text:
    Cabassa, Demandante y Apelado, v. Reyes, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre desahucio.
    No. 1955.
    Resuelto en mayo 5, 1919.
    Alegaciones — Excepción de Ambigüedad — Desahucio.'—No existe ambigüedad en una demanda de desahucio en la que el demandante alega ser dueño de la finca que describió y que en ella está radicada la casa oeupada precaria-mente por la demandada.
    Id. — Excepción Previa General — Desahucio—Descripción Suficiente. — Es im-procedente la excepción previa general por falta de heehos determinantes de causa de acción interpuesta contra una demanda de desahucio en la que, si bien no se describe la casa cuyo desalojo se solicita, sin embargo se hace la descripción de la finca en la cual se halla ubicada con cuyos datos puede el oficial ejecutivo de la corte cumplir la sentencia condenatoria que se dicte.
    Alegaciones — Subsanación Subsiguiente (Aider) de las Mismas — Deficien-cias de una Demanda- — Desahucio.—Cualesquiera defectos de que adolezea una demanda, como cuando la finca objeto del pleito no se describe conve-nientemente, quedan subsanados por la contestación si ésta suple las defi-ciencias do la alegación del demandante.
    Id. — Evidencia—Título ■ de la. PInca- — Prueba Suficiente — Certificación Ne-gativa. — En una acción de desahucio le basta al demandante, para probar que es dueño de la finca en litigio, presentar su título inscrito en el registro; y no tiene necesidad de presentar ninguna certificación negativa del regis-trador en la ■ que so exprese que del libro diario del registro no aparece asiento alguno de haberse presentado algún título transmitiendo la propie-dad a otra persona.
    Evidencia — Desahucio en Precario — Prueba Suficiente. — Es prueba suficiente para decretar el desahucio en precario cuando el demandante no sólo pre-sentó su título de propiedad sobre la finca inscrito en el registro, sino que probó, además, que el demandante había construido con dinero y materiales suyos la casa que por condescendencia de éste y que sin pagar canon o mer-ced alguna ocupa y detenta el demandado.
    Evidencia — Desahucio—Prueba Contradictoria. — La prueba contradictoria en cuanto a los términos en que el demandado vivía la casa en litigio, habiendo sido resuelta en favor del demandante, la Corte Suprema no irá contra el fallo de la corte inferior a menos que se justifique que su decisión fué errónea.
    ■Costas y Honorarios de Abogado — Procedimientos Especiales- — -Desahucio.— De acuerdo con el artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil según fué últimamente enmendado en 12 de abril de 1917, puesto que el desahucio es un procedimiento especial, la parte victoriosa tiene derecho a que se le abo-nen las costas y, asimismo, a discreción de la corte, los honorarios de abogado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Herminia Tormes y Leopoldo Tormes.

      Abogado del apelado: José Tous Soto.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Las alegaciones de la demanda de desahucio en este caso presentada en, la Corte de Distrito de Mayagüez son que el demandante Jacobo L. Cabassa es dueño de cierta finca rús-tica cuya descripción hace y que la demandada Carmen Be-yes posee precariamente, sin pagar canon ni merced alguna, por mera tolerancia del demandante, una casa habitación ubicada en dicha finca; siendo la súplica que se ordene el desalojo de la demandada.

La sentencia recaída en el juicio fué condenatoria y en apoyo de su recurso contra ella la parte apelante alega que la corte' inferior erró al desestimar su excepción opuesta a la demanda fundada en la ambigüedad de ésta y en no adu-cir hechos suficientes determinantes de causa de acción.

Entiende la parte apelante que es ambigua la demanda porque con sus alegaciones no es posible entender si la fal-ta de pago es de la posesión de la casa ocupada por ella o de la parte de finca ocupada por la edificación; y, además, porque la súplica no expresa qué es lo que debe desalo jal-la apelante.

. No existe tal ambigüedad porque alegando el demandante ser dueño de la finca que describió y que en ella está radi-cada la casa ocupada por la demandada, según la presunción establecida por el artículo 368 del Código Civil el demandan-te es dueño también de la casa radicada en ella ocupada pol-la apelante y, por tanto, la ocupación precaria se refiere tanto a la casa como al terreno en que está enclavada, propiedad todo del demandante.

Tampoco vemos ambigüedad alguna por la forma de la súplica de la demanda porque aunque se íimita a pedir el desalojo de la demandada, necesariamente se refiere al de la casa mencionada en ella.

La excepción por falta de hechos determinantes de causa de acción también era improcedente ‘ porque aunque la de-manda no describe la casa euyo desalojo se solicita, sin embargo hace la descripción de la finca en la cnal se baila ubicada con cuyos datos puede el oficial ejecutivo de la corte cumplir la sentencia condenatoria que se dicte.

Si algún defecto existía en la demanda por ese motivo quedó subsanado por la contestación de la demandada en la que se describe la casa objeto del pleito.

Para probar el demandante su título presentó en el jui-cio una certificación del Secretario de la Corte de Distrito-de Mayagüez creditiva de la adjudicación que se le hizo por la Corte de Distrito de Mayagüez en 1914 de la finca objeto de este pleito en el procedimiento sobre división de comu-nidad con la constancia de haber sido inscrita en el Regis-tro de la Propiedad.

Con referencia a ese documento sostiene ahora por pri-mera vez la apelante que fué error de la corte admitirlo como prueba porque la mejor prueba de la propiedad del demandante era una certificación del registro de la propie-dad donde se expresara que del libro diario de esa oficina no aparecía asiento alguno de haberse presentado algún tí-tulo trasmitiendo la propiedad a otra persona.

No era necesario presentar esa certificación. La prueba de la propiedad del demandante es sú título inscrito.

El cuarto motivo del recurso se funda en que la corte inferior cometió error al negar la moción de la apelante de-mandada para que desestimara la demanda por no haber sido presentada prueba que la sostuviera, pero no existe tal error porque el demandante no sólo presentó su título de propiedad de la finca en que se halla enclavada la casa ob-jeto del desahucio sino que además declaró el demandante que había construido dicha casa con dinero y materiales su-yos y que si la habitaba la demandada era por condescen-dencia suya sin tiempo determinado y sin pagar canon o merced alguno, quedando así justificadas las alegaciones esen-ciales de la demanda.

Se alega también por la recurrente que la corte inferior cometió error manifiesto en la apreciación de las pruebas y al declarar con Ingar la demanda, así como que obró con pasión, prejuicio y manifiesto error al condenar a la apelante al pago de las costas, gastos, desembolsos y honorarios de abogado.

Para justificar la demandada su defensa de que la casa fué construida por el demandante para que ella la ocupase mientras se hacía la partición de los bienes de Don Leopoldo Cabassa fallecido en 3 de septiembre de 1917, por ser ella legataria suya por cantidad de cuatro mil dólares y por ha-ber quedado encinta de él como consecuencia de sus relacio-nes en concubinato, presentó prueba testifical.

La prueba en este extremo está en conflicto con la del demandante según lo hemos consignado antes, quien además declaró que la razón que tuvo para permitir a la demandada que habitara dicha casa fué la de que era hija de su ma-yordomo.

La demandada no alega ni presenta prueba de título de propiedad; y en cuanto a los términos en que vivía la casa, el juez que presenció el juicio resolvió el conflicto de la evi-dencia en este particular a favor del demandante y no tene-mos ante nosotros nada que nos justifique en declarar que su decisión fué errónea.

En cuanto a las costas se hace consistir la pasión, pre-juicio y manifiesto error del juez en que habiéndose limi-tado el demandante a solicitar el desalojo, guardando silencio respecto a costas, sin embargo el juez sentenciador las im-puso a la apelante con más los desembolsos, gastos y hono-rarios de abogado.

Como el artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil, según fué enmendado últimamente en 12 de abril de 1917, dispone que las partes en pleitos o procedimientos tendrán derecho a las costas y desembolsos con sujeción a las reglas que luego establece; y como el No. 4o. del artículo 328 del mismo declara que desde luego se concederán las costas al demandante en un procedimiento especial, carácter que tiene el juicio de desahucio, no cometió error alguno al condenar a la demandada apelante al pago de las costas, desembolsos del pleito y honorarios de abogado porque, de acuerdo con dicho artículo 327 enmendado, cuando se conceden costas a una parte en una acción o procedimiento en una corte de distrito, dicha parte, a discreción de la corte de distrito, ten-drá derecho a recibir de la parte vencida una cantidad que represente el valor de los servicios de su abogado, o una parte de dicha cantidad, concesión que hará el juez teniendo en cuenta el grado de culpabilidad de la parte contra quien se dictare la sentencia; honorarios que no se impondrán al demandado' que no hubiere radicado su comparecencia.

Por las razones expuestas la sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada..

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro' y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

license: Public Domain

text:
    Fajardo Sugar Company, Demandante y Apelante, v. Torres et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente-de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre desahucio.
    No. 1990.
    Resuelto en mayo 5, 1919.
    Desahucio en Precario — Títulos Contradictorios — Prescripción.—No procede la acción de desahucio por precario enando si bien el demandante tiene ins-crito el dominio de la finca, el demandado alega, y no está desprovista su alegación de toda prueba, que posee enr'-concepto de dueño por más de treinta años. La controversia de títulos debe resolverse en el pleito ordinario.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. Luis Muñoz Morales.

    Abogado de los apelados: Sr.'C. García de la Noceda.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

La demanda de desahucio en este pleito alegó qne los de-mandados poseían precariamente, sin pagar canon o merced, alguna, un pedazo de terreno de cierta finca de la corpo-ración demandante en cuyo terreno habían fabricado algunas casas y solicitó del tribunal de Distrito de Iinmacao que ordenase el desalojo de dicho terreno por los demandados y que levantasen sus casas.

Habiendo alegado los demandados en su contestación que el terreno en que las casas se hallan fabricadas les perte-nece por haberlo heredado de Pablo Torres quien lo adqui-rió de Benigno de Santiago, reuniendo entre todos más de cuarenta años de posesión ejecutando actos de dominio sin interrupción alguna, se celebró el juicio y recayó sentencia declarando sin lugar la demanda, por el fundamento de que teniendo el litigio el carácter de controversia sobre el domi-nio no era procedente la acción de desahucio y debía ven-tilarse en juicio ordinario.

Como el demandante tiene inscrito el dominio de una fin-ca rústica en la que está comprendido el pedazo de terreno ocupado por los demandados con sus casas, la cuestión a resolver en este recurso interpuesto por la corporación de-mandante es, si debe dictarse sentencia a sn favor o sos-tener la que dictó la corte inferior.

Hubo alguna prueba en el juicio por parte de los deman-dados tendente a demostrar que desde antes del año 1885 tenían fabricadas las casas en el expresado terreno y aun-que no se trató de probar el título de adquisición de su cau-sante Pablo Torres sin embargo parece que tienen una po-sesión por más de treinta y cuatro años.

'Cuando la corporación demandante compró la finca ya estaban los demandados ocupando el terreno con sus casas y también mientras fué dueño su vendedor. Contra la prue-ba de los demandados respecto a su posesión quieta y pa-cífica en concepto de dueños se presentó otra por la deman-dante tendente a demostrar que los demandados reconocían el dominio de la demandante porque con su permiso recons-truyeron sus casas.

.Como se ve, si bien la demandante tiene título del terre-no ocupado por los demandados éstos han presentado algu-na prueba de posesión por más de treinta años en concepto de dueños y, por tanto, hay una controversia de títulos que no puede ser resuelta en el juicio sumario y especial de de-sahucio porque la sentencia condenatoria resolvería la cues-tión de que los demandados ocupan el terreno precariamente, sin título alguno para ello cuando, como hemos dicho, ellos han presentado alguna prueba de propiedad por prescripción adquisitiva extraordinaria.

No puede prosperar la acción de desahucio por precario cuando el demandado presenta alguna prueba de que tiene algún título legal a la posesión. El caso de Pesquera v. Fernández, 16 D. P. R. 235, es igual al presente. Véanse también los casos Torres v. Pérez, 18 D. P. R. 573; Miranda v. Camerón, 19 D. P. R. 488; Delgado v. Pimentel, 20 D. P. R. 558; Cabassa v. Bravo, 21 D. P. R. 353; Gandía v. Cabán, 22 D. P. R. 836 y Casanovas y Cía. v. Ramírez, 25 D. P. R. 628.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia, apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    Ortiz, Recurrente, v. El Registrador de Guayama, Recurrido.
    Eecueso gubernativo interpuesto contra nota del EegistraÜor de la Propiedad de Guayama denegando la inscripción de un expediente posesorio.
    No. 396.
    Resuelto en mayo 9, 1919.
    Expediente Posesorio — Cédula de Citación de Colindantes — Prueba de la Citación. — No existe precepto alguno de ley que ordene que la cédula de citación de colindantes expedida por el secretario de la corte se una al ex-pediente posesorio. Basta que exista en los autos el affidavit de la persona o la certificación del funcionario que hizo la citación.

      Id. — Affidavit de Diligenciamiento. — Aunque en este caso la persona que dili-genció la citación no hizo constar el sitio, día y hora en que practicó la diligencia, éstos son defectos de menor importancia que habiendo pasado des-apercibidos por el juez y el fiscal sólo pueden plantearse en un pleito or-dinario por alguien que esté realmente interesado y que demuestre que ha sufrido perjuicios por haberse dejado de hacer tales constancias.
    Id. — DECLARACIONES de Testigos. — La manera de presentar la prueba en los ex-pedientes posesorios es compareciendo personalmente los testigos ante la corte que ha de dictar resolución en el expediente. Declaraciones juradas o affidavits tomados por el secretario de la corte son ineficaces, aun cuando sean ratificadas por los testigos en corte abierta, como sucedió en este caso.
    Id. — Plazo para Oír al Fiscal y Colindantes. — Al fiscal y a los colindantes en un expediente posesorio debe concedérseles un plazo razonable por la corte para que tengan oportunidad de ser oídos. Un solo día de plazo no es un plazo razonable.
    Expedientes Posesorios — Calificación.—Estando limitada la resolución de la corte en los expedientes posesorios a la posesión, no es de las atribuciones del registrador inquirir respecto a los derechos recíprocos entre abuelo y nieto.
    Id. — La cuestión de si un testamento ha sido o no revocado, no es cuestión a investigar en un expediente posesorio. El poseedor no está obligado a de-mostrar que el testamento en que funda su derecho no ha sido revocado o que ha sido debidamente otorgado con todas las formalidades exigidas por la ley.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. C. Domínguez Rubio.

    El Registrador recurrido, Sr. Francisco Socorro, no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El registrador denegó la inscripción de un expediente po-sesorio por varios motivos:

El primero consiste en que la citación a los colindantes no fue devuelta a la oficina del secretario, de acuerdo con el Código de Enjuiciamiento Civil. Sin embargo, aparece de los autos de este caso un affidavit de diligenciamiento, por lo que el registrador está en un error en este respecto. Este caso cae de lleno dentro de la doctrina de la resolución de esta corte en el caso de Echevarría v. El Registrador de Guavama, dictada en 27 de marzo de 1919, (pág. 264).

Si bien es cierto que la persona que diligenció la citación, a saber, Félix Pacheco, no hizo constar en su affidavit el si-lió, día y hora en que practicó el diligenciamiento, éstos son defectos de menor importancia qne, habiéndolos pasado por desapercibidos tanto el juez como el fiscal, sólo pueden plan-tearse en un pleito ordinario por alguien qne esté realmente interesado y qne demuestre- que ha sufrido perjuicios por haberse dejado de hacer tales constancias.

Después aparece que se presentaron en este caso affidavits tomados ante el secretario de la corte en vez de la prác-tica que la ley exige. Meléndez v. El Registrador, 17 D. P. R. 605. La corte en una de sus conclusiones (findings) hace constar que las declaraciones juradas de los testigos fueron ratificadas en corte abierta; pero la verdadera interpretación del caso de Meléndez, supra, es que los testigos deben com-parecer ante la corte y hacer sus manifestaciones allí, las que entonces se tomarán por escrito.

Como quiera que es de confirmarse la nota del registra-dor por razón del defecto precedente pasaremos a discutir brevemente los demás errores alegados por el recurrente.

Por ejemplo, al fiscal y a los colindantes ha debido dár-seles más de un día para comparecer ante la corte, aun cuan-do el fiscal esté dispuesto a comparecer y en efecto compa-rezca dentro de ese término. Creemos que el no habérseles concedido más tiempo constituye un error.

No examinaremos la cuestión de si la madre de un hijo natural tiene derecho a la herencia cuando dicho hijo tiene hijos naturales, pues la resolución de Ja corte en un expe-diente posesorio se limita a la posesión, y el registrador no tenía nada que inquirir respecto de los derechos recíprocos entre abuela y nietos, según se desprende de los artículos 391 y 392 de la Ley Hipotecaria.

Iguales consideraciones son de aplicación respecto del quin-to y sexto motivos de error. Sea que se pruebe o no quo un testamento ha sido revocado no es cuestión a investigar dentro de un expediente posesorio, y el poseedor no está obli-gado a demostrar que el testamento en que funda su derecho-no ha sido revocado. El poseedor tiene suficiente justo título-para justificar la sentencia. Chiqués v. El Registrador de Caguas, resuelto en febrero 24, 1919, (pág. 91).

Ni creemos que un testamento que proviene de una nota-ría sea necesario, en un expediente posesorio, mostrar que lia sido debidamente otorg'ado con todas las formalidades exi-gidas por la ley. Parece, asimismo, que es suficiente 'prima facie a los fines que se persiguen en un expediente posesorio, Chiqués v. El Registrador, supra.

En cuanto a la falta de prueba del pago de las contri-buciones por herencia, como no es cuestión suficientemente' discutida, nos abstenemos de resolverla.

Es de confirmarse la nota del registrador solamente pol-los motivos de que los affidavits no son suficientes, y el de que el tiempo fijado en la citación a los colindantes y al. fiscal debió haber sido razonablemente de más de un día.

Confirmada’ la nota recurrida pero sólo por los motivos segundo y tercero.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Asociados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Rieffkohl, Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Oaguas denegando la inscripción de un cré-dito hipotecario.
    No. 399.
    Resuelto en mayo 19, 1919.
    Inscripción de Bienes Hereditarios — Contribución de Herencia — Documento Justificativo de su Pago — Exención.—Para la inscripción en el registro dp-bienes hereditarios cualquiera que sea su valor, es necesario presentar al re-gistrador recibo ereüitivo del pago de la contribución de herencia o docu-mento justificativo de exención de tal pago, de acuerdo con el artículo 379 del Código Político.
    Los hechos 'están expresados en la opinión.
    Ahogado del recurrente: Sr. Rafael'Arc.e.

      El registrador recurrido, Sr. Pedro Gómez Laserre, compareció por escrito.
   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Por resolución de 18 de diciembre de 1918 la Corte de Distrito de Hnmacao declaró únicos y universales herederos de Plácido Muñoz y Muñoz fallecido abintestato en 3 de sep-tiembre del mismo año, a sus tres hijos llamados María Josefa. Acacia Concepción, Guillermo Ernesto Vicente y Alma Rosenda Muñoz Rieffkohl, por partes iguales, y a la cónyuge sobreviviente Julia Rieffkohl y López en la cuota usufruc-tuaria legal.

Acompañando copia certificada de la anterior resolución la viuda Julia Rieffkohl López acudió al Registrador de la Propiedad de Iiumacao solicitando en escrito de 26 de diciem-bre de 1918 que se practicara en el registro a favor de ella y de sus hijos la inscripción de un crédito hipotecario por valor, de $1,254.58 que su difunto esposo Plácido Muñoz ha-bía adquirido durante el matrimonio con dinero de la comu-nidad, crédito constituido por los esposos Baudilio Ayala Díaz y Ambrosia Fernández Resto mediante escritura de 14 de mayo de 1918, con hipoteca sobre un predio rústico de 20 cuerdas, radicado en el barrio Caguitas, término municipal de Aguas Buenas, que comprendía una casa de. maderas y zinc para habitación y otras edificaciones, cuyo crédito es-taba inscrito en el mencionado registro.

El registrador denegó la inscripción según nota de 6 de enero de 1919, “por no haberse acompañado el recibo credi tivo del pago de la contribución de herencia por los here-deros del-causante Plácido Muñoz y Muñoz, ni documento alguno justificativo de exención del pago de dicha contribu-ción. ’ ’

Esa nota está sometida a nuestra consideración a virtud de recurso gubernativo contra ella interpuesto.

Para mejor conocimiento de la ley aplicable al caso, trans-cribiremos los artículos del Código Político que le son ati-nentes.

El artículo 368 del Capítulo III, Título IX, del Código Político de Puerto Pico, según quedó enmendado por la Ley No. 62 aprobada en 13 de abril de 1916, dice así:

"Todos los bienes inmuebles en Puerto Rico y cualquiera par-ticipación en ellos, pertenecientes o no a habitantes de Puerto Rico; y todos los bienes muebles pertenecientes a habitantes de Puerto Rico, que por testamento o abintestato,- o por herencia o por donación cualquiera efectuada', cuya intención fuere otorgar la posesión o el usufructo después del fallecimiento del donador, se transmitieren a cualquiera persona, sociedad, institución o corporación en fidei-comiso o con otro carácter, estarán sujetos a una contribución se-gún se dispone más adelante * * * . Y disponiéndose, además, que no se cobrará contribución alguna sobre bienes que se trasmi-. tan a la esposa, hijo, nieto o persona legalmente reconocida como hijo adoptivo del varón fallecido, cuando el valor de tales bienes sea de $5,000 o menos; Y disponiéndose, además, que cuando el valor de tales bienes * * * exceda de $5,000, estos $5,000 se reba-jarán al computar la contribución sobre los bienes referidos, y el restante después de hacer dichas deducciones será considerado como el valor de la manda, legado, donación o herencia.”

El texto del artículo 372 es el siguiente:

"Será deber de todo administrador, albacea o fideicomisario o de cualquiera de ellos que actúe en Puerto Rico, y de cualquier sub-administrador, agente o persona autorizada legalmente para admi-nistrar los bienes o cualquiera parte de ellos en Puerto Rico, trans-mitir al Tesorero de Puerto Rico, sesenta días después del failed-' miento de la persona a quien representen, una notificación jurada de dicho fallecimiento, haciendo constar claramente en ella el nom-bre y residencia del referido difunto; la fecha del fallecimiento; si muere intestado, y en caso contrario el nombramiento del notario en cuyo protocolo radique el testamento; y tan exactamente como sea posible, el montante, valor, descripción y situación de los bienes del difunto, los nombres y grados de parentesco de los herederos, man-datarios o legatarios, y la parte proporcional y descripción de los bienes que a cada uno correspondan; los nombres de todos los ad-ministradores, albaceas o fideicomisarios de los bienes de dicho difunto; y con dicha notificación se transmitirá adjunto un recibo de contribución, en prueba de que se lia pagado por entero sobre dichos bienes la contribución sobre la propiedad * * *

El artículo 373 ordena—

“Siempre que sea posible, el valor de todos los bienes de falle-cidos se tasará por agentes de rentas internas; y siempre que se ne-cesiten los servicios de peritos en contabilidad para tasar los bienes de fallecidos, el Tesorero está autorizado para nombrar uno o más de sus empleados quienes darán una justa y acertada tasación de los bienes de los fallecidos y resolverán de acuerdo con el artículo 369; * * * y los resultados de dicha tasación se pondrán en conocimiento tanto del Tesorero de Puerto Rico como de los admi-nistradores, albaceas y fideicomisarios de dichos bienes.”

El artículo 369, enmendado y adicionado por la Ley No. 62 de 13 de abril de 1916, establece la tarifa bajo la cual la contribución debe ser impuesta y pagada, y el artículo 379 entre otros particulares ordena que “ningún registra-dor inscribirá en ningún registro a su cargo instrumento alguno ni fallo, sentencia o auto judicial, autorizado, dictado o emitido en relación con la división, distribución o entrega de dichos bienes (los bienes del fallecido) a menos de haberse presentado el recibo o recibos expedidos por el Te-sorero.”

Los recibos expedidos por el Tesorero, a que se refiere el artículo 379, son los que el Tesorero, por precepto del ar-tículo 378, está obligado a expedir por triplicado al admi-nistrador, albacea, fideicomisario o persona que administre bienes sujetos a la contribución prescrita en el artículo 369, al pagarse dicha contribución sobre dichos bienes.

Tomando por norte y guía los preceptos legales a que hemos hecho referencia, tenemos que llegar a la conclusión de que para la inscripción en el registro del crédito hipote-cario de que se trata era necesario presentar como sostiene el registrador el. recibo creditivo del pago de la contribución de herencia por los herederos de Plácido Muñoz, o algún do-cumento justificativo del pago de dicha contribución.

No aparece que se haya transmitido al Tesorero de Puerto Rico según previene el artículo 372, sesenta días después del fallecimiento de Plácido Muñoz, la notificación jurada de ese fallecimiento en los términos prevenidos por dicho artículo y, por tanto, ignoramos en absoluto cuáles fueran los bienes que dejara el finado. Sólo sabemos que dejó un crédito hipotecario por valor de $1,254.58 perteneciente a la sociedad de gananciales con la esposa sobreviviente, pero ello no excluye que dejara otros bienes. Para fijar la contribución de herencia no debe atenderse a un bien deter-minado sino a la totalidad de los bienes relictos que han de ser tasados en la forma que indica el artículo 373. Del resultado de esa tasación debe darse conocimiento tanto al Tesorero de Puerto Rico como a los administradores, alba-ceas y fideicomisarios de dichos bienes y tal conocimiento revelará si debe o no pagarse la contribución de herencia y cuál sea el montante de ésta según la tarifa establecida por el artículo 369 cuyo párrafo 1°., según hemos dicho antes, ha sido enmendado por la Ley de 13 de abril de 1916.

Alega la parte apelante que la adquisición del crédito hi-potecario de que se trata no estaba sujeta a la contribución de herencia, atendida su cuantía y la forma en que había de distribuirse entre la viuda y los herederos, pero esa ale-gación se basa en un supuesto no demostrado, o sea en el de que el finado Plácido Muñoz no dejó otros bienes. De todos modos, aun en el supuesto de que no existieran otros bienes ha debido darse cumplimiento al precepto del artículo 372 presentando al Tesorero de Puerto -Rico la declaración jurada que prescribe dicho artículo. De llevarse a efecto la inscripción solicitada, podrían los interesados seguir pidien-do la inscripción de otros bienes y eludir el cumplimiento de la voluntad del legislador sobre el pago de la contribu-ción de herencia.

También alega la recurrente que en la prohibición- im-puesta a los registradores por el artículo 379 del Código Po-lítico no está comprendido el presente caso por no tratarse de resolución alguna en relación con la división, distribu-ción o entrega de los bienes del finado. La declaratoria de herederos invocada como fundamento para la inscripción es la base para la división, distribución, y entrega de tales bienes.

Es de confirmarse la nota recurrida.

Confirmada la nota recurrida

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


text:
    León Morales et al., Recurrentes, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Recurso gubernativo interpuesto contra nota del Registrador de la Propiedad de Caguas denegando la inscripción de un' expediente de dominio.
    No. 403.

    Resuelto en mayo 19, 1919.
    Espediente de Dominio — Inscripción—Citación de Causahabientes. — Cuando la declaratoria judicial de dominio consigna los nombres de las personas que componen la sucesión legítima de los anteriores dueños de la finca, cuyo título hereditario alegan los peticionarios, y expresa además que los ante-riores dueños fueron citados, no está justificado el registrador para denegar la inscripción fundándose en que de dicha declaratoria no consta que hayan sido citadas las personas de quienes proceden los bienes y además en que ella no expresa que los que solicitaron y obtuvieron la declaración de do-minio sean los únicos herederos de aquéllos para que pudiera prescindirse de la citación de tales causahabientes.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los recurrentes: Sr. Luis Mendín.

    El registrador recurrido, Sr. Pedro Gómez Lasérre, no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El Registrador de la Propiedad de Caguas se negó a ins-cribir la declaratoria judicial de dominio que motiva este re-curso gubernativo fundándose en que en ella no consta que hayan sido citados los causababientes de las personas de quienes proceden los bienes ni expresa que los que solicita-ron y obtuvieron la declaración de dominio sean los únicos herederos de aquéllos para que pudiera presoindirse de la citación de tales causababientes.

Examinada la resolución vemos,, sin' embargo, que esos requisitos ban sido cumplidos pues en ella se consigna que los peticionarios José León Morales y María Acosta León adquirieron la finca, parte de ella, el primero por herencia de"sus padres Manuel León y Josefa Morales quienes falle-cieron dejando sucesión legítima compuesta del promovente y de sus nietos Juan, Antonio, Ramón, Manuel,' Ramona, Carmen y Mercedes Zayas León; y la otra promovente Ma-ría Acosta León, otra parte de la finca, por herencia tam-bién de sus padres Antonio Acosta y Tomasa León cuya sucesión legítima la forman la promovente y la nieta Regina León.

Se expresa, pues, quiénes eran los causababientes de los anteriores dueños, y como la resolución consigna además que los anteriores dueños fueron citados, no estuvo justifi-cado el registrador recurrido al negarse a hacer la inscrip-ción que se le ordenó.

La nota recurrida debe ser revocada y ordenarse la ins-cripción.

Revocada la nota, recurrida y ordenada la %nsT cripción.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


text:
    Torres et al., Demandantes y Apelantes v. Renta et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre reivindicación de condominio.
    No. 1987.
    Resuelto en mayo 19, 1919.
    Conversión de Posesión en Dominio — Presoripoión del Dominio — Buena De y Justo Título.. — Para que sirva de abono al sucesor por título universal o singular el tiempo de posesión ganado por su antecesor o causante, es preciso que la posesión por parte del causante reúna todos los requisitos exigidos por la ley, entre los cuales figuran la buena fe y el justo título.. Si no concurren todos los requisitos exigidos por la ley, cualquiera que sea la causa de ello, el tiempo que haya poseído el causante no aprovechará al sucesor. Este podrá prescribir si su posesión se lleva a cabo en las condi-ciones legales ignorando que su causante carecía de título o que su título era de dudosa xirocedencia, mas en este caso se eontará el tiempo para la computación del término, desde que el sucesor adquirió y comenzó a poseer.
    Excepción de Prescripción — Apelación.—Cuando al formularse ante la corto inferior la excepción de prescripción ge ha especificado el artículo de la ley en que se funda tal excepción y dicho artículo no es aplicable, no cabe en apelación invocar distinto precepto de ley para apoyar la excepción de pres-cripción, ya que los demandantes no tuvieron oqiortunidad de defenderse . de una controversia que no les fné planteada en la corte inferior.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. R. B. Pérez Mercado.

    Abogados de los apelados: Sres. José Tous Soto y F. Manuel Toro.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes en este pleito presentaron demanda en la Corte de Distrito de Ponce con fecba 24 de jimio de 1918, contra los demandados, sobre reivindicación de condominios de'finca rústica con sns frutos, y habiendo alegado los de-mandados como excepción la de qne aquella no expone he-chos suficientes para constituir la causa de acción qne se ejercita, entre otros motivos, por haber adquirido mediante prescripción la finca que se trata de reivindicar, con arre-glo al artículo 1858 del Código Civil, la corte por orden de 4 de enero de 1919 declaró con lngar dicha excepción pre-via por el fundamento expresado, concediendo diez días a los demandantes para enmendar su demanda.

Los demandantes presentaron nueva demanda enmen-dada en 13 de enero de 1919 y los demandados solicitaron en-tonces se pronunciara sentencia por las alegaciones, pues de la demanda enmendada resultaba, como antes de la de-manda original, que los demandados habían poseído la finca reclamada desde diciembre de 1902, sin que a los demanda-dos pueda afectarles vicio alguno de. nulidad del título de sus trasmitentes que no apareciera del mismo título, o del registro, o que ellos conocieran personalmente.

Discutida la anterior moción la corte entendió que la de-manda enmendada no variaba snstancialmente los términos de-la primitiva, encontrándose, por tanto, en las mismas con-diciones que motivaron su resolución de 4 de enero de 1919, fundada en la prescripción del dominio de la finca por parte de los' demandados; y en su virtud, visto el artículo 1858 del Código Civil y los casos de Teillard v. Teillard, 18 D. P. R. 562 y Maldonado v. Ramos, 24 D. P. R. 297, pronun-ció sentencia en 22 de enero de 1919, declarando con lugar la moción de sentencia sobre las alegaciones y desestimando la demanda por el mérito de las mismas, sin especial con-dena de costas, desembolsos y honorarios de abogado.

Contra esa sentencia interpuso la representación de los demandantes recurso de apelación para ante esta Corte Su-prema alegando, como motivo fundamental del recurso la falta de todos los elementos necesarios para la prescripción del dominio de que se trata.

Los hechos alegados en la demanda que debemos admi-tir como ciertos para considerar y decidir si existe o no la prescripción alegada por los demandados son en síntesis los siguientes:

Gregoria Zayas Escott, casada en terceras nupcias con José María Torres, falleció en 7 de marzo de 1891 dejando varios herederos.

Entre los bienes relictos por Gregoria Zayas y Escott a su fallecimiento se encontraba nn predio rústico que radica en el barrio de Amuelas del término municipal de Juana Díaz, lugar denominado Aguasalada, con cabida de ochenta cuerdas más o menos.

El viudo y herederos de Gregoria Zayas y Escott reali-zaron la división del caudal mortuorio, y de la finca expre-sada, valorada en $4,000, se adjudicó una mitad proindivisa por valor de $2,000 al viudo, y de la otra mitad se hizo ad-judicación a los demás herederos que eran seis, en propor-ción de $333.33 % a cada uno de ellos.

En el año de 1901, José María Torres promovió infor-mación ante el Juzgado Municipal de Juana Díaz para acre-ditar la posesión a su favor de la totalidad de la finca ya expresada, cuya información fué aprobada por orden de 13 de julio del mismo año, inscribiéndose en el registro-la po-sesión de la totalidad de la finca a nombre de José María Torres. tj

Éntre los herederos de Gregoria Zayas Escott figuraba Clementina Torres y Zayas, casada con Luis Felipe Padilla., el cual como consejero de ella intervino en la partición de bienes de Gregoria Zayas, teniendo pleno conocimiento de que la finca objeto del litigio no pertenecía en su totalidad a José María Torres.

José María Torres vendió la finca en diciembre de 1902 a su yerno Luis Felipe Padilla otorgándose escritura de ven-ta en 5 de dicho mes por Torres simuladamente a favor de Sinforiano Eodríguez, sin que éste en ningún momento poseyera dicha finca por estar en posesión de ella hasta sus posteriores transferencias el que era verdadero comprador Felipe Padilla.

Posteriormente, Luis Felipe Padilla vendió la finca a Margarita Alvarado y Colón, viuda de Ferrer, y a sus hijas legítimas Catalina, Lucía y Mercedes Ferrer y Alvarado en la proporción de 3|6 partes para la primera y de 1|6 parte para cada una de las tres ultimas, recibiendo el título de adquisición no del verdadero dueño Padilla, sino del dueño aparente Sinforiano Rodríguez por escritura de 6 de junio de 1911.

Por escritura de partición de bienes de 27 de junio de 1912 se adjudicó la finca a Margarita Alvarado y Colón en parcial pago de sus gananciales en la herencia de su difun-to esposo José Ferrer y Reynes fallecido en Juana Díaz el 5 de febrero de 1905.

Margarita Alvarado vendió la finca a Pablo Renta por escritura pública de 16 de febrero de 1918 por la cantidad de $16,000.

Margarita Alvarado y sus hijas Catalina, Lucía y Mercedes Ferrer y Alvarado han poseído ’la finca desde el 6 de junio de 1911 en que la compraron hasta el 27 de enero de 1912 en que fué adjudicada a Margarita Alvarado, y ésta la poseyó desde el 27 de enero de 1912 hasta el 16 de febrero de 1918 en que la vendió a Renta, haciendo suyos durante el tiempo de posesión respectiva los frutos produ-cidos por la misma.

La demanda concluye con la súplica de que se declare nulo el expediente posesorio de la finca instruido a instan-cia de José María Torres en cuanto a la mitad de ella, y nu-las a su vez todas las transmisiones de dominio posteriores en cuanto a la referida mitad proindivisa, ordenando su can-celación en el registro de la propiedad; se declare igual-mente que la mitad proindivisa de la finca pertenece a la exclusiva propiedad de la sucesión de Gregoria Zayas repre-sentada por los demandantes, restituyendo a éstos en sus derechos dominicales; se condene a la sucesión de'Marga-rita Alvarado y José Ferrer compuesta de sus legítimas hi-jas doña Catalina y doña Mercedes Ferrer y Alvarado a pagar a los demandantes la cantidad de $5,013 en concepto de frutos producidos por la finca en litigio y percibidos por ellas y su madre difunta en proporción al tiempo de su po-sesión; y se condene finalmente a los demandados conjunta-mente al pago de las costas, gastos y desembolsos qne el plei-to origine, y en nna cantidad no menor de $2,000 para ho-norarios de abogado.

Examinemos las anteriores alegaciones de la demanda en relación con el artículo 1858 del Código Civil, invocado como fundamento de la prescripción.

Ese artículo dice así:

“Artículo 1858. — El dominio y demás derechos reales sobre bie-nes inmuebles se prescriben, por la posesión durante diez años entre presentes y veinte entre ausentes, con' buena fe y justo título. ’ ’

Margarita Alvarado y Colón y sus bijas Lucía, Catalina y Mercedes Ferrer y Alvarado poseyeron la finca desde el 6 de junio de 1911 basta el 27 de enero de 1912, y Margarita Alvarado la poseyó desde el 27 de enero de 1912 hasta el 16 de octubre de 1918, no habiendo duda de que poseyeron durante las porciones de tiempo indicadas con buena fe y jus-to título. No hay discusión sobre esos particulares.

Pero no sucede lo propio en cuanto a la posesión de los causantes de Margarita Alvarado y sus hijas.

Si bajo las alegaciones de la demanda el verdadero dueño de la finca no era Sinforiano Rodríguez, sino Luis Felipe Padilla, y éste y no Rodríguez fue el que la poseyó, la po-sesión que ha de servir de base para la prescripción ha de ser la de Padilla y esa posesión no era de buena fe, pues Padilla adquirió de su suegro José María Torres, sabiendo que éste no era dueño de la totalidad de la finca sino de la mitad de ella, y lo sabía por haber intervenido en las operaciones partieionales de la herencia de G-regoria Zayas en que se adjudicó dicha mitad al viudo José María Torres. Ni la posesión de José María Torres, ni la de Luis Felipe Padilla pueden aprovechar a los demandados para comple-tar el término de la prescripción.

Comentando Manresa el artículo 1960 del Código Civil Español, equivalente al 1861 del nuestro, concerniente a las reglas para la computación del término necesario para la prescripción, dice así:

“Excusado es decir que para que sirva de abono al sucesor por título universal o singular el tiempo de posesión g'anado por su an-tecesor o causante, es preciso que la posesión por parte de éste reu-niera todos los requisitos exidos por la ley. Este es un principio inconcuso en materia de prescripción; así es que si no concurren los requisitos indicados, cualquiera que fuese la causa de ello, ese tiempo que haya, poseído el causante no aprovechará al sucesor pe-ro éste sí puede prescribir si su posesión se lleva-a cabo en las con-diciones legales, ignorando que el causante carecía de título, o con título de viciosa procedencia; mas en este caso se contará el tiempo para la computación del término desde que el sucesor adquirió el predio y comenzó a poseerlo.”
Manresa, Tomo XII, p. 866.

Alega la parte apelada que aunque Pablo Renta sólo po-see desde 1918 y Margarita Alvarado desde 1911, como José M. Torres poseyó desde julio de 1901 con posesión inscrita, es de concluirse que desde julio de 1907, de acuerdo con la Orden General de 4 de abril de 1899, quedó convertida la posesión en dominio por el transcurso del término de seis años que dicha Orden General señaló para la prescripción, habiendo poseído además, Renta y doña Margarita por más de seis años sin unir su posesión a la de sus causantes, o sea, desde 6 de junio de 1911 hasta junio 24 de 1918 en que fué radicada la demanda original.

A la anterior defensa contestamos que habiéndose invo-cado en la corte inferior para sostener la prescripción el artículo 1858 del Código Civil, no cabe en apelación susti • tuir ese artículo por la Orden General invocada, según la doctrina que establecimos en el caso de Lamb & Cía. v. Fantauzzi Hermanos, 17 D. P. R. 307, y que transcribimos a continuación:

“Es cierto que cuando de la faz de la demanda aparece la pres-cripción de la acción, ésta puede ser sostenida por excepción bajo el fundamento de que no aduce hechos bastantes para determinar una causa de acción porque se halla prescrita, sin que sea necesario en tal caso especificar el artículo de la ley que la ampara, ya que este requisito exigido por el artículo 128 del Código de Enjuicia-miento Civil, igual al 458 del de California, se refiere al caso de que la prescripción de la acción se alegue como defensa al contes-tar la demanda. (Véase Brown v. Martin, 25 Cal. 82 y William v. Bergin, 116 Cal. 56.) Pero cuando en la excepción se ha espe-cificado, como en el caso presente, el artículo de la ley en que se apoya la excepción de prescripción de la acción y tal artículo no es el aplicable sino otro distinto, no sería justo sostener en tales con-diciones la excepción bajo ese otro precepto, porque no fué propues-ta la cuestión de acuerdo con él y los demandantes no tuvieron opor-tunidad de defenderse de una controversia que no se planteó, en cuyo caso debe desestimarse la excepción. Bank v. Wickersham, 99 Cal. 655.”

Pero de todos modos, mucho dudamos de que sea aplica-ble al presente caso la Orden General citada. La posesión de José María Torres y Luis Felipe Padilla, según hemos dicho antes no fué de buena fe, requisito necesario para la prescripción adquisitiva del dominio por término de 6 años, y la posesión de buena fe por parte de Margarita Alvarado y sus hijas, que es la que puede aprovechar a Renta, em-pezó a correr en 6 de junio de 1911, cuando la Orden General de 4 de abril de 1899 había sido derogada por el Có-digo Civil Revisado de 1902 al restablecer los diez y veinte años que para la prescripción ordinaria señalaba el antiguo código español.

Es de revocarse la sentencia apelada, devolviéndose el caso a la corte inferior para ulteriores procedimientos no inconsistentes con la presente opinión.

Revocada la sentencia apelada y devuelto él caso pa/ra ulteriores procedimientos.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Áldrey y Hutchison.


text:
    González, Demandante y Apelante, v. Malgor Luiña & Co., Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Jnan, Sección Primera.
    No. 1971.
    Resuelto en mayo 19, 1919.
    Resoluciones no Apelables — Sentencia—Apelación.—Si Men la resolución sosteniendo excepciones previas a la demanda no es apelable, sin embargo, cuando como consecuencia de tal resolución se dieta sentencia por el tribunal, motu propio o a instancia de parte, declarando sin lugar la demanda y determinando respecto al pago de las costas, entonces existe sentencia que pone término al asunto y como tal puede ser apelada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. Enrique Campillo.

    Abogado de la apelada: Sr. Charles Hartsel.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

La demanda presentada en este caso fué excepcionada por el fundamento de no aducir hechos suficientes para de-terminar una causa de acción, después de lo cual el juzgado municipal pronunció la siguiente:

“Sentenoia. — Celebrada la Yista de la excepción previa el día del señalamiento, la corte se reservó su resolución y en el día de hoy dieta sentencia, en este caso, por no ser los demandados dueños o directores de un establecimiento o empresa que vengan obligados de acuerdo con el inciso 4o. del artículo 1804 del Código Civil a responder de los perjuicios causados por sus dependientes por lo que declara' con lugar la excepción previa y sin lugar la demanda sin especial condenación de costas,”

No conforme el demandante con esa sentencia apeló de ella para ante el tribunal de distrito, el que desestimó la apelación fundándose, en que no existía sentencia en el plei-to que pudiera ser apelada, porque el hecho de que el tribunal municipal llame sentencia a la resolución de una ex-cepción previa no tiene valor, ni la calidad de tal senten-cia a lo que por sí no lo es.

Contra esta resolución interpuso el demandante el pre-sente recurso de apelación.

Si bien la resolución sosteniendo excepciones previas .a la demanda no es apelable, según liemos resuelto en muchos casos, sin embargo, cuando como consecuencia de tal reso-lución se dicta sentencia por el tribunal, motu propio o a instancia de parte, declarando sin' lugar la demanda y de-terminando respecto al pago de las costas, entonces existe sentencia que pone término al asunto y como tal puede ser apelada. En el caso de Vega et al., v. Rodríguez et al., 17 D. P. R. 253, dijo este Tribunal Supremo lo siguiente:

“Cuando una corte declara con lugar una excepción previa el (¡aso queda por el momento resuelto y la parte que gana la excep-ción tiene derecho a que se dicte una sentencia, a menos que se dé una oportunidad a la otra parte para enmendar o adoptar alguna otra medida. Esta oportunidad puede surgir, según la ley, por per-miso o concesión de la corte, dado voluntariamente o a solicitud de la parte vencida, o quizás dicha oportunidad puede surgir de cualquier convenio hecho por las partes. Si nada de esto ocurre, la sentencia es una consecuencia tan necesaria del acto de declarar con lugar la excepción previa, como una sentencia semejante sería la conclusión necesaria de la celebración de un juicio sobre los hechos.”

Véase también el caso de Capó v. Capó, en el mismo tomo, página 255.

Dados-los términos en que está redactada la sentencia del juzgado municipal objeto de la resolución apelada ante nosotros, el juez de la primera instancia no sólo resolvió la excepción opuesta a la demanda sino que fundándose en osa resolución y entendiendo tal vez que no debía conceder permiso para enmendar la demanda, dictó sentencia declarán-dola sin lugar y resolviendo respecto de las costas. Tal reso-lución por sus pronunciamientos y su forma es una sentencia.

La resolución apelada debe ser revocada debiendo con-tinuar los procedimientos.

Revocada la resolución apelada y ordenada la continuación de los procedimientos.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Asociados Wolf, del Toro y Hutchison.


text:
    Beauchamp, Recurrente, v. El Registrador de Aguadilla, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Aguadilla denegando la inscripción de una es-critura de compraventa.
    No. 398.
    Resuelto en mayo 23, 1919.
    Poder — Limitación de las Facultades del Apoderado — Bienes de la Sociedad? de Gananciales. — De acuerdo con la jurisprudencia constante de este Tribunal Supremo un poder por el que se faculta al apoderado para “ comprar,. vender, etc., cualquier elase de bienes de la poderdante, ’ ’ no confiere facultad', al mismo para vender aquellos bienes que pertenezcan a la sociedad de ga-nanciales de la poderdante con su esposo. ' •
    Id. — Inscripción—Defecto Insubsanable. — Habiendo el apoderado en este eascw verificado la enajenación sin tener autorización de su poderdante, según in-terpreta este tribunal el documento de mandato, tal defecto' es insubsanable.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Víctor P. Martines.

    El registrador sustituto recurrido, Sr. Augusto Reichard, no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Otorgado documento público por el cual Don "Víctor P. Martínez por sí y como apoderado de su esposa vendió va-rias fincas y solicitada la inscripción de la reseñada bajó-la letra C, que según el Registrador de la Propiedad subs-tituto de Aguadilla fue la única cuya inscripción se solicitó, dicho funcionario negó la inscripción por entender que el' apoderado está facultado solamente para vender los bienes-inmuebles que pertenezcan privadamente a su poderdante-pero que no lo está para enajenar los de la sociedad con-yugal de que forma parte la poderdante.

En virtud del recurso gubernativo establecido por el com-prador contra esa resolución hemos examinado el poder- qúe-está en disensión en el que por la cláusula segunda se con-fieren a los apoderados las siguientes facultades: “Para que compren, vendan, permuten o hipotequen cualquiera clase de bienes de la señora compareciente, ya sean muebles, inmue-I)les, etc. ’ ’

Ya este Tribunal Supremo ha resuelto antes de ahora que Tin poder otorgado en los términos en que lo fue el que está bajo nuestra consideración no confiere facultad al apoderado 'para enajenar o gravar los bienes de la sociedad de ganan-ciales en que está interesado el poderdante. En el caso de Vidal v. El Registrador de la Propiedad, 12 D. P. R. 168, en el que el poder autorizaba para vender los bienes que per-tenecieran o que en lo sucesivo pudiera adquirir la poder-dante, se resolvió que el apoderado carecía de atribuciones para vender los bienes que correspondían a la sociedad de gananciales de la poderdante con su esposo por no constar que pertenecieran exclusivamente a la poderdante; y en el de López Landrón v. El Registrador de la Propiedad, 15 D. P. R. 722, en el que doña Ana María Gutiérrez Igaravídez facultó a su esposo para hipotecar cualesquiera bienes inmue-bles de la otorgante, se declaró fundada la negativa del re-gistrador a inscribir la hipoteca que el esposo constituyó en nombre de su consorte sobre bienes gananciales, diciendo en-tonces este tribunal lo siguiente :

“Es un principio fundamental de la ley civil que está perfecta-mente contenido en el artículo 1310 del Código Civil, que solamente al disolverse el matrimonio es cuando la esposa adquiere la completa posesión de los bienes que le pertenecen y que han sido adquiridos durante el matrimonio; y que durante el matrimonio los bienes ad-quiridos constante el mismo, estando administrados con arreglo a las disposiciones del Código Civil, son los conocidos con el nombre de gananciales que pertenecen a la sociedad conyugal y no a nin-guno de sus miembros. Es también un principio fundamental esta-blecido en el artículo 1615 del referido Código Civil, que para que nn mandatario pueda legalmente hipotecar los bienes de su mandante debe recibir del mismo un poder expreso; y se dispone además, en el artículo 1328 anteriormente citado, que el consentimiento de la esposa para gravar los bienes adquiridos durante el matrimonio debe también ser uno expreso y no tácito.
"Es una conclusión fundada en estos claros preceptos y princi-pios fundamentales que el mandato otorgado por la Era. Ana María Gutiérrez a su esposo, el apelante, no contiene la facultad expresa por la cual él como mandatario pudiera prestar su consentimiento a nombre de su esposa para hipotecar los bienes de la sociedad con-yugal, que están' gravados por dicha escritura de hipoteca; porque los términos en que está redactado el referido poder limitan la fa-cultad del mandatario a los bienes que pertenecen al otorgante. Y con el fin de incluir dichos bienes en el referido poder, sería nece-sario o suponer que la sociedad conyugal ha sido disuelta, o admi-tir como cierto que dicho poder confiere de una manera tácita al mandatario la facultad de consentir en el gravamen; y tal facultad no ha sido conferida de un modo expreso según lo exige claramente el código.
“Por consiguiente, el apoderado carecía de la facultad necesaria para obligar a su mandante prestando su consentimiento en el otor-gamiento de la hipoteca, y la misma no es obligatoria para la Sra. Gutiérrez o sus herederos, y no puede ser inscrita.
“En el recurso gubernativo de Marxuach v. El Registrador de San Juan, que fué resuelto por este tribunal en 27 de mayo último, el ponente Son. Emilio del Toro, se expresa en los términos si-guientes :
“ ‘El mandato, filosóficamente considerado, es una extensión de la personalidad. Lo esencial en el mandato es la representación os-tentada, pues el mandatario no contrata por sí ni para sí, sino que contrata por y para el mandante.’ La interpretación del mandato ha de ser- siempre restrictiva, para evitar que se convierta en daño del mandante lo que éste autorizó para su utilidad y beneficio.’ ” (11 Manresa, C. al C. C., 413, 415 y 454.)
López Landrón v. El Registrador de la Propiedad, 15 D. P. R. 722.

Con respecto a si tal defecto es subsanable, como sostiene el recurrente, nos bastará decir que toda vez que el apode-rado verificó la enajenación sin tener autorización de su po-derdante, según la interpretación que damos al documento de mandato, tal defecto es insubsanable.

De acuerdo, pues, con la doctrina sentada en los casos ci-tados, especialmente en el último, debe ser confirmada la nota recurrida.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y. Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Polanco, Demandante y Apelado, v. Goffinet, Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao •en pleito sobre nulidad de procedimiento ejecutivo hi-potecario.
    No. 1906.
    Resuelto en mayo 23, 1919.
    Nulidad de Procedimiento Ejecutivo Hipotecario — Betención del Producto en Venta de la Finca Hipotecada — Aseguramiento de Sentencia — Embargo. — En un pleito sobre nulidad de procedimiento ejecutivo hipotecario y redamación de daños y perjuicios, además de las medidas de aseguramiento previstas en el artículo 175 del Eeglamento para la ejecución de la Ley Hi-potecaria, pueden adoptarse las autorizadas por la ley especial sobre la materia de aseguramiento de sentencias, y no habiéndose demostrado que la corte de distrito abusara de su discreción en este caso, no deben alterarse las tomadas por ella para garantir los derechos que puedan reconocerse en su día, al demandante.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Lorenzo Jiménez García.

    Abogados del apelado: 'Sres. Sarmiento, Rodríguez Serra y Puig.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

José Jacinto Nicolás Polanco entabló demanda en la Corte de Distrito de Humacao contra August y Constant Goffinet sobre nulidad de procedimiento ejecutivo hipotecario y recla-mación de $10,500 por daños y perjuicios. El demandante solicitó el aseguramiento de la sentencia y la corte lo decre-tó ordenando al marshal que retuviera en su poder el pro-ducto de la venta de la finca hipotecada y autorizando el embargo de bienes de los demandados hasta la suma de'$10,500. Como no se exigió fianza al demandante, se quejaron los de-mandados, y la corte por orden de 23 de enero de 1918 fijó nna fianza de tres mil pesos para obtener la retención y otra de dos mil para lograr el embargo. La resolución de la corte fné apelada para ante este Tribunal Supremo y confirma-da por sentencia de 25 de abril de 1918.

El demandante prestó las fianzas y el producto de la venta de la finca hipotecada ascendente a $19,202 quedó re-tenido en poder del marshal del distrito y se trabó además embargo sobre dicha suma para garantir el pago de lote $10,500 reclamados como daños y perjuicios.

Así las cosas, los demandados solicitaron de la corte que ordenara que se les entregara el producto de la venta, pre-via prestación de la fianza que fijara la corte. Esta acce-dió, los demandados afianzaron la devolución del dinero y lo recibieron de manos del marshal.

El demandante archivó una demanda complementaria re-clamando $4,166 más por daños y perjuicios y $2,784 por los productos de la finca, y presentó una moción alegando que por virtud de la orden de entrega- del producto de la venta de la finca a los demandados, había quedado sin efec-to el embargo que sobre dicha suma tenía constituido a su favor para responder de $10,500 y que reclamando $6,950 más, procedía que se ordenara el embargo de bienes de los demandados por valor de $17,450. La corte accedió, siem-pre que el demandante prestara una fianza por $5,000. Y .contra esa orden de la corte es que se ha interpuesto el presente recurso de apelación.

Sostienen los demandados apelantes en primer- término que la corte erró “al estimar, que por haber dispuesto los demandados de la cantidad de $19,202 retenida por el marshal, previa prestación de una fianza por igual suma, ha-bía quedado anulado el embargo por $10,500, trabado por el demandante sobre la primera suma indicada.”

Para formar una idea clara de este caso, es necesario tener en cuenta que se solic: tai Dn y obtuvieron dos distin-tas medidas de aseguramiento. Una la autorizada por la Ley Hipotecaria, artículo 175 del Reglamento para su eje-cución, Comp. 1911, página 1185, consistente en la reten-ción del precio de la venta, y otra el embargo general de bienes reclamado y ordenado de acuerdo con las prescrip-ciones de la ley para asegurar la efectividad de las sen-tencias de 1902, Comp. 1911,' página 384. Sucedió que el demandante que pudo embargar otros bienes de los deman-dados de acuerdo con la orden de 23 de enero de 1918, con-firmada por la sentencia de esta Corte Suprema de 25 de abril de 1918, prefirió designar como bienes de los deman-dados los mismos $19,202 retenidos en poder del marshal de la corte. Después los demandados solicitaron y obtuvie-ron que los bienes retenidos les fueran entregados y aunque es cierto que prestaron una fianza para devolverlos, es ne-cesario reconocer que la situación varió. Los bienes embar-gados salieron de poder del funcionario público que los te-nía bajo su custodia y nada parece haberse consignado ex-presamente sobre el embargo al ordenarse la entrega. Lo que el demandante pidió fué en verdad que se ratificara la orden de embargo ampliando la cantidad de acuerdo con sus nuevas reclamaciones contenidas en su.demanda complemen-taria, y así lo acordó la corte de distrito.

Sostienen además los demandados que la corte de distrito erró al decretar el aseguramiento de las nuevas sumas re-clamadas, porque según ellos la demanda complementaria es frívola. Cuando la demanda se interpuso, la finca hipo-tecada estaba aún en poder del demandante. Mientras so tramitaba el pleito, la finca fué vendida, saliendo así de la posesión del demandante. Si éste tiene razón, es natural que tal hecho aumente los perjuicios sufridos.

En modo alguno debe entenderse lo dicho anteriormente como si prejuzgáramos el resultado definitivo del pleito. No se trata ahora de pronunciar sentencia, sino de dictar una medida de aseguramiento, y en realidad de verdad no ve-mos que la corte de distrito al seguir el curso que ha adop-tado, haya abusado de la discreción que la ley le reconoce en estos casos.

En tal virtud, debe confirmarse la resolución apelada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.


text:
    Martí, Demandante y Apelante, v. Rivera, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre indemnización de perjuicios.
    No. 1922.
    Resuelto en mayo 23, 1919.

      Daños y Perjuicios por Pérdida de da Virginidad — Menor de Edad — Consen-timiento.- — Una menor que ha cumplido diez y ocho años de edad, carece de acción para recobrar daños y perjuicios del hombre que disfrutó de su vir-ginidad, cuando el acto se realizó con el consentimiento de la menor. Sólo en el caso de que la menor tuviera catorce años, o menos, no obstante su consentimiento, podría prosperar la acción.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Angel A. Vázquez.

    Abogado del apelado: Sr. José Ramón Freyre.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

José Martí Pont en representación de su bija menor Amelia Martí demandó a Angel Antonio Rivera en reclamación de veinte mil dólares por daños y perjuicios. El hecho pro-ductor de los daños, según la demanda, consistió en haber el demandado, un hombre casado, por medio de engaños y violencia, disfrutado de la virginidad de la menor Amelia, privándola de su honra y de poder contraer un matrimo-nio que tenía concertado. El demandado presentó varias mo-ciones y excepciones previas que fueron desestimadas por la corte y finalmente contestó la demanda. Se celebró la vista. Ambas partes practicaron sus pruebas. La de la parte demandante tiende a demostrar . que Amelia Martí, siendo nna menor de diez y ocho años cumplidos, fue en efecto llevada engañosamente por el demandado & un hotel de Ponce y allí el demandado g'ozó de su virginidad. Y la evidencia del demandado tiende a demostrar que no hubo rénganos, que Amelia se unió al demandado voluntariamente. Xa corte dictó sentencia declarando sin lugar la demanda, .resolviendo así el conflicto en favor del demandado.

Un examen cuidadoso de la prueba no permite concluir que la corte sentenciadora errara al decidir el conflicto. “Vo-lenti non fit injuria.” La menor consintió y no tiene dere-cho a reclamar. Sólo en el caso de que la menor hubiera tenido catorce años o menos, no obstante su consentimiento, hubiera podido prosperar esta acción, y ya hemos dicho que la menor había cumplido, cuando se realizó el hecho, diez y ocho años. Yéase el artículo 255 del Código Penal y 33 Cyc. 1424 y 1521.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia a/pelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados "Wolf, Aldrey y Hutchison.


text:
    Goble & Jiménez, Demandante y Apelada, v. Truyol & Co., Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Guayama en pleito sobre daños y perjuicios por incumplimiento de contrato. <
    No. 1981.
    Resuelto en mayo 23, 1919.
    Desestimación de Apelación — Alegato del Apelante — Relación de la Causa— Exposición de Errores. — Cuando el alegato del apelante no contiene una relación de la causa tal como conste en los autos, ni una exposición de los ' errores en que se funda el recurso, procede desestimar la apelación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. C. Domínguez Rubio.

      Abogados de la apelada: Sres. Henry G. Molina y José ■XJ. Ramos.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

-emitió la opinión del tribunal.

Goble y Jiménez, una sociedad mercantil con su oficina principal en San Jnan, demandó en la Corte de Distrito de Gnayama a Miguel Truyol & Co., otra sociedad mercantil domiciliada en la última ciudad, en reclamación de $850 por daños y perjuicios originados con motivo del incumplimiento de un contrato de compraventa de doscientos sacos de ha-rina de trigo. La sociedad demandada excepcionó la deman-da, la contestó luego y reconvino además a la demandante para que le pagara $1,180 también por daños y perjuicios originados a virtud del incumplimiento de un contrato de compraventa de cuatrocientos sacos de arroz.

La corte de distrito desestimó las excepciones y luego de celebrado el juicio en .el que ambas partes practicaron sus pruebas, declaró sin lugar la reconvención y con lugar la demanda.

La demandada apeló entonces para ante este Tribunal Supremo. Se señaló día y bora para la vista del recurso y la parte apelante dejó de comparecer. La parte apelada compareció por medio de su abogado y solicitó en primer término que la apelación fuera desestimada por haber dejado la apelante de cumplir con la sección 42 del Reglamento de' esta corte, (17 D. P. R. LXXI), y luego informó sobre.las cuestiones envueltas en el pleito.

La regla invocada dice así:

“Dentro de diez días después de haberse presentado a este tribunal la copia de los autos, el letrado defensor del recurrente, presen-tará al tribunal un alegato por duplicado, impreso o escrito en ma-■quinilla, que contendrá una relación fiel y concisa de la cansa tal ■como conste en los autos; así como una exposición de los errores en ■que funda su recurso, y además de esto, cumplirá con la Ley de En-juiciamiento actualmente en vigor.”

El alegato de la parte apelante deja en efecto de cum-plir con lo preceptuado en la regia anterior, pnes no contiene ni la relación fiel y concisa de la causa tal como conste dé-los autos, ni la exposición de errores en que se funda el re-curso, exigidos por la misma.

. En tal virtud, de acuerdo con lo previsto en la sección 60 del indicado reglamento, (17 D. P. R. LXXIV), procede la desestimación del recurso.

Deseamos consignar además que liemos examinado la trans-cripción de los autos y que estamos convencidos de que la corte de distrito impartió justicia en este pleito, pero prefe-, rimos fundar nuestra sentencia en la falta de cumplimiento por parte de la apelante de la regla 42 citada, para llamar la atención a la abogacía sobre cuestión de tanta importancia para la debida consideración y resolución de las apelaciones que se interpongan ante este tribunal.

Desestimado el recurso.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.


text:
    González et al., Demandantes y Apelantes, v. Benítez et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre nulidad de contrato y otros extremos.
    No. 1885.
    Resuelto en mayo 23, 1919.
    Nulidad de Escrituras — Autorización Judicial — Bienes de Menores — Juris-dicción — Competencia.—Las escrituras de enajenación de bienes inmuebles de menores otorgadas con autorización de una corte de distrito en que no radican los bienes, no adolecen de vicio de nulidad pues dicha corte tiene jurisdicción para actuar por razón de la materia y también competencia para otorgar la autorización derivada de la sumisión de la parte con arreglo a los artículos 76 y 77 del Código de Enjuiciamiento Civil. Ajenjo y Santiago et al., v. Santiago Rosa et al., 26 D. P. B. 713.
    Jurisdicción Voluntaria — Juez Competente. — Se ha establecido como regla general por el Tribunal Supremo de España y la Dirección General de los Re-gistros que en los actos de jurisdicción voluntaria la ley concede la compe-tencia al juez a quien se haya acudido; y como la autorización para enajenar bienes de menores es nn acto de jurisdicción voluntaria, también a esa au-torización es aplicable la doctrina expuesta. Ajenjo y Santiago et al., v. Santiago Rosa et al., 26 D. P. K. 713.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los demandantes: Sres. José A. y Alberto S. Poventucl.

    Abogado de los demandados: Sr. Francisco González Fagundo.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En el año de 1904 falleció don Manuel González y Fer-nández. Durante sn matrimonio con doña Clementina Lugo y Calzada había adquirido las tres fincas rústicas a que se re-fiere este pleito, situadas todas en el término municipal de Naguabo, distrito judicial de Hnmaeao. La propiedad de dichas fincas a la muerte del señor González pasó a su in-dicada esposa y a sns legítimos hijos María, Manuela, Aristides, Manuel, Carlota y Clementina y así se hizo constar en el registro de la propiedad.

El 5 de junio de 1908 doña Clementina Lugo y Calzada por sn propio derecho y a nombre de sns menores hijos no emancipados entonces, Manuel, Carlota, Clementina y Aristides González y Lugo, y María y Manuel González y Lugo, ambos por sn propio derecho, comparecieron ante notario piíblico y vendieron las repetidas tres fincas a José J. Be-nítez. Previamente la Sra. Lugo había sido autorizada para vender las participaciones correspondientes a sns meno-res hijos en las indicadas fincas por la Corte de Distrito de San Juan. Benítez entró inmediatamente en la .posesión de las tierras y las arrendó, hipotecó y vendió finalmente, en 1913 y 1914, a otras personas. Las ventas se verificaron des-pués de iniciado este pleito que lo fué en 1913. La demanda enmendada que se archivó en Ponce está fechada en 1916.

Basándose en que la venta era una mera nulidad en cuan-to a ellos porque se había llevado a efecto en contravención a la ley, los demandantes pidieron a la corte que así lo de-clarara; que les reconociera su derecho a disfrutar de sus condominios consistentes en tres sextas partes proindiyisas de la mitad también proindivisa de cada nna de las fincas; que decretara la división de la comunidad y la entrega de sus participaciones a 'los demandantes y que condenara al de-mandado Benitez a satisfacer a los demandantes la suma de ocho mil pesos por rentas, productos, beneficios y utilidades, con más las costas del pleito.

Fueron varios los demandados, pero sólo es necesario que nos refiramos a la contestación de Benitez. Sostuvo éste en primer término la validez del contrato y alegó también que la venta de la participación de los menores fué necesaria y que los menores se enriquecieron con su precio, y pidió a la corte que desestimara la demanda, y para el caso de que decidiera que el contrato era nulo, solicitó que se condenara a los demandantes a reintegrarle el precio de la venta.

La corte de distrito escribió una extensa y bien traba-jada opinión y decidió finalmente el pleito por su sentencia de 30 de enero de 1918 por virtud de la cual declaró, entre otras cosas, que la autorización de la corte y el contrato de venta eran nulos, inexistentes y de ningún valor ni efecto legal en cuanto a los menores demandantes; que eso no obs-tante Benitez había sido un poseedor de buena fe hasta el día en que fué interpelado judicialmente y sólo a partir de esa fecha venía obligado a devolver los frutos cuya cuantía se fijaría en una acción separada y que los demandantes de-bían reintegrar al demandado Benitez el precio de la venta correspondiente a sus participaciones en las fincas.

Las partes demandantes y demandadas apelaron y sus recursos se tramitaron y vieron conjuntamente y conjunta-mente también serán resueltos por esta Corte Suprema.

Como se ve la verdadera cuestión fundamental envuelta en este pleito es la de si una autorización judicial para vender bienes de menores concedida por una corte de distrito que no es la del lugar en que los bienes están situados, es o- no nula.

Cuando la Corte de Distrito de Ponce dictó la sentencia apelada, aun no había resuelto esta Corte Suprema los casos de Martorell et al. v. J. Ochoa y Hermano et al., 26 D. P. R. 689, y Ajenjo y Santiago et al., v. Santiago et al., 26 D. P. R. 713, en los cuales se estudió ampliamente y se deci-dió la indicada cuestión revocando cierta jurisprudencia es-tablecida con anterioridad.

El resumen del caso de Ajenjo, dice:

‘ ‘Las escrituras de enajenación de bienes .inmuebles de. menores Otorgadas con autorización de la corte de' distrito en que no radi-can los bienes, no adolecen de vicio de nulidad pues aquella corte tiene jurisdicción para actuar por razón de la materia- -y- también competencia para otorgar la autorización, derivada- de la sumisión de la parte con arreglo a los artículos 76 y 77 del Código de Enjui-ciamiento Civil que han sido tomados de la antigua- Ley de Enjui-ciamiento Civil española.
“Se ha establecido como-regla general por el Tribunal Supremo de España y la Dirección General de los’ Registros que en los actos de jurisdicción voluntaria la ley concede la competencia al juez a quien se haya acudido; y como la autorización para enajenar bienes de menores es un acto de jurisdicción voluntaria, también a esa auto-rización es aplicable la doctrina expuesta.”

Siendo ello así, cae por su base la acción ejercitada por los demandantes en este pleito, porque válida y eficaz la autorización concedida por la Corte de Distrito de San Juan, la venta de sus participaciones en los bienes inmuebles de que se trata, fué también un acto válido y eficaz,

En tal virtud debe declararse sin lugar el recurso esta-blecido por los demándantes, con lugar el interpuesto por los demandados, revocarse la sentencia apelada y desestimarse la demanda, todo sin especial condenación de costas.

Revocada la sentencia apelada y desestimada la demanda, sin especial condena de costas.

Jueces concurrentes: Sr. Presidente Hernández y Aso-ciado Sr. Hutchison. El Juez Asociado Sr. Aldrey no in-tervino en la resolución de este caso.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    Somonte, Demandante y Apelante v. Mimoso, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Hnmacao en procedimiento de injunction para recobrar la posesión de propiedad inmueble.
    No. 1911.
    Resuelto en mayo 23, 1919.
    Contestación Negativa que Envuelve una Afirmaoión (Negative Pregnant)— Sentencia Sobre las Alegaciones. — Cuando el demandado niega en la con-testación los hechos esenciales de la demanda en forma tal que la negativa envuelve una afirmación (•negative pregnant), procede dictar sentencia sobre las alegaciones.
    Injunction para Becobrar la Posesión be Inmuebles — Títulos Contradicto-rios — Evidencia Inadmisible. — Cuando un demandante que utiliza en tiempo y forma el recurso de injunction para recobrar la posesión de propiedad in-mueble, prueba haber sido despojado violentamente por el demandado de la posesión real de una parcela colindante con la finca de éste, es imperti-nente la evidencia introducida por el demandado tendente a demostrar cuál era la verdadera colindancia y a probar que de acuerdo con su título y con certificaciones de mensura de ambas fincas, la parcela objeto de la contro versia forma parte de la del demandado y no de la del demandante.
    Los beebos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Francisco González.

    Abogado del apelado: Sr. Joaquín Vendrell.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El presente recurso es contra una sentencia declarando sin lugar una demanda para recobrar la posesión de pro-piedad inmueble por medio de un injunction mandatorio.

La demandante alegó ser dueña en plena propiedad, y haberse hallado, hasta el momento del despojo, en la pose-sión real, quieta y pacífica, por medio de su arrendatario, de la totalidad de una parcela de terreno que, según se describe, contiene 132 cnerdas y colinda por el este con el Río Grande y por el sur con terreno de Jacinto y María López Polanco. La alegación esencial es que “el demandado vio-lentamente ha privado a la demandante y a su referido arren-datario de la posesión material de una parcela de terreno de la mencionada finca, cuya extensión aproximada es de una cuerda, y colinda por el norte y oeste con más terre-nos de la misma finca de la cual forma parte; por el este, con,el Río Grande; y por el sur con terrenos de Jacinto y María López Polanco, arrancando la cerca o empalizada, per-teneciente a la misma demandante, en toda- la extensión de la colindancia común a la predicha parcela y al predio de terreno de los referidos Jacinto y María López Polanco, cor-tando repetidas veces malojillo de la referida parcela y apro-piándoselo para su exclusivo beneficio, y, finalmente, ame-nazando con darles la muerte, a los peones del arrendatario que vayan a cortar malojillo de la repetida parcela.”

En la contestación se niega tal alegación “en cuanto a que este demandado baya privado violentamente, ni en nin-guna otra forma, a la demandante y a su- mencionado arren-datario de la posesión material de ninguna parcela de terre-no perteneciente a la finca de la demandante, ni en la exten-sión ni dentro. de las colindancias especificadas en el liecho cuarto mencionado.” (La bastardilla es nuestra.) Igualmen-te negó el demandado que él hubiera “arrancado cerca al-guna que pertenezca a la demmdante, que haya arrancado o cortado hierba malojillo de la finca de la demandante,” o que “se haya valido de medios violentos para privar de la posesión material de la finca, o parte de la misma que per-tenezca a la demandante, y mucho menos, de amenazar de muerte ni en ninguna otra forma a los peones del arrenda-tario de la flotea de la demandaotte.” (La bastardilla es nues-tra.)

Como materia nueva y en su carácter de arrendatario de la finca que colinda por el sur con la de la demandante, el demandado alega que la verdadera colindancia entre ambas -fincas es una quebrada que desemboca en el Río Grande; y, también, que el demandado “lejos de perturbar en la pose-sión material de su finca a la demandante, ha tratado de man-tenerse en la posesión de la finca que le Tta sido arrendada, en toda su capacidad y dentro de los limites señalados en las certificaciones de mensura y planos levantados por peritos competentes * * * que el demandado “desde la fe-cha en que se le arrendó la finca descrita en esta contestación, lia estado y está en posesión material de la misma en toda Su capacidad, sin que en la actualidad, ni en fecha alguna anterior, haya- tratado de perturbar en la posesión de propie-dad ajena, ya por actos violentos, ni en ninguna otra for-ma.” (La bastardilla es nuestra.)

En el juicio, la demandante, antes de introducir eviden-cia alguna, suscitó alguna cuestión en cuanto a aquella parte de la contestación que hemos transcrito primero, a lo cual el abogado del demandado hizo la siguiente manifestación: “En la demanda alega la demandante que ella es dueña de una propiedad, y dice que el demandado ha perturbado en la posesión de una manera violenta a la demandante en parte del terreno perteneciente a la misma propiedad. Y nosotros desde luego, alegamos que hemos estado en una finca que se describe en la contestación, y que el demandado, lejos de per-turbar en la posesión material de su finca a la demandante, ha tratado de mantenerse en la posesión de la finca que le ha sido arrendada, en toda su capacidad, y dentro de los lí-mites señalados en las certificaciones de mensura y planos levantados. ’ ’

Del récord aparece seguidamente que la corte declaró sin lugar la moción y que la demandante tomó excepción. No-aparece claramente cuál fuera la moción.

La ostensiva negación del hecho esencial alegado en la demanda es ma caso típico de negativa que envuelve una afir-mación (negative pregnant), y si aun hubiera lugar a discu-sión sobre este punto, la materia nueva contenida en la con-testación, junta .con la manifestación hecha por el abogado del demandado respecto a la teoría de la defensa, sería sufi-ciente para aclarar la duda. Indiscutiblemente la deman-dante tenía derecho a una sentencia sobre las alegaciones, si es que 1a- moción declarada sin lugar por la corte era, en rea-lidad, para que se- dictara tái .'sentencia.'-'' -

" * * * Cuando menos, lá negativa que envuelve una afir-mación (negative pregnant) es una violación tan flagrante de -los principios de lógica y de derecho, que demuestra en quien tal ale-gación hace o la ignorancia que desconoce la naturaleza de una eiíes-tión, o la astucia que puede disimular la falta de una defensa bajo la apariencia de una contestación directa. En ambos casos debe ser condenada por las cortes.” Pomeroy, Code Remedies (4th ed.), p. 742, sec. 514.

La teoría de la corte inferior aparece suficientemente de lo que.transcribimos a continuación:

“En el caso presente no se ha probado a nuestro juicio que el demandado llevara a cabo los actos que son necesarios para dar eau,-sa de acción a la parte actora. La demandante no ha probado sin caso, pues aparte de que es muy discutible si dicha demandante' estaba en posesión de la parcela en litigio, debido a cierta confu-sión de linderos; es un hecho claramente establecido que ambas par-tes convinieron en hacer una mensura del terreno en cuestión; que el demandado encargó a un ingeniero que practicase tal mensura, resultando de ella que el trozo de terreno en controversia pertene-cía a la finca de mayor cabida de la cual está en legítima pose-sión el demandado, y aparece también que no conforme con el re-sultado de la mensura practicada, la demandante, por su parte, de-signó otro ingeniero, y éste, a su vez, en replanteos verificados so-bre el terreno, encontró una disparidad en una de las colindancias, disparidad que no pudo aclarar por ser defectuoso el título de dicha demandante.
"Consideradas las circunstancias todas del caso, creemos que el demandado se limitó a tomar posesión de una finca que le fué arren-dada, manteniéndose en posesión de la totalidad de tal finca den-tro de los límites y capacidad de la misma, según le fué entregada por los legítimos dueños. Este extremo resulta probado con planos, certificación de mensura, y declaración de los peritos utilizados por ambas partes.
"Además, la corte practicó la inspección ocular solicitada por am-bos litigantes y pudo observar que, una cerca que existe entre am-bas fincas, y que fué colocada por la demandante desde hace mucha tiempo, es en realidad la colindaneia que separa las dos propiedades.”

La evidencia sustancialmente concuerda con las alegacio-nes y no existe en ella notable conflicto. Una consideración-detallada de la prueba testifical parece innecesaria. Los tes-tigos de la demandante establecieron prima 'facie su caso en el ^sentido expresado en la demanda, y ni ban sido abierta-mente contradichos por los testigos de la defensa ni su vera-cidad lia sido claramente puesta en duda por el juez inferior, La cuestión de qué constituye la verdadera colindan-cia no puede propiamente decirse que esté envuelta en el ca-so y no debió haber sido traída al caso ni considerada por la corte. Las circunstancias mencionadas con respecto a las mensuras y su resultado son igualmente impertinentes. Ni el arrendamiento de la finca colindante al demandado, ni el contenido de los títulos y notas de mensura en su poder, ni la nueva mensura hecha por él, crean derecho alguno para incautarse por medio de fuerza y violencia de ninguna parte de tal finca, de la cual la demandada tenía la posesión real. La ley de 1913 tiene claramente como fin primordial el im-pedir que se utilicen esos medios y obligar a que se recurra a las cortes.

Estamos enteramente de acuerdo con la manifestación del juez de la corte inferior que precede a lo que arriba hemos transcrito, al efecto de que “el estatuto en cuestión no tiene por objeto dirimir un conflicto de títulos sobre bienes inmue-bles; lejos de eso, el legislador ha querido proporcionar me-dios legales a fin de dar cumplimiento de una manera rápida y eficaz al principio de derecho sustantivo, según el cual la persona que posee debe ser amparada en la posesión.” Pe-ro la solución de disputas respecto a las colindancias es tan ajena al fin de la ley como la resolución de títulos contradic-torios de propiedad.

La empalizada a que se refieren las conclusiones de hecho (findings) haber sido construida por el peticionario y que se dice constituye la verdadera línea divisoria entre las fincas es evidentemente una empalizada que separa la cuerda en litigio de la finca principal que posee el peticionario, y no la empalizada que hasta que fué destruida, por el demanda-do, mareaba en efecto la colindancia material, ya fnera o no la verdadera, entre las dos parcelas de mayor extensión,

Es de sentirse qne la corte, después de la inspección de la finca en controversia, no expresara sus conclnsiones en cnanto a las indicaciones qne Rubiera respecto de la preexis-tencia y destrucción de la cerca que se alega, y qne como lo demuestra la prueba testifical, fue destruida por el deman-dado, ni en cnanto a la existencia y extensión del sembrado de malojillo, u otros indicios de posesión y cultivo por la demandante con anterioridad a la incautación que el deman-dado alega Raber RecRo bajo su arrendamiento. El mero Re-cRo de que la cuerda de terreno en controversia Rabia sido cercada y de ese modo separada del resto de la finca en po-der de la demandante, y que la cerca a lo largo de la que-brada así como la destruida por el demandado, Rabia sido puesta por la demandante y era en realidad la verdadera lí-nea de colindancia entre ambas fincas, no es inconsistente con la teoría de la posesión real por la demandante, teoría que estaba fuertemente apoyada por toda la prueba testifical que a este punto se refería directamente, y a la cual pare-cían indicar todas las demás circunstancias del caso, no cons-tituyendo, por tanto, ese Recho, obstáculo al remedio solici-tado. La conclusión de la corte no va más lejos, y la evi-dencia, en conjunto, demuestra concluyentemente que, con de-recho o sin él, la demandante estaba y por muchos años con anterioridad a los actos de que se queja, Rabia estado en la posesión real de la cuerda en cuestión.

La sentencia apelada debe ser revocada.

Revocada la sentencia apelada y dictada otra ordenando la restitución de la posesión de la parcela a la demandante, etc., con costas al demandado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


text:
    Sociedad Anónima des Sucreries de Saint Jean, Demandante y Apelante v. Figuerola, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Hnmacao en pleito sobre injunction.

    No. 1948.
    Resuelto en mayo 27, 1919.
    Injunction — Molienda de Cañas — Yenta y Entrega de Cañas. — Cuando una parte que se dice perjudicada por el incumplimiento de un supuesto con-venio verbal sobre molienda de cañas acude al recurso de injunction con objeto de impedir al demandado la venta y entrega de cañas a una tercera persona, es su deber demostrar que tiene un derecho claro a obtener el re-medio extraordinario.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del demandante y apelante: Sr. Lorenzo Jiménez García.

    Abogado del demandado y apelado: Sr. Francisco Gon-zález.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En un procedimiento fundado en un supuesto contrato de molienda de cañas entablado por la Central Saint Jean para impedir la entrega de ciertas cañas a otra competidora y para obligar al demandado al exacto cumplimiento (specific performance) del supuesto contrato de molienda, la corte inferior, al sostener que para que se justifique el remedio soli-citado debe mostrar la demandante un derecho claro para obtenerlo, estimó no haberse probado satisfactoriamente las alegaciones esenciales de la demanda y en su consecuencia la declaró sin lugar.

La parte apelante alega que la corte consideró, impropia-mente, rescindido el contrato de molienda de cañas, base de la solicitud de injunction; y que la sentencia es contraria a la prueba.

Sólo dos testigos declararon por parte de la demandante, a saber: su representante y apoderado y el propio deman-dado. La defensa no presentó prueba alguna, sino que adop-tó como suya la declaración del demandado llamado a de-clarar como testigo de la demandante. En lá contestación se alega la venta de la caña y el incumplimiento por parte de la compradora. El testimonio del apoderado de la de-mandante propendía a demostrar la existencia de nn contra-to de molienda de cañas, tal como se alegó en la demanda. El otro testigo declaró sobre nn simple convenio de compra-venta después de'inspeccionar y probar las cañas, ¡junto con una disposición incondicional para su entrega durante el mes de marzo y la negativa a aceptar dicha entrega. La única prueba documental aportada en este caso, y que consiste de cierta correspondencia posterior al aviso verbal original que le diera la demandante al demandado para que suspendiese el corte y entrega de las cañas, no es totalmente incompatible con la teoría de la defensa la cual, como se deja dicho, está sostenida por el testimonio del demandado al declarar como testigo de la demandante.

La ley referente a “Contratos de Bef acción Agrícola y Molienda de cañas, y para otros fines” concede a la central varios privilegios y ventajas de que no goza el comprador. por virtud de un contrato corriente de compraventa. Los contratos sobre molienda de cañas, si se consignaren por es-crito, pueden ser anotados en el registro ora se consignen en documento público, ora en un documento privado. Por los términos expresos del estatuto pueden ser ejecutoriados en virtud de mandamiento judicial, pero deben contener “los términos y condiciones estipulados por las partes.”

El incorporar esos términos y condiciones en un contrato escrito es una cosa muy sencilla, y estamos de acuerdo con el juez sentenciador en que cuando una central solicita se dicte una orden para impedir la venta y entrega de cañas a otra rival suya y para obligar al demandado al exacto cum-plimiento (speficic performance) de un supuesto convenio verbal sobre molienda de cañas es su deber mostrar que tiene un derecho claro a obtener ese remedio extraordinario.

En el presente caso, después de haber examinado minu-diosamente los autos en su totalidad, no encontramos aquel manifiesto error que se requiere para revocar la sentencia recurrida, la cual es de confirmarse.

Confirmada la sentencia.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.