author: El Juez Asociado Señor Madrero

text:
    Guillermo Atiles Moréu, en su carácter de Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, demandada; Juan de los Santos Monge, patrono no asegurado.
    Núm. 361.
    Sometido: Abril 9, 1947.
    Resuelto: Junio 24, 1947.

      A, de Jesús Matos, A. Sandhi del Manzano o I. Marrero, abogados del recurrente; Víctor J. Vidal González, abogado de la beneficia-ría del obrero fallecido; Luis M. Pagan, abogado del patrono Juan de los Santos Monge.
   El Juez Asociado Señor Madrero

emitió la opinión del tribunal.

De los autos de este recurso se desprenden los siguientes hechos incontrovertidos:

Félix Rexach Ríos es dueño de una cantera situada en el ■sitio conocido con el nombre de Seboruco, en Santurce, Juan de los Santos Monge de un autocamión y Ramón Fournier de ■un cementerio. Juan de los Santos Monge convino con Félix Rexach Ríos en extraer tierra o zahorra de la cantera de este último, pagándole por ella a razón de 50 centavos por cada camión. Fournier por su parte convino con De los Santos Monge en pagar a éste $4.50 por cada camión de zahorra que se le entregara en su cementerio. La extracción de la tierra, el ponerla en el truclc y el conducir el mismo de la cantera al cementerio se hacía totalmente por cuenta de De los Santos Monge, es decir, éste pagaba 50 centavos por la zahorra en la cantera y cobraba $4.50 por cada camión de ella descar-gada en el cementerio, pagando él los peones y el chófer a razón de 25 centavos por cada camión a los primeros y a ra-zón de 50 centavos al último.. En 1 de agosto de 1945, entre 9:30 y 10 a. m., extraían zahorra de la cantera de Rexach bajo las condiciones que ya se han expuesto, cuatro obreros por cuenta de De los Santos Monge para luego trasladar la misma al Cementerio Fournier. Mientras esto se hacía ocurrió un derrumbe, varios de los obperos fueron lesionados y uno de ellos, Escolástico Febres, falleció a consecuencia de los gol-pes recibidos. ‘ Félix Rexach Ríos y Ramón Fournier. eran patronos asegurados con el Fondo del Seguro del Estado, mas no así Juan de los Santos Monge, no obstante el hecho de venir éste obligado a ello dado el número de obreros que utilizaba. Artículo 18 de la Ley 45 de 18 de abril de 1935 (págs. 251, 297).

La única cuestión a determinarse en este recurso, en su consecuencia, es si a virtud de los hechos antes expuestos Ramón Fournier en su carácter de patrono asegurado res-ponde con su seguro del accidente ocurrídole a Escolástico Fehres. Por tratarse de que Dé los Santos Monge era un patrono no asegurado, el Administrador del Fondo del Se-guro del Estado elevó el expediente a la Comisión Industrial() y ésta invocando lo resuelto por nosotros en los casos de Montaner v. Comisión Industrial, 57 D.P.R. 272 y Montaner v. Comisión Industrial, 59 D.P.R. 285, decidió que como Juan de los Santos Monge no era un patrono asegurado, no obs-tante estar obligado a serlo, y siendo éste un contratista in-dependiente, Ramón Fournier que era un patrono asegurado respondía del accidente con su seguro. Contra esa resolución de la Comisión Industrial, cuya reconsideración fue más tarde denegada, ha acudido el Administrador del Fondo del Seguro del Estado ante nos mediante el recurso de revisión provisto por el artículo 11 de la Ley núm. 45 de 1935, supra, según fué enmendado por la núm. 121 de 2 de mayo de 1940 (pág. 729).

Sostiene el recurrente que en este caso no hay responsabilidad alguna de parte de Fournier toda vez que la relación de contratista independiente con respecto a un patrono asegurado surge tan sólo cuando existe entre el principal y el contratista independiente un contrato a virtud del cual delega el patrono en el contratista independiente y ésto se obliga a realizar o ejecutar parte de la obra, empresa, negocio o trabajo a que está dedicado el patrono principal, no pudiendo surgir la relación de obrero y patrono entre un empleado del supuesto contratista independiente y el patrono principal cuando meramente existe entre las partes contratantes una transacción de compraventa, como ocurre en este caso. Está en lo cierto el Administrador.

En el caso de Montaner v. Comisión Industrial, 57 D.P.R., supra, la West India Oil Company empleó a Antonio Rivera para que éste le soldara un tanque de gasolina utilizado por un agente de ella en la venta de ese producto en el pueblo de Morovis. Rivera fué a hacer el trabajo auxiliado por un sobrino y un hijo suyos y al aplicar al tanque el soplete para efectuar la soldadura aquél estalló, produciendo la muerte del sobrino. Se llegó a la conclusión de que el seguro de la West India Oil Company respondía, toda vez que Rivera era un contratista independiente que prestaba servicios para ésta y no estaba asegurado con el Fondo del Estado.

En el de Montaner v. Comisión Industrial, 59 D.P.R., supra, Andrés Ortiz Vélez era un obrero empleado por Pablo Pagán, quien cedió en arrendamiento un camión de su pro-piedad para que José Vives pudiera arrastrar cañas de azú-car de un barrio de la municipalidad de Utuado a la grúa de la Central Cambalache en otro barrio. Ortiz Vélez sufrió un accidente mientras trabajaba en el truck de Pagán trans-portando cañas pertenecientes a la Central Cambalache. So 'resolvió que ésta por ser un patrono asegurado respondía con su seguro, ya que Vives y Pagán no estaban asegurados y eran contratistas independientes de ella.

En el último caso de Montaner ya citado, que cubría dos recursos, se dice también que Angel Valle trabajaba en un camión del patrono no asegurado Martín Linares. Este ex-plotaba dos camiones en el arrastre de cañas y convino con Juan Estades en el arrimo de las mismas desde la linca de éste hasta la Central Los Caños. El camión que conducía las cañas de Estades se volcó, pereciendo Angel Valle. Se decidió que Martín Linares era un contratista independiente de Juan, Estades y que al no estar aquél asegurado, pero sí Estades, este último era responsable.

La ligera reseña que hemos expuesto de los hechos envuel-tos en los dos casos que anteceden revelará inmediatamente que en ellos estaba envuelta la prestación de servicios por el contratista independiente para beneficio del patrono asegu-rado, es decir en ambos los tres contratistas independientes mencionados tenían contratos de arrendamiento de servicios con los dueños del negocio o industria: Rivera con la West India Oil Company, Vives y Pagan con la Central Cambala-che y Linares con Juan Estades. También se habrá notado que los servicios prestados por cada uno de los contratistas independientes lo eran en relación con la ocupación, industria o negocio del patrono asegurado con el Pondo del Seguro del Estado.

En el recurso de autos, sin embargo, la prueba no demues-tra que Juan de los Santos Monge hubiera convenido en rea-lizar ningún trabajo para beneficio de Ramón Fournier, en relación con la ocupación, industria o negocio de éste. Aquí meramente se acordó entre De los Santos Monge y Fournier que el último pagaría al primero $4.50 por cada camión de tierra o zahorra que se descargara en su cementerio. No había en forma alguna un contrato de arrendamiento de ser-vicios por parte de De los Santos Monge en favor de Four-nier'. Meramente había uno o varios contratos de compra-venta. Siendo ello así, la doctrina sentada en los dos casos de Montaner v. Comisión antes citados no es aplicable al presente.

Por otra parte, en ninguno de los casos del Continente que hemos visto, cm que se ha aplicado el'mismo principio esta-blecido en los referidos casos de Montaner, hemos notado que se ha tratado de contratos de compraventa. Más bien hemos visto que en todos ellos han estado envueltos contratos de arrendamiento de servicios en favor del patrono asegurado.

Si so examina el artículo 19 de la Ley número 45 de 1935 ((1) pág. 297) y la definición que de “contratista” se hace en el citado caso del tomo 57, a las paga. 276 y 277, se notará que según ellos se inquiere un contrato de trabajo, la realización de algún servicio por el llamado contratista independiente no asegurado para beneficio del dueño cubierto por el seguro. Aquí, repetimos, no estaba envuelta la prestación de tales ser-vicios, la realización de ningún trabajo por Juan de los Santos Monge. Únicamente estaban envueltos varios contratos de compraventa.

Siendo ello así, debe revocarse la resolución dictada por la Comisión Industrial en 5 de junio de 1946, cuya reconside-ración fue denegada en 15 de julio siguiente.

      (1)VóaJ3e la sección 15 de la Ley 45 do 1935, según quedó enmendada por la núm. 162 de 14¡ de mayo de 1943 (pág. 525).


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

license: Public Domain

text:
    José Francisco Quiñones Mercado, menor representado por su madre Petra Mercado, demandante y apelante, v. Francisco Quiñones, demandado y apelado.
    Núm. 9491.
    Sometido: Junio 3, 1947.

      Resuelto: Junio 25, 1947.

      Faustino R. Aponte, abogado del apelante; Francisco González, Jr., abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

El menor José Francisco Quiñones Mercado es hijo natural reconocido de Francisco Quiñones de la Matta. Alegando que el padre natural es insolvente y además que está ausente de Puerto Eico, el menor, representado por su madre, Petra Mercado, demandó a su abuelo paterno, Francisco Quiñones, solicitando le pasara tina pensión alimenticia de quince dó-lares semanales. El demandado excepcionó la demanda ale-gando que no aducía hechos suficientes constitutivos de causa de acción y la corte inferior declaró cou lugar elidía excepción previa y dictó sentencia desestimando la demanda. Apeló el menor y como único señalamiento sostiene que la corte sentenciadora erró al declarar con lugar la excepción previa y desestimar la demanda.

El artículo 143 del Código Civil (ed. 1930) dispone que: “Están obligados recíprocamente a. darse alimentos, en toda la extensión que señala el artículo precedente:

“2. — Los ascendientes y descendientes legítimos.
“3. — Los padres y los hijos legitimados y los descendientes legí-timos de éstos.
“4. — Los padres y los hijos ilegítimos y los descendientes legí-timos de éstos. ()

(Bastardillas nuestras.)

Si bien los ascendientes y descendientes legítimos están obligados recíprocamente a darse alimentos, no se impone por los apartados 3 y 4 del artículo 143, supra, la misma obligación recíproca entre el hijo legitimado y el hijo ilegítimo en relación con sus abuelos, sino que la obligación se limita a los padres de dichos hijos y a los descendientes legítimos de éstos.

El caso que consideramos es uno que concierne a un hijo natural reconocido cubierto por el apartado 4 del artículo 143. Y si bien es cierto que el apartado 3 de dicho artículo hace la misma limitación, al referirse al liijo legiti-mado () no debemos olvidar que de acuerdo con el artículo 121 del mismo código “los hijos legitimados disfrutarán do los mismos derechos que los legítimos” y que, tanto en Puerto Rico como en España dichos hijos son aquéllos que, teniendo la condición de naturales, son legitimados por el subsiguiente matrimonio de sus padres (artículo 120 del Código Civil equi-valen! e al 120 de España) y que también en España, de acuerdo con el artículo 122, los hijos legitimados por subsi-guiente matrimonio disfrutarán de los mismos derechos que los hijos legítimos. Creemos, por lo tanto, que el apartado 3ro. del artículo 143, supra, no tiene efectividad en Puerto Rico donde no existe otra legitimación que la del subsiguiente matrimonio. Tanto aquí como en España el hijo, legitimado por subsiguiente matrimonio de sus padres tiene todos los derechos que un hijo legítimo y, entro ellos, el de solicitar alimentos no sólo de sus padres sino que, en caso apropiado, de sns ascendientes en general.

Hemos hecho la.anterior aclaración para que se vea que los comentarios que hemos de citar de Manresa, Sánchez Ro-mán, etc. al referirse a la legitimación por concesión s.e re-fieren a esa forma especial de legitimación existente en Es-paña y de ahí la limitación incluida en el apartado 3ro. del artículo 143, supra.

Comentando Manresa el artículo 143 del Código Civil Es-pañol, equivalente al nuestro, dice que “. . . el Código ha limitado la obligación de dar alimentos respecto de los hijos ilegí!irnos a los padres en la linca ascendente, y, por lo tanto, los legitimados por concesión y los naturales reconocidos no podrán solicitarlos más que de éstos, pero no del abuelo o de la abuela. Así se declara terminantemente, con relación al artículo que comentamos, en sentencia del Tribunal Supremo de 6 de julio de 1895. En cambio, el padre viene obligado a satisfacerlos, no sólo a su Irijo legitimado o reconocido, sino también a los descendientes legítimos de éste, pero no a los ilegítimos, porque éstos no pueden reclamarlos de los abuelos. Y como la obligación de alimentos es, por naturaleza, re-cíproca, a su vez el legitimado o reconocido y sus descen-dientes citados, obligados están a alimentar a los padres del primero.” (Bastardillas nuestras.) Manresa, Código Civil Español, Tomo 1, pág. 688 (Sexta Edición, 1943).

Al mismo efecto, Sánchez Román, Derecho Civil, Tomo 5, Yol. 2, pág. 1258, al comentar los incisos 3 y 4 del artículo 143, supra dice :

“3". Los padres y los hijos legitimados por concesión Heal, y ios descendientes legítimos de éstos (num 3°., art. 143). Como la base de la paternidad es el acto de la legitimación por concesión Real, el Código impone a los padres que otorgan este acto, -pero no a los ascendientes, la obligación de prestar alimentos; así es que el legiti mado por este medio no podrá exigirlo de los ahílelos, pero extiende la obligación en los padres de prestarlos, no sólo a dichos hijos legiti-mados x>or concesión Real, sino a los descendientes legítimos de éstos siendo, entre esos tres grupos de personas, recíprocamente debidos los alimentos en toda su extensión o sean los propiamente tales, como los define el art. 142 (2).
“4°. Los padres y los 'hijos naturales reconocidos y los descen-dientes legítimos de éstos (núm. 4°., art. 143). Esta doctrinase esta-blece en los mismos términos que la indicada en el número anterior, por tratarse de hijos que, legitimados por concesión Real o reconocí dos, necesitan ser naturales, produciéndose entre ellos y sus padres, y extendiéndose a los descendientes legítimos de los primeros, el dere-cho a los alimentos (3); pei’o nunca a los descendientes naturales que los hijos naturales hubieran reconocido, porque el reconocimiento, como acto personal que es del que lo verifica, no debe trascender a otras personas, como serían los padres del mismo que lo realiza, al efecto de hacer extensiva a ellos la obligación de alimentos, respecto de los descendientes naturales reconocidos por el hijo natural de aquéllos.” (Bastardillas nuestras.)

Parecería que el lenguaje claro y preciso del artículo 143 no requeriría ulterior interpretación que la de su propia ex-posición, empero, el apelante aparentemente basó sn acción en el comentario (pie a dicho artículo liao.e Scaevola diciendo que:

“Legitimados por concesión Real y-naturales reconocidos. Es pertinente respecto de éstos la misma observación hecha sobre los legítimos. El padre o madre que los haya legitimado o reconocido es la persona llamada en primer término al cumplimiento de la obli-gación, y en su defecto es cuando ésta recaerá en los ascendientes. A primera, vista parece que el artículo no alcanza a éstos, puesto que no los menciona; pero como quiera que lo hace de los descen-dientes, y la obligación es recíproca, naturalmente comprende a los nietos y a los abuelos. Los descendientes han de ser legítimos (y por tanto, legitimados por subsiguiente matrimonio), con exclusión de naturales reconocidos y legitimados por concesión Real.” Scaevola, Código Civil, Tomo 3, págs. 214-5.

Creemos que el razonamiento de Scaevola no se ajusta a los términos del código, ya que la reciprocidad que establece la disposición general del artículo 143 se refiere, necesaria-mente, a las personas especificadas en cada uno de sus apar-tados entre sí. Cuando el legislador quiso establecer dicha reciprocidad, sin limitación alguna, lo hizo en el apartado 2'-’ al referirse, en términos generales, a los ‘‘ ascendientes y des-cendientes legítimospero al llegar al caso de los hijos ile-gítimos, limita la obligación recíproca alimenticia a los tres grupos de personas que menciona, o sea: los padres, los hijos naturales reconocidos y los descendientes legítimos de éstos. iSsta es la conclusión a que llegan, tanto Alanresa como Sán-chez Román, y consideramos que esa interpretación se ajusta al motivo que inspira los términos en que está redactado el precepto que no puede ser otro sino el hecho de que la familia natural comienza con el padre natural que reconoce al hijo y continúa, en la línea descendente, con los hijos legítimos de éste.

No erró la corte inferior al desestimar la demanda y en su consecuencia se confirma la sentencia apelada.

      O La Ley núm. 449 aprobada el 14 de mayo de 1947 enmendó los incisos 3 y 4 del artículo 148 del Código Civil en esta forma:
      "3. Los padres y los hijos legitimados y los descendientes legítimos, natu-rales e ilegítimos de éstos.
      “4. Los padres y los hijos ilegítimos y los descendientes legítimos, naturales e ilegítimos de éstos.”
      Esta enmienda fué aprobada después de resuelto este caso por la corte inferior.

      (2)E1 Código Civil Español usa la frase: “ Real.” . . . legitimado por concesión


author: El Juez Presidente Señoii Travieso

text:
    Ramón Viñas Sorba, peticionario y apelante, Ex parte.
    Núm. 9476.
    Sometido: Junio 3, 1947.

      Resuelto: Junio 27, 1947.

      Otero Buró & Otero Suro, abogados del apelante.
   El Juez Presidente Señoii Travieso

omitió la opinión del tribunal.

En 1934 el peticionario obtuvo la inscripción de la pose-sión del inmueble a que se refiere este caso. Transcurridos diez años desde diclia inscripción, compareció el peticionario ante la corte de distrito interesando la conversión de la po-sesión en dominio. Cumplidos todos los requisitos do ley, el caso quedó sometido para resolución a la corte apelada, la que dictó resolución al efecto de que “la corte con 3arísu¿«-ción liara conocer de este recurso es la Corte Municipal de San Juan (Artículo 393 de la Ley Hipotecaria y Ex parte García, 11 D.P.R. 533). Este Tribunal se declara sin juris-dicción para conocer de este caso, ordenando en su conse-cuencia, el sobreseimiento y archivo del mismo, sin perjuicio-de que por el peticionario se tramite un nuevo expediente-ante la mencionada corte municipal.” No conforme con esta resolución, el peticionario apeló para ante este Tribunal ale-gando que “erró el tribunal inferior al declararse sin juris-dicción y al aplicar lo resuelto en Ex parte García, 11 D.P.R. 533.”

De conformidad con los artículos 393 de la Ley Hipotecaria y 441 de su Reglamento, las cortes municipales tienen jurisdicción exclusiva para entender en aquellos casos de conversión de posesión en dominio. El artículo 441 del Reglamento, enmendado por la Ley núm. 21 de 7 de julio de 1923 ((1) pág. 217), dispone:

“Los que tengan a su favor alguna inscripción de posesión y quieran hacer uso del beneficio que les concede el párrafo sexto del artículo 393 de la Ley, presentarán una instancia al juez municipal del lugar en que radique la finca ...”

En el caso de autos, hubo una inscripción de posesión, la cual se trata ahora de convertir en dominio y se radicó ins-tancia ante la corte de distrito a ese efecto. La corte a quo correctamente se declaró sin jurisdicción, aplicando el artículo 441, supra. No erró la corte al así hacerlo.

Se alega por el peticionario que la corte erró al aplicar lo resuelto en Ex parte García, supra. En ese caso los hechos son similares al de autos, pues hubo una inscripción de po-sesión que luego se trató de convertir en dominio radicándose instancia ante la Corte de Distrito de Mayagüez. Se resolvió, aplicando los artículos 393 y 441, supra, que dicha instancia debía radicarse ante la corte municipal y no en la de distrito. El caso por lo expuesto es de aplicación al de autos.

Alega, además, el peticionario, que el artículo 393 de la Ley Hipotecaria y 441 del Reglamento deben interpretarse conjuntamente con los artículos 389 y 390 de la Ley Hipotecaria y que al así hacerlo debe concluirse que la corte de distrito tiene jurisdicción para conocer de este recurso. No tiene razón el peticionario. Los artículos 393 de la Ley y 441 del Reglamento específicamente disponen el procedimiento a seguir en una conversión de posesión en dominio. Los artículos 389 y 390 se refieren y controlan los expedientes de posesión única y exclusivamente. El expediente de posesión y la conversión de posesión en dominio son dos procedimientos distintos uno del otro y por consecuencia no deben interpretarse conjuntamente los artículos antes citados.

Debe confirmarse la resolución apelada.


author: -El Juez Pbesidente Skñob Tbavikso

text:
    Atanasia Miranda, como madre con patria potestad de su menor hija Carmen Lydia Miranda, demandante y apelante, v. Ramón Cacho Vega, demandado y apelado.
    Núm. 9517.
    Sometido: Junio 3, 1947.

      Resuelto: Junio 27, 1947.

      Eduardo Pérez Casálduc, abogado de la apelante; Luis E. Dubón, abogado de la apelada.
   -El Juez Pbesidente Skñob Tbavikso

emitió la opinión del tribunal.

El 24 de mayo de 1945 la apelante, “como madre con pa-tria potestad de su menor hija Carmen Lydia Miranda,” presentó demanda contra el apelado solicitando que se dic-tara sentencia declarando a la menor hija natural reconocida del apelado ‘‘con los demás pronunciamientos consiguientes.” El apelado contestó la demanda, negando todos los hechos. La corte de distrito, en 1G do noviembre de 1945, dictó sen-tencia declarando: (a) que ha sido probada la paternidad del demandado con respecto a la demandante Carmen Lydia Miranda; y (5) que si bien'el demandado es padre de la menor demandante, ésta “no tiene el concepto legal de hija natural y sí el de hija ilegítima,” con derecho solamente a exigir de su padre alimentos, conforme a los artículos 128 y 143 del Código Civil, ed. de 1930.- Apelada para ante este Tribunal dicha sentencia fue confirmada el 26 de julio de 1946. Véase Miranda v. Cacho, 66 D.P.R. 550. El 24 de septiembre de 1946 acudió nuevamente con una acción indepen-diente la apelante ante la corte de distrito solicitando se con-denara al demandado al pago de la suma de $1,500, por los alimentos que, según ella, había dicho demandado dejado de proveerle desde la fecha de la sentencia hasta el día del pago y, además, que se obligara al demandado a pagar la suma de $150 mensuales por concepto de alimentos. Luego las partes estipularon y convinieron “que la suma de $50 mensuales es una cantidad razonable para los alimentos de la deman-dante Carmen Lydia Miranda, atendidas sus necesidades y las condiciones del demandado Bamón Cacho Vega.” La corte inferior aprobó la estipulación y el 31 de marzo de 1947 dictó resolución decretando que el demandado solamente está obligado a pasar alimentos a la demandante en la suma con-venida, desde el 24 de septiembre de 1946, por meses anti-cipados. De esta resolución apela la demandante.

La única cuestión envuelta en este recurso es si el demandado apelado viene obligado a pagar la pensión alimenticia concedida a la menor, desde el 24 de mayo de 1945, fecha en que se radicó la demanda de filiación o si debe pagarse desde el 24 de septiembre de 1946, fecha en que se acudió ante la corte inferior requiriendo dicha pensión.

Alega la apelante que debe concederse la pensión alimen-ticia a la menor desde el día 24 de mayo de 1945, fecha en que se radicó la demanda de filiación, porque en dicha demanda se solicitó de la corte, no solamente que se declarara al de-mandado padre natural de la demandante, sino que también se solicitó que dictase “los demás pronunciamientos consi-guientes.” Se alega por la apelante que esta última frase incluye la solicitud de alimentos; que, por consiguiente, dichos alimentos fueron solicitados en la demanda de filiación y deben ser concedidos desde la fecha en que se radicó dicha demanda, según lo dispone el artículo 147 del Código Civil, edición de 1930, que reza así:

“La obligación de dar alimentos será exigible desde que los necesi-tare para subsistir la persona que tuviere derecho a percibirlos; pero no se abonarán sino desde la fecha en que se interponga la demanda.”

No tiene razón la apelante. En la demanda de filiación solamente se ventiló el vínculo entre la demandante y el de-mandado y no se hizo solicitud expresa alguna en cuanto a alimentos. Mediante sentencia de la corte de distrito con-firmada luego por este Tribunal (Miranda v. Cacho, supra) se declaró a la menor, hija ilegítima de Cacho y, por conse-cuencia, con derecho a alimentos de conformidad con al ar-tículo 128 del Código Civil. Pero el hecho de que la menor tenga derecho a alimentos no significa que el obligado deba pasarlos en ausencia de requerimiento. Tiene el alimentista que exigirlos expresamente mediante solicitud a ese efecto. A este respecto dice Mantesa en su obra “Comentarios, Có-digo Civil”, tomo 1, pág. 684, comentando el artículo 148 del Código Civil español, que concuerda con el artículo 147 del nuestro, que:

“La ley dé Matrimonio civil, en su art. 74, había establecido que la obligación de dar alimentos sería exigible desde que los necesitase para subsistir la persona que tuviese derecho a percibirlos; pero no dijo nada acerca de la época a partir de la cual deberían ser abo-nados. en el caso de no haberlos reclamado el alimentista desde que nació su necesidad, sino algún tiempo después, y ese silencio de la ley hizo surgir la duda de si serían o no debidos durante mucho tiempo.
“La jurisprudencia vino a resolver esta dificultad en el sentido de que los alimentos sólo se debían desde que se reclamaban, y de acuerdo con dicha jurisprudencia se ha adicionado el antiguo pre-cepto, disponiéndose que no serán abonados sino desde la fecha de la interposición de la demanda. Los alimentos responden a una nece-sidad imperiosa, sin la cual no serían exigibles, y la ley supone que no existe esa necesidad mientras no se reclamen judicialmente. ’ ’

En este caso fueron reclamados por primera vez el 24 de septiembre de 1946, y es desde esta fecha que surge la obligación de pasarlos, de conformidad con el artículo 147, supra, que dispone que no se abonarán sino desde la fecha en que se interponga la demanda. No cometió error la corte inferior al conceder los alimentos comenzando el 24 de sep-tiembre de 1946, fecha en que se radicó la demanda.

Debe confirmarse la resolución apelada.


author: El Juez Presidente Señor Travieso

text:
    Dr. Miguel Roses Artáu, Miguel y Elvira Roses Denton, demadantes, apelados y apelantes, v. Dr. Mario Juliá García, demandado, ápelante y apelado.
    Núm. 9397.
    Sometido: Diciembre 5, 1946.

      Resuelto: Junio 27, 1947.

      Mariano Acosta Velarde, y Daniel Pellón Lafuente, abogados del de-mandado, apelante y apelado; Félix OcJ>oteco y L. E. Bubón, abogados de los demandantes, apelados y apelantes.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La demanda original eu este caso fue radicada el 17 da junio de 1939. En la demanda enmendada radicada el 27 de mayo de 1941 se alega, “que los demandantes Miguel 3 Elvira Poses Denton son, y eran en las fechas que más ade-lante se mencionan, mayores de edad e hijos legítimos del otro demandante en la presente Migaiel Eoses Artán y de la legítima esposa de éste María Adela (Minnie) Denton, quie-nes fueron casados basta el fallecimiento de esta última en la feelia y según se alega más adelante en esta demanda; y que todos dichos demandantes se unen como tales en esta acción por el interés común que tienen en la causa de acción que se ejercita en esta demanda, y en la materia (subject matter) de la misma.” Alegan los demandantes que la Sra. Denton de Eoses desde un año más o menos con anterioridad a la fecha de su muerte venía trastornada mentalmente, pa-deciendo de psicosis involucional, con tendencia especial al suicidio, lo que conocía y sabía el demandado; que con mo-tivo de esa enfermedad y especialmente por la tendencia de la paciente al suicidio, los demandantes decidieron recluirla y hospitalizarla en la “Clínica del Dr. Juliá”, propiedad del demandado, y así lo hicieron, para que allí fuese vigilada y atendida y tratada en su enfermedad, pagando los deman-dantes al demandado la compensación convenida por dicha hospitalización y los servicios profesionales de éste; que on junio 19 de 1938, Minnie Denton falleció en la clínica del demandado, mientras estaba recluida, siendo la causa de su muerte que el demandado y el personal a su servicio y bajo su dirección, encargados del cuido y asistencia de dicha pa-ciente, negligentemente dieron lugar a que la misma se es-capara de su habitación, subiera a la azotea del edificio y desde allí se lanzara a, y cayera sobre, el terreno o acera que lo circunda, sufriendo golpes y lesiones tan graves que le produjeron la muerte en esa misma fecha; y que como con-secuencia de la negligencia del demandado los demandantes quedaron para siempre privados de la compañía y sociedad de' la difunta Minnie Denton, han sufrido intensa angustia y torturas mentales y morales y satisficieron todos los gastos de enterramiento y han sufrido otros daños y perjuicios. Por todo lo cual reclaman la suma de $100,000 de indemni-zación, costas y honorarios de abogado.

Contestó el demandado negando específicamente los hechos esenciales de la demanda. Alegó, como materia nueva, la negligencia contributoria de la Sra. Denton de Roses como cansa próxima e inmediata de su muerte; que el demandado empleó toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir la muerte de dicha señora, debiéndose su muerte a un acto desg’raciado e inevitable, sin que mediara culpa o negligencia por parte del demandado.

Después de haberse sometido el caso, ocurrió el falleci-miento del Dr. Miguel Roses Artáu y éste fué sustituido por sus hijos codemandantes.

La corte inferior dictó sentencia declarando con lugar la demanda y condenando al demandado a pagar una indemniza-ción de ocho mil dólares ($8,000), más las costas y $500 para honorarios de los abogados de los demandantes. Apeló el demandado.

El recurso del demandado apelante se basa en seis seña-lamientos de error, los cuales discutiremos en el mismo orden en que han sido formulados.

Alega el apelante que la corte inferior erró al .permitir a los demandantes durante la vista del caso, con la oposición del demandado, enmendar la demanda, cambiando la causa de acción; y también al dictar sentencia contra el demandado y a favor de los herederos demandantes, por haber prescrito la acción, de acuerdo con los artículos Í803 y 1868 del Código Civil, edición de 1930.

El incidente que ha motivado este señalamiento ocurrió cuando, después de haber examinado los tres primeros tes-tigos, el abogado de los demandantes ofreció en evidencia una certificación do la declaratoria de herederos de la señora Denton de Roses. Se opuso el demandado, por el alegado fundamento de ser la prueba ofrecida inmaterial e imperti-nente, ya que no hay en la demanda alegación alguna que justifique su admisión. Pidieron los demandantes permisc para enmendar la demanda en el sentido de alegar que los de-mandantes son los tínicos y universales herederos de la finada Se opuso el demandado por el fundamento de que habiendo transcurrido más de un año desde que los agraviados supie-ron el daño causado, la acción ha prescrito; y, además, poi ser la alegación propuesta una causa de acción completamente-nueva y distinta a la que se alegó en la demanda original, la. cual no se basó en la condición de herederos. Replicaron los demandantes que no se trata de traer al pleito nuevas partes y que lo único que se propone es establecer la circuns-tancia de que los mismos que iniciaron la acción son los úni-cos herederos de la finada. La corte inferior permitió la enmienda por entender que no se trata de cambiar la causa de acción; que la acción que se ejercita es la que establece el artículo 61 del Código de Enjuiciamiento Civil en favor' de los herederos o representantes legales de una persona mayor de edad cuya muerte ha sido causada por la negligencia, de otra; 'y que el único propósito de la enmienda es confor-mar ]a alegación a la jurisprudencia que exige que a manera de conclusión se diga que estos demandantes son los únicos herederos de la causante. La corte ofreció al demandado suspender el caso para que tuviese tiempo para contestar la enmienda. El demandado renunció ese derecho y enmendé su contestación para adicionar la defensa especial de pres-cripción, por haber transcurrido más de un año desde el fa-llecimiento de la señora Denton hasta la fecha en que los demandantes, a título de herederos, formularon su reclama-ción.

No erró, a' nuestro juicio, la corte sentenciadora al per-mitir la enmienda de la demanda para alegar que las mismas personas que iniciaron la acción en su calidad de esposo e hijos de la difunta habían sido declarados únicos y univer-sales herederos de ésta.

A los demandantes Miguel y Elvira Roses Denton, como hijos legítimos, y al Dr. Miguel Roses Artáu, como esposo de la finada, correspondía la sucesión de ésta. Así lo reconoció la corte de distrito de San Juan al declararles, por resolución-dictada en 28 de julio de 1938, únicos y universales herede-ros de María Adela Dentoli de Roses. Los demandantes te-nían desde el momento en que falleció la causante la condi-ción de herederos universales de la finada y, como tales, tenían derecho a ejercitar la acción que el artículo 61 del Código de Enjuiciamiento Civil concede a los herederos para reclamar daños y perjuicios cuando la muerte del causante fuere oca-sionada por el acto ilegal o negligencia de otra persona o de sus empleados. La alegación que se hizo en la demanda en-mendada, “que los demandantes Miguel y Elvira Roses Den-ton son . . . mayores de edad e hijos legítimos del otro de-mandante en la presente Miguel Roses Artáu y de la legítima esposa de éste María Adela (Minnie) Denton, quienes fueron casados hasta el fallecimiento do esta última . . .; y que todos dichos demandantes se unen como tales en esta acción por el interés común que tienen en la causa de acción que se ejercita en esta demanda y en la materia (subject matter) de la misma,” era a nuestro juicio suficiente p.arainformar al demandado que los demandantes basaban su reclamación en su condición de herederos de la señora difunta.

(liando se celebró la vista del caso, en junio 22 de 1944, ya las Reglas do Enjuiciamiento (-ivil para las Cortes de Puerto Rico habían empezado a regir desde el día 1 ele sep-tiembre de 1943. Y esas reglas son aplicables a los proce-dimientos subsiguientes en acciones que estuvieren pendien-tes en esa fecha (Regla 86). La Regla 15, referente a las alegaciones enmendadas y suplementarias, dispone en su apartado (a) que las partes pueden enmendar sus alegaciones con el permiso de la corte y que “se concederá el permiso liberalmente cuando la justicia así lo requiera.” La misma Regla 15, en su apartado (b) dispone lo siguiente:

“ ... Si se objetare a la evidencia en el juicio por el fundamento de no estar comprendida en las cuestiones litigiosas suscitadas en las alegaciones, la corte permitirá las enmiendas y lo liará liberalmente siempre que con ello se facilito la presentación del caso en sus mé-ritos y la parte que se oponga no demuestre a satisfacción de la corte que la admisión de tal evidencia le perjudicaría en el mante-nimiento de su acción o defensa en los méritos. La corte puede con-ceder una suspensión para permitir a la parte objetante controvertir dicha evidencia.”

En Sánchez v. Cooperativa, Azucarera, 66 D.P.R. 346, 350, al enmendar la demanda se alegó una causa de acción distinta a la alegada en la demanda original. En ésta se expuso una causa de acción predicada en un contrato de transacción; y en la demanda enmendada se alegó una causa de acción por daños y perjuicios por negligencia. Allí como aquí se alegó por la parte demandada que la acción que se ejercitaba en la demanda enmendada estaba prescrita por haber trans-currido más de un año desdé la fecha del incendio que oca-sionó los daños reclamados. Al resolver que la acción no estaba prescrita, dijimos:

“Bajo las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil, los efectos de la demanda enmendada bajo las circunstancias del pre-sente caso, no se retrotraían a la fecha de la demanda original. Pero bajo las Reglas de Enjuiciamiento Civil vigentes cuando se ini-ció este pleito, la regla es diferente. A este efecto prescribe la Regla 15(c) :
‘ ‘ ‘ Efecto Retroactivo de las Enmiendas. — Siempre que la reclama-ción o defensa expuesta en la alegación enmendada surgiere de la conducta, transacción o evento expuesto o que se hubiere intentado exponer en la alegación original, las enmiendas se retrotraerán a la fecha de la alegación original.’
“Bajo la Regla transcrita el criterio para determinar si una alegación enmendada se retrotrae o no a la fecha de la alegación original, no es el de si la alegación enmendada expone una causa de acción distinta de la que aparecía en la alegación original. El criterio aplicable es si la alegación enmendada surge de la con-ducta, transacción o evento que se expuso o intentó exponer en la alegación original, no importando que la reclamación contenida en la alegación enmendada se haga bajo una teoría de derecho distinta de aquélla bajo la cual se hizo la reclamación en la demanda original. Moore, Federal Practice, Yol. 1, sección 15.08, pág. 810; Commentary Relation Bach of Amendments to Pleadings After Statute of Limitations Has Run, 2 Fed. Rules Serv. 15 c. 1.
“En el presente caso surge de la demanda original y de la en-mendada que la conducta, evento o transacción que sirvió de base a las acciones alegadas en una y otra demanda, fué el incendio en la plantación de caña de la demandante causado por una chispa de fuego escapada de la chimenea de la locomotora de la deman-dada. En tales circunstancias, los efectos de la demanda enmendada se retrotraen a la fecha de la demanda original y como ésta se radicó dentro del año de prescripción, preciso es concluir que la acción no estaba jirescrita al radicarse la demanda enmendada.”

En el caso de autos, el evento o transacción que sirvió de base a la demanda enmendada de 27 de mayo de 1941 y a la demanda enmendada en el acto de la vista es el mismo — lia muerte de la esposa y madre de los demandantes, causada por la alegada negligencia del demandado. Las partes de-mandantes son las mismas. La corte inferior no erró al permitir que la demanda fuese enmendada. Los efectos de la enmienda deben, de acuerdo con la Regla 15(c), retro-traerse a la fecha de radicación, de la demanda original. Y habiendo sido ésta radicada dentro del año siguiente a la fecha del accidente, no erró el tribunal inferior al resolver que la acción no estaba prescrita.

En el segundo señalamiento se alega que la corte inferior erró al dictar sentencia en contra del demandado, “por cuanto de las alegaciones y de la prueba surge que la causa de acción que se ejercita fué originada en un contrato, no existiendo acción de daños y perjuicios por la muerte de una persona en la violación de un contrato.”

El demandado apelante ha hecho un gran acopio de deci-siones de los diversos estados americanos en las cuales se discute la diferencia entre las obligaciones y las causas de acción que nacen de los contratos y aquéllas que se derivan de actos u omisiones en que intervenga culpa o negligencia. No vamos a hacer un minucioso examen de las decisiones citadas, pues es bien conocida la diferencia que el derecho clásico establecía entre las acciones “ex contractu” y las “ex delicto”.

Las Reglas de Enjuiciamiento Civil que comenzaron a regir el 1 de septiembre de 1943, las cuales, repetimos, son aplicables a “todos los procedimientos subsiguientes en ac-ciones que estuvieren entonces pendientes, ’ ’ lian cambiado por completo el procedimiento, haciendo inaplicables las decisio-nes citadas por el demandado apelante. La Regla 81, inciso (&) dispone:

“Denominación o Súplica Erróneas. — Cualquier defecto en la de-nominación de la acción ejercitada o en la súplica del remedio soli-citado, no será óbice para que la corte, descartando el error así come-tido, conceda el remedio que proceda de acuerdo con las alegaciones y la prueba."

La acción ejercitada en este caso fue denominada acción civil de daños y perjuicios. Las alegaciones de la demanda demuestran que los daños y perjuicios que se reclaman son los que los demandantes alegan haber sufrido como conse-cuencia de la muerte de la señora Denton de Roses, causada por la negligencia del demandado. Es cierto que en la de-manda se alega que los demandantes pagaban al demandado por la hospitalización y cuidado de la paciente. Pero esa alegación, hecha evidentemente con el único propósito de es-tablecer el hecho de que la paciente se encontraba legalmente en la clínica del demandado, no convierte la acción que se ejercita en una acción eos contractu, ni puede ser óbice para que la corte conceda el remedio que proceda de acuerdo con las alegaciones y la prueba.

En el caso de Carrasquillo v. American Missionary Association, 61 D.P.R. 867, se reclamaron daños y perjuicios por las quemaduras sufridas por un niño recién nacido, cau-sadas por la negligencia y falta de cuidado de una enfermera empleada en el hospital de la demandada.Se alegó como defensa que la asociación demandada nunca había tenido por objeto o finalidad el lucro o la ganancia; que el hospital se sostenía para fines caritativos y que allí un gran número de pacientes eran atendidos gratuitamente; que las personas pudientes pagaban una suma convencional en proporción a sus medios de fortuna; y que los ingresos por ese concepto escasamente cubrían el cincuenta por ciento de los gastos. La prueba demostró que la madre del niño ingresó en el hospital después de haber convenido pagar la suma de $40, la que pagó dos días después de su ingreso. Se resolvió que un hospital que se dedica habitualmente a la hospitalización y tratamiento médico de pacientes, y proporciona esos servi-cios a cualquier paciente que le pague el precio convenido y contrata la prestación de servicios, mediante pago, es y debe ser considerado como una empresa o establecimiento a los efectos de las disposiciones del artículo 1803 del Código Civil, aun cuando preste servicios gratuitos a personas insolventes, y como tal, responde de los daños y' perjuicios causados a dichos pacientes por la negligencia de sus empleados en el ejercicio de sus funciones.

Como dijimos en el citado caso de Garrasquillo, “la regla general del derecho es la de la responsabilidad de toda persona que cause daño a otra por su negligencia o conducta torticera. La inmunidad es la excepción.” Véanse President and Directors of Georgetown College v. Hughes, 130 F.2d 810; Nicholson v. Good Samaritan Hospital, 133 A.L.R. 809; Hayhurst v. Boy Hospital, 43 Idaho 661, 254 P. 528; Tulsa Hospital Ass’n. v. Juby, 63 Okla. 243, 175 P. 519.

La clínica del demandado es un establecimiento dedicado a la hospitalización y tratamiento de personas que sufren de enfermedades nerviosas y mentales, las cuales son admitidas mediante el pago del precio convenido por los servicios. En esas condiciones ingresó allí la señora Denton de Roses. El caso cae, pues, de lleno bajo la doctrina sentada por este Tribunal en el caso de Carrasquillo v. American Missionary Association, supra. Las autoridades que hemos examinado () establecen la regla de que cuando un hospital se dedica al cuidado de pacientes, con fines pecuniarios, su dueño es responsable de los daños causados a sus pacientes como consecuencia de la negligencia de sus empleados.

El tercero y cuarto señalamientos están relacionados con la apreciación de la prueba. Alega el apelante que la corte inferior erró al sostener que ol Dr. Roses Artáu, al exponer el caso de su esposa al Dr. Jiménez, director de la clínica del demandado, le infomó que “los fenómenos nerviosos (pie babía observado en ella le daban a entender que se trataba de una suicida potencial.” No bubo error. Del récord del caso aparece (pág. 135, T. de E.) que el Dr. Roses declaró lo siguiente: ■

“Abogado: Ud. le manifestó eso al Dr. Jiménez, dice Ud., o son cosas . . .
“Testigo: No, yo no sé las palabras con que se lo dije. Yo le dije a él solamente que yo entendía que dentro de los fenómenos que rodeaban a la enferma yo entendía que era una suicida po-tencial. ’ ’

Alega el apelante que la conclusión de que la muerte de la paciente se debió a la negligencia del demandado es con-traria a la prueba. Hemos examinado cuidadosamente la evidencia aducida por una y otra’ parte. Es cierto que exis-ten contradicciones. Pero siendo la evidencia de los deman-dantes, creída por la corte sentenciadora, suficiente para demostrar que la muerte de la señora Denton de Roses no hubiera ocurrido si los empleados del demandado hubiesen ejercido el debido cuidado y diligencia para proteger a la paciente, es nuestro deber respetar las conclusiones de la corte inferior.

Alega el demandado apelante que la suma de $8,000 concedida como indemnización es excesiva y contraria a la evidencia y que la corte inferior erró al condenar al demandado a pagar la suma de $500 por concepto de honorarios de abogado.

La corte sentenciadora no concedió indemnización alguna por los alegados gastos de enterramiento, ni tampoco por concepto de angustias y torturas morales y mentales, por considerar que ni éstas ni aquéllos habían sido probados. La indemnización fue concedida únicamente por la pérdida de la sociedad y compañía de la finada, expresándose así la corte inferior:

“ . . . Los demandantes han sufrido una pérdida pecuniaria, por haber sido privados de la compañía y sociedad de su causante por razón de la muerte de ella, debido a la negligencia del demandado y sus empleados, por cuanto ello significa para el Dr. Roses la destruc-ción de su hogar con todas las consecuencias que tal suceso acarrea, y para él y sus hijos la pérdida de las atenciones, cuidados y ayuda que recibían de su esposa y madre, respectivamente.
“Al fijar la cuantía, debemos tener en cuenta, a los fines de la mitigación de los daños sufridos, la edad de los demandantes, espe-cialmente la del Dr. Roses Artáu, y de su causante, la enfermedad que padecía, sus posibles probabilidades de vida debido a su enfer-medad y el tratamiento intenso a que tenía que estar sometida para obtener su posible curación.”

Que la indemnización por la pérdida de la sociedad y com-pañía de la finada, así como por las angustias y sufrimientos morales y mentales de su esposo e hijos, es procedente, es-regla firmemente establecida en esta jurisdicción. Maldonado v. Porto Rico Drug Go., 31 D.P.R. 747; Orta v. Porto Rico Railway, Light & Power Co., 36 D.P.R. 743; Hance v. R. Méndez & Unos., 52 D.P.R. 336; Sanchez v. Sucesión J. Serrallés, 53 D.P.R. 80; Castro v. González, 58 D.P.R. 368; Carrasquillo v. American Missionary Association, supra.

No creemos que debamos intervenir con la discreción dé-la corte inferior al conceder a los demandantes la suma de-$500 como honorarios de abogado. El demandado negó en absoluto su responsabilidad por la muerte de la señora Den-ton de Roses, y en tales condiciones se colocó en una situa-ción de temeridad. Font v. Viking Construction Corporation, 58 D.P.R. 689, 712; Reyes v. Aponte, 60 D.P.R. 890, 900.

La sentencia recurrida será confirmada.

Los Jueces Asociados Señores Snyder y Marrero no in-tervinieron.

        (f)Broz v. Omaha Maternity and General Hospital Ass’n., 96 Neb. 648, 148 N.W. 575; University of Louisville v. Hammock, 127 Ky. 564, 14 L.R.A. (N.S.) 784.


author: Ed Juez Asociado Senior Todd, Je,,

text:
    Francisco Falcón, menor de edad, representado por su madre con patria potestad, Mercedes Falcón, demandante y apelado, v. Francisco Cruz, también conocido como Casiano Cruz, demandado y apelante.
    Núm. 9457.
    Sometido: Junio 3, 1947.

      Resuelto: Junio 27, 1947.

      Manuel Torres Beyes, abogado del apelante; Luis A. Archilla Lau gier, abogadó del apelado.
   Ed Juez Asociado Senior Todd, Je,,

emitió la opinión de] tribunal.

La corte inferior al dictar sentencia, en corte abierta después de practicada la prueba en est,e caso sobre alimentos y sin dar cumplimiento al artículo 227 del Código de Enjui-ciamiento Civil,() se limitó a decir lo siguiente:

“Se procedió a la páetica de la prueba de ambas partes, y, poi el resultado de la misma, la Corte declara con lugar la demanda. A este Juez no le cabe la menor duda de que el niño Francisco Falcon es hijo del demandado a juzgar por su fisonomía física, el arco de las cejas de ambos, la nariz, la frente y la cara, por todo ello se ve claramente que este niño es el vivo retrato de Francisco Cruz. Yo no sé que podrá decir el Tribunal Supremo, si es que yo tengo razón o no si este caso va en apelación, pero yo no podría estar tranquilo con mi propia conciencia si no declaro con lugar la de-manda. Creo' que no sería fiel conmigo mismo, con mi conciencia de hombre si dijera lo contrario de lo que estoy diciendo, pero si este caso fuera algiín día al Tribunal Supremo a mí me gustaría que los señores jueces de esa Corte vieran la cara del niño y del de-mandado Francisco Cruz y estoy seguro que ellos llegarían a la misma conclusión. Creo que se ha establecido que el padre ha tenido en concepto de hijo a éste niño y que todo padre en nuestro país está en la obligación moral y legal de alimentar a sus hijos que trajeron a la vida en cualquiera forma que sea.
“La Corte declara con lugar la demanda sobre alimentos y or-dena que el demandado deposite todos los lunes de todos los meses, de todos los años, hasta que otra cosa se disponga por la Corte, la suma de diez dólares semanales para los alimentos de este niño, ya que su madre es una mujer casi tuberculosa y no puede hacerlo. Es obligación del padre tratar de que este niño no se contamine con esa enfermedad. Además condena al demandado a depositar liara honorarios del abogado del demandante la suma de cincuenta dólares, sentencia que comenzará a ser cumplida el próximo lunes 10 de junio de 1946.” (Bastardillas nuestras.)

El demandado apeló y en este recurso alega que la sen-tencia no está sostenida por la prueba y es el producto de conclusiones erróneas; que la demanda no aduce hechos su-ficientes constitutivos de causa de acción; que erró la corte inferior al declarar al demandante hijo natural del deman-dado y al fijar la suma de $10 semanales como pensión ali-menticia pues no tuvo base o prueba ante sí que lo justificara.

No obstante la forma confusa en que está expresada en la sentencia la conclusión a que llegó la corte, no hay duda de que concluyó que el demandante es hijo del demandado, 1ro., por el parecido existente entre ambos y, 2do., porque el demandado “fia tenido en concepto de hijo a este niño.”

En cuanto al primer fundamento no estamos en condiciones de resolver si existe o no dicho parecido. Aceptando que exista, sin embargo, ese hecho por sí solo no sería suficiente para que una corte pueda resolver que un niño es hijo de determinada persona “a juzgar por su fisonomía física.” El parecido, a lo más, podrá ser un elemento a considerar en el conjunto de la prueba.

En cuanto al segundo motivo expuesto por la corte inferior, es decir, que el demandado ha tenido en concepto de hijo al demandante, el apelante arguye que la corte consideró probado que el demandante es hijo natural del demandado, cuando la prueba demostró que éste era un hombre casado desde el año 1928 y que el demandante nació el 13 de abril de 1935 y, por tanto, no podía tener la condición de hijo natuval, de acuerdo con el artículo 125 del Código Civil (ed. 1930). Esto es cierto, empero, aceptando que lo que la corte inferior quiso decir fue que la prueba demostró que el demandante es hijo ilegítimo()■ del demandado, no hay duda alguna de que, de haberse probado la paternidad, el demandado está obligado a pasar alimentos al demandante, de acnerdo con los artículos 128 y 1.29, en relación con el 143. del mismo código. Rivera v. Cardona, 56 D.P.R. 819; Miranda v. Cacho, 66 D.P.R. 550.

La prueba que tuvo ante su consideración la corto inferior !fué contradictoria. La del demandante tendió a demostrar que Mercedes Falcón, madre dél demandante, tuvo relaciones sexuales con el demandado durante varios añoa y que de esas relaciones nació el demandante en el año 1935; que el demandado le ciaba dinero a la madre del demandante para los alimentos de éste y que luego el propio demandante iba donde el demandado semanalmente a buscarlos Fasta que un año antes de radicarse la demanda en el 1946 dejó el demandado de suministrarlos; que asimismo el demandado, cuando nació el demandante, le suministró durante cuarenta días la leche que producía una de 'sus vacas.

La prueba del demandado no negó que el demandado hu-biera tenido relaciones sexuales con la madre del demandante ■ — el propio demandado lo admitió — pero tendió a demostrar que para ese tiempo Mercedes Falcón se quería con otro hombre también. Negó haberle pasado alimentos al demandante en forma alguna.

La. corte sentenciadora, en mejores condiciones que nos-otros para apreciar la prueba, dió crédito a la del deman-dante y descartó la del demandado. Con la aclaración que hemos hecho de que interpretamos la conclusión a que llegó la corte inferior de que el demandante es hijo ilegítimo del demandado y no un hijo natural, no debemos variar dicha conclusión en ausencia de alegación y pincha de que la corto actuara movida por pasión, prejuicio o parcialidad.

En cuanto a la cuantía de la pensión alimenticia fijada, diez dólares semanales, si bien la prueba del demandante fuá de carácter general en el sentido de que el demandado es dueño de fincas y propiedades, dicha prueba no fue negada ni contradicha por el demandado en forma alguna y como la cuantía de una pensión alimenticia puede en cualquier momento ser variada por, la corte si se le demuestra que el demandado no está en condiciones de continuar pasando la suma fijada,() creemos que el último error señalado, aun cuando se linbiera cometido, no justificaría el que revocára-mos la .sentencia, la cual, en su consecuencia, debe ser con-firmada.

      (1)La Eegla 52(a) 'de Enjuiciamiento Civil no es -aplicable, por tratarse de un caso de alimentos que se tramita por el procedimiento del juicio de desahucio. Véase Eegla 81(a).

      (2)Bajo las disposiciones de la Ley núm. 229 do 12 de mayo de 1942 ((1) pág. 1297), según enmendada por la Ley núm. 243 de 12 do mayo de 1945 (pág. 815), ha desaparecido el concepto de hijos ilegítimos de todos aquéllos nacidos fuera (le matrimonio con posterioridad a' la vigencia de dicha ley y los cuales se considerarán como hijos naturales.

      (3)E1 artículo 146 del Código Civil dispone que:
      “La cuantía de los alimentos será proporcionada a los recursos del qua los da y a las necesidades del que los recibe, y se reducirán o aumentarán en proporción a los recursos del primero y a las necesidades del segundo.”


author: El Juez Asociado Señor Snyder

text:
    Manuel Berríos Vargas, menor representado por su madre Dominga Vargas, demandante y apelante, v. Luz María Rivera, demandada y apelada.
    Núm. 9467.
    Sometido: Junio 11, 1947.

      Resuelto: Junio 27, 1947.

      Faustino Ii. Aponte, abogado del apelante; Fernando Fornaris, Jr., y Mariano A costa Velarde, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

fill demandante, menor representado por su madre, radicó ante la Corte Municipal de San Juan en 1ro. de julio de 1946 una demanda en cobro de dinero. Alegó que el padre de la demandada murió bajo testamento en el cual instituyó a ésta como su única y universal heredera y albacea y le legó la suma de $500 al demandante; y que la demandada se ha apoderado de todos los bienes dejados por el causante y se ha negado a entregar al demandante los referidos $500. En la súplica solicita se dicte sentencia condenando a la deman-dada a pagarle $500, con intereses desde la radicación de la demanda, más las costas.

El día 9 de julio de 1946 la demandada radicó una moción solicitando la desestimación de la demanda fundada en que la misma dejaba de exponer hechos constitutivos de una causa de acción. El 23 de agosto la corte municipal declaró con lugar la moción de desestimación basándose en que carecía de jurisdicción por razón de la materia y de la cuantía en-vuelta, En 26 de agosto el demandante presentó una extensa moción solicitando se reconsiderase la resoüjución desesti-mando la demanda. La misma fué discutida el 5 de septiem-bre y declarada sin lugar el 21 de octubre.

El 30 de octubre el demandante apeló para ante la Corte de Distrito de San Juan. En 8 de noviembre el Secretario de la corte de distrito notificó a las partes la radicación del récord en dicha corte. En noviembre 14 el demandante pre-sentó en la corte de distrito una moción solicitando que la moción radicada por la demandada el -9 de julio — la cual, como ya se ha indicado, fué presentada en la corte municipal y declarada con lugar por la misma — fuera discutida en la corte de distrito el 18 de noviembre. El demandante acom-pañó su moción de un sello de rentas internas por la cantidad de $5 i^ara los derechos de calendario. En consonancia con esta petición, en noviembre 15, focha en que la corte de dis-trito de San Juan hace los señalamientos para diciembre, se fijó para el 25 de noviembre la vista sobre la moción del de-mandante. El 19 de dicho mes el abogado del demandante radicó una moción informando que no podría comparecer a vista el 25 de noviembre y que sometía el caso, en cuanto a la moción de desestimación del 9 de julio se refería, por los argumentos expuestos en la moción de reconsideración pre-sentada en la corte municipal el 26 de agosto. Solicitaba se •declarase sin lugar la moción de desestimación y se concediera a la demandada un término para contestar la demanda.

El 19 de noviembre la demandada solicitó se desestimara la apelación establecida por el demandante para ante la corte de distrito basada en que éste no cumplió con lo dispuesto por la Ley núm. 31, Leyes de Puerto Pico, 1934 (pág. 293), y solicitaba el señalamiento de la correspondiente vista para ■él día 25 de noviembre. En 21 de noviembre el demandante radicó una oposición a lá moción para que se desestimara el recurso, en la que alegaba que el modo más apropiado para resolver el caso era el sugerido por él, ya que si la corte de distrito coincidía con la municipal en el sentido de que esta última carecía de jurisdicción, el caso quedaría definitiva-mente resuelto sin necesidad de ulterior vista; que él había actuado con mayor diligencia que si hubiera solicitado que el caso se incluyera en el calendario leído el 15 de noviembre, toda vez que en ese caso no se podía señalar la vista antes de diciembre; y que su actuación constituía un cumplimiento sustancial con la Ley núm. 31.

El 25 de noviembre se celebró ante la corte de distrito la vista de la moción radicada por la demandada para desesti-mar la apelación. La corte resolvió que la petición del de-mandante para que se señalara la moción de desestimación, radicada en la corte municipal, para ser vista en la corte de distrito era algo irregular e improcedente, y no constituía un cumplimiento sustancial con el requisito de la Ley núm. 31 en el sentido de que “El apelante deberá solicitar la inclu-sión del pleito en el calendario o lista de señalamientos ci-viles, en la primera lectura que del mismo haya de celebrarse subsiguientemente a la radicación del caso.” En su conse-cuencia, la corte inferior declaró con lugar la moción para desestimar el recurso en vista de las disposiciones de la Ley núm. 31 al efecto ele que “Si el apelante dejase de solicitar la inclusión del pleito en el calendario, el juez de distrito de-clarará desierto el recurso ...” El demandante apeló de la sentencia que desestimó la apelación por él interpuesta para ante la corte de distrito.

Convenimos con el demandante apelante en que el haber solicitado, con anterioridad al 15 de noviembre, una vista relacionada con su moción de desestimación, y el haber satisfecho además, los derechos de calendario, constituían un cumplimiento sustancial con la Ley núm. 31, dentro del significado de esa ley según se interpretó en Alvares v. Corte de Distrito, 57 D.P.R. 644. Resolvimos en eLcaso de Alvares que una moción radicada con anterioridad a la lectura del calendario, solicitando señalamiento para fecha anterior a aquélla para la cual se hubiera fijado el juicio si el caso hubiese sido incluido en el calendario, más el pago de los derechos de arancel, constituía un cumplimiento sustancial de la Ley núm. 31.

No estamos de acuerdo con la demandada apelada en que el caso de Alvares es distinguible, debido a que en este último la moción solicitaba una vista del caso propiamente dicho, mientras que aquí el demandante pedía solamente una vista de la moción de la demandada para que se desestimara la demanda. En el récord no hay contestación alguna, ya que la corte municipal declaró con lugar la moción para desesti-mar la demanda. En su consecuencia, el demandante creyó aconsejable dilucidar la cuestión de jurisdicción antes de que se señalara el caso en los méritos. De convenir la corte de distrito con la municipal, no sería necesaria actuación ulterior alguna por vía de contestación ni una vista en los méri-tos. De revocar la corte de distrito la resolución de la municipal y resolver por tanto que era necesario proceder a la resolución del caso en los méritos, hubiera habido que radi-car una contestación, que tal vez dilataría la vista del caso. Cf. Herrero v. Aboy, Vidal & Co., Inc. 42 D.P.R. 339.

Admitimos que la actuación del demandante no era abso-lutamente necesaria. Una moción de desestimación no tiene que resolverse antes de que se solicite el señalamiento del caso, toda vez que la Ley núm. 31 dispone que esa moción puede considerarse, al igual que otras cosas, en el acto de la vista. Rodriguez v. Banco Popular, 57 D.P.R. 938, 940. Sin embargo, Ja actuación del demandante no fue ilógica. En verdad, redundaba más en interés de la demandada que del demandante, bajo las circunstancias de este caso, que la mo-ción para desestimar fuera resuelta antes de exigirle a la demandada que contestara. Ni ésta ni la corte festaban¡, desde luego, obligadas a seguir el procedimiento solicitado por el demandante. Oualquifera de ellas pudo adoptar la posición de que el caso debía incluirse en el calendario regular, no empece la moción del demandante. Pero en ausencia de cualquier objeción de la corte o de la demandada, no po-demos concluir que la actuación del demandante no constitu-yera un cumplimiento sustancial con la Ley núm. 31.

Tampoco hallamos que sea decisivo el hecho de que el demandante solicitara de la corte de distrito que oyera la moción para desestimar originalmente radicada ante la corte municipal. Esta fue la primera criestión con que inevita-blemente se confrontó la corte de distrito. En verdad, si las partes no levantaron esta cuestión jurisdiccional, era el deber de la corte examinarla sua sponte. Por tanto, procedía que el demandante llamara la atención de la corte de distrito hacia la moción y solicitara una decisión preliminar sobre la misma.

Resolvimos en el caso de Rodrigues que una solicitud para que se señalara una moción de desestimación, hecha después de la lectura del calendario, no constituía un cumplimiento sustancial con la ley en cuestión. Pero indicamos a la pá-gina 940 que cuando, como ocurre en esto caso, tal solicitud se hace antes de la lectura del calendario, la contención del apelante “quizás tendría mérito.” Resolvemos ahora que tal contención es meritoria y qne la actuación del apelante constituye un cumplimiento sustancial de la Ley núm. 31. Véase Sallaberry v. Mundo, 58 D.P.R. 401.

La sentencia de la corte de distrito será revocada y se de-volverá el caso para ulteriores procedimientos no inconsis-tentes con esta opinión.


author: El Juez Asociauo Señob úLarrebo

text:
    Megwinoff & Lefranc & Co., demandantes y apelados, v. Sunland Biscuit Co., Inc., demandada y apelante.
    Núm. 9434.
    Sometido: Mayo 1, 1947.

      Resuelto: Junio 27, 1947.

      Luis López de Victoria, abogado de la apelante; Miranda & Miranda Estere, abogados de la apelada.
   El Juez Asociauo Señob úLarrebo

emitió la opinión del tribunal.

El presente caso se originó en la Corte Municipal de San Juan mediante demanda radicada por Megwinoíf & Lefrane & Co. contra la Sunland Biscuit Co., Ine. En ella se alega en síntesis que la demandante contrató con la demandada la instalación de un frigorífico en la fábrica de esta- última en Hato Rey por el convenido precio de $1,000, de los cuales $500 serían pagados al comenzar el trabajo y $500 a la ter-minación del mismo; que la demandante comenzó el trabajo y recibió de la demandada la suma de $500 y que al terminar el mismo eu 5 de mayo de 1944 ésta se negó a pagarle la cantidad de $499 (sic), resto del precio del contrato, a pesar de las gestiones de cobro realizadas.

En su contestación a la demanda la Sunland Biscuit Oo., Ine. alega que si bien es cierto que ella contrató con la de-mandante la instalación del referido frigorífico en el cuarto ele fermentación de masas en su fábrica de galletas de Hato Bey, el contrato se hizo para ser instalado el frigorífico dentro de un término rasoucMe; que ella entregó a la de-mandante $500 al formalizarse el contrato y que ésta negli-gentemente y no obstante los requerimientos hechos por la demandada no terminó de instalar el equipo hasta el mes de mayo de 1944 o sea hasta dos años dos meses y 28 días después de formalizarse el contrato. Por vía de reconvención alegó que cuando la demandante aceptó la orden ella sabía que dicho frigorífico se necesitaba urgentemente y que era parte del contrato su rápida instalación; que la demandante violó el contrato al tardar el tiempo que antes se ha indicado y a sabiendas de que con la tardanza incurrida se causaban a la demandada los siguientes daños: (.1) limitación de produc-ción de galletas en su fábrica; y (2) merma en el rendimiento por bullo de harina debido a las deficiencias en el proceso de fermentación, para lo cual era indispensable el frigorífico contratado; y que los daños sufridos por la demandada ex-ceden de la suma de $5,000, pero para someterse a la juris-dicción de la Corte .Municipal reducía su contrarreclamación a la suma de $499.

Tanto la corte municipal como la de Distrito de San Juan declararon con lugar la demanda y sin lugar la reconvención. De la sentencia dictada por la última se lia'apelado ante nos por la demandada y en el alegato radicado se señalan tan sólo dos errores, siendo el primero de ellos que la corte inferior erró al resolver que la demandante apelada actuó diligente-mente y de buena fe en el cumplimiento del contrato; y el segundo que diclia corte erró al declarar que no procede la reconvención de la demandada.

Una lectura cuidadosa de las alegaciones, de la prueba testifical y de la correspondencia cruzada entre las partes con relación al contrato por ellas celebrado, nos lleva al conven-cimiento de que no asiste la razón a la apelante. De tocio ello se desprende que en 7 de febrero de 1942 los aquí liti-gantes celebraron un contrato a virtud del cual la demandante instalaría un equipo de aire acondicionado en la fábrica ele la demandada en el barrio de Hato Rey, de Río Piedras, por el convenido precio do $1,000, a ser pagado en la siguiente forma: $500 al celebrarse el contrato y $500 al terminarse por la demandante la instalación del equipo. El precio acor-dado incluía la instalación total del equipo de refrigeración, más servicio sin costo por el período de un año. Los $500 iniciales fueron pagados por la demandada, y en carta diri-gida por ésta a la demandante en 7 de febrero de 1942 ella hace constar “que de acuerdo con lo hablado, ustedes habrán pedido inmediatamente por correo aéreo a los Estados Unidos todo el material necesario y la maquinaria para proceder a la instalación del equipo dentro del período más breve posible de tiempo.” (Bastardillas nuestras.)

A esta carta contestó la demandante tres días más tarde que todo el material necesario para la instalación ya había sido ordenado por correo aéreo a Estados Unidos y que la demandada podía estar segura de que la instalación sería hecha lo antes posible. En 4 de junio siguiente insiste la de-mandada con la demandante en que ésta realice los mayores esfuerzos para conseguir el material que faltaba para poder hacer la instalación y un día después la demandante contesta que la única pieza que le faltaba para poder hacer la instala-ción lo era el compresor, el cual “como ustedes ya saben se perdió en un hundimiento en-Ia travesía de Nueva York a San Juan.” (Bastardillas nuestras.) Informa también la de-mandante a la demandada que la orden por (lidio compresor ha sido duplicada inmediatamente, pero que cuando el com-presor ya estaba listo para salir de nuevo tina orden de con-gelación la detuvo.

De las numerosas cartas que figuran en los autos se des-prende además cpie las gestiones para obtener prioridad para el embarque de dicho compresor debían ser hechas por la demandada y que ésta así lo aceptó. Igualmente se infiere que el compresor no llegó a Puerto Rico hasta fines de mayo de 1943 y que debido al estado de guerra que entonces pre-valecía no se podía hacer la instalación del equipo de aire acondicionado hasta que se obtuviera una nueva prioridad de la Junta de Producción de Guerra. Dicha prioridad no se consiguió por la demandada hasta poco antes del 29 de noviembre de 1943. En dicha fecha ella escribe a la deman-dante indicándole que “el viernes pasado el suscribiente te-lefoneó a su oficina para informar al Sr. Megwinoff que ha-bíamos recibido de Washington el permiso para la instalación en nuestra fábrica del equipo que ustedes nos detallaron en su carta de octubre 11 ... Ya que ahora no existe ningún impedimento para terminal' este contrato les agradeceremos mucho proceder a la instalación del equipo que nos ocupa.” El mismo día la demandante escribe a la demandada dicién-dole que esperaba poder empezar el trabajo de instalación durante la próxima semana, por lo cual agradecería a la de-mandada activara el asunto de la extensión de la prioridad. En 31 de enero de 1944 se dirige nuevamente la demandada a la demandante recordándole que ya la prioridad había sido recibida, que habían transcurrido cerca de dos meses y que le rogabg. de nuevo procediera con el trabajo a la mayor bre-vedad posible. De los autos del caso no aparece que la de-mandante diera contestación a esta carta. Sin embargo, el 2 de marzo de 2944 la demandada se dirige una vez más a la demandante solicitando el cumplimiento del contrato e in-dicándole que “si el miércoles próximo, día 8 del corriente, ustedes no han empezado el trabajo contratado entregaremos el asunto a nuestros abogados para la acción pertinente.”

De la prueba testifical surge asimismo que el trabajo fué terminado allá para el 5 de mayo de 1944 y que la instalación del equipo según el testimonio incontrovertido de Iván Meg-winoíf, testigo de la demandante, tardó de 2 a 3 meses.

Aunque' en el primer párrafo de la contestación se Hace constar que “el contrato se bizo para ser instalado dicbo frigorífico dentro de un término razonable,” daremos por sentado al igual que lo hicieron las partes en saj correspon-dencia y la corte inferior en su opinión, que el entendido entre la demandante y la demandada fué que el equipo de refrige-ración se entregaría a la Sunland Biscuit Co. “dentro del pe-riodo más breve posible de tiempo.” Así lo bizo constar la demandada en su carta a la demandante de 7 de febrero de 1942 y así se desprende de otras cartas cruzadas entre las partes. Ahora bien, tomando en consideración todo lo ocu-rrido en este caso, ¿debemos llegar a la conclusión de que el equipo de refrigeración fué instalado por Megwinoff & Le-franc & Co. en la fábrica que la demandada tiene en Hato Bey dentro del período más breve posible de tiempo? Esta pregunta debe contestarse afirmativamente..

De la prueba que hemos reseñado se desprende de manera irrefutable que la demandante ordenó todo el equipo de refri-geración por correo aéreo inmediatamente que se firmó el contrato y la demandada pagó los $500 requeridos como pago inicial; que si bien gran parte del equipo llegó prontamente a Puerto Bieo,- no ocurrió lo mismo con el-compresor, que era tal vez la máquina principal requerida, toda vez que el barco que lo traía fué hundido mientras hacía la travesía de Esta-dos Unidos a esta Isla y ya que al ordenarse inmediatamente un duplicado del mismo vino una orden de congelación que impidió su embarque, siendo entonces necesario obtener un permiso para hacer el embarque; que dicho permiso, fué más tarde obtenido por la demandada y que el compresor no llegó' a Puerto Rico hasta finen del mes de mayo de 1943; que aun entonces faltaba una prioridad para poder Racer la instala-ción total del equipo de refrigeración y que no fué basta poco antes del 29 de noviembre de 1943 que dieba prioridad fué obtenida. Es cierto que después de esa fecba la demandada, escribió tres cartas a la demandante urgiéndole la instalación del equipo, pero la declaración del Sr. Megwinoíf, miembro de la firma demandante, nos convence de que dado el estado de guerra existente para aquel entonces no fué posible actuar con la rapidez que se hubiera deseado. Oigamos parte de su declaración. . . Ese compresor llegó a Puerto Rico en los últimos días de mayo. . . del 1943. Yo tengo el giro que se pagó al banco y los papeles de embarque de ese compresor. Durante todo este tiempo el negocio de Megwinoíf & Lefranc se había disuelto por las condiciones actuales en la isla en aquel momento, que no nos permitían seguir el negocio. Te-níamos pérdidas. De manera que el socio mío, Lefranc, se retiró del negocio. Yo tuve que hacerme cargo de todos los compromisos que habíamos hecho para seguir dando servicio a las instalaciones. Además, a pesar de que había pérdidas en ese tiempo y que también habíamos perdido personal, yo mismo estaba siendo llamado por el ejército, como hasta re-cientemente lo he sido, hasta febrero 22 de este año (1945) fué la última llamada que me han dado, que he tenido que dejar todo el trabajo, olvidando todo lo que estoy haciendo para ir a tomar el examen físico. De manera que todas esas cosas dilataron considerablemente la ejecución de los dife-rentes contratos que uno tiene.

“También en esa fecha fué cuando se agudizó más el uso del gas freón, que es el gas que se usa más en este sistema, y a pesar de que estaba muy restringido esta instalación está diseñada para usar ese gas, de manera que esa parte está obviada pues el gas no lo había por meses distintos aquí, de manera que no podía ponerse a funcionar un sistema cuando no teníamos el refrigerante y para eso teníamos que tener' existencia ele gas, y por varios meses estuvimos sin ningún refrigerante, como muclios sistemas de refrigeración que se pararon por completo en lo que se resumieron los embar-ques.”

El testimonio de Meg'winoff no fué controvertido en forma alguna y considerado éste la demora habida no nos parece irrazonable, dadas las circunstancias que mediaron, especial-mente tomando en consideración el estado de guerra porque entonces atravesaba la nación americana, y aun el mundo en-tero.-

Empero, creemos además que debe tenerse muy en cuenta el hecho adicional de que en dos de marzo de 1944, sin que se hubiera hecho por ella protesta en forma alguna al efecto de que no se aceptaría el equipo, de que se rescindiría el con-trato o de que se solicitarían daños y perjuicios, la demandada escribió a la demandante diciéndole, según ya hemos indicado, que “si el miércoles próximo, día 8 del corriente, ustedes no han empezado el trabajo contratado entregaremos el asunto a nuestros abogados para la acción pertinente.” Los. términos de esta carta equivalieron indudablemente a una aceptación por parte de la demandada de la situación hasta entonces exis-tente y a la concesión a la demandante de una prórroga que vencería el 8 de marzo de 1944. Si de acuerdo con prueba no refutada el trabajo de instalación del equipo tardó de dos a tres meses y el mismo fué terminado en 5 de mayo de 1944/es lógico presumir que dicho trabajo fué iniciado a más tardar el 5 de marzo del indicado año, o sea dentro del término fijado-a la demandante por la demandada.

Además, es bueno hacer constar que el equipo fué insta-lado en la fábrica de la demandada sin protesta de clase al-guna por ella; que en 5 de mayo de 1944 se le pasó una cuenta cobrándole los $500 restantes; que en 29 del mismo mes se le dirigió una carta exigiéndole el pago de la indicada suma; que en 7 de julio del mismo año se insistió por tercera vez por la demandante en ei pago de la referida cantidad; y que en 4 de agosto siguiente se insistió por cuarta vez, por escrito, en que la demandada pagara el balance adeudado. A ninguna de estas cuatro comunicaciones contestó en modo alguno la Sunland Biscuit Co. Fué tan sólo en su contesta-ción a la demanda que ella levantó la cuestión de que la de-mandante violó el contrato por no haber hecho la instalación del frigorífico hasta dos años 2 meses y 28 días después de haberse firmado el contrato y fué tan sólo entonces que se planteó la cuestión de los supuestos daños y perjuicios sufri-dos por la demandada. Esto nos parece más bien lo que en inglés se conoce como un afterthought, es decir, como algo que se le ocurrió a la demandada después que los hechos ha-bían transcurrido. En adición a poderse considerar como una prórroga, la carta de dos de marzo a que nos hemos re-ferido equivalió también a una renuncia de cualquier derecho que la demandada pudiera tener hasta entonces contra la de-mandante.

No sólo porque dadas las circunstancias que mediaron la demandante actuó dentro del más breve tiempo posible, sino también porque la demandada prorrogó el término para la instalación del equipo, porque renunció a cualquier derecho que pudiera tener y porque recibió dicho equipo sin protesta •de clase alguna, entendemos que la demandante dió cumpli-miento al contrato celebrado y tiene por ende derecho a reco-brar la cantidad que se le adeuda^)

Debe confirmarse la sentencia apelada.

      (1)Cf. G. H. Hammond Company v. Diego Agüeros & Co., 30 D.P.R: 610 y Topeka Flour Mill Co. v. S.I. La Constancia, 39 D.P.R. 622.


author: El Juez Asociado Señor de Jesús

text:
    Rexford G. Tugwell, Gobernador de Puerto Rico, sustituído por Jesús T. Piñero, querellante y apelante, v. Manuel A. Barreto, Alcalde de Mayagüez, querellado y apelado.
    Núm. 16.
    Sometido: Junio 27, 1947.

      Resuelto: Julio 7, 1947.

      I-Ion. Procurador General Luis Negrón Fernández, José O. Aponte, Fiscal Especial General, y Guillermo A. Gil, Procurador General Auxiliar, abogados del apelante; José Rafael Gelpí y Mario Figueroa del Rosario, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor de Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Una vez más el caso para residenciar al Alcalde de Ma-yagüez se somete a la consideración de este Tribunal. Hasta la feclia, no obstante los esfuerzos del Gobernador, no se ha logrado que la Asamblea Municipal de aquella ciudad se disponga a recibir la evidencia de los cargos en su totalidad y a dictar una decisión en los méritos.

Hace algún tiempo, un ciudadano particular radicó cargos contra el Alcalde de Mayagüez, y la Asamblea Municipal, después de oír la prueba, exoneró al querellado. De confor-midad con la sección 29 de la Ley Municipal, solamente el Alcalde y el Gobernador pueden recurrir ante este Tribunal para revisar la decisión de la Asamblea en casos de residen-cia contra el Alcalde. Con tal motivo, el 11 de octubre de 194.5, el Gobernador presentó contra el Alcalde, ante la Asam-blea Municipal, un pliego conteniendo los cargos que expon-dremos en el curso de .esta opinión. En la audiencia cele-brada en relación con dichos cargos, a moción del querellado, la Asamblea los desestimó por entender que la decisión re-caída en la querella radicada por el ciudadano particular, constituía res judicata. Recurrió el Gobernador para ante este Tribunal, siendo la decisión de la Asamblea Municipal revocada con fecha 13 de diciembre de 1945 y devuelto el caso “con instrucciones de que se celebre.una vista on cuanto a los cargos formulados por el Gobernador.” Tugwell, Gobernador, v. Barreto, 65 D.P.R. 500.

El 26 de mayo de 1947 se celebró la nueva vista, no obs-tante haberse remitido el mandato de este Tribunal a la Asamblea Municipal desde. el 29 de enero de 1946. Tan pronto quedó constituida la Asamblea, el Alcalde, por con-ducto de sus abogados, notificó a la representación legal del Gobernador, una nueva contestación y un escrito de excepción previa dirigidos contra los cuatro primeros cargos. Oídas las partes, la excepción previa fue declarada con lugar por votación de ocho a cinco.

Ordenada la eliminación de los cargos objeto de la excep-ción previa y denegada la moción de reconsideración presen-tada por lbs abogados del Gobernador, se procedió a oír la prueba del querellante en aipoyo del quinto cargo. Oída dicba prueba, el querellado pidió un receso para preparar la suya; pero al reanudarse la sesión y antes de que desfilase la prueba del Alcalde, uno de los asambleístas presentó una moción para que se resolviese por la Asamblea que la prueba presentada por el Gobernador no revelaba justa causa para la destitución, y en su consecuencia exonerase al Alcalde en cuanto al quinto cargo, sin que fuere necesario que el quere-llado presentase su prueba de defensa^) Así lo resolvió la Asamblea por mayoría y contra dicho fallo el querellante interpuso el presente recurso.

Dada la dilación de que ha sido objeto este asunto por parte de la Asamblea Municipal y considerada da importan-cia de los cargos presentados, señalamos la vista del recurso para el 27 del pasado mes.() El 26 de junio presentó el querellado una moción solicitando la desestimación del re-curso y en dicha fecha radicó su alegato.

La moción de desestimación está predicada en que cuando se radicó el escrito de apelación el Hon. Jesús T. Pinero, Gobernador de Puerto Rico, se hallaba ausente de la Isla, por lo que carecía de autoridad para entablar el recurso, correspondiendo dicha facultad al Hon. Manuel A. Pérez, quien para esa fecha desempeñaba todas las funciones de Gobernador de Puerto Rico por designación expresa del Presidente de los Estados Unidos.()

Los fundamentos de esta moción carecen de méritos. Bas-tará decir que el Hon. Jesús T. Piñero no cesó como Gober-nador de Puerto Rico por el hecho de que se ausentara para los Estados Unidos, no habiendo razón legal alguna para que el procedimiento no se continuase a su nombre, en su carácter oficial.

En su alegato levanta el querellado dos motivos adicionales de desestimación, a saber:

(a) Que el escrito de apelación no fue válidamente noti-ficado a la Asamblea Municipal ni al Alcalde querellado; y

(b) Que no hay ante este Tribunal récord válido y autén-tico de la prueba recibida por la Asamblea Municipal.

Bastará examinar el juramento al calce del escrito de apelación suscrito por el abogado Ofuillermo A. Gil, para concluir que dicho escrito fue válidamente notificado a la Asamblea Municipal y al querellado. ()

Se arguye, además, que el escrito de apelación no fué notificado dentro del término para apelar y que el sobre con-teniendo la notificación para el abogado del querellado, Sr. Gelpí, fué dirigido al Lie. José Enrique Gelpí, siendo su ver-dadero nombre “José Rafael Gelpí”; que no fué dirigido a su oficina ni a su residencia, sino al apartado de'correos de su padre, Lie. José Rosario Gelpí.

Controvirtiendo las alegaciones de dicha moción, los abo-gados del Gobernador han acompañado sendas declaraciones juradas del taquígrafo que puso la dirección en el sobre, del Administrador de Correos de San Juan y del Administrador de Correos de Mayagüez, tendientes a probar que dicho sobre fué dirigido a José R. Gelpí y puesto en el apartado de -co-rreos de José Rafael Gelpí, en Mayagüez. Pero sea ello como fuere, es lo cierto que tanto el abogado del querellado como la Asamblea Municipal, recibieron la copia del escrito de apelación y esa circunstancia cura cualquier defecto que pu-diera haber existido en cuanto a la forma en que se dirigió la notificación.

En lo que respecta a si la notificación fué recibida dentro del término concedido para apelar, la regia en esta jurisdicción es al efecto de que una notificación por correo queda cumplida al tiempo de depositar el pliego en la oficina postal. Regia 5(i) de Enjuiciamiento Civil. Serra v. Corte Municipal, 49 D.P.R. 542 y Ex Parte Bithorn vda. Benítez, 53 D.P.R. 584.()

Consideraremos ahora el motivo de desestimación fundado en la falta de una transcripción de evidencia aprobada por la Asamblea Municipal.

En los casos de residencia, tanto el Presidente como los demás miembros de la Asamblea Municipal constituyen el tribunal. En consecuencia, la transcripción de evidencia debe ser aprobada por el tribunal en pleno o un quorum del mismo y no por el Presidente con exclusión de los demás miembros. Al citarse a las partes para la vista sobre apro-bación de la evidencia ante el Presidente de la Asamblea, el querellado objetó por no tener dicho funcionario jurisdic-ción para- aprobar la transcripción y anunció que tenía en-.miendas que proponer, pero que las propondría ante la Asam-blea en pleno. La objeción del querellado fue rechazada y ahora solicita que el recurso sea desestimado en cuanto al quinto cargo, por no tener ante nos una transcripción de la evidencia aprobada por la Asamblea Municipal.

Convenimos con el querellado en que la aprobación de la transcripción de evidencia por el Presidente no es válida. Consecuentemente, no podemos considerar dicha transcrip-ción a los efectos de pasar sobre la suficiencia de la prueba en apoyo del quinto cargo. Siendo ello así, procede deses-timar el recurso en lo que respecta a dicho cargo.

En cuanto a la excepción previa contra los' primeros cuatro carg’os, no es necesaria la transcripción de evidencia, puesto que de los autos aparecen los cargos, la excepción previa, sus fundamentos y la resolución dictada por la Asamblea declarándola con lugar. Por consiguiente, discutiremos ahora la excepción previa en cuanto a los cuatro primeros cargos, los cuales dicen así:

“PkimeR Cargo
“Usted, Manuel A. Barreto, actuando «como Alcalde de Maya-güez, el día 12 de diciembre de 1944, sin la celebración de una su-basta, como determina el Artículo 8, Inciso 5 de la Ley Municipal, arrendó a Francisco P. Cintrón la plaza pública del Municipio de Mayagüez y calles adyacentes a la misma y las calles públicas de los Barrios Balboa y Playa, del mismo municipio, para ser usadas en las fiestas patronales de dicho pueblo que se celebraron desde el 22 de enero de 1945 al 2 de febrero de 1945.
“Segundo Cargo
“Usted, Manuel A. Barreto, actuando como Alcalde Municipal de Mayagüez, recibió y permitió que se recibiera, el 12 -de diciembre de 1944, por Matilde Nadal de Ramírez y Miguel A. Yáñez, la suma de cinco mil dólaRRS CUATRO centavos ($5,000.04) del señor Francisco P. Ointrón, por concepto de arrendamiento de la plaza pública de Mayagüez y calles adyacentes, y calles de los Barrios Balboa y Playa, y no ingresó, ni hizo que se ingresara, la referida suma, pro-piedad del Municipio de Mayagüez, en las arcas municipales, en vio-lación a la Sección 3(«) del Reglamento para el Régimen de la Conta-bilidad Municipal, aprobado por el Gobernador de Puerto Rico en noviembre 9 de 1936, a virtud del Artículo 20 de la Ley Orgánica y al Artículo 68 de la Ley Municipal.
“TERCER CaRGO
“Usted, Manuel A. Barreto, actuando como Alcalde de Mayagüez, permitió y autorizó que se gastara la suma de cinco .mil dólaRes cua-TRO centavos ($5,000.04) que le pagó al Municipio de Mayagüez, el 12 de diciembre de 1944, Francisco P. Cintrón como canon de arren-damiento de la plaza pública de Mayagüez y calles adyacentes, y calles de los Barrios Balboa y Playa, de dicho municipio, por el pe-ríodo en que se celebraron las fiestas patronales, o' sea, desde el día 22 de enero de 1945 al día 2 de febrero de 1945 en atenciones ajenas y extrañas a las erogaciones y gastos legítimos del Municipio de Mayagüez y sin la autorización de la Asamblea Municipal y en viola-ción a los Reglamentos de Auditoría Insular.
“CUARTO CARGO
“Usted, Manuel A. Barreto, actuando como Alcalde del Munici-pio de Mayagüez, aceptó de los fondos municipales, producto del arrendamiento de la plaza pública y calles adyacentes del Municipio de Mayagüez y calles de los Barrios Balboa y Playa, de dicho muni-cipio, las siguientes sumas de dinero producto del arrendamiento mencionado en el cargo primero:
“ (a) Cien dólaRes ($100.00) el día 25 de enero de 1945 en cheque Número 14, contra el Banco Crédito y Ahorro Ponceño, Sucursal de Mayagüez, el cual hizo efectivo y endosó recibiendo su importe para supuestos gastos varios, viajes, etc.
“ (b) Doscientos cincuenta dólaees ($250.00) el día 29 de enero de 1945 en cheque Número 18, contra el Banco Crédito y Ahorro Ponceño, Sucursal de Mayagüez, el cual hizo efectivo y en-dosó recibiendo su importe para supuestos donativos a ancianos pobres.
“(c) CUARENTA dólares ($40.00) que recibió el día 3 de febrero de 1045, en cheque Número 30, contra el Banco Crédito y Ahorra Poneeño, Sucursal de Mayagüez, el cual hizo efectivo y endosó reci-biendo su importe para supuestos premios.
“ (d) Seis dólares ($6.00) que recibió el día 3 de febrero de 1945, en cheque número 33, contra el Banco Crédito y Ahorro Pon-ceño, Sucursal de Mayagüez, el cual hizo efectivo y endosó recibiendo su importe para supuesto premio adicional para el Colegio de Agri-cultura.
“(e) Cuatrocientos dólares ($400.00) que recibió el día 29 de enero de 1945, en cheque Número 27, contra el Banco Crédito y Ahorro Poneeño, (Sucursal de Mayagüez, el cual hizo efectivo y endosó recibiendo su importe para supuesto donativo al Cuerpo de Bomberos.
“(/) Doscientos cincuenta dólares ($250.00) que recibió el día 6 de febrero de 1945, en cheque Número 48, contra el Banco Crédito y Ahorro Poneeño, Sucursal de Mayagüez; el cual hizo efec-tivo y endosó recibiendo su importe para supuestos gastos varios.
(g) Cuarenticinco dólares ($45.00) que recibió el día 6 de fe-brero de 1945, en cheque Número 45, contra el Banco Crédito y Aho-rro Poneeño, Sucursal de Mayagüez, el cual hizo efectivo y endosó recibiendo su importe para supuestas fotografías."

La cuestión a determinar es si todos o alguno de dichos cuatro cargos que fueron objeto de la excepción previa, adu-cen hechos suficientes que justifiquen la separación del que-rellado como Alcalde de Mayagüez.

Primer Cargo

A los efectos de la excepción previa, el querellado acepta que celebró el contrato de arrendamiento a que se refiere el primer cargo. Arguye, sin embargo, que dicho cargo no aduce hechos porque la facultad de arrendar bienes pertene-cientes al municipio está investida en la Junta de Subasta y que por consiguiente el Gobernador no puede querellarse contra el alcalde de un municipio por la ejecución dé un acto que éste legalmente no puede llevar a cabo.

La mera enunciación del argumeno es sn mejor refutación. Lo que se le imputa es haber celebrado dicho contrato sin cumplir con el requisito legal de la previa subasta.

Arguye, además, el querellado, en apoyo de su excepción previa, que las calles y plazas públicas no son de la exclusiva pertenencia del municipio, sino del pueblo, y las mismas no son susceptibles de arrendamiento. En apoyo de sus tesis el querellado cita el artículo 256 del Código Civil. ()

A los efectos de esta opinión, es innecesario resolver si los bienes de uso público pueden ser.objeto del contrato de arrendamiento. En la hipótesis de que lo fueran, para arren-darlos tendría que cumplirse con el requisito previo de la subasta; y suponiendo que no pudieran ser objeto de arren-damiento, se alega que fueron arrendados. Bajo una u otra hipótesis, el Alcalde actuó en violación de la ley.

Es claro, a nuestro juicio, que el primer cargo aduce he-chos que de ser probados, no sólo justificarían, sí que deman-darían que el querellado fuese destituido.

Segiwdo y TeeoeR Caegios

Los fundamentos en que está predicada la excepción pre-via en cuanto al segundo cargo son pueriles. Siendo el Al-calde quien arrendó la propiedad del Municipio, no podían recibir Matilde Nadal y Miguel A. Yáñez el canon de arren-damiento, a menos que él autorizara al arrendatario a en-tregar a esas personas el dinero perteneciente al Municipio. Como se dijo por este Tribunal en In re Fonseca v. Gely, 42 D.P.R. 195, invocado por el querellante:

“El que el dinero recibido como arrendamiento fuera entregado al director de una orquesta local y el alcalde no se lo apropiara para sí, no puede excusar el mal uso de dineros pertenecientes al muni-cipio. ’ ’

Si bien el Alcalde, como tal, no era quien debía liacer el ingreso en los fondos municipales, sin embargo, como arguyen los abogados del Gobernador, el Alcalde es el jefe ejecutivo del municipio y tiene el deber de velar porque dichos fondos sean ingresados en el tesoro municipal. Lo dicho con respecto al segundo cargo es de perfecta aplicación al tercero. Uno y otro aducen hechos suficientes para justificar la destitución del querellado.

Cuarto Cargo

Basta leer el cuarto cargo para advertir su importancia. Fúndase la excepción previa al mismo en que los cheques que recibió el Alcalde, provenientes de fondos pertenecientes al Municipio y que él endosó y dispuso de su importe para su-puestos fines no autorizados jjor la Asamblea, fueron expe-didos por otras personas y que son éstas, y no el Alcalde, las verdaderas responsables. En verdad, difícil nos es en-tender el fundamento de la excepción previa en cuanto a este cargo. De todos modos se. le imputa que dispuso de dineros pertenecientes al Municipio. Siendo ello así, es de aplicación la doctrina del caso de In re Fonseca v. Gely, supra.

Como fundamento general de la excepción a los cuatro cargos, se invoca el caso de Tugwell, Gobernador v. Campos, 65 D.P.R. 660, para sostener que allí se resolvió que cargos similares a los del caso que nos ocupa eran insuficientes para sostener la destitución del alcalde. Bastará decir que en el caso de Campos, supra, la decisión de este Tribunal está pre-dicada en error manifiesto en la apreciación de la prueba, y no en la suficiencia de los cargos imputados.

Habiendo llegado este Tribunal a la conclusión de que erró la Asamblea Municipal al declarar con lugar la excepción previa, procede desestimar el recurso solamente en cuanto al quinto cargo y revocar la resolución recurrida en cuanto a los primeros cuatro, devolviéndose el caso a la Asamblea Municipal de Mayagüez para. que, sin excusa o pretexto alguno, proceda inmediatamente a recibir la evidencia de una y otra parte con respecto a los primeros cuatro cargos y a decidir el caso por los méritos de la prueba.

      (1) Ponen gran énfasis los abogados del Alcalde en que ellos insistieron en presentar su prueba para controvertir la del Gobernador. Sea ello como fuere, esa decisión de la Asamblea Municipal le favoreció, porque de todos modos, impide a este Tribunal dictar la resolución que debió haber dictado la Asam-blea Municipal, por los méritos de la prueba, en lo que respecta a dicho cargo.

      (2)jNTo compareció a la audiencia la representación legal del Alcalde, pero dos minutos antes de abrirse la sesión, radicó una moción sometiendo el caso por los méritos de los alegatos presentados.

      (3)Esta moción vino acompañada de una certificación de la Secretaria Eje-cutiva acreditativa de que el Hon. Manuel A. Pérez actuó como Gobernador Interino de Puerto Rico desde el 19 de mayo hasta el 9 de junio de 1947, a las tres de la tarde.

      (4)E1 ¡juramento en el escrito de apelación dice así:
      "Yo, Guillermo A. Gil, bajo el más solemne juramento declaro y digo:
      "Que me llamo como se deja expresado, soy mayor de edad, casado, Pro-
      curador General Auxiliar y vecino de San Juan, Puerto Bieo.
      "Que soy uno de los abogados del Hon. Gobernador de Puerto Bico, que-rellante apelante en esto procedimiento; que en el día do lioy lie depositado personalmente en las oficinas de correo de San Juan, quince sobres debidamente certificados y franqueados, habiendo pagado el importe del franqueo en su tota-lidad, dirigidos dichos sobres a las siguientes personas a la ciudad de Maya-güez en donde todas ellas residen en la actualidad: Sr. Eduardo A. Buiz, en su carácter de Presidente do la Asamblea Municipal de Mayagüez; Sr. Emilio Eorestier Gregory, en su carácter de Secretario Municipal de Mayagüez y a la vez Secretario do la referida Asamblea Municipal; Ledo. José Bafael Gelpí, en su carácter do uno do lo.s abogados del Alcalde querellado apelado; y a los seño-res asambleístas municipales de Mayagüez nombrados: Marcel Courtier, Carlos Mercader, Pedro Vincenty, Teresa L. Baeó do Velazco, Juan Luciano Lallave, Faustino J. Perdomo, José Cuesta Urrutia, Félix Castillo, Pedro Vélez, Fernando del Toro, Podro Barbosa y José A. Cesany; .que cada uno de dichos sobres conte-nía una copia fiel y exacta del escrito de apelación quo precede y además, una copia fiel y exacta del pliego de Fundamentos de Hecho y do Derecho en apoyo del recurso do apelación, el cual pliego acompaña al escrito de apelación que precede; y que entre la ciudad de San Juan y la ciudad do Mayagüez existo un servicio regular y diario de comunicaciones por correo a cargo de los Estados Unidos de América, habiéndose hecho esta notificación por la vía postal a razón de que todas las personas notificadas residen en la ciudad de Mayagüez y los abogados del querellante apelante residen en San Juan, que os una ciudad dis-tinta y distante do la ciudad de Mayagüez.”

      (5)E1 mismo principio prevalecía bajo el artículo 322 del Código de Enjui-ciamiento Civil.

      (°)Artículo 256 del Código Civil:
      “Son bienes de uso público en Puerto Rico y en sus pueblos, los caminos insulares y los vecinales, las plazas, calles, tuentes y aguas públicas, los paseos y las obras públicas do servicio general, costeadas por los mismos pueblos o con fondos dol tesoro do Puerto Rico.
      “Todos los demás bienes que El Pueblo de Puerto Rico o los municipios posean, son patrimoniales y so regirán por las disposiciones de este código.”