author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Earl L. Moore, peticionario, v. Corte de Distrito de Bayamón, Hon. E. Ponsa Parés, Juez, demandada.
    Núm. 1261.

    Sometido: Noviembre 24, 1941.

      Resuelto: Diciembre 22, 1941.

      Mariano Acosta Velarde y Federico Acosta Velarde, abogados del pe-ticionario; Lionel Fernández Méndez, Alejandro Bomanace y Bubón & Ochoteco, abogados del interventor, demandante en el pleito principal; Hon. Subprocurador General de los Estados Unidos Norman A. Littell, A. Cecil Snyder, Fiscal Federal, Adolfo Valdés, Fiscal Federal Auxiliar y Charles B. Denny, W. Bobert Koerner y Donnald B. Marshal, abogados del Departa-mento de Justicia federal, como amicus curiae; Hon. Procura-dor General George A. Malcolm y Jesús A. González, Procurador General Auxilian', abogados de El PueNo de Puerto Rico, como amicus curiae.

   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión a resolver en este caso es‘ la de si un empla-zamiento becbo en persona a un demandado en la Base Naval Aérea de los Estados Unidos de América situada en San Juan de Puerto Rico, confiere jurisdicción a la corte insular en la que se radicó el pleito, sobre la persona del deman-dado.

El 13 de mayo de 1940, Esther Gandía de Cabán, Tomás Gandía, Jr. y Juana Rivera Viuda de Gandía, radicaron en la Corte de Distrito de Bayamón una demanda dirigida contra Earl L. Moore en reclamación de diez mil dólares por daños y perjuicios sufridos a virtud de la muerte de Tomás Gandía Rodríguez, a consecuencia de heridas que le produ-jera un aeroplano propiedad del demandado en 25 de junio de 1939 en terrenos situados en Bayamón.

La citación del demandado se hizo finalmente por el már-shal de la corte el 2 de diciembre de 1940', según su certi-ficación, como sigue:

“Certifico: Que recibí el presente emplazamiento a las 10:00 de la mañana del día 2 de diciembre de 1940, y que a las 2:00 de la tarde del día 2 de diciembre de 1940, notifiqué el mismo personal-mente a Earl Moore en la Base Naval, demandado mencionado en dicho emplazamiento, entregando a dicho demandado y dejando en su poder personalmente en Barrio Santurce, San Juan, P. R., una copia de dicho emplazamiento y en poder del demandado una copia de la demanda mencionada en dicho emplazamiento, habiendo hecho constar con mi firma al dorso de la copia del emplazamiento el sitio y fecha de su entrega y notificación.”

El 19 de diciembre de 1940 el demandado compareció especialmente para pedir la eliminación de los autos del emplazamiento por inexistente, ya que se hizo en la Base Naval de San Juan, construida en terrenos reservados para ese fin por los Estados Unidos de América de acuerdo con la ley num. 32 de Puerto Rico, aprobada en abril 19, 1939, pág. 363, que constituye territorio federal bajo la jurisdic-ción exclusiva de los Estados Unidos, según ley de Puerto Rico de febrero 16, 1903, pág. 112.

Oyó la corte a ambas partes y finalmente, en agosto 22, 1941, declaró sin lugar la moción del demandado y resolvió que tenía jurisdicción sobre su persona, adquirida a virtud del emplazamiento, y le concedió diez días para que contes-tara la demanda.

Así las cosas, en septiembre 3 siguiente el demandado presentó una petición de certiorari ante el juez de turno de este tribunal que se encontraba entonces en vacaciones. Ordenó el juez la expedición del auto y oyó a las partes. Luego señaló una nueva vista para ante el tribunal en pleno que fué en efecto celebrada en noviembre 24, 1941, con asis-tencia del peticionario por su abogado y de la parte deman-dante en el pleito por el suyo, sosteniendo sus respectivas posiciones, y de representantes del Pueblo de los Estados Unidos y del Pueblo de Puerto Rico que, como amigos de la corte, mantuvieron el criterio de que Puerto Rico babía perdido toda jurisdicción sobre los terrenos que traspasara a los Estados Unidos para la construcción de la base naval aérea de que se trata.

La resolución del tribunal de distrito que se impug'na revela un cuidadoso estudio de la cuestión envuelta. Su penúltimo párrafo resume su criterio como sigue:

“Somos de opinión por consiguiente que la jurisdicción del Gobierno de Estados Unidos sobre los terrenos de Isla Grande donde radica la Base Naval se limita a aquella jurisdicción necesaria para que el Gobierno Federal pueda llevar a cabo y desarrollar los pro-pósitos para los cuales adquirió dichos terrenos, y que el Pueblo de Puerto Rico ha sido privado de su jurisdicción en dichos terrenos solamente en tanto en cuanto el ejercicio de dicha jurisdicción en-torpezca u obstaculice la realización de dichos propósitos federales. United States v. Unzeuta, 281 U. S. 138, Ryan v. State, 188 Wash. 115, 61 P. (2d) 1276, Fort Leavenworth R. R. Co. v. Lowe, 114 U. S. 525, 29 L. Ed. 264. La jurisdicción del Gobierno Federal sobre los terrenos de dicha Base Naval no es por consiguiente exclusiva, existiendo aún sobre dicho sitio la jurisdicción insular.”

Son hechos indiscutibles que el emplazamiento de que se trata se hizo dentro de los terrenos de Isla Grande, en San Juan, Puerto Rico, en los que se ha construido una base naval aérea de los Estados Unidos de América; que dichos terrenos pertenecieron a la Corona de España y luego a los Estados Unidos a virtud del Tratado de París de 1898; que siguiéndose la política pública adoptada por el Congreso de los Estados Unidos, dichos terrenos fueron traspasados al Pueblo de Puerto Rico (El Pueblo v. Dimas, et al., 18 D.P.R. 1061, y El Pueblo v. Municipio de San Juan, 19 D.P.R. 656), y que, por último, El Pueblo de Puerto Rico por ley núm. 32 de 1939, pág. 363, autorizó y ordenó a su Comisionado del Interior para que a su nombre y en su representación traspasara como traspasó todo derecho, título e interés que tenía sobre los mismos a los Estados Unidos, para ser usa-dos, como lo han sido, como base naval aérea de los Estados Unidos y para otras actividades navales.

Siendo ello así, ¿adquirieron los Estados.Unidos juris-dicción exclusiva dentro de la base o sólo aquella necesaria para llevar a cabo y desarrollar los propósitos para los cuales le fueron los terrenos traspasados, conservando la suya el Pueblo de Puerto Rico para ejercerla, en tanto en cuanto no entorpeciere la realización de los mismos?

Para resolver la cuestión se invoca en primer término el Artículo 1, sección 8, cláusula 17 de la Constitución de los Estados Unidos que otorga poder al Congreso para:

“Ejercer legislación exclusiva en cualquier caso, sobre determi-nado distrito (que no exceda de diez millas en cuadro) que pueda, mediante cesión de alguno de los Estados y la aceptación del Con-greso, convertirse en la sede del Gobierno de los Estados Unidos, y para ejercer igual autoridad sobre todos los sitios comprados con el consentimiento de la Legislatura del Estado donde los mismos ra-diquen, para la construcción de fuertes, polvorines, arsenales, mue-lles y otros edificios necesarios.”

Sin embargo, esa cláusula que habla expresamente de legislaturas estaduales no es aplicable al territorio organi-zado y no incorporado de Puerto Rico. Balzac v. Puerto Rico, (1922), 258 U. S. 298, 304, 305, Downes v. Bidwell, (1901), 182 U. S. 244, Lastra v. New York & Porto Rico SS. Co., (C.C.A. 1, 1924), 2 F. (2d) 812, Gallardo v. Santini Fertilizer Co., (C.C.A. 1, 1926), 11 F. (2d) 587, Sancho v. Bacardí Corporation of America, (C.C.A. 1, 1940), 109 F. (2d) 57, 63.

La disposición legal aplicable es la invocada por el peti-cionario o sea la ley autorizando al Gobernador de Puerto Rico para traspasar ciertos terrenos a los Estados Unidos para fines navales o militares y para otros fines públicos, aprobada el 16 de febrero de 1903, pág. 112, Compilación de 1911, pág. 344, cuya sección 5 dispone:

“Que se dé y por la presente se da, el consentimiento a los Es-tados Unidos para adquirir, para fines navales o militares u otros fines públicos, por compra o expropiación forzosa, cualesquiera terre-nos en la Isla de Puerto Rico, y cuando fuesen adquiridos en esta forma, y los Estados Unidos bayan tomado posesión de los mismos, toda jurisdicción sobre tales terrenos por parte de El Pueblo de Puerto Rico cesará y terminará ipso facto. 'Disponiéndose, no obs-tante que, si subsecuentemente los Estados Unidos enajenaren cualquiera o todas las tierras adquiridas en esta forma, El Pueblo de Puerto Rico volverá a tener jurisdicción sobre las mismas.'1

Como puede verse la ley de Puerto Rico y la cláusula constitucional citadas coinciden en que la jurisdicción de los Estados Unidos será exclusiva cuando la adquisición de tierras en los estados con el consentimiento de sus legisla-turas lo sea por compra y para la construcción de fuertes, polvorines, arsenales, muelles y otros edificios necesarios (Constitución Nacional), por compra o expropiación, para fines navales o militares u otros fines públicos (Ley del Territorio). En tal virtud puedó y debe recurrirse a la jurisprudencia interpretativa de la cláusula constitucional para fijar el alcance de la disposición legal del territorio.

La ley especial — la núm. 32 de 1939, pág. 363 — que decretó el traspaso, no contiene disposición alguna expresa sobre la cuestión jurisdiccional, pero se sostiene que siendo lo orde-nado por ella y lo realizado a virtud de ella en realidad una compra, la cuestión jurisdiccional en el sentido de la exclu-sividad para los Estados Unidos se resuelva aplicando la ley de 1903.

Si en verdad se tratara de una compra, la cuestión que-daría resuelta en el sentido indicado, pero las autoridades que se citan no sostienen • a nuestro juicio esa conclusión. Tampoco la sostiene el argumento de que el terreno se tras-pasara como un quid pro quo — traspaso mediante promesa de base.

La ley es terminante. Habla de adquisición por “com-pra o expropiación” y prescribe qne cuando los terrenos “fuesen adquiridos en esta forma, y los Estados Unidos hayan tomado posesión de los mismos, toda jurisdicción sobre tales terrenos por parte de El Pueblo de Puerto Pico cesará: y terminará ipso facto”, estando por tanto supeditada la-cesación de jurisdicción a la forma de adquisición.

La dificultad en la resolución del caso estriba en que por una parte el destino para el cual se traspasaron los terrenos parece llevar consigo la necesidad de la jurisdicción exclu-siva de acuerdo con la política pública proclamada tanto en la cláusula constitucional como en la ley territorial y por otra la fijación expresa del medio de adquisición se opone a la inclusión de otros medios.

Una situación semejante llevó al Juez Bobert W. Hughes, juez federal del distrito en Virginia, al resolver el caso de Crook, Horner & Co. v. Old Point Comfort Hotel Co., et al.,. 54 F. 604, 608 a 610, a expresar en su opinión, en parte, la que sigue:

“ . . . No habiendo el Congreso aprobado'ninguna legislación: para el gobierno, en asuntos civiles, sobro personas que se hallen destacadas permanente o temporalmente en puestos militares, sobre terrenos poseídos por los Estados Unidos, resulta de importancia el dilucidar si los habitantes de Old Point Comfort se hallan sin ley que rija su vida social y civil y sus transacciones de negocios, ex-cepción hecha de la ley según estaba en vigor en Virginia hace -más de medio siglo. Se habrá observado de la cláusula de la Constitu-ción que hemos transcrito que su lenguaje expresa que el Congreso-tendrá la facultad exclusiva de legislar ‘ en todos los sitios comprados con el consentimiento de la asamblea legislativa del estado donde los mismos radiquen, para la construcción de fuertes, arsenales,’ etc. Estas palabras han sido interpretadas por la Corte Suprema de los Estados Unidos en los casos de Railroad Co. v. Lowe, 114 U. S. 525, 5 Sup. Ct. Rep. 995, y Railroad Co. v. McGlinn, 114 U. S. 542, 5 Sup. Ct. Rep. 1005, donde se sostuvo que la palabra ‘compra’ según se usa en la cláusula de la Constitución bajo estudio, no tiene el sig-nificado técnico general que posee en el derecho común, de cualquier adquisición de terrenos que no sea por herencia, y sí el único signi-ficado de tina adquisición de tierras por una verdadera compra. Se sostuvo, además, que cuando los Estados Unidos adquieren tierras en cualquier otra forma que no sea mediante tal compra verdad, con el consentimiento del estado, concurriendo una cesión por parte del estado de toda jurisdicción sobre dichas tierras, entonces la cláusula de la Constitución quo da al Congreso la facultad exclusiva de le-gislar y que concede jurisdicción exclusiva a los Estados Unidos, no se aplica. Sostuvo la corte que en esta clase de casos los Estados Unidos toman las tierras sólo bajo tal tenencia (tenure) limitada o ilimitada, que el estado confiera por cada estatuto especial de ce-sión y que tal título debe ser considerado por las cortes como si las tierras hubieran sido cedidas por el estado a un sujeto privado.
“En el caso de McGlinn, la Corte Suprema, comentando su de-cisión del caso de Fort Leavenworth, dijo lo siguiente:
“ ‘Para que los Estados Unidos tengan la facultad exclusiva de legislar sobre el predio (tract) . . . deben haber adquirido el predio por compra, con el consentimiento del estado. Esta es la única forma prescrita por la Constitución federal para la adquisición de poder legislativo exclusivo sobre el mismo. Cuando tal facultad le-gislativa se adquiere en cualquier otra forma, como por un acto expreso que la cede, la cesión puede ir acompañada de cualquier con-dición que no sea inconsistente con el uso efectivo de la propiedad para los fines públicos perseguidos. También sostuvimos que la legislatura de un estado puede ceder jurisdicción exclusiva sobre si-tios que el gobierno general necesite para la ejecución de sus poderes, siendo el uso de los sitios tanto para los habitantes del estado como para los habitantes de los Estados Unidos en general, y que tal ju-risdicción termina necesariamente cuando se deja- de usar los sitios para tales fines.’
“No importa cuánto estas decisiones puedan haber afectado las opiniones anteriormente sostenidas por la profesión legal, ellas son la ley suprema de la Nación y deben ser puestas en vigor por las cortes. Una inspección del estatuto de cesión de Virginia, traspa-sando a los Estados Unidos las tierras de Old Point Comfort, que le pertenecían, y que no fueron compradas por los Estados Unidos, con su consentimiento, de ningún otro dueño, y cediendo la juris-dicción sobre ellas, demostrará que el caso cae dentro de la regla sentada por la Corte Suprema en Railroad Co. v. Lowe y Railroad Co. v. McGlinn; y que los Estados Unidos poseen el Fuerte Monroe sin estar sujeto a la cláusula 17, sección 8, artículo 1 de la Constitu-ción, y sí sólo a virtud de la tenencia (tenure) provista por el estatuto de cesión de Virginia de marzo 1, 1821, y la escritura de cesión otor-gada por su gobernador en diciembre 12, 1838. Estas actas contie-nen buen número de vitales limitaciones del poder de los Estados Unidos sobre los terrenos de Old Point Comfort y expresamente pro-veen la reversión de la tierra a esta comunidad, y su readquisición por ella, en caso de su subsiguiente abandono por parte de los Estados Unidos o si se utilizasen para fines que no fuesen fortifica-ción y defensa nacional.
“Me parece que resulta evidente de lo que hemos expuesto ante-riormente, que la jurisdicción de los Estados Unidos sobre el terri-torio poseído por ellos en Old Point Comfort no es la jurisdicción absoluta, exclusiva, que confiere la constitución federal sobre sitios comprados con el consentimiento de los estados; y sí la jurisdicción sólo como fue conferida por el estatuto y la escritura de cesión de Virginia. Resulta igualmente evidente que, con excepción de aquellas partes de ese territorio que no estuvieren siendo usadas por el go-bierno federal para fines militares, aunque se estuvieren utilizando para otros fines, la jurisdicción del estado es concurrente con la de los Estados Unidos, y que aquellas leyes de Virginia que no sean incompatibles con las de los Estados Unidos que afectan ese territo-rio, y que no estén en conflicto con el libre uso por parte de los Estados Unidos de aquellas partes del terreno en realidad usadas para fines militares, se hallan en vigor y constituyen la regla de conducta para el gobierno de todos los habitantes de allí que no per-tenecen al ejército de Estados Unidos.”

La decisión que antecede rendida en 1893 fue citada y aplicada en casos posteriores. Véanse: Concessions Co. v. Morris, Sheriff, et al., de la Corte Suprema de Wáshington, año 1919, 186 P. 655, 662 y State v. Bruce, de la Corte Suprema de Montana, año 1937, 69 P. (2d) 97, 102.

Siendo ésos los hechos y la ley, nos vemos obligados a resolver que el demandado fué debidamente emplazado y que la Corte de Distrito de Bayamón adquirió jurisdicción sobre su persona para seguir conociendo del pleito entablado ante ella por daños y perjuicios ocasionados por actos que tuvie-ron lugar dentro de su territorio.

La interpretación que damos a la ley de 1903, no es nueva. En el caso del Pueblo v. Suárez, 51 D.P.R. 903, 910, dijo esta corte por medio de su Juez Asociado Sr. Tra-vieso :

“La sección 6 de la ley de febrero 16 de 1903, de nuestra Legis-latura Insular, tampoco ayuda en nada al apelante en sus esfuerzos para sostener la alegada presunción de jurisdicción exclusiva de la Corte Federal sobre el delito que se le imputa. Por los términos de dicha sección, El Pueblo de Puerto Rico, ajustándose a la doc-trina sostenida por la jurisprudencia que hemos citado, cede juris-dicción exclusiva a los Estados Unidos sobre las tierras que el Gobierno Federal pueda en lo sucesivo adquirir en Puerto Rico, mediante compra o expropiación forzosa. No basta, pues, que el Gobierno Federal ocupe un edificio con una oficina de correos, para que de esa mera ocupación surja como consecuencia inevitable la jurisdicción exclusiva de los tribunales nacionales. Es necesario que el Gobierno Federal haya comprado o expropiado el edificio. Ese hecho no puede presumirse, debe probarse por el que lo alega. Y una vez probado, la jurisdicción federal queda establecida a virtud de la citada sección de la ley de febrero 16 de 1903.
“La jurisdicción excepcional no se presume nunca. El que la alega debe probarla.”

Véase también West India Oil Co. (P. R) v. Sancho Bonet, Tesorero, 54 D.P.R. 732, 737.

Habiendo llegado a la conclusión que antecede, no es necesario que entremos a considerar en extenso el segundo motivo que tuvo la corte de distrito para declarar sin lugar la moción del demandado, a saber, el no haberse demostrado que los Estados Unidos hubieran aceptado o asumido juris-dicción exclusiva sobre la base. La resolución se sostiene por el primero, pero parece conveniente decir que a virtud del estudio que hemos hecho de la cuestión, nos sentimos inclinados a resolver que en ese respecto nuestro criterio sería contrario al de la corte sentenciadora.

Debe amblarse el auto expedido y devolverse el caso a la corte de distrito de su origen para que contimbe conociendo del mismo de acuerdo eon la ley.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Travieso

license: Public Domain

text:
    José Vargas (Patrono), apelante, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, Etc., demandada, y Manuel de Jesús Rodríguez (Obrero lesionado), apelados.
    Núm. 228.

    Sometido: Diciembre 1, 1941.

      Resuelto: Diciembre 23, 1941.

      R. Muñoz Ramos, abogado del apelante; A. D. Marchand Paz, abogado del obrero lesionado, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El presente recurso ba sido interpuesto por el patrono José Vargas contra la resolución dictada por la Comisión Industrial en julio 7 de 1941, en la que se hacen los siguien-tes pronunciamientos:

1. Que en 12 de septiembre de 1940 el recurrente era un patrono que empleaba cuatro o más obreros, sin estar ase-gurado en el Pondo del Seguro del Estado, de acuerdo con la ley 45 de abril 18, 1935.

2. Que en la citada fecha, el obrero Manuel de Jesús estaba empleado por y al servicio de José Vargas.

3. Que en la fecha ya expresada el mencionado obrero sufrió un accidente, no constituyendo defensa para el patrono el que el obrero fuese culpable de negligencia contribuyente o que asumiera el riesgo de la lesión, “por cuanto el patrono no estaba asegurado en violación de la ley, y por lo tanto el accidente ocurrió en el curso del trabajo, como consecuen-cia del mismo y por una función inherente al trabajo”; y que el obrero tiene por tanto derecho a la protección y bene-ficios que provee la ley.

En apoyo de su recurso el patrono recurrente aleg’a que la Comisión cometió error de derecho (a) al resolver en contra de la prueba, que en la fecha del accidente el recu-rrente era un patrono no asegurado que empleaba cuatro o más obreros en su panadería, (5) al resolver que el acci-dente ocurrió por una función inherente al trabajo, y (c) al dejar de resolver que el accidente ocurrió exclusivamente por la imprudencia temeraria del obrero.

Envolviendo los tres señalamientos cuestiones mixtas, de hecho y de derecho, se hace necesario un estudio detenido de la evidencia sometida a la Comisión Industrial.

Declaró el obrero lesionado: que el 12 de septiembre de 1940 él trabajaba como panadero en la panadería de José Vargas; que a las 8 de la noche de ese día terminó de tirar la masa de agua e iba a comer, pero la puerta de salir está dividida en dos partes en el medio, y tuvo que subirse para tirarse afuera; que había una estiba de arena a la parte de afuera y tuvo que subirse a un barril y el barril se tam-baleó, cayendo con el brazo encima de la compuerta; que estuvo durante 28 días recluido en el Asilo de Damas, en Ponce, y le hicieron dos operaciones, pagando todos los gas-tos el Sr. Vargas; que el día del accidente trabajaban en la panadería, Isaías Cordero, maestrando, el lesionado Rodrí-guez, primer oficial, Ramón Lugo, como ayudante en la amasadora, y Juan Antonio Rodríguez, envolvedor del pan y ayudante en la masa cuando había oportunidad; que ade-más trabajaban allí los que hacían dulces y galletas; que cuando terminaba la fabricación de dulces empezaba la ela-boración de pan; que durante las horas del día hay entrada y salida por el despacho, pero no así durante las horas de ]a noche, cuando todo el mundo tiene que brincar por allí, por donde él trató de brincar y se cayó; que el sitio por donde trató de brincar no es precisamente una ventana, sino una puerta dividida en dos fracciones, quedando el dintel o borde de esa ventana a unos cuatro pies del piso; que todos los empleados tienen que brincar por allí para salir a la calle. Repreguntado, contestó que el establecimiento tiene tres puertas que dan al frente, una de ellas tapada por un apa-rador, y por detrás tiene la ventana por donde trató él de brincar; que para salir del trabajo toda la gente tiene que tirarse por la ventana; que Isaías Cordero, el maestro de la panadería, hombre como de 60 años de edad, también tiene que saltar por allí; que bay una salida por detrás, para el garag’e, por la que se sale a la calle por el día, pero que esa puerta está cerrada por las noches; que había veces que él salía por el frente, cuando el frente estaba abierto; que la noche del accidente él salió por la ventana porque el frente estaba cerrado; que él tenía que regresar al trabajo media hora más tarde y que tenía que entrar por la ventana; que es cierto que en el momento del accidente una joven había-llegado hasta el lado de la ventana a comprar pan; que no es cierto que él saltara por la ventana con el propósito de alcanzar a la joven para hablar con ella; que nunca se quejó al patrono de que se le-obligase a salir por la ventana; que nunca se le prohibió que saltara por la ventana; que él sabía que había peligro y que el patrono también lo sabía.

Ramón Lugo declaró: que en la fecha en que ocurrió el accidente él no trabajaba en la panadería de Vargas, que solía ir allí a aprender el oficio y no ganaba nada; que en la panadería trabajaban solamente tres, el maestro Isaac Cordero, José Antonio Rodríguez, envolvedor, y el lesionado Manuel de Jesús Rodríguez, como oficial; que como a las siete y media de la noche, el lesionado había ya rendido su trabajo; que a esa hora todo estaba abierto, por el frente y por detrás y se podía salir a la calle; que llegó allí la joven Adelina Lugo a comprar pan y el lesionado al verla se subió sobre un barril que había allí y se cayó; que jura que las puertas estaban abiertas y que podía salirse por cualquiera de ellas; que el que le dió permiso para ir a la panadería como aprendiz fué el maestro Cordero, que es su amigo, y no el patrono, pues éste no quería que allí fueran muchachos a aprender; que él iba a la panadería como de seis y media a siete de la noche y estaba allí hasta las 8 u ocho menos cuarto 'aprendiendo a hacer pan; que los empleados salían de noche por la puerta del garage, pues el maestro carga una llave de esa puerta y al uno querer salir llama al maestro y él le abre; que allí habían prohi-bido que brincaran por la ventana.

Luis Pérez, declaró que en la fecha del accidente él tra-bajaba como ayudante de José Yélez, el chófer de la guagua y entraba a la panadería para cargar la guagua de pan; que vió allí trabajando a Cordero, a Manuel de Jesús, el lesionado, a Ramón Lugo, que era el envolvedor de pan, y a Juan Antonio Rodríguez, que era el que pesaba el pan; que conoce el sitio donde ocurrió el accidente, que es una puerta dividida por la mitad y que de la única manera que se puede salir por allí es brincando; que él saltó una vez por allí y le dieron la queja al patrono y éste le llamó la atención; que cuando él iba de noche a la panadería entraba por el frente y cuando estaba cerrado el frente entraba por detrás, pidiéndole la llave al maestro; que allí no se acos-tumbraba saltar por la ventana para salir de la panadería.

Isaías Cordero, declaró: que en la fecha del accidente él trabajaba en la panadería de Vargas como maestro y que él era el último que salía de la panadería; que Ramón Lugo trabajaba allí como aprendiz; que lo que gana Ramón Lugo se lo paga él, como su ayudante, y que Lugo no es empleado de Vargas; que presenció el accidente ocurrido a Manuel de Jesús Rodríguez; que éste le dijo: “Maestro, déme media libra de pan, que voy a comer” y él se la dió; que en ese momento llegó allí la joven Angelina y gritó: “Media libra de pan,” y al oírla, Manuel de Jesús trató de salir por la ventana, poniendo un barrilito para treparse, y se cayó; que el barrilito estaba en otro sitio y él lo haló y lo puso allí para saltar; que él hizo eso mismo otra vez para ir a ver a Angelina y el dueño le llamó la atención y entonces se le puso candado, porque la orden era pasar por detrás; que él nunca ha saltado por el sitio ese por donde quiso saltar el lesionado, que él siempre sale por un portón que liay y del cual él tenía la llave que le dió el dueño; que un día el lesionado Rodríguez brincó por la ventana y él lo llamó y le dijo: “No brinques por ahí; don Pepe no quiere”; que don Pepe también se lo dijo en su presencia; que el día del accidente había tres personas empleadas en la pana-dería; que siempre ha habido tres; que el único negocio que tenía el Sr. Vargas era el de pan y que el negocio de dulces y galletas que hacían una vez a la semana era del Sr. Panelli; que la orden del patrono de que no se saltara por la ventana se cumplía estrictamente, pues ni él que era el maestro podía hacerlo; que cuando por la noche quería salir alguno de los empleados, él le daba la llave y el empleado se la devolvía al que quedaba liando pan; que la puerta del frente se cerraba a las nueve o las diez de la noche, pero a las 7% u 8 estaba abierta; que en el momento en que Rodríguez trató de tirarse por la ventana, la puerta del frente estaba abierta y él pudo haber salido por allí, pero vino esa joven a comprar pan y él se volvió loco y se tiró y se cayó.

Antonio Vargas Rodríguez, declaró que el día del acci-dente trabajaba allí como panadero; que vió cuando llegó allí la muchacha a comprar pan y cuando el lesionado haló el barril, se trepó y cayó; que cuando eso ocurrió la puerta del frente estaba abierta; que la muchacha fué por detrás y no por delante porque la taquilla de vender pan caliente queda por detrás; que el lesionado es su sobrino; que cuando los empleados acaban de trabajar salen a la calle por un portón que hay atrás, que el maestro carga la llave.

José Vargas, el patrono, declaró que él solo tiene negocio^ de panadería y no tiene nada que ver con la dulcería; que en la noche del accidente sus empleados eran tres, Isaac Cor-dero, Antonio Vargas y el lesionado; que en esa fecha Ramón Lugo no era empleado suyo; que sus empleados no salían por la ventana, al contrario, que él suspendió a un muchacho que quiso brincar por la ventana; que él prohibió que salta-ran por allí; que una vez el maestro Cordero le dió la queja de que el lesionado había saltado por la ventana y él le llamó la atención y le dijo que no lo volviese a hacer pues podía darse un golpe, y, además, que con eso le daba mal ejemplo a los demás; que en el momento en que ocurrió el accidente la puerta del frente estaba abierta; que las relaciones entre él y el lesinado lian sido siempre cordiales.

De acuerdo con el artículo 2 de la “Ley de Compensacio-nes por Accidentes del Trabajo,” ley núm. 45 de 1935, el requisito esencial para que el obrero tenga derecho a recla-mar compensación, al Fondo del Estado o al patrono no asegurado, es que las lesiones o la pérdida de vida provengan de cualquier acto o función inherente al trabajo o empleo y que ocurran en el curso de éste y como consecuencia del mismo. Cuando ese requisito ha sido cumplido, el patrono, tanto el asegurado como el no asegurado, sólo podrá inter-poner las defensas enumeradas en el artículo 4 de la citada ley.- Cuando el accidente es compensable de acuerdo con el artículo 2, el patrono, ya esté o no asegurado, no podrá alegar como defensa la negligencia contribuyente del obrero o que éste asumió el riesgo de la lesión; pero uno y otro pueden alegar la defensa de que la imprudencia teme-raria del obrero fué la única causa de la lesión. Véase el artículo 4 en relación con el artículo 15 de la citada ley.

A nuestro juicio, la conclusión a que llegó la Comisión Industrial, de que “el accidente ocurrió en el curso del tra-bajo, como consecuencia del mismo y por una función inhe-rente al trabajo,” es claramente errónea y no puede ser sostenida. A la hora en que ocurrió el accidente ya el trabajo había terminado. El saltar por la ventana no era una parte o función del trabajo que el lesionado estaba obligado a realizar. No solamente no se le obligú a saltar por aquella ventana, si que se le prohibió expresamente que lo hiciera; y, además, el lesionado pudo haber salido por la puerta trasera, pidiendo la llave al maestro, o por la del frente que en esos momentos estaba abierta. Si el lesionado prefirió saltar por la ventana, en contravención de las órde-nes expresas del patrono, para llegar más pronto a la calle, al hacerlo así se hizo culpable de imprudencia temeraria, y siendo ésta la única causa de la lesión no puede imputarse responsabilidad alguna al patrono.

Por las razones expuestas debe revocarse la resolución recurrida.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Lupercio Torres Rosario, peticionario, v. Sixto M. Saldaña, Jefe del Presidio Insular, demandado.
    Núm. 401.

    Sometido: Diciembre 5, 1941.

      Resuelto: Diciembre 23, 1941.

      Santos P. Amadeo y B. V. Pérez Marchand, abogados del peticiona-rio; Pión. Procurador General George A. Malcolm, B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Lupercio Torres se halla recluido en la Penitenciaría Insular extinguiendo una sentencia de un año de presidio impuéstale por la Corte de Distrito de San Juan por un delito de escalamiento en primer grado, cometido, según se alega en la acusación, en uno de los días del mes de octubre de 1941. En la petición de habeas corpus que ha presentado en este tribunal, alega que nació en el año 1925 y en 9 de abril de 1940 la Corte Juvenil del'Distrito Judicial de San Juan lo declaró niño delincuente por un delito de escalamiento y lo puso bajo la custodia del Sr. Esteban Miranda mientras observara buena conducta. Sostiene el peticionario que al ser declarado niño delincuente por la Corte Juvenil quedó desde ese instante sujeto a la jurisdicción exclusiva de dicha corte hasta llegar a su mayor edad, y que contando diez y seis años de edad todavía, la Corte de Distrito de San Juan carecía y carece de jurisdicción para conocer del su-puesto delito, por lo que se halla ilegalmente privado de su libertad.

No existe controversia en cuanto a los hechos alegados por el peticionario. Toda la cuestión se reduce a determinar el alcance de la sección 8 de la Ley nxun. 37, aprobada el 11 de marzo de 1915 (pág. 73), creando un sistema de cortes para niños, etc., que en lo pertinente dice:

“Sección 8. — Para los fines de esta Ley, la palabra ‘padres’ o ‘padre’ significa uno o ambos como fuere compatible con el propó-sito de la misma; la palabra ‘niños’ o ‘niño’ comprende uno o más, como fuere compatible con el propósito de esta Ley, y comprenderá, a menos que de otro modo se consigne específicamente, cualquier niño en la Isla de Puerto Rico menor de diez y seis años de edad, o que, una vez sujeto a la jurisdicción de una Corte para Niños por las disposiciones de esta Ley, no haya llegado a la mayor edad.” (Bas-tardillas nuestras.)

Para la mejor inteligencia del precepto legal transcrito, parece conveniente, antes de iniciar su estudio y discusión, dar cumplimiento a la regla de oro de hermenéutica legal, cual es, descubrir el propósito perseguido por el legislador. La propia ley, en su sección 33, lo expresa con toda claridad, así:

“Sección 33.- — Esta Ley deberá interpretarse liberalmente con el fin de que se baga posible llevar a cabo sus propósitos, siendo éstos la protección y el bienestar del niño y proporcionarle los medios para corregirse, educarse y vivir como ciudadano respetuoso de la ley.
“Los procedimientos y sentencias determinados en esta Ley sólo implicarán el ejercicio de una eminente patria potestad, por parte de El Pueblo de Puerto Rico, con respecto a los niños, contra quienes no establecerá precedente alguno de criminalidad.”

La conocida obra “American Jurisprudence”, tratando de la naturaleza y propósito de las leyes de esta índole, se expresa en los siguientes términos:

“Naturaleza y Propósito. — Los estatutos que crean cortes con jurisdicción sobre delincuentes juveniles, estableciendo el procedi-miento que las rige, así como el cuidado y disciplina a que deben someterse tales delincuentes, ban sido caracterizados por las cortes como progresivos, humanitarios y benéficos, y se les ha calificado de paternales y benevolentes. Tienen por objeto, no el castigo de infractores juveniles por mala conducta, criminal o de otro género, sino separarlos de la senda de la tentación y conducirlos por el camino del bien y de la rectitud, apelando a medios preventivos a la vez que correctivos. Su propósito es detener la tendencia criminal en su principio y proteger el carácter que aún no se ha formado, cuando es más fácil lograrlo, contra el medio ambiente e influencias impropias, suministrando al débil e irreflexivo una justa oportunidad para desarrollar los elementos de honradez, sobriedad y virtud esenciales para ser un buen ciudadano, y evitar además que puedan luego llevar una vida ociosa, disoluta o inmoral. En otras palabras, el bienestar del niño es el verdadero propósito de estos estatutos. Un estatuto de esta índole no es otra cosa que la aplicación del poder de parens patriae que tiene el Estado y de su derecho a ejercitar el adecuado control paternal sobre aquellos ciudadanos menores de edad que están inclinados al mal.”

La misma obra, tratando sobre la interpretación que debe darse a estas leyes, dice a continuación:

“Interpretación. — Como hemos dicho en otra ocasión, las leyes que crean tribunales con jurisdicción sobre delincuentes juveniles, dictando reglas para el cuidado y disciplina de tales delincuentes, son consideradas por las cortes como progresivas, humanitarias y benéficas, y por consiguiente debe dárseles una interpretación liberal, tratando de que su manifiesto propósito pueda lograrse en la mayor extensión que sea compatible con sus términos.” Obra citada, tomo 31, páginas 785' y 786.

Interpretándola a la luz del espíritu liberal y benéfico que la inspira y teniendo en cuenta su propósito de proporcio-nar al niño “los medios de corregirse, educarse y vivir como ciudadano respetuoso de la ley,” fuerza es concluir que la letra y el espíritu de la ley no dejan duda alguna de que la frase “o que, una vez sujeto a la jurisdicción de una corte para niños por las disposiciones de esta Ley, no haya llegado a la mayor edad,” significa que una persona comprendida dentro de esa definición no puede ser juzgada ni sentenciada por una corte de jurisdicción ordinaria como lo es la de distrito de San Juan.

A primera vista parece que esta interpretación crea un dis-crimen en contra de aquellos menores de veintiún años que no - cometieron falta o delito alguno antes de cumplir los diez y seis años. Pero si se tiene en cuenta que ya por razón del medio ambiente en que nacen y se desarrollan, ya por defectos congénitos procedentes de diversas causas, o por otras circunstancias que sería prolijo enumerar, exis-ten niños que desde su más temprana edad demuestran su inclinación al mal, no parece arbitrario ni caprichoso que el legislador haya creído justo y conveniente extender sobre ellos su protección y cuidado hasta su mayor edad, brindán-doles así más amplia oportunidad de corregir sus defectos o inclinaciones, oportunidad que no necesitan los que nacen, viven y se desarrollan en condiciones normales. Es verdad que como sostiene el Fiscal, hay casos que resuelven que la corte juvenil sólo conserva su jurisdicción en relación con el caso de que ha conocido cuando el niño no había cumplido los diez y seis años de edad y que cualquier delito cometido después de esa edad debe ser juzgado por los tribunales ordinarios. Véanse a ese efecto los casos de State ex rel. Corella v. Pence, (1924, Mo.), 262 S. W. 360, y State v. Porterfield, 264 S. W. 386. En esos casos el estatuto decía lo siguiente:

“Cuando se ha adquirido jurisdicción sobre la persona de un niño bajo las disposiciones de esta Ley, tal jurisdicción continuará, a los efectos de este artículo, hasta que el niño haya cumplido su mayor edad.”

En 31 American Jurisprudence 799, citado por el Fiscal, se resume la jurisprudencia sobre la materia en los siguien-tes términos:

“Jurisdicción continua. — Por lo general, a virtud de estatutos en los distintos estados, las cortes juveniles tienen jurisdicción continua sobre el niño delincuente. El tiempo durante el cual esta jurisdic-ción continúa es generalmente durante la menor edad, pero como sostienen los casos, la jurisdicción no cesa con la mera adjudicación de delincuencia y orden de reclusión. El propósito de la disposición estatutaria que preceptúa que cuando la corte juvenil ha adquirido jurisdicción sobre la persona del niño, esa jurisdicción continuará para los efectos de la ley hasta que el niño haya llegado a la mayor edad, se ha dicho que tiene por objeto permitir al Estado, bajo cir-cunstancias adecuadas, hacerse cargo de la custodia de los niños delincuentes para asegurar su educación y medios de corregirse sosteniéndose que esta facultad no depende enteramente de los esta-tutos, pudiendo trazarse su origen hasta la doctrina ele equidad que dispone que ‘la equidad actúa sobre la persona,’ y al actuar así, no encontramos campo más propicio que la protección de los derechos personales de los niños. Se ha resuelto por un estatuto que prescribe que una vez adquirida jurisdicción sobre un niño bajo las disposi-siones ele la ley de cortes juveniles, ‘tal jurisdicción continuará a los efectos de este artículo hasta que el niño haya llegado a su mayor edad’, debe interpretarse en el sentido de que cuando la corte juvenil obtiene jurisdicción sobre un delincuente, el retener su jurisdicción hasta que el delincuente llegue a la edad ele veintiún años, se cir-cunscribe a los efectos de los procedimientos en que dicha corte adquirió jurisdicción, y no deberá interpretarse en el sentido de excluir la de las cortes ordinarias para procesar al menor después que llegue a la edad de diez y ocho años (en nuestra ley son diez y seis), por delitos cometidos entre sus diez y ocho y veintiún años de edad. ’ ’ (Paréntesis nuestro.)

Nuestro estatuto, como hemos visto, no limita de ese modo la jurisdicción de la corte juvenil, sino que por el contrario sigue considerando al delincuente “como un niño” “para los efectos de esta ley.” (Sección 8.)

No teniendo la Corte de Distrito de San Juan jurisdic-ción para conocer del delito imputado al menor peticionario, la sentencia que dictó dicha corte en 21 de noviembre de 1941, que motiva su reclusión en la Penitenciaría Insular, es nula, y siéndolo, es ilegal la prisión que actualmente sufre, y por consiguiente procede su excarcelación, debiendo entre-garse dicho menor a la Corte Juvenil de San Juan para que proceda con arreglo a derecho.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.


author: Ed Juez Asociado Señoe Todd, Je.,

text:
    Eloísa Annoni, et als., demandantes y apelantes, v. La Sucesión de Blas Nadal y Cuebas, Etc., et als., demandados y apelados.
    Núm. 8287.

    Sometido: Diciembre 4, 1941.

      Resuelto: Diciembre 23, 1941.

      José Sabater, abogado de las apelantes: Frank Martínez, abogado de la Sucn. de Juan Bianchi Rosafa y Guillermo Cabrera, apelados; Oscar Souffront, abogado de Carmen María Nadal y Carrión, apelada.
   Ed Juez Asociado Señoe Todd, Je.,

emitió la opinión del tribunal.

En nna apelación anterior de este mismo caso, Annoni v. Sucn. Nadal, 50 D.P.R. 520, esta Corte confirmó la sentencia dictada por la corte inferior presidida por un- juez en comi-sión nombrado por el Gobernador de Puerto Rico por haberse inhibido el juez en propiedad. La Corte de Circuito de Apelaciones del Primer Circuito revocó la sentencia de esta corte, Annoni v. Blas Nadal’s Heirs, 94 F. (2d) 513, por el fundamento siguiente:

“Somos de opinión que la Corte Suprema erró al sostener que Tomás Torres Pérez era un juez de facto, y el caso debe devolverse a la corte de distrito con instrucciones al juez en propiedad de dicha corte para que actúe de acuerdo con la sección 84 del Código de En-juiciamiento Civil. ’ ’

De manera que la Corte de Circuito en ningún momento entró a considerar el caso en sus méritos ni varió las con-clusiones a que llegó esta corte sobre los mismos. El caso había sido resuelto en la corte inferior declarando con lugar las excepciones previas presentadas por las demandadas sobre falta de hechos suficientes en la demanda para cons-tituir cansas de acción y de prescripción y desestimando la demanda, y esta Corte confirmó dicha sentencia.

Devuelto el caso a la corte inferior, de acuerdo con la sentencia de la Corte de Circuito, y visto de nuevo ante el entonces juez en propiedad, dicha corte volvió a declarar con lugar las mismas excepciones previas antes mencionadas y es contra la sentencia declarando sin lugar la demanda, la que fué dictada a petición de los propios demandantes quie-nes alegaron que su demanda no era susceptible de ser enmendada, que se estableció el presente recurso.

Están envueltas en él las mismas cuestiones legales planteadas y resueltas en el recurso anterior y un examen y estudio detenido de las alegaciones de la demanda y de los alegatos de las partes nos hacen llegar a la conclusión de que los hechos del caso y fundamentos expuestos por esta corte, por medio de su Juez Asociado Sr. Wolf, para confirmar la sentencia anterior, deben ser ratificados. Dichos hechos y fundamentos son los siguientes:

“La demanda, en este caso fué radicada el 25 de febrero de 1931. En ella se solicitaba la nulidad de cierto procedimiento judicial iniciado por Salvador Nadal ante la extinguida Corte de Primera Instancia de Mayagüez, contra Nadal & Co., como liquidadora de la sociedad de Nadal & Cuebas. Uno de los fundamentos fué que el recurso era nulo e ineficaz bajo ía ley entonces vigente. Otro fué que el procedimiento era nulo e ineficaz toda vez que el mismo era resultado de una conspiración fraguada por el referido Salvador Nadal y su primo Blas Nadal con el fin de defraudar a Ernesto Patxot y Blanch de su condominio en la hacienda Altagracia; que los demandantes son los herederos del aludido Ernesto Patxot y dueños de una participación de dicha finca y tienen derecho a poseérla en común con los demandados Juan Bianchi y Guillermo Cabrera. ...”
“ * * « * * * *
“Se presentaron excepciones previas por falta de hechos para determinar una causa de acción, indebida acumulación de acciones, indebida acumulación de partes demandadas, y prescripción. De la lectura que hemos hecho de la opinión vemos que la prescripción fué la' cuestión principal alegada para sostener la excepción pero, al igual que hicieron los apelados hasta cierto punto, discutiremos la suficiencia de la demanda. La prescripción se suponía aparecer de la faz de la demanda.
“Los motivos de nulidad alegados fueron:
‘(a) Que Salvador Nadal y Blas Nadal se habían confabulado para privar a Ernesto Patxot de ciertos derechos que tenía en la Hacienda Altagraeia por virtud de un contrato privado que luego se elevó a escritura pública, (b) que Salvador Nadal ocultó al tribunal la verdad de los hechos y que no se citó a Ernesto Patxot, (c) que el crédito hipotecario por el cual ejecutó Salvador Nadal estaba ilíquido, sujeto a novaciones, se había cancelado por confusión de derechos y no se adeudaba por la Hacienda Altagraeia, y (d) que, como consecuencia de los hechos anteriormente alegados la corte carecía de jurisdicción en el asunto.’
“Ahora bien, sucede, y no hay duda de ello, que Salvador Nadal compró o adquirió un crédito hipotecario existente contra la finca Altagraeia y en su oportunidad lo ejecutó. La deudora, conforme se desprendía del registro, era sola y exclusivamente la sociedad de Nadal & Co. Así pues, necesariamente, bajo la ley hipotecaria y su reglamento, el acreedor tenía que proceder contra esa sociedad.
“Aparece de la demanda que Patxot había adquirido un interés .en la Hacienda Altagraeia y que el mismo nunca fué inscrito. La falta de inscripción no fué ocasionada por Salvador Nadal ni tam-poco por Blas Nadal. Salvador Nadal si su hipoteca estaba vencida, tenía derecho a ejecutarla. No importa el conocimiento que tuviera, no estaba obligado por los convenios celebrados por Blas Nadal y Patxot. De la demanda se desprende que Patxot perdió la razón y que se le nombró una tutora. Un acreedor que ejecute solamente tiene que prestar atención al deudor que figura en el Registro. Torres v. Lothrop, Luce & Co., et al., 16 D.P.R. 180; 231 U. S. 171.”
“Las alegaciones de la demanda al efecto de que la hipoteca no había sido liquidada, .que estaba sujeta a novaciones, y que surgió una confusión de derecho, no son alegaciones últimas de hechos (ultimate statements of facts). Son conclusiones de derecho que deben ser resueltas por la corte. El hecho de si la deuda estaba vencida o no dependía de los hechos al igual que la cuestión de novación o confusión de derecho. Uno de los apelados sugiere que este pleito es un ataque colateral y resolvemos que tiene razón. Patxot no era el deudor a que se refiere el artículo 175 del Regla-mentó de la Ley Hipotecaria. Él dejó de inscribir sus derechos y Salvador Nadal y los que de éste adquirieron, estaban- protegidos por los artículos 33 y 34 de la Ley Hipotecaria. Estas consideraciones son especialmente ciertas en lo que a los supuestos dueños de la finca en la actualidad, Bianchi y Cabrera, se refieren.
“Los apelados discuten la cuestión de prescripción y citan cier-tos casos. Ya que Salvador Nadal adquirió la propiedad en 1903 y Cabrera y Bianchi en 1907 sin que apareciera defecto alguno en el registro, no solamente corrió la prescripción ordinaria, sino también la extraordinaria si el título de Salvador Nadal puede agregarse al título adquirido por Bianchi y Cabrera, como así lo croemos. No podemos convenir con los apelantes en que el título de Salvador Nadal era enteramente inexistente. Esto sería ir contra la juris-prudencia citada.”

Ampliando las anteriores consideraciones podemos decir qne los demandantes pretenden fundar sn derecho a la rei-vindicación que solicitan, en un documento privado, elevado a escritura pública en 30 de agosto de 1895, a virtud del cual aparecía el causante , de los demandantes, Ernesto Patxot Blandí, adquiriendo de Blas Nadal una mitad de la Hacienda Altagracia. Sin embargo, no se alega en la de-manda que dicho documento fuera inscrito o mencionado en el Registro de la Propiedad en forma alguna. Es obvio, pues, que no habiendo sido parte en dicho documento Salvador Nadal, causante de la sucesión codemandada, nada le impedía ejecutar, como ejecutó, su crédito hipotecario ven-cido sobre la Hacienda Altagracia sin hacer parte a Ernesto Patxot Blanch, que ningún derecho sobre dicha hacienda tenía inscrito en el Registro. Artículo 128 y siguientes de la Ley Hipotecaria y 168 y siguientes del reglamento.

Más fuerte aun es la posición de la codemandada Suce-sión de Bianchi y Cabrera, pues al comprar la hacienda Altagracia a la persona que, según el registro, aparecía con derecho a venderla y sin que del mismo registro aparecieran claramente las causas de nulidad alegadas por los deman-dantes, deben considerarse como terceros de acuerdo con el artículo 34 de la Ley Hipotecaria. Véanse, entre otros, los casos ele El Pueblo v. Riera, 27 D.P.R. 1; Ayllón y Ojeda v. González y Fernández, 28 D.P.R. 67; y la opinión disidente del Juez Asociado de esta corte, Sr. Texidor, en el caso de Pérez Casalduc v. Díaz Mediavilla, 41 D.P.R. 973, qne prevaleció al ser revocado dicho caso por la Corte de Cir-cuito ele Apelaciones en Díaz, et als. v. Pérez, 54 F. (2d) 588. Dicho ilustre Magistrado se expresó, en parte, así:

“El artículo 34 que citamos es uno de' los más discutidos y co-mentados de la ley. Era evidente que la circunstancia de bailarse inscrito un acto, o un contrato aparente, realizados en violación de la ley, no podría hacerlos prevalecer como buenos y perfectos. Pero, como la Ley Hipotecaria es de garantía con respecto a terceros, y como para la inscripción de actos y contratos, se exigen requisitos estrictos y la intervención y calificación de documentos por un registrador abogado, que tiene la. facultad de negar la inscripción a los actos y contratos nulos, tenía que darse valor y eficacia a la ins-cripción ya hecha, si de ella no resultara un vicio que hiciera nulo el acto o contrato. Si resultara, el futuro comprador, y el adquirente de derechos sobre la finca así inscrita, adquiriría a sabiendas de la existencia de una causa de nulidad, de la que estaba avisado por el mismo registro de la propiedad; y si la causa no resultara de la inscripción, el adquirente- se hallaría protegido por ese hecho.
“ * # * * * * *
“ ■ ■ . Por esto, el artículo 34 no habla simplemente.de causas que no resulten del mismo registro, sino de ‘causas que no resulten claramente del mismo registro’ (bastardillas nuestras). Porque no se trata de requerir el estudio de un abogado experto en Ley Hipo-tecaria, sino de que cualquiera persona de mediana instrucción pueda ver si resulta, o no, del registro, la- causa de nulidad. La interpretación hecha por la jurisprudencia está de acuerdo con esta teoría.” (Citas.)
“Siguiendo 'tal doctrina y tal razonamiento, sería preciso que hubiéramos visto que las causas de nulidad resultaban afirmativa y claramente del mismo registro, para que nos decidiéramos a confirmar la sentencia apelada, declarando de' ese modo que los sucesivos ad-quirentes de la finca tenían noticia legal de la existencia de determi-nadas faltas o causas de nulidad. Y a nuestro juicio, no resultan tales causas, de manera afirmativa, y claramente. Y sobre los méritos de una inscripción en el registro, de la que no aparecen afirmativa y claramente causas de nulidad, se realizan las adquisi-ciones posteriores de la finca, la que poseen por. largos años los sucesivos adquirentes, de buena fe, y sin que los pretendidos partí-cipes en la propiedad bagan reclamación alguna a los poseedores.
“El Tribunal Supremo de España, en sentencia de 25 de no-viembre de .1890, caso Ramón Valdés contra el Ayuntamiento de Oviedo, tomo 68 Jurisprudencia Civil, páginas 426 a 432, sostuvo que:
“ ‘. . . el principio jurídico de que lo que es nulo desde su ori-gen no puede convalecer por el transcurso del tiempo, no es ilimitado o absoluto, y sólo debe entenderse aplicable, según tiene declarado el Tribunal Supremo, cuando la ley, dadas ciertas circunstancias, no reconoce o crea un derecho que hay que respetar.’ ”

Esta doctrina es aplicable al caso de autos. No se alega en la demanda que los supuestos vicios de nulidad en el título que adquirieron los codemandados Bianchi y Cabrera apa-recieran claramente del Registro. Patxot nunca inscribió su alegada adquisición de la mitad de la Hacienda Altagracia; Salvador Nadal ejecutó su crédito hipotecario y dicha finca le fué adjudicada en 26 de diciembre de 1899 y la vendió a Bianchi y Cabrera en 10 de abril de 1907. La demanda fué radicada el 25 de febrero de 1931. Es obvio que la acción está prescrita (artículo 1863 del Código Civil).

El hecho de que se alegue en la demanda que en el año 1912 se radicó una acción similar la que no fué resuelta por sus méritos por haberse dictado sentencia por abandono de la acción, no interrumpió la prescripción en este caso, primero, porque de acuerdo con la demanda de autos aparece que los codemandados Bianchi y Cabrera no fueron hechos partes demandadas en la anterior acción, y, por tanto, en nada pudo afectar sus derechos, y segundo, porque, el Código Civil en su artículo 1843 provee que la posesión se interrumpe para los efectos de la prescripción, natural o civilmente, y en cuanto a esto último dispone el artículo 1845 que se produce por la citación judicial hecha al poseedor, aunque sea por mandato de tribunal o juez incompetente. Dispone entonces el artículo 1846 lo siguiente:

“Artículo 1846.- — Se considerará no hecha y dejará de producir interrupción la citación judicial:
“1.__ * • * * * # * *
“2. — Si el actor desistiere de la demanda o dejare caducar la instancia.
“3.' — Si el poseedor fuere absuelto en la demanda.”

Aplicando estos incisos, esta corte en el caso de Calderón v. Sociedad de Auxilio Mutuo, 42 D.P.R,. 414, a la página 420 se expresó así:

“Según demuestran los incisos segundo y tercero del artículo 1847, la interrupción civil a que se refiere el 1846 depende de que el demandante prosiga su pleito hasta una terminación victoriosa. 12 Manresa 802, 804. Una acción sin éxito, que no resulte en cambio alguno de posesión, no interrumpe el transcurso del período esta-tutario. El resultado es el mismo, ya desista voluntariamente el demandante, o se le desestime su acción por abandono. 12 C. J. 109, sec. 166.” (Itálicas nuestras.)

La cita que en dicho caso se hace de Manresa, es en parte, la siguiente:

“. . . Las consecuencias de la caducidad son las mismas que hemos expuesto al hablar del desistimiento, y por idéntica razón de derecho deben ser iguales también las consecuencias jurídicas en ambos casos.
“Para evitar posibles dudas, en la inteligencia de dicho precepto, conviene indicar que de ningún modo debe confundirse la caducidad de la instancia con la prescripción de la acción ejercitada en la demanda, pues los efectos de una y otra son bien distintos. La caducidad no es la prescripción de la acción, como lo demuestra el que después de caducada la primera instancia puede promoverse de nuevo el juicio entablando otra demanda nueva en la que se ejer-cite la misma acción utilizada en la anterior, si para entonces no hubiere prescrito ya . . .” (Itálicas nuestras.)

T esto es lo que lian pretendido hacer los demandantes al promover esta nueva demanda ejercitando la misma acción utilizada en el año 1912, pero cuando lo hicieron en el año 1931. ya dicha acción había prescrito.

Se confirma la sentencia apelada.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


author: Ed Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Luis F. Balaguer, peticionario, v. Hon. R. Cordovés Arana, Juez de Distrito de San Juan, demandado.
    Núm. 1264.

    Sometido: Diciembre 15, 1941.

      Resuelto: Enero 13, 1942.

      Justo A. Casablanca, abogado del peticionario; el juez demandado compareció por escrito.
   Ed Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión legal envuelta en el presente recurso es la siguiente: ¿ Solicitado y decretado el embargo preventivo de bienes muebles, tiene la corte que lo decreta la facultad exclusiva de designar el depositario de los bienes embargados, o es esa designación un derecho exclusivo del demandante que solicitó el' embargo í

El peticionario demandó a Manuel C. Berrios ante la Corte de Distrito de San Juan, reclamando daños y perjui-cios, y solicitó el embargo de bienes del demandado. La corte inferior decretó el embargo, previa prestación de fianza por la suma de $1,000, y por la misma orden nombró depo-sitario de los bienes que se embarguen al Sr. Ricardo Fer-nández, de Juncos, P. R.

Alega el peticionario que él solicitó inmediatamente la reconsideración y enmienda de la orden en cuanto a la de-signación de depositario, (a) porque el Sr. Fernández no le es persona conocida, ni le ha pedido al tribunal su desig-nación; y (b) porque la sección 12 de la Ley para Asegu-rar la Efectividad de Sentencias (marzo’ 1, 1902, Comp. 5233-5250) claramente dispone que “se designará al actor, o la persona que éste propusiese bajo su responsabilidad.” La corte inferior declaró sin lugar la moción, por entender que de acuerdo con la sección 10 de la citada ley para ase-gurar la efectividad de las sentencias, es al tribunal que de-creta el embargo de bienes muebles a quien corresponde la facultad de designar la persona que ha de actuar como de-positario de los bienes embargados. El estatuto citado lee así:

“Sección 10. — La prohibición de enajenar bienes muebles y el embargo de los mismos se practicarán depositando los bienes de que se trate en poder del tribunal o de la persona designada por éste, bajo la responsabilidad del demandante. . .”

El estatuto invocado por el peticionario, sección 12 de la citada ley, como base de su alegado derecho a designar el depositario de los bienes muebles embargados, no es de aplicación a los hechos del presente caso. Dicha sección concede ese derecho al demandante cuando el dueño de bienes inmuebles embargados los abandonare, descuidare su admi-nistración o realizare actos que disminuyan su valor.

En su petición enmendada alega el peticionario que el juez recurrido actuó con pasión, prejuicio y parcialidad al designar a Ricardo Fernández como depositario contra la expresa voluntad del actor, exigiendo a éste fianza para responder del depósito hecho en manos de Fernández sin su consentimiento; que el juez querellado hizo tal designación por sugestión del demandado, complaciendo y protegiendo a éste y colocando al demandante, aquí peticionario, en peligro de que su embargo sea ineficaz; y que al proceder de tal manera, dicho juez abusó de su discreción judicial.

El juez querellado ha radicado una contestación en la que repudia por injustas las imputaciones que en su contra se hacen en la petición, y en oposición a ésta alega:

1. Que en el primer embargo que se decretó en este caso, la corte, a petición del demandante, designó depositario de los bienes a Juan Abraham, vecino de Humacao, por hallarse los bienes embargados en Juncos.

2. La fianza prestada para garantizar dicho embargo fué anulada y el embargo disuelto porque los fiadores no reu-nían los requisitos legales para servir como tales, por cuanto no poseían bienes suficientes para responder del importe de la fianza.

3. Que el depositario Juan Abraham fué destituido de su cargo por no reunir las condiciones necesarias para desempeñarlo, por cuanto se probó que había cumplido dis-tintas sentencias por delitos graves y había tratado de tras-ladar los bienes embargados, de Juncos a Humacao, sin autorización legal, concediéndose al demandante diez días para someter candidatos, a los fines de designar un nuevo depositario, quien debería ser persona de reconocida solven-cia moral y residente en Juncos; que el demandante sometió únicamente el nombre de una persona residente en Caguas; y que entonces la corte procedió a designar al Sr. Ricardo Fernández, ex-alcalde de Juncos, persona de reconocida sol-vencia moral y de la absoluta confianza del tribunal.

4. Que en vez de enmendar la fianza, el demandante ra-dicó una nueva otorgada por dos fiadores distintos, uno de los cuales admitió por escrito que carecía de- bienes sufi-cientes para poder ser fiador; y que por ese motivo la corte, a moción del demandado, ordenó que se entregasen a éste los bienes embargados.

5. Que al solicitarse por segunda vez el aseguramiento de la sentencia, el juez querellado, teniendo en cuénta todos los antecedentes del caso, enumerados en los párrafos pre-cedentes, designó como depositario a la misma persona en cuyo poder estaban los bienes al tiempo de ordenarse, el levantamiento del primer embargo.

6. Que el juez querellado no tiene interés alguno en que el depositario sea el Sr. Fernández o cualquiera otra persona, pero sí en que sea una persona que reúna las condiciones de honradez, moralidad y capacidad necesarias para poder ser-vir el cargo y que sea vecino del sitio en que se hallan los bienes, en quien la corte pueda depositar su confianza.

Hemos examinado los autos originales del caso civil núm. 37,911 remitidos a esta corte por la de Distrito de San Juan y ellos son suficientes para establecer fuera de toda duda la veracidad de lo alegado por el juez querellado, y para que rechacemos como injustas e infundadas las imputaciones de pasión, prejuicio y parcialidad contenidas en la petición.

El lenguaje de la sección 10 de la Ley para Asegurar la Efectividad de las Sentencias es tan claro que su interpre-tación no puede dar lugar a dudas en cuanto a la facultad que se concede al tribunal para designar el depositario de los bienes muebles embargados.

No obstante la facultad que el estatuto confiere al juez que decreta el embargo, los tribunales insulares,' teniendo sin duda en cuenta que el demandante que solicita el embargo se obliga con los fiadores a responder de los daños y perjuicios que pueda sufrir el demandado, han seguido la práctica, que consideramos aconsejable, de nombrar depo-sitario a la persona que designe o recomiende el demandante. Ésa era la práctica autorizada por la antigua Ley de Enjui-ciamiento Civil, artículos 1447 y 1554. El juez querellado acepta en su contestación que ésa es la práctica que a su juicio debe seguirse, alega haberla seguido en todos los embargos de bienes muebles por él decretados, .y sostiene que estuvo justificado al apartarse de ella en el caso de autos por las actuaciones del propio demandante.

Opinamos que la corte inferior no erró ni abusó en manera alguna de su discreción al proceder a designar el depositario en la forma en que lo hizo. Al demandante se le dió la oportunidad de designar una persona digna de la confianza de la corte y designó a un incapacitado por razón de haber sido convicto de delito grave. Se le concedió una nueva oportunidad para que designara una persona de reconocida' solvencia moral, residente en Juncos, y designó a una persona, residente en Caguas. Eué entonces que la corte inferior, prescindiendo del demandante y haciendo uso de la facultad que ie concede el estatuto, procedió a nombrar al Sr. Ricardo Fernández, persona que a su juicio es digna de su confianza. El peticionario no ha impugnado en manera alguna la reputación o las condiciones morales del Sr. Fernández. Solamente ha alegado que no le conoce.

No encontrando razón alguna que justifique nuestra intervención con-la discreción de la corte inferior, procede la anulación del auto expedido y la desestimación del recurso.


text:
    Epifanio Rodríguez, peticionario, v. Corte de Distrito de Humacao, Hon. Luis Janer, Juez, demandada.
    Núm. 1260.

    Sometido: Noviembre 17, 1941.

      Resuelto: Enero 13, 1942.

      Juan Nevares Santiago, abogado del peticionario; el juez demandado compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El peticionario apeló para ante la Corte de Distrito de Humacao de la sentencia a un año de cárcel impuéstale por la Corto Municipal de Fajardo, por un delito de acometi-miento y agresión grave. Fn el acto de la vista ante la corte de distrito, el peticionario solicitó la anulación de la sen-tencia recurrida por el fundamento de “que había sido con-denado en la corte municipal sin haber estado asistido de abogado, y sin haber hecho renuncia inteligente a ese dere-cho.” Alega el peticionario que el juez de la corte inferior se negó a admitir la prueba ofrecida en apoyo de la moción cíe nulidad y declaró ésta sin lugar, sosteniendo que la apelación no era el remedio adecuado para solicitar la nulidad de la sentencia impuesta al peticionario y que éste debió haber recurrido al procedimiento de hábeas corpus o al de certiorari para que la corte pudiera oírle sobre su contención. Pedida y denegada la reconsideración, el peticionario radicó ante esta Corte Suprema una solicitud de certiorari, en la que alega que la resolución dictada por la corte inferior es errónea por los siguientes motivos:

“Primero. — Porque la planteada ante la Corte de Distrito de Iiu-macao fué una cuestión de jurisdicción, ya que si la Corte Municipal de Fajardo careció de jurisdicción para dictar la sentencia apelada, la Corte de Distrito de Humacao asimismo carecía de jurisdicción para ventilar el caso del peticionario.
“Segundo. — Porque las cuestiones jurisdicionales se pueden le-vantar en apelación en cualquier momento.
“Tercero. — Porque convenía a los fines de justicia, y era impera-tivo, que la Honorable Corte de Distrito de Humacao investigara los méritos de la solicitud del peticionario a los efectos de determinar si el derecho constitucional de asistencia de abogado le había sido o no garantizado por la corte sentenciadora, y la negativa del honorable juez demandado a escuchar prueba sobre tal extremo constituye una negación del derecho que tiene el peticionario a la asistencia de abogado en juicio.
“Cuarto. — Porque las cortes de distrito adquieren jurisdicción en casos menos graves de dos maneras: (1) por radicación original, y (2) por apelación de las cortes inferiores, y el presente caso es uno en que la corte ele distrito adquirió jurisdicción por apelación, y en tal virtud la corte de distrito tenía y tiene facultad para investigar si había adquirido jurisdicción en el caso apelado, y al dejar de así hacerlo, adquirió indebida jurisdicción en el caso del peticionario, ya que siendo nula la sentencia de la corte municipal sigue la pre-sunción de que tal sentencia era inexistente, y por consiguiente ¡a corte de distrito nunca pudo adquirir jurisdicción en un caso que por ficción legal no existía ante ella. ’ ’

iül juez recurrido lia radicado un informe en el que solicita se anule el auto expedido, por las siguientes razones:

(a) Porque tanto de 3a denuncia originaria como de la sentencia de la corte municipal surge que al acusado se le advirtió del derecho que tenía a estar representado por abo-gado, derecho que renunció.

(b) Que el derecho a estar asistido por abogado es renunciable, a menos que surja de los autos que la renuncia no fué hecha inteligentemente.

(c) Que estando asistido el acusado por un abogado ante la corte de distrito, sus derechos constitucionales quedaron perfectamente garantizados en igual forma que si hubiese estado asistido por abogado ante la corte municipal.

(d) Que los autos de la corte municipal, los que tuvo ante sí la corte de distrito al considerar y decidir la moción del ■acusado, no constituían un récord suficiente para que dicha corte pudiese decidir si el caso cae dentro de la decisión de Johnson v. Zerbst, 304 U. S. 458.

(e) Que el error de que se queja el peticionario, si fué en realidad cometido, quedó subsanado por la apelación radi-cada ante la corte de distrito, en la que el acusado estuvo representado por abogado pana la celebración del juicio de novo.

De los autos de la corte municipal, que tenemos a la vista, y al pie de la denuncia, aparece la siguiente nota: “Advertido del derecho a tener abogado para su defensa, renunció al mismo e hizo alegación de culpable. 1 año de cárcel.” La sentencia dictada contra el acusado lee así:

“SENTENCIA. — En Fajardo, P. R>., a 3 de junio de 1941, ante esta corte compareció el acusado Epifanio Rodríguez García personal-mente y después de haberle leído la denuncia y haber renunciado al derecho de ser representado por abogado, hizo la alegación de culpa-bilidad. Vista la declaración de culpabilidad, la corte declara culpable al acusado, etc.”

En el caso de El Pueblo v. Rodríguez, 32 D.P.R. 3, al comenzar el juicio de novo ante la corte de distrito el acu-sado apelante presentó un affidavit en el que alegaba que el, juicio ante la corte municipal no fué celebrado basta después ele haber expirado el término de 120 días fijado por el artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal, y que el acusado había solicitado de la corte municipal el sobreseimiento y archivo del proceso. Basándose exclusivamente en lo ale-gado en dicho affidavit, el acusado pidió a la corte de distrito el sobreseimiento del caso, y al seiie denegado apeló para ante esta Corte Suprema. Al confirmar la sentencia, el tribunal se expresó así:

. En el presente caso cualesquiera derechos que el ape-lante pueda haber tenido para la revisión de los procedimientos de la corte municipal por virtud de mandamus, habeas corpus o cual-quier otro método,-en la Corte de Distrito de Humacao, es el hecho que después de haber sido desestimada su moción de sobreseimiento se sometió a juicio, fué declarado culpable y entonces apeló. Surge, por tanto, la cuestión de si en apelación a la corte de distrito esta corte está autorizada por virtud de la apelación para revisar los procedimientos habidos en la corte municipal.
“En apelación de una corte municipal el juicio es imperativa-mente de novo. La corte de distrito adquiere jurisdicción única-mente para juzgar el caso de novo. No se constituye como corte de revisión y no puede en apelación revisar un incidente del juicio. Por supuesto, si se alegara que la corte municipal carecía de juris-dicción para conocer del caso %ma cuestión diferente se presenta.” (Itálicas nuestras.)

En el caso de autos, la cuestión que se levanta es preci-samente la de que la corte municipal que dictó la sentencia recurrida carecía de jurisdicción para dictarla, y que en con-secuencia la corte de distrito no había adquirido jurisdicción para poder conocer de la apelación.

' Es indiscutible que si la Corte Municipal de Fajardo procedió a conocer del caso y declaró culpable al acusado, sin advertirle de su derecho constitucional' a estar asistido por un abogado y sin nombrarle un abogado defensor en el caso de que el acusado no pudiese obtenerlo, la sentencia impuesta al acusado es nula por falta de jurisdicción, a menos que se estableciese que el acusado renunció competente e inteligentemente tal derecho. Ex parte Hernández Laureano, 54 D.P.R. 416, 423; Ex parte Oropesa, 55 D.P.R. 281; Ex parte Resto, 55 D.P.R. 725; Johnson v. Zerbst, 304 U. S. 458, 468.

En el caso de Miray v. Mercado, 55 D.P.R. 127, citado por el juez recurrido, la misma cuestión jurisdiccional en-vuelta en el caso de autos fue presentada por primera vez ante esta Corte Suprema. Y resolvimos, que no teniendo ante nos un récord suficiente que justificara al tribunal deci-dir si el caso caía dentro de la decisión de Johnson v. Zerhst, o si el acusado posiblemente no renunció su derecho a estar asistido por letrado, procedía devolver el caso a la corte de distrito para ulteriores procedimientos, y así lo hicimos.

Es un principio elemental del derecho procesal que la excepción de falta de jurisdicción puede ser presentada en cualquier momento durante el proceso y aun durante la apelación. En el presente caso, como hemos visto, se presentó ante la corte de distrito al ser llamado para la celebración de un juicio de novo.

De acuerdo con el récord taquigráfico elevado a esta corte como parte del return, la cuestión fue presentada así:

“Lie. Nevares.
“Sr. Juez, en este caso nosotros vamos a plantear una cuestión de derecho, la de falta de asistencia de abogado en la corte inferior.
“Sr. Juez:
La corte va a declarar esa cuestión sin lugar, no obstante haberse resuelto por el compañero Massari la misma cuestión con lugar en otros casos en que él entendió, y con todo el respeto que nos merece, este juez entiende, en primer lugar, que esta corte no tendría nin-g-una facultad en ley para devolver estos autos a la corte municipal y decirle que celebre un nuevo juicio; y en segundo lugar, que en los casos criminales que proceden de las cortes municipales a las cortes de distrito, lo que procede es celebrarse un juicio de novo, en el cual el acusado puede presentar nueva prueba y repetir todo lo que se celebró en la corte inferior, y a los efectos de esa apelación, se ha resuelto, por jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo, que solamente debe tomarse en consideración en las cortes de distriio la denuncia original, en todo lo demás, Jas cortes de distrito no pueden intervenir. Para poder intervenir en este caso de si el acusado tuvo o no asistencia legal en la corte municipal, la corte ten-dría que oír a las partes, ver la prueba y tendría entonces que abrir el caso de nuevo y ver la prueba. Y la corte entiende que, si ése es el deseo del acusado, puede obtenerlo mediante el procedimienro de liábeas corpus o el recurso de certiorari, pero cuando un caso se apela de la corte municipal a la corte de distrito, no procede .otra cosa que oír la prueba como si fuera un caso de novo, como en efecto lo es.
“Líe. Nevares:
“Solicitamos la reconsideración a la resolución de la corte, porque si bien es verdad que un caso que viene en apelación a la corte de distrito es un caso de novo, el caso tendría que verse primeramente en la corte municipal y si la corte municipal no tuvo jurisdicción la corte de distrito tampoco la tendría.
“Sr. Juez:
“En un procedimiento de apelación no podría declararse cou lugar esa cuestión de derecho; eso podría ser mediante un procedi-miento de habeas corpus o certiorari.
“Líe. Nevares:
“Ya eso fue resuelto en el caso de John A. Johnson v. Fred C. Zerbst, que es el que ha dado origen a todo esto. ...”
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“Sr. Juez:
“Si ante esta corte una parte trae un habeas corpus y quizás uu mismo certiorari atacando ese procedimiento, entonces estaría bien, se ve el caso y -se resolvería en esa forma, pero en un recurso de apelación de una corte municipal a la corte de distrito no cabría la cuestión.”

Es regia bien sentada la de que cuando la corte inferior no ha adquirido jurisdicción sobre la cuestión litigiosa, una apelación no puede conferir jurisdicción alguna a la corte de apelación, aun cuando el juicio que allí haya de celebrarse sea de novo y la corte- hubiera podido adquirir jurisdicción original sobre la cuestión en controversia. 2 Am. Jur., Appeal & Error, sec. 11, pág. 851; Myers v. Gibson, 152 Ind. 500, 53 N. E. 646; Steinmetz v. G. H. Hammond Co., 167 Ind. 153, 78 N. E. 628; and Jay v. O’Donnell, 178 Ind. 282, 98 N. E. 349.

Es cierto que existe la presunción legal de que los procedimientos ante la corte municipal se ajustaron a la ley y que el récord, según lo hemos hecho constar, tiende a demostrar que el acusado fue advertido de su derecho a estar asistido por un abogado y que renunció ese derecho. Pero es cierto también que durante todo el procedimiento, que culminó en la imposición de la pena de un año de reclusión, el acusado no tuvo la asistencia y consejo de un abogado, y que del récord no se desprende que el acusado renunciara su derecho no sólo libre y voluntariamente si que también inteligente y competentemente. Ex parte Resto, supra; Powell v. Alabama, 287 U. S. 45, 77 L. Ed. 158; Ex Parte Barnett, 94 P. (2d) 18.

En el caso de autos, el acusado presentó oportunamente la cuestión sobre la falta de jurisdicción de la corte de distrito para conocer del caso y solicitó se le concediese una opor-tunidad para demostrar que la alegada renuncia de su dere-cho constitucional no había sido una renuncia voluntaria y hecha inteligente y competentemente. Esa oportunidad le fué negada de plano por la corte inferior, por entender que la cuestión presentada era una cuestión colateral que sólo podría ser considerada o resuelta dentro de un recurso de habeas corpus o certiorari. ' Del récord taquigráfico del pro-cedimiento seguido ante la corte de distrito, no aparece que la resolución de dicha corte se basara en las constancias (supra) de los autos de la corte municipal. La resolución denegatoria se basó en que la corte de distrito, a su juicio, sólo tiene facultad para celebrar un nuevo juicio y no para devolver el caso a la corte municipal, lo cual podía hacer solamente dentro de un procedimiento de habeas corpus o certiorari.

El error cometido por la corte inferior es evidente y fundamental. Presentada como lo fué la excepción de su falta de jurisdicción para conocer del proceso elevado ante ella en apelación de la corte municipal, la corte inferior tenía el deber de considerar y resolver la cuestión jurisdiccional plan-teada, dando una oportunidad al acusado promotor de pre-sentar evidencia tendiente a substanciar su alegación de que la corte municipal sentenciadora había actuado sin jurisdic-ción cuando dictó la sentencia recurrida. La presunción de legalidad que lleva consigo dicha sentencia es una presunción controvertible mediante evidencia demostrativa de que la corte sentenciadora no ajustó sus procedimientos a los requi-sitos de la jurisprudencia que hemos citado. Si la sentencia dictada por la corte municipal fuere nula, por no haber tenido ésta jurisdicción para actuar en el proceso en que fué dic-tada, la corte de distrito tampoco tendría jurisdicción para conocer del caso en apelación y celebrar un juicio de novo, pues siendo nula la sentencia original, por. falta de juris-dicción, de esa sentencia no puede surgir el efecto legal de conferir jurisdicción a la corte de distrito para conocer del caso en apelación.

Opinamos que lo que procede es dejar sin efecto la reso-lución recurrida y devolver el caso a la corte de distrito para que ésta proceda a oír la evidencia que el peticionario pueda ofrecer y que fuére legalmente admisible, para demostrar que él no hizo una renuncia voluntaria, inteligente y competente de su derecho a estar representado por abogado, o que la corte sentenciadora no le advirtió de su derecho a tener asis-tencia de abogado. Si de la evidencia presentada por ambas partes resultase, a juicio dé la corte de distrito, que la corte sentenciadora actuó sin jurisdicción al condenar al acusado, la corte de distrito deberá resolver que ella carece de juris-dicción para celebrar el juicio de novo. Si, por el contrario, resultase probado a su satisfacción que el alegado derecho constitucional del peticionario no lia sido infringido, en ese caso podrá proceder a celebrar el juicio de novo.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.


text:
    Vigermina Amy, peticionaria, v. Antonio R. Barceló, Juez de la Corte de Distrito de Guayama, demandado.
    Núm. 1265.

    Sometido: Diciembre 24, 1941.

      Resuelto: Enero 13, 1942.

      Manuel A. Rivera, abogado de la peticionaria; M. Gusmcm Texidor, abogado de varios herederos, interesados en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El 23 de septiembre de 1941 los abora interventores radi-caron nna moción en la corte inferior solicitando la remoción de la administradora judicial de los bienes relictos por Arturo Empierre Carmona. La moción fue notificada por correo a ]a administradora judicial, pero no así a su abogado, quien, hallándose enfermo, el 2 de octubre envió un telegrama al juez inferior manifestando que hacía diez días se hallaba recluido en cama por prescripción médica atacado de bron-quitis, por lo que solicitaba se suspendiese la vista por un término razonable y que se ordenase a los promoventes de dicha moción que le notificasen con copia de la misma. Accedió la corte y pospuso la vista de la moción para el diez del mismo mes. Continuando enfermo el abogado Sr. Rivera, el 8 de octubre envió por correo una moción a la corte inferior, debidamente notificada al abogado de la parte con-traria, solicitando una vez más la suspensión por el mismo motivo y acompañando una certificación jurada por el Dr. D. Talavera acreditativa de que venía prestando sus servicios profesionales al Lie. Manuel A. Rivera, quien se encontraba recluido en cama sufriendo de influenza respiratoria. El 9 de octubre la corte inferior dictó una orden decretando no haber lugar a la suspensión solicitada, sin que aparezca de los autos que dicha orden hubiese sido notificada en alguna forma al Lie. Rivera o a su cliente la peticionaria, y al día siguiente, 10 de octubre, se celebró la vista de la moción en ausencia de la administradora judicial.

El 5 de noviembre siguiente la corte inferior dictó reso-lución por la que destituyó a la administradora judicial nom-brando en su lugar a Arturo Ümpierre Colón, previa pres-tación de fianza por la cantidad de $5,000.

Para revisar la resolución de la corte denegando la suspensión de la vista, radicó la representación de la admi-nistradora judicial este recurso de certiorari.

Aparece de los autos que la administradora judicial es la viuda del finado Ümpierre Carmona, y surge también de ellos que-ha aplicado fuertes cantidades de su peculio particular para hacer frente a ciertas deudas de la administración judicial.

Sin entrar a considerar las razones que puedan alegarse para destituir a la administradora judicial, debemos eonsi-derár si en efecto la corte abusó o no de sn discreción al no darle una bportunidad de ser oída en su defensa. No hay duda alguna de que la suspensión de una vista es cuestión que descansa principalmente en la sana discreción de la corte; pero es regia bien establecida por la jurisprudencia que cuando se excede o se abusa de esa discreción, los tribunales superiores pueden, por medio de certiorari, intervenir para revisar las órdenes que puedan haberse dictado en perjuicio de una parte en tales circunstancias. State ex rel. Fletcher v. District Court, (Iowa, 1931), 80 A.L.R. 339.

La tendencia moderna de los tribunales es resolver los casos por sus propios méritos, dando a cada parte la oportunidad de presentar plenamente su contención, evitando así que la administración de justicia dependa de la suerte, del azar o de contingencias tan difíciles de prever como lo es la súbita enfermedad de una parte, de su abogado o de un testigo esencial. En nada se hubieran perjudicado los fines de la justicia si la corte, en vista de la imposibilidad de la administradora judicial de estar adecuadamente representada, hubiese pospuesto la vista de la moción por unos días más y si en realidad era necesaria una rápida actuación, haberle concedido una oportunidad de nombrar otro abogado que pudiese estar listo para representar sus intereses dentro del término más breve posible, de acuerdo con las circunstancias. Que el caso no era tan urgente como se expone en la resolución de la corte inferior, lo demuestra el no haberse dictado dicha resolución hasta veintiséis días después de celebrada la vista, o sea el 5 de noviembre último, y no haberse notificado hasta trece días más tarde, el 18 del mismo mes.

Al no posponer la vista de la moción, se privó a la admi-nistradora judicial de su día en corte, y siendo ello así, no Lizo buen uso de su discreción la corte inferior, por lo que procede anular la orden de 9 de octubre de 1941, y todas las actuaciones posteriores, devolviendo los autos a la corte recurrida para que señale una nueva vista de la moción sobre remoción de la administradora judicial, y luego de una razo-nable oportunidad a las partes para ser oídas, resolver lo que en derecho proceda.


author: El Jdez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    Francisca Andrades, Ex parte, peticionaria y apelante.
    Núm. 8318.

    Sometido: Diciembre 8, 1941.

      Resuelto: Enero 13, 1942.

      Luis Vergne Ortiz, abogado de la apelante; Son. Procurador General George A. Malcolm, R. A. Gómez, Fiscal del Tribumal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abdgados de El Pueblo.
   El Jdez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

La sentencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan en este caso sobre declaratoria de herederos dice así:

“Los hermanos naturales del padre no heredan a sus sobrinos. Véase 7 Manresa, Código Civil 121, (3ra. ed.).
“La petición no aduce hechos y se resuelve que no ha lugar a ia declaratoria solicitada. ’ ’

En su petición, Francisca Andrades, como tía natural de la niña de once años de edad, Francisca Guzmán Andrades, alegó que a la menor fallecida no había sobrevivido ningún descendiente o ascendiente, ni hermano o tío legítimo, y que tampoco dejó testamento pues no tenía capacidad para tes-tar, siendo sn único familiar la peticionaria qne era hermana natural de la madre de la menor.

Alega la apelante qne la corte inferior erró al declarar qne la petición en este caso no adnce hechos suficientes basándose en qne los hermanos naturales no heredan a sus sobrinos. A renglón seguido, sin embargo, dice la apelante: “El Código Civil de Puerto Rico sostiene.efea opinión”, pero expresa su creencia y argumenta que ljis disposiciones de dicho cuerpo legal sobre esta materia se escribieron para una época distinta de la actual “en que son más numerosas las familias naturales ’ ’.

Cualquiera que sea el criterio que pueda tenerse en cuanto a la conveniencia de que subsistan o no ciertas dis-posiciones de nuestro Código Civil en materia de sucesiones, no corresponde a la rama judicial, por interpretación, variar sus conceptos sustantivos. La recurrente admite que el Código Civil sostiene la opinión de la corte inferior y así os en efecto.

El artículo 902, inciso 5, del Código Civil (ed. 1930), dispone:

“Artículo 902.—
“El hijo natural reconocido no tiene derecho a suceder abintes-tato a los hijos y parientes legítimos — con excepción de los abuelos y demás ascendientes — del padre o madre que lo haya reconocido, ni aquéllos al hijo natural reconocido.”

Comentando el artículo 943 del Código Civil de España, equivalente al inciso 5 del artículo 902 del nuestro, Man-resa en el tomo 7, página 110 de sus Comentarios, Tercera Edición, dice lo siguiente:

“Entre el hijo natural y los parientes legítimos del padre o ma-dre que les reconoció, niega el Código toda relación sucesoria. No pueden decirse parientes y no tienen derecho a heredar. Existe desde luego un vínculo de sangre; pero este vínculo no lo reconoce la ley.
“Los hijos y los parientes legítimos del padre o madre que re-conoció un hijo natural, son todos los parientes en línea recta des-eendente o ascendente, o en línea colateral. La familia legítima queda separada por completo de la natural; ni los individuos de ésta heredan a los de aquélla, ni los individuos de aquéllo.pueden he-redar a los de ésta.” . . . (Itálicas nuestras.)

Y más adelante a la página 121, al comentar el artículo 945, dice:

“Además, en la sucesión intestada el derecho a suceder es, por regla general, recíproco; los hermanos naturales del padre no here-dan a sus sobrinos; los sobrinos no tienen por qué heredar a sus tíos, hermanos naturales de su padre.” . . . (Itálicas nuestras.)

A Francisca Andrades, la peticionaria, como tía natural de Francisca Guzmán Andrades por ser hija legítima de Elias Guzmán y Zacarías Andrades (hermana natural de la peticionaria) nuestro Código Civil no le reconoce derecho alguno como heredera de su sobrina ni ésta tampoco hubiera podido, heredar a su tía natural.

Se confirma la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señob Todd, Jb.,

text:
    Modesta Concepción Cosme, etc., demandantes y apelados, v. Demetrio Latoni Pecunia, demandado y apelante.
    Núm. 8470.

    Sometido: Diciembre 22, 1941.

      Resuelto: Enero 13, 1942.

      DuMn <& Ochoteeo, abogados del apelante; A. Casmova. Prats, abo-gado de los apelados.
   El Juez Asociado Señob Todd, Jb.,

emitió la opinión del tribunal.

Al resolver una apelación anterior en este mismo caso, Concepción v. Latoni, 51 D.P.R. 564, esta corte, en la parte dispositiva de su sentencia dijo lo siguiente:

“Por los fundamentos consignados en la anterior opinión se mo-difica la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan en octubre 11, 1934, en el sentido de dejar sin efecto aquella parte de la misma que declara sin lugar la reclamación de los deman-dantes por el importe de las rentas percibidas por el demandado y las que pudieron haber percibido los demandantes, y se devuelve el caso a la corte inferior para que proceda a abrirlo a prueba en cuanto a la reclamación sobre las rentas, requiriendo al demandado para que rinda cuenta de las rentas realmente percibidas por él desde la fecha de la radicación de la demanda y durante todo el tiempo de su pose-sión y dando oportunidad a los demandantes para presentar la evi-dencia que fuere pertinente para probar el valor de los frutos po-didos percibir y que no hubieren sido percibidos por culpa, abandono o negligencia del demandado, y así modificada se confirma la sen-tencia recurrida.”

La corte inferior procedió a oír la prueba en relación con la reclamación de la demandante sobre las rentas y dictó una sentencia enmendada el 25 de junio de 1941 la que fuá noti-ficada al demandado y copia de dicha notificación archivada en los autos el día 27 del mismo mes y año.

El día 3 de julio de 1941 el demandado, Demetrio Latoni Pecunia, radicó una moción solicitando la reconsideración de la sentencia y la corte inferior, sin señalarla para vista, la declaró sin lugar de plano dos meses y cinco días después, o sea el 8 de septiembre de 1941. El día 1 de octubre de 1941, 95 días después de habérsele notificado la sentencia enmendada, el demandado radicó su escrito de apelación para ante esta corte.

Fundándose en los anteriores Fechos, que aparecen de una certificación librada por el secretario de la corte- inferior, la demandante apelada solicita la desestimación del recurso por haber sido radicado el escrito de apelación después de trans-currido el término legal. Señalada la vista correspondiente las partes fueron oídas el día 22 de diciembre de 1941.

El artículo 292 del Códig'o dé Enjuiciamiento Civil, tal y como quedó enmendado por la ley núm. 67 aprobada el 8 de mayo de 1937, dispone lo siguiente:

“ Artículo 292. — Una sentencia o providencia, dictada en un pleito civil, excepto cuando hubiere adquirido expresamente el carác-ter de definitiva y firme, podrá ser revisada de acuerdo con lo pres-crito en este código, y de ningún otro modo.
“Cualquier parte agraviada por una sentencia o resolución de una corte de distrito en una acción civil podrá, dentro del término improrrogable de quince días desde la fecha del archivo en los autos de una copia de la notificación de la sentencia o dentro del término improrrogable de cinco días desde la fecha del archivo en los autos de una copia de la notificación de haberse dictado la resolución, radi-car en la corte que hubiere dictado la sentencia tí resolución una pe-tición ex parte para la revisión o reconsideración de su sentencia o resolución, haciendo constar en ella los hechos y los fundamentos de derecho sobre los cuales se basa la solicitud. La corte deberá resolver la moción de reconsideración dentro de los cinco (5) días des-pués de haberse-radicado, y si la corte rechazare de plano la petición, el término para apelar de la sentencia o resolución de cuya revisión se trate se computará en la forma prevista por este código, como si no se hubiese presentado petición alguna de revisión o reconsideración. Si la corte resolviere reconsiderar su sentencia o resolución, u oír a las partes sobre la moción de reconsideración, el término para apelar se computará desde la fecha del archivo, como parte de los autos del caso, de una copia de la notificación hecha por el secreta-rio de la corte a la parte perdidosa de la resolución definitiva del tribunal. ’ ’

Interpretándolo, esta corte en el caso de Las Monjas Racing Corp. v. Comisión Hípica, 52 D.P.R,. 445, por voz de su Juez Presidente Sr. Del Toro, se expresó así:

“ . . . Pero es que la enmienda — que es la ley — está redactada de tal modo que cuando la petición de reconsideración se declara simplemente sin lugar no suspende el término para apelar. Para que lo suspenda tiene la corte que haber resuelto reconsiderar su sentencia o resolución u oír a las partes sobre la moción. Y eso no sucedió en este caso. Cuando la corte no resuelve la moción dentro de los c-inco días, lo que debe hacer la parte es apelar dentro del término de ley no obstante la pendencia de la reconsideración a los efectos de no perder su derecho.
“Se trata de un caso de ley escrita y no pucliendo considerarse excusable la conducta de la parte por el solo hecho de desconocer dicha ley, nos vemos obligados a concluir que esta corte carece de jurisdicción por haberse interpuesto la apelación fuera de término y en tal virtud que debe declararse la moción de la parte apelada con lugar y en su consecuencia desestimarse el recurso.”

lili caso de autos cae de lleno dentro de la anterior juris-prudencia. La corte inferior no resolvió la moción de recon-sideración dentro de los cinco días y tampoco oyó a las partes. El demandado debió apelar dentro de los treinta días de dictada la sentencia, no obstante estar pendiente la moción de reconsideración. La resolución de la misma por la corte inferior más de dos meses después de haberse radi-cado no pudo tener el efecto de prorrogar el término de treinta días que tenía el demandado para apelar. Como se dijo en el caso de Las Monjas Racing Corp., supra, se trata de un caso de ley escrita y esta corte carece de jurisdicción por haberse interpuesto la apelación fuera de término.

El apelante, en un memorándum complementario, cita él caso de Amador v. Corte, 54 D.P.B, 821, y sostiene que la doctrina aplicable no es la del caso de Las Monjas v. Comisión Hípica, supra, y sí la del caso de Amador v. Corte.

La controversia principal en este último caso giraba en torno a la naturaleza intrínseca de la “moción sobre nulidad de sentencia” radicada en la corte municipal. Esta Corte Suprema resolvió que, no obstante su título, dicba moción era realmente una de reconsideración de sentencia, y que habiendo sido considerada — pues se celebró una vista en la que las partes fueron oídas — y no rechazada de plano, su presentación había interrumpido el término para apelar. Del texto de la opinión emitida por el Juez Asociado Sr.. Travieso, se desprende que la moción fué argumentada ante la corte municipal, pues a la págian 823 dijo esta corte:

“Discutida dicha moción por las partes ante la corte municipal, ésta la declaró sin lugar el día 5 de octubre de 1928. El día 14 del mismo mes, ¡os demandados apelaron para ante la Corte de Dis-trito de San Juan.”

En otras palabras, la corte municipal oyó a las partes sobre la moción, cayendo por lo tanto el caso dentro de la regla establecida en Las Monjas Racing Corp. v. Comisión Hípica, 52 D.P.R. 445, donde se resolvió que “para que lo suspenda (el término para apelar) tiene la corte que haber resuelto reconsiderar su sentencia o resolución oír a las partes sobre la moción(Itálicas y paréntesis nuestro.) Y eso no sucedió en el caso de autos. Aquí la corte no creyó necesario oír a las partes, sino que, rechazó de plano la moción de reconsideración. El hecho de que la corte inferior ai resolver dicha moción no usara la frase “no ha lugar” y la fundamentara brevemente, no significa que no la rechazó de plano. Para haberla tomado en consideración “entertained” según se dijo en el caso de Amador, hubiera tenido que oír a las partes o haberla declarado con lugar sin oírlas. El caso de Amador v. Corte, supra, no alteró en nada la doctrina establecida en el caso de Las Monjas, supra, sino que más bien la ratificó en todas sus partes, y somos de opi-nión que, aplicada esa doctrina al caso de autos, se impone la desestimación solicitada.

Se declara con lugar la moción y se desestima el recurso.