text:
    Emigdio O. Sellés, demandante y apelado, v. Manuel Rodríguez y Manuela González, demandados y apelantes.
    Núm. 8064.

    Sometido: Enero 29, 1940.

      Resuelto: Junio 6, 1940.

      R. Calderón Rodríguez, abogado de los apelantes;

      Emilio Buitrago, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En la demanda, radicada el 21 de junio de 1935, se alega que el demandante es dueño de una finca de 15 cuerdas, la que adquirió por compra a don Armando Soto por escritura de marzo 30 de 1933, inscrita a su nombre en el registro; que Armando Soto la adquirió por adjudicación en venta pública por contribuciones adeudadas al Pueblo de Puerto Rico; que la venta por contribuciones se efectuó sin .conoci-miento del demandante, no obstante estar gravada la finca con hipoteca por $300 a favor de su señora madre, consti-tuida por la demandada Manuela González; que los deman-dados ocupan la finca en precario, sin pagar canon o merced alguna, y se niegan a desalojarla, no obstante liaber sido requeridos por el demandante. Éste pide el lanzamiento de los demandados.

Alega la demandada Manuela González-, que es dueña del inmueble y en tal concepto lo ña venido ocupando desde que lo adquirió en 1928; que ña pagado siempre las contribucio-nes, incluyendo las del año 1933-34; que en junio de 1934 el Colector de Rentas Internas de Juncos le hizo un reque-rimiento de pago de las contribuciones de dicho año; que el expediente de apremio por el cual Armando Soto adquirió la finca por $9.88 es nulo porque la demandada no recibió notificación alguna de dichos procedimientos; que ella no. posee la finca en precario y sí en concepto de dueña; y que la hipoteca de $300 que alega tener el demandante le fue satisfecha $100 en efectivo en junio 30, 1930, y la casi tota-lidad del remanente en tabaco que le fué entregado.

En 21 de marzo de 1939 la Corte de Distrito de Huma-cao, después de oír la prueba del demandante, sin que hubie-sen comparecido los demandados, dictó sentencia decretando el desahucio y condenando en costas a los demandados. En abril 11 de 1939 los demandados radicaron una moción en la que invocando el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil solicitaban se dejase sin efecto la segunda compare-cencia, la' sentencia y todos los procedimientos a ella subsi-guientes, alegando como fundamentos:

(a) Que después de celebrarse la primera comparecencia, en la que ambas partes ofrecieron la prueba de que intentaban valerse, la corte señaló el 5 de julio de 1935 para la segunda comparecencia, siendo ésta transferida por estipulación de las partes para el 12 del mismo mes y más tarde “basta nuevo señalamiento, el que podrá ser solicitado por cualquiera de las partes.”
(ó) Que tres años más tarde, en diciembre 30, 1938, la corte señaló el 6 de febrero de 1939 para la segunda comparecencia.
(c) Que durante el tiempo transcurrido entre la primera y la segunda comparecencia, el abogado de los demandados estuvo ausente de la Isla; y que los demandados no ban tenido noticia por conducto alguno de que se hubiera pedido ni señalado la segunda compare-cencia, y que no recibieron el aviso o notificación que fué depositado en el correo por el secretario de la corte en 4 de enero de 1939.

Declarada sin lugar dicha moción, apelaron los deman-dados, señalando como único error de la corte inferior el haberse negado a dejar sin efecto su sentencia, lo que, a juicio de los apelantes, constituye un abuso de la discreción judicial que a la corte concede el citado artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Hemos examinado el récord de este caso, del que aparece que el secretario de la corte envió en 4 de enero, 1939, a los demandados, por • correo, una notificación del señalamiento de la segunda comparecencia para el 6 de febrero del mismo año; que la sentencia fué dictada en 21 de marzo de 1939 y notificada a los demandados por el Jefe de la Policía de Juncos el 23 del mismo mes, archivándose con los autos en ese mismo día copia de la notificación; y que en 29 de mayo de 1939, o sea a los 37 días después de haberse archivado en los autos la notificación de la sentencia, los demandados radicaron escrito de apelación.

Las secciones 10 y 11 de la Ley de Desahucio de marzo 9, 1905, proveen que podrá apelarse de las sentencias die-tadas por las cortes de distrito en casos de desahucio, para ante la Corte Suprema, dentro del término de cinco días a partir de la fecha de la sentencia. El primer escrito de apelación en el caso de autos fué radicado cuando ya había expirado el término legal para poder apelar de la sentencia, y por lo tanto esta corte carece de jurisdicción para conocer de dicho recurso, el cual debe ser desestimado.

La moción para que se dejara sin efecto la segunda comparecencia y la sentencia dictada en ausencia de los demandados apelantes fué declarada sin lugar el día 29 de mayo de 1939. El escrito de apelación contra dicha resolución fué radicado y notificado el 5 de junio de 1939, dentro del término de 10 días que para apelar de una providencia especial dictada después de sentencia definitiva señala en su apartado 3 el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil.

En el caso de Hastings v. Ganaderos Unidos de P. R., Inc., 46 D.P.R. 385, este tribunal tuvo ante sí la misma cuestión envuelta en el presente recurso, y al resolverla en favor de la parte apelante se expresó así:

“No bay duda alguna que se ha resuelto repetidamente por las cortes del continente y por esta Corte Suprema de Puerto Rico que no cabe apelar de órdenes negando la anulación o reconsideración de órdenes o sentencias apelables, una vez vencido el término conce-dido por la ley para apelar de éstas, como aquí sucede. Ayoroa et al. v. Benítez, 14 D.P.R. 446; The A. R. R. Co. of P. R. v. Quiñones, 17 D.P.R. 261; Ex parte Boerman y Marrero, 28 D.P.R. 83; Rivera v. Medina et al., 28 D.P.R. 808; del Rosario v. Ayende, 35 D.P.R. 481; García v. Aguayo, 43 D.P.R. 898. Pero tampoco la hay de que ésa es la regia general, existiendo excepciones. Esta propia Corte Suprema en el caso de Hernaiz, Targa & Co. v. Vivas, 20 D.P.R. 106, 110, se expresó como sigue en cuanto a ese extremo:
“ ‘Aplicando la regla general establecida, sería necesario resolver que no cabe apelar contra la orden de 29 de julio que negó la anula-ción de una sentencia apelable por sí misma. Sin embargo, es nece-sario reconocer que dicha regla general tiene excepciones. En el caso de The Fajardo Development Company v. Sucesión Morfi, 17 D.P.R. 1120, 1122, esta misma corte, por medio de su Juez Sr. McLeary, se expresó así: “Es una proposición general que no se puede apelar de la resolución de una corte por la que ésta se niega a dejar sin efecto una orden que es apelable por sí. Pero puede ser que esta regla general, a semejanza de todas las demás, tenga excepciones en ciertos casos. No debe olvidarse que la orden de 8 de mayo de 1911 era virtualmente una sentencia dictada en rebeldía, porque los ape-lantes habían dejado de presentar dentro de cierto período sus obje-ciones contra el memorándum de costas. Aunque los demandantes pudieran haber interpuesto recurso de apelación contra dicha orden, habría sido muy difícil conseguir la completa revisión del caso, en virtud de los supuestos méritos del mismo, y, en tales casos, se ha permitido que se presente una moción solicitando que se deje sin efecto la rebeldía, y que en el caso de una negativa, se apele de la resolución denegando la moción.” McCormick v. Belvin, 96 Cal. 182; De la Montanya v. De la Montanya, 112 Cal. 101; Pignaz v. Burnett, 119 Cal. 157; Thompson v. Alford, 128 Cal. 227.
“ ‘Un estudio detenido de las decisiones sobre la materia nos lleva a la conclusión de que las circunstancias concurrentes en cada caso concreto han influido mucho en la determinación de si está o no comprendido dentro de la regla general o dentro de la excepción.’
“Y la misma parte apelada en el motivo marcado con la letra D de los que alega para solicitar la desestimación, apunta la circuns-tancia que después de un detenido estudio creemos que coloca este caso fuera de la regla general y lo lleva a la excepción, a saber: ... ‘ a menos que el récord demuestre hechos para la consideración de este tribunal que no pudieran presentarse en una apelación de la sentencia original.’ ”

El récord del presente caso demuestra que desde la fecha en que se celebró la primera comparecencia hasta el día en que tuvo lugar la segunda, transcurrieron tres años; que durante ese período de tres años el abogado de los demandados estuvo ausente en Estados Unidos; j que los demandados residen en el campo, en la finca objeto del desahucio, en el barrio Valenciano Arriba, del término municipal de Juncos. El secretario de la corte de distrito hizo constar al pie de la orden señalando la segunda comparecencia para el 6 de febrero de 1939, que había remitido tarjetas postales “a los demandados Manuel ítodinguez y Manuela González, Juncos, notificándoles este señalamiento.”

Aun cuando presumiéramos que una tarjeta postal depo-' sitada en el correo en Humacao y dirigida al pueblo de .Juncos debió ser recibida en el barrio Yalenciano Arriba, donde residen los demandados, esa presunción juris tantum que surge del beclio de haberse depositado la carta en el correo, fué controvertida por el affidavit de méritos presen-tado por los demandados en apoyo de su moción, en el que hicieron constar “que los demandados no han tenido noticias por ningún conducto de que se hubiera pedido por la parte demandante ni señalado la segunda comparecencia” y “que los demandados residen en el barrio Valenciano Arriba, de Juncos, P. R., y no recibieron el aviso o notificación que apa-rece depositado en el correo con fecha 4 de enero de 1939 por el secretario de la corte.” El demandante no presentó prueba alguna para impugnar lo declarado en dicho affidavit de méritos.

Tratándose de una orden dictada después de sentencia definitiva y no pudiendo ser consideradas en la apelación contra la sentencia las cuestiones exivueltas en la moción para que se anulara la sentencia dictada en rebeldía, debemos resolver de acuerdo con la decisión en Hastings v. Ganaderos Unidos de Puerto Rico, Inc., supra, que la orden de 29 de mayo de 1939, declarando sin lugar la moción para que se deje sin efecto la segunda comparecencia y la sentencia dic-tada en ausencia de los demandados, es apelable y que el recurso fué interpuesto dentro del término legal.

Alegan los demandados apelantes que la corte inferior abusó de su discreción al negarse a eximir a dichos demandados de los efectos de una sentencia. dictada bajo las circunstancias que ya hemos descrito.

Tienen razón los apelantes. Nada se hubiese perdido al dar a los demandados una oportunidad de ser oídos en su defensa. Ellos demostraron que no comparecieron a la vista del caso porque no recibieron aviso o notificación de señala-miento. A nuestro juicio la corte inferior no hizo buen uso de la discreción que le concede el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Debe revocarse la orden recurrida y devolverse el caso a la Corte de Distrito de Ilumacao con instrucciones de que proceda a anular la sentencia dictada en 21 de mai-eo de 1939 y a celebrar de mi,evo la segunda comparecencia de las pandes litigantes para la práctica de la prueba.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Travieso

license: Public Domain

text:
    Luis Colón Vega, como padre con patria potestad sobre su menor hijo, Herminio Colón, demandante y apelante, v. El Gobierno de la Capital de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núm. 8056.

    Sometido: Mayo 10, 1940.

      Resuelto: Junio 6, 1940.

      José Soto Rivera, abogado del apelante;

      J. Valldejuli Rodríguez, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El niño Herminio Colón fue arrollado y gravemente lesionado por un automóvil perteneciente al Gobierno de la Capital de Puerto Pico. En el momento del accidente el automóvil era conducido por un empleado de dicho Gobierno Municipal y regresaba a San Juan, después de haber trans portado a Pío Piedras a un empleado técnico del Gobierno de la Capital con el propósito de prestar allí servicios en relación con la conservación y explotación del acueducto municipal.

En la demanda de daños y perjuicios radicada por el padre del menor se alega que la parte demandada “es dueña y explota con fines de negocio el único acueducto que sumi-nistra agua a la ciudad de San Juan y a las poblaciones de Pío Piedras, Guaynabo, Cataño y Bayamón”; que entre las facultades y deberes del gobierno demandado se encuentra la de atender por medio de sus empleados técnicos a la mejor conservación y servicio de dicho acueducto; y que los emplea-dos del municipio utilizan como medio de locomoción para trasladarse a las otras municipalidades, automóviles pertene-cientes al municipio, manejados por empleados del mismo.

La Corte de Distrito de San Juan declaró con lugar la excepción previa de falta de causa de acción, interpuesta por el municipio demandado. La resolución de la corte inferior se basó en: (a) que los hechos que se alegan en la demanda no podían considerarse como realizados por el Gobierno de la Capital en el ejercicio del poder corporativo, sino más bien de su poder gubernamental; y (b) que el artículo 46 de la Ley núm. 99 de 1931 (pág. 627) establece la responsabilidad por los actos u omisiones de los funciona-rios de la capital, y siendo el chófer que guiaba el carro un empleado y no un funcionario, el municipio no es responsable por sus actos u omisiones.

El demandante apelante sostiene que la corte sentencia-dora erró: (a) al declarar que la palabra funcionario usada en el artículo 46 de la Ley núm. 99 de 1931, creando el Gobierno por Comisión para la Ciudad de San Juan, no incluye a empleados y agentes de dicho gobierno; y (b) al declarar que el municipio no es responsabM porque en el momento en que ocurrió el accidente, el chófer prestaba ser-vicio al municipio en su carácter gubernativo y no en su carácter corporativo.

La sección 46 de la citada ley creadora del gobierno de la capital dispone:

“La corte de distrito-tendrá poderes:
“D. Para conceder mediante juicio ordinario, compensación de daños y perjuicios a los perjudicados por actos u omisiones de los funcionarios de la capital, por malicia, negligencia o ignorancia inexcusable.” (Bastardillas nuestras.)

La primera cuestión que debemos considerar y resolver ■ es si la explotación y conservación de un acueducto -es una función gubernativa comprendida dentro de las facultades y deberes gubernativos del Gobierno de la Capital o si, por -el contrario, es una función corporativa realizada por dicho gobierno en su carácter de corporación o entidad jurídica capacitada para realizar actos y dedicarse a negocios no comprendidos dentro del radio de su soberanía gubernativa.

“Deberes públicos son generalmente aquellos que son ejercitados por el estado como una parte de su soberanía para beneficio de todo el público, y el cumplimiento de los cuales es delegado o impuesto por el estado a la corporación municipal. No son ejercitados por el estado o por la corporación para su propio lucro o beneficio, sino para beneficio y protección de toda la población. Poderes privados o corporativos son aquellos que la municipalidad está autorizada a usar para su propio beneficio o de los cuales deriva alguna ventaja especial, o para la mayor comodidad de sus ciudadanos, o para el mejor orden o regulación de ciertas clases de negocios de sus habi-tantes, pero que no son ejercitados en el cumplimiento de aquellos deberes generales y reconocidos que son asumidos por el gobierno para beneficio universal.”

Hart v. Bridgeport, II F. Cas. Núm. 6149, 13 Blanch 289; 43 C. J. 922.

La distinción entre las funciones gubernativas y las cor-porativas de un municipio aparecen muy claramente expuesta en el caso de City of Kokomo v. Loy, 185 Ind. 18, 112 N. E. 994, en el cual se dijo:

' “Las corporaciones municipales existen con capacidad doble y sus funciones son dobles. En una ejercitan el derecho que dimana de la soberanía, y mientras cumplen deberes inherentes a esa soberanía, sus actos son políticos y gubernativos. Sus funcionarios y agentes en tal capacidad, aun cuando son nombrados por ellas, son sin embargo funcionarios públicos que prestan servicios públicos, y como tales son funcionarios, agentes y servidores del estado. En la otra capa-cidad, los municipios ejercitan un derecho de propiedad, privado o corporativo, que dimana de su existencia como personas jurídicas y no como agentes públicos. Sus funcionarios y agentes al realizar tales funciones actúan para beneficio de los municipios en su capa-cidad corporativa o individual y no para el estado o poder soberano. ’ ’

Véase también: 43 C. J. 922 y 942.

A nuestro juicio, la explotación y conservación de un sistema de acueducto, dedicado a suministrar agua a todas aquellas personas que se comprometan a pagar y paguen los precios fijados por el municipio, no constituye el ejercicio de un poder o facultad gubernativa inherente a o que dimana de la soberanía. El municipio no está obligado por ley alguna a suministrar agua a los habitantes de la municipalidad. Al hacerlo, el municipio actúa por su propia cuenta, mediante paga y para su propio beneficio. No actúa por delegación ni como agente del estado. Actúa en su capacidad de cor-poración o persona jurídica.

Resuelto que al explotar y conservar el acueducto el Gobierno de la Capital realiza una función corporativa y no gubernativa, nos toca ahora resolver si dicho gobierno es responsable por los daños y perjuicios causados por la negligencia o descuido de uno de sus empleados encargado del manejo de un automóvil dedicado a dicho servicio de acueducto.

Arguye la representación del gobierno demandado, que de acuerdo con la sección 46, supra, el Municipio de San Juan sólo es responsable por daños causados por la malicia, negligencia o ignorancia inexcusable de sus funcionarios; y que siendo el chófer o conductor de un automóvil un empleado y no un funcionario, el municipio no es responsable en el caso de autos. • >i

De acuerdo con la jurisprudencia que hemos examinado, cuando las corporaciones municipales hacen uso de los pode-res y facultades que les han sido conferidos para fines esen-cialmente públicos, relacionados con la administración de las leyes generales adoptadas para dar efecto a la política pública del estado, esas corporaciones deben ser considera-das como agentes del estado y como tales no sujetas a res-ponsabilidad por actos u omisiones en el ejercicio de talos poderes o facultades, a menos que el estatuto disponga expresamente que se les pueda demandar por daños causados por dichos actos u omisiones. Cuando las funciones que realiza la municipalidad no son de carácter público o guber-nativo, y sólo tienden al beneficio del municipio y de sus habitantes, no existe razón alguna para que la municipa-lidad esté exenta de responsabilidad por los actos u omisio-nes de sus empleados. Véanse: Lampton & Burke v. Wood, 199 Ky. 250, 250 S. W. 980; y 43 C. J. 922, y casos citados en la nota (a); Hall v. Shreveport, 157 La. 589, 102 S. 680.

El propósito evidente de la sección 46 de la Ley núm. 99 ele 1931, titulada “Ley para establecer un gobierno especial para la Capital de Puerto Rico, y para otros fines,” es conceder un derecho de acción contra el municipio a aquellas personas que puedan ser perjudicadas por la malicia, negli-gencia o ignorancia inexcusable de sus funcionarios en el desempeño de deberes o en el ejercicio de funciones de carác-ter público o gubernativo.

La regla aplicable a un caso como el de autos, en que el daño sufrido fué causado según se alega por la negligencia de un empleado en la realización de actos o funciones pri-vadas o de carácter corporativo, es la siguiente:

“Existe una responsabilidad implícita o de derecho común por la negligencia de una corporación municipal en la realización de actos corporativos relacionados con la administración de los negocios cor-porativos o privados de la municipalidad, y de los cuales ella deriva beneficios o ventajas especiales o inmediatos como tal corporación... El becbo de que la ganancia o ventaja redunde en definitiva en beneficio del público, o pueda ser incidentalmente un beneficio pú-blico, no convierte a la empresa en una función pública basta el punto de eximir de responsabilidad al municipio; la municipalidad es responsable, aun cuando esté ejerciendo facultades municipales, cuando el trabajo es esenciabnente una empresa privada.... Una municipalidad usa obras construidas para beneficio público para su beneficio corporativo cuando el producto de las mismas ba de ser aplicado al sostenimiento de las obras y a la reducción de la deuda incurrida por la municipalidad para su construcción.” 43 C. J. 930, párrafo 1705.

Véanse: Chafor v. Long Beach, 174 Cal. 478; y Galveston y. Posnainsky, 62 Tex. 118, 50 Am. Rep. 517, en el que se sostiene que cuando una municipalidad realiza funciones voluntariamente asumidas, para beneficio de ella y de sus habitantes, dicha municipalidad está sujeta al mismo grado de responsabilidad a que estaría sujeto cualquier individuo o corporación privada que realizara iguales funciones para fines esencialmente privados.

El caso de Castro v. Capital de P. R., 55 D.P.R. 217, en nada ayuda a sostener la contención del municipio apelado. En dicho caso, el automóvil que causó el daño era usado en el momento del accidente, por el Director Municipal de Obras Públicas, para enviar dinero a su esposa o para ir a la escuela a buscar a su hija. Y se resolvió, que no siendo esas ges-tiones que realizaba el chófer funciones gubernativas ni cor-porativas del municipio, éste no era responsable del daño causado.

Por las razones expuestas debe revocarse la sentencia recu/rrida y devolverse el caso a la corte inferior para ulte-riores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Victorio Rodríguez Rivera, acusado y apelante.
    Núm. 8148.

    Sometido: Junio 5, 1940.

      Resuelto: Junio 10, 1940.

      Enrique Báez García, abogado del apelante;

      R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En 29 de julio de 1938 el fiscal radicó una acusación ante la Corte de Distrito de Mayagüez, contra el apelante, por un delito de infracción al artículo 7 de la Ley núm. 95 de 1937 (Leyes de 1936-37, pág. 240), consistente en que dicho acusado tenía en su poder y posesión una pistola sin haberla declarado y registrado en el distrito de su residencia ni en ningún otro distrito.

Con anterioridad a la presentación de dicha acusación, la policía había practicado un registro de la casa del acusado y ocupado allí una pistola, que es la que se describe en la acusación. El registro fué practicado a virtud de orden de allanamiento expedida por el Juez de Paz de Mayagüez.

La acusación fué leída al acusado el 27 de agosto de 1938, haciendo el acusado alegación de no culpable.

El 7 de octubre de 1938 el acusado solicitó se declarase nula la orden de allanamiento y su moción fué declarada sin lugar el día 14 del mismo mes, que era la misma feelia señalada para la celebración del juicio.

En diciembre 14, 1938, el acusado solicitó el sobresei-miento y archivo de la causa por haber transcurrido con exceso el término de 120 días dentro del cual debió cele-brarse el juicio, de acuerdo con lo dispuesto por el inciso 2 del artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal. En apoyo de su moción alegó que el juicio nunca había sido suspendido a petición del acusado; que éste'siempre estuvo listo para entrar a juicio desde que contestó la acusación: que la suspensión de la vista que había sido señalada para el día 14 de octubre de 1938 fué decretada a petición del fiscal por tener éste que ausentarse para San Juan; que en esa fecha el acusado compareció, con su abogado y testigos, listo para entrar a juicio. La moción fué declarada sin lugar por el fundamento de que la prescripción había sido interrumpida por la moción del acusado para que se anulase la orden de allanamiento.

Del récord aparece que la vista del caso comenzó el 4 de febrero de 1939, en cuya fecha se practicó parte de la prueba del Pueblo, posponiendo la vista para el día 11 del mismo mes. No aparece del récord la razón por la cual no se continuó la vista el 11 de febrero. El 31 de marzo de 1939 la corte señaló el 10 de abril, 1939, para terminar el juicio. Tampoco hay constancia alguna de la razón por la cual no se celebró la vista el 10 de abril. El 18 de abril de 1939 se celebró la vista, siendo declarado el acusado culpable y condenado a seis meses de cárcel.

De los seis señalamientos en que se basa el presente recurso sólo merece consideración el segundo, que lee así:

“2do. La Corte de Distrito de Mayagüez cometió error de derecho al declarar sin lugar la moción de archivo y sobreseimiento presentada por el acusado.”

Tiene razón el apelante. Desde julio 29, 1938, fecha de presentación de la acusación, hasta diciembre 14 de 1938, fecha en que se solicitó el sobreseimiento, transcurrieron 138 días sin que el acusado fuese sometido a juicio y sin que se alegara causa legal suficiente para justificar la dilación.

En el caso de El Pueblo v. Valdespino, 31 D.P.R. 526, esta Corte Suprema resolvió que el tiempo que se consuma en mociones dilatorias y en sus resoluciones es una buena causa de excusa para justificar la demora y no sobreseer el caso.

La moción-sobre nulidad de la orden de allanamiento no es de carácter dilatorio. Ella no tiene nada que ver con las alegaciones. Prueba de ello es que en el presente caso la vista de dicha moción fué señalada para el mismo día fijado para la celebración del juicio. En esa fecha la corte oyó y resolvió la moción; y no celebró el juicio porque el fiscal tenía que ausentarse. La moción no tuvo relación alguna con la suspensión de la vista del caso. Y fué error de la corte sentenciadora sostener cómo sostuvo que la radicación de dicha moción interrumpió el término estatutario de 120' días para la celebración del juicio.

Debe revocarse la sentencia y absolverse al acusado.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


text:
    Rafael Blanch, demandante y apelado, v. La Sucesión de Feliciana del Moral de Martínez, Etc., demandados y apelantes.
    Núm. 8098.

    Sometido: Mayo 23, 1940.

      Resuelto: Junio 10, 1940.

      Pascasio Fajardo Martínez, abogado de los apelantes;

      Enrique Báez García, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Eafael Blanch demandó a la Sucesión de Feliciana del Moral de Martínez en cobro de la suma de $550 que alega haber facilitado a la cansante, con el consentimiento de sn esposo, a razón de $10 semanales, durante el período de julio de 1927 a septiembre de 1928. Alega el demandante, que dicha señora se comprometió a devolverle la cantidad pres-tádale tan pronto obtuviera de su señora madre cierta can-tidad como anticipo a cuenta de su haber hereditario; que la prestataria falleció sin haber devuelto al demandante el importe del préstamo, dejando como únicos herederos a los demandados, quienes tampoco han hecho efectiva la deuda.

Contestaron los demandados negando específicamente los hechos esenciales de la demanda y alegando la prescripción de la acción ejercitada por el demandante. Y por vía de contrademanda alegan:

Que los contrademandantes figuran entre los herederos de doña Carmen Nadal y Freyre, viuda de Del Moral, quien falleció el 23 de abril de 1932; que como tales herederos obtu-vieron por concepto de herencia testada y por estirpes un quinto de dos tercios del haber hereditario de la testadora, la cual herencia aceptaron; que el demandante y contrademan-dado al tiempo del fallecimiento de doña Carmen Nadal y Freyre adeudaba a ésta la suma de ¡§3,000 por concepto de cánones de arrendamiento de un solar, a razón de $50 men-suales durante sesenta meses de septiembre de 1925 a agosto de 1930; que a los contrademandantes les corresponde como herederos de doña Carmen un quinto de dos tercios de dicha deuda, por cuya suma piden sentencia a su favor.

El demandante contrademandado interpuso las defensas de prescripción de la acción ejercitada en la contrademanda; falta de causa de acción; y falta de jurisdicción de la corte de distrito para conocer de la contrademanda, por la que solamente se reclama la suma de $400.

Vistas las excepciones previas en oposición a la contra-demanda, la corte inferior dictó resolución desestimando la contrademanda por los siguientes fundamentos: (a) porque de las alegaciones de la contrademanda no aparece que la suma de $400 adeudada por Rafael Blanch a doña Carmen Nadal Freyre y reclamada por los contrademandantes como herederos de ésta, hubiese sido adjudicada a dichos herederos como parte de su haber hereditario; y (b) porque siendo la suma reclamada la de $400, es a la corte municipal a la que compete conocer del caso originalmente.

El 30 de marzo de 1939, fecha señalada para la vista del caso, los demandados alegaron que la acción que ejercita el demandante está prescrita de acuerdo con los artículos 1866, inciso 3°., y 1869 del Código Civil.

La corte de distrito dictó sentencia desestimando la excep-ción de prescripción y declarando con lug’ar la demanda. Los demandados lian interpuesto el presente recurso, basándolo en diez señalamientos de error que imputan a la corte sen-tenciadora.

En los cuatro primeros señalamientos se alega que la corte inferior erró al declarar sin lugar las excepciones previas a la demanda y la defensa especial de prescripción.

La demanda es a nuestro juicio suficiente. En ella se alega la contratación de un préstamo, y la promesa de la prestataria de devolver la suma prestada tan pronto obtu-viera un anticipo a cuenta de su haber hereditario; que la prestataria falleció dejando incumplida la obligación y como únicos herederos a los demandados.

La obligación de pagar la suma prestada venció el 6 de diciembre de 1928, fecha en que falleció la deudora sin haber obtenido el anticipo a cuenta de su herencia materna. La demanda fué radicada el 29 de marzo de 1937, o sea cerca de nueve años después de haber vencido la obligación. La prescripción de cinco años que fija el artículo 1866, inciso 3, del Código Civil (ed. 1930) no es aplicable al caso de autos.

Comentando el artículo 1966 del Código Civil español, que es el equivalente al 1866 de nuestro Código, dice Manresa:

“Prescripción por término de cinco años. — Por este tiempo pres-criben, según el precepto establecido en el artículo 1966, las acciones que puedan corresponder para exigir el cumplimiento de las obliga-ciones siguientes:
“Ia'. La de pagar pensiones alimenticias.
“2a. La de satisfacer el precio de los arriendos, sean éstos de bienes rústicos o de fincas urbanas.
“3a. La de cualesquiera otros pagos que deban hacerse por años o en plazos más breves.
“No es aplicable esta regla de prescripción mas que en las recla-maciones en que se trate de pagos de pensiones atrasadas que hubiere derecho a reclamar por años o en plazos breves. Así lo tiene decía-rado el Tribunal Supremo en sentencia de 26 de octubre de 1904, en la que se estableció además de la doctrina que para los efectos de la prescripción regulada por el citado artículo 1966, no puede servir de base el origen, causa o razón del reconocimiento de la deuda, sino la naturaleza de la obligación contraída;... ”

Tratándose de una acción personal en cobro de dinero, para el ejercicio de la cual la ley no fija un término especí-fico, es de aplicación el artículo 1864 del Código Civil que fija un término de 15 años para el ejercicio de tales acciones. No erró la corte sentenciadora al desestimar las excepciones previas y la defensa de prescripción.

Los demandados estaban obligados a pagar la deuda contraída por su señora madre, no solamente por ser sus únicos y universales herederos, si que también especialmente por haber heredado en su nombre y representación lo que a ella hubiera correspondido en la herencia de doña Carmen Nadal y Freyre, con lo cual ella había prometido pagar la deuda al demandante.

No erró la corte inferior al declarar que la acción que se ejercitaba en la contrademanda estaba prescrita. La acción para exigir el cumplimiento de la obligación de satisfacer el precio de los arriendos, ya sean éstos de fincas rústicas o de fincas urbanas, prescribe por el transcurso de cinco años. Artículo 1866, inciso 2, Código Civil (ed. 1930).

Creemos innecesario discutir los señalamientos restantes. Se refieren todos a la cuestión de interrupción de la prescripción por el alegado reconocimiento de la deuda por el esposo de la deudora y padre de los demandados. Habiendo resuelto que el término de prescripción aplicable es el de 15 años y que la acción del demandante fué interpuesta a tiempo, la cuestión sobre si el esposo reconoció la deuda o tenía o no derecho a reconocerla carece de importancia.

No hubo error en la admisión de las dos cartas escritas por el esposo de la deudora al acreedor demandante, en “layo y junio de 1932, en las cuales acepta y reconoce la deuda contraída por su esposa. Esas cartas eran admisibles para probar que la obligación había sido contraída con el consentimiento del esposo. La ratificación posterior equi-vale al consentimiento previo.

La sentencia debe ser confirmada.


text:
    Manuel L. Miró, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, compuesta por M. León Parra, Presidente y F. Paz Granela y Juan M. Herrero, Comisionados Asociados, demandada, y Ramón Montaner, Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurridos.
    Núm. 198.

    Sometido: Mayo 20, 1940.

      Resuelto: Junio 10, 1940.

      G. Benitez Gautier y Jorge Benitez Gautier, abogados del recurrente;

      M. León Parra, abogado de la Comisión; Ilon. Procurador General George A. Malcolm, Emilio de Aldrey, Procurador General Auxi-liar y Víctor J. Vidal González, Asesor Legal éste del Fondo del Estado, abogados del Administrador recurrido.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Los hechos de este caso aparecen expuestos en Montaner, Administrador, v. Comisión Industrial, 54 D.P.R. 561, y en Miró v. Comisión Industrial, 56 D.P.R. 127. De esos casos copiamos a continuación los párrafos que consideramos per-tinentes a la resolución del presente recurso:

“A fin de preparar su proposición para un contrato titulado ‘Mejoras al Sistema de Distribución del Acueducto de Ponce,’ Manuel L. Miró consultó al Administrador del Fondo del Seguro del Estado respecto a la clasificación y prima de seguro que se aplicarían a tal proyecto bajo la Ley de Indemnizaciones a Obreros. Se le informó que el tipo sería el correspondiente a la clasificación núm. 7520, o sea $1.68 por cada $100 de sueldos pagados. Se adjudicó el contrato al contratista y en abril 26, 1937, éste obtuvo la póliza núm. 8708 bajo el tipo y clasificación mencionados.
“En mayo 19 de 1937 el Administrador del Fondo del Estado notificó a Miró que se había cometido un error en la expedición de la póliza y que la misma tendría que ser cancelada o alterada para ajustarla a la clasificación núm. 6319 con un tipo de 5.75 por ciento en vez de 1.68 por ciento. Esta controversia quedó resuelta satis-factoriamente hasta fines del año fiscal 1936-1937, o sea hasta junio 30 de 1937.
“Al tenerse que renovar la póliza para el año 1937-1938, el Admi-nistrador del Fondo del Estado insistió en que el contrato de Miró caía bajo la clasificación núm. 6319, cuyo tipo se había aumentado a 10.51 por ciento. Como el patrono venía obligado a asegurar de acuerdo con los términos del contrato, pagó la prima para el primer semestre, ascendente a $3,678.50, bajo protesta. Aparentemente nunca "ha pagado la correspondiente al segundo semestre. El contrato fué terminado en abril de 1938, y el 10 de junio del mismo año el patrono radicó una petición ante la Comisión Industrial de confor-midad con la sección 24 de la Ley núm. 45 de 1935 (Leyes de ese año, pág. 251, 303, y siguientes) para que se revisaran la prima y clasificación aplicádasle por el Administrador del Fondo del Estado para el año 1937 — 1938. En esta petición el patrono levantaba las siguientes cuestiones:
“(1) Que el Administrador del Fondo del Estado cometió error al incluir el contrato del patrono bajo la clave 6319 en vez de bajo la núm. 7520;
“ (2) Que el Administrador no tenía autoridad para hacer nuevas clasificaciones después del 1 de mayo de 1937, de acuerdo con la sección 23 de la Ley de Indemnizaciones a Obreros;
“(3) Que el Administrador no podía alterar los términos bajo los cuales se expidió la póliza original, puesto que desde ese momento surgió un contrato que duraba el mismo tiempo que el proyecto del peticionario;
“(4) Que el Administrador abusó de su discreción al aumentar los tipos para la clase de trabajo envuelto en este caso; y
“(5) Que el Administrador cometió error al imponerle al recu-rrente un nuevo tipo de 10.51 por ciento.
"El abogado del Administrador del Fondo del Estado contestó y más tarde radicó una moción para que se desestimara el recurso basado en que la causa de acción del patrono había prescrito en parte y porque era académico en vista de los incisos 3 y 4 de la sección 24 de la ley. Esta sección lee así:
"La Comisión Industrial, en una decisión fechada el 16 de diciembre de 1938, se negó a desestimar el recurso por opinar que había una importante cuestión envuelta respecto a si un patrono que asegura por el término de determinada obra no se encuentra en posición distinta, en lo que a las clasificaciones se refiere, a aquel que emplea y asegura obreros regularmente durante una serie de años sucesivos. La Comisión expone los hechos en forma algo distinta a como lo hace el peticionario. Aunque el recurrente dice en su petición que el Administrador, en mayo de 1937, no insistió en su contención de que la obra de Miró había sido clasificada erróneamente bajo la clave núm. 7520 en vez de bajo la núm. 6319, ni en cobrar $5.75 en vez de $1.68 por cada $100 de salarios, la Comisión aparentemente asume que lo cierto era lo contrario, puesto que procede a aprobar el derecho y poder del Administrador a corregir una clasificación efectuada bajo un supuesto error de hecho.’ Lo que la Comisión encuentra dudoso es si el Administrador, luego de corregir la clasificación en mayo de la clave núm. 7520 a la núm. 6319, podía, dos meses más tarde, aumentar la prima para la misma clasificación de $5.75 a $10.75 por lo menos en lo que se refería a obras especiales.” 54 D.P.R. 561.

Este tribunal encontrando que no era frívola la duda que había surgido entre los miembros de la Comisión, confirmó su resolución del 16 de diciembre de 1938 y devolvió el caso para ulteriores procedimientos. 54 D.P.R. 561.

"Posteriormente se celebró una vista y la resolución final de la comisión resolviendo definitivamente el caso fué dictada el 31 de agosto de 1939. Esta leía así:
"Esta resolución de la Comisión Industrial estaba suscrita por su Presidente Sr. M. León Parra y por el Comisionado Sr. Juan M. Herrero. El Comisionado Sr. F. Paz Gránela disintió. El fué del criterio de que el Administrador no puede expedir una póliza que se extienda por un período mayor del año fiscal corriente; que antes de que él expida nuevas pólizas deberá revisar los tipos de primas y aumentarlos o rebajarlos según sea el caso; y que entonces ninguna póliza está en vigor.
“El Fondo del Seguro del Estado solicitó la reconsideración. Esta fué denegada, mas toda vez que el Fondo no ba interpuesto recurso alguno, no es necesario discutir la cuestión.
“El peticionario también solicitó la reconsideración. También le fué denegada. La contención del peticionario fué que cuando la ley dice ‘por cualquier término o parte de un semestre’ las palabras ‘por cualquier término’ son disyuntivas y no significan ‘parte de un semestre.’ La.Comisión creyó que cuando la ley dice ‘cualquier tér-mino o parte de un semestre’ significa copulativamente cualquier ‘término o parte’ de un semestre y no la interpretación disyuntiva sostenida por el peticionario.
“El peticionario ha acudido en solicitud de un recurso de revisión y señala un solo error, a saber:
“ ‘La recurrida, Comisión Industrial de Puerto Rico, cometió un grave error de derecho al resolver que habiendo durado el trabajo del recurrente más de seis meses, no es, por esa razón, un patrono temporal u ocasional, y por lo tanto debe ser considerado a los efectos del tipo de prima a pagar por el trabajo que aseguró, como un patrono permanente.’ ” 56 D.P.R. 127.

Oídas las partes y sometido el recurso, esta corte resolvió, el día 14 de febrero de 1940, en síntesis (Miró v. Comisión, 56 D.P.R. 127):

1. Que la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo (núm. 45 de 1935 (1) pág. 251) contempla dos clases de patronos, el permanente y el ocasional.
2. Que el recurrente era un patrono ocasional.
3. Que cuando el patrono ocasional toma una póliza del Adminis-trador del Fondo del Estado, ésta se entiende hasta el final del período requerido para terminar el trabajo; o sea que la póliza no se le expide por el año fiscal, sino por la duración del trabajo.
4. Que aunque existe la costumbre, por convenirle así más al Administrador del Fondo, de expedir pólizas que tan sólo tienen vigencia hasta el 30 de junio de cada año, al renovar dicha póliza un patrono ocasional, el administrador no sólo está impedido de aumentar o disminuir los tipos sino de variar sus condiciones ori-ginales.

Requerido el Administrador del Pondo por el recurrente Manuel L. Miró para que de acuerdo con lo resuelto por este tribunal procediese a liquidar . . su póliza sobre la Obra de Extensión y Mejoras del Acueducto de Ponce al tipo originalmente señalado y fijado, o sea el de $1.68 por cada $100 de jornales pagados, y requiriendo por lo tanto la devo-lución de $2,388.02 indebidamente cobrados ... y pagados bajo protesta,” el Administrador se negó a cumplir con lo solicitado, ... y por el contrario pretendió que (el recu-rrente) pagara al Pondo del Seguro del Estado una suma adicional de $1,054.97, alegando para ello que la resolución dictada por la Comisión Industrial en 16 de diciembre de 1938 resolvió definitivamente en favor del administrador su derecho a cambiar la clasificación de la póliza otorgada al recurrente, y que habiendo él cambiado la clasificación por la núm. 6319, la póliza del recurrente debería ser liquidada a base de $5.75 por cada $100 de jornales.

No conforme Miró, recurrió para ante la Comisión Industrial, la que, por resolución del día 4 de abril de 1940 con-firmó al Administrador. Es contra esta resolución que el presente recurso ha sido interpuesto, alegando contra ella el recurrente los siguientes dos errores:

“1. La Comisión Industrial erró al resolver que mediante su resolución de 16 de diciembre de 1938 quedó decidido definitivamente:
(a) Que el Administrador se había equivocado al darle la clasi-ficación 7520 al trabajo del recurrente.
“ (5) Y que habiéndose equivocado al clasificar podía legalmente rectificar, aprobándose por lo tanto su derecho a cambiar la clasifi-cación original núm. 7520 al tipo de 1.68 por cada $100 de nómina, por la clasificación núm. 6319 al tipo de 5.75 por cada $100 de nómina.
“2. La Comisión Industrial erró al interpretar los efectos legales . de la opinión emitida por este Hon. Tribunal en 14 de febrero de 1940.”

Examinemos el primer error. En cuanto al apartado A opinamos que por tratarse en el mismo de una cuestión de hedió, este tribunal está impedido por ministerio de la ley que regula estos recursos de revisión, de decidirlo. Ahora, en cuanto al apartado B.

La razón que tuvo la Comisión Industrial para resolver en su mencionada resolución del día 16 de diciembre, 1938, que el Administrador del Fondo del Estado tenía derecho a cambiar la clasificación original núm. 7520 por la núm. 6319, fué, entre otras, la de que existiendo error en el consentimiento prestado por el Administrador con respecto a la sustancia de la cosa, de acuerdo con los artículos 1217 y 1218 del Código Civil, ese consentimiento es nulo, y por ende el contrato no existe.

Dispone el artículo 1217 que será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo, y el 1218, que para que el error invalide el consentimiento, deberá recaer sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato, o sobre aquellas condiciones de la misma que prin-cipalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo. Aun cuando asumiéramos que el Administrador del Fondo del Estado se equivocó al darle la clasificación núm. 7520 al trabajo del recurrente, y que esa equivocación o error es de los que anulan el consentimiento, siempre nos encontraríamos con que la Comisión se equivocó al concluir que por ello el Admi-nistrador tuvo facultades para cambiar la clasificación núm. 7520 por la núm. 6319, ya que de acuerdo con el artículo 1254 del Código Oiyil, no pueden ejercitar la acción de nuli-dad “. . . los que causaron la intimidación o violencia, o emplearon el dolo o produjeron el error ...” Dice así el mencionado artículo 1254:

"Pueden ejercitar la acción de nulidad de los contratos los obli-gados principal o subsidiariamente en virtud de ellos. Las personas capaces no podrán, sin embargo, alegar la incapacidad de aquellos con quienes contrataron; ni los que causaron la intimidación o violencia, o emplearon el dolo o produjeron el error, podrán fundar su acción en estos vicios del contrato.”

Comentando el artículo 1302 del Código Civil español, que es su equivalente, se expresa así Manresa en sus Comenta-rios al Código Civil español,, vol. 8, pág. 780, 2a. edición:

“Irresponsabilidad del defecto alegado. — Es la segunda de las condiciones necesarias para el ejercicio de la acción. Algunos la expresan diciendo que sólo puede intentar aquélla el perjudicado; pero esta expresión puede conducir a ideas equivocadas, ya que la nulidad es independiente de la lesión, como declara el artículo 1300, y es lícito al favorecido económicamente por el contrato pedir la nulidad basándose en causas a él no imputables, y en cambio no autoriza la ley el caso inverso.
“Sencilla la regla contenida en el párrafo segundo de este artículo, puede complicarse cuando coexisten dos defectos del contrato, como puede suceder, derivándose a veces de un mismo hecho, v. gr., el con-trato celebrado con un incapaz por quien ignora que lo es: en este ejemplo es indudable que la persona capaz no podrá pedir la nulidad fundado en la incapacidad de la otra, pero sí alegar el error o el dolo que padéeiera si las circunstancias del sujeto eran de decisiva influencia en el contrato.”

No se trata aquí, pues, de un caso en que no llegó a pro • d.ucirse el consentimiento, sino de uno en que se prestó, Aunque con error.

Como no surge de los ñeclios que el recurrente Miró soli-citara la declaración de nulidad del contrato que había lle-vado a cabo con el Administrador del. Fondo del Estado, y como es evidente que de acuerdo con los artículos del Código Civil antes citados el Administrador del Fondo del Estado no puede ejercitar la acción de nulidad por haber sido él el culpable del error, debe resolverse que el contrato estaba en todo su vigor y que por lo tanto la Comisión Industrial erró al decidir que el Administrador tenía facultad para cambiar la clasificación que dió al trabajo que el recurrente iba a realizar.

. En vista de lo anterior, se hace innecesario discutir el segundo error señalado, y por tanto debe revocarse la reso-lución-dictada por la Comisión Industrial de Puerto Rico el día 4 de abril de 1940 en el caso Comisión Industrial 4819 y devolverse éste con instrucciones de que se ordene al Admi-nistrador del Fondo del Seguro del Estado que proceda a liquidar el contrato de seguro celebrado con el recurrente al tipo original de $1.68 por cada $100 de nómina, devolviendo en su consecuencia al recurrente la cantidad que éste hubiere pagado de más.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    José Valentín Estremera, demandante y apelado, v. Luis Ríos Flores, demandado y apelante.
    Núm. 8110.

    Sometido: Junio 6, 1940.

      Resuelto: Junio 10, 1940.

      José Veray, Jr., abogado del apelante;

      Buenaventura Esteres, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la ' opinión del tribunal.

El demandante, dueño de dos fincas rústicas colindantes con otra del demandado, instó este pleito para recobrar la posesión de dos parcelas correspondientes a dichas fincas, de las cuales alegó haber sido violentamente privado por el demandado tres meses antes de la radicación de la demanda.

La evidencia fue contradictoria. La del demandante tendió a demostrar que hacía varios años estaba en posesión de las dos fincas que describe en la demanda y como parte integrante de las mismas, de las dos parcelas que también describe, ejercitando sobre ellas actos de dominio y eultiván-dolas, etc.; que una de las fincas estaba separada de la del demandado por una cerca de alambre de púas y que entre la otra y la del demandado no existía cerca alguna; que como tres meses antes de la radicación de la demanda el deman-dado removió la cerca a que se lia beclio referencia y la tendió más allá de la colindancia con el demandante, privando así a éste de una de las parcelas cuya posesión reclama, y que en la otra finca tendió otra cerca de alambres, introducién-dose en igual forma en terrenos del demandante; que este último derribó dichas cercas por medio de peones que utilizó a ese efecto; que el demandado denunció dichos peones por un delito de daños maliciosos y habiendo sido absueltos, una semana después el demandado, armado de un revólver y un machete y asistido de un peón también armado de machete, restableció la cerca por el mismo sitio donde antes la había tendido; que al venir el demandante y protestar de que tal cerca se tendiese por sus terrenos, el demandado lo amenazó con hacer uso de las armas si alguien se atrevía removerlas, por lo que el demandante optó por recurrir a este pleito de injunction.

La del demandado admite que tendió la cerca, pero niega que lo hiciera violentamente, asegurando además que la había puesto exactamente donde existía la cerca anterior que estaba en el suelo, y que la nueva que puso entre la otra finca, donde antes no existía, fué tendida en la colindancia de ambas fincas.

La corte inferior, que vió y oyó declarar a los testigos, dió crédito a los del demandante y declaró con lugar la demanda, dejando así resuelto el conflicto de la prueba.

Alega el demandado que la corte sentenciadora erró en la apreciación de la prueba. Empero, siendo ésta contradic-toria, y puesto que la del demandante sostiene la sentencia dictada, no alteraremos en este recurso la conclusión a que llegó la corte a quo, en ausencia de una demostración de error manifiesto o de que al así apreciar la prueba actuara movida por pasión, prejuicio o parcialidad, lo que no resulta de los autos.

Se alegó en la demanda que cada una de las fincas del demandante estaba separada de la del demandado por una cerca de alambres. Sin embargo, la prueba del demandante, como fiemos visto, admitida sin oposición por la parte contraria, demostró que una de las fincas no estaba cercada originalmente. Solicitó el demandante que se entendiese enmendada la demanda para conformarla a la pruefia, en lo que a dicfio particular respecta. Se opuso el demandado y la corte decidió posponer su resolución para cuando considerase toda la evidencia, de 1c- que tomó excepción el demandado. Luego, implícitamente permitió la corte la enmienda al dictar sentencia a favor del demandante. Se queja el demandado de que la corte erró al posponer su resolución basta el momento de dictar sentencia, y que tal enmienda era improcedente, puesto que variaba la causa de acción.

Si el demandado removió la cerca o si la puso nueva, en nada afecta la resolución del caso. Lo esencial dentro de la acción ejercitada es que el demandante baya sido privado de la posesión en que se bailaba de dichas parcelas dentro del año inmediatamente anterior a la presentación de la demanda. Por consiguiente, no vemos qué importancia puede tener, a los efectos de este caso, que la corte permitiera la enmienda en el momento de solicitarla el demandante; que la hubiese permitido, como lo hizo, al dictar sentencia, o que no la hubiera permitido, pues se trata de una cuestión com-pletamente irrelevante.

En el caso de Richardson v. Martínez, 35 D.P.R. 1036, que invoca el demandado apelante, el demandado venía en posesión, por espacio de varios años, de la finca que trataba de recobrar el demandante. Por consiguiente, el remedio de injunction no era el procedente, y siendo ello así, dicho caso no es de aplicación al de autos.

Por lo expuesto, procede desestimar el recurso y confirmar la sentencia apelada.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Carmelo Sánchez, acusado y apelante.
    Núm. 8185.

    Sometido: Junio 11, 1940.

      Resuelto: Junio 12, 1940.

      Joaquín Correa Suárez, abogado del apelante;

      R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal. ■

El Fiscal del Distrito de Humacao formuló acusación contra Carmelo Sánchez, porque “el 7 de marzo de 1939, en la municipalidad de Naguabo, dentro del Distrito Judicial de Humacao, P. R., ilegal, voluntaria y maliciosamente, y por conducto de su hijo menor de edad Ernesto Sánchez, ofre-cía en venta y vendía para ser destinada al consumo humano como pura, leche de vaca adulterada con agua en un 16%. ”

Alegó además el fiscal en debida forma la reincidencia del acusado. Éste manifestó que era inocente y celebrado el juicio fué declarado culpable y condenado a pagar quinien-tos dólares de multa y a sufrir seis meses de cárcel, sin costas. Apeló, y en su alegato señala tres errores cometidos a su juicio por la corte al negar el sobreseimiento y archivo de la acusación, al no tomar en consideración la objeción con respecto a la edad de Ernesto Sánchez y al apreciar la prueba.

Para fundar el primer señalamiento el apelante cita la ley que se señala como infringida, a saber, la núm. 77 de 1925, cuya sección primera lee así:

“Toda persona que adulterare, o diluyere leche y toda persona que la vendiere, ofreciere o tuviere en venta, o que la transportare o almacenare con el fin de dedicarla al consumo humano y toda persona que usare leche adulterada o diluida para fines industriales, cuando se destine a. la preparación de alimentos para el consumo humano, será culpable de delito menos grave (misdemeanor)...”

Y sostiene que la comisión del acto delictivo debe ser personal, motivo por el cual no alegando la acusación que el apelante hubiera vendido personalmente la leche adulterada, no le imputa un delito de acuerdo con la ley.

No estamos conformes. Desde 1914 en el caso de El Pueblo v. Gautier, 20 D.P.R. 327, siguiendo lo resuelto en el de El Pueblo v. Barquet, 19 D.P.R. 792 y la jurisprudencia esta-blecida en los de People v. Roby, 52 Mich. 577, Lehman v. District of Columbia, 19 App. D. C. 217, y State v. Burchinal, 2 Har. 528, se resolvió que “el dueño de un puesto de leche en el cual se vende leche adulterada o diluida, es responsa-ble criminalmente de dicho delito, y nada importa si la venta se hace por él o por medio de su dependiente.” La ley entonces vigente era similar a la que rige hoy sobre la materia.

Véanse los casos de El Pueblo v. Quiñones, 30 D.P.R. 590 y El Pueblo v. Cartagena, 37 D.P.R. 457, 458, en el que se dijo: “Cuando un agente vende leche adulterada, tanto el agente como el principal son individualmente, y aun conjun-tamente, culpables del delito.”

Argumentando el segundo señalamiento de error, dice ■el apelante que cree “que el fiscal venía obligado a establecer de manera indubitable la edad de Ernesto Sánchez, a los fines de probar la contención de que el acusado apelante por conducto de su hijo menor de edad, ofrecía en venta leche de vaca adulterada con agua como pura. Si Ernesto Sánchez para la fecha de la comisión del delito que se le imputa al acusado apelante . . , tenía cumplidos sus 16 años, entonces la acusación debía hacerse directamente a Ernesto Sánchez, quien tenía capacidad para ser acusado. . . .

“Estamos considerando un caso que entre los ‘misdemeanors’ reviste una inusitada gravedad por lo severa de la pena que la ley determina para los culpables. Se trata de un delito en grado de reincidencia, y por tanto, se hace imperativo que el Pueblo pruebe concluyentemente todos los extremos de la acusación. No puede asumirse, que porque en un anterior .delito de adulteración de leche Ernesto Sán-chez fuera menor de edad (16 años) y a tal efecto fuera eliminado de la acusación conjunta que se le hiciera con su padre, el acusado apelante, en el momento de sorprendérsele para esta segunda acusación en grado de reincidencia contra Carmelo Sánchez, no tuviese la edad legal para asumir la responsabilidad integral de su delito, si es que lo cometió.”

Nos damos perfecta cuenta de la gravedad de la pena y de que pueden darse casos en que el dueño sea inocente y que la adulteración se realice por su agente para su propio beneficio, pero ello no destruye la regia que dejamos expuesta al resolver el primer señalamiento de error. No era nece-sario probar la edad del agente. Asumiendo que tuviera más de diez y seis años, para colocarnos en la misma posición en que se sitúa el apelante, entonces lo que hubiera sucedido es que el Fiscal hubiera podido formular también contra él acusación, pero ello no eliminaba la responsabilidad del ape-lante como dueño de la leche adulterada vendida por medio de su agente. No hubo error.

Tampoco fué cometido el tercero y último de los errores señalados que se refiere, como ya dijimos, a la apreciación de la prueba. La de cargo fué suficiente para demostrar la comisión del delito en grado de reincidencia y la de descargo no destruyó la de cargo ni aportó elemento nuevo alguno que justificara una absolución del acusado. El hecho de encontrarsé éste enfermo de una pierna, tratándose de una venta regular de su producto, no lo exime de responsabilidad. Y las.preguntas que hizo el juez sentenciador a los testigos y la resolución que dió a la cuestión previa que se le presentara, no sostienen la imputación de prejuicio que le hace el apelante. La pena que el juez impuso al acusado es la mínima que para el delito, cuando se reincide en su comisión, señala la ley.

Debe, en tal virtud,. declararse sin lugar el recurso y con-firmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison

text:
    Francisco Fano, Tesorero Interino De Puerto Rico, demandante, v. Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, demandado y apelado; y Acisclo Marxuach, interventor y apelante.
    Núm. 7740.

    Sometido: Junio 7, 1939.

      Resuelto: Junio 12, 1940.

      Luis Tirado Géigel, abogado del apelante;

      J. Ramírez Santibáñez y B. Ramírez Santibáñez, abogados del demandado apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

De una estipulación radicada en la corte de distrito toma-mos los siguientes hechos:

Con anterioridad a la fecha de su cierre, el Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico tenía bajo administración ciertas propie-dades pertenecientes a Margarita Oyanguren, residente en España. - Éste percibía las rentas y productos de esos bienes e ingresaba su importe en una cuenta corriente a nombre de dicha señora Oyanguren bajo el rubro "Administración Casas”. En septiembre 17, 1932, el banco remitió a la señora Oyanguren un giro contra The Continental Bank and Trust Company of New York por la cantidad de $407.48, como parte de los fondos a ella pertenecientes, cuyo depósito figuraba consignado en la referida cuenta que estaba en poder del demandado como ingresos de la dicha administración. El banco suspendió sus operaciones el 29 de septiembre de 1932, antes de que la señora Oyanguren pudiera presentar al cobro dicho giro, y que el mismo no ha sido pagado. Que al decretarse la administración judicial del banco cesó éste en sus funciones de administrador de las propiedades de la señora Oyanguren, habiendo ella designado como nuevo admi-nistrador a Acisclo Marxuach, a quien el banco hizo entrega de tal administración, conforme a instrucciones recibidas de ella.

Marxuach apela de una resolución desestimando una peti-ción suya en que solicitaba se ordenara al síndico la entrega inmediata de los $407.48 a la señora Oyanguren, de los fon-dos en su poder — procedentes de- depósitos hechos con el banco y en calidad de fideicomiso y pertenecientes a ella como parte de los ingresos obtenidos por el banco en la adminis-tración de sus bienes.

El único señalamiento es que la corte de distrito erró “principalmente” al fundamentar su resolución en la deci-sión recaída en el caso de Tesorero de Puerto Rico v. Banco, etc. y R. Fabien & Co., 50 D.P.R. 562.

En el caso de Fabien este tribunal citó del de Jennings v. U. S. F. & G. Co., 294 U. S. 216, 219, 220, así:

“En 1931 existía en Indiana nn estatuto conocido con el nombre de 'Bank Collection Code’ (Leyes de Indiana, 1929, Capítulo 164), aplicable a bancos nacionales en tanto en cuanto era consistente con los preceptos o disposiciones, expresos o razonablemente implícitos de la Ley de bancos nacionales o de otras leyes federales de autoridad superior. Lewis v. Fidelity & Deposit Co. of Maryland, 292 U. S. 559, 566; First National Bank v. Missouri, 263 U. S. 640, 656. Bajo diebo código (sección 2) la relación existente entre el banco transmisor y el banco cobrador era la de principal y agente basta que este último hubiere terminado la transacción de cobro. Si con-tinúa aun después de ello la relación fiduciaria en la teoría de que el producto del cobro basta que se le remita al transmitente está sujeta a un fideicomiso, depende de las circunstancias. En ausencia de muestras de una intención contraria, la mejor doctrina es, doquiera prevalece la ley común, que la agencia del banco cobrador termina al cobrarse el documento, colocándose el banco desde ese momento en adelante en la posición de un deudor, con la libertad, disfrutada generalmente por los deudores, de usar el producto como suyo. Commercial Bank of Pennsylvania v. Armstrong, 148 U. S. 50; Marine Bank v. Fulton Bank, 2 Wall. 252; Planters’ Bank v. Union Bank, 16 Wall. 483, 501; Hecker-Jones-Jewell Milling Co. v. Cosmopolitan Trust Co., 242 Mass. 181, 185, 186; 136 N. E. 333; Freeman’s National Bank v. National Tube Works Co., 151 Mass. 413, 418; 24 N. E. 779; Manufacturers’ National Bank v. Continental Bank, 148 Mass. 553, 558; 20 N. E. 193; First National Bank of Richmond v. Wilmington & W. R. Co., 77 F. 401, 402; Philadelphia National Bank v. Dowd, 38 F. 172, 183; Merchants’ Bank v. Austin, 48 F. 25, 32.”

Por razones que se hacen constar en la opinión emitida por el Juez Presidente Sr. Del Toro dijimos que nos incli-nábamos a creer que bajo las circunstancias concurrentes en el caso de Fabien las relaciones que existían entre las ape-lantes y el banco en liquidación eran las de acreedores y deudor y no las de principales y agente, habiendo' desapa-recido la naturaleza fideicomisaria de las cobranzas. Pero continuamos diciendo que aunque ello no fuera así, las sen-tencias recurridas siempre se sostendrían por el fundamento que tuvo el juez de distrito para dictarlas. Citó dicho juez del resumen del caso de Shuwmacher v. Harriett, 52 F. (2d) 817, 82 A. L. R. 1, lo que sigue:

“La suma por que puede declararse un fideicomiso bajo la pre-sunción de que los pagos hechos por un banco depositario de un fondo común con que ha mezclado fondos en fideicomiso eran de los propios fondos del banco, y no fondos en fideicomiso, no puede ex-ceder de la cantidad mínima contenida en el fondo común existente con posterioridad al momento en que se mezcló el dinero.
“No constituye suficiente identificación de los fondos en fideico-miso que se encuentran en manos del síndico de un banco insolvente el probar meramente que el dinero fué al fondo común y aumentó el importe y valor del que vino a poder del síndico.”

El juez de la corte inferior también dijo:

“Este mismo principio ha sido uniformemente respetado por todos*los tribunales de la nación y es regla de general aceptación por las cortes de justicia y obligación del reclamante dentro de la sana teoría del fideicomiso, identificar en forma específica y cierta el montante de su reclamación dentro de los fondos particulares y determinados traspasados al síndico o al agente liquidador luego del cierre de un banco. Es innegable como cuestión de hecho que los interventores hoy no pueden identificar el montante de su reclama-ción en fondo alguno específico y cierto traspasado al síndico o al agente liquidador luego del cierre del Banco Comercial de Puerto Rico toda vez que conforme a los hechos probados el único fondo en que tal identificación podría establecerse es en el de $43,466.83 recibido por el síndico en efectivo a la fecha del cierre del Banco Comercial y tal fondo hoy no existe por haberse satisfecho, con cargo al mismo, una suma mayor por órdenes de esta corte en casos de reclamación de preferencia con carácter de ‘trust fund’ (fondos en fideicomiso).
“La teoría ha sido reafirmada en el caso de Hornic, More & Portenfield v. Farmers’ & M. Bank, sentencia de la Corte Suprema de South Dakota de noviembre 8, 1929, 82 A.L.R., página 16; Reichert v. United Savings Bank, sentencia de la Corte Suprema de Michigan de 8 de diciembre de 1931 (255 Mich. 685); y en los siguientes casos: Dixon v. Hopkins, 56 F. (2d) 783, reafirmado en (City of Miami v. First Nat. Bank, etc.) 58 F. (2d) 561. Teoría sostenida por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el 72 U.S.L. Ed, 264; y 71 U.S.L. Ed. 1060. Y a los efectos de no bacer muy extensa esta resolución con citas, llamamos la atención hacia lo contenido en el 82 A.L.R. páginas de la 46 a la 288 donde se tratan extensamente los puntos legales discutidos y se expresan las teorías sustentadas por la mayoría de los tribunales de la nación que concuerdan con la expuesta en los casos anteriormente citados.
“En estados como el de Florida, donde por ley se declaran pre-ferentes con carácter de fideicomiso las sumas provenientes de co-branzas en instituciones bancarias, y en el caso de Dixon v. Hopkins ya citado, 56 F. (2d) 783, la corte expresamente resolvió, que tal preferencia se limita a la suma en efectivo existente a la fecha del cierre del banco, y si tal cantidad se ha agotado, el trust resulta ineficaz, no porque el fideicomiso deje de existir, sino por imposi-bilidad de señalar los fondos específicos sobre los cuales podría deter-minarse la preferencia.”

El alegato de los apelantes en el caso de Fabien no con-tenía una respuesta satisfactoria a las razones dadas por el juez de distrito para llegar a la conclusión a que llegó, y la sentencia apelada fué confirmada.

En 7 Am. Jur. 566-570, secciones 788-791, hallamos lo siguiente:

“Sección 788. Doctrina de la mayoría, en términos generales.— De acuerdo con la gran mayoría de las autoridades el mero hecho de que exista una relación de fideicomiso entre el dueño y el banco y de que el dinero u otros bienes en fideicomiso vinieran a la custodia del banco mientras éste hacía negocios como tal, no da derecho al dueño del fideicomiso a una preferencia o prelación con respecto al activo del banco en poder de su síndico. Incumbe al beneficiario, según este criterio, identificar los bienes del fideicomiso que se hallan en poder del síndico del banco o identificarlos en alguna forma en manos de éste. Según un número de cortes que siguen la doctrina de la mayoría, debe demostrarse por lo menos que el activo del banco que se encuentra en poder del síndico ha sido aumentado o benefi-ciado por el fondo en fideicomiso. A este respecto debe también observarse que con frecuencia se dice, especialmente por cortes que sustentan el criterio de la mayoría, que incumbe al demandante o reclamante identificar los bienes en fideicomiso en el activo que está en poder del síndico del banco insolvente. Cuando se demuestra afirmativamente que el fondo en fideicomiso se ha disipado o perdido por el banco fiduciario, en tal forma que ninguna parte del fondo va a poder del síndico del banco o no está representado en el activo que está en sus manos, el derecho a perseguirlo deja de existir.
"Sección 789. Doctrina de la minoría.' — Belativamente pocos casos siguen la doctrina de la minoría, que de ordinario se expresa en el sentido de que si se demuestra que fondos en fideicomiso están en poder del banco, se presume que éste los ba conservado y retenido en alguna forma y que los mismos lian llegado a manos del síndico del banco, incumbiendo a este último demostrar que tales fondos no llegaron a su poder ni forman parte del activo que ha recibido. Aun en tales jurisdicciones, sin embargo, cuando se demuestra afir-mativamente que tales bienes en fideicomiso no forman parte ni aumentan el activo en poder del síndico, el derecho del beneficiario o fideicomisario a perseguir los fondos desaparece.
"Sección 790. Identificación de los bienes del fideicomiso en el activo general. — Doctrina de la mayoría. — Cuando el beneficiario no puede identificar los bienes del fideicomiso en poder del síndico del banco, él debe, para poder perseguir sus bienes en fideicomiso, según la mayoría de las autoridades, demostrar que los bienes o su producto fueron a algún fondo específico o se invirtieron en alguna propiedad determinada que está en poder del síndico del banco, no siendo sufi-ciente meramente decir que los bienes del fideicomiso forman parte del activo general del banco. Según este criterio el mero hecho de que el activo general del banco insolvente se haya aumentado o beneficiado por el fondo en fideicomiso no es suficiente.
"Sección 791. Doctrina de la minoría. — Existe un número de casos que resuelven que cuando los fondos del fideicomiso han entrado a formar parte del activo general del banco insolvente, aumentando dicho activo en poder del síndico, no es menester que el beneficiario identifique los bienes en algún fondo específico o en determinada propiedad en poder del síndico. Según este criterio, basta demostrar meramente que el activo del banco en poder del síndico ha sido aumentado por el fideicomiso. Sin embargo, según esta doctrina, debe probarse que el banco, al momento de pasar a poder del síndico, tenía suficientes fondos o activo para pagar el fideicomiso. Las cortes que siguen esta regla meramente liberalizan o amplían la bien cono-cida doctrina de que cuando se mezclan fondos en fideicomiso con fondos del fiduciario, todo desembolso hecho por este último de los fondos mixtos se presume haberse hecho de dinero propio, más bien que de fondos en fideicomiso, y que cualquier remanente ,que haya en el caudal común está sujeto al pago del fideicomiso.
"Desde luego, en aquellas jurisdicciones en que el mero becbo de recibir el banco bienes en fideicomiso, o de demostrar que el activo general del banco fué aumentado, es suficiente para que el benefi-ciario tenga una preferencia o prelación con respecto al activo general del banco — sin que sea necesario identificar los fondos o bienes en poder del síndico del banco — no es menester que el reclamante de-muestre que determinados bienes o fondos específicos que están en poder del síndico contienen o representan su fideicomiso.”

Podría admitirse, sin resolverse, que los hechos estipula-dos establecieron la existencia de un fideicomiso por la suma de $407.48 en poder del banco como depósito especial en septiembre 17, 1932. Fuera de esto nada hay que demues-tre que el banco quebrado tuviera algunos fondos en su poder al cerrar sus puertas el 29 de septiembre o que el adminis-trador judicial jamás recibiera cantidad alguna en efectivo como parte del activo del banco. No podemos asumir con -el apelante que el activo del banco en efectivo no fluctuara entre el 17 y 29 de septiembre de 1932, es decir, durante los doce días que inmediatamente precedieron la suspensión de las operaciones del banco. El apelante indica, sin embargo, que el juez de distrito en su resolución no hace constar que al tiempo de dictar la misma el efectivo en poder del síndico al momento de cerrarse el banco estaba agotado. En su consecuencia, el apelante insiste en que la doctrina del caso de Fabien es inaplicable. Si este dinero no podía obte-nerse al tiempo de dictar su resolución, alega el apelante, el juez de distrito debió declararlo así en su resolución. Nadie estaba en mejor posición que él para saber si este dinero aún estaba en manos del síndico. En la resolución apelada, dice el apelante, no se hace constar que ella se basó en falta de prueba “al respecto”, ni que se fundó en el hecho que apa-recía de los autos de la corte de distrito — de ser tal hecho— de que el dinero que pasó a poder del síndico al tiempo que el banco suspendió sus operaciones se hubiera agotado antes de dictarse la aludida resolución.

El juez de distrito en el caso de autos fué el mismo juez de distrito que citamos extensamente con aprobación en el caso de Fabien. Lo que él dijo en el presente caso fué que aun asumiendo que la cantidad reclamada por el peticionario pudiese considerarse como un trust fund, aun así, dados los términos en que están redactadas la petición y estipula-ción de hechos, no tiene derecho el peticionario a la prefe-rencia que solicita. Entonces, en apoyo de esta conclusión, citó el caso de Fabien. Lo que quiso decir fué que el peti-cionario había dejado de demostrar que algún dinero había pasado del banco a manos del síndico o de ser así, que había algún dinero en poder del síndico del cual podía pagarse la reclamación del peticionario. En el caso de Fabien resol-vimos que espeso de la prueba de esas cuestiones recaía sobre los hombros del peticionario. El alegato del apelante no nos ha convencido de que el caso de Fabien debe ahora ser revocado.

El apelante asume, aparentemente, que si el juez de distrito hubiera examinado los autos, éstos le hubieran demostrado no sólo cuánto dinero fue a poder del síndico en septiembre 29, 1932, sino también cuánto dinero había disponible para pagar las reclamaciones preferentes en febrero 23, 1938, fecha en que el juez de distrito resolvió la reclamación del peticionario. Nada hay en los autos que tenemos ante nos que indique que éste hubiera sido el resultado de tal inspección.

El presente caso fué sometido mediante una estipulación de hechos. No incumbía al juez de distrito examinar los autos con un microscopio en busca de hechos no incluidos en la estipulación. Él quizá pudo hacer esto de haberse hecho referencia en la petición, estipulación o en algún otro sitio a la página o parte de los autos en que podía hallarse algún hecho no incluido en la estipulación. El no haberlo hecho así, en ausencia de tal referencia o indicación, no es error que da lugar a la revocación.

Debe, confirmar se la resolución apelada.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.