author: El Juez Asociado Señoe De Jesús

text:
    Casanovas & Cía., Sucrs., Inc., v. Hons. Juan Enrique Soltero, Julio N. Matos y Ulpiano E. Colom, en su carácter de miembros del Tribunal de Apelación de Contribuciones de Puerto Rico, demandados.
    Núm. 1295.

    Sometido: Junio 24, 1942.

      Resuelto: Noviembre 18, 1942.

      O scar Souffront, abogado de la peticionaria; non. Procurador General George A. Malcolm y M. Rodrigues Ramos, Procurador General Auxiliar, abogados del Tesorero Insular, interventor.
   El Juez Asociado Señoe De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El primero de noviembre de 1938 el; Departamento de Hacienda notificó a la peticionaria ciertas deficiencias en su contribución sobre ingresos correspondiente a los años natu-rales de 1932, 1933 y 1934, montante dicha deficiencia en el primero de dichos años a $223.06, en el segundo a $275.89, y a $1240.31 en el tercero. Recurrió la contribuyente para ante la Junta de Revisión e Igualamiento y fundamentando su alzada en lo que a los años de 1932 y 1933 respecta, se-ñaló como error el haber rechazado el Tesorero de Puerto Rico la deducción del sueldo de su presidente, ascendente a $2,400 anuales, y en haber rechazado para el año 1934 la de-ducción de igual cantidad por idéntico concepto, más $1,200 correspondientes al sueldo anual del secretario de la corpo-ración, así como el crédito de $3,000 que autoriza la ley a favor de corporaciones y sociedades domésticas, más $350 de depreciación de edificios. La vista del recurso se celebró en la Junta de Revisión e Igualamiento el 18 de febrero de 1941, pero habiendo sido abolida la junta antes de dictar su deci-sión, en cumplimiento de la Ley núm. 172 de 13 de mayo de 1941 ((1) pág. 1039), el expediente del caso fue remitido al Tribunal de Apelación de Contribuciones, el que, sin oír prueba de clase alguna y basándose en las constancias obran-tes en el expediente de la junta abolida, el 28 de abril de 1942 dictó una decisión que fue registrada el primero de mayo de 1942, dejando en pie en todas sus partes la resolu-ción del Tesorero.

No conforme con la decisión del Tribunal de Apelación de Contribuciones, el 28 de mayo de 1942 la contribuyente inter-puso el presente recurso de certiorari en el que intervino el Tesorero de Puerto Rico. Posteriormente, o sea el 3 de ju-nio último, el Tribunal de Apelación de Contribuciones en-mendó la decisión recurrida, admitiendo la deducción del cré-dito de $3,000'que babía rechazado el Tesorero, correspon-diente al año 1934. Con tal motivo y habiéndose renunciado por el recurrente a la reclamación de $350 por razón de de-preciación de edificios, la cuestión a resolver queda reducida a determinar si constituyó o no error el negarse la deduc-ción del sueldo del presidente y del secretario durante los tres años en controversia.

El Tesorero, por su parte, presentó una moción solici-tando que se anulase el auto de certiorari expedido, por ca-recer este tribunal de jurisdicción para conocer del mismo, (а) porque según él el procedimiento de “apelación por cer-tiorari” seguido por la peticionaria no es el procedente; (б) porque aun cuando dicho procedimiento fuese procedente, el peticionario no habría cumplido con el requisito jurisdic-cional de pagar la contribución determinada como correcta por el Tribunal de Apelación de Contribuciones antes de acudir a la Corte Suprema; y (c) porque aun cuando esta corte tuviese jurisdicción y el procedimiento seguido fuese el procedente y se ajustase a los requisitos legales, la petición de certiorari no expondría hechos constitutivos de causa de acción, por cuanto a través de dicho remedio se trata de ob-tener la revisión de conclusiones de hecho a que llegara el tribunal recurrido, sin que aparezca que dicho tribunal haya cometido error alguno revisable por certiorari.

La cuestión suscitada en primer término por el Tesorero, o sea si el procedimiento para revisar la decisión del Tribunal de Apelación de Contribuciones es el de apelación por certiorari o si debe recurrirse a la apelación ordinaria que autoriza el Código de Enjuiciamiento Civil contra las sentencias de las cortes de distrito, ha sido ya resuelta por este Tribunal en contra del Tesorero en el caso de Mayagüez Sugar Co. v. Tribunal de Apelación de Contribuciones de Puerto Rico, 60 D.P.R. 753, y a lo dicho entonces nada tenemos que agregar ahora.

Consideremos la segunda cuestión suscitada por el Tesorero. La sección 57 de. la Ley de Contribuciones sobre Ingresos, según quedó enmendada por la Ley núm. 23, aprobada el 21 de noviembre de 1941 ((2) pág. 73), en parte prescribe :

“. . . Cuando habiéndose recurrido para ante el Tribunal de Ape-lación de Contribuciones de Puerto Rico en la forma dispuesta por esta Ley, dicho tribunal determinare que existe una deficiencia, la cantidad determinada por el Tribunal será impuesta por el Tesorero con intereses a razón del seis (6) por ciento anual desde la fecha prescrita para el pago del primer plazo de la contribución, y deberá ser totalmente satisfecha por el contribuyente a requerimiento del Tesorero.” (Leyes 1941, Sesión extraordinaria, pág. 83.)

La sección 76, según fué enmendada por la misma Ley núm. 23, en lo pertinente dice:

“Sección 76. — (a) Cuando un contribuyente no estuviere con-forme con la deficiencia o parte de la deficiencia determinada por el Tribunal de Apelación de Contribuciones de Puerto Rico de acuerdo eon'la sección 57 (b) de esta Ley, estará, no obstante, obligado a pa-garla totalmente, y si deseare apelar para ante la Corte Suprema de Puerto Rico en la forma dispuesta por ley, al efectuar el pago pro-testará la parte de la deficiencia con la cual no estuviere conforme y pedirá al colector o funcionario recaudador que consigne su protesta al dorso del recibo de pago, indicando específicamente la parte de la Contribución que se paga bajo protesta, y tal recibo o copia certificada del mismo deberán formar parte de su escrito de apelación para ante la Corte Suprema, requisito sin el cual no tendrá jurisdicción dicha corte.” (Id. pág. 89.)

En el presente caso, al radicarse la petición de certiorari en este Tribunal el 28 de mayo de 1942, el Tesorero de Puerto Rico no había procedido a imponer y cobrar la deficiencia por él determinada, de conformidad con lo prescrito en la sección 57, supra, y la Regla de Práctica núm. 43 del Tribunal de Apelación de Contribuciones. Por esa razón no babía po-dido la peticionaria pagar la contribución. Lo hizo el 9 de junio siguiente, es decir, dentro de los diez días que le con-cedió el Tesorero al notificarle la imposición de la contribu-ción. Una vez verificado el pago, la peticionaria, el 12 de junio, radicó en este Tribunal una “Alegación Complementa-ria” acompañada de los recibos de contribuciones, consig-nándose oficialmente en relación con cada uno de ellos la cantidad pagada bajo protesta. Enterados los abogados del Tesorero del motivo qíie impidió a la peticionaria acompa-ñar los recibos de contribuciones a su petición de certiorari, en su alegato expresamente renunciaron a la cuestión juris-diccional suscitada en la moción radicada para que se dene-gase el auto. Tratándose como se trata de una cuestión que de tener éxito impediría a esta corte conocer del caso, y ha-bida cuenta de que el asentimiento de las partes no confiere jurisdicción sobre la materia, tenemos que prescindir de esa renuncia e independientemente de ella determinar si tenemos o no jurisdicción para conocer de este caso.

Como hemos visto, de conformidad con la sección 76 a en lo pertinente transcrita, el recibo del pago bajo protesta o una copia certificada del mismo deberá formar parte del escrito de apelación, es decir, de la petición de certiorari para ante este tribunal, y sin ese requisito esta corte no adquiere ju-risdicción. Siendo ello así, cuando el 28 de mayo último la peticionaria radicó el escrito de certiorari sin acompañarlo de los recibos, dicbo escrito, por mandato expreso de la ley, no nos confirió jurisdicción para la expedición del auto de cer-tiorari. Ese mismo defecto de jurisdicción subsistía cuando el 2 de junio último se notificó el auto al tribunal recurrido.

Consideradas esas circunstancias, procede ahora determinar si la radicación de la “Alegación Complementaria’’ el 12 de junio y a la cual se acompañaron por primera vez los recibos del pago bajo protesta, produjo el efecto de conferirnos jurisdicción con efecto retroactivo al 29 de mayo, fecha en que se expidió el auto de certiorari. No tuvo tal efecto, porque una orden dictada sin jurisdicción es inexistente y lo inexistente no es susceptible de convalidacióh con efecto retroactivo. Siendo nula la citada orden de 29 de mayo último, todas las actuaciones posteriores que de ella emanan son necesariamente nulas, incluyendo, por supuesto, el acto de la vista de este recurso celebrada el 24 de junio último.

Ahora bien, como resolviéramos en el caso de González v. Tribunal de Apelación de Contribuciones, 60 D.P.R. 901, el tér-mino de treinta días para establecer él recurso de “apelación por certiorari” empieza a correr desde que el secretario de dicho tribunal registra y archiva el cómputo practicado por el Tesorero, luego de transcurridos diez días desde que este último certifica al tribunal haber notificado dicho cómputo e impuesto la contribución al apelante. Como el objeto de ese plazo de diez días es dar al contribuyente una oportunidad de demostrar al tribunal que el cómputo o liquidación hecho por el Tesorero es erróneo — si es que así lo creyere el con-tribuyente- — , si éste paga la contribución antes de expirar dicho término, el pago equivale a -aceptar la corrección del cómputo y en ese caso desde ese momento puede establecerse el recurso. En otras palabras, desde ese instante queda de-terminado el montante que de acuerdo con el tribunal recu-rrido el contribuyente deberá pagar. La decisión se convir-tió en final desde entonces, y siéndolo, como el escrito de apelación por certiorari ya se Rabia radicado desde el 28 de mayo, el recurso quedó perfeccionado desde la radicación de los recibos el 12 de junio último, en cuya fecRa ño Rabia ex-pirado el término de treinta días que fija la ley para esta-blecerlo.

Toda vez que la jurisdicción de este tribunal empezó el 12 de junio y no antes, procede declarar nulas todas las ac-tuaciones anteriores a esa fecha y expedir de nuevo el auto de certiorari, pero habida cuenta de que ya se Rallan en esta corte los autos del tribunal inferior, daremos los mismos por recibidos, debiendo señalarse la vista del caso para el día 18 de enero de 1943.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


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author: El Juez Asociado SeñOR De Jesús,

license: Public Domain

text:
    Guillermo Morales, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Utuado, recurrido.
    Núm. 1107.

    Sometido: Noviembre 2, 1942.

      Resuelto: Noviembre 18, 1942.

      A. E. Suliveres, abogado del recurrente; eí registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado SeñOR De Jesús,

emitió la opinión del tribunal.

Presentada para su inscripción en el Registro de la Pro-piedad de Utuado copia certificada de la resolución dictada por la corte municipal de aquella ciudad el 4 de agosto de 1942 en el caso civil número 530, sobre información poseso-ria, en la que se ordenó la inscripción de la posesión de una casa y solar a favor del recurrente, el registrador denegó la inscripción por los siguientes fundamentos:

(1) Por no expresar la resolución el tiempo que el pro-movente ha estado en posesión del inmueble.

(2) Por no haberse alegado ni acreditado causa alguna que impida al promovente de la información posesoria pre-sentar la escritura pública o título de dominio escrito en vir-tud del cual adquirió la finca.

(3) Por no haberse acreditado que el promovente paga las contribuciones del inmueble, y no siendo reciente la ad-quisición, según el registrador, no basta el hecho de figurar las contribuciones a nombre de Virgilio Morales, quien no aparece como dueño inmediatamente anterior.

El artículo 391 de la Ley Hipotecaria, al prescribir las reglas que deberán observarse en la instrucción del expediente posesorio, dispone que el escrito en que se pida la admisión de la información expresará, entre otras, las siguientes circunstancias:

(a) El tiempo que el promovente lleva de posesión;

(b) La inexistencia de título escrito, o el no ser fácil ba-ilarlo, en el caso de que exista; y

(c) Que el promovente pagó la contribución a título de-dueño, y si no hubiera pagado ningún trimestre (entiéndase-semestre) de contribución, por ser su adquisición reciente,, expresará el nombre de la persona de quien procede el in-mueble, o sus herederos, a quienes se dará conocimiento del expediente a fin de que manifiesten si tienen algo que oponer a su inscripción.-

T el artículo 392, según fue enmendado por la Ley núm. 20 de 7 de mayo de 1923 ((1) pág. 213), al prescribir que sea la resolución aprobando el expediente la que se presente al registro para inscripción en vez de la totalidad del expe-diente como antes de la enmienda disponía la ley, prescribió además que en la resolución deberán expresarse todas las circunstancias referidas en el artículo 391 y también los nom-bres de los testigos que hayan declarado, el resultado de sus declaraciones, el de las demás diligencias practicadas en el expediente, y la opinión o dictamen del ministerio fiscal, y mandará extender en el registro la inscripción solicitada, sin perjuicio de tercero de mejor derecho. En otras palabras, de la faz de la resolución deben aparecer afirmativamente todas las circunstancias necesarias para la validez e inscrip-ción de la información posesoria.

Sostiene el recurrente que el tiempo de posesión en que se hallaba el promovente aparece suficientemente del párrafo de la resolución que dice así:

“PoR Cuanto: Los testigos A. Malaret Esclusa y Bruno C.. Chabrier, mayores de edad, casados, propietarios y vecinos.de Utuado, declararon bajo juramento que la finca descrita la posee quieta, pú-blicamente, pacífica y a título de dueño el solicitante Guillermo Morales por haberla adquirido por compra a Gregorio, digo a don Ramón Rías Román por escritura número 156 otorgada ante él Nota-rio Antonio E. Suliveres Colón él día 26 de septiembre de 1941, estando casado con la repetida Eduviges Soto.” (Bastardillas nues-tras.)

Lo que en realidad resulta de la declaración de los testi-gos conforme aparece del transcrito párrafo, único que trata de la circunstancia en cuestión, es que el promovente posee la descrita finca quieta, pública y pacíficamente y a título de dueño por haberla comprado a 'Ramón Díaz Román por es-critura de 26 de septiembre de 194i.

. No puede sostenerse con certeza que el indicado párrafo exprese que el promovente hubiera estado en posesión desde que se otorgó la escritura en 26 de septiembre de 1941, Es verdad que de conformidad con el artículo 1351 del Código Civil cuando la venta se hace mediante escritura pública, el otorgamiento de ésta equivale a la entrega de la cosa objeto del contrato, si de la misma escritura no resultare o se de-dujere claramente lo contrario, pero como dice Manresa, “para que el vendedor pueda transmitir (la posesión) por medio de la escritura o de cualquier otro signo, es preciso que él posea o tenga en su poder lo que transmite.” (Pa-réntesis nuestro.) No existe en la ley presunción alguna al efecto de que el vendedor que transmite su título por escri-tura, pública se halla en posesión de la cosa vendida, y de la resolución que nos ocupa no consta en forma alguna que Ra-món Díaz Román estuviese .en posesión del inmueble cuando otorgó la citada escritura. Tratándose como se trata de un procedimiento ex parte, como lo son las informaciones poseso-rias, es requisito indispensable para su validez que se cum-plan estrictamente las disposiciones de la ley, y como en este caso no aparece de la resolución clara e inequívocamente el tiempo que llevare en posesión el promovente, la resolución no cumple con la Regla 4a. del artículo 391 que terminante-píente así lo exige. Siendo éste nn defecto que impide la inscripción del expediente, según se resolvió por este Tribunal'en el caso de Delgado v. Registrador, 25 D.P.R. 486, 489, citado por el registrador recurrido, y en el cual se siguió la resolución de la Dirección de los Registros de 18 de'mayo de 1877, preciso es concluir que el primer motivo de la nota del Registrador está sostenido por la ley.

El segundo motivo de la nota está predicado en que apareciendo de la resolución que el promovente tenía título "escrito de la finca, o sea la escritura de compraventa que le otorgó el anterior-dueño, no expresa la resolución'qué causa impide inscribir dicha 'escritura. El ‘ expediente posesorio que establece el artículo 390 de la Ley Hipotecaria es un procedimiento supletorio que sólo procede cuando el propietario realmente carezca de título de dominio inscribible o cuando teniéndolo no pueda reclamar inmediatamente su inscripción por haberlo de traer de punto distante del lugar en que deba hacerla, o por cualquier otra causa que le obligue a dilatar su presentación, conforme prescribe el artículo 437 del Reglamento. Una mera lectura de la resolución revelará que en ninguna parte de la misma se expresa tal circunstancia. El segundo motivo de la nota está bien fundado.

Pasemos ahora al tercer motivo. El artículo 391 de la Ley Hipotecaria' prescribe que si no se hubiese pagado ningún trimestre (entiéndase semestre) de contribución por ser la adquisición de la finca de fecha reciente, se dará conocimiento del expediente a la persona de quien procede el inmueble o a sus herederos a fin de que manifiesten si tienen algo que oponer a la inscripción. De la resolución aparece afirmativamente que la adquisición tuvo lugar el 26 de septiembre de 1941, fecha reciente con relación al 4 de agosto de 1942, en que fué dictada la resolución, especialmente si se tiene en cuenta que los recibos se expiden por un año, y que por lo menos un año es preciso esperar para poder hacer la transferencia correspondiente en los records de Tesorería. Apareciendo de la resolución que Virgilio Morales fné el ■dueño inmediatamente anterior al que transmitió el inmueble al promovente y que a nombre de Virgilio Morales se paga-ron los últimos recibos de la finca, y’ que tanto éste como el dueño inmediatamente anterior al promovente fueron notifi-cados conforme dispone la ley, sin que aparezca que se hu-biesen opuesto a la aprobación del expediente, a nuestro jui-cio la ley fue cumplida en lo que a esta circunstancia res-pecta, por lo que tenemos que concluir que el tercer motivo ■de la nota del Registrador carece de fundamento legal.

Procede, por lo expuesto, confirmar la nota reciwrida de-negatoria de la resolución, solamente por los motivos 1 y 2 antes expxtestos.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    Monllor & Boscio, Sucrs., S. en C., demandante y apelante, v. Rafael Sancho Bonet, Etc., demandado y apelado.
    Núm. 8444.

    Sometido: Noviembre 4, 1942.

      Resuelto: Noviembre 18, 1942.

      Harry Manuel Besosa, abogado de la apelante; Hon. Procurador General George A. Malcolm y A. E. Franco Cabrero, Procurador Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

De acuerdo con la Ley de Espíritus y Bebidas Alcohólicas aprobada el 30 de junio de 1936 (Leyes de 1936, Tercera Sesión Extraordinaria, pág. 45), el Tesorero de Puerto Rico le cobró a Monllor & Boscio, Sucrs., de Ponce por distintas partidas de alcohol que dicha firma utilizó para fortificar ciertos vinos que fabricó, la suma total de $5,550 bajo el artículo 4,1 (a) que le impone una contribución de $1.20 sobre cada galón de alcohol de menos de “100 prueba”. Debido a que de acuerdo con el artículo 4,2 (a) y (&) de la misma ley, los vinos, incluyendo los fortificados, tienen que pagar una contribución de 30 centavos sobre cada galón cuyo contenido alcohólico sea de 14 por ciento o menos por volumen, y de 40 centavos por cada galón cuyo contenido alcohólico exceda de 14 por ciento y no alcance a 24 por ciento por volumen, Monllor & Boscio, Sucrs. pagaron bajo protesta y reclamaron la devolución' de la suma antes mencionada, alegando que la contribución sobre el alcohol es nula y anticonstitucional; 1, porque constituye una doble contribución y, 2, porque el cobro de estos impuestos infringe el requisito de igualdad y uniformidad exigido por las leyes. La corte inferior desestimó la contención de la demandante. .Es de notarse que la contribución que se impugna no es la que pesa y recae sobre los vinos ya fortificados con el alcohol, sino la que se impone sobre el alcohol originalmente y sin que la ley haga ni cree exención alguna a favor de los alcoholes que se utilicen para fortificar vinos. El artículo 9 de la ley.dice así:

“Artículo 9 — El impuesto pesará sobre los espíritus destilados, espíritus y alcoholes tan pronto sean separados, en estado- de pureza o impureza, mediante destilación u otro procedimiento de evapora-ción, de cualquier substancia, ya sea fermentada o no, aunque en cualquier momento subsiguiente fueren transformados en- cualquier otra substancia, bien en el proceso original de destilación o evapo-ración o bien utilizando cualquier otro proceso subsiguiente.”

Y el artículo 25 de la misma ley hace la siguiente exen-ción:

“Artículo 25. — Los impuestos prescritos por esta ley no se cobrarán por aquellos espíritus destilados despachados por una destilería y obtenidos por cualquier persona de acuerdo con las dis-posiciones reglamentarias que el Tesorero prescribiere, con el fin de ser destinados a fines industriales, científicos, medicinales o químicos. ’ ’

Tenemos, por lo tanto, que según la propia ley los espí-ritus destilados que son dedicados más tarde para fortificar los vinos fabricados por la demandante no han sido objeto de exención alguna. Según hace constar Cooley en su obra sobre Taxation, para constituir doble contribución, las dos o más contribuciones tienen que ser (1) impuestas sobre la misma propiedad, (2) por el mismo Estado o G-obierno, (3) durante el mismo período contributivo, y. (4) para el mismo fin. 1 Cooley on Taxation, 4a. edición, 475, sec. 223.

Además, en ausencia de una prohibición expresa consti-tucional — y nuestra Carta Orgánica no la contiene — el con-cepto de doble contribución no tiene el alcance que el ape-lante en este caso quiere darle. Como resolvió esta Corte Suprema en el 'caso de Pueblo v. Garzot, 24 D.P.R. 231, 236: . . el mero hecho de que una contribución sea doble, no afecta su validez, a menos qué funcione de nn modo desigual sobre la misma clase o clases de la comunidad. Cooley on Taxation, 3a. edición, tomo 1, página 391 y siguientes. La cuestión de si debe baber o no una doble contribución gene-ralmente es una cuestión que pertenece a la discreción de la legislatura”.

Las autoridades están contestes en que la contribución debe recaer sobre toda la propiedad afectada y no meramente sobre una parte de ella, para así evitar el discrimen o falta de uniformidad que es la que baria nula la contribución. Como dice Cooley en su obra citada: “La contribución du-plicada directa, y con esto se quiere decir ‘doble contribu-ción’ en. el sentido legal estricto, significa imponer uña con-tribución dos veces, para el mismo fin, en el mismo año, so-bre alguna de la propiedad del territorio en que se imponé, sin que se le imponga a toda la propiedad una segunda vez, y tal contribución es invariablemente condenada y rara vez, si alguna, ha sido sostenida por las cortes en un caso deter-minado”. 1 Cooley on Taxation, 4a. edición, 475, see. 223.

En el caso de autos la contribución se ha impuesto a to-dos los espíritus destilados y a todos los vinos incluyendo los fortificados. No se trata pues de la misma propiedad, sino de dos artículos distintos entre sí.

Así en el caso de Christian Moerlein Brewing Co. v. Hagerty, 8 Ohio Cir. Ct. 330, 4 O.C D. 276 (App. 52 O. St. 671, 44 N. E. 1131), se resolvió que:

“Una contribución sobre materia prima y sobre el producto acabado no constituye doble contribución cuando el estatuto separa la materia prima del producto e impone la contribución a .una u otra clase una sola vez.”

Y en el caso de U. S. v. J. D. Her Brewing Co., 121 F. 41, citado también por la'corte inferior se resolvió que una, con-tribución impuesta a cerveza en barriles y otra a la misma cerveza envasada en botellas y rotulada como tónico no cons-tituía doble contribución, expresándose la corte así:

“Una contribución pagada por cerveza en barriles no exenta dicho producto de una contribución cuando posee leves propiedades tónicas y es envasada en botellas y llamada y rotulada en tal forma que lo hace caer bajo la Lista B. El demandante voluntariamente asumió la obligación de pagar la contribución cuando la embotelló, rotuló y llamó un tónico, lo que, como hemos visto, en realidad era.”

Insiste, sin embargo, la apelante en que como el artículo 4 de la ley dispone que “se impondrá, cobrará y pagará, por una sola ves sobre los siguientes productos que se tengan en depósito o que hayan sido o puedan ser en lo sucesivo desti-lados, rectificados, producidos, fabricados, importados o in-troducidos en Puerto Rico”, los impuestos que se especifican,^ en el caso del alcohol y. del vino se ha tratado de imponer y cobrar el importe dos veces. No tiene razón la apelante y la corte inferior contestó bien este argumento al decir en su opinión lo siguiente:

“Al ordenar el legislador que el importe fuera cobrado por una sola vez quiso decir únicamente que una vez pagado por cualquier persona, fuera éste destilador, rectificador, productor, fabricante o importador, no importa por cuantas personas pasase antes de llegar a manos del consumidor, no estaría más sujeto al pago del impuesto.”

Ya hemos dicho "antes que en este caso se trata de dos productos: el espíritu destilado y el vino, y el segundo ar-bitrio se impone no sobre el alcohol que se utilizó para for-tificar el vino, sino sobre el nuevo producto ya terminado— el vino. Y además, que de acuerdo con el artículo 9, supra, el importe sobre el alcohol hay que pagarlo inmediatamente que se termine la destilación “aunque en cualquier momento subsiguiente fueran transformados en cualquier otra sustan-cia. ...” Una vez pagado este impuesto, contra el cual no se ha levantado cuestión legal alguna, sería el segundo im-puesto o sea el que recae sobre el vino el que podría, si pro-cediera, atacarse como una doble contribución. Pero, esto no se ha hecho por el apelante por la razón obvia de que el im-puesto sobre el alcohol es de $1.20 por galón mientras que el impuesto sobre los vinos .es sólo de 30 y 40 centavos por galón. Prefirió atacar la validez de la primera contribución atribuyéndole el carácter de doble sin que pueda prevalecer, como fiemos resuelto, que la contribución subsiguiente im-puesta al vino ya fortificado como producto independiente pueda considerarse como una contribución al alcofiol utili-zado para su fortificación.

Sostiene el apelante, como segundo motivo, que el cobro de los impuestos sobre el alcohol más los del vino, infringe el requisito de igualdad y uniformidad exigido por la Carta Orgánica y por el artículo 8 de la propia Ley de Bebidas, que dispone lo siguiente:

“Artículo 8. — Los impuestos serán uniformes y generales tanto para el artículo que se produzca en el exterior y se introduzca en Puerto Rico, como para el que se fabrique o produzca en Puerto Rico, y serán cobrados por el Tesorero de acuerdo con lo dispuesto por esta Ley.”

La contención de la apelante carece de méritos. Tanto el vino importado a Puerto Bico como el fabricado aquí es-tán sujetos al mismo impuesto sin diferencia alguna. El he-cho de que los vinos importados hayan tenido que pagar o no en los Estados Unidos por el alcohol que se utilizó 'en fortificarlos, si alguno se usó,' no es cuestión que pueda to-marse en consideración por la Legislatura de Puerto Pico al determinar el impuesto que deben pagar todos los vinos en Puerto Rico, tanto los importados como los domésticos. Todo lo que requiere nuestra Carta Orgánica en su artículo 2, in-ciso 22; es que “las leyes para la imposición de contribucio-nes en Puerto Rico serán uniformes”, requisito que ratifica el artículo 8 de la ley, supra, en cuanto a los impuestos so-bre espíritus y bebidas alcohólicas se refiere y que queda cumplido al imponerse igual tributación a todos los vinos por igual, ya que una contribución es “uniforme” dentro del significado de una disposición constitucional de esta natura-leza cuando es “igual para todas las personas que pertene-cen a la clase descrita y a quien se le impone”. Atlantic & N. C. R. Co. v. City of Bern, 147 N. C. 165; 60 S. E. 925; 1 Cooley on Taxation, 4a. eel, 547. Además, ¿qué fuerza puede“ tener la contención de la apelante, en cuanto a los vi-nos se refiere, si ella no ha impugnado ni pagado bajo pro-testa el impuesto sobre dicho producto?

Arguyo, por último, la apelante que la Legislatura enmendó el artículo 25 de la Ley de Bebidas en el año 1939 ((2) póg. 79) en tal forma que eliminó el cobro del impuesto sobre el alcohol utilizado para fortificar los vinos fabricados en Puerto Rico, y que esto indica que la intención de la Legislatura fue no imponer dicho tributo desde el año 1936 cuando aprobó la ley original. En efecto, por la Ley núm. 20 aprobada el 13 de junio de 1939 se enmendó el artículo 25 de la ley, supra, en la forma siguiente:

“Artículo 25.- — Los impuestos prescritos por esta Ley no se co-brarán por aquellos espíritus destilados despachados por una desti-lería y obtenidos por cualquier persona de acuerdo con las disposi-ciones reglamentarias que el Tesorero prescribiere, con el fin de ser destinados a fines industriales, científicos, medicinales, químicos, o para ser usados en la fortificación de vinos-” (Bastardillas nuestras.)

Esta ley empezó a regir a los noventa días después de su aprobación o sea allá para el 13 de septiembre de 1939.

Nada hay en la enmienda que indique que fué la inten-ción legislativa darle carácter retroactivo a la misma y en ausencia de tal disposición está firmemente establecido por las autoridades que la ley en vigor a la fecha de imponerse una contribución es la que determina si existe una exención determinada y que, no se dará carácter retroactivo a una exención contributiva a menos que dicha intención aparezca afirmativamente expresada en la misma ley; sosteniéndose además que nunca se concederá una exención contributiva por mera implicación si el lenguaje del estatuto es susceptible de cualquier otra interpretación razonable. Véanse co-mentarios extensos sobre la materia en 2 Cooley on Taxation, 4a. ed., 1375, see. 654; 1403, sec. 672, y específicamente sobre la fecha en que empieza una exención en la sección 711,. página 1498, cuando dice: “Una exención es efectiva desde' el momento en que la constitución, estatuto u ordenanza en-tra en vigor”.

Si la ley concediendo la exención por la enmienda de 1939-no entró en vigor hasta el mes de septiembre de dicho año y no dispuso retroactividad alguna a la misma, no puede-prevalecer la interpretación de la apelante.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    Ramón Emilio Irizarry, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    Núm. 1108.

    Sometido: Noviembre 2, 1942.

      Resuelto: Noviembre 18, 1942.

      José Sabater, abogado del recurrente; el registrador recurrido eomi pareció por escrito..
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Los Estados Unidos de America, representado por el Jefe de la “Puerto Rico Hurricane Relief Loan Section”, de la División de Territorios y Posesiones Insulares del Departa-mento del Interior de los Estados Unidos de América, como-sucesora de la “Puerto Rico Hurricane Relief Commission,”' otorgó una escritura cancelando' una hipoteca de $2,500 de que era deudor el aquí recurrente Ramón Emilio Irizarry.. Dicha hipoteca gravaba varias fincas del deudor situadas en la demarcación del Registro de la Propiedad de Mayagüez; y una finca que correspondía al Registro de la Propiedad de San Hermán. Presentada la escritura al Registro de Maya-güez se inscribió la misma sin que el registrador exigiese el pago de derecho alguno pero el Registrador de San Hermán exigió que se pagaran los derechos de inscripción y al ne-garse el recurrente a pagarlos solicitó que se suspendiera la. inscripción y así lo hizo el registrador por medio de una nota que en lo pertinente dice así:

1 ‘ Suspendida la inscripción de la cancelación de hipoteca que com-prende el documento que precede, en cuanto a la finca letra ‘A’, única perteneciente a la demarcación de este Registro, por no haberse con-signado por el presentante ni por la parte interesada, los derechos requeridos que con arreglo a la Ley Núm. 113 de mayo -6 de 1941,... ”■

La única cuestión planteada en este recurso es si la inscripción de una escritura otorgada por los Estados Uni-dos de América cancelando una hipoteca que fué constituida para garantizar un préstamo concedido por la Puerto Rico-Hurricane Commission de acuerdo con la Resolución Con-junta núm. 74 del 70 Congreso (45 Stat. 1067), aprobada en diciembre 21 de 1928, a un agricultor para la rehabilitación de sus fincas afectadas por el huracán de 1928, conlleva el .pago de los derechos arancelarios provistos por ley.

Las leyes aprobadas por la Legislatura 'de Puerto Rico-en relación con estos casos, son las siguientes: ' ;

Por la Ley núm. 1, aprobada el 12 de marzo de 1929 ((1) pág. 123), se eximió del pago de derechos cualquier escritura. u otro instrumento otorgado ante notario público a favor de los Estados Unidos de América de acuerdo con la Resolu-ción Conjunta núm. 74, snpra.

La Ley núm. 52 aprobada el 25 de abril de 1931 (pág. •391) “para eximir del pago de derechos las inscripciones de .las escrituras otorgadas a favor de dos Estados Unidos de América”, cayos artículos 1 y 2 leen así:

“Artículo 1 — Que las • escrituras u otros instrumentos otorgados •a favor de los Estados Unidos de América, de conformidad con, o a virtud de la Resolución Conjunta del Congreso, titulada, ‘Para el Au-xilio de Puerto Rico’, aprobada el día 21 de diciembre de 1928, serán .inscritas en los Registros de la Propiedad de esta Isla libre de los •derechos, prescritos por ley, para las operaciones de tales registros.
“Artículo 2. — Esta Ley tiene efecto retroactivo, extendiéndose sus disposiciones a todos aquellos contratos de las circunstancias expre-sadas en la sección anterior.”

Sostiene el registrador recurrido que de acuerdo con es-tas leyes están exentas del pago de esos derechos las escri-turas otorgadas a favor de los Estados Unidos de América, pero que la escritura de cancelación de una de estas 'hipote-cas, siendo a favor del deudor, no lo está. La frase “a favor de” la interpreta el recurrido como “a beneficio de” y arguye que la garantía hipotecaria de estos casos se consti-tuyó a beneficio del acreedor, los Estados Unidos de Amé-rica, mientras que su cancelación a quien beneficia es al -deudor.

Por su parte, el recurrente sostiene que la intención de la Legislatura de Puerto Rico fué la de liberar del pago de ■derechos, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 52, supra, ‘todos los contratos otorgados por los Estados Unidos de América en relación con la mencionada ley de auxilio.

No tiene razón, a nuestro juicio, el recurrente, porque si bien en el artículo 2, supra, se le da carácter retroactivo a la ley sólo se extienden sus disposiciones a todos aquellos •contratos “de las circunstancias expresadas en la sección anterior” y ya hemos visto que dicha sección expresamente se refiere, únicamente, a las escrituras w otros documentos otor-gados “a favor de los Estados Unidos de América”.

Arguye, además, el recurrente, que el fin de la exención fué proteger a los agricultores arruinados por el huracán de 1928, tanto en el otorgamiento e inscripción de lag escrituras en que se constituyeron las hipotecas, como en la inscripción de su cancelación. Si ésta fué la intención del legislador, no la expresó en las leyes que hemos citado en tanto en cuanto a lá inscripción de una escritura de cancelación de hipoteca otorgada por los Estados Unidos de América a favor del deudor, como lo es la que fué objeto de la nota recurrida. Cuando la letra de la ley es clara y libre de toda ambigüedad la letra de ella no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu, dispone el articula 14 de nuestro Código Civil, y en el caso de autos, el artículo1 de la Ley 52, supra, es perfectamente claro y no da lugar a ambigüedad alguna. Tampoco la hay en la escritura presentada al registro, que por su propio título es otorgada por “Los Estados Unidos de América a■ favor de don Eamón Emilio Irizarry y G-andulla”.

És cierto que no es el título que se le ponga a una escritura, como no lo es el de una acción judicial, lo que determina la naturaleza del contrato otorgado o de la acción ejercitada. Empero, en el caso que resolvemos, tratándosede una escritura de cancelación de hipoteca, en la ■ que los Estados Unidos de América cancelan la garantía que el deudor Irizarry les había otorgado por el préstamo recibido, no puede haber duda de que es a favor del deudor quien así obtiene que se liberen sus fincas de los gravámenes que sobre ellas pesaban.

A la ley de exención que interpretamos no puede dársele el alcance que pretende el recurrente, pues equivaldría a sos-tener judicialmente que donde dice “escrituras u otros ins-trumentos otorgados a favor de los Estados Unidos de Amé-rica” debe interpretarse que dice “escrituras u otros instru-mentos otorgados por los Estados Unidos de América.”

Por la cancelación de nna hipoteca inscrita en el Registro ■se extingue el derecho que tenía el acreedor sobre la finca hipotecada y el deudor adquiere el derecho de liberar su finca de la obligación a que estaba afecta. Como dice Morell én sus Comentarios a la Legislación Hipotecaria, tomo 3, pá-gina 366, “La extinción representa la pérdida del derecho, pérdida que 'equivale en principio a un acto de enajenación «o disposición ...” Véase además 3 Gralindo y Escosura, Ley Plipotecaria, 10. Esa enajenación se hace a favor del deu-dor y, siendo así, no puede sostenerse con propiedad que la escritura de cancelación sea una a favor del acreedor, en este caso los Estados Unidos de América.

Cuando la Legislatura de Puerto Rico ha querido exentar ■del pago de derechos de inscripción tanto la constitución de una hipoteca a favor de una agencia del Gobierno de los Es-tados Unidos de América como la cancelación de dicha obli-gación, lo ha hecho en forma'expresa según lo demuestra la Ley núm. 311 aprobada el 15 de mayo de 1938 (pág. 573), ■que en lo pertinente de sus artículos 1 y 2 dispone lo si-guiente :

“Artículo 1. — Que todo documento público o privado otorgado ■para los efectos de contratar y garantizar préstamos hipotecarios o •dé cualquier otra naturaleza cuya cuantía no exceda de la suma de mil quinientos (1,500) dólares, por la Federal Land Bank of Baltimore ; Federal Intermediate Credit Bank of Baltimore; Land Bank •Commissioner; Production Credit Corporation of Baltimore; Puerto Rico Production Credit Association-; Baltimore Bank of Cooperatives y Home Owners’ Loan Corporation; Emergency Crop and Feed Loan .Office y/o el Gobernador de la Administración de Crédito Agrí-cola; así como todo otro documento público o privado otorgado para •comprobar la entrega del importe del préstamo; o el pago de dicho préstamo en todo o en parte; así como la cancelación total o parcial ■de las garantías correspondientes; y todo otro documento público o privado que sea necesario otorgarse en relación con dichos préstamos y garantías correspondientes serán autenticados por cualquier nota-rio de Puerto Rico o funcionario público en-su caso, libre de sellos ■de rentas internas prescritos por la Ley No. 31, aprobada en noviem-bre 30 de 1917 o por cualquier otra ley.
“Artículo 2. — Que las escrituras u otros documentos a que sé re-fiere el artículo primero serán inscritos en los registros de la propiedad •de esta Isla libre de derechos, contribuciones, o impuestos de cualquier naturaleza prescritos por la ley para las operaciones de tales registros .siempre que el importe de la operación no exceda de la suma de mil quinientos (1,500) dólares; ...” (Bastardillas nuestras.)

Véase como expresamente se usó la frase “todo docu-mento público o privado otorgado .... por, etc.” y no “a fa-favor de” y se incluyeron además los documentos otorgados para la cancelación total o parcial de las garantías correspon-dientes, y la inscripción de todos ellos en el registro, libre de ■derechos, contribuciones o impuestos de cualquier naturaleza. Desde luego que la inclusión en esta ley de exención del pago de contribuciones o impuestos nada implica en cuanto al arancel dé los derechos a pagar en los registros, pues según resolvimos en el caso de R. F. C. Mortgage Co. v. Registrador, 60 D.P.R. 235, los sellos que en estos casos se exigen para la inscripción en el registro de la propiedad son un derecho (fee) y no una contribución, no violándose así la in-hibición constitucional contra la imposición de contribuciones a una instrumentalidad del Gobierno Federal.

Somos de opinión que la nota recurrida debe ser confir-mada.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Rafael Quiñones Bulerín, peticionario y apelante, v. Sixto M. Saldaña, Jefe del Presidio Insular, demandado y apelado.
    Núm. 8601.

    Sometido: Noviembre 3, 1942.

      Resuelto: Noviembre 20, 1942.

      Rafael Quiñones Bulerín, por su propio derecho; JJon. Procurador General George A. Malcolm, R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una apelación contra sentencia de la Corte de Distrito de San Juan declarando sin lugar cierta petición de hábeas corpus. La petición fue presentada originalmente en esta Corte Suprema, expidiéndose el auto retornable ante la. Corte de Distrito de San Juan.

La vista en la corte sentenciadora se llevó a efecto el die-cisiete de abril último. El jefe del presidio insular que tenía bajo su custodia al peticionario lo condujo a la presencia de-su juez y le presentó el diligenciado del auto por escrito.. Declaró bajo juramento el peticionario y el fiscal introdujoen evidencia copia de las minutas de la corte del 23 de mayo de 1941, relativas al juicio de la causa por robo seguida contra el peticionario en la que se dictó la sentencia en cumpli-miento de la cual lo retiene bajo su custodia el demandado.

La vista de la apelación se celebró el tres de noviembre-actual con la sola asistencia del fiscal que impugnó el recurso. El peticionario no compareció pero presentó un largo y con-fuso escrito en apoyo de sus pretensiones.

Descartando aquellas cuestiones que no cabe considerar en un procedimiento de hábeas corpus o que son claramente-frívolas, resta sólo examinar la de si el peticionario tuvo o no la debida asistencia de abogado.

En el acto de la vista del habeas corpas en la corte de distrito el peticionario declaró que fué acusado -de robo conjuntamente con Luis Silva Vega y que no se le llamo para la lectura de la acusación. A Silva sí. A él se le llamó únicamente para juicio. Admite que estuvo representado en esa ocasión por el abogado Cruzado Silva y explica en sus propias palabras lo ocurrido, así:

“Cuando yo vine aquí a la corte entonces vino Cruzado Silva y me preguntó si yo era Paito, yo le dije que sí, y entonces me dijo que la hermana mía lo había mandado para que me defendiera a mú Yo le expliqué el caso y entonces yo le dije que pidiera que se sus-pendiera el caso porque yo no me había entrevistado con él ni nada, y entonces él me dijo que iba a solicitar eso, y solicitó de la corte que suspendiera el caso y la corte no le suspendió el caso.Tenía tres testigos también para declarar a favor mío, para presentar una coartada. ... Yo le dije al abogado que los consiguiera, y entonces en vista de que no dieron el debido tiempo, él entró en juicio.’*

Su declaración fué la única evidencia aportada por el pe-ticionario. Las minutas de la corte introducidas por el fiscal hacen constar los hechos en la forma que sigue:

“En córte presidida por el Hon. Juez Marcelino Romany, ac-tuando de taquígrafo el Sr- Eduardo ügarte, fué llamado este caso para juicio y comparecieron el acusado Luis Silva Vega, asistido del Ledo. Saldaña, y el acusado Rafael Quiñones (a) Paito, asistido del Ledo. Cruzado. El acusado Luis Silva Vega por su abogado Sr. Sal-daña solicitó juicio por separado, a lo cual se allanó el fiscal y la corte así lo decretó. En este acto el abogado del acusado, Sr. Sal-daña, solicitó la suspensión de la vista del caso por el fundamento de haberse hecho cargo de la defensa en el día de ayer por haberse enfermado el Ledo. Hieres Calimano, abogado que fué nombrado de oficio, y la corte con el allanamiento del fiscal suspende la vista del caso para el acusado Luis Silva Vega.
“El acusado Rafael Quiñones (a) Paito fué llamado para la lec-tura de la acusación que no se había hecho por estar prófugo. La corte le hizo la advertencia de ley en cuanto a su verdadero nombre y manifestó llamarse como queda dicho y ser ciudadano de los Estados Un idos de América. El acusado compareció asistido del Ledo. Cru-zado Silva y luego de leídale la acusación y preguntádole por la corte qué alegación, solicitó cinco días para contestar la acusación, pero inmediatamente reconsideró su petición e hizo la alegación de inocente y solicitó juicio por jurado y expresó su deseo de entrar hoy a juicio por estar preparado para ello.
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“Terminada la prueba de ambas partes y después de las argu-mentaciones de la defensa, sin haberse argumentado por el fiscal, la corte instruyó ampliamente al jurado y nombrando presidente de dicho organismo al Sr. Nicolás Iturregui, les entregó el caso para su deliberación y resolución. El jurado bajo la custodia del márshal se retiró a deliberar a las doce y diez minutos del día y a las doce y veinticinco minutos del día comparece nuevamente el jurado en sala de justicia y por conducto de su presidente, el Sr. Nicolás Iturregui, rindió el siguiente veredicto: ‘Nosotros los señores del jurado decla-ramos al acusado Rafael Quiñones (a) Paito culpable del delito de robo. (Firmado) Nicolás Iturregui, Presidente del Jurado.’
“La corte preguntó a todos y a cada uno de los jurados si éste era su veredicto y todos contestaron afirmativamente y visto el vere-dicto del jurado la corte declara a Rafael Quiñones (a) Paito culpable del delito de robo y señala el día 26 de mayo de 1941 para el pronunciamiento de la sentencia.”

La corte dio crédito a las minutas y consideró con razón a nuestro juicio que la alegación de falta de abogado no quedó comprobada. Manifestó: “Según aparece de la mi-nuta de la corte el abogado del acusado dijo que estaba listo-para juicio.”

Y siendo ello así, no tiene base legal la queja del acusado apelante. Su familia le proporcionó un abogado. Lo aceptó y bajo su dirección entró a juicio, siendo por él defendido en la celebración del mismo.

Insiste el apelante en que siempre tendría razón porque es lo cierto que cuando se dictó la sentencia no contó con el auxilio de abogado. Esta cuestión fué resuelta también correctamente a nuestro juicio por el juez sentenciador en su contra.

Es cuando el acusado comparece a responder- de la acusa-ción sin abogado que el artículo 141 del Código de Enjuicia-miento Criminal impone a la corte el deber de “hacerle pre-sente su derecho a tener abogado defensor antes de leerse el acta de acusación y preguntarle si desea la asistencia de le-trado.”

La corte no tuvo necesidad de cumplir con ese deber en-este caso porque el acusado compareció asistido del abo-gado que lo defendió en el juicio. Cuando volvió a compa-recer para recibir su sentencia, entonces sin abogado, la ley no imponía a la corte la obligación de repetir la advertencia del artículo 141. Las advertencias de ley, con las cuales cumplió, en esa nueva situación, están prescritas en el propio Código de Enjuiciamiento Criminal, artículos 318 y 319, como sigue:

“Cuando el acusado comparezca para oír la sentencia, debe ser informado por el tribunal o, bajo la dirección de éste, por el secreta-rio, de la naturaleza del cargo que se le hace, así como de las alega-ciones de su defensa y del veredicto, si hubiere recaído alguno, y debe preguntársele si tiene alguna causa legal para demostrar que no pro-cede dictar sentencia contra él
“Si no se alega, o no halla el tribunal causa suficiente para que no sea dictada la sentencia, debe ésta pronunciarse sin demora.”

Debe declararse sin hogar el recurso y confirmarse la sen-tencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Fruto Ramos, demandante y apelante, v. María Puig Vda. de Chandri, María de los Angeles y José Manuel Guillermo Chandri Puig, demandados y apelados.
    Núm. 8597.

    Sometido: Noviembre 6, 1942.

      Resuelto: Noviembre 20, 1942.

      Francisco González Fagundo, abogado del apelante; Henry G. Molina y Hernán B. Franco, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Fruto Ramos inició ante la Corte de Distrito de Humacao un procedimiento de injunction para recobrar la posesión de una finca rústica de dos cuerdas de terreno. Alegó que desde más de un año antes de la presentación de la demanda estuvo en la posesión real del inmueble y que tenía esa posesión en marzo 80 de 1942, en cuya fecha fue despojado de ella en virtud de orden de la Corte de Distrito de Humacao, librada en pleito sobre ejecución de hipoteca seguido por los aquí demandados contra Deogracias Ozorio.

Alegaron los demandados que la demanda no expone he-chos suficientes para determinar una causa de acción. Y contestando la demanda, admitieron que ellos fueron puestos en posesión en virtud de la citada orden judicial, pero nega-ron que el demandante estuviera en posesión de la finca en momento alguno y que fuera lanzado de la casa- enclavada en dicha finca, alegando en contrario que el demandante nunca ha vivido en dicha casa.

Sostenida la excepción previa, y dictada sentencia deses-timando la demanda, apeló el demandante por entender que la sentencia recurrida es errónea y contraria a derecho.

Es un hecho admitido por ambas partes litigantes que los demandados fueron puestos en posesión de la -finca, por el márshal, en cumplimiento de una orden judicial, en un procedimiento ejecutivo de hipoteca seguido contra Deo-gracias Ozorio.

La Ley núm. 11 de noviembre 14 de 1917 ((2) pág. 221), que establece el procedimiento especial y sumario para rete-ner o recobrar la posesión de un inmueble, está inspirada en los mismos principios y persigue los mismos fines del inter-dicto de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil. El propó-sito fundamental, tanto del interdicto como de'nuestro injunction para retener o recobrar la posesión, es el de dar rápida y eficaz protección a toda persona que encontrándose en la posesión quieta y pacífica de un inmueble es perturbada en o despojada de esa posesión por el acto ilegal de o.tra persona.

En sus “Comentarios sobre la Ley de Enjuiciamiento Civil”, Vol. 6, pág. 120, dice Manresa:

“Los autores de la Ley de Enjuiciamiento Civil . . . han com-prendido bajo la denominación de interdictos ‘todos los juicios civiles que reclaman con urgencia una medida que los termine, por intere-sarse inmediatamente el orden público, la steguridad amenazada de las personas o de las cosas, u otros derechos privados que a no ser atendidos sin dilación, pueden perderse.’ ”

El despojo que da derecho a solicitar un auto de injunction es aquel que ha sido realizado por el demandado u otra persona por orden de éste, sin intervención judicial. Cuando la toma de posesión se verifica bajo el amparo y en cumplimiento de un mandamiento judicial, no procede dictar el auto de injunction para recobrar la posesión. El demandante debe recurrir a los remedios ordinarios que la ley provee para tales casos. Así lo resolvió este Tribunal en Teissonnier v. Barnés, 8 D.P.R. 204, 210, diciendo:

“Ambos interdictos, según opinión general de nuestros tratadis-tas, entre ellos el ilustre comentarista de la Ley de Enjuiciamiento Civil Sr- Manresa y Navarro, estaban basados en razones y principios de orden ptíblieo, fundamentales de la sociedad y sancionados por nuestras leyes antiguas y modernas, de que todo poseedor tiene dere-cbo a ser respetado en su posesión y de que a nadie es lícito admi-nistrarse la justicia por su propia mano, puesto que para esto están establecidos los Tribunales. De manera que si en contravención a estos principios el que se creyese con mejor derecho a la posesión de una cosa, se entrase en ella de su propia autoridad y despojare al poseedor, o lo perturbare en su posesión, venía entonces la ley con el remedio del interdicto, a restablecer el orden social perturbado, restituyendo las cosas al estado que tenían antes de la perturbación o del despojo; pero si lejos de hacerlo así acudía al Juez y éste en uso de su autoridad lo ponía en posesión, entonces ya no tenía razón de ser el interdicto puesto que ya no existía verdadera perturbación del orden público, sin perjuicio del derecho de que se creyera asistido el poseedor para ser respetado en la posesión y del que podía hacer uso, bien acudiendo al mismo Juez para que revocara su providencia, si creía que la posesión estaba mal dada, o bien acudiendo al juicio plenario correspondiente para contender con su adversario sobre la propiedad de la cosa, o sobre sü mejor derecho a poseer.”

Los Lechos del caso Teissonnier y los del presente son casi idénticos. El demandado, según lo alega el propio de-mandante, tomó posesión de la finca por virtud de y en cum-plimiento de una orden dictada en un procedimiento judicial para ejecutar una hipoteca a su favor. Si el demandante cree tener algún derecho a poseer la finca, su remedio es acudir a la corte que dictó la orden dando posesión al de-mandado, para que la revoque, o entablar la acción ordinaria correspondiente para la protección de su derecho. No erró, pues, la corte inferior al desestimar Ja demanda.

Véanse: Art. 691 Código Enj. Civil, 1933; 52 C.J. 1179, see. 48.

La sentencia debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Miguel Feliciano Román, acusado y apelante.
    Núm. 9591.

    Sometido: Noviembre 13, 1942.

      Resuelto: Noviembre 20, 1942.

      José Veray, Jr., abogado del apelante; Hon. Procurador General Interino M. Rodríguez Ramos (George A. Malcolm, ex Procurador General, en el alegato) y R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fue acusado de un delito de homicidio volun-tario, cometido “maliciosa y voluntariamente, y con ocasión de una súbita pendencia y arrebato de cólera.”

Celebrado el juicio ante jurado, rindió éste veredicto de culpabilidad, con solicitud de clemencia. La corte impuso al acusado la pena de un año de presidio con trabajos forzados.

El presente recurso se basa en la alegación de que el ve-redicto rendido por el jurado es contrario al peso de la prueba.

De acuerdo con la prueba del fiscal, el acusado trabajaba como dependiente en un cafetín en Aguadilla, en el que se presentaron, como entre diez y diez y media de la noche, Cayetano Cedeño y el interfecto Francisco Ortiz, Jr., quienes ordenaron una botella de ron. Después de haber consumido el ron, salieron a la calle ambos individuos y se situaron frente al cafetín. Allí fué el acusado y les dijo que ellos no habían pagado por el ron y que hicieran el favor de ir a pagar. El interfecto le contestó que no se apurase tanto, pues él era persona bien conocida en Aguadilla y no se iba a embarcar por una cuarta de ron.

Declaró Cedeño, que después de ocurrido lo que acabamos de relatar, los tres caminaron hacia el cafetín; yendo delante el acusado, detrás de él el interfecto y en último término Ce-deño; que todos iban en actitud pacífica; que al llegar al cafetín el interfecto le dijo al acusado: “Yo no me voy a embarcar por quince centavos; déjame quieto”; que al lle-gar a la puerta entró primero el acusado “y no bien penetró Francisco en el cafetín, que puso el pie en el primer esca-lón, este acusado le metió el primer macanazo”, con una tranca; que el interfecto no le hizo nada al acusado antes de que éste le diera; que el interfecto no llevaba nada en la mano; que el acusado le dió a Ortiz dos trancazos, el pri-mero en el cuerpo y el segundo en la cabeza; que la única razón que pudo tener el acusado para atacar a Ortiz fué que no se le pagó el jon, porque allí no medió nada más entre ellos; que ni el declarante ni el interfecto estaban en ese momento en estado de embriaguez, pues entre los dos habían tomado solamente lo qué llaman una cuarta.

Plácido Román, como testigo de cargo, declaró que se en-contraba en el cafetín en el momento en que el acusado agre-dió a Ortiz; que el acusado sirvió una cuanta de ron a Ortiz y a Cedeño, quienes después de tomársela salieron sin pa-gar; que el acusado salió en busca de ellos y les dijo en buenas maneras que vinieran a pagar; que entonces ellos vinieron hacia el cafetín y al venir “Ortiz como que quiso acometerle a Miguel y entonces Miguel corrió y cogió la tranca y le dió un trancazo”; que en ese momento Ortiz no tenía nada en la mano, ni agredió al acusado, solamente se le fué encima, diciéndole “que es lo que tú quieres” y en-tonces el acusado le dió el trancazo.

La declaración de Angel González, dueño del cafetín, co-rroboró en todos sus detalles la prestada por Plácido Román. Jesús Grajales, mozo del cafetín, declaró en el mismo sen-tido que su patrono, añadiendo que él vió lo que pasó en la calle entre el acusado y Ortiz y Cedeño; que allí ellos tuvie-ron palabras, que el declarante no entendió muy bien; que después de esas palabras el acusado se fué al cafetín, an-dando ligero, entró y se situó en la puerta; que cuando llegó Ortiz se paró en el escalón y entonces el acusado le dio con la tranca; que ni antes ni en el momento en que recibió el trancazo Ortiz le hizo algo al acusado; que “no hubo ata-ques ni agresión por parte de Ortiz ni de Cedeño para el acusado”; que Cedeño tuvo palabras allí, pero fué después del trancazo; que en el momento de recibir el trancazo Ortiz no tenía nada en sus manos, ni tampoco Cedeño.

Juan Cordero Arbona, dueño de un negocio de frutan si-tuado frente al cafetín, relató los hechos substancialmente en la misma forma que los demás testigos. Añadió, que estando •él en su carrito de frutas vió a Ortiz y Cedeño cuando pa-saron por allí y oyó cuando el acusado llamó a Ortiz y le ■dijo “¿quién va a arreglar eso?”; que Ortiz respondió: “Ah, Yen acá”; que el declarante se despreocupó y siguió ven-diendo, y momento después vió al acusado que se dirigía a paso ligero hacia el cafetín y a Ortiz y Cedeño detrás, an-dando ; que al pasar junto al puesto de frutas Cedeño le dijo a Ortiz: “Vente Panchito, que eso no es nada”; que al lle-gar frente al cafetín Ortiz se quedó parado en la acera, frente a la puerta y entonces salió el acusado y le dijo: “¿A cuenta de qué se van a beber eso?; a cuenta de abusador y de fregao; ven dame ahora”; que al oír esas palabras, Ortiz se acercó a la puerta y entonces el acusado le dió el tran-cazo; que ni Ortiz ni Cedeño le hicieron nada en momento alguno al acusado; y que ni el uno ni el otro tenían armas •en las manos mientras se desarrollaban los hechos.

Francisco González Suárez, abogado, declaró que se en-contraba en el puesto de Arbona comprando unas frutas cuando oyó la conversación en que el acusado le decía a Ortiz que si se iba a ir sin pagar y. éste le decía que no, que eso era poca cosa, que él era de aquí y no se iba a ir; que entonces el acusado le dijo a Ortiz que fuera al cafetín para •que le dijera eso al dueño; que fuera de esas palabras, no •ocurrió nada entre el acusado y los otros dos y que no vió que éstos tuviesen algo en sus manos ni antes ni después de la agresión a Ortiz por el acusado. Su declaración, en cuanto a la forma en que el acusado agredió a su víctima, coincide con las de los testigos que le precedieron.

Las declaraciones del acusado y de sus testigos tendieron a sostener que el acusado había actuado en legítima defensa; que cuando el acusado llamó a Ortiz para cobrarle el im-porte del ron, Ortiz le dijo “ven acá que te voy a pagar”; que el acusado, creyendo que le iban a pagar se acercó a Ortiz y entonces éste le' agarró fuertemente por un brazo, mientras Cedeño le daba una pescozada; que entonces el acusado huyó, temiendo que le fueran a agolpear (sic); que en el momento en que él le dió el trancazo a Ortiz éste se le fué encima y le tiró pero no llegó a darle. La defensa presentó prueba para sostener que el interfecto era hombre penden-ciero, de mala reputación y físicamente más fuerte que el acusado. El acusado admitió en su declaración que ni Ortiz ni Cedeño tuvieron en momento alguno, en sus manos, cu-chillos u otra clase de armas.

El conflicto que surge de toda la prueba fué resuelto por el jurado en contra del acusado. Y siendo la prueba de cargo, a la que dió crédito el jurado como único juez de los hechos, suficiente para sostener el veredicto, es nuestro de-ber respetar el fallo y confirmar la sentencia recurrida.

No puede quejarse el -acusado apelante de la pena que le ha sido impuesta — un año de presidio — por haber dado muerte a un ser humano, sin justificación alguna. Creyó tal vez el juez sentenciador, erróneamente a nuestro juicio, que la recomendación de clemencia hecha por el jurado le obligaba a él a imponer una pena que no guarda proporción con la gravedad de los hechos y circunstancias del caso.

La corte inferior, actuando dentro de los límites del es-tatuto que castiga con una pena máxima de diez años de pre-sidio el delito de homicidio voluntario, sin ignorar la reco-mendación del jurado, pudo haber impuesto una pena inter-media, como justo castigo por el delito cometido. Y este tribunal la hubiese sostenido. Las penas no deben ser exce-sivas, pero tampoco deben ser tan benignas que puedan lle-var al ánimo de los ciudadanos la idea de que en nuestra sociedad es posible disponer de la vida de nuestros semejan-tes a tan bajo precio.

Debe confirmarse la sentencia.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


author: :.El Juez Asociado Sbñob Sítyder

text:
    Angel Martínez González, et al., demandantes y apelantes, v. Luis Pirallo Castellanos, demandado y apelado.
    Núm. 8529.

    Sometido: Noviembre 2, 1942.

      Resuelto: Noviembre 24, 1942.

      José Sabater, abogado de los apelantes; Oscar Castro Rivera y E. Báez García, abogados del apelado.
   :.El Juez Asociado Sbñob Sítyder

emitió la opinión del tribunal.

Ésta es una moción para que desestimemos por frívolo nn recurso de apelación para ante este tribunal de una sen-tencia de la corte de distrito desestimando una demanda de retracto legal de cierta, propiedad inmueble.

Cinco hermanas y el padre de éstas poseían en partes iguales la propiedad en cuestión en común pro indiviso. Tres de las hermanas habían cogido dinero prestado al apelado. En garantía de dichos préstamos cuatro de las hermanas habían otorgado a favor del apelado hipotecas sobre el interés de cada una de ellas en la propiedad. Una de ■estas hermanas no recibió parte alguna del dinero tomado a préstamo. Posteriormente, cada una de las tres hermanas ■que habían recibido el dinero tomado a préstamo del apelado vendió a éste por la cantidad de $2,000 su respectivo interés ;sobre la propiedad. Los precios de compra fueron satisfechos mediante la cancelación de las hipotecas que garantizaban los préstamos anteriores, ascendentes a $4,911.51, y mediante el pago en efectivo a las referidas tres hermanas de la cantidad de $1,088.49. Cada una de ellas recibió una cantidad que, al ser sumada a la cantidad recibida anteriormente por ella en calidad de préstamo, ascendía a $2,000 para cada hermana.

Más tarde, las otras dos hermanas y el padre de éstas, los apelantes en este caso, radicaron el presente recurso de retracto legal de conformidad con las secciones 1411, 1412, 1414 y 1407 del Código Civil (ed. 1930). El artículo 1616 •de la Ley de Enjuiciamiento Civil para las Islas de Cuba y Puerto Rico, que aún está en vigor en esta jurisdicción (González v. Acha et al., 21 D.P.R. 134), dispone entre otras co-■sas que, para un condomino poder ejercitar una acción de retracto legal, “se consignará el precio si era conocido, y si no lo fuere, que se dé fianza de consignarlo luego que lo :sea.” Los apelantes alegan que ellos han consignado el pre-ció de compra al (a) consignar en la corte $1,088.49 en efec-tivo, y al (b) ofrecer en sn demanda hacerse responsables por el pago de las hipotecas otorgadas a favor del apelado-para garantizar los referidos préstamos. La corte de dis-trito declaró con lugar la moción del apelado para qne se desestimara la demanda por el fundamento de qne los ape-lantes no habían cnmplido con el artículo 1616.

Indudablemente la corte inferior estuvo correcta en su decisión. Habiéndose cancelado las hipotecas y pagado las deudas garantizadas por ellas, una oferta de asumirse res-ponsabilidad para con ellas no podía como cuestión de de-recho revivir estas hipotecas. Es inmaterial que una de las-apelantes, aunque no recibió ninguna parte del dinero pres-tado, se uniera en el otorgamiento de una de estas hipotecas-canceladas, vencida hacía tiempo. De ningún modo podía ella ser perjudicada al' cancelarse la misma.

Las apelantes arguyen que una hipoteca otorgada por una persona que posee un interés en común pro indiviso’ sobre una propiedad, grava la propiedad en su totalidad. No podemos ver cómo este argumento, aún si fuera cierto, ayuda a las apelantes. De cualquier modo, no representa una exposición correcta de la ley. Una hipoteca otorgada por uno de varios dueños que poseen una propiedad en común pro indiviso, grava solamente el interés individual del hipotecante en ella. Martinez, v. Mora, 33 D.P.R. 149. Un comprador en la venta de -ejecución para hacer efectiva tal hipoteca se subrogaría en el interés del condomino, incluyendo su derecho de partición. Artículos 333 y 334, Código Civil de Puerto Eico (ed. 1930). Cf. Benítez v. Bank of Nova Scotia, 110 F. (2) 169, 172.

Parece claro que el precio de compra en este caso era $6,000, el cual las apelantes estaban obligadas a consignar para poder hacer efectivo su derecho de retracto legal. Pero aún asumiendo que el precio de compra fuera desconocido, el artículo 1616 exigiría la prestación de una fianza para asegurar el pago ulterior del mismo. Las apelantes tampoco hicieron esto.

La moción para que se desestime el recurso por frívolo será declarada con lugar.


author: El Juez Asociado Señor Setyder

text:
    Jaime Matos Pérez, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Utuado, recurrido.
    Núm. 1104.

    Sometido: Julio 6, 1942.

      Resuelto: Noviembre 24, 1942.

      Gaspar Gerona Bras, abogado del recurrente; el registrador recu-rrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Setyder

emitió la opinión del tribunal.

Este es un recurso gubernativo contra una nota del regis-trador de la propiedad negándose a inscribir una escritura en la cual el vendedor intenta “vender, ceder y traspasar” al comprador “toda acción, título, derecho e interés que tiene o pueda corresponderle” sobre cierta finca. El registrador denegó la inscripción por los siguientes fundamentos:

“Se deniega la INSCRIPCIÓN de la anterior escritura, porque en ella no se ha dado cumplimiento al artículo 21 de la Ley Hipotecaria que dispone: que los documentos de actos y contratos que deban ins-cribirse, expresarán por lo menos todas las circunstancias que bajo pena de nulidad debe contener la inscripción y sean relativas a las personas de los otorgantes, a las fincas y a dos derechos inscritos, y el artículo 9 de la misma ley ordena, que toda inscripción que se baga en el Registro expresará entre otras las circunstancias siguientes: ‘2a. — La naturaleza, extensión, condiciones y cargas de cualquier es-pecie del derecho que se inscriba y su valor, si constase del título. ‘3a. — La naturaleza, extensión, condiciones y cargas del derecho sobre el cual se constituya el que sea objeto de la inscripción.’ Y estas cir-cunstancias, que el registrador no puede tomar más que del título mismo, han sido completamente omitidas en el documento presentado y su omisión-haría nula la inscripción que del mismo se hiciese según dispone el artículo 30 de la citada ley. Si calificado un documento la inscripción que pudiera éste producir fuera nula, el Registrador no debe inscribirlo. (41 D.P.R. 576)- El vendedor Juan Matos Rodríguez no determina qué derechos tiene sobre la finca que describe, y vende, cede y traspasa esos derechos indeterminados al comprador Jaime Matos Pérez, y en el supuesto de que fueren con-dominios, el precepto del artículo 9, circunstacia 2a. de dicha Ley Hipotecaria, en cuanto exige que se determine la extensión del dere-cho inscrito, demanda imperiosamente que para poder inscribir un condominio es necesario precisarlo, expresando en el título con toda claridad su porción alícuota. El Registrador de la Propiedad obli-gado a reflejar en los libros del Registro únioamente lo que los docu-mentos contienen, no está autorizado a determinar cuáles son los derechos .y acciones que sin determinarlos dice tener el vendedor, pues en lo tocante a la extensión de los derechos inscritos no con-siente la ley indeterminaciones o vaguedades, cuyas deplorables consecuencias está llamado a prevenir y evitar el mismo Registrador. (15 D.P.R. 489 y 492)-”

El recurrente insiste en que el registrador está obligado (a) a examinar las inscripciones anteriores de la propiedad en cuestión, (fe) a determinar, después de hacer tal examen. el derecho, título, e interés del vendedor en este caso, y (:c) a inscribir a nombre del comprador el derecho, título e inte-rés que resulte de su examen como pertenecientes anterior-mente al vendedor.

La contención del recurrente carece de fundamento. En una situación algo parecida, resolvimos recientemente en Pablo Ruiz v. Registrador, ante, pág. 1, resuelto en noviembre 4 de 1942, que “Al calificar una escritura en cuya virtud se solicita una inscripción y la capacidad de los otorgantes, el registrador debe tomar en consideración lo que resulte dela misma escritura; y no está obligado a examinar las inscripciones anteriores del registro, ni a estudiar otras escrituras no complementarias de la que se trata de inscribir.. Artículo 18 Ley Hipotecaria y 77 del Reglamento; Sucesión de Santos Collazo v. Registrador, 41 D.P.R. 576, 578; 2 Morell 241.” En la página 3 del mismo caso dijimos que “de acuerdo con el artículo 9 de la misma ley, toda inscripción que se haga en el Registro deberá expresar entre otras cosas : .... la naturaleza, extensión, condiciones y cargas del derecho sobre el cual se constituya el qiíe sea objeto de la inscripción. Cuando la inscripción carece de las expresadas, circunstancias, es nula ■ de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley Hipotecaria.”

Véanse también, 2 Morell, Legislación Hipotecaria, 127; Alvarez et al. v. Registrador de la Propiedad, 3 D.P.R. 264, 268.

El hecho de que la propiedad en este caso sea, de acuerdo con el recurrente, un condominio, presenta una razón adicional para confirmar la nota del registrador en este caso. Al dictaminar sobre el problema de la inscripción de intereses de condueños en un condominio, esta Corte en Puiget al. v. Registrador de la Propiedad, 15 D.P.R. 489, 492, sentó la siguiente'regla:

“En la resolución de la dirección de los registros de 6 de junio-de 1894 se sienta la doctrina de que el precepto del artículo 9», cir-constancia 2a., de la Ley Hipotecaria, en cuanto exige se determine la extensión del derecho inscrito, demanda imperiosamente, con rela-ción al condominio, que en su inscripción aparezca la porción alícuota de cada condominio (sic) [condomino], con claridad tal, que el tercero pueda conocerla indubitablemente.
“. . . no consiente la ley indeterminaciones o vaguedades, cuyas deplorables consecuencias está llamado a prevenir y evitar el mismo registrador de la propiedad.”

La nota del registrador será confirmada.


author: El Juez Presidente Se'ñoe Del Tono

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ricardo Castro, acusado y apelante.
    Núm. 9679.

    Sometido: Noviembre 10, 1942.

      Resuelto: Noviembre 30, 1942.

      P. Pérez Pimentel y M. Velázquez Flores, abogados del apelante; Fon. Procurador General George A. Malcolm, R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Atixiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Se'ñoe Del Tono

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión a resolver en este caso es la de si el jurado pudo declarar como declaró culpable de alterar la paz a una persona acusada de atentado a la vida.

Los hechos ocurrieron como sigue: El Fiscal de Distrito de Humacao formuló acusación contra Ricardo Castro impu-tándole la comisión de un delito de atentado a la vida consis-tente en haber disparado un revólver contra José E. Martín Aponte con malicia premeditada y propósito firme y delibe-rado de matarlo.

El acusado alegó que era inocente y solicitó juicio por ju-rado. Llamada la causa para vista y practicada la prueba, el juez, en sus instrucciones, se expresó, en parte, como sigue:

“En este caso la corte va a dar instrucciones a los señores del jurado porque las considera pertinentes, de alteración de la paz. De la prueba aparece que este ciudadano, dentro de la prueba de El Pueblo, no de la defensa, ese día, armado de un revólver, hacía cier-tos disparos y mostraba esa arma a ciertas personas. La corte va a dar intsrucciones sobre alteración de la paz. ^
“Toda persona que sin ser un caso de necesaria defensa propia, sacare o mostrare en presencia -de dos o más personas, algún arma mortífera, en actitud violenta, colérica y amenazadora, o que de modo ilegal hiciere uso de dicha arma en alguna riña o pendencia, incurrirá en misdemeanor. Esa es una de las modalidades del délito de alte-ración de la paz, en relación con armas. Otras de las modalidades son las siguientes: ...”

La defensa tomó excepción específica a la transcrita ins-trucción. El jurado se retiró a deliberar y volvió con un ve-redicto de culpable de alteración de la paz.

Y de conformidad con el veredicto, la corte dictó senten-ciá imponiendo al acusado sesenta días de cárcel y cien dó-lares de multa, sin costas.

El acusado apeló y señala como errores cometidos por la corte la trasmisión de su instrucción al jurado sobre el de-lito de alterar la paz, la aceptación del veredicto y el pro-nunciamiento de su sentencia. El fiscal de este tribunal sos-tuvo en su informe que la sentencia, debe revocarse y absol-verse al acusado.

El artículo 286 del Código de Enjuiciamiento Criminal (ed. 1935), prescribe que el jurado podrá declarar al acusado culpable de la comisión de cualquier delito necesariamente comprendido en el delito imputádole, o de tentativa de come-terlo.

Aplicando esa regla esta corte, en el caso del Pueblo v. Serrano, 57 D.P.R. 498, resolvió que “bajo una denuncia que imputa el delito de acometimiento grave, al acusado no puede declarársele culpable de ana alteración de la paz. Este úl-timo delito no está necesariamente comprendido en el pri-mero.”

El caso guarda estrecha relación con éste que estamos considerando.

El atentado a la vida es, como el acometimiento grave, un delito contra la persona de los que prevé y castiga en su título doce el Código Penal — el atentado de que aquí se trata en el artículo 218 y el acometimiento grave, base de la causa en Pueblo v. Serrano, supra, en la ley del 10 de marzo de 1904, página 41, que sustituyó al artículo 237 de dicho cuerpo legal — mientras que el delito de perturbación de la paz pre-visto y castigado en el artículo 368 del Código Penal que forma parte de su título quince, lo es esencialmente “contra la paz pública.” La naturaleza de los dos primeros y la del último es distinta. Puede que algunos de sus elementos sean los mismos, pero no cabe sostener que el de alteración de la paz esté “necesariamente comprendido” en el de atentado a la vida que se imputó al acusado.

Para un estudio más amplio de la cuestión, véanse 27 Am. Jur., Indictments and Informations, % 193 y 194, y la nota al caso de Watson v. State, 116 Ga. 607, en 21 L.R.A. (N.S.) 1.

Debe declararse el recurso con lugar, revocarse la senten-cia apelada y absolverse al acusado.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


text:
    Dolores Vega Rodríguez, et al., demandantes y apelados, v. Juan García y Anastacia Agosta, Etc., demandados y apelantes.
    Núm. 8570.

    Sometido: Noviembre 16, 1942.

      Resuelto: Noviembre 30, 1942.

      A. J. Amadeo, abogado de los apelantes; José G. Jusino, abogado de los apelados.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión deL tribunal.

Por segunda vez se solicita la desestimación del recurso-de apelación interpuesto en este caso. Vega v. García, 60 D.P.R. 721.

Se alegan ahora tres motivos que examinaremos por el orden en que se aducen. Es el primero el incumplimiento de la sección 42 del Beglamento de este Tribunal. Es cierto que radicada la transcripción el 10 de julio de 1942 el alegato debió presentarse diez días después o sea el 20 de julio y no lo fué hasta el 10 de septiembre siguiente, pero también lo es que durante ese período de tiempo estuvo pendiente la primera moción de desestimación'del apelado y que presentada la segunda y señalada su vista para' el 16 de noviembre siguiente, el alegato quedó radicado más de un mes antes de dicha fecha, circunstancias todas que pueden tomarse en consideración, como se toman, para dispensar al apelante del cumplimiento estricto del precepto reglamentario.

El segundo motivo es que la apelación es frívola. Tras nna lectura del alegato del apelante, no creemos que puede sostenerse que claramente lo sea. En tal virtud, de acuerdo con la práctica constante de esta Corte, no’ debe decretarse la desestimación por tal motivo.

El tercero es el de no haberse interpuesto la apelación por la Sucesión demandada y no haberse notificado el escrito interponiéndola a ciertos componentes de la Sucesión.

La demanda se interpuso contra “Juan García y Anasta-cia Acosta, y por fallecimiento su sucesión compuesta de sus hijos Josefina, Serafina, Julio, Francisco conocido por Po-cholo y Sixto García; y John Doe y Richard Roe, como here-deros desconocidos estos últimos.” Y la notificación de ape-lación se hizo por el abogado de los demandados Josefina, Serafina, Julio, Francisco y Sixto García, como herederos de Juan García y Anastacia Acosta, sin mencionarse a John Doe y Richard Roe y sin que conste que éstos fueran notificados.

La parte apelada se limita a firmar que la apelación no ha sido entablada a nombre de la “Sucesión demandada.”

En el caso de Arvelo et al. v. Banco Ter. y Ag. de P. R., 25 D.P.R. 728, 736, esta Corte por medio de su Juez Presi-dente Sr. Hernández se expresó así:

“Los derechos a la sucesión de una persona se trasmiten desde el momento de su muerte. Artículo 65'7 del Código Civil de 1889. La sucesión se defiere por la voluntad del hombre manifestada en tes-tamento, y, a falta de éste, por disposición de la ley. Artículo 658. Los herederos suceden al difunto por el solo hecho de su muerte en todos sus derechos y obligaciones. Artículo 661. Los artículos trans-critos eoncuerdan con los 665, 666 y 669 del Código Civil Revisado.
“La sucesión como persona jurídica no existé en nuestro derecho. Cabe que una sucesión sea parte demandante o demandada; pero para ello es necesario que se particularice e individualice expresando los miembros que la componen. No es una entidad legal indepen-diente. de los herederos. Estos son los que la determinan, y son los que deben aparecer como demandantes o demandados.
“Al resolver el caso de Dapena v. Sucesión Dominicci, 12 D.P.R. 66, dijo esta Corte que cuando la demanda se dirige contra una su-cesión, debe expresarse el nombre de cada uno de los herederos o darse alguna razón que justifique, la omisión del dicho requisito; y con-gruente con esa doctrina, al resolver el caso de Orcasitas v. El Registrador, 21 D.P.R. 553, se expresó en los términos siguientes: ‘Esta-mos de acuerdo con el registrador en que si era necesaria la notifica-ción o citación a la indicada sucesión, debió haberse hecho constar quiénes la componían, con el objeto de que dicho registrador pudiera determinar si dicha notificación fué hecha en forma adecuada.’ ”

Aquí la sentencia adversa dictada aparece notificada úni-camente a los demandados Josefina, Serafina, Francisco o Julio y Sixto García en la persona de su abogado, siendo esos demandados notificados, como herederos de sus padres, los que interpusieron con perfecto derecho el recurso pues ellos constituían de hecho la verdadera parte demandada y no la “Sucesión” que, como persona jurídica independiente, no existe.

Y en cuanto a que no se notificó la apelación a los “herederos desconocidos,” no siendo dichos otros herederos parte contraria a quien pudiere perjudicar el recurso, no había necesidad de notificarles la interposición.

En tal virtud debe declararse no haber lugar a la desesti-mación solicitada.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.