source: Caselaw Access Project

author:
(Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo
     Juez Aso-ciado Señor Martínez Torres, Juez Asociada Se-ñora Rodríguez Rodríguez.

license: Public Domain

text:
    Aníbal Vega Borges, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista, peticionario, v. Liza García Vélez, en su capacidad oficial como Presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones; Guillermo San Antonio Acha, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático; Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), por conducto de su Comisionado Electoral Sr. Roberto I. Aponte Berríos, y Partido del Pueblo Trabajador (PPT), por conducto de su Comisionado Electoral Dr. José P. Córdova Iturregui, recurridos.

      Número: CT-2016-015

      Resuelto: 5 de noviembre de 2016

      María Elena Vázquez Graziani, Hamed G. Santaella Carlo y Alfonso A. Orona Amilivia, abogados del Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista, parte peticiona-ria; Pedro Ortiz Alvarez, Luis Emanuel Meléndez Cintron y Alexis Rivera Medina, abogados del Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático, parte recurrida; Rosa M. Seguí Cordero, abogada del Comisionado Electoral del Partido del Pueblo Trabajador, parte recurrida; Brenda Be-rrios Morales, abogada del Comisionado Electoral del Par-tido Independentista Puertorriqueño, parte recurrida.
   RESOLUCIÓN

Examinada la Moción de Reconsideración, presentada hoy por el Comisionado Electoral del Partido Popular Demo-crático, el Comisionado Electoral del Partido Independen-tista Puertorriqueño y el Comisionado Electoral del Partido del Pueblo Trabajador, en conjunto, se declara “no ha lugar”.

Notifíquese inmediatamente por teléfono, por correo elec-trónico y por la vía ordinaria.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Martínez Torres emi-tió un voto particular de conformidad, al cual se unieron la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y el Juez Asociado Señor Rivera García. La Jueza Presidenta Oronoz Rodrí-guez, la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez, el Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón y el Juez Asociado Señor Colón Pérez reconsiderarían la decisión emitida por este Tribunal por los fundamentos que expresaron en sus respectivas opiniones disidentes y expresiones emitidas en los casos de epígrafe. La Jueza Presidenta Oronoz Rodrí-guez, la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez y el Juez Asociado Señor Colón Pérez se reservan el derecho a emitir sus respectivas ponencias conforme dispone la Re-gla 5(b) del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXI-B.

(Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo

— O —

Voto particular de conformidad emitido por el

Juez Aso-ciado Señor Martínez Torres,

al cual se unió la Jueza Asociada Señora Pabón Chameco y el Juez Asociado Se-ñor Rivera García.

Dado que la compañera Juez Asociada Señora Rodrí-guez Rodríguez opta por emitir expresiones que podrían minar la confianza pública en este Tribunal, me veo for-zado a reaccionar para aclarar varios asuntos.

Lo primero que hay que explicar es el trámite interno que siguió este caso previo a que se certificara la Sentencia que se nos pide que reconsideremos. El 28 de octubre de 2016, el Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progre-sista presentó ante este Foro un Recurso de Certificación Intrajurisdiccional y una Moción Urgente en Auxilio de Jurisdicción. En ese momento, conforme al trámite interno previamente acordado, ambos recursos se le asignaron a un miembro del Tribunal para que los evaluara e hiciera una recomendación al Pleno del Tribunal sobre cómo proceder. Tras analizar esa recomendación, decidimos ex-pedir los autos y emitir un remedio provisional en protec-ción del interés público. Posteriormente, la Comisionada Especial que designamos rindió su informe y las partes presentaron sus respectivos alegatos.

Tras analizar esos escritos, el integrante de este Foro que emitió la recomendación inicial circuló un borrador de Opinión del Tribunal. No obstante, otro miembro de este Cuerpo circuló una Opinión particular en la que propuso un resultado distinto al sugerido en el borrador de Opinión del Tribunal. Esa Opinión particular obtuvo el aval mayo-ritario, por lo que el caso le fue reasignado a su autor. Una vez se completó esa gestión, se reformuló la Opinión particular como una Sentencia del Tribunal. Los Jueces que es-taban en desacuerdo con el dictamen del Tribunal circula-ron sus respectivas opiniones disidentes y concluido ese trámite, todas las ponencias se remitieron a nuestra Secre-taría para su certificación y notificación.

Por lo tanto, no es correcta la aseveración de la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez de que “sorpresiva-mente”, y a última hora, la mayoría “cambió de parecer” y que, en vez de certificar una Opinión, certificó una Sentencia, Lo cierto es que el caso siguió el trámite interno habitual. No es extraño en este Tribunal que un Juez po-nente no obtenga el aval de la mayoría de los miembros de este Foro y el caso se tenga que reasignar a quien, desde la concurrencia o la disidencia, obtenga los votos necesarios para certificar su ponencia a nombre del Tribunal.

Sugerir que este trámite, de alguna forma, buscó benefi-ciar a un solo partido político es incorrecto y solo logra mi-nar viciosamente la confianza del Pueblo en sus instituciones. El dictamen de este Foro salvaguardó el dere-cho al voto de cientos de electores activos de todas las ideo-logías políticas, quienes solicitaron emitir su sufragio por adelantado debido a que padecían de un impedimento de movilidad. Entre esos, se encontraban electores cuyas soli-citudes de voto adelantado fueron impugnadas tanto por el Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático como por el Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista. Afortunadamente, gracias al dictamen de este Foro, prevaleció el derecho al voto y se fortaleció nuestro sistema democrático. Solamente en un mundo al revés se repudia garantizar el derecho al voto de los electores hábiles.

Finalmente, se argumenta en el voto particular disi-dente de hoy que el recurso de certificación del Comisio-nado Electoral del Partido Nuevo Progresista no se per-feccionó y que por eso no tenemos jurisdicción para atenderlo. Ese razonamiento parte de la premisa inco-rrecta de que el Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista tenía la obligación de notificar a quienes la Comisión Estatal de Elecciones no notificó adecuada-mente a nivel administrativo.

La parte que recurre al tribunal solo tiene que notificar a quien la agencia administrativa notificó. Véase JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177 (2009). No podemos penalizar a las partes por los errores de las agen-cias administrativas, máxime cuando uno de los señala-mientos principales a nivel del Tribunal de Primera Instan-cia fue, precisamente, la falta de notificación. De hecho, la regla es que cuando una agencia notifica defectuosamente su dictamen, no priva de jurisdicción al tribunal para aten-der la revisión. Molini Gronau v. Corp. P.R. Dif Púb., 179 DPR 674 (2010). ¿Por qué deberíamos hacer lo contrario? ¿Porque lo alega el Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático? Recuérdese que la Comisión Estatal de Elecciones le notificó su resolución a muchos de los electores afectados cuando el caso ya se estaba litigando ante este Tribunal. En esa etapa, dejó sin remedio adecuado a esos electores y por eso este Foro tuvo que convalidar las solici-tudes de voto adelantado cuestionadas.

Finalmente, me parece necesario expresarme respecto a la controversia que suscitó el hecho de que el Tribunal de Primera Instancia prorrogara el término que tenía el Co-misionado Electoral de Partido Nuevo Progresista para no-tificar a las partes. Lo cierto es que cuando el foro primario concedió esa prórroga, creó en el Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista la impresión de que contaba con tiempo adicional para llevar a cabo las notificaciones re-queridas por la ley electoral. Por lo tanto, aun bajo el su-puesto de que el Tribunal de Primera Instancia no contase con justa causa para prorrogar el término en cuestión, el hecho de que lo hubiese hecho, sin lugar a dudas, creó la justa causa para que la parte notificara luego de transcu-rrido el término establecido para ello. Véase Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84 (2013). ¿Es que aquí no hay justa causa porque el Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático alega que no la hay?

En conclusión, lo que importa es que todos los electores hábiles —de todas las ideologías, afiliaciones e inclinacio-nes políticas— tuvieron la oportunidad de expresarse en las urnas. Lo hicieron hace una semana. Nadie duda de la legitimidad de esos comicios. Por eso mi exhortación a la disidencia es a que se calme. Las elecciones generales ya pasaron. Los votos ya se adjudicaron. Lo que nos corres-ponde a todos ahora es contribuir a que los ciudadanos tengan sosiego y confianza en que su decisión será acatada.

— O —

Voto particular disidente emitido por la

Juez Asociada Se-ñora Rodríguez Rodríguez.

El sábado en la noche los Comisionados Electorales del Partido Popular Democrático, del Partido Independentista Puertorriqueño y del Partido del Pueblo Trabajador pre-sentaron, en conjunto, una Moción de reconsideración del dictamen emitido por este Tribunal la noche del viernes 4 de noviembre de 2016. En ese momento, la mayoría insis-tió en certificar su denegatoria inmediatamente, imposibi-litando así que quienes nos encontrábamos en desacuerdo con tal acción pudiéramos expresarnos en ese instante por escrito. En vista de ello, y ante esta inexplicable renuencia de la mayoría de posponer la certificación de su denegato-ria de sábado a las 9:00 p. m. a domingo a las 12:00 del mediodía, nos vimos precisados a invocar lo dispuesto en la Regla 5(b) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B.

Aprovecho entonces esta coyuntura para recalcar algu-nos de los desvarios del dictamen emitido en este caso. Llamo la atención a la narrativa que la mayoría intenta transmitirle al lector de que lo que persigue su dictamen es beneficiar a todos los partidos políticos y salvaguardar el derecho al voto de todos los votantes independientemente de su afiliación política. Si eso fuera veraz y sincero, el dictamen emitido debió certificarse tal y como se trabajó y se circuló inicialmente, como una Opinión y no como Sentencia. Me explico.

El juez ponente redactó el dictamen en este caso y lo circuló como una Opinión. La Opinión circulada recibió el aval de una mayoría de los miembros de este Tribunal. No fue hasta momentos previos a la certificación de la Opinión del Tribunal que, sorpresivamente, la mayoría cambió de parecer y lo certificó como una Sentencia. Ese cambio des-figura el argumentario de que se trata de un dictamen que busca proteger los votos de todos los votantes.

De haberse certificado como Opinión, el dictamen emi-tido hubiese constituido un precedente y tendría efectos erga omnes, beneficiando a todos los electores que se encon-trasen en la misma posición que los electores objetos del recurso ante nuestra consideración y que fueron represen-tados por el Comisionado del Partido Nuevo Progresista. Y es que, como hemos dicho:

Las normas, así como la interpretación de cualquier disposi-ción legal, la establece este Tribunal mediante dictamen soste-nido por una opinión o por urna opinión per curiam, en la cual se consideran ampliamente las cuestiones envueltas y se funda-mentan con razonamientos, precedentes explicados y tratadis-tas reconocidos. El Tribunal resuelve un caso por sentencia cuando el mismo plantea cuestiones reiteradamente resueltas por este Tribunal. Una sentencia no establece norma, y menos revoca una establecida. La sentencia es la forma que utiliza el Tribunal para disponer lo más rápidamente posible del enorme número de casos que tiene que resolver. Sólo intenta resolver la controversia entre las partes. Por eso es que los jueces de ins-tancia no deben fundar sus fallos en dichas sentencias. Figueroa Méndez v. Tribunal Superior, 101 DPR 859, 862-863 (1974) (voto concurrente del Juez Asociado Señor Dávila).

El cambio de Opinión a Sentencia tuvo el efecto de que el dictamen solo beneficie a los electores objetos del recurso de certificación intrajurisdiccional exclusivamente. No cabe entonces atribuirse el manto de defensores del dere-cho al voto de todos los electores cuando quienes resultan beneficiados, principalmente, son los de un solo partido político. ¿No debería aplicarle a este Tribunal la misma restricción que la mayoría le fija a la Comisión Estatal de Elecciones (Comisión)? A saber, “[a] fin de cuentas, la [Comisión] no debe ser un banco con sucursales de los in-tereses de los partidos políticos, sino que debe ser facilita-dora y depositaría de la voluntad de todos los electores registrados”. (Énfasis en el original). Com. PNP v. CEE et al. III, 196 DPR 706, 717 (2016).

Por otra parte, la mayoría concluye en su dictamen que la Comisión no notificó la Resolución Enmendada CEE-RS-16-83 a todos los electores afectados, lo que supone que se les violó el debido proceso de ley. Y como resultado de una lógica tortuosa, se invalidan las gestiones de este Tribunal de designar una Comisionada Especial para recibir la prueba en este caso. En nuestra Opinión disidente demos-tramos lo artificioso del razonamiento mayoritario.

Si la mayoría fuese consistente, tendría que concluir que el Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progre-sista (PNP) no notificó su recurso de certificación intraju-risdiccional a los votantes afectados, por lo que sin duda nunca perfeccionó su recurso —nuevamente—, privándo-nos de jurisdicción para atender su petición. Tal parece que existen varios tipos de reglas: unas, las flexibles y elásticas que solo aplican al Comisionado Electoral del PNP y otras, las rígidas que le aplican a los demás partidos políticos a pesar de que, jurídicamente, los valores y principios que animan a unas y animan a las otras.

Todos somos conscientes de la centralidad de unas elec-ciones para nuestra democracia. Para que unas elecciones se aprecien como legítimas, es imprescindible que se perci-ban como creíbles, justas, transparentes y válidas. Con nuestras acciones, los jueces no podemos contribuir a la suspicacia y el escepticismo sobre el proceso electoral, como tampoco debemos dar la impresión de que la balanza de la Justicia no se encuentra perfectamente equilibrada. Dictámenes como el de autos son caldo de cultivo para el recelo, el escepticismo y la desconfianza, lo que acaba soca-vando los cimientos de nuestras instituciones.

      Nota de la Compiladora:
      El Juez Asociado Señor Martínez Torres se expresó en el término dispuesto en la Regla 5(b) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRAAp. XXI-B, y emitió este voto particular de conformidad el 14 de noviembre de 2016.

       La ponencia de epígrafe estaba lista para certificarse el lunes, 7 de noviem-bre de 2016. Sin embargo, algunos Jueces del Tribunal se acogieron al término de cinco días que provee la referida Regla 6(b) para “examinar” el escrito y expresarse sobre éste.


author: per curiam:

text:
      In re Juan Maldonado Torres, querellado.

      Número: CP-2011-0012

      Resuelto: 9 de noviembre de 2016

      Jeanette M. Collazo Ortiz, subprocuradora general interina, y Gloria Robison Guarch, procuradora general auxiliar; Juan E. Taboas Santiago, abogado de la parte querellada; Juan Maldonado Torres, pro se; Flavio E. Cumpiano Villa-mor, comisionado especial.
   per curiam:

En el caso que reseñamos a continuación nos vemos precisados a censurar enérgicamente la conducta de un abogado por incumplir con los deberes éticos que exige la profesión legal en Puerto Rico. Específicamente, por in-fringir los Cánones 18 y 19 del Código de Etica Profesional, 4 LPRAAp. IX. Veamos las circunstancias fácticas que sus-tentan nuestra determinación.

f—I

El Ledo. Juan Maldonado Torres (licenciado Maldonado Torres o querellado) fue admitido a la práctica de la aboga-cía el 7 de noviembre de 1979 y a la práctica de la notaría el 27 de noviembre de 1979. La Sra. Carmen Hernández Matos (señora Hernández Matos o quejosa) presentó una queja contra el licenciado Maldonado Torres, a quien con-tratara para que la representara en una acción sobre da-ños y perjuicios por una caída que esta sufrió producto del deterioro de una alcantarilla en el municipio de Cayey (Municipio).

En síntesis, como parte de las gestiones realizadas, el licenciado Maldonado Torres envió cartas de aviso y notifi-cación de demanda al “Honorable Alcalde William Rosales, Municipio de Camuy”; al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Según surge del expediente, el le-trado notificó a cada uno de estos que presentaría una ac-ción legal en su contra. Específicamente, en la carta en-viada al alcalde señaló que demandaría al Municipio por hechos que procedió a exponer. Además, enfatizó que “el propósito de esta notificación es para que el Estado Libre Asociado tome conocimiento de la acción que llevarla] en su contra y tenga (el Estado) oportunidad de prepararse adecuadamente”. Sin embargo, no notificó al Municipio ni al Estado Libre Asociado de Puerto Rico a través del Secretario de Justicia como dispone la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955 conocida como Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado. Posteriormente, la demanda se suscribió el 18 de mayo de 1992, aunque esta se pre-sentó el 5 de octubre de 1992. Asimismo, los emplazamien-tos fueron expedidos el 6 de octubre y diligenciados el 4 de enero de 1993. Cabe destacar que en la demanda se nom-bró como partes demandadas al Alcalde, al DTOP, a “Com-pañía Aseguradora X” y a “John Doe” y “Jane Doe”. No obstante, el letrado no nombró como parte demandada al Estado, ni al Municipio, ni a la AAA.

Luego de varios incidentes procesales, el 2 de julio de 1993 el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo, dictó sentencia parcial en la que desestimó la acción contra el Estado, al resolver que la parte demandante, represen-tada por Maldonado Torres, incumplió con el requisito de notificación de reclamación contra el Estado. Asimismo, desestimó la acción contra el alcalde, al no incluir como parte demandada al Municipio y al DTOP por no tener capacidad jurídica.

Por otra parte, según se infiere del legajo del caso, el Tribunal de Primera Instancia emitió, en dos ocasiones, una orden en la que concedió a la parte demandante un término para mostrar causa por la cual no se debía dictar sentencia a favor de las partes demandadas. Sin embargo, el querellado no presentó una demanda enmendada para subsanar los defectos señalados. Tampoco realizó trámite alguno para solicitar reconsideración o revisión de la sen-tencia, no notificó a la quejosa sobre la desestimación de la demanda ni informó sobre las incidencias del caso y las gestiones profesionales que llevó a cabo como su represen-tante legal.

En julio de 1995, la señora Hernández visitó la oficina del letrado y allí se enteró que lo habían nombrado Juez Superior. Luego, el 15 de agosto del mismo año, acudió al tribunal para verificar el estado de los procedimientos de su caso. Mediante orden del tribunal, logró obtener el ex-pediente de su caso. En consecuencia, el 25 de noviembre de 1995 la quejosa instó una acción civil contra el quere-llado por impericia profesional. Al mismo tiempo, presentó la queja ante esta Curia por los mismos hechos. No obs-tante, el proceso disciplinario quedó paralizado hasta tanto se resolviera el pleito civil.

Luego de varios trámites procesales, el 14 de marzo de 2006 las partes llegaron a un acuerdo transaccional me-diante el cual el letrado se comprometió a indemnizar a la quejosa con la cantidad de $80,000 dólares por los daños que esta sufrió por las acciones negligentes en el desem-peño de sus funciones como abogado. Como parte del acuerdo transaccional, la señora Hernández suscribió una declaración jurada en la que manifestó, entre otras cosas, que aceptaba el acuerdo monetario y que no tenía interés en que continuara el proceso disciplinario contra el licen-ciado Maldonado Torres. A pesar de lo anterior, el proceso disciplinario continuó su curso ordinario.

Así las cosas, el 22 de julio de 2009 la Oficina de la Pro-curadora General presentó su informe, en el cual señaló que el licenciado Maldonado Torres incurrió en violaciones a los Cánones 18 y 19 del Código de Ética Profesional, supra. Visto el informe, mediante Resolución dictada el 23 de octu-bre de 2009, este Tribunal ordenó a la Oficina de la Procu-radora General presentar la correspondiente querella.

El letrado compareció a contestar la querella incoada en su contra. En lo pertinente, aceptó que no cumplió en su totalidad con el deber de mantener informada a la quejosa en cuanto a todas las etapas del proceso. Ante esa circuns-tancia, alegó que tal omisión se debió a su falta de experiencia. Empero, señaló que al percatarse de su error trató de enmendarlo indemnizando a la señora Hernández por los daños causados. Por tal razón, solicitó que la com-pensación monetaria se considere como un atenuante al momento de imponer la sanción disciplinaria, aun cuando es consciente de que ello no justifica su error. En cuanto a la imputación sobre falta de diligencia, expresó que hizo todas las gestiones pertinentes para resolver el caso de la señora Hernández.

En vista de lo anterior, el 23 de mayo de 2012 designa-mos al Hon. Flavio E. Cumpiano Villamor, exjuez del Tribunal de Primera Instancia, como Comisionado Especial para que recibiera la prueba y nos emitiera un informe con las determinaciones de hechos y recomendaciones que es-timara pertinente. Celebrada la vista, el Comisionado Especial concluyó que el licenciado Maldonado Torres contra-vino con los Cánones 18 y 19 del Código de Ética Profesional, supra, por falta de diligencia debida en el trá-mite de la causa de acción que tenía ante sí y por no man-tener informada a la quejosa.

En su informe, el Comisionado Especial enumeró varios atenuantes y nos sugirió que los consideráramos al mo-mento de sancionar al abogado. Entre los atenuantes que enumeró se encuentran los siguientes: que las actuaciones y omisiones del letrado ocurrieron para los años 1992 al 1995; que al momento de presentarse y después de presen-tada la queja el letrado no tenía antecedentes de procesos disciplinarios; que aceptó los errores cometidos y el daño que su omisión causó, y que resarció a la peijudicada me-diante una indemnización ascendente a $80,000. Al ponde-rar cada uno de estos, nos recomendó censurar enérgica-mente al querellado y que le apercibiéramos sobre la posibilidad de imponerle una sanción más rigurosa en un futuro. Luego de exponer el trasfondo fáctico y procesal que precede, procederemos a enunciar los fundamentos que disponen de la presente querella disciplinaria.

HH 1—i

A. Canon 18: Competencia del abogado y consejo al cliente

El Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, impone a todo abogado el deber de rendir una labor competente y diligente a sus clientes. El referido canon establece, en lo pertinente, que “[s]erá impropio de un abo-gado asumir una representación profesional cuando está consciente de que no puede rendir una labor idónea compe-tente L..]”. Es deber del abogado defender los intereses del cliente diligentemente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad, y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y responsable. Constituye una violación al Canon 18 cuando un abogado acepta la encomienda de representar a un cliente y no cumple con su encomienda de forma adecuada y responsable. Es por ello que hemos sido enfáticos en seña-lar que “[l]a representación legal adecuada requiere que se ejerza la profesión con celo, cuidado y prudencia”.

Cuando un abogado o una abogada asume la re-presentación legal de una persona, tiene la obligación de realizar todas las gestiones posibles en beneficio de su cliente, teniendo siempre presente los principios éticos que rigen la profesión. En vista de lo anterior, hemos seña-lado que un abogado infringe el Canon 18 cuando despliega una conducta negligente “que pueda acarrear, o en efecto acarree, la desestimación de un caso o la pérdida de la causa de acción de su representado”.

B. Canon 19: Información al cliente

El Canon 19 del Código de Ética Profesional, supra, dispone que el abogado tiene el deber de mantener a su cliente siempre informado de todo asunto importante que surja en el desarrollo del caso que le ha sido encomendado. Esta obligación es autónoma e indepen-diente de su deber de diligencia. () Hemos enfatizado que “[e]l deber de comunicación efectiva es imprescindible en la relación fiduciaria que caracteriza el vínculo abogado-cliente”.() Del mismo modo hemos señalado que, “[a] fin de lograr una comunicación efectiva, el abogado debe infor-marle directamente a su representado los trámites realiza-dos y su desarrollo, consultarle los aspectos que estén fuera del ámbito discrecional de la representación legal y acatar sus directrices, siempre y cuando estén en el marco ético”.()

En lo pertinente, un miembro de la profesión des-acata este principio ético cuando mantiene ajeno a su cliente sobre el resultado adverso de un asunto encomen-dado o cuando no lo mantiene informado sobre el trámite procesal del caso. Cabe puntualizar que el no informar al cliente sobre su caso, no solo constituye una infracción al Canon 19, sino que perjudica el proceso de impartir justicia.

{—i HH i—i

Del trasfondo fáctico de este caso surge que el licenciado Maldonado Torres quebrantó los Cánones 18 y 19 del Có-digo de Ética Profesional, supra. En atención a las disposi-ciones éticas esbozadas, colegimos que el querellado infrin-gió su deber de diligencia al no defender los intereses de su dienta de una forma adecuada y responsable. Ello, al no subsanar los defectos señalados mediante las órdenes emi-tidas por el Tribunal de Primera Instancia. Tampoco rea-lizó trámite alguno para solicitar reconsideración o revi-sión de la sentencia. La actuación del querellado, a su vez, incidió sobre sus obligaciones éticas, faltando así al Canon 19 al no mantener informada a su dienta sobre el trámite de la acción civil que llevaba a favor de esta. El letrado falló al dejar de notificar a la quejosa sobre la desestima-ción de la demanda, al no informar sobre las incidencias del caso ni sobre las gestiones profesionales que llevó a cabo como su representante legal.

En el caso de autos, tomamos como atenuantes a favor del licenciado Maldonado Torres el hecho que durante su carrera profesional no había sido objeto de alguna medida disciplinaria hasta el 1992 a 1995, es decir, hace más de 20 años. Tampoco surge que sus actuaciones hayan sido con algún ánimo de lucro. Por el contrario, el querellado aceptó los errores cometidos y el daño que sus omisiones le causa-ron a la quejosa, y la resarció mediante una indemnización de $80,000. Además, no ha habido con posterioridad queja o querella alguna sobre su gestión profesional como abogado.

IV

Considerado todo lo anterior, censuramos enérgicamente al licenciado Maldonado Torres y le apercibimos que de incurrir nuevamente en una conducta contraria a los cáno-nes del Código de Etica Profesional que rigen la profesión de la abogacía, será sancionado rigurosamente. Notifíquese personalmente esta opinión “per curiam” y sentencia al Ledo. Juan Maldonado Torres a través de la oficina del Alguacil de este Tribunal.

Se dictará sentencia de conformidad.

       El 2 de agosto de 1995, mediante carta, renunció a la notaría por haber sido nombrado Juez Superior. Posteriormente, mediante Resolución de 30 de agosto de 2005, fue readmitido al ejercicio del notariado.

       Véase el Informe del Comisionado Especial, pág. 4.

       32 LPRA see. 3077 et sea.

       A pesar de que ni el municipio de Camuy (Municipio) ni el Estado fueron incluidos en la demanda, estos comparecieron por separado y solicitaron la desesti-mación, aduciendo la falta de notificación previa según lo requieren las leyes para esos efectos. Véase el Informe del Comisionado Especial, pág. 6.

       4 LPRAAp. IX.

       Íd.

       Véase In re Rivera Nazario, 193 DPR 573 (2015), citando a In re Cotto Luna, 187 DPR 584, 588-589 (2012).

        In re Cotto Luna, supra.

       Íd., pág. 589. Véase In re Cuevas Borrero, 185 DPR 189, 199 (2012).

        In re Rivera Nazario, supra, pág. 583; In re Cuevas Borrero, supra, pág. 199.

        In re Rivera Nazario, supra, pág, 583, Véanse, además: In re Pietri Torres, 191 DPR 482, 488 (2014); In re Díaz Nieves et als., 189 DPR 1000, 1012 (2013); In re Cuevas Borrero, supra, pág. 199.

      (12) In re Nazario Díaz, 195 DPR 623 (2016); In re Pietri Castellón, 185 DPR 982, 992 (2012).

      (13) In re Pietri Castellón, supra, pág, 992.

        (14) In re Nazario Díaz, supra, pág. 638. Véanse, además: In re Cuevas Borrero, supra, pág. 200; In re Mulero Fernández, 174 DPR 18, 30-31 (2008).

        In re Cuevas Borrero, supra, pág. 200; In re Montes Fuentes, 174 DPR 863, 870 (2008).

        In re Rivera Nazario, supra, pág. 585; In re Reyes Coreano, 190 DPR 739, 752 (2014).


text:
      In re José L. Amiama Laguardia.

      Número: TS-14,965

      Resuelto: 14 de noviembre de 2016

      Manuel E. Ávila de Jesús, director de la Oficina de Inspección de Notarías.
   per curiam:

Una vez más nos vemos obligados a suspender a un letrado del ejercicio de la abogacía y la notaría por incumplir con nuestras órdenes.

L-i

El Ledo. José L. Amiama Laguardia fue admitido al ejercicio de la abogacía el 13 de julio de 2004 y a la práctica de la notaría el 3 de febrero de 2005. El 27 de julio de 2016, el Director de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) presentó un Informe sobre Incumplimiento en la Correc-ción de Deficiencias Notificadas. Surge de la comparecen-cia del Director de la ODIN que el 7 de noviembre de 2011 comenzó el proceso de inspección de la obra notarial del licenciado Amiama Laguardia correspondiente a los años 2005-2010. Ese proceso concluyó con el señalamiento de múltiples deficiencias sustantivas y arancelarias en los Protocolos correspondientes a 2006, 2007 y 2010. Sin embargo, luego de varios trámites ante la ODIN, el notario Amiama Laguardia solo subsanó las deficiencias en los Protocolos de 2006 y 2010. Por consiguiente, aún persisten las deficiencias sustantivas y arancelarias en el Protocolo de 2007. Asimismo, debido al transcurso del tiempo, la ODIN inició un proceso paralelo de inspección de los Pro-tocolos correspondientes al 2011-2014. Ese otro proceso de inspección también concluyó con el señalamiento de defi-ciencias arancelarias que el notario tampoco subsanó.

El Director de la ODIN envió varias comunicaciones en las que solicitó al licenciado Amiama Laguardia que sub-sanara todas las deficiencias en su obra. Sin embargo, este no subsanó las deficiencias ni se expresó en torno a dos informes de deficiencias que le fueron remitidos el 21 de marzo de 2016 y el 23 de junio de 2016, respectivamente. Entonces, el 13 de julio de 2016, el Director de la ODIN otorgó al letrado un término final e improrrogable para que se expresara en torno al segundo informe de deficiencias. En esa misiva, la ODIN apercibió al licenciado Amiama Laguardia que si al 21 de julio de 2016 no cumplía con lo ordenado, se referiría el asunto a este Tribunal. El término venció y el notario no compareció ante la ODIN.

En fin, el Director de la ODIN refirió este asunto a nues-tra consideración y, en particular, explicó que el licenciado Amiama Laguardia no subsanó la obra protocolar corres-pondiente a 2007. Tampoco corrigió las deficiencias en la obra notarial creada durante 2011-2014. Además, el nota-rio acumuló una deficiencia arancelaria global de $19,244.

El 13 de septiembre de 2016 emitimos una Resolución en la que ordenamos al licenciado Amiama Laguardia que dentro de un término de veinte días subsanara las deficien-cias señaladas por la ODIN, así como la insuficiencia aran-celaria de $19,244. Además, ordenamos al letrado que den-tro del mismo término mostrara causa por la cual no debía ser suspendido del ejercicio de la abogacía y la notaría por el reiterado incumplimiento con los requerimientos de la ODIN y que expusiera las razones por las cuales no debía-mos imponerle una multa de $500 al amparo del Art. 62 de la Ley Notarial, 4 LPRA see. 2102. Esta Resolución fue enviada a la dirección postal para notificaciones al abogado que figura en el Registro Único de Abogados y Abogadas (RUA), la cual también es su dirección física residencial. Sin embargo, el servicio postal devolvió la notificación (“Attempted—Not Known”). Posteriormente, el 6 de octubre de 2016, se le notificó personalmente la referida Resolución por conducto de la Oficina del Alguacil de este Tribunal a esa misma dirección.

El 7 de octubre de 2016, el Director de la ODIN nos informó que el licenciado Amiama Laguardia no cumplió con nuestra orden de subsanación. Al día de hoy, el letrado no ha comparecido ante nosotros.

í—I hH

El Canon 9 de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, dispone, en lo pertinente, que “[e]l abogado debe obser-var para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto”. Hemos resuelto en innumerables ocasiones que asumir una actitud de menosprecio e indife-rencia ante nuestras órdenes y las de nuestros funciona-rios y organismos denota una falta de respeto hacia nues-tra autoridad y constituye una violación al Canon 9. Véanse: In re Colón Collazo, 196 DPR 239, 242 (2016); In re Rodríguez Zayas, 194 DPR 337, 341-342 (2015). Por esa razón, “[s]i luego de proveerle un término al abogado para que muestre causa por la cual no debe ser suspendido de la profesión [,] éste incumple con nuestro mandato, procede que el abogado sea sancionado con la suspensión indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría”. In re Piñeiro Vega, 188 DPR 77, 90 (2013). En otras palabras, el abogado que ignora, rechaza o menosprecia nuestros requerimientos consiente a que lo separemos de la profesión legal.

En torno a la función notarial, hemos expresado que todo notario tiene el deber de subsanar con premura toda falta señalada por la ODIN. “Ningún notario puede asumir una actitud pasiva y descansar en que la ODIN lo contacte para verificar si se corrigen adecuadamente los se-ñalamientos que dicha oficina efectúe, máxime cuando la imagen de la profesión y la suya propia está en tela de juicio”. In re Román Jiménez, 161 DPR 727, 733 (2004). Por esa razón, tratar con ligereza o laxitud los señalamientos de la ODIN también configura una violación del Canon 9, supra. In re Lebrón Arroyo, 194 DPR 932, 934-935 (2016).

III

En este caso, ordenamos al licenciado Amiama Laguar-dia que subsanara las deficiencias de la ODIN y que mos-trara causa por la cual no debíamos suspenderlo de la pro-fesión legal, así como por qué no debíamos imponerle una sanción económica de $500 al amparo de la Ley Notarial. No obstante, a pesar de habérselo notificado en dos ocasio-nes, una de ellas personalmente, ignoró nuestras órdenes.

Evidentemente, el licenciado Amiama Laguardia no de-sea continuar en el ejercicio de la abogacía y la notaría. La indiferencia que mostró ante nuestros requerimientos es prueba de ello. Le dimos la oportunidad de corregir las deficiencias en su obra y conservar su licencia profesional, pero el letrado no la aprovechó. Ahora, el licenciado Amiama Laguardia deberá subsanar todas las deficiencias que le señaló la ODIN desde el desaforo y con su propio peculio.

i—i <5

Por los fundamentos expuestos, suspendemos inmediata e indefinidamente del ejercicio de la abogacía y la notaría al licenciado Amiama Laguardia. Asimismo, se le impone una sanción económica de $500 que satisfará en sellos de rentas internas en la Secretaría de este Tribunal dentro del término improrrogable de veinte días. Por último, se ordena al señor Amiama Laguardia que, dentro de un término im- prorrogable de treinta días, subsane con su propio peculio todas las deficiencias en su obra protocolar, incluida la deuda arancelaria. Se le apercibe que incumplir con lo aquí ordenado podría dar lugar a la iniciación de un procedi-miento de desacato en el Tribunal de Primera Instancia. Al momento de presentar una solicitud de reinstalación, el se-ñor Amiama Laguardia deberá incluir una certificación de la ODIN que demuestre que su obra notarial se encuentra libre de deficiencias.

Se impone al señor Amiama Laguardia el deber de noti-ficar a sus clientes de su inhabilidad para seguir represen-tándolos, devolver cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar inmediatamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos. Ade-más, deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de treinta días a partir de la notificación de esta Opinión “per curiam” y Sentencia.

Asimismo, se ordena al Alguacil de este Tribunal que incaute inmediatamente la obra y el sello notarial del señor Amiama Laguardia y los entregue al Director de la Oficina de Inspección de Notarías para la correspondiente investi-gación e informe. Notifíquese personalmente esta Opinión “per curiam” y Sentencia al señor Amiama Laguardia a través de la Oficina del Alguacil de este Tribunal. Además, notifíquese copia de esta Opinión “per curiam” y Sentencia al Secretario de Justicia para que tome la acción que estime pertinente.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez no intervino.


text:
      In re Ramón M. Negrón Colón.

      Número: TS-10,218

      Resuelto: 14 de noviembre de 2016

      Karla Z. Pacheco Álvarez, subprocuradora general, Mónica Cordero Vázquez, procuradora general auxiliar.
   per curiam:

Nuevamente nos vemos precisados a suspender sumariamente a un abogado por su condena en el foro federal, en conformidad con la See. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909 (4 LPRA see. 735).

H

El Ledo. Ramón M. Negrón Colón (licenciado Negrón Colón) fue admitido a la práctica de la abogacía el 7 de julio de 1992.

La Secretaría del Tribunal de Distrito de Estados Uni-dos para el Distrito de Puerto Rico remitió una copia de la Sentencia emitida por ese foro contra el licenciado Negrón Colón, en la que fue convicto por el delito federal de lavado de dinero. Recibida la referida copia de la Sentencia, el 17 de agosto de 2016 emitimos una Resolución en la que orde-namos a la Procuradora General que, en un término de veinte días, nos rindiera un informe con las recomendacio-nes que estimara pertinentes.

Asimismo, ante las serias imputaciones, requerimos al letrado que, dentro del mismo término, mostrara causa por la cual no debíamos suspenderlo del ejercicio de la aboga-cía a la luz de la sentencia emitida por el foro federal en United States of America v. Ramón M. Negrón Colón, Case Number: 3:13-CR-00598-001 (PG). Hasta el presente éste no ha comparecido ante esta Curia.

De la referida sentencia surge que el licenciado Negrón Colón se declaró culpable en el Tribunal de Distrito federal de un cargo de conspiración para el delito de lavado de dinero (“conspiracy to commit money laundering”), en vio-lación a lo dispuesto en 18 USCA see. 1956. En consecuen-cia, ese foro lo sentenció a setenta y un meses de reclusión, tras lo cual debe cumplir tres años de libertad supervisada.

J—i HH

En Puerto Rico, la facultad inherente de regla-mentar el ejercicio de la profesión legal recae en este Tribunal. Es por ello que tenemos la autoridad de disci-plinar éticamente a cualquier miembro de la abogacía, sin que estemos circunscritos por lo dispuesto en estatuto al-guno, siempre y cuando se le otorgue la oportunidad al letrado de ser escuchado en su defensa. Tal poder nos permite imponer las sanciones disciplinarias necesarias a los miembros de la profesión. Entre éstas, podemos desafo-rar o suspender a los abogados y las abogadas que no estén aptos para ejercer tan delicado ministerio.

Esa facultad inherente conlleva el ejercicio inseparable de reglamentar la profesión de la abogacía sin restricción alguna, siempre que se le brinde al letrado o letrada el debido proceso de ley al permitir presentar sus defensas. En consecuencia, hemos expresado que las razones para ejercer nuestra facultad disciplinaria no se confinan o res-tringen por cualquier estatuto. Al contrario, comprenden toda conducta manifestada por el abogado que perturbe su condición moral y, de esa forma, lo haga indigno de ser miembro y de representar a este foro.

Por otra parte, la See. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909 establece un procedimiento de separación sumaria de la profesión legal en aquellos casos en que recaiga un dictamen de culpabilidad contra un abogado. Específica-mente, todo abogado condenado por cualquier delito rela-cionado directamente con la práctica legal o por cualquier delito que implique depravación moral, está sujeto a ser desaforado sumariamente. En específico, la See. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909 dispone lo siguiente:

El abogado que fuere culpable de engaño, conducta inmoral (malpractice), delito grave (felony) o delito menos grave (misdemeanor), en conexión con el ejercicio de su profesión o que fuere culpable de cualquier delito que implicare depravación moral, podrá ser suspendido o destituido de su profesión por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. La persona que siendo abo-gado fuere convicta de un delito grave cometido en conexión con la práctica de su profesión o que implique depravación moral, cesará convicta que fuere, de ser abogado o de ser com-petente para la práctica de su profesión. A la presentación de una copia certificada de la sentencia dictada al Tribunal Supremo, el nombre de la persona convicta será borrado, por orden del Tribunal, del registro de abogados. Al ser revocada dicha sentencia, o mediante el perdón del Presidente de los Estados Unidos o del Gobernador de Puerto Rico, el Tribunal Supremo estará facultada para dejar sin efecto o modificar la orden de suspensión.

Ese mecanismo hace innecesario el proceso disci-plinario ordinario que fija la Regla 14 del Reglamento de este Tribunal. Es por ello que ante tal circunstancia he-mos afirmado que “[cjuando de una sentencia federal surge la admisión de unos hechos que implican depravación moral y falta de honradez, corresponde la separación inmediata de un miembro de la profesión legal”. Cónsono con lo anterior, este Tribunal ha señalado que la comisión de un delito grave o menos grave, así como cualquier delito que conlleve depravación moral en conexión con la profesión, acarrea la separación de la abogacía. Así toda conducta delictiva de un letrado que evidencie su quebrantamiento moral, aun cuando no sea producto o en conexión con el ejercicio de su profesión, es motivo para desaforarlo o suspenderlo. En esas circunstancias, hemos expresado que constituye depra-vación moral el realizar algo contrario a la justicia, la hon-radez, los buenos principios o la moral.

I—i HH \—!

En el presente caso, el licenciado Negrón Colón se de-claró culpable del delito de conspiración de lavado de dinero, el cual implica, entre otras cosas, intentar efectuar cualquier transacción financiera con fondos provenientes de una actividad ilegal. El delito concernido contiene como requisito principal el elemento de fraude. En vista de ello, no cabe duda de que la conducta desplegada por el licenciado Negrón Colón, al realizar actos fraudulentos dirigidos a sobornar a funcionarios públicos con dinero gene-rado de actividades ilegales y, en particular, del narcotrá-fico, incurrió en una conducta dolosa, inmoral y dañina.

Ante tales acciones el letrado violentó gravemente la integridad que rige nuestra profesión legal, demostrando de esta manera una falta de respeto a los principios éticos que deben regir la conducta de los miembros de la profe-sión legal. Por tal razón, procede que ejerzamos nuestro poder inherente de regular la profesión y lo suspendamos sumariamente del ejercicio de la abogacía.

<1

En virtud de lo anterior, a tenor con la See. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909, supra, y con la facultad inherente de este Tribunal de regular la práctica de la profesión legal en Puerto Rico, decretamos la suspensión inmediata e in-definida del licenciado Negrón Colón del ejercicio de la abogacía. Ordenamos, además, la eliminación de su nom-bre del Registro de Abogados autorizados a litigar en nues-tra jurisdicción.

A pesar de que el Sr. Ramón M. Negrón Colón se encuen-tra confinado en una institución penal bajo la jurisdicción federal, éste o un representante autorizado por éste, deberá notificar oportunamente a todos sus clientes de su inhabili-dad para continuar representándolos y devolverles los ex-pedientes de los casos pendientes, así como los honorarios recibidos por trabajos no rendidos. Además, deberá infor-mar de su suspensión a los distintos foros judiciales y ad-ministrativos en los que tenga algún asunto pendiente. Asi-mismo, deberá acreditar y certificar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de treinta días, a partir de la notificación de esta opinión “per cu-riam” y sentencia. Notifíquese esta opinión “per curiam” y sentencia al señor Negrón Colón a todas las direcciones y medios que obran en el Registro Unico de Abogados y Abogadas.

Se dictará sentencia de conformidad.

        In re Rivera Herrans, 195 DPR 689 (2016). Véanse, además: In re Segarra Aponte, 194 DPR 653, 656 (2016); In re Doitteau Cruz, 190 DPR 979, 981 (2014); In re Colón Ledée, 190 DPR 51, 54 (2014); In re García Suárez, 189 DPR 995, 998 (2013).

        In re Segarra Aponte, supra.

        In re Colón Ledée, supra, pág. 54; In re García Suárez, supra, pág. 998; In re Morell Corrada, 171 DPR 327, 330 (2007); In re González Díaz, 163 DPR 648, 650 (2005).

        In re González Blanes, 65 DPR 381, 391 (1946).

        In re Rivera Herrans, supra, pág, 691; In re Colón Ledée, supra, pág. 54; In re García Suárez, supra, pág. 998; In re González Díaz, supra, pág. 650.

        In re Colón Ledée, supra, pág. 54; In re García Suárez, supra, pág. 998; In re González Díaz, supra, págs. 650-661; In re Morell Corrada, supra, pág. 330,

       4 LPRA see. 735; S. Steidel Figueroa, Ética y responsabilidad disciplinaria del abogado, San Juan, Pubs. JTS, 2010, pág. 356.

       4 LPRA see. 735.

       4 LPRAAp. XXI-B.

        In re Peluzzo Perotín, 195 DPR 323, 328 (2016); In re Vázquez Torres I, 182 DPR 431, 433-434 (2011).

        In re Gutiérrez Torres, 195 DPR 963, 965 (2016).

        In re Rivera Herrans, supra; In re Colón Ledée, supra, pág. 54; In re García Suárez, supra, pág. 998; In re González Díaz, supra, pág. 651.

        In re Colón Ledée, supra, pág. 55; In re García Suárez, supra, pág. 999; In re González Díaz, supra, pág. 651.

       Véase 18 USCA see. 1956.


author: La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez Juez Asociado Señor Rivera García,

text:
    Pablo Colón Chévere, Elba Rivas Maldonado y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, y otros, recurridos, v. José M. Class Otero, José H. Ortiz Sandoval, Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Policía de Puerto Rico y otros, peticionarios; Julio Morales Rodríguez, Carmen Carrión López y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, y otros, recurridos, v. José M. Class Otero, José H. Ortiz Sandoval, Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Policía de Puerto Rico y otros, peticionarios.

      Número: CC-2014-588

      Resuelto: 15 de noviembre de 2016

      Margarita Mercado Echegaray, procuradora general, y Miriam Alvarez Archilla, procuradora general auxiliar, abo-gadas de la parte peticionaria; Miguel A. Morales Fajardo, abogado de la parte recurrida.
   La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez

emitió la opinión del Tribunal.

El presente caso nos brinda la oportunidad de estable-cer los contornos de la responsabilidad civil del Estado Li-bre Asociado de Puerto Rico (ELA) en el contexto del deber general de velar por la seguridad pública y evitar la criminalidad. En particular, examinamos la controversia de si la Policía de Puerto Rico, y por ende el ELA, es res-ponsable civilmente por los daños causados por un tercero durante la comisión de un acto delictivo. Veamos.

1—!

Los hechos que dan lugar al caso de autos se remontan al año 1998, cuando ocurrió un trágico accidente durante la celebración de unas carreras clandestinas de vehículos de motor en el municipio de Morovis.

Desde 1990, todos los fines de semana se celebraban carreras clandestinas de vehículos de motor en distintas áreas del municipio de Morovis, principalmente en la ca-rretera 567 del barrio San Lorenzo. La magnitud del evento era tal que contaba con la participación de un pú-blico de entre doscientas a trescientas personas. Las carre-ras clandestinas eran de conocimiento general y, lo que es más, contaban con el apoyo indirecto del alcalde del municipio. Tanto es así, que la Policía Municipal tenía ins-trucciones específicas de no intervenir con éstas. Además, el alcalde había iniciado la construcción de una pista ale-daña a la carretera 567, que era utilizada como estaciona-miento por el público que acudía. La Policía de Puerto Rico tenía conocimiento del grave problema de las carreras clandestinas en el lugar donde eventualmente ocurrieron los hechos que motivan este caso.

El 18 de julio de 1998, aproximadamente a las 4:00 de la tarde, la Policía de Puerto Rico recibió información res-pecto a que en la carretera 567 del barrio San Lorenzo de Morovis se realizarían unas carreras clandestinas. Ese día se celebraban también las fiestas patronales del municipio, actividad a la que acudía un público de entre 4,000 a 5,000 personas. Según declaró el teniente William Feliciano, entonces Comandante Auxiliar del Distrito de Morovis para la Policía de Puerto Rico, ante la querella recibida solicitó ayuda a una patrulla de la Policía Municipal por-que “[la Policía Estatal] est[aba] cort[a][de] recurso[s]” y acudió al lugar señalado. Indicó que, al llegar,

[...] no habían ningunas ... carreras, toda vez que lo que había era una que otra persona allí, pues, pasando tal vez el día, porque [sic.] también allí hay un río que [sic.] muchas personas, pues, acostumbran a pasar el día allí ... [A]l notar que no exis-tía, en ese momento, ningún tipo de evento, pues decid [ió] en-tonces regresar nuevamente al personal a sus demarcaciones ... y le indi[có] al agente que estaba a cargo de querellas que [cuando no estuviera] atendiendo querellas, ... bajara [sic.] y le diera seguimiento al área de San Lorenzo.

Es decir, según expuso el teniente Feliciano, al no iden-tificar actividad ilícita alguna, éste se marchó del lugar e instruyó a otro agente estatal a dar seguimiento de la situación cuando no tuviese que atender querellas, tarea principal que le correspondía ejecutar el día de los hechos.

Sin embargo, ese mismo día, cerca de las 6:00 de la tarde, se celebraron las carreras clandestinas en el lugar denunciado. Allí, el Sr. José M. Class Otero, quien partici-paba de éstas, perdió el control del vehículo que conducía a exceso de velocidad, impactó a varios espectadores y pro-vocó la muerte de cinco personas. Entre las personas falle-cidas se encuentran los jóvenes Juan Pablo Colón Rivas y Ornar Morales Carrión.

Por tales hechos, durante el 1998, los familiares de las cinco personas fallecidas presentaron dos demandas contra el señor Class Otero, el ELA, el municipio de Morovis y otros demandados desconocidos. No obstante, según solici-tado por los entonces demandantes y sin oposición de las partes demandadas, en el 2007 el Tribunal de Primera Ins-tancia dictó sentencia de desistimiento sin perjuicio en am-bos casos.

En el 2008, los familiares de los jóvenes Colón Rivas y Morales Carrión (en conjunto, los demandantes) presenta-ron nuevamente —esta vez por separado— dos demandas por daños y perjuicios contra el señor Class Otero y el ELA. En lo pertinente a la controversia de autos, los de-mandantes alegaron que la muerte de Colón Rivas y de Morales Carrión ocurrió a consecuencia de la negligencia del ELA, particularmente de la Policía de Puerto Rico, al no tomar las medidas necesarias para evitar la celebración de las carreras clandestinas. Por su parte, el ELA contestó la demanda, negó las alegaciones de responsabilidad en su contra y argumentó, entre otros asuntos, que los demandan-tes asumieron el riesgo de lo ocurrido y que el responsable de los hechos es el señor Class, tercero por el cual el ELA no responde.

Luego de múltiples trámites procesales, el Tribunal de Primera Instancia llevó a cabo las vistas correspondientes para dilucidar la negligencia y los daños alegados. En cuanto al asunto de la negligencia, por parte de los deman-dantes testificaron: el Sr. Juan R. Ortega Álamo, quien a la fecha de los hechos fungía como director del Departamento de Recreación y Deportes del municipio de Morovis; los Sres. Walter Cortés Pérez y Wilson Torres Morales, quie-nes para la fecha de los hechos trabajaban como policía y teniente, respectivamente, de la Policía Municipal; la Sra. Carmen Dolores Carrión López, quien era la madre del jo-ven Morales Carrión y, además, a la fecha de los hechos era también policía municipal, y la Sra. Frances Nieves, viuda del joven fenecido Morales Carrión. Por su parte, el ELA presentó como testigo al teniente Feliciano.

Tras varios eventos procesales, el foro de instancia emi-tió las sentencias correspondientes en ambos casos y de-claró “con lugar” la acción incoada por los demandantes. En cuanto al señor Class, dictó sentencia en rebeldía en su contra. En lo relativo al ELA, razonó que “la Policía de Puerto Rico actuó negligentemente al dejar de cumplir con una de sus funciones básicas [...] de velar po[r q]ue en las carreteras de Puerto Rico se observen los límites de veloci-dad y [que éstas] no se utilicen para realizar carreras de competencia”. Añadió que la Policía Estatal incurrió en responsabilidad al no tomar medidas de seguridad adecua-das para proteger la vida de los ciudadanos a pesar de tener pleno conocimiento de que en el lugar de los hechos ocurrirían las carreras clandestinas.

El foro de instancia adjudicó un cincuenta por ciento (50%) de responsabilidad al ELA y un cincuenta por ciento (50%) de responsabilidad al señor Class Otero, e impuso la cuantía máxima de daños que permite la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, 32 LPRA see. 3074 et seq. —conocida como la Ley de Reclamaciones y Deman-das contra el Estado— en cada caso. El ELA presentó una oportuna moción de reconsideración que fue declarada “no lia lugar”.

Así las cosas, el ELA presentó dos recursos de apelación ante el Tribunal de Apelaciones que fueron posteriormente consolidados. Sostuvo, en síntesis, que el foro de instancia erró al determinar que el ELA fue negligente, ya que de la prueba surge que la Policía de Puerto Rico tomó acciones para evitar los daños. Hizo particular referencia al caso Ramos Oppenheimer v. Leduc, 103 DPR 342 (1975), en el cual este Tribunal se negó a imponer responsabilidad al ELA por unos hechos similares a los del caso de autos. Por otro lado, argüyó que el Tribunal de Primera Instancia abusó de su discreción al conceder a los demandantes una cuantía exce-siva de daños emocionales y angustias mentales.

El Tribunal de Apelaciones emitió una sentencia me-diante la cual confirmó al Tribunal de Primera Instancia. Concluyó que, de la prueba presentada ante el foro de ins-tancia, surge que la Policía de Puerto Rico no tomó las medidas de seguridad y prevención adecuadas para prote-ger la vida de los ciudadanos y fue negligente en el ejercicio de sus deberes. En cuanto al segundo error señalado, de-terminó que no intervendría con las cuantías impuestas por el foro de instancia en ausencia de abuso de discreción.

Inconforme, el ELA acudió ante este Tribunal mediante recurso de certiorari y, en esencia, reiteró los planteamien-tos esgrimidos ante los foros inferiores. Expedido el re-curso y con el beneficio de las comparecencias de ambas partes, procedemos a resolver.

hH I—f

A. En nuestro ordenamiento jurídico, quien por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. Art. 1802 del Código Civil, 31 LPRA see. 5141. En innumera-bles ocasiones hemos expresado que, en aras de que exista responsabilidad al amparo de este artículo, es indispensable que ocurra una acción u omisión, un daño y la corres-pondiente relación causal entre el daño y la conducta cul-posa o negligente. Véanse: García v. E.L.A., 163 DPR 800 (2005); Administrador v. ANR, 163 DPR 48 (2004); Valle v. E.L.A., 157 DPR 1 (2002); Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 DPR 294 (1990); Reyes v. Sucn. Sánchez Soto, 98 DPR 305 (1970). Recae sobre la parte que solicita ser indemnizada el deber de establecer, mediante preponderancia de la prueba, todos los elementos de la causa de acción por daños y perjuicios, García v. E.L.A., supra.

La responsabilidad por negligencia se caracteriza por la concurrencia de los elementos siguientes: (a) la exis-tencia de una obligación o, al menos, de un deber general, reconocido por el Derecho, que exige que los sujetos ajusten sus actos a un determinado tipo de conducta para la pro-tección de los demás contra riesgos irrazonables y (b) que el agente del daño haya obrado sin ajustarse a semejante tipo de conducta. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1983, T. II, Vol. III, pág. 88.

El factor de la previsibilidad es parte fundamental de la responsabilidad por culpa o negligencia. Elba A.B.M. v. U.P.R., supra, pág. 309. El grado de previsibilidad en cada caso varía, dependiendo del estándar de conducta que sea aplicable. Hernández Vélez v. Televicentro, 168 DPR 803 (2006). Respecto a qué constituye un resultado razonable-mente previsible, hemos expresado que “el deber de previ-sión no se extiende a todo peligro imaginable que concebi-blemente pueda amenazar la seguridad [...] sino a aquél que llevaría a una persona prudente a anticiparlo”. Hernández v. La Capital, 81 DPR 1031, 1038 (1960).

Además, para que exista responsabilidad civil es necesario que concurra un nexo causal entre la acción u omisión culposa o negligente y el daño producido al reclamante. Elba A.B.M. v. U.P.R., supra. En nuestra juris-dicción rige la doctrina de la causalidad adecuada, conforme a la cual “la ocurrencia del daño en cuestión era previsible dentro del curso normal de los acontecimientos. En otras palabras, causa es ‘la condición que ordinariamente produce el daño, según la experiencia general’ ”. Íd., pág. 310.

Finalmente, debemos recordar que en nuestro or-denamiento rige la doctrina de negligencia comparada. Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 DPR 139 (1996). Conforme a ésta, la negligencia concurrente o contribu-yente del demandante sirve para mitigar, atenuar o redu-cir la responsabilidad pecuniaria del demandado, pero no para eximirle totalmente de responsabilidad. H.M. Brau del Toro, Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 1986, Vol. 1, pág. 410. Esta doctrina requiere que el juzgador, además de determinar el monto de la compensación que corres-ponde a la víctima, establezca el porcentaje de responsabi-lidad o negligencia que corresponda a cada parte y reduzca la indemnización del demandante en conformidad con esta distribución de responsabilidad. íd. Así, para determinar la negligencia que corresponde a cada parte en casos de negligencia comparada es necesario “analizar y considerar todos los hechos y circunstancias que mediaron en el caso, y particularmente si ha habido una causa predominante”. Íd., pág. 412.

B. Aunque por lo general la responsabilidad civil extracontractual surge de actos u omisiones propias, el Art. 1803 del Código Civil, 31 LPRA see. 5142, dispone que la obligación de reparar un daño a otro es exigible también “por los de aquellas personas de quienes s[e d]ebe responder”. Conforme al citado artículo, el Estado responde extracontractualmente en las mismas circunstancias y con-diciones en que sería responsable un ciudadano particular por aquellos daños causados por sus funcionarios cuando actúan en el ámbito de sus funciones. Íd. Véase, además, Galarza Soto v. E.L.A., 109 DPR 179 (1979).

Claro está, en virtud de la doctrina de inmunidad soberana, se requiere el consentimiento del Estado para que puedan instarse procedimientos judiciales en su contra. Guardiola Álvarez v. Depto. de la Familia, 175 DPR 668 (2009); Berrios Román v. E.L.A., 171 DPR 549 (2007). Así, los límites de la responsabilidad civil del Es-tado se rigen por las disposiciones de la Ley de Reclama-ciones y Demandas contra el Estado. En lo pertinente, ésta permite que los ciudadanos demanden al ELA por las ac-tuaciones culposas o negligentes de sus empleados, funcio-narios o agentes en el desempeño de sus funciones y ac-tuando en capacidad oficial. 32 LPRA see. 3077. El Art. 2(a) de esta ley expone que:

Cuando por tal acción u omisión se causaren daños y perjui-cios a más de una persona, o cuando sean varias las causas de acción a que tenga derecho un solo peijudicado, la indemniza-ción por todos los daños y perjuicios que causare dicha acción u omisión no podrá exceder de la suma de ciento cincuenta mil dólares ($150,000). Si de las conclusiones del tribunal surgiera que la suma de los daños causados a cada una de las personas excede de ciento cincuenta mil (150,000) dólares, el tribunal procederá a distribuir dicha suma entre los demandantes, a prorrata, tomando como base los daños sufridos por cada uno. Cuando se radique una acción contra el Estado por daños y perjuicios a la persona o a la propiedad, el tribunal ordenará, mediante la publicación de edictos en un periódico de circula-ción general, que se notifique a todas las personas que pudieran tener interés común, que deberán comparecer ante el tribunal, en la fecha dispuesta en los edictos, para que sean acumuladas a los fines de proceder a distribuir la cantidad de ciento cin-cuenta mil (150,000) dólares entre los demandantes, según se provee en esta Ley. (Énfasis suplido). 32 LPRA sec. 3077(a).

Nótese que la citada disposición enfatiza que, ante la ocurrencia de una misma acción u omisión culposa o negli-gente del ELA que cause daños a más de una persona, la indemnización por todos los daños no podrá exceder la cuantía de $150,000.

C. Anteriormente hemos evaluado la responsabi-lidad civil que deriva de las actuaciones criminales de terce-ros en el contexto de instituciones o comercios particulares. Hemos puntualizado que, “[c]omo norma general, no existe un deber de proteger a otras personas de actos criminales de terceros”. (Énfasis suprimido). Santiago v. Sup. Grande, 166 DPR 796, 809 (2006). No obstante, hemos resuelto a modo de excepción que existen situaciones en las que, en atención a las características particulares de ciertas instituciones y de los servicios que éstas proveen, un demandado puede responder por esos actos. Id.

Por ejemplo, dispusimos que las instituciones educati-vas universitarias, los hoteles, los hospitales y los centros comerciales tienen orna relación particular con sus estu-diantes, huéspedes, pacientes y clientes, respectivamente, “que los obliga a ofrecerles un grado de seguridad ade-cuado y razonable que procure garantizar su bienestar”. Santiago v. Sup. Grande, supra, pág. 809. En tales con-textos, hemos expresado que

[...] la difícil determinación de cuándo existe un nexo causal entre el daño producido por un acto delictivo de un tercero y la omisión de cumplir con la obligación de tomar precauciones, medidas de seguridad y protección, no puede resolverse nunca de una manera plenamente satisfactoria mediante reglas abs-tractas, sino que en los casos de duda ha de resolverse por el juez según su libre convicción, ponderando todas las circunstancias. (Cita omitida). Elba A.B.M. v. U.P.R., supra, págs. 310-311.

Por otro lado, en Negrón v. Orozco Rivera, 113 DPR 712, 714 (1983), impusimos responsabilidad al ELA por las ac-tuaciones negligentes de la Policía al “ ‘no proveer la nece-saria seguridad y protección al ciudadano querellante [...] para impedir el previsible resultado de violencia en que per-dió la vida” a manos de un policía en medio de una discusión en el propio cuartel. Al así resolver, prestamos particular atención a la naturaleza de los cuarteles de la Policía y al ambiente de seguridad que allí debe imperar. Id,

Asimismo, evaluamos un cuadro fáctico similar al de autos en Ramos Oppenheimer v. Leduc, supra. En aquella ocasión, un joven falleció tras ser atropellado por un vehí-culo de motor que competía en unas carreras clandestinas en el aeropuerto de Santa Isabel. Sus familiares demanda-ron, entre otros, al ELA por no evitar la ocurrencia de la carrera clandestina que produjo la muerte del joven. Este Tribunal se negó a imponer responsabilidad al ELA por entender que el accidente se debió principalmente a la im-prudencia del joven occiso, quien además estaba come-tiendo un acto delictivo al entrar ilícitamente a la pista del aeropuerto. También, allí estimamos que

[n]o tiene validez el argumento de que a la policía se le avisó y no fue a detener la competencia. Para aquella época el puesto de la policía de Santa Isabel tenía 16 policías. Con ese personal se cubrían tres tumos de ocho horas diarias, inclu-yendo vacaciones. Durante las horas del día había sólo dos policías disponibles en servicio —uno en el retén y otro en la calle. Para la fecha de los hechos se celebraban en Santa Isabel unas primarias. Constituían dichas primarias una activi-dad lícita, que atrae considerable número de personas y en donde se necesitaba la policía. Pero independientemente de esa situación específica, la verdad es que el Estado no puede tener policías presentes, a todas horas, en todos los lugares en Puerto Rico en que es ilegal, pero físicamente posible, celebrar una carrera de automóviles. También la policía, al recibir lla-madas tiene que atender éstas según su importancia y según sus medios. Para ello tiene que ejercer discreción el oficial a cargo del puesto. Los medios de la policía no son infinitos. El oficial no puede adivinar los acontecimientos futuros. No abusó de su discreción al decidir que las primarias tenían prioridad. (Énfasis suplido). Íd., págs. 343-344.

Por otra parte, desde el punto de vista del derecho com-parado, exponemos la forma como se han analizado en Es-paña controversias análogas a la de autos. A esos efectos, el Tribunal Supremo español atendió un caso en que el de-mandante pretendía imputar responsabilidad civil a la Po-licía Nacional al no haber intervenido para evitar un robo ocurrido en una joyería. El foro judicial de España se negó a imputar responsabilidad al Estado en ese contexto. Explicó que, aunque es muy probable que la intervención policiaca hubiese evitado la consumación del robo, en los supuestos de comportamiento omisivo, no basta con que la intervención del Estado hubiera impedido la lesión, pues esto conduciría a una ampliación irrazonable y desmesu-rada de su responsabilidad patrimonial. Por el contrario, el Tribunal Supremo de España estimó que es necesario “que haya algún otro dato en virtud del cual quepa objetiva-mente imputar la lesión a dicho comportamiento omisivo [del Estado]; y ese dato [...] sólo puede ser la existencia de un deber jurídico de actuar”.

Por otro lado, conviene examinar a modo ilustrativo el tratamiento que otras jurisdicciones han dado al asunto. Así, destacamos que en Argentina también “se ha afianzado una tendencia restrictiva al reconocimiento de la responsa-bilidad estatal por omisión del ejercicio de potestades admi-nistrativas de control”. En casos similares al de autos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, máximo foro judicial argentino, ha expresado que el deber genérico de pro-veer seguridad no se traduce automáticamente en la exis-tencia de responsabilidad. Esto, pues exigir que el Estado evite todo daño a sus ciudadanos "requeriría una previsión extrema que sería no sólo insoportablemente costosa para la comunidad, sino que haría que se lesionaran severamente las libertades de los mismos ciudadanos a proteger”.

Asimismo, aunque el caso de autos se rige por el Dere-cho Civil, también a modo ilustrativo destacamos que las jurisdicciones de Estados Unidos, como norma general, se han negado a imponer responsabilidad civil al Estado, por no evitar la criminalidad en ausencia de una relación especial (special relationship) entre policía y víctima. Esto es, se requiere una relación particular y distinguible entre los organismos policiacos y la víctima con tal de hallar res-ponsable al Estado ante las actuaciones criminales de un tercero. Uno de los casos más importantes en cuanto a esta materia, Schuster v. City of New York, 154 N.E.2d 534, 180 N.Y.S.2d 265 (1958), evaluó la situación de un ciuda-dano que fue asesinado mientras ayudaba a la Policía a arrestar a un individuo que había delinquido. El Tribunal de Apelaciones de Nueva York determinó que el Estado era responsable civilmente en tal situación y expresó al res-pecto lo siguiente:

[...] the public (acting in this instance through the City of New York) owes a special duty to use reasonable care for the protection of persons who have collaborated with it in the arrest or prosecution of criminals, once it reasonably appears that they are in danger due to their collaboration. Id., pág. 269.

Uno de los principales fundamentos de la discutida norma norteamericana es evitar que los foros judiciales in-terfieran inadecuadamente con la discreción de la policía respecto a cómo disponer y canalizar sus recursos. Harvard Law Review Association, Notas, Police Liability for Negligent Failure to Prevent Crime, 94 Harv. L. Rev. 821 (1981). Asimismo, la norma general en cuestión pretende prevenir la imposición de cargos excesivos al Estado a consecuencia de la criminalidad e impedir un congestionamiento exce-sivo de los foros judiciales.

A la luz de las normas y los principios expuestos, pase-mos a evaluar qué factores y criterios deben regir la impo-sición de responsabilidad a la Policía de Puerto Rico, y por ende al ELA, en el contexto del deber general de proveer seguridad a la población y evitar la criminalidad.

D. Según hemos expresado anteriormente, “[e]l incremento de la violencia, el reto del criminal a la paz y sosiego del pueblo y la creciente probabilidad de que una persona sea víctima de un atentado contra su vida, su li-bertad o su propiedad” es un serio problema social en tiem-pos modernos. Estremera v. Inmobiliaria Rac, Inc., 109 DPR 852, 856 (1980). El fenómeno de lo criminal es un asunto complejo. Sin lugar a dudas, se trata de un pro-blema social importante y su atención es principalmente responsabilidad del Estado, “única entidad con los recursos y la fuerza necesaria para mantener la paz y la majestad de la Ley”. íd. Ahora bien, el Estado no es un garante ab-soluto de la seguridad pública y, por lo mismo, no puede ser responsable civilmente por todas las actuaciones crimina-les que la Policía no pueda evitar.

En atención a lo anterior resolvemos que, si bien la Po-licía de Puerto Rico tiene un deber general de velar por la seguridad pública, ese deber por sí solo no es suficiente para imputar responsabilidad civil al ELA. En este tipo de casos, el juzgador o juzgadora debe hacer un análisis pro-fundo que tome en consideración la totalidad de las cir-cunstancias particulares del escenario que tiene ante sí.

Entre los criterios que se deben tomar en consi-deración a la hora de evaluar la alegada negligencia del ELA, en el ejercicio de su deber de evitar la comisión de actos delictivos se encuentran: (1) la naturaleza del hecho delictivo; (2) la recurrencia del acto criminal en el lugar de los hechos; (3) el conocimiento o la certeza que, como cues-tión de hecho, tenía la Policía de Puerto Rico respecto a que el acto criminal ocurriría; (4) la posibilidad de evitar la ocurrencia del delito; (5) los recursos con que contaba la Policía de Puerto Rico para operar; (6) otras necesidades que atender; (7) las gestiones realizadas para evitar el acto delictivo, y (8) la existencia de una relación previa o especial entre la víctima y la Policía. Ninguno de estos factores por sí solo es suficiente para tomar una determinación so-bre el asunto que nos ocupa. Por el contrario, éstos deben evaluarse de forma integral, junto a las demás circunstan-cias que se planteen caso a caso. Claro está, una vez exa-minada la totalidad de las circunstancias e identificada la existencia de un deber particular y exigible junto a su in-cumplimiento, procede evaluar el caso conforme a los prin-cipios generales de responsabilidad civil en nuestro ordenamiento.

Resuelto lo anterior, pasemos a determinar si a la luz de los hechos particulares del caso de autos y conforme a los criterios expuestos, el ELA debe responder civilmente por los daños ocasionados a los demandantes.

i—I HH I—I

Según destacamos anteriormente, el señor Class perdió el control de un automóvil que conducía a exceso de veloci-dad mientras participaba de unas carreras clandestinas. Así, impactó a un grupo de espectadores que participaban de la actividad ilícita, entre los que se encontraban los jó-venes Colón Rivas y Morales Carrión, quienes fallecieron a consecuencia del accidente. Los foros inferiores concluye-ron que tanto el señor Class como el ELA son responsables solidariamente por los daños sufridos por los demandan-tes, familiares de Colón Rivas y Morales Carrión. Ello ya que, a pesar de tener conocimiento de que las carreras clandestinas se llevarían a cabo, la Policía de Puerto Rico no ejerció adecuadamente su deber de garantizar la segu-ridad pública y evitar la ocurrencia de actos delictivos.

Tras un examen minucioso del expediente del caso y de la transcripción de la prueba oral, encontramos que los fo-ros inferiores erraron al así resolver. A la luz de los crite-rios esgrimidos y de la norma aquí pautada, resolvemos que en el contexto que nos ocupa la Policía de Puerto Rico no actuó de forma negligente. Veamos.

En primer lugar, aunque las carreras clandestinas ocu-rrían recurrentemente en el lugar de los hechos, era suma-mente difícil para la Policía de Puerto Rico sorprender a las personas durante la comisión del acto delictivo. Esto pues, según declaró el teniente Feliciano, había una única ruta por la cual se podía llegar al lugar y ciertas personas avisa-ban a los corredores de forma que, cuando llegaba la Policía, las carreras se detenían y el público se dispersaba. Así, las posibilidades de evitar la ocurrencia del hecho delictivo mediante la intervención policiaca eran mínimas.

Por otro lado, el día de los hechos se celebraban también las fiestas patronales del municipio de Morovis, las cuales aglomeraban de 4,000 a 5,000 personas. La mayoría de los recursos y esfuerzos policiacos estaban, pues, asignados legítimamente a tal actividad. Según declaró el teniente Feliciano, al recibir la querella sobre las carreras clandesti-nas, “[la Policía Estatal] est[aba] cort[a][de] recurso[s]”.

Aún así, del expediente del caso de autos se desprende que el teniente Feliciano, al recibir información relacio-nada a que se celebrarían las carreras clandestinas, acudió al lugar denunciado, pero no se topó con actividad ilícita alguna. Ante ello, se marchó del lugar e instruyó a otro agente estatal a dar seguimiento a la situación cuando no tuviese que atender querellas, tarea principal que le co-rrespondía ejecutar el día de los hechos.

Asimismo, de la prueba presentada ante el foro de ins-tancia no se desprende una relación particular entre la Policía de Puerto Rico y los jóvenes Morales Carrión y Colón Rivas, de la cual pudiese emanar un deber distin-guible o especial de proveer seguridad. Finalmente, en este caso, tiene particular relevancia el que los jóvenes Colón Rivas y Morales Carrión estaban participando vo-luntariamente de la actividad delictiva por cuya ocurren-cia se pretende responsabilizar al ELA. No podemos ava-lar tal curso de acción.

En fin, la totalidad de las circunstancias del caso de autos no nos permite concluir que la Policía de Puerto Rico, y por ende el ELA, actuó de forma negligente. Huelga advertir además que, en el contexto del presente caso, imponer responsabilidad al ELA implicaría interve-nir con una decisión discrecional administrativa respecto a cómo y a dónde la Policía de Puerto Rico debe asignar sus recursos.

Por otro lado, los foros inferiores erraron al no imponer un porcentaje de negligencia comparada a los demandantes. Los jóvenes Colón Rivas y Morales Carrión incurrieron en negligencia contributiva a la ocurrencia de los hechos. Sin lugar a dudas, al acudir a unas carreras clandestinas, éstos se colocaron en una situación de peligro e incurrieron en negligencia que contribuyó a la cadena de eventos que cul-minó con su muerte. Ante ello, procede imponerles el por-centaje de responsabilidad que corresponda y reducir la in-demnización de los demandantes de conformidad con esa distribución de responsabilidad. Véase Brau del Toro, op. cit.()

> I—!

Por los fundamentos que anteceden, se revoca el dicta-men recurrido y se desestima la causa de acción por daños y perjuicios en contra del ELA. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que, conforme a la doctrina de negligencia comparada, adjudique el porcentaje de respon-sabilidad correspondiente a los jóvenes Ornar Morales Carrion y Juan Pablo Colón Rivas y ajuste las cuantías adeu-dadas por el Sr. José M. Class Otero de acuerdo con lo aquí resuelto.

La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco concurrió con el resultado e hizo constar la expresión siguiente:

Concurro con el resultado anunciado por una Mayoría del Tribunal. A pesar de entender que los foros inferiores erraron al imputarle responsabilidad civil al Gobierno de Puerto Rico, me parece fíitil acudir a un potpurrí de derecho comparado para resolver la controversia de marras. En lugar de emitir una opi-nión para idear un estándar intricado de los ocho (8) pasos, aplicaría la norma jurídica anunciada en Ramos Oppenheimer v. Leduc, 103 DPR 342 (1975), para resolver el caso de autos. Tal y como reconoce la opinión que antecede, los hechos de ese caso son análogos a los que analizamos en el caso de epígrafe. Bastaba con emitir una sentencia y aplicar ese precedente judicial en lugar de aventurarnos a exponer las normas y los prin-cipios de otras jurisdicciones en este tema para engendrar un estándar poco práctico e innecesario.

El Juez Asociado Señor Rivera García emitió una opi-nión disidente, a la cual se unió el Juez Asociado Señor Estrella Martínez.

— O —

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Rivera García,

a la cual se une el Juez Asociado Señor Estrella Martínez.

A la luz del Derecho y los principios generales de res-ponsabilidad civil contenidos en nuestro ordenamiento ju-rídico, disiento. Distinto a lo que resuelve una Mayoría de este Tribunal, la Policía de Puerto Rico, y por ende el Es-tado, es responsable por los daños causados por un tercero en unas carreras clandestinas que, por décadas, tanto el municipio de Morovis como la Policía de Puerto Rico tenían pleno conocimiento sobre su celebración. Ello, por entender que eran enteramente previsibles los hechos ocurridos en este caso. Al igual que el foro apelativo intermedio, consi-dero que la Policía de Puerto Rico no previno adecuada-mente ni ejerció acciones efectivas para evitar los daños ocasionados. Veamos.

f—I

Desde 1990, todos los fines de semana se celebraban carreras clandestinas de vehículos de motor en distintas áreas del municipio de Morovis. De la propia Opinión Ma-yoritaria, pág. 859, surge que “[1]a magnitud del evento era tal que contaba con la participación de un público de entre doscientas a trescientas personas [...] y, lo que es más, con-taban con el apoyo indirecto del alcalde del municipio. Tanto es así, que la Policía Municipal tenía instrucciones específicas de no intervenir con éstas”. (Énfasis nuestro). Ello, porque según los testimonios de la Sra. Carmen D. Carrión López, retirada de la policía municipal, y del Sr. Walter Cortés Pérez, intervenir con los corredores “afec-taba la imagen y los planes políticos del alcalde”.

Esto coincide con las determinaciones de hecho que con-signó el Tribunal de Primera Instancia en su sentencia. Procedo a destacar, entre otras, las siguientes: (1) a partir de los años 90 hasta la fecha del accidente, estas carreras clandestinas se efectuaban con gran frecuencia los fines de semana: viernes, sábado y, especialmente, los domingos; (2) el evento, indirectamente apoyado por el municipio de Morovis, se convirtió por años en tradicional y multitudi-nario, en el que se conglomeraban entre doscientas a tres-cientas personas; (3) el arraigo en el pueblo era tal que la Policía Municipal tenía instrucciones de no intervenir con los corredores y el alcalde construyó una pista de carreras aledaña al puente que nunca se terminó, pero que el pú-blico la utilizaba como estacionamiento y donde se instala-ban kioscos para el estipendio de bebidas y refrigerios, en-tre otros —durante las fiestas patronales era más común la venta de comida, bebidas y refrigerios frente o cerca de la pista clandestina, y los ciudadanos se reunían y se congre-gaban a ver las carreras clandestinas a modo de un evento deportivo legítimo— (4) la Policía de Puerto Rico tenía pleno conocimiento del grave problema y el peligro que re-presentaba por muchos años las carreras clandestinas (he-cho delictivo) en la carretera 567, en el barrio San Lorenzo, no solo para los participantes y el público espectador, sino para los vecinos y los conductores a los cuales se les impe-día el paso por la referida vía pública.

Surge también del expediente que el testigo Wilson Torres Morales, quien se destacaba como policía municipal del municipio, declaró que había presentado una propuesta o plan al comandante de distrito y a los supervisores de la Policía de Puerto Rico para trabajar con la situación de las carreras clandestinas que se realizaban en el barrio San Lorenzo. Sin embargo, dicho ese plan nunca se llevó a cabo previo al accidente. Otro de los testigos presentados fue el teniente Feliciano Calderón. Este testificó que, para la fecha del accidente, se le notificó que en el referido barrio se esta-ban realizando unas carreras clandestinas. Sin embargo, ex-presó que ello era habitual casi todos los domingos. Estos testimonios confirman que las carreras clandestinas que se realizaban en ese lugar eran de conocimiento general de todo el pueblo, incluyendo la Policía y el propio alcalde. Antes del accidente, la Policía de Puerto Rico se limitó a expe-dir, ocasionalmente, multas de tránsito a los observadores de las carreras clandestinas.

Cónsono con lo anterior y contrario a la teoría que pre-tende promulgar la opinión mayoritaria, es forzoso concluir que lo ocurrido ese fatídico día pudo haberse evitado, pues era previsible que ocurriera tan lamentable incidente. La prueba presentada así lo confirma. Esto reafirma que la Po-licía de Puerto Rico tenía conocimiento de la celebración de esas carreras clandestinas y no tomó las medidas de seguri-dad necesarias para atender la situación y detener o al me-nos prevenir la celebración de estas. Resulta más que evi-dente que ante estas circunstancias la Policía tenía el deber de evitar que estas continuaran ocurriendo. Ello, en vista de que los agentes y funcionarios del orden público tienen el deber ministerial de prevenir, descubrir e investigar los delitos. Por lo tanto, considero que fue correcta la deter-minación del Tribunal de Primera Instancia y del foro ape-lativo intermedio respecto a que la Policía de Puerto Rico, mediante la omisión de sus deberes, fue negligente y, en consecuencia, responde solidariamente por los daños ocasionados.

Por otra parte, la opinión mayoritaria acoge el plantea-miento del Estado y utiliza como fundamento el caso Ramos Oppenheimer v. Leduc, 103 DPR 342 (1975), porque, según aduce, lo ocurrido allí tiene un cuadro fáctico similar al de autos. Cabe destacar que la única similitud que existe entre uno y otro caso consiste en que en ambos hubo unas carre-ras de automóviles ilegales en lugares que no estaban des-tinados para ello. En Ramos Oppenheimer v. Leduc, supra, un joven de 14 años murió luego de que este entró a la pista del aeropuerto de Santa Isabel en el preciso momento en que competían los carros. En el caso de epígrafe, cinco per-sonas, observadoras del evento, fallecieron tras ser atrope-lladas por un vehículo que perdió el control del volante.

Consideramos que el referido caso se diferencia del caso que está ante nuestra consideración. En Ramos Oppenheimer v. Leduc, supra, contrario a lo que ocurrió en este caso, no era previsible que una persona saliera inesperadamente y se colocara justo en medio de la pista cuando competían allí los carros. Era improbable que en ese caso el agente o funcionario supiera que ese acontecimiento iba a ocurrir. No obstante, en el presente caso, sí era de conocimiento general que se realizaban carreras clandestinas todos los domingos en el barrio San Lorenzo desde hacía varios años y, como cuestión de hecho, ese día se reportó una posible una carrera. Por lo tanto, era previsible que ocurriera un accidente. Así pues, considero que las circunstancias en Ramos Oppenheimer v. Leduc, supra, son distintas, por lo que no aplica al de autos.

Finalmente, resulta imperativo señalar que, además de optar por no adjudicarle responsabilidad al Estado por los daños causados y sí imputarle negligencia comparada a los jóvenes que murieron en el trágico accidente, una Mayoría de este Tribunal pretende pautar un escrutinio de ocho cri-terios que aplicarían al momento de evaluar una alegada negligencia del Estado en el ejercicio de su deber de evitar la comisión de delitos. Entendemos que el escrutinio pro-puesto, lejos de regir los procedimientos judiciales al am-paro del citado Art. 1802 del Código Civil, le exige a los reclamantes la carga de probar irnos requisitos adicionales e innecesarios a los principios generales de responsabilidad civil ya legislados y contenidos en nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, al imponer el aludido escrutinio, una Mayoría de este Tribunal empina innecesariamente el ca-mino a los ciudadanos que reclamen daños fundamentados en que el Estado omitió su deber de velar por el cumpli-miento de las leyes, toda vez que añade ocho peldaños aje-nos a la reiterada normativa vigente en este tipo de pleitos; ello, trastocando toda una doctrina jurídica carente fundamentos.

Tal y como concluyeron los foros inferiores, aquí no se trata de intervenir con una decisión discrecional adminis-trativa respecto a cómo y dónde el Estado asigna sus re-cursos policiales, sino del hecho de que existía y existe un deber jurídico por parte del Estado de hacer cumplir con las leyes y procurar por la seguridad de sus ciudadanos. Más aún, cuando los funcionarios y agentes del orden pú-blico tenían pleno conocimiento de las actividades que allí se realizaban y cuyas consecuencias eran razonablemente previsibles. No podemos ignorar el hecho de que continua-mente los tribunales revisan las acciones que se presentan en contra del Estado, debido a la negligencia de este en la práctica administrativa.

En conclusión, la situación de hechos ante nuestra con-sideración no presenta circunstancias que justifiquen exi-mir al Estado de su responsabilidad. Era enteramente pre-visible, y en mayor grado para la Policía, en contacto día tras día con este tipo de actividad, la posibilidad de que en medio de la celebración de estas carreras clandestinas de vehículos de motor en el municipio de Morovis ocurriera un trágico accidente como el que en efecto ocurrió. Por lo tanto, actuó correctamente el Tribunal de Apelaciones al confirmar la determinación del foro de primera instancia, en cuanto a que los daños alegados por la parte deman-dante ocurrieron por la negligencia del Estado, puesto que sus funciones no actuaron acorde a las leyes y los regla-mentos aplicables. La Policía optó por no intervenir con el evento, lo que claramente demuestra que no actuó como un hombre prudente y razonable.

HH I—i

Por todo lo anterior, confirmaría el dictamen del Tribunal de Apelaciones que, a su vez, confirma el dictamen del Tribunal de Primera Instancia que declaró “con lugar” la demanda instada y condenó solidariamente al ELA y al Sr. José M. Class Otero a pagar a los codemandantes el máximo permitido en la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, conocida como la Ley de Reclamaciones y Demandas Contra el Estado.

       Véase Transcripción de la prueba, Apéndice, pág. 400.

       Íd., págs. 423-424.

       Íd., págs. 423-424. Conviene mencionar que las citadas declaraciones del teniente Feliciano surgen de la transcripción de la vista celebrada por el Tribunal de Primera Instancia para dilucidar la negligencia de las partes, no así de las determi-naciones de hechos del foro de instancia.

       Véase Sentencia del Tribunal de Apelaciones KLAN201301710 y KLAN 201301711, Apéndice, págs. 2-3.

       En particular, el Sr. Pablo Colón Chévere, la Sra. Elba Rivas Maldonado, la Sra. Zuheil Colón Rivas, la Sra. Damaris Arce Rodríguez y el menor Joe Weslee Colón Arce reclamaron el resarcimiento por los daños y perjuicios que presunta-mente sufrieron a consecuencia de la muerte del joven Juan Pablo Colón Rivas. Véase Demanda Núm. C DP 2008-0123, Apéndice, pág. 48. Por otro lado, el Sr. Julio Morales Rodríguez, la Sra. Carmen Carrión López, la Sra. Frances B. Nieves Lau-reano y el menor Jomar Alberto Morales Nieves reclamaron por los daños y perjui-cios relacionados con la muerte del joven Ornar Morales Carrión. Véase Demanda Núm. C DP 2008-0124, Apéndice, pág. 62.

       Por otra parte, la demanda incluyó también como demandados al Sr. José Ortiz Sandoval, propietario del vehículo que provocó el accidente, y al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). No obstante, posteriormente los deman-dantes desistieron de la reclamación contra el señor Ortiz Sandoval, por lo cual el foro de instancia decretó el archivo sin perjuicio de la demanda en cuanto a él. Véase Sentencia parcial, Apéndice, págs. 284-286 y 984-986. Asimismo, la acción contra el DTOP fue desestimada por prescripción. Véase Sentencia del Tribunal de Apelacio-nes KLAN201301710 y KLAN201301711, Apéndice, págs. 13-14. Nótese que esta vez no se incluyó como parte demandada al municipio de Morovis.

       Vale señalar que, además de los demandantes del caso de epígrafe, los fami-liares de las otras tres personas fallecidas durante los hechos narrados presentaron sus respectivas demandas por separado. No obstante, estos casos no fueron consolida-dos en el foro de instancia. Ello, a pesar de que el ELA solicitó la consolidación de los cinco casos.

       La vista de negligencia de ambos casos fue consolidada, mientras que la vista de daños se llevó a cabo de forma separada.

       Ambas sentencias son esencialmente iguales.

       Véase Sentencias del Tribunal de Primera Instancia, Apéndice, págs. 628 y 711

       En particular, la indemnización otorgada a los familiares del joven Colón Rivas por angustias mentales fue la siguiente: (a) Sr. Pablo Colón Chévere, $120,000; (b) Sra. Elba Rivas Maldonado, $120,000, y (c) Sra. Zuheil Colón Rivas, $60,000. Ahora bien, teniendo en cuenta las limitaciones de cuantía que establece la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, dispuso que el cumplimiento de la sentencia se podría satisfacer de la forma siguiente: (a) Sr. Pablo Colón Chévere, $60,000; (b) Sra. Elba Rivas Maldonado, $60,000, y (c) Sra. Zuheil Colón Rivas, $30,000. El foro de instancia desestimó la demanda en cuanto a las demandantes Damaris Arce Rodríguez y el menor Joe Weslee Colón, ya que éstos no comparecieron a la vista de daños. Por otro lado, la indemnización por angustias mentales otorgada a los familiares del joven Morales Carrión fue la siguiente: (a) Sr. Julio Morales Rodríguez, $120,000; (b) Sra. Carmen Carrión López, $120,000; (c) Sra. Frances D. Nieves Laureano, $20,000, y (d) menor Jomar Alberto Morales Carrión, $40,000. Empero, considerando las limitaciones de cuantía que establece la Ley de Reclama-ciones y Demandas contra el Estado, dispuso que el cumplimiento de la sentencia se podría satisfacer de la forma siguiente: (a) Sr, Julio Morales Rodríguez, $60,000; (b) Sra. Carmen Carrión López, $60,000; (c) Sra. Frances D. Nievos Laureano, $10,000; (d) menor Jomar Alberto Morales Carrión, $20,000,

       Véanse: Elba A.B.M. v. UPR, 125 DPR 294 (1990) (sobre las instituciones educativas universitarias); Pabón Escabí v. Axtmayer, 90 DPR 20 (1964) (sobre los hoteles); Hernández v. La Capital, 81 DPR 1031 (1960) (sobre los hospitales); J.A.D.M. v. Centro Com. Plaza Carolina, 132 DPR 785 (1993) (sobre los centros comerciales), y Santiago v. Sup. Grande, 166 DPR 796 (2006) (sobre los estableci-mientos comerciales que no cualifican como centros comerciales).

       STS 31 marzo 2009 (RJ 2009, 2350), pág. 6268.

       Íd.

       P. Perrino, La responsabilidad del Estado por la omisión del ejercicio de sus funciones de vigilancia, Año XII (Núm, 23) Rev. Der. UM (2013), disponible en: http:// revis taderecho.um.edu.uy/wp-content/uploads/2013/10/Perrino-La-responsabilidad-del-estado-por-la-omision-del-ejercicio-de-sus-funciones-de-vigilancia.pdf

       Íd., pág. 60 (citando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CJSN), causa Cohen, Eliazar c. Río Negro, Provincia de y otros s/daños y perjuicios, Fallos: 329:2088 Fallos: 332:2328).

       Íd. (citando a la CSJN, causa Mosca, Hugo Arnaldo c. Provincia de Buenos Aires (Policía Bonaerense) y otros s!daños y perjuicios, Fallos: 330:653).

       Véanse, por ejemplo: South v. State of Maryland for use of Pottle, 59 US (18 How.) 396 (1855); Peck v. U.S., 470 F. Supp. 1003 (S.D. N.Y. 1979); Commercial Union Ins. Co. of New York v. City of Wichita, 536 P.2d 54 (1975); Riss v. City of New York, 240 N.E.2d 860 (1968). Véase además, en general, Harvard Law Review Association, Notas, Police Liability for Negligent Failure to Prevent Crime, 94 (Núm. 4) Harv. L. Rev. 821 (1981) (donde se analiza y critica el tratamiento jurisprudencial norteamericano del tema que nos ocupa).

       Se pueden identificar varios cuadros fácticos o categorías de hechos que tienen lugar en situaciones como las que nos ocupan, a saber:
      “The first and narrowest category consists of cases in which the plaintiff is harmed as a consequence of his abetting the police, often as an informer or witness. Courts have no difficulty in finding a police duty of reasonable protection in these cases, as the police are considered to have taken affirmative action that placed the plaintiff in peril. [...]

        “In the second category of cases police extend express promises of protection to specific individuals. Courts generally hold that law enforcement officers have a duty to provide the promised protection. [...]
      “The third category consists of situations in which the police are aware of a danger to a specific individual, but have neither jeopardized the plaintiff through their affirmative acts nor promised him protection. [...] [Cjourts rarely impose a duty of police protection. [...]
      “In the fourth class of cases, police are aware of a narrowly defined and readily identifiable source of danger to the public, but cannot reasonably foresee a specific victim. The paradigmatic example is a drunken driver whom the police do not arrest even after being made aware of his inebriation. Rarely in these cases do courts recognize a duty of protection.
      “In the final category of cases the police fail to provide protection from a more general threat, such as a “crime wave.” [...] In either situation, courts are highly unlikely to find a duty of protection running to individual members of the public”. (Escolios omitidos). Harvard Law Review Association, supra, págs. 825-827.

       Véase Transcripción de la prueba oral, Apéndice, pág. 428.

       Íd., pág. 400.

       Íd., pág. 433.

       Íd., págs. 400 y 423-424.

      (24) Explica Brau del Toro que:
      “[l]a negligencia concurrente de una persona que resulta lesionada o muerta en un accidente es imputable a sus causahabientes que reclamen, ya por la acción patrimonial hereditaria del occiso o ya por su acción personal, por daños propios derivados de la muerte o de las lesiones sufridas por el peijudicado”. (Énfasis suplido). H.M. Brau del Toro, Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 1986, Vol. í, pág. 416. Véase, además, Miranda v. E.L.A., 137 DPR 700, 716 (1994) (donde expresamos que “en los casos en los cuales los codemandantes sean los causahabientes, parientes o terceros de un per-judicado, que incurrió en negligencia, sus compensaciones se reducirán en esa proporción”).

         Véase Sentencia del Tribunal de Apelaciones, KLAN201301710, pág. 8.

       Íd.

       Cabe resaltar que la Policía de Puerto Rico, en el marco de sus funciones, tiene la obligación de “proteger a las personas y a la propiedad, mantener y conser-var el orden público [...] prevenir, descubrir, investigar y perseguir el delito y, dentro de la esfera de sus atribuciones, compeler obediencia a las leyes y ordenanzas mu-nicipales, y reglamentos que conforme a éstas se promulguen”. 25 LPRA see, 3102.

       Según lo establece la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, conocida como Ley de Reclamaciones y Derechos contra el Estado, 32 LPRA sees. 3077-3084, la renuncia a la inmunidad soberana opera cuando se cumple con ciertos requisitos. A tales efectos, para prevalecer en una causa de acción de daños y perjuicios basada en actuaciones u omisiones culposas o negligentes de un funcionario hay que establecer: primero, que el causante del daño debe haber actuado en su capacidad oficial como agente, funcionario o empleado del Estado; segundo, que actuó en el marco de su funciones; tercero, que la actuación fue negligente, no intencional, y cuarto, que debe existir una relación causal entre la conducta negligente y el daño. García v. E.L.A,, 163 DPR 800, 811-812 (2005). Véase, además, Leyva et al. v. Aristud et al., 132 DPR 489, 510 (1993).
      En casos particulares de agentes del orden público, hay que establecer un nexo lógico entre la actuación negligente de la Policía y los intereses del Estado por razón del ejercicio de funciones expresas o implícitas. Sánchez Soto v. E.L.A., 128 DPR, 497, 506 (1991). Una vez se cumple con estos requisitos, el Estado está sujeto a responsabilidad civil cuando, a través de sus funcionarios, es negligente por omisión al incumplir con el deber impuesto por un estatuto o por la Constitución de Puerto Rico o de Estados Unidos. Es decir, que el Estado no tomó las medidas estrictas de supervisión sobre aquellas actividades o personas que se podría prever causarían daño. Véanse; García v. ELA, supra; Negrón v. Orozco Rivera, 113 DPR 712 (1983).

       32 LPRA see. 3077 et seq.