author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Echeandía, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en causa por ataque para cometer violación.
    No. 857.
    Resuelto en marzo 7, 1916.
    Ataque para Cometer Violación — Locura—Perito Médico — Epilepsia—Consi-deraciones Hipotéticas Basadas en Hechos Probados. — Cuando la declara-ción de un perito médico para demostrar la defensa de locura del acusado en causa por delito de ataque para cometer violación, se refiere solamente a cosas: supuestas que podrían ocurrir a una persona predispuesta a la epilepsia u otras afecciones semejantes, sin acreditar ningún hecho eonereto por el cual' llegara a la conclusión de quo el acusado estaba loco, esto es, sin hacer con-sideraciones hipotéticas basadas en los hechos probados en el juieio, no puede decirse que el perito suministrara prueba alguna tendente a mostrar la locura..
    Id. — Actos del Acusado — Circunstancias del Delito — Locura.—Cuando un acu-sado en causa por delito de ataque para cometer violación viene a la casa de la perjudicada, consigne estar sólo con ella, y se fuga inmediatamente des-pués del hecho, son circunstancias que indican los elementos ordinarios de un delito y no de locura.

      Locura — Locura Repentina — Imdresiones—Actos—Beclusión en un Manico-mio. — La ley no favorece la idea de la locura repentina sin que en realidad exista alguna indicación anterior o posterior; ni afeeta a la cuestión el hecho de que el acusado fuera recluido en un manicomio.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Texidor y Martínez Alvarez.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En una acusación que fué formulada en la Corte de Dis-trito de Aguadilla se imputaba a Cecilio Echeandía Pont la comisión de un delito de ataque para cometer violación. El ataque ha sido admitido, y la única defensa que se alega es la enajenación mental del acusado. Tanto en su alegato, como en la vista de esta apelación, la representación del ape-íante hizo gran insistencia en la manifestación hecha por el único perito que fué llamado en este caso. Aparte del hecho de que la declaración del perito era solamente una parte de la prueba 3^ de que el juez que juzgó la causa tenía derecho a considerarla junto con las otras pruebas, no vemos que haya habido nada en la declaración del perito, considerada aisla-damente o en unión con las demás pruebas, que justifique una revocación de este caso. Su declaración se refería a cosas supuestas, que podrían ocurrir, o pueden suceder a una persona predispuesta a la epilepsia u otras afecciones semejantes. Terminó el perito diciendo que el acusado esta-ba loco, pero sin acreditar ningún hecho por el cual llegó a esa conclusión. En verdad que puede decirse que este tes-tigo no suministró ninguna prueba tendente a mostrar la locura, puesto que no hizo consideraciones hipotéticas basadas en los hechos probados en el juicio; ni tampoco puso a la corte en conocimiento de hechos precisos tendentes a probar dicha locura. La teoría de la defensa era la incapacidad con-génita del acusado en forma de epilepsia, pero el perito negó que ésta fuera hereditaria. No solamente no existió prueba de que fuera hereditaria, sino que no se demostró en manera alguna la existencia de algún golpe, herida, enfermedad o acto anterior del acusado que justifique la deducción de que sufría de enajenación mental. La deliberación con que. el acusado vino a la casa de la joven, consiguió estar solo con ella y su fuga subsiguiente, son circunstancias todas que indican los elementos ordinarios de un delito, y no de locura. Además, la ley no favorece la idea de la locura repentina producida por cualquier impresión, sin que en realidad exis-ta alguna indicación anterior 6 posterior. People v. Hoin, 62 Cal. 120, y véase la instrucción aprobada en el caso de People v. Kernaghan, 72 Cal. 609, como aparece de la opinión disidente en la página 622. Loache v. The State, 22 Tex. App. 310, 58 A. R. 644. Ni afecta a la cuestión el hecho de que luego el acusado fuera recluido en un manicomio. La prueba no revela ninguna necesidad para habérsele recluido de tal modo.

Siendo admitido el acto y no habiéndose probado la lo-cura, debe confirmarse la sentencia.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Llutchison.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Guánica Centrale, Recurrente, v. El Registrador de San Germán, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador Interino de la Propiedad de San Germán denegando la inscrip-ción de un contrato privado de compraventa de cañas.
    No. 261.
    Resuelto en marzo 7, 1916.
    Refacción Agrícola — Compraventa de Cañas — Documentos Privados — Instru-mentos Públicos — Sellos de Rentas Internas — Inscripción en el Regis-tro — Derechos de Inscripción.. — Un contrato privado de compraventa de cañas susciito ante notario do acuerdo con la ley estableciendo un registro de affidavits o declaraciones, de marzo 12, 1908, pero que no lia sido hecho bajo su responsabilidad o fe, no es nn instrumento público y, por tanto, no es necesario que en él se adhiera el sello de rentas internas de $1 que exige el artículo 356 del Código Político enmendado por ley de 7 de marzo de 1912, ni que se acompañe para su inscripción en el registro el de 50 centavos que determina el artículo 3 de dicha ley: los derechos que por ello han de satis-facerse están todos regulados por la ley de-10 de marzo de 1910, sección 11, página 123.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la recurrente: Sr. Benito Forés.

    El registrador interino recurrido, Sr. Francisco Socorro, compareció en nombre propio.
   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La corporación Guánica Céntrale hizo un contrato con Juan Gelpí Sanmiguel para la venta de cañas y otros fines. El otorgamiento de este documento fue reconocido ante no-tario, pero no en la forma en que son reconocidos los docu-mentos públicos, puesto que no había testigos y el documento no fue preparado bajo la responsabilidad o fe del notario. El documento, según alegó la recurrente, era privado reco-nocido ante un notario público.

Al ser presentado dicho contrato al Registrador de San Germán, se negó éste a admitir el documento para su anota-ción por el fundamento, primero, de que no contenía el sello de rentas internas de un dollar que exige el artículo 356 del Código Político, tal como ha sido enmendado por la ley de marzo 7, 1912, página 71, edición española y, segundo, por no acompañarse un sello de cincuenta centavos como lo exige el artículo 3 ele dicha ley.

La ley a- que hemos hecho referencia en las partes perti-nentes, dice lo siguiente:

“Se impondrá, cobrará y pagará:
“ (1) Sobre cada instrumento o documento original autorizado por notario público o inscrito por un registrador * * * un dollar; Disponiéndose, que en los documentos que se otorgaren por funcio-narios en el curso de asuntos oficiales no se impondrá, cobrará o pa-gará ningún impuesto.
* # «• * * # *
“(3) Por cada registro o inscripción de dichos instrumentos o documentos o de sus copias, cincuenta centavos.”

Nos inclinamos a convenir con la recurrente en que ei documento presentado no es un documento público, autori-zado por un notario en la forma requerida por el Código Civil o la Ley Notarial, sino un documento privado. Creemos más particularmente que la anotación de este documento, y los derechos que por ello han de satisfacerse están regulados todos por la ley de marzo 10, 1910, Leyes de la Sesión de 1910, página 123. La ley en su totalidad se refiere a con-tratos para la venta y molienda de cañas, tales como el que es objeto de esta apelación, disponiendo el artículo 6o. de la ley:

“Art. 6. — Así los contratos de refacción agrícola, como los de molienda de cañas, podrán formalizarse en escritura pública o por documento privado suscrito ante notario, de acuerdo con la ‘Ley estableciendo un registro de affidavits o declaraciones ante notarios y otros funcionarios,’ aprobada en marzo 12 de 1908; Disponiéndose, no obstante, que cuando el contrato comprenda la constitución, modi-ficación o extensión de un derecho real, habrá de formalizarse en escritura pública e inscribirse en el registro de la propiedad con arreglo a las prescripciones de la Ley Hipotecaria.
“En dichos contratos de refacción agrícola y molienda de cañas deberá hacerse constar la descripción de las fincas objeto de los mis-mos, la naturaleza del título del terrateniente y las condiciones esti-puladas por las partes.
“Los derechos emanados de estos contratos serán transmisibles, por escritura pública, si en un documento de esta clase se hubiere formalizado el documento original, o por simple endoso, suscrito ante notario, a continuación o al margen del documento privado en que el contrato se hubiere consignado, haciéndose constar en el endoso los nombres del cedente y del cesionario, el precio y la fecha de la trans-misión.”

Como hemos dicho, opinamos que este contrato no contiene ninguna de las características de un documento público, pero aun cuando no fuera así, creemos que la intención de la Le-gislatura respecto a los derechos que han de pagarse ha sido completamente expresada en el artículo 11 de dicha ley, el cual es como sigue:

“Art. 11. — Cada anotación o nota marginal en el registro de con-tratos agrícolas, incluyendo el asiento de presentación, devengará el derecho de dos dollars, si la superficie del terreno, objeto del contrato, no excede de cincuenta cnerdas; tres dollars, si no pasa de cien cuer-das y cinco dollars, de cien cuerdas en adelante.
“Estos derechos serán pagados en sellos de rentas internas, que el registrador fijará y cancelará en el documento, al pie de la constan-cia de su anotación.”

Es solamente por virtud de dicha ley de 1910, que los con-tratos de esta naturaleza pueden ser inscritos en el registro de la propiedad. La reglamentación de los mismos está de-terminada. enteramente y regulada por dicha ley y la ley res-pecto a ellos es distinta de la general sobre inscripción de documentos. Las palabras expresas del artículo 11 no dejan lugar a dudas. Esta finca contenía más de 100 cuerdas. Se ofreció pagar los derechos de $5 en sellos de rentas. Era la suma que el registrador tenía o estaba autorizado para cobrar y era exclusiva de cualquier otro derecho.

Debe revocarse la nota del registrador.

Revocada la nota recurrida y ordenada la ins-crición del documento presentado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez PresideNTB Sr. HerNÁNdez,

text:
    Sucesores de Abarca & Co., S. en C., Demandante, v. Central Vannina, Demandada y Apelada, y García, Peticionario y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en procedimiento sobre administración judicial.
    No. 1391.
    Resuelto en marzo 9, 1916.
    Administración Judicial — Acreedores—Síndicos—Resoluciones Apelables— Apelación — Tasación de Cañas. — Con arreglo al número Io. del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil tal como quedó enmendado por ley de marzo 11, 1908, es apelable para ante el Tribunal Supremo una resolución dictada en procedimiento sobre administración judicial en que se deciden los derechos de un acreedor y de los síndicos sobre el valor de ciertas cañas en-tregadas por el primero a los segundos, por estar comprendida dentro de la definición que de la sentencia da el artículo 188 del mismo código.
    Apelación — Notificación de Sentencia — Archivo de la Notificación. — Cuando una resolución es apelable, el término para establecer el recurso empieza a correr desde la fecha del archivo de la notificación con los autos por el secre-tario, según la sección 2". de la ley No. 70 de 9 do marzo de 1911.
    Administración Judicial — .Reclamaciones Incidentales de Colonos — Tasación de Cañas — Jurisdicción—Impedimento o Estoppel. — Cuando una corte tiene jurisdicción para conocer del procedimiento sobre administración judicial y de la reclamación incidental de un colono, la tiene también para decidir acerca de los derechos de las partes sobre el valor do ciertas cañas, por mas que en el ejercicio de esa jurisdicción pudiera proceder con arreglo a o contra derecho, y si las partes aceptan el procedimiento, están, en apelación, impedidas (estopped) de impugnarlo.
    Id. — Estipulación en Cuanto a Tasación de Cañas — Contrato Anterior Sobre la Tasación — Perito.—Cuando en procedimiento de administración judicial tanto los síndicos como los colonos por medio de estipulación concertada entre ellos, se someten a la resolución de la corte en cuanto a la tasación de ciertas cañas, no puede decirse "que un convenio anterior acerca de que la tasación sería hecha por peritos, fuera violado.
    Id. — Rebaja en Tasación de Cañas — Discreción Judicial — Abuso de Discre-ción — Deber del Apelante. — Cuando falta base para poder apreciar si la corte inferior abusó manifiestamente de su 'discreción al hacer rebaja en la tasación de ciertas cañas en una administración judicial, existe a su favor la presunción de que no procedió arbitraria sino correctamente, dentro del ejer-cicio de una sana discreción, y a la parte apelante incumbe demostrar lo con-trario, trayendo al récord los elementos necesarios para colocar a la corte de apelación en la misma situación en que para decidir el caso se encontró la inferí or.
    Los heclios están expresados en la opinión.
    Abogados de la demandada y apelada: Sres. Alvares Nava y Domínguez.

    Abogado del peticionario apelante: Sr. Rafael López Lan-drón.

    Los demandantes no comparecieron.
   El Juez PresideNTB Sr. HerNÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

En los antos sobre administración judicial de la Central Vannina seguidos ante la Corte de Distrito de San Juan, Sec: ción Ia., fné ordenada la posesión a los síndicos de las planta-ciones de cañas del colono de dicha central, Eafael G-arcia Soriano, y con tal motivo surgieron diferencias entre el García Soriano y los síndicos, las qne fueron zanjadas por estipula-ción de 31 de julio de 1914, mediante la cual los síndicos y García Soriano convinieron, con el consentimiento de la corte, en que García entregaría inmediatamente la posesión de las plantaciones de su pertenencia, las que serían tasadas por peritos que nombrarían ambas partes dentro del improrroga-ble plazo, de tres días, entendiéndose a falta de acuerdo de los dos peritos, que éstos propondrían dos, cada uno el suyo, quedando elegido entre esos dos nombres como tercero en discordia, el designado por la suerte, el cual verificaría la tasación, la que una vez llevada a cabo, sería definitiva, con reserva a García Soriano del derecho de reclamar contra la ilYannina” o la administración judicial en su caso, cualquier perjuicio y daño a que se creyera con derecho con motivo de ciertas reclamaciones que pretendía establecer contra aque-lla corporación, reservándose también la administración judicial defenderse de esas reclamaciones por la vía procedente.

No habiéndose puesto de acuerdo los tasadores de las plan-taciones de cañas de García, que lo eran Mariano Hernández y Pedro Bomanacce, fueron nombrados, de una parte, José María Calderón, y de la otra, Francisco Bird, de los cuales quedó designado por la suerte el segundo, habiendo éste prac-ticado en 4 de agosto siguiente la tasación de las cañas de Eafael García por un valor total de $15,186.

En 13 de agosto citado solicitó de la corte Eafael García 'Soriano, ordenara que los síndicos de la Central Yannina le abonaran a su cuenta la suma de $15,186 en que habían sido justipreciadas las cañas de su pertenencia, entregadas ya a la administración de la Central Yannina, y en su consecuen-cia la satisficieran, dentro de tercero día, el balance a su favor de $1,026.81, sin perjuicio de los reclamos que no fue-ran objeto de transacción, por daños y perjuicios originados con la suspensión de los suplementos de refacción.

Esa misma pretensión fue reproducida en julio 3 de 1915 por G-arcia Soriano ante el Master in chancery, y habiéndose opuesto los síndicos a que fuera considerada, por haber sido ya resuelta por la corte en resolución de l.° de diciembre -de 1914, García Soriano protestó de nulidad dicha resolución, no sólo por no haber sido notificado de ella, sino también porque estaba en contradicción con el acuerdo de transacción habido entró las partes en 31 de julio de 1914, cuyo acuerdo tenía autoridad de cosa juzgada y debía por tanto ser cum-plido y ejecutado.

La resolución de l.° de diciembre de 1914 dice así:

“Por CUANTO de acuerdo con la orden de esta corte de fecha 3 de julio de 1914 Don Rafael García Soriano, mayor de edad, agri-cultor y vecino de Santurce, por conducto de su abogado, presentó una-tasación de las plantaciones de la ‘Colonia Rafael García’ prac-ticada por Pedro Romanacce en agosto 3 de 1914, cuya tasación obra unida al expediente en el presente caso.
“Poe Cuanto los síndicos de la corporación demandada, por con-ducto de sus abogados oportunamente comparecieron ante este tribunal a objetar dicha tasación y las pretensiones del Sr. García Soriano.
“Poe cuanto con posterioridad tanto los síndicos de la central ‘Vannina’ como Don Rafael García Soriano, personalmente y por conducto de sus respectivos abogados, acordaron someterse a la resolu-ción de esta corte, en cuanto a la referida tasación.
“Por Cuanto este tribunal ha fijado la suma de 9,000 dollars (nueve mil dollars) como el valor de las referidas plantaciones.
“Por tanto por la presente se autoriza a los Síndicos de la Central ‘Vannina’ para que abonen a la cuenta del Sr. García Soriano la suma de 9,000 dollars (nueve mil dollars) a que asciende la tasación de las plantaciones de dicho Sr. García Soriano.
“Dada en despacho hoy día 1 de diciembre de 1914. (Firmado) Félix Córdova Dávila, Juez de Distrito. Sección primera. Cer-tifico: C. Marrero, Secretario.”

Contra la resolución que dejamos transcrita de l.° de diciembre de 1914, interpuso la representación de García Soria-no en 9 de julio de 1915 recurso de apelación para ante esta Corte Suprema expresando que el día 3 de julio citado había-sido notificado o tenido noticia de ella.

Las cuestiones legales traídas a debate en el presente re-curso son las siguientes:

Ia. Si es apelable la resolución de 1°. de diciembre de 1914.

2a. Si se ha interpuesto en tiempo hábil el recurso de ape-lación.

3a. Si dicha resolución adolece ele nulidad por falta de ju-risdicción en la corte que la dictó.

4a. Si viola la ley del contrato, o sea, de la estipulación concertada en 31 de julio de 1914 entre la parte apelante, Rafael García Soriano, y la parte apelada, los síndicos de la Central Vannina.

5a. Si en el supuesto de que las partes hubieran acor-dado someterse a la resolución de la corte en cuanto a la ta-sación de las cañas de Rafael García Soriano, la coi’te abusó de su discreción rebajando a una de las partes en provecho de la otra la suma de $6,186 que es la diferencia existente entre la tasación de las cañas fijada por el perito en discordia, ascendente a $15,186, y la de $9,000 que fijó la corte en su resolución.

Examinemos esas cuestiones por el mismo orden en que han sido expuestas.

Primera cuestión,- — Según el número 1°. del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, tal como quedó enmen-dado por ley de 31 de marzo de 1908, “podrá establecerse ape-lación para ante el Tribunal Supremo, de una sentencia defi-nitiva pronunciada en un pleito o procedimiento especial co-menzado en la corte que la hubiere dictado, dentro de un mes después de haberse registrado la sentencia;” y según el artí-culo 188 del mismo código “una sentencia es la decisión defi-nitiva sobre los derechos de las partes en un joleito o procedi-miento.”

La resolución de 1°. de diciembre de 1914 está comprendida en la definición que de la sentencia da el artículo 188, pues por aquélla decidió la corte los derechos de Rafael García Soriano y de la Central Yannina en el procedimiento especial que una y otra parte aceptaron para dirimir sus diferencias sobre el valor de las plantaciones de cañas entregadas por García Soriano a la “Yannina”. Dicha resolución es por tanto apela-ble con arreglo al número* Io. del artículo 295.

Segunda cuestión. — Siendo, como es, apelable la resolución de que se trata ha debido ésta ser notificada a Rafael García Soriano, por el secretario de la corte, empezando a correr el término para establecer el recurso de apelación desde la fecha del archivo de la notificación con los autos, según la sección 2a. de la ley No. 70 aprobada en 9 de marzo de 1911, que dice así:

“Sección 2. — En todos los casos en que se pueda establecer el recurso, de apelación, según lo previsto en la sección 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, según fue enmendada en marzo 11 de 1908, será deber del secretario de la corte, enviar a la parte perjudicada, o a su abogado, al dictarse la sentencia, de la cual pueda establecerse el recurso de apelación, una notificación escrita informándole que la sentencia ha sido dictada o de la resolución de la corte, y una copia de esa notificación será archivada con los autos, y el término para establecer el recurso de apelación, empezará a correr desde la fecha del archivo de dicha notificación con los autos.”

No habiéndose notificado a García Soriano la resolución de 1°. de diciembre de 1914 según aquél afirma, sin que lo contradiga la parte recurrida, el término para interponer el recurso de apelación ha debido y debe contarso desde la fecha en que García Soriano dice haber tenido conocimiento de dicha resolución, o sea, desde 3 de julio de 1915; y habién-dose interpuesto el recurso en 9 de julio citado, fué interpuesto en tiempo hábil, o sea, dentro del término prevenido por la ley. •

Tercera cuestión. — No hay duda de que la corte tenía ju-risdicción para dictar la resolución recurrida pues la tenía para conocer de los autos sobre administración de la Central Vannina y de la reclamación incidental del colono García Soriano, por más que en el ejercicio de esa jurisdicción pu-diera proceder con arreglo a o contra derecho. García So-riano aceptó el procedimiento seguido y hoy está impedido (estopped) de impugnarlo.

Cuarta cuestión. — No se nos ha demostrado que la corte inferior violara la estipulación concertada entre las partes en 31 de julio de 1914, pues posteriormente a esa estipulación, según se expresa en la resolución apelada, tanto los síndicos de la Central Vannina como Rafael García Soriano personal-mente y por conducto ele sus respectivos abogados, acordaron someterse a la resolución de la corte en cuanto a la tasación de las cañas; y siendo ello así, mientras no se demuestre lo contrario, la ley del contrato fué alterada por la misma vo-luntad de las partes interesadas y no puede decirse que esa ley fuera violada.

Quinta cuestión. — Nos falta base para poder apreciar si la corte abusó manifiestamente de su discreción al hacer una rebaja de $6,186 en la tasación de las cañas. Existe a su favor la presunción de que no procedió arbitraria sino correc-tamente, dentro del ejercicio de una sana discreción, y a la parte apelante incumbía demostrar lo contrario, trayendo al récord los elementos necesarios para colocar a esta corte en la misma situación en que para decidir el caso se encontró la corte inferior.

Por las razones expuestas es de confirmarse la resolución apelada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. del Toro no intervino en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Asociado Sb. Hutchison,

text:
    Soriano et al., Demandantes y Apelantes, v. Rexach et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en cansa sobre reivindicación y daños y perjuicios.
    No. 1221.
    Resuelto en marzo 9, 1916.
    Hijos Naturales — Derechos en la Sucesión Intestada del Abuelo — Juicio de Abintestato. — Los hijos naturales cuyo padre es hijo legítimo no tienen derecho ninguno en la sucesión intestada del abuelo, ni facultad por tanto para promover el juicio de abintestato.
    Id. — Leves de Partidas — Código Civil Español — Derechos del Hijo Natural en la Herencia del Abuelo — Descendientes—Hijos Legítimos. — De acuerdo con las leyes que regían en el año 1875, con anterioridad a la adopción del Código Civil español, esto es, las Leyes de Partidas, los hijos naturales no pueden heredar ni por derecho propio ni por derecho de representación a su abuelo, padre legítimo de su padre natural. Los descendientes a que se hace referencia en la Ley IIT, Partida VI, que es el origen de los artículos 931 y 934 del Código Civil español, comprenden solamente los hijos legítimos.
    Id. — Prueba del CarActer de Heredero — Declaratoria de Heredero — Mejor Prueba. — Cuando el demandante funda su acción en su calidad de heredero, sin que tal hecho hubiera sido admitido por el demandado, aquél puede jus-tificar esa calidad en el juicio, sin necesidad de acudir para ello al procedi-miento ex parte de declaratoria de heredero, y a menos que esté envuelto algún elemento que dependa del tiempo, de la memoria o de otra circunstancia excep-cional, las declaraciones de los testigos en el juicio sobre los méritos de la cuestión, tienen más importancia intríseca y verdadero valor probatorio y hasta constituye mejor prueba del hecho que la mera copia certificada de la orden en el procedimiento ex parte en que no ha habido intervención de la parte contraria, pero esa justificación sólo puedo tener alcance y eficacia con rela-ción al demandado en el caso concreto de que se trata.
    Id. — Acción Reivindicatoría — Reivindicación—Título de Heredero — Partición y Adjudicación de la Herencia. — El título de heredero trasmite un derecho sobre el conjunto de los bienes de la herencia y por virtud de él todos los herederos, por el hecho de la muerte de su causante, llegan a ser dueños en común, y pueden todos en conjunto entablar una acción reivindicatoría sin necesidad de que se practiquen previamente las diligencias de partición y ad-judicación. Pero mientras no se practican estas diligencias, ninguno de los herederos puede decirse ni ser considerado separadamente como dueño único y exclusivo de una porción determinada o parte alícuota y por tanto el título de heredero por sí sólo no es suficiente para que uno solo o algunos de ellos pueda ejercitar con éxito aquella acción.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes :-Sres. Herminio Diaz Navarro, Henry G. Molina y Luis Samalea Iglesias.

      Abogados de los apelados: Sres. Bosch y Soto.

   El Juez Asociado Sb. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Las razones en las cuales fundó la corte inferior su sen-tencia están consignadas por escrito en una opinión que es como sigue:

“El caso sometido a la resolución de esta corte, consiste en una demanda jurada sobre acción reivindicatoría de propiedad real e indemnización de daños y perjuicios, interpuesta por Isaac Soriano, Rita, Yisitación y Jovito Soriano y Clemente contra José Rexach y la Sucesión de Pablo Ubarri Iramategui, solicitando tal reivindica-ción y condena de veinte mil dollars de daños y perjuicios, bajo las siguientes alegaciones:
{a) Que Juan Evangelista Soriano era dueño de un inmueble de 200 cuerdas radicado en el Seboruco de Santurce, y que habiendo fallecido en 1875, dicho Juan Evangelista Soriano, herederon la pro-piedad de dicho inmueble los demandantes.
“ (b) Que desde el año 1875 hasta el 1885 Isaac Soriano venía en posesión real y no interrumpida de dicho inmueble, del que fueron segregadas y vendidas en dicho año 1885, 72 cuerdas y 4,800 varas cuadradas que fueron vendidas a Pablo Ubarri Capetillo.
“ (o) Que Isaac Soriano permaneció en posesión de las remanentes 128 cuerdas, en la forma que se describen en la demanda, y que en el año 1901, Pablo Ubarri Iramategui, comprador de Pablo Ubarri y Capetillo, de fincas que colindaban al sud y este con las 128 cuerdas, desalojó a Isaac Soriano de dichas tierras y las poseyó sin título legal alguno en perjuicio, y contra la voluntad de los demandantes.
“(el) Que en 1905 Ubarri Iramategui traspasó dicha propiedad a José Rexach Dueño, quien las posee sin título legal contra la volun-tad de los demandantes.
(e) Que Pablo Ubarri y José Rexach han causado a los deman-dantes perjuicios por diez mil dollars cada uno de ellos.
“La parte demandada sucesión de Pablo Ubarri Iramategui por sí, y como citada de evicción por José Rexach Dueño contestó tal demanda con su contestación jurada, solicitando la desestimación de la demanda en todos sus extremos, bajo las siguientes alegaciones:
“ (/) Que por carencia de información negaba las alegaciones alusi-vas a haber sido dueño Juan Evangelista Soriano de inmueble alguno de 200 cuerdas.
“ (g) Que no es cierto que en 1885 se efectuara segregación alguna de un predio de 72 cnerdas 4,890 varas cuadradas, pues tal predio que pertenecía a la sucesión de Juan Evangelista Soriano le fué embargado y vendido en subasta pública, habiéndose adjudicado a Pablo Ubarri Capetillo.
“ (h) Que no es cierto que Pablo Ubarri Iramategui se apropiase fraudulentamente las 128 cuerdas ni las vendiese a Eexach, pues lo ocurrido fué que Pablo Ubarri Iramategui adquirió de Pablo Ubarri Capetillo, bastantes años antes de 1901 las tierras a que el pleito se refiere, habiéndolas poseído quieta y pacíficamente ambos Ubarri, y que tales tierras no eran de Isaac Soriano.
“(i) Que no es cierto que Pablo Ubarri Iramategui vendiese a Eexach 128 cuerdas de terreno en el Seboruco, pues la venta fué de 200 cuerdas y 72 cuerdas 4,890 varas cuadradas, que tenía Pablo Ubarri Capetillo inscritas en el registro de la propiedad, desde el año 1884 las 200 cuerdas, y desde el año 1889 las 72 cuerdas 4,890 varas cuadradas.
“ (i) Que negaban los hechos referentes a la indemnización de daños y perjuicios.
(k) Que en el año de 1904 Isaac Soriano promovió un pleito contra Pablo Ubarri Iramategui estableciendo la misma acción de la demanda hoy interpuesta, en el que recayó en 6 de enero de 1905 una sentencia por la que la corte resolvió ‘que los hechos y la ley estaban en favor del demandado, y en tal virtud dictaba sentencia a su favor, declarando que el demandante nada debe recobrar del demandado, con las costas al demandante;’ que la acción de dicho pleito era de igual naturaleza que la actual, siendo objeto de litigio la misma finca que ahora se reclama y por igual causa que la alegada en este pleito, y entre aquel demandante y los actuales reclamantes existe la más perfecta solidaridad, derivando el uno y los otros su pretensión en la finca mencionada, de su calidad de herederos de su abuelo Juan Evangelista Soriano.
“La parte demandante presentó como prueba la partida de naci-miento de Isaac Soriano, de la cual aparece que es hijo natural de María Exaltación Soriano, la partida de defunción de Juan Evan-gelista Soriano, un plano levantado en 1889 por el ingeniero Fernando López Tuero, una certificación del plano expresado, suscrita por el mismo ingeniero, y el testimonio de varios testigos. De este plano y certificación aparece, que la parcela ‘A,’ consiste en un pre-dio de 72 cuerdas 4,890 varas cuadradas en el sitio del Seboruco de Santuree; y que en el propio sitio había una parcela de 128 cuerdas que según la certificación expresada, correspondía al Estado en dicho año de 1889.
“Descartando la prueba testifical, que examinaremos más adelante para ver si ella por sí sola basta a la justificación del dominio adqui-rido por prescripción, se ve claramente que los demandantes no ban justificado el dominio de la parcela reclamada ni a favor del pre-sunto causante Juan Evangelista Soriano ni de sus pretendidos eausa-babientes, promovedores de la presente acción.
“Aparte de estas deficiencias en la prueba, que resulta a todas luces insuficiente, Isaac Soriano no ba justificado su carácter de here-dero de Juan Evangelista Soriano, padre legítimo de María Exalta-ción Soriano y abuelo natural del referido demandante. Rita, Visita-ción y Jovito Soriano, declararon que son bijos legítimos de José Benito Soriano, bijo de Juan Evangelista; pero no presentaron nin-guna prueba documental para justificar su carácter de herederos ni siquiera trataron de demostrar que Juan Evangelista Soriano muriera sin otorgar testamento. Aun cuando los demandantes hubiesen de-mostrado cumplidamente su carácter de herederos, y aun cuando se hubiese probado el dominio del terreno que se reclama a favor de Juan Evanglista Soriano, siempre la prueba -hubiese resultado insu-ficiente, porque no sabemos si hubo o no una liquidación del caudal del mencionado causante, si se hicieron las correspondientes adjudi-caciones, luego de haber sido satisfechas las deudas, en caso de qué hubiesen quedado algunos bienes hereditarios, y si el inmueble en litigio formó parte de estos bienes, haciéndose a los demandantes la adjudicación del mismo. Entendemos que estos requisitos son indispensables para el buen éxito de la acción reivindicatoría, cuando el dominio del inmueble se basa en un título hereditario. Es evidente, pues, que la alegación de la demanda en que se dice que Juan Evan-gelista Soriano fue dueño del inmueble reclamado hasta el momento de su muerte en que pasó la propiedad a los promovedores de esta acción, no ha sido satisfactoriamente probada. Los demandantes pudieron haber alegado el dominio en términos generales; pero desde el momento en que manifiestan haberlo adquirido por título de heren-cia, están obligados a probar única y exclusivamente los hechos ale-gados, pues la demostración del dominio por cualquier otro medio de adquisición hubiese puesto de relieve una incongruencia entre las alegaciones y la prueba. Eagan v. Delanoy, 16 Cal. 85.
“Los demandantes alegan también que Isaac Soriano tuvo la pose-sión real y no interrumpida del inmueble en litigio desde 1875 hasta 1901 en que fué desalojado del mismo por Pablo Ubarri Iramategui; pero, a juicio nuestro, esta posesión, en la forma en que aparece ale-gada, no constituye una alegación de dominio adquirido por pres-cripción. La adquisición del dominio por una persona que estuvo en posesión de la cosa por un período igual o mayor al que se señala en la ley, implica necesariamente la pérdida de ese dominio por el verdadero dueño. Lo que es adquisitivo para uno tiene que ser extin-tivo para otro, y es claro y evidente que si una persona posee un inmueble que, según sus alegaciones no perteneció a ningún otro dueño, sino que lo adquirió por título bereditario, para prosperar en su reclamación está obligada a justificar su título en la forma alegada, pues únicamente la posesión adversa puede servir de base para la justificación del dominio, por el transcurso del tiempo, de modo que una vez alegada y probada aparezca satisfactoriamente ante el tribunal, de un lado el derecho adquirido y de otro el derecho extinguido o muerto. La alegación de que las 128 cuerdas de terreno reclamadas fueron adquiridas por título de herencia, coloca a los demandantes en una posición de la cual no pueden desviarse, para alegar la pose-sión adversa, porque si fueron ellos los únicos dueños del inmueble &eómo van a alegar la prescripción contra ellos mismos?
“Esta prescripción, en todo caso, tendría que ser la extraordinaria, porque los actores no han justificado título alguno a su favor. Exa-minemos la prueba testifical para ver si los demandantes han pro-bado o no la posesión alegada por un período que exceda de treinta años. Los testigos presentados por dichos demandantes declaran que vieron a Isaac Soriano viviendo en la finca, durante un. largo período de tiempo; algunos de ellos dicen que poseyó en concepto de dueño, pero ninguno manifiesta que esta posesión fuese pública, pacífica y sin interrupción. Consideramos la prueba aportada sobre la pose-sión del inmueble sumamente débil. Para justificar el dominio adqui-rido por medio de la prescripción es necesario que la posesión con todos los requisitos que la ley exige quede demostrada por una prueba robusta y competente que satisfaga el ánimo del juzgador. La acción reivindicatoría ha de tener muy sólido fundamento para que pueda prosperar; ha de cimentarse sobre evidencias muy resistentes y cla-ras, pues el demandante debe fundar su acción en la virtualidad y eficacia de su propio título y no en la debilidad o flaqueza del de la parte contraria. El actor es quien tiene el peso de la prueba, y si basa su acción en la adquisición del dominio por prescripción, está, obligado a probar esta prescripción con todos los requisitos que la ley exige, y sabido es que el Código Civil y la jurisprudencia requie-ren la posesión exclusiva en concepto de dueño, de una manera' pública, pacífica y no interrumpida. El demandado no está obligado-a llenar las lagunas que puedan advertirse en la prueba del deman-dante. Cualquiera de los requisitos señalados es esencial para el buen éxito de.la acción, y si se deja de demostrar uno solo de ellos, no es posible que la misma pueda prosperar.
“La Corte Suprema de España ha decidido en sentencia de 22 de mayo de 1896, que la posesión exclusiva en concepto de dueño es uno de los requisitos esenciales para la prescripción.
“Cuando la posesión adversa es especialmente alegada, la parte que base en eila la reclamación, debe hacer constar que ésta posesión es real, abierta, notoria, exclusiva, continuada sin interrupción, por el período determinado en la ley, hostil o adversa, o bajo una alega-ción de derecho o título por dicha parte en posesión. 1 Cyc. 1141-1142.
“La parte que alega la posesión adversa tiene el peso de la prueba; está obligada a demostrar todos los elementos necesarios para cons-tituir un tituló de dominio por prescripción; y si deja dé probar uno de estos requisitos, la corte debe declarar que la prueba es insu-ficiente para sostener la acción. El demandante tiene el deber de probar que la posesión es real, abierta, notoria, continuada, por todo el período determinado en la ley,, exclusiva y hostil. 1 Cyc. 1143— 1144.
“Como se ve, la jurisprudencia americana está perfectamente de acuerdo con las disposiciones de nuestro Código Civil.
“Sentadas estas conclusiones, creemos innecesario detenernos a examinar la prueba para ver si se ha demostrado o no de una manera satisfactoria la identidad del inmueble reclamado.
“Por las razones expuestas, se declara sin lugar la demanda con imposición de costas a los demandantes. El secretario registrará una sentencia en debida forma.
“San Juan, P. R., abril 11, 1914.
“(Firmado) Félix Cóedova DXvila,
Juez de Distrito, Sección Primera.”

Siete son los errores que lian sido alegados, a saber:

1. La corte erró al llegar a la conclusión de que Isaac Soriano no justificó su carácter de heredero de Juan Evan-gelista Soriano.

2. La corte erró al llegar a la conclusión de que no fué probado el hecho de que Juan Evangelista Soriano fué dueño del inmueble reclamado hasta el momento de su muerte.

3. La corte erró, al llegar a la conclusión de que no se pro-bara que la posesión, en este caso, fué pública, pacífica y sin interrupción, porque ninguno de los testigos liiciera tex-tualmente estas manifestaciones.

4. La corte erró al llegar ;a la conclusión de que la parte demandante no demostró todos los elementos necesarios para constituir un título de dominio por prescripción en este caso.

5. La corte erró al entender que son requisitos indispensables para el buen éxito de una acción reivindicatoría, cuando el dominio del inmueble se basa en un título hereditario, al justificarse el carácter ele heredero del causante, si hubo o no liquidación del caudal hereditario, si se hicieron las corres-pondientes adjudicaciones, si se satisficieron o no las deu-das, si el inmueble en litigio forma parte de estos bienes y si se hizo la adjudicación del mismo a los demandantes.

6. La corte erró al entender que la posesión real y no interrumpida que Isaac Soriano tuvo del inmueble en liti-gio desde 1875 a 1901 en que fue desalojado del mismo por Pablo Ubarri, no constituye una delegación de dominio adqui-rido- por prescripción.

7. La corte erró al depla'rar sin lugar la demanda.

En lo que respecta al primero de los errores alegados, la prueba demuestra que Juan Evangelista Soriano falleció en el año 1875, o sea unos diez años despúes de la muerte de su hija María Exaltación, madre de Isaac, hijo natural de ésta, y que él dejó un hijo legítimo, José Benito, padre de María Bita, Visitación y Jovito Soriano, que son los de-mandantes en esta acción. Isaac, por tanto, no es un here-dero forzoso de su abuelo. “Los hijos naturales cuyo padre es hijo legítimo, no tienen derecho ninguno en la sucesión intestada del abuelo, ni facultades, por tanto, para promo-ver el juicio de abintestato.” Sentencia del Tribunal Supremo de España de 13 de febrero de 1903. Pero habiendo muerto Juan Evangelista en el año 1875, con anterioridad a la adopción del Código Civil Español, debemos recurrir a las partidas por ser la ley que entonces regía y parece que los descendientes a que se hace referencia en la Ley III, partida 6a., que es el origen de los artículos 931 y 934 del Código Civil Español comprenden solamente “a los hijos legítimos, y que los hijos naturales no pueden heredar ni por derecho propio ni por derecho de representación a sú abuelo, padre legítimo de su padre natural.” 7 Manresa, pág. 86.

La cuestión no es nueva (res nova) en este tribunal, pues fue discutida extensamente y claramente resuelta en el caso de Correa et al. v. Correa et al., 18 D. P. R. 117, en el que se resolvió lo siguiente, según la cita que hacemos del suma-rio de dicho caso, a saber:

“De acuerdo con la legislación vigente el 13 de agosto'de 1879, el hijo natural reconocido no tiene derecho a heredar, en representa-ción de su padre natural, al padre legítimo de su padre natural y, por lo tanto, el padre de las demandantes en este caso no era here-dero forzoso del causante de la sucesión demandada, y las deman-dantes carecen de acción para pedir la nulidad del testamento im-pugnado en la demanda.
“De acuerdo con las disposiciones del Código Civil Español vigente en Puerto Rico en 1890, el hijo natural reconocido tampoco tiene derecho a heredar, en representación da su padre natural, al padre legítimo de su padre natural.”

Para sostener el segundo señalamiento de error los ape-lantes se basan enteramente en su prueba testifical y de todo el volumen de declaraciones han recogido y agrupado en un solo párrafo como demostración concluyente de que el título lo tenía su abuelo, los fragmentos siguientes:

“Isaac Soriano dice que vivía en la finca de 128 cuerdas pertene-cientes a su abuelo Juan Evangelista Soriano (pág. 24 transcp.) ; Escolástico Soriano apunta que nació y vivió largo tiempo en el Seboruco en la finca de su padre, describiéndola (pág. 25 transcp.) ,- Rita Soriano declara que nació en el Seboruco en la finca de su abuelito, describiéndola, que nació en esa finca que era de su abuelito, que era pequeña cuando salió de allí, hace más de 30 años, quedán-dose, a la muerte de su abuelito, poseyendo esa finca Isaac Soriam> (pág. 27 transcp.) ; Juan París Calderón expone ‘que conoce a Isaac Soriano y la finca que éste vivía y que era de su abuelo’ (pág. 27 transcp.), y describiéndola vuelve a decir ‘siendo dueño el padre de Isaac Soriano,’ y ‘que Isaac Soriano vivía en la finca y antes de-éste su abuelo Juan Evangelista Soriano, a quien conoció como dueño de la finca desde el año 50’, y, ‘que Juan Evangelista Soriano vivió en esa finca basta su muerte, y después su nieto Isaac Soriano’; José Tanco dice que en esa finca — describiéndola—vivían Juan Evan-gelista e Isaac Soriano en concepto de dueños y así lo dice porque conoció a Juan Evangelista en esa propiedad desde la edad de 14 o 15 años; que después de muerto Juan Evangelista, vivió esa pro-piedad Isaac Soriano (pág. 29 transcp.); Ignacio Galíndez declara que era dueño de esa finca Juan Evangelista Soriano y luego quedó su nieto hasta ahora.”

No solamente pierden estas manifestaciones vagas y ais-ladas mucha de la poca fuerza persuasiva que tienen al ser consideradas como aparecen en forma narrativa en los autos, en relación con el contenido y a la luz de otras manifesta-ciones de los testigos y de la tendencia general y efecto de todas las declaraciones, sino que fueron consideradas en la corte inferior según salían de labios de los testigos en la silla testifical, y no parecen haber inspirado ninguna gran con-fianza en la mente del juez sentenciador. El discutirlas en toda su extensión en relación con toda la prueba documen-tal que consta en los autos, gran parte de la cual no se men-ciona en absoluto por el juez sentenciador en su opinión, no sería más que una pérdida de tiempo y energía.

Para los fines de esta opinión, podemos aceptar la ale-gación que formulan los apelantes al discutir el tercer seña-lamiento de error, o sea, que los testigos no tienen que expre-sar necesariamente con una fraseología técnica legal, la natu-raleza de la posesión sobre la cual declaran, pero en cuanto, a esto, tenemos que convenir asimismo con la corte a quo en un sentido general, tanto en lo que respecta al carácter de la posesión que ha de probarse cuando en ella se funda el demandante en una acción reivindicatoría para establecer un título por prescripción, como en lo que se refiere a la omisión por parte de los demandantes en esta acción en esta-blecer la debida constancia. Cualquier explicación satisfac-toria de las razones que tenemos para la conclusión a que hemos llegado acerca de este aspecto del caso haría necesa-ria. una relación completa y un análisis ele toda la prueba, y extendería esta opinión más allá de todo límite razonable. Será bastante con que digamos que Remos examinado los autos cuidadosamente; que cualquier duda que pudiera sur-gir de la prueba aducida por los demandantes respecto a la posibilidad de algún error en este sentido ha desapare-cido por completo por virtud de la prueba documental, y que estamos enteramente de acuerdo con la conclusión a que llegó la corte sentenciadora.

La cuestión promovida en el cuarto señalamiento de error ha quedado resuelta sustancialmente por los razonamientos que ya hemos expresado. Todo lo demás que se diga no vendría a ser más que una mera discusión académica de principios abstractos.

Las conclusiones a que se ha llegado sobre las cuestio-nes ya discutidas resuelven asimismo todo el caso sin tener en cuenta los méritos de la proposición contenida en los señalamientos restantes.

Sin embargo, para evitar cualquier mal entendimiento po-sible, debemos decir que la cuestión planteada en el quinto señalamiento está bien fundada, y si la resolución de la corte inferior hubiera dependido de la cuestión que así fué pro-movida, hubiera sido' necesaria la revocación. Además, la aplicación hecha por el juez sentenciador de la teoría enun-ciada en la opinión citada anteriormente a los hechos de este caso, justifica, al parecer, que brevemente repitamos ahora lo que hasta aquí este tribunal ha establecido en más de una ocasión como verdadera doctrina en un caso como el presente.

En el caso de Morales et al. v. Landrau, et al, 15 D. P. R. 782, y en las páginas 796, 797, este tribunal, por conducto del Juez Presidente Sr. Hernández, se expresó como sigue:

“Además, si con arreglo al artículo 665 del Código Civil, los de-rechos a la sucesión de una persona se trasmiten desde el momento de su muerte, y, según el artículo 669 del mismo código, los here-deros suceden al difunto por el hecho solo de su muerte en todos sus derechos y obligaciones, es lógico deducir que para la justifica-ción del derecho sucesorio alegado en la demanda con relación a Petrona y Dolores Morales Oquendo han podido venir al juicio las actas de defunción de ■ las mismas.
“Habiendo fundado los demandantes su acción entre otros hechos en su calidad Se herederos de Angel Oquendo sin que tal hecho hubiera sido admitido por los demandados, aquéllos han podido justificar esa calidad en el presente juicio sin necesidad de acudir para ello a la Ley de Procedimientos Legales Especiales, si bien esa justificación sólo puede tener alcance y eficacia con relación a los demandados en el caso concreto de que se trata, pues para fines generales, o cuando se trate de obtener declaratoria de herederos, que en este juicio no ha sido solicitada, debe acudirse al capítulo 3o. del título Io. de la Ley de Procedimientos Legales Especiales que establece el modo y forma de obtener aquella declaratoria.”

T por vía de suplemento al último párrafo citado debe-mos agregar que, a menos que esté envuelto algún elemento que dependa del tiempo y de la memoria, u otra circunstan-cia excepcional, no parece existir una verdadera razón por la cual la prueba documental que ha sido presentada, exa-minada y considerada por el abogado de la parte contraria antes de ser admitida, y las declaraciones prestadas por los testigos en el juicio sobre los méritos en cuanto a los inte-reses contrarios de las partes contendientes que han sido sometidas a una severa observación judicial, hecha más in-tensa por la lucha entre los litigantes y sujetas a la fuerte prueba de un examen de repreguntas, no deban ser consi-deradas como que tienen más importancia intrínsica y ver-dadero valor probatorio, y, por tanto, que hasta constituye una prueba mejor del hecho que trata de establecerse, que la mera copia certificada de una orden que ha sido regis-trada en un procedimiento ex parte, sobre declaratoria dé herederos, en el que no hay la misma oposición a la admi-sión de documentos y solamente son examinadas por su abor gado o por la corte, las partes interesadas en establecer el hecho, y sus testigos, sin ninguna intervención de parte contraria.

Y volviendo a la cuestión más fundamental, en el caso de Velilla v. Pizá, 17 D. P. R. 1112, que es un caso típico en que se aplica debidamente a los hechos .envueltos en dicho caso la doctrina enunciada por el juez sentenciador en la opinión emitida en este caso, supra, la verdadera diferen-cia que existe entre dicho caso y uno como el presente ha sido cuidadosamente establecida por el Juez Asociado Sr. Aldrey, que emitió la opinión del tribunal, en la forma si-guiente :

“Es cierto que los artículos 657 y 661 del anterior Código Civil concordantes con los 665 y 669 del vigente, establecen que los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte y que los herederos suceden al difunto por el solo hecho de su muerte en todos sus derechos y obligaciones, y de acuerdo con esos artículos, el heredero o los herederos, si hubiere más de uno, en su totalidad adquieren el derecho dominical del causante.
“El título de heredero transmite un derecho sobre el conjunto de los bienes hereditarios; por virtud de él todos los herederos por el hecho de la muerte de su causante, llegan a ser dueños en común, pero mientras no se practiquen las diligencias de partición y adju-dicación, mientras en virtud de ella no cese esa comunidad, ninguno puede decirse ni ser considerado como dueño único y exclusivo de una porción determinada o parte alícuota, fija y concreta de los bienes de la herencia, cuyo concepto es requisito que debe justificarse para que pueda prosperar una acción reivindicatoría.
“Tales artículos confieren un derecho sobre todos y cada uno de los bienes hereditarios, pero no un derecho concreto en determinados bienes, lo que sólo se obtiene por la adjudicación hecha legalmente en las operaciones particionales.
» # * # * # *
“Ocurrida la muerte del causahabiente, existe en sus herederos, según los artículos citados, un dominio en el todo indeterminado, que se concreta y determina mediante la partición- y adjudicación de los bienes hereditarios, la que según el artículo 1035 del Código Civil vigente, concordante con el 1068 del código anterior, es la que con-fiere propiedad exclusiva a un heredero sobre los bienes que le hayan sido adjudicados.
“Es cierto que, en la sentencia del Tribunal Supremo de España de 20 de mayo de 1899 se declaró que ‘a partir del hecho de que al fallecimiento de una persona tenía por título traslativo inscrito en el registro el dominio pleno sobre un inmueble, es indiscutible que desde el momento de ocurrir su muerte lo adquirieron sus hijos por sucesión directa, y la declaración .de herederos abintestato inscrita a su favor en el registro, constituye un título de dominio bastante para ejercitar la acción reivindicatoria, mientras otro mejor no la obste.’
“Mas, en ese caso, la finca figuraba inscrita en pleno dominio a nombre del causante, la reclamación la hicieron todos sus herederos y habían inscrito la finca a su nombre mediante la presentación de su declaratoria de herederos, ninguno de cuyos requisitos se ha dado en el presente caso. Allí reclamaban todos los herederos en beneficio de la comunidad y aquí un heredero reclama la mitad de una finca como suya exclusivamente.
“La doctrina que exponemos está apoyada por las sentencias del Tribunal Supremo de España de 9 de enero de 1866; 17 de enero de 1872; 17 de diciembre 1873; 20 de abril de 1874; 29 de enero de 1884.”

La regla general aplicable al presente caso lia sido tam-bién. clara y correctamente expresada, habiéndose referido especialmente a ella el Juez Asociado Sr. Wolf, en su opi-nión concurrente, emitida en el caso de Velilla, a saber:

“Mi principal razón para presentar separadamente una opinión concurrente, es la de que, a mi juicio, el verdadero principio no queda suficientemente afirmado en la opinión de la corte, sino que más bien se establece como por vía de excepción. Yo entiendo que el principio es, y ha sido desde los tiempos de Roma, que los herederos del difunto le suceden en todos sus derechos y títulos, y que ellos pueden sostener pleito para recobrar toda propiedad perteneciente a la herencia del difunto, o cualquiera parte de ella que sea detenida de adverso contra ellos. La excepción es cuando hay más de un heredero que ningún heredero por sí solo pueda promover un litigio para recobrar una propiedad determinada, hasta que él sea declarado el sólo y exclusivo dueño de tal propiedad.
“Todos los herederos pueden promover tal pleito, y aun podría uno de ellos, en representación de los demás, hacerlo así, bajo ciertas restricciones. Es casi un ejemplo del antiguo lema: ‘Unidos nos sostenemos; divididos, caemos. ’
“Convengo enteramente en la opinión de la mayoría, en cuanto a que toma por base para la confirmación de la sentencia el principio de que habiendo varios herederos, no puede uno solo de ellos, por sír promover un pleito acerca de determinada propiedad de la herencia,, a menos que haya precedido una partición y división de la herencia. Pero no estoy conforme con aquellos otros puntos de la opinión, que-parecen dar a entender que un título tal que facultaría a todos los-herederos a promover un pleito de reivindicación, no es completo-desde el momento en que falleció el causante de la herencia.'
“Al tratar de la sentencia de la Corte Suprema de España de-fecha 20 de mayo de 1899, la opinión de la mayoría, si no se explicara, o si no se separara de su contexto, parecería indicar que el registro de la declaratoria de herederos, en el correspondiente registro de la propiedad pudiera conferir a los herederos algún mayor derecho. To-no creo que la totalidad de la opinión se incline a ese principio, pero pudiera extraerse esa inferencia de las palabras empleadas por la. corte al comparar el caso de aquella sentencia en el presente caso. A más de esto, la cita de la sentencia del Tribunal Supremo de España. deTecha 13 de junio de 1901, por sí sola, no creo que establece clara-mente la doctrina legal. Todos los herederos pueden unirse para promover y sostener un litigio con respecto a propiedad determinada, que se retenga por alguien en adverso, y de la que ellos son los ver-daderos dueños.”

Velilla v. Pizá, 17 D. P. R. 1112.

La misma regla general fue aplicada en el caso de Sucesión de Collado v. Pérez et al., 19 D. P. R. 928, a hechos algo-más semejantes a los que fueron alegados en el caso que ahora, consideramos. Aunque una gran mayoría de dichos casos-como han surgido en la práctica ordinaria al parecer sirven para aclarar la excepción más bien que la regla, no hay razón, sin embargo, para que exista ninguna confusión en cuanta al principio fundamental envuelto y por lo general no puede-haber dificultad alguna en distinguir los casos considerándo-los hechos. No creemos necesario, por tanto, poner más ejem-plos ni agregar nada más a lo que hasta aquí hemos dicho-sobre la misma materia.

Sin embargo, según hemos indicado, ésta no fue la cues-tión fundamental en la corte inferior y no hay razón para creer que otro sería el resultado si se ordenara un nuevo juicio sobre los méritos. El error, por- tanto, no es perju-dicial y debe confirmarse la sentencia.

Confirmada la sentencia apelada

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Peesidente Se. Heenández,

text:
    Quiñones, Recurrente, v. El Registrador de San Germán, Recurrido.
    Eecueso gubernativo contra nota del Registrador de San Germán sobre inscripción de un expediente posesorio con defecto subsanable.
    No. 265.
    Resuelto en marzo 10, 1916.
    Expedientes Posesorios — Oposición—Resoluciones Firmes — Apelación—Impe-dimento o Estoppel — Defecto Subsanable. — Guando en la tramitación de un expediente posesorio no ha. habido oposición por persona alguna y así lo certifica el secretario de la corte, la resolución aprobando la información nace consentida y es firme antes do vencerse el término dentro del cual pudiera in-terponerse el recurso de apelación, por estar impedidas (estopped) las partes de reclamar contra ella, no constituyendo por tanto, defecto subsanable el que no se haga constar ser firme la resolución a los efectos de la inscripción del expediente en el registro de la propiedad.
    Id. — Citación de Colindante — Sucesiones—Corporaciones—Colindantes.—Un peticionario en expediente posesorio no está en el deber de justificar que las personas citadas como colindantes en su carácter de representantes de una sucesión o corporación eran tales representantes, sino que basta expresar que esas personas tenían dichas representaciones y que con ellas debía entenderse la citación.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogado del peticionario: Sr. Benito Forés.

    El registrador recurrido,' Sr. A. Malaret, compareció en nombre propio.
   El Juez Peesidente Se. Heenández,

emitió la opinión del tribunal.

Ante la Corte Municipal de Cabo Rojo promovió informa-ción Francisco P. Quiñones y Quiñones para acreditar la pose-sión en qne estaba de cuatro fincas rústicas ubicadas en el término municipal de dicho pueblo, teniendo la primera de ellas, entre otras colindancias, terrenos de la sucesión de Agustín Yega, representada por su viuda Dolores Toro y Cancel, por el norte, y terrenos de la hacienda Enriqueta pertenecientes a The Ensenada Estates, Inc., representada por B. II. Doidge, según así se expresa en el escrito promo-viendo la información.

La expresada corte municipal, por resolución de 14 de enero del corriente año 1916, declaró justificada la posesión de las cuatro fincas, ordenando su inscripción en el Registro de la Propiedad de San Germán a favor del promovente, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, para lo cual se le entregaría el expediente original.

El Registrador de San Germán verificó la inscripción or-denada en los términos que se expresan en la siguiente nota:

“Inscrito el documento que precede a los folios 66, 71, 74 y 77 del tomo 33 del Ayuntamiento de Cabo Rojo, fincas números 1548, 1549,1550 y 1551, inscripciones primeras, con el, digo, los defectos sub-sanables, en cuanto a la primera finca de 8 cuerdas 75 céntimos, de no constar ser firme la resolución de la corte aprobando el expediente, y de no haberse acreditado que B. H. Doidge y Eloísa Toro Cancel, conocida por Dolores, sean los representantes legales, el primero de Ahe Ensenada Estates Incorporated,’ y la segunda de la Sucesión de Agustín Yega-; y respecto a las otras tres fincas, con el primer defecto indicado. San Germán, febrero Io. de 1916. A. Malaret, Registrador.”

Esa nota está sometida a nuestra consideración a virtud de recurso gubernativo contra ella interpuesto, y para su mejor resolución ha venido a esta corte original el expediente posesorio que la motivó.

Resulta del expediente que la orden de citación de colin-dantes fué cumplida haciéndose su notificación personalmente a B. H. Doidge en representación de The Ensenada Estates, Inc., y también personalmente a Eloísa Toro y Cancel, cono-cida por Dolores. Resulta además que al verificarse la entre-ga del expediente al interesado en cumplimiento de la reso-lución ya citada de 14 de enero, certificó el secretario de la corte municipal que durante su tramitación no se fiabía becbo oposición por persona alguna.

En cuanto al defecto que como subsanable se consigna en la nota recurrida, consistente en no constar que sea firme la resolución de la corte municipal aprobando el expediente, opinamos que no existe en el presente caso, dada la circuns-tancia certificada por el secretario de la corte municipal de no haberse becbo oposición al expediente por persona alguna durante su tramitación.

No ba habido en el expediente más partes que el promo-vente Francisco P. Quiñones y Quiñones, y el Fiscal de la Corte de Distrito de Mayagüez: el primero en el escrito ini-cial solicitó que con citación del Fiscal y colindantes, y me-diante la prueba que presentaría, se dictara en su día resolu-ción por la corte aprobando el expediente y ordenando su inscripción en el registro; y el Fiscal, entendiendo que se ha-bían cumplido en la tramitación del expediente todos los re-quisitos legales, manifestó expresamente que nada tenía que oponer a su aprobación.

La resolución de 14 de enero estaba consentida desde su fecha por ambas partes, pues estaban impedidas (estopped) de reclamar contra ella, y por tanto’ era firme antes de que-venciera el término dentro del cual pudiera interponerse recurso de apelación por el Fiscal o por cualquiera otra parte que hubiera becbo oposición a la aprobación del expediente, oposición que, repetimos, no ba existido.

Nuestras resoluciones en los casos Soto v. El Registrador 15 D. P. R. 612, Martinez v. El Registrador, 16 D. P. R. 273, y Porto Rican Leaf Tobacco Co. v. El Registrador, 17 D. P. R. 228, relativas a expedientes de dominio, no son aplicables' al presente recurso.

En cnanto al otro defecto apuntado por el registrador de no haberse acreditado la. representación atribuida a B. H. Doidge y Eloísa Toro Cancel, conocida por Dolores, opinamos que el recurrente no estaba en el deber de .justificar que Doidge y la Toro Cancel fueran respectivamente los represen-tantes de The Ensenada Estates, Inc., y de la Sucesión de Agustín Vega. El peticionario alegó que el uno y la otra tenían tales representaciones, y con ellos debía entenderse la citación acordada, con perjuicio del peticionario, si algún perjuicio podía resultar, y a reserva de que ambos pudieran rechazar la representación que se les atribuía, contra la cual no protestaron.

En el presente caso no se trata de adquirir jurisdicción sobre las personas citadas, en cuyo caso podría quizás levan-tarse, la cuestión promovida por el registrador, sino de cum-plir un precepto legal cuyo incumplimiento a nadie más per-judica que al peticionario si resultare que los citados no tienen la representación legal que se les atribuye, aparte de que la aprobación del expediente posesorio se hace siempre sin perjuicio de tercero de mejor derecho, cuyo carácter de ter-ceros tienen todos los colindantes.

Además, si se exigiera la justificación de las representacio-nes aludidas, podría llegarse también a la conclusión de que igualmente se justificara que los citados como colindantes eran tales colindantes, conclusión abiertamente contraria a la letra y espíritu de la ley.

Por las razones expuestas es de revocarse la nota recu-rrida en cuanto a los defectos subsanables en ella consignados.

Revocada la nota recurrida en cuanto a los defectos subsanables que contiene.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. del ToRO,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Morales, Acusada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Guayama en cansa por infracción a la Ley de Eentas Internas.
    Moción del Fiscal sobre corrección de autos.
    No. 922.
    Resuelto en marzo 10, 1916.
    Infracción de las Leyes de Rentas Internas — Sentencia Insuficiente — Ape-lación — Enmienda de la Sentencia Después de Apelada — Corrección de Autos. — En este caso la. sentencia fué dictada “declarando a la acusada culpable del delito de infracción a la Ley de Rentas Internas.” Cuando ya se había interpuesto apelación y alegádose como uno de los fundamentos del recurso la insuficiencia de la sentencia por no especificar el delito cometido por la acusada, la corte senteneiadóia, a petición del Eiscal, enmendó dicha sentencia “declarando a la acusada culpable de infringir las secciones 3 7, 18 y 21 de la Ley de Arbitrios de marzo 8 de 1905, enmendada por leyes de marzo 34, 3907, marzo 9, 3911, y.agosto 9, 1913.” Presentada por el Eiscal del Supremo moción para corregir los autos de manera que figurara como verdadera sentencia la enmendada, se resolvió: que bajo tales circunstancias no podía aecederse a lo solicitado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    La apelante no compareció.
    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. del ToRO,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso se dictó sentencia el 8 de junio de 1915 “de-clarando a la acusada culpable del delito de infracción a la Ley de Eentas Internas.’’ El mismo día apeló la acusada para ante este Tribunal Supremo, y, elevados los aritos, su abogado el 28 de septiembre de 1915, presentó su alegato pi-diendo la revocación de la sentencia entre otros motivos por el de ser dicha sentencia insuficiente de acuerdo con la jurispru-dencia establecida por esta Corte Suprema en el caso de El Pueblo v. Campos, 17 D. P. R. 1190, ya que no especificaba el delito cometido por la acusada. El 22 de diciembre de 1915, a petición del Fiscal, la corte sentenciadora enmendó la sentencia apelada, declarando “a la acusada culpable de infringir las ‘secciones 17, 18 y 21 de la Ley de Arbitrios de marzo 8 de 1905, enmendada por leyes de marzo 14 de 1907, marzo 9 de 1911 y agosto 9 de 1913.”

Así las cosas, el Fiscal de esta Corte Suprema solicita que se le permita enmendar la transcripción de los autos, de manera que figure como la verdadera sentencia dictada la corregida el 22 de diciembre último. La acusada fué noti-ficada de la solicitud del Fiscal y nada lia manifestado con respecto a la misma.

A nuestro juicio no puede accederse a lo solicitado por el Fiscal. La enmienda como liemos visto se Rizo más de seis meses después de dictada la sentencia, cuando ya se había interpuesto contra ella recurso de apelación y en dicho re-curso se había alegado como uno de sus fundamentos el su-puesto error que se trató de corregir con la enmienda. Bajo tales circunstancias, es necesario llegar a la conclusión que dejamos apuntada. Véase el caso de Martínez v. Delgado et al., 18 D. P. R. 382.

Denegada la moción.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. JEDitohisoN,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v Arellano, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en causa por delito de calumnia e injuria.
    No. 905.
    Resuelto en marzo 10, 1916.
    Calumnia e Injuria — Denuncia Suficiente — Denuncia Falsa. — Constituye prima facie el delito de calumnia e injuria, dentro de la definición que del mismo da el estatuto, el decir una persona a_un jefe de policía que, en ver-gonzosa combinación con los explotadores del obrero, le hizo una denuncia falsa, un rancho, para hacerlo ir a la cárcel.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Rafael López Lándrón.

      Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. JEDitohisoN,

emitió la opinión del tribunal.

El acusado y apelante fué dos veces declarado culpable por un delito de calumnia e injuria, primero en la Corte Municipal de Manatí y luego al apelar, y después de celebrado el juicio de novo, en la Corte de Distrito de Arecibo, a virtud de una denuncia en la cual se alegaban los hechos en la forma siguiente:

“Que en abril 2, 1915, y en la Calle Eduardo Giorgetti, del Distrito Judicial Municipal de Manatí, P. R., el acusado antes men-cionado, maliciosa, ilegal y públicamente en deshonra, descrédito y menosprecio del denunciante profirió, refiriéndose a éste, las siguien-tes palabras calumniosas: !A1 llegar aquí el jefe de policía de este distrito, en vergonzosa combinación con los explotadores del obrero me hizo una denuncia falsa, un rancho para hacerme ir a la cárcel.’ ”

Se alega que la denuncia no imputa delito alguno y que la sentencia es contraria a la prueba.

Que los hechos alegados constituyen un delito prima facie, según la definición que del mismo hace el estatuto, es un hecho que parece demasiado claro para ser discutido.

La prueba fué oída dos veces y tomada en consideración por dos jueces diferentes que. llegaron a la misma conclusión. De ser cierta la prueba del Fiscal no hay lugar a dudas en cuanto a la culpabilidad del acusado. Si los testigos de la defensa merecen crédito resulta igualmente claro que el acu-sado no pronunció las palabras que se le imputaron. Como-ocurre a menudo, no hubo término medio en el cual cualquiera, de las coi'tes sentenciadoras hubiera podido fundar su senten-cia definitiva. La mera circunstancia de que ambas encon-traron que los hechos eran tal como fueron referidos por los. testigos del Fiscal, así como el haberse negado a dar crédito-ai relato hecho por los testigos de la defensa, no constituye-un fundamento de revocación. No se ha sugerido que haya habido pasión o prejuicio. Examinada cuidadosamente toda la prueba, — un análisis acabado de la cual no tendría ningún objeto, — no revela ésta semejante error manifiesto al apreciar la referida prueba por el cual esta corte esté justificada en modificar la sentencia condenatoria, la que debe, por tanto, ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. Hutchison,

text:
    Rodríguez, Peticionario y Apelante, v. Miller, Comisionado de Instrucción, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en un recurso sobre mandamus.

    No. 1434.
    Resuelto en marzo 14, 1916.
    Ley Orgánica — Leyes Insulares — Inclusión de Más de una Materia u Objeto en una Sola Ley — Constituciones de Estados o Territorios. — La Ley Or-gánica no establece restricción alguna en la legislación insular en cuanto a que prohíba la inclusión de más de una materia u objeto en una sola ley o que exija que todas las materias u objetos que contenga sean expresadas en el título. Dicha Ley Orgánica no trajo consigo a esta isla, o todos los pre-ceptos de cada una de las constituciones de Estados, o algún precepto de cual-quier constitución de Estado. Los casos en que están envueltas las facultades 'de las Legislaturas respecto al particular, invariablemente descansan por com-pleto en los preceptos constitucionales del propio Estado o Territorio.
    Leyes Ultra Vires — Entrega de Libros de Texto a los Alumnos de las Es-cuelas Públicas — Presupuestos Escolares — Facultades de la Asamblea Legislativa. — No es ultra vires y nula la ley número 39 de 1915, sobre pre-supuestos, en tanto en cuanto trata de regular la entrega de libros de texto a los alumnos en las escuelas públicas, por haber comprendido más de una materia u objeto o por no haber expresado todas sus materias u objetos en su título sino que está claramente comprendida esta legislación en las facul-tades de la Asamblea Legislativa.
    Escuelas Públicas — Venta de Libros a los Alumnos — Comisionado de Ins-trucción — Ley Orgánica. — En el texto do la ley número 39 de 1915, sobre presupuestos, se autoriza la venta de libros a los alumnos en las altas escuelas y de continuación, y no existe en ella indicación alguna de venta directa en persona por el Comisionado de Instrucción, ni hay nada que esté en conflicto con el artículo 22 de la Ley Orgánica, sino que dicha ley está además en completa harmonía con el artículo 25 de la referida Ley Orgánica.
    Constitución de Puerto Rico — Ley Orgánica — Código Civil — Interpretación de Ley. — La Ley Orgánica y no el Código Civil es la Constitución de Puerto Rieo, siendo la única consideración racional del artículo 3 de dicho Código Civil, simplemente, proclamar en forma estatutoria un principio corriente y cardinal bien reconocido de interpretación de estatutos.
    Escuelas Públicas — Altas Escuelas y de Continuación — Efecto Retroactivo de las Leyes — Derechos Adquiridos. — La ley número 39 de 1915 no es retroactiva en su forma ni priva de ningún derecho adquirido,’ por cuanto no requiere que los alumnos de las altas escuelas o de continuación paguen los libros usados en años anteriores, sino aquellos que han de usar en lo sucesivo.
    Derechos Adquiridos — Esperanza o Expectación. — Es un principio elemental de que la mera esperanza o expectación de que una ley seguirá .en su forma original no puede ser considerada como un derecho adquirido.
    Interpretación de Ley — Ley Escolar Compilada — Edad de los Alumnos — In-tención del Legislador. — No es la intención de la Ley Escolar Compilada en su artículo 2 hacer las instituciones de enseñanza superior, en general, más accesible sin gasto para todos los que soliciten admisión que los grados infe-riores del sistema ordinario de enseñanza o el conferir a alguna o a todas las personas, sin tener en cuenta su -edad o condiciones intelectuales y morales, o a pesar de su negativa a cumplir con 'el precepto terminante del estatuto respecto a la adquisición de los libros de texto y enseres que son necesarios, o ante las condiciones que claramente pueden presentarse, un derecho absoluto e ilimitado a ser matriculado inmediatamente y sin lugar u oportunidad para ’que las autoridades escolares puedan ejercitar discreción alguna con respecto a cualquiera de tales "instituciones de enseñanza superior.”
    Mandamus — Entrega de Libros Gratis a los Alumnos de las Altas Escuelas y de Continuación — Comisionado de Instrucción — Deber Ministerial.— ' La ley No. 39 de 1915 en tanto en cuanto sea imperativa prohíbe en absoluto al Comisionado de Instrucción la entrega gratis de libros de texto y enseres a los alumnos de las altas escuelas y de continuación, y en tanto sea directiva o permita alguna excepción, ello no es materia que pueda servir de base a un procedimiento de mandamus, por cuanto no existe un claro deber ministerial sobre el particular.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José Sabater.

    Abogados del apelado: Sres. Howard L. Kern, Attorney General, y Earl T. Fiddler, Oficial Jurídico.

   El Juez Asociado Se. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por la Corte de Distrito de Mayagüez negándose a expedir nn auto de mandamus ordenando al Comisionado de Educación suministre gratuitamente libros de texto y enseres al bijo del peticionario y admitirle como alumno de la Alta Escuela de Mayagüez.

Se alega en sustancia en la solicitud que el Rijo del peti-cionario tenía diez y odio años de edad, y había terminado con éxito sn primer año en la alta escuela; qne había soli-citado del principal de la Alta Escuela de Mayagüez su ins-cripción como estudiante en el curso de 1915-1916, así como que le fueran suministrados y entregados los libros de texto y enseres necesarios, y el principal de dicha alta escuela re-husó inscribirlo como tal estudiante' de la alta escuela o a proporcionarle los libros y enseres libre de derechos.

Se formularon excepciones previas a dicha solicitud, entre otros fundamentos, porque la petición no expresaba hechos suficientes para determinar una causa de acción, por las razo-nes alegadas en los cinco motivos qne sirven de base al se-gundo fundamento de excepción y que no es preciso repetir en sus detalles.

La corte inferior declaró con lugar estas excepciones por las razones consignadas en sn opinión emitida por escrito que aparece en los autos, pero sin haber concedido permiso o prórroga para hacer, enmiendas, habiendo sido registrada entonces la sentencia apelada a solicitud del peticionario.

La cuestión fundamental envuelta en este caso parece ser tan sencilla y libre de dudas, que la resolveremos en seguida sin entrar en una discusión innecesaria y fastidiosa de la resolución que en primer término se alega como errónea, o de otras varias cuestiones más o menos interesantes que han sido discutidas en los alegatos presentados a este tribunal. La ley titulada “Ley fijando el presupuesto de los gastos necesarios para .el sostenimiento del Gobierno de Puerto Eico, en el año económico que terminará en treinta de junio de 1916, y para otros fines,” aprobada en marzo 11, 1915, Leyes de 1915, página 91, bajo el título “Oficina del Comisionado de Instrucción,” contiene el siguiente pre-cepto y disposiciones (provisos);

“Libros de texto y material de escuela: Para compra de libros de texto, enseres y materiales dé escuela, y para flete y seguro de los mismos, $50,000; en junto, $50,000.
“Disponiéndose, que se les facilitarán los libros de texto y enseres gratis a los alumnos matriculados en los grados primero al octavo, inclusive, y el Comisionado de Instrucción podrá autorizar la venta .de libros de texto a los alumnos según las reglas y reglamentos hechos por él; 7 disponiéndose, además, que después del primero de julio de 1915, los alumnos de todas las altas escuelas y escuelas de conti-nuación comprarán por su cuenta los libros de texto y enseres, suje-tándose a las reglas y reglamentos hechos por el Comisionado de Instrucción. ’ ’

El peticionario no niega que la disposición que acaba de citarse expresamente prohibe suministrar libros de texto y enseres a los alumnos de la alta escuela libre de gastos pero insiste en el hecho de que la ley es ultra vires, y nula, en tanto en cuanto trata de regular cuestiones de las escuelas públi-cas en una ley de presupuesto sin hacer mención del particular en el título. La teoría es, para ser breve, algo forzada y está sobrecargada de fuegos fatuos (ignis fatuus).

En apoyo de la amplia proposición de que “La jurispru-dencia americana condena y prohibe esta clase de legisla-ción,” el apelante hace citas de la obra de Cooley, sobre Limitaciones Constitucionales, de la opinión de la Corte Su-prema emitida por el Juez Sr. Field, en el caso de Louisiana v. Pilsbury, 105 U. S. 278, y del volumen 36 de Cyc., página 1045. El argumento es como sigue:

“Es cierto que la anterior jurisprudencia ha sido basada en pres-cripciones constitucionales existentes en casi todos los Estados de la Unión Americana, pero no es menos cierto que al promulgarse el Acta Foraker estableciendo el Gobierno Civil de Puerto Rico, im-plantó en esta isla un sistema de Gobierno Civil fundado en los mis-mos principios sanos y democráticos en que descansan los gobiernos de los diferentes Estados y Territorios de la Unión. Y si esas reglas que tienen un objetivo moral y saludable en los Estados son allí apli-cadas por los tribunales de justicia para la defensa del pueblo, no hay motivo ninguno para suponer que en esta isla no tengan la misma aplicación para producir ese mismo efecto moral y saludable en nues-tro sistema de gobierno, bajo la soberanía democrática del pueblo americano.”

Es un hecho que aparece con bastante claridad, que el apelante no se basa en ningún precepto constitucional que prohíba la inclusión de más de una materia o asunto en una sola ley, o que exija que todas las materias que de tal modo han sido incluidas habrán de ser mencionadas en el título; y resulta asimismo aparente que nuestra Ley Orgánica no establece tal restricción en la legislación insular. No es nece-sario que demostremos la proposición evidente por sí misma de que la Ley Foraker no trajo consigo a esta isla o todos los preceptos de cada una de las constituciones de Estados, o algún precepto de cualquier constitución de Estado.

Los casos en que están envueltas las facultados de las legislaturas de un Estado o Territorio en lo que respecta al particular invariablemente descansan por completo en los preceptos constitucionales del propio Estado o Territorio. Será bastante para sostener esta proposición con que haga-mos un examen de las autoridades que ya han sido citadas por el apelante. El Juez Cooley, al usar el lenguaje que cita el apelante, estaba discutiendo las prescripciones de consti-tuciones de Estado. El caso de Commonwealth v. Barnett, 199 Pa. St. 161, invocado por el apelante traza la historia del precepto constitucional en Pennsylvania, y al hacer esto insiste fuertemente en la influencia dominante de un precepto constitucional específico, en marcado contraste con las con-diciones reseñadas y la ley aplicable a las mismas como se han descrito y expresado que existían con anterioridad a las varias enmiendas sucesivas introducidas a la constitu-ción de Estado mencionada en la opinión de la corte. En el caso de Louisiana v. Pilsbury, 105 U. S. 278, en el cual tam-bién se funda el apelante, la Corte Suprema basó su senten-cia en el precepto contenido en la Constitución de Louisiana relativo a que “toda ley decretada por la legislatura com-prenderá sólo una materia y ésta será especificada en el tí-tulo.” ' La corte incidentalmente se expresó en estos térmi-nos: “Pero no se intentó prohibir la unión de materias dis-tintas en el mismo proyecto, si éstas guardan analogía con la materia general indicada en su título * * *. De modo que, aquí bajo el título de la ley de que se trata, podrían decre: tarse disposiciones, que no se refieran simplemente a la unión de distintos municipios y el gobierno del Estado, sino a todos, los diversos particulares a que habría de conducir la admi-nistración general de sus asuntos.” j

Si fuera necesario en el presente caso podría sostenerse el estatuto por la razón sugerida en el texto que acaba de citarse, puesto que las disposiciones (provisos) que lian sido-atacadas por el apelante apenas si pueden ser consideradas1 como ajenas por completo a la materia referente a presu-puestos escolares. Pero la legislación en cuestión está tan claramente comprendida en las facultades de la Asamblea., que no es preciso considerar el criterio seguido por la Corte Suprema en el caso de Pilsbury, si bien dicho caso está sos-tenido por suficientes autoridades.

El fin principal de la teoría sostenida por el apelante es que este tribunal declare que es nulo el estatuto por ser con-trario a un supuesto principio fundamental de la jurispru-dencia americana. Admitiendo, en pro del argumento, la existencia independiente de tal principio general en abstracto, y sin tener en cuenta ningún precepto constitucional especí-fico, hacer lo que ahora se nos.pide que hagamos contra la fuerza del mismo estatuto equivaldría, sin embargo, a la ten-tativa más arbitraria, indiscutible y sin precedentes de nin-gún género a legislar por parte del poder judicial y nos colo-caría tan fuera de las atribuciones de este tribunal, como cualquier ley que pueda uno imaginarse pudiera excederse de las facultades conferidas por la ley a la Asamblea Legis-lativa. Si cualquier corte en alguna ocasión ha declarado que un estatuto es anti-constitucional basándose para elloen principios generales de ley en un sentido abstracto, por-que dicho estatuto comprendía más de una materia u objeto'^ o porque la materia u objeto no fué expresada en el título,, a falta de cualquier precepto constitucional que prohiba esa; clase de legislación, sin duda que sería interesante leer -el-razonamiento por el cual llegó a su conclusión, pero no sabe-mos que exista semejante decisión. Yéase a Cooley, sobre Limitaciones Constitucionales (7a. Ed.) Cap. VII,' que trata de los casos en que un precepto legislativo puede ser decla-rado anticonstitucional, p. 227 et segt.

Pero el apelante también sostiene que de acuerdo con la Ley Orgánica el Comisionado de Educación no tiene la facul-tad ni el derecho de reunir fondos ó de convertirse en guar-dián de los mismos, y, por tanto, que no puede vender libros a los alumnos; que el artículo 22 de la Ley Eoraker deter-mina expresamente quién habrá de cobrar y conservar los fondos del Gobierno, y que la Asamblea Legislativa, por vir-tud del artículo 80 del Código Político, ha corroborado y promulgado este precepto; y además que tampoco se deter-mina la aplicación que ha de darse por el Comisionado de Educación a los dineros que produzca la venta de esos libros.

El texto de la ley de 1915, citado anteriormente, expresa que “el Comisionado de Instrucción podrá autorizar la venta de libros de texto a los alumnos según las reglas y regla-mentos hechos por él.” No existe ninguna indicación de una venta directa por el Comisionado de Instrucción en persona. No existe nada en la ley que esté necesariamente en conflicto con el artículo 22 de. la Ley Orgánica, el cual dis-pone que el Tesorero de Puerto Pico recaudará y custodiará los .fondos públicos desembolsando las cantidades asignadas por la ley, contra libramientos firmados por el contador y refrendados por el Gobernador, o con el artículo 80 del Có-digo Político que prescribe que

“el Tesorero recibirá y guardará todas las rentas del Gobierno Insular, sea cual fuere su procedencia, todos los caudales pertenecientes al Pueblo de Puerto Rico, y todos los fondos bajo custodia y depó-sitos especiales, llevando cuenta debidamente detallada de los mis-mos en libros permanentes, donde se asentarán todos estos ingresos y depósitos, bajo encabezamientos apropiados, con los nombres de los agentes, funcionarios y personas que los ingresen y fechas corres-pondientes. ’ ’

La ley de 1915, no dispone en particular la forma en que la venta de libros ha de ser autorizada por el Comisionado de Educación ni contiene la más remota indicación de que pueda seguirse cualquier método ilegal o irregular al efec-tuar dicha venta. Por el contrario, dicha ley está en com-pleta armonía con el artículo 25 de la Ley Orgánica, el cual prescribe lo siguiente:

“Que el Comisionado de Instrucción vigilará la instrucción pú-blica en toda la isla, y todo desembolso, por cuenta de la misma de-berá ser aprobado por él; y llenará las demás obligaciones que pres-criben las leyes * #

La cuestión es demasiado balaclí para merecer seria con-sideración.

Otra de las alegaciones del apelante acerca de este as-pecto del caso, es que la ley de 1915, es de carácter retroac-tivo y por tanto nula. Se alega que un alumno que ha reci-bido libros en el primer año de alta escuela ha adquirido el derecho a los libros de texto y enseres durante todo el curso de la alta escuela y, por tanto, que el estatuto perjudica un derecho adquirido al amparo de una legislación anterior. El artículo 3 del Código Civil que ha sido citado por el apelante dispone, en cuanto al particular, que “las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren expresamente' lo contra-rio,” y que “en ningún caso podrá el efecto, retroactivo de una ley perjudicar los derechos adquiridos al amparo de una legislación anterior.” La Ley Orgánica y no el Código Civil es nuestra constitución, y la Asamblea Legislativa se encon-traba tan libre y desembarazada en el ejercicio de sus facul-tades legislativas en su sesión de 1915, como lo estaba en el año 1902, al adoptar el Código Civil Revisado. Ni fué la intención de ese cuerpo al celebrar su segunda sesión en 1902 y aprobar el artículo 3, u otro cualquiera del Código Civil, atar de manos a todas las demás asambleas sucesivas, ni hubiera podido realizar ese fin si así lo hubiera deseado. La única consideración racional del artículo 3 del Código Civil es que dicho artículo simplemente proclama en forma estatutoria un principio corriente y cardinal bien reconocido-de interpretación de estatutos.

Pero aun cuándo la regia según ha sido expuesta en el Código Civil pudiera ser considerada como que en algún sen-tido es una limitación constitucional sobre el poder legisla-tivo, sin embargo, la ley de 1915 ni es retroactiva en su forma ni priva al peticionario ni a nadie de ningún derecho adqui-rido. No requiere que los alumnos paguen los libros usados en años anteriores, sino aquellos que han de usar en lo suce-sivo. Sería tan justo como legal decir que un alumno adqui-rió un derecho permanente e inalienable a los enseres de escuelas libre de costo por todo el curso de la escuela piiblica por razón de haberse matriculado en el primer grado, o en cuanto a eso por haber nacido antes de decretarse la ley de 1915, como lo sería decir que tal derecho había sido adqui-rido por matrícula antes de 1915 en una alta escuela. En uno u otro caso no podía haber más que una simple espe-ranza basada en que la ley seguiría en su forma original y que osa mera expectativa jamás puede ser considerada como un derecho adquirido es un principio sumamente elemental. Cooley, sobre Limitaciones Constitucionales, pág. 511. El absurdo de la proposición es demasiado palpable para ser discutido.

No entendemos que el peticionario insiste en el derecho-a matricularse independientemente del pretendido derecho a enseres libre de costo, pero como la corte de distrito ha mani-festado que aparece de la faz de la solicitud que el peticio-naria pasa de la edad, y el apelante al discutir la conclusión a que llega la corte inferior por esta circunstancias, insiste en el hecho de que el límite de la edad fijado en el estatuto es aplicable solamente a las “escuelas ordinarias” y no a las altas escuelas, parece procedente que hagamos una ligera referencia a esta cuestión.

El artículo 2 de la Ley Escolar Compilada dice lo si-guiente :

‘ ‘ Sección 2. — Se autoriza y ordena por la presente al Comisionado de Instrucción para establecer y sostener en Puerto Rico un sistema de escuelas públicas gratuitas que tendrá por objeto proveer a los niños de escuela, comprendidos entre los cinco y diez años de edad, de una instrucción liberal; para establecer instituciones de enseñanza superior, tales, como colegios, universidades, altas escuelas, normales, industriales y mecánicas; para establecer todos aquellos centros edu-cativos que dicbo Comisionado juzgare necesarios y espedientes para mejorar el desarrollo de la instrucción en la isla. En adición a las escuelas rurales y graduadas que constituirán el sistema ordinario de enseñanza, se autoriza y ordena por la presente al citado Comi-sionado para establecer y dirigir, en la medida que los recursos pues-tos a su disposición se lo permitan, aquellas escuelas especiales que juzgare necesarias para las necesidades de la enseñanza, tales como escuelas de párvulos, (7cindergartens) nocturnas, de agricultura, pro-fesionales y comerciales, y escuelas en establecimientos penales y de caridad, públicas o particulares, y donde las mismas puedan soste-nerse en harmonía con el sistema de escuelas públicas y con los requi-sitos y necesidades comunes a tales establecimientos. Disponiéndose, que entre los alumnos de dichas escuelas especiales podrán ser inclui-dos otros además de los que estén en edad de asistir a las escuelas. El Comisionado de Instrucción, el subeomisionado, el secretario del departamento y el inspector general podrán tomar juramentos y declaraciones juradas concernientes a cualquier asunto escolar.”

Una contestación suficiente a la distinción que se ha suge-rido en cuanto al particular es tal vez la contenida en la má-xima legal ubi lex non clistinguit' nec nos distinguere debemus. Además, con respecto a las “escuelas especiales” autorizadas por el artículo a que acabamos de hacer referencia se ‘ ‘ dis-pone expresamente que entre los alumnos de dichas escuelas especiales podrán ser incluidos otros además de los que estén en edad de asistir a las escuelas,” mientras que no se hace tal excepción en cuanto a los “colegios, universidades, altas escuelas, normales, industriales y mecánicas” enumeradas en el párrafo anterior en la misma relación que la definición de “edad de asistir a la escuela.” Además, si el argumento fuera bueno quedaría eliminada la alta escuela del “sistema de escuelas públicas gratuitas,” de modo tan eficaz e inevitable que prescindiría del límite de la edad en el caso de un alumno ele la alta■ escuela. Que jamás fue la intención de la ley hacer “las instituciones de enseñanza superior” a que se hace referencia en el párrafo citado en general más acce-sibles sin gasto para todos los que soliciten admisión que los grados inferiores del “sistema ordinario de enseñanza,” o el conferir a alguna o a todas las personas, sin tener en cuenta su edad o condiciones intelectuales y morales, o a pesar de su negativa a cumplir con el precepto terminante del estatuto respecto a la adquisición de los libros de texto y enseres que son necesarios, o ante las condiciones que cla-ramente pueden presentarse, la verdadera existencia de al-guna de las cuales, así como el estado de apiñamiento e insu-ficiente capacidad de nuestras escuelas en general y la falta de fondos necesarios para remediar la situación, es una cues-tión del conocimiento judicial, — un derecho absoluto e ili-mitado a ser matriculado inmediatamente y sin lugar u opor-tunidad para que las autoridades escolares quedan ejercitar discreción alguna con respecto a cualquiera de tales “insti-tuciones .de enseñanza superior,” parece ser tan claro que no es preciso discutirlo. La proposición se contradice a sí misma y cae por su propio peso con sólo enunciarla.

El texto de la ley de 1915 es demasiado claro para ser susceptible ele interpretación. Sus preceptos siguen y se ajustan sustancialmente y constituyen una interpretación práctica contemporánea del artículo 2 de la Ley Escolar Com-pilada a que hemos hecho referencia. Pero aunque así no fuera, y en tanto en cuanto puede decirse que existe un ver-dadero conflicto, debe regir necesariamente la última expre-sión del deseo de la legislatura manifestada en términos tan inequívocos; y por absoluto e indiscutible que sea el dere-cho de un alumno que pasa de la edad de acuerdo con la ley anterior a que se le faciliten libros de texto y enseres en “to-das las altas escuelas y de continuación,” a matricularse en ellas no obstante haber dejado de suministrarse al mismo el necesario equipo de escuela, ciertamente que tal derecho no continuó existiendo después de estar en vigor el precepto legal de fecha más reciente.

No hay necesidad de disentir ahora el grado de discre-ción, si es que alguna tiene el Comisionado de Instrucción de acuerdo con la vigente ley. En tanto en cuanto el estatuto es imperativo en absoluto prohíbe hacer lo que el peticio-nario quiere que ejecute el Comisionado. En tanto es direc-tivo o permite alguna excepción posible, si queda sujeto a tal interpretación, entonces las circunstancias peculiares que podrían justificar que se hiciera dicha excepción, aun cuando hubieran sido alegadas, necesariamente constituirían mate-ria que por propia que sea su consideración por las autori-dades escolares, en ningún caso podrían servir de base a pro-cedimientos de mandamus, no existiendo en absoluto- algún indicio, por remoto que fuere, de un “claro deber ministerial” en cuanto al particular.

Debe confirmarse la .sentencia dictada por la corte inferior.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Alclrey.

El Juez Asociado Sr. del Toro no intervino' en la reso-lución de este caso.