author: El Juez Asociado Sb. Wolf,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Colberg, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez, en cansa por delito de calumnia.
    No. 1048.
    Resuelto en diciembre 21, 1916.
    Calumnia — Acusación—Moción para- que se Haga Más Específica la Acusa-ción — Defensa.—Generalmente es suficiente lina acusación por delito de ca-lumnia si en ella se alega la fecha y lugar en que se pronunciaron las palabras; y qiroeede que se desestime una moción en que se solicita que se haga más específica la acusación alegándose qué clase de mitin o acto se llevaba a cabo y cuál era su objeto, cuando dicha moción no está sostenida por afidavitsr ni se demuestra que su concesión es necesaria para una debida defensa.
    Id. — Interpretación de las Palabras Pronunciadas. — Cuando las palabras usa-das por un acusado son, al ser oídas por un circunstante de entendimiento’ ordinario, razonablemente susceptibles de ser interpretadas en sentido de que-imputan un delito, el acusado es culpable de haber proferido una calumnia; siendo el principio que gobierna esta regla aplicable lo mismo a casos civiles que criminales.
    Id. — Explicación del Significado de las Palabras (Innuendo) — Cuestión de Hecho. — Si las palabras que imputan un delito no son ambiguas, es el deber de la corte declararlas libelosas per se; pero cuando tales palabras son ambi-guas, una explicación de su significado difamatorio (innuendo) puede hacerse necesaria, dejando al juez, como cuestión de hecho, el estimar si ellas fueron así entendidas, pudiendo sin embargo probar el aeusado en el juicio, cuando las palabras son aparentemente inequívocas, que las usó inocentemente.
    Id. — Gobernador—Policía Insular — Soborno.—En este caso las palabras esen-ciales imputadas en el primer cargo fueron: “El manganzón del Gobernador Yager en la huelga pasada se vendió con el capital." Se resolvió: que esas palabras, por sí solas, y para el entendimiento de cualquier persona serían razonablemente interpretadas en el sentido de que imputan al Gobernador Yager el delito de haber recibido algún beneficio, provecho u ofrecimiento, como se define el delitb de soborno en el Código Penal, y por tanto hacen culpable al aeusado del delito de calumnia previsto en-el artículo Io. de la. ley de marzo 9, 1911.
    Id. — Id.—Acometimiento y Agresión — Partícipes en el Delito. — En el segundo cargo se repiten las palabras del primero y se añade: “y autorizó a la policía a cometer abusos y macanear a los infelices trabajadores * * Se decidió: que dichas palabras también imputan un delito adicional de acometi-miento y agresión. De acuerdo con la seeción 7 de la Ley de la Policía Insular, el Gobernador es el Jefe del Cuerpo, y por consiguiente, si autorizó' a la policía a cometer los abusos que se atribuyen fué un parliceps criminis en la comisión del delito, lo que constituye un misdemeanor.

    Id. — Cargos Distintos — Excepción Perentoria General. — Cuando como en este , caso, contra una acusación que contiene dos cargos se dirige una excepción perentoria general, y el primer cargo es suficiente, el acusado no sufre per-juicio en la desestimación de la excepción, aun cuando el innuendo del segundo cargo fuera algo imperfecto.

      Id. — Cortes de Distrito — Jurisdicción'—Misdemeanor.—Las Cortes de Distrito tienen jurisdicción original tanto en casos de felony como de misdemeanor.

    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Abraham Peña, y Feliu & Alemañy.

   El Juez Asociado Sb. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El acusado y apelante fné declarado culpable del delito de calumnia y condenado a sufrir tres meses de cárcel. La acusación contenía dos cargos, pero la sentencia es general y no existe nada que indique que el acusado fué absuelto en ninguno de los cargos.

El primer error de que se queja el apelante es el haber denegado la corte una moción para que se hiciera más espe-cífica la acusación. Un poco más adelante en esta opinión citaremos literalmente la referida acusación. Se alega en ella que las palabras fueron pronunciadas en cierto deter-minado lugar y la idea del apelante, era la de que la acusación debía expresar qué clase de mitin o acto se llevaba a cabo, y con qué objeto se celebraba dicho mitin, y que el apelante necesitaba estos hechos para defenderse debidamente de la acusación. La moción fué a manera de una petición intere-sando que se especifiquen los hechos de la acusación (bill of particulars), pero no estaba sostenida por ningún affidavit o referencia a la acusación que de algún modo hiciera obli-gatoria la concesión de un bill of particulars. Generalmente una acusación es suficiente en una causa por calumnia, si en ella se alega la fecha y el lugar en que las palabras fueron pronunciadas. A falta de mejor alegación por parte del acu-sado no hubo error o abuso de discreción al denegar la mo-ción. El juicio reveló además el hecho de que el acusado estaba y siempre había estado bien informado de la natura-leza. y clase de mitin a que se refería la acusación.

Habiéndose desestimado la moción, el acusado formuló excepción basada en tres razones: (1) Que los hechos ale-gados y expuestos en dicha acusación no son constitutivos de delito alguno; (2) que la acusación es ambigua, por cuanto en ella no se expresa si la imputación lieclia por el acusado se hizo a Arthur Yag’er, en su carácter oficial, o en su carácter individual; (3) que la corte inferior no tenía jurisdicción originaria para conocer del caso.

La acusación fue la siguiente:

“El Eiseal formula acusación contra Félix Colberg, por un delito de calumnia, misdemeanor, cometida dicha infracción en la forma siguiente:
“El citado acusado Félix Colberg, allá en las primeras horas de la noche del día 10 de enero de 1916 y en la plaza del pueblo de Añasco, P. R., territorio de la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Mayagüez, P. R., maliciosa, voluntaria, falsamente y con la inten-ción criminal de causar deshonra, descrédito y menosprecio, o imputar al Hon. Gobernador de Puerto Rico, Arthur Yager, la comisión de hechos constitutivos de delito dijo de palabra y públicamente, y en un mitin que se celebraba en dicha noche en la ya citada plaza del pueblo de Añasco, y en contra de la reputación del Hon. Gobernador Arthur Yager, ‘el manganzón Gobernador Yager en la huelga pasada se vendió con el capital,’ e imputando así al Hon. Gobernador Yager, un delito de soborno.
“Y el Fiscal además alega que:
“El citado acusado Félix Colberg, allá en las primeras horas de la noche del día 10 de enero de 1916, y en la plaza pública del pueblo de Añasco, P. R., territorio de la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Mayagüez, P. R., y con motivo de un mitin que se celebraba en dicha plaza, maliciosa, voluntaria, falsamente y con la intención criminal de deshonrar, desacreditar y menospreciar al Pión. Gober-nador de Puerto Rico, Arthur Yager, le imputó de palabra y pública-mente, la comisión de hechos constitutivos de delito, diciendo: ‘ El manganzón Gobernador Yager, en la huelga pasada se vendió con el capital y autorizó a la policía a cometer abusos y macanear a los infelices trabajadores; explotador del pueblo de Puerto Rico, que se fué para los Estados Unidos antes que empezara la huelga agrícola, temeroso a ser raspado del cargo que desempeña; dejando a Tra-vieso encargado de la isla, chiquillo que no sabe lo que tiene entre manos, y que también como Mr. Yager, se deja manejar por el capital, permitiendo que el país sea explotado por los manganzones y dés-potas explotadores.”

Los artículos 1, 2 y 3 de la ley para definir y castigar el delito de calumnia, aprobada en 9 de marzo de 1911, son los siguientes:

“Artículo 1. — Se entiende por calumnia, toda falsa y maliciosa imputación hecha de palabra y públicamente contra otra persona natural o jurídica, imputándole la comisión de hecho constitutivo de delito.
“Artículo 2. — Entiéndese también por calumnia toda palabra o concepto proferido maliciosa y públicamente en deshonra, descrédito, menosprecio de otra persona natural o jurídica.
“Artículo 3. — Se presumirá maliciosa y será calumnia procesable toda expresión calumniosa hecha públicamente en presencia o en ausen-cia de la persona agraviada.”

' El Fiscal de este tribunal sostuvo que las palabras pro-nunciadas constituyen un delito de acuerdo con el artículo 1 de dicha ley de marzo 9, 1911, puesto que en ellas se imputaba un delito al Gobernador Yager, pero al final de su alegato también sostuvo que el artículo 2 sería de aplicación. Ahora bien, aunque es verdad que algunas de las palabras de cual-quiera de los cargos pueden ser consideradas como un “relato” o “informe proferido” de acuerdo con el artículo 2, como se ha discutido y definido en el caso de El Pueblo v. García, 21 D. P. R. 163, no creemos, sin embargo, que la acusación está sujeta a esta última interpretación. Dicha alegación no tiene por objeto emplear ninguna de las pala-bras del artículo 2, siendo enteramente distinto el decir que las palabras pronunciadas por un hombre lo fueron en des-honra, descrédito o menosprecio de otra persona, como prescribe el estatuto, y que tuvo él la intención de causar de tal modo deshonra, descrédito o menosprecio. En una acusación en que las palabras, algo parecidas a las de este caso pudieran ser susceptibles de ser consideradas en deshonra, descrédito o menosprecio de una persona, no debiéramos insistir en el hecho de que el Gobierno se ajustó a las palabras de la ley con demasiado rigor; pero que en este caso el Gobierno eli-gió proceder de conformidad con el artículo 1 y no con el artículo 2, aparece claramente indicado de un examen de ambos de los cargos contenidos en la acusación. En cada uno de ellos se denuncia al acusado por haber proferido pala-bras que constituyen o imputan la comisión de un delito o delitos por parte del referido Arthur Yager. La teoría de toda la acusación tiende a establecer un delito prescrito en el primer artículo de esa ley, y el acusado no tuvo conoci-miento de que hubiera la intención de acusarlo de acuerdo con el artículo 2 de la referida ley. Creemos, sin embargo, que las palabras usadas en el primer cargo imputan un delito.

La regla que ha de deducirse de las decisiones es la de que cuando las palabras empleadas por un acusado son sus-ceptibles razonablemente al oirlas un circunstante de enten-dimiento ordinario, de ser interpretadas en el sentido de que imputan un delito, el acusado es culpable de haber proferido una calumnia. Newell, sobre Libelo y Calumnia, página 304, párrafo 27, y asimismo las páginas 290 y siguientes, párrafos 1, 2 y siguientes; Hankinson v. Bilby, 16 M. y W. 442; Thompson v. Lewiston Daily Sun Publishing Co., 39 Atl. 556; Campbell v. Campbell, 11 N. W. 456, un caso excelente en que se revisan las autoridades: Zeliff v. Jennings, 61 Texas 458; Boehmer v. Detroit Free Press Co., 49 Mich. 7; Seller v. Jenkins, 97 Ind. 430; Ayers v. Toulmin, 74 Mich. 44; Goodrich v. Hooper, 93 A. D. 49. Véase la nota al caso de Nichols v. Daily Reporter Co., 116 A. S. R. 807. El principio que informa la regla es el mismo en casos civiles que en criminales. El Pueblo v. García, 21 D. P. R. 163.

Si no son ambiguas las palabras, es el deber de la corte declarar que son libelosas per se. Blagg v. Sturt, 10 Q. B. 907. English Ruling Case Law, tomo 9, página 123, y los casos en las notas, página 127. Las autoridades aquí citadas y algunas de las citadas sobre la primera proposición, de-muestran que cuando las palabras son ambiguas puede ser necesario el alegar la significación difamatoria de las pala-bras (innuendo) y dejar la cuestión al jurado o juez, según sea el caso, para que resuelva si fueron entendidas de tal modo’: En verdad que aun cuando las palabras aparente-mente no son ambiguas, las autoridades sostienen que el acu-sado puede probar en el juicio que las empleó inocentemente. Palou v. Ríos, 23 D. P. R. 363. Véase también el caso de McCarty v. Barrett, 12 Minn. 398, en el que se demostró en el juicio que la palabra “robar” no fué usada en su acepción criminal y así fué entendida.

Las palabras esenciales del primer cargo fueron “El manganzón Gobernador Yager en la huelga pasada se vendió con el capital.” Creemos que estas palabras por sí solas y para el entendimiento de cualquier persona serían razona-blemente interpretadas en el sentido de que imputan al Go-bernador Yager el delito de haber recibido algún beneficio, provecho u ofrecimiento, como se define el delito de soborno en varios artículos del Código Penal, y, por tanto, hacen culpable al acusado del delito previsto en el artículo Io. de la Ley de marzo 9, 1911.

El apelante alega que la palabra “capital” es una pala-bra genérica que equivale a “riqueza” y no tiene personi-ficación o significación material. Cuando un hombre dice que alguien se vendió con el capital, todo el mundo entenderá inmediatamente con esas palabras que se habla de los “capi-talistas ”; y si • se hace referencia a una huelga pasada, a los supuestos capitalistas o patronos en particular cuyos empleados estaban en huelga. En el caso de Boehmer v. Detroit Free Press Co., supra, se dijo que había sido obtenida una franquicia por medio de dinero, “boodle,” y se resolvió que había sido imputado un delito de soborno. Van Ingen v. The Star Co., I N. Y. App. Division, 429, fué un caso en el cual las palabras usadas eran “comprando votos” y no hubo duda de que la significación que quiso dársele a las mismas era la de comprando votantes. Aun cuando se con-sidere que las palabras son ambiguas, su significado difa-matorio (innuendo) quedó ciertamente explicado con decir que el acusado tuvo la intención de imputar el delito de so-borno, y con esta explicación la cuestión de si con dichas palabras se imputó o no un delito, era una cuestión de hecho en el juicio, como es una cuestión de hecho en el juicio, de acuerdo con las autoridades citadas, si las palabras usadas en realidad de verdad tenían la significación que natural-mente se les da.

En el segundo cargo se repiten las palabras del primero y se amplían. Creemos que también imputaban un delito adicional, puesto que se dice que Arthur Yager, Gobernador de Puerto Rico, autorizó a la policía a cometer delitos' de acometimiento y agresión. De acuerdo con la sección 7 de la Ley de la Policía Insular, el jefe de la policía en Puerto Rico es el Gobernador mismo, y por consiguiente 'si autorizó a la policía a cometer los abusos que a él' se le atribuyen, fué un partíceps criminis en la comisión del delito de macanear a los huelguistas, lo que constituye un misdemeanor según lo preceptúan las leyes relativas al acometimiento y agresión aprobadas en 1904. Si las palabras del segundo cargo fue-ron ambiguas, en dicho cargo también hubo una explicación imperfecta de su significación difamatoria (innuendo), al decir que las palabras usadas imputaban delitos contra el Gobernador de Puerto Rico. Si ese innuendo fué algo imper-fecto, suponiendo que el cargo sea ambiguo, pudo haber pro-curado que se hiciera más específico, por medio de una peti-ción directa con tal objeto. De todos modos si quedara alguna duda en cuanto a la suficiencia del segundo cargo, creemos que el acusado no sufrió ningún perjuicio con ,1a desestimación de la excepción perentoria general, la cual iba dirigida a la acusación en conjunto, y como ya hemos indi-cado, el primer cargo era suficiente.

Creemos que no importaba si las palabras de la acusación se dirigieron a Arthur Yager en su capacidad particular, o en su carácter oficial. No vemos que exista ambigüedad y en el alegato del apelante sólo se toca esta cuestión para ata-car el punto de no haberse hecho mención de que Arthur Yager era gobernador cuando se "pronunciaron las palabras calumniosas.

En el caso de El Pueblo v. Adorno, 17 D. P. R. 1102, se resuelve que la corte de distrito tiene jurisdicción tanto en casos de misdemeanors como de felonies.

El caso fue llamado a juicio y hubo prueba tendente a demostrar que el acusado usó las palabras que se le atribuyen, siendo su única defensa la negativa general que hizo de que esas fueran las mismas palabras, aleg’anclo que empleó otras menos ofensivas. Esta cuestión fué resuelta en su contra, y no vemos que haya habido parcialidad, pasión o prejuicio. Si surgiera alguna ligera duda con respecto a si las palabras usadas tenían la significación que se les dió, el segundo tes-tigo Francisco González, declaró en el sentido de mostrar que las palabras usadas fueron las de que el Gobernador se vendió para autorizar a la policía a que cometiera abusos con los huelguistas. No existe nada que demuestre que las palabras fueron usadas con un sentido inofensivo y la corte estuvo justificada en declarar culpable al acusado.

El acusado hizo otra moción para que se sobreseyera y archivara la acusación por varios defectos, la que en parte es una repetición de las cuestiones que ya hemos considerado y en parte de cuestiones que debieron haber sido alegadas antes del juicio, y no vemos que haya habido error.

El apelante también solicitó que caso de que la corte con-firme la sentencia, la pena de tres meses de cárcel debe ser modificada. De suponerse que las condiciones son normales y que no existe la excitación debida al estímulo de malos con-sejos, convenimos con el apelante en que los trabajadores en Puerto Rico son respetuosos, obedientes y acatadores de las leyes y qué por lo general no son violentos. Hasta ahora este tribunal no ha dejado de manifestarse enteramente en favor de la mayor libertad de palabra posible en esta isla, pero debe establecerse un límite en alguna parte y los jefes de trabajadores no siendo superiores a la ley tienen, como el resto de nosotros, que aprender a distinguir. En tanto en cuanto se mantengan dentro de los límites de la doctrina enunciada por este tribunal, recibirán entera protección en el'ejercicio de sus derechos legales; pero si eligen abusar del privilegio de que ahora gozan, pretenden llegar al fin que se(proponen sobre los derechos igualmente sagrados de los demás, y por medio del relato falso de hechos y de la difama-ción maliciosa del carácter, tratan deliberadamente de irritar las pasiones y ánimos de los trabajadores, no sólo contra sus patronos sino también contra los funcionarios necesarios para hacer cumplir la ley y el orden en esta isla,- entonces el máximum de la pena prescrita para el delito de calumnia parece sumamente benigno, y en tales circunstancias no pode-mos convenir en que la condena de tres meses de cárcel sea excesiva.

La sentencia de la corte inferior debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

license: Public Domain

text:
    De la Cruz, Recurrente, v. El Registrador de Ponce, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de Ponce denegando la inscripción de una escritura de venta judicial.
    No. 288.
    Resuelto en diciembre 21, 1916.
    Venta Judicial — Palta de Capacidad del Deudor — Bienes Gananciales — Li-quidación de la Sociedad de Gananciales. — Adquirida una finca por título oneroso, siendo casado el comprador, la adquisición tiene la cualidad de per-tenecer a la sociedad de gananciales con su esposa, de acuerdo con el artículo 1316 del Código Civil, y por tanto, aunque es el administrador legal de ella, no puede disponer de la finca siendo viudo sin que preeeda la liquidación ■de dicha sociedad, sin que obste para dieho efecto que la venta haya sido realizada por un marshal, porque hecha la escritura en nombre y represen-tación del deudor la falta de capacidad de éste y los obstáculos provenientes del registro afectan al marshal de igual modo que si el otorgante fuera, ol pi'opio deudor.
    Id. — Sociedad de Gananciales — Deudas Contraídas por el Marido — Demanda Presentada contra el Marido antes de la Liquidación de la Sociedad de Gananciales. — Si bien es cierto que según el artículo 1323 del Código Civil los bienes de la sociedad de gananciales responden de las deudas con-traídas por el marido durante el matrimonio, cuando resulta que la sociedad de gananciales estaba disuelta con anterioridad a la presentación de la demanda, y nada aparece en el documento que demuestre que la deuda cuyo pago se reclama fuera contraída por el esposo durante el matrimonio, ni que los bienes gananciales hayan de responder de ella, no pueden aplicarse éstos al pago de la deuda.
    Id. — Estado Civil — Circunstancias Personales — Defecto Subsanable.- — Aun cuando en una escritura otorgada por un marshal a nombre del deudor éste no comparezca en ella, es necesario que se consigne su estado civil y demás circunstancias personales, para conocer su capacidad para vender, constitu-yendo su omisión un defecto subsanable.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Leopoldo Tormos.

    El registrador recurrido Sr. Miguel Planellas no com-pareció.
   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Según certificación que obra en este expediente librada por el Registrador de la Propiedad de Ponce, aparece de sus-libros que Juan Torres Santos tiene inscrita a su nombre la finca No. 5349, la que adquirió por título de compra en el año 1903, cuando estaba casado; que en el año 1914 fué negada la inscripción de una hipoteca que sobre ella consti-tuyó cuando era viudo de Carmen Santos Ortiz, y que en mayo de 1915 también se negó la inscripción de otro docu-mento por el cual, manifestando ser viudo de Carmen Santos* vendió la mitad de dicha finca como perteneciente a él por su mitad de gananciales.

Posteriormente se presentó en el registro la escritura de 8 de junio de 1916, de la que aparece que iniciado pleito en la Corte Municipal de Ponce en diciembre de 1915 por Su-cesores de Manuel de la Cruz contra Juan Torres Santos en cobro de cierta cantidad" de dinero, se dictó sentencia con-denándole a su pago y librado mandamiento al márshal para su cumplimiento, éste vendió en remate público la mencio-nada finca a Manuel de la Cruz y en nombre del deudor le otorgó escritura de venta la que el registrador se negó a inscribir por los motivos que consigna al pie de ella y que copiamos:

“Denegada la inscripción del precedente documento porque de los antecedentes del registro resulta que Juan Torres Santos, el de-mandado, adquirió la finca rematada siendo casado, y su esposa Carmen Santos había muerto antes de iniciarse el procedimiento sin que conste que esa sociedad de gananciales haya sido liquidada ni apa-rezca de este documento que la ejecución se siguió contra el marido como administrador de dicha sociedad y para responder de’ obliga-ciones de la misma; y se tomó anotación de esta denegación por ciento veinte días al folio 40 vuelto del tomo 123 de Ponce, finca número 5349, anotación letra E, haciéndose constar el defecto sub-sanable de no expresarse en el documento el estado civil y demás cir-cunstancias personales del referido demandado Juan Torres Santos.”

'Contra esa resolución interpuso el comprador Manuel Cruz el presente recurso gubernativo con súplica de que la revoquemos.

Adquirida la finca en cuestión por Juan Torres Santos por título de compra cuando estaba casado, la adquisición tiene la cualidad de pertenecer a la sociedad de gananciales con su esposa de acuerdo con el artículo 1316 del Código Civil y por tanto, aunque es el administrador legal de ella, no puede disponer de la finca siendo viudo sin que preceda la liquidación de dicba sociedad, sin que obste para dicho efecto que la venta haya sido realizada por un agente judicial, porque hecha la escritura en nombre y representación del deudor la falta de capacidad de éste y los obstáculos pro-venientes del registro afectan al marshal de igual modo que si el otorgante fuera el propio deudor.

Es cierto que según el artículo 1323 del código citado, lo's bienes de la sociedad de gananciales responden de las deu-das contraídas por el marido durante el matrimonio, pero como en este caso resulta que la sociedad conyugal estaba disuelta con anterioridad a la presentación de la demanda y nada aparece en el documento que demuestre que la deuda cuyo pago se ordena fuera contraída por Torres durante el matrimonio ni que los bienes gananciales hayan de responder de ella, no puede aplicarse ese bien ganancial al pago de la deuda que se reclamó.

En cnanto al defecto siíbsanable consignado por el regis-trador de no expresarse en el documento el estado civil y demás circunstancias personales del deudor Juan Torres Santos, si bien éste no comparece en la escritura, como el marshal vende en su nombre, es necesario que se consignen dichas circunstancias para conocer su capacidad para ven-dar y es, por tanto, de aplicación la doctrina establecida en el caso de Cabrera v. El Registrador, 11 D. P. R. 273, que declara que su omisión constituye un defecto subsanable.

La nota recurrida debe ser confirmada.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Aguayo Hermanos & Co., S. en C., Peticionarios, v. Cuevas Zequeira, Juez de Distrito, Demandado.
    Solicitud para que se expida un auto de certiorari al Juez de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre pre-lación de crédito.
    No. 165.
    Resuelto en diciembre 22, 1916.
    Certiorari — Sentencia Cumplida — Palta de Finalidad Práctica. — Examinado el pleito original elevado en cumplimiento del auto de certiorari expedido por este tribunal, se observó que la sentencia de que se quejaba el peticionario había sido ya satisfecha por el mismo, y se resolvió que debía anularse el auto expedido y desestimarse la solicitud presentada por carecer de finalidad práctica la resolución que pudiera dictar esta corte.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los peticionarios: Sr. Antonio L. López.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Riscal.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un caso de certiorari. Presentada la solicitud se expidió el auto el 9 de noviembre de 1916, y en cumplimiento del mismo se elevó a esta Corte Suprema el pleito original seguido por Emilio R. Rovira v. Aguayo Hermanos et al., sobre prelación de crédito, en la Corte Municipal de Caguas, apelado luego para ante la Corte de Distrito de Humaeao. La queja del peticionario consistió en que la corte de distrito erró al desestimar el recurso por no haber el apelante radi-cado los autos en la secretaría, previo el pago de los derechos correspondientes.

Examinado el pleito original, resulta que la apelación fué desestimada en efecto por resolución de 2 de agosto de 1916 y, además, que la sentencia de la corte .municipal se ejecutó el día 12 del mismo mes y año, habiendo satisfecho el deman-dado la suma a que fué condenado y las costas.

Siendo esto así, la resolución que esta corte pudiera dic-tar, no tendría resultado práctico alguno. En tal virtud debe desestimarse la solicitud, anularse el auto expedido y devolverse el pleito original de que se ha hecho mérito a la indicada corte de distrito, a los fines procedentes.

Desestimada la solicitud y anulado el auto expedido.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sb. Wole,

text:
    López et al., Recurrentes, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Caguas inscribiendo con defecto subsanable un expediente posesorio.
    No. 296.
    Resuelto en diciembre 22, 1916.
    Espediente 'Posesorio — Asiento de Dominio en Contradicción con el I-Iecho de la Posesión — Devolución del Expediente para Ulteriores Procedi-mientos — Facultades del Registrador. — Cuando denegada la inscripción de un expediente jjosesorio y tomada anotación preventiva por la razón de haberse encontrado un asiento de dominio en contradicción con el hecho de la posesión justificada por la información, el registrador remite el expediente, con eerti-fieaeión del asiento mencionado al juez que la aprobó para ulteriores proce-dimientos de acuerdo con el artículo 393 de la Ley Hipotecaria y en virtud de esos procedimientos recae resolución confirmatoria del auto de aprobación y se ordena que se lleve a efecto la inscripción, tales procedimientos poste-riores están sujetos a la calificación del registrador, independientemente de 'su primera denegatoria de inscripción.
    Id. — Asientos Contradictorios en el Registro — Citación de las Personas con Derecho Sobre el Inmueble — Notificaciones por Correo. — El artículo 393' de la Ley Hipotecaria en relación con la regla 5“. del 391 de la misma ley, exige la citación personal, siempre que pueda hacerse, de las personas que por el asiento en contradicción con el hecho de la posesión justificada por la in-formación puedan tener algún derecho sobre el inmueble, no siendo la notifi-cación por correo el procedimiento equivalente.
    Id. — Pleitos Ordinarios Entre Partes — Limitación del Artículo 322 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil. — El artículo 322 del Código de Enjuiciamiento Civil está estrictamente limitado a los pleitos ordinarios entre partes y no se refiere a procedimientos de acuerdo con la Ley Hipotecaria.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los recurrentes: Sr. Andrés Mena.

    El registrador recurrido, Sr. Emigdio S. Ginorio, compa-reció en nombre propio.
   El Juez Asociado Sb. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Promovido ante la Corte Municipal de Caguas por Celes-tino, Sebastián, Ramón y Aurea López Becerra, expediente para acreditar la posesión de cierta finca rústica, dicha corte le impartió su aprobación por resolución de 8 de julio de 1916, habiéndose negado el registrador a verificar su inscrip-ción en el registro por haber encontrado en éste un asiento de dominio sobre la misma finca que estimó estar en contra-dicción con la posesión cuya inscripción se solicitaba.

En cumplimiento del artículo 393 de la Ley Hipotecaria remitió el registrador a la Corte Municipal de Caguas el expediente posesorio de que se trata con certificación del asiento mencionado, para que en consonancia con dicho ar-tículo, con citación y audiencia de las personas que en virtud ■de dicho asiento pudieran tener algún derecho sobre la finca, confirmara o revocara el auto de aprobación. La citación se hizo a los interesados por medio del correo, señalándoles ■el término de veinte días para ser oídos en el expediente, y no habiendo comparecido dentro de ese término la corte municipal por resolución de 2 de octubre, 1916, confirmó en todas sus partes la resolución anterior de 8 de julio y ordenó la inscripción del expediente posesorio.

El registrador verificó entonces la inscripción con el defecto subsanable de que en las últimas notificaciones a los anteriores dueños de la finca no se habían observado las for-malidades que previene el artículo 391 de la Ley Hipotecaria, y esa es la nota recurrida para ante esta Corte Suprema.

Dos cuestiones se presentan en este recurso: la primera -es si en la información posesoria es suficiente una notificación escrita, enviada por correo a los anteriores dueños de la pro-piedad en cuestión a los efectos del artículo 393 de la Ley Hipotecaria, sosteniendo los recurrentes que por virtud del artículo 322 del Código de Enjuiciamiento Civil y la larga práctica establecida, dicha notificación es adecuada, y soste-niendo el registrador lo' contrario fundado en las prescrip-ciones del artículo 391 de la Ley Hipotecaria, que exige en primer lugar la notificación personal cuando sea posible.

La segunda cuestión es que el régistrador se negó prime-ramente a inscribir el mismo expediente fundándose para ello en una razón distinta y jamás llamó la atención sobre el defecto subsanable anotado después. Si el recurrente está en lo cierto en cuanto a la segunda cuestión, sería obiter dictum el discutir la primera, de modo que consideraremos las cuestiones en orden inverso.

Aparece de la orden del juez municipal que al ser presen-tado primeramente el expediente en el registro el registrador denegó su inscripción tomando anotación preventiva por la única razón de haber encontrado un asiento contradictorio y los recurrentes insisten en que no habiéndose opuesto en-tonces reparo alguno. a las citaciones hechas por correo a los anteriores dueños, no puede hoy el registrador consignar el defecto subsanable apuntado. Tal alegación carece de im-portancia en el presente caso, pues el récord muestra que después de la anotación preventiva fué devuelto el expediente ,al juez municipal para ulteriores procedimientos, y que en virtud de esos procedimientos fué que recayó la resolución final de 6 de septiembre de 1916.

A tales procedimientos posteriores a la primera denega-toria de inscripción es que se refiere la nota recurrida, y creemos que el registrador estaba dentro de sus facultades al calificarlos como lo hizo.

Y lo menos que pudo hacer el registrador fué calificar de subsanable el defecto apuntado, pues si era insuficiente la notificación por correo no hubo notificación en absoluto y, por tanto, quedó incumplido el precepto del artículo 393 de la Ley Hipotecaria.

El artículo citado en la parte atinente dice así:

“Si (los registradores) bailaren algún asiento de adquisición de dominio o posesión no cancelado que esté en contradicción con el hecho de la posesión justificada por la información judicial, suspen-derán la inscripción, harán anotación preventiva si la solicita el inte-resado, y remitirán copia de dicho asiento al juez que haya aprobado la información.
“El juez, en su vista, y con citación y audiencia de las personas que por dicho asiento puedan tener algún derecho sobre el inmueble, confirmará o revocará el auto de aprobación, dando conocimiento en todo caso de la providencia que recayese al registrador, a fin de que en su vista lleve a efecto la inscripción o cancele la anotación pre-ventiva.
“Si las personas que hubieren de ser citadas estuvieren ausentes, se llevarán previamente a efecto las formalidades exigidas para la citación en la regla 5a. del artículo 391.”

El párrafo 5o. del artículo 391 establece las reglas que han de llenarse en las informaciones posesorias respecto a la cita-ción de los dueños de los terrenos colindantes o partícipes en la propiedad o derechos de una finca cuando estuvieren ausentes y se supiere su paradero, o cuando su paradero-fuere ignorado.

El artículo 393 que dejamos transcrito, relacionado con la regla 5a. del artículo 391, exige la citación personal siempre-que pueda hacerse, y dicho artículo jamás ha sido derogado. Meléndez v. El Registrador, 17 D. P. R.. 605.

El artículo 322 del Código de Enjuiciamiento Civil, que invocan los recurrentes en apoyo del recurso, dispone 3o siguiente:

“Artículo 322. — En los casos de remisión por correo, la notifica-ción o documentos deberán depositarse en la .administración de correos, dirigidos a la persona a quien hubiere de intimarse, o hacerse la entrega, a su oficina o residencia pagándose el franqueo, la notificación o la entrega de documentos queda cumplida al tiempo de hacerse el depósito en el correo, pero si dentro de determinado número de días después de hecho aquél, la parte contraria tuviere que ejercer un derecho o ejecutar un acto, el término, dentro del cual hubiere de ejercerse el uno o ejecutarse el otro, se entenderá ampliado un día por cada veinte y cinco millas que 'mediaran entre el lugar del depó-sito y el de la dirección; pero esta ampliación no deberá exceder de un término de treinta días.

Convenimos con el registrador en que el referido ar-tículo está estrictamente limitado a los pleitos ordinarios entre partes y no a un procedimiento de acuerdo con la Ley Hipotecaria. Es un principio muy conocido de interpretación que las disposiciones de la Ley Hipotecaria sólo pueden ser derogadas por una ley especial. Artículo 413 de la Ley Hipotecaria. Y convenimos además con el registrador en que los artículos 320 al 322 tienen por fin la notificación a las partes que ya están ante la corte. Hemos resuelto que un affidavit no es el equivalente del medio de prueba exigido por la Ley Hipotecaria para las informaciones posesorias. Meléndez v. El Registrador, supra.

De igual modo la notificación por correo no es el equiva-lente del procedimiento exigido por el artículo 391.

Debe confirmarse la nota.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison firmó conforme con la sentencia.


author: El Juez Presidente Sr. Hernandez,

text:
    Figueroa et al., Peticionarios, v. Sepúlveda, Juez de Distrito, Demandado.
    .Solicitud para que se expida un mandamiento de certiorari al Juez de la Corte de Distrito de Ponee en un juicio :sobre desahucio.
    No. 169.
    Resuelto en diciembre 22, 1916.
    Desahucio — Apelación—Arrendamiento—Fianza—Daños t Perjuicios — Cos-tas. — Las apelaciones en los juicios de desahucio deben interponerse en el término de cinco días contados desde la fecha de la sentencia, y cuando el desahucio se funda en el vencimiento del término del arrendamiento, es requi-sito indispensable para ejercitar el recurso de apelación la prestación de fianza para responder de los daños y perjuicios y de las costas de apelación, cuya fianza debe quedar formalizada dentro del término concedido para la ape-lación.
    Id.- — Jurisdicción—Nueva Fianza Prestada Fuera de Término. — Traspasa los límites de su jurisdicción un juez municipal que en un juicio de desahucio declara nula una fianza prestada para la apelación y concede un término al demandado para presentar nueva fianza en debida forma, y aprueba ésta después de haber transcurrido el término en que debió quedar formalizada dicha fianza.
    Términos Jurisdiccionales — Jurisdicción—Discreción Judicial, — El artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil no autoriza a ninguna corte para alterar términos jurisdiccionales.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del peticionario: Sres.. Alberto iS. y José A. Poventud.

    El juez demandado, Hon. Domingo Sepulveda, no com-pareció.
   El Juez Presidente Sr. Hernandez,

emitió la opinión del tribunal.

Francisco Fig-neroa Arroyo y Fidel Román Almodóvar ham presentado a esta Corte Suprema solicitud jurada jiara la expedición de un auto de certiorari al Juez de la Corte de Distrito de Ponce con motivo de procedimientos seguidos por dicha corte en recurso de apelación contra sentencia pro-nunciada por la corte municipal de dicha ciudad en juicio de desahucio promovido por los peticionarios contra José María Arias Ríos. El auto fué expedido y los procedimien-tos lian venido originales a esta corte para su revisión.

De esos procedimientos resulta:

(a) Que ante la Corte Municipal de Ponce presentaron demanda Francisco Figueroa Arroyo y Fidel Eomán Almo-dovar contra José María Arias y Eíos para el desahucio de una finca rústica de que los demandantes eran dueños y que el demandado venía poseyendo en arrendamiento por precio de $100 anuales y término de seis años, ya vencido en 11 de julio de 1916.

(b) Que celebrado el juicio, la Corte Municipal de Ponce dictó sentencia en 6 de septiembre de 1916 declarando con lugar la demanda de desahucio y ordenando que el deman-dado desalojara la finca dentro del término de veinte días luego de ser firme la sentencia.

(c) Que contra esa sentencia interpuso José María Arias en 8 de septiembre citado recurso de apelación para ante la Corte de Distrito de Ponce y al día siguiente presentó fianza prestada por Eicardo Arias y Eogelio Pérez Haro, quienes se obligaron a responder a los demandantes de los daños y perjuicios que pudieran sufrir con la apelación hasta la can-tidad de $200 señalada por la corte municipal, habiendo jurado ambos fiadores que eran contribuyentes por bienes raíces al Tesoro Insular por la suma de más de $3 y poseían bienes inmuebles no exentos de ejecución por valor de más de $300.

(d) Que los demandantes mediante moción de 14 de sep-tiembre de 1916 pidieron la nulidad de la fianza prestada, y la corte municipal en 4 de octubre dictó resolución decla-rando con lugar la moción pero concediendo al demandado cinco días a partir de la fecha expresada, 4 de octubre, para prestar fianza en 'debida forma y por la cantidad de $200.

(e) Que habiendo sido radicado por el apelante el récord de apelación en la Corte de Distrito de Ponce, los deman-dantes apelados presentaron moción a dicha corte en 6 de octubre para que se desestimara la apelación por falta de fianza, toda vez que la prestada había sido declarada nula como realmente lo era.

(/) Que eu 9 de octubre, o sea, tres días después de radi-cada la anterior moción y treinta y tres días después de pro-nunciada sentencia en el pleito de desahucio, el demandado apelante presentó Hueva fianza prestada por Ricardo Avias Ventura y Joaquín P. Valdivieso, hasta la cantidad de $200, para responder de los daños y perjuicios que a los deman-dantes causara la apelación y para responder además de las costas de la apelación, jurando uno y otro fiador que eran contribuyentes por cantidad mayor de $3 y poseían bienes inmuebles no exentos de ejecución por suma mayor de $300, en cuya fianza figuraba también el apelante José María Arias y Ríos obligándose en concepto de principal deudor.

{§) Que Ia corte por resolución de 24 de octubre de 1916 desestimó la moción a que nos hemos referido en los siguien-tes términos :

“Se trata de una moción del demandante y apelado para que se desestime la apelación.
‘ ‘Del récord del caso aparece lo siguiente: la Corte Municipal de Ponee dictó sentencia de desahucio contra el demandado el día 6 de septiembre de 1916. El demandado apeló de la misma el día 8 del mismo mes. El día 9 del mismo mes el apelante presentó su fianza de apelación por la suma de 200 dollars.
“Siendo defectuosa dicha fianza en algunas partes, el juez de la corte municipal, a petición del demandante, anuló (con fecha 4 de octubre de 1916) dicha fianza; pero concediendo al demandado y apelante cinco días para presentarla en debida forma y por la misma cantidad de 200 dollars.
“Y el día 9 de octubre quedó presentada la fianza en forma, la que fue aprobada por el juez de la corte municipal.
“Entendemos que no se ha causado ningún perjuicio al deman-dante. Antes al contrarío, sus derechos han quedado perfectamente asegurados y se han cumplido los fines perseguidos por el párrafo 2o. de la sección 12 de la Ley de Desahucio.
“Entendemos asimismo que en casos como el presente en que se incurrió en error al confeccionar la fianza, el juez municipal (a pesar de la apelación) tuvo facultad para obtener la subsanación y corrección de dicha fianza. (Rivera et al. v. Tous Soto, Juez de Distrito, 11 D. P. R. 96.)
“Y visto el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, la corte por la presente y en bien de la justicia, declara sin lugar la refe-rida moción de desestimación de la apelación. Ponce, P. R., octubre 24 de 1916. (Firmado) D. Sepúlveda, Juez del Distrito.”

Alega la representación de los peticionarios que la Corte ele Distrito de Ponce al dictar la resolución transcrita cometió error:

Io. Al declarar cumplidos los fines perseguidos en el pá-rrafo 2o. de la sección 12 de la Ley de Desahucio.

2o. Al declarar que el juez municipal tuvo facultad para permitir la subsanación y corrección de la fianza que había declarado nula en 4 de octubre de 1916.

3o. Al declarar sin lugar la moción sobre desestimación del recurso por entender aplicable al caso el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Examinemos los errores anteriormente apuntados a la luz de la ley aplicable al caso.

La ley de 9 de marzo de 1905 estableciendo el procedi-miento para el desahucio y fijando reglas para apelaciones en esta clase de juicios, en sus secciones 11a y 12a. consigna los siguientes preceptos:

“Sección 11. — Las apelaciones deberán interponerse en el término de cinco días contados desde la fecha de la sentencia.
‘ ‘ Sección 12. — No se admitirá al demandado el recurso de apela-' ción si no consigna en secretaría el importe del precio adeudado hasta la fecha de la sentencia, cuando el desahucio se funde en falta de pago de las cantidades convenidas.
“En cualquier otro caso será requisito indispensable para ejercitar el recurso de apelación por parte del demandado, que éste otorgue fianza, a satisfacción del tribunal, para responder de los daños y per-juicios que puedan irrogarse al demandante, y de las costas de la apelación.
“Tanto la consignación como la fianza de que habla la presente sección deberán quedar formalizadas dentro del término concedido por la apelación.”

La ley es clara y no necesita interpretación.

Las apelaciones en los juicios de desaliucio deben inter-ponerse en el término de cinco días contados desde la fecha de la sentencia; y en nn caso como el presente en que el desahucio se funda en el vencimiento del término del arren-damiento, es requisito indispensable para ejercitar el recurso de apelación la prestación de fianza para responder de los daños y perjuicios y de las costas de apelación, cuya fianza debe quedar formalizada dentro del término concedido para la apelación.

La apelación fué interpuesta dentro del término de cinco días marcado por la ley, pero el recurso es ineficaz en derecho por no haberse formalizado la fianza dentro de dicho término a satisfacción del tribunal, pues la fianza primeramente pres-tada dentro del término señalado por la ley fué declarada nula y la segunda fianza se prestó cuando ya había vencido aquel término.

El Juez Municipal de Ponce traspasó los límites de su jurisdicción al dictar la resolución de 4 de octubre de 1916 anulando la fianza prestada y concediendo al demandado cinco días a partir desde aquella fecha para presentar fianza en debida forma y por la cantidad de $200. Permitir la pre-sentación de esa nueva fianza era igual a permitir que la apelación fuera perfeccionada fuera del término fijado por la ley de desahucio, con infracción manifiesta de ella.

No se trata en el presente caso de fianza insuficiente, sino de fianza declarada nula. La segunda fianza que se prestó es nueva y distinta de la primera en sus elementos esenciales.

Y no es de aplicación el artículo 140 del Código de Enjui-ciamiento Civil que se refiere a casos enteramente distintos del presente, como lo revela su simple lectura. Ese artículo no autoriza a ninguna corte para alterar términos jurisdic-cionales. “Los preceptos legales atinentes a la jurisdicción de las cortes como son los relativos al término para inter-poner recurso de apelación, son de aplicación estricta y no

están sujetos a la discreción judicial.” Peréz v. Sucesión Collado, 19 D. P. R. 422.

Por las razones expuestas la resolución de la Corte de Distrito de Ponce de 24 de octubre de 1916, que declara sin lugar la moción de desestimación de la apelación contra la sentencia que dictó la corte municipal de dicha ciudad en 6 de septiembre de 1916, debe anularse, devolviéndose el caso a la expresada corte de distrito para ulteriores procedimien-tos que no sean incompatibles con esta opinión.

Con lugar la solicitud y anulada la resolu- ' ción que declara sin lugar la moción de desestimación de apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Audrey,

text:
    Castro, Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Sección Primera, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Primera, denegando la ins-cripción-de una escritura de compraventa.
    No. 298.
    Resuelto en diciembre 22, 1916.
    Inscripción de Títulos — Inscripción Previa a Favor del Vendedor — Anota-ciones Preventivas — Efecto de las Mismas. — No estando inscrita a favor del vendedor la finca de la cual se segrega y vende una porción, xirocede correctamente el registrador que se niega a inscribir tal venta, pnes el artículo' 20 de la Ley Hipotecaria exige para la inscripción de un título que previa-mente se baile inscrita la finca a favor del qne io otorga, sin que el hecho, de hallarse anotado el dominio a favor del vendedoi dé derecho a la inscrip-ción, toda vez que la anotación no es la inscripción y no produce otro efecto, que el de retrotraer la inscripción que posteriormente se haga a la fecha en que se tomó la anotación si dentro del término expresado se corrige el defecto, que impidió la inscripción.
    Los beclios están expresados en la opinión.
    Abogado de la recurrente: Sr. Manuel Benitez Flores.

    El registrador recurrido, Sr. José F5. Belaval, no com-pareció.
   El Juez Asociado Sr. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Siendo viuda Pía de Jesús vendió a María Castro, casada con Tritón León, tres cuerdas de terreno que segregó de una finca de once cuerdas quince céntimos, adquirida parte por herencia y parte por compra, sin que se describan estas porciones.

• Presentada en el registro de la propiedad copia notarial del documento que contiene esos extremos, el registrador se negó a inscribirla por no estar inscrita a favor de la vende-dora la finca de la cual se hace la segregación, aunque está anotado por cuatro meses su derecho de dominio, y porque en el caso de que la vendedora hubiera adquirido la finca siendo casada, no podría verificar la en a i enación, siendo viuda, en la parte adquirida a título oneroso, sin que le pre-cediera la liquidación de la sociedad conyugal, y en cuanto & la parte heredada sin que consintieran los causahabientes del cónyuge difunto. Del documento tomó el registrador anotación preventiva en sus libros haciendo constar el defecto subsanable de no estar aceptada la -escritura por el esposo de la compradora, como único representante legal y adminis-trador de la sociedad conyugal.

Esa calificación ha sido recurrida por la compradora.

No estando inscrita a favor de la vendedora la finca de la cual segrega y vende una porción a la recurrente, procedió correctamente el registrador recurrido al negarse a inscribir tal venta, pues el artículo 20 de la Ley Hipotecaria exige para la inscripción de un título que previamente se halle inscrita la finca a favor del que lo otorga, sin que el hecho de hallarse anotado el dominio a favor de la vendedora dé derecho a la inscripción, toda vez que la anotación no es la inscripción y no produce otro efecto que el de retrotraer la inscripción que posteriormente se haga a la fecha en que se tomó la anotación si dentro del término expresado se corrige el defecto que impidió la inscripción.

La pota recurrida se sostiene por su primer fundamento o sea por el de no estar inscrita a favor de la vendedora la finca cuya parcela se enajena, y nos abstenemos de considerar las demás razones en qne se funda dicha nota, pues ellas par-ten del supuesto de qne la finca estuviera inscrita a favor de la vendedora, bajo cuyo supuesto sostiene el registrador que no sería inscribible el título cuya inscripción lia sido denegada.

Es de confirmarse la nota recurrida por no estar inscrita la finca de la cual se hace la segregación a favor de la vendedora.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


text:
    Benítez, Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Sección Primera, Recurrido. García, Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Sección Primera, Recurrido.
    Recursos gubernativos contra notas del Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, denegando la inscripción de escrituras de venta.
    Nos. 299 y 301.
    Resueltos en diciembre 22, 1916.
    Resueltos por los fundamentos de la opinión en el recurso "298, Castro v. El Registrador de San Juan, Sección Primera, (página 695).
    Abogado de los recurrentes: Sr. Manuel Benitez Flores.

    El registrador recurrido Sr. José S. Belaval, no' compa-xeció.
   Confirmadas las notas recurridas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Su. Aldhey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. García, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Hnmacao,. en causa por delito de perjurio.
    No. 1102.
    Resuelto en enero 16, 1917.
    Perjurio — Motín—Hecho Esencial Falsamente Jurado. — En este caso el ape-lante fné convicto ele haber jurado falsamente en un juicio por motín en que él era también acusado, que la tarde en que tuvieron lugar los hechos-él no se encontraba en el lugar de los sucesos, sino en sitio distinto. En apelación alegó que el heeho que se estima falso no era esencial en el pro-ceso por motín, en el que había sido absuelto. Se resolvió: que no existeen los autos dato alguno que demuestre que fuera absuelto del delito de motín, pero que no obstante, su absolución demostraría que el hecho falso por él declarado fué esencial en ese juicio porque había servido para probar-que no era cierta la acusación que se le había hecho, de haber tomado parte en el motín, y que, aunque hubiera sido condenado, siempre era esencial el' heeho falsamente declarado por él, porque tendía a demostrar su imposibili-dad de haber tomado parte en el mismo.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. Enrique 'Rincón.

    Ahogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal

   El Juez Asociado Su. Aldhey,

emitió la opinión del tribunal.

Alejandro García fué convicto del cielito de perjurio y en esta apelación establecida por él contra esa sentencia sos-tiene como único motivo para que la revoquemos que el hecho-por él declarado, que se estima falso, no era esencial en el. proceso en que prestó su declaración.

De la relación de las pruebas que tenemos ante nosotros, aparece que al celebrarse en la Corte de Distrito de Huma-cao en grado de apelación la vista del juicio procedente de-la Corte Municipal de Vieques contra el apelante y otros por-el delito de motín, cuyo récord fué presentado como prueba, sin que se exprese su contenido, declaró Alejandro García bajo juramento que en la tarde del día 16 de febrero de 1915-no estuvo en el pueblo de Vieques pues salió de él a eso de las doce del día para el barrio de Puerto Real de donde no-regresó en toda la tarde y que durante ella no habló con el Juez Municipal de Vieques. Dicho juez municipal declaró que vive en el pueblo de Vieques, que en el día antes expresado hubo un motín en el barrio de Puerto Perro y otro en el pueblo de Vieques entre cuatro y media y cinco de su tarde y que a eso de las cinco de ella habló con Alejandro García por dos veces _ con motivo de una fianza para conseguir la libertad de un hermano suyo, extremo que también decla-raron otros testigos. También declaró el apelante insis-tiendo en que no había estado esa tarde en el pueblo de Vieques. ■

No hay duda alguna de que García declaró falsamente que la tarde y hora expresadas no había estado en el pueblo de Vieques, y así lo entendió también el jurado al resolver con su veredicto el conflicto de la evidencia sobre ese particular, por lo que la única cuestión a considerar es la que propone el apelante sobre si ese hecho falso era esencial en el juicio de motín.

No tenemos en la transcripción de esta apelación dato alguno que nos permita conocer si el apelante, como dice en su alegato, fué absuelto por el delito de motín ya que no se ha relacionado en las pruebas el contenido del récord que se presentó, y por tanto de la sentencia en él recaída, pero si lo que expone el apelante es cierto, su absolución demostraría que el hecho falso por él declarado fué esencial en aquel juicio porque había servido para probar que no era cierta-la acu-sación que se le había hecho de haber tomado parte en el motín por estar fuera de la población de Vieques en la tarde y hora en que tuvo lugar. Pero aunque hubiera sido con-denado por el motín, hecho que ignoramos, siempre era esen-cial el hecho falso por él declarado porque tendía a demos-trar su imposibilidad de haber tomado parte en él.

De todos modos, antes de que podamos declarar que hubo error en el jurado al estimar esencial el hecho falso decla-rado por el apelante, debemos tener ante nosotros toda la prueba que se le presentó, lo que no se ha hecho en este caso por no liaberse relacionado en la transcripción de la apela-ción el contenido del récord que se presentó como prueba.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sb. Aldbey,

text:
    León, Demandante y Apelado, v. Alvarado, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce, en juicio sobre desahucio.
    No. 1568.
    Resuelto en enero 16, 1917.
    Desahucio' — Apreciación de las Pruebas — Título del Demandante. — En este caso el demandado apelante señaló como error de la corte inferior, aunque sin argumentarlo, indebida apreciación de la prueba y se resolvió que no existía tal error por cuanto se demostró claramente y sin contradicción que el demandante y apelado había adquirido la finca a título de adjudicación en pleito seguido entre las mismas partes, y que todavía la estaba ocupando el demandado sin pagar canon alguno por ella.
    Id. — Nulidad de Título — Desalojo y Lanzamiento del Demandado.' — El hecho de que el demandado en un juicio de desahucio haya pedido la nulidad del pleito que produjo la venta y adjudicación al demandante de la finca objeto del desahucio, no es motivo para declarar que el demandante no tenga título suficiente para obtener sentencia favorable, porque mientras no se anule el juicio y la venta, su título es válido, seguirá siendo el dueño, y como tal con derecho a que el demandado desocupe la finca.
    Id. — Nulidad de Título — Cuestión que no Puede Resolverse en el Juicio de Desahucio. — -La cuestión de si el título del demandante adolece de nulidad que impida ejercitar los derechos que del mismo se dimanan, no puede resol-verse en un juicio sumario y especial como es el de desahucio, en que sola-mente se trata el derecho que para despedir al que ocupa la finca tiene el que por el momento aparece dueño y poseedor de ella.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: \Sr. Carlos Brunet del Valle.

    El apelado compareció en nombre propio.
   El Juez Asociado Sb. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

Como consecuencia de un pleito seguido pt t Sergio León Lugo contra Jaime Alvarado y de la sentencia en él recaída, fué adjudicada al primero por el Márshal de la Corte Municipal de Juana Díaz una casa propiedad del segundo, y esta-blecido subsiguientemente juicio de desahucio recayó senten-cia ordenando el desalojo y lanzamiento de ella contra lo cual interpuso Alvarado este recurso de apelación en el que señala como errores de la corte inferior, aunque no los argu-menta, que ésta apreció la prueba indebidamente y que estimó que la materia nueva de defensa por él alegada no era sufi-ciente para evitar que se declarara con lugar la demanda.

En cuanto al primer señalamiento de error debemos declarar que no existe porque toda la prueba demuestra claramente y sin contradicción, que el apelado adquirió la casa en cuestión por título de adjudicación en el pleito refe-rido y que todavía está ocupándola el apelante sin pagar canon alguno por ella.

En cuanto al segundo, el hecho de que el apelante ha pedido la nulidad del juicio que produjo la venta y adjudi-cación de la casa no es motivo para declarar que León Lugo no tenga un título suficiente para obtener sentencia favorable en un juicio por desahucio porque mientras no se anule el juicio y la venta es válido el título del demandante, seguirá siendo el dueño y como tal tiene derecho a que el apelante desocupe la casa en cuestión. Declarar que la reclamación de nulidad de un título impide ejercitar los derechos que del mismo dimanan equivaldría a resolver en el juicio de desahucio que dicho título adolece de los vicios en que se basa la nulidad pretendida, cuestión ésta que no puede ser apreciada ni resolverse en un juicio sumario y especial como es el de desahucio en el que sólo se trata del derecho que para despedir al que ocupa la finca tiene el que por el mo-mento aparece dueño y poseedor de ella.

La sentencia apelada debe ser confirmada,

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Peesidente Se. Hernández,

text:
    Gordon, Demandante y Apelante, v. Godreau, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Gfuayama, en pleito sobre nulidad de expediente posesorio.
    No. 1511.
    Resuelto en enero 18, 1917.
    Nulidad de Expediente Posesorio — Apreciación de la Prueba — Pasión, Pre-juicio o Parcialidad — Error Manifiesto. — En este caso la evidencia ofre-cida por la demandante tiende a demostrar que ella construyó la casa de que se trata con recursos propios, mientras que la evidencia del demandado tiende a justificar que esa casa fué construida por un representante suyo con recur-sos que él aprontaba para ello. Se resolvió: Que este conflicto de prueba fué decidido por la corte inferior en contra de la demandante y a favor del demandado, mediante la conclusión de no haberse justificado suficientemente las alegaciones de la demanda y declaratoria hecha en la sentencia de no haberse demostrado la nulidad del expediente posesorio, y que no se iría contra esa apreciación por no haberse justificado que la corte inferior obrara influida por pasión, prejuicio o parcialidad, o que procediera 'con manifiesto error.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. Antonio Rodrigues.

    Abogado del apelado: Sr. José C. Ramos.

   El Juez Peesidente Se. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Con fecha 8 do noviembre de 1915 produjo demanda Am-paro Gordon ante la Corte de Distrito de Guayama contra Guillermo Godreau Manatou en que alega que es dueña de una casa que describe radicada en un solar de Julio Godreau Manatou, calle de Palmer del pueblo de Salinas, por haberla construido con dinero de su propiedad durante 'los meses de enero a abril del año 1913, habiéndola poseído desde en-tonces a título de tal dueña, y que el demandado, a sabiendas de que dicha linca era de la propiedad de la demandante, sin conocimiento ni consentimiento de ésta, había promovido ex-pediente ante la corte expresada para inscribir a nombre propio la posesión de la casa, cuya inscripción se verificó en el Registro de la Propiedad de Guayama en 28 de noviem-bre de 1913. La demanda concluye con la súplica de que se declare nulo el expediente posesorio tramitado a instancia de Guillermo Goclreau Manatou y se ordene la cancelación en el registro de la propiedad del asiento de inscripción de la casa hecho a nombre del demandado, ordenando en su lug’ar la inscripción de la sentencia que se dicte a favor de la demandante, con imposición al demandado de costas, de-sembolsos y honorarios de abogado.

A la anterior demanda opuso el demandado una negativa de todos y cada uno de los hechos ele la misma, y celebrado el juicio, en que fuá oída la evidencia ofrecida por ambas partes, la corte de Guayama, después de estimar probado que allá por los meses de enero a abril de 1913 se fabricó en el pueblo de Salinas la casa descrita en la demanda, llegó a la conclusión de que no se han justificado suficientemente las alegaciones de la demanda y en su virtud pronunció senten-cia el 7 de febrero de 1916, por la que “desestima la demanda interpuesta por no haberse justificado suficientemente la nu-lidad del expediente posesorio, sin perjuicio de los derechos de la demandante para proseguir las acciones que estime oportunas a los efectos de recobrar la cantidad dada por ella para efectuar la construcción, sin especial condena de costas.”

Contra esa sentencia interpuso la demandante recurso de apelación para ante esta Cprte Suprema.

El motivo fundamental del recurso se hace consistir en error cometido en la indebida consideración y aplicación de la prueba ofrecida y practicada por la demandante.

Hemos hecho un detenido examen de las pruebas apor-tadas al juicio por ambas partes y encontramos que la evi-dencia ofrecida por la demandante, apelante, tiende a 'ele-mostrar que ella construyó la casa de que se trata con re-cursos propios, mientras que la evidencia del demandado tiende a justificar que esa casa fue construida por Julio Godreau Manatou como representante de su hermano el de-mandado, con recursos que éste aprontaba para ello. Ese conflicto de pruebas fue decidido por la corte de Gruayama en contra de la demandante y a favor del demandado me-diante su conclusión de no haberse justificado suficientemente las alegaciones de la demanda y declaratoria hecha en la sentencia de no haberse justificado suficientemente la nulidad del expediente posesorio. T no iremos contra semejante apreciación, pues no se nos ha demostrado que dicha corte obrara influida por pasión, prejuicio o parcialidad, o que procediera con manifiesto error, según exije la constante jurisprudencia de esta Corte Suprema, sobre el particular.

La reserva que se consigna en la sentencia nada resuelve a favor de la demandante con respecto al punto de que es objeto.

Es de confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados AVolf, del Toro,, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sb. "Wolf,

text:
    Gautier, Recurrente, v. El Registrador de Humacao, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Humacao denegando la inscripción de un con-trato de compraventa.
    No. 286.
    Resuelto en enero 18, 1917.
    Hipoteca — Obligación Principal. — Objeto del Contrato de Hipoteca. — El con-trato de hipoteca es el que se constituye para asegurar y garantizar el cum-plimiento de una obligación principal de acuerdo con el artículo 1758 del Código Civil, careciendo de objeto el contrato cuando la obligación no subsiste.

      Id. — Compra-venta—Sociedad de Gananciales — Presunción de Bienes Ganan-ciales — Consentimiento de la Mujer. — Siendo un principio bien establecido de jurisprudencia que sólo el dueño de la cosa o propiedad puede hipotecarla, adquirido un inmueble por el marido a título de compra y presumiéndose que lo hace para la sociedad conyugal, no puede, aun cuando lo haga en el mismo acto, hipotecarlo a favor del vendedor por el precio de venta aplazado, sin antes mediar el consentimiento expreso de la mujer según lo exige el articulo 1328 del Código Civil.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. José G. llamos.

    El registrador recurrido, Sr. Baúl Benedicto, compareció en nombre propio.
   El Juez Asociado Sb. "Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En este recurso sólo se trata de la cuestión de si un ma-rido puede sin el consentimiento de su esposa, ai comprar-una propiedad inmueble, hipotecar dicha propiedad a favor del vendedor por el precio de venta aplazado. Santiago F. Lorenzi y su esposa, por escritura pública de fecha junio 22, 1911, vendieron a Domingo Agostini varias fincas, es-tando una de ellas situada en Guayama y las demás en En-maeao. El precio estipulado fué la suma de $4,500. El comprador pagó $500 de contado, y los $4,000 necesarios para completar el precio de la venta, convino dicho comprador en pagarlos en ocho plazos de $500 cada uno. Para garantizar el fiel cumplimiento de esta obligación de pagar, el referiólo comprador constituyó en la misma escritura, hipoteca sobre la propiedad que le fué vendida. Un cesionario de los ven-dedores presentó la escritura de hipoteca al registrador ole Humacao quien se negó a verificar su inscripción por el fun-damento de que la propiedad que trataba de hipotecarse pertenecía a los bienes conyugales, y por tanto que era nece-sario el consentimiento de la esposa.

Sostiene en substancia el apelante que parte de la con-sideración o causa para la venta de la propiedad fue 3a. garantía hipotecaria dada por el deudor. Insiste en que el contrato es uno solo y que la venta y la hipoteca dependen una ele la otra y que ninguna puede existir sin la otra. En otras palabras, que para que exista la venta la hipoteca tiene a su vez que ser válida.

La cuestión que lia de ser considerada es lo que realmente tuvo lugar. Hubo un precio de una parte y un traspaso de la otra. El contrato de compraventa era $500 de contado y $4,000 que luego habían de pagarse, con lo cual quedó per-feccionado el contrato. La hipoteca fue en este caso como lo es siempre, un contrato en garantía del cumplimiento de una obligación principal, y sin dicha obligación ningún con-trato de hipoteca puede subsistir. Artículo 1758 del Código Civil; artículo 1857 del Código Civil español; y véanse ios Comentarios de Manresa, tomo 12, páginas 382 y siguientes; 150 y siguientes, sobre dicho artículo. Como sugiere Man-resa, el contrato de hipoteca carecería de objeto sin existir otra obligación principal cuyo cumplimiento asegure y ga-rantice. Puesto que la. existencia del contrato principal de compraventa supone necesariamente un traspaso, el título a la propiedad pasó del anterior dueño al comprador. Como este comprador era un hombre casado, tenía que presumirse que compraba a nombre ele la sociedad conyugal. Además, es un principio bien establecido de jurisprudencia referente a .• las hipotecas, que sólo el dueño de la cosa o propiedad puede hipotecarla. El dueño, como hemos visto, era la socie-dad conyugal, y el registrador estaba obligado a observar los preceptos del artículo 1328 del Código Civil, según el cual el consentimiento de la esposa es un requisito previo indispensable. D'ebe confirmarse la nota.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    Dávila et al., Recurrentes, v. El Registrador de Humacao, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador, de la pro-piedad de Humacao denegando la inscripción de una es-critura de venta judicial.
    No. 291.
    Resuelto en enero 18, 1917.
    Anotación Preventiva de Demanda — Objeto de las Anotaciones — Cancelación de Inscripciones Posteriores — Conversión de Anotación Preventiva en Inscripción Definitiva. — El objeto de lo anotación preventiva de nna de-manda en el registro es el de avisar a terceras personas que adquieran después algún derecho en los bienes anotados, qne lo perderán si el anotante obtiene éxito en la demanda que la originó, sin que sea de aplicación al caso el artículo 20 de la Ley Hipotecaria, que sé refiere a las inscripciones en general, sino el artículo 71, que permitiendo la enajenación o gravamen de los bienes sin per-juicio del derecho de la persona a cuyo favor se haya hecho la anotación, dis-pone como consecuencia que si se hubiere inscrito será título hábil para que so cancele el testimonio de la sentencia firme favorable al anotante, declaración que tiene su desarrollo en el artículo 142 del Reglamento, al disponer la manera cómo la anotación preventiva ha de convertirse en inscripción al adquirir defi-nitivamente el derecho anotado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Arturo Aponte, Jr.

    El registrador recurrido Sr. Raúl Benedicto, no compa-reció.
   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Victorino Barreiro Rodríguez inscribió a sn nombre en el registro, la propiedad de cierta finca de 49.50 cnerdas qne los recurrentes alegan qne les pertenecía y qne en realidad de verdad era de ellos, la que en poder de Barreiro Rodríguez sufrió ciertas transformaciones que no necesitamos referir.

Con el objeto de recobrar la posesión y dominio de la referida finca que entonces aparecía absolutamente a nombre •del referido Barreiro Rodríguez, los recurrentes en este tribunal establecieron una acción en la Corte de Distrito de Humacao contra dicho Victorino Barreiro Rodríguez Soto. El caso fue más tarde trasladado a San Juan, pero no antes ■de que los recurrentes anotaron su demanda en el Registro ■de Humacao, en cuyo distrito radicaba la propiedad. Pos-teriormente un acreedor de Barreiro obtuvo dos embargos sucesivos contra él, cuyos embargos, que se practicaron por el márslial, fueron anotados debidamente en el registro y el susodicho acreedor obtuvo luego título por adjudicación en pago de las dos porciones de 4 y de 29.50 cuerdas de la finca y subsiguientemente las vendió a un tercero, inscribién-dose debidamente las ventas con mención de la anotación de litis pendentia en todas las inscripciones. Los recurrentes ganaron su acción en San Juan, obtuvieron la debida orden en la que se disponía que Barreiro otorgara escritura de traspaso a dichos demandantes y habiéndose negado a ello obtuvieron éstos después escritura de traspaso de la totali-dad de la finca, otorgada por el márslial de la Corte de Dis-trito de Humacao que actuaba a nombre del márslial de la Corte de Distrito de San Juan. El registrador, sin embargo, puso la siguiente nota:

‘ ‘ Inscrito este documento con vista de un testimonio de la sentencia, a que el mismo se refiere, pero solamente en cuanto a las diez y seis: cuerdas a que según el registro se halla, hoy reducida la finca por virtud de segregaciones sufridas, en el tomo 15 de Naguabo, al folio 107 vuelto, finca No. 560 duplicado, inscripción 7a. con el defecto-subsanable de no decirse en qué proporción adquieren los compra-dores; y denegada la inscripción en cuanto a las restantes treinta, y tres cuerdas cincuenta centavos de las segregaciones dichas porque aparecen inscritas a favor de tercero, tomándose en su lugar la corres-pondiente anotación por 120 días, de acuerdo con la ley, en el mismo-tomo, folio y finca citados, anotación letra B. Humacao, P. R., julio-10 de 1916. El registrador. Raúl Benedicto.”

Las segregaciones e inscripciones a que se refiere el re-gistrador son aquellas hechas a favor del acreedor embar-gante y por este vendidas.

El registrador solicitó una prórroga para presentar un alegato que fué denegada debidamente. El recurrente llama la atención al artículo 71 de la Ley Hipotecaria que prescribe, lo siguiente:

“Artículo 71. — Los bienes inmuebles o derechos reales anotados podrán ser enajenados o gravados; pero sin perjuicio del derecho de la persona a cuyo favor se haya hecho la anotación.
* * * * * * *
“Si la enajenación otorgada e inscrita durante el pleito fuere relativa a finca cuya propiedad se hubiere reclamado en virtud de demanda anotada preventivamente, con arreglo al número Io. del artículo 42 de esta ley, será título hábil para que en su virtud se cancele aquella inscripción, un testimonio de la sentencia firme favorable al dominio del demandante.”

No vemos razón por la cual los recurrentes no tienen derecho a que su escritura sea registrada en su totalidad. Los traspasos e inscripciones a favor del acreedor y de sus compradores se hicieron con posterioridad a la anotación de la demanda en el registro y se hicieron con completo conoci-miento de la pendencia del pleito y sujetos a sus resultas. El objeto de la anotación de la demanda es avisar a las demás personas de que si adquieren después algún derecho en los bienes anotados lo perderán si el anotante obtiene éxito en la demanda que ía originó, y si bien el artículo 20 de la Ley Hipotecaria en que parece apoyarse el registrador para negar la inscripción de parte de la finca por aparecer inscrita a favor de terceras personas, dispone que para inscribir o ano-tar los títulos en que se transfiera o grave el dominio o la posesión de bienes inmuebles o derechos reales deberá cons-tar previamente inscrito o anotado el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre se haga la transmisión o gravamen, este precepto se refiere a las inscripciones en general mas no a las que puedan hacerse como consecuencia de un pleito anotado en el registro, porque para estos casos es de aplicación el artículo 71 que permitiendo la enajenación o gravamen de los bienes inmuebles o derechos reales anotados, sin perjuicio del derecho de la persona a cuyo favor se haya hecho la anotación, dispone como consecuencia en uno de sus párrafos que si se hubiere inscrito, será título hábil para que se cancele el testimonio de la sentencia firme favorable al demandante, declaración que tiene su desarrollo en el ar-tículo 142 del reglamento para su ejecución, igual al 76 de España, al disponer la manera cómo la anotación preventiva ha de convertirse en inscripción al adquirir definitivamente el derecho anotado la persona a cuyo favor se había hecho la anotación. Véanse las Resoluciones de la Dirección General de los Registros de España de 10 de septiembre de 1881 y 19 de enero de 1897.

Siendo, pues, inscribible la escritura que motiva el re-curso, la nota recurrida debe ser revocada j ordenarse al registrador que proceda a su inscripción convirtiendo la ano-tación preventiva en inscripción definitiva cancelando las inscripciones posteriores a la anotación preventiva.

Revocada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Aldbey,

text:
    Banco Comercial de Puerto Rico, Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Sección Primera, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Primera, denegando la ano-tación preventiva de un embargo.
    No. 303.
    Resuelto en enero 19, 1917.
    Anotación Preventiva de • Embargo •— Embargo —■ Inscripción a nombre del Causante — Palta de Presentación de Doqumentos — Defecto Subsana-ble. — El hecho de que los bienes inmuebles embargados se hallen inscritos a nombre del causante y no de su sucesión demandada, no es obstáculo para que se anote preventivamente el embargo de acuerdo con la Regla 4“. del art. 126 del Reglamento Hipotecario, no produciendo otro efecto la falta de presentación en el registro de los documentos en ella mencionados que la consignación de un defecto que puede subsanarse, y sin que sea aplicable al caso la Regla 1". del artículo 92 de dicho Reglamento.
    Id. — Defecto Subsanable — Obligaciones Solidarias — Eacultades del Regis-trador. — En este recurso el registrador señaló como defecto subsanable que siendo dos los demandados, se embargan las fincas como pertenecientes a uno de ellos, sin que resulte que la deuda sea solidaria. Se resolvió: que esto no tenía que consignarse en el mandamiento que se le presentó, pues habiendo resuelto el juez que se .embargasen bienes de cualquiera de los demandados debió someterse a su decisión, ya que no está facultado para apreciar la justicia o injusticia de las resoluciones judiciales, y además porque ella implica que la obligación es solidaria.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Antonio Sarmiento.

    El registrador recurrido, Sr. José S. Relaval, compareció . en nombre propio.
   El Juez Asociado Se. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

En la Sección Ia. del Registro de la Propiedad de San Juan fué presentado un mandamiento librado por el Márslial de la Corte de Distrito de San Juan para que se anotase preventivamente el embargo que babía trabado en tres casas de Juan Gómez Tndela ampliando orden del Juez de la Sec-ción^1. de dicha corte según la cual debía embargar bienes de cualquiera o de ambos de los demandados para asegurar la efectividad de la sentencia que recayese en el pleito seguido por el Banco Comercial de Puerto Rico contra Juan Gómez Tndela, hoy su sucesión, y José Rodríguez Pérez, en cobro de pesos.

Habiéndose negado el registrador a practicar la anota-ción que se interesaba, fundado en que las fincas embargadas están inscritas a nombre de Juan Gómez Tndela y no de su sucesión demandada, consignando además el defecto subsa-nable de que siendo dos los demandados se embargan las fincas como pertenecientes a uno de ellos sin que resulte que la deuda sea solidaria, interpuso el expresado banco el pre-sente recurso gubernativo con sriplica de que revoquemos la nota recurrida y ordenemos la anotación de los embargos practicados sin el defecto subsanable alegado por el regis-trador.

El hecho de que los bienes embargados en este caso no> se hallen inscritos a nombre de los herederos no es obstá-culo para la anotación del embargo según resolvimos en el caso de Alvarez v. El Registrador de San Juan, Sección 1a., (pág. 427) sin que la regla Ia. del artículo 92 del Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria pueda servir de fundamento a la negativa del registrador, según expone en su alegato, pues su disposición de que se denegara la anota-ción cuando la propiedad de las fincas embargadas apareciere inscrita a favor de persona que no sea aquella contra quien se hubiere decretado el embargo no es aplicable a casos como el presente para los cuales, y para facilitar la más recta ad-ministración de la justicia, se dispone por la regla 4a del artículo 126 de dicho reglamento lo que sigue:

“Art. 126. — Las anotaciones preventivas contendrán, según los casos, las circunstancias siguientes:
*******
“Cuarta. Si se pidiese la anotación habiendo fallecido el poseedor de la finca o derecho sobre que verse, y antes de haberse inscrito a favor de quien le suceda en la misma finca o derecho, se expresará la fecha del fallecimiento, la del testamento, si lo hubiere, el nombre del notario ante quien se haya otorgado y el heredero, y en otro caso, referencia de haberse incoado procedimiento judicial para de-clarar herederos; y si estuviese hecha la declaración, los nombres, apellido y vecindad de los herederos, y fecha de la ejecutoria en que hubiesen sido declarados tales.”

Aunque el registrador fundó su negativa únicamente en ei. hecho de aparecer inscritos los bienes embargados a nom-bre de Juan Gómez Tudela y no de su sucesión demandada, expone ahora en su alegato que no habiéndosele presentado Los documentos especificados en la regla 4a. antes transcrita estaba imposibilitado de verificar la anotación.

El derecho a la anotación está reconocido por dicha regla y la falta en este caso de la presentación de los documentos en ella mencionados no produce otro efecto que la consig-nación en ella de un defecto que puede subsanarse.

En cuanto al defecto subsanable consignado en su nota por el registrador porque se embargaron fincas como perte-necientes a uno de los demandados sin que resulte que la deuda es solidaria nos bastará decir que esto no tenía que consignarse en el mandamiento que se le presentó pues ha-biendo resuelto el juez que se embargasen bienes de cual-quiera de los demandados debió someterse a su decisión pues no está facultado para apreciar la justicia o injusticia de las resoluciones judiciales y además porque ella implica que la obligación es solidaria.

Por las razones expuestas debe revocarse en todas sus partes la nota recurrida y ordenarse al registrador que veri-fique la anotación preventiva con el defecto subsanable de no habérsele presentado los documentos a que se refiere la regla 4a. del artículo 126 del Reglamento de la Ley Hipo-tecaria.

Revocada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. González et al., Acusados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao, en causa por conspiración.
    No. 1095.
    Resuelto en enero 22, 1917.
    •Conspiración — Destrucción Fraudulenta de Bienes Asegurados — Examen de las Pruebas — Concurso de Voluntades. — En este caso se demostró que los acusados, que son padre e hijo, eran dueños de un establecimiento mercantil; que hubo fuego en él, nó debido a un accidente sino por artificio humano; que se encontró ron o alcohol en el piso, varias latas de gas abiertas, sacos y. escobas impregnados de gas, conectados j comunicados; que estuvieron juntos toda la noche, antes y después del fuego sin separarse; que general-mente dormían en el establecimiento, menos la noche del suceso; que no se cocinaba en la casa; que habitualmente comían y comieron esa noche en los .altos, donde se hallaron también preparativos de materiales combustibles seme-jantes a los colocados en la tienda; que la situación financiera de los aeu-■sados era precaria; y que estaban sus bienes asegurados por una suma muy creeida; Se resolvió: que hubo prueba suficiente de 1a. conspiración para cometer el delito de destrucción fraudulenta de bienes asegurados, habiendo quedado demostrado el concurso de voluntades (meeting of minds) y que este caso es distinto al de El Pueblo v. Cofresí et al., 22 D. P. R. 749, donde no* existió relación entre los acusados, de la que pudiera inferirse una acción conjunta, ni se demostró que hubiera un interés o agencia común, estando* en ese caso la prueba enteramente de acuerdo con el hecho de haber actuado* solo el dueño de la tienda sin intervención del dependiente, el otro acusado.
    Non-suit — Sobreseimiento—Prueba del Acusado — Renuncia.—Guando después* de desestimada una moción de sobreseimiento {non-suit,) el acusado presenta su prueba se entiende que renuncia la moción.
    Los liechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Juan B. Iluyhe.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal..

Un policía que estaba de servicio, en sus recorridas en Caguas, el día 16 de febrero de 1916, a eso de la una de la mañana, notó que salía humo paulatinamente de la planta baja de la casa en que P. González e Hijo tenían su estable-cimiento. El policía trató de dar la voz de alarma a los que' habitaban la casa, pero como nadie contestaba, requirió la ayuda de otras personas, entre ellas policías y bomberos, y se forzó la entrada. Los hombres tuvieron que quedarse a. la entrada porque el humo cegaba. Por el sitio donde estaba un rastrillo fue localizado y extinguido el fuego, no habiendo' podido entrar hasta entonces los bomberos y la policía. Se' encontró ron o alcohol en el piso y varias latas de gas abier-tas. El suelo estaba saturado de una substancia inflamable' que probablemente era alcohol, y había sacos impregnados de gas por allí cerca, y escobas en igual forma, estando todas, estas cosas más o menos comunicadas o conectadas; en una palabra, todo demostraba de un modo claro que había cogido fuego el establecimiento, no debido a un accidente, sino por artificio humano. Plácido y José González, padre e hijo,, dueños del establecimiento y socios en el negocio, fueron arrestados y acusados por un delito de conspiración. La conspiración alegada fué la comisión del delito de destrucción fraudulenta de bienes asegurados, pegando fuego a una casa y a las mercancías de un establecimiento. Además de los hechos que hemos referido, hubo prueba directa en el juicio* tendente a demostrar que los acusados generalmente dormían en la casa, aunque no se probó .claramente que se encontraban allí en el momento inmediatamente anterior al descubrimiento del fuego, a la una de la mañana. No se cocinaba en la casa, sino que se llevaba la comida a los acusados y comían en los altos. Hubo prueba directa tendente a establecer el becño de que los acusados habían comido arriba en la noche del fuego, y de que en la habitación donde comieron después del fuego hallaron los investigadores preparativos de materiales combustibles semejantes a los colocados en la tienda. Tam-bién se encontraron preparativos en las demás partes de la planta alta. Quedó demostrado por la prueba que la situa-ción financiera de los acusados era tirante y por tanto que necesitaban dinero y estaban asegurados por una suma muy crecida, quizás demasiado grande.

Al terminarse la prueba del fiscal, los acusados pre-sentaron una moción de sobreseimiento (nonsuit), por el fun-damento de que no fué probada la conspiración, sino única-mente que las mercancías habían sido quemadas aparente-mente para cobrar el aseguro. Tal vez la prueba fué algo deficiente, puesto que sólo tendía a acreditar que uno u otro, o ambos de los acusados, habían pegado fuego al establecimiento, lo que no constituye toda la certidumbre o prueba circunstan-cial de la conspiración que la ley exige. Sin embargo, la corte declaró sin lugar la mo.ción y los acusados presentaron en-tonces su prueba. Hemos resuelto en casos civiles, qne cuando un demandado presenta su prueba después de desestimarse la moción de nonsuit, dicho demandado renuncia a su moción. Díaz v. Rivera, 19 D. P. R. 548, y casos citados en el mismo; Príncipe v. American Railroad Co., 22 D. P. R. 302. Por iguales razones la regla es de aplicación en casos criminales.

José G-. González, el hijo, subió a- la silla testifical como testigo de defensa. Su declaración tendía a demostrar que ambos acusados habían comido en la casa la noche del fuego,, y que salieron de la casa juntos esa noche a las ocho y media; que fueron a ver el fuego de Naguabo y sólo volvieron a la una y media de la mañana, cuando encontraron que había fuego en el establecimiento. Según esta declaración ellos nunca estuvieron separados.

Esto completó la cadena de prueba circunstancial para complicar a ambos acusados. Trataron los acusados de ex-plicar su situación financiera, negaron su complicidad, pero la corte dictó sentencia contra ellos. El conflicto en la prueba quedó resuelto por la corte inferior y no solamente no vemos que exista razón para poner en duda su resolución, sino que, como hemos dicho, creemos que hubo prueba suficiente de la conspiración, siendo el verdadero error que ha sido alegado en apelación el no haberse probado la conspiración.

La corte inferior muy bien indica que el concurso de vo-luntades (meetings of minds), raras veces puede ser demos-trado directamente. En este caso quedó probado que existió un verdadero motivo, preparativos que no dejaban lugar a dudas de ninguna clase, así como la oportunidad práctica-mente exclusiva que tuvieron los acusados, en unión del hecho de que estuvieron juntos durante todo el tiempo en que pu-dieron hacerse los preparativos. Los acusados sugirieron que el fuego pudo ser obra de sus enemigos, pero solamente se limitaron a decir que todos los comerciantes tenían ene-migos. En vista de su presencia en la casa poco tiempo antes de descubrirse el fuego, la corte ni siquiera estaba obligada a creer que los acusados fueron a Naguabo. Ambos se en-contraban juntos en el establecimiento, y siendo socios, e in-teresados, y cada uno agente y con conocimiento de los actos del otro, no había teoría razonable respecto a los hechos de este caso que fuera incompatible con la culpabilidad de dichos acusados. En el caso de El Pueblo v. Cofresí, 22 D. P. R. 749, citado por los apelantes, no existió tal relación entre las partes de donde pudiera inferirse una acción, conjunta, ni se demostró que hubiera un interés o agencia común. En ese caso la prueba estaba enteramente de acuerdo con el hecho de liaber actuado solo el dueño de la tienda, sin intervención de su dependiente, o sea el otro acusado.

Debe confirmarse la sentencia.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


text:
    Jiménez et al., Recurrentes, v. El Registrador de Aguadilla, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad Interino de Aguaclilla, denegando la inscripción de una escritura de hipoteca voluntaria.
    No. 302.
    Resuelto en enero 25, 1917.
    Hipoteca — Hipoteca Sobre Varias Fincas — Determinación de la Cantidad de que Cada Finca Responde en Proporción a su Cabida — Defecto Subsa-nable. — Si bien no os procedente la inscripción en el registro de una hipoteca constituida sobre varias fincas afectas a una misma obligación, en los casos en que no se hubiere determinado previamente la cantidad de que cada finca deba responder, euando se conviene que las fincas hipotecadas responderán de la obligación en proporción a sus cabidas, determinándose éstas y valo-rándose las fincas a los efectos de la hipoteca en las mismas cantidades que garantizan, la escritura es inscribible en el registro, aunque con el defecto subsanable de no precisarse en debida forma las cantidades de que responde cada finca, pues la fijación de dichas cantidades no debe dejarse a la deduc-ción del registrador. La forma en que puede subsanarse el defecto la expresa el artículo 164 del reglamento hipotecario.
    Circunstancias Personales — Edad, Estado, Profesión y Vecindad de los Otorgantes — Defecto Subsanable. — Cuando el notario autorizante de un instrumento público se limita a dar fe ‘ ‘ del conocimiento personal de los comparecientes,” sin que lo haga de la edad, estado, profesión y vecindad de los mismos, está justificado el registrador al calificar dicha omisión como un defecto subsanable a los efeetos de la inscripción del documento.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los recurrentes: Sr. Angel M. Torregrosa.

    El registrador interino recurrido, Sr. Francisco Socorro, compareció en nombre propio.
   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Presentada para su inscripción en el Registro de la Pro-piedad de Aguadilla la escritura de hipoteca voluntaria otor-gada el 12 de ag’osto de 1916 por Guillermo Abren y su esposo a favor de Jorge Silva y Manuel Jiménez, el registrador se negó a ello por “el defecto insubsanable de no determinarse claramente la cantidad de que cada una de las fincas hipo-tecadas ha de responder del gravamen que sobre las mismas se impone, ni distribuirse la parte de crédito que corresponde separadamente a don Manuel Jiménez Serra y don Jorge Silva y Sapia en cada uno de los inmuebles.” También con-signó el registrador en su nota “el defecto subsanable de no haber dado fe el notario autorizante, de la edad, estado, pro-fesión y vecindad de los otorgantes.” Contra ambas califi-caciones interpusieron los señores Jiménez y Silva el presente recurso gubernativo.

Examinemos en primer lugar la cuestión relativa al de-fecto insubsanable. En la escritura de que se trata Abren confesó hallarse adeudando a Jiménez y a Silva la suma de mil pesos, quinientos a cada uno, y para garantir el pago do la misma, de sus intereses y de doscientos pesos más para costas, gastos y honorarios de abogado, en caso de ejecución, constituyó con el consentimiento de su esposa, hipoteca volun-taria a favor de sus acreedores, sobre dos predios de terreno que se describen debidamente, uno de cincuenta y tres cuerdas cincuenta céntimos y otro de cuatro cuerdas cincuenta cénti-mos. “Las fincas hipotecadas,” dice la escritura, “respon-den de la deuda, intereses y costas, en proporción a su cabida, y las partes convienen en valorarlas, únicamente a los efectos de esta hipoteca, en las mismas cantidades de que responden.” “Y se conviene,” dice también la escritura, “que ninguno de los acreedores tenga preferencia para el cobro, sobre el otro. ’ ’

El artículo 119 de la Ley Hipotecaria, prescribe que:

“Cuando se hipotequen varias fincas a la vez por un sólo crédito, se determinará la cantidad o parte de gravamen de que cada una deba responder.

Y su concordante, el 164 del Reglamento, estatuye que:

“Los registradores no inscribirán ninguna hipoteca sobre bienes diferentes afectos a una misma obligación, sin que por convenio entre las partes, o por mandato judicial en su caso, se determine previa-mente la cantidad de que cada finca deba responder.
“Las partes podrán acordar la distribución prevenida en el pá-rrafo anterior, en el mismo título que se deba inscribir, o en otro instrumento público o solicitud dirigida al registrador, firmada o ra-tificada ante él por los interesados.
“La inscripción en estos casos se hará en la forma que prescribe -el artículo 252 de este reglamento.”

Acepta el recurrente la vigencia de los preceptos trans-critos, y sostiene que cumplió con ellos porque de la escritura resulta “que si Abreu dió en hipoteca a Jiménez y a Silva, en garantía de mil dólares, la mitad para cada uno, una finca -de cincuenta y tres cuerdas, cincuenta céntimos, y otra de cuatro cnerdas cincuenta céntimos, que deben responder en proporción a su cabida, según los términos del contrato, y ■sin que ninguno de los dos acreedores tenga preferencia sobre el otro para el cobro, como claramente se determina en el Aecho cuarto de la mencionada escritura; lógico es que la finca de mayor cabida responda de novecientos veinte y dos dólares cuarenta y dos centavos de capital, de los intereses ■correspondientes a esa suma y de ciento ochenta y cuatro dólares cuarenta y ocho centavos para costas, mientras que, la de menor cabida responde únicamente de setenta y siete dólares cincuenta y ocho centavos de capital, intereses de esta suma, y de quince dólares cincuenta y dos centavos para costas; y que de esas sumas la mitad responde del crédito ■de don Manuel Jiménez Serra, y la otra mitad del de don Jorge Silva Sapia, sin preferencia para ninguno de ellos.” Por el contrario, el registrador entiende “que las frases res-ponderán en proporción a su cabida, no son lo suficientemente claras como requiere la ley para determinar con exactitud la parte del gravamen que se impone sobre varios inmuebles, y, por consiguiente, careciendo de diclio requisito, no es ins-cribible la escritura.”

A nuestro juicio, tiene en parte razón el registrador. La-escritura no es tan clara como debiera. La cantidad debe precisarse por los contratantes y no dejarse a la deducción del funcionario encargado de inscribir el documento. Pero si bien esto es así, no puede sostenerse que las partes hayan dejado de cumplir en absoluto el precepto de la ley y del regla-mento sobre la matéria, como sucedió en el caso de Ortiz v. El Registrador de San Germán, 16 D. P. R. 676, invocado por el registrador. En- tal virtud opinamos que el defecto existente debe calificarse de subsanable y no de insubsanable como lo hizo el registrador. El mismo artículo del Regla-mento Hipotecario que dejamos citado, expresa las formas en que puede el defecto subsanarse.

En cuanto al defecto subsanable apuntado por el regis-trador, existe, a nuestro juicio. Terminantemente prescribe la ley notarial vigente que los notarios darán fe en los ins-trumentos públicos que otorguen no solo del conocimiento de las partes, si que también de la edad, estado, profesión y ve-cindad de los otorgantes (sec. 16 de la Ley Notarial de 1906), y en este caso el notario se limitó a dar fe “del conocimiento-personal de los comparecientes.”

Habiendo en consideración todo lo expuesto, debe orde-narse al registrador que verifique la inscripción solicitada, con los defectos subsanables de que se deja hecho mérito.

Con lugar el recurso en cuanto a la califi-cación de defecto vnsubsanáble que con-tiene la nota recurrida y sin lugar en cuanto a la otra calificación de defecto subsanable.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.