author: El Jusk Asociado Señor "Wolf

text:
    Miguel Vera, demandante y apelante, v. Manuel Santiago y Ramón Portalatín, demandados y apelados.
    Núm. 8111.

    Sometido: Marzo 7, 1940.

      Resuelto: Noviembre 14, 1940.

      Agustín E. Font, abogado del apelante;

      Fernando Zapater, abogado de los apelados.
   El Jusk Asociado Señor "Wolf

emitió la opinión del tribunal.

La opinión ele la corte inferior contiene una relación se ba e de los hechos que el juez sentenciador declaró probados. No evado en debida forma la exposición del caso, pliegto de excepciones o transcripción de evidencia. La prueba no lia sido debidamente incorporada a los autos. El alegato de los apelantes expone los techos y la parte apelada en su alegato acepta tales hechos como ciertos, mas tomando en consideración las circunstancias del caso, este tribunal no puede decidir el recurso por ser los anitos incompletos y por no estar los hechos debidamente ante nos.

El caso gira principalmente sobre los hechos. La cosa principal, la venta, fue cuestión de prueba.

El caso mo podría ser revocado sin tener ante nos el corres-pondiente pliego de excepciones, exposición del caso o trans-cripción de evidencia. La apelación debe en su consecuencia desestimarse y la sentencia confirmarse.

También podría decirse que la mayoría de la corte de entrar a resolver el recurso en sus méritos estaría dis-* puesta a decidir que cuando una persona adquiere bienes en una subasta efectuada para el pago de contribuciones, su derecho a instituir una acción de desahucio no surge hasta después de transcurrido el término para redimir la propiedad. El artículo 347 del Código Político dispone:

“El colector preparará, firmará, y entregará al comprador de cualesquiera bienes inmuebles vendidos por falta de pago de con-tribuciones, un certificado de compra, el cual contendrá el nombre y residencia de dicho comprador, la fecha de la venta de dichos bienes inmuebles, la cantidad por la cual han sido vendidos, una constancia de que dicha cantidad ha sido satisfecha por el comprador, la canti-dad de contribuciones, multas y costas, y la descripción de los bienes que se requiere por el artículo 340 de este título, y el folio y tomo del registro de la propiedad en que la finca vendida esté inscrita, en caso de que lo haya sido.
“Si el derecho de redención que más adelante se dispone no se ejerciere dentro del tiempo prescrito, dicho certificado, una vez ins-crito en el registro de la propiedad del distrito donde radique dicha propiedad, constituirá título absoluto de dicha propiedad a favor de dicho comprador, libre de toda hipoteca, carga o cualquier otro gravamen. Dicho certificado será evidencia prima facie de los hechos relatados en el mismo en cualquier controversia, procedimiento o pleito, que envuelva o concierna a los derechos del comprador, sus herederos o cesionarios, a la propiedad traspasada en virtud del mismo; y el comprador, sus herederos o cesionarios, pueden, al recibo de dicho certificado, hacer que sea debidamente inscrito por el regis-trador le la propiedad del distrito en que radicare dicha propiedad, mediante el pago de dos dólares como honorarios.”

El infrascrito, sin embargo, tiene nna dnda. Le parece qne se pnede dar otra interpretación al artícnlo 347 snpra. Empero, cree definitivamente qne la sentencia debe ser con-firmada por falta de una transcripción suficiente.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Wole

license: Public Domain

text:
    Banco Popular de Puerto Rico, como Liquidador del Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Francisco A. Ramírez Vega, Tesorero Interino de Puerto Rico, y Rafael Fournier, Colector de Rentas Internas de Santurce, P. R., demandados y apelantes.
    Núm. 8001.

    Sometido: Abril 17, 1940.

      Resuelto: Noviembre 14, 1940.

      Hon. Procurador General George A. Malcom (Ex-Procurador General B. Fernández García, en el alegato) y M. Rodríguez Ramos, Sub-procurador Auxiliar, abogados de los apelantes;

      Monserrat, de la Haba <& Monserrat, abogados del apelado.

      Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

El Banco Popular de Puerto Rico, como liquidador del Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, radicó una petición de injunction ante la Corte de Distrito de San Juan para que se prohibiera a Ramírez Yega, en su carácter de Tesorero Interino de Puerto Rico, que vendiera en pública subasta cierta finca para el cobro de las contribuciones adéu-dadas por la misma.

La corte expidió una orden de entredicho y, luego de celebrarse una vista, un injunction preliminar. Antes del juicio, las partes sometieron una estipulación en que hacían constar los hechos del caso y las varias cuestiones de derecho planteadas en el mismo. Las cuestiones eran todas de dere-cho.

Los hechos, tal cual han sido expuestos por la corte de distrito en su opinión, son los siguientes:

“En 1928 la Sucesión ele Ramón EL Delgado era dueña de la finca que se describe en la demanda la que en el mismo año hipotecó al Banco Territorial y Agrícola para garantizar un pagaré por la can-tidad de $10,000. La deuda hipotecaria en 4 de mayo de 1937 arro-jaba un saldo a favor del acreedor por principal e intereses adeu-dados de $16,000. La finca debía las contribuciones territoriales impuestas sobre ella desde 1928 y para cobrar las nueve anualidades adeudadas, el Tesorero procedió a embargarla y se disponía a venderla en pública subasta, cuando el demandante, liquidador del Banco Territorial y Agrícola instituyó este procedimiento de injunction contra el Tesorero y el Colector de Rentas Internas de San Juan para impedir la venta, alegando para ello que el gobierno sólo tenía gravamen sobre dicha finca nada más que por las tres últimas anuali-dades y la corriente las cuales intentó pagar al demandante viéndose impedido de hacerlo por haberse negado el Tesorero a recibir el pago a menos que éste se hiciese por la totalidad de las nueve anualidades adeudadas.”

El demandante suscitó las siguientes cuestiones:

“1. — Que la hipoteca legal y oculta a favor del Estado, por con-tribuciones territoriales al erario público, asegura solamente con per-juicio de tercero, tres anualidades y la corriente, suma única que puede cobrar el Hon. Tesorero de Puerto Rico con perjuicio de cual-quier otro gravamen que del Registro aparezca constituido con an-terioridad a su embargo para asegurar el pago de las contribuciones al erario público.
”2. — Que en perjuicio del demandante que es un tercero, de acuerdo con las prescripciones de la Ley Hipotecaria vigente, el de-mandado únicamente puede cobrar, con carácter preferente tres anua-lidades y la corriente de contribuciones.
“3. — Que la vía de apremio administrativo, por medio de la cual el demandado trata de cobrar las nueve anualidades de contribuciones adeudadas no es otra cosa que una ejecución de hipoteca oculta a favor del Estado.
“4. — Que el cobro de las nueve anualidades de contribuciones ya dichas constituye manifiesto perjuicio para el demandante en este pleito y en el de ejecución hipotecaria antes mencionado siendo las cantidades qu.e se cobran en exceso de la subasta reconocida por ley como preferente.
“5. — Que los inmuebles amenazados de subasta para el cobro de contribuciones carecen de valor efectivo y real que' justifique por parte del acreedor hipotecario el pago de las nueve anualidades de contribuciones adeudadas por ellos que intenta cobrar el Estado con carácter preferente al crédito hipotecario del demandante y contra lo preceptuado por la ley.
“6. — Que por medio de la subasta administrativa e insistiendo en el cobro de las nueve anualidades de contribuciones, el demandado intenta buidar los derechos que la ley tiene establecidos en protección de los intereses del demandante.
“7.- — Que ninguno de los demandados está autorizado para cobrar por ley, del demandante, por concepto de las contribuciones en este caso, cantidad mayor de tres anualidades y la corriente, y que de permitirse tales actos por los demandados se causarían al deman-dante daños irreparables y se le obligaría a incoar una serie de pleitos y acciones en protección de sus intereses, privándolo indebidamente de su propiedad sin el debido proceso de ley.
"8. — Que los demandados tienen amplia oportunidad para defender sus derechos dentro del procedimiento ejecutivo hipotecario iniciado por el demandante y notificado a ellos, quedando así sus derechos a salvo.
“9. — Que si en virtud de subasta de apremio administrativo los bienes pasaran a manos de un tercero, el demandante se vería obli-gado a sostener una serie de pleitos y una multiplicidad de acciones ante los tribunales de justicia para poder dilucidar las cuestiones en controversia, al extremo de que, por no hacerse constar en el edicto de subasta del Estado, con claridad y precisión, el importe que con perjuicio de tercero puede cobrarse, en todo caso, por el procedimiento ejecutivo administrativo, otras personas inocentes serían llamadas y obligadas a sostener pleitos y acciones ante los Tribunales de Justicia, de permitirse por esta corte el acto que intentan realizar con la subasta de dicho inmueble ios demandados.
“10. — Que dadas las circunstancias que median en este caso, y los hechos expuestos, los daños irreparables que ha de sufrir el deman-dante y la multiplicidad de acciones en que se vería envuelto, y no teniendo en ley ningún remedio rápido, adecuado y eficaz para evitar que por los demandados se realicen los actos de despojo y violación de las leyes vigentes, privando ai demandante de su propiedad sin el debido procedimiento ele ley en contravención con nuestra Carta Or-gánica y la Constitución de los EE. UU. de América, es que se recurre al presente remedio extraordinario de injunction.”

Los demandados plantearon los siguientes puntos:

“1. — Que el Tesorero de Puerto Rico está facultado para cobrar todas las anualidades y contribuciones que se le adeudan sin que para ello sea obstáculo el que aparezca algún otro gravamen constituido con anterioridad al embargo para asegurar las contribuciones; y que a tal efecto no existe tercero alguno que pueda alegar perjuicio, y que aim existiendo tal tercero, se perjudique éste o no, su existencia no es óbice para que el Tesorero de Puerto Rico pueda proceder al cobro de las contribuciones en su totalidad.
“2. — Que mientras se hallen los inmuebles en poder y en propie-dad del deudor contributivo, no existe perjuicio de tercero alguno en el cobro de todas las contribuciones adeudadas, no importa que el cobro abarque más de tres años y el corriente.
“3. — Que aun cuando el valor de las fincas que se intentan subas-tar por la vía de apremio administrativo es inferior a la cantidad cuyo pago se requiere por medio del ejecutivo hipotecario, como en este caso, el deudor contributivo, su acreedor hipotecario o cualquier otra persona que se proponga sustituirle en dicho pago con la inten-ción de saldar la deuda contributiva, tiene la obligación de satis-facer todas las anualidades de contribuciones adeudadas por el deudor (en este caso nueve anualidades de contribuciones vencidas).
‘ ‘ 4. — Que la ley en este caso no establece derecho alguno protector de los intereses que - alega tener el demandante.
"5. — Que el cobro que se propone hacer el Tesorero no es mayor que el que la ley asegura en perjuicio del demandante.
“6. — Que no existe daño irreparable en perjuicio del demandante y que, aun cuando existiera, los mismos serían el resultado de un cobro p'erfectamente legal y válido.
"7. — Que en lugar de verse obligado a una serie de pleitos y acciones al demandado le bastaría proteger sus intereses con la radi-cación de un pleito sobre devolución de contribuciones pagadas bajo protesta.
“8.' — Que el cobro que realiza el Tesorero se ajusta perfectamente al debido proceso de ley a que tiene derecho el demandante.
"9. — Que los demandados no tienen oportunidad para defender sus derechos e intereses dentro del procedimiento ejecutivo hipoteca-rio, ya que subastadas éstas en ejecución de hipoteca, el adquirente de las mismas tendría la obligación única de satisfacer tres anuali-dades y la corriente de contribuciones, mientras que fuera de la eje-cución hipotecaria, e intereses, la finca pertenece al deudor contri-butivo y el Tesorero tiene derecho a ir contra todos sus bienes en cobro de todas las anualidades de contribuciones adeudadas, y la persona que a nombre y en sustitución del deudor intente saldar la deuda contributiva, viene obligada a satisfacerla en su totalidad.
"10. — Que los edictos de subasta publicados por el Estado tienen toda la claridad y toda la información que la ley y que las personas interesadas en la subasta de apremio administrativo tienen a su al-cance con toda facilidad todos los informes pertinentes a dicha subasta.
“11.- — Que la claridad y suficiencia de los informes suministrados a las personas interesadas, y la facilidad para obtenerlos no per-mitirían que persona alguna fuera inducida a error y se viera en consecuencia, envuelta en los pleitos de que habla el demandante.
"12. — Que de existir algún daño éste no es irreparable sino que de acuerdo con la ley el demandante podría resarcirse de él.
"13. — Que todos los actos de los demandados en este caso son perfectamente legales y constitucionales.
“14. — Que como defensa especial alegan los demandados que los hechos envueltos en este caso no constituyen causa suficiente para que la corte pueda expedir el auto de injunction solicitado.”

La corte resolvió que El Pueblo de Puerto Eico tiene un gravamen preferente por las tres últimas anualidades y la corriente. Que, sin embargo, la hipoteca tenía preferencia sobre las otras contribuciones; que éstas eran una deuda personal de la Sucesión Delgado; que el acreedor hipotecario no estaba en el deber de pagar estas contribuciones paira librar su hipoteca de un gravamen anterior; que el único deber del acreedor para que su hipoteca se convirtiera en un primer gravamen era pagar cuatro años de contribucio-nes; y concedió el injunction a condición de que el banco depositara en corte el importe de las contribuciones corres-pondientes a dichos cuatro años. Se autorizó al Tesorero para que vendiera la propiedad en pública subasta para el cobro de las contribuciones atrasadas sujeta a la hipoteca. La corte inferior dijo que este caso era similar al de Durlach Bros., Inc. v. Domenech, 47 D.P.R. 654, puesto que no se atacaba la legalidad de las contribuciones y el punto sus-citado era que las contribuciones debían ser pagadas por otra persona, y citó también el caso de First Nat. Bank of Valley City v. Kelly, 162 N. W. 901, como similar. La corte de distrito igualmente consideró que la hipoteca era un dere-cho de propiedad que podía ser destruido o disminuido por los actos del Tesorero y que debía ser protegido por la corte.

Los demandados apelan y señalan seis errores.

Los tres primeros, que se discuten conjuntamente, leen así:

“1.- — Declarar sin lugar la excepción previa de los demandados.
“2. — Resolver que era ilegal el cobro que trataban de efectuar ■los demandados.
“3. — Resolver que el demandante carecía de remedio en el curso ordinario de la ley.”

Los demandados aceptan que los tribunales pueden expe-dir autos de injunction para impedir el cobro de contribucio-nes en casos especiales; pero sostienen que el presente no es uno de esos casos, porque:

1. — La contribución era legal;
2. — No se causaban daños irreparables al demandante;
3. — Éste tenía un remedio ordinario en derecho.

Antes de entrar a discutir las cuestiones suscitadas, sería conveniente considerar que el peticionario no trata de impedir mediante injunction que el Tesorero cobre en absoluto las contribuciones. El peticionario no sostiene que la contribu-ción es ilegal o inconstitucional, o que lia sido erróneamente impuesta. Lo que trata de hacer es impedir que el Tesorero cobre la contribución en tal forma quei se perjudique su dere-cho de hipoteca.

La posición del Tesorero es que él puede embargar bienes para el cobro de contribuciones y vender éstos en pública subasta mientras pertenezcan al contribuyente. El Tesorero asume que el límite de las tres anualidades y la corriente pre-valece tan sólo cuando la finca ha sido transferida a un adqui-rente o acreedor hipotecario.

La ley sobre la materia provee:

Código Político, artículo 315 (en lo pertinente):

“. . . .La contribución que se impusiere por el corriente año eco-nómico y por los tres años económicos anteriores sobre cada finca o parcela de propiedad inmueble e, inclusive, sobre cualesquiera mejoras que en ella existan o que posteriormente se hicieren en la misma, constituirá el primer gravamen sobre dicha propiedad, el cual tendrá prelación sobre cualesquiera otros gravámenes sobre dicha finca o par-cela de cualquier naturaleza que fuesen, ya pesen éstos sobre ella antes o después que el gravamen determinado por dicha contribu-ción ; ’ ’

Código Civil, artículo 1824 (inciso 1) :

“Con relación a determinados bienes inmuebles y derechos reales del deudor, gozan de preferencia:
“1. — Los créditos a favor de El Pueblo de Puerto Rico, o de la correspondiente municipalidad, sobre los bienes de los contribuyentes, por el importe de las tres últimas anualidades, y la corriente no pagada, de las contribuciones que graviten sobre ellos.”

Sección 1, Ley núm. 14 de agosto 24 de 1933, Sesión Extraordinaria, página 77:

“Por la presente se declaran gravámenes preferentes a toda otra carga o gravamen por contribuciones o por cualquier otro concepto,, los créditos hipotecarios y los créditos refaccionarios, con excepción de las contribuciones sobre la propiedad gravada por tres años y la anualidad corriente. ’ ’

Bajo esos estatutos es imperativo llegar a la conclusión de que los gravámenes sobre la propiedad pesan en el siguiente orden:

(1) Las contribuciones por las tres últimas anualidades y la co-rriente.
(2) La hipoteca a favor del Banco Territorial.
(3) Cualesquiera otras contribuciones atrasadas.

La presunta venta baria que el gravamen puesto en tercer lugar subiera al segundo, y privaría al acreedor bipotecario del derecho concedídole por las leyes de Puerto Rico. Éste se vería obligado a pagar las contribuciones adeudadas por un tercero, es deicir, por la Sucesión Djelgado. Estas con-tribuciones son una obligación personal de dicba sucesión.. Martínez v. Sancho, 53 D.P.R. 553. La doctrina sentada en el caso de Durlach Brothers, Inc. v. Domenech, Tesorero, 47 D.P.R. 654, encaja de plano en este caso, y los becbos expues-tos constituyen suficientemente un “caso especial” que jus-tifica la expedición de un auto bajo esa autoridad.

Es necesario considerar si el peticionario tenía un remedio en derecho. El Tesorero sostiene que debió haber pagado bajo protesta.

De haberlo hecho así, el peticionario no hubiera podido recobrar las sumas pagadas, toda vez que la contribución era legal y efectivamente adeudada por la Sucesión Delgado. Este tribunal dijo en el caso de Sucn. Franceschi v. Domenech, Tesorero, 47 D.P.R. 471: “En resumen, la acción esta-tutaria para recobrar contribuciones pagadas bajo protesta no puede ser utilizada por un acreedor hipotecario como un remedio para proteger su gravamen superior de los resul-tados de una posible, amenazada o inminente venta de los bienes hipotecados en cobro de contribuciones, en caso de que tal venta no se efectúe sujeta al gravamen hipotecario.” (Pág. 474.)

En el curso de su opinión el tribunal mencionó el caso- de Fajardo Sugar Company v. Domenech, 45 D.P.R. 553. En dicho caso el Tesorero embargó ciertos bienes para recobrar contribuciones personales adeudadas por el dueño de los mis-mos. La Fajardo Sugar Company poseía una hipoteca sobre los referidos bienes y solicitó un injunction basada en que las contribuciones, siendo personales, no tenían preferencia .sobre la hipoteca. El injunction fué declarado sin lugar y •esta corte confirmó la sentencia basada en que la hipoteca -tenía preferencia y en que en su consecuencia la venta debió efectuarse sujeta a la hipoteca.

Una vez que se paguen las contribuciones correspondientes a las tres últimas anualidades y la corriente., las de los años anteriores son, conforme sucedió en el caso dei la Fajardo, una deuda para con el Tesorero que este funcionario puede cobrar mediante embargo y venta, sujeto a la hipoteca y a otros gravámenes. Si bien en el caso de la Fajardo el injunction fué denegado y en éste concedido, en ambos se permite que el Tesorero cobre las contribuciones mediante el proce-dimiento de apremio, siempre que no menoscabe un gravamen anterior, como el de la hipoteca.

El cuarto señalamiento dice así:

“4. — Resolver que el demandante tenía un derecho de propiedad.”

Los apelantes sostienen que una hipoteca puede conver-tirse en un derecho de propiedad, pero que no es tal hasta después de su ejecución.

Bajo las leyes de Puerto Rico, especialmente bajo la Ley Hipotecaria, la hipoteca al igual que el arrendamiento, uso, usufructo o servidumbre, son derechos reales impuestos sobre inmuebles, y aunque si bien no son tan absolutos como el dominio, son, no obstante, derechos que merecen ser prote-gidos por la ley.

El quinto señalamiento es:

“5. — Resolver que este caso es análogo al de Durlach Bros., Inc. v. Domenech, 47 D.P.R. 654, y al de Bank of Valley City v. Kelly, 162 N. W. 901.”

Ya se ha mencionado la analogía existente entre este caso y el de Durlach, supra. Si bien es cierto que el caso- de Durlach puede distinguirse del presente;, en cuanto a sus hechos, la aplicación que la corte inferior hizo de la doctrina expuesta en el mismo, fué correcta. En cuanto al segundo caso, la corte inferior copió de él lo siguiente:

“Los apelantes también sostienen que el cobro de las contribu-ciones sobre los bienes muebles en cuestión no debió haberse impedido mediante injunction. En apoyo de esto se llama nuestra atención a las anteriores decisiones de este tribunal, incluyendo las dos últi-mas, Bismarck Water Supply Co. v. Barnes et al., 30 N. D. 555, 153 N. W. 454, L.R.A. 1916A 965, y Merchants’ State Bank of Velva v. McHenry County et al., 31 N. D. 108, 153 N. W. 386. Este caso no ■ cae dentro de la doctrina de ésos. En el presente el demandante no es el deudor de las contribuciones ni en manera alguna está obligado a pagar las de su deudora hipotecaria, Westergaard Machinery Company, excepto en tanto en cuanto la propiedad hipotecádale está su-jeta al gravamen estatutario. Simplemente trata de impedir que su garantía sea disminuida mediante una venta para pagar las contri-buciones de otro. En la doctrina que prohíbe a una persona res-tringir mediante i/ujunction el cobro de contribuciones sobre bienes muebles adeudadas por ella no hay razón alguna que sea aplicable a una situación similar a la presentada en este caso.
“Aquí el demandante ha consignado todas las contribuciones que pesaban sobre el edificio. La sentencia de la corte de distrito re-conoce plenamente el derecho del condado a imponer contribuciones sobre el edificio y admite que la venta puede efectuarse sujeta al gravamen de la hipoteca del demandante.”

Es evidente que existe analogía entre dicho caso y el de autos. Debe desestimarse el quinto señalami'etnto.

Además, si la doctrina enunciada es correcta, la supuesta cita errónea de un caso no sería un error.

El s'exto señalamiento es:

“6. — Dictar sentencia en favor del demandante, expidiendo el auto de injunction solicitado por éste.”

No hay necesidad de ulterior discusión. El Tesorero está en el deber de separar de las anteriores las contribuciones correspondientes a las tres últimas anualidades y la corriente. Puede efectuar una subasta y mediante la misma cobrar el importe de los años anteriores vendiendo la propiedad en pública subasta sujeta a la hipoteca, o procediendo contra la Sucesión Delgado. La decisión de la corte de distrito se ajusta a la ley y a las opiniones de este tribunal, y hace justicia a todas las partes. Sin embargo, debe fijarse un término definido dentro del cual la parte demandante debe depositar en corte la cuantía de las contribuciones.

La sentencia debe ser modificada en el sentido de con-ceder al demandante un término de treinta días para depo-sitar en la corte inferior. el importe de las contribuciones correspondientes a las tres últimas anualidades y a la corriente, y así modificada, confirmada.

El Juez Presidente Sr. Del Toro disintió.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Raquel Margarita Porrata Doria y Veve et als., demandantes y apeladas, v. Fajardo Sugar Company of Porto Rico y The Fajardo Sugar Growers’ Association, demandadas y apelantes.
    Núm. 8119.

    Sometido: Marzo 7, 1940.

      Resuelto: Noviembre 14, 1940.

      Jaime Sifre, Jr., abogado de las apelantes;

      Cayetano Coll y Cuchí, abogado de las apeladas.-
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La siguiente es una exposición concisa de los hechos pro-bados, que consideramos esenciales para la decisión de este recurso.

Bn 23 de febrero de 1922 las aquí demandantes, dueñas de dos fincas rústicas con un-total de 473.41 cuerdas, celebraron con la demandada Fajardo Sugar Company of Porto Rico un contrato de siembra, molienda y refacción por el cual las terratenientes se comprometieron a sembrar y cultivar por el término de diez años o cosechos, empezando1 con el de 1923 y terminando con el de 1932, un mínimum de cien (100) cuer-das de cañas, las que serían dadas a moler anualmente a la factoría de la corporación demandada. La cláusula vigésima tercera de la escritura contentiva de dicho contrato lee así:

“Vigésima tercera. — The Fajardo Sugar Company of ¡Puerto Rico, representada en este acto por su apoderado y administrador general don Jorge Bird Arias, concede a doña María-Joaquina, doña Luz-Delia Silvia y doña Raquel-Margarita Porrata Doria y Veve, representadas también en este acto por su apoderado general don Guillermo Oppenheimer y Salomons, un crédito refaccionario por la suma de Diez Mil dólares para atender a los gastos de siembra, cul-tivo, recolección y demás necesarios para la refacción y administra-ción de las plantaciones de caña a que se refiere este contrato.”

En garantía del pago del expresado crédito refaccionario, las deudoras afectaron las cañas y el azúcar .que habían de producir en las fincas y gravaron éstas con hipoteca por la suma de cinco mil dólares.

Durante los años económicos comprendidos entre 1922 y 1928, The Fajardo Sugar Company of Puerto Rico, a petición de las demandantes, pagó al Tesorero Insular las contribu-ciones impuestas a las dos fincas de las demandantes, con cargo a la cuenta de refacción. Las contribuciones corres-pondientes a los años fiscales 1928 a 1929 y 1929 a 1930 no fueron satisfechas por la corporación demandada, no obstante haber sido ésta requerida oportunamente para que las pagase en la forma acostumbrada. Embargadas las fincas por el Tesorero de Puerto Rico en cobro de las contribuciones adeu-dadas, en octubre 26 de 1931 se celebró la venta en pública subasta. El señor Eladio J. Candal, contador de la Fajardo' Sugar Company y también de la Fajardo Sugar Growers ’ Association, actuando de conformidad con instrucciones de don Jorge Bird Arias, administrador general de ambas enti-dades, compareció a la subasta y adquirió las dos fincas a nombre de la Fajardo Sugar Growers’ Association, pagando el precio de la venta con un cheque expedido por la Fajardo Sugar Company.

Con posterioridad a la subasta de las fincas, en diciembre 12, 1931, a requerimiento de la Fajardo Sugar Company, se celebró un nuevo contrato de refacción por el cual dicha cor-poración concedió a las demandantes un nuevo crédito para la siembra y recolección de la cosecha de 1933. En la escri-tura se describen las fincas y se hizo constar que las mismas pertenecían a las demandantes, sin hacer mención alguna de su adquisición por la Fajardo Sugar Growers’ Association. Por virtud de dicho contrato y en garantía del pago del cré-dito refaccionario, las hermanas Porrata hipotecaron a favor de Fajardo Sugar Company las participaciones que a cada una corresponden en las fincas. Los certificados de la venta fueron expedidos en diciembre 24 de 1931 e inscritos en el] registro en febrero de 1932.

En julio 19, 1932, cuando faltaban aún cinco meses y cua-tro días para la expiración del plazo de redención, el Sr. Bird, administrador general de las dos entidades demanda-das, escribió a las demandantes una carta en la que les decía:

“Como verá usted por el estado de cuenta que le acompañamos, el cosecho 1932 se liquida adeudando $17,021.53 y en adición a esta cantidad los gastos efectuados en el cultivo de los retoños montantes a $2,915.38, o sea una deuda en cuenta de refacción de $19,936.91. Hemos hecho un presupuesto de los gustos que son necesarios para terminar el cultivo de las plantaciones para el próximo cosecho, y hemos calculado lo que se ha de gastar por otros conceptos hasta el corte de dichas cañas, y el montante de dicho presupuesto y gastos, más la deuda actual, será a la terminación del cosecho $40,000. Para el pago de estos $40,000 calculamos que la plantación dé un máximum’ de 6,600 toneladas de cañas, que contando con un mercado de azúcar mejor que el actual, a razón de $4 por tonelada, el valor de esta producción montaría a $26,400, quedando por tanto un déficit en la cuenta refacción de $13,600.
"Por otro lado nos están adeudando sobre $31,000 en hipoteca, cerca de $.11,000 en intereses de estas hipotecas, $6,600 del remate de las fincas por las contribuciones y un préstamo agrícola garan-tizado con su ganado y equipo de $3,200, haciendo estas partidas un total de $51,800. Los intereses del año, o sea de ahora hasta la ter-minación del cosecho próximo al 8 por ciento serán $4,100 más o menos. ’ ’

En enero 11, 1933, quedó consumada en el registro la venta a favor de la Fajardo Sugar Growers’ Association; y a petición del contador de ambas compañías demandadas, se cancelaron en ©1 registro todos los gravámenes inscritos a favor de The Fajardo Sugar Company. En febrero 24 del mismo año, la asociación adquirente inició un procedimiento de desahucio que culminó en el lanzamiento de las deman-dantes.

En mayo 14 de 1934 las hermanas Porrata radicaron demanda en la cual exponen más detalladamente los hechos que ya hemos relacionado y piden se dicte sentencia a su favor con los siguientes pronunciamientos:

1. Declarando nula la venta hecha por El Pueblo de Puerto Rico a la Fajardo Sugar G-rowers’ Association y ordenando la cancela-ción del certificado de dicha venta así como su inscripción en el registro.
2. Condenando a la Fajardo Sugar Company a pagar a las de-mandantes la suma de $35,000 por daños que alegan haber sufrido.
3. Condenando a la Fajardo Sugar Company a cargar a la cuenta de refacción de las demandantes la suma de $3,604.14, importe de las contribuciones pagadas en el remate de las fincas; a que rinda cuenta a las demandantes de todas las transacciones habidas entre las partes por virtud de los dos contratos de refacción; y al pago de costas y honorarios de abogado.

La teoría de las demandantes puede resumirse así:

Tanto las demandantes como la Fajardo Sugar Company consideraron que el pago de las contribuciones sobre las fin-cas objeto del contrato de refacción era una expensa necesaria para la administración de las cañas que habían d© cultivarse de acuerdo con dicto contrato; y de acuerdo con esa inter-pretación, durante todo el tiempo que duró dicto contrato dictas contribuciones fueron pagadas por The Fajardo Sugar Company, anualmente y cargadas a la cuenta de refacción de las demandantes. Al enterarse por los edictos publica-dos por el Tesorero de Puerto Rico que las contribuciones de 1928 a 1930 no tabían sido pagadas por la Fajardo Sugar Company, acudieron las demandantes al administrador general de dicta compañía para que éste les informase sobre el motivo por el cual no se babía tecto el pago, informándoles dicto administrador que dictas contribuciones serían paga-das como de costumbre y cargadas a la cuenta de refacción de las demandantes. Creyendo y confiando en las represen-taciones de la demandada, las demandantes, según ellas ale¡-jgan, no ticieron gestión alguna a los fines de solventar las contribuciones pendientes. En vez de efectuar el pago de acuerdo con su ofrecimiento, la Fajardo Sugar Company acudió al remate y remató las fincas por el importe de las contribuciones, haciendo que el título fuese trasmitido a su afiliada Fajardo Sugar Growers’ Association. Con posterio-ridad al remate de las fincas, acudieron las demandantes a las oficinas de la Fajardo Sugar Company en demanda de informes y fueron advertidas por el administrador general de las compañías demandadas de que el remate carecía de importancia, porque habíase realizado con el solo propósito de proteger los intereses de las demandantes, cargándoles como de costumbre el importe de las contribuciones en sui cuenta de refacción. En esa última entrevista el adminis-trador advirtió también a las demandantes que era necesario prorrogar el contrato de 23 de febrero de 1922, para que las demandantes pudiesen continuar sus trabajos agrícolas hasta la terminación del cosecho de 1933. Celebrado el nuevo contrato de refacción (diciembre 12, 1931) en él se reconoció como dueñas de los inmuebles a las demandantes. Con pos-terioridad a la subasta y a la celebración del nuevo contrato, las relaciones y negocios entre las partes siguieron su curso normal, sin que en ningún momento las demandantes fueran en manera alguna advertidas por las demandadas de su inten-ción de reclamar para sí el dominio de las fincas de las demandantes. Las actuaciones de las demandadas y la carta escrita por el Sr. Bird (supra) a las demandantes, en fecha anterior a la de la expiración del término de un año con-cedido por la ley a las demandantes para poder redimir la propiedad rematada, indujeron a las demandantes a creer que la propiedad había sido rematada para su beneficio, con la obligación por su parte de devolver a la Fajardo Sugar Company el importe de las contribuciones por ella pagadas.

Las demandadas han negado los hechos esenciales de la demanda y especialmente que la Fajardo Sugar Company se hubiese obligado en manera alguna a pagar las contribucio-nes sobre las fincas de las demandantes. La Fajardo Sugar Company negró específicamente que en momento alguno ella pagara las contribuciones sobre las fincas de las demandantes o que cargara a la cuenta de éstas el importe de las contri-buciones. La Fajardo Sugar Growers’ Association insiste en que el título por ella adquirido es válido y que ella es la dueña absoluta de las propiedades adquiridas en su nombre en la subasta.

Yisto el caso ante la Corte de Distrito de Humacao dictó ésta sentencia a favor de las demandantes en cuanto a la primera causa de acción, decretando en consecuencia que las fincas “nunca han dejado de ser y que continúan siendo de la propiedad de las demandantes en este caso” y ordenando a la demandada The Fajardo Sugar Growers ’ Association que transmita a favor de dichas demandantes el título que ahora ostenta sobre las propiedades, “el cual se declara nulo.” La sentencia condena a las demandadas al pago de costas, más $5,000 de honorarios de abogado. No conformes, las deman-dadas han interpuesto el presente recurso.

Alegan las apelantes que la corte sentenciadora incurrió en ocho errores, a saber:

1. Al resolver que el pago de las contribuciones era un gasto ne-cesario para la refacción y administración de las fincas.
2. Al resolver que la cláusula 23 del contrato de refacción impuso a la Fajardo Sugar Company la obligación de satisfacer las contri-buciones impuestas a las fincas.
3. Al resolver que la Fajardo Sugar Growers’ Association no pudo legalmente concurrir a la subasta de las fincas por impedírselo los vínculos contractuales existentes entre las dueñas de las fincas y la Fajardo Sugar Company of Porto Pico.
4. Al resolver que el remate y adquisición de las fincas por la Fajardo Sugar Growers’ Association careció ele eficacia legal por haberse verificado de mero modo formal, habiéndose efectuado el pago de las contribuciones por la Fajardo Sugar Company por mediación de la Fajardo Sugar Growers’ Association a nombre de las deman-dantes y con cargo a la cuenta de refacción de éstas.
5. Al apreciar la prueba.
6. Al declarar nulos e inexistentes los títulos de la Fajardo Sugar Growers’ Association sobre las fincas en litigio.
7. Al declarar con lugar la demanda en cuanto a su primera causa de acción y al decretar que las fincas nunca dejaron de ser y con-tinúan siendo de la propiedad de las demandantes apeladas.
8. Al imponer a las apelantes el pago de las costas y honorarios, y especialmente al fijar el importe de los mismos en la suma de $5,000.

Los dos primeros señalamientos no presentan cuestión legal alguna que merezca seria consideración. Nos sentimos inclinados a opinar que el pago de las contribuciones por el dueño de una finca objeto de un contrato de refacción es un gasto necesario e imprescindible para la debida administración de la finca y para la protección de los intereses tanto del dueño del inmueble como del acreedor refaccionista. No podemos concebir que un acreedor de tal naturaleza no tenga interés en que se paguen preferentemente las contribuciones sobre el inmueble en que ban de sembrarse y cultivarse los frutos que le garantizan el pago del préstamo, sabiendo la preferencia que la ley concede al Pueblo de Puerto Rico para el cobro de contribuciones. Si aceptásemos que la corte inferior erró al considerar tal pago como un “gasto necesario de administración,” el error no sería a nuestro juicio causa suficiente para la revocación de la sen-tencia recurrida. Tampoco es causa de revocación el error en que a nuestro juicio incurrió la corte inferior al sostener que la cláusula 23 del contrato de refacción impuso a la Fajardo Sugar Company la obligación de pagar las contri-buciones y cargarlas a la cuenta de refacción. La evidencia demuestra fuera de toda duda que durante el término cubierto por el contrato de refacción la Fajardo Sugar Company, siempre que fué requerida por las dueñas de* las fincas para que pagase con cargo a la cuenta de refacción las contribu-ciones impuestas a las fincas, las pagó, cargando el importe a la indicada cuenta, con excepción de las contribuciones de los dos años del 1928 a 1930, cuando dicha corporación se negó a hacer el pago en la forma acostumbrada.

No estando legalmente obligada la Fajardo Sugar Company a efectuar el pago de las contribuciones sobre* las fincas de las demandantes, opinamos que no existe razón legal alguna que impidiera a dicha corporación o a su afiliada la Fajardo Sugar Growers’ Association acudir a la subasta como cualquier otro postor y adquirir las fincas para sí mediante el pago de la suma adeudada al Tesoro Insular. Si la concurrencia a la subasta se hubiese verificado abiertamente, en forma tal que resultase evidente el propósito firme de la compradora de adquirir para sí las fincas ofrecidas en pública subasta, nos sentiríamos obligados a resolver que el título adquirido por la Fajardo Sugar Growers’ Association es válido e inexpugnable. Los hechos y circunstancias que surgen de la evidencia y que analizaremos más adelante nos llevan inflexiblemente a otras conclusiones. El error consignado en el tercer señalamiento fué sin duda alguna cometido, pero tratándose de un mero razonamiento, opinamos que dicho error no es perjudicial y que debemos desestimarlo si los pronunciamientos esenciales de la sentencia están sostenidos por la ley y por la evidencia.

Creemos innecesario hacer aquí una exposición detallada de la prueba documental y testifical ofrecida por una y otra parte. Nos limitaremos a examinar críticamente aquella parte de la evidencia relacionada con las actuaciones de las partes antes y después de la subasta de las fincas.

Ya fiemos hecho constar que las demandantes, como due-ñas de las fincas, tenían la obligación de pagar- las contri-buciones; y que la Fajardo Sugar Company no se obligó a pagarlas. La evidencia demuestra de manera convincente que las partes contratantes establecieron la práctica de que cuando las dueñas del inmueble pedían a la central que pagase las contribuciones, ésta las pagaba con cargo a la cuenta de refacción, sin duda alg’una porque estimaba que ésa era una expensa legítima y necesaria para proteger los intereses de ambas partes. Es cierto que la corporación demandada se negó al ser requerida a pagar las contribuciones para el cobro de las cuales se había anunciado la subasta de las fincas. Examinemos los hechos ocurridos con posterioridad a esa negativa.

El Sr. José Vahamonde, testigo de las demandantes, declaró que él intervino para tratar de arreglar las dificul-tades entre las hermanas Porrata Doria y la Fajardo Sugar Company, y continuó diciendo:

“P. ¿Pero en la conversación que tuvo usted con el Sr. Bird sobre la cuestión del pago de -las contribuciones y el remate de la finca, cómo fué esa conversación, qué le dijo a usted el Sr. Bird sobre la posibilidad de que la Fajardo rematara esa finca?
“R. Bueno, eso fué otra vez, la primera intervención fué ésa.
“P. Continúe.
“R. Entonces volví a Fajardo a las tres o cuatro semanas y mamá insistió otra vez que yo fuera, volviera a hablar y demás, yo no quería intervenir en ese asunto porque yo sabía cómo estaban esos asuntos y ella no podía hacer nada, todo se reducía a pagar la can-tidad que ellas debían, solventar la deuda para poner la finca a flote y nosotros no podíamos hacer eso, entonces la finca se había rematado por las contribuciones en esa época ya, y estuve yo, había venido de New York también una de las hermanas, Raquel, la más joven y vino un día a mi casa con un poder que ella había hecho a favor mío para que yo le representara, yo no quise aceptar el poder y le dije: 'Yo te ayudo en todo lo que pueda, pero yo tengo muchas cosas entremanbs, no me es posible’; ‘No, yo qrdero qne tú vayas a hablar con Jorgito Bird porque esta finca la van a rematar por contribuciones y nosotros no tenemos dinero, y no sea cosa qne nosotros vayamos a perder la finca por las contribuciones,’ entonces yo fui a hablar con don Jorge y le dije la comisión que llevaba, fui con Augusto Márquez que me acompañó y me contestó: ‘Tú le dices a Raquel de mi "parte que ella puede tener la seguridad de que yo no voy a quedarme con la finca por las contribuciones,’ no me acuerdo si ya se había rematado o esto fue antes del remate, — -‘que yo voy a rematar la finca para proteger los intereses de la compañía porque puede venir cualquiera otra persona, ir y rematarla,’ y entonces están estos créditos, porque no podíamos hacerlos efectivos, porque las contribuciones entonces nos matan todo, entonces yo fui y le di cuenta a mi prima de mis gestiones acerca de eso, pero ella insistió en que fuera una contestación más categórica, que se le diera por escrito o algo así, claro yo no podía obligar a don Jorge a que me diera una contestación escrita de lo que habíamos hablado, solamente tenía que acudir o apelar a su caballerosidad de lo que me había dicho, y después de eso ya se había rematado la finca, meses después se había rematado la finca, y estuve yo otra vez allá, no me acuerdo con qué motivo, yo tengo relaciones con la Fajardo, contrato de siem-bra y molienda, y no sé cómo vino a conocimiento de mi madre que ellas no podían moler sus cañas de esa cosecha porque no tenían refacción y demás, entonces intervine yo y fui a hablar con la Fajardo a ver si ellos permitían que yo ayudara con el dinero que ellas necesitaban para moler las cañas que tenían, y desde luego abo-nando el importe de esas cañas a la central y resarciéndome yo del dinero que gastara en motarlas puesto que lo que yo hacía era in-tervenir a que se molieran esas cañas porque no tenían ellas dinero para hacerlo y llegamos a una transacción en la cual las señoras Porrata le vendían la finca a mamá...
“P. g Antes de eso volvió Ud. a hablar sobre la cuestión de con-tribuciones, don Jorge y usted?
“R. En esas dos veces solamente.
“P. Usted nos explicó la primera vez que habían hablado, ¿cuándo fué la segunda vez que volvieron a hablar?
“R. Me parece que ya se había rematado la finca.
“P. ¿Qué le dijo el Sr. Bird después que se había rematado la finca?
“R. — Que ellos no pensaban quedarse con la finca, si ellas conse-guían el dinero y se lo devolvían estaban dispuestos a traspasarle los títulos. Nada más, Sr. Juez.”

El Sr. Augusto O. Márquez, después de declarar sobre las gestiones que hiciera para conseguir que la Fajardo Sugar Company pagase las contribuciones y evitase el remate, con-tinuó declarando así:

“P. ¿Qué sucedió el día del remate!
“R. Yo le voy a decir lo que pasó el día antes del remate.
“P. ¿El día antes del remate!
“R. El día antes del remate estuve yo en la central a ver al Sr. Candal, hablé extensamente con él sobre la posibilidad de que nos diera ese dinero, después de hablar con el Sr. Candal de quien no obtuve nada hablé con Yeve y tampoco obtuve nada del Sr. Yeve quien me sugirió que volviera a ver a don Jorge, don Jorge en ese momento no estaba en la oficina y no lo vi ese día. El mismo día del remate por la mañana estuve yo en la oficina y fui directamente donde don Jorge y le expuse los motivos que yo tenía para insistir en que él me diera ese dinero para el pago de las contribuciones y me explicó que no era posible, en esa conversación le dije yo a don Jorge: ‘Don Jorge y si usted manda a rematar esa finca.’
“Juez
“P. ¿Cómo?
“R. Y si usted manda a rematar esa finca, yo le dije a don Jorge, y me dijo: ‘Parece mentira que usted piense eso porque es lo más lejos que está de mi imaginación, porque yo he sido así con esta familia y no es ése mi propósito.’
“Demandantes.
“P. ¿Eso se le dijo a usted en la mañana del remate el Sr. Bird?
“R. En la mañana del remate como a las ocho y media o nueve de la mañana.
“P. Continúe.
“R. Y sobre la negativa final de don Jorge me fui yo a la co-lecturía a- ver qué pasaba con el remate y estando yo allí vi que llegó el Sr. Candal con el cheque de las contribuciones, después que se hizo el pago, el Sr, Candal le pagó al colector, inmediatamente regresé yo a la Fajardo y protesté ante don Jorge de la acción que me había hecho.
“P. ¿Y qué le dijo a usted el Sr. Bird?
“R. Que no era la intención de ellos coger la finca por las con-tribuciones, que esperara la terminación de esa próxima cosecha a ver el resultado de ese cosecho y entonces cargar eso en cuenta, y entonces volver las cosas a su estado primitivo.”

Las declaraciones precedentes, las cuales no fueron con-trovertidas por declaración alguna del Sr. Bird, y la carta escrita por éste a las demandantes son a nuestro juicio sufi-cientes para justificar la conclusión a que llegó la corte sen-tenciadora al efecto de que las manifestaciones orales y por escrito hechas por el administrador general de la Fajardo Sugar Company y de la Fajardo Sugar Growers ’ Association a las demandantes, indujeron a éstas a creer que el remate de las fincas había sido hecho para su beneficio y que el título sobre dichas fincas les sería devuelto al hacerse la liquida-ción final del contrato de refacción, pagando ellas desde lueg-o el precio del remate satisfecho por la Fajardo Sugar Company.

¿ Si la intención y el propósito de los representantes de las demandadas, al acudir al remate, eran liquidar y cerrar de una vez sus cuentas con las demandantes, rematando las fincas a nombre de una de las demandadas, convirtiendo a ésta en dueña absoluta de¡ las fincas al expirar el plazo de redención y cancelando todos los gravámenes constituidos por las deman-dantes a favor de la Fajardo Sugar Company, por qué no se reveló claramente a las demandantes el plan concebido, cuando éstas insistieron repetidas veces para que la Fajardo Sugar Company pagase las contribuciones con cargo a la cuenta de refacción, en vez de inducirlas a creer que la cor-poración demandada no abrigaba la intención de quedarse con las fincas por el importe de las contribuciones o por el importe de una deuda que no había sido aún liquidada?

¿Si la Fajardo Sugar Growers’ Association acudió al remate como un simple postor, con entera independencia de la Fajardo Sugar Company y con el propósito de adquirir para sí las fincas ofrecidas en venta, por qué tenía el Sr. Bird, administrador general de ambas entidades, que informar a las demandantes que éstas estaban adeudando a la Fajardo Sugar Company of Porto Rico “ $6,600 del remate de las fincas por las contribuciones?” Si la Fajardo Sugar Growers’ Association compró las fincas de buena fe para sí con fondos suministrádosle por la Fajardo Sugar Company, la deudora del importe pagado por la Fajardo Sugar Company en el acto de la subasta debería ser natural y lógicamente la Fajardo Sugar Growers’ Association y no las demandan-tes. ¿Por qué, pues, se avisó a las demandantes que eran deudoras a la Fajardo Sugar Company de una suma de $6,600,. si dicba suma no fué pagada para su beneficio? ¿Por qué,, pues, se cargó a la cuenta do las demandantes que se detalla en la carta del Sr. Bird, una suma pagada para beneficio de la Fajardo Sugar Growers’ Association, no existiendo rela-ciones contractuales entre dicba asociación y las demandan-tes? v

No encontramos que la corte inferior baya errado en la apreciación de la evidencia. Examinada y pesada ésta en conjunto, nos lleva a la conclusión de que el plan primordial de la Fajardo Sugar Company fué el siguiente: Temerosos los administradores de la Fajardo Sugar Company de' que las hermanas Porrata Doria no pudiesen solventar a su venci-miento la obligación refaccionaria y las hipotecas por ellas constituidas sobre las fincas, al enterarse de que las fincas serían vendidas en subasta pública por falta de pago de con-tribuciones, acudieron a la subasta con el propósito expresado por el Sr, Bird en su carta de julio 19 de 1932 y en sus entre-vistas con los señores Vahamonde y Márquez, o sea el de comprar las fincas por el importe de las contribuciones, para evitar que fuesen adquiridas por un extraño, protegiendo así los intereses de las dueñas de los inmuebles y los ele la central como acreedora refaecionista e hipotecaria. Confiando en que la central no intentaba quedarse con las fincas por el importe de las contribuciones, las hermanas Porrata Doria celebraron el nuevo contrato de refacción, continuaron cul-tivando las cañas para el cosecho de 1933 y dejaron trans-currir el año que la ley concede a los dueños de fincas rematadas por contribuciones para redimirlas. Todo parece indicar que el propósito de la compañía era el de conservar las propiedades para beneficio de las demandantes, para ser-les traspasadas de nuevo al liquidarse definitivamente las cuentas de la refacción.

Fué sin duda alguna después de ocurrido el ciclón de 1932, que mermó considerablemente el cosecho de 1933, cuando la Fajardo Sugar Company, temerosa de no poder cobrar ínte-gramente las sumas adeudadas por las demandantes, alteró el plan original y resolvió reclamar para sí — o para su afi-liada la Fajardo Sugar Growers’ Association' — la propiedad •o dominio absoluto de las fincas. El nuevo modtis operamdi ■era en verdad más rápido y sumario que el original, pues •con él la compañía acreedora obviaba las dificultades y dila-ciones de una liquidación de cuentas y los trámites judiciales necesarios para la ejecución de los créditos hipotecarios. No es posible que demos nuestra aprobación a tales tácticas. Habiendo optado por la adquisición de las fincas para bene-ficio de las partes interesadas en el contrato de refacción y habiendo por sus declaraciones y actos antes y después del remate inducido a las demandantes a creer que sus intereses estaban debidamente protegidos, las demandadas apelantes están ahora impedidas (estopped) para cambiar a su arbitrio la situación legal originalmente por ellas creada.

Existe cierta incongruencia en la sentencia dictada por la corte inferior. Por ella se ordena a la Fajardo Sugar Growers’ Association que transmita a las demandantes “el título escrito que ahora ostenta sobre las fincas objeto de esta acción, las cuales continuarán sujetas a las mismas responabilidades legales que las gravaban a la fecha en que se consumó el título de dicha demandada, que ahora se amula” No es posi-ble sostener que el título que ostenta la Fajardo Sugar Growers ’ Association es nulo. Habiendo sido adquirido después de una venta pública legalmente celebrada, por una entidad capacitada para contratar, debemos resolver que el título que ostenta la referida demandada es perfectamente válido, pero sujeto desde luego a las responsabilidades resultantes de la situación jurídica creada por los actos y conducta de las partes contratantes. La corte■inferior parece haber tenido en mente qne el título era nulo en cnanto por él se pretendía convertir a la Fajardo Sugar Growers’ Association en dueña absoluta de las fincas, pero válido y subsistente para poder ser transmitido a las dueñas de las fincas, las demandantes. La sentencia recurrida debe ser modificada en cuanto al indi-cado extremo.

A nuestro juicio el remedio aplicable a la situación jurídica creada entre las partes por las manifestaciones y actuaciones de las demandadas a través de sus directores, agentes y administradores es el restablecimiento del statu quo existente con anterioridad a la venta de las fincas en pública subasta, restituyendo las fincas a sus dueñas, las demandantes, quienes las recibirán y poseerán sujetas a los gravámenes por ellas constituidos y a la responsabilidad de reintegrar a la Fajardo Sugar Company la cantidad por ella pagada como precio de la venta en pública subasta, más los intereses correspondientes. La doctrina aplicable al caso de autos es la del fideicomiso constructivo (constructive trust).

“Constructive Trust. Cuando una persona qne-ostenta el título sobre una propiedad está sujeta a una obligación equitativa de trans-mitir esa propiedad a otra persona por la razón de qne se enrique-cería injustamente si se le permitiese retenerla como suya, surge un fideicomiso constructivo. . . ”
“Un fideicomiso constructivo no surge, cual ocurre con el fideico-miso expreso, como consecuencia de una manifestación de la intención de crearlo, sino que es impuesto como un remedio legal para impedir un enriquecimiento injusto.” Restatement of the Law — Restitution, párr. 160, págs. 640, 641.
“d. Enriquecimiento injusto y despojo injusto. En la mayoría de los casos en que se impone un fideicomiso constructivo, el resul-tado es devolver al demandante la propiedad de la cual ha sido in-justamente privado y quitarle al demandado una propiedad cuya detentación resultaría en el correspondiente injusto enriquecimiento del demandado; en otras palabras, el efecto es evitar una pérdida al demandante y la consiguiente ganancia al demandado, y colocar a cada uno de ellos en la posición en que se encontraba antes de que el demandado adquiriese la propiedad.
“e. Remedios legales y ele equidad. Cuando una persona tiene una propiedad sujeta a un fideicomiso constructivo para beneficio de otra, esta última tiene el interés sobre la propiedad como beneficiario. Bn muchos casos el beneficiario de un fideicomiso constructivo puede por medio de un procedimiento en equidad obligar al fiduciario (constructive trustee) a que le transfiera la propiedad; tiene de-recho al cumplimiento específico del fideicomiso.” Restatement of the Law — Restitution, págs. 643 y 644.

Considerando que la suma de $5,000 concedida por la corte inferior como honorarios de abogado es excesiva y habida cuenta de las circunstancias especiales del caso, opinamos que dicha suma debe ser reducida a $1,500.

Por las razones expuestas, la sentencia recurrida debe ser modificada para conformarla a esta opinión y así modificada confirmada.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Joaquín Alvarez, peticionario, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. R. H. Todd, Jr., Juez, demandada.
    Núm. 1219.

    Sometido: Noviembre 6, 1940.

      Resuelto: Noviembre 14, 1940.

      Edélmiro Martínez Rivera, abogado del peticionario;

      Virgilio Brunet, abogado del interventor, demandante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Antonio II. Hernández, alegando ser dueño de cierta finca urbana, arrendó un apartamiento de la misma a Alfonso Cas-tañer por el canon de $28.75 mensuales, constituyéndose Joa-quín Alvarez en fiador solidario de la obligación contraída por Castañer. Dejó este último de pagar cánones montantes a $163.20 y la acción de desahucio a que-dió lugar costó al arrendador la cantidad de $7, por lo que el demandante ins-tituyó este pleito en la Corte Municipal de San Juan contra el inquilino y su fiador, en reclamación de la suma total por ellos adeudada, ascendente a $170.20. La corte municipal dictó sentencia en rebeldía contra el inquilino Castañer, y en cuanto a su fiador, Alvarez, desestimó la demanda. Apeló el demandante para ante la corte de distrito, radicando la transcripción dé autos en dicho tribunal el 9 de marzo de 1940. El día 15 del mismo mes era el señalado para lectura de calendario general y el demandante apelante, el 14 de marzo, radicó un escrito interesando, no que se incluyese el caso en el calendario que iba a leerse el día siguiente, sino que se señalase el juicio para el 21 del mismo mes de marzo. No aparece de los autos que la corte dictase providencia alguna en relación con la moción del apelante, pero sí apa-rece que en 5 de abril siguiente volvió el apelante a radicar otro escrito, solicitando entonces que el caso fuese _ incluido en el calendario general que había de leerse el 15 de dicho mes, señalándose entonces el juicio para el 15 de mayo siguiente. Llegado ese día, el demandado apelado, Alvarez, presentó una moción para qne se desestimase la apelación por no haberse solicitado la inclusión del caso en el calendario qne se leyó el 15 de marzo de 1940. Desestimada la moción, se procedió a la celebración del jnicio en sns méritos, reca-yendo sentencia a favor del demandante apelante Hernández.

No siendo apelable la sentencia por razón de la cuantía, interpuso Alvarez este recurso de certiorari, basado en los siguientes motivos:

A. En dejarse de desestimar la apelación por no- haberse incluido el caso en el calendario que fué leído el 15 de marzo de 1940; y

B. En haber dictado sentencia a favor del demandante a pesar de que de la prueba resultó que éste no era dueño, sino administrador, de la finca arrendada, invocando el peticio-nario el caso de J. Ochoa & Hno. v. J. González Clemente & Co., 29 D.P.R. 1015.

Consideraremos separadamente las dos cuestiones suscita-das por el peticionario.

Conforme hemos consignado, si bien el apelante no solicitó que el caso fuese incluido en el calendario correspondiente al 15 de marzo, sin embargo con anterioridad a dicha fecha solicitó que el caso fuese señalado para el 21 de marzo, o sea para una fecha anterior a la que de cualquier modo le hubiese correspondido en el caso de que se hubiese incluido en el calendario y se hubiese señalado para juicio, pues de acuerdo con las reglas de la Corte de Distrito de San Juan, el calendario que se lee el 15 de cada mes es el de los casos que se señalan para el mes siguiente. Ninguna gestión hizo entonces el apelado para que se desestimase la apelación, solicitando el apelante el 5 de abril de 1940 que su caso fuese incluido en el próximo calendario que había de leerse diez días después, señalándose entonces el caso para el 15 de mayo siguiente, en cuya fecha fué que el apelado solicitó por primera vez la desestimación del recurso.

El propósito del legislador al insertar la sección 3-a en la ley que regula las apelaciones contra sentencias de las cortes municipales, no fué otro que obligar al apelante a pro-seguir su apelación con la debida diligencia, evitando así, que careciendo éste de interés en el resultado del recurso, no soli-cite inclusión en el calendario y obligue al apelado a pagar por él los derechos de la apelación para poder llevar el caso adelante. No es el propósito de dicho precepto legal restrin-gir el recurso de apelación, sino por el contrario acelerarlo, y aunque aceptamos que la sección 3-a es de carácter impera-tivo, sostenemos que el requisito de incluir el caso en el calen-dario no es de naturaleza jurisdiccional, por lo que habiendo cumplido sustancialmente el apelante con las prescripciones del estatuto al pagar los derechos de calendario y pedir que el caso fuese1 señalado para el 21 de marzo, no cometió error la, corte sentenciadora al negarse a desestimar la apelación.

El caso de Marrero v. Muller, 35 D.P.R. 369, en que se desestimó el recurso a moción del apelado después de haberse incluido el caso en un calendario posterior al primero que se leyó después de radicarse los autos en la corte de distrito, se distingue del presente en que allí el apelante no había hecho gestión alguna en relación con la lectura del primer calendario, diciéndose entonces por este tribunal al confirmar la sentencia que desestimó la apelación:

“Él pudo (el apelante) haber evitado toda cuestión pidiendo al secretario que incluyera su caso en la primera lectura del calendario, o tomando alguna otra medida adecuada.”

Pasando ahora a la segunda cuestión, y asumiendo sin aceptarlo que la misma puede ser suscitada dentro de un recurso de certiorari, el supuesto error en realidad no existe.

Al celebrar el contrato con el apelado, el apelante lo hizo en su carácter de dueño de la finca y en el mismo concepto estableció su acción. El apelado expresamente aceptó ese hecho en su contestación a la demanda, y si de la prueba resultó luego que el demandante apelante no era tal dueño, eiíio administrador, es éste un hecho del cual no debe derivar beneficio alguno el apelado, después de haber recibido los beneficios del contrato. El convenio o entendido que pueda existir entre el demandante apelante y el verdadero dueño de la propiedad no es cosa que incumba al apelado, cuyo deber es cumplir la obligación que contrajo a iavor del ape-lante. El caso de J. Ochoa & Hno. v. González Clemente, supra, es distinto del que nos ocupa. Allí la firma J. Ochoa & Etuo., en su carácter de agente general de Mjorris & Co., contrató con González Clemente. Luego al exigir el cumpli-miento de la obligación en que incurrió González Clemente, quien demandó no fué la parte realmente interesada, o sea Morris & Co., sino el agente J. Ochoa & Hno., con lo que infringió el artículo 51 del Código de Enjuiciamiento Civil, dispositivo de que la acción deberá ser ejercitada ©n nombre de la parte realmente interesada. En el caso de autos, la obligación se contrajo a favor del demandante apelante y por consiguiente es ésta la parte realmente interesada en su cumplimiento.

Por los motivos expuestos, procede anular el auto expe-dido y devolver el caso a la corte de su procedencia para ulteriores procedimientos.


text:
    Carmen Font Jiménez Vda. de Soroeta, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, recurrido.
    Núm. 1074.

    Sometido: Octubre 21, 1940.

      Resuelto: Noviembre 18, 1940.

      Federico Acosta Velarde y Mariano Acosta Velarde, abogados de la recurrente;
    el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Presidente Señor Del Toro emitió

la opinión del tribunal.

El Begistrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, denegó la inscripción de la escritura núm. 38 otor-gada por Doña Carmen Pont viuda de Soroeta y Don José María Soroeta ante el notario Mariano Acosta Velarde en julio 26, 1940, por virtud de la cual Soroeta, en su carácter de apoderado de Doña Agustina Mancisidor, reconoció que ciertas hipotecas constituidas en garantía de préstamos, otor-gadas estando Doña Carmen casada con Don Anselmo Soroeta que falleció y de quien es única heredera doña Agustina, no formaban parte del caudal hereditario de Don Anselmo, si que pertenecían exclusivamente a Doña Carmen por ser pri-vativo de ésta el dinero prestado. El motivo de la negativa lo fué la falta de poder expreso para que el apoderado pudiera realizar el acto a nombre de su poderdante.

No conforme la señora Pont interpuso el presente recurso gubernativo basándose en que el poder confiere expresa — o implícitamente en todo caso — la facultad que no encuentra el registrador. Llama la atención hacia las siguientes cláusulas del mismo:

“(2) Vender, comprar, dar, o recibir en pago o compensación total o parcial; ceder, permutar, o por cualquier otro modo oneroso adquirir o enajenar bienes, créditos, acciones y derechos de todas clases, . . . .”
“ (3) .... conocer o impugnar los créditos que se presenten contra las herencias, hacer, aprobar, o impugnar los inventarios, avalúos, li-quidaciones, particiones y adjudicaciones de los bienes hereditarios, .... hacer manifestaciones de bienes, . . . .”
“(7) . . . . consentir, constituir, reconocer, calificar, modificar, posponer, subrogar, levantar, cancelar, extinguir, redimir y renun-ciar hipotecas, . . . .”
“(8) Ratificar, aprobar, modificar, rectificar, rescindir y anular toda clase de actos y contratos, .... obtener o hacer reconocimientos de derechos, deudas u obligaciones y fijar plazos y condiciones para el pago o cumplimiento de los mismos; transigir en la forma que mejor le parezca los créditos, acciones y derechos, pudiendo some-terse o no a la decisión de árbitros o amigables componedores.”
“(12) . . . . completar, modificar, y formalizar descripciones de bienes y cnanto sea preciso para que éstos se inscriban en el Regis-tro de la Propiedad, . . . .”
“(16) Comparecer ante toda clase de autoridades, ..... Oficinas Públicas, .... en asuntos civiles, .... incluso en los gubernati-vos, administrativos, en los que sean objeto de jurisdicciones espe-ciales, y en todos aquéllos en que la mandante tenga interés directo o indirecto, cualquiera que fuere la naturalza de los mismos y el es-tado de la cuestión; . . . .”
“ (17) Y, en general, realizar toda clase de actos y contratos, pues las facultades expresadas se han de entender en sentido declarativo, no restrictivo, de modo que el apoderado tendrá la representación plena de la compareciente, sin reserva ni limitación alguna.”

En defensa de su nota, dice el registrador:

“Este es un caso en que se trata de cambiar la forma de adqui-sición de créditos hipotecarios constituidos en favor de una sociedad de gananciales, en privativos de la esposa, después de haber trans-currido diez años en cuanto al primero, y un año más o menos en cuanto al segundo, y después de fallecido el esposo, que era el único que hubiera podido aceptar tales hechos.
“El primer crédito hipotecario por $1,300 fue constituido a favor de los esposos Carmen Font Jiménez y Anselmo Soroeta Mancisidor, por escritura de 30 de diciembre de 1929, e inscrita con fecha 22 de enero de 1930 en el Registro; y el otro crédito hipotecario por $700 también a favor de los esposos Soroeta-Font, por escritura de 9 de noviembre de 1939, inscrita con fecha 13 de noviembre 1939 en el Registro, y en ninguna de dichas dos escrituras, se hizo la aclaración pertinente relativa a la procedencia privativa del dinero dado a prés-tamo en tales créditos hipotecarios, a favor de la esposa de Soroeta, sino que ambos créditos se inscribieron como pertenecientes a la socie-dad legal de gananciales de dichos esposos Soroeta-Font.
“Además, existe la interpretación de un poder. Más que pre-sumir, el apoderado tiene que admitir que las propiedades del man-dante son de éste, quien le faculta para enajenarlas, gravarlas, etc.
“Que el apoderado pueda decir que las propiedades que a él se le entregan para su custodia son de persona distinta de la que a él le ha facultado para actuar, eso sería desvirtuar la naturaleza del mandato. ’ ’

El mandato es de interpretación estricta. En el recurso gubernativo de Fano v. Registrador, 15 D.P.R. 334, 336, dijo esta corte:

“El celebrado entre Taulet y Cazuela fué un contrato de man-dato que, de acuerdo con la ley natural, la equidad y nuestro propio Código Civil, debe ser interpretado en sentido restrictivo.
“ ‘El mandato filosóficamente considerado, es una extensión de la personalidad. Lo esencial en el mandato es la representación ostentada, pues el mandatario no contrata por sí ni para sí, sino que contrata por y para el mandante. La interpretación del man-dato ha de ser siempre restrictiva para evitar que se convierta en daño del mandante lo que éste autorizó para su utilidad y beneficio.’ (11 Manresa, C. al C. C., 413, 415 y 454.)
“De acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil, artículo 1616, el ‘mandatario no puede traspasar los límites del mandato’ y artículo 1615, ‘para transigir, enajenar, hipotecar o ejecutar cualquier otro acto de riguroso dominio, se necesita mandato expreso.’ ”

La doctrina de la interpretación estricta ha sido ratificada en posteriores decisiones. Véanse López Landrón v. Registrador, 15 D.P.R. 722, 724; Villar v. Registrador, 17 D.P.R. 434, 436; Post et al. v. Registrador, 19 D.P.R. 190, 193; Santini v. Registrador, 23 D.P.R. 328, 332; Cobreros v. Registrador, 29 D.P.R. 577, 579; Sociedad Anónima “Bernal Estate” v. Registrador, 30 D.P.R. 580, 582; González Fagundo v. Registrador, 47 D.P.R. 671, 672.

Creemos en verdad que éste sometido a nuestra considera-ción y resolución es un caso extremo. El poder aquí confe-rido es amplísimo. Parece que fué la intención de la poderdante cubrir todos los actos y contratos imaginables, pero es lo cierto que la transacción de que se trata no fué comprendida en él expresamente, y no bay duda de que envuelve un acto de riguroso dominio.

Quizá no se haría daño inscribiendo el reconocimiento para que pudiera tener todos sus efectos legales, pero el precedente que con ello se sentaría podida ser dañoso en otros casos, y la doctrina debe sostenerse.

Procede, la confirmación de la nota recurrida.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Miguel J. Arzuaga, demandante y apelado, v. Manuel Vélez Vélez, demandado y apelante.
    Núm. 8180.

    Sometido: Noviembre 6, 1940.

      Resuelto: Noviembre 18, 1940.

      Mimoso, Yendürell efe Mimoso, abogados del apelante;

      F. González Fagundo, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión de] tribunal.

El 15 de jubo de 1940 la parte apelada solicitó la deses-timación del recurso de apelación interpuesto en este caso por ser frívolo. Al día siguiente se señaló la vista de la moción para noviembre seis siguiente.

En octubre treinta la parte apelante impugnó.por escrito la moción alegando que el recurso era meritorio. Al acto de la vista sólo asistió la parte apelada por su abogado pidiendo además la desestimación del recurso por no haber presentado el apelante su alegato.

Consta de los autos que la sentencia apelada se dictó en diciembre 15, 1939, y que el récord de la apelación fué archivado en la secretaría de este tribunal en abril 25, 1940; que en junio 4 siguiente solicitó el apelante una prórroga de treinta días para presentar su alegato, prórroga que le fué negada por haberse pedido fuera de término; que entonces se acudió a la discreción del tribunal y éste en el ejercicio de la misma concedió un nuevo término que vencería en julio catorce, solicitándose y concediéndose después nuevas pró-rrogas. La pedida en octubre 1 se concedió en .octubre 2, con el carácter de última, para vencer en noviembre primero.

Así las cosas, en octubre 25 el apelante solicitó otra prórroga de treinta días alegando por toda razón

“Que a consecuencia de haber tenido el abogado del apelante que utilizar todo el tiempo en la preparación del alegato para su radica-ción en el caso de Caguas Company Inc. v. Alejandro López Fauet no le fué posible prestar su debida atención al alegato del presente caso.”

Y a la petición s© proveyó en octubre 26, 1940, como sigue:

“Habiéndose concedido al apelante en octubre 2, 1940, una prórroga con carácter de última para radicar su alegato, no ha lugar a la nueva prórroga que se solicita.”

No obstante contar el apelante con cuatro días de la prórroga eoncedídale el 2 de octubre, dejó de presentar su alegato, lo que tampoco hizo en o antes de noviembre 6, día de la vista de la moción de desestimación, ni ha hecho aún.

Creemos que el abandono del apelante que surge de los autos es de tal naturaleza que si bien no podrá desestimarse la apelación por la falta de la presentación del alegato, como solicitó la parte apelada, por no haberse notificado la solici-tud, antes de entrar a considerar la moción d© desestimación en sus méritos, debe, de acuerdo con la regia 60 del regla-mento del tribunal, citársele para que comparezca el 25 de noviembre en curso a exponer las razones que puedan asis-tirle y por virtud de las cuales no deba desestimarse de oficio su apelación por haber dejado de cumplir con el deber que dicho reglamento le impone de presentar en tiempo su alegato.


text:
    Ramona Rivera Vda. de Vallejo, madre del obrero lesionado y fallecido Herminio Vallejo, et al., recurrentes, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, compuesta de los Sres. Manuel León Parra, Presidente, y F. Paz Granela y Juan M. Herrero, Comisionados Asociados, demandada.
    Núm. 208.

    Sometido: Octubre 21, 1940.

      Resuelto: Noviembre 18, 1940.

      R. Calderón Rodríguez, abogado de los recurrentes.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Herminio Vallejo falleció el 17 de septiembre de 1939 a consecuencia de varias heridas de revólver que le produjera el día anterior Eduardo Pont Pacheco.

Ramona Rivera viuda de Vallejo, madre de Herminio, y otras personas que alegaron que de él dependían para su sostenimiento, basándose en que la muerte se debió a un accidente del trabajo, reclamaron la indemnización corres-pondiente.

El 2 de noviembre, 1939, el Administrador del Pondo del Seguro del Estado ordenó el cierre y archivo del caso por entender que no era uno protegido por la Ley de Compensa-ciones por Accidentes del Trabajo. Fijó los hechos así:

. .De la investigación practicada . . . aparece que Vallejo estaba desde bacía algún tiempo fuertemente enemistado con Eduardo Font Pacheco, también inspector de Sanidad y Jefe del Distrito de Hnmacao. En el día de antos, Herminio Yallejo tuvo una discusión personal con Font Pacheco, frente a las oficinas del Departamento de Sanidad agrediendo a éste con las manos. Ambos sacaron sus revólveres resultando Vallejo muerto en la lucha. — De los hechos aparece que Yallejo inició la agresión.”

Apelaron los reclamantes para ante la Comisión Indus - .trial, celebrándose la vista de ley ante ésta en abril 11, 1940. En agosto 26 siguiente la Comisión dictó su resolución que contiene un minucioso estudio de los hechos y la ley y de la jurisprudencia aplicable, y sostiene la del Administrador. Pedida reconsideración, fue negada.

Se acudió entonces ante este tribunal por medio del pre-sente recurso de revisión. Se alega que:

“El hecho primordial que hay que tener en cuenta al resolver este caso, es que el Inspector Vallejo cuando encontró su muerte en el Departamento de Sanidad, cumplía con los deberes inherentes a su cargo y la causa que motivara el disgusto fué que en época anterior al accidente el Inspector Yallejo, en el cumplimiento de sus deberes oficiales reportó a Font, su otro compañero, ante el Departamento de Sanidad (pág. 25 del récord taquigráfico), lo que motivó la carta circular de 22 de abril de 1939, núm. 2905 (pág. 50 y 58 del récord taquigráfico).”

Hemos examinado la petición que contiene veinte y cuatro páginas a máquina y los documentos acompañados a la misma y a nuestro juicio no surge motivo justificado para la revisión que se pide.

Después de exponer en su resolución detalladamente la evidencia, se expresó así la Comisión:

“La prueba demuestra que Font Pacheco y Yallejo salieron fuera del edificio donde están las oficinas centrales del Departamento de Sanidad Insular, y, una vez en la calle se pusieron a discutir. ¿ Qué discutían? No lo sabemos en realidad. Lo que la evidencia de-muestra es que Vallejo en un momento inesperado agredió en la cara con la mano a Font Pacheco; que Font Pacheco se balanceó al im-pacto del golpe que le infligiera Yallejo; que al estar firme Font, Yallejo hizo el ademán de sacar su revólver; que Font avanzó a sacar el suyo para defenderse, disparó y lo hirió mortalmente. — La prueba no es convincente en cuanto a que los asuntos relacionados con el trabajo de ambos fueran la causa promo vente de la agresión de que fue víctima uno ni de la muerte que sobrevino al otro. Ambos eran empleados del Departamento de Sanidad y estaban bajo el control y dirección de sus jefes en dicho Departamento. — Lo que demuestra la evidencia es que Vallejo fué el que provocó la tragedia agrediendo primero a' Font Pacheco en el rostro. — Es razonable pensar que si Vallejo no hubiera agredido a Font, no hubiera ocurrido la desgra-cia.- — Se alega por los peticionarios que la muerte de Herminio Vallejo es un accidente compensable de acuerdo con la Ley 45 de abril 18 de 1935. — La prueba ofrecida por los peticionarios no demuestra que Vallejo perdiera la vida por un accidente que le proviniera de cualquier acto o función inherente a su trabajo o empleo, y, que le ocurriera en el curso de éste y como consecuencia del mismo, . . •. La evidencia, repetimos, demuestra que Vallejo provocó la agresión.”

La Comisión fijó, pues, los lieclios apreciando la evidencia y nada demuestra que actuara movida por pasión, prejuicio o parcialidad o que cometiera algún manifiesto error. La prueba no sólo se expuso detalladamente como fiemos dicfio en la resolución de la Comisión si que en su solicitud de revi-sión por los mismos peticionarios y sostiene ampliamente a nuestro juicio las conclusiones de la Comisión.

Tomadas esas conclusiones como fiase, no encontramos que se fiaya cometido error alguno de derecfio. Aunque se admi-tiera que Vallejo y Font tuvieron disgustos anteriores con motivo de la vigilancia del trabajo de Vallejo por parte de Font y de quejas que Font formulara contra Vallejo, debería llegarse siempre a la misma conclusión, atendida la forma en que se realizaron los fiecfios.

El caso cae dentro de la doctrina del de Triangle Auto Painting, etc. Co. v. Industrial Comm., 346 Ill. 609, 618, 178 N.E. 886.

• En dicfio caso Kolnick, obrero empleado -en un taller de pintura, resultó lesionado al sostener un encuentro personal con Duncan, un coempleado. La disputa y pelea tuvieron su origen en el taller, durante fioras de trabajo, y se debieron a. que Duncan quiso hacer uso de un instrumento de pintar (spray gun) que había sido encomendado a Kolnick. Apa-rece que este último fué el agresor.

La Comisión Industrial declaró el accidente compensable y su resolución fué confirmada por la Corte de Circuito do Cook County. Apelado el caso para ante la Corte Suprema de Illinois, dicha corte revocó la resolución apelada expre-sándose en los siguientes términos:

“Las lesiones compensables son aquéllas que surgen de las con-diciones en que se requiere al empleado que trabaje, y pueden pro-piamente incluir lesiones provenientes de una lucha en la cual' el' empleado lesionado no fué el agresor, cuando la riña ocurrió por razón del trabajo del patrono al cual estaban dedicados entonces los. empleados, pero no cae dentro del espíritu de la ley el proteger a un empleado de las consecuencias de una pelea en la cual él fué el agresor, aun cuando la contienda ocurriera por motivo del trabajo de su patrono a que se dedicaban entonces tales empleados. El riesgo de la lesión en tal caso no puede decirse que es incidental al empleo sino más bien el resultado de la temeridad de tal empleado.
“Si bien es el propósito de esta corte dar una interpretación liberal a la Ley de Compensaciones a Obreros a fin de que un empleado pueda recibir todos sus beneficios, sin embargo somos de opinión que sería ir más allá de la letra y del espíritu de la ley el sostener que una lesión recibida por un agresor deliberado surge ya directamente de su empleo o es incidental al mismo. Somos por tanto del criterio que el apelado no tiene derecho a recibir compensación y que la corte de circuito cometió error al así resolver. Debe revocarse la senten-cia de esa corte y dejarse sin efecto la compensación.”

La petición de revisión debe ser declarada sin hogar.


author: El Juez Pbesidente Señob Del Tobo

text:
    Sucn. de Alekedo Matheu, demandante y apelante, v. Municipio de Arecibo, demandado y apelado.
    Núm. 8245.

    Sometido: Noviembre 14, 1940.

      Resuelto: Noviembre 18, 1940.

      Diego E. Ramos, abogado de la apelante;

      E. Pérez Casálduc, abogado del apelado.
   El Juez Pbesidente Señob Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

En este caso se dictó sentencia por la corte de distrito en los siguientes términos:

. . se declara con lugar la demanda y se condena al municipio a pagar a los demandantes la suma de dos mil setecientos dólares, más trescientos dólares para honorarios de abogado. El importe de la sentencia será depositado en esta Corte por el municipio, para determinar por orden posterior, qué cantidad debe ser sometida a las restricciones legales sobre bienes de menores.”

El municipio apeló y esta Corte Suprema confirmó la sen-tencia recurrida. Devuelto el caso a la corte de distrito com-pareció ante ella “la sucesión demandante por conducto de su abogado” y alegando que los $2,700 que la corte ordenó al demandado que satisficiera a la sucesión por vía de indem-nización por la muerte de su causante, constituía un bien ganancial a distribuir entre los componentes de la misma,.a saber, la viuda y sus tres hijos menores de edad, que la viuda no estaba obligada ni deseaba permanecer indefinidamente en la comunidad, y que debido a la bancarrota en que se encon-traba el municipio demandado no habría medio de cobrar la sentencia, pudiendo sin embargo obtenerse los fondos nece-sarios para cubrir las necesidades de la viuda y de los hijos —indigentes todos — cediendo la viuda su haber en la senten-cia a cualquier persona que quisiera negociar su adquisición, y haciendo en la propia moción nna distribución de la indem-nización de acnerdo con las reglas fijadas por la ley para la herencia, a saber, $1,575 para la viada y $375 para cada ano de los tres hijos, pidió a la corte qne dictara providencia adjudicando a la viada la cantidad que le correspondía para qne pudiera disponer libremente de ella.

La corte sentenciadora resolvió como signe la cuestión:

“ . . . toda vez qne la sentencia de esta Corte tal cual fué confir-mada por el Tribunal Supremo ordena en su parte dispositiva que el importe de la misma sea depositado en esta Corte por el municipio para determinar por orden posterior qué cantidad debe ser sometida a las restricciones legales sobre bienes de menores, y no habiendo todavía el municipio hecho el pago ni depositado la referida cantidad, es prematuro que la Corte resuelva sobre la suma que corresponda entregar a la viuda por la cantidad que le corresponde en dicha sentencia.
“Habiendo el municipio consignado en el presupuesto la suma para pagar dicha sentencia, lo que procede es que la parte deman-dante gestione el cobro de la misma a la mayor brevedad posible, lo que sería más beneficioso para la viuda y la sucesión demandante.”

No conforme la parte demandante por su abogado apeló para ante este tribunal, señalando en su alegato tres errores qne argumenta luego conjuntamente y que- pueden compren-derse en el primero formulado así:

“La corte erró al interpretar su propia sentencia dictada en este caso, dando a las restricciones legales sobre bienes dé menores un alcance que no tienen, y mucho menos para ser aplicadas al derecho de la cónyuge supérstite.”

En su argumentación se limita la parte apelante a citar los preceptos de ley y la jurisprudencia en que basa su conten-ción de que la indemnización acordada por la sentencia cons-tituye un bien ganancial sujeto a inmediata distribución, pero nada dice con respecto al efecto de una sentencia dictada en los términos en que lo fué la de que se trata en este caso.

De modo claro la corte por esa sentencia ordenó que su importe se depositara en la misma para determinar por orden posterior qué cantidád debía ser sometida a las restricciones legales sobre bienes de menores.

La viuda, parte de la sucesión demandante, nada objetó, no pidió aclaración alguna, se conformó en absoluto con el fallo. Fue la parte demandada la que apeló, y al declarar sin lugar su recurso, esta Corte Suprema confirmó la senten-cia íntegramente.

No se ha demostrado que la sentencia se haya cumplido por parte del demandado, esto es, que éste haya depositado su importe en la corte. Tampoco que exista la imposibilidad de que se cumpla. Al contrario, consta que el municipio con-signó en presupuesto la suma a ser satisfecha, que es el primer paso que debe darse para el pago.

Siendo ello así y no habiendo citado la apelante ley o jurisprudencia que resuelvan el problema por ella planteado, ni expuesto razonamiento original alguno de peso que nos lleve a concluir que la corte en un caso de esta naturaleza no esté justificada en asumir la actitud que asumiera al con-siderar prematura la petición y beneficiosa la espera con indicación de que se gestione el cobro a la mayor brevedad posible, no nos sentimos obligados a revocar su orden si que más bien inclinados a confirmarla.

No comprendemos cómo si se sostiene que el municipio está en bancarrota, motivo por el cual el cobro es imposible, pueda encontrarse un comprador que adquiera la participa-ción de la viuda, a menos que se trate de un precio irrisorio. Ello podría acarrear, además, perjuicios a los menores. Más sabio parece agotar antes la gestión directa del cobro y acudir sólo a medidas extremas cuando no exista otro remedio.

No procede el recurso. Debe confirmarse la resolución apelada.


text:
    Boris Rafaello Negretti Santisteban, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, recurrido.
    Núm. 1077.

    Sometido: Octubre 25, 1940.

      Resuelto: Noviembre 25, 1940.
    . Villamil <& Santana Becerra, abogados del recurrente;
    el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

El 30 de noviembre de 1939 la Corte de Distrito de San Juan dictó resolución declarando al menor recurrente Boris Rafaello Negretti “judicialmente emancipado ,sin excepción alguna para todos los efectos de ley, pudiendo dicbo menor de abora en adelante, regir su persona y bienes como si fuera mayor de edad.”

Cerca de un año después, el 9 de septiembre de 1940, el menor emancipado otorgó ante notario una escritura por virtud de la cual aparece comprando cierto solar de Santurce. Presentada la escritura en el Registro de la Propiedad, el registrador la inscribió “con el defecto subsanable de no estar anotada la emancipación en el Registro Civil.”

En el caso de Córdova v. Registrador, 55 D.P.R. 739, deci-dió esta corte, copiando del resumen, que:

“Cuando se acude al Registro de la Propiedad pidiendo la inscrip-ción de un contrato realizado a virtud de una emancipación, debe acreditarse que la emancipación se inscribió previamente en el Re-gistro Civil. No constando la previa inscripción, el registrador actúa correctamente al llamar la atención sobre ello a los futuros contra-tantes. ’ ’

El recurrente sostiene que esa decisión es aplicable úni-camente a las emancipaciones por concesión del padre o de la madre que ejerza la patria potestad y no a las judiciales.

El título XI del libro primero del Código Civil Español-trata de la emancipación y de la mayor edad. Su artículo 314 dispone:

“La emancipación tiene lugar:
“Io. Por el matrimonio del menor.
“2o. Por la mayor edad.
“3o. Por concesión del padre o de la madre que ejerza la patria potestad.”

Al revisarse dicho código en 1902 el legislador puertorri-queño agregó un medio más de emancipación, el de la conce-sión judicial. Dice el artículo 302 del Código Civil Revisado, que es el primero del título XI del libro primero:

“La ley reconoce cuatro clases de emancipación:
“1. La emancipación que confiere poder para la administración de los bienes.
“2. La emancipación por el matrimonio.
“3. La emancipación por concesión judicial.
“4. La emancipación por la mayor edad.”

Ese artículo fué enmendado en 1930 y es hoy el 232 del Código Civil, ed. 1930. Dispone:

“La ley reconoce cuatro clases de emancipación:
“1. La emancipación por concesión del padre o de la madre que ejerza la patria potestad.
“2. La emancipación por el matrimonio.
“3. La emancipación por concesión judicial.
“4. La emancipación por la mayor edad.”

Y el propio legislador que agregó el nuevo medio, dispuso expresamente también que la emancipación por concesión judicial “deberá . . . anotarse en el registro civil.” Artículo 245 del Código Civil, ed. 1930.

Y luego, que “el registro del estado civil comprenderá las inscripciones o anotaciones de nacimientos, matrimonios, emancipaciones, reconocimientos y legitimaciones, y defuncio-nes,” (artículo 249 del Código Civil, ed. 1930) sin hacer dis-tinción alguna con respecto a la clase de emancipación.

El precepto sobre anotación es mandatorio. La emanci-pación debe anotarse y el registrador está justificado al exigir que se le demuestre que la ley fué cumplida.

Creemos, en tal virtud, que la decisión en el caso de Córdova v. Registrador, supra, aunque rendida en relación con una emancipación hecha por concesión de los padres, sentó una regla general aplicable a toda clase de emancipaciones y por consiguiente a las judiciales.

Ahora bien, ¿debe calificarse la omisión de defecto sub-sanable ? Estrictamente no debe, a nuestro juicio.

Un caso semejante ya resuelto por esta corte sostiene la contestación que acabamos desdar a la pregunta formulada por nosotros mismos. Nos referimos al de Quiñones. v. Registrador, 54 D.P.R. 122, 126, en el que dijimos:

“Sabemos que el registrador se negó a inscribir el contrato por el solo motivo de la no presentación del plano. ¿Pudo hacerlo? La Resolución Conjunta por su sección 2 ordena que ‘no se admitirá en los registros de la propiedad . . . ninguna copia de planos que no haya sido previamente aprobada por el Comisionado del Interior de Puerto Rico’ y luego por la 7 prescribe que 'de toda segregación o agrupación que se haga de cualquier finca o fincas, deberá presen-tarse plano, haciendo constar en él la parte segregada o las fincas que se agrupen.’
“Se limita, pues, a imponer una obligación que debe cumplirse. No ordena que su falta de cumplimiento impida la inscripción del contrato que guarda relación con la misma.
“Siendo ello así, debemos recurrir a la propia Ley Hipotecaria para conocer cuáles son los casos en que debe negarse la inscripción o verificarse haciendo constar el defecto o los defectos subsanables que el registrador advierta.
“Dice el artículo 65 de dicha Ley Hipotecaria tal como fué en-mendado por la Ley Núm. 20 de 9 de julio de 1936 (Leyes de ese año, Tercera Legislatura Extraordinaria, pág. 153), en lo pertinente (itálicas nuestras) :
“ ‘Artículo 65. — Serán faltas subsanables las que afecten a la validez del mismo titulo, sin producir necesariamente la nulidad de la obligación en él constituida.
“ ‘Los registradores no suspenderán por defectos subsanables la inscripción, anotación o cancelación de ningún título. En la inscrip-ción barán constar los defectos que contenga el título y en cualquier tiempo en que se presente la documentación para subsanarlo, se hará constar la subsanaeión por medio de nota marginal.
‘Serán faltas no subsanables las que produzcan necesariamente la nulidad de la obligación.’
“Por el hecho de no levantarse el plano, ni por el de no presen-tarse en el registro, no se produce necesariamente la nulidad del contrato que se trata de inscribir, no pudiendo, por tanto, calificarse la falta de insubsanable. Tampoco puede sostenerse que la falta de presentación del plano afecte la validez del título. Estrictamente tampoco podría calificarse el defecto de subsanable.
“Ahora, bien, se trata de un deber impuesto por la ley dejado de cumplir y nos parece que lo lógico es que el registrador haga constar dicha falta de cumplimiento a fin de que los libros del re-gistro, de acuerdo con el propósito fundamental de dicha institución, hablen claro y adviertan a los futuros contratantes en relación con el inmueble que hay algo omitido que para su beneficio pueden exi-gir que se supla, y es en este sentido que la falta de presentación del plano puede y debe anotarse a nuestro juicio como defecto subsana-ble ya que en verdad es algo que se está obligado a hacer y no se hizo y que puede perfectamente hacerse luego, corrigiéndose enton-ces la omisión.”

En el caso de Córdova v. Registrador, supra, fuimos más lejos y prescindimos de la calificación del defecto como sub-sanable, limitándonos a resolver que el deber del registrador quedaba cumplido llamando simplemente la atención sobre la omisión, teniendo en cuenta que ya esta propia corte había decidido en el caso de Travieso v. McCormick, 54 D.P.R. 328, 334, que la emancipación como acto jurídico es válida sin que sea inscrita.

En tal virtud, la resolución que procede diotar es la de revocar la nota recurrida en tanto en cuanto califica de defecto subsanable el no haberse demostrado que la emancipación del menor otorgante del docivmento contentivo del contrato ins-crito estuviera anotada en el Registro Civil, debiendo limitarse el Registrador a llamar la atención sobre es,a circwnstancia a los fines que fueren procedentes.