author: El Juez Asociado Sr. Audrey,

text:
    Sucesión Orcasitas, Demandante y Apelada, v. A. M. Somoza & Ca., Demandada-Apelante y Orcasitas, Interventora y Apelante.
    Apelación procedente do la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre entrega de cantidad.
    No. 2520.
    Resuelto en marzo 15, 1923.
    Mandato — Revocación de Mandato — Deposito Voluntario. — En este caso la prueba demuestra que como consecuencia del testamento de José Orcasi-tas Ortiz en que reeonoeió deber en 1896 a su bermano José Ramón Orea-tas Ortiz 1,500 pesos y dispuso que le fueran pagados si no había solven-tado esa deuda antes de> su muerte, que ocurrió tres años después, sus here-deros, que eran socios de Sucesores de Orcasitas y Compañía, dieron ins-trucciones a esta sociedad para que del dinero que en ella tenían separa-sen 900 dólares, equivalencia de la cantidad que su causante reeonoeió de-ber, y que de acuerdo con esas instrucciones se hizo un asiento en los li-bros: se resolvió: que tales instrucciones y aetos revisten el carácter de un mandato de hacer un fondo especial con ese dinero, sin la intención manifiesta por parte de los mandantes Sucesión de José Orcasitas de des-prenderse de la propiedad del dinero; mandato que podía revocar y re-vocó dicha sucesión de acuerdo con el artículo 1635 del Código Civil, por lo que los herederos de José Ramón Orcasitas no tienen causa de aeción para reclamar de Sucesores de Orcasitas y Compañía el importe de la suma objeto del expresado mandato.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogados de las apelantes: Sres. Soto Oras & Siaca.

    Abogados de la apelada: Sres. E. López Tizol y L. Feliú.

   El Juez Asociado Sr. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Los herederos de José Ramón Orcasitas Ortiz demanda-ron a la sociedad mercantil A. M. Somoza y Compañía para qne le entregaran cierta cantidad de dinero con sus intereses» alegando snbstancialmente qne dicha mercantil es la liquida - dora y continuadora de otra sociedad nombrada Sucesores de Orcasitas y Compañía a la cual Josefa Orcasitas Delgado* entregó hacia el año 1899 la cantidad de 1,500 pesos provin-ciales equivalentes a 900 dólares, a la orden de José Ramón Orcasitas, como debidos por su padre; que José Ramón Or-casitas Ortiz la aceptó y convino con la expresada sociedaden que continuara con ella devengando intereses del 6% anual, los que serían capitalizados y se acumularía en el balance anual de la sociedad; que habiendo girado los demandantes a cuenta de dicha cantidad contra A. M. Zomoza y Compañía, se negó a aceptar el giro, no obstante estar dispuesta a pagar toda la cantidad contra la carta de pago correspondiente, y que dicha cantidad y sus intereses no ha sido entregada en todo ni en parte por la demandada a José Ramón Orcasitas Ortiz ni a sus herederos, a pesar de las gestiones practicadas con tal objeto.

Se opuso A. M. Somoza y Compañía a la demanda e in-tervino en el pleito Josefa Orcasitas Delgado oponiéndose también a ella, y celebrado el juicio recayó sentencia conde-nando a la mercantil A. M. Somoza y Compañía a pagar a los demandantes las cantidades que se le reclaman con la mi-dad de las costas, y condenando al pago de la otra mitad de ■costas a su interventora Josefa Orcasitas Delgado, contra cuya sentencia interpusieron las partes condenadas por ella el presente recurso de apelación.

Aunque en el alegato conjunto que nos han presentado los apelantes se alegan varios motivos de error en apoyo de sus recursos, nos bastará considerar el segundo, porque es la cuestión fundamental en este litigio que resuelve la con-tienda entre las partes.

Se funda ese segundo motivo en que el tribunal inferior cometió error al estimar que la prueba es bastante para dic-tar sentencia a favor de los demandantes. Para considerar el error alegado expondremos solamente aquellos hechos de la prueba que sean necesarios para resolverlo.

Casiano Orcasitas Ortiz tenía una sociedad mercantil con su hermano José, de iguales apellidos, cuando murió en enero de 1878, siendo soltero, y con testamento que otorgó en diciembre del año anterior en el que instituyó por here-deros voluntarios suyos a su hermano José en cuanto a una mitad de su bienes y a sus otros tres hermanos Pedro, José Ramón y Teresa en la otra mitad. Sus bienes consistían en su participación en la sociedad mercantil, y liquidada la so-ciedad y practicada la partición y adjudicación de los bienes hereditarios en el mes ele enero de 1881 por su albacea José Orcasitas Ortiz y por su otro hermano Pedro, correspondió al heredero José Ramón Orcasitas Ortiz la cantidad en dinero de $3,924.45. José Orcasitas Ortiz otorgó testamento en 1896 en el que declaró adeudar a su hermano José Ramón la can-tidad de $1,500 y dispuso que se le pagasen, si antes de su fa-llecimiento no hubiera solventado esa deuda.' Esa cantidad era el resto de los $3,924.45 que a su dicho hermano habían correspondido en la herencia de Casiano Orcasitas Ortiz. José Orcasitas falleció en 1899, tres años después de haber otorgado ese testamento bajo el cual murió, y habiendo or-denado su heredera Josefa Orcasitas Delgado por sí y por su hermano Antonio a la mercantil Sucesores de Orcasitas y Compañía que del dinero que en ella tenían separase y consignara a nombre ele José Ramón Orcasitas Ortiz la can-tidad de 900 dólares, equivalentes de los $1,500 reconocidos por su padre en su testamento, dicha mercantil practicó en sus libros, el 28 de febrero de 1901, un asiento por esa can-tidad a favor ele dicho José Ramón Orcasitas Ortiz; asiento que fué cancelado el 30 de abril de 1914 por la mercantil A. M. Somoza y Compañía, continuadora de la anterior socie-dad, abonando y entregando otra vez dicha cantidad a Josefa Orcasitas Delgado, heredera también de su hermano Antonio, en virtud de orden de ella recibida en tal sentido. Entonces los 900 dólares ascendieron a $1796.37 por el abono de intereses que se le había ido haciendo por la mercantil. En cuanto al abono de intereses resulta de la declaración de Casiano Orcasitas Ruiz, uno de los demandantes, que sa-biendo como dependiente de Sucesores de Orcasitas y Com-pañía por el año 1901 o 1902 que en los libros estaba ese dinero, a favor de su padre José Ramón Orcasitas y Ortiz y que no le abonaban intereses, manifestó a Bernardino Oil de Abascar, esposo de Josefa Ortiz Delgado y socio gestor de dicha mercantil, que si no se abonaban intereses a ese dinero lo sacaría de la casa, y fueron abonados basta el año 1913, en cuya fecha dejó de ser empleado de la casa. También declaró que en 1913 expidió un recibo contra A. M. Somoza y Compañía por $500 pero no fué pagado y que nunca ha sido satisfecha a su padre ni a su sucesión los $900 ni sus intereses. En las repreguntas contestó que nunca recibió de Sucesores de Orcasitas y Ca. ni a A. M. Somoza y Ca. notifi-cación escrita sobre el depósito de ese dinero, y que nunca fué aceptado por escrito pero lo hizo de palabras cuando reclamó el abono de intereses.

El testigo Antonio M. Somoza, presentado por los de-mandantes, declaró que se dieron instrucciones a Sucesores de Orcasitas y Compañía por Josefa y Antonio Orcasitas, so-cios de la casa y herederos de José Orcasitas Ortiz de con-signar $900 a favor de José llamón Orcasitas Ortiz; que la casa de Sucesores de Orcasitas y Compañía y luego la suya de A. M. Somoza y Compañía abonaron intereses a esa can-tidad para evitar rencillas de familia entre la Sucesión de José Orcasitas y la de José Ramón Orcasitas, por indicación de su socio Bernardino Gril Abascar, quien no le manifestó que le hubieran sido reclamados y que hubiera pagado dicha cantidad a José Ramón Orcasitas o a su sucesión o a quien le otorgara carta de pago.

Los herederos de José Ramón Orcasitas Ortiz, muerto en 1911, demandaron en 1914 a Josefa Orcasitas Delgado por sí y como heredera de su hermano Antonio, para que se de-clarase que es nula la partición de los bienes de Casiano Or-casitas Ortiz practicada por su albacea José Orcasitas Ortiz y por su hermano Pedro, de iguales apellidos, en el año 1881, en la que resultó corresponder a José Ramón Orcasitas Ortiz la cantidad de $3,924.45, pleito que terminó por sentencia de 10 de mayo de 1915 contraria a los demandantes, cuya apela ción fué desestimada por este Tribunal Supremo el 23 de marzo de 1916. Entonces, el 20 de junio de este año fné ra-dicado el presente pleito.

Según entendemos, la demanda, la reclamación contra A. M. Somoza y Compañía se funda en¡ que sabiendo el padre de los demandantes que la Sucesión de José Orcasitas entregó a Sucesores de Orcasitas y Compañía 900 dólares, que José Orcasitas reconoció deber en su testamento a José Ramón Orcasitas, para tenerlos a la orden de éste, el causante de los demandantes aceptó esa cantidad en 1901 o 1902, pero por convenio con dicha mercantil la dejó en poder de ésta a su disposición con abono de intereses, dinero que tiene la de-mandada como continuadora de Sucesores de Orcasitas y Compañía. En otras palabras, que desde 1901 o 1902 José Ramón Orcasitas aceptó ese dinero y se dió por pagado de dicha cantidad como saldo de lo que era en deberle su her-mano José y que desde entonces es suya tal cantidad con sus intereses y debe serle pagada cuando la reclame.

La apreciación que hacemos de la prueba que hemos ex puesto no demuestra los hechos en que se funda la deman-dada, porque no aparece de ella que José Ramón Orcasitas aceptara dicha cantidad ni que conviniera con Sucesores de Orcasitas y Compañía en dejarla en su poder abonándole in-tereses; pues la declaración de Casiano Orcasitas Ruiz, uno de los demandantes, se refirió únicamente a que pidió el abono de intereses a Bernardino Gil de Abascar, esposo de Josefa Orcasitas y socio de dicha mercantil, pero fue contra-dicha no sólo por Antonio M. Somoza sino principalmente por sus propios actos y los de los otros demandantes pues mal podían haber aceptado los 900 dólares como resto de lo que correspondió a su padre en la partición de los bie-nes de Casiano Orcasitas cuando desde 1914 a 1916 impug-naron judicialmente dicha partición de bienes.

Lo que demuestra la prueba es que como consecuencia del testamento de José Orcasitas Ortiz en que reconoció deber en 1896 a su hermano José Ramón Orcasitas Ortiz 1,500 pesos y dispuso que le fueran pagados si no había solventado esa deuda antes de su muerte, que ocurrió tres años después, sus herederos, que eran socios de Sucesores de Orcasitas y Compañía, dieron instrucciones a esta sociedad para que del dinero que en ella tenían separasen 900 dólares, equivalen-cia de la cantidad que su causante reconoció deber, y que de acuerdo con esas instruciones se hizo un asiento en los libros, pero tales instrucciones y actos revisten el carácter de un mandato de hacer un fondo especial con ese dinero, sin la intención manifiesta por parte de los mandantes Sucesión de José Orcasitas de desprenderse de la propiedad del dinero; mandato que podía revocar y revocó dicha sucesión de acuerdo con el artículo 1635 del Código Civil.

Pero aunque pudiera considerarse como un depósito vo-luntario a favor de tercera persona siempre resultaría que el depositante tenía derecho a que se le restituyera el de-pósito, como por su petición le fué restituido en 1914, por no haberse probado oposición de José Ramón Orcasitas a la de-volución.

No pueden los hechos ocurridos considerarse como com-prendidos en el artículo 1224 del Código Civil referente a que cuando un contrato contuviere estipulación a favor de un tercero, éste podrá exigir su cumplimiento, siempre que hubiese hecho saber su aceptación al obligado antes de que haya sido aquélla revocada, porque entre Josefa Orcasitas y Sucesores de Orcasitas y Compañía no existió un contrato ni existió estipulación a favor de José Ramón Orcasitas y por-que en todo caso no se ha probado que éste hubiese hecho saber aceptación alguna a dicha mercantil, por lo que Josefa Orcasitas pudo dejar sin efecto, como lo hizo, la orden que había dado a dicha mercantil, según, se ha resuelto en el caso de Gelabert v. Sánchez, 26 D. P. R. 656.

Por todo lo expuesto no tiene obligación A. M. Somoza y Compañía de entregar la cantidad que se le reclama y a cuyo pago fué condenada, ni tiene responsabilidad la inter-ventora Josefa Orcasitas Delgado por haberse opuesto a la demanda, y debe revocarse en todas sus partes la sentencia apelada y dictarse otra declarando sin lagar la demanda, sin especial condena de costas.

Revocada la sentencia apelada y declarada sin lugar la demanda, sin costas.

Jaeces concarrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf y Hutchison.

El Jaez Asociado Sr.jFranco Soto no tomó parte en la-resolación de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Se. del Toro,

license: Public Domain

text:
    Portela, Demandante y Apelante, v. González, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humaeao en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 2789.
    Resuelto en marzo 15, 1923.
    Prueba — Subarrendatarios: sus Obligaciones para oon el Arrendador. — Al demandante incumbe la prueba de la acción que ejercita y no demostrando debidamente la prueba practicada en este caso que el demandado destruyera la casa reclamada ni que fuera un verdadero subarrendatario dentro de lo preceptuado en el artículo 1454 del Código Civil, debe confirmarse la sen-tencia apelada que declaró la demanda sin lugar.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. F. González.

    Abogado del apelado: >Sr. C. Goll Cuchí.

   El Juez Presidente Se. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Mannel Pórtela demandó á Rafael María González para qne le pagara la snma de mil dólares, valor d$ cierta casa-perteneciente al demandante, qne se alega haber sido des-truida por el demandado. Negó el demandado. Fné el pleito a juicio. La corte declaró la demanda sin lugar y el de-mandante interpuso el presente recurso de apelación seña-lando en su alegato dos errores cometidos a su juicio por la corte al apreciar la prueba y al no aplicar los artículos 1454 y 1464 del Código Civil. Ambos errores se estudiarán con-juntamente. Todo depende en este caso del resultado de la prueba.

Se trata de una finca rústica que perteneció al Dr. Ma-tanzo dentro de la cual existía una casa propiedad del dueño. En 1908 el dueño arrendó la finca a la sociedad “Avalo y Hernández” por un término que vencía en 1915 con derecho a una prórroga basta el 1919. En 1917 el Dr. Matanzo ven-dió la finca, — figurando en la descripción de la misma la casa — •, al demandante, y cuando la finca fué entregada al demandante al vencerse el contrato de arrendamiento en 1919, no existía en ella la casa de que se ba becbo mérito. • Estos hechos aparecen enteramente claros. Lo dudoso es si el de-mandante probó como alegó en su demanda que el deman-dado sub-arrendó la finca y destruyó la casa y usó de sus maderas en su propio beneficio. Examinemos la evidencia.

Por prueba documental demostró el demandante la com-pra de la finca y el arrendamiento a “Avalo y Hernández.” Por prueba testifical intentó demostrar el sub-arríendo al desmandado y la destrucción de la casa. Declaró como tes-tigo el demandante. De su declaración se desprende que una sociedad “Toro y González” intervino como sub-arren-dataria, no se sabe cuándo ni por cuanto tiempo. Dijo que cuando se le entregó la finca estaba en posesión como sub-arrendatario el demandado pero al preguntársele que quién le entregó la finca contestó que un bijo del demandado que lleva su propio nombre. El testigo se refirió a cierta co-rrespondencia que no se presentó como prueba. Las cartas hubieran podido quizá aclarar la cuestión debatida.

■ Los otros testigos declararon con respecto a que allá por el 1914 al 1916, o sea, con anterioridad a la compra de la finca por parte del demandante, se desbarató la casa en cues-tióii llegando algunos a decir de modo concreto qne lo fue por orden del demandado, pero se nota luego que se con-funde al demandado con su hijo o sus hijos.

Si a esta prueba del demandante en sí misma deficiente se agrega la aportada por el demandado consistente en una escritura pública otorgada en 1912 por virtud de la cual la Juncos Central Co., dueña de varios contratos de arrenda-miento, entre ellos del que sirve de base a este pleito, los ce-dió a la sociedad “R. González y Hermano” habiendo com parecido ésta representada por su socio gestor Rafael Gon-zález y Cuyar, comprenderemos por qué la corte de distrito desestimó la demanda.

¿Qué relación tiene el demandado con “R. González y Hermano?” ¿Quién es Rafael González y Cuyar? Al de-mandante incumbe la prueba de la acción qué ejercita. Y de la prueba por él aportada en este caso no se ha demos-trado que el demandado sea personalmente responsable.

Insiste el apelante en que de todos modos la prueba de-muestra que la casa fué destruida por orden del demandado y debe en tal virtud condenársele al pago del valor de la misma. El demandado pudo formar parte de una sociedad. Además los mismos testigos que dicen que el demandado dió la orden hablan de los González. Por ejemplo, uno con-testa: “¿Existe hoy esa casa? No. ¿Por qué sabe que no existe? Porque la desbarataron. ¿Cuándo la desbarataron? Cuando la tenían en posesión los González. ¿ Quiénes son los González? Los hijos de don Lito González.” Don Lito es el demandado. ¿Son sus hijos los componentes de la sociedad “R. González y Hermanos?”

Siendo ello así y sobre todo habiendo podido el deman-dante presentar las cartas a que se refirió sin que lo hiciera, no es posible revocar la sentencia recurrida.

No habiéndose demostrado que el demandado fuera un sub-arrendatario, no llegó el momento de aplicar los artícu-los 1454 y 1464 del Código Civil que se invocan y que no fue-ron por tanto infringidos por la corte.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    Guardiola, Demandante y Apelante, v. Compañía Azucarera del Toa et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Segundo, en pleito sobre tercería de bienes mue-bles (memorándum de costas).
    No. 2541.
    Resuelto en marzo 15, 1923.
    Memorándum de Costas — Honorarios de Abogado — Transcripción.—Dictada sentencia en pleito de tercería contra la demandada, demandante en el pleito original, condenándola al pago de costas, radieó el tercerista su memorán-dum de costas incluyendo en él una partida por honorarios de abogado; impugnado éste por la demandada en tercería, procedió la corte a corre-gir su sentencia adicionándola en el sentido de excluir los honorarios de abogado. El tercerista apeló. Se resolvió: que teniendo la corte senten-ciadora amplia discreción en materia de costas y no habiendo el apelante hecho formar parte de la transcripción la prueba que tuvo ante sí el juez de la corte inferior, el tribunal de apelación no está en condiciones de resolver si dicho juez abusó o no de su discreción al excluir dicha partida por honorarios de abogado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelados: Sres. Soto Gras é Siaca.

    Abogado del apelante: Sr. E. Campillo.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso fue dictada sentencia declarando al ape-lante dueño de un auto guagua embargado por la. Compa-ñía Azucarera del Toa como de la propiedad de Félix Es-cudero.

La sentencia que fue redactada por el abogado del ter-cerista contenía un pronunciamiento relativo a costas las cuales habían de ser satisfechas por la demandante en la ac-ción original.

Después de una vista de un memorándum que incluía honorarios de abogado que fueron impugnados por la citada compañía, la corte inferior enmendó su sentencia en el sen-tido de excluir los honorarios de abogado, y aprobó las demás partidas.

El apelante se funda principalmente en el artículo 328 del Código de Enjuiciamiento Civil en relación con los ar-tículos 327, 330, 331 y 339 del referido Código, e insiste en un derecho absoluto a las Costas, incluyendo honorarios de abogado como cosa corriente.

Pero esta cuestión fué resuelta en sentido adverso a la pretensión del apelante mucho tiempo antes de la fecha de la resolución que se impugna, en el caso de Zorrilla v. Orestes, et al., 28 D. P. R. 746, y observada en el de Candal et al. v. Vargas, et al., 29 D. P. R. 648. El criterio allí susten-tado fué en substancia que el artículo 328 había sido dero-gado; que las costas en todos los casos, incluyendo los proce-dimientos especiales serán o no concedidas a discreción de la corte sentenciadora; y que las costas como cosa corriente están ahora en desuso en esta jurisdicción. En el primero de los dos casos a que se acaba de hacer mención se citan en totalidad los artículos 327, 328, 330, 331 y 339, supra.

Estamos enteramente de acuerdo con el apelante en’que las circunstancias que aparecen de la faz de los autos sin otra cosa, establecerían un claro derecho a recobrar hono-rarios de abogado, y de ser completa la transcripción, po-drían justificar una revocación. Pero en los autos se dice que el tercerista presentó (prueba tanto documental como testifical en apoyo de su contención y no se incluyó en la transcripción ninguna exposición del caso. También es cierto que la compañía demandada no alegó ninguna de-fensa afirmativa en justificación o excusa, y no presentó ninguna prueba en la vista del memorándum. Pero el juez sentenciador tiene una discreción muy amplia en cuestiones como ésta, y existe una fuerte presunción en favor de la c'o-rreción a que llegó la corte inferior. Alguna razón satisfac-toria que pueda justificar la incautación de la propiedad del ‘apelante por la demandante en la acción original puede ha-ber surgido del interrogatorio de repreguntas de los testigos del tercerista, o de algún otro modo incidental, durante la vista; por virtud de los autos en fragmentos que se encuen-tran ante nos, no podemos declarar que la corte inferior abu-sara de su discreción.

Debe confirmarse la resolución apelada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Franco Soto.


text:
    Hernández, Demandante y Apelante, v. Sucesión Córdova et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de A recibo en pleito sobre liquidación y división de bienes (memo-rándum de costas).
    No. 2875.
    Resuelto en marzo 19, 1923.
    Costas — Honorarios de Abosado — Sentencia por Desistimiento. — Un deman-dado puede obtener honorarios de abogado en memorándum de costas pre-sentado como consecuencia de una sentencia que tuvo por desistido, con costas, al demandante, antes del juieio.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. L. Mercader.

    Abogados de los apelados: Sres. Large & Zeno.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La apelante estableció demanda sobre liquidación y par-tición de bienes.

El artículo 192 del Código de Enjuiciamiento Civil prescribe en parte lo siguiente:

“Se podrá desistir de una demanda, o declararse abandonada, en los casos siguientes:
“1. Por el mismo demandante en cualquier tiempo antes del juicio, previo pago de costas; salvo que mediase una reconvención, o que el demandado en su contrademanda o en la contestación, hu-biere solicitado alguna resolución a su favor. Si se hubiese acor-dado alguna medida provisional deberá el secretario entregar el do-cumento de la fianza, al demandado, quien podrá proceder contra el importe de la misma.”

Entonces, después de prescribir sobre la anotación pre-liminar en el libro de registro del secretario, dispone que se dictará sentencia de conformidad.

En una contestación formulada en este caso, después de resueltas por la corte una moción eliminatoria y ciertas ex-cepciones previas, se alegaba además de hacerse una nega-tiva general de todos los hechos de la demanda, que la de-mandada es la dueña exclusivamente de la finca descrita en la demanda, y concluía con la súplica de que se declarara sin lu-gar la demanda, con las costas a la demandante.

El caso fué señalado para juicio y el día anterior a la fe-cha así fijada, la demandante manifestó por escrito su de-seo de desistir de la continuación del pleito, “sin especial condena de costas.” En el registro del secretario no se hizo ninguna anotación y la apelante en su alegato se refiere a la alegación que acaba de citarse como una moción de desis-timiento. La Corte inferior después de referirse a esta “mo-ción” y al apartado primero del artículo 192, supra, dictó sentencia de desistimiento, con costas.

Posteriormente presentó la demandada un memorándum de costas estableciéndose la presente apelación contra una resolución que fija la cuantía de dichas costas, incluyendo honorarios de abogado. La demandante impugnó el memo-rándum original por los fundamentos, primero, de que su ra-dicación era prematura, segundo, que el juramento era nulo, y tercero, que la corte carecía de facultad o jurisdicción para compeler a su pago después de un desistimiento voluntario hecho por la demandante con anterioridad al juicio.

Fué presentado entonces un memorándum enmendado sin otra alegación en oposición al mismo.

Pero en el alegato se insiste en dos cuestiones, a saber, que la presentación del memorándum era prematura y que la corte se excedió en su jurisdicción al conceder honorarios de abogado.

Si no se renunció a la objección hecha basada en que el memorándum había sido presentado antes de vencer el tér-mino permitido por la ley para una apelación debido a no hacerse alegaciones sobre el memorándum enmendado, ni ha-cerse mención al hecho de no apelarse de la sentencia de desistimiento, si tal radicación prematura constituía un de-fecto jurisdiccional, o si el dejar la corte inferior expresa-mente de dictar resolución sobre este punto en realidad per-judicó a la demandante en algún derecho substancial, in-cumbe entonces a la apelante establecer semejante proposi-ción mediante la debida demostración en su alegato. Ella ha dejado enteramente de hacer esto.

Pero se dice que las únicas costas que un demandante está obligado a pagar de acuerdo con el artículo 192, supra, son las costas del secretario ya fijadas, o que puedan deven-garse como incidentales a las anotaciones que hayan de ha-cerse por él. Se citan en relación con esto los casos de Todd Hunter v. Klemmer, 134 Cal. 60, y Koffmann v. Superior Ct., 115 Cal. 152. Esos casos sostienen la proposición de tal modo sometida, sólo en cuanto a las costas que han de satis-facerse al momento de radicarse la solicitud para desistir. Pero de ello no se infiere que allí termina el asunto, o que el demandado queda sin remedio. El artículo 192 ha de inter-pretarse en relación con otras disposiciones del Código, y la anotación en el registro aún cuando vaya seguida por mía. sentencia registrada por el secretario, no impide nna sen-tencia ulterior por costas, a discreción de la corte, a virtnd de la oportuna solicitud hecha por el demandado. El me-morándum corriente y la fijación de la snma que fia de pa-garse, son, por supuesto, un mero incidente y el resultado lógico de tal sentencia. Podemos, de paso, fiacer referencia a los casos de Chicago etc. Ry. Co. v. Trueman, 18 Idafio 687, y Spinks v. Superior Court, 26 Cal. App. 793, como que sostienen de modo general este criterio del asunto.

“Por regla general cuando el demandante voluntariamente de-siste o abandona su acción, el demandado tiene, derecho a costas.” 15 G. J. pág. 68, sección 118.

Los artículos 327 y 339 del Código de Enjuiciamiento Civil como fian sido enmendados se citan enteramente en el caso de Zorrilla v. Orestes, 28 D. P. R. 746, y no es nece-sario reproducirlos aquí.

El párrafo inicial del artículo 327, como afiora subsiste prescribe que “las partes en pleitos o procedimientos, in-cluyendo al Pueblo de Puerto Rico, tienen derecho a las cos-tas y desembolsos que en ellos se les fiayan irrogado, Con su-jección a las reglas que más adelante se establecen.”

T la disposición final de dicho artículo es “que los hono-rarios y costas serán' concedidos discrecionalmente por el juez que entienda en el pleito o procedimiento, teniendo en cuenta el grado de culpabilidad, si la hubiere, de la parte condenada por la sentencia. ’ ’

No existe conflicto necesario o irreconciliable entre es-tas disposiciones y el texto del artículo 192, como fia sido in-terpretada en los casos de Idafio y California, a los cuales acabamos de referimos.

Debe confirmarse la resolución apelada.

Confirmada la resolución apelada.

' Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Franco Soto.


author: El Juez Presidente Sr. del Tobo,

text:
    Monserrate, Recurrente, v. El Registrador de Guayama, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Gruayama denegando la inscripción de una es-critura de hipoteca.
    No. 562.
    Resuelto en marzo 19, 1923.
    Recursos Gubernativos — NoTiriCAoióisr al Interesado, de la Negativa del Registrador.- — El plazo de dos días a que se refiere la sección 2 de la Ley sobre recursos contra las resoluciones de los registradores, de marzo 1, 1902, comienza a correr a partir de la fecha en que el registrador, cumpliendo la soeeión 1 de dicha ley, notifica su negativa al interesado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. M. Marcos Morales.

    El registrador recurrido no compareció.
   El Juez Presidente Sr. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Presentada en el Registro de la Propiedad de Gruayama la escritura de hipoteca No. 181 otorgada por Eudosio Torres a favor de Hipólito Monserrate y Febo, el registrador se negó a inscribirla por nota de febrero 12, 1923, y elevó el documento y la nota a este Tribunal.

Así las cosas, compareció Hipólito Monserrate y Febo y alegó que la negativa del registrador no le fue notificada y que siendo ello así, el registrador no debió haber elevado el documento a la Corte Suprema, no existiendo por tanto re-curso alguno debidamente interpuesto para ante este Tribunal.

Figura en el expediente una comunicación del registra-dor remitiendo entre otros el documento de que venimos ocupándonos, que comienza así:

“Por no haberse presentado en esta oficina del Registro de la Propiedad de G-uayama ninguno de los interesados a recoger los do-cumentos presentados y los cuales han sido denegados según consta de la nota puesta al calce de los mismos, tengo el honor de remitir a su señoría dichos documentos bajo pliego certificado y son los si-guientes Y termina:
“Cuyos documentos tengo el gusto de remitirle a los efectos dis-puestos en la sección segunda de la ley de primero de marzo de mil novecientos dos, sobre recursos contra-las resoluciones de los regis-tradores de la propiedad.”

La sección 2 de la ley sobre recursos contra resolucio-nes de los registradores de la propiedad de 1 de marzo de 1902, invocada por el registrador, en lo pertinente, dice:

“Sección 2. — Si éste, dentro del segundo día no recogiere el do-cumento, el registrador lo enviará por el correo más próximo al Tribunal Supremo. * '* # ”

Pero el registrador prescindió de lo dispuesto en la sec-ción primera de la misma ley que dice que “Cuando el re-gistrador deniegue o suspenda alguna inscripción, anotación o cancelación, expondrá al pie del documento, clara y conci-samente, los motivos legales de su negativa y de ella notifi-cará al interesado, quien firmará la notificación.” Las itá-licas son nuestras.

El plazo de dos días a que se refiere la sección dos co-mienza a correr a partir de la notificación a que se refiere, la sección primera.

Es, pues, claro que no existe ante esta Corte recurso al-guno debidamente interpuesto o planteado, debiendo devol-)( verse el documento al registrador para que dé cumplimiento a lo ordenado en la sección primera de la referida ley de 1 de marzo de 1902.

Ordenada la devolución del documento al re-gistrador.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey, Hutcbison y Franco Soto.


text:
    Crédito y Ahorro Ponceño, Recurrente, v. Registrador de Guayama, Recurrido. Costa, Recurrente, v. Registrador de Guayama, Recurrido. de la Cruz, Recurrente, v. Registrador de Guayama, Recurrido. Rivera, Recurrente, v. Registrador de Guayama, Recurrido.
    Nos. 563, 560, 561, 559 y 564.
    Resueltos en marzo 19, 1923.
   Resueltos por los fundamentos de la opinión en el oaso No. 562 de Monserrate v. Registrador de Guayama, de marzo 19, 1923, ordenándose la devolución de los documentos al Registrador de la Propiedad de Guayama, para que se cum-pla con la ley de Marzo 1, 1902, sobre' recursos contra las re-soluciones de los registradores de la propiedad.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey, Hutcbison y Franco Soto.


author: El Juez Presidente Sr. del Toro,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Quirindongo, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en causa por adulteración de leche.
    No. 2036.
    Resuelto en marzo 23, 1923.
    Acusación — Reincidencia—Objeciones a la Acusación en Apelación. — Una alegación imperfecta en cuanto a la reincidencia del acusado, cuando ésta es parte del delito, no vicia' de nulidad la acusación; y para que prospere una objeción por motivo de tal imperfección debe formularse en la corte senten-ciadora. La objeción por primera vez en apelación es tardía.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado'del apelante: Sr. F. B. Fornaris.

    Abogado del apelado: Br. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Presidente Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 12 de enero último el acusado fué condenado por la Corte de Distrito de Ponce a sufrir seis meses de cárcel como autor de un delito de adulteración de leche, consignándose en la sentencia que se había aleg'ado y prohado la reinci-dencia del acusado.

No conforme éste, interpuso el presente recurso de ape-lación limitándose a exponer en su alegato lo que' sigue:

“Sostenemos que la pena impuesta al acusado apelante es ilegal por cuanto se le ha impuesto la correspondiente a la reincidencia, según lo dispuesto en la Ley sobre adulteración de leche, aprobada en 10 de marzo de 1910, sin que tal reincidencia haya sido alegada de una manera suficiente en la acusación. Como podrá ver esta Honorable Corte el Fiscal hace constar la reincidencia del acusado en el hecho de haber sido sentenciado por el mismo delito a cumplir dos días de cárcel por la corte de distrito de Ponce, sin que en ella se especifique la fecha en que fue sentenciado a cumplir esos dos días de cárcel, requisito indispensable para informar al acusado debida-mente de todos los hechos que se le imputan en dicha acusación.”

El delito se imputó así:

“Que en agosto 28, 1922, 8:15 a. m. y en la calle Progreso de Ponee dentro del distrito judicial municipal de Ponce, P. B., el acu-sado de referencia, voluntaria, maliciosa e ilegalmente vendió leche de vaca adulterada con agua en la referida calle Progreso de Ponce, cuya adulteración se comprueba con el adjunto informe analítico practicado por el Director del Laboratorio Químico Insular. — Esta leche contenía 20 por ciento de agua añadida artificialmente y tal como se vendió era impropia para el consumo público y pudo haber diseminado enfermedades infecciosas. — El acusado es reineidente y fué sentenciado por la Corte de Distrito de Ponce a cumplir dos días de cárcel por adulteración de leche.”

Siendo el hecho de la anterior convicción una parte del delito imputado, dice Cyc., resumiendo la jurisprudencia, en cuanto lo agrava y aumenta la pena, dehe alegarse en la de-nuncia o acusación. 12 Cyc. 950.

Aquí no se sostiene que dejara de alegarse la reinci-dencia. Se alegó en la forma que hemos visto. Lo que se sostiene es que la alegación se hizo de modo tan imperfecto que vicia la acusación de nulidad. Si la cuestión se hu-biera levantado en la corte inferior y la corte hubiera ne-gado la petición del acusado, estaríamos conformes. Pero la naturaleza del cargo fué alegada. El acusado se dió por informado y fué a juicio y en el juicio se probó el delito en sí y la reincidencia. La cuestión se levanta por vez primera en esta corte y es ya demasiado tarde para que prospere, Pueden citarse en apoyo de esta conclusión los casos de El Pueblo v. Fontana, 16 D. P. R. 657, El Pueblo v. Aponte, 9 D. P. R. 383, y El Pueblo v. López, 8 D. P. R. 576, a que se refiere el fiscal en su alegato.

Procede la confirmación de la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Hutchison y Franco Soto.

El Juez Asociado Sr. Aldrey no intervino en la resolu-ción de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    Santana et al., Demandantes y Apelados, v. Fuentes et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre nulidad de subasta.
    No. 2848.
    Resuelto en marzo 23, 1923.
    Costas Civiles — Discreción para Imponer Costas. — En el presente caso el demandado formuló excepción previa y habiéndosele concedido término para contestar, no compareció. Imputado abuso de discreción a la sentencia que condenó en costas al demandado, se resolvió: que en una cuestión como esta la discreción es prácticamente inatacable. Zorrilla v. Orestes, 28 D. P. E. 750.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. F. González.

    Abogado de los apelados: Sr. B. López Antongiorgi.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El único fundamento de error es que la corte inferior abusó de su discreción al imponer las costas a un deman-dado. Este había formulado excepción previa a la demanda y habiéndosele concedido un término para contestar no com-pareció. Para atacar la concesión de costas decretada en esta acción, el demandado y apelante cita el caso de Zorrilla v. Orestes, 28 D. P. R. 750.

En ese caso el demandado formuló primero excepción previa y al ser desestimada ésta, se sometió a la sentencia y la corte se negó a conceder costas al demandante. Resolvi-mos en efecto, que el demandado en dicho caso había pre-sentado fundamentos meritorios de excepción previa, y fun-dados en parte en esta razón, rehusamos expresar que la corte inferior había abusado de su discreción al no conside-rar culpable de temeridad al demandado. Pero el funda-mento principal de esa decisión fué que la corte tenía dis-creción al apreciar el grado de temeridad. Si en ese caso la corte hubiera concedido costas, nosotros probablemente no hubiéramos modificado la sentencia. En una cuestión como esta la discreción es prácticamente inatacable. La cuantía de los honorarios es asunto distinto, pero el caso no ha lle-gado a ese punto.

Hubo hechos en este caso de los cuales la corte tenía de-recho a concluir que el demandado fácilmente pudo haber sa-bido que la finca que había comprado en la subasta no era necesaria para satisfacer la sentencia que entonces existía contra el actual demandante que estableció acción para anu-lar la parte innecesaria de la venta en ejecución. Pero el presente demandado trató de impedir que se dictara sen-tencia por virtud de una excepción previa. •

Bajo cualquier circunstancia no encontramos ningún abuso de discreción y debe confirmarse la sentencia.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Hutchison y Franco Soto.

. El Juez Asociado Sr. Aldrey no intervino en la resolu-ción de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Franco Soto,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Rivera et al., Acusados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, en cansa por adulteración de leche.
    No. 2031.
    Resuelto en marzo 26, 1923.
    Venta de Leche Adulterada — Conocimiento Judicial. — Aunque generalmente las cortes no pueden tomar conocimiento judicial de los reglamentos pro-mulgados por las distintas' oficinas del gobierno, las cortes están obligadas a tomar conocimiento judicial de los reglamentos del Departamento de Sa-nidad que prescriben la norma para determinar lo que es lecha adulterada a los fines de la ley castigando su adulteración y venta, por mandato ex-preso de la sección 15 de la Ley núm. 81 de 1912 para reorganizar el servi-cio de sanidad.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. B. Sancho Bonet j E. Campillo.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso se formuló acusación contra Eduardo Za-yas Rivera y José Víctor Rivera por un delito de adulte-ración de leche. Los acusados fueron juzgados y la corte inferior les impuso la pena de 5 y 15 días de cárcel, res-pectivamente. No conformes con la sentencia, ellos inter-pusieron el presente recurso.

El único fundamento de error que apunta el apelante José Víctor Rivera en su alegato es porque “la corte carecía de la debida prueba para declarar culpable al acusado.” T el error así expresado se refiere a que el gobierno no presentó en 'el acto del juicio la prueba del reglamento publicado por el Departamento de Sanidad demostrativo del standard, o sea, el grado legal que la leche deberá contener para ser vendida de acuerdo con la ley. Esto equivale a decir que las cortes no pueden tomar conocimiento judicial de los re-glamentos promulgados por el Departamento de Sanidad, siendo ésta la sola cuestión promovida en este recurso. En apoyo de esa teoría el apelante cita los casos de esta Corte Suprema El Pueblo v. Cuadrado, 27 D. P. R. 840, y El Pueblo v. Grau, 29 D. P. R. 1038.

La sección primera de la ley proveyendo lo necesario para la adulteración de leche, ofrecerla o telierla para la venta, aprobada en marzo 10, 1910, dice:

“Toda persona que adulterare o diluyere leche con la intención de ofrecerla a la venia o que causare o permitiere que se ofrezca en venta, y toda persona que la vendiere, ofreciere o tuviere en venta, será culpable de delito menos grave (misdemeanor) y castigada con encarcelamiento que no exceda de un mes y además de dicha pena se confiscará la leche adulterada: * * * lia adulteración o dilución de la leche puede probarse en la forma usual que la ley provee para la vista de causas criminales, pero en cualquier caso se considerará y se tendrá por leche adulterada o diluida aquella que no diere la prueba que se prescribe por las autoridades competentes: Disponiéndose que el grado legal (standard) de la leche deberá ser fijado por el Director de Sanidad, Beneficencia y Correcciones, y pu-blicado para conocimiento general en la Gaceta Oficial de Puerto Rico y en los periódicos de mayor circulación de la Isla que se determi-naren por dicho funcionario.”

Con el propósito de cumplir el gobierno con la disposi-ción anterior, presentó para acreditar la adulteración de la leche en poder de los acusados para la venta, el testimonio del perito químico del Laboratorio Insular, Rafael del Va-lle Sárraga, quien manifestó que dicha leche “fué analizada, resultando de dicho análisis adulterada con agua en propor-ción de un 20 por ciento aproximadamente.”

El perito químico para determinar el hecho de la adulte-ración se refirió al standard o grado legal establecido por el Departamento de Sanidad en sus reglamentos y en tal sen-tido y a preguntas del acusado, dijo: “que el standard esta-blecido por el Departamento de Sanidad especifica varios extremos con respecto a grasa, pero como mínimum un 3 por ciento, sólidos totales en el análisis de 10 con treinta y cinco centésimas por ciento y de acuerdo con el análisis había una proporción de un 20 por ciento de agua añadida. En el análisis, la cantidad' añadida fué 89.654, que la determina el standard como máximum 88 por ciento, y la que tenía en el análisis 89.,654. ’ ’

Según hemos visto, la sección primera, supra, de la ley para adulteración de la leche, etc., aprobada en marzo 10, de 1910, es la que dispone que el grado legal (standard) de la leche deberá ser fijado por el Director de Sanidad, pres-cribiendo además la forma en que esa medida será pro-mulgada.

. ■ Después de aquella ley y de acuerdo con otra ley, num. ■81, para reorganizar el servicio de sanidad, aprobada en marzo 14, 1912, se promulgó el reglamento núm. 29 para regular vaquerías, depósitos y ventas de leche, y por dicho re-glamento se dispuso en sus artículos 9 y 10 lo siguiente:

‘/Art. 9. — No se 'venderá, ofrecerá o expondrá en venta ni se bará conducir, importará, almacenará para su expendio en la isla de Puerto Pico, ninguna leche; (a) que contenga menos de 12% de re-siduo seco de leche; (b) que contenga más de 88% de agua; (c) que contenga menos de 3% de grasa de leche o mantequilla; (d) que tenga una gravedad menor de 1.030; (e) que contenga cual-quier sociedad, materia extraña o sedimento; (/) que contenga ácido bórico o salicílico, formaldehida o cualquier otro agente químico; >(g) que contenga cualquier bacteria patógena; (h) que contenga más de 500,000 bacterias de cualquier clase, por centímetro cúbico.”
“Art. 10.- — Toda leche que no se ajuste a esta norma o standard se considerará como leche adulterada a los efectos penales de este re-glamento e impropia para el consumo; *

La Ley número 81, en virtud de la cual se puso en vigor el reglamento citado y que fija el grado legal de la leche para ser vendida, en el artículo 13 prescribe:

• “El Director de Sanidad someterá a la consideración y aproba-ción del Consejo Ejecutivo, toda regla y reglamento que se pres-cribiere por la Junta Insular de Sanidad, con expresión de sus ideas endosadas en el mismo. * l# * Dichas reglas y reglamentos, una vez aprobados por el Consejo Ejecutivo, serán promulgados por el ¡Gobernador de Puerto Pico y serán publicados en dos periódicos de circulación general en la Isla, y desde entonces .y sucesivamente tendrán la fuerza y efecto de ley.”

Resulta ahora bien claro y definido que el grado legal o standard de la leche a'los efectos de poder distinguirse entre leche buena y adulterada, ha sido determinado de conformi-dad con lo que exige la ley y el mismo debe reconocerse con fuerza y efecto legal en la forma que se ha dejado estable-cido por el Departamento de Sanidad. La cuestión, sin embargo, levantada por el apelante y en la que descansa toda la argumentación de su alegato es la que, a pesar de la fuerza legal de tales reglamentos, las cortes no pueden tomar co-nocimiento judicial de los mismos, alegando que la corte inferior cometió error resolviendo el caso y declarando culpable al acusado, sin la presentación por El Pueblo de la prueba o existencia de tales reglamentos. Pero parece que fue el propósito de nuestra legislatura no solamente que se Casti-gara con mano firme a los violadores de vender o tener para la venta leche adulterada, sino evitar la impunidad del de-lito por meros tecnicismos y fundándose en los efectos salu-dables de la ley estableció de un modo terminante que las cor-tes de justicia deben tomar conocimiento judicial de tales reglas y reglamentos, lo que así se determina en el artículo 15, que dice:

“Se requiere de las cortes de justicia el tomar conocimiento judicial de la adopción de dichas reglas y reglamentos y de la publi-cación de los mismos que se requiere por esta Ley.”

Ante un precepto semejante, está demás discutir los ca-sos citados por el apelante en su alegato, toda vez que el primero se refiere a resoluciones de la Comisión de Alimen-tos y el segundo a reglas promulgadas, por el Jefe del Nego-ciado de Pesas y Medidas, y tales casos, en vista de la de-claración concreta que ha hecho la ley en cuanto a las reglas y reglamentos de Sanidad, no tienen aplicación al presente caso.

Por las razones expuestas la sentencia debe confirmarse.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y HutcMson.

El Juez Asociado Sr. "Wolf no tomó parte en la resollé eión de este caso.


author: El Juez Asociado SR. Franco Soto,

text:
    The France and New York Medicine Company, Demandante y Apelante, v. Reily et al., Demandados y Apelados.
    'Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre devolución de contribuciones pagadas bajo protesta.
    No. 2737.
    Resuelto en marzo 27, 1923.
    Contribuciones Insulares — Propiedad Pasable de Corporaciones Domésticas Cuyo Capital estA Situado Fuera de Puerto Bico. — La diferencia entre el valor de la propiedad inmueble y mueble tangible y el valor del capital y bonos de una corporación más el sobrante y ganancias no divididas, repre-senta) la propiedad mueble intangible (capital stock) sujeta al pago de con-tribuciones insulares; y una corporación doméstica que tiene sus capitales invertidos y sus bienes fuera de Puerto Bico está sujeta al pago de contri-buciones al Tesoro Insular, de acuerdo con el artículo 317 del Código Polí-tico como quedó enmendado en 1904, sobre su propiedad mueble intangible.
    Cortes de Distrito — Deber del Juez al Dictar Sentencia — Delación del Caso y Opinión. — El dejar la corte inferior de dar cumplimiento al artículo 227 del Código de Enjuiciamiento Civil según el cual ‘deberá archivar una rela-ción del caso exponiendo los hechos y dando las razones en que basa su de-cisión no es error fundamental que requiera la revocación.
    Los tedios están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. J. A. y A. S. Poventud.

    Abogados de los apelados: Hon. Attorney General y Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado SR. Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una acción para obtener la devolución de cierta contribución pagada al Tesoro bajo protesta.

En la demanda, en síntesis, se alega: que la demandante es una corporación que está incorporada en Puerto Rico, donde no posee bienes muebles o inmuebles, teniendo sus negocios y sn capital invertido permanentemente en el Es-tado de New Tort; que a Puerto Eico sólo remite pedidos en comercio interestado; que paga contribuciones bajo las leyes de aquel estado y también al Tesoro Federal; que sólo tiene en Puerto Eico algunos créditos personales y un automóvil valorado en $775.55, por el que únicamente debe pagar la contribución de $12, estando los créditos libres de contribución; que no obstante todo lo alegado, el Tesorero de Puerto Eico le tasó el valor de las acciones y ganancias no divididas, ascendente todo a $173,283.56, sobre cuya can-tidad le impuso una contribución de $2,127.52, la que alega ser ilegal en cuanto excede de la cantidad expresada de $12 impuesta al automóvil; que de la decisión del Tesorero apeló para ante la Junta de Eevisión e Igualamiento la que con-firmó la expresada tasación; que a requerimiento del Teso-rero de Puerto Eico la demandante hizo efectivo el importe referido de dicha contribución, pagándola bajo protesta en 22 de julio de 1920, en cuanto a la cantidad de $2115.52, que •es contraria a la ley, por no autorizar ésta la imposición de contribución a corporaciones domésticas que tienen sus capitales invertidos y sus bienes situados fuera de Puerto Eico; y por último, que la contribución que se le fia impuesto es arbitraria e ilegal, infringiéndose la sección 2 del Acta Jones y la enmienda XIV de la Constitución Federal aplicable también a esta isla.

La exposición de las anteriores alegaciones, en lo subs-tancial, fué admitida por la contestación, con la diferencia de que la parte demandada sostiene la legalidad de la con-tribución impuesta y cobrada por el Tesoro de Puerto Eico.

El caso fué juzgado en sus méritos y la corte inferior de-claró sin lugar la demanda, por lo que la demandante fia es-tablecido el presente recurso.

En la forma que se fia planteado la discusión del Caso por ambas partes, es cuestión para nosotros resolver si la con-tribución impuesta a la demandante lo ha sido de conformi-dad con el Código Político, en su artículo 317, enmendado según la ley de 10 de marzo de 1904, y si de algún modo, en la aplicación de dicho cuerpo legal, se ha infringido la sec-ción 2 de nuestra Acta Orgánica.

El artículo 317, supra, literalmente, dice:

“Art. 317.- — La propiedad mueble de instituciones, corporaciones y compañías incorporadas con arreglo a las leyes de Puerto Rico fuera de las instituciones bancarias con capital en acciones deberá tasarse como perteneciendo a tales instituciones., .corporaciones y compañías por el Tesorero de Puerto Rico, en la forma que este ar-tículo provee. El valor efectivo actual del capital de las citadas corporaciones, se fijará por el Tesorero de Puerto Rico, de confor-midad con la declaración jurada de los presidentes, directores u otros funcionarios al frente de tales corporaciones, como se requiere por el artículo 319, o basándolo en cualquier otro informe fidedigno que el Tesorero tenga o adquiera, y el valor efectivo actual no será en ningún caso menos que el valor del capital y bonos, más el so-brante y ganancias no divididas de dichas instituciones, corpora-ciones y compañías: ni será menor que el valor en el mercado de los bienes inmuebles y muebles de dichas instituciones, corporaciones y compañías, incluyendo en los bienes muebles todos los derechos, franquicias y concesiones. De la tasación obtenida en esta forma se deducirá el valor total de la propiedad inmueble de dichas cor-poraciones, que resulte de la tasación verificada de acuerdo con las disposiciones del artículo 316; y el resto será considerado como que representa la propiedad mueble de dichas corporaciones que ha de someterse a contribución.”

A los efectos de la imposición de contribuciones para el año económico 1919-1920 y para cumplir las prescripcio-nes que le impone a las corporaciones domésticas la dispo-sición antes citada, la demandante presentó al Tesorero de Puerto Rico la correspondiente planilla haciendo la declara-ción de bienes que sirvieron de base al Tesoro para verificar la tasación, en la siguiente forma:

Capital pagado de la corporación_$170, 000. 00
Ganancias no divididas- 3, 283. 56

Estas dos cantidades ascienden a $173,283.56 y sobre esta suma el Tesorero impuso a la corporación demandante nna contribución de $2,127.52.

Interpretando la apelante el artículo 317 del Código Po-lítico en relación al segundo error que señala y el único que debe merecer toda nuestra atención en la consideración de este caso, dice que se refiere a la contribución que se im-pone sobre la propiedad, es decir que la ley grava la pro-piedad de la corporación, pero no el capital (capital stock) de la misma. Sin que tengamos ninguna duda, es lo cierto que este es el punto esencial a decidir en el presente caso y que de su interpretación depende su resultado.

Todos los esfuerzos de la apelante estriban en que el Te-sorero sólo debió imponerle contribución sobre la propiedad tangible existente en Puerto Rico y en tal sentido única-mente era objeto de tasación la suma de $775.55 valor de un automóvil que posee la corporación en esta isla; alegándose además, que el sitio principal de sus negocios, así como de los bienes muebles e inmuebles, radica fuera de Puerto Rico.

Las corporaciones con motivo de su constitución especial están sujetas a un gravamen adicional en el que entran para la tasación de sus bienes elementos que no existen tratán-dose de individuos y los cuales pueden en efecto ser objeto de tasación sin dar lugar a discriminación alguna en el sen-tido legal.

“En las corporaciones hay cinco elementos de valor sujetos a tasación, cada uno de los cuales es bajo ciertas circunstancias ma-teria apropiada de tasación, a saber: (1) las franquicias, (2) el capital en poder de la corporación, (3) la propiedad social, (4) el in-greso, y (5) las acciones del capital en poder de los accionistas indi-viduales.
“El poder del Estado para imponer contribución a los elementos de valor que pueden ser objeto de contribución indicados en el pá-rrafo anterior, no se limita a elegir un solo elemento con exclusión de los demás. Indudablemente que los elementos mismos represen-tan en mayor o menor grado los mismos principios fundamentales del activo de la corporación. Cada uno de estos elementos es, sin embargo, bajo ciertas circunstancias, materia adecuada de contri-bución, y está sin duda dentro del poder del Estado cuando éste no se encuentra, restringido por limitaciones constitucionales, el fijar contribuciones a ellos de modo que sujeta a la corporación o a los accionistas a lo que en efecto equivale a una doble tasación. Siendo diferentes los elementos mismos puede imponérseles contribución se-paradamente aunque el gravamen se impone sobre la misma pro-piedad en cada caso.” 26 R. C. L. 157 y 158.

Aceptamos que el artículo 317 del Código .Político nomi-nalmente habla de la contribución sobre la propiedad de las corporaciones, o lo que es lo mismo, sobre el tercer elemento de que hablamos más arriba, la propiedad de la corporación (corporate property), pero dado el método empleado por nuestro Código Político en dicho artículo 317 de tasar la propiedad personal mueble refiriéndose a la intangible, indi-rectamente, pero de una manera expresa, la tasación alcanza el capital de la corporación (capital stock).

“Hay muchos y diferentes métodos de imponer contribución a la propiedad de las corporaciones. En general los bienes inmuebles y la propiedad personal tangible de tal naturaleza que tiene un sitio fijo en determinado lugar está sujeta a la tasación local donde está situada, y se alcanza el resto de la propiedad de la corporación in-directamente por medio de una contribución sobre el capital o la franquicia. Los bienes intangibles de una corporación pueden, sin embargo, quedar sujetos a una contribución sobre la propiedad, y ser valorada rebajando el valor en tasación de la propiedad tangible de la corporación del valor total de su capital y bonos.” 26 R. C. L. 178.

De manera que se puede entender fácilmente que el mé-todo empleado por nuestro sistema de contribución para la tasación de corporaciones domésticas comprende propiedad inmueble y mueble tangible y la diferencia entre estas pro piedades y el valor del capital y bonos más el sobrante y ga-gancias no divididas, representa la propiedad mueble intangible que debe someterse a tasación, por lo que se ve clara-mente, y de tin modo expreso, que la contribución alcanza in-directamente al capital de la corporación (capital stock).

“En algunas jurisdicciones el valor de la propiedad personal, tangible e intangible, de una corporación se determina rebajando el costo de los bienes inmuebles pertenecientes a la corporación del total del capital social.” 26 R. C. L. 179.

La apelante insiste, sin embargo, que como se trata ex-clusivamente de contribuciones impuestas sobre la propie-dad de corporaciones domésticas, que es bien claro que cuando sus bienes están fuera de la jurisdicción, permanen-temente situados en otro estado y allí invertidos en relación con sus negocios, no es legal-la contribución a dichos bienes o a cualquier cosa que los pretenda substituir o representar. Pero estas conclusiones de la apelante son tan absolutas que no responden a las disposiciones del Código Político que he-mos examinado ni están en armonía con la jurisprudencia aplicable en tales casos.

Parece que el sistema de tasación de las corporaciones domésticas en la forma que hemos visto y que prescribe el artículo 317 del Código Político, impone a primera vista una contribución sobre la propiedad, pero realmente alcanza al capital de la sociedad en el remanente de la propiedad mue-ble intangible al deducir de ésta la propiedad real y la personal tangible. En tal caso parece que no se trata de una contribución sobre la propiedad propiamente dicha de la cor-poración sino más bien de un arbitrio (excise). En este sentido se hace importante saber en determinados sistemas •de tasación si es una u otra cosa lo que se impone, porque si la contribución es solamente un arbitrio (excise) el capital •de la corporación (capital stock) es meramente la medida de la tasación y tanto la forma en que el capital esté invertido, .así como la localización o situs de la propiedad, es inmate-rial ; pero por el contrario, si lo que se impone es una contri-bución sobre la propiedad, el capital de la corporación no puede ser tasado sin una deducción de la propiedad situada en otro Estado. Véase 26 R. C. L. 171.

En relación con lo que se acaba de exponer pasamos a considerar algunas de las afirmaciones que la apelante hace en su alegato: que se alegó y probó que dicha apelante tiene-sus bienes en New York; que es incuestionable el derecho .de New York y otros ^Estados de imponer contribuciones a los bienes muebles e inmuebles de la demandante allí situados y que resultaría ilegal imponerles doble contribución como se le impondría si se tuviera que pagar contribución por tales bienes en Puerto Bico.

La prueba demuestra, efectivamente, los siguientes extre-mos: que la apelante fué incorporada en Puerto Bico; que. no tiene inmuebles ni propiedad personal tangible en Puerto Bico a excepción de un automóvil tasado en $775.55, y ciertos créditos personales; que aquí solamente remite pedidos de las mercaderías que constituyen el objeto del negocio a que se dedica; que paga contribuciones bajo las leyes del Estado de New York; que allí tiene su oficina principal de nego-cios y un laboratorio químico; y que posee en la ciudad de New York un edificio de manipostería para sus fines corpo-rativos, valorado en unos $65,000, que por el que paga con-tribución en aquella ciudad, pero sin que aparezca en forma clara y precisa la época de adquisición de tal edificio por la., demandante.

La consecuencia inmediata que deducimos de estar incor-porada la demandante en Puerto Bico es la presunción de que se considere aquí residente y prima facie tasable su pro-piedad personal en su residencia (situs). Pero si como ocu-rre con nuestro estatuto que el valor de la propiedad personal intangible se fija rebajando el costo de la propiedad inmue-ble perteneciente a la corporación del conjunto que consti-tuye el capital social, entonces en este caso concreto, podía haberse hecho tal deducción de los inmuebles radicados fuera de la residencia y de los muebles (tangibles) permanente-mente situados fuera de la isla, siempre que se probare', la existencia de tales bienes durante el año económico por- el cual se había de imponer la contribución.

No bay duda que sería ventajoso a la nación y a cada estado individual si se armonizaran los principios en que descansan los sistemas de tasación de modo que no resultara un conflicto entre unos y otros y como consecuencia que un plan pudiera ser adoptado para que la contribución sobre una misma propiedad en dos jurisdicciones diferentes pueda ser evitada, pero la Constitución no va tan lejos hasta el punto de exigir esto. Ningún Estado está obligado para ha-cer que sus leyes sobre tributación se establezcan en armo-nía con las de otros Estados y así la propiedad personal intangible puede ser objeto de tasación en dos Estados dife-rentes como cuando se impone en el domicilio del dueño y en aquel donde ha adquirido el sitio principal de-sus nego-cios (business situs). En casos como esos la constituciona-lidad de una doble contribución en tal foiyna impuesta' ha quedado fuera de duda. Véase 26 R. C. L. págs. 264 y 265.

Pudiera creerse que con una teoría como la expuesta, he-mos seguido la antigua máxima de mobilia sequuntür per-sonam y la parte apelante opone el argumento que ese an-tiguo y tradicional principio de que la propiedad personal era tasable en el domicilio del dueño, sin considerar su si-tuación (situs), ya no existe de acuerdo con decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Pero nos encon-tramos con que esas decisiones recientes del más alto tribunal de la nación se refieren y tienen perfecta aplicación en tanto en cuanto afectan la propiedad personal tangible, y por ellas ha quedado establecida la doctrina inequívoca de que un Estado que impone una contribución sobre la propie-dad personal tangible de uno de sus residentes, pero perma-nentemente situada (located) en otro Estado, tiene'el efecto de privar a él de su propiedad sin el debido procedimiento de ley y constituye una violación de la Constitución Federal. Union Refrigerator Transic Co. v. Kentucky, 199 U. S. 194, 26 S. Ct. 36, 50 U. S. (L. ed.) 150, 4 Ann. Cas. 493 y nota; Fidelity etc. Trust Co. v. Louisville, 245 U. S. 54, 38 S. Ct. 40, 62 U. S. (L. ed) 145, L. R. A. 1918 C. 124.

Pero el punto en disensión varía de nn modo diametral-mente opuesto tratándose de la propiedad personal, intangible. La antigua máxima antes citada subsiste y es la que determina el situs a los fines de fijar la tasación de tal pro-piedad.

“La máxima mohiliu sequuntur personam encarna el principio general en relación al lugar (situs) para los fines de la imposición de la contribución sobre la propiedad personal intangible, tal como bonos, acciones, etc.; y si bien a veces dieba propiedad puede ad-quirir un sitio para la imposición de la contribución en un estado que no sea el. del domicilio del 'dueño, y puede quizá perder su sitio en el Estado del domicilio del dueño, es, sin embargo, la regla general, a' falta de circunstancias predominantes en contrario, que el lugar de- la propiedad' intangible para los fines de la contribución es el Estado del domicilio del dueño. Hay una clara distinción entre la propiedad tangible e intangible por el becbo de que generalmente no bay ningún sistema por el cual la existencia o el dominio de la pro-piedad intangible pueda ser determinado en el Estado del lugar donde se encuentra, ni ningún medio por el cual pueda conseguirse al dueño mediante diligencias en un Estado que no sea el de su do-micilio, o ponerse en vigor el cobro de la contribución de otro modo. Admitiendo, sin embargo, que en algunos pasos la propiedad personal intangible puede adquirir un lugar que no sea el del domi-cilio del dueño, de ello no se infiere ni jamás se ba determinado au-torizadamente que la adquisición de tal lugar y sujeción a la con-tribución por virtud de ello impide que el Estado del domicilió del dueño pueda fijar contribución también a la misma propiedad.” 26 R. C. L. 282-283.

Para ser consecuentes con la interpretación que fiemos dado al artículo 317 del Código Político, quedaría por resolver en este caso si debía deducirse de la contribución im-puesta a la demandante, el valor del inmueble que radica en la ciudad de New York. No obstante, una cuestión de fieefio se opone a que pudiéramos llegar a una conclusión favorable y es que no aparece probado de manera clara y precisa la 'época de la adquisición del inmueble por lo menos antes o durante el año económico por el cual se le ba repartido la contribución a la demandante. No se aportó pueba docu-mental que pudiera fijar ese dato y la prueba testifical en ese extremo es insegura y vacilante al tratar de establecer la fe-cha de su adquisición. Además, sería muy dudoso que pu-diera prevalecer tal deducción cuando no encontramos dato alguno en ese sentido en la alzada que presentó la apelante a la Junta de Revisión e Igualamiento apelando de la de-cisión del Tesorero de Puerto Rico. En esa clase de recur-sos se exponen las razones para impugnar la contribución que ilegal o excesiva se alega que ba sido impuesta, y pode-mos ver que en el recurso de alzada de la demandante se aducen como razones, las siguientes:

“Que la corporación no tiene capital en Puerto Rico y obtiene sus beneficios de negocio establecido en la ciudad de New York, donde tendrá que pagar la contribución.
“Es, pues, evidente que si se nos exige pagar la misma contri-bución en New York y en Puerto Rico a la vez, una de las dos es injusta, y creemos que este asunto debe ser tratado por el Honorable Tesorero de Puerto Rico con la oficina que corresponda en los Es-tados Unidos con el fin de determinar donde es que legalmente nos corresponde pagar la contribución, si es en New York o en Puerto Rico. ’ ’

Se puede notar que no se especifica en dicbo recurso que entre los bienes pertenecientes a la apelante existiera el in-mueble que se menciona por algunos testigos. Solamente se atendió demostrarse de una manera general que la apelante no tiene capital invertido en Puerto Rico y que obtiene sus beneficios de su negocio establecido en la ciudad de New York (business situs), creyéndose de ese modo que tal condi-ción le bacía inmune en esta isla a los efectos de quedar exenta de toda tasación que no fuera de bienes muebles tangibles. En tal situación no se entendió bien por la apelante la disposición del artículo 317 del Código Político, y por el contrario, el Tesorero lo aplicó rectamente, y por tanto, la contribución impuesta y cobrada ban sido actos realizados de conformidad con la ley y la jurisprudencia aplicable.

La apelante señala otro error que imputa a la corte inferior. por haber omitido redactar y archivar una relación del caso exponiendo los hechos y dando las razones en que había de fundar su decisión. . Este error se' trata con alguna extensión por la apelante en su 'alegato y es de interés la ju-risprudencia que cita en su apoyo, así como sus razonamien-tos, pero esta misma 'cuestión había sido ya ampliamente considerada por esta Corte Suprema en el caso de Paganacci v. Lebrón, 24 D. P. R. 797, donde se resolvió que el artículo 227 del Código de Enjuiciamiento Civil en la forma que fue enmendado en 1911, no era tan estricto como el que rige en California, que exige conclusiones formales de hecho y de de-recho por separado, y se decidió que la omisión de la corte inferior en ese sentido no es motivo de error para revocar una sentencia.

Por las razones expuestas, la sentencia debe confirmarse.

Confirmada la- sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. FeaNOO Soto,

text:
    Ex parte Nieves et al., Peticionarios-Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en procedimiento sobre administración ■ judicial. '
    No. 2874.
    Resuelto en abril 2, 1923.
    Administración- Judicial en el Abintestato — Herederos Voluntarios Pueden Pedir la Administración Judicial. — En los abintestatos no es indispensable la concurrencia del cónyuge supérstite, cuando no bay herederos forzo-sos para que los herederos voluntarios ■puedan'solicitar la administración ju- • dieial de los bienes relictos.
    Id. — Requisitos de la Solicitud de Administración Judicial. — TJna solicitud-de administración judicial que expresa en globo el valor de los bienes pero no la naturaleza da los mismos, no cumple con los requisitos del artículo 23 de la Ley de procedimientos legales especiales.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de los apelantes: &'r. L. Mercader.

   El Juez Asociado Se. FeaNOO Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de nnos herederos voluntarios que • promovieron el juicio de abintestato y solicitaron el nombramiento de un administrador judicial.

En apoyo de la solicitud se alega que José Orriola Pérez, hermano' y tío legítimos, respectivamente, de los peticiona-rios, falleció en Arecibo el 3 de enero, 1922, estando casado con Cruz Cintrón, de cuyo matrimonio no tuvieron hijos; que el finado no otorgó testamento y por decreto de 12 de septiembre de 1922 los peticionarios fueron declarados here-deros abintestato del finado, así como a la viuda en su cuota viudal usufructuaria; que el finado dejó bienes sujetos a partición, indivisos todavía, porque la viuda se opuso a ello, reteniendo los mismos y percibiendo las rentas y que el valor de los bienes es de $5,000.

La corte inferior desestimó la solicitud y dictó la si-guiente resolución, que dice:

“Por presentado el anterior escrito solicitando administración Judicial de los bienes relictos al fallecimiento de José Orriola Pérez.
“Por cuanto: los promoventes hermanos y sobrinos del finado José Orriola Pérez, carecen de derecho de acción para la solicitud establecida, toda vez que, no aparece formulada ni suscrita por la cónyuge del finado, y que los peticionarios no son herederos forzosos ni testamentarios.
“Por cuanto: en la solicitud no se determina la naturaleza de los bienes sujetos a partición, ni se acompañan los títulos de los mismos.
“Visto el artículo 23 de la Ley de Procedimientos judiciales, e incisos 3 y 5 del mismo;
“Se desestima la solicitud de Administración Judicial presen-tada.’'

Los peticionarios interpusieron el presente recurso y se-ñalaron corno errores las mismas razones legales que tuvo la corte inferior para fundar su resolución.

De acuerdo con los términos de la solicitud no se trató en este caso de la promoción del juicio de testamentaría sino del de abintestato. La ley referente a procedimientos le-gales especiales, aprobada en marzo 9 de 1905, enumera en el artículo 23 las personas que pueden solicitar la adminis-tración judicial de los bienes de un finado y define los requi-sitos que se deben hacer constar en la petición. Y el si-guiente artículo 24, tal como fué enmendado según la ley de 8 de marzo de 1906, dispone:

“Si el testador hubiese prohibido expresamente en el testamento a los herederos voluntarios y legatarios de partes alícuotas una ad-ministración judicial de sus bienes, y hubiese nombrado una o más personas, facultándolas para que, con el carácter de albaeeas, comi-sionados o contadores partidores, practicasen las operaciones divi-sorias de dichos bienes, no podrá decretarse la administración judicial de éstos.
“Los acreedores que tengan asegurados sus créditos y aquellos a quienes los deudores dieren fianza bastante para responder de sus créditos independientemente de los bienes del finado, no tendrán de-recho a pedir la administración judicial.”

Según esta disposición, la prohibición en cuanto a herede-ros voluntarios, de instituir el juicio universal de testamen-taría, se limita a cuando lo prohíbe expresamente el testa-dor y no en otro caso. De aquí resulta que menos podía existir tal prohibición tratándose de herederos voluntarios abintestato en que menos podía conocerse la voluntad del fi-nado por la falta de disposición testamentaria. La ley no podía establecer tal prohibición, ni podía ser de otro modo toda vez que las prescripciones de la Ley de Procedimientos Legales Especiales en lo que se refieren a esas clases de jui-cios especiales provienen en su letra y espíritu de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española', y Manresa, al comentar la disposición, relativa a los herederos reconocidos que tienen derecho a solicitar nna administración judicial, dice:

“En las testamentarías no puede intervenir el juez cuando el testador lo haya prohibido expresamente, según los arts. 1039 y 1041; pero como en los abintestatos no puede mediar esa prohibición, por no existir testamento, es obligatoria la intervención judical, o su continuación, siempre que la solicite alguno de los herederos ya reconocido, o el cónyuge sobreviviente. En estos casos continuará la intervención si se hubiere prevenido él juicio de abintestato, y no habiéndolo prevenido antes de la declaración de herederos, se pro-cederá en la forma que se ordena para el juicio de testamentaría en los arts. 1055 y siguientes.” Manresa, Comentarios de la Ley de Enj. Civil Española, cuarto tomo, pág. 341.

En cuanto al error señalado de que la 'corte sostiene- que no se determina la naturaleza de los bienes sujetos a par-tición, ni se acompañan los títulos de los mismos, creemos que el apelante no tiene razón. Los peticionarios no han cumplido con la prescripción del estatuto en ese extremo. El citado artículo 23 en su inciso quinto dice que se debe ha-cer constar en la solicitud “que la persona finada dejó bie-nes sujetos a partición con expresión de la cuantía y natura-leza de dichos bienes,” y en este caso la solicitud sólo ex-presa en bulto la cuantía sin expresar la naturaleza de- los bienes. La ley siempre tiene un fundamento racional y tiene su fin, y una de las razones aquí de ese precepto es para- que el juez inferior tenga una base para fijar la fianza que habrá de prestar el administrador que se nombre conforme se pre-viene en el artículo 32 de la misma Ley de Procedimientos Legales.

No queremos decir, sin embargo, que sea necesario acom-pañar los títulos de los bienes, pero cuando no se fija la na--turaleza de los mismos, como ocurre ahora, claro es que los títulos hubieran tal vez suplido la deficiencia de la solicitud en ese punto. De todos modos este no es defecto fatal y puede ser objeto de una enmienda. .. :

Por virtud de todo lo expuesto debe modificarse la reso-lución apelada en el sentido de que debe concederse, como se concede, al peticionario un término de diez días contado a partir del en que esta sentencia sea registrada en la corte inferior, y así modificada, se confirma' por el último de sus fundamentos.

Confirmada la resolución apelada, modificándola.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutcbison.


text:
    Sucesión Arrarás, Demandante y Apelada v. Figueroa et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre acción posesoria.
    No. 2742.
    Resuelto en abril 2, 1923.
    Reivindicación- — Posesión—Actos de Dominio — Prueba.-—Demostrando la prueba que la demandante venía en posesión de la finea reclamada a título de dueña, sin que los demandados que se introdujeron en ella y ejecutaron actos de dominio presentaran título de propiedad alguno referente a la misma, no es necesario investigar si es perfecto o no el título de la demandante y debe confirmarse la sentencia dictada a su favor por la corte de distrito.
    Id. — Costas.—No obstante no haberse concedido todo lo pedido en la demanda, dados los actos de verdadera usurpación realizados por los demandados, la condena de costas es procedente.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. A. A. Vázquez.

    Abogados de la apelada: Sres. Benet & Sou front.

   El Juez Presidente Sr. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Alegando ser dueños de cierta finca rústica y haber sido perturbados en la posesión material de la misma por los de mandados, los demandantes iniciaron este pleito en solicitud de una sentencia que declarara su derecho y ordenara a los demandados el desalojo de la finca dejándola a la libre dis-posición de sus dueños y el pago de seiscientos dólares por los frutos percibidos indebidamente.

Los demandados contestaron negando en general todos los hechos de la demanda y alegando como materia de opo-sición :

“ (a) La mercantil ‘Diez y Arrarás’ no tuvo nunca título alguno sobre la finca descrita en la demanda;
“(Z>) La finca que la demandada Francisca Rosado posee en el barrio Playa, es la que ella tiene inscrita en dominio en el Registro de la Propiedad de Mayagüez, al folio 192 del tomo 27 de Añasco finca No. 1239, inscripción primera.”

Fue el pleito a juicio, se practicó una larga prueba y la corte finalmente dictó sentencia en favor de los demandantes, con excepción del pago de la suma reclamada por frutos per-cibidos indebidamente. No conformes los demandados inter-pusieron el presente recurso de apelación, señalando la co-misión de dos errores: uno, el cometido al apreciar la prue-ba, y otro, al imponer las costas.

Hemos examinado cuidadosamente la prueba practicada y de ella resulta que la finca de que se trata fue adquirida por Antonio Diez allá por el año de 1888 por compra a (ras-par Eivera. Diez la vendió a Balbina Yaque. Esta la vivió por algún tiempo y no habiendo podido pagar el precio la devolvió a Diez, que entonces formaba parte de la sociedad Diez y Arrarás, pasando la finca a ser de la propiedad de dicha sociedad. Disuelta ésta, por escritura de 12 de julio de 1905 se adjudicó al socio Arrarás, y muerto Arrarás en 1916, pasó a sus herederos, los demandantes.

Hay una circunstancia que introduce alguna confusión. En la venta primitiva a Diez y en la adjudicación a Arrarás se habla de una finca de una cuerda. De hecho se trata de una finca de cuatro cuerdas y setenta y un céntimos de otra. La finca.colinda con el mar y con un caño y se sostiene que el exceso ha sido ganado por accesión. Pero esa circunstan-cia, dada la posición asumida por los demandados dentro del pleito, en nada puede favorecerles. La finca, en su ex-tensión actual, fué poseída pacíficamente por los demandan-tes y sus antecesores y por éstos sembrada de palmas de coco y árboles frutales, y no teniendo los demandados nin-gún título adverso que oponer, están obligados a respetar la posesión de los demandantes.

Los demandantes probaron además que desde bacía cua-tro años los demandados Manuel, Guillermo, Angel y Eduardo Figueroa y Dionisio Nieto arrancaron la maya de la colindancia de la finca, penetraron en ella, construyeron una pequeña casa y tumbaron los cocos de las palmas y se apoderaron de ellos. La evidencia no demuestra un despojo total de la propiedad, pero sí demuestra una usurpación del derecho de propiedad continuado por más de un año pene-trando los demandados en la finca y apoderándose de sus productos. El conflicto existe, se ba ventilado en un juicio ordinario, amplio, y, al resolverlo en forma definitiva, actuó debidamente la corte de distrito.

En algo estamos conformes con los apelantes y es en que no se demostró cumplidamente acto alguno realizado por la demandada Francisca Rosado que justifique la sentencia dic-tada en contra suya. Sólo existe la manifestación, objeta-da por el abogado de los demandados, del testigo Victo-riano Guzmán, encargado de la finca, que contestando a una pregunta del abogado de los demandantes, dijo:

“Yo fui a ver qué pasaba porque iban arrancando las mayas porque habían penetrado por la parte de adentro y entonces ellos me dijeron que habían entrado con permiso, de Francisca Rosado.”

Esa manifestación quizá sea el reflejo de toda la verdad de este caso, pero por sí sola no es bastante para condenar a Francisca Rosado.

Ya fiemos expuesto cómo contestaron los demandados. En el acto de la vista se limitaron a presentar como prueba una resolución de la corte de distrito declarando justificado el dominio de una cuerda y media de terreno a favor de Francisca Rosado. No se demostró que esa cuerda y media estuviera enclavada dentro de los límites del terreno recla-mado como suyo por los demandantes y poseído por ellos en la forma que se ha indicado. Los demandados negaron que ellos hubieran realizado los actos de intromisión en tierra ajena y apoderamiento de sus productos que alegó la de-manda que habían cometido. No sostuvieron que entraron en la tierra de que se trata y tomaron sus productos por ser propios o con la autoridad de su dueño.

En cnanto a la condena de costas, sólo diremos que dados los actos de verdadera usurpación realizados por los de-mandados, excluida de la sentencia la demandada Eosado, nos parece enteramente justa, no obstante no haberse con-cedido todo lo pedido en la demanda.

Conviene hacer constar que a pesar de haberse eliminado al comenzar el juicio a Eduardo Figueroa como demandado, continúa figurando Como tal en el encabezamiento del pleito.

Por virtud de todo lo expuesto, debe confirmarse la sen-tencia apelada en cnanto a los demandados Manuel, Guillermo y Angel Figueroa y Dionisio Nieto, y revocarse en cnanto a la demandada Francisca Eosado.

Confirmada en parte y en parte revocada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey, Hutchison y Franco Soto.