text:
    La Comunidad Religiosa Católica de Reverendas Madres Carmelitas Calzadas, Inc., de San Juan, P. R., recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, recurrido.
    Núm. 1056.

    Sometido: Noviembre 6, 1939.

      Resuelto: Enero 19, 1940.

      José Benet, abogado de la recurrente; el registrador recurrido com-pareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En la inscripción primera de una casa en la calle del Cristo, número 12, se inscribió el título de dominio a favor de doña Lorenza Yaldés G-oicoeeliea, haciéndose constar expresamente que dicha finca se encontraba gTavada con dos capitales a censo y tributo del 5% anual, uno de ellos por valor de 239 pesos españoles a favor de la Comunidad aquí recurrente.

Alega la recurrente que todos los sucesores en el título, de dicha finca, como herederos de la señora Valdés, la adqui-rieron con el gravamen de dicho censo, siendo éste mencio-nado en todas las inscripciones subsiguientes; y que la finca no ha pasado a nombre de tercero.

En julio 18 de 1939 la recurrente presentó una solicitud al Registrador recurrido, pidiendo se practicase la inscrip-ción del censo por el motivo de que la recurrente carecía y no le había sido posible encontrar el título original de cons-titución de dicho censo. En apoyo de su solicitud la recu-rrente presentó copia certificada de la resolución dictada en, 11 de febrero de 1907 por la Corte de Distrito de San Juan, declarando justificado el dominio de la finca a favor de la señora Valaés; y nna declaración jurada de la madre priora de la Comunidad recurrente, liaciendo constar la existencia del censo, el cobro de los cánones, y la carencia de documento alguno referente a la constitución original de diclio censo.

El día primero de agosto de 1939' el Registrador devolvió la solicitud de la recurrente, con la siguiente nota:

“Devuelto sin practicar operación alguna, por no acompañarse la escritura constitutiva del censo que se trata de' inscribir, y no ser esta solicitud un documento inscribible ni anotable.”

Contra esa nota se ha establecido el presente recurso. En su apoyo, arguye la parte recurrente que el Registrador debió proceder a la inscripción del censo:

“1. Porque el reconocimiento del censo fue hecho por la dueña del inmueble, para que su título se inscribiese con tal gravamen.
“2. Porque no hay tercero envuelto.
“3. Porque todos los dueños de la finca han venido pagando los réditos del censo, reconociendo así la existencia del gravamen.
“4. Porque la censualista no posee otro documento referente a la constitución original del gravamen más que’ la resolución declarato-ria del dominio.”

En su contestación alega el recurrido que no se trata aquí de un caso en que el Registrador haya dejado de calificar el documento o haya denegado la inscripción por defecto insub-sanable, o la haya practicado con defecto subsanable, que son los únicos casos en que de acuerdo con la Ley sobre recursos contra las resoluciones de los registradores de la propiedad, de 1 de marzo de 1902 (Comp. 2180-90), se puede recurrir para ante esta Corte Suprema; que huelga la certificación de la resolución de la Corte de Distrito declarando justificado el dominio de la finca, en que aparece mencionado el gravamen, por cuanto esa misma resolución ya fue inscrita en el registro; y que el principio que sostiene el recurrente — o sea que el Registrador está obligado a convertir en inscripción definitiva la mención de un gravamen por el mero hecho de estar consignada la mención, bastando para ello una simple solicitud — no está sostenido por ningún precepto del derecho civil, razón por la cual la solicitud presentada no ha podido ser insciita ni anotada.

En Mottfulleda v. Registrador, 19 D.P.R. 1001, esta Corte Suprema resolvió, aplicando el artículo 66 de la Ley Hipotecaria y los artículos 111 y 112 del Reglamento, que el recurso gubernativo eoutra las resoluciones de los Registradores procede solamente contra la negativa del registrador a inscribir, anotar preventivamente o cancelar los títulos que fueren presentados al Registro, pero no contra otras resoluciones del Registrador que puedan afectar los derechos de las partes y contra las cuales las partes interesadas pueden invocar otros remedios legales. Yéase G-alindo, vol. 2, pág. 633.

El documento presentado por la recurrente no es un título. Es una simple solicitud ex parte, por la que se pretende, sin audiencia de los dueños de la finca sobre la que se dice pesa el gravamen del censo, convertir en inscripción definitiva una simple mención hecha 32 años antes de radicarse la aludida solicitud de la recurrente.

No obstante la improcedencia del recurso interpuesto, opinamos que el Registrador no puede ni debe convertir en inscripción definitiva una simple mención de un censo a petición ex parte del censualista y sin el conocimiento o consentimiento del censatario, especialmente cuando debido al tiempo transcurrido entre las fechas de la mención y de la petición pudiera dicha mención carecer en la actualidad de efecto legal. Si la recurrente tiene derecho a la conversión que solicita, su camino es el juicio declarativo, en el cual puedan ser oídas todas las partes interesadas en el inmueble.

Por las razones expuestas debe desestimarse el recurso y confirm arse la nota recurrida.


source: Caselaw Access Project

author: El Jubz Presidente Señor Del Toro

license: Public Domain

text:
    César Garcés, peticionario, v. Corte de Distrito de Arecibo, Hon. R. Agraít Aldea, Juez, demandada.
    Núm. 335.

    Sometido: Enero 19, 1939.

      Resuelto: Enero 23, 1940.

      Diego E. Hamos, abogado del peticionario; la demandada compareció por escrito.
   El Jubz Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

César Carees por medio de su abogado pidió a esta Corte que expidiera un auto de mandamms dirigido a la de Distrito de Arecibo ordenándole que decretara el sobreseimiento y archivo de las causas criminales que en'dicha corte se le seguían por los delitos de portar armas prohibidas y falta de inscripción de armas de fuego.

Alegó que radicadas dichas causas en julio 21, 1939, el 30 de noviembre siguiente, notificando al Fiscal, pidió su sobreseimiento y archivo por haber transcurrido el término de ciento veinte días que fija el artículo 448, Núm. 2, del Código de Enjuiciamiento Criminal sin que se le sometiera a juicio, negándose el juez a decretarlo por estimar que la petición fué presentada tardíamente.

Se ordenó que se diese traslado de la solicitud al Juez demandado. Así se hizo y el juez en su contestación expuso los hechos y razones en que basó su negativa. Acompañó dos certificaciones expedidas por el Secretario del Tribunal.

De la primera resulta que en agosto 4, 1939, al llamarse las causas para lectura de las acusaciones “vista la certifi-cación médica jurada, demostrando la enfermedad del acu-sado en estos casos, la corte . . . dispone que se señalen para agosto 25 de 1939.”

Y de la segunda que:

“Llamados los casos anteriores en el día de boy (diciembre 1, 1939) por su orden de señalamiento, compareció El Pueblo de P. R. asistido de su Fiscal y el acusado asistido de su abogado, Ledo. Diego E. Ramos.
“La defensa presentó mociones de archivo y la Corte las declaró sin lugar por ser tardías.
“El acusado manifestó que no estaba preparado para defenderse por haberlo citado muy tarde la Corte y entonces el Tribunal sus-pendió los casos hasta nuevo señalamiento, siempre que por tal sus-pensión no se tomara ventaja ni se levantara cuestión alguna de pres-cripción y el acusado, por medio de su abogado, expresó su consenti-miento a que se suspendieran y en tal forma se suspendieron los casos. ’ ’

Replicó el peticionario extensamente acompañando una certificación del taquígrafo de la cual resulta que la'renuncia del término prescriptivo que hizo el Io. de diciembre, 1939, lo fué a partir de ese día, interpretación que no está en pugna con lo consignado en la minuta.

Nos encontramos, pues, frente a un caso en que se archi-van unas acusaciones en una corte de distrito en julio 21, 1939, y en que el juicio se señala para diciembre primero, 1939, o sea para unos diez días después del término de ciento veinte fijado por el legislador como el límite en casos corrien-tes de su concepto de un juicio rápido.

El señalamiento del juicio tuvo necesariamente que ha-cerse antes del día primero de diciembre. Según alega el juez en su contestación se hizo el 25 de noviembre, esto es, unos cuatro días después de vencido el término de ciento veinte, presentándose en noviembre treinta la petición de sobreseimiento con notificación al Fiscal, dándose cuenta, con ella a la corte al día siguiente o sea el fijado para la vista, ocurriendo entonces lo que ya conocemos.

Alega también el juez en su contestación, “que es costum-bre de este tribunal el considerar tardía una moción de archivo presentada el día antes del juicio por la tarde, a pesar de que la vista ha sido señalada con días de antelación, porque se fia demostrado que el propósito de esta práctica tardía es evitar que el Fiscal pueda prepararse para presentar evi-dencia sobre suspensiones pedidas por el acusado, pues bay que hacer una búsqueda detenida en el libro de actas de la corte. ’ ’

Bajo los hechos expuestos, aunque se trata de un caso en que la desviación del orden legal no es seria, nos vemos obligados a acceder a lo solicitado porque no ya el juicio fue señalado para después de los 120 días de presentada la acusación si que el señalamiento se hizo vencido dicho término, sin que exista la más leve indicación que tienda a explicar por qué no pudo hacerse antes.

Se comprende que una corte de distrito tenga tantos asun-tos que aunque trabaje activamente no pueda en algunas oca-siones verlos dentro de los ciento veinte días, pero no se explica que una corte no pueda señalar la vista de las causas pendientes ante ella y listas para señalarse, con bastante antelación al vencimiento del término. Si el señalamiento se hace de tal modo y el derecho al juicio rápido no se reclama razonablemente antes de que venza el término, quedaría renunciado. Si se reclama, surgiría la oportunidad de hacer cuanto fuera posible por adelantar el señalamiento. No sién-dolo, quedaría demostrada la justa causa para ello que prevé la propia ley y en caso de solicitarse el sobreseimiento estaría perfectamente justificada la corte en denegarlo.

En cuanto a que la petición es tardía, nuestra juris-prudencia se ha limitado hasta ahora (El Pueblo v. Ortiz, 46 D.P.R. 1, 2; y El Pueblo v. Díaz, 48 D.P.R. 455, 457) a resolver que lo es cuando se presenta el mismo día del juicio y aquí aunque parece que no se le dio cuenta al juez hasta ese día, es lo cierto que fué radicada con notificación al Fiscal en el anterior.

Y por lo que respecta a la práctica establecida en la corte de distrito de considerar el día anterior como el propio día del juicio por los motivos que indica el juez en su contesta-ción, bastará decir que no se ba demostrado que de haber tenido el Fiscal el tiempo suficiente hubiera podido presen-tar evidencia de suspensiones pedidas por el acusado. Más bien ba quedado comprobado que no hubo tales suspensiones.

Por virtud de iodo lo expuesto debe expedirse el auto de mandamus solicitado en forma perentoria.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Generoso Martínez, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, Etc., demandada.
    Núm. 190.

    Sometido: Enero 20, 1940.

      Resuelto: Enero 25, 1940.

      J. Pedro Miranda, abogado del recurrente. M. León Parra, abogado de la demandada; Miguel A. Muñoz, abogado de los beneficiarios.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Generoso Martínez, por medio de su abogado, presentó en enero 19 actual en la Secretaría de esta Corte Suprema, un escrito interponiendo recurso de revisión contra una resolución de la Comisión Industrial dictada en diciembre 20, 1939, en el caso núm, C.I. 6394, Santiago Eivera Ortiz, Obrero. Generoso Martínez, Patrono. No asegurado.

En el escrito se expone que con fecba enero 5, 1940, la Comisión Industrial desestimó una moción de reconsidera-ción que le presentara el recurrente y al escrito se acompañan copias de las resoluciones de la Comisión de diciembre 20, 1939, y enero 5, 1940.

Leyendo la última de dichas resoluciones encontramos que en ella se dice:

"No creemos que hayamos cometido error en la apreciación de la prueba ni en la interpretación de la Ley 45 de abril 18 de 1935 al resolver este caso, y no encontramos fundamento alguno en la moción de reconsideración para reconsiderar nuestra resolución. De acuerdo con el artículo 9 de la Ley 45 de abril 18 de 1935 una petición de reconsideración deberá presentarse dentro de los 10 días a contar de la fecha en que el interesado reciba la notificación de la decisión de la Comisión. Habiéndose resuelto por la Comisión Industrial el caso en diciembre 20 de 1939 y habiendo sido notificadas las partes con copia de nuestra resolución en esa misma fecha, y solicitando el abo-gado del patrono la reconsideración de dicha resolución en enero 4 de 1940 parece que han transcurrido más de los 10 días que dispone la ley, a nuestro juicio la acción para una reconsideración ha pres-crito. Pero además de este hecho no encontramos fundamento al-guno para reconsiderar nuestra resolución por cuanto en ella se hizo, como hemos dicho anteriormente, un amplio estudio de las cuestiones de hecho y de derecho planteadas por las partes.
"Por las razones expuestas la Comisión Industrial resuelve que no ha lugar a la reconsideración solicitada por el abogado del patrono y sostiene su resolución de diciembre 20 de 1939.”

Siendo esos los becbos, es claro que no tenemos jurisdic-ción para conocer del recurso, ya que éste se interpuso fuera del término autorizado por la ley.

En efecto, el artículo 11 de la Ley núm. 45 de abril 18, 1935 (Leyes de 1935, (1) pág. 251), que es la aplicable, prescribe que cualquier parte interesada podrá solicitar la revisión ante esta Corte Suprema de una orden o decisión de la Comi-sión Industrial “dentro del .término de quince días después de su notificación.” Y aquí la resolución cuya revisión se pide se dictó y notificó el veinte de diciembre de 1939 sin que el recurso se interpusiera basta el 19 de enero de 1940, o sea cuando ya babía vencido con exceso el indicado término.

Se dirá que éste debe calcularse no a partir del 20 ■de diciembre de 1939 si que a partir del 5 de enero de 1940 en que se declaró no baber lugar a la reconsideración, en cuyo •caso se estaría en tiempo.

Ello sería así si la reconsideración se hubiera pedido a su vez dentro del término de ley, pero habiéndose solicitado fuera de él, es como si no existiera, siendo necesario ir a la primera fecha para computar el término para la revisión.

Parece oportuno aclarar que no es el artículo 9 de la ley, si que el 10 de la misma el que fija el término para la recon-sideración, haciéndolo como sigue: “. . . Disponiéndose, que la Comisión podrá motu proprio, o a solicitud de parte inte-resada, reconsiderar sus decisiones; Y disponiéndose, ade-más, que en este último caso la petición de reconsideración deberá presentarse dentro de los diez días a contar de la fecha en que el interesado reciba la notificación de la. decisión de la Comisión.”

Debe desestimarse, pues, el recurso por falta de jurisdic-ción.


author: El Juez Presidente Señor Del T-oro

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Francisco Soto Gao, acusado y apelante.
    Núm. 7853.

    Sometido: Noviembre 16, 1939.

      Resuelto: Enero 25, 1940.

      Luis Yizcarrondo, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal AuxiUar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del T-oro

emitió la opinión del tribunal.

Francisco Soto Gao fné denunciado ante la Corte Municipal de San Juan, Sección Tercera, porque el seis de junio de 1938 y en la Avenida Ponce de León de esta Ciudad de San Juan, ilegal, voluntaria y maliciosamente, sin haber sido previamente autorizado por la Comisión de Servicio Público, actuaba como porteador público transportando pasajeros por asiento desde Río Piedras a San Juan en el automóvil Núm. P-2990 que manejaba como chófer, infringiendo de ese modo la orden final de dicha comisión de enero 4, 1938, aprobada por el Gobernador y publicada en los periódicos “El Mundo”,. “La Correspondencia” y “El País”.

Celebrado un nuevo juicio en la corte del distrito a virtud de la apelación para ante ella establecida por el acusado, fué éste declarado culpable y condenado a pagar cincuenta dóla-res de multa y en su defecto a sufrir un día de cárcel por cada dólar dejado de satisfacer.

No conforme Soto Gao interpuso el presente recurso de apelación señalando en su a^gato dos errores cometidos a su juicio por la corte al basar su sentencia en prueba vaga e insuficiente y al hacer al dictarla las siguientes manifes-taciones : “En esta clase de casos, los pasajeros muchas veces declaran a favor del acusado. La corte le da entero crédito a la declaración del policía y declara culpable al acusado...? ’

Analicemos la evidencia. Por el Pueblo declaró el policía denunciante Nazario Gómez. Dijo que el seis de junio de 1938 en la parada 17, Avenida Ponce de León, Santurce, el acusado que manejaba el carro público número P-2990, tomó a la pasajera Guillermina López, quien le dijo, en presencia del acusado, que iba para San Juan.

Por la defensa declararon Feliciano Colón, Pedro Rivera y el propio acusado.

Dijo el primero que montó en San Juan en el cai'ro del acusado y yendo de San Juan para Caguas en la parada 18 montaron dos señoras que iban para esa ciudad, detenién-dolos el guardia en la parada 17 y ordenándoles que siguie-ran para el cuartel. El segundo manifestó que el seis de junio por la tarde viajaban en el auto del acusado para Caguas, montando en la parada diez y seis y media dos muje-res que iban para esa ciudad y “al llegar a la 19 un guardia se levantó hacia nosotros, uno coloradito que hay por ahí, y nos dijo que echáramos para atrás y nos llevó al cuartel . . .” Y el acusado declaró:

/‘Ese día yo iba para Caguas en un carro público y al dar la vuelta por la Plaza cogí tres pasajeros para Caguas y en la 16 me pararon dos señoras. Gritaron: ‘¿Caguas?’ y yo me paré y las monté y venía el guardia bien retirado de allá para acá y se acercó a mí y me dijo: ‘Sigue para el Cuartel’ y le dije: ‘¿Por qué?’ y me dijo: ‘No tengo nada que decirle.’ Entonces yo llamé a un chófer y le dije que sacara el pasaje a la carretera para que cogieran una guagua.”

Hizo la corte que compareciera de nuevo el policía y a sus preguntas contestó que estaba completamente seguro de que el auto del acusado venía hacia San Juan. Y sometí-dole de tal modo el caso lo resolvió en la forma que cono-cemos.

Se trata de evidencia contradictoria. Resuelto el con-flicto en pro de la de cargo, no puede sostenerse que sea vaga e insuficiente. Pudo el acusado haber traído a decla-rar a Guillermina López. No lo hizo y sus manifestaciones liechas al guardia en presencia del acusado pueden estimarse como ciertas. Es más, el acusado declaró y aunque lo dicho por él envuelve quizá una negativa implícita, nada expre-samente dijo sobre si Guillermina López hizo o no hizo las manifestaciones puestas en sus labios por el guardia.

El primer error no fué cometido. Tampoco el segundo porque no vemos en las manifestaciones que hizo la corte nada incorrecto.

Decir que en esta clase de casos los pasajeros muchas veces declaran a favor del acusado, no envuelve pasión, pre-juicio o parcialidad, ni manifiesto error. Es aplicar al peso de la prueba el fruto de la experiencia.

Si los testigos de descargo hubieran producido en el ánimo del juez una impresión de verdad, seguramente que los hubiera diferenciado dándoles el merecido crédito. No puede pues sostenerse que fuera únicamente a virtud de juicios for-mados anteriormente y no como consecuencia de la evidencia practicada en aquél de que estaba conociendo que dictó su sentencia.

Bebe declararse sin hogar el recurso y confirmarse la sentencia a/pelada.


author: El Juez Asociado Señoe. Hutchison

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Antonio Sánchez Bonilla, acusado y apelante.
    Núm. 7965.

      Sometido: Enero 12, 1940.

      Resuelto: Enero 25, 1940.

      José L. Gando, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados ele El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señoe. Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

Antonio Sánchez Bonilla fue convicto de infringir el ar-tículo 7 de la “Ley para reglamentar la venta de armas de fuego en Puerto Rico; ordenar la declaración de las mismas en cualquier forma que éstas fueren poseídas; prohibiendo' la entrega de ellas a ciertas personas e imponiendo penas, y para otros fines,” aprobada el 8 de julio de 1936 (tercera sesión extraordinaria, pág. 129), según quedó enmendada en 1937 (Leyes de ese'año, pág. 240). Sostiene que la corte de distrito cometió error:

“Al declarar sin lugar la excepción perentoria basada en que la acusación no imputaba delito alguno.
“Al ampliar por interpretación el artículo 7.
“Al declarar al acusado convicto.”

El artículo 7, según fué enmendado, lee en parte como sigue:

“Toda persona que tenga en su poder, por cualquier concepto, cualquier arma de fuego, en la fecha en que entre en vigor esta Ley, tiene la obligación de declararlo así por escrito al jefe de la policía insular del distrito donde resida, a no más tardar el trigésimo día después de aquél en que se baga la última publicación de los edictos que se ordenan en el artículo 9 de esta Ley. Igualmente, toda persona que obtenga el dominio o posesión de cualquier arma de fuego, en cualquier forma, después de entrar en vigor esta Ley, tiene la obligación de declararlo así por escrito al jefe de la policía insular del distrito donde resida.”

De acuerdo con el axtículo 10 las infracciones a dicha ley serán consideradas como un delito menos grave.

En la acusación se alegaba que Sánchez, allá por el día 11 de febrero, 1939, ilegal y voluntariamente tenía en su poder un revólver, sin declararlo por escrito al jefe de la policía de Aguada, pueblo de su residencia.

La teoría del apelante es que el artículo 7 define dos deli-tos : primero, la posesión de un arma de fuego al tiempo en que la ley, según fue enmendada, empezó a regir — mayo 12, 1937 — sin haberla declarado dentro del término de 30. días a partir de aquél en que se haga la publicación de los edic-tos especificados en el artículo 9; y segundo, “obtener el dominio o posesión de cualquier arma de fuego, en cualquier forma,” después de entrar en vigor la ley, sin haberla decla-rado. La contención es que, toda vez que la acusación no alega que el acusado había obtenido el dominio o la posesión del arma en determinada forma, sino que seguía el contesto del estatuto al definir el primero de los dos delitos, sólo exis-tía la tentativa de imputar el primer delito; y puesto que la acusación no imputaba al acusado la posesión del arma en mayo 12, 1937, cuando empezó a regir la ley, sin haberla declarado dentro del período estatutario, la misma no adu-cía un delito público. No podemos concurrir con este criterio.

El artículo 7 tal vez pudo redactarse con mayor claridad. Sin embargo, el sentido del mismo no es oscuro. No' define dos delitos. No define delito alguno. Impone el deber a toda persona que posea un arma de fuego — ora esa persona esté en posesión de la misma al tiempo en que la ley empezó a regir, u obtenga el dominio o posesión de ella en cualquier tiempo después — de hacer tan sólo una cosa. De acuerdo con el artículo 10, el incumplimiento de ese deber constituye un delito. La médula del delito es la posesión del arma y ■el dejar de declararla por escrito al jefe de la policía insular correspondiente. El momento en que se obtuvo la pose-sión del arma no es un elemento esencial del delito. Nunca fué otra cosa que un hecho colateral del cual dependía el dere-cho del acusado a disfrutar de un período de treinta días para declarar el arma. Esto, mibtatis mutandi, equivale sólo a una paráfrasis de lo dicho por la Corte de Circuito de Apelaciones del Décimo Circuito en el caso de Crapo v. United States, 100 F. (2d) 996, 1000.

De conformidad con los términos del artículo 7, tal cual fué originalmente aprobado, el poseedor, en la fecha en que entró en vigor la ley, tenía treinta días contados a partir de dicha fecha para declarar el arma. No se concedió un pri-vilegio semejante a la persona que pudiera obtener el domi-nio o posesión de cualquier arma de fuego con posterioridad a la fecha en que empezó a regir la ley. Las razones para la existencia de tal distinción fueron discutidas por este tribunal en el caso de Pueblo v. Avilés, 54 D.P.R. 272. El efecto de la enmienda de 1937 fué extender el período den-tro del cual el poseedor de un arma de fuego al tiempo en que la ley empezó a regir, pudiera declarar tal posesión. Desde que expiró el período así prorrogado, la distinción esta-tutaria entre personas que estaban en poder de armas de fuego al tiempo en que empezó a regir la ley y aquellas que posteriormente pudieran obtener armas de fuego, se ha con-vertido para la mayoría, si no para todos los fines prácticos, en una distinción, sin que exista una diferencia.

No hallamos que la corte de distrito cometiera error al declarar sin lugar la excepción perentoria.

Por motivos idénticos o similares la corte inferior tam-poco erró en su interpretación del artículo 7 de la ley.

La acusación alegaba una violación del artículo 7 de la Ley núm. 14, aprobada en julio 8, 1936, “Para reglamen-tar la venta de armas de fuego en Puerto Rico; ordenar la declaración de las mismas en cualquier forma que éstas fue-ren poseídas; prohibiendo la entrega de ellas a ciertas per-sonas e imponiendo penas, y para otros fines”, según fué enmendada por la Ley núm. 95 de 1937. La corte de distrito declaró al acusado culpable del delito imputádole en la acu-sación “consistente en una infracción al artículo 7 de la Ley núm. 17 de julio 8, 1936, enmendada por la Ley núm. 95 de mayo 12, 1937”. El tercer señalamiento se basa en la refe-rencia errónea que en la sentencia se bace a la Ley núm. 17 de julio 8, 1936, en vez de a la Ley núm. 14 de dicbo año. Es obvio que esto fué un mero lapsus Unguae de parte del juez de distrito, o de no ser así, un error de copia de parte del secretario o del taquígrafo.

El apelante cita los siguientes casos: Pueblo v. Campos, 17 D.P.R. 1190, 1194; Pueblo v. Fernández, 19 D.P.R. 113; Pueblo v. Seda & Font, 34 D.P.R. 207.

Creemos más bien que el presente se rige por la siguiente jurisprudencia: Pueblo v. Alvares, 21 D.P.R. 86; Pueblo v. Pérez, 24 D.P.R. 8; Pueblo v. Trinidad, 24 D.P.R. 886; Pueblo v. Bauzá, 34 D.P.R. 439; y Pueblo v. Cruz, 53 D.P.R. 531.

Bebe modificarse la sentencia de conformidad, y así modi-ficada, confirmarse.


author: El Juez Asociado Senos Tbavibso

text:
    María Teresa Delgado Acosta y su esposo Juan Rodríguez, y Haydée Delgado Agosta y su esposo Luis M. Vela, demandantes y apelantes, v. Banco Popular de Puerto Rico, en su carácter de liquidador del Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico; Gloria P. de González y su esposo Eduardo G. González, y Rosa Emilia Benejan, demandados y apelados.
    Núm. 7828.

    Sometido: Mayo 25, 1939.

      Resuelto: Enero 25, 1940.

      Gustavo Benitez Gautier y Jorge Benitez Gautier, abogados de los apelantes; Monserrate, de la Rala & Monserrate y Rafael Bara-gaño, Jr. (José y Rafael Ramírez Santibáñez, en el alegato y en la vista), abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Senos Tbavibso

emitió la opinión del tribunal.

Las demandantes María Teresa y Haydée Delgado y Acosta alegan como primera cansa de acción que eran due-ñas, respectivamente, de las casas. números 39 y 41 de la calle “Amórico Salas,” en Santurce, las que hipotecaron a favor del Banco Territorial y Agrícola de Puerto Pico en garantía de un préstamo de $11,000 ; que el Banco Popular, cómo Liquidador del Banco Territorial y Agrícola, radicó ante la Corte de Distrito de San Juan, el 6 de mayo de 1937, un escrito inicial para la ejecución del referido crédito hipo-tecario ; y que en virtud de dicho procedimiento las dos fincas de las demandantes fueron vendidas en pública subasta y ad-judicadas, la núm. 39 a la demandada G-loria P. de González y la núm. 41 a la demandada Rosa Emilia Benejan, por el precio de $4,300 cada una.

Como causas de nulidad del procedimiento sumario se-guido por el banco ejecutante, se alega:

1. Que en el escrito inicial no se alegaron expresamente las sumas ciertas cobradas y pagadas al Banco acreedor con cargo al principal o por concepto de intereses.
2. Que en dicho escrito inicial se alegó que la finca “B” (núm. 41¿ respondía de $5,550, mientras que en la escritura de hipoteca se fijó la responsabilidad ele dicha finca en $5,500.
3. Que el pagaré que el Banco acompañó a su escrito inicial no es el pagaré a que se refiere la escritura al mismo anexa,, siendo distintos los términos de uno y otro documentos; y que el pagaré presentado por el Banco no podía ser utilizado en un procedimiento ejecutivo de carácter sumario.
4. Que en el apartado 2 del escrito inicial se dice que los deu-dores otorgaron a favor del Banco un pagaré por $10,000 con intere-ses al 9 por ciento anual y al 12 por ciento anual en caso de mora; que de ser cierta dicha alegación, la escritura de hipote'ca sería nula y sin valor legal; y que el pagaré suscrito por las demandantes fué cedido por el Banco a don Manuel González y Martínez.

En una segunda causa de acción las demándantes reda-man derecho de hogar seguro sobre las fincas ejecutadas y alegan la nulidad de la subasta, porque habiendo ésta pro-ducido más de $500 por cada finca el márshal entregó la to-talidad del producto de la venta al acreedor hipotecario, sin que se haya pagado a los demandantes el valor de sus dere-chos de hogar seguro.

Pidieron permiso los demandantes para radicar una de-manda complementaria en la que alegaban que han sido lanzados ilegalmente de las casas ejecutadas y piden que se condene a los demandados al pago de las sumas gastadas por los demandantes por concepto de arrendamiento de las casas que se han visto obligados a alquilar.

Los demandados excepcionaron la demanda por ser insufi-cientes sus alegaciones para constituir una causa de acción y solicitaron la eliminación de ciertas alegaciones de la de-manda. La corte inferior declaró con lugar la excepción previa de falta de causa de acción y ordenó la eliminación de las alegaciones hechas en los párrafos 13 y 15 de la de-manda. Dictada sentencia a petición de los demandantes, apelaron éstos, señalando como errores de la corte inferior el haber ordenado la eliminación de los apartados 13 y 15 de la demanda; haber declarado con lugar la excepción de insuficiencia de los hechos alegados; y por último, el haber negado el permiso para radicar la demanda complementaria.

Después de alegar que el pagaré presentado con el escrito inicial no es el mismo a que se hace referencia en la escritura de hipoteca y está redactado en términos distintos a los especificados en la escritura, los demandantes alegaron:

“13. Que aun suponiendo que el citado pagaré fuese el firmado por los deudores hipotecarios por consecuencia de la escritura de hi-poteca, el mismo no podía ser utilizado en un procedimiento ejecutivo hipotecario de carácter sumario como el seguido por el Banco Popular de Puerto Pico en su carácter de liquidador del Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico.”

Después de alegar que en el escrito inicial se dice que los allí demandados firmaron un pagaré por $10,000, con intereses al 9 por ciento anual y al 12 por ciento en caso ele mora, conti-nuaron alegando los demandantes:

“15. Que de aceptarse como cierta dicha alegación, la escritura de hipoteca núm. 95 de 23 de noviembre de 1928 ante el notario don Juan de Guzman Benitez, necesariamente resultaría nula y sin ningún valor legal.”

Los párrafos que acabamos de transcribir son puramente argumentativos. No contienen una relación de los Lechos en que se basan los demandantes para llegar a la conclusión de derecho de que el pagaré y la escritura de hipoteca son nu-los. No erró la corte inferior al ordenar su eliminación.

Consideraremos ahora la suficiencia de los hechos alegados para que podamos determinar si ellos establecen causas de nulidad.

Convenimos con la corte sentenciadora en que la alega-ción de que “en el escrito inicial no se alegaron expresamente las sumas ciertas cobradas y pagadas al Banco acreedor, con cargo al principal o por concepto de intereses” no es sufi-ciente para establecer una causa de nulidad del procedimiento. El propósito que persigue el artículo 169 del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, al exigir que se señalen las cantidades ciertas cobradas por capital o intereses es in-formar al deudor con exactitud el importe de las obligaciones vencidas y no satisfechas, tanto a cuenta de capital como a cuenta de intereses. Así lo resolvió esta Corte Suprema en Salas v. Baquero, 47 D.P.R. 108, 115. Ese propósito del ci-tado artículo 169 del Reglamento queda cumplido cuando en el escrito inicial se hace constar la cantidad exacta adeudada por concepto de capital y por concepto de intereses. La de-manda en el caso de autos no alega que el escrito inicial no contuviera tal información.

Las alegaciones contenidas en los párrafos 11, 12, 13 y 14 de la demanda, referentes a supuestas diferencias entre los términos del pagaré anexo al escrito inicial y el firmado por los deudores hipotecarios, son insuficientes para establecer una causa de nulidad. La demanda no contiene alegación alguna en cuanto a los términos y condiciones de uno y otro pagaré, que permita al juzgador determinar las diferencias que puedan existir entre uno y otro documento y la importancia o efecto legal de tales diferencias, si las hu-biere. La alegación que se hace en el párrafo 13, al efecto de que el pagaré que se acompañó al escrito inicial aun cuando fuese el firmado por los deudores hipotecarios no podía ser utilizado en un procedimiento sumario, es una con-clusión de derecho que no aparece sostenida por hechos de los cuales pueda deducirse tal conclusión.

“Las conclusiones de derecho no son controvertibles, no son admi-tidas por una excepción previa, y no ayudan a una alegación (pleading) a menos que estén sostenidas por una relación de hechos de los cuales se derivan tales conclusiones.” 1 Bancroft’s Code Pleading 92.”

Hemos leído cuidadosamente la demanda y no encontra-mos en ella alegaciones de hechos de los cuales debamos in-ferir que el pagaré que se presentó con el escrito inicial — ya fuera el mismo que firmaron los deudores u otro distinto— no podía hacerse efectivo mediante un procedimiento suma-rio para la ejecución de la hipoteca que lo garantizaba.

Las alegaciones del párrafo 16 de la demanda no son por sí solas suficientes para constituir una causa de acción. Se alega simplemente que el Banco Territorial y Agrícola cedió al Tesorero de Puerto Rico el pagaré firmado por las demandantes y que el Tesorero lo cedió a don Manuel González, y aunque se dice que se acompañan a la demanda dos escrituras de 12 de agosto de 1932, otra de noviembre 29,1935, una cédula de citación y una carta, las que se hacen formar parte de la demanda, del récord no aparece que dichos documentos hayan sido presentados con la demanda. No se alega que en la fecha, de radicación del escrito inicial, mayo 6 de 1937, el Banco Territorial y Agrícola no fuese dueño del pagaré que estaba tratando de cobrar. Aceptando que en agosto de 1932 o en noviembre de 1935 don Manuel González fuera dueño del pagaré, ese hecho no excluye la posibilidad de que en mayo de 1937 el Banco ejecutante hubiese readquirido dicho pagaré.

No erró la corte inferior al sostener la excepción previa de falta de causa de acción.

Tampoco erró el juez sentenciador al denegar el permiso para radicar la demanda complementaria. El demandante triunfante en una acción de nulidad de procedimiento sumario hipotecario sólo puede recobrar la propiedad vendida, más el importe de las rentas percibidas o podidas percibir por el acreedor ejecutante. Si al demandante se le permitiese recobrar dichas rentas y además lo que se vió obligado a pagar por el arrendamiento de otra vivienda, en realidad se le estaría concediendo una doble indemnización.

La sentencia recurrida ¿bebe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


author: El Juez Asociad» Señob De Jesús

text:
    Porfirio Pagán, demandante y apelante, v. Manuel Fernando, María Petra, Julio César y Julia Josefa Quiñones y Marcial, demandados y apelados.
    Núm. 8083.

    Sometido: Enero 15, 1940.

      Resuelto: Enero 25, 1940.

      Pedro Santana, Jr., abogado del Departamento del .Trabajo, en re-presentación del apelante; Jorge Díaz Cruz, abogado de los ape-lados.

      Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociad» Señob De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

En la Corte de Distrito de Ponce el apelante instituyó esta acción en reclamación de un alegado derecho de homestead. Los demandados excepcionaron la demanda por insuficiencia de hechos y a la vez la contestaron controvirtiendo sus alega-ciones esenciales. Al llamarse a la vista del juicio oral, las partes estipularon con la aprobación de la corte someter la cuestión de falta de jurisdicción por no haberse cancelado por el demandante los sellos correspondientes de rentas internas, y estipularon también someter la excepción previa de falta de causa de acción. Oídas las partes por los alegatos escritos que presentaron, con fecha 6 de septiembre último la corte inferior dictó sentencia desestimando la demanda por falta de jurisdicción sobre la materia.

Apeló el demandante y los demandados solicitan ahora se desestime el recurso por frívolo.

Se alega en la demanda que el demandante es mayor de edad, jefe de familia y vecino de Yauco; que los demandados son dueños en común proindiviso de una finca rústica que se describe, radicada en el término municipal de G-uánica; que de dicha, finca los demandados arrendaron al demandante un solar de 250 pies cuadrados por el canon de $1.50 mensuales para que el demandante construyera sobre el mismo su casa de vivienda; que construyó dicha casa que ha venido ocupando con su familia desde el mes de abril de 1938; que en el mes de febrero de 1939 los aquí demandados demandaron al ahora demandante en desahucio por falta de pago, habiendo recaído sentencia firme declarando con lugar la demanda; que la casa en cuestión constituye su hogar se-guro y que los demandados lo amenazaron con obtener y ha-cer ejecutar una orden de lanzamiento, sin pagarle previa-mente la cantidad de $500, valor del hogar seguro. Termina la demanda con súplica de una sentencia que ordene a los demandados a reconocer a favor del demandante un derecho de homestead sobre la casa en cuestión o que se le satisfaga la cantidad de $500, con los demás pronunciamientos del caso, y mientras tanto se le permita permanecer en la finca a vir-tud de dicho derecho de homestead.

El demandante apelante basa su contención en haberse omitido de la sección primera de la Ley de Homesteaíd de 1936 (Ley núm. 87, pág. 461), un “disponiéndose” que apa-recía en la sección primera de la Ley de Homestead de 1903 (Comp. 1911, sec. 1000), la cual literalmente dice:

“Todo jefe de familia, que tenga familia, tendrá derecho a una finca de homestead, hasta el valor dé quinientos dollars ($500) en una estancia, plantación o predio de terreno y en los edificios contenidos en el mismo, que le pertenezca o que posea legalme'nte, en virtud de arrendamiento o en otra forma, y estuviere ocupado por él o ella como su residencia; y dicho homestead y todo derecho o título sobre el mismo estará exento de embargo, sentencia, exacción o ejecución, ex-cepción hecha de las contribuciones que adeudare, el valor de la venta (compra) de dicha propiedad o la responsabilidad incurrida por me-joras que se hicieren en la misma, y excepción hecha también de lo que más adelante se establece; Disponiéndose, que en caso de arren-damiento u otro contrato análogo nada de lo contenido en esta ley se interpretará en el sentido de que se prohiba al dueño o propietario de dicha e’staneia, plantación o predio de terreno, y de los edificios con-tenidos en el mismo, entrar de nuevo en posesión de dicha propiedad de acuerdo con lo estipulado en dicho contrato de arrendamiento o convenio, al faltarse' al cumplimiento de las condiciones del mismo.”

Como la sección transcrita permitía la constitución del hogar seguro sobre “una estancia, plantación o predio de terreno y en los edificios contenidos en el mismo, que le per-tenezca o que posea legalmente, en virtud de arrendamiento o en otra forma,” el disponiéndose en cuestión tenía por objeto aclarar que contra el arrendador o dueño del terreno, plantación, etc., el arrendatario no podía alegar el derecho de homestead, pudiendo el arrendador “entrar de nuevo en posesión de dicha propiedad de acuerdo con lo estipulado en dicho contrato de arrendamiento o convenio, al faltarse al cumplimiento de las condiciones del mismo.” De ese modo armonizó el legislador la Ley de Homestead de 1903 con el artículo 1451 del Código Civil (ed. 1930), que establece como una de las obligaciones del arrendatario, devolver la pro-piedad al concluir el arrendamiento tal como la recibió, salvo lo que hubiese perecido o se hubiera menoscabado por el tiempo o por causa inevitable.

La sección primera de la Ley (núm.,86) de 1936 (Leyes de 1936, (1) pág. 461) que regía al tiempo de celebrarse el contrato de arrendamiento y también en la fecha en que alega el apelante haber constituido su hogar seguro, dice así:

“Sección 1. — Toda persona que sea jefe de familia tendrá dere-cho a poseer y disfrutar, en concepto de hogar seguro (homestead) una finca cuyo valor no ezeeda de quinientos (500) dólares consis-tente en un predio de terreno y los edificios enclavados en el mismo, de cualquier estancia, plantación o predio de terreno, que le perte-nezca o posea legalmente, y estuviere ocupada por ella o por su fami-lia como su residencia. Este derecho de homestead és irrenunciable; y cualquier pacto en contrario se declara nulo.”

El precepto legal últimamente transcrito ninguna refe-rencia contiene a la posibilidad de constituir un derecho de homestead sobre una estancia o terreno poseído a virtud de arrendamiento. Por consiguiente, el disponiéndose de la ley anterior resulta superfluo e inútil en la actual, y su omisión por el legislador en manera alguna puede afectar el alcance e interpretación de la vigente ley. La relación jurídica entre demandante y demandados está regulada por las estipulacio-nes del contrato, que tiene fuerza de ley entre las partes, y en lo no provisto, por los preceptos del Código Civil que re-gulan el contrato de arrendamiento. Habiendo terminado el contrato a virtud de sentencia firme de desahucio, el artículo 1451 del Código Civil, supra, obliga al apelante arrendatario a devolver a los arrendadores el solar arrendado en la forma en que lo recibió.

Es igualmente manifiesta la falta de jurisdicción de la corte sentenciadora para conocer de este caso. Siendo $500' el valor que la ley asigna al derecho de homestead, la jurisdicción del pleito para reclamarlo compete a las cortes municipales. Véanse, entre otros, los casos de Arroyo Rivera v. Corte, 38 D.P.R. 10, 12; Ducheny v. Corte, 38 D.P.R. 14; Petterson v. Contreras, 42 D.P.R. 492, y Gonzáles v. Corte Municipal, 54 D.P.R. 18, 936, citados en el alegato de los apelados. Es por vía de excepción y como un incidente del pleito principal que las cortes de distrito tienen jurisdicción para conocer de reclamaciones de homestead, y además en aquellos casos que taxativamente enumera la ley, a saber: cuando la reclamación se bace en la forma prevista en la sección 5 de la vigente Ley de Homestead en relación con una venta por virtud de sentencia o ejecución de una finca rústica o urbana decretada por una corte de distrito, y en los casos, de divorcio en que exista un derecho de homestead. Sección 3 de la Ley de Homestead de 1936.

Por las razones expuestas, procede desestimar el recurso por frívolo.

Los Jueces Presidente Sr. Del Toro y Asociado Sr. Hut-chison están conformes con el resultado.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Abraham Valentín Hernández, acusado y apelante.
    Núm. 7934.

    Sometido: Enero 17, 1940.

      Resuelto: Enero 25, 1940.

      Abraham Valentín Fernández, por su propio derecho; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

En el juicio que por tribunal de derecho se celebró en pri-mera instancia en la Corte de Distrito de Mayagiiez, el acusado fué convicto y sentenciado a la pena de un año de cárcel por un delito de libelo. La acusación en este caso formulada dice así:

“El Fiscal formula acusación contra Abraham Valentín Hernán-dez por un delito de Libelo Infamatorio (misdemeanor), cometido de' la manera siguiente:
“El referido acusado Abraham Valentín Hernández, allá por el día 20 de marzo de 1938, y en Mayagiiez, P. R., que forma parte del Distrito Judicial de Mayagiiez, P. R., ilegal, voluntaria y maliciosa-mente escribió, compuso y publicó y permitió que se publicase en ‘El Nacionalista’, un periódico semanario publicado en Mayagiiez y de circulación general en el Distrito Judicial de Mayagiiez, P. R., y concerniente a Blanton Winship quien era allí y entonces Gobernador de la Isla de Puerto Rico, cierto artículo falso y malicioso, conte-niendo palabras y sentencias concernientes a dicho Blanton Winship, Gobernador de Puerto Rico, a saber:
“Las Fechorías de un Gobernador.
“No puede haber paz en Puerto Rico mientras exista la interven-ción, no habrá paz en Puerto Rico mientras Estados Unidos no res-pete la soberanía puertorriqueña y mucha menos paz existirá en Puerto Rico mientras Don Blanton el pirata, empañe con su pre-sencia el lugar que ocuparon centenares de años personas de decencia en quienes era inherente el respeto a lo ajeno.
“Él lia sabido hacerse de una buena batería de corrales, donde con-serva a sus anchas a un buen número de esclavos de quienes hasta avergonzados se sienten y con razón pueden sentirse los inocentes co-chinitos que crían nuestros jíbaros y que diariamente son sacrificados para satisfacer el apetito de muchos seres de nuestra isla y también de muchos ‘cerdos nativos’ que desde hace tiempo están bajo la cus-tudia y amparo de su gran padre, protector y amamantador Blanton Winship.
“Estos cerditos del burócrata de Santa Catalina hicieron una de sus primeras demostraciones allá para el 24 de octubre de 1935 cuando hastiados de que existiera valor y dignidad en nuestro pueblo, se propuso y mediante la intervención de sus bien disciplinados cerdos a que usaran los salones de nuestra Universidad para declarar ‘Non Grato’ en ella al Doctor Pedro Albizu Campos; él había de hacer esto dentro de’ su mayúscula brutalidad y sólo con su espíritu de bestia, ignorando que ya América había consagrado a Albizu como uno de sus más ilustres hijos; él había de hacer eso contra Albizu Campos porque ignoraba que el inmenso Vasconcelos en una hora de conversación que sostuviera con Albizu, él mismo (Vasconcelos) ha expresado que aprendió más que durante los años que permaneció en las Universidades; él había de hacer eso porque ignoraba que’ Don Juan Marinello a quien quizás D'on Blanton no se atreva ni mirar cara a cara, había dicho de Albizu lo que no se han atrevido decir del Blanton Winship ninguno de sus disciplinados cerditos; él había de hacer eso porque ignoraba que lo que vale algo en nuestra América había consagrado al hombre más que como un graduado común como un genio; en fin, él había de hacer todo eso porque él no es puerto-rriqueño y en nada le conviene que siendo él ‘el amo’, mediante las prédicas del inmenso Albizu sus siervos fuesen a darse exacta cuenta de sus gatazos y fechorías y le fuesen a tildar tal y como yo lo estoy tildando desde la Matanza del 21 de marzo de 1937; en un bandido, en un asesino Verdad.
“Sí, fue el 24 de octubre de 1935 el escogido por el mandón de Santa Catalina para dar comienzo o sea poner la primera piedra al edificio de sus grandes fechorías; y sabiendo él que el mismo estudian-tado iba a dar un alto a lo ya por él ordenado, fué que hizo uso de sus cerdos uniformados de azul para que asesinaran indefensos y apiñados dentro de un automóvil a cinco pacíficos puertorriqueños; pero habían de ser de esos cinco cuatro nacionalistas para que exis-tiese el pretexto; eran nacionalistas e iban según la mira de defensa del ogro de Santa Catalina a matar unos cuantos de sus amaestrados cerdos; ningún otro automóvil debía ser registrado ni sus pasajeros tiroteados; la orden de Don Blanton es: ‘Acabar con todo el que no se someta a su voluntad.’
“Y con esta su primer maniobra y en unión ya de Biggs se apuntó su primer triunfo. Su primer obra de matÓN.
“Bamón S. Pagan, Eduardo Bodríguez Vega, Pedro Quiñones, José Santiago Barea y Muñoz Jiménez. (Fdo.) Abrabam Valentín Hernández, Mayagüez, P. B., marzo 20 de’ 1938.”
“Dicho artículo y dicho periódico se acompañan a la presente acusación como parte de la misma y se marcan Exhibit A.
“Todas dichas manifestaciones contenidas en dicho artículo arriba mencionado, hechas y concernientes a Blanton Winship, son falsas, voluntarias y maliciosas, y el dicho Abraham Valentín Hernández sabía muy bien en época que él escribió, compuso y publicó dicho artículo o publicación, que todas las exposiciones antes dichas, hechas de y concernientes1 al dicho Blanton Winship y contenidas en dicho artículo o publicación antes expresado, son falsas y maliciosas, pero el dicho Abraham Valentín Hernández compuso, escribió y publicó dicho artículo o publicación conteniendo las exposiciones antes dichas, de y concernientes a Blanton Winship, Gobernador de Puerto Bico, y queriendo allí y entonces imputarle el hecho de ser un bandido, y de ser un asesino verdad y de ser el responsable de la matanza de 21 de marzo de 1937 (y se alega como innuendo que la matanza de 21 de marzo de 1937 a que se refiere dicho escrito se refiere a los 17 muertos habidos en Ponce en 21 de marzo de 1937 en un choque entre la policía y numerosos paisanos en cierto motín ocurrido en aquella ciudad ese día); dicha publicación y exposiciones antes dichas y concernientes a dicho Blanton Winship, Gobernador de Puerto Bico, fueron escritas, compuestas, publicadas y circuladas con el propósito perverso y malicioso y con la intención de perjudicar su buen nom-bre y buena fama como empleado público y gobernador de Puerto Bico y como ciudadano de esta comunidad, y exponerle a la sospecha, odio y desprecio público y pérdida de su reputación.
“Este hecho es contrario a la Ley para tal caso prevista y a la paz y dignidad de El Pueblo de Puerto Bico.”

. El acusado no lia radicado alegato en apoyo de su recurso y consecuentemente lia dejado de presentar el señalamiento de errores que exige el reglamento de este tribunal. Sólo lia presentado un escrito solicitando un nuevo juicio por haber sele negado por la corte a quo el derecho que alega tener a ser juzgado por un jurado.

Conforme aparece del récord, al llamarse este caso a juicio oral y preguntarse a las partes si estaban listas para entrar en juicio, el acusado, dirigiéndose a la corte, se - expresó en los siguientes términos:

“Acusado: Fin este caso se había solicitado mi caso por Tribunal de Derecho, porque yo tenía al Lie. Eudaldo Báez 'García por abogado, y, como él se niega a hacerme la defensa, yo he decidido hacerme la defensa; pero yo hago una advertencia a la Corte, que se me diera algún tiempo para ser juzgado por jurado.
“Hon. Fiscal: El Fiscal se opone. Entiende el Fiscal que el acusado renunció a su juicio por jurado en el acto de la lectura de la acusación, y ahora pide que se juzgue por jurado, cuando ya los testigos han sido citados para este caso.
“Hon. Juez: En este caso la acusación contra usted se leyó el día 30 de junio de 1938. Usted, el acusado, por su abogado Eudaldo Báez García, solicitó que se le diera el término de sesenta días para contestar la acusación, y la corte, tomando en consideración que el día primero de julio subsiguiente entraba en vacaciones, no tuvo inconveniente en conceder un beneficio que nunca se concedió dentro de ley, dándole un término de sesenta días para contestar la acusación. A los sesenta y dos días, o sea el viernes 2 de diciembre de 1938, com-pareció usted y su abogado, haciendo la alegación de no culpable y solicitó juicio ante e’l tribunal de derecho, y la Corte ordenó que el caso fuera señalado oportunamente. Se señaló el caso para el día 14 de noviembre de 1938, y habiendo recibido el Fiscal del Distrito una orden del Hon. Attorney General de Puerto Rico para que inmediata-mente se trasladara a practicar una investigación en el Banco de Eco-nomías y Préstamos de San Germán, se suspendió el caso, señalándolo entonces para el día de hoy. Entiende la Corte que aunque en un proceso de libelo el acusado tiene derecho a juicio por jurado, el acu-sado tuvo una espléndida oportunidad durante sesenta y dos días para contestar la acusación y solicitar juicio por jurado; y tuvo otros se-senta días aproximadamente desde el 14 de noviembre en que su caso se señaló para juicio y se suspendió hasta el día de hoy. Se han citado test'gos de El Pueblo de Puerto Rico y hay gastos, porque hay testigos de San Juan, y el Fiscal se ha opuesto, porque si se suspen-diera este caso para celebrarlo por jurado, el día del juicio tal vez usted podría renunciar al jurado y esto sería interrumpir los fines de la justicia. Por tales razones, procede declarar sin lugar la peti-ción del acusado.
“(Al acusado.) ¿Tiene usted alguna otra alegación que presen-tar a la Corte? .Si el acusado quiere, la Corte puede nombrarle un abogado de oficio para que lo represente en la vista del caso.
“Acusado: En este caso yo renuncio a mi abogado de oficio.
“Hon. Juez: Entonces, Secretario, léale la denuncia.” (T. de E., 2-4).

¿Erró la corte a quo al no conceder al apelante un juicio por jurado después de haber renunciado a ese derecho? La regla general en los Estados Unidos es al efecto de que las cortes de primera instancia tienen una amplia discreción para conceder o denegar el juicio por jurado después que el acusado ha renunciado a ese derecho. 16 R.C.L. 218. En Puerto Rico, la materia está regulada por el artículo 178 del Código de Enjuiciamiento Criminal, que dice así:

“Art. 178. Cuestiones de hecho en casos de delito grave (felony) y en casos de misdemeanor siempre que originalmente se presentare la acusación en la corte de distrito y fueren también de la competen-cia de las cortes municipales, habrán de ser juzgadas por el jurado, cuando el acusado o acusados o cualquiera de ellos, lo pidiere. Dicha elección deberá notificarse al tribunal cuando se haga la primera lec-tura de la lista que contenga la causa. Si se hiciere dicha elección, ésta se hará constar en el récord; si no se hiciere, se hará constar así en dicho récord, y se considerará que el derecho a ser juzgado por jurado ha prescrito y la causa será juzgada por el tribunal. Sin embargo, si se alegan (se demuestran, según la versión inglesa) justas razones, el tribunal podrá conceder el j%dcio por jtiírado en cualquier fecha subsiguiente a la lectura de la lista o relación de causas.” (Paréntesis y bastardillas nuestras.)

Como cuestión de hecho las cortes de distrito no cele-bran lectura de calendario de causas criminales. Es al leér-sele la acusación que el acusado elige o renuncia al juicio por jurado, y fué ése el procedimiento seguido en el presente caso. De acuerdo con el precepto anteriormente transcrito, si después de haber renunciado al juicio por jurado o haber prescrito el derecho a solicitarlo, el acusado demuestra a la corte que existen justas razones para que se le conceda juicio por jurado, la corte puede, en cualquier momento después de la lectura de la acusación, ejercitar su discreción a favor del acusado. ¿ Abusó de su discreción la corte a quo al denegar la petición del acusado? De la parte del récord anterior-mente transcrita resulta que no fue hasta el preciso momento de empezar el juicio que el acusado formuló su petición. De acceder a ella, hubiera sido necesaria la suspensión del juicio, pues no aparece del récord que hubiera un jurado citado para aquel día, y una suspensión en tales condiciones significaba no solamente la consiguiente dilación en la administración de justicia, si que también todos los gastos que conlleva una sus-pensión y citación para nuevo juicio.

En el caso de Staley v. State, 79 P. (2d) 818, resuelto por la Corte de Apelaciones Criminales de Oklahoma el 20 de mayo de 1938, se sostuvo que un acusado no tiene el derecho de exigir un juicio por jurado después de haberlo renunciado, y que aunque en aquel caso ningún perjuicio se hubiera cau-sado al Estado por hallarse en la corte un jurado que hubiera podido conocer del caso inmediatamente, sin embargo el no ejercitar la corte su discreción a favor del acusado no cons-tituía error, puesto que como cuestión de derecho él no podía exigir ser juzgado por un jurado después de haber renunciado a ello.

En el caso de State v. Bannock, 53 Minn. 419, 421, 55 N. W. 558, 600, se trata la cuestión en la siguiente forma:

“Habiendo voluntariamente renunciado al derecho a juicio por jurado, el acusado no podía revocar su renuncia y exigir esa clase de juicio. Sería una inconsistencia decir que el derecho, después de haber sido expresa y efectivamente renunciado por el acusado, podía ser reclamado a su mera voluntad. El derecho a revocar de ese modo es inconsistente con la naturaleza esencial de una renuncia.”

Es claro, pues, que la corte sentenciadora no cometió error alguno al ejercitar su discreción en este caso en el sen-tido de no suspender la vista del mismo para conceder al acusado el juicio por jurado a que anteriormente y de manera expresa y efectiva había renunciado.

Examinada la acusación en este caso formulada, de ella resulta claramente la exposición del delito de libelo impu-tado al acusado. De la prueba, que también liemos exami-nado, resulta que la materia libelosa fué publicada. Siendo ello así, no existe en este caso error fundamental alguno que justifique la revocación de la sentencia, ni la concesión del nuevo juicio que interesa el acusado.

Procede, por lo expuesto, desestimar el recurso y confir-mar la sentencia apelada.


text:
    Chuz Fontánez Lorenzano, sustituida por Salvador Vista y éste a su vez por su albacea y herederos testamentarios, demandantes y apelantes, v. Raimundo, Alejandrina y Alipio Sierra, y Susana Aponte e Ignacio Rivera, demandados y apelados.
    Núm. 8053.

    Sometido: Enero 19, 1940.

      Resuelto: Enero 25, 1940.

      Francisco González Fagundo, abogado de los apelantes Sres. Vieta; Angel B. Yillamil y C. Becerra Santana, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión dél tribunal.

Se trata en este caso de una acción de desahucio en pre-cario. Alega la demandante que es dueña de cierta finca rústica que describe, radicada en Caguas, que los demandados la ocupan contra su voluntad sin pagar canon o merced al-gima, y termina la demanda con súplica de qne se decrete el desahucio, con imposición de costas a los demandados.

En su contestación niegan los demandados el alegado tí-tulo de la demandante y exponen en contrario que los deman-dados de apellido Sierra son los dueños de la finca en con-troversia, motivo por el cual no pagan ni lian pagado canon o merced alguna a la demandante ni a ninguna otra persona. Como “Materia Nueva de Defensa” alegan:

“1. Que allá para el mes de junio del año 1921 Salvador Vieta, redactó y escribió de su propio puño y letra un pagaré a su favor, por la cantidad de $634.51 que vencía el 30 de junio de 1922 para que el demandado Raimundo Sierra se lo firmara, como se le firmó, pero no ante notario;
“2. Que en el mes de noviembre de 1921 falleció la esposa del demandado Raimundo .Sierra, doña Venaneia Arroyo, quedando a su muerte herederos legítimos;
“3. Que Salvador Vieta, poco tiempo después, le informó al de-mandado Raimundo Sierra que sería conveniente que él se dejara demandar y embargar la finca que se descrbe e'n la demanda, por el mismo Sr. Vieta, con el fin de evitarle gastos de declaratoria de herederos, avalúo, división y adjudicación de participaciones heredi-tarias, todo lo cual le costaría de quinientos a seiscientos dólares;
“4. Que Raimundo Sierra le explicó esta situación a sus hijos, los herederos, y todos convinieron en que se hiciera lo que el Sr. Vieta aconsejaba, pues que él era hombre bueno en la familia.
“5. Que de acuerdo con lo antes expresado, en jubo 28 de 1922, Salvador Vieta radicó demanda en cobro de dinero contra Raimundo Sierra v otros, en esta Honorable Corte de Distrito, dejándose los de-mandados anotar sentencia en rebeldía así como que se adjudicara la finca en pública subasta al Sr. Vieta, por estar de acuerdo con él;
“6. Que la mencionada finca de veinte cuerdas de terreno le costó a Raimundo Sierra alrededor de cuatro mil dólares, y se la dejó re-matar del Sr. Vieta por la cantidad de trescientos dólares, pero con-tinuando Sierra con toda su familia, que son los demás demandados, viviendo, poseyendo y gozando la finca, libremente, sin la oposición de Vieta, ni de nadie, ni pagándole cánones a nadie, ni inquietados por nadie;
“7. Que Raimundo Sierra ha pagado con creces a Salvador Vieta la obligación que él le suscribió por la cantidad de $634.51, y actual-mente no le debe nada al Sr. Vieta;
“8. Que además de que la demanda en cobro de dinero fué un convenio simulado entre' Vieta y Sierra, aun suponiendo que no lo hubiera sido, el embargo, ejecución y venta en pública subasta de las mencionadas veinte cuerdas, fué nulo, de acuerdo con la ley vi-gente en Puerto Rico ;
“9. Que Salvador Vieta, mientras le prestaba dine'ro a Raimundo Sierra, lo refaccionaba y lo ayudaba a obtener refacción para sem-brar en su finca distintos cultivos, sedujo a Alejandrina Sierra, una de las demandadas e hija de Raimundo Sierra, teniendo en ella un hijo que hoy tiene ocho años de e’dad, continuando Raimundo, Ale-jandrina y su hijo viviendo en la finca de aquél, protegidos, con cierta ayuda, por el Sr. Vieta, y reconociendo Vieta en toda oportunidad que la descrita finca de veinte cuerdas de terreno en donde vivía su concubina, el padre de ésta y su propio hijo, Tito René Vieta y Sierra, era de la única y exclusiva propiedad de Raimundo Sierra;
“10. Que hace tres o cuatro meses Salvador Vieta, por encono contra la demandada Alejandrina Sierra, su concfibina hasta entonces, a espalda y sin el conocimiento de Raimundo Sierra, simuló una venta de la mencionada finca de veinte cuerdas a favor de Cruz Fontánez Lorenzano, que actualmente es concubina de Salvador Vie’ta, deman-dante en este caso de desahuc:o;
“11. Que dicha escritura de venta del Vieta a la Fontánez fué otorgada el m’smo día en que se le notificaba a aquél una demanda sobre alimentos para su hijo Tito René, a quien tenía y tiene abando-nado, y todo como resultado de una conspiración entre Cruz Fontánez Lorenzano, demandante, y Salvador Vieta, contra la demandada Ale-jandrina Sierra y su hijo menor de edad Tito René Vieta y Sierra.”

Algún tiempo después y previo permiso de la corte (T. de E. 158), los demandados enmendaron su contestación, ale-gando que sobre la mencionada finca los demandados Rai-mundo, Alejandrina y Alipio Sierra tenían constituido su bogar seguro (homestead). (T. de A. pág. 19.) ■

Después de una extensa prueba de una y otra parte, la corte inferior, sin emitir opinión expresiva de sus conclusiones de becbo y de derecho, desestimó la demanda a virtud de una sentencia que literalmente copiada dice así:

“Examinada minuciosamente toda la evidencia documental y de-talladamente considerada la testifical presentada por ambas partes, apareciendo de la misma el planteamiento fundamental de una cues-tión de título sobre la finca objeto de la acción, y por no ser éste el procedimiento adecuado para ventilarla, se declara sin lugar la de-manda en este caso, imponiéndose al demandante el pago de las cos-tas judiciales, gastos y desembolsos en que hayan tenido que incurrir los demandados para defenderse en este caso, incluyendo una suma de $100.00 que se estima razonable para los honorarios de su abo-.gado.”

Los cuatro errores señalados por la demandante como base de este recurso serán considerados conjuntamente en el curso de esta opinión. La demandante deriva su título de Salvador Vieta y los demandados impugnan tanto el título de la de-mandante como el de su causante Vieta.

Según resulta ele la prueba de la demandante, Vieta adquirió la finca por adjudicación que se le hiciera en ejecución de la sentencia que obtuvo contra los anteriores dueños de la finca Raimundo Sierra y sus hijos, y después de algún tiempo Vieta la vendió a la demandante por el precio de 11,355.

Según la prueba de los demandados, Raimundo Sierra, que no sabe leer, por consejo de Vieta firmó un pagaré por $634.51 a la orden de Vieta y más tarde, siguiendo también los conse-jos de éste, se dejó dictar sentencia en rebeldía en el pleito que en la Corte de Distrito de Humacao siguió Vieta contra Sierra en cobro del aludido pagaré. La sentencia fue firme y el 22 de noviembre de 1922 y por escritura de venta judicial núm. 114 otorgada ante el notario Rafael López Anton-giorgi, se adjudicó la finca al demandante Vieta. No obs-tante la sentencia por éste obtenida y la escritura de venta judicial a su favor, continuaron Sierra y su familia ocupando la finca en las mismas condiciones en que la tenían antes del pleito. Así las cosas, Vieta tuvo relaciones ilícitas con Alejandrina Sierra, hija de Raimundo, y como fruto de esas relaciones nació el niño Tito René Sierra, quien en la fecha del juicio de este caso contaba siete años de edad. Después de algún tiempo se rompieron las relaciones entre Vieta y Alejandrina, viviendo aquél maritalmente con la ahora de-mandante, de quien tuvo nn hijo natural. La demandante, que al venir a vivir con Yieta sólo tenía un capital según ella, de $200 ó $600, a pesar de que sostenía a su madre y a un hermano, constante y rápidamente ve crecer su capital, hasta que el día del juicio de desahucio era dueña, según ella, de varias casas y tenía una renta mensual de $80 a $90 que. le permitía prestarle cantidades de dinero a Yieta después de haber cesado sus relaciones con éste, quien seguía viviendo solo en los bajos de la misma casa en que vivía la deman-dante con su madre.

Así las cosas, Alejandrina, a quien Yieta dejó de pasar alimentos para su hijo, los solicitó por la vía judicial, y precisamente el mismo día que le notificaban la demanda de alimentos, Yieta otorgó a favor de la aquí demandante escri-tura de venta de la finca donde vivían Alejandrina con su hijo, su padre y su hermano, otorgándose dicha escritura con fecha 8 de septiembre de 1937 ante el notario Antonio L. López.

Quince años pasaron desde que se otorgó a favor de Yieta la escritura de venta judicial el 22 de noviembre de 1922 hasta el 8 de septiembre en que Yieta traspasó su título a la demandante, y durante todo ese tiempo y hasta la fecha, los demandados han venido ocupando la finca tranquila y pa-cíficamente hasta que se radicó la demanda de este caso el 5 de octubre de 1937.

Declaró el demandado Raimundo Sierra que él arrendó una parte de la finca a Vieta para sembrar cañas y como con-dición de dicho contrato Yieta pagaba.las contribuciones im-puestas al inmueble.

Algún tiempo después de sometido el caso pero antes de .que se dictara sentencia, los demandados tuvieron conoci-miento de que la demandante había devuelto el título de la finca a Yieta, y previa notificación y audiencia de las partes, presentaron los demandados en evidencia la escritura de res-cisión, número 129, otorgada el 20 de diciembre de 1938 por la demandante Cruz Fontánez a favor de Salvador Yieta ante el notario Francisco González Fagundo.

En el caso de Colón v. Colón, 51 D.P.R. 97, 103, citado por la apelante, se dijo por este tribunal:

“La teoría de todos esos casos es que el demandante en un pleito de desaliucio que presenta un título válido basta que el mismo se in-valida, tiene derecho a la inmediata posesión en tanto en cuanto se determina judicialmente en cualquier otro recurso, la cuestión relativa a la validez de su título. La doctrina de tales casos es inaplicable, cuando la parte demandada, en un pleito de desahucio, se encuentra en posesión a título de dueña, alega hechos suficientes para demostrar la nulidad absoluta del título del demandante y aduce suficiente prueba para indicar que su defensa no es un pretexto. Véanse Sucrs. de Huertas González v. Rosario, 50 D.P.R. 360, y Martínez v. Figueroa, 50 D.P.R. 951.”

En el presente caso la posesión de los demandados Sierra ininterrumpida y pacíficamente por más de quince años, es decir, desde el otorgamiento de la escritura de venta judicial basta que se estableció la demanda de este caso, indica que la defensa alegada por los demandados no es un pretexto para entorpecer la acción de la demandante. Es verdad que Yieta tiene un título de venta judicial, pero la prueba de los de-mandados tiende a demostrar que el pagaré fue suscrito sin causa y por consejo de Yieta y que la sentencia en rebeldía era el resultado de un entendido entre el entonces deman-dante y los demandados, lo que unido a la posesión en que permanecieron por espacio de quince años después de la venta judicial, demuestra que las pretensiones de los demandados no están tan carentes de fundamento que no puedan cons-tituir un conflicto de título que deba resolverse en un juicio ordinario. Véase a contrario sensu el caso de J. González & Co., S. en C., v. Aponte, y Falcón, interventor, (ante, pág. 826). No se diga que el permanecer los demandados en posesión después de la venta judicial se debió al nacimiento del niño Tito René Yieta, pues a la fecha del juicio en el año 1938, dicho niño sólo contaba la edad de siete años, de modo que durante los ocho años anteriores al nacimiento del niño no pudo éste influir para que Yieta permitiese a los de-mandados continuar ocupando la finca por él adquirida en la venta judicial.

No erró, a nuestro juicio, la corte a quo al admitir en evidencia los autos del pleito civil número 8499 de dicha corte, como consecuencia del cual se otorgó la escritura de venta judicial de la finca a favor de Yieta, pues tal prueba era relevante a la defensa interpuesta por los demandados; pero asumiendo sin aceptarlo que no lo fuera, el error, al admitirlos, de haberse cometido, no perjudicó a la demandante.

Hemos leído cuidadosamente la transcripción de evidencia en su totalidad y no encontramos motivos para concluir que el juez actuó movido por pasión, prejuicio o parcialidad. Dos veces tuvo que llamar la atención de Yieta a la forma despectiva que usaba al referirse a Alejandrina y a Raimundo Sierra, pero al así actuar el juez no hizo otra cosa que cum-plir con el deber de brindar protección a las personas que ya como partes o como testigos comparecen en corte.

Dictada sentencia a favor de los demandados, por minis-terio de la ley venía la corte obligada a imponer las costas a la demandante, no encontrando nosotros que abusara de su discreción al concederle honorarios de abogado en la cantidad de $100, dado lo laborioso del pleito.

Por lo expuesto, procede- desestimar el recurso y confir-mar la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señob De Jesús

text:
    Julio García Guzmán, peticionario, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon Jorge Luis Córdova Díaz, demandada.
    Núm. 333.

    Sometido: Enero 15, 1940.

      Resuelto: Enero 25, 1940.

      José F. Camuñas, abogado del peticionario; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señob De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El peticionario solicitó de este tribunal un auto perento-rio de mandamus que ordene a la corte recurrida-a sobreseer los casos criminales números 3996, 14785 y 14822, seguidos contra él por delitos de atentado a la vida, portar armas e in-fracción a la Ley núm. 14 de 1936 (Leyes de 1936, (2) pág. 129). Se funda el peticionario para solicitar la expedición del auto de mandamus en no haberse celebrado el juicio de dichos casos dentro de los 120 días que prescribe el artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

Expedido un auto condicional de mandamus, contestó la corte recurrida por su Juez Hon. Jorge Luis Córdova Díaz, exponiendo bajo juramento los siguientes hechos: que la lectura de acusación en los tres casos se llevó a efecto el 23 de junio de 1939, habiendo el acusado alegado ser ino-cente y solicitado en la misma fecha que los dos casos misdemeanor se vieran conjuntamente con el felony número 3996, para la sustanciación del cual solicitó juicio por jurado. Que el 10 de octubre siguiente los tres casos fueron señalados para juicio que había de celebrarse el 13 de noviembre de 1939.-Que el primero de noviembre radicó una moción el peticio-nario solicitando el archivo y sobreseimiento de los tres casos por haber transcurrido más de 120 días sin haberse celebrado el juicio,, moción que fue desestimada el 9 del mismo ih.es luego de oídas las partes. Que el día siguiente el acusado radicó una moción solicitando la suspensión del juicio en los tres casos porque su abogado tenía pendiente el mismo día para el cual habían sido señalados, un juicio por jurado en la Corte de Distrito de Arecibo, y en dicha moción el acusado renunció a “todo juicio rápido que le garanticen las leyes de Puerto Rico”, y en dicho día 13 de noviembre el abogado J. Valide july Rodríguez dirigió el siguiente telegrama a la Corte de Distrito de San Juan:

"Camino Areeibo comunico haberse radicado mandamus Supremo casos García Guzmán único abogado enterado casos no puedo asistir iré Tribunal.”

Que en vista de la moción radicada por el acusado, se sus-pendió el juicio en los tres casos hasta nuevo señalamiento.

Los fundamentos que tuvo la Corte de Distrito de San Juan para desestimar la moción de suspensión los expone el Juez de la corte recurrida en los siguientes términos:

“A. La Corte de Distrito de San Juan estuvo de vacaciones du-rante los meses de julio y agosto de 1939 y por consiguiente no se celebraron juicios por jurado. En el mes de agosto se vio un calen-dario especial de casos misdemeanors pero en este calendario era im-posible incluir los casos núms. 14785 y 14822 contra el acusado por cuanto él había solicitado que éstos se vieran conjuntamente con el caso felony que habría de verse por jurado a solicitud del propio acusado.
“B. Debido a la muerte del Hon. Pablo Berga, a quien correspon-día el término criminal de’ casos felony que comenzó en septiembre Io. de 1939 y habrá de terminar el día Io. de febrero de 1940, dicho tér-mino criminal fué atendido durante los meses de septiembre y octubre por dos jueces interinos, y a pesar del celo desplegado por estos jueces, y de su competencia, el mero hecho de su interinidad tendió a entorpecerles en sus esfuerzos por disponer del cúmulo de casos felony que pesa sobre dicha Corte. En junio 30 de 1939 quedaron pendientes de juicio para verse en el término que comenzó el día Io. de septiembre de 1939, 118 casos felony, y durante los meses de julio y agosto se acumularon 38 casos felony adicionales para.verse en el término que comenzó el día Io. de septiembre de 1939.
“C. Que a pesar de los inconvenientes antes expuestos, y del cú-mulo. de casos felony pendientes de juicio, y sin que mediara solicitud alguna del acusado, la Corte por uno de sus jueces interinos, pro-cedió dentro de los 120 días a contar de la fecha en que se radicaron las acusaciones en los casos a que se contrae la petición de mandamus, o sea en octubre 10 de 1939, a señalar dichos casos para juicio, si bien la- fecha señalada vino a caer fuera del término de 120 días.
“D. Que en vista de los fundamentos expuestos la demandada entiende que la demora de 26 días en uno de los casos, y 30 días en los otros dos, en exceso de los 120 días que prescribe el estatuto, está plenamente justificada y que el acusado tuvo la oportunidad de ram juicio rápido, bajo los circunstancias expuestas, oportunidad que de-scebó, renunciando al privilegio de un juicio rápido, al solicitar y obtener la suspensión de los juicios señalados para el día 13 de no-viembre de 1939.”

En la audiencia que se celebró en este tribunal el 15 del corriente a las dos de la tarde, el peticionario no ofreció evidencia alguna para probar las alegaciones de su petición. El fiscal ofreció y se admitieron sin oposición los autos ori-ginales de los tres casos contra el acusado, los cuales sostie-nen la contestación de la corte recurrida en lo que respecta a los párrafos 1 al 7, ambos inclusive.

El artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal invocado por el acusado no exige lo imposible al disponer el sobreseimiento del proceso cuando “no exista justa causa contraria.” Aparte de la renuncia a un juicio rápido consig-nada por el acusado en su moción de suspensión de 10 de no-viembre último, existió a nuestro juicio justa causa que im-pidió la celebración del juicio dentro de los 120 días que dis-pone el citado precepto legal. ,

Procede, por consiguiente, desestimar la petición de mem-damus.


author: El Juez Asocíalo Señob, Wole

text:
    Carmelo, Cruz, Inocencio y Luis Colón, recurrentes, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., demandada, y Ramón Montaner, Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurridos.
    Núm. 191.

    Sometido: Enero 23, 1940.

      Resuelto: Enero 29, 1940.

      Francisco Rebollo López, abogado de los recurrentes; los recurridos no comparecieron.
   El Juez Asocíalo Señob, Wole

emitió la opinión del tribunal.

En este caso la Comisión Industrial resolvió que el finado obrero había sufrido un ataque de apoplejía mientras orde-ñaba una vaca. El ataque fué causado por su estado en-fermizo ; tenía sesenta años de edad y sufría de alta presión, de arteriosclerosis y de tuberculosis pulmonar. La Comisión no bailó que hubiera causa exterior que produjera el ataque. La causa directa de la muerte fué hemorragia cerebral debido a apoplejía del cerebro.

La teoría de los recurrentes fué que el obrero había sido pateado o empujado por una vaca, que se cayó y se dió en la parte posterior de la cabeza con el pavimento. Sostiene que el accidente le produjo la hemorragia.

El Fondo del Seguro del Estado adujo prueba al efecto de que el obrero no había sufrido accidente alguno.

Surgió un conflicto en la prueba que fué resuelto por la Comisión en contra de los recurrentes. La Comisión decidió que el accidente alegado por los peticionarios nunca había ocurrido. Esa es una conclusión de hecho y no puede ser revisada por este tribunal.

Debe declarase sin lugar la solicitud.


text:
    Núm. 7829.
    Serrallés, apldo. v. Sancho Bonet, Tes., aplte.
    C. D. Ponce.
    Junio 5, 1939.
   Por los fundamentos consignados en la opinión emitida en el caso núm. 7830, Dionisia Legarreta Ruiz v. Tesorero de Puerto Rico, re-suelto en junio 2, 1939 (ante, pág. 22), se revoca la resolución ape-lada que dictó en este caso la Corte de Distrito de Ponce el día 26 de julio de 1938 y se dicta otra decretando el traslado del presente caso para ante la Corte de Distrito de San Juan.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


author: Juez Asociado Sr. Hutchison.)

text:
    Núm. 324.
    Rivera, peticionario, v. Corte, dmdada.
    Junio 6, 1939.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Visto el recurso de epígrafe sin la asistencia de las partes y apa-reciendo que el juez de distrito ha cumplido ya con el auto alter-nativo expedido por este Tribunal en mayo 19, 1939, quedando así terminado el caso, por la presente se ordena el archivo del mismo, sin especial condena de costas.


author: Juez Asociado Sr. Wolf.)

text:
    Núm. 6657.
    Yabucoa Sugar Co., aplte. v. Domenech, Tes., apldo.
    C. D. San Juan.
    Junio 13, 1939.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Wolf.)

Por cuanto, aparece vigente la sentencia de este Tribunal de noviembre 23, 1938 (53 D.P.R. 880), dictada a petición de la parte demandante y como consecuencia del fallo revocatorio de la Corte de Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito, de agosto 13, 1938 (98 F. (2) 398) ;

Por cuanto, a virtud del recurso de certiorari interpuesto por el demandado la Corte Suprema de los Estados Unidos (306 U. S. 622) ha revocado con fecha 27 de marzo del corriente año la dicha sen-tencia revocatoria dictada por la expresada Corte de Circuito (306 U. S. 505);

Por tanto, se declara con lugar la moción radicada por el de-mandado en abril 5, 1939, y en su consecuencia se anula y deja sin efecto la sentencia de este Tribunal dictada en noviembre 23, 1938, y se deja en toda su fuerza y vigor la dictada originalmente en julio 28, 1936 (50 D.P.R. 962), y la resolución que declaró sin lugar la moción de reconsideración de marzo 17, 1937 (51 D.P.R. 135).


text:
    Núm. 154.
    Montaner, Admor., recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, dmdada. y Tirado, peticionario ante la Comisión.
    Junio 13, 1939.
   Por los fundamentos consignados en la opinión emitida ayer en el Recurso de Revisión núm. 155, Ramón Montaner, etc., recurrente, v. Comisión Industrial de P. R., etc., demandada, y Josefina Fuentefría et al., peticionarias ante la Comisión (ante, pág. 91), se fijan en $50 los honorarios del abogado por sus servicios prestados ante este Tribunal, que deberán pagarse con cargo a la compensación que se haya concedido.


author: Juez Asociado Sr. De Jesús.)

text:
    Núm. 1046.
    Morales, recurrente, v. Registrador, recurrido.
    Junio 14, 1939.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. De Jesús.)

POR cuanto, presentadas en el Registro de la Propiedad de Ma-yagüez las escrituras núms. 171 y 172 otorgadas en Mayagüez el 27 de diciembre de 1938 ante el Notario A. Ramírez Silva, el Registrador las inscribió con los defectos que consigna en las siguientes notas, puestas respectivamente al calce de cada documento:

“Inscrito el precedente documento, que es la escritura número 171 otorgada «a Mayagüez a 27 de diciembre último ante el notario Amador Ramírez Silva, •en cuanto a la cancelación de hipoteca y venta de la casa que el mismo com-prende a los folios 214 y 216 Vto. del tomo 206 de Mayagüez, finca número 7223, •a inscripciones 4a. y 5“., y denegada la rectificación de la inscripción 2’. de dicha finca 7223 practicada al folio 211 Vto. del citado tomo 206 de esta ciudad •eon focha 15 de julio de 1937, así como la inscripción de la cesión de derechos que hace Demando Vélez a favor de Guadalupe Morales, tomándose en su lugar la correspondiente anotación preventiva por el término legal en ambos easos, al folio 214 del tomo 206 de Mayagüez, finca 7223, anotación A, por el siguiente fundamento: porque resultando del Registro y de esta escritura que Fernando Vélez era de estado casado euando adquirió la finca según la inscripción 2a. ci--|ada practicada con feeha 15 de julio de 1937, habiendo comparecido en la re-petida escritura simultáneamente eon la que dijo ser su legítima esposa Guadalupe Morales, no obstante esas constancias, aparece como soltero declarando que también lo era cuando hubo la precitada finca, sin que por el debido proee-•dBmiento o información judicial se haya acreditado que dichos Fernando Vélez y Guadalupe Morales tenían realmente este estado civil, requisito necesario tanto para la identidad de la persona del citado Fernando Vélez como la de Guadalupe Morales, así como en cuanto a la capacidad para verificar cesiones de de-rechos reales o practicar rectificaciones de asientos en este Registro eon el alu-dido estado civil de solteros, prescindiéndose de los efectos de la inscripción prac-ticada en euanto respecta a los derechos que de la misma se derivan a favor de dichos cónyuges, resultando incompatibles e ineficaces en derecho la renuncia y la rectificación que interesan hacer dieho Fernando Vélez a favor o para bene-ficio de Guadalupe Morales. A los efectos de la rectificación que se pretende, se tuvo a la vista un escrito. La finca consta inscrita en concepto de dominio y gravada con hipoteca por $500 a favor del tenedor del pagaré que se le im-pone con esta misma fecha a virtud de la inscripción 6“. subsiguiente.”
“Inscrita la hipoteca que comprende este documento, que es la escritura Húmero 172 otorgada en Mayagüez a 27 de diciembre del 1938 ante el notario Amador Ramírez Silva, sólo en euanto a la casa enclavada en el solar que se describe en esta escritura, denegándose la inscripción respecto a dicho solar por aparecer el mismo inscrito a favor de Guadalupe Morales, casada con Fernando Vélez, persona diferente de la hipotecante Guadalupe Morales, de estado soltera, denegándose la inscripción además respecto a la hipoteca del derecho de Hogar Seguro (Homestead) por no ser éste hipotecable de acuerdo con la jurisprudencia establecida al efecto, tomándose en su lugar en ambos casos la correspondiente anotación preventiva por el término legal, todo al folio 180 del tomo 278 de Mayagüez, finca 7223 e inscripción 6a., gravada sólo con esta hipoteca.”

PoR cuanto, se ha interpuesto recurso gubernativo solicitando la revocación de las referidas notas;

PoR Cuanto, este Tribunal ha resuelto que los errores que apa-rezcan en los asientos del Registro en relación con el estado civil de los otorgantes sólo pueden subsanarse por orden de tribunal compe-tente luego de haberse acreditado ante el mismo la existencia de dichos errores (Vázquez v. Registrador, 30 D.P.R. 13, y Jaca v. Registrador, 33 D.P.R. 775) ;

Por tanto, tratándose en dichas notas de errores relativos al es-tado civil de los otorgantes, procede confirmar y por la presente se confirman las notas recurridas.

El Juez Presidente Sr. Del Toro y el Juez Asociado Sr. Hutchison disienten.


text:
    Núm. 7835.

    Vélez, peticionario, v. Mercado, Alcaide de Cárcel, apldo.
    C. D. Humacao.
    Junio 14, 1939.
   Por los motivos consignados en las opiniones emitidas en el día de hoy en los casos Núms. 7833 y 7834, Luis Miray, peticionario y apelante, v. Eulogio Mercado, Alcaide de la Cárcel Municipal de Vieques, Puerto Rico, demandado y apelado (ante pág. 127), y Antólino Vélez, peticionario y apelante, v. Eulogio Mercado, Alcaide de la Cárcel Municipal de Vieques, Puerto Rico, demandado y apelado (ante, pág. 129), se revoca la resolución apelada que dictó Jesús A. González como Juez en Comisión de la Corte de Distrito'de Humacao, con fecha Io. de otubre, 1937, y se devuelve el recurso a la referida corte de distrito para ulteriores procedimientos no inconsistentes coií dichas opiniones.

Igual resolución que en el caso anterior recayó en los recursos que a continuación se expresan:

Núms. 7837, 7838, 7839, 7840, 7841, 7842, 7843, 7844, 7845, 7846, 7847, 7848, 7849, 7850 y 7851.


text:
    Núm. 7929.
    G. Llinás & Co., S. en C., aplda. v. Sancho Bonet, Tes., aplte.
    C. D. Ponce.
    Junio 20, 1939.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Wolf.)

■ Por cuanto, a solicitud de la parte apelante la vista de este caso quedó señalada para el día 3 de julio próximo;

PoR cuánto, la parte apelada por su abogado ha radicado tina “moción de allanamiento” alegando estar conforme en que se de-crete el traslado a virtud de la autoridad del caso 7830, Dionisia Legarreta Ruiz v. Tesorero de Puerto Rico, resuelto por este tribunal el día 2 del corriente (ante, pág. 22) ;

PoR tanto, visto el allanamiento de la parte apelada y por la autoridad del caso antes citado, se revoca la resolución apelada que dictó la Corte de Distrito de Ponce en el presente caso con fecha 16 de noviembre, 1938, y en su lugar se dicta sentencia declarando con lugar la moción de traslado del demandado y ordenando, en conse-cuencia, que el caso de epígrafe sea trasladado de la Corte de Dis-trito del Distrito Judicial de Ponce a la Corte de Distrito del Dis--trito Judicial, Sección Civil, de San Juan, Puerto Rico.


text:
    Núm. 7715.
    Sierra, etc., aplda. v. Vieta, aplte.
    C. D. Humacao.
    Junio 20, 1939.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

PoR cuanto, los únicos supuestos errores señalados por el ape-lante son los siguientes:

“1. La corte inferior abusó de sil discreción y ejercitó indebidamente su facultad de parens patriae al negar al demandado oportunidad de poder ¿tan-plir con su deber de padre, alimentando, cuidando y educando a -su hijo de siete años, Tito Bené, en su propio hogar.
“2. La corte inferior cometió grave, error al declarar probado los hechos esenciales de la demanda a pesar de no haber prueba alguna que demostrara que el demandado fuera un hombre que tuviera $100,000 de capital. ’
“3. La corte inferior actuó con pasión, prejuicio y parcialidad manifiesta ál fijar la cuantía de la pensión alimenticia en $50.00 mensuales.
“á. La corte inferior cometió grave error al condenar al demandado a pagar las costas incluyendo honorarios de abogado y actuó con prejuicio, pasión y,.’par-cialidad manifiesta al fijar los honorarios en $200.”

PoR cuanto, oídas ambas partes en el acto de la vista, examina-dos los alegatos y la prueba practicada, así como los únicos casos citados por el apelante en su alegato, no encontramos abuso alguno de discreción, ni ejercicio indebido de la facultad de parens patriae por parte de la corte de distrito al negar al demandado oportunidad de poder cumplir con su deber de padre, alimentando, cuidando - j educando en su propio hogar a su hijo demandante.

Por cuanto, para probar los hechos esenciales de la demanda y para sostener la sentencia dictada por la corte de distrito, no era necesario demostrar que el demandado tuviera $100,000 de capital, o sea la suma exacta alegada en la demanda como el montante, de dicho capital. " ..

PoR cuanto, no estamos conformes en que la corte de distrito ac-tuó con pasión, prejuicio y parcialidad manifiestos al fijar la cuantía de la pensión alimenticia en $50 mensuales.

PoR cuanto, tampoco encontramos abuso alguno de discreción en la condena de costas, inclusive de honorarios de abogado, ni prejui-cio, pasión o parcialidad al haberse fijado dichos honorarios en $200.

Por cuanto, si bien el demandado tuvo amplia oportunidad de facilitar a la corte de distrito datos tales que hubieran eliminado la posibilidad de alguna injusticia y toda duda en cuanto a la suma mensual que pudiera pagar sin sacrificio de sus propios intereses, y lejos de aprovechar dicha oportunidad, adoptó una actitud evasiva y carente de franqueza — y si bien otras circunstancias sospechosas, uni-das a tal actitud, seguramente no inspiraban confianza en la mente del juzgador, ni justificaban una aceptación sin reserva de la mani-festación hecha por el demandado como testigo en cuanto al mon-tante de su capital — sin embargo, nos inclinamos a creer que en au-sencia de alguna prueba más robusta y precisa con respecto al ver-dadero estado financiero del demandado y dándole a él el beneficio de cualquier duda razonable sobre este extremo, una cantidad algo menos de la suma fijada por la corte de distrito como mensualidad sería quizá más justa y equitativa.

PoR tanto, se modifica la sentencia apelada en su parte disposi-tiva en el sentido de condenar al demandado, Salvador Vieta Puig, a satisfacer a su hijo menor, Tito Rene Vieta Sierra, por conducto de su señora madre, Alejandrina Sierra, la suma de $40 mensuales, en vez de los $50 mensuales, al pago de los cuales fué condenado por la Corte de Distrito de Humacao, y así modificada, se confirma dicha sentencia.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


author: Juez Presidente Sr. Del Toro.)

text:
    Núm. 7717.
    Méndez, aplte. v. Galarze, apldo.
    C. D. San Juan.
    Junio 20, 1939.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. Del Toro.)

Pob cuanto, Carmen Méndez de Galarze inició este pleito en so-licitud de que la Corte declarara roto y disuelto el vínculo matrimonial que la une a Pedro Galarze por causas de trato cruel e injurias graves, oponiéndose el marido; y

Por cuanto, celebrado el juicio la Corte de Distrito consideró la prueba insuficiente y declaró la demanda sin lugar; y

Poe cuanto, interpuesta apelación por la demandante, a fin de resolver el recurso hemos estudiado los autos y los alegatos sin que hayamos quedado convencidos de que la Corte de Distrito abusara de su discreción al apreciar la prueba, ni de que las circunstancias concurrentes dejen de justificar la sentencia, quizá beneficiosa para la misma demandante y apelante y especialmente para las hijas ha-bidas en el matrimonio:

Por tanto, se declara no haber lugar al recurso y se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan en noviembre 27, 1937.


text:
    Núms. 7422, 7423 y 7424.
    Central Aguirre Sugar Co., aplda. v. Domenech, Tes., aplte.
    C. D. San Juan.
    Junio 21, 1939.
   Por los motivos consignados en la opinión emitida en el día de hoy en el caso Núm. 7421, Central Aguirre Sugar Co. v. Manuel V. Domenech, sustituido por Rafael Sancho Bonet, etc. (ante, pág. 153), se revoca la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan en abril 7, 1936, y se declara sin lugar la demanda.

El Juez Presidente Sr. Del Toro y el Juez Asociado Sr. De Jesús no inter-vinieron.


text:
    Núm. 7693.
    Rodríguez, etc., apltes. v. Dávila, apldo.
    C. D. San Juan.
    Julio 5, 1939.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Por Cuanto, los únicos supuestos errores señalados por el ape-lante son los siguientes:

“1. La Hon. Corte de Distrito de San Juan erró al resolver que en este caso se trata de un accidente desgraciado en el que el principal responsable del mismo fué el demandante, apreciando así erróneamente la evidencia practicada por ambas partes.
‘ ‘ 2. Erró la corte a quo al resolver que la prueba no sostiene las alegaciones d© la demanda.
£í3. La Hon. corte sentenciadora cometió error al no aplicar a este caso la doctrina de la última oportunidad expedita (the last olear chance).
“á. La corte inferior cometió error al dictar sentencia declarando sin lugar la demanda, toda vez que dicha sentencia es contraria a derecho y a la prueba practicada. ” .

Por cuanto, el cuarto error se somete en el alegato de los ape-lantes sin argumento como consecuencia de los anteriores.

Por cuanto, no encontramos error manifiesto en la apreciación de la prueba, así como tampoco por haberse dejado de aplicar a los hechos probados la doctrina de la última oportunidad expedita.

Por tanto, se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte-de Distrito de. San Juan en mayo 21, 1937.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


text:
    Núm. 7212.
    Williams, aplte. v. Andréu, apldo.
    C. D. San Juan.
    Julio 13, 1939.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. Del Toro.)

Por cuanto, Alberto Williams demandó en la Corte de Distrito de San Juan a Domingo Andréu en reclamación de $5,000 por daños y perjuicios sufridos a consecuencia de baber sido Williams arrollado por un automóvil manejado por Andréu en la noche del Io. de agosto de 1932; y

PoR cuanto, habiendo contestado el demandado negando la negli-gencia que le atribuía el demandante y que fuera el dueño del auto-móvil que guiaba, y alegando además que el accidente se debió a la propia negligencia del demandante; y

Por cuanto, celebrado el juicio en el que cada una de las partes presentó su evidencia, la Corte concluyó después de analizarla en su opinión que la preponderancia de la misma demostraba “que el de-mandado no venía a gran velocidad, que el demandante había usado licor en exceso, ... y se dispuso a cruzar no de la acera sur como dice sino de la acera norte en los momentos en que pasaba por aquel sitio el automóvil guiado por el demandado sin que éste tuviera opor-tunidad de evitar el accidente debido a la súbita e inesperada [ore-sencia del demandante” y dictó en su consecuencia sentencia decla-rando la demanda sin lugar, con costas al demandante; y

Por cuanto, no conforme el demandante apeló señalando en su alegato dos errores cometidos a su juicio por. la Corte al declarar sin lugar su demanda y al imponerle las costas; y

Por Cuanto, estudiada por esta Corte la transcripción de la evi-dencia ha encontrado que es contradictoria sin que pueda sostenerse que el juez sentenciador al apreciarla en la forma en que la apreció actuara movida por pasión, prejuicio o parcialidad o cometiera algún error manifiesto, sin que tampoco surja abuso de discreción alguno de su parte al imponer como impuso el pago de las costas del pleito al demandante:

Por tanto, vistas la ley y la jurisprudencia aplicables, se declara sin lugar el recurso y se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan en agosto 27, 1935.'

Los Jueces Asociados Sres. Travieso y De Jesus 210 intervinieron.


text:
    Núm. 7879.
    Schwab, etc., apldos. v. Corte, dmdada. y Varela, aplte.
    Julio 13, 1939.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Wolf.)

Por cuanto, los peticionarios apelados solicitan de este Tribunal les conceda la suma de $75 por concepto de honorarios de abogado;

Por cuanto, de acuerdo con el artículo 327 del Código de Enjui-ciamiento Civil, según quedó enmendado por la Ley 94 de 1937 (Le-yes de .ese-año, pág. 239), para este Tribunal poder conceder tales honorarios es necesario que la apelación haya sido frívola o la parte apelante temeraria, o que al tratarse de un procedimiento extraor-dinario esté envuelto el interés público;

Por cuanto, no existe en este caso ninguna de las circunstancias especiales prescritas por el artículo antes citado,

Por tanto, no ha lugar a lo solicitado.

Los Jueces Presidente Sr, Del Toro y Asociado Sr. Travieso, no intervinieron.


text:
    Núm. 7733.
    J. M. Portela & Cía., S. en C., aplda. v. Sancho Bonet, Tes., etc., apltes.
    C. D. San Juan.
    Julio 14, 1939.
   Por los motivos consignados en la opinión emitida en el día de hoy en el caso Núm. 7732, Barceló, Marqués & Co., S. en C. v. R. Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico, et al., sobre injunction (ante, pág. 284), se revoca la resolución apelada que dictó la Corte de Dis-trito de San Juan con fecha 25 de febrero de 1938 en el caso de epígrafe, y sé devuelve el mismo a la corte de distrito de su ori-gen para ulteriores procedimientos no inconsistentes con la referida opinión.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.