text:
    Ángel L. Rivera Santiago, recurrido, v. Municipio de Ceiba, peticionario.

      Número: CC-2005-1027

      Resuelto: 3 de mayo de 2007

      Antonio Bauzá Torres, abogado de la parte peticionaria; Josué Daniel De León Rodríguez, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Presidente Señor Hernández Dentón

emitió la opinión del Tribunal.

El Municipio de Ceiba (Municipio) recurre de una sentencia del Tribunal de Apelaciones que declaró nulo el Reglamento de la Policía Municipal de Ceiba y todos los actos proscritos en virtud de éste, por no haberse cumplido con lo dispuesto en la ley de los municipios autónomos. En vista de que el proceso de reglamentación del cuerpo de la policía municipal se rige por la Ley Núm. 19 de 12 de mayo de 1977, según enmendada, denominada Ley de la Policía Municipal, y no por la ley de los autónomos, revocamos la sentencia recurrida.

I

El Sr. Ángel Rivera Santiago (Rivera Santiago) se desempeñaba como policía municipal del municipio de Ceiba. Luego de aproximadamente siete años de servicio, el Municipio le notificó mediante una carta la decisión de destituirlo de forma inmediata de su puesto por alegadamente haber incurrido en faltas graves, según éstas se describen en el Reglamento de la Policía Municipal de Ceiba, aprobado por la Ordenanza Municipal Núm. 18 de 8 de junio de 1999 (Reglamento de la Policía Municipal).

En respuesta a esa misiva, Rivera Santiago solicitó una vista administrativa ante un oficial examinador externo. En su comparecencia, cuestionó la validez del Reglamento de la Policía Municipal y solicitó que se decretase su nulidad ab initio por no haberse cumplido el requisito de presentación ante el Departamento de Estado y la Biblioteca Legislativa, según lo exige la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (L.P.A.U.). Sostuvo que tal deber aplicaba a los reglamentos de personal municipal por virtud del Art. 12.002, renumerado como el Art. 11.002 de la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991 (Ley de Municipios Autónomos), 21 L.P.R.A. see. 4552, que establece que los procesos de reglamentación y adjudicación con respecto al personal municipal estarán sujetos a las disposiciones de la L.P.A.U. En apoyo a su alegación, presentó una certificación del Departamento de Estado que hacía constar que, al presente, el Municipio no había presentado ante dicho departamento el Reglamento de la Policía Municipal. Por consiguiente, solicitó que se dejase sin efecto la destitución decretada en su contra.

Por su parte, el Municipio sostuvo que los gobiernos municipales estaban exentos de cumplir con las disposiciones de la L.P.A.U., en virtud de la exclusión expresa incluida en la Sec. 1.3 de dicha ley, 3 L.P.R.A. see. 2102. Además, adujo que el Reglamento de la Policía Municipal no aplica al personal municipal, por lo que no está sujeto al Art. 11.002 de la Ley de Municipios Autónomos, supra. Sostuvo que, por el contrario, el proceso de reglamentación de la policía municipal se rige exclusivamente por las disposiciones de la Ley Núm. 19 de 12 de mayo de 1997 (21 L.P.R.A. see. 1061 et seq.), según enmendada, denominada Ley de la Policía Municipal, de la cual no surge el requisito de presentación ante el Departamento de Estado ni ningún otro de los que se establecen en la L.P.A.U. Sólo se exige para la validez del reglamento que éste haya sido aprobado y ratificado por el Superintendente de la Policía estatal.

Antes de culminar los procesos administrativos, Rivera Santiago acudió al Tribunal de Apelaciones por tratarse de una controversia de derecho en la que se impugnaba la validez de un reglamento adoptado sin observar los requisitos de ley. El Tribunal de Apelaciones asumió jurisdicción y decretó la nulidad ab initio del Reglamento de la Policía Municipal por no haberse cumplido con los requisitos para el proceso de reglamentación que dispone la L.P.A.U., en particular el requisito de presentación ante el Departamento de Estado. Acto seguido, el foro intermedio ordenó la restitución de Rivera Santiago a su puesto de policía municipal y el pago de los salarios y beneficios dejados de devengar mientras duró la suspensión indebida.

Insatisfecho, el Municipio acude ante nos mediante el recurso de epígrafe. En éste, reitera su argumento en cuanto a que el Reglamento de la Policía Municipal no se rige por el procedimiento dispuesto en la L.P.A.U. Sostiene que el Tribunal de Apelaciones erró al decretar la nulidad del Reglamento de la Policía Municipal por no haberse sometido ante el Departamento de Estado, y al decretar la restitución inmediata de Rivera Santiago.

II

De entrada, debemos examinar la aplicabilidad de las disposiciones de la L.P.A.U. a los gobiernos municipales. La L.P.A.U. se centra en aquellos organismos que controlan y regulan las operaciones administrativas del Gobierno. Se refiere a las llamadas “agencias administrativas”, que son parte de la Rama Ejecutiva del Gobierno. D. Fernández Quiñones, Derecho administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da ed., Bogotá, Ed. Forum, 2001, pág. 9. La Sec. 1.3 de la L.P.A.U., supra, define de forma amplia lo que constituye una agencia y, acto seguido, excluye las entidades que no están sujetas a sus disposiciones. En esa lista se encuentran los gobiernos municipales o sus entidades o corporaciones. 3 L.P.R.A. see. 2102. Así, pues, la propia L.P.A.U. exime a los municipios de cumplir con sus requisitos y procedimientos. Por lo tanto, de existir una obligación por parte de los municipios de observar el procedimiento de reglamentación dispuesto en la L.P.A.U., en particular el deber de someter los reglamentos ante el Departamento de Estado y la Biblioteca Legislativa, tiene que surgir de otra disposición legal. Veamos.

Sobre este extremo, el Art. 11.001 de la Ley de Municipios Autónomos, supra —que forma parte del capítulo dirigido al personal municipal— dispone que los procedimientos de reglamentación y adjudicación con respecto al personal municipal estarán sujetos a las disposiciones de la L.P.A.U. Así pues, se establece una excepción a la See. 1.3 de la L.P.A.U., supra, que excluye a los gobiernos municipales y a sus entidades o corporaciones del alcance de la ley.

Sin embargo, resulta pertinente señalar que la obligación de observar los requisitos de la L.P.A.U. en los procesos de reglamentación se limita exclusivamente a los reglamentos relacionados con el personal municipal y no a todo proceso de reglamentación llevado a cabo por el Municipio. En vista de esto, debemos resolver si el proceso de reglamentación de la policía municipal se rige por lo dispuesto en el citado Art. 11.002 para el personal municipal o si, por el contrario, es el tipo de reglamento que no debe remitirse a la L.P.A.U. para su aprobación. Para llegar a una conclusión al respecto, es preciso determinar si a los miembros de la policía municipal les aplica la normativa de personal contenida en la Ley de Municipios Autónomos, que es precisamente de donde único surge tal obligación.

III

El Art. 3.009(m) de la Ley de Municipios Autónomos establece la facultad del alcalde para “[dfiseñar, formular y aplicar un sistema de administración de personal para el municipio, de acuerdo con las disposiciones de este subtítulo [refiriéndose a la ley de los municipios] y de los reglamentos adoptados en virtud del mismo”. 21 L.P.R.A. sec. 4109(m). Así, cada municipio establecerá un sistema autónomo para la administración del personal municipal que se regirá por el principio del mérito y deberá ser cónsono con las guías que prepare la Oficina de Recursos Humanos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Art. 11.001 (21 L.P.R.A. sec. 4551). La ley ordena la adopción de un reglamento uniforme de administración de personal que contenga un Plan de Clasificación de Puestos y de Retribución Uniforme, un sistema de reclutamiento, selección y reglamentación sobre adiestramiento. íd. A esos fines, se incluyen una serie de disposiciones que especifican la estructura, la composición, el estado legal, la clasificación de puestos y la retribución del personal, entre otras cosas. En particular, se incorpora la obligación de sujetar los procedimientos de reglamentación y adjudicación del personal municipal a la L.P.A.U. Art. 11.002 de la Ley de Municipios Autónomos, supra.

Por otra parte, en una disposición separada se establece la facultad del municipio de “[o]rganizar y sostener un Cuerpo de Policías Municipales en conformidad con lo establecido en la sees. 1061 et seq. de este título, conocidas como ‘Ley de la Policía Municipal’ ”. (Énfasis suplido.) Art. 2.004(d) de la Ley de Municipios Autónomos, 21 L.P.R.A. see. 4054. La Ley de la Policía Municipal fue aprobada para autorizar a los municipios a crear un organismo civil de orden público denominado “policía municipal”, que actuara en estrecha coordinación con la policía estatal, y a determinar todo lo relativo a su organización, funcionamiento, dirección y administración. En particular, con relación a la administración de los recursos humanos, la propia ley dispuso que “se regirá por lo dispuesto en este capítulo y la reglamentación que en virtud de la misma se adopte”. See. 3 (21 L.P.R.A. see. 1063). Advertimos que la propia Ley de la Policía Municipal dispone que todo lo relacionado con el personal de este cuerpo estará sujeto a sus disposiciones.

Además, la See. 7 de la Ley de la Policía Municipal, 21 L.P.R.A. see. 1067, faculta al alcalde para determinar mediante reglamento emitido por el gobierno municipal y “de conformidad con lo dispuesto en este capítulo”, las normas de ingreso, reingreso, adiestramiento, cambios, ascensos y otros, mediante un sistema de exámenes, evaluación e investigación similar al de la policía estatal. La ley dispone que la ubicación y las funciones de los miembros del cuerpo se liarán conforme a un sistema uniforme de rangos. See. 4 (21 L.P.R.A. sec. 1064). Las normas así incluidas deben ser cónsonas con los requisitos establecidos mediante reglamento por el Departamento de la Policía. Id. Tanto es así, que se establece que los candidatos que no sean admitidos a la policía estatal por no haber aprobado los requisitos de ese cuerpo, no podrán solicitar ingreso al cuerpo de la policía municipal. íd. Por otro lado, la ley incluyó todo lo relacionado con las acciones disciplinarias como resultado de las faltas cometidas por los policías municipales.

Por lo tanto, del lenguaje claro y contundente de la propia Ley de Municipios Autónomos surge que la organización y el sostenimiento de la policía municipal, que incluye todo lo relativo a la administración de su personal, se rige por lo establecido en la Ley de la Policía Municipal. Dicho de otro modo, la fuente legal para la administración del personal municipal es distinta de la que rige la administración de la policía municipal. Por otro lado, nos percatamos de que ambas piezas legislativas contemplan esquemas uniformes para la administración de su propio personal. Así, la Ley de Municipios Autónomos dis-pone para la adopción de un reglamento uniforme para atender los diferentes aspectos relacionados al personal municipal, mientras que la Ley de la Policía Municipal ordena, por ejemplo, la adopción de un sistema uniforme de rangos. Claramente, el cuerpo de la policía municipal, por su naturaleza y funciones, no puede formar parte del sistema uniforme que cobija al resto del personal municipal.

Por otro lado, observamos una tendencia del legislador a distanciar los procesos aplicables a los policías municipales de los que gobiernan al resto del personal municipal. Mediante la Ley Núm. 238 de 30 de agosto de 2000, se le concedió jurisdicción exclusiva a la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación para resolver las apelaciones interpuestas en acciones disciplinarias contra un miembro de la policía municipal. En esa misma ley se establece de forma detallada el proceso de apelación y los derechos que asisten a los apelantes. Por otro lado, en el Art. 11.002 de la Ley de Municipios Autónomos, supra, se establece que el organismo apelativo del personal municipal será la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal Municipal, hoy conocida como Comisión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos del Servicio Público.

De hecho, recientemente nos pronunciamos sobre la relación entre la Ley de Municipios Autónomos y la Ley de la Policía Municipal en el contexto de un proceso disciplinario contra un policía municipal. En Ortiz v. Municipio San Juan, 167 D.P.R. 609, 621-622 (2006), señalamos que

... entre las facultades conferidas al Alcalde por el referido estatuto [Ley de Municipios Autónomos] se encuentra la autoridad general de imponer acciones disciplinarias a los empleados del Municipio. No obstante, el esquema configurado por la Asamblea Legislativa para atender la indisciplina de los policías municipales no surge de esta última pieza legislativa, sino de la Ley Núm. 19, según ha sido enmendada. ...
Estamos, pues, ante un ordenamiento jurídico particular que no fue suplido por la Ley de Municipios Autónomos. (Enfasis suplido.)

Así pues, resolvimos que los casos de indisciplina de los policías municipales se rigen por la normativa contemplada en la Ley de la Policía Municipal. No vemos razón para que otro sea el resultado en los procesos de reglamentación dirigidos a los miembros de la policía municipal; sobretodo, cuando el lenguaje de la Ley de Municipios Autónomos es claro y preciso en cuanto a que la organización y el sostenimiento del cuerpo de policías municipales se rige por la Ley de la Policía Municipal y ésta, a su vez, dispone que todo lo relacionado a la administración de los recursos humanos se regirá por lo allí dispuesto.

Sobre el proceso de reglamentación de la policía municipal, la Ley de la Policía Municipal reconoció la facultad del alcalde de promulgar un reglamento con el fin de determinar, entre otras cosas, las obligaciones, responsabilidades y conducta de sus miembros. Asimismo, estableció un proceso específico y detallado para su aprobación. A tales efectos dispuso, en lo pertinente, que

[e]l Superintendente de la Policía Estatal ratificará el reglamento en un término no mayor de (60) días. Cuando el reglamento no sea ratificado por el Superintendente, éste tendrá que exponer las razones y acciones correctivas para que el mismo pueda ser ratificado. El alcalde tendrá un término no mayor de 30 días para introducirle enmiendas al reglamento y someterlo al Superintendente para su ratificación. La legislatura municipal aprobará en un término no mayor de (30) días y con el voto de dos terceras (2/3) partes de sus miembros, el reglamento que someta el alcalde para estos propósitos. Disponiéndose, que hasta tanto dicho reglamento no sea aprobado y ratificado por el Superintendente, no podrá entrar en vigor el Cuerpo denominado como Policía Municipal. El Alcalde queda autorizado para introducir enmiendas al reglamento siguiendo las mismas normas y procedimientos anteriormente establecidos para la aprobación del mismo. See. 5 de la Ley de la Policía Municipal, 21 L.P.R.A. see. 1065.

Es de notar que el ordenamiento antes discutido confiere gran participación e intervención al Superintendente de la Policía estatal en el proceso de reglamentación de la policía municipal. Tanto es así, que la ley requiere de su ratificación para la validez del reglamento promulgado. Entendemos que tal requisito se incluyó para asegurar cierta uniformidad entre los cuerpos de la policía municipal y la policía estatal.

En vista de lo anterior, consideramos que el proceso contemplado en la See. 5 de la Ley de la Policía Municipal, supra, no puede sustituirse por otro dirigido al resto del personal municipal. No podemos incorporar requisitos establecidos en otra ley ni omitir aquellos que el legislador quiso incluir, con el efecto final de alterar el esquema contemplado por el legislador. Resolvemos, pues, que el proceso de reglamentación de la policía municipal se rige por lo dispuesto en la Ley de la Policía Municipal y no por el Art. 11.002 de la Ley de Municipios Autónomos, supra. Esto es la consecuencia de que el cuerpo de la policía municipal se rija por un ordenamiento particular, según lo exige la propia Ley de Municipios Autónomos y la Ley de la Policía Municipal.

A la luz de lo anterior, examinemos la validez del Reglamento de la Policía Municipal de Ceiba y de las acciones tomadas contra el policía municipal Rivera Santiago al amparo del mismo.

IV

En virtud de la facultad conferida al alcalde para promulgar todo los reglamentos que estime necesarios para la administración de la policía municipal, y siguiendo el proceso de reglamentación establecido en la See. 5 de la Ley de la Policía Municipal, supra, se promulgó el Reglamento de la Policía Municipal de Ceiba para establecer un conjunto de normas éticas con el fin de guiar la conducta de los integrantes del cuerpo. Así se expresó en el preámbulo la necesidad de establecer una normativa dirigida ex-clusivamente a la policía municipal para determinar la organización específica del cuerpo, las responsabilidades de los integrantes y los requisitos específicos para los nombramientos, entre otras cosas.

Conforme a lo anterior, se estableció un procedimiento para la tramitación de faltas. En específico, se enumeraron las faltas de naturaleza grave y el trámite aplicable para atenderlas. Asimismo, en el Art. VIII del Reglamento de la Policía Municipal de Ceiba se incluyeron las sanciones disciplinarias en caso de un incumplimiento, como la expulsión, la degradación o la suspensión sin sueldo por un periodo que no excederá de tres meses. Tales sanciones se ajustan a lo autorizado por la Ley de la Policía Municipal. Sec. 10 (21 L.P.R.A. sec. 1070).

Al amparo de la facultad conferida y en conformidad con el proceso contemplado para la tramitación de faltas graves, el Comisionado de la Policía Municipal de Ceiba recomendó la destitución del policía municipal Rivera Santiago por la comisión de cuatro faltas graves según descritas en el Art. VIII del Reglamento de la Policía Municipal. Tal acción estuvo enmarcada dentro de las facultades conferidas por el Reglamento de la Policía Municipal y al amparo de un reglamento válido por haberse promulgado siguiendo el proceso dispuesto en la Ley de la Policía Municipal.

V

En conclusión, revocamos la Sentencia del Tribunal de Apelaciones que declaró nulo el Reglamento de la Policía Municipal de Ceiba y todos los actos proscritos en virtud de éste. Al hacerlo, resolvemos que los cuerpos de la Policía Municipal, incluyendo el de la Policía Municipal de Ceiba, se rigen por el ordenamiento provisto en la Ley de la Policía Municipal.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri concurrió con el resultado sin opinión escrita.

       De dicha notificación surgen los hechos que dieron lugar a la sanción disciplinaria y que transcribimos a continuación:
      “En el mes de junio 2004 [Rivera Santiago] visitó el negocio ‘Bungaloo Liquor Store’ ubicado en el Centro Comercial Cuita Soto en la Avenida Lauro Pinero Pinero 110, Ceiba PR, perteneciente al señor Joel O. Díaz Ávila. Durante esa visita [Rivera Santiago] le pidió prestado la cantidad de $30.00 dólares y a cambio le entregó su Licencia de Portación de Armas como Policía Municipal, expedida por el Superintendente de la Policía.” Apéndice, pág. 58.

       Debemos señalar que después de haberse presentado este recurso ante nosotros, otro panel del Tribunal de Apelaciones resolvió esta misma controversia, sosteniendo la validez del reglamento impugnado. En Sgto. Manuel González Rodríguez
        lí. Municipio de Ponce, 2006 WL 2645224, se resolvió que el Art. 12.002 (renumerado Art. 11.002) de la Ley de Municipios Autónomos, 21 L.P.R.A. see. 4552, va dirigido al personal civil y no a la policía municipal. Además, allí se determinó que las reglas dirigidas a la administración interna de la agencia no requieren cumplir con los procedimientos de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (L.P.A.U.).

         Es pertinente señalar que el requisito de ratificación por el Superintendente de la Policía fue introducido mediante enmienda en el 1996, luego de la vigencia de la L.P.A.U. y de la ley municipal. En otras palabras, nuestra conclusión a los efectos de que la Ley de la Policía Municipal es la que rige en cuanto a los procedimientos aplicables a la policía municipal, se fortalece ante este hecho.

       Del propio Reglamento de la Policía Municipal de Ceiba surge la autoridad legal conferida al alcalde en virtud de la Ley de la Policía Municipal y no de la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991.

       Del expediente surge la ratificación por el Superintendente de la Policía, Pedro Toledo Dávila, con fecha de 4 de septiembre de 1998 y la Ordenanza Núm. 18 aprobada por la Asamblea Municipal de Ceiba el 8 de junio de 1999. Véase Apéndice, págs. 66-67.


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text:
    Jorge L. Centeno Rodríguez, recurrido, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Secretario de Justicia, peticionarios.

      Número: CC-2006-188

      Resuelto: 3 de mayo de 2007

      Salvador J. Antonetti Stutts, procurador general, y María Astrid Hermández Martín, procuradora general auxiliar, parte peticionaria; Héctor Landrón Hernández, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Presidente Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

El caso de autos nos brinda la oportunidad de determinar si procede imponerle al Estado la obligación de conceder un remedio al demandante que prevalece en la acción de impugnación de la confiscación de su vehículo de motor, aun cuando dicho vehículo carece del número de identificación de una pieza. Tras un detenido análisis, respondemos que sí.

I

En julio de 2004 el Estado ocupó un vehículo de motor marca Lexus, modelo IS 400, de 1990, correspondiente a la tablilla GAX-952 y registrado en la División de Vehículos de Motor del Departamento de Transportación y Obras Públicas a nombre del Sr. Jorge L. Centeno Rodríguez. Dicho vehículo se ocupó por alegadamente haberse usado mientras se cometía una violación al Art. 404 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. see. 2404. Como resultado de la ocupación, en agosto de 2004 el Negociado de Investigaciones de Vehículos Hurtados de la Policía expidió el certificado de inspección correspondiente, el cual reveló que al vehículo le faltaba el número de identificación de la tapa del baúl. No obstante, en el certificado se hizo constar que “todo lo demás [estaba] en completo orden”. Apéndice, pág. 65.

En virtud de lo anterior, el Departamento de Justicia procedió a la confiscación del vehículo, de acuerdo con el Art. 2 de la Ley Uniforme de Confiscaciones, 34 L.P.R.A. sec. 1723a. La orden de confiscación, notificada adecuadamente al señor Centeno Rodríguez, señaló que el vehículo se encontraba en violación de varias disposiciones de la Ley de Arbitrios, 13 L.P.R.A. sec. 8140(a)(7)(D), la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular, 9 L.P.R.A. see. 3213(3), y la Ley Uniforme de Confiscaciones. Por otra parte, el Estado le imputó al señor Centeno Rodríguez unos cargos criminales por la alegada violación a la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, aunque éstos fueron desestimados conforme a la Regla 64(n)(6) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II.

En el ínterin, el señor Centeno Rodríguez presentó una acción civil ante el Tribunal de Primera Instancia para impugnar la validez de la confiscación efectuada. Celebrada la vista correspondiente, el foro de instancia emitió una breve sentencia mediante la cual concluyó que el señor Centeno Rodríguez había importado el vehículo confiscado, cumpliendo todos los requerimientos de ley y que, luego de la importación, el vehículo no había sido alterado de forma alguna. Además, resolvió que la confiscación no procedía, por lo que decretó “con lugar” la demanda de impugnación conforme a la Ley Uniforme de Confiscaciones. Finalmente, le ordenó al Estado devolver el vehículo confiscado o, en su defecto, pagar el valor de tasación del automóvil —equivalente a la suma de $2,100, más los intereses correspondientes— en caso de que éste no estuviese en posesión del Departamento de Justicia o de la Policía de Puerto Rico.

Insatisfecho con el dictamen, el Procurador General, en representación del Estado, acudió ante el Tribunal de Apelaciones. Dicho foro modificó la sentencia recurrida para eliminar el remedio de la devolución del vehículo a su dueño registral. A estos efectos, el tribunal intermedio concluyó que el único remedio disponible ante la improcedencia de la confiscación era el pago del valor de tasación del automóvil, ya que al señor Centeno Rodríguez no se le podía devolver su vehículo debido a que éste estaba impedido de transitar por las vías públicas por la falta del número de identificación de una pieza.

Aún inconforme, el Procurador General acude ante nos. Aduce que erró el Tribunal de Apelaciones al determinar que, aunque no procede la devolución del vehículo confiscado por las circunstancias descritas, le corresponde al Estado pagar el importe de su tasación. En esencia, el Procurador General sostiene que el señor Centeno Rodríguez carece de remedio, ya que su vehículo es ilegal per se.

Examinada la solicitud de certiorari, acordamos expedir. Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, resolvemos.

II

En nuestro ordenamiento, la confiscación es el acto de ocupación y de investirse para sí que lleva a cabo el Estado de todo derecho de propiedad sobre cualesquiera bienes que hayan sido utilizados en relación con la comisión de determinados delitos. First Bank v. E.L.A., 164 D.P.R. 835 (2005); Cooperativa v. E.L.A., 159 D.P.R. 37 (2003); Del Toro Lugo v. E.L.A., 136 D.P.R. 973 (1994). El procedimiento de confiscación está regulado por la Ley Uniforme de Confiscaciones y, según surge de su Exposición de Motivos, constituye un acto de justicia para el beneficio de la sociedad que ha sido perjudicada por las acciones delictivas. Además, la confiscación no sólo tiene la intención de evitar que el vehículo o la propiedad confiscada pueda volverse a utilizar para fines ilícitos, sino que también sirve de castigo para disuadir a los criminales. Cooperativa v. E.L.A., supra; Negrón v. Srio. de Justicia, 154 D.P.R. 79 (2001). De lo anterior se colige que la confiscación persigue y refleja un propósito punitivo. Id.

En reiteradas ocasiones hemos señalado que el procedimiento de confiscación es de carácter civil o in rem. Este va dirigido contra el propio objeto y no contra el dueño o la persona con algún interés legal sobre el bien. Cooperativa v. E.L.A., supra; Negrón v. Srio. de Justicia, supra. Independientemente del carácter de la confiscación, hemos establecido que los estatutos confiscatorios deben interpretarse restrictivamente, ya que “[l]os procedimientos instados con el propósito de confiscar la propiedad de un individuo, por razón de un delito por él cometido, aunque civil en su forma, tienen naturaleza criminal”. Carlo v. Srio. de Justicia, 107 D.P.R. 356, 362 (1978).

De acuerdo con los preceptos señalados, nuestro ordenamiento contempla varias vías confiscatorias. Veamos. La Ley Uniforme de Confiscaciones autoriza el acto de confiscación a favor del Estado cuando la propiedad esté relacionada con la comisión de determinados delitos. 34 L.P.R.A. see. 1723. Por otra parte, el Estado también tiene la facultad de incautar vehículos de motor al amparo de la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular, aun cuando el vehículo no ha sido utilizado en la comisión de un delito. First Bank v. E.L.A., supra. Específicamente, el Art. 14 de la ley establece que los agentes de orden público pueden —en determinadas circunstancias— detener, inspeccionar y retener para investigación cualquier vehículo o pieza por un término razonable que no exceda de treinta días calendario. 9 L.P.R.A. see. 3213. Una de las circunstancias en las que el Estado puede llevar a cabo la incautación es cuando “[ajlguno de los números de serie o de identificación del vehículo o de partes imprescindibles del mismo que se encuentren a vista abierta hayan sido borrados, mutilados, alterados, sustituidos, sobrepuestos, desprendidos, adaptados o de alguna forma modificados”. 9 L.P.R.A. see. 3213(3).

Incluso, el Art. 21 de la misma ley tipifica como delito menos grave la posesión voluntaria y a sabiendas de algún vehículo de motor o pieza “con los números de motor o serie, o cualquier otro número de identificación impreso por el manufacturero o fabricante o asignado por el Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas borrado, mutilado, alterado, destruido, desprendido o en alguna forma modificado”. 9 L.P.R.A. see. 3320. Esta disposición legal añade que la mera posesión del vehículo o pieza que se encuentre en el estado descrito anteriormente constituirá evidencia prima facie de su posesión voluntaria. Id. Sin embargo, observamos que el estatuto nada dispone con respecto a los casos en qué una persona derrota la presunción contemplada.

Por otro lado, el Código de Rentas Internas de 1994 provee una vía adicional para el acto de confiscación. En lo pertinente, la Sec. 6140(a)(7)(D) de la Ley de Arbitrios, 13 L.P.R.A. sec. 8140(a)(7)(D), dispone que el Secretario de Hacienda está facultado para la confiscación y destrucción de “[cjualquier artículo de uso o consumo del cual se haya removido, alterado, desfigurado o destruido en forma alguna el número de serie del manufacturero o cualquier otro número de identificación”. Esta disposición fue objeto de análisis en Fernández v. Srio. de Hacienda, 122 D.P.R. 636 (1988). Allí sostuvimos que el dueño de un vehículo de motor que padezca de la deficiencia antes ex-puesta no tendrá derecho a recobrar —mediante la prestación de fianza— la posesión del bien confiscado mientras se dilucida la demanda de impugnación de la confiscación, ya que el vehículo constituye la mejor evidencia para demostrar su ilegalidad. En virtud de lo anterior, se determinó que el vehículo no podía transitar libremente por las vías públicas de Puerto Rico en esas circunstancias. No obstante, en aquella ocasión enfatizamos que nada pretendíamos resolver sobre la disposición final procedente en caso de que la parte demandante finalmente prevaleciera en la acción instada, aun cuando los números de identificación de su vehículo hubieran sido alterados o removidos. íd., pág. 649 esc. 11.

En estos casos en que proceda la confiscación, ésta deberá llevarse a cabo de acuerdo con el procedimiento dispuesto en el Art. 2 de la Ley Uniforme de Confiscaciones, 34 L.P.R.A. sec. 1723a. First Bank v. E.L.A., supra; Fernández v. Srio. de Hacienda, supra. Dicha ley contempla la posibilidad de impugnar el acto de confiscación mediante la presentación de una demanda contra el Estado, ya que están involucrados los derechos constitucionales de las personas afectadas por la privación de su propiedad. 34 L.P.R.A. sec. 1723(f); Negrón v. Srio. de Justicia, supra.

En virtud de tal acción civil, la persona que desee proteger su interés sobre la propiedad confiscada tiene la oportunidad de salvaguardar sus derechos y levantar y probar las defensas válidas que pueda tener contra la confiscación. Pueblo v. Echevarría Arroyo, 157 D.P.R. 158 (2002). Si obtiene una sentencia favorable, la propia ley dispone los remedios que el tribunal habrá de concederle. Específicamente, y en lo pertinente, el Art. 13 de la ley establece:

En aquellos casos que el tribunal decrete la ilegalidad de una confiscación, la Junta devolverá la propiedad ocupada al demandante o en caso de que haya dispuesto de la misma, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico le pagará el importe de la tasación al momento de la ocupación o la cantidad de dinero por la cual se haya vendido, la que resulte mayor, más intereses de conformidad con la Regla 44.3 de Procedimiento Civil, Ap. Ill del Título 32, a partir de la fecha de la ocupación. ... (Enfasis suplido.) 34 L.P.R.A. sec. 1723k-l.

Del precepto enunciado se desprende que cuando el tribunal decreta inválida una confiscación, el Estado está obligado de conceder uno de los dos remedios contemplados en el estatuto. Los remedios son: (1) la devolución de la propiedad ocupada al demandante o (2) su valor de tasación, en caso de que se haya dispuesto de la propiedad. Negrón v. Srio. de Justicia, supra.

Examinada la normativa pertinente, procedemos a atender la controversia ante nuestra consideración.

III

En esta ocasión, debemos resolver si —ante una sentencia favorable en una acción de impugnación de confiscación— procede la devolución del vehículo de motor confiscado o su valor de tasación, aun cuando al referido vehículo le falte el número de identificación de una de sus piezas. En particular, debemos determinar si el señor Centeno Rodríguez se encuentra desprovisto de algún remedio.

El foro apelativo, al modificar el dictamen de instancia, sostuvo que en Fernández v. Srio. de Hacienda, supra, sugerimos que la parte demandante que prevalece en la acción de impugnación tiene derecho a un remedio. En virtud de ello, ordenó al Estado que pagara al señor Centeno Rodríguez el valor de tasación de su vehículo. De esta determinación el Procurador General recurre ante nos y arguye que la mera inexistencia del número de identificación de la tapa del baúl hace del vehículo en cuestión un bien ilegal per se, por lo que el señor Centeno Rodríguez no podía recuperar la posesión de su vehículo ni su valor de tasación. Examinada de forma integrada la normativa aplicable, así como las circunstancias particulares del caso, resolvemos que no le asiste la razón.

En vista de los preceptos estudiados, es evidente que la resolución final de este caso requiere que armonicemos las disposiciones legales en cuestión para lograr un resultado sensato, lógico y razonable. Andino v. Fajardo Sugar Company, 82 D.P.R. 85 (1961). Para ello, conviene reiterar que estamos impedidos de aplicar los estatutos en forma literal y mecánica, sin atender a las razones que dieron lugar a su promulgación y a los hechos a los cuales las disposiciones estatutarias han de aplicarse. Fernández v. Srio. de Hacienda, supra; Salas v. Samac Motor Corp., 92 D.P.R. 529 (1965).

A la luz de ello, entendemos que la normativa estudiada justifica la confiscación para hacer viable la correspondiente investigación. Sin embargo, no le podemos conferir el efecto de adjudicar que el vehículo es ilegal per se e impedir —en virtud de dicho argumento— que el señor Centeno Rodríguez presente evidencia a su favor mediante la cual pueda impugnar exitosamente la confiscación de su vehículo. El interés legislativo en disuadir el trasiego de piezas hurtadas no puede estar, en forma alguna, por encima del interés constitucional en el debido proceso de ley. La misma conclusión se sostiene si tomamos en consideración que, aunque la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular establece una serie de presunciones para inferir que el vehículo con número de identificación alterado o modificado ha sido apropiado ilegalmente, de su historial legislativo surge que el efecto de las presunciones es únicamente permitir que el juzgador tenga la discreción de deducir o no deducir el hecho presumido, así como de imponer al demandante el peso de la prueba para demostrar que su vehículo o pieza no es ilegal. Véase Comunicación del Departamento de Justicia sobre el P. de la C. 922, pág. 10.

Conforme a lo anterior, no es posible sostener que las determinaciones a las cuales llegaron los tribunales inferiores son irrelevantes para determinar la validez de la confiscación. Si luego de celebrada la vista en el pleito de impugnación, el señor Centeno Rodríguez logró obtener una sentencia a su favor, no vemos justificación para negarle alguno de los remedios dispuestos en la Ley Uniforme de Confiscaciones.

Por un lado, cabe recordar que de dicha ley se colige que —independientemente de la disposición legal bajo la cual se haya autorizado la incautación— no es discrecional la concesión de un remedio cuando el demandante prevalece en su acción de impugnación, tal y como sucedió en el caso ante nuestra consideración. Por otro lado, en este caso no se han vulnerado los preceptos cautelares, preventivos y punitivos de las leyes involucradas.

En particular, quedó probado que el señor Centeno Rodríguez importó el vehículo y pagó los arbitrios correspondientes, conforme exige la Ley de Arbitrios. Tras una inspección en la que no se encontró deficiencia alguna, el propio Departamento de Hacienda autorizó el registro del vehículo. Además, cabe destacar que el señor Centeno Rodríguez fue exonerado de las imputaciones delictivas que motivaron el acto de confiscación. Así también, el foro de instancia declaró “con lugar” la demanda de impugnación tras celebrar una vista en la que el demandante tuvo la oportunidad de presentar prueba a su favor.

Por lo tanto, en vista de que el único motivo por el cual el vehículo actualmente no está apto para transitar por la vía pública es la falta del número de identificación de una sola pieza, y de que no se ha encontrado un motivo razonable para creer que el vehículo de motor haya sido hurtado, adquirido ilegalmente o alterado de forma alguna, resolve-mos que procede devolverle el vehículo confiscado al señor Centeno Rodríguez. Ahora bien, ordenamos que —como paso previo a la entrega del vehículo confiscado— el Estado, a través de la Directoría de Servicios al Conductor del Departamento de Transportación y Obras Públicas, otorgue un reemplazo del número de identificación de la tapa del baúl del automóvil en controversia y realice la correspondiente anotación en el Registro de Vehículos, conforme a los procedimientos establecidos a tales efectos. Una vez se cumpla con este trámite, el vehículo se encontrará apto para transitar por nuestras carreteras y el Estado estará obligado a devolverlo a su dueño registral.

Conscientes de que las confiscaciones no son favorecidas por constituir una medida punitiva, entendemos que el remedio anteriormente esbozado protege los intereses tanto del Estado como del dueño del vehículo y no desvirtúa los propósitos legislativos. Negrón v. Srio. de Justicia, supra; Santiago v. Supte. Policía de P.R., 151 D.P.R. 511 (2000); Carlo v. Srio. de Justicia, supra.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos al Tribunal de Apelaciones en cuanto resolvió que no procede la devolución del vehículo y devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia. Dicho foro deberá ordenar a la Directoría de Servicios al Conductor del Departamento de Transportación y Obras Públicas que provea el reemplazo del número de identificación de la tapa del baúl del vehículo en controversia. Una vez cumplido este trámite, le ordenará al Estado que entregue el vehículo al señor Centeno Rodríguez.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rebollo López y la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez disintieron sin opiniones escritas.

       De lo anterior se colige que el vehículo que tenga algún número de identificación alterado o modificado se incauta con el propósito de investigarlo y evaluar si se trata de un vehículo de motor hurtado. Véase Comentarios del Superintendente de la Policía en Tomo al P. de la C. 922 de 20 de mayo de 1986, pág. 10, el cual pretende establecer la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular.

       Cabe señalar que el estatuto no delimita los supuestos en los cuales el tribunal podrá determinar que una confiscación es improcedente o ilegal, ni contempla un marco de discreción al momento de conceder algún remedio cuando el demandante prevalece en su acción.


text:
    José Torres Quintero y otros, recurridos, v. Pfizer Pharmaceuticals, Inc., peticionaria.

      Número: CC-2005-1007

      Resuelto: 4 de mayo de 2007

      Rafael E. Aguiló-Vélez y Karem Rodríguez-González, de Schuster & Aguiló, abogados de la parte peticionaria; Luis R. Mellado-González, abogado de Pfizer Pharmaceuticals, Inc., parte recurrida.
   SENTENCIA

El 10 de febrero de 2006 expedimos el auto de certiorari en el caso de epígrafe para revisar un dictamen final del Tribunal de Apelaciones, mediante el cual se determinó que unos empleados, que presentaron una demanda contra su patrono el 28 de julio de 1999, reclamando el pago de salarios adeudados, entre otras cosas, podían reclamarlos por el período retroactivo de diez años.

Por medio de la presente, revocamos la resolución recurrida del Tribunal de Apelaciones y concluimos que los referidos empleados pueden reclamar los salarios debidos y no pagados por los tres años anteriores a la presentación de la demanda.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Rivera Pérez emitió una opinión de conformidad, a la que se unen el Juez Presidente Señor Hernández Denton y el Juez Asociado Señor Rebollo López. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri y la Jueza Asociada Señora Fiol Matta disintieron sin opinión escrita. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez concurrió sin opinión escrita.

Opinión de conformidad emitida por el

Juez Asociado Señor Rivera Pérez, a la que se une el Juez Presidente Señor Hernández Denton y el Juez Asociado Señor Rebollo López.

Estamos conformes con el resultado que le imprime la Mayoría al caso de epígrafe, ya que, conforme a nuestro estado de derecho vigente, los empleados de marras pueden reclamar de su patrono los salarios debidos y no pagados por el período retroactivo de tres años y no por el período decenal de la legislación de salario mínimo de 1956. De igual manera, consideramos que no procede enmendar las alegaciones de una demanda cuando el asunto objeto de la pretendida enmienda ha sido previamente adjudicado mediante sentencia final y firme. Veamos.

I

El 28 de julio de 1999 el Sr. José Torres Quintero y otros dos empleados (empleados o demandantes) presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia una demanda contra su patrono, Pfizer Pharmaceuticals, Inc. (Pfizer o patrono). Reclamaron el pago de salarios por los conceptos siguientes: horas extras trabajadas en exceso de cuarenta semanales, séptimos días de trabajo consecutivo, vacaciones fraccionadas, bono de Navidad, así como el pago de beneficios por un plan de ahorro y retiro. Solicitaron el pago de salarios por los diez años previos a la presentación de la demanda.

El 29 de noviembre de 1999 Pfizer presentó la Moción Solicitando Desestimación y/o Sentencia Sumaria Parcial. Mediante ésta alegó, entre otras cosas, que las reclamaciones previas al 28 de julio de 1996 estaban prescritas. Fundamentó su pedimento en el Art. 12 de la Ley Núm. 180 de 27 de julio de 1998, que modificó el período retroactivo para reclamar salarios de diez a tres años. Dicha legislación entró en vigor el 27 de julio de 1998 y dispuso en el inciso (e) del artículo en cuestión que el nuevo período retroactivo de tres años no aplicaría a los casos ya presentados o que se presentaran en los tribunales dentro del pe ríodo de un año a partir del 27 de julio de 1998. Pfizer alegó que la demanda presentada el 28 de julio de 1999 facultaba a los empleados a reclamar únicamente por el período de tres años. Ello porque se presentó pasado el término de gracia de un año, preceptuado en el referido artículo, para reclamar salarios por el período decenal.

Los empleados se opusieron alegando que dicho término era prescriptivo, por lo cual debía computarse conforme a lo dispuesto en la Regla 68.1 de Procedimiento Civil. Intimaron, en síntesis, que su reclamación se presentó a tiempo, ya que el 27 de julio de 1999 se celebró el natalicio del Dr. José Celso Barbosa, día de fiesta legal en Puerto Rico. En tal virtud, esgrimieron que podían reclamar los salarios por el período de diez años.

En su réplica, Pfizer alegó, en esencia, que el inciso (e) del Art. 12 de la Ley Núm. 180, supra, 29 L.P.R.A. sec. 250j(e), no establecía un término prescriptivo, sino que más bien marcaba el momento en que las disposiciones de éste entraban en vigor. Argüyó, entre otras cosas, que su único efecto era mantener en suspenso la vigencia de dicho estatuto por un año. En consecuencia, alegó que para el 28 de julio de 1999, fecha de la presentación de la demanda, el estado de derecho vigente era la Ley Núm. 180, supra, y no la legislación de salario mínimo de 1956 que permitía recobrar salarios adeudados por un período retroactivo de diez años.

El 1 de marzo de 2000 el foro primario dictó sentencia parcial, con carácter final, mediante la cual limitó la recia mación de los demandantes a los tres años anteriores a la presentación de la demanda. Fundamentó su determinación en que el término de un (1) año, preceptuado en el inciso (e) del Art. 12 de la Ley Núm. 180, supra, es un término que se refiere a la entrada en vigor de dicha disposición estatutaria y no a un término prescriptivo. Concluyó, además, que a toda reclamación presentada después del 27 de julio de 1999 le aplica el período retroactivo de tres años. El 13 de marzo de 2000 el foro en cuestión enmendó su sentencia para desestimar con perjuicio las reclamaciones de los empleados bajo el plan de ahorros y retiro.

Inconformes con esta determinación, los demandantes acudieron, mediante un escrito de certiorari, ante el anterior Tribunal de Circuito de Apelaciones para alegar, entre otras cosas, que el foro primario había incidido al determinar que su reclamación estaba prescrita en cuanto a los siete años previos al 28 de julio de 1996, así como al desestimar con perjuicio la reclamación bajo el plan de ahorro y retiro.

Mediante Sentencia de 27 de jimio de 2000, el foro intermedio apelativo confirmó la sentencia parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Concluyó, en esencia y en lo pertinente, que la Ley Núm. 180, supra, había entrado en vigor inmediatamente después de su aprobación, o sea, el 27 de julio de 1998, y que, de acuerdo con el inciso (e) del Art. 12, supra, el término de un (1) año para entablar demandas por el período retroactivo de diez años, concluyó el 27 de julio de 1999, esto es, un día antes de que los empleados presentaran su reclamación judicial. Indicó, además, que los tribunales no tienen autorización para cambiar la vigencia de una ley. Determinó que éstos nada pueden hacer cuando el legislador no se ha percatado de que la fecha propuesta para la entrada en vigor de un estatuto coincide con un día feriado. Señaló, además, que los allí apelantes tuvieron todo un año durante el cual pudieron presentar su reclamación por el período retroactivo de diez años, mas no lo hicieron. Por otra parte, el foro intermedio apelativo revocó al Tribunal de Primera Instancia en cuanto a la desestimación con perjuicio de las reclamaciones de los empleados bajo el plan de ahorro y retiro. Fundamentó tal determinación en que no se habían agotado los procedimientos administrativos internos en Pfizer. Por tal motivo, indicó que únicamente las reclamaciones bajo el plan de ahorro y retiro debían desestimarse sin perjuicio.

Inconformes, el 2 de octubre de 2000 los empleados acudieron ante este Foro mediante un escrito de certiorari. Mediante la Resolución de 21 de noviembre de 2000, denegamos la expedición del recurso.

Devuelto el caso al Tribunal de Primera Instancia, y luego de múltiples incidentes procesales, el 28 de enero de 2003 los empleados presentaron una demanda enmendada, mediante la cual solicitaron, entre otras cosas, la bifurcación de los procedimientos para dirimir, en dos vistas separadas, las reclamaciones de cada uno de los demandantes y el importe total de los salarios adeudados conforme a las nóminas de Pfizer. Reclamaron nuevamente el pago de salarios por el período retroactivo de diez años. Pfizer se opuso, alegando que la sentencia, dictada el 27 de junio de 2000 por el anterior Tribunal de Circuito de Apelaciones —mediante la cual confirmara al foro primario— había advenido final, firme e inapelable. Alegó, además, que permitir la referida enmienda le ocasionaría un grave perjuicio y afectaría seriamente la adjudicación de la cuestión litigiosa. Intimó, entre otras cosas, que el único fin de la parte demandante era incluir nuevamente las reclamaciones salariales por el período decenal. El 25 de junio de 2003 el Tribunal de Primera Instancia denegó las enmiendas solicitadas.

Luego de varias incidencias procesales, el 26 de abril de 2005 los demandantes de autos presentaron una Demanda Enmendada, solicitando el pago de los salarios por los diez años previos a la presentación de la demanda original. Fundamentaron su pedimento en una opinión de este Foro que, a su entender, había cambiado el estado de derecho en relación con el alcance e interpretación del Art. 12 de la Ley Núm. 180, supra. Asimismo, incluyeron como demandantes a cuatro empleados de Pfizer quienes, alegadamente, tenían las mismas reclamaciones contra el patrono. Pfizer se opuso arguyendo que no procedía enmendar la demanda luego de que había advenido final y firme la sentencia del anterior Tribunal de Circuito de Apelaciones, mediante la cual se dispuso que los empleados no podían reclamar los salarios por el período decenal. Asimismo, esgrimió que no procedía presentar una demanda enmendada en un estado tan avanzado de los procedimientos, luego de casi seis años de haberse instando la demanda original. El 15 de junio de 2005 el Tribunal de Primera Instancia declaró “no ha lugar” al pedimento de Pfizer.

Inconforme, el 19 de julio de 2005, mediante un escrito de certiorari, Pfizer acudió ante el Tribunal de Apelaciones alegando, entre otras cosas, que el foro primario había incidido al permitir que los empleados enmendaran su demanda para, entre otros, incorporar alegaciones previamente desestimadas mediante sentencia parcial final, firme e inapelable. Argüyó, además, que a los allí apelados no les asistía el derecho a recobrar salarios por el período decenal, contrario a lo resuelto por este Foro en Hernández v. Shering, 159 D.P.R. 367 (2003), ya que en dicho caso, contrario al de marras, no había recaído previamente una sentencia final, firme e inapelable. Indicó, entre otras cosas, que la determinación del anterior Tribunal de Circuito de Apelaciones, desestimando las reclamaciones previas al 28 de julio de 1996, eran obligatorias para resolver la controversia. Finalmente, intimó que permitir la presentación de una demanda enmendada la ubicaba en una posición de indefensión, ya que había confiado en la certeza y finalidad de la sentencia emitida el 27 de junio de 2000 por el foro intermedio apelativo.

Mediante la Resolución de 20 de septiembre de 2005, el Tribunal de Apelaciones concluyó que, ante la determinación de este Foro en Hernández v. Shering, supra, el estado de derecho había cambiado y, por ende, la teoría del caso de los empleados. El foro en cuestión concluyó que éstos podían reclamar los salarios por el período decenal. Dicho tribunal concluyó que sería injusto no permitir a unos empleados probar sus alegaciones, ya que en nuestro ordenamiento jurídico existe una política pública de protección a los derechos de la clase trabajadora.

Insatisfecha con tal determinación, Pfizer acude ante nos fundamentándose, esencialmente, en la reinterpretación del alcance y la aplicación del Art. 12 de la Ley Núm. 180, supra, que hiciéramos en González v. Merck, 166 D.P.R. 659 (2006).

En consecuencia, Pfizer alega la comisión del error siguiente:

Erró el Tribunal de Apelaciones al permitir a los recurridos enmendar su demanda, toda vez que esto causará grave perjuicio a la parte demandada, impactaría la pronta adjudicación de la cuestión litigiosa, y tal proceder socava la confianza que se debe tener en la finalidad y certeza de los procedimientos judiciales y es contrario a derecho. Petición de certiorari, pág. 13.

II

Interpretación y alcance del Art. 12 de la Ley Núm. 180 de 1998 a la luz del estado de derecho vigente

Recientemente resolvimos una controversia similar a la de marras en cuanto al número de años, retroactivos a la presentación de una demanda, que un empleado puede reclamar de su patrono por salarios debidos y no pagados. Dicha controversia nos permitió evaluar si el término de un (1) año, preceptuado en el inciso (e) del Art. 12, supra, es un término de vigencia diferida o uno de naturaleza prescriptiva. Id.

En Gonzalez v. Merck, supra, unos empleados presentaron una demanda contra su patrono el 28 de julio de 1999. Reclamaron el pago de salarios adeudados por los diez años previos a la presentación de la acción judicial.

Intimaron que, ya que el 27 de julio de 1999 había sido día de fiesta legal, el término de un (1) año para reclamar por el período decenal de la legislación anterior se había extendido hasta el día siguiente. Esto, a su entender, estaba en conformidad con la Regla 68.1 de Procedimiento Civil, supra.

Resolvimos que para el 28 de julio de 1999 ya estaba en pleno vigor el período retroactivo de tres años estatuido en el Art. 12 de la Ley Núm. 180, supra. En consecuencia, concluimos que una demanda presentada en dicha fecha no facultaba a reclamar por el período decenal de la legislación de salario mínimo de 1956. Resolvimos, además, que el término de un año del Art. 12 de la Ley Núm. 180, supra, se refiere a un término de vigencia diferida o “vacatio legis” y no a un término prescriptivo. En dicho caso expresamos lo siguiente:

Si examinamos el texto claro y libre de ambigüedad de la referida disposición estatutaria, entendiéndolo en su más corriente y usual significación, surge que mediante ésta la Legislatura aplazó por el término de un año el momento cuando las disposiciones del Art. 12, ante, comenzarían a tener efecto. De este modo, las disposiciones del referido artículo de ley cobraron efecto el 28 de julio de 1999; esto es, luego de transcurrido un año de que la Ley Núm. 180, ante, entrara en vigor. ... Durante el período transcurrido entre el 27 de julio de 1998 —fecha en que comenzó a regir la Ley Núm. 180, ante—y el 27 de julio de 1999, regiría lo establecido bajo la legislación anterior .... Esto es, aquellos casos instados durante ese período podrían incluir en sus reclamaciones los salarios debidos y no pagados de los pasados diez años. (Escolio omitido, y énfasis suplido y en el original.) González v. Merck, supra, págs. 673-674.

Asimismo, en aquel caso tuvimos la oportunidad de atender el planteamiento de los empleados de Merck, similar al que esbozan los recurridos de marras, en cuanto a que el término de un (1) año, preceptuado en el Art. 12 de la Ley Núm. 180, supra, debe computarse de acuerdo con la Regla 68.1 de Procedimiento Civil, supra. Nos expresamos de la manera siguiente:

A diferencia de un término prescriptivo, el Art. 12(e) no tiene el efecto de extinguir un derecho. Su objeto es proveer un corto tiempo adicional para que, antes de la vigencia del nuevo estado de derecho que alterará el remedio provisto, los interesados puedan instar el pleito y así beneficiarse de la ley anterior cuyo remedio era más amplio. ... Lo que hace el Art. 12(e) es advertirle a la ciudadanía que si se presenta el pleito fuera del plazo “vacatio legis”, el remedio disponible será otro, esto es, el dispuesto en la nueva ley .... (Escolio omitido.)

De igual manera, y en atención a los planteamientos de los recurridos, en dicho caso expresamos lo siguiente:

Coincidimos con los planteamientos emitidos por el foro apelativo a los efectos de que “es el legislador quien decide la fecha de vigencia de una ley. Si el legislador no se percató de que la vigencia propuesta para dicho artículo iba a coincidir con un día festivo, nada pueden hacer los tribunales al respecto. No tenemos autoridad para cambiar la vigencia de una ley”. (Énfasis suplido.) González v. Merck, supra, pág. 682.

Tal como concluyéramos en González v. Merck, supra, la reclamación laboral de marras, presentada el 28 de julio de 1999, quedó sujeta al remedio de tres años establecido en el Art. 12 de la Ley Núm. 180, supra. No podemos perder de perspectiva que los aquí recurridos tuvieron un (1) año para beneficiarse del plazo decenal de la legislación anterior de salario mínimo. Para poder cobijarse bajo sus disposiciones, y así reclamar los salarios por el período de diez años, debieron instar su acción judicial antes del 28 de julio de 1999. La propia ley proveyó y advirtió a la ciudadanía sobre esta oportunidad.

Concluimos que los recurridos únicamente pueden reclamar los salarios debidos y no pagados por los tres años anteriores a la presentación de la demanda.

Enmiendas a las alegaciones luego de un dictamen final y firme

Este Foro ha expresado que aunque la Regla 13.1 de Procedimiento Civil establece una clara directriz en cuanto a la concesión liberal de las enmiendas cuando la justicia así lo requiera, dicha liberalidad no es infinita. La concesión de las enmiendas se encuentra condicionada por un juicioso ejercicio de discreción, en el cual se deben ponderar los elementos siguientes: (1) el momento en que se solicita la enmienda; (2) el impacto de la solicitud en la pronta adjudicación de la cuestión litigiosa; (3) la razón o ausencia de ella para la demora e inacción original del promovente de la enmienda; (4) el perjuicio que ésta causaría a la otra parte, y (5) la naturaleza y los méritos intrínsecos de la defensa que se plantea. Al presentarse una solicitud para enmendar las alegaciones, el tribunal debe evaluar, como requisito indispensable para la concesión de la enmienda, si ésta implica un perjuicio indebido para la parte contraria. Este factor es determinante.

Surge de la relación fáctica que antecede que el foro primario dictó sentencia parcial con carácter final el 13 de marzo de 2000 y que ésta fue confirmada por el foro intermedio apelativo el 27 de junio de 2000, adquiriendo carácter final y firme posteriormente. No obstante, el 26 de abril de 2005 los aquí recurridos intentaron enmendar las alegaciones de la demanda original casi seis años después de presentada y luego de que, tanto el foro primario como el foro intermedio apelativo, adjudicaran precisamente el asunto objeto de la pretendida enmienda.

Permitir la presentación de una demanda enmendada en un estado tan avanzado de los procedimientos atentaría contra la agilidad que deben tener los procesos ante los tribunales e incidiría sobre la confianza que deben tener las partes, y la ciudadanía en general, en la finalidad y firmeza de los pronunciamientos judiciales que adquieren tal carácter.

i—I I—I

Por los fundamentos antes expuestos, coincidimos con la Mayoría en revocar la sentencia del Tribunal de Apelaciones y devolver el caso al Tribunal de Primera Instancia para que continúen los procedimientos de forma compatible con lo resuelto.

       Los otros empleados demandantes son los Sres. Jaime Ruiz Hernández y Ángel Luis Santiago Cruz.

       Sentencia del Tribunal de Apelaciones de 27 de junio de 2000, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 76-86.

       29 L.P.R.A. sec. 250j(b)(c). El Art. 12 de la Ley Núm. 180 de 27 de julio de 1998 enmendó la See. 32 de la Ley Núm. 96 de 26 de junio 1956, que facultaba a los empleados a reclamar salarios adeudados por un período de hasta diez años retroactivos a la presentación de una acción judicial.

       29 L.P.R.A. sec. 250j(e).

       Véase Moción Solicitando Desestimación y/o Sentencia Sumaria Parcial, Apéndice del Alegato de la parte peticionaria, págs. 1-4.

       32 L.P.R.A. Ap. III. En lo pertinente, esta regla preceptúa que en la computación de cualquier término prescrito o concedido por las Reglas de Procedimiento Civil, por orden del tribunal o por cualquier estatuto aplicable, no se computará el último día del término cuando sea sábado, domingo o día de fiesta legal.

       Sentencia del Tribunal de Apelaciones de 27 de junio de 2000, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 76-86.

       Sentencia parcial de 1 de marzo de 2000, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 66-69.

       Sentencia parcial enmendada nunc pro tune de 13 de marzo de 2000, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 71-74.

       Sentencia de 27 de junio de 2000, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 76-86.

       Resolución de 21 de noviembre de 2000, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 97. En dicha resolución, el Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri hizo constar que expediría, mientras que el Juez Asociado Señor Rebollo López y el entonces Juez Asociado Señor Corrada Del Río no intervinieron.

       Demanda enmendada de 28 de enero de 2003, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 214-225.

       Notificación de 25 de junio de 2003, archivada en autos una copia de la notificación a las partes el 3 de julio de 2003. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 235.

       Los demandantes fundamentaron su reclamación en nuestra opinión en el caso Hernández v. Shering, 159 D.P.R. 367 (2003).

       Demanda enmendada de 25 de abril de 2005, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 242-253.

       Notificación de 15 de junio de 2005, archivada en autos una copia de la notificación a las partes el 17 de junio de 2005, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 263.

       Resolución del Tribunal de Apelaciones de 20 de septiembre de 2005, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 3-7.

       Se refiere al inciso (e) del Art. 12 de la Ley Núm. 180, supra.

        Gonzalez v. Merck, supra, págs. 677-678.

       32 L.P.R.A. Ap. III.

        Consejo Cond. Plaza del Mar v. Jetter, 169 D.P.R. 643 (2006); S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 163 D.P.R. 738 (2005); Epifanio Vidal, Inc. v. Suro, 103 D.P.R. 793 (1975).

       Conviene destacar que el foro primario denegó las enmiendas solicitadas en una ocasión previa, esto es, el 25 de junio de 2003.