author: El Juez Asociado Seiñoe Marrero

text:
    Compañía Ron Carioca Destilería, Inc., peticionaria, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, demandado; Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, interventor.
    Núm. 128.
    Sometido: Junio 10, 1947.

      Resuelto: Noviembre 13, 1947.

      Jmnes R. Beverley, José López Baralt y Carmen B. Hernández, abo-gados de la peticionaria; Hon. Procurador General Luis Negrón Fernández y J. Rivera Barreras, Procurador General Auxiliar, abogados del interventor, querellado en el pleito principal.

      (*) 50 Am. J]ur. 503.

   El Juez Asociado Seiñoe Marrero

emitió la opinión del tribunal.

Impugna la Compañía Ron Carioca Destilería, Inc., la va-lidez de la Ley núm. 438 de 24 de abril de 1946 (pág. 1253) y solicita el reintegro de la suma de $8,299.21 pagada por ella a virtud de la misma al Tesorero de Puerto Rico sobre ciertos espíritus destilados. Sostiene fundamentalmente en la de-manda enmendada por ella radicada ante el Tribunal de Con-tribuciones de Puerto Rico que en la fecha arriba indicada el G-obernador de Puerto Rico pretendió aprobar, y en señal de ello firmó, un proyecto de ley, al que una vez aprobado se le dió el número 438 para el año 1946, en virtud'del cual se pretendió aumentar los impuestos sobre espíritus destilados tal como habían sido fijados por la Ley núm. 34 de 7 de diciembre de 1942 (Segunda y Tercera Legislaturas Extraordi-narias, pág. 189), imponiendo dicha pretendida ley además un “-floor stock tax” sobre los espíritus destilados, rectificados, producidos o introducidos en la isla que se encontrasen en existencia, en adición a todo otro arbitrio, a razón de un dólar sobre cada galón medida de menos de 100 grados prueba y de un dólar sobre cada galón prueba de más de 100 grados prueba; que esa Ley núm. 438 es inexistente y nunca creó una situación de derecho en favor del Tesorero para cobrar los pretendidos aumentos, siendo inconstitucional y nula ab initio, porque el proyecto de la misma no fue aprobado con igual texto en cada uno de los organismos colegisladores de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, habiendo sido apro-bado por el Senado en forma distinta y diferente a como lo fuera por la Cámara de Representantes de Puerto Rico, en contravención a las disposiciones expresas de la Carta Orgá-nica de esta isla; qne para substanciar lo antes alegado la demandante tiene en su. poder certificaciones libradas por el Oficial de Actas y Tramitación de Proyectos del Senado y del Secretario del mismo cuerpo legislativo que ofrecerá en evi-dencia en su día; que por virtud del referido proyecto el Senado de Puerto Rico aumentó el impuesto de rentas inter-nas a $4 sobre cada galón medida de menos de 100 grados prueba y a $4 sobre cada galón prueba de 1Ó0 grados prueba o más, mientras que la enmienda aprobada por la Cámara de Representantes consistió en aumentar a $4 el impuesto de rentas internas sobre cada galón medida de menos de 100 gra-dos prueba y a $4.50 el impuesto por cada galón prueba de 100 grados prueba'o más; que pretendiendo actuar bajo las disposiciones de la pretendida Ley núm. 438 de 1946 el Te-sorero exigió y, cobró a la demandante en las fechas que se especifican las sumas que se mencionan, y que la demandante realizó el pago de, las distintas cantidades bajo la más formal protesta de que el aumento impuesto por la pretendida Ley núm. 438 no procedía, habiendo pagado esas cantidades en exceso, indebidamente y por error; y que ella solicitó del Te-sorero de Puerto Rico el reintegro de las sumas pagadas y éste se ha negado a ello. T finaliza solicitando se dicte sen-tencia ordenando a dicho funcionario el reintegro y pago de la suma de $8,299.21, con intereses legales.

A la demanda enmendada así radicada por la aquí peticio-naria, el interventor, Tesorero de Puerto Rico, presentó mo-ción eliminatoria, y al ser ésta declarada con lugar por el Tribunal recurrido, la querellante en 27 de septiembre soli-citó se dictara sentencia en su contra, toda vez que habiendo este Hon. Tribunal (de Contribuciones) declarado con lugar la moción eliminatoria radicada por el querellado, y quedando sin causa de acción la querellante con motivo de la elimina-ción ordenada, respetuosamente solicita se dicte sentencia en este caso a los efectos legales consiguientes.” El Tribunal de Contribuciones así lo hizo en 1ro. de octubre de 1946, des-estimando el “recurso en todas sus partes porque el mismo no aduce hechos constitutivos de cansa de acción en favor de la contribuyente y en contra del querellado”.

La peticionaria ha acudido ante nos de conformidad con la sección 5 de la Ley 169 de 15 de mayo de 1943 (págs. 601, 609), y librado el auto de certiorari correspondiente el re-curso ha quedado finalmente sometido a nuestra considera-ción.

Sostiene la recurrente que el Tribunal de Contribuciones erró al declarar con lugar la moción eliminatoria y al desestimar la demanda, ya que a su juicio en un caso como el presente es permitido impugnar, mediante las actas de las respectivas cámaras legislativas, la validez y eonstitucionalidad de una ley según la misma ha sido enrolada y finalmente aprobada por el Gobernador de Puerto Rico. Empero, se hace innecesario considerar y resolver la cuestión así planteada, debido a que el interventor ha solicitado desestimemos el recurso y a que, a nuestro juicio, procede la desestimación solicitada. Esa moción se funda en que con posterioridad a la aprobación de la aludida Ley núm. 438 la Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó en 24 de julio de 1946 la Ley núm. 5 (Segunda y Tercera Legislaturas Extraordinarias de ese año, pág. 15) a virtud de la cual se subsanaron cualesquiera defectos de que hubiera podido adolecer la ley anterior.

Por la sección ,1ra. de la citada Ley núm. 5 se enmendó el artículo 4 de la núm. 6 de-30 de junio de 1936 (Tercera Legislatura Extraordinaria, pág. 45,) según quedó enmendado por la referida ley 438, en el sentido de fijar los siguientes impuestos de rentas internas sobre:

“1. (r<) Todo espíritu destilado de menos' de 100° prueba pa-gará un impuesto de cuatro (4) dólares sobre cada galón medida y un impuesto proporcional a igual tipo sobre toda fracción de galón' medida.
“(ó) Todo espíritu destilado de 100° prueba o más pagará ua impuesto de cuatro (4) dólares sobre cada galón prueba y un im-puesto proporcional a igual tipo sobre toda fracción de galón prueba.
“(c) Todo espíritu destilado, rectificado, producido, fabricado, importado o introducido en Puerto Rico que a la fecba de efectividad de esta Ley se encuentre en existencia destinado para la venta o para su uso en 3 a fabricación o producción de cualquier bebida alcohólica destinada para la venta, y sobre el cual se hubieren pagado los im-puestos de rentas internas prescritos por ley, pagará por una sola vez y en adición al impuesto ya pagado, un impuesto de un (1) dólar sobre cada galón medida cuando los espíritus destilados sean de me-nos de 100° prueba y un impuesto de un (1) dólar sobre cada galón prueba cuando los espíritus destilados sean de 100° o más grados prueba, y un impuesto proporcional a igual tipo sobre cada fracción de galón medida o galón prueba, según sea el caso ...”

La Ley núm. 5, supra, según su sección 5, entró en vigor' inmediatamente (24 de julio de 1946), “pero por existir una emergencia para ello, sus disposiciones serán efectivas retro-activamente al día 24 de abril de 1946.” Ella, en verdad, no es otra cosa que un estatuto reparativo (curative act) apro-bado con el principal propósito de corregir cualesquiera de-fectos que pudieran existir en la Ley núm. 438 a que tantas veces nos hemos' referido.

Es de general conocimiento que a menos que la constitu-ción del Estado o la carta orgánica del Territorio lo prohiban específicamente, el poder legislativo tiene plenas facultades para convalidar, mediante estatutos reparativos (curative acts), ciertos defectos en que se haya incurrido en leyes con-tributivas anteriores. United States v. Heinszen & Co., 206 U. S. 370, 51 L. Ed. 1098, 27 S. Ct. 742, 11 Ann. Cas. 688. También, que el mero hecho de que la contribución se cobre bajo'un estatuto inconstitucional o inválido no impide que el poder legislativo convalide los procedimientos seguidos a tenor del mismo mediante la aprobación de un estatuto .posterior que no contenga los defectos o errores que invalidaron la ley original. United States v. Heinszen & Co., supra; Rafferty v. Smith, Bell & Co., 257 U. S. 226, 66 L. Ed 208, 42 S. Ct. 71; Charlotte Harbor Ry. v. Welles, 260 U. S. 8; 67 L. Ed. 100, 43 S. Ct. 3; Hodges v. Snyder, 261 U. S. 600, 67 L. Ed. 819, 43 S. Ct. 435; 140 A. L. E. 990 et seq. y Whitlock v. Hawkins, 105 Va. 242, 53 S. E. 401.

Las leyes reparativas generalmente tienen efecto retroactivo () y cuando a virtud de las mismas el legislador impone una contribución o realiza un acto que originalmente pudo imponer o realizar, () ellas son declaradas constitucionales, no obstante el hecho de que las leyes anteriores que tratan de corregir hubieran podido ser contrarias a la constitución. 70 A.L.E. 1436; 11 Am. Jur. 1208, 1212; 51 Am. Jr. 163, 164 y 679 y casos citados en el párrafo anterior.

Así, pues, aún dando por sentado a los fines de la discu-sión de la moción para desestimar que la Ley núm. 438 es inconstitucional por las razones alegadas por la peticionaria, o por cualesquiera otras, la realidad es que la Ley núm. 5 de la Segunda y Tercera Legislaturas Extraordinarias de 1946, antes citada, subsanó los defectos o errores que pudieron exis-tir en la Ley núm. 438. Bajo estas condiciones, como la ley reparativa impuso un arbitrio de $4 tanto sobre cada galón medida de menos de 100 grados prueba como sobre cada ga-lón prueba de 100 grados prueba o más, casi la totalidad de la contribución pagada por la peticionaria ha quedado im-puesta por una ley que resulta ser claramente válida y sólo nos toca determinar ahora si debe o no reintegrársele la diferencia de cincuenta centavos existente entre los $4.50 fijados por la Ley núm. 438 y los $4 por galón prueba impuestos por la ley reparativa.

El caso de Puerto Rico Tobacco Corporation v. Buscaglia, 62 D.P.R. 811, es fácilmente distinguible del presente. Aun-que el resultado a que allí se llegó es contrario al que se llega en éste, el principio en él enunciado es idéntico al aquí esta-blecido. En él se dijo que la Ley núm. 22 de 18 de junio de 1939 (Leyes de 1939 (2) pág. 95) fué expresamente derogada y que la núm. 22 de 3 de diciembre de 1942 ( (2) pág. 115) no intentó siquiera convalidarla; que los efectos de la de 1942 se retrotrajeron a la fecha de la vigencia de la anterior, y que el “único y evidente propósito de la nueva ley (fué) el permitir al Tesoro retener para sí las sumas cobradas a vir-tud de una ley que ya había sido anulada y declarada inconsti-tucional por sentencia final de una corte competente;”- que “la ley (de 1939) tal y como ha sido redactada y aplicada es indefendible desde todos los puntos de vista” y “contraria a la Ley Orgánica y a la Constitución Federal por la razón adi-cional de que priva a 3a demandante de su propiedad sin el 'debido proceso de ley al imponerle una contribución para un fin privado y no para un fin público. ’ ’ De suerte que aunque se hubiera interpretado la ley de 1942 como una ley repara-dora de la de 1939, la conclusión a que allí se llegó armoniza-ría con la del presente caso, ya que en aquél, contrario a como ocurre aquí, el poder legislativo no estaba facultado para aprobar la ley original de 1939 en los términos en que lo hizo, mientras que en éste es indubitable que pudieron impo-nerse originalmente los arbitrios a que en las Leyes núrns. 438 y 5 de 1946 se hace mención. A este respecto dice el caso de Puerto Rico Tobacco Corp. v. Buscaglia, supra, a la pág. 820. que “No tenemos duda alguna en cuanto a que si la Le-gislatura hubiese tenido en 1939 y en 1942 la facultad nece-saria para aprobar una ley para lós fines y propósitos de la Ley núm. 22 de 1939, la ratificación de dicha ley en 1942 con-validaría retroactivamente la imposición y cobro de las con-tribuciones reclamadas por la demandante, aún después de haberse dictado sentencia ordenando la devolución de lo co-brado. Véase Pillich v. Fitzsimmons, Auditor, 59 D.P.R. 105.”

En lo que a la diferencia de cincuenta centavos concierne, tal vez el procedimiento más adecuado sería devolver el recurso al Tribunal de Contribuciones para que allí se determine si de acuerdo con los hechos y la ley la peticionaria tiene derecho a sn reembolso. Sin embargo, creemos qne dado el estado de cosas que surge de los propios autos es innecesario remitir el caso con tal fin a dicho Tribunal. Vea-mos: por la sección 2 de la propia Ley núm. 5 ya citada, el Tesorero y el Auditor de Puerto Rico quedan autorizados a devolver cualesquiera cantidades pagadas en exceso de cuatro 'dólares ($4.00) por concepto de impuestos de rentas internas sobre cada galón prueba de espíritus destilados en virtud de las disposiciones del apartado (b) del inciso 1 del artículo 4 de la Ley núm. 6 de 30 de junio de 1936, según dicho apartado fué enmendado por la Ley núni. 438 de 24 de abril de 1946. No obstante, dicha sección específicamente provee que no se “hará devolución alguna a menos que la persona interesada alegue en su solicitud de reintegro y pruebe en su oportuni-dad, a satisfacción del Tesorero: (1) que ha sufrido real-mente el peso del pago del impuesto; (2) que a la fecha de hacer su solicitud de reintegro tenía en su poder los espíritus destilados sobre los cuales había pagado .el exceso cuya devo-lución reclama”, y (3) “a menos que la solicitud de reinte-gro se radique en el Departamento de Hacienda dentro de ciento veinte (120) días a contar de la fecha en que el Go-bernador de Puerto Rico apruebe la presente ley.”

Durante muchos años prevaleció en Puerto Rico el prin-cipio legal de que para que un contribuyente tuviera derecho al reembolso de contribuciones indebidamente pagadas o en exceso, era indispensable que hubiese satisfecho las mismas bajo protesta. Cía. Agrícola v. Domenech, Tesorero, 47 D.P.R. 535; Porto Rico Fertilizer Co. v. Domenech, Tesorero, 49 D.P.R. 45; Id., 50 D.P.R. 405 y Porto Rico Fertilizer v. Sancho Bonet, Tes., 54 D.P.R. 677; Yabucoa Sugar Co. v. Domenech, Tesorero,.50 D.P.R. 962; Mayagües Lt., Power & Ice Go. v. Buscaglia, Tesorero, 59 D.P.R. 709. El mismo criterio ha prevalecido en el continente. Chesebrough v. United States, 192 U. S. 253; Bonet v. Yabucoa Sugar Co., 306 U. S. 505, 509. Un pago no hecho bajo coerción o amenaza no se consideraba como realizado bajo protesta. Blanco v. Tribunal de Apelación, 61 D.P.R. 23. Y cuando como cuestión de derecho la contribución no se pagaba bajo protesta, el con-tribuyente no podía acudir a los tribunales para compeler al Tesorero de Puerto Rico a que le reintegrase las sumas por él pagadas indebidamente o en exceso. Mayagüez Lt., Power and Ice Co. v. Buscaglia, supra, y Bonet v. Yubucoa Sugar Co., supra. En la actualidad, sin embargo, la situación ha va-riado y hoy en día es posible solicitar el reembolso de una contribución pagada indebidamente o en exceso aunque ésta no se haya pagado bajo protesta. Ley núm. 169 de 15 de mayo de 1943 (págs. 601, 605); The Coca Cola Co. v. Tribunal de Contribuciones, 65 D.P.R. 152; Royal Bunk v. Tribunal de Contribuciones, 65 D.P.R. 345; R. Santaella & Bros. v. Tribunal de Contribuciones, 66 D.P.R. 868 y González Padin Co. v. Tribunal de Contribuciones, 66 D.P.R. 964, 992.

Si bien en el presente caso se sostiene.que la contribución se pagó en exceso e indebidamente, no hay alegación o cons-tancia alguna de que el pago se efectuara bajo coerción o ame-naza y, en su consecuencia, debe interpretarse que se realizó voluntariamente. Es principio de derecho que no puede lo-grarse del soberano el reintegro de una contribución pagada en exceso o indebidamente, a no ■ ser que exista un estatuto que expresamente autorice tal reembolso o devolución. Esto es así aunque la ley bajo la cual se haya pagado la contribu-ción sea enteramente nula e inconstitucional. 74 A.L.R. 1301, y Chesebrough v. United States., supra. En Puerto Rico, no obstante, hemos tenido desde 1904 estatutos que autorizan el reintegro de contribuciones indebidamente pagadas o ilegal-mente cobradas. () En el caso específico que nos ocupa, te-nemos la propia sección 2 de la Ley núm 5 de la Sesión Extra-ordinaria de 1946 (págs. 15, 21). Empero, cuando una ley autoriza el reintegro de contribuciones pagadas voluntaria-mente es necesario dar cumplimiento estricto a todas las con-diciones por ella provistas. Al no darse cumplimiento a cual-quiera de esas condiciones el reintegro será denegado. B. Santaella & Bros. v. Tribunal de Contribuciones, supra; 51 Am. Jur. 1006 y casos citados. ¿Ha dado la peticionaria cumplimiento estricto a todas las condiciones impuestas por la Ley núm. 5. supra, y tiene ella, por ende, derecho al rein-tegro de cualquier suma pagada en exceso? A nuestro jui-cio, no. Ella sostiene haber sufrido realmente el peso del pago del impuesto y puede admitirse que su solicitud de reintegro ha sido hecha dentro de los ciento veinte días in-mediatamente siguientes a la aprobación de la ley, pero de los autos se desprende su aceptación de que la fecha de ser aprobada la Ley núm. 5 no tenía en su poder los espíritus destilados sobre los cuales pagó el exceso cuya devolución reclama por haber tenido que desprenderse de los mismos en el curso ordinario y corriente de sus negocios. () Siendo ello así, la recurrente no ha dado cumplimiento estricto a todas y cada una de las condiciones fijadas por la sección 2 de la Ley núm. 5 y no tiene, en su virtud, derecho al reintegro solicitado.

Tanto porque la ley reparativa (curative act) subsanó cualesquiera defectos que pudieran haberse cometido en la Ley núm. 438, cuanto porque dicha ley autorizó el reintegro de cualesquiera contribuciones pagadas en exceso de los cua-tro dólares por galón prueba fijados por la ley posterior, y al así hacerlo especifica las condiciones que han de cumplirse para tener derecho al reintegro y la peticionaria no ha cum-plido con todos y cada uno de los requisitos provistos por esa ley, debe dictarse resolución desestimando el recurso.

      (2) El artículo 3 de nuestra Carta Orgánica, 48 U.S.C.A. 228, autoriza la imposición de contribuciones e impuestos sobre la propiedad, ingresos, rentas internas, etc.

      (3) Véanse: Ley de 12 de febrero de 1904 (Estatutos Revisados de 1911, sección 2365, pág. 480); Ley núm. 10 de 29 de marzo de 1945 (pág. 33); Ley núm. 261 de 3 de abril de 1946 (pág. 541) y Ley núm. 388 de 13 de mayo de 1947 (pág. 745). Véanse también la sección 75 de la Ley de' Contribuciones Sobro Ingresos (Núm. 74 de 6 de agosto de 1925, pág. 401); la sección 2991 de los Estatutos Revisados de 1911; la Ley núm. 35 de 1911, (pág. 132'); la núm. 17 de 1920 (pág. 125); la núm. 9 de 1924 (pág. 71); la núm. 84 de 1925 (pág. 581); la núm. 8 de 1927 (pág. 123) y la núm. 17 de 1941, Primera- Sesión Extraordinaria (pág. 55).

      (■*) Pág. 12 del “Memorándum do la Peticionaria en Incidente sobre Deses-timación”, radicado el 28 de febrero de 1947.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Marrero

license: Public Domain

text:
    Benito Abad Robles y su esposa Dolores García, demandantes y apelados, v. Celestino Guzmán, demandado y apelante.
    Núm. 9526.
    Sometido: Noviembre 3, 1947.

      Resuelto: Noviembre 13, 1947.

      Faustino R Aponte, abogado del apelante; F. Gonzalez, Jr., abogado de los apelados.

      O Artículo 1301. — ‘' Son bienes gananciales:
      1. Los adquiridos por título oneroso durante el' matrimonio a costa del' caudal común, bien se haga la adquisición para la comunidad, bien para u,no: solo de los esposos.
      •2. Los obtenidos por la industria, sueldo o trabajo de los cónyuges o de cualquiera de ellos.

        3. Los frutos, rentas o intereses percibidos o devengados durante el ma-trimonio, procedentes de los bienes comunes o de los peculiares de cada uno de los cónyuges."

        Artículo 1307. — “Se reputan gananciales todos los bienes del matrimonio, mientras no se pruebe que pertenecen privativamente al marido o a la mujer."

   El Juez Asociado Señor Marrero

emitió la opinión del tribunal.

Benito Abad Robles y su esposa Dolores G-arcía presen-taron ante la Corte de Distrito de Humacao nna demanda so-bre entrega de propiedad y otros extremos contra Celestino Guzmán. En ella alegaron sustancialmente que eran dueños de una casa de maderas situada en el barrio Daguao, de Na-guabo; que en los últimos días del mes de febrero dé 1941 el demandante Robles adeudaba al demandado Guzmán la suma de $165 y que a fin de que éste se cobrara la deuda, dicho demandante autorizó al demandado á que percibiera las ren-tas del inmueble indicado por el tiempo que fuera necesario hasta liquidar la misma; que desde febrero de 1941 hasta abril de 1943 la casa rentó la suma de $6 mensuales y en abril del citado año ésta empezó a producir $30 al mes, montando el total de los cánones cobrados a la cantidad de $426; que si de esta última suma se deduce el importe de la deuda queda un saldo líquido a favor del demandante de $261; que pos-teriormente el demandante Robles y el demandado iniciaron negociaciones de compraventa del citado inmueble, no habién-dose perfeccionado el contrato por no haber llegado ellos a un convenio definitivo en cuanto a las condiciones del mismo ;• que la demandante, Dolores García, que es condueña del alu-dido inmueble, jamás hizo convenio de clase alguna con el de-mandado, ni jamás prestó su consentimiento pará que se hi-ciera convenio alguno a nombre de ella para la venta de la casa; y que el demandado se niega a devolver el inmueble a los demandantes, estando en posesión del mismo sin título o derecho alguno para ello.

En la súplica de la demanda se solicita: (a) que el inmue-ble descrito sea devuelto a los demandantes; (b) que se con-dene al demandado a pagar a éstos la suma de $261; y (e) que se le sentencie igualmente a satisfacer las rentas que el in-mueble produzca desde enero de 1944 hasta la terminación del litigio; así como (d) a pagar las costas y honorarios de abogado.

Contestó el demandado Celestino Guzmán negando todas y cada una de las alegaciones de la demanda y sosteniendo, por el contrario, que lo sucedido fue que mientras el deman-dante y un hijo de éste adeudaban al demandado la cantidad de $72 para principios de 1940, el demandante formalizó un contrato de compraventa con el demandado en relación con la casa que se describe en la demanda, efectuándose el mismo por la suma de $250, para satisfacer la cual el demandado dedujo el monto de la deuda, dió al demandante un novillo y le en-tregó distintas partidas; que el demandante y el demandado son compadres y por ello permitieron que transcurriera algún tiempo sin que se otorgara la correspondiente escritura; que a mediados de 1943 el demandante autorizó al demandado para que mandara a preparar el mencionado documento, pero que una vez redactado éste el demandante se negó a firmarlo por entender que el valor de la casa había aumentado debido a las reparaciones y mejoras hechas a la propiedad por el demandado y con motivo del auge en los negocios producido por la guerra y por la construcción de una base naval en Ceiba.

Celebróse el juicio correspondiente y la corte inferior, luego de oír la prueba de ambas partes, dictó sentencia deses-timando la demanda en todas sus partes, con costas a los demandantes. Éstos solicitaron reconsideración y después de una vista dictóse la siguiente sentencia:

"A virtud de moción de reconsideración de los demandantes, de-junio 14 del año en curso, y después de.oídas las partes en coree abierta, se reconsidera la sentencia dictada en junio 11 de 1945, para que la misma se lea como sigue:
“Por los fundamentos de la relación del caso y opinión que se une a los autos y se hace formar parte de esta sentencia, la Corte entiende que la ley y los hechos están a favor del demandado y en contra de los demandantes, y procede dictar sentencia como por la presente se dicta desestimando la demanda en todas y cada una de sus partes, con las costas a cargo de los demandantes, excluyendo ho-norarios de abogado.
“En cuanto a la demandante Dolores García, por no haber ésta dado su consentimiento expreso, según aparece de la prueba, a la venta del inmueble objeto de este pleito, que es ganancial, se declara ineficaz la venta de dielio inmueble, reservándole sus derechos en el mismo, como cónyuge del demandante Benito Abad Robles para que los ejercite en la forma y manera que determina la ley.”

De ella apeló el demandado para ante este Tribunal y en apoyo de su recurso señala únicamente que “la corte de dis-trito cometió manifiesto error al reconsiderar su sentencia, ya que en esa forma permitiera (sic) un enriquecimiento injusto de la sociedad de gananciales.” Los demandantes, sin embargo, no apelaron de la sentencia en tanto en cuanto ésta les perjudicaba, ni lian radicado alegato alguno en oposición al presentado por el demandado en apoyo del recurso por él instado.

La sentencia apelada es insostenible en verdad. La prueba ofrecida por las partes fué contradictoria, pero el conflicto se dirimió por la corte inferior y es regia bien establecida que no intervendremos con el criterio de un juez de .distrito al resolver contradicciones de tal naturaleza, a no ser que se nos demuestre que al así hacerlo él cometió manifiesto error en la apreciación de. la misma o actuó movido por pasión, prejuicio o parcialidad. Véanse Gorbea v. Santiago,. ante, pág. 634 y Ramos v. Rosario, ante, pág. 683, y los casos, en ellos citados. Así, pues, tal cual lo hizo la corte inferior,., consideraremos el contrato celebrado entre el demandante Be~ . nito Abad Robles y el demandado Celestino Guzmán como .unode compraventa.

De la prueba aducida por los demandantes se desprende también con toda claridad que la casa en cuestión fué' construida mientras ellos estaban casados. En su consecuencia, dicha propiedad tiene la presunción de ser ganancial y el: que alegue lo contrario deberá probarlo. Artículos 1301 y 1307 del Código Civil, ed, 1930; () Roselló v. Registrador, 42 D.P.R. 508; Cortés v. Díaz, 31 D.P.R. 454, 459; Arroyo v. Vicario, 28 D.P.R. 804; Acosta v. Registrador, 27 D.P.R. 250; Cádiz v. Jiménez, 27 D.P.R. 651; De la Cruz v. Registrador, 24 D.P.R. 681; Truyol v. Registrador, 18 D.P.R. 937, y Librán v. Hernández, 18 D.P.R. 1008. Esa presunción no fué destruída en este caso.

Por otra parte, es principio elemental de derecho, consignado por el propio Código Civil y por la jurisprudencia de este Tribunal, que la sociedad de gananciales es una entidad distinta, y separada de las personas que la constituyen, y que si bien, salvo raras excepciones, () el marido es el administrador de ella, los bienes raíces pertenecientes a dicha sociedad no pueden ser enajenados o gravados en forma alguna sin el consentimiento expreso de ambos cónyuges. Además, que toda venta de inmuebles en que no se dé estricto cumplimiento a ese requisito será completamente nula. Artículo 91 del Código Civil, ed. 1930; () Ex Parte García, 54 D.P.R. 503, 507; Morales v. Ceide, 51 D.P.R. 27, 37; Ortiz v. Pasalacqua, 26 D.P.R. 639; Caballero v. Pomoles, 17 D.P.R. 719, y Díaz v. Registrador, 9 D.P.R. 187.

La prueba aportada por los 'demandantes revela igual-mente que la esposa nunca consintió a que su marido vendiera la casa en cuestión. Siendo ello así, dicha venta es nula y, en su virtud, la sentencia de la corte inferior no ha debido circunscribirse a declararla ineficaz tan sólo en cnanto a la mujer.

El artículo 1255 del Código Civil, ed. 1930,. dispone que:

“Declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses ...”

Bajo estas circunstancias, y toda vez que de las alegacio-nes y la prueba surge que el demandado hizo reparaciones y mejoras a la propiedad en cuestión, lo procedente es revocar la sentencia apelada y devolver, el caso a la corte de distrito de su origen para que ésta ordene la restitución recíproca, previa determinación por ella tras una vista a celebrarse con ese único fin, del valor de dichas reparaciones y mejoras, así como del de los frutos e intereses de que habla el artículo antes citado.

Antes de cerrar esta opinión, deseamos hacer constar que si bien la parte demandante no ha apelado y estamos resolviendo tan sólo la apelación interpuesta por el- demandado, la sentencia que ahora dictamos favorece también a dicha parte demandante debido a que la misma es indivisible, por ser recíprocas las obligaciones de restituir y pagar. Oller v. Cadierno, 62 D.P.R. 421, 424.

La sentencia apelada debe ser revocada.

      (2) Véanse los artículos 91 y 1333 del Código Civil, ed. "1930.

      (3) Artímolo 91. — “El marido será el administrador de los bienes de la sociedad conyugal, salvo estipulación en contrario.
      “Las compras que con diehos bienes haga la mujer serán válidas, cuando fe refieran a cosas destinadas al uso. de la familia, de acuerdo con la posición social de ésta.
      “No obstante, los bienes inmuebles de la sociedad conyugal no podrán ser enajenados o gravados bajó pena de nulidad, sino mediante el consentimiento expreso de ambos eónyuges."


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    Delfín Rodríguez, peticionario, v. Corte de Distrito de Mayagüez, Hon. R. Ramírez Pabón, Juez, demandada.
    Núm. 1701.
    Sometido: Noviembre 3, 1947.

      Resuelto: Noviembre 14, 1947.

      Ildefonso Freyre, abogado del peticionario; A. Ramírez Silva, abo-gado del interventor, demandado en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Expedimos el auto en este caso para revisar una resolu-ción de la Corte de Distrito de Mayagüez ordenando al peti-cionario, demandante en una acción de daños y perjuicios ante la corte inferior, a contestar unos interrogatorios solici-tados por .el demandado, antes de haber éste contestado la demanda.() La corte basó su decisión en el caso.de Autoridad de Fuentes Fluviales v. Corte, 66 D.P.R. 844.

La Regla 33 de las de Enjuiciamiento Civil dispone, en lo pertinente, que:

“Una parte litigante podrá notificar y entregar a cualquiera parte adversa interrogatorios por escrito para ser contestados por la parte así notificada. . . Los interrogatorios serán contestados por separado y totalmente, por escrito y bajo juramento. ... Las objeciones a cualesquiera interrogatorios podrán presentarse a la corte dentro do diez días después de la notificación y entrega de los mismos, con notificación como en el caso de una moción; y las contestaciones serán diferidas hasta que las objeciones sean resueltas, lo que se hará den-tro del plazo más breve posible. Ninguna parte podrá, sin permiso de la corte, someter más de un cuestionario para ser contestado por la-misma parte.”

Es cierto que la Regla 33 no dispone expresamente en qué momento es que pueden solicitarse interrogatorios. Em-pero, estudiando esta cuestión bajo el sistema federal, de donde proceden nuestras reglas, notarnos que M'ooré, en stis comentarios a dicha regia, dice lo siguiente:.

“La Regla 33 nó dice cüándo es que las partes pueden notificarse entre sí interrogatorios escritos. Toda vez que el descubrimiento per-mitido bajo la Regia 33 tiene tanto alcance como el descubrimiento por deposición, los motivos para las disposiciones en cuanto a términos de la Regla 26(a) con respecto a la toma de deposiciones, parecen ser aplicables a la notificación de interrogatorios bajo la Regia 33. En ambos casos es aconsejable que las cuestiones sean suscitadas por las alegaciones, a’ntes de darle a las' pártes el derecho a un descubrimiento ilimitado, evitando con ello descubrimientos innecesarios en cuanto a cuestiones que no se dilucidarán. Por tanto, como cuestión de dere-cho cualquier parte puede notificar un interrogatorio, sin permiso de la corte, a cualquier parte contraria después' de haberse radicado la contestación. Si por algún motivo meritorio- una parte desea notificar un interrogatorio a una parte contraria antes de radicarse la contes-tación, pero después de adquirirse jurisdicción sobre tal parte contra-ria o sobre la propiedad objeto de la acción, debe pedir permiso- a la corte para asi hacerlo. La discusión anterior en relación con las dis-posiciones en cuanto a términos provistos en la primera oración de la Regla 26(a), es aplicable a la notificación de interrogatorios bajo la Regla 33.” (Bastardillas nuestras.) 2 Moore Federal Practice 2621.

La discusión anterior a que hace referencia Moore es la siguiente:

“La Regla 26(a). dispone (1) que cualquier parte puede tomarle deposición a cualquier persona, ya sea ésta parte o no en el procedi-miento, después de haber la corte- adquirido jurisdicción sobre cual-quier demandado o sobre alguna propiedad que fuere objeto de la acción y antes de que se radique la contestación, solamente con per-miso da la corte; y (2) que cualquier parte puede tomarle deposición a cualquier persona, ya sea ésta parte o no en el procedimiento, des-pués de radicada la contestación, sin permiso de la corte. El propó-sito de permitir a las partes que tomen deposiciones como cuestión de derecho solamente después de radicada la contestación, es tratar de que se concreten suficientemente las cuestiones envueltas para.evitar interrogatorios innecesarios sobre cuestiones no controvertidas por la contestación. En su consecuencia, si el demandante tuviera el derecho de tomar las deposiciones tan pronto-como el demandado fuera em-plazado, pero antes de que éste radicará la contestación, el interro-gatorio por deposición podría resultar en molestias innecesarias y contratiempos para el demandado, ya que el interrogatorio podría estar relacionado con una alegación de la demanda que el demandado pensaba admitir en su contestación. Por otro lado, podrían surgir situaciones que justificaran la toma de una deposición por el deman-dante o el demandado antes de radicarse la contestación, tales como cuando un testigo está próximo a salir del distrito, o tiene una edad avanzada, está muy débil o enfermo. La Regla provee para tal si-tuación permitiendo al demandante o al demandado o a ambos, tomar las deposiciones antes de radicarse la contestación, después de obtener permiso de la corte.” (Bastardillas nuestras.) Moore, ob. cit. 2463.

Creemos que siendo similar la finalidad perseguida por las reglas 33 y 26(a), es decir, obtener prueba-para ser utilizada durante el juicio, la regia general, recomendada por Moore delpe prevalecer. Si no se alega que existe un motivo especial para que los interrogatorios sean contestados antes de ha-berse radicado la contestación a la demanda, la corte no debe ejercitar su discreción concediendo permiso para hacerlo. Debe alegarse y probarse que existe una razón poderosa que justifique cambiar el procedimiento normal. En el caso de autos el demandado en su moción a la corte solicitando se ordenara al demandante contestar los interrogatorios no alegó motivo o razón alguna para que esto se hiciera sin haber, pre-viamente, el demandado contestado la demanda.

El caso de Autoridad de Fuentes Fluviales v. Corte, supra, no sostiene la resolución recurrida. Más bien milita en su contra si se toman en consideración los casos citados a la página 849 interpretando el alcance de las reglas 12(e) y 33.

El fin que persigue la Eegla 33, supra, es autorizar a las partes a obtener prueba que pueda ser admitida o no el día del juicio y, por lo tanto, no procede, de ordinario, conceder permiso para que se contesten interrogatorios antes de que la parte demandada haya contestado la demanda y la contro-versia en el caso haya sido establecida. Como excepción, sin embargo, se podrá conceder dicho permiso cuando se alegue y pruebe que existe un motivo qqe lo justifique.

Debe amolarse la resolución recurrida.

      (1)Ya el demandante había rendido un pliego de especificaciones solicitado por el demandado y ordenado por la corte.


text:
    Miguel Alcázar, peticionario, v. Corte de Distrito de Ponce, Hon. Ramón A. Gadea Picó, Juez, demandada.
    Núm. 1684.
    Sometido: Noviembre 3, 1947.

      Resuelto: Noviembre 14, 1947.

      R. Atiles Moréu, abogado del peticionario; el juez demandado compa- ■ reció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Marrero

emitió la opinión del tribunal.

En 8 de abril de 1946 la Corte de Distrito de Ronce dictó sentencia aprobando nn expediente de dominio tramitado ante ■ella por Miguel Alcázar. En 21. de noviembre del mismo año ■el promovente acudió una vez más ante dicha corte en soli-citud de que se dejara sin efécto la sentehcia dictada, fun-dándose en que al ser presentada copia certificada de la misma al Registrador de la Propiedad de Ponce, éste le había in-formado que la finca objeto del expediente, dada’su situación y colindancias, forma parte de ía número 9698, la que está inscrita a favor de Pedro Clausells Armstrong, mayor de edad y vecino de Ponce; y qué lo procedente era dar una oportunidad al titular para que compareciera en corte e in-formara si se allanaba a la cancelación del asiento existente a su favor en el Registro de la Propiedad o si por el contrario se oponía a ello. En tal virtiid, solicitaba- se dejara sin efecto la sentencia dictada y se abriera el caso, a fin de citar y oír a dicho titular. El 4 de diciembre siguiente la corte dictó resolución haciendo constar que de acceder a lo que se pedía habría que establecer un nuevo procedimiento, y que entendía que, por el contrario, el remedio indicado era “reunir al ti- . tular del Registro y a su comprador anterior inmediato (sic) y a todas las personas interesadas y otorgar la escritura co-rrespondiente para poder inscribir la finca de este expediente •eoino una segregación de la finca número 9698.’()

No conforme, dicho promovente acudió ante nos por cer-tiorari y una vez expedido el auto y radicados los alegatos de rigor () el recurso ha quedado finalmente sometido a nuestra 'Consideración, sin vista.

No actuó correctamente la corte inferior, al proceder •en la forma en que lo hizo. El procedimiento indicado por ■ella — la reconstrucción de la cadena de títulos — no resulta ser siempre el camino más corto, ni el más viable. Si la persona a cuyo favor figura inscrita la propiedad'éii el Registro se desprendió de ella hace años, es muy posible que en el ínterin algunos de los adquirentes anteriores al promovénte y poste-riores al titular hayan desaparecido o se encuentren fuera del país. Faltando uno o más de los eslabones, la reconstruc-ción resulta harto difícil, si no imposible. Por otra parte, ya este Tribunal ha resuelto que “en Puerto Rico no procede la cancelación de un asiento contradictorio en un expediente de dominio a menos que a ello consienta el titular, o a menos que sea oído y vencido en juicio al oponerse a las pretensiones del peticionario(Bastardillas nuestras.) Rodríguez v. Registrador, 65 D.P.R. 653, 657. Fisto a contrario sensu significa indudablemente que si dentro del expediente de do-minio se cita y oye al titular del Registro y éste se aviene a la cancelación de la inscripción a su favor o es vencido en jui-cio, el asiento contradictorio puede y debe ser cancelado. Iñesta v. Registrador, 65 D.P.R. 773, 774.

Insiste además la corte recurrida en que su resolución denegatoria debe subsistir, dado el hecho de que la moción para que se deje sin efecto la sentencia dictada fue presentada tardíamente. () Es sabido que una moción de tal naturaleza, archivada luego de expirado el término de seis meses, debe ser declarada de plano sin lugar, a no ser que se demuestre que la sentencia en cuestión es nula de su propia faz, caso en el cual la moción puede ser radicada en cualquier tiempo. People v. Davis, 143 Cal. 673, 675; Rue v. Quinn, 137 Cal. 651, 654; 14 Cal. Jur. 1067. Es nula de su propia faz la sentencia dictada por la Corte de Distrito de Poncé en el expediente de información de dominio en este caso? Prima facie no' lo es. Sin embargo, debe tenerse presente 'qrie es regla de derecho que para determinar si una sentencia es o no nula de su propia faz habrá de aeudirse no sólo a la sentencia misma si que también a todo el legajo (judgment roll) de que ella forma parte. En la petición original sobre información de dominio radicada ante la corte inferior se hace constar de manera enfática qne “la finca nunca ha estado inscrita”, y en la propia sentencia dictada aparece idéntica aseveración, así como que “los anteriores dueños de paradero desconocido, las personas ignoradas, y las que pudieran tener algún dere-cho a oponerse a la petición” fueron citadas por, edictos. En ninguno de esos documentos, ni en el legajo de sentencia (judgment roll) en su totalidad aparece, sin embargo, que el titular del Begistro fuera citado y oído. No obstante, para determinar si la sentencia adolece de algún defecto que la vi-cia de nulidad no debemos limitarnos a estudiar ésta en su integridad, ni a examinar todo el legajo de sentencia, puesto que cuando la parte que solicita la reapertura de la sentencia o qne se deje la misma sin efecto es aquélla a cuyo favor la sentencia se dictó, entonces los hechos alegados en la moción archivada al efecto deben considerarse como complementarios del récord. Thompson v. Cook, (1942) 20 Cal. 2d 564, 569. Si al quedar éste así complementado se desprende del mismo que la sentencia es nula, la moción puede entonces radicarse en cualquier tiempo y el juez a quien se hace la solicitud es-tará en la obligación ele declarar con lugar la misma, de dejar sin efecto la sentencia o de reabrir ésta y de oír la prueba que el promovente tenga a bien aducir. Neblett v. Pacific Mutual Life Insurance Company, (1943) 22 Cal. 2d 393, 400, y 15 Cal. Jur., sección 146, pág. 62. ()

Por las razones expuestas debe mudarse la resolución dic-tada por la Corte de 'Distrito de Ponce con fecha 4 de diciem-bre de 1946 en el Caso Civil R — 1230.

      O El mismo día que la Corte de Distrito de Ponce dictó la resolución arriba mencionada, el promovente presentó una nueva moción reiterando su solicitud de noviembre 21. No sabemos si al dictar su ameritada resolución la corte inferior tuvo o no en cuenta la nueva moción radicada, poro, en caso afirmativo, la se-gunda moción pudo ser considerada como complementaria de la primera. 14 Cal. Jur. 3049.

      (2)Véase la Eegln. 15(e) de este Tribunal.

        (3)Cf. Great American Insurance Company v. Corte, 67 D.P.R. 564.

      O Véase también, la opinión disidente del Juez Carter do la Corte Suprema de California en Willson v. Security-First National Bank, (1943) 21 Cal. 2d 705, 716.


author: El -Juez Asociado Señor Marrero

text:
    González Padín Co., Inc., peticionaria, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, demandado; Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, interventor.
    Núm. 111.
    Sometido: Noviembre 3, 1947.

      Resuelto: Noviembre 14, 1947.

      Celestino Iriarte, F. Fernández Guyar y II. González Blanes, aboga-dos de la peticionaria; Ilon. Procurador General Luis Negrón Fer-nández, y J. B. Fernández Bordillo, Procurador General Auxiliar, abogados del interventor, querellado en el pleito principal.
   El -Juez Asociado Señor Marrero

emitió la opinión del tribunal.

En 14 de enero de 1944 el Tesorero de Puerto Rico dirigió a la peticionaria González Padín Co., Inc. dos escritos intitu-lados “Notificación y Requerimiento”, exigiendo a ésta el pago de ciertas cantidades por concepto del impuesto del 5 por ciento establecido por la Ley núm. 29 de 7 de diciembre de 1942 (Segunda y Tercera Legislaturas Extraordinarias, pág. 161), así como el de intereses y multas administrativas específicas. La peticionaria presentó mociones de reconside-ración y al ser las mismas denegadas recurrió ante el Tribunal de Contribuciones^) Visto el baso en sus méritos por dicho Tribunal, éste declaró sin lugar la querella en su tota-lidad, excepción hecha, de que redujo al 6 por ciento anual el tipo de intereses a ser pagado sobre las deficiencias.

González Padín Co., Inc. acudió entonces ante esta Corte con la petición de certiorari autorizada por la sección 5 de la Ley núm. 169 de 15 de mayo de 1943 (págs. 601, 611). Expe-dido el auto, el Tesorero de Puerto Rico solicitó la desestima-ción del recurso y su moción fue declarada sin lugar con fe-cha 22 de abril del corriente aíío.() El caso quedó luego sometido a nuestra consideración, sin vista.

Sostiene la peticionaria que a virtud de la citada ley el Tesorero de Puerto Rico carece de facultad para cobrarle el 5 por ciento del Impuesto de.la Victoria sobre los salarios o sueldos correspondientes a compensación ganada y devengada por sus empleados en meses anteriores al 1ro. de enero de 1943,() y que las dos multas impuéstasle no proceden toda vez que su actuación se debió a la interpretación por ella dada al estatuto y en particular al reglamento publicado para aquel entonces por el propio Tesorero de Puerto Rico en relación con la ley que fijaba el referido impuesto.

Conforme dijimos en la opinión emitida con fecha 23 de julio de 1947 en el recurso de Certiorari núm. 129, intitulado Miranda Hermanos, S. en C., v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico y R. Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, Interventor, ante, pág. 678':

“Si la intención legislativa, hubieia sido no gravar los sueldos, compensaciones, etc. por servicios prestados antes del 1ro. de enero, 1943, pero realmente recibidos o consignados después de esa fecha, fácil le hubiera sido expresarlo al definir el ingreso sujeto al impuesto. Un examen detenido de la ley revela el cuidado que tuvo el legislador" de establecer que todo ingreso percibido o consignado o depositado a favor de un individuo a partir del 1ro. de enero de 1943, estará sujeto al pago del impuesto.
“Es verdad que el art. 1ro. de la Ley preceptúa que la contri-bución impuesta por ella se cobrará y pagará a partir de enero 1ro. de 1943, pero esto no implica que el impuesto no pueda cobrarse sobre el pago de servicios prestados antes de dieba fecha, pero pagados o consignados con posterioridad a la misma. El objeto de esa disposi-ción no es otro que fijar desde qué momento estarán sujetos al pago de la contribución los ingresos recibidos.”

En cnanto a la primera cnestión planteada'por la peticio-naria no vemos distinción alguna entre el presente caso y el de Miranda Hnos. v. Tribunal de Contribuciones, supra. Su contención a este respecto debe ser declarada sin lugar.

Ahora bien, en lo que respecta a las multas administrativas impuestas, la peticionaria insiste, según ya hemos indicado, en que' éstas no proceden y en que su imposición es improvidente, injustificable y un abuso de discreción de parte del Tesorero, toda vez que ella no ha infringido calculada o deliberadamente la ley, sino que por el contrario actuó honestamente en consonancia con una interpretación razonable y justa del estatuto y especialmente en consonancia con una regla dictada y promulgada sobre el particular por el propio Tesorero de Puerto Rico.

El artículo 9 de la Ley 29 de 7 de diciembre de *1942 antes citada() expresamente provee que “cualquier infracción a las disposiciones de estas ley . . . constituirá delito menos grave (misdemeanorj . . . ” y que “además, las infracciones antes dichas podrán ser castigadas por el Tesorero de Puerto Rico mediante la imposición de multas administrativas no ma-yores de mil (1,000) dólares, que serán cobradas por el proce--dimiento de apremio establecido en el Código Político. . .”

Es incuestionable que las multas de $500 y $300 impuestas a la aquí peticionaria, están dentro del límite fijado por la ley. Es innegable igualmente que la fijación de tales penalidades caen dentro de la sana discreción del funcionario de Hacienda. Empero, un examen de los autos revela que la peticionaria no fue negligente ni trató de evadir el pago de la contribución y • que por el contrario radicó sus planillas para el pago del Im-puesto de la Victoria en su oportunidad() y en éstas hizo una revelación completa de todos los hechos (a full disclosure of all the facts). Además, el Exhibit 5 de la querellante, ad-mitido por el tribunal inferior por estipulación de las partes, consistente en las “Reglas para administrar la ejecución de la ley estableciendo el Impuesto de la Victoria” dictadas por el Tesorero con fecha 22 de enero de 1943, provee en su pá-gina 6 (Regla XIV) que “los ingresos por salarios, sueldos ■y jornales sólo tributarán respecto a aquel período de tiempo cubierto por el pago, que sea posterior a diciembre 31 de 1942.” Esas Reglas estuvieron en vigor hasta que en 13 de agosto de 1943 se aprobó un nuevo Reglamento con el mismo fin. Tan sólo en este último es que se dice (Regla No. XV) que “los ingresos o pagos aislados constituyen un ingreso de la semana en que se reciben”, y que “tales ingresos tributa-rán si se reciben por el contribuyente en o después de enero. 1 de 1943, no importa la fecha en que hayan sido devengados Si por el Reglamento vigente para las fechas a que correspon-dían las planillas rendidas se decía a los contribuyentes que “los ingresos por salarios, sueldos y jornales sólo tributarán respecto a aquel período de tiempo cubierto por el pago que sea posterior a diciembre 31 de 1942,” ¿cómo es posible cas-tigar con multa administrativa a un contribuyente que no ha hecho otra cosa que seguir las propias Reglas del Tesorero? En el presente caso no ha habido una infracción voluntaria, ni deliberada, de parte de la contribuyente. Por tanto, el Te-sorero se .ha excedido en su discreción al imponer las multas administrativas aquí envueltas y las mismas deben ser elimi-nadas de las deficiencias notificadas a la recurrente. () (Bas-tardillas nuestras.)

La resolución dictada por el Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico en 27 de agosto de 1946 será modificada en el sentido de ordenar la eliminación de las dos multas adminis-trativas impuestas a la peticionaria, y así modificada, confir-mada. .

        (*)Cf. Gomales Padín Co. v-. Tribunal de Contribuciones, 66 D.P.It. 24.

        (2) González Padín Co. v. Tribunal de Contribuciones, ante, pág. 221.

      (3)B1 artículo lo de la Ley dispone que "La contribución impuesta por esta Ley se cobrará y pagará a partir de enero 1 de 1943.”

      (4)La- enmienda introducida a esta Ley por la irúm. 175 de 35 de mayo de 1943 (pág. 031) no altera la situación.

      (')Esas planillas correspondían a los períodos comprendidos entre el primero de enero y el 28 de febrero de 1943 y entíe el primero de marzo y el 30 de junio del indicado año.

        C)Of. Mertens, Law of Federal Income Taxation, Yol. 10,'sección 55.25, pág. 40,


author: El Jtjbz Asocíalo Señor Marrero

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pedro Rodríguez, acusado y apelante.
    Núm. 12529.
    Sometido: Noviembre 3, 1947.

      Resuelto: Noviembre 14, 1947.

      J. Ramírez Viñas, abogado del apelante; líon. Procurador General Luis Negrón Fernández y J. Rivera Barreras, Fiscal del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Jtjbz Asocíalo Señor Marrero

emitió la opinión del tribunal.

Ante la. Corte Municipal de San Juan se presentó en 24 de diciembre de 1946 una denuncia por el delito de abandono de menores () contra el aquí apelante. () El delito consistía en que éste, voluntaria y maliciosamente, tenía en completo estado de abandono, sin excusa legal, a su menor bija Elba Lydia de siete años de edad, dejándola desprovista de sus indispensables alimentos, tales como ropa, casa y medicina. Celebróse allí el juicio de rigor y el acusado fué declarado culpable. I)e la sentencia condenatoria dictada el acusado apeló para ante la Corte de Distrito de San Juan y ésta, luego de un juicio de novo, lo declaró nuevamente culpable y le con-denó a sufrir &os. meses de cárcel, más las costas, pero dejó en .suspenso la sentencia siempre que éste depositara el lunes de cada semana en la Secretaría de lo Criminal, para los alimentos de la menor ya referida, la suma ,de .cinco dólares. De esa sentencia Rodríguez apeló para ante nos y en apoyo de su recurso spñala ep. su alegato un solo error, a saber:

“La corte inferior erró con perjuicio para el acusado, al concluir que el acusado y la madre del menor vivían en concubinato y que la menor era hija del acusado.”

Para sostener éste, cita exclusivamente los casos de Vázquez v. de Jesús, 65 D.P.R. 900, y Montañés v. Rodríguez,. 67 D.P.R. 214.

Dichos casos, no obstante, no son criminales, como el pre-sente, sino civiles. En el primero de ellos la corte inferior dictó sentencia declarando al menor demandante hijo natural del demandado y condenando a éste a pasarle a aquél $12.50 mensuales como pensión alimenticia. En apelación llegamos a la conclusión de que no se había probado el concubinato- de los padres del menor, revocamos la sentencia apelada y decla-ramos sin lugar la demanda en todas sus partes. '

En el segundo, este Tribunal igualmente declaró sin lugar la demanda en su totalidad al llegar a la conclusión de que no había quedado probado el concubinato- entre los padres de la menor para la cual se reclamaban alimentos.

Es de notarse, sin embargo, que en ambos casos se solici-taban tanto la filiación de los menores en ellos envueltos como los alimentos de éstos, y que por el solo hecho de no haberse probado el concubinato se declararon totalmente sin lugar las respectivas demandas. En ambos casos se dió crédito a la prueba de la parte demandante y se aceptó la paternidad, mas no obstante, no se concedieron alimentos a los menores allí envueltos. Pué ello incuestionablemente un error de este Tribunal, debido sin duda a que en ambos enfocó su atención, principalmente hacia las relaciones existentes entre las res-pectivas madres de los menores y los demandados, y al llegar a la conclusión en cada uno de ellos de la no existencia del concubinato, no discutió la reclamación de alimentos que, como-secuela de la acción de filiación, se hacía en ellos. ()

Tanto en cansas criminales como en casos civiles este Tribunal reiteradamente ha decidido qne nna vez establecida la paternidad, el presunto padre viene obligado a proveer ali-mentos a su menor hijo, y que tal paternidad puede ser in-vestigada lo mismo en casos criminales como en procedimien-tos civiles. () Pueblo v. Rohena, 52 D.P.R. 313; Pueblo v. López, 54 D.P.R. 294; Pueblo v. Rotger, 55 D.P.R. 139; Pueblo v. Pérez, 55 D.P.R. 677; Pueblo v. De Jesús, 57 D.P.R. 708; Pueblo v. Ramos, 61 D.P.R. 333; Rivera v. Cardona, 56 D.P.R. 819; Miranda v. Cacho, 66 D.P.R. 550, 555; Falcón v. Cruz, ante, pág. 553; Miranda v. Cacho, ante, pág. 515 y Ramos Roque v. Rosario, ante, pág. 683. Por ejemplo, en. Pueblo v. López, supra, dijimos a la página 300:

.. La obligación del padre surge del hecho substancial de serlo. Probado en debida forma que lo es y que siéndolo dejó de cumplir su obligación en la manera que la ley penal establece, el deíito debe entenderse cometido.

Y en Rivera v. Cardona, supra, luego de citar extensamente del caso de El Pueblo v. López, manifestamos a la página 822:

“. . . Pero en verdad no vemos razón alguna que nos obligue a variar el criterio ya establecido, cuando de una demanda de alimentos se trate en un caso civil como el que nos ocupa. ’ ’

Además, en Miranda v. Cacho, supra, nos expresamos a la página 555 del m.odo siguiente:

“Habiendo declarado la corte a quo que la niña era bija del de-mandado, no siendo ella hija natural y habiendo nacido ella fuera de matrimonio, necesariamente era una hija ilegítima y como tal, con derecho a alimentos.() (Bastardillas nuestras.)

El hecho de que el menor que reclama alimentos sea hijo adulterino, como ocurre en este caso, no altera en forma al-guna el principio ya enunciado. () Pueblo v. López, 54 D.P.R. 294, Pueblo v. Emanuelli, 61 D.P.R. 209, 212 y Pueblo v. Aviles, 66 D.P.R. 290, 293. Cf. Miranda v. Cacho, supra.

En verdad, la prueba requerida en casos de filiación debe ser y es distinta a la exigida en aquéllos en que tan sólo se reclaman alimentos para un menor. En los primeros es indispensable dar cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 125 del Código Civil, es decir, en ellos hay que probar (1) la existencia de un documento indubitado en que el presunto padre expresamente reconozca la paternidad; (2) que eh solicitante se halla en la posesión continua del estado de hijo 'natural del padre demandado, justificada por actos de éste o de' su familia; (3) que la madre fue conocida viviendo en concubinato con el padre durante el embarazo y al tiempo del nacimiento del hijo, o (4) presentar cualquier prueba auténtica de la paternidad del hijo. Empero, en casos de alimentos o de abandono y descuido de menores, conforme ya hemos dicho y según ha sido resuelto por este Tribunal en los numerosos casos ya citados, basta con qne baya prueba de la paternidad para que el derecho a los alimentos sea indu-bitado, siempre que se demuestre además, por supuesto, que el menor tiene necesidad de ellos y que el padre está en con-diciones de suministrárselos.

En el de autos hubo amplia prueba testifical, y aunque de ella surgió algún conflicto, éste fué dirimido por la corte inferior. Al así hacerlo no encontramos que ella cometiera manifiesto error o -actuara movida, por pasión, prejuicio o parcialidad. Es nuestro deber, por ende, respetar sus conclusiones. Machuca v. Autoridad de Fuentes Fluviales, 66 D.P.R. 182; Rivera v. López, 66 D.P.R. 210; Graniela F. Yolande, Inc., 65 D.P.R. 107; López v. Alvarez, 64 D.P.R. 404; Rivera v. Rossi, 64 D.P.R. 718; Figueroa v. American Railroad Company, 64 D.P.R. 335; Hernández v. Acosta, 64 D.P.R. 171; Pueblo v. Bernabé, 63 D.P.R. 400 y Velázquez v. Sucn. Blanco, 50 D.P.R. 294.

No' habiéndose cometido el error señalado, debe confir-marse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Snyder está’ conforme con el resul-tado y con la opinión, a excepción de que él omitiría Ja discu-sión que se hace de los casos de Vázquez v. de Jesús, 65 D.P.R. 900; Montañez v. Rodríguez, 67 D.P.R. 214 y Sánchez v. Corte, 64 D.P.R. 478.

      O El artículo 263 del Código Penal, que es el que define el delito de aban-dono y descuido de menores, según quedó enmendado por la Ley núm. 35 de 24 de abril de 1931 (página 353), textualmente copiado provee:
      “Todo padre o madre de un hijo legítimo, legitimado, natural o ilegítimo reconocido y adoptivo que voluntariamente y sin excusa legal, dejare de cumplir cualesquiera de las obligaciones que la ley le impone, de proveerle del indispensable alimento, vestuario o asistencia médica, incurrirá en misdemeanor; Dispo-niéndose, sm embargo, que cuando se .denuncie a una perdona oajo las disposicio-nes de este artículo y fuere sentenciada, la corte podrá dejar en suspenso la ejecución de la sentencia bajo las condiciones que tenga a bien imponer para bienestar del niño.”

      (2)De los autos no se desprende si en este caso so utilizó o no el procedi-miento fijado por la ley núm. 108 de 30 de abril de 1940, página 673. Sin embargo, no es necesario que la denuncia contenga tal alegación, pero sí es me-nester que se haya cumplido con tal requisito, pues de lo contrario este Tribunal no habrá adquirido jurisdicción. Pueblo v. Lamboy, 59 D.P.R. 174, 178; Pueblo v. Olavarrieta, 59 D.P.R. 736; Pueblo v. Ramos, 61 D.P.R. 333, 336; Pueblo v. Emanuelli, 61 D.P.R. 209, y Pueblo v. Lugo, 64 D.P.R. 554, 562. La presun-eión, desde luego, es “que la ley lia sido acatada.” Inciso 32 del artículo 464 del Código de Enjuiciamiento Civil, Ed. de 1933 (Art. 102, Ley de Evidencia) y Onna, v. The Texas Co., 64 D.P.R. 520, 525.

      (3)En Sánchez v. Corte, 64 D.P.R. 478, dijimos a la página 480:

        ‘ ‘ La cuestión a resolver es si es permisible acumular en. una misma demanda la acción sobre filiación y la acción en reclamación de una pensión alimenticia. ’' Y a la página 481:
      "... Ambas acciones pueden ser, como lo fueron en este caso, acumuladas en una sola demanda, pero sujetas desde luego a la limitación contenida en el apartado (6) de la misma Regla 18, o sea que la corte inferior no 'podría decla-rar con lugar la segunda cmsa de acción y condenar al demandado a pagan- •una pensión alimenticia, sin haber declarado antes con lugar la primera, reconociendo a la demandante como hija natural del demandado.’’ (Bastardillas nuestras.)
      El razonamiento de la presente opinión demostrará que el dictum que hemos subrayado más arriba está completamente equivocado.

      (4)Véanse los artículos 128 y 129 del Código Civil, Ed. de 1930, que dispone:

        “Artículo 128. — Los hijos ilegítimos en quienes no concurra la condición legal de naturales sólo tendrán derecho a exigir de sus padres alimentos, conformo al artículo 143."

        “Artículo 129. — El derecho a los alimentos de que habla el artículo anterior, sólo podrá ejercitarse:
      2. Si la paternidad o maternidad resulta de un documento indubitado del proceso criminal o civil.
      2. Si la paternidad o maternidad resulta de un documento indubitado del padre o de la madre, en que expresamente reconozca la filiación."

      (6) Si bien es cierto que en ese caso dos de los jueces de este Tribunal disin-tieron (pág1. 558), sin embargo, su disentimiento no se debió a que no concurrie-ran con el principio de que un hijo ilegítimo tiene derecho a alimentos una vez establecida la paternidad, sino más bien a que entendieron que la menor debió ser declarada hija natural reconocida del demandado.

      (“)Es innecesario discutir por ahora el alcance que pueda tener la Ley núm. 229 de 12 de mayo de 1942 (página 1297), según fué enmendada por la Ley núm. 243 de 12 de mayo de 1945 (página 815).


author: El Juez Asociado Señor Snyder

text:
    Aurelio Ramírez Ramírez, demandante y apelado, v. Municipio de Lajas, representado por su Alcalde, Jorge A. Ortiz, demandado y apelante.
    Núm. 9501.
    Sometido: Noviembre 3, 1947.

      Resuelto: Noviembre 17, 1947.

      José Rafael Oébpí, abogado'*del apelante; Enrique Báez García, abo- - gado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

En 1945 el apelado demandó en cobro de dinero ante la corte de distrito al Municipio de Lajas, representado por su Alcalde. Alegó que en 1940 fué electo Alcalde por el término de cuatro-años; que mientras ejercía las funciones de su cargo el 10 de noviembre de 1943 la Asamblea Municipal lo suspen-dió de empleo y sueldo; que dicbá suspensión estuvo en efecto basta que su término expiró, fecha en que tomó posesión el actual Alcalde; que nunca fué legalmente separado del cargo; que no recibió su sueldo mensual de $110 consignado en los presupuestos ordinarios del Municipio para 1943-44 y 1944-45, mientras duró su suspensión desde el día 1ro. de noviem-bre de 1943 hasta el 7 de enero de 1945. En su consecuencia, solicitó sentencia a su favor por la suma, de $1565.62.

El Municipio, a través de su abogado, radicó una moción para que se desestimara la demanda por el fundamento de que no aducía hechos suficientes constitutivos de causa de ac-ción. El abogado del demandante compareció a discutir esta moción, pero- no así el del Municipio, no obstante haber sido notificado de la vista. La corte de distrito- declaró sin lugar la moción diciendo en- parte que “el demandado no nos- ha hecho razonamiento o exposición de motivos que indiquen que la demanda interpriesta adolece de algún vicio fundamental o de falta de hechos tales que no constituya nna cansa de acción. . . ” Se notificó esta resolución al demandado, pero éste no contestó. A solicitud del demandante, se dictó sen-tencia en rebeldía contra el Municipio por $1,565.62.

Luego, un nuevo abogado compareció por el Municipio alegando que hubo una mala interpretación entre éste y su primer abogado, quien estaba bajo la impresión de que su contrato con el Municipio no exigía que lo defendiera en este caso. El nuevo abogado radicó entonces un escrito de apela-ción para ante este Tribunal contraía sentencia.

El primer señalamiento es que la corte inferior cometió error al dictar sentencia en rebeldía contra el Municipio. Esta contención es meritoria en vista del lenguaje de la Regla 55(e) de las Reglas de Enjuiciamiento Civil, que reza así:

"Ninguna sentencia en- rebeldía se dictará contra El Pueblo de Puerto Rico, o contra un funcionario o agente del misino o cuerpo político, a menos que el reclamante establezca por medio de evidencia, a satisfacción de la corte, su reclamación o derecho al remedio que solicita. ’ ’

Toda vez que un municipio es un cuerpo político y que no se ha presentado evidencia para establecer la reclamación del demandante, debe revocarse la sentencia y devolverse el caso. Véase 3 Moore’s Federal Practice, see. 55.05, págs. 3169-70.

El demandado también señala como segundo error la actuación de la corte inferior al declarar sin lugar la moción del Municipio para que se desestimara la demanda por el fundamento de que no aducía suficientes hechos para constituir una causa de acción. Pero a la corte de distrito nunca se le dió la oportunidad de considerar los argumentos que aduce ante nos el nuevo abogado del Municipio en apoyo de esta moción, ya que su anterior abogado no compareció a la vista de la misma. Además, aún suponiendo que concurriéramos con los argumentos aducidos por el Municipio, quizás podría permitirse al demandante enmendar sn demanda para hacer frente a estos argumentos. Eso, desde luego, tiene que hacerse en la corte de distrito y no en este Tribunal.

Al devolverse el caso, el Municipio tendrá la oportunidad de reproducir en la corte inferior su moción de desestimación. T el demandante apelado, quien no ha radicado alegato ante este Tribunal, también tendrá la oportunidad de ser oído en relación con dicha moción.

La sentencia de la corte de distrito será revocada y se de-volverá el caso para ulteriores procedimientos no inconsisten-tes con esta opinión.


author: El Juez Asociado Señce. Maebebo

text:
    Juana Segunda Latorre, demandante y apelante, v. Gaspar Cruz Texidor y la Sucesión de Epifanio Vizcarrondo, demandados y apelados.
    Núm. 9461.
    Sometido: Noviembre 3, 1947.

      Resuelto: Noviembre 21, 1947.

      Diego Guerrero Nolle y Garlos D. Vázquez, abogados del apelante; Celestino Triarte, F. Fernández Cwyar j H. González Flanes, abo-gados de los -apelados.
   El Juez Asociado Señce. Maebebo

emitió la opinión del tribunal.

De la sentencia declarando sin lugar la demanda, dictada por la Corte de Distrito de San Juan con fecha 4 de diciembre de 1945, apela la parte demandante para ante este Tribunal. En apoyo de su recurso sostiene en su alegato que: (1) “la Corte de Distrito cometió error manifiesto al sostener que el traspaso a favor de Gaspar Cruz Texidor era válido a pesar de que no existió consideración alguna, aplicando indebida-mente el artículo 1228 del Código Civil; (2) erró la Corte de Distrito al sostener que la demandante estaba impedida de impugnar el contrato de servicios profesionales celebrado con el abogado García Mújica por estar en pari delicto con éste y por haberse ejecutado el contrato;” y “(3) erró la Corte de Distrito al dictar una sentencia que es contraria a derecho y a la prueba practicada.”

La demanda radicada es una en la cual se alega que la demandante es dueña de las dos fincas que describe bajo las letras A y B y de la mitad de la que describe bajo la letra C, y que los demandados, confabulándose entre sí, valiéndose del engaño y aprovechándose de la ignorancia de ella, la hicieron comparecer ante el notario de Carolina, don Bamón García Mújica, a firmar la escritura núm. 102 del protocolo de dicho notario, por virtud de la cual aparece ella vendiendo las dos y media fincas descritas al demandado Gaspar Cruz Texidor, por la suma total de $1,000, habiendo ella confesado en la escritura haber recibido el precio de la venta de manos del supuesto comprador con anterioridad al otorgamiento de la referida escritura; que asimismo, a virtud de ésta y valiéndose igualmente los demandados de la misma conspiración y engaño, hicieron aparecer a la demandante confiriendo autoridad al demandado Epifanio Vizcarrondo () para co-brar las rentas de las casas descritas con la letra C y para aplicarlas al pago de nna sentencia qne se dice baber sido dic-tada por la Corte Municipal de Carolina; que todos los con-venios y estipulaciones contenidos en la referida escritura son absolutamente falsos, simulados e inexistentes, por no ser el resultado de la voluntad espontánea de la demandante, no baber prestado ella su consentimiento en forma alguna para la venta de dichas propiedades a favor de Gaspar Cruz Texi-dor ni para la autorización al demandado Vizcarrondo para el cobro de las rentas que anteriormente se mencionan, y por no baber mediado consideración alguna para los referidos con-venios y estipulaciones, no habiendo el demandado Gaspar Cruz Texidor pagado en ningún momento a la demandante el precio simulado en dicha escritura y teniendo las fincas apa-rentemente vendidas un valor mucho mayor que el consignado en la referida escritura.

Como segunda causa de acción la demandante reproduce las alegaciones que anteceden y alega que desde diciembre de 1940 los demandados ilegalmente y sin título alguno para ello se han posesionado de las tres fincas descritas, cobrando sus rentas y apoderándose de todos los frutos producidos por las. mismas. La demanda termina solicitando que: («■) se declare inexistente y nula la referida escritura otorgada ante el notario García Mirjica y cualquier inscripción que se hubiere verificado de ella en el Registro de la Propiedad; (ó) se or-dene-a los demandados que entreguen a la demandante la po-, sesión de los inmuebles descritos en la demanda; (c) se con-dene a los demandados solidariamente a pagar a la deman-dante las rentas producidas por dichos inmuebles, con costas, gastos y honorarios de abogados, y (d) concediendo a la de-mandante cualquier otro remedio que sea compatible con las alegaciones de la demanda y la prueba que se practique.

Contestaron los demandados oportunamente, negando las alegaciones esenciales de la demanda y haciendo algunas ase-veraciones en contrario.

El pleito fué a juicio y durante el mismo las partes pro-dujeron amplia prueba testifical y documental. La misma puede sintetizarse así: Don Enrique Latorre falleció ab intes-tato en el pueblo de Carolina allá para el mes de septiembre de 1937. Sus hermanos Cristino, Quintín y Josefa Latorre se hicieron cargo inmediatamente del caudal hereditario. La demandante Juana Segunda Latorre, quien para aquella época residía en Lares, considerándose hija natural del finado vino a Carolina y celebró allí con el Lie. Eamón García Mújica un contrato sobre prestación de servicios, a virtud del cual éste se comprometía a representarla en el pleito de filiación a en-tablarse, a tramitar la consiguiente declaratoria de herederos y a pagar todos los gastos que dichos litigios ocasionaren. La demandante, por su parte, convino en pagar a dicho abogado el 50 por ciento de cualquier suma que finalmente se obtuviera con motivo de esos pleitos y a no transigidos sin autorización de éste.

Presentóse la correspondiente demanda de filiación y ce-lebróse el juicio de rigor. Antes de que se dictara sentencia en el mismo el Lie. García Mújica cedió por escrito al causante de la Sucesión Vizcarrondo todos sus derechos y acciones en el referido contrato sobre prestación de servicios por la suma de $450. El pleito de filiación, que hasta entonces estaba pen-diente de sentencia, fue fallado poco después a virtud de una estipulación suscrita por las partes, en la cual los demandados aceptaron que la demandante era hija natural de su finado hermano. () Se dictó la correspondiente sentencia y se tra-mitó entonces la declaratoria de herederos. Luego de cele-brar la demandante y Vizcarrondo extensas conferencias respecto al valor de los bienes de la herencia y sobre la forma en que debía pagarse la participación de éste, se acordó desig-nar a Andrés Carmona, Margaro Viana y Daniel Mújica, co-merciantes de Carolina, para qne procedieran a tasar las pro-piedades de -la herencia. Así lo hicieron. Entonces la demandante y Vizcarrondo se trasladaron a San Juan, donde aqnélla otorgó ante el Lie. Francisco Fernández Cuyar cua-tro pagarés hipotecarios al portador por la suma de $1.000 cada uno, garantizados con cuatro de las fincas de la herencia. También convinieron Juana Segunda Latorre y Vizcarrondo en que, a fin de hacer efectiva una sentencia obtenida ante la Corte Municipal de Carolina por Daniel Mújica contra ellos, Vizcarrondo cobraría las rentas de la propiedad descrita en la demanda con la letra C por el tiempo que fuera necesario, hasta pagar la deuda;

En este estado de cosas, en 22 de diciembre de 1940 com-parecieron los aquí litigantes ante el notario Ramón García Mújica y otorgaron dos escrituras, la primera de éllas bajo el número 101 sobre cancelación de obligaciones hipotecarias, y la segunda, bajo el número 102, sobre compraventa. Du-rante el otorgamiento de ambas lá demandante Juana Segunda Latorre estuvo acompañada de su esposo Salomé Quiles y de su abogado, Lie. Benicio Sánchez Castaño. Los demandados Epifanio Vizcarrondo y Gaspar Cruz Texidor también se ha-llaban presentes, al igual que los testigos, el notario y otras personas. Las dos escrituras fueron leídas por el Lie. Sán-chez Castaño, quien informó a la demandante que las mismas estaban en orden y que ella podía firmarlas, siendo entonces éstas leídas en alta voz por el notario García Mújica a otor-gantes y testigos, por haber renunciado todos ese derecho, del cual les advirtió.

A fin de apreciar mejor el alcance de su testimonio, oiga-mos a la propia demandante:

“P — Su nombre.
"R — Juana Segunda Latorre.
“P — Al morir su papá, 4qué intervención tuvo el Sr. Vizcarrondo?
“R — Al morir mi papá entonces el Sr. Vizcarrondo fué y me llevó al bufete de García Mújica y entonces allí hicimos un contrato para un pleito para declaratoria de herederos porque yo era hija bas-tarda e hicieron el negocio conmigo de ellos hacer todos los gastos de notario, de todo, todo, por la mitad y entregándome a mí la mitad limpia.
!‘P — ¿Ud. recuerda cuántas propiedades había envueltas?
“R — Cinco casas y dos habitaciones de otra propiedad.
“P — ¿En el contrato que hizo Ud. con García Mújica para pagarle del valor de las propiedades, eso Ud. no lo ha pagado en ninguna forma?
“R — No, señor.
“P — ¿Ud. reclama dos propiedades y la mitad de otra de las seis?
“R — Sí, señor.
“P — ¿Ud. no hace reclamación por las otras tres y la otra mitad?
“R — No, porque tres las tengo yo.
“P — ¿Ud. recuerda si su padre le debía a Daniel Mújica alguna cantidad?.
“R — Me dijeron que él le debía $300.
“P — ¿Ud. hizo algo para pagar esa deuda?
“R — Un pagare por $300.
“P — ¿Ud.-ha pagado esa deuda de su padre?
“R — No, señor.
“P — ¿De las tres casas y media que Ud. tiene él (Vizcarrondo) no ha cogido las rentas?
“R — Imposible.
“P — ¿El solamente ha cogido las rentas de las dos casas y media que Ud. reclama ahora?
“R — Sí, señor.
“P — ¿Cuando García Mújica leyó la escritura, Ud. la firmó- ese día?
“R — Sí, cuando Epifanio Vizcarrondo fué a buscarme para firmar la escritura.
“P — ¿El Ledo. Sánchez Castaño leyó la escritura?
“R — Sí, señor.
“P — '¿Los pagarés que se cancelaron allí de qué eran?
“R — Yo no sé, .porque Epifanio Vizearrondo me dijo que me iba a hacer un papel para que yo tuviera asegurado de lo mío, para que no hubiera heredero que me lo quitara y entonces me dijo: Tú vas al bufete de Celestino Iriarte para que allí te hagan ese papel. Enton-ces yo fui y él fué.
“P — ¿Qué notario otorgó esa escritura?
“R — No sé,
“P — ¿Ud. no firmó ante mí (contrainterrogaba el Ledo. Francisco Fernández Cuyar) ?
“Sí, señor.
“P — ¿Los pagarés cancelados por esa escritura Ud. no los tenía?
“R — No, señor.
“P — ¿No se los dió Ud. al notario García Mújica? -
“R — Yo no los tenía. Quien se los entregó fué el Sr. Epifanio Vizearrondo. Yo nunca he tenido esos pagarés en mis manos.
“P — ¿En una escritura en que cancelaba los pagarés el Sr. Epifanio Vizearrondo le entregó al Sr. García Mújica los pagarés para que los cancelara?
“R — Sí, señor.
“P — ¿A Ud. se los entregaron allí después de cancelados los.paga-rés?
“R — Sí, señor.
“Sr. Juez — P—¿Cuántos eran los bienes que Ud. tenía que recla-mar como herencia de su padre?
* “R — Cinco casas y dos habitaciones en otra casa más.
“P — ¿Él (Vizearrondo) tiene dos casas de él solo y la mitad de la casa del horno ? ¿ Ése es el arreglo ?
“R — Ése es el arreglo de él.

Si bien es cierto qne en la escritura número 101 sobre can-celación de obligación hipotecaria se hace constar que la com-pareciente Juana Segunda Latorre era la tenedora y posee-dora de los cuatro pagarés por $1,000 en ella descritos y que ella nunca había endosado ni transferido los -mismos a persona o entidad alguna, la propia declaración de la demandante y los autos en su totalidad demuestran que dichos pagarés fueron otorgados y entregados por ella "a Yizearrondo con el propósito de garantizar la participación que a éste corres-pondía, de conformidad con el contrato de servicios original-mente celebrado entre la demandante y el Lie. García Mújica y que esos pagarés estaban en poder de Yizearrondo al mo-mento de otorgarse tanto la escritura sobre cancelación de pagarés como la núm. 102, impugnada en la demanda.

Por otra parte, es igualmente cierto, que si bien en la escritura de compraventa se hace constar que el adquirente de las propiedades en ella descritas lo fué el demandado G as-par Cruz Texidor y que éste pagó $500 por la finca descrita bajo la letra A, $100 por la descrita bajo la letra B y $400 por la descrita bajo la letra C, la prueba demuestra, no obs-tante, de manera inconcusa que Gaspar Cruz Texidor fué un mero testaferro de Yizearrondo y que la escritura número 102 se otorgó realmente como consecuencia directa de la en-trega y cancelación de los cuatro pagarés hipotecarios a que se hace referencia en la número 101 de igual fecha.

En relación con las rentas de la propiedad descrita bajo la letra C, en la escritura número 102 también se hace cons-tar que ellas serían aplicadas en su totalidad al pago de una sentencia dictada por la Corte Municipal de Carolina en un pleito en cobro de pagaré suscrito por Juana Segunda Latorre y Epifanio Yizearrondo, confiriendo ella a éste autorización para cobrar dichos cánones y aplicar los mismos al pago de esa sentencia, previo el otorgamiento de los correspondientes resguardos. La prueba demostró sin-embargo, que ésa fue una realidad y que si bien Vizcarrondo cobraba tales rentas lo hacía en cumplimiento de un acuerdo celebrado entre la de-mandante y él. Bajo esas condiciones era enteramente ra-zonable que así se hiciera constar en la escritura.

El demandado Gaspar Cruz Texidor admitió no haber pagado cantidad alguna por las propiedades que se le trasmi-tieron, ni estar en posesión de éstas. Pero según ya hemos dicho, la prueba demostró que el traspaso se hizo en conside-ración a la entrega y cancelación de los cuatro pagarés hipo-tecarios, por $1,000 cada uno, otorgados por la demandante a favor de Epifanio Vizcarrondo. Nada había que impidiera que Vizcarrondo cediera al demandado Cruz Texidor su par-ticipación o interés en el contrato de servicios originalmente celebrado entre la demandante y García Mújica. En reali-dad, Vizcarrondo no trasmitió a Cruz Texidor participación o interés algunos en el contrato de servicios. Esa participa-ción o interés ya le habían sido satisfechos por la demandante a Vizcarrondo mediante el otorgamiento de los cuatro pagarés de referencia. Lo que sí trasmitió Vizcarrondo a su code-mandado Cruz Texidor fueron los cuatro pagarés al portador, y esto, naturalmente, podía hacerlo. Es posible que los pa-garés no pasaran físicamente de manos de Vizcarrondo a manos de Cruz Texidor, pero subsiste el hecho incontrovertido de que la escritura a favor de Cruz Texidor se otorgó como secuela de la cancelación de los pagarés. ¿Qué motivos pudo tener Vizcarrondo para que las propiedades garantizadas hi-potecariamente por los pagarés no se le trasmitieran a él? Los autos se ocupan de decirnos que ello se debió al hecho de que para aquel entonces existían desavenencias entre Vizca-rrondo y su esposa y que él no deseaba adquirir bienes en los cuales posiblemente ella tuviera participación. No importa cuán poco loable fuera el proceder de Vizcarrondo al así ac-tuar, él indudablemente podía transferir los pagarés a Cruz Texidor y éste, repetimos, no fué otra cosa que un testaferro de Vizcarrondo al comparecer como adquirente de las propie-dades en la escritura número 102. Ai otorgarse ésta hubo sin duda una simulación. Empero el artículo 1228 del Código Civil, Ed. 1930, provee'que “La expresión de una causa falsa en los contratos dará lugar a la nulidad, si no se probase que estaban fundados en otra verdadera y lícita. ’ ’ La simulación fué clara, pero el contrato de compraventa estuvo fundado en una causa verdadera y lícita. No se cometió el primer error señalado.

No es menester que resolvamos si el contrato celebrado entre la demandante y el abogado García Mújica era o no válido, como tampoco si la demandante y él estaban en pari delicto, ya que no son ésos los fundamentos de la demanda. Ésta, conforme se ba visto, está fundada exclusivamente en la nulidad de la escritura número 102. Es verdad que en su opinión la corte a quo discute con amplitud el contrato de servicios celebrado y llega a la conclusión de que los contratantes estaban en pari delicto. Sin embargo, aun admitiendo a los fines de esta opinión que al así resolver ella estuvo equivocada, la apelación se da contra la sentencia misma y no contra los fundamentos de la opinión. Bianchi Martinez v. Sucn. Bianchi, 67 D.P.R. 594, 601; Escudero v. Mulero, 63 D.P.R. 574, 588 y Cruz v. Carrasquillo, 61 D.P.R. 435. Y ha sido doctrina inalterada de este Tribunal que un apelante no puede variar en apelación la teoría de su caso y de que si así lo hace su recurso o el señalamiento correspondiente serán desestimados: Madera & Hno. Inc. v. Solares & Co., S. en C., 43 D.P.R. 138; Viñas v. Waterman (J.S.) & Co., 43 D.P.R. 951; Serra, Garabís & Co. Inc. v. Municipio, 42 D.P.R. 468; Felicie v. Porto Rico Racing Corp., 38 D.P.R. 475; García v. Díaz, 33 D.P.R. 101; Cortijo v. Rosario, 33 D.P.R. 431; Calderón v. Reyes, 31 D.P.R. 273; P. R. Benevolent Society v. Mun. de Ponce et al., 28 D.P.R. 824; Figueroa v. Figueroa et al., 23 D.P.R. 438; Sucesión Orcasitas v. Sucesión Orcasitas, 21 D.P.R. 113; Coto v. Rafas et al., 18 D.P.R. 508; y Montilla v. Van Syckel et al., 8 D.P.R. 160

Conforme indicamos, la Corte inferior dictó sentencia declarando sin lugar la demanda en todas sus partes. Sus conclusiones de hecho están sostenidas por la prueba, y una lectura cuidadosa de ésta no nos convence de que ella cometiera manifiesto error en la apreciación de la misma o actuara movida por pasión, prejuicio o parcialidad. No debemos, por ende, alterar sus conclusiones. Pueblo v. Santos, 67 D.P.R. 650; Ramos v. Rosario, 67 D.P.R. 683, 690 y casos citados.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

      (1) Vizcarrondo falleció y por orden de 15 de enero de 1946 la Corte de Distrito sustituyó a su Sucesión por éste.

      (2) Véase el artículo 1716 del Código Civil, Ed. 1911, artículo 1713, Ed. 1930.


text:
    José Correa Álvarez, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Bayamón, recurrido.
    Núm. 1222.
    Sometido: Noviembre 3, 1917.

      Resuelto: Noviembre 21, 1947.

      Ángel Rivera Colón, abogado del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Marrero

emitió la opinión del. tribunal.

La escritura de venta judicial otorgada en 12 de marzo de 1947 en la ciudad de Bayamón bajo el número 57 ante el no-tario Ángel Rivera Colón fué inscrita por el Registrador de la Propiedad de aquel Distrito “ con el defecto subsauable de no acreditarse el carácter de herederos que ostentan Andrés San Miguel González y Amparo Salgado de Pedro Ángel San Miguel. ’ ’

Insiste el recurrente José Correa Alvarez, comprador de la propiedad objeto de la referida escritura, en que el párrafo segundo del artículo 18 de la Ley Hipotecaria() no confiere facultades al Begistrador para apreciar los fundamentos de las resoluciones judiciales y en que la consignación de dicho defecto está en pugna con lo resuelto por este Tribunal en el caso de Federal Land Bank v. Registrador, 49 D.P.R. 149.

Es cierto que en innumerables ocasiones hemos decidido que de acuerdo con el citado párrafo del indicado artículo “la calificación por el Begistrador de documentos ex-pedidos por la autoridad judicial sólo alcanza a si el juez era o no competente por razón de la materia, la naturaleza y efecto de la resolución, si ésta se dictó en el juicio correspondiente, si en él se observaron los trámites y preceptos esenciales para su validez y si el documento contiene las circunstancias todas que según la Ley Hipotecaria son necesarias para su inscripción.” Sucesión Trías v. Registrador, 59 D.P.R. 460, 466 y Valiente v. Registrador, 63 D.P.R. 149, 154. Igualmente, que el Begistrador puede inquirir en cuanto a la jurisdicción con que se dictó la resolución o sentencia cuya inscripción o anotación se solicita y si el procedimiento fué el marcado por la ley. Santos v. Registrador, 60 D.P.R. 135 y Sucn. Estrella v. Registrador, 41 D.P.B. 756. Y que dicho funcionario no tiene poder para revisar las cuestiones de he-clio o de derecho resueltas por las cortes de distrito. Caballero v. Registrador, 35 D.P.R. 617. Empero, también hemos resuelto que todo ello no significa que los Registradores no tengan potestad para denegar la inscripción cuando en las resoluciones judiciales no consta que se ha cumplido con los •requisitos exigidos por la ley como condición precedente para dictarlas. Taboada v. Registrador, 26 D.P.R. 662.

En la escritura objeto del defecto a que antes se ha hecho mención se copia en su integridad la sentencia dictada por la Corte de Distrito de Bayamón en un pleito sobre eje-cución de hipoteca por la .vía ordinaria, iniciado por José Correa Álvarez contra la Sucesión de Pedro Ángel San Miguel. En dicha sentencia, luego de hacerse constar que el demandante reclama el pago de un crédito hipotecario cons-tituido por Pedro Ángel San Miguel en 23 de octubre 1943 por la suma de $1,400 de capital, más intereses al 8 por ciento anual y una suma adicional fijada en $150 para responder de costas, gastos y honorarios de abogado en caso de reclamación judicial, que los demandados .contestaron la demanda e hi-cieron una oferta de sentencia, se dice que las partes radi-caron una estipulación para que se dictara sentencia de acuerdo-con la Regla 68 de las de Enjuiciamiento Civil para las Cortes de Puerto Rico y que “la corte, con vista de la es-tipulación antes mencionada, dicta sentencia y condena a la Sucesión de Pedro Ángel San Miguel, compuesta de sus padres legítimos Andrés San Miguel Gomales y Amparo Salga-do a pagar al demandante José Correa Álvarez, la suma de $1,100 de capital, $300 por concepto de intereses devengados hasta el día 1 de agosto de 1946, los que se devenguen desde dicha fecha hasta su total pago al tipo del 8 por ciento anual y $100 para costas, gastos y honorarios de abogado.” (Bas-tardillas nuestras.) De la faz de la sentencia se nota en se-guida que la corte no tuvo ante ella prueba de clase alguna tendiente a demostrar quiénes eran realmente los herederos del deudor original, y que de acuerdo con la estipulación, y copiando probablemente del título del procedimiento, mera-mente hizo constar en la sentencia que la Sucesión del deudor estaba “compuesta de sus padres legítimos Andrés San Miguel González y Amparo Salgado.”

No hay duda de que los herederos del finado eran solida-riamente responsables de las obligaciones de éste. Morales v. Cabrera, 53 D.P.R. 94. Tampoco la hay de que en ejecu-ciones de hipotecas por la vía ordinaria o sumarísima, no es menester que los bienes hipotecados consten previamente ins-critos a favor de los herederos del deudor para que pueda inscribirse la escritura judicial de venta a favor del adqui-rente. Federal Land Bank v. Registrador, supra. Ni de que en casos de esta naturaleza la declaratoria de herederos no tiene por necesidad que tramitarse independientemente y en armonía con las disposiciones de la Ley de Procedimientos Legales Especiales, () sino que puede presentarse prueba a tal efecto dentro del propio procedimiento ejecutivo. Morales v. Landráu, 15 D.P.R. 782, 797. Sin embargo, sí es indispensable que en tales procedimientos haya prueba demos-trativa de quiénes son los herederos del causante. Ginorio v. Registrador, 50 D.P.R. 400. ()

Conforme indicamos más arriba, el recurrente hace hin-capié en el caso de Federal Land Bank v. Registrador, supra, y sostiene que la previa inscripción a favor de los herederos no es necesaria para que se inscriba una propiedad adquirida en venta judicial. Estamos de acuerdo, mas • contrario a lo que alega, en Ginorio v. Registrador, supra, hicimos constar claramente a la página 403 que dicho caso “no resolvió que no era necesario identificar los herederos.”

El recurso de Zayas v. Registrador, 36 D.P.R. 785, se nos asemeja mucho al presente. Allí, al igual que en éste se dictó sentencia por estipulación y el Registrador inscribió también con defecto subsanable. Este Tribunal dijo, a la página 789:

“. . . cl registrador tenía autoridad para examinar si la corte inferior tuvo jurisdicción para dictar sentencia por transacción entre las partes y condenar a Juan y Juana Eolón Santiago para ratificar la venta en nombre de sus consortes.
“. . . En los casos que citan los recurrentes de Coy v. Registrador, 22 D.P.R. 432, y Ortiz v. Registrador, 23 D.P.R. 702, lo que se re-suelve es lo mismo que admite el registrador en sentido de no ser ne-cesaria la inscripción a favor de los herederos, quienes cumplen una obligación del causante; pero en modo alguno se releva a los herederos de acreditar su carácter de tales. El registro es una institución para la protección de terceros y la admisión de las partes en un pleito so-bre ratificación de cierta venta, en la forma que aparece de este re-curso, podría afectar a personas posiblemente interesadas en los -bie-nes vendidos, sin que hayan tenido su día en corte. La declaración de herederos en este caso era un trámite necesario y el registrador estuvo en lo cierto exigiendo que se acreditara ante él dicho extremo.” (Bastardillas nuestras.)

Desprendiéndose de la faz de la sentencia que ésta fué dictada sin que la corte tuviera ante sí prueba de clase al-guna para concluir quiénes eran realmente los herederos del deudor hipotecario original, procede la confirmación de la nota recurrida.

Se dictará resolución de conformidad.

      (*)''Artículo 18. Los Begistradofes calificarán bajo su responsabilidad la legalidad de las escrituras en cuya virtud se solicite la inscripción y la capacidad de los otorgantes por lo que resulte de las mismas escrituras.
      Del mismo modo calificarán, bajo su responsabilidad y para el único efecto de admitir, suspender o negar su inscripción o anotación, todos los documentos expedidos por la Autoridad judicial.
      Contra la suspensión o denegación de inscripción o anotación preventiva no se darán más recursos que los señalados en esta ley, sin que los Jueces o Tribu-nales puedan obligar en otra forma a los Begistradores a que inscriban o anoten en virtud de documentos judiciales.”

      (2)Arts. 552 et seq. del Código de Enjuiciamiento Civil, Ed. de 1933..

      (3) Cf. Santos v. Registrador, 64 D.P.R. 801, 803; Schlüter v. Registrador, 37 D.P.R. 702.


author: E¡l Juez Presidente Señor Travieso

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Joaquín Vidal Márquez, acusado y apelante.
    Núm. 12259.
    Sometido: Noviembre 3, 1947

      Resuelto: Noviembre 24, 1947.

      Carlos E. Colón, abogado del apelante; Ilon. Procurador General Luis Negrón Fernández y Joaquín Correa Suárez, Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   E¡l Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Joaquín Vidal Márquez fue acusado de un delito de in-fracción a la Ley Insular de Suministros núm. 228 de 1942 ( (2) pág. 1269), artículo 10, inciso A, en relación con la Or-den Administrativa núm. 87 del Administrador General de Suministros de 4 de agosto de 1946, porque allá por uno de los días del mes de agosto de 1946 violó lo dispuesto en la ley y la orden administrativa ya mencionada al vender al Sr. Fernando Ripoll para su consumo propio, inedia libra de manteca de cerdo (de latón) en la cantidad de 40 centavos, o sea, a ra-zón de 80 centavos libra, el cual era un precio mayor al de 30 centavos la libra al consumidor, que era el precio autori-zado. ■ Se celebró juicio y el acusado fué convicto del delito imputado condenándosele a tres meses de cárcel y $10 de multa sin costas. De esta sentencia ajDela el acusado para ante este Tribunal alegando como primer señalamiento “que la corte inferior cometió grave error a quo al declarar al acusado culpable y convicto de un delito completamente dis-tinto al imputádole en la acusación, por lo que la sentencia apelada es nula de toda nulidad. ’ ’

No tiene razón el acusado apelante. De la transcripción de autos aparece que la corte a quo declaró al acusado culpable y convicto del delito que se le imputaba en la acusación. La acusación le imputaba un delito por infracción a la Ley de Suministros núm. 228 de 1942, artículo 10, inciso A, en relación con la Orden Administrativa núm. 87 del Administrador General de Suministros de 4 de agosto de 1946. No se ba cometido el error señalado.

Como segundo y tercer señalamientos el acusado apelante alega, primero “que la corte inferior cometió grave error a quo al declarar sin lugar la excepción perentoria de falta de jurisdicción interpuesta por el acusado en el presente caso y la que por la presente se reproduce en apelación por ser privilegiada” y segundo “que tanto la corte inferior como este Honorable Tribunal en apelación carecen de jurisdicción para declarar culpable y convicto al acusado de una infracción a la Orden Administrativa núm. 87 del Administrador General de Suministros de 4 de agosto de 1946, en relación con la Ley núm. 228 de 1942 por ser dicho reglamento núm. 87 de 4 de agosto de 1946 nulo y anticonstitucional.” Procederemos a discutir conjuntamente ambas alegaciones tal como lo ha hecho el acusado apelante, ya que los mismos envuelven una sola cuestión, a saber: la nulidad de la orden administrativa cuya violación se le imputa al acusado.

Sostiene el acusado apelante que la orden administrativa es nula y anticonstitucional porque la misma, al imponer pre-cios máximos a la manteca, viola la política pública del Con-greso de los Estados Unidos, según la misma fue esbozada en la Ley Prorrogando el Control de Precios, de 25 de julio de 1946 (Public Law 548, 79th Congress) en su sección 3, sub-seceión 1A y porque dicho reglamento, al imponer un precio máximo a la venta al detall de la manteca violó lo dispuesto por el Congreso Federal en la referida Ley de Prórroga de 25 de julio de 1946 en su sección 3, párrafo 8, subpárral'o (a) y por lo tanto, estando en abierto conflicto con dicha legisla-ción federal, es nnla o a lo sumo estaba en suspenso durante el período que se alega se cometió el delito imputado.

En la sección 3-8 (A) de la ley ya mencionada, el Congreso Federal dispuso que:

“Ningún precio máximo y ningún reglamento u orden promulgada bajo esta Ley o la Ley de Estabilización de 1942, según fue enmen-dada, será aplicable con anterioridad a agosto 21, 1946, en relación con ganado, leche o alimentos o productos alimenticios cuya elabora-ción o manufactura proceda en todo o en parte sustancial de ganado o leche ...”

La Ley Federal de Control de .Precios expiró el 30 de junio de 1946 y no fue hasta el 25 de julio' de ese mismo año que el Congreso actuó para ponerla en vigor nuevamente con ciertas enmiendas, entre ellas, que se eliminaran los contro-les sobre el precio a productos procesados y elaborados del ganado, hasta agosto 21, 1946, fecha en que el “Price Decontrol Board” podría, en su discreción, determinar si pro-cedía o no reimponer los controles. (See. 3-8(A), supra.y De modo que la sección antes transcrita sólo habla de descon-trol bajo la Ley de Precios Federal. Sin embargo, la misma ley, al referirse a alquileres, dispone expresamente que mien-tras rija la reglamentación federal, no habrá control' de al-quileres por los gobiernos de los estados. Latoni v. Corte Municipal, 67 D.P.R. 140. Si el Congreso creía conveniente y lo que perseguía era un descontrol total, y no meramente un descontrol federal, fácil le hubiera sido hacerlo, como lo hizo con respecto a alquileres en la misma Ley. En otras pala-bras, creemos que el Congreso solamente perseguía un des-control federal en cuanto a productos procesados del ganado se refiere porque, de lo contrario, lo hubiese dispuesto expre-samente como lo hizo con respecto a alquileres. Siendo esto así, los productos procesados del ganado, como lo es la man-teca, no estaban cubiertos por la Ley Federal de Precios de julio 25 de 1946, y, por consiguiente, estaban sujetos a regla-mentación por el Administrador General de Suministros, si así lo creía conveniente, bajo la autoridad conferí dale por la Ley 228 de 2942. Por lo expuesto, resolvemos que la orden administrativa aquí aludida, es válida y constitucional. Pueblo v. Leandry, ante, pág. 658.

Se confirmará ¡a sentencia a-pelada.