author: El Juez Asociado Señoe Hutchison,

text:
    Carmelo Ramos, demandante y apelado, v. Ramón Lloveras Soler, demandado y apelante.
    No. 3956.
    Visto: Febrero 8, 1927.

      Resuelto: Abril 29, 1927.
    “Venue” — Cambio del Verme o Lugar del Juicio — Resolución de la Solicitud —Moción Fundada en que se Reside en Oteo Distrito — Resolución Antes de la Vista o de Sentencia. — -Una moción de traslado fundada en que se reside en otro distrito, no habiendo indicación alguna de que sea claramente frívola o evidentemente dilatoria, debe ser resuelta antes precederse a la vista del caso y de dictarse sentencia.

      SbnteNoia de Charles E. Foote, J. (San Juan), declarando con lugar demanda sobre daños y perjuicios, con costas.

      Revocada y devuelto el caso.

      Carmelo Honoré y Juan B. Soto, abogados del apelante; J. H. Brown, C. Ruiz Nazario y G. E. González, abogados del' apelado.
   El Juez Asociado Señoe Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La demanda en este caso fué radicada con fecha 23 de octubre de 1923. El día 8 de noviembre, el demandado ra-dicó una moción de traslado fundándose en que residía en otro distrito. Dicha moción venía acompañada de dos de-claraciones juradas, y no hay indicación alguna de que fuera claramente frívola o evidentemente dilatoria, ni de que se hubiera presentado con el único fin de dilatar los procedi-mientos.

En marzo 18, 1925, se anotó la rebeldía del demandado, celebrándose el juicio el día 24 de agosto, durante el cual el demandante introdujo su prueba, y en septiembre 10 se dictó . sentencia a su favor por la cantidad de $5,000, más las cos-tas, la que fué registrada con fecha 12 de septiembre. La exposición del caso aprobada por el juez sentenciador dice que el demandado compareció oportunamente mediante mo-ción de traslado debidamente jurada y acompañada de un affidavit de méritos; que dicha moción nunca fué discutida ni resuelta en forma alguna; y que se celebró el juicio, pre-vio señalamiento en calendario especial, sin notificación al demandado y sin su comparecencia.

El tercer fundamento de la apelación es que la corte co-metió error al dictar sentencia en rebeldía, sin haber resuelto primeramente la moción de traslado, y el apelado nos cita el caso de Busó v. Borinquen Sugar Co., 19 D.P.R. 357 como que es terminante en cuanto a este extremo.

La opinión en el caso de Buso, en tanto en cuanto no dis-cute la teoría de renuncia y de sumisión a la jurisdicción de la corte en que fué entablada la acción, parece fundarse en el artículo 13 del Código Civil, reforzado hasta cierto punto por un dictum contenido en el caso de Tórres v. Tórres, 16 D.P.R. 352.

La moción en el caso de Torres fué radicada al tiempo de presentarse una excepción previa a la demanda, y no se fundaba en el becho de residirse en otro distrito, sino en la conveniencia de los testigos. La cuestión así presentada no fué levantada, ni podía serlo, como una cuestión de derecho, de acuerdo con las disposiciones del artículo 82 del Código de' .Enjuiciamiento Civil, sino que fué necesariamente diri-gida a la sana discreción de la corte, de conformidad con el inciso 3 del artículo 83. Lo que la corte resolvió,' en lo per-tinente a cualquier cuestión aquí envuelta, fué lo siguiente:

“Una moción en donde se pide el traslado de un pleito de un distrito a otro, para mayor conveniencia de los testigos, no plantea la cuestión de si el tribunal en donde está pendiente el pleito, es o no el competente para conocer de éste.” '
“La presentación de una. solicitud pidiendo el cambio de distrito para la celebración del juicio, por conveniencia de los testigos, al mismo tiempo que se exeepciona la demanda, es prematura porque, no habiéndose contestado la demanda, no se ha planteado ninguna cuestión de hecho, y por lo tanto carece el tribunal de base para poder ejercitar su facultad discrecional.”
“Un demandado tiene derecho a pedir el traslado de una causa a otro distrito, y el tribunal, el deber de decretarlo, cuando el tribunal competente para el conocimiento del caso es aquél al cuál se pide el traslado, pero en los casos en que el traslado se funda en la conveniencia de los testigos, entonces corresponde a la facultad discrecional del tribunal el decretarlo o no.”

En el cuerpo de la opinión, y como prefacio al dictum a que se dió énfasis en el caso de Buso, la" corte se tomó el cui-dado de decir lo siguiente:

“Convenimos con los apelados en que la cuestión de si los deman-dados residen o deben ser demandados en otro distrito no ha sido debidamente presentada, limitándose tanto la moción como la decla-ración jurada, a la supuesta conveniencia de los testigos.”

En el caso de Baker, Carver & Morell v. Healy & Siebert, 31 D.P.R. 556, después de citarse extensamente del caso de Smith v. Smith, 88 Cal. 575 y del de Bank v. City of Eureka. 97 Cal. 135, y después de hacer distinción de un caso de Montana, esta corte dijo:

“ También es verdad que en California algunas de las decisiones, lo mismo que varias de las nuestras, como por ejemplo, la del caso de Agenjo v. Santiago, 25 D.P.R. 467, citado por la apelada, no están en completa armonía con el claro precepto de las disposiciones del código y la interpretación liberal de las mismas sugeridas por las citas hechas de las opiniones en el caso de Smith v. Smith y de Bank v. City of Eureka, supra.
“Por otra parte, en el caso de State Ex rel. Allen v. Superior Court 9 Washington 668, encontramos lo siguiente:
“Al determinar respecto a la suficiencia del affidavit de méritos debe tenerse en consideración el objeto para el cual fué presentado. De acuerdo con nuestro estatuto un residente de cualquier condado tiene derecho, como cuestión legal, a ser demandado en el condado en el cual él o algunos de sus codemandados reside, pero con el fin de evitar que- sentencias dictadas de buena fe queden sujetas a ataque colateral probándose después de ser definitivas que resultaba que ninguno de los demandados eran residentes del condado en el cual dichas sentencias se dictaron, la legislatura ha prescrito sabia-mente que a pesar de este derecho absoluto por parte de un demandado a que se le demande en el condado de su residencia, este derecho no le servirá a él de tal modo que prive a la corte de otro condado en el cual se ha establecido una acción de jurisdicción, a menos que él comparezca y levante la cuestión de cuál es el debido condado según dispone el estatuto. Se verá que el derecho a que el caso sea juzgado en el condado de su residencia es absoluto, y está sujeto únicamente a ciertas excepciones. Las cortes, por tanto, están en el deber de ver que estos derechos sean preservados y que las excep-ciones no sean interpretadas de tal modo que destruyan tales derechos por razón de cualquier ligero error técnico por parte del que pre-tende negar la excepción. La retención de jurisdicción por la corte que no sea la del condado de la residencia de la parte es en cierto modo ilegal, aún cuando no se haga ninguna moción para el traslado al debido condado, y sólo ha sido sancionado por la legislatura debido a las necesidades del caso como arriba se sugiere. Se infiere, pues, que los procedimientos por los cuales el derecho a trasladar se convierte en absoluto, y se niega esta excepción deben ser inter-pretados con la mayor liberalidad y si resulta de ellos, que existe la intención por parte del demandado de valerse de los privilegios del estatuto eon el fin de negar la excepción contenida en el que autoriza a la corte a sostener la jurisdicción, debe declararse suficiente aún cuando sólo baya habido un cumplimiento substancial y no técnico con las prescripciones del estatuto.
“Sabemos que las decisiones en el Estado de California y quizá en alguno de los otros Estados, parecen haberse basado en una teoría diferente, pero en nuestra opinión estas cortes han pasado por alto el hecho de que la excepción por la cual a la corte donde se ha establecido la acción se le permite retener jurisdicción es una nece-sidad, y sólo se puso en vigor para hacer efectivo el derecho absoluto del traslado al condado de la residencia en tanto era necesario para proteger la validez de las sentencias dictadas cuando no se había presentado ninguna moción para el traslado. De acuerdo con la in-terpretación liberal de este estatuto, que creemos debe recibir, el affidavit de mérito en el caso de autos era suficiente.’ ”

Interpretando los artículos 81 al 83, inclusive, de nues-tro Código de Enjuiciamiento Civil a la luz de la jurispru-dencia de Washington y California citada en la opinión, esta corte entonces resolvió, según lo declara en el sílabo,, que:

“. . . Los estatutos reparadores deben ser liberalmente inter-pretados en favor del remedio y las reglas de procedimientos son reparadoras por su naturaleza.”

Véase además el caso de Font v. Castro, 33 D.P.R. 784.

Los casos de Font v. Castro y Baker, Carvell & Merrell v. Healy & Siebert no pueden distinguirse del presente por el mero hecho de que la suficiencia de un affidavit de méri-tos no esté envuelta en este caso. La conclusion a que se llegó en dichos casos se basa de lleno en la teoría general de que los estatutos reparadores deben ser liberalmente inter-pretados, y que los artículos 81, 82 y 83 de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil son reparadores por su naturaleza y carácter. El ratio desidendi no es más aplicable a la cues-tión de lo que significa un affidavit de méritos que a la cues-tión de lo que la Legislatura intentó exigir a un demandado con relación al tiempo de presentar su solicitud.

Desde luego que no nos confrontamos aquí con elemento alguno de renuncia o sumisión implícita, como en los casos de Busó v. Borinquen Sugar Co., supra, Ortiz v. Gómez, 21 D.P.R. 507; y Aponte v. Atlas Commercial Co. et al., 27 D.P.R. 245.

En el caso de Pearkes v. Freer, 9 Cal. 642, resuelto en el año 1858, la Corte Suprema de California, refiriéndose a una moción de traslado, y después de discutir los casos an-teriores, dijo:

“Se desprende que tal moción basada en fundamentos que apa-recen de la demanda debe hacerse antes o al tiempo de radicar la excepción previa. Radicando una excepción previa y consintiendo a que se señale el caso para ser visto en determinado día, el demandado renuncia a su derecho de solicitar el traslado.”

Unos sesenta años después, la Corte de Apelaciones de California citó este caso en el de Lundy v. Lettunich, 195 Pac. 451, en apoyo de la teoría de que:

' “La moción debe hacerse en la primera oportunidad.”

El caso de Cook v. Pendergast, 61 Cal. 72, citado con aprobación en el de Torres et al. v. Torres et al., supra, y citado frecuentemente en otros casos más, se dice que:

“Un demandado que excepciona la demanda, sin contestarla, debe solicitar- el traslado (si lo basa en el fundamento de que dicha demanda no se ha radicado en el distrito correspondiente) antes o al tiempo de excepcionar la misma.

En el tomo 1 de Sutherland on Go de Pleading, Practice and forms, página 594, bailamos lo siguiente:

“Una moción solicitando el traslado de un pleito debe hacerse lo antes posible, y la misma se radica demasiado tarde cuando se presenta después de solicitarse la suspensión de cualquier cuestión pendiente ante la corte.”

Posteriormente, en ese mismo párrafo se cita el caso de Cook v. Pendergast, supra, como autoridad para decir lo siguiente:

“Tan sólo en casos en que se solicita el traslado fundado en que el distrito designado en la demanda no es el correspondiente, es qne la moción de traslado debe preceder o acompañar la contesta-ción o la excepción previa. La moción pnede ser hecha por el deman-dado por cualquier otro fundamento de ley, sin ir acompañada del affidavit y requerimiento (demand), dentro de un tiempo rasonable después de haber comparecido. No obstante, tales mociones, por ser de carácter dilatorio, deben ser tramitadas con diligencia.”

Esta misma afirmación puede hallarse en Estee’s Pleadings, tomo 1, página 47, párrafo 57. Entre los casos cita-dos en dicho párrafo puede hacerse mención de paso del caso de Tooms v. Randall, 3 Cal. 438, que es una' decisión antigua, anterior al caso de Pearkes v. Freer, supra, la cual sienta la teoría y la práctica existentes en California con anterioridad a la aprobación del Código de Enjuiciamiento Civil que fué más tarde adoptado por Montana, Idaho y Puerto Rico, y la cual constituye la clave del espíritu y sig-nificado de dicho código.

Pero se ha llamado nuestra atención al párrafo 31 del ca-pítulo que trata sobre Traslados, en el tomo 25 de California Jurisprudence, página 896, del cual copiamos lo que sigue:

“El requerimiento y la moción de traslado del juicio para el distrito correspondiente deben hacerse por el demandado ‘al tiempo de presentar la contestación o la excepción previa. ’ Si lo hace antes, sería demasiado prematuro, y si lo hace después de contestar o excep-cional’, sería demasiado tarde.”

Tan sólo se cita un caso en apoyo de la teoría de que la moción y el requerimiento, si se presentan antes del tiempo especificado, “son demasiado prematuros.” Refiriéndonos ahora a la única autoridad en que se hace hincapié, hallamos que la teoría que acabamos de enunciar se funda claramente en un obiter dictum de una opinión per curiam publicada en 1884. Nicholl v. Nicholl, 66 Cal. 36.

En él caso a que hacemos referencia, la moción se fundaba en un affidavit de méritos hecho por el demandado, y no iba acompañada de ninguna otra alegación. . Posteriormente, el abogado del demandado, al nresentar una excepción previa a la demanda, radicó otra moción acompañada de un affidavit de méritos. Evidentemente, el abogado del demandado no tuvo fe en su moción original y en el affidavit de méritos y los abandonó, fundándose en la teoría errónea de que el paso que había dado era prematuro o que así podía ser considerado por la corte. No hay indicación alguna de que hubiera algún defecto intrínseco en la primera moción o cu el affidavit en que ella se basaba, ni razón aparente para' que se radicara una nueva moción y un nuevo affidavit, a menos que asumamos la probable existencia de la duda a que ya hemos hecho referencia o una superabundancia de cautela de parte del abogado del demandado. Sin embargo, el curso seguido, independientemente de los motivos que hubo para recurrir al mismo, bastó para que la Corte Suprema hiciera la siguiente manifestación superfina:

“El affidavit de méritos j la moción de traslado del juicio al distrito correspondiente, que se radicaron antes de haber el deman-dado contestado o excep donado la demanda, fueron enteramente sin consecuencias. Para servir de algo, tal affidavit y moción deben presentarse cuando el demandado comparece y contesta o excepciona la demanda.” (C. C. P. 396.)
“En este caso, sólo podemos considerar la orden dictada resol-viendo la moción, la cual se basó en el affidavit y requerimiento radicados al tiempo en que el demandado compareció y excepcionó la demanda. Y de ser suficiente el affidavit de méritos, debe con-firmarse la orden.”

La corte entonces procede a considerar la suficiencia del segundo iaffidavit de méritos a que hemos hecho ¡mención últimamente, y el cual sirvió de base a la orden concediendo el traslado; y después de llegar a la conclusión de que el affidavit en cuestión era suficiente para sostener la moción de traslado, confirmó la resolución apelada. Evidentemente, si el affidavit de méritos que se hizo en apoyo de la segunda moción era suficiente, no había necesidad de considerar la cuestión de si la primera moción y el affidavit eran prema-turos. Es igualmente claro que la resolución final de la cues-tión últimamente mencionada no'era nn requisito indispensable para que se considerara y resolviera la única cuestión necesariamente envuelta.

Fuera de la manifestación Fecha en. California Jurisprudence, supra, el caso de Nicholl v. Nicholl parece haber sido más o menos inofensivo, si no “enteramente sin con-secuencias” como precedente.

Las palabras usadas en la primera manifestación del pá-rrafo citado de 25 California Jurisprudence, supra, son las usadas por el artículo 396 del Código de Enjuiciamiento Civil de California, según fue enmendado en 1907. El primer caso que se cita en la nota correspondiente a esta manifestación es el de Witter v. Phelps, 163, Cal. 655, al que se hace referencia como “que sostiene que un demandado no renuncia al derecho de que se desestime un caso por indebida dilación en el diligenciamiento del emplazamiento, al excepcionar la demanda y solicitar el traslado del juicio.” (Nota 18, 25 Cal. Jur. 896.)

La relación de la resolución sobre la cual se ha hecho énfasis con el punto que ahora tenemos bajo nuestra con-sideración no es muy aparente. No se levantó cuestión al-guna respecto a la validez del diligenciamiento del empla-zamiento. No.hay nada en la opinión que indique que una solicitud de traslado no sea una comparecencia en el caso. No hubo tal cuestión envuelta. De la opinión se desprende que:

. . . el demandado compareció mediante un aviso de su inten-ción de solicitar el traslado del juicio al distrito de su residencia, o sea, San Mateo, junto con un requerimiento de tal traslado, un affidavit de méritos, y una excepción previa.”

Lo que la corte dijo fue lo siguiente:

“No estamos de acuerdo con la contención de que al presentar una excepción previa y solicitar el traslado, la demandada renunció al derecho de oponerse a cualquier dilación que hubiera hasta entonces habido. Habiendo sido emplazada, ella estaba obligada a comparecer, y excepcionar la demanda o contestarla. Su moción de traslado solamente podía presentarse al tiempo de contestar o de excepcionar la demanda. (Código de Enjuiciamiento Civil, artículo 396). Ella estaba haciendo perfecto uso de sus derechos al insistir en el traslado y al presentar su moción para que se desestimara el caso en la corte a la cual fué trasladado. Al hacer tal uso de sus derechos, no debe resolverse que ella hiciera algo que afectara su derecho de oponerse a las dilaciones que ya habían ocurrido.”

Es por sí mismo evidente que no hubo cuestión alguna respecto a la necesidad de radicar una excepción previa o una contestación al. tiempo de solicitar el traslado. Lo que la corte tuvo en mente y quiso decir fué que el requeri-miento de un demandado debe hacerse en el momento de contestar o de excepcionar la demanda, o antes. Cualquiera otra interpretación del lenguaje usado equivaldría a hacer flagrante caso omiso de las reglas fundamentales de inter-pretación y sería por demás injusta para la corte de California.

Otros casos citados sin comentarios en la nota que hemos mencionado últimamente son: McNeill & Co. v. Doe 163 Cal. 338, 125, Pac. 345; Smith v. Pelton Water Wheel Co. 151 Cal. 399, 90 Pac. 932, 1135; Wadleigh v. Phelps, 147 Cal. 541, 82 Pac. 200; Cock v. Pendergast, 61 Cal. 72; Mash v. Reynolds, 38 Cal. 560; Jones v. Frost, 28 Cal. 245; Pearkes v. Freer, 9 Cal. 642; Reyes v. Sanford, 5 Cal. 117.

La nota entonces continúa diciendo:

■ “La disposición anterior al 1907 contenía las palabras adicio-nales 'comparece y’ precediendo a 'contesta o excepciona,’ y se resolvió, al interpretar esta disposición, que el demandado en realidad no ‘comparecía y excepcionaba’ hasta que radicaba su excepción, y que era, por tanto, suficiente radicar el aviso sobre la moción de traslado del juicio a la residencia del demandado, el affidavit de méritos y el requerimiento al tiempo de radicarse la excepción. Fletcher v. Maginnis, 136 Cal. 362, 68 Pac. 1015. Debe notarse que el comisionado codificador, al comentar la enmienda de 1907, dice que ‘se han omitido las palabras “comparece y antes de la palabra contesta” por ser superfinas. Véase Rowland v. Coyne, 55 Cal. 1, que resuelve que un demandado comparece tan pronto como notifica y radica su excepción previa.” (25 Cal. Jur. 897. Nota 18).

Si se interpretan las palabras “al tiempo de contestar o excepcionar la demanda” de acuerdo con el espíritu y ob-jeto de la disposición que estamos considerando como que quieren decir “en el momento o antes de contestar o excep-cionar,” entonces la conclusión a que llegó el comisionado codificador de California es una cuestión de poca monta. Pero las palabras “comparece y” contenidas en la disposi-ción anterior eran y son significativas, ya que indican la intención predominante en las mentes de los primeros legis-ladores — no obstante el desaliño con que fueron expresadas,— a saber, al tiempo de la primera comparecencia de un de-mandado, ya fuera mediante contestación, excepción previa, o en cualquier otra forma. Ninguno de los casos citados combate la idea de un límite de tiempo y de una renuncia como el principio fundamental de la restricción estatutoria sobre el derecho del demandado, que de lo contrario es abso-luto, a solicitar el traslado del juicio; y la mayoría de las decisiones, en tanto en cuanto se inclinan hacia una u otra dirección, tienden a sostener esa teoría.

La substancia de lo resuelto en el caso de Rowland v. Coyne, en lo pertinente a la cuestión de la relación posible o conjetural con la manifestación imputádale al comisionado codificador, puede hallarse en el primer párrafo del sílabo, que dice así:

“En una acción contra varios demandados — uno de los cuales no había sido emplazado — Se notificó y radicó una excepción previa que empezaba por decir: ‘Y ahora comparecen los demandado's, etc.,’ que firé firmada por C. P. & S., ‘abogados de los demandados’: Se resolvió que ésta era una comparecencia a nombre de todos los demandados, de acuerdo con las disposiciones terminantes del có-digo.” (Código de Enjuiciamiento Civil, párrafo 1014.) (55 Cal. 1.)

Pero si el caso de Coyne, al forzarse la imaginación, pu-diera considerarse como autoridad para la cuestión de que un demandado no puede comparecer en una acción antes de contestar o excepcionar la demanda, o en ninguna otra forma qne por medio de contestación o excepción, entonces, la doc-trina así enunciada fué repudiada por el caso de Davenport v. Superior Court, 191 Pac. 911, donde se dice que una aser-ción similar, aunque menos radical, hecha por la misma corte en otro caso anterior, era “sin duda demasiado amplia.”

En el caso de Fletcher v. Maginnis, resuelto en el 1902, un comisionado de la corte, con quien estuvieron de acuerdo otros dos, recomendó la revocación de una orden denegando el traslado del pleito, y así fué resuelto por tres de los jue-ces del departamento, por la razón expuesta en la opinión del comisionado.

En dicho caso, el demandado notificó primeramente una moción, acompañada del requerimiento y el affidavit, y más tarde, una excepción previa. Posteriormente, radicó conjun-tamente la excepción previa, el requerimiento y el affidavit. El apelado insistió en que la notificación de la excepción pre-via equivalía a una comparecencia, y que, por tanto, la radi-cación posterior del requerimiento y del affidavit era dema-siado tardía. La opinión, leída a la luz de los hechos y de la contención a que se refiere el razonamiento del comisio-nado, parece llegar a la conclusión, primero, de que un de-mandado no excepciona la demanda hasta que radica su ex-cepción, y, segundo, que una comparecencia antes de la ra-dicación de la contestación o excepción previa no excluye la radicación de un requerimiento y affidavit, notificados an-teriormente, conjuntamente con tal contestación o excepción previa. En lo referente a la tendencia de la decisión de eli-minar la comparecencia sin más, como un obstáculo para la radicación posterior del requerimiento y del affidavit, ello pudo haber tenido alguna influencia como factor en la situa-ción que dió lugar a la omisión de las palabras “comparece y” de la enmienda de 1907. Pero no se desprende que los que redactaron el código tal y como fué originalmente apro-bado intentaron prohibir la radicación del requerimiento del affidavit de méritos antes de la presentación de la contesta-ción o de la excepción previa. Decir que un demandado “no compareció y excepcionó hasta que radicó la excepción previa” no quiere decir que un demandado no pueda com-parecer y solicitar el traslado antes de radicar su contesta-ción. Manifestar que una comparecencia sin excepcionar o contestar la demanda no puede impedir una solicitud posterior, no implica que un demandado no pueda solicitar el traslado del lugar del juicio en el momento de la primera comparecencia. El resultado más lógico y el único legí-timo de la enmienda al Código de California, ya fuera efectuada por la legislación judicial de 1902 o por la disposición legislativa de 1907, fué a lo sumo remover una restricción técnica e innecesaria sobre el derecho en cues-tión, y no crear y colocar en el camino de todos los deman-dados no residentes un nuevo obstáculo, sin razón, justifica-ción o excusa aparente para tal proceder.

En el caso de Smith v. Pelton Water Wheel Co., cita extensamente y con aprobación de la opinión del caso de Cock v. Pendergast, supra, y está enteramente de acuerdo con el mismo. Un factor interesante del caso es la actitud adoptada por el Juez Presidente Sr. Beatty que no parti-cipó en la decisión del departamento, pero disintió de la or-den denegando una nueva vista ante la corte en pleno, y, aparentemente, de la aplicación drástica de la doctrina enun-ciada en el caso de Pendergast, no de la doctrina misma. Su opinión disidente termina haciendo la siguiente afirma-ción :

“No puedo mirar con buenos ojos resoluciones técnicas sobre cuestiones de procedimientos que tienen por resultado castigar a una de las partes sin oírsele, aunque tales resoluciones sean exi-gidas imperativamente por las disposiciones de alguna ley. Creo que en este caso, la resolución, lejos de ser necesaria, fué errónea.”

El caso de Reyes v. Sanford es otro caso antiguo que indica el curso general de la opinión judicial sobre la cues-tión de traslados en el estado de California allá para me-diados del siglo XIX. La opinión en dicho caso es un mo-délo de laconismo, y el pronunciamiento final contiene una sugestión que puede o no ser considerada como una indica-ción útil a nuestra legislatura local. La corte por voz del Juez Presidente Sr. Murray, dijo:

“El apelante ba señalado varios errores, ninguno de los cuales tiene fundamento. Un examen cuidadoso de los autos demuestra que el caso fue debidamente juzgado por la corte inferior. La cues-tión de jurisdicción ba sido ya resuelta por esta corte.
“La corte de distrito es una corte de jurisdicción original general, y el diligeneiamiento de sus órdenes es coextensivo con el estado. Se pueden trasladar causas de un distrito o condado a otro, en la forma dispuesta por la ley; pero, según mi entender, esto no se permitiría después que la parte ba comparecido y contestado sobre los méritos de la demanda.
“La apelación se entabló con el propósito de dilatar los pro-cedimientos. Por tanto, se confirma la sentencia, imponiéndosele al apelante el 15% por daños y perjuicios.”

Los otros casos anteriormente mencionados y que no he-mos discutido en esta opinión no requieren mayor considera-ción.

El caso de Powell v. Sutre, 80 Cal. 559, resuelto-por una corte dividida, también está citado en California Jurisprudence en relación con la siguiente manifestación:

“La regla de que el demandado debe presentar la moción al tiempo de contestar o excepcionar por primera vez ba sido forzada basta donde parece su límite máximo al resolverse que un demandado está impedido en una corte superior de solicitar con éxito el traslado de un pleito al condado de su residencia después de báber radicado su contestación en la corte inferior, donde se radicó originalmente el caso, aunque la radicación de tal contestación era necesaria para darle jurisdicción a la corte superior, y aunque tal derecho de soli-citar el traslado al condado en que reside el demandado no existe en una corte inferior.”

De la opinión disidente del Juez Asociado Sr. Works hace-mos el siguiente extracto : (Bastardillas nuestras.)

“Si el juez de la corte inferior no tenía jurisdicción, hubiera sido inútil radicar el affidavit en dicha corte, ya que no tenía poder para resolver la cuestión. El demandado hizo el affidavit correspon-diente tan pronto como el caso llegó a una corte que terna jurisdic-ción para resolver la cuestión, y antes de realizar acto alguno en dicha corte o de dar algún paso en la misma. Esto equivalia a pro-ceder con la mayor cautela en el ejercicio de sus derechos que puede razonablemente exigirsele a una persona, de acuerdo con la ley. Basta decir que ‘el derecho de solicitar un traslado es puramente estatutorio, y una persona que desea valerse de ese derecho debe demostrar claramente que está dentro de las disposiciones de la ley sobre la materia,’ pero es una cosa enteramente distinta para las cortes interpretar un estatuto, como en ciertos casos, y privar a una de las partes de su derecho, anulando, en tales casos, el estatuto mismo.
“De prevalecer la doctrina sentada en la opinión de la mayoría, todo lo que un demandante tiene que hacer de ahora en adelante, a fin de impedir que un demandado ejerza su derecho de ser juzgado en el condado de su residencia, es radicar su demanda en una corte inferior qu'e no tiene jurisdicción, obligando de ese modo al deman-dado a ser juzgado ante el juez de tal corte inferior o a radicar una contestación que dé lugar al traslado del caso a la corte superior de dicho condado, y en cualquiera de dichos casos, de prevalecer tal interpretación, se le priva enteramente de ejercer su derecho de solicitar el traslado al condado correspondiente. A mi juicio, no debe negarse a una persona un derecho claro estatutorio, aún en un ‘caso comparativamente trivial,’ mediante una interpretación tan estricta de las disposiciones del estatuto. La ley es la misma en todos los casos, y las cortes no pueden negar el derecho concedido por ella fundándose en que consideran que el caso que tienen a la vista es comparativamente trivial.”

El principio fundamental envuelto que se hace tan palpable en la opinión del Juez Asociado Sr. Works, se expresa aún más vigorosa y claramente en la opinión disidente del Juez Presidente Sr. Beatty y del Juez Asociado Sr. Fox, que pasamos a transcribir íntegramente: (Bastardillas nuestras).

“Disentimos. El caso es trivial en lo que se refiere a la cantidad de dinero envuelta, pero encarna un principio que es importante que sea resuelto correctamente. De acuerdo con el artículo 395 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil, es una cuestión de derecho absoluto para el demandado que el juicio se celebre en el distrito de su resi-dencia. Por sus propios términos, este artículo es imperativo, y tan claro, que no está sujeto a interpretaciones, bien en cuanto a su significado o en cuanto a la intención que tuvieron en mente los que lo redactaron. Por otra parte, el artículo 396 que se cita en la opinión de la mayoría es una mera disposición de la forma de pro-cedimiento que se debe seguir para obtener el derecho. Estando ese derecho absolutamente establecido por una disposición legislativa, si no se hubiese aprobado procedimiento alguno para su ejercicio, sería el deber de la corte prescribirlo. El artículo 396 ha prescrito un procedimiento para todos los casos corrientes que surgen en el curso de la práctica; pero aquí nos confrontamos con un caso, como a veces ocurre en el curso de los acontecimientos humanos, en el cual la forma de procedimiento provista, si hemos de seguir al pie de la letra lo dispuesto por el estatuto, no está prevista, y entonces tenemos un caso en que hay un derecho sin un remedio. En tal caso, es el deber de la corte, si fuere posible, buscar un remedio'. Examinando el «remedio general que ha sido concedido hallamos que la idea pre-dominante en las mentes de los que redactaron el estatuto, fué qué, la parte que trata de aprovecharse del derecho garantizádole por el artículo 395, debe presentar su solicitud en el momento en qtie com-parece por primera vez ante la corte que tiene jiirisdicción sobre el caso. Eso fué lo que se hizo en este caso. La contestación fué nece-sariamente radicada en una corte que no tenía jurisdicción, ni para ver el caso ni para transferirlo a otro condado. Esa corte, según estaba obligada a hacerlo, trasladó el caso a una corte competente dentro del condado, e inmediatamente que se radicaron los docu-mentos en la corte a la cual se trasladó el pleito, se presentó la moción de traslado. La moción debió haber sido declarada con lugar. ’ ’

No necesitamos por ahora, y sin la ayuda de los abogados, tratar de hacer una distinción entre una comparecencia general y una comparecencia especial, ni establecer fuera de toda duda la proposición de que la radicación de una moción de traslado acompañada de un affidavit de mé-ritos válido, sin ir acompañado de ninguna otra alegación, da derecho al demandado, como cuestión de ley, a que se re-suelva favorablemente su solicitud. No pretendemos decir que hayamos examinado todos los casos resueltos que ten-gan alguna relación con el punto que estamos discutiendo. Un punto de partida para una mayor investigación en lo que se refiere a las decisiones de Montana puede Rallarse en el caso de O’Hanion v. Great Northern Ry. Co., 245 Pac. 518. Nuestro propósito Rasta aRora Ra sido demostrar que estaba pendiente una cuestión preliminar en la corte inferior al tiempo de señalarse el caso para juicio y de celebrarse el jui-cio en ausencia del demandado.

Refiriéndonos nuevamente al tomo 1 de Sutherland, supra, página 603, sección 1000, según indica el apelante, el autor, al citar los casos de Brady v. Times Mirror Co., 106 Cal. 56 y Nolan v. McDuffic, 125 Cal. 334, dice:

“Una moción solicitando el traslado de un caso suspende todos los demás procedimientos judiciales en el mismo, así como el poder de la corte para actuar sobre cualquiera otra cuestión basta tanto se resuelva la moción. Mientras esté pendiente la vista de la moción, y basta que se baya resuelto la misma, la corte no tiene facultad para oir ni resolver una excepción previa a la demanda, y cualquier resolución dictada sobre esta última es nula. De proceder la moción de traslado, el demandado tiene derecho' a que la excepción previa sea resuelta por la corte del distrito al cual deba trasladarse el caso. ’ ’

Véanse además los casos de Sucesores de Abarca v. Nones et al., 30 D.P.R 866, y los casos citados en la nota número 1 de 25 Cal. Jur. 897, párrafo 31, en apoyo del texto al mismo efecto.

Admitiendo, sólo para los fines de la argumentación, que la moción en el presente caso era prematura, y que pudo desestimarse, fundándose en el caso de Buso v. Borinquen Sugar Go., supra, sin embargo, no se desprende, como asume el apelado, sin tratar de demostrarlo, que la corte inferior es-tuvo justificada al pasar completamente por alto la solici-tud de traslado. Quizás la moción pudo Raber sido dene-gada en cualquier momento antes de dictarse sentencia por abandono o por cualquiera otra causa satisfactoria, si se Ru-biera levantado una cuestión de esta naturaleza en la corte inferior; pero a falta de una demostración en contrario, es-tamos obligados a resolver que la solicitud debió Raber sido resuelta antes de procederse a la vista del caso y de dictarse sentencia.

Debe revocarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió y el Juez Asociado Sr. Aldrey está conforme con la sentencia por el último fun-damento de la opinión


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor del Toro,

license: Public Domain

text:
    Asamblea Municipal de Santa Isabel, peticionaria, v. La Corte de Distrito de Guayama, Hon. Rafael López Antongiorgi, Juez, demandado.
    No. 571.
    Visto: Mayo 2, 1927.

      Resuelto: Mayo 5, 1927.
    Desacato — Actos o Conducta Constitutivos de Desacato al Tribunal — -Deso-bediencia de sus Mandatos u Ordenes — Validez de los Mismos — Palta de Jurisdicción en el Tribunal, y Efecto. — No cometen desacato los miem-bros de una asamblea municipal que desobedecen una orden de una corte dictada en procedimiento de mandamus instituido para compelerles a actuar con motivo de cierta recomendación del comité político local, ya que no es la corte la que debe intervenir en tal caso de acuerdo con la ley sobre la materia, sino el Comité Directivo Central del Partido y el Gobernador de la Isla.
    CERTIORARI para revisar actuaciones de Rafael López Antongiorgi, J. (Guayama), en procedimiento de mandamus, y especialmente órdenes con ocasión al incidente de desacato que culminó en con-dena por dicho delito a los miembros de la asamblea municipal.

      Anulada la sentencia.

      Leopoldo Tormes, abogado de la peticionaria; Tomás Bernardini de la Huerta, abogado del demandante en el pleito principal.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Emiliano Cruz inició en la Corte de Distrito de Guayama un procedimiento de mandamus dirigido contra la Asamblea Municipal de Santa Isabel.

Alegó Cruz en su petición, en resumen, que habiendo quedado vacante un puesto de asambleísta en la Asamblea Municipal de Santa Isabel, fué propuesto para cubrirlo por el comité del partido a que pertenecía la vacante y dicha asamblea “se negó a tomar dicha propuesta en considera-ción y a resolver sobre la aceptación o no del candidato”, motivo por el cnal solicitaba de la corte que librara el auto a la asamblea ordenándole que inmediatamente procediera a considerar la propuesta del peticionario y a decidir por el voto de sus miembros la aceptación o no de dicho candidato.

El auto fue en efecto expedido y durante el curso del procedimiento ocurrió el incidente que dió origen a que la asamblea se convirtiera a su vez eii peticionaria iniciando este procedimiento de certiorari ante esta Corte Suprema, a saber: después de recibido el auto de mandamus, la asam-blea nombró una persona distinta del peticionario para cu-brir la vacante, la corte de distrito creyó que se había co-metido un desacato y finalmente, después de oir a los miem-bros que componen la asamblea, los condenó a sufrir cinco días de cárcel cada uno.

A nuestro juicio la cuestión envuelta se resuelve por los principios establecidos en la decisión de esta corte en el caso de Torres v. Asamblea Municipal, 36 D.P.R. 331. En dicha decisión se estudia la anterior de Torres v. Guánica, 33 D.P.E. 349, y el efecto de la enmienda introducida en 1925 a la sección 22 de la Ley Municipal, así:

“¿En qué consistió dicha enmienda? En adicionar a la Ley lo que sigue:
“ ‘Cuando el organismo director local que deha hacer la pro-puesta no lo hiciere dentro de los cinco días de ocurrir la vacante o la asamblea municipal en su primera sesión ordinaria o extraordi-naria no cubriere la vacante con la persona propuesta, entonces dicha vacante será cubierta por el Gobernador de Puerto Rico con la aprobación del Senado Insular a propuesta del presidente del co-mité directivo central del partido que eligió el miembro cuya va-cante debe cubrirse.’ ”
“Descartando la cuestión del término ya que se alega en la soli-citud y no se impugna en la contestación que la propuesta se hizo por el comité local del partido dentro del plazo de ley, y limitando nuestro festudio a la segunda parte de la enmienda, diremos que es-tamos enteramente conformes con el criterio de la corte de distrito expuesto en su opinión así:
‘ ‘ 1 Pero existe otra situación especial, y es la siguiente: ! Cuando la Asamblea Municipal en su primera sesión ordinaria o extraordi-naria no cubriera la vacante con la persona propuesta’. Al ocurrir esto, la ley dice claramente que se bará lo siguiente: ‘entonces dicha vacante será cubierta por el Gobernador de Puerto Pico, con la aprobación del Senado Insular, a propuesta del Presidente del comité directivo central del partido que eligió el miembro cuya va-cante deba cubrirse’. Es decir, que existiendo una vacante en una asamblea municipal, y siendo propuesto un nombre por el comité local correspondiente para cubrir dicha vacante, si ésta no fuere cubierta con la persona propuesta por el comité local, entonces, de acuerdo con la disposición clara y terminante de la Ley, esa mate-ria queda por completo fuera ya de la jurisdicción y autoridad del comité local del partido y de la Asamblea Municipal correspondiente y pasa a crear una situación que viene por mandato de la misma Ley a recaer en manos de otro funcionario a quien la ley le impone la obligación de solucionarla. Eso es lo que de los términos del precepto a que nos hemos referido claramente se desprende.’ ”
“Si la ley conservó los anteriores casos, a saber: ‘Cuando por empate en la votación o por encontrarse vacante varios puestos o por haber renunciado varios miembros de la asamblea no hubiere quorum’ y agregó el de quo la asamblea no cubriere la vacante en la primera sesión ordinaria o extraordinaria que celebrase después de la propuesta del organismo local del partido, claro es que implí-citamente reconoció a dicho cuerpo la facultad para actuar en un sentido o en otro y el ejercicio de esa facultad no puede controlarse por un auto de mandamus. La asamblea puede por mera negligen-cia o de propósito dejar de actuar sobre la proposición. Puede también negarse abiertamente a aceptarla. En todos dichos casos queda sin oubrir la vacante y termina la acción del comité y la asamblea. El caso está previsto en la ley, correspondiendo entonces decidirlo al Presidente del Comité Central del Partido y al Gober-nador de la Isla. Los principios del gobierno popular se conservan. Primero se da la oportunidad a los organismos elegidos directamente por los miembros del partido en la comunidad local y por el pueblo de la misma. Cuando su actuación se hace imposible, por estar en desacuerdo, no cabe ahora como antes obligar a la asamblea a eje-cutar la voluntad del comité local, sino que la decisión del caso pasa de la comunidad local a la insular, esto es, al Presidente del Comité Central del Partido y al Gobernador del Pueblo con la apro-bación del Senado. Eso es todo.”

Claramente se deduce de lo dicho que el peticionario Cruz erró el camino. La corte de distrito no podía com-peler a la asamblea a actuar. De hecho la asamblea ha-bía actuado, negándose a considerar la propuesta de Cruz. Sus motivos no podían investigarse. La ley tiene previsto el caso. Cuando surge el conflicto entre el comité local y la asamblea no hay que acudir a las cortes sino al orga-nismo superior del partido y al Gobernador de Puerto Eico para que sean ellos los que actúen en vez del comité local y la asamblea.

Y si la corte carecía de facultad para expedir el auto de mandamus, cae por su base el procedimiento de desacato. La sentencia condenatoria de que se quejan los peticiona-rios, es por consiguiente nula y así debe decretarse.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Juan Benítez Gómez, demandante y apelante, v. Tomasa Calzada Bonano, demandada y apelada.
    No. 3761.
    Visto: Mayo 4, 1926.

      Resuelto: Mayo 5, 1927.
    Principal t Asente — La Relación — Terminación—Revocación del Mandato— Arrendamiento de Servicios y Mandato. — Cuando existiendo dos contratos, uno sobre arrendamiento de servieios y otro sobre mandato, aquél no es inde-pendiente ni principal a éste, el hecho de que el primero fije un término para el mismo no altera la regla de la revocabilidad del mandato.
    Sentengia de M. Rodríguez Berra, J. (San Juan, Segundo Distrito), declarando sin lugar demanda sobre indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento de contrato, con costas.

      Confir-mada.

      Juan de Guzmán Benítez, abogado del apelante; Adolfo García Veve y Juan B. Soto, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Los hechos necesarios para resolver esta apelación in-terpuesta por el demandante contra sentencia que declaró sin lugar sn demanda son los siguientes:

Por escritura pública No. 2 de primero de febrero de 1924 Da. Tomasa Calzada Bonano y Dn. Juan Benítez Gó-mez celebraron un contrato por el cual la primera arrendó los servicios del segundo para que administrase sus bienes y los de sus hijos menores de edad por término de seis años y mediante la remuneración al administrador del diez y ocho por ciento de las rentas de dichos bienes, que podría cobrar mensualmente. En esa escritura se hizo constar que los poderes y facultades que tendría el administrador se enumerarían en la escritura de poder que con la misma fechaj otorgaría doña Tomasa Calzada Bonano y que de acuerdo con ellos ejercería la administración.

En la misma fecha otorgó dicha señora ante el mismo notario la escritura que tiene el- No. 3 en la que, haciendo referencia al contrato anterior y para definir claramente las facultades de Dn. Juan Benitez G-ómez como adminis-trador de los expresados bienes, le confirió poder con facul-tades amplísimas para administrar sus bienes y los de sus hijos, que son menores de edad.

En virtud de esas escrituras Don Juan Benitez Gómez administró dichos bienes durante los meses de febrero, marzo y abril de dicho año y cobró mensualmente la remu-neración convenida, pero en el último mes Doña Tomasa Calzada revocó el poder que había conferido al Sr. Benitez Gómez y la administración de los bienes pasó a otra persona. Aunque en la escritura de revocación del poder no se expresa causa para ella, sin embargo, había ocurrido un hecho que disgustó a Doña Tomasa: el matrimonio de una hija suya de diez y ocho años de edad con el apoderado Don Juan Benitez Gómez.

Después de esos hechos Don Juan Benitez Gómez de-mandó a Doña Tomasa Calzada Bonano reclamándole el pago de $23,573.40, por lo que le correspondería como ad-ministrador hasta el término de su contrato de servicios, y los intereses legales de dicha suma, a razón de $345 men-suales según vaya venciendo cada mes desde el último día de mayo de 1924 y los sucesivos hasta el día de su pago.

Entre los motivos alegados por el demandante para sos-tener esta apelación hay tres que se refieren a la cuestión fundamental de derecho en este pleito y que pueden ser considerados conjuntamente. Son los siguientes:

" IN- — La Corte erró al declarar que del examen de las escritu-ras de arrendamiento de servicios y de mandato resulta que el nexo jurídico entre el demandante y la demandada no es otro que el ca-racterístico entre mandante y mandatario.
“IV. — La Corte erró al no declarar que el contrato principal y sustancialmente el único entre las partes era el de arrendamiento de servicios y que el contrato de mandato era sólo un accesorio del ánterior.
“V. — La Corte erró al establecer que la demandada tenía dere-cho a revocar el mandato que había conferido al demandante para definir sus funciones en el desempeño del arrendamiento de servi-cios. ’ ’

La teoría del apelante para la acción que ejercita es que si bien los mandatos son revocables a voluntad del mandante, sin embargo, no pueden ser revocados de ese modo cuando son complemento de otro contrato principal como lo es en este caso el de arrendamiento de servicios por cierto tiempo y por precio determinado.

Dice nuestro Código Civil que el mandato es un con-trato por el que una persona se obliga a prestar algún ser-vicio o a hacer alguna cosa por cuenta o encargo de.otra; que a falta de pacto en contrario se supone gratuito; y que uno de los modos de acabarse el mandato es por su revocación. Artículos 1611, 1613 y 1634. Por consiguiente, de acuerdo con nuestro derecho actual, el mandato puede ser retribuido y puede ser revocado a pesar de ser remu-nerado por convenio o por la presunción de serlo cuando el mandatario tenga por ocupación el desempeño de servi-cios de la especie a que se refiere el mandato; siendo el fundamento de la revocabilidad en el mandato que éste es una extensión de la personalidad del mandante porque el mandatario obra por cuenta y por encargo del mandante, siendo al mismo tiempo un acto de confianza. Sobre este particular dice el Sr. Manresa en sus comentarios al Có-digo Civil Español, al tratar el artículo 1732 de aquel có-digo que es igual al 1634 del nuestro, lo siguiente:

“Según el art. 1732, uno de los modos de extinguirse el mandato es la revocación del poder conferido. Es decir, que creada la rela-ción jurídica por el consentimiento de las partes, basta que una de ellas quiera para que acabe el mandato. A este querer del mandante se llama revocación. Significa esto una excepción a los principios generales, y su fundamento estriba en que siendo la representación y la confianza bases cardinales del contrato, es la voluntad del repre-sentado la que puede poner término a la representación. Siendo además un acto de confianza, lógicamente debe cesar cuando esta confianza desaparezca. Si así no fuera, se desnaturalizaría el con-trato, convirtiendo la representación en una verdadera enajenación de la personalidad, en algo que pugna con los principios del derecho moderno, y que significaría al persistir con ese carácter de irrevo-cabilidad como una supervivencia, como diría Taylor, de la servi-dumbre de la gleba de las behetrías medioevales. Por eso, sin duda, autores y civilistas ilustres, reputan la revocabilidad como nota esencial del mandato; y proscribiendo como opuesto a su naturaleza toda estipulación en contrario, estiman como axiomático el aforismo de Finita voluniatae, finitum esb ma/udatum. Abundando en estas doctrinas, Bertier decía: ‘que cuando un hombre confía sus inte-reses a otro, está sobrentendida la duración del encargo mientras la confianza dure, pues el mandante, ni a perpetuidad ni siquiera por tiempo determinado, enajena el pleno ejercicio de sus derechos, ce-sando el mandato cuando al representado plazca notificar su volun-tad en este sentido al mandatario, quien carece de derecho para opo-nerse a ella.’ Este concepto absoluto de la revocabilidad, lo explica categóricamente el art. 1733, al declarar que el mandante puede revocar el mandato a su voluntad.” Tomo XI, págs. 556-557.

Es cierto que a pesar del derecho de revocabilidad de-clarado en el Código algunos comentaristas admiten excep-ciones al derecho de revocación del mandato, diciendo el mismo comentarista Sr. Manresa ser excepción cuando el mandato se haya dado, no sólo en interés del mandante, sino en interés de éste y de un tercero, o interesando por igual al mandante y al mandatario, y cuando el mandato constituya una cláusula de un contrato sinalagmático, o sea que esté involucrado en otra convención cualquiera porque seguirá la condición de ésta, no será revocable sino por el mutuo disenso y se regirá por los principios que en este punto rijan la obligación principal a la que aparece subor-dinado. También el Sr. Sánchez Román dice que puede ser aparente excepción cualquier pacto de irrevoeabilidad que sea consecuencia de obligación contraída por el man-dante o mandantes entre sí, siendo varios, o con una ter-cera persona, distinta del mandatario, en virtud de la cual, y para llevar a término una convención contractual, bilateral o plurilateral, de interés común, de la que forme parte más o menos principal el otorgamiento de un mandato, se com-prometan los contratantes que la celebran a que no se re-voque dicho mandato o subsista mientras no se ultimen los fines capitales de aquella convención, por no ser tal man-dato constituido sólo en utilidad del mandante o mandan-tes sino de todos entre sí respecto de los otros o del man-dante comprometido a esa irrevoeabilidad por causa one-rosa con un tercero.

El Código Civil que consigna el principio de la revoca-bilidad del mandato no contiene excepciones a esa regla y si son excepciones a ella las mencionadas por los comenta-ristas citados es cuestión que no tenemos necesidad de de-clarar ahora porque el examen que hemos hecho de los do-cumentos que sirven de fundamento al apelante para su re-clamación nos convence de que este caso no está compren-dido en ninguno de los previstos por los autores citados como excepción al precepto .de la ley.

El apelante entiende que aquí existe un contrato principal, que es el de arrendamiento, al que está subordinado el de mandato, pero nosotros no lo entendemos así pues aunque fueron dos los documentos que se otorgaron en rea-lidad sólo existió un contrato de mandato por el cual la apelada confirió sn representación al apelante para qne le prestase sns servicios en la administración de sns bienes y de los de sns hijos menores de edad, mediante cierta retri-bnción convenida; mandato qne era necesario para qne el mandatario pudiera llevar a efecto la administración de esos bienes, demostrándose esto también por el hecho de qne en el documento independiente sobre arrendamiento de ser-vicios se hizo depender el mismo de las facultades qne se le habían de dar en la escritura de mandato, resultando así éste el principal y no el documento de arrendamiento de servicios. Y qne esto es así, se demuestra también porque pudo ser otorgado un solo documento conteniendo el man-dato, sn remuneración y el tiempo por el cual se contra-taba, sin qne a pesar de esta ultima estipulación no pudiera ser revocado el mandato dada la naturaleza jurídica del mismo y el precepto del artículo 1634 antes citado, que concede al mandante el derecho de revocar el mandato sin dis-tinguir de si es gratuito o retribuido, no obstante saber el legislador que puede ser retribuido y de establecer el caso en que se supone retribuido, y como la ley no distingue no debemos hacer distinciones.

Será bueno citar algunas palabras del comentarista Sr. Manresa en apoyo de esta conclusión. Dice así:

“Otra de las cuestiones que pueden suscitarse se refiere a si existe alguna distinción a los efectos de la revocabilidad entre el mandato gratuito y el retribuido — Los civilistas modernos están uná-nimes en afirmar que, cuando se trata del mandato gratuito, no ofrece duda ninguna el ser la voluntad del mandante lo bastante poderosa para extinguir el contrato; pero cuando se trata de un mandato remunerado, como lo son la mayoría en nuestra época, pa-recería injusta, puesto que no se trata sólo de los intereses y de los beneficios del poderdante, sino de romper la estipulación y perjudi-car al mandatario.
“Para quienes profesamos el principio de que allí donde la ley no distingue, no cabe distinguir, la cuestión no lo es desde el punto de vista legal. El art. 1733, sin reservas declara, que el mandante puede revocar el mandato a su voluntad, y siendo así tanto da que sea gratuito como remunerado. Reconocida la exactitud de esta in-terpretación, se pregunta si el mandatario tendrá derecho a una in-demnización por el perjuicio experimentado al cesar en. la comisión. Parece que en rigor de derecho no debe corresponderle, porque le-galmente del ejercicio de un derecho por el mandante no se puede pretender a título alguno satisfacción de un perjuicio por el manda-tario, pero la equidad puede aconsejar esa indemnización, habién-dolo reconocido así alguna jurisprudencia extranjera. Esto nO' obstante, desde el punto de vista del derecho positivo, único a que debe atender el intérprete, nada importa ese reconocimiento, porque tanto valdría cambiar la posición de la cuestión transportándola desde el derecho positivo al derecho constituyente, de lo que es a lo que debe ser.” 11 Manresa, Comentarios al Código Civil Español, págs. 558-559.

En verdad el documento sobre arrendamiento de servi-cios no contiene un contrato independiente del de mandato, ni es principal a éste, ya que dependía de las facultades que concediera el mandato, y, por tanto, aunque fijaba un término para el mismo no podía alterar la regla de la re-vocabilidad del mandato de modo que se llegara a la con-clusión de que la apelada babía enajenado su personalidad por determinado número de años, por lo que tenemos que llegar a la conclusión de que debe ser confirmada la senten-cia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Aldkey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Domingo Rivera, acusado y apelante.
    No. 3030.
    Visto: Febrero 15, 1927.

      Sesuelto: Mayo 6, 1927.
    1 Acometimiento y Agresión — Responsabilidad Cbiminal — Proceso y Castigo —De la Acusación o Denuncia — Suficiencia de la Misma — Acometi-miento oon Agbavantes O Gbave. — Una denuncia en la que se alega que el acusado acometió con una navaja barbera, que es un arma mortífera, a una persona determinada, tirándole varias veces con ella, sin lograr herirle, im-puta un delito de acometimiento grave.
    2. Acometimiento y Agresión — Responsabilidad Criminal — Proceso y Castigo —De la Acusación o Denuncia —• Suficiencia de la Misma •— Acometi-miento con Agravantes o Grave.- — La agravante a que se refiere el No. 8 del artículo 6 de la Ley sobre acometimiento y agresión (Comp. 5664), no deja de existir porque no se diga en la denuncia que las circunstancias en que se realizó el acometimiento no revestían la intención de matar o mutilar, especialmente cuando de la propia denuncia resulta que no hubo tal intención.
    Sentencia de Domingo Sepulveda, J. (San Juan), condenando al acusado por delito de acometimiento grave.

      Confirmada.

      Angel A. Vázquez, abogado del apelante; José F. Figueras, abogado de FU Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldkey,

emitió la opinión del tribunal.

Domingo Rivera fue denunciado en una corte municipal por el delito de acometimiento con circunstancias agravan-tes porque “voluntaria y maliciosamente y con intención premeditada de agredir a Francisco Feliciano, lo acometió con una navaja barbera, que es un arma mortífera, tirán-dole con ella varias veces, no pudiendo lograr herirle por haber dicho Francisco Feliciano esquivado el cuerpo y por la pronta intervención del denunciante.”

Conociendo del caso la Corte de Distrito de San Juan en grado de apelación condenó a Rivera por el delito de aco-metimiento grave y en el recurso que ha interpuesto contra esa sentencia alega como único error de la corte sen-tenciadora el haberle declarado culpable del delito de aco-metimiento grave, siendo la denuncia insuficiente para ello y hasta para constituir materia delictiva.

Dice la sección primera de la Ley para determinar y castigar el delito de acometimiento (Compilación 1911, sección 5659) que “Todo acto ilegal de inferir algún daño violento en la persona de algún semejante con la inten-ción de causarle daño cualquiera que sean los medios o el grado de violencia que se emplearen, constituirá un delito de acometimiento y agresión. Toda tentativa para come-ter una agresión, o cualquiera señal de amenaza que de-muestre en sí o con palabras una intención inmediata acom-pañada de aptitud para cometer la agresión, será conside-rada como un acometimiento.”

De acuerdo con esa definición de la ley la denuncia imputa al apelante el delito de acometimiento porque al de-cir qne acometió con una navaja barbera, que es un arma mortífera, a Francisco Feliciano tirándole varias veces con ella sin lograr herirlo, no sólo le imputa el acto de acometer, sino también la actitud en que estaba de inferir un daño violento a Feliciano con la navaja y una intención de cau-sárselo.

Una de las circunstancias que agravan el delito de aco-metimiento es la especificada en la sección sexta, No. 8, de dicha ley, que dice así: “Cuando se cometiere con armas mortíferas en circunstancias que no revistiesen la inten-ción de matar o mutilar.” La denuncia imputa al ape-lante que acometió a Francisco Feliciano con una navaja barbera, que es un arma mortífera, pero dice el apelante que no se le imputa tal agravante porque no dice que el acometimiento se hizo en circunstancias que no revistiesen la intención de matar o mutilar.

La característica de esa agravante es que el acometimiento se realice con arma mortífera, sin que deje de existir tal agravante por no decirse en la denuncia que las circunstancias en que se realizó el acometimiento no revestían la intención de matar o mutilar, porque de los términos en que está redactada la denuncia resulta que no hubo la intención de matar o mutilar y porque la omisión de esas palabras en la denuncia en nada perjudica al apelante.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Esteban Pérez, acusado y apelante.
    No. 3056.
    Visto: Abril 22, 1927.

      Resuelto: Mayo 6, 1927.
    Homicidio (Homicide) — Evidencia—Admisibilidad en General — Prueba—Sobre Defensa Propia — Actos Específicos de Mala Conducta del Interfecto— En General. — Cuando un acusado declara sin oposición contraria sobre actos específicos del interfecto para explicar los fundamentos de la creencia que tenía él de sufrir grave daño corporal en el momento en que fué atacado por aquél la eliminación posterior de tal prueba del récord, es un error reversible.

      SENTENCIA de Tomás Bryan, J. (Aguadilla), condenando al acusado por delito de homicidio voluntario.

      Revocada.

      Buenaventura E sieves, abogado del apelante; José E. Figueras, abo-gado de El Fuello, apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fue sentenciado por el delito de homicidio voluntario en virtud de una acusación por dicho delito.

Esteban Pérez era un mayordomo de finca rústica, quien admitió el hecho de la muerte y alegaba haber actuado en defensa propia. El interfecto era un bracero agrícola lla-mado Carlos Rodríguez, que vivía en la finca. El acusado recibió varias heridas producidas aparentemente por Rodrí-guez con un garrote, recibidas, según dice el acusado, antes de hacer el disparo que produjo la muerte a Rodríguez. Hubo prueba tendiente a demostrar que Rodríguez gozaba de mala reputación como persona de carácter peligroso y que el acusado tenía conocimiento de su reputación. Un testigo que llegó a la escena del suceso pocos minutos des-pués de los disparos, manifestó que Rodríguez había dicho que había salido de su casa dispuesto a matar al acusado, pero que éste avanzó más que él. Rodríguez era un hombre robusto y más fuerte que el acusado.

El apelante era un hombre como de sesenta años de edad en la época del juicio, que nunca había sido acusado de de-lito alguno. El declaró que Rodríguez llegó a la finca al ser despedido por los Echeandía, dueños de una plantación vecina; que Rodríguez insistió en que cuando más joven había gozado de mala reputación pero que su mal genio era cosa del pasado; que él le había dicho a Rodríguez que si venía a vivir a la finca tenía que obedecer las órdenes y evitar disgustos; que Rodríguez estuvo conforme con estas condiciones y él le dió empleo porque era honrado, indus-trioso y un buen hombre de trabajo; que siempre había tratado a Rodríguez con más consideración que a cualquiera otro de los empleados porque sabía que era un hombre pe-ligroso y que basta el día de la pelea que resultó en la muerte de Rodríguez no había disgusto alguno; que él no huyó cuando Rodríguez se le fue encima porque le habían dicho que si huía, Rodríguez lo perseguiría hasta su casa y se metería en cualquiera habitación que él entrara; que Rodríguez se le había armado a don Pedro Jaunarena en Guaj ataca, había cogido un cuchillo y lo había atacado; que se le impuso en dos o tres ocasiones a don Cecilio Echeandía, quien se había visto obligado a mandar a bus-car a don Pedrito; que muchos individuos que eran gente floja le habían dicho que Rodríguez era un hombre peli-groso; que el día que tuviera un disgusto con él tendría que abandonar la finca y dejársela a Rodríguez; que Ro-dríguez era un matón; que un día mientras estaba de vi-sita en casa del Sr. Laurnaga, don Pedro le dijo que Rodrí-guez era un hombre muy peligroso; que una vez en Guaja-taca si no hubiese sido porque Laurnaga estaba al lado de una mesa grande y de un mostrador, Rodríguez le hubiese asesinado; que Rodríguez había sacado un puñal y lo ha-bía salvado la Providencia y la llegada a tiempo de varias personas.

Entonces ocupó la silla de los testigos Cecilio Echeandía, quien declaró acerca de la' mala reputación de Rodríguez. En el examen de repreguntas el fiscal de distrito logró que este testigo informara que hacía más de diez años que co-nocía a Rodríguez y que unos cuatro años antes del juicio Rodríguez se había salido de la finca de él y se había ido a vivir a la finca de un hermano del testigo llamado Pedrito. El juez entonces hizo varias preguntas referentes a las mismas cuestiones ya cubiertas por el fiscal. Después de esto el fiscal le preguntó al testigo. si le había seguido la pista a Rodríguez y si lo había observado constantemente después de haberse mudado para la-finca de Pedrito. Luego de contestar afirmativamente, el testigo agregó que Rodrí-guez, después dejó la finca “Entente,” perteneciente a la Sucesión Oronoz, y que salió de allí por cuestión de un so-brino suyo. Entonces el fiscal le dijo al testigo que limi-tara su declaración a la reputación del interfecto. El abo-gado de la defensa dijo que la respuesta era pertinente. El juez manifestó que el testigo podía continuar declarando. El fiscal entonces dijo que no se trataba de ninguna cues-tión de corroboración; que el testigo no había declarado nada de eso, que no había mencionado este incidente. La corte resolvió que en respuesta a preguntas referentes a la reputación general hechas por un fiscal, el testigo no< podía referirse a actos específicos. El abogado tomó excepción por el fundamento de que el acusado había declarado sobre tales actos para explicar los fundamentos de la creencia que tenía él de sufrir grave daño corporal en el momento en que fué atacado por Rodríguez.

La transcripción taquigráfica de lo que sucedió después dice así:

“Fiscal: Mi contención es la siguiente: que no puede declarar sobre hechos específicos, el señor dice que no es otra cosa que un tes-tigo de corroboración, pero el acusado al referirse a esos actos, dijo que se lo dijeron y pido la eliminación de eso, por ser de referencia. Eliminándose eso, no hay nada, que corroborar.
“Juez: La corte ordena la eliminación de la declaración del acusado, en cuanto a lo que ha declarado sobre hechos específicos de Fulano de Tal, Perencejo y Zutano.
“Abog.: Tomamos excepción por entender que la resolución de la corte lesiona los derechos del acusado.”

El fiscal de esta corte admite que se cometió error a este respecto, pero alega que el acusado no pudo ser perjudicado porque la resolución de la corte de que ahora se queja el apelante no pudo borrar de la mente de los señores del ju-rado el efecto producido en ellos por la declaración del acusado.

No podemos estar de acuerdo con este punto de vista. El jurado había prestado juramento de juzgar el caso de acuerdo con la ley, según le fuera expuesta por la corte, y únicamente por la prueba propiamente sometídale. • Es cierto que no hay presunción de que el jurado decidiría o decidió el caso fundándose en hechos y circunstancias que fueron expresamente excluidos de su consideración por el juez de la corte inferior.

La sentencia apelada debe ser revocada.


author: El Juez Asociado Señoe, Aldeet,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Domingo Canales, (a) La Boa, acusado y apelante.
    No. 2918.
    Visto: Noviembre 1, 1926.

      Resuelto: Mayo 9, 1927.
    1. Homicidio (Homicide)- — Evidencia—Peso y Suficiencia — Asesinato en Primer Grabo — Circunstancias Atenuantes. — La prueba en este easo se resol-vió justificaba el veredicto de asesinato en primer grado que rindió el jurado que conoció de la causa sin que de la misma aparezca circunstancia alguna atenuante.
    2. Homicidio — Apelación y Error — Oonfirimación de la Sentencia Apelada. — • Cuando la prueba justifica el veredicto de asesinato en primer grado rendido por el jurado, de olla no aparece atenuante alguna y las instrucciones dadas no perjudican en nada los derechos del apelante, procede confirmar la sen-tencia apelada.
    Sentencia de Domingo Sepulveda, J. (San Juan), condenando al acusado a sufrir la,pena capital por delito de Asesinato en Primer Grado.

      Confirmada.

      Rafael Rivera Zayas, abogado del apelante; José E. Figueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señoe, Aldeet,

emitió la opinión del tribunal.

La vista de esta apelación tuvo lugar el 4 de noviembre de 1926 pero no la hemos resuelto hasta ahora porque el abogado del apelante nos pidió que dejásemos en suspenso nuestra resolución porque se trata de una pena de muerte y en otra cansa de Carlos Arrocho estaba pendiente la ape-lación que estableció contra nuestra sentencia decidiendo que está vigente la pena de muerte en esta Isla. Esa sen-tencia fue confirmada por la ■ Corte de Circuito de Boston pero contra ella fue establecido un recurso de certiorari para ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que éste ha negado en estos días y,' por tanto, resolveremos este recurso.

Domingo Canales (a) La Boa apela de una sentencia qne lo condena a muerte por delito de asesinato en primer grado. La Ley No. 10 de 1911 dispone en su sección 3d que en toda causa en que se hubiere pronunciado sentencia de muerte por una corte de distrito será el deber del abo-gado del acusado apelar debidamente dicha causa para ante este Tribunal Supremo. Y nos parece que solamente por cumplir con esa ley ha sido interpuesta esta apelación pues en lugar de presentársenos un alegato especificando los errores que- se hayan cometido, el abogado del apelante se limita a decirnos por escrito que ha examinado cuidadosa-mente los autos y no ha podido encontrar error fundamental alguno. Tampoco nos ha presentado alegato el fiscal, ni el abogado del apelante compareció a la vista de este asunto ante nosotros.

Hemos examinado los autos de esta apelación. Se trata de un nuevo juicio concedido al acusado. La acusa-ción imputa al apelante un delito de asesinato en primer grado en la persona de Pedro Figueroa. La prueba con-sistió en las declaraciones de varios testigos presenciales del delito. Pedro Figueroa, el interfecto, era el capataz de una fábrica de losetas de mosaicos en el barrio de San-turce de esta ciudad. Era un hombre de buen carácter y trataba bien a los empleados de la fábrica. El había co-gido al apelante siendo un muchacho hasta que se hizo un hombre. El apelante estaba empleado en esa fábrica en preparar los colores, pero su trabajo lo hacía unas veces bien y otras mal. En una ocasión dañó unas quinientas li-bras de color y entonces el capataz Figueroa le dijo un sá-bado (que no volviera más al trabajo, pero el apelante se presentó en la fábrica el lunes siguiente y dijo que él tra-bajaba de una manera o de otra, contestándole Figueroa que hiciera lo que quisiera. Poco tiempo después estaba Figueroa en su oficina preparando una grasa para los tra-bajadores y estando así ocupado y doblado hacia adelante, el apelante, sin mediar palabra alguna, le dió una puña-lada por la espalda de la que Figueroa cayó al suelo donde siguió dándole puñaladas y luego con una barra de hierro le dió varios golpes, siendo trece las heridas y contusiones; una de las heridas penetró en la aurícula derecha del cora-zón, siendo mortal por necesidad, y produciéndole la muerte a los pocos momentos, y uno de los golpes con la barra de hierro le rompió dos costillas. Inmediatamente acudió al sitio del suceso un detective y poco después un policía y cuando el apelante estaba cambiándose la ropa que tenía manchada de sangre acometió de improviso al detective y al policía que acudió en su auxilio. El apelante no declaró pero presentó dos testigos quienes dijeron que el acusado era un hombre trabajador y que antes no había tenido cues-tión alguna. La prueba justifica el veredicto de asesinato en primer grado que rindió el jurado que conoció de la causa, sin que aparezca de ella circunstancia atenuante al-guna.

También hemos examinado las instrucciones que el juez de la corte dió al jurado y no encontramos en ellas nada que perjudique los derechos del apelante.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no intervino.


text:
    Pablo Calcerrada, demandante y apelante, v. The American Railroad Company, demandada y apelada.
    No. 4254.
    Visto: Mayo 9, 1927.

      Resuelto: Mayo 10, 1927.
    1. Apelación y Error — Requisitos y Procedimientos para Elevar la Causa-Causa de Error, Citación o Notificación — Escrito de Apelación — Espe-cificación de la Sentencia Contra la Cual se Apela. — En los escritos de apelación deben especificarse la resolución o sentencia apelada, especial-mente cuando existe más de una.
    2. Apelación y Error — Requisitos y Procedimientos para Elevar la Causa— Causa de Error, Citación o Notificación — Escrito de Apelación — Espe-cificación de la Sentencia Contra la Cual se Apela. — Cuando existiendo más de una sentencia, el escrito de apelación no especifica aquella contra la cual se apela, pero contiene datos bastantes para conocer cuál es la sen-tencia apelada, no procede desestimar la apelación interpuesta.
    3. Apelación y Error — 'Requisitos y Requerimientos para Elevar la Causa— Causa de Error, Citación io Notificación — Notificación del Escrito de Apelación — Diligencia de Notificación — Su Suficiencia — Persona que Verifica la Notificación. — Cuando de la diligencia de notificación del es-crito de apelación aparece que el declarante “depositó en la oficina de co-rreos” el pliego, no puede sostenerse que de ella no aparezca la persona que hizo la notificación.
    4. Apelación y Error — Requisitos y Procedimientos para Elevar la Causa— Causa de Error, Citación o Notificación — Notificación del Escrito de Apelación- — Diligencia de Notificación- — Su Sufioienca — Pago de Fran-queo. — Cuando de la diligencia de notificación del escrito de apelación, apa-rece que, el que la verificó, depositó en el correo el sobre debidamente fran-queado, no cabe sostener que la diligencia no diga que se pagó el franqueo correspondiente.
    5. Apelación y Error — Requisitos y Procedimientos para Elevar la Causa- — ■ Causa de Error, Citación o Notificación — Notificación del Escrito de Apelación — Diligencia de Notificación — Omisiones en la Misma — Sub-SAnaoión por Prueba. — La diligencia de notificación del escrito de apela-ción no es defectuosa porque uo diga el sitio de residencia del abogado del aj>eiado, ni aquel a1 cue se remitió el pliego, cuando se prueba suficiente-mente la residencia de dicho abogado, que a ella se remitió y en ella le fué entregado el pliego.
    6. Apelación y Error — Requisitos y Procedimientos para Elevar la Causa-Causa de Error-, Citación o Notificación — Notificación del Escrito de Apelación — Diligencia de Notificación — tOmisiones en la Misma — Sub-sanación por Prueba.- — Aunque la diligencia de notificación del escrito- de apelación no exprese que los abogados de las partes residan en ciudades distintas, tal defecto puede subsanarse por prueba presentada al efecto.
    MooiÓN sobre desestimación de apelación, entablada ésta contra sen-tencia de Luis Samalea Iglesias, J. (Arecibo), en pleito sobre daños y perjuicios.

      No ha lugar.

      E. Martínez Aviles, abogado del apelante; M. Acosta Velarde, abo-gado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Se nos pide que. desestimemos la apelación interpuesta en este pleito por el demandante.

La corte inferior dictó dos sentencias en este caso, una el 27 de mayo de 1925 declarando con lugar una moción de nonsuit y sin lugar la demanda, y otra el 17 de marzo de 1927 declarando con lngar la demanda y condenando a la demandada a pagar al demandante cierta cantidad en con-cepto de daños y perjuicios.

El demandante en escrito de 14 de abril de 1927 dirigido al secretario y al abogado de la demandada les notificó que no estando conforme con la sentencia en cnanto a la cuantía concedida apelaba de ella en cuanto a ese ex-tremo. Y el primer motivo alegado por la apelada para solicitar la desestimación de la apelación se funda en que en ese escrito no se especifica ni se determina de cuál de las dos sentencias es que se apela.

Si bien en los escritos de apelación debe especificarse la resolución o sentencia apelada, especialmente cuando existe, más de una, sin embargo, opinamos que en este caso el es-crito de apelación contiene datos bastantes para conocer cuál es la sentencia apelada, pues habiendo rechazado la primera sentencia totalmente la pretensión del demandantey siendo la de 17 de marzo de 1927 la que manda pagarle cierta cantidad, al decir el escrito de apelación que no está-conforme con la cuantía que se le ha concedido, su apela-ción claramente se refiere a la sentencia de 17 de marzo de 1927.

Para el segundo motivo de desestimación se alegan varios defectos en la diligencia de notificación de la apela-' ción a saber: .

(a) Por no aparecer de ella, bajo el juramento, la persona que hizo la notificación.
(5) Porque no dice que se pagó el franqueo correspon-diente.
(c) Porque aunque dice que el sobre fué dirigido al' abogado Mariano Acosta Velarde, no especifica la ciudad o pueblo en que reside dicho abogado, ni el sitio, ciudad o pueblo adonde se remitió dicho sobre.
(d) Porque no expresa que los abogados de las partes residen en ciudades o pueblos distintos.

El apelante se opuso a la moción de desestimación y con ella acompañó nn recibo No. 2036 del administrador de correos en Arecibo, fechado el 14 de abril de 1927, de haberle sido entregado nn pliego certificado para Mariano Acosta Yelarde en San Jnan, y nna tarjeta No. 2036, fe-chada dos días despnés en San Jnan, de haber recibido Mariano Acosta Yelarde dicho pliego certificado. También presentó el apelante copia del escrito de la apelación esta-blecida en este caso por la demandada, suscrito en San Jnan para Arecibo por el abogado Mariano Acosta Yelarde. : La diligencia de notificación del escrito de apelación del demandante dice así:

“Yo, E. Martínez Avilés, bajo juramento declaro: Que con esta misma fecha y bajo sobre debidamente franqueado y certificado he depositado en la oficina de correos de Arecibo un sobre conteniendo úna copia fiel y exacta del precedente escrito de apelación dirigido al Ledo.' Mariano Acosta Yelarde, que es el abogado de la demandada tal como se desprende del récord y que entre esta ciudad y la de San Juan, P. R., existe un servicio regular y diario de correspon-dencia por correo. — Arecibo, P. R., abril 14 de 1927. — (firmado) E. Martínez Avilés.”

Según esa diligencia, despnés del juramento prestado por E. Martínez Avilés, declara “he depositado en la ofi-cina de correos” apareciendo así que fué E. Martínez Avi-lés quien depositó el pliego en el correo, por lo que no existe el defecto señalado con la letra (a).

Dice también que depositó en el correo el sobre debidamente franqueado y por tanto no es sostenible el defecto, (b). en el que se dice que no fué pagado el franqueo.

En cuanto al defecto (c) tampoco puede sostenerse, pues si bien no se dice en la expresada diligencia la ciudad o. pueblo en donde reside el abogado Mariano Acosta Yelarde,', ni el sitio, ciudad o pueblo donde se remitió el pliego, sin embargo, el apelante nos ha probado suficientemente qué dicho abogado reside en San Juan, que a esta ciudad fué remitido el pliego desde Arecibo y que le fué entregado.

Por último, aunque no se expresa que los abogados de las partes residan en ciudades o pueblos distintos, ya temos dicto que esto nos ta sido probado.

Cumplidos, pues, substancialmente, los requisitos exigi-.dos por los artículos 321 y 322 del Código de Enjuiciamiento Civil, no ha lugar a desestimar esta apelación.


text:
    La Asamblea Municipal de Santa Isabel, peticionaria, v. Corte de Distrito de Guayama, Hon. Rafael López Antongiorgi, Juez, demandado.
    No. 561.
    Visto: Marzo 7, 1927.

      Resuelto: Mayo 10, 1927.
    Certiorari — Procedimientos y Resolución — Apelación de Sentencias en Pro-cedimientos de Certiorari — Récord—Exposición, Pliego o Transcript de Evidencia — Inclusión del Return. — El return, desde el momento en que se archiva, forma parte del legajo de la sentencia. En tal virtud, en caso de apelación, no es necesario incluirlo en una exposición, pliego o transcrip-ción de la evidencia, para elevarlo al Supremo.
    CertioRARI para revisar resolución de Rafael López Antongiorgi, J. (Guayama), negándose a aprobar una exposición del caso.

      Anu-lado el auto expedido y devuelto el caso para ulteriores procedi-mientos.

      Leopoldo Tormes, abogado de la peticionaria; Tomás Bernardini de la Huerta, abogado del interventor.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Sinforiano Burgos estableció en la Corte de Distrito de Guayama un procedimiento de certiorari contra la Asam-blea Municipal de Santa Isabel. La corte resolvió de con-formidad con el peticionario y la asamblea apeló, y para perfeccionar el recurso preparó una exposición del caso que contiene copia de los siguientes documentos: el auto, el cer-tificado del márshal de haberlo diligenciado y el return. El juez señaló día para oir a las partes. El peticionario solicitó que la exposición no fuera aprobada porque “en casos como el presente, en que no es permisible practicarse, ni se ba practicado prueba aliunde; ni existen más cuestio-nes de hecho que las que arrancan del “return”, ni se han planteado sino cuestiones de derecho cuyas resoluciones son excepcionables por ministerio de la ley, es improcedente que el recurso de apelación entablado se ventile previa y mediante la aprobación de un pliego de excepciones y expo-sición del caso, como se pretende por el apelante; ya que el récord en apelación en casos como el presente, está cons-tituido por la transcripción de los autos, tales como, unidos al 'return’, ban sido considerados por esta Hon. Corte.”

T el juez se negó, en efecto, a aprobar la exposición.

Sostiene la parte apelante que el error de procedimiento cometido por el juez es manifiesto y cita en su apoyo la decisión de esta corte en el caso de Rodrigues v. La Asamblea Municipal de Guánica, 31, D.P.R. 133.

La Jurisprudencia tal como quedó establecida en dicho caso, es como sigue:

"Aquellos documentos que no forman parte del legajo de la sentencia conforme el art. 233 del Código de Enjuiciamiento Civil, sólo pueden ser traídos ante el Tribunal Supremo mediante un pliego de exposición del caso o de excepciones aprobado por la Corte inferior o mediante una transcripción hecha por el taquígrafo y apro-bada en igual forma, y de no serlo deberán ser eliminados.”

El principio sentado lo está claramente de acuerdo con la ley y la práctica sobre la materia. Es la aplicación del mismo a los hechos del caso en que fue establecido lo que favorece a la peticionaria. La Asamblea Municipal de G-uá-nica apeló en un procedimiento de certiorari seguido contra ella en la Corte de Distrito de Ponce. Preparó una transcripción certificada por los abogados y en ella incluyó "los cargos formulados contra el peticionario ante la Asam-blea Municipal de Guánica y las diligencias por ésta prac-ticadas que culminaron en su destitución, todo lo que el se-cretario de la asamblea municipal en copias certificadas remitió a la corte por orden de ésta” y la Corte Suprema decidió que dichos cargos y diligencias debían eliminarse por no haberse incorporado en una exposición del caso, y como la copia certificada de los repetidos cargos y diligen-cias constituía el return, de hedió se decidió que el return no formaba parte del legajo de la sentencia y para ser ele-vado a esta corte tenía qne incorporarse en nna exposición, pliego, o transcripción tramitados en la forma fijada por la ley con la intervención del juez sentenciador.

¿Se aplicó debidamente la regla a los hechos del caso? Si la pregunta puede contestarse en la afirmativa, no tuvo razón la Corte de Distrito de Guayama al negarse a apro-bar la exposición que se le presentara en este caso concreto que está ahora sometido a nuestra consideración y resolu-ción. Si no puede, debemos aclarar nuestro criterio y con-firmar el de la Corte de Distrito de Guayama.

En ninguna parte de la citada opinión en el caso de Rodríguez v. Asamblea Municipal de Guánica, 31 D.P.R. 133 se usa la palabra return, ni se estudia la naturaleza del mismo.

No obstante la eliminación, el recurso siguió tramitán-dose y meses después, al resolverlo, esta misma corte dijo:

“No existe disposición legal que autorice una contestación en autos de certiorari puesto que la verdadera contestación en estos procedimientos especiales la constituye el “return.”

Rodríguez v. Asamblea Municipal de Guánica, 31 D.P.R. 493.

Este concepto del return fue reafirmado en el caso de Piovanetti v. Asamblea Municipal de Yauco, 31 D.P.R. 522, así:

“Del becbo de que no se presente una contestación en oposición a la petición de certiorari, no puede inferirse una admisión a los becbos alegados en la petición. En el certiorari, el “return” hace las veces de la contestación.”

Y parece nna consecuencia lógica de esa jurisprudencia que si el return tiene el carácter de una contestación, desde el momento en que se archiva entra a formar parte del le-gajo de la sentencia y no es necesario para elevarlo al Supremo incluirlo en una exposición, pliego o transcripción preparada .por el taquígrafo.

La cuestión de que el return forma parte del legajo de la sentencia no ofrece duda alguna en California. En Puerto Rico nada dice el estatuto pero allí expresamente lo dis-pone así la ley. La sección 1077 del Código de Enjuicia-miento Civil de dicho estado dice:

“Una copia de la sentencia, firmada por el Secretario, contenida en o unida al auto y al return, constituyen el legajo de la sentencia.”

Lo mismo sucede en otros estados como en South Dakota. En el caso de Van Den Bou v. Board of Com.’rs, 76 N. W. 935, la Corte Suprema dijo:

‘ ‘ Esta es una apelación de una sentencia dictada por la Corte de Circuito en un procedimiento de certiorari. Como la ape-lación lo fué de la sentencia, era el deber del Secretario de la Corte de Circuito transmitir a esta Corte el legajo de la sentencia. Id. 5217. En estos procedimientos el legajo de la sentencia consiste en la sentencia, el auto y el return. Id. 5516.”

Como hemos indicado nuestra ley autorizando la expe-dición de autos de certiorari guarda silencio sobre la forma en que las apelaciones deben tramitarse y esto llevó a esta Corte Suprema a establecer desde el 1914 la siguiente doc-trina :

“No existiendo en la ley de certiorari de marzo 10, 1904, pre-cepto alguno que regule la tramitación del recurso de apelación en procedimientos de certiorari, 'dicha tramitación debe regularse por los mismos preceptos que gobiernan las apelaciones ordinarias en casos civiles. ’ ’
“De acuerdo con el artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil, enmendado por la Ley No. 70, de Marzo 9. 1911, en relación con el artículo 40 del Reglamento de esta Corte Suprema, consti-tuirá el récord de una apelación la certificación que librará el se-cretario del Tribunal a quo, o los abogados de las partes, del legajo de la sentencia y de la notificación de la apelación, sin que exista precepto alguno que autorice la remisión a este tribunal de los autos originales de un procedimiento de certiorari en sustitución de la certificación expresada, y cuando, como en el caso de auto se. radi-can los autos originales y no dicha certificación debe desestimarse la apelación. ’ ’

Vega v. Hernández, 21 D.P.R. 533.

Es cierto que resumiendo la jurisprudencia, aparece en Corpus Juris la siguiente cita:

“Para que pueda haber una revisión de supuestos errores los autos deben contener un pliego de excepciones en debida forma”. 11 C. J. 220.

Hemos examinado los casos de la nota que sostienen la cita que nos ha sido dable encontrar y la verdad es que no aclaran mucho la cuestión. Quizá puedan imaginarse casos excepcionales en que sea absolutamente necesario un pliego de excepciones o una exposición, del caso, pero la verdad es que dada la naturaleza del auto de certiorari si se considera que el return forma parte del legajo de la sen-tencia, como creemos que debe considerarse, huelgan la ex-posición y el pliego.

Siendo ello así la pregunta formulada debe contestarse en la negativa y en tal virtud confirmarse el criterio de la corte de distrito ya que los hechos demuestran que la ex-posición fué preparada únicamente a los efectos de incluir en ella el return.

Ahora bien, como nuestra decisión en el caso de Rodrígues v. La Asamblea Municipal de Guánica, 31 D.P.R. 133, pudiera haber inducido a la peticionaria a preparar la ex-posición, ejercitaremos la discreción de que estamos inves-tidos para permitir que se archive el legajo de la senten-cia debidamente certificado a los efectos de la apelación in-terpuesta, dentro de treinta días contados a partir de esta fecha.

En tales condiciones se anula el auto expedido y se de-vuelve el caso a la cortó de su origen para ulteriores pro-cedimientos no inconsistentes con esta opinión.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Charles Vere, demandante y apelante, v. Francisco Bianchi, Juan Bianchi, Rosario Bianchi y su esposo Miguel Esteve, como Sucesores de Bianchi y Carlos Cabrera y Cayetano Coll y Cuchí, demandados y apelados.
    No. 2977

      Visto: Abril 18, 1927.

      Resuelto: Mayo 10, 1927.
    1. Apelación y Error — Resolución y Disposición del. Caso — mandato y Pro-cedimientos en la Corté Inferior — Poderes de Esta — Modificación de la Sentencia Apelada. — Revocada por la Corto de Circuito sentencia que a su vez revocó la inferior condenando en costas, si bien el Supremo podría considerar y resolver la cuestión de eximir a la parte de ellas, sin embargo, cuando tal cuestión, al ser apelado el caso al Supremo fué abandonada por dieba parte no asignándolo como error, no debe oírsele abora respecto a. dicba cuestión.
    2. Apelación y Error — Resolución y Disposición del, Caso — Mandato y Pro-cedimientos en la Corte Inferior — Del Mandato en General — Envío a la Corte Inferior — Demora en el Envío. — Indicando el artículo 240, in-ciso 8, letra (d) de la Ley Jurisdiccional de febrero 13, 1925 la manera de suspender la ejecución de una sentencia, aunque la Corte Suprema tendría discreción para ello, sería dudoso si debería ejercitarla.
    Moción sobre modificación de sentencia pronunciada por una corte inferior en cuanto a su pronunciamiento de gastos, desembolsos y honorarios de abogados, y para que se demore la devolución del-mandato expedido por la Corte de Circuito de Boston a dicha Corte inferior.

      No ha lugar.

      Martín Travieso, José Sabaier y G. Triarle, abogados del apelante; Cayetano Goll Cuchí y G. Cruzado Silva, abogado de los ape-lados.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Con fecha 2 de agosto de 1924, esta corte revocó la sentencia dictada por la Corte de Distrito de Mayagüez, la qne falló a favor de los demandados, con las costas, desembolsos y honorarios de abogado.

Ahora bien, la sentencia de esta corte ha sido revocada por la Corte de Circnito de Apelaciones para el Primer Circnito, y el caso nos ha sido devuelto para ulteriores pro-cedimientos no inconsistentes con la opinión de dicha Corte de Circnito de Apelaciones. El efecto de esta revocación es deshacer cualquier paso dado anteriormente por esta corte. El demandante Yere solicita qne se le exima de las costas a que lo condenó la Corte de Distrito de Mayagüez. Sostiene que no puede haber un alto grado de temeridad cuando tres de los jueces de esta corte, que constituyen una mayoría, resolvieron el caso a su favor. Por otra parte, se alega que la revocación de la Corte de Circuito de Apelaciones incluye cualquier cuestión que pudo haber sido resuelta por esta corte al revocar la sentencia de la Corte de Distrito de Mayagüez. Necesariamente, cuando fa-llamos a favor del demandante, no' estuvimos considerando ni consideramos el derecho del demandante a que se le exi-miera del pago de las costas, y la Corte de Circuito tam-poco consideró tal cuestión.

En el caso de Gandía v. Porto Rico Fertilizer, 2 Fed. (2d.) 641, estaba envuelto un mandato de la Corte de Cir-cuito de Apelaciones. En dicho caso, la sentencia dictada por esta corte desestimando el recurso de apelación, fue re-vocada y se devolvió ql caso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con la opinión de la corte de apelación, y se alegaba que esta corte no tenía derecho a considerar los méritos del caso. No interpretamos el mandato en esa forma — Gandía v. Porto Rico Fertilizer, 33 D.P.R. 153 — y consideramos los méritos del caso. La Corte de Circuito de Apelaciones resolvió que nuestra interpretación a este respecto era correcta, pero revocó nuestra sentencia sobre los méritos del caso.

En el caso de In re Sanford Ford, etc., Co., 160 U. S. 247, 259, la Corte Suprema de los Estados Unidos resolvió que una corte de circuito (la corte sentenciadora) podía considerar y resolver cualesquiera cuestiones no resueltas en la decisión de la Corte Suprema. La cuestión de costas pudo haber sido resuelta por esta corte si se hubiese levan-tado debidamente, y como no fué resuelta antes, no estamos impedidos de considerarla ahora por el hecho de la revocación. Podemos decir, según expresamos en el caso de Gandía v. Porto Rico Fertilizer, supra, que si la Corte de Cir-cuito de Apelaciones hubiese decidido excluir la considera-ción por nosotros de la cnestión de costas, la confirmación de la sentencia de la Corte de Distrito de Mayagüez 1ra-biera llenado ese cometido.

El demandante Charles Yere abora alega qne al apelar de la sentencia de la Corte de Distrito de Mayagüez tam-bién apeló del pronunciamiento de costas, y bailamos qne esto es cierto. Por otra parte, la cnestión de qne se le exi-miera del pago de las costas fué abandonada en sn alegato. Ninguno de los señalamientos de error trata sobre este ex-tremo, y no se discute la cnestión en ninguna parte del ale-gato presentado a esta corte. Resolvemos qne habiendo el demandante renunciado sn derecho' en esta forma, no debe ahora oírsele con respecto a la cuestión de las costas. Du-damos qne la posición del demandante deba ser mejorada después de haber transcurrido este período de tiempo.

El demandante además solicita qne se demore el envío del mandamiento de la Corte de Distrito de Mayagüez, en vista de haber presentado una solicitud de certiorari ante la Corte Suprema de los Estados Unidos para revisar la actuación de la Corte de Circuito de Apelaciones. La Ley Jurisdiccional de febrero 13 de 1925, dispone en su sección 240, inciso 8, letra (d), lo siguiente:

“En cualquier caso en que la sentencia o decreto final de cual-quier corte esté sujeta a revisión por la Corte Suprema de los Es-tados Unidos mediante un recurso de certiorari, la ejecución y cum-plimiento de tal sentencia o decreto pueden ser suspendidos por un tiempo razonable para permitir a la parte perjudicada que solicite y obtenga un auto de certiorari de la Corte Suprema. La suspen-sión puede ser concedida por uno de los jueces de la corte que dictó la sentencia o decreto o por un juez de la Corte Suprema, y puede tener como condición la prestación de una fianza buena y suficiente, la cual deberá ser aprobada por el juez, y la que responde de todos los daños y gastos que se le irroguen a la parte contraria con motivo de la suspensión, si el perjudicado dejare de presentar su solicitud de certiorari dentro del tiempo fijado por la ley, o dejare de obtener una orden declarando con lugar su solicitud o en caso de que su petición no prospere en la Corte Suprema.”

Este parece ser un caso de expressio unius est exclusio alterius, y que no nos permite ejercer nnestra discreción, pero si tuviéramos alguna discreción no podríamos hacer uso de ella, ya que el demandante y peticionario no ha pre-sentado hechos especiales que requieran el ejercicio de ella. De manera que habiendo llegado a la conclusión de que la sentencia de la Corte de Distrito de Mayagüez debe ser confirmada en todas sus partes, no vemos motivo alguno para dilatar por más tiempo el envío del mandato.

La sentencia debe ser confirmada y enviarse el mandato inmediatamente.

El Juez Presidente está conforme con la totalidad de la resolución pero, sólo con los fundamentos de la opinión que se refieren a la no dilación de la devolución del mandato.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino.