author: El Juez PresidbNte Sr. HerNÁNdez,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Díaz, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en causa por infracción de la ley de rentas internas.
    No. 667.
    Resuelto en mayo 1, 1914.
    Infracción df, las Leyes de Rentas Internas — Admisiones del Acusado — -De-claración del Agente de Rentas Internas. — Es admisible la declaración de un agente de rentas internas para probar las manifestaciones hechas a él por el acusado acerca de haber elaborado cierto número de cigarros en una fábrica de tabacos, sin promesas ni amenazas, e informado previamente de que podía declarar o nó y de que su declaración había de ir al Tesorero, no siendo necesario el que fuere informado de que si prestaba declaración se podía utilizar en su contra.
    Id. — EAbrica Clandestina de Cigarros — Responsabilidad de los Tabaqueros.— Para que el tabaquero que trabaja en una fábrica clandestina de cigarros sea responsable del delito de infracción de las leyes de rentas internas, es necesario que lo haga con conocimiento de que la fábrica es clandestina.
    Lugar de la Comisión del Delito — Falta de Prueba — Alegaciones Esenciales de la Acusación. — El lugar de la comisión del delito 'debe quedar demos-trado fuera de toda duda razonable como cualquiera otra alegación esencial de la acusación.
    Los hechos están expresados en la opinión.-
    Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

    Abogado del apelante: Sr. Francisco González.

   El Juez PresidbNte Sr. HerNÁNdez,

emitió la opinion del tribunal.

Se trata de un recurso de apelación interpuesto por Francisco Díaz contra sentencia que en grado de apelación y me-diente celebración de nuevo juicio dictó la Corte de Distrito de Humacao el 5 de abril del año próximo pasado, declarando al acusado culpable de infracción a la Ley de Rentas Internas e imponiéndole la pena de cincuenta dólares de multa o un día de cárcel por cada dólar que deje de satisfacer, con las costas.

En la denuncia se imputa al acusado el delito de infrac-ción de la sección 49 de la Ley de Arbitrios de marzo de 1911, porque “en uno de los días del mes de enero de 1913 y en el barrio Collores de Las Piedras, municipalidad de Humacao, del distrito judicial municipal de Humacao, P. R., que forma parte del distrito judicial de Humacao, P. R., el citado acu-sado Francisco Díaz, a sabiendas y voluntariamente consin-tió y ayudó a Fernando López a violar las disposiciones de la Ley de Rentas Internas de Puerto Rico, elaborando ciga-rros en una fábrica clandestina que tenía el López en su casa, con perfecto conocimiento de que dicbo López no tenía pa-tente ni había prestado fianza alguna como tal fabricante de cigarros.”

Aunque no aparece en la sentencia transcrita en el récord cuál sea la infracción de la Ley de Rentas Internas de que se declara culpable al acusado, en el escrito de exposición del caso aprobado por el juez se consigna que la corte declaró al acusado culpable del delito de infracción a las secciones 9, 17 y 49 de la Ley de Rentas Internas.

Alega la parte apelante como motivos del recurso que la corte erró: 1. Al no eliminar del récord la declaración del testigo Paul Buell en la parte relativa a manifestaciones Rectas por el acusado Francisco Díaz; 2, al declarar culpable al acusado' careciendo para ello de jurisdicción; 3, al declararlo culpable sin baber sido probados los liecbos esen-ciales de la denuncia; y 4, al declarar que el acusado había infringido las secciones 9 y 17 de la Ley de Rentas Internas.

En cuanto al primer motivo del recurso, aparece del es-crito de exposición del caso que, según declaración de Paul Ruell, agente de rentas internas, el acusado le manifestó en la estación de policía de Humacao, sin promesas ni amenazas, baber becbo unos cuatrocientos cigarros en unión de Julio Camaebo durante el mes de enero de 1913, en la casa de Fernando López, habiendo sido informado previamente de que podía declarar o no, y de que su declaración había de ir al Tesorero. El abogado defensor solicitó fuera eliminada del récord esa parte de la declaración del testigo Buell por la razón de que Francisco Díaz no había sido advertido al de-clarar ante el agente de que su declaración podía utilizarse en su contra, y denegada- la eliminación, fué tomada excep-ción contra la resolución de la corte.

Opinamos que no se cometió error al denegar la elimi-nación solicitada, pues el agente Buell informó a Díaz que podía declarar o no, y la manifestación que hizo al agente de rentas internas que le interrogaba fué completamente libre, sin que influyera en ella engaño, amenaza o promesa alguna. No vemos la necesidad de que fuera informado de que si pres-taba declaración se podía utilizar en su contra, máxime no constando del récord que procediera Díaz en la creencia de que se trataba de inquirir* solamente responsabilidades de Fernando López con motivo de tener una fábrica clandestina de cigarrillos. Si existía esa fábrica clandestina y con cono-cimiento de ello el acusado había trabajado en la misma, tenía que participar de la responsabilidad de López con arreglo a la Ley de Rentas Internas, sin que la ignorancia de ésta le favoreciera. De todos modos, si hubo error al denegar la eliminación, no fué perjudicial al acusado, pues éste no manifestó que trabajara en la fábrica de cigarros de López con conocimiento de que fuera clandestina, y el mero hecho de haber trabajado en ella no le investía responsabilidad alguna.

El segundo motivo del recurso es abiertamente impro-cedente en la forma en que ha sido alegado, pues la corte de Iiumacao tenía jurisdicción para conocer del caso, tra-tándose como se trataba de un delito que, según los térmi-nos de la denuncia, había sido cometido en el barrio de Collo-res de Las Piedras, municipalidad de Humacao, del distrito judicial municipal de Humacao, P. R., que forma parte del distrito judicial de Humacao, P. R.; pero como el recurrente alega no haberse demostrado en el juicio que la casa de Fernando López está situada dentro del municipio de Humacao, estimaremos comprendido el segundo error alegado en el tercero, y examinaremos ambos conjuntamente, como pasa-mos a hacerlo.

La alegación de no culpable hace necesario que se prueben todas las alegaciones contenidas en la acusación, incluyendo la que se refiere al lugar de la comisión del delito. People v. Parks, 44 Cal., 105; People v. Manning, 48 Cal., 335.

Piemos examinado la exposición del caso y no encontra-mos prueba tendente a demostrar que el delito se cometiera dentro de la jurisdicción de la corte municipal de Humacao o de la corte de distrito del mismo nombre.

El delito si se cometió fué cometido .ciertamente en la casa de Fernando López, pero no hay prueba demostrativa del sitio donde radica dicha casa. En el juicio de una causa criminal el sitio donde se comete el delito debe quedar establecido más allá de una duda razonable, como cualquiera otra alega-ción esencial de la acusación.

Pero es que aunque el delito se hubiera cometido en el distrito designado en la denuncia, no se han probado todos los elementos integrantes del mismo. Aunque aparece que el acusado trabajó en la fábrica clandestina de cigarros de Fernando López, falta prueba de que lo hiciera con perfecto conocimiento de qne esa fábrica era clandestina. La única indicación tendente a mostrar la culpabilidad de Díaz es la de qne según manifiesta el testigo Paul Ruell, allá por los días 14 ó 15 de diciembre de 1912, estuvo por los alrededores de la casa de López y vió salir de allí unos individuos corriendo, siendo éstos el acusado y otro nombrado Camacbo, y babía palotes de tabaco alrededor de dicba casa. Esa indicación por sí sola no puede llevar al ánimo la convicción de la culpabilidad de Díaz.

Faltando prueba de los becbos esenciales de la denuncia, huelga discutir el cuarto error alegado.

Por las razones expuestas, es de revocarse la sentencia apelada. r

7 7 , 77 Revocada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Pbesidente Sk. Heenández,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Camacho, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en causa por infracción de la Ley de Rentas Internas.
    No. 668.
    Resuelto en mayo 1, 1914.
    Lugab de la Comisión del Delito — Infracción de las Leyes de Rentas In-ternas. — Examinada la prueba presentada en este caso se resolvió que babía quedado demostrado que el delito imputado al acusado fue cometido, dentro de la jurisdicción de la corte inferior.
    Infracción de las Leyes de Rentas Internas — Fábrica Clandestina de Ci-garros — Responsabilidad de los 'Tabaqueros. — Para que el tabaquero que trabaja en una fábrica clandestina de cigarros sea responsable del delito de infracción de las Leyes de Rentas Internas consistente en que el dueño, de la fábrica no tenía la patente que exige la ley, es necesario que lo baga, con conocimiento de que tal dueño no ba cumplido con dichos requisitos.
    Los liecbos están expresados en la opinión.
    Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

    Abogado del apelante: Sr. Francisco González.

   El Juez Pbesidente Sk. Heenández,

emitió la opinión del tribunal.

•Se trata de un recurso de apelación interpuesto por Julio Caraaclio contra sentencia que en grado de apelación y me-diante celebración de nuevo juicio, pronunció la Corte de Distrito de Hnmacao en 5 de abril del año próximo pasado ■declarando al acnsado culpable de infracción a la Ley de .Rentas Internas, e imponiéndole la pena de $50 de multa o un día de cárcel por cada dólar que deje de pagar, y las costas.

En la denuncia se imputa al acusado el delito de infrac-ción de la sección 49 de la Ley de Rentas internas de marzo 1911, porque “en uno de los días del mes de enero de 1913 y en el barrio Collores de Las Piedras, municipalidad de Humacao, del distrito judicial municipal de Humacao, P. R., que forma parte del distrito judicial de Humacao, P. R., el citado acusado Julio Camacbo, a sabiendas y.voluntariamente, consintió y ayudó a Fernando López a violar las disposiciones de la Ley de Rentas Internas de Puerto Rico, elaborando ciga rros en una fábrica clandestina que tenía el López en su casa, con perfecto conocimiento de que el López no tenía patente ni había prestado la fianza como tal fabricante de cigarros.”

Aunque no aparece en la sentencia transcrita en el récord cual sea la infracción de la Ley de Rentas Internas de que se declara culpable al acusado, en el escrito de exposición del caso aprobado por el juez se consigna que la corte declaró al acusado culpable del delito de infracción de las secciones 9, 17, 18 y 49 de la Ley de Rentas Internas.

Alega la-parte apelante como motivos del recurso, que la corte cometió error: primero, al declarar culpable al acusado de el delito que se le imputaba, por carecer de jurisdicción; segundo, al’declararlo culpable sin haber sido probados los hechos esenciales de la denuncia; y tercero, al declarar que el acusado había infringido las secciones 9 y 17 de la Ley de Rentas Internas.

El primer motivo del recurso es abiertamente improce-dente, pues la Corte de Humacao tenía jurisdicción para ■conocer del caso tratándose como se trata de un delito que según. los términos de la denuncia había sido cometido en el barrio de Collores de Las Piedras, municipalidad de Huma-cao, del distrito judicial municipal de Humacao, P. B., que forma parte del distrito judicial de Humacao, P. B.; pero como el recurrente alega no haberse demostrado en el juicio que la casa de Fernando López donde se supone cometido el delito está situada dentro del municipio de Humacao, estima-remos comprendido en el segundo el primer error apuntado, y ■examinaremos ambos conjuntamente como pasamos a hacerlo.

Hemos examinado detenidamente la exposición del caso y encontramos suficientemente justificado que la casa en que López tenía establecida una fábrica clandestina de cigarros está situada dentro del término municipal de Humacao, pues así se desprende de las declaraciones de Paul Buell, agente ■de rentas internas, y Pedro López Cedeño, policía insular, ■de los cuales el primero dice que ocupó 595 cigarros sin sellos -en la casa de Femando López en el barrio de Collores, y el segundo, o sea Cedeño, que acompañó al Buell, y al colector ■de rentas internas al poblado de Las Piedras para sorprender una fábrica clandestina de tabacos en el barrio de Collores, habiendo ocupado en la casa de Fernándo López 546 cigarros, una cantidad de tabaco en rama y una chaveta de hacer ciga-rros. Es pues conocido el locus delicti a saber, casa de Fernando López, barrio de Collores, poblado de Las Piedras, municipio de Humacao.

Lo que no se ha demostrado es que si bien el acusado ela-boró cigarros en la fábrica clandestina de Fernando López, lo hiciera con perfecto conocimiento de que López no tenía patente. La única indicación tendente á demostrar ese cono-cimiento es la de que según refiere el testigo Paul Buell en «diciembre de 1912 estuvo por los alrededores de la casa de Fernando López y vió que dos o tres hombres salieron co-rriendo de ella, uno de los cuales era Julio Camacho. Esa indicación por sí sola no puede .llevar al ánimo la convicción de la culpabilidad de Camacho fuera de toda duda razonable.

No habiéndose justificado todos los elementos integrantes del delito imputado a Julio Camacho, huelga discutir el ter-cer motivo del recurso.

El presente caso es casi igual al qne lleva el No. 667, El Pueblo de Puerto Rico v. Francisco Díaz, decidido en esta fecha, en el qne pronunciamos sentencia revocatoria de la dictada por la Corte de Distrito de Humaeao.

También debe revocarse la dictada por la misma corte en el presente caso.

Revocada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. "Wole, Sr. del Toro.

text:
    Arandes, Demandante y Apelado, v. Báez, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 1% en un caso sobre nulidad de declaratoria de heredero y partición de herencia.
    No. 994.
    Resuelto en mayo 1, 1914.
    Partición de Herencia — Error de Hecho. — El artículo 1048 del Código Civil se refiere a un error de hecho y no de derecho en la designación de herederos qne inteivieneñ en una partición de herencia.
    Pago Indebido — Error de Derecho. — Por regla general no debe recuperarse el pago voluntario heeho bajo error de derecho.
    Partición de Herencia- — Cuota Usufructuaria — Sucesión Intestada. — Cuando de acuerdo con la opinión que ha prevalecido de que la viuda tiene derecho a una cuota usufructuaria en la sucesión intestada hasta que se sentó la doctrina contraria en el caso de JvXbe v. Gv&tném, 16 D. P. R., 530, se hace una partición de herencia en la cual se le adjudica a la viuda cierta cantidad de dinero en pago de dicha cuota, dicha partición no es nula por tratarse de un error de derecho, ni ese pago es de tal naturaleza que pueda exigirse la restitución de lo pagado como excepción a la regla general anteriormente . expresada.
    Id. — Transacción en una Partición de Herencia — Error de Derecho. — Cuando las partes en un documento de partición de herencia también celebran un contrato de transacción, ésta no puede declararse nula por error de derecho sufrido por las partes.
    Incongruencia Entre la Prueba y la Demanda — Partición de Herencia — • Transacción. — La prueba debe estar de acuerdo con la teoría planteada pol-las alegaciones de la demanda, y cuando en ésta sólo se pide la nulidad de la declaratoria de herederos y partición de herencia existe una incongruencia entre la prueba y la demanda cuando de aquella resulta que se trata de un contrato de transacción.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José E. Benedicto.

      Abogado del apelado: Sr. José Martines Dávila.

   El Juez Asociado Se. "Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Se alega en la demanda presentada en este caso que el demandante José Arandes en nnión de su hermano Francisco Arandes y los bijos de su otra hermana difunta Amalia Aran-des Virella, fueron declarados herederos de su madre Clara Virella por la Corte de Distrito de San Juan.

Que en 18 de febrero de 1909, Estebanía Báez obtuvo una declaratoria de herederos de los bienes de su esposo Ramón Arandes en favor de su madre Clara Virella, y de la peti-cionaria, o sea dicha Estebanía Báez, como viuda en la cuota usufructuaria.

Que en la misma fecha José Arandes, demandante en esta acción, obtuvo la declaración de incapacidad de su madre de quien se le nombró tutor, pero alegó que no intervino como tutor de la misma en la declaratoria de herederos.

Que en 28 de mayo de dicho año la Corte de Distrito de San Juan aprobó la partición de bienes dejados por Ramón Arandes Virella, practicada ante el notario Julio César Gon-zález en primero de abril del mismo año y en la que se adju-dicó a Estebanía Báez la suma de $2,500, de acuerdo con el derecho que aparecía de la declaratoria de herederos, ha-biendo recibido la mencionada Estebanía Báez dicha suma en pago.

Que dicho Ramón Arandes falleció en el año 1909.

Y se suplicó a la corte que anulara la declaratoria de here-deros y la partición y se devolviera al demandante como here-deros de dicha Clara Virella la tercera parte en la suma que indebidamente se adjudicó a Estebanía Báez, con las costas.

En la contestación se admitieron algunos de los hechos contenidos en la demanda pero se alegó que la corte había intervenido en todos los actos y contratos necesarios y que el demandante como tutor de su madre había aceptado la declaratoria de herederos, habiendo procedido los interesa-dos de común acuerdo sin que mediara fraude o engaño; que la demandada en 1910 renunció su derecho a su cuota usu-fructuaria en la testamentaría de Ramón Arandes a favor de Clara Virella, representada en dicho acto por su tutor José Arandes, que es el demandante en este caso.

Apareció del juicio que José Arandes intervino y prestó su consentimiento en todos los procedimientos necesarios como tutor de su madre; que la corte dictó sentencia en fe-brero 18, 1910, aprobando la declaratoria de herederos; que hubo una partición de bienes por escritura No. 145 otorgada ante el notario Julio César González en 1 de abril de'1910,, en la cual se adjudicó a la viuda Estebanía Báez de acuerdo con la resolución de la corte de febrero 18, 1910, la suma de $4,292, por cuota usufructuaria .como viuda, y que dicha es-critura fué aprobada por la corte en 28 de mayo de 1910; que en 1 de abril 1910, y por escritura No. 29, ante el notario-Julio César González, en la que se hace referencia al docu-mento No. 145, dicha Estebanía Báez renunció el expresado» usufructo adquiriendo en pago de dicha renuncia la suma de $2,500. La corte dictó sentencia' a favor del demandante por la suma de $833.33.

Alega la apelante que la suma que se le pagó fué debido a un error de la ley y no puede ser devuelta.

La corte en su opinión se fundó únicamente en el artículo 1048 del Código Civil, el cual es como sigue:

“Artículo 1048. — La partición hecha con uno a quien se creyó heredero sin serlo, será nula,”

y cita la corte los comentarios de Manresa respecto a su equi-valente el artículo 1081 del Código Civil Español, a saber:

“Puede presentarse la cuestión de este artículo' bajo los siguien-tes aspectos:
“1. El heredero único parte la herencia con otro que no es here-dero, creyendo que lo era.
“2. Los herederos verdaderos son varios, y todos han intervenido en la partición; pero además se ha dado participación a un extraño que no tenía derecho a la herencia, como' heredero.
“3. A uno de los herederos verdaderos ha sustituido en la par-tición por error, otra persona que no lo era.
“¿A cual de estos casos se refiere el artículo 10811 La partición se declara por el legislador nula, siempre que se practique con lino a quien se creyó heredero sin serlo. No distinguiendo la ley, habrá de estimarse aplicable a los tres citados casos; pero como pueden ser distintas las circunstancias, en cada uno de ellos será necesario apreciar éstas para determinar los efectos de la nulidad.
“Caso 1. — El heredero real es uno; pero creyendo que otra persona lo es también, parte con él la herencia. Aquí no cabe más solu-ción que la del artículo 1081; la partición es nula radicalmente. Pero como no cabe partición cuando el heredero es único, la decla-ración de nulidad producirá el efecto de que se entreguen todos los bienes al heredero único, sin necesidad de nueva partición.”
7 Manresa, p. 748.

Pero creemos que el ilustrado comentarista tuvo presente un error de hecho y no de derecho. La referencia que él hace a un “extraño,” difícilmente puede referirse a una viuda o pariente que como tal viuda o pariente era bien cono-cida pero que debido a la interpretación que se dió a la ley se resolvió que no tenía participación alguna en la herencia,, como sucedió cuando este tribunal revocó el caso de Julbe v. Guzrném, 16 D. P. B.., 530, en el cual se resolvió que el viudo no tenía derecho a cuota usufructuaria alguna en la sucesión intestada. Se ve además que Manresa no tuvo, en cuenta un error de derecho por sus comentarios sobre el artículo 1895 del Código Civil Español, que es equivalente al 1796 de nues-tro código. Dice lo siguiente:

“Aunque el artículo (1895 equivalente al 1796 de nuestro código) no determina qué clase de error ha de concurrir en el pago, desde luego se comprende que éste ha de ser de hecho, porque el de derecho no aprovecha a nadie, y no puede, por tanto, originar dicho cuasi-contrato. ”

Los artículos 1232, 1233 y 1718 de nuestro propio código, hablan entre otras cosas, del “error” que invalida a un con-trato o transacción, y con respecto a esto punto dice Mantesa en el tomo 8 de sus Comentarios, página 611, lo siguiente:

“Respecto a esta última distinción (error de hecho y de derecho) la más fundamental, diremos antes de pasar más adelante, que por
lo general, el error a que este artículo (1266 Código Español) se re-fiere, el que constituye vicio del consentimiento, es el de becbo, no -es' el de derecho, ni siquiera cuando precisamente versa el contrato (la transacción) sobre aquellos de_ que se creen asistidas las partes. En este sentido, la jurisprudencia declara, en sentencia de 12 de febrero de 1898 que £el error que vicia los contratos y las transac-ciones en su caso, por falta de consentimiento, con arreglo a los artí-culos 1261, 1265, 1266 y 1817 (1228-1232-1233 y 1718 de nuestro código) ha de recaer sobre la sustancia de la cosa objeto del contrato, y no sobre el derecho que asista a las partes, principalmente cuando la diferencia de apreciación sobre este derecho es lo que da lugar al contrato.’ ”

Modesto Falcón al considerar esta cuestión se expresa en el tomo 4 de sn obra de Derecho Civil Español, página 87, como sigue:

“Los jurisconsultos romanos distinguieron dos clases de error; el de hecho y el de derecho. El de hecho, según aquella legislación, producía la nulidad de la obligación. El de derecho no tenía un efecto constante y unifórme; a veces aprovechaba al que lo sufría y a veces le perjudicaba.
“Los códigos modernos no han vacilado. Todos de común acuerdo declaran que el error de derecho a nadie aprovecha. La obligación contraída con error de derecho es una obligación válida y eficaz; porque todos tienen la obligación de conocer el derecho.”

Iguales razonamientos aparecen expresados en el Diccio-nario de Escriche y en el tomo 1 de los Comentarios al Código Civil por .Scaevola, página 111, a saber:

“No puede alegarse en juicio la ignorancia de las leyes promul-gadas. ’ ’

Abora bien, aunque el artículo 1048 expresa de modo ter-minante que la partición hecha con uno' a quien se creyó here-dero sin serlo, será nula, creemos, sin embargo, que dicho artículo se refiere al caso en que no es heredero la persona que se dice serlo por falta del hecho o condición que le da tal carácter. Semejante caso surgiría si un hombre dijera que era pariente de una persona fallecida sin tener consan-guinidad alguna con la misma o si la persona no era en realidad la viuda del fallecido La forma misma en que está redactado el artículo parece indicar un error de hedió. Difí-cilmente hablaría el legislador de una interpretación erró-nea de la ley pues se presume que todo el mundo la conoce.

La apelante también alega que nuestra ley estatutaria nada dice respecto a lo que ha de hacerse en un caso como el presente y que debe recurrirse a los principios generales del derecho, como lo determina el artículo 7 del Código Civil. También hemos consultado la jurisprudencia americana e inglesa en cuanto al particular y encontrado que se ha hecho un estudio acabado sobre la materia en el caso de Scott v. Ford, 68 L. E. A., página 469, del cual extractaremos la parte más pertinente, a saber:

“La cuestión envuelta es muy antigua y ha dado origen a gran discusión si bien la tendencia de las modernas autoridades se muestra firmemente en un sólo sentido y en favor de la teoría de que un error de derecho, dentro de las debidas restricciones, no puede servir de excusa y no puede ser recuperado el dinero pagado debido a tal error. En esta cuestión están comprendidas las dos máximas legales que siguen: Ignorantia 'faoti excusat, ignorantia juris non excusat, (la ignorancia de un hecho puede servir de excusa pero la ignorancia de la ley no puede excusar) ; y' volenti non fit injuria (aquello en que ha consentido una persona no puede legalmente considerarse como un daño). Máximas Legales de Broom, 8a. Edición, págs. 253, 268. (En cuanto a esta última dice el Sr. Broom’ (272) : “Hay tam-bién un gran número de casos en los cuales se ha resuelto que el dinero que ha sido satisfecho voluntariamente no puede ser devuelto a quien lo pagó aun cuando no fuera necesario hacer el pago original por no mediar una justa causa; y estos casos están íntimamente relacio-nados en principio con aquellos que han sido considerados al tra-tarse de un pago hechq por ignorancia de la ley.” Por tanto, pon-dremos nuestra atención más directamente en la interpretación que según la ley se da generalmente a dicha máxima. También es inne-gable que ‘se presume que toda persona conoce la ley’ de lo cual no es sino una consecuencia ‘que la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento.’ De estos principios en unión del que se refiere a la ignorancia de un hecho, infiere el Sr. Broom las dos proposiciones siguientes: ‘Primero, que el dinero pagado con completo conocimiento de los hechos pero mediando ignorancia de la ley no pnede ser recu-perado sino existe algún escrúpulo en su retención; y en segundo lugar, que el dinero satisfecho por ignorancia de los hechos puede ser recobrado siempre que no haya habido negligencia por parte de 3a 'persona que lo satisface y que en conciencia no había motivo para reclamarle, * * *’
“El caso de Brisbane v. Dacres, 5 Taunt., 144, es uno de los prime-ros casos que tratan sobre la cuestión, el cual ha sido considerado del modo más cuidadoso y con la mayor erudición. El caso fué el siguiente: El capitán de un barco de Inglaterra trajo en dicho barco a su país fondos públicos para el servicio público, y fondos de individuos par-ticulares para su propio beneficio. Recibió flete por ambos y pagó' la tercera parte del mismo según la costumbre establecida en la marina al almirante bajo cuyas órdenes él había salido. Al saber, sin embargo, que la ley no obligaba a los capitanes a pagar a los almi-rantes la tercera parte del flete, estableció una acción por dinero obte-nido y recibido para que le fuera devuelto por la albacea testamen-taria del almirante habiéndose resuelto que no tenía él derecho a la devolución del dinero relacionado con el flete del gobierno. El Juez Sr. Gibbs después de exponer los hechos emplea este expresivo e ine-qnívico lenguaje: ‘Debemos considerar que este pago se verificó a. virtud de una petición legal, y creo que cuando un hombre exige a otro el pago de una suma de dinero comd cuestión de derecho y éste otro con entero conocimiento de los hechos en que se funda la peti-ción ha pagado una suma, jamás podrá recobrar la suma que volun-tariamente pagó. Puede ser que al volver a considerar la cuestión forme otro criterio de la ley y que el segundo sea el correcto. Si resolviéramos esta cuestión de otro modo surgirían muchos incon-venientes. Play muchas cuestiones de ley que son dudosas. Al sur-gir éstas el demandado puede optar entre discutir el asunto o acep-tar la demanda y pagar el dinero. Creo que por el hecho de some-terse a la demanda aquél que paga el dinero lo entrega a -la persona a quien se lo paga quien lo hace suyo, quedando terminada la opera-ción entre ambos. El que lo recibe tiene derecho a considerarlo como suyo sin discusión alguna. Lo gasta en la confianza de que le per-tenece, y sería muy injusto y perjudicial que el que ha reconocido el derecho verificando el pago voluntariamente, estuviera libre para en cualquier momento comprendido en el término de prescripción suscitar la cuestión y obtener la devolución del dinero. No se encuen-tra en las mismas condiciones el que lo recibe. Lo ha gastado en la confianza de que era suyo y quizás no tenga medios de devolverlo. ’ ’ ’
“El caso principal en este país con respecto al otro aspecto' de la cuestión es quizás el de Clarke v. Dutcher, 9 Cow., 674; la corte, por medio del juez Sr. Sutherland expresa que ‘si bien existen algunas pocas opiniones de jueces eminentes en sentido contrario, considero que según el criterio general de las autoridades queda establecido claramente el principio de que cuando se paga dinero con completo conocimiento de todos los hechos y circunstancias en los cuales se funda el requerimiento de pago, o teniendo los medios para tal conocimiento, no puede exigirse sudevolución por la razón de que la parte creía que de acuerdo con la ley estaba obligado a. pagarlo cuando en realidad no lo estaba. No le.será permitido alegar que desconocía la ley, y se considerará que el pago se ha hecho volun-tariamente. ’ Otro caso es el de Mowatt v. Wright, 1 Wend., 355, 19 Am. Dec., 508, en el cual se dice: ‘Por lo general procede la acción por dinero obtenido y recibido cuando ex aequo el bono debe devol-verlo el demandado, como sucede cuando se paga por equivocación o fundado en una causa que no existe, o si se ha obtenido por engaño, extorsión u opresión, o aprovechándose de un modo ilegal de la situa-ción del demandante. 2 Burr, 1012. El error que da derecho a una parte para ejercitar esta acción deberá ser de hecho: Cuando no existe en realidad fraude u error si la ley estaba equivocada es aplicable la regla igoiorantia juris non excusat, o sea, que la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. 2 Dough, 471. El error de hecho tiene lugar o cuando algún hecho* que realmente existe es des-conocido o se supone la existencia de algún hecho que en realidad no existe. Un caso más reciente es el de Champlin v. Laytin, 18 Wend., 407; 31 Am. Dec., 382, en el cual se resolvió que el mero error de derecho no es suficiente para ser reparado en equidad a menos que haya habido fraude, sorpresa o influencia indebida. El juez Sr. Bronson sostiene en el curso de su opinión que¡ ‘existe diversidad de cri-terio entre los civilistas con respecto a si puede exigirse la devolu-ción del dinero que ha sido pagado por un error en cuanto a la ley. Pero la doctrina establecida en Westminster Hall es que cuando se paga dinero teniendo entero conocimiento de los hechos no podrá exigirse su devolución por el fundamento de que la persona que lo pagó no conocía la ley. ’ Hurd v. Hall., 12 Wis., 125, es un caso que ha sido bien considerado por el Juez Presidente Sr. Dixon, en el cual se define el error de ley en la forma siguiente: ‘ Tiene lugar el error de ley cuando una persona teniendo completo conocimiento de los hechos establece una conclusión errónea respecto al efecto legal de los mismos. Es una opinión o deducción errónea que surje de la interpretación imperfecta o indebida acerca de los hechos tal como existen; así como una opinión formada sobre el concepto y alcance de la ley, presupone necesariamente que la persona que la forma conoce todos los hechos. ’ ”

Véanse también los casos de Elliot v. Swartout, 10 Pet., 137; Upton, Assignee, v. Triblecock, 91 U. S., 50; Allen v. Galloway, 30 Fed., 466; Storrs v. Baker, 10 A. D., 316, y notas.

Se observará que en la resolución del caso de Scott v. Ford, arriba citado un ilustrado juez expresa que existe diversidad de criterio entre los civilistas con respecto a si existe algún 'remedio en los casos en que el error es de derecho, pero Modesto Falcón como también Manresa muestran en las anteriores citas que la ley es muy parecida tanto en la jurisprudencia inglesa como en la española.

Según se indica también en el caso de Scott v. Ford que ya ha sido citado, bay cortes que sostienen que puede obte-nerse la devolución del dinero cuando el pago se ba hecho voluntariamente por un error de ley. Aunque entendemos que el artículo 1048 hace referencia al error de hecho, no vemos que sea necesario resolver en este caso en términos generales si puede o no exigirse alguna vez la devolución del dinero que ha sido satisfecho voluntariamente por un error de dere-cho. Pero sí sostenemos en todo caso que el error debe ser tal que la persona que lo recibe quede obligada en justicia y en buenos principios de conciencia a devolverlo según se ex-presa por esas autoridades. Hasta la fecha en que se resol-vió el caso de Julbe v. Guzmán a que se ha hecho referencia, la opinión general que aquí existía en los tribunales y aboga-dos era la de que la viuda tenía derecho a su cuota usufruc-tuaria en la herencia de su esposo. El dinero fué satisfecho en esa creencia. Puede ser que hasta el marido^ haya falle-cido en esa suposición. De acuerdo con las autoridades no vemos en este caso ningún principio de justicia por virtud del cual pueda este tribunal ordenar la devolución de la cantidad recibida, aun cuando a veces pudiera exigirse la devolución del pago que se ha hecho voluntariamente por-un error de derecho.

Pero existe otro aspecto en este caso concreto. Después que se Rizo la partición y se vió que la viuda tenía derecho a la suma de $4,292, las partes firmaron otra escritura por virtud de la cual la viuda renunció a su cuota usufructuaria y recibió la cantidad de $2,500, en lugar de la primera. Este fué un convenio de transacción estando comprendida su nuli-dad o anulación en el artículo 1718 del Código Civil. Man-resa establece de modo claro en la segunda cita a que se ha hecho referencia que el error que invalida una transacción deberá ser de hecho.

Además, en este- caso la prueba no es congruente con las alegaciones. El demandante solicita la nulidad de la decla-ratoria de herederos y de la partición y en cambio de la prueba aparece que medió un convenio de transacción. Esto cons-tituye un “variance.”

Debe revocarse la sentencia.

Revocada la sentencia apelada.

Juez concurrente:

Sr. del Toro.

Los Jueces Sres. Presidente Hernández y Asociados Aldrey firmaron, haciendo constar estar conforme con la sen-tencia por las razones consignadas en la opinión concurrente.

OPINION CONCURRENTE DEL JUEZ PRESIDENTE SR. HERNANDEZ Y ASOCIADO SR. AUDREY.

Por resolución judicial de 18 de febrero de 1909 fueron declaradas herederas abintestato de Bamón Arandes, su ma-dre Clara Virella y también su viuda Estebanía Báez en una cuota usufructuaria. Posteriormente madre y viuda hicie ron la partición de los bienes de la herencia.

En la demanda que originó el presente pleito, se pide la nulidad tanto de la declaratoria de herederos como de la partición de bienes, alegándose que la viuda no tenía derecho a cuota usufructuaria en concurrencia con ascendiente y que la partición de bienes se hizo por tanto con una persona que erróneamente fué considerada heredera usufructuaria.

La corte inferior sostuvo las peticiones de la demanda en la sentencia apelada.

Nosotros opinamos que el demandante carece de causa de acción por cuanto la viuda Estebanía Báez tenía derecho a cuota usufructuaria en el abintestato de su esposo Bamón Arandes, y para sostener nuestra opinión invocamos las mis-mas razones consignadas en el voto disidente emitido al deci-dir esta Corte Suprema- en sentido contrario por mayoría de votos, con fecha 15 de junio de 1910, el caso de Julbe v. Guzmán, 16 D. P. R., 530-546.

Pero en la hipótesis de que a Estebanía Báez no pudiera reconocérsele derecho hereditario alguno en el abintestato de Bamón Arandes, y de que no fuera heredera usufruc-tuaria del mismo, estimamos que, atendidas las circunstan-cias especiales del presente caso, no podía ser obligada a la devolución de lo percibido en concepto de cuota usufruc-tuaria. Bajo la anterior hipótesis estamos conformes con los razonamientos que sirven de base a la opinión que acompaña la sentencia pronunciada por esta corte en el día de hoy.

Tenga o no derecho Estebanía Báez a cuota usufructuaria • en el abintestato de su esposo Bamón Arandes, procede la revocación de la sentencia apelada.


author: El Juez Peesidente Se. Heenandez,

text:
    Porto Rican Leaf Tobacco Company, Recurrente, v. El Registrador de la Propiedad, Recurrido.
    Becubso gubernativo contra nota del Begistrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección 2a., denegando la inscrip-ción de una escritura de venta.
    No. 174.
    Resuelto en mayo 5, 1914.
    Agrupación y Venta de Pingas de Distintos Dueños Vendedores — Requisitos para su Inscripción a Pavor del Comprador. — Cuando varios dueños ven-dedores segregan de sus respectivas fincas parcelas de terreno para agru-parlas y formar una sola finca, es indispensable que en la escritura de agru-pación y venta se consignen las condiciones legales con que los dueños lian realizado la agrupación constituyéndose en dueños proindiviso de la finca agrupada, pues si así no se hiciere, ni la agrupación ni la venta podrán inscribirse en el registro.
    Escritura Otorgada Antes de Regir la Ley Hipotecaria — Omisión de Dar Pe el Notario del Conocimiento de los Otorgantes. — Una escritura pú-blica otorgada el 10 de octubre de 1876 antes de que rigiera en esta Isla la Ley Hipotecaria, pero cuando ya regía la Ley Notarial de 1873, y que adolece del defeeto de haber-omitido el Notario dar fe del conocimiento de los otorgantes, es nula de acuerdo con el artículo 27 de dicha ley notarial.
    Recurso Gubernativo — Calificación de Títulos por el Registrador — Docu-mento Presentado para Justificar la Adquisición del Dominio Antes de Regir la Ley Hipotecaria. — El registrador de la propiedad tiene facul-tades para calificar una escritura presentada al registro para justificar la adquisición del dominio de una finca antes de regir la ley hipotecaria, aun cuando dicha escritura no se presentara para su inscripción, sino para que se inscribiera otra escritura de vent.a de dicha finca.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Luis Muñoz Morales.

    El Registrador Sr. José Benedicto compareció por escrito • en nombre propio.
   El Juez Peesidente Se. Heenandez,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública otorgada en 25 de agosto de 1913 en el pueblo de Comerío ante el notario Don Celestino José Pérez y Pérez, Don Sixto Pontón Santiago y Don Manuel Pontón Fernández, acompañados de sus esposas, segregaron respectivamente de una finca rústica de la propiedad del primero y de otra finca o solar perteneciente al segundo, dos parcelas de terreno, que agruparon formando una tercera finca, la que vendieron por la misma escritura a P. H. Gor-man, como representante de la corporación Porto Rican Leaf Tobacco Company, por precio de $250.

Presentada la escritura de referencia en el Registro de la Propiedad de San Juan, Sección 2a., para su inscripción, el registrador la denegó por medio de nota que copiada a la letra dice así:

“Denegada la inscripción del precedente documento, en cuanto a la venta que comprende, porque la finca que se vende en la forma que se .describe no está inscrita a favor de los vendedores, pues si bien en este documento se agrupan las dos parcelas que la compo-nen, no se ha pedido inscripción de dicha agrupación, por lo cual no se ha hecho operación alguna respecto a la misma; porque ambos vendedores enajenan conjuntamente la totalidad de la finca, de lo que resulta que cada uno de ellos v ende parte de la parcela que corres-ponde al otro vendedor, sin tener participación ni derecho alguno en ella, y porque en la escritura número 76, otorgada en Sabana del Palmar el 10 de octubre de 1876, ante el Notario Francisco Jimé-nez Prieto, acompañada para acreditar la adquisición de la parcela perteneciente a Don Manuel Pontón, no da fe el notario del conoci-miento de los otorgantes, falta que produce la nulidad de dicha escri-tura; habiéndose tomado en su lugar y respecto a dicha venta, ano-tación preventiva por término legal, con vista de otro documento, al folio 225 del tomo 14 de Oomerío, finca número 689, anotación letra A, en la que se han consignado además, los defectos subsanables de no expresarse en esta escritura la colindancia y medida por el lado norte de la finca vendida, no acreditarse el carácter y facultades que se atribuye el Señor P. Ií. Gorman, no justificarse que la corporación compradora esté facultada para hacer negocios en esta Isla, y de que en la escritura antigua número 76 que se ha relacionado aparece firmando José R. Santiago en vez de José Antonio Santiago, que es el vendedor. San Juan, P. R., diciembre 18 del 1913. El Registra-dor, José Benedicto.”

Dicha nota ha sido recurrida para ante esta Corte Su-prema por Porto Rican Leaf Tobacco Company, y está some-tida a nuestra consideración. Examinemos los tres moti-vos en que se funda.

En cuanto al primer motivo entendemos que la escritura, de que se trata comprendía un acto y un contrato, sujetos a inscripción, a saber, la agrupación en una sola finca de dos parceles de terreno, y la venta de la finca agrupada. Si la parte recurrente quería que ambas inscripciones se verifica-ran en el registro, la primera previamente a la segunda,, debió pedirlo clara y determinadamente, suministrando los. sellos que cada una de ellas requería. En el registro no se practican de oficio las inscripciones y es preciso solicitarlas. Véase el caso de Ramis v. El Registrador, 19 D. P. R., 747. Pero es que la representación de la parte recurrente sostiene que no es necesaria la previa inscripción de la finca. agrupada a favor de los vendedores para inscribir la venta de la misma, y por tanto no pnede alegar que la presentación del documento se hizo para que, se verificasen ambas inscrip-ciones separadamente. Su intención clara era que se inscri-biera la finca agrupada, directamente a favor de la compra-, dora, sin necesidad de la inscripción previa de la agrupación, y tal pretensión era improcedente La finca tal como se ven-día no estaba inscrita en el registro, y por tanto tampoco cabía inscribir la venta según los artículos 20 de la Ley Hipo-tecaria y 244 del reglamento para su ejecución.

Ni podía verificarse la inscripción de la finca agrupada bajo un solo número y como una sola, pues para ello era nece-sario que las parcelas que habían venido a formarla fueran de un solo dueño o de varios proindiviso. Véase el caso de Durán et al. v. El Registrador, resuelto en marzo 6, 1914.

A este propósito dicen los ilustrados tratadistas G-aündo y Escosura, en sus Comentarios a la Legislación Hipotecaria,, Tomo I, página 538, edición de 1903:

“Si dos propietarios tienen sus fincas colindantes y las hipotecan, a un tercero manifestando simplemente su voluntad de que consti-tuyen una sola, ¿ bastará tal escritura para que se inscriban como una. sola finca ? Entendemos que no. Sobre no proceder, a nuestro juicio,, la agrupación con arreglo al artículo 322 del reglamento, faltaría en. la escritura la expresión explícita de las condiciones' de derecho con. que los condueños realizarían la unión y proindivisión de lo que; antes estaba segregado y dividido.”

Come se ve, la agrupación de fincas a que se refiere la escritura de 25 de- agosto de 1913 es improcedente por no pertenecer las fincas a un solo dueño o a varios proindiviso, y porque faltando como falta ese requisito, no se han deter-minado las condiciones legales con que los dueños han reali-zado la unión y proindivisión de las dos parcelas de terreno» que antes estaban separadas.

Por no haberse determinado las condiciones legales a que nos referimos anteriormente, resulta que ambos vendedores venden la finca agrupada sin pertenecerles ésta en común y proindiviso, y por tanto, como dice con razón el registrador recurrido, cada nno de ellos vende parte de la parcela que corresponde al otro vendedor sin tener participación ni dere-cho alguno en ella. La misma escritura demuestra cla-ramente que Don Sixto y Don Manuel Pontón venden a Porto Rican Leaf Tobacco Company la finca agrupada, y no las partes que cada uno de ellos segregaron de la finca de que respectivamente eran propietarios. Si tal hubieran he-cho no habría habido agrupación formada por los dueños ven-dedores, sino que la corporación compradora hubiera sido la llamada a formarla. Yéase la resolución de la Dirección General de los Registros de España de 18 de febrero de 1897.

En cuanto al tercer motivo del recurso, debemos hacer constar que juntamente con la escritura de 25 de agosto de 1913 fué presentada al registrador otra escritura pública de 10 de octubre de 1876 para acreditar que Don Manuel Pon-tón había adquirido de Don José Antonio Santiago con ante-rioridad al planteamiento de la Ley Hipotecaria en esta Isla, el terreno de que segregó la parcela que con la otra de Don Sixto Pontón vino a formar la finca agrupada, y que por tanto podría prescindirse de la inscripción previa ordenada por el artículo 20 de la Ley Hipotecaria.

Dicho documento no era bastante al fin pretendido, pues en la fecha en que se otorgó, regía la Ley Notarial de 1873, la que, bajo pena de nulidad, exigía en su artículo 27, con-cordante con el 23 de la misma, la dación de fe, por el notario, del conocimiento de los otorgantes, formalidad que no se llenó en la mencionada escritura, la que por tanto quedó viciada de nulidad.

Si tal documento hubiera sido presentado al registro para su inscripción y los interesados tenían el derecho de solici-tarla, hubiera sido denegada por. entrañar el vicio de nuli-dad expresado, y como su presentación al registrador tuvo pqr objeto sustituir la falta de inscripción previa a que se refiere el artículo 20 ya citado de la Ley Hipotecaria, es lógico concluir que si no era bastante para inscribir a favor de Don Manuel Pontón la finca adquirida, tampoco podía servir para transmitirla a otra persona. Galindo y Escosura, Tomo 2, página 174, edición ya expresada.

Y no puede negarse al registrador recurrido la facultad de calificar el documento en cuestión, por la razón de no babersele presentado para su inscripción, sino con el fin de comprobar la adquisición del dominio por Don Manuel Pon-tón antes de la vigencia de la Ley Hipotecaria, pues el regis-trador, bajo ese concepto podía calificarlo y lo calificó dere-chamente al estimar que no era justificante de diebo dominio, por adolecer de nulidad con que la ley vigente en la fecba de su otorgamiento sancionaba la falta de dación de fe del cono-cimiento' de los otorgantes por parte del notario.

No son materia del recurso los defectos subsanables apun-tados por el registrador, y por esa razón prescindimos de su examen.

Es de confirmarse la nota recurrida.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.


text:
    Wolkers, Demandante y Apelante, v. The American Railroad Company of Porto Rico, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en un caso sobre indemnización de daños y perjuicios.
    Moción de la parte apelada para que se desestime la apelación.
    No. 3144.
    Resuelto en mayo 5, 1914.
    Desestimación de Apelación — Interpretación de la Palabra Mes — Apelación contra Sentencia Definitiva. — De acuerdo con el artículo 8 del Código Civil en relación con el párrafo 4 del artículo 392 del Código Político, el término de un mes concedido por el artículo 295 del Código de Enjuicia-miento Civil, enmendado por las leyes de marzo 11, 1908 y No. 70 de marzo 9, 1911, significa un mes de 30 días, e interpuesta una apelación fuera de este tiempo debe ser desestimada.
    Los hechos están expresados en la resolución.
    Ahogado del apelante: Sr. Joseph Anderson, Jr.

    Ahogado déla apelada: Sr. F. G. Pérez Almiroty.

   Por cuanto con fecha 17 de marzo de 1914 la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., dictó sentencia en este caso, la cnal fné notificada a la parte demandante y archivada la notificación en la secretaría de dicha corte el mismo día de dictada y con fecha 17 de abril último radicó la parte deman-dante y apelante sn escrito de apelación contra dicha sen-tencia.

Por cuanto la parte apelada ha presentado ante este tribunal nna moción para qne se desestime la apelación inter-puesta por la demandante por haber sido radicado el escrito de apelación fuera de término.

Por cuanto de acuerdo con el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, enmendado por las leyes de marzo 11, 1908, y No. 70 de marzo 9, 1911, la apelación contra una sen-tencia definitiva debe interponerse dentro de un mes de regis-trada aquélla y este término empieza a correr desde que se archiva en la corte inferior la notificación que de la sentencia debe hacer el secretario de dicha corte, y de acuerdo con el .artículo 8 del Código Civil en relación con el párrafo 4 del artículo 392 del Código Politico cuando en las leyes se habla de meses se entenderán meses de 30 días, habiendo por tanto vencido en el caso de autos el mes para apelar, el día 16 de abril último.

Por tanto se declara con lugar la moción de la parte de-mandada y apelada y en su virtud se desestima la apelación interpuesta por el demandante Aquilino Wolkers contra la sentencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan, Sec-ción Ia., el 17 de marzo de 1914 en el caso arriba expresado y comuniqúese a la expresada corte a los efectos procedentes.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Presidente Sr. Hernández no tomó parte en la resolución de esta moción.


author: El Juez Asocíalo Se. Aldbey,

text:
    Martínez et al., Demandantes y Apelados, v. Porto Rico railway, Light and Power Company, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en un caso sobre reivindicación de finca urbana e indemnización de daños y perjuicios.
    No. 1042.
    Resuelto en mayo 5, 1914.
    Acción Reivindicatoría — Título del Demandante — Manifestaciones del De-mandante en Pavor Propio Hechas en un Documento. — Por regla general las declaraciones de una parte en su propio favor no son admisibles en su beneficio, a menos que constituyan parte del acto o contrato que ha de ser probado, y por tanto no es admisible para probar el título del demandante un documento en el que se dice que él había adquirido una mitad de la finca en litigio por medio de otro documento.
    Incongruencia Entre la Demanda y la Prueba — Presentación de Documen-tos Otorgados Después de Radicada la Demanda. — No son admisibles como prueba documentos con respecto a hechos ocurridos con posterioridad a la radicación de la demanda, a menos que se enmiende la demanda ha-ciendo alguna alegación que soporte tal prueba.
    Exposición del Oaso — Explicación del Alcance de Ciertos Documentos — ■ Enmienda por el Tribunal Sentenciador. — Guando en la exposición del caso se ha omitido hacer constar que ciertas escrituras presentadas como prueba sólo tienen el alcance de elevar a documentos públicos las ventas hechas anteriormente por documento privado, debe la parte apelada pedir al juez sentenciador que enmiende la exposición del caso subsanando dichas omisiones, y éste debe cuidar de que dicha exposición contenga todos los hechos necesarios para poder este tribunal resolver la apelación, aun cuando la apelada no hiciera tal petición.
    Incongruencia Entre la Demanda y la Prueba — Presentación de Documen-tos Inscritos Después de Radicada la Demanda — Acción Reivindica-toría. — El hecho de que la parte demandante no inscribiera su título hasta después de radicada la demanda no le impediría recobrar la finca en litigio.
    Acción Reivindicatoría — Demandantes que Poseen en Proindiviso — Insufi-ciencia de la Prueba con Respecto a Algunos de los Condueños. — Cuando en una acción reivindicatoría entablada por todos los condueños en pro-indiviso de una finca, sólo uno de ellos prueba su título, es imposible dictar sentencia a favor de éste, porque no ■ sería posible hacerle entrega de una parte indeterminada de la finca que todos poseen en proindiviso.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de los apelados: Sr. Hugh R. Francis.

    Abog’ado de la apelante: Sr. J. Henri Brown.

   El Juez Asocíalo Se. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

Los tres demandantes en este pleito alegaron en sn de-manda radicada en el Tribunal de Distrito de San Juan, sec-ción Ia., con fecha 12 de agosto de 1912 y definitivamente enmendada en octubre 19 del mismo año, que eran dueños en común proindiviso, uno en la mitad y los otros dos cada uno en una cuarta parte, de una finca radicada en el sitio de Bayola del barrio de Santurce en San Juan, de 18 varas de frente por 300 metros de fondo, que les pertenece desde fecha anterior al año 1910, según se encuentra inscrita en el registro de la propiedad del distrito, en la que a fines del año 1910 se introdujo la corporación demandada sin su per-miso y sin satisfacerles cantidad alguna como indemniza-ción y se apropió una' faja de terreno de cuatro metros de ancho por 18 de largo que atraviesa la finca de este a oeste y en la que ha hecho terraplenes y colocado una vía fija de railes causándoles así perjuicios por $6,000 que reclaman en unión del terreno.

Esa demanda fué contestada por la corporación deman-dada negando todos esos hechos y consignando que el trozo de terreno’reclamado forma parte, y también a fines de 1910, de una calle pública del municipio de San Juan, siendo una prolongación del Boulevard de las Nereidas y que la vía del tranvía eléctrico fué tendida allí en virtud de una fran-quicia que le ha concedido el Consejo Ejecutivo de Puerto Rico y en virtud también del convenio celebrado con el muni-cipio de San Juan, quien es el dueño del referido trozo de terreno que se trata de reivindicar, en el que la demandada únicamente tiene una servidumbre.

Con tales alegaciones tuvo lugar el juicio y se pronunció sentencia en 23 de mayo de 1913 declarando con lugar la demanda y condenando a la corporación demandada a devol-ver el inmueble que se reclama, o sea el trozo de terreno ocupado por la vía del trolley en la finca descrita en la de-manda, con imposición de costas, gastos y honorarios de abogado. La apelación que la corporación demandada inter-puso contra esta sentencia es la qué motiva el presente recurso.

Dos son las cuestiones que la apelante suscita en esta apelación, siendo la primera en cuanto a la evidencia admi-tida en el juicio por el tribunal con la objeción de la apelante, y la segunda sobre la suficiencia de esa evidencia, tomada en conjunto, para sostener el fallo, en el caso de que hubiera sido admisible. La cuestión de la insuficiencia de la prueba fué suscitada mediante una moción de desistimiento (non suit) hecha por la demandada después que los demandantes presentaron toda su evidencia, sin que por su parte presen-taran prueba alguna.

Para probar los demandantes que eran dueños de la finca en que la demandada tiene colocada su vía de railes fijos para el servicio de un trolley presentaron la escritura pública de 11 de enero de 1913, (documento letra B) que tiene por objeto subsanar ciertas omisiones de otra anterior respecto a la cabida de la finca y en la cual de una manera incidental se expresa que Arturo Brac había vendido en otra escritura a Carmen Figueroa su condominio de una mitad proindiviso y que a su vez dicha señora lo había vendido por otra escri-tura pública a Manuel Martínez, uno de los demandantes. Este documento no fué inscrito hasta 30 de abril de 1913.

Como prueba del dominio de Carmen Figueroa se presentó la escritura de 11 de enero de 1913 (documento letra D) por la cual Arturo Brac vende a dicha señora una cuarta parte indivisa de la finca y que es inscrita también en 30 de abril de 1913.

T en cuanto al otro condueño y demandante Eugenio Brac se presentó la escritura del año 1903 (documento letra E) que contiene la compra que hizo a Wenceslao Allende de un condominio de una cuarta parte indivisa en una finca de dos cuerdas diez céntimos del sitio de Bayola en el barrio de Santurce en San Juan, que no fue inscrita hasta 30 de abril de 1913, y la escritura del año 1909, (documento letra C) por la cual Eugenio Brac y otros dividen en cuatro solares la finca de dos cuerdas diez céntimos, correspondiendo la descrip-ción del solar B con la descripción de la finca que trata la demanda y de la cual se reclama una faja de terreno. De los cuatro documentos restantes los marcados “F” y “Gr” no tienen otro objeto que demostrar el origen de la finca y en cuanto a los señalados “A” y “H” no hace objeción alguna en este recurso la apelante y se refiere el primero de estos a un poder y el segundo a un requerimiento por otra finca.

Los relacionados documentos fueron admitidos como evi-dencia con la objeción y protesta de la apelante y entendemos que ésta tenía razón. El demandante Manuel Martínez no puede probar su propiedad en la finca en litigio contra la demandada mediante manifestaciones de su adquisición he-chas por él y otras personas en un documento que no es su título de adquisición. Sería muy inseguro sostener las pre-tensiones del demandante Martínez con sus propias mani-festaciones hechas fuera del tribunal, sin juramento y sin someterse al interrogatorio de la parte contraria, puesto que, por regia general, las declaraciones de una parte en su pro-pio favor no son admisibles en su beneficio a menos que cons-tituyan parte del acto o contrato que ha de ser probado. Jones on Evidence, sección 235. For consiguiente, el docu-mento letra B en el que se hace referencia a que Manuel Martínez había adquirido una mitad indivisa en el solar en cuestión por otro documento, no debió ser admitido como prueba de su título.

Pero además ese documento, así como el marcado letra “D,” que fue presentado para probar el título de la deman-dante Carmen Figueroa, no debieron ser admitidos porque habiendo sido otorgados casi un año después de interpuesta la demanda, tal clase de prueba constituye cambio sustan-cial entre lo alegado y probado' pues mientras en la demanda se sostiene que eran dueños desde antes de ocurrir los becbos de que se quejan, la prueba viene a demostrar, según la expo-sición del caso, que no llegaron a tener interés en la finca basta mucho tiempo después de presentada la demanda. Para presentar evidencia de becbos ocurridos después de baber comenzado la acción es preciso que sé baya adicionado alguna alegación en ese sentido que soporte la prueba Véanse los casos citados en 31 Cyc., 684, letra F, nota 93.

Los apelados trataron en el momento de la vista ante noso-tros de enmendar la exposición del caso alegando que en ésta no se insertaron todos los becbos necesarios para que poda-mos apreciar el efecto de la prueba presentada, pues se omi-tió consignar que esas escrituras no tienen otro alcance que el de elevar a documentos públicos las ventas hechas anterior-mente por documento privado. Nosotros rechazamos enton-ces la moción por no ser esa la forma en que puede enmen-darse una exposición del caso en la que el juez tiene que inter-venir mediante su aprobación; pero si es cierto que la expo-sición del caso omite esos becbos, debieron los apelados pe-dirle al juez inferior que la enmendara y éste debió cuidar de que contuviera todos los becbos necesarios para resolver nosotros la apelación, a pesar de que los apelados no hicieran gestión en ese sentido.

En cuanto al otro demandante Eugenio Brac probó que adquirió en 1903 el condominio de una cuarta parte proindi-visa en la finca de dos cuerdas diez céntimos y por división de ésta en 1909 igual participación en el solar cuya faja se reclama, y el hecho de que tanto él como los otros dos deman-dantes no inscribieran sus títulos basta después de radicada la demanda no les impediría recobrar, pnes la alegación esen-cial de la demanda es qne son dueños, y el expresar qne lo son según la inscripción del registro es sólo nna explicación qne pnede quizás considerarse como superfina.

Sin embargo, como la demanda ba sido establecida por todos los qne alegan ser condueños para que se les entregue tal faja de terreno, y dos de ellos ban dejado de probar sus títulos de acuerdo con la ley, siendo la participación de Eugenio Brac proindivisa, sería imposible en estas condiciones ordenar que se le entregue toda, porque no le pertenece en totalidad, ni una parte de ella porque su cuarta parte es inde-terminada.

En vista de estas circunstancias y de baber sido admi-tidos erróneamente durante el juicio los documentos' a que hacemos referencia procede que, revocando la sentencia ape-lada, ordenemos la celebración de un nuevo juicio.

Revocada la sentencia ordenando la celebra-ción de un nuevo juicio y los demás proce-dimientos que en justicia procedan.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    Sucesores de José Martínez, Demandantes y Aperados, v. Tomás Dávila & Co., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., sobre nuevo, juicio en un caso de cobro de cierta cantidad de dinero.
    No. 1137.
    Resuelto en mayo 6, 1914.
    Desestimación de Apelación — Nuevo Juicio — Exposición del Caso — Apelación Erívola. — El hecho de que la transcripción de autos en una apelación contra orden concediendo un nuevo juicio no contenga una exposición del caso con los affidavits y cuestiones ventiladas ante el tribunal en el acto de la vista de la moción de nuevo juicio, por sí solo no es suficiente para desestimar una apelación, ni le da a ésta el carácter de frívola, máxime cuando se lia ale-gado la insuficiencia de la moción de nuevo juicio.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Cay. Goll Cuchí.

    Ahogados de los apelantes: Sres. Bosch y Soto.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

De la transcripción de este caso deducimos qne en el acto del juicio celebrado en la Corte de- Distrito de .San Juan, Sec-ción 2a., los demandantes ofrecieron cierta prueba de una deuda la cual fue objetada por los demandados fundándose en que los libros de comercio constituían la mejor prueba de dicha deuda. La corte desestimó la objeción pero al parecer poste-riormente desestimó la demanda por falta de esa misma prueba. Los demandantes solicitaron un nuevo juicio funda-dos en accidente o sorpresa qne la ordinaria prudencia no ha podido prever. En la moción se alega que tal accidente o sor-presa se expondrían en los affidavits presentados en apoyo de la moción. La corte, después de discutir la moción, la declaró con lugar y ordenó un nuevo juicio y de esta orden los deman-dados apelaron.

Los apelados piden la desestimación de la apelación por dos fundamentos, a saber: que la transcripción es incom-pleta y que la apelación es frívola. La impugnación a la transcripción se funda en que los apelantes no han presen-tado una exposición del caso en la cual consten los verda-deros affidavits y las cuestiones ventiladas ante el tribunal en el acto de la vista de la moción de nuevo juicio. El secre-tario de la corte de distrito certificó la transcripción haciendo constar que los antecedentes que precedían su certificación constituían todas las alegaciones, órdenes y documentos usa-dos en la moción de nuevo juicio. Los demandados alegan que esta certificación es insuficiente a la luz de las reglas de esta Corte y de la Jurisprudencia de California.

En apelaciones contra una sentencia al principio de regir el procedimiento establecido por el nuevo Código de Enjui-ciamiento Civil frecuentemente se hacían mociones pidiendo la desestimación de las apelaciones por falta de un pliego de excepciones o exposición del caso, pero siempre resolvimos que aun así podrían surgir cuestiones de las alegaciones acerca de las cuales el apelante tenía el derecho de ser oído. También se plantea en este caso la cuestión de la suficiencia de la moción de nuevo juicio o en otros términos, los apelan-tes plantearon la cuestión de si el contenido de la moción demuestra la existencia de accidente o sorpresa durante el juicio según el significado que estas palabras tienen en dere-cho. Puede ser que, ya tengan o nó razón los apelantes, la corte pudo en el ejercicio de su facultad discrecional con-ceder el nuevo juicio, pero tanto la cuestión de si los funda-mentos de la moción son o nó suficientes como la discreción de la corte son ambas discutibles.

Opinamos que los apelantes tienen el derecho a que se les oiga con respecto a la moción en sí y no estamos completa-mente convencidos de que la certificación del Secretario no demuestre de una manera exacta qué cuestiones fueron plan-teadas ante la corte en el acto de la vista de la moción. Estas son cuestiones de procedimiento que se nos presentan a nues-tra mente y aunque tal vez no' podamos entrar en el examen de los affidavits, sin embargo, no queremos desestimar la ape-lación sin examinar la suficiencia de la moción considerada aisladamente. Como consecuencia surge que la apelación no es frívola y que la moción para desestimar la apelación debe ser denegada.

Denegada la moción.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro y Aldrey.

El Juez Presidente Sr. Hernández no intervino en la reso-lución de esta moción.


author: El Juez Asociado Sb. del Tobo,

text:
    Díaz et al., Recurrentes, v. El Registrador de la Propiedad, Recubbido.
    Recurso gubernativo contra nota del Eegistrador de la Pro-piedad de San Germán denegando la inscripción de bienes hereditarios.
    No. 177.
    Resuelto eu mayo 7, 1914
    Contribución de Herencia — Inscripción de Bienes Hereditarios — Falta de Presentación del Recibo de Contribución de Herencia o del Documento Justificativo de la Exención del Pago de Dicha Contribución. — Los recu-rrentes en este caso presentaron al Registrador de la Propiedad de San Germán, con el fin de inscribir a su nombre determinado condominio en bienes hereditarios, el testamento de su causante en el cual se nombra here-deros a sus hijos legítimos y a la viuda, que son los recurrentes, y, además, se deja un legado de cinco mil pesos a un niño. El registrador denegó la inscripción de dicho condominio por no haberse presentado ni recibo ereditivo del pago de la contribución sobre la herencia, ni documento justificativo de exención del pago de dicha contribución. Se resolvió, atendidas las cir-cunstancias del caso, que el registrador estaba justificado en su negativa.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los recurrentes: Sr. Benito Forés.

    ■ El Eegistrador Sr. Eafael B. Sama compareció por escrito en nombre propio.
   El Juez Asociado Sb. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Presentada copia del testamento otorgado por don Ulises López Cario en el Registro de la Propiedad de San Germán con nna instancia para que se inscribiera a favor de los here-deros del Señor López Cario la mitad indivisa de cierta finca rústica, el registrador se negó a ello por medio de la siguiente nota contra la cual se ha interpuesto el presente recurso gu-bernativo. La nota dice así:

“No admitida la inscripción del documento que precede, en cuanto a una ‘finca rústica,’ digo, mitad indivisa que al finado Don Ulises López y Cario correspondía en una finca rústica de diez cuerdas radi-cada en el barrio Parguera, término municipal de Lajas, con vista de una instancia en que se describe la finca y se solicita la inscripción, por el defecto de no haberse cumplido el terminante precepto del artículo 372 del Código Político, para probar que se ha pagado por entero sobre los bienes del difunto, la contribución de herencia o se han declarado exentos de ella, tomándose en su lugar anotación letra A por ciento veinte días a favor de la viuda e hijos del causante, a cuyo nombre se ha solicitado la inscripción proindivisa de la referida participación, al folio 31 vuelto del tomo 6o. de Lajas, finca número 290.”

Por su testamento el Sr. López Cario deja todos sus bie-nes a su esposa y a sus legítimos hijos, los recurrentes en este caso y hace el siguiente “Legado condicional. — De la parte de capital que me concede la ley para disponer libre-mente, se sacará la cantidad de cinco mil pesos en bienes raíces que lego condicionalmente a favor del niño que hemos criado desde muy pequeño y vive en nuestra casa, llamado Marco .Antonio, y a quien profeso cariño, para que con las rentas de la expresada suma se le sostenga y eduque debi-damente, y para este efecto, le nombro como tutor y adminis-trador del indicado legado, en primer lugar a mi hijo Ulises Antonio Ledislao, y en caso de faltar éste, a mi otro hijo Ernesto, que abarcará aquéllas facultades. Si por desgracia ocurriere la muerte del indicado niño Marco Antonio, antes de cumplir su mayor edad, y sin descendientes legítimos o naturales, y por consiguiente sin haber recibido dicho legado, pasará éste íntegro y por partes iguales a mis herederos legí-timos expresados en la cláusula cuarta de este testamento. ’ ’

Sostienen los recurrentes que el legado es condicional y de carácter personal por haber transcurrido más de ciento veinte días sin que se tomara anotación preventiva del mismo sobre los bienes de la herencia. Sin embargo, el legado, según el testamento, es de “cinco mil pesos en bienes raíces,” y el hecho de la falta de anotación no debe invocarse por lo menos en favor de uno de los peticionarios que por el mismo testa-dor fué designado para velar por los intereses del niño Marco Antonio.

Sostienen también los recurrentes que el niño Marco Auto-nio puede conceptuarse como Rijo adoptivo y por tanto que su legado está exento .del pago de la contribución sobre*heren-cias. La ley, artículo 368 del Código Político antes citado, emplea las palabras “o persona legalmente reconocida como Rijo adoptivo del fallecido.” De los términos del testamento no puede deducirse que tal sea la condición del niño Marco Antonio.

T sostienen, por último, los recurrentes, que este caso debe resolverse en su favor, aplicando la jurisprudencia esta-blecida por esta Corte Suprema en el de Calder v. El Registrador, 17 D. P. R., 4. En clicRo caso se decidió lo que sigue: “En procedimientos testamentarios ocurridos al fallecimiento de Fernando Calder, padre del recurrente, se adjudicó a ésta un parcela de terreno, y aprobadas las operaciones testamen-tarias, se presentó una copia de ellas al registro para la inscripción de la participación del recurrente, denegándola el registrador por no haberse justificado que los herederos de Enriqueta Calder, heredera a su vez de Fernando Calder, hubieran pagado la contribución correspondiente por razón del fallecimiento de dicha señora. Se resolvió que apare-ciendo satisfecha la contribución devengada en relación con la partición de la herencia del padre del recurrente, la parti-ción de éste es inscribible, sin perjuicio de lo que proceda al solicitarse la inscripción de las operaciones referentes a la partición de la herencia de Enriqueta Calder.”

El caso de Calder, como puede verse por el simple resu-men del mismo, es diferente a este que resolvemos. Los here-deros del Señor López Cario han pedido ahora la inscripción a su favor de una pequeña finca y así podrían continuar pidiendo la inscripción de las demás que forman la totalidad de la herencia y eludir no sólo el cumplimiento de la volun-tad del legislador que exige el pago de la contribución sobre la herencia antes de que el traspaso a los herederos se anote en el registro (arts. 376 y 379 del Código Político), sino, ade-más, la voluntad del mismo testador en cuanto se refiere al legado de cinco mil pesos en bienes raíces que hiciera al niño Marco -Antonio.

No nos toca decidir en este caso si la herencia del Sr. Ló-pez Cario debe o nó pagar finalmente por algún concepto la contribución que se exige en el capítulo III, título IX, del Código Político'. Este es un recurso gubernativo y tal cues-tión pudiera resultar en una controversia entre el Tesorero de Puerto Rico y la parte interesada. Sólo nos toca resolver como resolvemos que el registrador estuvo justificado, dadas las circunstancias concurrentes, en exigir que antes de practicar la inscripción se le presentara' el recibo del pago de la contribución sobre la herencia o el documento justifica-tivo de que el Tesorero la' había considerado exenta de dicho pago.

Debe confirmarse la nota recurrida.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. Aldeey,

text:
    Del Moral, Recurrente, v. El Registrador de la Propiedad, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Ia., denegando la cancelación de un censo.
    No. 178.
    Resuelto en mayo 7, 1914.
    Censos — Cancelación de un Censo Mencionado en una Inscripción — Palta de Asiento de Inscripción de un Censo. — El hecho de que no exista en el registro un asiento de inscripción del censo que se cancela, no es obstáculo para que la mención que de él se hizo en la inscripción primera de la finca pueda ser cancelada por medio de nota al margen del último asiento de la finca.
    Id. — Cancelación de una Capellanía — Obispo Católico dé Puerto Rico — Palta de Constancia en el Registro de la Persona a Pavor de Quien se Constituyó.: — El hecho de no constar en el registro el nombre de la persona a favor de quien está constituida una capellanía o censo no es obstáculo.

      para que se cancele la mención de dicho censo hecha en la inscripción primera de la finca, en -virtud de escritura de cancelación otorgada por el Obispo Católico de Puerto Rico, único que como representante de la Iglesia Católico, puede consentir en dicha cancelación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. José E. Benedicto.

    El Registrador Sr. José S. Belaval no compareció.
   El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

En escritura pública de 28 de agosto de 1913 Monseñor William A. Jones, Obispo de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana en esta Isla, expuso que Don Carlos Chipinan Pineo, como apoderado de Don Francisco Salvy, vendió a Doña Carmen del Moral y Freyre la casa No. 90' de la calle del Sol de esta ciudad de San Juan, respecto de la cual se hizo cons-tar en la sección de cargas de la inscripción primera en el registro de la propiedad, que en el título que se presentaba, para verificaría, se expresa hallarse afecta a una capellanía, por ciento veinticinco pesos sin contar intereses, no inscrita, con anterioridad de una manera conocida a favor de nadie:, que en la inscripción duodécima, por la que Don Antonio-Salvy adquiere ese inmueble, se hizo constar que reservaba, en su poder ciento dieciocho pesos setenta y cinco centavos, como importe del censo o capellanía a favor del presbítero-Don Pedro Ma. Berrios, que grava dicha finca y resulta de la inscripción primera referida, por lo que apareciendo de los antecedentes que obran en el Obispado que el censo mencio-nado fué constituido en escritura pública de 20 de agosto de 1788 y teniendo en cuenta que el Sr. Carlos Chipinan Pineo se obligó en la escritura al principip ■ mencionada a obtener la cancelación de tal censo, a cuyo efecto le ha entregado la suma de ciento veinte y un pesos ochenta y siete centavos, por el importe de dicho censo y sus intereses, le otorga carta de pago, lo cancela totalmente y presta su consentimiento para que la cancelación se haga constar en el registro de la propiedad.

Presentado ese documento en dicha oficina fné negada la cancelación por el fnndamento que aparece de la nota puesta a sn pie, la que dice así:

“No admitida la cancelación a que se refiere el anterior documento, por no estar inscrito el censo que se cancela, pues si bien) en la ins-cripción primera relativa a la casa número 90 de la Calle del Sol •de esta Capital, finca número 485, folio 149 del tomo 11°., de San Juan, ¡se menciona una capellanía por ciento veinte y cinco pesos, no se •expresa a favor de quién. No se extiende anotación preventiva. San Juan, octubre 7 de 1913.”

La apelación interpuesta por Doña Carmen 'del Moral y Freyre contra esa nota es la que motiva el presente recurso gubernativo.

El registrador recurrido no lia presentado alegato alguno en apoyo de su resolución, y aunque ésta nos parece algo con-fusa sólo puede interpretarse, o en el sentido de que se niega la cancelación del censo por no' estar éste inscrito en el regis-tro, o en el sentido de que se niega la cancelación por no ex-presarse a favor de quién está constituida la capellanía.

El becbo de que no exista en el registro un asiento de inscripción del censo que se cancela no es obstáculo para que la mención que de él se hizo en la inscripción primera de ■la finca pueda ser cancelada, pues si bien con arreglo a los preceptos que informan la ley hipotecaria no es posible can-celar los censos no inscritos, es evidente que si éstos apare-cen mencionados procede que se baga constar su extinción cuando se acredita en documento fehaciente, ya que según el artículo 29 de la ley la mención de los derechos reales surte efecto contra tercero, aunque no conste su inscripción especial y separada, pudiendo hacerse constar su extinción por medio de nota al margen del último asiento de la finca. Janer v. El Registrador de la Propiedad, 18 D. P. R., 10. Resoluciones de los Registros de España de 18 de marzo.de 1865; 5 de noviembre de 1883 y 31 de octubre de 1884.

Tampoco es obstáculo para la cancelación solicitada el becbo de no constar en el registro a favor de quién está cons-tituída la capellanía. Es un lieclio la mención de la misma en el registro y como la capellanía lleva aneja una carga espiritual de celebrar o mandar celebrar anualmente una o más misas a modo de gravamen sobre el disfrute del capital en que consiste, carga que sólo pueden levantar minis-tros de la Iglesia Católica, Apostólica Romana, es claro que únicamente al representante de dicba iglesia en Puerto Rico, o sea el Obispo, Monseñor Jones, otorgante del documento de que se trata, incumbe recibir el capital, extinguiendo así la carga, siendo indiferente que se exprese o nó a favor de quién está constituida la capellanía. Jones, Obispo Católico de Puerto Rico, v. El Registrador de la Propiedad,, 17 D. P. R., 224; Román v. El Registrador de la Propiedad, 17 D. P. R., 321; Marrero v. Skerret et al., 17 D. P. R., 568.

Debe revocarse la nota recurrida y ordenarse al regis-trador proceda de acuerdo con esta opinión.

Revocada la, nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-mados Wolf y del Toro.


author: El Juez Asociado Se. "Wole,

text:
    El Pueblo, Demandante t Apelado, v. MeNa, Acusado y APELANTE.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en causa por tener burdeles y casa escan-dolosa.
    No. 675.
    Resuelto en mayo 7, 1914.
    Prostitución — Duplicidad en la Acusación — Defecto Alegado por Primera Vez en Apelación. — El defecto de duplicidad en una acusación consistente en que se imputan, al acusado el delito de tener una casa dedicada a citas deshonestas y el de haber arrendado habitaciones a mujeres para dedicarse a la prostitución, no habiendo sido alegado en la corte sentenciadora no puede ser considerado por primera vez en apelación.
    Id. — Duplicidad en la Acusación — Alquiler de Habitaciones Para la Pros-titución.- — -La acusación formulada contra el acusado en este caso en la la cual se dice que tenía establecida una casa dedieada a citas deshonestas,. arrendando las habitaciones, a mujeres para dedicarse a la prostitución, no adolece del defecto de duplicidad, y el delito imputado en ella es el de arrendar habitaciones a mujeres para fines de prostitución.
    Id. — Alquiler de Habitaciones para la Prostitución — Conocimiento del Acusado. — Examinada la prueba se resolvió que el acusado tenía conoci-miento de que las habitaciones se alquilaban para fines de prostitución.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del Pneblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

    Abogado del apelante: Sr. Antonio Trujillo.

   El Juez Asociado Se. "Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante alega en primer término que la acusación es defectuosa porque en ella se imputan dos delitos, el de haberse acusado al apelante de tener una casa dedicada a citas des-honestas y haber arrendado habitaciones a mujeres para dedicarse a la prostitución. Esta cuestión no fué promovida ante la corte sentenciadora y por tanto no es necesario que la consideremos, Torres v. Lothrop Luce & Co., 16 D. P. R., 180; Torres v. Lothrop, 231 U. S., 171; Quintero et al. y. Morales, resuelto en 23 de abril, 1914, y casos citados en el mismo, especialmente si se probó dicha acusación tal como fué pre-sentada. Creemos, sin embargo, que en la referida acusa-ción se imputó un so.lo delito. La acusación es como sigue:

“El Fiscal formula acusación contra Rafael Mena por un delito de tener burdeles y; casa escandalosa, previsto en el capítulo 7, del título 13, del Código Penal, misdemeanor, cometido como sigue: El citado Rafael Mena allá el día 17 de noviembre de 1913, tenía esta-blecida en la casa No. 90 de la Calle de San Sebastián de la} ciudad de San Juan que forma parte del Distrito Judicial del mismo nom-bre, una casa dedicada a sitas deshonestas arrendando las habita-ciones a mujeres para dedicarse a la prostitución. Este hecho es contrario a la ley para, tal caso prevista y a la paz y; dignidad de El Pueblo de Puerto Rico.”

El apelante sostiene que la acusación no es clara pues en ella no se determina si la causa se siguió de conformidad con el artículo 287 ó 288 del Código Penal. Opinamos que si bien la mencionada acusación no fué preparada con mucho cuidado, en ella se informa suficientemente al acusado de que se le imputaba el hecho de arrendar habitaciones a mujeres para fines de prostitnción

El único otro fundamento de error qne ha sido alegado se refiere a la insuficiencia de la prueba para sostener la acusación. Que la casa era de citas y que se arrendaban habitaciones a mujeres quienes las usaban para fines de pros-titución, fué un hecho que quedó plenamente probado. El fundamento principal del apelante, según el concepto que del mismo hemos formado, fué el hecho de no haberse probado qne el acusado era el que tenía la casa o quien la dirigía y tenía conocimiento de los actos de los huéspedes. Ya hemos visto que el hecho por el cual fué acusado era el de haber arrendado las habitaciones para fines de prostitución, y la única y verdadera cuestión es si' tenía o nó dicho acusado conocimiento de tales fines. Los huéspedes eran numerosos y quedó probado que la casa era bien conocida como casa de citas, que el acusado se entendía personalmente con las mujeres inquilinas como arrendador o dueño, que visitaba la casa y que sus agentes tenían completo conocimiento de los hechos. Su conocimiento de los hechos quedó demostrado en parte por prueba circunstancial y en parte por sus pro-pias admisiones. Debe confirmarse la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia apelada..

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sb. Wolf,

text:
    Sucesores de Andreu & Co., S. en C., Recurrentes, v. El Registrador de La Propiedad, Recurrido.
    Becurso gubernativo contra nota del Begistrador de la Pro-piedad de San Germán denegando la inscripción de una escritura de venta de finca rústica.
    No. 176.
    Resuelto en mayo 7, 1914.
    Mandato — Interpretación Restrictiva — Significación Corriente de las Pa-labras. — -El mandato debe ser interpretado restrictivamente y a sus palabras debe dárseles la significación en que podrían ser entendidas por una persona de inteligencia corriente.
    Id. — Facultad Para Otorgar un Contrato Real — Alcance de Esta Frase — - Facultad Para Enajenar Bienes Inmuebles. — El poder objeto de este recurso confirió facultades al mandatario para ejecutar '‘toda clase de actos y contratos, cuasi contratos, concretos, aleatorios, innominados, reales, con-sensúales, civiles y mercantiles, constituyéndolos, modificándolos extinguién-dolos, cancelándolos, sobre toda clase de bienes inmuebles, semovientes e incorporales’’ y para otorgar las escrituras públicas que fueren necesarias. Se resolvió que la frase para otorgar contratos reales interpretada en el sentido en que podría ser entendida por una persona sin conocimiento especial de las leyes, no equivale a la facultad expresa para enajenar bienes .inmuebles.
    Id. — Enajenación de Bienes Inmuebles — Documentos Públicos — Ratifica-ción de la Venta por Medio de un Affidavit. — El documento público a que se refiere el artículo 1247 del ‘Código Civil, enmendado por la Bey No. 65 de marzo 7, 1912, en relación con el artículo 3 de la Ley Hipotecaria, es una escritura pública y un affidavü no constituye tal documento público a los efectos de ratificar una escritura de venta de bienes inmuebles otorgada, por un mandatario sin poder bastante para ello, y cuya inscripción en el registro ba sido denegada por ese motivo.
    Los tedios están expresados en la opinión.
    Abogado de los recurrentes: Sr. Benito Forés.

    El Registrador Sr. Rafael B. Sama compareció por escrito en nombre propio.
   El Juez Asociado Sb. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

María de Jesús Martell y Rivera otorgó un poder a favor de su esposo en el cual le confirió entre otras facnltades la de ejecutar “toda clase' de actos y contratos, cnasi contratos, concretos, aleatorios, innominados, reales, consensúales, ci-viles, y mercantiles, constituyéndolos, modificándolos, extin-guiéndolos, cancelándolos, sobre toda clase de bienes inmue-bles, semovientes e incorporales,” habiéndole conferido ade-más poder para otorgar las escrituras públicas que fueren ne-cesarias. No existían en diebo poder otras palabras o que fue-ran más específicas, por las cuales se diera facultad al esposo para enajenar o vender bienes inmuebles. Como todo poder debe ser interpretado estrictamente y el artículo 1615 del Código Civil prescribe que “para transigir, enajenar, hipo-tecar o ejecutar cualquier otro acto de riguroso dominio es necesario mandato expreso,” somos de opinión de que las palabras contenidas en el poder no fneron suficientes para' constituir nn mandato expreso. Las palabras de nn poder deberán ser interpretadas en el sentido en qne podrían ser entendidas por nna persona de inteligencia corriente qne lo otorgara, y ninguna persona qne no tenga nn conocimiento especial de la ley entenderá la facnltad para otorgar nn contrato real como nna que confiere facultad para enajenar. Las palabras del mismo no constituyen nn mandato expreso .para enajenar, sino que son términos generales, contra los cuales la ley trata de proteger al otorgante, exigiendo tér-minos especiales y expresos. Al ser presentada la escritura de venta al registrador éste resolvió correctamente qne el poder no era suficiente.

Las partes al parecer no consideraron suficiente el poder pues acompañaron a la escritura la siguiente declaración ju-rada (affidavit):

“Por el presente yo María Jesús Martell y Rivera, de cuarentay ocho años, casada, de oficio doméstico y vecina de Mari'cao, bajo juramento declaro: que al conferir poder a mi legítimo esposo Am-brosio Martínez e Irizarry, según escritura en este pueblo ante el notario Don Guillermo EL Moscoso y Rodríguez, de Mayagüez a veinte y siete de junio de 1913, expresé a dicho notario mi voluntad expresa de que el mandato contuviera facultades bastantes al mandatario para otorgar toda clase de escrituras, incluyendo las de ventas, com-pras y demás no sólo de mis bienes particulares sino de los adquiri-dos durante el matrimonio: que el notario redactó el poder y me fué leído, estimando siempre que comprendía mi citada voluntad al con-signarse que otorgase contratos reales, por lo que juro solemnemente que el mandatario tiene facultades para .hacer ventas de todas clases de bienes inmuebles de todas clases por el precio y condiciones que estime convenientes; • y por tal motivo siendo necesario ratifico y apruebo en todas sus partes la venta que mi citado esposo realizara de cinco cuerdas de terreno en el barrio de Bucarabones, lugar de la Guaba de este término municipal a favor de Sucesores de Andreu y Ca., S. en 0., por quinientos dollars recibidos.”

El registrador se negó a inscribir el documento presen-tado fundándose en qne el poder conferido no contenía facnl- ■ tad expresa para enajenar y en qne de acnerdo con la ley no era suficiente el affidavit acompañado para corregir el defecto.

El artículo 1247 del Código Civil, según ña sido enmen-dado por la Ley No. 65, de marzo 7, 1912, prescribe entre otras cosas lo siguiente:

“Art. 1247. — Deberán constar en documento público:

5. El poder general para pleitos y los especiales que deban pre-sentarse en juicio; el poder para administrar bienes, y cualquier otro que tenga por objeto un acto redactado o que deba redactarse en escritura pública, o haya de perjudicar a tercero.”

En el documento público de que habla la ley no está com-prendida la declaración jurada. El artículo 3 de la Ley Hipo-tecaria exige que para que pueda ser inscrito un título sobre bienes inmuebles el acto por virtud del cual se transfiere el dominio deberá estar consignado en escritura pública, ejecu-toria o documento auténtico, y en ninguna parte de la ley desde entonces aprobada ha sido incluida la declaración ju-rada. Gralindo y Escosura en sus Comentarios acerca del artículo 3 de la Ley Hipotecaria, tomo 1, página 473, y si-guientes, expresa su opinión de que el documento público a que hace referencia el artículo 1280 del Código Civil Espa-ñol (equivalente al 1247, supra de nuestro código) es una escritura pública. En igual sentido se expresa dicho comen-tarista al tratar de esta cuestión en el tomo 1, pág. 462, edi-ción 4a. de la Ley Hipotecaria. T en la página 117 del tomo 2°. de dicha obra hace el mismo comentario.

Es verdad que en el artículo 45 de la Ley de Evidencia se expresa que “los documentos públicos son los que se determinan en el artículo 1184 del Código Civil,” en cuyo artículo se dice que son documentos públicos los autoriza-dos por un notario, pero según la ley hipotecaria el affidavit no está considerado como documento público pues este ins-trumento es de creación posterior y no ha sido incluido espe-. tíficamente como medio para traspasar bienes. Además, en el artículo 124 de dicha Ley de Evidencia se define nn affidavit como una declaración escrita que se hace bajo jura-mento y sin notificación a la parto contraria. Según el artí-culo 123 de la expresada ley, nn affidavit es uno de los modos de tomar declaración a los testigos, disponiendo además la ley en sn artículo 128, lo siguiente:

“Podrá hacerse uso de un affidavit para comprobar un alegato, o un documento en un procedimiento especial; para probar la entrega de una citación, notificación u otro auto judicial en una acción o pro-cedimiento especial; para obtener una providencia, el examen de un testigo, la suspensión de procedimientos, o en virtud de una mo-ción, y en cualquier otro caso expresamente permitido por alguna otra disposición de esta ley, o de cualquiera otra ley de Puerto Rico.”

Se verá pues, que el affidavit es principalmente para fines d.e la corte pudiendo usarse para otros fines cuando la ley expresamente lo permito. No existe ningún precepto legal que permita usar el affidavit como medio de enajenación de bienes, debiendo por consiguiente confirmarse la nota del registrador.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.