author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    Roberto Méndez, Bárbara Méndez et als., peticionarios, v. Fundación Esposos Luis Méndez Vaz y María Bagur, Inc. et als., recurridos.

      Número: CC-2003-91

      Resuelto: 11 de julio de 2005

      Roberto Lefranc Morales, abogado de la parte peticionaria; Fernando Lavandero Látimer, Raúl Caballero y José Doria Lucca, abogados de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El 25 de marzo de 1985 el Sr. Eduardo Méndez Bagur, en unión a los Ledos. Rafael Martínez Álvarez, Jr. y Alfredo Martínez Álvarez, incorporó la Fundación Esposos Luis Méndez Vaz y María Bagur, Inc. (Museo).() De igual forma, el 4 de septiembre de 1987 incorporó la Fundación Eduardo Méndez Bagur, Inc. (Fundación) y sustituyó al Ledo. Rafael Martínez Álvarez, Jr. por el Ledo. José A. Fer-nández Paoli como tercer incorporados

Los artículos de incorporación de las referidas corpora-ciones establecen las normas para su organización y ma-nejo y, también, rigen lo referente al nombramiento de la junta de directores que habrá de operarlas. A esos efectos, los aludidos artículos disponen que los negocios y activida-des de la corporación serían manejados por una Junta de Fideicomisarios,() a ser electa por los incorporadores en la primera reunión y, luego, por los miembros de la corporación. De igual forma, establecen que los oficiales de la corporación serían electos en la primera reunión de fi- deicomisarios, de entre ellos mismos, y por un término de un año o hasta que su sucesor fuera electo.

En lo que respecta específicamente a la remuneración de los fideicomisarios, los artículos de incorporación de am-bas entidades indican que ellos “no recibirían compensa-ción alguna” por sus servicios, como tampoco “ninguna parte de los beneficios netos de la corporación” sería distri-buida ni redundaría en beneficio de ninguno de éstos ni de los oficiales de la corporación.()

Años más tarde, el 13 de junio de 1990, el Sr. Eduardo Méndez otorgó un testamento abierto ante la notario Laura A. Dahdah de Surillo. En éste nombró como albacea al Ledo. Rafael Martínez Álvarez, Jr. En cuanto a la dispo-sición de sus bienes, nombró como su única heredera universal a la Fundación Eduardo Méndez Bagur. () Dispuso que del beneficio neto anual que produjeran los bienes de esta Fundación —luego de hacer las reservas necesarias para gastos de conservación y de emergencia— se le entre-garía mensualmente la suma de veinte mil dólares al Mu-seo para sus reparaciones y mantenimiento.() Dispuso, además, que una vez pagada esta suma de dinero, el in-greso neto restante debía ser distribuido entre sus parien-tes colaterales, mientras vivieran, en unas proporciones determinadas. ()

Eduardo Méndez Bagur falleció el 13 de septiembre de 1992. Al momento de su muerte estaba soltero y no tenía descendientes ni ascendientes; solamente le sobrevivieron parientes colaterales, los cuales habían sido nombrados le-gatarios en su testamento.

Así las cosas, el 27 de agosto de 1993 los antes mencio-nados parientes colaterales del Sr. Eduardo Méndez Bagur presentaron una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan,() contra ambas cor-poraciones y contra el Ledo. Rafael Martínez Alvarez, Jr. como albacea, contador partidor y administrador del caudal, según designado por el señor Méndez Bagur. En la referida acción se impugnó la validez del testamento otor-gado por el Sr. Eduardo Méndez Bagur,() y se solicitó al tribunal que ordenara la apertura de la sucesión intestada del finado. Además, se solicitó que se detuvieran los tras-pasos, ventas y arrendamientos de propiedades del testa-dor a favor de las entidades creadas. Se solicitó, además, que se detuvieran los actos que llevaba a cabo tanto el albacea como la Junta de Directores de ambas fundacio-nes, y que se le ordenara al albacea y a las fundaciones permitir la participación de los demandantes o una repre-sentación de éstos en la toma de decisiones sobre la admi-nistración del caudal relicto.

Luego de varios incidentes y trámites procesales, y a solicitud de la parte demandada, el 31 de agosto de 1994 el foro primario dictó sentencia sumaria,() validando el tes-tamento otorgado por el Sr. Eduardo Méndez Bagur. () El referido foro determinó, además, que el testador le había negado a “los demandantes participar en la toma de deci-siones respecto a la administración del caudal relicto.”

Por último, el tribunal de instancia resolvió que había sido la intención del testador establecer un fideicomiso tá-cito, sin fines de lucro y por tiempo indeterminado. De esta forma, dispuso que:

El mandato del testador, Don Eduardo Méndez Bagur, a tenor con el cual se transmitieron sus bienes a la Fundación, para que ésta dispusiera de ellos conforme lo ordenó en su testamento, convierte al testador en fideicomitente, y la Fun-dación Eduardo Méndez Bagur en fiduciaria, según dispone el Artículo 834 del Código Civil[,] 31 L.P.R.A. [sec.] 2541.
Los demandantes-legatarios, son los beneficiarios o fideico-misarios del mandato que lleva a cabo la Fundación. Apéndice, págs. 51-52.

Luego de emitida la sentencia() —la cual advino final y firme— el 1 de abril de 1995 los Ledos. Rafael Martínez, Jr., Alfredo Martínez Álvarez y José A. Fernández Paoli —quienes se autonombraron fideicomisarios de la Funda-ción— convocaron una reunión para considerar la posibili-dad de enmendar el certificado de incorporación de la Fun-dación para sustituir cualquier referencia a la palabra “fideicomisario” por la de “fiduciario”. Ello bajo el enten-dido de que “por error u omisión en la redacción del Certi-ficado de Incorporación se utilizó la palabra incorrecta”. Luego de varios trámites procesales, el 18 de abril de 1995() —en una reunión a esos efectos— se aprobaron unánimemente las aludidas enmiendas y se revisó el regla-mento para conformarlo con éstas.()

Por lo anterior, el 26 de abril de 1995 Rafael Alfredo Martínez Álvarez, Jr., Alfredo Martínez Álvarez y José Fernández Paoli presentaron ante el Departamento de Es-tado un Certificado de Enmienda, aprobando las referidas enmiendas y cambios al Certificado de Incorporación de la Fundación.

Inconformes con tal proceder, el 30 de agosto de 1995 los legatarios presentaron ante el Tribunal de Primera Instan-cia, Sala Superior de San Juan, una segunda demanda, esta vez contra el Museo, el Ledo. José A. Fernández Pao-li,() el Ledo. Alfredo Martínez Álvarez,() Juan Pérez,() el Ledo. Rafael Martínez Álvarez, Jr.() y Martinal Real State Corp.() Luego de iniciado el pleito, la referida de-manda fue enmendada para incluir á la Sra. Rosa María García Méndez como codemandada debido a que ésta había expresado su deseo e intención de no formar parte en el pleito como demandante.

Los demandantes legatarios alegaron, en síntesis, que como eran ellos los fideicomisarios de la Fundación, tenían derecho a administrar la Fundación y el Museo; esto en virtud de que en los artículos de incorporación originales se estableció que una Junta de Fideicomisarios sería la que administraría dichas corporaciones. Alegaron, además, que ellos —los legatarios demandantes— se habían reunido y de forma unánime habían elegido a la Junta de Fideicomisarios.() En virtud de lo anterior, solicitaron la entrega inmediata de toda la documentación existente en cuanto a los bienes de la Sucesión de Eduardo Méndez Ba-gur, el Museo, el reconocimiento y validación de los nom-bramientos de la junta de fideicomisarios, y una orden judicial para la entrega de la dirección y el manejo de las entidades.

Posteriormente, la parte demandada presentó ante el foro primario una moción de desestimación, en la cual ex-puso que la parte demandante pretendía dilucidar en ese pleito lo ya resuelto o que se pudo haber resuelto en el pleito anterior. En vista de ello, solicitó que se desestimara la acción por el fundamento de cosa juzgada. Luego que la parte demandante presentara su oposición a la aludida moción, el foro primario denegó la solicitud de desestima-ción mediante una resolución a esos efectos. Concluyó que no estaban presentes todos los requisitos para la aplicación de la doctrina de cosa juzgada.

Así las cosas, el 23 de mayo de 1997 la parte deman-dante presentó una solicitud de sentencia sumaria ante el foro primario, la cual fue denegada. El tribunal de instan-cia determinó que existía controversia —según lo estable-cido en los artículos de incorporación y lo dispuesto en el testamento abierto— sobre si había un error en la redac-ción de los artículos de incorporación de la Fundación al expresarse que los negocios y las actividades de ésta se manejarían por una junta de fideicomisarios, en lugar de fiduciarios.

Finalmente, se señaló la vista en su fondo del caso. Des-filada la prueba de la parte demandante, y luego de escu-char los argumentos de las partes, el foro primario acogió en corte abierta una moción de desestimación presentada por la parte demandada, de acuerdo con las disposiciones de la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.() Conforme a lo anterior, emitió una sentencia en la que resolvió que no eran “los demandantes las personas designadas por el testador para dirigir y administrar la Fundación”. Indicó el foro de instancia que en los artículos de incorporación se estableció que “[e]l número de miem-bros de esta asociación estará limitado a los tres “fideico-misarios aquí mencionados”. Señaló que en los artículos de incorporación sólo se llamaba por nombre y apellido a tres personas: el finado Eduardo Méndez Bagur y los Ledos. Alfredo Martínez Alvarez y Rafael Martínez Alvarez, Jr.

Debido a lo anterior, concluyó el referido foro que en los artículos de incorporación se catalogó, por error, como “fi-deicomisarios” a las tres personas antes mencionadas, ya que según lo dispuesto por el Art. 834 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2541, la persona que dispone de los bienes conforme a las instrucciones del fideicomitente es llamado “fiduciario.”

Inconforme con tal determinación, la parte demandante acudió, vía recurso de apelación, ante el Tribunal de Apelaciones. Alegó, en síntesis, que la decisión del foro pri-mario violentaba la decisión del juez en el primer caso e interpretaba el testamento del finado diferente a lo que interpretó éste en el primer caso, decisión que constituye cosa juzgada y también constituye un cambio a la última voluntad del testador.()

La parte demandada presentó su oposición al recurso de apelación. Alegó, entre otras cosas, que la parte deman-dante había incumplido con el Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones debido a que había incluido en el apéndice una copia de la prueba ofrecida pero no admitida por el foro primario.

Mediante sentencia a esos efectos, el 30 de septiembre de 2002 el Tribunal de Apelaciones revocó la determinación del foro primario. Al fundamentar su conclusión, el foro apelativo expresó que el Tribunal de Instancia actuó sin jurisdicción, al alterar lo dispuesto en el caso Roberto Méndez y otros v. Fundación Eduardo Méndez Bagur Incorporado y otros, Civil Núm. KAC93-1225 (803), lo cual, según expresó, era cosa juzgada y la ley del caso entre las partes.

Oportunamente, la parte demandada presentó ante el foro apelativo intermedio una moción de reconsideración. El referido foro denegó esta moción, y aún insatisfecho con esa determinación, la parte demandada recurrió —vía cer-tiorari— ante este Tribunal el 12 de febrero de 2003. Alegó, como señalamientos de error, que:

La sentencia del Tribunal Apelativo es contraria a derecho, y en particular a lo resuelto por este tribunal en el caso Dávila v. Agrait, 116 D.P.R. 549 (1985).
Erró el Tribunal Apelativo al resolver que la sentencia del Tribunal de Primera Instancia alteró urna sentencia anterior de un litigio entre las partes.
Los artículos de Incorporación originales tienen un error en su redacción.
El Tribunal Apelativo permitió que la parte demandante so-metiera con su apelación evidencia que no es parte de los autos del caso. Petición de certiorari, pág. 5.

Expedimos el recurso. Contando con la comparecencia de todas las partes, y estando en condición de resolver el recurso, procedemos a hacerlo.

HH

En virtud de lo anterior, este Tribunal ha reconocido que la aludida doctrina es valiosa y necesaria para el buen funcionamiento de nuestro sistema judicial y para el tráfico jurídico. Parrilla v. Rodríguez, ante. Esta doctrina protege “intereses procesales importantes para nuestro sistema de administración de justicia”. Íd. A tales efectos, se protege el interés del Estado en ponerle fin a los litigios y el de los ciudadanos de no ser sometidos en múltiples ocasiones a los rigores de un proceso judicial. Íd.; Mun. de San Juan v. Bosque Real, S.E., 158 D.P.R. 743 (2003); Pagán Hernández v. U.P.R., ante, pág. 732; Pérez v. Bauzá, ante.

Para que pueda aplicarse la doctrina de cosa juzgada tiene que concurrir entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que ésta sea invocada, la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron. Art. 1204 del Código Civil, ante; Worldwide Food Dis., Inc. v. Colón et al., ante; Rodríguez Rodríguez v. Colberg Comas, 131 D.P.R. 212 (1992); Lausell Marxuach v. Díaz de Yáñez, 103 D.P.R. 533 (1975).

El efecto de la aplicación de la doctrina de cosa juzgada es “que la sentencia dictada en un pleito anterior impide que se litiguen en un pleito posterior entre las mismas partes y sobre la misma causa de acción y cosas, las cuestiones ya litigadas y adjudicadas y aquellas que pudieron haber sido litigadas y adjudicadas con propiedad en la acción anterior”. Banco de la Vivienda v. Carlo Ortiz, 130 D.P.R. 730, 739 (1992), citando a Pagán Hernández v. U.P.R., ante, págs. 732-733. Véanse, además: Mun. de San Juan v. Bosque Real, S.E., ante, pág. 769; Mercado Riera v. Mercado Riera, 100 D.P.R. 940, 950 (1972).

Este Tribunal ha señalado que dicha doctrina “no es absoluta y debe siempre considerarse conjuntamente con el saludable principio dé que debe dispensarse justicia en cada caso”. Mun. de San Juan v. Bosque Real, S.E., ante, pág. 770. Véanse: Pagán Hernández v. U.P.R., ante, pág. 737; Pérez v. Bauzá, ante, pág. 226. Conforme con lo expresado, hemos indicado que la aludida doctrina no debe ser aplicada de forma rígida ni automática. Parrilla v. Rodríguez, ante; Banco de la Vivienda v. Carlo Ortiz, ante, pág. 739. Esto es, los tribunales deberán abstenerse de aplicarla cuando al hacerlo se derrotan o se “desvirtúan los fines de la justicia, produce resultados absurdos o cuando se plantean consideraciones de interés público”. Meléndez v. García, 158 D.P.R. 77, 92 (2002), citando a Pagán Hernández v. U.P.R., ante, pág. 736; P.R.T.C. v. Unión Indep. Emp. Telefónicos, 131 D.P.R. 171, 194 (1992); Feliciano Ruiz v. Alfonso Develop. Corp., 96 D.P.R. 108, 114 (1968); Millán v. Caribe Motors Corp., 83 D.P.R. 494, 509 (1961).

No obstante lo expresado, hemos indicado que “no se favorece el reconocimiento y la aplicación liberal de ex-cepciones a la doctrina de cosa juzgada ante el riesgo de que se afecte el carácter de finalidad dé las controversias adjudicadas ...”. Parrilla v. Rodríguez, ante, pág. 271. Véase Ramos González v. Félix Medina, 121 D.P.R. 312, 339 (1988). De esta forma, evitamos se propicie la “ ‘relitigación masiva de las controversias [judiciales resueltas]’ ”. (Corchetes en el original.) Parrilla v. Rodríguez, supra, pág. 271.

Por otro lado, este Tribunal ha reconocido la aplicación en nuestro ordenamiento de la figura jurídica del impedimento colateral por sentencia, como vertiente o modalidad de la antes mencionada doctrina de cosa juzgada. Acevedo v. Western Digital Caribe, Inc., 140 D.P.R. 452, 464 (1996); A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, 110 D.P.R. 753, 762 (1981).

Hemos expresado que el impedimento colateral por sentencia opera

... cuando un hecho esencial para el pronunciamiento de una sentencia se dilucida y determina mediante sentencia válida y final ... [y] tal determinación es concluyente en un segundo pleito entre las mismas partes, aunque estén envueltas causas de acción distintas. (Énfasis suprimido.) Fatach v. Triple S, Inc., 147 D.P.R. 882, 889 (1999), citando a A&P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, 110 D.P.R. 753, 762 (1981).()

La aludida figura jurídica persigue los mismos propósitos que la doctrina de cosa juzgada; a saber, proteger a los litigantes contra lo que representa defenderse o probar sus reclamaciones en repetidas ocasiones tratándose de la misma controversia, promover la economía judicial y administrativa al evitar litigios innecesarios y decisiones incompatibles. Suárez v. E.L.A., 162 D.P.R. 43 (2004); Rodríguez Rodríguez v. Colberg Comas, 131 D.P.R. 212, 219 (1992); A & P Gen. Contractor v. Asoc. Caná, ante, pág. 762.

No obstante lo anterior, “la doctrina de impedimento colateral se distingue de la cosa juzgada [debido a que] no es necesario que se dé el requisito de identidad de causas necesario para aplicar la segunda”. Rodríguez Rodríguez v. Colberg Comas, ante, pág. 221. Véase también Pereira v. Hernández, 83 D.P.R. 160 (1961).

HH fr-H

Los codemandados peticionarios aducen que erró el foro apelativo intermedio al resolver que la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 20 de febrero de 2001 alteró la sentencia emitida en el caso Roberto Méndez y otros v. Fundación Eduardo Méndez Bagur Incorporado y otros, Civil Núm. KAC93-1225 (803). A esos efectos, argu-mentan que en la Sentencia de 20 de febrero de 2001 lo único que se resolvió fue que existía un error en los artícu-los de incorporación de la Fundación, lo cual, a su enten-der, no cambió el fallo del pleito anterior, ya que en éste lo que se resolvió fue la validez del testamento y la validez de la creación de un fideicomiso tácito. Les asiste la razón. Veamos por qué.

Según surge del expediente, en el primer pleito los lega-tarios demandantes, entre otras cosas, impugnaron la va-lidez del testamento otorgado por el Sr. Eduardo Méndez Bagur y, además, solicitaron participación en la adminis-tración de los bienes del caudal del finado. Luego de los trámites de rigor, el foro primario determinó, mediante la Sentencia de 31 de agosto de 1994 —la cual es final, firme e inapelable— que el testamento otorgado por el Sr. Eduardo Méndez Bagur era válido y, a su vez, que la vo-luntad del testador había sido crear un fideicomiso tácito. Conforme a lo anterior, resolvió que el testador era el fidei-comitente, la Fundación la fiduciaria y los demandantes los beneficiarios o fideicomisarios del referido fideicomiso.

Posteriormente, los legatarios demandantes presenta-ron un nuevo pleito, en el cual alegaron que —según su interpretación de los artículos de incorporación de la Fun-dación y el Museo— eran ellos las personas indicadas para administrar ambas entidades. A esos efectos, solicitaron que el foro primario emitiera una orden para obligar a los demandados a permitirles formar parte de la junta de directores de ambas entidades.

Surge de lo anterior que este caso —aunque está rela-cionado con el primer pleito— trata sobre una controversia distinta. Es una causa de acción separada en la cual la evidencia necesaria para dilucidar la controversia es dife-rente a la examinada en el primer pleito. Es decir,; en este segundo pleito lo que está en controversia es la interpreta-ción de los documentos corporativos del Museo y de la Fun- dación, mientras que en el primer pleito lo que se examinó e interpretó fue la validez del testamento del Sr. Eduardo Méndez Bagur.

Conforme a lo anterior, podemos concluir que dichos pleitos versan sobre controversias distintas y separadas. En el primer pleito se solicitó la participación de los deman-dantes como legatarios en la toma de decisiones que reali-zaba el Ledo. Rafael Martínez Álvarez, Jr. como albacea, contador partidor y administrador. En el presente caso lo que se solicita es que se pongan en vigor los artículos de incorporación y reglamentos de la Fundación y el Museo donde supuestamente son los fideicomisarios las personas designadas para administrar.

En virtud de lo anterior, resolvemos que el foro primario tenía jurisdicción para atender la controversia planteada, debido a que a través de su solución no se alteró en forma alguna la determinación del Tribunal de Instancia en el pleito anterior. En vista de ello, es forzoso concluir que erró el Tribunal de Apelaciones al resolver que aplicaba la doc-trina de cosa juzgada al presente caso.

Como tercer señalamiento de error, señalan los peticio-narios, en síntesis, que incidió el Tribunal de Apelaciones al negarse a validar la determinación del Tribunal de Pri-mera Instancia de que los artículos de incorporación de la Fundación tenían un error en su redacción. Les asiste la razón.

En el primer pleito el foro primario estableció que fue la voluntad del testador que los legatarios demandantes, ahora recurridos, fueran los fideicomisarios o beneficiarios de la Fundación. Es decir, que había sido la voluntad del Sr. Eduardo Méndez Bagur garantizar que sus parientes colaterales se beneficiaran del ingreso neto de la Fundación.

De igual forma, el foro primario resolvió que había sido la voluntad del testador negarle a los legatarios deman-dantes participar en la toma de decisiones respecto a la administración del caudal relicto, lo cual, a su vez, consti-tuyen los bienes de la Fundación, ya que ésta fue la here-dera universal de los bienes del testador.

Por otro lado, en lo que respecta a la Fundación, el foro primario determinó que había sido la voluntad del testador que ésta fuera la fiduciaria de los bienes fideicomitidos.

Conforme a las antes mencionadas determinaciones del foro primario en el caso Roberto Méndez y otros v. Fundación Eduardo Méndez Bagur Incorporado y otros, Civil Núm. KAC93-1225 (803), el Tribunal del Primera Instan-cia en el caso ante nos determinó que existía un error en los artículos de incorporación. Es correcta dicha determinación.

En los artículos de incorporación de ambas entidades —los cuales fueron redactados estando en vida el testador y los cuales él firmó— se establece que las entidades esta-rían regidas por una junta de fideicomisarios, la cual lle-varía a cabo todos los negocios y actividades de las corporaciones. De igual forma, en los referidos artículos se establece categóricamente que los fideicomisarios no pue-den recibir compensación alguna por sus servicios y tam-poco pueden recibir ninguna parte de los beneficios de la corporación.

Teniendo conocimiento de lo establecido en los referidos artículos de incorporación, años más tarde el Sr. Eduardo Méndez Bagur otorgó su testamento, en el cual nombró a sus parientes beneficiarios de los ingresos que produjera la Fundación. De esta forma, los designó fideicomisarios del fideicomiso por crearse pero sin designarlos con ese nombre en su testamento.

Surge de lo anterior que si concluyéramos, al igual que erróneamente determinó el foro apelativo intermedio, que no existe un error en la redacción de los artículos de incorporación de la Fundación, entonces estaríamos violentando inevitablemente la voluntad del testador y lo resuelto en el primer caso.() Ello sería así, puesto que, inevitablemente, no se podría cumplir la voluntad del tes-tador ya que sus legatarios no podrían a la vez ser admi-nistradores de la Fundación y recibir un beneficio econó-mico, porque los aludidos artículos de incorporación expresamente lo prohíben.

Debemos destacar que fortalece la determinación de que existe un error en los artículos de incorporación de la Fun-dación el hecho de que, aunque el Museo no es un fideico-miso ni los legatarios demandantes son sus fideicomisa-rios, sus artículos de incorporación, también, contienen las mismas disposiciones que tendría una Junta de Fideicomi-sarios que la administrara.

En virtud de lo anterior, con el propósito de dar cumplimiento a la voluntad inequívoca del Sr. Eduardo Méndez Bagur, concluimos que efectivamente por error u omisión en la redacción del Certificado de Incorporación se utilizó, equivocadamente, el término incorrecto. Por tal razón, fue correcta la enmienda hecha por los aquí peticionarios al referido Certificado para sustituir cualquier referencia en éste a la palabra “fideicomisario” por la palabra “fiduciario”, e igualmente correcta fue la determinación del foro de instancia a esos efectos.()

IV

Los peticionarios señalan, como primer señalamiento de error, que la sentencia del Tribunal Apelativo es contraria a derecho y, en particular, a lo resuelto por este Tribunal en el caso Dávila v. Agrait, 116 D.P.R. 549 (1985). Ello en virtud de que, según su interpretación del antes mencionado caso, nuestro ordenamiento jurídico no permite que la figura del fideicomisario() se confunda con la del fiduciario. Conforme a lo anterior, aducen que los legatarios demandantes no pueden ser administradores de la Fundación por ser éstos los beneficiarios de ésta.

Por su parte, alegan los mencionados legatarios que, contrario a lo que indican los peticionarios, en el caso Dávila v. Agrait, ante, no se prohibió expresamente que se confundiera la figura del fideicomisario y la del fiduciario. Sostienen que en nuestro ordenamiento no se excluye la posibilidad de que pueda existir un fideicomiso en el cual concurra más de un fiduciario que, a su vez, sea fideicomisario, siempre y cuando el número de fideicomisarios sea mayor que el número de fiduciarios. Conforme a lo anterior, alegan que en este caso, como son varios fideicomisa-rios, ellos pueden administrar, en vista de que no todos ocuparían cargos en la Junta de Fideicomisarios al mismo tiempo.

Aunque en nuestro ordenamiento no se ha resuelto la posibilidad de que se confundan las figuras de fideicomisario y fiduciario,() por lo antes expresado re-sulta innecesario para la disposición de este caso el hacer esta determinación. Ello en virtud de que en este caso el foro primario claramente determinó que había sido la vo-luntad del testador negarles a los fideicomisarios la capa-cidad de administrar los bienes de su caudal y, por ende, los bienes de la Fundación.

V

Analizamos por último, y aun cuando el asunto no re-sulta determinante para el presente caso, el señalamiento de los peticionarios a los efectos de que erró el Tribunal de Apelaciones al permitir que los legatarios demandantes in-cluyeran en el apéndice del recurso presentado ante dicho foro apelativo evidencia que no fue admitida por el tribunal de instancia.

Como es sabido, en “una sentencia se adjudican las controversias habidas en un pleito y se definen los derechos de las partes involucradas”. Falcón Padilla v. Maldonado Quirós, 138 D.P.R. 983, 989 (1995). Véase Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 D.P.R. 642, 656 (1987). Una vez se dicta una sentencia, las Reglas de Procedimiento Civil y, en este punto, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones rigen lo referente a las formalidades y los procedimientos que se deben cumplir para presentar un recurso de apelación.

Específicamente, las Reglas de Procedimiento Civil disponen que un recurso de apelación tiene que ser presentado ante el Tribunal de Apelaciones dentro del término jurisdiccional de treinta días, contado a partir del archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia. Regla 53.1(c) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III; Regla 13(A) del Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII — A. El referido recurso tiene que estar acompañado —como requisito jurisdiccio-nal— por un apéndice. Véanse: Cruz Castro v. Ortiz Montalvo, 154 D.P.R. 47 (2001); H. Sánchez Martínez, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal apelativo, San Juan, Lexis-Nexis, 2001, págs. 315-316.

Este Tribunal ha señalado que el apéndice es “la recopilación documental (copia literal), de los escritos acumulados durante el trámite en el Tribunal de Primera Instancia, esto es copia sustitutiva de los autos originales”.() Pellot v. Avon, 160 D.P.R. 125, 139 (2003). Véanse: Román et als. v. Román et als., 158 D.P.R. 163 (2002); Codesi, Inc. v. Mun. de Canóvanas, 150 D.P.R. 586, 588-589 (2000). Con respecto a su importancia, reiteradamente hemos ex-presado “que mediante el mismo el Tribunal de Circuito oportunamente adjudica la apelación”. Pellot v. Avon, ante. Véanse: Codesi, Inc. v. Mun. de Canóvanas, ante; Sánchez Martínez, op. cit., pág. 314.

Conforme a lo anterior, hemos señalado que la omisión de presentar el apéndice del recurso o su presentación incompleta dentro del término de treinta días, conlleva la desestimación del recurso. Cruz Castro v. Ortiz Montalvo, ante; Córdova v. Larín, 151 D.P.R. 192 (2000); Sánchez Martínez, op. cit, pág. 315.

El Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones enumeraba cuáles eran los documentos que debían formar parte del apéndice.() Reglas 16(D)(2), 34(E)(2) y 74(B) del Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones, 4 L.RR.A. Ap. XXII-A. A esos efectos, ade-más de señalar específicamente una lista de documentos que deberían incluirse en el apéndice, disponía que éste sólo contendría copia de documentos que formaran parte del expediente original del Tribunal de Primera Instancia. R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: de-recho procesal civil, San Juan, Ed. Michie, 1997, pág. 366; Sánchez Martínez, op. cit., pág. 363. Dicho a la inversa, “el apéndice de un recurso apelativo no deberá contener docu-mento alguno que no hubiese formado parte de los autos originales.” Sánchez Martínez, op. cit., pág. 332.

En virtud de las disposiciones estatutarias mencionadas, este Tribunal ha sido enfático al señalar que “es una práctica indeseable”, “que debe descontinuarse”, incluir en el apéndice documentos que no estuvieron ante la consideración del foro primario, ya que “[s]e coloca al tribunal de instancia en una señalada desventaja”. Belmonte v. Mercado Reverón, Admor., 95 D.P.R. 257, 263-264 (1967).

No obstante lo expuesto, el referido reglamento proveía un mecanismo mediante el cual las partes pueden elevar al Tribunal de Apelaciones la prueba que fue ofrecida pero no admitida en el foro primario. Las Reglas 16(D)(2), 34(E)(2) y 74(c) del Tribunal de Circuito de Apelaciones, ante, indicaban que la parte apelante o peticionaria tendrá el derecho de elevar, en un apéndice separado,() una copia del legajo de la prueba ofrecida y no admitida cuando el planteamiento ante el Tribunal de Ape-laciones se refiera a un error sustancial en la exclusión de la prueba específica de que se trate. Sánchez Martínez, op. cit., pág. 343. Véase, además, Hernández Colón, op. cit., pág. 363 esc. 365.

VI

La parte peticionaria alega que erró el Tribunal de Ape-laciones al permitir que la parte demandante sometiera con su apelación evidencia que no era parte de los autos del caso. Le asiste la razón.

Surge de la sentencia emitida por el foro primario el 20 de febrero de 2001 que la parte demandante en este caso ofreció en evidencia durante la vista del caso una serie de documentos. Estos son: (1) el testamento del Sr. Eduardo Méndez Bagur, (2) la sentencia dictada por el juez Wilfredo Alicea López en el pleito Roberto Méndez y otros v. Fundación Eduardo Méndez Bagur Incorporado y otros, Civil Núm. KAC93-1225 (803), de la Sala Superior de San Juan de 31 de agosto de 1994; (3) el certificado de incorporación de la Fundación; (4) las reglas y los reglamentos de la Fun-dación y sus enmiendas; (5) las minutas de la junta de directores de la Fundación; (6) los informes financieros de la Fundación, y (7) el documento en el cual se anuncia la sustitución como director del licenciado Paoli.

El foro primario —luego de que la parte demandada ad-mitiera la autenticidad de dichos documentos— única-mente admitió en evidencia el testamento, la sentencia, los artículos de incorporación y las minutas de la junta de fi-duciarios de 1 y 18 de abril de 1995.

Aunque la parte demandante presentó un testigo para autenticar el informe financiero, el foro primario —luego de la objeción de la parte demandada— lo marcó como prueba ofrecida pero no admitida. La otra prueba docu-mental no fue admitida debido a que la parte demandante no presentó prueba testifical para autenticarla.

De la lectura del apéndice presentado por la parte de-mandante ante el foro apelativo intermedio surge clara-mente que la parte demandante incluyó en su apéndice una serie de documentos que no fueron admitidos como evidencia por el foro primario. A esos efectos, añadieron las minutas de la junta de fiduciarios de la Fundación del 1 de diciembre de 1992 y del 5 de enero de 1995, los estados financieros de 1992 al 2000, cartas dirigidas al albacea, a los directores u oficiales, y a los abogados de ambas funda-ciones, y un documento en el cual se anunciaba la sustitu-ción como director del licenciado Paoli.

Resulta claro que la parte demandante incluyó incorrectamente en su apéndice la documentación que fue ofrecida pero no admitida por el foro primario. Ciertamente, como mencionamos anteriormente, es práctica indeseable el incluir documentos en el apéndice del recurso de apelación que no estuvieron ante la consideración del foro primario. No hay duda de que las reglas son claras al señalar que el apéndice sólo contendrá copia de aquellos documentos que formaron parte del expediente y que en caso de que la parte considere que dicho foro cometió error al dejar fuera una evidencia presentada pero no admitida, tal error ha de ser planteado ante el foro apelativo y la prueba no admitida se incluirá en un apéndice separado. Más aún, hemos señalado que las reglas concernientes a los recursos por presentarse ante los tribunales apelativos “deben observarse rigurosamente” y no puede quedar “al arbitrio de los abogados decidir qué disposiciones reglamentarias deben acatarse y cuándo ...”. Arriaga v. F.S.E., 145 D.P.R. 122, 130 (1998), citando a Matos v. Metropolitan Marble Corp., 104 D.P.R. 122, 125 (1975).

Surge de lo anterior que incidió el foro apelativo al ad-mitir que la parte demandante adjuntara a su apéndice evidencia que no fue considerada por el foro primario. No obstante, concluimos que aunque fue cometido el referido señalamiento de error, éste no tiene mayor importancia. Ello es así ya que por una lectura de la sentencia del Tribunal de Apelaciones no se puede decir con certeza si dicho foro tomó o no en consideración la referida prueba para la determinación del caso.

VII

En méritos de lo antes expuesto, procede revocar el dic-tamen emitido por el Tribunal de Apelaciones y confirmar la determinación del foro primario.

Se dictará sentencia de conformidad.

Los Jueces Asociados Señor Fuster Berlingeri y Señor Rivera Pérez concurrieron con el resultado sin opinión escrita.

      (1) La referida entidad es también conocida como el Museo Esposos Luis Méndez Vaz y María Bagur, Inc.

      (2) El Art. SEXTO de los artículos de incorporación de ambas entidades dispone que
      “... los incorporadores elegirán tres (3) fideicomisarios que serán electos por un término de tres (3) años cada uno sin impedimento a ser reelectos por cuantos tér-minos posteriores fuesen menester.” Apéndice, pág. 26.

      (3) El Art. SEXTO de los artículos de incorporación de ambas entidades dispone que los oficiales de la corporación consistirán de un Presidente, un Secretario y un Tesorero.

      (4) Dicha fundación operaría en Puerto Rico para fines religiosos, caritativos, científicos, literarios, incluyendo las artes, y para que invirtiera los bienes heredados en forma productiva, y con el ingreso llevara a cabo los objetivos para los cuales se había organizado.

      (5) El Museo se creó para establecer, operar y mantener un museo comunal en una propiedad del finado localizada en la calle Cuevillas en Miramar.

      (6) A esos efectos dispuso el testador que las proporciones serían las siguientes:
      “a) Una octava (1/8) parte a distribuirse en parte iguales entre los hijos de su hermano, Roberto Méndez Bagur, nombrados, Roberto, Bárbara, Ramón, Carmen Milagros, Muzo, Lino, Donato, Zula, Alicia, Ivette, Carlos, Roberta, Gladys, Jorge, Luis y Juan Méndez.
      “b) Una cuarta (1/4) parte a Rosa María García Méndez.
      “c) Una octava (1/8) parte a su hermana María Luisa Méndez Bagur, y de haber ésta fallecido, a distribuirse en partes iguales entre las hijas de ésta nombradas, Bemice García Méndez y Rosa García Méndez.

        “d) Una octava (1/8) parte a distribuirse en partes iguales entre los hijos de su hermana fallecida, Monserrate Méndez Bagur, a saber: Luis González Méndez y Milagros González Méndez.
      “e) Una octava (1/8) parte a distribuirse en partes iguales entre los hijos de su hermano fallecido, Bienvenido Méndez Bagur, nombrados: Luis y Maricusa Méndez.
      “f) Una octava (1/8) parte a Alicia Méndez Bagur.
      “g) Una octava (1/8) parte a distribuirse en parte iguales entre los hijos de Francisco Méndez Bagur, nombrados: María Gerardina Méndez Isem, Ana Iris Mén-dez Isern, Aliceia Mercedes Isem, Zita Teresa Méndez Isern y Luis Eduardo Méndez Isern.” Apéndice, págs. 56-57.

      (7) Roberto Méndez y otros v. Fundación Eduardo Méndez Bagur Incorporado y otros, Civil número KAC93-1225 (803).

      (8) En la referida demanda se alegó, además, que al otorgarse el testamento existía una relación entre la notario y los testigos que impedía que éstos compare-cieran a dicho otorgamiento, lo cual invalidaba el testamento. Se alegó, además, que la fundación designada en el testamento como heredera universal era una mortis causa por crearse luego del otorgamiento del testamento abierto y con fines pecuniarios. Se indicó que aunque en el testamento no se expresaba que fuera la voluntad del testador crear un fideicomiso, así se autoproclamaba la Fundación, lo cual violaba las disposiciones del Código Civil. Esto porque no se puede constituir un fideicomiso a nombre de una persona que no existe a menos que fuera a nombre de hijos futuros del fideicomitente o un fideicomiso sin fines pecuniarios.

      (9) El foro primario estimó que las controversias que suscitaban las alegaciones de las partes se circunscribían a determinar:
      “a) ¿Existía a la fecha del otorgamiento alguna prohibición que impedía al No-tario otorgar la escritura de testamento abierto?
      “b) ¿Existía a la fecha del otorgamiento alguna prohibición que impedía com-parecer como testigos a las personas que así lo hicieron?
      “c) ¿Contiene el testamento abierto otorgado por Don Eduardo Méndez Bagur algún defecto legal que amerite se anule el mismo?” Apéndice, pág. 46.

      (10) El foro primario determinó, además, que al otorgarse el testamento no exis-tía ningún impedimento por parte de los testigos para comparecer como tales, ni de la notario para otorgar dicho testamento. A esos efectos, resolvió que no surgía de las alegaciones de la demanda que existiera una relación directa entre la notario auto-rizante y los testigos del testamento por ella autorizado. Ninguno de los testigos era empleado de ella, socio de ella ni pariente de ella dentro del cuarto grado de consan-guinidad o segundo de afinidad. Dichos testigos eran empleados de una entidad corporativa separada e independiente del bufete. Determinó, además, que el testador no tuvo la intención de crear ana nueva corporación en su testamento de 1990, sino que su verdadera voluntad fue que la corporación inscrita en 1987 bajo el nombre de Fundación Méndez Bagur, Inc. pudiera operar tal y como lo había concebido adqui-riendo la universalidad de sus bienes y que dispusiera del ingreso de éstos, conforme se especificaba en el testamento.

      (11) En el entre tanto, el 18 de noviembre de 1994 el albacea testamentario, Rafael Martínez Álvarez, Jr., presentó una petición ex parte sobre Cuentas Finales de la Sucesión en el Tribunal Superior, Sala de San Juan. Civil Núm. KAC-94 1747(902).

      (12) Este es el mismo día en que se aprobaron las cuentas finales del albacea.

      (15) De igual forma se aprobaron las aludidas enmiendas al Certificado de In-corporación del Museo y a su reglamento.

      (14) Por alegadamente ser éste secretario, director u oficial del Museo.

      (16) Éste como incorporador, director u oficial del Museo.

      (16) Éste como director u oficial, quien al momento de la presentación de la demanda se desconocía su nombre.

      (17) Éste junto con el licenciado Fernández Paoli, el Ledo. Alfredo Martínez Álvarez como incorporadores, administradores u oficiales de la Fundación.

      (18) Alegadamente, es ésta la administradora de la totalidad o parte de las pro-piedades de la Fundación Eduardo Méndez Bagur.

      (19) A saber, eligieron a Alicia Méndez Bagur como presidente, a Miguel Luis González Méndez como vicepresidente y a Luis Méndez Torres como tesorero.

      (20) La referida regla dispone:
      “(c) Después que el demandante haya terminado la presentación de su prueba, el demandado, sin renunciar al derecho de ofrecer prueba en el caso de que la moción sea declarada sin lugar, podrá solicitar la desestimación, fundándose en que bajo los hechos hasta ese momento probados y la ley, el demandante no tiene derecho a la concesión de remedio alguno. El tribunal podrá, entonces determinar los hechos y dictar sentencia contra el demandante, o podrá negarse a dictar sentencia hasta que toda la prueba haya sido presentada. A menos que el tribunal en su orden de deses-timación lo disponga de otro modo, una desestimación bajo esta Regla 39.2 y cual-quier otra desestimación, excepto la que se hubiere dictado por falta de jurisdicción, o por haber omitido acumular una parte indispensable, tienen el efecto de una adju-dicación en los méritos.” 32 L.P.R.A. Ap. III.

      (21) La parte demandada presentó ante el foro apelativo intermedio una moción de desestimación. En ésta expuso que la parte demandante no cumplió con la ley y el reglamento del aludido foro apelativo al no incluir unos documentos esenciales en el apéndice del recurso de apelación, razón por la cual el tribunal carecía de jurisdicción. La referida moción fue denegada por el foro apelativo intermedio bajo el fundamento de que los documentos omitidos no eran esenciales para resolver el recurso ante su consideración.
      Así las cosas, la parte demandada presentó ante el foro apelativo intermedio una segunda moción de desestimación, alegando que la parte demandante había incumplido con las disposiciones de la Regla 19 y 20 del Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-A, ya que la parte demandante no había preparado y sometido un proyecto de exposición narrativa de la prueba oral perti-nente al recurso. El tribunal apelativo denegó la aludida moción y emitió una orden dirigida a la parte demandante para que presentara un proyecto de exposición na-rrativa de la prueba oral pertinente a su recurso de apelación.

      (22) Cosa juzgada es “lo ya resuelto por fallo firme de un Juez o Tribunal competente, y lleva en sí la firmeza de su irrevocabilidad”. J.M. Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1967, T. VIII, Vol. 2, pág. 278.

      (23) El referido artículo, en lo aquí pertinente, establece que:
      “Contra la presunción de que la cosa juzgada es verdad, sólo será eficaz la sentencia ganada en juicio de revisión.
      “Para que la presunción de cosa juzgada surta efecto en otro juicio, es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquél en que ésta sea invocada, concurra la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron.
      “En las cuestiones relativas al estado civil de las personas y en las de validez o nulidad de las disposiciones testamentarias, la presunción de cosa juzgada es eficaz contra terceros, aunque no hubiesen litigado.
      “Se entiende que hay identidad de personas siempre que los litigantes del se-gundo pleito sean causahabientes de los que contendieron en el pleito anterior, o estén unidos a ellos por vínculos de solidaridad o por los que establece la indivisibi-lidad de las prestaciones entre los que tienen derecho a exigirlas u obligación de satisfacerlas.” 31 L.P.R.A. sec. 3343.

      (24) Existen dos modalidades del impedimento colateral por sentencia, a saber, la ofensiva y la defensiva. En la primera, un demandante le impide al demandado litigar otra vez los asuntos que previamente litigó y perdió frente a otra parte. En cambio, la segunda modalidad surge cuando un demandado impide a un demandante que litigue otra vez asuntos que previamente litigó y perdió frente a otra parte. Fatach v. Triple S, Inc., 147 D.P.R. 882, 890 (1999); A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, 110 D.P.R. 753, 758 (1981).

      (25) Debemos señalar que este Tribunal ha reiterado que “Muestro ordena-miento sucesorio está cimentado en dar cumplimiento a la voluntad del testador en la disposición de sus bienes en lo que no sea contrario a la ley”. Moreda v. Rosselli, 150 D.P.R. 473, 480 (2000). Véanse, también: Fernández Franco v. Castro Cardoso, 119 D.P.R. 154, 159 (1987); Torre Ginés v. E.L.A., 118 D.P.R. 436, 462 (1987). En reiteradas ocasiones este Tribunal ha expresado que la voluntad del testador “es la ley de la Sucesión” y es la que debe prevalecer a fin de que se produzcan en su día los efectos queridos por el testador dentro del marco permitido por ley. Moreda v. Rosselli, ante, pág. 480, citando a Fernández Franco v. Castro Cardoso, ante; Calimano Díaz v. Rovira Calimano, 113 D.P.R. 702 (1983); Vda. de Sambolín v. Registrador, 94 D.P.R. 320 (1967).

      (26) Cabe destacar que el Código Civil establece que el fideicomisario es la persona que se beneficia del fideicomiso. En cambio, el fiduciario es la persona llamada para administrar los bienes fideicomitidos; es la persona de la ejecución del fideico-miso conforme a la voluntad de quien lo creó. Arts. 834 y 862 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 2541 y 2569.

      (27) El Art. 834 del Código Civil, ante, dispone que:
      “El fideicomiso es un mandato irrevocable a [sic] virtud del cual se trasmiten determinados bienes a una persona, llamada fiduciario, para que disponga de ellos conforme lo ordene la que los trasmite, llamada fideicomitente, a beneficio de este mismo o de un tercero llamado fideicomisario.
      “El fideicomiso con fines no pecuniarios es una relación fiduciaria respecto a bienes, que surge como resultado de la declaración del propósito de crearlo, e impone a la persona en posesión de los bienes deberes en equidad de explotar los mismos para un fin no pecuniario.” Véase Dávila v. Agrait, 116 D.P.R. 549, 560 (1985).

      (28) En Dávila v. Agrait, ante, pág. 559, se indicó que “[l]a disposición relativa a que el fiduciario pueda también confundirse en el fideicomisario, siempre que el fi-

        duciario no sea único beneficiario, no fue incluida en nuestra ley”. (Énfasis suplido.) Sin embargo, más adelante se indicó que “las modalidades o variantes de que el fideicomitente pueda constituir el fideicomiso en favor de sí mismo; o de que un fiduciario pueda ser también beneficiario; o de que el fideicomitente se transforme en fiduciario, no alteran ni la esencia ni la existencia de las tres figuras que entran en el trust. Las tres figuras están siempre presentes en la operación. Lo que pasa es que consumada ésta, una de ellas puede desaparecer o dos de ellas pueden concurrir en una misma persona”. (Énfasis suplido y citas omitidas.) Íd., pág. 568.

      (29) Dicho de otro modo, el apéndice es “la compilación ordenada de las copias legibles de los documentos de que se compone el expediente original del caso ante el tribunal apelado o recurrido o ante la agencia administrativa recurrida”. H. Sánchez Martínez, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal apelativo, San Juan, Lexis Nexis, 2001, pág. 313.

      (30) Vale la pena destacar que el recurso de certiorari que hoy nos ocupa fue presentado el 12 de febrero de 2003, esto es, antes de que entrara en vigor tanto la Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, mejor conocida como la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, el Reglamento Transitorio para el Tribunal de Apelaciones, como el Reglamento del Tribunal de Apelaciones. En vista de lo anterior, precisa que limitemos nuestros pronunciamientos a lo dispuesto en la Ley de la Judicatura de 1994, el Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones de 1996 y su jurisprudencia interpretativa.

      (31) “Lo que es necesario entender es que, si no se hace ofrecimiento de prueba ni se solicita que la misma sea marcada como prueba ofrecida y no admitida, la parte no tendrá derecho a preparar el apéndice suplementario a que se refiere la regla 74(C) y el tribunal apelativo no estará obligado a resolver el error planteado al respecto. La realidad es que tal omisión impide que el foro apelativo esté en condición de deter-minar si la exclusión de esa prueba fue un factor decisivo o sustancial al emitirse el dictamen apelado o recurrido.” Sánchez Martínez, op. cit., págs. 343-344.


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license: Public Domain

text:
    Teodoro López Rivera, por sí y junto a Norma I. Pagán Núñez, et als., demandantes y peticionarios, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, demandado y recurrido.

      Número: CC-2003-436

      Resuelto: 11 de julio de 2005

      Carlos G. Barreto Ríos, abogado de la parte peticionaria; Roberto J. Sánchez Ramos, procurador general, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El 23 de noviembre de 1999 Teodoro López Rivera y los hermanos Stanley y Lennin Ocasio Pagán presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce, una petición ex parte de adopción() y de cambio de apellido. Estos dos últimos son hijos, ambos mayores de edad, de un primer matrimonio de Norma Ileana Pagán Núñez, esposa de López Rivera. En la referida petición de adopción, López Rivera solicitó adoptar a los hermanos Stanley y Lennin Ocasio Pagán; este último al momento de presentarse esta petición, había contraído matrimonio con María Eugenia Gratacós Loyola. Por su parte, los herma-nos Ocasio Pagán solicitaron del tribunal que, de autori-zarse la adopción, se les cambiara el apellido a López Pagán.()

Así las cosas, la Procuradora Especial de Relaciones de Familia presentó su posición mediante escrito a esos efectos. Alegó que el Art. 132 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 533 (Sup. 1996), según enmendado por la Ley Núm. 8 de 19 de enero de 1995, conocida como la Ley de Adopción, prohíbe la adopción cuando la persona que va a ser adop-tada es casada, razón por la cual Lennin no podía ser adoptado. En cuanto a Stanley, señaló la referida funciona-ría que, aun cuando éste era mayor de edad, al no estar casado, procedía evaluar si vivía con el adoptante, López Rivera, desde antes de cumplir los dieciocho años de edad, y si dicha situación existía aún a la fecha de la petición.

Los peticionarios replicaron; plantearon la inconstitu-cionalidad del mencionado Art. 132 del Código Civil, el cual prohíbe que personas mayores de edad y personas casadas, o que hubiesen estado casadas, puedan ser adoptadas. Ale-garon, además, que dicha disposición constituye una clasi-ficación sospechosa por razón de status civil, por lo cual sostuvieron que ésta debía ser analizada utilizando el cri-terio de “escrutinio estricto”.

El foro primario —luego de realizar un estudio de las alegaciones de los peticionarios y de la Procuradora Especial de Relaciones de Familia— decidió abstenerse de con-siderar el planteamiento de inconstitucionalidad tras de-terminar que procedía la aplicación de la doctrina de autolimitación judicial, la cual establece que los tribunales no deben adjudicar cuestiones constitucionales a no ser que ello sea imprescindible.()

En cuanto al peticionario Stanley Ocasio Pagán, el foro de instancia determinó que éste, por no estar casado, po-dría cualificar para adopción si se cumplía con la excepción contenida en el inciso (2) del referido artículo, esto es, si se demostraba que éste residía en el hogar de López Rivera desde antes de cumplir los dieciocho años de edad y que esta situación subsistía al momento en que se presentó su solicitud de adopción y cambio de apellido.()

En cuanto a Lennin Ocasio Pagán, el referido foro de-terminó que la adopción no procedía, ya que éste era un hombre casado; señaló que, por disposición expresa del Art. 132 del Código Civil, ante, éste no podía ser adoptado por el peticionario Teodoro López Rivera. Por tal razón denegó, además, el cambio de apellido de éste y de su hijo, L.M.O.G.

Insatisfechos con esta determinación, los peticionarios acudieron —vía recurso de apelación^- ante el Tribunal de Apelaciones. El referido foro apelativo, acogiendo el re-curso como un certiorari, por tratarse de un procedimiento ex parte, dictó sentencia desestimatoria por haberse pre-sentado el recurso fuera del término jurisdiccional de treinta días.

Así las cosas, Teodoro López Rivera y los hermanos Stanley y Lennin Ocasio Pagán presentaron una demanda contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce, ini-ciando, de este modo, un nuevo procedimiento judicial.() En ésta alegaron, en síntesis, que el Art. 132 del Código Civil, ante, era inconstitucional por violar la igual protec-ción de las leyes en cuanto creaba una clasificación sospe-chosa por razón de status civil. Por otro lado, alegaron que el denegar la adopción por el hecho de que una persona estuviese casada violaba el derecho a la intimidad por constituir una intromisión del Estado en derechos personalísimos. Argüyeron, que las leyes que restringen el derecho a decidir, relacionadas al matrimonio, divorcio o relaciones familiares, estaban sujetas al criterio de “escru-tinio estricto”.

El Secretario de Justicia de Puerto Rico solicitó la des-estimación de la demanda presentada, alegando que la sentencia desestimatoria, dictada por el Tribunal de Ape-laciones, tenía el efecto de cosa juzgada en su modalidad de impedimento colateral por sentencia. En la alternativa, alegó que conforme lo resuelto por el Tribunal de Primera Instancia, en el caso original de adopción, el tribunal debía seguir la doctrina de abstención. En cuanto a los méritos de la impugnación constitucional por violar la igual protec-ción de las leyes, alegó que la clasificación entre adoptan-dos, casados y no casados, no guardaba relación con el dis-crimen “por origen y condición social” y que, por lo tanto, procedía analizar la razonabilidad de la clasificación, no bajo el escrutinio estricto, sino bajo el “escrutinio tradicio-nal de nexo racional”.

Los demandantes se opusieron a la desestimación soli-citada y reiteraron su posición sobre la inconstitucionali-dad del Art. 132, ante, señalando que el fundamento para no conceder la adopción constituía una intromisión del Es-tado en derechos personalísimos, por lo que el estatuto im-pugnado debía ser analizado bajo el escrutinio estricto. Sostuvieron que, si la decisión de contraer matrimonio está protegida constitucionalmente bajo el derecho a la intimi-dad, la decisión de adoptar a aquellos que se han ganado un sitial como hijos y como padres no puede estar menos protegida.

El foro primario, aun cuando reconoció que, bajo la doc-trina de abstención judicial, los tribunales no deben entrar a determinar la validez constitucional de una ley si en el caso existen otros planteamientos no constitucionales a base de los cuales se pueda dictar sentencia, determinó que ésta no era la situación en el caso que tenía ante su consi-deración y que, por lo tanto, el planteamiento constitucio-nal debía ser atendido y resuelto.

El Tribunal de Primera Instancia resolvió, mediante re-solución a esos efectos, que habiéndose reconocido en la esfera federal que el matrimonio constituye una expresión del derecho a la intimidad, no tenía duda que ello debía reconocerse. Asimismo en relación con el derecho que tiene un individuo para adoptar como su hijo a una persona, crear o ampliar su núcleo familiar y establecer lazos de amor, convivencia y dirección. Determinó, en consecuencia, que el derecho a adoptar está protegido por el derecho fundamental a la intimidad. Dicho foro concluyó que el citado Art. 132 del Código Civil violenta un derecho fundamental, por lo que debe aplicarse un escrutinio estricto e imponerse al Estado el deber de probar cuál es el interés público apre-miante que justifique la limitación a ese derecho.

Inconforme con esta determinación, el Procurador General acudió, vía certiorari, ante el Tribunal de Apelaciones. Alegó, en síntesis, que el Tribunal de Primera Instancia incidió al determinar que el Art. 132 del Código Civil, ante, violaba tanto el derecho a la intimidad como la igual protección de las leyes, y al determinar que éste de-bía ser analizado mediante un escrutinio estricto. Reiteró, además, su posición en cuanto al planteamiento de cosa juzgada en su modalidad de impedimento colateral por sentencia.

El foro apelativo intermedio determinó que en el caso ante sí no aplicaba la doctrina de cosa juzgada, ya que en el caso original de adopción, el foro primario decidió abste-nerse de considerar el planteamiento de inconstitucionali-dad y que, por lo tanto, no había una determinación final en cuanto a este aspecto. Por otro lado, y acogiendo los planteamientos del Procurador General, determinó que la prohibición de adoptar personas casadas no representaba una intromisión indebida en los derechos personales de las partes y que, tratándose la adopción de un privilegio con-cedido por ley —y no un derecho fundamental— como de-terminó el foro primario, le correspondía al Estado estable-cer todas las medidas que garantizaran la protección y el bienestar de los menores. Por consiguiente, determinó que la clasificación hecha por el Estado en cuanto a casados y no casados para efectos de quiénes pueden ser adoptados, no constituye una clasificación sospechosa y que el derecho de adopción no está protegido por el derecho fundamental a la intimidad. Por consiguiente, dictó sentencia revocando la resolución recurrida y le ordenó al foro primario evaluar la clasificación impugnada bajo el escrutinio tradicional de nexo racional.

Inconformes, los demandantes recurrieron, vía certio-rari, ante este Tribunal, imputándole al foro apelativo in-termedio haber errado al

... imponer la utilización del escrutinio tradicional de nexo racional cuando la prohibición establecida en la Ley violenta derechos fundamentales adquiridos bajo [el] Artículo II, Sec-ciones 1 y 8 de la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
... imponer la utilización del escrutinio tradicional de nexo racional cuando existe y debido a la prohibición establecida en la Ley una crasa violación a derechos fundamentales adquiri-dos bajo el Artículo II, Sección 7 de la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Peti-ción de certiorari, pág. 5.

Expedimos el recurso. Procedemos a resolver el recurso presentado, contando con la comparecencia de todas las partes y estando en posición de hacerlo así.

HH

A. El derecho a la intimidad

La Sec. 1 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado.de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1999, pág. 257, dispone que:

La dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres son iguales ante la Ley. No podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas. Tanto las leyes como el sistema de instrucción pública encarnarán estos prin-cipios de esencial igualdad humana.

Por su parte, la See. 8 del Art. II de nuestra Constitución, ante, pág. 301, dispone que “[t]oda persona tiene derecho a protección de ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar”.

En Puerto Rico, el derecho a la intimidad y la protección a la dignidad del ser humano tienen un origen constitucional explícito. Rexach v. Ramírez, 162 D.P.R. 130 (2004). Nuestra jurisprudencia, ciertamente, ha conside-rado que el derecho a la intimidad goza de enorme valor en nuestro ordenamiento constitucional. Pérez Vda. Muñiz v. Criado, 151 D.P.R. 355 (2000). A tono con lo anterior, he-mos reconocido que los ciudadanos tienen un derecho fundamental a la intimidad. Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 117 D.P.R. 35 (1986); Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 D.P.R. 250 (1978).

Los derechos a la dignidad, integridad personal e intimidad, los cuales han sido reconocidos bajo la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, son derechos constitucionales fundamentales que gozan de la más alta jerarquía y constituyen una crucial dimensión en los derechos humanos. Su protección es necesaria para que se pueda lograr una adecuada paz social o colectiva. Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., ante.

La disposición constitucional del derecho fundamental a la intimidad impone al Estado una función dual: abstenerse de actuar en una forma que viole el ámbito de autonomía e intimidad individual, y actuar de forma positiva en beneficio del individuo. Soc. de Gananciales v. Royal Bank de P.R., 145 D.P.R. 178 (1998).

Así, pues, hemos reconocido que el derecho a la vida privada y familiar, protegido por el Art. II, Secs.l y 8 de nuestra Constitución, ante, opera ex proprio vigore, y puede hacerse valer entre personas privadas al eximirlas del requisito de acción estatal. Este derecho constitucional impone al Estado y a toda persona el deber de no inmiscuirse en la vida privada o familiar de los demás seres humanos. Colón v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 573 (1982). En general, puede afirmarse que están protegidos dos intereses fundamentales: “[u]no es el interés individual de evitar la divulgación de asuntos personales y el otro es el interés de poder tomar decisiones importantes independientemente.” (Énfasis suplido.) Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., ante, pág. 75.

A tono con lo anterior, tanto en la jurisdicción federal como en la nuestra, se ha reconocido como parte del derecho a la intimidad la facultad de las personas para tomar ciertas decisiones sin que el Estado intervenga con ellas. La jurisprudencia de ambas jurisdicciones establece que este derecho se lesiona, entre otras instancias, cuando se limita la facultad de un individuo de tomar ciertas decisiones personales, familiares o íntimas. Pueblo v. Duarte Mendoza, 109 D.P.R. 596 (1980); Figueroa Ferrer v. E.L.A., ante; Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479 (1965); Eisenstadt v. Baird, 405 U.S. 438 (1972); Carey v. Population Services International, 431 U.S. 678 (1977).

Al aplicar el debido proceso de ley a las relaciones fami-liares, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha inter-pretado que dentro del concepto “libertad” de la Decimo-cuarta Enmienda está incluida la libertad de los ciudadanos de tomar ciertas decisiones personales en el ámbito de la vida privada familiar. Lassiter v. Department of Social Services, 452 U.S. 18, 38 (1981); Skinner v. Oklahoma, 316 U.S. 535 (1942); Meyer v. Nebraska, 262 U.S. 390, 399-400 (1923).

La jurisprudencia federal ha reconocido de manera explícita que el derecho fundamental a la intimidad, protegido bajo la cláusula de debido proceso de ley, involucra una serie de decisiones que un individuo puede tomar sin que el Estado pueda interferir en éstas de forma injustificada. Entre éstas se encuentran las decisiones personales relacionadas con el matrimonio, la procreación, el uso de contraceptivos, las relaciones familiares y la crianza y educación de los hijos. Si un estatuto interfiere con alguna de estas decisiones —protegidas por el derecho fundamental a la intimidad— estará sujeto al escrutinio estricto y sólo podrá sostenerse si el estatuto está dirigido específicamente para adelantar un interés estatal apremiante. Carey v. Population Services International, ante. A estos efectos, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha expresado que, en aquellas circunstancias que involucran derechos fundamentales, cualquier legislación que los limite sólo podrá ser justificada por un interés estatal apremiante y que la legislación debe restringirse únicamente a proteger ese interés. Griswold v. Connecticut, ante.

Lo anterior no significa, sin embargo, que el Estado no pueda interferir en la vida privada y familiar de la persona bajo ninguna circunstancia. Lo que significa es que, cuando se trate de derechos fundamentales, el Estado tiene que limitar esta interferencia al mínimo, de modo que ésta no se convierta en una limitación irrazonable en la facultad de un individuo de tomar decisiones personales o una intromisión injustificada en ámbitos privados protegidos. Habiendo reconocido que el derecho a la intimidad es fundamental, las actuaciones gubernamentales que afecten ese derecho sustancialmente estarán sujetas al escrutinio estricto. Cuando el Estado intervenga en estos ámbitos protegidos, tendrá que demostrar que existe un interés apremiante que justifique la intromisión o limitación y que dicha limitación es necesaria para alcanzar dicho interés.

En nuestro ordenamiento las relaciones familiares han sido examinadas en el contexto del derecho a la intimidad. Rexach v. Ramírez, ante. A esos efectos, hemos señalado que en la sociedad democrática organizada alrededor de los derechos fundamentales del hombre, el Estado ha de reducir a un mínimo su intervención con sensitivas urdimbres emocionales como lo son las relaciones de familia. La intromisión en la vida privada sólo ha de tolerarse cuando así lo requieran factores superantes de salud y seguridad públicas o el derecho a la vida y a la felicidad del ser humano afectado. García Santiago v. Acosta, 104 D.P.R. 321, 324 (1975).

B. La igual protección de las leyes

La See. 7 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ante, pág. 280, establece que:

Se reconoce como derecho fundamental del ser humano el derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad. No existirá la pena de muerte. Ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin debido proceso de ley, ni se negará a persona alguna en Puerto Rico la igual protección de las leyes. No se aprobarán leyes que menoscaben las obligacio-nes contractuales. Las leyes determinarán un mínimo de pro-piedad y pertenencias no sujetas a embargo. (Énfasis suplido.)

La igual protección de las leyes se funda en el principio cardinal de “trato similar para personas similarmente situadas”. Esto significa que el Gobierno puede hacer clasificaciones entre las personas para cualesquiera propósitos legítimos, pero al realizarlas, tiene que observar esa norma básica. R. Serrano Geyls, Derecho constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, San Juan, Ed. C. Abo. P.R., 1988, Vol. II, págs. 1081-1082; Pérez, Román v. Proc. Esp. Rel. de Fam., 148 D.P.R. 201 (1999).

El fundamento de este precepto surge de la concepción básica de que para gobernar una sociedad tan compleja y variada, en la cual existen distintos intereses individuales y grupales, y diversas relaciones sociales, es necesario establecer clasificaciones.

En otras palabras, es imposible gobernar cualquier sociedad y en especial una sociedad moderna sin instituir clasificacio-nes entre personas, sin construir desigualdades que favorez-can a algunos y perjudiquen a otros. Serrano Geyls, op. cit., pág. 1081.

El principio constitucional de la igual protección de las leyes no exige que se dé un trato igual a todos los ciudadanos siempre. Pueblo v. Matías Castro, 90 D.P.R. 528, 531 (1964). Véase, además, Alicea v. Córdova, 117 D.P.R. 676, 696 (1986). “El Estado puede hacer clasificaciones entre las personas sin infringir dicho principio siempre y cuando la clasificación sea razonable y con miras a la consecución o protección de un interés público legítimo.” Zachry International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 267, 277 (1975).

Hemos señalado que no toda discriminación viola el precepto de igualdad ante la ley, ya que las normas que nutren este principio no exigen un trato igual para todos los ciudadanos, aunque sí prohíben un tratamiento desigual injustificado. íd. Por consiguiente, según expresa el profesor Serrano Geyls, “el problema central que plantea la aplicación de la igual protección de las leyes es el de diseñar normas que permitan al gobierno establecer clasificaciones pero que a la vez protejan a las personas contra desigualdades indebidas o irrazonables u odiosas (invidious)”. Serrano Geyls, op. cit., pág. 1081.

Bajo la igual protección de las leyes, cuando un tribunal en Puerto Rico se enfrenta a un análisis constitucional sobre la razonabilidad de una clasificación legislativa, dicho foro deberá usar uno de los dos criterios o escrutinios establecidos jurisprudencialmente para ese fin, a saber: el escrutinio estricto o el escrutinio tradicional mínimo o de nexo racional. Véanse: Vélez v. Srio. de Justicia, 115 D.P.R. 533 (1984); León Rosario v. Torres, 109 D.P.R. 804 (1980).

La doctrina prevaleciente en Puerto Rico sobre la igual protección de las leyes le reconoce al Estado una amplia latitud en lo referente al establecimiento de clasificaciones relativas a cuestiones sociales y económicas. He-mos resuelto que en relación con estas cuestiones, el escrutinio que han de utilizar los tribunales al examinar las leyes que establecen clasificaciones en estos campos es el de nexo racional o tradicional mínimo. Vélez v. Srio. de Justicia, ante. Al amparo de dicho escrutinio, las clasificaciones establecidas por el legislador no se declararán inválidas a menos que sean claramente arbitrarias y no exista un interés legítimo del Estado en la clasificación cuestionada, o que no pueda establecerse un nexo racional entre la clasificación impugnada y el interés estatal. Véase León Rosario v. Torres, ante.

Bajo el escrutinio racional, la ley impugnada goza de una presunción de constitucionalidad. Esto coloca el peso de rebatirla en la persona que impugna la validez de la legislación. Zachry International v. Tribunal Superior, ante, pág. 277.

Para que se justifique la utilización del escrutinio riguroso o estricto, el tribunal tiene que identificar si la clasificación hecha afecta algún derecho fundamental de la persona o si establece alguna clasificación sospechosa que no guarde relación con la habilidad o aptitud de las personas afectadas por la clasificación. Zachry International v. Tribunal Superior, ante, págs. 276-277. Si se identifican esas clasificaciones, la legislación se presume inconstitucional y le corresponde al Estado probar la existencia de un interés apremiante que las justifique.

HH I — I

La adopción es un acto jurídico solemne, el cual supone la ruptura total del vínculo jurídico-familiar de una persona con su parentela biológica y la consecuente filiación de ésta con aquel o aquellos que han expresado la voluntad de que legalmente sea su hijo. Virella v. Proc. Esp. Rel. Fam,., 154 D.P.R. 742 (2001); Feliciano Suárez, Ex parte, 117 D.P.R. 402 (1986). Bajo esta institución, se equipara la relación filiatoria adoptiva con aquella que se produce naturalmente, con iguales deberes y obligaciones jurídicas y sociales. Zapata et al. v. Zapata et al., 156 D.P.R. 278 (2002).

En Puerto Rico la adopción, como acto jurídico, está rigurosamente reglamentada por el Código Civil, en su dimensión sustantiva, y por el Código de Enjuiciamiento Civil, hoy Ley de Procedimientos Legales Especiales, en su dimensión procesal. Virella v. Proc. Esp. Rel. Fam., ante; Feliciano Suárez, Ex parte, ante.

En su dimensión procesal, la Ley Núm. 9 de 19 de enero de 1995 (32 L.P.R.A. sec. 2699 et seq.), enmendó las disposiciones de la Ley de Procedimientos Legales Especiales en materia de adopción. Según su exposición de motivos, dicha ley se aprobó para superar los “serios escollos y dila-ciones innecesarias” que caracterizaban el procedimiento de adopción anterior a esta legislación. La ley declara que “[e]s un derecho inalienable de los niños el poder vivir y crecer dentro del seno de un hogar feliz y al calor de sus padres”. (Énfasis suplido.) 1995 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 60. Expresa, además, que ante los diversos males so-ciales que atentan contra el bienestar de los menores, la intención legislativa va dirigida a prestar particular aten-ción a los menores maltratados, abandonados y desampa-rados, para que mediante los mecanismos de adopción és-tos puedan formar parte de hogares estables, donde a su vez encuentren la felicidad, el amor, la protección y el de-sarrollo físico, psicológico, mental y moral.

Mediante la aprobación de esta legislación, la Asamblea Legislativa pretendió ampliar y facilitar la utilización del mecanismo de adopción de forma tal que pudiera ser utili-zado más ampliamente, y de forma más rápida, por perso-nas que desearan acoger como padres en el seno de su ho-gar a menores e incapacitados en estado de desamparo y abandono.

Al expresarnos sobre el propósito que persi-gue la institución jurídica de la adopción, hemos dicho que ésta cumple varios fines sociales de fundamental impor-tancia para nuestra sociedad contemporánea, pero, princi-palmente, el propósito de darles a los niños sin padres la oportunidad de criarse en un hogar donde los puedan aten-der debidamente y facilitar a los padres sin hijos la opor-tunidad de tenerlos y asegurar así la continuidad de su familia. M.J.C.A., menor v. J.L.E.M., menor, 124 D.P.R. 910, 916 y 922 (1989); Feliciano Suárez, Ex parte, ante, pág. 409. Ello en atención a la problemática social que aqueja a nuestra sociedad de niños abandonados o maltratados. El propósito de la adopción debe ser alcan-zado sin que de ninguna manera se sacrifique el propósito primordial de dicha institución: el bienestar del menor. Véase Zapata et al. v. Zapata et al., ante. Esto es, la adop-ción debe servir el propósito de proteger al menor. Véase Ex parte J.A.A., 104 D.P.R. 551 (1976).

Por otro lado, mediante la Ley Núm. 8, ante, la Asam-blea Legislativa enmendó el Capítulo V, Título VI, del Li-bro Primero del Código Civil, que regula los aspectos sus-tantivos de la adopción en Puerto Rico. En su Exposición de Motivos dispone que

[piara implantar la nueva política pública en materia de adopción y de protección de los menores, para cuyo beneficio y protección se adopta esta nueva política, se hace indispensable enmendar el Código Civil en aquello que incida sobre la insti-tución de la adopción .... (Énfasis suplido.) 1995 (Parte 1) Le-yes de Puerto Rico 47.

A estos efectos, la exposición de motivos de la referida pieza legislativa expresa que es imperativo flexibilizar la institución de la adopción para que pueda ser ampliamente utilizada por personas que desean adoptar menores de edad. Dispone que los niños de Puerto Rico merecen tener la oportunidad de que sus vidas se desarrollen al calor de un hogar, sintiendo el amor de unos padres. Expresa, ade-más, que la institución de la familia es el pilar principal de nuestra sociedad y que, por lo tanto, hay que brindarle a esos niños la oportunidad de formar parte de un seno familiar.

De este modo, vemos que el propósito principal de las enmiendas a las disposiciones del Código Civil y de la Ley de Procedimientos Legales Especiales en materia de adop-ción fue “flexibilizarlas”, pero en relación con los menores de edad. Por esta razón, la exposición de motivos de la referida ley expresa que se adoptó “una de las legislaciones más avanzadas y liberales de todos los países occidentales en materia de adopción siendo su espíritu claramente au-tóctono, ajustado a la realidad de la vida actual de la so-ciedad puertorriqueña, y protector de bienestar y conve-niencia del adoptando”. Leyes de Puerto Rico, ante. Ambas legislaciones tuvieron idéntico propósito: utilizar el meca-nismo de adopción para brindarles hogares a menores que así lo necesitaran.

Es menester señalar que según las Leyes Núms. 85 y 86 de 15 de junio de 1953, leyes que regulaban la adopción anterior a la aprobación de las Leyes Núms. 8 y 9 de 1995 vigentes, dicha institución fue considerada como una de carácter esencialmente social dirigida primordialmente a dar padres a niños que no los tuvieran, o cuyos padres no los quisieran o no los pudieren atender debidamente. Ex parte J.A.A., ante, pág. 558.

Por otro lado, hemos expresado que por ser nuestra ley de adopción una creación autóctona, se impone la necesidad de siempre buscar la intención legislativa, para poder evaluar la determinación de autorizar o no autorizar una adopción conforme a los principios generales que inspiran la ley. Ex parte J.A.A., ante, pág. 556.

En virtud de lo antes expuesto, analizamos el Art. 132 del Código Civil, según enmendado por la Ley Núm. 8, ante, y cuya constitucionalidad se impugna en el presente caso. Este artículo dispone, en lo aquí pertinente, que:

Quiénes podrán ser adoptados; quiénes no podrán serlo.
(1) Podrán ser adoptados los menores de edad no emancipa-dos y los menores de edad emancipados por decreto judicial o por concesión de padre, madre o padres con patria potestad.
(2) No podrán ser adoptados: Las personas que hayan cum-plido la mayoría de edad a la fecha de un decreto de adopción aún cuando fueren menores de edad al presentarse la petición de adopción no podrán ser adoptados. No obstante, podrá ser adoptado un menor de edad emancipado que no hubiese con-traído matrimonio o una persona mayor de edad siempre y cuando medie algunas de las siguientes circunstancias:
(a) Cuando el adoptan [do] hubiere residido en el hogar de los adoptantes desde antes de haber cumplido lá edad de die-ciocho (18) años, y dicha situación hubiere continuado exis-tiendo a la fecha de la presentación de la petición de adopción.
(b) Cuando el adopta [n] do sea un menor emancipado que nunca hubiere contraído matrimonio.
(3) Las personas casadas o que hubieren estado casadas, aunque sean menores de edad.
La adopción decretada en contravención a lo dispuesto en esta sección será nula. (Énfasis suplido.)

El artículo de ley antes transcrito reserva la adopción para menores de edad no emancipados, y para menores de edad emancipados siempre y cuando no hubiesen contraído matrimonio. El artículo también excluye ex-presamente, como posibles adoptandos, a aquellas personas que hubiesen contraído matrimonio o que estén casadas, aunque sean menores de edad. Como vemos, el Art. 132, ante, establece una prohibición absoluta en cuanto a las personas que estén casadas o que hubiesen estado casadas, ya que éstas, bajo ninguna circunstancia, podrán ser adoptadas.

Por otro lado, la referida disposición de ley dis-pone, como regla general, que las personas mayores de edad tampoco podrán ser adoptadas. Esta disposición tiene como única excepción lo expresado en el inciso (2) del Art. 132, el cual establece que una persona mayor de edad podrá ser adoptada si se demuestra que ésta hubiese residido con el adoptante desde antes de cumplir los dieciocho años de edad y si esta situación subsiste al momento de solicitarse la adopción.

Respecto a la interpretación del conjunto de nor-mas sustantivas y procesales de la adopción, reiteradamente hemos señalado que éstas deben ser interpretadas liberalmente a favor del adoptando. Sin embargo, enfáticamente hemos advertido que “la liberalidad en la interpretación no puede conducirnos a violentar la intención legislativa, ni a consagrar absurdos”. Virella v. Proc. Esp. Rel. Fam., ante, pág. 756. Véase Zapata et al. v. Zapata et al., ante, págs. 287-288.

Con este trasfondo en mente, atendemos los plantea-mientos constitucionales hechos por los peticionarios en cuanto a cuál es el escrutinio aplicable al momento de exa-minar la constitucionalidad del Art. 132 del Código Civil, ante. Los peticionarios argumentan que la prohibición de adoptar personas casadas viola el derecho fundamental a la intimidad al infringir el derecho que tiene una persona de adoptar como hijo a quien así se estima. Asimismo, ale-gan que para efectos de la adopción, la distinción entre personas casadas y no casadas implica un trato desigual injustificado y una clasificación sospechosa que violenta la doctrina constitucional de la igual protección de las leyes.

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A los fines de resolver cuál es el escrutinio que debe utilizarse para analizar la controversia ante nos —si el estricto o el tradicional mínimo de nexo racional— corres-ponde que resolvamos si la decisión de adoptar a alguien como hijo constituye un derecho fundamental cobijado bajo el derecho a la intimidad, y si el Art. 132 del Código Civil, ante, en cuanto prohíbe que las personas casadas o que hubiesen estado casadas puedan ser adoptadas, establece una clasificación arbitraria o caprichosa que viole la igual protección de las leyes.

Tal y como señaláramos, el derecho a la intimidad reconoce ciertos ámbitos de la vida privada familiar de los ciudadanos en los cuales el Estado no debe inmiscuirse o cuya intromisión debe ser leve e insustancial. Dentro de la protección al derecho a la intimidad, se encuentra la facultad del individuo de tomar ciertas decisiones con respecto a su vida íntima privada o familiar. En reconocimiento de la autonomía individual, el Estado debe abstenerse de aprobar legislación que lesione la facultad y el interés de las personas de poder tomar estas decisiones independientemente. Entre las decisiones protegidas por el derecho a la intimidad se encuentran el derecho a contraer matrimonio, a procrear y decidir con respecto a la crianza y educación de los hijos. Estos derechos también han sido reconocidos como fundamentales. Cuando se trata de decisiones o derechos protegidos y reconocidos por el derecho fundamental a la intimidad, el Estado no puede aprobar legislación que interfiera sustancialmente y de forma irrazonable con éstos.

En nuestra jurisdicción hemos expresado que

... [i]ndudablemente en Puerto Rico los padres y madres tie-nen un derecho fundamental a criar, cuidar y custodiar a sus hijos, protegido tanto por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico como por la Constitución de los Esta-dos Unidos. No obstante, estos derechos ceden ante intereses apremiantes del Estado en lograr el bienestar de los menores. (Énfasis suprimido.) Rexach v. Ramírez, ante, pág. 148.

En el presente caso, el foro primario determinó que bajo el derecho fundamental a la intimidad, el derecho de una persona de adoptar como hijo a quien así se quiere debe gozar de la misma protección que otros derechos funda-mentales como, por ejemplo, el derecho a contraer matrimonio. Por tal razón, determinó que la legislación im-pugnada debía ser analizada utilizando el escrutinio estricto.

En aras de analizar esta determinación, y a falta de pronunciamientos previos nuestros sobre el asunto,() de forma ilustrativa, señalamos lo resuelto en Lindley for Lindley v. Sullivan, 889 F.2d 124 (7mo Cir. 1989). En este caso, los allí apelantes alegaron que el derecho de una pa-reja a adoptar era un derecho constitucional fundamental. En este caso se abordó el tema de si la protección constitu-cional a la intimidad protegía el derecho a adoptar. Se ex-presó que el procedimiento de adopción es una figura creada por las leyes estatales y que los derechos de los padres y sus expectativas en torno a la adopción han sido históricamente gobernados por el ejercicio legislativo. Así, determinaron que todos los deberes y derechos relaciona-dos con la adopción son estatutarios. Por el contrario, los derechos a contraer matrimonio y a la procreación no na-cen de las leyes que promulgue el Estado, sino que se en-cuentran arraigados en los derechos humanos intrínsecos. Los derechos de adopción de una pareja tienen que ser re-conciliados con el interés estatal en velar por el bienestar del menor, al ser éste su interés primordial. En conclusión, el tribunal apelativo federal dispuso en este caso que por el procedimiento de adopción estar condicionado a una serie de variables sobre las cuales el Estado tiene completo control, la adopción es más un privilegio estatutario que un derecho. Por tal razón, determinó que no existe un derecho fundamental a adoptar que deba ser. protegido bajo el de-recho a la intimidad. ()

Por otro lado, en Pérez, Román v. Proc. Esp. Rel. de Fam., ante, expresamos que debido al interés apremiante del Estado en garantizar el bienestar del menor, la adopción es una institución civil meticulosamente regulada por la legislación sobre la materia, tanto en su aspecto sustantivo como en lo procesal.

Aun cuando el propósito principal de la Ley de Adopción es flexibilizar y expeditar el procedimiento de adopción, ello no implica un menoscabo en la intervención del Estado; por el contrario, la Asamblea Legislativa reconoce como principio rector la intervención intensa del Estado para asegurar, en la medida en que sea posible, el bienestar y la conveniencia del menor. Zapata et al. v. Zapata et al., ante.()

La adopción es una institución creada y estricta- mente regulada por el Estado. Por tal razón, el Estado, en consecución de los fines para los cuales la creó, puede legí-timamente imponer condiciones y restricciones en cuanto a los requisitos de la adopción sin que éstas constituyan una limitación irrazonable o injustificada en la facultad de un individuo de tomar decisiones que afecten su vida privada o familiar, y sin que estas restricciones afecten un derecho fundamental. Por tener la facultad de autorizar o no una adopción, y el interés apremiante en garantizar el bienes-tar del menor, es al Estado a quien le corresponde estable-cer todas las medidas que garanticen su protección. Con-forme a ello, resolvemos que la adopción no es un derecho fundamental protegido por el derecho a la intimidad.

Por ser así y por no enfrentarnos a una situación en que el Estado interviene, de manera irrazonable, en ciertos ámbitos de la vida privada que se encuentren protegidos o que constituyan derechos fundamentales, resolve-mos que el criterio que dehe utilizarse en el presente caso, en el cual no se afecta un derecho fundamental, es el de analizar la legislación en controversia bajo el escrutinio tradicional de nexo racional.

Según señaláramos, en cuanto a las leyes que establecen clasificaciones relativas a cuestiones sociales o económicas, el escrutinio que deberá utilizarse por los tribunales al examinarlas es el de nexo racional o tradicional mínimo. Para aplicar el escrutinio estricto al presénte caso, bajo el análisis de la igual protección de las leyes, tendríamos que determinar que la clasificación entre casados y no casados, para efectos de decretar quiénes no pueden ser adoptados, es arbitraria o caprichosa. De resultar que la clasificación no es arbitraria ni caprichosa, el escrutinio que deberá utilizarse será el tradicional mínimo o de nexo racional.

Anteriormente expresamos que son arbitrarias o caprichosas aquellas clasificaciones hechas por el Estado que establecen distinciones irrazonables con respecto a personas igualmente situadas o que constituyan un trato desigual injustificado.

Todas las clasificaciones tangentes con la dignidad del ser humano y con el principio de la igualdad ante la ley están sujetas a un meticuloso examen judicial. Se encuentran en esta categoría las clasificaciones o discrímenes por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ideas políticas o religiosas, y nacionalidad. Estas clasificaciones se consideran inherentemente sospechosas.() Existe un discrimen arbitrario o irracional cuando la diferencia que la clasificación establece entre las personas o grupos es totalmente irrelevante al propósito que se pretende alcanzar con ella. San Miguel Lorenzana v. E.L.A., 134 D.P.R. 405 (1993).

En el presente caso, los peticionarios alegan que la pro-hibición de adoptar a personas casadas constituye una cla-sificación sospechosa por razón de condición social. No les asiste la razón.

En el caso Pérez, Román v. Proc. Esp. Rel. de Fam., ante, tuvimos la oportunidad de expresarnos acerca de la expresión “origen o condición social”. Dijimos allí que esta expresión se refiere a discrímenes económicos y sociales, y no a distinciones razonables que puedan surgir por el estado civil de las personas. Resolvimos, además, que el Art. 131 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 532, que sólo permite la adopción conjunta cuando los adoptantes estén casados entre sí, no violaba la igual protección de las leyes ni infringía sustancialmente en el derecho fundamental a contraer matrimonio. Por último, según resolvimos en ese caso, una clasificación hecha por razón de status civil no es una clasificación sospechosa que viole la igual protección de las leyes.

El Estado puede, dentro de los marcos constitu-dónales —y con el propósito de descargar adecuada y efi-cientemente sus funciones— establecer distinciones razo-nables entre las personas. La garantía de la igual protección de las leyes lo que prohíbe, repetimos, es el trato desigual injustificado. Una clasificación constituye una distinción razonable si el Estado tiene un interés legítimo en realizarla. Para esto, se debe examinar el propósito de la clasificación.

Retornando al análisis de la Ley de Adopción, vemos que el propósito principal del legislador en adoptar una de las legislaciones “más avanzadas y liberales en materia de adopción” fue precisamente el proporcionar hogares a me-nores de edad necesitados de éstos, y facilitar y flexibilizar el procedimiento de adopción en beneficio de estos menores. La Ley de Adopción es una legislación pensada para y en beneficio de los menores. Queda claro que el le-gislador, al aprobarla, no pretendió que su propósito principal fuera facilitar la adopción para el beneficio de mayo-res de edad o de personas casadas, ya que entendió que estas personas en particular no necesitan la protección, las guías y el amor paternal en la misma medida en que la necesitan los menores de edad.

Por tal razón, la regla general es que la adopción de mayores de edad no está permitida y se reconoce sólo como excepción en la instancia ya mencionada. Por otro lado, la prohibición de adoptar a personas casadas o que hubieran estado casadas es absoluta, entendiendo el legislador que la legislación que facilita la adopción en beneficio de los menores de edad no debe cobijarlos.

La exclusión de personas casadas o que hayan estado casadas como posibles adoptandos tiene un fin legítimo. La referida ley es ilustrativa de que el Estado no tiene un interés apremiante en proteger a los mayores de edad o a las personas casadas o que hubieran estado casadas, ya que entiende que estas personas ya han formado y establecido sus propios hogares o que no se encuentran en la situación de vulnerabilidad en que sí se encuentra un menor de edad.

El propósito de esta exclusión es precisamente mantener la Ley de Adopción como mecanismo de auxilio, ayuda y protección a los menores de edad. Por consiguiente, la clasificación hecha por el Estado está relacionada con el propósito que se pretende alcanzar y existe un interés legítimo en realizarla. En este sentido deberá estar sujeta a un escrutinio tradicional mínimo o de nexo racional.

Establecido que bajo la igual protección de las leyes la clasificación no es sospechosa, y que bajo el derecho a la intimidad la prohibición de adoptar personas casadas no constituye una violación a un derecho fundamental, resol-vemos que la razonabilidad del Art. 132 de la Ley de Adop-ción debe analizarse bajo el escrutinio tradicional o de nexo racional.

Conforme lo antes expresado, en el presente caso el es-crutinio que ha de utilizarse para el análisis del Art. 132 de la Ley de Adopción es el tradicional mínimo o de nexo racional. Habiendo establecido que la referida disposición estatutaria tiene un fin legítimo, inevitablemente resolve-mos que ésta es constitucional.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, procede confirmar la sentencia emitida en el presente caso por el Tribunal de Apelaciones.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri concurrió con el resultado sin opinión escrita.

      (1) Ex-parte Teodoro López Rivera y otros, Civil Núm. JEX99-0170(406). En esta petición también comparecieron como partes Norma Ileana Pagán Núñez por sí y en representación de sus hijas menores de edad, N. y N.L.P., y María Eugenia Gratacós Loyola en representación de su hijo menor de edad, L.M.O.G.

      (2) El matrimonio de Ocasio Pagán y Gratacós Loyola procreó un hijo de nombre de L.M.O.G. En la petición de adopción también se solicitó el cambio de apellido de éste a López Gratacós.

      (3) Acorde con lo expresado, dictó “sentencia parcial”, denegando la solicitud de los peticionarios sobre decreto de inconstitucionalidad del Art. 132 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 533 (Sup. 1996).

      (4) Mediante sentencia dictada el 6 de junio de 2000, el Tribunal de Primera Instancia declaró “ha lugar” la petición de adopción de Stanley, ya que aplicaba la excepción contenida en el Art. 132(2), ante, y ordenó la inscripción de la adopción en el Registro Demográfico y que en ésta apareciera el nombre Stanley López Pagán, hijo de Norma Heana Pagán Nuñez y Teodoro López Rivera. Esta sentencia advino final y firme.

      (5) Realmente, Stanley Ocasio Pagán, esto es, Stanley López Pagán —ya que su petición de adopción fue decretada mediante sentencia a esos efectos, la cual advino final y firme— no tiene legitimación (“standing”) para presentar esta demanda.

      (6) Es menester señalar que en los casos anteriores en materia de adopción, no abordamos si, en efecto, la decisión de adoptar es un derecho protegido por el derecho fundamental a la intimidad; esto es, si el derecho de adoptar es fundamental y que, por lo tanto, merezca protección constitucional teniendo como resultado que el Es-tado no pueda interferir o limitarlo irrazonablemente.

      (7) Esta determinación ha sido sostenida por otros tribunales apelativos estatales. Véanse, por ejemplo: Buckner v. Family Services of Cent. Florida, 876 So.2d 1285 (Fla. App. 5 Dist. 2004); Lofton v. Kearney, 157 F.Supp.2d 1372 (S.D. Fla. 2001). Sin embargo, sostenemos que sólo tomamos estos casos por su efecto persua-sivo, sin que de ninguna manera controlen nuestra decisión en el presente caso.

      (8) A modo de ejemplo, señalamos que, en el aspecto procesal, el Art. 3 de la Ley Núm. 9 de 19 de enero de 1995 (32 L.P.R.A. sec. 2699b) dispone que el peticionario deberá presentar una petición de adopción, bajo juramento, en la Sala del Tribunal de Primera Instancia correspondiente al lugar de residencia del adoptando. El inciso (1) de este mismo artículo dispone que la adopción se efectuará mediante una auto-rización judicial. Por su parte, el Art. 11 de la referida ley, 32 L.P.R.A. sec. 2699j, dispone que el tribunal emitirá el decreto, autorizando la adopción en todo caso en que concluya que la adopción solicitada conviene al bienestar del adoptando y a sus mejores intereses.
      En síntesis, las disposiciones sustantivas disponen los requisitos para ser adop-tante, la imposibilidad para serlo, quiénes pueden ser adoptados y las personas lla-madas a consentir en la adopción. Zapata et al. v. Zapata et al., 156 D.P.R. 278 (2002).

      (9) Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., 130 D.P.R. 562, 577 (1992); San Miguel Lorenzana v. E.L.A., 134 D.P.R. 405 (1993); Pérez, Román v. Proc. Esp. Rel. de Fam., 148 D.P.R. 201 (1999).