text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado v. Alonso, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, ' Sección 2a., en cansa por delito de infracción de la Ley de Arbitrios.
    No. 1163.
    Resuelto en mayo 4, 1917.
    AcusacióN — Examen de los Testigos por el Fiscal — Detecto Sustancial. — La falta de expresión de que los testigos han sido examinados por el fiscal no constituye un defecto que perjudique sustaneialmente los derechos del acu-sado debiendo alegarse la omisión antes en la corte inferior para que pueda ser considerada en grado de apelación.
    Infracción de las Lestes de Rentas Internas — Ventas de Cigarros Sin Li-cencia — Falta de Anotación en el Libro de Existencias. — Una acusación que imputa al acusado que ilegal, voluntaria y maliciosamente, tenía en su establecimiento comercial un número de tabacos elaborados, que es una mer-cancía sujeta a impuesto por la ley, sobre la cual no se había pagado el corres-pondiente impuesto, ni se le había dado entrada en el libro de rentas de existen-cias del fabricante con licencia, está claramente comprendida en la seeeión 22 ele la ley titulada “Ley para enmendar el Capítulo IT, Título IN del Código Político, y liara derogar ciertas secciones del Código Penal y para otros fines," aprobada en marzo 9 de 1905, según quedó enmendada por la Ley No. 55 de marzo 9, 1911.
    Abogados del apelante: Sres. Texidor y Martines Alvares.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación contra sentencia que en 16 de diciembre de 1916 dictó la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., declarando culpable al acusado Blas Alonso del delito de infracción a la ley sobre arbitrios y con-denándolo a $100 de multa o un día de cárcel por cada dólar de dicha multa.

Funda el apelante su recurso: 1°., en que la acusación no expresa según ordena el artículo 72 del Código de Enjui-ciamiento Criminal, que los testigos han sido examinados por el Fiscal; 2°., en que la acusación tal como está redactada no contiene los hechos necesarios para determinar la exis-teueia del delito público’imputado al acusado tal como lo de-fíne la sección 22 de la ley sobre la materia.

En cuanto al primer motivo alegado, ya liemos dicho re-petidas veces que la falta de expresión de que los testigos lian sido examinados por el Fiscal no constituye un defecto que perjudique sustancialmente los derechos del acusado y que semejante omisión debe alegarse antes en la corte inferior para que pueda ser considerada en grado de apelación. Esa condición no concurre en el presente caso. El Pueblo v. Acosta, 8 D. P. R. 588; El Pueblo v. Aponte et al., 9 D. P. R. 383; El Pueblo v. Rivera, 9 D. P. R. 439; El Pueblo v. Alomar, 10 D. P. R. 297; El Pueblo v. Rodríguez, 12 D. P. R. 381; El Pueblo v. Ayala, 13 D. P. R. 200; y El Pueblo v. Morales (a) Yare Yare, 14 D. P. R. 235. Véanse además los ca-sos de El Pueblo v. Girón (pág. 36) y El Pueblo v. París, (pág. 111).

Por lo que atañe al segundo motivo, la acusación muestra que “Blas Alonso, allá el día 14 de enero, 1916, en Santurce, que forma parte del distrito judicial de San Juan, ilegal, vo-luntaria y maliciosamente, tenía en su establecimiento co-mercial un número de tabacos elaborados, que es una mer-cancía sujeta a impuesto por la ley, sobre la cual no se había pagado el correspondiente impuesto, ni se le había dado en-trada en el libro de rentas de existencias del fabricante con licencia. ’ ’

La sección 22 de la ley titulada “Ley para enmendar el Capítulo II, Título IX del Código Político, y para derogar ciertas secciones del Código Penal y para otros fines,” apro-bada en marzo 9, 1905, quedó enmendada por la Ley No. 55 de marzo 9, 1931, en los siguientes términos:

“Toda persona que posea o tenga en su establecimiento comer-cial * * cualquier mercancía sujeta a impuesto por esta ley, sobre la cual no se ba pagado el impuesto, excepto la mercancía a la cual se le haya dado entrada en el libro de rentas de existencias del fabricante con licencia, será culpable de delito menos grave (misdemecmor), y castigada por la primera falta así cometida con multa que no baje de $100 ni exceda de $500, o con prisión por no menos de un mes ni más de un año * * V’

Basta la lectura ele la acusación para deducir sin gran esfuerzo mental que los hechos en ella relatados están cla-ramente comprendidos en la sanción penal que dejamos trans-crita.

Es de confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados "Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Aldbev,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Muñoz, Acusado y Apelante.
    Apelacióx procedente de la Corto de Distrito de (xuayama en causa por incesto.
    No. 1159.
    Resuelto en mayo 4, 1917.
    Incesto — Acusación Suficiente — Eorjia en que se Cometió el Concúbito.— En una acusación por incesto, por haber el acusado cometido concúbito o fornicación con una hermana suya, es suficiente alegar este hecho, sin que haya necesidad de expresar la forma y manera en que se llevó a efecto el acto con la perjudicada porque esto es materia de prueba.
    Suficiencia de la Prueba — Falta de .Exposición del Oaso — Resumen en las Instrucciones al Jurado. — Guando no existe exposición del caso que con-tenga la prueba que se practicó en el juicio, falta base para considerar si fué o nó suficiente para sostener la declaración de culpabilidad hecha por el jurado, pues el resumen que de ella haga el juez en sus instruccio-nes no puede servir de fundamento para determinar su suficiencia.
    Nuevo Juicio — Pruebas Nuevamente Descubiertas — Falta de Juramento — Diligencias Practicadas — Presentación de las Nuevas Declaraciones.- — Es propiamente denegada una moción de nuevo juicio en que se consigna por el acusado que tiene prueba nuevamente descubierta-y otra que no pudo aportar al juicio, cuando dicha moción no está jurada, ni se alegan las dili-gencias hechas para poder obtenerlas, ni se presentan las declaraciones que se darían en el nuevo juicio para que el juez pudiera conocer si alterarían el resultado del que se celebró.
    Abogado del apelante: Sr. Leopoldo Tarmes.

   Los hechos están expresados en la opinión.

Abogado del apelado: Sr. Salvador Mostré, Fiscal.

El Juez Asociado Sr. Aldbev,

emitió la opinión del tribunal.

El acusado en este caso apeló contra la sentencia y contra la resolución que le negó un nuevo' juicio.

Fué convicto por un jurado ele un delito de incesto co-metido con una liermana suya y los fundamentos en que apoya sus recursos son, uno, porque la acusación no es su-ficiente por no expresar en qué forma se cometió el concú-bito o fornicación con la perjudicada, y los otros se refieren a la prueba.

Al Pueblo le bastaba alegar como alegó que el acusado, apelante, cometió concúbito o fornicación con una hermana suya, y no tenía necesidad de expresar la forma ni la manera en que se llevó a efecto porque esto es materia de prueba.

No se nos ha presentado una exposición del caso conte-niendo las pruebas que se presentaron en el juicio, ni pliego de excepciones por las objeciones que durante él hiciera a la admisión de ellas: tenemos solamente ante nosotros la acusación, las instrucciones que ¿lió el juez al jurado, el veredicto de culpabilidad por éste rendido, la moción de nuevo juicio, la sentencia de la corte fijando la pena y el escrito de apelación, y por tanto carecemos de base para' considerar si la prueba fué o no suficiente para sostener la declaración de culpabilidad hecha por el jurado, pues el resumen que de ella hizo el juez en sus instrucciones no puede servirnos de base para determinar su suficiencia sino que para tal fin ne-cesitamos tener ante nosotros toda la prueba que se presentó en el juicio relatada en la exposición del caso.

La moción de nuevo juicio descausa en los mismos fun-damentos que hemos expuesto con la sola adición de que se consigna por el acusado que tiene prueba nuevamente des-cubierta, y otra que no pudo aportar al juicio, pero la moción no fué jurada, no alegó las diligencias hechas para obtener-las, ni presentó las declaraciones que se darían en el nuevo juicio para que el juez pudiera conocer si alterarían el re-sultado del que se celebró, y por tanto fué propiamente de-negada.

Por los motivos expuestos los recursos deben declararse sin lugar y confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes-: Síes. .Presidente Hernández y Aso ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: Rl Juez Asociado Sil Audrey,

text:
    Torres, Demandante y Apelado, v. American Railroad Company of Porto Rico, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de- Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre daños y perjuicios.
    No. 1565.
    Resuelto en mayo 4, 1917.
    Daños y Perjuicios — Ferrocarriles—Servicio Voluntario de Cadenas y Guar-dabarrera — Besponsabilidad por la Negligencia de su Empleado. — Cuando una empresa de ferrocarriles establece voluntariamente un servicio de cade-nas y guardabarrera en una callo transitada por el público, tiene las mis-mas obligaciones respecto de él que si lo hubiera colocado por obligación legal, y debe atender y sostener dicho servicio con cuidado y prudencia ordinaria e incurre en negligencia si su empleado no intercepta el paso con las cadenas al aproximarse los trenes o locomotoras, porque el público tiene derecho a confiar en un razonable cumplimiento de ese deber.
    Id. — Negligencia Contributoria — Peso de la Prueba. — Guando al contestar la demanda la compañía demandada alega la defensa de negligencia eontri-butoria íior liarte del demandante al cruzar un paso a nivel sin ejercitar cuidado y precauciones necesarios, y que ésta fué la causa próxima del acci-dente, a ella incumbe la prueba, y si no existe en los autos evidencia alguna que la sostenga, ni el juez hace declaración alguna sobre el particular, no puede sostenerse que la corte cometió error al estimar que la causa próxima del accidente fué la negligencia del guardabarrera empleado por la deman-dada al no colocar las cadenas cuando la locomotora se aproximaba.
    Abogado de la apelante: Sr. F. G. Pérez Alnároty.

    Abogado del apelado: Sr. Eugenio Benitez Castaño.

   Los lieclios están expresados en la opinión.

Rl Juez Asociado Sil Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

La corte inferior estimó probado en este caso que la de-mandada American Railroad Company of Porto Rico ex-plota en esta isla una vía férrea; que cerca de la parada 4 en la calle de San Andrés del barrio de Puerta.de Tierra de esta ciudad existe un paso a nivel utilizado para el trán-sito público en el que la demandada lia colocado cadenas de hierro que al aproximarse alguna locomotora o tren se al-zan a un lado y otro de la vía por un guardabarrera nom-brado por ella para interceptar el cruce y evitar que diclio paso a nivel pueda ser utilizado para el tránsito mientras los trenes o locomotoras corran por allí; que en la mañana del día 8 de mayo de 1915, entre seis y seis y media de la misma, Pedro Puentes guiaba un carro tirado por tres mu-las de la propiedad del demandante Francisco Torres Pacheco, y en el momento en que siguiendo su camino habitual atravesaba dicho paso a nivel, sin que las cadenas estuvie-ran puestas y sin que el guardabarrera diera aviso o señal alguna, una de las locomotoras de la demandada marchando a velocidad regular arrolló y destrozó el carro del demandante, mató una de las muías, rompió tres patas a otra, teniendo que ser muerta en el acto, y dejó la tercera en estado inser-vible. Declara también que la demandada no está obligada por la ley a mantener y conservar cadenas en aquel sitio, pero que es un hecho cierto que las conservaba y mantenía y que en ese momento no estaban puestas, ni el guardaba-rrera se encontraba en su sitio, ni dió señal alguna de la apro-ximación de la locomotora por lo que estima que hubo ne-gligencia de parte de la demandada, que ésta fué la causa próxima del accidente porque el conductor del carro estaba, autorizado a presumir que la locomotora no había de cru-zar el paso a nivel mientras no se hubieren colocado las ca-denas, sin que el hecho de que algunos testigos de la deman-dada, contradichos por los del demandante declarasen que la locomotora dió las señales de reglamento y tocó la cam-pana para anunciar la llegada del tren, exima de responsa-bilidad a la compañía, ni excuse la negligencia del guarda-barrera al no colocar las cadenas, según costumbre, en los momentos en que la locomotora atravesaba el paso a nivel, por lo que condenó a la compañía demandada a pagar al de-mandante la cantidad de ochocientos sesenta pesos como in-demnización de perjuicios más las costas, desembolsos y ho-norarios de abogado, contra cuya sentencia interpuso la com-pañía el presente recurso de apelación.

El primer motivo de error que se alega por la apelante es el de haber admitido la corte que conoció del juicio como prueba documental del demandante la Gaceta Oficial de esta Isla correspondiente al quince de enero de 1887, a pesar de su objeción, dando efecto probatorio a sus disposiciones.

Con ese documento trataba de probar el demandante que la compañía tenía la obligación legal de colocar cadenas y guardabarrera en el sitio en que ocurrió el accidente, pero no tenemos que considerar ahora si era admisible o nó por-que la corte inferior no fundó su sentencia en ese hecho sino en el de que la compañía voluntariamente las mantenía y conservaba.

El segundo motivo del recurso se funda en que la corte inferior cometió error al resolver que la falta de cadenas y guardabarrera en el paso a nivel en cuestión éíi la madru-gada del día del accidente constituye negligencia por parte de la demandada, siendo tal negligencia inexcusable y la causa próxima y única del accidente.

En su apoyo alega en primer término que el hecho de que de la misma prueba del demandante aparezca que el servi-cio de guardabarrera en aquel sitio comenzaba a las seis y media de la mañana y que el accidente ocurrió antes, demues-tra que si la compañía lo estableció por su propia voluntad no puede exigírsele legalmente mayor cantidad de precau-ción estando en el conocimiento del ptiblico la circunstancia de la hora en que el servicio comenzaba.

La corte inferior no hizo declaración alguna respecto a este hecho, pero como declaró que era costumbre poner las cadenas al paso de los trenes y las locomotoras, debemos de-ducir de aquí que no estimó probado lo que un testigo del demandante declaró respecto a que él sabía por el propio guardabarrera que su servicio no empezaba hasta las seis y media de la'mañana, ni olió valor a lo expuesto por el ma-quinista de dicha locomotora de que las cadenas se ponían a las seis y media de la mañana cuando era hora del tráfico, pues también declaró que no salió antes de la hora del trá-fico y que no podía decir en qué momento se colocaban las cadenas en la parada 4. Además el que tal hecho fuera sa-bido por una persona no es bastante para sostener que era de conocimiento público, tanto más cuanto que toda la otra prueba nada dice sobre esto extremo sino que en general se refiere al hecho de que se ponían las cadenas cuando pasa-ban los trenes y locomotoras, y no parece razonable que ese servicio comenzara a las seis y media de la mañana cuando pasaban diariamente por allí entre seis y seis y media las locomotoras que de los talleres vienen a San Juan a buscar el tren que parte poco después para la isla. Tampoco hizo prueba directa la demandada sobre ese extremo ni lo alegó en su contestación, por todas cuyas razones debemos descar-tar el hecho que ahora aduce la apelante.

(luando una empresa de ferrocarriles establece volunta-riamente un servicio de cadenas y de guardabarrera en una calle transitada por el público, como ocurre en este caso, tiene las mismas obligaciones respecto de él que si las hubiera colocado por obligación legal, debe atender y sostener dicho servicio con cuidado y prudencia ordinaria e incurre en ne-gligencia si su empleado no intercepta el paso con las cade-nas al aproximarse los trenes o locomotoras porque el pú-blico tiene derecho a confiar en un razonable cumplimiento de ese deber. State v. Boston & M. R. Co., 80 Me. 430, 15 Atl. 86. 33 Cyc. 496 y 497.

En el otro fundamento del recurso se sostiene que la corte cometió error al estimar que el no haberse detenido el conductor del carro para mirar y escuchar antes de cruzar la ría no constituye negligencia contributoria por parte del de-mandante, en grado suficiente para destruir su derecho a re-cobrar daños y perjuicios en este caso.

Aunque la apelante alegó en su contestación a la demanda que el accidente ocurrió única y exclusivamente por la culpa y negligencia del conductor del carro quien al cruzar el paso a nivel lo hizo de un modo temerario y sin ejercitar por su parte la precaución y el cuidado necesarios para evitarlo y que ésta fué la causa próxima del mismo, sin embargo, a pe-•sar de que a la compañía incumbía esta prueba, no encontra-mos en los autos evidencia alguna que sostenga esta defensa de negligencia contributoria de parte del conductor del carro, el juez no hizo declaración alguna en este particular, ni la apelante en su alegato nos ha señalado la prueba que a ella haga referencia, por lo que no cometió error el juez al esti-mar que la causa próxima fué la negligencia del guardaba-rrera empleado por la demandada al no colocar las cadenas cuando la locomotora se aproximaba, y se hace innecesario que consideremos si a pesar de no estar puestas las cadenas en aquel sitio al paso de la locomotora, como era costumbre de la compañía, tenía el conductor del carro el deber de mi-rar y oir antes de cruzar el paso a nivel.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la senteticia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. del Toro no intervino en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. del Tono,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Suárez, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en cansa por delito contra la justicia pública.
    No. 1112.
    Resuelto en mayo 7, 1917.
    Policía Insular — Certificación del Jefe — Detectives.—Una certificación expe-dida i)or el Coronel de la Policía Insular, expresiva de que el acusado era un detective en determinado momento, es suficiente para, demostrar la exis-tencia de tal hecho.
    Id. — Detectives en uso de Licencia — Facultades Inherentes a su Cargo— Arresto. — Un detective en uso de licencia, se encuentra en actitud para verificar un arresto por un delito cometido en su presencia. Por razón de la licencia, no cesa el detective de serlo y continúa teniendo las facultades inherentes a su cargo.
    Justicia Pública — Acometimiento y Agresión so Oolou de Autoridad. — Cons-tituye delito contra la justicia pública conforme al artículo 138 del Código Penal, y no acometimiento y agresión, el hecho de acometer un detective en el pleno ejercicio de su cargo, so color de autoridad y sin causa legal para ello, a un ciudadano particular, dándole una bofetada en el rostro.
    Abogado del apelante: Sr. Francisco Parra Capó.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Se. del Tono,

emitió la opinión del tribunal.

Se condenó al apelante a sufrir seis meses de cárcel como autor del delito contra la justicia pública previsto y casti-gado en el artículo 138 del Código Penal. La acusación, en lo pertinente, dice: “El citado acusado Florencio E. Juá-rez, siendo un funcionario público, detective, P, I., oficial en-cargado del mantenimiento de la paz en Puerto Rico, y en el ejercicio de su cargo, allá en horas comprendidas en la noche del 21 al 22 de abril do 1916, y en.el café ‘La Palma,’ de la ciudad y municipio de Mayagüez, P. R., territorio de la corte de distrito del distrito judicial de Mayagüez, P. R., voluntaria y criminalmente, so color de autoridad y sin causa legal para ello, acometió y agredió a Augusto Bishoff, agol-peándole, o sea dándole una bofetada en la cara.” T la lc'3r citada es como sigue: “Todo funcionario público que so color de autoridad y sin causa legítima, acometiere, agraviare, oprimiere o golpeare a alguna persona, incurrirá en multa máxima de cinco mil ($5,000) dollars y cárcel por un término máximo de cinco años.”

En su alegato el. apelante sostiene que no habiendo de-mostrado la evidencia practicada en el acto del juicio que usara, abusara o hiciera alarde de la autoridad que pudiera tener en ese momento, si alguna tenía, la corte de distrito ei ró al declararlo culpable del delito que le imputó el Fiscal.

Argumentando ese error sostiene -el apelante que la cer-tificación expedida por el coronel, de la Policía Insular pre-sentada a los efectos de demostrar que el acusado era un detective en el momento en que ocurrieron los sucesos, no es válida. Esta misma cuestión fue resuelta en sentido con-trario a la contención del apelante, en el caso del Pueblo v. Girón, (pág. 36).

Sostiene también el apelante que aun reconociendo va-lidez a la certificación indicada, no demuestra el carácter de funcionario público del acusado, porque de la misma certi-ficación resulta que se hallaba en el momento en que ocu-rrieron los hechos consignados en la acusación, en uso de li-cencia, sin sueldo. Resolviendo esta cuestión, la corte de distrito, sostuvo con razón, a nuestro juicio, “que un detective aun cuando está con licencia, se encuentra en actitud para verificar un arresto por un delito cometido en su pre-sencia,” esto es, que por razón de la licencia no cesa el detective de serlo y continúa teniendo las facultados inheren-tes a su cargo. Además, según demostró la prueba de tes-tigos, el acusado era conocido y tenido como policía por las personas que se lialiaban presentes en el lugar del suceso.

T sostiene por último el apelante que aunque se conclu-yera que el acusado era un detective en el pleno ejercicio de su cargo, no actuó como tal en relación con el perjudicado, sino como un individuo particular, siendo a lo sumo respon-sable de un delito de acometimiento y agresión.

Cuando esta cuestión le fué presentada a la corte de dis-trito por. medio de una moción dé'non suit, la corte dijo:

“Resulta de la evidencia, que el acusado, junto con el Capitán de la Policía, el Sr. Fernández Náter, y otro detective Cosme Girón, se encontraban el día o la noche de autos en el café ‘La Palma,’ de esta ciudad, conversando, y que el perjudicado, el Sr. Bishoff, se encontraba en el mismo café, y que él oyó la conversación habida entre los miembros de la policía y so .dirigió hacia ellos, en una forma más o menos inconveniente, y entonces Suárez se levantó de su sitio y se dirigió al Sr. Bishoff y le decía substancialmente que no permitía su intervención en los asuntos de ellos y entonces le dió con el puño en la cara. Si el Sr. Bishoff luego fué arrestado o no, no aparece de la evidencia. Ahora la corte opina, que no es necesario que un detective anuncie que va a arrestar a una persona o que va a verificar cualquier acto con relación de su cargo, que no es necesario el anun-ciar públicamente que él es un detective o enseñe expresamente su placa para que se considere que él obre bajo o so color de su auto-ridad. Resulta de la. pr'ueba que el acusado era perfectamente cono-cido por las personas que se encontraban en el café ‘La Palma,’ como un detective, y también resulta de la prueba que los hechos ocurrieron en un sitio público. Ahora en estas circunstancias opina la corte que no es permitido a la defensa hacer la deducción de que el acusado obraba como un particular y en un caso particular entre él y el Sr. Bishoff, cuando también cabe perfectamente la deducción que obró como un funcionario público, como un detective de la policía insular, interviniendo en un caso o accidente que él pudiera entender constituía una falta de respeto a la policía, y una altera-ción de la paz, o que la situación era una en que se consideraba que había inminente peligro de una alteración de la paz pública. No es el acusado el que puede resolver la cuestión si obró so color de auto-ridad o no, sino que esto debe resultar probado o no después de una consideración de toda la evidencia en el caso. Por esos fundamentos la corte desestima la moción de non suit.”

Las pruebas sostienen las conclusiones ele la corte y basta examinar esas conclusiones a la luz de la doctrina estable-cida y de las consideraciones hechas en el caso de El Pueblo v. Girón, supra, para concluir que no se ha cometido el error alegado por el apelante.

Poseído de su autoridad, el acusado creyó que podía cas-tigar inmediatamente por sí mismo al que se atrevía a cri-ticarlo. Al levantarse de su asiento y dirigirse a Bishoff, lo hizo como detective. Bishoff mismo declara, que cuando él se dirigió de palabra a la mesa del café en donde estaban el capitán y los policías, el policía Suárez dijo a su jefe: “Capitán, ¿le doy una galleta a ese hombre1?” Y que sin esperar la respuesta se .levantó y le acometió dándole una bofetada en el rostro. La autoridad de que le había inves-tido el gobierno, la usó este funcionario público para acome-ter a un ciudadano particular, y debe sufrir el castigo fijado por la ley para tales transgresiones.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: En Juez Asociado Sb. Wolf,

text:
    Viñas, Demandante y Apelante, v. Gandía & Co. et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de'Arecibo en pleito sobre tercería de bienes inmuebles.
    No. 1602.
    Resuelto en mayo 12, 1917.
    Tercería de Dominio — Palta de Causa de Acción. — No expresa una causa (le acción una demanda de tercería en la que el tercerista simplemente alega que la propiedad embargada le pertenece y que solicita de la corte que así lo declare.
    Id. — Demanda—Cuestiones Abstractas — Defectos Suplidos en la Contesta-ción. — Aun cuando la mera alegación de cuestiones abstractas en una demanda no es favorecida por las eortes, si el demandado demuestra con su contestación que sabe exactamente lo que se trata de obtener en la demanda haciendo una historia de la controversia entre las partes, ya que eso es todo lo que exige la ley con respecto a la formación de una cuestión legal, suple en esa forma los defectos o deficiencias que contenga la demanda, y quedan éstos sub-sanados.
    Id. — Perturbación en la Posesión. — En una demanda sobre tercería de bienes inmuebles no es necesario alegar que el demandante ha sido perturbado en la posesión de que disfruta, u otro elemento parecido.

      Id. — Eliminación de la Contestación. — En un pleito de tercería la corto e¡¡tá justificada en declarar sin lugar una moción presentada por el demandante liara que se elimino la contestación del demandado cuando en ésta se refieren las medidas adoptadas por el demandado para acreditar el dominio de las fincas embargadas.
    Id. — Gravámenes por Sentencia — Asientos en el Indice. — Cuando del registro consta la existencia de un gravamen por sentencia, aun cuando el asiento hecho en el índice no sea tan completo como debiera ser, es suficiente para que del mismo quede notificado un tercerista sin que sea necesario hacerle ninguna otra notificación.
    Sentencia Einal — Sentencia Firme. — Una sentencia final, a diferencia do una sentencia firme, es la dictada por el tribunal inferior.
    Abogado del apelante: Sr. Luis Mercader.

    Abogado de los apelados Gandía & Co.: Sr. Antonio Suliveres.

   Los Lechos están expresados en la opinión.

En Juez Asociado Sb. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Esta apelación envuelve en sus méritos un supuesto con-flicto entre los derechos de dos acreedores. Si se examinan los autos y los alegatos se verá que tanto la corte como los abogados pasan a considerar los verdaderos méritos aun-que cada una do las partes levanta cuestiones técnicas sobre las alegaciones y el procedimiento.

Se alega en favor del apelado, y la corte debidamente llegó a esa conclusión, que la demanda no expresaba una causa de acción. Convenimos con la corte inferior en que un ter-cerista que dice simplemente que una propiedad que ha sido embargada le pertenece y que pide a la corte que declaré que dicha propiedad así le pertenece, no expresa, una causa de acción. Convenimos también con la corte, en que la presen-tación de meras cuestione^ abstractas no será favorecida en apelación. 'Hemos resuelto, sin embargo, que cuando en una contestación se suplen los defectos de una demanda, quedan subsanadas dichas deficiencias y defectos. Olivieri et al. v. Mck. Jones, 17 D. P. R. 1163, y casos citados. Domínguez v. Porto Rico Railway, Light & Power Company, 19 D. P. R. 1101. En este caso aparecía de la contestación la historia completa de la controversia entre las partes, o sea que el ape-lado había obtenido una sentencia contra el deudor Francisco S. Alonso; que la inscribió en el libro registro de sen-tencias del registro, llevando el asiento al índice de acuerdo con la ley de 1906, estableciéndose así un gravamen; que el apelante inició una acción contra el misino deudor y obtuvo una sentencia a su favor sin ninguna ojiosición; que él pro-cedió a la ejecución de dicha finca envuelta en la acción y que ésta fué vendida a él. No podemos estar de acuerdo, en vista de estos hechos, con que el apelante no tenía derecho a seguir adelante con su acción. TGI demandado demostró con su con-testación que sabía exactamente lo que se trataba de obte-ner con la demanda, ,y eso es todo lo que exige la ley con res-pecto a la formación de una cuestión legal.

La corte sentenciadora se equivoca al resolver que el ape-lante no tenía derecho a entablar una acción para que se de-claren nulos los procedimientos seguidos por el apelado res-pecto a la finca en cuestión y por virtud de los cuales había obtenido el apelado un gravamen inscrito. La corte susten-taba la teoría de que el apelante debió haber alegado alguna perturbación de su posesión, u otro elemento parecido. Oree-mos que si la reclamación del demandante era justa, éste te-nía derecho a establecer una acción para vencer todos los obstáculos que se oponían al libre goce de su propiedad. TGn los Estados Unidos la acción se conoce familiarmente como acción para hacer desaparecer un defecto en el título (io remove a cloud on the title).

El apelante en contra de su propio interés, como creemos que así fué si su reclamación era justa, presentó una moción para que fuera eliminada la contestación. En la contesta-ción se referían las medidas adoptadas por el apelado para acreditar el dominio de la finca, como hemos dicho, y la corte estuvo justificada en declarar sin lugar la moción de elimi-nación.

Creemos que estuvo correcta la corte en su consideración sobre los méritos. El apelado liabía obtenido anteriormente una sentencia a su favor, su inscripción en el registro, cons-tituyéndose de este modo un gravamen y el apelante quedó obligado por la anotación de elidía sentencia. Yerdad es que el asiento hecho en el índice a favor del apelado no es tan completo como debiera -ser, pero era suficiente para que que-dara notificado el apelante. No era necesario hacer ninguna otra notificación al apelante. La situación creada por la ley de 1906 es muy diferente a la anotación preventiva de una demanda de acuerdo con el artículo 71 de la Ley Hipotecaria.

Le conformidad con la ley de 1906 sostenemos que los defectos en el índice, así como el dejar de poner el signo de peso antes de la supuesta suma de la reclamación por sen-tencia, no podía afectar al apelante. Las cifras aparecían en el índice en la columna reservada para ese objeto.

También convenimos con el apelado en que Francisco Alonso y Francisco S. Alonso son nombres idénticos para los fines de este pleito.

El apelante sostiene que la sentencia final fué la dictada en apelación por este tribunal confirmando la de la corte inferior. En esto se equivoca el apelante. En varios casos he-mos resuelto que una sentencia final a diferencia de una sentencia firme, es la sentencia dictada por la corte inferior. Vázquez et al. v. Vázquez et al., 15 D. P. R. 291; Buxó et al. v. Buxó et al., 18 D. P. R. 190; Fajardo Sugar Company v. Santiago, 19 D. P. R. 1151.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-dos del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    Butler et al., Demandantes y Apelantes, v. Sorondo et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en nn procedimiento sobre administración judicial.
    No. 1625.
    Resuelto en mayo 12, 1917.
    Administración Judicial — Albaceas Testamentarios. — Cuando una persona, muere testada y en su testamento nombra un albaeea, éste es el capacitado Kara actuar en la administración de los bienes. Los herederos naturales, hermanos y hermanas del difunto, no tienen derecho a solicitar la administración de los bienes con exclusión del albaeea hasta que el nombramiento de éste quede de algún modo anulado, o se demuestre su negativa a actuar.
    Id. — Falta de Derecho Fundamental para Solicitarla — EnmiendxV de la Soli-citud — Reconsideración de Resolución. — Una moción de reconsideración en un procedimiento sobre administración judicial no es la forma adecuada para corregir deficiencias o informalidades existentes en la petición, estando la corte justificada para negarse a permitir la enmienda de dicha solicitud euando el peticionario no tiene ningún derecho fundamental ’para solicitar la administración.
    Abogado de los apelantes: Sr. Enrique, Campillo.

    Los apelados no comparecieron.
   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Los apelantes reclamaron el derecho a administrar los bienes de Dominga Butler como hermanos y hermanas dé la difunta, alegando que eran sus únicos herederos. Después de algunos procedimientos preliminares que no es necesa-rio considerar, resolvió sustancialmente la corte que los ape-lantes no tenían derecho a administrarlos, puesto que exis-tía prima facie un testamento válido en el cual no se men-cionaba a los apelantes como herederos. En realidad en él se hac-ía'mención de dos de ellos como legatarios. Aun-que es verdad que estaba pendiente un pleito para anular dicho testamento, los apelantes reclamaban su derecho a la administración como cuestión de derecho por considerarse, herederos si el testamento es nulo. Cuando una persona deja un testamento y en él nombra un albaeea, dicho alba-'cea es la persona que debe actuar. Los herederos natura-los, hermanos y hermanas del difunto no tienen derecho de solicitar la administración de los bienes con exclusión del albacea hasta que su nombramiento quede de algún modo anulado, o se demuestre su negativa a actuar.

La corte se negó también a considerar la solicitud por no hacerse constar en ella ciertas alegaciones necesarias y en esto estuvo justificada la corte. Los apelantes presenta-ron una moción de reconsideración en la que trataron de sub-sanar las deficiencias, pero que la corte tenía derecho a negar en el ejercicio de su discreción. Una moción de reconside-ración no es la forma adecuada para remediar deficiencias o informalidades. Aun cuando se hubiera hecho una pro-mesa válida para enmendar la solicitud creemos que la corte estaba justificada al negarse a permitir la enmienda, por no haber acreditado los peticionarios un derecho fundamental como ya hemos referido.

Debe confirmarse la resolución apelada.

Confirmada la resolución apelada.

. Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Alclrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Wolf,

text:
    Morales, Demandante y Apelante, v. Vivaldi, Fiscal de Distrito, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Guayama en pleito sobre entrega o devolución de cantidad.
    No. 1561.
    Resuelto en mayo 12, 1917.
    Devolución de Propiedad — Propiedad Ocupada por un Piscad al Iniciarse un Proceso — Presunción—Prueba.—Cuando un Fiscal, al iniciar un proceso se incauta de propiedad perteneciente al acusado, no existe presunción de clase alguna en ello, pues si pudiera suponerse que había la de que lo necesi-taba para utilizarlo, como prueba, quedaría contrarrestada por la presunción de inocencia, ya que de otro modo sería posible para el Fiscal ocupar todo lo que quisiera y retenerlo indefinidamente o liasta que el acusado demos-trara que no se necesitaba como prueba.

      3d. — Id.—Derecho de Propiedad. — Guando la propiedad incautada por un Asea! pertenece a una persona determinada o aun si se encuentra en la posesión de dicha persona, tiene ésta derecho a ella contra todo el mundo hasta que alguna otra persona demuestre tener mejor derecho, ya en lo que respecta a su dominio o a la posesión.
    Id. — Id.—Confiscación o Destrucción de la Propiedad Ocupada. — Objetos ocu-pados en poder de la persona arrestada no pueden ser confiscados o destruidos por el funcionario sin mediar alguna orden o sentencia de una corte; y deben devolverse si no están relacionados con el delito por el cual fue arrestado el dueño, y aún estando relacionados deberán ser devueltos al detenido cuando no se le necesita más a los fines de la justicia.
    Id. — Id.—Gojsíspiración—Dinero Ocupado para Utilizarlo como Prueba — Dis-creción del Fiscal. — La cuestión de si una suma de dinero ocupada por un Fiscal en poder de una persona acusada de conspiración se necesita como prueba, es cosa que necesariamente depende de la discreción de dicho fun-cionario, pero no puede suponerse sin hacerse constar en alguna forma por dicho funcionario que el dinero se necesitaría como prueba, y tal constancia está confiada mayormente a la discreción de la corte.
    Abogado de la apelante; Sr. 'Eugenio Benitez Castaño.

    El apelado compareció en nombre propio y representado por el Sr. Salvador Mestre, Fiscal del Supremo.
   Los lieclios están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Se. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

A la demanda presentada en este caso formuló el deman-dado una excepción previa y también una contestación en la cual admitía todos los hechos de la demanda. La corte dictó sentencia a favor del demandado.

Tía cuestión formal que se presenta en la excepción pre-via es si la demanda expresa una causa de acción. Esta es snstancialmente como sigue;

“I. Que la demandante, María Morales, se encontraba actualmente procesada por El Pueblo de Puerto Rico en causa criminal que se le seguía en unión de otras personas, por un supuesto delito de cons-piración.
“II. Que el demandado, actuando en su capacidad de Fiscal del Distrito de G-uayama, al iniciar los procedimientos contra ella se incautó de la suma de tres mil dólares en metálico, perteneciente a la demandante, en cuyo poder y posesión estaban, sin que a diclia incautación precediera ninguna orden dictada por ningún tribunal o juez.
“III. Que el demandado retiene en su poder la mencionada can-tidad de dinero, contra la voluntad y sin el consentimiento de la demandante.
“IV. Que la demandante ha requerido al demandado para que le devuelva la predicha suma de dinero y éste se ha negado a ello.
“V. Que al verificar el requerimiento a que se alude en el párrafo anterior, la demandante hizo presente al demandado que si la incau-tación y retención do la reí crida cantidad se hizo con el objeto de presentarla en la vista del juicio como pieza de convicción o como elemento de prueba por parte de El Pueblo de Puerto Pico dicho Pueblo de Puerto Rico no sufriría perjuicio de ninguna clase con la devolución del dinero, pues la demandante, acusada en aquel pro-ceso, estaba dispuesta a admitir como un hecho cierto y por escrito, que la cantidad de referencia le fué ocupada en su poder por el Sr. Fiscal de Gfuayama, y que provenía de ctra cantidad mayor que le había sido entregada por orden del Sr. Simón A. Alcaide en relación con el asunto a que la causa criminal se refiere.
“Por tanto, la demandante a la corte suplica se sirva dictar sen-tencia ordenando al demandado que devuelva y entregue a la deman-dante la citada cantidad de tres mil dólares, con imposición de costas al demandado.”

La corte en sn opinión da por sentadas dos cosas: primera, que ]a demandante entregó este dinero voluntariamente al demandado; y segunda, que dicho .dinero se necesita como prueba del juicio. Ninguno de estos hechos consta de la de-manda. Plan sido supuestos o presumidos. Cuando un már-slial (sheriff) o Fiscal se incauta de una propiedad que per-tenece a una persona mientras verifica un arresto, no existe presunción de ninguna clase. Si pudiera' suponerse qué ha-bía la presunción de que el funcionario del Gobierno nece-sitaba la propiedad incautada para utilizarla como prueba, quedaría contrarrestada por la presunción de inocencia, pues de otro modo sería posible para cualquier funcionario de orden público, o Fiscal, incautarse de todo lo que quisiera y retenerlo indefinidamente, o hasta que una persona acu-sada de un delito demostrara que no se necesitaba como prueba. Cuando la propiedad pertenece a una persona de-terminada, o aun si se encuentra en la posesión de dicha persona, tiene ésta derecho a ella contra todo el mundo hasta que alguna otra persona demuestre tener mejor derecho ya en lo que respecta a su dominio o a la posesión. La ley rela-tiva al derecho a hacer un registro e incautarse de la pro-piedad está resumida en el tomo 5 C. J. 434, como sigue:

“§ 74.— (1) Después de hacer un arresto el funcionario tiene derecho a registrar al preso, despojándole de sus ropas, si fuere necesario, y a tomar de su persona y retener para ponerla a la dis-posición de la corte sentenciadora cualquier propiedad que dicho funcionario crea de buena fe que está relacionada con el delito im-putado, o que pueda ser utilizada como prueba contra él, o que pueda servir de pista en la averiguación del delito, o para la identificación del criminal, o cualquier arma o instrumento con los cuales pudiera el preso cometer un acto de violencia o lograr su fuga.
“Ha habido una propensión por parte de algunas cortes de hacer extensiva la aplicación de esta regla a dineros, joyas y otros objetos-de valor, pues con ellos podría un preso obtener los, medios o facili-dades de efectuar su fuga, y por lo menos en una jurisdicción parece estar autorizada por el estatuto la incautación de dinero en poder de una persona que ha sido arrestada; y si dicho dinero ha sido ocupado ilegalmente se permite que se siga un procedimiento por medio de una acción civil para obtener su devolución. Sin embargo, la mejor regla parece ser la de que, a menos que dicha propiedad tenga relación o constituya el beneficio obtenido por el delito en particular por el cual fué arrestado el preso, el funcionario no tiene derecho a quitársela pues podría por ello quedar privado de los medios de hacer su defensa. En algunas circunstancias puede ser el deber del funcionario tomar posesión del dinero y objetos de valor para tenerlos bien guardados y con el fin de devolvérselos a su dueño.”
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“§ 75.— (2) La incautación de objetos ocupados en la persona arrestada no varía el derecho de propiedad a los mismos. Dichos objetos no pueden ser confiscados o destruidos por el funcionario sin mediar alguna orden o sentencia de la corte. La propiedad ocupada' a una persona al verificar su arresto debe devolvérsele si no está rela-cionada con el delito por el cual fué arrestada y según parece esto, ha de hacerse si se le pone en libertad o absuelve. Aun estando-relacionada o habiendo sido usada en la comisión del delito si perte-nece al preso y está por sí misma libre de daño, deberá ser devuelta al preso o entregada a su orden cuando no se le necesita más para los fines de la-justicia. De todos modos la propiedad'debe ser entre-, gada a cu verdadero dueño particularmente con el consentimiento de las personas de quienes fue tomada. Dicha devolución puede obtenerse mediante moción y orden, aunque en algunos casos el reme-dio es mediante una acción. Cuando fueron entregados documentos voluntariamente al Fiscal, sabiendo éste qué iban a usarse como prueba en el juicio de la persona que los entregaba, dichos docu-mentos no pueden ser recobrados mientras está pendiente el juicio. ’ ’

Los casos citados en las notas sostienen el texto.- Véase también- a Bishop, sobre Nuevo Procedimiento Criminal, pá-rrafos 210, 212; 2 R. O. L. 468, y Clark, Procedimiento- í 'ri-minal, página 71.

. Ilav algunas indicaciones en la demanda de que tal vez el Fiscal ele distrito necesita este dinero como prueba eu el juicio, pero en ella no se hace ninguna admisión acerca de este hecho. A la verdad que de ser consideradas las proba-bilidades lo probable es que para que se .condene a una persona por conspiración, en la cual está envuelta la devolución de una suma ele dinero y en que se admite el recibo de dicho dinero, el Fiscal no necesitaría el dinero que está en su poder para la convicción. La cuestión de si se necesita este dinero como prueba es cosa que necesariamente depende en mucho de la discreción del Fiscal, pero no puede suponerse, sin ha-cerse constar en alguna forma por dicho funcionario, que el dinero se necesitaría como prueba. Cuál ha de ser esa cons-tancia es cosa confiada mayormente a la discreción de la corte sentenciadora. Sin embargo, según aparece de la faz de la demanda, la demandante era la dueña y tenía derecho a la po-sesión de este dinero. Dicho dinero le fue ocupado sin una orden de allanamiento y en los hechos que han sido admi-tidos no hay ninguna constancia de que la propiedad fue ocu-pada al hacerse el arresto. El Fiscal de distrito se incautó del dinero contra la voluntad de la demandante en esta ac-ción. Siendo el Fiscal de distrito un magistrado, existe, como más bien puede verse, una idea en contra de que la deman-dante entregó voluntariamente el dinero a dicho funciona-rio. En la demanda se alega que él se incautó del mismo.

Bn las citas que tacemos de los libros liay sentencias en las cuales se indica que si la propiedad ocupada es el pro-ducto de un delito, puede ser retenida por el funcionario, pero el principio que "trata de establecerse en todos estos casos es que si el dinero no pertenece a otra persona, debe ser de-vuelto al acusado, a menos que en realidad de verdad sea ne-cesario como prueba. Y aun siendo necesario como prueba, según entendemos la ley, dicho dinero tendría que ser de-vuelto después.del juicio a su verdadero dueño.

De acuerdo con las alegaciones de este caso, si en él no estaba envuelta una cuestión de justicia pública la deman-dante tendría derecho a que sumariamente se dictara sen-tencia a su favor*. Como existe, sin embargo, la posibilidad de que pueda necesitarse el dinero como prueba, al revocar el caso permitiremos al demandado enmendar su contesta-ción y presentar otra diferente, según proceda, para demos-trar la necesidad ele la retención de dicho dinero.

La sentencia apelada debe ser revocada.

Revocada la sentencia apelada, pero permi-tiéndose al demandado enmendar su con-testación y presentar otra diferente según proceda, para demostrar la necesidad de la retención del dinero ocupado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-dos del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sb. Wolf,

text:
    Collazo, Demandante y Apelante, v. Hill, Tesorero Interino de Puerto Rico, Demandado y Apelado.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en pleito sobre devolución de contribuciones pagadas bajo protesta.
    No. 1607.
    Resuelto en mayo 12, 1917.
    Contribución de Herencia — Repudiación de Herencia — Herencia-—Gravamen sobre la Propiedad. — A los efectos del pago de una contribución de herencia en nada afecta el hecho de que la herencia en cuestión haya sido repudiada por el heredero, pues conforme a los artículos 368 y 376 del Código Político, existe un gravamen sobre la propiedad para el pago de la contribución, hasta tanto que sea ésta satisfecha.
    Id. — Personas Besponsables del Pago — Administradores.—Por virtud de los artículos 376 y 377 del Código Político el administrador de los bienes del difunto es el responsable del pago de la contribución de herencia.
    Demandas — Concurrencia de las Cortes- — Demandante Libre de Culpa. — Las cortes no prestarán su concurrencia a demandas en que el demandante no viene libre de culpa (with clean hands).

    Abogado del apelante: Sr. José D. Rodríguez. ■

    Abogados del apelado: Sres. José E. Figueras, Fiscal de Distrito, y Salvador Mestre, Fiscal ■ del Supremo.

   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Sb. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un procedimiento sobre devolución de una con-tribución de herencia de $84 y sus intereses que fueron pa-gados bajo protesta. El artículo 368 del' Código Político prescribe lo siguiente:

“Todos los bienes inmuebles en Puerto Rico y cualquiera parti-cipación en ellos, pertenecientes o no a habitantes de Puerto Rico; y todos los bienes muebles pertenecientes a habitantes de Puerto Rico, que, por testamento o abintestato, o por herencia o por donación cual-quiera efectuada, cuya intención fuere otorgar la posesión o el usu-fructo después del fallecimiento del donador, se transmitieren a cual-quiera persona, sociedad, institución o corporación en fideicomiso, o con otro carácter, que no sea su esposa, hijo, nieto, o persona legal-mente reconocida como hijo adoptivo del fallecido, ni para el uso de uno o más de ellos, estarán sujetos a la contribución que más adelante se expresa; Disponiéndose, que no se cobrará contribución alguna sobre bienes que se transmitan a un heredero, legatario o donatario detenninado, si dichos bienes fuesen tasados en doscientos dollars o menos; Y disponiéndose, además, que cuando el valor de tales bienes exceda de doscientos dollars, estos doscientos dollars se rebajarán al computar la contribución sobre los bienes referidos.”

Alega el apelante que no es responsable del pago' de dicha .contribución por haber repudiado la herencia en cuestión.

Juan Collazo Bracero era hijo natural reconocido del ape-lante Antonio Collazo. El referido Collazo Bracero falle-ció el día 20 de octubre de 1913, y era dueño de una finca ra-dicada en Lares, barrio de “Buenos Aires.” Un acreedor estableció una acción contra la sucesión de Juan Collazo Bracero en cobro de la suma de $350, y después de dictada sen-tencia compró dicha propiedad al márshal por la expresada suma de $350. Dicho acreedor la vendió a Guillermo García Susoni en $500, y este último a su vez la vendió a Antonio Collazo, demandante y apelante en este caso, en $2,500, quien pagó las contribuciones bajo protesta.

La supuesta repudiación de la herencia no importaba, pues el artículo 376 del Códig’o Político prescribe lo siguiente:

“Todas las contribuciones impuestas por virtud del Capítulo III de este título serán ingresadas en la Tesorería de Puerto Rico por los administradores, albaeeas, fideicomisarios, u otras personas que administren los bienes sujetos al pago de dichas contribuciones; y todos los referidos administradores, albaeeas, fideicomisarios o per-sonas serán responsables por dichas contribuciones, con intereses, como más adelante aquí se prescribe, hasta que las mismas hayan sido satisfechas. Dichas contribuciones serán devengadas y pagaderas inmediatamente, después del fallecimiento de un poseedor de bienes, o constituirán desde luego un gravamen sobre tales bienes, y seguirán siendo gravamen hasta que se satisfagan. Si dichas contribuciones no se pagan dentro de diez días contados desde la presentación del recibo de contribuciones, el Tesorero exigirá al correspondiente alba-cea, administrador o fideicomisario fianza del doble del montante de dichas contribuciones vencidas que se adeudan, la cual garantice el pago total y saldo de dichas contribuciones, en la forma y dentro del plazo' que por esta ley se establecen; y el Tesorero está autorizado para embargar la propiedad de ■ dicho fallecido, sujeta al pago de contribución, hasta tanto que se haya prestado la antedicha fianza. Si dichas contribuciones no se pagasen dentro de un año, contado desde el expresado fallecimiento, se cargarán y se cobrarán intereses sobre ellas, al tipo de diez por ciento; y si dichas contribuciones no se pagasen dentro dé los diez y ocho meses contados desde el falle-cimiento, será obligación del Fiscal de distrito en donde dichas contribuciones quedaron en descubierto, instruir los procedimientos necesarios para su cobro, al recibir oportuno aviso del Tesorero de no haberse pagado.”

De acuerdo con los dos artículos citados existe un gravamen sobre la propiedad de una persona para el pago de una contribución de herencia, de haber alguna herencia. Existía, como es de presumirse dicha herencia, pues no hay en este caso la más leve tentativa para demostrar que la suma de $84 no era la verdadera suma de contribuciones por el valor de la finca que entonces valdría más de los $2,500 paga-dos por el apelante a G-arcía Susoni.

Guillermo García Susoni, que en la certificación del re-gistrador de la propiedad aparece comprando la finca al acreedor y vendiéndosela al apelante, era el administrador de los bienes de Juan Collazo Bracero. Por virtud de los' artículos 376 y 377 del Código Político él es responsable del pago de la contribución por herencia. García Susoni reci-bió, como parece, $2,500 del apelante por la finca, suma que por ser él administrador de los bienes, y debe considerarse que la recibió para la sucesión, era pagadera a los herede-ros, aun cuando el apelante no fuera el heredero. Siempre hay alguien que es el heredero de una persona que deja bie-nes y si no hubiere otra persona El Pueblo de Puerto Rico es el heredero.

Por tanto, es innecesario insistir, como hace el apelado-, en que el apelante era el heredero y que no repudió debida-mente la herencia. Creemos formalmente que él repudió la herencia mediante escritura pública. Por otro lado consta el hecho de que la acción en cobro de $350 fué establecida contra la sucesión-de su hijo, siendo el .apelante quien la com-ponía, y no se hace constar que él se hubiera negado a reci-bir la notificación.

Convenimos, en verdad con el Gobierno, en que el pro-cedimiento parece ser algo así como un ardid para burlar el pago de las contribuciones. La finca ciertamente que valía mucho más de la suma en que fué vendida al supuesto acree-dor y muy pronto pasó a poder del apelante que era el here-dero natural. Esta es una razón más "para que se confirme la sentencia, pues las cortes no prestarán su concurso a de-mandas como ésta cuando el demandante no viene a la corte libre de culpa (with clean hands).

Debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutcbison.


author: El Juez Asociado Se. del Toro,

text:
    Ramírez, Demandante y Apelado, v. Pérez, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito de desahucio.
    Moción del demandante y apelado para que se desestime la apelación.
    No. 1672.
    Resuelto en mayo 12, 1917.
    Desahucio en Precario — Fianza—Término Dentro del Cual Debe Quedar For-malizada. — -Vencido el término fijado . por la ley para apelar contra una sentencia dictada en un juicio de desahucio, carece de jurisdicción la corte sentenciadora para fijar el montante de y aprobar la fianza que según la ley debe prestarse en tales casos para tramitar la apelación. El articulo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil no autoriza a ninguna corte para alterar términos jurisdiccionales.
    Id. — Notificación de Sentencia — Apelación.-—La Sección 2 de la Ley No. 70 de 1911 no es aplicable' a los pleitos de desahucio, pues dicha ley al esta-blecer el sistema de notificación de las sentencias, lo limitó a los casos en que pudiera interponeíse el recurso de apelación según lo provisto en el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, no estando comprendidas dentro de ese artículo las sentencias finales en casos de desahucio, cuya apelación debe interponerse en el término de cinco días contados desde la fecha de la sen-tencia de acuerdo con la ley especial sobre la materia.
    Abogado de' la apelante: Sr. Luis Montalvo Cuenard.

    Abogados del apelado: Sres. Feliú & Alemañy.

   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Se. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de Mayagüez dictó sentencia el 30 de marzo de 1917 en el pleito de desalando seguido por Diego E. Ramírez contra Antonia Pérez. La sentencia declaró con lugar la demanda y parece que fue notificada a la demandada el 2 de abril de 1917. El 7 de abril la dicha demandada apeló de la sentencia para ante este Tribunal Supremo, consignando en un escrito lo que sigue: “se acompaña la correspondiente fianza para los efectos de este recurso.” La fianza no se acompañó, como se afirma, sino que la demandada el mismo día 7 de abril presentó una moción pidiendo a la corte que se sirviera señalar el montante de la fianza “a fin de constituirla en forma.” El 9 de abril, la corte fijó la vista de la moción para el 10. El 10 compareció el demandante, pero no la de-mandada, y a solicitud del demandante se pospuso la vista para el 13 de abril. El 13 comparecieron ambas partes y el demandante se opuso a que se accediera a lo solicitado por la demandada, porque ya había transcurrido el término en que podía prestarse la fianza. La corte desestimó la opo-sición del demandante, fijó la fianza en cien pesos y le con-cedió a la demandada tres días para prestarla. Dentro de ese término se prestó en efecto la fianza. Se trata de un de-sahucio en precario.

Los hechos que hemos expuesto aparecen de ciertas cer-tificaciones expedidas por el secretario de la Corte de Dis-trito de Mayagüez acompañadas a una moción del demandante en el dicho pleito de desahucio presentada a esta Corte Su-prema en solicitud de que se desestime el recurso interpuesto por la demandada, y a otra moción de ésta oponiéndose a la solicitud del demandante.

¿Actuó con jurisdicción la corte de distrito al señalar el 9 de abril un día para discutir la moción de la demandada-apelante con respecto a la fijación de la fianza, y al conceder a dicha parte el 10 de abril un término de tres días para archivarla?

La parte demandante sostiene qne nó y basándose en ello solicita que se desestime la apelación interpuesta por no ha-berse archivado la fianza dentro del término fijado por la ley. La parte demandada sostiene que la corte de distrito usó debidamente del poder discrecional que tiene para tales casos.

A nuestro juicio tiene razón el demandante. La sección 12 de la ley-de desahucio de 1905 (Compilación de 1911, p. 339), de modo terminante prescribe:

“Sección 12. — No se admitirá al demandado el recurso de apela-ción si no consigna en secretaría el importe del precio adeudado hasta la fecha de la sentencia, cuando el desahucio se funde en falta de pago de las cantidades convenidas.
“En cualquier otro caso será requisito indispensable para ejer-citar- el recurso de apelación por parte del demandado, que éste otor-gue fianza, a^ satisfacción del tribunal, para responder de los daños y 'perjuicios que puedan irrogarse al demandante, y de las costas de la apelación.
“Tanto la consignación como la fianza de que' habla lá presente sección deberán quedar formalizadas dentro del término concedido para la apelación.”

La fianza en este caso debió quedar formalizada dentro del término concedido para la apelación, o sea dentro del “tér-mino de cinco días contados desde la fecha de la sentencia” que fija la sección 11 de la misma ley de desahucio. Partiendo de. la base de que el término no se contara desde el 30 de marzo en que se dictó y registró lá sentencia, sino desde el 2 de abril en que el demandante acepta que se notificó a la deman-dada, resulta que el término de cinco días vencía precisamente el siete de abril cuando la apelante se. limitó-a pedir que se le fijara el montante de la fianza “a fin de constituirla en forma.”- Cuando la corte señaló día para discutir la moción de la apelante, ya había vencido el término y también como es consiguiente cuando concedió la prórroga de tres días y cuando aprobó en definitiva la fianza.

Interpretando las citadas secciones 11 y 12 de la ley de desahucio, esta Corte Suprema en el caso de Figueroa et al. v Sepúlveda, 24 D. P. R. 690, 693, se expresó así:

“La ley es clara y no necesita interpretación.
“Las apelaciones en los juicios de desahucio deben interponerse en el término de cinco días contados desde la fecha de la sentencia; y en un caso como el presente en que el desahucio se funda en el vencimiento del término del arrendamiento, es requisito indispensable para ejercitar el recurso de apelación la prestación de fianza para responder de los daños y perjuicios y de las costas de apelación, cuya fianza debe quedar formalizada dentro del término concedido para la apelación.
“La apelación fué interpuesta dentro del término de cinco días marcado por la ley, pero el recurso es ineficaz en derecho por no haberse formalizado la fianza dentro de dicho término a satisfacción del tribunal, pues la fianza primeramente prestada dentro del término señalado por la ley fué declarada nula y la segunda fianza se prestó cuando ya había vencido aquel término.
“ El'Juez Municipal de Ponce traspasó los límites de su jurisdic-ción al dictar la resolución de 4 de octubre de 1916 anulando la fianza prestada y concediendo al demandado cinco días a partir desde aquella fecha para presentar fianza en debida forma y por la cantidad de $200. Permitir la presentación de esa nueva fianza era igual a per-mitir que la apelación fuera perfeccionada fuera’ del término fijado por la ley de desahucio, con infracción manifiesta de ella.”

Véanse también los casos de Valladares v. Corte Municipal, 16 D. P. R. 145, 148; y Silva et al v. Aboy, Giorgetti & Co. Ltd., et al., 20 D. P. R. 76, citados por el demandante.

Pero existe un motivo aun' más poderoso para desesti-mar la apelación. Al computar el término, el apelado toma como punto de partida el 2 de abril en que según él se no-tificó la sentencia y no el 30 de marzo en que la misma fué dictada y registrada. Y es que el apelado actúa en la creen-cia de que. es aplicable a los pleitos de desahucio la sección 2 de la ley No. 70 de 1911, cuando esto no es en realidad así.

La sección 11 de la ley de desahucio de 1905, dice que:

“Las apelaciones deberán interponerse en el término de cinco' días contados desde la fecha de la sentencia.”

La sección 2 de la ley No. 70 de 1911, dispone que:

“En todos los casos en que se pueda establecer el recurso de ape-lación, según lo provisto en la sección 295 del Código de Enjuicia-miento Civil, según fué enmendada en marzo 11 de 1908, será deber del secretario de la corte, enviar a la parte .perjudicada, o a su abo-gado, al dictarse la sentencia, de la cual puede establecerse el recurso de apelación, una notificación esciúta informándole que la sentencia ha sido dictada, o de la resolución de la corte, y una copia de esa notificación será archivada con los autos, y el término para establecer el recurso de apelación empezará a correr desde la fecha del archivo de dicha notificación con los autos”

Y el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, tal como quedó enmendado en 1905 y en 1908, prescribe que:-

“Podrá establecerse apelación para ante el Tribunal Supremo contra las resoluciones de las cortes de distrito en los casos siguientes:
“1. De una sentencia definitiva pronunciada en un pleito o pro-cedimiento especial, comenzado en la corte que la hubiere dictado, dentro de un mes después de haberse registrado la sentencia.
“2. De una sentencia de una corte de distrito dictada en apelación interpuesta contra la resolución de una corte inferior, dentro de los quince días después de registrada dicha sentencia, si el valor de la cosa reclamada o cuantía de la sentencia sin comprender frutos o intereses, excediera de trescientos dollars.
“3. De una providencia concediendo o denegando un nuevo juicio; concediendo o anulando un injunction-, negándose a conceder o anu-lar un injunction; anulando o negándose a anular un embargo; con-cediendo o negándose a conceder un cambio de lugar para la cele-bración del juicio; de una providencia especial dictada después de una sentencia definitiva; y de una sentencia interlocutoria en pleitos sobre partición de propiedad real, dentro de los diez días de dictada la providencia o sentencia interlocutoria y de anotada la misma en el libro de actas de la corte o de archivada en la secretaría. ’ ’

La ley de 1911 al establecer el sistema de la notificación de las sentencias, lo limitó a los casos en que pudiera in-terponerse el- recurso de apelación, según lo previsto en el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil. Las’ re-soluciones finales en casos de desahucio, no están compren-didas en el artículo 295. Este fija tres términos, nno de treinta días, otro de quince y otro de diez. El fijado por la ley de desahucio es de cinco. La ley de desahucio es especial y cuando el legislador quiso complementarla con el Có-digo de Enjuiciamiento Civil, lo hizo expresamente, como puede verse en la sección 14 de la misma. Después de fijar, en la sección 11, el término de cinco días contados desde la fecha de la sentencia para interponer la apelación, estatuye en la 12 que no se admitirá el recurso sin consignarse el pre-cio adeudado en unos casos y prestarse fianza en otros, todo dentro del dicho término de cinco días, determina en la 13 lo que deben hacer los secretarios y taquígrafos una vez in-terpuesta la apelación y prescribe en la 14 que “las apela-ciones se tramitarán de acuerdo con el Código de Enjuicia-miento Civil, no pudiendo exigirse en ningún caso más co-pias que las expresamente prevenidas en dicho código; en-tendiéndose que tales apelaciones deberán tramitarse con toda preferencia.”

No pudiendo concluirse que la sección 11 ele la ley de desahucio fuera derogada o modificada por la sección 2 de la ley No. 70 de 1911, debe aplicarse en toda su integridad y resolverse que cuando en 7 de abril de 1917 la demandada en el pleito de desahucio, archivó su escrito de apelación contra la sentencia dictada y registrada en el mismo el 30 de marzo de 1917, ya había vencido el término de cinco días fijado por la ley, y, en su consecuencia, que procede la desestima-ción del recurso.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Sucesores de L. Villamil & Co., Demandantes y Apelantes, v. Merced et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Jnan, Sección Primera, en procedimiento sobre apertura de re-beldía en pleito sobre cobro de cantidad.
    No. 1563.
    Resuelto en mayo 12, 1917.
    Apertura de Rebeldía — Juramento Defectuoso. — El mero hecho de que el jura-mento de una moción solicitando la apertura de rebeldía y el de un affidavit acompañado a la misma, sean defectuosos, no es motivo suficiente para que se revoque la resolución apelada, tanto más cuanto que no consta que tal cuestión se suscitara en la corte inferior.
    Id. — Negligencia Excusable del Abogado.' — Dentro de los términos del artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil está comprendida la excusable negli-gencia de un abogado al prescribir que la corte podrá “también eximir a una persona o a sus representantes legales de los efectos de una sentencia, orden u otro procedimiento que se hubiere dictado contra ella, por causa de equivocación, inadvertencia, sorpresa o excusable negligencia. ’ ’ Así eomo la negligencia inexcusable de un abogado daña a la parte, debe la' parte recibir beneficio de su negligencia excusable.
    Id. — Defensa Meritoria. — Aun cuando ni en la moción para que se abra una rebeldía, ni en el affidavit acompañado a la misma, se expongan detallada-mente los hechos constitutivos de la defensa del demandado, si la corte tiene ante sí, al dictar su resolución, otros documentos tales como el escrito de excepciones, contestación y contrademanda, puede juzgar, examinándolos, si es o no meritoria la defensa del demandado.
    Id.- — Sentencia en Rebeldía — Discreción Judicial — Abuso de Discreción.— Una orden anulando o negándose a anular una sentencia • en rebeldía, cae dentro de la discreción de la corte, y el tribunal de apelación no debe revo-carla a menos que se demuestre la existencia de un abuso de discreción.
    Abogado de los apelantes: Sr. Antonio Sarmiento.

    Los apelados no comparecieron.
   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Sucesores de L. Villamil & Co., interpusieron una de-manda en la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, contra Castro Merced y José Salgado, en cobro de pesos. Em-plazados los demandados, solicitaron y obtuvieron diez días de prórroga para presentar sus alegaciones. La prórroga -vencía el 18 de'mayo de 1916. El 19 de mayo de 1916, los demandantes pidieron al secretario de la corte que anotara la rebeldía de los demandados y dictara sentencia en su contra. El 22 de mayo de 3916, los demandados solicitaron de la corte que abriera la rebeldía. Su moción está jurada por uno de ellos. Se acompañó además un affidavit del abogado de los demandados exponiendo los hechos por virtud de los cuales se archivó su alegación en tiempo. También se ar-chivó un escrito de excepciones previas, contestación y con-trademanda. La corte oyó a ambas partes y el 31 de agosto de 1916 ordenó que se abriera la rebeldía y dispuso que que-daran radicadas las alegaciones de los demandados. T contra esa resolución de la corte, se interpuso el presente recurso de apelación.

Señalan los apelantes diez errores que pueden conden-sarse en cuatro, a saber: 1, tanto el juramento de la moción solicitando la apertura de rebeldía, como el del affidavit acom-pañado a la misma, son defectuosos; 2, la negligencia que permite a la corte ejercitar las facultades que le confiere el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, es la de las partes y no la de los abogados; 3, ni en la moción, ni en el affidavit, se exponen detalladamente los hechos que consti-tuyen la defensa de los demandados, y 4, la negligencia del abogado fué inexcusable.

1. No consta que la cuestión relativa a los juramentos se suscitara en la corte inferior. En tal virtud no es nece-sario que nos detengamos a considerarla, ya que aunque con-cluyéramos que tales defectos existían, no sería ello motivo suficiente para revocar la resolución apelada. Aunque de-fectuosos por no cumplir con todas las regias que fija el ar-tículo 118 del Código' de Enjuiciamiento Civil, es lo cierto que dichos juramentos se presentaron y que serían bastan-tes para sujetar a sus autores a un proceso por perjurio en su caso. .

2. La excusable negligencia del abogado está compren-dida dentro de los términos del artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, cuando entre otros particulares prescribe que la corte podrá “también eximir a alguna persona o a sus representantes legales, de los efectos de una senten-cia, orden u otro procedimiento que se hubiera dictado contra ella, por causa de equivocación, inadvertencia, sorpresa, o excusable negligencia.” Así como la negligencia inexcusable de un abogado, daña a la parte, debe la parte recibir el beneficio de su negligencia excusable. “No es un abuso de discreción” — dijo la Corte Suprema de California — “por parte de la corte sentenciadora el dejar sin efecto un fallo en rebeldía dictado en ausencia del demandado y de su abo-gado, cuando el último residía a una considerable distancia del lugar del juicio, y tenía motivos para creer que el' juicio no se celebraría en el tiempo en que lo fué.” Cameron v. Carroll, 67 Cal. 500.

3. En el caso de Salazar v. Sucesión Kortright, 14 D. P. R. 134, 135, esta Corte Suprema, por medio de su Juéz Asociado Sr. Wolf, se expresó así:

“El apelante cita la jurisprudencia de California con el objeto de demostrar que en una moción para .anular la anotación de rebeldía es indispensable la declaración jurada sobre los méritos de la misma, y cita los casos de Bailey v. Taaffe et al., 29 Cal. 423; Nevada Bank v. Dresbach, 63 Cal., 324; y Parrott v. Denn, 34 Cal., 79, en'apoyo de su pretensión. Examinando estos casos se verá que la ley y la práctica con respecto a este punto en California están fundadas en la sección 68 de la Ley de Práctica de aquel Estado, que prescribe que la declaración jurada deberá expresar que la rebeldía' fué oca-sionada por error, inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable, y que el demandado tenía una defensa meritoria en la' acción. La norma que tenemos es la sección 140 de nuestro Código de Enjuicia-miento Civil. Es cierto que esta sección prescribe el remedio para el caso de dictarse una sentencia por equivocación, inadvertencia o excusable negligencia, pero no hay nada en ella, así como tampoco en ninguna otra parte del Código, que exija necesariamente un (affidavit), declaración jurada sobre los méritos. El abogado del apelado trató de probar que la rebeldía fué motivada por error o negligencia excusable. Y aunque creemos que. generalmente debe exigirse algo más a una parte en rebeldía, la sección 140 es tan vasta e ilimitada en sus términos que no podemos revocar la acción tomada pOr la corte, por cuanto que la misma no abusó de su discreción.”

En este caso concreto que resolvemos en la moción se li-mitaron los demandados a decir que tenían una buena cansa de acción, sin éxplicar por qué, y en el affidavit se concretó el abogado a exponer las' circunstancias que le impidieron archivar sn alegación en tiempo, consignando también que había estudiado el asunto y creía firmemente que los deman-dados tenían una buena causa de acción, pero sin especifi-car por qué. Sin embargo, no fueron ésos los únicos docu-mentos que tuvo a la vista la corte de distrito al dictar la re-solución apelada. También estaban ante ella las excepcio-nes, contestación y contrademanda formuladas por los de-mandados, pudiendo juzgar al examinarlas si eran o no me-ritorias sus defensas.

4. Emplazados los demandados, dentro de los diez días que se les concedieron para comparecer, pidieron que se les declarara pobres y que se les concediera una prórroga de diez días más para archivar sus alegaciones. Su abogado. en un affidavit jura que el último día en que se vencía la pró-rroga se encontraba preparando la contestación, cuando fué avisado de que había ocurrido un serio disturbio en una de las calles de Bayamón, lugar de su residencia, y que siendo juez, de paz y hallándose ausente el juez municipal, tuvo que hacerse cargo de la investigación. Que trabajó hasta muy avanzada la noche y continuó trabajando al día siguiente, y que concentradas sus facultades en la investigación, olvidó, involuntariamente, todo lo referente a la contestación que debía presentar.

Pudiera sostenerse que el abogado que deja sin un motivo que los justifique sus alegaciones para prepararlas a última hora, no es diligente, ya que' debe prever la ocurrencia de sucesos de la naturaleza de los que tuvieron lugar en este caso, pero habiendo la corte de distrito ejercitado su discre-ción en sentido favorable a la continuación del pleito y por tanto a la resolución del mismo después de oir las- alegacio-nes y las pruebas de ambas partes, no debemos alterar su decisión.

Pomeroy en sus Códigos de California anotados, en el tomo correspondiente al Procedimiento Civil, página 265, resume la jurisprudencia sobre la materia así:

“Una orden anulando o negándose a anular una sentencia dic-tada en rebeldía, cae dentro de la discreción judicial de la corte, la cual ba de ejercitarse de acuerdo eon la ley: Bailey v. Taaffe, 29 Cal. 422; Howe v. Independence Co., 29 Cal. 72; Watson v. San Francisco, etc., R. R. Co., 41 Cal. 17; Coleman v. Rankin, 37 Cal. 247; Wolff v. Canadian Pac. R. R. Co., 89 Cal. 332. Y no existiendo abuso de discreción, la corte de apelaéión no revocará la actuación de la corte inferior. (Se citan los casos.) Howe v. Independence Co., 29 Cal. 72; Reese v. Mahoney, 21 Cal. 305; Davis v. Rock Creek, etc., Co., 55 Cal. 359; 36 Am. Rep. 40; Freeman v. Brown, 55 Cal. 465; Moore v. Kellogg, 58 Cal. 385; Southern Pac. R. R. v. White, 10 Pac. C. L. J. 646; Buell v. Emerich, 85 Cal. 116; Hitchcock v. McElrath, 69 Cal. 634; Harbaugh v. Honey Lake, etc., Co., 109 Cal. 70; Mulkey v. Mulkey, 100 Cal. 91; Burns v. Scooffy, 98 Cal. 271; Edwards v. Hellings, 103 Cal. 204; Rauer v. Wolf, 115 Cal. 100; McGowan v. Kreling, 117 Cal. 31; Morton v. Morton, 117 Cal. 443. * * *. Sin embargo, cuando las circunstancias son tales que hacen vacilar a la corte ante una moción para levantar una rebeldía, es mejor, práctica decidir en favor de la solicitud: Watson v. San Francisco, etc., R. R. Co., 41 Cal. 17; Wolff v. Canadian Pac. Ry. Co., 89 Cal. 332; Crady v. Donahoo, 108 Cal. 211; Miller v. Carr, 116 Cal. 378; 58 Am. St. Rep. 180.” Pomeroy, Civil Procedure, pág. 265.

Véanse también los siguientes casos resueltos por esta Corte Suprema: Hernández v. F. Carrera & Hno. et al., 22 D. P. R. 538; García v. García, 22 D. P. R. 712; Monllor & Co. v. Hutchison, 18 D. P. R. 893, y Salazar v. Sucesión Kortright, supra.

Por virtud de todo lo expuesto, debe confirmarse la reso-lución recurrida.

.Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.