text:
    Antonio Rivera, demandante y apelante, v. Flor Rivera, demandado; Piedad Santiago, Interventor y apelado.
    Núm. 8138.

    Sometido: Febrero 19, 1940.

      Resuelto: Marzo 5, 1940

      M. Guzmán Texklor, abogado del apelante; Angel M'. Torregrosa, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Se pide la desestimación del recurso interpuesto en este caso por ser inapelable la resolución recurrida.

De la moción y de la certificación acompañada a la misma resulta que Antonio Rivera demandó en la Corte de Distrito de G-uayama a Flor Rivera en cobro de dinero. Para ase-gurar la efectividad de la sentencia que pudiera dictarse fueron embargadas veinte y dos cabezas de ganado como de la propiedad del demandado. Emplazado éste, no contestó. Se anotó su rebeldía y se dictó sentencia en contra suya el ocho de diciembre último.

Así las cosas, el cuatro de enero siguiente Piedad Santiago solicitó intervenir en el pleito, alegando ser dueño de parte del ganado embargado. La corte concedió la inter-vención por resolución de enero 20, 1940, contra la cual inter-puso el demandante este recurso cuya desestimación pide ahora el interventor. '

Sostiene que la orden recurrida no es apelable basándose en lo resuelto por esta Corte Suprema en el caso de Espada v. Sepúlveda, 20 D.P.R. 138.

■ En efecto en dicho caso se resolvió, copiando del resumen, que “Es inapelable una orden permitiendo a una parte in-tervenir en una acción”, dándose como razón para ello en el curso de la opinión la de “no estar comprendida entre las resoluciones apelables que enumera el artículo 295 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil.”

Sin embargo, años después, en Berreteaga v. Pizá Hermanos, 40 D.P.R. 496, un caso igual al que está sometido a nuestra consideración y resolución o sea uno en que la inter-vención fue concedida después de sentencia dictada en rebel-día a una persona que alegó tener interés en los bienes embargados para asegurar la efectividad de la misma, y en que el demandante apeló y el interventor solicitó la desesti-mación del recurso por no ser apelable la orden recurrida, esta propia corte resolvió que la orden permitiendo la inter-vención era apelable porque se trataba “de una providencia especial después de sentencia definitiva, que es apelable de acuerdo con el núm. 3 del artículo 295 del Código de Enjuicia-miento Civil, ya que permite después de terminado el pleito por sentencia una reclamación que requiere otra sentencia, y casi seguramente una oposición de otros litigantes, o por lo menos del demandante que obtuvo el embargo que es objeto de la intervención.” En la opinión no se revoca si que se distingue el caso de Espada v. Sepúlveda, supra.

Esos son los únicos casos de esta corte que hemos po-dido encontrar que directamente traten la cuestión envuelta. Existe otro, el de Fernández et al. v. Avellanet et al., 16 D.P.R. 63, en el que se apeló de una orden negando la inter-vención y esta corte, sin que se levantara cuestión alguna sobre si la orden era o no apelable, entró en los méritos y la revocó.

La jurisprudencia sobre el particular no es uniforme. La substancia, más bien el resultado de la misma, se da en 2 Am. Jur. 891, sec. 68, así;

“La jurisprudencia no es uniforme en cuanto a si es o no revisable una orden negando o concediendo permiso para intervenir. En algunas jurisdicciones una orden denegando el permiso no ba sido considerada como definitiva bajo los estatutos que autorizan las ape-laciones de sentencias definitivas solamente. El conceder o denegar tal orden se considera también en algunos casos como una facultad ■discrecional y por tanto no revisable en ausencia de un abuso de tal discreción por la corte que ■ esté conociendo del asunto. En otros casos, sin embargo, se ba establecido que tal orden es apelable.
. ‘ ‘ Sin embargo, si bien es verdad que hay autoridades que sostienen lo contrario, el mayor número de autoridades parece sostener el criterio de que una orden concediendo permiso para intervenir es apelable. ’'

Una de las citas es la amplia nota al caso de Walker v. Sanders, 103 Minn. 124, en 123 A. S. R. 276, que en lo que respecta a apelación, pág. 313, es como sigue;

“Si una vez que se ha permitido una demanda de intervención y lá misma ha sido radicada, se comete algún error en los subsi-guientes procedimientos, el derecho a revisar la actuación de la corte inferior en apelación o por recurso de error, es sin lugar a ■dudas el mismo que en otros casos, y los procedimientos seguidos al ■ejercitar tal derecho no caen dentro de la esfera de esta nota. Si la solicitud de intervención es denegada, la orden denegatoria no pone fin al litigio o procedimiento, y en tal sentido no es definitiva, y se ha sostenido por lo tanto que tal orden no es apelable bajo un estatuto que autoriza las apelaciones de sentencias definitivas sola-mente. (Citas.) El acto de negar el permiso para radicar una demanda de intervención, o el acto de eliminar ésta, o de declarar con lugar una excepción previa contra tal demanda interpuesta, •si bien no finaliza o termina el litigio en cuanto a las primitivas partes concierne, sí lo termina sin embargo en forma efectiva con respecto al interventor, y en cuanto a este último, tal resolución de la corte inferior equivale a una sentencia definitiva. El puede por lo tanto comparecer y tramitar un recurso de error sin aguardar ■por ninguna subsiguiente decisión del litigio principal. (Citas.) En realidad, parece que él debe apelar de tal resolución o de lo con-trario no podrá apelar en absoluto, ya que una vez que él haya sido excluido del caso por la orden de la corte desestimando su soli-citud de intervención, él no es parte en el procedimiento principal y no puede apelar de una sentencia definitiva dictada con relación a aquéllos que en realidad son partes. (Citas.) Sin embargo, el conceder permiso para intervenir, o el desestimar una excepción previa interpuesta contra la demanda de intervención, o el acto de negarse la corte a eliminar tal demanda, no resuelve definitivamente a favor de nadie las cuestiones envueltas en una forma u otra, ya qué la corte puede, en una etapa posterior de los procedimientos, resolver que la intervención no debió haber sido concedida o que la demanda de intervención era insuficiente y dictar sentencia en contra del interventor. Nuestra opinión es al efecto de que tal orden no es apelable (citas) si bien la mayoría de la jurisprudencia sobre esta cuestión que hemos examinado sostiene el criterio contrario (citas). Si se ha concedido el permiso y la demanda de intervención ha sido radicada, el interventor se convierte en parte interesada en el litigio, y como tal, facultado para apelar de cualquier resolución o sentencia dictada en'tal litigio y perjudicial a sus intereses (citas) y con igual derecho a que se le considere como parte interesada a los efectos de cualquier apelación o recurso de error que pueda ser tramitado por sus adversarios, siempre que la sentencia favorable a estos últimos que pueda dictarse, resulte en detrimento de tal interventor. (Citas.) Puede ocurrir que una orden sobre una demanda de intervención resuelva en tal forma las cuestiones en sus méritos, que se convierta en apelable, si bien el litigio principal no haya sido finalmente resuelto. (Citas.) Generalmente, sin embargo, el caso no se des-arrolla en esa forma, y no se puede tramitar ninguna apelación hasta que el litigio sea .finalmente resuelto tanto con respecto a la intervención como con respecto a las partes originales. (Citas.) Las-cortes de Luisiana han decidido frecuentemente que si la suma recla-mada por los demandantes es suficiente para dar jurisdicción a la Corte Suprema, los interventores pueden apelar aunque sus respec-tivas reclamaciones no alcancen la cuantía jurisdiccional. (Citas.)”'.

Y en 20 Cal. Jur. 528, sec. 31, se dice:

“En armonía con lo que se establece en otro artículo, una orden-denegando una solicitud de intervención en un procedimiento, pone-fin al litigio en cuanto al interventor se refiere, y tal orden puede-ser apelada por él inmediatamente, libremente y sin ser obstaculi-zado por los ulteriores procedimientos en el litigio en cuestión.” .

A nuestro juicio la cuestión debe resolverse habiendo en consideración el efecto de la orden en cuanto a la disposición más o menos final del derecho envuelto y a si puede o no considerarse, cuando se dicta después de sentencia, como nna, providencia especial, y así la regla general debe ser que una orden concediendo la intervención antes o después de sentencia no es apelable, y negándola, antes o después, es apelable por parte del interventor, por supuesto.

Aplicada esa regla a este caso concreto nos lleva a de-clarar con lugar la moción del interventor y en su conse-cuencia a desestimar el recurso interpuesto por el deman-dante en el pleito contra la orden permitiendo la intervención por no ser dicha orden apelable aunque se hubiere dictada después de sentencia. ' :

Debe desestimarse el recurso.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señob Wole

license: Public Domain

text:
    Juan Enrique Rigáu, peticionario, v. Corte de Distrito de Mayagüez, Hon. Francisco Navarro Ortiz, Juez, demandada.
    Núm. 1196.

    Sometido: Enero 22, 1940.

      Resuelto: Marzo 6, 1940.

      J. A. Suris Agraít, abogado del peticionario; Luisa M. Capó, abogada de la interventora, demandante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señob Wole

emitió la opinión del tribunal.

Juan Enrique Rigáu, demandado en un pleito de divorcio, acudió ante este tribunal en solicitud de un auto de certiorari. El auto fue expedido, su esposa compareció ante esta corte y solicitó permiso para intervenir.

Podríamos decir ahora que cuando una de las partes en un pleito radica en este tribunal una petición de certiorari, la parte contraria tiene perfecto derecho a comparecer ante nos y a defender la actuación de la corte inferior. Ella es la verdadera parte interesada y de acuerdo con las reglas de esta corte y con la práctica no necesita permiso especial para comparecer. Será conocida en este caso como la opositora.

El peticionario se quejaba principalmente de que no fue citado o notificado para que contestara la moción de la opositora solicitando costas y alimentos provisionales en el pleito principal; que no tuvo su día en corte ni la oportu-nidad de oponerse a la reclamación de su esposa. Aunque, suponiendo que él estuviera en lo cierto y que no fue debida-mente notificado de la moción sobre costas y pensión alimen-ticia u honorarios de abogado, él acudió voluntariamente ante la corte inferior y discutió la cuestión allí. La opositora ha radicado una llamada moción de desestimación.

El primer motivo de la moción abarca varias cuestiones, mas convenimos con la opositora en que cuando el peticiona-rio, conforme ocurrió, acudió ante la corte inferior y solicitó que la vista de la moción sobre costas, etc., fuese pospuesta, él se sometió a la jurisdicción de la corte y subsanó cualquier defecto que pudiera haber en la notificación o citación para la vista del caso. Rodríguez et al. v. Cuevas Zegueira, Juez, 25 D.P.R. 806; Gómez v. Junta Examinadora etc., 40 D.P.R. 662, y casos citados.

Convenimos igualmente con la opositora en qne el peticionario demandado, al dejar de radicar nna moción de reconsideración, no agotó sns remedios en la corte inferior. A la corte de distrito debe dársele la oportunidad de corregir cualquier supuesto error.

Dice también la opositora que el peticionario fué debida-mente notificado, de la moción sobre litis expensas. Esta es una cuestión de hecho que no ha sido dilucidada ante este tribunal y que por ende no es menester considerar, a no ser para decir que al peticionario hubiera incumbido demostrar que no fué debidamente notificado.

A nuestro juicio, el peticionario hubiera podido lograr su fin entablando una apelación directa, y en su consecuencia, conforme indica la opositora, no se demostró la necesidad de acudir a un recurso de certiorari. El peticionario no compareció a la vista y no expuso razones adicionales de clase alguna por las cuales debía sostenerse el auto • ya expedido. En estos asuntos de costas y honorarios de abogado pendente lite debe darse considerable libertad o discreción a la corte sentenciadora.

Debe anidarse el auto expedido.


author: El J uez Asociado Señob Travieso

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Rafael Dones, acusado y apelante.
    Núm. 7808.

    Sometido: Noviembre 28, 1939.

      Resuelto: Marzo 6, 1940.

      José C. Aponte, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El J uez Asociado Señob Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Rafael Dones, acusado y convicto ante la Corte de Dis-trito de Guayama de un delito de infracción del artículo 128 del Código Penal, ha interpuesto apelación contra la sentencia de dos años de presidio impuéstale por la corte inferior. Basa su recurso en catorce señalamientos de error, los cuales discutiremos en el mismo orden en que aparecen expuestos en el alegato.

Que la corte inferior erró al no sostener la excepción perentoria, en la que se alegaba que la acusación no expone hechos cons-titutivos de delito alguno; y al declarar sin lugar la moción de sobreseimiento o suspensión de sentencia.

El artículo 128 del Código Penal vigente lee así:

“Artículo 128. — ESCRITOS falsos. Toda persona que prepare algún libro, papel, documento, registro, instrumento escrito, u otro objeto falsificado o antedatado con el propósito de presentarlo o permitir que se presente con algún fin fraudulento o avieso, ~ como genuino y verdadero, en algún juicio, procedimiento, o acusación autorizada por la ley, será reo de ‘felony’ (delito grave).”

Arguye el acusado apelante que de la acusación “no apa-rece que a la fecha en que se entregó la orden de excarcelación a que se contrae dicha acusación, existiera algún juicio, pro-cedimiento o acusación (inquiry) autorizado por la ley y de los contemplados por el dicho artículo 128 antes referido.”

La acusación sigue estrictamente el lenguaje del estatuto. Después de alegar que el acusado preparó, falsificando la firma del Juez Municipal de Patillas, una orden de excarce-lación dirigida al Alcaide de la Cárcel de Patillas, alega espe-cíficamente que lo hizo “con el propósito de presentar, como al efecto presentó al citado' alcaide de cárcel municipal y en un procedimiento autorizado por la ley, el referido papel, documento o instrumento escrito, como si fuera genuino y verdadero y con el fin fraudulento y avieso de obtener como al efecto obtuvo la libertad del individuo Julio Rivera que se encontraba preso bajo la custodia del alcaide de cárcel de referencia, en la cárcel municipal de Patillas, P. R.” (Bas-tardillas nuestras.)

La excepción perentoria que discutimos no fué formulada en el acto de la lectura de la acusación. Fué después de haberse practicado la prueba que se levantó la cuestión sobre insuficiencia de la acusación.

La acusación es a nuestro juicio suficiente. El acusado fué informado de que se le imputaba haber falsificado una orden de excarcelación para sacar de la cárcel a una persona que estaba allí detenida a virtud de un procedimiento o “inquiry” autorizado por la ley. Pudo el acusado solicitar r de la corte que se ordenara al fiscal exponer en forma más detallada la naturaleza del procedimiento a virtud del cual se encontraba preso Julio Rivera. No lo hizo así y optó por hacer alegación de “no culpable.” Si la prueba sostiene las alegaciones de la acusación, la sentencia deberá ser confir-mada. No hubo error en la desestimación de la excepción perentoria. Tampoco se cometió el segundo error.

Que fué error de la corte inferior admitir, y negarse a eliminar del récord, la declaración del policía Antero Díaz, quien no aparecía como testigo al dorso de la acusación.

Antero Díaz fué el policía que arrestó y condujo a la cárcel al individuo Julio Rivera. Al ser llamado como primer testigo del Pueblo, se opuso la defensa, alegando que su nombre no aparece al dorso de la acusación. La corte re-solvió que en uso de su discreción admitiría su testimonio. Tomó excepción la defensa y alegó que la declaración de un testigo traído a última hora constituye una sorpresa para el acusado. No aparece del récord que la defensa solicitara la concesión de un término adicional para preparar su prueba. Declaró el testigo que él sorprendió a Julio Rivera riñendo con otro, le arrestó y lo llevó a la cárcel municipal, entregán-dolo allí al alcaide. La defensa no hizo repregunta alguna. No hubo a nuestro juicio ni abuso de discreción ni perjuicio alguno para el acusado. Véanse: El Pueblo v. Román, 18 D.P.R. 219, y El Pueblo v. Egipciaco, 49 D.P.R. 411. No erró la corte al admitir, ni tampoco al negarse a eliminar del récord la declaración del policía.

Que la corte inferior erró al permitir que el alcaide de la cárcel declarara sobre la confesión hecha por el acusado, sin haberse probado antes con prueba independiente de tal confesión los elementos del corpus delicti.

Comenzó el alcaide su declaración, diciendo que Julio Rivera estaba en la cárcel, bajo su custodia, y que había sido llevado allí por el policía Antero Díaz; que lo puso en libertad mediante una orden de excarcelación que le llevó el acusado y que es la misma que le exhibía el fiscal; que al día siguiente estuvo en la corte municipal llevando consigo la orden de excarcelación y que el juez le dijo que aquélla no era su firma y le preguntó quién le había llevado dicha orden; que en-tonces él le dijo que fué Rafael Dones, el acusado; que el juez mandó a buscar a Dones y éste no negó que él había firmado la orden; que el acusado le dijo al juez “que la había firmado porque allí se estaba impuesto a hacer eso ’allí”; que el acusado hizo esas manifestaciones voluntaria-mente, sin que se le hicieran ofertas ni amenazas. La de-fensa anotó su excepción.

No erró la corte inferior al admitir dicha declaración. Antes de que el fiscal tratase de probar la confesión del acusado, ya había establecido como hechos esenciales de la acusación que en la cárcel municipal había un hombre arrestado; que ese hombre había sido puesto en libertad mediante orden de excarcelación entregada al alcaide por el acusado; y que al exhibírsele dicha orden al juez municipal éste reconoció que su firma había sido falsificada. Siguiendo el orden natural y lógico de una investigación se llamó a la persona que había entregado la orden de excarcelación al alcaide de la cárcel. Lo declarado por esa persona en ese momento es admisible en su contra. La corte tiene discreción para variar el orden de la prueba y puede permitir que se presenten en evidencia admisiones del acusado antes de probarse el corpus delicti. People v. Watters, 202 Cal. 154; People v. Bianchino, 5 C. A. 633, 91 P. 112; People v. Jones, 123 Cal. 65. No hay duda alguna de que el corpus delicti quedó establecido indepen-dientemente dé dichas admisiones.

No erró la corte inferior al admitir en evidencia la sentencia dictada por la Corte Municipal de Patillas contra Julio Rivera por el delito de alterar la paz pública. Dicha sentencia era admisible para establecer el hecho de que ante dicha corte se siguió un procedimiento criminal, que tuvo su origen en el arresto de Julio Rivera por el policía Antero Díaz.

Que la corte inferior cometió error al dar al jurado la siguiente instrucción:

“El vocablo ‘procedimiento’, según lo define el Diccionario de la Eeal Academia de la Lengua Castellana, significa: acción de pro-ceder, método de ejecutar alguna cosa, actuaciones por medio de trámites judiciales o administrativos o como se define dicbo vocablo en inglés: la palabra procedimiento abarca cualquier paso o actua-ción llevada a cabo en el curso de una acción legal. La palabra procedimiento (proceeding) tiene una significación lata e incluye cualquier paso efectuado o llevado a cabo en un caso, bien sea por la corte o por cualquiera de las partes en el mismo y, por último, en su séntido técnico legal, dicba palabra procedimiento significa todos o cualquiera de los pasos o medidas adoptadas en la prosecu-ción o defensa de una acción, ya sea civil, ya sea criminal o adminis-trativa.
“Nuestro Código de Enjuiciamiento Criminal establece el proce-dimiento a seguir para poner en libertad a una persona que se encuentre en prisión preventiva. Este procedimiento consiste en la prestación de una fianza por el acusado con fiadores abonados, por la cuantía que se le baya fijado; la aprobación y admisión de dicba fianza por funcionario competente; la expedición de la orden o auto de excarcelación por cualquiera de los funcionarios judiciales auto-rizados para ello por la ley, y la entrega de dicha orden o auto de excarcelación al oficial encargado de la custodia del detenido, o sea al alcaide de cárcel.
“A la lúz de las disposiciones del artículo 128 del Código Penal, que estamos analizando, el procedimiento estatuido en nuestro Código de Enjuiciamiento Criminal para excarcelar a una persona detenida en la cárcel por un delito público, es un procedimiento autorizado por la ley, al igual que lo son otros procedimientos estatuidos en el mismo Código de Enjuiciamiento Criminal, tales como la cancela-ción de una fianza, el procedimiento de caución para no turbar la paz pública, el procedimiento para la confiscación de una fianza, el procedimiento de desacato, el procedimiento de desacato por per-jurio, el procedimiento de hábeas corpus y otros.”

Arguye el apelante que al instruir al jurado en la forma que antecede “el Hon. Juez de Distrito se inmiscuyó en cues-tiones que eran de la única y exclusiva atribución y resolución de los caballeros que integraban el jurado”; y que al instruir al jurado en la forma indicada, la corte estaba expresando una opinión acerca de la prueba.

La argumentación del apelante es a todas luces frívola. El artículo 266 del Código de Enjuiciamiento Criminal pro-vee que “al formular al jurado el resumen de lo que se somete a su deliberación, el tribunal deberá manifestarle todos los puntos de derecho necesarios para su información.” La de-finición de lo que de acuerdo con el artículo 128 del Código Penal constituye un “procedimiento autorizado por la ley,” es una función que corresponde al juez que preside el tribunal. En el caso de autos no erró la corte al instruir al jurado en el sentido de que arrestar a una persona, encarcelarla, pres-tar una fianza y expedir una orden para su excarcelación constituyen un procedimiento autorizado por la ley. La de-terminación de si en el caso de autos hubo un arresto y encarcelación; de si se utilizó una orden de excarcelación falsificada para obtener la libertad del preso; y de si fué o no el acusado la persona que falsificó dicha orden, era de la ex-clusiva competencia del jurado, por tratarse de puras cues-tiones de hecho. No encontramos en la instrucción arriba transcrita nada que pueda ser considerado como una intro-misión por parte de la corte en las funciones del jurado.

Que la corte inferior erró al instruir al jurado en el sentido de que la orden de excarcelación fué admitida en evidencia a todos los efectos legales.

Sostiene el apelante que la orden fué admitida únicamente para probar que ésa fué la misma orden que el acusado le llevó al alcaide de la cárcel; y que no fué ofrecida en evi-dencia para ningún otro fin.

Del récord aparece que el documento fué identificado por el alcaide como la orden de excarcelación que le fué entregada por el acusado y a virtud de la cual el preso fué puesto en libertad. La corte la admitió para probar esos extremos. El fiscal anunció que más tarde probaría que la firma no era la del juez municipal. Más adelante, al declarar el juez municipal Sr. Bauzá, se le mostró la orden de excarcelación ya admitida en evidencia, para qne dijera si la firma era snya. Respondió el testigo en la negativa, declarando qne la firma era falsificada. Después de identificar como snya la firma qne aparecía en otro documento marcado con nn número ocho, el testigo declaró así:

“P. — Este otro documento qne tiene en tinta roja un número uno, El Pueblo v. Julio Rivera, ¿de quién es esa firma?
“R. — Está firmado por otra persona, no es la firma mía.
“Fiscal: Quiero que el secretario me identifique éste que tiene el número ocbo, con sus iniciales. Y éste está identificado.
“Juez: No, ése está admitido.
“Fiscal: Admitido ya como prueba.”

Siguió después nn largo interrogatorio del juez municipal alrededor de la orden de excarcelación, en el qne intervino el abogado defensor, sin qne aparezca del récord qne éste se opusiera en manera alguna al uso del documento para probar el hecho de la falsedad de la firma. El documento, Exhibit 1 del Pueblo, o sea la orden de excarcelación falsificada, fué sometido en unión de siete otros exhibits que contenían las firmas indubitadas del acusado y del juez municipal, al perito calígrafo Sr. Timothée para su estudio e informe. En su testimonio ante el jurado, qne cubre 20 páginas del récord, el perito calígrafo declaró, sin oposición alguna por parte de la defensa, qne las firmas en los documentos números 1 y 8 no habían sido hechas por la misma mano; y que los carac-teres de letra en la orden de excarcelación (exhibit 1) y en los documentos numerados del 2 al 7, habían sido hechos por la misma mano.

No existe el error señalado.

Que la corte inferior erró al instruir al jurado en ]a forma siguiente:

“Manifestaciones hechas por el acusado en cualquiera época, que envuelven una admisión de su culpabilidad, son admisibles como prueba, si no aparece que fueron obtenidas mediante amenaza o promesa, sino que fueron hechas voluntariamente y sin coacción de clase alguna.”

La instrucción es a nuestro juicio correcta. Cuando las manifestaciones del acusado ofrecidas en evidencia equivalen a una confesión de culpabilidad, el fiscal está obligado a demostrar previamente que la confesión fué hecha volunta-riamente y no bajo la influencia de promesas o de amenazas. El Pueblo v. Flores, 17 D.P.R. 189; El Pueblo v. Rosado, 17 D.P.R. 441; El Pueblo v. Valle, 29 D.P.R. 555. Cuando las declaraciones del acusado no constituyen una confesión y sí una admisión, el fiscal no está obligado a probar previamente el carácter voluntario de las mismas. El Pueblo v. Domínguez Pérez, 39 D.P.R. 664; El Pueblo v. Acevedo, 43 D.P.R. 340; People v. Hoy Yen, 34 Cal. 176; People v. Neary, 104 Cal. 373; People v. Ammerman, 118 Cal. 23; People v. Kelley, 146 Cal. 119; People v. Weber, 149 Cal. 325; People v. Willard, 150 Cal. 543; People v. Wilkins, 158 Cal. 530; People v. Adams, 198 Cal. 454; People v. Schoon, 177 Cal. 678.

Las declaraciones del acusado ante el juez municipal no equivalen a un confesión del delito que se le imputaba. Él solamente admitió que había firmado la orden de excarce-lación porque allí se acostumbraba hacer eso. Del récord se desprende claramente que el acusado actuó voluntariamente.

Que la corte inferior erró al instruir al jurado en cuanto a que prueba voluntariamente suprimida se presume adversa.

Al terminar la presentación de la prueba de cargo, dijo el fiscal:

“Sr. Juez, nosotros tenemos varios testigos más, pero son prueba de carácter acumulativo, por lo tanto, renunciamos a ella y hemos terminado nuestro caso.”
La instrucción de que se queja el apelante lee así:
“Se presume que la prueba voluntariamente suprimida sería adversa a la parte que la suprimió, excepto cuando esa prueba es de carácter acumulativo o inferior a la de otros testigos que ban declarado en el juicio, en cuyo caso no constituye esa supresión de prueba voluntariamente ni sostiene por tanto la inferencia de que de haber declarado los testigos ausentes, sus declaraciones hubieran sido adversas a la parte que no las produjo.”

Del récord aparece que después de haberse retirado el ju-rado a deliberar, el abogado defensor tomó excepción. Ade-más de ser tardía una excepción así tomada, del récord no consta que el abogado defensor solicitase de la corte que en-mendara o ampliara sus instrucciones sobre el particular.

La instrucción es a nuestro juicio correcta. La renuncia de prueba de carácter acumulativo, no es la supresión volun-taria de prueba a que se refiere el estatuto. El fiscal no está obligado a presentar toda la evidencia de que puede dis-poner para sostener las alegaciones de la acusación. Cuando, a su juicio, un hecho está suficientemente probado, puede re-nunciar el resto de la prueba de que dispone para establecer el mismo hecho. Y si lo hace expresa y abiertamente, en presencia y con el consentimiento de la corte y sin objeción por parte de la defensa, esa renuncia no crea presunción alguna en su contra. Si la defensa tenía motivos para creer que el testimonio de los testigos renunciados por el fiscal le hubiera sido favorable, bien pudo llamarlos a declarar como testigos de defensa. Allí estaban dichos testigos, bajo las reglas de la corte, y cualquiera de las partes podía utilizar su testimonio. No aparece de los autos nada que demuestre que a la defensa se le impidiera utilizar dichos testigos. Véanse: El Pueblo v. Campán, 34 D.P.R. 107; El Pueblo v. Ramírez, 50 D.P.R. 234.

Que la corte inferior erró al no transmitir al jurado la siguiente instrucción:

“La prueba pericial debe ser considerada con gran cautela por los señores del Jurado ya que es prueba a base de conclusiones y deducciones. ’ ’

Toda la argumentación de este señalamiento se basa en la sección 1127-b del Código Penal de California, que provee que cuando en la vista de un caso criminal se presenta la declaración de un perito, la corte deberá instruir al jurado, substancialmente, como sigue:

“Peritos debidamente calificados pueden expresar sus opiniones sobre las cuestiones en controversia en un juicio. Para ayudar al jurado a decidir tales cuestiones, éste puede considerar la opinión con las razones que' para sostenerla baya dado el perito que la emi-tiera. El jurado no está obligado a aceptar la opinión de ningún perito como concluyente, pero debe darle el peso a que según su juicio tenga derecho. El jurado puede, sin embargo, no tomar en consideración tal opinión, si llegase a la conclusión de que no es razonable. ’ ’

No se ba llamado nuestra atención hacia estatuto alguno de Puerto Rico que imponga a nuestras cortes de distrito obligaciones similares a las que impone el estatuto de California.

Nos inclinamos a creer que si al redactar su solicitud de instrucción la defensa la hubiese ajustado al estatuto de California, seguramente la corte inferior no se hubiese negado a trasmitirla al jurado. Existe gran diferencia entre lo que requiere dicho estatuto y lo que pretendió la defensa en su instrucción denegada.

En El Pueblo v. Sutton, 17 D.P.R. 345, 370; El Pueblo v. Bonelli, 19 D.P.R. 69, citados por el apelante, se sentó una doctrina idéntica a la del estatuto de California, al resolver que la opinión de un perito no es obligatoria para los juzga-dores; y que'un tribunal al apreciar la prueba pericial, no está obligado a aceptar las conclusiones de un perito. Las instrucciones dadas por la corte inferior con referencia a la evidencia y a las funciones del jurado en cuanto a su peso y apreciación fueron amplias, correctas y suficientes para la protección del acusado.

No hubo error en la denegación de tal instrucción. Véanse: El Pueblo v. Dávila, 37 D.P.R. 889; People v. Hales, 23 C. A. 731, 139 P. 667; Blashfield “Instructions to Juries,” Vol. I, pgs. 809-810; El Pueblo v. Ramírez, 50 D.P.R. 235.

Aparece del récord que al leer el veredicto rendido por el jurado y darse cuenta de qne éste se había equivocado en cuanto a la nomenclatura del delito, la corte suplicó al jurado qne volviera a considerar su veredicto; qne a petición del fiscal y sin oposición de la defensa, se entregó al jurado un nuevo modelo, y se ordenó que el primer veredicto quedase en los autos de la causa; que el jurado se retiró al cuarto de deliberaciones y regresó más tarde, entregando su veredicto al juez; y que éste lo declaró formal.

Sostiene el apelante que el procedimiento seguido por la corte inferior es erróneo; que la corte debió informar e ins-truir al jurado nuevamente en relación con el delito que se imputaba al acusado; que la corte no dió al jurado oportu-nidad de deliberar nuevamente y les indicó el veredicto que debían traer, causando así perjuicio irreparable al acusado.

El procedimiento seguido por la corte sentenciadora se ajustó a las prescripciones de los artículos 288 y 289 del Código de Enjuiciamiento Criminal, que leen así:

"Art. 288. — Cuando ocurriere un veredicto de culpabilidad y el tribunal fuere de opinión que se ha equivocado el jurado en la apli-cación de la ley, podrá explicar al jurado sus razones para sustentar dicha opinión, u ordenarle que vuelva a considerar el veredicto; y si después de esto diere el mismo veredicto, deberá hacerse constar en autos; pero en el caso de que el veredicto fuere absolutorio, no podrá el tribunal requerir al jurado para que lo vuelva a considerar.
"Si el jurado pronunciare un veredicto que no fuere ni general ni especial, podrá el tribunal ordenarle que lo considere nuevamente, y no se tomará razón de él, mientras no estuviere formulado en términos claros y precisos.
"Art. 289. — Si el jurado persistiere en dar un veredicto informal •del cual, sin embargo, se pudiere claramente deducir que sea su intención pronunciarse a favor del acusado respecto del punto que se ventila, deberá hacerse constar en autos en los términos en que ■estuviere concebido, y el tribunal dictará fallo absolutorio. Pero no se podrá dictar fallo condenatorio sin que el jurado expresamente •declare convicto al reo del delito imputádole.”

Véanse: People v. Jenkins, 56 Cal. 4; People v. Bonney, 19 Cal. 426-446; People v. Taylor, 4 Cal. App. 31, 87 P. 215; Pueblo v. Alvarado, 49 D.P.R. 423; y Abbott Criminal Trial Practice (1939 Ed.), págs. 1385-1390, párrafos 739, 740, 741.

Si la defensa creyó necesario que la corte instruyese de nuevo al jurado, debió pedir a la corte que así lo hiciera. Al no hacerlo renunció al derecho que pudiera tener.

Los dos últimos señalamientos se refieren a la alegada insuficiencia de la prueba y a la denegación de la moción de nuevo juicio.

Hemos leído detenidamente la transcripción de la eviden-cia y encontramos que la de cargo, habiendo sido creída por el jurado, es ampliamente suficiente para justificar el vere-dicto y la sentencia.

La moción para un nuevo juicio se basó en los mismos señalamientos de error que ya hemos discutido y desestimado. No erró, pues, la corte inferior al desestimar dicha moción.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Raimundo Sierra y la Sucesión de Venancia Arroyo, compuesta de Rafael y José Arroyo, y Ana, Eduvigis, Alejandrina, Cirila, Alipio, Elvira y Modesto Sierra Arroyo, demandantes y apelados, v. Salvador Vieta Puig, Cruz Fontánez Lorenzano y Manuel Rodríguez García, demandados y apelante el primero.
    Núms. 7870 y 7892.

    Sometidos: Junio 20, 1939.

      Resueltos: Marzo 6, 1940.

      Francisco González Fagundo y Antonio L. López, abogados del ape-lante; Villamil efe Santana Becerra, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La demanda en este caso contiene seis causas de acción, por las cuales se reclama el título y la posesión de una finca y se pide entre otras cosas sentencia contra los demandados por $5,900 en concepto de daños y perjuicios.

En junio 1, 1938, los demandantes solicitaron el embargo del producto líquido que quede en The Eastern Sugar Corporation a favor del demandado Vieta, como producto de las cañas cosechadas y entregadas por éste a la central, no de-biendo exceder el embargo de la suma de $1,500. Decretado el embargo mediante prestación de fianza por $1,000 y notifi-cada la orden al demandado, solicitó éste la nulidad de la orden y del diligenciamiento del embargo, entre otros por los dos fundamentos siguientes:

1. Porque la orden decretando el embargo es nula e ineficaz por no haberse cumplido con la sección 14 de la Ley para asegurar la efectividad de las sentencias, de marzo 1, 1902, o sea por no haberse dado traslado al demandado ni celebrado la comparecencia que deter-mina dicha sección.
2. Porque el embargo es nulo, pues no puede ser objeto de embargo un bien que aún no existe. Solamente pueden ser embar-gados los bienes pertenecientes al demandado en el momento del embargo y no los que puedan resultar de una liquidación de negocios entre dos partes.

Celebrada la vista de dicha moción, la corte la declaró sin lugar, concediendo al demandante un término de cinco días para radicar una nueva fianza. No conforme el demandado, radicó el recurso núm. 7870 en el que señala como errores de la corte inferior la desestimación de los fundamentos en que se basaba la moción sobre nulidad del embargo y de la orden a virtud de la cual se practicó el mismo.

Radicada en 20 de junio de 1938 la nueva fianza y apro-bada ésta por el juez, en 27 del mismo mes la impugnó el demandado por los siguientes motivos:

(A) Porque habiéndose decretado el embargo en junio 1, 1938, la fianza debía tener una cláusula que la hiciera retroactiva a dicha fecha.
(B) Porque la fianza está firmada solamente por Raimundo Sierra y no lo está por los otros codemandantes.
(C) Porque la fianza está a favor de todos los demandados y solamente se fian embargado bienes del demandado Vieta.
(D) Que las declaraciones de los fiadores son insuficientes, porque después de decir que cada uno tiene bienes por más de $2,000, des-pués de cubiertas todas sus deudas y responsabilidades, no juran que sea con exclusión de toda propiedad exenta de ejecución, porque pudiera ser que en alguno de los bienes descritos en el juramento tuvieran los fiadores constituido su homestead.

La corte inferior declaró sin lugar dicha moción y el de-mandado Vieta apeló. El^recurso fué radicado bajo el nú-mero 7892.

A petición de las partes ambos recursos fueron vistos y serán resueltos conjuntamente.

¿Erró la corte inferior al decretar el embargo, después de presentada la demanda, sin dar traslado a la parte contraria, con citación para comparecer ante el juez y proponer y practicar las pruebas que fueren pertinentes?

Aparece del récord que la demanda en este caso fué radi-cada en febrero 14 de 1938, y que la moción sobre asegura-miento de sentencia lo fué en primero de junio del mismo año. No existe en el récord ante nos constancia alguna en cuanto al emplazamiento o comparecencia voluntaria de los deman-dados con anterioridad a la fecha en que se solicitó y decretó el embargo.

La sección 3 de la Ley para asegurar la efectividad de las sentencias, según fué enmendada por la ley de 13 de abril de 1916, lee así:

“Ningún aseguramiento de sentencia podrá decretarse sin la presentación de la correspondiente demanda y de la solicitud de aseguramiento. La solicitud de aseguramiento podrá presentarse con la demanda o luego de interpuesta, en cualquier período del juicio, antes o después de la sentencia. Si el aseguramiento se solicitare después de pronunciada sentencia no se exigirá fianza.”

Como se ve, todo lo que requiere el estatuto es la presen-tación de una solicitud de embargo y que antes o en el mo-mento de presentarla se radique una demanda. No es nece-saria la notificación al demandado, ni la práctica de prueba alguna. Si de la faz de la demanda y de las alegaciones de la petición aparecen razones legales suficientes para justificar el embargo, es deber de la corte decretarlo. Si después de practicado el embargo, cualquiera de los litigantes presenta alguna moción con relación a dicho embargo — por ejemplo, para solicitar su modificación o nulidad, para pedir amplia-ción de fianza o para atacar la suficiencia o solvencia de los fiadores — la parte promovente está obligada por la sección 14 de la misma Ley de Aseguráiniento de Sentencias a dar traslado a la parte contraria para que ésta tenga una oportu-nidad de comparecer ante el tribunal, ser oída e intervenir en la práctica de la prueba.

En el caso de Madera v. Campillo, Juez, 30 D.P.R. 163, se levantó la misma cuestión que ahora levanta el apelante. Y este tribunal, por voz de su Juez Asociado Sr. Wolf, resolvió:

“Respecto a la cuestión de la citación estamos convencidos de que no fué la idea de la Ley de marzo 1, 1902, exigir que un asegu-ramiento sea notificado primero al deudor antes de expedirse. Si tal notificación fuera necesaria, el fin principal de la ley, o sea el aseguramiento, podría quedar anulado. En ninguna otra parte que sepamos, requiere un estatuto sobre embargos la notificación previa al deudor, aunque frecuentemente se exige fianza en garantía del deudor. Ambos textos, el inglés y el castellano, en sus términos no se refieren a la expedición del aseguramiento mismo, sino a una controversia que surge de ‘allegations’ en inglés y ‘pretensiones’ en castellano. Nada bay que indique la intención de una notificación primaria. Es cierto que en este caso el aseguramiento no se solicitó junto con la demanda sino que se decretó después de formulada la contestación, pero no existe nada en la ley que exija que el asegura-miento se libre inmediatamente. Por el contrario, la idea de la ley es hacer efectiva la sentencia una vez dictada. No encontramos que haya habido error de procedimiento.”

No erró la corte inferior al decretar el embargo sin noti-ficación previa al demandado.

¿ Es embargable el producto líquido que quede en poder de una corporación azucarera, resultante de la elaboración de cañas pertenecientes a la parte demandada?

Sostiene el apelante que no lo es, por entender que mien-tras no se practique la liquidación, el producto líquido que se pretende embargar no puede tener existencia real; y que de acuerdo con los preceptos del Código de Enjuiciamiento Civil sólo pueden ser embargados los bienes pertenecientes al demandado en el momento del embargo.

En los casos de Diego Agüeros & Co., v. Heres, 50 D.P.R. 533, y Rodríguez v. Fontes y American R. R. Co., Int., 51 D.P.R. 670, se sostuvo que salarios no devengados aún no pueden ser embargados; y en el primero de dichos casos se dijo:

“La teoría de la corte necesariamente debió ser, y lo es, que no existía cosa alguna que pudo haber sido alcanzada por ejecución; que salarios a devengar no constituyen cosas. De ordinario el de-recho del deudor a su sueldo no surge hasta que haya prestado sus servicios.
“La apelante sostiene que no hay nada en la ley que prohíba el embargo de salarios futuros, y estamos de acuerdo. Sin embargo, como hemos insinuado antes, generalmente una ejecución o embargo sólo procede contra una cosa en existencia.”

En Armour Fertilizer Works v. Ramírez, 52 D.P.R. 537, se planteó la misma cuestión envuelta en el presente caso. El embargo fue anulado por la misma corte que lo decretó, por el fundamento de que la notificación del embargo fue diligen-ciada por el secretario y no por el marshal, dejando la corte sin resolver los otros dos alegados motivos de nulidad, que eran los mismos que se aducen en el presente recurso. Visto el caso en apelación, interpuesta por el demandante embar-gante, se revocó la orden recurrida por el motivo de que “el único fundamento en que basó su orden para anular el embargo no existía.” Esta corte dejó abierta la cuestión principal, diciendo:

“...Si el remanente que resulte a favor de un colono al liqui-darse un contrato de refacción agrícola y molienda de cañas puede ser objeto de tal secuestro (garnishment), es una cuestión importante que debe ser resuelta en primera instancia por la corte de distrito, luego de debatirse la cuestión adecuadamente. De propia iniciativa y sin la ayuda de los letrados, no resolveremos por abora la cuestión.”

En el caso de autos, la cuestión fue resuelta en primera instancia en contra del apelante y éste la ha señalado como error cometido por la corte inferior. Es nuestro deber con-siderarla y resolverla de una vez.

La situación legal que nos presenta el caso de autos es a nuestro juicio distinta a la de los casos en que se ha tratado de embargar salarios futuros o por devengar. El salario que no ha sido aún ganado, no tiene ni puede tener existencia real hasta que se haya realizado el servicio que con él se paga. Si el asalariado falleciese antes de prestar el servicio, sus herederos no tendrían derecho a reclamar nada; y sus acree-dores nada podrían embargar.

En el caso que estamos considerando, existe un contrato de refacción y molienda de cañas entre el demandado Yieta y The Eastern Sugar Corporation. De acuerdo con dicho contrato, cuyos términos desconocemos, el demandado sem-bró cañas en la finca que el demandante reclama como de su propiedad. En la fecha en que se practicó el embargo del remanente que quedase a favor del demandado al hacerse la liquidación del contrato de refacción, ya las cañas habían sido cosechadas y entregadas a la central y se encontraban en el proceso de ser elaboradas y convertidas en azúcar. Las cañas tenían existencia real, y no hay duda alguna de que ellas hubiesen podido ser embargadas mientras estaban en poder del demandado Vieta, con sujeción desde luego al derecho preferente que, a virtud de la ley que regula los con-tratos de refacción agrícola, pudiera tener la central para el cobro de sus acreencias. Ese embargo equivaldría a garan-tizar el pago de la sentencia con el remanente que quedase a favor del colono después de saldados los créditos ele la central. La situación legal no varía, no debe variar a nuestro juicio, por el mero hecho de que el embargo se haya practicado después de haberse entregado las cañas a la central para ser molidas y convertidas en azúcar y finalmente en dinero efectivo. En uno n otro caso, existiendo nn contrato de re-facción en que el colono está obligado a entregar a la central las cañas producidas con el dinero por ella anticipado, lo único que puede embargar el acreedor del colono es lo que a éste pueda sobrar, o sea el “equity” que pueda quedarle, en cañas o en dinero, después que la central se haya cobrado. No creemos necesario para la" validez del embargo, que la operación aritmética necesaria para determinar el montante exacto del balance a favor del colono se haya practicado con anterioridad a la práctica del embargo. Si ése fuese un requisito necesario, por la misma razón tendría que soste-nerse que no es posible embargar el interés que pueda corres-ponder a un accionista o socio, sin antes practicar una liqui-dación de la corporación o sociedad, para poder determinar el haber del deudor.

Las relaciones entre la central y el colono son en cierto modo similares a las de los socios entre sí. La central anti-cipa los fondos necesarios para la siembra y cultivo de las cañas. El colono aporta el terreno y su trabajo. Son las cañas las que, a manera de haber social, garantizan a la central la devolución de su capital y al colono el fruto de su labor.

El interés del colono en el remanente del producto de sus cañas es un interés que tiene existencia real y efectiva, depen-diendo la determinación de su cuantía de una simple opera-ción aritmética. A su muerte pasa a sus heredores, o a sus acreedores si los tuviera, de igual manera que cualquiera otra propiedad tangible.

El artículo 246 del Código de Enjuiciamiento Civil provee:

“Todas las cosas, semovientes, dinero y demás bienes, así muebles como inmuebles, o cualquier interés en ellos, pertenecientes al deudor declarado tal por la sentencia, no exentos por la ley, y toda pro-piedad y derecho respecto de ella, ocupado o embargado en el pleito, están sujetos a la orden de ejecución. Las acciones y participación en cualquiera corporación o compañía, y deudas y créditos y toda la propiedad real o personal o cualquier interés en la misma, y todos los demás tienes no susceptibles de entrega manual, podrán ser em-bargados en virtud de la orden de ejecución, de igual modo que en los autos de embargo... Hasta efectuarse un embargo, los bienes no estarán afectados por la orden de ejecución.” (Bastardillas nues-tras.)

Convenimos con el apelante en que “sólo pueden ser ob-jeto de embargo los bienes pertenecientes al demandado en el momento del embargo o los que existan en poder de una tercera persona, que sean de su propiedad.” Y aceptamos también su contención de que las disposiciones del artículo 246, supra, son aplicables a los embargos para asegurar la efectividad de una sentencia.

El interés o participación que en el producto de las cañas corresponde al demandado es, sin duda alguna, un interés o derecho de propiedad que estaría sujeto a una orden de eje-cución de sentencia. Esa orden de ejecución no puede afectar los bienes de un deudor hasta que se haya efectuado un embargo. Y el embargo de bienes que no son susceptibles de entrega manual inmediata — como no lo es el balance favorable de una liquidación que aún no se ha practicado — debe practicarse de igual modo que en los autos de embargo para asegurar la efectividad de una sentencia.

La sección 2 de la Ley para asegurar la efectividad de sentencias, después de proveer las reglas a que deberá ajustarse el aseguramiento, dice:

“(á) En lo no previsto en las reglas precedentes, el tribunal discrecional y equitativamente adoptará las medidas procedentes para asegurar la efectividad de la sentencia.”

La sección 10 de la citada ley dispone que la prohibición de enajenar bienes muebles y el embargo de los mismos se practicarán depositando los bienes de que se trate en poder del tribunal o de la persona designada por éste, bajo la res-ponsabilidad del demandante.

En el caso de autos el márshal notificó al agente de la central haber embargado hasta la cantidad de $1,500 el pro-■ducto líquido que quede en la central a favor del demandado Yieta, de la cual cantidad ni la central ni el demandado po-drán disponer; y le notificó además, “que deberá retener en su poder como agente de la corporación mencionada, el pro-ducto líquido que basta la fecba tenga, o de abora en adelante pueda tener, perteneciente al demandado Salvador Yieta Puig, hasta la mencionada cantidad de $1,500 que deberá entregar al márshal suscribiente tan pronto como baya liqui-dado dichas cañas.”

Somos de opinión que el embargo en este caso quedó legal-mente trabado y que la corte inferior no erró al sostener la validez de su orden.

Discutiremos ahora los alegados errores en que se basa el segundo recurso:

(A) Alega el demandado apelante que la fianza prestada por el demandante en 20 de junio, 1938, debía contener una cláusula que la hiciera' retroactiva al día 1 del mismo mes y año, fecba en que se practicó el embargo.

La objeción carece de fundamento. De acuerdo con los términos de la fianza que consta en autos, después de men-cionar la radicación de la demanda, la súplica de la misma, la expedición de la orden de embargo y el requerimiento de fianza para garantizarlo, los principales y los fiadores se obligan en la forma siguiente:

“Por tanto, Nosotros, (todos los demandantes) como principales y Cándido. A. Martínez y Emilio Gándara, como fiadores, libre y espontáneamente nos obligamos mancomunada y solidariamente para responder de la suma de mil dollars, $1,000.00, importe de esta fianza o cualquier parte de la misma que fuere necesario, para atender a los daños y perjuicios que puedan irrogarse a los demandados Salvador Yieta Puig, Cruz Fontánez Lorenzano y Manuela Eodríguez García, como consecuencia del embargo trabado y en caso que así proceda en ley.” (Bastardillas nuestras.)

No es necesaria, a nuestro juicio, la llamada cláusula nunc pro tuno que exige el apelante. No tenemos duda de que el demandado Yieta podría recobrar, de acuerdo con los tér-minos de la fianza, los daños sufridos por él dentro del término del 1 al 20 de junio, “como consecuencia del embargo trabado” el día primero de dicho mes de junio, 1938.

(B) Que la fianza está firmada solamente por Raimundo Sierra y no por los otros codemandantes.

El demandante Raimundo Sierra es padre de los otros demandantes; y todos alegan ser condueños de la finca que reclaman. La demanda y la petición de embargo fueron pre-sentadas a nombre y para beneficio de todos y cada uno de ellos. La fianza debe ser considerada como otorgada por Raimundo Sierra a nombre y para beneficio de todos los demandantes. Estos serían de todos modos responsables al demandado, sin necesidad de otorgar fianza, por un embargo injustificado de sus bienes.

El demandante Raimundo Sierra aparece ser dueño de una mitad indivisa de la finca, que adquirió durante su matri-monio con la madre de los otros demandantes. En tal con-cepto, el demandante tendría derecho a una mitad de la suma de $5,900 que se reclama en la demanda y tendría derecho también a pedir el aseguramiento de la sentencia en cuanto a la parte que en la misma pueda corresponderle.

La falta de las firmas de los otros demandantes no cons-tituye un defecto perjudicial a los intereses del demandado, ni es a nuestro juicio suficiente para invalidar la fianza y anular el embargo. Si los fiadores son solventes, el deman-dado está ampliamente garantizado por la fianza en la forma en que aparece otorgada. Sin embargo, como pudiera su-ceder que las firmas de los otros demandantes se hubiesen omitido por algún error involuntario, no obstante estar dichos demandantes dispuestos a firmar la fianza, opinamos que el caso debe devolverse a la corte inferior para que ésta requiera a dichos demandantes para que suscriban la obli-gación, haciendo constar que sus efectos deberán retrotraerse al día 1 de junio de 1938, fecha en que se practicó .el embargq.

(C) El hecho de que la fianza se haya constituido a favor de todos los demandados, cuando el embargo fué decretado solamente contra el demandado Vieta, no invalida la obligación. Las dos codemandadas, cuyos bienes no han sido embargados, seguramente nada sufrirán como consecuencia del embargo de los bienes de Vieta. Éste está garantizado por el importe íntegro de la fianza.

(D) De la transcripción de evidencia aparece que el día 5 de agosto de 1938, a petición de los demandados, comparecieron ante la corte inferior los dos fiadores para ser examinados en cuanto a su solvencia económica.

El fiador Emilio Gándara declaró que él y sus dos her-manos son dueños por partes iguales e indivisas de dos fincas, una de 138 y otra de 18 cuerdas, ambas radicadas en Cidra; que él tiene su residencia en Caguas; que las fincas están ins-critas y las contribuciones se pagan a nombre de los tres hermanos; que las dos fincas tienen un valor de veinte a veinticinco mil dólares; que la de 138 cuerdas está tasada en $8,800 y la de 18 en $720; que además tiene cuatro casas en Cidra, siendo una de ellas una panadería por la que le ofrecieron y no aceptaron cinco mil dólares; que no tiene ninguna deuda, excepto un pagaré al portador por $5,000 que él garantizó con las dos fincas rústicas, pero ese pagaré no ha sido negociado y está aún en sus manos.

El otro fiador, Cándido Martínez, declaró que tiene bienes por más de $2,000, entre ellos una casa en Caguas sobre la cual pesa una hipoteca a la Home Owners Loan Corporation por $4,838.62; que dicha casa está valorada en $9,415.18; que tiene otras propiedades, dos casas, una valorada en $4,000 y otra en $1,000.

El demandado tuvo una oportunidad de examinar a los fiadores en cuanto al derecho de homestead que ellos pudieran reclamar sobre las propiedades de que alegaron ser dueños, y no la aprovechó. La omisión en el juramento de los fia-dores de la frase “con exclusión de toda propiedad exenta de ejecución,” además de haber sido subsanada por la re-nuncia del demandado a su derecho a examinar a los fiadores sobre el particular, resulta inmaterial y no perjudicial al demandado, toda vez que según resulta del récord los fiadores aparecen ser ampliamente solventes y poseedores de varias propiedades, sobre todas las cuales no podrían reclamar de-recho de homestead.

Por las razones expuestas debe confirmarse la orden recu-rrida que dictó la corte inferior el 26 de agosto de 1938 y que fue objeto del recurso de apelación núm. 7870; y confirmarse asimismo la resolución dictada el 10 de agosto de 1938, que fue objeto del recurso núm. 7892, con la sola modificación de que el caso sea devuelto a la corte inferior para que la fianza sea completada con la firma de los otros demandantes que no la firmaron originalmente, con lo cual quedarán obligados los principales y fiadores desde el 1 de junio de 1938, fecha en que se practicó el embargo.


author: El Juez Asociado Señor Wole

text:
    Vicente L. Giménez, peticionario, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. R. La Costa, Jr., Juez Interino, demandada.
    Núm. 1203.

    Sometido: Febrero 19, 1940.

      Resuelto: Marzo 7, 1940.

      Víctor Rivera Colón, abogado del peticionario; G. Cruzado Silva, abogado del interventor, demandante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

En la petición de certiorari radicada en este caso el 6 de febrero de 1940, se alegaba que la Corte de Distrito de San Juan se había negado a expedir una solicitud de certiorari allí presentada. La solicitud radicada ante la corte de dis-trito se basó fundamentalmente en la idea de que la Corte Municipal de San Juan nunca había adquirido jurisdicción sobre el peticionario en un pleito de desahucio presentado contra él.

La sentencia contra el peticionario fué dictada el 22 de diciembre de. 1939, y el 23 del mismo mes él radicó una moción solicitando que la sentencia en su contra se dejara sin efecto. El peticionario alega entonces ante este tribunal que la Corte Municipal de San Juan señaló la moción para el 11 de enero de 1940.

Sucedió que el 11 de enero era un día feriado y al darse cuenta de ello la corte señaló de nuevo la moción para la tarde del 12 de enero de 1940. No se desprende si la corte hizo este nuevo señalamiento el 11 ó en la mañana del 12. En uno u otro de los documentos que están ante nos se hace constar que la corte dijo que su secretario había notificado a las partes del segundo señalamiento y que el demandado, pe-ticionario en este recurso, no había comparecido.

El opositor, demandante en la acción principal y parte primordialmente interesada, arguye, y la corte de distrito aparentemente estuvo conteste con él, que aunque el señala-miento hecho para el 11 de enero era nulo, el mismo fué auto-máticamente transferido para el día 12.

Los artículos 10, 11 y 12 del Código de Enjuiciamiento Civil disponen:

“Artículo 10. — Las cortes deberán celebrar sesión y despachar los asuntos judiciales en cualquier día, exceptuándose lo dispuesto en el artículo siguiente.
“Artículo 11. — No podrá actuar ninguna corte, ni despachar ningún asunto judicial, los domingos, el primero de enero, el cuatro de julio, el día de Navidad, el de dar gracias, y el día en que tenga lugar una elección general, a no ser para lo siguiente: (Se refiere a excepciones que no son de aplicación a este caso.)
“Artículo 12. — Si cualquiera de los días mencionados en el pre-cedente artículo fuese el señalado para celebrar sesión, o el día hasta el cual se suspendió dicha sesión, ésta se entenderá señalada o sus-pendida para el día siguiente.”

Los artículos 10 y 11 simplemente proveen que no se podrán despachar asuntos de clase alguna por ninguna corte en los días allí mencionados, excepción hecha de para los fines en ellos enumerados. Es cierto que el artículo 12 dis-pone la posposición del caso en cualquiera de los días men-cionados, más no incluye otros días feriados.

El artículo 387 del Código Político incluye algunos días distintos a los mencionados en el artículo 11, supra.

No tenemos duda alguna, sin embargo, de que en cual-quier otro día fijado por la Asamblea Legislativa como fe-riado la corte no puede despachar asuntos de la índole de la moción que está ante nos, o sea, para dejar sin efecto una sentencia.

El opositor se funda también en el artículo 389 del Código Político, que provee:

“Artículo 389. — Cuando algún acto haya de ejecutarse bajo la ley o en virtud de contrato en un día señalado, y tal día ocurriese en día de fiesta, dicho acto podrá realizarse en el próximo día de trabajo, teniendo el mismo efecto que si se hubiera realizado en el día señalado.”

Nos inclinamos a creer que el señalamiento de la moción a que nos hemos referido no está comprendido por los tér-minos del referido artículo 389 porque él no fué “algún acto que haya de ejecutarse bajo la ley o en virtud de contrato en un día señalado.” El señalamiento de un día por el juez para oír una moción no equivale a semejante acto.

Asumiendo, sin resolverlo, que el peticionario estuviera en lo cierto, y asumiendo también que la corte de distrito no subsanó propiamente el defecto del señalamiento, estamos no obstante convencidos de que el auto expedido en este caso debe ser anulado.

Durante la vista de este recurso el peticionario ofreció presentar directamente a este tribunal un certificado de los procedimientos habidos ante la corte municipal. Presentada objeción, este tribunal se negó a admitir el certificado a base de que la corte de distrito, al decidir el certiorari que estaba ante sí, no tuvo dichos procedimientos o documentos a la vista. En su consecuencia, en este recurso de certiorari no podemos revisar algunas de las varias cuestiones suscitadas.

Durante Ja vista celebrada ante la corte municipal el opo-sitor insistía en que el demandado en el procedimiento de desahucio, peticionario en este recurso, fué debidamente ci-tado y que tal hecho quedó probado. A nuestro juicio, la corte de distrito no tuvo ante sí todos los documentos que demostraran lo que se había hecho en la corte municipal.

Hemos examinado, sin embargo, la petición radicada ante la corte inferior y creemos que la misma no describía suficientemente las razones por las cuales la corte municipal carecía de jurisdicción sobre la persona del peticionario demandado. En la corte de distrito era el deber del peticionario demostrar que había fundamento sustancial para alegar que la corte municipal nunca había adquirido jurisdicción sobre su persona.

El opositor también sostiene, y a nuestro juicio demuestra con los autos o con las admisiones del peticionario, que éste apeló de la sentencia de la corte municipal, dictada el 22 de diciembre de 1939. Se suscitó la cuestión, conforme revelan lós autos, de la suficiencia de la fianza. Convenimos, no obstante, con el opositor cuando éste dice que una apelación interpuesta por el peticionario hubiese sido un remedioadecuado.

Estamos bastante bien convencidos de que la corte de distrito pudo haberse negado discrecionalmente a expedir el auto. Sea ello como fuere, no tenemos duda de que este tribunal tiene amplia discreción para negarse a continuar conociendo de un caso bajo las condiciones antes expuestas.

Debe anularse el auto expedido.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Luis Felicier, menor representado por su padre natural con patria potestad Jacobo Felicier, demandante y apelado, v. Rafael Domínguez, demandado y apelante.
    Núm. 8057.

    Sometido: Febrero 12, 1940.

      Resuelto: Marzo 8, 1940.

      Vülamil & Santana Becerra, abogados del apelante; Faustino B. Aponte, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn caso sobre daños y perjuicios en el que se dictó sentencia condenando al demandado a pagar al demandante mil quinientos dólares con más las costas y tres-cientos dólares por honorarios de abogado, en que el deman-dado apeló y en que el demandante solicita la desestimación del recurso por frívolo, con imposición de costas y honora-rios de abogado.

Los autos de la apelación quedaron radicados desde agosto 21, '1939. El apelante solicitó varias prórrogas y finalmente presentó su alegato en noviembre 30, 1939. La moción de desestimación se archivó en diciembre 16 siguiente y se vió con asistencia e informe de los abogados de ambas partes el 12 de febrero último.

En la demanda se alega, en resumen, que el demandante tiene seis años de edad; que el demandado es, un porteador público entre Humacao y la Central Pasto Viejo de esa ciudad que tiene en servicio varias' guaguas que manejan sus empleados; que el 6 de abril de 1937 el demandante, frente a la tienda de la Central, se subió en el estribo de una de dichas guaguas que iba con dirección a la factoría de la misma, y que debido al manejo descuidado de la guagua por parte del empleado del demandado que negligentemente per-mitió al demandante viajar en el sitio indicado, el demandante fué lanzado a la carretera sufriendo la fractura de su pierna derecha.

En su contestación el demandado aceptó que el accidente había ocurrido pero negó que se debiera a su negligencia,, debiéndose por el contrario a la “propia incuria e intrusión” del demandante “al actuar en contra de la ley y del natural instinto de la propia conservación, agarrándose a la parte derecha lateral trasera de la guagua, zafándose al suelo, todo lo que sucedió sin que el chauffeur, ni ningún otro empleado, del demandado, se hubiera podido dar cuenta, ya que, además de que el intruso actuaba a hurtadillas, las cortinas de la guagua venían puestas contra la intemperie, pues momentos antes había empezado a lloviznar.”

Fué el pleito a juicio y la corte apreció la prueba practi-cada, como sigue:

“La prueba del demandante tiende a establecer los siguientes hechos: — que el demandado era_para la fecha del accidente dueño de la guagua P. 590; que esta guagua el día 6 de abril de 1937 se dedicaba al transporte de pasajeros de Humacao a la Central Pasto Yiejo; que dicha guagua era manejada ese día por el chófer Benito Rivera, quien era un empleado del demandado; que el chófer Benito Rivera, en el viaje de Humacao a la Central Pasto Yiejo, se paró frente a una tienda y llamó al niño Luis Felicier para que le llevara un periódico a una persona; que después de haber llevado el perió-dico por orden del chófer se montó en el estribo de la guagua; que momentos antes del accidente, el niño estaba jugando con unos ami-guitos; que en el estribo de la guagua, además del niño Luis Felicier, iban otras personas; que el niño se cayó del estribo y alguien gritó al chófer para que parara la guagua; que el niño estuvo más de 30 días en el Hospital de Humacao como consecuencia del accidente; que después de haber salido del Hospital estuvo 2 meses más enfermo y 6 meses andando con muletas; que el demandante ha sufrido daños y perjuicios que estima en la suma de $5,000.
“La prueba del demandado tiende a demostrar los siguientes hechos: que el niño Luis Felicier iba colgado de la guagua que guiaba Benito Rivera por su parte derecha trasera; que el sitio del cual podía agarrarse el niño quedaba a una altura de cinco a seis pies; que nadie iba parado en el estribo de la guagua; que el accidente se debió a descuido y negligencia del menor Luis Felicier; que el chófer no se percató de que el niño fuese agarrado de la guagua; que las cortinas de la guagua se habían bajado porque estaba lloviendo; que la guagua fué reparada después del accidente y su altura se elevó ocho pulgadas-más.
“Del examen que la Corte hizo de la guagua ésta fué medida en el frente, en el medio y en la parte trasera. A juicio del Tribunal la única cuest'ón a resolver es si el accidente ocurrió tal como alega el demandante o como alega el demandado. Con respecto a la ocu-rrencia del mismo no hay discrepancia entre las partes. El deman-dado admite que el accidente ocurrió en la fecba y lugar a que se contraen los hechos. El demandante sostiene que el accidente se debió a la negligencia y descuido del chófer al permitir que un niño de siete años de edad, poco más o menos para la fecha del accidente, corriese en la guagua montado sobre el estribo de la misma. El demandado, sin embargo, sostiene que aquél se debió única y exclusivamente al hecho de haberse agarrado el niño de la parte trasera derecha de la guagua sin que el chófer, ni ningún otro em-pleado del demandado, ni ninguna persona que viajara en la misma, se percatara de la presencia del niño o del hecho de ir agarrado. El Tribunal ha examinado detenidamente el testimonio de los testigos, tanto de la parte demandante, como de la parte demandada. Consi-dera que por la forma en que han declarado los testigos del deman-dante, por la lógica de sus declaraciones y por lo razonable de las mismas, le merecen más crédito que el testimonio de los testigos del demandado. Hay un hecho que viene a robustecer esta creencia, y es el tamaño de la guagua en relación con el niño. Se trata de una criatura que para la fecha del accidente, juzgando por el tamaño que tiene hoy, escasamente tenía una altura de más de tres pies. La guagua no tiene nada en el lado derecho sobre el cual pudiera encaramarse este niño para sujetarse de la varilla que tiene la misma a una altura de cinco a seis pies. Era imposible que un niño de esa altura, con una guagua en marcha o parada, pudiera agarrarse de un objeto que no estaba a su alcance. Lo más probable es que se subiera al estribo de la misma y que de allí se zafara mientras la guagua caminaba por la carretera. Todavía resulta menos probable que ese niño se hubiese agarrado de la varilla que corre horizontal-mente en la guagua si ésta tenía las cortinas bajas. Indudablemente, después de haber llevado a cabo el mandado que le dió el chófer cual era el de llevar un periódico a una persona, y estando lloviendo, el niño se guareció dentro de la guagua, parándose en el estribo de la misma.
“Opina la Corte que el demandante ha probado las alegaciones de su acción, estimando el Tribunal que el demandante ha sufrido daños y perjuicios en la suma de $1,500.
“Por las razones expuestas, la Corte declara con lugar la demanda y condena al demandado a satisfacer al demandante la cantidad de $1,500, con más las costas y $300 por concepto de honorarios de abogado. ’ ’

En su alegato el demandado apelante señala como único error el cometido a su juicio por la Corte sentenciadora “al considerar la evidencia del demandante suficiente para sos-tener la demanda.”

Argumentando el señalamiento analiza las declaraciones de los testigos del demandante y ñace inteligentes esfuerzos por demostrar su insuficiencia. También impugna el razonamiento del juez sentenciador.

Conocemos dicho razonamiento. Resiste a nuestro juicio la impugnación. En cuanto a lo declarado por los testigos del demandante, parece conveniente extractar de sus testi-monios lo que sigue:

Dijo el propio demandante:
“P. — ¿Quién es don Beño? — R.—El que guía la guagua, me llamó para llevarle un periódico a don Paco Monge, y yo se lo fui a llevar y después la guagua se quedó allí apeando las compras y yo me monté en la guagua y después la guagua se cayó dentro de un boyo y yo me caí. — P.—¿En qué se montó Ud.? — R.-—En el es-tribo. — P.—¿Eso fué después de Ud. haber llevado el periódico?— R. — Sí, señor. — P.—¿Para dónde iba Ud.? — R.—Que don Beño me dijo que montara. — P.—¿Y siguió en la guagua Ud.? — R.—Sí, señor, don Beño me dijo' que me iba a llevar a los Sapos.”
Carlos Alicea depuso:
“El chófer llamó a este niño para que le llevara un periódico al taller de carpintería que queda al lado de la vía y entonces vino el muchacho y el chófer le dió el periódico. — P.—¿No vió cuando el niño se montó en la guagua?- — R.—Sí,'señor, vi cuando se montó en la guagua y siguió.”
Y luego:
“P. — ¿Ud. recuerda el pasaje que llevaba la guagua — R.-—Bueno, llevaba bastante pasaje, llevaba exceso de pasaje. — ...—P.—¿Y qué hizo él? — R.—Se fué en la guagua. — P.—¿Ud. lo vió montarse?— R- — Lo vi parado en el estribo. — ...—P.—¿La guagua ésa del demandado, para esa fecha tenía cobrador? — R.—No, señor, no tenía. ’ ’
Américo Ramírez, corrobora su testimonio, así:
“P. — ¿Iban personas de .pie? — R.—Sí, señor. — P.—¿Y en el es-tribo venían algunas personas? — R.—Sí, señor. — P.—¿ Había personas en el estribo? — R.—Sí, señor.”
Y Julio Casado y Ramón Colón manifestaron, el primero:
“P. — ¿Qué guagua? — R.—Una guagua que guiaba don Beño.— P. — ¿Benito Rivera? — R.—Sí, señor. Y sé que iba este nene (seña-lando a Luis Felicier) montado en el estribo e iban dos o tres más montados allí. — P.—¿De manera que, al pasar la guagua, Ud. vió a este niñito Luis Felicier montado, en el estribo? — R.—Sí, .señor.”
Y el segundo:
"Pues estando yo parado al frente del portón, a la entrada de la factoría de Pasto Viejo, estando yo de frente hacia donde venía la guagua, vi caerse el muchacho. — P.—¿A quién se refiere Ud. cuando dice el muchacho? — R.—A Luis Felicier. — P.—¿Lo vió caer de dónde? — R.—De la guagua. — P.—¿De la guagua a dónde? — R.—Al suelo. — P.—¿A la carretera? — R.—Sí, señor. — P.—¿Y qué más sabe Ud. si sabe algo más? — R.—Entonces yo corrí hacia el sitio donde cayó el niño y le grité a Benito que parara la guagua. — P.—¿Benito era el chófer de la guagua? — R.—Sí, señor. — Y yo seguí corriendo y levanté el muchacho del suelo y lo llevé hacia la clínica.”
Por último, el padre del demandante dijo:
"P. — ¿Él estuvo en el hospital? — R.—Estuvo treintiséis (36) días. — P.—¿En el Hospital Municipal de Humacao? — R.—Sí, señor.— P. — ¿Ud. lo visitaba con frecuencia? — R.—Todos los días y todas las noches. De noche yo y de día la madre. — ...—P.—¿Cuánto tiempo estuvo en la casa? — R.—Como tres (3) meses en casa, con paños de agua tibia y después estuvo como seis meses andando con muletas.— P. — ¿El niño, después de ese día, se quejaba de dolores? — R.—Sí, señor. — P.—¿Mientras estuvo en el hospital se quejaba? — R.—Sí, señor. — P.—¿Y después que Ud. se lo llevó para su casa, se siguió quejando? — R.—Se quejaba muchísimo allá acostado; estuvo dos meses acostado en cama en la casa y como seis meses que estuvo andando con muletas.”

La fractura quedó comprobada además por una radio-grafía y las dimensiones de la guagua a que hace referencia el juez sentenciador constan del acta de inspección ocular.

Difícil es generalmente la apreciación de la evidencia en estos casos por la tendencia a la exageración que se observa en las declaraciones de una y otra parte, pero creídos como fueron los testimonios presentados por el demandante sin que haya la más leve indicación de que la corte actuara mo-vida por pasión, prejuicio o parcialidad, ni cometiera mani-fiesto error, son dichos testimonios, a nuestro juicio, sufi-cientes para concluir que quedaron probadas en el juicio las alegaciones de la demanda y que las sumas en que la corte fijó el montante de la indemnización y los honorarios de abogado no son excesivas.

En su consecuencia la desestimación procede, sin que deba accederse a la imposición de costas y honorarios de la apelación que solicita el apelado porque si bien hemos llegado a la conclusión de que la apelación no podría prosperar por falta de méritos, ello no implica la temeridad de la parte al interponerla ya que pudo creer de buena fe, y su argumentación en su alegato tiende a demostrarlo así, que la razón le asistía.

Por virtud de todo lo expuesto debe desestimarse, por frívolo, el recurso, y confirmarse la sentencia apelada.