text:
    Brockway Motor Truck Corporation of Porto Rico, demandante y apelada, v. Pedro Monclova, Lorenzo J. Dávila y Dávila & Monclova, demandados y apelantes.
    No. 5821.

    Sometido: Noviembre 9, 1931.

      Resuelto: Noviembre 27, 1931.

      Felipe Colón Díaz, abogado de los apelantes; Molina, Dubón & Ochoteco, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señob Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una moción para desestimar una apelación por frívola.

En la demanda se alegaba que la demandante era dueña de los pagarés en que se basaba el litigio, mas no que los mismos no habían sido endosados en favor de la tenedora por las personas a cuyo favor habían sido expedidos los pa-garés originalmente. Hasta que se nos demuestre lo con-trario consideraremos que la alegación relativa a la tenencia de los pagarés es la alegación de un hecho último, incluyendo, de ser necesario, un endoso. Sería una práctica más segura alegar el hecho del endoso.

Los págarés fueron presentados durante el juicio y su endoso fué probado. No se adujo excepción previa y el defecto contenido por la demanda, que se alegaba era defectuosa, fué subsanado.

Los demandados compraron un autocamión, otor-garon un contrato de venta condicional y suscribieron pagarés por el valor del autocamión. En todo contrato de venta condicional el vendedor tiene por lo menos la opción de de-mandar en cobro del precio. In Re Bettmam-Johnson Co., 250 Fed. 666. En Puerto Rico dicho vendedor no está obli-gado a vender primeramente la propiedad cuyo título él re-tiene, sino que puede instituir un procedimiento en cobro del precio. Dudamos en verdad que cuando se endosa un pagaré a un tercero, procede una- acción para recobrar la pro-piedad. Podría surgir un impedimento (estoppel).

No encontramos que se haya cometido ningún error subs-tancial y la apelación debe ser desestimada por frívola.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Wolf,

license: Public Domain

text:
    Francisca Sosa Fernández, demandante y apelante, v. José Sosa Oliva, demandado y apelado.
    No. 4914.

    Sometido: Febrero 18, 1930.

      Resuelto: Noviembre 27, 1931

      Juan B. Soto, abogado de la apelante; J. E. Brown, G. Ruiz Na-zario, Blondet <& Campillo y G. E. González, abogados del ape-lado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Ramona Fernández Betancourt falleció en Río Grande el 3 de marzo de 1907. Estaba casada con José Sosa Oliva, el aquí demandado. El título del pleito es “reclamación y en-trega de bienes hereditarios”. Tal vez no puede darse mejor interpretación a estas palabras que diciendo que significan un pleito sobre rendición de cuentas y partición de herencia. La demanda alega la posesión por el demandado de varios predios de terreno, algunos de ellos adquiridos inmediata-mente después de la muerte de Ramona Fernández Betancourt y otros durante años posteriores. Las súplicas de la de-manda son, asumiendo que esas propiedades pertenecen a la sociedad conyugal existente entre Ramona Fernández Be-tancourt y José Sosa Oliva, que se declare que la herencia materna de Francisca Sosa Fernández, la hija demandante en este caso, está incluida en esas propiedades, que éstas le sean entregadas al administrador judicial para su partición, y que las varias inscripciones en el registro a favor de José Sosa Oliva sean canceladas.

Fue el caso a juicio y la Corte de Distrito de San Juan dictó sentencia a favor del demandado José Sosa Oliva. En apelación, el demandado impugna la demanda, o tal vez más particularmente la teoría del pleito según fué juzgado. Sostiene que no liay tal acción en Puerto Rico como la declaración de un “resulting trust”, que aparentemente, alega él, es la teoría del pleito presente. Aliora bien, aunque el demandado puede tener razón al decir que ninguno de los remedios específicamente pedidos por la demandante en sus súplicas podía* obtenerse en este pleito, uno no podría leer el título y seguir los procedimientos en el juicio, incluyendo la opinión del juez, sin convencerse de que lo que la demandante trataba de obtener de su padre era en realidad de verdad una rendición de cuentas, y que las partes así consideraron el pleito. Hasta aliora no vemos motivo alguno por el cual era necesario hacer parte al administrador judicial, y el demandado no presentó objeción al defecto de partes. Quizá para que los bienes fueran entregados al administrador judicial él debió haber sido incluido como parte. Sin embargo, tanto el padre como la hija están ante la corte y este tribunal puede resolver si José Sosa Oliva debe algo a su hija por concepto de su herencia materna, si tal herencia emana de los bienes privativos de Ramona Fernández Betancourt, o si formaba parte ele los bienes gananciales a ser repartidos a su fallecimiento entre su esposo y sus dos hijos, es decir, la mitad para el viudo y una cuarta parte para cada uno de los hijos supérstites.

Se admite que el padre de Ramona Fernández Betancourt dejó $9,980.98 a su hija. El demandado sostiene que de esta cantidad la mercantil Fernández & Sobrino, que adeudaba el dinero, rebajó $5,520.96 por haber Ramona Fer-nández recibido previamente esa suma. La teoría del de-mandado es que Ramona Fernández sólo recibió dichos $5,520.96 y entonces los usó para sus propios fines. No esta-mos satisfechos con esta explicación. Al tiempo de la su-puesta entrega de esa suma, Ramona Fernández Betancourt estaba casada con José Sosa Oliva. El demandado no ha hecho tentativa alguna de explicar cómo y cuándo y dónde desapareció la susodicha cantidad. Hay una presunción ló-gica de que el dinero fué a manos del marido para su uso propio y el de su familia, y en ausencia de mía explicación mejor, nos debemos sentir obligados a resolver que la tota-lidad de la suma de $9,980.98 quedó bajo el control del refe-rido esposo y administrador. En forma similar, no estamos satisfechos con la explicación de la desaparición de los $4,470.02 restantes. La presunción debe ser que cualquier dinero que la esposa gastó fué pagado de los bienes ganancia-les, y esto es cierto en lo que se refiere a los $5,520.98 o a los $4,470.02. Es necesario que el marido que tiene en su poder fondos pertenecientes a su mujer explique la desaparición de aquéllos. La corte inferior aparentemente creyó lo que dijo José Sosa Oliva, y puede haber sostenido la teoría de que el dinero se pagó para usos privados de la esposa y debe pro-venir de sus bienes privativos, pero ésa no es la teoría de la ley.

Llegamos ahora a los bienes gananciales. Durante el juicio, el caso giró grandemente sobre supuestas admisiones hechas por José Sosa Oliva en dos testamentos que hizo. Un testamento otorgado en 1907 fijó en $25,136 el valor de los bienes en poder de José Sosa Oliva. Ese testamento tam-bién demostraba que José Sosa Oliva se cargó en aquel en-tonces los $9,980.98 (el testamento dice $9,300) recibidos por su esposa del padre. Esto dejaría como bienes gananciales entre quince mil y dieciseis mil dólares.

El demandado presentó en el juicio un recibo del Tesorero de Puerto Rico que por sí mismo demostraba que los bienes gananciales ascendían a $13,318. Discutiremos más tarde el hecho de que el demandado y la corte inferior sostuvieron que la cantidad a ser distribuida era alrededor de la mitad de los $13,318. Se admite por el demandado, y la corte así lo resolvió, que a los bienes gananciales, cualesquiera que fuesen, debe agregarse la cantidad de $2,000. De suerte que si esa cantidad se añade a la de $13,318, los bienes gananciales Serían de quince mil a dieciseis mil dólares, qne es más o me-nos la cantidad total que admitió o se cargó José Sosa Oliva en el testamento becbo en 1907.

La corte inferior declaró que la cantidad a distribuir, se-gún demostraba el recibo de tesorería, era $6,498, y que de-bían agregarse a esa suma $2,000. Ese fue un error claro de la corte. Esta y el demandado trataron de explicar un error en la entrega de la porción hereditaria perteneciente al hijo de José Sosa Oliva, expresando que como resultado de xxn error de calculación el hijo recibió el doble de lo que debió haber percibido, a causa de una equivocación cometida por el abogado Herminio Díaz Navarro. Empero, no se explica satisfactoriamente cómo surgió el error, y el recibo de teso-rería, si se examina con el debido cuidado, revela la suma de $13,318. Es totalmente increíble que ya José Sosa Oliva o el abogado Herminio Díaz Navarro rindieran un informe de bienes gananciales que excedía en mucho el valor de los que marido y mujer poseían. Nos parece que el juez de la corte inferior y el demandado examinaron este recibo de tesorería muy descuidadamente y consideraron la cantidad de $6,498 como el valor total de los bienes, cuando era la cantidad exacta sobre la que se impusieron contribuciones. En otras pala-bras, había que pagar derechos de herencia por la porción hereditaria de los dos< hijos. No había que pagarlos por la parte perteneciente a José Sosa Oliva, toda vez que él no estaba heredando esa porción de su esposa.

En el testamento hecho en 1907 el demandado también dijo que al casarse (sin expresar la fecha) no tenía bienes pro-pios. En el juicio, sin embargo, declaró que al tiempo de su matrimonio celebrado muchos años antes, poseía alrededor de cinco mil dólares. De acuerdo con sus propias manifesta-ciones, esos bienes consistían de ganado y una siembra en terrenos pertenecientes a la Central Canóvanas. No estamos convencidos por las manifestaciones que hallamos en el récord de que los bienes que poseía para aquella época o su partiei-pación en la siembra pudieran ascender a cinco mil dólares, o de que él claramente tuviera esa cantidad, o una menor, en sus manos después de rebajar lo necesario para su subsis-tencia. Es algo excesivamente indefinido. Al interrogársele por qué expresó en su testamento que no tenía bienes al con-traer matrimonio, dijo que lo hizo para proteger a sus peque-ños hijos contra las reclamaciones de hijos naturales, porque estaba muy ansioso de que su progenie legítima recibiera sin molestias la herencia. ,Lo dicho en el testamento es la evidencia más fuerte, y así lo declaramos.

En adición ai testamento hecho en 1907 el demandado otorgó otro en 1912. Este testamento fué presentado en evidencia en forma mutilada. Había una página o más que aparentemente consignaba los bienes pertenecientes a José Sosa Oliva. Esa página faltaba, por haber sido arrancada de su matriz. No podemos imputarle a nadie la culpa de esta mutilación, pero creemos que surgió un deber en el demandado — suponiendo que el alegado testamento fuera admisible como prueba — de explicar, o suplir con sus libros, los datos faltantes. El testamento de 1907 demuestra que el demandado en verdad llevaba libros y que hizo su declaración de bienes en 1907 de tales libros. El debió estar en condiciones de explicar con sus libros de 1912 lo que éstos demostraban. Haber dejado de hacer esto era, o una supresión de evidencia, o algo muy similar, y milita contra el demandado.

Ferdinand H. Cestero fué llamado como testigo del demandante. El había sido testigo en el testamento de 1912, y prestó testimonio tendente a demostrar que José Sosa Oliva hizo constar que poseía una gran cantidad perteneciente a sus hijos. La corte no dió crédito a la declaración de Cestero, al parecer no porque dudara de la integridad del testigo, sino porque la memoria de éste, de acuerdo con la corte, se mostró enteramente defectuosa. El testigo no recordaba dónde estaba situada la oficina del notario, ni algunos de los que estaban presentes, y se equivocó al decir que el documento fué escrito a máquina cuando en realidad lo fué a mano. No creemos que estos errores en la declaración de un testigo pres-tada en 1927 deban servirle de taclia cuando se refería a he-chos que ocurrieron en 1912. Fueron equivocaciones respecto a detalles de menor importancia que cualquiera podría haber cometido naturalmente sin errar en cuanto al hecho principal. En otras palabras, nos inclinamos a creer que la corte no debió negarse enteramente a considerar la declaración de Cestero por las razones que apuntó.

Admitiendo que el demandado adeudara cierta cantidad a su hija en concepto de herencia materna, el demandado mantuvo, y la corte resolvió, que el referido demandado te-nía derecho a rebajar de la cuenta unos $2,000, que sostuvo pagó a su hija después de haber llegado a la mayoridad, de su herencia materna. Si se examinan los autos nada se verá que demuestre, fuera de su propia manifestación indefinida, que el padre pagara esta suma a su hija a cargo de su he-rencia materna. Ordinariamente, cuando una hija ha estado viviendo con su padre y llega a ser mayor de edad, su padre continúa sufragando los gastos de ella, si- tiene dinero para ello. G-eneralmente, ningún padre rebajará la cantidades que pasa a una hija de su herencia materna. No hay presunción de que el dinero así pagado se tomara de la herencia de la hija. Sólo encontramos el pago real de esa suma.

Llegamos a la conclusión de que a José Sosa Oliva se le debió cargar la herencia que Ramona Fernández Betancourt recibió de su padre. La cantidad de 'bienes gananciales de-mostrada por el recibo de contribuciones, que probablemente no fué exagerado, era $13,318. Según resolvió la corte, deben agregarse $2,000, haciendo un total'de $15,318. De esa can-tidad deben rebajarse $1,755.16 que, según declaró la corte, se gastaron en los funerales de Ramona Fernández Betan-court. De suerte que la cantidad total a repartir era $13,562.84. La mitad, o sea, $6,781.42, pertenecía a los hijos. Por tanto, $3,390.71 correspondían a la hija. Si se añade la mitad de la herencia de la madre, ascendente a $4,990.49, la participación adeudada a la hija sería $8,381.20. De esta suma no estamos convencidos de que deba descontarse parte alguna del dinero que suministró el padre a la bija después de ella llegar a su mayoridad.

Los testamentos de que se trata eran declaraciones en perjuicio propio y aparentemente admisibles en evidencia. Por lo menos, en la corte inferior no se formuló objeción alguna por este motivo específico.

La demanda en este caso alegaba bienes gananciales por valor de |50,000, pero no bailamos en la prueba datos sufi-cientes para ir más allá de la^aludida cantidad de $8,381.20. Es muy posible que el demandado utilizara desde ¿1 1907 los bienes gananciales y aumentara los que poseía mediante el uso de los gananciales o más bien de la mitad perteneciente a los menores. Pero en los autos falta una total demostra-ción de esto. También bemos considerado la posibilidad del • pago de intereses sobre los dichos $8,381.20, mas no los im-pondremos en razón a los varios pagos que el demandado hizo a su bija.

Por virtud de todo lo expuesto debe revocarse la senten-cia apelada y dictarse otra condenando al demandado a pagar a su hija la demaAtdante como herencia materna la suma de $8,381.20, con intereses legales a partir de esta fecha y las costas.


author: El Juez Peesidente Seño® del Toko,

text:
    Crédito y Ahorro Popular, demandante y apelado, v. Antonio Molini y su esposa Blanca Mariani de Molini, demandados y apelantes.
    No. 5579.

    Sometido: Noviembre 25, 1931.

      Resuelto: Noviembre 30, 1931.

      González Fagundo & González, Jr. j B. Fernández Matos, abogados de los apelantes; Tons Soto & Zapater, abogados de la apelada.
   El Juez Peesidente Seño® del Toko,

emitió la opinión del tribunal.

El único error que señala la parte apelante en su alegato es el de que la corte erró al dictar sentencia excluyendo de las costas los honorarios de abogado.

De los autos aparece que este pleito se inició en 1929 contra Antonio Molini en cobro de $680.16 procedentes de inte-reses de cierta obligación del demandado para con el de-mandante. Luego se radicó una demanda enmendada ha-ciendo parte a la esposa y fiadora del demandado. Se dictó sentencia por rebeldía que fue anulada, abriéndose el caso de nuevo. Contestó la esposa. Se señaló día para la vista. Y en ese estado el procedimiento, desistió el demandante. La corte dictó sentencia teniéndolo por desistido y decretando el archivo del caso “con las costas a dicha parte demandante, pero sin que las mismas incluyan honorarios de abogado.”

Pidieron reconsideración los demandados y la corte oyó a ambas partes. En la audiencia la demandante presentó evidencia consistente en el récord del caso civil No. 5248 ini-ciado en 1930 por el propio demandante en contra de los de-mandados y en el cual se reclaman no sólo los intereses si que también el principal de la obligación de que se trata. Juzgando las circunstancias concurrentes, la corte ratificó su criterio y declaró sin lugar la petición.

Sostiene la parte demandada y apelante que la corte debió haber impuesto las costas incluyendo honorarios de abogado por mandato imperativo de la ley, y para el caso de que se estimara que la corte tenía jurisdicción para ex-cluir los honorarios de las costas, alega que abusó de su discreción al excluirlos en este caso.

Examinando la ley y la jurisprudencia aplicables, esta corte en el caso de McEvoy v. Nadal Lugo, 34 D.P.R. 634, re-solvió que:

“N'o obstante lo amplio de esa jurisprudencia, entendemos que está en vigor la disposición del art. 192 del Código de Enjuicia-miento Civil que dejamos transcrita. La mente del tribunal estuvo fija en pleitos o procedimientos decididos a virtud de sus méritos o en los que hubo contienda. En cuanto al desistimiento, es una con-dición que impone la ley que puede y debe subsistir.
"Ahora bien, atendidos la letra y el espíritu de las nuevas leyes sobre la materia, creemos que si bien la corte de distrito carece de discreción en el caso de que se trata en cuanto a la imposición de las costas, la tiene para comprender o n'o en ellas los honorarios de abogado y para graduar su cuantía.”

Lo resuelto sostiene la sentencia apelada. La parte ape-lante impugna la doctrina del caso de McEvoy, supra, pero sus argumentos no nos convencen de que la razón le asista.

Tampoco creemos que la parte apelante lia demostrado el abuso de discreción que imputa al tribunal sentenciador. Los hechos demuestran que no se trataba de un desistimiento arbitrario. A virtud del segundo pleito, llegó a ser innecesario el primero. En el segundo puede la parte demandada, si la razón le asiste, obtener el pleno reconocimiento de su derecho con imposición de costas con honorarios al demandante.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


author: Ex- Juez Piiesiuente Seño» det- Toko,

text:
    Juan Benabe, promovente, v. La Corte de Distrito de Humacao, Hon. Rafael Arjona, Juez, demandada.

      No. 53.

    Sometido: Mayo 25, 1931.

      Resuelto: Noviembre 30, 1931.

      P. Pérez Pimentel, abogado del promovente; Campos del Toro y Romero, abogados de la demandante en el pleito principal.
   Ex- Juez Piiesiuente Seño» det- Toko,

emitió la opinión del tribunal.

Juan Benabe presentó en esta Corte Suprema una soli-citud para que se expidiera un auto inhibitorio dirigido al Juez de Distrito de Humacao, a la parte demandante y al marshal de la corte, prohibiéndoles continuar el procedi-miento de venta judicial que se seguía contra el fiador peti-cionario en el caso de José Malgor y Co. v. Diego Zalduondo, sobre cobro de pagaré. El auto fué expedido, oyéndose a las partes extensamente.

Los hechos envueltos, en resumen, son así: José Malgor y Co. demandó a Diego Zalduondo en cobro de tres mil dó-lares, intereses y costas, en julio de 1929. Solicitó y obtuvo el aseguramiento de la sentencia que pudiera dictarse me-diante embargo primero de varios bienes inmuebles del deu-dor y luego de dinero perteneciente al mismo depositado en el Banco de Nova Scotia. Así las cosas, el demandado pre-sentó una fianza suscrita por él y por el peticionario Juan Benabe a fin de levantar como se levantó el embargo. La fianza, en lo pertinente, dice:

Por tanto, nosotros, Juan R. Zalduondo Veve y o Juan Benabe, nos comprometemos solidaria y mancomunadamente para que la de-mandante José Malgor & Co., en la suma de $3,700, que es el importe de lo reclamado en la acción ejercitada, constituyéndose esta fianza para levantar el embargo trabado sobre los bienes del demandado, respondiendo como tales fiadores mancomunada jr solidariamente de las responsabilidades a que pudieran ser sometidos por la sentencia que se dicte ¿n definitiva en el presente caso, de tal manera que si se dictase sentencia en definitiva declarándose con lugar la demanda, responderemos de cualquiera suma a que fuere condenado el deman-dado, careciendo de todo valor si dicho demandado fuere absuelto de dicha demanda.”

En diciembre de 1930 se dictó sentencia en el pleito en contra del demandado concediendo lo pedido en la demanda. El demandado apeló y sn apelación fué desestimada por frí-vola en febrero de 1931. Firme la sentencia, la demandante alegando tener conocimiento de la situación material difícil del demandado y de que todos sus bienes estaban fuertemente gravados, solicitó que se decretara el embargo de bienes del fiador Benabe suficientes a cubrir el importe de la sentencia. Sin oír a Benabe se decretó el embargo que se practicó en bienes consistentes en fincas rústicas y varias cabezas de ga-nado. Al propio tiempo solicitó la demandante en general la ejecución de la sentencia, que también fué decretada.

Días después la demandante presentó una moción sobre citación de fiadores y confiscación de fianza que la Corte, el 4 de marzo, 1931, resolvió de conformidad, fijando la au-diencia del 12 del propio mes para oír a los fiadores. El 7 de dicho mes, la corte, por propio acuerdo, transfirió la com-parecencia del 12 para el 16, ordenando que los fiadores fue-sen notificados. Al pie de la orden hay una nota que dice:

“Notificados Enrique Campos del Toro, San Juan, P. R., Arturo Aponte, Humaeao, P. R., Juan Benabe y Juan R. Zalduondo Veve, ambos de Fajardo, P. R., con copias de la anterior orden, hoy 7 de marzo de 1931. Certifico, (fdo.) Luis A. Cuevas, See. Auxiliar.”

El 16 de marzo sólo comparecieron los demandantes y la corte dictó sentencia declarando confiscada la fianza, y de-cretando que se expidiera orden de ejecución contra los fia-dores para satisfacer la sentencia.

Se expidió el mandamiento y el márshal lo devolvió con el siguiente certificado:

“Que procedí a cumplimentar lo dispuesto en el mandamiento de ejecución de sentencia que consta al dorso conforme a las instruccio-nes recibidas por el abogado de la demandante y apareciendo que todos los bienes del demandado Diego Zalduondo, según el Registro de la Propiedad de Humacao, están afectos a varias hipotecas y em-bargos y qne el marshal que suscribe ha requerido y solicitado per-sonalmente del deudor demandado que le señale bienes fon el pro-ducto de los cuales pueda pagarse al demandante el importe de la sentencia que se cobra en este caso, y que dicho demandado no se negó a señalar bienes, pero los bienes que señaló estaban afectos a embar-gos por lo cual devuelvo este mandamiento sin cumplimentar con el presente diligenciamiento. ”

Expidióse otro mandamiento y el marshal lo devolvió diligenciado en bienes del fiador Benabe como se fia indicado.

No hay duda alguna con respecto a que el fiador Benabe fité citado para que compareciera el 12 de marzo. La cita-ción la hizo el márshal a Benabe en la residencia de éste, en Mata de Plátanos de Luquillo. Con respecto a la cita-ción de Benabe para que compareciera el 16, existe la nota del Secretario que dejamos transcrita. Impugnándola figura en los autos un sobre dirigido a Juan Benabe, Fajardo, P. K., que fue devuelto por el correo sin entregar por no cono-cerse a la persona a quien iba dirigido.

El peticionario sostiene que la corte de distrito actuó sin jurisdicción al decretar el embargo de bienes del fiador sin oírlo; al aceptar como válido el diligenciado del márshal que, decidiendo por sí mismo como si fuera un juez, resolvió devolver el mandamiento sin cumplimentar' en cuanto al deudor Zalduondo, y al dictar sentencia el 16 de marzo de-clarando confiscada la fianza.

Para resolver debidamente este caso hay que tener muy en cuenta las circunstancias que concurren en el mismo. Los demandantes establecieron una reclamación y de acuerdo con la ley obtuvieron como medida previa el aseguramiento de la sentencia mediante embargo de bienes del deudor, llegán-dose a practicar dicho embargo en dinero perteneciente al deudor. En esas condiciones la sentencia que a su favor obtuvieron luego los demandantes hubiera podido ejecutarse sin dificultad ni dilación. Fué a virtud de ges-tiones del deudor que la garantía ya obtenida por los de-mandantes quedó sustituida por la fianza que se avino a prestar el peticionario. Quizá éste no se dio cuenta del al-cance de la obligación que contraía. Quizá como en tantos ca-sos sucede sea una víctima do una ayuda prestada sin beneficio alguno. Pero los términos del documento son claros, la obli-gación contraída es precisa, y se dió tal crédito a la fianza que el dinero embargado quedó libre y de él dispuso el deudor.

Para el trámite previo del embargo de bienes del fiador en un caso como éste, no se cita procedimiento especial al-guno. Parece que la parte interesada gestionó siguiendo la pauta marcada por la ley sobre aseguramiento de sentencias en general. Se dijo: si al establecer una demanda puedo pedir el aseguramiento de la sentencia con o sin fianza, según los casos, obteniendo el embargo de bienes del deudor sin que sea necesario notificar a éste, ¿por qué no lie de poder obtener tal medida, en la misma forma, contra el fiador, único- que, dadas las condiciones materiales del deudor, con-sidero responsable? Expuesto así el caso ante la corte, no-vemos que ésta estuviera desprovista en absoluto de auto-ridad para decretar el embargo.

Las otras cuestiones suscitadas envuelven la interpreta-ción de la sección 16 de la Ley sobre efectividad de sentencias, tal como fué enmendada por la Ley No. 27 de 1916, Leyes de 1916, p. 80, que dice:

“Una vez firme la sentencia pronunciada a favor del litigante que hubiere obtenido un mandamiento de embargo para asegurar la efectividad de dicha sentencia, si el expresado mandamiento de embargo se hubiese suspendido o dejado sin efecto a virtud de fianza o consignación, se dispondrá la confiscación de la fianza a favor de dicho litigante, y se expedirá orden de ejecución contra Ja parte condenada por la sentencia. Si la orden de ejecución fuere devuelta sin cumplimentar en todo o en parte, se expedirá nueva orden de ejecución contra los fiadores por el remanente que no haya sido sa-tisfecho, siguiéndose contra los fiadores el procedimiento establecido en los Artículos 307 a 312, ambos inclusive, del Código .de Enjui-ciamiento Civil.”

La sentencia de que aquí se trata era firme. Se dictó a favor del litigante que Labia obtenido el embargo que se dejó sin efecto a virtud de la fianza prestada por el propia deudor y el peticionario. Tal como está redactada la ley, la confiscación pudo decretarse inmediatamente, como una consecuencia de los anteriores becbos. Lo que no podía ha-cerse era bbrarse orden de ejecución contra el fiador inme-diatamente. La orden debió librarse como se libró contra el deudor en primer término.

Si el mandamiento contra el deudor se devolvía sin cum-plimentar en todo o en parte, entonces era que procedía la orden de ejecución contra el fiador, siguiéndose el trámite marcado en el Código de Enjuiciamiento Civil, artículos 307 a 312.

Prima facie parece suficiente lo becbo constar por el mársbal como base para devolver sin cumplimentar el man-damiento expedido contra el deudor. Si los bienes de éste estaban ya gravados en forma tal que su venta no propor-cionaría lo necesario para satisfacer la sentencia, ello equi-valía a la no existencia de bienes. Al actuar en la forma en que lo bizo, el mársbal no actuó como un juez sino a la luz de su razón, sujeto su criterio, desde luego, a la impug-nación de la parte perjudicada y a la revisión de la Corte. Para que pueda defenderse debidamente es que ordena la ley que el fiador sea citado. Artículo 307 del Código de En-juiciamiento Civil.

Hasta aquí no encontramos base suficiente para sostener que la corte actuó sin jurisdicción. La corte pudo, a nuestro juicio, con lo que tenía ante sí ordenar la citación de los fia-dores para que demostraran por qué no estaban obligados por la sentencia de igual modo que si hubieran sido citados desde un principio en el pleito y hubieran tenido, por tanto, la oportunidad de defenderse en el mismo. v

Así lo hizo la corte pero sin ajustarse por completo a las exigencias de la ley. Ordenó la citación el 4 de marzo para el 12, o sea para dentro de ocho días, cuando el artículo 308 del Código de Enjuiciamiento Civil en relación con el 89 del propio Código, fija para la comparecencia el término mínimo de diez días.

La corte se dió cuenta de ello y subsanó su error fijando la comparecencia para el 16, pero ello requería una nueva citación y ésta no se hizo de acuerdo con la ley como de modo evidente ponen de manifiesto los autos originales del caso que fueron reclamados a virtud del auto inhibitorio expe-dido. La propia nota del secretario puesta al pie de la orden de la corte consigna que Benabe es de Fajardo cuando según el diligenciado de la primera citación ilegal consta que reside en Luquillo. Por eso el sobre que se le dirigiera a Fajardo fué devuelto por el correo. Además el correo no era el medio apropiado para hacer la citación. Esta debe revestir todas las formalidades de un emplazamiento. De otro modo no quedan las personas citadas sometidas a la jurisdicción de la corte.

Resulta, pues, claro que no se dió al fiador la oportunidad a que tenía derecho y en tal virtud que no pudo decretarse la ejecución de sus bienes en pública subasta para satisfacer la sentencia, debiendo emularse todo lo actuado desde y a par-tir de la orden de 4 de marzo de 1931, y devolverse el caso a la corte de distrito de su origen para que continúe cono-ciendo del mismo de acuerdo con la ley.


author: El Juez Presidente Senos del Toro,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Carmelo Rodríguez, acusado y apelante.
    No. 4583.

    Sometido: Diciembre 2, 1931.

      Resuelto: Diciembre 4, 1931.

      Angel A. Vázquez, abogado del apelante; E. Díaz Viera, Fiscal Auxiliar, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Senos del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una causa sobre infracción a la Ley de Pesas y Medidas. El apelante señala en su alegato dos errores cometidos a su juicio por la corte al estimar suficiente la de-nuncia y al dictar sentencia en forma ineficaz.

Examinemos el primer error. La denuncia, en lo pertinente, dice:

“Que en 6 de noviembre de 1930 y en Calle Canals No. 2, San-turce, ... el acusado . . . Carmelo Rodríguez, que se dedica a la venta de hielo en el carro No. 8 de T. Llamas, voluntaria e ilegal-mente vendió al Sr. A. J. Plard diez libras de hielo por el valor de cinco centavos o sea a razón de dos libras por cada centavo, habiendo hecho efectivo los cinco centavos el Sr. Plard, siendo repesado dicho hielo en el momento de la entrega en una balanza Standard de Neg. de Pesas y Medidas y en la misma balanza del acusado Carmelo Rodríguez y en presencia del acusado, faltándole dos libras de hielo del peso original, defraudando de este modo al Sr. Plard en dos libras de hielo que tiene un valor de un centavo. ...”

Y la ley que en la misma denuncia se señala como infrin-gida, o sea la No. 135 de 1913 en su sección 15, tal como fué enmendada por la Ley No. 30 de 1921, expresa:

“Sección 15. — Ninguna persona dará, ni permitirá que se dé, nin-gún peso o medida falso o incompleto en la compra, venta, traspaso o transporte de artículos, efectos o mercancías, o en la compra o venta de cualquier trabajo, tarea o servicio cuya remuneración deba ajustarse sobre la base de peso, o sobre una base de medida que no sea la del tiempo; y ninguna persona usará ni permitirá que se use, ninguna pesa o medida falsa en cualquiera transacción industrial o comercial, como base para fijar el precio o pago en la compra, venta, traspaso o transporte de cualesquiera artículos, efectos o mercancías, o en la compra o venta de cualquier trabajo, tarea o servicio cuya remuneración deba ajustarse sobre la base de peso, o sobre una base de medida que no sea la del tiempo, ni tendrá ni permitirá que se tenga en su establecimiento comercial o industrial tal pesa o medida falsa. ’ ’

En su alegato sostiene el apelante que “la denuncia no alega que, el acusado diera peso falso o incompleto o que usara pesa o medida falsa en la venta del hielo que se le imputa, o que tuviera en su establecimiento comercial pesa o medida falsa, sino que por el contrario admite que el peso original fue de diez libras y que esa cantidad fué la vendida por el acusado, pero que, después en el'momento del repeso y de la entrega, faltaron dos libras. Este no es el delito a que se refiere la ley. ”

A nuestro juicio la denuncia pudo redactarse en forma más clara y precisa, pero, tal como lo está, imputa al acusado el haber vendido ocho libras de hielo como diez, habiendo cobrado el importe de las diez, defraudando de tal modo al comprador en dicho importe. T ése es exactamente uno de los actos prohibidos por la ley que se ha invocado. No existe el primer error.

Tampoco existe el segundo. La sentencia que se impugna como ineficaz, en lo pertinente, dice:

“Llamado este caso para juicio compareció el acusado en persona y representado por su abogado Sr. Angel A. Vázquez y el fiscal Massari en representación de El Pueblo de Puerto Rico. Leíclale la acusación el acusado dijo ser inocente, y practicada la prueba la Corte declara a Carmelo Rodríguez culpable de infracción a la Sección 15 Ley 135 de 1913 enmendada por Ley 30 de 1921, y lo condena a pagar una multa de cincuenta dólares o en su defecto ...”

El apelante sostiene que pudiendo infringirse la sección 15 de la Ley de Pesas y Medidas en tres formas distintas, la sen-tencia debió mencionar los hechos que constituyen la infrac-ción en este caso concreto y no limitarse a citar la ley en general. Invoca en su apoyo los casos de El Pueblo v. Seda, 34 D.P.R. 207 y El Pueblo v. Mayagüez Sugar Co., 37 D.P.R. 112.

Las circunstancias que concurrían en los casos que invoca el apelante son muy diferentes a las que en éste concurren. Es cierto que la sentencia pudo y debió ser más específica para cumplir enteramente con la'ley, pero es cierto también que el defecto que se observa no es fundamental y puede corregirse en apelación. La sentencia está por sus términos perfectamente conectada con la denuncia, y la denuncia con-tiene los hechos que faltan en la sentencia.

Siendo esto así, todo lo que debe hacerse por esta Corte es corregir la sentencia de manera que quede redactada, en lo pertinente, así: “. . . . declara a Carmelo Rodríguez culpable de una infracción prevista en la sección 15 de la Ley No. 135 de 1913 enmendada por la Ley No. 30 de 1921, con-sistente en vender hielo falto de peso, y lo condena ...”

Y así corregida, procede su confirmación. .


author: El Juez Asociado Senos, Aldbey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado v. Antonio Méndez, acusado y apelante.
    No. 4484.

    Sometido: Noviembre 20, 1931.

    Resuelto: Diciembre 4, 1931.

      Lens & Susoni, abogados del apelante; E. Díaz Viera, Fiscal Auxiliar. abogado de Fl Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Senos, Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué denunciado porque en 16 de agosto de 1931 se dedicaba al negocio de despalillado de tabaco como propietario o dueño del mismo sin haberse provisto de la licencia trimestral vencedera en septiembre de dicho añoy requerida por la ley.

La sección 84 de la Ley No. 85 de 1925, página 585, según quedó enmendada por la Ley No. 17 de 1927, página 477y dispone que cada tres meses toda persona dedicada a cual-quiera de las ocupaciones o negocios que en la misma especi-fica pagará por cada fábrica, sitio o establecimiento comercial o industrial la contribución por concepto de licencia, respecti-vamente, por ella prescrita. Los apartados 2, 3, 4 y 5 de esa sección de la ley se refieren a los fabricantes de cigarros7 según empleen máquinas o no y según el número de operarios que tuvieren. El apartado 14 de ella se refiere a los talleres de despalillado de tabaco, a los que impone $10 por cada diez operarios despalilladores o fracción de ellos que se em-plearen en cada taller. La sección 86 de la ley de 1925 dis-pone que ninguna persona se dedicará a ninguno de los ne-gocios especificados en la ley mientras no haya pagado la licencia correspondiente, y que cuando más de una de las in-dustrias u ocupaciones que describe sean ejercidas en el mismo local por una sola persona o en diferentes lugares por una sola persona o en el mismo local por diferentes per-sonas se pagará una licencia en cada local por cada indus-tria u ocupación. Y la sección 92 de la misma ley declara delito menos grave el emprender o continuar cualquier in-dustria u ocupación sujeta a licencia sin proveerse de la correspondiente licencia o cuando la licencia Raya sido re-vocada.

No niega el apelante que él tenía en la expresada fecha una fábrica de cigarros y un despalillado de tabaco en el mismo local, pero alega que siendo su despalillado de tabaco para su fábrica de cigarros, pagando la licencia de ésta no tenía que pagar la otra.

No resulta de la prueba claramente demostrado que todo el tabaco que despalillaba lo empleaba en su fábrica de ci-garros, pues aceptando él en su declaración que fabricaba de cinco a ocbo mil cigarros mensualmente y que para ellos necesitaba un quintal o dos de tabaco despabilado, sin embargo, reconoció que en la fecba de la denuncia tenía unos quince quítales de tabaco despalillado, cantidad excesiva a la que necesitaba para su fábrica; y aun cuando mani-festó también que no utiliza el tabaco despalillado en otro uso que el de su fábrica de cigarros y que estiba el tabaco despalillado para curarlo, sin embargo, la corte inferior no dió crédito a estas manifestaciones. La cita que bace el ape-lante del apartado 28 ele la sección 84 de la ley de 1927 y del disponiéndose que contiene no tiene relación con este caso, porque no se refiere a despalilladores sino a la licencia que deben pagar los traficantes de tabaco en rama o despalillado, y a disponer que sólo venderán a otros traficantes, despali-lladores, fabricantes de tabaco para mascar y fabricantes de cigarros y cigarrillos provistos de sus licencias y a las personas conocidas como exportadoras de tabaco.

Por lo expuesto la corte inferior no cometió error al de-clarar probados los becbos de la denuncia y al sostener que tiene que pagar .licencia por el despalillado de tabaco.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    La O Flores Salazar, demandante y apelante, v. Francisco Angleró Dejarden, Eduvigis, Modesta Angleró Rivera y Concepción Guardiola, demandados y apelados.
    No. 5691.

    Sometido: Noviembre 23, 1931.

      Resuelto: Diciembre 4, 1931.

      José Martínez Dávila, abogado del apelante; Y. M. Fernández, abo-gado de los apelados Angleró; R. 11. Blondet y E. Díaz Pantana, abogados del apelado Guardiola.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Además del legajo de sentencia tenemos en los autos a la vista el alegato del apelante, una moción para desestimar y alegatos en pro y en contra a la moción.

Del alegato del apelante aparece que éste trataba de can-celar un contrato de venta alegando que era simulado y de evadir el pago de los pagarés e hipoteca otorgados como precio de la venta. La moción de desestimación se fundaba, en efecto, en que no había sido elevada a esta corte parte alguna de la prueba practicada en el juicio. Generalmente tal moción es declarada sin lugar si del legajo de sentencia surge la posibilidad de una cuestión de derecho. Sin embargo, en el presente caso el alegato del apelante nos con-vence de que todas las cuestiones suscitadas exigen un exa-men de la prueba sometida a la corte inferior. Por ejemplo, el apelante sostiene que cuando el notario no da fe del re-cibo del precio, existe la presunción de que la escritura se hizo gratuitamente. Empero, cuando ha habido un juicio, esta presunción puede haber sido destruida, y presuntiva-mente lo fué. De igual modo el apelante liace algún hincapié en la discrepancia relativa a las fechas de las escrituras. Esta situación, de existir, pudo ser explicada durante el jui-cio, aun suponiendo que los actos de que se queja no pudie-sen haber sido considerados como contemporáneos. Bajo estas circunstancias, como la apelación solamente envuelve cuestiones de hecho y no tenemos ante nos los datos suficien-tes para considerarla, el recurso debe ser desestimado.


text:
    Ana María Matos, menor de edad representada por su madre con patria potestad Teresa Matos, demandante y apelada, v. Sucesión de Joaquín Gómez de Agüero, compuesta de sus hermanos Antonio, Ana, y Pilar Gómez de Agüero y sus sobrinos Manuel, Benigno y Virginia Gómez de Agüero Aldea, demandada y apelante.
    No. 5880.

    Sometido: Noviembre 30, 1931.

      Resuelto: Diciembre 7, 1931.

      'H. Torres Sola, abogado de los apelantes Áíntonio, Ana y Pilar Gó-mez de Agüero; Jtoan de Ouzmán Benitez, abogado de Manuel Benigno y Virginia Gómez de Agüero Aldea; L. Mercader, abo-gado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Cuando los apelantes descansan, uo en la transcrip-ción taquigráfica definida por las leyes de 1917 (No. 27, 1917 (2) p. 275) y 1919 (No. 81, p. 675), sino en un pliego de ex-cepciones y exposición del caso, no están obligados a consig-nar en corte los honorarios del taquígrafo ni necesariamente a utilizar los servicios de ese funcionario. [2] Cuando apa-rece que el pliego de excepciones y exposición del caso ha sido radicado en la corte inferior, un apelado que solicita la desestimación está obligado a convencernos de que las varias prórrogas concedidas a la parte apelante no estaban justifica-das. Esto no lo ha hecho la apelada.

No ha lugar a la desestimación solicitada.


text:
    Pastor Carreras Biascochea, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    No. 854.

    Sometido: Noviembre 2, 1931.

      Resuelto: Diciembre 8, 1931

      Ildefonso Freyre, abogado del recurrente; el registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal-.

El artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil dis-pone :

"Cuando en una acción que afecte al título o al derecho de pose-sión de una propiedad inmueble, el demandante al tiempo de pre-sentar la demanda, y el demandado al tiempo de presentar la contes-tación o en cualquier tiempo después, pidieren se declare que lo que se reclama es suyo, podrán presentar para su anotación al regis-trador del distrito en que radicare la propiedad o parte de ella un aviso de la cuestión litigiosa pendiente, el cual contendrá los nombres y apellidos de las partes, el objeto de la demanda o contestación, y la 'descripción de la propiedad en litigio. Sólo desde el día de la pre-sentación del aviso para ser anotado se considerará que el comprador o la persona que adquiera un gravamen sobre la propiedad litigiosa, tiene conocimiento, para los efectos legales, de la acción pendiente contra las partes designadas por sus nombres verdaderos.”

Bajo este artículo, el registrador está obligado a anotar en sus libros la pendencia de un pleito aun cuando la propie-dad que se trate de recuperar, o afectada, no esté inscrita. Según indica el recurrente, no cabe distinguir el caso de los de embargo. Sobrinos de Villamil v. Registrador, 32 D.P.R. 545; Armstrong v. Registrador, 34 D.P.R. 267.

Después de publicarse la opinión que-antecede, bailamos que la misma cuestión fué resuelta en forma similar en el caso de Zapata v. El Registrador de San Juan, 40 D.P.R. 564.

La nota recurrida debe ser revocada y se ordena la anota-ción.


author: El Juez Asociado Señoh "Wolj?,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Juarbe Laguer, acusado y apelante.
    No. 4522.

    Sometido: Noviembre 12, 1931.

      Resuelto: Diciembre 8, 1931.

      García Méndez & García Méndez, abogado del apelante; E. Díaz Viera, Fiscal Auxiliar, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señoh "Wolj?,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante ataca la suficiencia de la prueba de acometimiento y agresión presentada por El Pueblo mismo. Esta bastaba para demostrar que alguien cometió un ataque con un instrumento contundente en la persona del perjudicado. El apelante baee algún hincapié en el hecho de que ningún testigo ocular declaró sobre la existencia de arma alguna. Sin embargo, el médico declaró que las heridas del caso fueron producidas por un objeto contundente, y esto durante las repreguntas. Hubo suficiente evidencia relativa a las contusiones y la prueba tendió a demostrar que el acusado era culpable. La corte tenía derecho a creerla, a menos que diera crédito a la defensa principal del apelante, o sea,, la de coartada.

La corte analizó la evidencia. No creyó en absoluto las declaraciones de los testigos del apelante, que tendieron a demostrar que el acusado se hallaba fuera del sitio donde ocurrió la agresión. La corte sí creyó la manifestación de un testigo, quien dijo qué a cierta hora el acusado en realidad se hallaba fuera de la escena donde sucedieron los golpes, pero la corte halló que la hora descrita no era inconsistente con la comisión del delito por el apelante.

Con el testimonio positivo de los testigos de El Pueblo respecto a la presencia del apelante, la corte no estaba obli-gada a creer a las personas que declaraban lo contrario.

Convenimos con el fiscal de esta corte en que la~sen~ íencia al imponer una multa de cincuenta dólares- debió haber fijado una prisión subsidiaria en la forma usual de cincuenta, días, pero la sentencia limitó la encarcelación subsidiaria a treinta días y no estamos dispuestos a aumentar la pena en apelación.

La sentencia debe ser confirmada.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.


text:
    José D. Padilla, peticionario y apelante, v. El Pueblo de Puerto Rico, opositor y apelado.
    No. 4572.

    Sometido: Diciembre 3, 1931.

    Resuelto: Diciembre 8, 1931.

      José N. Quiñones, abogado del apelante; B. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un procedimiento de habeas corpus oído ante el Juez Presidente actuando como juez individual. Inferimos que los Rectos eran ineontr o vertidos. No obstante, durante la vista se presentó prueba para demostrar los techos aducidos en la petición. Ninguna de esta prueba ta sido debidamente certificada. En los documentos elevados aparecen transcritas notas taquigráficas, pero este documento no fia sido certificado por el juez que oyó la evidencia. En todos los casos en que se presenta prueba a una corte, debe ser identificada, verificada y aprobada por el juez que la oyó. Esta es la regla, y las razones de la misma son obvias. Errores o inexactitudes podrían deslizarse, o certificarse materias completamente innecesarias.

Asumiendo por la. opinión del Juez Presidente y por los alegatos de las partes que los fiecfios están debidamente ante nos, la sentencia tiene necesariamente que ser confirmada.

Ante una corte municipal se celebraron tres juicios por libelo y los casos ya estaban listos para sentencia. Empero, otro caso por falsa representación estaba pendiente ante la misma corte. Las partes convinieron en que el caso de falsa representación fuese pospuesto para cuatro o cinco días más tarde. Entonces el peticionario mismo solicitó que las sentencias en los casos de libelo fuesen dictadas en la fecfia diferida. La corte accedió.

El artículo 29 del Código de Enjuiciamiento Criminal dis-pone en parte como sigue:

“4. El juez de paz tomará entonces en consideración la prueba aducida j dictará su fallo dentro de las veinticuatro boras siguientes. ’ ’

Según indica el Juez Presidente, el haberse dejado de dictar sentencia dentro de veinticuatro fioras es erróneo, según lo ha resuelto esta corte. El Pueblo v. Cardona, 36 D.P.R. 618; El Pueblo v. Rodríguez, Alberty, 39 D.P.R. 599; El Pueblo v. Acosta, 40 D.P.R. 471. No obstante, la juris-prudencia revela que éste es un privilegio que puede ser renunciado por el mismo acusado. Barnes v. Badger, 41 Barb. 98; State ex rel. Collier v. Houston, 92 Pac. 476; 87 A.S.R. 672; 16 R.C.L. 386. Según decidió el Juez Presi-dente, no está envuelta cuestión jurisdiccional alguna. No podemos convenir en que una corte municipal pierde su jurisdicción al posponer la sentencia a instancias del acusado. Nos parece que ni aun en un caso criminal puede un acusado aprovecharse de su propia culpa.

Beben confirmarse las resoluciones apeladas.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.


author: El Juez Asociado Señob Wolf,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Epifanio Laguer, acusado y apelante.
    No. 4528.

    Sometido: Noviembre 25, 1931.

    Resuelto: Diciembre 8, 1931.

      Buenaventura Esteres, abogado del apelante; E. Días Viera, Fiscal Auxiliar, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señob Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En una apelación en que no se ha incorporado la evidencia ni se ha reproducido lo que sucedió ante la corte inferior, no podemos hallar error o abuso de discreción, en la negativa a posponer un caso de misdemeanor porque no-estuviera presente el abog'ado del acusado.

Tampoco fué error declarar sin lugar una moción no-jurada del apelante. Ni vemos que sea excesiva la pena de-tres meses.

Una denuncia concebida en los siguientes términoses suficiente:

“ ... el acusado Epifanio Laguer, entonces y allí, ilegal, volun-taria y maliciosamente, con el propósito deliberado de privar de ello-a su legítimo dueño, sustrajo de la propiedad de Eleuterio Cordero-como dos quintales de ñames, más o menos, valorados en $4, los que-no pudo llevar consigo- por haber sido sorprendido dentro de la tala por el susodicho Cordero y su hermano José Cordero, y fueron ocupa-dos poniéndose a disposición de la corte como prueba en el caso ...

Si bien el acusado no se babía ido del sitio, bubo unasuficiente apropiación de la propiedad, y, por tanto, un caso de burto.

Cuando se alega el burto de varios quintales deñames se describen prima facie bienes muebles, no inmuebles..

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Senos Hutchison,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Severiano Cruz Rodríguez, acusado y apelante.
    No. 4236.

    Sometido: Febrero 6, 1931.

      Resuelto: Diciembre 8, 1931.

      Buenaventura Esteves, abogado del apelante: R. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Senos Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Mediante acusación de asesinato en segundo grado Severiano Cruz Rodríguez fué declarado reo de ese delito y sentenciado a diez años de presidio. Al terminar la prueba de cargo, el abogado del acusado pidió que se ordenara la enmienda de la acusación de manera que imputase un homicidio voluntario solamente. La negativa del juez de distrito a ordenar esa enmienda y a instruir al jurado de conformidad se señala añora como error. Otra contención es que ■el veredicto es contrario a derecho y no está sostenido por la prueba.

El primer testigo ocular del gobierno, Luis Soto, declaró que él y.Maximino Cruz, tío de Severiano, se habían detenido ■en una casa como a cuarenta y cinco varas del costado del camino; que Severiano iba por el camino y se detuvo cuando Maximino llamó; que mientras los dos hablaban Ventura Cruz, padre de Severiano y hermano de Maximino, llegó al sitio y trabó discusión con Maximino, y se fueron a las manos; que Severiano, quien estaba parado un poco más ■arriba, sacó un arma e hirió a Maximino en el pecho; que la actitud de Ventura cuando llegó era altiva; que él acome-tió a Maximino y se agarraron; que entonces Severiano, que estaba parado más adelante, vino e hirió a Maximino; que Maximino llevaba en sus manos una varita blanca para su caballo; y que no agredió a Severiano ni a Ventura antes de ser acometido por el último.

Interrogado en la repregunta respecto al tema de la con-versación entre Maximino y Severiano, este testigo dijo que estaban discutiendo algo que le babía ocurrido a Eulogio Cruz, y Maximino le decía a Severiano que debía respetarse a la familia, como dándole un consejo; que Maximino babía dejado su cabalgadura en la casa en que estaba el testigo y babía ido a pie donde Severiano; que Maximino y Severiano no se fueron a las manos; que Severiano babía estado ha-blando con Maximino poco antes de llegar el padre; que Severiano estaba tres o cuatro cuerdas delante de su padre; que el testigo pudo oír lo que pasó entre Maximino y Seve-riano a una distancia de cuarenta y cinco varas porque ha-blaban en voz alta; que él sólo oyó partes de la conversación; que al oír esto el testigo se desmontó y se aproximó al sitio, pero Ventura llegó primero que' el testigo; que Ventura llevaba una vara colorada y Maximino una blanca; que Maximino le pegó a Ventura con la vara; que el dieente babía manifestado en el examen directo que Maximino no babía agredido primero a Ventura porque el testigo no con-sideraba un “fuetazo” con una vara como una agresión; que Maximino era un hombre fuerte, de una edad regular, y Ventura era “un viejo más anciano”.

Nuevamente interrogado por el fiscal acerca de quien fué el agresor, el mismo testigo dijo que “se tiraron los dos iguales”.

El siguiente testigo, Inocencio Santiago, expresó que Maximino y Severiáno estaban “porfiando pacíficamente ’? cuando Ventura llegó y le dijo a Severiano: “Camina para donde vas”; que Maximino y Ventura trabaron una discu-sión y se “emburujaron” y Severiano brincó e hirió a Maximino; que en la discusión entre Maximino y Ventura éste se mostró más pacífico que aquél; que Maximino llevaba una vara con la que dió el primer “cantazo”; que Ventura y Maximino se agarraron y se produjo la lucha; que Ventura tenía una vara y que la de Maximino era la más delgada de las dos.

En la repregunta este testigo agregó que estaba como a seis o siete metros de distancia y que Ventura no hizo uso de su vara.

Faustino Tirado manifestó que cuando Maximino se dirigió por primera vez a Severiano, éste echó a andar hacia la casa y Maximino le volvió a decir: “Aguárdame ahí, que tengo que hablar contigo”; que entonces Severiano se detuvo y Maximino fué donde él y tuvieron algunas palabras que el testigo oyó y fué donde ellos estaban; que Ventura llegó casi al mismo tiempo y que surgió una discusión entre él y Maximino; que el testigo vino y le dijo a Severiano: “Oye, Severiano, vete para donde vas y déjense de garatas y cosas; respétame y vete”; que Severiano se marchó y la discusión entre Maximino y Ventura continuó, hubo un cambio de golpes, y Severiano volvió e hirió a Maximino con un corta-plumas; que el testigo no se fijó bien cómo empezó el cambio de golpes porque él le estaba diciendo a Severiano que se fuera; que el testigo le dijo a Severiano que se fuera porque aquélla era “una discusión de pelea”, y el testigo no quería que riñeran; que Maximino estaba peleando con Ventura cuando Severiano hizo uso de la cuchilla; que estaban pe-leando cuerpo a cuerpo; y que Maximino estaba desarmado.

El examen de repreguntas trajo la información adicional de que Maximino era un hombre joven y fuerte.

A los extremos más resaltantes de la prueba de cargo podemos ahora añadir lo que dijo Ventura Cruz como testigo de la defensa. El declaró que tenía como sesenta años y que su hermano, Maximino, tenía como treinta y cuatro o treinta y cinco; que Maximino era-el menor de ocho her-manos; que el testigo oyó cuando Maximino llamó desde el camino y le dijo a Severiano: “Aguárdame ahí, que tengo que hablar contigo”; que el testigo y Severiano seguían el mismo camino pero bastante retirados uno de otro; que el testigo alcanzó a Maximino tan pronto como fué posible y le preguntó lo que le pasaba con Severiano, diciéndole que si algo le sucedía que se lo dijera para regañar a Severiano; que Maximino entonces atacó al testigo y éste le exigió res-peto pero Maximino no le atendió; que el testigo llevaba una vara de “ausubo” como del grueso de su dedo; que Maxi-mino agarró la vara y trató de arrebatársela al testigo quien opuso resistencia, y surgió la lucha; que Maximino se paró en un pie del testigo y éste se cayó y Maximino le quitó la vara y le dió con ella; que el testigo nuevamente empuñó la vara y mientras Maximino trataba de quitársela, Seve-riano, que estaba como a ocho o diez metros de distancia, vino y lo hirió por el costado; que la misma tarde la contu-sión producida por la vara fué examinada por un médico que dió una receta al testigo; que Maximino era un hombre fuerte, más fuerte que el testigo, más fuerte que Severiano; que sus fuerzas eran casi iguales a las de Severiano y el testigo juntos.

El médico que examinó la contusión y escribió la receta a que se refirió Ventura Cruz declaró en torno a esos hechos. El récord no revela quien era Eulogio Cruz, ni' lo que le había sucedido. La herida en el pecho fué el único rastro de violencia hallado en el cuerpo del occiso. Se demostró el previo buen carácter del acusado.

Como una exposición abstracta de ley, las instrucciones al jurado fueron substaneialmente correctas. Hubieran sido más inteligibles, sin embargo, si se le hubiera dicho especí-ficamente al jurado el veredicto que debía rendir en caso de que llegara a conclusiones de hecho concretas. Se imprimió demasiado énfasis sobre las distinciones entre asesinato en primer grado y asesinato en segundo grado, y entre malicia expresa y malicia tácita, y no el suficiente sobre la diferencia entre asesinato en segundo grado y homicidio voluntario. -Aun si pudiera admitirse que el juez de distrito estaba justi-ficado al presentar el caso como uno de asesinato en segundo grado, al jurado debió decírsele más claramente que entre asesinato en segundo grado y homicidio, si tenía duda razo-nable sobre la cuestión de malicia, no debía declarar al acu-sado culpable del delito mayor. Aun mirando el caso, sola-mente para los fines de la argumentación, desde el mismo ángulo, al jurado debió decírsele que si bailaba que Maximino Cruz fué en verdad el agresor, y que la muerte babía sido realmente producida en un arrebato de cólera ocasionado por el ataque de Maximino al padre del acusado, entonces ese ataque hubiese sido una provocación adecuada (es decir, una provocación adecuada para producir un arrebato de cólera), y que los hechos a que así habían llegado justifica-rían un veredicto de homicidio voluntario. 29 C. J. 1141, sección 124; 13 R.C.L. 793, sección 97, y las autoridades citadas en la nota 4.

No podemos creer que si se hubiesen dado esas instrue-, dones al jurado, éste habría declarado al acusado culpable de asesinato en segundo grado. De todos modos, estamos obligados a convenir con el apelante en que no puede decirse que la prueba en su totalidad sostenga tal veredicto. Podría justificar una fuerte sospecha de que Severiano Cruz actuó herido en sus sentimientos, debido al regaño echádole, o al consejo no solicitado dádole por su tío. No establece el elemento de malicia fuera de duda razonable y al acusado debió dársele el beneficio de esa duda.

Debe- revocarse la sentencia apelada y devolverse el caso para la celebración de un nuevo juicio.


author: El Juez Asociado Señok Hutchison,

text:
    Luce & Co., S. en C., demandante y apelante, v. Rosario Cintrón Sánchez, Vda. de Capó, demandada y apelada.
    No. 5134.

    Sometido: Mayo 9, 1930.

    Resuelto: Diciembre 8, 1931.

      Tons Soto & Zapater, abogados de la apelante; José A. Poventud, F. Parra Capó, Eduardo Capó y Alberto S. Poventud, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señok Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La demandante apela de una orden aprobando un memorándum de costas, y alega que la corte de distrito carecía de jurisdicción para conceder costas en la denegación de una solicitud de injunction preliminar porque la orden negando tal remedio era interlocntoria, no una sentencia final, y porque no había envuelta cuantía alguna.

Ambas cuestiones han sido ya resueltas en contra de la contención de la apelante. Yabucoa Sugar Co. v. Yabucoa, 84 D.P.R. 289; Dávilá v. Acosta Quintero, 38 D.P.R. 158. La apelante impugna la solidez de la conclusión a que se llegó en el primero de estos dos casos, pero ése es un punto que p-uede considerarse cuando se presente en una apelación de una orden concediendo costas en algún caso futuro. Las dos cuestiones que aquí se trata de suscitar vienen demasiado tarde al ser presentadas por primera vez en apelación de una orden aprobando un memorándum de costas.

La apelante también pone en duda la sabiduría de la doctrina sentada en Brac v. Ojeda, 27. D.P.R. 658, y casos posteriores, al efecto de que una concesión en costas será interpretada en el sentido de incluir honorarios de abogadoa menos que éstos sean expresamente excluidos. Por motivos que basta abora bemos expuesto en otras opiniones, nos ceñimos a la regla ya establecida.

Otras contenciones son que la cantidad de $10,000 concedida por la corte de distrito en concepto de honorariosde abogado es excesiva y que sólo debió haberse concedido una cuantía nominal.

Hubo' testimonio tendente a demostrar que los servicios profesionales en cuestión valían $20,000 o más. La cantidad reclamada en el memorándum era $14,000. No podemos con-venir con la apelante en que sólo debieron concederse hono-rarios nominales. La cuantía fijada por el juez de distrito no era excesiva. No hubo abuso de discreción, y no hay fundamento satisfactorio alguno en que basar una rebaja adicional.

La orden apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Presidente Seño» del ToRo,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Gustavo Cortés González, acusado y apelante.
    No. 4487.

    Sometido: Noviembre 25, 1931.

      Resuelto: Diciembre 11, 1931.

      Buenaventura Esteves, abogado del apelante; E. Díaz Viera, Fiscal Auxiliar, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Seño» del ToRo,

emitió la opinión, del tribunal.

Gustavo Cortés fné acusado de haber dado muerte a Matilde Pérez en la siguiente forma:

“. . . allá por el día 14 de junio de 1930 y en el barrio ‘Buenos Aires’ del término municipal de Lares, que forma parte del Distrito ■Judicial de Aguadilla, Puerto Rico, allí y entonces, dicho acusado, Gustavo Cortés, mientras conducía y manipulaba ilegalmente en un -camino público una escopeta cargada con balas, arma mortífera, y mientras ilegalmente le bacía la puntería al ser humano Matilde Pérez Nieves, sin guardar la debida prudencia y circunspección, hizo un disparo con dicha arma, produciéndole a dicha Matilde Pérez Nieves una herida de bala en la región orbicular izquierda, destrozándole la órbita de la base del cráneo y del encéfalo y a consecuencia directa ■de dicha herida de bala falleció allí y entonces dicha Matilde Pérez Nieves. ’ ’

Calificado el hecho de homicidio involuntario y negada la acusación, fué la causa a juicio que se celebró ante un jurado. Este declaró culpable al acusado y la corte le im-puso un año de presidio. Cortés solicitó un nuevo juicio.. Su petición fué negada. Interpuso entonces el presente re-curso de apelación, señalando en su alegato la comisión de. seis errores.

El'mayor énfasis en la argumentación de los erroresse pone en la del primero que se formula así:

“La Corte de Distrito cometió manifiesto error de derecho al de-negar la recusación motivada del jurado señor Genaro Figueroa Jr. ’ ’

Es cierto que el jurado manifestó que tenía opinión for-mada del caso, pero habiendo finalmente contestado al juez: que “cambiaría 1a- opinión que tenía formada si la prueba, aportada así lo requería”, y que “por la prueba que se pre-sentara daría su veredicto”, no cabe sostener que la corte-abusara de su discreción al permitir que el jurado recusado-juzgara al acusado. Además, aunque el error se hubiera cometido, no podría el acusado quejarse en apelación, ya-que según consta del récord cuando el jurado quedó consti-tuido quedaban al acusado cinco recusaciones perentorias-por ejercitar de las seis que le concede la ley.

Los errores 2 al 5 se refieren a la práctica de las pruebas. Se sostiene en ellos que la corte erró al no permitir al acusado que preguntara a la testigo Filomena Pérez sobre los motivos que tenía para creer que el acusado teníala intención de matar a la testigo o a su hermana Matilde; al permitir al fiscal que hiciera al acusado la siguiente pregunta: “¿Y cómo se explica usted que Filomena dijera aquí que usted le había apuntado con la escopeta primero a ella y después a la otra?”; al permitir al fiscal que examinara en rebuttal al jefe de policía de Lares que estaba presente en el juicio, y al permitir declarar también en rebuttal al propiofiscal.

La corte no abusó de su discreción al no permitir la pre-gunta que se hizo a la testigo Filomena Pérez, ya que no se trataba de un caso de asesinato sino de homicidio invo-luntario, no estando, por tanto, envuelta cuestión alguna de intención de matar. Además, no apareciendo de los autos la contestación que se esperaba obtener, no- puede considerarse ia cuestión en apelación. El Pueblo v. Navarro, 25 D.P.R. 65.

No resulta claramente errónea la pregunta del fiscal al acusado, pero, de serlo, no habría perjuicio, ya que el récord demuestra que cuando el juez dijo al acusado: “Conteste la pregunta”, el acusado respondió: “No sé contestar la pre-gunta” y el fiscal manifestó: “Nada más.”

El haber estado una persona en el salón de la corte mientras el juicio se celebra, no la imposibilita para declarar como testigo. La exclusión de los testigos de la audiencia es cuestión de discreción de la corte y en este caso ninguna de las partes solicitó la exclusión de los testigos ni la decretó el propio tribunal. Artículo 233, apartado 7 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

En cuanto a la objeción sobre la declaración del fiscal, bastará citar lo resuelto por esta corte en el caso de El Pueblo v. Pabón, 7 D.P.R. 389:

“No hay precepto alguno legal que impida que los empleados de las Fiscalías de las Cortes de Distrito sirvan como testigos en un juicio criminal, para declarar sobre hechos que a su presencia ocurrie-ran y de los que solamente ellos y el Fiscal podían tener cono-cimiento.

El sexto error se refiere a la negativa de la corte a anular el veredicto y a conceder un nuevo juicio.,

Uno de los motivos en que se fundó fué el de haber for-madb parte del jurado G-enaro Figueroa, recusado motivada-mente. Ya hemos decidido que carece de mérito.

Otro que el jurado, después de constituido y antes de terminar el juicio, fué disgregado por orden de la corte yendo sus miembros a almorzar a sus casas.

El hecho de que el juez permitiera la separación de los jurados mientras se celebraba el juicio, previas las adver-tencias de ley, que es lo único que aparece del récord, sin que se demostrara la concurrencia de alguna de las circunstan-cias fijadas en los Nos. 2, 3 y 4 del artículo 303 del Código de Enjuiciamiento Criminal, no es base para la concesión de un nuevo juicio.

El tercer motivo de la moción es que no se probó el corpus delicti. Es insostenible porque quedó claramente establecido por las declaraciones del Dr. Seín, de 'Filomena Pérez y del Jefe de la Policía Beniamino.

El séptimo y último error se refiere a la insuficiencia de la prueba. Esta fué contradictoria en cuanto a la, forma en que ocurrió el suceso. No bay contradicción en cuanto a la muerte de la Srta. Pérez ocasionada con una escopeta por el acusado, pero éste sostiene que el becbo ocurrió al resbalar y caer y dispararse la escopeta que llevaba como guardián de una finca, mientras que la hermana de la víctima déelara que el acusado les apuntó y no obstante ella decirle que con armas de fuego no se jugaba continuó el acusado apuntando, saliendo el tiro que ocasionó la muerte a Matilde. El jurado resolvió el conflicto en contra del acusado y no bay motivo alguno que justifique la revocación de la sentencia que la corte de distrito dictó basándose en su veredicto.

Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Fernando Gallardo Díaz, demandante y apelante, v. Camelia Rodríguez Fuertes, demandada y apelada.
    No. 5538.

    Sometido: Diciembre 3, 1931.

      Resuelto: Diciembre 16, 1931.

      F. Gallardo Díaz, por su propio derecho; Leopoldo Féliú, abogado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En la Corte de Distrito de Hnmacao se siguió un pleito de divorcio por Fernando Gallardo Díaz contra su esposa Camelia Rodríguez Fuertes en el qne se dictó sentencia el 21 de abril de 1930 declarando la demanda con lugar y por consiguiente roto y disuelto el vínculo matrimonial qne unía a los esposos.

El 24 de septiembre siguiente Camelia Rodríguez Fuertes presentó por medio de sus abogados una moción jurada titulada “para anular rebeldía, anular sentencia, relevar a la demandada de esta última y permitir radicar contestación y contrademanda. ’ ’

En ella alegó, en resumen, qne emplazada en el pleito de divorcio, formuló excepción previa qne fné desestimada con permiso para contestar; que su intención fué siempre la de contestar, pues no era ella la qne había tratado cruelmente y abandonado a su esposo, sino su esposo a ella, pero cuando se disponía a hacerlo, el demandante, con el propósito de inducirla a qne no se defendiera, le prometió qne si no for-mulaba oposición a la demanda, quedaría ella con la custodia y guarda de sus hijos hasta que éstos alcanzaran la mayor edad, retirando además él de su demanda la cansa de trato eruel, y la demandada accedió; qne en junio 14 de 1930 el demandante radicó nna moción pidiendo la entrega de sns hijos, y “que los actos realizados por el demandante, lo fueron con el propósito único de engañar a esta demandada y de defraudarle, como en efecto fué engañada y defraudada, del derecho que tenía a defenderse en esta acción de divorcio.”

Se acompañó a la moción la contestación a la demanda negando sus hechos y formulando contrademanda en solicitud del divorcio por trato cruel y abandono del esposo, y una •declaración jurada de Leopoldo Feliú, Esq., abogado de la demandada. Parece conveniente transcribir los hechos sép-timo y octavo de la declaración jurada del Sr. Peliú. Dicen:

“VII. — Que habiéndose formulado y desestimado la excepción previa y estando ya listo y dispuesto este deponente para formu-lar dicha contestación y contrademanda, ocurrieron conferencias en las cuales fué informado el demandante por este deponente de los propósitos de su dicha cliente; surgieron también conferencias entre este abogado, la demandada y familiares de ella; la demandada insistía en que'ella interesaba el que este asunto se terminara cuanto antes para poner término a la situación existente entre ella y el de-mandante porque éste se embarcaba pronto y que en estas conferen-cias, con ella y con sus familiares el deponente fué autorizado por la demandada a hacer saber al demandante que si éste enmendaba su demanda alegando únicamente el abandono por sus fundamentos y se allanaba y se comprometía a dejar las dos niñas bajo el cuidado y custodia de la demandada hasta su mayor edad, y así se hacía cons-tar en la sentencia que se dictó, la demandada no haría oposición a su acción de divorcio, y dejaría que la misma se tramitara en rebel-día de la demandada y dictada la sentencia de acuerdo con tal pro-posición, renunciaría el derecho de apelación para que la sentencia fuera firme y ejecutiva en seguida.
“VIII. — Que habiendo conferenciado con el demandante sobre tales hechos y proposición, prometió éste al deponente, en su ca-rácter de abogado de la demandada y mandatario de la misma, el aceptar en todas sus partes dicha proposición y en su consecuen-cia, se radicó por él en esta Corte la demanda enmendada fechada marzo 14 de 1930, haciéndosele saber al demandante a nombre de la demandada que únicamente con el objeto de poner término rápido al litigio y de quedarse ella únicamente con la guarda y custodia de las niñas en la forma expresada, dejaría de contestar dicha de-manda enmendada y permitiría la sentencia en rebeldía con lo que estuvo conforme el .demandante y que en su consecuencia la deman-dada no contestó ni alegó nada, se anotó su rebeldía y se resolvió el caso en rebeldía de la demandada, y que dicha demandada no asistió a dicha vista habiéndolo hecho por instrucciones de ella su abogado y mandatario, el deponente, con el único fin de escuchar la prueba que se practicó y de ver que se hiciera constar lo conve-nido en cuanto a guarda y custodia de las niñas, como así se hizo en efecto constar tanto por el demandante como por el deponente, sin que éste tomara parte alguna, ni anunciara ser ni hiciera saber en modo o por medio alguno que había concurrido a tal acto a» nombre y representación de la demandada o como abogado de ésta, excepto con el fin ya indicado.”

El demandante formuló una oposición jurada. En re-sumen negó que indujera a la demandada a que no se defen-diera y que la hubiera tratado cruelmente y abandonado, afirmando que lo único que hizo fué eliminar de su demanda la causa de trato cruel e injurias graves y solicitar que sus hijas pudieran permanecer en compañía de la demandada, sin perjuicio de sus derechos en cuanto a la patria potestad sobre las mismas. La oposición termina así:

“Hace alrededor de seis meses que esta Iíon. Corte dictó 'sen-tencia en este caso la que fué notificada a la demandada renunciando ella su derecho de apelación, siendo, por tanto, dicha sentencia firme y ejecutiva; que dicha sentencia no fué dictada contra la deman-dada por causa de equivocación, inadvertencia, sorpresa o excusable negligencia ya que la demandada estuvo representada en el juicio, oyó la prueba, tuvo oportunidad de defenderse, renunció volunta-riamente a su derecho de apelación, fué notificada siempre de todos los procedimientos habidos en este caso, tuvo conocimiento de las consecuencias legales de dicha sentencia y no ha venido a quejarse de ella hasta que el demandante ha pretendido ejercer los dere-chos que le concede la ley sobre sus hijas.
“Siendo firme y ejecutiva la sentencia dictada por la Corte en este caso y habiendo renunciado la demandada su derecho de ape-lación, en este momento la Corte carece de jurisdicción en> esta acción.
“Siendo firme y ejecutiva la sentencia dictada por esta Corte declarando roto y disnelto el vínculo matrimonial existente entre los litigantes, inscrita dicha sentencia en el Registro Civil corres-pondiente, el demandante subsiguientemente contrajo nuevas nup-cias con otra mujer que no es la demandada, razón por la cual ni siquiera podría considerar ninguna cuestión relativa a dejar sin efecto la sentencia dictada en este caso.”

A la oposición se acompañó una declaración jurada del demandante en que se narran detalladamente los hechos ocurridos.-

La corte de distrito tomó bajo su consideración el caso y el Io. de noviembre de 1930 lo decidió exponiendo en su resolución los antecedentes del mismo y la ley y la juris-prudencia que estimó aplicables, terminando como sigue:

“Considerando que en este caso existe excusable error, equivo-cación y negligencia por parte de la demandada quien, en su mo-ción expone causas suficientes para ello, y quien, en su contesta-ción y contrademanda, prima facie, levanta cuestiones merecedoras de ser juzgadas en su fondo, la corte es de opinión que debe usar la discreción que le concede el art. 140 del Código de Enjuiciamiento Civil vigente, y dictar una resolución, como al efecto lo hace, de-clarando con lugar la moción radicada por la demandada con fecha 26 de septiembre del año en curso, y en su virtud se anula la re-beldía de la demandada en este caso, anotada el día 31 de marzo del año en curso, y se deja sin efecto la sentencia dictada por esta Corte el día 11 de abril de este mismo año, permitiéndose que conste en autos la contestación y la eontrademanda radicadas por la de-mandada contra la demanda enmendada que aparece radicada el 14 de marzo del año en curso, concediéndose al demandante un tér-mino de veinte días, a partir desde esta fecha, para que conteste la eontrademanda o alegue contra la misma.”

No conforme el demandante, apeló para ante este Tribunal Supremo. Sostiene que la corte de distrito abusó de su discreción al anular la sentencia y al abrir la supuesta rebeldía y argumenta el error subdividiéndolo así:

“A. En este caso no debe considerarse que la sentencia de divorcio lo fuera en rebeldía;
“B. En este caso no hubo equivocación, inadvertencia, sorpresa o excusable negligencia;
“0. En este caso la petición interesando la nulidad de la sen-tencia de divorcio no aduce hechos suficientes y es fatalmente de-fectuosa ;
“D. En este caso la demandada es culpable de laches;
“E. En este caso no hubo fraude;
“F. En este caso no hubo convenio, (collusion), para crear una causa de acción;
“G. En este caso, suponiendo que fueran falsos los testimonios en que se basó la Corte para decretar el divorcio, ello no anula la sentencia;
“H. En este caso la demandada está impedida (estopped) de atacar la sentencia de divorcio;
“I. En este caso, habiendo contraído segundas nupcias el de-mandante, la Corte no debió anular.la sentencia de divorcio;
“J. En este caso, la jurisprudencia citada por la Corte inferior al decretar la nulidad de la sentencia de divorcio no es aplicable. ’y

Cada subdivisión es estudiada cuidadosamente con expo-sición de los hechos y la ley envueltos en la misma.

No analizaremos en detalle todas las subdivisiones, liemos examinado los autos y los alegatos. Los informes-orales contribuyeron mucho a que pudiéramos formar un juicio claro del asunto, y estamos plenamente convencidos de que asiste la razón al apelante.

La demandada estuvo debidamente enterada de cada de-talle del procedimiento y contó siempre con el auxilio de un distinguido abogado. No se falló en su rebeldía. Ella for-muló excepciones previas y asistió al juicio por su abogado y expresamente, renunció su derecho a apelar de la sentencia. ¿Cómo puede hablarse aquí de inadvertencia, sorpresa o excusable negligencia?

Lo único que da una apariencia de fundamento al caso de la demandada es la prohibición contenida en el artículo 165 del Código Civil, a saber: “En ningún caso puede concederse el divorcio cuando la causa en que se funde sea el resultado de un convenio.”

Decimos apariencia de fundamento, porque aquí si bien se demuestra que hubo uu convenio, consta que no lo fué para crear una causa en que fundar la demanda.

El demandante procedió abiertamente. Alegó dos causas de acción. Se emplazó a la esposa. Esta compareció asis-tida de un letrado y formuló excepciones que fueron desesti-madas. Y entonces, no a gestión del demandante sino de la propia demandada, como consta de la declaración jurada de su abogado, fué que el demandante se avino a retirar una de las causas alegadas, aquélla que le obligaría a probar el trato cruel y las injurias graves. El demandante se sostuvo firme en su alegada causa de abandono. Examinados los autos, •consta que la sentencia se dictó previa prueba de testigos que declararon bajo juramento ante la corte sobre el abandono y que la corte estimó suficiente para dictar como dictó su sen-tencia.

La cuestión de los hijos examinada a fondo se convierte -en un argumento más en contra de la demandada. Las pequeñas hijas estaban con la madre. Habían surgido ya -dificultades durante el pleito con motivo de querer verlas el padre de cuando en cuando. , La madre tenía empeño en con-.servarlas a su lado. Ella no ignoraba la ley. La sentencia -de divorcio que solicitaba el padre implicaba la pérdida de los derechos de la madre a su custodia. En el convenio .jamás renunció el padre a la patria potestad. Se .trataba de urna mera concesión temporal que quedó fijada por la sen-tencia así:

“Y la Corte, a solicitud del propio demandante, dispone además ■que las bijas habidas en el matrimonio entre el demandante y la demandada, llamadas Carmen Leticia y Camelia Monserrate, por razón de su corta edad, pueden quedar viviendo en compañía de la demandada, sin perjuicio, desde luego, de los derechos que en cuanto a la patria potestad sobre dichas menores la ley concede al ■demandante, . . . .”

Esa sentencia se dictó en corte abierta estando presente ■el abogado de la demandada. Luego, registrada en el libro -de sentencias, fué expresamente, consentida por la demandada. ¿Cómo es posible que si la demandada era realmente el cón-yuge inocente, se aviniera a perder la patria potestad con-formándose con ese simple pronunciamiento de la sentencia?

Los actos de la demandada constituyen un allanamiento a la demanda enmendada que implica el reconocimiento de la verdad de la existencia de la causa de abandono que fué motivo de prueba en el juicio y fundamento de la sentencia decretando el divorcio. El convenio no es, pues, el prohibido por el artículo 165 del Código Civil. Véanse las decisiones de esta propia corte en Ortiz v. Rodríguez, 4 D.P.R. 52 y Loísa v. Caballero, 6 D.P.R. 57.

Pero hay más: el único hecho que pudo proporcionar a la demandada una sombra de justificación para actuar — la moción del demandante solicitando la entrega de sus hijos— había desaparecido cuando el juez tomó bajo su considera-ción el caso. De los autos consta que el demandante desistió de su moción. Además, la violación del convenio sobre la custodia de los hijos por parte del demandante, hubiera dado' lugar a la intervención de la corte para fijar los derechos de ambas partes en relación con el mismo, pero no para anular-la sentencia.

Y si a todo esto se agrega que el demandante había ya contraído un nuevo matrimonio, quedando así constituido un nuevo hogar, se impone como conclusión única la de que en efecto se cometió por la corte de distrito el abuso de discre-ción que como error se señala, debiendo en tal virtud decla-rarse con lugar el recurso y revocarse la resolución apelada.

El Juez Asociado señor Hutchison está conforme con la sentencia pero no con todos los fundamentos de la opinión.


author: El Jtjez Asociado Señor Hutchison,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Adrián Rivera, acusado y apelante.
    No. 4589.

    Sometido: Diciembre 11, 1931.

      Resuelto: Diciembre 16, 1931.

      Enrique Báez Garda, abogado del apelante; B. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Jtjez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Adrián Rivera fné dos veces convicto de infracción a la ley del cierre, primeramente en una corte municipal, y des-pués, luego de un juicio de novo, en una corte de distrito, y abora alega que el juez de distrito erró al declarar sin lugar una llamada excepción perentoria por falta de jurisdicción.

En un documento intitulado excepción perentoria y radi-cado en la corte de distrito, el acusado consignó que el juez municipal babía pronunciado sentencia en abril 8, 1931; que el acusado babía apelado el mismo día, y que ni el juez municipal ni el secretario de la corte municipal habían radicado el récord con el secretario de la corte de distrito basta el 20 de mayo, 1931, unos 48 días después de haberse dictado sentencia por la corte municipal. Este documento terminaba con una súplica para que se absolviese perentoriamente al acusado. Al replicar, el fiscal de distrito trató esta alega-ción como una moción para sobreseer el caso, e insistió: Primero, en que si bien era deber del juez municipal elevar el récord dentro de cinco días, también era deber del acusado tramitar su apelación; segundo, que la moción llegaba de-masiado tarde al ser presentada después de la radicación de los autos en la corte de distrito; tercero, que el acusado, quien estaba en libertad bajo fianza, no babía demostrado haber sufrido perjuicio en algún derecho substancial a causa de la demora; cuarto, que los fundamentos en que se basaba la moción no colocaban el caso dentro del artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal; y quinto, que el artículo 461 del mismo cuerpo legal era decisivo de la cuestión.

El apelante se basa en admisiones implícitas que dice contener el escrito últimamente aludido para establecer el hecho alegado en la moción de sobreseimiento.

Ninguna otra prueba de la existencia de esos hechos ha de hallarse en parte alguna de los autos. Tampoco hay nada en el récord que demuestre que el juez de distrito en ocasión alguna resolviera la moción o “excepción peren-toria,” o que la misma fuera puesta bajo su atención.

Una apelación de una sentencia de una corte municipal en un caso criminal queda perfeccionada por la radicación de un escrito de apelación acompañado de una fianza o de un depó-sito en dinero. Compilación, secciones 6060 y 6061. El que un juez municipal deje de elevar el récord dentro del término prescrito por el inciso quinto del artículo 29 del Código de Enjuiciamiento Criminal — Estatutos Revisados, sección 6040 —no priva a la corte de distrito de su jurisdicción. Aun en caso contrario (por lo menos cuando un apelante no ha sido privado de su derecho a un juicio rápido) la práctica ade-cuada sería, desestimar la apelación, no sobreseer el caso ni absolver al acusado. Véase 35 C. J. 796, sección 499.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señoh Wole,

text:
    Germán Ortiz, demandante-contrademandado-apelado, v. Pedro G. Quiñones, demandado-contrademandante-apelante.
    No. 5741.

    Sometido: Diciembre 7, 1931.

      Resuelto: Diciembre 16, 1931.

      Pedro G. Quiñones j L. Muñoz Morales, abogados del apelante; Luis Tirado, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señoh Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La presente es nna acción en cobro de algunos pagarés ■que representan parcialmente el precio de venta de un auto-móvil. El otorgamiento de los pagarés, y puede decirse que la responsabilidad prima facie del demandado, no están en controversia. Sin embargo, el demandado presentó una contrademanda en que alegó, en efecto, que el automóvil le fué garantizado y. que el demandante no cumplió la garantía. Se alegó en la-contrademanda toda clase de daños remotos. Algunos de ellos eran de tal naturaleza que el demandado estaba en la obligación de advertirlos casi inmediatamente, máxime en lo que se refiere a defectos en la fabricación. La evidencia demostró que el demandado satisfizo algunos de los pagarés y usó su automóvil por bastante tiempo antes de formular - una verdadera queja.

El apelado solicita la desestimación del recurso por frí-volo. Sostiene que la contrademanda deja de exponer una causa de acción. Además de alegar el incumplimiento de la garantía, la referida contrademanda también alegó una causa de acción especial como quanti minoris. Hemos examinado la contrademanda y estamos inclinados a convenir con el apelado en que no se adujo una causa de acción suficiente. No se alegó claramente que los defectos surgieron en la fabricación del automóvil.

Sin embargo, una excepción previa a la contrademanda fué declarada sin lugar y el caso fue a juicio. La corte archivó una opinión elaborada y no halló evidencia alguna de ninguno de los defectos de que se quejó el apelante. Tomemos un párrafo de la opinión:

“Tampoco la prueba ha demostrado que la rotura de sopandas, soporte de faroles, cristal, guardalodos y demás desperfectos que se alegan ocasionados al automóvil después de haberlo adquirido el de-mandado, se debe en realidad a mala calidad del material empleado en la fabricación, y no a la mayor o menor intensidad de los golpes que el propio demandado admite en su contrademanda sufrió el vehículo en distintas ocasiones.”

Nada Remos Rallado en la exposición del caso que pueda militar con éxito contra esta conclusión de la corte inferior. Estamos convencidos de que la apelación es enteramente frívola y el apelante nada Ra RecRo para persuadimos de lo contrario.

En nuestro estudio de este caso, creimos que el alegato del apelante arrojaría alguna luz sobre la moción para desestimar. No aparece en los autos el alegato, a pesar de que el apelante Ra obtenido mi gran número de prórrogas para radicarlo. Una solicitud de prórroga fué presentada en noviembre 12, 1931, y el que suscribe la concedió como juez de -turno, parcialmente por el motivo de que el deman-dado estaba algo enfermo. G-eneralmente, si una moción de prórroga se basa en enfermedad, esa excusa no debe exten-derse por más de una prórroga de treinta días. Además, el expediente demuestra que el demandado, que es abogado, había obtenido los servicios de un compañero. La vista de la moción para desestimar tuvo lugar el 7 de diciembre, y el propio demandado argumentó el caso. Oreemos que llegó a ser deber del demandado radicar su alegato de suerte que pudiéramos Rallar motivos, de Raberlos, por los cuales negar la desestimación. En vez de presentar su alegato, el apelante radicó el 11 de diciembre una moción de prórroga concebida en idénticos términos que la moción de noviembre 12, ale-gando nuevamente su delicada salud. La moción de prórroga debe ser declarada sin lugar, siendo la falta de radicar alegato otro motivo para desestimar el recurso.

Hubo otras cuestiones de prescripción y demás, que ba-ilamos innecesario considerar.