author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    Laborde, Demandante y Apelado, v. López, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humaeao en pleito sobre indemnización.
    No. 1728.
    Resuelto en junio 29, 1918.
    Inexistencia del Contrato — Prueba Testifical para Demostrar como Con-dición Suspensiva un Convenio Oral Distinto al Contrato Escrito. — El acto o contrato debe ser definitivo en su enunciación. No llega a ser existente como acto basta que la totalidad del mismo se baya enunciado. Cuando determinada conducta o escrito se presenta como prueba contra una parte como que implica un acto o contrato suyo, no bay principio legal alguno que le impida demostrar que el acto o contrato se llegara jamás a consumar.
    Es admisible la prueba testifical para demostrar que un eserito, en forma de contrato, no llegó a ser jamás eficaz como contrato. En otras pa-labras, un convenio separado, que constituye una condición suspensiva (condition precedent) para que la obligación pueda ser exigible con arreglo al documento, puede probarse mediante prueba testifical.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Huyhe y López del Valle.

    Abogados del apelado: Sres. Eugenio Benitez, ■ Miguel Guerra y M. Benitez Flores.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión' del tribunal.

La demanda en este caso alega en síntesis: •

Que en mayo de 1914, el demandado, acreedor de la Borin-quen Sugar Company, que a la sazón estaba en manos de un síndico (receiver), otorgó, suscribió y entregó al demandante el siguiente documento:

“Humacao, abril 19, 1914. — Sr. Don Alejandro Laborde, Ciu-dad. — Muy Sr. mío: Por la presente autorizo a Ud. para que por los medios que tenga a su alcance, gestione el cobro de $5,391 im-porto de arriendos de terrenos correspondientes a los meses de abril Io. de 1913 a abril Io. de 1914, que tengo vencidos con el Sr. Her-nand Bebn, receiver de la corporación ‘Borinquen Sugar Com.’— Al nombrar a Ud. mi agente y representante con tal objeto le autorizo también para que por su cuenta y riesgo utilice los servicios de abo-gados si fuere necesario, entendiéndose que acepto en pago de mi deuda arriba expresada el cincuenta por ciento de la misma que recibiré de Ud. y para lo cual le autorizo a firmar y endosar con mi nombre el cheque que por dicha suma le sea entregado y concedién-dole el beneficio de cualquier exceso que Ud. reciba de dicho Sr. como comisión por sus gestiones. — De Ud. atto. amigo S. S. (Firmado) Patricio J. López.”

Que el demandante y los abogados por él contratados (retained) y pagados ■ gestionaron activamente la citada re-clamación ante árbitro especial nombrado por la Corte Federal, el que sometió un dictamen- sobre la preferencia de que • gozaba la reclamación, así también como ante el síndico y su abogado, ante el representante de un comité reorganizador de la corporación, el que presentó a la corte una proposición que fué aprobada, y ante el propio juez de la Corte Federal.

Que el demandado en el ínterin, quebrantando su contrato, trató de obstruir y consiguió obstruir los esfuerzos del deman-dante y de sus abogados, contratando otro abogado, repu-diando el contrato celebrado con el demandante e impugnando la autorización de los abogados del demandante para actuar en su representación, tanto ante la Corte Federal como ante el síndico.

La contestación admite el otorgamiento, firma y entrega del documento qne se describe en la demanda, pero alega: 4 ‘ qne tal carta entregada al demandante fué dada con la con-dición de qne no se hiciera nso de ella en tanto qne Pedro Más firmara nna carta igual autorizando al señor Laborde, el demandante,.para el cobro de sn crédito en la “Borinquen” y alega el demandado qne tal carta no fné firmada por Pedro Más, quien no dio autorización de ninguna clase al deman-dante. Alega además el demandado qne al saber la noticia de qne el demandante no había obtenido autorización del señor Más, indicó al señor Laborde, qne cesara en sus ges-tiones.”

El juez sentenciador admitió prueba tanto para sostener como para refutar esta alegación, pero luego, sin expresar ninguna conclusión de hecho respecto a este particular, dictó sentencia a favor del demandante por los fundamentos si-guientes :

“De acuerdo con las alegaciones de las partes, y como resultado de toda la prueba practicada, creemos que han quedado satisfactoria-mente probados todos los hechos fundamentales de la demanda, gene-radores de la causa de acción que se ejercita, pues siendo así, que está admitido el otorgamiento del contrato, y que el propio deman-dante alega haber cobrado el importe de su crédito, mediante la ges-tión de terceras personas, entendemos que la única cuestión a resolver en este pleito es, si deberá darse fuerza legal alguna a la alegación del demandado sosteniendo que la autorización concedida en el con-trato escrito, estaba sujeta al cumplimiento de una condición que en dicho contrato no se menciona.
“A este respecto entendemos, que debe darse aplicación en el pre-sente caso, al principio de que el contrato escrito ha de considerarse como que contiene todas las condiciones del convenio, y que no puede haber evidencia alguna de las condiciones fuera del contenido del documento; y toda vez que no se ha alegado fraude u otro elemento parecido, no puede el demandado atacar su convenio solemne, no pudiendo esta corte dar valor probatorio alguno a la evidencia que con ese fin introdujera dicho demandado. Morales et al. v. Díaz et al., 24 D. P. R. 739. Hoja Suelta No. 281.”

El caso de Morales v. Días, 24 D. P. R. 739, 740, no es de aplicación al presente caso. La acción en aqnél ejercitada era la de nnlidad de una solemne escritura de compraventa por quebrantamiento de una promesa Lecha por el compra-dor, que se alegó haber formado parte de la causa de la obligación, cual era la de prestarle al vendedor la suma de quinientos dollars. Fundada en la prueba estimó la corte sentenciadora que este contrato en controversia era un con-trato independiente, y esta corte aprobó ese criterio sobre el particular. No parece haberse suscitado en aquel caso cuestión alguna respecto a condiciones suspensivas. El ar-tículo 25 de la Ley de Evidencia que se cita íntegramente y se aplica en el caso de Morales v. Díaz, expresamente excep-túa los casos “cuando la validez del convenio constituyere el hecho controvertido.” Aquí la defensa se basa abierta-mente en la proposición de que el contrato es inexistente.

“El acto o contrato debe ser definitivo en su enunciación. No llega a ser existente como acto hasta que la totalidad del mismo se haya enunciado. Puesto que todas las opera-ciones importantes están precedidas de tentativas y negocia-ciones y documentaciones preparatorias, el problema es ave-riguar si llegó a ser y cuándo llegó a ser definitiva la enuncia-ción; porque hasta que la enunciación no sea definitiva, no existe acto o contrato alguno. La necesidad de la entrega de un documento, y la natura1 eza de la entrega, son aquí las cuestiones más corrientes en la práctica.” IY, Wigmore on Evidence, p. 3374, sec. 2404.

“Por tanto, cuando determinada conducta o escrito se presenta como prueba contra una parte como que implica un acto o contrato suyo, no hay principio legal alguno que le impida demostrar que el acto o contrato se llegara jamás a consumar.” Id. p. 3382, see. 2408.

“Por lo general cuando se celebra y entrega un contrato escrito, y no resta nada para completar su ejecución, es in-admisible la prueba testifical para probar una inteligencia de que no se hizo con la intención de que fuese eficaz de acuerdo con sus términos. Pero la existencia de un instru-mentó escrito no le priva a la parte aparentemente obligada del derecho de probar que las partes contemporáneamente celebraron nn convenio oral distinto que constituía nna con-dición de la qne habría de depender el cumplimiento del con-trato escrito.” 10 E. C. L. p. 1041, seo. 234; Id., p. 1051, see. 244.

“Es admisible la prueba testifical para demostrar que un escrito, en forma de contrato, no llegó a ser jamás eficaz como contrato. En otras palabras, un convenio separado, que constituye una condición suspensiva {condition precedent) para que la obligación pueda ser exigible con arreglo al documento, puede probarse mediante prueba testifical.” 10 E. C. L. p. 1053, see. 249.

En realidad de verdad, el presénte caso es una ilustración típica de la regla emitida. Véase IV, Wigmore, p. 3385, see. 2410 y los casos que allí se citan.

Es de revocarse la sentencia recurrida y devolverse el caso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

Revocada la sentencia recurrida y devuelto el caso para ulteriores procedimientos no in-consistentes con esta opinión.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Ojeda, Demandante y Apelado, v. Coll & Gelabert et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 1700.
    Resuelto en junio 29, 1918.
    Excepción Previa por Defecto de Partes Demandadas. — No eae dentro de las funciones de una excepción previa el exponer objeciones que no aparezcan de la propia demanda, v. g. el mencionar el nombre de determinadas partes que han debido incluirse en el pleito; y no puede sacarse conclusión alguna de semejantes manifestaciones que pueda ser adversa al demandante.

      Arrendamiento — Terminación del Plazo. — El derecho reservádole al arrenda-dor a dar por rescindido un contrato, puede, a opción de este, ejercitarse o renunciarse.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Antonio Sarmiento.

    Abogado del apelado: Sr. Adrián Agosto.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En 12 de. diciembre de 1914 Andrés Coll y"Lorenzo Gela-bert (hijo), constituyeron una sociedad por el término de dos años bajo la firma social de Coll & Gelabert. .

En 26 de diciembre del propio año Rafael Ojeda arrendó una galería fotográfica a la firma por un período de dos años a contar del 26 del mes anterior por el canon mensual de veinte y cinco dollars.

El contrato contenía la cláusula siguiente:

“4. Es condición expresa y terminante, que se entenderá como la base esencial de este contrato, que si transcurren dos meses sin bacer efectivo el alquiler convenido, queda ipso facto rescindido este contrato y los gastos que originen el cobro o alquileres o cualquiera otros que emanen de este contrato, incluso el abogado que se utilice, serán por cuenta de los señores arrendatarios, que por la presente se obligan a pagarlos sin excusa alguna.”

En el mismo instrumento Lorenzo Gelabert (padre), que firma como fiador, “garantiza el cumplimiento de este con-trato, hace propia la deuda y sus condiciones y en unión de los arrendatarios Sres. Coll & Gelabert obligan sus bienes presentes y futuros, renunciando cuantas leyes puedan fa-vorecerles. ’ ’

En junio de 1915 los socios supra-mencionados otorgaron una escritura en forma por la que trataban de disolver la sociedad, vendiendo Gelabert su interés en la misma a Coll.

Ni la escritura social, ni la de disolución fueron inscritas en el registro mercantil.

Después del mes de junio de 1915 no volvió a pagar al-quiler alguno.

Ojeda convino con un abogado en pagarle cuarenta dollars por el cobro de los alquileres' vencidos y no satisfechos y en julio de 1916, se presentó un pleito en contra de la mencio-nada sociedad y de Lorenzo Gelabert (padre), con súplica para que se dictara una sentencia mancomunada et in solidum.

La sentencia recurrida en apelación condena a la firma demandada como arrendataria y a Lorenzo Gelabert (padre), como fiador solidario, a pagar solidariamente al demandante la suma de trescientos sesenta y cinco dollars, costas y de-sembolsos.

Los apelantes insisten en que la corte de distrito erró por:

“Io. No baber sostenido la excepción de defecto de partes deman-dadas, propuesta por Lorenzo Gelabert, hijo, como socio que fué de Coll & Gelabert.
“2o. No haber sostenido la excepción de falta de hechos para determinar una causa de acción propuesta por el demandado Lorenzo Gelabert, padre.
“3o. Haber infringido la ley del contrato celebrado entre Eafael Ojeda y Coll & Gelabert y Lorenzo Gelabert, padre; y
“4o. Haber infringido el artículo 1224 del Código Civil aplicando . a los demandados los efectos del contrato sobre honorarios celebrado entro Eafael Ojeda y su abogado y en el que aquellos no intervinieron.”

La sociedad demandad^ no compareció como tal ni en la corte municipal, donde se radicó la demanda, ni en la de distrito, donde se vió el caso de novo. Como se indica bajo el primer motivo de error, Lorenzo Gelabert, a quien en re-presentación de la sociedad se le sirvió el emplazamiento, compareció, exeepcionó y contestó como ex-miembro de la sociedad, alegando como fundamento de excepción la disolu-ción de la firma. No se ha levantado el punto legal de que, independientemente de la disolución, hecho que no aparece de la demanda, en una acción traída'bajo el artículo 73 del Código de Enjuiciamiento Civil deban unirse como deman-dados todos los socios y emplazados con copia de la citación a fin de sujetar a la obligación reclamada los bienes comunes de todos.

“No cae dentro de las funciones de nna excepción previa exponer objeciones qne no aparezcan de la propia demanda v. gr. el mencionar el nombre de determinadas partes qne han debido incluirse en el pleito, y no pnede sacarse conclu-sión.alguna de semejantes manifestaciones qne pneda ser ad-versa al demandante.” 1 Sutherland, Code Pleading, Practice and Forms, p. 189, sec. 273.

El argumento aducido en apoyo del segundo motivo de error consiste en que con arreglo a los términos en que está redactado el contrato de arrendamiento Lorenzo Gelabert, padre, es un simple garantizador de la obligación contraída por la firma, y no un fiador solidario. Aun cuando los tér-minos en que el contrato de arrendamiento se baila redac-tado, y que se siguen sustancialmente en la demanda, no son tan claros y libres de toda ambigüedad como pudo haberlo sido, no podemos evitar la conclusión de que la intención de las partes a la fecha del contrato estaba más en armonía con la teoría de la demanda y de las dos cortes sentencia-doras que con la interpretación que ahora se trata de darle al contrato.

El tercer motivo de error se basa en la cláusula que pro-vee para la terminación del arrendamiento para el caso en que se dejen de satisfacer dos mensualidades de los alqui-leres. El derecho a dar por terminado o rescindido un con-trato así reservádole al arrendador puede, a opción de éste, ejercitarse o renunciarse. Santiago v. Arés, 25 D. P. R. 481.

Además del artículo 1224 del Código Civil, que se men-ciona bajo el cuarto señalamiento de error, los apelantes citan el caso de El Banco de Puerto Rico v. Ereño, 22 D. P. R. 414, y el del Banco Comercial de Puerto Rico v. Echevarría, 22 D. P. R. 553, que sostienen, que el contrato para el pago de honorarios de abogado, sin que se fije la cuantía de los mismos, sólo admite los que sean razonables. En el caso de autos, en la demanda se alega la obligación contraída en el contrato de arrendamiento y nn convenio celebrado por el demandante con sn abogado para pagar a éste cuarenta dollars por sns servicios. La contestación sencillamente negó, por falta de información y creencia, el contrato celebrado entre el demandante y sn abogado y la alegación de la de-manda en relación a este pnnto. En el juicio, mientras de-claraba el demandante, la defensa admitió el hecho alegado en la demanda “en cnanto al contrato del demandante con sn abogado.” Los propios apelantes más tarde introdujeron como prueba el contrato de arrendamiento. Los servicios del abogado fueron prestados bajo la presencia de la corte. La suma cargada por honorarios, una insignificancia de más del 10 por ciento de la cuantía de la sentencia, evidentemente no tiene nada de excesiva. Tampoco aparece que se levantase este punto en la corte inferior. Para poder cobrar el deman-dante una deuda de trescientos sesenta y cinco dollars se ha visto obligado a instar su reclamación y proseguirla du-rante dos años teniendo que pasar por tres cortes, y no estamos dispuestos a investigar escrupulosamente en el grado en que se bailan los procedimientos si, desde un punto de vista téc-nico, estaba o no el demandante relevado por completo, por las circunstancias concurrentes en este caso, de probar el valor razonable de los servicios prestados.

En vista de la conclusión a que hemos llegado sobre los méritos de este caso, no necesitamos entrar a considerar la moción de desestimación de la apelación, cuya resolución nos reservamos en la vista de esta causa.

Es de confirmarse la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf y del Toro.

Los Jueces Sres. Presidente Hernández y Asociado Al-drey no intervinieron.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    Cayey Sugar Co., Recurrente, v. El Registrador de Guayama, Regurrido.
    Eecurso gubernativo contra nota del Eegistrador de la Pro-piedad de Guayama, denegando la inscripción, en el Ee-gistro de Contratos Agrícolas, de nn contrato de refac-ción agrícola y molienda de cañas.
    No. 361.
    Resuelto en junio 29, 1918.
    Contratos Agrícolas — Anotación de — Consentimiento de Todos los Condue-ños. — Para que pueda anotarse en el Registro de Contratos Agrícolas, un contrato de siembra de cañas que han de cultivarse en una finca poseída en común proindiviso, es requisito indispensable el previo consentimiento de todos los condueños de la finca.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la recurrente: Sr. F. V. Rodríguez Ortiz.

    El registrador recurrido, Sr. Pedro Gómez Lasserre, com-pareció en nombre propio.
   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La corporación recurrente presentó al registrador recu-rrido un contrato agrícola en el cual Pedro J. Mombille se compromete en la Cláusula III de dicho contrato a tener sem-bradas “el mayor número posible de cañas dulces, y que no sea menos de veinte y cinbo cuerdas en la zafra de 1918” en una finca de cincuenta cuerdas, propiedad en común y pro-indiviso del citado Mombille y de su madre Carmen Váz-quez, según aparece del propio registro.

El registrador denegó la anotación de dicho contrato en el Eegistro de Contratos Agrícolas por el fundamento de que del registro aparece “que la finca se halla inscrita en común y proindiviso a favor del señor Mombille Vázquez y sn madre la señora Carmen Vázquez sin que conste el con-curso y consentimiento de ésta en .el referido documento.”

Los casos de la Porto Rico Leaf Tobacco Co. v. El Registrador, 24 D. P. R. 894, 895 y de la Fajardo Sugar Co. v. El Registrador de Humacao, 25 D. P. R. 189, evidencian que con arreglo a la ley el registrador tiene el derecho de calificar nn contrato de esta índole y que para eso tiene el derecho de examinar los libros generales del registro con relación a la finca de cuya inscripción se trata.

La incapacidad de Mombille para otorgar este contrato' sólo aparece de los artículos 401, 403 y 406 del Código Civil, el primero de los cuales, equivalente al 394 del Código Es-pañol, prescribe lo siguiente:

“Art. 401. — Cada partícipe podrá servirse de las cosas comunes, siempre que disponga de ellas conforme a su destino y de manera, que no perjudique el interés de la comunidad, ni impida a los copar-tícipes utilizarlas según su derecho.”

Comentando Manresa este artículo, dice:

“El principio do que, como verdadero dueño que es el comu-nero, puede servirse de la cosa objeto de la comunidad, * * * viene limitado en su ejecución: Io. en interés de la misma comu-nidad, y 2°., en interés privativo de los otros comuneros.
“Limítase el derecho individual de cada partícipe en beneficio del general de la comunidad, prohibiendo, como en efecto la ley prohibe, al condueño disponer de la cosa común de manera contraria, no a su naturaleza, * * sino al destino de aquélla, fijado por la comu-nidad o por el uso admitido generalmente para dicha cosa, cual acer-tadamente prescribe este artículo. * * * El acuerdo de la comu-nidad es, pues, la primera condición que hay que respetar, y sólo cuando no exista estipulación expresa o tácita habrá de atenderse al destino que de ordinario se da a la cosa común para decidir si el comunero ha ido o no contra los intereses colectivos. * # *
“También se restringe por la ley este derecho cuando su efec-tividad perjudica a la comunión, no ya porque el comunero no se-sirva de la cosa según su destino, sino porque la distraiga para su uso particular, contrariando los intereses de la colectividad.” (3o. Manresa, 433, 434).

Entre las numerosas condiciones^ del contrato el citada-Mombille convino (6) en no emplear en el cultivo de esas cañas ninguna clase de abono que no sea autorizado por la compañía, (c) en no regarlas durante los treinta días ante-riores a sus respectivos cortes, (d) en no cortar dichas cañas. hasta tanto no estén completamente maduras y haya sido ordenado el corte por la compañía. Cuando estas condicio-nes se consideran en conexión con el hecho principal de que cuando menos veinte y cinco cuerdas están sujetas a un gravamen absoluto sobre las siembras, se hace evidente que la condueña puede quedar gravemente perjudicada en su derecho, puesto que sus derechos son eoextensivos con los de 'Mombille en cada acre de terreno.

Es de confirmarse la nota del registrador.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


text:
    Ortiz, Viuda de Elías, Recurrente, v. El Registrador de Guayama, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Guayama denegando la inscripción de una es-critura de compraventa.
    No. 366.
    Resuelto en junio 29, 1918.
    Testigos Instrumentales — Otorgantes Analfabetos — Sección 14 de la Ley Notarial. — En este caso en la cláusula de otorgamiento y firma de una es-critura, el notario hizo constar:
    “Así lo dijeron y firma el vendedor, no así la vendedora esposa ni tampoco la compradora porque manifestaron no saber, lo hace el esposo de la compradora Manuel Vicil y por los que no supieron lo hacen los testigos sin excepción legal según aseguran para serlo de este otorgamiento presente y vecinos Don José Delgado, Jr., así como también Don Juan Mas.”
    El registrador denegó la inscripción del documento, porque, en su opi-nión, a ruego y nombre de la compradora, que no sabe firmar, la verificó' el esposo de la misma. Se resolvió: que si bien la redacción de la cláusula transcrita deja mucho que desear en materia de claridad, del contexto dé-la escritura y del pie de la misma aparece claro que la escritura fué firmada por el vendedor así como por el esposo de la compradora y que ni la esposa de aquél ni la compradora firmaron por no saber hacerlo, habiéndolo veri-ficado a sus ruegos los testigos instrumentales.
    En su alegato, y no en la nota denegatoria, el registrador hace cons-tar un nuevo motivo para sostener esta última, consistente en que la sección 14 de la Ley Notarial exige que el testigo que firma por un otorgante anal-fabeta, debe hacerlo "escribiendo de su puño, en antefirma, que lo hace por sí como testigo y a nombre del otorgante que no sepa o no pueda verificarlo.” En este caso el testigo escribió: "A ruego de Doña Alejandrina Poníales como testigo Juan Mas.” •

      Se resolvió: que aunque el tribunal no está obligado a 'considerar fun-damentos que no aparezcan en la nota, sin embargo, dicho nuevo fundamento nos parece muy trivial y demasiado técnico, pues la compradora estará siem-pre impedida (estopped) de negar el que haya autorizado al testigo a fir-mar a nombre suyo.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    .Abogado de la recurrente: Sr. Luis Capó.

    El registrador, Sr. Pedro Gómez Lasserre, compareció por escrito.
   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tri bnnal.

Por escritura pública otorgada ante el notario Luis Capó Matres en 28 de julio de 1917, los esposos don Mariano Po-níales y doña Asunción Merced vendieron una finca de seis cnerdas, cincuenta céntimos de otra radicada en el barrio Palmas del Municipio de Guayama, a doña Alejandrina Po-níales Vázquez, a la sazón casada con don Manuel Vicil. En la citada escritura se hace constar que la compradora adquiere la finca con dinero de su privativo peculio y que le pertenece, por tanto, exclusivamente, con cuya manifestación está conforme el esposo de la compradora, queriendo que con el carácter de bien privativo se inscriba en el registro de la propiedad.

En la cláusula de otorgamiento y firma el notario hace constar lo que sigue:

“Así lo dijeron y firma el vendedor no así la vendedora esposa ni tampoco la compradora porque manifestaron no saber, lo hace el esposo de la compradora Manuel Vicil y por los que no supieron lo hacen los testigos sin excepción legal según aseguraran para serlo de este otorgamiento presente y vecinos don José Delgado, Jr., así como también don Juan Más.”

Por otra escritura otorgada ante el propio notario en 4 de marzo de 1918 los esposos don Manuel Vicil y doña Ale-jandrina Pomales hipotecan la propia finca a que se contrae la escritura anteriormente reseñada a favor de la recurrente doña Esperanza Ortiz, viuda de Elias.

El registrador denegó la inscripción de la primera escri-tura por estimar que la misma es nula porque, según la inter-pretación que quiere darle a la cláusula de otorgamiento y firma que se lia transcrito, doña Alejandrina Pomales Váz-quez, la compradora no sabe firmar y a su ruego y nombre lo verifica su esposo don Manuel Vicil.

v Si la interpretación que ha dado el registrador a la cláu-sula antes referida fuere correcta, indiscutiblemente que su nota denegatoria estaría bien fundada; pero de un examen de dicba cláusula y del pie de la propia escritura fácilmente se ve que la interpretación que pretende darle el registrador a esa cláusula es demasiado técnica. No negamos que la redacción de esa cláusula deja mucbo -que desear y que apa-rentemente es ambigua, pero si nos fijamos en el contexto do la escritura y especialmente en el pie de la misma, apa-rece claro que la escritura fue firmada por el vendedor Mariano Pomales y el esposo de la compradora Manuel Vicil, y que ni la esposa del vendedor, doña Asunción Merced, ni la propia compradora doña Alejandrina Pomales firmaron por no saber firmar, y que a su ruego lo fian verificado los tes-tigos instrumentales.

Añora bien, el registrador en su alegato Race constar un nuevo motivo para justificar su nota denegatoria, observando que la sección 14 de la Ley Notarial exige que el testigo que firma por un otorgante que no sabe firmar debe hacerlo “escribiendo de su puño, en ante firma, que lo hace por sí como testigo, y a nombre del otorgante que no sepa o no pueda verificarlo”; y puesto que en este caso lo escrito por el testigo Juan Más aparece así: “A ruego de doña Ale-jandrina Pomales como testigo 'Juan Más,” y no en la forma que estima correcta el registrador, o sea: “Por mí como tes-tigo, y a nombre de doña Alejandrina Pomales, Juan Más,” alega el registrador haberse infringido la citada sección de la Ley Notarial. De acuerdo con una regla de todos muy conocida tenemos qne limitarnos a resolver las objeciones o motivos apuntados por el registrador en'sn nota denegatoria y no estamos obligados a entrar a considerar otros fnnda mentos que no aparezcan de dicha nota; sin embargo, si bien se examina el nuevo motivo que señala el registrador en su alegato, pero que no aparece de su nota al pie del docu-mento, dicho motivo nos parece muy trivial y demasiado téc-nico, pues la compradora estará siempre impedida (estopped) de negar el que haya autorizado al testigo a firmar a nombre suyo.

Por todas las razones expuestas somos de opinión que se ha cumplido sustancialmente y que por tanto no se ha infrin-gido la sección 14 de la Ley Notarial, y que los motivos que tuvo el registrador para denegar la inscripción de la escri-tura de venta carecen de fundamento.

Al denegar la inscripción de la citada escritura de venta, el registrador tomó anotación preventiva por 120 días con-signando los defectos subsanables de no expresar la equiva-lencia de la cabida de la finca en el sistema métrico decimal y de no acreditarse que el dinero con que se compró la misma sea privativo de la adquirente.

Estimamos que el registrador no tenía necesidad de hacer constar esos defectos subsanables una vez que denegó la ins-cripción. Sin embargo, puesto que la escritura es inscribible por no infringir la misma sección 14 de la Ley Notarial, el registrador podrá al hacer la inscripción de esa escritura de venta consignar los defectos apuntados porque los mismos están bien establecidos. Véase el artículo 6 de la Instrucción General sobre la manera de redactar los documentos públicos sujetos a registro en las provincias de Ultramar, aprobada por Eeal Orden de-13 de agosto de 1893 (Morell, p. 344), y el artículo- 9 de la Ley Hipotecaria; y también el caso de Felíu v. El Registrador, 16 D. P. R. 766.

Siendo inscribible la escritura de venta y dependiendo de ella la calificación de la escritura de hipoteca, motivo directo de este recurso, estimamos que también es inscribible la escri-tura de hipoteca, puesto que en la misma aparecen hipote-cando ambos esposos.

Se revocan las notas recurridas y se ordena la inscripción ' de ambas escrituras en la forma indicada.

B,evocadas las notas recurridas y ordenándose la inscripción de ambas escrituras en la forma indicada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Colón, Recurrente, v. El Registrador de Arecibo, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra' nota del Registrador de la Pro-piedad de Arecibo denegando la inscripción de una escri-tura de venta.
    No. 370.
    Resuelto en junio 29, 1918.
    Recurso Gubernativo — Adquisición de Bienes Durante la Sociedad de Ga-nanciales — Formalización de la Venta Despúes de Fallecido el Es-poso. — Concertada la transacción de venta de una finca durante la existen-cia de la sociedad de gananciales, y pagado por el esposo de dicha socie-dad parte del precio de la venta, tal adquisición se entenderá, hecha para la sociedad de gananciales; y habiendo muerto el esposo, no puede la viuda, sin la intervención de los herederos de aquel, vender parte de la finca así adquirida, aun cuando la venta se hubiera formalizado después de la muerte del esposo.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. V. Polanco de Jesús.

    El registrador recurrido, Sr. Raúl Benedicto, compare-ció por escrito.
   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública otorgada en el pueblo de Manatí ante el notario don Francisco T. Náter y Rivera a 9 de agosto de 1895, Isidora Millán, asistida de su legítimo esposo Máximo Torres, vendió a Antonio José Colón por precio convenido de 400 pesos nna finca de 20 cnerdas' radicada en el barrio de Pozas, término municipal de Ciales, segregada de otra de 40 cnerdas de cabida con casa habitación, qne dijo haber ad-quirido por compra a Francisco Javier Rivera y Ortiz según escritura otorgada en el pueblo de Ciales ante el notario don Francisco Tomás el 26 de junio de 1875.

La expresada escritura de 9 de agosto de 1895 fué pre-sentada para su inscripción al Registrador de la Propiedad de Arecibo en unión de la anterior de 26 de junio de 1875, y el registrador denegó la inscripción solicitada por medio de nota que dice así:

“Denegada la inscripción de este documento con vista del título antiguo en él invocado por resultar de éste que parte del precio de la venta de la finca principal de la que se segrega la vendida fué satisfecho por don Juan Eugenio de Rivera, primer esposo de doña Isidora Millán, por lo que se reputa como bienes gananciales la refe-rida finca y que dicha señora Millán no acredita con documento alguno que se haya practicado la liquidación de dichos gananciales correspondiéndole por tanto exclusivamente a ella la mencionada finca; y tomada en su lugar anotación preventiva por término de 120 días a los efectos legales al folio 69 del tomo 48 de Ciales, finca No. 2259, anotación letra A, de acuerdo con la ley de Io. de marzo de 1902. Arecibo, mayo 14, 1918, Raúl Benedicto, Registrador.”

Esa nota ha sido recurrida para ante esta Corte Suprema a virtud de recurso gubernativo contra ella interpuesto por Antonio J. Colón.

De la escritura de 26 de junio de 1875 resulta que Francisco Javier Rivera y Ortiz vendió a Isidora Millán viuda de Juan Eugenio Rivera, representada en el acto del otorga-miento por Vicente Martínez, autorizado para la acepta-ción del documento, la finca de 40 cuerdas de que forma parte la segregada vendida posteriormente a Antonio J. Colón y que la finca de 40 cuerdas fué vendida en precio y cantidad de trescientos pesos de los que el comprador tenía recibidos a su satisfacción 236 pesos de manos del indicado don Juan Eugenio Rivera antes de su fallecimiento y el resto de 64 hasta los 300 de manos de su viuda la compradora Isidora Millán.

Como- se ve, la mayor parte del precio de la venta de la finca de 40 cuerdas fué satisfecha por el primer esposo de Isidora Millán, lo. que demuestra que la venta tuvo lugar subsistente el matrimonio de los esposos Juan Eugenio Bi~ vera e Isidora Millán por más que fuera formalizada cuando-ya era viuda la Millán. La adquisición fué, pues, hecha para la sociedad de gananciales de ambos consortes y hoy la Millán no puede disponer de las 20 cuerdas vendidas a Antonio J. Colón sin intervención de los herederos de su difunto esposo y prescindiendo en absoluto de los derechos que a éstos pue-dan asistir.

Por los razones expuestas es de confirmarse la nota recurrida.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados "Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Zayas y Zayas, Acusados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en causa por infracción al artículo 288 del Código Penal.
    No. 1276.
    Resuelto en junio 29, 1918.
    Casa Dedicada a Citas Deshonestas — Suficiencia de la Pkueba. — Ni el sen-tido común ni la ley requieren, en casos de esta índole, prueba plena de una desagradable reputación en adición a la prueba concluyente de la verdadera clase de la casa.
    El nervio del delito es tener la casa, independiente de su fama. El estatuto persigue el hecho, no la fama; la sustancia, no la sombra.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Celestino Iriarte, Jr.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Los apelantes fueron convictos de un delito de tener una casa dedicada a citas deshonestas y de alquilar habitaciones a sabiendas de que se iban a dedicar al lenocinio o prosti-tución, en virtud de acusación por una infracción del artículo 288 del Código Penal, imputándoseles los hechos siguientes:

“Los citados Clotilde Zayas y Ramón Zayas, allá en el mes de febrero de 1918, en la calle de la Princesa No. 5, en la Marina que forma parte del distrito judicial de San Juan, ilegal y voluntaria-mente y a sabiendas, tenían dedicada una casa a citas deshonestas, arrendando habitaciones sabiendo que ellas iban a dedicarse a citas deshonestas.”

No se ha formulado ningún señalamiento especial de erro-res y el alegato en síntesis no es más que un argumento diri-gido a la suficiencia de la prueba, siendo la contención pre-sentada que ni el carácter, ni la reputación de la casa en cuestión, ni el conocimiento por parte de los demandados en cuanto al carácter de los huéspedes o el propósito para el que los mismos visitaban el “hotel” fué establecido por la prueba.

La prueba deja poco lugar a dudas de que el supuesto hotel era en realidad de verdad una casa de citas deshonestas.

Ni el sentido común ni la ley requieren en casos de esta índole prueba plena de una desagradable reputación en adi-.ción a la prueba concluyente de la verdadera clase de la casa.

“El nervio del delito es el tener la casa, independiente de su fama. El estatuto persigue el hecho, no la fama; la sus-tancia, no la sombra.” State v. Plant, 48 Am. St. Rep. 821, en la página 824, y los casos citados en 9 R. C. L., p. 220, párrafo 4.

El hecho, de ser cierto, de que uno de los acusados que admite ser el dueño del “hotel” estaba en el hospital a la fecha alegada en la acusación no le releva de su responsabi-lidad como tenedor de la casa, no habiéndose hecho insinua-ción alguna de haberse operado cambio súbito alguno en el carácter del establecimiento durante su ausencia temporal.

El otro acusado, hermano del dueño, estaba encargado de la casa la noche de autos y fué el que admitió los huéspedes que se encontraron en el “hotel” bajo circunstancias que excluyen toda duda razonable en cuanto al culpable conoci-miento de este acusado. No necesitamos reproducir los hechos en sus detalles.

Aún cuando el caso prima facie establecido por el fiscal pudiera haber sido más fuerte, la prueba de descargo no lo debilita perceptiblemente y tomándola toda en conjunto no podemos decir que la misma no sostiene la sentencia, la cual es de confirmarse.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Plernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


text:
    González, Demandante y Apelante, v. & Co. et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre tercería de bienes muebles (nuevo juicio).
    No. 1705.
    Resuelto en junio 29, 1918.
    Enmienda de la Sentencia — Facultades Inheeentes de las Cortes de Re-gistro. — Las cortes de registro tienen facultades inherentes para enmendar sus sentencias de modo que se aseguren los fines de la justicia y para con-formarlas con los hechos y la verdad del caso. Y la concesión de una en-mienda durante el término en que se dicte la sentencia o decreto no se alterará en apelación, salvo por abuso de discreción.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José Martínez Dávila.

    Abogados de los apelados: Sres. Rafael Arce y M. Tons Soto.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Angel González interpuso una tercería alegando ser dueño de cierta cantidad de tabaco embargada por Santini y Com-pañía como demandante en nn pleito contra Francisco Ji-ménez La jara.

Celebrado el juicio por los méritos del caso se declaró sin lugar la demanda del tercerista González. Tres días después, a instancias de Santini y Compañía y sin previa notificación a González, la corte enmendó sn sentencia ordenando a' Gon-zález y a sns fiadores a pagar a Santini y Compañía el valor del tabaco qne, según parece, había vendido González des-pués de haber conseguido se levantase el embargo.

González apeló de esta orden y de otra posterior en la que se deniega la concesión de un nuevo juicio.

El primer motivo de error señalado' consiste sustancial-mente en que la corte erró al dejar de interpretar debida-mente la sección 22 y el párrafo 5o. de la sección 162 de la Ley de Evidencia.

Estamos constreñidos a concurrir con la que parece haber sido opinión del juez de distrito, que la regla que debe regir la situación que se desarrolló en el juicio es la que se halla en la sección 21, que prescribe la manera en que puede ser-rechazada la presunción que existe en favor de la verdad de la declaración de un testigo, más bien que en la 22, de la Ley de Evidencia, por la que se protege el derecho de una parte del perjuicio que pueda irrogársele por la declaración de otra persona; y un detenido examen de los autos en su totalidad no revela base sólida alguna que apoye la conten-ción de que la conclusión a que llegó la corte sentenciadora no sea conforme con la preponderancia de la prueba.

El segundo motivo de error apuntado consiste en que la corte erró al declarar con lugar la moción para enmendar-la sentencia, sin que dicha moción se notificase al demandante en la tercería. No se ha levantado cuestión alguna respecto de la naturaleza de la enmienda o de la facultad de la corte para hacer dicha enmienda, independientemente del requi-sito del artículo 135 del Código de Enjuiciamiento Civil. Las cortes de registro tienen facultades inherentes para enmen-dar sus sentencias “de modo que se aseguren los fines de la justicia y para conformarlas con los hechos y la verdad del caso.” T “la concesión de una enmienda durante el término en que se dicte la sentencia o decreto no se alterará en ape-lación salvo por abuso de discreción.” 15 E. C. L. p. 672, see. 123.

La orden recurrida puede muy bien considerarse como dictada mmc pro turto, durante el término, a sugestión hecha por la parte interesada, con el fin de hacer que la sentencia sea conforme con los hechos indisputables que demuestran, por aparecer de los propios autos, un derecho indiscutible a la enmienda concedida; y el apelante ni siquiera trató de señalar el perjuicio irrogádole en sus derechos sustanciales. 1 Black on Judgments. (2a. Ed.) secciones 134, 163, 164.

La sentencia y orden recurridas son de confirmarse.

Confirmadas la sentencia y orden recurridas.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf y del Toro.

Los Jueces Sres. Presidente Hernández y Asociado Al-drey no intervinieron en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado del ToRo,

text:
    Delannoy, Recurrente, v. El Registrador de Guayama, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Guayama, denegando la inscripción de una es-critura de compraventa.
    No. 372.
    Resuelto en julio 5, 1918.
    Copias de Escrituras — Requisitos Necesarios para la Validez de las Mismas. — De acuerdo con la Ley Notarial vigente, es necesario que conste en toda copia de escritura notarial, que el original fué signado y sellado por el notario que lo autorizó.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. C. Domínguez Rubio.

    El registrador recurrido, Sr. Pedro Gómez Lasserre, com-pareció en nombre propio.
   El Juez Asociado del ToRo,

emitió la opinión del tribunal.

Presentada para sn inscripción en el Registro de la Pro-piedad de Gí-uayama copia notarial de la escritura de com-praventa otorgada el 5 de noviembre de 1913 por Constantino Recio y su esposa a favor de María Delannoy, el registrador se negó a ello el 24 de mayo de 1918 por medio de la siguiente nota:

"Denegada la inscripción del documento que precede en cnanto a la finca marcada con la letra "A,” única que se solicitó, porque siendo dicho documento una copia de la escritura original, no se menciona que la referida escritura fué firmada, signada y rubricada por el notario autorizante de la misma, requisito necesario para determinar su validez. Se hacen constar los defectos subsanables de no presentarse el poder referido en su totalidad para conocer si la cláusula única que se'inserta no estaba alterada, ni explicada por, ni enlazada con ninguna otra del documento; y de no expre-sarse la medida superficial del solar.’ ”

No conforme la compradora, recurrió para ante este Tribunal Supremo limitándose a impugnar la negativa sin ale-gar nada en concreto de los defectos subsanables apuntados por el registrador.

Según la copia firmaron los otorgantes y testigos la escri-tura original, siendo la última firma la de Miguel Zavaleta que, de acuerdo con lo que aparece al principio del docu-mento, fué el notario autorizante. No se hace constar si el notario signó y selló la escritura como lo ordena la sección 9 de la Ley Notarial vigente (Comp. 1911, p. 408), y es nece-sario que conste de modo evidente la existencia de tales requi-sitos para que pueda considerarse como válido el documento, de conformidad con lo dispuesto en la misma Ley Notarial, párrafo 3 de la sección 20.

Siendo esto así no ba cometido error alguno el registrador y debe declararse sin • lugar el recurso interpuesto contra su negativa.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Hutchison,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Pillot García, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Guayama en causa por infracción al artículo 47 del Código Penal en relación con el artículo 359 del mismo cuerpo legal.
    No. 1263.
    Resuelto en julio 8, 1918.
    Partícipes en los Crímenes — Motín—Aconsejar a Otra Persona a Cometer Delito. — Las palabras "toda persona que aconsejare o ayudare a otra en la comisión de dicho acto, incurrirá en misdemeanor,” contenidas en el ar-tículo 47 del Código Penal, no pueden tener otra interpretación que la de que toda persona que aconsejare a otra a que cometa dicho acto o le preste ayuda en la comisión del mismo incurre en misdemeanor; cualquiera otra inter-pretación, y especialmente la de agregar las palabras ‘‘en la comisión” después de la palabra ‘‘aconsejare” sería forzada, pues el consejo se da para que se cometa el hecho, mientras que la ayuda se presta durante su comisión.

    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. Abraham Peña.

    Ahogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El alegato del apelante sólo contiene un motivo de error, a saber: que los hechos imputados en la acusación no cons-tituyen un delito público.

En el cuerpo de la acusación se hace constar lo siguiente:

“El fiscal formula acusación contra Pablo Pillot por un delito de infracción al artículo 47 del Código Penal, en relación con el artículo 359 del mismo código (misdemeanor), cometido como sigue: El citado Pablo Pillot, allá por el día 23 de diciembre de 1917, y en Guayama, que forma parte del distrito judicial del mismo nom-bre, en ocasión de celebrarse un mitin para preparar la huelga de braceros, allí y entonces, ilegal, voluntaria y maliciosamente, acon-sejó e incitó a las personas allí reunidas que cometieran el delito de motín atacando juntas sin autoridad de ley, a los centralistas y policías, empleando fuerza y violencia, expresándose en la forma siguiente: ‘ Oamaradas, la próxima huelga hemos de ganarla de cual-quier modo j si hay que recurrir a la dinamita, se hará; si hay que volar puentes, se volarán; no quedará piedra que haya que remover, que no se haga; este año no sucederá lo que el año pasado. Los ciudadanos estarán preparados para defenderse de los atropellos de la policía; tienen perfecto derecho a situarse en cualquier sitio en el período de la huelga, y no deben permitir que ningún policía inso-lente se lo impida; así tampoco deben permitir que los registren, y si no son atropellados que se defiendan personalmente. Las huelgas en Puerto Rico no se ganan seguida porque a los huelguistas no les da la gana, porque si ellos recurren a lo que deben y dan fuego en Sebastopol y en Petrogrado y en otras partes, cuando el burgués despierte a media noche, por haber sido avisado por uno de sus ali-cates, se volverá loco de desesperación y la huelga será ganada. La huelga empezará el 15 de febrero, pero puede que sea antes, pues no conviene que el burgués se dé cuenta cuando sea, para que no pueda prepararse. ‘Y tú pueblo, búscate un pedazo de acero, fórjate un .cañón y guárdalo en tu casa, para atacar en la próxima huelga^ si los centralistas no acceden a las peticiones que se les hagan.’ ”

La contención del apelante no es materia nueva ante esta corte y nada hemos encontrado en el argumento desarrollado en el alegato para justificarnos en desautorizar la doctrina que sostuvimos en el caso de El Pueblo v. Dessús, 12 D. P. R. 343.

Es de confirmarse la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro y Aldrey.

Los Jueces Sres. Presidente Hernández y Asociado Wolf disintieron.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Pillot García, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Guayama, en causa por infracción al artículo 47 del Código Penal en relación con el artículo 359 del mismo cuerpo legal.
    No. 1262.
    Resuelto en julio 8, 1918.
    Resuelto por los fundamentos de la opinión emitida en el easo No. 1263, El Pueblo v. Pülot García, página 557.
    Abogado del apelante: Sr. Abraham Peña.

    Abogado del apelado: Sr. S. Mestre, Fiscal.

   Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro, Aldrey y Hutcbison.

El Juez Presidente Sr. Hernández y Asociado Sr. Wolf desintieron en la resolución de este caso.


author: El Juez PresideNte Se. Hernández,

text:
    Martínez, Recurrente, v. El Registrador de San Germán, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Germán denegando la inscripción de una renuncia de herencia.
    No. 359.
    Resuelto en julio 9, 1918.
    Mandatarios — Interpretación del Párrafo 2o. del Artículo 1362 del Código Civil Revisado. — En el presente easo no es de aplicación el párrafo 2o. del artículo 1362 del Código Civil Revisado que se refiere a que los mandata-rios no podrán adquirir por compra, aunque sea en subasta pública o judicial, por sí o por persona alguna intermedia, los bienes de cuya administra-ción o enajenación estuvieren encargados. La mandataria, en virtud de la renuncia de herencia que hace en el caso de autos a nombre de su mandante, podrá ser llamada a adquirir participación en la herencia renunciada; pero como no aparece que tal adquisición sea por compra, falta un requisito indispensable para que pueda afectar a la mandataria la incapacidad esta-blecida por el precepto legal citado, ya que la disposición contenida en el número 2o. del artículo expresado no debe ampliarse, ni aún por razón de analogía, a personas y casos que no comprende, según las reglas de inter-pretación universalmente aceptadas.

      Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Benito Forés y Morazo.

    El registrador recurrido, Sr. Emigdio S. G-inorio, no com-pareció.
   El Juez PresideNte Se. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Por orden de la Corte de Distrito de Mayagüez a 7 de-septiembre de 1917 fueron declarados únicos herederos de Gabriela Ortiz Gregory, fallecida en 24 de marzo de 1917, su media hermana Elvira Ortiz y Ortiz y sus hermanos de doble vínculo Francisco Esteban, Soledad Leticia, Dominga Constanza y Carmen Ramona Ortiz y Gregory y su viudo-Juan Bautista Martínez en la cuota usufructuaria corres-pondiente.

Por escritura pública número 105 otorgada en la ciudad de San Germán ante el notario Benito Forés y Morazo a 13 de abril del año siguiente, 1918, Soledad Ortiz y Gregory obrando en representación de su legítima hermana Carmen Ortiz Gregory a virtud de poder que ésta le había conferido en la ciudad de New York a 5 de marzo de 1917, con cláusula, para aceptar y repudiar herencias y legados, renunció la herencia que a su mandante pudiera corresponder como una de las herederas de su finada hermana Gabriela Ortiz y Gregory, cuya herencia no se había aún liquidado ni dividido.

La orden de declaratoria de herederos de Gabriela Ortiz Gregory fue presentada en el Registro de la Propiedad de-San Germán para su inscripción con relación a una finca urbana No. 64 situada en la calle del “Carro” de dicha ciu-dad, acompañándose la escritura de repudiación de herencia de 13 de abril de 1918, y el registrador por nota de 2 de mayo-último verificó la inscripción solicitada en cuanto a las parti-cipaciones que adquirieran Elvira Ortiz y Ortiz, Francisco Esteban, Soledad Leticia y Dominga Constanza Ortiz y Gregory y el viudo Juan Bautista Martínez por virtud de la-muerte de Gabriela Ortiz Gregory, denegando la inscripciónen lo concerniente a la renuncia que de la herencia de Gabriela. Ortiz y Gregory Race su hermana Soledad Leticia de iguales apellidos, como apoderada de su otra hermana Carmen Ramona, en escritura No. 105 de 13 de abril ante el notario Benito Forés y Morazo en la que se transcribe el poder, por-que la renuncia de herencia equivale a una enajenación y se pretende inscribir el derecho de la poderdante a nombre de sus hermanos, entre los que se comprende la propia apode-rada, acto éste contrario al precepto establecido en el párrafo 2o. del artículo 1362 del Código Civil Revisado.

No es de aplicación al caso el artículo invocado por el registrador.

Ese artículo en la parte atinente dice así:

“Artículo 1362. — No podrán adquirir por compra, aunque sea en subasta pública o judicial, por sí ni por persona alguna inter-media—
< ‘ ]_ * * *
“2. Los mandatarios, los bienes de cuya administración o ena-jenación estuvieren encargados.”

La mandataria Soledad Ortiz y Gregory en virtud de la renuncia de herencia que hace a nombre de su mandante Carmen Ortiz y Gregory podrá ser llamada a adquirir par-ticipación en los bienes de la herencia renunciada; pero como no aparece que tal adquisición sea por compra, falta un requi-sito indispensable para que pueda afectar a la mandataria la incapacidad establecida por el precepto legal que dejamos transcrito.

La disposición contenida en el artículo 1362 número 2o. no debe ampliarse ni aún por razón de analogía, a personas y casos que no comprende, según las reglas de interpretación universalmente aceptadas. Véase la resolución de la Direc-ción general de los Registros de España de Io. de septiembre de 1897.

Es de revocarse la nota recurrida ordenándose al regis-trador que verifique la inscripción denegada.

Revocada la nota recurrida„

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


text:
    Franceschi et al., Demandantes y Apelados, v. Trujillo y Mercado, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre aseguramiento de sentencia.
    No. 1650.
    Resuelto en julio 9, 1918.
    Restitución de Feutos, Rentas y Cosechas. — En este' caso la corte inferior dictó sentencia ordenando que los demandados reintegrasen a los deman-dantes la hacienda "Rufina” según se describe en la sentencia, y deelaró sin lugar la demanda en cuanto a la rendición de cuentas de todos los fru-tos, rentas y cosechas producidos por la finca hasta el día del fallo, como también en cuanto a la restitución de dichos frutos y rentas.
    A petición de los demandantes, la corte sentenciadora dictó resolución acordando alternativamente: la prohibición de enajenar la,s mejoras intro-ducidas en la hacienda "Rufina” y retirarlas del fundo mientras esté pen-diente el pleito, (sin obligación de prestación de fianza por parte de los demandantes); o el embargo de cualesquiera otros bienes que no sean las mejoras (previa prestación de fianza por $50,000).

    Habiendo sido apelada dicha resolución por Trujillo y Mercado, el tribunal resolvió:
    Que negándose en la sentencia de marzo 28, 1916, la restitución de fru-tos, rentas, y cosechas producidos hasta entonces por la hacienda "Rufina,” si desde esa fecha los demandantes creen tener algún derecho sobre tales frutos, rentas y cosechas, como la sentencia no hizo declaratoria alguna sobre tales particulares, es evidente que no procede dictar medida alguna para asegurar semejante derecho, aún en el supuesto de que lo tengan los demandantes.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. Anionio F. Castro.

    Abogado de los apelados: Sr. Eduardo Flores Colón.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión, del tribunal.

En el caso civil No. 4313 seguido ante la Corte de Dis-trito de Ponce por Alejandro Franceschi et al., v. Trujillo & Mercado hoy Mario Mercado e Hijos sobre reivindicación de una hacienda de cañas de azúcar denominada “Rufina,” radicada en los barrios del “Pueblo” y de los “Indios,” jurisdicción de Guayanilla, dicha corte dictó sentencia en 28 de marzo de 1916 por la cual decreta que la parte demandada reintegre a los demandantes la expresada hacienda, con las partes constituyentes de la misma, según se describe en la sentencia, y declara sin lugar la demanda en cuanto a la rendición de cuentas de todos los frutos, rentas y cosechos producidos por la finca hasta el día del fallo, como también en cuanto a la restitución de dichos frutos y rentas.

En 25 de agosto de 1916 la representación de los deman-dantes presentó a la mencionada corte moción de asegura-miento de sentencia con súplica de que se decretara el embargo de bienes de los demandados, suficientes a cubrir la suma que a su juicio pueda responder de la reclamación de los demandantes, alegando al efecto que la demanda había sido radicada en 30 de enero de 1915 y pronunciada sentencia en .28 de marzo de 1916; que en dicha sentencia la corte declaró que la demandada no venía oligada a devolver frutos y rentas por el tiempo que duró la posesión de la finca sin ser inter-rumpida; que de acuerdo con las disposiciones de los ar-tículos 453, 1844 y 1846 del Código Civil vigente los deman-dantes tienen derecho a percibir los frutos y rentas de la finca en litigio, la cual dió en el cosecho de 1915 un rendimiento líquido de más de $50,000, ascendiendo a igual suma el cosecho pendiente; y qne para asegurar la efectividad de la sen-tencia se hace necesario que la corte ordene preventivamente el embargo de bienes suficientes para cubrir el importe de las rentas y frutos producidos y por producir de la finca descrita en la demanda. Cita la parte en apoyo de su moción las sec-ciones Ia. y siguientes de la ley para asegurar la efectividad de sentencias, según qnedó enmendada por la Ley No. 27 de abril 13 de 1916.

A la anterior moción se opuso la sociedad Trujillo & Mercado invocando entre otros como motivos de su impugnación que la sociedad Trujillo & Mercado había introducido en la hacienda “Bufina” con anterioridad a la sentencia dictada en el pleito, y aun antes de la demanda, varias mejoras útiles y necesarias, que enumera, por valor de $350,000, y qne la Corte de Distrito de Ponce en sn sentencia de 28 de marzo de 1916 declaró sin lugar la demanda en cuanto a la rendición de cuentas y -devolución de frutos por estimar que Trujillo & Mercado habían venido poseyendo la hacienda “Rufina” con buena fe durante todo el tiempo de su posesión.

La Corte de Distrito de Ponce dictó resolución en 28 de febrero de 1917, acordando dos remedios en forma alterna-tiva, a saber: la prohibición de enajenar todas y cada una de las mejoras que existan en la hacienda “Rufina” y sacarlas de la referida finca mientras esté pendiente el pleito sin nece-sidad de prestación de fianza por parte de los demandantes, o el embargo de cualesquiera otros bienes que no sean las mejoras mencionadas previa prestación de fianza por la suma de $50,000, para responder a los demandados de todos los daños y perjuicios que pudieran causárseles con motivo del embargo decretado.

La corte a moción de la sociedad demandada aclaró por orden de 14 de marzo de 3917 su resolución de 28 de febrero anterior en el sentido de que las mejoras mencionadas en la parte dispositiva de dicha resolución se refieren única y ex-clusivamente a las mejoras permanentes que existen en la finca, exceptuando únicamente los frutos o cañas que se pro-ducen en la finca y también los productos industriales deri-vados de dichas cañas.

La resolución de 28 de febrero de 1917 está sometida a nuestra consideración a virtud de recurso de apelación inter-puesto por la representación de Trujillo & Mercado; y por el estudio que hemos hecho de ella estimamos que no se ajusta a derecho.

La sentencia que dictó la Corte de Distrito de Ponce en 28 de marzo de 1916 se limita a ordenar que 1a- demandada Trujillo ■& Mercado reintegre a los demandantes la hacienda “Rufina,” con las partes constituyentes de la misma, según se describe, y por modo expreso declara sin lugar la de-manda en cnanto a la rendición de cuentas de todos los frutos, rentas y cosechos producidos por la finca hasta la fecha de la sentencia y a la restitución de dichos frutos y rentas. No contiene pronunciamiento alguno sobre las me-joras que en la hacienda “Rufina” hayan podido introducir Trujillo & Mercado desde su adquisición hasta la fecha de la sentencia.

Las alegaciones de la moción de los demandantes sobre aseguramiento de sentencia tienden a asegurar la respon-sabilidad de Trujillo & Mercado con relación a los frutos y rentas de la hacienda “Rufina” desde que fue interrrum-pida la posesión de buena fe por el emplazamiento de los mismos para comparecer en juicio, según se desprende del texto de los artículos 453, 1844 y 1846 del Código Civil citados en la moción en la cual no se hace mención de me-joras. No hay frutos, ni rentas, ni mejoras que asegurar en virtud de la sentencia pronunciada, la cual como hemos dicho y repetimos no contiene pronunciamiento sobre seme-jantes particulares.

La sentencia de 28 de marzo de 1916 claramente niega a los demandantes la restitución de frutos, rentas y cosechos producidos por la hacienda “Rufina” hasta entonces, y si desde esa fecha los demandantes creen tener algún derecho sobre tales frutos, rentas y cosechos, como la sentencia ijo hizo declaratoria alguna sobre esos particulares, es evidente que no procede dictar medida alguna para asegurar seme-jante derecho aún en el supuesto de que lo tengan los deman-dantes.

En cuanto a las mejoras introducidas en la finca, tampoco la sentencia contiene pronunciamiento sobre ellas, y lo que es más, los mismos demandantes no hicieron en su moción alegación alguna para obtener su aseguramiento.

Es de revocarse la sentencia apelada, declarándose sin lugar la moción de los demandantes apelados para asegura-miento de sentencia.

Revocada la sentencia apelada, declarándose sin lugar la moción de los demandantes ape-lados para aseguramiento de sentencia.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Su. del Toro,

text:
    Sucesión Dávila et al., Demandantes y Apelantes, v. Sucesión Maldonado et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de -San Juan, Sección Ia., sobre nulidad de declaratoria de herederos, partición de herencia y otros extremos.
    No. 1763.
    Resuelto en julio 12, 1918.
    Sobrinos- Naturales — Declaratoria de Herederos — Nulidad de Partición— Error de Derecho. — En el presente caso unos sobrinos naturales fueron de-clarados herederos de su tío natural en unión de un sobrino legítimo. Este no protestó, al contrario, de acuerdo con los sobrinos naturales celebró la partición de la herencia. Murió el sobrino legítimo y sus herederos, basán-dose en el artículo 1048 del Código Civil Revisado, solicitan la nulidad de la partición. Se resolvió, de conformidad con la jurisprudencia estable-cida en el caso de Aráñeles v. Báes, 20 D. P. R. 389, que los demandantes carecían de acción para pedir la nulidad solicitada.
    Resolución Definitiva del Pleito — Acción de Nulidad — Varios Demandados:— Aunque la sentencia apelada se dictó a virtud de la excepción de que la demanda no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción propuesta por sólo uno de los varios demandados, el pleito puede considerarse „ definitivamente resuelto en cuanto a todos, ya que si bien se solicitan diversas nulidades, todas descansan en la eficacia o no eficacia de cierta declaratoria de herederos y si se decide que tal declaratoria es válida o que no puede ser impugnada por los demandantes, caen por su base las dichas nulidades.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. Leopoldo Carmona y Luis Llorens Torres.

    Abogado de los apelados: Sr. Luis Muñoz Morales.

   El Juez Asociado Su. del Toro,

emitió la opinión del tri-' bnnal.

Según la demanda, Conrado Rivera y Dávila falleció el 28 de marzo de 1912 y el 24 de mayo del mismo año fueron declarados sus herederos su hermano natural Sebastián Dávila y sus sobrinos naturales Germán, Carmen y Juan Gorry, y Luis Maldonado Dávila, dividiéndose luego la herencia en dos partes: una que se adjudicó al hermano y otra a los sobrinos.

La demanda es confusa pero de ella se desprende que Conrado Rivera dejó al morir por lo menos las siguientes fincas: A, .una casa de piedra y azotea, situada en la calle de San Francisco, San Juan; B, un solar situado en Bayola, Santurce, San Juan, con una casa de bloques, y C, un predio de terreno de 80 cuerdas radicado en Aguas Buenas.

Se llevó a efecto una partición ante notario y la finca A se adjudicó a Sebastián Dávila, causante de los' demandantes, para pago dé deudas y Sebastián Dávila la vendió a la de-mandada Julia Márquez Crosas.

La finca B fué finalmente vendida al demandado Diego Agüero en la ejecución de una sentencia dictada por la Corte Municipal de San Juan, en un pleito seguido por el Banco Popular de Economías y Préstamos contra la Sucesión de Conrado Rivera, en cobro de obligaciones que se decían sus-critas por el causante de dicha sucesión. Se alega que la corte actuó sin jurisdicción.

T la finca C se adjudicó a Juan Gorry y se vendió en un pleito en que la Corte Municipal de Bayamón actuó, según la demanda, sin jurisdicción, habiéndola adquirido Anastacia Cintrón, quien la vendió al demandado Juan Orraca.

. Los demandantes piden, entre otros pronunciamientos, que se anule la declaratoria de herederos de Courado Rivera, porque sus sobrinos naturaAs no eran tales herederos de acuerdo con la ley; que se declare que el único heredero de Conrado Rivera es el causante de los demandantes, Sebastián Dávila, y que se entreguen a los demandantes todos los bienes relictos a su fallecimiento por Conrado Rivera.

No aparece en los autos alegación a’guna por parte de los demandados Germán, Carmen y Juan Gorry, y Sucesión de Luis Maldonado. No consta si se les emplazó o no.

La demandada Julia Márquez, por medio de sus abogados, Muñoz y Brown, presentó una moción para eliminar.

El demandado Diego Agüero, por medio de su abogado, F. Soto Gras, presentó también una moción para eliminar.

Y, por último, el otro demandado Juan Orraca, por medio de su abogado E. Márquez, alegó que la demanda no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción.

El 14 de diciembre de 1916 se celebró la vista de la excep-ción del demandado Orraca y el 11 de mayo de 1917 la corte la declaró con lugar.

El 29 de octubre de 1917 comparecieron los demandantes y los demandados Julia Márquez y Diego Agüero, por medio de sus abogados, para la vista de las mociones eliminatorias. Los abogados de Márquez y Agüero alegaron como cuestión previa que no debía procederse a la vista de dichas mociones porque el pleito había quedado terminado al resolverse la-excepción previa aducida por el demandado Orraca. La corte se reservó su resolución.

El 17 dé noviembre de 1917 la corte resolvió la cuestión planteada el 29 de octubre por los abogados de Julia Már-quez y Diego Agüero, en el sentido de que habiendo el pleito terminado por virtud de la resolución de la excepción previa indicada, no cabía oir ni resolver acerca de las mociones eliminatorias.

Así las cosas, el 21 de noviembre de 1917, los demandantes, al ser notificados de la resolución de la corte del 17 del mismo mes, pidieron a la corte que dictara sentencia, y la corte, en efecto dictó la sentencia contra la cual se ha interpuesto el presente recurso de apelación.

Sostiene el apelante en su alegato que la corte erró al negarse a proseguir el pleito, ya que en el mismo se ejerci-taban varias acciones contra varios demandados.

Un estudio detenido de la demanda nos lleva a la con-clusión de que si bien existen varios demandados y se soli-citan diversas nulidades, es lo cierto que todo descansa en la validez o nulidad de la declaratoria de herederos de Con-rado Rivera. Si dicha declaratoria es válida o por lo menos no puede ser en la actualidad impugnada por los deman-dantes, caen por su base las pretensiones de éstos. Y esa cuestión fundamental fue en verdad la resuelta por la corte de distrito al declarar con lugar la excepción previa del de-mandado Orraca.

Siendo esto así, no erró la corte al considerar resuelto definitivamente. el pleito no sólo en cuanto al demandado Orraca, sino en cuanto a todos los demandados.

Aceptando que de acuerdo con la ley y la jurisprudencia (véanse el artículo 913 del Código Civil y los casos de Sucesión Pagán v. Pagán et al., 17 D. P. R. 145; Correa et al. v. Correa et al., 18 D. P. R. 117; Rijos v. Peña et al., 19 D. P. R. 147, y Rijos v. Folgueras et al., 19 D. P. R. 149), los sobrinos naturales no tenían derecho a heredar, es lo cierto que fueron declarados herederos por una corte de justicia al par que el padre de los demandantes; que sin protesta alguna por parte del dicho padre de los demandantes se celebró la partición de la herencia en la forma' indicada y que los bienes partidos han ido a poder de otras personas.

Bajo tales circunstancias, ¿pueden ahora los herederos de Sebastián Dávila solicitar la nulidad de la declaratoria y de la partición?

A nuestro juicio esta cuestión fué ampliamente estudiada y quedó definitivamente resuelta por esta Corte Suprema en el caso de Arández v. Báes, 20 D. P. R. 389, en el que esta corte dijo:

“Ahora bien, aunque el artículo 1048 expresa de modo termi-nante que la partición hecha con uno a quien se creyó heredero sin serlo, será nula, creemos, sin embargo, que dicho artículo se re-fiere al caso en que no es heredero la persona que se dice serlo por falta del hecho o condición que le da tal carácter. Semejante caso surgiría si un hombre dijera que era pariente de una persona falle-cida sin tener consanguinidad alguna con la misma o si la persona no era en realidad la viuda del fallecido. La forma misma en que está redactado el artículo parece indicar un error de hecho. Difícil-mente hablaría el legislador de una interpretación errónea de la ley, pues se presume que todo el mundo la conoce.”

Si la partición no pnede impugnarse porque los sobrinos no fueran herederos, es claro que la demanda no aduce hechos suficientes en cuanto al demandado Orraca. Los bienes que actualmente posee fueron adjudicados a uno de los sobrinos y por tanto ninguna acción asiste a los demandantes en cuanto a ellos.

Tampoco contiene la demanda hechos suficientes para de-terminar una causa de acción en cuanto a la demandada Julia Márquez. En la partición se adjudicó al padre de los de-mandantes la casa en cuestión para que se encargara del pago de las deudas de la herencia, y la única razón que se alega para pedir la nulidad de la venta a la Sra. Orosas es que ésta conocía, por el conocimiento que está obligada a tener de la ley, que en la partición habían intervenido herederos que de acuerdo con la ley no lo eran.

En la demanda no se dice a quién se adjudicó la finca B que pertenece en la' actualidad al demandado Agüero y es tan confuso todo cuanto se expresa en relación con la misma, que en verdad no puede sostenerse que surja claro el derecho de los demandantes a pedir que se anule el título de Agüero y se les restituya en el dominio del inmueble.

Por virtud de todo lo expuesto opinamos que debe con-firmarse la sentencia apelada en el sentido de que dicha sen-tencia sólo resuelve que en el momento actual no pueden los demandantes impugnar la partición de la herencia de Con-rado Rivera por el motivo de que en ella intervinieran como herederos sus sobrinos naturales. La sentencia así confir-mada no será obstáculo para que los demandantes puedan ejercitar cualquiera otra acción independiente de que puedan estar asistidos.

Confirmada la senteMcia apela:da.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Aldrey no intervino en la resolu-ción de este caso.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Rivera Esbrí et al., Acusados y Apelantes.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce en causa por delito de conspiración.
    No. 1119.
    Resuelto en julio 13, 1918.
    Conspiración — Acusación Insuficiente — -Ley de Servicio Civil. — Si el mero hecho de solicitar dinero para fondos políticos, de personas en el Servicio Civil, no es delito, tampoco puede la combinación de dos o más personas para obtener tales fondos en la forma descrita en la acusación del presente caso, ser una conspiración. No hay conspiración para cometer un delito cuando no se describe delito alguno.
    Una acusación debe necesariamente contener los hechos y no puede dársele más fuerza haciendo cita a un artículo del Código Penal.
    Cuando se alega'una conspiración es quizás bastante con que la infor-mación impute “certeza de una intención común” (certainty to a common intent). Sin embargo el actuar bajo esa clase de eerteza no justifica que .“delitos contra la ley de servicio civil” se entienda como la solicitación de dinero mediante coerción, amenazas, o en otra forma análoga.
    No importa que los acusados en este caso no impugnaran formalmente en la corte inferior la suficiencia de la acusación; positivamente ellos no fueron informados de que se les imputaba coerción, amenaza, o algún otro elemento semejante, como debió haberse hecho.
    Los hechos están expresados en la opinión..
    Ahogados de los apelantes: Sres. Rafael Rivera Zayas, José ele J. Tizol, Gay. Coll Cuchi, Félix Córdova Dávila y Miguel Guerra.

    Ahogado del apelado: Hon. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tri bnnal.

La presente es nna acusación por conspiración, que dice así:

“El fiscal formula acusación contra Rafael Rivera Esbrí, Eduardo Wys y Alvaro Santaella Corton, por un delito de conspiración (misdemeanor), cometido como sigue: Los citados Rafael Rivera Esbrí, Eduardo Wys y Alvaro Santaella Corton, en la ciudad de Ponce, P. R., que forma parte del Distrito Judicial de Ponce P. R., allá en el espacio de tiempo comprendido entre el día primero de julio de 1915, basta fines del mes de enero de 1916, de una manera ilegal, maliciosa, voluntaria, fraudulenta y corrupta, conspiraron, se aso-ciaron, combinaron y pusieron de acuerdo para cometer delitos de infracción de la ley aprobada en marzo 14 de 1907, para “Regla-mentar y Mejorar el Servicio Civil de Puerto Rico,” misdemeanor, solicitando y obteniendo de J. Federico Maura, Enrique Fraile y Juana Clavell, que allí, y entonces eran empleados públicos, pro-fesores graduados de instrucción pública, con ejercicio en las escuelas públicas de Ponce, P. R., una cuota p contribución de carácter polí-tico, o sea cierta cantidad de dinero para fines políticos, cuyos actos son perjudiciales a la salud pública, encaminados a pervertir u obs-truir la justicia o la debida administración de las leyes vigentes en Puerto Rico. Este hecho es contrario a la ley para tal caso prevista y a la paz y dignidad de El Pueblo de Puerto Rico. ’ ’

Después que se había celebrado el juicio en la Corte de Distrito de Ponce, esta corte dio su opinión en el caso de El Pueblo v. Wys, 25 D. P. R. 510, en la que la corte resolvió que el solicitar dinero para fondos políticos, sin mediar ame-naza directa o indirecta o elemento análogo alguno, no cons-tituía un delito bajo la sección 14 de la Ley del Servicio Civil.

Indicando que éste es un caso por conspiración, y citando gran número de autoridades, el Gobierno arguye que es inne-cesario alegar todos los detalles del delito que los conspira-dores estaban preparando o intentaban preparar.

El artículo 62 del Código Penal dispone lo siguiente:

“Si dos o más personas conspiraren (1) 'para cometer algún cri-men; (2) para acusar falsa y maliciosamente a otra persona de algún crimen, o conseguir que se denuncie o arreste a otra por algún crimen; (3) para promover o sostener algún pleito, causa o proceso infundadamente; (4) para estafar y defraudar a alguna persona en sus bienes por medios en sí criminales, u obtener dinero o bienes valiéndose del engaño; y (5) para cometer algún acto perjudicial a la salud pública, o encaminado a pervertir u obstruir la justicia o la debida administración de las leyes, tales personas serán penadas con cárcel por un término máximo de un año, o multa máxima de mil dollars o ambas penas.”

Bajo ese artículo es evidente, y así lo hemos resuelto en el caso de El Pueblo v. Torrellas, 10 D. P. R. 542, que el fin perseguido debe ser o un acto criminal de acuerdo con el número 1, o uno de los actos específicamente prohibidos en los otros cuatro números de dicho artículo. La acusación ante nosotros tiende sólo a imputar una conspiración para cometer un crimen, y en realidad el acto imputado no puede estar comprendido sino en el número 1. La manifestación de que el acto tiende a pervertir la justicia, etc., no es la expresión de un hecho sino una conclusión del que alega, una consecuencia, como en cualquier otro caso, de una conspira-ción para cometer un crimen. Por tanto sólo nos resta con-siderar si la acusación imputa suficientemente una conspira-ción para cometer un delito.

Si el mero hecho de solicitar dinero para fondos políticos, de personas en el servicio civil no es un delito, tampoco puede la combinación de dos o más personas para obtener tales fondos en la forma descrita, ser una conspiración. No hay combinación para cometer un delito puesto que no se describe delito alguno. El Gobierno, sin embargo, insiste en que el delito ha sido descrito haciendo referencia exacta a la sec-ción 14 de la Ley del Servicio Civil. El abogado del Pueblo está en un error puesto que sólo se hace referencia a ‘ ‘ delitos contra el servicio civil.” Pero aún cuando existiera tal refe-rencia exacta, una acusación debe necesariamente contener los hechos y no puede dársele más fuerza haciendo cita de un artículo penal. El caso más específico citado por el fiscal, State v. Glemenson, 99 N. W. 139, fue uno en el que la corte resolvió que en una conspiración para cometer adulterio era innecesario alegar que el acusado sabía que la mujer de que se trataba era casada. El fiscal está en un error al decir que en ese caso se resolvió que no era necesaria la alegación de que la mujer era casada. El adulterio, desde los tiempos bíblicos, lia tenido un significado bien establecido en el len-guaje y casi necesariamente debía llevar a la mente de los acusados la idea de que se les imputaba el conocimiento de que la mujer era casada. Lo principal era la conspiración y no el delito. Convenimos que en nna conspiración para cometer un delito la acusación no tiene que expresar los de-talles del crimen que se trataba de cometer con la misma par-ticularidad que una acusación por el crimen en sí. Usando las mismas palabras de algunos de los casos citados por el Gobierno, cuando se alega una conspiración es bastante con que la información impute “certeza de una intención común” (certainty to a common intent). Pero la “certeza de una intención común” (definida en 11 O. J. 75) excluye el tratar de demostrar por inferencia que las palabras de la acusación tienen otro significado. Sin embargo, el actuar bajo esa clase de certeza no justifica el que quien Race la alegación pida a la corte que vaya más allá del significado corriente de las palabras para hacer inferencias en contra del acusado. Uno que no conozca el contenido de la ley del servicio civil puede leer la acusación en este caso, y no sabría nunca que la inten-ción del fiscal era imputar la solicitación de dinero mediante coerción, amenazas, o en otra forma análoga. No hay cer-teza de una intención común. La teoría del Gobierno, como en el caso de Wys, supra, fué que la mera solicitación para fondos políticos, de un empleado del Gobierno, constituía un crimen, y los acusados no fueron notificados de que se les acusaba de haber ejercitado amenazas, coerción, coacción, o medios semejantes. El juicio se celebró bajo la teoría de una mera solicitación.

La prueba en este caso tendía a demostrar la solicitación en la forma prohibida por la sección 14 de la ley del servicio civil. Los acusados, aunque presentaron una éxcepción pre-via, no levantaron en la corte inferior la cuestión de la sufi-ciencia de la acusación en el sentido que hemos estado dis-entiendo. La teoría de la defensa era una negativa. Ellos trataron de negar la verdad de los hechos tal como aparecían de la acusación. En estas circunstancias, y habiendo probado actos tan delictivos y abusivos, surgió la cuestión de si no debía considerarse que los acusados habían renunciado a la cuestión de la suficiencia a la acusación. La contestación es como antes, que ellos no fueron informados por la acusa-ción de que se les imputaba coerción o algún-otro elemento semejante. Para usar las palabras del Juez Sr. Harlan en el caso de Buchanan v. Litchfield, 102 U. S. 293.

“Renunciando a todas las consideraciones del caso, en su aspecto moral, basta decir que los principios establecidos de ley no pueden, con seguridad para el público, ser desconocidos con el fin de allanar las dificultades de casos especiales.”

Esta corte ha llegado hasta a revocar un caso en que el acusado confesaba su culpabilidad porque en él no se impu-taba delito alguno. La ley castiga los delitos; la acusación debe imputar un delito. Sólo pueden subsanarse con la prueba los defectos de menor importancia.

La sentencia debe ser revocada.

Revocada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciado Aldrey.

Los Jueces Asociados Sres. del Toro y Hutchison disin-tieron de la opinión del tribunal.


author: El Juez Asociado Sb. Wolt?,

text:
    Iglesias et al., Peticionarios y Apelantes, v. Siaca, Secretario Ejecutivo de Puerto Rico, Demandado y Apelado.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce en un recurso sobre mandamus.

    No. 1790.
    Resuelto en julio 13, 1918.
    Asociaciones qije no Tienen por Fin un Beneficio Pecuniario — Capital Social. — No habiéndose provisto capital por acciones en el presente caso, pues la condición de los socios fundadores es más bien la de un número de condueños que contribuyen a los fondos de la asociación y son protegidos y garantizados de acuerdo con el alcance de sus contribuciones, convenimos en que dicha asociación no confiere a sus miembros acciones en el ordinario sen-tido de la palabra, sino que tiene capital en el sentido de que cualquier asociación que tiene fondos debe tener capital.
    Por el espíritu de la ley en su totalidad se puede corroborar que su fin principal es la incorporación de asociaciones que no tienen un fin pecuniario.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. José A. Poventud.

    Abog’ados del epelado: Sres. Howard L. Kern, Attorney General; Salvador Mestre, Fiscal de la Corte Suprema, y Jaime Sifre, Jr., Fiscal Especial.

   El Juez Asociado Sb. Wolt?,

emitió la opinión del tribunal.

Los apelantes, deseando constituir, según alegan, una aso-ciación que no tiene por objeto un beneficio pecuniario, pre-sentaron sus artículos de incorporación al demandado, el Secretario Ejecutivo de Puerto Eico, quien rehusó expedir certificado, porque, según alegó, dichos artículos de incor-poración eran contrarios a la ley en cuanto a los particulares referentes a la creación, representación y liquidación del capital o haber de la corporación; también en cuanto a la limitación de votos a los fundadores de la asociación, y también en tanto en cuanto dichos artículos proveen respecto a votos por dele-gación.

La controversia principal ha sido sostenida en cuanto a la interpretación del artículo 12 de la Ley No. 22 de 1911 “para incorporar asociaciones que no tengan por objeto be-neficios pecuniarios.” ■ Dicho artículo provee como sigue:

“Artículo 12. — Otras disposiciones que podrán aplicarse. — Las-disposiciones de los artículos 34, 39, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 62 del Código Civil, serán aplicables a las asociaciones que no ten-gan por objeto un beneficio pecuniario, con las modificaciones que' fueren necesarias por el hecho de que dichas asociaciones carecen de-capital social por acciones y están compuestas de asociados y no de-accionistas.”

Mantienese por el demandado que el No. II de dichos artículos viola el expresado artículo, en cnanto provee la formación, de nn capital por acciones. La cláusula alegada es como sigue:

‘ ‘ Serán socios fundadores aquellos médicos que sean admitidos por la Junta Directiva y que contribuyan con la suma mínima de cin-cuenta dollaRS, o sus múltiplos, al fondo o capital de la asociación,, para los fines de la misma, constituyendo cada cincuenta dollars sa-tisfechos una acción representativa del expresado capital, o de los bienes que adquiera la asociación * * #. A cada socio fundador-se le librará un título que le acredite como tal, autorizado con las-, firmas del presidente y secretario de la asociación y librado bajo el sello de la misma, en el que se hará constar el nombre, apellido y residencia del socio, el número y valor de las acciones que haya sa-tisfecho, y la fecha de la expedición del título, el que se ajustará a la forma, y podrá contener las demás circunstancias, que acordare la junta directiva. * * *
“Los títulos de socios fundadores SERÁN intrasmisibles por acto inter-vivos, dabán derecho a un solo voto a su tenedor, irrespecti-vamente del número de acciones que comprendan, y serán librados de un libro talonario que llevará el secretario de la asociación, hacién-dose constar en el talón el nombre, apellido y residencia del socio, el número y montante de las acciones satisfechas, así como la fecha de la expedición del título, debiendo dejarse un espacio en blanco' para anotar la cancelación del título y el libramiento de otro en su lugar, cuando algún socio fundador tomare y pagare mayor número de acciones, SEGÚN aquí se depinen, de las que especifique su título o certificado.
“En caso de disolución y liquidación de esta asociación, .sólo par-ticiparán en el activo o bienes de la misma, después del pago de las deudas, que hubieren, los socios fundadores en proporción al número de acciones que comprenda o mencione el título de cada cual.”

Convenimos con los apelantes en que lo que ellos confieren a sus miembros no son acciones en el ordinario sentido de la palabra y que la asociación solamente tiene capital en el sentido en que cualquier asociación que tiene fondos debe tener capital. No se ha provisto capital por acciones. La condición de los socios fundadores es más bien la de un nú-mero de condueños, que contribuyen a los fondos de la aso-dación y son protegidos y garantizados de acuerdo con el alcance de sus contribuciones.

Además, no vemos que el artículo 12 contenga prohibición alguna. Quizás presume que las asociaciones corrientes que no tienen por fin un beneficio pecuniario no tienen capital .•social, pero sólo advierte al Secretario que debe hacer con-cesiones por la variedad que hay entre las corporaciones.

Estamos corroborados en esta opinión por el espíritu de la ley en su totalidad. Su fin principal es la incorporación sde asociaciones que no tienen un fin pecuniario. No se alega ni siquiera se sugiere que la asociación que se proyecta tenga algún otro fin. Las cláusulas niegan semejante supuesto. Es una asociación de médicos con fines científicos.

Los artículos 2 y 3 de la ley disponen lo siguiente:

“Artículo 2. — Formación•, Certificado de Incorporación. — Cinco o' más personas que deseen asociarse para fines científicos, literarios, artísticos, políticos, religiosos, fraternales, benéficos, educativos, de recreo, o cualesquiera otros lícitos, que no tengan por objeto un be-neficio' pecuniario, podrán hacer, firmar y reconocer ante un notario u otro funcionario autorizado para tomar y certificar reconocimien-tos, y presentar para su archivo en la oficina del Secretario de Puerto Rico, un certificado en el cual se hará constar:
“Primero, El nombre o título por el cual ha de ser reconocida legalmente la asociación, pero no se adoptará ningún nombre que esté ya usando otra corporación o asociación o que sea a él tan parecido que pueda dar lugar a confusión o incertidumbre, ni se inscribirá ningún nombre que pueda dar lugar a que se engañe al público en lo concerniente a los fines o alcance de cualquiera de esas’asociaciones.
“Segundo. El sitio donde haya de establecerse la oficina principal de la asociación en la isla de Puerto Rico.
“Tercero.- — El período por el cual se constituye, si su duración es-tuviera limitada.
“Cuarlo. El fin o fines para que se organiza la asociación.
“Quinto. Los nombres y dirección postal de los incorporadores.
“Sexto. El número de sus síndicos o directores, que no será me-nor de cinco.
“Séptimo. Los requisitos y condiciones necesarios para ingresar como socio.
“Octavo. Los recursos con que la asociación cuenta o con que se proponga atender a sus gastos.
“Dicho certificado contendrá los artículos de incorporación de la sociedad, asociación o club.
“Artículo 3. — -El Certificado Podrá Contener Otras ' Disposicio-nes. — Si los ineorporadores así lo desean el certificado podrá contener disposiciones determinando las condiciones que ban de reunir los ofi-ciales o cualquiera otra cláusula para la dirección y gobierno de los negocios de la asociación, así como cualquier limitación o reglamenta-ción de las facultades de los oficiales de la asociación que los ineorpo-radores quieran insertar, siempre que no estuvieren en contradicción de la ley.”

Estos artículos son una completa determinación de facul-tades a cualquier asociación no para fines pecuniarios, para organizarse y regular la admisión de socios en cualquier forma que no sea inconsistente con las leyes generales de Puerto Eico. Si hubiera algo en la sección 12 que fuera lige-ramente inconsistente, no podría prevalecer contra el obje-tivo general de la ley.

Nadie está obligado a entrar en la asociación y por tanto no hace diferencia alguna el que los directores hayan que-rido establecer distintas clases de socios, ni que el gobierno de los asuntos y bienes de la asociación quede bajo la direc-ción de una clase determinada de miembros.

En cuanto a los votos por delegación, los mismos princi-pios generales son aplicables. La ley no probibe el uso de representantes, los que son directamente autorizados por la carta constitutiva.

La sentencia apelada debe ser revocada, expidiéndose un auto perentorio de mandamus.

Revocada la sentencia apelada y expedido un auto perentorio de mandamus.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Pbesidente Sb. Hebnández,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Reyes, Acusada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan. Sección 2a., en cansa por delito contra la moral y hones-tidad pública.
    No. 1286.
    Resuelto en julio 13, 1918.
    Casa de Lenocinio — Pbostitución.—Habiéndose sostenido por la parte apelante en el presente casó que la denuncia es ambigua y dudosa por el hecho de que puede comprender dos delitos, o sean, los definidos en los artículos 287 y 288 del Código Penal, y que ignoraba por cuál di?, los dos se le acusaba, se resolvió: Que la denuncia imputa claramente a la acusada el hecho de tener establecida una casa de lenocinio frecuentada para la prostitución, que es la esencia del delito a que se refiere el artículo 287 del Código Penal, y que la evidencia aportada al juicio tiende a demostrar la existencia del delito.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. Celestino Iriarte, Jr.

    Abog’ado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Pbesidente Sb. Hebnández,

emitió la opinión del tribunal.

Tomasa Reyes fúé condenada por sentencia de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., de 29 de abril, 1918, a la pena de un año de cárcel a virtud de denuncia por delito cometido de la manera siguiente:

“Que en febrero 10 de 1918 a las 8 P. M., y en la calle Alien, casa No. 73, del distrito judicial municipal de San Juan, la referida acusada voluntaria, y maliciosamente y para, fines deshonestos tiene en la dirección indicada una casa dedicada a la prostitución, la cual es habitada o frecuentada por prostitutas, en donde realizan actos carnales. ’ ’

En apoyo del recurso interpuesto contra dicha sentencia sostiene la apelante que según excepción oportunamente ale-gada contra la denuncia, ésta es ambigua y dudosa, pues por los términos en que aparece redactada puede comprender dos delitos, a saber, los definidos en los artículos 287 y 288 del Código Penal, ignorando por cuál de ellos sea acusada.

Esos artículos dicen así:

“Artículo 287. — Toda persona que estableciere o tuviere estable-cida en Puerto Rico una casa de lenocinio frecuentada para la pros-titución y lascivia, o que voluntariamente residiere en ella, será reo de misdemeanor.
“Artículo 288. — Toda persona que tuviere establecida una casa escandalosa o dedicada a citas deshonestas * * * será reo de misdemeanor.”

Examinados los artículos transcritos en relación con la denuncia, se ve sin gran esfuerzo mental que llena-los requi-sitos prevenidos por los artículos 71 y 82 del Código de Enjui-ciamiento Criminal. Ella imputa claramente a la acusada que tiene establecida una casa de lenocinio frecuentada para la prostitución, que es la esencia del delito a que se refiere el ar-tículo 287. No se le imputa que tenga una casa dedicada a citas deshonestas, que es el elemento constitutivo del delito a que se refiere el artículo 288. Las alegaciones de que la casa es habitada o frecuentada por prostitutas que realizan allí actos carnales son explicativas de que la casa realmente está dedicada a la prostitución, y lejos de oscurecer corroboran el concepto fundamental del primer delito expresado.

También alega la apelante que la prueba no es bastante para sostener una sentencia condenatoria. No es así. La evidencia aportada al juicio tiende a demostrar que la acusada tenía establecida una casa a la que iban meretrices llamadas por ella a ejercer actos carnales' con los hombres que allí acudían, recibiendo remuneración por tan infame y punible tráfico.

Es de confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.