text:
    Ramona Ramos, demandante y apelada, v. The Mayagüez Shipping Terminal, Inc., demandada y apelante.
    Núm. 7119.

    Sometido: Febrero 5, 1937.

      Resuelto: Noviembre 3, 1937.

      J. Alemañy Sosa, abogado de la apelante; Enrique Báez García, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

Como once meses antes del accidente que dió origen a este pleito, la demandada había construido un puente sobre una pequeña ensenada o caño en las cercanías de su muelle. El puente había sido derrumbado por las crecientes de aguas resultantes de lluvias torrenciales, y un automóvil en que viajaba la demandante mientras se dirigía al muelle una noche obscura, cayó en el caño en el lugar donde anteriormente había existido el puente.

Los primeros cinco señalamientos son que la corte de distrito erró: al resolver que tanto el puente como la carre-tera que llega hasta el muelle eran ele la exclusiva perte-nencia de la demandada; al resolver que el terreno com-prado por la demandada a Luisa Delgado está en la zona arrendada por ella al Pueblo de Puerto Rico; al resolver que la carretera construida en el terreno comprado por la deman-dada a Luisa Delgado era el camino que la demandada se obligó a mantener en toda la zona arrendada para establecer comunicación con el litoral; al resolver que la intervención del alcalde de Mayagüez, Juan Rullán, en la compra del te-rreno efectuada por la demandada a Luisa Delgado, fue me-ramente “accidental”, sin carácter oficial alguno, con el fin de cumplir súplicas amistosas; al resolver que el hecho de que tanto el puente como la carretera estuvieran abiertos ál tránsito público, no creó responsabilidad alguna ni al Go-bierno Insular ni al Municipio de Mayagüez.

El arrendamiento fué hecho por el Comisionado del Interior de acuerdo con “una ordenanza autorizando a Félix Be-nitez Rexach a construir, mantener y explotar un malecón de servicio público, almacenes y todos sus anexos, en el puerto de Mayagüez, Puerto Rico, en aquella parte de la bahía que se encuentra entre ‘La Puntilla’ y el arrecife del ‘Alga-rrobo’.” El terreno descrito en el contrato de arrenda-miento formaba parte de la faja conocida como zona marí-tima. La séptima cláusula del contrato de arrendamiento lee como sigue:

“SÉPTIMA: Se mantendrá por la arrendataria, en toda la zona arrendada un camino afirmado de no menos de seis metros de ancho, para establecer comunicación del litoral, pudiendo la arrendataria sustituir este camino por la calle marginal que para desenvolvi-miento de los muelles construya, siempre que se llene el fin de dar paso por una zona pública por el litoral.”

En 1929 (Leyes de ese año, (1) pág. 411) la Legislatura adoptó una resolución conjunta (núm. 19) “Ordenando al Comisionado del Interior' la construcción de un trozo de carretera que una la carretera Núm. 2 con la calle ‘Concor-dia’ del Municipio de Mayagüez; destinando fondos para su construcción con la concurrencia de la mitad de los gastos por donantes particulares y por el municipio, y para otros fines.” La Mayagüez Shipping Terminal adquirió enton-ces una faja de terreno para una carretera que, partiendo del trozo autorizado por la resolución conjunta, condujera al lugar donde el puente sería construido. Hubo prueba testi-fical tendiente a demostrar que mientras se construía el trozo de carretera autorizado por la resolución conjunta, un ramal partiendo del referido trozo basta un punto a unos cinco metros de distancia del lugar del puente, fué también cons-truido bajo la dirección del gobierno en una faja de terreno adquirida por la Mayagüez Shipping Terminal de Luisa Delgado. Los autos no demuestran en qué forma se. sufragó el costo de la construcción de dicho ramal.

La Mayagüez Shipping Terminal construyó entonces el puente y la carretera que está entre el puente y el malecón. Desviándose de la carretera mencionada en el contrato, en o cerca del punto donde el puente fué construido, la Maya-güez Shipping Terminal eliminó una curva pronunciada y peligrosa. Aparentemente el puente y el trozo de carretera que lo unía con el otro ramal autorizado por la resolución conjunta, fueron sustituidos, con parte de la carretera que se requería de la Mayagüez Shipping Terminal construyera y mantuviera sobre aquella sección de la zona marítima descrita en el contrato de arrendamiento. Evidentemente este aban-dono de parte de la ruta mencionada en el contrato de arren-damiento y la sustitución de la nueva carretera tuvo lugar con el consentimiento y aprobación implícitos del Comisio-nado del Interior, quien revisó la construcción de ese trozo de la carretera que conducía desde un punto cerca del puente a la sección de carretera autorizada por la resolución con-junta. Ora. el costo de construir esta parte de la carretera fuera pagado por la Mayagüez Shipping Terminal o no, ella fué construida sobre terrenos adquiridos para dicho fin por la Mayagüez Shipping Terminal para ser usados en conexión con el puente y con el ramal que estaba entre el puente y el muelle, primordialmente como vía de ingreso y egreso y como eslabón entre el muelle y la parte baja del distrito comercial de Mayagüez. Aunque este ramal fué abierto al público, el mismo no perdió sn naturaleza como parte inte-grante e indispensable de los negocios de que dependía la Mayagüez Shipping Terminal para su éxito económico como corporación de servicio público.

Parece que mucho antes de construirse el muelle, cierto señor de apellido Bravo abrió una carretera que cruzaba el canal en otro sitio por medio de'un puente de madera y atra-vesaba las propiedades de Luisa Delgado y de José Roma-guera. Antes de construirse el muelle Romaguera vendió a la Shell Oil Co. una parcela de terreno a condición de que la compradora construyera otro camino alrededor o junto a la propiedad así adquirida para ser usado en lugar ele aquella parte del antiguo camino que atravesaba la finca de Roma-guera. Así lo hizo la Shell Oil Co. El gerente de la Maya-güez Shipping Terminal declaró que sus terrenos se exten-dían hasta la línea divisoria de la finca de Romaguera y de la Shell, es decir, hasta el límite norte de la propiedad de la Shell. Luego de destruirse el puente construido por la Mayagüez Shipping Terminal el antiguo puente de madera fué reparado y fortalecido bajo la inspección de la Maya-güez Shipping Terminal, con dinero aportado por ella, por la Shell, por Romaguera y por la Mayagüez Light & Ice Co. Antes de hacerse esto, la Mayagüez Shipping Terminal, con el objeto de reabrir el antiguo camino, obtuvo permiso de Luisa Delgado para remover una cerca de alambre que ella había puesto a través de éste poco después de construirse el nuevo puente de la Mayagüez Shipping Terminal. Roma-guera declaró que la carretera fabricada por la.Shell Oil Co. estaba en la zona marítima. Hubo prueba tendiente a de-mostrar que un estribo del puente fabricado por la Maya-güez Shipping Terminal descansaba en parte de la carretera construida por la Shell Oil Go., o, como un testigo dijera, en el extremo de dicho camino. Romaguera declaró que “una esquina” de la carretera fué averiada o destruida cuando el puente fué -'derrumbado. De los 'autos que tenemos a la vista es imposible para el que no esté familiarizado con el lugar imaginarse la situación relativa del muelle, de los dos puen-tes, de la carretera construida por la Shell Oil Co. y de la pro-piedad que la demandada tenía arrendada en la zona marí-tima. El juez-de distrito estaba en mejor posición que este tribunal lo está abora para apreciar la prueba en su tota-lidad.

Cu ingeniero allí residente, a cargo de todas las carre-teras y puentes insulares en el distrito de Mayagüez, declaró que el puente construido por la Mayagüez Shipping Terminal no había estado nunca a su cargo o bajo su inspección y control. Su declaración en cuanto al control e inspección del trozo de carretera entre un punto cercano al puente y la carretera autorizada por la resolución conjunta, no es lo bas-tante clara. No obstante, dice que luego de la desaparición del puente, él no colocó ninguna señal de peligro o aviso al pú-blico en aquel punto porque él nada tenía que ver con el puente. El estuvo igualmente seguro de que no había ejercido inspección o control sobre parte alguna de la carretera que está entre el puente y el muelle. No existe base satisfactoria para concluir que ni el puente construido por la Mayagüez Shipping Terminal unos diez u once meses antes de su de-rrumbamiento ni el trozo de carretera construido por la Shell Oil Co. en la zona marítima, primordialmente para su propio uso y el de su vendedor, Eomaguera, habían pasado del dominio, inspección y control de la constructora, por consa-gración al servicio público o en alguna otra forma, al domi-nio, inspección y control del Gobierno Insular o al dominio, inspección y control del municipio de Mayagüez. Si el te-rreno adquirido por la Mayagüez Shipping Terminal de Luisa Delgado estaba o no dentro de aquella parte de la zona marí-tima poseída por la Mayagüez Shipping Terminal bajo el contrato de arrendamiento celebrado con El Pueblo de Puerto Rico, si el ramal construido sobre el terreno adquirido de Luisa Delgado era o no el ramal de no menos de seis metros de ancho que a la demandada se requería mantuviera a través de la zona arrendada, como vía de comunicación con el litoral, si la actuación del alcalde al facilitar la compra del terreno de Luisa Delgado era o no meramente “accidental” y extra-oficial, y si el uso público del ramal situado entre un punto como a cinco metros del puente y el trozo de carretera autori-zado por la resolución conjunta de 1929 creó o no alguna res-ponsabilidad por parte de El Pueblo de Puerto Rico o por parte del municipio, no eran cuestiones decisivas. El acci-dente no ocurrió en ninguna parte del trozo de carretera últi-mamente mencionado. En lo que al uso público del puente se refiere, la cuestión no era tanto si el referido uso creó una responsabilidad por parte del Gobierno Insular o por parte del municipio, como si tal uso exoneró a la demandada de res-ponsabilidad con motivo del accidente.

Los otros señalamientos son al efecto de que la corte de distrito cometió error: al resolver que en Puerto Rico no tiene aplicación la teoría de la consagración al servicio público y que solamente pueden considerarse como caminos públicos municipales los que hayan sido abiertos cumpliendo con las disposiciones de la ley municipal, y como carreteras públicas las que hayan sido incorporadas por acción legislativa al plan general de la ley de carreteras de 8 de marzo de 1906 (Comp. 2312-2325); al no declarar que el accidente tuvo lugar por negligencia de la demandante y de la persona que guiaba el vehículo ocupado por ella en el momento del accidente; al considerar la declaración del Dr. Prank O. Rivera como corroborante de los hechos alegados por la demandante; al declarar con lugar la demanda y especialmente al conceder la totalidad de la reclamación y condenar a 1a, demandada al pago de las costas.

En vista de las conclusiones a que ya hemos llegado, no es necesario que resolvamos ahora el límite hasta el cual es aplicable en esta jurisdicción la doctrina de consagración al servicio público. La prueba dejó de demostrar la existencia de negligencia contribuyente por parte de la demandante o por parte del conductor. La declaración del Dr. Rivera co-rroboró, en parte por lo menos, la de la demandante. No ha-llamos base satisfactoria para modificar la sentencia en. lo que a la cuantía de la misma y al abuso de discreción al con-ceder las costas se refiere. ,

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Córdova Dávila no intervinieron.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Del Toro

license: Public Domain

text:
    Francisco Del Moral, demandante y apelante, v. The National City Bank of New York, et als., demandados y apelado el Banco mencionado.
    Núm. 6891.

    Sometido: Junio 4, 1937.

      Resuelto: Noviembre 4, 1937.

      José Sabater, abogado del apelante; Oscar Sou front, abogado dél Banco apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Francisco del Moral y Nadal inició este pleito en la Corte de Distrito de Mayagüez contra Tbe National City Bank of .New York en solicitud de una sentencia a favor de los here-deros de doña Carmen Nadal Viuda de del Moral por la suma de quince mil setecientos cincuenta y seis dólares, intereses y costas.

El demandante es uno de dichos herederos y como los demás no quisieron unírsele, los incluyó en el pleito como de-mandados, y al dejar de contestar, pidió y obtuvo la anotación de su rebeldía. El banco demandado contestó. Fué el pleito a juicio y la corte lo resolvió por sentencia de agosto 31, 1934, declarando la demanda sin lugar con costas. Y es contra esa sentencia que se ha interpuesto el presente recurso de apela-ción.

No hay controversia en cuanto a los hechos. Ambas partes están conformes en que la mercantil de Mayagüez, Moral & Co., S. en C., tomó prestados al National City Bank of New York doce mil dólares, suscribiendo a la orden de dicha institución bancaria tres pagarés, uno por cinco mil, otro por cuatro mil y otro por tres mil, y en que doña Carmen Nadal Viuda de del Moral, comanditaria entonces de dicha mercantil, garantizó la operación entregando al banco bonos •valorados en quince mil setecientos cincuenta y seis dólares, bajo las condiciones que se hicieron constar en el siguiente documento:

“May 17, 1927. — The National City Bank of New York — 55 Wall Street — New York City — Dear Sirs: The undersigned, a silent partner in the. firm of Moral & Company, S. en C., of Mayagüez, Porto Rico, hereby pledges and authorizes you to hold and retain as collateral security for any and all existing or future indebtedness of said firm to you or to any of your Branches together with all expenses of collection which you may incur in connection therewith, the following securities belonging to the undersigned now in your possession in New York City:
“$1,000.00 Kansas City, Memphis & Birmingham, 4s — 1934.
“$7,000.00 Baltimore & Ohio,. First 4s — 1948.
“$1,700.00 Pére Marquette, First 5s — 1956.
“$5,000.00 Pére Marquette, First 4s — 1956.
“Eleven (Í1) shares Pére Marquette 5% Preferred Stock.
“In the event that any such indebtedness now due or owing or which may hereafter become due or owing to you by said firm is not paid at maturity, you are hereby authorized to sell all or any part of said securities, with or without notice to the undersigned, either at public or private sale, or at any brokerage board, and after deducting all costs and expenses of every kind for collection, sale or delivery, to apply the proceeds of such sale or sales upon any such indebtedness so owing to you by said firm. — You are hereby further authorized, at your option, to apply upon any such indebtedness or other liability of said firm to you, now or hereafter arising, any or all moneys or other property, together with the proceeds thereof, which is now or may hereafter be deposited with or left with you by or for the account or credit of the undersigned or in which the undersigned may have any interest. All remittances and property shall be deemed left with you as soon as- put in the transit to yon by mail or carrier. — The undersigned expressly waives ■demand for payment and notice of nonpayment of any indebtedness now due or owing or which may hereafter become due or owing to yon by said firm, and hereby consents that you may extend the time of payment of all or any of such indebtedness; also that you may release any security for all or any of such indebtedness which you may have or hold at any time or times without affecting in any manner your rights or interests in any securities or other property of the undersigned so pledged to you as aforesaid. — This agreement is to be construed and enforced in accordance with the laws of the State of New York. — (firmado y rubricado) Cabmen N. Vda. Del Moral — (Seal) Witness: (firmado) F. Del Moral.”

Vencidos los pagarés y no pagados, fueron renovados y vueltos a vencer sin ser satisfechos, el banco no se decidió a cobrarse haciendo efectiva la garantía colateral basta agosto de 1931 en que dirigió una carta a doña Carmen del Moral Viuda de Romero, tutora de doña Carmen Nadal viuda del Moral, declarada incapaz desde julio de 1929, informándole que estaba considerando vender los valores pignorados para cobrar la deuda a menos que ésta fuera satisfecha o se hiciera algún abono substancial a la misma dentro del plazo de quince días. La tutora contestó en la siguiente forma:

”. . . No he intervenido en esa operación; pero sea cual fuere el paso que sobre ella dé su oficina de Nueva York, será por su cuenta y riesgo, teniendo en cuenta que doña Carmen Nadal está incapa-citada hace ya tiempo, y que en cuanto a las obligaciones cuyo cobro reclama esa sucursal debe tenerse muy presente que ellas están some--tidas a un procedimiento de nulidad no resuelto aún.” ;

Enterado el banco de la contestación de la tutora, le dirigióí otra carta en octubre 9, 1931, como sigue:

“En relación con su carta de septiembre 10 de 1931, deseamos: aclararle que en nuestra carta de agosto 26 hacíamos referencia mi-sólo a las obligaciones de Moral & Co., S. en C. y de doña Carmen! Nadal con nuestra sucursal de Mayagüez y que son las que están, sometidas a un procedimiento judicial, sino que también nos refe-rimos a otras obligaciones de dicha sociedad y doña Carmen con:, nuestra sucursal de San Juan, las cuales no están envueltas en pro-cedimiento judicial alguno, montantes a $12,000 de principal más-ios intereses devengados sobre las mismas y no pagados.”

Cruzáronse otras cartas entre la tutora y el banco a Ios-efectos de liquidar los asuntos pendientes, sin resultado, basta, que el banco en noviembre 10, 1931, le dijo:

“Nos referimos a nuestra carta del 26 de octubre último, seguir copia que le incluimos y confirmamos nuestro telegrama de hoy, como sigue: ‘Refiriéndonos a nuestra carta de veintiséis de octubre' pasado nos urge recibir su visita durante esta semana para tratar' asunto mencionado en la misma. De lo contrario nos proponemos-considerar la venta inmediata de los valores según le avisáramos en. nuestra carta a usted de veintiséis de agosto último.’ Le agrade-ceríamos su inmediata atención a este asunto, ...”

Y en enero 12, 1932, le comunicó:

“De acuerdo con el documento de prenda fechado 17 de mayo-de 1927, firmado por doña Carmen Nadal Viuda de del Moral, desea-mos informar a usted que nuestra oficina de Nueva York ha vendido-los siguientes valores pignorados por doña Carmen para garantizar* el pago de las obligaciones de Moral & Co., S. en C. con el Banco:
“$1,000.00 — De Kansas City, Memphis and Birmingham, 4s March 1, 1934, vendidos en_ $696. 67
“$7,000.00 — De Baltimore & Ohio First Mortgage 4s July 1, 1948_ 5,796.78:
“$1,700.00 — De Pére Marquette First -A 5s July . 1, 1956 _ 622.33:
“$5,000.00 — De Pére Marquette, First B 4s July 1, 1956 _$1, 828. 06
“11 acciones preferidas de Pére Marquette 5%- 70. 84
“Subtotal-$9,014.68
“Menos: Deducido por cambio- 22.54
$8, 992.14

o sea un neto de ocho mil novecientos noventa y dos con 14/100 dólares. Esta cantidad ba sido aplicada como sigue:

“Para cancelar el pagaré de Moral & Co., S. en C. fechado 4 de marzo de 1930, a favor de nuestra casa de San Juan---$4, 000. 00
“Para cubrir intereses en dicho pagaré desde junio 2, 1930 hasta enero 5, 1932- 582. 00
“Para cancelar el pagaré de Moral & Co., S. en C. fechado 24 de marzo, 1930, a favor de nuestra casa de San Juan_ 3, 000. 00
“Para cubrir intereses en dicho pagaré desde junio 23, 1930 hasta enero 5, 1932- 420. 75
“Para abonar a cuenta del pagaré de Moral & Co., S. en C. por $5,000.00 a favor de nuestra sucursal de San Juan que queda reducido después de este abono a la suma de $4,674.36- 325. 64
“Para cubrir los intereses devengados en dicho pagaré . de $5,000.00 desde julio 26, 1930 hasta enero 5, 1932— 663. 75
“Total_J?__$8,992.14

“Retenemos en nuestro poder a su disposición los dos pagarés cancelados que arriba se mencionan.”

Su propósito de vender los bonos fue también comuni-cado por el banco desde diciembre 22, 1930, a Moral & Co., S. en C., de la cual mercantil era socio gestor el demandante. Y la manera cómo fueron los bonos vendidos finalmente la expuso el banco por medio de su testigo Fernando Bobonis quien declaró substancialmente que era subauditor del National City Bank of New York en San Juan, teniendo a su cargo el departamento de préstamos desde hacía aproximadamente siete años, que los bonos se vendieron a mediados de diciem-bre de 1931 por la oficina de Nueva York usando los servicios de nn “broker” al mejor precio obtenible, habiendo seguido después bajando el mercado de valores.

Sostiene el apelante en su alegato que el banco no pudo vender los bonos después de haber sido declarada incapaz la garantizadora prendaria. Admite que ella autorizó antes la vénta, pero alega que debiendo estimarse la autorización como un mandato, éste expiró cuando cesó la capacidad de la' demandante.

Tal como se pactó expresamente por las partes este caso debe regirse por las leyes del estado de Nueva York, y nin-guna ley o decisión de dicho estado se cita por el recurrente que sostenga su contención.

Cuando la señora Nadal Viuda de del Moral garantizó las obligaciones de la mercantil de que era socia comanditaria, estaba en la plenitud de sus facultades. Desde entonces ella misma, por su propia voluntad, se desprendió de sus bonos— propiedad mueble — entregándolos al banco para que dispu-siera de ellos conforme a lo pactado. El contrato quedó con-sumado. Y la autorización para vender — parte de dicho con-trato — no puede considerarse como un poder abierto para ejecutar nuevos contratos que lógicamente cesa con la muerte o la incapacidad mental del ponderdante.

El hecho de la incapacidad de la señora Nadal Viuda de del Moral lo tuvo en cuenta el Banco. De ahí que se comu-nicara directamente con su totora y le expusiera 1a. situación y cuáles eran sus propósitos. Nada más se ha demostrado que tuviera la obligación, de hacer el banco bajo las circuns-tancias concurrentes.

Sostiene además el apelante que se trata de un contrato unilateral impreso que debe interpretarse en contra del que lo preparó, el banco, citándose al efecto el caso de Gillet v. Bank of America, 160 N.Y. 549 (55 N.E. 292), que resuelve que “cuando un contrato está en una fórmula impresa hecha por el banco y firmada por el cliente, será interpretado en favor del cliente y en contra del banco.”

No hay prueba alguna de que se trate de un contrato impreso. Al contrario, quedó demostrado por el propio con-trato original, elevado después de celebrada la vista del re-curso con autorización del tribunal, que fué redactado en maquinilla.

Pero aunque se aplicara la regia establecida, para los con-tratos impresos ya que en verdad fué redactado por el propio banco, aceptada la redacción como lo fué por la garantizadora que lo autorizó con su firma puesta de su puño y letra siendo testigo su hijo y socio de la mercantil garantizada, el propio demandante Francisco del Moral, y siendo tan claros y pre-cisos sus términos, por desfavorable que sea su interpreta-ción contra el banco, siempre habrá que concluir que el banco quedó garantizado y pudo hacer como hizo efectiva la garan-tía.

En cuanto a que la dilación del banco dañó los intereses ele doña Carmen, que son hoy los de su heredero, el deman-dante, bastará decir que si bien es verdad que si los bonos se hubieran vendido un año antes, por ejemplo, se hubiera obtenido más por ellos, ninguna obligación ineludible de reali-zar tal venta anterior surgió de acuerdo con los hechos y la ley para el banco y que la prueba demostró que el banco hizo buen uso de su criterio cuando vendió los bonos al conven-cerse de que la baja era una realidad y continuaría como con-tinuó en efecto.

Bajo las circunstancias concurrentes no puede calificarse de ruinoso el precio obtenido por el banco, ni hay prueba alguna de que el banco actuara de mala fe o fuera negligente.. Jamás la parte interesada pidió al banco que hiciera efectiva la garantía antes del tiempo en que lo hizo. Tampoco se demostró la insolvencia ■ de Moral & Co., S. en C., antes, al tiempo ni. después de la venta de los bonos.

En tal virtud debe declararse sin lugar el recurso y con-firmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino..


author: El Juez PresideNte Señor Del Toro

text:
    Pedro Rosario, demandante y apelante, v. Jorge L. Lalaite, demandado y apelado.
    Núm. 43.

    Sometido: Julio 19, 1937.

      Resuelto: Noviembre 4, 1937.

      Carlos D. Vázquez, abogado del apelante; R. Padró Pares, abogado del apelado.
   El Juez PresideNte Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Éste es un pleito sobre daños y perjuicios tramitado en la Corte de Distrito de San Juan. Quedó resuelto por senten-cia declarando la demanda sin lugar. Apeló el demandante y para perfeccionar su recurso preparó una exposición del caso que notificó a la parte contraria y sometió para su apro-bación a la corte sentenciadora.

La parte contraria propuso lo que sigue:

“Que se enmiende el relato de la declaración de Jorge Abicbabki, 'después del punto del primer párrafo, el cual termina ‘la Plazuelita de San Francisco.’ Se solicita que quede enmendado así:
“ ‘Al llegar allí el chauffeur paró para bajar nosotros y abrió la puerta tratando de bajar primero el señor Lalaite, y entonces el que venía al lado mío dijo, ‘aquí no puede parar’, pero ya estaba Jorge bajado casi y anduvo el carro.’ ”

La corte resolvió que la exposición debía enmendarse en el sentido propuesto' y concedió al demandante diez días para practicar la enmienda.

Pidió reconsideración el demandante y la corte se negó en los siguientes términos:

“Se desestima la moción de reconsideración porque el proyecto de exposición del caso en lo que respecta al párrafo cuya enmienda se solicita, no refleja la verdad de lo declarado por el testigo Jorge Abichabki. Este testigo es un extranjero qne según pudo apreciar la Corte, babla con dificultad el idioma castellano y si bien el pá-rrafo que el demandante interesa qne subsista parece indicar que él •declaró que Jorge Lalaite fué el que abrió la portezuela del auto- ■ móvil, sin embargo, aparece que inmediatamente corrigió su lenguaje -expresando claramente que fué el chófer y no Lalaite quien abrió ..la portezuela. La justicia no puede depender de un lapsus que por .ignorancia del idioma pueda cometer un testigo, cuando como en ■este caso claramente resulta lo que intentó decir y dijo el testigo.”

No conforme el demandante acudió ante este tribunal ele-vando la exposición del caso y los procedimientos habidos -en la corte de distrito en cuanto a ella, debidamente certifi-cados. Acompañó además el récord taquigráfico jurado como exacto por el funcionario que lo tomó y pidió a esta corte -que impai’tiera su aprobación a la exposición tal como fué por él preparada.

Se señaló el 24 de junio para oír a las partes y sólo com-pareció la apelante quien insistió en su petición.

El procedimiento seguido por el apelante al dirigirse a •esta Corte Suprema está autorizado por los artículos 218 y 219 del Código de Enjuiciamiento Civil y la sección 64 del .-Reglamento de esta Corte Suprema según fueron interpreta-dos en el caso de Lizarríbar v. Rossy, Juez de Distrito, 18 D.P.R. 481, 483.

La cuestión a resolver es la de cómo debe quedar redac-tada en la exposición del caso que se eleve a esta Corte Su-prema cierta parte de la declaración del testigo Jorge Abi-.Ghablá. En la exposición preparada por el apelante se re-dactó así:

“Al llegar el chófer paró para bajar nosotros, porque al parar el Sr. Lalaite abrió la puerta, el chófer para que bajara el Sr. Lalaite, y entonces el que venía al lado mío dijo: 'Aquí no puede parar,’ pero ya estaba Jorge bajando casi, casi y anduvo el carro. . .”

La parte apelada propuso que se redactara como sigue:

“Al llegar ahí el chauffeur paró para bajar nosotros y abrió la puerta tratando de bajar primero el Sr. Lalaite, y entonces el' que venía al lado mío dijo, 'Aquí no puede parar,’ pero ya estaba Jorge bajando casi y anduvo el carro.”

Ambas redacciones son iguales snbstancialmente en cnanto a qne el chófer paró para que bajaran los que iban en el auto-móvil, en que el primero que intentó bajar fué el Sr. Lalaite y en que cuando ya. casi lo había conseguido, uno de los pasa-jeros dijo que allí no es podía parar y el carro fué puesto en movimiento. La discrepancia está en que según la redac-ción del demandante el que abrió la puerta del carro fué el Sr. Lalaite y según la del demandado fué el chófer.

¿ Qué dice el récord taquigráfico ? A la página 66 expresa:

“P. — ¿Qué hizo el chauffeur al llegar ahí?
”R. — Parar para bajarnos nosotros, porque al parar el señor Jorge abrió la puerta, el chauffeur para que bajara el señor Jorge y entonces el que venía al lado mío dijo: ‘Aquí no puede parar’, pero ya estaba Jorge bajado, ya casi, y entonces, ando, el carro ...”

En cuanto a la discrepancia el taquígrafo sostiene a pri-mera vista al apelante.

¿Qué razones tuvo el juez para aceptar la enmienda del apelado?

Constan en su resolución de la moción de reconsidera-ción. A su juicio la redacción del apelante no refleja la ver-dad de lo declarado por el testigo; éste, un extranjero, ha-blaba con dificultad el castellano, y su afirmación de que fué el chófer el que abrió la puerta es clara.

El testigo Abichabki lo presentó el apelado. La pregunta que contestó se la hizo el abogado del apelado, y el interro-gatorio según el propio récord del taquígrafo continúa así:

”P. — ¿Quiere decir que cuando bajaba Jorge. . .
“R. — Cuando bajaba Jorge ando el carro — no puede parar aquí — .
“P. — ¿Quién dijo eso?
“R. — El señor trigueño que venía sentado a mi lado alante.
“P. — ¿Y el chauffeur qué hizo?
“R. — Echó a andar el carro.
“P. — ¿Sin esperar que Jorge bajara?
‘‘R. — Sí, señor.
“P. — ¿Usted está seguro que la puerta la abrió el chauffeur®
“R. — Sí, señor.
“P. — ¿Por qué está seguro que el chauffeur abrió la puerta?
“R. — Para bajamos nosotros.
“P. — ¿Usted lo vió abriéndola?
“R. — Sí, señor, lo vi.
“P. — ¿Cuando metió la mano y abrió?
“R. — Sí, señor.
“P. — ¿Quiere decir que Jorge no tuvo intervención con la aper-tura de la puerta en ninguna forma?
“R. — No, señor, no.
“Demandado: Nada más.”

Si se tiene en cuenta la totalidad de la declaración del tes-tigo y el hecho de que la variación se debe a la colocación de una coma por el taquígrafo después de la. palabra puerta, se verá que puede concluirse que la propia versión taquigráfica es susceptible de ser interpretada en el pasaje en que fia sur-gido la disparidad como atribuyendo la apertura de la pueftá al chófer.

Y si a ello se agrega el recuerdo y la conciencia del juez que oyó la declaración, la cuestión no puede resultar para nos-otros ni siquiera dudosa. El criterio del juez que tiene el deber de certificar la verdad de lo declarado por el testigo debe prevalecer por sobre el del apelante que se apoya en ínani-festaciones confusas y en un signo colocado no por el testigo mismo sino por el taquígrafo que tiende a dar a la decla-ración un sentido contrario a las reiteradas afirmaciones que inmediatamente contiene.

No ha lugar, en tal virtud, a la aprobación -de la exposi-ción del caso en la forma que pretende el apelante.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no. intervino.


author: El Juez Asociado Seños Wole

text:
    Inés Parrilla, demandante y apelante, v. Loíza Sugar Co., demandada y apelada.
    Núm. 6697.

    Sometido: Diciembre 15, 1936.

      Resuelto: Noviembre 4, 1937.

      Carlos D. Vázquez, abogado de la demandante; Jaime Sifre, Jr., Horacio FrancescM j Antonio J. Matta, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Seños Wole

emitió la opinión del tribunal.

Fué en 28 de febrero de 1933 que Inés Parrilla radicó su demanda original en el caso que pende ante nuestra consi-deración. Alegó en ella que los empleados de la compañía demandada y sus familiares tenían por costumbre, con el con-sentimiento, conocimiento y entero beneplácito de la compa-ñía, viajar en un tren de carga perteneciente a ésta, entre ciertos puntos que se especifican; que en diciembre 26, 1922, la demandante y su bijo legítimo menor de edad, Carmelo Villarán, viajaban en el aludido tren por invitación expresa de los empleados de la demandada; que en la fecha antes indicada, y debido a la negligencia de los empleados que con-ducían el tren, el vagón en que ella y su hijo viajaban se descarrilló y se volcó, causándole tales lesiones al niño que éste murió a consecuencia de las mismas; que la demandante sufrió daños y perjuicios ascendentes a $10,000; que su es-poso, Celestino Villarán, había instado demanda por esta misma causa de acción en diciembre 13,1923, la cual fué deses-timada a virtud de una moción de nonsuit y luego se apeló para ante este Tribunal Supremo; que la sentencia decla-rando sin lugar la demanda fue finalmente confirmada el 31 de mayo de 1932; que su esposo murió el 17 de octubre de dicho año, y que ésa es la causa por la cual ella instruye ahora el litigio en vez de hacerlo él.

Al presentarse moción a ese efecto la corte de distrito ordenó que la alegación relativa a la costumbre de los em-pleados y sus familiares de viajar en el tren de la deman-dada con el consentimiento, conocimiento y entero beneplá-cito de ésta fuese eliminada.

En mayo 29, 1933, se presentó una demanda enmendada que era prácticamente idéntica a la original, a excepción de que omitía la materia eliminada. Se radicó entonces una nueva moción para eliminar, en la cual se repetían algunas de las objeciones presentadas a la demanda original y que ya habían sido denegadas. En adición a ello la demandada soli-citó, entre otras cosas, que las alegaciones relativas a la causa original deducida por el marido en 192& y a la muerte de éste fuesen eliminadas. La moción fué declarada con lugar en su totalidad.

Finalmente, en 3 de noviembre de 1933, la demandante radicó una. segunda demanda enmendada en la cual excepcio-naba la decisión dictada sobre la moción para eliminar parte de la primera demanda enmendada, y entonces procedía a aducir becbos que de su faz estaban sujetos a la defensa de prescripción. Esta defensa fué debidamente planteada y la corte inferior, acertadamente, declaró sin lugar la demanda.

La apelada levanta nuevamente en su alegato la cuestión jurisdiccional original que fué resuelta en su contra por este tribunal el 20 de febrero de 1936. Nos negamos entonces a desestimar el recurso por no baber adherido la apelante un sello de rentas internas de $5 a su escrito de apelación, fundados en que los litigantes in forma pauperis estaban exentos de incurrir en tal gasto, siguiendo así nuestra decisión en el caso de Rosado v. American R. R. Co. 37. D.P.R. 623. Nada tenemos que agregar a nuestra anterior opinión en este mismo caso.

El primero de los errores señalados se refiere a la forma de resolver la moción para eliminar parte de la demanda original. La apelante sostiene que la eliminación del tercer párrafo de su demanda no procedía. La alegación en cuestión aducía que era costumbre, para la época del accidente, que los empleados de la demandada y sus familiares tomaran el tren de la demandada con el consentimiento y aprobación de ésta. Considerando la demanda en su totalidad bailamos que la demandante descansa para su causa de acción más o menos en una invitación por parte de los empleados de la demandada. Bajo estas circunstancias nos inclinamos a creer que la supuesta costumbre era pertinente para demostrar que los empleados estaban implícitamente autorizados para invitar a sus familiares o los de los demás empleados a que viajaran en el tren y qne no procedía su eliminación por la corte inferior.

Los señalamientos segundo y tercero se refieren a haber declarado la corte inferior con lugar de la moción para eliminar de la demanda enmendada, aquella parte que repetía objeciones negadas bajo la primera moción y aquella parte que suscitaba objeciones quo pudieron ser planteadas bajo la primera moción y no lo fueron. En lo que a ambas cuestiones concierne somos de opinión que la ley y la práctica están en favor de la certeza de la actuación de la corte inferior. Caía dentro de la discreción de la corte sentenciadora considerar la moción en su totalidad, especialmente en ausencia de una objeción oportuna por parte de la demandante.

La resolución del cuarto señalamiento envuelve una cuestión muy importante de interpretación estatutaria. La corte inferior había eliminado los siguientes párrafos de la demanda enmendada:

"8. Alega la demandante que bajo el número 251 de los asuntos civiles de la Corte de Distrito de San Juan, segundo distrito, Celes-tino Villarán, padre legítimo del fallecido menor, Carmelo Villarán, comenzó este pleito contra la ahora demandada, el 13 de diciembre de 1923, por la misma causa de acción que ahora se ejercita, habiendo sido dicho caso resuelto en virtud de una moción de nonsuit y no por los méritos del mismo, en contra de las pretensiones del allí demandante, y confirmada la sentencia desestimatoria de la de-manda, en apelación, por la Hon. Corte Suprema de Puerto Rico, en mayo 31, 1932, estando en la actualidad firme dicha sentencia.
“9. Alega la demandante que Celestino Villarán falleció el día 17 de octubre de 1932, siendo ésta la causa por la cual dicha deman-dante establece este pleito en .vez de hacerlo aquél.” Legajo de sentencia, pág. 12.

La corte eliminó los párrafos anteriores por las razones alegadas en la misma moción. Estas fueron: ■

“8. Los párrafos octavo y noveno de la demanda enmendada deben ser eliminados en su totalidad por ser inmateriales ,e imperti-nentes, ya que de acuerdo con el artículo 60 del Código de Enjuicia-miento Civil, tal como quedó enmendado por la .Ley núm. 77 de 20 de julio de 1921 (pág. 703), el padre o la madre, solos o conjunta-mente, podrán entablar una acción de daños y perjuicios por la muerte de un bijo menor, ocasionada por la culpa y negligencia de una tercera persona; que la demandante no era parte en el pleito entablado por Celestino Villarán (1 Sutherland Code Pleading & Practice & Forms, párrafo 8; Pierce v. Conners, 46 Am. St. Ep. 279; H. B. Claflin Co., v. Middlesex Banking Co., 113 Fed. 958); que dichos dos párrafos son impertinentes porque se han alegado con el propósito de que no se interponga la defensa de limitación y que de acuerdo con las decisiones antes citadas y la siguiente cita de 37 C. J., pág. 1092, párrafo 554, por no ser las mismas partes en el primero y segundo pleito, el estatuto de limitación es una defensa suficiente; que por tales motivos las alegaciones contenidas en los párrafos octavo y noveno son impertinentes y deben ser eli-minados. ’ ’

Si a tenor de las disposiciones del artículo 60 del Código de Enjuiciamiento Civil (edición de 1933) la esposa tiene una acción de daños y perjuicios por la muerte de su hijo menor de edad, independientemente de la acción concedida al marido, y viceversa, entonces la institución del pleito por uno de los esposos no obstruiría o suspendería el período prescriptivo en lo que a la causa de acción del otro se refiere. Bajo esas circunstancias la corte sentenciadora procedió correctamente al eliminar los párrafos arriba reseñados. Empero, si el artículo citado tan sólo concede una causa de acción, y cual-quiera de los esposos, o ambos conjuntamente, pueden iniciar el recurso, entonces el presente litigio no habría prescrito.

El artículo 60, supra, lee así:

“Un padre legítimo o natural reconocido, que no hubiere aban-donado a su familia, y la madre legítima o natural, solos o conjunta-mente podrán entablar demanda por daño causado a un hijo menor de edad, o por la muerte de éste, y un tutor por daño a un menor o pupilo, o muerte de éste, cuando dicho daño o muerte se deba al acto ilegal o negligencia de otro. Dicha demanda podrá entablarse contra la persona causante del daño o muerte, y si dicha persona estuviese empleada por 'otra persona responsable de su conducta, también contra ésta; Disponiéndose, que la madre legítima o natural será siempre partícipe en la acción, en. proporción igual al padre legítimo o natural reconocido; Y disponiéndose, además, que nada de lo establecido anteriormente'se entenderá en violación de los de-rechos de herencia establecidos por el Código Civil y de las acciones que.son consecuencia de los mismos.”.

La demanda original en este caso fué presentada en 1923, declarada sin lugar a base de una moción de nonsiát y la sen-tencia desestimatoria confirmada por este tribunal en mayo 31, 1932 (Villarán v. Loíza Sugar Co., 43 D.P.R. 605.) Si el demandante original, esposo deia aquí apelante, hubiese vivido, él hubiera tenido hasta el 31 de mayo ,de 1933 para radicar una nueva demanda. Vease De Jesús v. De Jesús, 37 D.P.R. 152 y Sucn. Gorbea v. Portilla, 46 D.P.R. 289. Mas Celestino Villarán falleció en octubre, 1932, y su viuda, -Inés Parrilla, radicó el presente recurso en febrero,-1933.

La cuestión que está ante este tribunal no es fácil, pues el contexto del estatuto no es enteramente claro. Sin embargo, debe dársele el significado que, sin violentar la letra de la ley, se adapte más íntimamente a- la intención probable de la legislatura, conforme pueda ésta colegirse de los códigos de Puerto Rico y de los principios generales de derecho que ésta debe haber tenido en consideración al redactar el esta-tuto. Con esto queremos significar que ha de hacerse un análisis de la naturaleza de la causa de acción proveniente de la muerte del menor. En ninguna parte del Código Civil se menciona específicamente esta acción o esta situación. Por lo que hemos podido hallar, tan sólo el artículo 60, supra, arroja alguna luz directa sobre la materia.

En nuestra opinión, si hay' algo durante la existencia del matrimonio en que tanto el padre como la madre tienen igual interés, ello es la prole. Como jefe de la sociedad de ganan-ciales el padre está investido por ley de ciertos privilegios de administración. Como cabeza de familia está igualmente investido de ciertas prerrogativas sobre sus hijos menores dé edad. ’ ■ Este tribunal ha resuelto en repetidos casos que la causa de acción proveniente de las lesiones causadas a la esposa-.-Corresponderá'la. sociedad de "gananciales y debe -ser entablada por el marido. - liemos ido aún al extremo de ne-garle a la esposa status ante los tribunales. Vázquez v. Valdéz, 28 D.P.R. 467; Vázquez v. P. R. Railway Light & Power Co., 35 D.P.R. 62; Irizarry v. Díaz, 35 D.P.R. 144; Dávila y. P. R. Railway Light & Power Co., 44 D.P.R. 950.

Más recientemente, en el caso de Flit v. White Star Bus Line, 49 D.P.R. 144, nos entregamos a un razonamiento similar al sugerido por la aquí apelante en su alegato. Para con-cluir que la cansa de acción y los daños y perjuicios resul-tantes de las lesiones causadas a la esposa correspondía a la sociedad de gananciales, dijimos:

"Es cierto que bajo nuestro Código Civil el artículo 1301 no dice claramente que la compensación proveniente de lesiones pro-ducidas al marido o a la mujer será considerada ganancial. Si se examina el artículo 1299, se verá fácilmente que la propiedad o causa de acción en disputa no está definida como privativa. Si se tratara de aplicar la máxima expressio unius est exclusio alterius se notará que la indemnización que aquí se trata de recobrar está excluida de ambas definiciones; en otras palabras, que no bay dispo-sición específica en el Código Civil que disponga que la compensa-ción aquí envuelta corresponde a la sociedad conyugal o al individuo privativamente. Sería una cuestión de casus omissus.
"Bajo estas circunstancias, creemos que puede acudirse al ar-tículo 1307, que crea una presunción en favor de la comunidad. Estamos muy contestes con la apelante en que ésta es una presun-ción que de ordinario puede ser controvertida mediante prueba en contrario. Mas nos sentimos obligados a resolver que toda vez que no hay disposición legal que de manera clara otorgue esta clase de bienes a una u otra entidad, todo aquél que tratara de destruir la presunción, se hallaría ante una barrera infranqueable. No puede controvertírsele. Por tanto, nos inclinamos fuertemente al criterio de que la que de ordinario es una presunción refutable se convierte en este caso en presunción concluyente.”

Sin considerar aún el posible efecto del artículo 60, supra, nos inclinamos a creer que el razonamiento anterior es igual-mente aplicable al caso que está ante nuestra consideración.

Los daños y perjuicios a recobrarse por el padre y la madre por la muerte de un bijo menor de edad deben medirse por la pérdida pecuniaria causádasles a virtud de tal muerte; Está más en armonía con los principios generales de la socie-dad de gananciales el interpretar el artículo 60 en el sentido de que permite al padre o a la madre, o a ambos conjunta-mente, presentar una demanda para recobrar la pérdida total sufrida por la sociedad. Desde luego, la interposición de una demanda por cualquiera, de ellos sería un impedimento a la interposición de un recurso similar por el otro. El ar-tículo 60 por sus propios términos dice:

“Disponiéndose, que la madre legítima o natural será siempre partícipe en la acción, en proporción igual al padre legítimo o natural reconocido; ¥ disponiéndose, además, que nada de lo esta-blecido anteriormente se entenderá en violación de los derechos de herencia establecidos por el Código Civil y de las acciones que son consecuencia de los mismos.”

El primer disponiéndose implica que la indemnización, aunque en él se usa la palabra “acción,” corresponderá en partes iguales a los cónyuges. En lo que al último dispo-niéndose concierne, nos inclinamos a creer que éste se refiere al derecho de sucesión que tienen los herederos del menor, a cualquier causa de acción o chose in action que pueda corres-ponder a él personalmente por razón de sus lesiones o muerte.

Hemos revisado los casos en que esta corte ha considerado hechos similares a los del presente, pero en ninguno de ellos hemos resuelto la cuestión específica que ahora está ante nosotros. En la mayoría de ellos el padre y la madre se unie-ron en el recurso, y en los otros el padre dedujo la demanda.

Bajo el punto de vista que hemos asumido, creemos que lq acción originalmente instruida por el marido interrumpió con éxito la prescripción de la causa de acción en favor de la sociedad de gananciales y que el pleito posteriormente en-tablado por la esposa como representante supérstite de la comunidad fué meramente la continuación del litigio anterior por una parte demandante debidamente sustituida. Re-solvemos, por tanto, que la acción iniciada por el padre origi-nalmente y la instada por la madre en 1933, que ahora se encuentra ante este tribunal en apelación, son recursos ins-traídos por la misma parte demandante, o sea por la sociedad de gananciales, representada en el litigio anterior por su administrador, y en el presente caso por su sncesora legal. .

Tan sólo existe una causa de acción, que quizá pueda ser ejercitada a veces indistintamente por cualquiera de los padres.

La sentencia apelada debe ser revocada y devolverse el caso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión. '

Los Jueces Presidente Señor del Toro y Asociado Señor Córdova Dávila no intervinieron.


text:
    Compañía Popular de Transporte, Inc., y Línea Férrea del Oeste, Inc., demandantes y apeladas, v. Luis Suárez, Domingo Antonio Romero y Antonio Romero, haciendo negocios bajo el nombre de “Línea Romero”, demandados, y apelantes.
    Núm. 7298.

    Sometido: Junio 18, 1937.

      Resuelto: Noviembre 5, 1937.

      R. Cuevas Zequeira, abogados de los apelantes; Artemio P. Rodrí-guez, abogado de las apeladas.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinion, del tribunal.

Ésta es una apelación interpuesta contra sentencia de una corte de distrito condenando por desacato a los demandados en un pleito sobre injunction por haber violado la orden de injunction preliminar dictada en el mismo.

Muestran los autos que la Compañía Popular de Trans-porte, Inc., y la Línea Férrea del Oeste, Inc., demandaron en la Corte de Distrito de Bayamón a Luis Suárez, Domingo Antonio Romero y Antonio Romero, haciendo negocios bajo el nombre de “Línea Romero”, pidiendo a la corte que dic-tara contra ellos un auto de injunction preliminar ordenándo-les que se abstuvieran de cobrar a las personas que viajan en los vehículos de motor que explotan entre Bayamón y San Juan cinco centavos por pasajero o cualquier otro precio que no fuera el de quince centavos fijado por la Comisión de Ser-vicio Público de Puerto Rico, convirtiéndose dicho injunction en perpetuo cuando el caso se resolviera en su fondo.

La demanda está jurada y a la misma se acompañan dos certificaciones. Consideró la corte que se alegaban hechos suficientes y ordenó el injunction preliminar solicitado, previa prestación de fianza. Prestada ésta, se expidió el manda-miento, notificándose a los demandados.

Así las cosas, las demandantes presentaron una moción alegando, que los demandados continuaban haciendo lo que el mandamiento les prohibía, pidiendo en tal virtud se les castigara por desacato. Citados los demandados contestaron como sigue:

‘•‘1. — Que el caso del epígrafe se originó a virtud de una de-manda ordinaria sobre injunction que se encuentra pendiente ante esta Corte, habiendo comparecido en autos los demandados radi-cando escrito de excepciones - previas.
“2. — Que la orden preliminar de injunction dictada por este Tribunal y de cuya infracción se acusa a los demandados, fué ex-pedida sin jurisdicción y sin causa probable, no habiéndose obser-vado en la expedición de la misma las disposiciones de la Sección 5, por cuanto no se presentó petición alguna por separado, de acuerdo eon la ley y la jurisprudencia.
“3. — Que esta Corte carece también de jurisdicción para conocer de este caso por tener las demandantes un remedio adecuado ante la Comisión de Servicio Público, que es el organismo al cual compete el conocimiento de toda querella relacionada con la concesión de franquicias y otros privilegios de carácter público semejantes.
”4. — Que ante la mencionada Comisión de Servicio Público está pendiente en la actualidad una querella sobre violación de tarifas entre las mismas partes y con los mismos propósitos a que se refiere el caso del epígrafe radicado ante esta Corte de Distrito.”

Los hechos alegados en la moción quedaron admitidos. La corte partió de esa base y desestimando las defensas ale-gadas declaró culpables de desacato a los demandados impo-niendo a cada uno una multa de cincuenta dólares y en defecto de pago un día de cárcel por cada dólar dejado de satisfacer.

No conformes, los demandados apelaron. Sostienen en su alegato que habiendo sido dictada sin jurisdicción la orden de injunction preliminar, su desobediencia no constituye desacato. Las demandantes se oponen en el suyo y levantan una cuestión que debe ser estudiada y resuelta en primer término, la de que la sentencia de desacato no es apelable, citando para basar su contención 3 Estee’s Pleading and Practice, pág. 723, see. 5298 y los casos de Aram v. Shallenberger, 42 Cal. 275; Cosby v. Superior Court, 110 Cal. 45, y Hutton v. Superior Court of San Francisco, 156, como resol-viendo que “una orden de una corte declarando a una parte-culpable de desacato no es apelable.”

Ello es así, pero se debe, como sostienen los apelantes en un alegato adicional que sobre la cuestión presentaron, a que en California existe un precepto legal que expresamente pro-híbe la apelación en casos de desacato, la sección 1222 del Código de Enjuiciamiento Civil.

En Puerto Rico no existe tal precepto. Nada dispone la ley y siguiendo la línea de autoridades que nos parece mejor orientada no vemos por qué no deba aplicarse al procedi-miento de desacato civil, como es éste de que estamos cono-ciendo (In re González, 22 D.P.R. 28), la regla del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, que autoriza la apela-ción contra las sentencias definitivas dictadas “en un pleito o procedimiento especial”. Véase 13 C.J. 100 y siguientes.

¿Actuó la corte de distrito con jurisdicción al decretar el injunction preliminar desobedecido?

Sostienen en primer término los apelantes que si bien pa-rece que fué la intención de las demandantes la de estable-cer un pleito ordinario de injunction, su demanda resulta in-suficiente porque no termina pidiendo un injunction perpetuo, y en segundo, que aunque la demanda se considerase sufi-ciente, como no se radicó una petición separada en solicitud del injunction preliminar, éste no pudo expedirse.

No estamos conformes. Basta un solo documento, si es completo. Que las demandantes iniciaron un pleito ordinario de injunction, es evidente. Sabemos que pidieron sentencia definitiva al resolverse el caso en su fondo. Y que la propia demanda pudo servir de base a la petición 'de injunction pre-liminar, evidente es también. Puede archivarse una peti-ción separada pero ¿a qué hacerlo si los hechos alegados son los mismos? El caso del Municipio de Gurabo v. Juncos Central Co., 18 D.P.R,. 408, que los apelantes invocan, no sostiene su contención. El hecho de que en él dijera esta corte que “dentro del pleito de injunction puede solicitarse la expedi-ción de un injunction preliminar”, no cabe interpretarlo en el sentido de que resolviera que la solicitud tenga necesaria-mente que presentarse por separado.

El otro ■ fundamento que alegan los apelantes para sostener la falta de jurisdicción de la corte sentenciadora es la existencia de otro remedio adecuado para poner en vigor la orden de la Comisión, motivo por el cual era improcedente el injunction.

Citan en primer término el artículo 23 de la Ley (Núm. 70) de Servicio Público de Puerto Rico (Leyes de 1917, vol. 2, pág. 481) en la parte que dispone que:

‘‘La Comisión tendrá la facultad y el deber de fijar y determinar los precios, pasajes, o cargos máximos, justos, debidos, iguales y razonables que deban establecerse, exigirse, demandarse, cargarse o cobrarse por las compañías de servicio público por cualquier ser-vicio prestado o suministrado; y los reglamentos y prácticas justos, debidos, iguales, razonables y apropiados, relacionados con dichos precios, que deberán observarse por cualesquiera de dichas com-pañías. La Comisión podrá clasificar dichos precios. ...”

Luego invocan el artículo 24 (Leyes de 1917, vol. 2, pág. 483) que al enumerar las facultades de la Comisión determina que tendrá “poder general administrativo” que incluye el de “inquirir, oír, determinar y reglamentar el servicio, precios, pasajes, o cargos de cualquiera y toda compañía de servicio público, incluyendo precios individuales y mancomunados”, y descansan por último en la' sección 49 de la propia ley (Leyes de 1917, vol. 2, pág. 511) que prescribe:

“En adición a los precedentes poderes expresamente enumerados, la comisión tendrá autoridad, y será su deber, hacer cumplir, eje-cutar y llevar a cabo, por medio de sus órdenes, providencias, regla-mentos o de otro modo, todas y especialmente las disposiciones de los capítulos segundo y tercero de esta Ley, referentes, respectiva-mente, a los deberes y limitaciones, y a la creación de las facultades y limitaciones de facultades de las compañías de servicio público; y todas y especialmente las demás disposiciones de esta Ley y la completa intención de las mismas; y tendrá el poder de rescindir o modificar dichas órdenes, providencias, o reglamentos.”

Terminan sn argumento así:

“Claro está que de acuerdo con la sección transcrita, el caso de los peticionarios compete a la Comisión de Servicio Público, como lo demuestra el becbo de que ante dicbo organismo se llevó una querella por las demandantes en esta acción, querella que ba debido continuarse por sus trámites hasta obtener una orden final de la Comisión que dispusiera, si era necesario, la cancelación de los certi-ficados de conveniencia con que operan sus líneas los demandados. Y entonces sería de la incumbencia de la Comisión, personándose en autos dicbo organismo, instar a nombre de El Pueblo de Puerto Bieo, por conducto del Attorney General, el recurso que fuera pro-cedente para obligar a los demandados a cumplir la resolución final que en el ejercicio de su jurisdicción exclusiva, la Comisión conside-raba justa y razonable dictar.”

Tampoco estamos conformes porque si bien la Comisión tiene todas las facultades que se lian indicado, carece de po-deres coercitivos para hacer cumplir sus órdenes según se desprende de la misma ley invocada cuyas secciones 93 y 94 (Leyes de 1917, vol. 2, pág. 537) regulan el pleito que debe iniciarse para obligar el cumplimiento de las órdenes de la Comisión y el que debe establecerse para impedir las infrac-ciones de dichas órdenes.

En ambos casos es la propia Comisión la que actúa por medio del Procurador General, pero ello no quiere decir que no pueda una parte perjudicada en propios casos reclamar su derecho por sí misma. Creemos que están en lo cierto las apeladas cuando sostienen en su alegato que:

“Cuando se viola una orden de la Comisión bay dos partes afec-tadas, la soberanía, representada por la Comisión de Servicio Público, cuya autorización se desconoce, y otra, la parte querellante a virtud de cuya querella se haya dictado la orden. En el primer caso, es al Attorney General a quien toca actuar a nombre de la Comisión y la Corte de Distrito de San Juan será la que tenga jurisdicción exclusiva para conocer de estos casos. No se necesita entonces alegar perjuicios especiales. En el segundo caso, es la persona o entidad particular la que debe actuar si puede alegar perjuicios especiales, como en nuestro caso, y la jurisdicción de la corte es como de corriente.
“ ‘Cuando una corporación actúa o amenaza actuar, en exceso de sus poderes corporativos, o está ejercitando indebidamente la franquicia que ella posee en perjuicio de otras personas, un injunction prohibitorio es el remedio apropiado. . . Un injunction puede ser obtenido por el Estado si los actos son de tal naturaleza que puedan resultar perjudiciales al público. . . Un injunction puede ser obtenido por otra corporación o por un individuo cuando se demuestra. que el acto corporativo ha causado daños especiales, pero no en otros casos. 32 Corpus Juris, págs. 234, 235, sec. 370; Chicago Gen. Ry. Co. v. Chicago R. R. Co., 181 Ill. 605; 54 N. E. 1026.’
“ ‘Si una corporación de servicio público deja de cumplir los. deberes impuestos a dicha corporación por su carta constitutiva o por su franquicia, ella puede ser obligada a cumplir dichos deberes mediante un injunction mandatorio incoado por el Estado. . . Un injunction puede expedirse también a instancias de un individuo o de otra corporación, cuando ia invasión de sus respectivos derechos, podría resultar en graves daños con respecto a los cuales no exis-tiese un remedio legal adecuado. 32 Corpus Juris, pág. 236, see. 373.’
“. . . .La Ley de Servicio Público no alteró en forma alguna el derecho de una persona o entidad perjudicada por los actos de otra, a protegerse mediante injunction en los casos especificados en la ley de 1906 sobre injunctions.
“á De qué serviría a las apeladas que la Comisión dicte órdenes que los apelantes no han de cumplir a menos que mediante un injunction pueda obligarles a su cumplimiento? El artículo 93 de la Ley de Servicio Público, permite a la Comisión proceder por conducto del Procurador General a solicitar un injunction, pero no. es obligatorio para ella hacerlo, y seguramente no lo hará, a menos que los intereses generales del Pueblo de Puerto Bico estén afec-tados. Tratándose de intereses particulares dejará a la parte que busque su propio remedio.
“ ‘Excepto en los casos en que ha sido cambiada por estatuto, la regla es al efecto de que un injunction no puede ser expedido cuando existe un remedio legal adecuado. Sin embargo, para impedir que se ejercite la jurisdicción de equidad, no es suficiente con que la ley proporcione algún remedio. Dicho remedio debe ser tan práctico y efectivo como lo es el remedio en equidad en proporcionar justicia y debe ser igualmente rápido en su administración.’ 22 Cyc. 729 F-l.
“Sostenemos que para que el remedio sea adecuado el conseguirlo debe ser, no una cuestión sujeta a la discreción de la Corte u orga-nismo que pueda Concederlo, sino un derecho absoluto del deman-dante, una vez que pruebe los hechos que ameriten la concesión del remedio sometido. Si la Corte o el organismo en cuestión puede o no conceder dicho remedio, entonces ese remedio no es adecuado y lo único que queda a la parte actora es solicitar un injunction para impedir la violación de la orden o derecho.”

Resueltas las cuestiones de ley suscitadas en contra de los demandados, habiendo éstos admitido que desobedecieron la orden de la corte, esto es, que no obstante habérseles ello prohibido siguieron transportando pasajeros por menos precio que el fijado por la Comisión, el desacato es claro(núm. 2, sec. 1, Ley de 8 de marzo, 1906, enmendando la de marzo 1, 1902, definiendo el delito de desacato y disponiéndola pena correspondiente, pág. 85 del Código Penal, ed. de 1937) y la sentencia condenatoria apelada debe confirmarse.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila- no intervino.


author: El Juez PbesideNte Señiob, del Tobo

text:
    Eusebio, Hermenegilda, Miguel y Romualdo Alicea Vázquez, como únicos componentes de la Sucn. de Rufino Alicea Erazo, demandantes y apelados, v. Corte Municipal del Distrito Judicial Municipal de Bayamón, Honorable F. Marchand Sicardó, Juez, demandada; Armando A. Miranda, interventor y apelante.
    Núm. 6826.

    Sometido: Junio 8, 1937.
    Resuelto: Noviembre 10, 1937.

      Armando A. Miranda, demandante en el pleito principal, por su pro-pio derecho como interventor y apelante; D'uibón & Ochoteco, abo-gados de los apelados.
   El Juez PbesideNte Señiob, del Tobo

emitió la opinión" del tribunal. ■

El presente es un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia de una corte de distrito dictada en un procedi-miento de certiorari por virtud de la cual se anuló otra pro-nunciada por una corte municipal en un pleito sobre cobro de honorarios.

De los autos resulta que el once de junio de 1932 Armando A. Miranda, abogado, demandó en la Corte Municipal de Ba-yamón, a “ John Doe y Richard Roe,- o sea la Sucesión desco-nocida de Rufino Alicea Erazo” en cobro de trescientos diez dólares, valor de servicios profesionales que prestara en vida a su causante. En la demanda alegó que había tratado de saber quiénes eran los componentes de la sucesión que de-signó en la forma que conocemos, para que le pagaran su crédito, sin resultado.

El mismo día once de junio solicitó el demandante asegu-ramiento de la sentencia que pudiera dictarse, medida que fué acordada acto seguido por la corte previa prestación de cuatrocientos dólares de fianza.

Expedido el emplazamiento, fué devuelto con la manifes-tación de no haberse cumplido “por ser personas desconoci-das John Doe y Richard Roe, o sea la sucesión desconocida de Rufino Alicea Erazo.”

El demandante presentó a la corte entonces una moción sobre citación por edictos, acompañada de una declaración jurada haciendo constar lo que sigue:

“Que los demandados John Doe y Richard Roe, son las personas desconocidas que integran la Sucesión de Rufino Alicea Brazo, quien falleció en Bayamón de Puerto Rico, allá en o por el mes de enero de 1932.
“Que la demanda en este caso es sobre cobro de honorarios pro-fesionales.
“Que clesde principios del año 1930 basta su fallecimiento, el demandante estuvo prestando servicios profesionales al señor Rufino Alicea Brazo causante de los aquí demandados John Doe y Richard Roe, o sea la Sucesión desconocida de Rufino Alicea Erazo.
“Que dichos servicios profesionales fueron prestados por el de-mandante al fenecido Rufino Alicea Erazo, a requerimiento de dicho Rufino Alicea Erazo, hoy interfecto.
“Que el importe de dichos servicios profesionales razonable-mente monta a la suma de trescientos diez dólares ($310.00).
“Que a su fallecimiento, Rufino Alicea Erazo, adeudaba dicha suma al demandante, sin que la hubiera satisfecho ni en todo ni en parte.
“Que el demandante ha tratado de saber quiénes son John Doe y Richard Roe, o sea la sucesión desconocida de Rufino Alicea Erazo, para que dicha sucesión desconocida, le satisfaga el importe de dichos servicios profesionales, sin que hasta la fecha el demandante haya podido conocer dicha sucesión desconocida.
“Que el importe adeudado por los demandados al demandante no le ha sido pagado a éste, ni en todo ni en parte, ni por los deman-dados, ni por ninguna otra persona a su nombre.
“Que dicha suma de trescientos diez dólares ($310.00) está ven-cida, y es líquida y exigible.
“Que el demandante cree tener una buena y justa causa de acción, los cuales ha podido determinar por él ser abogado en ejer-cicio.
“Que el emplazamiento en el presente caso ha sido devuelto sin diligenciar por no ser encontrados John Doe y Richard Roe, o sea la sucesión desconocida de Rufino Alicea Erazo, quienes son per-sonas enteramente desconocidas y cuyo paradero se ignora.
“Que a los efectos de la prosecución del presente caso, el deman-dante necesita que dichos John Doe y Richard Roe, o sea la sucesión desconocida de Rufino Alicea Erazo, sean citados mediante la publi-cación de los correspondientes edictos.”

La corte ordenó la citación y los edictos fueron publi-cados en “La Correspondencia de Puerto Rico.” Nadie com-pareció y el demandante pidió al secretario que anotara la rebeldía de la parte demandada. Lo hizo así el secretario fen septiembre 23, 1932, y el demandante solicitó de la corte la inclusión del pleito en el calendario y el señalamiento de fecha para la presentación de prueba.

Sigue en la transcripción de los autos la sentencia dictada por la corte municipal en octubre 4, 1932, declarando la de-manda con 'lugar.

Así las cosas y después de haberse ejecutado la senten-cia, el 16 de marzo de 1933 compareció en el pleito la “Suce-sión demandada” formada por “sus hijos reconocidos Ense-bio, Hermenegilda, Miguel y Romualdo Alicea y Vázquez” pidiendo a la corte que dejara sin efecto la rebeldía anotada, la sentencia dictada y la subasta efectuada- y le permitiera radicar la contestación acompañada. Alegaron que sólo tu-vieron conocimientos del pleito cuando la subasta, que los bie-nes subastados por $75 valían $700 y que el demandante no obstante jurar lo contrario, sabía quiénes componían la suce-ción de Rufino Alicea. La moción está firmada por el abo-gado José S. Alegría y está jurada por uno de los miembros de la sucesión.

El demandante se opuso y celebrada una vista, la corte resolvió la moción el 23 de mayo de 1933 declarándola sin lugar.

El 21 de noviembre del mismo año comparecieron de nuevo en el pleito los componentes de la sucesión demandada por medio de sus abogados y radicaron una moción sobre nulidad de sentencia. A ella se opuso el demandante basándose en que los demandados se sometieron a la jurisdicción de la corte al radicar su anterior moción y en que la cuestión de nulidad que levantaban había quedado resuelta desde mayo 23, 1933.

Oídas sobre la moción ambas partes, la corte la declaró sin lugar por resolución de febrero 2, 1934. Fué entonces que los herederos de Alicea se dirigieron a la corte de distrito radicando en ella una petición de certiorari el 14 de marzo de 1934.

La-corte de distrito expidió el auto y oídas las partes inte-resadas dictó la sentencia -a que nos referimos al principio de esta opinión, declarando nula la de la corte municipal. Emitió una extensa opinión que sintetiza ella misma como sigue:

“6. — Apareciendo, en síntesis, que en el affidavit que sirvió de base para la expedición de la orden disponiendo que fuera citada por edictos la sucesión demandada no contiene una relación de hechos que sirviera al juez para formar su propio juicio acerca de que a pesar de las distintas diligencias practicadas se ignoraba su domicilio, pues la aseveración hecha por el declarante no constituye la manifestación de un hecho definitivo como se exige en toda alega-ción ni de un hecho probatorio del cual pueda deducirse tal hecho definitivo ni un hecho ele clase alguna que en forma tal tienda legal-mente a probar tal hecho definitivo o probatorio o del cual éste pueda inferirse; que en el cliligeneiamiento negativo del emplaza-miento ocurre lo mismo, por lo que tampoco presta base, de suponer que la jn-estase, por insuficiente, ya que el declarante relata una conclusión, y no hechos; que es constante la jurisprudencia de que la declaración en que pueda basarse una orden sobre citación de edictos debe contener hechos que demuestren los requisitos exigidos por la ley, y que tal procedimiento debe ser estricta y cuidadosa-mente seguido; que el hecho de una comparecencia, después de ano-tada la rebeldía implica sujeción a la jurisdicción sólo para todo procedimiento subsiguiente, pero no de un modo retroactivo que convalide procedimientos anteriores viciados de nulidad; que si-guiendo el texto y espíritu del artículo 140 del Código de Enjui-ciamiento Civil éste se observa mejor resolviendo los casos por sus méritos sustanciales de tal modo que más bien se ayude que se impida o destruya los fines de la justicia, y que en este procedi-miento concurren todas estas circunstancias, la petición debe ser y es declarada con lugar.”

No conforme el demandante en el pleito en cobro de hono-rarios, apeló para ante esta Corte Suprema. Señala en su alegato siete errores que argumenta separadamente. Los demandados contestaron de igual modo.

Como puede verse la resolución de este caso depende de si la citación por edictos que se hizo confirió o no jurisdicción a la corte municipal sobre la parte demandada y de si aunque no la confiriera dicha parte se sometió luego o no a la juris-dicción de la corte.

La citación por edictos está autorizada por la ley. Artículo 94 del Código de Enjuiciamiento Civil. Pero para que pueda ordenarse y ser efectiva es necesario que se cumpla estrictamente con el estatuto. ¿Se complió en este caso? Una respuesta en la negativa se impone, de acuerdo con los hechos y la ley. Dijo a ese respecto la corte sentenciadora en su opinión:

“Para que la corte inferior pudiera dictar la orden mandando citar a la sucesión demandada por medio de edictos era necesario que mediante declaración jurada resultasen comprobados estos hechos: 1, que después de la debida diligencia la parte demandada no pudo ser encontrada en la Isla o que se ignoraba su domicilio; y 2, que existe motivo de acción contra el demandado.
“En cuanto al primer elemento, la declaración jurada que se ofreció en este caso a la corte inferior contiene los siguientes ex-tremos :
“ ‘. . . Que el demandante ha tratado de saber quiénes son John Doe y Richard Roe, o sea la sucesión desconocida de Rufino Alicea Erazo, para que dicha sucesión desconocida le satisfaga el importe de dichos servicios profesionales, sin que hasta la fecha el deman-dante baya podido conocer dicha sucesión desconocida.
“ ‘ . . Que el emplazamiento en el presente caso ha sido de-vuelto sin diligenciar por no ser encontrados John Doe y Richard Roe, o sea la sucesión desconocida de Rufino Alicea Erazo, quienes son personas enteramente desconocidas y cuyo paradero se ignora.’
“En Forbes v. Hyde, 31 Cal. 342 (véase Goldsmith v. Villari, 27 D.P.R. 794, 799) se dice’":
“ 'El hecho debe aparecer mediante affidavit antes que exista jurisdicción para dictar la orden. Es decir, debe existir un affidavit conteniendo la manifestación de un hecho que sea evidencia legal y que tenga una tendencia perceptible a demostrar el hecho de la jurisdicción, para que el Juez pueda actuar sobre él, antes que tenga jurisdicción alguna para dictar la orden. A menos que el affidavit contenga tal clase de evidencia, tendente a establecer todos los hechos materiales relativos a la jurisdicción, el juez no tiene poder legal para quedar satisfecho, y si dicta la orden actúa sin jurisdic-ción, siendo nulos todos los procedimientos que de ella dimanen.’
“¿•Qué hecho aparece mediante declaración jurada en este caso? Simplemente que el declarante ha tratado de saber-quiénes forman la sucesión desconocida de Rufino Alicea Brazo sin que baya podido conocer dicba sucesión. Pero como se dice en Forbes v. Hyde, supra:
“ ‘. . . tal aseveración ni constituye la manifestación de un becbo definitivo como se exige en toda alegación, ni de un becbo probatorio del cual pueda deducirse tal becbo definitivo, ni un becbo de clase alguna que en forma alguna tienda legalmente a probar tal becbo definitivo o probatorio o del cual pueda éste inferirse. No es realmente la manifestación de un becbo. Es meramente la manifes-tación de una opinión del declarante con respecto a un punto sobre el cual el juez habrá ele formar su propio juicio basándose en beebos que deberán aparecer mediante affidavit . . . Los beebos son de-bidamente la tínica materia propia a tener expresión en los affidavits que se bagan bajo las disposiciones del estatuto relativo a las noti-ficaciones como base de la acción judicial. La expresión general por el declarante de una opinión o creencia, sin los beebos en que se basa no es en sentido alguno evidencia legal, y no tiende en ningún alcance a probar los beebos relativos a la jurisdicción sin los cuales el juez no tenía facultad para dictar la orden. ’
“En Braly v. Seaman, 30 Cal. 611 (véase de nuevo Goldsmith v. Villari, supra) se dice:
“ ‘Un affidavit en tal caso debe narrar hechos que demuestren que se ba empleado la debida diligencia y debe aparecer de él también que eso no obstante el demandado no ba podido encontrarse.
“ ‘Si el affidavit bajo el cual se expide una orden de citación es insuficiente, la corte no adquiere jurisdicción sobre el demandado, y la sentencia es nula.’
“En Galpin v. Page, 3 Saw. 93, 85 U. S. 350, la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró que bien interpretado el estatuto, éste ‘exige que se incorpore prueba completa de los beebos relativos a la jurisdicción en el legajo de la sentencia;’ que cuando la notificación constructiva por publicación está autorizada por el estatuto en lugar de la citación personal, debe seguirse estrictamente el estatuto, regla que no ba sido negada por ninguna corte estadual y que había sido repetidamente enunciada del modo más enfático por la Corte Su-prema de California y citó los casos de Jordán v. Giblim, 12 Cal. 100; Ricketson v. Richardson, 26 Cal. 149; Forbes v. Hyde, supra.
“Una declaración jurada de esta naturaleza debe interpretarse estrictamente. Véase O’Sheaf v. Corte, 38 D.P.R. 257, 259, dónde se añadió:
“ ‘No es éste un caso en que la discreción de la corte está en-vuelta y donde pueda concederse mayor liberalidad en la interpre-tación de declaraciones juradas, Martínez v. Sánchez, 33 D.P.R. 839, sino que la declaración jurada es una condición precedente para que la corte adquiera jurisdicción.’
“En cuanto se refiere al segundo elemento, la declaración jurada revela la existencia de una causa de acción.
“Pero es que la existencia de cualquiera de las condiciones espe-cificadas en el estatuto no es por sí solo suficiente. 1 Sutherland, Code Pleading, Practice and Forms, 656; Cintrón v. Registrador, 35 D.P.R. 805, 810. Como se dijo en García & González v. Registrador, 41 D.P.R. 666, 668:
“ 'De acuerdo con ese precepto y por no estar jurada la de-manda, la declaración que presentó el demandante debió contener en este caso dos requisitos bajo juramento para que la orden de citación por edictos pudiera dictarse, a saber, que el demandado no reside en la isla y que existe motivo de acción contra él. El pri-mero fué cumplido pero no el segundo y por esto la corte no estuvo autorizada para ordenar la citación por edictos y no adquirió juris-dicción sobre la persona del demandado ni autoridad para vender sus bienes.’
“En Ricketson v. Richardson, 26 Cal. 149, 155 y Steinbach v. Leese, 27 Cal. 295, 299, se dice:
“ ‘Cuando se solicita esta clase de notificación, los procedimientos deben ser escudriñados cuidadosamente y cumplirse estrictamente con todas las disposiciones de la ley; de lo contrario tales disposi-ciones podrían conducir a un abuso craso y hacerse depender los derechos de las personas y de propiedad de las conciencias elásticas de partes interesadas, más bien que del claro juicio de una corte o juez.’
“Hasta aquí parece evidente que en el procedimiento seguido en cobro de honorarios y que tuvo por resultado la venta judicial de bienes de los peticionarios, la corte municipal no adquirió juris-dicción sobre la sucesión demandada porque la orden disponiendo la notificación del emplazamiento por edictos se dictó sin jurisdic-ción. La sentencia por tanto, era nula, así como su ejecución. Cintrón v. Registrador, supra.”

¿Adquirió luego la corte a virtud de las mociones de la parte demandada de marzo 16 y noviembre 21 de 1933 la jurisdicción que le faltaba? Otra respuesta en la negativa se- impone de acuerdo con los hechos y la ley. Dijo a ese respecto la corte sentenciadora en su opinión:

“2. Consta en los autos que la alegada sucesión se apersonó me-diante moción jurada, pidiendo se dejara sin efecto la rebeldía y pidiendo permiso para radicar una excepción previa de falta de jurisdicción sobre su persona y una contestación en que se niegan los hechos esenciales relatados en la demanda, documentos ambos que acompañó a su moción. Se alega que esto constituyó una com-parecencia general de la sucesión demandada; y que quedó así curado todo defecto jurisdiccional. No lo entendemos así. Adver-tiremos antes que es necesario tener en cuenta que la corte inferior declaró sin lugar la moción sobre apertura de rebeldía y negó el permiso solicitado para radicar los documentos acompañados.
“La sucesión demandada no llegó a ser tenida por personada por sus escz-itos de excepciones y de contestación porque al negársele el permiso para radicarlos ello impidió que ocurriera la pretendida comparecencia. La sucesión intentó comparecer. Pidió permiso para radicar sus alegaciones en contra de las pretensiones del de-mandante. Pero no se le permitió. Se le rehusó el permiso, a ins-tancias del allí demandante aquí interventor.
“Véase Andino v. Knight, 20 D.P.R. 198, 202, en que por haberse ordenado por la corte la eliminación de una excepción previa se consideró por ello borrada de los autos tal comparecencia. O como se dice allí:
“ ‘Pero sostiene el apelado que el demandado no puede alegar ahora esos defectos porque su comparecencia subsanó los defectos que pudiera tener la diligencia de citación. Este argumento hubiera sido bueno si se le hubiera tenido por personado por su excepción, pero no en este caso en que la eliminación decretada a instancia del apelado borraba de los autos tal comparecencia. ’
“Pero, la moción en sí solicitando la apertura de rebeldía ¿cons-tituyó, acaso, una comparecencia voluntaria? A ello nos parece sufi-ciente responder citando de Hernaiz Targa & Co. v. Vivas, 20 D.P.R. 106, 112, lo siguiente:
“ ’’En el caso In re Clarke, 125 Cal. 388, la Corte Suprema de California estableció la siguiente doctrina que luego- ratificó en el de Security etc., Co., v. Boston, etc., Co., 126 Cal. 418: “En-prin-cipios generales, la alegación de que una parte comparece ante la corte especialmente para un fin determinado, no tiene consecuencia alguna. Si al comparecer lo hace con el solo fin de oponerse a que la corte considere el caso o a que tenga lugar algún procedimiento en el mismo, basado en que la corte no ha adquirido jurisdicción sobre la persona del demandado, la comparecencia tiene’ un carácter especial y ninguna declaración en ese sentido es necesaria en la noti-ficación o moción, o tendría algún efecto en el caso de que se hiciere. Por el contrario si comparece y solicita algún remedio que sólo puede concederse a una parte en un caso pendiente, o que constituya un procedimiento regular del caso, la comparecencia tiene un carácter general a pesar de que especialmente se afirme en la misma lo con-trario. Es la naturaleza del remedio que se solicita lo que hay que considerar, y no la intención de la parte de que su comparecencia tenga o no el carácter de una comparecencia general.” Véase tam-bién el caso de Nisbet v. Clio Mining Co., 2 Cal. App. 436.’
“No obstante, hay algo más, que no debe escaparse a una ligera observación. El artículo 98 del Código de Enjuiciamiento Civil dice que la comparecencia voluntaria de un demandado, y ahora volvemos a referirnos a la moción sobre apertura de rebeldía en sí, es equivalente a la diligencia de su citación personal y entrega de la copia de la demanda; y que desde la entrega de la citación y de la copia de la demanda se considerará que la corte ha adquirido jurisdicción sobre las partes y que ha quedado sometido a dicha corte todo procedimiento subsiguiente. El hecho de que la sucesión com-pareciera la dejó sometida a todo procedimiento subsiguiente; pero ello no significaba que con su comparecencia daba validez a ante-riores procedimientos nulos.
“En Franceschi v. Sepúlveda, 27 D.P.R. 118, 121, se lee:
“ ‘El abogado José Tous Soto en representación del demandado Carlos Toro Labarthe compareció ante la corte de Ponce en moción de 11 de julio de 1918 solicitando que fuera citado de evicción para contestar la demanda, Héctor Santí Franceschi, y esa comparecencia fué general, equivaliendo por tanto al emplazamiento personal del demandado Toro Labarthe. Hernaiz Targa & Co. v. Vivas, 20 D.P.R. 106 y Aparicio Hermanos v. H. C. Christianson & Co., 23 D.P.R. 493. Desde que el demandado Toro Labarthe hizo su compa-recencia general ante la corte de Ponce quedó sometido a su jurisdic-ción para todo procedimiento subsiguiente, pero no de un modo retroactivo que convalidara procedimientos anteriores viciados de nulidad. 2 Ruling Case Law (párrafo 13) pág. 332.’
“ ‘La comparecencia general de Toro Labarthe no impide que pueda solicitar la apertura de la rebeldía anotada anteriormente ... ’ ”

Habiendo llegado a las anteriores conclusiones tras un estudio detenido del caso y después de baber considerado todas las cuestiones que suscita el apelante en sus alegatos de 7 de febrero y noviembre 27 de 1936, creemos que pudo recurrirse al certiorari no obstante haberse dejado de apelar de las resoluciones de la corte municipal de mayo 23, 1933, y febrero 2, 1934, y obtenerse dentro de él la declaración de nulidad de la sentencia de octubre 4, 1932, dictada contra la parte demandada sin que la corte hubiera adquirido juris-dicción sobre la misma.

Como bien dijo la corte de distrito en su repetida opinión:

“3. — ‘Como cuestión de ley la moción de apertura de rebeldía debió declararse con lugar en vista de que los procedimientos se-guidos para citar a la sucesión demandada no habían sido condu-cidos debidamente. Cuando la sentencia en rebeldía es nula en su faz por falta de jurisdicción, demostrado así de una simple inspec-ción del legajo del juicio, puede dejarse sin efecto en cualquier tiempo, después de haberse registrado sin sujeción al término pre-venido por el artículo 140' del Código de Enjuiciamiento Civil. Torres v. Alfaro, 24 D.P.R. 731; Freiría v. Félix, 20 D.P.R. 159. Es teoría establecida que una diligencia que es enteramente nula puede ser impugnada en cualquier fecha y el mero silencio o inacción por parte del demandado no implica que ha renunciado sus derechos. Bennet v. Hernández, 22 D.P.R. 348, 351.”

Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sen-tencia apelada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    Leopoldo Santiago Carmona, demandante y apelante v. Eugenio Méndez, Bartolo Peraza y Alberto Nadal, demandados y apelados.
    Núm. 7502.

    Sometido: Junio 24, 1937.

      Resuelto: Noviembre 12, 1937.

      L. Santiago Carmona, por su propio derecho; Miguel Guerra Mon-dragón, R. Rivera Zayas, Rafael Baragaño, Luis Venegas Cortés j Rogelio Fernández Garzot, abogados de los apelados.
   El Juez PresideNte Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un injunction posesorio fallado en contra del demandante.

La demanda se radicó en noviembre 13, 1935, y en ella se alegó en resumen que el demandante es dueño y estaba en posesión desde 1927 de tres fincas rústicas, una de cien cuer-das, otra de ciento cincuenta y odio y otra de ochenta y ocho que se designan con las letras (A), (B) y (O), y que están situadas las dos primeras en los barrios de Cubuy y Hato Puerco de Loíza y la última en el de Guzmán Arriba de Río Grande; que el día antes, o sea el doce de noviembre de 1935, los demandados Eugenio Méndez, Bartolo Peraza y Alberto Nadal personalmente y por medio de una brigada de peones y capataces penetraron violentamente en dichas fincas, en contra de la voluntad de su dueño y poseedor, y se apoderaron de una parcela de una cuerda de la finca (A), de otra parcela de veinte y cinco cuerdas de la finca (B) y de la totalidad de la finca (C), y que no obstante sus reiteradas gestiones para que desocuparan el terreno invadido, se nega-ban a ello.

El 22 del propio mes de noviembre de 1935 archivaron los demandados su contestación. En resumen niegan que hayan realizado los actos violentos que les atribuye el demandante y que estén en posesión de parte alguna de las fincas (A) y (B), negando que el demandante sea dueño o esté en pose-sión de la finca (C) y admitiendo que ellos están en pose-sión de dicha finca en la siguiente forma:

“Los demandados admiten que están en posesión de la denomi-nada finca (C) abora y desde el 1918, cnando nno de los aquí deman-dados, Bartolo Peraza, como guardabosque en la floresta federal de Luquillo y en representación de Estados Unidos de América, entró en posesión de dichos terrenos que habían sido deslindados desde el 1912 al 1914 por el ingeniero Sr. Nin, quien colocó pilotes de cemento en la guardarraya. Los demandados alegan que la posesión de dicha parcela se ejerce en representación de Estados Unidos de América y no en su carácter personal, siendo dichos demandados empleados de Estados Unidos de América. Los demandados admiten que han ejercitado y ejercen actos de dominio en la denominada finca (C) pero reiteran que dichos actos han sido en representación y a instancia del gobierno soberano de Estados Unidos de América, que posee esta finca por su propio derecho y por el de su antecesor, el Gobierno de España desde tiempo inmemorial y especialmente durante el último año a la radicación de esta demanda.
“Los demandados alegan en contestación a las alegaciones de la demanda que la posesión de la denominada parcela (C) es ahora y siempre ha sido abierta, pacífica, y sin interrupción desde tiempo inmemorial en representación de Estados Unidos de América y como parte de la posesión y disfrute de la floresta federal de Luquillo, y especialmente una parcela de 305.45 cuerdas denominada como 16-L en el mapa oficial de Luquillo planteado allá por el año 1914.”

Como defensas especiales adujeron la falta de jurisdicción de la corte de distrito por tratarse de la posesión de un te-rreno perteneciente a los Estados Unidos de América y el impedimento del demandante para ejercitar la acción por haber reconocido que la finca (C) es propiedad federal.

Fue el pleito a juicio y la corte lo falló en el sentido que dejamos indicado. De la relación del caso y opinión que sir-vió de base a su sentencia transcribimos lo que sigue:

“De la evidencia aparece que los demandados . . . han realizado trabajos en dicha parcela (C) que colinda con una finca del deman-dante, hallándose entre' el lindero de dicha parcela y el de dicha finca del demandante, ciertos postes de hormigón en los cuales se han fijado rótulos que indican que el terreno en cuestión, o sea la parcela (C) es parte de la Floresta Nacional de Luquillo. . . .
“En cuanto a las parcelas descritas bajo las letras (A) y (B), no se ofreció evidencia alguna por la parte demandante, quedando por consiguiente sin probar las alegaciones de la demanda en lo que respecta a dichas parcelas.”

Por 1a- sentencia se declaró “sin lugar la demanda, sin especial condenación de costas por haber renunciado a ellas los demandados.”

No conforme el demandante, apeló para ante este tribunal. Señala en su alegato cuatro errores.

Por el primero sostiene que las negativas de la contestación constituyen verdaderas admisiones. Cita los casos de Marrero v. Mas, 48 D.P.R. 527; Somonte v. Mimoso, 27 D.P.R. 398; Mazarredo v. Echevarría et al., 32 D.P.R. 502 y Guzmán v. American Railroad Co., 29 D.P.R. 402, pero no argumenta su contención.

Bastará decir que no estamos conformes. La contesta-ción es a nuestro juicio suficiente, como surge del resumen de la misma que dejamos hecho.

Por el segundo error sostiene que la corte actuó en contra de la ley y la jurisprudencia al decidir en un caso de la natu-raleza del presente una cuestión de título.

Convenimos en que sólo cabe en un caso como éste resolver la cuestión de posesión, pero no creemos que la corte tras-pasara los límites del .procedimiento. Están tan estrecha-mente unidos los conceptos de dueño y poseedor que cual-quier expresión aislada que pueda encontrarse en la opinión de la corte, no basta para imputarle error. El propio ape-lante en su demanda comienza diciendo que es “dueño” y agrega “y poseedor” de las fincas de que se trata.- Y es que la realidad se impone. Y aquí la realidad es que el deman-dante alega que estaba en posesión en concepto de dueño y que los demandados a su vez contraalegan que poseen en representación del.dueño legítimo de-la propiedad, El Pueblo de los Estados Unidos de América. Pero ello no quiere decir que el hecho de la .posesión deba resolverse — ni hay motivo en .los. autos para concluir que sé resolviera en este caso concreto — por el mejor derecho de una u otra parte a la pose-sión. Es el hecho material de la posesión por el año anterior a la presentación de la demanda el qne hay que fijar y el que una vez fijado debe amparar la sentencia. Y ésa fué la pau-ta seguida por la corte de distrito. No se ha demostrado la existencia del error que se imputa.

El tercer error se formula así:

“Lo cometió el tribunal a quo al resolver que siendo funcionarios del Gobierno Federal los que cometieron el acto torticero, no era la Córte de Distrito de San Juan la que tenía que intervenir.”

La Corte de Distrito no resolvió que se cometiera acto torticero alguno por parte de los demandados, y aún cuando en su opinión hizo referencia al concepto en que los deman-dados se encontraban en posesión de la parcela (C) y trató la cuestión de jurisdicción levantada, s-u sentencia declaró la demanda sin lugar, esto es, falló en definitiva el pleito y su fallo se sostiene, como veremos en seguida, al estudiar y resolver el cuarto y último señalamiento de error.*

Alega en él el apelante que la corte no pesó debidamente la prueba. Llamado el caso para la vista declararon varios testigos por el demandante y varios por los demandados. Luego se solicitó una inspección ocular que fué acordada. Se desistió de ella “a causa de la imposibilidad de llevar al Sr. Juez . . . por ... las lluvias y los malos caminos” y se acordó en su lugar “que se aportaría prueba adicional de posesión,” y así se hizo el día 6 de diciembre de 1936.

Confusos son la mayor parte de los testimonios y contra-dictorios entre sí los aportados por una y otra parte. Aun-que se advierten algunas referencias a las parcelas (A) y ' (B), en la evidencia del demandante, son tan vagas que bien puede concluirse como concluyó la corte sentenciadora que el demandante no probó lo alegado en cuanto a ellas. La demanda fue redactada precipitadamente, basándose el de-mandante seguramente en los informes que le suministraron sus .empleados, pues de su propia declaración en- el juicio se 'desprende que no fué a sus fincas hasta uno o dos días'des--pués. El-debate queda circunscrito a la-finca (O); y a los efectos de fijar el alcance de la evidencia aportada en cuanto a la misma nos referimos, a dos testimonios opuestos.

El testigo del demandante, Flor Pereira, declaró:

“Que su nombre es Flor Pereira y que reside en Canóvanas; que conoce a don Leopoldo Santiago Carmona, puesto que fué mayor-domo suyo en la finca de Cubuy; se refiere a toda la propiedad que tiene allí, basta Hato Puerco arriba; que estaba encargado allí de todas las propiedades; que hay una en Eío Grande, sabe que una vez denunció a gentes por estar robando madera, o haciendo algo ilegal dentro de la finca de Eío Grande; . . . que la corte municipal fué a ver la finca para hacer una inspección ocular; que él estuvo en la finca y puede señalar el sitio donde se hizo la inspec-ción ocular; que es en la finca de Eío Grande en el Barrio Palmera, también conocido por barrio de Guzmán Arriba; sabe dónde los peones de los Bosques del Gobierno están talando y que la finca que están talando es de Leopoldo Santiago Carmona; que la pose-sión de esa finca la tiene don Leopoldo Santiago Carmona; que el sitio donde0 se hizo la inspección ocular queda dentro de esa finca, es decir, de la finca donde están talando; . . . que sabe que por el norte colinda con Antonio Betancourt, por el sur con Eexach y que por donde sale el sol colinda con Leopoldo Santiago Carmona; . . . que allí hay café, guineos, malangas, majaguas y que el café es poblado habiendo cafetales; que hay los siguientes cafetales: las Guabas, Las Abejas, el Bartolo, el Corcho; que el demandante don Leopoldo Santiago Carmona tiene la posesión de esa finca; que desde el año 1932 estuvo empleado con el demandante de entregado de la finca, pasada la tormenta de San Ciprián; que durante esos años cogió las cosechas de esa finca; que la cosecha del año pasado la cogió el señor Santiago Carmona; que le vendió el café a Nieasio Betancourt; que don Bartolo Peraza, durante el año, no ha estado allí dentro de la finca; que ese café lo cogió públicamente; .... que va a hacer cinco meses que salió de mayordomo; que durante todo el tiempo que estuvo allí estuvo disfrutando de la finca; que no le pidió permiso a ninguna persona para recolectar o hacer suyo lo que había en esa finca; ...”

Y el testigo de los demandados, George Gerhart, depuso:

‘ ‘ Es graduado de un Colegio de Bosques del -Estado de Pennsylvania; . . . que en la actualidad ostenta el título de Assistant-Supervisor de la Foresta Nacional-de Puerto Eico; que hace más de siete años que está en Puerto Pico; . . . conoce los terrenos que el demandante describe en la demanda; que las colindancias son por el Norte; . . . con Betancourt; por el Este, con el Gobierno Federal, y por el Sur, con Francisco Rivera, según el plano, y abora con Rexach. Hermanos, y por el Oeste, Santiago Carmona. (Mientras explica las colindancias mira el plano que tiene en sus manos.) Dice que esa finca tiene 88 cuerdas y que conoce la parcela 16-L, a la cual se han referido varios testigos del demandante; que en la 16-L del Gobierno Federal está incluida la finca de 88 cuerdas; que el Gobierno Federal ha estado poseyendo esa parcela 16-L durante estos últimos años, la cual incluye la parcela de 88 cuerdas, parcela' (C), descrita en la demanda; que sabe con mucha seguridad que el Gobierno Federal ha estado poseyendo esa parcela porque ha estado allí muchísimas veces en los últimos años, muchas veces durante el último año, y que allí se ve la colindancia, una brecha bien clara de cinco metros, limpia, y además, cuando el camino real o del municipio, entran a esa finca, allí hay placas puestas en los árbolesy esas placas las tiene aquí; que la última vez que estuvo allí fué el sábado; que allí estuvieron el guardabosque Bartolo y 'el Fiscal de la Corte Federal Ortiz Toro; que en la finca. &e 88 cuerdas hay muchas placas; que él arrancó ésa (señalando) de un árbol el sábado en presencia de Ortiz Toro; que ésa está en la co-lindancia de la parcela 16-L, que colinda por el Norte con Pedro Betancourt; . . . que en la colidaneia de la parcela de 88 cuerdas cogió las placas; que los ingenieros abrieron una brecha de cinco metros entre la parcela de 88 cuerdas y el demandante; que esa brecha es bien clara, y que también él sacó allí algunos tocones que fueron cortados mucho antes allí; . . .
“• • • que la condición del terreno de 88 cuerdas . . . todo es monte y maleza, todo perdido, no diría que es un cafetal; ... que allí no se ha sembrado ningún palo de café, está seguro de eso; que el café que hay allí es silvestre. . . .
“ • ■ ■ que no hay ninguna clase de siembras en ese terreno, que no hay malangas ni yautías; que durante los últimos años no le han permitido a nadie entrar en esa finca, que el Gobierno Federal ha estado poseyendo la finca durante el último año;
"... Las fincas (A) y (B) no las posee el Gobierno Federal, nunca las ha poseído; que entre las fincas que admite son de Santiago Carmona, y las 88 cuerdas hay una diferencia muy grande, porque éstas están cultivadas y son fincas que tienen cultivo de yautías, malangas y pedazos de café y guineos, y esta otra es de male'za; . . ..”

La evidencia fué, pues, contradictoria. El demandante y sus testigos bajo juramento declararon que' estaban en po-sesión de una determinada finca y que esa- posesión le había sido arrebatada violentamente por los demandados. Estos y sus testigos bajo juramento declararon que no arrebataron la posesión de finca alguna al demandante y que la posesión material en disputa la tenía desde hace años y la tiene El Pueblo de los Estados Unidos de América. La corte dió crédito a la evidencia de los demandados y como no se ha demostrado que actuara movida por pasión, prejuicio o par-cialidad, ni que cometiera error manifiesto, y dicha evidencia és suficiente, no hay motivo para revocar su actuación, sin que exista necesidad de considerar y resolver si los deman-dados actuaron o no como empleados de los Estados Unidos, bastando fundar la desestimación de la demanda en-que el demandante dejó de probar satisfactoriamente que estuviera en posesión de las parcelas que describe en ella con un año de anterioridad a la interposición de la misma.

Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sen-tencia apelada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.