text:
    Ramón Parés Collazo, conocido por Ramón G. Parés, demandante y apelado, v. María Echandi, demandada y apelante.
    Núm. 7864.

    Sometido: Mayo 29, 1939.

      Resuelto: Junio 21, 1939.

      Garlos H. Juliá, abogado de la apelante; - Herminio Miranda y R. Díaz Collazo, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Se trata en este caso de una acción de divorcio estable-cida por el marido, basada en abandono. La demanda fue radicada en la Corte de Distrito de Arecibo, de donde fue trasladada a la de San Juan. Alegó el demandante que con-trajo matrimonio con la demandada en Manatí, el primero de julio de 1920, y que tienen un hijo llamado Héctor que en la fecha de la radicación de la demanda, el 5 de mayo de 1938, contaba diez y siete años de edad. Que durante el matrimonio no adquirieron bienes y que el 4 de mayo de 1937, la demandada, sin motivo, cansa ni justificación legal alguna, abandonó al demandante negándose a reasumir la vida con-yugal.

La demandada excepcionó primero y contestó después la demanda. Admitió sus alegaciones esenciales, excepto las concernientes al alegado abandono, y como defensas especia-les alegó:

Que con anterioridad al 4 de mayo de 1937 sufrió una deli-cada operación quirúrgica, abandonando el hospital para recluirse en su hogar y seguir un riguroso tratamiento médico. Que en tales circunstancias y temerosa de no recuperar ple-namente su salud, se marchó al hogar de su madre en Manatí para seguir atendiéndose allí en debida forma. Hace enton-ces la demandada dos imputaciones de actos de excesiva cruel-dad y desconsideración por parte del demandante relacionados con su vida íntima matrimonial, a los cuales no hacemos referencia porque, siendo tan graves y no habiéndose ofrecido evidencia alguna para sostenerlos ni tampoco para negarlos, injustamente perjudicaríamos al demandante con la sola exposición de tales actos. Continúa entonces alegando la demandada que velando por su salud, dado el peligro que corría su vida permaneciendo en el hogar conyugal, optó por marcharse al de sus padres en Manatí hasta que hubiera recuperado por completo su salud. Que su ausencia del hogar conyugal ha sido meramente transitoria, no habiendo tenido nunca el propósito firme y decidido de abandonarlo, y que siempre estuvo decidida a volver a vivir con su esposo el demandante. Niega que haya alguna vez manifestado deseos de abandonar el hogar y asegura que nunca ha sido reque-rida por el demandante para regresar al mismo, constándole como le constaba a aquél que su ausencia era meramente accidental y necesaria. Termina suplicando la desestimación de la demanda.

Desestimada la excepción previa de falta de causa de acción, se procedió a la celebración del juicio oral, que tuvo por resultado una sentencia que declaró con lugar la demanda y decretó el divorcio. Apeló la demandada, basando su recurso en la comisión de cuatro errores que señala en su alegato, a saber:

“Primero: La corte inferior cometió error al permitir declarar al Lie. Román Díaz Collazo como testigo sobre proposiciones con re-lación a la situación económica de la demandada y sobre asuntos que no estaban alegados en la demanda ni formaban parte de la contención.
“Segundo: La resolución dictada en este caso es contraria a la ley sobre la materia.
“Tercero: La Corte inferior cometió error al declarar sin lugar la excepción previa de falta de causa de acción.
“Cuarto: La Corte inferior cometió manifiesto error en la apre-ciación de la prueba en este caso.”

Es verdad que eousideraudo una moción en que se solicitaba la desestimación del recurso por frívolo, este tribunal se expresó así:

“Señala cuatro errores. (Se refiere al alegato de la apelante.) Los tres primeros carecen de mérito. Quizás lo tenga el cuarto, por el que se imputa a la corte sentenciadora error en la apreciación de la prueba, pero no bay base en los autos para considerarlo, ya que no obstante aparecer de ellos que la apelante solicitó la transcripción de la evidencia por el taquígrafo, que el Juez ordenó a éste su prepa-ración y que preparada la aprobó, es lo cierto que dieba transcrip-ción no se ba elevado a esta Corte Suprema. ISiendo ello así, nos vemos obligados a declarar con lugar la moción y en su consecuencia a desestimar el recurso. ’ ’

Cuando esto se escribía, el tribunal confiaba en que estando aprobada la transcripción de la evidencia por el juez senten-ciador, la-apelante daría inmediatamente los pasos necesarios para elevar dicho documento,, restableciéndose entonces, como en efecto se restableció, el recurso, que por los méritos de la prueba no resultó frívolo, como así se resolvió el 10 de mayo último. Empero, al examinar de nuevo el alegato de la apelante en la consideración del caso en sus méritos, esti-mamos que el segundo de los errores señalados no está des-, provisto de fundamento. De las alegaciones y de la prueba de ambas partes resulta como un hecho incontrovertido que la demandada salió del bogar conyug'al el 4 de mayo de 1937. De la transcripción de autos resulta también que la demanda fue suscrita y jurada por el demandante ante el Subsecreta-rio de la Corte de Distrito de Arecibo el 5 de mayo de 1938. No aparece en dicbo documento la fecba de su radicación, pero de los autos resulta que el mismo día 5 de mayo de 1938 se expidió el emplazamiento. Como de acuerdo con e artículo 88 del Código de Enjuiciamiento Civil el emplaza-miento no puede expedirse basta después de radicada la demanda, apareciendo de los autos que la demanda se juró ante el Subsecretario de la Corte de Distrito de Arecibo el 5 de mayo y que el emplazamiento fué expedido ese mismo día, claro es que la demanda tuvo que haberse radicado nece-sariamente el día 5 de mayo en cualquier instante anterior a aquél en que se expidió el emplazamiento. Asumiendo que el alegado abandono se iniciase el 4 de mayo de 1937 con la salida de la demandada del bogar conyugal, y demostrado concluyentemente que la demanda se radicó el 5 de mayo de 1938, cabe preguntar abora si al radicarse la demanda en la Corte de Distrito de Arecibo el supuesto abandono del marido por la mujer se había extendido por el término de un año como exige el inciso 5 del artículo 96 del Código Civil (edición 1930).

A este efecto conviene tener en cuenta las disposiciones del Código Político respecto a la forma de computar los términos. Su artículo 388 prescribe:

“Artículo 388,-^-JSl tiempo• en que cualquier acto prescrito por la ley debe cumplirse, se computará excluyendo el primer día e inclu-yendo el último, a menos que éste sea día de fiesta, en cuyo caso será también excluido.” (Bastardillas nuestras.)

Excluyendo el 4 de mayo de 1937, día en que la deman-dada salió del bogar, y empezando a contar el período de la separación a partir del día siguiente, o sea el 5 de dicbo mes, tendremos que el año de separación venció el 4 de mayo de 1938, pero como este último día hay que incluirlo en la computación del término conforme dispone el artículo 388 del Código Politico, supra, el término del año de separación venció al expirar dicho día 4 de mayo de 1938. Por consi-guiente, la demanda radicada el día 5, lo filé en tiempo, o sea después de vencido el año. Nickerson v. Pres. & Fellows of Harvard College (Mass., Nov. 7, 1937) 11 N.E. (2d) 444; Pacific Mutual Life Ins. Co. v. Alsop, 134 N.E. 290; Earle Improvement Co. v. Chatfield, 99 S.W. 84; Meridian Life Ins. Co. v. Milam, 188 S.W. 879.

Pero hasta ahora hemos venido refiriéndonos al período de separación. A los efectos' del abandono como cansa de divorcio, no es el momento en qne se inicia la separación enando empieza el término a partir del cnal ha de contarse el año del abandono, sino el momento de la nolición, o sea aqnél en qne el cónynge demandado expresa sn firme y decidido propósito de abandonar a sn compañero.

De la evidencia del propio demandante resalta qne la demandada salió del hogar conyugal con motivo de nn fuerte altercado con sn esposo, asegurándose por uno de los tes-tigos qne ella gritaba fuertemente y se hallaba muy nerviosa. Ninguna evidencia existe de qne en ese momento expresara ella sn propósito de abandonar a sn marido. El demandante mismo declaró qne ante la insistencia de ella de irse a la casa de sus padres, no pndiendo él disuadirla de qne se mar-chase ni pndiendo acompañarla personalmente, ordenó a sus dos hermanos, Víctor y Oarlos Parés, qne la acompañaran en nn carro público qne contrató y pagó el demandante. Cualquier manifestación qne ella hubiera hecho en el calor del fuerte altercado con sn esposo en relación a su propósito de abandonarlo, claro es qne no podía considerarse como la manifestación firme y deliberada de romper para siempre el vínculo matrimonial. Sn estado de ánimo lo demuestra el hecho de qne no obstante hallarse enferma insistió en salir inmediatamente para Manatí, tomando nn automóvil público, sin importarle lo avanzado de la hora. Con razón se dice en 17 American Jurisprudence 194 qne las palabras dichas por la esposa en el momento de separarse de su marido gene-ralmente no son interpretadas como demostrativas de su intención de abandonar a su esposo dentro del significado que la palabra “abandono” tiene como causa de divorcio.

Y la doctrina no es nueva en esta jurisdicción. Se fia dicho en el caso de Jirot v. Crispín, 23 D.P.ít. 822, 823:

“Consta que la demandada ha estado separada del demandante por más de un año, pero no cómo empezó la separación, y si bien el demandante practicó gestiones para que volviera a su lado, no apa-rece cuándo fue que se iniciaron esas gestiones, requisito indispensable para poder apreciar que la esposa ha estado separada del esposo por más de un año. La mera separación con consentimiento o tole-rancia del otro cónyuge no puede constituir abandono. Es requisito indispensable para <el abandono la nolición del otro cónyuge, y desde que esa nolición se manifiesta, empieza a correr el término del aban-dono.’1

En una extensa monografía que aparece en 138 Am. State ítep. 146,148, sobre lo que constituye ‘ ‘ abandono ’ ’ como causa de divorcio, se expone la misma doctrina en los siguientes términos:

“La mayoría de los estatutos establece el período que debe trans-currir antes que un cónyuge pueda instar pleito de divorcio basado en el abandono del otro. Las decisiones uniformemente sostienen que el abandono empieza cuando se manifiesta el propósito de abandonar, ya sea esta manifestación por acto o por declaración.” (Se citan ca-sos de distintas jurisdicciones.)

Veamos en este caso cuándo manifestó la demandada, de acuerdo con la prueba del demandante, su firme y deliberado propósito de abandonar a su esposo.

La demandada niega enfáticamente que jamás haya tenido tal propósito; por eso nos limitaremos a la prueba del deman-dante, aceptándola como cierta a los efectos del argumento.

, De la declaración del propio demandante resulta lo siguiente:

“P. ¿Usted vive en la actualidad con su esposa?
“B. No, señor.
“P. ¿Desde cuándo"?
”R. Desde mayo 4, 1937, estamos separados.
“P. ¿Qué motivó esa separación?
“R. Pues para esa lecha hubo una diferencia, un altercado de ella y yo, y a pesar de la insistencia mía y de los consejos míos y de mi familia ella insistió en irse para su casa.
“P. Para esa fecha ¿dónde vivía usted?
“R. Vivía en el Condado, en la Calle Wilson.
“P. ¿Avenida Wilson?
“R. En la casa del Fiscal Massari.
“P. Una vez abandonada la casa, como explicó usted, por ella, ¿ usted tomó alguna medida para hacer que volviese al hogar ?
“R. Sí, en una ocasión, pocos días después, le envié a usted.
“P. ¿Al abogado que pregunta?
“R. Al abogado que me pregunta, en su carácter de familiar mío.
“P. ¿En alguna otra ocasión?
“R. Después envié a dos de mis hermanos.
“P. ¿Y cuál fué el resultado de esas gestiones?
“R. Absolutamente negativo; no quiso en ninguna forma.
“P. ¿Y usted personalmente tuvo ocasión de hacer también una gestión ?
“R. Hace pocos meses, contestando una llamada telefónica de ella, asistí, concurrí a una casa donde estaba ella en la Calle Morell Campos, en Santurce, y yo creí que íbamos a hablar en términos amis-tosos para arreglar esta situación, y simplemente se me habló de divorcio y condiciones económicas.
“P. ¿Se le habló de divorcio a base de condiciones económicas?1
‘‘R. Sí, señor.
“P. ¿Cuál fué el resultado de esa misión suya? ¿Usted consiguió que volviese a la casa?
“R. En absoluto.” (T. de E., págs. 2-3.)

Y del examen de repreguntas aparece también:

“P. ¿En qué fecha fué que la señora Echandi salió de la casa de usted en el mes de mayo de 1937, que día del mes de mayo, no re-cuerda?
“R. Lo recuerdo porque se nombra en los papeles de este caso. El 4 de mayo.
“P. ¿El mismo día se nombra en los papeles de este caso?
“R. Exacto.
“P. ¿Usted recuerda adonde fué su.ésposa cuando salió.de su casa en aquella ocasión?
“R. Pues yo la envié a casa de su señora madre, acompañada de dos hermanos míos.
“P. ¿De modo que usted la envió?
“R. La hice acompañar de mis hermanos, ante la insistencia de ella.
“P. ¿La envió a casa de los familiares de ella?
“R. La envié no; la hice acompañar por dos hermanos míos a la casa de su madre, pues era determinación absoluta de ella de irse.
“P. ¿A la casa de su mamá en qué sitio?
“R. En Manatí.
“P. ¿Y a la casa de la mamá de ella en Manatí la llevaron dos hermanos suyos?
“R. La acompañaron.
“P. ¿En qué automóvil?
“R. Fueron en un carro público porque yo no tengo chófer.
“P. Ese carro público, ¿usted recuerda quién lo contrató?
“R. Nosotros, un hermano mío.
“P. ¿A nombre de usted?
“R. A nombre mío.
“P. ¿Lo pagó usted?
• “R. Sí.
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“P. ¿.Quiénes fueron las personas esas que hicieron las gestiones de que usted nos habló hace un momento ?
“R. Fué mi primo, el Lie. Díaz Collazo, y mis dos hermanos Víctor y Carlos.
“P. ¿Usted no recuerda, más o menos, para qué fecha hicieron estos hermanos suyos las gestiones de que usted nos ha hablado?
- “R. Poco tiempo después de haberse ido.
“P. ¿Cómo cuánto tiempo después?
“R. No recuerdo exactamente; las próximas semanas; inmediata-mente después.
“P. ¿Estos hermanos suyos fueron los mismos que la acompaña-ron a Manatí?
“R. Que la acompañaron a Manatí.
. “P. ¿Y esos hermanos suyos que la acompañaron a Manatí fueron los mismos que usted mencionó ahora que hicieron las gestiones a nombre suyo y cerca de ella?
“R. Sí, señor.
“P. ¿Aquí o en Manatí?
“R. En Manatí.” (T. de E., págs. 4-6.)

No resulta de la declaración del demandante que el día 4 de mayo de 1937, fecha en que la demandada se trasladó a Manatí, manifestase ésta su voluntad firme y decidida de no vivir más con su marido.

De la declaración de Víctor Parés, que por orden de su hermano el demandante acompañó a la demandada a Manatí, sólo aparece lo siguiente en relación con la salida de esta última:

“P. Alrededor del día 4 de mayo del año pasado, ¿usted se acuerda si usted tuvo ocasión de ir a Manatí?
“R. Sí, señor, por la noche.
“P. ¿Con motivo de qué?
“R. Con motivo de llevar a su casa a mi cuñada que quiso irse.
“P. ¿Por qué dice usted que quiso irse?
“R. Bueno, porque yo recuerdo que estaba en la sala cuando sentí arriba unos gritos y subí y la encontré a ella en un estado de nervios fuertísimo, y entonces Mon, mi hermano, le razonaba para que no hiciera eso, y ella quería irse a la calle y nosotros le razonamos que no se fuera. Parece que había habido un altercado entre ellos y ella decidió irse de cualquier manera para Manatí.
“P. ¿Definitivamente se fué?
“R. Definitivamente se fué, porque entonces mi hermano mandó a buscar un carro y mi hermano y yo la llevamos.
“P. ¿Qué hermano?
“R. Carlos.
“P. ¿Durante el camino tuvieron ocasión de hablar?
“R. Le hicimos unas cuantas reflexiones, que se dejara de tonte-rías y ella insistió -siempre.
“P. Después de usted haber acompañado a esta señora a Manatí, como usted ha explicado, ¿usted tuvo ocasión de volver a verla?
“R. Sí, señor, cómo no.
“P. ¿Cuánto tiempo después?
“R. Como diez o doce días después.
“P. ¿Después de esa fecha?
“R. Sí, señor.
“P. ¿Donde?
“R. En su casa.
“P. ¿En qué casa?
“R. En la casa de allá, de su mamá.
“P. ¿Pero fuera de San Juan?
”B. Fuera de San Juan, en Manatí.
“P. ¿Por qué fué usted?
“B. Yo fui porque mi hermano me dijo que fuese y tratase de convencerla para que volviese ella.
“P. ¿Usted la vió?
“B. Sí, señor.
“P. ¿Habló con ella?
“B. Personalmente.
“P. ¿Usted le manifestó el propósito de su visita?
“B. Sí, señor.
“P. ¿Y cuál fué el resultado de su gestión?
“B. El resultado fué que ella dijo que no quería venir más a la casa y que solamente quería divorciarse y arreglar su cuestión econó-mica; que ella quería vivir sola.
“P. ¿Usted le comunicó eso a su hermano luego?
“B. Sí, señor.” (T. de E., págs. 10-11.)

En cuanto a la declaración del otro testigo, Carlos Parés, estipularon las partes que su declaración sería igual a la de su hermano Víctor en lo que respecta a lo sucedido el 4 de mayo de 1937 y al viaje que hicieron en esa fecha a Manatí.

De manera, pues, que de la prueba del propio demandante, aceptándola como cierta a los efectos del argumento, resulta claramente que la nolición de la demandada no se manifestó' hasta varias semanas después del 4 de mayo de 1937, eh que fué visitada por el Lie. Díaz Collazo, y, según se alega, por los hermanos del demandante en dos ocasiones distintas.

Habiéndose manifestado la nolición en este caso, según la prueba del propio demandante, varias semanas dedpués del 4 de mayó, resulta evidente que, aceptando dicha prueba como cierta, la demanda debió haberse .radicado varias semanas después del 5 de mayo para que el término de un año de abandono que exige la ley se hubiese cumplido al iniciarse la causa de acción.

El segundo error que acabamos de discutir bastaría para declarar con lugar el recurso y revocar la sentencia; pero la apelante ha imputado a la corte sentenciadora error mani-fiesto en la apreciación de la prueba. Penetremos en los mé-ritos del caso.

El propio demandante fué el primer testigo en ocupar la silla testifical. Su declaración es relativamente breve. En el examen directo declaró que el día 4 de mayo de 1937 su esposa y él tuvieron “una diferencia, un altercado”, y que a pesar de sus consejos y reflexiones para que ella no se mar-chase de la casa, insistió ella en su propósito de trasladarse a la de su madre en Manatí. Que no pudiendo disuadirla, ordenó a uno ele sus hermanos, Víctor Parés, que contratase un automóvil público y que con su hermano Carlos Parés la acompañara a Manatí. Que poco tiempo después comisionó a su primo, Lie. Díaz Collazo, que visitase a la demandada y la persuadiese de volver al hogar, y que las gestiones de dicho abogado fueron infructuosas ante el propósito de ella de divorciarse. Que también envió con el mismo objeto a sus dos hermanos anteriormente mencionados y sus gestiones resultaron igualmente inútiles. Finalmente, que pocos meses antes del juicio, contestando a una llamada telefónica de la demandada tuvo una entrevista con ella en Santurce, en la Calle Morell Campos, pero que dn esa ocasión no le habló ella de reconciliación sino de divorcio y de la manera de arreglar su situación económica. Y en el examen de repre-guntas, declaró el” demandante que el 4 de mayo de 1937 la demandada estaba convaleciendo después de una operación quirúrgica a que había sido sometida. Que la madre del demandante estaba en San Juan, asistiéndola. Que a pesar de que iba frecuentemente a Manatí a ver a su hijo, nunca fué donde la demandada, y aunque a repreguntas del abogado contrario declaró que él se enteraba de la salud de su esposa por su hijo, sin embargo declaró que él no se enteró de su ingreso en la clínica y que según él continuaba ella en buena salud.

Como veremos más adelante en la declaración de la deman-dada, ésta le indicaba al hijo que le escribiese a su padre, que le preguntase por su salud y le dijese que viniera a verla, que ella quería verle, etc. A este propósito el abogado de la demandada, en el examen de repreguntas al demandante, le interrogó así:

“P. ¿ Cuando el niño de usted estaba en Manatí y estaba la mamá también, el niño suyo le escribía a usted ?
“R. Bueno, yo semanalmente ... El muchachito venía a verme o yo iba a verlo.
“P. En esa ocasión, en esos viajes a Manatí, ¿ usted fué a ver a su esposa enferma en la casa donde estaba recluida ?
”R. No sabía que estaba enferma.
“P. ¿Pero usted dice que sabía que estaba convaleciendo de una operación quirúrgica?
‘‘R. Que estaba mejorando, que iba muy bien.
“P. ¿Estaba convaleciendo?
“R. Sí, señor.
“P. ¿Usted nunca fué a averiguar?
“R. En las condiciones que estaba . . .
“P. ¿Ni preguntó por ella?
“R. Le preguntaba a mi hijo.
“P. ¿No la visitaba? j
‘‘R. No, señor.
“P. ¿Su hijo no le daba las razones qué ella le enviaba a usted?
“R. No, simplemente cuéstiones de dinero.
“P. ¿No le decía que su mamá quería que usted la fuera a bus-car?
“R. Para venir a San Juan, no.”

Ocupó en segundo término la silla testifical Víctor Pares, hermano del demandante. Luego de relatar lo que ya cono-cemos respecto a lo sucedido el 4 de mayo de 1937, declaró en su examen directo que diez o doce días después de haber acompañado a la demandada a Manatí volvió a la casa de ella por encargo de su hermano el demandante, para persua-dirla de que volviese al hogar conyugal. Que le contestó ella que no quería venir más a San Juan, que solamente quería divorciarse y arreglar su situación económica. En el exa-men de repreguntas fué sometido al siguiente contrainterro-gatorio :

££P. ¿Entonces fué en el mismo mes de mayo? ' (Se refiere a su visita a la demandada).
££R. Sí, señor, más o menos en el mes de mayo.
“P. ¿Estaba sola o acompañada?
££R. Yo no recuerdo, me parece que estaba sola.
“P. ¿Le parece que estaba sola? . •
“R. Exactamente no puedo recordar.
‘‘P. ¿A qué bora fué más o menos la visita suya?
££R. Fué una visita por la tarde.
“P. ¿Después de almuerzo?
<£R. Por la tarde, después de almorzar.
“P. ¿Pero después de comida o antes?
££R. Antes de comida.
“P. ¿El día específico, usted lo recuerda?
££R. El día específico, no.
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"P. Esa vez que usted fué allá, doce o catorce días después de haberla llevado a ella, ¿fué su hermano también?
££R. No, señor, fui yo solo.”

En tercer término declaró el otro hermano del demandante, Carlos Parés. En el examen directo se le interrogó:

“P. ¿Usted se acuerda haber visitado la casa de la demandada en Manatí con posterioridad al 4 de mayo del año pasado?
££R. Sí, señor.
££P. ¿Usted no se acuerda de la fecha?
££R. Exactamente no recuerdo.
££P. ¿Pero aproximadamente, un mes, mes y medio, dos meses, seis semanas, cinco?
££R. Había transcurrido como dos meses o como mes y medio.”

En el examen de repreguntas se le sometió al siguiente contrainterrogatorio en relación con.su visita a la demandada:

££P. ¿Usted dice que fué a visitar la casa de la Sra. Parés como mes y medio o dos meses después del 4 de mayo ?
££R. Sí, señor.
''P. Para ser más exactos, ¿usted recuerda si fué en el mes de junio o julio que usted fué allá?
££R. Yo creo que en mayo, junio y julio, debe caer por ahí, un término de dos meses.
“P. ¿Pero usted no recuerda si fué en junio o julio?
•“R. Exactamente.
“P. ¿Era día festivo o día de trabajo?
“R. No puedo acordarme.
“P. ¿Usted recuerda que día de la semana fué que usted fué allá?
“R. No, señor.
“P. ¿Usted trabajaba para esa fecha?
"R. No, señor.
“P. ¿Qué hacía usted entonces?
“R. Pues eran vacaciones.
“P. ¿Usted estaba estudiando en la Universidad?
“R. Sí, señor.
* # # # # * #
“P. ¿La visita suya fué de día o de noche?
“R. De día.
“P. ¿A qué hora?
“R. No puedo precisar la hora.
“P. ¿Por la mañana o por la tarde?
“R. No recuerdo, no lo tengo en la mente claramente.
“P. ¿Usted habló con la señora Parés?
“R. Sí, señor.
“P. Había otras personas allí presentes?
“R. Pudiera que hubiera algunas personas, aunque no recuerdo con claridad.
“P. ¿No recuerda si era la hermana, la Srta. Parés la que estaba allí?
“R. Podía ser, pero no recuerdo.”

Es en verdad raro que estos dos testigos, a pesar de estar declarando aproximadamente un año después de esta visita que tanta importancia tenía para ellos por la delicada misión que llevaban, no recuerden detalle alguno con respecto a las circunstancias que la rodearon, y llama más la atención el hecho de existir relaciones dé familia con las personas que habitaban la casa donde se hallaba la demandada, circuns-tancia que les facilitaría recordar cualquier persona que hubiera estado allí, por ser seguramente familiares de la demandada, perfectamente conocidos por estos testigos.

El último testigo del demandante fué su abogado, el Lie. Eomán Díaz Collazo, quien declaró que en dos ocasiones dis-tiritas liabló con la Sra. Parés, siguiendo instrucciones del demandante y que en dichas ocasiones ella manifestó su deseo de divorciarse y de arreglar lo que ella llamó “su situación económica.” El testigo Díaz Collazo no fue repreguntado.

Por la demandada declararon su hermana y su madre, quienes al igual que la demandada negaron enfáticamente que Víctor y Carlos Parés hubieran visitado a la demandada después del 4 de mayo, aunque admiten la visita del Sr. Díaz Collazo, pero declara la demandada que éste no fué con el objeto de reconciliarla con su esposo, sino de hablarle del divorcio.

Declararon además que la demandada estaba la mayor parte del tiempo acostada y que solamente en ocasiones se levantaba para coger sol junto a una ventana. Que ella mani-festaba deseos de volver a unirse a su esposo y que así se lo decía a su hijo, que quería volver al hogar en cuanto estu-viese mejor, declarando la hermana de la demandada que ella y su madre no querían que volviese a San Juan hasta que no estuviese completamente restablecida. Que la demandada permaneció en Manatí hasta que volvió a recaer, teniendo' que ingresar nuevamente en la clínica.

lia demandada declaró en los siguientes términos:

“P. ¿Usted se marchó de su casa el día 4 de mayo del año pa-sado?
“R. Sí, señor.
“P. Tenga la bondad de decirle a la Corte en qué forma salid usted de su casa ese día.
“R. Yo salí el día 4 de mayo con el consentimiento de mi esposo' para mi casa en Manatí, porque yo estaba recién operada de vientre y necesitaba restablecerme, y en mi casa pues estaba la mamá de él asistiéndome, mientras yo estaba en mi casa; pero la mamá de él es-, una persona ya mayor y tiene el padecimiento de filaría. La casa es de dos plantas y tenía que subir y bajar muchísimo, y yo le dije a mi esposo que era más conveniente que yo me fuera a casa de mi mamá a Manatí, que había otros parientes más que me podían asistir tam-bién porque su madre tenía mucho trabajo conmigo, y que había visto que por yo no molestarla yo no me hacía las cosas; porque parece que el esfuerzo que yo hice en levantarme un poquito me hizo mal y tuve uua recaída, y le indiqué a mi esposo que era más conveniente que fuera a casa de mi mamá para restablecerme allí mejor, para cuando estuviera restablecida volver a mi bogar y atenderlo a él y a mi bijo.
“P. ¿De modo que usted fué el día 4 de mayo a casa de su mamá a Manatí, con el consentimiento del esposo suyo?
“R. Sí, señor.
“P. ¿Quién la llevó a usted a Manatí?
“R. Los hermanos de él. Víctor y Carlos.
“R. ¿Su esposo no fué a Manatí?
“R. No, porque él tenía muchísimo trabajo en esos días y me dijo que no podía llevarme, que me iba a mandar con sus hermanos y por la tarde me llevaron sus hermanos.
“P. ¿Cuánto tiempo estuvo en casa de su mamá en Manatí?
“R. Estuve todo el tiempo hasta que volví a recaer y entonces me •.tuve que venir a la clínica Díaz García a someterme a un tratamiento.
J‘P. ¿En el tiempo que estuvo usted en Manatí, su esposo de us-ted la fué a visitar?
“R. No volvió más.
“P. ¿Usted le mandó recado; qué gestiones hizo usted?
“R. Yo le avisé y mandé a mi hijo. Yo hice todas las gestiones para que él fuera a verme, porque yo quería que fuera a verme, y además lo hacía mi hijo, que le escribía a su padre el estado mío, y para que me enterara del estado de él también, porque como yo lo quiero, estaba interesada en saber el estado de salud de él, y como yo no podía escribir, hacía que mi hijo lo hiciera, y mi hijo hacía todas las gestiones que yo le decía, porque mi hijo cuando no estaba con mamá en casa, estaba en la casa de la abuelita de él en Manatí, en casa de la mamá de él que iba a verme todos los días.
“P. Cuando usted vino a San Juan, ¿usted hizo alguna gestión ■cerca de su esposo para que él fuera a verla y la llevara a su casa ?
“R. Yo lo llamé para que fuera a la clínica a buscarme y no tuve contestación de él ninguna.
“P. ¿Especialmente usted le puede decir a la Corte si al mar-charse usted el día 4 de mayo a Manatí, tuvo usted la intención de-cidida de abandonar el hogar de usted, abandonar a su esposo y a su'hijo y separarse para siempre de él?
“R. No, la intención mía no fué esa; la intención mía fué recu-perar bien mi salud para poderlos atender a ellos.
“P. ¿Usted le hizo saber eso a su esposo, antes de irse?
“R. Se lo hice saber, sí, señor.
“P. ¿Y su esposo estuvo conforme con que se hiciera así?
“R. Sí, señor, y entonces él me mandó a Manatí.
“R. ¿El compañero Díaz Collazo, abogado del señor Pares, mani-festó aquí en sala que había tenido cierta conversación con usted, el Lie. Susoni y otro señor en la casa de usted en Manatí, existieron dos entrevistas?
“R. Sí, señor.
“P. ¿Usted tiene la bondad de decirle a la Corte si en alguna ocasión, en esas dos entrevistas, le manifestó a alguien, o hizo ma-nifestaciones públicas de que tuviera la intención decidida y firme de abandonar a su esposo?
“R. Yo nunca hice esas manifestaciones. Yo siempre decía que estaba deseosa de volver a mi hogar, y a los pocos días de estar en casa, enferma, llegó el Lie. Díaz Collazo y yo le pregunté por mi esposo, que por qué no iba a verme, que yo necesitaba verlo, que quería verlo, que quería verlo a mi lado, que yo lo quería, que iba a Manatí y no me iba a ver y que eso me hacía sufrir mucho que él no fuera a verme; y como yo no podía salir encargué a mi hijo que le escribiera para que le preguntara por su salud, por la salud de mi esposo.
“P. ¿Y en la estrevista que tuvieron en la oficina del Lie. Susoni, en algún momento hizo usted manifestaciones allí en el sentido de que quería romper con su esposo, que era definitiva su actitud de aban-donarlo ?
“R. Ellos me hicieron proposición de .un divorcio, pero fueron proposiciones hechas por ellos.
“P. ¿No hechas por usted?
“R. No, señor, nunca.
“P. ¿Usted en algún momento ha expresado la idea de divorciarse de su esposo de usted?
“R. Nunca, nunca.
“P. ¿Usted ha expresado en algún momento su intención de aban-donarlo a él definitivamente ?
’ “R. No, señor.
“P. ¿Está usted en condiciones, y está usted dispuesta a volver a vivir con su esposo, ahora mismo, inmediatamente, en el momento en que él quiera?
"R. Sí, señor.

[ja demandada í am pono fué repreguntada.

En el caso de Fernández v. Hernández, 8 D.P.R. 237, 242, este tribunal, por voz del Juez Asociado Sr. Figueras, se expresó así:

“Apeló el esposo Don Serapio Fernández y tanto él como su es-posa comparecieron ante esta Corte Suprema por medio de sus abo-gados respectivos Díaz y Texidor y Don Eduardo Acuña, presentando el primero su alegato en el que minuciosamente analiza la prueba practicada que es favorable al divorcio, dice, y afirma que no puede darse a la declaración de la esposa demandada el alcance que le da el Juez sentenciador porque es aislada y está contradicha por la prueba testifical.
“El fiscal y la representación de la parte apelada sostienen por el contrario la justicia de la sentencia recurrida y en el acto de la vista expusieron oralmente las razones conducentes a su derecho.
“Tiene razón el Juez sentenciador. El cónyuge que ejercita la ac-ción trascendental de divorcio que ha de romper el vínculo matrimonial y destruir el hogar que nació por el mutuo amor y en donde existen hoy hijos inocentes, debe estar limpio de toda culpa, debe ser una verdadera víctima que agotó todos los medios amistosos para detener el mal en su origen.
“Pero cuando esto no sucede tiene el juzgador que meditar con serenidad de espíritu y pesar en todo lo que valgan las causas genera-doras del rompimiento que se interesa.

A este mismo efecto se dice en la monografía antes citada de American State Reports, página 155:

“Buena fe al buscar reconciliación. — Cuando el demandante esta-blece la acción de divorcio por motivo de abandono y está en el deber de procurar la reconciliación, por ser la parte demandante, ya sola o en unión de la parte demandada, responsable de la separación o abandono, se le requiere no sólo que haya tratado de conseguir la reconciliación sin resultado positivo alguno, si que también que la ges-tión haya sido hecha de buena fe y antes de que haya expirado el período estatutario.” (Se citan casos.)

En el presente caso no vemos por parte del demandante nna disposición sincera o hona fide a solicitar la reconcilia-ción con su esposa. Aceptando sn versión sobre la cansa de la retirada de la esposa del bogar, resulta, que ese altercado o diferencia, como él lo llama, tuvo lugar cuando ella bacía poco Rabia regresado de mía clínica donde fné sometida a una intervención quirúrgica y cuando aún se bailaba enferma. No penetraremos en los móviles del disgusto. Basta que ella estuviese enferma para que, con razón o sin ella, mereciese la consideración de sn esposo. Sin embargo, ella se marcha, él va a menudo a Manatí y ni siquiera se digna inquirir por su salud. A pesar de que dice que su hijo de diez y siete años le informaba que su esposa seguía mejor sin embargo de su propia declaración resulta que él ignoraba que ella hubiera tenido que regresar a una clínica a Santurc'e por haber empeorado su enfermedad, declarando que vino a ente-rarse de que estuvo en la clínica cuando le trajeron la cuenta.

¿Acaso no está justificada una esposa en estas condiciones en rehusar, si es que rehusó, la proposición que a través de otras personas le hiciera el marido para que volviera al ho-gar conyugal? ¿No estaba ella justificada en creer que el marido, que la ve salir de su hogar enferma, que va a Manatí frecuentemente y no se digna visitarla, y que demuestra una absoluta despreocupación por su salud, no estaba justificada en creer, repetimos, que al requerirla el demandante ,por medio de otras personas para que reasuma la vida conyugal, no lo hace sinceramente y movido por el cariño que ella debe esperar del padre de su hijo, a quien ha estado unida en matrimonio por espacio de diez y ocho años? Que la deman-dada hubiera estado justificada al así pensar, lo demuestra de manera evidente la impaciencia manifiesta del demandante al radicar la demanda de divorcio tan sólo unas horas des-pués de vencido el período del año de separación.

El caso de Más v. Muñoz, 35 D.P.R. 870, presenta una situación análoga a la de este caso. La opinión del tribunal, escrita por el Juez Presidente Sr. Del Toro es muy breve y la transcribimos a continuación:

“En octubre de 1922 José Más Guardiola estableció demanda de divorcio contra su esposa alegando que ésta lo había abandonado por más de un año. Contestó la demandada alegando a su vez que fué su esposo el que se separó de ella; que no tenía el propósito de se-pararse, y que estaba dispuesta a vivir con el demandante en el mo-mento en que así se lo manifestara.
“Fué el pleito a juicio. La prueba del demandante consistió en su declaración y en la de Carlos Matos y José A. Florido. La de la demandada en su declaración y en la de los testigos Ildefonso Es-trella y Felipe Zavala. Hemos analizado esa prueba y es en algunos extremos contradictoria. Aceptando que el conflicto fué resuelto por la corte y que debamos partir de la base que más favorece al deman-dante, aún así opinamos que el abandono que la ley y la jurispruden-cia exigen como causa determinante del divorcio no se ba demostrado cumplidamente.
“No basta el hecho material de la separación; no son suficientes meros disgustos. Es necesario el propósito firme y deliberado y la actuación consiguiente de vivir separado, de romper de hecho el vínculo matrimonial, para que el abandono exista. Y aquí la mujer no ha procedido de tal modo. Declarando en el juicio se expresó así: ‘que nunca ha sido su intención separarse definitivamente de su es-poso, no lo ha pensado, como lo ha querido mucho y es el padre de sus hijos, es el único hombre que ha querido. ’
“Se trata de un matrimonio joven aún con muchos hijos, sin bie-nes de fortuna, que puede y debe subsistir. Sólo sumando sus fuer-zas materiales y espirituales podrá ese matrimonio cumplir aún fiel-mente su destino.
“Debe revocarse la sentencia apelada y declararse la demanda sin lugar.”

En el caso de Arce v. Lebis, 50 D.P.R. 899, 905, donde se presentó una situación parecida, aunque no idéntica a la del presente caso, al revocar la sentencia que decretó el divor-cio, se dice por este tribunal por voz de su Juez Asociado Sr. Travieso:

“No encontramos en el récord prueba suficiente de un propósito firme y decidido por parte de la demandada de vivir separada de su esposo. Por el contrario, ésta declaró a preguntas de su abogado, como sigue:
“ ‘P. Dígame, señora: ¿usted está dispuesta y ha estado dis-puesta siempre a vivir con su esposo y a seguir como estaban antes de haberse él marchado?
i i * # * * * # #
“ ‘R. Yo siempre traté de evitar todo disgusto entre nosotros y pasé por todo y vi muchas cosas que para mí han sido muy doloro-sas y tristes y que no las nombro porque me da vergüenza, y a pesar de todo siempre traté de evitarlo todo para que hubiera paz y unión en el bogar porque siempre tuve la fe de que todo eso pasaría y que él volvería a ser como antes.
“ ‘P. ¿Actualmente usted está dispuesta a vivir con su esposo?
“ ‘E. Siempre he estado y estoy dispuesta a vivir con mi esposo porque siempre lo he querido.
‘P. ¿Y aún lo quiere?
“ ‘E. Y lo quiero y es el padre de mi hija y si hubiera venido lo hubiera aceptado en cualquier momento.’
“Del récord no aparece que el esposo demandante haya expresado en momento alguno iguales sentimientos de amor o deseos de reconci-liación con su esposa.”

En la opinión emitida por el juez inferior refiriéndose a las manifestaciones de la demandada respecto a sus deseos de reasumir la vida matrimonial con su esposo, dice lo siguiente:

“Y su manifestación hecha al final de su testimonio, de que está en condiciones de reasumir la vida matrimonial cuando su esposo lo desee, no parece ser la expresión franca y sincera de la esposa aban-donada que anhela unirse a su marido y sí mera oferta sin verda-dero propósito de llevarla a efecto, demostrado por su actitud anterior. ’ ’

Hemos examinado la transcripción de evidencia y en rea-lidad de verdad no encontramos que esta aseveración del juez inferior esté suficientemente justificada por la prueba.

A nuestro juicio existió también error manifiesto en la apreciación de la prueba.

Por lo expuesto, procede en este caso revocar la sentencia apelada y en su lugar dictar otra desestimando la demanda, con costas al demandante, incluyendo la cantidad de $200, que se fija como■ honorarios de abogado.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Del Tobo

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pablo Matos Correa, acusado y apelante.
    Núm. 7787.

    Sometido: Junio 21, 1939.

      Resuelto: Junio 24, 1939.

      J. Ramírez Viñas, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, j Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

Pablo Matos Correa fué denunciado ante la Corte Municipal de San Juan, Sección Segunda, de una infracción al artículo 95 de la Ley de Servicio Público, cometida al trans-portar pasajeros en su automóvil piíblico en contra de lo dispuesto en la orden de la Comisión de Servicio Público de enero 4, 1938.

Celebrado el nuevo juicio en la corte del distrito, fué el • acusado declarado culpable y condenado a pagar cincuenta dólares de multa. Apeló para ante esta Corte Suprema y señala tres errores cometidos a su juicio por la corte de dis-trito el primero al permitir enmendar la denuncia, el segundo al aceptar cierta prueba de inferencia y el tercero al basar su sentencia en prueba vaga e insuficiente.

Examinemos el primero. Se trata de un caso en apelación ante una corte de distrito que de acuerdo con la ley debió ser juzgado por la primitiva denuncia, esto es, por la presentada en la corte municipal. Artículo 3 del Código de Enjuiciamiento Criminal, ed. 1935; Pueblo v. Rosario, 50 D.P.R. 223; Ex parte Bermúdez, 8 D.P.R. 24. ¿Pudo enmendarse esa denuncia en la corte de distrito? Yeámoslo.

Esta Corte Suprema en el caso del Pueblo v. Albino, 38 D.P.R. 215, 216, por medio de su Juez Asociado Sr. Texidor, dijo:

“En materia de enmiendas,. la jurisprudencia tiene establecida una seria diferencia entre las enmiendas substanciales, y las de forma, y entre aquéllas que pueden afectar los derechos esenciales y constitucionales del acusado, y las que no tienen ese alcance.
“No encontramos en nuestro Código de Enjuiciamiento Criminal disposición expresa referente a la enmienda de una acusación, pero hay indicaciones, artículos 461 y 158, Código de Enjuiciamiento Criminal. Véase el caso de Pueblo v. Torres, 34 D.P.R. 300.”

Se trataba de una enmienda de una fecha y se resolvió que no afectando como no afectaba los derechos substanciales del acusado, pudo hacerse.

El caso de Torres que se cita si bien no era uno comen-zado en una corte municipal, fué uno en el que la acusación se formuló al parecer por el Gran Jurado, y en él se resolvió que “en un proceso por asesinato, la enmienda en el apellido del interfecto es una de fondo no permisible en el juicio, no pudienclo hacerse sin la intervención del gran jurado.” Se citan en la opinión los artículos 461 y 158 del Código de Enjuiciamiento Criminal y varias autoridades que sostienen qué el cambio de un nombre es una cuestión substancial.

Todo depende, pues, de la clase de enmienda. Si es subs-tancial, no es permisible. Si no lo es, puede hacerse.

Lo ocurrido en este caso cuando fué llamado para la celebración del juicio de novo consta de la transcripción como sigue:

“DbfeNSA: Señor Juez, se alega en esta denuncia que en 16 de enero del 38 en la Avenida Ponee de León de Santurce, el acusado Pablo Matos Correa, allí y entonces, ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente, sin baber sido previamente autorizado por la Comi-sión de Servicio Público de Puerto Pico, y mientras manejaba como chófer el automóvil número P-1759, actuaba como porteador público transportando pasajeros por asientos en dicho vehículo. Y en el blanco se llena que era propiedad de Ernesto Nieves. No hay nin-gún hecho específico que diga en la denuncia que este acusado allí y entonces tomó en cierta y determinada parada y dejó en la ruta de la White Star Line un pasajero.
“Juez: La Corte ha resuelto esto. El hecho de que se tome un pasajero en San Juan no infringe la orden final de la Comisión de Servicio Público, ni que se tome un pasajero en cualquier sitio de Río Piedras a San Juan. Lo que la orden final prohíbe, y lo dice la misma orden, es operar un porteador público entre los municipios de San Juan y Río Piedras, o dentro del municipio de San Juan o Río Piedras y entre puntos intermedios. Las alegaciones de la de-nuncia son compatibles con el hecho de que se hubiera tomado un pa-sajero en San Juan para llevarlo a Carolina, Loíza o Bayamón, en cuyo caso no se infringe la orden final. La orden prohíbe trans-portar pasajeros entre San Juan y Río Piedras. La Corte declara con lugar la excepción perentoria, pero permite que se enmiende, si la firma y jura el Policía Insular, en el sentido de que se añada: ' en-tre los municipios de San Juan y Río Piedras y dentro de los muni-cipios de San Juan y Río Piedras y entre puntos intermedios.’
“Defensa: Señor Juez, en la denuncia ésta que está jurada ante el Secretario de la Corte Municipal el 22 de enero de 1938 se han intercalado estas palabras: ‘ entre y dentro del municipio de Río Pie-dras y municipios de San Juan y entre puntos intermedios.’ Nos-otros entendemos que este procedimiento viola el Código de Enjui-ciamiento Criminal. Esta es una denuncia radicada el 22 de enero de 1938, jurada por él ante la Corte Municipal de San Juan, y ahora se intercala una alegación que hace otra denuncia completa-mente nueva, y se sorprende al acusado con ciertos hechos que eran completamente ajenos al cargo de que venía a responder en el día de hoy. Él se viene a defender de esa denuncia y presenta una ex-cepción perentoria aceptando que los hechos serían ciertos, pero que no constituyen una infracción a la ordenanza. Solicito que se archive el caso.
“Juez: La Corte cree que se violarían todos los principales fun-' damentos del Derecho Procesal Penal si una denuncia hecha por un policía insular, que no es un Fiscal Letrado y desconoce los requisi-tos técnicos de una denuncia, por un tecnicismo de esta clase pudiera sobreseerse y archivarse un caso, trayendo consigo que un acusado que ha cometido, un delito público obtuviera el sobreseimiento y ar-chivo de un caso indebidamente. Por el contrario, la Corte cree que en una denuncia que se presenta y que solamente adolece de un de-fecto más bien técnico, no hay nada que prohiba al tribunal permitir una enmienda a la denuncia ésa en bien de la justicia. Si el acu-sado cree que está sorprendido, a lo único que tendría derecho es a solicitar un tiempo razonable para contestar la denuncia, y eso la Corte estaría dispuesta a concedérselo, si es que por virtud de esas alegaciones ha sido sorprendido.”

A nuestro juicio la enmienda permitida era substancial, siendo en su consecuencia errónea la resolución de la corte. Así lo reconoce el propio representante del Pueblo en esta Corte Suprema en su alegato, en los siguientes términos:

“Se ha resuelto también que no puede ni debe permitirse como mera cuestión de forma, el cambio o sustitución de una alegación que es absolutamente necesaria para demostrar que un delito se ha come-tido, a no ser con el consentimiento y a instancias del acusado. 31 C. J. See. 431, pág. 829; See. 436, pág. 834; 14 R.C.L. See. 38, pág. 192.
“También se ha resuelto por este tribunal, que después de una excepción perentoria, el acusado debe ser puesto en libertad, a menos que la corte ordene o permita la presentación de una nueva acusa-ción. Velázquez v. Corte, 35 D.P.R. 365.
“Entendemos, pues, que en este caso se trataba de una enmienda que hacía buena una denuncia fatalmente defectuosa, y por lo tanto, una enmienda de fondo; que el acusado tenía derecho a lo dispuesto en el Artículo 157 del Código de Enjuiciamiento Criminal supra ci-tado. Por lo tanto, a diferencia del caso de El Pueblo v. Albino, 38 D.P.R. 216, el defecto aquí apuntado es de fondo y los derechos del acusado quedaron substaneialmente afectados con la enmienda permi-tida, por lo que, salvo mejor criterio de esta corte, existe, a nuestro juicio, este primer error.”

Además hemos examinado la evidencia y la encontramos insuficiente, conclusión a que también llega el fiscal de esta corte en su alegato, como sigue:

“Prácticamente, la única prueba de cargo en este caso consistió en el testimonio del policía Nazario Gómez, quien declara que al de-tener al acusado, traía dentro del carro una señora, y que a pregun-tas que le hizo, esta señora le manifestó que venía de Hato Rey, y que iba para San Juan; que no le dijo más nada. La detención del acusado tuvo lugar, según declara el testigo, cuando aquél iba en dirección a San Juan, con la señora de marras como pasajera.”

El fiscal transcribe entonces íntegra la declaración del acusado que en resumen sostiene que la señora frente al correo de Hato Rey le fletó el carro por un dólar para que la trajera a San Juan, la esperase y regresara con ella. Y continúa su argumento así:

"Creemos que en casos de esta naturaleza, la prueba no debe ser tan vaga en cuanto a extremo tan importante como lo es el becho de conducir pasajeros mediante paga por asiento, máxime cuando como en este caso, la declaración del único testigo de cargo es perfec-tamente compatible con la del acusado, que lo coloca fuera de la in-fracción imputádale.
“A nuestro juicio, existe duda razonable en cuanto a la culpabi-lidad del acusado, y por esta razón, así como por haberse cometido además el primer error que imputa el acusado y apelante a la corte inferior, somos de opinión, salvo el mejor criterio en contrario de esta corte, que la sentencia apelada debe revocarse y absolverse al acu-sado. ’ ’

Debe, a virtud de todo lo expuesto, declararse el recurso con lugar, revocarse la sentencia apelada y dictarse otra absolviendo al acusado.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


author: El Juez Pbesidente Señob Del Tobio

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Francisco Sánchez, acusado y apelante.
    Núm. 7710.

    Sometido: Junio 12, 1939.

      Resuelto: Junio 24, 1939.

      Angel García Veve, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Pbesidente Señob Del Tobio

emitió la opinión del tribunal.

El policía insular Manuel J. Figueroa denunció ante la Corte Municipal de Río Grande a Francisco Sánchez como autor de una infracción al artículo 328 del Código Penal, cometida como sigue: .

“. . . en 6 de agosto de 1938, ... el acusado Francisco Sánchez allí y entonces de una manera ilegal, voluntaria y maliciosamente y mientras manejaba por la carretera Núm. 3, Km. 20-8, que es un ca-mino público, el automóvil P. 2471 propiedad de Carlos Pacheco, por impericia, negligencia temeraria y descuido, permitió e hizo que el au-tomóvil manejado' por el acusado al darle alcance al automóvil P. 2120 manejado por Antero Rodríguez, chocara con este último ve-hículo resultando ambos vehículos seriamente averiados y como resul-tado de este choque heridas las siguientes personas: ...”

Celebrado un nuevo juicio en la Corte de Distrito de San Juan a virtud de apelación interpuesta para ante ella por el acusado, la corte lo declaró culpable y le impuso setenta y cinco dólares de multa.

Apeló Sánchez y en su alegato sostiene que la corte de distrito cometió error manifiesto al apreciar la prueba y actuó movida por pasión, prejuicio y parcialidad.

La evidencia practicada fuá breve. Presentados por el fiscal,, declararon Enrique Labault, José Padró y Antero Rodríguez.

Dijo el primero que venía como pasajero de Río Grande para Río Piedras en la parte delantera del carro de Antero Rodríguez. El acusado iba en su carro detrás y tocó hlaxon. Rodríguez le dió derecha “y al irle a pasar no sé cómo tropezó con el carro y ahí se originó el choque”. El choque fné “por la izquierda, por la mitad del carro”. Sánchez iba al pasar a “una velocidad regular, no muy ligero”. La carretera era ancha. No se fijó si había algún montón de piedras o no. Resultaron varios lesionados. Rodríguez y Sánchez se detuvieron. Vino la policía a investigar. El carro en que viajaba dió su derecha e iba a velocidad moderada.

José Padró declaró: “El día 6 de agosto venía yo en dirección a San Juan en el carro de Francisco Sánchez, y delante de nosotros venía en la misma dirección el carro de Antero Rodríguez, y el chauffeur Francisco Sánchez le tocó klaxon a Antero Rodríguez para pasar, y cuando lo mandó a pasar a la parte alante había un montón de tierra, y cuando trató de pasar Francisco Sánchez el otro abrió y después cerró y ahí se enfrentó el carro de Francisco Sánchez con el de Antero Rodríguez y ocurrió el choque, del cual yo recibí un golpe.”

Ésa fué su narración corrida. Seguidamente continuó respondiendo al fiscal como sigue:

“P. — ¿Ud. dice que Sánchez tocó klaxon?
“R. — Sí, señor.
“P. — ¿Qué hizo Antero Rodríguez?
“R. — Le dió paso.
“P. ¿Le dió derecha?
“R.- — Sí, señor.
“P. — Entonces ....
“R. — Había un montón de tierra a la derecha de allá para acá.
“P. — ¿En la izquierda no había?
“R. — No señor. Entonces le cerró el carro de Antero Rodríguez al otro lado y ahí hubo el choque.
*******
“P.- — ¿Los montones de piedras se veían?
“R. — Se veían porque estaban a la derecha del otro carro.
“P. — ¿Lo veía Ud. desde el carro en que Ud. viajaba?
“R. — No pude fijarme bien. Yo me agolpeé mucho.

Suspendida la vista para unos días después declaró el ter-cero de los indicados testigos de cargo, Antero' Rodríguez, como sigue:

“Yo venía de Río Grande a Río Piedras y después del barrio que dicen Ciénega le Rabia pasado a este joven. Entonces me tuve que parar porque Rabia un montón de piedras en la carretera y yo saqué la mano y desvié un poco y cuando desvié del montón y saqué la mano vino el golpe. Yo venía bastante distante ... Yo venía bastante retirado y cuando le di la señal para pasar entonces me tro-pecé con el montón de piedra, paré, saqué la mano y en seguida vino el bumper ...”

Contestó a la defensa:

“P. — ¿Cuando Ud. sacó la mano daba tiempo al acusado a evitar el cRoque, o fué una cosa rápida?
“R. — Yo encontré el montón de piedras y saqué la mano y no Ra-bia tiempo de pasar y nos enredamos.
# # ' * * * ■ # *>>

Se presentó por la defensa una moción de nonsuit. Fué declarada sin lugar. Introdujo su evidencia consistente en el solo testimonio del acusado, quien declaró como sigue:

“P. — ¿Ud. oyó la declaración de Antero Rodríguez?
“R. — Sí, señor.
“P. — ¿Eso fué cierto?
“R. — Sí, señor.
“P. — ¿Ud. manejaba ese vehículo ese día?
“R. — Sí, señor.
“P. — ;¿Ud. tocó su klaxonl
“R.- — Sí, señor.
“P. — ¿El otro dió su derecha?
“R. — Sí, señor.
“P.- — ¿Y debido a esa circunstancia le tocó el carro?
“R. — Sí, señor.
“P. — ¿Y ése fué el accidente que le ocurrieron a los dos carros?
“R. — Sí, señor.
“P. — ¿Cuando sacó la mano el otro chauffeur le daba tiempo a parar?
“R. — No Rabia tiempo nada más que para cerrar.
“P. — ¿Ud. venía ligero o despacio?
“R. — Una velocidad moderada.
# íí * =» * # > >

Sometido el caso finalmente, dijo el juez:

“La Corte al único testigo que da crédito de todos los que han declarado, es al Sr. Labault y de su declaración se desprende clara y terminantemente que este acusado fué negligente. La Corte Municipal impuso 100 dólares de multa en este caso. Creo que la pena im-puesta es algo excesiva. La Corte le impone 75 dólares de multa o un día de cárcel por cada dólar que deje de satisfacer, y las costas.”

Se trata de un caso criminal. En el del Pueblo v. Rodrigues, 47 D.P.R. 600, esta Corte dijo que “La palabra des-cuido, usada en el artículo 328 del Código Penal, no quiere decir una mera falta de cuidado sino un grado de negligen-cia o descuido mayor que el que de ordinario se requiere para obtener indemnización en un caso civil”, y resolvió que “Para declarar a una persona que maneja una locomotora culpable de homicidio involuntario se requiere una negligencia mayor que la que de ordinario se necesita para establecer el derecho a indemnización por daños y perjuicios en una acción civil.”

Un examen detenido de la única declaración en que la corte de distrito basó su sentencia condenatoria a la luz de esa jurisprudencia nos lleva necesariamente a concluir que asiste la razón al apelante. ¿De qué parte de ella puede deducirse la negligencia criminal del condenado? A nuestro juicio de ninguna.

Y la conclusión se impone aun con mayor fuerza al con-siderar las otras declaraciones que contienen una explicación lógica del accidente y que no están en conflicto con la de Enrique Labault.

Ambos autos caminaban a velocidad moderada. Tocó klaxon el de detrás pidiendo paso. Lo dió el de delante. La carretera era lo suficientemente ancha a menos que hubiera un obstáculo. El obstáculo surgió en forma de montón de piedras. Al encontrarse con él el auto de delante se des-vió ocupando el espacio con que había contado el de detrás para pasar. Esa explicación parece más lógica que la de que sin motivo alguno y teniendo a su disposición el espacio sufi-ciente, fuera el auto de detrás, al pasar, a chocar con el de delante.

Es cierto que el montón de piedras quizá pudo ser visto por el acusado que guiaba el auto de detrás, pero también pudo y debió serlo por el que guiaba el de delante siendo su negligencia mayor cuando dió paso, ello no obstante. Y en cuanto a que dió paso — lo que pudo inducir al acusado a creer que se le dejaba libre espacio suficiente — y en cuanto a la velocidad moderada de ambos vehículos, no hay discrepancia en la evidencia. La propia única declaración en que se basa la condena es prueba de ello.

Siendo ésas las circunstancias concurrentes, el recurso debe ser declarado con lugar, revocándose la sentencia ape-lada y dictándose otra absolviendo ál acusado.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


text:
    Guillermo Escobar Rosario, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    Núm. 1047.

    Sometido: Abril 27, 1939.

      Resuelto: Junio 24, 1939.

      José Sabat&r. abogado del recurrente; el registrador recurrido no» compareció.
   El Juez Presidente Señor Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

El tres de marzo último compareció ante notario público el marshal de la Corte Municipal de Mayagüez y otorgó una escritura de venta judicial a favor de Guillermo Escobar Rosario que presentada para su inscripción en el registro, causó la siguiente nota:

“DeNegada la inscripción del documento tomándose en su lugar ANOTACIÓN PREventiva . . . por los siguientes fundamentos: (a) porque la Corte Municipal de Mayagüez no tenía jurisdicción para compeler a la Sucesión de María Luisa Quiñones, en la que bay una menor, a otorgar la escritura ratificando la venta del inmueble y (Z>) porque el márslial de la citada corte no podía asumir en derecho, directamente, la representación de los demandados Juan Barneset y de la menor Esther Barneset Quiñones, en el otorgamiento de la re-petida escritura. ’ ’

El mandamiento recibido por el márshal se transcribe en la escritura y es necesario conocerlo a los efectos de la debida resolución del recurso interpuesto contra la nota por Esco-bar. Rice én lo pertinente: -- • ..

“Por cuanto: ■. .' se ha dictado la siguiente sentencia:
'En el presente caso, el demandante Guillermo Escobar Rosario, mayor de edad, casado con Teotista Rodríguez, propietario y de esta vecindad, por representación de su abogado Ledo. José Sabater, ha interpuesto la demanda . . . alegando que allá por el mes de marzo de mil novecientos veinticinco María Luisa Quiñones y Yélez vendió a dicho demandante y éste compró la siguiente finca: '
“ ‘ “Urbana, solar radicado en la calle Concordia, barrio de la Marina Septentrional de esta Ciudad, que mide doscientos, cincuenta varás cuadradas’.’ (continúa la descripción.)
" “ ‘Que la venta se realizó por precio de trescientos cincuenta dó-lares que pagó el demandante a la vendedora María Luisa Quiñones y Yélez y que ésta los recibió, otorgándose la correspondiente escri-tura pero el demandante no inscribió la misma en el registro de la propiedad dé Mayagüez y no le ha sido posible encontrarla; que dicha finca vendida al demandante se encontraba entonces y aun se encuentra inscrita en el registro de la propiedad de'Mayagüez al folio ... a nombre de María Luisa Quiñones y Yélez, mayor de edad, soltera, . . .; que la referida María Luisa Quiñones y Yélez, contrajo matrimonio en esta Ciudad de Mayagüez el veintidós de julio de mil novecientos, veintitrés con Juan Barneset y pronto des-pués de la venta de la finca descrita al demandante, se embarcó con su’ dicho esposo para la Ciudad de Nueva York, procreando con su dicho esposo una hija que se llama Esther Barneset y Quiñones; pero que la referida María Luisa Quiñones y Yélez falleció en la Ciudad de Nueva York el día diez de abril de mil novecientos veinticinco, dejando como sus únicos herederos a su referida bija Esther Bar-neset y Quiñones y a su viudo Juan Barneset, quienes residen en la Ciudad de Nueva York, teniendo éste como padre, la patria potestad de su hija, por lo que ambos son demandados en este caso y que el no poder inscribir su título de propiedad sobre dicha finca en el re-gistro de la propiedad de Mayagüez perjudica al demandante y que se ha dirigido al Ledo. Eduardo A. Ruiz, Jr., como abogado y repre-sentante de los demandados para que éstos otorguen al demandante la correspondiente escritura de venta de la finca descrita, pero dicho abogado no' tiene facultades para otorgarla y que se ha comunicado con los demandados para que otorguen dicha escritura por ser de jus-ticia, pero en vista de que dichos demandados se encuentran ausentes de esta Isla, en la Ciudad de Nueva York, que no han de venir a esta Ciudad y que uno de los demandados es menor de edad, el de-mandante se ve precisado a entablarles dicha demanda para obtener debidamente su título de propiedad y por último, alega en la de-manda el demandante, que- la finca descrita no tiene un valor mayor de trescientos cincuenta dólares, por lo que solicita de esta corte-que se dicte sentencia decretando que los demandados Juan Barneset, por su propio derecho y además como padre . . . con patria potestad sobre su menor hija Esther Barneset y ésta otorguen a favor del demandante escritura de venta y enajenación de la finca descrita en el párrafo primero de la demanda con todas sus pertenencias y cuanto la constituye, ratificando la anterior venta, ... y que una vez firme la sentencia y toda vez que los demandados se encuentran ausentes, que se libre el correspondiente mandamiento al Marshal de esta Corte para que se otorgue en representación de los demandados la es-critura de venta procedente . . . Que los demandados han compare-cido . . . representados por su abogado el Ledo. Eduardo A. Ruiz,. Jr., quien ha radicado escrito allanándose a la demanda ... por ser cierto y verdadero que María Quiñones y Vélez causante de los de-mandados, vendió al demandante por precio de trescientos cincuenta dólares que recibió, la finca urbana que se describe en el párrafo primero de la demanda; . . . por lo que los demandados están con-formes y consienten que se dicte sentencia ... de acuerdo con lo solicitado . . .; PoR TANTO: la Corte en virtud del allanamiento de los demandados dicta sentencia en este caso, .decretando, que los de-mandados Juan Barneset por su propio- derecho y además como padre con patria potestad sobre su menor hija Esther Barneset y Quiñones, y ésta, otorguen a favor del demandante la escritura de venta y ena-jenación de la finca descrita en el párrafo primero de la demanda, con todas sus pertenenecias y cuanto la constituye, ratificando la anterior venta, ... y que quedando firme esta sentencia en el momento en que se dicte a virtud'del allanamiento de los demandados, . . . se ordena que por el secretario de esta Corte se libre el correspon-diente mandamiento al Marshal para que se otorgue en representa-ción de los demandados la escritura de venta procedente ... a favor del demandante, todo sin especial condena de costas. ’ ’ ’

Nos limitaremos a considerar la cuestión de jurisdicción envuelta.

En la nota se consigna que la corte municipal “no tenía jurisdicción para compeler a la Sucesión de María Luisa Qui-ñones en la que hay un menor, a otorgar la escritura ratifi-cando la venta del inmueble.” El recurrente la impugna, citando las decisiones de esta corte en los siguientes recursos gubernativos: Flores v. Registrador, 19 D.P.R. 1020; Sabathie v. Registrador., 23 D.P.R. 325; García v. Registrador, 23 D.P.R. 426; Rivera v. Rivera, 24 D.P.R. 172; Pujals Carlo v. Corte, 40 D.P.R. 92, decisión esta última que revocó la de Colón Caballero v. Registrador, 38 D.P.R. 653, que limitaba la jurisdicción de las cortes municipales al cobro de dinero.

Hemos examinado todos los casos invocados y a nuestro juicio la cuestión a decidir queda resuelta en sentido favorable a la nota por la jurisprudencia sentada en el de García v. Registrador, 23 D.P.R. 426, que es posterior al de Sabathie v. Registrador, 23 D.P.R. 325 en que descansa en gran parte el recurrente.

En el resumen del caso de García, supra,-se dice:

“.Se estableció una demanda en una corte municipal solicitando que se ordenara a un menor el otorgamiento de la escritura de venta de un bien inmueble vendido en vida por su padre, sin llegar a recibir el precio de la venta que sólo ascendía a $100. Se resolvió: Que la corte municipal no tenía jurisdicción por razón de la materia para conocer de dicho pleito.”

Y la opinión, pág. 430, termina como sigue:

“La materia en el caso ele García Rivera que estamos considerando y resolviendo envolvía como ya hemos dicho la ratificación de la venta de un bien inmueble que se decía hecha en vida por el padre del menor demandado. En su consecuencia la falta de jurisdicción de la corte municipal es manifiesta. Es la corte de distrito la que debe intervenir en un caso semejante, ya que el legislador decidió que uno de sus deberes fuera la alta inspección de la persona y bienes de los menores de edad.”

Años después y con motivo de haberse restringido la. juris-dicción de las cortes municipales a reclamaciones por dinero por la decisión del caso de Colón Caballero v. Registrador, 38 D.P.R. 653, se estudió de nuevo ampliamente la cuestión en Pujals Carlo v. Corte, 40 D.P.R. 92, y si bien el dicho caso de Colón Caballero fue revocado quedando establecida la juris-prudencia en los siguientes términos: “Las cortes munici-pales insulares tienen jurisdicción en todos aquellos asuntos civiles en que la cuantía de la reclamación llegue hasta $500 o el interés envuelto sea valuable o tasable y no exceda de dicha suma, con las excepciones ya establecidas por la juris-prudencia”, puede verse que se dijo “con las excepciones ya establecidas por la jurisprudencia”, enumerándose en el curso de la opinión, dos, a, saber: la del caso de García, supra —menores de edad — y la del de Valdivieso v. Rivera, 19 D.P.R. 702 — ejecución de hipoteca.

La jurisprudencia del repetido caso de García v. Registrador, 23 D.P.R. 426, está en pie y ya dijimos y hemos podido comprobar que aplicada a los hechos de éste en el que está envuelta la ratificación por un menor de una venta de un inmueble que se alega que hizo en vida uno de sus padres, sostiene la negativa del registrador.

El recurso deberá, pues, declararse sin lugar y confirmarse la nota recurrida.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


author: El Juez Asociado SeñoR Wolf

text:
    Pedro Rosario, demandante y apelante, v. Jorge L. Lalaite, demandado y apelado.
    Núm. 7668.

    Sometido: Febrero 5, 1939.

      Resuelto: Junio 24, 1939.

      Garlos D. Vázquez, abogado del apelante; B. Padró Pares, abogado del apelado. 1

   El Juez Asociado SeñoR Wolf

emitió la opinión del tribunal.

Este recurso difiere del pleito ordinario en cobro de daños y perjuicios, toda vez que una persona, que viajaba como pasajero en un automóvil fué demandada por otra que caminaba por la acera. La corte inferior dictó sentencia a favor del demandado. De la prueba en conjunto la corte tenía derecho a creer que el demandante, Pedro Rosario, caminaba por la calle Salvador Brau cuando el demandado, Jorge Lalaite, trató de bajarse de un automóvil público y al abrir la puerta chocó con el demandante y le lesionó; que cuando dicho pasajero empezó a bajarse del automóvil, éste se había detenido por completo y la lesión al demandante fué causada por el acto del chófer al poner en marcha el vehículo luego de abrirse la puerta. Entre otras cosas, hubo un conflicto claro en la prueba en torno a si fué el pasajero o el chófer quien abrió la puerta, mas la corte de distrito llegó a la conclusión que fué el último quien la abrió. Además; la corte creyó que fué el chófer quien puso en marcha el automóvil después de haberse abierto la puerta. La corte dijo;

“. . . . Al detener el vehículo lo hizo tan retirado de la acera', snr de la calle Salvador Bran que interrumpió el tráfico que en aque-> líos momentos era considerable, debido a ser la hora de salida de los, hipódromos, por cuyo motivo el policía que se hallaba de servicio, en la calle Salvador Brau esquina Tanca, tocó el pito indicando al chauffeur que no podía permanecer en el sitio en que se hallaba, y entendiéndolo así el chauffeur movió el carro hacia adelante para colocarlo .iunto a la acera izquierda de la calle Salvador Brau.”

La teoría del demandante fné que el demandado abrió la puerta antes del vehículo haberse detenido por completo y en su consecuencia que él era personalmente responsable del accidente. Uno de los argumentos del demandante es que había tres o cuatro pasajeros en el vehículo, amigos del demandado, y que ninguno de ellos trató de bajarse. Si la corte hubiera dado crédito a este pequeño detalle que favo-recía al demandante, ella no obstante hubiera tenido derecho a resolver el caso en favor del demandado. • ■

No es ése el único argumento con que el apelante trata de convencemos de que la preponderancia de la prueba está a su favor. Como ocurre con tanta frecuencia en casos en que existe conflicto de prueba, la corte pudo haber decidido el caso en favor del demandante, mas nada hallamos en la prueba que nos induzca a creer que la corte inferior actuó movida por pasión, prejuicio o parcialidad, o que incurrió en grave error. Esto cubre los señalamientos segundo, tercero y cuarto.

El primer señalamiento es como sigue:

“Erró la Hon. Corte de Distrito al denegar la admisión en evi-dencia del asiento del libro de automóviles relativo a la forma en que el testigo Manuel Martínez, policía insular, informó el accidente en el cuartel de la policía, toda vez que dicho asiento era admisible para impugnar la veracidad del mencionado testigo.”

El libro que contenía esa información fué en realidad, excluido por la corte y el demandante se anotó una excepción. No hay duda alguna de que lo escrito en el libro resultaba inconsistente con la declaración del policía durante el juicio, puesto que en ese informe se hace decir al policía que el pasa-jero abrió la puerta del automóvil mientras éste se bailaba en movimiento. Sin embargo, durante el juicio salió a relucir el hecho de que el policía mismo no redactó, aunque sí firmó, el contenido específico del informe que fue excluido, y, ade-más, toda la cuestión relativa a cómo y por qué manifestó lo que dijo salió a la luz durante el juicio. El policía insistió ■en que su declaración durante el juicio era la verdadera.

Quizá hubiera sido prudente por parte de la corte haber admitido el libro como prueba, mas no estamos convencidos de que se cometiera error, y si lo hubo, el mismo no fue perjudicial.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Los Jueces Asociados Sres. Travieso y De Jesús no inter-vinieron.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison

text:
    Josefa Cantre, en representación de sus menores hijos Felipe y Pedro Liciaga Cantre, demandante, apelada y apelante, v. Victoriano González, demandado, apelante y apelado.
    Núm. 7635.

    Sometido: Enero 25, 1939.

      Resuelto: Junio 24, 1939.

      E. Pérez Casal ¿kilo, abogado del apelante apelado; E. Martínez Aviles, abogado de la apelada apelante.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

Los acreedores hipotecarios, como adquirentes en una subasta pública, se convirtieron en dueños de la finca hipo-tecada. En el ínterin, la propiedad había sido vendida para el pago de contribuciones. Los acreedores instaron el pre-sente recurso para establecer la nulidad del .título, adquirido a virtud del procedimiento contributivo y en solicitud de que se cancelara la inscripción de dicho título en el Registro de la Propiedad.

La demandante apela de una sentencia a su favor y señala como error el haberse omitido en la misma un pronunciamiento sobre la devolución de los frutos y rentas. No se solicitaba tal remedio y nada había en la demanda en qué basar semejante pronunciamiento. La sentencia ordenaba se cancelara la inscripción en el registro de la propiedad al reembolsar la demandante al demandado la cantidad pagada por éste por la propiedad en la venta en pago de contribuciones, más sus intereses. Que el demandado debe ser condenado a devolver los frutos y rentas recibidos por él — -a pesar de la ausencia de toda alegación en' la demanda al efecto de que éste había recibido las rentas y beneficios de la propiedad y no embargante la ausencia de una súplica a ese efecto — fué algo que se le ocurrió a la demandante posteriormente. No hallamos que se cometiera error al haberse dejado de incluir en la sentencia un pronunciamiento sobre devolución de frutos y rentas.

El demandado apela de la sentencia y de la orden que declaró sin lugar su moción de reconsideración.

Bajo el primer señalamiento el demandado solicita la revocación porque el juez de distrito dijo, en el curso de su relación del caso y opinión, que, luego de negar la deman-dante que el aviso requerido por el artículo 315 del Código Político se le Rabia dado, incumbía a la parte demandada demostrar que tal cosa se Rabia RecRo. El error, de exis-tir, no fué perjudicial, a menos que la corte de distrito tam-bién cometiera el error imputádole en el segundo señalamiento.

Este señalamiento es que la corte de distrito cometió error al apreciar la evidencia y al decidir que los demandantes no fueron notificados de la venta en cobro de contribuciones. No Rallamos que la corte errara en la apreciación de la prueba.

El tercer señalamiento es que la corte de distrito cometió error al resolver que la falta de notificación a la demandante anulaba el título del demandado. Éste cita el caso de People v. Cady, 56 N. Y. Super. Ct. 180, 6 N. Y. S. 546, al efecto de que ‘ ‘ el Recho de que sea nula la notificación sobre el derecRo a redimir una propiedad vendida para el pago de contribuciones, no Race que la venta en sí sea nula. ’ ’

La médula del argumento es que :

La notificación estatutaria que Ra de hacerse "en todos los casos en que se embargaren y vendieren bienes raíces para el pago de con-tribuciones ... a todas las personas que tuvieren una hipoteca o gravamen sobre dicha propiedad,” no es condición precedente a la venta, sino que ha de ser hecha después de efectuarse ésta. El gravamen contributivo era superior al derecho de hipoteca. Una vez efectuada la venta los acreedores tan sólo tenían el derecho a redimir la finca dentro del año contado a partir de la fecha del certificado, mas no desde la fecha del aviso. El derecho de redención quedó ex-tinguido al transcurrir el período estatutario. "Cuando el estatuto es uno que limita el derecho del dueño a redimir, puede conferirse al adquirente un título absoluto, a pesar de no haberse hecho la no-tificación, una vez expirado el término de redención.” 61 Corpus Juris 1259, sección 1723. El artículo 347 del Código Político prescribe: “Si el derecho de redención que más adelante se dispone no se ejerciere dentro del tiempo prescrito, dicho certificado, una vez ins-crito en el registro de la propiedad del distrito donde radique dieba propiedad, constituirá tituló absoluto de dicha propiedad a favor de dicho comprador, libre dé toda-hipoteca, carga o cualquier otro gravamen.” • J

El caso de People v. Cady, supra, no es aplicable. La demandante no puso en tela de juicio la validez de la venta efectuada en pago de las contribuciones. El objeto del recurso fué establecer la nulidad del certificado de compra, conseguir un decreto sobre tal nulidad y la cancelación del asiento en el Begistro de la Propiedad.

En el presente caso la venta en pago de contribuciones no fué notificada a los acreedores hipotecarios. La disposición estatutaria relativa a la expedición del certificado de compra presupone la existencia de una debida notificación a los acree-dores. No autoriza la expedición de tal certificado sin previa notificación a los acreedores. El certificado de compra no debe ser expedido a menos y basta que los acreedores hipo-tecarios hayan sido notificados en la forma prescrita por el artículo 315. A menos que se haya hecho tal notificación, el período estatutario de redención no empieza a correr, y la inscripción del certificado no confiere título alguno al adqui-rente en la venta celebrada para el pago de las contribuciones. Véanse Salgado v. Registrador, 26 D.P.R. 172; Moraza v. Registrador, 45 D.P.B. 829, y Correa v. Registrador, 53 D.P.R. 274.

La sentencia apelada y la orden que declaró sin lugar la moción par.a reconsiderar presentada por el demandado deben ser confirmadas.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Ezequiel Forastieri, demandante y apelante, v. Antonio Longo y Ramón Díaz, demandados y apelados.
    Núm. 7722.

    Sometido: Abril 21, 1939.

      Resuelto: Junio 24, 1939.

      Francisco González Fagunclo, abogado del apelante; Virgilio Brunet, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El 29 de septiembre de 1936 Ezequiel Forastieri instó este pleito para recobrar la posesión de cierto predio de terreno radicado en la jurisdicción de Caguas. Alegó que dentro del año inmediatamente anterior a la radicación de la demanda se bailaba en posesión del predio de terreno de dos cuerdas más o menos que se describe más adelante, que el 22 de agosto de 1936 los demandados se apoderaron del indicado predio, cercándolo a pesar de las protestas del demandante -y que se negaron a restituirle su posesión. Termina la demanda con súplica de que se restablezca al demandante en la pose-sión de que fué privado y se ordene a los demandados que se abstengan en lo sucesivo de realizar acto alguno tendente a despojar al demandante de la posesión del referido predio, apercibiéndolos de desacato, con imposición de costas a los demandados.

El predio de terreno de cuya posesión alega el demandante que íné privado se describe asi:

“Rústica, predio de terreno compuesto de dos cuerdas más 6 me-nos radicada en el barrio Bairoa del término municipal de Caguas, Puerto Rico, colindante por el Norte con el Río Cagüitas, por el Sur con el resto de la finca principal de la cual forma parte, por el Este, con la Sucesión de Ramona Amalbert, y por el Oeste con la finca principal de la cual forma parte.”

Contestaron los demandados negando por falta de infor-mación y creencia que en 22 de agosto ni en ninguna otra fecha el demandante o su antecesor en título hubiera estado en posesión del predio descrito en la demanda. Alegaron en contrario que dieron órdenes a varios obreros para que res-tablecieran una cerca al costado Sur y Oeste de un predio de terreno de cuatro cuerdas más o menos que forma parte de la finca Santa Catalina, propiedad del demandado, Antonio Longo, el que se describe así:

“Predio de terreno compuesto de cuatro cuerdas más o menos ra-dicado en el barrio Bairoa del término municipal de Caguas, Puerto Rico, colindando por el Norte con el Río Cagüitas, por el Sur con terreno de don Ezequiel Forastieri, por el Este con la Sucesión de Ramona Amalbert, y por el Oeste con el camino del Matadero.”

Al llamarse el pleito a juicio oral el demandante solicitó la eliminación de aquella parte de la contestación que alega que los demandados cercaron el predio de cuatro cuerdas, por estimar que dicho predio es una finca distinta de la que se describe en la demanda y que por consiguiente es inmaterial y extraño a la controversia el hecho de que los demandados se hallen en posesión de cualquiera otra finca distinta del predio que se describe en la demanda.

Aseguraron los demandados que el predio a que se refiere la contestación es el mismo que se describe en la demanda, con la sola diferencia de que el demandante erróneamente calcula su superficie en dos cuerdas cuando en realidad de verdad tiene un área de cuatro cuerdas más o menos.

Se desestimó la moción eliminatoria, procediéndose a la celebración del juicio.

Oídas las pruebas de una y otra parte celebrada que fue una inspección ocular, se dictó sentencia desestimando la demanda y se impusieron las costas al demandante, inclu-yendo honorarios de abogado, que fueron fijados en la sen-tencia en la cantidad de $100.

Apeló el demandante, imputando a la corte sentenciadora la comisión' de los siguientes errores:

“Primero: La Corte de Distrito de Humacao cometió error al de-clarar sin lugar la moción del demandante solicitando la eliminación del hecho segundo de la contestación en la parte que se refiere a la posesión de una finca de cuatro cuerdas. ' ’ • 1
“Segundo: La sentencia dictada no está sostenida por la prueba y el Juez cometió grave error en la apreciación de la misma.
‘ ‘ Tercero:' La sentencia es contraria a derecho y a la jurispru-dencia de esta Hon. Corte Suprema.”

El primer señalamiento de error carece de méritos. Si como alegaron los demandados y demostró la prueba, el predio descrito en la contestación es el mismo cuya posesión reclama el demandante, no debieron los demandados negar las alegaciones de la demanda por falta de información y creencia, pues el estar ellos o no en posesión de determinado predio es un hecho que está dentro de su conocimiento personal, y no necesitan información alguna para admitirlo o negarlo; pero como no fué ésa la objeción que levantó el demandante, y la prueba demuestra que el predio descrito en la demanda y en la contestación es el mismo, con la variante de la cabida y una discrepancia en uno de los linderos, discrepancia que claramente explican los demandados, tenemos que concluir que la corte sentenciadora no incurrió en el error que le imputa el demandante al desestimar como desestimó la moción eliminatoria.

Los siguientes dos errores pueden discutirse conjuntamente.

En este caso no liemos tenido el beneficio de la opinión del juez sentenciador. Tampoco aparece del récord el acta de la inspección ocular ni en la sentencia se exponen las observaciones que hiciera la corte en el acto de la inspec-ción. Conviene aquí consignar la necesidad y conveniencia de que los jueces de distrito basen sus sentencias en opiniones donde expongan sus conclusiones de hecho y de derecho. No solamente auxilian al tribunal de apelación en el estudio y resolución de las cuestiones-planteadas por las partes, sino lo que es más importante aún, dan a conocer al litigante per-judicado por la sentencia las razones que ha tenido el tribunal para denegarle lo que él quizá de buena fe creyó era la justicia a que tenía derecho. Con este propósito se dice en un artículo publicado en el número de junio actual del “Journal of the American Judicature Society”, que el objetivo principal de las opiniones judiciales es satisfacer a los litigantes, quienes tienen derecho a que se les contesten y discutan sus contenciones. Es verdad que el articulista se refiere a las opiniones de las cortes de última instancia, pero es igual-mente aplicable a las cortes de récord de primera instancia cuyas conclusiones de hecho son aceptadas por el Tribunal Supremo a menos que se demuestre o resulte del récord que el juez ha actuado movido por pasión, prejuicio o parcialidad, o que ha cometido error manifiesto en la apreciación de la prueba.

De todos modos, la transcripción de evidencia revela que existe un irreconciliable conflicto en la prueba, pues mientras la del demandante tiende a demostrar que estuvo en posesión del predio en controversia hasta el 22 de agosto de 1936, la de los demandados es al efecto de que éstos restablecieron una antigua cerca por donde siempre había existido y que el demandado Longo había estado constantemente en posesión de la referida parcela como parte integrante de una finca de su propiedad denominada Santa Catalina.

El juez- sentenciador dirimió el conflicto de la prueba a favor de los demandados y no existiendo razón legal alguna que justifique rechazar su criterio, debemos aceptarlo. Siendo ello así, debe prevalecer la contención de los demandados. Arzuaga v. Amador, 50 D.P.R. 619; Vázquez v. Díaz, 51 D.P.R. 175.

No existiendo los errores señalados por el apelante, pro-cede desestimar el recurso y confirmar la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


author: El Juez Asociado Seño» "Worn?

text:
    Jack y Murray Schwab, personalmente y haciendo negocios bajo el nombre de Schwab & Schwab, peticionarios y apelados, v. Corte de Distrito de Mayagüez, Hon. F. Navarro Ortiz; Juez, demandada; y Luis C. Varela, personalmente y haciendo negocios bajo el nombre de Borinquen Embroidery Co., demandado en el pleito principal y apelante.
    Núm. 7879.

    Sometido: Junio 6, 1939.

      Resuelto: Julio 3, 1939.

      A. Ramirez Silva, abogado del apelante; Harry M. Besosa, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Seño» "Worn?

emitió la opinión del tribunal.

En este caso está envuelta la cuestión de si una parte que apela de la corte municipal para ante la de distrito soli-citó o no que su recurso fuera incluido en el calendario de señalamientos civiles. En septiembre de 1938 se acudió ante el señor Juez Presidente de este tribunal, en su carácter de juez de turno, en solicitud de un auto de certiorari.

La sección 3 de la Ley núm. 31 de mayo 11, 1934, (Leyes de ese año, pág. 293), provee: J

“(a) El secretario de la corte de distrito anotará la causa en el registro de acciones civiles, notificándolo a las partes interesadas. El apelante deberá solicitar la inclusión del pleito en el calendario o lista de señalamientos civiles, en la primera lectura que del mismo baya de celebrarse subsiguientemente a la radicación del caso. Al anun-ciarse la vista de la apelación, el tribunal, a instancia del apelante, revisará y tomará en consideración cualquiera providencia, resolu-ción, auto u orden por los cuales se creyere éste perjudicado. Re-sueltas estas cuestiones se procederá a la vista de la causa tal como resulte de las alegaciones, a no ser que en virtud de excepción pre-via, permitiese el juez que fueren enmendadas la demanda o la con-testación. Dispuesto así el pleito para la vista, se tramitará como nuevo juieio, rigiendo para el mismo todas las disposiciones y re-glamentos judiciales aplicables a la vista de pleitos originalmente, iniciados en la corte de distrito, (b) Si el apelante dejase de soli-citar la inclusión del pleito en el calendario, el juez de distrito de-clarará desierto el recurso, imponiéndole las costas; y el secretario' remitirá inmediatamente la causa a la corte inferior para la ejecu-ción de la sentencia apelada.”

El Sr. Juez Presidente consideró el recurso y, luego de' citar de los casos de Marrero v. Muller, 35 D.P.R. 369, Morales, Ramos & Co. v. Corte de Distrito et al., 35 D.P.R. 909, Guerra v. Carrión, 47 D.P.R. 798, Manrique v. Corte de Distrito, 48 D.P.R. 619, y Cobián. v. Espina, 50 D.P.R. 185, re-solvió que el apelante Labia dejado de solicitar en debida, forma la inclusión del pleito en el calendario. El apelante-sostuvo ante el señor Juez Presidente que no era necesario' solicitar que el caso se incluyera en el calendario, puesto que-los apelados habían pedido la desestimación del recurso y la. moción no había sido aún resuelta. Dicha moción fue deci-dida el 23 de junio de 1938 y el demandado no fue notificado de ello hasta el día. siguiente, cuando ya se había leído el ca-lendario.

El señor Juez Presidente resolvió que el hecho de hallarse pendiente la referida moción no impedía al apelante solicitar que su caso fuese incluido en el calendario. Resolvió, en su consecuencia, que el recurso debió haberse desestimado y dictó sentencia ordenando la devolución del caso a la Corte de Dis-trito de Mayagiiez para que se declarara desierto.

En apelación para ante el tribunal en pleno, el apelante admite la aplicación general de la decisión del señor Juez Pre-sidente y de los casos por él citados, pero sostiene que, debido a estar pendiente la aludida moción, el presente caso es ex-cepcional.

El apelante, aun el mismo día que se leía o se iba a leer -él calendario, es decir, el 23 de junio de 1938, hubiera tenido tiempo de solicitar se incluyera el caso en el mismo. La inclu-•sión del caso en el calendario hubiera acelerado la resolución ■de la moción para desestimar presentada por los apelados. La misma ley indica esto. El apelante no hace caer su caso dentro de ninguna excepción.

La sentencia del señor Juez Presidente de fecha 6 de octu-bre de 1938 debe ser confirmada.

Los Jueces Presidente Sr. Del Toro y Asociado Sr. Tra-vieso no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señoe, Wolf

text:
    Natividad López Nieves, demandante y apelada, v. José Narváez Ayala, Domingo Rivera Cabrera y Natividad Narváez López y su esposo José Molina, demandados y apelante el primero.
    Núm. 7651.

    Sometido: Diciembre 22, 1938.

      Resuelto: Julio 5, 1939.

      González Fagundo & González, Jr., abogados del apelante; J. Ven-drell, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señoe, Wolf

emitió la opinión d.el tribunal.

Es un hecho incontrovertido en este caso que en el pleito núm. 20,338 Natividad López Nieves obtuvo el divorcio de su esposo José Narváez Ayala. La sentencia de divorcio fue dictada el 27 de abril de 1937 y se convirtió en firme e inape-lable.

En julio 2 de 1937 Natividad López Nieves radicó una de-manda en la Corte de Distrito de Humacao. En ella alegaba en efecto que la demandante acababa de enterarse de que había varias propiedades que pertenecían a la sociedad con-yugal que no habían sido distribuidas. La demanda conte-nía tres causas de acción.

En la primera de ellas se aducía que la sociedad de ga-nanciales era dueña de nueve cabezas de ganado que pasta-ban en una finca perteneciente a la sociedad, situada en el barrio Beatriz, de Caguas; de otra finca en el mismo barrio que figuraba inscrita, a nombre de José Narváez Ayala y Na-tividad López; de otra propiedad en el barrio Borinquen, de Caguas, compuesta de 25 cuerdas y de otra en el barrio Tu-rabo del mismo municipio. Como conclusión a la primera causa de acción la demandante sostenía que había requerido distintas veces al demandado Narváez para que procediera a la liquidación y adjudicación de los bienes de la sociedad de gananciales que tenían constituida y cuya disolución tuvo lugar por sentencia de divorcio, y el demandado se había negado a ello.

En la segunda causa de acción se mencionaba un pleito fraudulento entablado por el demandado, a virtud del cual se privó a Natividad de otra finca que para nuestros fines es innecesario describir, especialmente en lo que se refiere a la clase de litigio y sus varios incidentes.

En la tercera causa de acción se alegaban actos fraudu-lentos a virtud de los cuales la demandada Natividad Nar-vaez López aparecía adquiriendo bienes que en realidad fue-ron comprados con dinero perteneciente a la sociedad de ga-nanciales.

El mismo día la demandante radicó una solicitud en la que, luego de alegar que el demandado se estaba apropiando de las rentas y frutos de las distintas fincas y vendiendo va-rias cabezas de' ganado y que los derechos de la peticionaria serían lesionados de permitirse a Narváez que continuara en la administración de dichos bienes, se pedía a la corte de-signara un administrador judicial para que se hiciera cargo de los mismos y que, mientras se hallara pendiente la desig-nación del administrador judicial, se nombrara un adminis-trador provisional. En dicho día, es decir el 2 de jubo de 1937, la corte designó a José Hernández Aponte como admi-nistrador judicial interino y le autorizó, luego de prestar fianza, a ejercer todas aquellas facultades que un adminis-trador judicial interino puede ejercer bajo las circunstan-cias.

En la demanda original se hicieron partes a las personas conectadas con los actos fraudulentos. El 16 de julio com-parecieron todos los demandados ante la corte y solicitaron se dejara sin efecto la orden de 2 de julio, primero, porque el administrador judicial en efecto no había prestado fianza; segundo, porque en la orden no se especificaba la cuantía de la fianza; tercero, porque suponiendo que la demandante ac-tuara de conformidad con el artículo 182 del Código de En-juiciamiento Civil, que autoriza la designación de un síndico, la solicitud no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción, y, cuarto, porque aun admitiendo que la or-den de la corte designando al administrador interino estu-viera bien dictada, éste no tenía derecho a tomar posesión de bienes cuyo dominio correspondía a otras personas. El demandado también radicó una contestación a la petición principal y negó varios, si no todos, los hechos esenciales de la solicitud original.

En julio 20 de 1937 José Hernández Aponte acudió ante la corte y manifestó haber tomado posesión de algunas reses y que el demandado Narváez había procedido a sustraerle las mismas al agente del administrador; que el demandado ha-bía cogido un número de cabezas de ganado y las había lle-vado a la finca de Clemente G-onzález, y por esto, y quizás por otras razones, el administrador judicial interino solicitaba se castigara al demandado por desacato. El 20 de julio la corte dictó una orden para que Narváez compareciera ante ella el 23 del mismo mes a mostrar causa por la cual no debía castigársele por desacato.

Luego de celebrar una vista, la Corte de Distrito de Hu-macao, por los motivos especificados en la moción, dictó re-solución declarando a José Narváez culpable de desacato y le sentenció a sufrir treinta días de cárcel y a otras penas alternativas. El demandado apeló.

En la Corte de Distrito de Humacao el Juez no emitió opinión ni en apoyo de la orden designando administrador judicial interino ni de la resolución castigando al demandado por desacato.

El apelante ha radicado alegato ante este tribunal, mas la apelada no ha comparecido en absoluto. El primer señala-miento de error lee así:

“Primero. — La corte cometió error de derecho al condenar por desacato a José Narváez Ayala porque la orden sobre nombramiento de síndico o administrador judicial interino es completamente nula, por ser contraria a los preceptos de los artículos 182 y siguientes del Código de Enjuiciamiento Civil.”

El apelante indica que de ordinario bajo el artículo 182 del Código de Enjuiciamiento Civil se designa un administrador judicial interino si los bienes corren riesgo de perderse ; que se dejó de identificar el ganado sustraído o que el mismo estaba en poder del demandado o de otras personas. En el alegato se sostiene que el demandado no estaba debida-mente protegido por una fianza; que antes de poderse ad-mitir una fianza y castigar a un demandado por desacato, deben cumplirse las formalidades de ley. Convenimos con el apelante, mas no nos detendremos a determinar si la fianza era o no suficiente.

También estamos contestes con el apelante-en que el nom-bramiento de un administrador judicial interino no es la forma que se debe seguir para incautarse de los bienes des-critos en este caso. Ciertamente, conforme indica el ape-lante, un administrador judicial no puede tomar posesión de bienes que figuren a nombre de otros sin seguir algún procedimiento en que se ventilen en un juicio los derechos de la apelada. Yabucoa Sugar Co. v. Corte de Distrito, 36 D.P.R. 368, y Balasquide v. Rossy, 18 D.P.R. 33. Algunos de los inmuebles mencionados estaban inscritos en el registro de la propiedad.

El segundo señalamiento lee así:

“Segundo. — La corte cometió error al declarar culpable de desa-cato a José Narváez Ayala, porque, aun admitiendo que la orden fuera válida, la prueba es insuficiente y ha sido apreciada con par-cialidad y pasión.”

En parte por las razones expuestas al discutir el primer señalamiento y por no desprenderse que Narváez fuera jamás notificado en debida forma de sus supuestos actos delictivos, y en parte porque creemos que nadie de ordinario debe ser privado de su propiedad, ya sea ganado o lo que fuere, sin un procedimiento más formal que el seguido en este caso, convenimos con el apelante en que los hechos expuestos no establecían un caso tan extraordinario que justificara, la ac-tuación de la corte al declarar a Narváez culpable.

La sentencia, resolución y orden apeladas deben ser revo-cadas y absolverse al demandado José Narváez Ayala.

Los Jueces Presidente Sr. Del Toro y Asociado Sr. Tra-vieso no intervinieron.