text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Rafael Ortiz Maldonado, acusado y apelante.
    Núm. 10574.

    Sometido: Diciembre 1, 1944.

      Resuelto: Diciembre 5, 1944.

      'Felipe Colón Díaz, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fue acusado de asesinato en segundo grado. Se le celebró juicio ante un jurado que lo encontró culpable de homicidio involuntario. Ha apelado de la sentencia im-poniéndole cuatro meses de cárcel.

Cuando se llamó el caso para juicio, el fiscal solicitó permiso para enmendar la acusación con el fin de que ésta dijera que los hechos imputados al acusado tuvieron lugar el 24 de agosto de 1941, en vez del 28 de agosto como se alegó originalmente. La corte declaró con lugar la moción, no obstante la oposición del acusado. De conformidad con la minuta del Secretario de la corte de distrito hallada en el legajo de sentencia que constituye todo el récord en ape-lación “la defensa entonces solicitó la suspensión de la vista del caso por no estar preparada, ya que la enmienda solici-tada por el fiscal constituye una sorpresa para el acusado, y discutida la cuestión, la corte denegó la moción de suspen-sión antes referida y que se proceda a la celebración del juicio”.

El acusado alega como primer error que la corte inferior abusó de su discreción al no declarar con lugar su moción de suspensión. En ausencia de una transcripción que ex-ponga los fundamentos de la moción, no podemos resolver que esta actuación de la corte de distrito fue un abuso de discreción. El abogado del acusado alega que aquel que viene preparado a ofrecer la defensa de coartada tiene de-recho a una suspénsión bajo tales circunstancias. Pero nada hay en el récord ante nos que demuestre que ésos fueron los hechos en este caso. El acusado no nos ha probado que la resolución de la corte de distrito le perjudicó.

El segundo error señalado es que la acusación no aduce hechos suficientes constitutivos de delito alguno o del delito de asesinato en segundo grado. La acusación de asesinato en segundo grado alega lo siguiente:

“. . . el referido acusado, Bafael Ortiz Maldonado, allá en o para el día 24 de agosto de 1941 y en Ponce, . . .voluntaria, ilegalmente, con malicia y premeditación dió muerte ilegal al ser humano, María Valentín, atacándola y agrediéndola con una piedra, produciéndole una grave contusión en la región frontal derecha, a consecuencia de la cual falleció la referida María Valentín.” (Bastardillas nuestras).

Alega el apelante que la acusación era defectuosa fatal-mente en que no alegaba que la muerte de la víctima ocu-rriera dentro de un año y un día después de la alegada agre-sión. Artículo 205, Código Penal, Edición 1937. Asumiendo, sin decidirlo, que es imperativo alegar la fecha de la muerte, la acusación en este caso fácilmente eumple^con este requi-sito, ya que se alega que todos los sucesos en cuestión, in-cluyendo la muerte de la víctima, ocurrieron el mismo día, 24 de agosto de 1941.

Añadimos que la administración de la justicia en Puerto Rico nunca se cumplirá a cabalidad si las cortes continúan imponiendo sentencias tan benignas en casos de esta natu-raleza y si la resolución definitiva de tales casos se demora como en el presente por más de tres años. En el presente caso no podría ofrecerse ni aún la excusa corriente — prepa-ración de la transcripción de evidencia.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Snyder

license: Public Domain

text:
    Ana Heraclia Carmona Sánchez y su esposo Don Luis Antonio Luquis, recurrentes, v. El Registrador de la Propiedad de Bayamón, recurrido.
    Núm. 1150.

    Sometido: Octubre 2, 1944.

      Resuelto: Diciembre 5, 1944.

      L. Santiago Carmona, abogado de ios recurrentes; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

Ana H. Carmona Sánchez y su esposo solicitaron del re-gistrador la inscripción de una resolución dictada por la corte de distrito en un expediente de dominio. Esta resolución decía que ella había adquirido de Heraelia Sánchez por la suma de $8,000^1a siguiente finca:

“Rústica: Parcela de terreno de cieNto seteNta y siete cnerdas, o sean setenta y nueve hectáreas y cincuenta y seis áreas, y ochenta y seis centiárcas, radicado en el barrio Piñas del término Municipal de Comerío, colindante por el Norte con tierras de la Sucesión de Don Gumersindo Carmona y terrenos de doña Enriqueta Carmona, por el Este con tierras de don Manuel Espina y la Sucesión de don Be-nigno Espina, Pedro Carrasquillo, Sucesión Carmona y Sucesión de doña Elvira Vázquez. Al Oeste con tierras de don Bernardo Pérez y el Río ‘La Plata’. Por el Sur con la Sucesión Carmona y Bernardo Pérez”.

El registrador se negó a inscribir la resolución de la corte por el fundamento de que del registro aparece inscrito el dominio de tres propiedades de 119, 30 y 58 cuerdas radi-cadas en el barrio Piñas de Comerío, números 829, 690 y 145, respectivamente, a favor de Juan Bautista Carmona y Vázquez, casado con Heraelia Sánchez Ortiz; y que la situa-ción de dichas fincas, sus colindaneias y su procedencia, ha-bían suscitado una duda razonable en su ánimo en cuanto a si estas fincas, ya inscritas a nombre de otra persona, cons-tituyen la misma finca que la descrita en la resolución de dominio, aquí presentada para inscripción. Este recurso es para revisar la nota del registrador.

El registrador hace constar que la cabida de dos de las fincas ya inscritas asciende a 177 cuerdas, el número exacto de cuerdas que tiene la finca objeto del expediente de domi-nio de que aquí se trata. Dice también el registrador que las fincas que colindan con la finca que se trata de inscribir, •es decir, terrenos pertenecientes a Cristina Vázquez Miranda, Enriqueta Carmona y la Sucesión de Gumersindo Carmona, son fincas pertenecientes a parientes de Juan Bau-tista Carmona y Vázquez adquiridas por ellos después de su muerte al hacerse una partición de sus bienes; y en cuanto a los terrenos pertenecientes a Manuel Espina y Bernardo Pérez, según surge del registro, éstos son terrenos que per-tenecieron a la Sucn. de Juan Bautista Carmona Vázquez; y además, la colindaneia invariable e incambiable por el Oeste de las fincas inscritas y de la que se intenta inscribir, es el Río “La Plata”.

Expone también el registrador otros hechos que contri-buyeron a levantar la duda razonable en su ánimo de que la finca en la resolución del expediente de dominio es una agru-pación de estas, fincas ya inscritas; es decir, Juan Bautista Carmona Vázquez, fallecido el, 23 de mayo de 1895, es-taba casado con Cristina Vázquez Miranda, y entre sus siete hijos que eran sus herederos, había uno llamado Juan Bautista Carmona y Vázquez, casado con Heraelia Sánchez Ortiz. Cuando falleció el segundo Juan Bautista Carmona y Vázquez el 6 de julio de 1921, dejó nueve hijos, entre los cuales había uno llamado Juan Bautista Carmona y Sánchez, quien falleció sin dejar descendientes. La madre de éste, Heraelia Sánchez Ortiz, y su viuda, Margarita Rodríguez, también conocida como Margarita Umpierre Rodríguez, fue-ron declaradas como sus herederas. Otra hija de los espo-sos Juan Bautista Carmona Vázquez y Heraelia Sánchez Ortiz, es Ana Heraelia Carmona y Sánchez, la recurrente en este caso. Las tres fincas en cuestión están ya inscritas a nombre de Juan Bautista Carmona y Vázquez y de otro Juan Bautista Carmona y Vázquez, y por tanto pertenecientes a sus herederos, entre los que se encuentra la aquí recurrente y Heraelia Sánchez Ortiz; y, como hemos visto, la recurrente reclama representada por ésta última.

El registrador también señala la participación de Hera-elia Sánchez Ortiz, causante de la recurrente, en virtud, de anotaciones de embargos hechas sobre las fincas de 58 y 119 cuerdas en los casos de R. Fabián & Co. y P. Millón y Com-pañía, Sucesores v. Heraelia Sánchez, viuda de Carmona, Margarita Rodríguez, conocida como Margarita Umpierre Rodríguez, viuda de Carmona y la Sucesión de Juan Bau-tista Carmona y Sánchez.

La inscripción en el Registro en cnanto a la finca 829 dice que es nna finca rústica situada en el barrio Pifias de Comerío, compuesta de 119 cuerdas. Sus eolindancias son como sigue: Por el Norte, con terrenos de Cristina Vázquez y Miranda y Enriqueta Carmona Vázquez; por el Este, con terrenos de José Rosa Carmona y Elvira Vázquez; por el Sur, con terrenos de José Pablo Rivera; y por el Oeste, con el Río “La Plata” y terrenos de Pablo José Rivera. Juan Bautista Carmona y Vázquez, casado entonces, compró una finca principal de 582 cuerdas a Nicolás Jiménez Muñoz, de la cual se segregó la finca aquí envuelta. El referido Juan Bautista Carmona y Vázquez falleció el 23 de mayo de 1895. En un testamento abierto éste hizo constar que estaba ca-sado con Cristina Vázquez y Miranda, y designó como sus herederos a sus siete hijos, José Francisco, José Rosa, Gu-mersindo Timoteo, Cristina, Hipólita, Enriqueta y Juan Bau-tista Carmona y Vázquez.' ■ Después de dividirse la herencia, Juan Bautista Carmona y Vázquez inscribió, como su parti-cipación en la misma, las 119 cuerdas aquí envueltas.

Las inscripciones A y B de esta finca se encuentran en el Registro en el sitio adecuado. Dicen que la inscrita finca antes mencionada estaba sujeta a dos embargos en los casos de R. Fabián & Co. y P. Millón & Compañía, Sucesores contra (1) Heraclia Sánchez viuda de Carmona, (2) Margarita Rodríguez también conocida como Margarita Umpierre Ro-dríguez, viuda de Carmona y (3) la Sucesión de Juan Bau-tista Carmona y Sánchez.

Cuando examinamos las eolindancias de la finca número 829 y aquellas que se encuentran en la resolución del expe-diente de dominio, hallamos que sus eolindancias coinciden en parte — la finca número 829 colindando por el Norte con terrenos de Enriqueta Carmona Vázquez y Cristina Vázquez Miranda, y la finca aquí envuelta, colindando por el Norte con terrenos de Enriqueta Carmona y Sucesión de Gumer-sindo Carmona. Se desprende también que Cristina Váz-quez Miranda era la esposa del primer Juan Bautista Car-mona Vázquez y madre del segundo Juan Bautista Carmona Vázquez, habiendo inscrito el primero a su nombre las origi-nales 582 cuerdas, y el segundo habiendo inscrito a su nom-bre una segregación de la finca número 829. También apa-rece que Gumersindo Carmona pudo haber sido Gumersindo Timoteo Carmona Vázquez, hijo del primero y hermano del segundo Juan Bautista Carmona Vázquez, y que el terreno adquirido por aquél de su padre es el terreno poseído ahora por su Sucesión. Así vemos que la finca en la resolución del expediente de dominio colinda con terrenos que aparente-mente provienen de la misma fuente que la finca 829.

También debe notarse que la recurrente en este caso es Ana Heraclia Carmona Sánchez, reclamante a través de He-raelia Sánchez quien, como indican las anotaciones de embargo, es la viuda de Juan Bautista Carmona Vázquez, dueño del registro de esta finca; también, la recurrente parece ser hija de dicho matrimonio.

La colindancia Oeste de ambas fincas coincide también parcialmente. La colindancia para la finca 829 es el Río “La Plata”. La colindancia Oeste de la finca aquí envuelta es el Río “La Plata”, y terrenos de Bernardo Pérez. Afirma el Registrador en su alegato que, en cuanto a las otras co-lindancias, de conformidad con las inscripciones en el Regis-tro, constituyen terrenos que, aunque ahora propiedad de alguna-otra persona, anteriormente pertenecieron a la Suce-sión de Juan Bautista Carmona y Vázquez. No podemos determinar la corrección de este aserto, ya que del récord ante nos no aparece prueba al efecto.

La finca número 690 consiste de 30 cuerdas y está situada parte en el barrio Río Hondo y parte en el barrio Pinas de Comerío. Fué adquirida por Juan Bautista Carmona Váz-quez, casado con Ana Heraclia Sánchez Ortiz. Este es pro-bablemente el segundo Juan Bautista Carmona Vázquez, ya que el primero estaba casado con Cristina Vázquez y Miranda. La finca colinda por el Norte con terrenos propiedad de Juan Bautista Carmona; por el Este con terrenos de Manuel Pon-tón; por el Sur con terrenos de Faustina B-ivera Fontánez; y por el Oeste con el Río “La Plata”. Este último consti-tuye la única colindancia similar de esta finca y aquella des-crita en la resolución de dominio. Debe notarse que ambas fincas colindan con terrenos de Juan Bautista Carmona; pero una colinda por el Norte con fincas de la Sucesión Carmona, mientras que la otra colinda por el Este con terrenos descri-tos como pertenecientes a Juan Bautista Carmona.

La finca número 145 es una finca rústica, situada en el barrio Pifias, en la jurisdicción de Sabana del Palmar, con-sistente de 58 cuerdas. Colinda por el Norte con terrenos de Modesto Cobián; por el Este con terrenos de Modesto Co-bián y Félix Pérez y Cirilo Pérez; y por el Oeste y Sur con terrenos de Juan Bautista Carmona y Vázquez. Este último inscribió su derecho a esta finca después de tramitar un ex-pediente posesorio. Debido al hecho de que esta posesión se inscribió en 1883, obviamente se refiere a la primera de las dos personas llamadas Juan Bautista Carmona Vázquez. Aquí tenemos una colindancia que es aparentemente idén-tica, toda vez que la finca número 145 colinda por el Sur con terrenos de Juan Bautista Carmona y la finca descrita en la resolución del expediente de dominio colinda por el Sur con una finca propiedad de la Sucesión Carmona. Idénticas ano-taciones de encargo a las de la finca 829 surgen aquí, indi-cando de esta manera que se originan de la misma fuente.

El registrador también acompaña certificación de una inscripción hecha con referencia a una finca urbana radicada en Comerío. Consta de un solar sobre el que construyó una casa Juan Bautista Carmona Vázquez, casado con Heraelia Sánchez Ortiz. Esta última falleció en 1921 dejando los si-guientes hijos: Luis Roberto, Josefa Teresa, Juan Bautista, Delfina Heraelia, Ana Heraelia, Guillermo, María Cristina, Luis Pío, Manuel Gumersindo, todos de apellidos Carmona Sánchez. Juan Bautista Carmona Sánchez, uno de estos he-rederos, murió sin tener hijos, y la corte' de distrito dictó> una resolución al efecto de que sus herederos eran su esposa Margarita Rodríguez, conocida como “Umpierre Rodríguez”, y su madre Heraclia Sánchez Ortiz. Todo ello indica que lá Heraclia Sánchez Ortiz mencionada en los embargos, y la Heraclia Sánchez, a través de la cual los recurrentes recla-man, era la esposa de Juan Bautista Carmona Vázquez y' que la recurrente Ana Heraclia Carmona Sánchez era su hija.

Si bien los hechos expuestos no dan lugar a la inferencia de que la finca número 690 ya estaba inscrita, creemos que el registrador estuvo justificado en concluir que existía una duda razonable en su ánimo en cuanto a si la finca que se trataba de inscribir aquí estaba o no ya inscrita como las fincas 829 y 145. Como dijimos en el caso de Marrero v. Registrador de la Propiedad de Mayagüez, 25 D.P.R. 834, 836: “El registrador debe negar la inscripción no sólo cuando tiene certeza plena de que el derecho que se trata de inscri-bir lo está ya a nombre de persona distinta de la que otorga la trasmisión, sino cuando tiene duda razonable y fundada de ello’. (Véase también Colón v. Registrador de la Propiedad de Caguas, 24 D.P.R. 770).

La superficie envuelta en las fincas 829 y 145 asciende a 177 cuerdas, lo mismo que la finca de que aquí se trata. Las fincas 829 y 145 estaban ambas sujetas a los embargos men-cionados en las anotaciones antes descritas. Y de dichas anotaciones es razonable concluir que Ana Heraclia Carmona Sánchez, la aquí recurrente, pudiera ser uno de los miembros de la Sucesión de Juan Bautista Carmona Vázquez, el dueño de la propiedad en el registro. También, la recurrente re-clama a través de Heraclia Sánchez que pudiera ser Hera-clia Sánchez Ortiz, la viuda de Juan Bautista Carmona y Vázquez y madre de la recurrente, y hermana de Juan Bau-tista Carmona y Sánchez, cuya viuda Margarita Rodríguez, también conocida como “Umpiere Rodríguez”, se menciona en dichos embargos. Además, una agrupación de las fincas 829 y 145 resultaría en las mismas colindancias que la finca aquí envuelta, como signe: (1) por el Norte con terrenos de Enriqueta Carmona; (2) por el Oeste con el Río “La Plata” y (3) por el Sur con terrenos de la Sucesión Carmona. Es cierto que otras colindancias, y parcialmente estas mismas colindancias, no todas coinciden; pero debe tenerse en cuenta que los bienes cambien de dueño y que las colindancias no siempre continúan siendo las mismas.

Estamos satisfechos en virtud de todas estas circunstan-.cias que el registrador, de conformidad con nuestras decisio-nes en los casos de Marrero y Colón, estuvo justificado al negarse a inscribir la resolución de la corte de distrito.

La nota del registrador será confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Swyder

text:
    Ana María Sugar Co., Inc., peticionaria, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, Etc., demandado.
    Núm. 15.

    Sometido: Noviembre 17, 1944.

      Resuelto: Diciembre 5, 1944.

      J. Alemañy Sosa, abogado de la peticionaria; Iíon. Procurador General Interino Jesús A. González, y A. T). Marchand Paz y M. Velázquez Flores, Procuradores Generales Auxiliares, abogados del interventor, Tesorero de Puerto Rico, demandado en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Swyder

emitió la opinión del tribunal.

En 25 de septiembre de 1936 la peticionaria radicó su planilla de contribuciones sobre ingresos correspondiente al año 1935-36. El 27 de noviembre de 1941 el Tesorero noti-, ñeó a la contribuyente una deficiencia en relación con la re-ferida planilla. La peticionaria radicó una querella ante el Tribunal de Contribuciones, alegando que es de aplicación a este caso el período prescriptivo de cinco años para la tasa-ción de tales deficiencias que se encuentra en la Ley original de Contribuciones sobre Ingresos de 1925 (pág. 401). Ex-pedimos el auto de certiorari para revisar la decisión del Tribunal de Contribuciones al efecto de que la enmienda de 1941, extendiendo a siete años dicho, período prescriptivo, era aplicable a este caso, y que el Tesorero actuó por tanto correctamente al tasar la deficiencia.

Esta disposición específica de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos permaneció sin enmendar hasta 1941, cuando la Ley núm. 31 fue aprobada el 12 de abril de 1941 ((1) pág. 479). La sección 60(a) (1) originalmente decía como sigue:

“El importe ele las contribuciones sobre ingresos y beneficios excesivos y el importe de la contribución sobre ingresos impuestos por esta Ley, o por la ley de contribución sobre ingresos número 59 de 1917, la ley de contribuciones sobre ingresos número 80 de 1919, la ley de contribuciones sobre ingresos número 13 de 1921, •o por cual-quiera de dichas leyes según han sido enmendadas, se tasarán dentro de cinco años después de radicarse la declaración, y no podrá enta-blarse un procedimiento judicial para el cobro de dichas contribu-ciones después de vencido dicho período.” (Bastardillas nuestras.)

Las enmiendas de 1941 consistieron en eliminar la mate-ria que aparece en bastardillas, y en modificar el período prescriptivo de cinco a siete años.

La contención de la peticionaria es que la Legislatura no tuvo la intención' de cambiar mediante la enmienda de 1941 el período prescriptivo de cinco años para las planillas radicadas con anterioridad a la aprobación de la enmienda que extendía a siete años dicho período. Nada se desprende del lenguaje de esta enmienda que sostenga esta contención. El estatuto claramente dice que a partir de su aprobación, el Tesorero tendrá derecho a tasar una deficiencia sobre cualquier planilla radicada dentro, de no más de siete años con anterioridad a la fecha de la aprobación de la enmienda. Por tanto resolvemos que la Legislatura contempló que este artículo fuera aplicable a planillas radicadas con anteriori-dad a la fecha de la enmienda.

De conformidad con lo antes expuesto, es aparente que la sección 29 de la Ley núm. 31, que dispone que dicha ley “tendrá efecto a contar del día 1ro. de enero de 1940”, no es de aplicación a los hechos de este caso.

Dejamos sin resolver la cuestión de si la Legislatura podía mediante esta enmienda revivir válidamente una causa de acción que ya había prescrito bajo el estatuto anterior de cinco años. Dejamos pendiente dicha cuestión toda vez que no está envuelta en este caso. Aquí la planilla se radicó el 25 de septiembre de 1936. El derecho del Tesorero de conformidad con el estatuto anterior de cinco años en su consecuencia todavía no había prescrito en junio 1941, cuando el estatuto enmendado entró en vigor.

La decisión del Tribunal de Contribuciones será confir-mada. ■ ■ ' .


author: El Juez Presidente SeñOR Travieso

text:
    Idalia María Carolina y Charles R. McCormick Murdock, Enrique Calimano Díaz y Margarita Gandía Skerret, peticionarios y apelantes, v. Hon. B. Marrero Ríos, Juez, Corte de Distrito de Guayama, demandado y apelado.
    Núm. 9041.

    Sometido: Septiembre 5, 1944.

      Resuelto: Diciembre 7, 1944.

      Benicio Sánchez Castaño y Félix Ochoteco, Jr., abogados de los peti-cionarios apelantes; Hon. Procurador General Interino Fernando B. Fornaris (Jesús A. ' González, en el alegato) y Francisco A. Arrillaga y Antonio Riera, abogados de la interventora, Autoridad de Tierras de Puerto Rico, demandante en el pleito principal.
   El Juez Presidente SeñOR Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En agosto 29 de 1944, encontrándose esta Corte Suprema en vacaciones, los peticionarios apelantes radicaron una pe-tición en la cual solicitaban la expedición de un auto dirigido al Juez y a la Corte de Distrito de Guayama, requiriéndoles a mostrar causa por las cuales no debiera expedirse un auto inhibitorio prohibiéndoles continuar entendiendo en una causa de expropiación forzosa pendiente ante dicha corte; y en la alternativa, que se expidiera un auto de certiorari para re-visar y anular la resolución de agosto 11 de 1944, dictada por dicha corte en la mencionada causa de expropiación.

En septiembre 30 de 1944, después de haber oído a las partes en cnanto a la procedencia del anto inhibitorio solici-tado, el Juez Asociado Sr. Todd, actuando en funciones de turno, declaró no haber lugar a su expedición. En cuanto a la procedencia del auto de certiorari bajo la Ley número 32 de 1943 (pág. 85), el citado juez reservó la cuestión para ser resuelta por el tribunal en pleno. En octubre 9 de 1944, el tribunal declaró sin lugar la petición de certiorari.

En octubre 3 de 1944 los peticionarios solicitaron la revi-sión por el tribunal en pleno de la resolución del Juez de Turno denegando la petición de auto inhibitorio. El caso ha sido sometido a nuestra consideración por las alegaciones y memoranda sometidos al juez recurrido.

He aquí una síntesis de los hechos alegados en la petición:

En diciembre 29 de 1943, El Pueblo de Puerto Rico ra-dicó ante la Corte de Distrito de Gruayama una demanda so-bre expropiación de una finca propiedad de los peticionarios, para beneficio y uso de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico y para ser aparcelada y distribuida entre un número de “agregados”, con el fin de que éstos puedan erigir sus viviendas, a tenor de lo dispuesto en el Título Y de la Ley de Tierras de 12 de abril de 1941. En la demanda se describe la finca como de 129.33 cuerdas y se ofrece a los de-mandados la suma de $16,714.95 en pago del inmueble con sus plantaciones y mejoras. La indicada suma fué deposi-tada mediante cheque en la Corte de Distrito de Gruayama.

En la misma fecha en que se radicó la,demanda, El Pueblo de Puerto Rico radicó una “petición de declaración de adquisición y entrega material de posesión”, de conformi-dad con lo dispuesto por la sección 5A de la “Ley estable-ciendo la expropiación forzosa de la propiedad particular”, de marzo 12, 1903, enmendada por la Ley número 19 de 30 de noviembre de 1942, y también otro escrito titulado “de-claración de adquisición y entrega material de posesión”.

En enero 13 de 1944, la corte de distrito dictó una reso-lución al efecto de que a partir de esa fecha el título de do-minio sobre la finca objeto de la expropiación quedó inves-tido en El Pueblo de Puerto Eico a beneficio de la Autori-dad de Tierras; y que El Pueblo tiene derecho a la inme-diata posesión y entrega de la propiedad, tan pronto los dueños de la misma sean notificados con copia de la resolu-ción.

En febrero 8, 1944 los peticionarios solicitaron la anula-ción de la resolución de enero 13 de 1944, alegando que la corte carecía de jurisdicción para dictarla por los siguientes motivos:

(a) Porque la sección 5A adicionada a la Ley de Expro-piación Forzosa por la número 2 de 1941 ((1) pág. 285) es nula e inconstitucional porque no provee ni asegura la exis-tencia de fondos para pagar la compensación cuando ésta sea determinada finalmente.

(b) Porque la ley enmendatoria número 19 de 30 de no-viembre de 1942 ((2) pág. 83), tampoco provee fondos espe-cíficos para hacer que la expropiación sea constitucional.

(c) Porque el fin para el cual se expropia la finca no constituye un uso público.

En agosto 11, 1944 la corte inferior declaró sin lugar la moción, quedando así en pie la resolución de enero 13 del mismo año.

Continúan alegando los peticionarios, que' la orden de enero 13, confirmada por la de agosto, 11 de 1944, fue dic-tada sin jurisdicción, por las razones ya expuestas, y ade-más, que si dicha orden no es anulada, los peticionarios se-rán privados de su propiedad sin un debido proceso de ley y también de su derecho constitucional a una justa compen-sación, ya que no existe ley alguna haciendo asignación ade-cuada para el pago de la justa compensación que pudiera fijar la corte; que los peticionarios carecen de remedio ade-cuado en ley, salvo por medio de. un auto inhibitorio;^ que asumiendo que la resolución sea apelable, la apelación no podría ser vista y resuelta basta mucho después de haberse privado a los peticionarios de la posesión del inmueble y cuando ya los peticionarios habrían sufrido daños irrepa-rables.

Con posterioridad a nuestra decisión en el caso de Puerto Rico Railway, Light & Power Co. v. Benjamín Ortiz, Juez, 59 D.P.R. 921, en el cual se levantaron las mismas cuestiones que ahora levantan los aquí peticionarios y resolvimos que procedía la expedición del auto inhibitorio solicitado, la le-gislatura insular aprobó la Ley número 19 de noviembre 30 de 1942 (Leyes de ese año, sesión extraordinaria, pág. 95) con el propósito de corregir el defecto existente en la Ley de Expropiación Forzosa, la cual no hacía una adecuada pro-visión de fondos para el pago de la compensación que en de-finitiva fijase la corte. La referida ley enmendatoria, en cuanto es pertinente, lee así:

“Sección 5(6). — En cualquier sentencia dictada en un procedi-miento de expropiación forzosa para la adquisición de propiedad pri-vada o de cualquier derecho sobre la misma para uso público o aprovechamiento en beneficio de la comunidad, entablado por El Pueblo de Puerto Rico o Gobierno Insular directamente, o a su nombre por cualquier agencia, autoridad, instrumentalidad o fun-cionario de El Pueblo de Puerto Rico, en que la cantidad determinada por la corte como justa compensación por la propiedad o los dere-chos en la misma objeto de tal procedimiento sea mayor que la can-tidad fijada por el demandante o depositada en corte como justa compensación por tal propiedad o derechos en la misma, El Pueblo de Puerto Rico pagará el importe de la diferencia entre la suma así fijada por el demandante y depositada por él en la corte y la can-tidad que a tal efecto haya determinado la corte como justa com-pensación por la -propiedad o derechos en la misma objeto de tal procedimiento, con intereses a razón de seis por ciento anual sobre tal diferencia a contar desde la fecha de la adquisición de tal pro-piedad * o derechos y desde esta fecha hasta la del pago, .de dicha diferencia.
“Tan pronto la sentencia referida en el párrafo anterior sea final e inapelable, el Tesorero de Puerto Rico pagará al demandado en dicho procedimiento de expropiación el importe de la diferencia que se especifica en el párrafo anterior, con intereses sobre la misma, tal como alK' se dispone; y el Tesorero de Puerto Rico procederá a pagar tal diferencia y los intereses sobre la misma, como se dispone en •esta sección, con cargo a cualesquiera fondos existentes en la Tesore-ría Insular no destinados a otras atenciones.
“Para el pago total de la diferencia mencionada en los párrafos anteriores y los intereses sobre la misma, como aquí se dispone, se compromete irrevocablemente la buena fe de El Pueblo de Puerto Rico.
“Por la presente se asigna de cualesquiera fondos existentes en la Tesorería Insular no destinados a otras atenciones las cantidades necesarias para llevar a cabo las disposiciones de esta sección. ’ ’

La citada disposición legal es más amplia y más especí-fica que la ley federal sobre la materia, titulada “Declaration of Taking Act”. Véase U.S.C.A., Título 40, sec. 258 e. La validez constitucional del estatuto federal ha sido soste-nida por las cortes federales, las cuales han resuelto en re-petidas ocasiones que las disposiciones del estatuto, satisfa-cen los requisitos de la Enmienda 14, sec. 1 de la Constitu-ción, que prohíbe la incautación de propiedad privada sin el debido proceso de ley o sin justa compensación. Véanse: United States v. 47.21 Acres of Land, Parcel No. 5, D.C. Ky., 1943, 48 F. Supp. 73; Hessel v. A. Smith & Co., D. C. Ill., 1936, 15 F. Supp. 953.

Nuestro estatuto local, supra, ofrece plenas. garantías al demandado en expropiación de que la diferencia que pueda haber a su favor entre la cantidad depositada y la que en definitiva fijare la corte en su sentencia, le será pagada por el Tesorero de Puerto Rico, con sus intereses.

El último fundamento de la petición para que ex-pidamos un auto inhibitorio es que el fin para el cual se ex-propia la finca de los peticionarios no es un uso público.

En la demanda de expropiación radicada por El Pueblo de Puerto Rico, se alega que “la Autoridad de Tierras de Puerto Rico interesa la expropiación de la finca descrita en el precedente primero, para distribuirla y cederla a un nú-mero de ‘agregados’ a razón de una parcela no menor de nna cuarta parte de cuerda de tierra (cuadro) por familia,, en la cual erigir dichos ‘agregados’ sus viviendas”.

En la “Exposición de Motivos” que precede a la Ley núm. 26, aprobada en abril 12 de 1941 ((1) pág. 389), titu-lada “Ley de Tierras de Puerto Bico”, se declara expresa-mente que: “También es parte integrante del propósito moral, de dignidad y libertad económicas encarnado en la polí-tica pública de la Legislatura, el facilitar los medios para que desaparezca de Puerto Bico la .clase de ‘agregados’, o sea de trabajadores agrícolas esclavizados por el hecho de-no ser -dueños ni siquiera del pedazo de terreno donde tienen, sus hogares;”.

El artículo 7 de la misma ley, según fué enmendado por la Ley núm. 197 de mayo 11 de 1942, Leyes de ese año, pág. 997, provee que la Autoridad de Tierras se crea, entre otros, con el fin de “ayudar a la formación de nuevos propietarios, facilitar el aprovechamiento de las tierras para el mayor-bien público bajo planes de producción eficiente y económica, proveer medios para que los agregados y moradores de arra-bales puedan adquirir predios de terrenos en los cuales en-clavar sus viviendas y para efectuar todos los actos condu-centes al más científico, económico y eficiente disfrute de las-tierras por el pueblo de Puerto Bico”.

Para llevar a efecto los propósitos mencionados en la Ley, el artículo 8 de la misma confiere a la Autoridad de-Tierras “todos los derechos y poderes que sean necesarios o convenientes”, para “ (g) adquirir tierras por compra, ce-sión, traspaso, permuta, arrendamiento, legado, donación, o por el ejercicio del poder de expropiación forzosa en la forma que proveen esta ley y las leyes de Puerto Bico . . . ”.

El artículo 74 de la Ley de Tierras provee que con el fin de promover el bienestar, la libertad económica y la justicia social de los agregados, “se declara que es el objeto de este título que todo agregado tenga el derecho, por lo menos, a ser dueño de un cuadro de tierra en el cual donde (sic) le-vantar permanentemente su hogar”.

La Legislatura tiene amplia discreción para determinar qué es lo que constituye un fin público y para tomar aquellas medidas que a su juicio promuevan el bienestar de la comu-nidad. No es función de los tribunales la de expresar opi-nión sobre la sabiduría o conveniencia de una medida legis-lativa. Si ésta contiene elementos de beneficio público y el propósito que se trata de realizar es de cárácter público, la cuestión en cuanto al beneficio que- baya de recibir el público debe ser resuelta por la Legislatura y no por los tribunales. La presunción en favor del fin público que se propone al-canzar, es más fuerte cuando la expropiación se hace a nom-bre del gobierno y no por una corporación privada. New York City Housing Authority v. Muller, 1 N. E. (2d) 153, 105 A.L.R. 905; Krause v. Peoria Housing Authority, 19 N. E. (2d) 193; Dornan v. Phila. Housing Authority, 200 Atl. 834.

Es deber de todo gobierno, adoptar aquellas medidas que fueren necesarias para promover el bienestar y defender la salud de todos los ciudadanos, especialmente de aquellos a quienes sus escasos medios de fortuna no les permiten ad-quirir un pedazo de tierra para edificar en ella sus hogares. Basta leer las disposiciones pertinentes de nuestra Ley de Tierras, de acuerdo con las cuales se trata de expropiar la finca de los peticionarios, para convencernos de que el fin a que habrá de dedicarse la finca objeto de la expropiación es uno de carácter público y que a nuestro juicio habrá'de con-tribuir grandemente a levantar el standard de vida de nues-tras clases trabajoras. Son numerosas las autoridades es-tatales que sostienen la validez de la expropiación de fincas privadas para ser dedicadas a la eliminación de arrabales y para proveer de hogares a personas de escasos recursos eco-nómicos por tratarse de un uso público. Véanse: 29 C.J.S. 851, sec. 64; 105 A.L.R. 911; Willmon v. Powell, 91 Cal. App. 1, 266 Pac. 1029; Simon v. O’Toole, N.J.L. 32, 155 Atl. 449; Oklahoma City v. Sanders, 94 F. (2) 323; y United States v. Certain Lands in City of Louisville, etc., 78 F. (2d) 684.

La contención de los peticionarios de que estando la finca bajo cultivo, sembrada de palmas de cocos, no puede ser expropiada para ser dividida en parcelas, carece de mé-ritos. Las plantaciones o edificaciones que puedan existir en una finca en el momento en que se inicia la expropiación nada tienen que ver con el uso público a que haya de dedicarse el inmueble una vez expropiado.

Por las razones expuestas, opinamos que no erró el juez recurrido al declarar sin lugar la petición de un auto inhi-bitorio.

La resolución recurrida debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., se inhibió.


author: El Juez Presidente Señor Travieso

text:
    Central Aguirre Sugar Co., peticionaria, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, demandado.
    Núm. 10.

    Sometido: Noviembre 6, 1944.

      Resuelto: Diciembre 8, 1944.

      Hwrtzell, Kelley & Hartzell, Rafael O. Fernández y José L. Novas, abogados de la peticionaria; Hon. Procurador General Interino Jesús A. González y Ramón Gandía Biscombe, Oficial Jurídico, abogados del Interventor, Tesorero de Puerto Rico; James R. Beverley, R. Castro Fernández y José López Baralt, -como amicus curiae.

   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Los Lechos esenciales de este caso, sobre los cuales no existe controversia entre las partes, son en síntesis los siguientes:

Central Aguirre Sugar Company es una corporación or-ganizada de acuerdo con las leyes de Puerto Pico y tiene su oficina principal en Aguirre, Municipalidad de Salinas, en esta Isla. El accionista principal de dicha corporación lo es, según se alega, Central Aguirre Associates, una asocia-ción o “trust” de Massachusetts, con su oficina principal en la ciudad de Boston, y sin oficina o negocios en Puerto Rico.

En julio 15 de 1940, la corporación aquí peticionaria pagó a sus accionistas, como dividendos, un total de $1,620,000. De esa suma, $1,619,856 fueron pagados a Central Aguirre Associates.

En o alrededor de enero 15, 1941, Central Aguirre Associates radicó con el Tesorero de Puerto Rico una planilla de contribución sobre ingresos, de acuerdo con la ley entonces vigente, e incluyó en dicha planilla los ingresos brutos pro-cedentes de fuentes dentro de Puerto Rico y entre ellos la suma recibida de la corporación peticionaria por concepto de dividendos. De dicha planilla no resultaba ingreso neto al-guno de Central Aguirre Associates que estuviera sujeto a contribución de acuerdo con la ley entonces vigente. (See. 32(a) (6) Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1924.)

En marzo 15, 1941, la corporación peticionaria radicó su planilla de contribución sobre ingresos, en la cual hizo cons-tar la cantidad pagada como dividendos durante el año natural de 1940, incluyendo la suma pagada a Central Aguirre Associates, pero sin hacer constar deducción y retención de cantidad alguna como contribución imponible a dicha asocia-ción o “trust” de Massachusetts.

Con fecha 22 de noviembre de 1941, el Tesorero de Puerto Rico notificó y requirió a la peticionaria Central Aguirre Sugar Company para que pagase dentro de los diez días siguientes al de la notificación, la suma de $307,772.64, con intereses al tipo de 1 por ciento desde agosto 11 de 1941, alegando que la peticionaria era deudora de dicha suma al Tesoro Insular de acuerdo con las disposiciones de la Ley núm. 74 de agosto 6 de 1925 (pág. 401), según fué enmen-dada por la Ley núm. 31 de abril 12 de 1941 ((1) pág. 479), y por la Ley núm. 159 de mayo 13 de 1941 ((1) pág. 973), de la Legislatura de Puerto Rico, como contribución sobre ingresos retenida en el origen por la peticionaria, al tipo de 19 por ciento, con respecto al dividendo pagado por la peti-cionaria en 1940 a su accionista Central Aguirre Associates. Solicitada dentro del término de diez días la reconsideración y revocación de la “Notificación y Requerimiento” hechos por el Tesorero, éste declaró no haber lugar a la reconside-ración y confirmó su resolución por carta de fecha diciembre 10 de 1941. El día 20 del mismo mes y año, la peticionaria radicó una querella ante , el Tribunal de Apelación de Con-tribuciones. El caso fué visto y quedó sometido a dicho tribunal en diciembre 8, 1942. En agosto 17 de 1943 el caso fué sometido de nuevo al Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, y éste en mayo 11 de 1944 rindió su decisión desestimando la querella. La peticionaria pagó bajo protesta la suma total reclamada por el Tesorero y radicó ante esta Corte Suprema su petición de certiorari.

El error fundamental que la peticionaria imputa al Tribunal recurrido es el de haber resuelto que de acuerdo con los términos de la Ley núm. 31 de abril 12, 1941 y de la Ley núm. 159 de mayo 13 de 1941, que entró en vigor en agosto 11, 1941 con efecto retroactivo al día 1 de enero de 1940, la peticionaria estaba obligada a retener y pagar al Tesoro de Puerto Rico una contribución sobre, los dividen--dos pagados por la peticionaria a Central Aguirre Associates el día 15 de julio de 1940, cuando los dividendos así pagados no estaban sujetos a contribución alguna bajo la ley enton-ces en vigor.

La sección 22, subdivisión (-a) de la “Ley de Contribu-ciones Sobre Ingresos de 1924”, enmendada por la Ley núm. 102 de mayo 14, 1936 (Comp. de los Estatutos Revisados de 1941, pág. 423) vigente en julio 15 de 1940, fecha en que se efectuó el pago de los dividendos en cuestión, disponía que todas las personas, cualquiera que sea la capacidad en que actúen, que tengan el control, custodia, disposición o pago de intereses, rentas, sueldos; comisiones, compensaciones u otras ganancias, beneficios e ingresos anuales o periódicos, de cual-quier individuo no residente que no sea ciudadano de Puerto Rico o de cualquier sociedad no dedicada a la industria o comercio en Puerto Rico, “excepto ingreso recibido como dividendos de los admitidos como créditos por la subdivisión (a) de la sección (18)”, deberán deducir y retener de dichas ganancias, beneficios e ingresos, una contribución igual al 6 por ciento de los mismos. La subdivisión (b) de la misma sección 22 hace responsable del pago de dicha contribución a la persona a quien por la subdivisión (a) se le impone la obligación de deducirla al hacer el pago y de retenerla para entregarla al Tesoro Insular.

La sección 18, subdivisión (a) de la misma ley, vigente en 'julio 15 de 1940, disponía:

“§18. Para los fines de la contribución normal solamente se .concederán los siguientes créditos: (a) Las cantidades recibidas como beneficios de sociedades o como dividendos (1) de una corporación doméstica o (2) de una corporación extranjera cuando se demuestre a satisfacción del Tesorero que más de 50 por ciento del ingreso bruto de dicha corporación extranjera por el período de los tres años terminados al cerrar su año contributivo que precede a la declaración de dichos dividendos ... ha sido derivado de fuentes radicadas dentro de Puerto Pico ...”

Basta leer las disposiciones legales a qne nos hemos re-ferido, para llegar a las siguientes ineseapables conclusiones: (u) en julio 15 de 1940, “Central Aguirre Associates”, aso-ciación domiciliada en Boston, Mass., accionista de la corpo-ración doméstica “Central Aguirre Sugar Company”, no es-taba obligada por ley alguna de Puerto Rico a pagar contri-bución de ingreso sobre la suma de $1,619,856 que en la in-dicada fecha recibió de la expresada corporación doméstica en concepto de dividendos sobre las acciones inscritas a su nombre; (2) en julio 15, 1940, Central Aguirre Sugar Company no estaba autorizada ni obligada por estatuto alguno de Puerto Rico a deducir y retener parte alguna de los divi-dendos que de acuerdo con la ley estaba autorizada y obli-gada a pagar íntegramente a sus accionistas; y (3) en la indicada fecha, Central Aguirre Sugar Company no era ni podía en manera alguna ser considerada como un agente re-tenedor, habida cuenta de que no existía ley alguna que la autorizara u obligara a retener contribución alguna sobre dividendos pagados a sus accionistas.

Por virtud de la Ley núm. 31 de abril 12 de 1941, la Le-gislatura enmendó la subdivisión (a) de la sección 22 de la Ley de Contribuciones Sobre Ingresos, en el sentido de im-poner a “todas las corporaciones y sociedades que tengan el control, recibo, custodia, disposición o pago de . . . dividen-dos ... de cualquier individuo no residente que no sea ciu-dadano de Puerto Pico”, la obligación de “deducir y rete-ner” de dichos dividendos “la contribución normal y adicio-nal fijada por esta ley a los individuos no residentes que no sean ciudadanos de Puerto Rico”. La citada Ley núm. 31 de abril 12 de 1941 enmendó también la sección 32 de la Ley de Contribuciones Sobre Ingresos, eliminando las disposicio-nes de su apartado (a) (6) por virtud de las cuales se auto-rizaba a las corporaciones para que al computar su ingreso neto dedujeran las cantidades recibidas como dividendos de una corporación doméstica. La citada Ley núm. 31 dispone expresamente que las enmiendas a que nos hemos referido deberán tener efecto retroactivo a partir del primero de enero de 1940. Y es precisamente en esta alegada retroacti-vidad de la ley que el Tesorero basa su derecho a exigir de Central Aguirre Sugar Company el pago de la contribución que la enmienda de 1941 impone por primera vez a los ac-cionistas que recibieron sus dividendos en julio 15 'de 1940.

Que la asociación o “trust” Central Aguirre Associates o sus accionistas o beneficiarios están obligados, retroactiva-mente, a pagar la contribución impuesta por la sección 28 o por la sección 35, según quedaron enmendadas por la Ley núm. 31 de 12 de abril de 1941, es cuestión sobre la cual no tenemos duda alguna, especialmente después de nuestra de-cisión en Ballester v. Tribunal de Apelación de Contribuciones, 61 D.P.R. 474.

La única, cuestión que nos toca considerar y resolver es si la Legislatura tuvo la intención de dar a las disposicio-nes de la sección 22(a) de la Ley número 31 de abril 12 de 1941 efecto legal retroactivo hasta el punto de hacer respon-sable a la Central Aguirre Sugar Company por el incumpli-miento en julio 15 de 1940 de una obligación — la de deducir y retener el importe de la contribución sobre los dividendos —que no surgió a la vida del derecho hasta el 12 de abril de 1941.

La sección 22 de la ley de 1941, después de imponer a las corporaciones la obligación de deducir y retener del importe de los dividendos el de las contribuciones fijadas por la ley a los no residentes que no sean ciudadanos de Puerto Rico, dispone que “Cada una de dichas personas, sociedades o corporaciones queda por la presente declarada responsable de dicha contribución”.

Son hechos admitidos, que en julio 15 de 1940, cuando ía corporación peticionaria pagó a sus accionistas los dividen-dos que les correspondían, no existía ley alguna que autori-zara al Tesorero de Puerto Rico para imponer una contri-bución sobre tales dividendos, los cuales estaban expresa-mente exentos de la contribución de ingreso por las disposi-ciones ya citadas de la sección 22(a) y 32(a) (6) de la Ley de Contribuciones Sobre Ingresos de 1924; y que en julio 15 de 1940, la ley entonces vigente no obligaba a la corpora-ción pagadora de los dividendos a actuar como agente del Tesoro de Puerto Rico para la deducción y retención de la contribución.

No podemos convenir con el Tesorero en que la legisla-tura tuviera la intención de hacer aplicable la disposición retroactiva de la sección 29 de la Ley número 31 de abril 12 de 1941, no solamente a la imposición de la contribución si que también a las disposiciones puramente administrativas de la sección 22, subdivisión (a) de la misma ley, referentes a la retención de la contribución en el momento de efectuar el pago de los dividendos. Sería absurdo suponer que la le-gislatura tuvo la intención de imponer a la corporación pe-ticionaria la obligación de retener lo que ya había pagado a sus accionistas al amparo de la legislación anterior. Es nuestro deber interpretar los estatutos razonablemente y evi-tar hasta donde fuere posible que surjan serias cuestiones constitucionales. La interpretación del estatuto de acuerdo con la contención del Tesorero levantaría una cuestión cons-titucional muy seria. Véase: Luce & Co. v. Junta Je Salario Mínimo, 62 D.P.R. 452.

En el año 1934, el Congreso Federal aprobó nna ley por la cual se enmendó, con efecto retroactivo al primero de enero de ese mismo año, el tipo de la contribución normal sobre ingresos.- Las autoridades fiscales federales encarga-das de baeer cumplir dicha ley, la han interpretado así:

“Se ha solicitado nuestra opinión en cuanto a si la sección 143 de la Ley de Rentas de 1934, que. provee para la retención de la contribución al tipo de 4 por ciento sobre pagos de intereses a indi-viduos extranjeros no residentes o a sociedades que no se dedican al comercio o a negocios y que no tienen ni oficina ni sitio de negocio dentro de los Estados Unidos y que se componen en todo o en parte de extranjeros no residentes, es retroactiva a enero 1 de 1934, o si el tipo de 4 por ciento se aplica solamente a los pagos de intereses hechos con posterioridad a la aprobación de la Ley de Rentas de 1934, en mayo 10 de 1934.
“La sección 11 de la Ley de Rentas de 1934, que impone una contribución normal de 4 por ciento .... es retroactiva a enero 1 de 1934, pero las disposiciones de la sección 134 d,e la ley, referentes a la retención (las cuales son meras disposiciones administrativas proveyendo para el cobro en el origen de la contribución impuesta bajo otras secciones del estatuto) no son retroactivas, toda vez que la retención solamente puede hacerse en el momento del pago de los ingresos. Las disposiciones de la sección 134 de la Ley de Rentas de 1934 son, por lo tanto, aplicables solamente a los pagos de inte-reses verificados con posterioridad a mayo 10 de 1934”. (Bastardi-llas nuestras.) IT 2798, XIII — 2—C.B. 90. Paul and Mertens. Law of Federal Income Taxation, 1939, Cumulative Supplement, p. 2368. — Véase también Mertens, Vol. 10, p. 124, sec. 56.23, note 3; y Fed. Tax Service, 1941 Commerce Clearing House, Volume 3, par. 6332.

La sección 22(a) de la ley de 1941 impone la obligación de deducir y retener las contribuciones fijadas por la misma ley, a las corporaciones “que tengan el control, custodia] disposición o pago” de dividendos de cualquier individuo no residente de Puerto Eico. No es posible sostener que en la fecha en que comenzó a regir dicha ley, la corporación peti-cionaria tuviera bajo su control o custodia o a su disposición los dividendos pagados a sus accionistas en julio 15 de 1940.

De acuerdo con las autoridades federales citadas, nos ve-mos obligados a concluir que las disposiciones del estatuto referentes a la retención del importe de la contribución en el momento de hacerse el pago de dividendos son de carácter administrativo y como tales no tuvieron el efecto retroactivo que la misma ley da a las secciones por virtud de las cuales se impone la contribución. Recientemente, en Ana María Sugar Co. v. Tribunal de Contribuciones, ante, pág. 258, in-terpretando la sección referente a la retroactividad de la misma ley, sostuvimos que ella no es aplicable a la otra sec-ción por virtud de la-cual el término de la prescripción se aumenta de cinco a siete años.

La sección 81(b) de la Ley de Contribuciones sobre In-gresos no sostiene la posición del Tesorero. Sin referirnos al hecho de que no se ha presentado prueba alguna de que en la fecha del pago la peticionaria fuese deudora de la Central Aguirre Associates, bastará que digamos que la sección 81(b) es aplicable solamente a pagos hechos voluntariamente por un deudor por concepto de pagos hechos o por hacer a distintos acreedores. En el caso de autos la peticionaria fue obligada a pagar y pagó bajo protesta.

No existe a nuestro juicio contribución más justa y razo-ble que la que la ley ahora vigente impone a los dividendos que las corporaciones domésticas pagan a los inversionistas residentes fuera de la Isla. Parece más que justo que los que explotan y extraen el jugo de nuestras fuentes de ri-queza y gozan de la protección de nuestras leyes, sin pagar otras contribuciones, contribuyan con una parte de sus bene-ficios al sostenimiento de nuestro gobierno y al mejoramiento de las condiciones de vida de nuestro pueblo. Empero, el hecho ineludible es que hasta la aprobación de la Ley núm. 31 de abril 12 de 1941, nuestra Asamblea Legislativa permi-tió que esos dividendos saliesen de esta Isla para el conti-nente y para el extranjero, sin contribuir en lo más mínimo a soportar las cargas insulares. Y aún esa misma ley de 1941 no contiene disposición alguna para autorizar expresa-mente al Tesorero de Puerto Rico, para que exija a las cor-poraciones que ya habían pagado los dividendos de 1940, que retengan, de los dividendos que sean declarados con poste-rioridad a los de 1940 o de los que se declararen en el fu-turo, el importe de la contribución impuesta por la nueva ley a los accionistas no residentes sobre los dividendos reci-bidos por ellos en el mes de julio de 1940. Es la Legislatura —y no las cortes de justicia — la que está facultada para con-ceder esa autorización al Tesorero.

Si el Tesorero de Puerto Rico puede, de acuerdo con las leyes vigentes, sujetar o afectar en alguna forma los divi-dendos que ahora o en el futuro se encuentren en poder o bajo control de Central Aguirre Sugar Company y sean pagaderos a Central Aguirre Associates, o si el Tesorero de Puerto Rico puede, de acuerdo con nuestras leyes proce-sales, sujetar o afectar al pago de las contribuciones no sa-tisfechas, las acciones que Central Aguirre Associates tiene en Central Aguirre Sugar Company, son cuestiones no en-vueltas en este procedimiento y por tanto las pasaremos sin expresar opinión sobre las mismas. Lo único que podemos resolver y así lo resolvemos es que el Tribunal de Contribu-ciones de Puerto Rico erró al decidir que Central Aguirre Sugar Company venía obligada a pagar con sus fondos la contribución impuesta a y no pagada por Central Aguirre Associates sobre los dividendos recibidos en 1940.

La segunda cuestión levantada por la peticionaria es que la disposición de la Ley número 31 de 1941 por virtud de la cual se impone a las corporaciones extranjeras una contribución al tipo de 19 por ciento, mientras a las corporaciones domésticas se les impone al tipo de 17 por ciento, constituye un discrimen ilegal, viola la regla de uniformidad de contribución y es contraria a la Carta Orgánica de Puerto Rico y a la Constitución Federal.

Habiendo resuelto la primera cuestión en favor de la pe-ticionaria, creemos innecesario resolver la segunda. Reser-varemos nuestra opinión hasta que las partes interesadas en los varios recursos pendientes ante esta Corte Suprema, ten-gan una oportunidad de ser oídas y de ilustrar al tribunal.

Por las razones expuestas debe anularse la decisión dic-tada por el tribunal recurrido en mayo 11 de 1944 y devol-verse el caso a dicho tribunal con instrucciones de que pro-ceda a dictar otra ordenando la devolución a la peticionaria de la suma pagada bajo protesta, más los intereses devenga-dos hasta la fecha en que se efectúe la devolución, al tipo fijado por la ley.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Eulogia Gautier y Félix Manuel Flores, recurrentes, v. G. Atiles Moréu, Administrador del Fondo del Estado, y Comisión Industrial de Puerto Rico, Etc., demandados.
    Núm. 326.

    Sometido: Noviembre 16, 1944.

      Resuelto: Diciembre 8, 1944.

      Eulogia Gautier y Félix Manuel Flores, por su propio derecho; Joa-quín Correa Suárez, abogado del Administrador del Fondo, recurrido.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Los beneficiarios del obrero Julio Flores Meléndez ale-garon ante el administrador del Fondo del Seguro del Es-tado que mientras el obrero trabajaba para el patrono ase-gurado The Fajardo Sugar Growers Ass’n. (Loíza Section), en el mes de julio de 1942 recibió un golpe .con motivo de una caída que sufrió en el curso de su trabajo, y que como consecuencia de la trauma recibida, le sobrevino la muerte. El administrador negó la compensación, recurriendo enton-ces los beneficiariós para ante la Comisión Industrial. Se-ñalada la vista para el 7 de diciembre de 1943, comparecie-ron los beneficiarios con su prueba testifical, pero su abo-gado Gerardo J. Walker no compareció a pesar de haber-sido oportunamente notificado. Llamado el caso, los benefi-ciarios manifestaron que no podían entrar a la vista por-que su abogado no se hallaba presente. Aparece de los autos un telegrama enviado por dicho abogado desde Eío Grande el 6 de diciembre de 1943, dirigido al presidente de la Comisión suplicándole la posposición del caso para la una y media de la tarde por tener el abogado un señalamiento previo en la corte de distrito. A pesar de que la Comisión esperó por él hasta las tres de la tarde, no compareció. El presidente de la Comisión manifestó a los beneficiarios que los ayudaría a conducir su caso a fin de que no se suspen-diese el procedimiento, pero los beneficiarios no aceptaron. El administrador solicitó, entonces el sobreseimiento y su moción fue declarada con lugar, con la condición de abrir nuevamente el caso si los peticionarios y su abogado demos-traban un motivo que lo justificara. Posteriormente se dejó sin efecto la orden de sobreseimiento a virtud de moción ra-dicada por los peticionarios por conducto de su abogado Walker, y se señaló nuevamente la vista para el 30 de marzo de 1944. Ese día compareció el abogado Walker, pero no sus testigos. Anunció a la Comisión que su testigo principal, el doctor Jacinto González, se hallaba enfermo y había puesto un telegrama anunciando su imposibilidad de asistir a la Comisión ese día. En efecto, aparece de los autos que el telegrama fue recibido en la Comisión el mismo día a las 10:50 de la mañana (a pesar de haber sido puesto a las 8: 35 de la mañana). Excusando la incomparecencia de sus otros testigos, informó el abogado que él les había indicado qne no comparecieran porque, no pudiendo asistir el doctor González, que era el testigo principal, la vista se suspende-ría. El abogado del administrador propuso que se le per-mitiese presentar su prueba y en ocasión posterior se oyese a los peticionarios, con lo cual estuvo conforme el abogado de éstos, pero el comisionado no ,1o permitió, alegando que de hacerlo así, se invertiría el orden de la prueba, toda vez que eran los beneficiarios los que en primer término debían presentar la suya. En tales circunstancias el comisionado denegó la moción de suspensión que oralmente presentó el abogado de los peticionarios, y luego de exponer los distin-tos incidentes a que nos hemos referido, como razones para desestimar el caso expresó:

“Se opone el Administrador a la suspensión del caso por enten-der que no sólo ya esta situación se ha repetido en ocasión anterior, sino que no se ha cumplido con el reglamento al solicitarse la sus-pensión. El reglamento de la Comisión, en su artículo quinto, inciso C dispone lo siguiente: ‘Las solicitudes de suspensión se harán por escrito expresándose las razones para ello.’ ‘No se concederá sus-pensión alguna excepto por razones justas.’ ‘Una copia de la petición de suspensión será notificada a las partes.’ Entiende este Comisionado que si bien es cierto que a los obreros que tienen casos pendientes ante esta Comisión debe dárseles toda la oportunidad de probar sus casos, sin embargo no llega el derecho del obrero hasta el extremo de obstaculizar la marcha de los demás procedimientos pendientes ante esta Comisión y de lesionar los derechos de la otra parte, que también deben ser salvaguardados por esta Comisión, cuya misión es impartir justicia para todas las partes por igual. Entiende este Comisionado que no está justificada la suspensión de este caso y que no se han aducido razones suficientes para que se decrete dicha suspensión y que la solicitud no cumple con nuestro reglamento. . . . Es de lamentarse que en un caso precisamente de muerte, se prive de compensación a personas que presuntivamente tienen derecho a ella, pero esta Comisión, que ejerce funciones tam-bién cuasi judiciales, debe atemperarse lo más posible a las reglas de procedimiento civil que rigen en las cortes de acuerdo con la propia Ley y una situación como ésta no sería tolerada en ninguna corte de justicia y no vemos por qué nosotros debemos tolerarla cuando funcionamos como organismo cuasi judicial.”

Por los autos tenemos conocimiento de la gran cantidad de trabajo acumulado en la Comisión para la fecha en que este caso fue resuelto; nos damos cuenta de los laudables esfuerzos que los miembros de la Comisión vienen realizando para que su calendario esté al día; censuramos a aquellos abogados que lejos de cooperar obstruyen'la labor de la Comisión; pero creemos que en el presente caso no está justificado el castigo impuesto a los beneficiarios desestimándoles su caso. Que el doctor González estaba enfermo el día de la vista no ha sido controvertido por nadie, y debemos presumir que su ineompareceneia estuvo justificada. Si tenemos en cuenta que los beneficiarios son gente pobre, dependientes de un obrero, comprenderemos que su incomparecencia el día de la vista, sabiendo que el testigo principal se hallaba enfermo, no está del todo injustificada, pues para dichos testigos un viaje de Río Grande a San Juan, ante la perspectiva de una suspensión por habérselo así anunciado el abogado, representa un sacrificio inútil. Sin duda si el comisionado hubiese aceptado la proposición del abogado del administrador, con la cual estuvo conforme el abogado de los beneficiarios, al efecto de oír entonces la prueba del administrador y en ocasión posterior la de los beneficiarios, ningún perjuicio se hubiera causado al primero ni tampoco a los segundos, ni la labor de la Comisión hubiera sido notablemente perjudicada.

El hecho de que la Comisión sea una junta de naturaleza cuasi judicial y que los procedimientos ante ella, hasta donde fuere posible, se rijan por los de las cortes de distrito, no implica que dicha comisión deba abandonar la flexibilidad y sencillez características del procedimiento administrativo. Parece apropiado reproducir aquí las siguientes palabras •con que el Juez Frankfurter da principio a su opinión disi-dente en el caso de Communications Comm’n. v. N.B.C., 319 U. S. 239, 248, 87 L. Ed. 1374:

“A diferencia de las cortes, cuya misión principal es la determi-nación de derechos privados aunque intereses públicos puedan estar envueltos, las agencias administrativas están principalmente encar-gadas de la determinación de derechos públicos aunque los intereses privados puedan ser afectados. En no pequeño grado las agencias administrativas para la determinación de derechos públicos fueron, creadas por el Congreso debido a la necesidad de seguir procedimien-tos más flexibles y menos tradicionales que los desarrollados por las cortos de justicia. Es esencial a la vitalidad del proceso administra-tivo que los poderes sobre la forma del procedimiento a seguir conferidos a estas agencias administrativas no estén limitados a los métodos convencionales por los cuales se efectúa la labor de las-cortes. ’ ’

Los elevados fines de la Leji de Compensaciones por Ac-cidentes del Trabajo se cumplen mejor dando una nueva, oportunidad a los beneficiarios del obrero de ser oídos, y a. ese fin procede dejar sin efecto la resolución recurrida y de-volver el caso a la Comisión para la celebración de la vista.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    María Luisa López, demandante y apelante, v. Gustavo Benítez Gautier, demandado y apelado. La Misma, demandante y apelada, v. El Mismo, demandado y apelante.
    Núms. 8931, 8955.

    Sometidos: Diciembre 1, 1944.

      Rasueltos: Diciembre 12, 1944.

      Henry G. Molina, abogado de la demandante, apelante y apelada; Gustavo Benitez Gautier, pro se y R. Rivera Zayas y G. Rivera Gestero, abogados del demandado, apelado y apelante.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Estos dos recursos fueron vistos conjuntamente pues las apelaciones se interpusieron contra la misma resolución. Los hechos esenciales, suscintamente expuestos, son los si-guientes :

La demandante al iniciar su acción de divorcio contra el demandado, radicó una moción solicitando una pensión ali-menticia, no para ella, sino para -dos hijos de once y ocho años de edad, habidos en el-matrimonio. La corte, después de celebrar una vista, fijó dicha pensión en $40 mensuales. ■Posteriormente, a solicitud de la demandante, la pensión fue aumentada a $60 y, al dictarse la sentencia de divorcio el día 14 de diciembre de 1942 se volvió a aumentar a $70 men-suales. Todos estos aumentos fueron concedidos a base de la prueba practicada por las partes demostrativa de su si-tuación económica en las distintas fechas en que se conce-dieron.

Posteriormente, el 2 de abril de 1943, el demandado soli-citó, por moción radicada dentro del mismo pleito de divor-cio, que se rebajara la pensión a $45 y la corte, después de-oír a las partes y apreciar la prueba presentada, denegó dicha moción.

El 4 de enero de 1944 la demandante radicó, también en el mismo caso de divorcio, otra moción solicitando se aumen-tara a $125 mensuales la pensión para sus hij.os menores de-edad. El demandado se opuso y celebrada una vista en la cual se presentó prueba, la corte dictó resolución cuya parte dispositiva dice así:

“Por las razones expuestas, se fija en $100 mensuales la pensión alimenticia de los menores Gustavo José y María Luisa (Marilú) Benitez López; pero habiéndose demostrado que el demandado gasta mensualmente la suma de $15 en regalos para sus hijos, tales como efectos escolares, zapatos, ropa, etc., se resuelve que de la refe-rida pensión el demandado únicamente tendrá la obligación de depositar en esta Corte la cantidad de $85, la que deberá depositar a disposición de la demandada dentro de los cinco primeros días de cada mes, comenzando con el mes de abril entrante; y disponiéndose, además, que los $45 por concepto del ..aumento correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de este año serán abonados por el demandado, juntamente con la pensión, a razón de $15 mensuales a partir del día Io del citado mes de abril.”

Como hemos dicho, ambas partes apelaron. Empero, la demandante limita su recurso a atacar aquel extremo de la resolución que permite al demandado invertir personalmente $15 de la pensión “en regalos para sus hijos, tales como efectos escolares, zapatos, ropa, etc.”. Somos de opinión que, de acuerdo con la apreciación que de la prueba hizo la corte inferior y las circunstancias concurrentes en este caso, no abusó de su discreción al permitir que al demandado como padre de los dos hijos habidos en el matrimonio, se le permitiera invertir personalmente $15 de los $100 de la pensión mensual asignada. Desde luego que si se probare en cualquier momento que el demandado no está cumpliendo con esta parte de la resolución la corte siempre podría enmendarla y ajustarla a los hechos probados. Debe desestimarse el recurso número 8931 establecido por la demandante.

En el recurso número.8955 del demandado se plantean dos cuestiones: 1, que la corte inferior carecía de jurisdicción para aumentar la pensión alimenticia fijada como alimentos provisionales dentro del procedimiento de divorcio y 2, que la corte al apreciar la prueba lo hizo con pasión, prejuicio y parcialidad y erró al aumentar la pensión a $100 mensuales.

Los casos que cita el apelante para sostener la cuestión jurisdiccional no son aplicables al de autos. Todos ellos se refieren a las medidas provisionales, mientras se sustancia y se decide el juicio de divorcio, en relación con alimentos para la esposa o con la custodia de los Lijos. En el presente caso no está envuelta ninguna de estas cuestiones pues como he-mos dicho la pensión alimenticia, desde su origen, se pidió para los hijos menores de edad. El apelante no ha citado caso alguno, y ninguno hemos encontrado nosotros, en el cual se haya resuelto que la corte pierde su jurisdicción para aumentar o disminuir una pensión alimenticia conce-dida para unos hijos, dentro de la acción de divorcio, por el hecho de que se haya ’dictado sentencia en dicho caso y ésta sea firme.

Por el contrario, aún en relación con la custodia de los hijos en el caso de Chardón v. Corte, 45 D.P.R. 621, 625, dijimos lo siguiente:

“Que una corte, después de dictar un decreto de divorcio, retiene jurisdicción posteriormente para dictar las órdenes necesarias o apropiadas en relación con la custodia de los hijos o para modificar de cuando en cuando, en armonía con los cambios de circunstancias, las órdenes previamente dictadas, es cuestión que ahora no está sujeta a duda en otras jurisdicciones americanas y que hasta ahora no parece haber sido puesta en tela de juicio ante este tribunal. La existencia de tal facultad fue asumida, aunque no parece haberse levantado ninguna cuestión en relación con la misma, en Blanco v. Hernández, 32 D.P.R. 22, y cn Ex parte Maldonado, 42 D.P.R. 867. En el caso de Blanco en que a la madre, demandante en una acción de divorcio, se había concedido la custodia del hijo y el padre había apelado de una sentencia que le privaba de la posesión del menor en un auto de hábeas corpus y lo restituía a la custodia de la madre, dijimos: 'El apelante no tenía derecho a tomar la ley por sus pro-pias manos, sino que debió haber hecho la debida solicitud a la corte para la custodia del niño si habían surgido circunstancias que cambiaban las condiciones en la fecha de la sentencia de divorcio’. En ausencia de cualquier razón convincente para que lleguemos a una conclusión distinta, resolvemos que aquí, al igual que en otras partes, las cortes de distrito pueden en una moción presentada des-pués de dictada sentencia de divorcio, dictar cualquier orden relativa a la custodia de los hijos que pueda ser librada en una acción inde-pendiente incoada con tal fin.”

Y aún tratándose de una pensión alimenticia para la es-posa, en el caso de Puigdollers v. Monroig, 14 P.R.R. 782, se resolvió, copiando el resumen, que “La Corte de Distrito que asigna una pensión alimenticia tiene jurisdicción para revocarla o modificarla, cuando de acuerdo con el artículo 177 del Código Civil las circunstancias lo justifiquen, y esto puede pedirse por medio de una moción en el pleito principal, sin que sea necesario entablar una demanda para ese objeto( Bastardillas nuestras.)

Esta doctrina fue ratificada en el caso de Díaz v. Corte, 55 D.P.R. 421.

Hemos resuelto, además, que “la naturaleza de los ali-mentos es siempre provisional o transitoria, mientras sub-siste la situación que lleva a la corte a concederlos”, y que “Bien se decida el caso por moción [dentro del pleito] ya siguiendo el trámite del juicio de desahucio o el del procedi-miento ordinario, la corte conserva su facultad para juzgar de nuevo el asunto a virtud de la nueva situación que pue-dan crear las circunstancias que surjan en el futuro”. 8a-carello v. Rubio, 44 D.P.R. 883, 886, 887. (Frase en corchete y bastardillas nuestras.)

Es más, en el caso de Ferrer v. Guillén, 35 D.P.R. 1006-07 expresamente resolvimos que “la petición de alimentos para los hijos . . . [radicada después de dictada sentencia de divorcio y estando pendiente la apelación interpuesta contra ella] no está comprendida entre las medidas provisionales” mencionadas en el capítulo del Código Civil que trata de las medidas provisionales a que pueda dar lugar el juicio de divorcio y, por tanto, la resolución que los concede puede ser apelada porque es una providencia especial dictada después de sentencia definitiva de la corte. (Materia en corchetes nuestra.)

Por lo expuesto, forzoso es concluir que la corte inferior tenía jurisdicción para resolver la moción de la demandante solicitando aumento en la pensión alimenticia para sus hijos no obstante ser firme la sentencia de divorcio. El poder de parens patriae que tiene la corte para velar por el bienestar de los hijos menores de edad lo mismo puede ejercitarlo dentro del mismo pleito de divorcio que en una acción inde-pendiente y separada. No se cometió el primer error seña-lado.

Tampoco los que se refieren a la apreciación de la prueba. Hemos estudiado detenidamente la transcripción de la evi-dencia elevada y nada encontramos en ella que justifique la imputación de que la corte sentenciadora, al apreciar dicha prueba, actuó movida por pasión, prejuicio y. parcialidad.

Debe desestimarse el recurso número 8955 y confirmarse la resolución apelada.

      (1) Ex Parte Axtmayer v. Pueblo, 19 D.P.R. 399; Manrique de Lara v. Garrosi, 23 D.P.R. 409; Auge v. Solosse, 31 D.P.R. 879; Vilaró v. Puig, 59 D.P.R. 578.


author: El Juez PREsidentb SeñoR Travieso

text:
    Eduardo Marín Marién, demandante y apelado v. Alfonso Herrera, demandado y apelante.
    Núm. 8938.

    Sometido: Noviembre 9, 1944.

      Resuelto: Diciembre 13, 1944.

      Eduardo Pérez Casalduc, abogado del apelante; Luis MercaderT abogado del apelado.
   El Juez PREsidentb SeñoR Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En la demanda radicada en este caso, el demandante alega qne es dneño de nna finca rústica, la cnal colinda por el este con la finca del demandado; qne al norte de la finca del demandante nace nn arroyo o qnebrada, cuyas aguas corren por terrenos del demandante “y van descendiendo, ladeando el poniente de sus terrenos hasta arribar al sudoeste, donde siguen discurriendo sus aguas siempre hacia el sud, en lindes con Juan Palop”. En un punto al sud de la finca del peti-cionario y al norte de Juan Palop, el demandado ha cons-truido sobre el cauce de la quebrada un muro maciso de piedras, de una altura como de medio metro, el que utiliza para pasar de un lado a otro de la quebrada. El muro no-tiene huecos o salida para dar paso a las aguas y éstas se acorralan e inundan los terrenos, dañando las plantaciones y frutos del demandante y dando lugar a que en las aguas estancadas se formen criaderos de mosquitos que causan enfermedades a la familia y trabajadores del peticionario. Alega el demandante que la continuación del estorbo creado por el demandado le causará daños irreparables y le ocasio-nará multiplicidad de pleitos y disgustos. Solicita se dicte una sentencia ordenando al demandado que proceda a demo-ler las obras por él realizadas y a dejar que las aguas de la quebrada discurran libremente por su cauce.

Negó el demandado los hechos esenciales de la demanda y alegó en contrario qne la obra realizada por él “se concretó a hacer servible mediante nn relleno de piedras, en el canee de la quebrada qne lo atraviesa, nn camino público qne ntilizó el demandado y otros propietarios para llevar los productos de sns respectivas fincas al mercado”.

Visto el caso en sns méritos, la corte inferior declaró qne de la prueba practicada resultó qne al tiempo de presentarse la demanda, el demandado había obstruido la quebrada colocando piedras de manera qne formaban nn muro de contención, represando las aguas e inundando terrenos del demandante; qne en la fecha en que se celebró el juicio ya no existía la obstrucción y sólo quedaban algunas piedras a los lados de la quebrada, sin qne hubiera peligro de inun-dación; y que aim cuando el estorbo ya ha cesado prática-mente, el demandante tiene derecho a una sentencia a su favor para evitar que el demandado vuelva a obstruir el curso de las aguas y para que el demandante pueda recobrar las costas en que ha- incurrido. La corte inferior dictó el injunction solicitado y condenó al demandado al pago de las costas, más $50 para honorarios de abogado.

En apoyo de su recurso, el demandado apelante alega que la corte inferior erró al decretar un injunction cuando el estorbo de que se quejaba el demandante ya había sido removido por las crecientes que hicieron las aguas de la quebrada y no existía en la fecha en que se celebró la vista del caso.

No erró la corte inferior al decretar el injunction. La evidencia presentada por el demandante y creída por la corte sentenciadora demostró que el muro de piedras ■ que obstruía el libre curso de las aguas fue construido por el demandado; que en varias ocasiones anteriores, cuando la creciente se llevó el muro, el demandado volvió a levantarlo; y que si el muro no existía y las aguas no estaban represadas en la fecha del juicio, no fué porque el demandado removiera el muro y las basuras que utilizaba para represar las aguas y sí porque una creciente ocurrida con posterioridad a la demanda y antes del juicio se los llevo.

El hecho de que-el demandado sea dueño del terreno en ambos lados del sitio en que construyó el muro, no le autoriza para construir obras que puedan variar el curso natural de las aguas con perjuicio de tercero. Los dueños de predios vecinos, como lo es el demandante en este caso, tienen derecho a exigir que las aguas sigan su curso natural, de acuerdo con la antigua máxima “aqua eurrit et debet currere ut eurrere solebat”, la cual ha sido incorporada a nuestro derecho por las secciones 31, 33, 52 y 53 de la Ley de Aguas, Compilación de 1941, págs. 166 y 167.

La sentencia recurrida dede ser confirmada.


author: El Jtjez Presidente Señor Travieso

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Felícita García Velosa, acusada y apelante.
    Núm. 10604.

    Sometido: Diciembre 5, 1944.

      Resuelto: Diciembre 13, 1944.

      R. Rivera Zayas, abogado de la apelante; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Jtjez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Felicita García Yelosa fné convicta de nna infracción al artículo 266 del Código Penal consistente, según se alegó en la acusación, en haber administrado y empleado “ciertos agentes mecánicos, medios y procedimientos a y sobre la persona de Sofía Olivero Buiz”, quien se encontraba en estado de embarazo, con la intención o propósito de provo-carle como le provocó un aborto, sin que el mismo fuera necesario para salvar la vida de dicha persona y sin que la intervención fuera ordenada por un médico.

1. La apelante alega como primer señalamiento que la acusación no expone hechos suficientes para determinar la comisiófi de un delito público.

El artículo 266 del Código Penal dispone que “Toda persona que proporcionare, facilitare, administrare o hiciere tomar a una mujer embarazada cualquier medicina, droga, o sustancia, o que utilizare o empleare cualquier instrumento u otro medio, con intención de hacerla abortar, excepto el caso de que fuere necesario para salvar su vida, incurrirá en pena de presidio por un término de dos a cinco años”.

Examinada a la luz de lo prescrito en el citado artículo, encontramos que la acusación contiene hechos suficientes para informar a la acusada en cnanto a la naturaleza del delito qne se le imputa. La acusación, aun cuando pudo haber sido más detallada, se ajustó prácticamente al lenguaje del estatuto 7 es a nuestro juicio suficiente. Si la acusada necesitaba, para poder hacer su alegación, que se le infor-mara con mayor particularidad sobre la clase de agentes mecánicos o instrumentos que se le imputaba haber usado para provocar el aborto, ella pudo muy bien solicitar un pliego de particulares. No lo hizo así y al serle leída la acusación alegó no ser culpable y solicitó juicio por jurado. Pueblo v. Candelaria, 60 D.P.R. 626.

En el segundo señalamiento se alega que el veredicto es contrario a la evidencia; y en el tercero, que la corte inferior erró al no instruir al jurado sobre la necesidad de que la declaración de la perjudicada fuese corroborada.

La apelante admite en su alegato que la evidencia es contradictoria. Lo único, pues, que nos toca resolver es si la de cargo, a la cual dió crédito el jurado, es suficiente para justificar el veredicto. La hemos estudiado detenida-mente y opinamos que es suficiente para sostener el veredicto y justificar la sentencia.

La prueba demostró que la perjudicada gozaba de buena salud, tanto antes como durante el embarazo, y eso es sufi-ciente para demostrar, prima facie, que la intervención para producir el aborto no era necesaria para salvar su vida. Underhill Criminal Evidence, 4th Ed., sec. 589, pág. 1159 y nota 84, pág. 1160. Establecido el hecho prima facie, incum-bía a la acusada demostrar, como materia de defensa, la necesidad del aborto para salvar la vida.

La declaración de Sofía Olivero Euíz fue corroborada en sus extremos esenciales por el testimonio de los doctores que examinaron el feto y los órganos genitales de la perju-dicada, quedando satisfactoriamente comprobado que la in-tervención criminal se había efectuado y que como conse-cuencia de esa intervención ún feto que tenía seis o seis meses y medio de concebido fue dado a luz prematuramente y muerto. El becho de la participación de la acusada en la provocación del aborto aparece corrobordo por las declara-ciones de la testigo Juanita Crispin y del detective Díaz.

Es cierto que la corte no dió al jurado instrucciones específicas en cuanto al requisito de que en casos de esta naturaleza la declaración de la mujer agraviada debe ser corroborada por otras pruebas, según lo dispone el artículo 250 del Código de Enjuiciamiento Criminal, pero no es menos cierto que la acusada, quien estuvo representada por competente letrado, no solicitó que sé intruyese al jurado sobre ese extremo, ni anotó excepción alguna en contra de la omisión en que incurrió la corte inferior. ■ Si a esto añadimos el lieebo de que la declaración de la agraviada fue plenamente corroborada, nos veremos precisados a concluir que el error señalado no fia podido perjudicar a la acusada y que no estaría justificada la revocación de la sentencia.

La sentencia debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor, De Jesús

text:
    Elisa Campos Delgado, Angelita, Fernando y José Antonio González Campos, demandantes, apelados y apelantes, v. Central Cambalache, Inc., y Juan González Campos, demandados, apelados y apelante la primera.
    Núm. 8815.

    Sometido: Enero 20, 1944.

      Resuelto: Diciembre 14, 1944.

      A. Reyes Delgado, P. Santos Borges y Luis Mercader, abogados de los demandantes, apelantes y apelados, aquí peticionarios; G. Zeno Sama y Francisco M. Cadilla, abogados de la Central Cambalache, Inc.
   El Juez Asociado Señor, De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

En el presente caso la sentencia apelada de la Corte de Distrito de Arecibo finé revocada por osla Corte el 28 de julio de 1944. El 5 de agosto los demandantes solicitaron la retención del mandato para presentar moción de reconsi-deración y se les concedió basta el 19 de agosto para radicar la moción de reconsideración, lo cual hicieron. No habién-dose resuelto la moción de reconsideración por hallarse esta Corte en vacaciones, radicaron los demandantes su escrito de apelación para ante la Corte de Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito el 2G de septiembre de 1944, y el mismo día presentaron la fianza para costas. Como la fecha para radicar el transcript del récord vencía el 25 de noviembre, los ajielantes pidieron el 18 de noviembre prórroga para radicarlo, y se les concedie-ron treinta días a partir del 25 de noviembre, los cuales vencerán el 25 de diciembre de 1944.

Es regla casi universalmente aceptada que desde el instante en que queda perfeccionada la apelación, la jurisdicción que sobre la causa tenía la corte inferior se transfiere a la corte de apelación. Desde ese momento la corte inferior no puede resolver una moción de reconsideración que estuviere pendiente ante ella. Keyser v. Farr, 105 U. S. 265; Hovey v. McDonald, 109 U. S. 150; Ackel v. Ackel, 110 P. (2d) 238, 133 A.L.R. 549, 554; Monografía, 10 A.L.R, 526, 575; Miller v. United States, 114 F. (2d) 267; Schram v. Safety Inv. Co., 45 F. Supp. 636; 4 Fed. Rules Serv. 946 y casos citados.

De conformidad con la número 10 de las Reglas de la Corte de Circuito de Apelaciones de los Estados Uñidos para el Primer Circuito, que regula las apelaciones de la Corte Suprema de Puerto Rico para ante dicha corte y que es sustancialmente una copia de la número 73 de las Reglas Federales de Procedimiento Civil, la apelación queda per-feccionada desde el momento en que se radica en esta corte el escrito de apelación. Como la moción de reconsideración fué radicada el día 19 de agosto de 1944 y el escrito de apela-ción el '26 de septiembre siguiente, desde esta última fecha la Corte Suprema de Puerto Rico perdió su jurisdicción sobre este caso y por consiguiente está impedida de resolver la moción de reconsideración.

La misma doctrina rige en las apelaciones de las cortes de distrito insulares para ante esta Corte Suprema, conforme se ha resuelto en el día de hoy en el caso de Guilhon & Barthelemy v. Corte, pág. 303.

En el caso de Pérez Casalduc v. Díaz Mediavilla, 42 D.P.R. 357, resuelto con anterioridad a la vigencia de la Regla 10 antes mencionada, se sostuvo por este tribunal que una mo-ción de reconsideración radicada el 9 de agosto de 1930, pendiente en esta Corte al tiempo de ser permitida la apela-ción establecida para ante la Corte de Circuito de Apelacio-nes, o sea el 5 de septiembre de 1930, no era afectada por la apelación interpuesta y que esta corte conservaba su juris-dicción para resolverla. La opinión en el caso dé Pérez Casalduc v. Díaz Mediavilla, supra, debe ser revocada, pues de conformidad con la ley que regía antes de aprobarse la citada Regla número 10, la apelación quedó perfeccionada al ser permitida el 5 de septiembre de 1930, y desde ese mo-mento esta Corte perdió su jurisdicción para resolver la referida moción.

Por las razones expuestas, procede denegar la moción de reconsideración.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Je.,

text:
    María McCormick Vda. de Serrano, demandante y apelada, v. Adela McCormick de Watson, et als., demandados y apelantes.
    Núm. 8807.

    Sometido: Noviembre 9, 1944.

      Resuelto: Diciembre 14, 1944.

      Bubón <& Ochoteco y Otero Suro <& Otero Suro, abogados de lote ape-lantes; E. Martínez Rivera y L. Blanco Lugo, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Todd, Je.,

emitió la opinión dol tribunal.

En 29 de marzo de 1939 la Corte de Distrito de San Juan declaró con lugar una demanda en la cual se solicitaba la nu-lidad de la sentencia dictada por la misma corte en 15 de febrero de 1930 aprobando la partición de los bienes de la herencia de Harry McCormick. En la segunda acción algu-nos de los demandados fueron emplazados personalmente, y otros por medio de edictos, a saber: (a) Eduardo Otto McCormick; Hortensia Dalmau; Eduardo, William, Josefina, Hortensia y Dolores McCormick Dalmau, representados por su padre con patria potestad Eduardo Otto McCormick; Edith McCormick de Muñoz y sus hijos José, Fernando, Aida, Carlos y Eoberto Muñoz McCormick, los tres primeros representados por su padre con patria potestad, José Muñoz Vázquez; y dichos José Muñoz Vázquez y Edith McCormick de Muñoz como únicos herederos de la demandada fallecida, Aida Muñoz McCormick, fueron emplazados personalmente; y (6) Helen Kierman McCormick, Catalina y Muriel Kier-man McCormick y Catalina McCormick, por sí, y como madre con patria potestad sobre su hija menor Helen Kierman McCormick; y Adela McCormick de Watson, James W. Watson, y sus hijos menores de edad, Adela Watson McCormick, Edith Watson McCormick y William Wilford Watson McCormick, fueron emplazados por edictos, sin que estos últimos comparecieran en forma alguna, anotándoseles rebeldía en 15 de marzo de 1938.

En 16 de junio de 1942, la apelación de los demandados de apellido McCormick Dalmau y Muñoz McCormick, quienes fueron emplazados personalmente, fué desestimada por este tribunal, por haber sido' interpuesta fuera de término (McCormick y. McCormick et al., 60 D.P.R. 949) y el 28 de abril de 1943, se revocó la sentencia dictada en cuanto a cuatro de los demandados que fueron emplazados por edictos y que apelaron — Helen Kierman McCormick, Catalina y Muriel Kierman McCormick y Catalina McCormick — por haber sido dictada sin jurisdicción, ya que ellos no habían sido debida-mente emplazados. McCormick v. McCormick, 61 D.P.R. 841.

Así las cosas, los demandados que fueron emplazados per-sonalmente y cuya apelación fué desestimada por esta corte, radicaron ante la corte inferior una moción solicitando que se dejara sin efecto la sentencia dictada contra ellos en 29 de marzo de 1939, alegando para ello, fundamentalmente, que siendo nula la sentencia en cuanto a los cuatro demandados que fueron emplazados indebidamente, ella no podía subsis-tir en cuanto a los demás demandados, por la naturaleza misma de la partición, siendo necesario que tal sentencia afectara por igual a todos los herederos de Harry McCormick; alegando además que la sentencia recaída sobre aque-llos herederos de apellido Watson McCormick, quienes fueron emplazados indebidamente pero que no apelaron, era nula por falta de jurisdicción.

La Corte de Distrito de San Juan dictó resolución decla-rando sin lugar la moción, y los demandados peticionarios interpusieron el presente recurso de apelación.

Al revocar la sentencia en este caso, en tanto en cuanto afectaba a los únicos apelantes ante nos, los de apellido Kierman McCormick, ellos plantearon la misma cuestión envuelta en el presente recurso y entonces nos negamos a resolverla diciendo lo siguiente: •

“ [2] Arguyen además estas demandadas que refiriéndose la sen-tencia cuya nulidad se decretó en esta acción a una sobir'e partición de derechos hereditarios si se revote dicha sentencia debe serlo en cuanto a todos los demandados ya que la partición es una unidad y no puede sostenerse que la sentencia sea válida en cuanto a unos demandados e inválida en cuanto a otros.

“No podemos adelantar ni expresar opinión sobre esta cuestión pues nos confrontamos con el hecho de que el recurso entablado por los demás demandados fué desestimado por esta corte desde el 12 de junio de 1942 y el mandato remitido a la corte inferior. Tanto, en cuanto a ellos como a los demandados de apellido Watson Me-” Cormick que no apelaron, la sentencia es firme. Es a ellos a quienes afecta dicha sentencia y a ellos y no a las demandadas corresponde plantear ante la corte inferior lo que a su derecho corresponda en relación con el efecto y alcance que pueda tener la revocación de la sentencia en cuanto a los demandados Kierman McCormick.” (McCormick v. McCormick, 61 D.P.R. 841, a la pág. 845.)

Fué a virtud' de este pronunciamiento que los demanda-, dos de apellido McCormick Dalmau y Muñoz McCormick so--licitaron de la corte inferior se dejara sin efecto la sentencia en sn totalidad. Al denegar sn petición la corte inferior se basó en la doctrina de que “en aquellos casos en que la ac-ción se ejercita contra varios demandados, cuando la defensa interpuesta por uno de ellos no es personal al demandado que la interpone, esto es, cuando va dirigida al derecho del demandante para recobrar, de prosperar tal defensa, la misma redunda en beneficio de iodos los demandados, doctrina ésta que aparece expuesta, con bastante claridad, en 78 A.L.ll. 939 ...” y estimó que la defensa jurisdicciona1 efifiácrída por los demandados de apellido Kierman McCormick, por ser de carácter personal y no general, no podía favorecer a los demás demandados. De la cita que se hace de 78 A.L.E. 939 copiamos al margen el primer párrafo para demostrar que la cuestión que plantea y se discute en la monografía que la sigue, no es aplicable a los hechos del caso de autos. Ella se.refiere a que la defensa alegada con éxito por uno de varios codemandados, que ha comparecido, puede operar en beneficio de otro demandado que está en rebeldía. Aquí la situación es a la inversa. Fueron los codemandados contra quienes se dictó la sentencia en rebeldía quienes alegaron la falta de jurisdicción de la corte para dictar la sentencia anulando la partición decretada y aprobada por la misma corte. Es cierto, como dijo la corte inferior en la resolución apelada, que los aquí apelantes se sometieron a su jurisdic-ción. ¿Significa esto, sin embargo, que la sentencia dictada deba y pueda subsistir para estos demandados y no para los demandados de apellido Kierman McCormick y Watson Me Cormick?

Arguyen los apelantes que siendo la partición una unidad .a virtud de la cual se destruye la universalidad o comunidad de bienes que existía hasta el momento de la partición entre todos los herederos del finado, dicha partición no puede sub-sistir como válida para cuatro herederos demandados y ser nula para los demás herederos demandados.

^Creemos que éste es el verdadero nervio de la cuestión planteada. No debemos olvidar que la sentencia dictada en este caso en el año 1939 expresamente declaró “nula y sin valor alguno la sentencia dictada por esta corte con fecha 15 de febrero de 1930 ... en tanto en cuanto dicha senten-cia intenta efectuar una partición de la herencia de Harry A. McCormick, sin la intervención de la demandante María McCormick.”

De manera que por no haberse citado ni haber interve-nido la aquí demandante en la partición judicial efectuada se anuló la partición. A la inversa, podríamos preguntar, ¿puede subsistir parcialmente esa sentencia anulando la par-tición si no fueron citados ni oídos varios de los herederos? Creemos que no. La razón es que no puede considerarse que la sentencia en un caso como éste sea separable. La partición o es válida o es nula. Habiéndose decretado su nu-lidad la sentencia es indivisible y tiene que afectar a todos los herederos que en ella intervinieron. Al ser revocada por esta corte en cuanto a los demandados Kierman McCormick de hecho quedó anulada en sus efectos en cuanto a todos los demandados.

Aun cuando se trataba de una partición extrajudicial hecha a virtud de una escritura pública en el caso de Vázquez v. Santálís, 26 D.P.R. 677, 683, resolvimos que:

”... Una escritura de partición es un todo con partes de tal modo trabadas entre sí que no puede destruirse una parte sin afec-tar el todo. Cuando menos aquél que descansa sobre la destrucción de una parte debe demostrar que esa parte puede segregarse sin destruir el todo. Aquí todos, el demandante, el demandado y here-deros en general, aceptaron y actuaron bajó la escritura de parti-ción. Bajo los hechos del presente caso no procede acción alguna que no persiga la destrucción de toda la testamentaría. ’ ’

Por analogía se aplicó esta misma doctrina en el caso Torres et al. v. Sucesión Rosaly, 28 D.P.R. 445, 458, a una sentencia de transacción dictada en nna acción sobre recla-mación de herencia a virtud de estipulación de la partes, diciéndose que:

“Tal estipulación daba a las transacciones el carácter de un solo todo con partes de tal modo unidas entre sí que no podía destruirse ni anularse una parte s'in afectar al todo y por tanto, sea cual fuere el procedimiento que se siguiera para anular la sentencia de 24 de julio de 1917 aprobatoria de las transacciones, tenían que ser oídos ■en él además de la Sucesión Rosaly que realmente lo fue, los menores Garriga y los abogados Flores Colón y Tormes, los cuales no fueron oídos. Por falta de partes interesadas no se siguió el procedimiento debido en ley para decretar la nulidad solicitada y en su virtud la resolución apelada adolece de un vicio sustancial que la invalida. Véase Vázquez v. Santalís et al., 26 D. P. R. 677.” (Bastardillas nuestras.)

Véanse además los casos de Torrellas v. Santos, 32 D.P.R. 90 y Díaz et al. v. Balseiro & Giorgetti et al., 27 D.P.R. 141.

En igual forma consideramos que la sentencia que declaró nula la partición es una unidad que no puede ser válida en cuanto a unos herederos y nula en cuanto a otros. La sen-tencia de nulidad de la partición tuvo por objeto restituir los bienes de la herencia a su estado inicial de indivisión. Revocada esa sentencia a virtud de no haber actuado la corte con jurisdicción sobre algunos de los herederos no puede subsistir en cuanto a los demás herederos toda vez que eso' equivaldría a sostener que los primeros continúan teniendo' un derecho de propiedad sobre las participaciones específicas que les fueron adjudicadas y, por el contrario, los segundos sólo tendrían un derecho abstracto sobre todos los bienes de la herencia incluyendo las participaciones adjudicadas a los primeros.

El artículo 1021 del Código Civil dispone que “La parti-ción legalmente hecha confiere a cada heredero la propiedad exclusiva de los bienes que le hayan sido adjudicados.” Co-mentando Manresa el artículo 1068 del Código Civil de Es-paña, equivalente al 1021 del nuestro dice:

“La ley señala el efecto principal de la partición siempre y cuaitclo que esté legalmente hecha. Ese efecto es el de conferir a cada heredero la propiedad exclusiva de los bienes que determina-damente se le adjudiquen. Conferir, es conceder; atribuir, dar; la palabra propiedad 'indica el derecho verdadero o presunto, real o apa-rente, conferido sobre los bienes hereditarios; y se califica de exclu-siva o absoluta, en contraposición a la propiedad anterior a la par-tición, que era una propiedad indivisa, y por lo mismo1 limitada, porque a un derecho abstracto, indeterminado, compartido con otros, y por lo mismo limitado, sustituye un derecho concreto, determinado, ¡exclusivo y absoluto.
“Así, por la herencia se transmite la universalidad de bienes y derechos del causante; pero se transmite el todo indeterminadamente a todos los herederos, y por lo mismo ninguno de éstos puede decirse propietario exclusiv'o de cosa alguna de la sucesión. Al realizarse la partición es cuando el 'derecho de cada heredero se individualiza y determina, y adjudicando cosas o derechos particulares a uno de ellos en pago o representación de su haber o de su cuo'ta indivisa, se adquiere, por el adjudicatario la propiedad exclusiva de esos dere-chos u objetos especiales, y se pierde toda participación en las cosas o derechos de la herencia adjudicados a los demás.” (7 Manresa, Cód. Civ., 788 (5ta. Ed.).

Por su naturaleza, no es éste un caso en el cual la corte, de acuerdo con el artículo 190 del Código de Enjuiciamiento Civil, hubiera podido dictar sentencia contra uno o más de los demandados, dejando que el pleito continuara contra los otros, precisamente porque no procedía una sentencia por separado ya que la determinación de si la partición fué “le-galmente hecha” es el objeto principal de la acción. La sentencia que lo determine necesariamente debe considerarse como una unidad y por consiguiente si esa sentencia ha sido revocada en cuanto afecta a algunos herederos debe asimismo dejarse sin efecto en su totalidad.

Debe revocarse la resolución apelada y devolverse el caso a la corte inferior para ulteriores procedimientos no incon-sistentes con esta opinión.

       Los otros demandados que fueron emplazados por ' edictos — Adela Me-Cormick de Watson, James W. Watson, y sus hijos Adela Waifion McCormick, Edith Watson McCormick, y William Wilford Watson McCormick — no apelaron Ae la sentencia de la Corte de Distrito.

      La cuestión de si una defensa alegada con éxito por uno de varios codeman-dados puede operar en beneficio de un demandado en rebeldía depende de la naturaleza, alcance y extensión de la defensa interpuesta por los demandados que contestan, y,"liasta cierto punto, de la naturaleza mancomunada o solidaria del derecho alegado. ”

      £íEn una acción contra varios demandados, podrá la corte, a su arbitrio, dictar sentencia contra uno 'o más de ellos, dejando que continúe el pleito contra los otros, siempre que procediere una sentencia por separado.’’