author: El Juez PresideNte Señor Travieso Opinión del Juez Asociado Se. Snyder,

text:
    Rafael A. Buscaglia y Rafael de J. Cordero, en su carácter de Tesorero y de Auditor de Puerto Rico, respectivamente, etc., peticionarios, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. Marcelino Romany, Juez, demandada, Municipio de Caguas, et al, interventores.
    Núm. 18.

    Sometido: Julio 14, 1944.

      Resuelto: Julio 28, 1944.

      Hon. Procurador General Interino Jesús A. González, Miguel Guerra- ■ Mondragón y E. Campos del Toro, abogados de los peticionarios; F. Fernández Cuyar y M. González Blanes, abogados del peticio-nario en el caso principal; E. Ramos Antonini y V. Gutiérrez Fra/nqui, abogados de los interventores.
   El Juez PresideNte Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El presente es tal vez uno de los casos más importantes y de mayor trascendencia entre los sometidos a la decisión de este tribunal durante el curso de su existencia, pues en-vuelve problemas sociales y cuestiones jurídicas íntimamente relacionados entre sí, y entre ellos, la determinación de la regla que debe prevalecer en esta jurisdicción en cuanto a la capacidad de un contribuyente para iniciar un procedi-miento de injunction de la naturaleza del presente.

Antes de plantear, considerar y resolver las tres cuestio-nes fundamentales envueltas en este litigio, es conveniente que hagamos una síntesis de los hechos, sobre los cuales no existe controversia alguna.

El 27 de noviembre de 1942, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó la Ley núm. 16 (Segunda y Tercera Sesiones Especiales, 1942, página 51), cuyos propósitos esen-ciales tales y como aparecen expresados en su título y en la Exposición de Motivos (sección 1) eran: declarar la existen-cia en Puerto Rico de un estado de emergencia grave ocasio-nado por la guerra; autorizar programas de trabajos de emergencia, para dar trabajo a los desempleados; autorizar proyectos de compensación de desempleo, auxilio, abarata-miento de precios y siembra y distribución de alimentos, etc. La dirección y supervisión del programa de emergencia fue-ron encomendados a un Consejo Insular de Emergencia inte-grado por el Gobernador y los Jefes de los ocho departa-mentos del Gobierno Insular, incluyendo al Auditor de Puerto Rico.

Para dar cumplimiento a los indicados propósitos, por La sección 14 de dicha ley se asignó “la suma de diez millones (10,000,000) de dólares, de cualesquiera fondos existentes en la Tesorería de Puerto Rico no destinados a otras atenciones, más el setenta (70) por ciento de los ingresos del Tesoro Insular por concepto de la recaudación del impuesto federal de rentas internas sobre espíritus destilados embarcados o que se embarcaren de Puerto Rico a Estados Unidos a partir del primero de noviembre de 1942”. De acuerdo con la misma sección 14, los diez millones de dólares de los fondos generales del Tesoro Insular debían destinarse así:

Al programa de trabajo de emergencia_$4, 000, 000
A trabajos de siembra y cultivo_ 4, 000, 000
A compensación de desempleo, auxilio, abaratamiento de precios, subsidios, etc_■_ 1,100i, 000
Para aumentar facilidades de transportación_ 900, 000

Los fondos procedentes de las rentas internas sobre el alcohol debían destinarse a los siguientes fines:

Al programa de trabajo de emergencia y siembra y cul-tivo de productos alimenticios, no menos del 50 por ciento de los ingresos totales del Tesoro Insular por el indicado concepto.

Para compensación de desempleo, auxilio, abaratamiento de precios, subsidios, etc. no menos del 20 por ciento del total ingresado en el Tesoro Insular por concepto del mencionado impuesto federal.

La mencionada Ley núm. 16, por ser de carácter urgente, empezó a regir inmediatamente después de su aprobación o sea el 27 de noviembre de 1942. Seis meses más tarde, en mayo 15 de 1943, la legislatura aprobó la Ley núm. 181 (Leyes de 1943, pág. 655), por virtud de la cual se enmendó el título de la Ley núm. 16 de 1942, con el propósito de “asig-nar fondos para la División de Bienestar Público del Depar-tamento de Sanidad, para comedores escolares, para escuelas maternales (nursery schools) y. para distribución gratis de alimentos excedentes (free surplus food distribution)”. La sección 14 de la citada Ley núm. 16 quedó enmendada y redac-tada de modo que se lea como sigue:

“Sección 14. — Para dar cumplimiento a los fines de esta Ley, por la presente se asigna la suma de diez y seis millones ($16,000,000) de dólares, o la parte ele ella que fuere necesaria en cualquier año económico a juicio del Consejo Insular de Emergencia, de cuales-quiera fondos existentes en la Tesorería de Puerto Eico no desti-nados a otras atenciones; Disponiéndose, que del total de esta asig-nación, la cantidad de cuatro millones (4,000,000) de dólares no estará disponible hasta el primero de julio de 1943; etc.” (Bastar-dillas nuestras).

Continúa la sección 14, según quedó enmendada, dispo-niendo la forma en que deberán distribuirse los diez y seis millones:

Para el programa de trabajo de emergencia debiendo destinarse no menos del 50 por ciento del total asig-nado a proyectos de siembra y cultivo de produc-tos alimenticios_$11, 500. 000
Para proyectos de compensación de desempleo, auxilio, abaratamiento de precios, subsidios, préstamos y ayuda económica general_ 2, 300, 000
Para el “Fondo de Bienestar Público, Fondo de De-pósito ’ ’, de la División de Bienestar Público del De-partamento de Sanidad_ 1, 500, 000
Para comedores escolares_ 350,000
Para distribución gratis de alimentos_ 200, 000
Para escuelas maternales- 50, 000

Termina la Ley núm. 181 de 1943 disponiendo por sn sec-ción 3 que sus efectos “se hacen retroactivos a la fecha en que entró en vigor la citada Ley núm. 16 aprobada én 27 de noviembre de 1942, tal como si la misma hubiera sido aprobada originalmente en la forma en que ha sido enmen-dada por esta Ley; Disponiéndose, que cualquier cantidad que haya sido llevada a los libros de Asignaciones de acuerdo con la citada Ley núm 16 aprobada en 27 de noviembre de 1942, será considerada como parte del total asignado por la presente Ley”. (Bastardillas nuestras).

El 29 de junio de 1944, el Sr. Celestino Iriarte Miró, en su carácter de contribuyente al Erario Público, radicó ante la Corte de Distrito de San Juan una petición de injunction contra los señores Rafael Buscaglia, en su carácter de Teso-rero de Puerto Rico y Rafael de J. Cordero, en su carácter de Auditor de Puerto Rico y contra los señores Antonio Fer-nós Isern, Jesús A. González, José M. Gallardo, Rafael Bus-caglia, Sergio Cuevas, Luis A. Izquierdo, Manuel A. Pérez y Rafael de J. Cordero, como miembros integrantes del Con-sejo Insular de Emergencia. En la petición, después de hacer una relación detallada sobre la aprobación y el contenido de las Leyes núm. 16 de 1942 y núm. 181 de 1943, se alegó en síntesis lo siguiente:

Que el 15 de febrero de 1944, con motivo de un informe suministrado a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico por el Tesorero y por el Auditor de Puerto Rico, fue presentado en el Senado' el Proyecto del Senado núm. 28 para asignar de cualesquiera fondos disponibles en el Tesoro Insular, no destinados a otras atenciones, la suma de $21,500,000, la que sería puesta a disposición del Consejo Insular de Emergen-eia, para los fines especificados en la Ley núm. 16 de 1942, según qnedó enmendada; qne en dicho proyecto se disponía que la suma de $21,500,000 se asignaba en adición a la de $16,000,000 asignada por la Ley núm. 181 de- 1943; y que dicho proyecto no fué aprobado .por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.

Que el 7 de marzo de 1944 se radicó en la Cámara de Representantes de Puerto Rico el P. de la C. núm. 130, redac-tado substancialmente en los mismos términos y para los mismos fines del P. del S. núm. 28, a que ya nos hemos referido; y que el referido P. de la C. núm. 130 tampoco fué aprobado por la Asamblea Legislativa.

Que la suma de $16,000,000 asignada por las Leyes 16 de 1942 y 181 de 1943, está ya totalmente agotada, habiendo sido destinada por el Consejo Insular de Emergencia para pro-yectos y gastos ya aprobados, razón por la cual el Consejo Insular de Emergencia, desde el 1 de julio de 1944 en adelante no tendrá a su disposición dinero alguno procedente de dicha asignación de diez y seis millones de dólares.

Que los demandados intentan y se proponen utilizar una suma adicional de $16,000,000, procedentes de los fondos ordi-narios del Tesoro Insular, de julio 1 de 1944 en adelante, para ser dedicada a los fines y propósitos de la Ley 16 de 1942, según fué enmendada por la núm. 181 de 1943, todo ello a pesar de no existir asignación alguna legislativa de dicha suma adicional de diez y seis, millones de dólares y de que la Asam-blea Legislativa se negó dos veces a asignar fondos algunos adicionales.

Que la asignación y el uso de los diez y seis millones adi-cionales, sin estatuto o ley alguna que lo autorice, constitu-yen un acto ilegal y contrario a la Carta Orgánica de Puerto Rico y un uso indebido y ultra vires de facultades legislativas por parte de funcionarios ejecutivos y administrativos.

Termina el peticionario alegando que los fondos que los demandados pretenden utilizar son fondos ordinarios del Te-soro Insular, procedentes de contribuciones impuestas y cobradas al peticionario y a los demás contribuyentes de Puerto Rico; que el demandante y todos dichos contribuyen-tes son dueños en equidad de dichos fondos ordinarios; que el uso indebido e ilegal de esos fondos ocasionará daños irre-parables al peticionario y a todos los demás contribuyentes, quienes tendrán que aportar nuevas contribuciones para cu-brir la deficiencia creada por el uso ilegal; y, por ultimo, que el peticionario carece de otro recurso adecuado, rápido, y eficaz que no sea el de injunction.

Citados para mostrar causas por las cuales no debiera expedirse el auto de injunction preliminar solicitado, compa-recieron los demandados el 7 de julio de 1944 y radicaron su contestación. Las partes esenciales de la misma son:

1. Se admite que los demandados se proponen utilizar $16,000,000 adicionales de los fondos ordinarios del Teáoro Insular para los fines determinados en las leyes en contro-versia, pero se niega que no exista asignación legislativa alguna por dicha suma adicional. En apoyo de esta aseve- • ración, se alega que la Cámara de Representantes aprobó uná asignación de $21,500,000 y el Senado otra de $23,000,000, para el trabajo de emergencia de guerra, pero se admite que ninguna de dichas dos asignaciones fue aprobada por ambas Cámaras. Se alega que la discrepancia entre ambas Cámaras fué ocasionada por el Proyecto núm. 130 de la Cámara, a vir-tud del cual se pretendió crear un Consejo Insular de Emer-gencia integrado, entre otros, por cuatro miembros, nombra-dos por el Gobernador, a propuesta cada uno de ellos por el .organismo director central de cada uno de los partidos.polí-ticos cuyo candidato a Comisionado Residente en las prece-dentes elecciones generales obtuvo el 10 por ciento o más del total de votos emitidos para todos los candidatos a dicho cargo de Comisionado Residente; que con el propósito de lo-grar una medida conciliatoria, el Senado aprobó el P. del S. núm. 144, por virtud-del cual se prohibían y se castigaban como delitos públicos los discrímenes por razones políticas en el programa de trabajo y auxilio de emergencia; y que fué debido a discrepancias de orden fundamental entre la Cámara y el Senado, “que a la terminación del año fiscal anterior las asignaciones necesarias para el sostenimiento de las activi-dades de emergencia de guerra del Gobierno no fuesen apro-badas por la Legislatura”.

Alegaron los demandados que la asignación de $16,000,000 adicionales no es ni ilegal ni ultra vires y que, por el con-trario, “es legal y constitucional no tan sólo por constituir una asignación continua y permanente si que también por constituir una reasignaeión automática de fondos necesarios para el sostenimiento del Gobierno de Puerto Rico”.

Sostuvieron los demandados, que la negativa de la Asam-blea Legislativa a aprobar durante la sesión ordinaria de 1944 fondos adicionales para el programa de emergencia, “operó en sentido d» reapropiar automáticamente la suma original de $16,000,000 de acuerdo con la sección 34 de la Carta .Orgá-nica de Puerto Rico”.

Los demandados interpusieron varias defensas especiales. De ellas solamente merecen consideración las siguientes:

(a) Que el demandante carece de un interés' real, efectivo y verdadero en ley que le capacite para ejercer esta acción.

(ó) Que el Auditor de Puerto Rico tiene la facultad exclu-siva de pasar sobre la legalidad de los desembolsos del Go-bierno de la Isla.

Previo permiso que les fuera concedido por la corte de distrito, intervinieron en el procedimiento los municipios de Caguas, Salinas y Patillas y también varias personas de las que reciben $7.50 mensuales de los fondos del Plan de Emer-gencia de Guerra. En obsequio a la brevedad nos absten-dremos de hacer una relación de las defensas interpuestas por los interventores, por ser en realidad idénticas a las pre-sentadas por los demandados.

En julio 12 de 1944, la Corte de Distrito de San Juan dictó una orden de entredicho prohibiendo a los demandados que “lleven a cabo, verifiquen, completen o bagan asignación, apropiación o uso alguno de partida de dinero alguna, proce-dente de los fondos ordinarios del Tesoro Insular de Puerto Pico, para ponerlos a disposición del Consejo Insular 'de Emergencia para los fines y propósitos enunciados en la Ley núm. 16 de 1942, según enmendada, prohibiéndoseles, asi-mismo, que continúen desembolsando o disponiendo de dichos fondos para dichos fines o propósitos”. En la orden se dis-pone que la misma no entrará en vigor hasta tanto el peti-cionario preste una fianza por la suma de $5,000; y que el entredicho continuará en vigor “hasta que este tribunal dicte resolución o sentencia en el presente caso en relación con el injunction preliminar solicitado o en relación con el injunction permanente interesado, si es que el tribunal resuelve tener jurisdicción para dictar sentencia final en relación con la soli-citud de injunction permanente”.

Tan pronto como fueron notificados con copia de la orden de entredicho, el mismo día 12 de julio de 1944, los deman-dados acudieron ante esta Corte ■ Suprema en solicitud de un auto de certiorari con el fin de revisar la resolución dictada por la corte inferior. Expedimos el auto y a petición de los demandados y en auxilio de la efectividad de la juris-dicción de este tribunal, expedimos también,una orden suspen-diendo los efectos de la orden de entredicho recurrida, hasta tanto esta corte tuviera una oportunidad de oír a las partes y de resolver la cuestión en controversia en sus méritos.

• El 14 de julio de 1944 se celebró la vista del recurso. Las partes interesadas, representadas todas ellas por eminentes letrados, fueron oídas ampliamente, quedando el caso defini-tivamente sometido a nuestra decisión.

Como extracto o esencia de la brillante argumentación oral del caso y de los alegatos sometidos por los abogados de las partes contendientes, surgen tres cuestiones legales fundamentales. Las expondremos, discutiremos y resolvere-mos en el siguiente orden:

Primera: ¿Tiene el contribuyente Celestino Iriarte Miró algún interés especial, de naturaleza tal qne le capacite para el ejercicio de la acción de injunction, a la cual ha recurrido en el presente caso 1

Ambas partes han aceptado que no existe discrepancia alguna entre las autoridades en cuanto al derecho que tiene un contribuyente para impedir por medio de injunction el gasto ilegal de fondos, municipales. Algunas decisiones se basan en la analogía existente entre una corporación municipal y una corporación privada (IV Dillon, Municipal Corporations, 5th ed. see. 1580). En otras se considera a los contribuyentes como dueños en equidad de los fondos públi-cos.

También está fuera del campo de la discusión el que la jurisprudencia federal ha sentado de. manera definitiva la doctrina que niega al contribuyente el derecho' a impedir el uso de fondos federales. Véanse: Massachusetts v. Mellon, 262 U.S. 447, 67 L. Ed. 1078; Alabama Power Co. v. Ickes, 302 U.S. 464, 82 L. Ed. 374; Perkins v. Lukens Steel Co., 310 U.S. 113, 84 L. Ed. 1108.

En la mayoría de las jurisdicciones estatales se concede al contribuyente el derecho de acudir ante una corte de equi-dad para impedir el uso ilegal o no autorizado de fondos del estado. Y se basan esas decisiones en que en verdad no existe diferencia alguna entre los funcionarios municipales y los estatales.

En otras jurisdicciones se ha sostenido que del mero hecho de ser contribuyentes no surge el derecho a demandar a los funcionarios de] estado. Es necesario alegar y probar daños especiales.

El caso de antos presenta la decisión de una cuestión de carácter local. Estamos, por tanto, en libertad de sentar para esta jurisdicción la regla que consideremos más apropiada de acuerdo con nuestra peculiar situación gubernamental, y a ese efecto, no estamos obligados a seguir la regla federal esta-blecida en el caso de Massachusetts v. Mellon, supra, y nos inclinamos a aceptar como más razonable la regla sentada por la mayoría de las jurisdicciones estatales, reconociendo el derecho del contribuyente a acudir ante una corte de equi-dad para impedir el uso, sin previa autorización legislativa, de fondos estatales por funcionarios ejecutivos del Estado. El reconocimiento de ese derecho es más necesario en Puerto Rico que en las comunidades estatales. En éstas, el Jefe Ejecutivo o los Jefes de Departamentos que actuando ultra vires o sin autorización de la legislatura usen indebidamente los fondos públicos, pueden ser sometidos a un procedimiento de “impeachment” y castigados por su actuación ilegal. Si en Puerto Rico, cuya Legislatura carece de facultades para, iniciar procedimientos de “impeachment” y cuyos altos fun-cionarios ejecutivos no derivan sus facultades y poderes del consentimiento de los gobernados, adoptásemos la regla que sigue una minoría de las jurisdicciones estatales e ignoráse-mos que la tendencia moderna es en el sentido de reconocer el derecho del contribuyente a demandar a los que usen inde-bidamente fondos públicos, tendríamos que admitir que en esta jurisdicción puede cometerse el acto ilegal de usar desau-torizadamente fondos públicos, sin que exista un remedio eficaz para impedirlo o para castigarlo. Tendríamos que con-fesar que en Puerto Rico la máxima legal ubi jus, ibi reme-dium carece de significado.

En 50 Harvard Law Beview, 171, 231, 247 y bajo el título “Simpson, Fifty Years American Equity”, encontramos esta elocuentísima defensa del derecho del contribuyente a inter-venir en estos casos:

“En muchas de las grandes ciudades americanas y en algunos estados se ha hecho cada vez más difícil el asegurar, o aun fomentar, la honestidad oficial o la observancia de la ley colocando la facultad de controlar la extravagancia o la debilidad de un funcionario en las manos de otro. 4Quis custodiet custodesf Aun cuando la acción legal del contribuyente está lejos de ser un medio enteramente satis-factorio para fomentar un mínimum de decencia fiscal estatal o municipal, ha demostrado su utilidad allí donde se ha permitido. Si algún ciudadano de espíritu público (o encolerizado) se decide a de-mandar y logra conseguir un injunction contra los gastos ilegales, es probable que el efecto sobre el tesoro público sea más saludable que si el asunto se deja ‘pendiente del veredicto del pueblo en las urnas’ — frase que muy bien merce figurar junto a esa muy abusada palabra ‘patriotismo’ en la definición de Samuel Johnson.
“Los procedimientos de equidad han demostrado sin embargo, ser una ayuda prácticamente indispensable para un gobierno efec-tivo bajo las condiciones modernas, y con frecuencia han servido como un freno saludable contra la acción oficial ilegal.”

Se aduce como argumento en contra del alegado derecho del contribuyente aquí peticionario, que su interés es tan pe-queño y el daño que se le pueda causar tan incierto, que no es-taría justificada la orden de injunction que se solicita para im-pedir que se continúe el gasto ilegal de fondos públicos. No nos convence este argumento. La acción que se ejercita, aun cuando no pueda ser considerada estrictamente como un pleito de clase (class-suit), puede y debe ser considerada como una acción de carácter público. Como se dijo en Stewart v. Stanley, Atty. Gen., 5 So. (2d) (La. 1941) 531, 536: “Si un con-tribuyente no puede quejarse, — ¿ qué otra persona tendría ese derecho?”

El estado de Louisiana es uno que en lo sustantivo se rige, al igual que Puerto Eieo, por un Código Civil y no por el dere-cho común prevaleciente en la mayoría de€os demás estados de la unión. Cuando la Legislatura de Louisiana quiso limitar el alcance de la jurisdicción de las cortes para conceder un restraining order contra funcionarios del gobierno lo hizo expresamente por ley en el año 1942. (Leyes de 1942, núm. 132, see. 1).

El territorio de Hawaii, cuyas relaciones y nexos políticos con los Estados son en cierto modo similares a los nuestros, ha reconocido el derecho del contribuyente a solicitar un injunction para impedir la realización por un funcionario pú-blico de un acto ilegal y perjudicial al tesoro público. En el caso de Castle v. Kapena, Ministro de Hacienda, 5 Hawaiian Rep. 27, el Ministro demandado trató de emitir bonos del Gobierno de acuerdo con la ley, pero se disponía a aceptar en pago de los bonos monedas de plata de un valor de sola-mente 82 por ciento del valor de la moneda de oro de Estados Unidos. .La ley disponía que no debían ser emitidos por menos de su valor a la par en oro o su equivalente. Castle, un contribuyente, acudió ante la Corte Suprema del Territorio en solicitud de mandamus. La corte opinó que no procedía el mandamus, pero sí el injunction, y se expresó así:

“El Ministro, al expedir los bonos por menos de su valor a la par, se disponía a realizar un acto ilegal. No bay duda de que con ello se causaría una pérdida y un daño al país, y a cada contribu-yente; y se levanta la cuestión, sobre si los peticionarios pueden recurrir a esta Corte en demanda de protección.
“Se dice, en defensa del demandado, que como el peticionario no sufre un daño especial y privado, no puede alegar que' tiene personalidad para acudir a esta corte. Existe jurisprudencia en apoyo de esta posición. Bajo ciertas circunstancias, incumbiría al Procurador General, o al funcionario que ocupe una posición aná-loga, incoar los procedimientos. . . •
“La falta de otro remedio es siempre una razón poderosa para la aplicación de remedios extraordinarios. Se ha sugerido para este caso el remedio de impeachment. Si estos bonos se expidiesen ile-galmente, y eon pérdida para los contribuyentes, el impeachment del Ministro, si se consiguiera, aun cuando lo desacreditaría, no serviría para reponer la pérdida causada al país, ni para retirar los bonos; ... El impeachment no sería un remedio adecuado.”

En Castle v. Secretary of the Territory, 16 Hawaiian Rep. 769, la Corte Suprema de Hawaii reafirmó lo resuelto en el caso anterior, diciendo:

“El derecho de un contribuyente a incoar una acción para im-pedir que un funcionario público realice un acto ilegal ha sido defi-nitivamente reconocido en esta jurisdicción desde el caso de Castle et al. v. Kapena, 5 Haw. 27, (1883). . .
“El uso de fondos públicos no es una cuestión académica o abs traeta y sí una que afecta vitalmente a cada contribuyente. Con-fiamos en que nunca llegará el día en Hawaii en que los contribu-yentes no se cuiden de conseguir evitar por medio de procedimientos legales apropiados el uso ilegal de fondos públicos en conexión con un estatuto anticonstitucional. Pero hay algo más importante que esas exhibiciones de espíritu público por parte de los contribuyentes, y es la sensación de confianza en que las cortes interpretarán las leyes y declararán la ley con imparcialidad judicial y sin prejuicios por causa de motivos o sentimientos personales.”

Numerosa y de gran fuerza de convicción es la jurispru-dencia citada por el contribuyente en apoyo de su derecho a solicitar el remedio de injunction. Nos limitaremos a citar los casos en la nota al margen.

Convenimos con la jurisprudencia citada en que crearía-mos en esta Isla una situación deplorable si negáramos al ciudadano contribuyente el derecho de acudir a los tribunales en demanda de protección contra el uso ilegal de fondos pú-blicos por funcionarios públicos. Estos son los servidores y no los amos de los contribuyentes, y no hay razón legal alguna para que se les considere fuera del alcance de los pode-res de una corte de equidad, cuando el ejercicio de esos poderes fuere necesario para obligarles a actuar dentro de los límites de la ley.

Se dirá que si reconocemos el derecho del contribuyente a iniciar procedimientos de esta naturaleza, abriremos la puerta a una multiplicidad de pleitos, pues muchos contri-buyentes acudirán viciosamente a los tribunales para tratar de paralizar el funcionamiento del Gobierno. La objeción no es muy convincente. Debemos presumir que las cortes de distrito, investidas por nuestras leyes con la facultad de expe-dir autos de injunction, no han de expedirlos cuando se trate de casos frívolos y carentes de méritos; que no se prestarán a servir de dóciles instrumentos a las maquinaciones que tien-dan a obstaculizar a los funcionarios públicos en el cumpli-miento de sus deberes; y que no solamente desestimarán las peticiones carentes de méritos, si que .también castigarán a los que invoquen viciosamente su ayuda, con la imposición de costas y honorarios de abogados.

Que las alegaciones de la petición de injunction radicada en la corte inferior presentan un caso prima facie meritorio y que las cuestiones levantadas en cuanto a la alegada ilega-lidad de los actos contra los cuales se solicita el injunction son cuestiones substanciales y meritorias, ha quedado demos-trado por la laudable actitud de los funcionarios demáhda-dos, quienes no obstante haber interpuesto la defensa de falta de personalidad del demandante, han pedido insistentemente al tribunal que considere y resuelva en sus méritos las cues-tiones legales y constitucionales que el caso nos presenta.

Resolvemos, pues, que el peticionario contribuyente tiene la personalidad y el interés necesarios para poder incoar el procedimiento de injunction.

Segunda: ¿Es que la Ley núm. 16 de 27 de noviembre de 1942 ((2) pág. 51), en la forma en que quedó enmendada por la Ley núm. 181 de mayo 3.5 de 1943 (pág. 655), una ley de asignaciones continuas autorrenovables cada vez que se agote la partida de $16,000,000 asignada por la sección 14 para dar cumplimiento a los fines de la ley1? La pregunta que liemos formulado debe ser contestada negativamente.

La sección 14 de la ley original — núm. 16 de 1942 — con-tiene dos disposiciones completamente separadas y diferen-tes. La primera es una asignación específica, fija, determi-nada y global, por una sola vez, de “la suma de diez millones ($10,000,000) de dólares, de cualesquiera fondos existentes en la Tesorería de Puerto Rico no destinados a otras atenciones” para ser gastadá dentro de un período de tiempo indeter-minado. Por la segunda se creaba un fondo adicional, eventual e indeterminado en cuanto a su monto y sin limitación de tiempo, de “el setenta (70) por ciento de los ingresos del Tesoro Insular por concepto de la recaudación del impuesto federal de rentas internas sobre espíritus destilados embarca-dos o que se embarcaren de Puerto Rico a Estados Unidos a partir del primero de noviembre de 1942”.

El efecto de las enmiendas hedías a la sección 14 de la Ley 16 de 1942 por la Ley 181 de 1943, supra, fué: (a) elimi-nar por completo el fondo especial creado con el 70 por ciento de los impuestos federales sobre espíritus destilados; (b) asignar o apropiar la suma global de $16,000,000 para dar cumplimiento a los fines de la ley; y (c) disponer que la suma total asignada, o la parte de ella que fuere necesaria a juicio del Consejo Insular de Emergencia, pueda ser gastada en cualquier- año económico y hasta tanto no se declare, de acuerdo con la sección 19 de la ley, la terminación del estado de emergencia. El propósito evidente de esta última disposi-ción fué el de evitar que la asignación pudiera ser considerada como utilizable solamente durante un año' económico determi-nado (fiscal year appropriation), en cuyo caso los fondos remanentes al terminar el año fiscal revertirían a los fondos generales del Tesoro.

La .interpretación que, a nuestro juicio, debe darse a la sección 14 en su forma enmendada, o sea que la asignación es por la suma total de diez y seis millones, por una sola vez y para ser utilizada en todo o en parte en cualquier año económico mientras exista el estado de emergencia, encuentra apoyo adicional en las siguientes disposiciones de la misma sección:

“. . . Disponiéndose, que del total de esta asignación la cantidad de cuatro millones (4,000,000) de dólares no estará disponible hasta el primero de julio de 1943; . . .
. . Y, disponiéndose, también, que de la asignación de diez y seis millones (16,000,000) de dólares que se hace en esta Ley para el programa de emergencia podrá destinarse no más de la suma de dos millones trescientos mil (2,300,000) dólares, etc.”

Tenemos ante nos los proyectos P. del S. 28 y P. de la C. 130, presentados en evidencia en la corte inferior. Hemos examinado cuidadosamente los dos mencionados proyectos, ninguno de los cuales llegó a convertirse en ley por no haber sido aprobado por las dos ramas legislativas. El título en uno y otro proyecto es idéntico: “Ley para asignar, de cua-lesquiera fondos disponibles en el Tesoro Insular no desti-nados a otras atenciones, la suma adicional de $21,500,000 para ser invertida por el Consejo Insular de Emergencia, para llevar a cabo las disposiciones, etc.”

En la exposición de motivos del P. del S. 28 se dice:

“El Consejo Insular de Emergencia fué creado por la Ley núm. 16, aprobada en 27 de noviembre de 1942, según fué enmendada por la Ley núm. 181 de 15 de mayo de 1943, con el propósito de llevar a cabo un programa de ayuda, etc.
“Para llevar a cabo tal programa, se ha asignado por la misma Ley, según fué enmendada, la suma de diez y seis millones de dó-lares ($16,000,000) anuales.”

El P. de la C. 130 no contiene exposición de motivos. Por la sección 1, “se asignan de cualesquiera fondos disponibles en el Tesoro Insular”, $21,500,000, “cuya suma será puesta a la disposición del Consejo Insular de Emergencia para ser invertida, etc.”. La sección 2 lee así: “La suma que por la presente ley se asigna es en adición de la suma asignada por la Ley núm. 16 aprobada en 27 de noviembre de 1942, según posteriormente enmendada.” La sección 2 del P. del S. 28 es idéntica a la sección 2 del P. de la C. 130, que acaba-mos de transcribir.

Se nos pide que aceptemos como evidencia de la intención legislativa de asignar diez y seis millones anuales, el párrafo segundo que liemos copiado de la exposición de motivos del proyecto del Senado. La proposición debe ser rechazada. Cuando la ley es clara y libre de ambigüedades, como lo es la que estamos examinando, la intención o propósito que tuvo la Asamblea Legislativa al aprobarla no puede ser interpre-tada a la luz de las manifestaciones contenidas en otra ley aprobada en una sesión posterior y mucho menos por lo que se diga en un proyecto de ley que no ha recibido la aprobación de ambas Cámaras.

No encontramos en la ley vigente ni en los proyectos de ley sometidos a nuestra consideración, nada que revele la •intención del legislador de otorgar a los funcionarios ejecu-tivos que integran el Comité Insular de Emergencia una auto-rización para utilizar anualmente, o cada vez que se agote la asignación anterior, una nueva partida de $16,000,000.

Tercera: ¿Quedó automáticamente renovada la asignación de diez y seis millones de dólares para el programa de emer-gencia, por virtud de lo dispuesto por la seceión 34 de la Ley Orgánica, al terminar el año fiscal 1943-1944, en 30 de junio de 1944, sin que la Asamblea Legislativa hubiera hecho las asignaciones necesarias-para el'sostenimiento del Gobierno?

Para poder contestar la pregunta que hemos formulado conviene que hagamos un corto relato de los hechos históricos que motivaron la aprobación por el Congreso Nacional, en julio 15 de 1909, de la ley enmendatoria de nuestra antigua Carta Orgánica (Ley Foráker), por virtud de la cual se in-sertó al final de la sección 31 de dicha Ley Orgánica lo si-guiente :

“Y, disponiéndose, además, que si a la terminación de cualquier año económico no hubieren sido hechas las asignaciones necesarias para el sostenimiento del Gobierno en el siguiente ejercicio, se con-siderará asignada una cantidad igual a las sumas consignadas en las últimas leyes de presupuesto (appropriation Mils) para tal objeto; y basta que la Asamblea Legislativa baya beebo lo necesario para dicbo sostenimiento, el Tesorero podrá, con la aprobación del Gober-nador, baeer los pagos necesarios para los fines antes mencionados:”

En el año 1909, por cansa de desacuerdos entre la Cámara de Representantes y el Consejo Ejecutivo, la Asamblea Legis-lativa terminó sus sesiones sin haber aprobado el proyecto de presupuesto o de asignaciones necesarias para el sosteni-miento del Gobierno durante el año económico de julio 1, 1909 a junio 30, 1910. Para hacer frente a la crisis creada al Gobierno por la falta de autorización legislativa para usar fondos públicos con que sufragar los gastos necesarios para su sostenimiento, el Congreso Nacional aprobó la enmienda arriba transcrita, conocida por el nombre de su autor, el con-gresista Sr. Olmsted.

La nueva Ley Orgánica, conocida como “Acta Jones”, aprobada en marzo 2 de 1917, contiene al final del primer pá-rrafo de la sección 34 una disposición casi idénticas la de la enmienda Olmsted y que lee así:

“Si a la terminación de cualquier .año económico no hubieren sido hechas las asignaciones necesarias para el sostenimiento del Gobierno en el siguiente año económico, se considerarán asignadas de nuevo; partida por partida, las diferentes cantidades consignadas en las últimas leyes de presupuesto (appropriation Mils) para los fines y propósitos en ellas especificados, hasta donde las mismas puedan ser aplicables; y hasta que la Asamblea Legislativa haya actuado en dicho sentido, el Tesorero podrá previa consulta con el Goberna-dor, hacer los pagos necesarios para los fines antes mencionados.”

Que lo que tuvo en mente el autor de la enmienda Olmsted fué el resolver la crisis creada por la no aprobación del Presu-puesto General — Appropriation Bill — para el año 1909-1910, se desprende claramente de sus palabras ante la Cámara en defensa de su proyecto, las cuales aparecen en el Volu-men 44 del Congressional Record (mayo 27, 1909) pág. 2465:

“. . . mas no importa cuál lado tuvo la razón o dejó de tenerla, ni qué revisión deba hacerse a esta Acta Foraker, el hecho es que nos encontramos frente a frente con esta situación: Que habiendo terminado la sesión ordinaria de la Legislatura de Puerto Rico, y habiendo suspendido sus sesiones la sesión extraordinaria, y no exis-tiendo disposición alguna para el pago de los gastos necesarios del Gobierno Insular después de junio 30 de 1909, es al Congreso a quien corresponde disponer algo.”

Es cierto que más adelante (pág. 2466 C.E.) el mismo señor Olmsted, al oponerse a la insinuación de que la enmienda debería ser efectiva durante un año solamente, se expresó así:

"Podría hacerse, pero no veo ninguna razón de peso para que así se haga. En las leyes de Hawaii y de las Pilipinas la insertamos como una disposición permanente. Si desean cambiar las asignacio-nes existent es i ellos se pondrán de acuerdo y así lo harán.”

Parece obvio que al hablar de “las asignaciones existen-tes ’ ’, el Sr. Olmsted se refería a las asignaciones hechas en las leyes de asignaciones — appropriation bills — para atender a los gastos de sostenimiento del Gobierno, aprobadas en años anteriores y que debían reasignarse en los años siguientes.

Nuestro Comisionado Residente en aquella fecha, señor Larrínaga, interpretó el alcance de la enmienda Olmsted en el sentido que indican sus palabras, que copiamos del Vol. 44, página 2520 del Congressional Record: '

"Sr. Larrínaga: Sugiero, Sr. Presidente, que usted haga exac-tamente lo que ha aconsejado el Presidente — que continúe en vigor el presupuesto para el año anterior, con la condición de que el Acta Foraker sea considerada por el Comité de Asuntos Insulares y en-mendada'en sentido liberal. Si el caballero por New Jersey acepta mi proposición, yo presentaré una resolución disponiendo que la Ley Foraker sea revisada en la próxima sesión del Congreso, y el Presu-puesto del año pasado continuará en vigor.” (Bastardillas nuestras).

En la sesión de la Cámara del 7 de junio de 1909, el señor Olmsted, al explicar el propósito de su proyecto, dijo:

"El objeto del proyecto pendiente es remover esa dificultad, dis-poniendo que las asignaciones sobre las cuales ambas Cámaras de la Legislatura Insular estuvieron conformes para el año económico en curso serán consideradas como reasignadas y usadas para el pago de los gastos necesarios, hasta que la legislatura tome acción en cuanto a las asignaciones, y entonces esta disposición, de acuerdo con sus propios términos, dejara de ser efectiva.” (Bastardillas nuestras).

Consideremos ahora qué es lo que se entiende por “asig-nación” — appropriation—y “leyes de asignaciones” — appropriation bills.

La Corte Suprema Federal, en el caso de Bengzon v. Secretary of Justice and Insular Auditor, 299 U.S. 410, 413, 81 L. Ed. 312, ha expuesto en términos claros y precisos la regla para determinar cuando una ley puede ser considerada como “ley de asignaciones” o “appropriation bill”. Hare-mos un resumen de los hechos de dicho caso.

La Legislatura de las Islas Filipinas aprobó una ley titu-lada ‘Ley para autorizar •el pago de pensiones de retiro a funcionarios y empleados del Gobierno Insular retifados del servicio como- resultado de la reorganización o reducción del personal del mismo, incluyendo a los jueces de paz, etc.”

La Ley Orgánica de Filipinas autoriza al Gobernador para “vedar cualesquiera partida o partidas en cualquiera ley de asignaciones (appropriation bill), pero el veto no afectará la partida o partidas a las cuales él no tiene objeción”. En el ejercicio de ese poder, El Gobernador vedó la sección 7 de dicha ley, la cual disponía que los jueces de paz que habían de retirarse tendrían también derecho a las pensiones conce-didas por la léy. Bengzon, juez de paz retirado, solicitó la expedición de un auto de mandamus para que no obstante el veto de la sección 7 se ordenase el pago de su pensión. La Corte Suprema de Filipinas sostuvo la validez del veto y denegó el mandamus. La sentencia fué revocada por la Corte Suprema Federal, diciendo (pág. 413):

“Este poder excepcional, según se verá, está limitado a los pro-yectos de asignaciones — appropriation bills — ; cualquiera otra clase de legislación está sujeta a la regla general. Y su ejercicio está li-mita, "o a la desaprobación de una determinada partida o partidas de tal proyecto. La cuestión, precisa que debemos considerar es— ¿constituye el proyecto que se convirtió en Ley núm. 4051 un pro-yecto de asignaciones; y, si es así, era la sección 7, dentro del signi-ficado de la citada disposición de la Carta Orgánica, una partida de dicho proyecto?
“Debemos observar en primer lugar que el título de la ley no sugiere en manera alguna que lo que sigue es un proyecto de asig-naciones ; y un examen de la ley misma revela que, con excepción de "la sección 10, el proyecto solamente propone legislación de carácter general. Eliminando la sección 10, las once secciones restantes po-drían sostenerse como un acto de legislación general, dejando el' asunto específico de la asignación para ser incluido en una ley posterior. Es obvio que el término ‘appropriation act’ no incluiría una ley de carácter general; y un proyecto sobre legislación general no se convierte en un ‘appropriation bill’ por el simple hecho de ha-berse incluido en el mismo una sección autorizando una asignación. Un proyecto de asignación' — appropriation bill — es aquél cuyo objeto primario y especial es autorizar la asignación de fondos del tesoro público. Sostener otra cosa, sería confundir un proyecto de asig-naciones, autorizando diversas asignaciones, de dinero, con un pro-yecto en el cual se proponen diversas disposiciones de legislación general, con una asignación de fondos como un incidente.
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“Si el Gobernador General tuviese la facultad bajo la cláusula 19 de la Ley Orgánica para vedar la sección 7 del proyecto de pensiones la tendría también para vedar la sección 2 que concede preferencias a cierta clase de funcionarios y empleados; o la sección 4, que permite el derecho a elegir entre la pensión que concede la ley que estamos considerando y una pensión concedida por alguna otra ley; . . . Todas ellas son partes distintas de una ley de carácter general. La eliminación de cualesquiera de ellas mediante el ejer-cicio del poder del veto, permitiendo como conscuencia que las dis-posiciones restantes del proyecto surtan efecto . . . tendría como resultado el poner en vigor una ley general en una forma mutilada, en contra de la intención de la legislatura y tal vez en contra de la voluntad de la mayoría de cada una de las Cámaras. Esto no sería la negación de una partida o partidas de las asignadas, mediante el veto, y sería, en efecto, legislación afirmativa por edicto del ejecu-tivo.” (Bastardillas nuestras).

La regla que acabamos de exponer, aplicada a la situación que estamos considerando, nos lleva forzosamente a la con-clusión de que la Ley núm. 16 de noviembre 27, 1942, según fué enmendada por la núm. 181 de 1943, no es una ley de. asignaciones — appropriation bill — dentro del significado de la sección 34 de la Carta Orgánica. Que la Ley núm. 16 de 1942, según fué enmendada, es legislación de carácter general, se desprende claramente de su título y del contenido de sus veintidós secciones, con excepción de la 14, que es la que con-tiene la asignación. Por la sección 1, después de exponer los motivos que existen para la aprobación de la ley, se de-clara la existencia de un estado de emergencia y la urgente necesidad de aprobar un programa para hacerle frente. La sección 2 crea el Consejo Insular de Emergencia. En la sec-ción 3 se enumeran en detalle, en diez párrafos separados, las facultades de que estará investido el Consejo; y en la 4 se especifican sus deberes. El título I, que comprende las sec-ciones 5, 6 y 7 se refiere a la preparación y coordinación de un programa de trabajo de emergencia. Se definen las clases de proyectos que podrán ser incluidos en el programa de trabajo de emergencia. Se autorizan proyectos de siembra, recolección, almacenaje, preservación y distribución de pro-ductos alimenticios. Se dispone el término mínimo de trabajo y el salario mínimo a que tendrán derecho los obreros emplea-dos en los proyectos de emergencia. Y se faculta al Consejo para reglamentar el trabajo de dirección y supervisión. El título II, secciones 8, 9, 10 y 11, comprende todo lo concer-niente a Compensación de Desempleo, Abaratamiento de Pre-cios y Ayuda Económica General. El título III (sección 12) autoriza al Consejo para establecer organizaciones coopera-tivas con el propósito de aumentar las facilidades de transpor-tación marítima. Por el Título IY (sección 13) se confiere al Consejo el poder de expropiación forzosa y'para fijar las normas y determinar el uso que deberá darse a los bienes expropiados. La sección 15 dispone que los gastos y desem-bolsos deberán hacerse de acuerdo con las prescripciones de la Ley Orgánica; la 16 prescribe las estipulaciones qne de-berán consignarse en los arreglos, convenios y aportaciones de fondos que haga el Consejo Insular en relación con pro-yectos de la W.P.A. n otras agencias federales; la 17 autoriza al Consejo para donar fondos al Gobierno Federal o a las agencias federales, insulares o inunicipales, para comprar y distribuir productos de todas clases y distribuir dinero a personas indigentes. Las secciones restantes se refieren a la forma y manera de dar por terminado el estado de emergen-cia y a otras disposiciones formales que aparecen en todas las leyes.

Por el examen que hemos hecho se verá sin gran esfuerzo, que la Ley núm. 16 de 1942 es una pieza completa de legis-lación general, ideada y preparada para hacer frente a una situación anormal de emergencia. La asignación que se hace por la sección 14 es incidental al propósito fundamental de la ley y no tiene el efecto legal de convertir dicha ley en un proyecto o ley de- asignaciones.

Opinamos que los “appropriation bills’’ a que se refiere la sección 34 de la Ley Orgánica y que se renuevan automá-ticamente al no ser aprobados por la legislatura antes de comenzar el próximo año económico, son, además del “General Appropriation Bill” — proyecto general de asignaciones — to-dos aquellos propiamente llamados “proyectos de asignacio-nes”- — appropriation bills — en los cuales se hacen asignacio-nes anuales de fondos para gastos necesarios para el soste-nimiento del Gobierno durante el próximo año fiscal. Acep-tamos que los fondos necesarios para el programa de emer-gencia, si hubiesen sido debidamente asignados, deberían ser considerados como fondos necesarios para el sostenimiéntó del Gobierno (Steward Machine Co. v. Davis, 301 U.S. 548), pero no podemos aceptar que la ley que estamos examinando deba ser considerada como una ley de asignaciones dentro del significado de la sección 34 de la Ley Orgánica (Bengzon v. Secretary of Justice, supra).

La asignación contenida en la Ley núm. 16 no es automá-ticamente renovable por virtnd de la sección 34 de la Ley Orgánica por el hecho de qne la ley tenga como sn principal objeto el hacer frente a una emergencia. La Ley Orgánica prescribe qne los fondos públicos no podrán ser nsados sin autorización de la legislatura y no contiene disposición alguna qne autorice a la rama ejecutiva del Gobierno para usarlos, sin esa autorización, en casos de emergencia. La agencia federal conocida como W.P.A. fué creada para hacer frente al estado de emergencia nacional; y para dar cumplimiento a sus fines se asignaron por el Congreso muchos millones de dólares de los fondos del Tesoro Federal. Cada vez que los fondos se agotaron, el Congreso hizo nuevas asignaciones y cuando dejó de hacerlas la W.P.A. se vió obligada a suspender sus actividades.

Los aquí peticionarios han interpuesto como defensa adicional que las cortes carecen de jurisdicción para dictar sentencia en contra del Auditor de Puerto Pico, por ser éste an funcionario que de acuerdo con la Ley Orgánica tiene facultades exclusivas para autorizar el desembolso de fondos, aprobar cuentas, etc.

El Auditor ha sido demandado en su capacidad de Auditor y también en su carácter de miembro del Consejo Insular de Emergencia. La defensa interpuesta es, además de acadé-mica, prematura. No se trata en el presente caso de impedir que el Auditor autorice la inversión de fondos o apruebe com-probantes de gastos. Si el injunction que se solicita contra Los miembros del Consejo Insular de Emergencia fuere decre-tado, el Auditor de Puerto Rico no tendría oportunidad ni necesidad de actuar en su capacidad oficial como tal Auditor toda vez que no habría gastos ni cuentas que aprobar.

La crisis existe, pero no existen ni imposibilidades ni difi-cultades insuperables para solucionarla. No es crisis creada por fuerzas que estén fuera del control de la Legislatura, que es la llamada a actuar para rolucionarla y no las cortes.

En las arcas de. nuestro Tesoro Insular ingresaron du-rante el año fiscal 1943-44 rentas por un valor total de $101,478,312.62, de los cuales $62,385,623.39 procedían de ren-tas internas federales sobre bebidas alcobólicas. Existen, pues, en nuestro Tesoro fondos más que suficientes para las necesidades del programa de emergencia. Tenemos una Asamblea Legislativa que puede ser convocada en sesión ex-traordinaria y que es la única que puede constitucionalmente asignar los fondos necesarios para conjurar la crisis. El re-medio no está en nuestras manos.

El auto de certiorari expedido debe ser anulado y asi-mismo la resolución dictada por esta corte, de fecha 13 de julio 19á4, suspendiendo los efectos del entredicho decretado por la corte inferior, el cual queda restituido en toda su fuerza y vigor, y el caso devuelto a la Corte de Distrito de San Juan para procedimientos ulteriores no inconsistentes con esta opinión.

Opinión del Juez Asociado Se. Snyder,

disintiendo en cuanto al standing del contribuyente para entablar el presente recurso, y concurriendo en cuanto a los méritos del caso.

Disiento de la opinión de la ma'yoría de la corte en este caso porque creo que Massachusetts v. Mellon, 262 U.S. 447 es completamente aplicable y decisivo de este caso. La Corte Suprema de los Estados Unidos resolvió en dicho caso que un contribuyente no tiene standing para solicitar un injunction que prohíba el alegado expendio ilegal o inconstitucional de fondos públicos por los funcionarios del Gobierno. El hecho de que allí estaban envueltos fondos y funcionarios federales y no insulares en manera alguna afecta el principio enunciado en dicho caso. La opinión unánime de la Corte Suprema es-crita por el Juez Asociado Sr. Sutherland, dice a las páginas 488-9:

“Las funciones del gobierno bajo nuestro sistema son distribui-das. Al departamento legislativo se le ha encomendado el deber de hacer leyes; al ejecutivo el deber de ponerlas en vigor; y al judicial el deber de interpretarlas y aplicarlas en casos propiamente traídos ante las cortes. La regla general es que ningún departa-mento puede invadir las funciones de otro y ninguno puede contro-lar, dirigir y restringir la acción del otro. No estamos hablando ahora de deberes meramente ministeriales de funcionarios. Gaines v. Thompson, 7 Wall. 347. No tenemos poder per se para revisar y anular leyes del Congreso a base de que son inconstitucionales. Esa cuestión puede ser considerada solamente cuando la justificación de algún daño directo sufrido o amenazado, que presenta una cuestión justiciable, se hace descansar sobre tal ley. Entonces el poder ejer-citado es aquél de determinar y declarar la ley aplicable a la contro-versia. ... La parte que invoque el poder tiene que estar en apti-tud de demostrar no sólo que* el estatuto es nulo sino que ha sufrido o está en peligro inmediato de sufrir algún daño directo como resul-tado de su cumplimiento, y no meramente que él puede sufrir en alguna forma indefinida en común con el pueblo en general. . . . Aquí las partes demandantes no tienen tal caso. Mirando a través de las palabras a la sustancia de su petición, meramente expresa que funcionarios del departamento ejecutivo del gobierno están poniendo en vigor o se proponen hacerlo una ley del Congreso que se alega es inconstitucional; y se nos pide lo impidamos. El hacerlo no sería resolver una controversia judicial, sino asumir una posición de auto-.ridad sobre los actos gubernamentales de otro y coigual departa-mento, autoridad que claramente no poseemos.”

Esta corte ha citado con aprobación y ha seguido la doc-trina establecida en Alabama Power Co. v. Ickes, 302 U.S. 464, y Perkins v. Lukens Steel Co., 310 U.S. 113, que.van más lejos que Massachusetts v. Mellon al negar acceso a las cortes a aquellos que no reciben daño especial y directo en virtud de las disposiciones de lo estatutos que se atacan y de -la acción que bajo los mismos realizan los funcionarios. Colegio de Farmacéuticos v. Junta Insular de Farmacia, 60 D.P.R. 811; Gobierno de la Capital v. Consejo Ejecutivo de Puerto Rico, etc., et al., 63 D.P.R. 434, resuelto el 20 de abril de 1944. La opinión de la mayoría de la corte en este caso me parece estar claramente en conflicto con el principio estable-cido en Massachusetts v. Mellon y en nuestros propios casos.

El principio por el cual subsisten estos casos nunca ha sido expuesto en mejor forma que como lo expuso el Juez Córdova de la Corte de Distrito de San Juan en un caso similar al presente en el que dicho Juez Córdova resolvió que un contri-buyente no tiene standing para radicar un recurso como el aquí envuelto. En dicho caso, que nunca fuá apelado a este tribunal, el Juez Córdova empleó el siguiente lenguaje:

“No se trata de un tecnicismo. Se trata de algo fundamental al sistema de división tripartita de poderes. Mucho se ha discutido y combatido el poder que han asumido las cortes norteamericanas respecto a la determinación de la constitucionalidad de actos legisla-tivos y ejecutivos. La justificación de la actitud asumida por las cortes se encuentra en la necesidad de considerar la validez de esos actos, incidentalmente al determinar los derechos y las obligaciones de partes que plantean una controversia judicial alrededor de esos derechos y obligaciones. Nunca han pretendido, ni pueden pretender, las cbrtes actuar como fiscales del Ejecutivo y de la Legislatura. No tienen facultad para actuar en un vacío. El interés que pueda tener la comunidad, o cualquier ciudadano, como ciudadano, en los actos legislativos o ejecutivos, no es base suficiente para justificar la intervención del poder judicial. No quiere ello decir que aquellos desmanes legislativos o ejecutivos que no afecten directamente ios derechos de algún ciudadano o grupo de ciudadanos carezcan de san-ción. Otras sanciones, más efectivas aun que las judiciales, existen en una democracia. Y aunque no podemos decir que el Acta Orgá-nica ha provisto a Puerto Rico de un sistema de gobierno federal democrático, sí es evidente que ha establecido, en principio, el sistema de la división tripartita de poderes, dentro del cual no incumbe al poder judicial intervenir con los actos de los otros poderes a menos que lesionen directamente los derechos o intereses de algún liti-gante. ’ ’

Asumo que la cuestión del standing para poder radicar este recurso es una cuestión local, y que estamos en libertad de adoptar nuestra propia regla, aun al extremo de no seguir a Massachusetts v. Mellon. Pero estoy de acuerdo con Massachusetts v. Mellon. Y aun si no lo estuviera, vacilaría gran-demente antes de votar una regla contraria, debido al hecho de que la regla de Massachusetts v. Mellon emana del con--cepto básico constitucional de la separación de poderes. La Corte Suprema de los Estados Unidos sabiamente nos ha de-jado la decisión de cuestiones locales. Al desempeñar tan grave responsabilidad, estoy renuente a votar por un resul-tado contrario a una decisión de la propia Corte Suprema de íos Estados Unidos, particularmente en un caso que impugna nuestro poder para actuar, en la ausencia de un estatuto, en virtud de la doctrina de separación de poderes. Después de todo, esa teoría de gobierno vino a esta Isla de los Estados Unidos Continentales. La Corte Suprema de los Estados Unidos, aunque no está obligada a ello, por deferencia, ha dejado que esta Corte resuelva las cuestiones de derecho civil en los casos que le llegan procedentes de esta jurisdicción. ¿No deberíamos, en cambio, prestar deferencia a la Corte Suprema de los Estados Unidos en una cuestión tan fundá-mental a la forma americana de gobierno como lo es la sepa-ración de poderes?

Además, creo que es nuestro deber, como jurisdicción del derecho civil, actuar cautelosamente cuando se trata de injer-tar en nuestros estatutos generales el poder de las cortes para restringir la actuación de funcionarios, gubernamentales en ausencia de un estatuto específico que nos autorice para con-ceder tal remedio extraordinario bajo dichas circunstancias. (Véase Pueblo v. Escambrón Beach Club, 63 D.P.R. 761, re-suelto el 5 de junio de 1944). Aun en jurisdicciones del dere-cho común, algunos estados han rehusado conceder el remedio como el que aquí se solicita hasta que así lo dispusiera expre-sámente una Ley Estatal. La Corte- Suprema de los Estados Unidos' ha «dicho: “En la actualidad es claro que ni los daños ni la pérdida de ingresos derivados de la acción del Gobierno, que no es una invasión de derechos legales recono-cidos, son por sí mismos fuente de derechos legales, en ausen-cia de legislación constitucional reconociéndolos como tal.” (Bastardillas nuestras). ¿Cómo puede justificarse el re-sultado opuesto en una jurisdicción del derecho civil?

No dehemos olvidar el hecho de que las jurisdicción de las cortes de Puerto Pico depende de leyes aprobadas por la •Legislatura Insular (Título 48 U.S.C.A. Sección 861). Es nuestra Legislatura la que concede — y retira — la jurisdicción de nuestras cortes para expedir un injunction en éste o en cualquier otra clase de caso. Y no puedo encontrar estatuto alguno que autorice a nuestras cortes a expedir un injunction en éste. Esto por sí sólo debe ser suficiente para que nosotros no intervengamos.

Por tanto yo dejaría sin efecto la orden de entredicho y devolvería el caso a la corte de distrito con instruccionés de que lo desestimaran por los motivos antes expuestos.

Si estuviera expresando las conclusiones de la mayoría, esta opinión terminaría aquí. Pero no tengo compañía en cuanto a este aspecto del caso. Mis colegas han votado lo contrario y han resuelto que es • el deber de la corte pasar sobre las cuestiones - de derecho sustantivo aquí envueltas. En cuanto a los méritos del caso, estoy completamente de acuerdo con la opinión de la corte y concurro con ella.

        Leckenby v. Post Printing and Publishing Co. (1918) 65 Colo. 443, 176 Pac. 490; Rockne v. Olson, (1934) 254 N. W. 5 (Minn.); Wertz v. Shane (1933) 249 N. W. 661 (Iowa); Reid v. Smith (1940) 375 Ill. 147, 30 N. E. (2d) 908. Véanse, además, Conway v. New Hampshire, (1938) 199 Atl. 83, 86; Page v. King, 131 Atl. 707; Sun Cab Co. v. Cloud (1932) 159 Atl. 922; Stewart v. Stanley (1941) 199 La. 146, 5 So. (2d) 531; Goode v. Tyler (1939) 186 So. 129; State v. Kelly (1937) 274 N. W. 319; Fisher v. Marsh (1925) 113 Neb. 153, 202 N. W. 422; Castilo v. State Highway Commission (1925) 312 Mo. 244, 279 S. W. 673; Castle v. Kapena, 5 Hawaii 27, 28; Hall v. Blam, 148 So. 601; Carso v. Board, etc., (La. 1944) 17 So. (2d) 358.

        Crews v. Beattie (S. C.) 14 S. E. 2d 351; State v. Showalter (Wash.) 293 Pac. 1000; Sanders v. Ballard, (Ga.) 127 S. E. 851; State v. American, etc. (Tenn.) 72 S. W. (2d) 775; Pierce v. Smith, (Kan.) 29 Pac. 565; Deering v. Martin, (Fla.) 116 So. 54; Milwaukee etc. v. Hill, 241 N. W. 364; Asplund v. Hannett, 31 N. M. 641, 249 Pac. 1074.

       Otros casos de Louisiana sosteniendo la misma regla son: Donaldson v. Police Jury, 109 So. 34; Borden v. Louisiana Board of Education 123 So. 655 y Graham v. Jones, 3 So. (2d) 761.

        Croach v. Bennett, 17 S. E. 2d (S. C.) 320; Page v. King, 131 Atl. 707; Clark v. Crown Drug Co., 152 S. W. (2d) 145; Conway v. Water Resources Board, 199 Atl. 83; Leckenby v. Post Printing & P. Co., 65 Colo. 443; Gaston v. State Highway Dept., 132 S. E. 680; Fischer v. Marsh, 202 N. W. 422; White Eagle Oil etc. Co. v. Gunderson, 205 N. W. 614, 43 A.L.R. 397; Castilo v. State Highway Com., 279 S. W. 673; Anderson v. Houtes, 240 S. W. 647.

       Véanse Notas, 51 Harv. L. Bev. 897.

      (2) Puerto Meo Ilustrado, Inc. v. Buscaglia, civil número 41175, Injunction, Corte de Distrito de San Juan, noviembre 5 de 1942. La Corte Suprema de los Estados Unidos ha reiterado recientemente la misma idea. Ha dicho que la conclusión de que el peticionario “no tenga standing para demandar no descansa en un mero formalismo. Lo basamos en fundamentos adentrados hondamente en las divisiones constitucionales de autoridad en nuestro sistema de gobierno y la impropiedad de interpretaciones judiciales de ley a instancias de aquellos que sólo demuestran un mero posible daño al público.” (Perkins v. Lukens Steel Co., 310 U. S. 113, a la pág. 132). Como ya se lia dicho, (pág. 125) "para que los querellados tengan standing ante la Corte, deben demostrar que existe un daño o amenaza de daño a un derecho específico de ellos, tal como se distingue del interés del público en la administración de la ley.”

        Perkins v. Lukens Steel, supra, a la pág. 125.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Puesidente Señor Travieso

license: Public Domain

text:
    Ramón Alvarez, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, recurrido.
    Núm. 1147.

    Sometido: Julio 6, 1944.

      Resuelto: Julio 28, 1944.

      ‘Garlos D. Vázquez y L. Guerrero Nolle, abogados del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Puesidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El 2 de mayo de 1944 Ramón Alvarez expidió un pagaré al portador, garantizando la obligación consignada en el mismo con hipoteca sobre un automóvil de su propiedad.

Presentado dicho documento en-el registro de la propie-dad para su inscripción en el libro correspondiente, el regis-trador la denegó “porque . . . comprende una hipoteca so-.bre propiedad mueble en garantía de un pagaré al portador con la sola concurrencia del deudor, y la ‘Ley Hipotecaria de Propiedad Mueble’ ... no autoriza la constitución unilateral de las mismas, siendo necesario la concurrencia de acreedor y deudor, o sea, tiene que ser un contrato bilate- • ral para que pueda ser inscrito en el registro especial creado por la mencionada ley, de conformidad con sus expresas dis-posiciones.”

La única cuestión envuelta en el presente recurso es si una hipoteca sobre propiedad mueble, constituida para ga-rantizar un pagaré al portador es inscribible en el Registro de Hipoteca de Bienes Muebles, cuando la misma está única-mente firmada por el deudor hipotecario y constituida a favor del portador.

La Ley núm. 19 de 3 de junio de 1927, conocida como “Ley Hipotecaria de la Propiedad Mueble” en su see-ción 2 dispone qne “toda propiedad mueble estará sujeta a gravamen de índole hipotecaria de acuerdo con las disposi-ciones de esta ley”. La sección 3 establece que el gravamen hipotecario se constituye sobre la propiedad de una persona • llamada deudor hipotecario a favor de otra persona llamada acreedor hipotecario, definiendo la significación de la palabra “persona”, según la usa el estatuto. La sección 5 determina la forma en que debe otorgarse la hipoteca. Dicha sección dice como sigue:

“Sección 5. — Una hipoteca de propiedad mueble se considerará suficiente cuando se otorgue substancialmente de acuerdo con la si-guiente forma y se firme por el deudor y acreedor hipotecario que la otorgaren a presencia de dos testigos idóneos, quienes firmarán la hipoteca como testigos del otorgamiento de la misma, y el deudor hipotecario, o en su ausencia, su apoderado, con poder bastante hará y subscribirá una declaración jurada en substancia, según consta en la presente, la cual formará parte de la hipoteca. Dicha hipoteca y declaración jurada pueden ser impresas, dactilografiadas o manus-critas. ’ ’

Como puede verse, uno de los requisitos exigidos por la ley para que una hipoteca de bienes muebles se' considere suficiente es que la misma “se firme por el deudor y acree-dor hipotecario que la otorgaren”. Faltando este requisito dejó de cumplirse con una de las disposiciones esenciales de la ley para que tal hipoteca se considere suficiente y cree-mos, con el registrador, que la misma no es inscribible.

La “Ley Hipotecaria de Propiedad Mueble” es una ley especial. Consta ésta de diecinueve secciones en las que se regula la constitución, inscripción y ejecución de la hipoteca de bienes muebles conteniendo un formulario de dicha hipo-teca y su juramento. Así mismo dispone la inscripción de 'las hipotecas, así constituidas, en un registro especial. Nada tiene que ver esta ley con la Ley Hipotecaria y su Regla-mento relativa a la propiedad inmueble. Son dos leyes dis-tintas y de aplicación distinta.

Como ya hemos visto, la ley es clara. Es un requisito para la inscripción de la hipoteca de bienes muebles que tanto el deudor como el acreedor firmen el documento. La razón nos la da la sección 9 de la ley que dispone que:

“'Sección 9. — Ninguna propiedad mueble sobre la cual estuviere vigente una hipoteca de bienes muebles será removida del municipio en que se encontrare en la fecha del otorgamiento de la hipoteca sin el consentimiento por escrito del acreedor hipotecario, y si se otorgare dicho consentimiento, se inscribirá una copia certificada de la hipo-teca en el registro de la propiedad del distrito al cual fuere remo-vida dicha propiedad.”

La ley, pues, confiere ciertos derechos al acreedor que no estarían garantizados de no exigirse que el mismo sea una persona real o jurídica. Es necesario que el registrador sepa quién es el acreedor hipotecario para en el futuro poder au-torizar el traslado del bien hipotecado a otro registro y para poder expedir copia certificada de la hipoteca. Es muy nece-sario también que en el registro conste el nombre del acree-dor hipotecario para que el registrador sepa que la persona que autoriza el traslado del bien hipotecado, es dicho acreedor.

El recurrente cita en apoyo de su contención el caso de Arroyo v. Registrador, 55 D.P.R. 808, pero el mismo es fá-cilmente distinguible del caso de autos. Aunque en aquel caso también se trataba de un pagaré al portador con ga-rantía hipotecaria sobre propiedad mueble, sin embargo, el que pedía la inscripción era el acreedor, o sea el tenedor del documento, esto es, la persona que tenía derecho, en su día, a exigir el pago de la obligación. En aquel caso no se deci-dió si era o no necesario que el tenedor del pagaré firmase el mismo para que el documento fuese inscribible, ya que la cuestión no le fué planteada a este tribunal, pero como en este caso, ese el el problema que se plantea, creemos que bastan las razones antes expuestas para decidir que así debe hacerse.

Debe confirmarse la nota recurrida.


author: El Juez Presidente Señob Tbavieso

text:
    Ezequiel Martínez y Juan Rodríguez, demandantes y apelados, v. Domingo Torres, demandado y apelante.
    Núm. 8929.

    Sometido: Junio 15, 1944.

      Resuelto: Julio 28, 1944.

      Carlos E. Colón, abogado del apelante; E. Ramos Antonini y V. Gu-tiérrez Franqui, abogados de los apelados.
   El Juez Presidente Señob Tbavieso

emitió- la opinión del tribunal.

Ezequiel Martínez y Juan Rodríguez instaron acción de desahucio en precario contra Domingo Torres. Alegaban en la demanda que obtuvieron en arrendamiento de don Anto-nionio Pacheco, una finca con cabida de 105 cuerdas situada en el barrio Caimito de Yauco, P. R., en la cual ubican va-rias edificaciones. Que a pesar de que los demandantes es-tán usando la casa ubicada en dicha finca y seis o siete cuer-das de terreno alrededor de la misma, el demandado detenta el remanente de la finca con siembras esparcidas en distintos puntos de la finca, ejecutando actos de posesión sin pagar canon o merced de clase alguna. Que los demandantes han requerido al demandado para desalojar el fundo, y aún le han invitado para justipreciar las siembras que pueda tener dicho demandado, con miras a pagarle las mismas y obtener que el demandado abandone el predio descrito, todo ello sin que el demandado haya accedido, continuando, por el contra-rio, en la posesión precaria de la descrita heredad.

Contestó el demandado alegando que posee alrededor de veinticinco cuerdas, sembradas por él de tabaco y frutos me-nores, en la finca descrita en la demanda, pero que las mis-mas están en su poder con la aprobación, consentimiento y autorización del dueño del predio, don Antonio Pacheco, quien nunca ha restringido ni revocado el permiso eoncedí-dole al demandado para que cultive, posea y explote dichas 25 cuerdas sin exigirle canon ni precio por dicha 'concesión estando ésta basada en la relación de parentesco existente entre el demandado y don Antonio Pacheco, ya que el pri-mero está, casado con doña Elisa Pacheco Morales, hija del segundo. Que el demandado se halla en posesión de las re-feridas 25 cuerdas desde agosto de 1940, sin que su posesión de buena fe haya sido interrumpida en forma alguna. Negó que se le haya requerido para desalojar la parcela por él ocupada, o que se le haya ofrecido indemnización alguna por las siembras y obras.

Como materia nueva alegó el demandado que tanto los demandantes como los demás hijos de don Antonio Pacheco fueron citados por este último para que, de común acuerdo, se hicieran cargo de la finca repartiéndosela entre ellos, con la sola condición de que pagasen las contribuciones y sumi-nistrasen al dueño una pequeña renta de subsistencia por encontrarse don Antonio Pacheco muy entrado en años y querer retirarse a descansar. Que en esas condiciones fué que el demandado, con autorización de don Antonio Pacheco y todos los demás miembros de la familia, sembró varias ta-las de frutos menores y tabaco, ocupando unas 25 cuerdas del predio de 105 cuerdas que se describe en la demanda, siembras que valen alrededor de $400.

Como defensas especiales alegó, (1) que los demandantes no tienen capacidad legal para demandar, por estar su tí-tulo viciado de nulidad y por carecer de personalidad jurí-dica para instar acción de la índole de la que ejercitan; (2) que la demanda no aduce hechos suficientes constitutivos de causa de acción; (3) que el demandado es un sembrador de buena fe y no se le han indemnizado en forma alguna sus plantíos y obras, y (4) que la Ley núm. 14 de 21 de noviem-bre de 1941 ( (2) pág.,45) impide la expedición de una orden de lanzamiento en el presente caso.

Celebradas las dos comparecencias que establece la ley de desahucio (artículos 623 y 625, Código- de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933), la corte inferior, el 10 de febrero de 1944, dictó sentencia declarando con lugar la demanda pero dispo-niendo, sin embargo, que dentro del término de ley ... se proceda a nombrar un perito por cada parte, que realicen avalúo de la siembra existente en el predio y que los deman-dantes hagan efectivo dicho valor al demandado antes de ordenarse un lanzamiento en el caso, y de no haber concu-rrencia en dichos peritos en cuanto al justiprecio, el Tribunal nombrará un tercero a dichos fines.”

No conforme con dicha sentencia el demandado ha ape-lado de la misma para ante este tribunal, señalando la comi-sión de cinco errores por la corte inferior.

En sn primer señalamiento alega el apelante que la corte inferior cometió error “al no considerar y en sn consecuencia desestimar la demanda, la defensa especial del demandado-apelante al efecto de que los demandantes-apelados carecen de capacidad legal n par a demandar por estar su título viciado de nulidad absoluta y ser el mismo inexistente. ’ ’

Alega el apelante que el contrato de arrendamiento en que basan su título los demandantes apelados es inexistente por ser el mismo simulado, razón por la cual alega puede ser atacado colateralmente en la acción de desahucio.

Es cierto que un demandado en acción de desahucio puede atacar el título del demandante, pero para ello es preciso que los vicios de que tal título adolezca lo hagan nulo e inexis-tente y no meramente anulable. Martínez v. Figueroa, 50 D.P.R. 951. Sin embargo, en el caso de Colón v. Colón, 51 D.P.R. 97, 103, este tribunal dijo lo siguiente:

“La teoría de todos estos casos es que el demandante en un pleito de desahucio que presenta un título válido hasta que el mismo se invalida, tiene derecho a la inmediata posesión en tanto en cuanto se determina judicialmente en cualquier otro recurso, la validez de su título. La doctrina de tales casos es inaplicable cuando la, parte de-mandada en un pleito de desahucio, se encuentra en posesión a título de dueña, alega hechos suficientes para demostrar la nulidad abso-luta del título del demandante y aduce suficiente prueba para indicar que su defensa no es un pretexto. (Citas)”

En el caso de autos el demandado no está en posesión a título de dueño. De los autos surge claramente que su te-nencia de la finca es en precario. Tanto su contestación a la'demanda como la prueba tienden a establecer este hecho. Siendo ello así su posesión es una originada en la mera to-lerancia del dueño actual de la finca por cuya posesión no paga renta ni merced alguna. Su posesión depende única-mente de la voluntad del dueño y siendo ello así no puede atacar colateralmente la validez del título de los demandan-tes, ya que su posición de precarista y los hechos que alega no son suficientes para demostrar la nulidad absoluta del título de los demandantes. Estos han presentado en eviden-cia, y ha sido admitida por la corte sin oposición del deman-dado una escritura pública en la cual el dueño de la finca le arrienda a los demandantes la parte de la finca objeto del desahucio, arrendamiento que fue debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad de San Germán. No se ha come-tido el primer error señalado.

Establecida la posesión en precario del demandado, pasemos ahora al segundo señalamiento que es en el sentido de que la corte inferior cometió error “al determinar que el demandado no es un sembrador de buena fe.”

La corte inferior, en su opinión, se expresó como sigue:

“De un estudio de la evidencia, encontramos que al tiempo en que el demandado estaba comenzando a arar para sembrar una tala se personó en su finca don Antonio Pacheco Rodríguez, acompañado de un policía y le prohibió que continuase cultivando o que sembrase en dicha finca, manifestándole al mismo tiempo que la misma estaba otorgada en arrendamiento a los aquí demandantes. El demandado Domingo Torres no obedeció a este mandato del dueño ni a los pos-teriores requerimientos de los demandantes a los efectos de que fuese entregada la finca a ellos en virtud de la escritura antes citada, que daba a ellos el derecho de arrendamiento y, por el contrario, continuó en el cultivo de la finca y sembró las plantaciones que ahora alega tener. Este tribunal entiende que el demandado Domingo Torres no puede aducir la alegación de sembrador de buena fe a la luz de estos Lechos, cuando le constaba por las propias advertencias del dueño, arrendador,- no haber derecho a plantar o edificar en el suelo que había sido cedido en arrendamiento a los aquí demandantes. ’ ’

La conclusión a que llega la corte inferior está sostenida por la prueba ofrecida en el juicio. Es cierto que en la de-manda no se alega la mala, ie del demandado, pero sin. embargo el demandado en su contestación alegó ser sembrador de buena fe y a tal efecto introdujo prueba que fué contro-vertida por los demandantes. Por consiguiente, la cuestión envuelta es si en una demanda de desahucio en precario es necesario alegar la mala fe del demandado para que la misma pueda prosperar.

Creemos que la cuestión en el caso de autos carece de importancia. Habiéndose introducido prueba sobre la buena fe del demandado y habiéndose ofrecido prueba en contrario a tal efecto, la.cuestión fué una que estuvo ante la corte y ésta en su opinión no hizo más que resolver un conflicto de evidencia surgido en el caso. Si la demanda era o no de-fectuosa carece de importancia toda vez que los defectos, de que la misma adolecía fueron suplidos por la prueba y debe considerarse la demanda enmendada para conformarla a tal prueba.

“La regla general de derecho es que la prueba que la corte tuvo ante sí justificó la sentencia dictada en el caso, pudiendo tal sentencia suplir o subsanar defectos en las ale-gaciones.” Burgos v. Crespo, 48 D.P.R. 525.

También ha dicho este Tribunal que “las alegaciones de una demanda pueden considerarse como enmendadas para cubrir un punto de vista sustentado por y que claramente estuvo ante la corte a quo.” Ruberté v. American Railroad Company, 52 D.P.R. 371. (Véanse además los casos de F. Gavilán & Cía. v. Vda. de Garriga e hijos, 38 D.P.R. 416; Franqui v. Fuentes Hnos., 41 D.P.R. 224.)

Además, el hecho de haberse presentado prueba sobre la buena o mala fe del demandado no constituyó un elemento de sorpresa para éste ya que la iniciativa en cuanto a esta cues-tión la tomó el demandado y ningún, perjuicio se le causó que él no hubiera podido prever. f

Habiendo sido destruida la presunción de buena fe que acompañaba al demandado como sembrador, no ereemos que la corte inferior cometiera error al determinar que éste no era un sembrador de buena fe, razón por la cual no ereemos se cometiera el segundo error señalado.

En su tercer señalamiento alega el apelante que la corte inferior cometió error “al no considerar y declarar con lugar, desestimando la demanda, la defensa especial del demandado apelante en el sentido de que la demanda en este caso no aduce hechos constitutivos de causa de acción, así como la prueba aportada en su apoyo.”

Como fundamento de este señalamiento alega el apelante que: (1) “tratándose de una acción de desahucio en preca-rio y alegándose en la misma, sin que se alegue mala fe, que existen siembras cultivadas y sembradas por el demandado en la acción, cuya propiedad le*pertenece, es necesario se encamine alegación de que previa la radicación de dicha de-manda se ha satisfecho el valor justo y razonable de las siembras; y a falta de esa alegación la misma no aduce hechos.

“(2) . . . tratándose de una acción de desahucio en pre-cario y alegado en la demanda existen siembras hechas por el demandado en el fundo objeto del litigio cuyo pago pre-vio no se ha efectuado, es necesario se encamine en la misma algación específica de mala fe por parte del demandado al efectuar dichas siembras.”

No creemos tenga razón el apelante. Los casos que cita para sostener su contención no son, on nuestra opinión, de estricta aplicación al caso de autos. En el caso de Rivera v. Santiago, 56 D.P.R. 381, al tomar posesión de la finca los demandantes, “encontraron allí a los demandados ocupando dos casas de madera, techadas de zinc, construidas por ellos poco después del ciclón de San Felipe, precisamente en los sitios que habían ocupado con otras casas construidas tam-bién por ellos allá por el año 1903 ó 1904, que fueron des-truidas por el indicado ciclón.”

Y en el caso de Reyes v. Vásques, 58 D.P.R. 786, dijo este tribunal (a la pág. 790 in fine y 791): “Son hechos acepta-dos por ambas partes que les demandados construyeron a sus expensas y son dueños de las dos casas en cuestión, las cuales ocupan, con sus familiares; que esas casas existían donde ahora se encuentran desde mucho antes de que el de-mandante adquiriese la finca de tres cuerdas; y que el de-mandante al adquirir la finca tenía pleno conocimiento de la existencia de dichas casas.”

Como se ve, en ambos casos, citados por el apelante, al entrar en posesión los demandantes ya los demandados es-taban en posesión del inmueble objeto de la acción. Era justo que su posesión fuera protegida por la presunción, juris tcmtum de buena fe. Ésa es la regla que ha seguido este Tribunal en los casos de Rivera v. Santiago, supra, Carrasquillo v. Ripoll y Montalvo, Int., 56 D.P.R. 318; Carrasquillo v. Ripoll y Maldonado, Int., 56 D.P.R. 395; Reyes v. Vázquez, supra y Pueblo v. Carrasquillo, 58 D.P.R. 176.

En el caso de autos el demandado entró en posesión es-tando ya en posesión el dueño de la finca, don Antonio Pacheco. La presunción en estos casos es la establecida por el Código Civil (ed. 1930) en sus artículos 287, 288 y 294. El primero de estos artículos establece que “la propiedad de los bienes, ya sean muebles o inmuebles, lleva consigo el de-recho por accesión, a todo lo que ellos producen o se les une o incorpora, natural o artificialmente.” El artículo 288 dice:

‘ ‘ Pertenecen al propietario:
“1. Los frutos naturales.
“2. Los frutos industriales.
“3. Los frutos civiles.”

Y el artículo 294: “Lo edificado, plantado o sembrado en predios ajenos y las mejoras o reparaciones hechas en ellos, pertenecen al dueño de los mismos, con sujeción a lo que se dispone en los artículos siguientes.”

Es decir, la presunción en este caso era a favor del dueño del inmueble, sobre todo habiendo el demandado aceptado desde un principio ser un precarista, esto es, que no tenía título o derecho alguno salvo la tolerancia o condescendencia del dueño. (Véase Municipio de Ponce v. Collazo, 56 D.P.R. 509, 512 y siguientes donde este tribunal bace un estudio muy completo de lo que se entiende, por precario.) Su posesión dependía de la voluntad del dueño. '

Ya bemos dicho que la prueba tendió a demostrar que el demandado en el caso de autos no solamente ocupó con sus siembras y plantíos una parte de la finca en la cual no tenía derecho a estar, sino que su posesión y los trabajos que allí realizó fueron en contra de la voluntad del dueño. Su mala fe ha sido más que probada. Ningún derecho tenía el de-mandado a que se le abonaran los gastos incurridos en la siembra y cultivo de las plantaciones que en la parte de la finca objeto del desahucio, tenía. A lo más que tal vez hu-biese tenido derecho es a la indemnización que establece el artículo 18 de la Ley de Desahucio (artículo 637, Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933) pero sus reclamaciones no hubiesen sido obstáculo para el lanzamiento del demandado.

En el caso de autos no se trataba, como en los casos antes citados, de edificaciones de carácter permanente sino de siembras o plantíos de frutos menores los cuales general-mente dan una sola cosecha, y si dan alguna otra, es de tan poca importancia que su valor no merece consideración. En el caso de Aybar v. Jiménez, 60 D.P.R. 745, 747, m fine, et seq. esta Corte hace una distinción de la doctrina sentada en los casos de Pueblo v. Carrasquillo, 58 D.P.R. 176 (supra) y Palermo v. Corte, 58 D.P.R. 189 estableciendo una distin-ción en cuanto a construcciones o edificaciones de carácter permanente y aquellas que son de carácter movible y están unidas al suelo en forma accidental. En aquel caso (Aybar v. Jiménez, supra) dijo esta corte (pág. 748, in fine):

“A base de una premisa falsa no puede llegarse a una conclusión correcta. Y la premisa falsa consiste en que se ha querido aplicar la jurisprudencia establecida en dichos casos, que se refiere a edi-ficaciones de carácter permanente, como una casa, que en sí no es una mejora útil o de recreo; y cuando ellas han sido construidas de buena fe, con el consentimiento expreso o implícito del arrendador, dueño del terreno, a los hechos especiales del caso de autos que no justifican su aplicación, y en el cual, probados los demás hechos nece-sarios, debió declararse con lugar la demanda de desahucio.
“Si no aceptamos la interpretación que algunos comentaristas y tribunales citados por la corte inferior hayan podido dar a la natu-raleza y extensión de lo que constituye una mejora útil o de recreo, en relación con la edificación de una casa es porque preferimos se-guir la moderna tendencia de interpretar la ley liberalmente de ma-nera que se haga completa justicia a las partes, en un procedimiento plenario, en el que puedan dilucidarse y resolverse estas cuestiones que, por su naturaleza, no pueden ser determinadas en el procedi-miento sumario de desahucio.
“Nuestras decisiones, tanto en los casos de Carrasquillo y de Palermo, supra, como en los de Rivera v. Santiago, 56 D.P.R. 381 y Carrasquillo v. Ripoll y Maldonado, Int., 56 D.P.R. 395, están ins-piradas en estos principios y su alcance es solamente al efecto de que no es en el procedimiento sumario de desahucio que debe y puede determinarse el montante de la reclamación a- que pueda tener de-recho un demandado por lo que ha edificado con carácter perma-nente con el consentimiento del dueño del terreno, a menos que exista un pacto que regule los derechos de los litigantes, y que al desestimarse la demanda siempre se hará sin perjuicio de que se recurra a la acción ordinaria correspondiente dentro de la cual po-drán dirimirse los derechos de una y otra parte.”

Ya hemos visto que en' el caso de autos se trata de plan-tíos o sembrados de frutos menores. La misma distinción que se hizo en el caso de Aybar, supra, cabe en este caso. Con ordenar el lanzamiento del demandado de la finca y asi-mismo ordenar una tasación de sus plantíos o sembrados se-gún dispone la Ley de Desahucio en su artículo 18, ningún daño se le causaba al demandado que no pudiera ser repa-rado, máxime cuando los demandantes alegaban en su de-manda estar dispuestos a indemnizar al demandado, previa tasación, el valor de dichas plantaciones.

Si algún error cometió la corte inferior fue no ordenar el lanzamiento del demandado, sin concederle compensación por los frutos pendientes, toda vez que la propia corte resolvió que el demandado era un poseedor 'de mala fe. Empero, como el demandante no apeló de la sentencia no podemos alterarla en cuanto a ese pronunciamiento.. Artículo 298 Código Civil. No habiendo habido en el juicio objeción al-guna de parte de los demandantes a satisfacer el valor de las cosechas y no habiéndose alegado expresamente la mala fe del demandado, no creemos se hubiese cometido injusticia alguna a los demandantes de haber la corte dictado senten-cia de acuerdo con el citado artículo 18 de la Ley de Desa-hucio y creemos la sentencia debió ser modificada en cuanto a este extremo. Pero como la corte inferior se demoró cerca de dos años en dictar su sentencia el demandado tuvo más que sobrado tiempo de recoger las cosechas de sus siembras y plantíos y de resarcirse los gastos en que incurriera al ha-cerlas.

No creemos deba pasarse por alto el hecho de que la corte inferior se demorara cerca de dos años en dictar sentencia en este caso. La acción de desahucio es una acción de natu-raleza sumaria y los intereses de las partes están mejor pro-tegidos cuando las cortes cumplen su deber con la rapidez que la ley determina. Nos parece que la corte inferior de-bió haber actuado con la rapidez que el caso exigía pues nada encontramos en el récord ante nos que tienda a justificar que se haya dejado pasar tanto tiempo sin resolver una acción de carácter sumario.

Por las razones antes expuestas no creemos se cometiera el tercer error señalado.

Los dos últimos señalamientos son en el sentido de que la corte inferior erró “al apreciar la prueba aportada con ma-nifiesto abuso de discreción” y “al dictar una sentencia . . . que es a todas luces contraria a las alegaciones y las prue-bas aportadas por las partes en litigio y a la ley y la juris-prudencia aplicables a la materia objeto del presente caso.”

Por lo que antes hemos dicho no creemos necesario entrar a considerar las cuestiones planteadas por el apelante en estos dos señalamientos de error. Creemos que con lo dicho basta para establecer que los mismos no fueron cometidos.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Presidente Señor Travieso

text:
    Francisco G. Planas, demandante y apelado, v. Anna Chambers, demandada y apelante.
    Núm. 8804.

    Sometido: Junio 2, 1944.

      Resuelto: Julio 28, 1944.

      José Otero Suro y Henri G. Molina, abogados de la apelante; Arturo Ortiz Toro, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor Travieso

Francisco G. Planas entabló demanda de divorcio contra su esposa Anna Chambers, alegando como causal la separa-ción completa y absoluta de ambos cónyuges durante el tér-mino fijado por el artículo 96, inciso 9 del Código Civil (ed. 1930), enmendado por la Ley núm. 62 de abril 29 de 1942 ((1) pág. 583).

En abril 28, 1943 la Corte de Distrito de San Juan dictó sentencia declarando con lugar la demanda. No estuvo con-forme la demandada y estableció el presente recurso. Para sostenerlo alega que la corte inferior incurrió en error al no conceder a la demandada una pensión alimenticia en propor-ción a su condición y medios de fortuna.

Antes de proceder a considerar la única cuestión legal en-vuelta en este recurso, debemos hacer constar que son hechos admitidos por ambas partes que no existen bienes ganancia-les; que el demandante Planas no tiene propiedades que le produzcan rentas o ingresos de clase alguna; y que sus in-gresos consisten exclusivamente del sueldo que percibe de Warner Brothers, First National South Films, Inc., ascen-dente a $95 semanales.

¿Está obligado el marido que obtiene sentencia de divorcio por la causal de separación durante el período esta-tutario, a pagar una pensión alimenticia a la que fue su es-posa, aun cuando carezca de bienes que le produzcan rentas o ingresos de alguna clase?

El artículo 109 del Código Civil, edición de 1930, lee así:

“Si la mujer que lia obtenido el divorcio no cuenta con suficientes medios para vivir, la corte de distrito puede asignarle alimentos dis-crecionales de los bienes que sean de la propiedad del marido, sin que pueda exceder la pensión alimenticia de la tercera parte de la renta de aquéllos. ’ ’

De acuerdo con dicho artículo, son dos las condiciones que deben existir para que la corte de distrito pueda, en uso de su discreción, conceder a la esposa divorciada una pensión alimenticia: (a) que haya sido la mujer la que obtuvo el divorcio; y (ó) que el marido tenga bienes de su propiedad que le producen rentas o beneficios.

En el caso de autos, la demanda fue interpuesta por el marido y la sentencia dictada a su favor. Una interpretación estricta del estatuto no daría a la demandada y apelante el derecho a reclamar una pensión, ni a la corte facultad para concedérsela, por no haber sido ella la que obtuviera senten-cia a su favor.

Arguye la apelante, que habiéndose basado la demanda en la causal de separación de ambos cónyuges (artículo 96 del Código Civil, enmendado por la Ley núm. 46 de mayo 9, 1933 [Leyes de 1932-33, pág. 305] y por la Ley núm. 62 de abril 29, 1942) y disponiéndose por dichas leyes que “siempre se considerará como cónyuge inocente a la mujer con todos los derechos inherentes a tal condición como consecuencia del divorcio”, la corte inferior erró al no resolver que ella como cónyuge inocente tiene un derecho inherente a que se le con-ceda una pensión alimenticia.

Asumiendo, sin resolverlo por ser innecesario para la de-cisión del presente recurso, que la esposa en un caso como el de autos tenga derecho a reclamar una pensión alimenticia que no podrá exceder de la tercera parte de las rentas produ-cidas por los bienes propiedad del marido, el error, si alguno se hubiere cometido, en nada ha podido perjudicar a la ape-lante, y no causaría por tanto la revocación de la sentencia recurrida, por carecer el marido de bienes que le produzcan rentas.

El artículo 89 del Código Civ-il (ed. 1930) citado por la apelante, por el que se dispone que “el marido debe prote-ger a la mujer y satisfacer sus necesidades en proporción a su condición y medios de fortuna”, no es de aplicación a una situación como la que nos presenta el caso de autos. Ese ar-tículo, cuyo propósito es definir y regular los derechos y obligaciones entre marido y mujer, no es aplicable cuando el vínculo matrimonial ha quedado definitivamente disuelto. El artículo aplicable es el 109, supra. Así lo resolvió esta Corte Suprema en Frías v. Hernández, 35 D.P.R. 696.

Esta. Corte Suprema, en Frías v. Hernández, supra, tuvo ante sí la misma cuestión aquí envuelta y al resolverla en contra de las contenciones de la aquí apelante, se expresó así:

“. . . en el caso de Jackson v. Burns, 116 La. 695, la Corte Su-prema del estado estableció la siguiente doctrina:
“ ‘De acuerdo con el artículo 160 del Código Civil, a la mujer que ha obtenido el divorcio sólo pueden concedérsele alimentos de los bienes pertenecientes al marido y nunca en exceso de la tercera parte de las rentas de éste. La palabra “bienes” tal como se emplea en dicho artículo no significa capacidad para ganar dinero, ni tampoco la palabra “rentas” denota las ganancias corrientes que resultan del trabajo. ’
“Y en Minnesota la Corte Suprema del estado en el caso de Wilson v. Wilson, 67 Minn. 444, 448, se expresó así:
“ ‘Por el artículo 4807 de los Estatutos Generales de 1894 la corte está, autorizada en todos los divorcios por cualquier causa ex-cepto el adulterio de la mujer, a asignar y conceder a la misma, de los bienes del marido, aquella pensión alimenticia que estime justa y razonable, teniendo en consideración la capacidad del marido para darla, el carácter y situación de las partes y todas las demás circuns-tancias del caso, y puede en su propia orden bacer de dicba pensión una carga específica sobre cualquier propiedad real del marido.
“ ‘Pero la asignación total hecha en favor de la mujer, de los bienes del marido, bajo las disposiciones de este artículo, en ningún caso excederá, en valor actual, de una.tercera parte de los bienes muebles del marido y del valor de su viudedad (dower).
“ ‘La limitación así impuesta por el estatuto parece ser manda-foria, y su efecto morigerador es impedir a la corte el conceder a la mujer más de la tercera parte del valor presente de los bienes mue-bles e inmuebles del marido. Es muy plausible y también muy justa la contención de que cuando el marido carece de bienes muebles e inmuebles, pero tiene entradas de consideración por sus servicios profesionales o por otra causa, no debe permitírsele vivir lujosamente mientras su mujer padece hambre, especialmente cuando el es el culpable de que ella se viera obligada a solicitar el divorcio. Pero el remedio de" esta situación está en las manos de la Legislatura y no de la corte. La legislatura ha fijado en términos precisos el status de los derechos de las partes en pleitos de divorcio y de los derechos incidentales sobre propiedad en tales casos; y como no encontramos autoridad que permita conceder a la mujer más de lo fijado en el estatuto de referencia, la sentencia de la corte inferior, debe ser modificada y dejada sin efecto la asignación de $360.’ ”

Por las razones expuestas debe confirmarse la sentencia recurrida.