text:
    US Fire Insurance Company y otros, demandantes y recurridos, v. Autoridad de Energía Eléctrica y otros, demandados y peticionarios, Universal Insurance Company, Federal Insurance Company y Royal & Sun Alliance Insurance Company, terceros demandados y peticionarios.

      Número: CC-2006-1060

      Resuelto: 24 de septiembre de 2008

      Luis M. Ortega García y José A. Andréu Fuentes, abogados de la Autoridad de Energía Eléctrica, parte peticionaria; Jaime F. Agrait Liado y Blanca E. Agrait Liado, abogados de la parte peticionaria.
   La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez

emitió la opinión del Tribunal.

En este caso nos corresponde determinar si, mediante un acuerdo transaccional, la parte recurrida puede retener una cantidad de dinero cobrada en exceso a lo adeudado según la sentencia que le favorece.

Pasemos entonces a resumir los hechos que sirven de trasfondo a la controversia ante nuestra consideración.

I

El 26 de julio de 1996 ocurrió un accidente en el que un helicóptero de la Policía de Puerto Rico se estrelló al impactar unas líneas eléctricas que no estaban debidamente marcadas, en las inmediaciones de la represa Carraízo. En el accidente fallecieron tres policías que tripulaban la nave.

A raíz de estos sucesos, se presentaron varias demandas de daños y peijuicios contra la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Además, U.S. Fire Insurance Company (US Fire), aseguradora de la Policía de Puerto Rico, presentó una demanda de subrogación para recuperar los $842,048 pagados por la pérdida del helicóptero.

El 10 de septiembre de 1998, el Tribunal de Primera Instancia declaró “con lugar” las demandas presentadas y ordenó el pago de la cantidad reclamada ($842,048). Además, según lo dispuesto en la Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, el tribunal ordenó el pago de honorarios de abogados e intereses por temeridad. También declaró “con lugar” la demanda de subrogación presentada por US Fire.

US Fire solicitó la ejecución de la sentencia dictada a su favor. Para satisfacer la sentencia, la AEE consignó en el tribunal $250,000 y el Sindicato de Aseguradoras de la AEE (Sindicato) consignó $750,000, para un total de $1,000,000. US Fire presentó una moción en la que solicitó el retiro de los fondos. En la moción hizo una reserva ex-presa de derecho por entender que la suma retirada representaba menos de lo que le correspondía por sentencia. Ex-plicó que los intereses sobre la sentencia eran de 9.5% anual, que era la tasa aplicable a litigantes privados. Adujo, además, que debían sumarse a la cantidad que se habría de pagar los honorarios de abogados y las costas del litigio. Según lo anterior, US Fire reclamó la cantidad de $1,588,294.60, como suma adeudada. El Tribunal de Primera Instancia autorizó el retiro de los fondos consignados.

Posteriormente, la aseguradora de la AAA, Zurich Insurance Company (Zurich) y US Fire suscribieron un contrato de transacción. Con éste, Zurich se comprometió a pagar la mitad del principal ($842,048) de la sentencia dictada a favor de US Fire, cantidad que ascendía a $421,000. A cambio, US Fire liberó a Zurich de toda responsabilidad según la póliza que ésta tenía con la AAA. No obstante, se reservó el derecho de continuar su reclamación contra la AAA hasta el pago total de lo adeudado conforme a la sentencia, incluyendo, claro está, los intereses adeudados.

Entretanto, el Tribunal de Primera Instancia emitió una resolución en la cual determinó que la tasa de interés aplicable a la sentencia dictada era 5.25% anual, que es la tasa de interés aplicable a las entidades gubernamentales. De esta resolución US Fire acudió al Tribunal de Apelaciones. Ese tribunal confirmó, esencialmente, la resolución recurrida, aunque modificó la tasa de interés aplicable de 5.25% a 5.5%, por ser la tasa de interés prevaleciente al momento cuando se dictó la sentencia de instancia. Posteriormente, este Tribunal confirmó la determinación del foro intermedio. Gutiérrez v. A.A.A., 167 D.P.R. 130 (2006).

En atención a lo anterior, la AEE presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una moción para que se le ordenara a US Fire devolver el dinero retirado en exceso del monto de la sentencia dictada a su favor. En síntesis, alegó que la cantidad total a la cual tenía derecho US Fire, según la sentencia dictada, era $1,262,036.22, que incluía principal más intereses. Por lo tanto, luego de recibir el pago de $1,000,000 y de $421,000, US Fire recibió $158,963.78 en exceso de lo que le correspondía por sentencia. La AEE solicitó la devolución de ese dinero.

US Fire se opuso. Alegó que el pago realizado por Zurich ocurrió como resultado de una transacción contractual y la cantidad pagada fue para comprar el riesgo de que se determinara judicialmente que se debía pagar la tasa de interés aplicable a las entidades privadas. Señaló que, si la controversia sobre la tasa de interés aplicable se hubiera resuelto a favor de US Fire, esta última no hubiese podido reclamar sumas adicionales a Zurich sin violar el acuerdo transaccional. Argüyó que el contrato transaccional se acordó exclusivamente para dar por terminado el litigio entre ambas aseguradoras. Añadió que la AEE no podía pretender que se le acreditara parte del dinero que Zurich pagó a US Fire según el acuerdo transaccional.

El Tribunal de Primera Instancia, mediante resolución emitida el 22 de mayo de 2006, avaló la posición de US Fire y determinó que la devolución de dinero solicitada por la AEE era improcedente. De dicha determinación la AEE y el Sindicato acudieron ante el Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de certiorari.

El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto. Argüyó en su resolución que no se había distribuido la responsabilidad entre las codemandadas y que tampoco se había determinado la cuantía correspondiente a las costas y los honorarios de abogados, por lo que no era posible determinar si se había pagado en exceso.() Añadió que, en caso de que el reclamo de la AEE tuviera mérito, lo que procedía era una acción de nivelación contra la AAA.

Inconformes, la AEE y el Sindicato acudieron ante nosotros y reiteraron lo planteado ante los foros inferiores. Expedimos el auto solicitado. Ambas partes han comparecido, por lo que pasamos a resolver.

II

Al enfrentarnos a la controversia en este caso, debemos comenzar repasando nuestra normativa respecto la figura del contrato de transacción y sus efectos sobre una reclamación por daños y perjuicios.

A. El Art. 1709 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4821, define el contrato de transacción como un acuerdo mediante el cual “las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen término al que había comenzado”. Este contrato —descrito por Scaevola como un “instrumento de paz alcanzada”— es consensual, recíproco y oneroso. En éste, las partes, mediante sacrificios mutuos, finiquitan una controversia con el propósito de evitar los pesares que conllevaría un litigio. Q.M. Scaevola, Código Civil, Madrid, Ed. Reus, 1953, T. XXVIII, pág. 246. Véanse: Mun. de San Juan v. Prof. Research, 171 D.P.R. 219 (2007); López Tristani v. Maldonado, 168 D.P.R. 838 (2006); Neca Mortgage Corp. v. A & W Dev. S.E., 137 D.P.R. 860 (1995); Citibank v. Dependable Ins. Co., Inc., 121 D.P.R. 503 (1988), y otros casos allí citados.

Hay varios requisitos necesarios para la validez de un contrato de transacción. Primero, se requiere que exista una controversia o relación jurídica incierta —judicial o extrajudicial— que represente la posibilidad de un litigio o que esté ya en contienda. Mun. de San Juan v. Prof. Research, supra. Véase, también, S. Tamayo Haya, El Contrato de Transacción, Madrid, Ed. Thomson Civitas, 2003, pág. 75. La incertidumbre se refiere al concepto subjetivo que tengan las partes sobre los elementos objetivos —ciertos y determinados— de la relación jurídica. Tamayo Haya, op. cit. Segundo, las partes tienen la intención de sustituir, mediante la transacción, esta relación incierta con la seguridad de otra “cierta e incontestable”. Mun. de San Juan v. Prof. Research, supra. El tercer requisito lo representa las concesiones mutuas de las partes. Las concesiones recíprocas “constituyen no tan sólo el método esencial para el desarrollo de la causa del negocio transaccional, sino que éstas pasan a formar parte de la causa”. López Tristani v. Maldonado, supra, pág. 857. En Mun. de San Juan v. Prof. Research, supra, pág. 239, indicamos, con acierto, que “toda transacción supone que las partes tienen dudas sobre la validez o corrección jurídica de sus respectivas pretensiones y optan por resolver dichas diferencias mediante mutuas concesiones”. (Enfasis en el original.) Véase, además, J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 3ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1982, T. II, Vol. II, págs. 626-630. Véase, también, I. Sierra Gil de la Cuesta, Comentario del Código Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 2000, T. 8, págs. 84-90.

Por su naturaleza jurídica compleja, el contrato de transacción debe interpretarse de forma restrictiva por lo que sus efectos se extienden a lo expresamente pactado por las partes. El Código Civil dispone normas interpretativas concretas para las transacciones. La norma que lo disciplina es el Art. 1714 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4826, que establece que la transacción “no comprende sino los objetos expresados determinadamente en ella, o que, por una inducción necesaria de sus palabras, deban reputarse comprendidos en la misma”. Como resultado, han de entenderse como resueltas con carácter final sólo las cuestiones directamente relacionadas con el objeto transigido, lo que presupone la necesidad de claridad y precisión en la descripción de los asuntos transados. Sierra Gil de la Cuesta, op. cit, T. 8, pág. 105; Sucn. Román v. Shelga Corp., 111 D.P.R. 782 (1981).

El contrato de transacción puede tener lugar en las situaciones cuando intervengan una pluralidad de sujetos, bien del lado activo —varios acreedores— o del lado pasivo —varios deudores— porque exista al mismo tiempo pluralidad de deudores y acreedores. La eficacia de la transacción plantea inconvenientes doctrinales cuando consideramos cuál será el efecto de la transacción concluida entre uno de los deudores y su acreedor, respecto a los otros deudores. Precisamente, este es el asunto que hoy nos ocupa.

B. En materia de la responsabilidad civil extra-contractual, el daño causado puede ser el resultado de la negligencia de más de un causante. En estos casos, cada uno responde por la totalidad del daño causado. Rivera Hernández v. Comtec Comm., 171 D.P.R. 695 (2007); Arroyo v. Hospital La Concepción, 130 D.P.R. 596, 603 (1992); García v. Gobierno de la Capital, 72 D.P.R. 138, 146 (1951); Rivera v. Great Am. Indemnity Co., 70 D.P.R. 825, 828 (1950).

En un pleito por daños y perjuicios, la víctima puede renunciar a su reclamación con respecto a alguno de los cocausantes de su daño mediante un acuerdo de transacción. Dependiendo de lo pactado, así serán los efectos de ese acuerdo sobre el cocausante con quien se transa y los demás cocausantes que permanezcan en el pleito. S.L.G. Szendrey v. Hospicare, Inc., 158 D.P.R. 648, 656 (2003); Blás v. Hospital Guadalupe, 167 D.P.R. 439 (2006). Por lo tanto, para auscultar cuáles son esos efectos es necesario establecer primero qué fue lo que se pactó. 31 L.P.R.A. see. 4826.

Hemos señalado en el pasado que si la víctima del daño releva de responsabilidad a uno de los cocausantes del daño, ello no supone el relevo de responsabilidad de los otros cocausantes si esto último no surge claramente del acuerdo de transacción. Merle v. West Bend Co., 97 D.P.R. 403, 409 (1969); S.L.G. Szendrey v. Hospicare, Inc., supra, pág. 655; Blás v. Hospital Guadalupe, supra. Así pues, la víctima puede continuar su reclamación contra los demás cocausantes del daño. Con lo cual, la responsabilidad de estos cocausantes dependerá, en gran medida, del acuerdo transaccional entre la víctima y el cocausante liberado.

En el acuerdo transaccional, la víctima puede liberar a un cocausante de toda responsabilidad que pueda surgir relacionada con el evento dañoso. Entiéndase que se libera de su responsabilidad tanto hacia la víctima como en la relación interna entre cocausantes. Cuando esto ocurre, la víctima asume la porción de responsabilidad que se le atribuya al cocausante liberado. Szendrey v. Hospicare Inc., supra, págs. 656-659. En estos casos, los demás cocausantes del daño no podrán recobrar del cocausante liberado cantidad alguna.

Lo anterior responde a que, según este acuerdo transaccional, los demás cocausantes no tendrán disponible una acción de nivelación para recobrar cualquier suma pagada en exceso a la porción de responsabilidad que les corresponda.() La acción de nivelación persigue evitar el enriquecimiento injusto de una parte. Szendrey v. Hospicare, Inc., supra, pág. 654; P.R. Fuels, Inc. v. Empire Gas Co., Inc., 149 D.P.R. 691, 712 — 713 (1999); Ramos v. Caparra Dairy, Inc., 116 D.P.R. 60, 63-64 (1985). Por lo tanto, los demás cocausantes no pueden quedar desprovistos de la acción de nivelación, salvo cuando no estuvieran sujetos a pagar más de lo que les corresponde según sus porciones de responsabilidad. Así, en este contexto, los demás cocausantes no estarán sujetos a resarcir la totalidad de los daños, sino sólo la porción remanente luego de restar el monto correspondiente a la porción de responsabilidad del cocausante liberado. Szendrey v. Hospicare, Inc., supra, pág. 658. Véase, además, D. Fernández Quiñones, Análisis del término 2002-2003 — Tribunal Supremo de Puerto Rico: responsabilidad civil extracontractual, 73 Rev. Jur. U.P.R. 807, 827-830 (2004). Dado que la cantidad que se debe pagar según la sentencia no incluye el monto correspondiente a la porción de responsabilidad del cocausante liberado, la cantidad recibida a cambio del relevo de responsabilidad no se atribuye al pago de la sentencia.

Mediante este tipo de acuerdo de transacción, se elimina la incertidumbre de lo que en su día el demandante tendrá derecho a recobrar según la porción de responsabilidad que se le atribuya al cocausante liberado. L.R. Rivera Rivera, El Contrato de Transacción, sus efectos en situaciones de solidaridad, San Juan, Jurídica Editores, 1998, pág. 36. Dicha cantidad queda establecida en el acuerdo de transacción. Por lo tanto, el demandante sólo tendrá el derecho a recibir la cantidad establecida en el acuerdo de transacción como pago del monto correspondiente a la porción de responsabilidad de ese cocausante. Así, asume el riesgo de recobrar menos de lo que en su día se determine por sentencia.

Como corolario de lo anterior, en caso de que conforme a la sentencia dictada el monto correspondiente a la porción de responsabilidad del cocausante liberado sea mayor a lo recibido a cambio del relevo de responsabilidad, el demandante asume la merma. Por el contrario, si dicho monto es menor a lo recibido a cambio del relevo de responsabilidad, el demandante percibe la ganancia.

Por otra parte, el acuerdo transaccional se puede circunscribir a que el demandante renuncie a una acción de daños y perjuicios en contra de uno de los cocausantes, sin más. Este tipo de transacción no impide que la víctima continúe la demanda contra los demás cocausantes de su daño, esperando recobrar de éstos hasta la totalidad del monto correspondiente a los daños causados. Véase Blás v. Hospital Guadalupe, supra. En caso de que para satisfacer la sentencia que advenga en su día, los demás cocausantes tengan que pagar una suma en exceso a la porción de responsabilidad que les corresponda para compensar la porción de responsabilidad del cocausante liberado, éstos tendrán disponible la acción de nivelación correspondiente. Blás v. Hospital Guadalupe, supra, pág. 456 esc. 3.

En este contexto, la cantidad recibida por el demandante, según el acuerdo transaccional, sí se considera un pago parcial de la sentencia que recaiga. Blás v. Hospital Guadalupe, supra, pág. 458 (“el tribunal de instancia sólo debe reducir del monto de la sentencia la cantidad ... correspondiente a la aludida transacción”). De lo contrario, el demandante podría recobrar la totalidad del monto de la sentencia, además de lo obtenido mediante el acuerdo transaccional sin haber asumido ningún riesgo.

Lo anterior constituiría un enriquecimiento injusto.() Esto, pues los demandados estarían sujetos a resarcir una suma mayor al monto correspondiente a los daños causados, lo que se traduce en un empobrecimiento. A su vez, el demandante cobraría una suma mayor al monto correspondiente a los daños sufridos y, por lo tanto, experimentaría un enriquecimiento. Al no haber asumido ningún riesgo, sería un enriquecimiento sin causa.

A la luz del marco normativo expuesto, resolve-mos que un demandante que suscribe un acuerdo transaccional con uno de los codemandados y termina recibiendo en total una cantidad mayor a lo que le corresponde, según la sentencia dictada a su favor, podrá percibir dicha ganancia, dependiendo de lo pactado en el acuerdo transaccional. Así, siempre que en el acuerdo de transacción éste asuma la porción de responsabilidad que se le impute al cocausante liberado, por lo que asume a su vez el riesgo de recobrar menos de lo que en su día se determine por sentencia, éste podrá atribuirse la ganancia. Si por el contrario, el demandante no asume la porción de responsabilidad que se le impute al cocausante liberado y, por lo tanto, tampoco asume el riesgo de recobrar menos de lo que en su día se determine por sentencia, éste sólo tendrá derecho a recobrar exclusivamente lo que le corresponda según la sentencia.

III

Según lo anterior, para resolver el caso que nos ocupa debemos establecer cuál fue el acuerdo recogido en el contrato transaccional suscrito entre US Fire y Zurich, y determinar así los efectos de esta transacción en este proceso judicial.

En el acuerdo transaccional suscrito por US Fire y Zurich se estipuló, en lo pertinente, que: (1) Zurich emitió a favor de la AAA una póliza que cubre parte de la responsabilidad por la pérdida del helicóptero propiedad de la Policía de Puerto Rico; (2) según las cláusulas del contrato de seguro, Zurich estaba obligada a reembolsarle a su asegurada las cantidades cubiertas según la póliza para el pago del principal de la sentencia que favorece a US Fire; (3) que conforme a la letra de la póliza, Zurich no está obligada a pagar intereses sobre la sentencia, sean estos pre o post sentencia; (4) a cambio del pago de $421,000, US Fire libera a Zurich de toda responsabilidad según la póliza de referencia, y (5) que expresamente, Zurich reconoce el derecho de US Fire a continuar su reclamación contra la AAA y laAEE, y sus demás aseguradoras hasta el pago total de lo adeudado conforme a la sentencia que le favorece.

Surge de lo anterior que Zurich se comprometió a pagar parte del principal de la sentencia, pues se estipuló que esa era la responsabilidad que le correspondía según la póliza emitida a favor de su asegurada, la AAA. A cambio, US Fire liberó a Zurich de toda responsabilidad según la póliza. Es decir; US Fire obtuvo $421,000 por lo que Zurich estaría obligado a pagar, según lo establecido en la póliza suscrita a favor de la AAA, nada más.

En el acuerdo transaccional también se reconoce expresamente el derecho de US Fire a continuar su reclamación contra la AAA y la AEE y sus demás aseguradoras, hasta el pago total de lo adeudado conforme a la sentencia que le favorece. Por lo tanto, queda claro que mediante esa transacción, US Fire no liberó de responsabilidad a las demás partes demandadas, así como tampoco limitó la responsabilidad de los demás demandados a la porción remanente, luego de restar el monto correspondiente a la porción de responsabilidad de la codemandada liberada.

Tampoco surge del acuerdo que US Fire liberara a Zurich de toda responsabilidad que pudiera surgir en relación con ese evento. Por lo tanto, no la liberó de responsabilidad en la relación interna entre cocausantes. Consecuentemente, los demás demandados conservan su derecho a nivelar.

En conclusión, según este acuerdo transaccional US Fire no asumió la responsabilidad de Zurich. El dinero recibido mediante dicho acuerdo no constituyó un pago por asumir la responsabilidad de esta codemandada. Siendo así, US Fire no puede beneficiarse de este acuerdo transaccional para obtener un beneficio monetario mayor al que tiene derecho, según la sentencia que le favorece. Como ex-plicamos, este beneficio se obtiene sólo si el demandante asume la porción de responsabilidad que se atribuya al cocausante liberado y asimismo, asume el riesgo de recobrar menos de lo que la sentencia que se dicte en su día disponga.

Según lo expuesto, US Fire sólo puede cobrar el total de lo adeudado mediante la sentencia que le favorece, nada más. Conforme con ello, el pago realizado por el acuerdo transaccional constituye un pago parcial de la sentencia.

IV

Ambas partes alegan que la cantidad total a la cual tiene derecho US Fire, según la sentencia dictada a su favor, es $1,262,036.22. No obstante, US Fire recibió un total de $1,421,000. Por lo tanto, le corresponde devolver la cantidad de $158,963.78, más los intereses devengados desde que recibió el pago de Zurich, que es el momento cuando quedó satisfecha la sentencia.

En este caso, el Tribunal de Primera Instancia no precisó en su sentencia las porciones de responsabilidad atribuibles a la AEE y a la AAA. Cuando no media una determinación judicial de la porción exacta de culpa de los cocausantes o cuando el efecto dañoso de la actuación de los cocausantes no es susceptible de ser medido, procede “la imposición de responsabilidad solidaria en cuotas contributivas iguales”.() Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 118 D.P.R. 701, 710 esc. 2 (1987). Véase Torres Ortiz v. E.L.A., 136 D.P.R. 556, 567 esc. 6 (1994). Véase, también, el Art. 1091 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 3102. Por lo tanto, en esta etapa procesal, debemos inferir que la AEE y la AAA responden por partes iguales.()

US Fire recibió de Zurich, aseguradora de la AAA, sólo $421,000. La AEE, al ser deudora solidaria, responde no sólo por la mitad que le corresponde, sino también por la cantidad que falta para satisfacer la sentencia en su totalidad, que según las partes asciende a $1,262,036.22. Siendo así, US Fire tenía el derecho a cobrar de la AEE un total de $841,036.22. No obstante, la AEE consignó un total de $1,000,000. Es decir, la AEE pagó $158,963.78 en exceso de lo adeudado según la sentencia. Por lo tanto, corresponde a la AEE recibir la cantidad de US Fire, más los intereses devengados desde el momento cuando quedó satisfecha la sentencia.

Conforme a lo anterior, se revoca la resolución del Tribunal de Apelaciones que denegó la expedición del auto de “certiorari” y mantuvo lo resuelto por el Tribunal de Primera Instancia. Se ordena a US Fire la devolución a la AEE de $158,963.78, más los intereses devengados.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada señora Fiol Matta concurrió con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rivera Pérez se inhibió.

      (1) Debemos aclarar que contrario a lo expresado por el Tribunal de Apelaciones, el foro de instancia indicó que la cuantía correspondiente a los honorarios de abogados era de $5,000.

      (2) Respecto a la acción de nivelación, el Art. 1098 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 3109, establece que el deudor solidario que hizo el pago sólo puede reclamar de sus codeudores la parte que corresponda a cada uno. Véase esc. 3.

      (3) La doctrina de enriquecimiento injusto responde a los principios de equidad y justicia. E.L.A. v. Cole, 164 D.P.R. 608 (2005); Silva v. Comisión Industrial, 91 D.P.R. 891, 898 (1965). Los requisitos básicos de esta doctrina son: (1) existencia de un enriquecimiento; (2) un empobrecimiento correlativo; (3) una conexión entre dicho empobrecimiento y enriquecimiento; (4) la falta de una causa que justifique el enriquecimiento, y (5) la inexistencia de un precepto legal que excluya la aplicación del enriquecimiento sin causa. E.L.A. v. Cole, supra; Ortiz Andújar v. E.L.A., 122 D.P.R. 817, 823 (1988).

      (4) Ello no impide que ante la ausencia de una determinación judicial de la porción exacta de culpa de los cocausantes, los litigantes soliciten dicha determinación mediante los mecanismos procesales disponibles.

      (5) Cabe señalar que, en este caso, el 19 de septiembre de 2006, el foro primario dictó sentencia sumaria parcial en la que declaró “con lugar” una demanda contra coparte presentada por la AEE contra la AAA, para recobrar la mitad de los intereses pagados para satisfacer la sentencia. Allí, el foro primario, interpretando la sentencia dictada el 10 de septiembre de 1998, indicó expresamente que la responsabilidad de la AEE y la AAA era por partes iguales.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
      In re Josué D. De León Rodríguez.

      Número: CP-2006-16

      Resuelto: 25 de septiembre de 2008

      Marco A. Martínez Vergé, abogado de la parte peticionaria.
    Sala de Verano integrada por el Juez Presidente Señor Hernández Denton, el Juez Asociado Señor Rivera Pérez y la Jueza Asociada Señora Fiol Matta.
   RESOLUCIÓN

Evaluada la Moción Solicitando Reconsideración, presentada por la parte peticionaria, se declara “con lugar” y se reinstala al Ledo. Josué D. De León Rodríguez al ejercicio de la abogacía y la notaría. Se ordena el archivo por desistimiento voluntario de las quejas Núms. AB-2007-315, AB-2008-87 y AB-2008-90. En cuanto a la queja Núm. AB-2006-252, el Procurador General deberá rendir el informe requerido por este Tribunal en su Resolución de 11 de septiembre de 2008.

Notifíquese personalmente.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


author: per curiam:

text:
      In re Gilbert G. Montes Fuentes, querellado.

      Número: CP-2007-3

      Resuelto: 30 de septiembre de 2008

      Eliadís Orsini Zayas, comisionada especial; Wanda I. Simons García, procuradora general auxiliar, Mariana D. Negrón Vargas y Maite D. Oronoz Rodríguez, subprocuradoras generales; Gilberto G. Montes Fuentes, pro se.

   per curiam:

El Procurador General presentó una querella contra el Ledo. Gilbert Montes Fuentes en la que le imputó dos infracciones al Código de Etica Profesional. En síntesis, el Procurador General sostuvo que Montes Fuentes no cumplió con el deber de diligencia establecido en el Canon 18 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, y que infringió el Canon 19 (4 L.P.R.A. Ap. IX), por haber incumplido con el deber de información que conlleva toda relación abogado-cliente.

Luego de que Montes Fuentes sometiera su posición sobre las alegaciones presentadas, nombramos una Comisionada Especial para que presidiera la vista evidenciaría, aquilatara la prueba y nos preparara un informe que recogiera sus determinaciones de hechos. Examinado el informe presentado, concluimos que Montes Fuentes incurrió en las faltas imputadas.

Los hechos, según expuestos a continuación, surgen de las determinaciones fácticas de la Comisionada Especial y de los documentos que obran en el expediente.

I

La Sra. María Rolón Deliz contrató los servicios del Ledo. Gilbert Montes Fuentes para la presentación de una demanda por daños y perjuicios ante el Tribunal de Primera Instancia. Montes Fuentes, en efecto, presentó una demanda en representación de la señora Rolón Deliz, su esposo, sus hijos y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales, contra Euro-Blind, Corp., Juan Orlando Huertas, Madeline Morales Rivera y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por estos últimos. La demanda fue presentada el 29 de enero de 2003.

Mediante esta demanda, la señora Rolón Deliz y los demás codemandantes procuraban el resarcimiento de los daños alegadamente ocasionados por los demandados, en ocasión de una agresión perpetrada específicamente por la codemandada Madeline Morales Rivera. Se alegó que la señora Rolón Deliz estaba trabajando para la compañía Euro-Blind, cuyo dueño era el también codemandado Juan Orlando Huertas, cuando la esposa de éste, Madeline Morales Rivera, entró y la agredió sin justificación alguna. En particular, se adujo que —sin que mediara provocación— la señora Morales Rivera le cortó los brazos y el rostro con una navaja de afeitar. Por tales daños, la señora Rolón Deliz y los demás codemandantes solicitaron una indemnización que, en total, ascendía a $90,000.

Por esos mismos hechos, la señora Rolón Deliz presentó una denuncia contra la señora Morales Rivera. Véase Pueblo v. Madeline Morales, DIC-2003G0016. Adjudicado el asunto, el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, declaró a la señora Morales Rivera culpable por el delito de tentativa de agresión agravada y violación al Art. 5.05 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. sec. 458b.

Después de presentada la demanda contra Euro-Blind y los demás codemandados, la señora Rolón Deliz intentó conseguir información del caso a través de Montes Fuentes. No obstante, todas sus gestiones resultaron infructuosas. Dado que había transcurrido mucho tiempo desde la presentación de la demanda sin obtener información sobre el desarrollo del caso, el 2 de mayo de 2005 la señora Rolón Deliz y su esposo acudieron directamente al tribunal para indagar al respecto. Fue entonces que se les informó que desde el 27 de febrero de 2004 la demanda había sido desestimada con perjuicio por no haberse cumplido con el diligenciamiento de los emplazamientos en el término correspondiente. En particular, la sentencia en cuestión expresa lo siguiente:

Transcurrido el término de seis (6) meses provisto por la Regla 4.3(b) de Procedimiento Civil sin que aparezca de los autos que el emplazamiento haya sido diligenciado, o se haya prorrogado por justa causa dentro del término original aludido, se tiene a la parte actora por desistida de su acción, con perjuicio. Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, 27 de febrero de 2004.

Del expediente surge que Montes Fuentes había presentado el 17 de febrero de 2004 una “Moción solicitando nuevos emplazamientos”, en la que adujo que no había podido conseguir a los demandados para diligenciar los emplazamientos correspondientes. Dicha solicitud fue resuelta con un “no ha lugar” el 5 de marzo de 2004, después de la fecha cuando se desestimó la reclamación.

Posteriormente, el 25 de agosto de 2004, Montes Fuentes presentó una moción de relevo de sentencia para que se dejara sin efecto la sentencia emitida, ya que nunca se le emitió una orden de mostrar causa. La solicitud fue declarada “no ha lugar” mediante una orden emitida el 1 de septiembre de 2004. En dicha orden, el tribunal hizo cons-tar lo siguiente:

El presente caso fue radicado el 29 de enero de 2003. Transcurrido un año el 27 de febrero de 2004, el tribunal dictó sentencia conforme a la Regla 4.3(b) por no haberse diligenciado emplazamiento en el término de seis meses. De hecho, transcurrió un año y no se solicitó prórroga dentro del término provisto en la referida regla.

Una vez enterada de la desestimación de la demanda, la señora Rolón Deliz intentó comunicarse con Montes Fuentes pero, nuevamente, no fue posible. En vista de ello, optó por contratar los servicios del Ledo. Israel Medina Colón para que la ayudara a comunicarse con Montes Fuentes y para informarle a éste la intención de presentar una reclamación en su contra. Dicho letrado intentó comunicarse con Montes Fuentes al teléfono que consta en el registro correspondiente del Colegio de Abogados, pero no obtuvo respuesta. Posteriormente, le envió una carta certificada con acuse, pero no fue reclamada.

Más tarde, el licenciado Medina Colón logró contacto telefónico con Montes Fuentes y le envió por fax la carta mencionada. En esta conversación, Montes Fuentes le indicó al licenciado Medina Colón que se proponía corregir la situación de la señora Rolón Deliz, solicitando nuevamente algún tipo de revisión, ya fuera en el tribunal de instancia o en el foro apelativo.

Al cabo de un tiempo, y en vista de la ausencia de actos afirmativos por parte de Montes Fuentes, el licenciado Medina Colón le envió otra carta certificada con acuse, la cual también fue devuelta. Igual que en las ocasiones anteriores, esta carta había sido enviada a la dirección conocida de Montes Fuentes.

En vista de lo ocurrido, el 7 de marzo de 2006 la señora Rolón Deliz presentó una demanda por daños y perjuicios contra Montes Fuentes, Jane Doe, la Sociedad Legal de Bienes Gananciales y las compañías de seguro A, B y C. En la demanda, la señora Rolón Deliz alegó, en esencia, que las actuaciones negligentes de Montes Fuentes, al no cum.plir con sus responsabilidades éticas en el manejo del caso que le fue asignado, ocasionaron la pérdida de su causa de acción por los hechos ocurridos en la corporación Euro-Blind. Por tal razón, reclamó una compensación no menor de la que solicitó en dicho caso; o sea, $90,000.()

Posteriormente, la señora Rolón Deliz presentó una queja ante nos contra Montes Fuentes, detallando lo ocurrido y aduciendo que éste fue negligente en el manejo de su caso, lo que ocasionó que perdiera la oportunidad de recuperar algún tipo de compensación por los daños y perjuicios sufridos por lo ocurrido en Euro-Blind.

Examinada la queja presentada, le concedimos un término a Montes Fuentes para someter su contestación. En cumplimiento con lo anterior, éste compareció para alegar —en esencia— que la ausencia de comunicación que hubo entre él y la señora Rolón Deliz fue causada por esta última, dado que no podía ser localizada en los teléfonos que había provisto. A su vez, adujo que no pudo emplazar a los demandados en el término correspondiente también por causa de la señora Rolón Deliz, ya que alegadamente ésta se comprometió a conseguir la dirección de los demandados y no lo hizo. Según relató, en vista de que se estaba celebrando el caso criminal contra la codemandada Madeline Morales Rivera, la señora Rolón Deliz le avisaría a su paralegal la fecha de las vistas para que se le pudiera emplazar en el tribunal. Señaló, además, que aunque conocía la ubicación de Euro-Blind y del negocio de la señora Morales Rivera (Rizzos), no pudo localizar a los demandados en ninguno de ellos porque, según la emplazadora, se estaban escondiendo.

Montes Fuentes acompañó su contestación con una declaración jurada de una ex secretaria y del mencionado paralegal, en la que ambos afirman que había problemas para conseguir a la señora Rolón Deliz y que ésta se había comprometido a ayudar a localizar a los demandados, mas no lo hizo. Además, incluyó una hoja de trámite de la que se desprenden varias anotaciones sobre el incidente de agresión, aparentemente tomadas en distintas fechas: una el 10 de octubre de 2002, otra el 18 de febrero de 2003 y otra el 10 de junio del mismo año. Asimismo, incluyó una carta con fecha de 7 de octubre de 2002, en la que le indicaba a la señora Rolón Deliz que no la había podido conseguir a sus teléfonos y que necesitaba con prontitud los nombres de sus hijos para poder presentar la demanda.

Recibida y analizada la contestación presentada por Montes Fuentes, remitimos el asunto a la Oficina del Procurador General para la investigación e informe del asunto. Examinado el informe sometido, ordenamos la presentación de la querella correspondiente. Posteriormente, nombramos a la Hon. Eliadis Orsini Zayas como Comisionada Especial, quien concluyó que Montes Fuentes incurrió en las faltas imputadas y recomendó su separación indefinida del ejercicio de la profesión.

A la luz del trasfondo fáctico y procesal mencionado, debemos resolver si Montes Fuentes infringió los Cánones 18 y 19 del Código de Etica Profesional, supra. Para llegar a una conclusión a esos efectos, debemos determinar si éste no desplegó la debida diligencia en el manejo del caso que le fue encomendado por la señora Rolón Deliz y si no la mantuvo informada sobre su desarrollo y desenlace.

II

Como es sabido, el Canon 18 del Código de Etica Profesional, supra, versa sobre el deber de competencia y diligencia del abogado en la tramitación de las causas que se le encomiendan. En particular, dispone que “[e]s deber del abogado defender los intereses del cliente diligentemente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y responsable”. Id. Véase, además, In re Pujol Thompson, 171 D.P.R. 683 (2007). Conforme a ello, hemos expresado que la desidia, el desinterés, la inacción y la displicencia como patrón de conducta en la representación del cliente violan las disposiciones del Código de Etica Profesional. In re Santos Rivera, 172 D.P.R. 703 (2007).

El deber de diligencia expuesto en el referido Canon implica que todo miembro de la profesión legal tiene la obligación ética de defender los intereses de su cliente con el compromiso de emplear la mayor capacidad, lealtad, responsabilidad, efectividad y la más completa honradez. In re Mulero Fernández, 174 D.P.R. 18 (2008); In re Meléndez La Fontaine, 167 D.P.R. 111 (2006). Por lo tanto, este deber se infringe cuando el abogado asume una representación legal consciente de que no puede rendir una labor idónea, competente o que no puede prepararse adecuadamente para atender el caso, sin que ello apareje gastos o demoras irrazonables a su cliente o a la administración de la justicia. In re Meléndez Figueroa, 166 D.P.R. 199 (2005).

Por otro lado, el Canon 19, supra, postula que el abogado debe mantener a su cliente siempre informado de todo asunto importante que surja en el desarrollo del caso. Véase, además, In re Alonso Santiago, 165 D.P.R. 555 (2005). Evidentemente, esta exigencia es elemento imprescindible en la relación fiduciaria que existe entre abogado y cliente. Véase In re García Muñoz, 170 D.P.R. 780 (2007).

Al interpretar este precepto, hemos afirmado que un abogado debe mantener a su cliente informado de las gestiones realizadas y del desarrollo de los asuntos a su cargo, consultándole cualquier duda sobre aquello que no caiga en el ámbito discrecional. Véase In re Acosta Grubb, 119 D.P.R. 595 (1987). Incluso, hemos resuelto que se viola el Canon 19, supra, cuando no se atienden los reclamos de información del cliente, no se le informa del resultado ad-verso de la gestión encargada, la acción se desestima o se archiva, no se mantiene al cliente al tanto del estado o la situación procesal del caso, o simplemente se le niega información sobre su caso. Véanse: In re Mulero Fernández, supra; In re Vélez Valentín, 124 D.P.R. 403 (1989).

Con este marco normativo en mente, pasamos a disponer concretamente del asunto ante nuestra consideración.

III

Aquí, no existe controversia en cuanto al hecho de que la reclamación de la señora Rolón Deliz fue desestimada con perjuicio, porque los emplazamientos no se diligenciaron en el término correspondiente. De hecho, tampoco se ha puesto en duda que Montes Fuentes no solicitó prórroga en momento alguno y que pasó más de un año sin que se intentaran obtener nuevos emplazamientos. A su vez, no existe controversia en cuanto al hecho de que Montes Fuentes no solicitó revisión de la sentencia mediante la cual se desestimó la reclamación de la señora Rolón Deliz y los demás codemandantes, por lo que advino final y firme.

Ahora bien, Montes Fuentes justifica la falta de diligenciamiento de los emplazamientos en el término correspondiente, aduciendo una ausencia de comunicación entre él y la señora Rolón Deliz. Según expuso en su contestación a la queja, la señora Rolón Deliz quedó en proveerle la dirección de los demandados y no lo hizo. Además, alegó que ésta se comprometió a informarle a su paralegal las fechas de las vistas relacionadas al caso criminal que se ventilaba contra la señora Morales Rivera, mas no cumplió con lo prometido. Partiendo de ello, Montes Fuentes aduce que la verdadera responsable de que no se hubieran diligenciado los emplazamientos oportunamente fue la propia señora Rolón Deliz. No estamos de acuerdo.

Del expediente surge que Montes Fuentes conocía la ubicación de Euro-Blind y del negocio de la señora Morales Rivera, por lo que prácticamente tenía a la mano las direcciones de todos los demandados. Si bien éste alegó que no los pudo localizar en tales direcciones, lo cierto es que no presentó prueba alguna para sustentar dicha afirmación. De hecho, aun cuando así hubiera sido, Montes Fuentes pudo demostrarle al tribunal las gestiones realizadas infructuosamente para encontrar a los demandados, de manera que se le permitiera emplazarlos mediante edicto.

No obstante, Montes Fuentes optó por cruzarse de brazos sin siquiera presentar ante el tribunal una moción de prórroga o alguna otra solicitud dirigida a mantener viva la causa de acción de sus clientes. No fue hasta el 17 de febrero de 2004, es decir, un año y un mes de presentada la demanda, que Montes Fuentes presentó una moción para nuevos emplazamientos, en la que adujo que no había podido conseguir a los demandados. Esta solicitud fue denegada poco después que el tribunal desestimara la reclamación. A su vez, luego de transcurridos casi seis meses desde que se desestimó la demanda, Montes Fuentes presentó una moción de relevo de sentencia, amparándose en que el tribunal de instancia nunca le ordenó mostrar causa antes de desestimar la reclamación. Esa moción también fue denegada por el foro primario.

Claramente, las gestiones mencionadas fueron realizadas a completo destiempo, por lo que resultaban insuficientes para salvaguardar los derechos de sus clientes. Por un lado, la moción para la expedición de nuevos emplazamientos estaba huérfana de fundamentos y se presentó fuera del término de seis meses que proveen las reglas vigentes. Por su parte, la moción de relevo de sentencia no esbozó fundamento alguno de los contemplados en la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, de manera que se pudiera mover afirmativamente la discreción del juzgador.

Por lo tanto, no cabe duda de que Montes Fuentes no desplegó en este caso toda la diligencia y esmero posibles, permitiendo que se desestimara la reclamación de sus clientes y que perdieran la oportunidad de recuperar su causa de acción mediante el empleo de los recursos apelativos adecuados. Ya hemos afirmado que “aquella actuación negligente que pueda conllevar o que, en efecto, conlleve la desestimación o el archivo de un caso o la pérdida del derecho a reclamar judicialmente, se configura violatoria del citado Canon 18”. In re Mulero Fernández, supra, pág. 30. Véase In re Hoffman Mouriño, 171 D.P.R. 567 (2007).

De hecho, las gestiones realizadas a destiempo por Montes Fuentes reflejan, no sólo la dejadez y falta de diligencia en su desempeño profesional, sino que evidencian una marcada ausencia de conocimiento sobre las reglas procesales. Nótese que, en lugar de apelar la sentencia desestimatoria, Montes Fuentes presentó una moción de relevo de sentencia. En su contestación a la querella, éste justificó su proceder aduciendo lo siguiente: “[n]os llega una Sentencia en marzo del 2004 por no haber emplazado y optamos por una Regla 49 de las de Procedimiento Civil la cual me da hasta 6 meses para reclamar desde que se registró la Sentencia.” (Énfasis suplido.) Contestación a querella, pág. 2. Evidentemente, ello resalta el desconocimiento de Montes Fuentes sobre la utilización correcta de nuestras reglas procesales, en cuanto pasa por alto, entre otras cosas, que la moción de relevo de sentencia no puede ser utilizada en sustitución de los recursos ordinarios de revisión judicial y que —aunque las reglas conceden hasta un máximo de seis meses— ésta se debe presentar dentro de un término razonable. Véanse: Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra; Náter v. Ramos, 162 D.P.R. 616 (2004).

Por último, conviene aclarar que la Comisionada Especial le confirió poco valor probatorio a la evidencia presentada por Montes Fuentes para demostrar que fue la señora Rolón Deliz quien se mantuvo incomunicada. Las versiones ofrecidas por el paralegal de Montes Fuentes y su ex secretaria en las declaraciones juradas sometidas no pudieron ser confrontadas con el testimonio de éstos, ya que no fueron presentados como testigos. Igualmente, la hoja de trámite que contiene anotaciones aparentemente tomadas en fechas distantes entre sí, no constituye prueba suficiente para sostener que la señora Rolón Deliz se comunicó con Montes Fuentes únicamente en esas ocasiones. De hecho, las anotaciones incluidas en la hoja de trámite parecen haber sido tomadas por distintas personas y algunas partes tienen tachaduras y borrones. A su vez, la carta enviada a la señora Rolón Deliz no constituye prueba sobre su alegada incomunicación en el momento procesal que nos concierne, ya que se refiere al periodo de tiempo anterior a la presentación de la demanda.

Ahora bien, aun si diéramos por cierto que la señora Rolón Deliz fue quien se mantuvo incomunicada y que ello le impidió a Montes Fuentes lograr el diligenciamiento de los emplazamientos, de todas maneras llegaríamos a la conclusión de que éste no actuó con la diligencia y el celo requeridos en el manejo del caso. Si realmente Montes Fuentes estaba impedido de ofrecerles a sus clientes una asistencia profesional adecuada por la falta de cooperación de éstos, entonces debió acudir al tribunal y solicitar ser relevado de la representación legal. Al haber mantenido la representación legal de la señora Rolón Deliz y de los demás codemandantes, Montes Fuentes asumió las responsabilidades que eso conlleva y, por ende, debió actuar en todo momento con la diligencia y el esmero requeridos por las normas deontológicas que rigen el ejercicio de la profesión.

Por otro lado, resulta evidente que Montes Fuentes incumplió con el deber de información que supone toda relación abogado-cliente. Este fue informado de la sentencia emitida por el foro de instancia en la que se desestimaba la reclamación el 5 de marzo de 2004. Sin embargo, en ningún momento se comunicó con la señora Rolón Deliz y los demás codemandantes para notificarles lo ocurrido. No fue hasta que la propia señora Rolón Deliz acudió al tribunal en busca de información que ésta logró conocer el resultado del caso.

Claramente, la conducta de Montes Fuentes no se ajustó a los estándares exigidos por el Canon 19, supra. Al no mantener a sus clientes informados del desarrollo del caso, Montes Fuentes les impidió conocer oportunamente sobre la desestimación decretada por el foro primario. Ya hemos afirmado que, dictada una sentencia en un caso que pone fin parcial o totalmente a la causa de acción, es obligación del abogado informar a su cliente sobre lo acaecido. In re Colón Morera, 172 D.P.R. 49 (2007). Por lo tanto, no cabe duda de que Montes Puentes incurrió en violación al deber de información presentado en el Código de Etica Profesional, con la grave consecuencia de que no puso a sus clientes en posición de determinar si deseaban ejercer su derecho a solicitar la revisión judicial.

IV

Al determinar la sanción disciplinaria que se le debe imponer a un abogado que ha incurrido en conducta reñida con los cánones del Código de Etica Profesional, he-mos tomado en consideración los factores siguientes: (i) la buena reputación del abogado en la comunidad; (ii) su historial previo; (iii) si ésta constituye su primera falta y si ninguna parte ha resultado perjudicada; (iv) la aceptación de la falta y su sincero arrepentimiento; (v) si se trata de una conducta aislada; (vi) el ánimo de lucro que medió en su actuación; (vii) el resarcimiento al cliente, y (vii) cualesquiera otras consideraciones, ya bien atenuantes o agravantes, que medien en los hechos del caso. Véase In re Mulero Fernández, supra.

En el caso de autos, resulta evidente que se configura la circunstancia agravante de que la señora Rolón Deliz y los demás codemandantes resultaron seriamente perjudicados por la falta de diligencia y de celo profesional exhibidos por Montes Fuentes en el manejo del caso encomendado. Igualmente, nos encontramos con el agravante de que Montes Fuentes, no sólo ha negado su responsabilidad por lo ocurrido, sino que ha intentado responsabilizar a sus clientes por faltas claramente imputables a su persona. Asimismo, y precisamente por la falta de aceptación de las faltas cometidas, Montes Fuentes no ha mostrado arrepentimiento alguno por los daños ocasionados. A su vez, es de notar que Montes Fuentes no ha intentado siquiera resarcir a la señora Rolón Deliz y los demás codemandantes aun cuando existe una reclamación en su contra con miras a lograr ese resultado.

Finalmente, creemos que constituye un notable agravante en este caso, el hecho de que las faltas cometidas por Montes Fuentes parecen responder a un patrón de conducta displicente. Este, tras acoger el caso de la señora Rolón Deliz no emplazó a los demandados; no presentó moción de prórroga; no solicitó nuevos emplazamientos oportunamente, tampoco recurrió de la determinación adversa, ni les notificó lo ocurrido a sus clientes. De igual manera, Montes Fuentes se mantuvo incomunicado, al extremo de que las cartas que le enviaba el licenciado Medina Colón por correo certificado generalmente no eran reclamadas.

La consideración de los factores señalados en las circunstancias de este caso nos lleva a concluir que, si bien Montes Fuentes no ha sido objeto de medidas disciplinarias en ocasiones anteriores, ha incurrido en conducta que configura numerosos agravantes y que resulta sumamente lesiva a los intereses de sus clientes y a la imagen de la profesión.

V

Por los fundamentos expuestos, concluimos que el Ledo. Gilbert Montes Fuentes violó los Cánones 18 y 19 del Código de Etica Profesional, supra. En consideración a la totalidad de las circunstancias que rodean el caso de autos, se le suspende indefinidamente del ejercicio de la profesión.

Se le impone el deber de notificar a todos sus clientes de su actual inhabilidad para seguir representándolos, les devuelva cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e informe oportunamente de su suspensión a los distintos foros judiciales y administrativos del país. El Alguacil de este Tribunal se incautará inmediatamente de la obra y el sello notarial del abogado de epígrafe para el trámite correspondiente por la Directora de la Oficina de Ins pección de Notarías. Además, deberá certificarnos en treinta días del cumplimiento de estos deberes.

Se dictará Sentencia de conformidad.

      (1) Tomamos conocimiento judicial de que en el trámite de esta demanda a Montes Fuentes se le anotó la rebeldía y que aún se encuentra pendiente de adjudicación. Al preguntársele por el status de ese caso durante la vista inicial ante la Comisionada Especial (después de la cual se sometió el caso por el expediente), Montes Fuentes indicó no recordar en qué etapa se encuentra y expresó que sólo recordaba que había sido emplazado.


author: Jueza Asociada Señora Fiol Matta.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Antulio Nieves Hernández, peticionario.

      Número: CC-2007-952

      Resuelto: 30 de septiembre de 2008

      Ivandeluis Miranda, abogado de la parte peticionaria; Salvador J. Antonetti Stutts, procurador general, y Ricardo E. Alegría Pons, procurador general auxiliar, paite recurrida.
   SENTENCIA

En esta ocasión, nos corresponde determinar si erró el Tribunal de Apelaciones al revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia para declarar “con lugar” una solicitud de supresión de evidencia presentada por el peticionario. Por entender que el Tribunal de Primera Instancia erró manifiestamente al invertir el peso de la prueba para suprimir la evidencia objeto de un registro realizado mediante una orden judicial, confirmamos el dictamen recurrido.

I

Un confidente que había prestado información confiable a la Policía de Puerto Rico en el pasado alertó al agente Charlie Pérez Feliciano que el Sr. Antulio Nieves Hernández se dedica a comprar propiedad hurtada y que recientemente había comprado ilegalmente varias armas de fuego con el propósito de venderlas en el mercado de contrabando. Para corroborar esta información, el agente Pérez Feliciano procedió con el informante a localizar la residencia del señor Nieves Hernández en un vehículo oficial no rotulado. Allí identificaron al señor Nieves Hernández en las afueras de su residencia.

Alegadamente, el confidente se bajó del vehículo y simuló la intención de comprar un arma de fuego. En aras de realizar una transacción, el señor Nieves Hernández entró a su residencia y regresó a los dos minutos portando un revólver color “cromado” con cachas de madera. Luego de que el señor Nieves Hernández le demostrara y entregara dicha arma de fuego, el confidente se la devolvió a éste y regresó al vehículo donde esperaba el agente Pérez Feliciano.

Con el propósito de obtener una orden de registro, el agente Pérez Feliciano hizo una declaración jurada en la que describió detalladamente los sucesos mencionados, así como la localización de la residencia en donde acontecieron. Examinada la declaración jurada, el Tribunal de Primera Instancia emitió una orden de registro y allanamiento contra la residencia del señor Hernández Nieves.

Al diligenciarse la orden, el señor Nieves Hernández voluntariamente aceptó poseer armas de fuego y dirigió a los agentes del orden público a localizar algunas de éstas. Así las cosas, los oficiales de la Policía ocuparon varias armas de fuego en distintos lugares de la residencia.

Como resultado de ese allanamiento, el Ministerio Público presentó ocho denuncias contra el señor Nieves Hernández por violación a los Arts. 5.06, 5.07, 5.10 y 6.01 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. secs. 458e, 458f, 458i y 459. Posteriormente, el Tribunal de Primera Instancia determinó causa probable para acusar al señor Nieves Hernández por la comisión de estos delitos. Luego de los incidentes procesales de rigor, el señor Nieves Hernández solicitó la supresión de la evidencia que le fue incautada mediante el mecanismo provisto por la Regla 234 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II.

Celebrada la vista evidenciaría, el Tribunal de Primera Instancia suprimió la prueba incautada y archivó las acusaciones contra el señor Nieves Hernández. El foro de instancia concluyó que, cuando un acusado alega en una moción de supresión de evidencia que el testimonio prestado por el agente que hizo las vigilancias que motivó la expedición de la orden de registro es estereotipado, le corresponde al Ministerio Público el peso de la prueba para demostrar lo contrario. A pesar de que el agente Pérez Feliciano reprodujo la misma narración de los hechos que expuso en la declaración jurada mencionada, el tribunal de instancia no le dio credibilidad al testimonio prestado por éste en dicha vista evidenciaría.

Por no estar de acuerdo con dicho dictamen, el Ministerio Público acudió al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de certiorari. Dicho foro apelativo expidió el auto y revocó al Tribunal de Primera Instancia. En síntesis, determinó que el agente Pérez Feliciano proveyó una descripción detallada de la actividad ilegal que presenció.

Examinado el recurso, acordamos expedir el auto. Con el beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos a resolver.

II

Sabido es que el Art. II, Sec. 10, de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, establece que sólo se expedirán mandamientos para autorizar registros, allanamientos o arrestos por autoridad judicial, y ello únicamente cuando exista causa probable apoyada en juramento o afirmación, describiendo el lugar que se registrará y las personas que serán detenidas. Además, dicho precepto constitucional dispone que la evidencia obtenida en violación de esta sección es inadmisible en los tribunales.

Ello exige que la determinación judicial de causa probable se apoye en una declaración jurada o afirmación que se sustente mediante premisas verdaderas y razonables. Asimismo, la determinación de causa probable necesaria para expedir una orden de registro o allanamiento, descansa en la probabilidad de que exista determinado objeto ilegal incautable y que ese objeto se encuentre en el lugar que habrá de registrarse o allanado. Pueblo v. Camilo Meléndez, 148 D.P.R. 539, 555 (1999).

Ahora bien, hemos expresado reiteradamente que al determinar si existe o no causa probable para expedir una orden de allanamiento no estamos llamados a establecer si la ofensa que se imputa fue verdaderamente cometida. En esencia, sólo nos corresponde determinar si el deponente tuvo base razonable, al momento de prestar su declaración jurada y haberse librado la orden de registro, para creer que se estaba violando la ley en el lugar a ser allanado. Pueblo v. Ortiz Alvarado, 135 D.P.R. 41, 47 (1994); Pueblo v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 19, 25 (1964). De igual forma, al pasar juicio sobre la causa probable que justifica la expedición de una orden, debemos dilucidar si los hechos aparentes que se desprenden de la declaración jurada son de tal naturaleza que una persona prudente y razonable pudiera creer que se ha cometido la ofensa imputada. Pueblo v. Valenzuela Morel, 158 D.P.R. 526, 543 (2003); Pueblo v. Santiago Avilés, 147 D.P.R. 160, 167 (1998).

Por otro lado, la Regla 234 de Procedimiento Criminal, supra, provee un mecanismo procesal excepcional para suprimir evidencia obtenida en contravención con lo expuesto. Dicha regla constituye un mecanismo para hacer efectiva la protección constitucional contra registros o allanamientos ilegales o irrazonables. Pueblo v. Blasé Vázquez, 148 D.P.R. 618 (1999). Véase, además, O.E. Resumil, Práctica jurídica de Puerto Rico, derecho procesal penal, San Juan, Ed. Equity, 1990, T. 1, pág. 276. Sin embargo, una vista de supresión de evidencia no equivale a un juicio en su fondo, pues no se dilucida en ésta la culpabilidad o inocencia del acusado. Esa vista se debe circunscribir a considerar si el registro efectuado fue o no razonable. Pueblo v. Rivera Rivera, 117 D.P.R. 283 (1986).

En vista de ello, debemos distinguir entre un registro y allanamiento realizado mediante un mandamiento judicial y el que se efectúa sin esa orden previa. Es un principio firmemente establecido en nuestro ordenamiento constitucional que cualquier registro, allanamiento o incautación realizados sin una orden judicial previa se presume irrazonable y, por ende, inválido. Por consiguiente, en ausencia de una orden judicial le corresponde al Estado probar la razonabilidad y validez del registro y allanamiento. Pueblo v. Loubriel, Suazo, 158 D.P.R. 371, 380 (2003).

Por otro lado, cuando el registro se efectúa al amparo de una orden judicial impera una presunción de legitimidad, pues toda determinación judicial se acompaña de una presunción de corrección. En esos casos, el acusado tiene el peso de la prueba para rebatir la legalidad y razonabilidad de la actuación gubernamental.

A su vez, y como bien señala el profesor Ernesto Chiesa,

... el juez que adjudica una moción de supresión de evidencia incautada mediante previa orden judicial, impugnada por alegada ausencia de causa probable ... debe guardar cierta deferencia a la inicial determinación de causa probable que hizo el magistrado que expidió la orden .... Nos parece que una vez obtenida la orden, la mejor norma es que la ulterior revisión judicial de tal determinación se guíe bajo el principio general de que la función judicial revisora será determinar si había base suficiente para que un magistrado determinara causa probable; debe rechazarse la norma de que se haga una determinación de novo de causa probable. (Enfasis suplido.) E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Bogotá, Ed. Forum, 1992, Vol. I, pág. 370.

Ante tales supuestos, hemos expresado que la declaración jurada que sirvió de base para la expedición de la or-den de allanamiento es suficiente cuando el testimonio del agente que intervino en la investigación describe detalladamente el lugar que habrá de registrarse y las personas que serán detenidas. Para impugnar la razonabilidad de un registro realizado al amparo de una determinación judicial, el acusado debe probar que el testimonio que dio lugar al mandamiento fue vago o estereotipado, porque “se reduce a establecer los elementos mínimos necesarios para sostener un delito sin incluir detalles imprescindibles para reforzarlos”. Pueblo v. Rivera Rodríguez, 123 D.P.R. 467, 480 (1989). Véase Pueblo v. González del Valle, 102 D.P.R. 374, 376 (1974).

Con este marco normativo en mente, procedemos a resolver la controversia ante nos.

III

Aquí, el Tribunal de Primera Instancia atendió la solicitud de supresión de evidencia como si se tratara de un registro sin una orden judicial y le correspondiera al Estado rebatir la presunción de ilegalidad de éste. Ello, a pesar de que el registro y allanamiento de la residencia del señor Nieves Hernández se realizó al amparo de un mandamiento judicial para tales propósitos.

Aparentemente, este error manifiesto del foro de instancia fue motivado por la sugerencia del señor Hernández Nieves, sin prueba o argumentación alguna al respecto, de que el testimonio del agente Pérez Feliciano fue estereotipado. Tal premisa equivocada es evidente, dado que, en la vista de supresión de evidencia, el juez de instancia concluyó que “[e]l Ministerio Público tiene que rebatir esa presunción con prueba que establezca que el testimonio es uno creíble, yendo más allá de los datos indispensables para probar los requisitos mínimos de un delito”. (Enfasis suprimido.) Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 7. Este razonamiento es errado, pues este caso no versa sobre un registro y allanamiento sin una orden donde la imputación de testimonio estereotipado generaría una obligación del Ministerio Público de probar lo contrario, sino de una intervención gubernamental autorizada por un funcionario judicial neutral que determinó que la declaración jurada del agente Pérez Feliciano resultaba suficiente para expedir dicho mandamiento.

Por otro lado, surge del expediente que tanto la declaración jurada como el testimonio del agente Pérez Feliciano proveyeron una descripción sumamente detallada y particularizada de la actividad ilegal que presenció. A pesar de que el agente no corroboró si el señor Nieves Hernández poseía una licencia para poseer armas de fuego, ese dato era impertinente ante la realidad fáctica de que no la poseía y que el confidente que colaboró con la investigación simuló una transacción voluntaria con el acusado sin que se cumplieran con ninguna de las formalidades estrictas que impone la ley para la compraventa en el mercado de armas de fuego.

Por consiguiente, el señor Nieves Hernández no ha demostrado mediante preponderancia de la prueba la ilegalidad imputada para rebatir la causa probable que dio lugar al mandamiento judicial autorizando el registro y allanamiento. Evidentemente, el Tribunal de Apelaciones actuó correctamente al revocar la resolución del foro de instancia, pues éste cometió un error manifiesto al suprimir la evidencia y ordenar el archivo de los cargos presentados contra el señor Nieves Hernández.

IV

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto solicitado, se confirma la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que continúe con los procedimientos según lo aquí dispuesto.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

La Juez Asociada Señora Fiol Matta disintió con una opinión escrita.

Opinión disidente emitida por la

Jueza Asociada Señora Fiol Matta.

Disiento de la sentencia de este Tribunal, porque entiendo que en este caso no concurren las circunstancias que justifican que los foros apelativos sustituyan con su criterio el del Foro de Primera Instancia. Reinstalaría la determinación del tribunal de instancia que ordena la supresión del testimonio del agente Pérez Feliciano y devolvería para que se continuaran los procedimientos. Tal conclusión se fundamenta en el Derecho y en los siguientes hechos que la mayoría del Tribunal ignora en su sentencia. Contra el Sr. Antulio Nieves Hernández (peticionario) se diligenció una orden de registro y allanamiento. Como fruto de ese registro, se incautó material ilegal consistente en armas de fuego y se presentaron acusaciones por infracción al Art. 5.06, 5.07, 5.10 y 6.01 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. secs. 458e, 458f, 458i y 459. El peticionario instó oportunamente una moción de supresión de evidencia al amparo de la Regla 234 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, para que se excluyera el testimonio que fundamentó la expedición de la orden de allanamiento. Según el Foro de Primera Instancia, el peticionario argüyó en su moción que la orden de registro y allanamiento era insuficiente y obtenida de forma contraria al Derecho; que por ser una orden ultra vires, se trata de un registro sin orden y que el testimonio que suscitó la orden de allanamiento era vago, contradictorio y, en fin, estereotipado. El Tribunal de Primera Instancia celebró una vista evidenciaría para dirimir la solicitud del peticionario.

A continuación, reproducimos lo acaecido en la vista evidenciaría según la Resolución del Tribunal de Primera Instancia.

Durante la vista evidenciaría, el peticionario reiteró los planteamientos esbozados en su Moción. Adujo que el agente Charlie Pérez Feliciano prestó vigilancia fundamentado en una información dada por un confidente, sin tener el conocimiento personal de la confidencia alegada y que de la propia observación del agente Pérez Feliciano no se percibe un acto ilegal o una transacción de arma de fuego.

Por su parte, el Ministerio Público alegó que la declaración prestada por el agente Pérez Feliciano fue suficiente en derecho para expedir una orden de registro y allanamiento y que su testimonio no fue estereotipado.

El agente Pérez Feliciano testificó en la vista evidenciaría que, para el 5 de agosto de 2006, estaba investigando una confidencia con relación a un señor que se dedicaba a la compra y venta de armas de fuego. Entrevistó a un confidente que anteriormente había ofrecido información conducente al arresto y convicción de varias personas en el área de Aguadilla. El agente testificó que el confidente describió y nombró al peticionario como alguien que se dedica a la compra de propiedad hurtada, que recientemente había comprado armas de fuego y que las tenía para la venta. El confidente le describió la residencia del peticionario y brindó su dirección física. El agente Pérez Feliciano indicó que tras comunicarse con su supervisor sobre estos particulares, recibió instrucciones para que investigara la confidencia. El agente Pérez Feliciano relató que fue con el informante a localizar la residencia del peticionario y que al llegar al lugar, el confidente lo señaló. Posteriormente, el agente testificó que planificó con el informante llevar a cabo una simulación de compra de un arma de fuego. Dijo que el día pautado, se personaron ambos a la residencia del peticionario en un automóvil confidencial; que el confidente llamó al peticionario, quien salió de su casa y dialogó con el confidente antes de entrar a la casa del peticionario. Relata el agente que, al cabo de varios minutos, el informante salió con un revólver “cromeado” y cachas en madera en la mano derecha. El agente testificó que tras tenerlo en sus manos, el informante procedió a devolverle el revólver al peticionario, dialogaron un rato y se despidieron. El peticionario regresó al interior de su residencia y el confidente al vehículo confidencial. El agente indicó que le informó lo sucedido a su supervisor y que éste le dio instrucciones de hacer una declaración jurada y consultar con el Fiscal para obtener una orden de registro y allanamiento.

A preguntas de la defensa, el agente Pérez Feliciano declaró que: (1) su plan era simular una compra de arma de fuego; (2) no verificó si el peticionario poseía arma de fuego; (3) a su entender el arma era real y no de juguete, y (4) no se consumó la compra porque no había dinero. Sobre el confidente, el agente declaró que no se le dio dinero porque no confiaba en él, pues tenía problemas de drogas y que no conocía su nombre, sólo su apodo, a pesar de ser un confidente participante. Finalmente, adujo el agente que no llevó a cabo más vigilancias porque a su entender, el hecho de darle el arma al confidente era un delito.

El Tribunal de Primera Instancia concluyó que los hechos del caso, según plasmados en la declaración jurada del agente Pérez Feliciano, así como relatados en su testimonio en corte, “establecen unos datos que nos llevan a concluir que la información alegada por el agente investigador, que dio motivos a la expedición de la orden de registro y allanamiento no ocurrieron como se plantean”. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 7. El foro primario determinó que una confidencia de la naturaleza como la del caso de autos, que relaciona a un individuo con la compra y venta de armas, debió haber sido investigada más minuciosamente. El tribunal entendió que la declaración ofrecida por el agente Pérez Feliciano contenía “muy pocos detalles sobre la investigación, el confidente y el acto delictivo a plena vista”. Id. El tribunal también opinó que el mejor curso a seguir hubiera sido llevar a cabo una compra del arma, para así tener prueba del acto delictivo al ocuparse el arma. El hecho de que no se le pidió una licencia de portación de armas le resultó al tribunal un hecho “incomprensible”, así como la contradicción que implica iniciar una investigación a base de una confidencia brindada por una persona a quien no se le puede confiar dinero y de quien no conocía su nombre a pesar de ser confidente participante. El tribunal también concluyó que el agente Pérez Feliciano fundamentó su declaración jurada en una “vigilancia flaca y descarnada y en la referencia alegada por el confidente que sorprendentemente no incluyó en la declaración jurada” como tampoco incluyó lo que le relató el confidente después de la venta simulada. (Énfasis suprimido.) íd., pág. 8. Por último, el tribunal expresó que no le daba credibilidad al testimonio prestado por el agente Pérez Feliciano, pues éste “va más allá de ser uno estereotipado a ser uno increíble y absurdo” (Énfasis en el original.) Id. Por estas razones, el Tribunal de Primera Instancia ordenó la supresión de toda la evidencia ocupada en el allanamiento ejecutado en virtud de la orden que se fundamentó en el testimonio del agente Pérez Feliciano.

El Ministerio Público recurrió de esta determinación del Tribunal de Primera Instancia.

El Tribunal de Apelaciones revocó al Foro de Primera Instancia y fundamentó su decisión en el contenido de la declaración jurada prestada por el agente Pérez Feliciano. El foro apelativo entendió que de la declaración jurada surge una descripción detallada de la actividad ilegal que presenció el agente. Del mismo documento adujo el Tribunal de Apelaciones que el agente Pérez Feliciano no incurrió en contradicciones, inconsistencias, lagunas ni vaguedades; en fin, que la declaración fue sumamente específica y detallada. Por estas razones entendió el tribunal apelativo que, según la declaración jurada, se configuró la causa probable necesaria para la emisión de una orden de registro y allanamiento, por lo que procedía la revocación de la Resolución del Tribunal de Primera Instancia y la continuación de los procedimientos.

Traído el caso ante nuestra consideración por el peticionario, paralizamos los procedimientos en auxilio de nuestra jurisdicción y expedimos el certiorari solicitado. Una vez elevados los autos, nos percatamos de que el Tribunal de Apelaciones no contó con una trascripción ni con una minuta que refleje lo sucedido en la vista evidenciaría.() Su decisión estuvo fundamentada en la declaración jurada del agente Pérez Feliciano, declaración que le pareció insuficiente al Tribunal de Primera Instancia y cuyo autor no mereció credibilidad, luego de haber prestado su testimonio en corte.

No se puede perder de perspectiva que el Tribunal de Primera Instancia tiene la oportunidad de evaluar el testimonio de un testigo ocular y particularmente

... el criterio cualitativo testimonial, a saber, la habilidad del deponente para percibir el acontecimiento, aptitud para conservarlo en su memoria, capacidad para evocarlo, modo de querer expresarlo, y cómo puede hacerlo, es esencial... “Ingredientes adicionales tales como el grado de inteligencia del testigo, su facilidad o dificultad para verbalizar y explicar, el nerviosismo natural que genera la sala de un tribunal, las expectativas de una confrontación de lo atestado con el contrainterrogatorio, el interés en el desenlace final del caso y un sin número de imponderables, imponen sobre los tribunales de instancia la más delicada función del quehacer judicial humano: el descubrir la verdad haciendo el mayor esfuerzo en dirimir prueba conflictiva y en muchas ocasiones incompleta”. Este proceso mental y realidad forense —que corresponde más bien a la disciplina de la psicología del testimonio— nunca puede ser ignorado por un tribunal. Su comprensión y aplicabilidad será en última instancia el elemento que inclinará de uno u otro lado la balanza de la justicia. (Citas y énfasis suprimidos.) Pueblo v. Morales Rivera, 112 D.P.R. 463, 464 (1982).

Según este fundamento, reiteradamente hemos resuelto que no intervendremos en la apreciación de la prueba oral que haga el Foro de Primera Instancia en ausencia de error manifiesto, prejuicio o parcialidad o si la prueba no se distancia de la realidad fáctica, o ésta no sea inherentemente imposible o increíble.() En Hernández v. San Lorenzo Const., 153 D.P.R. 405, 425 (2001), expresamos que:

... Dado que es norma reiterada por este Tribunal que las determinaciones de hecho que hace el Tribunal de Primera Instancia merecen gran deferencia y respeto por la oportunidad que tuvo el juzgador de los hechos de observar y escuchar a los testigos, la intervención del foro apelativo con esa prueba tiene que estar basada en un análisis independiente de la prueba desfilada y no a base de los hechos que exponen las partes. (Escolios omitidos.)

También hemos dicho que no podemos sustituir la apreciación de la prueba del juez sentenciador ni sus determinaciones tajantes y ponderadas con sólo un examen de un “expediente frío e inexpresivo”. Pueblo v. Rivera Robles, supra, págs. 869-871. Véase: Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 D.P.R, 420, 433 (1999); López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., 142 D.P.R. 857 (1997); Benitez Guzmán v. García Merced, 126 D.P.R. 302, 208 (1990).

En este caso, el Tribunal de Primera Instancia tuvo la oportunidad de evaluar el “criterio cualitativo testimonial” del agente Pérez Feliciano y fue bastante enfático en sus conclusiones sobre éste. El juzgador de instancia entendió como probado que el testimonio del agente, sobre el cual se fundamentó la orden de registro, fue vago y estereotipado y, por consiguiente, el mandamiento era insuficiente. En consecuencia, se justificaba que el peso de la prueba sobre la razonabilidad del registro quedara del lado del Ministerio Público. Por lo tanto, no fue un error manifiesto del tribunal inferior entenderlo así, según declara la Sentencia mayoritaria.

Por otro lado, resulta preocupante que se afirme mediante Sentencia de este Tribunal que “[a] pesar de que el agente no corroboró si el señor Nieves Hernández poseía una licencia para poseer armas de fuego, ese dato era impertinente ante la realidad fáctica de que no la poseía”. Sentencia del Tribunal, pág. 11. La Sec. 10, Art. II de la Carta de Derechos de nuestra Constitución, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 2008, pág. 326, reconoce como un derecho del pueblo “la protección de sus personas, casas, papeles y efectos contra registros y allanamientos irrazonables”. Añade que la evidencia obtenida en violación a dicho principio será inadmisible en los tribunales. Esta regla de exclusión de rango constitucional se fundamenta totalmente en consideraciones de política pública, con el propósito, entre otros, de disuadir o desalentar a los funcionarios del orden público de violar la protección constitucional. E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1991, Vol. I, pág. 284. Dicha norma no está predicada en un fundamento de la búsqueda de la verdad, por lo cual no es pertinente que la evidencia encontrada tenga o no valor probatorio.

En vista de lo anterior, la Constitución de Puerto Rico protege al pueblo de registros y allanamientos irrazonables independientemente de sus frutos, requiriendo una justificación para intervenir con la intimidad de las personas. No puede justificarse un registro irrazonable con el resultado de éste.

      (1) La Regla 29 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.RR.A. Ap. XXII-B, establece que será la parte peticionaria o apelante quien estime, si es necesario, que el Tribunal de Apelaciones considere alguna porción de la prueba oral. Si la parte determina que es necesario que el tribunal considere prueba oral, someterá una transcripción, exposición estipulada o exposición narrativa.

      (2) “Esto es particularmente cierto cuando no se hubiera elevado una exposición narrativa de la prueba oral. Lo cierto es que un foro apelativo no puede descartar las determinaciones de hecho del foro recurrido y sustituirlas por sus propias apreciaciones valiéndose meramente de un examen del expediente del caso.” H. Sánchez Martínez, Derecho Procesal Apelativo, San Juan, Ed. Lexis-Nexis, 2001, See. 3702, pág. 611. Véanse: Benitez Guzmán v. García Merced, 126 D.P.R. 302, 308 (1990); Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 D.P.R. 420, 433 (1999); Pueblo v. Calderón Hernández, 145 D.P.R. 603, 605-606 (1998).