text:
    Gracia María Arrarás, como madre con patria potestad en representación de sus menores hijos José María, María del Coro y Manuel Enrique Arzuaga Arrarás, demandante y apelante, v. José María Arzuaga, demandado y apelado.
    Núm. 7657.

    Sometido: Junio 2, 1938.

      Resuelto: Julio 28, 1938.

      Dexter & Dexter, abogados de los apelantes; Gabriel de la Haba y Damián Monserrat, Jr., abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del. tribunal.

Gracia María Arrarás alega substancialmente en la de-manda que es madre con patria potestad sobre sus inenores hijos José María, María del Coro y Manuel Enrique Arzuaga, Arrarás, y que el demandado es vecino de San Sebastián,, República Española. Que el día 19 de marzo de 1925 con-trajo matrimonio con Juan B. Arzuaga, hijo legítimo del! demandado; que durante ese matrimonio hubo a los tres' menores demandantes; que dicho matrimonio quedó disuelto-por resolución de fecha 17 de mayo de 1935, obteniendo ella-la custodia y patria potestad de sus hijos; que dicho Juan B. Arzuaga partió para Venezuela con más de un año de-anterioridad a la fecha del decreto de divorcio, y de allí a España, donde reside en la actnalidad, dejándola a ella y a sns hijos menores en el mayor desamparo; qne dicho Jnan B. Arznaga no tiene bienes en Pnerto Rico, y según informa-ción y creencia, tampoco los tiene - en España, donde tiene propósito de residir definitivamente; qne ella carece de re-cursos y medios necesarios para el sustento y educación de los demandantes qne ya cursan estudios en escuelas parti-culares de Mayagüez; qne el demandado es hombre de gran fortuna, con acciones y valores a sn nombre en Pnerto Rico, quien debe ser obligado a pasarle $100 mensuales a cada uno de sus nietos, o sea un total mensual de $300, que es una suma justa y razonable habida cuenta de la posición social de los demandantes y considerando la fortuna del demandado. La demanda está jurada por G-racia María Arrarás.

En aseguramiento de sentencia los demandantes solici-taron el embargo, con prohibición de enajenar, de las siguien-tes acciones propiedad del demandado en la corporación del país denominada Central Cambalache, Inc., todas dichas-acciones de un valor total a la par de $24,520:

acciones con el numero 425 CJ1
acciones con el número 729 1 — 1 DO
acción con el número 431 H
2/10 acción con el número 64
acciones con el número 129 DO DO
“245-2/10 acciones.”

El 27 de mayo de 1937 la corte de distrito, previa la. prestación de una fianza hasta lá suma de $1,000 a favor-del demandado, decretó “el embargo por sn valor total de todas y cada una de las acciones qne tenga a sn nombre el demandado en los libros de la Central Cambalache, Inc.,” prohibió sn enajenación y ordenó la notificación de la orden de embargo al presidente o funcionario de la Central Cam-balache, Inc., encargado de los libros de acciones.

En 27 de mayo los demandantes prestaron la fianza requerida y el secretario de la corte a quo expidió un empla-zamiento que el marshal devolvió sin notificar por residir en España el demandado y no en Puerto Rico. Al día si-guiente el secretario expidió mandamiento de embargo. El ■certificado de diligenciamiento del márslial, con relación a •este mandamiento, dice textualmente así:

“CERTIFICADO DE DILIGENCIAMIENTO DEL MÁRSHAL
“Certifioo: Que recibí el presente mandamiento el día 28 de mayo de 1937 a la una y media de la tarde y que cumplimenté el mismo el día 28 de mayo de 1937 a las 2:30 de la tarde, trasladándome al barrio Cambalache de Arecibo, Puerto Eico, sitio donde radica la Central Cambalache, Inc., embargando todas y cada una de las ac-ciones que pudiera tener a su nombre el demandado en este caso en los libros de la mencionada corporación. Que notifiqué, personal-mente, al Sr. José Matienzo, Presidente de la Central Cambalache, Inc., para que dicho funcionario tome las notas correspondientes en los libros de acciones de dicha corporación, haciéndole constar del ■embargo trabado en este caso. Que apercibí a dicho señor en su carácter ya expresado, prohibiéndole a la vez que ejecute en los libros de dicha corporación venta, cesión o traspaso algtíno de las acciones que en dicha corporación tenga el demandado en este caso, sin autorización expresa de la Corte. Que dejé en poder de dicho señor en su carácter ya expresado, copia de este mandamiento.
“Arecibo, P. R., 28 de mayo del 1937.
Felipe Chévere, Sub-Márshal de la Corte de Distrito, actuando en repre-sentación del Sr. Thomas Méndez, marshal.”

El' día primero de junio los demandantes solicitaron la ■citación del demandado por edictos y así fue ordenado el día 5 de ese mismo mes. Hay constancia de que los edictos fueron publicados los días 7, 15, 21 y 30 de junio y 7 de julio ■de 1937.

El 17 de agosto, 1937, el demandado compareció con el solo y único objeto de atacar la validez de la citación por edictos y la jurisdicción de la corte y alegó:

“1. Que la orden de esta Corte de fecha 5 de junio de 1937, disponiendo la citación del demandado por edictos, es nula y sin valor alguno por los siguientes fundamentos:
“(a) Que dicha orden fué expedida a solicitud de uno de los abogados de la demandante mediante una moción jurada en la cual no se alegan motivos o razones de mérito para la expedición de la citación mediante edictos y cuyo juramento a la misma es nulo y carece de valor alguno por estar en contravención a las disposiciones de la ley sobre la materia.
“(b) Porque dicha orden disponiendo la citación por edictos no se funda en una declaración jurada o affidavit de mérito que debe acompañarse a la moción solicitando la citación por edictos.
“ (c) Que no obstante alegarse en la demanda jurada y en la moción solicitando citación por edictos que la residencia del deman-dado era la de San Sebastián, España, la Corte en su citada orden de 5 de junio de 1937 no dispuso que se dirigiera al demandado por correo una copia de la citación y de la demanda al lugar de su resi-dencia en contravención a lo que dispone la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente.
“2. Que la Corte no adquirió jurisdicción sobre el demandado para poder ordenar su citación mediante la publicación de edictos, no sólo por lo que anteriormente se alega sino que también por las siguientes razones:
“ (a) Que el embargo trabado por la parte demandante sobre las acciones que alega la parte demandante son propiedad del demandado en la corporación doméstica Central Cambalache es nulo y no tiene valor ni efecto alguno por no haberse embargado los títulos respec-tivos de dichas acciones y haberse tomado posesión física de los mismos por el márshal.
“ (b) Que siendo el demandado según se alega un residente de la ciudad de San Sebastián, España, el situs de dichas acciones por considerarse bienes muebles es el lugar de la residencia de su pro-pietario, no pudiendo por lo tanto embargarse los derechos del deman-dado en dicha corporación Central Cambalache por no radicar la propiedad a embargarse dentro de la Isla de Puerto Pico.
“ (c) Que el mencionado embargo practicado por la parte deman-dante no procede en una acción de alimentos en la cual las pensiones alimenticias que se reclaman no están vencidas y no estaban a la fecha de verificarse el embargo, y no estar sujetos los bienes del alegado alimentante a ningún gravamen para garantizar pensiones alimenticias futuras, no pudiendo por lo tanto sujetai-se sus bienes mediante un embargo al cumplimiento de obligaciones no determi-nadas, futuras y no vencidas.”

El 20 de agosto radicaron los demandantes declaración jurada de uno de sus abogados haciendo constar que en 10 de junio de 1937 enviaron por correo al demandado copia ■de la demanda y del emplazamiento, y en 13 de septiembre ■de igual año, una enmienda al certificado de diligenciamiento del márshal en relación con el mandamiento de embargo, que lee así:

“Yo, Felipe Chévere, Sub-Márshal de la Corte de Distrito de Arecibo, Puerto Rico,
' ‘ Certifico : Que con fecha 28 de mayo de 1937 expedí un certi-ficado de diligenciamiento en cumplimiento de un mandamiento de ■embargo expedido en el caso de epígrafe por la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, Puerto Rico, de fecha 28 de mayo •de 1937; que en el certificado de diligenciamiento que expedí hice constar que había embargado 'todas y cada una de las acciones que pudiera tener a su nombre el demandado en este caso en los libros ■de la mencionada corporación.’
“Que por el presente enmiendo el citado certificado de diligen-ciamiento por mí expedido, en el sentido de añadir al mismo y certi-ficar también que las acciones expuestas que embargué fueron las siguientes:
“ 5 acciones con el número 425
“ 12 acciones con el número 729
“ 1 acción con el número 431
“ 2/10 de acción con el número 64
“227 acciones con el número 129
“245 acciones y 2/10 de acción.
“Y para que así conste expido la presente enmienda al citado diligenciamiento por mí expedido en el caso de epígrafe en Arecibo, P. R., a 3 de septiembre, 1937.
Felipe Chévere, Sub-Márshal de la Corte de Distrito de Arecibo, P. R.”

Por último, en 8 de octubre de 1937, los demandantes radicaron una enmienda a la demanda en que alegan que su abuelo materno murió hace 15 años dejando bienes escasa-mente suficientes para cubrir las necesidades de su viuda y tres hijos menores, y que los únicos bienes con que cuenta la abuela materna son unas fincas sujetas a gravámenes hipotecarios cuyas rentas, luego del pago de intereses y con-tribuciones, tan sólo dan para satisfacer sus gastos y los de la madre y una tía de los demandantes.

En 9 de noviembre de 1937 la corte inferior dictó la resolución que es objeto de esta apelación. En ella discute y resuelve a favor de los demandantes cada una de las cues-tiones suscitadas por el demandado en la moción solicitando la nulidad de la citación por edictos (supra). No obstante, por fundamentos que el demandado no adujo en su moción, llegó a la conclusión de que el embargo fue ineficaz, y la orden de citación por edictos dictada sin jurisdicción. En su consecuencia anuló la referida orden de citación por edic-tos, sin perjuicio de que se trabase un embargo válido y una vez trabado el mismo, se solicitase nuevamente la correspon-diente orden para citar por edictos al demandado. Dice así la resolución, en lo que es pertinente:

"A pesar de la jurisdicción de la Corte para dictar la orden de embargo, tenemos que llegar a la conclusión de que el referido embargo es ineficaz y que una sentencia dictada a base del mismo sería coram non judice.
“El Márshal de la Corte de Distrito de Arecibo al personarse en las oficinas de la Central Cambalache, no empezó por cerciorarse de que el demandado tuviera acciones de dicha Central y una vez deter-minada la existencia de dichas acciones trabar embargo sobre el número específico de las mismas poseídas por el demandado. Por el contrario, el Márshal se limitó a trabar embargo sobre las acciones que pudiera tener el demandado, y así lo hizo constar en el diligen-ciamiento (return) de la orden de embargo.
“Exige la jurisprudencia que para que en tales casos pueda orde-narse la citación por edictos, es necesario que antes de dictar tal orden se haya trabado embargo sobre bienes de la propiedad del demandado. Cosme v. Santi González, 37 D.P.R. 763, 766.
“¿Cómo podía la Corte determinar si en efecto se habían embar-gado bienes del demandado, o si por el contrario la tentativa del Marshal no fné efectiva por resultar a la postre que el demandado no tenía el interés que se le suponía en la indicada corporación?
"El hecho de que el Márshal luego de publicados los edictos y después de comparecer especialmente el demandado, enmiende su certificado (return) expresando las acciones que embargó, es a nuestro juicio inmaterial.
“ 'Es necesario demostrar, pues, debidamente que la orden decre-tando el embargo quedó cumplida, que el mandamiento surtió sus efectos, que el embargo fué una realidad, antes de que la Corte actúe, para que pueda hacerlo de una manera eficaz. De otro modo, todo el edificio levantado, caerá, como cayó en este caso, por su base.’ Cosme v. Santi González, supra, pág. 761.
"La enmienda al certificado de diligenciamiento que suscribió el Márshal de Arecibo el día 3 de septiembre, no convalida a nuestro juicio el embargo que no se trabó sobre una propiedad específica, ‘pues dicho certificado enmendado no hace más que hacer una relación de las acciones que résultó tener el demandado en la Central Cam-balache; pero en ningún momento aparece que el Márshal trabase embargo sobre estas acciones en particular y que así se lo notificase al representante de la corporación.”

Los demandantes apelaron, y aunque tanto ellos como el demandado discuten en sus alegatos respectivos las diferentes cuestiones levantadas en la moción solicitando la nulidad de la citación por edictos, entendemos que lo único que está ante nos es la suficiencia legal de los fundamentos que sir-vieron de base a la corte inferior para declarar ineficaz el embargo, y no las otras cuestiones levantadas por el deman-dado, que fueron resueltas todas a favor de los demandantes y consentidas por el demandado al no apelar.

Estamos de acuerdo con la corte inferior en que “en una acción personal en que el demandado reside fuera de los límites territoriales del Estado, la citación por edictos no surte efecto a menos que antes de ordenarse la publicación se embarguen bienes del demandado radicados dentro del Estado en que radica la corte.”

"Excepto en aquellos casos que afecten el status personal del demandante, y aquéllos en que tal forma de citar pueda considerarse que ha sido previamente consentida, en la forma que después se mencionará, el método sustituto de citación por edictos, permitido por las leyes de Oregon y por estatutos similares de otros Estados, cuando se entabla una acción contra un no residente, tan sólo es efectivo cuando en conexión con la citación al comenzarse el pleito, alguna propiedad dentro del Estado se pone bajo el control de la corte y se le sujeta a su disposición por medios adaptados a ese propósito, o cuando la sentencia se persigue con el objeto de afectar la propiedad o para lograr algún interés en relación con ella; en otras palabras, cuando se trata de una acción de la naturaleza de un procedimiento in rem.” Pennoyer v. Neff, 95 U. S. 714, 733; 24 L. Ed. 565.

La jurisdicción en estos casos emana del poder soberano del Estado sobre toda propiedad radicada dentro de sus límites territoriales. Si no hubiere alguna de que fuere pro-pietario el demandado no residente, los tribunales de ese Estado carecerían de base sobre qué actuar.

"... Es por virtud de la jurisdicción del Estado sobre la pro-piedad de un no residente situada dentro de sus límites, que sus tribunales pueden investigar las obligaciones de los no residentes hacia sus ciudadanos, limitada dicha investigación tan sólo para lo que sea necesario para controlar la disposición de la propiedad. Si el no residente no tiene propiedad en el Estado, no hay nada sobre lo cual pueda el tribunal hacer adjudicación.” Pennoyer v. Neff, supra, 723.

Pasaremos por alto sin resolverla la cuestión de si el diligeneiamiento original era o no prueba suficiente de que el marshal realmente trabara un embargo sobre todas las acciones que el demandado tenía registradas a su nombre en los libros de acciones de la Central Cambalache. Creemos innecesario resolver dicha cuestión, porque aun asumiendo que el diligeneiamiento original fuera defectuoso, de los autos consta que cerca de dos meses antes de dictar la corte su resolución del día 9 de noviembre de 1937, esto es en 13 de septiembre de ese año, el marshal radicó una enmienda al certificado de diligeneiamiento original. En este certifi-cado enmendado añade y certifica que embargó las acciones que en él se relacionan. La duda que cabía antes sobre si el demandado era o no accionista de la Central Cambalache, Inc., desapareció. Ya no se trataba de nn embargo sobre “...acciones que pudiera tener...e 1 demandado...”, sino de 245 acciones y 2/10 de otra, qne se afirma tenía, y había embargado antes. No obstante, la corte creyó qne ese certi-ficado enmendado era insuficiente para conferirle jurisdic-ción, por el hecho de haber sido radicado después de publi-cados los edictos y de haber comparecido especialmente el demandado.

Olvida la corte, sin embargo, que lo que le da jurisdicción no es el certificado de diligenciamiento (return) que hace el marshal, sino el embargo que en realidad haya trabado.

“No hay controversia en cuanto a qne la forma del diligencia-miento es defectuosa y los demandados admiten por lo menos el no haberse consignado debidamente la edad del que practicó la diligencia de la citación ni tampoco que no tuviera interés en el pleito, pero los demandados y apelados fundándose seguramente en la jurispru-dencia sentada en los casos de Buonomo v. Sucesión Juncos, 28 D.P.R. 409 y López v. Quiñones, 30 D.P.R. 342, presentaron prueba aliunde para demostrar que los requisitos omitidos en el diligenciamiento habían sido cumplidos al tiempo de hacerse las citaciones a los demandados, ahora demandantes, llenando todos los requisitos le-gales que exige el artículo 92 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sección 5076, Compilación de 1911.” Ortiz v. San Miguel, 34 D.P.R. 228, 229.

El certificado enmendado demuestra claramente que las acciones estuvieron siempre embargadas, pero que el márshal omitió los datos que así lo demostraban en el diligenciamiento original. Y como esos datos los tuvo la corte inferior ante sí por medio del diligenciamiento enmendado antes de dictar la resolución que es objeto de esta apelación, creemos que erró al no darle efecto legal a dicho diligenciamiento en-mendado, especialmente cuando- los hechos en el mismo ex-puestos no fueron en manera alguna controvertidos por el demandado.

“Si el diligenciamiento de un emplazamiento o de cualquier otro auto que tenga por objeto conferir jurisdicción a la corte sobre la persona del demandado, es omitido o hecho incorrectamente, pero los hechos requeridos para dar a la corte jurisdicción existieron real-mente, el peso de las autoridades al presente le permite al oficial corregir o suministrar el diligenciamiento hasta que diga la verdad, aunque debido a tal corrección la sentencia aparentemente nula se convierta en válida.” Freeman on Judgments (4th edition) section 89-6, citada en Cunningham v. Spokane, etc. Co., 72 Am. St. Rep. 113, 115.

Que la corte tenía facultades para permitir la enmienda al certificado de diligenciamiento original, surge claramente de los artículos 7, 140 y 142 del Código de Enjuiciamiento Civil:

“Art. 7. — Toda corte tiene poder:
“(8) Para inspeccionar y corregir sus providencias y órdenes con el fin de ajustarlas a la ley y a la justicia.
“Art. 140. — Podrá la corte, en bien de la justicia, y en los tér-minos que fuesen adecuados, permitir a una de las partes enmendar cualquier alegación o procedimiento, bien añadiendo o eliminando •el nombre de alguna parte o corrigiendo un error en el nombre de la misma, o en cualquier otro particular, y en igual forma, prorrogar >el término para la contestación o excepción previa. La corte puede también, a su arbitrio, después de notificada la parte contraria, permitir en la forma que estimare justa, una enmienda a cualquier alegación o procedimiento en otros particulares, y puede, en igual forma, permitir que se formule una contestación después del término prescrito por este Código, y también eximir a alguna persona o a sus representantes legales, de los efectos de una sentencia, orden u otro procedimiento que se hubiese dictado contra ella, por causa de equivocación, inadvertencia, sorpresa o excusable negligencia;....
“Art. 142. — En cualquier estado de un pleito la corte no tomará en cuenta algún error o defecto en las alegaciones o procedimientos que no afecten a lo esencial de los derechos de las partes, y no se revocará o invalidará ningún fallo por razón de dicho error o defecto.”

La jurisprudencia es al mismo efecto. En 50 C. J., pág. 606, sección 360, se resume así:

“El diligenciamiento de emplazamiento de un oficial puede, como regla general, ser enmendado para corregir defectos en él o para ajustarlo a la verdad, y a los requerimientos estatutarios, cuando éstos existan. El derecho a enmendar es un derecho oriundo de la ley común y no depende del estatuto, aunque frecuentemente se confiere por estatuto. Igualmente enmendables son los affidavits de citación hechos por personas privadas, prueba de citación por edictos, affidavits de citaciones hechas a personas no residentes por oficiales no residentes, y notificaciones de citaciones. No se permitirá un proyecto de enmienda, si incierto, y el demandado puede controvertir la verdad del hecho que se trate de introducir en el diligenciamiento. ’ ’

Si bien es verdad que del diligenciamiento original no aparece el hecho cierto del embargo, también lo es, según consta del diligenciamiento enmendado, que en realidad fue trabado sobre las acciones del demandado que en este último se enumeran. Y como quiera que el diligenciamiento no es-más que la prueba de un hecho, que en el caso de autos ocurrió, la corte inferior pudo y debió, a nuestro modo de ver, darle al documento enmendatorio todo el valor proba-torio que tenía.

“...La jurisdicción no dependía de la prueba de la citación,, sino del hecho de haberse efectuado dicha citación. Cuando los affidavits que acreditaban que la citación había sido puesta por correo fueron radicados ellos sostenían el decreto tan plenamente-como si éste formara parte del récord antes de su registro. Herman v. Santee, 103 Cal. 519, 42 Am. St. Rep. 145, 37 Pac. 509; Heinlen v. Heilbron, 94 Cal. 636, 30 Pac. 8; La Fetra v. Cleason, 101 Cal. 246, 35 Pac. 765; Bank of Orland v. Dodson, 127 Cal. 208, 78 Am. St. Rep. 42, 59 Pac. 584.” Lindley v. Lindley, 49 Cal. App. 631, 633; 194 Pac. 85.

“... El diligenciamiento de la citación puede ser formal o informal, perfecto o imperfecto. Sin embargo, si la citación en realidad se hizo, la corte adquirió jurisdicción de la persona del demandado. Así pues en In re Newman, 75 Cal. 220, 7 Am. St. Rep. 146, se dijo: ‘Es el hecho de la notificación lo que da a la corte jurisdicción, y no la prueba de haberse efectuado tal cosa’.

“La declaración jurada enmendada sobre el diligenciamiento, que la corte autorizó se radicara, estaba correcta en todo sentido, y demostraba que el apelante fué debidamente notificado con copia del emplazamiento y la demanda. Ninguno de los hechos que se hacen constar en la declaración jurada han sido controvertidos, y debe resolverse, en su consecuencia, que desde el momento en que se hizo la notificación la corte adquirió jurisdicción de las partes en el litigio.” Herman v. Santee, 42 Am. St. Rep. 145, 147.

“.. .La corte declara en efecto que no es la notificación del pro-cedimiento lo que da a las cortes jurisdicción, sino la prueba de tal ■notificación; que si la prueba es defectuosa no importa entonces ■que la notificación fuera perfecta; y siendo la prueba imperfecta, no es posible sostener la sentencia en forma alguna, demostrando los becbos que rodean la notificación del procedimiento conforme éstos existían al dictarse la sentencia. Creemos que la ley es precisa-mente lo contrario de todo esto. Es el becho de la notificación del procedimiento lo que da a la corte jurisdicción, y es práctica familiar en el Estado de California, así como donde quiera, cuando falta la prueba de tal notificación o ésta es defectuosa, permitir que la misma sea enmendada o complementada. En este caso la corte dice que la prueba, al ser así enmendada o complementada, ‘no surtiría el efecto, por relación, de convalidar aquello que, al dictarse, era nulo.’ Es cierto que no puede convalidar una cosa que era nula. Pero si el procedimiento fué notificado la sentencia jamás fué nula. Al com-plementarse y enmendarse la prueba de la notificación de un proce-dimiento, el objeto no es convalidar algo que era nulo, sino conva-lidar algo que era válido; en otras palabras, demostrar la verdadera naturaleza de la sentencia; que no es nula ni jamás lo fué, según podría inferirse en ausencia de prueba de la notificación, sino que ■es y siempre ba sido válida.” Nota al caso de Reinhart v. Lugo, 21 Am. St. Rep. 52, 56.

Lo que el caso de Pennoyer v. Neff, supra, rechaza es que la jurisdicción de la corte se haga depender de hechos a comprobar después de juzgada la causa y dictada la sen-tencia.

-“ ... Su jurisdicción a ese respecto no puede hacerse que dependa de becbos a ser determinados después que se ba juzgado la causa .y dictado sentencia.” Pennoyer v. Neff, supra, pág. 728.

Dice la corte inferior en el último párrafo de su resolución (véase supra) que “la enmienda al certificado de diligencia-miento. . .no convalida.. .el embargo.. .pues dicho certificado enmendado no hace más que hacer una relación de las acciones que resultó tener el demandado.. .pero en ningún momento aparece que el márshal trabase embargo sobre estas acciones en particular. .

Opinamos que el diligenciamiento enmendado es claro en ese respecto. Dice el marshal: “ .. .que las acciones expues-tas que embargué fueron las siguientes...” No hay duda de que se trabó un embargo.

En el caso de autos la información omitida en el certifi-cado de diligenciamiento original la tuvo la corte ante sí,, como ya se ha dicho, cerca de dos meses antes de dictar la resolución del día 9 de noviembre de 1937, y apareciendo de ella como cuestión de hecho la realidad del embargo sobre determinadas acciones del demandado en la Central Camba-lache, Inc., 'procede que se revoque dicha resolución y que se devuelva el caso a la corte de su origen para procedimientos ulteriores no inconsistentes con los términos de esta opinión.

El Juez Asociado Señor De Jesús no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor De Jesús

license: Public Domain

text:
    Margaro Navarro, demandante y apelante, v. Compañía Azucarera “El Ejemplo”, demandada y apelada.
    Núm. 7465.

    Sometido: Junio 21, 1938.

      Resuelto: Julio 28, 1938.

      Burset é Pérez Pimentel, abogados del apelante; González Pagundo (& González, Jr., abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La demanda de este caso alega en síntesis que la deman-dada apelada es dueña de una vía férrea que en el sitio deno-minado “La Bejuca” cruza la carretera insular que conduce de la ciudad de Humaeao al poblado Punta Santiago. Que el 29 de abril de 1931 la demandada usaba dicho paso a nivel para pasar sus trenes que transportaban cañas de azúcar a su factoría. Que la demandada tiene un guarda-barrera para atender a la colocación de dos cables de acero que sujetos por sus extremos a dos postes fijados en los lados de la carretera impiden el tránsito del público mientras los trenes discurren por el paso a nivel. Que en la fecha indicada el demandante se hallaba parado a un lado de la carretera, muy cerca del paso a nivel, y que el empleado de la demandada encargado del paso a nivel, descuidada y negligentemente, dejó tendidos sobre la carretera los cables de acero en forma de espiral, sujetos por uno de sus extremos a uno de los postes mencionados. Que entre tres y cuatro de la tarde, al pasar una guagua por encima de dichos cables, uno de ellos fué puesto momentáneamente en tensión, lanzán-dose violentamente sobre el demandante, produciéndole un golpe que le fracturó la pierna derecha, le causó grandes dolores físicos y lo ha dejado permanentemente inútil de dicha extremidad. Estimó el demandante en $10,000 los daños así sufridos y solicitó sentencia por esa cantidad, más las costas, desembolsos y honorarios de abogado.

Negó la demandada por falta de información y creencia que hubiese existido el alegado accidente y negó también la existencia de los daños reclamados, pero aceptó las demás alegaciones de la demanda, exponiendo además como defensa especial que la demanda no aduce hechos constitutivos de causa de acción.

Tres años después de la fecha del accidente, allá por el 23 de marzo de 1934, se celebró el juicio oral, y el 10 de diciembre del año siguiente se dictó la sentencia que deses-timó la demanda por los fundamentos de una opinión en que luego de hacer una síntesis de la demanda y de exponer que la demandada la contestó negando sus alegaciones fundamen-tales, termina así:

“El día señalado para el juicio se practicó prueba testifical de ambas partes y además una inspección ocular.
“Por la'prueba testifical de ambas partes, el conflicto de la cual ha sido resuelto teniendo en cuenta todas las modalidades de los distintos testimonios tal como los mismos se produjeron durante el curso del. juicio, y por el resultado de la inspección ocular realizada, la corte entiende que los hechos esenciales de la demanda no han quedado probádos, por lo. que opina que la misma debe ser declarada sin lugar, sin costas. ’ ’

Contra esta sentencia interpuso el demandante el pre-sente recurso de apelación imputando a la corte inferior tres errores, a saber:

“Primeror La corte de distrito de Humacao cometió error al de-clarar. que los hechos esenciales de la demanda no han sido probados.
“Segundo: La Corte de Distrito de Humacao cometió error mani-fiesto al apreciar la prueba.
“Tercero:. La sentencia dictada por la Corte de Distrito de Humacao es contraria a la prueba y a derecho.”

' Los tres errores señalados por el apelante se reducen a uno, que puede sintetizarse así: La corte cometió error ma-nifiesto en la apreciación de la prueba.

Declararon por parte del demandante los testigos José María Pérez, chófer que conducía la guagua, los pasajeros Carmelo Rodríguez y Jesús Sánchez, el demandante, el Dr. Enrique Matta y el guardabarrera Francisco Delgado. Los tres primeros corroboran en todas sus partes la declaración del demandante Margaro Navarro. Vieron a Navarro al lado de la carretera en aquel sitio inmediatamente antes del accidente, vieron los cables extendidos en el suelo a través de la carretera, se dieron cuenta cuando uno de éstos se enredó debajo de la guagua y todos oyeron los gritos de Navarro, lo vieron sobre el pavimento de la carretera san-grando profusamente por la pierna derecha sin poder afir-marse sobre la misma y lo condujeron a la guagua, lleván-dolo a una clínica de Humacao donde fué asistido por el Dr. Enrique Matta.

El Dr. Enrique Matta declaró que en la fecha indicada le llevaron al demandante a la clínica con una fuerte lesión .•en la pierna derecha; qne tenía fracturada la tibia; qne no le amputó la pierna pero qne fueron tantas las astillas de hueso que tuvo. que extraerle, que había quedado perma-nentemente inútil de aquella pierna, sobre la cual no podría .■afirmarse más.

El guardabarrera, que para el ciclón de San Ciríaco ocu-xrido el 8 de agosto de 1899 tenía ya 46 años de edad y que por consiguiente el día del juicio contaba 85 años, entre ■otras cosas declaró:

“P. ¿Sabe de algún accidente que pasó por allí en La Bejuca ■el 29 de abril de 1931?
R. Yo lo único que me acuerdo......
P. ¿Ud. lo sabe si pasó algo por allí ese día?
R. No me acuerdo bien.
P. ¿Ud. no sabe de ese accidente que ocurrió el 29 de abril de' 1931 en La Bejuca, estando Ud. allí de guardavías?
R. Puede haber pasado, pero no me acuerdo bien.
P. El día ese, ¿vió a Margaro Navarro?
R. Sí, señor.
P. ¿Dónde estaba?
R. Él venía de la Playa de trabajar.
P. ¿Y cómo si lo vió allí no se recuerda de nada?
R. Él era conocido mío. •
Hon. Juez: ¿Era qué?
R. Era conocido mío.
Lcdo. Pérez Pimentel : Sr. Juez, nosotros hemos traído el testigo que en esa fecha era empleado de la Central Ejemplo para saber en qué consistía su empleo; eso es todo.
Lcdo. González Fagundo : También el testigo debe declarar si Margaro Navarro estaba ahí y si pasó algo.
' Lcdo. PÉREZ Pimentel: El testigo dijo que Navarro estaba allí y en lo que concierne al accidente, el testigo ha dicho que pudo haber pasado algo, pero que no se recuerda. Además, nosotros no queremos que el testigo nos diga qué pasó allí.
Hon. Juez: El testigo dijo que ocurriría algo allí, pero que no lo recuerda bien.
Lcdo. Pérez Pimentel: (Al testigo.)
¿Ese día Margaro Navarro estuvo conversando con Ud?
R. .'Sí, señor.
P. ¿Se paró a conversar con Ud.?
E. Sí, señor.
P. ¿En qné parte de la carretera? ¿Al lado derecho viniendo-de la Playa?
E. Sí, señor.
P. ¿En qné sitio estaba Ud. parado?
E. En el borde de la cuneta.
P. ¿Ud. sabe si allí hay unos cables?
E. Sí, señor.
P. ¿En qné forma se sujetan?
E. Al lado allá hay un poste y al lado acá hay otro.
P. ¿Los cables estaban amarrados del poste que estaba del lado-suyo?
E. Me parece que sí, no recuerdo bien.
P. ¿Cómo estaban los cables puestos?
E. Como yo los acostumbraba poner.
P. ¿Y por allí pasó una guagua?
E. Sí, señor.
P. ¿Qué pasó al pasar la guagua?
E. Venía para acá una guagua e iba para allá un carro. El carro pasó y la guagua se arrimó al poste y pasó y cuando brincó-el cable yo me tiré a la cuneta a cogerlo.
P. ¿Se recuerda si el cable le hizo algo a este hombre?
E. .No lo sé.
P. ¿Sabe cuál cable fué el que la guagua tiró a la zanja?
E. No lo sé.” (T. de E., págs. 44 y 45.)

Como podrá verse de la declaración antes transcrita el mismo guardabarrera, a pesar de la debilidad de su memoria,, asegura que al pasar la guagua por encima de los cables-saltó uno de ellos y tuvo él que tirarse a la cuneta a recogerlo.

Hemos leído cuidadosamente la transcripción de evidencia y no encontramos nada en las declaraciones de los testigos del demandante que pueda hacer dudar de su veracidad. Sus contestaciones . son categóricas, no hay evasivas ni contradicciones, y si bien existen ciertas discrepancias entre ellos en cuanto a la hora exacta en que ocurrió el accidente,, el ancho de la carretera, la distancia a que se hallaba Navarro-del paso a nivel, etc., etc., tales discrepancias, lejos de debi-litar la fuerza probatoria de sus testimonios, los fortalecen,. pues demuestran que la prueba del demandante no había sido amañada.

Es muy conocido de todo estudiante de Evidencia el clásico experimento del grupo de personas que presencia un accidente y que luego, al relatarlo, no hay dos de los obser-vadores que estén estrictamente de acuerdo en todos sus detalles. Además, es de conocimiento general la inexacta noción que del tiempo y del espacio corrientemente tienen los testigos ignorantes, no debiendo tampoco perderse de vista la circunstancia de que en este caso los testigos decla-raron tres años después de haber ocurrido el accidente.

A nuestro juicio la evidencia del demandante sostiene prima facie las alegaciones esenciales de su demanda. ¿La controvirtió la demandada? Veámoslo. Declararon por la demandada los testigos Mario Fuentes, Antonio Quintero, Francisco Rivera y Miguel A. Burset.

Declaración de Mario Fuentes: Declaró que es ingeniero civil y que ha sido durante quince o diez y seis años empleado de la Central Ejemplo; que trabajaba en mensura, planos de puentes, etc.; que en un sitio denominado “La Bejuca” había un cruce de la Central Ejemplo en la carretera .que conduce de Humacao a la playa; que él hizo el estudio para dicho cruce y la construcción se hizo bajo su supervisión; que unos días antes de la vista del caso hizo un plano de dicho cruce; que al este del cruce, de soporte a soporte, tiene 6 metros 73 centímetros de ancho la carretera; que en el lado oeste tiene 7 metros 25 centímetros de ancho; que el ancho embreado de la carretera en la parte este es de 4 metros 20 centímetros y eñ la parte oeste 4 metros con 20 centímetros; que del embreado a los soportes en la parte este hacia la izquierda tiene 1 metro 23 centímetros y del soporte al borde de la cuneta tiene 50 centímetros; que del soporte del este hacia la izquierda tiene un metro con 30 centímetros del embreado al soporte y del soporte al borde de la cuneta tiene 60 centímetros; en el lado oeste hacia la izquierda tiene 1 metro 50 centímetros del borde de la brea al soporte y del soporte al borde de la cuneta tiene 50 centí-metros ; en el oeste, al lado derecho, desde la brea al soporte, hay 1 metro 55 centímetros y del soporte hasta el borde de la cuneta hay 60 centímetros; que las dimensiones son las mismas que cuando se plantaron los soportes; que no se ha alterado el curso de la vía férrea; que del soporte que está en el este al lado derecho viniendo de la playa al soporte del este que está al lado izquierdo hay 6 metros 73 centí-metros; que del soporte que está en el este en el lado de-recho viniendo de la playa al que está en el oeste al lado derecho hay 9 metros con 66 centímetros; que del soporte que está al este al lado izquierdo viniendo de la playa al que está en el oeste ál lado izquierdo hay 8 metros con 60 centí-metros. (Se ofreció el plano en evidencia.)

En repregunta dijo el testigo: Que el paso a nivel fue hecho en el año 1916; que las distancias entre los soportes no se han variado.

Declaración de Antonio Quintero: Declaró que es em-pleado de los Ferrocarriles del Este; que conoce el cruce “La Bejuca” hace como quince años; que dicho cruce estaba igual en 1931 que hoy y también que cuando se hizo; que no se ha cambiado en nada; que el trazado de la carretera no se ha cambiado.

En repregunta dijo que estaba presente cuando se pu-sieron los soportes; que él los colocó; que como hace tanto tiempo se le ha olvidado la distancia entre uno y otro.

Declaración de Francisco Rivera: Declaró que trabaja en la Central “El Ejemplo” hace catorce años; que conoce a Antonio Quintero, quien era empleado allí desde antes que 41; que era jefe de tráfico y supervisor de vías; que las obligaciones del supervisor de vías es dirigir el tráfico de los trenes, reparar las vías y conservarlas en buen estado, cambiar las traviesas podridas por nuevas y dirigir, en general, el movimiento de trenes; que dichas vías, de las que él es supervisor, siempre se han mantenido en perfecto estado.

Declaración del Lie. Miguel A. Burset: Que en el año 1931 era Juez Municipal de Humacao, hasta el mes de agosto o principios de septiembre; que tomó las declaraciones e investigó el accidente que le ocurrió a Margaro Navarro; que después de tomadas las declaraciones hizo una inspección ocular.

Veamos añora si la inspección ocular pudo en manera alguna controvertir la prueba del demandante. El acta de la inspección ocular dice así:

"El día 10 de agosto de 1935 se celebró la inspección ocular en este caso, compareciendo el demandante por medio de su abogado Sr. Miguel A. Burset, y la demandada por el suyo, Sr. Francisco González Fagundo.
“Se trasladó la Corte al sitio de autos. En el poste cerca al cual se declaró que estaba parado el demandante bay un cable que se extiende para hacer las veces de barrera para la protección del público, cuando viene discurriendo por la vía alguna locomotora. El cable, con los dobleces a que se le somete el servicio para el cual ha sido colocado en dicho sitio, se deja caer a tierra a lo ancho de la carretera. Dos automóviles le han pasado por encima en distintos sitios del ancho de la carretera, y no ha habido ninguna clase de movimiento del cable hacia arriba o hacia los lados. El cable, antes de llegar a tierra, desde el sitio en que está atado al poste, describe una línea oblicua, como estableciendo uno de los lados de un trián-gulo de noventa grados cuyo vértice sur está aproximadamente a cuatro pies del poste, precisamente donde termina el pavimento de la carretera y comienza el paseo o margen septentrional de la misma. ’

Razonando el abogado del demandante apelante sobre el valor probatorio de la inspección ocular en este caso cele-brada, se expresa así en su alegato, lo que transcribimos por estimar correctos sus razonamientos y sus atinadas ob-servaciones sobre la cuestión:

“Al practicarse la inspección ocular se hizo pasar dos automó-viles por encima de los cables y ninguno de éstos sé movió hacia arriba o hacia los lados. (Transcript pág. 12.) Tal vez la Corte entendió que esta circunstancia rebatía la prueba del demandante. Si así lo hizo, cometió un grave error. El hecho de que otros auto-móviles hayan pasado por encima de los cables sin qne éstos se hayan movido, no establece la improbabilidad de que el accidente ocurriera en la forma que lo relata el demandante y sus testigos. Recordemos que el día del accidente había dos cables tendidos sobre la carretera, que la guagua le pasó por encima a ambos cables y- sin embargo fué uno solo de ellos el que se enredó y saltó hacia el lado produciéndole el golpe al demandante. Nosotros no comprendemos cómo el Juez de la Corte inferior podía esperar que el cable volviera a saltar al pasar por encima de ellos dos automóviles. Ni siquiera se utilizó la misma guagua que guiaba José María Pérez el día del accidente, o una similar a ella. Para obtenerse el mismo resultado la Corte tenía que reproducir infinidad de circunstancias a fin de que Jas condi-ciones que existieron cuando ocurrió el accidente fueran similares a las del día del experimento. Pero no se hizo así, sino que por el contrario se ordenó que los cables se cruzaran en la carretera y que dos automóviles de turismo les pasaran por encima. Las condiciones no eran similares y el resultado no podía ser el mismo. La posición exacta de los cables, sitio sobre el cual pasaron las ruedas de la guagua, posición de los ganchos de hierro que estaban asidos a los extremos sueltos de los cables, el peso de la guagua, estructura ex-terna de los neumáticos de la misma, configuración de la guagua por su parte inferior, estado de la carretera, y cien condiciones más hubiera tenido la Corte' que reproducir para que el cable saltara como lo hizo el día del accidente. Pero nada de eso se hizo y si la Corte en estas condiciones dio tanto valor a su experimento, es indis-cutible que cometió un grave error.”

Es evidente qne la inspección ocular en la forma en qne se hizo ninguna luz pudo arrojar sobre el caso, y por su-puesto no controvirtió en manera alguna la prueba del de-mandante.

En el caso de Rogelia Caballero v. Eduardo González, ante, pág. 539, refiriéndonos al valor probatorio que debe darse a testimonios no controvertidos cuando no bay con-flicto en la prueba, citamos con aprobación las palabras del Juez Field en el caso de Quock Ting v. U. S., 140 U. S. 417, 35 L. Ed. 501. Dicha cita dice así:

"Indudablemente, como regla general el testimonio positivo no controvertido sobre un hecho determinado debe controlar la decisión de la corte; esta regla, sin embargo, admite muchas excepciones. Puede existir tal improbabilidad en las aseveraciones de un testigo que induzca a la corte o al jurado a descartar su evidencia, aunque no baya testimonio alguno en contrario. El testigo puede contra-decirse tan eficazmente por sus propias manifestaciones como si se presentara prueba en contrario; las muchas omisiones en su relato de determinadas transacciones y aún su propia conducta, pueden ser suficientes para desacreditar toda su declaración. Su manera de declarar también puede dar lugar a dudas sobre su sinceridad y dar la impresión de que está imprimiendo un colorido falso a hechos esenciales. Todas estas circunstancias pueden ser consideradas al determinar el peso probatorio que debe darse a su declaración, a pesar de que no se haya presentado testimonio alguno que lo con-tradiga. ’ ’

Ya hemos dicho que no existe conflicto de prueba, pues la de la demandada en manera alguna' tiende a controvertir la del demandante; que las declaraciones de los testigos del demandante son categóricas, libres de evasivas y contradic-ciones, y que aunque pueden observarse en ellas ciertas dis-crepancias en detalles sin importancia, especialmente con respecto a distancias y tiempo, tales discrepancias militan más bien a favor del demandante. Tampoco es físicamente imposible ni inverosímil la teoría que exponen el demandante y sus testigos. En su opinión el juez de la corte inferior no aduce razón alguna que justifique descartar la prueba del demandante. Habla de un conflicto de prueba que en realidad no existe y termina exponiendo que teniendo en cuenta las modalidades de los distintos testimonios y por el resultado de la inspección ocular, que ya conocemos, concluye que el demandante no ha probado los hechos esenciales de su de-manda.

A nuestro juicio, el juez de la corte inferior carecía de base legal suficiente para descartar la prueba del deman-dante. Debió darle crédito y al no hacerlo así, cometió error manifiesto en la apreciación de la misma.

Como la demanda aduce hechos constitutivos de causa de acción y dada la conclusión a que llegamos con respecto al resultado de la prueba, procede en este caso revocar la sen- tencia apelada y dictar este tribunal la que de acuerdo con la ley y los hechos corresponde. Considerando que el deman-dante al tiempo del accidente era un hombre saludable, pues de la evidencia no aparece lo contrario, que tenía de veinti-cuatro a veinticinco años de edad, que ha quedado total y permanentemente inútil de la pierna derecha, teniendo e¡n cuenta los agudos dolores físicos de que fué víctima, y que ganaba $1.25 diarios, al declarar con lugar la demanda pro-cede condenar a la demandada apelada a pagar al deman-dante apelante la cantidad de $2,500 por concepto de los daños sufridos, antes descritos, más las costas y la cantidad de $350 para honorarios de abogado.


text:
    Figueroa & Gautier, demandante y apelante, v. Manuel V. Domenech, hoy R. Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núm. 7457.

    Sometido: Junio 17, 1938.

      Resuelto: Julio 28, 1938.

      Emilio 8. Belaval, abogado de la apelante; Hon. Procurador General B. Fernández García y M. Rodríguez Ramos, Procurador General Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión dél tribunal.

La demandante es nna sociedad mercantil dedicada entre otras actividades a la venta de vehículos de motor. Su negocio está organizado de tal modo que tiene en distintas ciudades de la Isla lo que llama “dealers” y “sub-dealers”, que son personas o firmas comerciales a quienes vende auto-móviles a un precio inferior del fijado para las demás per-sonas, lo que permite a éstos revender los vehículos así comprados con un margen de beneficio. Los “dealers” y “sub-dealers” no son agentes de la demandante y no tienen con ella otra relación que la de vendedor y compradores. También vende la demandante por cuenta propia a otras personas que desde luego no gozan del precio especial de que disfrutan los “dealers” y “sub-dealers”.

Desde el 11 de agosto de 1931 hasta el 30 de abril de 1932, la demandante vendió a “dealers” y “sub-dealers” los automóviles y camiones que aparecen en el estado informa-tivo que acompañó como exhibit de la demanda, en el cual consta el precio especial que los “dealers” y “sub-dealers” pagaron por cada vehículo. Trató la demandante de pagar el impuesto de 10 por ciento que fija la Ley de Arbitrios sobre vehículos de motor, tomando por base el precio especial a que habían sido vendidos, pero el Tesorero demandado rehusó aceptar dicho precio como precio de venta corriente en Puerto Rico y entonces, a medida de transacción, la demandante fijó el precio que estimó el precio corriente a los automóviles vendidos de que antes se ha hecho referencia, sin perjuicio de establecer la acción correspondiente para recobrar el exceso de contribución que de ese modo pagase.

Pagó la demandante bajo protesta todos y cada uno de los arbitrios así fijados y radicó entonces la demanda de este caso dentro del término legal solicitando la devolución, no de la totalidad del impuesto pagado, sino de aquella parte del mismo correspondiente al aumento de precio que se hizo en transacción con el Tesorero, aumento que asciende en total a $4,411.32.

Excepcionó primero y contestó después el demandado. ,Se celebró el juicio oral el 6 de febrero de 1935 y con fecha ,2§ de agosto del año siguiente la corte dictó sentencia deses-timando la demanda sin especial condenación de costas. Fué ¿contra esta sentencia que se interpuso el presente recurso, alegándose como motivos de revocación la comisión de los siguientes errores, que imputa la apelante a la corte de dis-trito, a saber:.

r “1. La Corte de Distrito cometió error al estimar no probado por la demandante apelante ‘cuál era el precio de distribución que prevalecía en el mercado al realizarse las ventas o sea el precio de venta “corriente” en Puerto Pico.’
“2. La Corte de Distrito cometió error al estimar que el precio a que vendió Figueroa & Gautier a sus revendedores no era el precio del mercado en Puerto Rico para tales operaciones.
“3. La Corte de Distrito cometió error al no permitirle probar a la demandante apelante el discrimen que se cometía contra la demandante apelante en relación con otros negocios algunos de auto-móviles también en Puerto Rico, en el cobro de los arbitrios.
“4. La Corte de Distrito cometió error al no considerar como probado el caso de la demandante apelante.”

Los cuatro errores señalados por la apelante giran alrededor de la interpretación que deba darse a la sección 16 de la Ley número 85 aprobada el 20 de agosto de 1925 (Leyes de ese año, pág. 585), según fué enmendada por la Ley número-83 de 6 de mayo de 1931 (Leyes de ese año, pág. 505), en relación con la secciones 4 y 37 de la misma ley. Por esa razón vamos a considerar conjuntamente los errores señalados por la apelante.

.La sección 16 de la Ley número 85 de 1925, según fué enmendada por la número 83 de 1931, en lo pertinente dice así:

• “Sección 16. — Se cobrará y pagará como impuesto de rentas in-ternas, por una sola vez sobre todos los artículos siguientes y aquéllos comprendidos en esta sección de la ley, que fueren vendidos, tras-pasados, usados, consumidos o introducidos en Puerto Rico:
“8. Vehículos de motor y lanchas y totes de motor. — Sobre todo vehículo de motor, incluyendo automóviles, autowagones, camiones, etc., que se vendan, traspasen, fabriquen, usen o introduzcan en Puerto Rico, un impuesto de diez (10) por ciento sobre el precio de venta en Puerto Rico;...”

El último párrafo del precepto transcrito impone el ar-bitrio de 10 por ciento sobre el precio de venta en Puerto Rico. Veamos ahora qué se entiende por “precio de venta” dentro del significado de la citada ley. Su sección 4 lo define así:

“Sección 4. — Definición de la frase ‘precio de venta’. — Para los efectos del cobro y del pago de las contribuciones que por la presente se prescriben, la frase ‘precio de venta’ en todos los casos deberá interpretarse como significativa:
“(a} En el caso de la venta de artículos al por mayor, el precio exacto a que se venda el artículo o mercancía que esté sujeto a la contribución.
“(ó) En el caso de la venta de artículos al detalle o a precio por unidad, el precio exacto a que fuere vendido el artículo o mer-cancía sujeto a la contribución.
“(c).
“En ningún caso deberá aceptarse como el precio de venta, para los fines de la contribución, un precio menor que aquél que se pague corrientemente en el mercado de Puerto Rico por artículos similares en el momento que el artículo o mercancía tributable sea vendido, traspasado, usado, consumido, manufacturado o introducido en Puerto Rico.”

La sección 37 de la misma ley impone a los traficantes la responsabilidad del pago del impuesto sobre todos los artículos introducidos por ellos. Dicha sección dice así:

“Los traficantes serán responsables del pago de impuestos al vender o traspasar el artículo tributable a otro traficante o a un consumidor. ’ ’

De la evidencia resulta que las ventas que la demandante hace a sus “dealers” y “sub-dealers” son a precio por unidad, y la sección 4, en su último párrafo transcrito, prescribe que en ningún caso deberá aceptarse como el precio de venta para los fines de la contribución, un precio menor que aquél que se pague corrientemente en el mercado de Puerto Rico por artículos similares en el momento en que el artículo o mercancía tributable sea vendido, traspasado, usado, consumido, manufacturado o introducido en Puerto Rico. A nuestro juicio este último párrafo nos da la lus necesaria para la correcta resolución de la controversia.

En armonía con todas las disposiciones legales antes citadas, el precio de venta a los efectos de la imposición y cobro del impuesto no es el precio especial a que la deman-dante vende a sus “dealers”, sino el precio corriente en el mercado de Puerto Rico en la fecha de tal venta, a menos que se diese el caso, muy improbable por cierto, de que el precio de venta al “dealer” sea superior al precio del mer-cado, en cuyo caso aquél serviría de base para la imposición del arbitrio.

Si interpretásemos la ley en la forma que pretende la demandante, tendríamos que hacer caso omiso del último párrafo que de la sección 4 hemos transcrito anteriormente, que dispone que en ningún caso deberá aceptarse como el precio de venta para los fines de la contribución un precio-menor que aquél que se pague corrientemente en el mercado de Puerto Rico por artículos similares, etc. Tal interpreta-ción no puede sostenerse, porque infringe la conocida regla de hermenéutica legal dispositiva de que al interpretar una. ley debe seguirse la intención legislativa y a ese fin es preciso dar efecto a las distintas disposiciones de la ley, interpre-tándolas unas a la luz de las otras, habida cuenta de que forman parte de un todo. 25 R.C.L. 1006, See. 247.

El precio especial a que la demandante vendía sus auto-móviles a sus “dealers” y “sub-dealers” no era el precio-que corrientemente se pagaba por ellos en el mercado de Puerto Rico. Por el contrario, claramente aparece de la. prueba de la propia demandante que ese precio era inferior-no solamente al que los revendían después los “dealers”, si que también al que la propia demandante los vendía al público en general cnando se trataba de nna venta de con-tado en que no recibía automóviles usados como parte del precio de venta. Este último es precisamente, a nuestro juicio, el precio corrientemente pagado en el mercado. La apelante invoca el caso de Indian Motocycle Co. v. U. S., 283 U. S. 570, 75 L. Ed. 1277, pero ese caso no es aplicable al presente, porque en él se interpreta la sección 600 de la Ley de Rentas Internas de 1924, que impone un arbitrio de 5 por ciento sobre el precio de venta o de arrendamiento, y dicha ley federal no contiene como la nuestra el precepto contenido en la sección 4, supra, dispositivo de que en ningún caso se aceptará como el precio de venta para los fines de la contribución un precio menor que el que se pague corrien-temente en el mercado de Puerto Rico.

Como dijimos al principio de esta opinión, el tesorero rehusó aceptar como precio de venta el especial que medió en las transacciones habidas entre la apelante y sus “dealers” o “sub-dealers”. Al no aceptar ese precio, como medio coercitivo, rehusó también venderle las tablillas si antes no de jaban solucionada la controversia y pagaban el impuesto correspondiente. Fue entonces que la apelante, como me-dida de transacción, sometió el informe que se unió a la demanda, en el cual aparece el precio especial de venta al “dealer” y el que la apelante propuso como precio corriente en el mercado, sujeto desde luego a pagar el arbitrio bajo protesta y someter a los tribunales la cuestión. Sobre esa base fué que se pagó el impuesto. Podrá, quizás, en algunos casos, ser mayor que el precio que corrientemente se pague en Puerto Rico, pero la apelante no demostró que fuera otro el precio, pues si bien su testigo y socio, Sr. José J. Figueroa, habló en términos generales del beneficio que podía tener la demandante en la venta de automóviles de contado a particulares, no se determinó de manera especí-fica el precio corrientemente pagado en Puerto Rico por los distintos estilos de vehículos que aparecían como vendidos en el exhibit que se acompañó a la demanda.

Lo expuesto nos lleva a la conclusión de que la sentencia apelada es correcta y procede su confirmación.

El Juez Asociado Señor Travieso no intervino.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Thomas H. Smallwood, haciendo negocios bajo el nombre de Smallwood Brothers, peticionario, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. M. Romany, Juez, demandada.
    Núm. 1141.

    Sometido: Junio 7, 1938.

      Resuelto: Julio 30, 1938.

      Luis Ríos Algarín, abogado del peticionario.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

T. H. Smallwood haciendo negocios bajo el nombre de Smallwood Brothers inició en la Corte de Distrito de San Juan un procedimiento sobre reposesión de bienes muebles vendidos bajo contrato de venta condicional. Convocó la corte a las partes a la audiencia que la ley prescribe. Se le pidió que ordenara la citación por edictos de la parte demandada por los motivos que se le expusieron, y accedió. Se practicó en efecto la citación publicándose los edictos en el periódico La Democracia por el tiempo ordenado y en el día señalado para la audiencia compareció el demandante, practicó prueba y la corte dijo y resolvió lo que sigue:

"La Corte cree que no tiene jurisdicción. Este procedimiento— después de baber pensado por unos minutos — este procedimiento especial de la Ley de Ventas Condicionales, es un procedimiento sumarísimo y la Corte cree que debe ajustarse estrictamente a lo que dispone la ley, o sea, que debe notificarse personalmente y está limitado, de acuerdo con la opinión de la Corte, a los casos en que se pueda emplazar personalmente y en los casos en que no se pueda emplazar personalmente, está obligado a recurrir al procedimiento regular. La Corte va a desestimar la petición por entender que no se fia emplazado personalmente a la parte demandada y que debe seguirse el procedimiento ordinario.”

El demandante se dirigió entonces a esta Corte Suprema pidiéndole que ordenara la expedición de un auto de certio-rari para corregir el error en que a su juicio la corte de distrito se encontraba.

El auto fué expedido, celebrándose la vista con la sola asistencia del peticionario por su abogado. El juez deman-dado se limitó a ordenar la remisión de los autos originales, orden que fué cumplida por el secretario de la corte.

Inclinados a resolver por el estudio de los méritos de la cuestión envuelta que el juez estuvo equivocado al interpretar la ley especial sobre la materia — artículo 6 de la Ley núm. 61 de 1916 (pág. 126), tal como fué enmendado por la Ley núm. 40 de 1925 — pág. 249 — en el sentido de no permitir que se recurriera a la citación por publicación de acuerdo con lo preceptuado en el Código de Enjuiciamiento Civil — -artículos 92 y siguientes — en ningún caso, nos encontramos que nuestra propia jurisprudencia nos impide seguir adelante dentro de este recurso de certiorari por no ser dicho recurso el procedimiento adecuado, sino el de mandamus.

En el caso de El Pueblo v. Gaetán, Juez Municipal, 46 D.P.R. 632, 635, dijo esta corte por medio del Juez Sr. Wolf:

"Estamos inclinados a convenir con el Gobierno en que el delito imputado era misdemeanor, y en que, de ser susceptible de dos inter-pretaciones, procedía la acusación por el delito menor.
“El apelante sostiene, sin embargo, que no bubo error de proce-dimiento en la corte municipal, y estamos conformes. La acusación fué radicada oportunamente, y se presentó una excepción perentoria, que fué vista. La corte municipal pudo o no estar equivocada al declararse sin jurisdicción, pero meramente decidió la cuestión que tenía ante sí.
“Más bien creemos que el mandamus hubiera sido el remedio adecuado para obligar a la corte municipal a conocer del caso. Cuando esta Corte denegó la apelación en un procedimiento de desahucio, el mandamus fué el remedio, invocado. Petition of Zeno, 14 F. (2d) 418.”

Y mucho antes en el caso de Rodríguez v. Sepúlveda, 19 D.P.R. 1169, 1170, citado con aprobación en el de Hull v. Corte, 42 D.P.R. 151, 153, había dicho:

“Los otros actos de los cuales se queja son resoluciones relativas a la suficiencia en derecho de los hechos admitidos en las alegaciones, que den derecho a los demandantes a obtener una sentencia a su favor. La regla es que la resolución de una corte al declarar sin lugar o con lugar una excepción previa no constituye un error de procedimiento, sino que es el ejercicio del criterio judicial al resolver una cuestión de derecho. Tampoco constituye tal resolución de una corte el ejercicio de una facultad discrecional en el sentido de per-mitir a una parte que caracterice tal acción de abuso de discreción tal como esta frase se entiende en derecho. El juez, en trámites de excepciones previas y los semejantes, tiene que resolver de acuerdo con la ley, y si decide erróneamente comete un error, pero su decisión no es de carácter discrecional.”

Jurisprudencia que está ampliamente sostenida por las autoridades del continente. Citaremos algunas:

En Boone v. District Court, 38 Idaho 688, 224 P. 429, la Corte Suprema del estado resolvió:

“La decisión de una corte al efecto de que no oirá y determinará una causa, bajo la asunción errónea que no tiene la jurisdicción requerida para ello, es equivalente a negarse a ejercitar su jurisdic-ción, y el mandamus procede para obligar a tal corte a tomar juris-dicción del caso.”

Refiriéndose a cuándo es procedente el auto de certiorari, dice Ruling Case Law, resumiendo la jurisprudencia sobre el particular,

“Además, debe tenerse en cuenta que los oficios del auto de certiorari son simplemente determinar la validez de los procedi-mientos seguidos ante una corte de justicia, porque no se ha cum-plido con los requisitos esenciales de la ley, o por falta de jurisdic-ción por parte de la corte que está entendiendo de ellos. Nunca se ha usado el auto para determinar la corrección de la resolución cuando se ha cumplido con los requisitos de la ley, y cuando la corte tenía jurisdicción y era, por tanto, competente. Así que se ha deci-dido que la jurisdicción de la corte para revisar por certiorari debe restringirse a la validez externa de los procedimientos seguidos en la corte inferior. No puede ejercitarse para revisar la corrección intrínseca de la sentencia recaída, basada en la ley o en los hechos. Los poderes de revisión de la corte no deben confundirse con su jurisdicción apelativa.” 5 R.C.L. 251.

Y en el volumen 82 de American Law Reports, págs. 1165, 1158, se encuentra sobre la procedencia del auto de mandamus, lo que sigue:

“Procede la expedición de un auto perentorio de mandamus para obligar a un juez de una corte de circuito a tomar jurisdicción sobre una causa la cual se negó a oír debido a su creencia errónea al efecto de que no tenía jurisdicción para ello, especialmente cuando, como en el caso de autos, el juez una vez asumió jurisdicción, y su nega-tiva a mantenerla va a resultar perjudicial al interés de las partes envueltas en el caso. Hargadine-McKittrick Dry Goods Co. v. Garesche (Mo.) 227 S. W. 824.”
“Si una corte erróneamente decide como cuestión de derecho que no tiene jurisdicción, y por tanto deniega a un litigante el derecho a ser oído en los méritos y se niega determinar los hechos o a con-tinuar entendiendo del caso, procede el mandamus a menos que no exista un remedio adecuado por apelación. ...” State ex rel Musselshell County v. District Court, 89 Mont. 531, 300 P. 235.

Debe anularse el auto expedido y devolverse el expediente original remitido a la corte de distrito de su origen.

El Juez Asociado Señor De Jesús no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wole

text:
    Guillermo Salazar Paláu, demandante y apelante, v. Manuel V. Domenech, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núm. 7297.

    Sometido: Noviembre 17, 1937.

      Resuelto: Julio 30, 1938.

      Ramón Dapena y Felipe Colón Díaz, abogados del apelante- Hon. Procurador General B. Fernández García y V. Palés Matos y C. Andréu Ribas, Subprocuradores Generales Auxiliares, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

En el presente caso el apelante entabló demanda ante la Corte de-Distrito de Ponce, sobre devolución de contribu-ciones pagadas bajo protesta, ascendentes a $1,186.87. En la demanda se decía que en 28 de julio de 1931 el demandante y el Comisionado del Interior, en su carácter de Presidente de la Comisión de Hogares Seguros de Puerto Rico, cele-braron un contrato a virtud del cual el Dr. Guillermo Salazar Paláu, demandante y apelante, se comprometió a vender a El Pueblo de Puerto Rico, para la referida Comisión de Hogares Seguros, una finca rústica situada en el municipio de Oroeovis, con un área aproximada de 736 cuerdas; que por el aludido contrato la Comisión de Hogares Seguros convino comprar dicha finca por el precio estipulado de $57.75 por cuerda.

El mencionado contrato se otorgó sujeto a las siguientes cláusulas:

1. Aprobación por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico de nueva legislación enmendando la Ley núm. 9 de 1930 (Leyes de ese año, pág. 151); la emisión de los bonos, tan pronto como se aprobara dicha legislación, y la entrega a la Comisión del valor de los mismos para ser utilizado por ésta en la compra de fincas.

2. Aprobación por el Procurador General de Puerto Rico de todos los títulos y documentos en que el Dr. Salazar Paláu funda su título a dicha finca.

3. Mensura de la finca y aprobación del plano por el Comisionado del Interior.

En dicho contrato se autorizaba al Pueblo de Puerto Pico a deducir del precio de la compraventa cualesquiera contribuciones que el vendedor adeudara sobre la referida finca.

Las condiciones arriba mencionadas fueron cumplidas en la siguiente forma:

1. La Ley núm. 9 de 1930, supra, fué enmendada por la Ley núm. 41 de abril 24 de 1931 (Leyes de ese año, pág. 363), que fué luego derogada por la Ley núm. 4 de diciembre 14 de 1932 (Leyes de ese año, pág. 147);

2. La documentación y el título de la finca fueron aprobados por el Procurador General de Puerto Rico el 9 de mayo de 1932; y

3. El plano de la «finca fué aprobado por el Comisionado del Interior el 18 de mayo de 1933.

En 28 de julio de 1933 el Dr. Salazar Paláu otorgó a favor del Pueblo de Puerto Pico la. escritura de compraventa de la finca.

Del precio convenido de la compraventa El Pueblo de Puerto Rico dedujo la suma de $1,186.87 por contribuciones sobre la propiedad para los años fiscales 1931-32, 1932-33 y 1933-34.

El apelante pagó los referidos $1,186.87 bajo protesta y entabló demanda ante la Corte de Distrito de Ponce para recobrar dicha suma, alegando _ que la referida propiedad pertenecía al Pueblo de Puerto Pico desde el 28 de julio de 1931, y que en su consecuencia él no tenía que pagar las referidas contribuciones. La Corte de Distrito de Ponce resolvió que el contrato celebrado por el Dr. Salazar Palán y El Pueblo de Puerto Eico era un contrato unilateral, es decir, una mera promesa de venta, y que por tanto el título no pasó a El Pueblo de Puerto Eico hasta la fecha en que se otorgó la escritura de compraventa, o sea, hasta el 28 de julio de 1933.

El demandante alega que la corte de distrito cometió tres errores, a saber:

1. Al declarar que el contrato celebrado por el Dr. Salazar y la Comisión era una mera promesa de venta por parte del Dr. Salazar, aceptada por la Comisión.

2. Al resolver que la Comisión aceptó una promesa de venta hecha por el Dr. Salazar, pero que no celebró un con-trato de compraventa.

3. Al resolver que la Comisión no adquirió la finca hasta el 28 de julio de 1933, fecha en que se otorgó la escritura de compraventa, y que de conformidad con los términos de dicha escritura y de la promesa de julio 28 de 1931 el Teso-rero de Puerto Eico tenía derecho a deducir el importe de todas las contribuciones adeudadas por el demandante ape-lante sobre dicha finca, hasta el día en que se efectuó la venta, o sea hasta el 28 de julio de 1933.

Es perfectamente claro que en alguna época entre 1931 y 1932, El Pueblo de Puerto Eico puso un celador en la pro-piedad y la idea fué que protegiese dicha propiedad, pero de todos modos el celador no continuó allí después de octubre de 1932.

Asimismo se desprende que en alguna fecha entre 1931 y 1933, el Dr. Salazar mismo recogió una pequeña cosecha de café en dicha propiedad. El apelante insiste en que el con-trato fué de hecho consumado en 1931, aunque sujeto a condiciones. La corte de distrito y el apelado dicen que el supuesto convenio entre las partes era solamente obligatorio como uno unilateral. En otras palabras, que solamente que-daba obligado por el contrato, el Dr. Salazar.

No tenemos que decidir la cuestión de si el convenio original era unilateral o no, porque somos del parecer que la intención de las partes queda aclarada por la cláusula tercera del convenio original que lee como sigue:

“Es convenido, además, que los vendedores remitirán al Comi-sionado del Interior, don Guillermo Esteves, una vez aprobada la documentación, el plano de la finca objeto de este contrato para su ratificación, entendiéndose que si no tuvieren plano alguno, el Comi-sionado del Interior procederá a la mensura y replanteo de dicha finca, para todo lo cual usará el personal de su departamento, con-viniéndose que los gastos de dicha ratificación y mensura serán por cuenta de los vendedores, quedando por la presente autorizado el Comisionado del Interior para deducir dichos gastos del importe del precio convenido, y autorizándose también a El Pueblo de Puerto Rico a cobrarse, del importe de dicho precio, las contribuciones que sobre dicha propiedad le estuvieren adeudando los vendedores com-parecientes. ’ ’

El párrafo citado demuestra que las partes tenían en mente un período futuro en que la deducción de las contribu-ciones habría de efectuarse. La fraseología de la cláusula está en futuro o su equivalente. Opinamos que de todo él convenio se desprende que la intención de las partes era que El Pueblo de Puerto Pico tuviese el derecho de deducir estas contribuciones cuando finalmente se llevase a cabo la venta, como sucedió en 28 de julio de 1933. Heñios tenido alguna duda principalmente porque El Pueblo de Puerto Rico, al poner un celador' en la propiedad, actuó como si fuese ya el dueño absoluto, pero El Pueblo de Puerto Rico no insistió, y la presencia de dicho celador puede que fuese solamente una tentativa del Pueblo tolerada por el Dr. Salazar. No sería extraordinario que El Pueblo pusiera un celador en la finca teniendo en perspectiva la compra de la misma, aun no siendo realmente el dueño de la finca.

Si no hubiese habido convenio en cuanto a las contribu-ciones, el Dr. Salazar hubiese estado obligado a pagarlas, y si la idea de las partes hubiese sido que las contribuciones no se dedujeran, tal intención se hubiera pnesto de mani-fiesto claramente.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor De Jesús no intervino.


text:
    Salvio Durán Vázquez, demandante y apelante, v. Sucesión de Emilio B. Durán, compuesta de su viuda Dña. Monserrate Rivera y de su hermana Ana Inés Durán, demandada y apelada.
    Núm. 7322.

    Sometido: Diciembre 15, 1937.

      Resuelto: Julio 30, 1938.

      Leopoldo Tormes García y Felipe Colón Díaz, abogados del apelante; Fernando B. Fornaris, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

La controversia fundamental en este caso gira sobre la autenticidad de un escrito que aparentaba ser la última voluntad y el testamento de Emilio B. Durán, quien murió en la ciudad de Ponce el 19 de julio de 1924. El testamento ológrafo en cuestión lee como sigue:

“Queda nombrada mi heredera única y exclusiva mi esposa Dña. Ifonserrate Rivera de toda la herencia que se obtuviera en el pleito que se está tramitando sobre el capital que fué de mi difunto padre Dn. Baudilio Durán así como también sobre lo que se obtuviere de la indemnización del hundimiento del Carolina y que está en poder este asunto de reclamación del Ledo. Ortiz Toro el que lo inició para la reclamación.
“Por cuanto sólo ella queda como la única que le corresponde todo derecho y poder en éste y demás asuntos míos y también le advierto que no tengo deudas contraídas para con nadie ni tampoco con los abogados los cuales cobrarán un cincuenta por ciento de lo que se obtuviera.
“Por cuanto este documento tendrá su valor después de mi muerte.
“Ponce 14 Junio 1924.
vuelta “(Firmado) E. B. Durán
“Y, además sí deseo que si no hubiera podido hacer una tumba en la sepultura de mi señora madre que lo haga ella en mi nombre y si posible fuere a mi muerte que se me entierre en donde ella se encuentra.
“Yale
“(Firmado) E. B. Durán.”

De la evidencia se desprende que la viuda de Durán, Monserrate Rivera, consultó primero con el abogado Pedro Albizu Campos en relación con la validez de diebo escrito, el cual ella al principio creyó carecía de valor. Después de un examen del documento que convenció a Albizu Campos de su validez legal, el mismo fué llevado ante el Lie. Arturo Ortiz Toro, quien el 6 de mayo de 1925 radicó dicho testa-mento ológrafo ante la Corte de Distrito de Ponce para su protocolización. Luego de cumplirse con los procedimientos necesarios, el testamento fué finalmente aprobado como auténtico y en 8 de julio de 1925 la corte ordenó su proto-colización. Poco después de siete años y medio, el presente litigio fué radicado nominalmente por Salvio, el único her-mano de Darán (el finado no había sido sobrevivido por descendientes o ascendientes), con el objeto de anular el testamento y obtener así su porción hereditaria de confor-midad con la ley aplicable a la sucesión intestada. Ana Inés Durán, única hermana del demandante, ha sido unida como parte demandada debido a que ella se negó a unirse a las pretensiones del demandante.

En la demanda se alegan tres causas de acción. La pri-mera de ellas es en verdad la más importante y las demás son consecuencia necesaria de la misma. La validez del tes-tamento se ataca por dos motivos, a saber:

“(a) Porque la fecha puesta en dicho documento es inexacta, pues en el sitio que figura, fué maliciosamente raspada y puesta otra en su lugar.
“ (b) Porque se falsificó la letra y firma de Emilio B. Durán en dicho testamento ológrafo, pues no está escrito y firmado de su puño y letra.”

Por las otras dos causas de acción se alega el derecho a toda la herencia bajo los principios de la sucesión intestada, así como el derecho a una suma específica de dinero recibida por la viuda de Durán después de haber muerto éste, como resultado de una reclamación personal de Durán.

La corte inferior resolvió que el testamento era auténtico y que había sido originalmente escrito y firmado por Emilio B. Durán, y que cualesquiera raspaduras que aparecieran de la faz del mismo habían sido hechas con posterioridad a la protocolización del testamento en 1925. Al declarar sin lugar la demanda impuso las costas a la parte demandante.

El primer señalamiento se opone a la admisión como prueba de una deposición del Lie. Pedro Albizu Campos. La idea es que el apelante tuvo conocimiento de que se tomaría la declaración menos de cuarenta y ocho horas antes de la comparecencia de Albizu. El artículo 505 del Código de Enjuiciamiento Civil (edición de 1933) dispone:

"Cualquiera de las partes podrá hacer que la deposición de un testigo en Puerto Rico sea tomada ante un juez o funcionario auto-rizado para administrar juramentos, previa notificación del tiempo y el lugar del examen, a la parte contraria. Dicba notificación deberá hacerse con cinco días de anticipación por lo menos, añadiéndose, además, un día por cada veinticinco millas de distancia entre el lugar del examen y la residencia de la persona notificada, a menos que un juez del tribunal, por causa justificada, prescribiere un plazo más breve, dictando al efecto la correspondiente orden. En este último caso, copia de la orden deberá presentarse juntamente con la notificación. ’ ’

El apelante sostiene que los demandados no presentaron cansa justificada y que la corte cometió un abuso de discre-ción.

La primera objeción descansa en el Lecho de que seis meses antes de surgir el incidente que ahora está en con-troversia, cuando el caso iba a oírse originalmente, los de-mandados radicaron una moción solicitando que la declara-ción de Albizu fuera tomada en San Juan, toda vez que a él le sería imposible asistir al juicio. El fundamento es que lo anterior demuestra que los apelados tenían conocimiento de la existencia de esta incapacidad por parte del testigo para comparecer a juicio personalmente, desde seis meses antes del juicio, y que por tanto debieron haber radicado su moción con más de tres días de antelación. La moción fuá realmente presentada el 9 de enero de 1935, declarada con lugar al siguiente día y la deposición señalada para el 12.

El apelante no nos convence de que la corte cometiera error al admitir la deposición en evidencia. En ningún momento antes del juicio el demandante presentó objeción alguna sobre la festinación con que se llevó a cabo todo esto. No se solicitó prórroga alguna con el objeto de estar en posi-ción de’ comparecer a la toma de la deposición. Además, la declaración de Albizu es acumulativa, aunque muy pertinente, mas su ausencia no destruiría el caso en favor de los deman-dados. En vista de todo esto no debe imputársele error alguno a la corte inferior.

El segundo señalamiento apenas merece ser discutido. La corte se Labia negado a permitir que se le hiciera una pregunta a la viuda demandada fundándose en que ya la había contestado. Aparte del hecho de que no se desprende que el apelante se anotara excepción alguna, estamos dispuestos a convenir con el juez sentenciador en que la pregunta era una mera repetición, que ya había sido suficientemente contestada y por ende el incidente estaba cubierto por el artículo 513 del Código de Enjuiciamiento Civil (edición de 1933) que lee:

“El tribunal ejercerá razonable intervención en el modo de hacerse lás preguntas, a fin de que resulten en lo posible tan rápidas, claras y poco enojosas para el testigo, como eficaces para la extrac-ción de la verdad; pero dentro de esta regla las partes podrán hacer las preguntas pertinentes y legales que juzgaren oportunas. El tribunal, no obstante, podrá suspender la presentación de nueva evidencia respecto a determinado punto, cuando la evidencia ya presentada fuere tan completa que no diere lugar a duda.”

Además, no se demostró claramente la importancia de ulteriores repreguntas.

Los dos señalamientos de error siguientes atacan las conclusiones más importantes de la corte inferior. El testamento en controversia presenta ciertas raspaduras en su fecha. Esta parte del mismo lee, “Ponce 14 Junio 1924.” El 1 de “14,” las tres últimas letras de la palabra “Junio,” y el 4 en “1924” presentan prueba inequívoca de raspaduras. Examinando el documento frente a una luz bien fuerte, el mismo demuestra claramente el sitio en que el papel es más fino y como resultado de ello la transparencia es mayor. El apelante insiste en que la prueba no sostiene la conclusión de la corte al efecto de que el testamento ológrafo ofrecido en evidencia no tenía raspadura alguna al ser presentado a la Corte de Distrito de Ponce para su protocolización. También ataca la calificación hecha por el juez de distrito de las firmas y manuscrito del documento, como auténticos de Emilio B. Durán.

No es necesario qne hagamos una discusión detallada de la prueba aducida en este caso. Concurrimos fundamental-mente en casi todo lo que el juez sentenciador dice en su opinión. Como resultado de un análisis de la prueba y de nuestro examen personal de los exhibits, nos hemos conven-cido de que Emilio B. Durán escribió el testamento ológrafo que ahora está ante nos y que personalmente lo firmó. Igual-mente llegamos a la conclusión de que la preponderancia de la prueba claramente admisible demuestra que cuando el testamento fue protocolizado en 1925 el mismo era legalmente válido.

En lo que concierne a la autenticidad de las firmas y de lo manuscrito, deseamos hacer constar expresamente que el estudio independiente que del testamento y de los otros docu-mentos presentados con él hemos hecho, nos ha convencido de su origen auténtico como testamento. Es cierto, conforme dice la corte inferior, que Durán era indudablemente un calígrafo poco corriente y que con frecuencia cambiaba su estilo de letra o la inclinación de la misma. Existen muchas personas en este mundo, de naturaleza poética o idealista, conforme parece haber sido Durán, cpie escriben de distinto modo según se sientan de momento.

Al hacer una inspección se nota que el manuscrito en el cuerpo del testamento y las firmas difieren. Hemos consi-derado detenidamente las firmas en los cheques, en la cédula de identificación como ciudadano, en el pasaporte y en cartas y escrituras, y comparándolas con las que aparecen en el documento en disputa, convenimos con la corte inferior en que las firmas que aparecen en este último fueron escritas por la misma persona y que esa persona fué Durán. En cuanto al manuscrito del cuerpo principal del documento, la prueba no es tan abundante, pero sí se demuestra suficiente-mente que Durán a veces escribía de ese modo. La letra que aparece en las postales firmadas “María Teresa” y “Malén”, respectivamente, poseen una marcada similitud con la del documento en controversia. La declaración de Magdalena Oliver, conocida por Ana Inés Durán, sostenía el origen auténtico del manuscrito de la postal firmada “Malén.” Francisco Larreguera identificó el manuscrito de la otra postal, que él dice fue escrita en su presencia por el mismo Emilio B. Durán. Este último había trabajado como contador de Larreguera. Además de la prueba anterior, una fotografía del finado, con dedicatoria a su esposa, fue pre-sentada como prueba. El manuscrito se asemeja mucho al del testamento. Se ofrecieron como prueba otros docu-mentos, entre ellos el original de una escritura otorgada ante el notario Leopoldo Tormes en que Emilio B. Durán aparece firmando como testigo y al mismo tiempo en repre-sentación de uno de los otorgantes que no sabía firmar. En dicho instrumento se nota una diferencia similar entre la firma y las palabras que anteceden,,a la misma.

Las declaraciones de los peritos calígrafos Drew, Valiente, Percy y Timothée son interesantes, mas no hallamos razón alguna para desviarnos de las conclusiones a que llegó el juez sentenciador. Timothée, por ejemplo, creyó que las firmas que aparecían ep. el documento y el cuerpo del mismo fueron escritos por distintas personas. Drew llegó a la misma conclusión luego de estudiar el documento por espacio de cinco minutos. No podemos convenir con sus observa-ciones.

Dada la opinión que hemos formado sobre la autenticidad del manuscrito del testamento, el señalamiento de error en torno al origen y época en que se efectuaron las supuestas raspaduras en el documento es considerablemente debilitado. Decimos esto porque sería irrazonable imaginarse que Durán hubiera hecho esas raspaduras y que éstas pasaran inadver-tidas después de su muerte y durante todo el proceso de protocolización.

Para sostener la conclusión de que el testamento no fué anulado por ningunas raspaduras no salvadas al tiempo de su aprobación, tenemos las declaraciones de Monserrate Bivera, la viada, la de Pedro Albizu Campos y la de Bafael Díaz Cintrón, qae faé el jaez qae presidió la corte en la época en qae se ordenó la protocolización del testamento. En adición a esto tenemos el caso prima facie qae existe en favor del estado perfecto del docamento, como resaltado de sa protocolización, así como toda la praeba presentada para demostrar las baenas relaciones existentes entre el testador y sa viada, las qae tendían a sostener semejante disposi-ción testamentaria. Estamos en desacuerdo con el apelante cuando sugiere en sa alegato qae incumbe a este tribunal o a cualquier otro determinar quién bizo las raspaduras. Habiendo llegado a la conclusión de qae las mismas, qae son evidentes, fueron hechas en el docamento en época posterior a sa protocolización, no hay necesidad de determinar la identidad de la persona qae las hizo. El apelante no ha presentado un caso suficiente. Meramente hizo surgir ana dada en torno a la validez del docamento al demostrar qae, ocho años después de haber sido debidamente protocolizado, apareció con ciertas raspaduras. En nuestra opinión ello no basta, especialmente en vista del hecho de qae los autos de la protocolización fueron examinados por personas ex-trañas al testamento en varias ocasiones luego de ser el mismo aprobado por la corte, incluyendo ano de los letrados del demandante, aunque esto de por sí no tiene ningún signi-ficado especial. Lo qae sí tiene sa significado es qae se presentó más de ana oportunidad para qae alguien hiciera las raspaduras.

El último señalamiento se refiere a la imposición de costas. No hallamos razón alguna para alterar este pronun-ciamiento.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Jaez Asociado Señor De Jesús no intervino.


text:
    José D. Rodríguez, peticionario y apelante, v. Corte de Distrito de Aguadilla, Hon. E. S. Mestre, Juez, demandada, y R. Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico, interventor.
    Núm. 7378.

    Sometido: Marzo 29, 1938.

      Resuelto: Julio 30, 1938.

      José D. Rodríguez y Nicolás Lecároz Largó, abogados del apelante; Hon. Procurador General B. Fernández García, César Andréu Ribas, Subprocurador Auxiliar y Carlos Santana Becerra, abo-gados del interventor.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

Tenemos ante nos la apelación interpuesta contra tina decisión del Juez Asociado Sr. Martín Travieso dictada como Juez de Turno en la cual se anuló un auto de certiorari previamente expedido. Todo el procedimiento surgió de un incidente dentro de la ejecución por la vía sumaria de una hipoteca por el Tesorero de Puerto Rico. A continuación copiamos la relación de hechos contenida en la opinión del Juez Travieso, que adoptamos como nuestra:

“El Tesorero de Puerto Eico, como cesionario del Banco Industrial de Puerto Rico, entabló demanda contra José D. Rodríguez, para la ejecución por la vía sumaria de una hipoteca constituida por el demandado para garantizar el pago de un pagaré por la suma de $3,500 de capital, sus intereses al 10 por ciento anual, más $200 de crédito adicional, otorgado originalmente a favor del Banco y cedido por éste al Tesorero demandante.
“La demanda alega que el Tesorero es dueño y actual tenedor del pagaré, por entrega que le hiciera el Banco Industrial con el endoso correspondiente; que se acompaña el pagaré original al es-crito inicial, para que la Corte pueda examinarlo y determinar la personalidad del demandante en relación con dicho pagaré; y que-se deja anexa una copia del documento. Unida a los autos originales remitidos por la Corte de Distrito aparece una copia del pagaré radicado en la Secretaría de la Corte en la misma fecha en que se radicó el escrito inicial. También aparece anexa a dichos autos copia de la escritura de constitución de hipoteca, en la que consta el texto íntegro del pagaré garantizado por la hipoteca, cuyo texto corresponde exactamente con el del pagaré anexo al escrito inicial.
“En 9 de julio de 1936, la corte de distrito libró auto de reque-rimiento que comienza así:
“ ‘Visto el escrito inicial radicado por el demandante, los docu-mentos que se acompañan al mismo, y el original del pagaré de $3,500.00 suscrito por el demandado a la orden del Banco Industrial de Puerto Rico, y visto el endoso del mismo, el cual ha sido presen-tado en este día a la Corte por el demandante/
“Practicado por el Márshal el requerimiento del demandado, éste, en 23 de julio de 1936, radicó una moción solicitando- la anulación del auto de requerimiento por los motivos siguientes:
“1. Porque no se unió el pagaré original al escrito inicial, para que dicho pagaré original aparezca en autos respaldando la expedi-ción del auto de requerimiento.
‘ ‘ 2. Porque el endoso del pagaré es insuficiente para trasmitir al demandante la propiedad de dicha obligación.
"3. Porque la firma al pie del endoso no ba sido autenticada, ni aparece probado que la firma sea la de una persona con autoridad para endosar el documento a nombre del Banco.”

La corte inferior por medio de la orden correspondiente denegó la moción arriba expuesta y ésta fue la orden que con-firmó el Juez Travieso cuando anuló el auto de certiorari.

El apelante insiste una vez más, basado en los mismos tres fundamentos ya expuestos, en que el auto de requeri-miento debe ser anulado. No podemos convenir con ninguna de sus contenciones.

La primera proposición fue clara y correctamente resuelta en la opinión apelada. Tenemos muy poco que añadir. Éste era un procedimiento ejecutivo sumario y como tal debe solamente suspenderse por las razones especificadas en el artículo 175 del Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria. Es al juez de distrito principalmente a quien corresponde convencerse de la suficiencia y validez de los documentos ante él cuando se ejecuta una hipoteca. Del récord ante nos surge una presunción fuerte e incontrovertida de que dicho magistrado tuvo efectivamente el original del pagaré ante sí y lo examinó. El deudor tuvo una oportunidad amplia de solicitar que el acreedor ejecutante lo presentara de nuevo. Optó por no hacerlo así y no podemos contradecir las declaraciones del juez de distrito basándonos en una demostración' tan pobre por parte del deudor. No existe requisito de ley alguno que exija que un acreedor ejecutante deje en todo momento el original de un pagaré hipotecario en manos del Secretario de la corte. Se desestima por lo tanto el primer error.

El tercer fundamento de la apelación fué sustancialmente cubierto por nuestra opinión en el caso de Domenech, Tesorero v. Suau, Fiol & Co., 49 D.P.R. 755, 758, donde insinuamos que la resolución de la corte inferior en cuanto a la autenticidad de la firma del endosante debe ser aceptada por' esta corte. Además, como dice el Juez Travieso en su opinión, el apelante no ataca su autenticidad o la autoridad del endosante sino qne meramente levanta la duda ■de si es gennina. Somos de opinión qne la corte estuvo justificada al asumir la validez del endoso. Desde luego, cualquiera de las cuestiones discutidas hasta ahora puede ser ampliamente levantada y argumentada en un juicio ple-nario.

El error’ que nos queda por discutir se refiere a la sufi-ciencia del endoso. Éste lee como sigue:

"Los intereses de esta obligación han sido satisfechos hasta el 21 de septiembre 1929.
(Y entonces, con alguna separación.)
"BANCO INDUSTRIAL DE PUERTO RICO.
"Por (Fdo.) M. B. Pérez Jr.
Sub-Gerente. ’ ’

Convenimos con la opinión del Juez Travieso donde dice:

"Resolvemos qne el endoso hecho en el presente caso, unido a la tenencia del crédito, y a la presentación del pagaré cpn su endoso, son suficientes para dejar cumplidos los requisitos exigidos por la Ley Hipotecaria.”

Además de lo arriba expuesto, somos de opinión de que la distancia entre la firma y la nota que se refiere a los pagos de intereses suscita una fuerte inferencia de que las dos cosas son independientes entre sí o que la firma fué puesta con el objeto de cubrir ambas operaciones, o sea, la de reco-nocer los pagos y la de transferir el título del pagaré. De todos modos, somos del criterio que todas las objeciones levantadas por el apelante deben ser más propiamente dis-cutidas y decididas en un juicio plenario.

lúa sentencia apelada debe ser confirmada.

Los Jueces Asociados Señores Travieso y De Jesús no intervinieron.