author: El Juez PbesideNte Señoe Del Tobo

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pedro Malavé Crespo, acusado y apelante.
    Núm. 9789.

    Sometido: Febrero 3, 1943.

      Resuelto: Febrero 12, 1943.

      Francisco González Fagundo, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Fegrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez PbesideNte Señoe Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

Pedro Malavé Crespo fue acusado por el fiscal- del dis-trito de Humacao de tener un revólver en su posesión y do-minio allá por el once de diciembre de 1939 y en la munici-palidad de San Lorenzo, sin declararlo por escrito al jefe de la policía del dicho municipio que es el de su residencia, he-cho contrario a la Ley núm. 14 de 1936 ((2) pág. 129), ar-tículo 7.

Contestó que era inocente y llamado su caso para juicio en febrero dos, 1940, tras la prueba del fiscal aportó la suya, siendo finalmente declarado culpable por la corte de distrito y condenado a seis meses de cárcel.

No conforme, apeló. Imputa a la corte sentenciadora •error en la apreciación de la prueba.

Sólo cuatro personas testificaron, dos por El Pueblo y dos por la defensa. Los testigos de El Pueblo declararon de modo terminante que el acusado portaba un revólver con el cual hizo tres disparos contra uno de ellos.’ Por estipulación se admitió que el jefe de la policía de San Lorenzo declararía que el acusado no tenía arma de fuego alguna registrada en dicho pueblo.

Los testigos de la defensa fueron el propio acusado y Doroteo González. El acusado admitió que tuvo en sus ma-nos un revólver que quitó de las de un hijo suyo que regresó a su casa herido, en momentos en que iban a ser atacados por varias personas que se acercaban, perteneciendo dicho revólver a Doroteo González que lo había dejado en su tienda para que se lo guardara mientras iba al pueblo. González confirmó lo dicho por el acusado en cuanto a haber dejado su revólver en la tienda del acusado y agregó que dicho re-vólver estaba registrado.

Sostiene el apelante qne habiéndose demostrado solamente nna portación accidental de nn revólver registrado, la corte debió absolverlo.

No estamos conformes. La corte no estaba obligada a creer y no creyó qne el revólver de González fnera el mismo qne nsó el acusado para realizar la agresión, y sn conclusión nos parece acertada tras un estudio de los testimonios.

Eesta sólo considerar si al confirmar la sentencia debemos reducir o no la pena. El caso es igual al del Pueblo v. Otero, resuelto en noviembre último en el que la corte, hablando por su Juez Asociado Sr. Travieso, dijo y resolvió lo que sigue:

“La Ley Núm. 14 de 1936, en su artículo 10, proveía que las infracciones a sus disposiciones serían castigadas cpn cárcel por un término no menor de seis meses ni mayor de dos años. El acusado en el presente caso fué condenado a sufrir la pena de seis meses' de cárcel, que era el mínimo que podía imponerle el juez sentenciador de acuerdo con la ley vigente en la fecha de la sentencia, o sea en marzo 13, 1941.
“Con posterioridad a la fecha de la sentencia recurrida, el ar-tículo 10 de la Ley Núm. 14 de 1936 fué enmendado por la Ley Núm. 78 de 5 de mayo de 1942 (pág. 615), en el sentido de disponer como dispone que la primera infracción será castigada con multa no menor de cincuenta dólares o cárcel por un término no menor de un mes ni mayor de seis meses, o con ambas penas a discreción del tribunal. La pena mínima bajo la ley de 1936 se ha convertido en la máxima bajo la ley enmendatoria de 1942.
“Se nos pide que en el ejercicio de nuestra discreción modifi-quemos la sentencia recurrida en el sentido de dar al apelante el beneficio de la enmienda, y que le impongamos la pena mínima que autoriza la ley ahora en vigor. No se opone a ello el fiscal.
“Es indudable que la pena de seis meses de cárcel por la infrac-ción que se imputa al acusado está autorizada por el estatuto original y por la enmienda de 1942. Sin embargo, considerando que el juez sentenciador pudo haber condenado al acusado a dos años de cárcel y se limitó a imponerle la pena mínima autorizada por el estatuto entonces vigente; y considerando, además, que el legislador, creyendo sin duda alguna que la pena mínima de seis meses de cárcel fijada por la ley de 1936 era excesiva, la redujo a un mes, opinamos que dentro de las circunstancias del caso está justificado que demos al acusado el beneficio del estatuto enmendatorio.
"Por las razones expuestas, se modifica la sentencia recurrida en el sentido de reducir a un mes el término de prisión que deberá cumplir el acusado apelante; y así modificada se confirma.” Pueblo v. Otero, 61 D.P.R. 36, 37.

A igual conclusión atendidas todas las circunstancias concurrentes debemos llegar en este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Del Toro

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Francisco Galeno Cabán y Arcángel Felicié, acusados y apelantes.
    Núm. 9811.

    Sometido: Febrero 11, 1943.

      Resuelto: Febrero 16, 1943.

      Gaspar Gerona Bras, abogado de los apelantes; R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Emiliano Borrero denunció ante la corte municipal de Utuado a Francisco Galeno Cabán y a Arcángel’Felicié por-que “el 13 de julio de 1941, y en el barrio de Viví Arriba de Utuado . . . maliciosamente y actuando juntos y de co-mún acuerdo y contra la voluntad y prohibición del denun-ciante, destruyeron una construcción u obra de la propiedad del denunciante, consistente en unos zocos de madera del país y el varal para colocar el techo, construcción que era para una cocina de la casa del denunciante, la que tiene un valor de doce dólares.”

La imputación fuá calificada como constitutiva de un de-lito de daños maliciosos y visto el caso finalmente ante la corte del distrito dicha corte dictó la sentencia condenatoria contra la cual se interpuso el presente recurso de apelación.

La prueba de cargo consistió en la declaración del denunciante, en la de su hijo Emiliano, y en las de Luis F. Bula y Monserrate Nieves.

Dijo el denunciante que mandó a arreglar un cuarto de su casa y cuando el carpintero estaba a punto de cobijarlo el acusado Cabán fue al sitio con el otro acusado Felicié y autorizó a éste para que destruyera como destruyó la cons-trucción. No fué testigo presencial del acto. Su hijo sí lo fué.

El hijo manifestó que se encontraba en la casa reconstru-yendo una parte de la misma con el maestro Nieves cuando llegaron Cabán, Felicié, el jefe de la policía y el guardia Leiva. Cabán ordenó a Felicié que desarmara la construc-ción y “el jaló por una barra y la desbarató y empezó a tirar leña para aquí y para allá. Entonces nosotros dijimos,. ‘Vámonos. ’ ” La casa queda en terrenos del Municipio, en el camino viejo que conduce a Ponce. El terreno no es de Cabán. No sabe por qué éste ordenó la destrucción. Cabán tiene finca allí. Los alambres de la colindaneia pasaban “por la parte abajo de la casa.” No estaban tumbados. A preguntas del juez, contestó que Caleño Cabán adquirió su finca de Cuadro quien le vendió “del camino viejo para abajo,” no estando comprendido el solar de la casa en lo vendido.

El testigo Bula se limitó a declarar que había visto al. denunciante viviendo en la casa de que se trata desde hacía diez años y que dicho denunciante le llamó la atención sobre “unos setos que le habían quitado” pero que él no sabe quién fué.

Nieves, el maestro carpintero, expresó que el denunciante lo mandó buscar para que le arreglara la casita en que vive situada a orillas de la finca de Cabán. Que hizo el trabajo y cuando sólo faltaba la cobija llegaron Cabán, Felicié, el jefe de la policía Delgado y el policía Leiva y le pregunta-ron por Borrero. Le contestó que estaba su Lijo. “Enton-ces el jefe me dijo que no siguiera el trabajo. Yo obedecí y seguí recogiendo los hierros. Entonces Arcángel Felicié con una barra que se usa entró a desclavar la madera,” man-dado por Cabán.

Por la defensa declararon Gerardo Delgado, Fernando E. Leiva y el acusado Cabán. El primero, jefe de distrito de la policía en Utuado, reconoce que estuvo en el sitio de los sucesos con Cabán y Leiva y encontró que en terrenos que Galeno Cabán alegaba que eran suyos, “el señor Monserrate Nieves estaba haciendo una ampliación en la parte posterior de la casa y demostraba haber quitado una empalizada que quedaba detrás de la casa y ahí habían picado el terreno y habían puesto las piezas de madera, los zocos y unos trave-sanos; entonces el señor Galeno dijo que con qué permiso había hecho eso; él dijo que no tenía permiso y dijo que lo 'había ordenado el señor Borrero; entonces Galeno le dijo: ‘Tiene que quitarme eso de ahí.’ Y el carpintero dijo: ‘Si hay que quitarlo pues yo lo quito,’ y empezó a quitarlo. Entonces Arcángel le ayudó a quitarlo . ” Fué allí por-que Gabán le pidió auxilio pero no tenía mandamiento judicial.'

El guardia declaró más o menos en el mismo sentido que el jefe. Cabán contó una larga historia tendente a explicar las dificultades que había tenido con el denunciante a virtud de la casita que tenía en sus terrenos. Niega que diera or-den alguna de destrucción. Dice que “el carpintero estaba cortando unos zocos y habían picado tierra en la finca mía,” y que el mismo carpintero con la ayuda de Felicié levantó los zocos.

Terminada la práctica de la prueba, el jaez sentenciador se expresó como sigue:

/‘Pónganse de pie el Sr. Galeno y el otro acusado. Yo después ■que usted declaró me di cuenta de lo que realmente existe en este caso. Según usted, ese señor venía tumbándole unos alambres de su finca y después edificó una casita en terreno suyo. De eso bace tres o cuatro años. Inmediatamente que él edificó esa casita usted debió haber venido aquí con un injunction o con algo para sacarlo de allí o con un desahucio. Usted no hizo eso. Lo dejó a él adquirir una posesión sobre esa casita. Como propietario que es usted compren-derá la posición de uno que ha fabricado aunque ha fabricado ilegal-mente, pero que lo han consentido. Ahora, para usted hacer algo en esa casita tenía que venir o a la corte municipal o a la corte de distrito. Usted parece que creyó tener derecho a ir allí y destruir algo que se estaba construyendo en esa casita, pero ése no es el derecho de usted.. El derecho de usted es ir a la corte para sacarlo de allí si está ilegalmente. Yo creo que usted actuó de buena fe, pero actuó en forma que no es legal. En esas circunstancias no tengo más remedio que dictar sentencia y la corte declara a los .acusados culpables y les impone diez pesos de multa a cada uno.”

En su alegato el apelante sostiene que la prueba no de-muestra la comisión del delito por el cual fueron condena-dos los acusados. El fiscal en su informe y en el acto de la vista del recurso solicitó que se revocara la sentencia. Re-firiéndose a lo dicho por el juez sentenciador, manifestó:

“ .. .No comprendemos realmente cómo la corte inferior después de haber reconocido y expresado en su sentencia que el acusado al realizar el acto que realizó y por el cual fué denunciado actuó de buena fe, frase a nuestro juicio equivalente a ‘ falta de malicia, ’ pudo condenar a los acusados, siendo la circunstancia de malicia al realizar el delito un elemento esencial del mismo.”

La sentencia será revocada. Para sostener esa conclu-sión después de conocer los hechos ocurridos a virtud del examen de la prueba y lo expresado por el propio juez sen-tenciador, bastará citar lo que dijimos también al revocar otra sentencia en el caso de El Pueblo v. Reyes et al., 24 D.P.R. 168, 170, a saber:

"El examen de la prueba nos lleva necesariamente a la conclu-sión de que no existe en este caso el delito de daños maliciosos por el. cual han sido condenados los acusados apelantes.
"Toda persona que maliciosamente dañare o .destruyere bienes muebles o inmuebles ajenos, dice el artículo 511 de nuestro Código Penal, fuera de los casos especificados en este código, incurrirá en misdemeanor.
"La malicia es un elemento esencial que debe ser alegado y probado en. una acusación por tal delito, ba decidido esta Corte Suprema de Puerto Rico en los casos de El Pueblo v. Maldonado, 15 D.P.R. 776, y El Pueblo v. Lanausse, 15 D.P.R. 605, y reciente-mente en el de El Pueblo v. Valdés, 23 D.P.R. 713.
"La malicia necesaria para constituir el delito de daños mali-ciosos, ha sostenido la Corte Suprema de Wyoming^ es algo más que-la malicia que ordinariamente se infiere de la realización voluntaria de un acto ilegal sin excusa. Véase el caso de State v. Johnson, 7 Wyo. 512.
"Para que un delito pueda ser considerado como de daños mali-ciosos, sostiene el mismo tribunal, debe aparecer que la maldad fué el objeto directo del acto y que no fué incidental a otro acto legal o ilegal. State v. Johnson, supra."

No deberá entenderse que justificamos en manera alguna, el acto realizado por el acusado Gabán. Aun cuando creyere que le asistía la razón, no estaba autorizado a tomar la jus-ticia por su mano en contra de la voluntad de Borrero y en la forma en que lo hizo. Empero, como tal acto no consti-tuye el delito - de daños maliciosos por el cual fué conde-nado en unión de la persona que obedeció sus órdenes, Fe-licié, nos vemos obligados a revocar la condena. Otra sen-tencia será dictada absolviendo a los acusados del dicho de-lito de daños maliciosos, sin perjuicio de que pueda seguirse contra ellos cualquiera otra acción que pueda estar autori-zada por la ley.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Arroyo Rodríguez, acusado y apelante.
    Núm. 9649.

    Sometido: Enero 19, 1943.

      Resuelto: Febrero 19, 1943.

      F. B. Aponte y M. Velázquez Flores, abogados del apelante; li. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández,. Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

El Fiscal del Distrito de Hnmacao acusó a José Arroyo Rodríguez de haber dado muerte con malicia premeditada a. José Etanislao Fonseca el siete de junio de 1938 en Yabu-coa como consecuencia de una herida que le infiriera en el cuello con un machete.

Celebrado el juicio ante un jurado, rindió éste veredicto de culpable de asesinato en segundo grado, y solicitado un nuevo juicio, se negó, dictando la corte sentencia imponiendo al acusado diez años de presidio con trabajos forzados. In-terpuesta apelación, se señala como único error el que se-atribuye a la corte de distrito “al negarse a instruir al ju-rado sobre borní oídlo voluntario, no obstante haberse presen-tado prueba que justifica tal instrucción.”

Examinados los autos encontramos que en efecto el acusado solicitó instrucciones generales sobre homicidio voluntario y que la corte se negó a trasmitirlas. ¿Erró al pro-ceder de tal modo? No, a nuestro juicio, como veremos en seguida.

Terminada la práctica de la prueba de cargo, el acusado, por medio de su abogado, presentó su caso como sigue:

“...José Arroyo Rodríguez, el acusado,' de acuerdo con nuestra teoría era amigo íntimo, de muchos años, de Reimundo Medina. También era amigo de José Etanislao Fonseca, pero José Etanislao Fonseca y Reimundo Medina tenían una grandísima enemistad desde hacía mucho tiempo, se habían denunciado mutuamente ante la Corte Municipal de Yabueoa por diferentes delitos y eran enemigos irrecon-ciliables, ... Ultimamente Reimundo Medina se había dedicado a ciertas murmuraciones en contra de doña Julia González, esposa de don Miguel Medina, y en esas murmuraciones metía a José Etanislao Fonseca, el muerto.' Ese día de la ocurrencia de los hechos,... Reimundo Medina... había ido con esas murmuraciones.. . donde doña Julia, doña Julia se lo dijo a su esposo Miguel Medina y Miguel Medina fué al pueblo, donde estaba José Etanislao Fonseca, a buscarlo para aclarar aquellas murmuraciones. Cuando llegó Miguel Medina al sitio de los hechos, Reimundo Medina entabló [con él] una discusión,.. .bastante fuerte y bastante acalorada. José Etanislao Fonseca, el muerto, se había quedado un poco atrás. ... La esposa Julia González cogió un palo y vino a defender a su marido con el palo, a Miguel Medina, y atacó a Reimundo Medina en esa discusión.
“ .. .ya prendida la discusión.. .José Etanislao Fonseca, el muerto, llamó al acusado José Arroyo Rodríguez.. .y le dice, vamos a inter-venir y no dejemos que maten a nuestro amigo Miguel Medina. El acusado gritando, voy a meter la paz y meterlos en bien, sin tener nada con ninguno de los que allí habían, se acercó durante la dis-cusión, pero el primero que llegó fué José Etanislao Fonseca y le quitó un palo que tenía Julia González,... el acusado trata de llevarse a Miguel, deja a Reimundo y deja a José Etanislao en una lucha y se trae a Miguel para que no interviniera en la lucha, hacia la casa de Emilio de León.
“El re'sto de nuestra teoría surgirá de la prueba que nosotros les presentaremos, pero nosotros vamos a tratar de probar que el acusado no cometió el delito, que el acusado estaba fuera del sitio de los hechos; no se acercó en el momento en que quedó José Etanislao Fonseca muerto, y si nosotros logramos probar todo esto, si nosotros logramos aclarar este misterio de esta muerte, probando nosotros la inocencia de este acusado, vamos nosotros a solicitar de Uds. un veredicto absolutorio para el acusado.”

De suerte que la teoría del acusado no consistió en ha-ber dado muerte a Fonseca, sino en no haber “cometido el delito,” en estar “fuera del sitio de.los hechos.” Y la evi-dencia que seguidamente presentara fue congruente con la teoría que expusiera.

Bajo esas circunstancias es bien claro que la corte no es-taba obligada a trasmitir instrucciones sobre homicidio. 4-Warren on Homicide, Permanent Edition, sección 339, pág. 294 y sección 346, pág. 426.

Se insiste sin embargo en que de la prueba de cargo' surge la posibilidad del homicidio y que siendo ello así procedía la instrucción.

Lo que en sustancia resulta de la prueba de cargo es que en Yabueoa, en el barrio de Calabazas, frente a la casa de Emilio de León, el ‘siete de junio de 1938, de siete a ocho de la noche, Miguel Medina sostenía una discusión con' su her-mano Raimundo porque éste había dicho que su esposa le había sido infiel con Fonseca. Fonseca se hallaba presente e intervino dando un puño a Raimundo que estaba armada de machete, cayendo el machete al suelo.

El acusado que también se encontraba allí en unión de otras personas, cogió el arma del suelo y dió a Fonseca tan tremendo machetazo que le cercenó casi pór completo la ca-beza.

Bajo esas circunstancias aunque se aceptara que el acu-sado era amigo íntimo de Raimundo Medina, jamás podría concluirse que se trataba de un caso de homicidio y no de asesinato, habiendo actuado por tanto el juez sentenciador correctamente al negarse a trasmitir la instrucción.

El juez de distrito descansó principalmente en la autori-dad del caso de Commonwealth v. Paese, 220 Pa. 371, 69 A. 891, 17 L.R.A. (N. S.) 795, que es una decisión sumamente ilustrativa e interesante. Los hechos fueron en sustancia los siguientes. Tres personas que habían estado bebiendo tuvie-ron una disputa sobre tarifas con el conductor y motorista de un auto. Una de ellas, que no era el acusado, se fué a las manos con el motorista quien era más alto y de mayor peso que él y quien lo golpeó severamente. El motorista se •dirigió entonces a su puesto al frente del auto y en ese mo-mento el acusado, otra de las tres personas indicadas, sacó su revólver y le disparó cinco tiros, adelantándose mientras disparaba cada tiro. Fué juzgado y convicto de asesinato >en primer grado.

En apelación se imputó como error al no haber la corte "trasmitido la siguiente instrucción:

‘ ‘... ‘ Si el jurado cree que el interfecto había atacado y cometido un acometimiento y agresión grave en la persona de George Paese, •que era inferior al interfecto en tamaño y peso, y que esto fué realizado en presencia del acusado, quien era amigo y acompañante de George Paese; y si también encuentran que este ataque excitó en tal forma el ánimo del acusado como para destruir su dominio propio, y que en esta condición de súbita pasión y sin que hubiese suficiente tiempo para calmarse, le disparó y mató al agresor, el .grado del delito es claramente homicidio.’..

Y la corte dijo: “La cuestión.en tal virtud a resolver es la de si aceptando que la agresión de haberse inflingido con'tra el acusado hubiera permitido al jurado reducir el delito al grado de homicidio, puede tener ese mismo efecto cuando se perpetra en la persona de un amigo.”

Procedió entonces a estudiar con gran cuidado y exten-sión la jurisprudencia sobre la materia. En parte, se ex-presó así:

“Para reducir un golpe o herida que resulte en la muerte a homicidio ’voluntario, debe haber suficiente causa de provocación y un estado de cólera sin tiempo para calmarse, colocando al acusado fuera del dominio de su razón e impulsándolo a realizar el hecho. Si alguno de estos elementos falta, si ha habido provocación sin cólera, o cólera sin suficiente causa de provocación, o ha habido sufi-ciente tiempo para calmarse, o si lá razón ha vuelto a predominar, el delito será asesinato. Commonwealth v. Drum, 58 Pa. 9 (17). Lo que constituye suficiente provocación para este propósito no se ha definido exactamente, y es probablemente imposible de una defi-nición exacta, porque debe variar con las mil circunstancias del temperamento humano. Es una concesión a la flaqueza de la natu-raleza humana, no una excusa para la ira anormal e indebida y por tanto debe considerarse con vista a todas las circunstancias. Se ha •dicho correctamente que el grado de suficiencia de la provocación debe decidirse por la corte...
“Por otro lado, se ha sostenido que ciertas circunstancias cons-tituyen suficiente provocación. Así, en general, daño serio infligido o que se amenaza infligir al cónyuge, hijo o criado reducirían la muerte a homicidio debido a la relación de las partes en casos similares como si el daño hubiera sido infligido a la propia persona. Y el apelante alega que igual regla debe aplicarse en el caso donde hay una rela-ción más remota, como en el de un amigo o compañero... La discusión más amplia sobre el punto se encuentra en Pennsylvania v. Sell, Addison (Pa.) 156, juzgado en 1793, en el cual el juez Addison, siguiendo la costumbre de la época, emitió una instrucción elaborada discutiendo los puntos de derecho en detalle y refiriéndose a la juris-prudencia. En el curso de la misma dice: un ataque a la persona •o seguridad de un amigo es suficiente provocación para rebajar a homicidio una muerto súbita en el peligro y defensa de ese amigo. Esto se dijo como un dictum ya que no había nada en el caso a lo cual debiera aplicarse, pero el mismo punto de vista ha sido expuesto ■de tiempo en tiempo por comentaristas de considerable peso. Tres •casos se citan constantemente y se reiteran como autoridades para la •doctrina: Case of Manslaughter, 12 Coke, 87; Huggett’s Case, Hale, Pleas of the Crown, 465, S. C., J. Kelyng, 59; y Queen v. Tooley, 2 Ld. Raym., 1296. Críticamente examinados ellos ofrecen un respaldo muy dudoso a la doctrina....

Estudiada la jurisprudencia, sigue diciendo:

“Las cortes no sancionan la extensión de excusas para privar de la vida, que actualmente son demasiado numerosas, a menos que estén obligadas por el peso de las autoridades. Esa autoridad no ha sido ■encontrada para sostener que un mero espectador puede intervenir basta el extremo de quitar la vida con un arma mortífera en la disputa de un extraño, sin que sea únicamente culpable de homicidio. Contrariamente el hecho de que anualmente millares de casos de homicidio de los Estados Unidos no han producido doctrina alguna en ese sentido, fuera de los 'casos reconocidos de esposo y esposa,, padre e hijo, principal y dependiente, hacen claro que no tiene sitia en la jurisprudencia americana. Para la protección de los débiles, e infortunados y la afirmación de los deberes de humanidad debe confiarse en el viejo derecho aceptado de intervenir para evitar la comisión de un delito grave, con su limitación celosamente sostenida de que el daño a ser prevenido debe ser serio, inminente y actual,, mientras la disputa se está desarrollando, y demostrarse claramente la necesidad del uso de un arma mortífera fuera de toda duda. Hale, Pleas of the Crown, 484; Kilpatrick v. Commonwealth, 31 Pa. 198. Casos de muerte sin el uso de un arma mortífera y estando-ausente aparentemente el elemento de intención de matar están controlados por la cita de Foster que se ha expuesto anteriormente.”'

Véase además la nota de L.R.A. al reportar el caso, es-pecialmente en lo que se refiere a “Amigos.” 17 L.R.A. (N. S.) 795, 797.

La prueba de cargo no coloca al acusado en este caso-dentro del alcance de la jurisprudencia citada — aun del de la más favorable — sobre el particular. Lo que de dicha, prueba surge no es un homicidio sino un asesinato.

Homicidio voluntario es dar muerte ilegal a un ser hu-mano sin que medie malicia, en ocasión de una súbita pen-dencia o arrebato de cólera. Y asesinato, es causar esa misma, muerte con malicia premeditada expresa o tácita, siendo ex-presa la premeditación cuando se manifiesta el propósito de-liberado de quitar la vida ilegalmente al semejante, y tácita cuando no resulta notable provocación o las circunstancias-que concurren demuestran un corazón pervertido y maligno. Artículos 203, 199 y 200 del Código Penal, ed. 1937. Véanse-además los artículos 207, 208 y 209 de dicho Código que tra-tan sobre la excusa y justificación del homicidio.

El acusado nada tenía que ver con la discusión entre Ios-hermanos Medina. Nada tampoco con la intervención de-Fonseca en la misma. Era nn mero espectador. La agresión de Fonseca a Baimundo Medina con el pnño estando Medina armado de nn machete, no puede considerarse como suficiente para producir en él, aunque fuera su íntimo amigo, un arre-bato de cólera tal que lo llevara a intervenir en la forma en que lo hizo, como provocación bastante que justificara su in-tervención, ni menos su acción. No tuvo necesidad de usar el arma mortífera que usara, ni de ejercer el grado de vio-lencia que ejerciera.

Su acto tomando el machete del suelo y asestando a Fon-seca la tremenda herida que le causó la muerte, demuestra el corazón pervertido y maligno de que habla la ley al de-finir la malicia premeditada tácita que convierte la muerte ilegal en asesinato.

Bajo las circunstancias que concurren no sólo procedió correctamente, de acuerdo con los hechos y la ley, la corte sentenciadora al negarse a trasmitir la instrucción, si que ése y no otro era su claro deber.

No habiéndose cometido el único error que se señala, pro-cede declarar el recurso sin lugar y confirmar la sentencia apelada que dictó la corte de distrito de Humacao el 22 de enero de 1942.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Juan S. Mangual, en su carácter de Alcalde del Municipio de Juana Díaz, peticionario, v. Hon. Alberto S. Poventud, en su carácter de Juez de la Corte de Distrito de Ponce, demandado.
    Núm. 1499.

    Sometido: Febrero 10, 1943.

      Resuelto: Febrero 23, 1943.

      Felipe Colón Díaz, abogado del peticionario; B. Hernández Matos y G. Silva, abogados del interventor, querellado en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El Alcalde del Municipio de Juana Díaz radicó ante esta Corte Suprema una petición de certiorari, y en ella nos pide que revisemos y anulemos la sentencia de diciembre 4 de 1942, dictada por la Corte de Distrito de Ponce, en cierto procedimiento administrativo iniciado por el Alcalde peticio-nario contra Sixto Acosta, Secretario Auditor de dicho mu-nicipio. Haremos un resumen de los hechos.

El Alcalde peticionario formuló tres cargos al Secretario Municipal, en agosto 20 de 1941. Los cargos, brevemente ex-puestos, eran los siguientes:

1. Haber despedido a una sirvienta del Hospital Municipal, la cual ocupaba el puesto interinamente en substitu-ción de la empleada regular.

2. Haber faltado el respeto al Alcalde, provocándole de palabras, echándole de su oficina, y apuntándole y amenazán-dole con un revólver.

3. Haber nombrado a cierta persona para nurse graduada del Hospital Municipal, sin la autorización del Alcalde.

Bn el acto de la vista de los cargos, el Secretario quere-llado radicó una petición para que el Alcalde se inhibiese, alegando que el mismo abrigaba pasión y prejuicio contra el querellado. Denegada la petición de inhibición, el Alcalde procedió a la vista de los cargos. El querellado se abstuvo de contrainterrogar a los testigos de cargo y renunció su de-recho a presentar prueba en apoyo de su contestación.

En septiembre 12, 1942 el Alcalde aquí peticionario dictó 'resolución declarando probados todos los cargos y destitu-yendo a Sixto Acosta de su empleo de Secretario Auditor. Acudió éste ante la Corte de Distrito de Ponce en solicitud de revisión de los procedimientos, alegando, entre otras co-sas, que el Alcalde había cometido grave error al no decla-rar con lugar la petición de inhibición. La Corte de Distrito de Ponce dictó sentencia anulando la resolución recurrida, por el fundamento de que el Alcalde querellante debió de-clarar con lugar la moción de inhibición y abstenerse de co-nocer de los cargos por él mismo formulados. En julio 29 de 1942 esta Corte Suprema revocó dicha sentencia y dévol-vió el caso a la corte inferior para ulteriores procedimientos no inconsistentes con la opinión que aparece publicada en 60 D.P.R, 824.

En la petición de certiorari radicada ante esta Corte Su-prema, el Alcalde peticionario alega:

Que habiéndose sometido el caso por segunda vez a la Corte de Distrito de Ponce, ésta dictó una nueva sente'ncia anulando la resolución por la cual se destituyó al Secretario Acosta y ordenando que éste sea repuesto en'el cargo que ocupaba, con derecho a percibir los sueldos devengados mien-tras estuvo suspendido de empleo y sueldo, con imposición de las costas al Alcalde peticionario. El juez sentenciador hizo constar en su Relación del Caso y Opinión que “después de considerar ampliamente el pro y el contra de la suficien-eia de los cargos y de la evidencia presentada en apoyo de los mismos, somos de opinión que tomados en conjunto los cargos y dicha prueba, no hubo causa justa para la destitu-ción de Sixto Acosta. ...”

Alega el peticionario que el juez sentenciador cometió grave error y actuó con pasión, prejuicio y parcialidad (a) al dejar de aplicar el artículo 36 de la vigente Ley Municipal que preceptúa que la destitución de funcionarios munici-pales por el Alcalde deberá hacerse por justa causa, siendo el' Alcalde el llamado a resolver qué constituye tal justa causa; (b) al declarar que la prueba presentada no demos-traba que hubiera justa causa para la destitución, en contra-vención a la ley del caso sentada por el Tribunal Supremo al resolver en el recurso anterior que el Alcalde no había demostrado pasión, prejuicio o parcialidad al formular los cargos, ni tampoco al presidir la vista de los mismos; (c) al ignorar los preceptos legales que le obligan a revisar la prueba únicamente con el objeto de ver si se ha presentado alguna evidencia, sin que tenga poder el magistrado de la corte inferior para entrar a considerar el peso de la prueba. En apoyo de sus contenciones, el Alcalde peticionario cita la decisión de esta Corte Suprema en González v. Todd, 40 D. P.R. 181.

El auto expedido en el presente caso debe ser anulado, por las razones que pasamos a exponer.

La sección 29 de la Ley estableciendo un sistema de gobierno local para los municipios de Puerto Rico (Ley -núm. 53 de 1928, pág. 335), según quedó enmendada por la Ley núm. 98 de 15 de mayo de 1931 (pág. 595), prescribe en lo pertinente lo que sigue:

“Los funcionarios administrativos y empleados municipales sólo podrán ser removidos de sus puestos por el alcalde, y de esta decisión podrán apelar en un solo efecto, el funcionario o empleado perjudi-cado para ante la corte de distrito correspondiente, la cual deberá considerar y resolver las cuestiones de hecho y derecho envueltas en la apelación dentro de un plazo no mayor de treinta días desde la radicación de la demanda en apelación, y de la sentencia que dictare la corte de distrito resolviendo las cuestiones planteadas, no podrá apelar ninguna de las partes....” (Itálicas nuestras.)

Se ve claramente que' la intención del legislador ha sido que el dé la corte de distrito correspondiente sea el último juez sobre las cuestiones de hecho y de derecho que puedan levantarse en una apelación interpuesta por un funcionario municipal contra la resolución de un alcalde destituyéndole. Por ser definitiva e inapelable, es que el Alcalde, inconforme con la sentencia anulatoria de su resolución, se ha visto obli-gado a recurrir al procedimiento extraordinario de certio-rari, de acuerdo con la Ley de 10 de marzo de 1904.

La decisión en González v. Todd, Alcalde, supra, en nada ayuda al peticionario. Dicho caso vino ante esta Corte por virtud de apelación interpuesta por la Sra. González contra la sentencia dictada por la Corte de Distrito- de San Juan-, desestimando el recurso de certiorari por ella interpuesto y en el que solicitó la revisión'de los procedimientos seguidos por el Alcalde de San Juan para destituirla de su cargo en el Hospital Municipal. El artículo 29 de la Ley Estable-ciendo un Sistema de Gobierno Local y Reorganizando los Servicios Municipales, de julio 31 de 1919 (Ley núm. 85 de 1919, pág. 685), según fue enmendado por la Ley núm. 11 de 25 de junio de 1924 (pág. 77), que era el estatuto vigente en la fecha en que fue destituida la Sra. González, concedía al alcalde la facultad de destituir, por justa causa y previa au-diencia y oportunidad de defenderse, a todos los funciona-rios y empleados municipales, pero no concedía al destituido recurso alguno de apelación contra la resolución del alcalde. Fué por esa circunstancia que la Sra. González se vió obli-gada a acudir a la corte de distrito, en petición de un auto de certiorari, en la que alegó que la resolución dictada por el alcalde no estaba justificada por la prueba, que no existía justa causa para su destitución y que el alcalde había ac-tuado ilegalmente, en exceso de su jurisdicción. Esta Corte-resolvió, citando a Piovanetti v. Asamblea Municipal de Yauco, 31 D.P.R. 522; y Coll v. Todd, Alcalde, 35 D.P.R. 625, que aceptando que el procedimiento de certiorari es el adecuado para revisar la resolución del alcalde, la corte de distrito solamente podía investigar si el alcalde tenía o no jurisdicción o si se excedió en el ejercicio de la misma o si el procedimiento seguido para ejercitarla fue erróneo.

La ley ahora vigente (See. 29, Ley núm. 53 de 1928, enmendada por la Ley núm. 98 de mayo 15, 1931), supra, concede al empleado destituido el derecho de apelación para ante la corte de distrito y a ésta la facultad de “considerar y resolver las cuestiones de hecho y derecho”, la cual lleva envuelta la de pasar sobre la suficiencia o insuficiencia de la prueba. Si la resolución destituyendo al empleado es revo-cada, el alcalde no puede apelar para ante la Corte Suprema, pues el estatuto dispone, como ya liemos visto, que “de la sentencia que dictare la corte de distrito resolviendo las cuestiones planteadas, no podrá apelar ninguna de las par-tes”. Sí puede la parte perdidosa recurrir ante esta Corte, como lo hizo en este caso el Alcalde, en petición de un auto de certiorari.

Es doctrina firmemente establecida por la abundante jurisprudencia de esta Corte Suprema la de que dentro del procedimiento de certiorari clásico autorizado por la ley de marzo 10 de 1904, solamente podemos considerar y resolver si la corte inferior tenía jurisdicción para actuar en el caso y para resolver por sus méritos las cuestiones que le fueron sometidas, y si el procedimiento por ella seguido se ajustó a las prescripciones legales. Pueblo v. Corte, 44 D.P.R. 703; García Soler v. Corte, 45 D.P.R. 391; García Soler v. Corte, 46 D.P.R. 540; Díaz v. Corte, 55 D.P.R. 421.

El peticionario no ha impugnado la jurisdicción de la Corte a quo para dictar la sentencia revocatoria de la reso-lución por él dictada. Tampoco se queja de que los proce-dimientos seguidos ante dicha qorte se hayan apartado de las prescripciones de la ley. Solamente se queja de la apre-ciación que de la prueba ha hecho la corte inferior. Y en eso, aun cuando estamos inclinados a diferir de la opinión del juez sentenciador, no podemos intervenir.

Debe amdarse el auto expedido y declararse sm lugar la petición.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    Federico F. Basora, demandante y apelante, v. Manuel Padilla, demandado; Berríos Hermanos, interventora y apelada.
    Núm. 8661.

    Sometido: Febrero 8, 1943.

      Resuelto: Febrero 23, 1943.

      Tibaldo Aponte, abogado del apelante; Rafael Dávila Ortiz, abogado de la interventora y apelada; Faustino R. Aponte, abogado del demandado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de Humacao desestimó la apelación establecida por el demandante en esto caso contra la senten-cia que había dictado la Corte Municipal de Yabueoa, por el motivo de no haberse radicado la transcripción de autos dentro de los veinte días después de radicado el escrito de apelación ya que consideró nula una prórroga concedida por la corte municipal.

El demandante apeló para ante esta Corte Suprema de dicha resolución y ahora la interventora solicita desestime-mos el recurso alegando que la resolución de la corte inferior no es apelable de acuerdo con lo resuelto en los casos de Marxuach v. Aguilar, 20 D.P.R. 157; Negrón v. Mudafor, 47 D.P.R. 207 y Fernández v. Arroyo, 55 D.P.R. 997. El apelante se lia opuesto a la desestimación arguyendo qne a pesar de qne en dichos casos se dijo qne nna resolución de nna corte de distrito desestimando nna apelación procedente de nna corte municipal no era apelable para ante esta corté, en los casos de Rodríguez v. Banco Popular, 57 D.P.R. 938 y Sallaberry v. Mundo, 58 D.P.R. 401, esta Corte entró a con-siderar los recursos contra resoluciones de las cortes de dis-trito desestimando las apelaciones por no haber el apelante solicitado el señalamiento del caso para vista en la corte inferior. Como además de estos casos citados por el apelante, en el de Alsina y Morales v. Matos, 15 D.P.R. 183, esta corte resolvió expresamente lo contrario a lo resuelto en los de Marxuach v. Aguilar y Negrón v. Mudafor, supra, parece conveniente revisar de nuevo la cuestión y establecer la pauta definitiva que debe prevalecer en estos casos.

El artículo 295, inciso 2 del Código de Enjuiciamiento Civil es el aplicable y dispone que:

“Podrá establecerse apelación para ante el Tribunal Supremo...
“1. ........
“2. De una sentencia de una corte de distrito dictada en apela-ción interpuesta contra resolución de una corte inferior, dentro de los quince días después de registrada dicha sentencia, si el' valor de la cosa reclamada o cuantía de la sentencia sin comprender frutos o intereses, excediera de trescientos dólares.”

Ya antes, en el artículo 188 del mismo Código, el legisla-dor había definido una sentencia como “la decisión definitiva sobre los derechos de las partes en un pleito o procedi-miento”. Con respecto a lo que constituye una “decisión definitiva”, California Jurisprudence nos ofrece un guía para determinar lo que efectivamente cae dentro de dicha clasi-ficación. Dice el comentarista en 2 Cal. Jur. 137, sección 18:

“... La fórmula general aplicable al determinar si una sentencia es final o interlocutoria, desde luego, es aquella en que si alguna otra cuestión posterior es esencial en la naturaleza judicial de la acción por parte de la corte para determinar los derechos de las partes, la sentencia es solamente interlocutoria. Pero si después que la sentencia baya sido dictada otras cuestiones posteriores no pueden ser presen-tadas a la corte, con excepción de aquellas que sea necesario deter-minar para qiie la sentencia surta efecto, la misma es final.”

Aplicando esta regia resolvió la Corté Suprema de California en Zoller v. McDonald, 23 Cal. 136, que una resolu-ción de una Corte del Condado desestimando una apelación de un juzgado de paz constituía una sentencia final, de la cual podía apelarse para ante la Corte Suprema. Dijo la corte por voz del Juez Crocker:

“La resolución de la Corte del Condado desestimando la apela-ción es la decisión final y solución de la corte en el caso ante ella, que pone fin al litigio; y por lo tanto dicha resolución es, para todos los fines y propósitos, una sentencia sujeta a la revisión de esta Corte. No importa la forma en que se le ponga fin al pleito, si realmente constituye la actuación final de la corte, es suficiente. (Belt v. Davis, 1 Cal. 135).”

Desde 1863 rige esa doctrina en' California, no habiendo sido revocada en ningún momento.

A igual conclusión han llegado la Corte Suprema de Arkansas en City of Batesville v. Ball, 140 S. W. 712, 714; la Corte de Apelaciones Civiles de Texas, en Ezell v. Knapp & Elliott, 40 S. W. (2d) 1110; la Corte Suprema de Illinois, en Thomas v. John O’Brien Lumber Co., 56 N. E. 1113, y la Corte Suprema de New Mexico, en Oskins v. Miller, 263 Pac. 766. En New York, hay una pequeña variación cuando se trata de una acción contenciosa, y es que la resolución deses-timando la apelación no es por sí suficiente, sino que tiene que dictarse una sentencia formal a base de esa resolución para entonces apelar al tribunal superior. Véase el caso de Stevens v. Central National Bank of Boston, (N. Y.) 56 N. E. 628. Sin embargo, en el caso de un procedimiento especial, se puede apelar directamente de la resolución desestimando la apelación. En el caso de In re Courthouse in City of New York, 111 N. E. 65, se trataba de un procedimiento de expro-piación y se dijo por la Corte de Apelaciones de New York, con respecto a una apelación entablada contra la decisión del Appellate Division desestimando una apelación del fallo de la Corte Suprema aprobando la cuantía, de la compensación concedida al propietario:

“El ilustrado abogado del apelado pone en tela de juicio nuestra jurisdicción para revisar la resolución desestimando la apelación. Soy de opinión que tenemos jurisdicción. Al negarse a oír en apela-ción, la Sala de Apelaciones (Appellate Division) virtualmente le dió carácter de definitiva a la orden de aprobación. El efecto sobre los derechos del apelante fué el mismo que hubiera tenido una con-firmación sobre los méritos. Si ésta hubiera sido una acción en vez de un procedimiento especial, la práctica correcta hubiera sido pedir que se dictara sentencia a base de dicha orden. Stevens v. Central National Bank of Boston, 162 N. Y. 253, 256, 56 N. E. 628. Un procedimiento especial, sin embargo, termina corrientemente en una. orden final, y esta orden tiene todos los elementos de finalidad. El caso citado constituye autoridad en apoyo de la teoría de que las. cortes inferiores no pueden privar a esta corte de jurisdicción deses-timando una apelación y dejando en vigor una sentencia u orden final en contra de la parte que reclama haber sido agraviada. ‘En muchos casos esto tendría el mismo efecto sobre los derechos de las partes, que una confirmación.’ ”

En el caso de Alsina, supra, esta corte, por voz del Juez. Asociado Sr. Figueras resolvió lo siguiente:

‘ ‘ Es indudable que la resolución de la Corte de Distrito de Ponee que lleva fecha 15 de diciembre de 1908 es apelable para ante esta Corte Suprema porque ella por su naturaleza tiene el carácter de definitiva toda vez que, rechazando de plano la apelación que ante-la Corte Municipal de Ponce se había interpuesto, pone término al pleito promovido. Cae, pues, de lleno dentro del número Io. del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil que nos rige y acep-tándolo así entramos a considerar los demás puntos que se presentan.”

La alusión que se Face al inciso l9 del artículo 295 del Código es un error pues el aplicable es el inciso 2° ya que el primero trata de las apelaciones contra sentencias dicta-das en pleitos originados en las cortes de distrito.

Aún cuando el caso de Alsina nunca ha sido expresamente-revocado, de hecho se resolvió lo contrario en el caso de Marxuach v. Aguilar, supra, al decirse lo siguiente:

“Las resoluciones que dictan las cortes desestimando un recurso de apelación por haber dejado de cumplir el apelante determinados requisitos para que pueda ser oída, no son verdaderas sentencias, aunque como tales se registren y aunque producen el efecto de dejar firme la sentencia apelada, porque no resuelven los méritos del pleito y se limitan a negarse a oír y decidir el recurso. Harrington v. Holler, 111 U. S., 796 y Wenar v. Jones, 217 U. S., 593; aplicados por nosotros en el caso de Cautiño v. Muñoz, que resolvimos en noviembre 11 de 1913. Por consiguiente esas resoluciones no están comprendidas entre las sentencias a' que se refiere el número 2 del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil tal como quedó enmendado en el año 1905.”

Por la autoridad de este caso, a la misma conclusión se llegó en los de Negrón v. Mudafor y Fernández v. Arroyo, supra. El razonamiento usado por la Corte Suprema Federal en el caso de Harrington v. Holler, supra, fué el si-guiente :

“Una resolución de la Corte Suprema del territorio de Washington desestimando un auto de error dirigido a una corte de distrito, por no haber radicado el peticionario la transcripción de autos y por no haber incluido su caso en calendario dentro del término exigido por ley, no constituye una sentencia o decisión final dentro del signi-ficado de dichos términos tal como se usan en las secciones 702 y 1911 de los estatutos revisados, que regulan los autos de error y apelaciones a ésta, procedentes de la Corte Suprema del Territorio.”

Ahora bien, en una serie de casos: Guerra v. Carrión, 47 D.P.R. 798; Cobián v. Espina, 50 D.P.R. 185; A. S. Aloe & Co. v. Talavera, 56 D.P.R. 198; Rodríguez v. Banco Popular, 57 D.P.R. 938, 940, y Sallaberry v. Mundo, 58 D.P.R. 401, 404, entre otros, esta Corte Suprema ha entrado a conside-rar y resolver apelaciones sobre resoluciones de las cortes de distrito desestimando recursos procedentes de cortes mu-nicipales por no haber el apelante cumplido con la sección 3 de la Ley para Eeglamentar las Apelaciones contra Senten-cias de las Cortes Municipales en Pleitos Civiles, de 1908 (Comp. 5332-5337), según quedó enmendada por la Ley 31 de 1934 (pág. 293), en cuanto al deber que se impone al ape-. lante de “solicitar la inclusión del pleito en el calendario o lista de señalamientos civiles en la primera lectura qne del mismo haya de celebrarse subsiguientemente a la radicación del caso”. En algunos se desestimó el recurso, no porque no fuera apelable la resolución de la corte inferior, sino por considerarse frívolo, mientras que en el de Sallaberry v. Mundo, supra, se revocó la resolución y se devolvió el caso para ulteriores procedimientos.

Realmente no vemos la razón para establecer reglas dis-tintas en estos casos. Tanto el dejar de radicar los autos en la corte inferior dentro del término de veinte días que establece la sección 1 de la ley de 1908 como el dejar de so-licitar la inclusión del caso en calendario en su primera lec-tura que provee la sección 3 de la misma ley son cuestiones de procedimiento cuyo cumplimiento se impone a la parte que apele para ante la corte de distrito de una sentencia dic-tada por la corte municipal. Tanto el incumplimiento de uno como de otro de dichos requisitos conlleva las mismas consecuencias: la desestimación del recurso por la corte de distrito. Las resoluciones que a dicho efecto se dictan son finales y aún cuando ninguna de ellas va a los méritos del caso, a todos los efectos legales ponen término a la contro-versia y resuelven los derechos de las partes. El hecho de que se le titule resolución y no sentencia es un mero tecni-cismo y, citando una vez más al Juez Cardozo diremos que: “La ley ha salido ya de su primitiva etapa de formalismo cuando la palabra precisa era el talismán soberano y cual-quier desviación era fatal.” Lo mismo puede cometer error la corte de distrito al desestimar cualquiera de estas apela-ciones a virtud de una resolución que de una sentencia y de hecho resolvimos en el caso de Sallaberry v. Mundo, supra, que lo cometió al interpretar la sección 3 de la ley, supra. Es cierto que en los casos de Alvarez v. Corte, 57 D.P.R. 644 y Schwab v. Corte, 55 D.P.R. 208 se utilizó el remedio de certiorari para revisar la misma cuestión, pero en ningnno de los casos en qne se utilizó el recurso de apelación se des-estimó por no ser el remedio apropiado.

Somos de opinión qne la doctrina establecida en los ca-sos de Marxuach v. Aguilar, Negrón v. Mudafor y Fernández v. Arroyo, supra, debe considerarse revocada y qne de-bemos resolver qne la resolución dictada por la corte inferior es apelable, siguiendo la regla establecida por la Corte Suprema de California, y por esta corte en el caso de Alsina, snpra, y en su consecuencia que la moción sobre desestima-ción debe declararse sin lugar.


text:
    Puerto Rico Auto Corporation, recurrente, v. Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, recurrido.
    Núm. 1118.

    Sometido: Enero 30, 1943.

      Resuelto: Febrero 24, 1943.

      Hugh R. Francis, abogado de la recurrente;' el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

.emitió la opinión del tribunal.

La Puerto Rico Auto Corporation, con domicilio en la ciu-dad de San Jnan, para garantizar un pagaré por $164,614.05 qne había otorgado a favor de Reconstruction Finance Corporation, constituyó una hipoteca sobre varios automóviles y trueles de su propiedad situados en los municipios de San Juan, Río Piedras y Toa Baja. Inscribió la hipoteca en la Sección Primera del Registro de la Propiedad de San Juan, pagando los derechos correspondientes a base de la cuantía total de la hipoteca por no haberse dividido la responsabi-lidad entre los distintos bienes hipotecados. Solicitó ^ enton-ces la inscripción de la hipoteca en la Sección Segunda del Registro de la Propiedad de San Juan sin pagar derechos alegando para ello que no tenía que pagarlos por segunda vez y el registrador se negó y suspendió la inscripción de acuerdo con la siguiente nota:

“Io. Porque de acuerdo con lo dispuesto en la Sección 4 de la Ley número 19, aprobada el 3 de junio de 1927, las hipotecas sobre propiedad mueble se inscribirán en el distrito de la residencia del deudor hipotecario al tiempo de su otorgamiento; y se inscribirán además en el distrito en que estuvieren situados los bienes, si fuere otro distinto, lo que no ocurre en este caso según se desprende del propio documento del cual resulta que los bienes muebles hipotecados están situados en los municipios de San Juan, Río Piedras y Toa Baja, cuyos municipios corresponden a este mismo distrito judicial; y habiendo sido ya inscrita dicha hipoteca en la Sección Primera de este Registro de la Propiedad, según se desprende de la nota puesta al calce en el duplicado del documento presentado y del escrito que se acompaña, no procede la duplicidad de inscripción que se solicita.
“2o. Porque en el supuesto de que la inscripción que se solicita pueda practicarse también en esta Sección Segunda del Registro de la Propiedad de San Juan, entonces el interesado deberá consignar $411.75 en sellos de Rentas Internas de conformidad con lo dispuesto en la Sección 16 de la ley antes mencionada, no habiéndose consig-nado la referida cantidad ni parte alguna de la misma, a pesar de habérsele exigido en pago de los servicios a prestarse por este Registro de la Propiedad, Sección Segunda.”

En cuanto al primer motivo expuesto, por el registrador la recurrente lo somete a esta corte sin argumentación alguna, y el segundo sostiene que es contrario a lo resuelto en el caso de Baetjer v. Registrador, 57 D.P.R. 175, y como consecuencia solicita la revocación de la nota recu-rrida. Por su parte el registrador para sostener el primer motivo arguye que el legislador, al usar la palabra “dis-trito” en la sección 4 de la Ley núm. 19 aprobada el 3 de junio de 1927 (Leyes de 1927, pág. 491) se refiere al distrito judicial y no al distrito hipotecario o demarcación territorial de cada registro. Dicha sección dice así:

“Sección,-!. — Una hipoteca de propiedad mueble no será válida •contra persona alguna, excepto el deudor hipotecario, sus herederos, legatarios, albaeeas o administradores, a menos que la hipoteca estu-viere inscrita en el registro de la propiedad del distrito en el cual residiere el deudor hipotecario al tiempo de su otorgamiento, o si residiere fuera de Puerto Rico, en el distrito en que se encontrare la propiedad; Disponiéndose, sin embargo, que si la propiedad radi-care en distinto distrito de aquel en que residiere el deudor hipote-cario, se inscribirá la hipoteca en el registro de la propiedad de ambos distritos, el distrito en el cual el deudor hipotecario reside y el distrito en el cual está radicada la propiedad.” (Bastardillas nuestras.)

Sostiene el registrador que ni la Ley Hipotecaria ni su Reglamento llaman “distrito” al territorio cubierto por cada uno de los registros, y además que la sección 14 de la Ley de 1927, cuyo título es Ley Hipotecaria de Propiedad Mueble, que trata sobre la ejecución de esta clase de hipotecas, dis-pone que la propiedad hipotecada será vendida en publica subasta “por el márshal del distrito en el cual residiere el deudor hipotecario, o en donde se encontrare la propiedad.”

No podemos estar conformes con la conclusión a que llegó el recurrido. Por la sección 14 se proveyó el procedimiento judicial para la ejecución de estas hipotecas especiales y la ley se refiere, desde luego, al márshal del distrito judicial correspondiente. El problema en cuanto al Registro en que deba hacerse la inscripción de la hipoteca en sí es a]go dis-tinto e independiente.

Los hechos del caso de autos demuestran que la interpre-tación del registrador es errónea. Si la aceptamos como co-rrecta, ,¿ en qué registro, además de aquel del domicilio del deudor debe inscribirse la hipoteca, cuando el distrito judicial en que están los bienes situados es distinto al del domi-cilio del deudor y al mismo tiempo no radica ningún registro de la propiedad dentro de los límites de dicho distrito judicial? No podría inscribirse y por tanto no podría cumplirse con el mandato de la sección 4, supra. Y esto es lo que pro-cede con los bienes de la recurrente situados en el municipio de Toa Baja, .que no pertenece al distrito judicial de San Juan como erróneamente dice el registrador en su nota, sino-ai distrito judicial de Bayamón en el cual no existe Registro de la Propiedad alguno pues todos sus municipios están asig-nados a la Sección Segunda del Registro de la Propiedad de San Juan. El ejemplo que pone el recurrido de bienes si-, tuados en San Juan y en Ponce no ofrece dificultad porque en ambos distritos existen registros de la propiedad, pero cuando surge un caso como el de autos se puede ver cuál fue la intención legislativa. Otro ejemplo lo demostrará más claramente aún: Dentro de los límites del distrito judicial radican dos registros de la propiedad, como sucede en el distrito judicial de Mayagüez que tiene el registro de su nom-bre y además el de San Germán. Si un deudor residente en. Ponce hipoteca bienes muebles situados en el pueblo de Añasco, dentro del distrito judicial de Mayagüez, ¿en qué registro debe inscribir la hipoteca, en el de San Germán o en el de Mayagüez? Nos parece que no fue la intención le-gislativa dejar a opción del deudor en este caso escoger el registro a su antojo, y en el otro encontrarse que no existe registro donde pueda inscribir la hipoteca.

La interpretación lógica y razonable es que la palabra “distrito” usada en la sección 4 de la Ley núm. 19 de 1927' supra, se refiere a las demarcaciones territoriales de los re-gistros y no a los ‘distritos judiciales. Estando el municipio-de Toa Baja comprendido en la demarcación territorial dé-la Sección Segunda del Registro de la Propiedad de San Juan, procede la inscripción de la hipoteca en dicho registro. ¿Dehe la recurrente pagar de nuevo los derechos exigidos por el registrador cuando ya los había satisfecho por ins-cribir la hipoteca en la sección primera del Registro de la Propiedad de San Juan? ¿Es aplicable el caso de Baetjer v. Registrador, 57 D.P.R. 175 al de autos? Veámoslo. En dicho caso se resolvió, según aparece del sumario, que:

“Presentada en un registro la escritura de cancelación de .una hipoteca constituida sobre una propiedad radicada en cuatro registros de la propiedad y cobrados en él los derechos ascendentes a una suma igual a la que se hubiera requerido si la parte de la finca hipotecada dentro de su distrito lo hubiera sido separadamente por el importe total de la hipoteca, otro registro no puede, al presentársele la escri-tura mencionada, exigir y cobrar una suma igual, obligando así al deudor a pagar cuatro veces lo que se le hubiera exigido pagar de haber distribuido la responsabilidad hipotecaria entre las varias partes de la finca radicadas en los distintos registros al otorgar la hipoteca, de existir algo en la ley a la fecha del otorgamiento que obligara a los acreedores y deudor hipotecarios a así hacerlo o con-venirlo. ’ ’

Sostiene el recurrido que el caso citado no es aplicable porque en él se trataba de una propiedad inmueble, consti-tuida por varias fincas, que se extendía por el territorio de dos o más registros pero que formando una sola unidad se consideraron como una sola finca de acuerdo con el artículo 61 del Reglamento de la Ley Hipotecaria; mientras que en el caso de autos se trata de propiedad mueble (automóviles y trucks) que no constituye toda una sola unidad.

Somos de opinión que el registrador tiene razón. Los principios de nuestra Ley Hipotecaria no son necesariamente aplicables en la interpretación de la ley especial sobre hipo-tecas de propiedad mueble. Ésta, o sea el “chattel mortgage”, proviene del derecho común y tiene como único equi-valente en el derecho civil el contrato de prenda, mientras que la Ley Hipotecaria es una institución típicamente espa-ñola. En materia de inscripción la que se requiere de acuerdo con la Ley Hipotecaria es distinta de la que se ve-rifica bajo la Ley Hipotecaria de Propiedad Mueble. La de la primera se hace en relación con fincas previamente ins-critas en el Registro de la Propiedad; la de la segunda se verifica a virtud de un contrato y lo que se inscribe es el contrato de hipoteca en el libro prescrito por la sección 15 de la ley. Es similar a la inscripción de los contratos de ventas condicionales de bienes muebles que deben inscribirse en los municipios o en la División de Automóviles del De-partamento del Interior, cuando se trata de venta condicio-nal de automóviles.

Aún cuando por analogía se pudieran aplicar los princi-pios de la Ley Hipotecaria a los contratos de hipoteca de bienes muebles, aún así, el caso de Baetjer, supra, no sería aplicable. En aquél se trataba de la cancelación de una hi-poteca que afectaba una finca, como entidad, radicada en distintos registros. Como se trataba de una finca en el con-trato de hipoteca no se distribuyó la responsabilidad porque esto sólo lo exige la ley cuando se hipotecan dos o más fin-cas. Artículo 119 Ley Hipotecaria. Se trataba de un solo gravamen hipotecario, pues la hipoteca es indivisible. Ar-tículo 122 de la misma ley. Pero como el artículo 23 del Reglamento prescribe que cuando una finca radicada “en territorio perteneciente a dos o más registros se hará la ins-cripción en todos ellos, incluyendo en cada uno tan solo la parte de la misma finca que en él estuviere situada”, al co-brar un registrador los honorarios que fija la ley para la cancelación de toda la hipoteca y no de la parte que afectaba la porción de la finca situada en su demarcación, cosa esta última que no podía hacer por impedirlo la ley por no ser divisible la hipoteca, al cobrar la totalidad de los honorarios, repetimos, es evidente que cobró la parte que debió cobrar el otro registrador. En dicho caso el Registrador de Caguas sólo inscribió la cancelación en cuanto a la parte de la finca radicada en su demarcación y sin embargo cobró los honora-rios que correspondían a la totalidad de la finca.

En el caso de autos nb se trata de inscribir el contrato en la Sección Segunda del Registro de la Propiedad de San Jnan sobre los bienes radicados en Toa Baja, sino que de inscribir todo el contrato. La sección 4, supra, expresamente dispone “que si la propiedad radicara en distinto distrito de aquel en que residiere el deudor hipotecario, se inscribirá la hipoteca en el registro de la propiedad de ambos distritos, el distrito en el cual el deudor hipotecario reside y el distrito en el cual está radicada la propiedad.” Son dos inscripcio-nes distintas e independientes las que la ley exige y dos ser-vicios distintos prestados por los respectivos registradores, y prescribiendo la sección 16 de la citada ley que el regis-trador tendrá derecho a recibir los honorarios fijados en dicha sección “por servicios a virtud de las disposiciones de esta ley” no puede dicho funcionario dejar de cobrarlos sin faltar al deber que la ley le impone, pues aún cuando se use la frase “tendrá derecho” no es discrecional en él cobrar .o no los honorarios que fija la ley. No puede alegarse que existe duplicidad de honorarios porque cada registrador cobra por un servicio distinto que presta por mandato de la ley, y ésta, al fijarlos no dice que deban pagarse en uno solo de los registros.

Debe confirmarse la nota recurrida por su segundo fun-damento.


author: El'Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Pablo Cruz, representado por su madre con patria potestad, Margarita Cruz, demandante y apelado, v. Pablo Carrasquillo, demandado y apelante.
    Núm. 8491.

    Sometido: Enero 15, 1943.

      Resuelto: Marzo 1, 1943.

      Faustino B. Aponte y Arturo Aponte, abogados del apelante; Zoilo Dueño González, abogado del apelado.
   El'Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Éste es un pleito sobre filiación fallado por la corte de distrito declarando que el demandante Pablo Cruz es hijo natural del demandado Pablo Carrasquillo.

Carrasquillo apeló y en su alegato señala dos errores como cometidos por la corte sentenciadora “al declarar con lugar la demanda basada en una teoría distinta de la plan-teada en las alegaciones” y “al declarar al demandante hijo natural reconocido del demandado por la mera existencia de un documento que fue firmado en la corte municipal de Ya-bucoa,” infringiendo el artículo 125 del Código Civil.

La demanda fue interpuesta por el menor Pablo Cruz representado por su madre natural con patria potestad sobre el mismo, Margarita Cruz. En ella se alegó que Pablo Carrasquillo, el demandado, y Margarita Cruz, siendo ambos solteros y sin impedimento para casarse* sostuvieron reía-ciones amorosas, viviendo en concubinato, y que durante esas relaciones procrearon al menor demandante, que nació en abril 17, 1938. Además, que el demandado ha tenido al demandante como hijo suyo desde que nació, pública y privadamente, ocupándose de sus necesidades y alimentos.

En su contestación negó el demandado haber sostenido relaciones de clase alguna con Margarita Cruz y que hubiera reconocido como hijo suyo al demandante y se ocupara en forma alguna del mismo.

Fue el pleito a juicio. Llamada la madre a declarar, dijo substancialmente que había nacido en un barrio de Yabucoa y fué al pueblo a trabajar en el botel de Mario Dávila, donde servía a los huéspedes. Uno de éstos, el demandado, “fué pretendiente mío y además . . . fue esposo. . . . Bueno yo le quiero decir que fué marido mío y que yo tuve un hijo de él ... me enamoraba . . . tratándome con buenas ideas, me ofreció casamiento, que él era un hombre soltero . . . que él me prometía . . . ser por mí toda su vida.”

iístuvo en el hotel como seis meses. Se fué al campo y volvió al pueblo colocándose en la casa de Digno Rincón. “Entonces continuó Pablo Carrasquillo a estar pendiente de mí y yo como ya le tenía cariño pues le seguí, . . . me hizo la invitación a . . . pasear en carro una noche, ... yo accedí complacida ... me llevó a la playa de Humacao,” donde realizaron actos carnales, que continuaron, “y entonces llegó el tiempo en que salí con un 'hijo ... al sentirme embara-zada le llamé la atención ... y él me dijo que lo que podía hacer era buscar una habitación que él la pagaba.” Consi-guió la habitación en 3a casa de Marta Prado. Carrasquillo se la amuebló e iba a ella día y noche. Fué a dar a luz al hospital. La atendió Angela Burgos a quien Carrasquillo pagó un peso y medio por sus servicios.

Carrasquillo “siempre le pasaba al niño, ... a medida que . . . iba creciendo él se iba retrancando,” le pasaba un peso y medio semanal, “a los dos meses me bajó a un peso, entonces decidí llevarlo a la corte municipal ... y quedó en firmar uno cincuenta, en dármelos semanalmente sin excusa de ninguna especie. ...” El semanal se lo da ahora la hermana de Carrasquillo, porque éste no está en el pueblo. Repreguntada insistentemente sobre si había salido o tenido relaciones con el policía Ojeda o con otros hombres que se le nombran, lo negó en absoluto.

Marta Prado declaró que alquiló una habitación a Margarita Cruz quien vivió en ella. “Y Pablo Carrasquillo, lo pude ver un día por el día que fué, no sé si se quedó o salió, yo sé que entró allí . . . una noche lo oí que ella lo llamó . . . para que se levantara.”

Angela Burgos, comadrona, manifestó haber asistido a Margarita en el Hospital. “ . . . al otro día qne fui a apun-tar el niño vine donde él para qne firmara . . . don G-nilo Carrasquillo, y él no quiso firmar y me dió $1.50.”

Se admitió seguidamente sin objeción la certificación de la inscripción del nacimiento del demandante y luego la de la sentencia en el caso de abandono de menores, que dice:

“En la sesión de esta corte celebrada hoy, 15 de diciembre de 1936, fué llamado este caso a juicio oral por su orden de señala-miento. Compareció el Ledo. Rafael Dávila Ortiz como abogado del acusado y anunció que éste y la denunciante habían llegado a un acuerdo en virtud del cual solicitarían el sobreseimiento y archivo de este caso, y al efecto se radicó-una moción de transacción....
“La denuncia en este caso imputa al acusado Pablo Carrasquillo una supuesta infracción de la Ley 35 de 1931. En ella sustancial-mente se alega que desde principios de noviembre . de 1936, y en Tabucoa, el expresado acusado Pablo Carrasquillo ilegalmente y sin excusa justificativa ha dejado de pasarle una cantidad adecuada a la denunciante para la alimentación, vestuario y medicinas de su hijo Pablo Roberto Carrasquillo, a pesar de los requerimientos hécholes por la denunciante.
“La ley que se ha citado, enmendatoria del artículo 263 del Código Penal, dice así: (se transcribe).
“El escrito de transacción a que nos hemos referido arriba y que aparece jurado por el acusado y por la denunciante, dice textualmente así:
“ ‘Comparecen la denunciante Margarita Cruz y el denunciado Pablo Carrasquillo y respetuosamente exponen, alegan y solicitan: que en el presente caso han llegado a una transacción en virtud de la cual el denunciado se compromete a pasarle la cantidad de $1.50 semanales a la denunciante para el sostenimiento del menor Pablo Roberto Carrasquillo; que dicha cantidad la pasará el denunciado a la denunciante sin excusa de ningún género todas las semanas y en efectivo; que la denunciante está conforme, y así lo expresa y solicita de la Hon. Corte, que se ordene el archivo y sobreseimiento del presente proceso, no teniendo interés alguno en su continuación. En mérito de lo cual, ambos comparecientes expresamente solicitan del tribunal que de acuerdo con el art. 445 del Código de Enjuicia-miento Criminal vigente, decrete el archivo y sobreseimiento de la denuncia en el presente caso, previo el pago de las costas. Yabucoa, P. R., a 15 de diciembre de 1936. (Firmados) Magrarita Cruz, denun-ciante. Pablo Carrasquillo, denunciado.’
((
“Interpretando no solamente la letra sino también el espíritu de la ley a que nos Remos referido en el párrafo anterior, y obedeciendo al más alto espíritu de justicia, consideramos que el escrito de transacción antedicho es uno que está comprendido dentro del ar-tículo 446 del Código de Enjuiciamiento Criminal.
“Ejerciendo, pues, la facultad discrecional que la ley confiere a esta Corte en casos de esta naturaleza, se ordena el archivo y sobreseimiento de este proceso y se absuelve libremente al acusado, previo el pago de las costas.”

Con la presentación de esos documentos terminó la prueba del demandante. La del demandado consistió en su propia declaración y en las de Gertrudis Carrasquillo, Erasmo Rivera, Cecilio Berrios y Rafael Dávila.

Gertrudis Carrasquillo, hermana del demandado, mani-festó que estando éste fuera de Yabucoa, ella entrega el se-manal del menor — $1.50—de acuerdo con la sentencia que conoce desde que fué dictada. Últimamente lo va a buscar a su tienda el mismo niño.

Erasmo Rivera expresa que salió dos noches de paseo en un mismo auto, él con una mujer y el demandado con Margarita Cruz. Fué invitado para una tercera salida que se efectuó pero entonces no fué el demandado con Margarita sino Ojeda, un policía, lo que comunicó al día siguiente a Carrasquillo. Eso fué allá por el 1935

Cecilio Berrios es un chófer de carros públicos que dijo llevó al policía Andrés Acevedo, una noche del año 1935 ó 1936", hasta la casa de Margarita Cruz y el policía le indicó que llamara a la puerta. Lo hizo y salió y “ella dijo, ‘¿qué pasa?” Yo le dije, ‘viene para acá,’ que Andrés venía para acá, el policía, y ella se quedó con la puerta abierta, y en-tonces él subió arriba y trancó la puerta, entonces me- dijo, ‘vete,’ y yo cogí y me fui.”

Pablo Carrasquillo, el demandado, admitió que tuvo rela-ciones sexuales con-Margarita Cruz en varias ocasiones, pero negó que le pagara la habitación en que vivía y que se la amueblara. Afirma que nnnca estuvo en su habitación. Dijo. que no le pasaba cantidad regular alguna. Le regalaba a veces medias, bombones. El primer semanal que le pasó fuá después de la sentencia. Firmó el convenio por consejo de su abogado.

El último testigo que declaró fue el abogado Rafael Da-vila Ortiz que representó a Carrasquillo en el caso sobre abandono de menores. Refiriéndose a Carrasquillo y al caso, se expresó así:

“Pues él estuvo en mi oficina a consultarme sobre ese asunto, y como se trataba de una denuncia por abandono de menores, cono-ciendo yo ya la ideología del Juez Ramos que presidía la corte municipal de Yabucoa, ante la cual estaba radicada la denuncia, conociendo también la ideología del juez que presidía esta corte de distrito, compañero Arjona Siaea, sobre estos casos de abandono de menores, yo creí que era más conveniente para mi cliente arreglar ese asunto, que arreglara ese asunto, y así se lo aconsejé, entonces redacté esta moción que aparece copiada aquí en la sentencia y la llevé a la corte e hice que la firmara bajo juramento mi cliente, y Margarita Cruz, la denunciante.”

Y a la pregunta

“¿En algún momento Pablo Carrasquillo, a pesar de la amistad de usted con él, le dijo a usted que él fuera padre de este niño?”

contestó

“No, lo negó rotundamente siempre y decía que tenía testigos para defenderse y yd creí que a pesar de los testigos y todo, podría ser condenado, lo más seguro es que lo fuera, y debido a eso le aconsejé que hiciera una transacción comprometiéndose a pasar' una cantidad, pero sin admitir en ningún momento que fuera su hijo.”

El juez sentenciador concluyó que la evidencia a que acabamos de referirnos no era suficiente para probar el con-cubinato ni la posesión de estado de hijo natural, que fue-ron las causas alegadas expresamente en la demanda para pedir él reconocimiento, pero dictó sentencia favorable al demandante por los siguientes motivos:

"De la prueba, sin embargo, surge una circunstancia especial que no debe pasar desapercibida. Nos referimos a la responsabilidad que voluntariamente asumió el demandado al suscribir la estipula^ ción que sirvió de base a la sentencia de la Corte Municipal de Yabucoa, y que, ofrecida en evidencia por el demandante, no la objetó y en cambio la hizo prueba’suya el demandado.
"Dicho doerunento reviste todas las características de la prueba auténtica a que se refiere el número 4 del artículo 125 del Código Civil antes citado. Y, aunque suscrito por el demandado a los dobles efectos (1) de obligarse a pasar un semanal a Margarita Cruz para alimentos del demandante, (2) a condición de que se sobreseyese la denuncia contra él interpuesta, tiene un mayor alcance, cual es el de implicar el reconocimiento de la paternidad imputádale en dicha denuncia.
"¿Hubiera el demandado firmado esa estipulación de no recono-cerse padre del hijo de Margarita Cruz? ¿Pues quién que no sea padre va a asumir la .obligación de pasar alimentos a quien a título de 'hijo los reclama?
“Por mucho que el demandado quisiera desvirtuar la fuerza probatoria de esa estipulación, ya mediante su propia declaración, ya mediante la del licenciado R. Dávila Ortiz, no sería posible. La denuncia le informó claramente del cargo que se le hacía: ‘dejar de pasarle una cantidad adecuada a la denunciante para la alimen-tación, vestuario y medicinas de su hijo Pablo Roberto Carrasquillo ’; y conociendo tal cargo, suscribió y juró la estipulación o transacción a virtud de la cual se obligó a pasar un semanal a la denunciante para los alimentos del menor Pablo Roberto Carrasquillo, y se pedía a la corte el archivo de la denuncia.
"La estipulación se hizo a base de lo dispuesto en los artículos 445 y 446 del Código de Enjuiciamiento Criminal. Y seguramente que para que la transacción que se buscaba fuera más solemne, no se limitó la denunciante a reconocer que había recibido reparación por el daño causádole por el denunciado, sino que juntamente con éste firmó la referida estipulación en sus dos efectos.
"Para que proceda el sobreseimiento de una causa a tenor de lo dispuesto en los artículos citados, es condición indispensable que el denunciado asuma la responsabilidad de los actos que se le imputan en la denuncia, es decir, debe reconocer su culpabilidad del delito. Y si ese delito es el de abandono de menores, la admisión conlleva la paternidad, es decir, el hecho de ser el padre que ha faltado al cumplimiento de un deber qué la naturaleza y la ley le imponen de .suministrar alimentos a su hijo.
“Con esta prueba bajo nuestra consideración, no queda otra alternativa que la de declarar que el demandado Pablo Carrasquillo es el padre natural de su bijo habido como fruto de sus relaciones-con Margarita Cruz.
“De no existir tal documento y a pesar de nuestra conclusión-de que dentro de la doctrina del derecho civil vigente, y de .la juris-prudencia que la ilustra, no cabría por la prueba practicada declarar la paternidad por la causal del concubinato ni por la causal de hallarse el demandante en la posición continua del estado de hijo natural del padre demandado, sin embargo, esa misma prueba no nos deja dudas de que de las relaciones del demandado con la madre-del demandante nació un hijo y que ese hijo es el demandante en este caso. Con la misma prueba, en sostenimiento de una denuncia criminal por abandono de menores, se impondría una sentencia de-culpabilidad, ya que el caso contiene elementos probatorios de mucha-mayor fuerza que los de El Pueblo v. Bohena, 52 D.P.R. 313, El Pueblo v. López, 54 D.P.R. 294, y últimamente el de El Pueblo v. De Jesús, 57 D.P.R. 708.”

Y fue esa actitud asumida por la corte sentenciadora la que llevó a la parte apelante a señalar los errores en que-funda su recurso en la forma en que lo hizo.

Bepetidamente se ha dicho que el recurso de apelación na se da contra los fundamentos de la sentencia si que contra la sentencia misma, de suerte que si la sentencia se sostiene a virtud de las alegaciones y las pruebas, procede su confir-mación aunque sean erróneos los motivos expuestos por el juez para dictarla. Y así sucede, a nuestro juicio, en el pre-sente caso.

Estamos enteramente conformes con el juez sentenciador en que no se probó el concubinato, pero no lo estamos en que dejara de probarse la posesión de estado.

Las relaciones amorosas entre el demandado y Margarita Cruz son evidentes y duraron un período considerable de tiempo. Como consecuencia de ellas nació el menor de-mandante.

Que el demandado reconoció al menor como su hijo, surge no sólo de la declaración de la madre si que de la de' la co-madrona que la asistió en el parto.

Es cierto que el demandado cuando la comadrona le su-girió que lo inscribiera como su hijo en el registro civil, se negó a dar su consentimiento, pero eso no obstante le pagó sus servicios e implícitamente lo reconoció ante ella como tal. Sus actos de reconocimiento continuaron al proveer a la ma-dre la mínima cantidad que le daba para el sostenimiento del menor y culminaron en la transacción que sirvió de base a la sentencia en el caso de abandono y en el acatamiento a la misma no ya por su parte si que por un miembro de su familia, su hermana Gertrudis.

La sentencia en el caso de abandono de menores de que se trata no debe considerarse como lo hizo el juez sentencia-dor como un documento aislado determinante en sí mismo de una causa separada de reconocimiento, sino en relación con el resto de la evidencia que fue en verdad como se introdujo en el juicio, y así considerada, pone de manifiesto la realiza-ción de actos del padre en armonía con los que vino reali-zando antes del nacimiento y después del nacimiento del hijo, que demuestran que éste se hallaba en la posesión continua de su condición de hijo natural del demandado, que le daba derecho al reconocimiento.

No importa que el demandado tratara de eludir su res-ponsabilidad. La fuerza de la verdad era tal que aún sin quererlo procedió de modo que sus actos no pueden interpre-tarse sino como de reconocimiento. Muy a su pesar parece que lo fué, pero tanto él como su hermana por sus actos re-conocieron que el menor era hijo natural del demandado, y una vez que eso sucede, no es posible descargarse de la res-ponsabilidad contraída, porque la ley prescribe que “el padre está obligado a reconocer al hijo natural,” entre otros casos que especifica, “cuando el hijo se halle en la posesión continua del estado de hijo natural del padre demandado,, justificada por actos del mismo padre o de su familia.” Ar-tículo 125, núm. 2, del Código Civil, ed. 1930.

Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sen-tencia apelada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Sebastián Ruiz González, acusado y apelante.
    Núm. 9821.

    Sometido: Febrero 23, 1943.

      Resuelto: Marzo 1, 1943.

      ■Gaspar Gerona Bras, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis .Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fné acusado de un delito de infracción del artículo 77 de la Ley de Bebidas y Espíritus Destilados, aprobada en junio 30 de 1936 (Ley núm. 6, Leyes de 1936 (2) pág. 45), consistente en que en 21 de marzo de 1940 “portaba y conducía sobre' su persona un envase de cristal conteniendo como 4 litros de ron caña, que es una bebida embriagante y de fabricación clandestina, sin tener adherido a dicho envase los sellos de Rentas Internas, que demuestre que pagó los correspondientes impuestos. ...” Convicto y sentenciado a la pena de nn mes de cárcel, por la Corte de Distrito de Arecibo, no estuvo conforme el acusado e inter-puso el presente recurso. Se basa éste en cuatro señalamien-tos de error, los cuales pueden ser considerados conjunta-mente por ser una sola la cuestión en ellos envuelta.

Los hechos del caso son, en síntesis, los siguientes:

La denuncia original radicada en la Corte Municipal de Utuado, fué archivada el 15 de abril de 1941, por haberse alegado ante dicha corte que el caso había sido resuelto administrativamente por el Departamento de Hacienda. En enero 7 de 1942, el Procurador G-eneral de Puerto Eico radicó una moción ante la misma Corte Municipal solicitando la reinstalación del caso contra el acusado apelante, alegando: que por equivocación de un empleado de la oficina de Eentas Internas, los sellos correspondientes a una multa impuesta en la causa administrativa núm. B-31411 seguida contra Gerónimo González García, fueron adheridos a la causa núm. B-30780 seguida contra Sebastián Euiz González, el aquí apelante, extendiéndose a favor de éste el correspondiente recibo; que la multa administrativa de $20 en la causa núm. B-30780 nunca ha sido pagada por el apelante,' pero se hizo aparecer que había sido satisfecha utilizando para ello el recibo erróneamente extendido a su nombre; y que fué a base de ese error que se decretó el sobreseimiento de la denuncia. Se opuso el apelante a la reinstalación del caso, alegando: (a) que la corte no tenía jurisdicción sobre la persona del acusado, y (b) carecía de facultad para dejar sin efecto la orden de archivo. En febrero 3 de 1942 la cortemunicipal dictó una orden reinstalando el caso.

En el acto del juicio ante la corte de distrito, el acusado-aceptó que los hechos alegados en la denuncia son ciertos-Nos toca, pues, considerar y resolver una sola cuestión de derecho: ¿Está facultada una corte municipal para dejar sin efecto una orden de archivo de una denuncia ante ella pendiente y ordenar que la denuncia sea reinstalada y el caso llevado a juicio?

Como regla general, el sobreseimiento incondicional de una denuncia o acusación a petición del fiscal, tiene el efecto legal de poner fin a los procedimientos bajo tal denuncia o acusación; y ni la una ni la otra pueden ser reinstaladas para continuar el proceso de acuerdo con -ellas. Esta regla es aplicable aun cuando el sobreseimiento se basare entera-mente en un error de hecho por parte del fiscal. Existen autoridades que sostienen que el procedimiento puede ser anulado en un término subsiguiente y que puede seguirse el proceso a base de la misma denuncia o acusación. Muchas de estas decisiones, sin embargo, están caracterizadas por circunstancias o consideraciones especiales que pueden ha-ber influido en la regla adoptada en cada caso. Numerosas otras autoridades sostienen la regla de.que una denuncia o acusación puede ser reinstalada dentro del mismo término en que se decretó su archivo, toda vez que la orden de ar-chivo está bajo el control de la corte durante ese término. 27 Am. Jur. Indictments and Informations, sec. 22, pág. 600, 601; 112 L.R.A., pág. 389, 390.

Existen en el caso de autos circunstancias y hechos espe-ciales que no debemos ignorar y sí tomar en consideración para determinar cuál es la regla aplicable. La denuncia no fue archivada a petición del fiscal. El propio apelante, en su alegato, describe así lo ocurrido:

“El día 15 de abril de 1941 y siendo Juez entonces de la Corte Municipal de Utuado, el Ledo. Emilio E. Franco, compareció el acusado en corte abierta y presentó en evidencia al llamarse su caso, un certificado expedido por el Tesorero de Puerto Rico, creditivo de que el acusado Sebastián Ruiz González había pagado la multa admi-nistrativa impuesta por el Tesorero. Ante tal evidencia el Juez Municipal de Utuado procedió al archivo de la denuncia y dejó en libertad al acusado Sebastián Ruiz González.”

Basta lo que hemos transcrito para convencernos de que el archivo de la denuncia no se basó en un error del Teso-rero o del fiscal y sí en la falsa y fraudulenta representa-ción del acusado, hecha a sabiendas, pues nadie podía saber mejor que el propio acusado que no era cierto que él hubiese 'pagado la multa administrativa que le había sido impuesta y que por consiguiente no tenía derecho a solicitar el archivo de la causa por ese motivo. Habiéndose basado en el fraude cometido por el acusado, la orden de archivo es nula ab initio y nunca tuvo existencia legal; y la orden de febrero 3 de 1942, decretando la reinstalación del caso, es simplemente una declaratoria de la nulidad e inexistencia de la orden de archivo. El caso no había pasado fuera de la jurisdicción de la corte inferior y ésta retenía aún un dominio absoluto sobre la orden de archivo, con facultad para reconsiderarla, modificarla o dejarla sin efecto, motu proprio o a moción del fiscal. 24 C.J.S. 116, sec. 1588; Pueblo v. Carbone, 59 D.P.R. 610.

Tampoco tiene razón el apelante al quejarse de que el juicio no se celebrara dentro del término estatutario de 120 días (Art. 448 C. E. Cr.). La dilación fué motivada única y exclusivamente por el fraude cometido por el propio acusado. Y es un .principio elemental de derecho que no debe permitirse que una persona derive un beneficio de su propio fraude.

La sentencia recurrida debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.