author: El Juez Asociado Señor Rivera Pérez

text:
    Jennifer Nogueras Maldonado, peticionaria, v. Hon. Carmen E. Ávila Vargas, Registradora de la Propiedad, Sección de Manatí, recurrida.

      Número: RG-2008-02

      Resuelto: 28 de abril de 2009
   El Juez Asociado Señor Rivera Pérez

emitió la opinión del Tribunal.

Nos corresponde evaluar y determinar si la Registra-dora de la Propiedad actuó correctamente al extender nota de caducidad en un asiento de presentación por entender que el documento enviado por correo certificado no fue re-cibido en el apartado del Servicio Postal de Estados Unidos del Registro de la Propiedad el 24 de diciembre de 2007, día en que la referida oficina estaba cerrada por motivo de la celebración de la Navidad.

I

El 24 de julio de 2007, la Sra. Jennifer Nogueras Maldonado suscribió la Escritura Núm. 23 de Compraventa (Escritura Núm. 23) ante la notario público Axi Lizette Díaz Amézaga. Mediante esa escritura, la señora Nogueras Maldonado adquirió una propiedad sita en el municipio de Morovis. Posteriormente, dicha escritura fue presentada en el Registro de la Propiedad, Sección de Manatí (Registro). El 25 de octubre de 2007, la Registradora de la Propiedad, Hon. Carmen Ávila Vargas (Registradora), le cursó a la notaria una notificación comunicándole que la Escritura Núm. 23 adolecía de la falta siguiente:

Deberá comparecer la Agencia (Banco y Agencia de Finan-ciamiento de la Vivienda de Puerto Rico) a consentir la transacción. Apéndice del Recurso Gubernativo, pág. 13.

Conviene señalar que en dicha notificación, la Registra-dora consignó que de no subsanarse el defecto antes indi-cado dentro del término de sesenta días —el 24 de diciem-bre de 2007— dispuesto en la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad de 1979 (Ley Hipotecaria), exten-dería nota de caducidad en el asiento de presentación y al pie del documento.

A fin de inscribir la referida escritura de compraventa en el Registro, la notaria Díaz Amézaga otorgó una Escri-tura de Ratificación de Compraventa en la cual compareció la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico. Realizado este trámite, la notaria Díaz Amé-zaga envió al Registro la referida escritura el 21 de diciem-bre de 2007 mediante correo certificado con aviso de recibo. A pesar de que dicho documento fue enviado antes de que caducara el término señalado para el asiento de presenta-ción, fue recibido en el apartado del Servicio Postal de Es-tados Unidos del Registro el 26 de diciembre de 2007.

Es menester señalar que de los documentos que obran en autos surge que el 26 de diciembre de 2007 a las 10:11 am, el Servicio Postal de Estados Unidos depositó en el apartado postal del Registro una notificación para infor-mar que el aludido documento se había recibido. No obs-tante, el referido documento lo recogió el personal del Re-gistro en su apartado postal el 28 de diciembre de 2007.

Como consecuencia de lo anterior, el 11 de enero de 2008, la Registradora le notificó a la notaria que el asiento de presentación de la Escritura Núm. 23 había caducado porque la Escritura de Ratificación de Compraventa fue recibida en el Registro el 28 de diciembre de 2007. Poste-riormente, la notaria Díaz Amézaga se comunicó con el personal del Registro para someter el comprobante de $50 para cancelar los derechos pagados a la presentación. No obstante, se le informó a la notaria que no le podían devol-ver el comprobante previamente cancelado, ya que habían transcurrido más de veinte días del término señalado.

Inconforme, la señora Nogueras Maldonado presentó ante este Tribunal un Recurso Gubernativo. Señaló que el asiento de presentación no había caducado aun cuando el referido documento fue recibido el 26 de diciembre de 2007 —dos días más tarde de la fecha indicada por la Registra-dora— puesto que las oficinas del Registro estuvieron ce-rradas el 24 y el 25 de diciembre de 2007 por motivo de la Navidad. En el segundo señalamiento de error argüyó que de resolverse que el asiento de presentación había cadu-cado, procedía la devolución de los derechos pagados por-que la notificación que envió la Registradora sobre la ca-ducidad del documento era inadecuada.

La Registradora compareció ante nos y sostuvo en su comparecencia que, de acuerdo con los Arts. 52 y 69 de la Ley Hipotecaria, el asiento de presentación había cadu-cado, ya que el defecto señalado en la notificación no fue subsanado dentro del término de sesenta días consignado en los referidos artículos, el cual vencía el 24 de diciembre de 2007. Adujo que la parte peticionaria, al escoger el mé-todo de correo certificado con acuse de recibo para presen-tar la corrección de la falta notificada, se sometió a las virtudes y los defectos del mismo.

Sobre el segundo error levantado por la parte peticiona-ria, la Registradora argüyó que la notificación sobre la fe-cha de devolución de los derechos pagados a la presenta-ción del referido documento era adecuada, ya que desde la misiva cursada el 25 de octubre de 2007 la parte conocía cuándo expiraba el plazo para solicitar la correspondiente devolución.

Con el beneficio de los alegatos de ambas partes, resolvemos.

II

Nuestro sistema de Derecho Registral se caracteriza por su naturaleza rogada. De acuerdo con este principio, el Registrador de la Propiedad sólo puede actuar a instancia de parte, salvo las excepciones establecidas en la Ley Hipotecaria y en su Reglamento que le permiten actuar de oficio. Por lo tanto, el procedimiento registral se pone en marcha cuando la parte interesada solicita la inscripción o anotación de un documento con trascendencia real en el Registro. Como se sabe, tal procedimiento está constituido por cuatro fases: petición de inscripción, presentación de documentos, calificación del Registrador y la extensión del asiento.

Una vez se han presentado los documentos para su inscripción en el Registro, el Registrador, de acuerdo con el principio de legalidad, procederá a verificar que tales documentos sean válidos y perfectos, de manera que tengan acceso al Registro. Al ejercer su función calificadora, el Registrador determinará si procede la inscripción de los documentos o si, por el contrario, procede denegarla cuando estime que éstos tienen algún vicio o defecto.

Cuando la calificación del Registrador es desfavorable, la parte que interesa la inscripción o la anotación del documento tendrá que escoger uno de los cursos de acción siguientes: “desistir y retirar el documento, solicitar recalificación, consentir las faltas e intentar la corrección, o no actuar y dejar caducar el asiento de presentación.”

Si la parte interesada en la inscripción del documento desea subsanar la falta señalada y notificada por el Registrador, deberá cumplir cabalmente con el trámite pautado en el Art. 69 de la Ley Hipotecaria. En lo pertinente, el referido artículo dispone que el interesado en la inscripción del documento deberá corregir la falta señalada y notificada dentro del término de sesenta días a partir de la fecha de la notificación. (Enfasis suplido.) El aludido precepto indica, además, que de no subsanarse el defecto dentro del término señalado, el Registrador extenderá nota de caducidad en el asiento de presentación y al pie del documento. Por ende, se entenderá que la parte consintió la falta señalada por el Registrador y tendrá que presentar nuevamente los documentos para su inscripción.

El Art. 70 de la Ley Hipotecaria, infra, dispone, en lo pertinente, que si la parte consintió la calificación del Registrador y trató de subsanar los defectos señalados dentro del término de sesenta días provisto en el Art. 69 de la Ley Hipotecaria, supra, podrá recurrir gubernativamente de la denegatoria ante este Tribunal sólo para determinar si los defectos se corrigieron. Como se puede apreciar, la disposición antes citada establece una excepción a la norma general que requiere que antes de presentar un recurso gu-bernativo ante este Tribunal se interponga un escrito de re-calificación ante el Registrador de la Propiedad.

III

Con estos criterios en mente, pasemos a resolver la con-troversia ante nos.

En el caso de autos, la notaría Díaz Amézaga consintió la falta indicada por la Registradora y procedió a subsanarla. Tras otorgar la Escritura de Ratificación de Compraventa, la notaría la envió dentro del término de caducidad de sesenta días a la oficina del Registro me-diante correo certificado. No obstante, la referida escritura fue depositada en el apartado del Registro en el Servicio Postal de Estados Unidos el 26 de diciembre de 2007 a las 10:11 am —dos días más tarde del término de caducidad— y el personal del Registro la recogió el 28 de diciembre de 2007. Por tal razón, la Registradora aduce que el referido documento fue recibido en el Registro después de vencido el término de caducidad. No tiene razón. Veamos.

Adviértase, de entrada, que el término de caducidad del asiento de presentación vencía el 24 diciembre de 2007. Sin embargo, el entonces Gobernador de Puerto Rico, Hon. Aníbal Acevedo Vilá, mediante el Memorando Especial Núm. 33-2007, concedió libre la mañana del lunes 24 de diciembre de 2007 sin cargo a licenciad. Cabe señalar que la mañana de 24 de diciembre de 2007 fue concedida libre para los empleados de la Rama Ejecutiva, pues a partir del mediodía era día feriado oficial por disposición de la Ley Núm. 305 de 25 de diciembre de 2002. De igual forma, el 25 de diciembre de dicho año era un día feriado oficial, por ser Navidad.

En conformidad con lo anterior, y dado que el término del asiento de presentación vencía el lunes 24 de diciembre de 2007 y que ese era un día feriado, es forzoso concluir que el vencimiento de dicho término era el martes 25 de diciembre de 2007, pero por ser éste, a su vez, un día fe-riado, el último día hábil para recibir el documento en el apartado postal del Registro era el 26 de diciembre de 2007. Precisamente, ese día el documento que envió la no-taría Díaz Amézaga fue recibido en el apartado del Servicio Postal de Estados Unidos del Registro.

Es preciso puntualizar que en el expediente de autos hay una copia de la notificación del Servicio Postal de Es-tados Unidos que acredita que el 26 de diciembre de 2007 el personal del correo depositó en el apartado postal del Registro una notificación para notificar que el documento en cuestión había sido recibido. No obstante, de dicha no-tificación surge que no fue hasta el 28 de diciembre de 2007 que el personal del Registro acudió al correo para buscar su correspondencia. Nótese que el personal del Re-gistro tardó dos días calendario en buscar su corres-pondencia.

Por lo tanto, dado que el 24 y 25 de diciembre de 2007 eran días feriados debido a la celebración de las festivida-des navideñas, concluimos que el último día hábil para re-cibir el referido documento en el apartado postal del Regis-tro era el 26 de diciembre de 2007. El documento público llegó ese día al Registro, por lo que es forzoso concluir que fue recibido dentro del término de caducidad, por lo que no procedía extender la nota de caducidad en el asiento de presentación y al pie del documento.

No podemos penalizar a la parte peticionaria por el he-cho de que el último día hábil del término de caducidad del asiento de presentación era un día feriado ni mucho menos por el retraso del personal del Registro en recoger su co-rrespondencia en su apartado en el Servicio Postal de Es-tados Unidos. No albergamos duda de que el documento fue recibido dentro del término de caducidad.

Conviene señalar que en B.L. Invest., Inc. v. Registradora, infra, nos enfrentamos a una situación bastante similar a la de autos. En esa ocasión resolvimos, entre otras cosas, que el último día hábil para recibir un escrito de recalificación era el 26 de diciembre de 2001, aun cuando dicho término había vencido el 23 de diciembre de 2001, pero este día era domingo, por lo que se corrió para el lunes 24 de diciembre, pero como este día era feriado, el próximo día hábil era el 26 de diciembre de 2001.

De acuerdo con lo anterior, resulta innecesario discutir el segundo señalamiento de error levantado por la parte peticionaria.

Por los fundamentos antes expuestos, concluimos que la Registradora de la Propiedad, Hon. Carmen E. Avila Vargas, erró al determinar que el asiento de presentación de la Escritura Núm. 23 de Compraventa presentada por la no-taría Díaz Amézaga había caducado. Por lo tanto, se or-dena a la Registradora que proceda a eliminar la nota de caducidad practicada en el asiento de presentación y cali-fique la referida escritura pública para determinar en sus méritos si la falta señalada fue subsanada.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Rodríguez Rodríguez concu-rrió con el resultado sin opinión escrita.

       Véase Apéndice del Recurso Gubernativo, pág. 13.

       Véase Exhibit Núm. 6 del Apéndice del Recurso Gubernativo, pág. 18.

       30 L.P.R.A. secs. 2255 y 2272.

       L. Rivera Rivera, Derecho Registral Inmobiliario Puertorriqueño, 2da ed., San Juan, Jurídica Editores, 2002, pág. 242.

        H.F., Inc. v. Registrador, 116 D.P.R. 433, 438 (1985).

       Véanse: Rigores v. Registrador, 165 D.P.R. 710 (2005); Gasolinas PR v. Registrador, 155 D.P.R. 652 (2001); U.S.I. Properties, Inc. v. Registrador, 124 D.P.R. 448, 465 (1989).

       Rivera Rivera, op. cit., pág. 309.

       30 L.P.R.A. sec. 2272.

       Id. Véase, además, el Sec. 870.321 del Reglamento General para la Ejecución de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, edición especial de 2007.

       Íd. Véanse, además: Secs. 870.313 y 870.314 del Reglamento General para la Ejecución de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, edición especial de 2007.

       30 L.P.R.A. sec. 2273.

       Véase Art. 76 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad de 1979 (30 L.P.R.A. see. 2279).

       Véase Memorando Especial Núm. 33-2007.

       Íd.

        B.L. Invest., Inc. v. Registradora, 158 D.P.R. 220 (2002).

       Íd., págs. 228 y 228 esc. 7.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Maggie Bonilla Berlingeri, querellada.

      Número: CP-2005-15

      Resuelto: 29 de abril de 2009

      Salvador J. Antonetti Stutts, procurador general, Noemí Rivera de León, procuradora general auxiliar, Maite D. Oro-noz Rodríguez, y Mariana D. Negrón Vargas, subprocura-doras generales, querellantes; Esther Leyra Benitez, abogada de la querellada; Víctor Rivera González, comisio-nado especial.
   per curiam:

Nos corresponde expresarnos nuevamente sobre el deber de los abogados de manejar con diligencia y honradez los bienes que reciben a nombre de sus clientes.

I

La Leda. Maggie Bonilla Berlingerie fue admitida al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico el 2 de enero de 1990. En su desempeño como abogada, la querellada asu-mió la representación legal de la Sra. Myriam Batiz Váz-quez en una acción civil sobre divorcio y pensión alimenticia. Como resultado de ese pleito, el Tribunal de Primera Instancia fijó el pago de $2,300 por los gastos es-colares de los hijos, a pagarse en julio de cada año. Dicho foro ordenó que el ex esposo de la Sra. Myriam Batiz Váz-quez, el Ledo. Pedro I. Vidal, pagara $1,000 adicionales para reembolsar por los gastos escolares en que incurrió la señora Batiz Vázquez en el curso escolar anterior. Además, el foro de instancia ordenó el pago de $1,750 por los hono-rarios de abogado. La señora Batiz Vázquez y su ex esposo acordaron que el pago de los honorarios de abogado se rea-lizaría en diciembre de 2004. Conforme a lo anterior, el licenciado Vidal envió el referido pago de $3,300 ($2,300 para los gastos de regreso a clases del año en curso y $1,000 por los gastos del año escolar anterior) a la oficina de la querellada, la licenciada Bonilla Berlingerie.

Esta última recibió el cheque en su oficina el 1 de julio de 2004. Su secretaria llamó en múltiples ocasiones a la señora Batiz Vázquez para que fuera a recoger el cheque y para que entregara el pago de los honorarios de abogado. La señora Batiz Vázquez suscribió una carta en la que au-torizó a su vecino para que recogiera el cheque en la oficina de la querellada. Este se personó a la oficina de la quere-llada con la referida carta y solicitó el cheque a nombre de la señora Batiz Vázquez, pero la querellada se negó a en-tregarle el cheque. Ante esta situación, la señora Batiz Vázquez presentó una queja contra la licenciada Bonilla Berlingerie en la que señaló que la querellada no le en-tregó el cheque enviado por su ex esposo porque no se le habían pagado los honorarios de abogado.

A raíz de estos hechos, y luego de efectuar la correspon-diente investigación, el Procurador General presentó un Informe en el que concluyó que la licenciada Bonilla Ber-lingerie incurrió en posible violación a los Cánones 23 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. El Pro-curador General sostuvo, entre otras cosas, que la abogada incumplió con su deber ético al retener el cheque pertene-ciente a su cliente y condicionar la entrega del mencionado cheque al pago de los honorarios de abogado, en abierta contravención a la normativa ética vigente.

Posteriormente, le ordenamos al Procurador General que presentara la querella contra la licenciada Bonilla Berlingerie. En cumplimiento con la referida orden, el Pro-curador General presentó la querella contra la letrada y le imputó dos cargos por violación a los Cánones 23 y 38 del Código de Ética Profesional, supra. Por su parte, en la co-rrespondiente contestación a la querella, la licenciada Boni-lla Berlingerie señaló que procedía desestimar la querella instada en su contra. Adujo que acordó verbalmente con la señora Batiz Vázquez que el cheque por $3,300 sería en-viado a la oficina de la querellada, y que de esa suma se saldarían los $1,750 por los honorarios de abogado. Además, señaló que no infringió el Canon 23, ya que dio pronta cuenta a la señora Batiz Vázquez del cheque que obraba en su poder para que lo recogiera, pero que la señora Batiz Vázquez nunca lo hizo. Expresó que no entregó el cheque a la persona que visitó su oficina porque no tenía la certeza de que esa persona estaba autorizada por su dienta a recibirlo. Por último, argumentó que no tuvo la intención de retener el cheque, que siempre estuvo disponible para entregarlo y que no condicionó la entrega al pago de los honorarios de abogado adeudados.

Cumpliendo con la orden de este Tribunal, el Comisio-nado Especial celebró la vista a base de la cual sometió un informe en el que hizo las correspondientes determinacio-nes de hecho y conclusiones de derecho. Según surge de ese informe, la secretaria de la querellada llamó en múltiples ocasiones a la señora Batiz Vázquez para que fuera a reco-ger el cheque por $3,300 de la pensión alimenticia y para que entregara el pago de $1,750 por los honorarios de abogado. Luego, la señora Batiz Vázquez suscribió una carta en la que autorizó a su vecino para que recogiera el cheque en la oficina de la querellada. El 14 de julio de 2004 éste se personó a la oficina de la querellada con la referida carta y solicitó el cheque a nombre de la señora Batiz Vázquez. La querellada se negó a entregar el cheque a la persona que portaba la carta e hizo una anotación en la misiva suscrita y firmada por la señora Batiz Vázquez. En dicha anotación expresó que no podía entregar el cheque al alegado vecino de la señora Batiz Vázquez porque no lo conocía y porque no se había podido comunicar con esta última para discutir lo referente al pago de los honorarios de abogado adeudados. Además, en dicha anotación la que-rellada le sugirió alternativas a la señora Batiz Vázquez para el pago de los honorarios de abogado.

Por su parte, el 16 de julio de 2004 la señora Batiz Váz-quez le envío otra carta a la querellada en la cual le solicitó otra vez el cheque. La señora Batiz Vázquez nunca recibió contestación a la carta ni el cheque solicitado. La quere-llada intentó consignar el cheque en el Tribunal de Pri-mera Instancia donde se ventiló el pleito de divorcio en el que representó a la señora Batiz Vázquez, pero el tribunal no permitió dicha consignación. Por esta razón, la quere-llada envío la carta a la oficina del ex esposo de la señora Batiz Vázquez, quien se encargó de enviarle el cheque a ésta.

A base de estos hechos y de la normativa vigente, el Comisionado Especial determinó que la retención inicial del cheque suscrito a favor de la señora Batiz Vázquez pudo estar justificada, ya que la querellada no pudo esta-blecer comunicación con su dienta. Sin embargo, el Comi-sionado Especial concluyó que la licenciada Bonilla Berlin-gerie infringió el Canon 23 del Código de Ética Profesional, supra, a partir del 14 de julio de 2004, fecha cuando se negó a entregar el cheque al vecino de la señora Batiz Váz-quez e hizo la anotación en la carta en la que condicionó la entrega del cheque al pago de los honorarios de abogado. A partir de esta fecha, transcurrieron catorce días hasta que la señora Batiz Vázquez recibió el cheque, periodo durante el que no hubo justa causa para la retención. El Comisio-nado Especial concluyó que el Procurador General no probó violación al citado Canon 38 del Código de Ética Profesional. Contamos con la comparecencia de la quere-llada y del Procurador General, y estamos en condición de resolver el recurso, por lo que procedemos a así hacerlo.

II

El Código de Ética Profesional establece las normas mínimas que rigen la conducta de los miembros de la profesión legal y promueven un comportamiento ejemplar por parte de los abogados en el desempeño de su labor. In re Gordon Menéndez I, 171 D.P.R. 210 (2007); In re Matos González, 149 D.P.R. 817, 819 (1999). A tales efectos, dicho cuerpo legal prescribe que los abogados deben a sus clientes un trato profesional que se caracterice por la capacidad, lealtad y honradez. In re Meléndez Figueroa, 166 D.P.R. 199, 205 (2005). Esto responde a que la relación entre un abogado y su cliente está cimentada en la con-fianza absoluta que debe existir entre ambos. Robles Sanabria, Ex parte, 133 D.P.R. 739, 747 (1993). Conforme a este deber de lealtad y honradez, el Canon 23 del Código de Etica Profesional, supra, establece que cuando el letrado advenga en posesión de bienes o dinero del cliente debe dar pronta cuenta de este hecho a su cliente y nunca debe mez-clar esos bienes con los suyos. Según este deber ético reco-gido en el referido canon, la normativa jurisprudencial pro-híbe diáfanamente que los abogados retengan y dispongan inapropiadamente de cualquier suma de dinero que perte-nezca a su cliente. In re Gorbea Martínez, 149 D.P.R. 784, 788 (1999).

Sobre este particular, en In re Ramírez Ferrer, 147 D.P.R. 607, 613-614 (1999), sostuvimos que “ ‘la confianza entre abogado y cliente, en particular, el escrupuloso manejo de fondos, constituye elemento inseparable que se proyecta no sólo dentro del foro togado puertorriqueño, sino en el respeto y la estima ante la imagen pública’ ”. Asimismo, en el normativo In re Arana Arana, 112 D.P.R. 838, 844 (1982), establecimos que el hecho de haber devuelto el dinero retenido o haberlo retenido sin la intención de apropiarse de él permanentemente no libera al abogado querellado de una posible sanción disciplinaria. Por el contrario, “ ‘[l]a dilación en la devolución de los fondos de por sí es causa suficiente para tomar medidas disciplinarias contra el abogado’ ”. (Enfasis suprimido.) In re Ramírez Ferrer, supra, pág. 614. La retención de cualquier cantidad de dinero perteneciente al cliente viola el Canon 23 del Código de Etica Profesional, supra.

Conforme a este precepto ético, la transparencia de las relaciones entre abogado y cliente, y la naturaleza fiduciaria de esa relación basada en la honestidad absoluta es piedra angular para nuestro sistema jurídico. Por esta razón, reiteradamente hemos establecido que los abogados no deben cobrar indebidamente los honorarios de abogado ni retener sin autorización dinero de los clientes.

Así también, el Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra, exige a todo abogado desplegar una conducta que exalte la dignidad y el honor de su profesión, no sólo en el desempeño de ésta, sino también en el ámbito de su vida privada. Esta obligación ética responde a la confianza depositada en el abogado como miembro de la profesión legal. In re Sepúlveda, Casiano, 155 D.P.R. 193 (2001). Conforme a este principio, hemos expresado que “cada abogado es un espejo en el cual se refleja la imagen de la profesión, por lo que debe actuar con limpieza, lealtad y el más escrupuloso sentido de responsabilidad”. In re Curras Ortiz, 174 D.P.R. 502 (2008).

Ahora bien, hemos establecido que en los procedimientos disciplinarios la evidencia tiene que ser clara, robusta y convincente, no afectada por reglas de exclusión ni a base de conjeturas. In re Caratini Alvarado, 153 D.P.R. 575, 584 (2001). Este criterio requiere una carga probatoria más fuerte que la mera preponderancia de la prueba, toda vez que en estos procesos está en juego el título de un abogado y, por lo tanto, su derecho fundamental a ganarse el sustento. Id. Aunque el referido estándar de prueba no es susceptible de una definición precisa, la prueba clara, robusta y convincente ha sido descrita como “aquella evidencia que produce en un juzgador de hechos una convicción duradera de que las contenciones tácticas son altamente probables”. In re Rodríguez Mercado, 165 D.P.R. 630, 641 (2005).

Por último, según dispone la Regla 14 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, le corresponde al Comisionado Especial designado celebrar una vista para recibir la prueba. Al desempeñar una función similar al juzgador de instancia, el Comisionado Especial está en mejor posición para aquilatar la prueba testifical y adjudicar credibilidad, por lo que sus determinaciones tác-ticas merecen nuestra mayor deferencia. In re Morales Soto, 134 D.P.R. 1012, 1016 (1994). Por lo tanto, aunque este Tribunal no está obligado a aceptar el informe de un Comisionado Especial en un procedimiento disciplinario contra un abogado, y podemos adoptar, modificar o recha-zar tal informe, de ordinario sostendremos las determina-ciones de hecho de éste, salvo que se demuestre prejuicio, parcialidad o error manifiesto. In re Morell, Alcover, 158 D.P.R. 791 (2003); In re Soto López, 135 D.P.R. 642, 646 (1994).

Conforme a la normativa antes expuesta, procedemos a dirimir la controversia ente nuestra consideración.

HH

Consideramos, basados en lo antes expuesto y en los hechos probados ante el Comisionado Especial, que la Leda. Bonilla Berlingeri faltó a los deberes impuestos por el Canon 23 del Código de Etica Profesional, supra. La doc-trina reseñada establece claramente que la mera retención de los bienes del cliente es causa suficiente para sancionar al abogado, de modo que no se socave el carácter fiduciario que debe imperar en la relación del abogado y su cliente. Es decir, el hecho de que no haya intención de ocultar los bienes o que éstos se devuelvan al cliente, no implica que el abogado no haya transgredido el referido canon.

Es cierto que la querellada dio "pronta cuenta” del che-que a su dienta y en varias ocasiones trató de comunicarse con ésta para que pasara a recoger el cheque y pagara los honorarios de abogado. Hasta ese momento, no es posible colegir que la querellada estaba reteniendo el cheque de su dienta en contravención al referido canon. Sin embargo, cuando la señora Batiz Vázquez envió a su vecino para re-coger el cheque, la querellada se negó a entregarlo e hizo una anotación, a manuscrito, en la referida carta en la que expresó que no podía entregar el cheque a la persona que portaba la carta, porque no lo conocía y porque no se había podido comunicar con su dienta para discutir lo referente al pago de los honorarios adeudados. Además, en dicha anota-ción la querellada le sugirió alternativas a la señora Batiz Vázquez para el pago de los honorarios de abogado.

A partir de ese momento, la querellada infringió el Canon 23 del Código de Etica Profesional, supra, al retener el che-que de la señora Batiz Vázquez y condicionar su entrega a la discusión sobre los honorarios de abogado. No nos con-vence la querellada al aducir que se negó a entregar el che-que porque no tenía la certeza de que esa persona estaba autorizada por la señora Batiz Vázquez. Según se deduce de la carta que obra en el expediente ante nuestra considera-ción, en la anotación la querellada se dirigió expresamente a la señora Batiz Vázquez al escribirle que “por el hecho de no conocer [al] caballero [ni] haber hablado contigo para liqui-dar lo correspondiente a mis honorarios [de abogado] será imposible que lo entregue”. Apéndice de la Moción para No-tificar Prueba Documental, pág. 10. De estas expresiones se deduce que la querellada reconoció implícitamente que la persona fue enviada y autorizada por la señora Batiz Váz-quez a recoger el cheque. De lo contrario no hubiese hecho anotación alguna. Además, no hay duda de que la carta es-taba suscrita y firmada por la señora Batiz Vázquez. La querellada fungió como abogada de la señora Batiz Vázquez, por lo que tenía los medios para corroborar que la carta había sido enviada por su dienta. No lo hizo. Además, si genuinamente la querellada se hubiese negado a entregar el cheque porque desconocía si la persona estaba autorizada, debió hacer las gestiones pertinentes para hacerle llegar el cheque a su dienta, lo antes posible. Por el contrario, la querellada envió el cheque a la oficina del ex esposo de su dienta, luego de que intentó consignarlo en el tribunal donde se ventiló el pleito en el que representó a la señora Batiz Vázquez. En ningún momento intentó enviar el che-que a la dirección de su cliente.

El comportamiento de la querellada transgredió los principios éticos que rigen la profesión legal. Existe evi-dencia clara, robusta y convincente de que la querellada retuvo el cheque porque no le habían pagado los honorarios de abogado. La anotación que la querellada hizo en la carta es prueba fehaciente de dicha intención. Es norma estable-cida que los abogados no deben retener sin autorización el dinero de sus clientes. La querellada presionó para cobrar sus honorarios reteniendo el cheque que pertenecía a su cliente. Al actuar de ese modo, mancilló la imagen de la clase togada y violentó el deber fiduciario que debe existir en toda relación abogado-cliente. Conforme a lo anterior, concluimos que la querellada infringió el Canon 23 del Có-digo de Etica Profesional, supra.

Por último, y contrario a lo que determinó el Comisio-nado Especial, entendemos que las actuaciones de la que-rellada desde el momento en que recibió el cheque a nom-bre de la señora Batiz Vázquez, reflejaron un mal manejo de la situación que dio margen a la apariencia de conducta impropia. Tan pronto la querellada recibió el cheque de la pensión alimenticia debió procurar que la señora Batiz Vázquez lo recogiera lo antes posible, y al darse cuenta de la falta de comunicación con ésta debió hacer las gestiones necesarias para hacerle llegar el cheque a su dienta. Sin embargo, la querellada devolvió el cheque al ex esposo luego de que se negó a entregarle el cheque a la señora Batiz Vázquez. Estas actuaciones, dan la impresión de que la querellada no quería entregar el cheque a su dienta y, por lo tanto, prefirió devolverlo por correspondencia al ex esposo de la señora Batiz Vázquez. Si la querellada hu-biese tenido la intención de entregar el cheque con la pre-mura que requiere la normativa ética vigente, le hubiese hecho llegar el cheque a su dienta. Al no hacerlo, infringió los postulados del Canon 38 del Código de Ética Profesio-nal, supra.

IV

Según hemos establecido, al determinar la sanción disciplinaria que se le impondrá a un abogado que haya incurrido en conducta antiética, podemos tomar en cuenta los factores siguientes: (1) la buena reputación del abogado en la comunidad; (2) su historial previo; (3) si ésta constituye su primera falta y si ninguna parte ha resultado perjudicada; (4) la aceptación de la falta y su sincero arrepentimiento; (5) si se trata de una conducta aislada; (6) el ánimo de lucro que medió en su actuación; (7) resarcimiento al cliente, y (8) cualesquiera otras consideraciones, sean atenuantes o agravantes, que medien de acuerdo con los hechos. In re Quiñones Ayala, 165 D.P.R. 138 (2005).

Recientemente, en In re Delannoy Solé, 172 D.P.R. 95 (2007), nos enfrentamos a una situación similar a la que dio lugar a este recurso. En aquel caso, el abogado recibió un cheque dirigido a su dienta y se comunicó con ella pron-tamente para que lo recogiera. Surgieron desavenencias entre el abogado y su dienta, por lo que el letrado retuvo el cheque con la intención de acompañar a su dienta al banco y así cobrar los honorarios de abogado. En dicho caso sos-tuvimos que la conducta del abogado infringía el Canon 23 del Código de Etica Profesional, supra. Por esta razón, amonestamos enérgicamente al abogado.

Consideramos como agravante y altamente preocupante que en el caso que ahora nos ocupa el bien retenido cons-tituía la pensión alimenticia para los gastos escolares de los hijos menores de la señora Batiz Vázquez. Por otro lado, surge como atenuante que ésta es la primera falta de la querellada. Ella sólo retuvo el cheque por catorce días después de que la señora Batiz lo reclamara. A fin de cuen-tas, esta última recibió el cheque, de modo que no hubo un perjuicio sustancial a las partes.

En atención a todo lo anterior, y a base del trato que en el pasado le hemos dado a situaciones como ésta, amones-tamos enérgicamente a la licenciada Bonilla Berlingeri. Le apercibimos que, de repetirse en un futuro la conducta que dio lugar a este recurso, seremos mucho más severos en nuestra sanción.

Se dictará sentencia de conformidad.


author:
(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau
      Secretaria del Tribunal Supremo
     Juez Presidente Señor Her-nández Denton,

text:
    Jorge Suárez Cáceres, peticionario, v. Comisión Estatal de Elecciones y otros, recurridos.

      Número: CC-2009-285

      Resuelto: 29 de abril de 2009

      Luis R. Santini Gaudier, abogado de la parte peticionaria; José Ramón Castro Acevedo, abogado de Angel Rodríguez Otero, parte recurrida.
   RESOLUCIÓN

Examinada la Petición de Certiorari presentada en el caso de epígrafe, se ordena a la Secretaria expedir un Man-damiento de Certiorari dirigido al Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de San Juan, para que a la brevedad posible remita a la Secretaria de este Tribunal los autos origi-nales o una copia certificada del Caso Núm. KLCE-2009-00185, Jorge Suárez Cáceres v. Comisión Estatal de Elecciones y otros.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente Señor Hernández Denton emitió un voto disidente, al cual se unieron la Jueza Aso-ciada Señora Fiol Matta y la Juez Asociada Señora Rodrí-guez Rodríguez.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Voto disidente emitido por el

Juez Presidente Señor Her-nández Denton,

al cual se unen la Jueza Asociada Se-ñora Fiol Matta y la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

En el recurso de epígrafe, el Sr. Jorge Suárez Cáceres nos solicita que dejemos sin efecto una resolución de la Comisión Estatal de Elecciones mediante la cual se inter-preta el Art. 6.011 de la Ley Electoral de Puerto Rico, 16 L.P.R.A. see. 3271, sobre el derecho a un recuento luego de las elecciones generales. En particular, el señor Suárez Cá-ceres impugna la determinación de dicho foro administra-tivo de interpretar la frase “votos totales depositados” para incluir los votos en blanco, los votos nulos, los votos protes-tados y los votos por personajes ficticios. Ello, pues aparen-temente entiende que esta interpretación incide sobre el cálculo que se debe realizar para adjudicar un escaño al Senado correspondiente al Partido Popular Democrático de acuerdo con el Art. Ill, Sec. 7 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así como de las disposicio-nes pertinentes de la Ley Electoral de Puerto Rico que es-tablecen un método de selección de candidatos adicionales de minoría a base de una fórmula proporcional.

Independientemente del desenlace procesal y sustantivo que pueda surgir de este caso, la realidad es que la Comi-sión Estatal de Elecciones reiteradamente ha asumido la postura —la cual no ha sido cuestionada hasta el momento por ninguna de las partes— de que según cualquier defini-ción de la frase en controversia, procederá a declarar un empate y a celebrar un sorteo en conformidad con el Art. 6.012 de la Ley Electoral de Puerto Rico, 16 L.P.R.A. see. 3272, pues la diferencia proporcional entre ambos candida-tos según cualquier esquema seguiría siendo por una frac-ción menor a la mitad de uno. Por otro lado, y dado que el peticionario no tiene derecho a participar en un recuento, es evidente que éste carece de legitimación activa para con-tinuar instando los procedimientos relacionados a esta controversia.

A pesar de que el caso particular ante nos es académico y sencillamente no es justiciable, hoy una mayoría de este Tribunal decide expedir el recurso de epígrafe y emitir un mandamiento para que se eleven los autos de este caso. Por ende, y en atención a que la dilación innecesaria en la solución de este caso afecta los derechos democráticos de miles de puertorriqueños que se encuentran desprovistos del grado mínimo de representación minoritaria en la Asamblea Legislativa que pretende salvaguardar la Cons-titución, disentimos de la determinación de este Tribúnal de expedir el recurso ante nuestra consideración.

HH

De entrada, debemos señalar que según la Regla 21 del Reglamento de este Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, el re-curso ante nos —por ser una revisión de una decisión de la Comisión Estatal de Elecciones al amparo del Art. 1.016 de la Ley Electoral de Puerto Rico (Ley Electoral), 16 L.P.R.A. sec. 3016a— se encuentra perfeccionado y listo para su ad-judicación final. El inciso (A)(2) de la mencionada Regla 21 especifica que “ [1] a solicitud de certiorari constituirá el ale-gato de la parte peticionaria ...”. 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A. Por otra parte, el inciso (C)(1)(a) de esta regla establece que el memorando en oposición a la expedición del auto presen-tado dentro del término de diez días siguientes a la notifi-cación del certiorari también se considerará como el ale-gato del recurrido. Id.

Claramente, estas disposiciones especiales pretenden garantizar que los casos que involucren derechos electora-les se atiendan con la celeridad y atención que ameritan. Ello así, pues nuestro ordenamiento constitucional demo-crático reconoce la importancia de un andamiaje electoral eficiente y de que permee la estabilidad en todos los proce-sos electorales. Véase Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 D.P.R. 1 (1989).

En este caso, el peticionario ya presentó una solicitud de certiorari y el recurrido presentó un Memorando en Oposi-ción a que se Expida el Auto de Certiorari. Por lo tanto, este Tribunal ya cuenta con todas las herramientas nece-sarias para resolver este recurso y disponer del mismo a base de su mejor entendimiento, pues el caso ya está per-feccionado para los efectos del Reglamento de este Tribunal y del andamiaje electoral que se deduce del estado de derecho vigente.

Sin embargo, la mayoría de este Tribunal no ha ejercido su facultad de dictar sentencia en el caso de autos. Tam-poco ha tomado medidas especiales para acelerar la dispo-sición del presente recurso como siempre se ha hecho en casos electorales. Por el contrario, este Tribunal ha deci-dido atender el recurso de epígrafe mediante el trámite ordinario, en contravención a la primacía que histórica-mente le hemos concedido a los casos que involucran los derechos democráticos y electorales del pueblo.

En esencia, la determinación tomada por este Tribunal tiene como única consecuencia práctica que el asunto me-dular sobre la adjudicación del escaño senatorial en contro-versia aún no se pueda encauzar mediante un trámite ade-cuado y justiciable. Más aún, se mantiene activo un caso mediante el trámite ordinario que no nos permitirá, ni a corto ni a largo plazo, cumplir prontamente con el mandato de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Constitución) de concederle una representación mí-nima a las minorías políticas, en protección de los princi-pios básicos de nuestra democracia constitucional. Véanse: P.P.D. v. Peña Clos 1, 140 D.P.R. 779 (1996); Faster v. Buso, 102 D.P.R. 327 (1974).

Veamos, pues, los incidentes procesales que dieron lugar al presente recurso.

HH

El tracto procesal relacionado a este caso forma parte, aunque de manera colateral y accidentada, del procedi-miento administrativo ante la Comisión Estatal de Eleccio-nes para cubrir un escaño en el Senado de Puerto Rico correspondiente al Partido Popular Democrático. Este pro-ceso se activó como consecuencia de que en las Elecciones Generales de noviembre de 2008 el Partido Nuevo Progre-sista obtuviera más de dos terceras partes de los escaños en el Senado. Al activar el método de selección de candida-tos adicionales de minoría que exige nuestro ordenamiento constitucional y electoral, el Partido Popular Democrático, como único partido de minoría, tuvo derecho a que se aña-dieran cuatro escaños adicionales en el Senado de Puerto Rico.

En conformidad con la fórmula establecida por el Art. Ill, Sec. 7 de la Constitución, L.P.R.A., Tomo 1, y por el Art. 6.012 de la Ley Electoral, 16 L.P.R.A. sec. 3016a (también conocida como la Ley de Minorías), la Comisión Estatal de Elecciones certificó la selección de los siguientes candida-tos como senadores por acumulación: el Sr. Juan Eugenio Hernández Mayoral, candidato por acumulación; el Sr. Eder Ortiz Ortiz, candidato por el Distrito de Guayama, y el Sr. José Luis Dalmau, candidato por el Distrito de Humacao. Por último, y en lo pertinente a este caso, el cuarto escaño que se certificaría conforme a la Ley de Mi-norías a favor del Partido Popular Democrático se disputa entre el Sr. Ángel Rodríguez Otero del Distrito de Gua-yama y el señor Suárez Cáceres del Distrito de Humacao, quienes obtuvieron proporcionalmente en sus distritos 22.73% y 22.72%, respectivamente.

En el ínterin, y antes de que se certificara la selección de los candidatos adicionales de acuerdo con la Ley de Mi-norías, se suscitó una controversia en los tribunales rela-cionada a cómo se debía realizar el recuento solicitado por el señor Dalmau en el Distrito de Humacao. Así las co-sas, en ese caso intervinieron tanto el señor Rodríguez Otero como el señor Suárez Cáceres bajo la premisa de que el recuento ordenado por el Tribunal de Primera Instancia podría incluir los votos a favor de este último. Por lo tanto, adujeron en ese caso que cualquier variación en los resul-tados del escrutinio general en cuanto a ese Distrito podía incidir potencialmente sobre la fórmula proporcional para seleccionar el candidato que cubriría el último escaño se-gún la Ley de Minorías. No obstante, pocos días después de que el foro primario ordenara la celebración del recuento, el señor Dalmau desistió de su solicitud de recuento para poder juramentar el 2 de enero de 2009 ante el Senado de Puerto Rico como candidato añadido por Ley de Minorías.

Por su parte, la Comisión Estatal de Elecciones emitió una Resolución el 8 de enero de 2009 (CE-RS-09-01), me-diante la cual declaró un empate entre el señor Suárez Cáceres y el señor Rodríguez Otero. En esta resolución, la Comisión explicó que el Art. 6.012 de la Ley Electoral, supra, ordena que se descarte y no se considere fracción al-guna que sea menos de la mitad de uno. Por ende, ordenó la celebración de un sorteo para adjudicar el mencionado escaño al amparo de dicho articulado de la Ley Electoral.

En ese contexto fáctico, el señor Suárez Cáceres acudió al Tribunal de Primera Instancia el 20 de enero de 2009 para solicitar la revisión de otra resolución que emitió la Comisión Estatal de Elecciones el 30 de diciembre de 2008 (CEE-RS-08-125). En dicha resolución, la Comisión había aclarado que la frase “votos totales depositados” contenida en el Art. 6.011 de la Ley Electoral, supra —para propósi-tos de computar el porcentaje de la diferencia entre dos can-didatos y dilucidar si se activa el derecho a un recuento— debe incluir los votos en blanco, los votos nulos, los votos protestados y los votos de nominación directa por personas ficticias. Para ello, el Presidente de dicho cuerpo dejó sin efecto una Resolución de 23 de enero de 2008 que aducía lo contrario (CEE-RS-08-04), y sostuvo que durante las pasa-das elecciones se contabilizaron e incluyeron tales votos en el escrutinio general.

En atención a lo anterior, el recurso de revisión que pre-sentó el señor Suárez Cáceres se fundamentó, esencial-mente, en que la selección del último escaño del Partido Popular Democrático al amparo de la Ley de Minorías de-pende exclusivamente de la interpretación de dicha frase en el contexto del escrutinio general. Ello así, pues sugiere que si se incluyen tales votos para computar los porcenta-jes saldría favorecido el señor Rodríguez Otero, candidato a senador por el Distrito de Guayama. De lo contrario, en-tiende que si se deja sin efecto la referida resolución y se excluyen tales votos para computar los porcentajes, él sal-dría favorecido.

Por otro lado, el señor Rodríguez Otero solicitó la deses-timación de dicha solicitud por falta de legitimación activa y academicidad. En esencia, adujo que el estado de derecho vigente de acuerdo con el caso núm. KLCE200900044 —en el cual el Tribunal de Apelaciones desestimó por académica la controversia relacionada al recuento de los candidatos a Senadores en el Distrito de Humacao— también tornaba en académica la presente controversia. Sostuvo que al se-ñor Suárez Cáceres no le asistía el derecho a un recuento, por lo que todos los asuntos colaterales relacionados con ese derecho desistido por el Senador Dalmau también ha-bían advenido académicos. Según el señor Rodríguez Otero, ello evidentemente incluía la presente controversia, pues ésta trata sobre la interpretación de una disposición estatutaria con relación a cuándo se activa el derecho al recuento.

Trabada la controversia, el Tribunal de Primera Instan-cia declaró “con lugar” la solicitud de revisión presentada por el señor Suárez Cáceres. Concluyó que la frase “votos totales depositados” no incluía las papeletas en controver-sia y sólo debía incluir “aquellas papeletas votadas por el elector y aceptadas como válidas por la Junta de Colegio correspondiente”, por lo que declaró que la Resolución CEE-RS-08-125 emitida por la Comisión Estatal de Elec-ciones era nula e inválida para propósitos del caso de autos. Apéndice del Escrito de certiorari, pág. 67.

Insatisfecho, el señor Rodríguez Otero acudió al Tribunal de Apelaciones. El tribunal apelativo revocó al foro pri-mario por falta de jurisdicción. Concluyó que ni el señor Suárez Cáceres ni el señor Rodríguez Otero eran partes interesadas para los efectos de la resolución recurrida de la Comisión Estatal de Elecciones, por lo que según el Art. 1.016 de la Ley Electoral, supra, el término para solicitar su revisión venció el 9 de enero de 2009. Resolvió que la solicitud de revisión que incoó el señor Suárez Cáceres el 20 de enero de 2009 se presentó fuera del término jurisdiccional.

Inconforme, el señor Suárez Cáceres acude ante este Tribunal y solicita que se revoque la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones. Aduce que debemos reinstalar el dictamen del foro primario dejando sin efecto la resolu-ción de la Comisión, pues entiende que sus fundamentos inciden sobre la adjudicación eventual del último escaño correspondiente al Partido Popular Democrático conforme a la Ley de Minorías.

Por otra parte, el señor Rodríguez Otero compareció me-diante Memorando en Oposición a que se Expida el Auto de Certiorari. Por lo tanto, y por mandato de la Regla 21 del Reglamento de este Tribunal, supra, el recurso ante nos ya está perfeccionado y listo para su adjudicación ñnal pues, en conformidad con dicha regla, ya contamos con los alega-tos de las partes. Sin embargo, una mayoría de este Tribunal decide meramente expedir el caso y emitir un manda-miento para que se eleven los autos mediante el trámite ordinario sin resolver los méritos del recurso presentado con la atención prioritaria que éste amerita.

Más aún, la mayoría de este Tribunal sigue ese curso de acción a pesar de que se deduce diáfanamente del expe-diente que atender cualquier asunto procesal o sustantivo con relación a este caso no tendrá efecto práctico sobre la adjudicación del escaño senatorial en controversia. En efecto, ninguno de los asuntos planteados en el recurso de epígrafe es justiciable en esta etapa de los procedimientos. Veamos.

I — I i — I

Un caso es académico cuando no presenta una contro-versia real o cuando el remedio que pueda concederse no tendrá efecto práctico. P.P.D. v. Gobernador I, 139 D.P.R. 643, 675 (1995); Asoc. de Periodistas v. González, 127 D.P.R. 704, 719 (1991); E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552, 584 (1958). Ello puede ocurrir cuando durante el trámite del pleito ocurren cambios fácticos o judiciales que tornan en ficticia su solución. San Gerónimo Caribe Project v. E.L.A. I, 174 D.P.R. 518 (2008); P.N.P. v. Carrasquillo, 166 D.P.R. 70, 75 (2005); P.P.D. v. Gobernador I, supra.

La doctrina de academicidad no es otra cosa que la “ ‘doc-trina de acción legitimada enmarcada en el tiempo’...”. P.N.P. v. Carrasquillo, supra, pág. 75. Al evaluar si un caso se ha tornado académico debe considerarse la relación que existe entre los eventos pasados que dieron lugar al pleito y la adversidad presente. Si con el pasar del tiempo la contro-versia pierde su vigencia, los tribunales deben abstenerse de considerar el caso en sus méritos. P.P.D. v. Gobernador I, supra, pág. 676. De esta forma se evita el uso inadecuado de los recursos judiciales y se obvian precedentes innecesarios. P.N.P. v. Carrasquillo, supra, pág. 75.

En atención a dicha doctrina, opinamos que el presente caso es evidentemente académico. En primer lugar, tanto la resolución recurrida de la Comisión Estatal de Elecciones como el Art. 6.011 de la Ley Electoral, supra, que se inter-preta en ella se refieren exclusivamente al contexto particular de cuándo y cómo se deben realizar los recuentos, y no se refieren a cómo se deben contabilizar tales votos en el escru-tinio general.

De hecho, la resolución a quo se emitió en el contexto de que la Comisión Estatal de Elecciones se aprestaba a rea-lizar varios recuentos a través de la isla, por lo que la ex-clusión o inclusión de estos votos incidiría en el cómputo del porcentaje requerido por el mencionado artículo que constituye una de las dos fórmulas para activar el derecho al recuento; a saber, “una diferencia entre dos candidatos a un mismo puesto de cien (100) votos o menos, o de la mitad del uno por ciento (0.5%) de los votos totales depositados para esa posición ...”. (Enfasis suplido.) 16 L.P.R.A. see. 3271.

Por otro lado, es menester advertir que ni el señor Suá-rez Cáceres ni el señor Rodríguez Otero tienen derecho a un recuento en sus respectivos distritos senatoriales, pues la diferencia entre la cantidad de los votos que obtuvieron y la del próximo candidato que salió favorecido en cada uno de los distritos fue mayor de cien votos o de la mitad del uno por ciento de los votos depositados para esa posición, indistintamente de la definición que se utilice para la frase en controversia. A su vez, se debe tener presente que esta controversia se suscitó originalmente luego de que el Tribunal de Primera Instancia resolviera en otro caso que en el recuento solicitado por el señor Dalmau, candidato por el Distrito de Humacao, se debían contar los votos emitidos para todos los cargos de Senadores de dicho distrito senatorial. Véase Apéndice del Escrito de certiorari, pág. 24.

Por lo tanto, una vez el senador Dalmau desistió de su solicitud de recuento, el señor Suárez Cáceres perdió su legitimación activa para impugnar la referida resolución de la Comisión Estatal de Elecciones. Como ya indicamos, dicha resolución aplicaba específicamente al contexto de los recuentos, por lo que su vigencia perdió todo efecto prác-tico en este caso, una vez quedó establecido que no se cele-braría recuento. Dicha conclusión es inevitable, pues el se-ñor Suárez Cáceres no ha demostrado que haya sufrido un daño claro y palpable, que el referido daño sea real, inme-diato y preciso, ni mucho menos que exista una conexión entre el daño sufrido y la acción incoada en la cual solicita la revisión de la resolución en controversia. Véanse: Asoc. Maestros P.R. v. Srio. Educación, 137 D.P.R. 528 (1994); Hernández Torres v. Gobernador, 129 D.P.R. 824 (1992).

Del mismo modo, nos parece acertada la interpretación del Tribunal de Apelaciones en la sentencia recurrida, pues ni el señor Suárez Cáceres ni el señor Rodríguez Otero eran partes interesadas para propósitos de dicha resolución. Una certificación a esos efectos de la Secretaría de la Comisión Estatal de Elecciones carece de eficacia, pues sólo el cuerpo directivo de dicho foro puede certificar quiénes son las partes interesadas en sus resoluciones no adversativas. 16 L.P.R.A. sec. 3011(e). Sin embargo, enten-demos que éstos ni tan siquiera tenían legitimación activa para impugnar la resolución, pues realmente se trataba de una interpretación del Art. 6.011 de la Ley Electoral, supra, sobre la activación del derecho al recuento que no afectaba de manera real ni inminente a ninguno de los dos candidatos, precisamente porque ninguno tenía derecho a un recuento en sus respectivos distritos.

Más aún, en todas sus comparecencias en este caso, la Comisión Estatal de Elecciones ha reiterado “que bajo cualquier esquema que los tribunales avalen, los candida-tos siguen en un virtual empate, por lo que procede un sorteo según lo conmina el Art. 6.012 de [la Ley Electoral]. Por tanto, este recurso —este caso ‘in toto’— es fútil”. (En-fasis en el original suprimido y énfasis suplido.) Apéndice del Escrito de certiorari, pág. 176. Dicha conclusión se deduce de un estudio comparativo que realizó la Comisión —el cual se presentó ante el foro primario— para propósi-tos de calcular el porcentaje que determinaría cuál candi-dato tuvo una proporción mayor de votos y así aplicar la fórmula establecida por el precepto constitucional sobre la representación adicional de minorías según cualquiera de las dos definiciones propuestas en el contexto del escruti-nio general. En efecto, el estudio comparativo realizado por la Comisión demuestra que independientemente de si se incluyen o no los votos nulos, en blanco o por personajes ficticios, la diferencia entre ambos candidatos sería de me-nos de 0.1% en cualquiera de los casos.

Por lo tanto, y al hacer una interpretación textual del penúltimo párrafo del Art. 6.012 de la Ley Electoral, supra, en ambos casos se tendría que descartar tal fracción y se procedería a celebrar un sorteo. Al presumir la constitucio-nalidad de dicho articulado de la Ley Electoral —la cual no ha sido impugnada por ninguna de las partes hasta el mo-mento— se hace totalmente innecesario y académico aten-der el asunto planteado ante nos en esta etapa de los procedimientos.

Aunque reconocemos que la uniformidad en el cómputo de los votos es un fundamento básico del derecho electoral, no se ha demostrado qué efecto práctico tendría en este caso dilucidar los méritos del significado de la frase “votos totales depositados” en la disposición de la Ley Electoral referente a los recuentos. Aun en el contexto del escrutinio general, entrar en los méritos de dicha definición carecería de eficacia, pues es la posición de la Comisión —la cual aún no ha sido cuestionada por ninguna de las partes— que independientemente del esquema y de las reglas del escrutinio que se apliquen, en este caso existe un empate y se tendrá que celebrar un sorteo.

Como consecuencia, el único daño planteado por el se-ñor Suárez Cáceres en este caso es totalmente hipotético y abstracto. De hecho, su adjudicación sólo tendría algún efecto práctico si por alguna razón la Comisión Estatal de Elecciones desistiera de su intención de celebrar un sorteo o si prevaleciera un ataque a la constitucionalidad del re-ferido artículo de la Ley Electoral en un futuro hipotético. En todo caso, las normas básicas de justiciabilidad sólo permitirían que se presente tal cuestionamiento —o el cuestionamiento de cualquier asunto relacionado a las re-glas del escrutinio general— mediante una solicitud de re-visión de la resolución que ordene el sorteo en conformidad con el Art. 6.012 de la Ley Electoral, supra.

r — i <1

En conclusión, consideramos que entrar en los méritos de esta controversia en esta etapa constituiría una opinión totalmente consultiva. Indudablemente, la acción que ha tomado hoy una mayoría del Tribunal tiene el único efecto de prolongar la vida de un caso que no es justiciable y que no ha sido conducido debidamente por las partes desde sus orígenes, pues su resolución final no tendrá consecuencia jurídica para resolver la controversia en cuanto al escaño del Senado que aún no ha sido ocupado. Mientras tanto, dicho escaño continuará vacante y no se cumplirá diligente y prioritariamente con el mandato constitucional y con la ley de nuestra democracia que garantiza un grado mínimo de representación de las minorías políticas en la Asamblea Legislativa.

En esencia, este caso es una tormenta en un vaso de agua. Sin embargo, al expedir el recurso y atender una controversia que claramente no es justiciable, este Tribunal convierte dicha tormenta en un huracán para enviar al avión “caza huracanes” en busca de su centro. Aguardare-mos con sosiego el regreso de ese avión cuando descubra que el huracán no es más que una gota en un vaso vacío.

Como resultado de lo anterior, disentimos respetuosa-mente de la determinación de la mayoría de expedir el re-curso de certiorari presentado por el peticionario.

       En específico, la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dis-pone que cuando entre en vigor el mandato de seleccionar candidatos adicionales de un partido de minoría “se considerarán, en primer término, sus candidatos por acu-mulación que no hayan resultado electos, en el orden de los votos que hayan obtenido y, en segundo término, sus candidatos de distrito que, sin haber resultado electos, hayan obtenido en sus distritos respectivos la más alta proporción en el número de votos depositados en relación con la proporción de los votos depositados a favor de otros candidatos no electos del mismo partido para un cargo igual en otros distritos”. (Énfasis suplido.) Art. Ill, Sec. 7, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 2008, pág. 385.
      Es decir, la Constitución establece una fórmula proporcional precisa que aplica en los casos en que se deban seleccionar candidatos adicionales de minoría entre los candidatos de los distritos senatoriales. Asimismo, dicha cláusula constitucional au-toriza a la Asamblea Legislativa a adoptar “las medidas necesarias para reglamentar estas garantías, y dispondrá la forma de adjudicar las fracciones que resultaren en la aplicación de las reglas contenidas en esta sección ...”. Const. E.L.A., supra pág. 386. A su vez, la Ley Electoral de Puerto Rico (Ley Electoral) dispone que al aplicar el párrafo de la Constitución antes citado “se descartará y no se considerará fracción alguna que sea menos de la mitad de uno; y en el caso que resulten dos fracciones iguales, la Comisión Estatal de Elecciones procederá a hacer la determinación ... mediante sorteo ...”. Art. 6.012 de la Ley Electoral, supra. No obstante, la aplicación correcta o la validez de tales disposiciones no está en controversia en el presente caso.

       El señor Dalmau tenía derecho a un recuento de acuerdo con el Art. 6.011 de la Ley Electoral, 16 L.P.R.A. see. 3271, dado que su desventaja frente a la ganadora por el Partido Nuevo Progresista, la Sra. Mariíta Santiago, no excedía el 0.5%.

       Nótese que como consecuencia del desistimiento del senador Dalmau de ac-tivar su derecho a un recuento, posteriormente el Tribunal de Apelaciones desestimó ese caso por académico. Véase Sentencia del Tribunal de Apelaciones de 3 de febrero de 2009, Caso Núm. KLCE200900044.

       Sin embargo, mediante Resolución de 15 de enero de 2009, y tras atender una moción en auxilio de jurisdicción en el caso que surgió de la solicitud de recuento del Senador Dalmau, el Tribunal de Apelaciones ordenó la paralización de cualquier sorteo y declaró que la referida resolución emitida por la Comisión el 8 de enero de 2009 carecía de eficacia jurídica porque se emitió prematuramente. Ahora bien, nó-tese que como ese caso fue desestimado eventualmente por académico, esa orden en auxilio paralizando el sorteo perdió todo su efecto.

       Es decir, el foro primario entendió en ese caso que el recuento solicitado no debía limitarse a los votos emitidos a favor de Mariíta Santiago y del señor Dalmau, sino que también se debían recontar los votos a favor del señor Suárez Cáceres por ser candidato en el mismo distrito. No obstante, y como mencionáramos anterior-mente, el señor Dalmau posteriormente desistió de su solicitud de recuento. Así, pues, todo lo resuelto en el pleito relacionado con el recuento de los candidatos a senadores por el distrito de Humacao se tornó académico. Véase Sentencia del Tribunal de Apelaciones de 3 de febrero de 2009, KLCE200900044, Apéndice del Escrito de certiorari, pág. 146.


author: PER curiam:

text:
      In re Antonio Ríos Acosta y José Meléndez Figueroa, querellados.

      Número: CP-2005-19

      Resuelto: 29 de abril de 2009

      Miriam Soto Contreras y Edna Evelyn Rodríguez Benitez, procuradoras generales auxiliares, y Maite D. Oronoz Ro-dríguez y Mariana D. Negrón Vargas, subprocuradoras ge-nerales; Antonio J. Negroni Cintrón, comisionado especial; Máximo Molina Fragosa, abogado de Antonio Ríos Acosta, querellado; Iván T. Marrero Canino, abogado de José Me-léndez Figueroa, querellado; José Meléndez Figueroa, pro se.

   PER curiam:

I

El Ledo. Antonio Ríos Acosta fue admitido al ejercicio de la abogacía y del notariado el 28 de mayo de 1976 y el 17 de junio de 1976, respectivamente. El Ledo. José Meléndez Figueroa fue admitido al ejercicio de la abogacía el 28 de mayo de 1976 y al ejercicio del notariado el 19 de diciembre de 1976.

El 12 de noviembre de 2003, el Juez del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo, Hon. Edison Sanabria Pérez, refirió ante nos varias mociones presenta-das en su sala y suscritas por los aquí querellados. El re-ferido expuso la posible violación a los Cánones del Código de Etica Profesional.

El 8 de marzo de 1988, el señor Ayala Rodríguez otorgó testamento abierto ante el licenciado Meléndez Figueroa. El testador excluyó de participación en los tercios de me-jora y libre disposición a Ana Ayala Jiménez, su hija. De acuerdo con el testamento, en los tercios de mejora y libre disposición sólo tenían participación los otros hijos del testador.

En 1996, una de las hijas del testador, Marta Ayala, inició un proceso judicial ex parte para nombrarle un tutor al testador. El licenciado Meléndez Figueroa asumió la re-presentación legal de la Sra. María Ayala, quien fue nom-brada tutora del testador. El 17 de septiembre de 1999, la Sra. María Ayala renunció a la tutela del testador. El foro primario emitió una resolución en la cual nombró como tutora a la Sra. Angélica Ayala, quien aceptó el cargo el 22 de febrero de 2000.

El 10 de enero de 2003, el señor Ayala Rodríguez falleció. El 4 de febrero de 2003, en contestación a una carta enviada por el licenciado Ríos Acosta, el licenciado Meléndez Figueroa le solicitó una reunión para “discutir la adjudicación a los herederos del correspondiente caudal relicto”. El 27 de agosto de 2003, el licenciado Ríos Acosta presentó ante el foro primario dos de las mociones que dan lugar a los señalamientos ante nos.

En la primera moción se le informó al tribunal que todos los hijos (herederos) del señor Ayala Rodríguez habían exa-minado el informe final de tutela presentado por la Sra. Angélica Ayala y lo aprobaron. Además, se solicitó que se diera por terminada la tutela del fenecido y que se orde-nara el retiro de los fondos consignados a su favor. Esta moción se presentó con el epígrafe del caso ex parte de tu-tela, en donde el licenciado Meléndez Figueroa es abogado de la Sra. María Ayala. Dicha moción se acompañó con de-claraciones juradas de todos los hijos del causante, incluso de la Sra. María Ayala.

En la segunda moción y bajo el mismo epígrafe se soli-citó la cancelación de una vista pautada para el 11 de sep-tiembre de 2003. La solicitud concluyó que era innecesaria la vista para aprobar el informe final de la tutora e hija del causante, Angélica Ayala, pues “los herederos testamenta-rios” aceptaron el informe final de tutela. En esta moción se solicitó al tribunal que diera por terminada la tutela del pupilo Ayala Rodríguez. Además, se hizo constar la existen-cia del testamento y se exigió “el retiro de los fondos con-signados ... a favor de los herederos testamentarios”.

Es importante destacar que ambas mociones fueron no-tificadas al licenciado Meléndez Figueroa, quien represen-taba a una heredera y había autorizado el testamento. El 4 de septiembre de 2003, el licenciado Meléndez Figueroa presentó una moción en representación de María Ayala y otro de los herederos. En la misma se solicitó que no se cancelara la Vista de 11 de septiembre de 2003, pues el licenciado Ríos Acosta se había reunido con su cliente sin su presencia. En la moción se expone que el licenciado Ríos Acosta les informó a los herederos que las cláusulas testa-mentarias eran ineficaces. Se indicó, además, que los com-parecientes no aprobaban el informe final de tutela, el re-tiro de fondos ni la división de comunidad hereditaria. Junto con esta moción se enviaron declaraciones juradas de María Ayala y del otro heredero.

En la Vista de 11 de septiembre de 2003, las partes acor-daron los términos para resolver sus diferencias en cuanto a la distribución del caudal hereditario. En ese acuerdo las partes consintieron aplicar las cláusulas testamentarias a favor de dos de los herederos (los representados por el li-cenciado Meléndez Figueroa) y distribuir en partes iguales el remanente. Esto se hizo para no afectar a la heredera a quien por testamento sólo se le había dado participación en la legítima estricta.

Estas circunstancias motivaron al juez de primera ins-tancia a referir el asunto ante nos. En cumplimiento de una orden de este Tribunal, el Procurador General pre-sentó una querella disciplinaria contra ambos abogados. El 10 de octubre de 2008, el Comisionado Especial nombrado rindió su informe y recomendó encontrar al licenciado Ríos Acosta incurso en violación al Canon 28 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, y al licenciado Melén-dez Figueroa incurso en violación al Canon 21 del Código de Ética Profesional, supra. Debidamente sometido el caso a nuestra consideración, procedemos a resolver.

II

Las normas establecidas en el Código de Ética Profesional tienen como fin asegurar que las personas en nuestra jurisdicción reciban servicios legales de forma responsable, capaz y honesta. Un letrado no debe olvidar la norma básica “que establece que ‘[e]l ejercicio de la práctica de la profesión de abogado requiere en todo momento celo, cuidado y prudencia’ ”. (Énfasis suprimido.) In re Filardi Guzmán, 144 D.P.R. 710, 716 (1998). Es norma trillada que los cánones de ética profesional prescriben “las normas mínimas de conducta que rigen a nuestra judicatura y sirven de base para guiar el comportamiento de sus miembros”. In re Claverol Siaca, 175 D.P.R. 177 (2009).

El Canon 28 del Código de Ética Profesional, supra, en lo pertinente dispone:

El abogado no debe, en forma alguna, comunicarse, negociar ni transigir con una parte representada por otro abogado en ausencia de éste.

La referida norma “claramente proscribe, entre otras co-sas, toda comunicación, entre un abogado y una parte ad-versa que ostenta representación legal”. (Enfasis suprimido.) In re Guzmán Rodríguez, 167 D.P.R. 310, 314 (2006). Este canon persigue evitar todo acercamiento im-propio para obtener ventajas desleales. Esta prohibición aplica independientemente del nivel de educación de las partes y de la intención del abogado que realiza el acerca-miento antiético. In re Martínez Lloréns, 158 D.P.R. 642 (2003).

La norma es evidente. Se prohíbe la comunicación entre un abogado y otra parte en ausencia de su abogado. In re Andréu, Rivera, 149 D.P.R. 820 (1999). El canon en su primera prohibición presupone la existencia de otra parte representada por un abogado. En estos casos, la exigencia ética es clara. El abogado está impedido de comunicarse con la parte sin la presencia de su abogado.

III

Con el beneficio de las normas antes descritas, pasamos a evaluar los hechos que motivan la presente querella.

Las normas éticas de la profesión impiden la comunica-ción de un abogado con una parte que ha contratado una representación legal sin la presencia de éste.

En el caso ex parte de tutela, el licenciado Figueroa Me-léndez era abogado de una de las partes y continuó sién-dolo hasta su fin. Este hecho era conocido por el licenciado Ríos Acosta. El 4 de febrero de 2003, ante la muerte del testador, el licenciado Figueroa Meléndez se comunicó con el licenciado Ríos Acosta y le expresó que tenían que re-unirse para discutir la división del caudal relicto. Surge de las dos mociones que presentó el querellado Ríos Acosta —en las que informaba el acuerdo de los herederos— que el licenciado Meléndez Figueroa era abogado en el caso. En ambas mociones consta la certificación de envío al licen-ciado Meléndez Figueroa.

Una vez establecido que el licenciado era abogado de una de las partes en el proceso judicial y que este hecho le constaba al querellado Ríos Acosta, pasamos a analizar si se cometió la violación ética imputada.

Las mociones que presentó el licenciado Ríos Acosta para informar del acuerdo al que habían llegado los here-deros incluían la firma bajo juramento de la Sra. María Ayala, quien para entonces era representada por el licen-ciado Meléndez Figueroa. Estas mociones fueron las que motivaron el señalamiento hecho por el licenciado Melén-dez Figueroa. Según las determinaciones de hecho del Co-misionado Especial, el acuerdo se realizó sin la presencia del licenciado Meléndez Figueroa.

Precisamente, lo que ocurrió después de la reunión es lo que el Canon 28 del Código de Ética Profesional, supra, pretende evitar. Posteriormente, uno de los herederos que no era representado por el licenciado Ríos Acosta y la dienta del licenciado Meléndez Figueroa alegaron que el querellado Ríos Acosta les orientó sobre la nulidad del tes-tamento y que ellos no aprobaron los acuerdos aludidos en las mociones. El licenciado Ríos Acosta estaba obligado a cumplir con la conducta establecida por el Canon 28 del Código de Ética Profesional, supra, y no lo hizo. Proceder de otra forma hubiera evitado esta querella.

La norma ética prohibía al licenciado Ríos Acosta inter-venir, negociar, aconsejar o, en forma alguna, comunicarse con la Sra. María Ayala en ausencia del licenciado Melén-dez Figueroa. Nos resulta clara la violación al Canon 28 del Código de Ética Profesional, supra. Aunque el procedi-miento de tutela era de naturaleza ex parte, esto no hace inaplicable la clara prohibición. La realidad fáctica de este caso hace de la conducta proscrita una mayor lesión a la norma ética. Los herederos tenían puntos de vista encon-trados y uno de éstos había contratado los servicios legales de otro abogado. En la reunión se discutió el informe final de tutela, cuestión para la cual fue contratado el licenciado

Meléndez Figueroa. Además, en la reunión se discutieron cuestiones sobre bienes de la herencia y retiro de fondos consignados en el tribunal (asunto tratado en el caso de tutela). Todas estas materias eran de la incumbencia pro-fesional del licenciado Meléndez Figueroa y esto le cons-taba al querellado. El acuerdo que produjo dicha reunión culminó en la solicitud de suspensión de vista y en el retiro de fondos consignados, asunto para el cual era indispensable la presencia de todos los abogados.

La alegada imprudencia del licenciado Meléndez Figueroa al no renunciar a la representación legal de su cliente no exime de responsabilidad al querellado por la conducta mostrada.

El proceder más correcto y loable para no incumplir con las nomas éticas es ser sumamente estricto en el cuestio-namiento de nuestro propio comportamiento.

Para fijar la sanción disciplinaria que procede contra un abogado que ha incumplido con las normas éticas hay que atender los factores siguientes: su previo historial; si se trata de su primera falta; si el abogado goza de buena reputación; la aceptación de la falta y su sincero arrepentimiento; si la acción fue motivada por ánimo de lucro, y cualquier otro factor pertinente a los hechos. In re Díaz Ortiz, 150 D.P.R. 418 (2000); In re Arroyo Rivera, 148 D.P.R. 354 (1999).

El querellado Meléndez Figueroa se encuentra suspen-dido indefinidamente del ejercicio de la abogacía y notaría por conducta deshonesta en violación a las normas éticas de la profesión. In re Meléndez Figueroa, 166 D.P.R. 199 (2005). La evaluación de su conducta bajo la lupa de los cánones de ética profesional será examinada en el caso de que el querellado Meléndez Figueroa solicite la reinstala-ción a la profesión.

Por su parte, el querellado Ríos Acosta estuvo sujeto a sanciones disciplinarias en el pasado. Anteriormente, le sancionamos con dos suspensiones del ejercicio de la abo-gacía por exhibir conducta reñida con los cánones de ética profesional. In re Ríos Acosta I, 143 D.P.R. 128 (1997); In re Ríos Acosta I, 139 D.P.R. 117 (1995). El querellado no ha mostrado indicio de arrepentimiento o aceptación por las violaciones imputadas.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, y debidamente evaluados los criterios anteriores, suspendemos al licen-ciado Ríos Acosta del ejercicio de la abogacía por el término de seis meses y conforme con lo dispuesto aquí. Le aperci-bimos que de repetirse en un futuro la conducta que dio lugar a esta querella seremos mucho más severos en nues-tra sanción. Se ordena, además, la incautación inmediata de su obra notarial.

El querellado tiene el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para continuar con su represen-tación y les devolverá los expedientes de los casos pendien-tes, así como los honorarios recibidos por trabajos no rendidos. Además, tiene el deber de informar oportuna-mente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos. Estas gestiones deberán ser certificadas a este Tribunal dentro del término de treinta días a partir de la notificación de esta opinión per curiam y Sentencia.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez concu-rrió con el resultado sin opinión escrita.