text:
      In re Enmienda a la Regla 3 de Disciplina Judicial.

      Número: ER-2011-02

      Resuelto: 5 de julio de 2011
   RESOLUCIÓN

Nuestra Constitución está concebida en una forma re-publicana de gobierno que se sustenta en las doctrinas de “separación de poderes” y “frenos y contrapesos”. Negrón Soto v. Gobernador, 110 D.P.R. 664, 666 (1981). De esta forma, “[d]istribuye entre sus tres ramas los poderes públi-cos bajo la premisa que tal equilibrio es saludable y nece-sario para mantener una verdadera democracia, evitando así una excesiva concentración en una de ellas con los pe-ligros que ello conlleva”. Id.

Así, para lograr el objetivo del Poder Judicial, a saber, la máxima eficiencia en la solución de controversias entre in-dividuos, la Constitución proveyó la mayor independencia judicial en lo concerniente a su jurisdicción, funciona-miento y administración. Id. Véase, además, 1 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico 451-456 (1951).

Asimismo, en nuestro sistema republicano de gobierno existe un interés apremiante de proteger la reputación de los jueces y la integridad de los tribunales ante ataques viciosos e infundados. Solo así se puede preservar la inde-pendencia de la Rama Judicial y el buen funcionamiento de sus organismos disciplinarios. Ortiz v. Dir. Adm. de los Tribunales, 152 D.P.R. 161, 182 (2000).

Resulta preciso puntualizar lo siguiente:

“En el ejercicio de su delicada función, aquéllos llamados a impartir justicia, conscientes de la posición que ocupan en la sociedad y de la trascendencia de su misión, deben velar po[r q]ue sus actuaciones respondan a normas de conducta que honren la integridad e independencia de su ministerio y esti-mulen el respeto y la confianza en la judicatura.
La independencia judicial es la independencia del(la) juez(a) para adjudicar. Es inherente a la función judicial. Es la inde-pendencia del (la) juez(a) frente a los poderes políticos, a las presiones sociales y frente a las partes. Tiene que proyectarse como que el juez decide fuera y libre de presiones indebidas, conservando la fe del Pueblo en la integridad del sistema.
La independencia judicial tiene el fin de garantizar a la so-ciedad que los derechos de cada cual serán evaluados en un foro libre e imparcial, donde la ley y la justicia serán los únicos criterios de decisión. Esa obligación requiere que el(la) juez(a) funcione dentro de un sistema de derecho estructurado por reglas sustantivas, procesales y administrativas que obligan al(la) juez(a) que tiene que decidir.” C. González Seda, Inde-pendencia Judicial, [s. 1.], Comisión de Derechos Civiles, 2005, págs. 20-21, citando a Tribunal Supremo de Puerto Rico, La Independencia Judicial en Puerto Rico, Secretariado de la Conferencia Judicial, octubre 1988.

La Regia 3 de Disciplina Judicial, aprobadas en el 2005, 4 L.RR.A. Ap. XV-B, dispone:

Regia 3. Alcance de estas reglas
Estas reglas regirán el procedimiento disciplinario contra jueces o juezas del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Apelaciones, por:
(a) Violación a la ley, a los Cánones de [É]tica Judicial, al Código de [E]tica Profesional, a las órdenes y normas adminis-trativas aplicables, por negligencia crasa, inhabilidad o incom-petencia profesional manifiesta en sus deberes judiciales, o
(b) condición de salud física o mental, ya sea temporera o permanente, que menoscabe el desempeño de sus funciones judiciales.

En cambio, la derogada Regla 6 de Procedimiento para Acciones Disciplinarias y de Separación del Servicio por Razón de Salud de Jueces o Juezas del Tribunal de Prima-ria Instancia y del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. Ap. XV-A, establecía lo siguiente:

Regla 6. Alcance
Sólo será atendida aquella queja o solicitud de separación relacionada con la conducta señalada por ley, reglamentada por los Cánones de [É]tica Judicial, los Cánones de [É]tica Profesional y por orden o Reglamento del Tribunal Supremo.
Sin que la siguiente enumeración sea considerada taxativa, no será investigada aquella queja o solicitud de separación que:
(a) trate de hechos tan remotos que impida realizar una investigación efectiva o que coloque al juez o jueza en una situación de indefensión;
(b) pretenda intervenir impropiamente con determinacio-nes judiciales;
(c) pretenda utilizar indebidamente el procedimiento disci-plinario o de separación para lograr la inhibición de un juez o jueza en un caso en particular o cualquier ventaja en un caso o procedimiento ante su consideración;
(d) sea anónima;
(e) sea frívola de su faz, o
(í) no cumpla con los requisitos de la Regla 9. R. Proc. por Salud Jueces T.PI. y T.A., 131 D.P.R. 630, 643-644 (1992).

Como se aprecia, la Regla 6 derogada contenía una lista de situaciones en las que no procedía la tramitación de una queja o solicitud de separación de algún juez. El comenta-rio que acompañó a esta Regla 6 indicaba que el propósito del inciso (b) era dejar claro que “la comisión de un error, de hecho, o de derecho, por un juez en el desempeño de sus funciones judiciales no es causa para disciplinarlo ...”. R. Proc. por Salud Jueces T.P.I. y T.A., supra, pág. 644, ci-tando a In re Quesada, 82 D.P.R. 65, 74 (1961). Dicho prin-cipio de derecho ha sido reiterado en innumerables ocasio-nes por este Tribunal. Véanse: In re Pagani Padró, 181 D.P.R. 517 (2011); In re Vicenty Nazario I, 169 D.P.R. 194, 223 (2006); In re Scherrer Caillet-Bois, 162 D.P.R. 842, 864 (2004); In re Velázquez Hernández, 162 D.P.R. 316, 332 (2004); In re Hon. Díaz García, T.P.I., 158 D.P.R. 549, 557-558 (2003). Además, el inciso (c) de la derogada Regla 6 pretendía evitar que se utilizara indebidamente el procedi-miento disciplinario para lograr cualquier ventaja en un caso o procedimiento ante su consideración. R. Proc. por Salud Jueces T.P.I. y T.A., supra, pág. 644.

Adviértase que lo anterior no impide que la Comisión de Evaluación Judicial ejerza su función evaluadora sobre el desempeño de los jueces y rinda su informe con los hallaz-gos que correspondan.

Es necesario restituir estos principios a las reglas disci-plinarias para proteger la independencia judicial que tie-nen todos los magistrados de nuestro sistema. Así pues, en virtud de nuestra autoridad para destituir a los jueces de los tribunales de inferior jerarquía que nos confiere el Art. V, Sec. 11, de la Constitución de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, y en conformidad con el Art. 6.006 de la Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, conocida como la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 2003 (4 L.P.R.A. sec. 25n), enmendamos la Regla 3 de Disciplina Judicial para que lea de la forma siguiente:

Regla 3. Alcance de estas reglas
Estas reglas regirán el procedimiento disciplinario contra jueces o juezas del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Apelaciones, por:
(a) violación a la ley, a los Cánones de Ética Judicial, al Código de Ética Profesional, a las órdenes y normas adminis-trativas aplicables por negligencia crasa, inhabilidad o incom-petencia profesional manifiesta en sus deberes judiciales, o
(b) condición de salud física o mental, ya sea temporera o permanente, que menoscabe el desempeño de sus funciones judiciales.
No obstante, se dispone, sin que la siguiente enumeración sea taxativa, que no será investigada aquella queja o solicitud de separación que:
(a) trate de hechos tan remotos que impida realizar una investigación efectiva o que coloque al juez o jueza en una situación de indefensión;
(b) pretenda intervenir impropiamente con determinacio-nes judiciales;
(c) pretenda utilizar indebidamente el procedimiento disci-plinario o de separación para lograr la inhibición de un juez o una jueza en un caso en particular o cualquier ventaja en un caso o procedimiento, ante su consideración;
(d) sea anónima;
(e) sea frívola de su faz, o

(f) no cumpla con los requisitos de la Regla 5.

Esta enmienda comenzará a regir inmediatamente. Se ordena la publicación de esta Resolución.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodrí-guez disintió sin opinión escrita.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

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      In re Extensión de Términos por Motivo de Concesión del 26 de Julio de 2011.

      Número: EM-2011-04

      Resuelto: 13 de julio de 2011
   RESOLUCIÓN

El Juez Presidente, Hon. Federico Hernández Denton, ha concedido a los empleados y funcionarios de la Rama Judicial el martes 26 de julio de 2011, libre con cargo a la licencia de vacaciones.

A tal efecto, y por nuestra facultad para reglamentar los procedimientos judiciales al computar los términos dis-puestos en las distintas leyes y reglas aplicables a los pro-cedimientos y trámites judiciales, se aplicará lo dispuesto por los Arts. 388-389 del Código Político de 1902 (1 L.P.R.A. sees. 72-73) y se considerará el martes 26 de julio de 2011 como si fuera día feriado. Cualquier término a ven-cer en ese día, se extenderá hasta el 28 de julio de 2011, próximo día laborable.

Se ordena la inmediata difusión pública de esta Resolución. Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo


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      In re Medidas Judiciales para Atender Emergencias Causadas por la Tormenta Tropical Emily.

      Número: EM-2011-05

      Resuelto: 2 de agosto de 2011
   RESOLUCIÓN

Ayer, 1 de agosto de 2011, el Servicio Nacional de Me-teorología emitió un aviso de tormenta tropical e inunda-ciones para Puerto Rico. En vista de ello y salvaguardando la seguridad de los empleados, funcionarios y la ciudada-nía que acude a los tribunales, se decretó la suspensión de los trabajos en la Rama Judicial y el cierre de las secreta-rías y de los tribunales durante todo el día de hoy, 2 de agosto de 2011, con cargo a la licencia por desastre natural.

Como resultado de lo anterior y al amparo de nuestra facultad para reglamentar los procedimientos judiciales, al computar los términos en las distintas leyes, reglas o re-glamentos aplicables a los procedimientos y trámites judi-ciales, se aplicará lo dispuesto en los Arts. 388-389 del Código Político de 1902 (1 L.P.R.A. sees. 72-73), por lo que se considerará el 2 de agosto de 2011, como si fuera mi día feriado.

Cualquier término que haya de vencer ese día se exten-derá hasta el próximo día laborable, 3 de agosto de 2011.

Se ordena la inmediata difusión pública de esta Resolución. Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo, interina.

(Fdo.) Larissa Ortiz Modestti Secretaria del Tribunal Supremo Interina


text:
      In re Medidas Judiciales para Atender Emergencias Causadas por la Tormenta Tropical Emily.

      Número: EM-2011-06

      Resuelto: 3 de agosto de 2011
   RESOLUCIÓN

Hoy, 3 de agosto de 2011, el Servicio Nacional de Meteo-rología emitió un aviso de inundaciones para Puerto Rico provocadas por el paso de la tormenta tropical Emily. En vista de ello y salvaguardando la seguridad de los emplea-dos, funcionarios y la ciudadanía que acude a los tribuna-les, se decretó la suspensión de los trabajos en la Rama Judicial y el cierre de las secretarías y de los tribunales durante todo el día de hoy, 3 de agosto de 2011, con cargo a la licencia por desastre natural.

Como resultado de lo anterior y al amparo de nuestra facultad para reglamentar los procedimientos judiciales, al computar los términos en las distintas leyes, reglas o re-glamentos aplicables a los procedimientos y trámites judi-ciales, se aplicará lo dispuesto en los Arts. 388-389 del Código Político de 1902 (1 L.P.R.A. sees. 72 — 73), por lo que se considerará el 3 de agosto de 2011, como si fuera un día feriado.

Cualquier término a vencer ese día se extenderá hasta el próximo día laborable, 4 de agosto de 2011.

Se ordena la inmediata difusión pública de esta Resolución. Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo, interina.

(.Fdo.) Larissa Ortiz Modestti Secretaria del Tribunal Supremo Interina


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    Luis Córdova Dexter, recurrido, v. Sucesión Ferraiuoli y otros, peticionarios.

      Número: CC-2010-0585

      Resuelto: 5 de agosto de 2011

      Laura Beléndez-Ferrero, abogada de la parte peticionaria; Efrén José Bula López, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Estrella Martínez

emitió la opinión del Tribunal.

Nos corresponde resolver por primera vez si la determi-nación del Negociado Federal de Rentas Internas (I.R.S., por sus siglas en inglés) de exonerar a un oficial de una corporación como deudor o persona responsable de la pena-lidad dispuesta en la See. 6672 del Código Federal de Ren-tas Internas, es concluyente para efectos de un pleito de nivelación sobre la misma deuda incoado en el Tribunal de Primera Instancia. En específico, si procede una demanda presentada por otro oficial de la corporación para recobrar la mitad de lo que pagó al I.R.S., a pesar de que tal agencia determinó que el demandado no era responsable de la deuda, de la cual, por medio de la presente causa, se soli-cita nivelación en el foro primario. Por entender que no procede declarar como deudor solidario de una obligación ante el I.R.S. a quien dicha agencia determinó que nada le debía, revocamos el dictamen del Tribunal de Apelaciones, emitimos sentencia sumaria y declaramos “sin lugar” la demanda.

I

El Sr. Luis Córdova Dexter, el Sr. David E. Rodríguez González y el Sr. Blas R. Ferraiuoli Martínez eran accio-nistas únicos de la corporación CFR Construction Corp. En el 2001 esta corporación se acogió a la protección de la Ley de Quiebras y liquidó todos sus haberes y deudas, con ex-cepción de $31,149.32 adeudados al I.R.S., por la penalidad por seguro social retenido a los empleados y no pagado a la referida agencia.

El I.R.S. determinó que los responsables de la aludida penalidad, dispuesta en la See. 6672 del Código Federal de Rentas Internas, 26 U.S.C.A. see. 6672, eran los señores Córdova Dexter y Rodríguez González. Véase Apéndice, pág. 65. Asimismo, la agencia resolvió que el señor Fe-rraiuoli Martínez no respondía por tal penalidad. Véase Apéndice, pág. 64.

Luego de recibir comunicación por parte del I.R.S., el señor Córdova Dexter satisfizo la deuda en su totalidad. Más adelante, y a pesar de la mencionada determinación de la agencia federal, el 10 de mayo de 2006 el señor Cór-dova Dexter presentó una demanda sobre nivelación de deuda en el Tribunal de Primera Instancia contra el señor Ferraiuoli Martínez, la esposa de éste y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos. Alegó que él satis-fizo lo adeudado al I.R.S. por la corporación y que el señor Ferraiuoli Martínez estaba obligado a responder por la mi-tad de dicha deuda.

Por su parte, el señor Ferraiuoli Martínez presentó su contestación a la demanda. En ella, alegó que no procedía una acción de nivelación en su contra, toda vez que el I.R.S. había determinado que él no era responsable de la deuda reclamada.

Así las cosas, el 26 de octubre de 2007 el señor Fe-rraiuoli Martínez presentó una moción de sentencia suma-ria en la que solicitó la desestimación de la demanda. En síntesis, alegó que el Tribunal de Primera Instancia care-cía de jurisdicción para intervenir con la determinación final y firme del I.R.S. de que él no era responsable del pago de la deuda cuya nivelación ahora se exigía. Expresó que el 9 de julio de 2001, el I.R.S. le cursó una notificación en la cual le responsabilizó por la deuda, junto al señor Córdova Dexter y el señor Rodríguez González. Sin embargo, sos-tuvo que apeló dicha determinación ante el I.R.S. y el 8 de agosto de 2001 dicha agencia reconsideró y concluyó que él no era un oficial responsable de la deuda. Para sustentar esta alegación el señor Ferraiuoli Martínez anejó a su mo-ción de sentencia sumaria la mencionada notificación del i.R.s.

Del mismo modo, sostuvo que al momento de presentar la demanda el señor Córdova Dexter sabía que el deman-dado no era responsable por el adeudo. Esto, porque el 27 de enero de 2006 el señor Córdova Dexter recibió una no-tificación del “Taxpayer Advocate Service”, en la cual se le informó que según la investigación realizada por los oficia-les del I.R.S., dicha agencia determinó que los oficiales res-ponsables por la deuda eran el propio señor Córdova Dexter y el señor Rodríguez González. Nadie más. Esta notificación también fue anejada a la moción de sentencia sumaria.

El señor Ferraiuoli Martínez falleció durante el trans-curso de los procedimientos. Posteriormente fue sustituido por su sucesión (Sucesión Ferraiuoli).

Por su parte, el señor Córdova Dexter se opuso a la so-licitud de sentencia sumaria. Adujo que debía celebrarse una audiencia para evaluar si el señor Ferraiuoli Martínez estaba obligado hacia los demás accionistas por la deuda pagada al I.R.S. Ello, a pesar de la acción tomada por la agencia federal. La Sucesión Ferraiuoli presentó una ré-plica a la aludida oposición.

Luego de considerar los planteamientos de ambas par-tes, el Tribunal de Primera Instancia emitió una sentencia sumaria el 20 de agosto de 2008 y la notificó a las partes el 18 de septiembre de 2008. Mediante este dictamen, el foro primario desestimó la demanda presentada por el señor Córdova Dexter. Al así hacerlo, se declaró sin jurisdicción para conceder el remedio solicitado, puesto que el I.R.S. había determinado que el señor Ferraiuoli Martínez no era responsable del adeudo. Igualmente, dicho foro concluyó que el señor Córdova Dexter tenía que haber dilucidado su pedido ante el I.R.S. o ante el Tribunal de Distrito de Es-tados Unidos.

Inconforme, el 3 de octubre de 2008 el señor Córdova Dexter presentó una moción de reconsideración. Adujo que ignoraba a cuánto ascendía la deuda con el I.R.S. al mo-mento en que la corporación presentó la petición de quiebra. Además, argüyó que no fue informado por el señor Ferraiuoli Martínez de los reclamos del I.R.S. La Sucesión Ferraiuoli compareció en oposición.

El 5 de octubre de 2009 el Tribunal de Primera Instan-cia dictó una orden en la que acogió la moción de reconsi-deración y dejó sin efecto la sentencia sumaria. No expuso fundamento alguno para su decisión.

En desacuerdo con esta determinación, el 30 de noviem-bre de 2009 la Sucesión Ferraiuoli presentó oportuna-mente un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Alegó que el Tribunal de Primera Instancia carecía de jurisdicción para revisar una determinación del I.R.S. El señor Córdova Dexter presentó su alegato en oposición.

Así las cosas, el 28 de mayo de 2010 —notificada el 3 de junio de 2010— el Tribunal de Apelaciones emitió una sen-tencia mediante la cual denegó expedir el recurso de cer-tiorari presentado por la Sucesión Ferraiuoli. El foro ape-lativo intermedio expresó que el señor Córdova Dexter no tenía la intención de controvertir las determinaciones del I.R.S., sino que pretendía reclamarle a la Sucesión Fe-rraiuoli al amparo del derecho local. Asimismo, añadió que el Tribunal de Primera Instancia adjudicaría en su mo-mento si el señor Córdova Dexter tiene derecho a la nive-lación pretendida o si, por el contrario, la determinación final y firme del I.R.S. impide que éste repita contra la Sucesión Ferraiuoli al amparo del derecho local por el pago de la deuda alegadamente satisfecha. Según entendió, no era el momento idóneo para manifestarse al respecto.

Inconforme, el 2 de julio de 2010 la Sucesión Ferraiuoli presentó ante nos un recurso de certiorari en el cual alega que erró el Tribunal de Apelaciones al resolver que los tribunales estatales poseen jurisdicción para revocar una de-cisión final y firme del I.R.S. De igual forma, aduce que el foro apelativo intermedio incidió al no disponer del pleito por la vía sumaria y al determinar que podría haber una acción de nivelación.

El 14 de enero de 2011 emitimos una resolución en la cual le concedimos un término de 30 días al señor Córdova Dexter para que mostrara causa por la cual no debíamos expedir el auto de certiorari, revocar el dictamen del Tribunal de Apelaciones y dictar sentencia sumaria para de-clarar “sin lugar” la demanda. Con el beneficio de la com-parecencia de ambas partes, procedemos a resolver.

II

El Código Federal de Rentas Internas requiere que todo patrono retenga ciertos impuestos del salario de sus empleados y los pague al Gobierno Federal. 26 U.S.C.A. sec. 3102. En lo pertinente a la presente causa, los patronos deben deducir y retener de los salarios paga-dos a los empleados la cantidad correspondiente al im-puesto de seguro social. El dinero así deducido debe ser retenido en un fondo especial a favor de Estados Unidos de América, previo a su pago al Gobierno Federal. 26 U.S.C.A. see. 7501(a).

Para asegurar el ñel cumplimiento con estas disposiciones, y para proveer al I.R.S. de una fuente alterna de la cual recaudar los impuestos no pagados, el Congreso de Estados Unidos aprobó la See. 6672 del Código Federal de Rentas Internas, supra. Esta sección dispone que toda persona a la que se le requiera cobrar, informar y pagar cualquier impuesto establecido en dicho título y que inten-cionalmente no lo haga o trate de evadir su pago, será res-ponsable y tendrá que pagar una penalidad igual a lasuma de los impuestos evadidos, no recolectados o no pagados. íd.

En conformidad con lo anterior, la penalidad dispuesta en la See. 6672, supra, recae en aquel oficial o empleado que: (1) sea la persona responsable de recolectar, informar y pagar cualquier impuesto establecido en el Código Federal de Rentas Internas, y (2) deliberadamente falle en así hacerlo. U.S. v. Sotelo, 436 U.S. 268, 274 (1978). Quien cumpla con estos requisitos será “persona responsable” para efectos de la penalidad establecida en la See. 6672, supra. Slodov v. U.S., 436 U.S. 238, 245-246 esc. 7 (1978). La responsabilidad según esta sección no está limitada a un individuo, sino que puede extenderse a varias personas. United States v. Energy Resources Co., Inc., 495 U.S. 545, 547 (1990), citando a Slodov v. U.S., supra, págs. 244-245. Por ello, el I.R.S. puede reclamarle a varios sujetos siem-pre que determine que más de uno es responsable. Por po-lítica de la agencia, se recobrará la totalidad de los impues-tos no pagados solo una vez. U.S. v. Sotelo, supra, pág. 279.

El procedimiento administrativo de recolección y revi-sión consta de varias etapas. Como primer paso el I.R.S. envía una notificación a las personas responsables en la cual les solicita el pago de la penalidad dispuesta en la See. 6672, supra, para recobrarla administrativamente. 26 U.S.C.A. secs. 6671(a) y 6303(a). El receptor incon-forme con dicha comunicación podrá cuestionar la referida determinación administrativa por medio de la presenta-ción de una protesta o apelación ante el I.R.S. 26 U.S.C.A. see. 6672. Si luego de tal procedimiento aún se encuentra inconforme, la persona tendrá que pagar la pe-nalidad, Flora v. United States, 357 U.S. 63, 75 (1958), para luego poder acudir en revisión judicial al Tribunal de Distrito de Estados Unidos, 28 U.S.C.A. sec. 1340, o al Tribunal de Reclamaciones de Estados Unidos (United States Court of Claims). Véase 26 U.S.C.A. sec. 7422. Am-bos tribunales ostentan jurisdicción concurrente para atender reclamaciones de reembolso sobre las cantidades pagadas al I.R.S. 28 U.S.C.A. sec. 1346(a)(1).

No obstante lo anterior, el Tribunal Fiscal —Tax Court— adquirirá jurisdicción si el I.R.S. remite al indivi-duo una notificación de deficiencia respecto al impuesto o penalidad objeto de la demanda, antes de que se materia-lice la vista en el Tribunal de Distrito o en el Tribunal de Reclamaciones de Estados Unidos, y si el individuo en efecto presenta su reclamación ante el Tribunal Fiscal para cuestionar la referida notificación de deficiencia. 26 U.S.C.A. sec. 7422(e). La presentación de la demanda ante dicho tribunal privará de jurisdicción al Tribunal de Distrito o al Tribunal de Reclamaciones de Estados Uni-dos, y el Tribunal Fiscal detentará jurisdicción sobre la re-clamación de reembolso y sobre la notificación de deficiencia. Id. Estos son los foros con jurisdicción dispues-tos por la ley federal para dilucidar los reclamos antes intimados.

Previo a la aprobación de la Carta de Derechos del Con-tribuyente por parte del Congreso en 1996, no existía de-recho federal de nivelación a favor de la persona responsa-ble que pagara una cantidad mayor a su parte proporcional de responsabilidad por la penalidad establecida en la See. 6672 del Código Federal de Rentas Internas. 26 U.S.C.A. 6672(d). Para aquel entonces algunos estados habían reco-nocido tal derecho a la luz del ordenamiento jurídico esta-tal y otros lo habían rechazado. La nivelación depen-día de que el estado reconociera dicha causa de acción, para que el deudor solidario que satisfizo la obligación pu-diera recobrar el exceso de lo pagado, de acuerdo con su responsabilidad.

Posteriormente, como parte de la Carta de Derechos del Contribuyente, el Congreso enmendó el Código Federal de Rentas Internas para que las personas responsables según la See. 6672, supra, tuvieran el derecho federal de nivela-ción o contribución. Asimismo, le impuso al I.R.S. la obligación de revelar sus actividades de recolección a todas las personas responsables por la misma deuda. 26 U.S.C.A. sec. 6103(e)(9). Los hechos que originaron la presente causa ocurrieron luego de la aprobación de la referida enmienda.

En este punto es menester señalar que “como regla general los tribunales estatales tienen jurisdicción para atender todo asunto al amparo de las leyes estatales y jurisdicción concurrente con los tribunales federales para atender asuntos que surjan bajo el palio de las leyes federales”. SLG Semidey Vázquez v. ASIFAL, 177 D.P.R. 657, 679 (2009). Los tribunales estatales únicamente “carecen de jurisdicción sobre algún asunto federal cuando el Congreso de Estados Unidos expresamente dispone esa ex-clusividad jurisdiccional, o cuando es palmaria la intención del Congreso de privar a los tribunales estatales de jurisdicción sobre dicho asunto federal”. Id. En el presente caso, nada hay en la enmienda en cuestión que indique que al incluir la acción de nivelación federal, el Congreso tuvo la intención —explícita o implícita— de ocupar el campo o impedir la obtención de un remedio de nivelación en los tribunales estatales a la luz de las propias leyes estatales. De ahí que la persona responsable que haya pagado una cantidad mayor a su parte proporcional de responsabilidad por la penalidad establecida en la Sec. 6672 del Código Federal de Rentas Internas pueda instar una acción a nivel federal según la Sec. 6672, supra, o una acción de nivelación según el derecho estatal, en aquellos estados en los que se reconozca tal causa de acción.

En Puerto Rico, la acción de nivelación emana de los Arts. 1096 al 1099 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 3107—3110. El Art. 1098 dispone que el deudor solidario que hizo el pago solo puede reclamar de sus codeudores la parte que a cada uno corresponda, 31 L.P.R.A. sec. 3109. Para que proceda la acción de nivelación es indispensable que exista solidaridad. Solo si la responsabilidad es de ca-rácter solidaria nace el derecho de nivelación o contribu-ción, para aquellos casos en que un codeudor pague la to-talidad de la deuda. Id. Véase, además, Ortiz Muñoz v. Rivera Martínez, 170 D.P.R. 869, 887 (2007). Esta acción tiene el propósito de “evita [r] situaciones de enriqueci-miento injusto, al distribuir la carga entre todos los responsables”. S.L.G. Vázquez-Ibáñez v. De Jesús, Vélez, 180 D.P.R. 387, 409 (2010). Véanse, además: U.S. Fire Insurance v. A.E.E., 174 D.P.R. 846, 856 (2008); S.L.G. Szendrey v. Hospicare, Inc., 158 D.P.R. 648, 654 (2003).

En sintonía con lo anterior, el Art. 1099 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3110, dispone que “[l]a quita o remisión hecha por el acreedor de la parte que afecte a uno de los deudores solidarios no libra a éste de su responsabilidad para con los codeudores en el caso de que la deuda haya sido pagada por cualquiera de ellos”. (Énfasis nuestro.)

En cuanto a la sentencia sumaria, la Regla 36.3 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III (ed. 2001)), aplicable al caso del epígrafe, dispone que ésta podrá dictarse si las alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas si las hay, u otra evidencia, demuestran “que no hay controversia real sustancial en cuanto a algún hecho material y que como cuestión de derecho debe dictarse sentencia sumaria a favor de la parte promovente”. íd.

La sentencia sumaria puede emitirse sobre la totalidad o cualquier parte de la reclamación, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 36.2 (ed. 2001), y es el mecanismo procesal adecuado para resolver controversias que no requieran la celebración de un juicio. Ramos Pérez v. Univisión, 178 D.P.R. 200 (2010). Un tribunal puede disponer de un caso sin celebrar un juicio en su fondo en aquellas situaciones en que la parte que la solicita demuestra que no existe controversia real sustancial en cuanto a ningún hecho material y que sólo resta disponer de las controversias de derecho existentes. PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 881, 912 (1994).

Cualquier duda sobre la existencia de una controversia de hechos bona fide debe ser resuelta contra la parte peticionaria de la sentencia sumaria. González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 D.P.R. 127, 138 (2006). Sin embargo, no cualquier duda sobre la existencia de una controversia de hecho material será impedimento para dictar sentencia sumaria. Ramos Pérez v. Univisión, supra. La duda ha de ser de tal magnitud que permita concluir que existe una controversia real y sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes. Id.

Quien se oponga a que se dicte sentencia sumaria no puede cruzarse de brazos y descansar en sus alegaciones. Piovenetti v. S.L.G. Touma, S.L.G. Tirado, 178 D.P.R. 745 (2010); Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 D.P.R. 559, 570 (2001). El correcto proceder es refutar los hechos alegados mediante la presentación de prueba. Id. Empero, la omisión en presentar evidencia que rebata aquella presentada por el promovente, no necesariamente implica que procede dictar sentencia sumaria de forma automática. Piovenetti v. S.L.G. Touma, S.L.G. Tirado, supra.

I — i HH I — l

La Sucesión Ferraiuoli alega que no procede la acción de nivelación en el Tribunal de Primera Instancia porque el I.R.S. determinó que el señor Ferraiuoli Martínez no es deudor solidario del adeudo por la penalidad dispuesta en la See. 6672, supra. Por lo tanto, aduce que debe dictarse sentencia sumaria ante la ausencia de controversia de he-chos sobre la determinación final y firme del I.R.S.

En cambio, el señor Córdova Dexter arguye que procede la acción de nivelación por lo pagado al I.R.S. por penali-dades que dicha agencia le impusiera como oficial de la corporación, puesto que “la deuda correspondía en partes iguales a los tres (3) accionistas”. Véase Moción para expo-ner posición del demandante en oposición a certiorari, pág. 4. Esto, basado en que todos eran accionistas de la corpo-ración en partes idénticas. Dicho de otra manera, el señor Córdova Dexter sostiene que el señor Ferraiuoli Martínez es deudor solidario de la deuda pagada al I.R.S. en virtud de la penalidad antes referida, porque la determinación de tal agencia no lo exime de responsabilidad como oficial de la corporación. No le asiste la razón.

Para ser receptor de la penalidad dispuesta en la See. 6672 del Código Federal de Rentas Internas, supra, es indispensable que el oficial sea la “persona responsable” en la corporación de recolectar, informar y pagar cualquier impuesto establecido en dicho Código. 26 U.S.C.A. sec. 6672; U.S. v. Sotelo, supra, pág. 274. Además de lo anterior, resulta necesario que el I.R.S. determine que hubo el elemento de deliberación al incumplir con esta obligación. Id. Sólo las personas que cumplan con ambos requisitos serán responsables de las deudas de la corporación por la penalidad dispuesta en la See. 6672, supra. Slodov v. U.S., supra.

En el caso ante nos, luego de realizar la investigación correspondiente, el I.R.S. determinó que el señor Fe-rraiuoli Martínez no era “persona responsable” para efec-tos de la penalidad establecida en la See. 6672, supra. Véase, Apéndice, págs. 64 y 65. Por el contrario, la referida agencia dispuso que las únicas personas responsables eran el señor Córdova Dexter y el señor Rodríguez González. Este hecho era conocido por el señor Córdova Dexter antes de presentar la demanda en cuestión. Véase Apéndice, pág. 65. Aun así, insiste en que el señor Ferraiuoli Martínez es deudor solidario de la mencionada deuda y que en confor-midad con los Arts. 1098 y 1099 del Código Civil de Puerto Rico, supra, procede su acción de nivelación.

El problema con su pretensión es que ambos artículos requieren que exista solidaridad para que proceda cual-quier acción de nivelación, 31 L.P.R.A. secs. 3109 y 3110, y en el presente caso no hay solidaridad alguna que reclamar en cuanto al señor Ferraiuoli Martínez. Así lo determinó claramente el I.R.S., agencia que ostenta jurisdicción para determinar quién es “persona responsable” para efectos de la penalidad dispuesta en la Sec. 6672 del Código Federal de Rentas Internas. Tal decisión es al día de hoy final y firme. Del mismo modo, entre los foros judiciales disponi-bles para cuestionar dicha determinación administrativa federal no se encuentra el Tribunal General de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Ciertamente, tenemos jurisdicción para atender pleitos de nivelación entre deudores solidarios. Pero en el presente caso, nada hay que nivelar. Quién es deudor del I.R.S. en virtud de la penalidad dispuesta en la Sec. 6672, supra, es una determinación de la propia agencia federal, no del Tribunal de Primera Instancia. A pesar de que el señor Cór-dova Dexter alega que no tiene intención de controvertir la determinación del I.R.S., la realidad es que con la presente causa tal sería el resultado. Esto, pues no hay forma de declarar “con lugar” la acción de nivelación, y proclamar al señor Ferraiuoli Martínez como deudor solidario, sin inter-ferir inadmisiblemente con la determinación final y firme del I.R.S. en la cual se exonera a este último de toda responsabilidad.

El señor Córdova Dexter pudo reclamar contra la suce-sión del señor Rodríguez González. No lo hizo. Pudo recia-mar porque el I.R.S. dictaminó que éste era el otro oficial de la corporación que respondía solidariamente por la deuda producto de la penalidad dispuesta en la Sec. 6672 del Código Federal de Rentas Internas, supra. De esa forma, hubiera tenido la oportunidad de recobrar el exceso de lo pagado como deudor solidario por la deuda en cuestión. Sin embargo, optó por demandar a quien no res-ponde por la mencionada deuda ante el I.R.S., según re-suelto por la propia agencia.

Luego de evaluar los documentos en apoyo a la moción de sentencia sumaria presentada por el señor Ferraiuoli Martínez y aquellos en oposición presentados por el señor Córdova Dexter, somos del criterio de que no existe contro-versia real y sustancial sobre ningún hecho material y per-tinente que impida dictar sentencia sumaria. Del expe-diente surge claramente la determinación del I.R.S. respecto a que el señor Ferraiuoli Martínez no es un oficial de la corporación responsable por la penalidad establecida en la Sec. 6672, supra. Asimismo, de los documentos acom-pañados a la moción de sentencia sumaria y de las admi-siones de la propia parte demandante, surge con igual cla-ridad que la mencionada agencia federal resolvió que las personas responsables del adeudo son los señores Córdova Dexter y Rodríguez González.

Concluimos que la determinación del I.R.S. en la cual se exonera a un oficial de una corporación de una deuda pro-ducto de la penalidad dispuesta en la Sec. 6672 del Código Federal de Rentas Internas, supra, es concluyente en un pleito de nivelación sobre el mismo adeudo presentado en el Tribunal de Primera Instancia. Así, pues, no procede declarar como “persona responsable” de una deuda ante el I.R.S. a quien la propia agencia determinó que nada le debía.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el re-curso de certiorari del epígrafe, se revoca el dictamen del Tribunal de Apelaciones y se dicta sentencia sumaria de-clarando “sin lugar” la demanda.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no interviene.

       El señor Córdova Dexter no demandó al otro coaccionista, señor Rodríguez González. Éste había fallecido al momento de la presentación de la demanda. Sin embargo, el señor Córdova Dexter tampoco demandó a la sucesión del fenecido.

       Véanse: Moción de Sentencia Sumaria, Apéndice, pág. 73; Apéndice, pág. 64.

       Apéndice, pág. 65; Moción de Sentencia Sumaria, Apéndice, pág. 73.

       El jueves 26 de noviembre de 2009, fecha en que vencía el término para acudir en alzada, se celebró el día de acción de gracias. El próximo día fue conside-rado feriado para efectos del cómputo de los términos. Véase In re Extensión Términos, 177 D.P.R. 574 (2009). El próximo día hábil fue, en efecto, el lunes 30 de noviem-bre de 2009.

       En lo pertinente, esta sección dispone lo siguiente:
      “See. 3102. Deduction of tax from wages

      “(a) Requirement. — The tax imposed by section 3101 shall be collected by the employer of the taxpayer, by deducting the amount of the tax from the wages as and when paid. ...
      “(b) Indemnification of employer. — Every employer required so to deduct the tax shall be liable for the payment of such tax, and shall be indemnified against the claims and demands of any person for the amount of any such payment made by such employer.” 26 U.S.C.A. sec. 3102.

        “Sec. 7501. Liability for taxes withheld, or collected

      “(a) General rule. — Whenever any person is required to collect or withhold any internal revenue tax from any other person and to pay over such tax to the United States, the amount of tax so collected or withheld shall be held to be a special fund in trust for the United States. The amount of such fund shall be assessed, collected, and paid in the same manner and subject to the same provisions and limitations (including penalties) as are applicable with respect to the taxes from which such fund arose.” 26 U.S.C.A. sec. 7501(a).

       Esta sección lee como sigue:
      “Sec. 6672. Failure to collect and pay over tax, or attempt to evade or defeat tax
      “(a) General rule. — Any person required to collect, truthfully account for, and pay over any tax imposed by this title who willfully fails to collect such tax, or truthfully account for and pay over such tax, or willfully attempts in any manner to evade or defeat any such tax or the payment thereof, shall, in addition to other penalties provided by law, be liable to a penalty equal to the total amount of the tax evaded, or not collected, or not accounted for and paid over. No penalty shall be imposed under section 6653 or part II of subchapter A of chapter 68 for any offense to which this section is applicable.
      “(b) Preliminaiy notice requirement.—
      “(1) In general. — No penalty shall be imposed under subsection (a) unless the Secretary notifies the taxpayer in writing by mail to an address as determined under section 6212(b) or in person that the taxpayer shall be subject to an assessment of such penalty.
      “(2) Timing of notice. — The mailing of the notice described in paragraph (1) (or, in the case of such a notice delivered in person, such delivery) shall precede any notice and demand of any penalty under subsection (a) by at least 60 days.
      “(3) Statute of limitations. — If a notice described in paragraph (1) with respect to any penalty is mailed or delivered in person before the expiration of the period provided by section 6501 for the assessment of such penalty (determined without regard to this paragraph), the period provided by such section for the assessment of such penalty shall not expire before the later of—
      “(A) the date 90 days after the date on which such notice was mailed or delivered in person, or
      “(B) if there is a timely protest of the proposed assessment, the date 30 days after the Secretary makes a final administrative determination with respect to such protest.
      “(4) Exception for jeopardy. — This subsection shall not apply if the Secretary finds that the collection of the penalty is in jeopardy.
      “(c) Extension of period of collection where bond is filed.—
      “(1) In general. — If, within 30 days after the day on which notice and demand of any penalty under subsection (a) is made against any person, such person—
      “(A) pays an amount which is not less than the minimum amount required to commence a proceeding in court with respect to his liability for such penalty,
      “(B) files a claim for refund of the amount so paid, and
      “(C) furnishes a bond which meets the requirements of paragraph (3), no levy or proceeding in court for the collection of the remainder of such penalty shall be made, begun, or prosecuted until a final resolution of a proceeding begun as provided in paragraph (2). Notwithstanding the provisions of section 7421(a), the beginning of such proceeding or levy during the time such prohibition is in force may be enjoined by a proceeding in the proper court. Nothing in this paragraph shall be construed to prohibit any counterclaim for the remainder of such penalty in a proceeding begun as provided in paragraph (2).
      “(2) Suit must be brought to determine liability for penalty. — If, within 30 days after the day on which his claim for refund with respect to any penalty under subsection (a) is denied, the person described in paragraph (1) fails to begin a proceeding in the appropriate United States district court (or in the Court of Claims) for the determination of his liability for such penalty, paragraph (1) shall cease to apply with respect to such penalty, effective on the day following the close of the 30-day period referred to in this paragraph.
      “(3) Bond. — The bond referred to in paragraph (1) shall be in such form and with such sureties as the Secretary may by regulations prescribe and shall be in an amount equal to IV2 times the amount of excess of the penalty assessed over the payment described in paragraph (1).
      “(4) Suspension of running of period of limitations on collection. — The running of the period of limitations provided in section 6502 on the collection by levy or by a proceeding in court in respect of any penalty described in paragraph (1) shall be suspended for the period during which the Secretary is prohibited from collecting by levy or a proceeding in court.
      “(5) Jeopardy collection. — If the Secretary makes a finding that the collection of the penalty is in jeopardy, nothing in this subsection shall prevent the immediate collection of such penalty.
      “(d) Right of contribution where more than 1 person liable for penalty. — If more than 1 person is liable for the penalty under subsection (a) with respect to any tax, each person who paid such penalty shall be entitled to recover from other persons who are liable for such penalty an amount equal to the excess of the amount paid by such person over such person’s proportionate share of the penalty. Any claim for such a recovery may be made only in a proceeding which is separate from, and is not joined or consolidated with—
      “(1) an action for collection of such penalty brought by the United States, or
      “(2) a proceeding in which the United States files a counterclaim or third-party complaint for the collection of such penalty.
      “(e) Exception for voluntary board members of tax-exempt organizations. — No penalty shall be imposed by subsection (a) on any unpaid, volunteer member of any board of trastees or directors of an organization exempt from tax under subtitle A if such member—
      “(1) is solely serving in an honorary capacity,
      “(2) does not participate in the day-to-day or financial operations of the organization, and
      “(3) does not have actual knowledge of the failure on which such penalty is imposed.
      “The preceding sentence shall not apply if it results in no person being liable for the penalty imposed by subsection (a).” 26 U.S.C.A. sec. 6672.

       La penalidad establecida en esta sección es civil, equivalente al cien por ciento de los impuestos no recolectados o no pagados. Slodov v. U.S., 436 U.S. 238, 245 (1978).

        “Sec. 6671. Rules for application of assessable penalties

      “(a) Penalty assessed as tax. — The penalties and liabilities provided by this subchapter shall be paid upon notice and demand by the Secretary, and shall be assessed and collected in the same manner as taxes. Except as otherwise provided, any reference in this title to “tax” imposed by this title shall be deemed also to refer to the penalties and liabilities provided by this subchapter.
      “(b) Person defined. — The term “person”, as used in this subchapter, includes an officer or employee of a corporation, or a member or employee of a partnership, who as such officer, employee, or member is under a duty to perform the act in respect of which the violation occurs.” 26 U.S.C.A. sec. 6671.

        “Sec. 6303. Notice and demand for tax

      “(a) General rule. — Where it is not otherwise provided by this title, the Secretary shall, as soon as practicable, and within 60 days, after the making of an assessment of a tax pursuant to section 6203, give notice to each person liable for the unpaid tax, stating the amount and demanding payment thereof. Such notice shall be left at the dwelling or usual place of business of such person, or shall be sent by mail to such person’s last known address.” 26 U.S.C.A. sec. 6303(a).

       Cabe destacar que la Sec. 7421(a) prohíbe que se presente cualquier pleito en los tribunales que tenga como finalidad restringir las tasaciones —assessment— realizadas por el I.R.S. con respecto a los impuestos regidos por el Código Federal de Rentas Internas. 26 U.S.C.A. sec. 7421(a). Esto, de la manera siguiente:

        “See. 7421. Prohibition of suits to restrain assessment or collection

      “(a) Tax. — Except as provided in sections 6015(e), 6212(a) and (c), 6213(a), 6225(b), 6246(b), 6330(e)(1), 633l(i), 6672(c), 6694(c), 7426(a) and
      “(b)(1), 7429(b), and 7436, no suit for the purpose of restraining the assessment or collection of any tax shall be maintained in any court by any person, whether or not such person is the person against whom such tax was assessed.” 26 U.S.C.A. sec. 7421(a).

       Esta sección establece lo siguiente:
      “Sec. 1340. Internal revenue; customs duties
      “The district courts shall have original jurisdiction of any civil action arising under any Act of Congress providing for internal revenue, or revenue from imports or tonnage except matters within the jurisdiction of the Court of International Trade.” 28 U.S.C.A. sec. 1340.

       En lo pertinente, esta sección dispone lo siguiente:
      “(a) The district courts shall have original jurisdiction, concurrent with the United States Court of Federal Claims, of:
      “1) Any civil action against the United States for the recovery of any internal-revenue tax alleged to have been erroneously or illegally assessed or collected, or any penalty claimed to have been collected without authority or any sum alleged to have been excessive or in any manner wrongfully collected under the internal-revenue laws.” 28 U.S.C.A. sec. 1346(a)(1).

       “Sec. 7422. Civil actions for refund
      “(e) Stay of proceedings. — If the Secretary prior to the hearing of a suit brought by a taxpayer in a district court or the United States Court of Federal Claims for the recovery of any income tax, estate tax, gift tax, or tax imposed by chapter 41, 42, 43, or 44 (or any penalty relating to such taxes) mails to the taxpayer a notice that a deficiency has been determined in respect of the tax which is the subject matter of taxpayer’s suit, the proceedings in taxpayer’s suit shall be stayed during the period of time in which the taxpayer may file a petition with the Tax Court for a redeter-mination of the asserted deficiency, and for 60 days thereafter. If the taxpayer files a petition with the Tax Court, the district court or the United States Court of Federal Claims, as the case may be, shall lose jurisdiction of taxpayer’s suit to whatever extent jurisdiction is acquired by the Tax Court of the subject matter of taxpayer’s suit for refund. If the taxpayer does not file a petition with the Tax Court for a redetermination of the asserted deficiency, the United States may counterclaim in the taxpayer’s suit, or intervene in the event of a suit as described in subsection (c) (relating to suits against officers or employees of the United States), within the period of the stay of proceedings notwithstanding that the time for such pleading may have otherwise expired. The taxpayer shall have the burden of proof with respect to the issues raised by such counterclaim or intervention of the United States except as to the issue of whether the taxpayer has been guilty of fraud with intent to evade tax. This subsection shall not apply to a suit by a taxpayer which, prior to the date of enactment of this title, is commenced, instituted, or pending in a district court or the United States Court of Federal Claims for the recovery of any income tax, estate tax, or gift tax (or any penalty relating to such taxes).” 26 U.S.C.A. sec. 7422(e).

       Véanse: Aardema v. Fitch, 684 N.E.2d 884, 899 (1997); Esstman v. Boyd, 605 S.W.2d 237, 241 (1979); Kamins v. Spyres, 540 P.2d 1208, 1211 (1975); People’s Nat’l Bank of Souderton v. Onorato, 63 Pa. D. & C.2d 485, 491 (Ct. C.P. Montg’y Co. 1972); Goldhill v. Kramer, 176 S.E.2d 232, 234 (1970).

       Véanse: Plato v. State Bank of Alcester, 555 N.W.2d 365, 367 (1996); Wynne v. Fischer, 809 S.W.2d 264, 268 (1991).

       Véase 104 PL. 168; 110 Stat. 1452 (1996), codificado en el inciso (d) de la Sección 6672, supra.

       “Sec_ 6103. Confidentiality and disclosure of returns and return information

      “(e) Disclosure to persons having material interest.—

        “(9) Disclosure of certain information where more than 1 person subject to penalty under section 6672. — If the Secretary determines that a person is liable for a penalty under section 6672(a) with respect to any failure, upon request in writing of such person, the Secretary shall disclose in writing to such person—
      “(A) the name of any other person whom the Secretary has determined to be liable for such penalty with respect to such failure, and
      “(B) whether the Secretary has attempted to collect such penalty from such other person, the general nature of such collection activities, and the amount collected.” 26 U.S.C.A. sec. 6103(e)(9).


author:
(.Fdo.) Larissa Ortiz Modestti Secretaria del Tribunal Supremo Interina
     la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco, a la que se unen el Juez Asociado Se-ñor Rivera García y el Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón.

text:
    Carmen García Fantauzzi, recurrida, v. Directora Administrativa de los Tribunales, peticionaria.

      Número: CC-2007-280

      Resuelto: 8 de agosto de 2011

      María Victoria López Menéndez, abogada de la parte peticio-naria; Santos Rivera Martínez, abogado de la parte recurrida.
   SENTENCIA

En el recurso del epígrafe nos corresponde determinar si el Tribunal de Apelaciones actuó correctamente al revocar una determinación de hecho de una resolución administra-tiva emitida por la Junta de Personal de la Rama Judicial y, asimismo, si procedía hacerlo en su totalidad. Así, pues, por considerar que la decisión administrativa procede en derecho, revocamos la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones.

I

La Sra. Carmen A. García Fantauzzi se desempeñaba como coordinadora del Programa de Ayuda al Empleado (P.A.E.) de la Oficina de Administración de los Tribunales (O.A.T.). Como parte de sus funciones, ésta tuvo que aten-der una situación que ocurrió en la oficina de alguaciles del Centro Judicial de Aguadilla. En esa ocasión entrevistó a varios empleados, entre ellos al alguacil Carlos Rivera López. A petición de este último, la señora García Fan-tauzzi preparó una comunicación escrita en la que descri-bió los hallazgos producto de su entrevista con éste. En dicha misiva también incluyó la información médica personal del propio alguacil y que era pertinente al asunto en cuestión.

No obstante, la señora García Fantauzzi, en lugar de hacer llegar la carta al alguacil Rivera López, la hizo llegar a la Directora Ejecutiva del Centro Judicial de Aguadilla, la Sra. Astrid Otero Pereles. Debido a que la carta contenía información médica y confidencial del empleado, la Direc-tora se orientó con la Oficina de Recursos Humanos de la O.A.T. donde le recomendaron destruir la comunicación. Posteriormente, el alguacil Rivera López examinó copia del informe que la señora García Fantauzzi había preparado y expresó su molestia porque se le había violado su expecta-tiva de confidencialidad. Además, señaló que nunca más volvería a utilizar los servicios del P.A.E.

Por otro lado, con relación a los mismos hechos por los cuales el alguacil Rivera López había requerido los servi-cios del P.A.E., la señora García Fantauzzi entrevistó a la Sra. Mercedes Colón Vera, empleada también del Centro Judicial de Aguadilla. Como resultado de esa entrevista, la señora García Fantauzzi preparó una comunicación en la que recomendó trasladar a la empleada afectada por causa de cierta situación en el lugar de trabajo. Más adelante, la señora Colón Vera llegó a la oficina de la Directora Ejecu-tiva del Centro Judicial de Aguadilla con copia de dicha comunicación, la cual le había llegado mediante correo or-dinario a su residencia. En ese momento, la Directora Eje-cutiva no había recibido copia de dicha comunicación, la cual recibió ese mismo día por la tarde. A raíz de estos hechos, la Directora Ejecutiva envió carta a la Oficina de Recursos Humanos de la O.A.T., en la que expresó que en una futura ocasión apreciaría que se le notificara pronta-mente la correspondencia relacionada con sus empleados. Además, solicitó que en el futuro se incluyera en la carta los nombres de las personas a quienes se les hubiera en-viado copia de ésta.

En otra ocasión, el 17 de abril de 2002 la señora García Fantauzzi fue enviada a prestar ayuda en una situación laboral en el Tribunal de Menores del Centro Judicial de Bayamón. En esa gestión la señora García Fantauzzi en-trevistó solo a una de las tres empleadas involucradas en la situación, la Sra. Mildred Camacho Huertas. A raíz de dicha entrevista, la señora García Fantauzzi preparó un informe en el que recomendó el traslado de las empleadas, incluyendo a la supervisora de éstas. Concluyó que la se-ñora Camacho Huertas era el foco de la discordia por su asertividad en su espacio de trabajo debido a que era la persona más capacitada allí. La señora García Fantauzzi remitió copia de dicho informe a su supervisora, la Sra. Haydeé Enriquez Maeso (Supervisora). Posteriormente, la señora Camacho Huertas llamó a la Supervisora para soli-citarle copia del informe preparado por la señora García Fantauzzi en relación con su caso y como producto de la entrevista que ésta le realizó. Antes de responder la peti-ción de la empleada, la Supervisora decidió reunirse con la señora García Fantauzzi para discutir el caso. Decidió que por las declaraciones que éste contenía, el informe no debía ser divulgado ni incluido en el expediente de la empleada entrevistada. Finalmente, la Supervisora denegó la solici-tud de la señora Camacho Huertas, notificándole que no existía un documento que tuviese determinaciones ni recomendaciones.

No obstante lo anterior, la señora Camacho Huertas in-sistió en su petición, esta vez ante la Directora de la Ofi-cina de Recursos Humanos de la O.A.T., la Sra. María G. Colón (Directora). En dicha petición señaló que la señora García Fantauzzi le había confirmado la existencia de tal informe con determinaciones y recomendaciones en rela-ción con su caso. En consecuencia, la Directora se reunió con la señora Camacho Huertas y las otras dos empleadas involucradas en el conflicto laboral. Posteriormente, se re-unió con la señora García Fantauzzi y su supervisora. La Directora leyó el informe de la señora García Fantauzzi y en la misma reunión expresó que estaba en total des-acuerdo con el contenido del informe. Indicó que luego de entrevistar a todas las personas involucradas en la situa-ción, entendía que el informe y sus recomendaciones eran erróneos. Acto seguido, la Directora de Recursos Humanos removió el informe del expediente de la señora Camacho Huertas, lo retuvo y lo colocó en un archivo bajo llave.

Posteriormente, la Directora envió una carta al Ledo. Oscar González Rivera, quien había asumido la represen-tación legal de la señora Camacho Huertas, notificándole que el informe preparado por el P.A.E. era confidencial, pues contenía información relacionada con otros empleados. Expresó, además, que la O.A.T. no tenía la obli-gación de divulgarlo, pues éste no sería utilizado para to-mar alguna determinación que afectara a la señora Camacho Huertas. La Directora también cursó copia de dicha misiva a la señora Camacho Huertas, junto a una breve carta.

Días después, la señora Camacho Huertas llamó a la oficina de la Directora y, en tono burlón y cínico, le dio las gracias a su secretaria por haberle hecho llegar copia del informe que antes le habían negado. La secretaria le ex-presó que ella misma había preparado el sobre que se le había enviado y que éste solo contenía copia de la carta enviada al licenciado González Rivera y la carta que la Directora dirigió a ella. La señora Camacho Huertas ex-presó que en el sobre, enviado por correo ordinario, se ha-bía incluido copia del informe.

Así las cosas, la O.A.T. inició una investigación adminis-trativa sobre el desempeño profesional de la señora García Fantauzzi. La O.A.T. le notificó mediante carta el inicio de dicha investigación y le indicó específicamente que “ [e] stos hechos [refiriéndose a los del caso de la señora Camacho Huertas] junto a otras conductas observadas por usted en el pasado, podrían ser constitutivos de un patrón de con-ducta de insubordinación”. (Enfasis suplido.) La notifica-ción antedicha contenía las disposiciones reglamentarias en las que se amparó la agencia al conducir la investiga-ción, así como la información relativa a la celebración de una vista informal como parte del proceso investigativo.

Luego de la celebración de la vista, la Directora Admi-nistrativa de la O.A.T. suspendió de empleo y sueldo a la señora García Fantauzzi por el periodo de cinco días y la transfirió a un puesto administrativo en el área de archivo de documentos cuya escala salarial era equivalente a la del puesto anterior. La señora García Fantauzzi solicitó revi-sión de dicha determinación ante la Junta de Personal de la Rama Judicial (Junta), la cual confirmó la sanción impuesta. En lo que respecta al evento con la señora Camacho Huertas, la Junta determinó que el sobre que ale-gadamente contenía el informe y que fue recibido por la señora Camacho Huertas, había sido enviado mediante co-rreo ordinario y había requerido la cancelación de un sello postal de 0.37. Así, pues, la oficial examinadora, en su in-vestigación, calculó el peso de los documentos que —según el testimonio de la señora Camacho Huertas— habían sido incluidos en el sobre. De acuerdo con el cálculo, el sobre que contuviera dichos documentos tenía que haber cance-lado 0.60 y ello no concordaba con los 0.37 que canceló el sobre enviado.

A raíz de tal determinación y al considerar que la señora García Fantauzzi había retenido copia del informe en el archivo de su computadora, la oficial examinadora con-cluyó que ésta fue quien le envió el informe a la señora Camacho Huertas y que ambas habían mentido al testifi-car lo contrario en el procedimiento administrativo.

Por no estar de acuerdo con la determinación de la Junta, la señora García Fantauzzi acudió ante el Tribunal de Apelaciones en solicitud de revisión administrativa. El foro apelativo intermedio determinó que la conclusión de la Junta, a los efectos de que la señora Camacho Huertas mintió en cuanto al contenido del sobre que le envió la Directora de Recursos Humanos de la O.A.T., no era sufi-ciente para concluir que la señora García Fantauzzi era la que lo había hecho llegar a la señora Camacho Huertas. Ello en vista de que otros funcionarios de la O.A.T. habían tenido acceso al informe. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones revocó la decisión de la Directora Administra-tiva de la O.A.T., por lo que dejó sin efecto la suspensión de empleo y sueldo y la orden de traslado de la señora García Fantauzzi.

Inconforme con dicha determinación, la O.A.T. acudió ante este Tribunal y señala la comisión de los errores si-guientes:

Erró el Tribunal Apelativo al revocar [a] la Junta de Personal y dejar sin efecto la medida disciplinaria que estaba basada en tres incidentes, cuando únicamente se discute en la sentencia uno de los incidentes.
Erró el Tribunal Apelativo al revocar [a] la Junta de Personal y dejar sin efecto determinaciones de hecho[,] sin haber requerido que se produjera la apelación en el apéndice, sin haber considerado la totalidad de la prueba presentada, revi-sado la transcripción de las vistas y al sustituir el juicio sobre credibilidad de los testigos que hizo la examinadora de la Junta de Personal de la Rama Judicial.
Erró el Tribunal de Apelaciones al determinar que fue parte de la acción disciplinaria el trasladar a la apelante a un puesto de oficinal administrativo II.

II

De entrada, es importante señalar que las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (L.P.A.U.), Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988 (3 L.P.R.A. see. 2101 et seq.), no aplican a la Rama Judicial. No obstante, hemos establecido que el procedimiento ante el foro judicial será similar al utilizado cuando un tribunal, actuando como foro apelativo, revisa la corrección o inco-rrección de la sentencia emitida por un tribunal inferior o la decisión de un organismo administrativo.

Ahora bien, es principio reiterado que al revisar una decisión administrativa, los tribunales apelativos debemos conceder gran consideración y deferencia a las decisiones de las agencias administrativas, ello a base de las expe-riencias y conocimientos especializados sobre los asuntos que se les han delegado. El alcance de esa revisión judicial es limitado y suele comprender tres áreas: (1) que el remedio concedido por la agencia fue el apropiado; (2) la revisión de las determinaciones de hecho conforme al cri-terio de evidencia sustancial, y (3) determinar si las con-clusiones de derecho fueron correctas mediante su revisión completa y absoluta.

Las decisiones de los organismos y las agencias públicas gozan de una presunción de regularidad y corrección que debe respetarse mientras la parte que las impugne no pro-duzca evidencia suficiente que las derrote. Con ello se pretende “evitar la sustitución del criterio del organismo administrativo en materia especializada por el criterio del tribunal revisor”. Es decir, la revisión judicial se limita a determinar si la actuación de la agencia se fundamentó en evidencia sustancial y si no es arbitraria, ilegal o tan irra-zonable que constituya un abuso de discreción.

La evidencia sustancial se refiere a aquella evidencia “relevante que una mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener una conclusión”. Precisamente, en Domínguez v. Caguas Expressway Motors, 148 D.P.R. 387, 397-398 (1999), reiteramos que

“[p]ara que un tribunal pueda decidir que la evidencia en el expediente administrativo no es sustancial es necesario que la parte afectada demuestre que existe otra prueba en el récord que razonablemente reduzca o menoscabe el peso de tal evi-dencia, hasta el punto de que un tribunal no pueda, concien-zudamente, concluir que la evidencia sea sustancial, en vista de la prueba presentada y hasta el punto que se demuestre claramente que la decisión [del organismo administrativo] no está justificada por una evaluación justa del peso de la prueba que tuvo ante su consideración.” (Corchetes en el original.)

De esta forma, cuando una parte alega haber sido afec-tada por una determinación de hecho de una agencia ten-drá que demostrar que existe otra prueba en el expediente que reduce o menoscaba el valor probatorio de la evidencia impugnada, hasta el punto de que no pueda concluirse que la decisión administrativa fue razonable a la luz de toda la evidencia que tuvo ante su consideración. Por el contra-rio, si dicha parte no demuestra la existencia de esa otra prueba, el tribunal revisor deberá confirmar las determi-naciones de hecho realizadas por la agencia.

Ahora bien, esa deferencia judicial presente en la revi-sión de determinaciones administrativas no implica una renuncia de los tribunales a nuestra función revisora. Más bien, solo es urna limitación de dicha función. No obs-tante, es importante señalar que la deferencia judicial no es un impedimento para la revisión de aquellos casos en los que la interpretación de la agencia menoscaba derechos fundamentales, es irrazonable o conduzca a la comisión de injusticias.

III

En el presente caso, el Tribunal de Apelaciones revocó una conclusión de la Junta de Personal de la Rama Judicial. Determinó que ésta no hallaba sustento en la prueba que obraba en la totalidad del expediente. Sin embargo, al examinar el expediente surge que la determina-ción administrativa se sustentó en la prueba documental y testifical. El Tribunal de Apelaciones no tuvo el beneficio de examinar la transcripción del proceso administrativo, ya que ésta no fue incluida en el recurso de revisión judicial sometido a su consideración. Por ende, el Tribunal de Apelaciones no pudo evaluar los testimonios brindados en el proceso. Contrario a lo anterior, la Junta sí tuvo la opor-tunidad de evaluar los testimonios de las empleadas invo-lucradas en la controversia.

Como ya hemos visto, el estándar de revisión judicial de las decisiones administrativas es exigente y no se justifica la intervención de un tribunal con éstas, a menos que la parte que solicita la revisión lo ponga en posición de con-cluir que éstas son arbitrarias y caprichosas. De esa forma, consideramos que en el presente caso, el Tribunal de Ape-laciones revocó una determinación de hecho sin estar en posición de hacerlo. Dicho foro no tuvo el beneficio de exa-minar la transcripción de la prueba oral desfilada durante el proceso administrativo. Por lo tanto, debió brindarle de-ferencia a la decisión administrativa.

Específicamente, el foro apelativo intermedio concluyó que aun cuando se probara que la señora Camacho Huer-tas había mentido en relación con el contenido del sobre donde supuestamente había recibido el informe en contro-versia, ello no necesariamente implicaba que fue la señora García Fantauzzi quien le hizo llegar el documento a la testigo. No obstante, a base de la prueba presentada la Junta determinó que la señora García Fantauzzi —al tener copia del informe de la señora Camacho en su computado-ra— fue quien le proveyó una copia a esta última. Ahora bien, aun cuando concurriésemos con la conclusión del Tribunal de Apelaciones, ello no es suficiente para revocar la determinación administrativa. Veamos.

Según se desprende del expediente, las sanciones im-puestas a la señora García Fantauzzi se basaron sobre tres incidentes que pusieron en entredicho su desempeño profesional. Lo anterior se desprende de todas las notifica-ciones enviadas por la O.A.T. a la señora García Fantauzzi que indicaban el inicio del proceso administrativo y las sanciones impuestas. Igualmente, así surge de las determi-naciones de hecho y las conclusiones de derecho de la Junta de Personal. Por lo tanto, si no se hubiese probado uno de los incidentes que dieron lugar al procedimiento disciplinario seguido contra la señora García Fantauzzi, las sanciones que le fueron impuestas son procedentes en derecho pues encontraban fundamento en los demás inci-dentes probados (aquellos relacionados con el Centro Judicial de Aguadilla).

La decisión administrativa claramente se fundamentó en los tres incidentes investigados. Dicha decisión se basó, además, por la señora García Fantauzzi no seguir las directrices de sus superiores y por violar patentemente la confidencialidad de varios empleados en los tres incidentes. Por consiguiente, consideramos que la decisión administrativa —consistente en la suspensión de la señora García Fantauzzi de empleo y sueldo por 5 días y su movi-lidad a otro puesto sin menoscabo del sueldo— no es irra-zonable ni un abuso de discreción. No se justifica, por lo tanto, que el Tribunal de Apelaciones haya revocado la de-terminación de la Junta de Personal de la Rama Judicial en su totalidad

IV

Así, pues, por considerar que la determinación de la Junta de Personal de la Rama Judicial no fue arbitraria, sino hecha dentro del ejercicio de su discreción, revocamos la sentencia del Tribunal de Apelaciones.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secre-taria del Tribunal Supremo Interina. La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco emitió una opinión disidente, a la cual se unieron los Jueces Asociados Señores Rivera García y Feliberti Cintrón. El Juez Presidente Señor Hernández Denton y el Juez Asociado Señor Martínez Torres se inhibieron.

(.Fdo.) Larissa Ortiz Modestti Secretaria del Tribunal Supremo Interina

— O —

Opinión disidente emitida por

la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco, a la que se unen el Juez Asociado Se-ñor Rivera García y el Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón.

Disiento de la sentencia dictada por el Tribunal por en-tender que la decisión de la Junta de Personal de la Rama Judicial —que confirma la determinación disciplinaria de la Directora Administrativa de la Oficina de Administra-ción de Tribunales (en adelante O.A.T.), ante un incidente de divulgación de información confidencial— se basó en una mera conjetura.

Por el contrario, confirmaría la sentencia del Tribunal de Apelaciones que revocó la determinación de la Junta y la decisión de la Directora Administrativa de la O.A.T.

I

La Sra. Carmen García Fantauzzi (en adelante la recu-rrida o señora García Fantauzzi) trabajaba como coordina-dora en el Programa de Ayuda al Empleado (en adelante P.A.E.) de la Oficina de Administración de los Tribunales.

El 5 de diciembre de 2002 la recurrida recibió una noti-ficación de la O.A.T. informándole que era objeto de una investigación por haber divulgado información confidencial durante el mes de diciembre. Mediante dicha notificación fue suspendida de empleo y se le prohibió la entrada al edificio de la O.A.T. hasta la celebración de la vista informal el 18 de diciembre de 2002.

Los hechos bajo investigación se desarrollaron entre abril y diciembre de 2002. En abril de 2002 la Supervisora de la recurrida la asignó a brindar sus servicios a tres (3) empleadas que tenían problemas de relaciones interpersonales. De las tres (3) empleadas la recurrida atendió solamente a la Sra. Mildred Camacho Huertas. Posteriormente, la recurrida redactó un informe sobre el caso encomendado y lo remitió a su Supervisora. La señora Camacho Huertas solicitó copia del informe a la Supervi-sora de la recurrida, pero al revisar su contenido y discu-tirlo con la señora García Fantauzzi, la Supervisora optó por retener el informe original e indicarle a la participante que no existía el documento.

Entonces, la señora Camacho Huertas recurrió ante la Directora de Recursos Humanos de la O.A.T. (en adelante la Directora) para solicitar el documento. Al hacerlo, ex-presó que la recurrida le había informado sobre la existen-cia del informe pero que su Supervisora era quien debía dárselo o, en la alternativa, autorizarla a suministrárselo. La Directora se reunió entonces con la recurrida y su Su-pervisora, entre otras personas, y al conocer que el docu-mento involucraba a otros empleados, lo removió del expe-diente y lo puso bajo llave en un archivo de su oficina. A su vez, dio instrucciones de que no se podía dar copia de éste a la participante.

Nuevamente la señora Camacho Huertas solicitó el in-forme, pero esta vez mediante representante legal. La Directora indicó a éste que cualquier documento generado por el P.A.E. era confidencial y no se consideraría para to-mar decisiones respecto al empleado. De igual forma, la Directora notificó a la señora Camacho Huertas sobre dicha carta y le envió copia mediante el servicio postal el 22 de noviembre de 2002.

No obstante, en diciembre de 2002 la señora Camacho Huertas se comunicó con la Oficina de Recursos Humanos y les agradeció “de forma cínica” el que le enviaran tam-bién el informe en el sobre. Asimismo, le enseñó a su supervisora y a otra empleada el documento. Sin embargo, la secretaria y la Directora expresaron que no lo habían enviado, lo que dio inicio a la investigación disciplinaria contra la recurrida por posible divulgación confidencial.

El 18 de diciembre se le notificó a la recurrida que la vista señalada había sido transferida para el 8 de enero de 2003, dado que la investigación había sido ampliada para incluir otros hechos ocurridos para el mes de mayo de 2001. Estos hechos también estaban relacionados con la divulgación de información confidencial.

Culminada la investigación, el 20 de mayo de 2003 la recurrida fue suspendida de empleo y sueldo por cinco días por haber notificado sin la debida autorización información confidencial contenida en tres informes preparados y sus-critos por ella entre 2001 y 2002. Se concluyó que sus ac-tuaciones violaron la Regla 24 de Administración del Sis-tema de Personal de la Rama Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. XII; el Art. 16.1 del Reglamento de la Administración del Sis-tema de Personal de la Rama Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. XIII, y la Regla 9 del Código de Ética para Funcionarios, Em-pleados, Ex-Funcionarios y Ex-Empleados de la Rama Judicial de 1998. Además, como parte de los resultados de la investigación fue transferida a ocupar un puesto como Ofi-cial Administrativo II en el área de administración de documentos. Cabe señalar que de forma muy oportuna, el puesto que la recurrida ocupaba se eliminó tras su suspen-sión y, a su vez, se creó uno nuevo. El nuevo puesto de Especialista en ayuda al Empleado pasó a ser uno de con-fianza y requiere, además, una maestría en psicología o trabajo social.

Así las cosas, la señora García Fantauzzi recurrió ante la Junta de Personal de la Rama Judicial (en adelante la Junta). La vista en su fondo se celebró los días 2, 3 y 4 de mayo de 2005. No obstante, el 11 de mayo de 2005 la Exa-minadora de la Junta ordenó a las partes a expresarse so-bre una discrepancia entre la cancelación de los sellos del sobre enviado a la señora Camacho Huertas (.370) y el franqueo necesario que resulta del metro postal ubicado en la Secretaría de la Junta al pesar la cantidad de hojas que la testigo alegó que le fueron enviadas en el sobre (.6O0). Por un lado, la O.A.T. estipuló los resultados del pesaje realizado por la Examinadora, mientras que la recurrida se opuso al uso de medios externos para cuestionar la cre-dibilidad de un testigo, en ausencia de los abogados y luego de completado el proceso de presentación de evidencia. Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 46-49.

Finalmente, la Junta confirmó la determinación de la Directora Administrativa de los Tribunales. Concluyó que la señora García Fantauzzi no había cumplido con las directrices que le fueran dadas al brindarles a tres emplea-dos de la Rama Judicial copia de informes preparados por ella. Apéndice de la Petición de la certiorari, pág. 36. En sus determinaciones de hecho especifica que

[a]nte esta Junta, la Sra. Camacho como testigo de la parte apelante presentó en evidencia el sobre original y la carta original que le envió la Directora de Recursos Humanos y testi-ficó que ambos documentos, la carta de la Directora de Recur-sos Humanos con la copia de la carta enviada al Ledo. González y el Informe preparado por la apelante, le llegaron mediante el servicio postal en el sobre original que se sometió en evidencia. Quedó demostrado que la Sra. Camacho mintió ya que el sobre canceló $ .37 y la examinadora pesó el sobre con las cartas en el metro postal de la Secretaría de la Junta y ello evidenció que se supone que si dichos documentos se hu-biesen incluido en el sobre, éste hubiese cancelado $ .60.
El informe preparado por la apelante García Fantauzzi no fue enviado a la Sra. Camacho por error de la Directora de Recur-sos Humanos y tampoco fue enviado por el Programa de Ayuda al Empleado. Dicho informe fue enviado a la Sra. Camacho por la apelante García Fantauzzi que tenía grabado dicho in-forme en su computadora. (Enfasis nuestro.) Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 33.

Posteriormente, en las conclusiones de derecho señala que:

... En el caso de Mildred Camacho se le había dado una ins-trucción específica a la apelante tanto para [sic] la Sra. Ha-ydée Enriquez como por la Directora de Recursos Humanos de la Oficina de Administración de los Tribunales que el informe sobre la Sra. Camacho no se le iba a entregar a ella y tampoco se iba a incluir en el expediente que existía en el Programa de Ayuda al Empleado sobre la Sra. Camacho, sin embargo, la apelante no cumplió con dicha instrucción y le entregó dicho informe a la Sra. Camacho.
... En la apelación que nos ocupa, el informe de la Sra. Camacho fue clasificado como confidencial con instrucciones es-pecíficas sobre su manejo. La apelante, en violación a las ins-trucciones impartidas, le entregó dicho informe a la Sra. Camacho. Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 36-38.

Inconforme, la señora García Fantauzzi recurrió de la determinación de la Junta ante el Tribunal de Apelaciones. Dicho foro correctamente revocó la resolución recurrida y la decisión de la Directora Administrativa de la O.A.T. Ade-más, dejó sin efecto la orden de traslado de la señora Gar-cía Fantauzzi. Esto, pues, la decisión de la Junta de que la recurrida había suministrado información confidencial a la señora Camacho Huertas se basó principalmente en el pe-saje del sobre enviado. Concluyó que tal determinación no se sustentó en evidencia sustancial, sino que la evidencia resultó ser altamente imprecisa y especulativa. A su en-tender no se logró establecer como inferencia razonable el que la recurrida le entregara el informe a la señora Camacho Huertas. A esos efectos, expresó lo siguiente:

La decisión de la Junta de confirmar la decisión de la Direc-tora Administrativa de la O.A.T. se basó, principalmente, en el hecho del pesaje del sobre enviado por la Sra. Colón a la Sra. Camacho. Si bien es cierto que para llegar a la conclusión que hoy revisamos la Junta tomó en consideración situaciones an-teriores en las que, alegadamente, la recurrente había sumi-nistrado información confidencial a los empleados, —como, por ejemplo, la ocurrida en el Centro Judicial de Aguadilla— la realidad es que la que tuvo mayor peso fue lo relacionado con el informe de la Sra. Camacho por tratarse de un docu-mento “clasificado como confidencial con instrucciones especí-ficas sobre su manejo”. Pág. 15, resolución recurrida.
La Junta, una vez descartó a la Sra. Colón como la posible remitente del informe a la Sra. Camacho concluyó, por elimi-nación, que fue la recurrente quien lo hizo. Esto se aparta de lo que constituye evidencia sustancial apoyada en el récord administrativo.
Al revisar la desfilada en el caso de autos, de por sí sola, no demuestra de forma convincente que haya sido la recurrente quien le envió el referido informe a la Sra. Camacho. Resolver lo contrario constituye, a todas luces, una especulación. Con-siguientemente, una decisión arbitraria y caprichosa que nos vemos impedidos de sostener. Apéndice de la Petición de Cer-tiorari, págs. 131 y 133.

Así las cosas y tras una moción de reconsideración que fue declarada “no ha lugar”, la O.A.T. recurre ante nos.

II

La Junta de Personal de la Rama Judicial tiene facultad para investigar y revisar las determinaciones tomadas por la autoridad nominadora que afecten a empleados, funcio-narios o personas particulares. Al hacerlo, puede confir-mar, revocar o modificar tales determinaciones. Art. VI del Reglamento de la Junta, 4 L.P.R.A. Ap. XIV. Para cumplir con estas facultades puede, inter alia, citar testigos, cele-brar vistas, aplicar los mecanismos de descubrimiento de prueba y las disposiciones de las Reglas de Evidencia, así como realizar determinaciones de hechos y conclusiones de derecho. Báez v. Dir. Adm. Trib., 150 D.P.R. 351, 354 y 356 (2000). Véase Rivera v. Dir. Adm. Trib., 144 D.P.R. 808, 817 (1998). A su vez, las determinaciones de la Junta son revi-sables por los tribunales y se rigen por un procedimiento similar al de la revisión judicial de decisiones adminis-trativas. Rivera v. Dir. Adm. Trib., supra, pág. 822. Por ello, repasemos el derecho aplicable a la revisión de este tipo de determinaciones.

Como norma general los tribunales confieren gran peso y deferencia a las determinaciones de hecho, así como a las interpretaciones del derecho emitidas por la agencia admi-nistrativa encargada de poner en vigor una ley. Costa, Piovanetti v. Caguas Expressway, 149 D.P.R. 881, 889 (1999). Esto en virtud del conocimiento especializado y la pericia atribuidas a la agencia. Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 130 (1998). A esto se le suma la presunción de legalidad y corrección que recae sobre las decisiones administra-tivas. Id. Sin embargo, bajo el manto de la deferencia no podemos avalar situaciones en que la interpretación de la agencia pueda afectar derechos fundamentales, resulte incompatible con el propósito del estatuto interpretado, sea irrazonable, o conduzca a la comisión de injusticias. Padín Medina v. Adm. Sist. Retiro, 171 D.P.R. 950, 962 (2007); Costa, Piovanetti v. Caguas Expressway, supra.

Por lo tanto, son tres los aspectos comprendidos en la revisión judicial: las determinaciones de hecho, las conclu-siones de derecho y la concesión del remedio apropiado por el organismo administrativo. Padín Medina v. Adm. Sist. Retiro, supra, pág. 960; Misión Ind. P.R. v. J.P., supra, pág. 129. A su vez, la revisión se hará según el criterio de razonabilidad. Misión Ind. P.R. v. J.P., supra, pág. 134.

Particularmente sobre las determinaciones de hecho, hemos señalado que la deferencia cede cuando la decisión administrativa no está sostenida por evidencia sustancial en vista de la totalidad de la prueba que obre en el expe-diente administrativo, pues la apreciación arbitraria de la prueba por la agencia, así como el que las determinaciones de hecho están sostenidas por evidencia sustancial, consti-tuyen una cuestión de derecho. Padín Medina v. Adm. Sist. Retiro, supra, pág. 962; Costa, Piovanetti v. Caguas Expressway, supra; Misión Ind. P.R. v. J.P., supra, pág. 131. Es decir, la decisión administrativa debe sostenerse en “aque-lia evidencia relevante que una mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener una conclusión”. Hilton Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 74 D.P.R. 670, 687 (1953).

Además, para poder cumplir con nuestro deber de revi-sión:

... las determinaciones de hecho de las agencias administra-tivas deben ser lo suficientemente definidas. De este modo se cumple el propósito de poner a los tribunales en posición de revisar de forma inteligente la decisión del organismo admi-nistrativo y determinar si los hechos probados por la agencia ofrecen una base razonable para su evaluación. Por lo tanto, la decisión de la agencia debe exponer los hechos determinados como probados, incluyendo las inferencias que en última ins-tancia creyó justificadas. Padín Medina v. Adm. Sist. Retiro, supra, págs. 961-962. Véase Misión Ind. P.R. v. J.P., supra. Véase, además, D. Fernández Quiñones, Derecho administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Bogotá, Ed. Forum, 1993, pág. 538.

III

En el caso de autos, no cabe duda de que las determina-ciones de hecho de la Junta nos ponen en posición de revi-sar su decisión de forma inteligente.

La Junta señala que no le dio credibilidad al testimonio de la señora Camacho Huertas particularmente con rela-ción a la forma en que alega tuvo acceso al informe. Por otro lado, sí le mereció credibilidad el que los demás testi-gos expresaran que no le habían entregado el informe a la señora Camacho Huertas. Tales determinaciones de la Junta con relación a la credibilidad de los testigos nos me-recen el mayor respeto, pues no pretendemos menoscabar el peso que le dio a tal evidencia. Sin embargo, nuestra reserva no es con la prueba ante su consideración ni la credibilidad que le mereciera, sino con la inferencia que entendió justificada y razonable.

La Junta está sujeta a seguir, hasta donde sea posible, las disposiciones de las Reglas de Evidencia. Art. XIII del Reglamento de la Junta, 4 L.P.R.A. Ap. XIV. Ciertamente, las Reglas de Evidencia autorizan al uso de evidencia indi-recta o circunstancial, es decir, de “aquella que tiende a demostrar el hecho en controversia probando otro distinto, del cual —en unión a otros hechos ya establecidos— puede razonablemente inferirse el hecho en controversia”. Regla 10(H) de Evidencia de 1979 (32 L.RR.A. Ap. IV (ed. 2001)). Tal evidencia es intrínsecamente idéntica a la evidencia directa. Ferrer v. González, 162 D.P.R. 172 (2004). Sin embargo, “puede en algunos casos conducir a un resultado enteramente incorrecto”. Pueblo v. Bonilla, 78 DR.R. 152, 160 (1955), citando a Holland v. U.S., 348 U.S. 121 (1954). Este caso es uno de ellos.

La Junta infirió que la recurrida fue quien facilitó el documento a la señora Camacho Huertas tras considerar que ésta mintió sobre la forma en que tuvo acceso al in-forme ante la falta de franqueo; que la recurrida había remitido previamente dos informes a empleados que había atendido (uno de ellos autorizado por su Supervisora), y por merecerle credibilidad que los demás empleados entre-vistados no enviaron el documento por error. Es tras esta inferencia que concluye que la recurrida violó las disposi-ciones señaladas. Empero, a nuestro entender de la unión de estos hechos no procede tal inferencia. La determina-ción de la Junta no pasa de ser una mera conjetura de la que no se puede razonablemente inferir que la recurrida fue quien entregó el informe a la señora Camacho Huertas. Por el contrario, llevó a cabo un proceso de eliminación que culminó con un resultado irrazonable e injusto, tal y como correctamente determinó el Tribunal de Apelaciones.

IV

Por los argumentos antes expresados, disiento respetuo-samente de la sentencia emitida por el Tribunal y confir-maría la determinación del Tribunal de Apelaciones.

       El empleado interesaba acudir a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado a solicitar tratamiento médico y deseaba utilizar la carta del Programa de Ayuda al Empleado como fundamento para su solicitud.

       Apéndice, pág. 112.

       Petición de certiorari, pag. 14.

        Rivera v. Dir. Adm. Trib., 144 D.P.R. 808, 820 (1998).

       Id., págs. 821-822.

       Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 D.P.R. 923, 940 (2010); Vélez v. A.R.Pe., 167 D.P.R. 684, 693 (2006).

        Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, supra; Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409, 431 (2003).

        Rivera Concepción v. A.R.Pe., 152 D.P.R. 116, 123 (2000).

        P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 D.P.R. 269, 282 (2000).

        Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 729 (2005).

        Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69, 76-77 (2004).

        O.E.G. v. Rodríguez, 159 D.P.R. 98, 118 (2003).

       Id.

        Rivera Concepción v. A.R.Pe., supra.

        Costa, Piovanetti v. Caguas Expressway, 149 D.P.R. 881, 889 (1999).

       El Tribunal de Apelaciones sostuvo que el incidente con la señora Camacho Huertas era el que más peso tuvo en la determinación administrativa.

       Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 32.

       Cabe señalar que de las determinaciones de hecho de la Junta surge que la recurrida tenía autorización de su supervisora para redactar uno de los dos informes redactados en el 2001. No obstante, el remitente o medio utilizado no fue el correcto, pues en vez de enviarla al empleado, la envió a la Directora del Centro Judicial donde se desempeñaba éste a pesar de incluir información médica personal.

       Petición de certiorari, pág. 13.

       Apéndice de de la Petición de la certiorari, pág. 50.

       Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 132.