text:
    Núm. 7823.
    Sanz, aplte. v. Corte Municipal, querellada, y Fabro Valdés et als., apldos.
    Julio 26, 1940,
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Por CUANTO, los errores señalados por la apelante son:

“1. La Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, Puerto Rieo cometió error al declarar sin lugar la solicitud de certiorari presentada ante dicha Corte de Distrito de San Juan, por la petieionaria-apelante, Encarnación Sanz, vs. la Corte Municipal del Distrito Judicial Municipal de S'an Juan, Puerto Rico, Sección Primera, Hon. Manuel Gaetán Barbosa, Juez, como querellada.
“2. La Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, Puerto Rieo, cometió error al resolver que la sentencia dictada por el Hon. Manuel Gaetán Barbosa, en su carácter de Juez de la Corte Municipal del Distrito Judicial Municipal de San Juan, Puerto Rico, Seceión Primera, en el caso civil núm. 2533, seguido ante dicha Corte Municipal por Juan, Manuel y María Teresa Pabro Valdés, como demandantes, vs. Encarnación Sanz, como demandada, sobre desa-hucio, no es nula.
"3. La Corte de Distrito del Distrito Judicial de S'an Juan, Puerto Rieo, cometió error al resolver que el Hon. Manuel Gaetán Barbosa, Juez de la Corte Municipal del Distrito Judicial Municipal de San Juan, Puerto Rico, Seceión Primera, querellada en el recurso de certiorari que motiva esta apelación, envió los autos originales del caso civil número 2533, seguido en la Corte Municipal antes dicha por Juan, Manuel y María «Teresa Pabro Valdés, como demandantes vs. Encarnación Sanz, como demandada, sobre desahucio, a la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, Puerto Rico, sin haber sido requerida para que los enviara.
“4. La Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, Puerto Rico, cometió error al resolver que la moción solicitando beneficio de pobreza presen-tada por la aquí petieionaria-apelante, Encarnación Sanz, demandada en el caso de desahucio civil número 2533, seguido en la Corte Municipal del Distrito Judicial Municipal de S'an Juan, Puerto Rico, Sección Primera, por Juan, Manuel y María Teresa Pabro Valdés, como demandantes, no aparece concedida y que dicha moción solicitando beneficio de pobreza y la contestación presentadas por la referida demandada, Encarnación Sanz, en la acción de desahucio que bajo el número 2533 se seguía contra olla como antes se expresa, no fueron radicadas en la Secretaría de la Corte Municipal del Distrito Judicial Municipal de San Juan, Puerto Rico, Sección Primera, por el secretario de dicha Corte; que en dicho caso civil número 2533, seguido en la Corte Municipal del Distrito Judicial Municipal de San Juan, Puerto Rico, Seceión Primera, por Juan, Manuel y Ma-ría Teresa Pabro Valdés, como demandantes, vs. Encarnación Sanz, como deman-dada, sobre desahucio, la demandada Encarnación Sanz, prácticamente se hallaba en rebeldía y que se entendía que por la falta de comparecencia al juicio verbal o segunda comparecencia para el que había sido citada, estaba conforme con los hechos expuestos en la demanda.
“5. La Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, Puerto Rieo, cometió error al resolver que de la sentencia dictada por el Hon. Manuel Gaetán Barbosa, en su carácter de Juez de la Corte Municipal del Distx-ito Judicial Municipal de S’an Juan, Puerto Rico, Sección Primera, en el caso eivil núm. 2533'. seguido ante dicha Corte por Juan, Manuel y María Teresa Eabro Valdés como demandantes vs. Encarnación Sanz, como demandada, sobre desahucio, aparece claramente que en dicho caso se celebró el juicio verbal o segunda comparecencia.
"6. La Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, Puerto Rico, cometió error al imponer a la peticionaria apelante Encarnación Sanz el pago de las costas en el recurso de certiorari que motiva esta apelación. ”

Por CUANTO, aparte de la forma genérica, ambigua e incierta de dichos señalamientos, las cuestiones suscitadas por los primeros cinco son ya académicas por haber sido lanzada de la habitación que ocu-paba la apelante en otro procedimiento subsiguiente de desahucio entablado después de la interposición del presente recurso.

Por CUANTO, la sentencia de la. corte de distrito fué dictada en junio 29, 1938, después de las enmiendas a la sección 327 del Código de Enjuiciamiento Civil efectuadas en los años 1936 y 1937, y a menos que dicha sentencia carezca de base alguna suficiente para sostenerla, el juez de distrito no cometió el error imputádole en el quinto señalamiento.

Por Cuanto, la sentencia de la corte de distrito se sostiene por el solo hecho de ser apelable la sentencia dictada por la corte municipal y por haber sido apelada dicha sentencia.

Por tanto, se confirma la sentencia dictada por la Corte de Dis-trito de San Juan, en junio 29, 1938, en el caso arriba indicado.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: Juez Asociado Sr. Hutchison.)

license: Public Domain

text:
    Núm. 8061.
    García, et al., apltes. v. Domenech, Tes., apldo.
    Julio 26, 1940.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Por Cuanto, el juez de distrito dijo en su opinión, entre otras cosas lo que sigue:

"Los demandantes en este caso, alegan en su petición de injunction, que desde hace varios años, se dedican, en su planta de rectificación en Arecibo, a la compra de alcohol y espíritus destilados, a su rectificación y a la fabricación y venta de bebidas alcohólicas; que en o alrededor del 30 de septiembre de 1937, el demandado, Tesorero de Puerto'Rico, realizó una inspección y examen de las existencias de alcohol en poder de los querellantes, y en octubre 18 de 1937 informó a los peticionarios que a virtud del referido examen e inspección hechos por sus agentes, los demandantes estaban obligados a pagar cierta suma de dinero por concepto de contribuciones, enviándoles un estado demostrativo de todas las operaciones de entradas y salidas (compras y ventas) de alcohol y es-píritus rectificados durante la vigencia de la Ley Núm 38 de 30' de julio de 1935 y de las Leyes Núm. 115 y Núm. 6 del año 1936, estado demostrativo que se acom-pañó a la demanda como un exhibit; que el 8 de septiembre de 1938, el quere- ' liado comunicó a los demandantes que venían obligados a pagar una contribución montante a la suma de $2,116.43 y que de no pagarla procedería al embargo y • venta en pública subasta de los bienes de los querellantes; que en el examen e •inspección de las existencias de alcohol heelios por el Tesorero 'no se refleja con certeza y seguridad las existencias de alcohol en poder de los querellantes en la fecha en que se realizó porque el alcohol que estaba envejeciéndose en unos dos-cientos barriles de madera no fué trasladado totalmente al tanque donde se ha-cían las operaciones para determinar la cantidad de alcohol contenida en el lí-quido objeto de trasiego y aforo.’
"Después de alegar lo que a su juicio demuestra el estado anexo a la de-manda, dicen en los hechos XII y XIII de su_ petición de injunction:
" 'XII. — Que los querellantes tienen derecho a virtud del artículo 24 de la Ley Núm. 115, aprobada en mayo 15 de 1936 y a virtud del artículo 28 de la Ley Núm. 6, aprobada en junio 30 de 1936, a que se les reconozca una pérdida del 4% del total de productos sometidos a rectificación y el querellado, sin motivo ni justificación alguna, se niega a reconocer esa pérdida que en 25,109.82 galones prueba que han sido objeto de rectificación asciende a 1,004.39 galones prueba;
" 'XIII. — Que los querellantes también tienen derecho a que se les reco-nozca a virtud del artículo 22 de la Ley Núm. 115, aprobada en 15 de mayo de 1936, y a virtud del artículo 27 de la Ley Núm. 6, aprobada en junio 30 de 1936, una merma que ha de fluctuar entre no más de un galón prueba por cada envase que contenga no menos de cuarenta galones medida por los primeros sesenta días de almacenaje del producto y no más de nueve galones medida por un período de cuatro años de almacenaje del producto, y que sobre los 7,640 galones prueba sometidos por los querellantes a proceso de envejecimiento du-rante un año y siete meses aproximadamente puede razonablemente estimarse en 5% galones prueba por cada envaso o barril, o sea 1,100 galones prueba en los doscientos barriles; ’
"La demanda continúa diciendo que el Tesorero se niega a reconocer al querellante merma o pérdida alguna, que no tienen un remedio eficaz en el curso ordinario de la ley, que se violarían los derechos constitucionales de los quere-llantes, que sufrirían daños irreparables que implicarían la paralización de su negoeio si se permitiera al demandado el embarga]1 los bienes de los peticiona-rios para cobrar la referida suma de $2,116.43.
"S'u demanda termina con la súplica de que se expida auto de injunction permanente para impedir el cobro de la referida contribución, y mientras tanto, se expida una orden de injunction preliminar.
"La cuestión a resolver en este caso es si la petición aduce hechos sufi-cientes que otorguen a los peticionarios el derecho al remedio que solicitan.
"En el presente caso, el Tesorero, para cobrar la contribución, tiene la au-toridad que le confiere el artículo 4 de la' Ley de Espíritus y Bebidas Aleohó-íieas. Todo el alcohol de los demandantes está sujeto a contribución. Lo único que reclaman es que de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 115 de mayo 15, 1936, (Leyes de ese año, sesión ordinaria, pág. 633) y el artículo 28 de la Ley Núm. 6 de junio 30, 1936, (Leyes de ese año, Tercera Sesión Extraordinaria, pág. 71), ya virtud del artículo 22 de la Ley Núm. 115, supra, y el artículo 27 de la Ley Núm. 6, supra, tienen derecho absoluto a que se le reconozcan las mermas allí especificadas. No vamos a discutir ahora, porque no tenemos ju-risdicción para ello si los preceptos legales transcritos conceden o no un derecho absoluto al contribuyente; una mera lectura de los mismos impone al contribu-yente ciertas obligaciones para con el Tesorero, como el de presentar a este funcionario pruebas satisfactorias de que dichas pérdidas se debieron a causas naturales que ni el destilador ni el fabricante pudieron evitar, y de que no hubo fraude, colusión o negligencia de clase alguna por su parte.
“También podemos decir que los artículos 22 de la Ley 115, supra, y 27 de la Ley Núm. 6, supra, exigen para conceder sus beneficios, que el contribu-yente tenga el alcohol o los espíritus destilados depositados en un almacén de adeudo (bonded warehouse) y la parte demandante en la alegación IV de su demanda al decir ‘que los peticionarios no tenían ni tienen almacén de adeudo’ se encarga, ella misma, de colocarse fuera de los dominios de dichos artículos. Pero volvemos a repetir que estas son cuestiones para ser discutidas en el pro-cedimiento correspondiente del pago bajo protesta. Un caso muy parecido al presente fué el de Barceló v. Sancho, resuelto por nuestra Corte Suprema, en julio 14 del corriente año. (55 D.P.R. 264.) Se trataba precisamente de la reclamación de una merma de acuerdo con el artículo 27 de la Ley Núm. 6, supra. La corte inferior había concedido un injunction preliminar. La corte superior revocó la sentencia declarando la improcedencia del injunction y que el deman-dante debía acudir al procedimiento autorizado por la ley después del pago bajo protesta.
“Se alega en la demanda para traer el caso dentro de la jurisdicción de equidad, (Párrafo XVIII) ‘que de realizarse lo que el querellado se propone realizar, los querellantes sufrirán daños irreparables imposibles de determinar y compensar con dinero, por cuanto el embargo y venta en subasta pública de bienes suficientes a cubrir la referida suma de $2,116.43 implicaría la paraliza-ción del negoeio de rectificación de alcohol y el aniquilamiento total del refe-rido negocio y la desaparición del mercado de los productos fabricados o elabo-rados por los querellantes y traería una multiplicidad dé pleitos innecesarios.’
“Esta alegación no es una de hechos sino meramente una conclusión de derecho. Todo lo que el demandante tiene que hacer para evitar el embargo y evitar las desastrosas consecuencias que dice pudiera éste traerle es pagar las contribuciones y entablar el procedimiento mareado por la ley para reclamar su devolución. Copiamos de Barceló v. Sancho, supra:
“ ‘La demandante alegó que si no se expedía un injunction contra los de-mandados, ella sufriría daños considerables e irreparables, en una cantidad difícil de precisar, mucho más cuando la demandante se proponía continuar reti-rando de su almacén de adeudo otros espíritus destilados, como única forma en que podría continuar operando y funcionando su industria o negocio de rectifi-cación de espíritus destilados; y que su negocio sería destruido.
“ ‘Los cuarenta barriles habían estado en el almacén de adeudo durante más de sesenta días. El período de cuatro años no había transcurrido. Fuera de esto nada había que demostrara cuánto tiempo habían permanecido en el al-macén. Nada había que demostrara que la merma normal debida a absorción, filtración o evaporación o a otras causas naturales, excedería de las sumas es-pecificadas en la tabla de mermas preparada por el Tesorero. Nada había que demostrara que la demandante hubiera sufrido alguna pérdida al pagar la con-tribueión en la forma indicada por la referida tabla. La pérdida potencial era puramente especulativa e hipotética. Mucho menos había nada que demostrara que la posible pérdida en exceso de las mermas especificadas en la tabla del Tesorero sería substancial. No importa euál hubiera sido la diferencia, el pago de la misma bajo protesta y la iniciación de un recurso para recobrar la suma así pagada, no habría sido una inmensa carga. Bajo las circunstancias, la mera aseveración de que si no se expedía un auto de injunction contra los demandados, el negoeio de la demandante sería destruido, no es una alegación suficiente de daños irreparables.
“ ‘Una alegación algo similar respecto a la inexistencia de un remedio adecuado en derecho resulta igualmente poco satisfactoria.’
“En Houston v. Soap Co., 85 F. (2d) 649, se alegó que desde el pago de la contribución el contribuyente había estado sufriendo pérdidas en su negocio, que había tenido que tomar a préstamo el dinero para pagar el tributo, y que las consecuencias serían su ruina completa; se resolvió que esas alegaciones eran insuficientes; en State of California v. Látimer, 59 S.C.R. 166 (1939) la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió que el hecho de que le fuera difícil al demandante conseguir el dinero para el pago de la contribución no traía el caso a la jurisdicción de equidad.
“En el presente caso, ni siquiera alega el demandante que le fuera difícil obtener el dinero para pagar la contribución.
“Hemos estudiado el alegato del peticionario y las deducciones que hace de los estados demostrativos del Tesorero no están sostenidos por éstos. Está equi-vocado cuando afirma que en septiembre 30, 1937, la demandante debía tener en existencia en su planta de rectificación 8,773.5 galones prueba de alcohol; por el contrario, del exhibit 5 aparece que la existencia debía ser una cantidad mayor, o sean, 9,648.4 galones, no teniendo en realidad más que 7,574.08 galones, o sea un déficit de 1,894.32 galones que haría en total una contribución de $2,273.18; sin embargo, de acuerdo con sus propias alegaciones, el Tesorero le cobra menos de esa cantidad, o sea solamente la suma de $2,116.43; si el de-mandante cree que debe reconocóreele alguna merma por evaporación o cual-quier otra causa, ya hemos dicho que ésa es una cuestión a discutir en el pro-cedimiento de devolución de contribuciones pagadas bajo protesta. Barceló v. Sancho, supra.
“La jurisprudencia citada por el peticionario no tiene aplicación alguna, pues ella meramente sostiene que la doctrina del balance de perjuicios y con-veniencias es aplicable solamente a injunetions preliminares y no a injunctions perpetuos; pero también es rudimentario que tanto en una solicitud de injunction preliminar como en una de injunction perpetuo, de la faz de la petición deben aparecer hechos suficientes que justifiquen la intervención de una corte de equidad. En Barceló v. Sancho, supra, se trataba de un injunction preliminar.
“No ha lugar a expedir el auto.”

POR cuanto, los errores señalados son:

“1. — La corte erró al resolver que la petición de injunction del caso de autos se basa en el derecho a pérdidas y mermas que tengan o puedan tener los peticionarios.
"2. — La corte erró al resolver que en el caso de autos el Tesorero de Puerto Bico actuaba con suficiente color de autoridad para exigir el pago de la suma reclamada a los peticionarios.
“3. — La eorte erró al resolver que la demanda no alega Lechos suficientes para que se expida un auto de injunction preliminar.”

Pos CUANTO, en apoyo del primer señalamiento y tratando de distinguir el caso de Barcéló, Marques & Co. v. Sancho Bonet, Tes., los apelantes insisten en que:

"... el caso de los peticionarios es enteramente distinto; el caso de los peticionarios no se funda ni se basa en el derecho a pérdidas y mermas, ’ sino en errores de matemática o errores clericales de contabilidad incurridos por el Tesorero.

POR Cuanto, a pesar del esfuerzo hecho por los apelantes en su alegato tratando de cambiar su causa de acción, no encontramos que el juez de distrito cometió error al interpretar la demanda y “al resolver que la petición de injunction del caso de autos se basa en el derecho a pérdidas y mermas que tengan o puedan tener los peti-cionarios ’

Por cuanto, el alegato de los peticionarios no nos convence de que la eorte de distrito cometió error al resolver que en el caso de autos el Tesorero de Puerto Rico actuaba con suficiente color de autoridad para exigir el pago de la suma reclamada como se alega en el segundo señalamiento.

Por cuanto, tampoco erró la corte de distrito “al resolver que la demanda no alega hechos suficientes para que se expida un auto de injunction preliminar.”

. Por tanto, se confirma la sentencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan en julio 26, 1939.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


text:
    Núm. 7984.
    Insular Mercantile Co., aplda. v. Crespo, aplte.—
    Julio 26, 1940.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Examinada la moción que antecede, y apareciendo omitida por inadvertencia ele la sentencia dictada por esta Corte en julio 19, 1940, el pronunciamiento en cuanto a las costas requerido por la ley, entiéndase enmendada por la presente la dicha sentencia en el sen-tido de agregar a la misma las palabras con costas; y en cuanto a “la cuantía de costas y honorarios de abogado”, no ha lugar a la reconsideración solicitada.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


text:
    Núm. 7861.
    González, apldo. v. Kohn, aplte.
    Julio 26, 1940.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Por cuanto, la sentencia apelada se fundó en ruia Eelación del Caso y Opinión que reza como sigue:

“Por escritura pública, otorgada el 30 de abril de 1931, ante el notario don Enrique Márquez Huertas, los esposos don Jesús Eamos Pérez y doña Dolores Barroso convinieron en arrendar y arrendaron al señor John M. Kohn, una finca rústica de ciento ochenta (180) cuerdas radicada en el barrio Minillas de Ba-yamón. Pué estipulado por los contratantes, entre otras cosas, que el término del arrendamiento era el de cuatro años, a partir desde el mes de enero de 1931 y 'a vencer en igual mes de 1935; y que el canon del arrendamiento era el de noventa dólares ($90) mensuales, pagaderos por meses vencidos.
“El señor Kohn tomó posesión de la finca. La dedicó al cultivo de plan-taciones de toronjas, (sio) Los cánones estipulados fueron pagados por el arrendador hasta el me3 de marzo de 1932. Desde esa focha en adelante no sa-tisfizo el importe del arrendamiento.
“Mediante escritura pública de 14 de diciembre do 1936, otorgada ante el notario don Félix Ochoteeo, los esposos Bamos-Barroso, exponiendo que el señor Kohn les adeuda $2,970 por concepto de arrendamiento por los meses transcu-rridos desde abril de 1932 hasta diciembre de 1934 por no haberlos satisfecho en todo ni en parte, cedieron, traspasaron y enajenaron a don Enrique González Bamos la ameritada acreencia contra Kohn.
“Unico dueño de la citada acreencia el señor González, demandó al señor Kohn en cobro de dicha suma. El demandado contestó alegando, esencialmente, que a principios del mes de enero de 1933 encontrándose adeudando los cánones de abril a diciembre de 1932, inclusives, montantes a $810, sin poder pagarlos, convino eon el arrendador señor Bamos la entrega de la finca arrendada con una plantación de ochenta cuerdas de piña en rescisión del referido contrato de arrendamiento y saldo de los cánones adeudados; y que en cumplimiento de lo convenido entregó finca y plantación al señor Bamos y éste entró en posesión de las mismas.
“Sostiene, en persona, el señor Kohn que con motivo de graves dificultades económicas que tuvo, a punto de que su refaccionario, el Banco Comercial de Puerto Bico, le suspendió y retiró toda clase de ayuda, no pudo satisfacer los cánones de arrendamiento correspondientes a los meses de abril a diciembre de 1932; que ante las reiteradas gestiones de cobro por Bamos le dijo a éste que no podía pagarle; que Bamos lo propuso quedarse con la finca, a lo que se avino; que en diciembre le entregó la finca con ochenta cuerdas sembradas de pifias a cambio de la deuda de $810, bien cultivadas, valiendo dicha siembra de siete a ocho mil dólares; y que el precio de la fruta para esa época era bueno. Y con sus testigos tendió a sostener que entregada la finca quedó como encar-gado de la misma don Francisco Barroso, tío de la esposa del señor Bamos; y que la finca en su totalidad fué dedicada por Bamos al cuido de ganado.
“El señor Bamos negó específicamente que la finca le fuera entregada en diciembre de 1932 bajo convenio alguno; negó asimismo que él autorizara a don Francisco Barroso para hacerse cargo de la finca, ni que lo comisionara para ello; y afirmó que él entró en posesión de aquélla cuando el contrato venció, o sea en enero de 1935.
"Nada hay en la prueba que demuestre cuándo y cómo tuvo lugar el acto de la sujjuesta entrega material de la finca al señor Ramos. Era algo fácil de demostrar si el hecho en verdad ocurrió. Un testigo del demandado, Félix Rivera, que vivió por años en la finca, declaró que nunca vió por ella al señor Ramos. Resulta extraño que Ramos se hiciera cargo do su finca sin una previa o posterior ojeada o visita o examen; y más extraño aún ,que de haber sido Barroso y no Ramos el que tomara posesión de la finca, dejara aquél de in-formar al segundo sobre las buenas condiciones do cultivo do las plantaciones de pifias, y que, de habérsele informado, como parece natural, bien espontánea-mente o a requerimiento de Ramos,- éste, que es hombre de negocios, no diera debido valor a la magnífica plantación de pifias y prefiriera no seguir explotando la misma ni dedicarla a otras siembras de más económicas ventajas sino destruir las' de pifias echando o permitiendo echar allí ganado para ser alimentado a razón do cincuenta centavos mensuales por cabeza.
"A juzgar por la prueba practicada por el mismo'demandado, a través de sus testigos Francisco Ramos y Félix Rivera, ocurrió que antes de la' supuesta entrega de la finca, el señor Kohn había dispuesto de toda la cosecha do pifias; que luego de entregada la finca ésta fué utilizada en pastar ganado, -alimentán-dose éste de las matas de pifias que, sin frutos, aún habían en aquel lugar; y a través de su otro testigo, Juan Diez de Andino, que el ciclón ocurrido en se-tiembre de aquel año destruyó gran parte de las plantaciones.
"Si ello es así, no parece que el demandado pudo brindar a Ramos, como dijo, una plantación de pifias bien cultivadas que valoró en siete u ocho mil dó-lares. En primer lugar, porque había cosechado el fruto; en segundo lugar porque el ciclón destruyó gran parte de las plantaciones. Y en tercer lugar porque de serlo Ramos no iba, en buena lógica, con tal siembra y siendo bueno el precio de la fruta en el mercado, según el demandado, dedicar o permitir que se dedicaran osas cuerdas a pastar ganado en abierto perjuicio de sus intereses.
"No existe duda de que lo ocurrido fué que adeudando el demandado $810 al señor Ramos por los cánones do abril a diciembre de 1932; negándole el banco toda clase de ayuda económica; habiendo cosechado el fruto; y habiendo •el eielón destruido en gran parte las plantaciones, el señor Kohn quedó en tal situación que no pudo hacer frente a las responsabilidades del contrato. Ramos no iba, en pleno campo de los negocios, a rescindir su contrato sin que algo lo indemnizara. El demandado no estaba en condiciones de hacerlo. Quedaron así las cosas en status quo hasta que llegó el vencimiento del contrato.
"La demanda debe ser declarada con lugar y condenado el demandado a pagar al demandante la suma de $2,970, más sus intereses legales desde la ra-dicación de la demanda en 6 de mayo de 1937 hasta su total pago, y las costas de este pleito sin incluir honorarios de abogado."

Por ctjaNto, si bien “nada hay en la prueba que demuestre cuándo y cómo tuvo lugar el acto de la supuesta entrega material de la finca al Sr. Ramos ’ ’ — si con esto quiso decir el juez de' distrito que no hubo ningún acto de entrega material y formal al arrendador en persona — no hay duda de que algunos días después de una entre-vista entre arrendador y arrendatario en el mes de diciembre de 1932, en que el arrendador insistió en la entrega de la finca o el pago de los cánones de arrendamiento vencidos montantes a la suma de $810, el arrendatario sacó su mayordomo de la finca y avisó a los demás empleados que no corría por su cuenta dicha finca.

Por Cuanto, no hay duda tampoco de que Pancho Barroso, tío de la esposa del arrendador, entró en posesión, dió permiso a los agregados para quedarse en la finca y permitió a los vecinos meter su ganado en la misma cobrándoles a razón de cincuenta centavos mensuales por cabeza; de que antes de la fecha del contrato de arrendamiento, Pancho Barroso estuvo en posesión de la finca y era generalmente reconocido por los agregados y otros como el dueño de la misma; y de que a la muerte de Pancho Barroso, entró en posesión su hermano, José Barroso, suegro del arrendador.

POR CUANTO, en los libros de contabilidad de Kohn llevados por un vedor del banco refaccionario, aparecen acreditados al arrendador mes por mes todos los cánones de arrendamiento hasta diciembre de 1932, inclusive, sin que exista ningún asiento posterior de esta natu-raleza y sin que el arrendador, que hasta la fecha de su entrevista con el arrendatario en diciembre de 1932, había sido diligente y persistente en sus gestiones de cobro de los cánones de arrendamiento, después de esa fecha hubiera practicado ninguna- diligencia en tal sentido.

Por cuanto, no nos parece razonable creer que el arrendador insistiera tanto en la entrega inmediata de la finca arrendada y que el arrendatario, ante la actitud intransigente de su arrendador y acreedor, hubiera accedido a lo exigido en el entendido de que subsis-tiera después su responsabilidad para el pago de cánones futuros hasta el vencimiento del contrato.

Por cuanto, el que Ramos, “en pleno campo de los negocios” no rescindiera su contrato “sin que algo lo indemnizara”, se explica por el sencillo hecho de que Kohn debía al banco alrededor de medio millón de dólares, había sufrido grandes perjuicios en sus planta-ciones de toronjas como resultado de un reciente ciclón y se había obligado a abandonar el cultivo de mil quinientas cuerdas de pifias en otras fincas arrendadas y de su propiedad debido a que el banco se había negado á seguir refaccionándolo o adelantarle dinero para el pago de cánones de arrendamientos, no existiendo motivos razonables para creer, si de permitírsele quedar en la posesión de la finca hasta el vencimiento del término del arrendamiento, iba a pagar más cánones de arrendamiento, y no pndiendo el arrendador en aquel entonces anticipar que el banco, después de tomar posesión de todas las propiedades de Kohn, le traspasaría, como luego lo hizo, una pequeña finca de 49 cuerdas “para que él pudiera desenvolverse y volver a la vida de los negocios, no dejarlo con las manos vacías.”

Por tanto, se modifica la sentencia que dictó la Corte de Dis-trito de Bayamón en mayo 20, 1938, para que lea como sigue:

"En el día de hoy, la corte, por los fundamentos consignados en la opinión que se hace formar parte de estos pronunciamientos, dieta sentencia declarando con lugar la demanda y en su consecuencia, ordenando al demandado, John M. Kohn, a pagar al demandante, Enrique González Ramos, la suma de” $810, "más sus intereses legales desde la radicación de la demanda en 6 de mayo de 1937, hasta su total pago, y las costas de este pleito sin incluir honorarios de abogado. ’ ’ — •,

Y asi modificada, se confirma.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


text:
    Núm. 7867.
    Alfonzo et al., apldas. v. Valencia, aplte.
    Octubre 29, 1940.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Por cuanto, el juez de la Corte de Distrito de Areeibo en 25' de abril 1938, por los motivos expresados en una opinión de igual fecha, dictó una sentencia que en su parte dispositiva reza como sigue:

"Por las expuestas razones: se deelara con lugar la demanda y sin lugar la eontrademanda, y en tal virtud, se deelara nulo el contrato de hipoteca que consta por escritura número 6 de 2 de febrero de 1932 ante el Notario Gustavo Zeno Sama, otorgado por Pedro Alfonzo Rosso a favor de Manuel Valencia Estela, sobre la finca deserita en la demanda, y se ordena su cancelación en el Registro de la Propiedad de Areeibo, con costas al demandado, excluyendo ho-norarios de abogado.”

Por cuanto, los únicos errores señalados por Valencia Estela en su alegato son:

“Primero: La sentencia de la eorte inferior es contraria a derecho.
“Segundo: La sentencia de la corte inferior es contraria a la prueba prac-ticada. ’ ’

Por cuanto, aparte de que según la constante jurisprudencia de este Tribunal, la vaguedad y generalidad de los términos en que es-tán redactados dichos señalamientos por sí solos justificarían una confirmación de la sentencia apelada sin necesidad de examinar el argumento del apelante en apoyo de dichos señalamientos, hemos leído todo el alegato del cual se desprende que el apelante entiende:

(a) Que habiéndose, eon el dinero del apelante “según aparece de la de-claración no contradicha de don Manuel Valencia, fabricádose una casa en la finca, esa casa aprovecha y beneficia a los dueños del inmueble y al aceptar ellos la casa y su construcción nada más lógico que ellos están implícitamente ratifi-cando la gestión y por lo tanto dicha gestión les ha producido ventajas y bene-ficios por lo cual, en cuanto a esa ventaja y beneficio se refiere, debe sér reem-bolsado el demandante (sic) apelante.”
(b) “Que do un estudio que so haga de las inscripciones correspondientes a dicha finca en el registro de la propiedad no podría aparecer de dieho estudio la circunstancia que se apunta en la demanda, o sea la circunstancia de hijas naturales que María Clotilde y María Cristina Alfonzo Torres alegaban ser de Pedro Alfonzo Rosso.”

Poe, cuanto, si bien Valencia declaró que los $800 primeramente prestados por él, lo fueron para la construcción de una casa en la finca hipotecada, fuera de esto no hay nada en la prueba que indique que el dinero prestado fuera así empleado.

Pon Cuanto, de la segunda inscripción do la finca consta la exis-tencia en la misma desde julio 5, 1899 de dos ranchos para la cosecha de café.

POR cuanto, de la inscripción cuarta aparece que desdo 8 de diciembre de 1903, existían en la finca una casa de madera y de paja y un rancho cobijado también de paja.

Po.R cuanto, de la misma escritura de hipoteca por $800 otorgada a favor del demandado apelante en 28 de julio de 1927, resulta que en la finca hipotecada en aquel entonces existían: ‘ ‘. . . una casa de dos plantas, de maderas, techada de zinc, de ocho metros de frente, por ocho de fondo, con su aljibe y caja de agua; otra casa de reciente construcción, de noventa pies do frente por treinta de fondo, de ma-dera, cobijada de zinc y balcón de concreto y un aljibe y un ranchón cobijado de paja, de cinco metros de frente, por veinte de fondo, des-tinado a la recolección de tabaco.”

PoR Cuanto, en la segunda hipoteca a favor del demandado ape-lante, otorgada en 2 de febrero de 1932, se describe la finca de la misma manera sin mención alguna de ninguna nueva construcción.

Por Cuanto, a falta de prueba más robusta sobre la supuesta in-versión de los $800 originalmente prestados, no podemos asegurar que la corte de distrito al no resolver que las demandantes se habían enri-quecido a expensas del demandado apelante y que en tal virtud es-taban obligadas a reembolsar al demandado apelante en la suma de $800 o en suma alguna, cometiera error tan manifiesto que justifique una revocación o modificación de la sentencia apelada esto aparte de la carencia de señalamiento alguno en tal sentido.

P-OR CUANTO, entre los hechos declarados probados por el Juez de Distrito, encontramos los siguientes:

“Que esa nulidad afecta a la hipoteca otorgada a Valencia, se desprende de los siguientes heehos probados. El demandado eonoeio intimamente a Pedro Alfonzo Eosso y a su familia, incluyendo a las hijas demandantes, mucho tiempo antes de su préstamo, y antes del certificado de venta a favor de Alfonzo. Cuando se hizo el contrato de hipoteca cuya nulidad se pide, ya estaba inscrito el testamento en cuanto al legado de la finca a favor de las demandantes, como hijas de Pedro Alfonzo Eosso, y aparecía también en dicho Eegistro, que quien había rematado la propiedad en la Colecturía, era el propio padre Pedro Alfonzo Eosso. Además, a la fecha de la hipoteca, ya las demandantes tenían el, concepto de hijas legítimas, pues habían sido legitimadas por el casamiento de-Pedro Alfonzo Eosso con la madre, y no podía caber duda alguna al demandado.-de que eran sus hijas, cuando Alfonzo remató la finca de ellas.”

POR cuanto, aparte de cualquier duda sobre la cuestión discutida por el apelante en su alegato referente a si constaba claramente o no en el registro de la propiedad el status de las demandantes como hi-jas de Pedro Alfonzo Rosso, es indiscutible el conocimiento de los hechos por Yaleneia según su propia declaración como testigo, no habiendo tratado de discutir el demandado apelante este aspecto del caso.

Por tanto, se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Arecibo en abril 25, 1938.


author: Juez Asociado Sr. De Jesús.)

text:
    Núm. 53.
    In re Rivas, querellado.
    Noviembre 6, 1940.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. De Jesús.)

Poe cuanto, en julio 22, 1940, las peticionarias Ramona y -Fe-licita González Fernández radicaron un escrito en la Secretaría de esta Corte solicitando la iniciación de un procedimiento de disbarment contra el abogado Aureliano Rivas Rosario;

Poe Cuanto, este Tribunal ordenó al Fiscal que practicara una investigación de los hechos denunciados, requiriéndolo para que rin-diera el informe y recomendaciones que fueran procedentes;

Poe cuanto, el Fiscal de este Tribunal practicó dicha investi-gación y en su informe expresa haber llegado a las siguientes con-clusiones :

“J. Que el querellado obtuvo sentencia a su favor en pleito por él enta-blado contra las querellantes en la Corte de Distrito de San Juan en cobro de honorarios profesionales.
“2. Que en ejecución de dicha sentencia le fueron adjudicados varios pa-garés que ahora dicen las querellantes que les pertenecen.
“3. Que las querellantes no habían satisfecho en forma otra alguna hono-rarios al querellado.
“4. Que si algún derecho consideran las querellantes tener en los pagarés en cuestión o en la finca sobre la cual se constituyó hipoteca, corresponde a ellas recurrir con las acciones apropiadas en las cortes competentes a ejercitar sus alegados derechos.
“5. Que no existe por parte del querellado conducta profesional incorrecta, según le tiende a imputar la querella.’'’

Por CUANTO, este Tribunal ha estudiado la querella y el resul-tado de la investigación practicada por el Fiscal y está conforme con las conclusiones de este funcionario;

Por taNto, por la presente se ordena el archivo y sobreseimiento del caso.


text:
    Núm. 344.
    Marín, peticionario, v. Agraít, Juez, dmdado.
    Noviembre 25, 1940.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. De Jesús.)

Por cuanto, el 18 del actual se celebró la vista de este caso con la comparecencia de ambas partes, representadas por el Lie. E. Pérez Casalduc y por el Fiscal Auxiliar de este Tribunal respectivamente;

Por cuanto, el peticionario presentó como prueba copia certifi-cada de la minuta de la sesión celebrada el día primero de noviembre de 1940, de la cual resulta lo siguiente:

“Argumentada y sometida la cuestión, la Corte deelaró sin lugar la moción de archivo.”

Por Cuanto, no obstante lo expresado en la parte de la minuta antes transcrita, el Fiscal presentó en evidencia la resolución que siete días después de celebrada la vista dictó por escrito el juez inferior, de la cual tomamos lo siguiente:

“Por tanto, el acusado puede reproducir su moción si tiene esa prueba, pero mientras tanto no podemos archivar el caso, pues el aeusado no ha des-truido lo que dice su fianza en el récord: que él fué arrestado el 31 de julio de 1940.”

Por cuanto, del párrafo inmediatamente antes transcrito resulta que el acusado no ha agotado sus recursos ante la corte inferior, toda vez que no ha reproducido su moción y presentado la prueba corres-pondiente ;

Por TANTO, sin que sancionemos la práctica de la corte inferior de dictar resoluciones escritas siete días después de resolver la cues-tión oralmente en corte abierta, se desestima el recurso de mandamus en este caso interpuesto, sin perjuicio de que el peticionario recurra de nuevo ante la corte inferior, reproduciendo su moción y presen-tando la prueba que fuere pertinente en apoyo de la misma.


text:
    Núm. 49.
    Olmedo, aplte. v. Rivera et als., apldos.
    Diciembre 12, 1940.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. De Jesús.)

Visto el artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil, tal cual el mismo fué enmendado por la Ley núm. 1-11 de 1939 (Leyes de ese año, pág. 575), que en lo pertinente dispone que “En caso de que el taquígrafo que hubiere tomado las notas durante el juicio falle-ciere, se incapacitare o se ausentare, hechos estos que deben pro-barse a satisfacción del tribunal, y no fuere posible radicar la transcripción de la evidencia, el apelante dentro de un término ra-zonable que a esos efectos le conceda la corte, preparará una exposi-ción en forma narrativa de la evidencia que se hubiere presentado y pliego de excepciones que deberá ser aprobada y, certificada por el juez que conoció y resolvió el asunto, . . y vistos los casos de Sánchez Osorio v. Vizcarrondo, 45 D.P.R. 66, Amaral v. Gerena, 46 D.P.R. 735, y Buxó, Jr. v. Sellés, 48 D.P.R. 827, no ha lugar a la apro-bación de la exposición del caso y transcripción de evidencia, pu-diendo el apelante, si lo estimare conveniente, solicitar de la corte inferior la concesión de un nuevo juicio, toda vez que el juez senten-ciador, al igual que el taquígrafo que tomó las notas de la primera vista, han fallecido.


text:
    Núm. 1225.
    Méndez y Cía., Peticionaria, v. Corte, dmdada.
    Enero 28, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. De Jesús.)

Por cuanto, la mera radicación de un escrito de apelación para ante la Corte de Circuito de Apelaciones, Primer Circuito, y la pre-sentación de un escrito titulado “Señalamiento de Errores” no tienen el efecto de suspender la sentencia apelada,

Por tanto, a la moción para que se devuelva el mandato a este Tribunal, radicada el 27 del mes en curso, no ha lugar.


text:
      Núm. 5.
    Pueblo, ex rel, Ramírez Santibáñez, et als., querellantes, v. Calderón, querellado.
    Junio 19, 1940.
   Llamado este caso para vista comparecieron las partes por sus abogados. Oídos el querellante y el querellado en cuanto a la ex-cepción de falta de jurisdicción levantada por este último, habiendo llegado el Tribunal a la conclusión de que está bien fundada la excepción, se declara sin 'jurisdicción original para conocer del asunto, y en su consecuencia desestima la solicitud y anula el auto .expedido.


text:
    Núm. 8219.
    Flores, aplte. v. Torres, apldo.
    Julio 26, 1940.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Por cuanto, si bien el legajo de la sentencia fue radicado en la secretaría de este Tribunal a las 10:46 A. M. del día 22 de junio del año en curso después de notificada la moción sobre desestimación al abogado del querellante apelante el día 20 de junio, la cual fué radicada en la secretaría de este Tribunal el día 21 a las 3 :50 P. M., existen ciertas circunstancias atenuantes expuestas por el abogado del apelante en la forma s'gu'ente:

“4. El motivo o razón por el cual el querellante apelante se tardó 28 días en radicar su legajo de la sentencia, fué el siguiente: El abogado del quere-llante apelante, que lo es el suscribiente, Rafael Hernández Matos, al consignar en la tabla de señalamientos que tiene en su bufete, equivocadamente ñjó como fecha en que veneía el término para elevar el legajo de la sentencia el día 25 de junio de 1940, en vez de fijar el día 25 de mayo de 1940, que era la fecha correcta en que vencía. el referido término de treinta días.
“5. Que este error se debió a una apreciación equivocada del día en que había empezado a contarse el referido término, pues en vez de computarlo desde el 25 de abril, lo eomputó desde el 25 de mayo, resultando entonces, equivocada-mente, que el término veneía el 25 de junio.
"6. Que tan pronto como el abogado del querellante apelante se dió cuenta del error, en el día 20 de junio de 1940, notificó al abogado del querellado, Ledo. Leopoldo Tormes García, la transcripción de los autos del caso, cuya transcrip-ción tenía preparada desde el mes de marzo de 1940, como puede ver este Hon. Tribunal en el original de dicha transcripción.
“7. Que hasta ese momento, 20 de junio de 1940, el querellado apelado no había dado paso alguno para pedir la desestimación de la apelación, y al no-tificársele dicha transcripción, fué que hizo consignar al pie de la transcripción que se reservaba el derecho de pedir la desestimación de la apelación, derecho que ejercitó con posterioridad al momento en que le fué notificada dicha trans-cripción. ’

Por TANTO, la Corte en el ejercicio de su discreción, declara sin lugar la moción sobre desestimación que antecede.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


text:
    Núm. 8181.
    Morales, etc., apldos., v. López, et als., apltes.
    Noviembre 12, 1940.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. De Jesús.)

A la anterior “moción para que se deje sin efecto la desestima-ción del recurso de apelación”, no ba lugar.


author: Juez Asociado Sr. Travieso.)

text:
    Núm. 8291.
    Santaella, aplda. v. Aponte, aplte.
    Diciembre 18, 1940.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Travieso.)

Vista la moción sobre desestimación de apelación presentada por la demandante apelada, a la cual se ba allanado por escrito el de-mandado apelante, se desestima el recurso, no habiendo lugar a la imposición de honorarios de abogado a la parte apelante por no haberse demostrado que su actuación fuese temeraria en forma tal que .justifique dicha condena.


text:
    Núm. 8191.
    Irizarry, aplte. v. García, apldo.
    Junio 4, 1940.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. De Jesús.)

Por Cuanto, con feclia 13 de enero de 1940 la Corte de Distrito de Ponce dictó sentencia en este caso declarando sin lugar la de-manda ;

Por Cuanto, el 22 del mismo mes el demandante radicó un escrito de apelación para ante este Tribunal y el mismo día solicitó y obtuvo de la corte inferior una orden para la preparación de la transcripción de evidencia, orden que fué notificada al taquígrafo el mismo día 22 de enero de 1940;

Por cuanto, el mencionado taquígrafo no preparó ni radicó dicha ■transcripción de evidencia dentro del término de veinte días fijados por la ley, y el día 21 de febrero siguiente el demandante radicó una moción solicitando se concediese al taquígrafo una prórroga de treinta días para radicar dicha transcripción de evidencia, prórroga que fué denegada por la corte inferior;

Por cuanto, hasta el 9 del mes pasado, fecha en que se expidió la certificación del secretario de la corte inferior, obrante en autos, acreditativa de los indicados extremos, no se había radicado en dicho tribunal transcripción de evidencia alguna ni solicitado reconsidera-ción de la orden denegando la prórroga de treinta días anteriormente mencionada;

Por Cuanto, el demandado apelado ha solicitado la desestima-ción del recurso por abandono;

Por cuanto, notificado el apelante de la moción para desestimar así como de la vista que se señaló al efecto, no radicó oposición al-guna ni compareció a la audiencia a sostener su recurso;

Por tanto, vistos los autos de este caso y la certificación ante-riormente aludida, se declara con lugar la moción del demandado apelado y se desestima el recurso que contra la sentencia de 13 de enero de 1940 interpuso el demandante apelante en el presente caso.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


text:
    Núm. 8194.
    Rivera, aplte. v. Negrón et al., apldos. y Nieves et als., apldos.
    Junio 11, 1940.
   Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Vista la moción que antecede con la sola asistencia de los promo-ventes y apareciendo que el apelante a pesar de las prórrogas con-cedidas y a pesar de baber transcurrido más de un año desde que expiró la última, no ha radicado aún en la Corte de Distrito de Ponce la exposición del caso ni ha radicado en la secretaría de este Tribunal transcripción de autos alguna, se desestima por abandono la apelación interpuesta contra la sentencia que dictó la Corte de Dis-trito de Ponce en octubre 6, 1938.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


text:
    Núm. 8214.
    A. Alvarez & Hno., aplda. v. Abréu, aplte.
    Julio 16, 1940.
   Por Cuanto, celebrada la vista de la moción de desestimación con asistencia e informe de la apelada; apareciendo de los aritos y certificación acompañada que el día 6 de diciembre de 1939 venció el término para radicar la transcripción de evidencia en la corte inferior sin que se haya radicado como tampoco se ha radicado el transcript en esta Corte ni solicitado prórroga a tal fin;

Por tanto, se declara con lugar la moción y en su consecuencia se desestima la apelación establecida por el demandado contra sen-tencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan en septiembre 8, 1939, en el caso arriba indicado.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


text:
    Núm. 7933.
    Brunet Vda. de De la Haba, aplda. v. Sucn. Nin Martínez et als., apltes.
    Julio 23, 1940.


author: Juez Presidente Sr. Del Toro.)

text:
    Núm. 7973.
    Iparraguirre, aplda. v. Nin et als., dmdados. y Nin Ruiz, aplte.
    Julio 23, 1940.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. Del Toro.)

Por cuanto, la parte apelada solicitó la desestimación del re-curso por negligencia en su tramitación y por ser frívolo; y

Por cuanto, la parte apelante archivó finalmente la transcripción de los autos e impugnó los fundamentos que para sostener la frivo-lidad adujo la apelada; y

Por cuanto, el caso ha sido puesto por la parte apelante.en con-diciones de resolverse y no estamos convencidos de que sea claramente frívolo;

Por tanto, se declara no haber lugar a la desestimación solici-tada y se señala la vista del recurso para el día 15 de noviembre de 1940, a las 2 p. m.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


author: Juez Asociado Sr. Wolf.)

text:
    Núm. 8239.
    Fonalledas, apldo. v. Las Monjas Dairy Inc. et al., apltes.
    Noviembre 7, 1940.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Wolf.)

Pok cuanto, en un pleito .para obtener un injunction-la Corte de Distrito de San Juan concedió un injunction preliminar en 14 de junio de 1940;

Por Cuanto, en el día 18 de junio la corporación demandada apeló de la resolución así dictada;

Por cuanto, no hubo ninguna prueba en la corte inferior y el récord consiste o consistiría solamente del legajo de sentencia, com-puesto de las alegaciones;

Por cuanto, han transcurrido más de treinta días desde la inter-posición de la apelación;

Por tanto, se declara con lugar la moción presentada para la desestimación de tal apelación.


text:
    Núm. 8275.
    Acha, aplte. v. Nevares, apldo.
    Noviembre 22, 1940.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Travieso.)

Vista la moción del demandado apelado para que se desestime el presente recurso por ser éste frívolo y no haber sido proseguido con la debida diligencia;

' Por cuanto, de la certificación expedida por el Secretario de la Corte de Distrito de San Juan aparece que la sentencia recurrida fué dictada en marzo 11 de 1940; que el escrito de apelación para ante esta Corte Suprema fué radicado en 18 de abril de 1940; y que desde esa fecha hasta el presente el demandante apelante no ha practicado gestión alguna tendiente a perfeccionar su apelación, ni ha solicitado prórroga del término señalado por la ley para la pre-paración y radicación de la transcripción de la evidencia;

Por lo tanto, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil y por las reglas 40, 58, 59 y 60 del Reglamento de este Tribunal se desestima el recurso.


text:
    Núm. 8282.
    Villaroel et als., apltes. v. Del Valle, apldo.
    Noviembre 26, 1940.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. De Jesús.)

Por Cuanto, con fecha 2 de mayo de 1940 los demandantes esta-blecieron recurso de apelación contra la sentencia que a favor del demandado dictó la Corte de Distrito de San Juan en el caso arriba expresado;

PoR CUANTO, posteriormente los demandantes apelantes han obte-nido diversas prórrogas para preparar la transcripción de evidencia, venciendo la última de dichas prórrogas'el día primero de octubre de 1940, sin que hubieran radicado dicha transcripción ni solicitado prórroga alguna para ello, conforme aparece de la certificación que .con fecha 12 de noviembre de 1940 espidió el Secretario de la Corte de Distrito de San Juan;

POR cuanto, el demandado ha solicitado la desestimación del recurso, moción de la cual fueron debidamente notificados los de-mandantes apelantes, señalándose la vista de la misma para el día de ayer a las dos de la tarde, sin que tampoco comparecieran los de-mandantes, a pesar de haber sido debidamente notificados;

Por tanto, vistos los autos de este caso y los artículos 40, 58 y 60 del Reglamento de este Tribunal, se desestima el presente recurso.


text:
    Núm. 8284.
    Pabón, aplda. v. Sucn. Márquez et al., apltes.
    Diciembre 6, 1940.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. De Jesús.)

Por Cuanto, en el presente caso la corte inferior dictó sentencia a favor de la demandante el 18 de julio de 1940, la que fué noti-ficada a varios de los demandados en esa misma fecha y al resto de ellos mediante edictos, radicándose en 23 de septiembre de 1940 es-crito de apelación para ante este Tribunal;

Por" Cuanto, desde la fecha últimamente indicada los apelantes, con-forme aparece de la certificación del Secretario de la corte inferior, no han radicado transcripción de evidencia ni solicitado prórroga para presentarla, ni han remitido a este Tribunal la transcripción de autos;

Por Cuanto, la apelada ha solicitado'la desestimación del recurso por abandono;

Por Cuanto, señalada la vista de dicha moción no comparecieron la apelada ni tampoco los apelantes a sostener su recurso;

Por tanto, vistos los autos- de este caso y la aludida certifica-ción que se acompaña, se declara con lugar la moción de la deman-dante apelada y en su consecuencia se desestima el recurso por aban-dono.


text:
    Núm. 8293.
    Olmedo, aplte. v. Rivera et als., apldos.
    Diciembre 18, 1940.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. De Jesús.)

Por Cuanto, el día 29 del mes pasado los demandados apelados solicitaron de este Tribunal la desestimación del recurso por el 1‘un-damento de no haberse radicado el legajo de sentencia y la transcrip-ción de evidencia o exposición del caso a pesar de que el escrito de apelación fué archivado el 8 de febrero de 1939;

PoR CUANTO, la indicada moción fué señalada para el 16 del actual y antes de dicha fecha la demandante apelante radicó una moción interesando que por este Tribunal se impartiese aprobación a un proyecto de exposición del caso y una transcripción de parte de la evidencia presentada en el juicio, alegándose que el juez que dictó la sentencia, así como uno de los taquígrafos que tomó las notas del juicio habían fallecido mientras se tramitaba este recurso, y que el juez de la corte inferior a quien dichos dos documentos fueron pre-sentados para aprobación se negaba a ello por entender que dadas las circunstancias extraordinarias de este caso carecía de facultades para impartir tal aprobación;

PoR Cuanto, este Tribunal, con fecha 12 de diciembre de 1940 denegó la referida moción de la demandante apelante, sin perjuicio de que ésta, si lo estimaba conveniente, pudiera solicitar de la corte inferior la concesión de un nuevo juicio, toda vez que el juez senten-ciador, al igual que el taquígrafo que tomó las notas de la primera vista, habían fallecido, citándose los casos de Sánchez Ocasio v. Vizcarrondo, 45 D.P.R. 66, Amaral v. Gerena, 46 D.P.R. 735, y Buxó Jr. v. Sellés, 48 D.P.R. 827;

Por cuanto, en 16 del actual se llamó la vista de la moción de los apelados para desestimar este recurso a la que se hace referencia en el primer “por cuanto” de esta resolución, compa-reciendo ambas partes, informando oralmente una y otra, y final-mente asegurando el abogado de la demandante apelante que se propone solicitar de la corte inferior un nuevo juicio conforme se le sugería en nuestra citada resolución del 12 del corriente;

Por tanto, vistos los autos de este caso y el artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil, se desestima el recurso de apelación interpuesto por la demandante, sin perjuicio de que en el término de 15 días a partir de esta fecha apele a la sana discreción del tribunal inferior, y luego de probar satisfactoriamente su diligencia y méritos de su acción, solicite la concesión de un nuevo juicio.


text:
    Núm. 8295.
    Lafont, apldo., v. Zalduondo, etc., apltes.
    Enero 21, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. De Jesús.)

Por cuanto, en el presente caso se dictó sentencia en rebeldía •contra los demandados en una acción en cobro de dinero, estable-ciéndose recurso de apelación con fecha 18 de junio de 1940;

POR cuanto, no obstante haber expirado con exceso el término de treinta días que señala el artículo 40 del Reglamento de este Tribunal para elevar los autos, hasta la fecha los demandados no lo han verificado ni solicitado prórroga para ello;

PoR Cuanto, el demandante apelado presentó una moción soli-citando que se desestime el recurso por frívolo y por abandono;

Por Cuanto, dicha moción fué notificada a los apelantes, así como también se les notificó el señalamiento de la audiencia para oír a las partes sobre la referida moción, sin que los apelantes asistieran a dicha audiencia a oponerse a las pretensiones del apelado;

Por tanto, vistos los autos de este caso y el artículo 40 del Re-glamento de este Tribunal, se desestima el recurso por abandono, siendo innecesario hacer pronunciamiento alguno con respecto a la alegada frivolidad.


text:
    Núm. 8300.
    Grauláu, apldo. v. Quiñones, aplte.
    Enero 28, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Travieso.)

Vista, sin asistencia de las partes, la moción del demandante apelado para que se desestime el recurso por abandono y por ser frívolo;

Por Cuanto, del escrito radicado por el promovente, contra el cual no ha radicado contestación alguna el apelante, aparece que el escrito de apelación fué radicado el día 13 de junio de 1940; que el apelante no hizo ninguna otra gestión hasta el 22 del mismo mes en que solicitó una prórroga para radicar la transcripción de evi-dencia, sin que antes hubiese optado por dicha transcripción y soli-citado la orden al taquígrafo para su preparación; y que el apelante no ha depositado en secretaría los honorarios del taquígrafo, ni le ha pagado a éste directamente dichos honorarios, razón por la cual la transcripción de evidencia no ha sido aún comenzada a pesar del tiempo transcurrido;

Por Cuanto, el apelante no ha comparecido a oponerse a dicha moción ni ha mostrado razón alguna por la cual no deba desestimarse el recurso;

Por lo tanto, se desestima por abandono el recurso.


text:
    Núm. 8190.
    Santiago, aplte. v. Corte Mpal., aplda.
    Junio 4, 1940.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Vista, la moción que antecede con la sola asistencia de la parte promovente, examinada la. dicha moción y Ia documentación acom-pañada a la misma, así como el escrito de oposición y la copia de una ‘•‘transcripción de evidencia” presentada por la parte promovente en el acto de la vista, se desestima como frívola la presente apelación interpuesta contra la sentencia que dictó la Corte de Distrito de Iíumacao en 14 de febrero de 1940.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


text:
    Núm. 8187.
    Oliver, apldos. v. Domenech, Tes., et als. apltes.
    Junio 5, 1940.
   (Por la Corte,- a propuesta del

Juez Asociado Sr. De Jesús.)

Por cuaNto, los apelados solicitan desestimemos este recurso por motivo de frivolidad, alegando ‘‘que se fundan para sostener la frivolidad del recurso en que los demandados aceptaron en su con-testación los hechos esenciales de la petición de mandamus y se concretaron a discutir en su alegato a la corte inferior tres puntos de derecho que pueden fácilmente resolverse mediante la discusión de esta moción de desestimación;”

Por cuanto, los apelantes se oponen ¿ la desestimación solicitada, alegando que aun no han radicado su alegato, por lo que los apelados no pueden adelantarse a discutir cuestiones que imaginan puedan suscitar en este recurso los apelantes, e insisten en el derecho que les asiste a someter su caso en apelación en su fondo y no dentro de una moción de desestimación;

Por Cuanto, para que una apelación pueda desestimarse por frívola es preciso que las cuestiones suscitadas por el apelante sean manifiestamente improcedentes, y las que en esta moción discute el apelado asumiendo que serán las que levantarán los apelantes si se considera el caso en su fondo no son manifiestamente improcedentes;

Por cuanto, la circunstancia de que en un recurso, de apelación no exista controversia en cuanto a los hechos y las cuestiones de derecho puedan resolverse dentro de una moción de desestimación no implica que debamos privar al apelante de informar y presentar su caso con la amplitud que le reconoce el Reglamento de este Tribunal;

Por tanto, no ha lugar a la. moción de los apelados del 13 del mes pasado en que solicitan la desestimación del presente recurso.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


text:
    Núm. 8027.
    Russell & Co., Sucrs., aplda. v. Grau, Vda. Olivieri, aplte.
    Julio 18, 1940.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

POR Cuanto, los únicos errores señalados por la parte apelante en su alegato de 280 páginas, son:

“Primer error: La Corte de Distrito de Ponee cometió un grave error de derecho al declarar, como declaró, sin lugar la moción de la demandada apelante 'interesando la total eliminación de la demanda enmendada’ radicada por Bus-sell & Cía. en 16 de diciembre de 1937.
“Segundo error: La Corte de Distrito de Ponee cometió un grave error al declarar, como deelaró, sin lugar la moción de la demandada apelante intere-sando la eliminación de ciertas partes 'de aquella demanda enmendada de 16 de diciembre de 1937.
"Tercer error: La Corte de Distrito de Ponee cometió grave error de de-recho al declarar, como deelaró, sin lugar la excepción previa de falta de causa de acción radicada por la demandada apelante contra la demanda enmendada de diciembre 16 del 1937.
"Cuarto error: La Corte de Distrito de Ponee cometió grave error de de-recho al declarar, como deelaró, sin lugar la excepción previa especial, de que 'varias acciones han sido indebidamente acumuladas en la demanda enmendada de Bussell & Cía. de 16 de diciembre de 1937.’
' ‘ Quinto error: La referida corte de distrito cometió un grave error al de-clarar, como deelaró, sin lugar la excepción previa especial de que ‘de acuerdo con las alegaciones de la demanda enmendada de 16 de diciembre 1937’, la Corte de Distrito de Ponce no tenía jurisdicción por razón de la materia.
“Sexto error: La Corte de Distrito de Ponee cometió un grave error de derecho al declarar, como declaró, sin lugar la excepción previa especial de la demandada apelante, de que aquella demanda enmendada de diciembre 16 del 1937 es ambigua, ininteligible y dudosa.
“Séptimo error: La Corte de Distrito de Ponee cometió un grave error, perjudicial a la demandada apelante, al negar eomo negó, a dicha parte el de-recho de probar en el juicio que los alegados actos de posesión de Bussell & Cía. eran y constituían, en toda verdad, meros actos de tolerancia que la de-mandada apelante había consentido a virtud de un contrato de arrendamiento formalizado entre dichas partes por una escritura pública de 4 de abril del 1916.
“Octavo error: La Corte de Distrito dé Ponee fué parcial en el caso y cometió un grave error, altamente perjudicial a la demandada apelante, al ne-gar, como negó a dicha parte el derecho de su día en corte, cuando impuso a la demandada apelante un ‘injunction pen dente lite’ sin dar a la demandada ape-lante la oportunidad de ser oída, y a pesar de sus objeciones escritas y juradas sobre el particular.
“Noveno error: La Corte de Distrito de Ponee fué igualmente parcial y cometió un grave error de derecho, muy perjudicial a la demandada apelante, cuando, acto seguido negó a dicha parte el derecho a ser oída sobre una moción interesando que se citara a determinados empleados de la demandante apelada para mostrar causa por actos contrarios a previas órdenes de aquel tribunal y para fijar el ‘status quo’ de las partes hasta que el caso fuese definitivamente sometido para su decisión.
“Décimo error: La sentencia de la Corte de Distrito de Ponce en el caso de autos es contraria a derecho y no está sostenida por las alegaciones de la demanda enmendada de 16 de diciembre del 1937.
“Undécimo error: La sentencia de la Corte de Distrito de Ponee en el caso de autos es contraria a la ley, por razón de ser dicha sentencia incongruente, impropia y desproporcionada en derecho.”

POR CUANTO, la demandada fundó su moción “interesando la total eliminación de la demanda enmendada” en las razones siguientes:

(a) Porque según la orden de esta Hon. Corte de 14 de diciembre de 1937, la demandante estaba limitada a corregir (supliendo sus eliminaciones) los pá-rrafos tercero, séptimo y noveno de la demanda original; y, esto no obstante, la demandante, sin permiso de la corte, procedió a modificar el número y orden de sus alegaciones, cambió y sustituyó hechos y fechas, y por su nueva demanda ha planteado nuevos problemas legales que desvirtúan su primera causa de acción.
“(b) Porque toda vez que la demanda enmendada no se ha limitado a rec-tificar y suplir los extremos eliminados de los referidos párrafos tercero, sép-timo y noveno de la demanda original, sino que se ha excedido de lo concedido por esta Hon. Corte en 14 de diciembre 1937, y en efecto es y constituye una nueva demanda, la demandada tendría que renovar y sustituir, a su vez, todas y cada una de sus alegaciones de defensa ya radicadas en secretaría de esta corte, para excepcional- y contestar en su orden correlativo y en su fondo la nueva demanda de la parte actora. ”

Por cuanto, la parte apelante en su alegato equivocadamente asume, sin demostrar, que la demanda enmendada constituye una nueva causa de acción que está prescrita y la corte de distrito no cometió error alguno al declarar sin lugar la moción eliminatoria.

Por cuanto, tampoco existe el segundo de los supuestos errores apuntados y, en todo caso, no causó perjuicio a la demandada.

Por cuanto, la teoría de la parte apelante en cuanto a su ter-cer señalamiento se desprende del siguiente extracto de su alegato:

“La demandada objeta que, dados los hechos expuestos por la demandante, no procede su pretensión de que se le otorgue o conceda el remedio extraordi-nario de interdicto, por aquello de que alega que ‘carece de todo otro recurso rápido y efieaz en el curso ordinario de la ley’, porque la acción que corres-ponde a la demandante es la acción ordinaria de confesión de servidumbre que le reservan la Ley especial de Aguas y el Código Civil.
‘‘Se notará que la demandante pide la protección — no de la ‘posesión real de una propiedad inmueble que en la demanda se describe’, como nuestro esta-tuto exige, y sí de la posesión civil de un derecho de servidumbre de acueducto, una cosa que por tener tan sólo los contornos jurídicos originales de la Ley Civil Española que hemos transcrito, al ser traída a nuestra jurisprudencia regional por la influencia de nuestro derecho histórico, requiere previa alegación de su existencia en derecho y prueba de su existencia. material.
"... afirmamos que, tratándose en el presente caso de la protección po-sesoria de una servidumbre de acueducto, que por ser incorpórea no es susceptible de posesión material o tenencia física, y sí solamente de una cuasi po-sesión, es el deber legal de la demandante, primeramente, alegar su clase o naturaleza, y luego probar en juicio que dicha servidumbre se funda en título de derecho civil.
. . El magno error de la demandante estriba en considerar que el proce-dimiento posesorio del interdicto la libra de la alegación y prueba de la exis-tencia de su alegada servidumbre.
"... En Puerto Rico el interdicto posesorio jamás ha sido extendido en su radio de acción hasta cubrir la cuasi posesión de las servidumbres de acue-ducto, que se rigen por la Ley Especial Española de 1879, vigente en esta Isla desde abril 28 de 1886.

POR CUANTO, una lectura de la opinión en el caso de Franco v. Oppenheimer, 40 D.P.R. 153, bastará para distinguir dicho caso, y— aparte de que sabido es que en el procedimiento de injunction pose-sorio no hay que alegar ni probar título alguno — -la demandante en su demanda enmendada alega:

"4. Que la sociedad demandante, Russell & Co. Suers., ha estado durante el año, con anterioridad al 29 de noviembre de 1937, fecha en que se radicó la demanda original en este caso y actualmente está en la posesión material, control absoluto y disfrute de una servidumbre de acueducto para regar las plan-taciones de cañas de las Haciendas Santa Rita y Eraternidad antes descritas y la cual servidumbre de acueducto consiste en un canal de .manipostería con su compuerta y toma de agua del Río Susúa o Loco comenzando en el sitio deno-minado el S'alto del Cacique en el dicho Río Susúa o Loco en el barrio Susúa Alta del Municipio de Yauco, extendiéndose dieho canal de norte hacia suroeste, cruzando la finca antes descrita de la cual ha estado en posesión durante el año anterior a la interposición de esta demanda y lo está actualmente la aquí demandada, cruza además otros predios hasta llegar a las dichas Haciendas Santa Rita y Eraternidad, teniendo el mismo un largo de doce mil quinientos pies más o menos; de ancho tiene dieho canal seis pies y de. veintidós a veinticuatro pul-gadas de profundidad. Dieho eanal es de manipostería, en parte descubierto y ■en parte aboved.ado. La base de dieho canal está incrustada en el terreno en que se encuentra edificado y sobresale a la superficie visible en toda su exten-sión. Por dicho canal han venido discurriendo desde hace más de veinte años y discurren actualmente aguas del Río Loco para regar las plantaciones de cañas de las dichas Haciendas Santa Rita y Eraternidad antes descritas.”

Por CUANTO, los supuestos errores cuarto, quinto y sexto, tales como se discuten en el alegato del apelante, rio merecen seria con-sideración,

POR cuanto, no encontramos en las páginas del récord taqui-gráfico citadas por la parte apelante en relación con el séptimo señalamiento, que la corte de distrito haya negado a dicha parte el derecho de probar en el juicio, que los actos de posesión de Russell & Co- constituían meros actos de tolerancia que la demandada apelante había consentido a virtud de un contrato de arrendamiento formalizado entre dichas partes por una escritura pública de 4 de abril del año 1916.

Por cuanto, en todo caso, el documento de abril 4, 1916, fué presentado por la demandante como prueba de impugnación y ad-mitida por la corte, dándole así a la demandada la oportunidad que nunca le había sido negada de la manera indicada en el séptimo señalamiento y en el siguiente párrafo de su alegato:

"Ahora, bien, de haber podido el testigo declarar sobre aquellos extremos, la corte a quo hubiese tenido ante sí el discutido contrato y la demandada hu-biese podido ofrecer testimonio de las circunstancias en que el mismo había sido otorgado; y de este modo hubiese podido precisar que la demandante, Bus-sell & Co., se excedía en sus dereehos y pretendía más de lo que la demandada tenía obligación de reconocerle, y, además, la corte sentenciadora, allí y entonces, hubiese podido fijar y decidir que los alegados actos de posesión eran no más que actos constitutivos de 'uso por tolerancia

Por cuanto, los señalamientos octavo y noveno carecen de mérito.

Por cuanto, según la constante jurisprudencia de este Tribunal, sería motivo suficiente para la confirmación de la sentencia apelada, o la desestimación del presente recurso, la vaguedad y generalidad de los términos en que están redactados los señalamientos décimo y undécimo, sin necesidad de examinar alrededor de cien páginas del argumento contenido en el alegato de la parte apelante para descubrir los verdaderos fundamentos de dichos señalamientos.

Por cuanto, de una lectura de dicho argumento se desprende que, en tanto y en cuanto tiene algún mérito técnico y superficial, más bien que verdadero y sustancial, esto estriba en los siguientes hechos: (bastardillas nuestras).

(a) En el párrafo de la demanda referente a la carencia de todo otro re-curso rápido y eficaz en el curso ordinario de la ley para hacer valer sus dere-ehos, la demandante explica por qué ‘ ‘ re acoge a la Ley núm. 43 de 19X3, según enmendada por la Ley No. 11 do 1917, para proteger su derecho de posesión solre dicho canal.”
(6) Eh la súplica de la demanda; la demandante solieita: “Un interdicto dirigido a la demandada, Ana Grau viuda de Oliyieri, para que dicha deman-dada respete y no perturbe a la demandante, Bussell & Co., Suers., en su dere-cho de posesión real de la servidumbre de acueducto a que se refieren las alega-ciones cuarta y quinta de esta demanda, y de cuya servidumbre está en posesión material la demandante; y que se abstenga asimismo dicha demandada por sí y por medio de otras personas a sus órdenes, sus representantes, agentes, emplea-dos o familiares, de perturbar a la demandante, Bussell & Co., S'uers., en el ejer-cicio de su derecho de posesión real de dicha servidumbre y de entrada en su finca al Cacique y ocupar las márgenes de la parte de dicho canal descrito en la alegación quinta de la demanda para verificar reparaciones en el mismo.”
■ (c) La corte de distrito, siguiendo el lenguaje de la súplica ordenó y de-cretó: “Un interdicto o injunction dirigido a la demandada, Ana Grau viuda de Olivieri, ordenándole, como se le ordena, a dicha demandada que respete y no perturbe a la demandante, Bussell & Co., Suers., en su derecho de posesión real de la servidumbre de acueducto, consistente en un canal de manipostería con su compuerta y toma de agua del Bío Susúa o Loeo, comenzando dicho acueducto en el sitio denominado El Salto del Cacique, en el río antes mencionado, en el Barrio Susúa Alta del Municipio de Yaueo, Puerto Bico; extendiéndose dicho canal en dirección de norte hacia suroeste, cruzando la estancia denominada ‘El Cacique’, poseída por la demandada Ana Grau viuda de Olivieri (descrita en el apartado tereero de la demanda), cruzando otros predios de distintos dueños hasta llegar a las haciendas ‘Santa Bita’ y ‘Fraternidad’, poseídas por la de-mandante Bussell & Co., Suers., (descrita en el apartado segundo de la demanda); estando descrito detallada y específicamente dieho canal en los apartados cuarto y quinto de la demanda. Y, por la presente, se ordena, especialmente, a la demandada, Ana Grau viuda de Olivieri, que se abstenga ella, por sí, o por medio de sus representantes, agentes, empleados o familiares, o por medio de otras personas a sus órdenes de perturbar a la demandante, Bussell & Co., Suers., en el ejercicio de su derecho de posesión real de dicha servidumbre de acueducto y de impedir la entrada en su finca ‘El Cacique’; a representantes, empleados, obreros o trabajadores de la demandante y de imp’ódir la ocupación de las már-genes del referido canal, dentro de la finca ‘El Cacique’ de la demandada, para verificar la demandante reparaciones en dicho banal de riego y limpieza del mismo; apercibiéndose a la demandada de que la desobediencia al presente injunction constituirá desacato a esta corte.”

P'OR Cuanto, el juez ele distrito en su Relación del Caso y opi-nión dijo:

“La parte demandada ha afirmado repetidas veces en su alegato que:
“ ‘Tratándose en el presente caso de la protección posesoria de una servi-dumbre de acueducto, que por ser incorpórea es susceptible de posesión material o tenencia física y sí solamente de una cuasi ■ posesión, es el deber de la demandante, además de alegar su clase o naturaleza, el de probar en el juicio que dicha servidumbre se funda en título de der'eehó civil.’
“Si estuviera en lo cierto la parte demandada, su exigencia se habría cum-plido plenamente en este caso; pues se ha probado en el juicio que ese canal de riego, y el aprovechamiento de sus aguas por las haciendas ‘Santa Dita’ y ‘ Fraternidadexisten, ininterrumpidamente, por un período de más de veinte años.
“La servidumbre de acueducto pertenece a la clase de las continuas y apa-rentes y, de acuerdo con el artículo 473 del Código Civil (ed. 1930), se ad-quiere por la prescripción de veinte años.
“El Tribunal Supremo de España, en sentencia de 17 de noviembre de 1903, resolvió lo siguiente:
“ ‘La posesión continuada por veinte años de. aprovechamiento de aguas públicas sin oposición de autoridad o de tercero, aunque no se acredite la au-torización correspondiente, se convierte en título de dominio.’
‘ ‘ Pero, entendemos, que en el presente caso se trata solamente de un in-terdicto para retener la posesión en que se encuentra la demandante o impedir que se le perturbe en dicha posesión.
“La Ley Núm. 43 de 1913, tal como quedó enmendada por la Ley Núm. 11 de 1917, estableció los injunctions o interdictos para recobrar o retener la posesión dé propiedad inmueble. Y la Corte Suprema de Puerto Pico ha in-terpretado y fijado la naturaleza, procedimiento y alcance de tales interdictos, de manera tan clara y precisa, que ya no es posible apartarse de las normas establecidas por nuestro más alto Tribunal en Puerto Utico.
“En el caso de Fernández Reyes v. González, 41 D.P.R. 727, la Corte Su-prema reafirmó su doctrina, constantemente sostenida, con estas palabras:
“ ‘En el procedimiento de injunction para recobrar la posesión material perdida por actos de otro, que es el interdicto para recobrar la posesión de nuestra anterior ley procesal, sólo hay que alegar, probar y resolver cuestiones de hecho, a saber: si el demandante dentro del año precedente a la presenta-ción de la demanda estaba en posesión de la propiedad que en la demanda se describe y si ha sido perturbado o despojado de ella por el demandado. En ese procedimiento no se puede discutir, probar ni resolver si el demandante tiene o no derecho a tal posesión, porque es cuestión propia para juicios ordinarios’. (Oliver Cuveljé v. González, 37 D.P.R. 942; Vicente v. Ortiz, 38 D.P.R. 106; Echevarría v. Saurí, 38 D.P.R. 737.)’’

POR CUANTO, el párrafo de la demanda a que liemos aludido últi-mamente y las palabras de la súplica referentes “al derecho de posesión real” deben interpretarse en relación con su contexto y las otras alegaciones de la demanda y las palabras de la sentencia referentes a tal derecho de posesión real deben también interpretarse en relación con su contexto y a la luz de todas las alegaciones de la demanda y a la luz de lo que hemos copiado de la Relación del Caso y opinión del’ juez de distrito. ' -

POR Cuanto, así interpretadas, no cabe duda en cuanto al alcance y significado de la sentencia apelada y el único resultado posible de una vista del caso en su fondo sería, a lo sumo, una modificación de dicha sentencia para aclarar lo que ya está bastante claro y disipar cualquier duda posible que prácticamente no existe. '

PoR TANTO, vista la moción, que antecede con la sola asistencia de la parte apelada, examinados el alegato de la parte apelante y nn memorándum de la parte promovente, se declara con lugar la referida moción y se desestima como frívola la apelación interpuesta contra la sentencia que dictó la Corte de Distrito de Ponce en junio 29, 1938.

El Juez Asociado Sr. De Jesús uo intervino.


text:
    Núm. 8233.
    Poupart, aplte. v. Rivera, apldo.
    Julio 23, 1940.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Vista la moción que antecede, examinada la misma así como el escrito de oposición, atendidas las explicaciones ofrecidas por el abogado del apelante en cuanto a los motivos que tuvo para no haber utilizado los medios coercitivos procedentes de' acuerdo con la ley y no estando en condiciones este Tribunal para resolver si es o no claramente frívolo el presente recurso por falta de una transcripción de la evidencia, no ha lugar por ahora a la desestimación solicitada.

En los siguientes casos, a propuesta de sus distintos Jueces) el tribunal se negó a desestimar los recursos, por no aparecer ‘o resultar claramente frívolos:

Núms. 8148, 8207, 8250 y 8278.


text:
    Núm. 8033.
    Delgado, apldo. v. Roger et al., apltes.
    Noviembre 22, 1940.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. Del Toro.)

Por Cuanto, la parte apelada solicitó la desestimación del re-curso por no haber los apelantes presentado su alegato, celebrándose-la vista de su moción con la sola asistencia de su abogado en no-viembre 18 actual; y

Por Cuanto, la transcripción de los autos quedó radicada en la Secretaría de este Tribunal desde mayo 8, 1940,' habiéndose conce-' dido a los apelantes sucesivas prórrogas para radicar su alegato, sién-dolo la de septiembre 26 para vencer en octubre 25 con carácter de última; y

Por Cuanto, ni dentro de la prórroga ni antes de'la vista de la moción de desestimación ni después se ha archivado el alegato:

Por tanto, de acuerdo con la ley, el ’reglamento y la' jurispru-’ dencia, se declara con lugar la moción y se desestima el recurso.


text:
    Núm. 8180.
    Arzuaga, apldo. v. Vélez, aplte.
    Noviembre 27, 1940.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. Del Toro.)

Examinado el escrito de la parte apelante en respuesta a la no-tificación que se le hizo para que expusiera las razones que pudiera tener para que no se desestimara su apelación por haber dejado de presentar en tiempo su alegato, no estimando dichas razones sufi-cientes a la luz de los hechos que surgen de los autos y que se ex-ponen en la opinión que sirvió de base a la orden de citación, espe-cialmente si se tiene en cuenta que el apelante estuvo representado desde el inicio del pleito por una firma de abogados compuesta de tres; vistas la ley, las reglas y la jurisprudencia aplicables, debe desestimarse y se desestima el recurso.


text:
    Núm. 8196.
    The Royal Bank of Canada, apldo. v. Cruz, aplte.
    Diciembre 17, 1940.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. De Jesús.)

PoR Cuanto, el legajo de sentencia y la transcripción de evi-dencia fueron radicados en esta Corte desde el 20 de mayo de 1940, habiéndose concedido al apelante prórrogas para la radicación de su alegato, la última de las cuales venció el 10 de julio último sin que hasta la fecha lo haya radicado ni solicitado prórroga alguna para ello;

Por Cuanto, el apelado, con fecha 28 del mes pasado radicó una moción en la que solicita se desestime el recurso tanto por defecto de alegato del apelante cuanto por ser la apelación frívola;

Por cuanto, señalada la moción para desestimar y notificado el señalamiento a las partes, no compareció el apelante a sostener su recurso;

Por tanto, vistos los autos de este caso y el artículo- 59 del Reglamento de este Tribunal, se desestima el recurso, sin que con-sideremos el segundo motivo, o sea el de frivolidad, por ser innecesario a los efectos de esta resolución.


text:
    Núm. 8253.
    Cintrón, apldo. v. Insular Industrial & Agricultural Exposition Assn., Inc. y Balbaño et al., apltes.
    Diciembre 23, 1940.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. Del Toro.)

POR CUANTO, la parte apelada en noviembre 27 último solicitó la desestimación del recurso interpuesto en este caso en junio 8, 1940, porque los apelantes dejaron de presentar su alegato dentro de la prórroga del término que le fuera concedida para ello, y

Por Cuanto, el propio día 27, una bora y minutos después de radicada la moción de desestimación, los apelantes pidieron a esta Corte que les concediera un nuevo término para la presentación de su alegato que acompañaron a su petición.y que contiene treinta y odio páginas, archivando al día siguiente una oposición por escrito a la moción de desestimación, y

Por Cuanto, celebrada la vista de ambas mociones el nueve de diciembre en curso, con asistencia e informes de los abogados de las partes, el Tribunal quedó convencido de que la falta de presentación del alegato se debió a negligencia excusable y de que debe darse a los apelantes la oportiinidad de obtener una resolución sobre los mé-ritos.

Por tanto, se declara con lugar la moción de nuevo término, teniéndose por presentado el alegato, y sin lugar la de desestimación, debiendo continuar tramitándose el recurso de acuerdo con la ley.


text:
    Núm. 7981.
    Concepción et al., apltes. v. Latoni, apldo.
    Julio 26, 1940.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Por cuanto, en Concepción v. Latoni, 51 D.P.R. 564, esta Corte dictó la siguiente:

‘1 Sentencia
“S'an Juan, Puerto Kieo, mayo 26, 1937.
“Por los fundamentos consignados en la anterior opinión se modifiea la sentencia apelada que dictó la Oorte de Distrito de San Juan en octubre 11, 1934, en el sentido de dejar sin efecto aquella parte de la misma que declara sin lugar la reclamación de los demandantes por el importe de las rentas per-cibidas por el demandado y las que pudieron haber percibido los demandantes, y se devuelve el caso a la corte inferior para que proceda a abrirlo a prueba en cuanto a la reclamación sobre las rentas, requiriendo al demandado para que rinda cuenta de las rentas realmente percibidas por él desde la fecha de la ra-dicación de la demanda y durante todo el tiempo de su posesión y dando opor-tunidad a los demandantes para presentar la evidencia que fuere pertinente para probar el valor de los frutos podidos percibir y que no hubieren sido per-cibidos por culpa, abandono o negligencia del demandado, y así modificada se confirma la sentencia recurrida.”

Por cuaNto, posteriormente la corte de distrito dictó una reso-lución que lee en parte como sigue:

“Cuando se llamó este caso para ser oídas las partes en cuanto a las rentas y frutos percibidos por el demandado, los demandantes pidieron al Tribunal que no se admitiera prueba en cuanto a los gastos en las fincas objeto de este proce-dimiento por concepto de contribuciones, reparaciones, agua, luz, limpieza, comi-siones de cobro, zafacones, gastos judiciales y de seguros. Discutieron las par-tes esta cuestión y la parte demandante nos lia radicado un alegato para de-mostrarnos que estos gastos no tienen relación alguna con el concepto jurídico de frutos, citándonos de paso Manresa en sus comentarios y Sánchez Eomán. Hemos leído con mucha calma este alegato de la parte demandante y además las citas originales en los libros que bondadosamente nos prestara. El mismo Manresa establece ya que los gastos que no pueden considerarse como reembol-sables, son aquéllos que no se dedican a la producción de la finca o además aqué-llos que sean superfiuos, excesivos o de puro lujo: tomo 3 pág. 149. Pero es-tudiando nosotros la opinión del Supremo, casi al final de la opinión, encontramos lo mismo que dice la sentencia, o sea que se requiere al demandado para que rinda cuenta de las cantidades realmente percibidas por él por concepto de los cánones de arrendamiento, y es natural que si él tiene que rendir cuenta por los cánones de arrendamiento, el demandado tiene que deducir de estos cánones de arrendamiento los gastos que necesariamente incurriera para mantener la finca en producción, esto es, en tales condiciones sanitarias que pudieran permitir se alquilasen y produjesen cánones de arrendamiento. Esto no empece para que los demandantes puedan presentar aquella evidencia que sea pertinente para probar el verdadero valor de los frutos' percibidos o aquéllos que no fueron por culpa, abandono o negligencia del demandado. Ya la misma sentencia del Supremo dice que los dueños de la finca estaban obligados a pagar la contri-bución impuesta y que aún siendo el demandado un poseedor de la misma, tiene derecho a reclamar los gastos en la conservación de las casas. De manera que el demandado no está impedido en absoluto de probar todos aquellos gastos real-mente incurridos por él, sin perjuicio de que los demandantes puedan contra-probar cuáles gastos deben ser admitidos y cuáles no. Se declara sin lugar la moción verbal de los demandantes en cuanto a limitar el alcance de la prueba que debe traer el demandado. “

Por cuanto, los demandantes apelan de dicha resolución seña-lando como supuestos errores los siguientes:

“Primer error. — La Corte de Distrito de San Juan cometió error al con-confundir una cuestión de derecho procesal planteada por los demandantes ape-lantes con una cuestión de derecho substantivo que no tiene relación alguna con la cuestión planteada por los demandantes apelantes.
“Segundo error. — La corte inferior cometió error al permitir al demandado que reclamara gastos y desembolsos en un incidente de este pleito que solamente se refiere a las rentas realmente percibidas por el demandado no teniendo tales gastos ni desembolsos relación alguna con el concepto jurídico de frutos por no ser gastos de producción, conservación y recolección de los frutos a que se re-fiere el artículo 356 del Código Civil Español equivalente al 290 de Puerto Kico, que son los únicos gastos de que habla, nuestro Código Civil que están incluidos en el concepto jurídico de frutos.
“Tercer error_La corte inferior ha desobedecido el mandato de este Hon, Tribunal y ha actuado sin jurisdicción al entrar en cuestiones que no caen dentro del" referido mandato, permitiéndole al demandado reclamar gastos y desembolsos que debió haber reclamado en su contrademanda o en una contrademanda comr plementaria, si los quería reclamar dentro de este pleito; o en un pleito aparte; equivaliendo los actos de la corte inferior a permitirle al demandado introdu-cirle a su eontrademanda nuevas causas de acción después que ya este Hon. Tribunal había dictado sentencia firme y definitiva resolviendo todas las cues-tiones envueltas en este pleito y devolviendo el caso solamente en cuanto al incidente relacionado con la tercera causa de acción de la demanda.”

Por cuaNto, del argumento de los apelantes, si lo entendemos, se desprende que la cuestión de derecho procesal mencionada en el primer señalamiento, es la misma cuestión indicada en el tercer se-ñalamiento, la cual no fué confundida, ni discutida, ni resuelta por ■la corte de- distrito.

Por CUANTO, aparte de que los apelantes no nos ban convencido que la corte de distrito erró al resolver que si el demandado “tiene que rendir cuenta por los cánones de arrendamiento, el demandado tiene que deducir de estos cánones de arrendamiento los gastos que necesariamente incurriera para mantener la finca en producción, esto es, en tales condiciones sanitarias que pudieran permitir se alqui-lasen y produjesen cánones de arrendamiento” — pudiendo la corte resolver la cuestión de necesidad vel non después de presentada prueba en tal sentido por el demandado y contraprueba por los de-mandantes si alguna tuvieran' — y en todo caso, nos parece que la resolución apelada es inapelable.

Por tanto, se desestima la apelación interpuesta contra la re-solución que dictó la Corte de Distrito de San Juan en marzo 7, 1939.

El Juez Asoeiado Sr. De Jesús no intervino.


text:
    Núm. 7909.
    Figueroa Vda. Fernández, et al., apldos., v. Alonso et al., dmdados. y Díaz, aplte.
    Julio 26, 1940.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Por cuanto, el único señalamiento de error es que:

"Erró la corte inferior al interpretar la deeisión de esta Hon. Corte en el caso de Beauchamp v. Registrador, 53 D.P.R. 231, y al resolver, como resolví^, aplicando erróneamente la sentencia en dicho caso, que no procedía anular el embargo practicado en el presente sobre bienes gananciales, a pesar del carácter privativo de la deuda cuyo cobro es objeto de la acción, y sí tan solo concre-tarlo, como ordenó se concretara, a cualquier título, derecho o interés indeter-minado que tenga la demandada, Antonia Alonso, en los mismos.”

Por ottaNto, atendidas las conclusiones a que temos llegado y la sentencia dictada en el caso Núm. 7910, María Figueroa Vda. de Fernández et al., demandantes apelados, v. Antonia Alonso, et al., resuelto en el día de boy (ante, pág, 500) la cuestión planteada en el referido señalamiento resulta, acfidémicq.

PoR TANTO, se desestima la apelación interpuesta contra las dos órdenes que dictó la Corte de Distrito de Arecibo en 12 y 26 de agosto de 1938.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


author: Juez Asociado Sr. Hutcbison.)

text:
    Núms. 8257, 8258, 8259, 8260, 8261 y 8262.
    Pueblo, apldo. v. Muñoz, aplte.
    Junio 4, 1940.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutcbison.)

Visto el caso de epígrafe con la sola asistencia del fiscal, exami-nados el alegato del apelante así como la denuncia, la sentencia y el escrito de apelación que constituyen el legajo de la sentencia, no apareciendo motivos suficientes para una revocación de la sentencia que dictó la Corte de Distrito de Ponce en 18 de marzo de 1940, por la presente se confirma la misma.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


text:
    Núm. 8191.
    Pueblo, apldo. v. Pumarejo, aplte.
    Junio 14, 1940.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. Del Toro.)

Por cuanto, el fiscal de la Corte de Distrito de Bayamón formuló acusación contra Luis Pumarejo Sagardía imputándole la comisión de un delito de asesinato cometido como sigue:

"Allá por la noche del día 11 de enero de 1938, y en la Avenida Las Pal-mas del pueblo de Cataño, Puerto Rico, que forma parte del Distrito Judicial de Bayamón, Puerto Rico, el referido acusado Luis Pumarejo Sagardía, ilegal y voluntariamente, con malicia premeditada y propósito firme de matar, y demos-trando tener un corazón pervertido y maligno, atacó con un revólver al ser hu-mano Modesto Gómez Camaeho haciéndole tres disparos, con uno de los cuales le infirió una herida de bala en el ojo derecho, a consecuencia de cuya herida falleció casi instantáneamente el dieho Modesto Gómez Camaeho.”

Por CUANTO, celebrado el juicio, el Jurado declaró culpable al acusado de homicidio voluntario y la corte le condenó a tres años de presidio con trabajos forzados; y

Por cuanto, el acusado apeló, señalando en su alegato dos erro-res cometidos a su juicio por la corte al dictar sentencia en su contra sin que estuviera representado por abogado y sin advertirle de su derecho a estarlo, y al dictar sentencia sin resolver la moción de nuevo juicio que le presentara; y

Por Cuanto, si bien la transcripción de los autos remitida por el Secretario de la Corte de . Distrito guarda silencio sobre las cues-tiones que en los señalamientos de error se levanten, es lo cierto que a virtud de nuevas certificaciones expedidas por dicho Secretario quedó demostrado que al dictarse la sentencia el acusado se hallaba asistido de abogado y acababa de declararse sin lugar la moción de nuevo juicio.

Por tanto, no habiéndose cometido los errores señalados, ni sur-giendo de los autos la comisión de ningún otro, debe desestimarse el recurso y confirmarse, como se confirma, la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Bayamón con fecha 15 de diciembre de 1939, en el caso arriba indicado.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


text:
    Núm. 8295.
    Pueblo, apldo. v. González, aplte.
    Junio 17, 1940.
   Llamado hoy este caso, vistos las alegaciones del apelante y el allanamiento del Fiscal, así como lo resuelto entre otros casos, en El Pueblo v. Díaz, 55 D.P.R. 629, se declara con lugar el recurso y en su consecuencia se revoca la sentencia apelada y se absuelve al acusado.


text:
    Núm. 7932.
    Pueblo, apldo. v. Cupril, aplte.
    Junio 18, 1940.
   - Por los fundamentos consignados en la opinión emitida en el día de hoy en el caso criminal núm. 7931, El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Cupril Oliveras, acusado y apelante, por calumnia e injurias (ante, pág. 117), se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Mayagüez en el recurso de epígrafe con fecha abril 18, 1939.


text:
    Núm. 8193.
    Pueblo, apldo. v. Osorio, aplte.
    Julio 5, 1940.
   Por Cuanto, en la denuncia en este caso se acusó a Guadalupe Osorio del delito de abandono de menores, por dejar de proveer ali-mento a sus cuatro hijos naturales;

Por cuanto, de la prueba aducida resulta que los hijos mencio-nados en la denuncia eran más bien hijos ilegítimos adulterinos del acusado que hijos naturales;

Por cuanto, el juez de la corte de distrito de Humacao resolvió que la palabra “naturales” describe suficientemente el estado de hijos ilegítimos de los menores que no surtió efecto perjudicial al acusado;

Por cuanto, la referida corte de distrito declaró convicto al acusado del delito de abandono de menores y le sentenció a pagar una multa de $25 o en su defecto a cumplir un día de cárcel por cada dólar que dejare.de satisfacer, y las costas;

Por cuanto, vistas la ley y la jurisprudencia (Pueblo v. Rohena, 52 D.P.R. 313; Pueblo v. López, 54 D.P.R. 294; Pueblo v. Pérez, 55 D.R.P. 677 y Pueblo v. Saldaría, 55 D.P.R. 918), somos de opinión que la denuncia en los términos en que está redactada imputa sufi-cientemente una infracción del artículo 263 del Código Penal;

Por Cuanto, encontramos que la prueba es suficiente para sos-tener la sentencia;

Por tanto, se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Humacao, con fecha 28 de noviembre de 1939, en el caso arriba indicado.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió.


text:
    Núm. 8116.
    Pueblo, apldo. v. Viera, aplte.
    Julio 9, 1940.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Por Cuanto, los únicos supuestos errores señalados por el ape-lante son:

“Primer error: La corte cometió error manifiesto al declarar sin lugar la excepción perentoria presentada por el acusado alegando que la denuncia no aduce hechos constitutivos de delito.
“Segundo error: La corte cometió error al resolver que es prueba inmate-rial la aportada por 'el 'aeusado tendente a justificar su excusa legal, para no suplir alimentos, por estar pendiente de fallo una’ demanda de filiación previa-mente entablada contra el acusado.
“Tercer error: La corte eometió error al dietar sentencia condenando al aeusado pues la prueba presentada no es suficiente para sostener dieba sentencia.”

PoR cuanto, la denuncia imputa el delito de abandono de me-nores, cometido de la manera siguiente:

“Que en 23 de febrero de 1939, y en la Calle Tapia Núm. 17 de Santurce del Distrito Judicial Municipal de San Juan, que forma parte del Distrito Judicial de San Juan, P. B., allí y entonces el referido aeusado y desde el día 23 de febrero 1939, que nació Margarita Ortiz, hija de la denunciante procreada durante el concubinato de ésta con el acusado, en tiempo que podían contraer matrimonio con dispensa o sin ella, no suple a dicha hija natural no reconocida voluntaria y sin excusa legal lo indispensable para su alimentación, vestido y medicina. ’ ’

POR CUANTO, la esencia del delito de abandono de menores con-siste “en el abandono voluntario y sin excusa de los hijos, sean éstos de la clase que fueren”. Pueblo v. López, 54 D.P.R. 294.

Por Cuanto, no era necesario exponer én la denuncia como ele-mento esencial del delito “que el acusado tenía a la referida bija (ilegítima) natural no reconocida, pública o privadamente como tal”, como alega el apelante.

Por cuanto, la alegación de que la niña a que la denuncia se re-fiere es hija del acusado, equivale a una alegación de que el acusado es padre de dicha niña.

Por cuanto, tampoco existe el segundo'de los tres errores apun-tados.

Por cuanto, examinada la prueba, ño estamos conformes con el apelante en que sea insuficiente la misma para sostener la sentencia.

Por tanto, se confirma la sentencia que dictó la Corte de Distrito de San Juan en diciembre 19, 1939.

El Juez Asociado Sí'. Wolf disintió.