author: El Juez Asociado Seños, Hutchisoe,

text:
    Fermina Isabel Anaud Viuda de Blanco, demandante-apelada-apelante, v. José Martínez González, Eladio YenderrOzo e Ignacio Cabo Rodríguez, demandados-apelantes-apelados.
    No. 4481.

    Sometido: Mayo 24, 1929.

      Resuelto: Febrero 28, 1930.

      M. Tons Soto y Samuel B. Quiñones, abogados de la apelante; A. B. de Jesús, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Seños, Hutchisoe,

emitió la opinión del tribunal.

En abril de 1921, Ramón Pórtela tomó en calidad de préstamo de doña Josefa Empierre la cantidad de dos mil dólares, y otorgó hipoteca sobre una casa y solar situados, en Santurce para garantizar el pago de esa cantidad con intereses ál tipo del 1 por'ciento mensual, No se hizo men-ción de costas y honorarios de abogado en el documento.

En mayo de 1923, doña Josefa cedió esa-hipoteca a José Martínez González. Al mismo tiempo, se prorrogó el término de la hipoteca hasta el 30 de mayo, 1925. Ramón Pórtela fué parte en. la escritura, la que contenía la siguiente cláusula: ‘‘Se señala la suma adicional de doscientos dólares para costas y honorarios de abogados, ampliándose la hipoteca hasta dicha suma.”

El mismo día, Ramón Pórtela cedió en arrendamiento la finca hipotecada a José Martínez por un término de dos años que expiraría el 7 de mayo de 1925, a un canon mensual de treinta dólares.

Posteriormente, Ramón Pórtela vendió la propiedad a doña Fermina Isabel Anaud, residente en España, y desde entonces siguió, como agente y apoderado de ella, cobrando el canon mensual y pagando los intereses del gravamen al tipo convenido del 1 por ciento, o sea, veinte dólares men-suales. Martínez pagaba mensualmente diez dólares — la diferencia entre el plazo mensual de interés y el canon mensual — , firmaba un recibo por los veinte dólares así entregádosle como intereses de la hipoteca, y tomaba un recibo por los treinta dólares adeudados por concepto de arrendamiento. Con una sola excepción a que posterior-mente se hará referencia, los recibos de los cánones fueron suscritos por Ramón Pórtela como agente y apoderado de doña Fermina Isabel Anaud.

El 15 de mayo de 1925, doña Fermina Isabel Anaud, por medio de su agente y apoderado Ramón Pórtela, notificó por escrito a José Martínez que el arrendamiento había expirado, y solicitó se le reintegrara en la posesión del inmueble tan pronto como fuese posible.

Al finalizar el mes, José Martínez se negó a aceptar un recibo del arrendamiento firmado “Fermina Isabel. Anaud, por María Luisa Blanco Anaud,” hasta tanto Rafael Pórtela, hermano y socio de Ramón, endosara en él la aseveración de <!ue la cantidad allí designada había sido cobrada por él. José Martínez tomó entonces el recibo y suscribió otro por el plazo adeudado de los intereses de la hipoteca correspon-diente al mes de mayo.

En junio 2, un notario solicitó de José Martínez que fuese .a su bufete el 23 de junio para que recibiera dos mil dólares (el principal adeudado de la hipoteca) y para que firmara una escritura de cancelación y pago.

El 3 de junio, Martínez radicó una petición para la ejecu-ción sumaria del gravamen. Se solicitó la expedición de un auto de requerimiento de pago de dos mil dólares como principal,- veinte y cinco dólares por los intereses adeudados hasta el 30 de mayo, y doscientos dólares como indemnización para costas, desembolsos y honorarios de abogado. Se ex-pidió el auto con fecha 6 de junio, y fué diligenciado el 20 del mismo mes. La notificación se le hizo a María Blanco, en-el número 34 de la Calle de la'Luna, de San Juan, como la persona a cargo de la finca hipotecada de Santurce.

María Luisa Blanco era esposa de Ramón Pórtela e.hija de doña Fermina Isabel Anaud. Ella no era el agente o representante autorizado de su madre o de su esposo. Tam-poco estaba ella a cargo de la finca hipotecada.

Un escrito fechado el 25 de junio y radicado el 26, expresa que el 6 de junio se había requerido a la demandada Fermina Anaud para qne pagara los dos mil dólares de la hipoteca, y. que ella había ofrecido esta cantidad al demandante, quien había rehusado1 recibirla. Este escrito estaba firmado “Fer-mina Isabel Anand, por Eafael Pórtela,” y estaba acompa-ñado de una consignación de dos mil dólares a la orden de José' Martínez. Terminaba solicitando que se declarase que la consignación había sido debidamente hecha, y que se ordenase al peticionario que otorgara escritura de cancela-ción y pago, condenándosele a satisfacer las costas. El de-mandante indicó estar dispuesto a aceptar los dos mil dólares en pago parcial de la suma total reclamada por él, ascendente a $2,225, y solicitó una orden autorizando la expedición de un cheque por la cantidad consignada.

El 19 de agosto, el juez de distrito ordené al Secretario que librara un cheque pagadero a la orden de José Martínez por el importe de la consignación para abonar a su crédito de $2,225.

El 21 de julio, el peticionario solicitó una orden decretando la venta de la finca hipotecada para satisfacer los intereses desde el Io. hasta el 30 de mayo y la indemnización de dos-cientos dólares para costas, gastos y honorarios de abogado. Al día siguiente, la corte ordenó la venta, la que se efectuó el 18 de agosto.

El peticionario fué el único postor y se le adjudicó la propiedad por mil doscientos dólares. De esa cantidad, se abonaron doscientos veinticinco dólares en pago de su recla-mación por los intereses acumulados y de la partida de doscientos dólares para costas, gastos y honorarios de abo-gado. Satisfizo el balance de novecientos setenta y cinco-dólares en efectivo.

La escritura del márshal fué otorgada en octubre 10, y el mismo día José Martínez traspasó la finca a Eladio-Yenderrozo.

Doña Fermina Isabel Anaud entonces entabló acción contra Martínez para que se declarase nulo e ineficaz el procedí-miento ejecutivo sumario. Posteriormente, por demanda complementaria, Yenderrozo fné hecho parte demandada. El 14 de noviembre, el registrador de la propiedad se negó a efectuar nn asiento permanente de Us pendens, pero tomó anotación preventiva por ciento veinte días. El 21 de noviembre, Yenderrozo traspasó la finca de que se trata a Ignacio Cabo Rodríguez, quien también fué llevado al pleito a virtud de otra demanda complementaria.

La corte inferior declaró nulo e ineficaz el procedimiento ejecutivo hipotecario, y, más específicamente, resolvió que carecían de valor y eficacia los siguientes:

1. El auto de requerimiento dirigido a la demandada, y la orden decretando el remate de la finca hipotecada.

2. El mandamiento expedido al márshal requiriéndole el cumplimiento de dicha orden de remate, y todas las diligen-cias practicadas por él a virtud de ese mandamiento, inclu-yendo la subasta y la adjudicación del inmueble hipotecado.

3. La escritura otorgada por el márshal a favor de José Martínez González. Y,

4. El traspaso simulado de la finca por Martínez a Yen-derrozo.

Ordenó que se cancelara en el registro la inscripción de. la escritura del márshal a favor de Martínez González, y de cualquier asiento que se hubiese extendido en cuanto a la enajenación hecha por Martínez a favor de Yenderrozo.

Se resolvió que Ignacio Cabo Rodríguez era un comprador de buena fe y un tercero inocente respecto de las cuestiones alegadas en la demanda enmendada y en las complementarias.

El pronunciamiento final sugiere que la situación resul-tante en relación con él debe regirse por el artículo 370 del Código Civil.

Ambas partes han apelado.

Los demandados dicen ahora que el defecto en el óiligenciamiento del requerimiento de pago fué subsanado por la comparecencia voluntaria de la demandada al consignar los dos mil dólares.

El remedio elegido por Martínez “era rin procedimiento sumario, especial y ex parte, y debieron observarse estricta-mente las prescripciones de ■ la Ley Hipotecaria y sn regla-mento;” Arvelo v. Banco Territorial y Agrícola, 25 D.P.R. 728, 741.

Puede admitirse que la llamada comparecencia de la de-mandada en ese procedimiento, de haber sido hecha por un abogado en una acción ordinaria, hubiese equivalido a una comparecencia general. Si la misma regla debe aplicarse o no a un procedimiento sumario, es, por lo menos, una cuestión debatible.

Bafael Pórtela no era abogado. No había presunción alguna de agencia. El no estaba autorizado por la deman-dada para hacer una comparecencia general a nombre de ella.

Tal vez cualquier persona ajena a un procedimiento sumario de ejecución de hipoteca pueda consignar la cantidad realmente adeudada por el demandado en el mismo y llamar la atención de la corte hacia el hecho de que esa consignación se ha efectuado. No se desprende de esto que pueda desem-peñar el papel de un abogado y conferir a la corte jurisdicción sobre la persona del demandado al solicitar un remedio afirmativo.

No podemos convenir con el criterio de los apelantes de que la falta de jurisdicción fue suplida por el escrito radicado por Bafael Pórtela al tiempo de hacer la consignación.

Tampoco deseamos que se infiera de lo dicho en los pá-rrafos anteriores que la notificación defectuosa de un reque-rimiento de pago puede ser subsanada por la comparecencia de los demandados, ora sea tal comparecencia general o especial.

La reclamación por intereses desde el Io. al 30 de mayo, por los cuales al acreedor hipotecario había firmado un recibo, fué una falsedad deliberada y un fraude y un engaño hacia la corte. La orden de venta se basaba en esa reclamación falsa y fraudulenta, y debe ser declarada nula y sin efecto legal alguno.

Los $200 designados por las partes e incluidos en la hipoteca eran una suma máxima, siendo la intención que ésta comprendiera tanto las costas como los honorarios de abogado ■ al ser fijados y concedidos por la corte, y no una cantidad líquida o una penalidad. Vidal Sánchez v. Corte de Distrito, 40 D.P.R. 106.

Todo el procedimiento fue absolutamente nulo.

Los demandados y apelantes se basan en Paniagua v. Corte de Distrito, 34 D.P.R. 674; 25 Cyc. 1452; y 17 R.C.L. 1028, 1036, en relación con los artículos 27 y 34 de la Ley Hipotecaria, en apoyo de la teoría de que Cabo Rodríguez fué un comprador inocente y de que no quedaba obligado por el aviso de lis pendens.

Los artículos 27, 33 (y 34, en lo pertinente) leen como sigue:

“Art. 27. — Para los efectos de esta ley se considera como tercero aquél que no baya intervenido en el acto o contrato inscrito.
“Art. 33. — La inscripción no convalida los actos o contratos que sean nulos con arreglo a las leyes.
“Art. 34. — No obstante lo declarado en el artículo anterior, los actos o contratos que se ejecuten u otorguen por per'sona que en el Registro aparezca con derecho para ello no se invalidarán en cuanto a tercero, una vez inscritos, aunque después se anule o resuelva el derecho del otorgante en virtud de título anterior no inscrito o de cauisas que no resulten claramente del mismo Registro. . ■”

Las últimas palabras citadas se refieren a cuestiones de hecho y no de derecho. Se presume que un tercero conoce la ley.

“. . . En otras palabras, si el Registro anuncia cierto estado de hechos que hace que el título sea nulo, o sujeto a ser atacado en derecho, el comprador que descansa en la inscripción recibe bu título sujeto a cualesquiera consecuencias que puedan surgir ante la ley de los hechos así anunciados.” Ochoa v. Hernández, 230 U. S. 139, 164. Yéa'se también 2 Morell, Legislación Hipotecaria, págs. 617, 619 y 620. '

Las circunstancias excepcionales en que se permite a un deudor hipotecario atacar cualquier alegación contenida en el documento inicial del procedimiento ejecutivo sumario aparecen enumeradas en el artículo 175 del Reglamento, así:

“1 — Si se justificare documentalmente la existencia de un proce-dimiento criminal por falsedad del título hipotecario en cuya virtud se proceda, en que se haya admitido querella o dictado auto de pro-cedimiento.
“2. — Si se interpusiere una tercería de dominio, acompañando inexcusablemente con ella título de propiedad de la finca de que se trate, inscrito a favor del tercerista con fecha anterior a la inscrip-ción del crédito del ejecutante y no cancelado en el registro.
"3. — Si se presentare certificado del registrador, expresivo de que-dar cancelada la hipoteca en virtud de la cual se proceda, o copia auténtica de la escritura pública de cancelación de la misma, con la nota de presentación en alguno de los registros en donde se haya de tomar razón de ella, otorgada por el actor o por sus causantes o eausahabientes, acreditándose también documentalmente el título de transmisión en su ca'so.”

Además, el mismo1 artículo dispone expresamente que:

“Todas las demás reclamaciones que puedan formular, así el deudor como los terceros poseedores y lo's demás interesados, incluso las que versaren sobre nulidad del título o de las actuaciones, o sobre vencimiento, certeza, extinción o cuantía de la deuda, se ven-tilarán en el juicio plenario que ’ corresponda, 'sin producir nunca el efecto de suspender ni entorpecer el procedimiento ejecutivo.”

Excepto en los tres casos insignificantes especificados en el artículo 175, las manos de un deudor hipotecario están atadas. No tiene oportunidad de ser oído. Dehe hacer frente al requerimiento de pago en su totalidad o permitir que su propiedad sea vendida. El procedimiento es pura-mente ex parte. Esto ha sido resuelto tan frecuentemente en nuestra jurisdicción y en casos anteriores de Louisiana, que no es necesario citar autoridades.

En el presente caso no hay cuestión alguna de “una escri-tura anterior no inscrita.” Según el Registro la deman-dante era dueña de la finca hipotecada hasta que se inscribió la escritura de enajenación otorgada por el marshal a favor de Martínez. La demandante no fué despojada de su título por dicha escritura ni por el procedimiento sumario ex parte que precedió al otorgamiento de la misma.

Que la finca fué adjudicada a Martínez como 'único postor y comprador, que él fué el acreedor hipotecario en un pro-cedimiento ejecutivo sumario, y que la finca había sido vendida por Martínez a Yenderrozo, quien vendió a Cabo Rodríguez, son hechos que aparecían claramente del Registro. Rodríguez, por tanto, tenía conocimiento de que el título de Martínez, y en consecuencia, su propio título, dependían de la validez del procedimiento ejecutivo. El sabía que si el procedimiento ejecutivo era nulo, Martínez nada tenía que traspasar a Yenderrozo y que Yenderrozo no podía vender lo que no poseía. Fuera de cualquier cuestión de lis pendens, o de aviso implícito del mismo, Rodríguez aceptó la escritura otorgada por Yenderrozo, al igual que Yenderrozo aceptó la escritura otorgada por- Martínez y de la misma manera que Martínez aceptó la escritura del márshal, con sujeción al derecho del deudor hipotecario de atacar el procedimiento ejecutivo instituyendo la acción plenaria a que hace referencia el artículo 175, supra, y al resultado de tal acción.

Resolver lo contrario sería despojar al deudor hipotecario de su único remedio por cualquier daño que pueda ocasionarle un acreedor hipotecario al amparo de un procedimiento ejecutivo sumario, le privaría de su día en corte, tal cual hoy existe, y convertiría el procedimiento ejecutivo sumario en inconstitucional. Jiménez v. Brenes, 10 D.P.R. 128; Bianchi v. Morales, 262 U. S. 170.

De lo que antecede se desprende que Cabo Rodríguez no era ante los ojos de la ley un tercero inocente, o un comprador de buena fe, y el artículo 370 del Código Civil nada tiene que ver con este caso.

La sentencia apelada deloe revocarse en parte, y después de dictarse nuestra sentencia en substitución de la parte dsí revocada, se confirma en todos sus demás particulares.

El Juez Asociado Señor Aldrey no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor del Tobo,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pedro Polanco, acusado y apelante.
    No. 3986.

    Sometido: Febrero 21, 1930.

      Resuelto: Marzo 3, 1930.

      Juan Valldejuli, abogado del apelante; R. Á. Gómez, abogado da El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Se acusó a Pedro Polanco de que “ilegal, voluntaria y maliciosamente, vendía, ofrecía y tenía en venta y transpor-taba como buena, con el fin de dedicarla al consumo Rumano, leche adulterada con agua,” en la fecha y sitio expresados en la acusación. Celebrado el juicio la corte condenó al acu-sado a pagar veinte y cinco dólares de multa.

Sosteniendo la apelación que interpuso, el acusado por suj abogado archivó un largo alegato y argumentó extensamente en el acto de la vista del recurso alrededor de la insuficiencia de la prueba. Analizada ésta creemos que demuestra de modo terminante que en el puesto de leche con licencia a nombre de Domingo Alvarez situado en la calle Mayol, Parada 26, Santurce, en la madrugada del 19 de junio de 1929 se tenía y ofrecía a la venta y en efecto se vendió por el acusado que en ese momento era la única persona que se encontraba a cargo del depósito leche adulterada con agua.

La prueba de la defensa consistió en varios testigos, entre ellos Domingo Alvarez y el propio acusado, que declararon que el acusado que vivía en los altos de la casa en que estaba e] depósito, bajó a comprar una leche y como Alvarez no tuviera menudo salió a buscarlo, saliendo también el peón, quedando el acusado a súplicas de Alvarez al cuidado del puesto y así se encontraba cuando llegaron los inspectores de sanidad. La versión no fue creída por la corte. Ella contra-dice la presunción que surge dé los actos mismos del acusado al colocarse al frente del puesto no meramente a vigilar sino a vender leche como aseguran los testigos de cargo. La corte no estaba obligada a aceptar como cierta la versión del acusado y resolvió el conflicto en pro de la presunción sin que se haya demostrado que al actuar así lo hiciera movida por prejuicio, pasión o parcialidad o cometiera error mani-fiesto.

Se observan algunas contradicciones entre los testigos de cargo. Fueron repreguntados extensa y hábilmente por el abogado que defendió al acusado en el juicio quien es el mismo que formula el- alegato y esas contradicciones se hacen resaltar en éste, pero no estamos convencidos de que sean esenciales y de que destruyan la fuerza probatoria de dichos testigos.

Con respecto a la prueba de la adulteración parece tan ^vidente que ni se discute siquiera.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Peesidente Señor del Tobo,

text:
    Caribbean Casualty Company, demandante y apelante, v. Juan G. Gallardo, en su carácter de Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado; Caribbean Casualty Company, demandante y apelante, v. Juan G. Gallardo, en su carácter de Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Nos. 4603 y 4703.

    Sometidos: Junio 6, 1929.

      Resueltos: Marzo 5, 1930.

      Jaime Bifre Jr., Horacio Pranceschi y Diego O. Marrero, abogado's de la apelante; Attorney General James B. Beverley y Ricardo A. Gómez, Sulbprocurador, abogados del apelado.
   El Juez Peesidente Señor del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.'

Consideraremos en una sola opinión estas dos apelaciones interpuestas contra la sentencia de diciembre 17, 1927, por virtud de la cual se declaró la demanda sin lugar, y contra la resolución de marzo 26, 1928, que negó el nuevo juicio solici-tado por la parte demandante en este pleito.

En la demanda se.alegó que la demandante es una corporación organizada de acuerdo con las leyes de Puerto Eieo; que a mediados del 1924 el Tesorero de la Isla preparó una planilla y en ella consignó como propiedad de la demandante sujeta al pago de contribución lo que sigue: “Efectivo en caja, $15,160; Franquicias, $2,150; Propiedades basta completar el capital, $228,020;” que de acuerdo con la planilla el Tesorero notificó a la demandante haberle impuesto nna contribución para el año 1924 a 1925 de $5,127.40; que no conforme la demandante recurrió para ante la Junta de Revisión e Igualamiento que confirmó la tasación del Tesorero y que requerida de pago satisfizo de buen grado $863.98 que creyó justos y el resto de $4,263.45 bajo protesta. Hasta aquí los hechos alegados por la demandante se aceptan por el demandado.

Alegó además la demandante que su capital consiste en: ‘‘1,950 acciones de Yabucoa Sugar Co. de un valor en el mer-cado de $70 cada una, $136,500;- 900 acciones del Banco Territorial y Agrícola de Puerto Eico a $81 cada una, $72,900; 10 acciones Compañía Azucarera del Toa a $85 cada una, $850; 45 acciones de la Central Cámbalacbe a $650 cada una; $29,250; 700 acciones Central Pasto Viejo, Inc., a $15, 10,500; Total, $250,000;” que la contribución que se le impuso es ilegal, arbitraria e injusta porque lo fué sobre su capital consistente en su mayor parte en acciones de otras corpora-ciones domésticas ya tasadas y sobre las cuales se babía im-puesto la correspondiente contribución original; que le favo-recen las disposiciones de los artículos 291 y 320 del Código Político; que lo que se le ba impuesto es una doble contri-bución, y que su única propiedad que está sujeta a -contribu-ción asciende a $41,337.32 y está formada por el efectivo en caja $39,187-20 y el mobiliario valuado en $2,150.

Las últimas alegaciones fueron negadas por el demandado que sostiene la legalidad de la contribución, impuesta por haberlo sido sobre el capital en acciones y sobrantes no divi-didos de la demandante y no sobre acciones de otras com-pañías domésticas que hayan sido tasadas y sobre las cuales se baya impuesto contribución.

Fué el pleito a juicio. Declaró el tesorero de la corpo-ración demandante que la contribución se pagó de acuerdo con la distribución hecha por el Tesorero de Puerto Eico así: capital en acciones, $200,000 y sobrantes $43,330; que la corporación tenía el 15 de enero de 1924 “un capital en acciones de doscientos mil dólares;” que “ése es el capital en que está invertido el capital. Quiero explicar, porque aquí hay un sobrante de cincuenta mil pesos, que es un sobrante pagado; las acciones se pagaron ciento veinte y cinco pesos en vez de cien pesos, para formar un sobrante pagado, para mejor cumplir con la ley de seguros, un sobrante de cincuenta mil pesos, y en esa fecha no sería esa cantidad porque una liquidación daría una merma pequeña de ese sobrante. El activo representa ese mismo capital. Tenía 1,950 acciones de la Yabucoa Sugar Co., 900 del Banco Territorial y Agrí-cola ; 10 de la Compañía Azucarera del Toa; 45 de la Central Cambalache y 700 de la Central Pasto Viejo Inc., a las cuales se le dió una valoración de acuerdo con el valor del mercado en aquella fecha, de la misma cantidad del capital y sobrante, o sea, 250 mil dólares;” que <£la ley de seguros de Puerto Pico exige que las compañías de seguros inviertan su capital en ciertos valores que están especificados en la ley. Al hacer; esa inversión se consultó con el superintendente de seguros que es el mismo Hon. Tesorero de Puerto Pico y éste fijó un valor del mercado en esa fecha, de esas acciones, aprobado por él, después de consultar las fuentes de información, y eso se hizo para cumplir con la ley de seguros, de que tuviera su capital invertido en ciertos valores que la- ley determina, y se hizo esa inversión;” que “la Caribbean Casualty Co., parece que no rindió planilla y la Tesorería la hizo de oficio.”

Luego declaró J. Martínez Chapel, tasador de corpora-ciones de la Tesorería de Puerto Pico, así:

“P. — Mostrándole la notificación de tasación, puede decirnos el testigo cuál es la base de la tasación durante ese año? — R.—La base de capital y el 'sobrante. — P.—En acciones? — R-—Sí, señor, que está en acciones y el sobrante. — P.—Se ha tomado en consideración, al hacer esa tasación, la propiedad en que está invertido el capital de la corporación —R.—Indudablemente que no. Se tomó en cuenta el valor de las acciones y el sobrante, las ganancias no divididas de la corporación, en ese año, que llegan a una tasación de $245,330.— P. — Se ha tomado en cuenta la inversión que representa ese capital y sobrante?- — R.—Sí, señor.”

La demandante introdujo entonces como evidencia certi-ficaciones demostrativas de que “The Yabucoa Sugar Co.,” el “Banco Territorial y Agrícola,” la “Compañía Azucarera del Toa,” la “Central Cambalache” y la “Central Pasto Viejo” eran todas corporaciones domésticas, y de que fueron tasadas para la imposición de contribuciones el banco “ sobre la base de su capital en la suma de $1,305,650 repartido en la siguiente forma: Capital en acciones $1,200,000, sobrante, $100,000 y ganancia no dividida $5,650”; la Yabucoa “sobre la base de su propiedad en la suma de $2,209,680”; la Toa “sobre la base de su propiedad en la suma de $1,572,790;” la Cambalache “sobre.la base de su capital, en la suma de $2,782,970 repartido en la siguiente forma: capital en ac-ciones $2,160,000, bonos $327,400, sobrante $280,000 y ganancia no dividida $15,570” y la Pasto Viejo “sobre la base de su propiedad en la suma de $1,700,780.”

Sometido así el caso a la corte de distrito lo resolvió por sentencia de 17 de diciembre 1927 declarando la demanda sin lugar. Parece conveniente transcribir lo que sigue de la opinión que sirve de base a la sentencia:

“La contribución en el presente caso fué impuesta según apa-rece, sobre la base del capital en acciones y ’sobrante no divididos y aun cuando la prueba de la demandante ha demostrado que las corporaciones domésticas y compañía en las cuales tiene sus accione^ la demandante hasta la suma de $250,000.00, fueron tasadas para la imposición de contribuciones para el año económico 1924 — 1925, no se ha demostrado de modo específico que estuvieran sujetas al pago de contribuciones por dichas acciones, ni la 'corte puede presumirlo por el hecho de haber sido ta’sadas dichas corporaciones y compañía, unas sobre la base de su propiedad y otras del capital. Véase Porto Rican American Insurance Co. vs. Gallardo, 37 D.P.R. 114.
“Por otra parte, el Artículo 320 del Código Político citado por la demandante, expresamente dispone que las acciónete en el capital de bancos e instituciones bancarias serán tasadas a nombre de sus dueño’s, y sólo cuando éstos no satisficieran las contribuciones, es que el banco es responsable, y tampoco se ha demostrado que el Banco Territorial y Agrícola pagara por la demandante.”

Así las cosas la demandante en febrero 7, 1928, solicitó la concesión de un nuevo juicio basándose en prueba nueva-mente descubierta consistente en certificaciones expedidas por el Tesorero de Puerto Rico creditivas de que el banco y las corporaciones mencionadas habían pagado sus contribuciones correspondientes a 1924-25 “bien a base del valor de sus propiedades o bien a base del capital invertido en acciones, más las ganancias no divididas,”.

La corte negó el nuevo juicio porque no se había demos-trado que las certificaciones no pudieron haberse conseguido con anterioridad a la celebración del juicio usando la debida diligencia, y porque “las nuevas pruebas que se dicen des-cubiertas, o sean las certificaciones últimamente expedidas, no podrían cambiar el resultado del juicio, pues era nece-sario que contuvieran la afirmación que las corporaciones en ellas relacionadas estaban sujetas al pago de contribuciones por tales acciones o haberse presentado en el juicio las pla-nillas rendidas por dichas corporaciones y las notificaciones, de tasación a los efectos de la imposición de las contribu-ciones, para determinar si por las acciones de la demandante se había ya impuesto y cobrado la contribución.”

liemos examinado tanto la moción de nuevo juicio como los affidavits en que se basa -y las certificaciones que la acompañan y creemos que la corte de distrito usó debida-mente de su discreción al declararla sin lugar. Salvando algunas excepciones entre las cuales no está este caso com-prendido, hubiera bastado el primer motivo, esto es, que dichas certificaciones no demostraban que se tratara en realidad de prueba nuevamente descubierta, para no. acceder a lo solicitado, pero estamos conformes en que existe además el segundo motivo para la negativa. El hecho de que se pagó la contribución impuesta a que se referían las anteriores certificaciones en nada cambia el problema jurídico a resolver. Ni las certificaciones presentadas ni las acompañadas a la solicitud de nuevo juicio de modo concreto demuestran que se hubiera pagado contribución por las acciones en que empleó casi todo su capital la corporación demandante.

Siendo ése el caso, creemos que se rige, como sostuvo el juez sentenciador, por los principios establecidos en el caso de la Porto Rican & American Insurance Co. v. Gallardo, Tesorero, opinión emitida con motivo de la moción de recon-sideración presentada en el mismo. 37 D.P.R. 114.

Ninguna de las acciones en que tiene invertido su capital la demandante está exenta de contribución por ministerio de la ley, como en el caso de bonos de la libertad, por ejemplo. Las centrales que las emitieron fueron tasadas y pag’aron su, contribución sobre la base de su propiedad,' tierras, maqui-narias, edificios, etc. Lanzaron al mercado sus acciones para obtener dinero y obtenido éste lo invirtieron. En el mercado compró la demandante las acciones para invertir a su vez su capital y es por ese capital así invertido que le permite estar lista para bacer frente a sus obligaciones y que es a la vez fuente de producción, que la contribución se le impone.

El caso de las acciones del Banco Territorial no se dife-rencia del de las acciones de las centrales. Todo lo que las certificaciones demuestran es que el Banco fué tasado para la imposición de contribuciones sobre la propiedad, “sobre la base de su capital en la siguiente forma: capital en acciones $1,200,000, sobrante $11,000 y ganancias no divididas $4,650”, y que “pagó las contribuciones sobre la propiedad que le fueron impuestas.” - Ni un detalle más.

Deien confirmarse la sentencia y la resolución denegatoria de nuevo ■juicio apeladas.


text:
    Germán Ortiz, demandante y apelado, v. Pedro G. Quiñones, demandado y apelante.
    No. 4812.

    Sometido: Marzo 3, 1930.

      Resuelto: Marzo 6, 1930.

      Pedro G. Quiñones, abogado del apelante; Luis H. Tirado, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

La parte apelada presentó una moción solicitando permiso para adicionar a la transcripción la copia de cierta, fianza archivada después de dictada la resolución de que se apela.

La parte apelante se opuso por escrito y oralmente en el acto de la vista de la moción.

Alega la parte apelada en apoyo de su solicitud que si bien la fianza se prestó después de dictada la resolución apelada lo fué en el ejercicio del derecho que le dió la propia resolución de concederle el término de cinco días para sus-tituir la fianza que fué objeto de impugnación.

Técnicamente tiene razón el apelante porque los autos que deben elevarse al tribunal de apelación son únicamente aquellos que contienen las actuaciones que sirvieron de base a la resolución o a la sentencia apeladas.

Quizá pudiera tener importancia lo ocurrido posterior-mente para demostrar que lo que fué en cierto momento una verdadera cuestión en controversia ha quedado reducida a una simple cuestión académica cuya resolución no incumbe a los tribunales de justicia, pero este aspecto de la cuestión no ha sido suscitado.

A virtud de lo expuesto, debe declararse sin lugar la moción de corrección.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Smallwood Brothers, demandante y apelante, v. Agustín Fernández y Laureano Detres, demandados y apelados.
    No. 4803.

    Sometido: Diciembre 17, 1929.

      Resuelto: Marzo 6, 1930.

      Cayetano Coll y Cuchí y L. Polo, abogados de los apelantes; E. Ne-grón Benitez, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Smallwood Brothers instituyó una acción en una corte municipal en cobro de la suma de $405.24 como saldo adeudado de un pagaré, más sus intereses al 12 por ciento y una suma razonable para honorarios de abogado, de acuerdo con una estipulación contenida en el pagaré. La corte de distrito en apelación sostuvo una excepción previa a la demanda por falta de jurisdicción de la corte municipal.

La jurisdicción de las cortes municipales está limitada a la suma de $500, intereses inclusive (Compilación, art. 1173). En el presente caso los intereses vencidos al tiempo de la radicación de la demanda ascendían a menos de $30. Esta suma, unida al saldo adeudado como principal, dejaba un margen liberal para la fijación de una cantidad razonable como honorarios de abogado dentro de la suma jurisdiccional. La sentencia de la corte municipal fué por $405.24, más los intereses y costas. Si se hubiese agregado a la misma la suma de $50 ó más como una cantidad razonable por concepto de honorarios de abogado, la suma total aún hubiese estado rauy bien dentro de la jurisdicción de la corte. Difícilmente podría alegarse, por lo menos por los demandados, que el 10 por ciento del importe en controversia no es una suma razonable para los honorarios de abogado.

Se solicitó sentencia por la cantidad de $405.24, más los intereses, costas y honorarios de abogado. Tal súplica cuando se halla en una demanda radicada en una corte municipal debe interpretarse como una súplica por honorarios que una vez sumados al principal, con los intereses y costas, no exceda la cantidad jurisdiccional.

Debe revocarse la sentencia apelada, declararse sin lugar la excepción previa' y devolverse él caso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.


author: El Juez Asoctado Señor Wolf,

text:
    Pyramid Products, Inc., demandante y apelada, v. Satuenino RodRíguez, demandado y apelante
    No. 4968.

    Sometido: Febrero 5, 1930.

      Resuelto: Marzo 6, 1930.

      E. JBáez García, abogado del apelante; José Salbater, abogado de la apelada.

   El Juez Asoctado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de Mayagüez dictó sentencia desestimando la apelación interpuesta contra sentencia de la Corte Municipal de Mayagüez. La desestimación se basó en la teoría de que cuando el caso llegó a la corte de distrito la parte apelante dejó de solicitar allí que su caso fuese incluido en calendario o en la primera lectura. La lectura fue efectuada sin baber sido incluido dicbo caso.

El apelante sostiene ante este tribunal que cuando el caso llegó a la corte de distrito él pagó el sello exigido por la ley, y que entonces el secretario tenía el deber de incluir el caso en calendario; que de acuerdo con la ley uno de los fines expresos del sello es la inclusión del caso en calendario.

El sello se paga por el derecho de que el caso sea incluido. Gomo en muchas otras cuestiones, el secretario no tiene obli-gación alguna de tomar ninguna parte activa hasta tanto una parte la solicite. La fijación del sello no equivalía, como sostiene el apelante, a la inclusión del caso en calendario, sino que sólo perfeccionaba el derecho a solicitar esa inclusión.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Asociado SeSor Wolf,

text:
    Abintestado de Juan Rabassa, Ex parte; Alfonso Vega, Administrador Judicial apelante, y José Feliciano, acreedor-apelado.
    No. 5046.

    Sometido: Febrero 6, 1930.

      Resuelto: Marzo 7, 1930.

      J. Sabater, abogado del apelante; O. Sonffront, abogado del apelado.
   El Juez Asociado SeSor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Cuando esta corte declara, sin lugar una petición de certiorari diciendo simplemente 4‘No ha lugar,” mny generalmente no se hace referencia a los méritos de una posible apelación. La negativa a expedir el anto puede deberse a qne .no se presentó, ninguna cuestión jurisdiccional o de procedimiento, que existe nn remedio adecuado, etc., o la petición puede ser denegada discrecionalmente por varias razones. Tal negativa nlo sienta base alguna para la argumentación de que una apelación ordinariamente tramitada e]s frívola.

Cuando la corte inferior resuelve que cierta persona es un acreedor preferido y ordena a un administrador que pague tal reclamación preferida, aparece, por lo menos prima facie, que esiste una resolución final de la cual el adminis-trador tiene derecho a apelar. Avalo Sánchez v. Sucn. Díaz, 9 D.P.R. 339; Abarca v. Central Vannina, 23 D.P.R. 566. Por lo menos el apelado no nos ha convencido de lo contrario. Debe declararse sin lugar la moción de desestimación.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Leopoldo Molina, demandante y apelado, v. Santos Rodríguez, demandado y apelante.
    No. 4632.

    Sometido: Abril 30, 1929.

      Resuelto: Marzo 7, 1930.

      Carlos J. Torres j Jorge M. Morales, abogados del apelante; Bolí-var Pag&n, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Leopoldo Molina demandó a Santos Bodríguez en cobro de $1,601.50. Contestó el demandado. Fué el pleito a juicio y la corte analizando la evidencia de una y otra, parte concluyó que se babía probado que el demandado debía al demandante la suma de $725.20 y dictó sentencia ordenando su pago.

No conforme el demandado apeló para ante este tribunal, señalando en su alegato la comisión de tres errores.

Por el primero se sostiene que la corte erró al permitir que el demandante presentara evidencia sin antes haber suministrado al demandado el “bill of particulars” que dicho demandado le pidiera.

En apoyo de su contención invoca el apelante el artículo 124 de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil y la juris-prudencia de California interpretativa de un precepto similar que se resume en 21 Cal. Jur. 69, así:

“De conformidad con el Código, ‘en las alegaciones no es nece-sario que la parte que alega la existencia de alguna cuenta, detalle las partida's de ésta, pero deberá entregar a la parte contraria, dentro de los cinco días de haberla pedido por escrito, una copia de dicha cuenta, o estará impedido de presentar prueba en apoyo de la misma.’ ”

Cita además el apelante otras autoridades en el cuidadoso estudio que hace sobre la materia. Parece conveniente transcribir la que sigue, porque en breves palabras explica la función del “bill of particulars” en nuestro procedimiento. Es así:

“El verdadero objeto que se persigue al ordenarse la presentación de un ‘pliego de particulares’ e's hacer justicia entre las partes, ex-trayendo la verdad de sus manifestaciones discordantes y otorgándo-les facilidades razonables para que comparezcan a juicio enteramente preparados para todo lo que pueda 'ser presentado por la parte con-traria. y esto tiene tanta importancia errando se trata de una simple defensa como cuando sirve de base a una solicitud sobre remedio afir-mativo.” Liscomb v. Agate, 51 Hun. (N.Y.) 288; 4 N.Y. Suppl. 167.

Estamos enteramente conformes con la jurisprudencia in-vocada pero no con que se haya cometido el error que señala el apelante.

Los autos demuestran que, en efecto, el demandado soli-citó del demandante el 10 de septiembre de 1926 un “bill of particulars,” pero demuestran también que ocho días des-pués el demandante radicó en la corte un escrito notificado al demandado oponiéndose a la solicitud por no ser necesario el “bill” ya que en la demanda se detallaban suficientemente el origen y el montante de la cuenta. Y así quedó trabada la contienda sobre ese extremo para ser decidida por la corte.

El 24 de septiembre de 1926 la corte declaró sin lugar una excepción previa formulada por el demandado y éste el 2 de octubre siguiente, sin que nada se hubiera resuelto sobre el “bill of particulars,” archivó su contestación.

Así las cosas transcurrieron más de dos años y el 28 de diciembre de -1928, cuando el pleito fué llamado para juicio y las partes anunciaron que se encontraban listas, al comenzar la práctica de la prueba el demandado pidió a la corte que no oyera la del demandante por. no haberle servido el “bill of particulars” que de él solicitara. La corte declaró sin lugar la petición por los siguientes motivos:

“En este caso el hecho 'segundo de la demanda lee así: ‘Que du-rante los meses de mayo a diciembre de 1923 el demandante vendió en cuenta corriente a dicho demandado efectos de su taller de zapa-tería consistentes en 433 pares de zapatos a un precio en promedio de $3.70 por cada par, haciendo un total de $1,601.50, pagadero en el me's de enero del año 1924.’ Se pidió por el demandado un pliego de particulares al demandante'; éste se opuso, y después de comen-zado el juicio, cuando ya las partes han expuesto su caso y juramen-tado a los te'stígos, se pide por el demandado que el demandante no introduzca evidencia de la cuenta. La demanda establece una causa de acción. El hecho segundo es suficientemente específico. Le dice al demandado de una reclamación que se le hace, y, además, hemos de tener en cuenta la contestación en que se niega la cuenta del de-mandante.”

La corte tenía'discreción para resolver la cuestión plan-teada (Ferry v. King Co., 2 Wash. 337, 26 Pac. 537, 538) y, bajo las circunstancias concurrentes no creemos que abusara de su facultad.

El segundo error alegado se señala así:

“La Corte erró al permitir al demandante apelado hacer una en-mienda material a la demanda que cambiaba por completo la cau'sa de acción.”

En los comienzos del juicio, ocurrió lo que sigue. Co-piamos de la transcripción:

“Dte: — Solicitamos de la Corte permiso para hacer una pequeña enmienda a la demanda, de acuerdo con el art. 140 del Cód. de Enj. Civil, que donde dice ‘mayo a diciembre de 1923’ que diga de ‘agosto 1923 a abril 1924.’
“Dmdo: — -Nos oponemos a la enmienda. Venimos preparados para demostrar que durante lós meses de mayo a diciembre .como alega la demanda, nunca habíamos tenido negocios con este indivi-duo demandante.
“Juez: — La Corte permite la enmienda, pero si el demandado no está listo con esa enmienda, entonces la Corte suspenderá la vista del ca'so, imponiendo las costas al demandante.
“Dmdo: — Tomo excepción.”

A nuestro juicio si bien no puede negarse que la enmienda era importante, no por eso es necesario concluir que variara la causa de acción como sostiene el apelante. No se causó perjuicio. Hubiera quedado la duda si la corte no hubiera agregado como agregó a su resolución lo que sigue: “Pero si el demandado no está listo con esa enmienda, en-tonces la corte suspenderá la vista del caso, imponiendo las costas al demandante.” El demandado optó por continuar la vista y durante ella demostró que estaba perfectamente preparado para defenderse. En tales condiciones no cabe decidir que se cometiera error fundamental alguno.

Por el tercero y líltimo de los errores señalados se alega que la corte de distrito no apreció debidamente la prueba. Hemos leído ésta una y otra vez y nos ba sido siempre difícil, casi imposible, llegar a una firme convicción en pro de alguna de las partes. A veces parece que el de-mandante tiene por entero la razón, que con grandes esfuerzos fue fabricando zapatos en un barrio de Comerío y enviándolos al comercio del demandado, negándose éste luego a satisfacer su importe. Otras parece que el demandado fue un verdadero protector del demandante, dándole casa y dinero con qué empezar a trabajar independientemente, liquidando sus cuentas y entregándole e'1 pequeño saldo resultante, y que a todo ello respondió el demandante cuando vino a menos y después de solicitar en vano por segunda vez su protección, con una reclamación enteramente injustificada. No sólo son contradictorios los testimonios, si que también los documentos privados presentados. Hay uno aparentemente firmado por el demandado presentado por el demandante que tiende a sostener la sentencia y otro aparentemente firmado por el demandante presentado por el demandado que de ser cierto tendería a demostrar que bubo una liquidación recibiendo el demandante lo que le correspondía. El demandado decla-rando negó la autenticidad de la firma del primer documento, y declarando el demandante negó también la autenticidad de la firma del segundo.

Bajo esas circunstancias, en ningún caso mejor que en éste se aprecia la sabiduría de la regia que dice que cuando la prueba es contradictoria y el conflicto ha sido dirimido por la corte de jurisdicción original, sin que se demuestre pasión, prejuicio, parcialidad o manifiesto error, la corte de apela-ción no alterará' la sentencia recurrida. Y podemos aplicar con mayor confianza aun la regia, porque la corte de distrito no sólo dirimió aquí el conflicto si que además en su relación del caso y opinión expresó ampliamente las razones que tuvo para ello y se limitó a ordenar el pago de aquella parte de 3 a reclamación que estimó enteramente justificada.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    R. Santaella y Hno., Inc., peticionaria, v. La Corte de Distrito de San Juan, Hon. Pablo Berga, Juez, demandada.
    No. 696.

    Sometido: Febrero 24, 1930.

      Resuelto: Marzo 11, 1930.

      Angel A. Vázquez, abogado de la peticionaria; Attorney General James B. Beverley y B. Cordones Arana, Sub-Pro curador, abo-gados de la Comisión Industrial; B. Sancho Bonet, abogado del obrero lesionado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El obrero Juan Antonio Collazo solicitó de la Comisión Industrial que le concediese indemnización por un accidente que tuvo en su trabajo y que le produjo lesiones. La comisión concedió la indemnización solicitada y condenó a la corporación R. Santaella y Hno., Inc., a que la pagase como patrono no asegurado. Para obtener lá revisión de esa resolución acudió la corporación a la Corte de Distrito de San Juan en apelación, como dispone la ley, alegando que fue con-denada con pruebas de las cuales no se le dio oportunidad para defenderse y que no era el patrono de Juan Antonio Collazo cuando ese accidente. Por virtud de esa apelación la corte de distrito reclamó las diligencias practicadas por la Cojni-sión Industrial y después de oír a las partes interesadas confirmó la resolución recurrida.

Contra la sentencia de la corte de distrito interpuso R. Santaella y Hno., Inc., ante nosotros el presente recurso de certiorari alegando error en los procedimientos de la corte inferior por haber confirmado la resolución de la Comisión Industrial en la que se le privó de la oportunidad de defen-derse de cierta prueba y en que no es patrono del obrero lesionado. Librado el auto interesado hemos recibido las diligencias de la corte de distrito y las de la Comisión Industrial, informando después los abogados de las partes.

La corporación R. Santaella y Hno., Ino., fué citada como patrono no asegurado por la Comisión Industrial para que compareciera ante ella el 4 de abril de 1929 en ese asunto y en la citación se decían las lesiones sufridas por el obrero. Ese día tuvo lugar la vista del caso, y posteriorménte fueron hechas unas radiografías del obrero y después, con referencia a ellas, informó por escrito el Dr. Cuzmán Soto su opinión respecto a las consecuencias de las lesiones sufridas por dicho obrero y a la clase de incapacidad resultante de ellas; y fundándose la comisión en ese informe estimó que el obrero había quedado incapacitado permanentemente para trabajar y de acuerdo con esto fijó la cantidad que debía pagarle R. Santaella y Hno., Inc., como patrono no asegurado.

Dice la Ley No. 85 de 1928 referente a indemnizaciones a obreros en el Disponiéndose de su sección 25 que la comisión dará tanto al patrono como al obrero en el caso oportunidad de ser oídos y defenderse, ajustándose en lo posible a las prácticas observadas por las cortes de distrito; y como es un principio elemental de derecho que nadie puede ser pri-vado de su propiedad sin el debido procedimiento de ley y como la de procedimientos dispone que toda persona debe tener oportunidad de defenderse, debiendo, por tanto, prac-ticarse las pruebas ante ella para que tenga la oportunidad de contradecirlas, entendemos que en este caso fué privada B. Santaella y lino., Inc., de esos derechos, pues nunca tuvo oportunidad de contradecir el informe y las conclusiones a que lleg’ó el Dr. G-uzmán Soto, que sirvieron de base para la condena en este caso. Por esto fué error de la corte inferior confirmar dicha resolución, basándose también en tal informe médico.

En cuanto a si la corporación recurrente es o no el patrono del obrero, no es cuestión propia para este recurso de certiorari.

Por el motivo antes expuesto la sentencia recurrida debe ser anulada y dictarse otra dejando sin efecto 'la resolución que pronunció la Comisión Industrial, a la que se devolverán sus diligencias para que dé una oportunidad’ a B. Santaella y Uno., Inc., de defenderse en este caso.


author: El Juez Asociado Señor Texidor,

text:
    Zenón Pérez, demandante y apelado, v. Antonio Martínez, demandado y apelante.
    No. 5119.

    Sometido: Febrero 17, 1930.

      Resuelto: Marzo 11, 1930.

      Fernando B. Fornaris, abogado del apelante; E. Martínez Aviles, abogado del apelado.

      Nota: En. mayo 5, 1930, se reconsideró la sentencia y en junio. 2, 1930, se señaló nueva vista del caso para noviembre 18; 1930.

   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Se nos pide desestimemos la apelación en este caso por ser frívola.

Hemos visto la prueba en .el caso y creemos de conve-niencia para los efectos de esta resolución copiar la conclu-sión a que llegó la corte en su opinión justificativa de la sentencia dictada. Es ésta:

“La corte, en vista de la's pruebas practicadas, declara que del resultado de las mismas aparece lo siguiente: que en la tarde del 4 de mayo de 1928, estando los menores Marcelino Pérez y Julio Vélez sentados en el muro de una de las alcantarillas de la carre-tera que conduce de Camuy a Quebradillas pasó el carretero Nicolás Franco guiando un carro de bueyes y le pidieron permiso para montar en el mismo y transportar dos latas de agua, a lo que Franco accedió; que ambo's menores, Pérez y Vélez, montaron en la parte trasera de la plataforma del carro, con sus piernas colgando; que Marcelino Pérez ocupó la parte izquierda del carro, cerca del alam-brado, el más próximo a la orilla de la carretera; que el carro siguió caminando por su derecha, con una de sus ruedas por el afirmado de la carretera y la otra por el paseo de la misma; que ya llegando a un ca'serío llamado Maracayo, en sitio donde hay una pendiente no muy pronunciada, la guagua del demandado conducida a excesiva velocidad, venía en la misma dirección que el carro de bueyes y detrás de éste; que al observar Marcelino Pérez la velocidad del ómnibus gritó ‘Ay, que nos rompen las piernas!’ y acto seguido se tiró hacia el pa'seo de la carretera, o sea, a la orilla más inmediata, y en el mismo instante de tirarse lo cogió el ómnibus, recibiendo Marcelino un golpe en el lado parietal frontal izquierdo que le lanzó violentamente sobre el pavimento de la carretera en su parte más próxima a la orilla, ocurriendo su muerte instantáneamente; que rápidamente el chauffeur desvió el ómnibus hacia la izquierda, como nn heetómetro, rozando su parte delantera del lado derecho con la punta del eje de la rueda izquierda del carro de bueye's; que el cuerpo del niño no fué arrastrado por el ómnibus, pues quedó en el mismo sitio en que fué muerto; que el carro de bueyes paró a dos o tres varas del sitio en que quedó tendido el menor, a una yarda poco más o menos de la cuneta.
“Muy hábil e'stuvo el abogado del demandado en sus exámenes de los testigos presenciales del accidente, pero a pesar de sus esfuerzos los hechos que hemo's expuesto son los que quedaron de relieve, sur-giendo claros de las pruebas.
“Los testigos de la demandada quisieron establecer los hechos arrojando toda la culpa de lo ocurrido al menor Marcelino Pérez, pero José Cruz, a la's repreguntas, contestó ‘yo sentí el golpe, yo no lo vi; cuando dijeron “lo mató” yo miré y lo vi entonces’; Benigno Ruiz declaró asimismo ‘sentí el cascarazo’; y Julián Morell declaró que iba parado en el estribo posterior de la guagua y oyó un golpe y terminó diciendo ‘yo no vi cuando le dió; lo sé por cálculo.’ Estas declaraciones no pueden destruir a nuestro juicio la terminante y clara exposición que de los hechos hizo el testigo ocular Julio Vélez que acompañaba a Marcelino Pérez, corroborada por la de Nicolás Franco y Luciano Morales.”

Tal r'mclusion concuerda con el resultado de la prueba, rectamente entendido.

La apelación en realidad se basa, según el alegato,' en que la corte cometió un grave error al apreciar la prueba, siendo ésta contraria a derecho. Este tribunal ba declarado en multitud de casos que no demostrándose la existencia de un manifiesto error en la apreciación de la prueba, o la influencia de pasión, prejuicio o parcialidad, las conclusiones a que ba llegado la corte interior en esa materia no serán alteradas en apelación. Alvarez v. National Fire Ins. Co., 39 D.P.R. 676; Rivera v. Torres, 39 D.P.R. 417; Fuentes v. Canetty, 39 D.P.R. 173; El Pueblo v. Barrero, 39 D.P.R. 37; Large & Acevedo v. Iturregui, 38 D.P.R. 514, y El Pueblo v. Gerardino, 37 D.P.R. 203.

Es evidente que este caso se baila comprendido en la, doctrina, declarada en los casos que se acaban de citar y sus concordantes.

La apelación, por consiguiente, es frivola y debe ser á esestimada.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Aldrey disintieron.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Bautista Maceira, acusado y apelante.
    No. 4050.

    Sometido: Febrero 12, 1930.

      Resuelto: Marzo 11, 1930.

      P. Amadeo, abogado del apelante; B. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

La denuncia presentada originalmente en este caso, es como sigue:

“Yo, Ángel Ortiz, Cabo P. I., vecino de Santuree, P. R., calle de Avenida Borinquen, mayor de edad, formulo denuncia contra Bautista Maeeira, por un delito de burto menor (infracción artículo 438 del Código Penal), cometido de la manera siguiente: Que en uno de los día's del mes de diciembre de 1928, y en la calle Buenaven-tura, Sunoco, Santuree, P. R., del Distrito Judicial Municipal de San Juan, P. R., el acusado Bautista Maeeira, allí y entonces, ilegal vo-luntaria y maliciosamente con intención de lucrarse en su propio beneficio e impedir de este modo que su legítimo dueño volviera a poseer la propiedad hurtada, compró a los menore's Jesús Facundo, Angel Vargas, Luis Suárez, José Pizarro, Luis Rivera, Martín La-eosta y Eligió Ortiz, todos menores de 18 años, cuatro cartuchos de hilo, una lata de ciruelas, vario's cartones de cigarrillos, dos quesos de bola, varios pares de chancletas, una botella de cerveza Touborg, varias escobas, una botella de anís escarchado y un bloque de papel blanco, a sabiendas de que dichos objetos eran hurtados por los re-feridos menores en el establecimiento de Juan Pagan, en Sunoco, y los cuales no han sido ocupados por haber dispuesto de ello's el acusado. Hecho contrario a la ley. . .”

En el juicio ante la Corte de Distrito de San Juan, la prueba testifical tendió a establecer el hecho de que el acusado compró a varios niños y a bajo precio, diferentes mercancías y objetos que aquéllos habían robado en diversos estableci-mientos de comercio. A tal fin declararon .los siguientes testigos:

Angel Ortiz, cabo de la Policía Insular, que hizo el arresto de los menores, autores de las raterías, y que arrestó también al acusado Maceira, a quien .encontró puesto un pantalón que fué reconocido por uno de los rateros como robado en una tienda por él mismo, e identificado por el dueño como uno de los que le faltaban; y declaró también que no había podido recuperar los cartuchos de hilo, una lata de ciruelas, unos quesos, unos cartones de cigarrillos, y otros objetos, de cuya sustracción tuvo conocimiento por los dueños de los comercios.

Juan Pagan declaró que de su tienda le faltaban varias cosas, hilo, quesos, cartones de cigarrillos, etc., y no las pudo recuperar.

Luis Suárez, de once años de edad, declaró que Jesús, Sopa y unos cuantos más robaban, y al declarante, a Juancho y a Soto se las daban a vender; que le dieron dos docenas de pantalones y dos quesos; que el queso se lo vendió al acusado, porque Jesús Facundo le dijo que se los llevara, y así lo hizo y le dijo al acusado que allí le mandaba Jesús a que le comprara aquellos quesos; que el acusado dijo al declarante que robaran poquito y con cuidado.

Angel Vargas dijo ser de los que cogieron muchas cosas en casa de Juan Pagan, entre ellas, cajas de cigarrillos, escobas, cerveza y ciruelas, y unos cartuchos de hilo que cogió Facundo y que se los llevó a Bautista Maceira, que le pagó por ellos, como le llevaron una lata de ciruelas que habían robado; que Maceira les dijo que robaran con cuidado, no les fueran a coger; que también robaron unos cartones de cigarrillos, y se los vendieron al mismo Bautista o Don Bausta.

En forma análoga a estos dos testigos declararon Jesús Facundo, de trece años, y Eligió Ortiz; quienes dijeron cómo se robaban aquellos objetos, y que se los vendían a Bautista Maceira.

Bautista Maceira declaró negando lo que afirmaron los muchachos, y sosteniendo que suponía eso era un rancho.

Joaquín Rivera, Juan Ruiz y José Cruz Hernández, de-clararon conocer por mucho tiempo a Bautista Maceira, y ser éste un hombre de buena reputación como honrado y .traba-jador, y que había tenido negocios en Santurce, estableci-miento de provisiones y teatro.

La corte declaró al acusado culpable de infracción del artículo 438 del Código Penal, y le impuso quince días de cárcel y las costas. Y contra esa sentencia apeló el acusado.

Cinco errores señala el apelante. Son éstos:

“1. — La corte erró en la apreciación de la prueba.
“II. — La corte erró al no sostener la oposición de la defensa a "que se eliminara la respuesta dada por el testigo Jesús Facundo, referente a una pistola. (Página 21, línea 9 del récord.)
“III. — La corte erró al declarar culpable al acusado, basándose en prueba consistente en declaraciones de cómplices.
“IV. — La corte erró al declarar culpable al acusado sin que se le ocupara la propiedad hurtada.
“V. — La corte erró al declarar culpable al acu'sado sin que se identificara la propiedad hurtada.”

Sin que justifique el porqué, el apelante argumenta, sus señalamientos en conjunto. Quizá esto sería razón bastante para que desestimáramos el caso, por falta de cumplimiento del reglamento de este tribunal. Pero, no obstante, queremos examinar y resolver acerca de ellos.

En la apreciación de la prueba no se señala el manifiesto error que sería justificación para que pudiéramos revocar. En realidad, ni conflicto hay en esa evidencia, ya que el acusado sólo tendió a probar su buena reputación.. Pero, vista la prueba, no imaginamos en qué otra forma pudo ser apreciada más que en la que lo bizo la corte.

A propósito de este señalamiento, suscita el apelante la interesante cuestión de si se ba establecido, o no, el corpus delicti.

En un caso como' el presente, el becbo de que a unos menores de 18 años, circunstancia que en éste caso se revela por la simple apariencia de los niños de que se trata, se les compraran objetos diversos, quesos, pantalones, cigarrillos, etc., a precios mínimos, aun sin que se investigara por el comprador la procedencia de los mismos, quizá fuera por sí suficiente. Pero, de las declaraciones prestadas resulta aun más; aparece el conocimiento por parte del acusado de la procedencia de los objetos que compraba.

Quizá no tiene una estricta aplicación la decisión en el caso El Pueblo v. Garcés, 36 D.P.R. 270, porque allí se encontraron los acumuladores robados en poder del acusado; pero de esa decisión aparece algo de suma importancia para este caso. Garcés era traficante en efectos para automóviles, y com-pró dos acumuladores en cinco dólares; él sabía que el precio corriente de los acumuladores era dé diez y oobo a veinte dólares cada fino. Y esto se interpretó contra Garcés. "En esa decisión se cita el caso People v. Clausen, 120 Cal. 382, en donde se dijo que la cuestión de si el acusado conocía que los artículos eran robados es para ser determinada por todos los becbos del caso.

Conviene citar aquí un párrafo de la opinión de este tribunal en el caso El Pueblo v. Moreno, 28 D.P.R. 104, en que se dice:

“El tercer señalamiento de error se funda en la supuesta omi-sión de establecer el corpus delicti. Aparentemente nadie én la corte inferior dudó que el muchacho fué ■ muerto por el automóvil. El juez ni siquiera mencionó la muerte en el resumen que hace de los hechos y si de dicha exposición de hechos puede inferirse razona-blemente la muerte originada por el golpe según las manifestaciones de los testigos que constan en los autos Sin la prueba directa de un médico, dicha inferencia puede hacerse en la apelación. La ma-dre dijo, sin que se le hiciera objeción, que su hijo fué muerto por el automóvil que guiaba el acusado. Muchos de lo's testigos mani-fiestan que el automóvil le pasó por encima al niño. Otro testigo dijo que él lo recogió, que se lo quitaron y lo llevaron al hospital donde murió. De estas manifestaciones aunque fueran de referen-cia, lo que no consta, el jurado a falta de objeción, tenía derecho a inferir que el niño había muerto; que murió ca'si inmediatamente y que su muerte fué debida a haber sido arrollado por el automóvil. El acusado renuncia a la necesidad de la prueba directa cuando permite que se presente otra prueba en el juicio.”

Se lia dicho por la jurisprudencia que el corpus delicti es “el cuerpo y substancia del crimen,” que con relación a delitos determinados significa la comisión real por alguno del delito especial de que se acusa. (Véase 16 C. J. 771, párrafo 1578.)

En el caso Rupord v. State, resuelto por la Corte de Apelaciones de Oklahoma, 122 Pac. 1108, se encuentra en el syllabus lo que sigue:

“En juicio en que se imputa al acusado la transportación ilegal de bebidas embriagantes de un sitio dentro del estado a otro, sólo incumbe a El Pueblo establecer por la prueba, más allá de una duda razonable, que el licor que. se alega haber sido transportado, o parte de él. lo fué tal como se alega en la acusación.”

Para determinar en cuanto a este extremo precisa estudiar la alegación hecha de que la prueba aquí consistió en el testimonio de cómplices, sin que hubiera corroboración.

En 16 Corpus Juris 700, párrafo 1420, encontramos:

“Prueba del corpus delicti. — Se ha resuelto que el requisito de la corroboración sólo se extiende a la, culpabilidad del acusado, y que,, así, puede establecer el corpus delicti por la declaración no corrobo-rativa de un cómplice; pero también hay autoridades que sostienen el criterio de que un cómplice debe ser corroborado aun con respecto a la comisión de un delito para distinguirla de la conexión del acu-sado con el mismo.”

En la decisión en el caso El Pueblo v. Alvarez, 37 D.P.R. 578, se ha dicho:

“Quizá una de las dificultades en este caso es que el acusado y Carbonell no eran culpables de la comisión del mismo delito; cada uno de ellos, de ser culpable, Rabia cometido un acto delictivo inde-pendiente. No bay indicio de una intención común, y difícilmente podría pensarse en que ellos eran cómplices.”

El artículo 438 de nuestro Código Penal es perfectamente claro. La compra o la recepción de cosas muebles hurtadas, a conciencia de tal condición, constituyen un delito indepen-diente del de hurto. Y en ese sentido los menores que’ en el juicio declararon no son cómplices.

No concebimos en qué pudieran perjudicarse los derechos esenciales del acusado, porque la corte no ordenara la elimi-nación de una-contestación de Jesús Facundo con respecto a una pistola. Recordemos que el juicio se -celebra ante un tribunal de derecho, y no ante un jurado; y no hay temor a que el juez tome en consideración un extremo que es a todas luces recusable. El juez, instintivamente, y en la costumbre de juzgar, aparta la prueba que no debe tener en cuenta por ser incompetente, inconducente, e indebida.

No se encontró la propiedad hurtada en manos del acusado. Y tratándose de cosas muebles, enajenables con la simple tradición, y de mercaderías' que no se espera que una persona guarde como curiosidad o para su recreo, lo lógico es que esos objetos no se encontraran en su poder. Si esto se exigiera como indispensable, sería muy raro el caso en que pudiera castigarse ese delito.

No existe ninguno de los errores señalados.

Bebe <eonfirma/rse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señoe Texidok,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Bautista Maceira, acusado y apelante.
    No. 4051.

    Sometido: Febrero 12, 1930.

      Resuelto: Marzo 11, 1930.

      P. Amadeo, abogado del apelante; R. A. Gomes, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señoe Texidok,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso en la denuncia se imputó a Bautista Maceira el hecho de comprar, para su beneficio, ilegal y maliciosa-mente, y con intención de apropiación y lucro, varios objetos robados, paquetes de hilo, blocks de papel y dos potes de peras, que le vendieron los menores Jesús Facundo, Angel Vargas, Luis Suárez, José Pizarro, Luis Rivera, Martín La-costa y Eligió Ortiz, en fin de diciembre de 1928, en Santurce, San Juan.

Del caso conoció en apelación la Corte de Distrito de San Juan, que dictó sentencia por la que condenó al acusado a quince días de cárcel y las costas. Y contra esa sentencia se ha interpuesto la presente apelación.

En el juicio, la prueba consistió en las declaraciones de varios testigos, que fueron:

Angel' Ortiz, Cabo de Policía Insular, que dijo que en unas investigaciones que se practicaron a consecuencia de varios robos en el barrio de Sunoco, supieron de un robo en el colmado Medina “que había sido realizado por ellos y bajo la confesión de ellos que los artículos habían sido vendidos a Maceira.” No ocuparon nada. Antonio Medina, dueño del establecimiento dijo que le faltó un hilo en una vidriera, pero no sabe quién lo cogió; no puede decir cuánto hilo; ni sabe si le falta algp más; no recuperó el hilo; conoce a Bautista Maceira, a quien le compró el establecimiento.

Luis Suárez, dijo no saber nada de los-paquetes de hilo, ni de bloques de papel, y sí de dos potes de peras que los cogió Jesús Facundo de la tienda de Medina, y se los comió.

Jesús Facundo Jiménez, declaró qne él, con otros much.ach.os, cogieron de la tienda de Antonio Medina unos paquetes de hilo, unos bloques de papel y dos potes- de peras, y se los vendieron a Bautista Maceira en su cafetín; no recuerda cuándo cogió los bloques de papel, ni los potes de peras, ni el hilo, ni cuándo los vendió.

José Pizarro, de nueve años, dijo no saber nada en el caso. Y en la misma forma declararon Angel Yargas y Luis Rivera.

Eligió Ortiz dijo que en el caso del colmado Medina se metieron y cogieron cajas de fósforos y potes de leche y dulces, y tres paquetes de hilo, que Jesús los cogió y se los vendió a una señora.

El acusado presentó prueba de buena reputación, repro-duciendo la del caso criminal No. 4745.

La corte declaró culpable al acusado y le impuso quince días de cárcel y las costas. Y contra esa sentencia se inter-puso la presente apelación, para fundamentar la cual 'se señalan cuatro errores, que son:

“I. La Corte erró en la apreciación de la prueba.
“II. La Corte erró al declarar culpable al acusado, basándose en prueba consistente en declaraciones de cómplices.
“III. La Corte erró al declarar culpable al acusado sin que se le ocupara la propiedad hurtada.
‘1IV. La Corte erró al declarar culpable al acusado sin que se iden-tificara la propiedad hurtada.”

Lo que verdaderamente ocurre en este caso, es que hay ausencia de prueba suficiente para una declaración de culpa-bilidad. Si se compara la denuncia con el testimonio que hemos extractado, se ve que los hechos denunciados no se probaron en el juicio.

Por esa razón, y sin entrar en otras consideraciones, debe revocarse la sentencia apelada y dictarse otra absolviendo al acusado.


author: El Juez: Asociado Señor Audrey,

text:
    Francisco Camacho, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    No. 803.

    Sometido: Marzo 10, 1930.

      Resuelto: Marzo 14, 1930.

      José A. Suris, abogado del recurrente; el registrador recurrido com-pareció por escrito.
   El Juez: Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte Municipal de San Germán declaró justificada la información posesoria de un solar radicado en el pueblo de San Germán, diciendo su resolución, en parte, lo siguiente:

“Por Cuanto: La Corte admitió la información testifical ofre-cida, y fueron eitado's el Ministerio Fiscal, colindantes y la anterior dueña Francisca Ramírez, por ser su adquisición reciente, habiendo declarado en Corte abierta los testigos don Domingo Rivera y don Emigdio Montalvo, mayores de edad y propietarios contribuyentes, según lo demostraron mediante presentación de los recibos de contri-bución, y vecinos de San Germán, que manifestaron ser cierto todos y cada uno de los hechos alegados en la solicitud.”

. Presentada esa resolución al Registrador de San Germán éste inscribió el documento pero consignando el defecto sub-sanable de no haberse acreditado, por no aparecer así del documento, que los testigos Domingo Rivera y Emigdio Montalvo sean propietarios contribuyentes en el término municipal de San Germán, en el que radica la finca de que se trata. Por la consignación de ese defecto ha sido inter-puesto el presente recurso.

El requisito exigido por la regla 2a. del artículo 391 de la ley hipotecaria, preceptiva de que los testigos en las infor-maciones posesorias han de ser vecinos propietarios del pueblo o término municipal en que estuvieren situados los bienes, aparece en dicho documento que ha sido cumplido' pues, prescindiendo de lo dicho' entre dos comas respecto a que fueron presentados los recibos de contribución, por ser un paréntesis innecesario, la corte dice que los testigos son propietarios y vecinos de San Germán; conclusión a que sin duda llegó la corte por las declaraciones de los testigos, por los recibos de contribuciones que le fueron presentados, o por ambos elementos de prueba.

La nota recurrida debe ser revocada.


text:
    Monserrate Vélez, demandante y apelado, v. Armstrong Hermanos, demandados y apelantes.
    No. 4630.

    Sometido: Noviembre 12, 1929.

      Resuelto: Marzo 18, 1930.

      Dubón & Ochoteco, abogados de los apelantes; Qmttermo 8. Pier-hdssi y R. Atiles, abogado's del apelado.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

En la demanda en este caso se alegó esencialmente que el demandante, un mayor de veinte y un años, el día 15 de agosto de 1927, a las 7 p. m. iba por la calle de la Marina, de Ponce, con dirección a la Plaza, conduciendo un carrito de mano, con chinas y pinas, y al llegar a la esquina de la calle del Jobo, y en momentos en que pasaba junto a un automóvil que estaba parado frente a la Clínica del Dr. Pila, el auto-móvil No. 3938, propio de la social demandada, que venía; detrás del demandante, chocó con el carro de mano de este último, dándole con el guardalodos traseros, y lanzando al demandante contra el automóvil que estaba parado, y sufriendo O demandante fuertes contusiones en pecho y espalda, y hemorragia en el bazo, por lo que tuvo que sufrir una seria operación con reclusión de dos semanas, originándosele daños materiales y morales, de consideración, quedando en precaria condición de salud, e indefinidamente incapacitado para ganarse el sustento; que los daños ocasionados por la opera-ción montan a cuatro mil dollars, y su incapacidad para el trabajo a dos mil dollars, y el sufrimiento moral a mil dollars; que el automóvil No. 3938, era en la fecha del accidente, propiedad de Armstrong Hermanos, e iba guiado por el chauffeur Juan Pajés, chauffeur de la demandada, actuando on ese momento dentro del radio de sus facultades como tal, y quien por su conducta negligente y culpable causó el daño.

Negó la demandada las alegaciones esenciales de la de-manda; y fue el pleito a juicio, recayendo sentencia contra la demandada por quinientos dollars como indemnización, con las costas y honorarios de abogado. T de esta sentencia apeló la demandada.

Aunque en él alegato se señalan catorce errores, la ape-lante ha tenido el acierto de reducirlos a cinco, agrupando los afines.

He estos cinco grupos, el primero es como sigue:

. “Primero: La corte cometió error condenando a la demandada, sin qne se demostrara qne la persona qne condneía el automóvil de su propiedad era un empleado suyo, qne entonces estaba en el desem-peño de funciones de su empleo, y en el ejercicio de sus facultades como tal empleado, o en ocasión de los mismos, y que incumbía a la demandada probar que en el momento de ocurrir el accidente la persona que conducía el automóvil de su propiedad no actuaba como Agente de la demandada.”

Es indispensable, tanto para lo qne concierne a este seña-lamiento como para resolver algún otro, hacer una reseña de la prueba en el caso, relacionándola con las alegaciones de las partes.

El demandante había alegado el accidente ocurrido, la propiedad por parte de la demandada, del automóvil, y el hecho de ser Pajés un chauffeur de Armstrong Hermanos, al servicio de éste en el momento en que ocurrió el accidente, y en la esfera de sus funciones en esa ocasión.

La propiedad del automóvil fué admitida; la ocurrencia del accidente fué discutida en cuanto a la forma en que sobrevino, y actuación del demandante; la calidad de chauffeur, ejercicio de funciones del empleo, etc., fueron negadas.

Es el extremo más importante, el referente a si, de acuerdo con la alegación se probó que Pajés era chawffeur de la demandada. Que él iba guiando el automóvil, está pro-bado por todo el testimonio, y por su propia declaración. Pero que él fuera chauffeur de la demandada, ni se probó, ni se intentó probar.

El demandante, en su declaración, dijo que conoce de nombre al que guiaba, que .le ha visto, y que es comisionista de la casa Armstrong; que Pajés se tiró del carro, y dijo al demandante que no se apurase, que la compañía asegura-dora pagaba. En el contrainterrogatorio se advierte lat dificultad en que se encuentra el testigo para cohonestar sus afirmaciones relativas a que se vió y oyó a Pajés, con la que hizo de que cuando recibió el golpe, cayó y perdió el conocimiento.

El testigo Angel Morey, dijo conocer a Pajés como ven-dedor de la social Armstrong Hermanos, sin que sepa en qné condiciones, ni si vende por sn propia cuenta; no sabe si el 15 de agosto de 1927 a las 7 de la tarde estaba, o no, Pajés vendiendo por cuenta de Armstrong Hermanos'.

El testigo Pablo García no conoce a Pajés.

Aquilino Martínez, reconoce en el salón .de la corte al que guiaba el automóvil, que es Pajés, y dice que ése es su nombre, y que Pajés se apeó, y dijo al lesionado que no se apurase, que el carro era de Armstrong Hermanos, estaba asegurado, y la compañía arreglaría aquello.

Víctor López, tampoco, conoce de nombre a Pajés, pero sí le vió bajar del automóvil, y lo oyó que decía que el carro estaba asegurado, y que era de la casa Armstrong.

Esta fué la prueba de la parte demandante en ese extremo.

Como se ve la alegación en que se establece que Pajes era chauffeur de Armstrong Hermanos quedó sin prueba alguna. No se ofreció enmienda alguna a la. demanda.

Parece que ese extremo pudiera ser sometido a la regla del artículo 142 del Código de Enjuiciamiento Civil, cuyo texto es:

“Art. 142. En cualquier estado de un pleito la corte no tomará en cuenta algún error o defecto en las alegaciones o procedimientos que no afecten a lo esencial de los derechos de las partes, y no se revocará o invalidará ningún fallo por razón de dicho error o de-fecto.”

Pero debe notarse que se trata de errores o defectos que “no afecten a lo esencial de los derechos de las partes. ’’ En el caso presente la situación sería distinta si se trata de un chauffeur dedicado constantemente a ese servicio, y sólo por excepción fuera de la esfera de su servicio, a un empleado que no tiene que ver con el automóvil, y acerca de quién es necesaria más fuerte prueba. Aún así la prueba no da otra cosa que la indecisa declaración de Morey, que dice que Pajés era vendedor de la social demandada. V con eso no basta para fundar una sentencia de responsabilidad por actos de otro. Precisa, indiscutiblemente, que se prueben, el empleo,- las funciones propias del mismo, y que el accidente ocurrió por la negligencia del empleado en el desempeño de esas funciones. Estos son los casos en que la relación entre el patrono y el becbo negligente, no se establece directa e inmediatamente; y el lazo que crea la obligación viene de un acto anterior del patrono, la designación del agente, y de una circunstancia de la mayor fuerza en estos casos; que la negligencia del agente surgió durante el desempeño de sus funciones, en el uso de la autoridad que por su cargo y para tales funciones tenía.

En Véles v. Llavina, 18 D.P.R. 656, se declaró el carácter de excepcional que tiene esta responsabilidad. Se dice allí:

“Es, pues, la regla general que 'se responde por esos actos u omi-siones propios y si alguna vez se ba de responder por actos u omi-siones de otra persona, e’sto constituirá una excepción a la regla.”

Y luego (pág. 665, tomo citado) se dijo:

“Si, pues, la responsabilidad por culpa de otro es una excep-ción a la regla general de que nadie debe responder sino por sí, y ha sido necesario que 'surgieran tantas teorías para justificar el castigo civil por culpa o negligencia ajena, tal responsabilidad no puede exigirse sino cuando la excepción ha sido claramente consig-nada en la ley, porque revistiendo esa responsabilidad en cierto modo ci carácter de pena, aunque civil, debe aplicarse el principio de que sólo puede una persona ser castigada, aunque sea civilmente, cuando la ley claramente lo ha dispuesto.”

Después de la doctrina en el caso que estamos comen-tando, y frente al artículo 1804 del Código Civil, es innece-sario añadir nada en la presente opinión. En cuanto a la responsabilidad de los dueños de establecimiento o empresa, es perfectamente claro que los términos o requisitos que el Código exige para ello, aparte de la existencia del estableci-miento o empresa son éstos:

(a) Materia: El perjuicio causado.

(&) Personas: El dependiente o agente principal.

(c) Ocasión: La del desempeño de funciones propias del cargo.

El examen de los techos en cada caso debe traer al juzga-dor a la declaración de que existe, o no, la responsabilidad, del que no fue autor material y directo del hecho que originó el perjuicio.

Este tribunal ha venido aplicando la doctrina enunciada en gran número de ocasiones. Pero, entre ellas, dehe men-cionarse con mejor aplicación en este caso, la decisión en el caso Aguayo v. Municipio de San Juan, 35 D.P.R. 427. Se dijo:

“ (4) Éste fué un pleito contra el Municipio de San Juan por la negligencia de un empleado que conducía un carro perteneciente al municipio. Aunque ninguna de la's partes lo ha notado, no hubo nada en la demanda ni en la prueba que demuestre que el deman-dado usaba el carro en relación con alguno de los deberes que tenía para con dicho municipio; ni que estaba en asuntos de la ciudad de San Juan. La prueba, en verdad, tendió más bien a indicar que el domingo en que ocurrió el accidente los ocupantes del carro sa-lieron a paseo. Dentro de la's circunstancias no vemos cómo podía ser sentenciada por daños y perjuicios la ciudad de San Juan. Como no se probó nada acerca de la naturaleza del automóvil o del nego-cio del demandado, surge la cuestión de si podía el Municipio, en todo caso, ser responsable a no ser que por lo menos se probara que un funcionario autorizado del municipio viajaba en. el carro para que el acto del empleado pudiera considerarse como del principal.”

En todos los casos, la circunstancia de que el empleado cansante del daño esté en los momentos en que lo causa, en el ejercicio de una función de su cargo, función que redunda en beneficio de su principal, es indispensable para que sé determine la responsabilidad de este último.

En el caso presente, ese extremo, no sólo no se probó, sino que parece que ni se intentó probar. Tendemos a de-clarar que no se trata de un caso de conflicto de prueba, sino de ausencia de prueba por la parte demandante. Y si entramos en el examen de la prueba de la demandada, encon-tramos la declaración de Pajés, no contrarrestada por otra evidencia, y de la que resulta que Pajes en aquella ocasión llevaba el automóvil a guardar en el garage; y no iba en función alguna de su empleo de vendedor.

No queremos cerrar esta opinión sin decir algo que ba llamado nuestra atención. El demandante declaró que a consecuencia del accidente tuvo fuerte hemorragia por boca y nariz; que quedó inútil para el trabajo; que tuvo, tiempo después, que ser atendido en el hospital, a consecuencia de resultas del mismo accidente. El Doctor Pila, testigo inta-chable, declaró que no vió esa hemorragia; que el demandante no quedaba impedido para el trabajo; y que la segunda vez que fué a la Clínica, su enfermedad era una uretracistitis gonocóccica. Su declaración fué sincera, clara, honrada, y en ella resplandece la verdad. Ese testimonio hace que sea, no ya sospechoso, sino falto de verdad, el del demandante.

En esas condiciones, y con esa prueba, no puede declararse la responsabilidad de la demandada. La serie de relaciones que exige la ley, no existe en este caso ; y por ello fué error de la corte tal declaración de responsabilidad.

Es innecesario referirse a los otros señalamientos de error, ya que el apuntado hace precisa la revocación.

Debe revocarse la sentencia apelada, dictándose en su lugar otra declarando sin lugar la demanda, sin especial con-dena de costas.