author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Crescencio Mercado alias Pólvora, acusado y apelante.
    No. 5147.

    Sometido: Noviembre 13, 1933.

      Resuelto: Noviembre 24, 1933.

      Buenaventura Esteves, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El fiscal ña presentado moción para que desestimemos este recurso por no haberse notificado el mismo. En una oposi-ción jurada el apelante alega que depositó en el correo la notificación dirigida al fiscal de distrito; que no hizo la noti-ficación personalmente porque cuando fue a la oficina del fiscal éste se hallaba ausente del distrito; que a fin de cum-plir con la letra de la ley, el abogado del apelante posterior-mente fue a la oficina del fiscal para cerciorarse de si éste había recibido la notificación por correo, y que, según el de-clarante, el fiscal la había recibido; que éste es un caso en que las partes habían convenido que el mismo fuera juzgado en la corte de distrito y apelado a la Corte Suprema de Puerto Rico. El apelante cita el caso de El Pueblo v. Varela, 41 D.P.R. 889.

En El Pueblo v. Rubio, 44 D.P.R. 889, indicamos que si el apelante lograba demostrar que la notificación por correo había llegado a manos del fiscal, quizá podría sostenerse que la notificación había sido hecha personalmente. Y en El Pueblo v. Varela, supra, resolvimos que el propósito del esta-tuto era que se le hiciese al Pueblo de Puerto Rico una noti-ficación material.

Además, creemos que dados los hechos del caso surgió un impedimento (estoppel). El apelante fue a la oficina del fiscal de distrito y allí se ■ cercioró de que la notificación de la apelación había sido realmente recibida. Cuando el abo-gado del apelante acudió a la oficina del fiscal de distrito con el fin de hacer una notificación personal, como parece ser la inferencia lógica, era entonces deber del fiscal de distrito insistir en una notificación más formal, si así lo deseaba. Todas las circunstancias del caso tienden a demostrar que el fiscal de distrito tuyo conocimiento personal de la apelación.

La moción debe ser declarada sin lugar.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

license: Public Domain

text:
    Juan, Francisco y Rosario Bianchi y Rosafa, demandantes, apelados y apelantes, v. Estela Bianchi Rosafa, demandada, apelante y apelada.
    No. 6173.

    Sometido: Junio 22, 1933.

      Resuelto: Noviembre 24, 1933.

      José Sdbater, abogado de la demandada apelante; Miguel A. García Méndez, abogado- ele los demandantes apelados.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

En 8 de octubre de 1930, la Corte de Distrito de Maya-güez dictó nna orden de injunction dirigida a la demandada Estela Bianchi Bosafa para qne se abstuviese de impedir a los demandantes la ejecución de ciertos actos en determi-nadas parcelas de terreno propiedad de dichos demandantes, mientras se sustanciaban y hasta que fuesen resueltos en de-finitiva dos pleitos de desahucio incoados por la demandada en las Cortes Municipales de Mayagüez y Añasco. Esta orden de injunction fué apelada y confirmada por esta corte en 5 de febrero de 1931. En 5 de febrero de 1932, la Corte de Distrito de Mayagüez, a petición de los demandantes, dictó una orden decretando el sobreseimiento y definitivo archivo de la demanda de injunction con imposición de costas y hono-rarios de abogado a la parte demandada. En 26 de marzo de 1932 los demandantes radicaron un memorándum de costas. La demandada impugnó dicho memorándum alegando, entre otras cosas, que no había sido oída y que no se había dictado una sentencia definitiva. Besolviendo esta impugnación la corte inferior se expresó en los siguientes términos:

“A juicio de la corte, la orden de fecha 5 de febrero de 1932 es una sentencia definitiva que debió registrarse por el secretario y no-tificarse de acuerdo con las disposiciones de la ley, por ser la misma apelable. La sección 2 de la ley de 9 de marzo de 1911, página 238, titulada ‘Ley para enmendar los artículos 92, 123, 227 y 299 del Código de Enjuiciamiento Civil,’ dice como sigue:
‘Sección 2. En todos los casos en que se puede establecer el re-curso de apelación, según lo provisto- en la sección 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, segiín fué enmendada en marzo 11, de 1908, será deber del secretario de la corte enviar a la parte perjudicada, o a su abogado, al dictarse la sentencia, de la cual pueda establecerse el recurso de apelación, una notificación escrita informándole que la sentencia ha sido dictada, o de la resolución de la corte, y una copia de esa notificación será archivada con los autos, y el término para establecer el recurso de apelación empezará a correr desde la fecha del archivo de dicha notificación con los autos.’
"Al calce de la orden de fecha 5 de febrero de 1932 aparece una nota sin firmar que dice así:
‘Notificada esta resolución a los Ledos. Nazario & García Méndez y José Sabater hoy 15 de marzo de 1932. E. San Millán. Secre-tario. ’
"Esta nota en modo alguno constituye el archivo de la copia de la notificación de la sentencia que de acuerdo con la ley sirve de base para limitar el término de la apelación. A este respecto, la ley es clara y terminante. Dispone que el secretario comunicará la sen-tencia apelable a la parte perdidosa mediante una notificación escrita informándole que la sentencia ha sido dictada o de la resolución de la corte, y una copia de esa notificación será archivada con los autos, y el término para establecer el recurso de apelación empezará a co-rrer desde la fecha del archivo de dicha notificación con los autos.”

El Secretario de la Corte de Distrito' de Mayagüez, ajus-tándose al criterio sostenido en la opinión que antecede, noti-ficó a los abogados de las partes interesadas la sentencia orde-nando el sobreseimiento y archivo del pleito de injunction y condenando en costas y honorarios de abogado a la deman-dada. Esta notificación, según consta de los autos, se llevó a efecto en agosto 19 de 1932. En septiembre 2 del mismo año apeló la demandada de la orden que se dictó en 5 de fe-brero de 1932. Las conclusiones de la corte inferior con respecto a la fecha en que comienza a correr el término para establecer el recurso de apelación se basan en la jurispru-dencia sentada por este tribunal interpretando el artículo 2 de la ley de marzo 9, 1911 (Comp. 5339). En el caso de Delgado v. Márquez Díaz, 37 D.P.R. 135 esta corte se negó a desestimar una apelación interpuesta en febrero de 1927 contra una sentencia dictada en noviembre de 1924 y otra en mayo de 1926. Copia de estas resoluciones, según hace constar el secretario en una nota al calce de las mismas, fueron notificadas, por correo en ambos casos y bajo sobre certificado en uno de ellos, al abogado del demandante. Esta corte, interpretando la ley, que califica de terminante y precisa, se expresó así:

“¿Pueden sustituir las constancias del secretario que dejamos transcritas, al archivo de la notificación con los autos? No es posi-ble. La ley es terminante. Dice que el secretario comunicará la sentencia apelable a la parte por medio de ‘una notificación escrita informándole que la sentencia ha sido dictada, o de la resolución de la corte, y una copia, de esa notificación será archivada con los autos, y el término para establecer el recurso de apelación empegará a corro' desde la fecha del achivo de dicha notificación con los autos.’
“No se concibe que no se cumpla por los funcionarios a ello lla-mados un precepto de ley tan preciso y de tanta trascendencia para las partes. Estas, por medio de sus abogados, deben vigilar su de-bido cumplimiento, ya que como se dijo en la opinión concurrente al caso de Cruz et al. v. Sucesión Jiménez, supra (32 D.P.R. 833). ‘El principio de una limitación al derecho de apelar se interpreta estric-tamente a favor del apelante, 3 C. J., p. 1059, y siguientes donde se citan casos de California y de Louisiana.’ ”

Arguyen los demandantes que, si como alega la de-mandada, la orden que decreta el archivo del caso y la con-dena en costas no es una sentencia definitiva, entonces el plazo para promover la apelación ha expirado, por haber transcurrido más de diez días desde el 19 de agosto de 1932 hasta el 2 de septiembre del mismo año, fecha en que se in-terpuso el recurso de apelación. Entendemos que si se trata realmente de una sentencia definitiva, el criterio que pueda sustentar la parte demandada con respecto al carácter de la misma no menoscaba su derecho para apelar dentro del período fijado por la ley. Es verdad que la demandada ad-mite que fué notificada por el secretario de la orden apelada en 15 de marzo de 1932; pero no es menos cierto que no se archivó en los autos, según consta claramente de la nota del secretario, una copia de esa notificación, y por lo tanto no pudo comenzar a correr en esa fecha el término para recurrir de la sentencia dictada.

Con respecto a las costas decretadas, cualquiera qne sea el criterio que sustentemos al resolver la apelación, acerca de la autoridad de la corte para concederlas nn año cuatro meses después de pronunciada en primera instancia la sentencia original, entendemos que resuelve definitivamente los derechos de las partes en cuanto a dichas costas y que tiene el carácter de una sentencia definitiva separadamente dictada. La orden puede ser errónea, por haberse condenado en costas y honorarios de abogado a la demandada mucho tiempo después de ordenada la expedición del auto de injunction, y cuando la sentencia original había quedado ipso facto extinguida, al ser firmes las sentencias de desahucio; pero es indudable que la orden de archivo, acertada o errónea, resuelve definitivamente en cuanto a las costas los derechos de las partes.

También se alega por los demandantes que la apelación interpuesta es claramente frívola. Opinamos que este re-curso fué promovido dentro del término fijado por la ley, que no es frívolo como alegan los demandantes, y que no procede su desestimación.


text:
    Juan, Francisco y Rosario Bianchi y Rosafa, demandantes, apelados y apelantes, v. Estela Bianchi Rosafa, demandada, apelante y apelada.
    No. 6173.

    Sometido: Junio 22, 1933.

      Resuelto: Noviembre 24, 1933.

      José Sabater, abogado de la demandada apelante; Miguel A. García Méndez, abogado de los demandantes apelados.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Juan, Francisco y Rosario Bianchi Rosafa, dueños de ciertas fincas rústicas radicadas en las jurisdicciones de Añasco y Mayagüez, demandaron, utilizando el procedimiento de desahucio, ante las Cortes Municipales de Mayagüez y Añasco, a la Señora Estela Bianchi, subarrendataria de dichas fincas. Al mismo tiempo que radicaron estas acciones, los demandantes acudieron a la Corte de Distrito de Mayagüez solicitando la expedición de un auto de injunction contra la referida Estela Bianchi. Alegaron los demandantes, como base para justificar su solicitud de injunction, qué el contrato de arrendamiento de las fincas mencionadas venció en 15 de agosto de 1930 y que dichas fincas fueron arrendadas por los demandantes a la sociedad Russell & Cía., con el compromiso de entregarlas a esta sociedad al vencimiento del arrenda-miento contraído con la demandada y que a pesar de estar el contrato vencido, la subarrendataria Estela Bianchi continuó en la posesión de las fincas contra la voluntad de los deman-dantes. Se pidió un auto de injunction dirigido a la deman-dada para que se abstuviera de impedir que los demandantes tomaran posesión inmediata de las fincas y para que la de-mandada permitiera la entrada de la nueva arrendataria en dichos terrenos mientras se sustanciaban las acciones de desahucio entabladas por los demandantes contra la deman-dada en las Cortes Municipales de Mayagüez y Añasco. La Corte de Distrito de Mayagüez expidió el auto solicitado, ordenando a la demandada Estela Bianchi que se abstuviese de impedir que los demandantes tomasen posesión de las fincas objeto del procedimiento de desahucio y de perturbar a dichos demandantes o a la arrendataria en la posesión y disfrute de las mismas, todo ello mientras no se resolviesen en definitiva los pleitos de desahucio radicados por los de-mandantes contra la demandada en las Cortes Municipales de Mayagüez y Añasco, mediante sentencia firme, o hasta que otra cosa no fuese ordenada por dicha corte. En esta orden de la corte no hay pronunciamiento alguno sobre costas.

La demandada apeló de la resolución dictada por la Corte de Distrito de Mayagüez, que fue confirmada por este tribunal en 5 de febrero de 1931 (41 D.P.R. 799). Los pleitos de desahucio fueron definitivamente resueltos en apelación por la Corte de Distrito de Mayagüez en 16 de julio de 1931. En ambos se decretó el desahucio de la demandada Estela Bianchi y en uno de ellos se impusieron costas y honorarios de abo-gado a la parte perdidosa. En la apelación procedente de la Corte Municipal de Añasco se dictó sentencia relevando a la demandada del pago de las costas. Los demandantes solici-taron la reconsideración de esta sentencia en cuanto a las costas, y, a los tres meses de radicada la moción de reconsi-deración, desistieron de la misma y solicitaron que la corte-de distrito dictara una orden dando por terminado el caso de injunction, decretando su archivo e imponiendo las costas y honorarios de abogado a la demandada.

Resolviendo la moción de los demandantes, la corte de distrito dictó la siguiente resolución:

“Vista la moción radicada por los demandantes en el presente caso y vista la moción radicada con esta misma fecha en el caso civil número 15312 por virtud de la cual desisten de la moción de reconsi-deración de sentencia radicada en el referido caso-; y considerando que en su consecuencia quedan en definitiva resueltos los pleitos de desahucio radicados por los demandantes mediante sentencias firmes en los casos civiles 15,416 y 15,312, y que de acuerdo con los térmi-nos de la resolución sobre injunction dictada en el presente caso con fecha 8 de octubre de 1930, posteriormente confirmada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, cesan los efectos de ésta, debiendo en su consecuencia darse por terminado el presente caso, se dicta por tanto orden decretando el sobreseimiento y definitivo archivo de este caso, con imposición de las costas y honorarios de abogado de los demandantes a cargo de la demandada.”

Apeló Estela BiancM de este pronunciamiento condenán-dola al pago de costas y honorarios de abogado. Apelaron también los demandantes de una resolución de la corte elimi-nando un memorándum de costas que presentaran, por baber sido prematuramente radicado; pero, como admiten en su alegato, han desistido prácticamente de esta apelación, toda vez que no han realizado gestión alguna para perfeccionarla. Ante nosotros sólo pende una apelación y es la promovida por la parte demandada. Se alega que la corte erró al con-siderar que la sentencia dictada en uno de los casos de desahucio quedó firme cuando los demandantes desistieron de la moción de reconsideración que presentaran en cuanto al pronunciamiento sobre costas, y se añade que la corte inferior incurrió también en el error de no declarar que des-pués de resueltos los casos de desahucio, este procedimiento de injwiction quedó sin efecto y se convirtió en un mero caso académico sin propósito legal de ninguna clase.

A juicio de la demandada, la corte inferior aceptó la argumentación de la representación de los demandantes y resolvió equivocadamente que la moción de reconsideración de la sentencia, que relevó de pago de costas a la demandada en el pleito de desahucio, suspendió los efectos de dicha sen-tencia, que vino luego a ser firme, cuando los demandantes desistieron de la reconsideración. Arguye la demandada que la sentencia en el pleito de desahucio quedó firme desde que fue dictada en 16 de julio de 1931, y no en 28 de octubre del mismo año, que fué cuando se desistió de la moción de reconsideración. La verdad es que estos pleitos habían sido definitivamente resueltos cuando la corte, a petición de los demandantes, y sin oír a la demandada, condenó a esta última a pagar las costas y honorarios de abogado en el procedi-miento 'de injunction, radicado originalmente ante dicho tribunal. No bay duda, de que la sentencia de desahucio fué firme desde el mismo momento en que se dictara y de que la moción de reconsideración en cuanto a las costas no tuvo nunca el efecto de suspender los efectos legales de dicha sen-tencia. Una sentencia en un procedimiento de desahucio dictada por una corte de distrito en apelación de una corte municipal, es inapelable por disposición expresa de la ley, y adquiere el carácter de firme desde el instante en que se dicta por la corte de distrito.

Es evidente que la orden de injunction no pudo con-tinuar surtiendo efecto legal alguno, una vez que los deman-dantes estuvieron en condiciones de ejecutar las sentencias dictadas en los pleitos de desahucio. La orden se expidió en la corte de distrito para que la demandada en la corte municipal se abstuviese de impedir ciertos actos a los demandantes. No se trata de un injunction pendente lite, decretado dentro de un mismo pleito, para surtir sus efectos en tanto en cuanto se resuelve el caso en sus méritos, sino de un auto expedido por la corte de distrito para surtir sus efectos mientras no se resolviesen dos pleitos de desahucio pendientes en dos cortes municipales. Los demandantes obtuvieron en la corte de distrito todo lo que solicitaron. No pidieron ni pudieron obtener más. La vida del auto de injunction no pudo pro-longarse más allá de la vida de los pleitos de desahucio. Con la desaparición de estos pleitos, que sirvieron de base para que se dictara la orden pendente lite por la corte de distrito, tenía necesariamente que desaparecer dicha orden. Una vez firmes y ejecutorias las sentencias dictadas en los casos de desahucio, los demandantes podían adquirir definitivamente la posesión de las dos fincas, lanzando a la demandada de las mismas, y esta posesión, así adquirida, los colocaba en el pleno y libre ejercicio de todos sus derechos, incluyendo aquéllos protegidos por el auto de injunction.

Sentadas estas conclusiones, tenemos que convenir en .que cuando la corte de distrito ordenó el archivo y sobreseimiento del procedimiento de injunction, condenando en costas a la demandada, ya el auto expedido, que al ser firmes las senten-cias de desahucio había quedado ipso facto extinguido, no servía ningún propósito ni surtía ningún efecto legal.'

Se alega que la corte erró al decretar el archivo del caso y condenar en costas a la demandada, sin haberle dado .la oportunidad de ser oída. .Fuerza es reconocer que no carecen de fundamento los argumentos que se utilizan en apoyo de esta contención. Si la corte giró dentro del círculo de sus atribuciones, al imponer costas y honorarios de abogado a la demandada, un año después de fallada definitivamente la única cuestión controvertida en el procedimiento de injunction, no ha debido dictar su fallo, sin antes haber oído a la parte interesada. Creemos, sin embargo, que la corte inferior fue demasiado lejos, al resolver favorablemente la moción de los demandantes. Nos parece que al resolver esta cuestión de-bemos tener en cuenta los fines perseguidos por los deman-dantes al solicitar el auto de injunction, el alcance de la reso-lución ordenando su expedición y el punto realmente contro-vertido en el procedimiento seguido ante la corte de distrito. Los demandantes sólo perseguían un propósito: tomar pose-sión de las fincas mientras se resolviesen los pleitos de desahucio. Conseguido este propósito al dictarse la orden expidiendo el auto, cesó el interés de los demandantes en la corte de distrito. La resolución en realidad fué para ellos definitiva. Nada se dijo entonces sobre costas. No aparece que se hubiese omitido inadvertidamente pronunciamiento alguno sobre las mismas que hubiese justificado la reconsi-deración de la orden dictada dentro de un período razonable. A nuestro juicio estas costas, si procedía decretarlas, debieron concederse en el momento de dictarse la orden en 1930 y no al ordenarse el archivo del pleito en 1932.

En el caso de Luce & Co. v. Cintrón, ante pág. 1, esta corte dijo:

“Una sentencia, tal cual la define el artículo 188 del Código de Enjuiciamiento Civil, es ‘la decisión definitiva sobre los derechos de las partes en un pleiteo procedimiento.’ Una orden negando la ex-pedición de un injunction pendente lite, es por supuesto, una pro-videncia interlocutoria en la acción principal. No es una orden in-terlocutoria en el procedimiento de injunction preliminar. En lo que a ese procedimiento se refiere, por su naturaleza y esencia es una sentencia. Es ‘la decisión definitiva sobre los derechos de las par-tes’ en ese procedimiento. Así lo reconoce en efecto el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil y lo coloca, para los fines de una apelación, en la misma categoría que ‘una sentencia definitiva pronunciada en un pleito o procedimiento especial.’ ”

En el presente caso la resolución ordenando la expedición del auto de injunction pendente lite es por su naturaleza una sentencia definitiva. Lo fué indiscutiblemente para los de-mandantes en la corte de distrito, donde cesó su interés, ya que la orden babía de surtir sus efectos mientras no se resol-viesen definitivamente los pleitos de desahucio pendientes en las cortes municipales. La demandada, que no fué entonces condenada en costas, estuvo justificada en asumir que había sido relevada del pago de las mismas. No aparece la corte reconsiderando la resolución originalmente dictada; no obra en autos ningún documento solicitando oportunamente esta reconsideración, porque se hubiese omitido inadvertidamente cualquier pronunciamiento al dictarse el fallo. Los deman-dantes aparecen pidiendo a la corte que dé por terminado un caso, que prácticamente estaba ya terminado, y que se ordene su archivo y se impongan costas y honorarios de abogado a la demandada. La corte así lo resolvió, sin oír a esta última parte, un año cuatro meses después de haber dictado la reso-lución original concediendo el auto de injunction.

Debe revocarse la resolución apelada.


author: El Juez Asociado Señoe Cóedova Dávila,

text:
    Fernando García, demandante y apelado, v. The American Railroad Company of Puerto Rico, demandada y apelante. Rosa Feliú Vda. de Rodríguez, demandante y apelada, v. La Misma, demandada y apelante. Pedro Mercado, demandante y apelado, v. La Misma, demandada y apelada. Francisco Olmeda, demandante y apelado, v. La Misma, demandada y apelante.
    No. 5451.

    Sometido: Noviembre 15, 1932.

      Resuelto: Noviembre 28, 1933.

      M. Acosta Telar de, abogado de la apelante; O. 8 oufront y M. Remi-res Baigés, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señoe Cóedova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

La demandada, American Railroad Company of Puerto Rico, explota un servicio de trenes que cruza la isla de norte a sur y conecta, entre otras, las poblaciones de Lajas y Tauco, a través de cuya vía y como a un kilómetro de distancia del piieblo de Lajas, se extiende una carretera que los deman-dantes califican de pública y la demandada de camino pri-vado. En la intersección hay un paso a nivel.

En 29 de octubre de 1928, como entre tres y media y cuatro de la tarde, ocurrió una colisión entre nn tren de la compañía demandada y nn autocamión marca “Graham”. El auto-camión pertenecía a Fernando García, y en el momento del accidente iban en él cuatro personas: el chauffeur Francisco Olmeda, Ernesto Rodríguez, Pedro Mercado y Carlos Seda. Ernesto Rodríguez pereció en el accidente. Pedro Mercado y Olmeda fueron heridos y el autocamión quedó casi total-mente destrozado. Se iniciaron cuatro pleitos contra la American Railroad Co. y la corte de distrito dictó sentencia en favor de todos los demandantes.

Se alega en primer término que la corte erró al de-clarar sin lugar una moción para eliminar presentada por la apelante contra las demandas enmendadas. No damos im-portancia a este supuesto error, que resulta además insufi-ciente. La corte inferior se negó a eliminar conclusiones de derecho basadas en los hechos aducidos en la demanda y el error, en caso de que exista, no ha podido ocasionarle per-juicio alguno.

Los errores segundo, tercero, y cuarto se relacionan con la negligencia atribuida a la demandada por no haber colocado cadenas o barreras en el sitio donde ocurrió el acci-dente y tener allí un empleado para dar aviso de la aproxi-mación de los trenes a las personas que por allí cruzaban. Estos errores, que discutiremos conjuntamente, dicen así:

“Error 2. La sentencia de la corte, al condenar a la demandada por el fundamento de que el sitio del accidente es el de un cruce de vía férrea con carretera pública insular, priva a la demandada de su propiedad, sin un debido proceso de ley y sin la debida compensa-ción, violando por tanto el artículo 2 del Acta Orgánica de Puerto Rico y la enmienda quinta de la Constitución de los'Estados Unidos de Norte América. ,
“Error 3. La corte cometió manifiesto error al dictar sentencia en contra de la apelante y sostener que la demandada venía obligada por ley a tener en el sitio del accidente cadenas o barreras y poner empleado o vigilante para dar aviso de la aproximación de los trenes a las personas o vehículos que cruzaran o pudieran cruzar las vías por el citado cruce o paso a nivel.
“Error 4. La corte erró al dictar sentencia por el fundamento de que la demandada no tenía en el sitio del accidente medio alguno de dar aviso de la aproximación de los trenes. ’ ’

La prueba demuestra que el vehículo guiado por Francisco Olmeda se dirigía a Lajas descendiendo suavemente y des-pués de doblar una curva continuó caminando a una velocidad moderada basta penetrar en el cruce donde chocó con el tren de la demandada que venía de Lajas. Las declaraciones de los testigos y las fotografías tomadas en el sitio del accidente demuestran que había en la vía un terraplén y arbustos que impedían ver por lo menos hasta una distancia cerca del cruce. La corte inferior, en el párrafo octavo de su opinión, dice que la locomotora caminaba a la velocidad acostumbrada y que tocó los pitos de costumbre, y luego, en el párrafo no-veno, dice que la negligencia de la demandada fué la causa próxima del accidente, al dejar de cumplir con el inciso q del artículo 3 de la Ley No. 70 de 1917 ( [2], pág. 433), y al haber dejado asimismo de dar aviso conveniente y adecuado al de-mandante Francisco Olmeda de la aproximación del tren al paso a nivel donde ocurrió el accidente, teniendo en cuenta las condiciones del cruce y la falta de protección en el mismo, y haber dejado dicha demandada de observar todas las pre-cauciones que la ley y las condiciones especiales de dicho cruce demandaban. Hemos visto que la corte inferior de-clara que la demandada tocó los pitos de costumbre, y siendo éste uno de los deberes que le impone el inciso q del artículo 3 de la citada ley, suponemos que al decir que no se dió aviso conveniente y adecuado a Francisco Olmeda se refiere a las demás precauciones que deben adoptar las compañías ferro-viarias de acuerdo con el artículo mencionado.

La negligencia atribuida a la demandada por haber dejado de colocar cadenas y adoptar otras precauciones en el cruce ha sido ampliamente discutida por las partes, alegando los demandantes que la compañía tenía el deber de cumplir con las disposiciones de la ley, y sosteniendo la demandada que aún no había surgido este deber.

A nuestro juicio el deber de mantener protegidos los cruces en los caminos públicos por las compañías ferroviarias es anterior a la Ley No. 70 aprobada en diciembre 6 de 1917 ( [2] pág. 433). Nuestra Asamblea Legislativa, al decretar dicha ley, incorporó en la misma principios de seguridad pública reconocidos y establecidos para proteger la vida de los ciudadanos. La carretera en cuestión, que es conocida con el No. 39, se extiende de San Germán a Guánica y una parte de ella se dirige de Lajas hasta más allá del cruce en que ocurrió el accidente. Se ofreció prueba para demostrai que esta carretera fue construida y se hizo pública allá para el año de 1914 ó 1915. La colisión ocurrió en 1928. La corte inferior, en su opinión, declara de conocimiento judicial la existencia de una carretera pública que cruzaba la vía en aquel sitio. Alega la apelante con marcado énfasis que de conformidad con los artículos' 6 y 34 de la ley de 1917 no podía imponérsele el deber de tener determinada protección en el cruce hasta que la carretera fuese declarada pública por la Comisión de Servicio Público y se notificara a la compañía ferroviaria. Nada hay en la ley, a nuestro juicio, que impida que una carretera adquiera el carácter de pública sin la san-ción de la mencionada comisión. La evidencia aportada, así como las fotografías, tienden a demostrar que la carretera era pública. Ineidentalmente la demandada sostiene que únicamente la Comisión de Servicio Público tenía autoridad, de conformidad con la sección 34, supra, para obligar a la' demandada a mantener protección especial en determinados lugares, y después de una declaración de necesidad y conve-niencia, permitir que una carretera pública cruce la vía de una compañía ferroviaria. (Artículo 6 de la ley citada.) No estamos de acuerdo con la apelante. Cuando los hechos demuestran que la carretera ha adquirido el carácter de pú-blica, la compañía ferroviaria no puede alegar la falta de actuación por parte de la comisión para evadir los deberes que le impone la ley y que exigen la seguridad y la protec-ción de las personas que caminan por la carretera y atra-viesan el cruce. Una carretera pública pnede snrgir sin nece-sidad de cpie así lo declare la Comisión de Servicio Público. La carretera en cuestión era la arteria principal entre Lajas y los demás lugares en’ dirección a G-uánica. Los automóviles necesariamente tenían que pasar con frecuencia por ella. La prueba tendió a demostrar que el Departamento del interior, mucho tiempo antes de ocurrido el accidente, había construido esta carretera y la había considerado como pública, y así se entendió generalmente por el público.

El hecho de que los apelados trataron de probar el carác-ter público de la carretera, pudiendo descansar en el conoci-miento judicial de la corte, como ocurrió en el caso de Príncipe v. American Railroad Co., 22 D.P.R. 302, no debilita su con-tención. Los hechos establecidos demuestran la naturaleza pública de la carretera.

El artículo 34 de la Ley No. 70 de 1917 dispone en parte lo que sigue:

“La Comisión tendrá exclusivo* poder para determinar, ordenar y prescribir de acuerdo con los planos y especificaciones que ella apro-bare, la forma justa y razonable, incluyendo el punto determinado de cruces, en que las vías u otras facilidades de cualquier compañía de servicio público puedan ser construidas a través de las vías u otras facilidades de cualquier otra compañía de servicio público a nivel, sobre o bajo nivel, o a los mismos o distintos niveles; o la forma en que las vías u otras facilidades de cualquier compañía de ferro-carril o compañía de ferrocarril urbano puedan construirse a través de las vías ir otras facilidades de cualquier otra compañía de ferro-carril o de ferrocarril urbano, o a través de cualquier camino público, a nivel, sobre o bajo nivel; o la forma en que cualquier camino público puede ser construido a través de las vías u otras facilidades de cual-quier compañía de ferrocarril o de ferrocarril urbano a nivel, sobre o bajo nivel; y para determinar, ordenar y prescribir los términos y condiciones de la instalación y explotación, conservación y protección de todos aquellos cruces que en la actualidad y en lo' sucesivo se cons-truyeren, incluyendo la colocación de un celador en los mismos, o la instalación y reglamentación de luces, señales de obstrucción u otros sistemas de señales, aparatos de seguridad, o los demás medios o ins-trumentos que la Comisión considerare razonables y necesarios, con el fin de que se eviten accidentes y se fomente la seguridad del público.
"Ninguno de dichos cruces será construido sin la aprobación de la Comisión evidenciada por un ‘certificado de conveniencia pública’, según se dispone en esta Ley; pero en ningún caso será necesaria para ello la aprobación o el consentimiento' de ninguna corte, junta u otra comisión o funcionarios, o de ningún municipio. Sin embargo, será propio que la Comisión, mediante regla u orden generál, siempre que pueda propiamente reglamentarse por una regla general ade-cuada, prescriba los términos y condiciones de acuerdo con los cuales dichos cruces pueden ser construidos, explotados, conservados o pro-tegidos, sin la aprobación particular de la Comisión.
"La Comisión tendrá también poder exclusivo, de oficio o me-diante querella y después de celebrar audiencia según más adelante se dispone (de la cual se dará debido aviso' a todas las partes intere-sadas, incluyendo a los dueños de propiedad adyacente), para orde-nar que cualquiera de los antedichos cruces, ahora existentes o que en lo sucesivo se construyeren, sean resituados, alterados, o abolidos de acuerdo con los planos y especificaciones que deberán aprobarse, y en los términos y condiciones justos y razonables que se prescribieren por la Comisión.”

No tiene este artículo el alcance que le atribuye la deman-dada al sostener qne un cruce público sólo puede surgir me-diante el consentimiento de la comisión. Al igual que los suburbios, una carretera pública puede surgir .mediante los actos del público que transita por ella, especialmente cuando intervienen, como en el presente caso, funcionarios que tienen alguna autoridad emanada del poder legislativo. El artículo 6 de la citada ley no milita en contrario. En 1913- se aprobó la ley que concedió autorización al Comisionado del Interior para actuar y construir la carretera. Las compañías ferro-viarias están obligadas a colocar barreras o cadenas u otros medios adecuados de protección en todos los cruces por una carretera pública o insular y es indudable que la demandada fue negligente al dejar de cumplir con estos requisitos de seguridad y protección. No podemos aceptar la contención de la compañía de que ha sido privada de su propiedad sin el debido proceso de ley, por el hecho de que la corte inferior Raya declarado que existe un cruce de vía férrea con carretera pública insular en el sitio del accidente. La conclusión de la corte no priva a la demandada de ninguna propiedad.

Los errores quinto, sexto, séptimo y octavo se relacionan con la obstrucción de la vía y la declaración de la corte inferior de que el chauffeur no podía ver la aproxima-ción del tren al acercarse y cruzar dicha vía. Estos errores están íntimamente relacionados con la cuestión de negligencia contribuyente alegada por la demandada y serán discutidos oportunamente en relación con esta alegación.

No es necesario tampoco discutir separadamente el noveno error, consistente en haber declarado la corte a quo que la demandada dejó de dar aviso conveniente y adecuado al chauffeur Francisco Olmeda.

Se alega que lo dicho en el caso de Nashville Chattanooga St. Louis Railway Co. v. R. D. White, 278 U. S. 456, no afecta la doctrina sentada en Goodman v. Baltimore & Ohio R. R. Co., 275 U. S. 66, 72 L. Ed. 167, y que la corte inferior cometió error al interpretar la opinión emitida en el primero de dichos casos, haciéndola aplicable al presente. Este es el décimo señalamiento de error. En el error próximo se alega que la corte inferior no debió dictar sentencia a favor de los deman-dantes, por ser éstos culpables de negligencia contribuyente y ser esta negligencia la causa próxima e inmediata del acci-dente.

A nuestro juicio el caso de Goodman no debe interpretarse en el sentido de imponer al conductor de un vehículo de motor el deber de detenerse siempre al acercarse a una vía ferro-viaria. No parece razonable exigir invariablemente, en todos los casos, de un conductor, que se detenga por completo antes de llegar a la vía de un tren. La jurisprudencia general no sostiene tal criterio. Háse dicho por un número de tribunales que una persona que se dispone a cruzar la vía de un ferro-carril, manejando un vehículo de motor, debe detenerse, mirar y tratar de escuchar, en un sitio desde donde pueda tender la vista a través de la vía, para ver si se aproxima algún tren. Prevalece, sin embargo, la regla de que, como cuestión de derecho, no es éste un deber que se impone invariablemente al viajero. Las cuestiones en controversia no son siempre las mismas, los hechos varían, y, para juzgar la conducta de un viajero que no haya detenido su vehículo, hay que tener en cuenta las circunstancias que mediaron al acercarse al cruce, su ignorancia o conocimiento de la situación de la vía y la confianza que haya podido tener en sus oportunidades para ver y oír, a un lado y otro de esa vía. Ya hemos dicho que cada caso tiene sus peculiaridades, sus rasgos caracte-rísticos, su sello especial, su fisonomía propia, y que no sería empresa fácil impartir justicia si para apreciar qué hechos constituyen' cuidado ordinario o negligencia tuviésemos que-ajustarnos a reglas fijas e invariables. Rivera v. Central Pasto Viejo, 44 D.P.R. 266 y 267. Para determinar si ha habido o no negligencia en un caso determinado debemos pre-guntarnos qué hubiera hecho una persona de razonable pru-dencia en igualdad de circunstancias. No debemos esperar de la naturaleza humana más de lo que humanamente puede dar y no parece razonable exigir precauciones que no se adoptan en el curso ordinario de las actividades humanas, por más que estén justificadas cuando existe alguna razón especial que nos aconseje desplegarlas, velando por la segu-ridad ajena y por nuestra propia seguridad.

La cuestión a resolver es si, de acuerdo con los hechos probados, es éste un caso en que ha debido ejercerse o no un cuidado especial por parte del conductor del camión, Francisco Olmeda, al aproximarse y disponerse a cruzar la vía. Declara este demandante que al pasar la vía de Gf-uánica en dirección a Lajas, chocó con un tren que venía.de Lajas para Ponce; que ha pasado tres o cuatro veces por ese sitio, pero no en momentos en que cruzaba un tren; que no se paró .en ningún momento antes de llegar a la vía; que venía bajando en segunda; que sabía que había allí'una vía de ferrocarril y que no había cadenas o guardabarreras en la misma; que no había visto que pusieran cadenas otras veces que había pasado por allí. Hemos examinado detenidamente la declara-ción de este testigo y en ninguna parte dice que haya mirado a un lado y otro de la vía y que haya tratado de mirar y escuchar. Se limita a decir que no oyó aviso de la aproxima-ción del tren y que lo vió cuando estaba encima, en el momento del choque, y que no paró y se detuvo antes de cruzar la vía porque no vió aviso alguno que impidiera el paso.

Los demandantes alegan que el chauffeur no tuvo nunca oportunidad de cruzar la vía en momentos en que pasaba un tren y que por lo tanto no podía saber si la compañía dejaba de observar el estatuto de seguridad y no adoptaba las pre-cauciones exigidas por la ley. Es claro que para saber si había cadenas o guardabarreras en el cruce, el conductor del camión no necesitaba aproximarse al mismo en momentos en que pasaba un tren.

La corte declara en sus conclusiones de hecho que la vista de las vías de la demandada estaba totalmente obstruida y que el conductor del camión, Francisco Olmeda, no podía, como no pudo, haber detenido la marcha del truck y pararse a observar desde un sitio lejano si se acercaba o no el tren de la demandada. En cuanto a la obstrucción de la vía, el ingeniero Etienne Totti, empleado de la corporación deman-dada, declara que una persona a dos metros de distancia de la vía puede ver cien metros y que a una distancia de tres metros un tren que corre de la estación de Lajas hacia Gruá-nica puede ser visto a ochenta metros antes de llegar al cruce. Añade que una persona que vaya en un truck y que no so apee del mismo, si se sitúa a tres metros de distancia de la vía, puede ver ochenta metros de la misma quizás con más facilidad, porque está más elevada. Este testimonio no apa-rece contradicho, a no ser que se considere en conflicto con el mismo la manifestación del testigo de los demandantes, Antonio Vargas, quien declara que se encontraba como a veinticinco o treinta metros del cruce y que “como ahí queda reducido, tapado con las cuatro esquinas, vió cuando salió el tren y le dió por la parte derecha al truck.” Nótese, sin embargo, la diferencia entre el testimonio de uno y otro testigo en cuanto a la distancia. Totti declara que la vista podía abarcar 80 metros de vía a una distancia de 3 metros del cruce, mientras que Vargas se encontraba, según su testi-monio, a 25 ó 30 metros del mismo. Las fotografías del sitio, admitidas como prueba, no parecen demostrar una obstrucción completa. Es un hecho admitido por ambas partes que la vista estaba obstruida. Los demandantes alegan que se trata de una obstrucción total; la demandada, basada en la declara-ción del ingeniero Sr. Totti, y en las fotografías mencionadas, sostiene que una persona que se sitúa a tres metros de la vía puede ver un tren que se aproxima, a una distancia de ochenta metros antes de llegar al cruce.

La corte inferior apreció los hechos y dictó sentencia a favor de los demandantes, declarando que Olmeda no fué culpable de negligencia contribuyente. De los hechos surge, a nuestro juicio, como una cuestión de derecho, la negligencia contribuyente de este demandante. Sus propias manifesta-ciones demuestran que conocía el cruce y sabía que no había allí barreras ni cadenas. Se ha demostrado que la vía estaba obstruida y se ha declarado por el ingeniero Totti, sin que su testimonio haya sido contradicho, que podía verse a tres metros de la misma. Las circunstancias que concurren en este caso demuestran, en nuestro sentir, que debió ejercitarse por el conductor del vehículo un cuidado especial al aproxi-marse al cruce. No parece, sin embargo, que el conductor del camión ejercitase ninguna otra precaución que la de caminar a una velocidad de seis millas por hora, sin que aparezca que mirase a un lado y otro de la vía y que tratase de mirar y escuchar. Conviene tener en cuenta que el camión iba bajando una pendiente para aproximarse al cruce y que-según declara pl testigo de los demandantes, Cornelio Cruz, el .truck hacía bastante ruido en la transmisión.

No compartimos el criterio de la corte sentenciadora en cuanto a la negligencia exclusiva de la demandada. Opinamos que la conducta de Francisco Olmeda, dejando de adoptar precauciones aconsejadas por la prudencia, constituyó nn factor sustancial y jugó nn papel importante en la produc-ción del accidente.

La corte inferior declara en sn opinión que aun cuando el demandante Francisco Olmeda hubiese sido culpable de negligencia contribuyente, esta negligencia no podría imputarse al demandante Pedro Mercado ni a Ernesto Ro-dríguez Feliú, hijo de la demandante Rosa Feliú, ni a Fernando García, dueño del camión. La apelante considera equi-vocada esta apreciación en el duodécimo de los errores seña-lados. Arguye la apelante que Pedro Mercado, que seguía el autocamión con un calzo para-colocarlo debajo de las ruedas e impedir que el carro retrocediera, se montó nuevamente en el vehículo antes de que el camión llegara a la vía. No vemos cómo puede imputarse negligencia contribuyente a Pedro Mercado, quien no podía anticipar que Olmeda, que guiaba el autocamión a una velocidad moderada, no habría de detenerlo antes de llegar a la vía. Ernesto Rodríguez estaba sentado al lado del conductor del vehículo. No hay prueba alguna en los autos tendente a demostrar que este pasajero fuese culpable de negligencia. Ni siquiera se probó que cono-ciese la vía y que tuviese conocimiento de que no había ca-denas, guardabarreras o cualquier otra protección en la misma.

En el caso de Domínguez v. P. R. Ry., Light & Power Co., 19 D.P.R. 1097, esta corte se expresó así:

“Mientras la regla general establecida por las decisiones en In-glaterra fué que la negligencia del conductor sería imputada a un pa-sajero en accidentes causados por la negligencia de un tercero a la cual contribuyó el conductor, y que esta doctrina fué adoptada por unas pocas decisiones inglesas y americanas, sin embargo, tales deci-siones han sido expresamente rechazadas luego en Inglaterrai desaprobadas por la Corte vSuprema de los Estados Unidos en el caso de Little v. Hackett, 116 U. S. 366; 6 S. Ct. 391; 29 L. Ed. 652, siendo hoy la regla general que la negligencia del conductor no será imputada al' pasajero cuando no tenía gobierno sobre dicho conductor. Es cierto, según sostiene la corte inferior, que como excepción a esa regla general la negligencia del conductor puede ser imputada al pasajero', cuando' teniendo éste oportunidad de des-cubrir y evitar el peligro mediante el ejercicio de un cuidado ordi-nario no lo descubre o evita, mas para que podamos llegar a la con-clusión de que la negligencia del chauffeur que conduce un automóvil pueda ser imputada al pasajero que viaja en un asiento de la parte trasera, es necesario que el demandado pruebe que las circunstancias fueron tales que el apelante tenía el deber de estar atento durante el viaje al paso a nivel existente en la carretera. No creemos que el solo hecho de que el demandante conocía la existencia de tal paso a nivel le impuso el deber de estar atento a él y de avisar al conductor del automóvil. El apelante aunque viajaba con un chauffeur, desco-nocido para él, tenía derecho a esperar que fuera precavido y pru-dente como la mayoría de los hombres y a confiar en su habilidad en el manejo del carro, siendo por otra parte muy difícil en tal clase de vehículos, conocer en un momento determinado, si un peligro puede evitarse o no con la rapidez en la marcha. El apelante co-menzaba su viaje con ese chauffeur y no se ha demostrado que hasta el momento del choque por el que redama, hubiera ocurrido algo que pusiera en duda su pericia o su prudencia. No creemos que ei apelante estaba obligado a vigilar todos los peligros que podían existir en el camino, ni aun los que conocía, y que debiera llamar la aten-ción sobre ellos en cada caso al conductor. Tampoco creemos que la regla de que el pasajero pudo ver y oír sea tan estricta que necesa-riamente haya de deducirse siempre que el pasajero vió y oyó, si no se prueba que en efecto miraba hacia el sitio peligroso.”

De la opinión emitida por la Corte Suprema de California en el caso de Marchetti v. Southern Pac. Co., 269 Pac. 530, copiamos lo siguiente:

“La opinión de la corte sentenciadora, concediendo una moción de nonsuit, ha sido transcrita en los autos en toda su integridad. Aparece por lo tanto que la orden fué concedida solamente sobre la base de que la evidencia demostraba que el finado fué culpable de negligencia contribuyente, siendo esta negligencia la causa próxima de su muerte. Opinamos que la corte incurrió en error. La evi-dencia sobre este punto UO' ha sido contradicha. El finado viajaba acompañando a C'onnors bajo la dirección de éste, y no tenía do-minio alguno sobre el manejo del automóvil en el cual ellos viajaban. No hay dirda alguna acerca de la negligencia de Connors al penetrar con su máquina en el cruce del tren sin tomar las precauciones de-bidas para observar si un tren se aproximaba o no. La negligencia del conductor de una máquina, sin embargo, no puede ser imputada a un pasajero en ausencia de cualquier evidencia que demuestre que el último ejercía algún’dominio sobre el conductor o que poseía el poder de vigilar o dirigir la forma en la cual el automóvil sería manejado. Bryant v. Pac. Electric Ry. Co., 174 Cal. 737, 164 Pac. 385; Irwin v. Golden State Auto Tour Corp., 178 Cal. 10; 171 P. 1059; Nichols v. Pac. Electric Ry. Co., 178 Cal. 730, 174 Pac. 319. En este caso' no hubo tal evidencia. El finado, como anteriormente hemos dicho, caminaba simplemente con Connors en la máquina del último, con el propósito de ocuparse en algunas cuestiones de negocios relacionadas con la propiedad de sus patronos. Connors era el ca-pataz de su patrono y el muerto estaba bajo sus órdenes. Connors tenía el dominio completo de la máquina y manejaba la misma sin ninguna ayuda o dirección de parte del finado. Si el finado, por lo tanto, fué culpable de negligencia contribuyente, tuvo que serlo por algún acto ya de comisión u omisión, que por sí mismo constituyera negligencia contribuyente. No hubo evidencia en el caso tendente a demostrar tal acto de negligencia de parte del finado. Todos los testigos convienen en que dicho finado estaba simplemente sentado en la máquina al lado de Connors y que miraba hacia adelante mientras ambos viajaban por la calle A y antes que ocurriera la colisión de su máquina con el tren de la demandada. Ningún testigo declaró, ni hay evidencia, de la cual pueda inferirse, que el finado ejerció o intentó ejercer dominio o dirección alguna sobre el manejo del auto-móvil por Connors.”

En el caso de Cunningham v. St. Louis, 9 S. W. (2d) 166, la corte se expresó así:

“Tócanos ahora resolver la cuestión de la negligencia contribu-yente de Mattie Cunningham. Puesto que ella era un pasajero en el automóvil no estaba obligada a usar el más alto grado de cuidado, como lo estaba el conductor, sino solamente aquel cuidado que una persona de prudencia ordinaria ejercería bajo las mismas o parecidas circunstancias. Asumiendo para el propósito de este caso que el conductor fué negligente al intentar cruzar la vía enfrente del tren que se aproxima rápidamente, que estaba plenamente a la vista, no puede atribuirse a ella la negligencia del conductor. Nuestra Corte Suprema ha dicho:
‘Estamos completamente de acuerdo con la doctrina de que el pa-sajero de un vehículo no puede abandonar el ejercicio de sus propias facultades y confiar su seguridad absolutamente al conductor, sin preocuparse de la inminencia del peligro o la visible carencia de or-dinario cuidado de parte del conductor para evitar' daño. . . Sin embargo', es una cuestión de conocimiento común que en circunstan-cias ordinarias tales pasajeros corrientemente confían en el conductor que tiene el exclusivo dominio y manejo del vehículo, ejerciendo el grado de cuidado necesario, y por esta razón las cortes no están justificadas en adoptar una regla invariable de que dichos pasajeros sean culpables de negligencia al hacerlo así. Cada, caso debe de-pender de sus propios hechos especiales.’ ”

Descartamos la contención de que Mercado y Olmeda po-dían obtener indemnización de su patrono o de la Comisión Industrial de acuerdo con la Ley de Indemnizaciones a Obre-ros. La ley no exime a an tercero de sus actos de negligencia ni prescribe un remedio exclusivo ante la Comisión Industrial en casos como el presente.

Los demás señalamientos de error se relacionan con la cuantía de los daños y perjuicios concedidos a cada deman-dante por la corte inferior y con la condena en costas a la parte demandada. Opinamos que las indemnizaciones no son excesivas y aceptamos la apreciación de la corte inferior en" tanto y en cuanto se confirma la sentencia apelada.

En cuanto al fallo sobre las costas, entendemos que debe subsistir en los casos de Pedro Mercado y Rosa Feliú, con-forme al pronunciamiento de la corte de distrito.

De acuerdo con las razones anteriormente expuestas, con-sideramos probada la negligencia de la corporación deman-dada y resolvemos que Francisco Olmeda, culpable de negli-gencia contribuyente, no puede obtener indemnización alguna, al igual que su patrono Fernando G-arcía, toda vez que Olmeda estaba en gestiones de negocio de este último. En lo que a esos dos demandantes concierne, las sentencias deben ser revocadas, y confirmadas en cuanto a Pedro Mercado y Rosa Feliú, madre de Ernesto Rodríguez.

El Juez Presidente Señor del Toro disintió en cuanto a la revocación de las sentencias dictadas en los casos de Fernando G-arcía y Francisco Olmeda.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    The National City Bank of New York, peticionario, v. Hon. Rafael Arjona Siaca, Juez de la Corte de Distrito de Humacao, demandado.
    No. 933.

    Sometido: Noviembre 6, 1933.

      Resuelto: Noviembre 28, 1933.

      JE. T. Fiddler y José G. González, abogados del peticionario; L. Llo-rens Torres, abogado de una de las partes en el pleito principal.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión envuelta en este caso es la de si el asegura-miento de sentencia decretado por la Corte de Distrito de Humacao pudo serlo sin fianza y pudo extenderse a ordenar la suspensión de una subasta y la entrega de la posesión de los bienes que debían subastarse al demandante.

El auto solicitado fué expedido y las partes interesadas radicaron alegatos e informaron oralmente. TJno de los ar-gumentos del demandante en el pleito en que la medida de aseguramiento fué adoptada para pedir a esta corte que anule el auto expedido fué el de que no se fia dado oportunidad al Juez de Distrito para decidir en primera instancia las cues-tiones suscitadas por vez primera ante esta Corte Suprema. ■Cita el caso de Las Monjas v. Corte de Distrito, 40 D.P.R. 294, 296, en el que esta corte por medio de su Juez Asociado-Sr. Wolf, se expresó así:

“De conformidad eon la Ley de marzo 10, 1904, este Tribunal queda autorizado para librar autos de certiorari en aquellos casos en que el procedimiento adoptado no está de acuerdo con las prescripcio-nes de la ley. La experiencia y la costumbre han demostrado que debe procederse parcamente al expedirse el auto. Aún más parca-mente debe invocarse nuestra facultad antes de que las cuestiones a dilucidar Rayan sido sometidas libremente a la corte inferior para su fallo. Por regla general, aun cuando el procedimiento adoptado no-esté de acuerdo con las prescripciones de la ley, debe dársele opor-tunidad a la corte de distrito' para corregir una actuación impro-cedente antes de reeurrirse a este Tribunal.”

Por los alegatos y los informes liemos podido cerciorarnos-de que las cuestiones envueltas son de importancia y por Ios-autos de que la corte de distrito no lia tenido la oportunidad de decidirlas después de argumentadas debidamente ante ella.

Es cierto que de modo positivo consignó la corte de-distrito en su orden que decretaba el aseguramiento sin fianza porque la solicitud constaba en documento auténtico, una hi-poteca sobre bienes muebles, solicitándose la nulidad del pro-cedimiento seguido para ejecutarla por ser anticonstitucional lá ley que lo autoriza y por tratarse en verdad, según apare-cía del propio documento, de una obligación de fianza no soli-daria. Pero eso lo dijo la corte el propio día en que se inició-el pleito y se pidió el aseguramiento y sin oír a la parte con-traria.

Otro de los argumentos que adujo la dicha parte deman-dante para pedir que se anulara el auto de certiorari expe-dido fué el de que existía el remedio ordinario de apelación contra la resolución de la corte de distrito de que se queja el banco demandante, existiendo además el procedimiento que fija la propia Ley de Aseguramiento de Sentencias que era el verdaderamente apropiado para ventilar en la corte a quo la cuestión que se suscita.

En efecto, la sección 14 de la Ley sobre Aseguramiento de 1902 expresamente determina que:

“Tocias las pretensiones que se dedujeren por cualquiera de las partes en el curso del juicio con relación al aseguramiento de sen-tencia, se sustanciarán en pieza separada, ciándose traslado a la parte contraria, con citación para una comparecencia ante cualquiera de los jueces, en la cual se propondrán y practicarán las pruebas que cada una ele las partes propusiere y fueren pertinentes, resolviéndose acto seguido por el tribunal la cuestión propuesta, sin que en ningún caso tales cuestiones sean obstáculos para la continuación del pleito principal. Entre la citación y la comparecencia de estos juicios verbales no mediará un término mayor de cinco años, y no se suspenderá la celebración de los mismos por ningún motivo.”

Previo el legislador el caso, y el procedimiento que fijó es el que debe seguirse a menos que circunstancias especia-lísimas que en este caso no concurren exigieran una interven-ción inmediata de esta corte por medio de un recurso extraor-dinario.

Decimos que esas circunstancias especialísimas no concu-rren en este caso concreto porque nos parece que el contrato mismo de hipoteca y la ley que lo autoriza ofrecen tal garan-tía sobre la conservación de la propiedad hipotecada que difícilmente podría arriesgarse a eludirla el deudor.

Bajo cualquier aspecto que el caso se considere, la lógica y justa resolución que se impone es la de anular el auto de certiorari expedido y devolver el pleito a la corte ele dis-trito de su origen para que continúe actuando en el mismo de acuerdo con la ley. Si el peticionario insiste en su crite-rio, podrá suscitar ante ella la cuestión o cuestiones que ha suscitado ante nosotros, teniendo así la corte no sólo la opor-tunidad de resolverlas como debe resolverlas en primera ins-tancia, si que además estando en mejores condiciones que nosotros para hacerlo, ya que en el juicio verbal que autoriza la ley especial sobre la materia es permisible la práctica de pruebas.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Manuel Arroyo Arroyo, acusado y apelante.
    No. 5060.

    Sometido: Noviembre 14, 1933.

      Resuelto: Noviembre 28, 1933.

      R. Rivera Zayas, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, alio-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Manuel Arroyo fué acusado de un delito de acometimiento y agresión consistente en haber acometido y agredido en la noche del 22 de abril de 1932, en Comerlo, con un bastón, a Manuel Morales, causándole una herida contusa en la frente. Alegó su inocencia y celebrado el juicio fue declarado culpable, imponiéndosele una multa de cincuenta dólares. No con-forme, apeló para ante este tribunal. Señala en su alegato la comisión de dos errores cometidos a su juicio por la corte, 1, al declararlo culpable de acometimiento y agresión, y 2, al apreciar la concurrencia de la agravante del bastón.

Hemos examinado cuidadosamente la prueba practi-cada. La de cargo demuestra de modo preponderante que en la noche del 22 de abril de 1932 había muchas personas reu-nidas en una de las calles de Comerlo frente a una casa en qne se verificaban inscripciones de electores; que dos mu-chachos se fueron a las manos excitándose con tal motivo los ánimos, y el acnsado, perteneciente a un partido político, aco-metió y agredió con un bastón que portaba a Manuel Morales, perteneciente a otro partido político, causándole una he-rida en la frente, y casi inmediatamente otra persona lanzó una piedra contra el acusado que lo hirió en la cabeza. Hay algunas manifestaciones también en la prueba de cargo que tienden a demostrar que el acusado usó su bastón después de recibir la pedrada. La prueba de descargo tiende a demos-trar que el acusado no sólo había sido ya herido cuando hizo uso del bastón contra Morales si que actuó después de ser atacado por éste.

La corte de. distrito resolvió el conflicto dando crédito a la prueba de cargo demostrativa del acometimiento y agre-sión por parte del acusado sin que fuera aún agredido por nadie y menos por Morales. Se advierte por sus preguntas el cuidado que puso el juez en averiguar cuál versión era la cierta y el acusado no nos ha convencido de que errara al declararlo culpable. No existe el primer error.

La acusación claramente imputa el delito de acometi-miento y agresión con agravantes. Expresamente alega que el instrumento usado fué un bastón. Cumple con lo exigido en el estatuto, Sección 6, No. 6, de la Ley sobre Acometimiento y Agresión de 1904, Leyes de 1904, p. 42, tal como se interpretó por esta Corte en el caso de El Pueblo v. Marini, 22 D.P.R. 11. El bastón usado por el acusado se describe por uno de los testigos de cargo, así: “El bastón era un bastón largo, que tenía una varilla de hierro por dentro. Estaba forrado de badana,” y a él refiriéndose dijo el agredido Morales: “Con un bastón que tiene algo como alrededor de media libra de peso sobre la parte adonde se empuña.” El propio acu-sado al declarar lo llama bastón. Además se presentó como prueba, de suerte que pudo ser examinado directamente por el Juez.

Al argumentar su señalamiento de error sostiene el acusado que no se trataba de la clase de bastón que exige la ley porque la Corte consideró, al absolver al acusado de otra acusación que contra él se formulara, que no constituía un-arma prohibida.

No es necesario que el bastón sea arma prohibida. La agravante no consiste en que el instrumento sea susceptible de causar grave daño corporal. Expresamente dijo el legis-lador en el No. 6 de la sección 6 de la Ley de 1904 que hemos citado: ‘£ Cuando el instrumento o los medios que se emplean fueren tales, que infirieren deshonra a la persona agredida, como acometimiento y agresión con foete, azote o bastón.” Es la deshonra que el instrumento usado lleva consigo lo que constituye la agravante.

No existiendo tampoco el segundo y último de los errores señalados, procede la confirmación de la sentencia recurrida.


author: Iüi, Juez Presidente Seños, del Tobo,

text:
    Central Victoria, Inc., demandante y apelada, v. William P. Kramer, Jefe del Servicio Forestal Insular, demandado y apelante.
    No. 5221.

    Sometido: Mayo 10, 1932.

      Resuelto: Noviembre 28, 1933.

      Hon. Procurador General Benjamín Horton (James R. Beverley en el alegato) y M. lloclríguez Serra, Procurador General Auxiliar, abo-gados del apelante; Cayetano Coll y Cuchi, abogado de la apelada.
   Iüi, Juez Presidente Seños, del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

La sentencia en este caso se dictó el 16 de mayo, 1928. Diez días después fué apelada.

El 20 de enero, 1930, el taquígrafo de la corte sentencia-dora expidió, a los efectos del perfeccionamiento de la apela-ción, una certificación que dice:

Certifico : — Que la anterior es una transcripción fiel y exacta de la evidencia testifical presentada por las partes en este caso; y no de la documental por habérseme hecho entender por el Departa-mento de Justicia que será remitida original al Hon. Tribunal Supremo de Puerto Rico.”

Cebo días más tarde, en enero 28, 1930, el Juez senten-ciador autenticó la transcripción así:

“CeRtifica: Que la precedente es una transcripción fiel y exacta de la evidencia oral presentada por las partes en el presente caso y de todos los procedimientos y actuaciones de esta Corte durante el juicio del presente caso; y que la misma ha sido aprobada por la Corte previa audiencia de ambas partes, las que no ofrecieron obje-ción alguna.”

La transcripción quedó radicada en la Secretaría de esta Corte Suprema el 4 de febrero, 1930, acompañándose a la misma una certificación expedida el 3 de febrero, 1930, por ol Secretario de la corte sentenciadora que comienza así: .

‘ ‘ CeRTifigo : Que durante la vista del juicio oral de este caso, que tuvo lugar el día 13 de abril de 1928, se presentó, y fué admitida por la Corte, la siguiente PRUeba documental:
"Bor la demandante: Exhibit No. 1. Escritura. No. 52, otor-gada en 3 de agosto de 1928, ante el Notario Gustavo Cruzado Silva, por Luis Rubert y O'atala y. su esposa doña Antonia Armstrong y Mayoral, y don Pedro Giusti y su esposa doña María Giusti a favor de Central Victoria, Inc., sobre compraventa e hipoteca.”

Signen describiéndose de igual modo los Exhibits 2 a 15 y 19 a 35 del demandante, sin hacerse referencia alguna a los Exhibits 16, 17 y 18. Continúa la descripción por el mismo estilo de los Exhibits A a I del demandado y termina el do-cumento como sigue:

“Y, Certifico, asimismo', que todos los documentos antes relacio-nados son los que se acompañan con la presente certificación y for-man parte de los autos del caso, la que expido a petición del Hon. Attorney General de Puerto Rico, para ser remitida al Hon. Tribunal Supremo, ...”

La parte apelante formuló su alegato el 15 de mayo, 1930, y la parte apelada el suyo el 10 de febrero, 1931.

El 17 de febrero, 1931, se celebró la vista del recurso. Del acta de la misma levantada por el secretario consta lo que-sigue:

"Informaron en contra y en pro de la sentencia los abogados M. Rodríguez Serra, Subprocurador General y C. Coll Cuchí; el pri-mero fué autorizado para traer una certificación creditiva de la inter-vención del Juez de Distrito en cuanto a la elevación de pruebas do-cumentales originales y se concedió a dicho fin un término de tres días e igual término se concedió al apelado para que establezca por escrito qué documentos originales no han sido elevados.”

El 9 de marzo, 1931, se expidió por el juez sentenciador una certificación que dice:

"El que SUSCRIBE, Juez de la Corte de Distrito de San Juan, cer-tifica :
‘ ‘ Que el juicio de este caso fué celebrado ante el Juez suscribiente, quien dictó sentencia que ha. sido apelada ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
"Que a principios del año 1930 las partes litigantes presentaron al suscribiente una estipulación escrita, cuyo propósito, en substan-cia, era: que la prueba documental presentada durante el juicio por ambas partes fuera remitida, tal como se presentó, o sea los documen-tos originales, al Tribunal Supremo, a los efectos de la apelación en vez de ser transcritos; y el propósito que se perseguía con la estipu-lación era, según ambas partes manifestaron al suscribiente, acelerar la sustanciación del recurso, toda vez que la extensión extraordinaria de los documentos admitidos y ofrecidos en el juicio-, exigiría largo tiempo para la preparación de la transcripción de toda la evidencia, cosa que deseaban evitar. Que se ha hecho-, por orden del suscri-biente, una cuidadosa investigación en la oficina del Secretario de esta C'orte con el objeto de encontrar el original de la estipulación entre ambas partes litigantes en este caso, sin resultado, por lo- que se lia llegado a la conclusión de que dicbo documento se ba extra-viado. Que dicha estipulación fué aprobada por el Juez suscribiente, l>or creerla fundada en motivos razonables.
11 CertifiCA, además, que la descripción de la prueba documental, certificada por el Secretario Auxiliar de esta Corte, Sr. Pedro del Manzano, que fué elevada con los autos y transcripción de 'la evi-dencia al Tribunal Supremo, es una transcripción correcta de la prueba documental presentada, según puede comprobarse, leyend.o la transcripción de la evidencia.
“CeRtipioa, además, que los documentos que se acompañan a la presente certificación corresponden a los Exhibits Nos. 16 y 17 del demandante que no fueron incluidos entre los enviados con la trans-cripción, no apareciendo en los autos el Exhibit No. 18, a pesar de habérsele buscado cuidadosamente.
“Y a petición de la parte demandada y a los fines de presentarlaal Tribunal Supremo de Puerto- Pico, expido- la presente en Ran Juan de Puerto Rico, a los 9 días del mes de marzo de 1931. (Fdo.) C. Llauger Díaz, Juez de Distrito.”

El 4 de marzo, 1932, se señaló una nueva vista para el 10 de mayo, 1932. El 10 de mayo sólo compareció la parte ape-lada por su abogado. Solicitó oralmente la desestimación del recurso por no haberse preparado la transcripción de los autos de acuerdo con la ley. ■

La certificación expedida por el taquígrafo y aprobada por el juez comprende toda la prueba oral que se produjo en el juicio. La prueba documental se presentó durante el examen de los testigos, y consta en la transcripción el momento pre-ciso en que se iban presentando los documentos.

Hemos comparado dicha transcripción con la certificación expedida por el secretario el 3 de febrero, 1930, y con la li-brada por el juez el 9 de marzo, 1931, y está conforme con ellas. Sólo falta el documento No. 18 del demandante que fue un plano levantado por su testigo agrimensor Aniceto Díaz.

Siendo ésa la forma en que los autos lian sido ele-vados, ¿ha puesto la parte apelante a esta corte en condiciones de resolver el recurso establecido?

La Ley No. 70 de 1911 para enmendar los artículos 92, 123, 227 y 299 del Códig’o de Enjuiciamiento Civil, prescribe que: “Constituirá el récord de una apelación, la certificación que librará el secretario del tribunal a quo o los abogados de las partes, del legajo de la sentencia y de la notificación de la apelación.”

Sobre la parte del legajo de la sentencia que contiene las alegaciones no hay cuestión en este caso. Ha sido certificada por el secretario. Tampoco la hay con respecto a la prueba testifical. Ha sido certificada por el taquígrafo y aprobada por el juez. Es con respecto a la prueba documental que surge la cuestión.

El artículo 299 tal como quedó enmendado por la dicha Ley No. 70 dispone que: “Cuando sea necesario para una co-rrecta inteligencia y resolución del asunto, que algún mapa, documento original o exhibit de cualquier clase, que no sea susceptible de reproducción por medio de copia, fotografía o de otro modo, sea presentado al examen e inspección de la Corte Suprema, se hará una descripción del mismo, y el se-cretario de la corte a quo, después de autenticar dicho mapa o documento original o exhibit, bajo su firma y sello de la corte, remitirá el mismo al secretario de la Corte Suprema, haciendo constar que se ha hecho parte del record del asunto. ’ ’

La certificación que originalmente se acompañó a la trans-cripción era manifiestamente insuficiente. ¿Quedó perfeccio-nada por la certificación expedida más tarde por el juez?

No hay duda alguna que los documentos consistentes en planos pudieron enviarse originales de acuerdo con la ley, pero el envío original de las escrituras y de las certificaciones expedidas por el registrador y el Comisionado del Interior no está justificado en modo algnno. Es nna práctica no au-torizada por la ley ni por los precedentes.

Sin embargo, como la autenticidad de los documentos ba quedado demostrada y como la misma parte que solicita ahora la desestimación estipuló que dichos documentos pudieran re-mitirse a la Corte Suprema en la forma en que lo han sido, nos inclinamos a ejercer nuestra discreción permitiendo que el recurso continúe, sin que esta resolución pueda invocarse en el futuro como un precedente a seguir.

Ahora bien, ¿qué efecto puede tener la falta del Exhibit 18? Dicho Exhibit es un plano que se presentó como com-plemento o resultado de la declaración de un testigo agrimen-sor, y según la opinión que del caso hemos formado su falta-no dañará los intereses de la parte que lo presentara.

El pleito en su fondo versa sobre quién debe ocupar y disfrutar cierta porción de terreno que colinda al Norte con el canal de Suárez y al Oeste con la laguna de San José. Sos-tiene la demandante que dicha porción es parte de una finca que legítimamente le pertenece por título de compra, habiendo estado en posesión de la misma por sí y por sus causantes por espacio de más de treinta años sin interrupción de .clase alguna hasta el momento en que el demandado penetró vio-lentamente en ella cortando y vendiendo leña y oponiéndose al ejercicio del derecho dominical de la demandante. Y alega el demandado que la porción pertenece al Pueblo de Puerto Rico y que él está en posesión de la misma como jefe que es del Servicio Forestal. Alegó además que la corte carecía de jurisdicción porque El Pueblo era la verdadera parte intere-sada y no había prestado su consentimiento para ser deman-dado.

La cuestión jurisdiccional quedó resuelta en el sentido de que podía proseguirse el pleito contra el demandado (Central Victoria v. Kramer, 35 D.P.R. 183) y pesando la evidencia aportada por ambas partes en el acto del juicio, la Corte de-cklió el pleito en'favor de la demandante. En su relación del caso y opinión se expresó, en parte, así:

“De toda la prueba practicada, la Corte considera que se ha pro-bado, que la demandante deriva su derecho a los terrenos que describe en su demanda, de un don José Suárez, que allá para el día 5 de octubre de 1875, era dueño' de varias parcelas de terreno', según aparece de la extensa certificación expedida por el Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección 2a., y que creemos innecesario copiar en esta opinión. También considera la Corte probado, que estas parcelas de terreno de que aquí se hace mención y por virtud de sucesivas transacciones, fueron transmitidas, hasta llegar a poder de la corporación demandante, que tiene sus títulos inscritos en el Registro de la Propiedad; y que de acuerdo con toda la prueba, tanto. oral como documental, la demandante ha estado- siepipre en el libre goce y la pacífica posesión de la finca que se describe en la demanda, sin haber sufrido interrupción de ninguna clase en su posesión.”

Hemos estudiado cuidadosamente los autos y a nuestro juicio procede la confirmación de la sentencia apelada no ya por el mérito de las alegaciones y de la prueba de la parte demandante, si que por el de la evidencia aportada por la propia parte demandada.

No hay duda alguna de que la porción de tierra en dis-puta, que comprende cerca de trescientas cuerdas parte de mangle, parte de maraguey y parte de pastos, llegó a la pro-piedad y posesión de la demandante a virtud de sucesivas transferencias hechas constar en escrituras públicas inscritas en el Registro de la Propiedad figurando siempre en ellas las colindancias del canal y la laguna por el Norte y el Oeste respectivamente, verificándose la primera inscripción el 30 de mayo de 1881 a favor de José Suárez. Y tampoco la hay comparando las escrituras, los certificados de inscripción y los planos presentados por la parte demandante con el plano-topográfico de los terrenos de Cangrejos Arriba de la pro-piedad de la Real Hacienda levantado en 1859 por el agri-mensor José Antonio Calderón, con el plano levantado en 1864 por el propio Calderón de una porción de terreno baldío con-cedida a José Suárez, con el plano del lote No. 2 de los te-rrenos del Hato de Cangrejos Arriba propiedad de José Suarez constante de más de cuatrocientas cuerdas levantado en 1873 por el agrimensor Juan Horta y con el expediente de la Inspección de Montes iniciado en junio de 1885, sobre averi-guación de si pertenecen a don .Bernardo Suárez unos man-glares en la jurisdicción de Carolina — que constituyen los Exhibits F, G, H e I del demandado — que la porción de que se trata fue vendida por la Real Hacienda al primitivo causante de la demandante.

Del indicado expediente resulta que en junio 12, 1885, don Bernardo Suárez como representante legal de sus menores hijos habidos en su matrimonio con doña María de Jesús Urru-tia, por su propio derecho y por encargo de don José Suárez y don Caspar Bariola se dirigió al Gobernador General de la Isla exponiéndole:

“Que el último de los citados, Bariola, es dueño de unos terrenos que remató la Hacienda y adjudicó a D. José Suárez, quien los ven-dió a Da. Ma. de Jesús Urrutia y ésta al referido- Bariola, compuesta del lote número dos del Hato de Cangrejos, los cuales tienen colin-■dancia con la laguna de Cangrejos y Canal, denominado de Hoyo Muías, según consta de la escritura pública que en testimonio acom-paña. a calidad devolutiva por necesitarla para otras operaciones.
“Habiendo visto en la Alcaldía de la Carolina un anuncio para la subasta del aprovechamiento de los manglares por la inspección de Montes como quiera que han sido satisfechos al Estado los terre-nos que los comprende, por cuya causa y la de que el citado Canal es obra del hombre y na de la naturaleza, no está comprendido en la Ley de aguas: acudo
“Suplicando se digne mandar, que se suspenda el remate mencio-nado, y se respete la propiedad particular, toda vez que vendida pol-la Hacienda Pública, corresponde su usufructo única y exclusiva-mente a sus legítimos dueños, que los hubieron de buena fe y han pagado y pagan por ellos sus contribuciones.”

Mandado a investigar el asunto con inclusión de sus ante-cedentes, fué devuelto en agosto 11, 1885, al Gobernador General con un informe firmado por César de Guillerna del Cuerpo Nacional de Ingenieros de Montes de la Inspección de Puerto Rico, que dice:

“En el expediente general de la venta del Hato de Cangrejos, arriba, que lia sido remitido a esta Inspección para que pueda in-formar respecto a una reclamación formulada por D. Bernardo Suá-rez oponiéndose al arrendamiento de más manglares en la. laguna de la ‘Torrecilla’ o Mata Redonda que dice que le corresponden por for-mar parte del lote No. 2 por él subastado a la Hacienda, resulta que si bien el anuncio de subasta de los diversos lotes, en que se dividió para su enajenación el expresado Hato no se incluyeron los mangla-res al hacer la entrega de los mismos el encargado de medirlos in-cluyó en cada uno la parte de manglar que había contigua conside-rando lo escaso de cabida.
“Las oficinas de 'Hacienda aceptaron las operaciones del perito y dieron posesión de todo lo que éste había comprendido' en sus ope-raciones con lo cual vendió sin previo acuerdo ni autorización los manglares que son playas según el título Io. de la Ley de Aguas para realizar lo cual hubo de asignarse a la superficie de éstos un valor por unidad muy distinto al aceptado en la subasta.
“La venta de estos manglares por anómala que pueda aparecer en la forma que se llevó a cabo está hecha y de ella no son ni pue-den ser responsables los que los han comprado de buena fe.
“Hay que lamentar ^que por haberse enajenado lo que con arre-glo a la Ley de Aguas son playas y por tanto, del dominio nacional sin dar conocimiento ni a las autoridades de Marina ni a esta Ins-pección a cuyo cargo han estado o están los manglares se haya mo-lestado a los interesados exigiéndoles la presentación de documentos y que se haya puesto en duda un derecho que tienen legítimamente adquirido.
“Como por anómalo que pueda ser la enajenación de los mangla-res que lindan con el Hato de Cangrejos arriba ésta resulta hecha por la Hacienda en nombre del Estado, esta Inspección tiene el honor de proponer a Y. E. acuerde que la parte de manglar adqui-rida por el Sr. Suárez que linda con el lote No. 2 por él adquirida, se excluya del inventario de los que pertenecen al Estado y que se suspenda la subasta del aprovechamiento' de dicho manglar.”

En agosto 18, 1885, el Gobernador General Dabán aprobó el informe, comunicándose a la Inspección de Montes lo que sigue:

“De orden del E. S. Gr. Gr. pongo en conote, de Y. S. que con esta fecha se ha trascrito a la Alcaldía de la Carolina como resolun. de este G/ el oficio de esa Inspn. No. 360 de fecha 11 del corrte., re-lativo a reconocer a D. Bernardo Suárez la propiedad de unos man-glares de aquella jurisdic.”

Siendo ello así, no le es posible en los actuales momentos al sucesor de la Corona de España en el dominio de las tie-rras públicas de Puerto Rico disputar la propiedad de la por-ción de terreno en cuestión en este pleito, la mayor parte de la cual según la prueba no es ya manglar sino tierra apro-vechada como pasto.

Podría levantarse alguna cuestión con respecto a la facul-tad del Gobernador General para ratificar la venta de lo que entonces era manglar, pero es lo cierto que aunque se conclu-yera que no la tenía, habría que reconocer que los causantes de la demandante habían ya adquirido un título por pres-cripción cuando se verificó el cambio de soberanía, constando como consta que entraron en la posesión como dueños a título de compra desde 1873. Véase la R. O. No. 469 de agosto 20, 1888, publicada en la Gaceta de Puerto Rico en octubre 11, 1888. Fajardo Sugar Growers Ass’n. v. Kramer, 45 D.P.R. 348, 365.

Bajo cualquier aspecto, pues, que el caso se considere es necesario reconocer que la razón está de parte de la deman-dante. Procede en tal virtud la confirmación de la sentencia recurrida.


text:
    Juan Ortiz Pericchi, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido. El Mismo v. El Mismo.
    Nos. 899 y 900.

    Sometidos: Noviembre 6, 1933.

      Resueltos: Noviembre 28, 1933.

      Juan J. Toro, abogado del recurrente; el registrador recurrido com-pareció por escrito.

       Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Están estos recursos gubernativos tan estrechamente re-lacionados que estudiaremos las cuestiones en ellos envueltas en una sola opinión.

Dueños José Claudio y su esposa María Rosario Cruz y Galarza de ciertas fincas, las hipotecaron a favor de Juan Ortiz Pericchi en garantía de cierta cantidad que el segundo prestara a los primeros. Vencida y no satisfecha la obliga-ción garantizada, el acreedor inició en la Corte de Distrito de Ponce el 10 de abril de 1933 el procedimiento sumario que autoriza la ley para la - ejecución de la hipoteca. El 11 del propio abril se requirió de pago a los deudores y el 28 de junio siguiente se ordenó la venta de la propiedad gravada. Anunciada la venta en los sitios públicos de costumbre de Ponce y San Germán y mediante los correspondientes edictos publicados en el periódico “El Día” en sus ediciones corres-pondientes al 20 de junio y al 5/ 11 y 17 de julio de 1933, se procedió a efectuarla en la fecha señalada o sea el 18 de ju-lio de 1933, adjudicándose las fincas hipotecadas al acreedor, único licitador que se presentara. El propio día 18 de julio el márslial otorgó escritura pública a favor del comprador, y presentado el documento en el Registro de la Propiedad de San Germán, el registrador se negó a inscribirlo por nota de agosto 28, 1933.

Como apareciera que los dueños de las fincas hipotecadas las vendieran a Pedro Claudio y a su esposa Rosario López Ortiz por escritura de julio 15, 1933, que se inscribió en el Registro, el comprador solicitó de la Corte de Distrito de Ponce que ordenase la notificación correspondiente a los dichos Pedro Claudio y su esposa, a fin-de que en el término de diez días procedieran a satisfacer el montante de la hi-poteca, apercibidos de que si así no lo hiciesen se ordenaría la cancelación de su inscripción de compra pendiente el pro-cedimiento. Accedió la corte, se notificó a los compradores y 'transcurrido el término sin que liberaran su finca, el acreedor-comprador se dirigió de nuevo a la corte pidiéndole que or-denara la cancelación. Así lo hizo la corte de distrito el 29 de agosto de 1929, basándose en el artículo 71 de la Ley Hi-potecaria y en la decisión de esta Corte Suprema en el caso de Arroyo v. Zavala, 40 D.P.R. 269. Expedido mandamiento al registrador, éste, por.nota de septiembre 6, 1933, se negó a verificar la cancelación que se le ordenaba.

No conforme Ortiz Periechi con las notas de agosto 28 y septiembre 6, 1933, interpuso contra ellas estos recursos gu-bernativos en los que tanto el recurrente como el registrador han presentado amplios alegatos sosteniendo sus posiciones respectivas.

Cuando en 28 de agosto de 1933 el Registrador se negó a inscribir la escritura de 18 de julio de 1933 otorgada por el márshal a favor de Ortiz Periechi, aun no había recibido el mandamiento de la Corte de Distrito de Ponce. Según el re-gistro las fincas constaban inscritas a nombre de persona dis-tinta de aquélla en cuya representación había actuado el már-shal, y su negativa, en tal virtud, está enteramente justificada por ese solo fundamento. Todas las otras consideraciones que se hacen constar en la nota pueden estimarse innecesarias y debe prescindirse de ellas. En tal forma la nota de agosto 28, 3933, deberá confirmarse.

La de septiembre 6, 1933, deberá ser revocada. Dice:

“Denegada la cancelación de las inscripciones a que se refiere el documento que precede, por observar que habiendo sido denegada la inscripción de la escritura de venta judicial No. 82, otorgada en I>onee a 18 de julio último ante el Notario Fernando1 2¡apater Mar-tínez, como consecuencia del procedimiento ejecutivo seguido por Juan Ortiz Pericchi en cobro de crédito hipotecario contra José Claudio y su esposa, por los fundamentos que constan de la nota puesta al calce de dicha escritura, y teniendo este mandamiento ahora pre-sentado su origen en aquel documento, no es posible hacer las cance-laciones que se interesan en el mismo-; observando además que no se ha seguido el procedimiento de ley que establecen los artículos 1.28 y 129 de la vigente Ley Hipotecaria, porque las fincas subastadas son en la actualidad y lo eran al ejecutarse de la propiedad en le-gítimo dominio de Pedro Claudio Cruz, persona distinta de José Claudio y su esposa, habiéndose seguido por el contrario el procedi-miento que establece el artículo 71, inciso 2 de dicho texto legal, siendo como es Pedro Claudio un tercero en concepto hipotecario, no pendente lite, pues no resulta del Registro que se hubiese anotado de-manda alguna ni embargo de las fincas subastadas

El argumento básico del registrador consiste en que no habiéndose anotado en el registro la iniciación del procedi-miento ejecutivo hipotecario, no cabe sostener que Pedro Claudio y su esposa sean compradores pendente lite, no siendo, por tanto, de aplicación el artículo 73 de la Ley Hipotecaria, sino los 128 y 129 de la misma.

La exacta cuestión en controversia fué decidida en sentido' contrario al criterio del registrador por esta Oorte Suprema en el caso citado por la corte de distrito para dictar su orden mandando cancelar la inscripción causada por la compra he-cha después de iniciado el procedimiento hipotecario, a saber: Arroyo v. Zavala, 40 D.P.R. 269.

La opinión de la corte fué emitida por su Juez Asociada Sr. Texidor. Decide, como se expresa en el resumen, que:

£IE1 comprador de un inmueble hipotecado, con hipoteca vencida según la inscripción lo indica, no puede hacer valer el carácter de tercero, en lo que a la ejecución de la hipoteca afecta.
“No siendo el comprador de un inmueble hipotecado' con hipo-teca vencida según la inscripción — compra durante el término del re-querimiento de pago en procedimiento ejecutivo hipotecario — un ter-cero protegido por los artículos 17 y 30 de la Ley Hipotecaria, la inscripción del traspaso a su favor no tiene otra eficacia legal que la que tenía la inscripción a favor de su trasmútente y está sujeta a los mismos riegos que ésta.
“Como el comprador de un inmueble hipotecado, con hipoteca vencida según la inscripción, se halla, por virtud de la subrogación, en idénticas condiciones legales que el que le trasmitió, fundida la' personalidad del primitivo deudor en la de dicho comprador, y nada de lo que ocurra con la obligación garantizada le puede ser ajeno o extraño, él es un comprador pendente lite y tiene cono'cimiento pre-sunto del vencimiento de la hipoteca y de los procedimientos suma-rios para su cobro.
“Cuando requerido de pago el deudor en procedimiento sumario hipotecario aquél vende la propiedad hipotecada, el adquirente en el remate no tiene forzosamente que s'eguir pleito alguno contra el comprador del inmueble; visto la sección 2 de la Ley para la ejecu-ción de sentencias (Comp. 5296) y la autoridad que crea el artículo 36 del Código de Enjuiciamiento Civil, el conflicto puede resolverse aplicando el procedimiento del artículo 71 de la Ley Hipotecaria.”

A esas conclusiones se llegó después ele un amplio estudio de los lieclios y la ley envueltos y los argumentos del Regis-trador no nos convencen de que estén equivocadas.

Verificada la cancelación, desaparecerá en el registro el estado de lieclio y de derecho que llevó justificadamente al registrador a su primera negativa. El recurrente podrá en-tonces presentar otra vez su documentación, satisfaciendo por supuesto los derechos que fije el arancel, y obtener la inscrip-ción de su título, a no ser que no proceda su inscripción por algún otro motivo.

El Juez Asociado Señor Hutchison disintió en cuanto a la revocación.