.

      G. Iriarte, F. Fernández Ouyar j Héctor González Blanes, abogados de la recurrente;
   El Juez Asociado Señor Wolf

emitió la opinión del tribunal. En octubre 21 de 1936 falleció Próspero Bonilla Vargas mientras estaba ocupado en los deberes ordinarios de su empleo. Luego de practicar una investigación, el Adminis-trador del Fondo del Seguro del Estado ordenó el archivo del caso fundándose en que no aparecía beneficiario alguno con derecho a indemnización bajo los términos de la Ley de Com-pensaciones por Accidentes del Trabajo (Ley núm. 45 de abril 18, 1935, leyes de ese año, pág. 251).

Se apeló para ante la Comisión Industrial y el recurso fue denegado, sin celebración de vista, el 22 de abril de 1937. En mayo 18 del mismo año la peticionaria ante la Comisión Industrial, María Colón, solicitó se le diera la oportunidad de ser oída, pero en mayo 21 la Comisión ratificó su decisión original y se negó a concederle una vista, basada principal-mente en el fundamento de que su condición o estado de “concubina” no le daba derecho a recibir compensación, bajo la sección 3 de la ley supra.

Se nos pide que revisemos la certeza del proceder de la Comisión Industrial (a) al negarse a oír a la peticionaria en la apelación por ella interpuesta contra la decisión del Admi-nistrador del Fondo del Estado, y (5) al dejar de considerar los motivos alegados en el recurso y llegar a la conclusión, como lo hizo, sin oír la prueba para sostenerlos, que éstos carecían enteramente de mérito.

La peticionaria ante nos ha incurrido en un cierto número de inconsistencias. En su petición solicita que esta corte revoque la conclusión de la Comisión Industrial y resuelva que ella tiene derecho a indemnización. Sin embargo, en su alegato pide que se devuelva el caso a la Comisión para que se celebre la vista correspondiente.

En vista de las anteriores circunstancias podríamos llegar a la conclusión de que la peticionaria ha tratado de someter el caso que está ante nos sobre la pura cuestión de derecho de si una “concubina” o, conforme ella alega, una mujer que ha vivido con un hombre por espacio de veinte años bajo con-diciones similares a las del matrimonio, aunque éste jamás se celebró, puede ser considerada como “viuda” de forma tal que tenga derecho a compensación de acuerdo con la ley.

Aunque somos definitivamente del criterio que el caso debe ser devuelto a la Comisión Industrial para una vista, sólo lo haremos así luego de discutir la cuestión légal presen-tádanos por la misma peticionaria.

No tenemos dudas de que cuando la decisión del Administrador del Fondo del Estado es adversa a una persona que hace una reclamación bajo la ley de compensaciones por accidentes del trabajo, ella puede apelar para ante la Comisión Industrial y, a menos que las partes hagan una estipulación en contrario, es acreedora, como cuestión de derecho (right), a que se le celebre una vista sobre su reclamación.

La Comisión debe dar siempre a una persona que acude ante ella, como reclamante, la oportunidad de ser oída, irres-pectivamente de lo convencida que pueda estar del resultado final. Esto está de acuerdo con el espíritu de la ley y con la naturaleza de la Comisión como cuerpo cuasi judicial y cuasi tutelar. Por tanto, el caso debe ser devuelto para que se celebre una vista ante la Comisión.

Asumiremos que la reclamante en este caso vivió con el finado durante veinte años inmediatamente anteriores a la muerte de éste, que ella dependía de él para su sosteni-miento, pero que nunca se casaron legalmente.

La sección 3 de nuestra ley, supra, menciona expresa-mente las personas con derecho a ser beneficiarlas a la muerte de un obrero asegurado. La peticionaria no cae dentro de la designación de ninguna de ellas. A la palabra “viuda” debe dársele su significado ordinario, o sea una mujer legal-mente casada, cuyo marido ha muerto. Los casos citados por la peticionaria son de dudosa aplicación, toda vez que no esta-mos seguros que el estatuto en ellos envuelto fuera análogo al nuestro. Le acuerdo con nuestro estatuto, no hallamos base para que hagamos una interpretación, y no incluye a una “concubina”. Podemos decir de paso que en dos de los casos citados (Kinnard v. Tennessee Chem. Co., 7 S. W. (2d) 807; Sánchez v. Texas Employers’ Ins. Ass’n., 51 S. W. (2d) 818) se había celebrado efectivamente la ceremonia y la peticio-naria honradamente creía estar legalmente casada, aunque ello resultaba ser técnicamente incierto, puesto que el finado en cada caso nunca se había divorciado de su anterior con-sorte. Hemos examinado el estatuto de Tennessee, vigente a la época en que se resolvió dicho caso, y hallamos que no dice de manera expresa quiénes han de recibir la compensa-ción. El estatuto en el caso de Louden v. Industrial Acc. Comm., 286 P. 1045, era enteramente distinto y el caso es inaplicable en sus términos.

Esta es nuestra opinión sobre la cuestión de derecho en-vuelta y creemos que aunque la peticionaria tiene derecho a disfrutar de una vista ante la Comisión a ella debe aconse-jársele que desista de su reclamación.

Lele devolverse el caso a la Comisión Industrial para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    Antonio Roig, Sucrs., S. en C., demandante y apelada, v. José Llona, demandado y apelante.
    Núm. 7194.

    Sometido: Noviembre 25, 1936.

      Resuelto: Julio 16, 1937.

      B. García Oitiitrón, abogado del apelante; González Fagundo <& Gon-zález, Jr., abogados de la apelada.

         Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Wolf

emitió la opinión del tribunal.

José Llona era el arrendatario de la causante de Antonio Roig, Suers., S. en C. No puede haber duda alguna de que a tenor del artículo 1461 del Código Civil (edición de 1930) el comprador de nna finca arrendada no está obligado a res-petar el arrendamiento, excepto bajo condiciones que no exis-ten en el presente caso. Sin embargo, al presentarse un pleito de desahucio contra él, José Liona alegó tener un dere-cho de hogar seguro. La Corte de Distrito de Humacao dictó sentencia ordenando el lanzamiento del demandado. Por lo menos esto aparecería así aunque no hallamos copia ele la sentencia en los autos que tenemos a la vista. Las partes han asumido esto. Se apeló de una sentencia dictada el 18 de septiembre de 1935.

Los hechos fueron que el demandado era originalmente el dueño de la finca; que perdió el título de la misma en un procedimiento ejecutivo sumario; que él y el acreedor hipotecario que había comprado en la venta judicial, se pusieron de acuerdo posteriormente y convinieron en que José Liona continuara en posesión pagando determinada renta; que el reclamante del hogar seguro tuvo la finca en arrendamiento por espacio de ocho años. De los autos se desprende que al tiempo de efectuarse la venta de la finca a la demandante el arrendamiento se había convertido en uno de mes a mes. La sección primera de la antigua Ley de Hogar Seguro (Sección 1000, Estatutos Revisados de 1911) disponía lo siguiente:

"Que todo jefe de familia, que tenga familia, tendrá derecho a una finca de homestead, basta el valor de quinientos dollars ($500) en una estancia, plantación o predio de terreno y en los edificios con-tenidos en el mismo, que le pertenezca o que posea legalmente, en virtud de arrendamiento o en otra forma, y estuviere ocupado por él o ella como su residencia; y dicho homestead y todo derecho o título sobre el mismo estará exento de embargo, sentencia, exacción o ejecución, excepción hecha de las contribuciones que adeudare, el valor de la venta (compra) de dicha propiedad o la responsabilidad incurrida por mejoras que se hicieren en la misma, y excepción hecha también*de lo que más adelante se establece; Disponiéndose, que en caso de arrendamiento u otro contrato análogo nada de lo contenido en esta ley se interpretará en el sentido de que se prohiba al dueño o propietario de dicha estancia, plantación o predio de terreno, y de los edificios contenidos en el mismo, entrar de nuevo en posesión de dicha propiedad de acuerdo con lo estipulado en dicho contrato de arrendamiento o convenio, al faltarse al cumplimiento de las condi-ciones del mismo.”

La corte inferior fue de opinión, y convenimos con ella, que la palabra “arrendamiento”, tal cual se usa en la ley que antecede, se refiere a un derecho de propiedad en una finca arrendada, otorgado, podría decirse, generalmente por es-crito ; que la idea de un arrendamiento es algo que tiene un valor en el mercado; y que es evidente que no podía ser la intención de la legislatura que un arrendamiento mensual diera al arrendatario el derecho a continuar en posesión de la finca más allá del término de un mes o a que se dedujeran $500 de una venta, no del contrato de arrendamiento, sino de la finca misma. Las palabras del estatuto presupondrían que el arrendamiento en sí estaba siendo vendido y no la finca. Algunas de estas consideraciones y quizá otras pueden ha-llarse en la opinión fundamentada de la corte inferior.

La única cuestión que queda por considerar es si Liona continuó o no en posesión de la finca a título de dueño. El edificio se utilizaba en parte como teatro, y como persona con posible derecho al hogar seguro Liona sólo ocupaba una pequeña parte del mismo con su familia. Algún tiempo des-pués de terminarse el procedimiento hipotecario Liona aceptó el arrendamiento de toda la finca del adquirente en la subasta pública. Reconoció el título y la posesión de ese adquirente, aceptó de él un arrendamiento y pagó los cánones del mismo por espacio de ocho años. Al momento de aceptar el arren-damiento y durante los ocho años del inquilinato, Liona no estaba en posesión como persona con derecho al hogar seguro. El había abandonado ese derecho al aceptar el arrendamiento. Allegans contraria non est audiendus. Su posesión como dueño había cesado. No sólo es esto cierto sino que la aquí demandante al adquirir la finca no tenía razón para creer que Liona ocupaba la finca en otro concepto que en el de inqui-, lino.

Liona estaba en posesión de todo el edificio como arrenda-tario y no podía tener posesión independiente de una pequeña parte del mismo como persona con derecho al bogar seguro o como dueño. Dado su silencio por espacio de ocho años, somos además del criterio de que él está impedido de alegar la exitencia de un gravamen por concepto de bogar seguro. Como durante todo este tiempo, de conformidad con el código civil, el arrendador estaba obligado a proteger la posesión del arrendatario Liona, no puede suponerse que el primero estuviera dando apoyo a una reclamación adversa.

En verdad si Liona hubiera abandonado su posesión y se hubiera mudado a otro sitio, su aceptación posterior de un arrendamiento del adquirente en la subasta no habría revi-vido el derecho de hogar seguro. La ley no exige cosas vanas y fútiles, y si, en vez de mudar todos sus efectos y enseres de la finca, él acepta’inmediatamente un arrendamiento del acreedor hipotecario, el mero hecho de no haberse mudado de la finca no debe desempeñar un papel de gran importancia.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Los Jueces Señores Presidente del Toro y Asociado Cor-dova Dávila no intervinieron.

El Juez Asociado Señor Hutchison disintió.


author: El Juez Asociado Señor "Wole

text:
    Mutual Rice Co., Inc., demandante y apelante, v. Sucesión de Miguel Truyol, demandada y apelada.
    Núm. 6992.

    Sometido: Noviembre 6, 1936.

      Resuelto: Julio 16, 1937.

      B&sosa & Besosa, abogados de la apelante; T. Bemardini de la Huerta, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor "Wole

emitió la opinión del tribunal.

La demandante y apelante instó demanda sobre un su-puesto contrato otorgado entre las partes en este recurso. Los demandados, herederos del supuesto comprador Miguel Truyol, negaron la existencia del contrato. La Corte de Dis-trito de Q-uayama dictó sentencia en favor de los demandados.

La médula de su defensa fu.é que la demandante entró en negociaciones con Truyol sobre la venta de arroz; que se convino en todos los términos de la supuesta venta, pero que el contrato nunca fué perfeccionado. Según los demandados y la corte, hubo simplemente una propuesta de venta que debía ser ratificada' por la demandante y tal ratificación nunca tuvo .lugar. •

Más específicamente, los demandados alegaron y la corte tuvo derecho a creer y, según concluyó, esencialmente creyó que en marzo 6, 1926, Eoses & Cía. Sucrs., por mediación de su agente P. Calderón, y en representación de la firma deman-dante, transmitió al demandado nna propuesta para vender 400 sacos de ari*oz a $5.70 el saco, y que en dicha fecha, y con «1 objeto de perfeccionar la operación, se firmó el documento de costumbre usado por Roses & Cía. en estos casos, en el •cual se consignaron las condiciones generales de la propuesta y además se bacía constar que las partes se regirían por los reglamentos de la Cámara de Comercio de Puerto Rico y por los términos del contrato de la Rice Millers’ Association, fir-mándose clicba propuesta por el agente, y el “ticket” adhe-rido a la misma, sin especificaciones de dicha propuesta, por el demandado Miguel Truyol, para el caso de aceptación en firme de la operación; que transcurrieron más de quince días sin. que Roses & Cía., su agente o la demandante se comuni-caran con el demandado; que tal proceder es contrario a los usos del comercio en Puerto Rico y a los reglamentos de nues-tra Cámara de Comercio, según los cuales las ofertas se enten-derán en vigor en manos de los vendedores por no más de 48 horas para su aceptación final dentro de ese término; que en 24 de marzo Roses & Cía. inquirió por carta sobre la pro-puesta y el demandado, no obstante el hecho de que su oferta no había sido confirmada, contestó que estaba inclinado a aceptarla si se garantizaba el arroz por treinta días después de levantado, y que su oferta nunca fué aceptada o contes-tada.

El primero y más importante de los errores señalados ataca la conclusión de la corte de que la demandante dejó de justificar el perfeccionamiento de- un contrato el 24 de marzo de 1926, conforme se alega en la demanda. La demandante da gran énfasis al hecho de que la corte nunca insistió en que el demandado presentara el contrato original de 24 de marzo de 1926. Es cierto que el “ticket” o talón, que fué presentado en evidencia por la demandante, decía:

“Esto representa nuestro contrato núm. 1202. Entre Mutual Rice Mill. Co. vendador y Sr. Miguel Truyol, comprador, cuyo original en tinta representa la única copia y el comprador abajo fir-mante se compromete a demostrar cuando así se requiera por el ven-dedor o su representante. (Fdo.) Miguel Truyol, Firma del com-prador. ’ ’

El demandado y su abogado a través de todo el caso sos-tuvieron que no tenían semejante documento en su poder. Fueron corroborados por Pablo Calderón, el representante-que negoció directamente con Miguel Truyol. La evidencia demostró definitivamente que el primer cargamento de arroa: destinado a dar cumplimiento al supuesto contrato fué em-barcado el 22 de marzo de 1926. Esto tendería a sostener la-teoría del demandado de que la transacción en cuestión fué-discutida con anterioridad al 24 de marzo de dicho año y en verdad para refutar la proposición de que el contrato fué celebrado en esa fecha posterior. De ser esto así la corte estuvo justificada al creer que el demandado no poseía un contrato fechado marzo 24, 1926, y en su consecuencia al na ordenarle que lo presentara.

De la prueba se desprende que según el contratode la Eice Millers’ Association, vigente en aquella época, y que, conforme se admite, gobernaba la transacción entre laspartes, los contratos relativos a la compra de arroz no eran obligatorios para el vendedor hasta que fueran aceptados y confirmados por él por carta o por cable. No se probó tal confirmación en el presente caso. Cuando a José González: Torres, agente de la demandante, se le preguntó sobre tal confirmación y por qué no había traído a la corte la evidencia adecuada, contestó que la parte contraria nunca le había pedido que así lo hiciera. El peso de probar el contrato recaía sóbrela parte demandante y no existe prueba, fuera de la aseveración oral, de que jamás hubiera una aceptación.

No debemos olvidar que P. Calderón, el verdadero agente de Boses & Cía., que a su vez representaba a la aquí deman-dante, declaró que la confirmación nunca se había materia-lizado y que la oferta se hizo en marzo 6,1926. La corte sen-tenciadora pudo dar crédito a ese testigo & pesar de su apa-rente vacilación mientras la demandante le repreguntaba.

La explicación de la transacción dada por el agente de la demandante, José González Torres, es poco satisfactoria. Trató de decir que el contrato que corresponde al talón pre-sentado como prueba por la demandante era el contrato final. Declara entonces que éste estaba sujeto a ser confirmado por sus principales. Afirma que bubo un contrato, mas no puede decir cuándo quedó perfeccionado, no presenta prueba docu-mental de la aceptación y en general resulta más bien impre-ciso sobre toda la cuestión.

Se discute una carta de Roses & Cía. pero ésta claramente no fue una aceptación.

*La mayor parte de los errores no necesitan ser considerados. El cuarto debe serlo. La corte estuvo equivocada al resolver que la demandante no podía demandar sobre el supuesto contrato por no haber obtenido permiso para hacer negocios en Puerto Rico. Los contratos individuales celebrados por firmas del exterior no equivalen a “hacer negocios en Puerto Rico.” Ismert Hinke Milling Co. v. Muñoz, 37 D.P.R. 819. De lo contrario todos los pedidos hechos por correo estarían prohibidos.

Bebe confirmarse la sentencia apelada.

Los Jueces Señores Presidente Del Toro y Asociado Cor-dova Dávila no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señoh. Hutchison

text:
    American Indemnity Co., demandante y apelante, v. Ramón Aníbal Muñoz, demandado y apelado.
    Núm. 7151.

    Sometido: Abril 27, 1937.

      Resuelto: Julio 16, 1937.

      Besosa & Besosa, abogados de la apelante; Emilio 8. Belaval, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señoh. Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

La American Indemnity Co. apela de una sentencia deses-timatoria dictada por la Corte de Distrito de San Juan des-pués de haber declarado con lugar unas excepciones previas basadas en falta de capacidad para demandar y en falta de hechos suficientes para determinar una causa de acción.

La compañía de seguros alegó substancialmente que es una compañía de fianzas de Tejas con oficina principal en Gralveston, Tejas, y que no tenía oficinas ni había efectuado negocio alguno de seguros en Puerto Rico; que la demandante había expedido a la Lykes Brothers Steamship Co., Inc., otra corporación no residente en Puerto R-ico con ofici-nas en Galveston, Tejas, nna fianza (schedule bond) para cubrir e indemnizar en Galveston, Tejas, cualesquiera pérdi-das sufridas por la compañía marítima basta la suma de $25,000 de un cierto número de empleados de ésta que se encontraban ejerciendo sus funciones en distintos territorios; que en diciembre, 1928, Muñoz, un empleado de la compañía de vapores en San Juan, P. R., fue incluido en dicba fianza a virtud de una solicitud que firmó éste haciéndose respon-sable para con la demandante y obligándose a indemnizar a ésta de cualquier pérdida pagada por la demandante a la compañía marítima, debido a las actuaciones y cumplimiento de los deberes del demandado como agente y empleado de dicha compañía; que posteriormente, mientras estaba en vigor dicha fianza, Muñoz tuvo una diferencia y déficit de dinero en sus cuentas como agente y empleado de la compañía de vapores y que después de éste hacer ciertos abonos quedó un saldo por un total de $4,161.81 cuya cantidad fué reclamada por la compañía marítima a la aquí demandante, de acuerdo con los términos de la fianza; que la demandante pagó a la compañía de vapores la suma de $4,161.81 de acuerdo con los términos de la fianza prestada e incurrió en gastos por la suma de $500 en determinar y ajustar dicha diferencia; que de acuerdo con el contrato celebrado entre la demandante y Muñoz este último se comprometió a reembolsar y hacerse responsable a la demandante por cualquier cantidad hasta la suma de $25,000 que tuviera que pagar la demandante por Muñoz bajo los términos de la fianza, así como también los gastos en que incurriera la demandante en la determinación y ajuste de cualquier pérdida.

La sección 133 de la Ley de Seguros, leyes de 1921, págs. 523, 619, dispone: “Toda compañía de seguros extranjera que, a partir de la fecha de la aprobación de esta Ley, en ade-lante, deseare hacer negocios de seguros en Puerto Rico deberá registrarse en la oficina del Superintendente de Segu-ros” y remitirá al Negociado de Seguros ciertos documentos. La sección 135 lee en parV como signe:

“La compañía, una vez registrada por el Superintendente, adqui-rirá personalidad jurídica, y basta tanto no se hubiere llenado este requisito, dicha compañía no podrá sostener una acción en Puerto Pico, por virtud de contrato alguno celebrado por la misma en el país, o fuera de él, cuando la otra parte contratante fuera un resi-dente de esta Isla; ...”

Ninguna de las partes contratantes originales en el caso de autos era “un residente de esta Isla.” El contrato celebrado por la compañía de seguros y Muñoz era una mera declara-ción de la ley respecto al derecho de subrogación y reembolso de la compañía de seguros, al pagar la pérdida sufrida por la compañía de vapores por razón de la conducta impropia de Muñoz. Aún si la demandante no hubiese hecho mención alguna de su contrato con Muñoz, la demanda hubiera aducido hechos suficientes para" determinar una causa de acción.

La compañía de seguros se colocó en el lugar de la com-pañía de vapores e irrespectivamente del contrato con Muñoz estaba ejercitando el derecho de la compañía marítima a recobrar de Muñoz la pérdida sufrida por razón de la con-ducta impropia de éste como agente y empleado de la com-pañía de vapores. Hasta ese punto ella tiene capacidad legal para demandar, a pesar de su contrato con Muñoz y no obs-tante las disposiciones de la sección 135. Véanse: Hartford Fire Ins. Co. v. Galveston, etc. Ry. Co., 239 S. W. 919; Phoenix Ins. Co. v. Pennsylvania Co. (Indiana) 20 L.R.A. 405 ; 25 Corpus Juris 1116, sec. 33; 60 Corpus Juris 700, sec. 7; 32 Corpus Juris 998, sec. 30.

La ley conocida con el nombre de “Ley de Seguros de Puerto Rico” se intitula “Ley proveyendo lo necesario para la incorporación de compañías de seguros del país, para regular el negocio de seguros en Puerto Rico, y para otros fines.” El Título IV trata de compañías de seguros extranjeras y más específicamente de compañías de seguros extranjeras que hacen negocios en Puerto Rico o que desean efectuar negocios en esta Isla. En el primer párrafo del inciso (m) de la sección -2 de la ley la frase “compañía dedicada al negocio .de seguros en Puerto Rico” se define como “toda compañía .■que tuviere en esta Isla un agente general, agente solicitador, u otro representante o persona que ejecutare alguno de aque-llos actos que en esta sección se enumeran bajo la definición de ‘agente.’ ” El término agente se define en el inciso (n) así:

“. . . toda persona, razón social, compañía, corporación, asocia-ción o sociedad que, bien en representación de una compañía de se-guros que la hubiere nombrado debidamente, o bien de otro modo, solicitare, admitiere, tramitare o transmitiere peticiones de seguros para cualquiera persona natural o jurídica en Puerto Rico, que no fuere ella misma; recibiere para su entrega a los interesados, pó-lizas, fianzas u otros certificados de garantía, basados en solicitudes de esta isla, o procurare o diligenciare, expidiere o autorizare certi-ficados u otros documentos, con la excepción que se señala aquí, a continuación, y por virtud de los cuales se hiciere, o se ayudare a hacer algún seguro de personas que residieren en Puerto Rico, o de propiedades radicadas en esta Isla, exceptúanse, no obstante, los certificados de salud, reconocimiento, o de otro modo, que un mé-■dieo, profesional o empleado pudieren expedir a su cliente o principal, para ser utilizados por estos últimos en la obtención de algún :seguro legal a su favor, y siempre que dicho médico profesional o empleado no estuviere también al servicio de la compañía que hi-ciere el seguro, o al de sus agentes en Puerto Rico.”

El contrato, cuyo cumplimiento queda prohibido por la sección 135, es aquél celebrado por una compañía de seguros extranjera que baga negocios en Puerto Rico o que trate de hacerlos en esta isla sin haber cumplido primeramente con los requisitos de la ley de seguros. La aquí demandante alegó expresamente que no había hecho negocios de seguros en Puerto Rico. Esa alegación no está necesariamente en conflicto con ninguna otra alegación de la demanda. Al resolver las cuestiones levantadas por la excepción previa tal ale-gación debe ser considerada como cierta. Una compañía de seguros extranjera que no haya hecho negocios en Puerta Rico no necesita registrarse como una compañía de seguros-extranjera que desea hacer negocios en la isla para que pueda adquirir capacidad legal para demandar en un contrato como el que se describe en la demanda. El contrato en sí, por su-puesto, no está ante nos. No deseamos dar la impresión de-que estamos anticipando cualquier cuestión que pueda surgir cuando éste sea ofrecido como prueba.

En vista de las conclusiones a que hemos llegado es inne-cesario que resolvamos ahora la constitucionalidad de la dis-posición contenida en la sección 135 respecto a contratos celebrados fuera de Puerto Rico. Es posible que la consti-tucionalidad de esa disposición, según la hemos interpretado, no esté enteramente libre de dudas. Si no se interpreta de-la manera en que lo hemos hecho, la constitucionalidad de ella sería, para decir lo menos, dudosa en extremo. Véanse British-American Portland Cement Co. v. Citizens’ Gas Co., 164 S.W. 468, Ann. Cas. 1915C 151, 165; International Text Book Co. v. Pigg, 217 U.S. 91; Annotated Cases 1914A 702, 706, 709; Allgeyer v. Louisiana, 165 U. S. 578; Mass. Bonding & Ins. Co. v. Home Life & Acc. Co., 178 S. W. 314; Willis v. Willis, 75 N.E. 658; David Lupton’s Sons v. Auto Club of America, 225 U. S. 489; Ann. Cases 1914A 699; 32 A.L.R. 636; 92 A.L.R. 932, 934; 1 A.L.R. 1665; Kansas City Life Ins. Co. v. Elmore, 226 S.W. 709; Graysonia Ry. Co. v. Newberger Cotton Co., 282 S.W. 975; Bothwell v. Buckbee, Mears Co., 275 U. S. 274; 32 C. J. 997.

La sentencia apelada debe ser revocada y el caso devuelto para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Ramón Montaner, en su carácter de Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurrente, v. La Comisión Industrial de Puerto Rico, compuesta por los Sres. Manuel León Parra, Presidente, F. Paz Granela y Juan M. Herrero, Comisionados Asociados, recurrida, y Fructuoso Serrano, obrero peticionario apelante ante la Comisión Industrial.
    Núm. 10.

    Sometido: Mayo 17, 1937.

      Resuelto: Julio 16, 1937.

      Son. Procurador General B. Fernández García, Emilio de Aldrey, Bubprocurador y Luis Negrón Fernández, abogado del Fondo del Estado, abogados del recurrente; M. León Parra, abogado de la recurrida; Hartzell, Kelley & Hartzell y Rafael O. Fernández, abogados del patrono, interventor;
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El obrero Fructuoso Serrano compareció ante la Comisión Industrial de Puerto Rico alegando que el día 24 de septiem-bre de 1936, mientras trabajaba en el muelle de su patrono Tbe New York & P. R. SS. Co. sufrió una lesión en el dedo pequeño de la mano izquierda, y se quejó de que durante el período de su incapacidad para el trabajo, el administrador del Fondo del Estado le liquidó sus dietas a base de semanas de seis días, en vez de siete días.

Por resolución del día 5 de marzo de 1937 la Comisión resolvió que el obrero Fructuoso Serrano tenía derecho a recibir como compensación semanal “la mitad del jornal que percibía el día del accidente, durante los siete días que cons-tituyen una semana, por el período que estuvo incapacitado para trabajar, no excediendo esta compensación semanal de diez dólares de acuerdo con el inciso 2 del artículo 3 de la Ley 45 de abril 18 de 1935.” El 13 de marzo solicitó el administrador del Fondo del Estado la reconsideración de dicha resolución, y el 17 del mismo mes le fué denegada, por lo que ha radicado ante este Tribunal Supremo una solicitud de revisión.

El párrafo segundo del artículo tercero de la Ley núm. 45 de 18 de abril de 1935 (Leyes de 1935, (1) pág. 251) provee el pago de compensaciones a obreros por incapacidades de carácter temporal o transitorio, en la forma siguiente :

“INCAPACIDAD TRANSITORIA. — 2. Si la incapacidad fuerte de ca-rácter temporal o transitoria a una compensación de la mitad del jornal que percibía el día del accidente, o que hubiere de percibir a no ser por la ocurrencia del accidente, durante el período de in-capacidad para el trabajo, pagadera por semanas vencidas. El pe-ríodo de tal pago no excederá en ningún caso de ciento cuatro (104) semanas; Disponiéndose, que en ningún caso se pagará más de diez (10) dólares ni menos de uno y medio (1%) dólares semanales; Y disponiéndose, además, que no se concederá compensación alguna por los primeros siete (7) días subsiguientes a la fecba en que el obrero o empleado se presente al médico para recibir tratamiento.”

Para regular el pago de esas compensaciones a partir del día 10 de agosto de 1936, el administrador del Fondo del Es-tado dirigió a sus subalternos, los jefes de reclamaciones, de la división médica y de contabilidad, una orden que transcrita literalmente dice así:

“Aquellas compensaciones por incapacidad parcial transitoria, o sea dietas, así como compensaciones por inapacidad parcial perma-nente y total permanente que tengan como base el período de incapa-cidad para el trabajo, serán graduadas y otorgadas a base de los 6 días laborables de una semana, excepto en aquellos casos en que ha-biendo mediado un convenio expreso de servicio por los 7 días de la semana, resulte evidente que el obrero lesionado estuvo incapacitado para trabajar durante tal período.”

De los autos originales que ban sido elevados aparece que el día 24 de septiembre de 1936, Fructuoso Serrano ganaba un jornal de treinta centavos por bora que multiplicado por ocbo boras diarias de trabajo, subía a $2.40 per diem. A tenor de lo dispuesto por el administrador en su regla ya citada, Serrano recibió una compensación semanal de $7.20 durante el período de su incapacidad, o sea la mitad del jornal que percibía el día del accidente, a razón de seis días en semana. Pero él sostiene que tenía derecho a dietas durante los siete días de la semana porque su caso está comprendido dentro de la excepción contenida en la orden del adminis-trador, pues entre las compañías navieras y la Unión de Ma-rinos Número 1 de San Juan, de la cual él forma parte, existe un convenio colectivo, copia impresa del cual fue admitida por la Comisión en evidencia, que le obliga a trabajar durante los siete días de la semana, o a estar listo para trabajarlos en caso de ser requerido para ello. Reclama, por tanto, las dietas dejadas de percibir, a saber, la diferencia entre $8.40 —cantidad semanal que alega tenía derecho a percibir — y $7.20, — cantidad' que semanalmente recibía, — por el número de semanas que duró su incapacidad. El recurrente entiende que al así decidir el caso la Comisión, incurrió en los errores que a continuación se transcriben:

“Primero. — La Comisión Industrial cometió error al entrar a considerar y al invalidar la regla general del Administrador del Fondo del Estado en cuanto a la forma de computar las compensaciones por incapacidad transitoria (dietas), ya que en ningún momento fué dicha regla impugnada por los apelantes, sino que por el contrario, fué confirmada por éstos al alegar estar incluidos en la excepción que dicha regla reconoce para aquellos casos en que un obrero tra-baja los siete días de la semana debiendo dicha resolución contraerse y limitarse a resolver la cuestión planteada por,,los apelantes y que constituyó el punto en controversia (issue) del caso, tal como aparece de las alegaciones (pleadings) de ambas partes.
“Segundo. — Sin hacer renuncia de la cuestión planteada en el primer señalamiento ele error, y asumiendo (lo que siempre se niega) que la Com'isión actuara dentro de su jurisdicción al dictar la reso-lución de referencia, ésta es errónea y contraria a derecho en tanto en cuanto se refiere a, y con relación al pronunciamiento de que todas las compensaciones semanales por incapacidad total transitoria (die-tas) deben computarse a base de los siete (7) días que componen una semana natural, toda vez que dicha compensación debe computarse de acuerdo con la ley, a base del período de incapacidad para el tra-bajo, por lo cual la unidad para tal cómputo debe ser la semana de trabajo consistente de seis (6) días laborables, y no la semana natural.
“Tercero. — La Comisión cometió error al resolver que Fructuoso' Serrano tiene derecho a recibir compensación (dietas) a base de los siete (7) días de la semana, porque, no trabajando efectivamente (actually) dicho obrero los siete días, no está incluido en la excepción establecida por el administrador en su regla,- y el Convenio Colectivo existente entre la ‘Unión de Trabajadores de Muelles’ y el patrono no puede surtir tales efectos.”

La Comisión Industrial de Puerto Rico llegó a una co-rrecta resolución del caso, pero los fundamentos que sirven de base a su decisión son erróneos y están en conflicto con la ley y la jurisprudencia. Por eso creemos que es nuestro deber discutir los errores señalados y resolverlos de manera que quede sentada de una vez la interpretación que debe darse al estatuto.

Dice la Comisión que, a su juicio, “no se requiere que baya un convenio entre obrero y patrono disponiendo que el obrero tiene que trabajar los siete días de la semana para-que el obrero tenga derecho a recibir su compensación semanal de la mitad del jornal que ganaba al día del accidente y durante el período de incapacidad para el trabajo durante los siete días de la semana natural. Entendemos que si el obrero trabaja dos o tres días en una semana y como consecuencia de un accidente se incapacita para continuar trabajando, el mismo tiene derecho a recibir durante siete días que consti-tuye la semana, la mitad del jornal que recibía a la fecha del accidente.” La Comisión basa su interpretación del estatuto en la siguiente argumentación:

“Primero. — AI elo definir la ley la palabra ‘semana,’ debe en-tenderse que qu'iso el legislador darle aquel significado que le da el diccionario de la Lengua Española de la Real Academia (décimo-quinta edición), a saber: ‘Serie ele siete días naturales consecutivos, empezando por el domingo y acabando por el sábado.’
“Segundo. — En qu!e el mismo inciso segundo del artículo 3 dis-pone que el obrero tendrá derecho a compensación ‘durante el pe-ríodo de incapacidad para el trabajo.’
“Tercero. — En que el inciso 2 del artículo 3 de la ley fija el pe-ríodo de espera (waiting ‘period) en siete días, así: ‘.. .Y disponién-dose■, además, que no se concederá compensación alguna por los pri-meros siete (7) días subsiguientes a la fecha en que el obrtero o em-pleado se presente al médico para recibir tratamiento.’
“Cuarto. — En que es de equidad que el obrero reciba compensa-ción por siete días, porque esto ‘ cubre no sólo todos los derechos de ac-ción que corresponden al obrero lesionado, sino que esa compensación cubre también el sufrimiento, así como la pérdida de salario,’ y este sufrimiento ‘no puede limitarse a seis días en una semana para re-cibir compensación, por el hecho de que él no hubiese trabajado nada más que seis días en la semana’.”

Examinemos las disposiciones de la ley que ha tomado la Comisión como índices de la intención legislativa. En cnanto a la primera, podría admitirse a los efectos de esta argumen-tación, que la palabra “semana,” usada en la frase “paga-dera por semanas vencidas,” significa, sin resolverlo, “serie de siete días consecutivos ...” etc. La única luz que con ello recibiríamos sería con relación a nna frase qne dispone cuándo ban de efectuarse los pagos por compensación y no durante cuántos días a la semana tiene el obrero derecho a recibirla. En otras palabras, el obrero puede recibir cada siete días vencidos, la compensación a que se refiere la ley, computada a razón de seis días en semana. Aun aceptando la definición que de la palabra “semana” da el diccionario, no encontramos que exista relación alguna entre el número de días compensables y el momento de efectuarse los pagos que nos baga concluir que porque éstos se bagan cada siete días deba también compensarse igual número de ellos (Rylander v. T. Smith & Son, Inc., 149 So. 434). La solución debemos buscarla en la frase “. . . a una compensación de la mitad del jornal que percibía el día del accidente . . . durante el período de incapacidad para el trabajo,” y no en la sugerida por la Comisión, que nada tiene que ver con la-controversia según ba sido ésta planteada.

La última parte de dicba frase fué considerada por la Comisión como interpretativa del número de días compen-sables, pero en vez de servirle de pauta para fijar en seis el número de aquéllos, le sirvió para resolver, equivocadamente a nuestro juicio, que aun en ausencia de un convenio para trabajar siete días, el obrero tiene derecho, en caso de incapa-cidad de carácter temporal o transitoria, a compensación durante los siete días de la semana. Veamos por qué es equivocada esa interpretación. De los siete días de que consta la semana, sólo seis son laborables. Ello no obstante, y como excepción, hay industrias en que también se trabaja los domingos. Cuando el obrero sufre una incapacidad de carácter temporal o transitoria, tiene derecho a una compeiir-sación de la mitad del jornal que percibía el día del accidente, o que hubiera de percibir a no ser por la ocurrencia del acci-dente, durante el período de incapacidad para el trabajo. Compensar, en su primera acepción, según el diccionario de la Lengua Castellana, décimosexta edición, quiere decir “Igualar en opuesto sentido el efecto de una cosa con el de otra.” En su segunda acepción, “Dar alguna cosa o hacer un beneficio en resarcimiento del daño, perjuicio o disgusto que se fia causado.” Si la incapacidad ocurre en una indus-tria que guarda el domingo como día de descanso, resulta que el obrero sólo está incapacitado seis de los siete días de que consta la semana, porque el séptimo no hubiera podido tra-bajarlo aun sin estar incapacitado. En esas circunstancias, de tener derecho a paga durante siete días, no sería, como exige la ley, una compensación lo que recibiría. No es como consecuencia de la incapacidad que queda el obrero privado de trabajar siete días; no se le estaría resarciendo de un daño, perjuicio o disgusto.

En igual sentido abunda la jurisprudencia. En el caso de King v. American Tank & Equipment Corporation, 144 So. 283, 289, la Corte de Apelaciones de Louisiana (Segundo Circuito), se expresó así:

“Un obrero que se incapacita accidentalmente y cuyo caso cae bajo los preceptos de la Ley de Compensaciones de Louisiana, tiene derecho a compensación basada sobre su jornal diario multiplicado por seis, generalmente el número de días laborables en la semana, haya estado o no empleado por un número de días menor y tan sólo en aquellos casos en que real y efectivamente ha estado empleado du-rante siete días a la semana es que tiene derecho (a compensación) por más de seis días a la semana.”

El Juez Ott, de la Corte de Apelaciones de Louisiana, Primer Circuito, dijo en la opinión del caso de Ogea v. W. Horace Williams Co., 165 So. 345, 347:

“El demandante ganaba 40 centavos por hora por días de ocho horas. En ausencia de alegación y prueba de un contrato especial de arrendamiento (de servicios) la base normal de compensación para un obrero incapacitado debe calcularse a razón de seis días en semana. Rylander v. T. Smith & Son, Inc., 177 La. 716, 149 So. 434; Calhoon v. Meridian Lumber Co., Inc., 180 La. 343, 156 So. 412. Sobre esa base el demandante tiene derecho a compensación a razón de 65 por ciento de un jornal semanal de $19.20, o sea $12.48.
“Sostienen los demandados que la compensación debe basarse en semanas de cinco días, ya que del testimonio del demandante aparece que estaba trabajando sólo cinco días en semana cuando se incapa-citó; que trabajaba entonces bajo el código de la N.I.R.A., que fue declarada inconstitucional. Pero se alega que la semana de cinco días •■debe hacerse la base de compensación independientemente del código de la N.I.R.A. por la razón de haber declarado el deman-dante que sólo trabajaba cinco días por semana. Sin embargo, como los demandados no han aducido en su contestación condición especial alguna de empleo, la corte no se siente en libertad de considerar ninguna otra que la normal de seis días en semana. Como la semana normal es de seis días, cualquier contrato que varíe el número de días laborables en semana, será una defensa especial y deberá ser ale-gada especialmente. La corte inferior fijó correctamente la compen-sación en $12.48 semanales.”

En Reynolds v. Forcum-James Co., 162 So. 211, se computó la compensación del obrero a base de seis días en semana.

“La demandada . . . alegó que la suma que realmente adeudaba al demandante no era la de $10.50 como él sostenía, sino la de $6.82...
“Con relación a la cantidad adeudada al demandante por com-pensación, encontramos que a Bennie Reynolds se le pagaban 17% centavos por hora, por días de 10 horas, o sea $1.75 al día; que al-gunas veces trabajaba durante la noche, por cuya labor nocturna re-cibía una compensación similar. Pero su salario diario era de $1.75, o sea $10.50 semanales, y bajo la ley de compensaciones tiene dere-cho a percibir el 65 por ciento de esa suma, a saber $6.82 por se-mana. Ley núm. 20 de 1914, sección 8, subdivisión 3, siegún fué en-mendada por la Ley núm. 216 de .1924 (pág. 114); Rylander v. T. Smith and Sons, Inc. (La. App.) 145 So. 64; Id., 177 La. 716, 149 So. 434; Preston v. Ramoneda Bros. (La. App.) 152 So. 81.”

Véanse a los mismos efectos Russo v. Southern Kraft Corp. (La. App.) 144 So. 764 y 71 Corpus Juris página 796, sec. 520, donde se dice que:

“Aunque la base es generalmente una semana de seis días, a pesar de que el obrero haya estado empleado por un período más corto, puede ser una semana de siete días cuando real y efectivamente esté empleado para trabajar siete días.”

Obsérvese que la ley ele Louisiana, como la nuestra, basa la compensación a qne el obrero tiene derecho en el jornal que percibía el día del accidente. De ahí qne hayamos citado, con preferencia a otras, decisiones de dicho Estado. Pero como dice el recurrente, aun. en los estados cuyas leyes hacen depender la compensación del promedio semanal de jornal, éstas se computan a base de semanas de seis días. Véase: Wood & Co. et al. v. Maxwell et al., (Oklahoma) 11 P. (2d) 524.

Lo anterior nos lleva a la conclusión de que la compen-sación del obrero está limitada a los seis días laborables de una semana, excepto en aquellos casos en que media un con-venio para trabajar los siete. La regla del administrador del Pondo del Estado se ajusta a la doctrina establecida por la jurisprudencia de otros estados con estatutos similares a los nuestros, jurisprudencia que por parecemos sana y justa creemos debe establecerse también en esta jurisdicción. La Comisión debió acatar y hacer efectiva dicha reglamenta-ción.

No es óbice para ello que el inciso segundo del artículo tercero de nuestra Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo fije el período de espera (waiting period) en siete días. Esa disposición no es en forma alguna indicativa del número de días compensables en semana. Ese período varía en las diversas leyes sobre el particular, y fluctúa entre 3 días y 3 semanas. Schneider, “The Law of "Workmen’s Compensation,” vol. 2, pág. 1330, sec. 399. Su propósito es impedir que obreros poco escrupulosos, so pretexto de una lesión insignificante o imaginaria, obtengan algunos días de vacaciones a media paga. La misma obra, página 1331. Como puede verse, sería absurdo tomar tal disposición como .índice del número de días compensables.

Cree la Comisión que el sufrimiento de un obrero no puede limitarse a seis de los siete días de una semana, por lo .que sería justo y equitativo que en casos de incapacidad reci-Mera compensación por todos. Es muy humano pensar así, pero no debemos olvidar que la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo no tiene como base el sufrimiento de un obrero a los efectos de la compensación, sino la mitad del jornal que percibía el día del accidente, cubra o no aquél todos los efectos de la incapacidad.

“. . . La ley de compensaciones a obreros no es un estatuto que-concede daños al obrero por lesiones sufridas en el curso de su em-pleo a pesar de la culpa o negligencia de su patrono. Es esencial-mente un seguro contra pérdida o disminución de su capacidad ad-quisitiva. . . Esa capacidad adquisitiva fué antes determinada, a vir-tud de la ley original, como el ‘promedio semanal del jornal' durante el año anterior a la incapacidad; boy se determina, a virtud de la-enmienda a la ley, por el jornal diario ... al tiempo de la incapa-cidad.” Rylander v. T. Smith & Son, Inc., 149 So. 484.

El tercer error plantea dos cuestiones: una, la desi Fructuoso Serrano trabajaba real y efectivamente siete días a la semana; la otra, que el convenio colectivo existente entre la Unión de Trabajadores de Muelles y las compañías navieras no puede surtir tales efectos. La primera es una cuestión de hecho que no estamos autorizados a revisar en este procedimiento y debe, por tanto, desestimarse. La segunda nos lleva a considerar el alcance del contrato, copiadel cual fué ofrecida y admitida en evidencia.

Dice el peticionario que dicho convenio “no es un contrato-de arrendamiento de servicios, sino un convenio referente a, y regulador de la escala de retribución por servicios a pres-tar, más ciertas condiciones generales relacionadas con el trabajo y cuya unidad de servicios es la hora de trabajo, y sin que haya término de duración del trabajo a realizar.” Creemos innecesario transcribir aquí todas las cláusulas del convenio. Basta decir que, a nuestro juicio, si por sus tér-minos no obliga a los obreros agremiados a la Unión de Ma-rinos Num. 1 a trabajar los siete días de la semana, cuando menos les hace estar preparados para trabajarlos, que es todo» cuanto requiere la ley y la jurisprudencia aplicables.

El propio recurrente parece dudar de los méritos de su contención, al decir en la solicitud que:

“Es por eso que si la Comisión hubiera limitado su resolución al punto en controversia sobre los obreros de los muelles, no estaría-mos exponiendo ante este Hon. Tribunal lo improcedente de una carga injusta sobre el Fondo del Estado, toda vez que en aquel caso se hubiera limitado la controversia a interpretar la ley a la luz de las circunstancias especiales en que trabajan los obreros de los mue-lles.”

Por las razones expuestas en esta opinión, dehe confir-marse la resolución recurrida tan sólo en su parte disposi-tiva, donde resuelve “que el obrero Fructuoso Serrano tiene derecho a recibir como compensación semanal la mitad del jornal que percibía el día del accidente, durante los siete días que constituyen urna semana, por él período que estuvo inca-pacitado para trabajar, no excediendo esta compensación semanal de diez dólares de acuerdo con él inciso 2 del artículo 3 de la Ley 45 de abril 18 de 1935.” El resto de la resolu-ción se emula y- ¡deja sm efecto, por estar ¡m conflicto con la interpretación que hemos dado al estatuto.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.