source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Hutchison, JUEZ ASOCIADO SR. WOLE.

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text:
    Ríos, Demandante y Apelante, v. Richardson, Tesorero de Puerto Rico, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Hnmacao, en cansa sobre devolución de contribuciones.
    No. 1384.
    Resuelto en julio 28, 1916.
    Interpretación de Estatutos — Estatutos Tomados de otros Estados. — Es regla bien conocida de interpretación de estatutos la de que, los que han sido aprobados originalmente en otros Estados al ser adoptados se considera que lo son con la interpretación ya establecida que les hubieren dado en el Estado de donde son transcritos.
    Contribuciones — Devolución de — Pago Bajo Protesta — Junta de Revisión e Igualamiento — Tasación y Retasación de la Propiedad — Derogación Implícita. — La ley disponiendo ol pago de contribuciones bajo j>rotesta y estableciendo un procedimiento para exigir la devolución de las mismas (Leyes 1911, p. 13'2), no derogó los artículos 308, 309 y 310 del Código Político, por lo que el contribuyente que deje de acudir a la Junta de Revi-sión e Igualamiento en solicitud de un remedio cuando ésta tiene poder para actuar, no puede pagar bajo protesta y luego recobrar las contribu-ciones en una acción establecida con tal fin.
    Id. — Id.—Causa de Acción — Demanda—Recurso Administrativo. — No aduce hechos suficientes para constituir una causa de acción una demanda sobre devolución de contribuciones pagadas bajo protesta, cuando apareciendo de ella que la Junta de Revisión e Igualamiento tenía jurisdicción para revisar la tasación hecha no consta que se hubiere recurrido a ella administrativa-mente.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. Francisco González.

    Abogados del apelado: Sres. Howard L. Kern, Attorney General, y Robert W. Perkins, Jr., Attorney General Auxiliar.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La demandante y apelante entabló una acción sobre devo-lución de contribuciones “tasadas por los años anteriores” (back-assessed) y pagadas bajo protesta, sobre una finca rús-tica que se alega forma parte de otra finca colindante de mayor cabida, que fueron incluidas en tasaciones anteriores de esta última finca y satisfechas dichas contribuciones con las correspondientes a la finca mayor, de acuerdo cou dichas anteriores tasaciones.

La corte inferior declaró con lugar la excepción previa que fné formulada a diclia demanda por no aducir hediós suficientes para determinar una causa de acción,-porque en la misma no se alegó que se hubiera interpuesto recurso de alzada a la Junta de Eevisión e Igualamiento:

“Siempre existen métodos por los cuales una persona cuya pro-piedad ha sido tasada indebida o injustamente para la contribución puede hacer que se rebaje la tasación o la contribución sin tener que acudir a los remedios legales ordinarios. Mientras el tasador con-serva todavía la lista o planilla en su poder sin terminarla, puede éste rebajar cualquier tasación a iniciativa propia o a solicitud de parte interesada cuando está convencido de que dicha tasación es ilegal o injusta, total o parcialmente. Ningún estatuto sería necesario para esto. Pero cuando la tasación ha salido de sus manos el derecho a obtener una rebaja depende en general del estatuto * '*
“El remedio que generalmente concede el estatuto es para la revisión directa bien por el mismo tasador o en alguna forma de procedimiento en apelación.”
* * * * * * *
“Y la regla general es que si una persona deja de acudir a la Junta de Revisión establecida por el estatuto no puede tener remedio alguno en las cortes.” 2 Cooley on Taxation (3ra. Ed.) p. 1378 a 1503.

En el caso de Board of Commissioners of Johnson Co. v. Searight Cattle Company, 31 Pac. 268, la Corte Suprema ele Wyoming, después de examinar un número de casos, llega por ellos a la siguiente conclusión:

“El sinnúmero de autoridades citadas todas se pronuncian en el sentido de que ninguna corte puede, no existiendo un estatuto que en términos expresos le confiera tal jurisdicción, revisar la resolu-ción de un funcionario tasador o la de una junta de igualamiento creada por el estatuto referente a la tasación de propiedad. Son igualmente concluyentes en cuanto a que la solicitud hecha para que se rebaje la tasación excesiva o errónea practicada por el tasador debe presentarse al tribunal que establece el estatuto para la correc-ción de tasaciones excesivas, erróneas o injustas, antes de que pueda recurrirse a los tribunales - aun cuando las cortes estén investidas de tal jurisdicción.”

Un estatuto de Carolina del Norte, aprobado en el año 1887, disponía:

“En todo caso cuando por cualquier razón se alega que es nula una contribución que ha sido satisfecha la persona que la paga, den-tro de los treinta días de verificado el pago, puede exigir por escrito del tesorero del pueblo que impone la contribución que se le devuelva, y si dentro de los noventa días siguientes dicha contribución no ha sido reintegrada surge por ello un derecho de acción contra el pueblo. ’ ’

La Corte Suprema de ese Estado, en el caso de Richmond & D. R. Co. v. Town of Reidsville, 13 S. E. 865, después de resolver que era un requisito previo al derecho de acción el hacer una reclamación dentro de los treinta días siguientes al pago y que una demanda en que no se alegue dicha recla-mación es insuficiente de ser excepcionada, hace el siguiente comentario acerca de este requisito:

“* * *. El precepto estatutorio que consideramos está basado en la justicia, conveniencia y buena práctica. La clase de reclama-ciones a que se refiere son contra el Estado y sus agentes. Se presume 'que los segundos son honrados y justos y están preparados y dispuestos a permitir y cancelar toda reclamación bien fundada que se haga contra ellos. No se presume que desean litigar o negar la justicia que corresponda a cualquier persona; ni en su carácter; re-laciones del negocio y transacciones pueden ellos conocer la natura-leza y méritos de la multitud de reclamaciones y demandas que pueden hacerse contra los mismos a falta de aviso. Es, por tanto, correcto, justo y conveniente hacer que las personas que tienen tales reclamaciones y demandas las presenten con razonable diligencia antes de iniciar acciones para establecerlas y hacerlas cumplir. El exigir esto no impone ningún gravamen injustificado a los reclaman-tes; y no debe permitirse a estos últimos demora alguna en exigir de las autoridades públicas que sus reclamaciones debidas sean re-conocidas y satisfechas o negadas y rechazadas. Esto es así espe-cialmente en cuanto a reclamaciones por contribuciones exigidas im-propia o ilegalmente. Dichas reclamaciones deben ser hechas y arregladas tan pronto como fuere posible.”

En enero del año arriba citado en último término la Corte Suprema de Louisiana, después de reseñar la historia de un estatuto de Louisiana y revisando los casos en que el mismo había sido interpretado, concluye su opinión en el caso de Shattuck v. City of New Orleans, 1 So. 411, como sigue:

“* * jí¡| derecho del contribuyente a conqpareeer ante el comité permanente y a ser oído en lo que respecta a la descripción de la propiedad que ha sido puesta en lista de la valoración de la misma, como ha sido tasada y el informe del comité permanente sobre tasación del concejo de la ciudad, son procedimientos prelimi-nares y requisitos anteriores al derecho de acción d'el contribuyente para probar la corrección de la tasación en las cortes de justicia. Esta fué ciertamente una sabia precaución tomada por la legislatura para evitar la molestia innecesaria y vejaminosa y la demora en el cobro de las rentas. Entendemos que las leyes de rentas deben ser consultadas al resolver sobre el derecho y causa de acción del deman-dante. Ellas proporcionan al contribuyente amplia justicia. No podemos su[)oner que el comité encargado de la tasación no hubiera o podría haber suministrado a los demandantes un remedio amplio y rápido si en realidad ellos tenían derecho a alguno; y si no lo hicieron pudieron entonces haber acudido fácilmente a las cortes de justicia en solicitud de un remedio. Admitiendo todo lo que alegan los demandantes contra su tasación, para los-fines del argumento, no vemos razón alguna por la cual no tenía el comité amplia facultad de acuerdo con el estatuto para corregir cualesquiera errores que se demuestre que existieron en la descripción de la propiedad puesta en lista, y en valoración como fué tasada y esa es la substancia de sus demandas.”

También en Louisiana Brewing Co. v. Board of Assessors, 41 La. Ann. 565; 6 So. 823, la opinión termina con estas palabras :

“Si por permanecer inactiva la corporación demandante ha dejado perder el remedio no puede quejarse de nadie sino de sí misma. La corte carece de facultad para intervenir.”

En el caso de Citizens’ Savings Bank v. The Mayor (N. Y. 1899, 37 App. Div. 560), la corte, refiriéndose a una acción establecida por una corporación de Connecticut, se expresó en estos términos:

“Se basa en la teoría de que si no es nula la contribución, era, citando del alegato del apelante, ‘anulable al probarse el hecho de que a la fecha de la tasación no tenía el demandante ningún sobrante que pudiera imponérsele contribución, y, por tanto, el capital del banco no podía ser parte de su sobrante.’ Es suficiente contestación a la conclusión a que se llega en vista de esta proposición, que ya sea o no correcta la premisa, el capital de la demandante en los ban-cos situados aquí estaba prima facie sujeto a la contribución, y que era su deber obtener la debida deducción por sus deudas, y de no conseguir esto revisar la acción de los tasadores mediante certiorari. (United States Trust Co. v. The Mayor, 144 N. Y. 488.) Un accionista puede, si así lo desea, renunciar el dereelio que tiene a dicha deducción. Así lo hace cuando deja de solicitarla y para su contribu-ción sin ningún reparo. Es ocioso decir que el capital de la deman-dante estaba absolutamente exento de contribución' porque sus de-pósitos y sobrantes excedían al valor de sus acciones, o porque la compra de las acciones era necesariamente una inversión de sus depo-sites. Estas posiciones sólo podían ser sostenidas mediante prueba suministrada a los comisionados de contribución al solicitar una de-ducción total o parcial. Podía ciertamente imponerse contribución a las acciones y los comisionados tenían jurisdicción para fijar la contribución. Su jurisdicción de acuerdo con el estatuto no quedaba afectada porque existieran otros hechos relacionados con la verdadera medida de deducción, respecto a cuyos hechos jamás se les llamó la atención. Las tasaciones eran, por tanto, completamente válidas.”'

En el asunto de Baumgarten (N. Y. 1899, 39 App. Div. 174), una viuda pensionada por los Estados Unidos, obtuvo una orden de la corte del condado en que se le ordenaba a la Junta de Superintendentes que devolvieran ciertas con-tribuciones, por la razón de que habiendo sido pagada la pro-piedad con dinero de una pensión estaba exenta de la contri-bución. Los procedimientos se basaban en la sección 16 del capítulo 686 de las leyes de 1892, la cual prescribe lo si-guiente :

“Sec. 16. — Corrección de tasaciones y devolución y entrega de contribuciones ilegales. — Cualquier junta así constituida puede corre-gir cualquier error material manifiesto u otro error en cualesquiera tasación o informe presentado por uno o más de dichos funcionarios del pueblo a la referida junta, o que pueda o haya sido presentado debidamente a la consideración de la junta para su decisión, confirma-ción o revisión,- y hacer que sea devuelta a cualquier persona la suma que se le haya cobrado por cualquiera contribución que ha sido, ilegal o indebidamente fijada o impuesta, y por virtud de la orden de la corte del condado se devolverá el importe de dicha contribución.”

En apelación la corte. de expresó en estos términos:

“Habiendo sido pagada su finca en parte con dinero de pensión era su deber, si ella alegaba una exención, comparecer ante los tasa-dores en el día fijado para oir quejas y hacer su reclamación. No habiendo cumplido con esto no tiene remedio. Debe considerarse que esta cuestión está resuelta en tanto esta corte pueda resolver una cuestión. (Broderick v. City of Yonkers, 22 App. Div. 448; McKibben v. Oneida County, 25 id. 361; Tucker v. The City of Utica, 35 id. 173; Worden v. Oneida County, id. 206.)

En el caso de Tucker v. City of Utica la corte se expresó como sigue:

“Está ya bien resuelto por las autoridades que cuando sólo parte de la propiedad ha sido pagada con dinero de pensión los tasadores tienen jurisdicción; y que es el deber del pensionista que alega exención presentar con claridad su situación el día fijado para oir quejas. (Swift v. City of Poughkeepsie, 37 N. Y. 511.) No consta que se haya hecho semejante objeción por el demandante con respecto a la tasación en cuestión.”

Puesto que la ley en que se basa el demandante en este caso ha sido transcrita literalmente de una ley de la Legis-latura de Tennessee de 1873, titulada “Una Ley para faci-litar el cobro de rentas,” citada en Shelton v. Platt, 139 U. S. 591, página 593, y en Tennessee v. Sneed, 96 U. S. 69, página 71, la interpretación que le ha dado la Corte Suprema de ese Estado no solamente es mucho más aplicable, sino que ad-quiere mayor fuerza de la bien conocida regia de interpre-tación de estatutos por la cual “los estatutos que han sido aprobados originalmente en otro Estado al ser adoptados se considera que son tomados con la interpretación ya estable-cida que les lian dado en el Estado de donde son transcritos.” Sutherland sobre Interpretación de Estatutos, see. 256, pá-gina 337.

Si seguimos esta regla en el presente caso, (y en vista de la marcada analogía entre la legislación existente en Tennessee y en Puerto Eico en las respectivas fechas en que fué aprobada la nueva ley, no vemos qne exista alguna razón sustancial para negarse a observarla) entonces desaparece toda duda que pueda haber, por virtud de la decisión en el caso de Ward v. Alsup, 46 S. W. 573, en cuyo caso la Corte Suprema de Tennessee dijo lo siguiente

“Ambos de estos casos son puramente acciones legales de acuerdo con el estatuto y aunque una de ellas ha sido establecida en la corte de equidad no hay cuestiones de equidad envueltas. Bn ninguno de ellos se hace ninguna alegación de que el demandante observó el precepto del estatuto para corregir las tasaciones desiguales o exce-sivas compareciendo ante la junta de igualamiento de su condado y presentando quejas a dicha junta antes de pagar sus contribuciones lo que consideramos un requisito previo indispensable al estableci-miento de cualquier acción meramente legal sobre devolución de con-tribuciones pagadas bajo protesta admitiendo que la acción sea ver-dadera, y tona fide. Por la ley de 1895, caso 120, sección 50, las fa-cultades y deberes de la junta de igualamiento del condado se deter-minan y definen y es el deber de esa junta, entre otras cosas, el exa-minar, comparar e igualar las tasaciones, oir y resolver quejas que presente cualquier persona que se sienta perjudicada debido a dicha tasación, y corregir todos los errores cuando a su juicio así lo exija la justicia, etc. .Shannon’s Code, sección 802. Por la misma ley, sección 62 (Shannon’s Code, sección 807), a la junta de igualamiento del Estado se le exige que proceda al igualamiento del valor total de los bienes de los varios condados, y rebaje o aumente las tasa-ciones según lo estimen conveniente. Se verá, pues, que los deman-dantes tenían el remedio de una jmrta de igualamiento ante la c-ual sus quejas podían o debieron ser formuladas a falta de algunas razones en equidad por lo que no clebía hacerse; y esta junta tenía facultades amplias para considerar y rectificar sus perjuicios indi-viduales. No existe nada en los autos que muestre que se hizo alguna solicitud o presentó ninguna queja a la junta, o que alguno de los demandantes compareciera en alguna ocasión ante la junta.
“Se ha resuelto que, cuando por un estatuto válido se crea con facultades para actuar una junta de tasadores o igualadores, el con-tribuyente que deje de acudir a dicha junta en solicitud de un reme-dio cuando ésta tiene poder para actuar no puede pagar bajo protesta y luego recobrar las contribuciones en una acción establecida con tal fin Se dice que es una regla bien establecida en todas partes que debe hacerse solicitud al tribunal establecido por el estatuto con tal objeto, si alguno ha sido creado, antes de poderse tomar ninguna acción para recobrar dichas contribuciones. * * *.
“Es cierto que el estatuto de Tennessee concede un remedio al contribuyente pagando bajo protesta si creyó que su contribución era ilegal, injusta, o excesiva, o en contra de algún estatuto o cláusula de la Constitución, estableciendo entonces una acción contra el colector para recobrar la suma que así fue exigida injustamente; pero este estatuto claramente tenía en cuenta que el contribuyente, en caso de tasaciones hechas por los funcionarios de la propiedad en forma^ irregular, indebida o excesiva, debe haber formulado su queja ante la junta nombrada por el estatuto para oir tal queja, o investi-gar respecto a la tasación y la forma en que se hace, y si es o no excesiva. El comisionado del condado no tiene facultad para hacer esto sino solamente para, cobrar aquellas contribuciones que vienen a sus manos ya tasadas, excepto en ciertos casos de propiedad que ha. sido omitida, etc.
“Si una parte pretende impugnar todo el sistema de tasaciones o la tasación especial de su propiedad' mediante la acción del estatuto para recobrar la suma que le fue exigida, debe ponerse en condicio-nes de poder hacer esto presentando su queja, primero a la junta creada para oir dichas quejas de acuerdo con la ley, y dentro del término fijado por el estatuto. El estatuto que dispone que el con-tribuyente debe pagar sus. contribuciones bajo protesta y entonces establecer su acción para recobrar dichas contribuciones, y que este remedio será exclusivo tuvo por objeto impedir que fueran obstaculi-zadas las contribuciones por injunctions y otros procedimientos de manera que las rentas del Estado no estuvieran mezcladas con liti-gios; pero la teoría era que si la tasación había llegado a tal punto que la contribución estaba fijada y podía cobrarse, el contribuyente debía entonces pagar y hacer uso de su remedio para recobrarlas. Pero para tener este remedio a falta de fraude u otro fundamento de intervención en equidad debe el contribuyente haber utilizado aque-llas disposiciones del estatuto por las que hubiera podido corregirse la injusticia que se. alega antes de que la contribución fuera fijada y pudiera cobrarse. Puesto que ninguna de las partes que se que-jan en estas causas alega que alguna vez haya comparecido ante una junta de igualamiento y tratado de rectificar su tasación por la supuesta ilegalidad, desigualdad y exorbitancia, ninguna ocupa tal actitud que promueva las importantes cuestiones relativas a las tasaciones, que han sido presentadas por ellas, y que se suponían estar envueltas, y sobre las cuales se solicita que la corte tome ac-ción; y ya que las acciones sean verdaderas o solamente simuladas, de buena fe o establecidas con un fin ulterior, no pueden ser consi-deradas por les méritos de las cuestiones presentadas; y sin ir más lejos en la investigación de la forma y objeto porque fueron estable-cidas, la sentencia en una y el decreto en la otra deben ser confirmados, y los casos desestimados, por no haber el demandante hecho uso del remedio preliminar y claro que la ley dispone para que sean corregidas las tasaciones.”

El artículo 303 del Código Político prescribe lo siguiente:

“Que siempre que el Tesorero de Puerto Rico tuviere conoci-miento de que alguna propiedad inmueble sujeta a contribución haya sido omitida en la, tasación de la propiedad de cualquier contribu-yente durante cualquier año o años económicos, a partir del año eco-nómico de 1901-02 será su deber hacer que se tase inmediatamente por los años durante los cuales dicha propiedad no ha sido tasada, y agregarla a la lista de contribuciones por dichos años, procediendo al cobro de las contribuciones que a ella corresponden, así como tam-bién al cobro de todos los recargos en que se hubiere incurrido por no haber pagado prontamente las referidas contribuciones, lo que hará en la misma forma en que recaude las demás contribuciones prescritas en este título: Disponiéndose, sin embargo, que siempre que se hubiere omitido la tasación e imposición de contribuciones sobre dicha propiedad, y el dueño de ella no fuere culpable de esa omisión, tendrá facultad el Tesorero de Puerto Rico para, a su juicio, condonar en todo o en parte los recargos consiguientes. En todo caso en que se hubiere tasado propiedad, mueble o inmueble, durante un año económico o durante varios, pero se hubiere hecho la tasación a nombre de otra persona distinta del verdadero dueño o poseedor de dicha propiedad, o se hubiere hecho en forma tal que fuese nula, el Tesorero de Puerto Rico cancelará dicha tasación,, la eliminará de las listas de contribuciones, y retirará y cancelará los recibos de contribuciones o borderós correspondientes a la misma, procediendo a una nueva tasación de dicha propiedad y a corregir las listas de contribuciones de acuerdo con ella, así como a recaudar, en cuanto resrdtaren pendientes de pago, las contribuciones correspondientes a la antedicha nueva tasación en la misma forma que se dispone en esta sección para la tasación y recarrdac-ión de contribuciones sobre propiedad inmueble que indebidamente no se hubiere tasado.”

El artículo 308 del Código Político, “con el propósito de revisar la tasación y retasación de la propiedad inmueble y mueble” y “con el fin de resolver todas las reclamaciones que presenten los contribuyentes con referencia a la tasa-ción de sus propiedades,” creó “una junta permanente de revisión o igualamiento, compuesta del Tesorero de Puerto Eico, el Secretario, el Comisionado del Interior, y otras dos personas, ciudadanos de Puerto Eico, versadas en asuntos relativos al valor de la propiedad en Puerto Eico.”

El artículo 309 prescribe que:

“Cualquier persona perjudicada por la decisión del tasador res-pecto a la valuación de su propiedad puede elevar queja por escrito sobre el particular a la susodicha junta de revisión e igualamiento, debiendo consistir la referida queja de una exposición que especifi-que terminantemente cuáles son los errores de (pie se queja, consignan-do los hechos conducentes a su rectificación * * *\

Las facultades de la junta se describen en el artículo 310, a saber:

“La citada junta de revisión e igualamiento oirá la apelación y resolverá de nuevo cualquier cuestión que se presentare ante la junta y que se relacione con la. mayor o menor cantidad en que puede tasar-se la finca para imponerle las contribuciones, o con el importe de ésta; y al hacer constar dicha resolución corregirá los libros de tasaciones o las planillas de acuerdo con lo que se haya decidido, o dispondrá que se haga la corrección de referencia por el Tesorero, si los citados libros o planillas se hallaren en poder de éste. La referida junta tendrá poder para suprimir, disminuir o aumentar las valuaciones hechas eii cualquier planilla que le haya sido enviada, háyase pre-sentado o no queja alguna con relación a la misma; y para decidir toda otra queja con respecto a la imposición de contribuciones y para corregir todos los errores que haya, a medida que se le indi-quen; * *

La ley titulada “Ley disponiendo el pago de contribu-ciones bajo protesta, estableciendo un procedimiento para exi-gir la devolución de las mismas y para otros fines,” apro-bada en 9 de marzo de 1911, dispone la forma de reintegrar contribuciones que lian sido cobradas indebida o ilegalmente cuando lian sido pagadas bajo, protesta. Aunque todos los demás remedios contra el “cobro” ilegal de contribuciones han sido suprimidos expresamente, nada se dice respecto a tasación, ni se hace ninguna referencia a las secciones del Código Político que han sido citadas anteriormente, y hasta el precepto que ordinariamente se usa para la derogación de “toda ley o parte de ley que a la presente se opusiere,” brilla por su ausencia.

El Código Político en los artículos citados trata del meca-nismo de la tasación de la propiedad y del procedimiento para obtener un remedio administrativo contra todas las equi-vocaciones o errores de criterio en cuanto a este particular; y la ley de 1911 del cobro de la contribución que se reclama o alega está vencida con sujeción al posible derecho de reco-brarlas el contribuyente en una acción establecida con tal objeto. Según los términos del artículo 330 del Código Polí-tico las contribuciones impuestas por el artículo 285 de dicho código serán pagaderas semestralmente por adelantado, los días primero de julio y enero de cada año, al terminarse las planillas en la forma prescrita por el artículo 314, que dis-pone, entre otras cosas, que “las planillas o listas de con-tribuciones encuadernadas, constituirán el libro de tasación del distrito a que se refieran, de acuerdo con el cual se im-pondrá y recaudará la contribución prescrita por la ley; y se presumirá definitivamente válida por toda corte y tribunal, no alterándose ni desestimándose a menos que lo fuere para corregir un error manifiesto * * *.”

No podemos creer que nuestra Legislatura al adoptar el estatuto de Tennessee en el año 1911 tuvo la intención de renunciar a la teoría de la ley original como fué enunciada por la Corte de Tennessee en lo que respecta al efecto que quiso dársele a la anterior legislación en Tennessee que es muy parecida a la nuestra, para eliminar así prácticamente a la junta de revisión e igualamiento como factor en la tasa-ción de la propiedad, ya por la sustitución de la acción para exigir la devolución de contribnciones que lian sido pagadas bajo protesta, por el recurso administrativo a dicha junta en cuestiones que están claramente comprendidas en su juris-dicción, o mediante el establecimiento de un remedio mera-mente alternativo, con el fin de que fuera adoptado uno u otro procedimiento indistintamente a capricho del contribu-yente.

La .ley claramente y del modo más enfático niega la idea de algún remedio alternativo en cuanto a cuestiones que están dentro de su alcance y poco o nada contiene donde pueda fun-darse una verdadera teoría respecto a la derogación tácita de alguna parte o porción del Código Político que sea per-tinente a la cuestión que aquí está envuelta. El exigir al contribuyente que agote primero su remedio administrativo no puede producir opresión ni injusticia para dicho contri-buyente y no envuelve menoscabo o privación de su derecho bajo la más reciente disposición. Si en un caso adecuado y sin razón o excusa deprecia él la oportunidad de establecer el recurso administrativo, entonces el cobro subsiguiente que se le haga de la contribución, no es ilegal, ni indebido, ni injusto.

La demanda sólo presenta una cuestión de hecho que puede resolver fácilmente el tasador en persona y que es especial-mente susceptible de poder ser resuelta en apelación por la Junta de Revisión e Igualamiento y en dicha demanda se deja de explicar, enteramente el motivo de no haberse esta-blecido dicha apelación, o de justificar la razón que hubo para acudir a las cortes a falta de una resolución administrativa final en sentido adverso, de dicha cuestión, que haya sido obte-nida en primer término.

■Claramente que en ciertas circunstancias concebibles que no constan en el presente caso podría establecerse una acción sin la necesidad de un recurso administrativo previo. Tales casos se resolverán según se presenten. La simple cuestión de si las contribuciones sobre cierta finca, que se admite está sujeta a la facultad de poder ser tasada fian sido o no inclui-das en la tasación de una finca colindante de mayor cabida, y si fian sido satisfechas anteriormente en unión y como parte de las contribuciones correspondientes a dicha finca de mayor cabida, ciertamente que no constituye una excepción a la regla general.

La sentencia debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia afolada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro y Aldrey.

El Juez Presidente Sr. Hernández no intervino en la reso-lución de este caso.

Juez disidente: Sr. Asociado Wolf.

'OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SR. WOLE.

Me parece que la ley de marzo 9, 1911, es por su faz muy clara al conceder al contribuyente el derecho de establecer una acción contra el Tesorero si ha sido cobrada indebida-mente una contribución. Da el derecho al contribuyente y no existe precepto alguno en ninguna parte de la ley que le exija el tener que apelar a la Junta de Revisión e Iguala-miento. Con anterioridad a la referida ley de marzo 9, 1911, dicha apelación era en un gran número de casos el único remedio que tenía el contribuyente. Pero ahora la ley en varias partes concede a dicho contribuyente un remedio me-diante acción en todos los casos de contribución indebida si primeramente satisface sus contribuciones bajo protesta. El pago de las contribuciones bajo protesta es la condición esen-cial precedente. Después del pago de la contribución bajo protesta en caso de tasación indebida nace un remedio a favor del contribuyente mediante acción de conformidad con el claro texto de. la ley. No veo razón para que tenga que agregarse otra condición precedente.

Pero se dice que dicho estatuto fué tomado del de Tennessee, y que debemos seguir la interpretación que se le ha dado por la corte más alta de ese Estado y se cita el caso de Ward v. Alsup, 46 S. W. 573. En lo que respecta al esta-tuto mismo no se interpreta éste en ese caso. Se dijo en ese caso que bajo el sistema de contribuciones en Tennessee el contribuyente tiene primeramente que agotar su remedio por la vía gubernativa. La decisión es una interpretación de todo el sistema de contribuciones en Tennessee y no del estatuto mismo. Supongamos, por ejemplo, que no hubiera habido ninguna junta administrativa de revisión en Puerto Rico y que todavía hubiéramos adoptado el estatuto de Tennessee. No hubiera habido palabras ambiguas en él y, por tanto, ninguna base para su interpretación. La regia de interpretación a que se refiere la opinión de la mayoría del tribunal es una que según la entiendo hace referencia a la interpretación de las palabras del estatuto mismo. Como quiera que sea la regla de interpretación no debe ésta ser observada irreflexivamente en todas las circunstancias. Coulam v. Doull, 133 U. S. 216; Whitney v. Fox, 166 U. S. 646, 647. En este último caso la Corte Suprema de los Estados Unidos se negó a quedar obligada por virtud de la intevpre-.tación que se dió a un estatuto en California después que dicho estatuto había sido adoptado en Utah cuando única-mente había un caso en California y estando la decisión de Utah en armonía con el claro significado del estatuto. La citación en este caso es idéntica al parecer. Creo que la in-tención de la legislatura tomando en consideración las pala-bras del estatuto, era el regular todos los casos de contribu-ciones ilegales. Siento que varias circunstancias me bayan impedido de presentar una opinión disidente más extensa, pero como disentí del criterio de la mayoría deseaba indi-car brevemente mis razones.


author: El Juez Asociado Sb. Hutchison,

text:
    Rabell, Demandante y Apelante, v. Rodríguez et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilta en cansa sobre derribo de obra nueva y servidumbres legales.
    No. 1349.
    Resuelto en julio 28, 1916.
    Injunction — Interdicto para Impedir la Construcción de un Edificio — De-molición de Obra de Reciente Construcción — Equidad.—El procedimiento de injunction ha sustituido en gran parte al antiguo remedio del interdicto de la Ley Civil para impedir la construcción de un edificio u obtener la demolición de una obra recientemente construida, rigiéndose tales cuestiones por los principios generales de equidad.
    Impedimento o Estoppel — Actos Propios. — La doctrina do que nadie puede ir contra sus propios actos {estoppel) es tan conocida para el Código Civil, como para cualquier corte de equidad.
    Injunction — Impedimento o Estoppel — Demolición de Obras de Reciente Construcción — Infracción de Ordenanzas Municipales — Reglamento de Sanidad. — Un vecino que por semanas o meses observa la eonstruceión de una casa en un solar contiguo, sin oposición o protesta alguna, no puedo después obtener mandamiento de una eorte para la demolición de dicho edi-ficio simplemente porque los funcionarios municipales o insulares permitieron ligeras desviaciones en cuanto a la construcción del edificio en exceso • de cualquier ordenanza o reglamento de sanidad’ relativos a la materia.
    Servidumbres de Luces y Vistas — Puertas—Ventanas, Balcones u otros Voladizos — Interpretación de Estatutos. — No fué la intención del legis-lador incluir en el artículo 589 del Código Civil las puertas entre las ventanas, halcones u otros voladizos semejantes que se enumeran en dieho precepto, pues en caso contrario hubiera heebo mención de las mismas, no dejándolas sometidas a deducciones.
    Los techos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Garlos Franco Soto y José de Guzmán Benitez.

    Abogado de los apelados: Sr. Alfredo Blasco Pagan.

   El Juez Asociado Sb. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Los hechos y cnestiones envueltos en este caso y las con-clusiones de hecho y de derecho a que llegó el juez senten-ciador aparecen expresados con razonable extensión en la opinión que por escrito emitió el juez de la corte inferior, la cual- es como signe: •

“Esta es una demanda interpuesta por Narciso Rabell'contra los demandados Don Nicolás Rodríguez y el Municipio de San Sebastián, en la que se alega substancialmente: que el demandante y el deman-dado Nicolás Rodríguez, son mayores de edad y vecinos del pueblo de San Sebastián, P. R., y el Municipio de San Sebastián es una corpo-ración jurídica, creada de acuerdo con los Estatutos de Puerto Rico; que el demandante es dueño de una casa radicada en la calle de Mi-radero del pueblo de San Sebastián, de manipostería, cubierta de zinc, que mide diez metros de frente, por quince de fondo, y linda por su derecha entrando que es el Norte, casa de Nicolás Rodríguez, por la izquierda y espalda, que es el Sud y el Oeste, respectivamente, el patio de la Casa Consistorial, y por su frente que es el Este, la calle en que radica; que la descrita casa fue edificada, antes del ano 1896, por su primitivo antecesor en título, Don Lorenzo Orfilla, sobre un solar que es propiedad del Municipio de San Sebastián, y sobre el cual el de-mandante por sí y por sus causantes en título, tiene el derecho de usufructo a perpetuidad por concesión otorgada por el Municipio de San Sebastián, otorgándosele tal concesión sin limitación, gravamen, ni servidumbre alguna; que el demandado es dueño de una casa, ra-dicada en las calles de Miradero y Miraflores del Municipio de San Sebastián, semi-alta, de maderas, cubierta de zinc, con letrina, pozo séptico y pozo filtrante de 22 pies 12 pulgadas de frente por 41 pies 9 pulgadas de fondo, en lindes por el Este y el Norte, las calles de Mi-radero y Miraflores, respectivamente, por el Sud, con la casa del de-mandante, y Oeste, casa de la sucesión Caballero; dicha casa, de reciente construcción, el demandado la ha construido a sus expensas, durante los últimos seis meses del año 1913, y está edificada sobre un solar de que es dueño el Municipio de San Sebastián, y sobre el cual el dicho demandado tiene el derecho de usufructo por título de con-cesión otorgada por el Municipio de San Sebastián; pero alega el demandante que tal concesión para la construcción de dicha casa .es-taba sujeta a determinadas limitaciones o servidumbres legales que en materia de construcción imponen los Reglamentos de Sanidad y Ordenanzas del Municipio de San Sebastián, y tales limitaciones o servidumbres legales no fueron reconocidas por el demandado, ni el Municipio de San Sebastián exigió que se establecieran, siendo nula y sin ningún valor dicha concesión, así como ilegal la forma y modo como ha sido llevada a cabo la construcción de dicha casa por el •demandado; que a pesar de que la concesión hecha por el Municipio •de San Sebastián para fabricar su casa el demandado, no podía permitir a dicho demandado quebrantar lo establecido y prevenido por las Ordenanzas vigentes de dicho municipio respecto a construc-ciones, el referido demandado sin tener en cuenta dichas Ordenanzas, y el citado municipio sin hacerlas cumplir y sin el consentimiento del demandante, levantó el seto lateral del lado Sud de la casa en una longitud de 10 metros 60 centímetros en sentido paralelo al costado Norte de la pared maestra de la casa del demandante a una distancia de dicha pared que varía de 46 centímetros a 1 metro 68 centímetros; que en el seto lateral del lado Sud de la casa descrita en el hecho IV de esta demanda, el dicho demandado tiene abierta una ventana y una puerta dando vistas rectas a la casa del demandante, siendo de un metro 68 centímetros la distancia que media entre la pared lateral de la casa del demandante, y la línea exterior del seto de la casa del demandado que está abierta, y 69 centímetros la distancia de la puerta a dicha pared. Y alega el demandante que tal gravamen o servidum-bre se está usufructuando por el demandado contra la voluntad del demandante, y tiene un valor de más de $500; que asimismo el de-mandado ha construido en el solar contiguo a la pared lateral del lado Norte de la casa del demandante, una letrina, un pozo séptico y un pozo filtrante a una distancia que varía de 39 a 46 centímetros de dicha pared lateral de la casa del demandante a la línea exterior de la pared de dicha letrina y pozos ;* y alega el demandante que para la construc-ción de la letrina y pozos el demandado ha hecho excavaciones a más de un metro de profundidad y que tal gravamen o servidumbre a dis-tancia se está usufructuando por dicho demandado contra la voluntad del demandante y tiene un valor de más de $1,000; que el Municipio de San Sebastián tiene preparado un plano de los terrenos ya urba-nizados comprendidos en su término municipal, cuyo plano ha sido aprobado por el Director de Sanidad; y alega el demandante que en dicho plano están comprendidas las calles de Miradero y Miraflores, y dicho Municipio de San Sebastián, sabiendo que las referidas calles tienen una anchura inferior a diez metros, ha permitido ilegalmente que el demandado construya la casa descrita en el hecho IY de esta demanda, a una distancia menor de 5 metros a contar del eje de dichas calles, y asimismo dicha casa ha ocupado toda el área del solar con-cedido por dicho municipio sin dejar un 20 por ciento por lo menos en relación con el área edificada.
“Los demandados, por representación de su abogado Alfredo Blasco Pagán, contestaron la demanda, alegando: que admiten el he-cho primero de la demanda, en lo que se refiere a la vecindad y capa-cidad de las partes litigantes; que niegan todos y cada uno de los de-más hechos y alegaciones de la demanda; y como materia nueva de oposición; que en virtud de concesión hecha al demandado Rodríguez por el co-demandado el Municipio de San Sebastián, dicho Rodríguez, sin perjuicio del demandante, y en uso de un derecho que le fué con-cedido, fabricó a sus expensas una casa de madera y zinc en la calle de Miradero y Miradores de San Sebastián, y cuyo edificio fué cons-truido a ciencia y paciencia del demandante, y sin que éste opusiera la menor resistencia u objeción; y que terminado que fuá dicho edifi-cio, y siendo así que reunía todas las condiciones legales y luego de inspeccionado por la sanidad, le fué concedido el habitarlo y cuyo acto fué llevado a efecto.
“Celebrado el juicio, la corte dictó sentencia declarando con lugar la demanda solamente en cuanto al particular ‘de que el demandado Nicolás Rodríguez tiene abierta una ventana con vistas rectas a la casa del demandante siendo de un metro 68 centímetros la distancia que media entre la pared lateral de dicha casa y la línea exterior del seto de la casa del demandado en que está abierta la ventana, desesti-mando dicha demanda en cuanto a los demás extremos de la misma; por todo lo cual se ordena que dicho demandado Nicolás Rodríguez tapie dentro de quinto día la ventana construida en el seto Sud de la referida casa, sin hacer especial condenación de costas.
“Esta sentencia está sostenida por la prueba practicada a ins-tancia de ambas partes litigantes, documental y dó testigos. Apa-rece de esa prueba, conjuntamente examinada, que el demandado Nicolás Rodríguez construyó la casa de referencia ajustándose a los requisitos y de más particulares exigidos por el Municipio de San Sebastián y la Oficina de Sanidad, y sin protestas de ninguna clase por parte del demandante Narciso Rabell durante el período de cons-trucción de dicha casa; no apareciendo tampoco demostrado que dicho demandante haya utilizado ningún recurso adecuado en ley para obtener la suspensión o la paralización de los trabajos de la ameritada casa, no obstante de encontrarse presente dicho demandante en el pueblo de San Sebastián cuando se estaba construyendo la casa y de tener, por lo tanto, conocimiento de los trabajos que realizaba el de-mandado Nicolás Rodríguez; no pudiendo ahora el demandante volver contra actos celebrados y consentidos por el mismo deman-dante. Aparece también de la prueba que dicho demandante no hizo ninguna gestión cerca del Municipio de San Sebastián que autorizó al demandado Rodríguez para fabricar su casa ni ante la oficina de-sanidad, para impedir la construcción de dicha casa, o exigir que se construyese ésta observándose, como él alega, las prescripciones u ordenanzas de dicha corporación. Del mismo modo, es un hecho probado sin contradicción, que el demandado Rodríguez, después de terminada la construcción de la casa, ocupó ésta por autorización expresa de las autoridades de Sanidad y sin reparo del municipio, lo cual implica la aceptación por parte de éstos de que dicbo demandado se había ajustado a las reglas y disposiciones emanadas de dichos centros, en la fabricación de la casa.
“Las alegaciones hechas por el demandante bajo los números IV, V, VII y VIII, no están sostenidas por la prueba, ya que dicho de-mandante omitió introducir la mejor prueba en este caso, cual es las ordenanzas municipales del pueblo de San Sebastián, las que, según el referido demandante, contienen las limitaciones o servidumbres legales impuestas en materia de construcción. La corte no tiene conocimiento judicial de las referidas ordenanzas con arreglo al ar-tículo 36 de la Ley de Evidencia en procedimientos .civiles de 9 de marzo de 1905. La corte de paz, digo, sólo las cortes de paz, espe-cialmente establecidas para conocer originalmente de la infracción a las'ordenanzas municipales, son las que por implicación tienen que tener conocimiento judicial de dichas ordenanzas. No sabemos, pues, io que disponen esas ordenanzas a que alude el demandante en su demanda; pero asumiendo que tales ordenanzas contuviesen las li-mitaciones o servidumbres legales impuestas, en materia de construc-ción, que se alega en dicha demanda, y que el Municipio de San Sebastián hubiera dejado de cumplimentarlas, o que hubiera per-mitido que el co-demandado Nicolás Rodríguez las dejara incumplidas, tal acción u omisión realizada por el referido municipio, solamente daría lugar, con arreglo al artículo 1803' del Código Civil Revisado, a la obligación de reparar el daño causado, aun dando por probado, que no lo está, que se hubiera ocasionado un daño al demandante, y que el daño se causó interviniendo culpa o negligencia por parte del municipio, lo que tampoco resulta probado, siempre llegaríamos a la conclusión de que no habiéndose alegado en la demanda ni versado el debate sobre este punto, no podemos ahora alterar sus términos para apreciar y tomar en consideración una cuestión que no ha sido plan-teada ni discutida en el juicio. Nos parece fuera de toda duda, la improcedencia de la acción ejercitada en la demanda por el deman-dante contra el municipio, ya que partiendo del supuesto de estar probados los hechos que se alegan haber sido realizados por dicho municipio, no se deriva de la ejecución de los mismos, que la casa construida por el co-demandado Nicolás Rodríguez deba ser destruida, ni que éste debe responder de actos realizados por otro, sin su culpa o negligencia, ya que en definitiva no se trata en este caso, ni de las pruebas aportadas al juicio aparece por inferencia que la casa cons-truida constituye un nuisance o estorbo público que debe ser remo-vido con arreglo a la ley. Si el Municipio de San Sebastián dejó en una forma o en otra de ajustar sus actos oficiales, como tal cor-poración a lo que las ordenanzas municipales respecto a construcción civil urbana, y si la Dirección de Sanidad dejó de ajustarse a las leyes y reglamentos sanitarios en la misma materia, cuestiones son éstas que han debido ser planteadas en otros términos mediante el ejercicio de otras acciones adecuadas al remedio procedente en estos casos, independientemente de la personalidad del demandado Nicolás Rodríguez, que en la construcción de su casa se ajustó a los planos y demás reglas impuestas por dichos centros de la Administración Pública. Por estas consideraciones entendemos que .en este punto concreto la demanda no ha podido prosperar en contra del Municipio de San Sebastián, ni de Nicolás Rodríguez.
“En cuanto a la servidumbre de vistas, declara el artículo 589 del Código Civil Reformado, que no se puede abrir ventana con vistas rectas, ni balcones u otros voladizos sobre la finca del vecino, si no hay dos metros de distancia entre la pared en que se construyera y dicha propiedad. Estas distancias según el consiguiente artículo 590, se contarán en las vistas rectas desde la línea exterior de la pared en los huecos donde no hay voladizos, y desde la línea recta de éstos, donde los haya. Comentando estos artículos el Señor Manresa en su obra ‘Comentarios al Código Civil’ expone en el tomo 4, pági-nas 766 y 777 lo siguiente: ‘Vistas rectas, o de frente, son aquellas que se abren en pared paralela a la línea que divide los dos predios en el que el hombre tiene al usarlos la cabeza $n su posición natural; en ella mira aquél perpendieularmente sobre la línea divisoria entre la pared y el fundo del vecino. La disposición del artículo tiene algo de taxativo — ventanas y balcones — y algo demostrativo — u otros vola-dizos semejantes. Se ha debatido sobre si el precepto es aplicable a la apertura de una puerta, es decir, si el dueño de una edificación está obligado a someterse a los artículos 582 y 583 (589 y 590 del Código Civil Revisado) al abrir en pared propia, sobre terreno pro-pio, v. gr. un metro o metro y medio, una puerta. El artículo 582 de ninguna manera se refiere a la apertura de una puerta, que ade-más no tiene el destino de dar vistas. La jurisprudencia de los tribunales franceses e italianos han resuelto la cuestión en el sentido que indicamos. ’ Resulta de la prueba y de la inspección ocular prac-ticada por el juez, que el dueño de la casa Nicolás Rodríguez cons-truyó en la pared lateral de dicha casa una ventana con vistas rec-tas sobre la casa contigua, propiedad del demandante Narciso Rabell, a una distancia menor de dos metros computada ésta con arreglo al precepto antes citado (art. 590'), y siendo esto así es evidente que tal servidumbre de vistas debe desaparecer como contraria a la ley. ’ ’

En la súplica de la demanda, y en la parte de la misma a que necesitamos referirnos, se pedía en snstancia qne se dictara sentencia:

“I. Declarando que la concesión que en usufructo el Municipio de San Sebastián ha otorgado al demandado Nicolás Rodríguez sobre el solar de que es dueño dicho municipio, es nula y sin ningún valor y que el demandado Nicolás Rodríguez derribe a sus expensas la casa descrita en el hecho IV de esta demanda.
“II. Declarando en otro caso, que la casa del demandante se halla libre de toda servidumbre a favor de la finca de los deman-dados, decretando en su consecuencia que el demandado Nicolás Ro-dríguez retire la referida casa de la pared lateral del lado norte de la casa del demandante a una distancia no menor de cuatro metros de dicha pared y ciegue y retire la letrina y pozos séptico y filtrante a una distancia no menor de 10 metros de dicha casa del demandante.
“III. Declarando en otro caso, que el demandado retire la letrina y pozos a la distancia antes expresada y tapie la ventana y puerta construidas en el seto sud de su descrita casa con vistas a la casa del demandante o retire dicho seto lateral del lado sud a una dis-tancia no menor de dos metros de la pared norte de la casa del demandado.”

El único señalamiento de error que se alega es que la corte de distrito no aplicó debidamente varias leyes, orde-nanzas y reglamentos y más específicamente la circular dic-tada por el Gobierno General de la isla en junio 7, 1893, cono-cida generalmente con el nombre de “Ley de Zonas,” en la. que se disponía que los distintos ayuntamientos de la isla formaran un expediente pam dividir las poblaciones en tres zonas, disponiéndose además, que entre ciertas de estas zonas las casas deberían distar unas de otras por lo menos cuatro-metros; una resolución del Concejo Municipal de San Sebas-tián de fecba agosto 10, 1893, dividiendo el pueblo en zonas, de la cual s’é bace mención en la relación del caso como que fné' presentada en evidencia y a la que erróneamente se refi-rió el apelante en su alegato como que se encuentra ag’regada a ios autos;' y varios reglamentos de sanidad.

'Aunque se dice incidentalmente que la corte inferior co-metió error al no ordenar el cierre de la puerta, así como de la ventana en el solar del demandante, no explica el ape-lante en detalle cómo fue que la corte de distrito dejó de “aplicar,” o según se lia diclio otras veces, cómo fué que “infringió” estas leyes, ordenanzas y reglamentos, siendo la única deducción lógica la de que tal infracción u omisión en aplicar éstos debidamente consiste en no haber ordenado dicha corte la demolición o derribo de la casa del demandado recientemente construida y de las reformas sanitarias, o por lo menos la clausura de la puerta utilizada como medio de entrada y salida.

Ni tampoco, presenta el apelante de modo claro cómo puede ser que la mera, omisión de los funcionarios municipales e insulares en hacer cumplir estrictamente las ordenanzas mu-nicipales y los reglamentos de sanidad insular pueda con-ferirle el derecho de derribar la casa de su vecino que ha sido construida en estricta observancia de los planos y espe-cificaciones que primeramente fueron sometidos a las auto-ridades municipales y de sanidad y aprobados por éstas, o que establecen en su favor alguna nueva causa de acción que nó surge de la' usurpación de algún derecho personal o real que la ley reconoce que tiene.

"El apelante meramente parece dar por sentado que la ci radar de 18911 está todavía en toda su fuerza y vigor, acerca de lo cual puede que no esté enteramente equivocado, sino también, y en cuanto a esto sin ninguna razón aparente, que'la disposición relativa a la distancia de cuatro metros entre casas situadas dentro de ciertas zonas es una regla positiva, inflexible y absoluta de derecho sustantivo por vir-tud'de la cual los dueños de propiedades comprendidas en la zona prescrita una vez que ésta ha sido establecida por ordenanza municipal, adquirían cierta especie ele derecho abs-tracto, semejante quizás al reservado a los propietarios de fincas colindantes por las disposiciones del artículo 589 del Código Civil. Puesto que la cuestión no fue promovida en la corte inferior o considerada en absoluto por la corte de distrito que resolvió el caso por otros fundamentos, pode-mos pasar inmediatamente a la cuestión que en realidad fue resuelta por la corte sentenciadora, la cual ni siquiera ba sido mencionada por el apelante en su alegato.

La demanda en tanto bace referencia a este aspecto del caso con relación al demandado Rodríguez, fué desestimada únicamente por el fundamento de que e] demandado no puede volver sobre los actos consentidos por él (estoppel), si bien también resolvió la corte que el remedio, de haber alguno, en lo que respecta al municipio, era mediante' una acción de daños y perjuicios. No se ha alegado ningún error en cuanto al particular, ni como acabamos de indicar, se ha tratado en absoluto de la cuestión por el apelante.

Aunque el antiguo remedio del interdicto de la Ley Civil para impedir la construcción de un edificio u obtener la demo-lición de una obra recientemente construida ha sido sustituido en gran parte, sino completamente, en la práctica moderna por el procedimiento ordinario del injunction y tales cues-tiones se rigen ahora por los principios generales de equi-dad, sin embargo, la doctrina de que nadie puede ir contra sus propios actos (estoppel), como ha sido enunciada por el juez de distrito, es tan conocida para el Código Civil como para cualquier corte de equidad, y desde uno u otro punto de vista, la aplicación que de ella se hizo a los hechos en el caso de autos era enteramente adecuada. Sostener que un vecino puede permanecer en silencio por semanas o meses, obser-vando la construcción gradual de una casa en un solar con-tiguo o romper ese silencio a intervalos entrando en conver-sación agradable con el dueño de la nueva edificación haciendo comentarios sobre su apariencia atractiva, pero sin mostrar señal de protesta u oposición, y que luego pueda obtener uñ mandamiento de una corte para la demolición de dicha edi-ficación, simplemente porque los funcionarios municipales o-insulares puedan haber permitido ciertas ligeras desviacio-nes de cualquier ordenanza relativa a construcciones o regla-mentos de sanidad produciría tal burla de la justicia que-conmovería la conciencia e inteligencia de cualquier buen ciudadano, ya fuere un abogado o un hombre sin profesión.. No creemos que sea necesario mayor discusión para que sea sostenida la acción tomada por la corte inferior.

Aunque el demandante en su escrito de apelación no esta-blece limitaciones específicas en su alcance, no creemos que-pretenda quejarse de nada de aquello que en la sentencia está en su favor, respecto a lo cual no podría ser oído de-ningún modo, y de cuya parte no ha apelado el demandado. Nada resolveremos, por tanto, acerca de la resolución de la corte inferior de que debe cerrarse la ventana.

Aunque se sugiere que la corte de distrito cometió error al no ordenar de igual modo que fuera tapiada la puerta, no se ha citado, sin embargo, ninguna autoridad, ni aducido verdadera razón en apoyo de dicho señalamiento. El artículo 589 del Código Civil establece restricciones muy terminan-tes y especialmente rigurosas al libre uso y disfrute da la propiedad y no debe dársele un alcance tal a esta disposi-ción mediante una interpretación demasiado liberal de ma-nera que comprenda materia que claramente no tuvieron en cuenta sus autores. Si hubiera sido su intención el incluir en dicho precepto las puertas entre las “ventanas * * * balcones, u otros voladizos semejantes,” que se enumeran, el medio más natural hubiera sido haciendo mención de esto y no dejándolo sometido a deducciones. Además, como lo-ha demostrado la corte inferior y la autoridad por ella citada,, no existe base lógica para hacer semejante deducción del len-guaje realmente empleado.

Debe confirmarse la sentencia.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Al drey.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    Cancio, Demandante y Apelado, v. Ramírez et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez, en cansa sobre cobro de dinero.
    No. 1371.
    Resuelto en julio 28, 1916.
    Pasaré — Piadores—Principales Pagadores — Acción contra Otros Deudores Solidarios y Mancomunados. — Una sentencia no satisfecha dictada a favor del poseedor de un pagaré y en contra del deudor principal no constituye obstáculo alguno a la acción que pueda establecerse contra otros deudores solidarios y mancomunados, de acuerdo con los términos del siguiente endoso-. "Nos constituimos mancomún y solidariamente fiadores y principales paga-dores de la precedente obligación, renunciando al beneficio de excusión y orden y cuantas leyes pudieran favorecernos; pudiendo conceder el acreedor cualquier prórroga a su deudor sin que por esto se desvirtúe nuestra garantía que quedará subsistente hasta que sea pagada en su totalidad la deuda que afianzamos. ’ ’

    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. José Ramón Freyre y José G. T-orres.

    Abogado del apelado: Sr. Leopoldo Feliú.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Los hechos como fueron declarados probados y la conclu-sión a que llegó el juez de la corte sentenciadora, aparecen expresados en la opinión emitida por él, la cual es como sigue :

“En este caso el demandante reclama de los demandados man-comunada y solidariamente el pago, de la suma de seiscientos dóla-res, con intereses, costas, gastos, desembolsos y honorarios de abo-gado, fundando su acción en un pagaré que fué suscrito por los de-mandados, ante notario público, y a su orden en 8 de agosto de 1911, el cual pagaré habría de satisfacerse al demandante como sigue: Cin-cuenta dólares en 8 de noviembre del indicado año de 1911, igual suma el mismo día del mes de diciembre del referido año, e igual suma en la misma fecha de cada unp de los meses de enero, a octu-bre, ambos inclusives, del año de 1912.
“El demandado contestó oportunamente la demanda, estando ju-radas ambas alegaciones d'e las partes, y en el orden regular de seña-lamientos, tuvo lugar la vista del juicio del caso el día 18 del co-rriente mes de mayo, habiendo concurrido el demandante, por su abogado Sr. Leopoldo Feliú, y los demandados por el suyo Sr. José Ramón Preyre.
“Oídas las pruebas de ambas partes, así como los argumentos de sus respectivos abogados, la corte se reservó su resolución hasta el día de hoy en que, de acuerdo con la evidencia aportada al acto .del juicio y la ley aplicable a este caso, declara probados los siguien-tes hechos:
“1. Que el pagaré en que se funda la demanda, y al cual se hace referencia al principio de esta opinión fué en efecto suscrito por un tal Abraham Lugo y Quiñones, y por los demandados Delfín Ramí-rez y José Irizarry y Lbrsulich, éstos como fiadores y principales paga-dores, mancomunados y solidarios de la tal obligación, la cual se ex-tendió pagadera al demandante o a su orden, por la suma de seiscien-tos dólares, pagaderos éstos en los plazos que dejamos ya indicados anteriormente, el último de los cuales venció el día 8 de octubre de 1912.
“2. Que la expresada suma porque se otorgó el mencionado pa-garé, no ha sido satisfecha al demandante por ninguno de los deman-dados, en modo o forma alguna, parcial ni totalmente.
“3. Que, en cuanto a las defensas presentadas por los deman-dados, en la materia nueva de su contestación, no ha habido subroga-ción, arreglo ni transacción en este caso, ni en otro alguno realizado por el demandante, por el cual hayan quedado los demandados rele-vados del pago del crédito que ahora se reclama.
“En conclusión, la corte encuentra que los demandados, de acuerdo con las disposiciones aplicables del Código Civil Revisado (arts. 1104, 1107 y lili) y de los hechos probados son responsables al deman-dante mancomunada y solidariamente, del total de la deuda que se reclama en la demanda.
“Por las razones expuestas, la corte es de opinión que debe dic-tarse y así se dicta, una sentencia declarando* con lugar la demanda y desestimando la contestación' y, en su consecuencia condenando a ambos demandados a pagar al demandante mancomunada y soli-dariamente la suma reclamada en la demanda, con intereses sobre la misma desde el día 8 de octubre de 1912, al seis por ciento anual, liasta su pago total, con más las costas, gastos, desembolsos de este litigio y honorarios del abogado del demandante. Dada en Maya-güez, P. R., hoy 25 de mayo de 1915. (Firmado) Charles E. Foote, Juez del Distrito.”

Se insiste en qne la corte cometió error:

“(1) Al dictar sentencia de conformidad con la opinión que acaba de citarse y de igual fecha que ésta última, porque la misma corte en otro caso había dictado sentencia de fecha diciembre 16, 1912, a favor del demandante en este caso y contra ‘el deudor directo Abraham Lugo y Quiñones.’
“(2) En haber totalmente prescindido de la conocida teoría de estoppel by judgment.
“(3) En haber totalmente prescindido del principio relativo a la cosa juzgada (res adjudicata).
“(4) En no haber tenido en cuenta la'corte la subrogación del demandante Ortiz en los derechos que el demandado Abraham Lugo y Quiñones tenía sobre la póliza embargada en el pleito anterior a que se ha hecho referencia.
“(5) En no darle valor legal'alguno a la estipulación de fecha 11 de diciembre de 1913, entre el demandante Ortiz y el demandado Abraham Lugo y Quiñones en dicho pleito anterior y que el ape-lante alega que no es otra cosa que un convenio de aceptar una cosa en lugar de otra que se debe (accord and satisfaction).
“(6) En haber infringido el artículo 1138 del Código Civil el cual prescribe lo siguiente:
“El pago de las deudas de dinero deberá hacerse en la especie pactada, y no siendo posible entregar la especie, en la moneda de plata u oro que tenga curso legal en Puerto Rico.
“La entrega de pagarés a la orden, o letras de cambio u otros documentos mercantiles, sólo producirá los efectos del pago cuando hubiesen sido realizados, o cuando por culpa del acreedor se hubie-sen perjudicado.
“Entretanto la acción derivada de la obligación primitiva que-dará en suspenso.”

'Los autos se componen en su totalidad en este caso de copias de la demanda, contestación, y bajo el título de “prueba documental del demandante,” copia de un pagaré que es de presumirse sea el que motiva esta acción, después de lo cual sigue la “prueba documental de los demandados,”

que consiste de una copia de una demanda establecida en la acción No. 3863, titulada Juan Cancio Ortiz y Lugo, demandante, v. Abraham Lugo y Quiñones, demandado, en la que se alega entre otras causas de acción una basada en un pagaré idéntico en cuanto a su forma y contenido, al pagaré objeto de esta acción, con la súplica de que se dicte senten-cia por la suma de ochocientos dólares, con intereses, costas, desembolsos y honorarios de abogado; bajo el mismo número y título, un consentimiento por escrito del demandado, que fué aceptado por el demandante, para que se dicte senten-cia por la suma de mil dólares, sin especial condenación de costas; una sentencia en el mismo caso de conformidad con dicho consentimiento; una moción (con igual número y título) para que se dicte una orden de embargo y un diligenciamiento de dicha orden acreditando el embargo hecho en una póliza de seguros por la suma de cuatro mil dólares; una moción en el mismo caso, número 3863, Ortiz v. Lugo, para que se nombre un síndico para cobrar la póliza así embargada por orden y de acuerdo con las instrucciones de la corte y que el producto sea depositado en la corte, sujeto a la orden y disposición de la misma, y que- cualquier sobrante después de satisfechas las varias reclamaciones en la forma y orden de preferencia que la corte pueda disponer sea devuelto al demandado Lugo; una estipulación suplicando que la corte apruebe, y aprobada por el juez en otro caso, número 4231, Miguel del Toro Colberg, demandante, v. Juan Cancio Ortiz y Abraham Lugo y Quiñones, demandados, en la que las par-tes convinieron, nombraron y designaron a Joaquín Naza-rio de Figueroa, para proceder al cobro de cierta póliza de seguros que se alega fué descrita en la demanda en ese caso, pero que no ha sido identificada por el número, suma o en otra forma, como la póliza que fué embargada en el caso número 3863, supra, bajo los siguientes términos y condicio-nes :

“1. Dicho Joaquín Nazario de Figueroa podrá emplear los ser-vicios de abogado para el cumplimiento de las facultades que se dejan conferidas, con cargo al importe de dicha póliza, y de la suma ■que de ella se cobre, se cubrirán por él todos los gastos que se hubie-ren hecho necesariamente para el fin indicado.
“2. De la suma remanente, después de cubiertos dichos gastos, se satisfará por él a Miguel del Toro Colberg, o a su abogado Ricardo del Toro Soler, la participación que en dicha póliza tiene por mil dólares, y a Juan Caneio Ortiz, o a su abogado Leopoldo Feliú, el ■crédito de éste de mil dólares, por el cual tiene embargada dicha póliza, y el remanente lo entregará a Doña Escolástica Quiñones, -o a su abogado de récord, o debidamente nombrado, en pago de su crédito que por dos mil novecientos tiene contra Abraham Lugo, y por el cual ha hecho también embargo sobre dicha póliza. Los ■créditos que se dejan relacionados constan ya por sentencias firmes de esta misma corte de distrito.
“3. Las partes relevan al Sr. Nazario de Figueroa de la pres-tación de fianza, en el desempeño de las facultades que le dejan con-feridas.
“4. Las facultades en la presente conferidas al Sr. Nazario de Figueroa, se entiende que son sin limitación alguna, dejándole al efecto subrogado en el mismo lugar que los dueños de la póliza refe-rida Sres. Lugo Quiñones y Toro Colberg;”

Copia de una certificación del Secretario de la Corte Federal, la cual es como sigue:

“En la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico. Joaquín Nazario de Figueroa, Síndico de la Honorable Corte de Distrito de Mayagüez v. L’Union Fire Insurance Co., representada en esta acción por su agente Chas. Vere de San Juan. 1053, Ley. Cer-tificación. Yo, Antonio Aguayo, Secretario de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico por la presente certifico, que consta de los autos del caso arriba titulado que fué expedida una orden de traslado de dicha causa a esta corte por la Corte de Distrito de San Juan en diciembre 2, 1914.
“Certifico además, que la transcripción del récord en la expre-sada Corte de Distrito de San Juan fué radicada en esta Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico el día 5 de enero, 1915.
“En testimonio de lo cual, firmo y fijo.el sello d'e dicha corte, hoy día 1 de febrero, A. D. 1915. (Sello.) (Firmado) Antonio Aguayo, Secretario de la Corte de Distrito de Los Estados Unidos para Puerto Rico.”

Una sentencia y opinión sin título o número, que es de presumir sea la sentencia y opinión emitida en este caso; copia de un escrito de apelación también sin título o número, que se presume es el escrito de apelación de este caso; una certificación firmada por los abogados de récord en este pleito, creditiva “de que la transcripción del récord que antecede es copia fiel y correcta de las correspondientes constancias originales a que nos remitimos y que obran en los casos segui-dos ante la Corte de Distrito de Mayagüez, Puerto Rico, bajo los números 4714, 3863 y 4231 por Juan Cancio Ortiz contra Delfín Ramírez y José Irizarry Ursulich, Juan Cancio Ortiz y Lugo v. Abraham Lugo y Quiñones, y Miguel del Toro Colberg v. Juan Cancio Ortiz y Abraham Lugo y Quiñones, sobre cobro de dinero.”

Dejando a un laclo' toda cuestión de si puede o no esta corte considerar, y basta qué punto, cualquier parte o por-ción de la llamada “transcripción” de este caso fuera de la demanda, contestación, opinión del juez sentenciador y sentencia, y admitiendo toda presunción en cuanto a la iden-tidad de los varios documentos que ban sido copiados en los autos de los pleitos civiles arriba citados, así como en lo que respecta a su verdadera presentación como prueba en este caso y a que exista una posible afinidad y relación entre dichos pleitos y los referidos documentos, no encon-tramos, sin embargo, ningún fundamento lógico por virtud del cual podía la corte sentenciadora haber dictado su sen-tencia a favor del demandado.

Toda la discusión que aparece en los tres primeros seña-lamientos, supra, se basa, como se basó la contestación pre-sentada en la corte de distrito, en la suposición más bien for-zada, sin citas de autoridades o sin siquiera indicarse algún verdadero fundamento, de que los demandados son fiadores solamente y no persqnas obligadas solidaria y mancomuna-damente con el principal en cuanto a ellos mismos y el deman-dante y apelado, en tanto se trata de cualquier cuestión en-vuelta en dichos señalamientos, como expresamente se dis-pone en la obligación suscrita por dichos demandados, la cual dice lo siguiente-,

“Nos constituimos mancomún y solidariamente fiadores y prin-cipales pagadores de la precedente obligación, renunciando al bene-ficio de excusión y orden y cuantas leyes pudieran favorecernos; pudiendo conceder el acreedor cualquier prórroga a su deudor sin que por esto se desvirtúe nuestra garantía que quedará subsistente-hasta que sea pagada en su totalidad la deuda que afianzamos.”

La conclusión a que llegó el juez sentenciador acerca del particular está sostenida enteramente por la sentencia de este tribunal en el caso de Quiñones v. Vivoni, 20 D. P. R. 490, que es terminante en cuanto al punto y hace innecesa-ria toda discusión de las proposiciones abstractas de ley que han sido promovidas por el apelante en los tres primeros señalamientos de error.

A la luz de los hechos arriba referidos no creemos sea necesario ningún razonamiento para demostrar que las de-más alegaciones hechas por el apelante carecen igualmente de méritos.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Plernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


text:
    L. Mulet y Compañía, Demandante y Apelado, v. El Comité Local del Partido “Unión de Puerto Rico,” en Mayagüez, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez, en causa sobre, cobro de dinero.
    No. 1451.
    Resuelto en julio 28, 1916.
    Corporaciones de Pacto — Comité Local de Partidos' Políticos — Cobro de Dinero — Impedimento o Estoppel. — El comité local de un partido político después de abrir un crédito, comprar efectos, hacer varios pagos y prometer verificar el pago del saldo y después de comparecer como tal comité formu-lando excepciones previas a una demanda establecida en nna acción sobre cobro de la cantidad adeudada, no puede negar su existencia y capacidad como tal comité para los fines de dicbo litigio.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Angel A. Vázquez.

    Abogado del apelado: Sr. E. Ramírez Nadal.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El demandado y apelante durante la campaña política de 1914, por conducto de su presidente, hizo arreglos con la mercantil demandante para abrir un crédito con ésta, con el fin de que fueran despachadas las recetas que llevaran el sello oficial del comité para poder ser identificadas, y como prueba de estar debidamente autorizadas, y que además de esto, y en ciertos casos particulares, como subsiguientemente se dispuso por resolución del referido comité, de la cual fué informado por escrito la demandante, dichas recetas llevarían también la firma del presidente de dicho comité.

Varias partidas fueron satisfechas con cargo a la cuenta, habiendo obtenido la demandante y apelada sentencia en la Corte de Distrito de Mayagüez contra el demandado y ape-lante por un saldo ascendente a $622.45, con intereses, cos-tas, desembolsos y honorarios de abogado, por las drogas y medicinas que en tal forma fueron entregadas a petición e instancia y por virtud de la promesa expresa hecha por el demandado y apelante en una supuesta, sino verdadera, capacidad como tal corporación, de pagar.el importe de cual-quier saldo que estuviera pendiente después de las elecciones.

La demandante refiriéndose al parecer al Partido Unión como también a su comité local, alegó entre otras cosas, que el demandado es un “cuerpo político debidamente organi-zado, de acuerdo con las leyes de Puerto Eico, cuya repre-sentación está confiada a su comité quien tiene autorización para 'contraer deudas.” El comité demandado compareció en tal carácter por medio de su abogado y formuló excep-ciones previas a la demanda por el fundamento, primero, de que la corte no tenía jurisdicción sobre la persona del comité, político demandado, y segundo, porque la demanda no adu-cía hechos suficientes para determinar una causa de acción. No consta en virtud de qué teoría se trataron de sostener estos fundamentos en la corte inferior, ni que fué promovida ninguna cuestión relativa a la falta de capacidad de la cor-poración o que se le había ocurrido al demandado con ante-rioridad a la presentación de su contestación.

Las excepciones previas fueron declaradas sin lugar por la corte y el demandado contestó negando todas y cada una de las alegaciones de la demanda, agregando a su negativa ■de la alegación mencionada en primer término, la alegación en contrario de “que el comité político demandado sólo tiene autorización para convocar convenciones de carácter político ■que elijan los candidatos que han de ocupar los puestos públi-cos en la ciudad de Mayagüez,” y alegó como materia nueva de defensa, que:

(a) El comité local demandado no está reconocido por ley al-guna en Puerto Rico y no está incorporado en la Secretaría de Puerto Rico, de acuerdo con la Ley de Corporaciones vigente, ni de nin-guna otra ley.
“ (b) El comité local demandado no tiene capacidad legal para ■comparecer en forma alguna ante las Cortes de Justicia de Puerto Rico, ni como persona jurídica, ni como entidad política, ni de nin-guna otra índole.”

La única prueba que fué presentada por el demandado -es una carta de la oficina del Secretario de Puerto Eico, que ■dice lo siguiente:

“San Juan, primero de noviembre de 1915. Señor-. Tengo el honor de acusarle recibo de su carta de fecha 30 del próximo pasado y en contestación debo informarle que el comité local en Mayagüez •del partido político Unión de Puerto Rico, no está registrado en la Secretaría como una corporación o asociación de las que' se rigen por las dos leyes de nueve de marzo de 1911 sobre corporaciones pri-vadas y asociaciones que no tiene por objeto un beneficio pecuniario. Respetuosamente, A. Siaca Pacheco, Secretario de Puerto Rico inte-rino. Sr. Angel A. Vázquez, abogado notario, Mayagüez, P. R.”

De los autos aparecen las siguientes conclusiones de liecho y de derecho, a saber:

“Probóse por el demandante que allá en uno de los días del mes de julio de 1914, Don Luis Yilella Yélez, actuando como presidente del comité local del Partido Unión de Puerto Rico en Mayagiiez, en su carácter de tal presidente, solicitó y obtuvo de la mercantil deman-dante un crédito para que dicha demandante le supliera medicinas y drogas a los miembros de su partido durante la campaña electoral de ese año, habiéndose probado por la mercantil demandante que las medicinas habían .de ser entregadas a todas aquellas personas que presentaran una receta o una orden endosada con el sello del co-mité demandado, y habiéndose asimismo probado por la mercantil demandante que ésta entregó de ese modo medicinas a órdenes del comité demandado y despachadas a distintas personas por valor de $630.45 sin contar las partidas que se le habían abonado; y probóse asimismo por la mercantil demandante que una cuenta que dicho comité tenía con Sucesores de G-. Mulet, montante a $62, fué englo-bada en la cuenta de la demandante, lo que todo hace un total de $692.45 y que esa cuenta no ha sido satisfecha en todo ni en parte.
“El demandado no presentó prueba alguna, limitándose a opo-nerse a la admisión de la cuenta presentada por la mercantil deman-dante, por el hecho de que no aparece la misma de un libro oficial de dicha mercantil y haciendo un gran hincapié en el hecho de no estar incorporado el partido demandado de acuerdo con las leyes de Puerto Rico ni otra ley alguna y no tener por lo tanto personalidad para ser demandado.
“En cuanto a la primera proposición, la corte es dé opinión que ha quedado plenamente probada la existencia de la cuenta y la en-trega de las mercaderías por la mercantil demandante, a solicitud y para beneficio del comité demandado, y que éste no ha satisfecho lo que resultó adeudando, y en quanto a la existencia del contrato celebrado entre Luis Yilella Vélez en su carácter de presidente del comité demandado, está plenamente corroborado por la carta de fecha 15 de agosto de 1915 que dirige el propio Yilella Yélez en su carác-ter de tal presidente a Don Luis Mulet, socio gestor de la mercantil demandante, en la que se hace mención del contrato celebrado para la entrega de las medicinas, no pudiendo desde luego, ahora el comité demandado oponerse con éxito a una cuenta que fué creada a su ins-tancia.
“En cuanto al segundo particular de no estar el comité deman-dado incorporado de acuerdo con las leyes de Puerto Rico creando corporaciones que no tienen por objeto un fin pecuniario, debemos decir que existen dos clases de corporaciones, las denominadas de jure y las de facto, y la corte es de opinión que este comité deman-dado es una corporación de facto.
“ ‘Si existe una ley que autoriza la incorporación y una com-pañía ha tratado de organizarse con arreglo a la misma y ba actuado como una corporación, es una corporación de facto, pudiendo única-mente el Estado impugnar su existencia de jure. Cook on Corporations, 6th ed., vol. 2, p. 1805.’
“En la misma página y en la nota al pie, encontramos anota-dos el caso Independent Order v. United States, 94 Wis. 234.
“ ‘El medio de probar si una corporación es de facto es el si-guiente : ¿ Existía una ley por virtud de la cual podría haber habido una corporación de jure de la clase, naturaleza y especie a que per-tenece aparentemente la organización en cuestión?”
“Y de acuerdo con esa doctrina encontramos en el presente caso, que existe en Puerto Rico una ley para la formación de asociaciones que no tengan por objeto un beneficio pecuniario, ley que lleva el número 22, aprobada por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico en nueve de marzo de 19.11 y mediante la cual .ley puede formarse una corporación de jure de la misma naturaleza, clase y condición de la del comité demandado, y como se comprobó en el acto del jui-cio que ese comité está formado por un presidente, un secretario y varios vocales, y que unidos todos han desempeñado las gestiones que hubieran desempeñado de haber estado organizados en una cor-poración de jure, la corte entiende que es-una corporación de facto.”

Los siguientes errores fueron alegados:

“I. La corte erró al declarar sin lugar la excepción de falta de jurisdicción sobre la persona del demandado.
“II. La corte erró al desestimar la excepción de “falta de hechos para constituir una causa de acción.
“III. La corte erró al dictar sentencia declarando con lugar la demanda por el fundamento de haberse probado que Don Luis Vile-11a actuando como presidente del comité demandado solicitó y obtuvo las medicinas a que la demanda se refiere.
“IV. El demandante no probó los hechos segundo y tercero de su demanda. ’ ’

El razonamiento de estos señalamientos es, en cnanto al primero, que la alegación de la demanda de que el- demandado es Tin cuerpo político debidamente organizado de acnerdo con las leyes de Puerto Eico es insuficiente para dar jurisdicción a la corte sobre la persona del demandado; que si la deman-dante tuvo la intención de incluir al demandado entre las asociaciones a que se refiere la ley No. 22, aprobada en marzo 9, 1911, debía baber alegado “que el demandado es una aso-ciación que no tiene por objeto un beneficio pecuniario, ins-crita debidamente en la Secretaría de Puerto Eico;” en lo que respecta al segundo, que la alegación quinta de la de-manda (al efecto de que “el presidente de dicho comité Don Luis Vilella Vélez, actuando a nombre y representación de dicho comité, solicitó de la mercantil demandante que se hi-ciera cargo del crédito que contra dicho comité del Partido Unión de Puerto Eico existía en la farmacia de Sucesores de Gr. Mulet, de esta ciudad, crédito que provenía de medi-cinas y productos farmacéuticos expedidos por dichos Suce-sores de Gr. Mulet a miembros afiliados del Partido Unión de Puerto Eico, • en Mayagiiez, de acuerdo con órdenes de dicho comité. Que la cuenta de Sucesores de Gr. Mulet as-ciende a $62, conviniendo la mercantil demandante en hacerse cargo de la acreencia de dichos Sucesores de Gr. Mulet y con-viniendo nuevamente en aquel momento Don Luis Vilella Vé-lez en su carácter de presidente del comité demandado, y en representación del mismo, pagar el día 30 de noviembre de 1914, el importe de los dos créditos mencionados, los cua-les forman un total de seiscientos noventa y dos dólares, cua-renta y cinco, centavos,”) es insuficiente para constituir una causa de acción, porque no se alega expresamente que la demandante se hizo cargo de esa cuenta; que decir que la demandante convino en hacerse cargo de ella no implica nece-sariamente que llegó a hacerse cargo de dicha cuenta; y en cuanto al tercer señalamiento, que para justificar la senten-cia que fué dictada era necesario para la demandante pro-bar que la demandante era una sociedad mercantil constituida debidamente, y el demandado un cuerpo político formado de acuerdo con las leyes de Puerto Eico, autorizado para con-traer deudas, cuyo hecho fue negado por el demandado, ha-biendo alegado que sólo tenía autorización para convocar con-venciones y además y como materia de oposición, la defensa especial supra, de que no habiendo presentado la demandante la escritura pública de su constitución y una certificación del Secretario de Puerto Rico creditiva de que el demandado está inscrito como asociación, con capacidad para deman-dar y ser demandado, así como para contraer deudas, y ha-biendo declarado el actual presidente del comité demandado como testigo de la demandante que existe en Puerto Rico un partido llamado “Unión de Puerto Rico,” pero que no está incorporado en la Secretaría de Puerto Rico según el conocimiento que acerca de esto tiene el testigo, y presentado el demandado como prueba en su defensa la carta de la ofi-cina del Secretario, supra, no existe base alguna en qué fun-dar la sentencia; y con respecto al cuarto señalamiento de error, que la prueba que ha sido considerada con alguna ex-tensión en el alegato del apelante no sostiene las alegacio-nes segunda y tercera de la demanda, las cuales son como sigue:

“2. El demandado, allá por la postrimería del mes de julio de 1914 y por conducto de su presidente Don Luis Vilella Vélez, soli-citó y obtuvo de la mercantil demandante un crédito que en ningún caso había de exceder de la suma de ochocientos dollars para que la demandante en su establecimiento mercantil despachara a los miem-bros afiliados del Partido Unión de P. R. todas las órdenes que para medicinas, drogas u otros productos farmacéuticos fueran expedi-das por dicho comité o sus representantes durante la campaña electoral del 1914, comprometiéndose dicho comité por su presidente a satisfacer a la demandante el importe de lo que adeudara hasta el día siguiente de las elecciones, o sea hasta el día 4 d'e noviembre de 1914, el día 30 de noviembre de dicho año.
“3. La demandante, atendiendo a órdenes del comité del par-tido demandado, despachó y entregó desde el día 21 de julio de 1914 hasta el día Io. de noviembre del mismo año medicinas y otros pro-ductos farmacéuticos a distintas personas afiliadas al partido deman-dado de acuerdo con las órdenes ya dichas por valor de seiscientos treinta dollars cuarenta y cinco centavos.”

Por expuesta a crítica que esté la demanda por otros fun-damentos que no sean los que han sido alegados en la excep-ción previa debido a los supuestos defectos discutidos por el demandado y apelante, bajo el primero y segundo seña-lamientos, no creemos que las omisiones de las cuales se queja el demandado son equivalentes a no expresar la demanda hechos suficientes para determinar una causa de acción.

El tercer señalamiento carece asimismo de méritos. Ni siquiera el demandado presentó la más leve prueba en ayioyo .de' la supuesta alegación de que los actos del comité al asu-mir la obligación que ahora pretende eludir, estaban fuera de sus facultades, (ultra vires) por no estar comprendidos en la facultad para convocar convenciones políticas. Ni la prueba que fué presentada por el demandado ni en el razo-namiento que se hace en el alegato en manera alguna se trata de contradecir o afecta a la proposición establecida por la prueba a satisfacción del juez sentenciador y que fué decla-rada y considerada por él como un hecho cierto y que expre-samente constituyó el fundamento de la sentencia de la corte inferior, a saber: que el demandado por lo menos es una cor-poración de facto, sea cual fuere su existencia de jure. No discutiremos si la corte inferior cometió error en cuanto al particular, pero si así fué el demandado no solamente dejó enteramente ele probar dicho error sino qne ni siquiera trató de alegarlo. Ni si se hubiera propuesto atacar la conclusión a que llegó • la corte sentenciadora en este sentido estaría-mos- dispuestos a considerar la cuestión por sus méritos pol-la razón de qne, dentro de las circunstancias del presente caso, como han sido referidas anteriormente, aun cuando el demandado no sea una corporación de facto está claramente impedido de poder negar sn propia existencia y capacidad para los fines de este litigio. Clark on Corporations (2nd ed.), p. 96; 7 R. C. L. p. 63, sec. 44, p. 105, sec. 82, p. 670, sec. 674 p. 678, sec. 680, p. 679, sec. 681; 10 R. C. L. 724, secs. 46, y siguientes:

Hemos examinado los autos cuidadosamente a la luz de la alegación formulada por el apelante en el cuarto señala-miento de error y llegamos a la conclusión de que la prueba es ampliamente suficiente para sostener las conclusiones al-canzadas por el juez sentenciador acerca de esta cuestión, con las cuales estamos enteramente de acuerdo.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes:' Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.