author: El Juez Pbesidente Señob Del Tobo, JUEZ ASOCIADO SB. "WOLE

text:
    Ana María Manescau, peticionaria y apelante, v. Fernando H. Usera, Juez de la Corte Municipal de Ponce, demandado y Carmen Ramírez, interventora y apelada.
    No. 6104.

    Sometido: Diciembre 22, 1933.

      Resuelto: Febrero 2, 1934.

      B. Atiles Moréu, abogado de la apelante; Angel Fiol Negrón, abo-gado de la interventora y apelada.
   El Juez Pbesidente Señob Del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un caso en el que está envuelta la cuestión de dónde debe celebrarse el juicio.

Carmen Ramírez formuló demanda en la Corte Municipal de Ponce contra Ana María Manescau, alegando en resumen que en pleito que contra ella siguiera Ana María Manescau en dicha corte municipal en cobro de diez y ocho dólares, se embargó y remató para satisfacer la sentencia una casa de la demandante situada en Ponce que se le adjudicó a la propia Ana María Manescau, y que a la fecha del embargo y del re-mate dicha casa, que tenía un valor de trescientos cincuenta dólares, constituía el hogar seguro de la demandante y sus hijos menores de edad, estando en tal virtud exenta de embargo y de ejecución. Pide una sentencia que declare: 1, que la casa constituía el hogar seguro de la demandante y sus hi-jos; 2, que a las fechas del embargo y del remate estaba exenta de embargo y de ejecución; 3, que el embargo y el remate de la misma son nulos; 4, que condene a la deman-dada a devolver la casa a la demandante, y 5, o si ello no fuere posible, a pagarle su valor, $350, con costas.

Emplazada la demandada, compareció el 21 de marzo de 1932 y presentó simultáneamente una moción de traslado del pleito a la Corte Municipal de San Juan por ser la del lugar de su residencia y otra solicitando la eliminación de ciertos particulares de la demanda.

En abril 14 siguiente la demandante se opuso al traslado por los siguientes motivos:

“1: Que la moción de traslado no viene acompañada d'e, ni se ha hecho al radicarse contestación o excepciones previas a la de-manda. Art. 82 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico.
“2. Que el juramento que se acompaña a la moción de traslado no es suficiente en derecho, por cuanto en el mismo no se hace constar que la declarante haya explicado los hechos de su caso a un ahogado y éste la haya aconsejado que tiene una buena defensa que oponer a las pretensiones de la demanda; ni tampoco se alega en dicho ju-ramento que tenga ella a su juicio una buena defensa que oponer a la demanda, limitándose a decir que no adeuda nada a la deman-dante, cuando la acción ejercitada no es cobro de dinero y sí en re-clamación de un derecho de homestead.
“3: Que la acción establecida en este caso no es de naturaleza puramente personal.
“4: Que la propiedad objeto de este litigio está ubicada en Ponce; el marshal que la embargó y remató es el marshal de la Corte Municipal de Ponce y reside en Ponce; la demandante reside en Ponce; y todos los testigos y la prueba, incluyendo el récord del caso que da origen a esta acción están en Ponce, por lo que por dichos motivos y por la conveniencia de los testigos en especial, se servi-rían mejor los fines de la justicia si el caso se retuviera y viera ante esta Corte Municipal de Ponce.”

Dos días después la demandada archivó una nueva moción de traslado por el mismo fundamento, con un affidavit de mé-ritos más extenso, y un escrito de excepciones previas.

El 12 de mayo, 1932, la corte municipal resolvió la cues-tión que se le planteara, así:

“Se declara sin lugar la moción de traslado por haber quedado la demandada sometida a la jurisdicción de la Corte al no exccp-cionar o contestar la demanda.' Aponte v. Atlas Commercial Co., 27 D.P.R. 245.”

Recurrió entonces la demandada en certiorari para ante la corte del distrito y ésta decidió el caso como sigue:

“Vistos los artículos 77 y 82 del Código de Enjuiciamiento Civil, la jurisprudencia sentada en los casos de Buso v. Borinquen Sugar Co., 19 D.P.R. 357, y Aponte v. Atlas Commercial Co., 27 D.P.R. 245, y examinados los autos del caso civil No. 12179 de la Corte Municipal de Ponce, de Carmen Ramírez v. Ana María Maneseau, sobre reclamación de homestead, la Corte declara sin lugar la petición en este caso y anula el auto de certiorari expedido, todo ello sin especial condena en costas. El Secretario registrará sentencia de con-formidad.

Registrada la sentencia, • se interpuso contra ella el pre-sente recurso de apelación.

La primera cuestión suscitada es la de si cabe una petición de traslado tratándose como se trata de un pleito entablado en una corte municipal.

Desde 1923 la cuestión quedó resuelta expresamente por esta corte en sentido afirmativo en el caso de Rivera v. Aybar, 32 D.P.R. 548. La opinión fué emitida por el Juez Asociado Sr. Aldrey, y en ella se dijo:

“El. Código de Enjuiciamiento Civil, que fué promulgado para la tramitación de los procedimientos civiles en las cortes de distrito, establece en sus artículos 75 al 86, inclusive, reglas fijando el lugar en el que deben verse los pleitos y los casos en que deben ser tras-ladados a otra corte de distrito, disposiciones que son aplicables a las cortes municipales por haber dispuesto la sección 3a. de la ley de 1904 reorganizando el sistema judicial que todos los procedimien-tos ante las cortes municipales deberán ser tramitados conforme a las reglas y procedimientos en práctica en las cortes de disti'ito. Es cierto que por haber sido promulgado el Código de Enjuiciamiento Civil para las cortes de Distrito se refiere a traslados de una corte de distrito a otra de igual categoría, pero como dicho cuerpo legal rige también en las cortes municipales, cuando de éstas se trata ha de entenderse que el traslado es de una corte municipal a otra de la misma jurisdicción para que pueda cumplirse el precepto de que las acciones personales, como la ejercitada en esta demanda, deben verse en el distrito municipal donde residiere el demandado al iniciarse el litigio y pueda ser trasladada a él si se presenta en otro distrito municipal y se solicita el traslado de acuerdo con la ley.”

Y desde mucho antes lo había sido implícitamente en igual sentido por lo menos en los casos de Ortiz v. Gómez, 21 D.P.R. 507 y Almenas v. Iriarte, Jues Municipal, 29 D.P.R. 376.

La segunda cuestión a considerar es la de si no ha-biendo presentado la demandada su primera petición de tras-lado al comparecer a contestar o formular excepciones, quedó sometida a la jurisdicción de la corte en que el pleito se ini-ciara.

Examinados los hechos del caso de Aponte v. Atlas Commercial Co., 27 D.P.R. 245, que sigue la norma trazada por el de Buso v. Borinquen Sugar'Co., 19 D.P.R. 357, encuén-trase que son iguales a los del presente. Aplicando los prin-cipios en esos casos establecidos sólo cabría dictar una reso-lución, confirmar la sentencia recurrida. Pero la apelante invoca un caso posterior, el de Ramos v. Lloverás, 36 D.P.R. 685, y sostiene, con razón a nuestro juicio, que decide la cues-tión envuelta en su favor.

Es cierto que según el resumen, dicho caso sólo resuelve que “una moción de traslado fundada en que se reside en otro distrito, no habiendo indicación alguna de que sea clara-mente frívola o evidentemente dilatoria, debe ser resuelta antes de procederse a la vista del caso y de dictarse sentencia”, y que en el curso de la opinión se dice: “Desde luego que no nos confrontamos aquí con elemento alguno de renuncia o sumisión implícita, como en los casos de Buso v. Borinquen Sugar Co., supra, Ortiz v. Gómez, 21 D.P.R. 507; y Aponte v. Atlas Commercial Co. et al., 27 D.P.R. 245.” Pero si se estudia cuidadosamente se veré que después de un examen cuidadoso del origen y significado de la ley y de la jurispru-dencia, concluye:

“Si se interpretan las palabras ‘al tiempo de contestar o excep-cionar la demanda’ de acuerdo con el espíritu y objeto de la dispo-sición que estamos considerando como que quieren decir ‘en el mo-mento o antes de contestar o excepcionar,’ entonces la conclusión a que llegó el comisionado codificador de California es una cuestión de poca monta. Péro las palabras ‘comparece y’ contenidas en la dis-posición anterior eran y son significativas, ya, que indican la inten-ción predominante en las mentes de los primeros legisladores — no obstante el desaliño con que fueron expresadas — a saber, al tiempo de la primera comparecencia de un demandado, ya fuera mediante contestación, excepción previa, o en cualquier otra forma. Ninguno de los cásos citados combate la idea de un límite de tiempo y de una renuncia como el principio fundamental de la restricción estatutaria sobre el derecho del demandado, que de lo contrario es absoluto, a solicitar el traslado del juicio; y la mayoría de las decisiones, en tanto en cuanto se inclinan hacia una u otra dirección, tienden a sostener esa teoría.”

Y como ese criterio permite un reconocimiento más franco del derecho qne el legislador reconoce a los litigantes a que el pleito se tramite en el lugar correspondiente y no se tenga a nna parte por sometida cuando a todas luces se observa qne no fue ésa su intención, a él nos adherimos nuevamente. Y a fin de dejar esclarecido por completo el punto resolvemosque los casos de Aponte v. Atlas Commercial Co., 27 D.P.R. 245 y Busó v. Borinquen Sugar Co., 19 D.P.R. 357, y todos los otros que los sigan quedan revocados en tanto en cuanto se oponga a la regla que rige en esta jurisdicción tal como se expuso en el caso de Ramos v. Lloveras, 36 D.P.R. 685, 695, a saber: que el traslado debe solicitarse al tiempo de la pri-mera comparecencia del demandado, ya fuera esa compare-cencia mediante contestación, excepción previa, o en cual-quiera otra forma como se hizo en este caso al presentar una moción eliminatoria.

Esto decidiría el recurso si el único motivo de oposición a la solicitud de traslado hubiera sido el de la sumisión de la demandada. Mas no fué así. Sabemos que se alegó también que el juramento de la solicitud era insuficiente, que la acción ejercitada por la demandante no era de naturaleza puramente personal, que la propiedad objeto del litigio está ubicada en Ponce y que toda la prueba documental está allí y los testigos residen en dicha ciudad.

Podemos prescindir de la cuestión del juramento por no ser importante dadas las circunstancias que en el caso concu-rren y la jurisprudencia sobre la materia y debemos prescin-dir de la cuestión de la prueba y residencia de testigos por no ser el momento oportuno para suscitarla, pero es necesario considerar y resolver si el caso debe regularse o no por el No. 1 del artículo 75 del Código de Enjuiciamiento Civil que dice:

“Artículo 75. — Deberán substanciarse en el distrito en que ra-dique el objeto de la acción, o parte del mismo, sin perjuicio de la facultad de la Corte para cambiar el lugar de la vista, a tenor de lo dispuesto en este Código, los pleitos que se sigan por las causas si-guientes :
“1. Para recobrar la posesión de bienes raíces o de una propie-dad o interés en la misma, o para determinar en cualquiera forma dicho derecho o interés, y por daños causados a propiedad inmueble.”

No hemos tenido el beneficio de una discusión entre las partes. La demandante se limita a afirmar su derecho. Pa-rece que confió enteramente en la sumisión. La demandada sostiene que una reclamación de homestead, después del lan-zamiento, es una reclamación en cobro de dinero, y por ende, una acción personal, citando los casos de Hedilla v. Monagas, 38 D.P.R. 27, y 29 C. J. 783.

En el caso de Eedilla, supra, la corte, hablando por su Juez Asociado Sr. Wolf, dijo:

“Respecto a la contención principal, nos sentimos obligados a resolver que después que una persona con derecho al hogar seguro es lanzada de la propiedad mediante el procedimiento sumario de la Ley Hipotecaria, no tiene derecho a comparecer en ese procedimiento hipotecario para reclamar la distribución de los $500 que le perte-necen. El procedimiento hipotecario en el presente caso fué entera-mente completo y resuelto. Por supuesto, no surgió cuestión alguna de interrupción, en vista de que los procedimientos fueron comple-tos, y creemos que no puede haber cuestión en cuanto a si se debe o no retroceder a considerar la reclamación de la peticionaria. La re-clamación del pago- de los $500 es ahora una de dinero, a pesar de que existe un gravamen sobre la propiedad. Debe radicarse un pleito independiente contra la persona que corresponda, para reco-brar la cantidad reclamada.”

Lo que se decidió fué que procedía la radicación de un pleito independiente del ejecutivo sumarísimo en que la finca se había ejecutado. No se resolvió la cuestión aquí envuelta.

La cita de Corpus Juris, dice:

“El dereebo de hogar seguro no posee ninguno de los requisitos esenciales de una enajenación; es meramente un derecho o privile-gio otorgado por disposiciones constitucionales o estatutarias.
“Es un derecho puramente personal que sólo puede ser ejercido para beneficio del deudor y su familia.” 29 C. J. 783, 784.

En el párrafo anterior dice la misma autoridad:

“El derecho a hogar seguro depende enteramente de disposicio-nes orgánicas o estatutarias, no conociéndose en el derecho común nada similar; y no puede haber, desde luego, mayor derecho en la propiedad sujeta al hogar seguro que el creado por estas disposi-ciones. En vista de la diferencia existente en l'a fraseología de las leyes relativas a hogar seguro en las distintas jurisdicciones el inte-rés creado por las mismas difiere considerablemente.” 29 C. J. 783.

Y en los párrafos que siguen:

“Las disposiciones sobre hogar seguro no crean un nuevo título ni perturban el título de la propiedad. Tampoco dan mayor fuerza ni amplían el título ya existente. Solamente el uso de la propiedad se modifica mas no el título mismo. No crean ningún interés en los bienes cuando las partes que alegan el derecho' de hogar seguro no tienen interés o títulos en los mismos; tampoco constituyen una defensa en una acción de sanamiento o en una acción reivindicatoría.
“En algunas jurisdicciones el criterio adoptado es que el hogar seguro no es un derecho absoluto sino meramente una excepción, cuyo objeto es impedir que se haga uso de los procedimientos de la corte para vender determinados bienes en pago de deudas. En otras ju-risdicciones el derecho de hogar seguro se considera como un título en la propiedad, en favor de la persona designada por la ley y se le califica indistintamente con el nombre de ‘feudo,’ ‘propiedad ab-soluta’ o ‘propiedad vitalicia’ y como una tenencia en común con de-recho a supervivencia entre marido y mujer.
“En otras jurisdicciones, sin clasificar el derecho más definida-mente, se ha resuelto que el hogar seguro es algo más que un mero privilegio y que equivale a un derecho, y que si bien el hogar se-guro no es quizá un nuevo título que pueda transferirse por enaje-nación, es un interés o derecho en el hogar de duración indetermi-nada y del cual está investido el dueño en tal forma que la legisla-tura carece de facultades para abrogar la ley que lo crea.”

La ley de Puerto Rico se encuentra en las Leyes de 1903 y en la Compilación de 1911, p. 230. Estudiándola se observa que si bien el derecho se reconoce al jefe de familia como tal, lo es siempre en relación con una propiedad real.

No está desprovista de fundamento la afirmación de la apelante con respecto a que la acción queda reducida a una en cobro de pesos después del lanzamiento, pero aquí si bien se reclama en forma subsidiaria la suma de $350, valor de la casa vendida, se pide en primer término el reconocimiento del derecho sobre la propiedad, la anulación del embargo y de la venta y la restitución de la misma. Todo gira alrededor de un bien inmueble y parece estar comprendido dentro del No. 1 del artículo 75 del Código de Enjuiciamiento Civil, cu-briendo el derecho reclamado no una parte sino la totalidad de dicho inmueble.

Siendo ello así, es la Corte Municipal de Ponce la en que debe sustanciarse el litigio y en tal virtud no era procedente el traslado solicitado. Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sentencia apelada.

OPINIÓN CONCURRENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SB. "WOLE

Hace algún tiempo, en el caso de Rivera v. Aybar, 32 D.P.R. 548, disentí de la opinión del tribunal concediendo un traslado de una corte municipal a otra, y puede acudirse a ese caso.

En el presente, sin embargo, aun suponiendo que tal tras-lado procede, sostengo que la demandada no se colocó en po-sición de poder obtenerlo.

El artículo 82 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone, en su texto inglés, lo que sigue:

“If the district in which the action is commenced is not the proper district for the trial thereof, the action may, notwithstanding, be tried therein, unless the defendant, at the time he appears and answers or demurs, files an affidavit of merits, and demands, in writing, that the trial be had in the proper district.”

En el presente caso, Ana María Manescau, demandada en un pleito incoado en la Corte Municipal de Ponce, compareció para solicitar que se eliminaran ciertos particulares de la de-manda radicada por Carmen Ramírez y que se trasladara el caso al distrito municipal en que residía la demandada. Ana María Manescau no contestó o excepcionó la demanda, y su moción eliminatoria fué su primera comparecencia en el caso. Como apelante en este tribunal, Ana María Manescau sos-tiene que ella tenía derecho al traslado antes de contestar o excepcional1, al radicar su petición, la declaración jurada, y la moción para eliminar.

Tomando el artículo 82 en su significación literal, no cabe duda en mi mente de que el único momento en que el deman-dado en una acción transitoria, o una no puramente local, puede solicitar el traslado, es cuando contesta o excepciona. A mi juicio, ése es el significado palmario de las palabras del estatuto. Descartando, por el momento, la historia y la in-terpretación dada a un precepto similar en California, Washington, y en alguna otra parte, a simple vista deberíamos de-cir que el estatuto debe ser interpretado en esa forma. Esta contención la fortalece la traducción al castellano del mismo artículo, que lee así:

“Si el distrito en que se establece la demanda no es el en que deba seguirse el juicio, podrá, sin embargo, continuarse en aquél, a menos que el demandado, al comparecer a contestar o a formular excepciones, presente una declaración jurada y fundada y pida por escrito que el juicio se celebre en el distrito correspondiente.”

Esa fué la interpretación dada a ese artículo por este Tribunal en Torres et al. v. Torres et al., 16 D.P.R. 352; Busó v. Borinquen Sugar Co., 19 D.P.R. 357; Ortiz v. Gómez, 21 D.P.R. 507; y Aponte v. Atlas Commercial Co. et al., 27 D.P.R. 245. También ésa es la tendencia del caso de Gómez v. Junta Examinadora, etc., 40 D.P.R. 662, 667.

Se propone, sin embargo, que se revoque la jurisprudencia sentada por esta corte, con motivo de la opinión dictada en el caso de Ramos v. Lloveras, 36 D.P.R. 685. Ciertamente, según se dijo en Ortiz v. Gómez, supra, cuando un demandado cumple con el artículo 82 del Código de Enjuiciamiento Civil, la obtención de un traslado no es discrecional para la corte, sino que es un derecho. Sin embargo, a virtud de numerosas decisiones, si bien existe un derecho, es, además, un privilegio que puede abandonarse. Aunque algunas de las decisiones y el caso de Ramos v. Lloveras indican que ese derecho debe ser liberalmente considerado en bien del propósito del esta-tuto, esa cuestión de liberalidad, si se estudia todo el artículo, no ha de entenderse necesariamente a favor del demandante, o del demandado.

El fin del artículo es obviamente doble. Según he dicho, tiene por mira conceder al demandado el derecho al traslado bajo ciertas circunstancias, pero su claro significado es tam-bién para impedir demoras innecesarias y gravosas.

Del estudio algo superficial que he hecho de los prece-dentes históricos, he venido al conocimiento de que hubo un tiempo en que era difícil demandar a alguien a menos que el pleito se incoara en el sitio en que surgieron los hechos y aun así a veces se hacía difícil obtener jurisdicción sobre el de-mandado si éste no vivía allí. Constituyó un paso de avance el permitir que el demandado en una acción transitoria lo fuese doquiera se hallase. Así se fomentó la tramitación de litigios. Entonces vinieron las disposiciones reparadoras de los códigos de varios estados, de las cuales el artículo 82. supra, es un ejemplar.

Es de observarse que. cuando cualquiera de las partes so-licita el traslado del juicio a causa de la conveniencia de los testigos, la ley hoy en día es que tal solicitud no puede ha-cerse hasta que se radique la contestación, pues la corte no puede llegar a una conclusión definitiva en torno a la con-veniencia de los testigos antes de saber cuál es la contienda litigiosa entre las partes. Análogamente, sostengo que la corte no puede saber que la moción de traslado es genuina hasta que se ha radicado una contestación o una excepción previa, bajo la fe de una parte, cuando, por un affidavit de méritos de esa parte o en alguna otra forma, la corte llega al convencimiento de que la moción no se ha hecho con fines dilatorios o para obstaculizar o entorpecer al demandante. El artículo 82 del Código de Enjuiciamiento Civil no fué for-jado meramente para permitir a un demandado insistir en el traslado del pleito. Fué además promulgado para evitar demoras indebidas.

Volviendo ahora al significado literal del articulo 82, diji-mos en el caso de Buso:

“Como se ve, el artículo transcrito exige terminantemente que el traslado se pida al comparecer a contestar o a formular, excepciones, según el texto español, y según el texto inglés, al tiempo en que el demandado comparece y contesta o excepciona la demanda.
“Alega la parte apelante que no es indispensable que a toda mo-ción de traslado vaya unida una excepción previa o contestación, sino que basta que al hacer la primera comparecencia en el pleito acompañe el demandado, como ha sucedido en el presente caso, su moción de traslado. Tal defensa es inadmisible por ser contraria al precepto claro y terminante del artículo 82 del Código de Enjui-ciamiento Civil, de cuyo texto literal no podemos apartarnos, atem-perándonos así al artículo 13 de nuestro Código Civil. ‘Cuando la ley es clara y libre de toda ambigüedad (dice ese artículo) la letra de ella no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu.’ ”

Examinando la jurisprudencia del Estado de California, no encuentro un solo caso en que se haya permitido a la parte demandada obtener el traslado sin haber comparecido y ex-cepcionado o contestado. El caso principal sobre este ex-tremo es el de Cook v. Pendergast, 61 Cal. 72. En el cuerpo' de la opinión la corte dijo:

“El artículo 396 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone, en efecto, que puede tenerse al demandado por desistido de su derecho al cambio del lugar del juicio por no haberse iniciado el pleito en el condado correspondiente, a menos que al tiempo en que primera-mente comparece, bien por contestación o por excepción previa, ra-dique un affidavit de méritos y solicite por escrito el traslado al con-dado correspondiente.
“El artículo 396 ha variado la regl'a — si alguna vez lo fué — que exigía que la moción, o la notificación de ésta, procediera o acom-pañara en todos los casos a la contestación o la excepción previa. Lá prohibición de una moción basada en que ‘el condado que se de-'signa en la demanda no es el correspondiente,’ a no ser que se pre-sente el affidavit y se haga la solicitud escrita cuando se radica la contestación o la excepción previa, es de por sí un permiso para que el demandado presente una moción fundada en cualquier otro mo-tivo estatutario, sin el affidavit y la solicitud (demand) dentro de un tiempo razonable después de su comparecencia. De lo contrario, ¿por qué se exige ese requisito previo cuando se trata de mociones fundadas en el motivo específicamente mencionado? (ílxpressio unius, etc.) . Siempre se ha resuelto que, siendo dilatorias, esas mo-ciones deben tramitarse con diligencia.”

Es perfectamente cierto que en ese caso no se trató de ob-tener el traslado antes de contestar o excepcionar. El caso giró sobre un punto distinto. Sin embargo, el dictum de la corte en el cuerpo de la opinión es que la solicitud de tras-lado debe hacerse al contestar o excepcionar.

El caso lo citan algunas veces los comentaristas, en cuanto al punto de que una moción de traslado debe hacerse al tiempo de contestar, o antes. Esas palabras que aparecen al final de la opinión, fueron, a mi juicio, una mera inadvertencia de la corte. Lo que ésta decidió en ese párrafo de la opinión fué que el demandante no podía solicitar que se retuviese el caso por el motivo de la conveniencia de los testigos antes de que el demandado hubiera contestado; y la palabra ‘ ‘ antes” usada en ese párrafo no tenía nada que ver con lo que se estaba fallando.

En Wood, Curtís & Co. v. Herman, Mining Co., 139 Cal. 713, se resolvió claramente que el demandado debe comparecer mediante contestación o excepción previa, y que si presenta una u otra, tiene derecho a ser oído sobre la moción. La corte indica allí que el demandado podría también radicar una moción eliminatoria junto con su contestación o excepción previa. Tampoco estuvo envuelta la cuestión exacta con que nos confrontamos.

En el caso de Wadleigh v. Phelps, 147 Cal. 542, se resolvió que un demandado que presentó- moción de traslado después de su contestación o excepción previa, había perdido su pri-vilegio. La corte, no obstante, dijo: “Esa solicitud debe ha-cerse al tiempo de sn primera comparecencia, ya sea por con-testación o por excepción previa.”

En Nicholl v. Nicholl, 66 Cal. 36, el tribunal dijo:

“El affidavit de méritos y la solicitud para que el juicio1 se cele-brara en el condado correspondiente, que fueron radicados antes de que el demandado contestase o exeepcionase, eran totalmente inútiles. Para que sirvan de algo, ese affidavit y esa solicitud deben radicarse cuando el demandado comparece y contesta, o excepciona.”

La opinión no fue emitida por un juez individual a nom-bre del tribunal, sino por toda la corte. Esto, sin embargo, no afecta la fuerza de la resolución. Aparentemente, allí el demandado hizo dos cosas: solicitó el traslado antes de con-testar o excepcionar, pero posteriormente excepcionó y pidió el traslado. La corte inferior concedió el traslado, y en ape-lación se resolvió que la moción original era ineficaz, pero que la posterior debía prevalecer.

En Palmer v. Barclay, 92 Cal. 199, la cuestión resuelta fué la de si un affidavit de méritos insuficiente podía enmendarse, al amparo del artículo 473 del Código de Enjuiciamiento Civil de California, que corresponde al 140 de nuestro código. La corte resolvió que podía hacerse la enmienda. En el curso de la opinión, el tribunal, después de copiar ol artículo que corresponde al 82 de nuestro Código de Enjui-ciamiento Civil, dijo:

“El apelante sostiene que la corte erró al declarar con lugar la moción, porque el primer affidavit era insuficiente y el segundo no podía considerarse ya que, según se dijo en Nicholl v. Nicholl, 66 Cal. 37, 'para que sirva de algo, ese affidavit y esa solicitud deben radicarse cuando el demandado1 comparece y contesta O' excepciona. ’ ’ ’

En otras palabras, la corte cita el caso de Nicholl v. Nicholl como la jurisprudencia ¿ceptada.

Esto me lleva a otro punto. Cuando ha surgido una cues-tión de práctica, el foro y la judicatura del estado la conocen. Frecuentemente, la práctica la conoce toda la profesión, pero no aparece indicio alguno de ella en la jurisprudencia del estado. Es parcialmente por este motivo qne se le hace tan difícil a nn abogado de un estado ejercer en otro, aun cuando explore toda la jurisprudencia. Los abogados locales son casi invariablemente necesarios.

El caso de Nicholl, supra, lia sido aceptado por todos los comentaristas del código que be podido encontrar, v. g., Bancroft y California Jurisprudence. Tan es así, que las palabras “and appears” ban sido eliminadas, por superfluas, del Código de Enjuiciamiento Civil de California. 2 Bancroft Code Practice and Remedies, pág. 1461, nota 14; 25 Cal. Jur. 896, 897, nota 18.

La jurisprudencia de Montana aparentemente sostiene las conclusiones a que be llegado. Danielson v. Danielson, 203 Pac. 506; O’Hanion v. Great Northern Ry. Co., 245 Pac. 518.

El Estado de Washington aparece resolviendo a favor de la contención de la apelante. Empero, si se examina el fun-damento de la jurisprudencia de ese estado, está lejos de ser satisfactorio. El primer caso que be encontrado es el de State ex rel. Cummings v. Superior Court, 32 Pac. 457. El sumario número 2 dice:

“Cuando el demandado, al tiempo de solicitar el traslado, radica un affidavit de méritos y una moción para que se le entregue un pliego de particulares, y cuando recibe ese pliego radica su contes-tación, el estatuto queda suficientemente cumplido.”

Lo que el caso decide esencialmente -es que un demandado puede comparecer y solicitar un pliego de particulares y si posteriormente radica su contestación, eso constituye una ob-servancia suficiente de la ley. La corte dice:

“Es posible que, aun después de la radicación de la solicitud y del affidavit de méritos, la corte esté justificada para retenerla causa hasta que la contienda esté trabada;- pero' una vez hecha la solicitud y radicado el affidavit de méritos, la corte pierde su derecho a juzgar el caso, y, a lo sumo, sólo podría retenerlo hasta que se establezca por las alegaciones que hay una controversia para juicio.”

El caso de State v. Superior Court, 168 Pac. 164, cita del de Cummings v. Superior Court, supra, y trata el caso anterior como si hubiera resuelto definitivamente que un deman-dado tiene derecho al traslado al radicar un aviso de compa-recencia. La corte razona que se puede formular un número de mociones con anterioridad a la presentación de la contes-tación o la excepción previa, y, por consiguiente, que al de-mandado no debe privársele de su derecho a hacer cualquiera de esas mociones. Pero, a mi modo de pensar, no se aduce motivo satisfactorio alguno para descartar el lenguaje claro del estatuto.

Otros casos del estado de Washington son: State ex rel. Owen v. Superior Court, 187 Pac. 708, y State ex rel. Redlinger v. Superior Court, 193 Pac. 676.

En otras palabras, toda la jurisprudencia de Washington fue levantada, según mi modo de ver, sobre la base de una interpretación equivocada del primer caso.

En verdad, yo podría estar conforme con la jurispruden-cia del primer caso aludido, al efecto de que un demandado puede comparecer en la corte en que se le demanda y solici-tar cualquiera medida preliminar que precise para redactar su contestación o su excepción previa, pero, a tenor del esta-tuto, sólo tiene derecho al traslado cuando contesta o excep-ciona. Esto significaría que la conjunción copulativa conte-nida en las palabras “when he appears and answers or demurs” (“cuando comparece y contesta o excepciona”) podría interpretarse en el sentido de que establece el hecho de que el momento para contestar o excepcionar puede diferirse, a fin de prepararse para uno u otro paso, pero que el derecho o privilegio al traslado no surge hasta que de fijo se radica la contestación o la excepción previa.

Estoy autorizado para decir que, a excepción del primer párrafo, el Juez Asociado Sr. Aldrey está conforme con esta opinión.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señok Wole,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Eugenio Mercado @ Tito de Oro, acusado y apelante.
    No. 4711.

    Sometido: Marzo 24, 1933.

      Resuelto: Febrero 2, 1934.

      Arturo Aponte, abogado del acusado apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señok Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué acusado ante la Corte de Distrito de Humaeao del delito de homicidio voluntario por haber dado muerte, en un arrebato de cólera, a Evangelista Becerril, un ser humano.

Después del ciclón de San Felipe, la Guardia Nacional de Puerto Rico fué movilizada para determinados fines. El acu-sado, Eugenio Mercado, conocido también como Tito de Oro, era un sargento de la Guardia Nacional. Para ir de Tabucoa a Luquillo, donde el acusado debía hacerse cargo del puesto, tenía que pasar por Fajardo. Iba acompañado por un capi-tán de la Guardia Nacional, quien al llegar a Fajardo se fué a descansar y dió permiso al acusado para que visitara a una hermana de este último. El acusado hizo esto; y al regreso de esta visita fué que ocurrieron los hechos del presente caso. Vestía el uniforme de la Guardia Nacional. Entró a un ca-fetín en que se hallaba Evangelista Becerril. El jurado tenía derecho a creer de la prueba aportada que la provocación original, especialmente en lo que a palabras se refería, procedió ■ del acusado. La prueba indubitada en el caso es que hizo seis disparos, de los cuales cuatro fueron dirigidos hacia la víc-tima y uno de ellos le hirió y mató.

El acusado trató de plantear tres defensas en la corte inferior: primera, que entró al cafetín en cumplimiento de sus deberes como miembro de la Guardia Nacional, toda vez que allí se llevaba a cabo un juego a lo prohibido; segunda, que mató en defensa propia; y tercera, que había sido ab-suelto por una corte marcial. En lo que el apelante insistió principalmente fué que actuó en defensa propia.

En la silla testifical el acusado dijo que no disparó hasta que vió una cuchilla en manos del occiso. Por tanto, el acu-sado admitió claramente que él disparó contra Evangelista Becerril. La prueba del Pueblo tendió a demostrar que el interfecto no tenía arma alguna en su poder, y la única prueba tendente a sostener la teoría del acusado fué que después de la lucha, al recoger al interfecto, se le halló una cuchilla en sus zapatos o medias. De no haber error en la admisión de prueba o en las instrucciones, el jurado estuvo enteramente justificado al rendir un veredicto de culpabilidad. Fuera del testimonio del acusado nada hallamos que demuestre que Becerril tuviera una cuchilla en su poder, o que hiciera algo que diese al acusado derecho a disparar contra él en defensa propia.

El primer señalamiento es que la corte erró al no admitir como prueba un documento que contenía la investigación practicada por una corte militar, que demostraba la acción por ésta tomada, a fin de atacar la credibilidad de los testigos de cargo. Los autos revelan que en una u otra forma el hecho de haber sido el acusado absuelto por una corte marcial fué traído ante el jurado, desde luego, indebidamente. Decimos “ indebidamente”, porque en una causa criminal la. condena o absolución de una persona por una corte marcial no tiene peso alguno respecto a la culpabilidad o inocencia del acusado en otro juicio. Fácilmente puede imaginarse que si una corte marcial condena a un soldado, en un juicio ante las autoridades civiles él podría propiamente oponerse a que tal fallo condenatorio sea ofrecido como prueba. Decimos esto independientemente de cualquier cuestión relativa a ex-posición anterior por el mismo delito (jeopardy).

Durante el juicio, cuando cada uno de los testigos presen-ciales de El Pueblo ocupaba la silla, era examinado por el abogado de la defensa y preguntado si no había hecho mani-festaciones inconsistentes ante la corte marcial y entonces la corte permitía que el letrado leyera a los testigos, o quizá que les mostrara aún, sus supuestas manifestaciones inconsisten-tes. Fué una oportunidad absoluta por parte del acusado para atacar la credibilidad de dichos testigos. Cuando el acusado trató de ofrecer en su totalidad el documento que contenía los procedimientos ante la corte marcial, la corte, al oponerse el fiscal, denegó su admisión. El documento, ade-más de las supuestas inconsistencias, contenía muchas otras cuestiones impertinentes, como, por ejemplo, las declaraciones de otros testigos. Al letrado del acusado se le permitió en parte que demostrara, leyéndoles, que los testigos habían he-cho manifestaciones inconsistentes, pero el acusado no tenía derecho a insistir en que mucha materia impertinente o inad-misible fuese llevada a la consideración del jurado.

El caso de Sosa v. Cardona, 30 D.P.R. 280, citado por el apelante, no es aplicable. Allí el error imputado era que la declaración de un testigo fué indebidamente admitida en evi-dencia, pero nada hubo que demostrara que el escrito fuera ofrecido como prueba, sino simplemente que se permitió que se leyeran las manifestaciones inconsistentes.

El apelante hace objeción a algunas de las instrucciones de la corte. Nunca es un error por parte de la corte llamar la atención del jurado hacia una exposición errónea de la prueba, hecha por el letrado de la defensa. Por consiguiente, la corte no cometió error al manifestar que un testigo no había dicho que había visto una cuchilla en manos de Becerril. La declamación del testigo fué al efecto de que después de la lucha se halló una cuchilla cerrada. El fiscal indica que ni aun ante la corte marcial dijo realmente este testigo que vió una cuchilla en manos de la víctima. Que es un privilegio y deber de parte de la corte llamar la atención del jurado hacia errores del letrado, es evidente, según aparece en Blashfield sobre Instrucciones al Jurado, tomo I, págs. 570 y 573, y en nuestra decisión en el caso de El Pueblo v. Negrón, 37 D.P.R. 822.

La misma regla es aplicable a nn comentario similar hecho por la corte en otro respecto.

La corte también dijo que nn testigo, aunque vaciló nn poco, declaró qne Beeerril frecnentemente tomaba licor. La objeción se dirigió a qne la corte dijo qne el testigo vaciló. Si fné cierto qne el testigo vaciló, ello sería evidente al jnrado, y sea como fuere, el comentario no era perjndicial, especialmente si no se llamó la atención de la corte específicamente hacia el mismo.

El tercer señalamiénto es qne la corte dijo que en el cafetín en qne tuvieron lugar los disparos no se cometía ningún delito público. El apelante sostiene qne con esto se invadieron las atribuciones del jurado. La prueba no reveló qne nadie estuviese jugando a lo prohibido. Si surgió la cuestión de si se jugaba o no a lo prohibido, la corte tenía derecho a instruir al jurado, como cuestión de derecho, que no se estaba jugando a lo prohibido. Según sostiene el fiscal, la gente tiene derecho a jugar baraja, y la presunción de inocencia protege a las personas que así juegan, hasta que se demuestre lo contrario.

La contención del apelante es que él estaba en funciones policíacas debido a que la Guardia Nacional había sido mo-vilizada, y que tenía derecho a entrar en el cafetín a prac-ticar una investigación. Aun si se hubiese tratado de un policía, la corte hubiera tenido derecho a hacer el mismo co-mentario. Cualquier persona puede entrar en un café y ni un p oficia ni un miembro de la Guardia Nacional tiene pri-vilegio particular alguno al entrar al mismo, a menos que en realidad allí se esté jugando a lo prohibido..

No hemos examinado los autos con mucho cuidado a este respecto, .pero del examen que hemos hecho nada hemos ha-llado que demuestre que la Guardia Nacional fué movilizada con el fin de proceder contra infracciones a la ley penal, no importa de la índole que fueran, sino que fué movilizada para contribuir a preservar el orden y quizá para otros fines.

El cuarto señalamiento de error es tal vez un poco más serio. La corte dijo que el apelante no estaba cumpliendo ningún deber público en Fajardo. Empero, según indica el fiscal, nada bay en los autos que demuestre que él estaba cumpliendo un deber público. El fué al cafetín en uniforme militar. Un funcionario encargado de conservar la paz pública de acuerdo con la ley, es reconocido inmediatamente como tal si viste el uniforme corriente, pero el uniforme de la Guardia Nacional de ordinario no tiene significación especial. Al igual que a nosotros, al fiscal le fué imposible encontrar algo en los autos que demostrara que el acusado tuviera algún deber público que cumplir en Fajardo. Sin embargo, aun si un policía hubiese entrado en el cafetín, ello no hubiera sido con motivo de ningún deber público, a menos que se demostrara algo en sentido contrario. Además, hemos tenido dudas respecto a si un miembro de la Guardia Nacional, al ser movilizado este cuerpo, tiene los privilegios y atributos de un funcionario encargado de mantener la paz pública.

No obstante, la corte en sus instrucciones dió al jurado el derecho a decidir para sí si de la única prueba existente sobre el particular- — la declaración del acusado — -éste actuaba como funcionario público.

En sus instrucciones la corte dijo que bajo ciertas circunstancias una persona no tenía derecho a matar, y si l'a oportunidad era una perfectamente clara, debía aun retro-ceder. La corte no dijo, según asume el acusado, que un hombre siempre está obligado a retroceder. Por el contrario, la instrucción en su totalidad demuestra que la corte dijo que un hombre tenía derecho a atacar cuando se hallaba en peligro aparente.

En relación con todas estas instrucciones, hemos exami-nado los autos y no hallamos que se tomara ninguna excep-ción específica. Por ende, el caso cae claramente dentro de los principios enunciados en El Pueblo v. Maldonado, 45 D.P.R. 417. A la corte debe darse siempre la oportunidad de corregir sus errores. Si, por ejemplo, el acusado hubiese llamado la atención de la corte hacia alguna de la jurispru-dencia de este Tribunal con respecto a defensa propia, el juez hubiera tenido la oportunidad de adaptar sus instrucciones a la doctrina realmente establecida. Pe nuestra decisión en el caso de El Pueblo v. Barrios, 23 D.P.R. 831, se desprende claramente que una persona raras veces está obligada a re-troceder.

El sexto señalamiento, relativo a los comentarios de la corle sobre los argumentos del letrado de la defensa, ha sido anteriormente discutido.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: Kl Juez Asociado Señoh Hutchison,

text:
    Judith B. Nieva & Co., S. en C., demandante y apelada, v. Hon. Manuel V. Domenech, Tesorero de Puerto Rico, et als., demandados y apelantes.
    No. 6052.

    Sometido: Mayo 23, 1933.

      Resuelto: Febrero 2, 1934.

      Hon. Procurador General B. Horton, y B. Gordovés Arana, abogados de los apelantes; O. Souffront, abogado de la apelada.

       Nota:- Véase el prefacio.

   Kl Juez Asociado Señoh Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La sección 30 de la Ley de Indemnizaciones a Obreros, según fué enmendada en 1930 (leyes de ese año, páginas 395, 397) lee así:

“Los aseguradores que aseguraren obreros bajo las disposiciones de esta Ley, a petición de la Comisión Industrial, proveerán por es-crito cualquiera información requerida en conexión eon la adminis-tración de esta Ley, incluyendo cualquier estadística y los nombres de todos los patronos asegurados por ellos.
“Todo patrono asegurado con el fondo del Estado, y todo patrono asegurado con compañías particulares o que es su propio asegura-dor, al dar cuenta los primeros con sus nóminas anuales, al pagar sus primas a las compañías los segundos, o al pagar su impuesto los ter-ceros, tal como se establece en la sección 52 de esta Ley, deberán in-cluir en tales nóminas los salarios pagados a todos los obreros que estuvieren trabajando o fueren a emplear bien por ajuste, o ya baje una persona con quien ajustó el patrono o bajo un contratista o sub-contratista independiente empleado contratado por dicho patrono, y toda cuota, impuesto o contribución cobrada por el Estado o por las compañías particulares se basará sobre la nómina corriente del pa-trono, si es del Estado, computada en esa forma, o sobre los infor-mes rendidos por los patronos que son sus propios aseguradores o que están asegurados con compañías particulares, en los cuales de-berán estar incluidos los trabajadores antes mencionados; Dispo-niéndose, que esta disposición no será aplicable a los patronos para quienes se hiciera trabajo por un contratista independiente que es-tuviere asegurado como patrono de acuerdo con las disposiciones de esta Ley.”

La corte de distrito resolvió que esta sección era incons-titucional en cuanto por ella se exige a un patrono que in-cluya en sus nóminas que remita a la Comisión Industrial las cantidades pagadas a contratistas independientes o subcon-tratistas, o las cantidades pagadas por tales contratistas in-dependientes o subcontratistas a obreros que no ban contra-tado con diebo patrono, que no están sometidos a sus órdenes, dirección y control, qne no trabajan en su establecimiento bajo sn supervisión, y qne no son sus empleados inmediatos; y en cuanto por ella se exige que el patrono asegure a tales obreros. Para sostener este criterio el juez de distrito se fundó en: Carstens v. Pillsbury et al., 172 Cal. 572; Sturdivant v. Pillsbury et als., 172 Cal. 581 y Thaxter v. Finn, 178 Cal. 270. Los abogados de la parte apelada también citan Western Indemnity Co. v. Industrial Accident Commission, 172 Cal. 766; First Christian Church v. Industrial Accident Commission, 173, Cal. 552; Pacific Cas and Electric Company v. Industrial Accident Commission, 180 Cal. 497; y Worswick Company v. Industrial Accident Commission, 181 Cal. 550.

La Constitución de California cuando se resolvieron los casos más antiguos disponía que “la legislatura puede, me-diante legislación adecuada, crear y poner en vigor- la res-ponsabilidad de parte de todos los patronos para compensar a sus empleados por cualquier daño ocasionado a dichos em-pleados en el curso de su empleo, independientemente de la culpa de una u otra parte.” En esos casos más antiguos la Corte Suprema de California interpretó la palabra “emplea-dos” en el sentido de significar “empleados inmediatos” y resolvió que la legislatura no tenía potestad a virtud de esa concesión de poderes, para crear y hacer valer cualquiera responsabilidad de parte de los patronos con respecto a obre-ros que no fuesen empleados inmediatos de. aquellos. En al-gunos de los casos posteriores la misma corte resolvió que una enmienda a la Constitución no había alterado el signi-ficado de las palabras ya interpretadas, y se atuvo a la doc-trina de los casos anteriores.

Nuestra Carta Orgánica no fija esa restricción sobre la autoridad legislativa en ella contenida. Por los términos de su artículo 37 esa autoridad'“ se aplicará a todos los asuntos de carácter legislativo que no sean localmente inaplicables. ’ ’ El artículo 2 dice que “nada de lo contenido en esta Ley será interpretado en el sentido de limitar la facultad de la Asam-blea Legislativa para decretar leyes para la protección de la vida, salud y seguridad de empleados y obreros.” La Cons-titución de California trataba específicamente de patronos y stos empleados. La palabra “sns” es significativa. Basta para distinguir los casos de California. El pensamiento predominante en la mente de los qne redactaron la Consti-tución de California fné la relación entre patronos y “sns empleados”, y la responsabilidad de los patronos provenien-tes de esa relación. Es lógico inferir qne cnando Rabiaron de patronos y “sns émpleados” lo qne tuvieron en mente fné sn relación inmediata. En realidad cabe dudar seriamente que en alguna ocasión ellos pensaran que alguna legislatura del porvenir tratase de crear y poner en vigor una respon-sabilidad de parte del patrono por lesiones recibidas por el empleado de un contratista independiente que no estuviera asegurado. Al ocuparse de Puerto Rico el Congreso adoptó una actitud más liberal. La palabra “empleados”, desde luego, lleva implícita la existencia de un patrono, pero no bay indicio alguno de que al Congreso le importara la iden-tidad de tal patrono o la existencia de una relación inme-diata. Cuando.el Congreso usó la palabra “empleados” sin condición o restricción alguna, quiso referirse a todos y cada uno de los empleados, cualquiera que fuese su patrono. Su propósito fué excluir la posibilidad de que mediante inter-pretación judicial viniera a menos el poder de policía. No se alarmó por la posibilidad de que la Legislatura Puerto-rriqueña pudiera seguir el ejemplo de otras Legislaturas Americanas al exigir a los patronos, como base para la fija-ción de la cuantía de las primas de segmro o de las tasacio-nes, que suministren información relativa a las cantidades pagadas a los empleados de contratistas independientes o subcontratistas que no estaban asegurados. El artículo 2 no tuvo por mira una limitación al poder de policía. Inciden-talmente, es un reconocimiento pleno de la existencia de ese poder, tal como fué conferido a la Legislatura Insular, su-jeto solamente al principio general que rige el ejercicio del mismo. Primordialmente es una disposición expresa para evitar que el poder judicial entorpezca la* voluntad legislativa mediante la interpretación de cualquiera parte de la Ley Or-gánica. Estuviese acertada o equivocada la Corte de California en su interpretación de la Constitución de California, la doctrina de los casos de ese estado no establece que el ar-tículo 30 de la Ley de Indemnizaciones a Obreros (supra) sea inconstitucional.

La sentencia apelada debe ser revocada.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Aldrey, disintieron.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Royal Bank of Canada, demandante y apelado, v. Santiago Iglesias Silva, demandado y apelante.
    No. 6340.

    Sometido: Enero 15, 1934.

      Resuelto: Febrero 7, 1934.

      ,6. Cruzado Silva, abogado del apelante; J. Henry Brown, C. Buis Nazario, O. JE. González, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El demandado en una acción basada en dos giros acep-tados apela de una sentencia adversa y el demandante soli-citada desestimación del recurso. El apelante en su alegato sostiene que la corte de distrito cometió error al admitir los giros contra la objeción del demandado y al dictar sentencia a pesar del hecho de que el demandante había dejado de pro-bar que era una corporación bancaria debidamente consti-tuida de conformidad con las leyes de Canadá, autorizada para hacer negocios en Puerto Rico.

Al ofrecerse los giros como prueba, el demandado se opuso fundándose en que éstos no habían sido suficientemente identificados; porque no se había demostrado que el nombre del librado escrito al dorso de los giros, fuese la firma del demandado, y porque aparecía que tanto el librador como el librado habían aceptado los giros. Se presentó una contestación en forma de negación general, seguida por una llamada defensa especial a manera de admisión de que el demandado había aceptado ciertos giros, y la negativa de falta de suficiente información de que los giros copiados íntegramente en la demanda fueran los mismos que habían sido aceptados por el demandado. También contenía una alegación al efecto de que si bien los giros aparecían como suscritos por el demandado, él no podía admitir que su firma, tal cual había sido copiada en la demanda, fuera una copia fiel del original. Ya hemos resuelto que tal defensa es frívola. Albert E. Lee & Son v. Sánchez, 43 D.P.R. 367. La contestación no estaba jurada. El artículo 119 del Código de Enjuiciamiento Civil (Estatutos Revisados de 1911, 5103) dispone:

“Cuando se entable una acción fundada en un documento, y la demanda contenga copia del mismo, o ésta vaya unida a ella, la autenticidad y otorgamiento en forma de dicho documento se con-siderarán admitidos, a menos que se jure la contestación negando dicha autenticidad.”

Tanto los giros.como la firma del demandado fueron sú-ficientemente identificados. La palabra “aceptado” que apa-rece al dorso de cada uno de los giros estaba seguida, pri- . mero, por la firma del librado, y luego, por la firma del libra-dor, y, según indica el funcionario del banco que identificó los giros y la firma del librado,,la firma del librador fue un endoso y no una aceptación.

El apelante admite que si hubiese tratado directamente con el banco en vez de aceptar un giro bancario a éste, él hubiera estado impedido de negar la naturaleza y capacidad corporativa del banco para demandar. El mismo principio en cuya virtud el firmante de un pagaré a favor de un banco está impedido de negar la capacidad de éste para demandar, es aplicable, a nuestro juicio,' con igual fuerza y pollas mismas razones, a caso de un demandado en una acción iniciada por un banco como dueño y tenedor en el curso ordinario de los negocios de giros pagaderos al banco, aceptados por el demandado como librado, y endosados por el librador.

Ninguna de las cuestiones planteadas por el apelante en la forma en que han sido desarrolladas en el alegato requiere seria consideración y él recurso debe ser desestimado por frívolo.


author: Rl Juez Asociado Señob, Cókdova Dávila,

text:
    Teresa Collazo Viuda de Texidor, promovente y apelante, v. El Pueblo de Puerto Rico, opositor y apelado.
    No. 5832.

    Sometido: Diciembre 7, 1933.

      Resuelto: Febrero 7, 1934.

      Ii. H. Blondet, abogado de la apelante; Son. Procurador General Benjamín J. Horton y Harry B. Lienza, abogados del apelado.
   Rl Juez Asociado Señob, Cókdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Teresa Collazo viuda de Luis Texidor Ortiz solicita que se declare a favor del'que fue su esposo el dominio de un predio de terreno compuesto de 50 cuerdas, radicado en el barrio Carite del término municipal de Guayama, que linda al norte con don Carlos H. Blondet, al sur con don Rafael Larrauri, al este con don Juan Poventud y al oeste con don Miguel Madera y don José Rivera.

Se alega que la descrita finca la adquirió Luis Texidor Ortiz estando casado con la promovente, por escritura pública otorgada en San Juan en 27 de mayo de 1921, por compra a- Luis Texidor 2do. y a su esposa Josefina Costoso, quienes hubieron la referida finca por compra a María Magdalena Cintrón; que la referida María Magdalena Cintrón la adqui-rió por compra a Tomás de la Cruz Rivera, quien la adquirió por herencia de su padre Santos de la Cruz; que éste la ad-quirió por compra a sus hijos legítimos de su primer matri-monio Tomás, Inés, y María Segunda de la Cruz Rivera y de Nicolás León Rivera, como heredero este último de su hija Jacinta León de la Cruz. Se añade que tanto la promovente como sus anteriores dueños vienen poseyendo la finca des-crita pública y pacíficamente, sin interrupción alguna, a título de dueños, por más de treinta años entre presentes. Todas estas trasmisiones de dominio se llevaron a cabo mediante escrituras públicas otorgadas ante notario.

Alega por último la promovente que careciendo dicha finca de título inscrito inscribible, promueve la presente informa-ción para inscribir a nombre de Luis Texidor Ortiz el domi-nio de la mencionada finca, y solicita de la corte que previos los trámites legales dicte resolución final declarando justi-ficado el dominio de la referida finca a favor de Luis Texi-dor Ortiz, y disponiendo que se verifique la inscripción de la misma en el Registro de la Propiedad del Distrito de Gua-yama, a nombre del referido Luis Texidor Ortiz.

fill Pueblo de Puerto Rico se opuso a la información pro-movida por la Sra. Texidor, alegando que es dueño do un predio de terreno baldío, ubicado en el barrio Carite, de la jurisdicción de Guayama, con una superficie de 250 cuerdas y que la finca que se describe en la petición forma parte de las 250 cuerdas pertenecientes al Pueblo de Puerto Rico e inscritas a su nombre en el Registro de la Propiedad de' Guayama.

Esta información de dominio se inició en 15 de mayo de 1925. La Corte de Distrito de Guayama dictó sentencia de-clarando sin lugar la petición de dominio y con lugar la opo-sición formulada a dicha petición en 29 de abril de 1927. La promovente interpuso recurso de apelación y en 21 de 'junio de 2930 las partes comparecieron ante esta corte y de común acuerdo solicitaron que se ordenase la reapertura del caso en la Corte de Distrito de Guayama y se tuviese por desistida de su apelación a la promovente en caso de concederse la reapertura solicitada. Abrióse el caso de nuevo en la Corte de Distrito de Guayama y celebrada la vista del mismo, con la aportación de la prueba ofrecida por las partes, la corte declaró sin lugar la información de dominio promovida por la peticionaria, quien no conforme con esta sentencia inter-puso el presente recurso de apelación.

El título de dominio alegado por la promovente a favor de su fenecido esposo arranca de una escritura otorgada en mayo 7 de 1859, en virtud de la cual aparece don Pablo José Aponte trasmitiendo a Leocadia Rivera su “derecho de propiedad, dominio y señorío” de un predio de terreno de 50 cuerdas colindante con doña Francisca Colón, doña Cruz Aponte y el río. Este documento, con vista de otros com-plementarios, fue inscrito en el Registro de la Propiedad de Gruayama en septiembre de 1929 con los defectos subsanables de no expresarse las colindancias de la finca en relación a sus puntos cardinales y de no decirse la edad y vecindad de doña Leocadia Rivera.

La referida señora falleció en 16 de enero de 1875. En 17 de febrero del mismo año, su esposo, don José de los San--tos Cruz y Rodríguez, en una escritura de descripción de bie-nes otorgada ante el notario José Mariano Capó y Alvarez, hizo' constar que su referida esposa dejó “por bijos en el matrimonio contraído con el exponente a los nombrados To-más, Pablo, Inés, Eustaquia, Vicente y Segunda, y además quedó también como bijo de su expresada esposa, procreado antes de su enlace con'el compareciente, el llamado Vicente.” En esta escritura de descripción de bienes aparece una finca de 50 cuerdas de terreno aportada por Leocadia Rivera al matrimonio contraído con Santos Cruz Rodríguez.

Inés Cruz Rivera, Tomás Cruz Rivera y María Segunda Cruz Rivera, bijos de doña Leocadia Rivera y José de los Santos Cruz Rodríguez, vendieron a este último su partici-pación en los bienes relictos al fallecimiento de su señora madre, entre los cuales figuraba un predio de terreno de 50 cuerdas valorado en $250. Los dos primeros herederos apa-recen otorgando carta de pago a favor de José de los Santos Cruz, por el importe total de su herencia, en 6 de septiembre de 1894, ante el notario José Mariano Capó, y la última hace idéntica declaración en escritura pública otorgada ante el mismo notario en 20 de febrero de 1897. También se otorgó escritura de carta de pago a favor de José de los Santos Cruz Rodríguez por la participación hereditaria de Eustaquia Cruz Rivera.

Como se ve, los herederos de doña Leocadia, con excep-ción de Pablo y Vicente, aparecen trasmitiendo a su padre José de los Santos Cruz Rodríguez su participación en los bienes que heredaran de su señora madre. Doña Leocadia tuvo, con anterioridad al matrimonio, un hijo llamado Vicente, que parece ser el mismo que se menciona en la escritura de descripción de bienes otorgada por don José de los Santos Cruz y Rodríguez. No se expresa claramente si además de este hijo habido antes del matrimonio doña Leocadia tuvo otro hijo del mismo nombre en su matrimonio con don José de los Santos Cruz Rodríguez. Nos inclinamos a creer que sólo hubo un hijo llamado Vicente.

José de los Santos Cruz Rodríguez, en su testamento otor-gado en 4 de noviembre de 1913, declara que en su primer matrimonio con doña Leocadia Rivera tuvo varios hijos pre-muertos sin sucesión, quedándole los llamados don Tomás, don Pablo, doña Inés y doña María Segunda. En 8 de agosto de 1917, Tomás Cruz Rivera, hijo de don José de los Santos Cruz Rodríguez, aparece vendiendo a doña María Ortiz una finca rústica sita en el barrio de Carite, de 50 cuerdas de cabida, en lindes al norte con don Carlos Blondet, al sur don Rafael Larrauri, al este don Juan Poventud y al oeste Miguel Madera y José Rivera. Declara el vendedor que esta finca le pertenece por adjudicación en pago de parte de su haber hereditario paterno, según consta de las operaciones partieionales del caudal relicto al óbito del finado don José de los Santos Cruz, cuyas operaciones fueron aprobadas por la Hon. Corte de Distrito de G-uayama en 24 de noviembre de 1916. Esta finca, a juicio de la promovente, es la misma que fué de doña Leocadia y que compró su esposo Luis Te-xidor Ortiz. Es ésta la primera vez que la referida finca aparece descrita con sus puntos cardinales que coinciden con los del inmueble que se describe en esta información de do-minio, siendo de notar que un río que colindaba con la anti-gua finca no se mencione en esta última descripción.

La prueba demuestra claramente que José de los Santos Cruz Rodríguez adquirió por compra las participaciones de sus hijos Inés, Tomás, María Segunda y Eustaquia Cruz Rivera en los bienes relictos al fallecimiento de doña Leocadia, entre los cuales figuraba una finca de 50 cuerdas de terreno, ubicada en el barrio de Carite Arriba, lindando con doña Francisca Colón, doña Cruz Aponte y el río. En el año 1861 aparece doña Leocadia pagando la cuota de 38 centavos de contribuciones en el pueblo de Cayey, por 50 cuerdas de te-rreno en el barrio de Carite Arriba. Hay dos herederos que no aparecen trasmitiendo su participación hereditaria a persona alguna: Pablo, hijo de doña Leocadia y don José de los Santos Cruz, y Vicente Aponte Rivera, hijo natural de Pablo José Aponte y doña Leocadia, procreado antes del matrimo-nio de esta última con José de los Sántos Cruz Rodríguez. Este último heredero, que, según se dice en la escritura de carta de pago otorgada por Tomás e Inés Cruz Rivera en 1894, falleció con posterioridad a su señora madre, no pudo trasmitir ningún derecho hereditario a José de los Santos Cruz, quien no era su padre, y no habiéndose probado que Vicente y Pablo se hayan desprendido de su participación hereditaria en los bienes de doña Leocadia, no puede decirse que se haya acreditado el dominio de la totalidad de la finca a favor de Luis Texidor Ortiz. En el testamento otorgado por José de los Santos Cruz Rodríguez en 4 de noviembre de 1913, Pablo Cruz Rivera figura entre los hijos del testador que en esa fecha vivía. No hay en los autos prueba alguna que nos oriente con respecto a la suerte que corriera la par-ticipación hereditaria de este hijo y heredero de doña Leo-cadia Rivera. En cuanto a Vicente Aponte Rivera y Pablo Cruz Rivera no puede alegarse con éxito favorable que sus derechos sobre el inmueble qué fué de doña Leocadia han prescrito, porque según se deduce de la prueba documental, que es la única sometida a la consideración de esta corte, José de los Santos Cruz Rodríguez reconoció siempre la partici-pación de sus hijos en la herencia de su esposa, y no puede decirse que poseyera en concepto de dueño las participacio-nes que no le fueron trasmitidas.

Ahora bien, cuando se inició esta información de dominio en 1925, el título de Leocadia Rivera, adquirido en 1859, no Rabia sido inscrito en el registro de la propiedad. La pro-movente hizo inscribir este título en 1929. Bien pndo ale-garse en 1925, cnando se radicó el escrito inicial, qne debido a las diversas trasmisiones del inmneble, difíciles de recons-truir para ser inscritas, la promovente acudía al medio su-pletorio del expediente de dominio para facilitar la inscrip-ción. En el caso de Bermúdez v. Morales, 42 D.P.R. 429, se ratifica la doctrina sentada en los casos de Wiscovich v. Registrador, 30 D.P.R. 127 y Canino v. Registrador, 31 D.P.R. 434, y se añade:

“Lo normal es que cuando una finca esté inscrita, no se acuda al medio supletorio del expediente de dominio que autoriza la Ley Hipotecaria, pero cuando se trata de casos como éste en que la ins-cripción data de 1880 y hubo luego tan variadas trasmisiones, difí-ciles de reconstruir totalmente para ser inscritas, se está justificado en acudir al dicho medio supletorio. .

En el presente caso, cuatro años después de iniciado este expediente de dominio, se inscribió el título de doña Leoca-dia, adquirido en 1859, sin que aparezca que se haya inscrito ninguna trasmisión posterior. Sin embargo, en la nueva vista de esta causa, celebrada en 1931, la promovente ofreció como prueba los documentos relacionados en esta opinión, que, se-gún se alega, constituyen una concatenación de títulos donde se acreditan las trasmisiones sucesivas del inmueble mencio-nado, partiendo del título de doña Leocadia hasta el último adquirente, don Carlos PI. Blondet. Si realmente existe esta concatenación de títulos y las. diversas trasmisiones del refe-rido inmueble han sido reconstruidas, como se alega, parece natural que se hubiese intentado su inscripción en el registro de la propiedad, de la misma manera que se inscribió el tí-tulo original. No comprendemos cómo pueda procederse a una nueva inscripción de la misma finca, prescindiendo de estas trasmisiones, sin ordenar la cancelación de la inscrip-ción del título otorgado a favor de doña Leocadia en 1859.

Pero asumiendo, para los efectos de la argumentación únicamente, que pudiéramos saltar por encima de estas cues-tiones de procedimiento, para decir que Luis Texidor Ortiz, o cualquier adquirente posterior, es dueño de las cuotas o interés en dicha finca, pertenecientes a los herederos de doña Leocadia que vendieron a José de los - Santos Cruz Rodríguez sus participaciones en los bienes relictos al fallecimiento de dicha señora, siempre tropezaríamos con la dificultad de no haberse probado que la finca que perteneció a doña Leocadia es la misma que se describe en este expediente de informa-ción de dominio.

Deseamos hacer constar que la transcripción de evidencia unida a los autos consiste únicamente de la prueba documen-tal aportada por la promovente en la nueva y última vista de esta causa ante la corte inferior. La prueba presentada en la primera vista celebrada ante el fenecido Juez, Hon. Rafael López Antongiorgi, no ha sido elevada a este Tribunal. El título inscrito en el registro a favor de doña Leo-cadia se limita a decir que la finca colinda con doña Francisca Colón, doña Cruz Aponte y el río, sin señalar los pun-tos cardinales. La finca .que se describe en el escrito inicial, aparece colindando al norte con don Carlos H. Blondet, al sur con don Rafael Larrauri, al este con don Juan Poventud y al oeste con don Miguel Madera y don José Rivera. Aparte de estas variantes en las colindancias, no hay en los autos prueba alguna, admitida por la corte inferior, que explique, por qué el río que colindaba antiguamente con la finca de la cual pretende derivar sus derechos Luis Texidor Ortiz, no aparece colindando con la finca descrita en el escrito inicial.

Se ofreció como prueba por la promovente un acta acla-ratoria que fué objetada por la parte contraria y que no fué admitida por la corte. La promovente tomó excepción, pero no ha planteado esta cuestión ante nosotros en su señala-miento de errores ni hace mención de la misma en ninguna parte de su alegato. En esta acta aclaratoria otorgada ante el notario José J. Aponte en 7 de marzo de 1930, dice Tomás Cruz Rivera que su padre José de los Santos Cruz Rodrí-guez, previo testamento qne otorgó en Guayarua en 16 de agosto de 1915, por escritura pasada con el número 54 ante el abogado-notario don Antonio Rodríguez, hizo constar que la finca rústica de su propiedad, compuesta de 50 cuerdas, tenía para la fecha expresada las colindancias siguientes: Al norte Carlos Blondet, al sur Rafael Larrauri, al este Juan Poventud y al oeste Miguel Madera y José Rivera; antes colindaba al norte y este Francisca Colón, por el sur Cruz Aponte y al este el Río de la Plata. Este testamento, que según Tomás Cruz Rivera fué otorgado por su padre en 16 de agosto de 1915, no ha sido presentado como prueba. El único testamento que obra en autos, es el que fué otorgado por José de los Santos Cruz Rodríguez en 4 de noviembre de 1913.

Aclara Tomás Cruz Rivera en el acta referida, que “aun-que aparece en las últimas escrituras donde se describe esta finca de cincuenta cuerdas que la misma colinda por el oeste con don Miguel Madera y don José Rivera, y en la primera escritura ya inscrita en el registro de la propiedad del dis-trito, que fué la cesión que hiciera don Pablo José Aponte a doña Leocadia Rivera, madre ésta del otorgante Tomás Cruz y Rivera, aparece esa colindaucia del oeste con el Río de la* Plata es porque dicho río divide la finca de cincuenta cuer-das ya expresada con las fincas de los mencionados don Miguel Madera y don José Rivera.” No habiendo sido este documento admitido como prueba, nos abstenemos de emitir juicio alguno acerca de la aclaración que ofrece Tomás Cruz. Rivera para explicar por qué ’ el río no aparece colindando con la referida finca. Queremos dejar a la parte promovente en completa libertad para corregir, por los medios que la ley determina, los defectos subsanables señalados por el regis-trador de la propiedad.

Es por estas razones que debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Wolf está conforme con el re-sultado.

EN MOCION DE RECONSIDERACION

Marzo 26, 1934

La promovente solicita la reconsideración de nuestra sen-tencia, basándose principalmente en que no bemos resuelto la oposición formulada por El Pueblo de Puerto Rico. No •tenemos para qué resolverla. La promovente inició un ex-pediente de información de dominio que la corte no puede resolver favorablemente, formúlese o no oposición, mientras no se prueben los Lechos esenciales alegados en el escrito inicial. Alega dicha promovente que su esposo, Luis Texidor Ortiz, deriva sus derechos al inmueble cuya declaración de dominio se solicita, de un título que se remonta al año de 1859 y que ha sido inscrito'en el registro de la propiedad con el defecto subsanable de no expresarse las colindancias de la finca en relación a sus puntos cardinales. En efecto, se trata de un predio de terreno de 50 cuerdas, colindante con doña Francisca Colón, doña Cruz Aponte y el río. La promovente no ha probado que esta finca.sea la misma descrita en la solicitud. El inmueble que se describe en el escrito inicial aparece colindando al norte con don Carlos Blondet, al sur con don Rafael Larrauri, al este con don Juan Poventud y al oeste con don Miguel Madera y don José Rivera. No se explica por qué ha desaparecido la colindancia del río con la antigua finca, de la cual pretende derivar sus derechos el Sr. Texidor.

En un acta aclaratoria otorgada ante notario por Tomás Cruz Rivera se hace referencia a un testamento otorgado en 16 de agosto de 1915 por José de los Santos Cruz, donde se dan las colindancias que entonces tenía la finca de 50 cuerdas, que resultan ser las mismas que se expresan en el escrito inicial.

No tenemos ninguna otra información acerca, de la exis-tencia de este documento, que no fué ofrecido como prueba. El único testamento que obra en antos es el que fué otorgado por José de los Santos Cruz en 4 de noviembre de 1913, y en este documento no se habla de las colindancias de la finca. En el acta aclaratoria, que tampoco fué admitida como prueba, dice Tomás Cruz Rivera que la finca inscrita en el registro aparece colindando por el oeste con el Río de la Plata, y precisamente el registrador apuntó el defecto subsa-nable de no expresarse las colindancias del inmueble en el documento que le fué presentado en relación a sus puntos cardinales. No es cierto que la finca aparezca colindando por el oeste con el Río de la Plata. Nos abstuvimos de emitir juicio alguno acerca de dicha acta aclaratoria, porque no constituye evidencia en el caso, y para dejar a la parte pro-movente en completa libertad de corregir, por los medios que la ley determina, los defectos subsanables señalados por el registrador de la propiedad.

La prueba documental que ofreció la promovente en apoyo del título alegado a favor de Luis Texidor Ortiz, se refiere exclusivamente a la antigua finca que fué de doña Leocadia, y no se ha probado que esta finca sea la misma que se describe en el escrito inicial. Huelga, por lo tanto, resolver la cuestión planteada por El Pueblo de Puerto Rico, oponién-dose a que se declare a favor de Luis Texidor Ortiz el do-minio de una finca que no ha sido identificada.

No hemos estudiado en nuestra opinión evidencia testi-fical alguna, porque como ya dijimos, y repetimos ahora, la transcripción de evidencia unida a los autos consiste única-mente de la prueba documental aportada por la promovente en la nueva y última vista de esta causa ante la corte inferior. La prueba presentada en la primera vista celebrada ante el fenecido Juez, Hon. Rafael López Antongiorgi, no ha sido elevada a este Tribunal.

No ha lugar a la reconsideración solicitada.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Dátela,

text:
    Miguel Gratacós Bosch, peticionario, v. La Corte de Distrito de Guayama, Hon. Gabriel Castejón, Juez, demandada.
    No. 929.

    Sometido: Diciembre 18, 1933.

      Resuelto: Febrero 8, 1934.

      M. Quzmán Texidor, abogado del peticionario; B. Martines Nadal, y F. Navarro Ortiz, abogados de la parte demandante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dátela,

emitió la opinión del tribunal.

Pedro Ferrer León, acreedor hipotecario de Miguel Gra-taeós Bosch y su esposa, demandó sumariamente el cobro de su crédito y obtuvo por adjudicación el inmueble hipotecado en 30 de diciembre de 1930. El peticionario en el procedi-miento ejecutivo, Sr. Ferrer León, dejó transcurrir el período de treinta días que a .contar desde la fecha de la venta fija la.ley para obtener posesión del inmueble ejecutado, sin re-clamar judicialmente dicha posesión, y en septiembre de 1933, o sea dos años nueve meses después de haber adquirido el referido inmueble en pública subasta, solicitó de la Corte de Distrito de Guayama la expedición de una orden para que se le pusiese en posesión de la propiedad que le había sido adjudicada. Enterado de esta orden el demandado en el procedimiento ejecutivo, Miguel Gratacós Bosch, solicitó ser oído en oposición a la petición del acreedor hipotecario, ale-gando que Ferrer tomó posesión de la finca y la arrendó pri-mero a Gregorio Aponte y luego a Juan José Cebollero, quien subarrendó parte de la misma al demandado. La corte inferior declaró sin lugar la moción del demandado, por enten-der que la misma envuelve cuestiones y derechos sobre po-sesión que no pueden discutirse ni resolverse en un procedi-miento sumario hipotecario, ya que ello equivaldría a suspender, paralizar e interrumpir dicho procedimiento, dentro del cual no pueden discutirse otras cuestiones que las expre-samente autorizadas por la ley a tenor de lo dispuesto en el artículo 175 del reglamento de la Ley Hipotecaria.

El artículo 2 de la ley relativa a las sentencias 3^ manera de satisfacerlas dice así:

“Siempre que en pleito sobre ejecución de hipoteca se expida por cualquier tribunal que tenga jurisdicción en el asunto, una orden para ejecutar dicha hipoteca sobre una propiedad inmueble, dicha orden tendrá toda la fuerza y efecto de un auto ordenando la pose-sión, tanto entre las partes interesadas en dicho juicio, como entre éstas y cualesquiera otras personas que reclamasen en dicho juicio en virtud de cualquier derecho adquirido durante el mismo, y el tribunal así lo dispondrá en el fallo, expidiendo una orden para que el márshal o cualquier otro funcionario que ejecutase la orden de venta, proceda en virtud de dicha orden a poner al comprador en posesión de la propiedad vendida dentro del plazo de 30 días contados desde el do la venta.”

Interpretando el artículo que antecede, esta corte ha' de-clarado, en el caso de Viejo & Rodríguez v. Caloca, 35 D.P.R. 469, que un adquirente de inmuebles ejecutados que deja transcurrir los treinta días fijados por la ley sin pedir que el márshal le ponga en posesión de dichos bienes, puede so'lici-tar de la corte la expedición de nna orden para que se cumpla el mandamiento, y ésta tiene facultad para hacer cumplir dicha orden aun después de vencido el término.

Toda vez que la corte inferior no dió acceso a la moción del peticionario, por entender que su discusión equivaldría a suspender el procedimiento sumario, se hace necesario preci-sar cuándo termina el carácter sumarísimo de dicho proce-dimiento.

Hoy por hoy, nadie duda de la vigencia del procedimiento especial para el cobro de créditos garantidos con hipoteca. Si surge alguna duda es con respecto a su extensión y dura-ción. La brevedad y la sencillez son cualidades caracterís-ticas del ejecutivo hipotecario que se simplifica y facilita, limitando al demandado a ciertas y determinadas defensas y asegurando sumariamente la efectividad de la obligación con-traída. La rapidez y seguridad del procedimiento inspiran confianza, fortalecen el crédito territorial y estimulan la con-tratación que descansa en la garantía que ofrece la propie-dad inmueble. El carácter sumario del ejecutivo hipotecario constituye un privilegio que se concede al que presta su dinero para hacer efectivo el cobro del mismo. En el ejercicio de este privilegio, el acreedor debe ajustarse estrictamente a los preceptos de la ley, sin ir más allá de lo que la misma dispone. Aun en los casos ordinarios se fija un plazo de cinco años para la ejecución de una sentencia. Una vez transcu-rrido este período, el cumplimiento de la misma puede ser negado o concedido dentro de las facultades discrecionales del tribunal. En el procedimiento ejecutivo se conceden treinta días al adquirente del inmueble hipotecado para ob-tener la posesión, sin ulterior intervención de la corte. Pa-rece razonable asumir que el legislador, teniendo en cuenta el carácter especial y sumarísimo de dicho procedimiento y las restricciones impuestas al deudor, quiso fijar un término al carácter sumario del procedimiento mencionado, que ter-mina con la posesión dentro de los treinta días, sin perjuicio de que la corte pueda ordenar dicha posesión, después de ex-pirados esos treinta días, en el ejercicio de sns facultades discrecionales.

En nn caso como el presente, en que se afirma que el acreedor hipotecario tomó posesión de la finca a raíz de haberla adquirido, y en que el peticionario Sr. Gratacós alega que han cambiado las relaciones jurídicas que existieron entre ambas partes y que está poseyendo hoy, no como antiguo dueño y deudor hipotecario, sino como subarrendatario de dicha finca, parece natural que se oiga a la parte que formula estas alegaciones para ver si se ajustan o no a la realidad de los hechos. El Sr. Ferrer León no puede sostener con éxito favorable que oyendo al Sr. Gratacós se interrumpe un procedimiento sumario que ha perdido este carácter con el transcurso del tiempo, ya que han pasado cerca de tres años desde que el inmueble fue adquirido por adjudicación. Sería un contrasentido sostener, después de transcurrido tanto tiempo, que ese procedimiento ha conservado su carácter sumarísimo. La realidad de los hechos demuestra todo lo contrario.

Debe anularse la resolución dictada por la Corte de Dis-trito de Quayama en 7 de octubre de 1933, y devolverse el caso a dicha corte para procedimientos ulteriores de acuerdo con los términos de esta opimón.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Francisco Servera Silva, demandante y apelante, v. Juan Pedrosa, Celso Caballero y Celestino Iriarte, Jr., demandados y apelados.
    No. 6178.

    Sometido: Junio 9, 1933.

      Resuelto: Febrero 8, 1934.

      Luis A. Linteres, abogado del apelante; Celestino Iriarte y F. Fer-nández Cuyar, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Se interpuso esta apelación porque la Corte de Distrito de Mayagüez ordenó la eliminación de un memorándum de costas que fué presentado ante ella en el pleito que origina este recurso.

La sentencia que dictó esa corte resolviendo el pleito fué revocada por nosotros en grado de apelación y dictamos otra declarando con lugar la demanda de Francisco Servera Silva con las costas a los demandados.

De la resolución de que es objeto esta apelación, de los alegatos que para ella nos ban sido presentados y de algún documento que obra en estos autos aparece que este recurso tiene relación con otra apelación entre las mismas partes y en el mismo pleito que con el número 6177 está archivado en la secretaría de nuestro tribunal por haber desistido de ella el apelante.

Antes de ser recibida nuestra sentencia revocatoria en la corte inferior compareció ante ella y en el mismo pleito Héctor Camolli solicitando qne se le tuviese por substituido en lugar del demandante Francisco Servera Silva, que babía fallecido, y así lo acordó la corte. Más tarde presentó Ca-molli en ese pleito un memorándum de costas dos días antes de ser recibida nuestra sentencia revocatoria, y dentro de los diez días siguientes a esa radicación fueron impugnadas sus partidas por los demandados. Después de transcurridos esos diez días, solicitaron los demandados de la corte que elimi-nase el memorándum por haber sido presentado prematura-mente.

Dos días antes del señalado para la vista del memorán-dum de costas ante la corte, ésta anuló su resolución anterior teniendo a Camolli por substituido en lugar del demandante Servera; y cuando esa vista tuvo lugar dictó la resolución objeto de esta apelación, por la cual declaró nulo e inexistente el memorándum de costas presentado por Camolli y dispuso que fuese eliminado de los autos del pleito. Para esa reso-lución se fundó en ser nulo el memorándum presentado por Camolli por haber sido anulada la resolución que lo tuvo por substituido en lugar del demandante Servera, y porque en la hipótesis de que hubiera tenido personalidad legal para la reclamación de las costas, la corte carecía de jurisdicción para resolverla por haber sido presentada antes de ser recibida nuestra sentencia. El apelante dice en el único motivo para su recurso que esa resolución es errónea.

Habiendo anulado la corte inferior su resolución teniendo a Camolli por substituido en los derechos de Servera en el pleito, mientras no fuese revocada esa resolución carecía aquél de personalidad para reclamar para sí las costas que fueron concedidas al demandante Servera, por lo que el memorándum que presentó para cobrarlas resultó improcedente en los autos y debía ser eliminado. •

Dice el apelante que puesto que los demandantes impugnaron las partidas del memorándum de costas dentro de los diez días que a tal fin les concede el artículo 339 del Código de Enjuiciamiento Civil, según fué enmendado por la Ley No. 15 de 17 de noviembre de 1917 ( (II) pág. 229), sin atacar la jurisdicción de la corte para conocer del memorán-dum de costas, su alegación posterior impugnándola no puede ser tenida en consideración por haber sido radicada después de dichos diez días y porque con su impugnación a las par-tidas del memorándum quedaron sometidos a la jurisdicción del tribunal.

En los casos de Empresa Teatral Poncena v. Municipio de Ponce, 30 D.P.R. 539, y de Noriega & Alvares, v. New York d Porto Rico Steamship Co., 33 D.P.R. 557, hemos re-suelto que una corte carece de jurisdicción para conocer de un memorándum de costas que se le presente prematura-mente; doctrina que es aplicable al presente caso por haber sido radicado el memorándum de costas antes de recibirse en la corte la sentencia dictada en apelación, ya que la ley dis-pone que si la sentencia de la corte ha sido apelada, como lo fué en este caso, se presente el memorándum de costas den-tro de los diez días siguientes a haber sido registrada en la corte inferior la sentencia dictada en apelación.

La corte inferior tenía jurisdicción sobre las personas en este caso pero como no la tenía para conocer del memorán-dum de costas, según hemos resuelto, la impugnación hecha a las partidas del memorándum no le concedió una jurisdic-ción de que carecía; y como la falta de jurisdicción por ra-zón de la materia puede ser alegada en cualquier tiempo, tal alegación de los demandados, aunque hecha después de los diez días concedidos por la ley para impugnar el memorán-dum de costas, era admisible.

La resolución apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Tesorero de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Banco Comercial de Puerto Rico, demandado y apelado, y Enrique Hernández Acosta, peticionario y apelante.
    No. 6206.

    Sometido: Enero 26, 1934.

      Resuello: Febrero 9, 1934.

      José Garbia Miranda, abogado del apelante; José j R. Ramírez 8a,n-tibáñez, abogados del banco apelado.

       Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante solicitó de la Corte de Distrito de San Juan que ordenase al síndico judicial del Banco Comercial de Puerto Rico que le pague cierta cantidad de dinero y habiendo sido negada esa petición interpuso el presente recurso.

El ciclón ocurrido en esta Isla en la noche del 10 de sep-tiembre de 1931 causó daños en el edificio San Juan Stadium de la propiedad de The Porto Rico Boxing Corporation que estaba al cuidado del apelante, vicepresidente de dicha cor-poración. Ese edificio estaba gravado con hipoteca a favor del Banco Comercial de Puerto Rico y tenía entonces una póliza de seguro contra ciclón a nombre del presidente de la corporación, cuya prima fué pagada por el banco, en cuyo poder estaba la póliza. El apelante hizo en seguida las re-paraciones del edificio con el consentimiento del gerente del banco, según el apelante, lo que fué negado por dicho gerente. El costo de esas reparaciones fué el de $749.52 y después de ellas The Porto Rico Boxing Corporation dió algunos espec-tácalos públicos en el mencionado edificio. La compañía ase-guradora pagó al banco el importe de las reparaciones, y habiendo sido después puesto el banco en administración judicial solicitó el apelante que se ordenara al síndico del banco que le pagase la expresada cantidad, lo que fué negado por la corte.

La teoría del apelante, según el único motivo de su recurso, es que tiene derecho a recobrar del banco el importe de las reparaciones que hizo en el edificio como gestión de negocios ajenos porque las realizó en beneficio del banco acreedor, y que el pago que de ellas hizo la compañía aseguradora al banco fué indebido.

El quasi contrato de gestión de negocios ajenos que reco-noce y regula nuestro Código Civil en sus artículos 1789 al 1795 tiene lugar cuando una persona se encarga voluntaria-mente de la agencia o administración de los bienes de otra persona sin mandato expreso de ésta, siendo el dueño de bie-nes que aprovecha las ventajas de esa gestión responsable de las obligaciones contraídas en su interés; pero como en este caso el mencionado edificio no era propiedad del banco sino de la corporación de que era vicepresidente el apelante, no puede sostenerse que las reparaciones por él hechas lo fueron para beneficio del banco y que éste debe pagarlas, toda vez que él no era el dueño del edificio. El hecho de que tal edificio estaba hipotecado al banco no convierte el acto del apelante en gestión para beneficio de dicho acreedor pues éste no era el dueño del edificio sino solamente un acreedor hipotecario.

En cuanto a que la compañía de seguros pagó al banco indebidamente el costo de las reparaciones, es cuestión que afecta a ellos dos, sin que tal hecho origine en el apelante derecho a que el banco le entregue lo que, según dicho ape-lante, indebidamente le pagó la compañía de seguros.

La resolución recurrida debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila disintió.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Charles E. Lawton, acusado y apelante, y Juan Comas Vera, taquígrafo-repórter de la corte sentenciadora, interventor y apelado.
    No. 5189.

    Sometido: Enero 23, 1934.

      Resuelto: Febrero 9, 1934.

      F. Soto Oras y B. Díaz Collazo, abogados del apelante; J. Valldejuli, abogado del interventor apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La sección 5 de la “Ley creando las plazas de taquígrafos reporters de los tribunales de distrito, determinando sus de-beres y fijando sus sueldos y compensaciones,” aprobada el 10 de marzo de 1904 (Estatutos Revisados, see. 1281) provee que: . . en que después de una convicción el acusado en una causa criminal pruebe al tribunal, por medio de una de-claración jurada o por otro medio, que él no está en condi-ciones por razón de su pobreza de pagar por la referida co-pia, ... el taquígrafo expedirá gratis tales copias.” Véase también el artículo 356 del Código de Enjuiciamiento Criminal, según fué enmendado en 1925 (Leyes de ese año, [No. 4] p. 109).

Lawton fné convicto de un delito menos grave y después de archivar el escrito de apelación obtuvo una orden para que se preparara la transcripción de la evidencia. Luego el juez de distrito, a moción del taquígrafo, ordenó que se con-signara la suma de $550 para cubrir los honorarios del taquí-grafo. Lawton entonces solicitó se le permitiera acogerse a las disposiciones de la sección 5, supra. Luego de celebrada una vista la corte hizo un resumen de la propia declaración de Lawton, como sigue:

“Actualmente es agente de seguros (broker); tiene esposa y una hija; vive en casa propia en una sección residencial del barrio de Santurce; la casa está afecta a una hipoteca de $2,000.00; está em-bargada y además debe-año y medio de contribuciones, sobre la casa; la casa vale de 10 a $12,000.00, según su juicio; posee además ac-ciones del Banco Comercial y acciones de la Porto Rican American Insurance Co.; tiene una reclamación contra el Banco Comercial por más de $8,000.00; tiene vários litigios de naturaleza civil; en su casa mantiene dos sirvientes, a los que paga de 8 a $12.00 mensuales cada uno; le ha satisfecho a uno de sus abogados en este caso criminal $150.00 a cuenta de sus honorarios; cuando el Banco Comer-cial se declaró en sindicatura, el acusado era gerente del banco, y ■durante los últimos cinco años que lo fue, ganó de 10 a $15,000.00 anuales; tiene además en su casa radio, piano, nevera eléctrica, al-fombras y biblioteca; por último, mantiene una póliza de seguro por valor de $15,000.00.”

La corte de distrito después de referirse de paso a la declaración del taquígrafo y a la del letrado de Lawton, indicó que el abogado de la defensa en el caso de Berrios v. Garáu, 44 D.P.R. 775, había invocado la sección 5, supra, inmediatamente después de radicar el escrito de apelación, mientras que en el presente caso había transcurrido mucho tiempo. Esto, sin más, difícilmente bastaría para distinguir el presente caso del de Berrios v. Garáu. Tampoco damos importancia alguna al hecho de que el letrado de Lawton le dijera al taquígrafo que preparara la transcripción y lo dejara bajo la impresión de que Lawton la pagaría. Lawton pudo estar enteramente dispuesto a asumir tal obligación y vacilar en solicitar que se le permitiera litigar como insol-vente, mientras qne al mismo tiempo pndo no haber estado en condiciones de depositar en efectivo o de asegurar defini-tivamente cuándo estaría en condiciones de pagarle al taquí-grafo.

Empero, el juez de distrito no pudo bailar en la prueba aducida durante la vista base satisfactoria para llegar a la. conclusión de que Lawton fuera en realidad una persona in-solvente, o que no estuviera en condiciones de pagar por la transcripción. No estamos de acuerdo con respecto a que nada había en la prueba que sirviera de base a la conclusión de que Lawton no estaba en condiciones de pagar los hono-rarios del taquígrafo. No obstante, aunque su declaración establece un caso dudoso que quizá podría sostener un resul-tado distinto, ella no es la prueba clara y convincente que se exige para una revocación.

Convenimos con el apelante en que la cuantía de sus in-gresos durante un período anterior que comprendía varios años de servicio como gerente de un banco local tenía muy poco o nada que ver con la cuestión de si él estaba o no en condiciones de pagar al tiempo de radicar su moción. La reseña de la declaración de Lawton, supra, también está in-completa. Ella se refiere, por ejemplo, a un embargo, sin mencionar el importe de la reclamación, o sea, $18,000. Law-ton dijo que los bienes embargados valían de 10 a $12,000, mas también manifestó que sería imposible hallar un com-prador por ese precio. Declaró igualmente que las acciones del Banco Comercial no tenían valor en el mercado y que las acciones de la Porto Rican American Insurance Co. habían sido pignoradas al Bank of Nova Scotia y estaban afectas a una acción pendiente contra Lawton y otro en cobro de una suma mayor que el valor de las acciones en el mercado. Un síndico se oponía a la reclamación de $8,000 presentada contra el Banco Comercial y nada hay en la declaración de Law-ton o de cualquiera otro de los testigos que indique cuál sería el resultado del litigio. Lawton además declaró que no había pagado a sus abogados liada por los servicios ya prestados en los varios pleitos civiles que estaban pendientes. Que tampoco pagaba las primas de la póliza de seguro, la que, por sus términos, se hizo automáticamente prorrogable (self-sustaining) debido al tiempo que había transcurrido desde la fecha de su expedición. También declaró que durante tres meses le había sido imposible pagar la renta de su oficina, que no tenía un peso de capital, que no tenía a nadie em-pleado en su pequeña oficina, que no tenía teléfono allí, ni recibía utilidad, ganancia o beneficio por concepto de ingre-sos con que pagar los $550 exigidos por el taquígrafo.

El punto flojo en esta declaración es que deja de demos-trar que redujera, o que tratara de reducir, sus gastos ordi-narios de vida. El testigo pudo haber producido una impre-sión más fuerte, si, por ejemplo, él hubiese explicado por qué no podía ceder en arrendamiento su cómoda casa amueblada y reducir sus gastos mudándose con su pequeña familia a una casa más barata, utilizando un sirviente, o ninguno, en vez de dos. No se trata de lo que el apelante debió o no de-bió hacer. La cuestión es si de conformidad con las dispo-siciones del estatuto él no estabá en condiciones de pagar. Si su imposibilidad de pagar se debía a su poco deseo o vo-luntad (no importa cuán laudables sean, vistos desde cual-quier otro ángulo) de adaptarse a las nuevas condiciones me-diante la práctica de una estricta economía y la eliminación de todo gasto innecesario, entonces, ante los ojos de la ley, no era un acusado insolvente. El taquígrafo merece que se le pague por sus servicios y no debe exigírsele que suminis-tre la transcripción de la evidencia sin que se le remunére, a menos que el apelante esté claramente imposibilitado de pa-garle. El peso de la prueba recae sobre el apelante, desde luego, para establecer el hecho de tal imposibilidad, supo-niendo que sea así. La moción iba dirigida a la sana dis-creción del juez sentenciador y no hallamos que se cometiera un abuso tal de ésta que justifique la revocación.

La resolución apelada debe ser confirmada.