author: El Juez Asociado Señor- Texidor,

text:
    Aquilina Villanueva Carballo, demandante y apelada, v. Juan Suárez Pérez y su esposa Mercedes Zengotita y Gumersindo Falú, demandados y apelantes los dos primeros.
    No. 4694.

    Sometido: Junio 18, 1929.

      Resuelto: Mayo 27, 1930.

      Feliú & La Costa, abogados de los apelantes; M. Martínez Dávila, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor- Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

De la relación del caso y opinión del Juez de la Corte de Distrito de San Juan, en este pleito, copiamos aquí, como •declaración de hechos probados en el juicio, lo que sigue:

.“Que la demandante Aquilina Villanueva Carballo, es heredera testamentaria de Manuel Falú Benitez, que falleció el día 22 de no-viembre de 1923,' según escritura número treinta de fecha 28 de agosto de 1923 otorgada en Río Piedras, ante el notario don Enrique Díaz Viera, habiendo 'sido nombrada heredera en la mitad de los bienes del causante Manuel Falú Benitez en usufructo, y también heredera de la mitad de la nuda propiedad de los bienes en que recayera su cuota usufructuaria. La demandante era esposa del «causante Manuel Falú Benitez.
“Que el demandado Gumersindo Falú ,fué también instituido he-redero del causante Manuel Falú Benitez, 'según la dioba escritura de testamento número treinta de fecha 28 de agosto de 1923, otor-gada ante el dicho notario Enrique Díaz Viera.
“Que el demandado Gumersindo Falú fué nombrado albacea en-cargado de cumplir la última voluntad del causante Manuel Faln Benitez, según consta del dicho testamento arriba reseñado.
“Que en virtud de la escritura de partición, liquidación y adju-dicación de bienes del causante Manuel Falú Benitez, otorgada ante el notario don Enrique Díaz Viera, bajo el número trece del proto-colo de dicho notario en el mes de julio de 1924, le fueron adjudica-dos al demandado Gumersindo Falú, entre otros bienes, para el pago-de una hipoteca, garantizada dicha hipoteca con pagarés hipoteca-rios al portador, la siguiente finca:
“ ‘RustiCA: que radica en el Barrio de Sabana Llana, en el tér-mino municipal de Río Piedras, compuesta de 161.52 cuerdas, equi-valentes a 63 hectáreas, 48 áreas y 37 centiáreas. Colinda al Norte-con tierras de Ii. A. McKormick, la Laguna de San José y un caño; por el Sur, con terrenos de la Laguna Fruit Co.; por el Este con. la finca Campo Rico, por el Oeste con Rufino Febres antes, hoy A. J. Sykes como ante’s, y también hoy con terrenos que de la finca fueron-segregados y que pertenecen a Scoville & Co.’
“Que la finca anteriormente descrita le fué adjudicada al deman-dado Gumersindo Falú, en su carácter de albacea testamentario, para, el pago de la hipoteca a que se ha hecho referencia anteriormente, en la suma de veinte mil dollars ($20,000), con la expresa condición y bajo la estipulación entre los herederos testamentarios de Manuel1 Falú Benitez, que aunque dicha finca tenía un valor mayor de veinte-mil dollars, se adjudicaba en dicha suma, para que si era vendida en una suma mayor de veinte mil dollars, el exceso del precio en que-fuera vendida sería repartido entre dichos herederos testamentarios-da Manuel Falú Benitez, en la parte que le correspondiera según dicho testamento.
“Que el demandado Gumersindo Falú tenía conocimiento de este-convenio, así como también el demandado Juan Suárez Pérez tenía conocimiento del mismo convenio ya antes relatado.
‘ ‘ Que los demandados Gumersindo Falú y Juan Suárez Pérez ges-tionaron y vendieron la finca reseñada y descrita en el hecho cuarto-de la demanda, a don Ángel Fernández Ortiz, de Naguabo, en la-suma de veinte y seis mil dollars, o sea, seis mil dollars en exceso del precio por el cual fué dicha finca adjudicada en la dicha escritura de partición, liquidación y adjudicación de biene's, otorgada ante eL notario Enrique Díaz Viera.
“Que dichos demandados Gumersindo Falú y Juan Suárez Pérez se confabularon entre sí, y valiéndose de falsas simulaciones, hicieron aparecer en la escritura de venta llevada a cabo ante el notario don .Heriberto Torres Sola, en el pueblo de Báo Piedras, bajo el número 252 de fecha 23 de septiembre de 1924, que dicha ñnca había sido vendida 'solamente en la súma de veinte mil dollars, cuando en reali-dad el verdadero precio y consideración de dicha venta efectuada por la dicha escritura número 252, otorgada ante el notario Torres Sola, era la suma de veinte y seis mil dollars, de lo's cuales, los deman-dados Gumersindo FaM y Juan Suárez Pérez recibieron la suma de veinte mil dollars, de contado, de manos del comprador de dicha ñnca, .don Ángel Fernández Ortiz.
“Que en la misma fecha de septiembre 23 de 1924 y ante el notario don Heriberto Torres Solá, .el comprador don Ángel Fernán-dez Ortiz, por la escritura número 253, constituyó hipoteca volunta-ria a favor del demandado Juan Suárez Pérez, por la. suma de seis mil dollars, que era el resto del precio de la finca, aplazado dicho pago, para el cumplimiento de ciertas obligaciones contraídas para con el comprador de dicha finca, por parte de uno de los demandados,. Juan Suárez Pérez.
‘ ‘ Que a la demandante le corresponde del exceso de seis mil dollars en que fué vendida la finca, y del precio que fué adjudicada, la suma de tres mil dollar's.
“Que los actos ejecutados por los demandados Falú y Suárez Pérez son una confabulación maliciosa, una conspiración llevada a cabo entre dichos demandados para defraudar a la demandante en la parte que le corresponde del exceso de precio de la venta, según aparece de las dichas escrituras No's. 25.2 y 253, otorgadas ante el re-ferido notario H. Torres Sola.5’

Y sobre esos hechos la corte dictó sentencia declarando' con lugar la demanda de Aquilina Villanueva, en lo que ésta había solicitado que se condenara a Juan Suárez Pérez y Gumersindo FaM, mancomunada y solidariamente a pagar a la demandante tres mil dollars, y las costas, gastos y hono-rarios de abogado.

Contra esa sentencia se interpuso el presente recurso de-apelación, señalándose por el apelante Juan Suárez Pérez, los siguientes errores:

“I. Al concluir y dar por probado que la adjudicación de bienes; a que se refiere la demanda se hizo sujeta a convenio alguno entre-los herederos del causante Falú Benitez sobre distribución del exceso-de precio por que se vendiera la finca adjudicada.
“II. Al concluir y dar por probado que el apelante Suárez Pérez tenía conocimiento de tal supuesto convenio.
“III. Al concluir y dar por probado que la tal finca 'se vendió por más del precio por que fué adjudicada.
“IV. Al concluir y dar por probado que el apelante Suárez Pérez y el demandado Falú se confabularon y se valieron de falsas simula-ciones para hacer aparecer, e hicieron aparecer, que la tal finca se vendió por un precio más bajo del que en realidad lo fué.
“V. Al concluir y dar por probado que 'los actos ejecutados por ■el apelante Suárez Pérez en el presente caso constituyen una confa-bulación maliciosa y conspiración de éstos para defraudar a la de-mandante de la supuesta participación que le correspondiera en el supuesto exceso, del precio de venta de la dicha finca.
“VI. Al denegar la moción de nonsmt de estos apelantes.
“VII. Al dictar sentencia a favor de la apelada y condenar a los -demandados al pago de $3,000.00 e imponer a éstos la's costas.
“VIII. Al permitir que la demandante probara, en perjuicio de estos apelantes, y con evidencia oral, la existencia del supuesto con-venio de distribución del exceso del precio de venta de la dicha finca. ’ ’

Empezaremos por el supuesto error eu la denegación -de la moción de nonsuit.

Se ha declarado por este tribunal que en el caso de haber ■■alguna prueba de las alegaciones esenciales de la demanda no cabe la concesión de una moción de nonsmt.

“La idea de la palabra nonsmt significa que el demandante no ha probado un caso prima facie.” Gandía v. Porto Rico Fertilizer Co., 128 D.P.R. 555.
“. . . una moción de nonsuit es semejante a una excepción peren-toria a la prueba.” Vargas v. Monroig e Hijos, 15 D.P.R. 27, y Méndez v. Banco Comercial, 26 D.P.R. 647.
“La sentencia de sobreseimiento por falta de prueba (nonsuit) ha de descansar en la carencia de prueba del demandante para sos-tener su demanda, pero en ella-no se aquilata la prueba.” González v. González, 30 D.P.R. 825, y Calcerrada v. American Railroad Co., 35 D.P.R. 873.

- Y en el caso López v. Sánchez, 22 D.P.R. 558, se cita con. aprobación la doctrina del caso Cummings v. H. & L. S. & R. Co., 26 Mont. 441, en que se dijo:

"En una moción de nonsuit todo lo que de la prueba resulte de modo suficiente en favor del demandante deberá considerarse coma establecido; en otra's palabras, al ser interpuesta dicha moción debe presumirse que es cierta la prueba que tiende a sostener el caso del demandante y deberá ser considerada en el sentido más favorable para él, y lo que la prueba tiende a mostrar debe ser tenido como' probado. Esta bien conocida regla con frecuencia-ha 'sido enunciada y aplicada por este tribunal.

A la luz de esta jurisprudencia, y habiéndose presentado-por el demandante prueba tal como la declaración de Gumer-sindo Falú, la de Estanislao Torres, y la de Angel Banucbi, y otras, acerca de los hechos fundamentales de la demanda,, la corte de distrito procedió con acierto al denegar la moción.

Se hallan de tal manera relacionados entre sí losdemás señalamientos de error, que se pueden tratar dividiéndolos en grupos: uno el relativo a la admisibilidad de cierta prueba; otro el- relativo a la apreciación de la prueba de un convenio adicional; otro que se refiere a la apreciación de la prueba- de confabulación y fraude.

Se ha mantenido por la demandante • que al hacerse la partición de bienes de la herencia de Manuel Falú Benitez se convino entre los herederos que si resultaba algún exceso del precio de venta de la finca que se adjudicó a Gumersindo-Falú para el pago de deudas, tal exceso sería dividido éntre-los herederos.

La parte apelante sostiene que este convenio no pudo-probarse por evidencia oral (señalamiento VIII) y que la prueba fué adversa a la existencia de tal convenio (argu-mentación del señalamiento I).

Al tratar del señalamiento VIII, el apelante sostiene que-si se llegó a un convenio en cuanto a que se distribuyera entre los herederos el posible exceso de valor, si resultaba,, este convenio no fué celebrado con Suárez, y no pudo admi-tirse esa prueba en cuanto a él.

La alegación 6 de la demanda dice, en efecto, que entre los herederos se llegó a aquel convenio. En la número 7 se-establece que Suárez tenía conocimiento de aquel convenio. Y al contestar Suárez la demanda (pág. 36, récord) ha negado general y específicamente todos y cada uno de los hechos alegados. Se ha establecido, pues, la contienda ante la corte, sobre todos y cada uno de los hechos alegados por las partes; y todos y cada uno pueden ser objeto de prueba.

En cuanto a que se trajo prueba oral de tal convenio, podemos sostener que en este caso cabía hacerlo así.

En primer lugar, si Suárez no fué parte del convenio, no vemos cómo ahora podría sostener que lo escrito prevalece, en cuanto a él, de tal modo que no se pueda traer prueba alguna de un pacto adicional.

Pero, más que eso, nos lleva a denegar la existencia de ose error, otro razonamiento. Al hacerse esta adjudicación para pagar la deuda, si para tal fin se Vende la finca, y el precio es mayor que la deuda, no cabe duda de que el exceso no corresponde a nadie que no se.an los herederos; y a menos que éstos previeran el caso y renunciaran al exceso, ese valor no debe ir al adjudicatario. Nos ceñimos a los hechos de este caso concreto. En las operaciones particionales de la herencia de Manuel Falú, la adjudicación hecha a Gumer-sindo Falú, en este particular es así:

“Se le adjudica:
“Para que pague los quince mil dollars de la segunda baja, los tres mil dollars de la sexta baja y un mil dollars de la séptima baja, y los mil dollars del legado de Gerardo Falú:
“La finca que se de'scribe en el inventario bajo la letra (F) de ciento sesenta y dos cuerdas de terreno y cincuenta y dos centavos de otra. Por veinte mil dollars se le adjudica.”

Para que pague esas bajas se le hace esa adjudicación. ¿Quiere decir esto que si el adjudicatario, para pagar las bajas vende la finca en $26,000, debe o puede beneficiarse con la diferencia? No encontramos que la afirmativa pudiera ser excusable siquiera.

Si hubo acuerdo entre los herederos con respecto a la posibilidad de un balance a favor de la herencia (y de ese acuerdo entendemos que hay prueba suficiente) se lia pedido probar como convenio adicional que en nada cambia, o sus-tituye el primitivo de adjudicación. Es cierto que no puede, por evidencia oral, probarse contra lo escrito en el contrato. Esta regla que aparece ahora fijada en el artículo 25 de nuestra Ley de Evidencia, admite las excepciones allí con-signadas. Pero se trata de una doctrina que no puede ser .aplicada de una manera arbitraria, ni de modo tan estricto que ella se convierta en un obstáculo al descubrimiento de la verdad.

Tratando de esta regla leemos en 22 Corpus Juris, pág. '1144:

“Quizás no hay regla de derecho o de evidencia que sea más flexible o que esté sujeta a mayor numero de excepciones que la regla que impide que se ofrezca prueba oral para explicar o variar los -documentos escritos. Se ha dicho que con el enorme número de’ ex-cepciones existentes ha surgido mucha confusión, de suerte que el verdadero límite que debe fijar'se a las excepciones depende no sola-mente de los hechos peculiares de cada caso, sino hasta cierto punto «del sentir de los miembros de la corte. Sin embargo, podría decirse •generalmente que las cortes han tratado de adaptar sus resoluciones en una u otra forma, a fin de hacer* justicia en todos los casos. El resultado es que si bien las decisiones son relativamente uniformes respecto a las limitaciones y excepciones a la regla, cuando surge la ■cuestión de si un caso que presenta determinada relación de hechos ■cae dentro de la regla general, o fuera de ella, con motivo de las limi-taciones o excepciones conocidas, o si está dentro de la regla debido a una de las numerosas limitaciones y excepciones a esas limitaciones y excepciones, las autoridades en muchos casos están en un verdadero conflicto. ’ ’

La regla es que es inadmisible la evidencia oral para variar, contradecir, regir o alterar, los términos de un con-trato escrito, en una acción fundada sobre tal escrito, entre las partes en él y sus causahabientes (véase a este propósito Ghamberlayne on Modern Evidence, Tomo 5, pág. 4906).

Precisa que se den todas y cada una de las condiciones expresadas para que la regla sea aplicable. Entre las partes ©a el contrato, o las qu'e de aquéllas deriven su derecho, la regla es eficaz y cierta. Así en el caso Nicorelli v. Ernesto López & Cía., 26 D.P.R. 55, lia dicho este tribunal con rela-ción al artículo 25 de la Ley de Evidencia:

“Ese artículo condensa de modo admirable la doctrina expuesta por Jone's y se refiere a las partes, sus representantes o sucesores en interés. ’ ’

Y se cita a Jones, en The Blue Booh ofi Evidence, en la página 145, Tomo tercero.

En el caso Sarria v. V. Alvares & Co., 38 D.P.R. 906, se aplicó la doctrina del artículo 25, Ley de Evidencia; pera se trataba de una acción entre las partes en el documente escrito, cuyo tenor se intentaba alterar o contradecir.

En este caso, uno de los demandados, el que fué parte en la división de herencia, Gumersindo Falú, no hace objeción alguna a que se pruebe, y se pruebe oralmente, la existencia del convenio acerca del exceso de precio que pudiera resultar al venderse la finca; antes por el contrario, él mismo declara acerca de ese extremo, para confirmarlo. En realidad, el privilegio de oponerse, corresponde a ese mismo Gumersindo Falú; y no es tan claro que. pueda corresponder a los otros demandados, que no derivan derechos u obligaciones de esa. escritura o documento de partición de bienes.

Conviene anotar, aquí, que en la partición de bienes, y en la página 175 de la transcripción de evidencia, aparece el pacto de los herederos Aquilina Villanueva, Carlos Agricourt y Gumersindo Falú, para inventariar y dividir con arreglo a las bases del cuaderno particional cualesquiera' otros bienes de la herencia, que previamente no hayan inventariado.

Y ahora, veamos lo que es y significa un sobrante o exceso-de valor de los bienes adjudicados a Gumersindo Falú para pago de deudas, y de algún legado.

Hemos visto cómo se hizo la adjudicación. Para que Falú pagara ciertas deudas y bajas, se le da una finca de la que él ha de disponer. Pero, si al venderse esa finca, resulta que se obtiene por ella un precio mayor del valor que-se le dió en inventario, y con el que fué adjudicada, ¿podría sostenerse que el beneficio de esa diferencia babrá de ser para Falú, y lo deben perder los herederos? Este extremo es importante. Ni los herederos pensaron en beneficiar a Falú graciosamente, ni esa intención aparece del cuaderno parti-cional, contentivo del contrato de partición; y de la declara-ción de Falú, que parece debía ser el primer interesado en beneficiarse, aparece, por el contrario, que la intención y pro-pósito de repartir el sobrante, si lo hubiera, entre los here-deros fué expresa y clara.

El enriquecimiento de Falú por la apropiación del exceso de precio, sería silgo inmoral, e ilegal. La antigua máxima “Nadie puede enriquecerse torticeramente”, tendría en este caso una completa aplicación. No hay precepto legal alguno en que Falú pudiera basar su apropiación de ese exceso. Para que pague bajas que ascienden a $20,000, se adjudica a Falú una finca; no se le da para que aumente su participa-ción-en la herencia. Y si esto es así, podríamos decir que quizá no hubiera sido necesario ni presentar prueba del pacto entre los herederos, ya que por equidad y por justicia Falú nunca hubiera sido dueño de esa diferencia sino que ella, como parte de los valores de la herencia tenía que ser dividida entre los herederos. Realmente la posición legal de Falú, es la de un mandatario de estos herederos, a quien se ordena que pague y se le dan los medios para ello; y no podría soste-nerse que el mandatario en un caso como el presente, puedai apropiarse lo que sobre del valor de los bienes que se le entregan para hacer el pago. Podría suponerse el caso de que uno de los acreedores renunciara a cobrar su crédito; y entonces no podría sostenerse que el adjudicatario de la finca para pago de deudas tuviera el derecho de hacer suya la can-tidad que sobrase por consecuencia de tal renuncia.

Los señalamientos de error que se refieren a la admisión de esa prueba, no son sostenibles.

La parte apelante hace un hábil y detenido examen de algunas declaraciones, y de lo que considera graves con-tradicciones de algunos testigos. Esto bajo el primer seña-lamiento de error, cuyo texto es así:

“Al concluir y dar por probado que la adjudicación de bienes a que se refiere la demanda se hizo sujeto a convenio alguno entre los herederos del causante Falú Benitez sobre distribución del exceso de precio porque se vendiera la finca adjudicada.”

Aparte de lo que llevamos dicbo, y que debe tenerse por reproducido, entendemos que en una partición de bienes hay un verdadero contrato, y lo hay lo mismo en una adjudicación para pago de deudas, que tiene mucho de un mandato. Es ley elemental de los contratos la que se condensa y resume en el artículo 1225 de nuestro Código Civil, o sea:

“Artículo 1225. Los contratos se perfeccionan por el mero con-sentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado sino también a todas las consecuencias que se-gún su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.”

No sólo a lo explícitamente convenido, sino a todo aquello que es su natural, moral o legal consecuencia, se viene obli-gado por el contrato. Así, Falú, a quien' se adjudica una finca para pagar una suma, y quien la vende en más de esa suma, se halla obligado natural y moralmente a reintegrar a la testamentaría el exceso obtenido en la venta.

La parte apelante insiste fuertemente en las contradic-ciones en que incurriera Falú y otros testigos en sus decla-raciones.

No puede concederse a las contradicciones tanta fuerza como se le ha querido dar. En su examen y apreciación, en la calificación de aparentes o reales, circunstanciales o- de esencia, hay que dar un ancho campo al juzgador. No se resuelve mi caso por un simple detalle, sino por el peso de toda la prueba, ni puede afirmarse, sin un grave examen, que el testigo que incurre en contradicción, falsea voluntaria-mente la verdad.

En el caso presente se ha dado gran importancia a detalles minuciosos, que no pueden influir en la formación de un estado de conciencia y de creencia en el que juzga. Por ejemplo: el testigo Etanislao Torres liabló del otorgamiento de la escritura de venta a Fernández, y de la de hipoteca a Suárez, y dijo que se otorgaron en casa del Notario Torres Solá, en Eío Piedras; las escrituras aparecen suscritas en Naguabo, residencia del comprador, y deudor hipotecario; y cuando sobre este extremo se llama la atención del testigo, éste con-testa que se hicieron en casa de Torres Solá, y salieron en un carro para Naguabo a firmarlas. La explicación es natural y creíble.

La falta que, como más grave, se apunta al testigo Falú, se refiere al convenio de que, caso de que la cantidad que excediera de $20,000 en precio de venta de la finca, se devol-vería a los herederos , y del conocimiento que de ese convenio tuviera Suárez. Primero se le preguntó si hubo entre los herederos alguna estipulación, y contestó que no se habló nada; luego que los que sabían del convenio, eran él y Suárez; pero positivamente afirmó que fué convenido entre los herederos que el exceso que pudiera haber fuera repartido entre ellos; y que de ese convenio tuvo conocimiento el demandado Juan Suárez, que, por lo que resulta de la prueba, estaba intervi-niendo en la testamentaría, dando dinero, comprando inte-reses en ella a bajo precio, y hasta haciendo contrato de compraventa de la finca con Falú, contrato que, ignoramos por qué, fué privado, sin perjuicio de que apareciera Falú en la escritura de venta de la finca, en la que también inter-vino Suárez. A pesar de los contra-interrogatorios y de las evidentes confusiones del testigo, a los ojos de la corte quedó probado que existía el convenio referido, y que Suárez tenía un cabal conocimiento del mismo; y quedó asimismo suficien-temente justificado que el precio de venta fué de $26,000, de los que el Sr. Fernández pagó $20,000, y se hizo una escritura de hipoteca por $6,000 a favor de Juan' Suárez. Esa impre-sión de la prueba es la resultante del testimonio de Fallí, del de Etanislao Torres, de Angel Banuchi, y de la del Sr. Méndez Yaz.' La declaración del demandado Suárez, tiende a desmentir ese testimonio; de ella aparece también que Suárez compró, por menos precio que el que tenían en la partición, créditos y legados, y que firmó un documento de compra-venta de la finca de que se trata, con Gumersindo Falú. Este documento es privado, y contiene pactos que no fiemos de dejar sin citar; aparece en las páginas 205-210 de la transcripción de la evidencia. En él se dice que Falú es dueño de la finca que se describe, por adjudicación que se le hizo, para pagar veinte mil dollars que garantiza la finca con hipoteca por pagarés al portador, y que la vende Falú a Suárez por $25,000 para que Suárez pague la hipoteca “sin derecho a reclamo ni indemnización alguna en el caso que el Sr. Suárez Pérez la vendiera en mayor cantidad, pues la demasía será exclusivamente para él como así mismo si tuviera o experimentara pérdida.” Extraña esta precaución, y esta forma de convenio.

De la prueba forma parte la escritura de compra-venta de la finca por D. Angel Fernández y Gumersindo Falú, en fecha 23 de septiembre de 1924; en ella interviene Don Juan Suárez Pérez. La venta aparece hecha por Falú a Fernández en $20,000, que se confiesan recibidos; y en la cláusula “Ter-cera” se conviene en hacer la mensura de la finca, y Falú renuncia y traspasa a Suárez Pérez cualquier número de cuerdas que resulten en exceso de las 161, con 32 centésimas que son base de la venta, o del valor de las que resultaren ■ en exceso, y se dice que la renuncia la hace Falú en atención a que Suárez Pérez gestionó esta venta y la anunció, y no le ha podido pagar comisión, y por haber tenido que pagar Suárez gastos y honorarios de abogados. En la misma fecha se otorga por Angel Fernández una escritura de hipoteca de la misma finca, por $6,000, a favor de Juan Suárez Pérez, confesando recibida la suma. Las escrituras tienen los nú-meros de protocolo 252 y 253. Anotaremos que el documento privado de que antes se habla tiene fecha 25 de agosto de 3924, esto es aproximadamente un mes antes de otorgarse las escrituras.

Parte de la prueba es también una alegación de una de-manda a nombre de Don Angel Fernández contra Grumersindo Falú y Juan Suárez Pérez, en la que el demandante dice que por la escritura No. 253 constituyó hipoteca a favor de Juan Suárez Pérez, y que los $6,000 que en ella aparecen fueron parte del precio de la .finca, que había de corresponder al demandado Suárez que así lo tenía convenido con Falú, con-signándose en la escritura $20,000 y en la de hipoteca los $6,000, siendo el verdadero precio de la finca $26,000. Esta demanda por lo que aparece de la prueba, fué presentada en la corte de distrito de San Juan, bajo el número civil 4152.

Don Angel Fernández, comprador de la finca, no fué traído al juicio como testigo.

Con estos elementos de prueba, no puede admitirse que la corte incurriera en los errores que se señalan bajo los números I, II y III del alegato.

Los errores señalados bajo los números IV y V, se refieren a que la corte declaró probada la confabulación entre Suárez Pérez y Falú para hacer aparecer que la finca se vendió en un precio más bajo del que en realidad se obtuvo, y defraudar a la demandante en la parte del exceso de valor que le corres-pondía.

Ya hemos visto el resultado de parte de la prueba. Anotamos que la parte demandada no trae otra prueba que la declaración de Suárez Pérez y el documento privado de que se ha hablado. Y en la declaración de Suárez Pérez aparece lo que sigue:

“P. — ¿Quién convino la venta con el señor Fernández?
“B. — Yo mismo.
“P. — ¿Y de qué son eso's seis mil pesos que aparecen en la venta a favor de Ud. ?
“B. — Yo le vendí al señor Ángel Fernández 361 cuerdas con .61 centavos a razón de' 160 pesos cuerda que hacen veinte y cinco mil y pico de pesos.
“P. — ¿Por qué no bizo constar la venta por los veinte y cinco mil y pico de pesos?
“R. — -Porque el señor Falú me había hecho la venta por veinte mil peso's.
“P. — ¿Y Ud. no quería hacer constar los veinte y cinco mil y en-tonces hizo que le otorgaran una escritura a favor suyo, reconociendo esos seis mil pesos? ¿Esos seis mil pesos son parte de la venta?
“R. — Sí, señor, pero tengo yo otros gastos.
“P. — Pero yo no hablo de gastos, yo le digo que 'si Ud. no- quería hacer figurar otra suma.
“R. — Eso fué acuerdo entre el notario que hizo la escritura, que como a mí se me había vendido por veinte mil pesos, pues, que se hiciera la escritura en igual forma.
“P. — Pero después que Ud. compró nadie se podía meter en eso porque Ud. ni hizo con'star los veinte y cinco mil y pico de pesos. . .
“R. — Porque aparecen veinte mil pesos nada más.”

De toda esa prueba, nace la creencia- del juez en la exis-tencia de una confabulación, sin la que hubiera sido impo-sible realizar los actos que acusa la demanda. No es exigible como indispensable una prueba directa de esos hechos. Son circunstancias que se unen, se pesan conjuntamente en el ánimo del que juzga, y llevan a la conclusión que en la opinión de la corte inferior se sienta, y que es lógica y acertada.

No existen, pues, los errores apuntados.

En condiciones tales no podía dictarse otra sentencia que la, que dictó la corte de distrito de San Juan, que no incurrió en el error señalado bajo el número VII, ni en otro alguno de los que se indican por la parte apelante.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor del Tobo,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Néstor Colón Medina, acusado y apelante.
    No. 4089.

    Sometido: Mayo 2, 1930.

      Resuelto: Mayo 27, 1930.

      2i. Hernández Matos, abogado del apelante; B. A. Gómez, abogado de El Fuello, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Se sostiene en este caso en primer término que:

"La Corte de Distrito de Ponce cometió grave error al resolver como resolvió que la ordenanza No. 25 de la Serie de 1929, del Mu-nicipio de Ponce, no .establece una contribución adicional o doble por el negocio de gasolina, desestimando por lo tanto la primera cue'stión de derecho interpuesta por el acusado-apelante.”

Argumentando el señalamiento alega el apelante, conde-nado como autor de una infracción a la ordenanza indicada, que las corporaciones municipales son entidades de facultades y poderes limitados, que únicamente tienen las atribuciones que les concede la ley que las crea y regula y organiza sus actuaciones, e invoca la sección 46 de la Ley Municipal vigente que faculta a los municipios para imponer arbitrios, impuestos o contribuciones, siempre que el objeto o materia de la con-tribución, arbitrio o impuesto no baya sido objeto de algún impuesto, arbitrio o contribución federal o insular, y la sección 84 de la Ley de Rentas Internas de 1925, que dice;

"Título CuARm — Licencias—Primera Parte — Negocios u ocupa-ciones Sujetos a la Licencia.
"Sección 84. — Cada tres meses toda persona dedicada a cual-quiera de las ocupaciones o negocio's relacionados en esta sección pa-gará por cada fábrica, sitio, establecimiento comercial o industrial, la contribución- que por concepto de licencias respectivamente prescri-tas, a saber:
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“ 27. — Traficante al detall en gasolina o substituto de ésta, pri-mera clase, quince (15) dólare's; segunda clase, diez (10) dólares; tercera clase, cinco (5) dólares.”

Basándose en todo ello el apelante sostiene que habiendo hecho ya nso el municipio de la facultad que le confirió la ley imponiendo una patente al acusado para dedicarse al negocio de garage en general que entre otras cosas comprende la venta de gasolina, no pudo imponerle de nuevo otra contri-bución por virtud de la ordenanza que se impugna.

Si la ordenanza impugnada impusiera una contribución sobre la venta de gasolina, tendría razón el apelante, pero que ello no es así resulta de la ordenanza misma.

Su título es como sigue:

“Ordenanza No. 25. — Serie de 1929. — Regulando la instalación de bombas de gasolina en las aceras de la ciudad e imponiéndoles un ar-bitrio por el uso de la antedicha propiedad pública.”

Y su preámbulo dice:

“Por cuanto; es de necesidad pública que el Municipio de Ponce regule la instalación de bombas de gasolina en la's aceras de la ciu-dad por lo que tales aparatos afectan el ornato y el tránsito públicos y por el uso de la propiedad comunal;
“Por cuanto; el Municipio necesita obtener recursos para la cons-trucción y reparación de aceras, para el arreglo de calles y para otras obras y seryicios urgentes de la comunidad.”

Por su sección segunda dispone que para poderse instalar una bomba de gasolina en las aceras de la ciudad, el intere-sado deberá proveerse de una licencia o permiso expedido por el departamento de obras públicas municipales y que una vez obtenido el permiso, el interesado lo presentará al teso-rero municipal, quien le extenderá un recibo de diez dólares, previo pag’o de- dicha cantidad; y que ese permiso así expe-dido deberá ser devuelto por el peticionario a la oficina del departamento de obras públicas una vez terminado el trabajo de instalación de la bomba y de su inspección por dicbo depar-tamento de obras públicas; y por la tercera impone los arbitrios de veinte y doce dólares, respectivamente, según se Gcnpe nn sitio en la primera o en la segunda zona, como contribución anual, y, por trimestres adelantados, por la. con-tinuación del uso de dichas aceras durante el tiempo que sean ocupadas por el interesado con su bomba.

No es en tal virtud por la venta de la gasolina, sino por el uso exclusivo de una acera pública para beneficio de un negocio privado que el municipio cobra.

El uso de las aceras es para todos. El municipio las construye y mantiene con dinero del público para beneficio del público. Parece justo y es legal que si a una persona privada se permite un uso especial, esa persona pague por ese uso. especial compensándole al público en general de la privación del uso con la disminución de la carga impuesta para la conservación.

El segundo y último error que se alega, se formula así:

“La Corte de Distrito de Ponee cometió grave error al resolver que la denuncia imputaba una infracción a la ordenanza municipal ameritada, desestimando por lo tanto la segunda defensa de derecho planteada por el acusado.”

En la denuncia se dice que el acusado “voluntaria y mali-ciosamente viene operando una bomba de gasolina en la calle de la Villa . . . sin haberse provisto del recibo correspon-diente de la tesorería municipal creditivo de haber satisfecho el arbitrio que regula la referida ordenanza.”

Ea sección 5 de la ordenanza es como sigue:

“Toda persona o entidad que instalase una bomba de gasolina u operase la misma sin el debido permiso o que deja'se de satisfacer la. contribución impuesta de acuerdo con esta ordenanza, dentro de los quince días primeros de cada trimestre, será penada con una multa de diez (10) dollars, etc.”

Creemos que si bien la denuncia pudo ser más clara y precisa, de sus términos puede deducirse que se imputa al acusado la instalación de la bomba sin haber pagado la contribución impuesta por la ordenanza, que es lo que cons-tituye la infracción.

1D,ebe confirmarse la sentewia recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Texidor,

text:
    J. Ramos González & Co., recurrente, v. El Registrados de la Propiedad de Guayama, recurrido.
    No. 810.

    Sometido: Mayo 9, 1930.

      Resuelto: Mayo 27, 1930.

      M. Marcos Morales, abogado de la recurrente; el registrador recu-rrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

En la escritura que dió lugar a la nota de que se recurre en este caso, comparecieron Juan Ramos González, su esposa Rita Vázquez, y Bernardo Caamaño, para constituir una sociedad mercantil, bajo el nombre “J. Ramos González & Co.,” por un término de cinco años, con domicilio en Cayey, y siendo socios gestores los tres comparecientes. La apor^ tación de Juan Ramos González era de $31,043.92, la de doña Rita Vázquez, de $7,285, y la de Caamaño de $1,196.83; y se constituyen las aportaciones en esta forma: Ramos González, la mitad del valor de dos inmuebles, solares y casas, en Cayey, y mercaderías y cuentas;’ su esposa Rita Vázquez, la otra mitad del valor de los mismos inmuebles, y mercaderías; y Caamaño en efectivo; según aparece de la escritura los in-muebles aportados fueron adquiridos por los esposos Ramos "Vázquez como tales esposos. En la misma escritura se esta-blecen la forma y cuantía del reparto de beneficios en pro-porción de un 20 por ciento para Rita Vázquez, otro tanto para Caamaño, y un 60 por ciento para Ramos; y se pacta acerca de la administración; se conviene en que el socio que viola los pactos sociales pueda ser separado de la sociedad; y en que los bienes sociales no pueden ser vendidos a un tercero o extraño; y otras cláusulas que no tienen impor-tancia para los fines de este recurso. La escritura tiene fecba 16 de enero de 1928.

Presentada al Registro de la Propiedad de Guayama la copia de esa escritura, para inscripción, el registrador puso la siguiente nota:

“Denegada la inscripción del presente documento, porque el contrato social a que el mismo se contrae es contrario a lo precep-tuado en el Código Civil con relación a la sociedad de gananciales entre marido y mujer, e infringe especialmente los artículos 1301, 1310, 1342, 1361 y 1444 de dicho Código, y se toma en su lugar ano-tación preventiva por 120 días, de acuerdo con la ley, a los folios 44 y 26 de los tomos 49 y 53 de Cayey, fincas números 2326 y 2398 ano-taciones A, respectivamente, consignándose en ambos asientos el de-fecto subsanable de no acreditarse el carácter de privativos de lo's demás bienes, después de las referidas dos fincas, aportados por el esposo de Rita Vázquez, Juan Ramo's González, independientemente de los gananciales; y el defecto subsanable, además en cuanto a la finca No. 2398 de no expresarse el estado civil de Juan Ramos Gon-zález al adquirirla y de ser casado, que lo fuera con Rita Vázquez que era su espo’sa al promover el expediente de la misma. La finca que se relaciona con el número -2398 no se halla afecta a carga al-guna, pero la otrá, la número 2326 se halla afecta a la hipoteca por cinco mil dólares de que se hace mención en este documento.”

Y contra ella se. lia interpuesto el recurso.

Puede y debe decirse aquí, que tanto el recurrente como el registrador fian presentado alegatos brillantemente redac-tados y sólidamente razonados. No necesitamos entrar en el estudio de cada uno de los problemas legales que se ofrecen, si encontramos que uno de ellos es bastante para nuestra resolución.

Es evidente que, para llegar a constituir esta sociedad, los esposos Bamos González y Bita Vázquez, ban establecido como procedente la división, si no material, jurídica, de las fincas que adquirieron durante el matrimonio,’ y que tienen, el carácter de bienes gananciales; y considerándose dueños, cada uno de una mitad, bacen la aportación. Y es asimismo indudable que sobre el producto de dichos bienes más o menos directo o inmediato, ban constituido una regla de división, que no es la de la mitad para cada uno, y un sistema de administración en el. que puede ser administrador el esposo, puede serlo la esposa, y puede serlo un tercero, o sea Caa-maño, y aun tienen facultades para vender y permutar.

Para nosotros no bay duda de que los bienes de que se trata tienen el carácter de gananciales, no ya sólo por la pre-sunción que ba establecido la ley (Art. 1282 Código Civil de Puerto Bico) sino porque las declaraciones de los cónyuges asi lo demuestran.

La sociedad de gananciales no es una resultancia de la voluntad de los contrayentes en el matrimonio: es una crea-ción de la ley, cuando acerca del régimen económico de la sociedad conyugal nada se ba establecido previamente por los futuros esposos. Ha llegado la ley basta establecer, no sólo la existencia del régimen de gananciales como ley de la sociedad conyugal, a falta de otro pacto previo, sino el estado de los bienes adquiridos durante el matrimonio, según el artículo del Código Civil de Puerto Bico que copiamos:

“Artículo 1322. Se reputan gananciales todos los bienes del ma-trimonio mientras no se pruebe que pertenecen privativamente al ma-rido o a la mujer.”

Bequiere este especial cuidado de la ley, no ya la protec-ción de uno de los cónyuges, o la de los bijos, para el futuro, sino la consideración del matrimonio, y los' diversos aspectos y fines de la sociedad conyugal en sn relación con los ajenos a ella.

El Código Civil de Puerto Rico, lia estatuido que la socie-dad de gananciales empieza precisamente en el día de la celebración del matrimonio; y se extingue a la disolución del mismo. Por ella se adquieren derechos y se constituye la entidad en responsabilidades; y si bien éstas tienen una solu-ción definitiva y matemática tanto mientras existe la sociedad como a su disolución, aquéllos no tienen, mientras el matri-monio subsiste, una realización práctica como la de que cada socio tenga una parte fija y determinada durante la exis-tencia de la sociedad. Así se ve del código, que mientras en los artículos 1323 a 1326, inclusives, establecen las responsa-bilidades que pueden tener una inmediata solución, deudas y obligaciones contraídas por el matrimonio, réditos y atrasos, reparaciones de bienes, alimentos y educación de la prole, y otras, en el artículo 1310, capital en lo que a la naturaleza de la sociedad se refiere, se emplean el futuro “fiarán suyos” y la condición “al disolverse el matrimonio.” El artículo dice:

“Artículo 1310. Mediante la sociedad de gananciales, el marido y la mujer harán suyos, por mitad, al disolverse el matrimonio, las ganancias o beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de los cónyuges durante el mismo matrimonio.”

Los bienes gananciales, mientras el matrimonio existe y subsiste, pertenecen a la comunidad conyugal. Sólo cuando el matrimonio se disuelve podrán fijarse las mitades de que habla la ley; antes, no; que la voluntad de los cónyuges no puede romper el mandato y la creación de la ley. Y en esta escritura, lo primero que hacen estos cónyuges es adelantar un futuro al que ellos no pueden alcanzar, y considerar como de hecho lo que no es más que un derecho m potentia. Y así se dan por dueños cada uno de una mitad de las fincas, y sobre esto batean su aportación. '

Es más: las rentas, frutos, o intereses de esos bienes, pertenecen, según la ley, en su día, de por mitad a los cón-yuges o sus derecbohabientes. ¿Cómo pueden abora los esposos cambiar esa enota y darse en ella designal partici-pación?

Y aún más grave es la cuestión de administración. Por ley es el marido el administrador de la sociedad- (Art. 1327 Código Civil) y sólo su ausencia o incapacidad origina la transferencia de la administración a la mujer (Artículo 1347, Código citado). En esta escritura, esos bienes aportados se someten a la administración del esposo, o la de la esposa y a la de un tercero, Caamaño.

El registrador tiene razón en este particular.

Por las razones expresadas, se confirma la nota denega-toria de inscripción, puesta a la escritura de sociedad otor-gada por Juan Ramos González, Rita Vázquez y Rernardo Caamaño, ante el notario don Miguel Marcos Morales, en Cagey a 16 de enero de 1928.


author: 'El Juez Asociado Señoe. Wole,

text:
    Salvador Carrasquillo, demandante y apelante, v. Gabriel Palerm, demandado y apelado.
    No. 4736.

      Sometido: Noviembre 20, 1929.

      Resuelto: Mayo 27, 1930.

      A. Marín, abogado del apelante;- J. YaUdejtoli j B. Díaz Ontrón, abogados del apelado.
   'El Juez Asociado Señoe. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Eloy Dones, en una época aún contemporánea con los liechos ocurridos en el presente caso, éra ordeñador al ser-vicio del demandado. La prueba del demandante tendió a demostrar que dicbo Eloy Dones entabló negociaciones para la posible compra de una vaca y su cría, pertenecientes al demandante. Además- — y ésta es la principal contención de becbo del apelante para justificar un pleito o la apelación, ■de no ser la única — que la vaca y su cría fueron bailadas en -el establo del demandado. El demandante instó' procedi-miento contra el demandado para recobrar el valor de la vaca por razón de la alegada apropiación. La corte falló a favor del demandado por varios fundamentos.

El apelante insiste en que después de presentarse prueba sobre la propiedad de los animales el hallar su vaca en el establo del demandado estableció un caso prima facie, y cita de Manresa y de Von Ihering y el artículo 440 del Código Civil para sostener su posición.

El demandado negó que tuviera personalmente la posesión de la vaca, y la corte lo creyó. Asimismo, la corte llegó a la conclusión de que la prueba de la parte contraria no era satisfactoria. Non constat qne Eloy Dones llevara la vaca al establo del demandado sin el consentimiento de este último. Nada hay en los autos, fuera de la prueba poco satisfactoria del demandante, que demuestre que el demandado en ocasión alguna se apropiara de la vaca del demandante, según se alega en la demanda. No podemos convenir en absoluto con el apelante en que la vaca no pudo ser bailada en el establo del demandado sin el conocimiento o consentimiento de éste, ni siquiera que tal conocimiento o consentimiento equivalie-ran a una apropiación. Nada hay en los autos que revele una agencia tal de parte de Dones que pudiera autorizarlo a llevar la vaca al establo del demandado. Ni de las alega-ciones ni de la prueba surgió nexo, relación o deber alguno del demandado para con el demandante. Además, la pose-sión de Eloy Dones, según tiende a demostrar la prueba, fue adquirida legalmente. Para establecer la apropiación de una cosa por parte de un demandado se requiere mucho más.

Por éstos y otros motivos que pueden hallarse en la opinión de la corte inferior y en los alegatos del apelado, debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Bonifacio Díaz, demandante y apelado, v. Fermín Sanjurjo y José y Saturnino Fernández, demandados y apelantes.
    No. 4559.

    Sometido: Noviembre 20, 1929.

      Resuelto: Mayo 27, 1930.

      Adrián Agosto, abogado de los apelantes'; A. Díaz Viera, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Fermín Sanjurjo fabricó una casa de maderas en terrenos de los hermanos José y Saturnino Fernández a quienes la hipotecó en escritura pública para garantizarles una deuda que con ellos tenía de $800. Algún tiempo después Fermín Sanjurjo vendió esa casa a Bonifacio Díaz por precio de $600, por escritura pública en la que manifestó que sólo pesaba sobre la casa la hipoteca de los hermanos Fernández, quienes comparecieron en dicho documento para recibir los $600 de la venta que le entregó su deudor a cuenta de la hipoteca y con el recibo de esa cantidad cancelaron el gravamen de dicha casa. Posteriormente supo el comprador que la casa tenía otra hipoteca de $132 a favor de Julieta Naga para cuyo pago había sido embargada y cuya venta judicial estaba anunciada. Entonces fue presentada la demanda ini-cial de este pleito contra Fermín Sanjurjo y contra los her-manos Fernández alegando esos hechos, que en la escritura de venta se hizo constar con la anuencia de los hermanos ■ Fernández que la casa, sólo tenía la hipoteca de ellos y que su consentimiento para la compra fué obtenido ocultando los demandados la realidad de los hechos y mediante engaños fraudulentos, por lo que solicitó que fuera declarada nula la venta y que los hermanos Fernández devuelvan los $600 que recibieron. Las hipotecas no estaban inscritas en el registro de la propiedad.

Los demandados se opusieron a tales peticiones pero sólo los hermanos Fernández asistieron al juicio. La corte de distrito entendió que se había demostrado la mala fe de Sanjurjo y de los hermanos Fernández porque no podía pre-sumir que éstos fueran inocentes en este asunto porque se beneficiaron con la transacción y porque a ellos era a quienes interesaba ocultar la verdad a fin de efectuar la venta, cuyo producto pasaba entero y totalmente a sus manos, y que el haber dicho después los Fernández que ellos arreglarían ese asunto la justificaba en llegar a la conclusión de su reconoci-miento implícito en la participación ilegal que tuvieron en ese negocio fraudulento.

La sentencia de la corte de distrito declaró nulo el con-trato de compraventa y condenó a José y a Saturnino Fer-uández a devolver al demandante los $600 que recibieron en la forma que les fueron pagados. Contra ella interpusieron esta apelación los hermanos Fernández, por lo que a ella nos limitaremos.

No encontramos justificadas las conclusiones a que llegó la corte inferior con respecto' a los apelantes. No consta de la prueba que ellos celebraran contrato alguno de venta con el apelado, que le sugirieron al negocio, que manifestaran en momento alguno que la casa tuviera solamente la hipoteca de ellos, y que ocultaran el otro gravamen hipotecario, limi-tándose su intervención en el asunto a comparecer en la escri-tura de venta para recibir a cuenta de su crédito contra ¡Sanjurjo los $600 que él recibió del comprador y por ellos cancelar la hipoteca constituida- a favor de los mismos, sin que el hecho de que recibieran ese beneficio sea por sí solo bastante para concluir que estaban interesados en ocultar la verdad y que no fueron inocentes en este asunto. Ni siquiera se ha demostrado que ellos sabían antes de dicha venta que existía la otra hipoteca. Tampoco el hecho de qufe José Fernández dijera a Bonifacio Díaz, según éste declaró, que él arreglaría eso, es suficiente para justificar la conclusión de un reconocimiento implícito de la participación fraudulenta por parte de los Fernández en la ocultación de la otra hipo-teca.

Por lo expuesto la sentencia apelada debe ser revocada en cucmko condena a José y a Saturnino Fernández a devolver los $600 que recibieron por su hipoteca y también en cucrnio a su condena en costas.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Sucesión de Ramón Cuadra Rodríguez y María José Gómez, compuesta de sus hijos Juan, Pedro, Francisco y Aurelia Cuadra Gómez, y su nieta Adelaida Cuadra Cedillo, demandantes y apelantes, v. Josefa López Cuadra y su esposo Manuel Bustelo Goodman, demandados y apelados.
    No. 4564.

    Sometido: Noviembre 14, 1929.

      Resuelto: Mayo 27, 1930.

      González Fagundo & González Jr., abogados de los apelantes; Arturo Aponte, abogado de los apelado's.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión de] tribunal.

En el epígrafe aparece una pluralidad de demandantes, pero todas las personas interesadas en este litigio cedieron sus derechos a una sola, que será conocida como el demandante en este caso.

En 1885 el causante del aquí demandante traspasó una finca a Pedro Regalado López, causante de los demandados. Todas las partes admiten que la escritura del terreno des-cribía la finca enajenada como compuesta de unas quince cuerdas. Hubo prueba tendente a demostrar que diclio López tomó posesión no sólo de las quince cuerdas, sino de otros terrenos que, de conformidad con la demanda y eoií alguna de la prueba, ascendían a 24 cuerdas adicionales. Este pleito fué instado para recobrar los terrenos adicionales que se alegaba medían'nominalmente 24 cuerdas. Los demandados niegan tener terreno alguno del demandante, pero alegan que cualesquiera terrenos que tengan, han estado en posesión de ellos y de sus causantes por más de treinta años, y que la acción entablada por el demandante ha prescrito a tenor del artículo 1864 del Código Civil. La corte resolvió que esta defensa interpuesta por los demandados procedía, y que, en efecto, la acción estaba prescrita con arreglo al citado artículo 1864.

El apelante sostiene correctamente que la acción del de-mandante sólo prescribió desde el momento en qne él o sn cansante pudieron haber entablado una acción de reivindica-ción. Como base para su señalamiento de error, sin embargo,, insiste en que hay prueba tendente a demostrar que Pedro Regalado López poseía originalmente los terrenos adicionales como arrendatario del citado causante del demandante. Al llegar a la conclusión y al resolver que la acción estaba pres-crita, la corte dijo lo siguiente:

“Y dada la prueba presentada para probar tal extremo, (el arren-damiento), sentimos una gran duda con respecto a la existencia del mismo, ya que los testigos difieren en la forma, lugar y tiempo en que tal contrato se realizó y demás pormenores del mismo.”

La idea del apelante es que la prueba no controvertida del demandante demostró que se hizo tal arrendamiento a Pedro Regalado López.

Es indudablemente cierto, de acuerdo con la Ley de Evi-dencia que la evidencia directa de un testigo que merezca entero crédito, es prueba suficiente de cualquier hecho, salvo-perjurio o traición; y también es cierto que se presume que un testigo dice la verdad. Empero, estos preceptos en forma alguna impiden que una corte, no dé crédito a la declaración de un testigo o de una serie de testigos.

Este es un caso en que los testigos del dematídante,. alegaron que en 1921 la finca fué cedida en arrendamiento a Pedro Regalado López oralmente. Tal manifestación des-pués de un lapso de tantos años, habiendo muerto los cau-santes, exigía prueba robusta. Hemos examinado la prueba que el apelante no trata de analizar cuidadosamente, y tam-bién creemos que, en general, era indefinida, y que la corte-tenía derecho a no darle crédito.

Según ha sucedido en otros casos, lamentamos que el apelado haya dejado de ayudar al tribunal radicando un alegato.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Hutchison no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Pedro Solá Colón, demandante-apelante-apelado, v. Luis y Pedro Aponte Jiménez, demandados-apelados-apelantes.
    No. 4860.

    Sometido: Diciembre 10, 1929.

      Resuelto: Mayo 27, 1930.

      González Fagundo <& González Jr., abogados del demandante-ape-lante; Arturo Aponte, abogado de los demandados-apelados.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En un pleito sobre refacción agrícola, entrega de tabaco y cuestiones incidentales, el demandante alegó que el taba-calero le adeudaba $585.82. Entre otras defensas, el deman-dado Aponte alegó más o menos que a la terminación del con-trato el demandante le babía enviado una carta demostrativa de una liquidación de cuentas, y de que el demandado podía pasar a recoger un cheque por $84.86. El demandante sos-tuvo que esta carta no era obligatoria para él, toda vez que el demandado nunca aceptó la liquidación, y que tal liquida-ción era necesaria, ya que no podían fijarse los precios sin el consentimiento del deudor. La corte resolvió que el contrato no exigía la aceptación, y, según entendemos, que los hechos tendían hacia una liquidación de la cuenta, de conformidad con la cual el demandante adeudaba a los demandados la ameritada suma de $84.86. La corte inferior, al resolver el caso contra el demandante, también indicó que ninguna de las partes presentó las liquidaciones; en otras palabras, los libros o los hechos.

Nos sentimos obligados a concluir que cuando un deman-dante en una cuenta mutua escribe una carta que demuestra un saldo a favor de la parte contraria, no puede, sin prueba más clara, obtener sentencia a su favor. El hecho mismo de que el demandado Aponte solicitara más de la cantidad ofrecida tendería a demostrar que no era deudor del deman-dante. Si bien el demandante pnede que presentara un caso 'prima facie de deuda, no obstante, en vista de la carta, la corte tenía derecho a dudar si él había probado la existencia de una deuda. Como nos sentimos inclinados a resolver que el demandante no estableció un caso completo, según decidió la corte inferior, creemos innecesario considerar el otro error o los otros errores alegados por el apelante.

Lamentamos . que en éste, al igual que lo hemos hecho en un número de casos, el apelado no haya radicado alegato para ayudar al tribunal en la consideración del mismo.

Los demandados también apelaron; mas como no han radicado alegato, convenimos con el demandante y apelado 'en que debe desestimarse esa apelación.


author: El Juez Peesidente Señor del Tobo,

text:
    Pedro Solá Colón, demandante y apelado, v. Joaquín Hernández González, demandado y apelante.
    No. 5082.

    Sometido: Mayo 26, 1930.

      Resuelto: Mayo 27, 1930.

      E. Arce, abogado del apelante; González Fagimdo <Ss González Jr., abogados del apelado.
   El Juez Peesidente Señor del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

La parte apelada solicita la desestimación del recurso in-terpuesto en este caso por haber transcurrido más de diez meses a partir de su interposición sin que se haya radicado aún por el taquígrafo la transcripción de la evidencia, n® obstante haber dicho taquígrafo radicado otras! transcrip-ciones de apelaciones interpuestas con posterioridad.

La parte apelante se opuso alegando haber seguido de cerca activamente la tramitación, solicitando a tiempo las prórrogas necesarias y obteniéndolas, contratando el precio del trabajo con el taquígrafo en trescientos dólares, adelan-tándole ochenta y depositando el resto a su disposición en la secretaría de la corte. Además se extendió en considera-ciones sobre la necesidad e importancia de su apelación y acompañó un affidavit del taquígrafo explicando el porqué de la dilación y consignando que espera terminar el trabajo dentro de la última prórroga concedida.

Replicó el apelado con una certificación creditiva de su! afirmación sobre el hecho de haber el taquígrafo archivado otras transcripciones de apelaciones interpuestas con poste-rioridad.

Hemos estudiado cuidadosamente las alegaciones de una y otra parte y creemos que debemos ejercitar nuestra discre-ción en el sentido de no desestimar el recurso. La impugna-ción del apelante revela buena fe. Se ve que ha hecho y viene haciendo todo lo posible. La conducta del taquígrafo no es plausible, pero el hecho en sí y la certificación no son suficientes para apreciar todas las circunstancias' que puedan baber concurrido.

El dar preferencia no sólo no es plausible sino censurable, si la preferencia no está realmente justificada y de conti-nuarse la práctica podrá resultar dañosa para los intereses de apelantes de buena fe, como en este caso.

Ningún apelante está obligado a pagar de más y las trans-cripciones calculadas al precio que la ley .autoriza deben seguir el orden de antigüedad, como regia general. De otro modo si. al que paga mejor se le atiende primero, quedaría desna-turalizada la- obra de la justicia dentro del seno mismo de una corte creada para administrarla a todos por igual.

El derecho de apelar no es absoluto. Para que tenga efecto debe el apelante sujetarse a las condiciones estable-cidas por la ley, las reglas y la jurisprudencia. T una de ellas es que a pretexto de ejercitarlo no logre el apelante dilatar indebidamente el cumplimiento de una sentencia. La parte a cuyo favor se dictó esa sentencia tiene derechos tam-bién que deben ser garantizados. De ahí el porqué de la regla 59 del reglamento de este tribunal.

Quizá al desestimar la moción de la parte apelada, no somos enteramente justos con ella, pero siendo éste el primer caso de preferencia por parte del taquígrafo que se ha sus-citado ante esta corte y apareciendo tan clara la buena fe de la parte apelante, nos ha parecido que la balanza debe inclinarse en pro de que el recurso continúe y el caso se resuelva por sus méritos, a no ser que la indebida dilación persista y se reproduzca la moción.

No ha lugar a la desestimación solicitada.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Genoveva María Hernández, demandante y apelante, v. El Alcalde Municipal de las Piedras, Adolfo Sánchez, demandado y apelado.
    No. 5091.

    Sometido: Abril 9, 1930.

      Resuelto: Mayo 27, 1930.

      González Fagundo & González Jr., abogados de la apelante; Bolívar Pagán, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Doña Genoveva María Hernández estableció demanda de injunction contra Adolfo Sánchez, Alcalde de las Las Piedras, alegando qne el 17 de septiembre de 1925 se encontraba en posesión material, y lo estaba el 13 de marzo de 1929, de nna finca nrbana qne describe, situada en Las Piedras; qne el dicho 13 de marzo de 1929 el alcalde ordenó a ciertos traba-jadores qne penetraran en la finca y levantaran sn cerca, ocupando una superficie como de diez metros cuadrados que describe, perturbándola y despojándola así, contra su voluntad y sin sn consentimiento, del disfrute pacífico de su posesión.

Basándose en todo ello pidió a la corte que dictara sen-tencia condenando al demandado a restablecerla en su pose-sión y ordenándole que por sí, sus agentes y empleados,' se abstuviera de volverla a perturbar.bajo pena de desacato, con •imposición de costas.

La vista del caso fué suspendida varias veces celebrándose finalmente con la sola comparecencia de la demandante. Se practicó su prueba y la corte por el resultado de la misma dictó sentencia declarando la demanda con lugar, sin especial ■condenación de costas.

No conforme la demandante en que la sentencia se dictara sin especial condenación de costas, apeló y señala ése ■como el único error cometido a su juicio por la corte.

Argumentándolo invoca la sección 5 de la Ley No. 43 de 13 de marzo de 1915, que prescribe que

“La Corte dictará sentencia sin demora. Se impondrán las costas a la parte contra la cual se dictare sentencia.”'

La parte apelada sostiene que el criterio del juez senten-ciador encuentra apoyo en la jurisprudencia de esta corte que ha resuelto que “la concesión de costas y honorarios de ahogado es materia de discreción judicial exclusivamente, aun en procedimientos especiales como la impugnación de elec-ciones.” Candal v. Vargas, 29 D.P.R. 648 y casos en él •citados.

Sin embargo, cuando la ley es terminante, es ella la que debe prevalecer, y así fue decidido, interpretando el mismo precepto legal invocado por la parte apelante, en el caso de Solís v. Castro, 36 D.P.R. 314, basándose en el de Ortiz v. Silva et al., 28 D.P.R. 118, y en el de El Pueblo v. Oms, 35 D.P.R. 757, estableciéndose la siguiente doctrina:

“Declarada con lugar . . . una petición de injunction para reco-brar la posesión de propiedad inmueble, deben imponer'se las costas-a los demandados por precepto imperativo de la Ley No. 43 de 1913-(p. 85).”

El caso del Banco Territorial v. Puig, 5 D.P.R. 137, noes aplicable. Aquí no se trata de un pleito fallado en rebel-día. Si bien es lo cierto que el municipio demandado no com-pareció al acto de la vista, lo es también que formuló peti-ciones durante la tramitación del litigio. Si nada tenía que oponer a lo alegado en la demanda, debió haberse allanado. La prueba debe presumirse que demostró los actos de per-turbación que se le atribuían, cuando la demanda fué decla-rada con lugar.

Ahora bien, en la invasión del derecho posesorio puede existir una mayor o menor gravedad y en la defensa en el pleito grados distintos: de temeridad. Todo ello puede apre-ciarse por la corte al imponer las costas simplemente o al excluir de ellas los honorarios de abogado o una parte de los mismos. El mandato de la ley es que se impongan las costas, pero la discreción de la corte puede ejercitarse de acuerdo con las circunstancias concurrentes en lo que respecta a los honorarios de abogado.

La transcripción no incluye la prueba practicada. No estamos, por tanto, en condiciones de dictar la sentencia que debió dictar la corte de distrito. No conocemos la totalidad de los hechos. Siendo ello así, el caso debe■ devolverse a la corte de su origen para que modifique su sentencia incluyendo en ella el pronunciamiento de costas en la forma que proce-diere en justicia.


text:
    Basilisa Aldiba, demandante y apelante, v. Porto Rico Railway Light & Power Company, demandada y apelada.
    No. 4938.

    Sometido: Enero 15, 1930.

      Resuelto: Mayo 31, 1930.

      Bolívar Pagan, abogado de la apelante; J. H. Brotun, C. Bwiz Naza-rio y G. E. González, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Basilisa Aldiba, como madre y heredera de sn legítimo hijo Juan Gruzmán, presentó demanda, ante la Corte de Dis-trito de San Juan, contra Porto Rico Railway, Light and Power Company, como corporación de servicio público que hace negocios en Puerto Rico, alegando que el 21 de enero de 1925, en Canóvanas y en un puente público Juan Gruzmán, ¡mientras caminaba por el puente tocó unos hilos eléctricos, que rodaban por el suelo en aquel sitio, y que eran propios de la demandada, y a consecuencia del choque falleció carho-irizado el referido Juan Guzmán; que el accidente fué causado por la negligencia de la demandada, que había dejado sin cuidado esos alambres cargados de fuerte corriente, rodando por la vía pública; que Juan Guzmán sostenía a la demandante, que ba perdido su ayuda material y sufrido crueles dolores morales, y que estima en diez mil dollars sus daños y perjuicios.

La demandada, aparte de excepcional' la demanda por falta de hechos, contestó negando las alegaciones esenciales, en lo que la perjudican, alegando la negligencia causante de Guzmán, y en su caso la contributoria, y negando la proce-dencia de daños y perjuicios.

Se oyó el caso, y en él la prueba, por la corte; y ésta dictó sentencia declarando sin lugar la demanda. De esa sentencia ba apelado la demandante, señalando manifiesto error en la apreciación de la prueba.

Parte interesante de la prueba es la diligencia de inspección ocular, que aparece perfectamente hecha y transcrita en la “Opinión” de la corte a quo, y cuyo texto es como sigue:

“En la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, Puerto Rico. — Basilisa Aldiba, demandante, vs. P. R. Railway, Light & Power Co., demandada. — Civil No. 728. — Sobre Daños y Perjui-cios. — Acta de INSPECCIÓN Ocular. — El día 14 de diciembre de 1926, a petición de las partes en este caso, se constituyó el Hon. Juez de esta Corte en el puente público tendido entre los kilómetros 18 y 19 de la carretera pública que conduce de San Juan a Fajardo, P. R.; sitio donde ocurrió la muerte de Juan Guzmán, que se trata en este caso; acompañado de las partes y del taquígrafo de la Corte; y allí la Corte procedió a eon'signar los siguientes extremos:
“La casa del peón caminero está situada a la izquierda del puente a una distancia de 30 a 40 3'ardas, caminando hacia Fajardo, P. R.
“La carretera está construida en un terraplén y el firme de la misma llega, a 7 pies de donde está el poste donde están los alam-bres. El poste e'stá al borde del terraplén. Entre el poste y la ter-minación del puente hay tres árboles. A la derecha de la carre-tera hay también una línea de alambres.
“El alto del puente en la parte baja es de 4 pies y seis pul-gadas.
‘1 El pilar donde ocurrió el accidente tiene 9 pies y 6 pulgadas de alto por 4 pies de anebo. La superficie en la parte superior del pilar tiene declive. -De la orilla ha'sta el tope arriba tiene 11 pul-gadas y en las mismas baja a 4 pulgadas. Esta superficie que se menciona tiene 2 pies 1 pulgada en una dirección y 2 pies 10 pul-gadas en la otra.
“Y para incluir en el espediente del caso de epígrafe se da la siguiente acta a los 17 días del me‘s de diciembre de 1926, en San Juan, P. R. ”

Y tan interesante es también lo que, acerca de la prueba, se dice en la relación del caso y opinión de la. corte de distrito:

“Recuerdo perfectamente bien que la demandante me presentó dos testigos, y que éstos declararon casi exactamente en las mismas palabras en cuanto al accidente; ambos llegaron al 'sitio, ambos vie-ron a Juan Guzmán tirado en el suelo con el alambre que le pasaba por debajo del costado, y me parece que era el costado derecho; am-bos dicen que tenía las manos y los pies quemados. Pero hay una circunstancia que me hace dudar de la veracidad y de la certeza de estas declaraciones, duda que surgió en mi mente desde el momento en que los oí declarar, y esa circunstancia es ésta: uno de estos testigos nos dijo que había visto al Dr. Aubray cuando el Dr. le había hecho la autopsia a Juan Guzmán, en el-momento en que dicha autop-sia 'se estaba levando a cabo. Más tarde, el Dr. Aubray nos dijo bajo juramento que él no había hecho autopsia alguna para deter-minar la causa de la muerte de Juan Guzmán ni para ningún otro fin. De modo que teniendo presente estas dos circunstancias, es de-cir, de la similaridad de las declaraciones, más esta otra, pue's el Dr. Aubray me merece el mayor crédito como testigo, hemos de llegar a la conclusión que estos testigos no me convencieron de la certeza de esas manifestacione's.
“Por el contrario, la demandada presentó, entre sus testigos, uno que declaró haber llegado al sitio del accidente y haber encontrado allí atravesado sobre el pretil alto del puente a Juan Guzmán, y que él mismo, junto con otras personas, ayudó a bajarlo de dicho pre-til. A este testigo repetidas veces le hice preguntas con el objeto de cerciorarme de la firmeza de su declaración, o de su falsedad, y de todo ello llegué a convencerme de que este hombre declaraba lo cierto, y lo que había ocurrido.”

Ahora, en su alegato, la apelante, en primer lugar fuerza su argumentación sobre la apreciación de la prueba. Es verdad que de los testigos de la apelante, Ramón Algarín dijo haber encontrado tendido en la carretera un hombre, temblando, y que ese hombre resultó ser Juan Guzmán, y que había un alambre partido cerca de, o pegado a dicho hombre, y que luego llegaron Manuel Morales y Eugenio Reyes. Estos, en resumen dijeron que un quincallero les avisó de que había en la carretera un hombre brincando, y fueron allá y encontraron a Guzmán, vieron debajo del sujeto hilos de la luz. Pero la parte demandada presentó evidencia testifical ('Felipe Escobar, Jacinto Calderón y Nicolás Reyes) para demostrar que Juan Guzmán se hallaba encima del muro más alto del puente, acostado boca arriba, con las piernas colgando para los lados, y de allí le bajaron esos mismos testigos.

La corte pesó las declaraciones de unos y otros, encontró manifestaciones que tenían todas las apariencias de ser falsas, comparadas y contrastadas con el resto de la prueba, y llegó a la conclusión de que los testig’os de la demandada decían la verdad. Es indudable que para llegar a esta conclusión, fueron factores de la mayor importancia otros testimonios que aparecen en récord.

En esas condiciones, y no encontrando en la prueba nada que nos lleve a creer que en la solución del conflicto hubiera error de parte de la corte, declaramos que no existe el señalado por la apelante. Falta, sobre todo, la prueba de la relación de causa y efecto, como tal relación directa e inmediata, que sería necesaria, siguiendo la doctrina legal sentada en el caso García v. San Juan Light etc., 17 D.P.R. 626. Esta relación es de esencial importancia en todos los casos. En éste, se alegó de una manera específica que la muerte de Juan Guzmán se debió a haber sufrido éste el contacto con un alambre cargado de intensa corriente eléctrica, que estaba tirado en el camino por donde tuvo que pasar Guzmán, y que había sido así dejado negligentemente por la demandada, dueña de ese alambre. Y del examen que de la prueba hizo la •corte, esos hechos no se justificaron; y antes al contrario, lo que de la prueba aparece con carácter de veracidad, es que •el alambre se hallaba encima de un muro, que no es parte del camino, y a donde no debió subir Juan G-uzmán.

Es cierto que el juez, al resolver una moción de non-suit de la demandada habló de un caso de res ipsa loquitur. Pero es bueno haeer constar que lo hizo con referencia a la •existencia de corriente eléctrica en los alambres« El dijo:

“La otra cuestión de que no ha habido prueba de la corriente, yo entiendo que éste es un caso de res ipsa loqvÁtur. El hecho de que se haya quemado el individuo y haya muerto, y haya quien mani-fieste que ha muerto como consecuencia de esa quemadura, y que •esa quemadura fué producida por un agente conductor de electrici-dad, entiendo que no se necesita prueba que establezca que el alambre llevaba suficiente potencia para matar, cuando el hombre murió.”

Es posible que haya alguna confusión nacida de este dicho •del juez. - La doctrina de res ipsa loquitur es de excepción a la regla general en cuanto a la prueba de negligencia. En el caso inglés Scott v. London & St. Katherine Docks, 5 H. & C. 596, 601, 159 Reprint 665, se ha establecido la verdadera definición de la doctrina declarándose que cuando se demues-tra que la cosa que causó el accidente se hallaba bajo el manejo del demandado o sus empleados, y que el accidente es de tal naturaleza que en el curso ordinario no ocurre si los que tienen el manejo o dirección emplean el debido cuidado, ello ofrece evidencia razonable, a falta de explicación por el demandado, de que el accidente surgió por falta de cuidado (dilig'encia).

Como claramente se ve, la doctrina de res ipsa loquitur establece una presunción, que puede destruirse por la prueba del demandado. No es que una vez que ella surge, se impide al demandado que pruebe.

En este caso la prueba de la demandante fué practicada, y lo mismo la de la parte demandada. El juez negó crédito a la presentada por Basilisa Aldiba, y expresó en la relación de hechos y opinión, el porqué de tal negativa. En cambio dio asenso a.la de la demandada, y sobre ella estableció el hecho fundamental declarado así en la opinión.

"De modo que yo entiendo que se ha probado que estos alambre» no vinieron en contacto con el cuerpo de Juan Guzmán mientras él estaba en la carretera.
"La demandante trató de probar que Juan -Guzmán fué encon-trado en el piso del puente de la carretera, acostado en estado agoni-zante, teniendo alambres eléctricos próximos a su cuerpo. La.deman-dada, por el contrario, trató de probar que Juan Guzmán fué encon-trado sobre uno de lo's pilares del puente, con su cabeza y brazos hacia la carretera, y que de allí hubo de ser bajado en brazos de al-gunos de los testigos que declararon que allí no había, tampoco alam-bres en el piso de la carretera.

"Esa es la situación de hecho. Aun cuando entiendo que se ha. probado que Juan Guzmán, para mí, murió de un choque eléctrico,, •sin embargo, de las circun'stancias del caso no aparece que yo deba aplicar al mismo la regla del res ipsa loquiturpuesto que aquí no-ha habido prueba de cómo sucedió esta muerte, ni tampoco de las-circunstancias de la misma para poder yo llegar a la conclusión de que la compañía demandada ha sido, en alguna forma, negligente, y que esa negligencia fué la cau'sa de la muerte de Juan Guzmán. Yo-podría, únicamente, por conjeturas llegar a la conclusión de que qui-zás Juan Guzmán se subió al puente — que como se verá del acta de-inspección ocular es bastante alto y es necesario háeer grandes es-fuerzos para poder'se subir a estos pilares— y de allí tocó con sus manos y alcanzó uno de los alambres. Si esto es así, de acuerdo con la jurisprudencia existente, los herederos de Juan Guzmán no tie-nen derecho a reclamar de la demandada, como podrá verse por la teoría expuesta por el Juez que suscribe en el cáso del menor Rafael Acosta v. Porto Rico Railway Light & Power Co., resuelto con fecha, 20 de febrero, 1926, y teniendo en cuenta que en dicho caso, el de-mandante era un menor. Véanse, además, los casos de Amos Trout: et al. V. Philadelphia Electric Co., 42 L.R.A. (N. S.) 713; Grube v. Mayor etc. of Baltimore, 103 Atl. 948; Heller v. New York N. H. &. H. R. Co., 265 Fed. 192, en donde se resolvió que la compañía no era responsable de la muerte de un niño de diez años que se subió a un terraplén y de allí alcanzó un alambre de alta tensión, sobre la, base que no había razón para esperar que el niño así lo hiciera. ’ ’

Hemos leído el record taquigráfico; y la conclusión, a que-llega el juez, en cuanto a los hechos, nos parece correcta y lógica. No vemos en ella error alguno.

Debe confirmarse la sentencia apelada. i


text:
    Modesto Ruidíaz, demandante y apelante, v. José Méndez Pérez, José y Aquilina Colón, demandados y apelados.
    No. 5005.

    Sometido: Enero 23, 1930.

      Resuelto: Mayo 31, 1930.

      C. del Toro Fernández, abogado del apelante; José G. Jusino, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

En un caso tramitado ante la Corte de Distrito de San Juan, a virtud de demanda de Modesto Ruidíaz contra José Méndez Pérez y otros, sobre tercería, y en el que bubo una petición y una orden de injunction, la corte dictó sentencia por la que desestimó la demanda de tercería, y anuló el auto de injunction que babía dictado; ordenó que la finca, de que se trataba en el caso respondiera de cierta sentencia; y con-denó al demandante en tercería Modesto Ruidíaz al pago de las costas y gastos del pleito. Se presentó por la parte victo-íiosa un memorándum de costas, que fué impugnado por Ruidíaz.; y la corte, después de oír a las partes y considerar la prueba presentada, aprobó un estado de costas como sigue:

“Resoluouon. La Corte, resolviendo ahora el memorándum de costas y desembolsos presentado por el demandado y que fué impug-nado por el demandante, lo hace en la siguiente forma:
“Indemnización de testigo: Juan Orraca de Bayamón a San Juan dos viaje:s, $10.00 — José Orraca de Bayamón a San Juan un viaje, 5.00 — José Méndez de Bayamón a San Juan dos viajes, 10.00— Edictos a ‘La Democracia’ en el caso suspendido, 8.75 — Orden al marshal, de remate, 3.00 — Siete certificados al abogado del deman-dante, 1.40 — Citación de testigos en tres distintas ocásiones, 15.00 — • Certificaciones del embargo en el Registro de la Propiedad, 2.00— Anotación sentencia de tercería, 2.00 — Certificado sentencia Secreta-ría Corte, .60 — Honorarios de abogado tres vistas en el Injunction que la Corte por la presente fija en 300.00 — Honorarios de abogado cu el cáso de tercería que la Corte, por la presente, fija en 700.00— Total, $1,067.75.
“Y se ordena y decreta, que al demandante Modesto Ruidíaz, en su oportunidad y previos los trámites legales, pague al demandado José Méndez Pérez, la suma de mil sesbNta y siete dollars setenta y cinco centavos, $1,067.75, a que asciende dicho memorándum.
“San Juan, Puerto Rico, a 31 de diciembre de 1928.”

Contra esta resolución se ha interpuesto por Modesto Ruidíaz la apelación que resolvemos, y que se funda en dos señalamientos de error, el primero de los cuales se ha for-mulado así:

“La corte de distrito del distrito judicial de San Juan erró al impartirle 'su aprobación a las partidas de $10 para José Orraca, de $5 para José Ramos, y de $10 para José Méndez, sin que para soste-nerlas se introdujera evidencia alguna por el demandado y apelado, sin embargo de haber sido impugnadas bajo juramento.”

El haberse hecho la impugnación bajo juramento es algo que no tiene gran importancia. Primero, porque las. partidas se presentaron .en el memorándum bajo juramento también. Segundo, porque el juramento en estos casos de memorándum de costas, si bien puede asegurar el hecho de que se pagaron las sumas, no tiene nada que ver con la califica-ción de justo o excesivo de su montante.

Se trata de testigos que se alega lian lieclio, dos viajes Orraca y Méndez, y un viaje Ramos; y por cada viaje se les abonan cinco dólares. Si ése es el solo concepto, el gasto no es justificable, por ser bastante alto. Si bay otros conceptos, abono de indemnización, etc., se ba debido probar esto.

La parte apelante tiene razón en cuanto al primer seña-lamiento de error.

El segundo señalamiento es así:

“La corte de distrito del distrito judicial de San Juan erró mal usando su discreción al conceder por honorarios de abogado a la parte contraria la suma de un mil dollars ($1,000.00) que en este pleito es irrazonable y excesiva.”

La finca de que se trataba en este caso babía sido adju-dicada, por lo que parece, a Ruidíaz en $700. Pero también aparece que la cantidad por que se hipotecó a Méndez fué de $2,644.65. Parece indudable que el valor no era de $700, sino mucbo más alto, ya que babía de cubrir cuando menos el importe de la bipoteca.

Hemos visto, con el posible detenimiento, las alegaciones y los alegatos de los abogados. Las cuestiones principales son de preferencia, ya de créditos, ya de embargo, o de anota-ciones, y efectos de éstas; quizá todas las presentadas no fueron de absoluta necesidad. Se celebraron tres vistas en la última de las que se llegó a simplificar el caso, estipulando las partes en cuanto a varios extremos de los alegados; y parece que bubo otra vista más en la tercería; pero esto no es un extremo demasiado importante.

En cuanto a la temeridad, ella babía servido de base para imponer las costas; y esto es suficiente en este caso.

La parte victoriosa fijó los honorarios de abogado en la tercería en $1,500, y en el injunction en $800. La corté redujo esos montantes a $700 por la tercería, y $300 por el injimction.

La prueba da uel conocimiento bastante claro del trabajo del abogado, esfuerzo y estudio que requirió, e importancia del mismo en general.

Es cierto que no se puede llegar a un exacto conocimiento del valor materia del pleito. Pero creemos que con los datos del récord nadie podría hacerlo subir a mucho más de $3,000. El valor es uno de tantos elementos, nunca el único, ni el más importante, para graduar los honorarios.

La parte apelante invoca los casos de Beltrán v. Carrasquillo, 29 D.P.R. 563, en que se dijo que al graduar los hono-rarios, debe tenerse en cuenta generalmente la cuantía y naturaleza del pleito; y los casos Roca v. Díaz, 33 D.P.R. 198, Díaz v. P. R. By. etc., 33 D.P.R. 25, y López Ramírez v. Benitez, 34 D.P.R. 593, en los que este tribunal rebajó la cuantía de los honorarios.

Si hemos de considerar la cuantía, sin que ello perjudique en nada al buen concepto que nos merece1 el trabajo del abo-gado en el caso, las sumas de $500 como honorarios en la tercería, y $300 como honorarios en el injunction, ambas para las costas de la parte victoriosa, serán razonables y discretas.

Por las razones apuntadas, se modifica la resolución ape-lada en el sentido de fijar los honorarios de abogado en la suma total de $800; y en cuanto a las costas por viajes de los- testigos, dejándolas en la suma de $3 por cada viaje, y así modificada se confirma.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Amalia Burgos Vda. de Molina, en representación de y como madre con patria potestad sobre su menor hijo Carlos Ramón Molina, demandante y apelante, v. Sobrinos de Villamil, demandada y apelada.
    No. 4728.

    Sometido: Abril 30, 1929.

      Resuelto: Mayo 31, 1930.

      José C. Jtisino, abogado de la apelante; Heriberto Torres -Sola, abo-gado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal. ■

Para fundar la corte inferior su sentencia en este caso escribió una opinión en la que dice lo siguiente:

“La prueba lia demostrado que la demandada, Sobrinos de Villa-mil, tiene en Río Piedras un establecimiento mercantil para el des-pacho de provisiones; que para su negocio tiene entre otros vehícu-los, un truck Ford No. 296, del cual es chauffeur Manuel Villar Alonso, debidamente autorizado, y en el que trabaja Pablo Martínez como’peón, para el reparto de la carga a domicilio; que el día 21 de mayo de 1925, como a las 9 a. m., el truck de la demandada, guiado por el chauffeur Manuel Villar Alonso y. donde actuaba como peón Pablo Martínez, salió del colmado para el reparto de la's compras a domicilio; que el chauffeur se detuvo en la casa de un tal Vallejo, para hacer su cobro, y como se entretuviera un rato, el peón Pablo Martínez, sin estar autorizado para manejar vehículos de motor, tomó el guía y se dirigió por la calle ‘Padres Capuchinos.’ barrio ‘Buen Consejo,’ de Río Piedras, por donde existe una e'scuela pública, para llevar una compra; que los niños estaban fuera, en la calle, durante el recreo, siendo las 10.30 de la mañana; que el truck se detuvo frente a la escuela y los niños se montaron en los e'stribos del ve-hículo, ordenándoles el peón o conductor que se apearan; que luego el truck continuó su marcha y los niños volvieron a montarse, entre ellos Carlos Ramón Molina Burgos, quien cayó del citado vehículo y ’se produjo golpes en distintas partes de su cuerpo.”

Luego dice la corte que en la demanda se alega que el niño se paró en el estribo delantero izquierdo del vehículo al lado del chauffeur, quien puso en movimiento el vehículo sin dar tiempo a que se bajara el niño; que éste suplicó al chauffeur que detuviera el vehículo para bajar pero por el contrario aceleró la marcha y el niño cayó; mientras que en la contestación a la demanda se dice que el niño se montó en la parte trasera de dicho vehículo sin que de ello pudiera aper-cibirse el conductor del truck} porque desde su sitio no veía en el que se sentó el niño y que al arrancar el truck el niño cayó al suelo. Ese conflicto también resultó en la prueba y fué resuelto por la corte en favor del demandante. A pesar de esa conclusión la corte de distrito declaró sin lugar la de-manda porque la prueba de la parte demandada demostró fuera de duda razonable que Pablo Martínez no estaba auto-rizado para guiar el truck de la demanda y que ésta tenía expresamente para ese servicio al chauffeur Manuel Villar Alonso, sin que se hubiera probado que en otras ocasiones el peón hubiera guiado el truck y, por el contrario, según declaró el chauffeur él no permitía que el peón manejara el vehículo porque no estaba autorizado y porque el jefe de la casa de-mandada había prohibido expresamente que fuera manejado por persona distinta del chauffeur.

Para sostener la parte demandada su apelación contra esa sentencia alega que la ■ corte inferior cometió error en la apreciación de la prueba y que la sentencia es contraria a derecho; y todo lo que aduce en apoyo de la apreciación errónea de la prueba es que algunos testigos declararon que Pablo Martínez había manejado esa guagua en otras oca-siones, pero esto carece de importancia en este caso porque aun siendo así, por más que hubo prueba contradictoria, lo fundamental para los términos en que fué dictada la sentencia es si se probó o no que entre las funciones del empleo de Pablo Martínez no estaba la de manejar el automóvil y que la demandada había prohibido terminantemente que el truck fuera manejado por persona distinta del chauffeur Manuel Villar Alonso. Esta conclusión no está impugnada por el apelante.

El otro motivo de ser la sentencia contraria a derecho lo funda el apelante en que el artículo 1804 del Código Civil es de aplicación en este caso.

El artículo 1803 del Código Civil dice que el que por acción u omisión cause daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado; y el 1804 que la obligación que impone el artículo anterior es exigible no sólo por los actos y omisiones propios sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder; y' después de establecer dos casos de responsabilidad para ciertas personas por actos de otros, declara que son igual-mente responsables los dueños o directores de un estableci-miento o empresa respecto de los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en los que estuvieren empleados, o con ocasión de sus funciones; precepto en el cual no puede fundarse una condena en este caso por manejar Pablo Martínez el truck en este caso porque no ejecutaba ese acto con ocasión de sus funciones ni en el servicio del ramo en que estaba empleado, pues como demostró la prueba su empleo se limitaba a acompañar la guagua para entregar los paquetes y no a manejarla, lo que estaba prohibido a persona distinta del cha/affeur Manuel Villar Alonso. Cuando un em-pleado se aparta de sus deberes y en otros distintos realiza un daño, su principal no es responsable por él, según hemos declarado en los casos de Marrero v. López, 15 D.P.R. 766; Vélez v. Llavina, 18 D.P.R. 656; Martínez v. Trujillo & Mercado, 24 D.P.R. 294; Colón v. Pérez, 27 D.P.R. 748, y Pérez v. J. Lema & Co., 36 D.P.R. 82.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


author: 'El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Gaspar Berio, demandante y apelante, v. Santiago de Santiago, demandado y apelado.
    No. 5323.

    Sometido: Mayo 26, 1930.

      Resuelto: Mayo 31, 1930.

      L. A. García del Rosario, abogado del apelante; G. Domínguez Ru-bio, abogado del apelado.
   'El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El apelado solicita la desestimación del presente recurso porque el escrito de apelación no fue notificado “en la forma y manera que la ley y la jurisprudencia consignan.” Esta moción viene acompañada de copia certificada del escrito de apelación, además de un certificado de notificación por correo suscrito por el abogado del apelante y radicado en secretaría con el escrito de apelación.

En respuesta a esta moción, el apelante ba presentado un recibo firmado por el abogado del recurrido como prueba de la entrega del sobre conteniendo el escrito de apelación que Labia sido enviado por correo certificado. Esa entrega del escrito de apelación constituyó una notificación personal, y el recibo suscrito por el letrado del apelado equivalió a admitir que se hizo tal notificación. Esto elimina cualquier cuestión relativa a la validez de la notificación sustituta, o a la forma ■ y suficiencia de la prueba de tal notificación. Heinlen v. Heilbron, 94 Cal. 636.

La jurisdicción de este tribunal depende del hecho de la notificación. Si ese hecho no aparece de la faz de los autos, puede demostrarse con prueba áliumde, y al ser así establecido es suficiente respuesta a una moción de desesti-mación. Sutter County v. Tisdale, 128 Cal. 180.

No ha lugar a la moción.