author:
(.Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo
     Juez Asociado Se-ñor Kolthoff Caraballo.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Ramón Vega Martínez, peticionario.

      Número: CC-2016-575

      Resuelto: 14 de septiembre de 2016

      Carlos R. Padilla Montalvo, abogado del peticionario.
   RESOLUCIÓN

Examinadas la Moción en Solicitud de Auxilio de Juris-dicción y la Petición de Certiorari, presentadas en el caso de epígrafe, se provee “no ha lugar” a ambas,

Notifíquese inmediatamente por teléfono, vía fax o por correo electrónico y por la vía ordinaria.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo.

El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo emitió un voto particular disidente. El Juez Asociado Señor Estrella Martínez está conforme con proveer “no ha lugar” a la moción en auxilio de jurisdicción, pero hubiese decretado “no ha lugar” en esta etapa al recurso de certiorari.

(.Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo

Voto particular disidente emitido por el

Juez Asociado Se-ñor Kolthoff Caraballo.

Por entender que correspondía paralizar los procedi-mientos en el Tribunal de Primera Instancia (TPI) en estos momentos y atender el recurso de certiorari en sus méritos, respetuosamente difiero del curso de acción que toma hoy este Tribunal. Así, declararía “con lugar” la Moción en so-licitud de auxilio de jurisdicción para paralizar los procedimientos ante el TPI y la Petición de “certiorari”.

I—I

El peticionario Ramón Vega Martínez (peticionario) nos presenta una solicitud de auxilio de jurisdicción para que paralicemos los procedimientos ante el TPI y resolvamos su Petición de Certiorari presentada el 15 de junio de 2016. En su recurso, el peticionario nos solicita que revoquemos una Resolución emitida por el Tribunal de Apelaciones el 13 de mayo de 2016 y, en consecuencia, se le permita a la Defensa realizar el interrogatorio de los agentes del orden público mediante preguntas sugestivas. Veamos los hechos del caso.

El 1 de octubre de 2013, el TPI expidió una orden de registro y allanamiento contra la propiedad del peticiona-rio y fue diligenciada. Como consecuencia de lo incautado allí, se presentaron unas denuncias contra el peticionario, por infringir los Arts. 401 (intención de distribución) y 412 (posesión de parafernalia) de la Ley de Sustancias Contro-ladas de Puerto Rico. El TPI encontró causa probable para el arresto y luego, en vista preliminar, halló causa probable para acusar por dos cargos por violación al Art. 401 y un cargo por el Art. 412 del mencionado estatuto. Una vez el Ministerio Público presentó las acusaciones, el 3 de diciembre de 2014, el peticionario presentó una Mo-ción en solicitud de supresión de evidencia, en la cual im-pugnó la declaración jurada que sirvió de base para la ex-pedición de la orden de registro y allanamiento. En particular, el peticionario manifestó que “de la propia or-den de allanamiento surge que los agentes del orden pú-blico no tenían evidencia suficiente para creer que el lugar allanado se estaba utilizando para guardar evidencia que resultara ser delictiva”.

Asimismo, en diciembre de 2014 el peticionario presentó una Moción en solicitud de que se nos permita realizar el interrogatorio a los agentes del orden público mediante pre-guntas sugestivas. En síntesis, planteó que parte de su prueba consistía en presentar como testigos al agente que solicitó y obtuvo la orden de allanamiento y al agente que la diligenció, pero éstos eran testigos identificados con la parte contraria puesto que eran los testigos anunciados por el Ministerio Público. El peticionario fundamentó su peti-ción en que “[a] la Defensa se le dificultará injustificada-mente el obtener admisiones de los testigos y/u obtener declaraciones} sobre lo que realmente ocurrió”, debido a que —por lo general— los agentes del orden público son testigos identificados con la parte adversa (Ministerio Público). Puntualizó que esos agentes “están directamente relacionados con los hechos del caso de marras, los que tienen más interés en el mismo”.

Por su parte, el 21 de octubre de 2015, el Ministerio Público se opuso a la petición de supresión de evidencia. Luego de varias suspensiones por razones atribuidas tanto al Ministerio Público como a la Defensa, el TPI señaló una vista evidenciaría de supresión de evidencia para el 11 de marzo de 2016. Allí, previo a la juramentación de los dos testigos (los agentes del orden público en cuestión), la De-fensa reiteró su petición de que se le permitiera interrogar-los mediante preguntas sugestivas, a lo que el Ministerio Público se opuso al plantear que esos testigos ni siquiera habían comenzado a declarar. En ese momento, el TPI de-claró “no ha lugar” la solicitud de la Defensa por entender que era prematura. Sin embargo, el TPI indicó que si los agentes contestaban con evasivas a la Defensa, entonces reconsideraría motu proprio. El peticionario solicitó que el dictamen del TPI se notificara por escrito para entonces recurrir ante el foro apelativo intermedio. En lo pertinente, en la Resolución de 14 de marzo de 2016 el TPI expuso lo siguiente:

En estas circunstancias, corresponde a la defensa someter a los agentes interventores a un interrogatorio directo. Para que se le permita hacer preguntas sugestivas deberá demostrar, una vez comience el desfile de prueba testifical, una hostilidad o identificación real que justifique el interrogatorio sugestivo.
En suma, en el caso de autos, al no haber siquiera comen-zado el desfile de la prueba testimonial, la defensa no ha de-mostrado que los agentes del orden público se han mostrado evasivos o no responsivos. (Citas omitidas).

Inconforme con la determinación del TPI, el peticionario presentó una Petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones el 14 de abril de 2016 y la Oficina de la Procu-radora General presentó su escrito en cumplimiento de or-den el 4 de mayo de 2016. Luego de evaluar los plantea-mientos de ambas partes, el foro apelativo intermedio emitió una Resolución mediante la cual denegó la expe-dición del auto de certiorari al concluir que “no se [les] persuadió de que el foro de instancia haya cometido error alguno, que justifique [su] intervención en esta etapa de los procedimientos”.

Insatisfecho una vez más, el peticionario recurre ante esta Curia mediante una Petición de certiorari en la cual nos invita a interpretar por primera vez la Regla 607 de Evidencia de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. VI, en particular en cuanto a establecer “cómo aplicará la misma y el efecto que debe tener en la litigación ante los foros del País; es decir, de establecer claramente las normas que los tribuna-les inferiores deben seguir al momento [de] interpretar [la mencionada regla]”. En síntesis, el peticionario aduce que este asunto no ha sido discutido a nivel local, pero sí en la esfera federal específicamente en relación con la Regla 611(c) de las Reglas Federales de Evidencia, Fed. R. Evid. 611(c).

En su Petición de certiorari, el peticionario enfatiza que tanto el TPI como el Tribunal de Apelaciones emitieron determinaciones erróneas, pues concluyeron que los testi-gos del caso tenían que ser hostiles primero para luego permitirle a la Defensa ser sugestiva. Ante esto, el peticio-nario sugiere que “lo único que tenía que hacer el TPI era evaluar la consecuencia de tener ante sí un testigo identificado con la parte adversa y aplicar la Regla 607(d) de las Reglas de Evidencia”.

HH I—I

En nuestro ordenamiento jurídico, la Regla 607 de Evidencia de Puerto Rico, supra, dispone lo concerniente al orden y modo de interrogatorio y presentación de la prueba. Específicamente, el inciso (d) expone lo relativo a las preguntas sugestivas:

(d) No se podrá hacer una pregunta sugestiva a una persona testigo durante el interrogatorio directo o el redirecto, excepto cuando sea una pregunta introductoria o una parte llame a una o a un testigo hostil. También será excepción cuando se trate de una parte adversa, de una persona testigo identificada con la parte adversa, de una persona que —por su edad, pobre educación u otra condición— sea mental-mente deficiente o tenga dificultad de expresión, o de una persona que por pudor esté renuente a expresarse libremente. De igual modo, podrá considerarse excepción cuando los intereses de la justicia así lo requieran. Como norma general, podrán hacerse preguntas sugestivas du-rante el contrainterrogatorio o recontrainterrogatorio. Una pregunta sugestiva es aquella que sugiere al testigo la con-testación que desea la parte que le interroga. (Énfasis suplido).

Por su parte, la Regla 611(c) de las Reglas Federales de Evidencia, supra, establece lo siguiente:

(c) Leading questions. Leading questions should not be used on the direct examination of a witness except as may be necessary to develop the witness testimony. Ordinarily leading questions should be permitted on cross-examination. When a party calls a hostile witness, an adverse party, or a witness identified with an adverse party, interrogation may he by leading questions. (Énfasis suplido).

De manera persuasiva, el peticionario nos presenta el caso United States v. Duncan, 712 F. Supp. 124, 126-127 (S.D. Ohio 1988), en el cual se expresó lo siguiente en rela-ción con la Regla 611(c) de las Reglas Federales de Evidencia, supra:

This Court concludes that the use of leading questions in direct examination of a law enforcement official by the defense is philosophically supportable based on the reasoning of the Sixth Circuit in Bryant, that Fed.R.Evid. 611(c) is applicable in criminal trials, and that a law enforcement official or other investigating agent (regardless of whether he or she be a local, state or federal officer) may qualify as a witness identified with an adverse party in an action brought by the Government against criminal defendants, absent a positive showing by the Government that the witness is not hostile, biased or so identified with the adverse party that the presumption of hostility which is the cornerstone of Fed. R. Evid. 611(c) should not be indulged. Therefore, Defendants’ Motion to Invoke Rule 611(c) in direct examination of police officers and government agents is granted.

En relación con la Regia 607(d) de Evidencia de Puerto Rico, supra, el profesor Ernesto L. Chiesa Aponte enumera las excepciones típicas a la norma general de no permitir preguntas sugestivas en el examen directo o redirecto de testigos. Éstas son las preguntas: (1) introductorias; (2) a un testigo hostil; (3) a la parte adversa; (4) a un testigo identificado con la parte adversa; (5) a un testigo que, por razón de su edad, deficiencia mental, pobre expresión o por razón de pudor, no puede ser examinado eficazmente sin las preguntas sugestivas, y (6) cuando los intereses de la justicia así lo requiera. En lo pertinente, el profesor Chiesa Aponte expone lo siguiente en cuanto a las pregun-tas a un testigo identificado con la parte adversa:

Cuando el fiscal se ve obligado a llamar a un testigo identifi-cado con el acusado, o el demandante llama a un testigo iden-tificado con el demandado, o viceversa, lo mismo que cuando el abogado defensor llama a un testigo identificado con fiscalía, no hay razón para no permitir preguntas sugestivas. Estos son interrogatorios directos con efecto de un contra-interrogatorio, en el cual la pregunta es la regla. (Énfasis suplido).

Sobre el asunto de permitir las preguntas sugestivas cuando existe alguna de las excepciones reconocidas por la Regla 607(d) de Evidencia de Puerto Rico, supra, el profesor Rolando Emmanuelli Jiménez expresa lo siguiente:

La excepción para que se permita preguntas sugestivas du-rante el interrogatorio directo está basada en que si no se permitieran, sería muy difícil obtener información valiosa para la resolución de la controversia. Cuando se trata de un testigo hostil, de una parte adversa o de un testigo identificado por la parte adversa, su parcialidad hará que sea muy difícil que se conteste adecuadamente las preguntas. Esto ocurre por-que el testigo puede añadir cosas que no se le han preguntado para fortalecer su declaración o porque puede responder en forma incompleta, evasiva, no responsiva o no adecuada. (Én-fasis suplido).

Al examinar la Regla 607(d) de Evidencia de Puerto Rico, supra, surge que la excepción que permite hacer pre-guntas sugestivas a un testigo hostil es separada e inde-pendiente de la excepción que permite realizar ese tipo de preguntas a un testigo identificado con la parte adversa. Es decir, estas excepciones son categorías separadas. Así lo discuten tanto el profesor Chiesa Aponte como el profesor Emmanuelli Jiménez.

Conforme al texto de la citada regla, es forzoso concluir que la figura del “testigo hostil” es distinta a “una persona testigo identificada con la parte adversa”. Un testigo hostil es una persona que, al ser llamada a declarar, se tiene la expectativa de que verterá un testimonio favorable a la parte que la llama, pero que, contrario a lo esperado, co-mienza a comportarse y a testificar no solo de manera des-favorable a esa parte, sino en clara oposición. De manera que un testigo hostil es aquel que sorpresivamente se com-porta de manera distinta y en clara contravención e interés de la parte que lo ha llamado a testificar. A contrario sensu, y en este contexto, un testigo identificado con la parte adversa es aquel de quien claramente se espera que esté inclinado a favorecer la teoría de la parte contraria de quien lo llama. Por lo tanto, requerir una prueba de hosti-lidad a este tipo de testigo hace superflua esta figura que es claramente refrendada en el texto de la Regla 607(d) de Evidencia de Puerto Rico, supra.

Por todo lo anterior, me parece claro que una vez se reconoce que hay un testigo identificado con la parte ad-versa, como en este caso serían los oficiales del orden pú-blico, el juez de instancia debe permitir que el abogado realice el interrogatorio mediante preguntas sugestivas. De esa forma, se es fiel al texto de la regla, se procura la búsqueda de la verdad y se respeta el propósito principal de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico: garantizar una solución justa, rápida y económica a cualquier problema de derecho probatorio.

Por entender que no es la dirección correcta el camino que hoy toma esta Curia al declarar “no ha lugar” tanto la solicitud de auxilio de jurisdicción como la Petición de cer-tiorari presentadas por el peticionario, respetuosamente disiento.

       Archivada en autos la copia de la notificación de la Resolución el 16 de mayo de 2016.

       Ley 4 de 23 junio de 1971, según enmendada, 24 LPRA secs. 2401 y 2411b.

       Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 48.

       Íd., pág. 56.

       Íd., pág. 58.

       Archivada en autos la copia de la notificación de la Resolución el 15 de marzo de 2016.

       Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 32.

       Véase escolio 1.

       Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 7.

       Petición de certiorari, págs. 1-2.

       Íd., pág. 15.

       En el mencionado caso United States v. Duncan, 712 F. Supp. 124, 126 esc. 2 (S.D. Ohio 1988), se expone que:
      “Obviously, in a prosecution by the United States Government or one of its agencies, a federal government official or agent will automatically be both an adverse party (as an agent thereof) and a witness identified with an adverse party. Should the Government wish to contest the Defendant’s use of Rule 611(c), local and state (as opposed to federal) law enforcement officials may or may not be ultimately deemed hostile or a witness identified with an adverse party, depending upon their degree of involvement with the operative facts of the incident(s) being presented and/or the prosecution itself”.

       Véase E.L. Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009, San Juan, Pubs. JTS, 2009, págs. 187-188.

       Íd., pág. 188.

       R. Emmanuelli Jiménez, Prontuario de derecho probatorio puertorriqueño, 3ra ed., San Juan, Eds. Situm, 2010, pág. 364.

        Com. v. Lambert, 765 A.2d 306 (2000), confirmado en 769 A.2d 1205 (2000); Rodriguez v. Banco Cent. Corp., 990 F.2d 7 (1er Cir. 1993); Commonwealth v. Turza, 16 A.2d 401 (1940).

       Véase Regla 102 de Evidencia de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. VI.


source: Caselaw Access Project

author: La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez

license: Public Domain

text:
    Luis Patiño Chirino, recurrido, v. Villa Antonio Beach Resort, Inc. h/n/c Villa Antonio o Parador Villa Antonio, y Héctor Ruiz, peticionarios.

      Número: CC-2015-1049

      Resuelto: 16 de septiembre de 2016

      Juan Raúl Mari Pesquera y Marcos Francisco Soto Méndez, del Bufete y Notaría Juan Raúl Mari Pesquera, CSP, abo-gados de la parte peticionaria; Samuel Rodríguez López, abogado de la parte recurrida.
   La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez

emitió la opinión del Tribunal.

Recientemente atendimos el caso Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723 (2016), y resolvimos que la reconsideración de una resolución interlocutoria es incompatible con el procedimiento sumario laboral provisto por la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1971, infra. En esta ocasión debemos resolver si las sentencias dictadas en un pleito tramitado al amparo de ese procedimiento pueden ser objeto de reconsideración. Por entender que la reconsi-deración de una sentencia final es igualmente incompatible con el trámite sumario laboral, contestamos a esta in-terrogante en la negativa. A continuación presentamos los hechos que dieron inicio a esta controversia.

1—i

El Sr. Luis Patino Chirino presentó una querella por des-pido injustificado, hostigamiento sexual y represalias, en contra de Villa Antonio Beach Resort, Inc. (Villa Antonio) y del Sr. Héctor Ruiz (en conjunto, peticionarios) al amparo del procedimiento sumario laboral provisto por la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales, 32 LPRA sec. 3118 et seq. (Ley Núm. 2).

Alegó que su supervisora, la Sra. Yadira Ríos Torres, le hizo una serie de acercamientos sexuales no deseados que ocasionaron un ambiente hostil en su empleo. Por esa ra-zón, presentó una querella ante su patrono quien, según explicó, lo refirió a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado para que recibiese tratamiento. Así las cosas, sos-tuvo que regresó a su trabajo el 4 de abril de 2006 y que el gerente general del hotel, el Sr. Héctor Ruiz, lo despidió por no reincorporarse a sus funciones en los quince días provistos por la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, a pesar de haber recibido la notifi-cación de alta el 27 de marzo.

Villa Antonio contestó la querella y negó las alegaciones sobre despido injustificado, represalias y hostigamiento sexual. Argumentó que la señora Ríos Torres no creó un ambiente hostil en el empleo, toda vez que no hostigó sexualmente al querellante. Además, enfatizó que su polí-tica de hostigamiento sexual incorpora los mandatos de la Ley Núm. 17 de 22 de abril de 1988 (29 LPRA sec. 155 et seq.). Explicó que el señor Patiño Chirino recibió copia de esa política y que éste no se quejó oportunamente del ale-gado hostigamiento. Por último, negó que el querellante se reportase a su trabajo cuando le fue requerido y manifestó que en todo momento actuó con la debida diligencia, pues trabajó con ambos empleados para llegar a una solución satisfactoria.

Tras la celebración del juicio en su fondo, el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia y declaró "con lugar” la querella presentada. Concluyó que el señor Patiño Chirino fue víctima de hostigamiento sexual, pues fue objeto de acercamientos, comentarios y conducta sexualmente explí-cita por parte de su supervisora que produjeron un am-biente de trabajo hostil, humillante y tenso. Además, de-terminó que el querellante fue cesanteado durante el término de reserva provisto por el Art. 5-A de la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935 (11 LPRA sec. 7), lo cual consti-tuyó una acción en represalia por haber presentado la de-nuncia de hostigamiento sexual. En consecuencia, condenó a los peticionarios a satisfacer solidariamente la cantidad de $75,000 por las angustias y los sufrimientos mentales y $53,820 por los ingresos dejados de percibir a consecuencia del despido. Además, duplicó las cuantías impuestas en virtud del Art. 11 de la Ley Núm. 17 (29 LPRA sec. 155j) y del Art. 2 de la Ley Núm. 115 (29 LPRA sec. 194a).

Inconform.es con el resultado, el 13 de octubre de 2015 los peticionarios acudieron ante el Tribunal de Apelaciones y solicitaron la revisión del dictamen. En síntesis, plantearon que el foro primario erró: (1) al determinar que la causa de acción por hostigamiento sexual no estaba prescrita; (2) al concluir que existió hostigamiento sexual en el empleo sin analizar la totalidad de las circunstancias; (3) al determinar que no tomó acciones afirmativas para prevenir el hostiga-miento; (4) al concluir que el querellante fue víctima de re-presalias en el empleo; (5) al determinar que violó la reserva de empleo; (6) al no considerar que el querellante no mitigó los daños; (7) al otorgar una compensación exageradamente alta; (8) al determinar que el señor Ruiz fue cocausante de los daños; (9) al permitir que el querellante testificase sobre ciertas declaraciones efectuadas por la señora Ríos, y (10) al dictar sentencia sin acumular parte indispensable.

El 26 de octubre de 2015, los peticionarios presentaron una Moción Informativa. Expresaron que al día siguiente de presentar su recurso enviaron una moción para que se les autorizara la presentación de una transcripción de la prueba, la cual fue devuelta porque el servicio postal franqueó erróneamente la correspondencia. En conse-cuencia, señalaron que existió justa causa para el incum-plimiento con el término reglamentario y solicitaron al foro intermedio que autorizase la transcripción.

El 11 de diciembre de 2015, el Tribunal de Apelaciones notificó una sentencia que confirmó el dictamen recurrido. Concluyó que los peticionarios incumplieron con las Reglas 19(B) y 76(A) de su Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, pues no solicitaron autorización para presentar una exposición estipulada, una exposición narrativa o una transcripción de la prueba oral en el término provisto, a pesar de que sus primeros nueve señalamientos de error requerían la eva-luación de la prueba. Además, enfatizó que la moción ante su consideración incumplió con los requisitos reglamenta-rios, porque no expuso las razones por las cuales la trans-cripción era indispensable ni las porciones del expediente cuya transcripción interesaban.

En desacuerdo, el 15 de diciembre de 2015 los peticio-narios presentaron una Urgente Moción de Reconsidera-ción ante el foro intermedio. En síntesis, alegaron que su moción para autorizar la presentación de la transcripción de la prueba satisfizo los criterios dispuestos en las Reglas 19(B) y 76(A), supra, y argumentaron que el tribunal abusó de su discreción al no concederles un término para perfeccionar el recurso.

El 30 de diciembre de 2015, mientras su moción de re-consideración aún estaba ante la consideración del foro in-termedio, los peticionarios acudieron a este Tribunal me-diante un recurso de certiorari. Alegaron que el Tribunal de Apelaciones erró: (1) al desestimar su recurso por no perfeccionarlo en el término provisto; (2) al recurrir a la desestimación sin antes utilizar medidas menos drásticas, y (3) al determinar que no existían errores de derecho que pudiesen ser evaluados sin la transcripción de la prueba.

Antes de que este Tribunal expidiese el recurso de epí-grafe, el Tribunal de Apelaciones acogió la moción de recon-sideración presentada por los peticionarios. Razonó que la reconsideración es compatible con el procedimiento suma-rio provisto por la Ley Núm. 2, supra, toda vez que el es-tatuto concede un término de veinte días para acudir en revisión ante este Tribunal, mientras que el término pro-visto por las Reglas de Procedimiento Civil para presentar una moción de reconsideración es de quince días. Además, enfatizó que, por tratarse de un recurso de certiorari, rete-nía jurisdicción sobre el asunto hasta que este Tribunal expidiese el auto solicitado.

El 4 de abril de 2016, notificamos una Resolución conce-diéndole al señor Patiño Chirino un término de veinte días para que mostrara causa por la cual no debíamos revocar la determinación del foro intermedio por falta de jurisdicción.

El señor Patiño Chirino compareció en el término pro-visto y alegó que el Tribunal de Apelaciones perdió juris-dicción una vez los peticionarios presentaron su recurso de certiorari. Además, argüyó que la moción de reconside-ración es incompatible con el carácter sumario del proce-dimiento provisto por la Ley Núm. 2, supra, por lo que el foro intermedio carecía de jurisdicción para reconsiderar su dictamen.

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos en posición de resolver.

i—i HH

A. La Ley Num. 2, supra, provee un procedi-miento sumario para la tramitación y adjudicación de plei-tos laborales. Con su adopción, el legislador pretendió brin-darle a los obreros y empleados un mecanismo procesal judicial capaz de lograr la rápida consideración y adjudica-ción de las querellas que éstos presenten contra sus patronos. Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 921, 928 (2008); Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 DPR 912, 923 (1996). La naturaleza de este tipo de reclamación exige celeridad en su tramitación, pues de esta forma se adelanta la política pública de proteger al obrero y desalen-tar el despido injustificado. Izagas Santos v. Family Drug Center, 182 DPR 463, 480 (2011). Con el fin de adelantar su propósito, la ley estableció:

[...] (1) términos cortos para la contestación de la querella presentada por el obrero o empleado; (2) criterios para la con-cesión de una sola prórroga para contestar la querella; (3) un mecanismo para el emplazamiento del patrono querellado; (4) el procedimiento para presentar defensas y objeciones; (5) cri-terios para la aplicación de las Reglas de Procedimiento Civil; (6) una limitación específica sobre el uso de los mecanismos de descubrimiento de prueba; (7) una prohibición específica de de-mandas o reconvenciones contra el obrero o empleado quere-llante; (8) la facultad del tribunal para dictar sentencia en re-beldía cuando el patrono querellado no cumpla con los términos provistos para contestar la querella, y (9) los mecanismos para la revisión y ejecución de las sentencias y el embargo preventivo. Rivera v. Insular Wire Products Corp., supra, págs. 923-924.

A cincuenta y dos años de su aprobación, la Asamblea Legislativa entendió necesario atemperar las disposiciones de esta ley al esquema judicial vigente. Por consiguiente, aprobó la Ley Núm. 133-2014 y reiteró su intención de "extender el carácter sumario de la ley a la etapa apelativa para cumplir con el propósito rector de la misma, de pro-veer al obrero un remedio rápido y eficaz”. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 133-2014.

A pesar del claro mandato legislativo, la Ley Núm. 2, supra, guarda silencio sobre la posibilidad de pre-sentar mociones de reconsideración, de nuevo juicio y de enmiendas o determinaciones de hechos iniciales o adicio-nales en pleitos tramitados al amparo de este procedimiento. Ante tal vacío, cobra relevancia la See. 3 de la ley, la cual dispone que las Reglas de Procedimiento Civil aplicarán en todo aquello que no esté en conflicto con las disposiciones específicas del estatuto o con el carácter sumario del procedimiento. 32 LPRA sec. 3120.

B. La Regla 19(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, exige la presentación de una transcripción, una exposición estipulada o una exposi-ción narrativa de la prueba cuando los errores señalados por el apelante impugnen la suficiencia o la apreciación de la prueba efectuada por el foro apelado. En aras de fomentar la adjudicación más eficiente de las controversias, el inciso (B) de esta regla requiere que el peticionario acredite, en los diez días siguientes a la presentación de la apelación, que el método de reproducción que utilizará propicia la más rápida dilucidación del caso. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 19(B).

Por su parte, la Regla 76 (4 LPRA Ap. XXII-B) dicta el procedimiento que se ha de seguir cuando el ape-lante opta por reproducir la prueba mediante una transcripción. En lo pertinente, la Regla 76(A) establece que

[u]na parte en una apelación o en un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones notificará al Tribunal de Ape-laciones no más tarde de diez (10) días desde que se presentó el escrito de apelación o se notificó la expedición del auto soli-citado que se propone transcribir la prueba oral. En esa mo-ción, la parte proponente expresará las razones por las cuales considera que la transcripción es indispensable, y que propicia mayor celeridad en los procesos que la presentación de una exposición estipulada o una exposición narrativa. En todo caso, la parte proponente identificará en la moción las porcio-nes pertinentes del récord ante el Tribunal de Primera Instan-cia cuya transcripción interesa, incluyendo la fecha del testi-monio y los nombres de los (las) testigos. 4 LPRA Ap. XXII-B.

Una vez el foro intermedio autoriza la transcripción de la prueba, el apelante deberá solicitar al Tribunal de Pri-mera Instancia la regrabación de los procedimientos en los diez días siguientes a la notificación de la orden del Tribunal de Apelaciones. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 76(B).

A la luz de este marco jurídico, procedemos a resolver.

I—I

A. Como cuestión de umbral, debemos determinar si el Tribunal de Apelaciones retuvo jurisdicción para reconsi-derar su dictamen. Como mencionamos, en un procedi-miento sumario al amparo de la Ley Núm. 2, supra, las Reglas de Procedimiento Civil aplicarán en todo aquello que no esté en conflicto con las disposiciones específicas del estatuto o con el carácter sumario del procedimiento.

La moción de reconsideración es la herramienta pro-vista por nuestro ordenamiento jurídico para que una parte adversamente afectada por una determinación judicial solicite al tribunal que reconsidere su decisión. Constructora Estelar v. Aut. Edif. Pub., 183 DPR 1, 24 (2011)). Véase J. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 2011, T. IV, pág. 1366. La reconsideración persigue conceder al tribunal que dictó la sentencia o resolución la oportunidad de rectificar cual-quier error en el que hubiese incurrido. Mun. Rincón v. Velázquez Muñiz y otros, 192 DPR 989, 996 (2015); J. Echevarría Vargas, Procedimiento civil puertorriqueño, San Juan, [Ed. del autor], 2010, pág. 271.

De ordinario, nuestro ordenamiento jurídico favorece la utilización de este recurso, pues le brinda al foro senten-ciador la oportunidad de corregir sus errores, evitando así que las partes incurran en los gastos que conlleva la pre-sentación de un recurso apelativo. R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal civil, 5ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2010, pág. 395. Ahora bien, la moción de reconsideración tiene el potencial de dilatar la adjudicación del pleito, pues interrumpe el término para acudir ante el foro revisor hasta que se archive en autos copia de la notificación de la resolución en la que se resuelve la moción. Véase Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V; Lagares v. E.L.A., 144 DPR 601, 609 (1997).

Como mencionamos, la Asamblea Legislativa promulgó la Ley Núm. 2, supra, con la intención de proveer a los empleados mi mecanismo procesal capaz de alcanzar la rápida consideración y adjudicación de las querellas que éstos pre-senten contra sus patronos. Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra; Rivera v. Insular Wire Products Corp., supra.

Con ello en mente, en Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, resolvimos que la reconsideración interlo-cutoria es incompatible con el procedimiento sumario labo-ral provisto por la Ley Núm. 2, supra. Enfatizamos que permitir la reconsideración de este tipo de resolución daría paso a la anomalía de proveerles a los litigantes un término mayor para solicitar reconsideración que el provisto para la revisión de determinaciones finales por el estatuto. íd., pág. 733.

La Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, concede un término jurisdiccional de quince días para solicitar la reconsideración de sentencias finales, mientras que la Sec. 9 de la Ley Núm. 2 (32 LPRA sec. 3127) provee términos ju-risdiccionales de diez y veinte días para acudir ante el Tribunal de Apelaciones y ante este Tribunal, respectivamente. Aunque el término provisto para recurrir ante este Tribunal es cinco días mayor al término provisto para la presentación de una moción de reconsideración, el mismo raciocinio de Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, aplica a estas situaciones, pues lo que se persigue es evitar una dilación en la solución de la controversia. Cabe recordar que las enmiendas recientes al estatuto reflejan la intención del legislador de extender el carácter sumario de la ley a la etapa apelativa. Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 133-2014, supra. Por consiguiente, y en atención a los fines que persigue la ley y a la política pública que la ins-pira, concluimos que la moción de reconsideración es incompatible con el procedimiento sumario laboral provisto por la Ley Núm. 2, supra.

En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones carecía de jurisdicción para atender la moción de reconsideración pre-sentada por los peticionarios.

B. Debido a que los peticionarios presentaron su re-curso de certiorari oportunamente ante este Tribunal, nos corresponde determinar si el Tribunal de Apelaciones abusó de su discreción al dictar sentencia sin considerar la transcripción de la prueba presentada.

Como mencionamos, la Regla 19(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, exige la reproducción de la prueba cuando los errores señalados se relacionen con la suficiencia de la prueba o con la apreciación errónea de ésta por parte del tribunal apelado. Ante esta situación, el apelante podrá elegir entre presentar una transcripción, una exposición estipulada o una exposición narrativa. íd. Ahora bien, cuando opte por reproducir la prueba me-diante una transcripción, deberá cumplir con el procedi-miento dispuesto en la Regla 76, supra.

Ambas reglas requieren que el apelante acredite, en los diez días siguientes a la presentación de la apelación, que el método de reproducción que utilizará promueve la más rápida dilucidación del caso. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 19(B) y 76(A). Este término es de cumplimiento estricto por lo que puede ser prorrogado por justa causa. Véase Rojas v. Axtmayer Ent., Inc,, 150 DPR 560, 564 (2000).

La acreditación de justa causa requiere la presentación de explicaciones concretas y particulares, debidamente evi-denciadas, que permitan al tribunal concluir que existió una excusa razonable para el incumplimiento. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 93 (2013). Cabe recordar que el Reglamento del Tribunal de Apelaciones se adoptó con el propósito de proveer un acceso fácil, económico y efec-tivo al foro apelativo, por lo que los recursos ante su consi-deración no deben ser desestimados por defectos de forma o de notificación que no afecten los derechos de las partes. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 2; García Morales v. Mercado Rosario, 190 DPR 632, 638-639 (2014). Véase, también, M-Care Compounding et al. v. Depto. Salud, 186 DPR 159, 170 (2012).

Según surge del expediente, los peticionarios presenta-ron su recurso de apelación el 13 de octubre de 2015. Al día siguiente, enviaron por correo su solicitud de autorización para presentar la transcripción de la prueba. Ésta no llegó a su destino, pues el correo calculó erróneamente el franqueo de la correspondencia. Específicamente, los peticionarios ex-plicaron que fue un empleado del servicio postal quien pesó y franqueó la correspondencia antes de remitirla. Este error no es, ni puede ser, imputable a los peticionarios. A pesar de la dilación que ese error provocó, los peticionarios presenta-ron su moción mediante la cual solicita autorización para presentar la transcripción de la prueba tan solo un día des-pués de que venciera el término reglamentario. Evaluado el expediente, resolvemos que los peticionarios tuvieron justa causa para incumplir con el término reglamentario. En consecuencia, y en atención a que el incumplimiento no afectó los derechos del recurrido, resolvemos que el Tribunal de Apelaciones abusó de su discreción al dictar sentencia sin considerar la transcripción de la prueba presentada.

> I—I

Por los fundamentos expuestos, se expide el recurso de “certiorari”, se revoca la sentencia recurrida y se devuelve el caso al Tribunal de Apelaciones para que continúen los pro-cedimientos conforme a lo aquí resuelto.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Las Juezas Asociadas Señoras Rodríguez Rodríguez y Pabón Charneco no intervinieron.

       El señor Patiño Chirino fundamentó su reclamación en la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976 (29 LPRA sec. 186a et seq.); la Ley Núm, 116-1991 (29 LPRA sec. 194 et seq.); la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935 (11 LPRA sec. 7), y la Ley Núm. 17 de 22 de abril de 1988 (29 LPRA sec. 155 et seq.). Querella, Apéndice, págs. 32-33.

       La Corporación del Pondo del Seguro del Estado emitió la decisión de alta el 16 de marzo de 2006, pero no la notificó hasta el 24 de marzo, Sentencia, Apéndice, pág, 110. Véase Art. 5-A de la Ley Núm. 45 (11 LPRA sec. 7),

       Contestación a querella, Apéndice, págs. 36-39.

       Informe de Conferencia con Antelación al Juicio, Apéndice, pág. 43.

       Además, expresó que tomó acción correctiva una vez se enteró del alegado patrón de hostigamiento.

       Sentencia, Apéndice, pág. 115.

       Apelación, Apéndice, pág. 10.

       Moción informativa, Apéndice, págs. 200-201. En apoyo de su contención, anejaron copia del sobre devuelto por el correo. Íd,, pág. 202.

       Sentencia, Apéndice, pág. 216. Asimismo, concluyó que Villa Antonio no fun-damentó adecuadamente su décimo señalamiento de error, por lo que consideró que renunció a éste. Íd., págs, 217-218.

       Urgente moción de reconsideración, Apéndice, págs. 219-228.

       Recurso de certiorari, pág. 7.

       Es decir, en el término de veinte días desde notificada la sentencia del Tribunal de Apelaciones.

       No obstante, el tribunal tiene discreción para rechazar el método propuesto por el apelante y elegir el que propicie la más rápida dilucidación del pleito. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 19(B).

       En específico, el término provisto vencía el viernes 23 de octubre de 2015 y los peticionarios presentaron su moción el lunes 26 de octubre.


text:
    Banco Santander de Puerto Rico, recurrido, v. Brenda Correa García, peticionaria; Ismael Santana Serrano, recurrido, v. Gloria Antony Ríos, peticionaria.

      Números: CC-2014-0431
    CC-2014-1062

      Resueltos: 16 de septiembre de 2016

      Felipe Sanabria Quiñones, Luis R. Rodríguez Nevárez y David López Pumarejo, abogados de Brenda Correa García, parte peticionaria; Rafael A. González Navedo, abogado de Gloria Antony Ríos, parte peticionaria; Daniel F Marrero Guerrero, abogado de Ismael Santana Serrano, parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo

emitió la opinión del Tribunal.

Hoy se nos presenta la oportunidad de interpretar la Ley para Mediación Compulsoria y Preservación de Tu Ho-gar en los Procesos de Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda Principal (Ley para Mediación Compulsoria), Ley Núm. 184-2012 (32 LPRA secs. 2881-2886), a los fines de determinar si ésta le impone al tribunal la obligación de ordenar la celebración de una vista de mediación en los casos de ejecución de hipoteca de una residencia principal como “requisito jurisdiccional” —es decir, como condición previa para que el tribunal pueda dictar sentencia y orde-nar la venta judicial de un inmueble— o si dicha vista es de carácter discrecional —pues solo tiene que ordenarse en los casos que el tribunal “considere necesarios”—.

Luego de armonizar las disposiciones que aparentan ser contradictorias en la Ley para Mediación Compulsoria, dis-ponemos que, después de presentada la contestación a la demanda, la citación para una vista de mediación es un requisito jurisdiccional sin cuyo cumplimiento el tribunal no podrá dictar sentencia ni ordenar la venta judicial de un inmueble que se utiliza como residencia principal, salvo en los casos en los que el deudor esté en rebeldía o cuando el tribunal haya eliminado sus alegaciones.

i—i

En los casos que hoy atendemos, el Tribunal de Primera Instancia dictó unas sentencias en las que declaró “con lu-gar” unas demandas de cobro de dinero y ejecución de hi-poteca de unos inmuebles que servían como residencia principal de los deudores demandados. Cabe señalar que las sentencias se dictaron con posterioridad a la fecha en que entró en vigor la Ley para Mediación Compulsoria (el 1 de julio de 2013, conforme al Art. 9 de la Ley para Media-ción Compulsoria, 2012 (Parte 2) Leyes de Puerto Rico 1665, 1671).

Inconformes, los deudores cuestionaron las sentencias emitidas por el fundamento de que el Tribunal de Primera Instancia las había dictado sin tener jurisdicción para ello, pues no había ordenado la celebración de la vista de me-diación requerida por la Ley para Mediación Compulsoria. Es esencial señalar que los deudores contestaron las de-mandas, no estaban en rebeldía y el tribunal no había eli-minado sus alegaciones. A continuación, relatamos los he-chos particulares de cada caso.

CC-2014-0431

El 4 de marzo de 2013, el Banco Santander de Puerto Rico (Santander) presentó una demanda en contra de la Sra. Brenda Correa García con el propósito de ejecutar un bien inmueble que servía como residencia principal de la demandada y sus hijos. Según Santander, la señora Correa García había incumplido con las condiciones del préstamo hipotecario, por lo que solicitó al tribunal que dictara sen-tencia a su favor declarando vencida la deuda y ordenara la venta en pública subasta del bien en cuestión. Por su parte, la señora Correa García contestó la demanda y negó adeudar suma alguna a Santander.

Así las cosas, el 31 de mayo de 2013, Santander solicitó que se dictara sentencia sumaria a su favor. A tales fines, anejó una declaración jurada de un empleado del banco en la que éste declaraba que la señora Correa García se había negado a satisfacer las mensualidades del préstamo hipo-tecario desde el 1 de junio de 2012; una certificación regis-tral del inmueble, y una copia del pagaré hipotecario y de la escritura de constitución de hipoteca. Posteriormente, Santander señaló que la demandada no cualificaba para una modificación de hipoteca, por lo que no era necesario referir el caso a mediación. Ante esto, la señora Correa García señaló que su pago no se ajustaba a su capacidad económica y añadió que las razones aducidas por Santan-der no justificaban que el caso no se refiriera a mediación, como lo requiere la Ley para Mediación Compulsoria.

A pesar de lo informado por la señora Correa García, el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria en su contra. Sin embargo, no emitió expresión alguna en tomo al porqué no ordenó la celebración de una vista de mediación. Inconforme, la señora Correa García presentó una moción de reconsideración en la que expuso lo si-, guiente:

Hasta donde sabemos, la mediación no fue ordenada ni se ha celebrado en este caso; la demandada no se encuentra en rebeldía, ni sus alegaciones fueron suprimidas de forma alguna. Por el contrario, contestó la demanda y se encontraba en el proceso de descubrimiento de prueba [...]
Para todos los fines legales pertinentes, consignamos que el acreedor hipotecario tiene pleno conocimiento de que la pro-piedad objeto de ejecución es la vivienda principal de la de-mandada [...] y que la misma cuenta con exoneración contributiva. (Énfasis suplido). Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 166-167.

Por su parte, Santander se opuso a la reconsideración fundándose en que “una mediación [...] es un ejercicio fútil en el presente caso por la demandada no tener capacidad económica (Enfasis suplido). Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 172. Así las cosas, el Tribunal de Primera Instancia declaró “no ha lugar” la moción de reconsideración.

Posteriormente, la señora Correa García acudió al Tribunal de Apelaciones. En torno a la procedencia de la me-diación, dicho foro interpretó lo siguiente: “Surge de la pri-mera oración del Artículo 3 de la Ley 184-2012 que la mediación compulsoria es de carácter discrecional toda vez que sólo será un ‘deber’ celebrarla cuando el tribunal lo considere ‘necesario’ ”. Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 23-24. Así, confirmó la Sentencia al concluir que en este caso no se justificaba el referido a mediación debido a que la señora Correa García no demostró cómo la mediación le pudo haber beneficiado.

Oportunamente, la señora Correa García presentó una Petición de certiorari ante este Tribunal. Expedimos el re-curso y el caso quedó sometido en los méritos el 9 de diciembre de 2015.

CC-2014-1062

El 27 de marzo de 2012, el Sr. Ismael Santana Serrano presentó una demanda sobre ejecución de hipoteca en contra de la Sra. Gloria Antony Ríos. Alegó que era el tenedor de un Pagaré Hipotecario al Portador garantizado por un inmueble perteneciente a la demandada y que la deuda garantizada estaba vencida. Por su parte, la señora Antony Ríos contestó la demanda y adujo que no reconocía la tota-lidad de la deuda. Más adelante, el señor Santana Serrano presentó una moción de sentencia sumaria a la que anejó varios documentos que, según adujo, acreditaban la exis-tencia de la deuda. Luego de algunos incidentes procesales, el Tribunal de Primera Instancia concedió varias prórrogas a la señora Antony Ríos para que compareciera a través de un abogado y se opusiera a la moción de sentencia sumaria. Ante su incumplimiento, el tribunal dictó senten-cia en su contra y le ordenó pagar la suma adeudada y, en su defecto, la venta en pública subasta del inmueble. Des-tacamos que la señora Antony Ríos contestó la demanda, que no estaba en rebeldía y que el tribunal no había elimi-nado sus alegaciones.

En desacuerdo, la señora Antony Ríos presentó un re-curso ante el Tribunal de Apelaciones en el que planteó, por primera vez, que el caso debía referirse a mediación, al tenor de la Ley para Mediación Compulsoria. Además, se-ñaló que, ante el incumplimiento de tal requisito de carác-ter jurisdiccional, el tribunal estaba impedido de dictar sentencia. Por su parte, el señor Santana Serrano planteó que no existía controversia sobre la existencia de la deuda debido a que la señora Antony Ríos no se opuso a la moción de sentencia sumaria. Además, adujo que: (1) no procedía atender el planteamiento sobre el requisito de vista de me-diación, ya que éste no se había presentado ante el Tribunal de Primera Instancia; (2) la Ley para Mediación Com-pulsoria no le aplicaba porque él no era una entidad bancaria o crediticia, y (3) el requisito de mediación es de carácter discrecional y no se justificaba en este caso.

Luego de estudiar los argumentos de ambas partes, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia. Concluyó que el foro de instancia podía disponer del pleito sumaria-mente porque la señora Antony Ríos no creó controversia sobre los hechos propuestos en la moción de sentencia sumaria. Ahora bien, el foro apelativo intermedio no discu-tió la aplicabilidad de la Ley para Mediación Compulsoria.

Oportunamente, la señora Antony Ríos presentó una Petición de certiorari ante este Tribunal. Expedimos el re-curso y lo consolidamos con el CC-2014-431.

H-H 1—I

Disposiciones aparentemente contradictorias en la Ley para Mediación Compulsoria y Preservación de Tu Hogar en los Procesos de Ejecuciones de Hipotecas de una Vi-vienda Principal

La controversia que atendemos, sobre si el seña-lamiento para vista de mediación es un requisito discrecio-nal o jurisdiccional, surge a razón de una aparente contradicción en el texto del Art. 3 de la Ley Núm. 184-2012 (32 LPRA secs. 2881-2886, intitulada como Ley para Media-ción Compulsoria y Preservación de tu Hogar en los Proce-sos de Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda Principal. Esta ley se aprobó el 17 de agosto de 2012 y tiene el pro-pósito de proteger la residencia principal de los deudores hipotecarios ante los efectos de la crisis económica. Esta ley concede a las partes una vista de mediación en la que el deudor podrá obtener información sobre los remedios que tiene disponibles para evitar la pérdida de su residencia principal y, a su vez, le provee la oportunidad de sentarse a negociar con su acreedor.

La descripción de la ley es la siguiente: “Para crear la ley que inserte el proceso de mediación compulsorio entre el acreedor hipotecario y el deudor hipotecario en los pro-cesos de ejecución de Hipoteca (Foreclosure) de propieda-des dedicadas a vivienda en Puerto Rico”. (Énfasis suplido). Leyes de Puerto Rico, supra, pág. 1665. La Exposición de Motivos dispone, en lo pertinente, como sigue:

La escasez de recursos económicos en Puerto Rico ha ocasio-nado que [a] muchos dueños de viviendas, le hayan ejecutado su vivienda por parte de la entidad bancaria o crediticia que ostenta el préstamo hipotecario sobre dicha propiedad.
El Congreso de los Estados Unidos sometió el Proyecto del Senado 2912, titulado “Foreclousure Mandatory Act of 2009”, con el propósito de obligar a que todo deudor hipotecario con garantías federales tenga que someterse compulsoriamente a un proceso de mediación, previo a la ejecución de la hipoteca por parte del acreedor hipotecario.
El Gobierno Estatal, al igual que el Gobierno Federal, debe colaborar y buscar alternativas que logren disminuir los pro-cesos de ejecución de hipotecas y evitar al máximo posible que nuestros ciudadanos sigan perdiendo sus propiedades. La re-alidad es que estas alternativas existen y el público las desconoce.
A tenor con lo antes indicado, es imprescindible que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico cree una Ley con el pro-pósito de crear un proceso de mediación compulsoria ante los tribunales de Puerto Rico o ante los foros administrativos co-rrespondientes, previo a llevar un proceso de ejecución de hi-poteca [(foreclousure)] de cualquier propiedad principal de vi-vienda en Puerto Rico por cualquier entidad bancaria. (Énfasis suplido).

El Art. 2 de la Ley para Mediación Compulsoria, 32 LPRA sec. 2881, provee las definiciones siguientes:

(a) Mediación.—Un proceso de intervención, no adjudica-tivo, en el cual un interventor o una interventora neutral (me-diador o mediadora) ayuda o asiste a las personas en conflicto a lograr un acuerdo que les resulte mutuamente aceptable para resolver su controversia.
(b) Mediación compulsoria.—En los casos en que un acree-dor hipotecario pueda iniciar un proceso de ejecución de hipo-teca, o el cual pueda culminar en la venta judicial, de una propiedad residencial que constituya una vivienda principal, se celebrará una reunión compulsoria de mediación [...] presi-dida por un mediador seleccionado por las partes, en el curso de un procedimiento de ejecución de hipoteca sumario y/o ordinario. En dicha reunión el acreedor hipotecario notificará al deudor hipotecario todas las alternativas disponibles en el mercado para poder evitar la ejecución de la hipoteca o la venta judicial de una propiedad residencial que constituya una vivienda principal. El propósito u objetivo será poder lle-gar a un acuerdo o modificación que permita al deudor hipo-tecario establecer un acuerdo de pago u otra alternativa satis-factoria a las partes y no perder su vivienda principal.
(c) Acreedor hipotecario.—Significa cualquier persona natural o jurídica o una entidad prestataria o financiera o un banco o una cooperativa debidamente autorizados por las leyes de Puerto Rico y las leyes de los Estados Unidos de América para conceder o que conceda préstamos con garantía hipotecaria sobre una residencia o vivienda principal.
(e) Residencia o vivienda principal.—Aquella que se utiliza como el hogar principal del deudor o del deudor y su familia inmediata; y que para fines contributivos sobre bienes inmue-bles es aquella para la cual aplicaría la exención contributiva principal. (Énfasis en el original suprimido y énfasis suplido).

El proceso para llevar a cabo la "mediación com-pulsoria” se encuentra regulado por el Art. 3 de la Ley para Mediación Compulsoria, 32 LPRA sec. 2882, de la forma siguiente:

Será deber del tribunal, en los casos que considere necesa-rios, dentro de los sesenta (60) días después de presentada la alegación responsiva por parte del deudor hipotecario deman-dado y antes de que se señale la conferencia con antelación al juicio, bajo apercibimiento de desacato, una vista o acto de mediación compulsorio que presidirá un mediador seleccio-nado por las partes y que tendrá lugar en cualquier salón o sala del tribunal o en aquel lugar que las partes en acuerdo con el mediador seleccionen, todas las alternativas disponibles en el mercado para poder evitar la ejecución de la hipoteca o la venta judicial de una propiedad residencial que constituya una vivienda principal. Esto será un requisito jurisdiccional en los procesos a llevarse a cabo ante los tribunales de Puerto Rico que envuelvan un proceso para la ejecución de una hipo-teca garantizada con una propiedad residencial que constituya una vivienda personal del deudor o de los deudores sin cuyo cumplimiento no podrá dictarse sentencia o celebrarse la venta judicial de la propiedad gravada con la hipoteca cuya ejecu-ción se solicita. De no presentarse el deudor, al procedimiento de mediación o de no cumplir con el acuerdo alcanzado con el acreedor hipotecario como resultado del proceso de mediación, la institución financiera actuará de la forma acordada en el contrato o pagaré efectuado el día de la transacción original de hipoteca. (Énfasis suplido).

En cuanto a quiénes tendrán derecho a una vista de mediación, el mismo Art. 3 dispone que

[e]l deudor tendrá derecho únicamente a un procedimiento de mediación en la acción civil que se le presente para la ejecu-ción de la hipoteca sobre la propiedad residencial que consti-tuya su vivienda principal, siempre y cuando el deudor hipo-tecario demandado no se encuentre en rebeldía, o que por alguna razón o sanción sus alegaciones hayan sido suprimidas o eliminadas por el tribunal. (Énfasis suplido).

Como apreciamos, este artículo de la Ley para Mediación Compulsoria señala que “[s]erá deber del tribunal” ordenar “una vista o acto de mediación compulsorio” y dispone que esto es “un requisito jurisdiccional [...] sin cuyo cumplimiento no podrá dictarse sentencia o celebrarse la venta judicial [...] siempre y cuando el deudor hipoteca-rio demandado no se encuentre en rebeldía, o que por al-guna razón o sanción sus alegaciones hayan sido suprimi-das o eliminadas por el tribunal”. Por otro lado, también dispone que la vista solo se llevará a cabo “en los casos que [el tribunal] considere necesarios”, lo que parece añadir ca-rácter discrecional al proceso. Como explicaremos en esta Opinión, las disposiciones referidas de la Ley para Mediación Compulsoria no son contradictorias entre sí por-que se pueden armonizar.

Sobre las contradicciones en una ley, los tratadis-tas R. Elfrén Bernier y José A. Cuevas Segarra, en su obra Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, in-dican que “[s]i aparece claramente que cierta palabra, frase o disposición, fue aprobada por inadvertencia o error, especialmente si es contraria al resto de la ley o limitaría la efectividad de ésta, se pueden eliminar”. Esta norma fue discutida por este Tribunal en Roig Commercial Bank v. Buscaglia, Tes., 74 DPR 986, 998 (1953), en Passalacqua v. Mun. de San Juan, 116 DPR 618, 623 (1985), y en Aguadilla Paint Center v. Esso, 183 DPR 901, 922 (2011). Ahora bien, debemos aclarar que esta doctrina —que permite la eliminación de palabras, frases o disposiciones contradicto-rias— no deja sin efecto la prohibición de que los tribuna-les no pueden otorgar un significado distinto a una ley cuando su lenguaje es claro. En Roig Commercial Bank v. Buscaglia, Tes., supra, discutimos esta diferencia cuando expresamos lo siguiente al citar 50 Am. Jur. 369:

“Aunque las cortes no pueden eliminar o cambiar el lenguaje de un estatuto para darle efecto a una supuesta intención legis-lativa, las palabras y las frases pueden ser alteradas o sustitu[i] das cuando ello sea necesario para evitar repugnancia o inconsistencia en la ley, y para darle efectividad a la intención manifiesta de la legislatura. La intención legislativa debe pre-valecer sobre la letra estricta de la ley, cuando el seguir el tenor literal de la ley pueda producir disposiciones contradictorias. Es cuando no surge alguna contradicción o inconsistencia que es aplicable la regla general que prohíbe a un tribunal el desviarse del significado literal de un estatuto”[.] (Énfasis suplido).

Antes de continuar, es importante destacar que al realizar un análisis de disposiciones que aparentan ser contradictorias entre sí, los tribunales deben primera-mente hacer una interpretación armoniosa de la ley, de manera que sus disposiciones logren ser compatibles y no contradictorias. Ello se fundamenta en el canon de in-terpretación hermenéutica sobre lectura armoniosa, que exige que al interpretar una ley, los tribunales deben ar-monizar, hasta donde sea posible, todas sus disposiciones con el propósito de obtener una interpretación integrada, lógica y razonable de la intención legislativa. “Armoni-zar” significa “ [p] oner en armonía, o hacer que no discuer-den o se rechacen dos o más partes de un todo, o dos o más cosas que deben concurrir al mismo fin”. Así, las secciones, los párrafos, las frases y las oraciones que com-ponen una ley no deben ser interpretadas de forma ais-lada, sino que deben analizarse en conjunto tomando en consideración todo su contexto de manera integral.

En conformidad con lo expuesto, aclaramos que no no hay justificación posible si se concluye innecesaria-mente que unas disposiciones están en conflicto si se pue-den leer armónicamente. Cuando una disposición no se puede armonizar con el resto de la ley, se puede declarar contradictoria, con el efecto que ello conlleve en cada caso particular.

Uno de los principios medulares en la inter-pretación de la ley se encuentra recogido en el Art. 14 de nuestro Código Civil, 31 LPRA sec. 14, que dispone que “[c]uando la ley es clara [y] libre de toda ambigüedad, la letra de ella no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu”. En aras de cumplir con la norma ci-tada, el primer paso que los tribunales debemos llevar a cabo al interpretar un estatuto es remitimos al texto de la ley, puesto que, cuando el legislador se ha manifestado en un lenguaje claro e inequívoco, el texto de la ley representa la expresión por excelencia de la intención legislativa. Por otra parte, el método para analizar las expresiones dudosas en una ley se recoge en el Art. 19 del Código Civil, 31 LPRA sec. 19, al declarar que “[e]l medio más eficaz y universal para descubrir el verdadero sentido de una ley cuando sus expresiones son dudosas, es considerar la razón y espíritu de ella, o la causa o motivos que indujeron al poder legisla-tivo a dictarla”. A este proceso de interpretar las leyes se le conoce como hermenéutica legal y conlleva auscultar cuál ha sido la voluntad legislativa con el propósito de hacerla cumplir. Para ello se examina el proceso legislativo que, por lo general, comienza con un proyecto de ley que se re-mite a la comisión pertinente para que lo estudie y emita un informe con recomendaciones, y culmina con el debate en el hemiciclo, recogido en el Diario de Sesiones.

En conformidad con lo anterior, y con el objetivo de de-terminar el propósito del estatuto y de la frase “en los ca-sos que considere necesarios”, nos remitimos al historial legislativo y al Diario de Sesiones de las cámaras legislativas. Encontramos que el P. del S. 1434 de 25 de febrero de 2010 fue el proyecto original que se presentó y su Art. 3 disponía lo siguiente:

[...] Será deber del Tribunal, antes de señalar fecha para la celebración del juicio, bajo apercibimiento de desacato, señalar para una vista preliminar o acto de mediación compulsorio que presidirá el juez de la corte para ofrecer al deudor hipote-cario de buena fe todas las alternativas viables disponibles en el mercado para poder salvar la hipoteca. Esto será un requi-sito jurisdiccional como parte de los procesos a llevarse a cabo al momento [de] una ejecución de hipoteca ante los Tribunales o foros administrativos de Puerto Rico. (Énfasis suplido). P. del S. 1434, supra, págs. 3-4.

Posteriormente, las Comisiones de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas y de lo Jurídico Civil del Senado propusieron realizar varias enmiendas al P. del S. 1434, pero recomendaron dejar inalterado el carácter “compulsorio” y “jurisdiccional” de la mediación. Así, el 13 de febrero de 2012, el Senado aprobó el proyecto con las disposiciones sobre obligatoriedad y carácter jurisdiccional del requisito de mediación.

Al referírsele el proyecto, la Cámara de Representantes lo remitió a sus Comisiones de lo Jurídico y Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Comercio, Industria y Telecomunicaciones, las que, en su Informe, recomendaron aprobar el proyecto sin enmiendas. Ahora bien, surge del Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes que al someterse el proyecto a votación en ese cuerpo se propusieron varias enmiendas en sala, una de ellas para incorporar la frase “en los casos que considere necesarios”. Estas palabras se ubicaron justo después de la frase “Será deber del tribunal” del Art. 3 del proyecto. La Cámara de Representantes aprobó el proyecto con las enmiendas pro-puestas en sala, sin embargo, del Diario de Sesiones no sur-gen las razones para las enmiendas, pues no hubo discusión en el hemiciclo. Posteriormente el proyecto se remitió al Senado, que fue la cámara de origen, donde —también sin discusión en el hemiciclo— se aprobó el proyecto con las enmiendas sometidas por la Cámara de Representantes.

Es importante enfatizar que a pesar de haber añadido al Art. 3 la frase “en los casos que considere necesarios”, los legisladores dejaron inalteradas las disposiciones que otor-gan carácter “compulsorio” y “jurisdiccional” a la vista de mediación. Una lectura de estas disposiciones refleja que estas aparentan ser contradictorias. Por ello, nos corres-ponde aplicar la norma de interpretación sobre disposicio-nes aparentemente contradictorias en una ley con el propó-sito de conocer si éstas son contradictorias o si se pueden armonizar.

Como parte del análisis de hermenéutica legal, exami-naremos el significado de las palabras utilizadas por el legislador. La palabra compulsoria se deriva de compulsory y se utiliza como sinónimo de obligatorio. Obligatorio es algo que “[o]bliga a su cumplimiento y ejecución”, y obligar es “[m]over e impulsar a hacer o cumplir algo [...]. Por otro lado, los requisitos jurisdiccionales gozan de la carac-terística de obligatoriedad, pues deben cumplirse antes de que el tribunal pueda conocer del pleito. Por ello, el in-cumplimiento de un requisito jurisdiccional priva de juris-dicción al tribunal para atender los méritos de la controversia. Así, hemos expresado que si un tribunal carece de jurisdicción también carece de discreción, y los tribunales no tienen discreción para asumir jurisdicción donde la ley no la confiere. La ausencia de jurisdicción es insubsanable y cualquier sentencia dictada sin jurisdicción es nula en derecho y, por lo tanto, inexistente. Valga destacar que esta defensa puede plantearse en cualquier etapa de los procedimientos. En contraste, la discreción versa sobre dejar una determinación a la voluntad de una persona. Finalmente, considerar significa pensar sobre algo analizándolo con atención.

Como expusimos, el legislador utilizó la palabra "com-pulsoria” en el título de la ley (Ley para Mediación Com-pulsoria), la repitió por todo su texto, y ésta se observa repetidamente en la Exposición de Motivos de la ley y en los informes de las comisiones de las cámaras legislativas. Asimismo, el Art. 3 de la ley menciona que será “deber” del tribunal celebrar la vista de mediación y dispone que dicho requisito es de carácter "jurisdiccional” “sin cuyo cumpli-miento no podrá dictarse sentencia o celebrarse la venta judicial de la propiedad gravada”, salvo en los casos mencionados. 32 LPRA see. 2883. En contraste, la frase “en los casos que considere necesarios” es la única disposición que parece otorgar discreción al tribunal. íd.

Ante este escenario, y luego de haber examinado la Ley para Mediación Compulsoria en unión a su propósito, disponemos que prevalece el carácter “compulsorio” y “juris-diccional” de sus disposiciones. Reconocemos que al leer ais-ladamente la frase “Será deber del tribunal, en los casos que considere necesarios” del Art. 3 de la Ley para Mediación Compulsoria se desprende que ésta parece ser contradicto-ria al resto de la ley porque aparenta otorgar un carácter discrecional al señalamiento de vista de mediación. Sin embargo, esta frase no supone una contradicción real porque, conforme al canon de interpretación armoniosa, la misma se corresponde con las excepciones que proveyó el legislador para el requisito de vista de mediación recogidas al final del citado artículo. De esta forma, la frase “en los casos que considere necesarios” se refiere a que el tribunal deberá or-denar la celebración de una vista de mediación cuando esté ante uno de los casos en los que el deudor no se encuentra en rebeldía ni se han eliminado sus alegaciones. Por eonsi-guíente, al haberse logrado una interpretación armoniosa de las distintas disposiciones de la Ley para Mediación Compulsoria, no existe justificación alguna para que conclu-yamos que sus disposiciones son contradictorias.

Nuestra interpretación es cónsona con el espíritu de la ley y la intención legislativa de otorgar a los deudores la oportunidad de conocer los remedios que pueden tener disponibles para evitar la pérdida de su hogar. Así, resol-vemos que —después de presentada la contestación a la de-manda— el acto de citar para una vista de mediación es un requisito jurisdiccional que el tribunal debe cumplir en los casos en los que un acreedor solicite la ejecución de la vi-vienda principal de un deudor, salvo en aquellos casos en que el deudor se encuentre en rebeldía o cuando el tribunal haya eliminado sus alegaciones. Estas son las únicas excep-ciones que estableció el legislador. Por lo tanto, si el tribunal incumple con el requisito de ordenar la celebración de tal vista, no tendrá jurisdicción para proceder a dictar senten-cia ni podrá ordenar la venta judicial del inmueble. En con-secuencia, las sentencias que el tribunal dicte y las ventas judiciales que ordene sin haber señalado una vista de me-diación serán nulas y no tendrán efecto legal alguno.

Resolver lo contrario —esto es, que el tribunal tiene dis-creción para determinar cuáles casos tienen que referirse a mediación— sería conceder a los tribunales la facultad de legislar caso a caso cuándo un requisito es jurisdiccional y cuándo no, lo que resultaría en interpretaciones contradic-torias de las diferentes salas judiciales. Por ejemplo, en uno de los casos que aquí revisamos, el tribunal entendió que no procedía referir a mediación a un deudor sin capaci-dad económica, a pesar de que existen múltiples alternati-vas que no dependen de la capacidad económica del deudor.

Por último, debemos precisar que el requisito ju-risdiccional que impone la Ley para Mediación Compulsoria es que ocurra un señalamiento o citación para una vista de mediación, pero la extensión de dicho procedimiento y su resultado dependerán de la conducta de las partes, según lo dispuesto en esta Ley para Mediación Compulsoria. Es por ello que el tribunal podrá continuar con el proceso judicial cuando: (1) el acreedor acudió a la vista de mediación pero el deudor no se presentó; (2) las partes acudieron a la vista y se cumplieron los requisitos de ley, pero no llegaron a un acuerdo, o (3) el deudor incumplió con los acuerdos con-traídos como resultado del proceso de mediación. De una vez aclaramos que el proceso judicial se deberá reanudar en la etapa en que se encontraba previo a que el tribunal orde-nara la vista de mediación.

En cuanto a la aplicabilidad de esta norma, por consideraciones de política pública y orden social resultan-tes de la confusión que provocaba el texto de la Ley para Mediación Compulsoria, disponemos que lo aquí estable-cido no aplicará a las sentencias que advinieron finales y firmes. Por tal razón, su empleo quedará circunscrito a los procedimientos judiciales que se insten con posterioridad a esta Opinión, a los pleitos que están pendientes ante el Tribunal de Primera Instancia en los que aún no se ha dictado sentencia, y a las sentencias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia con posterioridad al 1 de julio de 2013 que no han advenido finales y firmes (fecha en que entró en vigor esta ley, según su Art. 9). Lo re-suelto en la Opinión que antecede no impide que los deu-dores que se encuentren en rebeldía o que el tribunal haya eliminado sus alegaciones acudan a mediación, de así pactarlo.

i—I f—H l—l

Los peticionarios sostienen que el Tribunal de Primera Instancia estaba impedido de dictar las Sentencias, pues no ordenó la celebración de la vista de mediación compul-soria que exige la Ley para Mediación Compulsoria. Tie-nen razón. Veamos.

CC-2014-0431

En el primer caso, el Tribunal de Apelaciones razonó que el requisito de mediación de la Ley para Mediación Compul-soria era de carácter discrecional. En lo concerniente, acogió como cierta la alegación de Santander sobre que la señora Correa García no tenía capacidad para pagar la deuda ga-rantizada con hipoteca, por lo que concluyó que referir al proceso de mediación hubiese sido un ejercicio fútil en este caso.

Primeramente, como explicamos, la Ley para Mediación Compulsoria impone al tribunal, como requisito de carácter jurisdiccional, la obligación de señalar una vista de media-ción en todos los casos en los que se solicite la ejecución de un inmueble que se utiliza como residencia principal, salvo en aquellos en los que el deudor se encuentre en rebeldía o cuando el tribunal haya eliminado sus alegaciones. Ambas excepciones pretenden penalizar la falta de diligencia en el trámite judicial. Como recordamos, la señora Correa García había contestado la demanda, no estaba en rebeldía y el tribunal no había eliminado sus alegaciones. Por tal razón, el Tribunal de Primera Instancia no tenía discreción para omitir el señalamiento de vista de mediación, lo que con-lleva que la sentencia dictada sea nula.

Además, aún si fuera un hecho cierto que la señora Co-rrea García no tenía capacidad económica para continuar pagando la deuda, señalamos que procedía que se ordenara una vista de mediación para que le informaran las alterna-tivas que existen en el mercado que no dependen de la ca-pacidad económica de un deudor. Algunas de estas son: la venta corta (conocida como short sale, en la que el acreedor acepta una suma menor al balance del préstamo para can-celarlo, lo que permite al deudor hipotecario vender la pro-piedad), la dación en pago o entrega voluntaria de título, o algún otro remedio que evite que el deudor pierda su hogar o que, de perderlo, se minimicen las consecuencias negati-vas para él.

CC-2014-1062

Como mencionamos, en el segundo caso, la señora Antony Ríos presentó su argumento sobre la procedencia de la vista de mediación por primera vez ante el Tribunal de Apelaciones. Ante esto, el señor Santana Serrano planteó que no procedía atender dicho argumento porque no se ha-bía presentado ante el Tribunal de Primera Instancia, y que aún si se atendiera: (1) la Ley para Mediación Compul-soria no le aplica debido a que él no es una entidad banca-ria o crediticia; (2) procedía dictar sentencia a su favor por-que la señora Antony Ríos no se opuso a la moción de sentencia sumaria, y (3) la vista de mediación es de carác-ter discrecional y no se justificaba su celebración en este caso.

Primeramente, debemos señalar que, aunque no fue la mejor práctica, la señora Antony Ríos podía plantear por primera vez el incumplimiento con la Ley para Mediación Compulsoria ante el Tribunal de Apelaciones, pues los se-ñalamientos sobre falta de jurisdicción se pueden presen-tar en cualquier etapa del procedimiento.

En segundo lugar, reconocemos que el señor Santana Serrano tiene razón al señalar que ciertas disposiciones de la Ley para Mediación Compulsoria y su Exposición de Mo-tivos solo hacen referencia a los acreedores, que son enti-dades bancarias o crediticias. Sin embargo, estas referen-cias son vestigios del proyecto de ley original. En particular, el Art. 2 del P. del S. 1434 de 25 de febrero de 2010 definía al acreedor hipotecario como “entidad o banco debidamente autorizados [...] para conceder préstamos con garantía hipotecara para vivienda principal [...] ”. Debido a que dicha definición no incluía a todas las personas que son capaces de otorgar una hipoteca en conformidad con nuestro estado de derecho, las Comisiones del Senado de Puerto Rico recomendaron enmendar dicho artículo para incluir como acreedores, entre otros, a las personas naturales. Esta recomendación se incorporó al texto del Art. 2, y así enmendado ambas cámaras legislativas lo aprobaron. Ahora, el Art. 2(c) de la Ley para Mediación Compulsoria dispone que “Acreedor Hipotecario: Significa cualquier persona natural o jurídica o una entidad presta-taria o financiera o un banco [...] ”. (Énfasis suplido). Leyes de Puerto Rico, supra, pág. 1668. Al examinar el texto claro de este artículo, no existe duda de que el señor Santana Serrano es un acreedor sujeto a las disposiciones de la Ley para Mediación Compulsoria.

En tercer lugar, señalamos que aun cuando se des-prende del expediente que la señora Antony Ríos incumplió con varias órdenes del tribunal, lo cierto es que dicho foro no anotó su rebeldía ni eliminó sus alegaciones. Por ello, el tribunal estaba impedido de dictar sentencia antes de re-ferir el caso a mediación.

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Por los fundamentos expuestos, revocamos las sentencias dictadas por el Tribunal de Apelaciones y ordenamos la de-volución al Tribunal de Primera Instancia para que ordene la celebración de una vista de mediación en cada caso.

La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y la Juez Aso-ciada Señora Rodríguez Rodríguez concurrieron con el re-sultado sin opinión escrita.

       Exposición de Motivos de la Ley para Mediación Compulsoria y Preservación de Tu Hogar en los Procesos de Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda Principal (Ley para Mediación Compulsoria), Ley Núm. 184-2012 (2012 (Parte 2) Leyes de Puerto Rico 1665, 1666-1667).

       Art. 3 de la Ley para Mediación Compulsoria, 32 LPRA see. 2882,

       íd.

       íd.

       R. Elfrén Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed. rev., San Juan, Pubs. JTS, 1987, Vol. I, pág. 359. Valga destacar que esta norma tiene ciertas limitaciones, especialmente en la esfera penal, Íd,, pág. 362.

       El Art. 14 del Código Civil, 31 LPRA sec. 14, dispone que “[c]uando la ley es clara libre de toda ambigüedad, la letra de ella no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu”.

       Véase A. Scalia y B.A. Garner, Reading Law: The Interpretation of Legal Texts, Minnesota, Ed. Thomson/West, 2012, pág. 180. Véase, también, S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 692 (2011), donde expresamos que “cuando hay un lenguaje confuso es deber del tribunal llenar esas lagunas y armonizar las disposiciones que encuentre conflictivas”.

       Véanse: Spyder Media Inc. v. Mun. de San Juan, 194 DPR 547 (2016); AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., 178 DPR 253, 266 (2010); Matos v. Junta Examinadora, 165 DPR 741, 749 (2005).

        Diccionario de la lengua española, 22da ed., Madrid, Ed. Espasa Calpe, 2001, T. I, pág. 207.

       Véanse: Spyder Media Inc. v. Mun. de San Juan, supra; Trigo Margarida v. Junta Directores, 187 DPR 384, 395 (2012); Soc. Asist. Leg. v. Ciencias Forenses, 179 DPR 849, 863 (2010); CBS Outdoor v. Billboard One, Inc. et al., 179 DPR 391, 417 (2010), y Matos v. Junta Examinadora, supra, pág. 749.

       Scalia y Garner, op. cit,, pág. 180.

       Íd.

        Spyder Media Inc. v. Mun. de San Juan, supra; Soc. Asist. Leg. v. Ciencias Forenses, supra, pág. 862; AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., supra, pág. 266.

       Elfrén Bernier y Cuevas Segarra, op. cit., pág. 241.

       íd., pág. 242.

       Véase Historial del P. del S. 1434 en el Sistema de Información del Trámite de la Oficina de Servicios Legislativos disponible en http://www.oslpr.org/legislatura/ tl2009/tl—busca—avanzada.asp (última visita el 5 de mayo de 2016).

       Véase Informe positivo con enmiendas sobre el P. del S. 1434 de 25 de febrero de 2010 de las Comisiones de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporacio-nes Públicas y de lo Jurídico Civil del Senado de Puerto Rico de 10 de noviembre de 2011 y el entirillado electrónico del Informe.

       P. del S. 1434 aprobado en el Senado el 13 de febrero de 2012, 16ta Asam-blea, 3ra Sesión Legislativa Ordinaria.

       Véase Informe positivo sobre el P. del S. 1434 de 25 de febrero de 2010 de las Comisiones de lo Jurídico y Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Comer-cio, Industria y Telecomunicaciones de la Cámara de Representantes de 8 de junio de 2012.

       P. del S. 1434 aprobado con enmiendas por la Cámara de Representantes el 25 de junio de 2012, Diario de Sesiones de la Cámara de 25 de junio de 2012, 7ma Sesión Ordinaria, 16ta Asamblea Legislativa, págs. 220, 243 y 246. Transcribimos lo sucedido:
      “SR. MÉNDEZ NÚÑEZ: Vamos a entrar- ahora en la consideración del Proyecto del Senado 1434. Viene informado por la Comisión de lo Jurídico, Desarrollo Econó-mico, Planificación, Comercio, Industria y Telecomunicaciones, tenemos enmiendas en sala, señora Presidenta.
      SRA. PRESIDENTA (GONZÁLEZ COLÓN): Adelante.
      SR. MÉNDEZ NÚÑEZ: Son las siguientes: [...] En la página 5, línea 11, elimi-nar ‘señalar, a solicitud de parte o motus propio [sic]’, y sustituir por ‘en los casos que considere necesario’. En la página 5, línea 14, eliminar ‘o reunión sobre el estado del procedimiento en el caso’. En la página 5, líneas 17 a la 19, después de ‘selecciones’, eliminar ‘pero que no podrá ser en las oficinas del acreedor hipotecario o de sus abogados o representantes legales o asesores para ofrecer el deudor hipotecario de buena fe.’. Página 6, línea 3, eliminar ‘de buena fe,’. Página 6, líneas 6 a la 10, después de ‘hipoteca.’, eliminar ‘Durante el proceso de mediación compulsoria, el Tribunal, previa notificación de parte de que se ha iniciado el mismo ordenará la paralización automática de la acción civil, por un periodo no menor de cuarenta y cinco (45) días, contados a partir del comienzo del mismo, Dicha paralización podrá ser dejada sin efecto por el Tribunal a solicitud de parte o por justa causa’. Página 6, línea 21, después de ‘mismo’ añadir ‘en caso de que se presente una acción civil sobre procedimiento de ejecución hipotecaria’. [...] Esa es la enmienda al texto.
      SRA. PRESIDENTA (GONZÁLEZ COLÓN): ¿Alguna otra?
      SR. LÓPEZ MUÑOZ: Casi na’.
      SRA. PRESIDENTA (GONZÁLEZ COLÓN): Si no hay objeción a las enmiendas al texto, se aprueban las enmiendas al texto.
      SR. MÉNDEZ NÚNEZ: Señora Presidenta, para que se apruebe el Proyecto del Senado 1434.
      SRA. PRESIDENTA (GONZÁLEZ COLÓN): Ante la consideración del pleno el Proyecto del Senado 1434 según ha sido enmendado. Los que estén en la afirmativa dirán que sí. En contra no. Aprobado". (Énfasis suplido).

       P. del S. 1434 aprobado en el Senado el 29 de junio de 2012, Diario de Sesiones del Senado de 29 de junio de 2012, 16ta Asamblea, 7ma Sesión Legislativa Ordinaria, Año 2012, Vol. LX, Vol. 53. A continuación transcribimos lo ocurrido en el hemiciclo:
      “SR. SEILHAMER RODRÍGUEZ: Señor Presidente, teníamos ante la conside-ración el Proyecto del Senado 1434 [...] Para que se concurra con las enmiendas introducidas por la Cámara al Proyecto del Senado 1434.
      SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se concurre con las enmiendas introduci-das en el Proyecto del Senado 1434 por la Cámara de Representantes”. Véase Diario de Sesiones del Senado disponible en http://senado.pr.gov/Diario%20de%20Sesiones/ 062912.pdf (última visita el 5 de mayo de 2015).

        Diccionario de la lengua española, op. cit., T. II, pág. 1603.

       Véase Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 123 (2012).

       Íd.

       Íd.

       Íd.

       Íd., pág. 122.

        Diccionario de la lengua española, op. cit, T. I, pág. 832.

       Íd., pág. 630.

       Ahora bien, la frase “Será deber del tribunal, en los casos que considere necesarios” podría resultar contradictoria al resto de la ley en el supuesto de que el legislador no hubiese establecido las dos excepciones al requisito de vista de mediación.

       Nótese que, a diferencia de otras leyes, el estatuto bajo examen no interfiere indebidamente con la función judicial reservada a la Rama Judicial. Véase Vélez Ruiz v. E.L.A., 111 DPR 752 (1981).

       para ia citación a mediación, el tribunal podrá utilizar el formulario OAT 1698, Orden de Referido al Centro de Mediación de Conflictos en Casos de Ejecución de Hipotecas, o el formulario OAT 1697, Orden de Referido a Mediador(a) Privado en Casos de Ejecución de Hipotecas. Sobre las normas que regirán el proceso de media-ción, el Art. 6 de la Ley para Mediación Compulsoria dispone lo siguiente: “[e]l pro-ceso de la mediación se regirá, en todo lo que no sea incompatible con la presente Ley, por las disposiciones de la Ley Núm. 19 de 22 de septiembre de 1983, según enmen-dada, [...] así como por cualesquiera reglamentos aprobados de acuerdo a la misma”. (Énfasis suplido). Leyes de Puerto Rico, supra, pág. 1670. La citada Ley Núm. 19 de 22 de septiembre de 1983 se creó con el propósito de promover el desarrollo de mecanismos alternos informales para la resolución de disputas y requirió que este Tribunal adoptara las reglas que fuesen necesarias para la operación de los progra-mas y centros de métodos alternos. En conformidad con lo anterior, en 1998 aproba-mos el Reglamento de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos (Reglamento), 4 LPRA Ap. XXIX. Según lo dispuesto en el Art. 5 de la Ley para Mediación Com-pulsoria, los estatutos citados solo aplicarán al proceso de mediación en lo que no sean incompatibles.

       VéaSe Art. 3 de la Ley para Mediación Compulsoria, 32 LPRA see. 2882. En lo relativo a las formas de culminar el proceso de mediación, la Regla 7.10 del Re-glamento, 4 LPRAAp. XXIX, dispone lo siguiente:
      “(a) El proceso de mediación podrá darse por terminado en cualquier momento, por cualquiera de las partes involucradas o por el mediador o la mediadora.
      (b) Una vez las partes se hayan acogido al proceso de mediación, éste podrá concluir por cualquiera de las razones siguientes-.

      (1) Las partes lograron un acuerdo;
      (2) las partes no lograron un acuerdo;

      (3) alguna de las partes incompareció a la vista;

      (4) una o ambas partes se retiran del proceso;

      (5) se venció el término de tiempo concedido por el tribunal para la media-ción y las partes no solicitaron una prórroga, o, si la solicitaron, no les fue concedida, o

        (6) cuando, a juicio del mediador o de la mediadora, él proceso no está resultando beneficioso.

      (c) El que se dé por terminada la mediación en alguna etapa de un caso no impedirá que se recurra nuevamente a este proceso si las circunstancias son favorables”, (Énfasis suplido).
      Como vemos, la Regla 7.10(b)(3) del Reglamento orienta que una de las formas en las que el proceso de mediación puede darse por concluido ocurre cuando una parte no acude a la vista de mediación. Sin embargo, aclaramos que esta disposición solo aplica a la incomparecencia del deudor, pues la Ley para Mediación Compulsoria dispone que el acreedor que solicita la ejecución de un inmueble que sirve como residencia principal estará obligado a asistir a la vista de mediación —y cumplir con los requisitos de ley— como requisito previo para que el tribunal pueda dictar sen-tencia a su favor y para que pueda ordenar la venta judicial del inmueble.

       De forma similar, en Asoc. Fcias. Com. v. Depto. de Salud, 157 DPR 76, 82 (2002), dispusimos que lo resuelto en la Opinión aplicaba a “todas las solicitudes de Certificados de Necesidad y Conveniencia que sean sometidas desde que esta deci-sión advenga final y firme” y “para todas aquellas solicitudes que se encuentren pendientes ante dicha agencia y para las cuales aún no se haya celebrado o señalado vista adjudicativa [...]
      En más de una ocasión hemos expresado que una decisión puede tener tanto un efecto prospectivo como retroactivo. Sobre esto, en Isla Verde Rental v. García, 165 DPR 499, 505 (2005), manifestamos que “ ‘la absoluta retroactividad sería la muerte de la seguridad y la de la confianza pública, y la absoluta irretroactividad sería la muerte del desenvolvimiento del derecho’ ”, La decisión sobre la aplicación de una norma jurisprudencial constituye un ejercicio discrecional que muchas ve-ces depende de la situación fáctica, circunstancias del caso en particular y consi-deraciones de equidad y hermenéutica. íd., págs. 505-506. Algunos criterios para declarar la aplicación retroactiva o prospectiva de una determinación judicial son: “ ‘el propósito que persigue la nueva regla para determinar si su retroactividad lo adelanta; la confianza depositada en la antigua norma, y el efecto de la nueva regla en la administración de la justicia’ ”, íd., pág. 505. Véase, también, Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 393-394 (2012).

       Véase Informe positivo con enmiendas sobre el P. del S. 1434 de 25 de febrero de 2010 de las Comisiones de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporacio-nes Públicas y de lo Jurídico Civil del Senado de Puerto Rico de 10 de noviembre de 2011 y el entirillado electrónico del Informe. Fundados en una ponencia de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, las comisiones expusieron lo si-guiente:

        “Be conformidad con nuestro estado de derecho, un acreedor hipotecario es aque-lla persona natural o jurídica que otorga un préstamo de dinero a otra (obligación principal), garantizada con un inmueble que pertenece en propiedad a la persona que lo hipoteca y sobre el cual se tiene libre disposición, o en caso de no tenerla, se halle legalmente autorizado al efecto. [...]
      “[Sin embargo,] el P. del S. 1434 aparenta limitar el proceso de mediación a la eventualidad que intervenga una institución hipotecaria como acreedor hipotecario. De ser correcta su inferencia, recomienda a esta Comisión que [...] al definir acreedor hipotecario, esta Comisión podría considerar la figura de la hipoteca a tenor con las disposiciones del Código Civil y de la Ley Hipotecaria, y de Institución Hipotecaria a tenor con las disposiciones de la Ley Núm. 97 de 5 de junio de 1973, según enmen-dada, conocida como Ley de Instituciones Hipotecarias y su correspondiente Reglamento”. (Énfasis suplido),


text:
      In re Medidas Judiciales ante la Pérdida del Servicio Eléctrico.

      Número: EM-2016-04

      Resuelto: 22 de septiembre de 2016
   RESOLUCIÓN

El 21 de septiembre de 2016 ocurrió un colapso del sis-tema eléctrico en todo Puerto Rico. Aún hoy no se ha res-tablecido en su totalidad el servicio de energía eléctrica.

Para evitar que por situaciones imprevistas las partes no puedan presentar sus recursos, y al amparo de nuestra facultad para reglamentar los procedimientos judiciales, al computar los términos en las distintas leyes, reglas o re-glamentos a los procedimientos y trámites judiciales de los casos y asuntos que se celebrarán en todas las Regiones Judiciales, se aplicará lo dispuesto en los Arts. 388 y 389 del Código Político de 1902 (1 LPRA sees. 72 y 73) y se considerarán los días 21, 22 y 23 de septiembre de 2016 como si fueran días feriados. Cualquier término que venza en esos tres días se extenderá hasta el lunes, 26 de sep-tiembre de 2016.

Se ordena la difusión inmediata de esta Resolución. Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo.

(.Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo