author: El Juez. Asociado Señor Texidor,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José García Dones, acusado y apelante.
    No. 4399.

    Sometido: Abril 10, 1931.

      Resuelto: Abril 21, 1931.

      Rafael Rivera Zagas, abogado del apelante; R. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez. Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

La denuncia en este caso expresa que el 11 de noviembre de 1929, en el poblado Venezuela, Sabana Llana, Distrito Judicial Municipal de Eío Piedras, José García Dones ilegal, voluntaria y maliciosamente, y para fines de ofensa y defensa, llevaba sobre sí un revólver, arma mortífera, y no la llevaba por razón de deporte, profesión u oficio.

La Corte de Distrito de San Juan, Puerto Eico, declaró al acusado culpable del delito de llevar armas prohibidas y le condenó a cuarenta días de cárcel. Y el acusado ha apelado.

Cuatro errores se imputan por el apelante a la corte sen-tenciadora.

Se alega que la denuncia o acusación no aduce becbos suficientes para imputar al acusado un delito de portar armas.

El acusado sostiene que en la denuncia se lia omitido decir que el acusado llevaba el arma en sitio que no era su propia casa o su finca, y que el becbo es contrario a la ley para tal caso prevista, y la paz y dignidad del Pueblo de Puerto Pico.

La Ley No. 14, de 25 de junio de 1924, define el delito en esta forma:

“Artículo 1. — Toda persona que ilegalmente portare o condu-jere cualquier arma o instrumento con el cual pueda causarse daño corporal, incurrirá en pena de prisión de un mes a seis meses.”

El delito se constituye por el becbo de llevar sobre sí, o conducir, el arma o instrumento prohibido.

El artículo 5 de la ley establece los casos en que por razón de la clase de instrumento, o su destino, o por el sitio, o la persona, o alguna otra causa allí expresada, no es aplicable la ley, como ley penal.

Hemos visto la jurisprudencia citada por las partes en este caso. Cuando el hecbo que constituye la excepción no es integrante en la definición del delito, y se expresa en una cláusula separada, no es necesario alegarlo en la acusación; ésta se encuentra completa si ba seguido esencialmente la definición estatutoria.

Los casos del artículo 5°., son, más que otra cosa, de exención. Y para ser alegados como defensa.

Otro de los errores señalados se refiere a la admisión de prueba oral con respecto a un proyectil que no fué traído como prueba.

Realmente,' no puede darse gran importancia a este ex-tremo.

Declaraba el testigo Emmanuelli, de la policía, y se le preguntó:

“P'. — ¿Ocupó algún arma? ¿Algún proyectil de algún arma de fuego?
“R. — No, señor.
“P. — ¿Algún proyectil?
“R. — No, señor, me lo trajeron.
“P. — ¿De manera que Yd. -vio .el proyectil?
“R. — Un proyectil que trajeron los testigos lo vi.
“P. — ¿De qué calibre?
“Def. — Me voy a oponer a que se bable del proyectil.
“Fiscal. — 'Después puede venir el testigo cuando pueda hablar del proyectil; lo retiro para más tarde.
“Def. — El proyectil debería haber venido, que es la mejor prueba.
“Juez. — La corte admite la pregunta; ya el Tribunal Supremo ha re’suelto que en estos casos no es necesario ni presentar el arma en evidencia; de manera que si no es necesaria el arma, el pro-yectil lo es menos.”

El razonamiento del juez fué correcto. Decidido por este tribunal .que no es de rigurosa necesidad la presentación del arma (Pueblo v. Julián, 18 D.P.R. 94, Pueblo v. Nieves, 85 D.P.R. 53), es indudable que la doctrina puede aplicarse a la presentación de una bala. No bubo, de parte de la corte, el error que se le atribuye por el apelante.

Se alega que la corte erró al declarar al acusado- culpable porque la prueba presentada no es suficiente para ello. Nemos leído el récord taquigráfico, y en la prueba encon-tramos elementos más que suficientes para la declaración de culpabilidad que hizo la corte en este caso.

Hemos dejado para último punto a resolver, la asignación de error que aparece en primer término en el alegato; la de que la corte erró al declarar al acusado culpable de acuerdo con la Ley No. 14 de 1924, por ser ésta anticonstitucional y nula, por indefinida, vaga, general e incierta. La parte apelante entiende que en el caso El Pueblo v. Cruz, 34 D.P.R. 315, este tribunal fué más allá de sus facultades en la aplicación e interpretación de un estatuto- penal.

Se nos alega que la redacción del artículo 1 de la ley está concebido en términos sumamente generales e inciertos. No estamos conformes. La tendencia más moderna es la de evitar el casuísmo y el extremado detalle, que resulta en la mayoría de las ocasiones perjudiciales para los fines de la ley. Hay en el artículo de que nos ocupamos la “razonable certeza” requerida por las autoridades. La ley ha sido ya interpretada en el caso Pueblo v. Cruz, 34 D.P.R. 315, en forma que no creemos haya dejado pendiente duda alguna.

“Arma, según su significado corriente y la definición que de esa palabra da el diccionario de la Academia Española, es un instru-mento de'stinado a ofender o defenderse; o en otras palabras, el instrumento destinado a fines de ofensa o defensa. Por consiguiente, al castigar el artículo primero de la ley de 19.24 (p. 117) a cual-quier persona que ilegalmente portare o condujere cualquier arma no puede referirse sino a los instrumentos destinados a ofensa o a defensa, como son los que se enumeraban en la ley de 1905 (Comp. 5994), y aunque es cierto que prescindió en 1924 de la enumera-ción de las armas prohibidas y usó una palabra general, sin embargo, el significado de esa palabra no comprende otras armas que' los instrumentos destinados a fines de ofen’sa y defensa, como son los mencionados en la ley de 1905, y cualquier otro de igual na-turaleza. ’ ’

Al principiar este párrafo, ha seguido este tribunal el sistema de interpretación de que se habla en el artículo 14 del Código Civil; y, para solucionar cualquier duda, se ha seguido después la interpretación por comparación y analo-gía, que aparece del texto del artículo 17 del mismo código, y la por origen y razón de ser de la ley, que se encuentra autorizada por el artículo 18 del mismo cuerpo legal. Los preceptos citados son éstos:

“Artículo 17. — Las leyes que se refieren a la misma materia o cuyo objeto 'sea el mismo, deben ser interpretadas refiriendo las unas a las otras, por cuanto lo que es claro en uno de sus precep-tos pueda ser tomado para explicar lo que resulte dudoso en otro.
“Artículo 18. — El medio más eficaz y universal para de'scubrir el verdadero sentido de una ley cuando sus expresiones son du-dosas, es considerar la razón y espíritu de ella, o la causa o motivo que indujeron al poder legislativo o dictarla.”

Aunque creemos que el artículo 1 de la ley es claro, si se necesitó acudir a interpretación, era perfectamente razo-nable, de parte de este tribunal, acudir a la comparación con los artículos de la ley anterior que trataba del mismo delito, y por medio de una investigación cuidadosa, considerando la razón y espíritu de la ley, y las causas que tuvo la Legisla-tura para dictarla, resolver cualquier duda que pudiera ofre-cerse. Para tal tarea de interpretación tienen amplio campo y’ suficiente autoridad los tribunales, ya que, en gran número de ocasiones, la aplicación de la ley requiere indispensable-mente su interpretación.

ISTo fue el tribunal más allá de sus facultades al inter-pretar la ley en aquel caso, ni en el de El Pueblo v. Vadi, 34 D.P.R. 462. En este último se interpretó el artículo 1, en conexión y comparación con el artículo 5 de la misma ley.

No se cometieron por la corte los errores señalados, por lo que debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Wolf no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor del Tobo,

license: Public Domain

text:
    Eulalia Monje, demandante y apelante, v. Ceferino Osorio Ayala, su esposa Demetria Sánchez, y Marcial Suárez y Suárez y su esposa Encarnación Fuentes, demandados y apelados.
    No. 4634.

      Sometido: Enero 20, 1931.

      Resuelto: Abril 22, 1931.

      II. Sancho Bonet, abogado del apelante; G. Cntzado Silva, abogado de los apelados.
   El Juez Presidente Señor del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un caso de reivindicación fallado en contra de la demandante. Se alegó en la demanda que la demandante era dueña de una finca de veinte y cinco cuerdas situada en Loíza, que había adquirido por compra “a las hermanas Peterson” hacía “aproximadamente treinta años;” que en 1904 la demandante segregó de la finca y arrendó a Amalio Cepeda nna porción de ocho cnerdas “y lnego de nn año apareció ocupando la susodicha parcela .de ocho cuerdas Don Ceferino Osorio Ayala y su esposa Demetria Sánchez, contra el consentimiento y voluntad de la demandante; ’ ’ que en 1907 Osorio alegando falsamente haber adquirido las ocho cuerdas de Cepeda tramitó un expediente de dominio y obtuvo que éste se declarara por la corte a su favor y se inscribiera'a su nombre en el registro; que algunos años después Osorio corrió la cerca y se apoderó de diez cuerdas más de la finca de la demandante, y que enterados los esposos Osorio de que la demandante iba a dirigirse a los tribunales, traspasó simuladamente la finca a los otros demandados esposos Suárez.

Contestaron los demandados negando los hechos de la de-manda que pudieran perjudicarles y alegando que los esposos Osorio poseyeron la finca de ocho cuerdas por haberla adqui-rido por compra a Amafio Cepeda; que en 1905 tramitaron un expediente posesorio y en 1906 otro de dominio en los cuales se acreditó el derecho de los Osorio, inscribiéndose la resolución dictada en el último en el registro de la propiedad; que los esposos Osorio poseyeron también una porción de tres cuerdas y media que adquirieron, dos por compra a Amalio Cepeda, y una y media por compra a la propia deman-dante, y que el 16 de enero de 1922 por escritura pública y justo precio, vendieron ambas porciones de terreno, la de ocho cuerdas y la de tres y media, a los otros demandados esposos Siiárez.

Trabada así la contienda, fué el pleito a juicio practicán-dose una larga prueba documental y testifical. La corte de distrito falló, como hemos dicho, en contra de la demandante, haciendo constar expresamente en su relación del caso y opinión que no le mereció crédito el testimonio de la deman-dante. :

Hemos estudiado cuidadosamente la prueba y a nuestro juicio quedó perfectamente acreditado el título de los deman-dados a la porción de ocho cuerdas. No nos detendremos en la alegada venta simulada de los Osorio a los Suárez. Quizá lo sea, pero nada importaría ello al derecho de la deman-dante si los Osorio demostraban, como demostraron, un buen título a su favor que trae causa de la propia demandante. La demandante dijo que había adquirido por compra a-las hermanas Peterson. Tanto la alegación como la prueba fueron muy vagas, pero tampoco importa porque el deman-dado deriva su título del de la demandante.

Se presentó un documento privado fechado en 1899 y fir-mado por la demandante, del cual resulta que la demandante vendió las.ocho cuerdas a Amalio Cepeda por la suma de $45. Luego el original de un expediente posesorio tramitado en la Corte Municipal de Carolina en 1905' en el que se acreditó que el demandado Osorio se hallaba en posesión de las ocho cuerdas como dueño por haberlas adquirido de Amalio Cepe-da. Se “confirió vista del mismo” al anterior dueño Cepeda, quien manifestó que por ser cierto lo consignado por Osorio en el escrito inicial, nada tenía que oponer a su pretensión. Y se citó a la demandante como colindante. El expediente no se llevó al registro. Pero sí se inscribió el de dominio tramitado por Osorio en la Corte de Distrito de San Juan sobre las mismas ocho cuerdas y resuelto a su favor por sentencia de once de febrero de 1907.

La prueba en cuanto a las ocho cuerdas es, pues, completa. Se intentó atacar el documento privado sosteniendo que la demandante lo que hizo fue arrendar a Cepeda y no venderle. Ella y varios otros testigos declararon en ese sentido, pero sus declaraciones son tan vagas y están tan fuertemente contradichas por el'documento, por las actuaciones públicas posteriores de Cepeda y Osorio y por la pasividad de la de-mandante durante tantos años viviendo en la finca misma, que no puede llegarse a otra conclusión que a la que llegara la corte sentenciadora. El hedió de que a virtud de la prueba testifical se consignara en la sentencia de dominio qne el peticionario había adquirido la finca “en 1905 por compra a Amafio Cepeda, y qne éste a sn vez la adquirió también por compra a Eulalia Monje habiéndola poseído más de veinte años,” cuando se ha demostrado ahora que Cepeda sólo la poseyó por seis años, no es bastante para declarar nulo, por falso, el expediente, pues se explica que la posesión de veinte años fué por Cepeda personalmente y por sus causantes la demandante Eulalia Monje y las hermanas Peterson.

En cuanto a la otra porción reclamada o sea la de diez cuerdas que se alega están en posesión de los demandados por haberse apoderado de ellas Osorio corriendo la cerca, no hay prueba alguna en verdad que pueda tomarse en consi-deración.

En primer lugar las diez cuerdas ni siquiera se describen en la demanda. Varios testigos declararon en el juicio que Osorio las tenía. Se les pidió la razón de su dicho y con-testaron. La finca de la demandante era de veinte y cinco cuerdas, ella tiene sólo siete, luego Osorio tiene que tener diez y ocho, o sean las porciones de ocho y de diez. No se practicó prueba de peritos, ni mensura. No se levantó plano alguno.

Osorio reconoció en la escritura de trasmisión a los Suá-rez que se hallaba en posesión de las ocho cuerdas y además de otra porción de tres y media y declaró en el juicio sobre el particular de conformidad con lo alegado en su contesta-ción, esto es, que había adquirido esas tres cuerdas y media, dos por compra a Cepeda y una y media por compra a la demandante. No presentó documento alguno creditivo de esas compras. La prueba es muy débil. Quizá sean esas tres cuerdas y media o al menos la cuerda y media lo que tenga Osorio sin derecho algnno, de lo que se apoderara corriendo la cerca, pero aunque así se reconociera, ¿cómo podría dictarse una sentencia a favor de la demandante si a virtud de la prueba no se ha identificado la exacta porción cuya entrega debería ordenarse? En pleitos de esta natu-raleza la prueba pericial, la mensura, los planos, son de verdadera importancia. Hubiera podido siquiera pedirse al demandado Osorio cuando declaró en el juicio que descri-biera y situara las porciones de dos y una y media cuerdas y quizá se hubiera estado en condiciones de dictar una sen-tencia favorable a la demandante por las tres y media o por la una y media cuerdas. Siempre hubiera quedado la cuestión de credibilidad, pues aquí nos encontramos con la posesión actual por parte de Osorio y su comprador y la afirmación bajo juramento de Osorio que compró de la demandante y frente a ellas con la afirmación también bajo juramento de la demandante que dice que no vendió terreno algnno.

Bajo cualquier aspecto que el caso se considere, se con-cluye siempre que la demanda no puede prosperar. Para que la acción reivindicatoría pueda ejercitarse con éxito precisa que el demandante justifique, no sólo el derecho con que pide la cosa detentáda, sino la identidad de la cosa misma. La demandante demostró su derecho dominical a cierta finca lústica. Hay indicios de que la finca constaba de veinte y cinco cuerdas, pero no es prueba fehaciente. También quedó demostrado que los demandados poseyeron y poseen once cuerdas y media, de las cuales reconocen que proceden de la finca de la demandante nueve cuerdas y media. Sobre ocho han demostrado un título de dominio claro, derivado de la misma demandante. Sobre una y media aportaron prueba de poca fuerza, contrarrestada por prueba débil también y de crédito discutible. Resolviendo el conflicto a favor de la demandante, siempre resultaría que no había medios de dictar sentencia en cuanto a la cuerda y media, por no haber cumplido la demandante con el requisito de la identidad.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Señor Wolf no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Harwood Hull, peticionario, v. La Corte de Distrito de San Juan, Hon. Carlos Llauger Díaz, Juez, demandada.
    No. 758.

    Sometido: Marzo 30, 1931.

      Resuelto: Abril 22, 1931.

      J. Henri Brown, C. Ruiz Nazario y G. E. González, abogados del peticionario; Hartzell, Kelley & Hartzell y F. Ramírez de Are-llano, abogados de la demandante en el pleito principal, aquí interventora.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

La corporación American Colonial Bank and Trust Company of Porto Rico, como administradora de la Iglesia Cató-lica de Puerto Bico, demandó el 17 de febrero de 1931 en juicio de desahucio a Harwood Hull alegando que había dejado de pagar durante varios meses el arrendamiento con-venido de $125 mensuales por la planta baja de cierta casa radicada en esta ciudad, que suman la cantidad de $1,866.66. El demandado formuló excepción previa contra la demanda y la contestó negando sus alegaciones. Las excepciones pre-vias fueron declaradas sin lugar por la corte por no haber comparecido el demandado a sostenerlas; y celebrado el juicio recayó sentencia declarando con lugar el desahució y ordenando al demandado que desocupe la casa. Entonces el demandado nos presentó petición de certiorari y librado el auto tenemos ante nosotros las diligencias originales del pleito y hemos oído a las partes del mismo.

Dos errores de procedimiento se alegan en la petición de certiorari, siendo el primero por haber declarado la corte sin lugar las excepciones previas aducidas contra la demanda por el fundamento de que el demandado no compareció a sostenerlas.

Hna excepción previa a la demanda suscita una cuestión de derecho que debe ser juzgada por la corte, a no ser que sea sometida al juicio de árbitros por consentimiento de las partes, según los artículos 196 y 198 del Código Enjuicia-miento Civil; disponiendo el 199 que las cuestiones de derecho deberán resolverse antes que las de hecho. De acuerdo, pues, con esos preceptos las excepciones previas deben ser resueltas por la corte y no deben ser" declaradas sin lugar por el hecho de que la parte que las alegue no comparezca a sostenerlas. En los casos de Anderson v. Fulton County Home Builders, 92 S. E. 934; Vaughan v. Farmers’ & Merchants’ Bank, 93 S. E. 228, y de Porter v. Parker, 126 S. E. 381, todos de la Corte Suprema de Georgia, se ha declarado que las excepciones previas deben ser re-sueltas aunque la parte que las promueve o su abogado dejen de comparecer a la corte. En el primero de esos casos se dice: “El dejar de comparecer el demandado no autoriza la desestimación de su alegación.” El declararlas sin lugar por no comparecer la parte a sostenerlas equivale a una desestimación de las excepciones sin resolverlas. No obs-tante lo expuesto, el error de la corte inferior en el particular dicho no es de tal naturaleza que justifique la anulación del juicio que fué celebrado, porque las mismas cuestiones de las excepciones pueden ser tratadas en apelación contra la sen-tencia. En los dos últimos casos antes citados también se dice que ese error no justificaba la concesión de un nuevo juicio; y en el caso de Manrique v. Diez, 22 D.P.R. 180, hemos manifestado que un pequeño error de procedimiento no da derecho a un certiorari. Por consiguiente, el auto de certiorari no puede sostenerse por ese motivo.

En la petición se dice también que el demandado alegó en la corte inferior como excepción previa que la de-manda no aduce hechos determinantes de causa de acción y que no es susceptible de enmienda, porque el American Colonial Bank and Trust Company of Porto Rico no es parte realmente interesáda de acuerdo con la doctrina sentada en el caso de J. Ochoa & Hno. v. José González Clemente y Ca., 29 D.P.R. 1015, y que el no haber sido sostenida esa cuestión viola el artículo 51 del Código de Enjuiciamiento Civil pre-ceptivo de que toda acción deberá ejercitarse en nombre de la parte realmente interesada, lo que constituye el otro error de procedimiento que se alega.

Lo que se pretende con este motivo de la petición es que resolvamos dicha excepción previa en un procedimiento extraordinario de certiorari.

En el caso de Rodríguez v. Sepúlveda, 19 D.P.R. 1169, fiemos dicho que la resolución de excepciones previas en un sentido o en otro no puede alegarse como error de procedi-miento en una solicitud de certiorari; y en el caso de Rodríguez v. Alfaro, 22 D.P.R. 182, declaramos que el auto de certiorari no es el remedio adecuado para, decidir si una demanda es suficiente para sostener una sentencia condena-toria y para anular ésta por insuficiencia de aquélla, a menos que esté envuelta una cuestión jurisdiccional, y que la sufi-ciencia o insuficiencia de la demanda para sostener una sen-tencia condenatoria es cuestión revisable en apelación y m> por certiorari.

La cuestión en el presente caso de si la demandante tiene o no capacidad para ejercitar la acción de desahucio no ataca la jurisdicción de la corte inferior, que la tiene para conocer de la demanda de desahucio en este caso por exceder de $1,000 el canon del arrendamiento computado por un año y radicar en su demarcación territorial la finca objeto del mismo.

También hemos dicho en el caso de Sánchez v. Cuevas Zegueira, Juez, 23 D.P.R. 50, que se ha decidido repetidas veces por los tribunales del continente y por esta Corte Suprema que siendo, como es, el certiorari un recurso extra-ordinario no cabe ejercitarlo cuando existe otro remedio adecuado, rápido y eficaz en el curso ordinario de la ley. En el presente caso existe apelación contra la sentencia dic-tada en el desahucio; remedio que es adecuado, rápido y eficaz porque se interpone en el corto término de cinco días y porque en apelación puede ser planteada y resuelta la cuestión promovida en este certiorari sobre la procedencia de la excepción previa alegada; sin que el hecho de que dis-ponga la ley de desahucio en su artículo 12 que no se admi-tirá al demandado el radicarse apelación si no consigna en secretaría el importe del precio adeudado hasta la fecha de la. sentencia, cuando el desahucio se funda en la falta de pago de la cantidad convenida, sea motivo para substituir el recurso ordinario de apelación por el extraordinario de certiorari, aunque el demandante pueda retirar la cantidad consignada. El libramiento por nosotros de autos de cer-tiorari no debe prevalecer al recurso de apelación concedido por la ley, salvo un grave error de procedimiento, que en este caso no existe.

A pesar de lo expuesto, por ser el término para apelar la sentencia el demandado de cinco días, porque las diligen-cias originales de la corte inferior nos fueron remitidas el di timo día en que se podía interponer la apelación, porque habiendo sido librado por este tribunal el anto de certiorari que interpuso el demandado pndo éste creer qne lo' sosten-dríamos, y porque en esta clase de recursos tenemos facultad discrecional, nos creemos autorizados en bien de la justicia para examinar las diligencias de la corte inferior a fin de conocer si existe el error alegado por el recurrente o si lia sido subsanado en caso de existir.

En el juicio se probó que la demandante es una corpora-ción organizada con arreglo a las leyes de esta Isla; que la Iglesia Católica, Apostólica, Romana de Puerto Rico es dueña con título inscrito en el registro de la propiedad de la casa objeto del desahucio, radicada en esta ciudad de San Juan; que por escritura pública ante notario el Ilustrísimo Sr. Obispo de la Diócesis de San Juan de Puerto Rico, Mon-señor Edwin Y. Byrne, dió en administración todos los bienes inmuebles de ella a la corporación American Colonial Bank and Trust Company of Porto Rico facultándola, entre otras cosas, para que los dé en arrendamiento, cobre sus alquileres o rentas, y para que se desahucie por falta de pago o de cumplimiento de las condiciones estipuladas, a sus in-quilinos, arrendatarios o colonos. También un testigo em-pleado de la corporación demandante declaró, según se dice en la opinión escrita por la corte inferior para fundar su sentencia, que el piso bajo derecho de la mencionada casa está alquilado al demandado en la cantidad de $125 men-suales y que desde mediados de noviembre de 1929 no ha pagado los alquileres, adeudando ahora $1,866.66 y que han resultado inútiles sus gestiones para el cobro.

Según la sección primera de la ley de desahucio promul-gada en 1905, tienen acción para promover el juicio de desahucio los dueños de la finca, los usufructuarios y cual-quiera otro que tenga derecho a disfrutarla, y sus causa-habientes. Las palabras de esta ley que dicen “y cualquiera otro con derecho a disfrutarla” se refieren a los que no siendo dueños ni usufructuarios tengan la finca en cualquier con-cepto legal, y por esto un administrador a quien el dueño o usufructuario entregue su finca para que se la administre, facultándolo para demandar en desahucio, tiene personalidad para ejercitar esa clase de acción en nombre del dueño o usufructuario. En España, cuya ley de enjuiciamiento civil tiene un precepto substancialmente igual al nuestro en su artículo 1564, en un caso en que la demanda de desahucio fué interpuesta por un administrador de los bienes y en el cual se alegó que el demandante no tenía capacidad legal para demandar, se resolvió por la sentencia No. 48 de su Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 1890, Jurisprudencia Civil, tomo 68, pág. 188, que el administrador tenía personalidad para incoar la acción de desahucio. También en otra sen-tencia No. 32 de 2 de octubre de 1893, Jurisprudencia Civil, tomo 74, pág. 154, en un caso en que también la demanda fué presentada por un administrador, dijo que justificado en el juicio, con el poder presentado por el demandante, ser éste el administrador de los bienes del propietario de la casa de cuyo desahucio se trataba, está su personalidad ajustada a la ley. El mismo Tribunal Supremo ha resuelto en otros casos que puede demandar en desahucio el depositario judicial de una finca, autorizado al efecto; el arrendatario al subarrendatario; el administrador judicial de una casa em-bargada, al propietario de la misma; el apoderado del pre-sidente (o quien haga sus veces) de las asociaciones de pro-pietarios, a los inquilinos de los asociados, si para ello se les dió poder; y que el administrador de una sociedad facultado para arrendar los bienes de ésta lo está también para desahuciar. Enciclopedia Jurídica Española, tomo 11, pág. 394, y Manresa, Ley de Enjuiciamiento Civil, tomo 6, pág. 25.

Como consecuencia de lo expuesto, la corporación Amer-kan Colonial Bank and Trust Company of Porto Rico tiene personalidad para establecer la demanda de desahucio en este caso como administradora de los bienes de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana de Puerto Rico, Diócesis de San Juan, sin ser obstáculo para ello que el Código de En-juiciamiento Civil de 1904 diga en su artículo 51 que toda acción deberá ejercitarse en nombre de la parte realmente interesada, excepto en los casos que se dispone otra cosa por ose código, porque la ley de desahucio es posterior a ese código y lo ha modificado en ese particular.

El auto de certiorari que hemos libradlo en este caso debe ser anulado.

El Juez Asociado Señor Wolf no intervino. El Juez Asociado Señor Hutchison está conforme con el resultado.


author: El Juez Asociado Señor. Aldrey,

text:
    Ernesto Fernando Schlüter, haciendo negocios bajo el nombre comercial de Schlüter & Co., Sucr., demandante y apelado, v. Onofre Solano, demandado y apelante.
    No. 5043.

    Sometido: Abril 4, 1930.

      Resuelto: Abril 24, 1931.

      F. Ramírez de Ar&Uano, abogado del apelante; E. Campos del Toro, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El demandado en este pleito apela de la sentencia con-denatoria dictada contra él y en su recurso alega para que la revoquemos, que la corte inferior cometió los dos siguientes errores: al estimar que tenía jurisdicción para conocer de la segunda causa de acción alegada en la demanda; y al oí denar que su contrademanda fuese eliminada.

En la primera causa de acción expuesta en la demanda enmendada, que fué presentada en noviembre de 1927, se alega que el demandado suscribió y entregó al demandante en noviembre de 1926 varios pagarés por el valor de abonos que le fueron entregados, vencederos en mayo de 1927, siendo uno de ellos por $1,030.11, sumando todos la cantidad de $3,141.83, los que no ban sido pagados; y en la segunda causa de acción se dice que el demandado ba tomado a préstamo al demandante la cantidad de $326.34 que ha sido pagada por el demandante a varias personas con la conformidad del demandado por los conceptos que especifica.

Las dos causas de acción ejercitadas por el demandante son acumulables de acuerdo con el artículo 104 del Código de Enjuiciamiento Civil porque ambas se refieren a contratos, y por esto el importe total de las dos reclamaciones es el que debe tenerse en cuenta para determinar la jurisdicción de la corte, según hemos declarado en el caso de Ramírez v. Muñoz, 33 D.P.R. 362, y en el de Perea v. Castro, 25 D.P.R. 110.

Con respecto al segundo motivo de error diremos que la contrademanda contiene dos causas de acción, interesándose por la primera que se declare nula una escritura de hipoteca otorgada por el demandado a favor del demandante el 17 de junio de 1922; que también se declare nulo un juicio ejecutivo hipotecario que como consecuencia de ella se está siguiendo en otra corte de distrito; y que bajo la inspección de la corte se verifique una revisión y examen de la cuenta corriente llevada entre las partes desde 1922 para que pueda llegar al conocimiento del verdadero saldo de la misma y ordene el pago del que resultare, por la parte que en justicia lo debiere.

En su segunda causa de acción se alega que desde 1924 al 1926 el contrademandante ayudó al contrademandado en la venta de sus abonos químicos prometiéndole recompen-sarle con una g’enerosa comisión, promesa que no fué cum-plida, y cuyos servicios valen razonablemente a razón de dos mil dólares cada año.

Dice el artículo 110 del Código de Enjuiciamiento Civil que la contestación del demandado contendrá una negación general o especial de los hechos esenciales de la demanda con los cuales no esté conforme el demandado y una exposición de cualquiera materia nueva constitutiva de oposición a la demanda o de reconvención (counterclaim). Y el artículo 111 dispone que dicha reconvención deberá ser a favor del demandado y en contra del demandante, siempre que res-pecto de ellos pueda dictarse en el juicio una sentencia separada, sobre dicha reconvención, y siempre que nazca de alguna de las causas de acción siguientes: 1, una causa de acción derivada de la transacción aducida en la demanda como fundamento de la reclamación del demandante, o relacionada con el objeto de la acción; 2, en una acción derivada de un contrato, cualquiera otra causa de acción derivada también de un contrato y existente al establecerse la demanda.

Las varias causas de acción ejercitadas por el demandado en la primera causa de acción de su contrademanda referentes a que se declare nula la hipoteca que constituyó así como el juicio ejecutivo que se tramita en otra corte, y para que se haga una liquidación de cuentas entre las partes, no son per-tinentes como contrademanda, de acuerdo con los preceptos legales citados, porque no se derivan de la transacción adu-cida en la demanda como fundamento de ella, que es el cobro de deuda reconocida en pagarés, ni están relacionadas con el objeto de la acción del demandante; ni tampoco proceden de contrato entre las partes.

No ocurre lo mismo con lo alegado en la segunda causa de acción de la contrademanda, pues fundada en un contrato de servicios prestados por el contrademandante al contra-demandado por los cuales reclama su valor razonable, exis-tente antes de ser entablada la demanda, es procedente de acuerdo con el No. 2 del artículo 111 citado, aunque el valor de esos servicios no haya sido determinado. 1 Bancroft’s Pleading, página 553. Por supuesto, sólo estamos resol-viendo que en una demanda en cobro de pesos puede alegarse como contrademanda otra acción del demandado para el cobro de dinero debido por un contrato de servicios.

La sentencia apelada debe ser revocada y devolverse el caso a la corte inferior para ulteriores procedimientos no •incompatibles con esta opinión.

El Juez Asociado Señor Wolf no intervino.


author: El Juez PresideNte Señor del Toro,

text:
    Carmelo Berríos Rivera, peticionario, v. La Corte de Distrito de San Juan, Hon. Pablo Berga, Juez, demandada.
    No. 756.

    Sometido: Abril 20, 1931.

      Resuelto: Abril 28, 1931.

      V. Polanao de Jesús, abogado del peticionario; Attorney General James B. Beverley y A. Ortiz Toro, primer sub-procurador general auxiliar, por la Comisión Industrial, interventora.
   El Juez PresideNte Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Este es nn recurso de certiorari interpuesto por un obrero que obtuvo una resolución de la Comisión Industrial de Puerto Pico, ordenando al asegurador “Pondo del Estado” que le pagara una indemnización de $900 dentro de quince días contados a partir de la notificación de dicba resolución. Se libró la orden de pago en diciembre de 1929- En diciem-bre la recibió el Tesorero de Puerto Rico. Nada bizo por espacio de un año y entonces el obrero pidió a la Corte de Distrito de San Juan que dictara un auto de mandamus ordenándole el pago. Una orden para mostrar causa fue expedida. Alegó el Tesorero que la petición no aducía becbos suficientes para determinar una causa de acción y contestó estableciendo varias defensas especiales. Llamado el "case para la vista de la excepción, el peticionario pidió a la corte que dictara sentencia sobre las alegaciones. Rehusó hacerlo la corte por estimar que los techos esenciales de la demanda habían sido negados en la contestación y procedió a declarar con lugar la excepción previa, así:

“En la resolución de la Comisión Industrial de Puerto Rico, que se transcribe en el hecho II de la demanda, se dice que el ase-gurador eS el Pondo del Estado, y se ordena notificar al obrero, al patrono, al AudMor y al Tesorero de Puerto Rico; alegándose además en el hecho III que en cumplimiento de dicha resolución, con fecha 20 de Diciembre de 1929 la Comisión Industrial libró Tina orden" de pago debidamente firmada por su Presidente Juan M. Herrero y su Secretario Joaquín A. Becerril, y dirigida al Te-sorero de Puerto Rico, para que procediera al pago de la liquida-ción del caso a que se refiere la indicada resolución por un mon-tante de $905.57, siendo dicho Tesorero el único autorizado y obli-gado por ley a verificar dicho pago al recibo de la orden; que ésta fué recibida en el mismo día 20 de Diciembre de 1929 por el Te-sorero de Puerto Rico, y que, hasta la fecha, a pesar de haber trans-currido más de un año del recibo de la misma, el Te'sorero de Puerto Rico no ha verificado el pago al demandante.
“La Ley de Indemnizaciones por Accidentes del Trabajo, No. 85, de 14 de Mayo 1928, según fué enmendada por Ley No. 40, de 25 de Abril 1929, por su Sección 7 dispone que la Comisión Industrial, en sus funciones puramente administrativas, y el Negociado de Compensaciones a Obreros del Departamento de Hacienda, bajo la dirección y control del Tesorero de Puerto Rico, constituirán el asegurador denominado ‘Pondo del Estado,’ correspondiendo a la Comisión Industrial hacer la liquidación de los casos de obreros cuyos patronos estén asegurados en el Pondo del Estado, y al Ne-gociado de Indemnizaciones a Obreros, fiscalizar y efectuar todos los desembolsos que de acuerdo con la ley deban hacerse contra el Pondo de Depósito para Indemnizaciones a Obreros.
“No se alega en la solicitud de mandamus con cargo a qué fon-dos el demandado Manuel Y. Domenech, en su carácter de Teso-rero de Puerto Rico, debei*á pagar la liquidación montante a $905.57, y si el desembolso es con cargo al Pondo del Estado, entonces, como la ley le concede el derecho de fiscalización, por estar bajo su direc-ción y control el Negociado de Compensaciones a Obreros, era ne-cesario alegar además un abuso de discreción.”

Fué entonces que. el obrero radicó en esta Corte Suprema su solicitud de certiorari. El auto fué expedido y todos los antecedentes del caso se encuentran ante nosotros.

El asunto es complicado tanto en cuanto a los hechos envueltos, como en cuanto a la interpretación de la ley que lo regula.

El estatuto creador de la Comisión Industrial — Ley No. 85 de 1928 — fué enmendado en 1929. Su sección 7, tal como quedó enmendada, en lo pertinente, dice:

“La Comisión Industrial tendrá funciones .de naturaleza cuasi judicial en lo que respecta a la resolución de todos los casos de ac-cidentes cubiertos por esta Ley, y tendrá además funciones de na-turaleza. puramente administrativa en lo que respecta a la presta-ción de servicios médicos y a la liquidación de los casos de obreros cuyos patronos estén asegurados en el Fondo del Estado. La Co-misión Industrial, en sus funciones puramente administrativas, y el Negociado de Compensaciones a Obreros a que se refiere el apar-cado (c) de esta sección, constituirá el asegurador denominado Fondo del Estado con carácter competitivo dentro de la libre con-currencia que por esta Ley se autoriza. En sus funciones cuasi-judiciales la Comisión Industrial representará únicamente el inte-rés público.
“(e) Un Negociado de Compensaciones a Obreros que por la presente se crea en el Departamento de Hacienda bajo la jurisdic-ción del Tesorero de Puerto Rico con carácter competitivo. Dicbo negociado, bajo la dirección y control del Tesorero de Puerto Rico, asegurará, de acuerdo con la ley y los reglamentos vigentes, a todos los patronos que opten por el seguro del Estado y a los que por ley deben asegurarse con el Estado; y fiscalizará y efectuará todos los desembolsos que de acuerdo con la ley deben hacerse contra el Fondo de Depósito para Indemnizaciones a Obreros.’.’ Leye's de 1929, página 225.

Se observa, pues, que la comisión tiene facultades cuasi judiciales y administrativas, y que, además, en lo que se refiere al apartado (c), constituye el organismo asegurador que se conoce como Fondo del Estado. Veamos la resolución dictada por la Comisión Industrial en este caso. En lo per-tinente, dice:

“Gobierno de Puerto Rico. — Departamento de Agricultura y Trabajo. — En la Comisión Industrial de Puerto Rico. — Peticiona-rio. — Carmelo Berríos Rivera. — Patrono.—Municipio de Morovis.— Asegurador. — Fondo del Estado. — No. 20704. Resolución. Habiéndose examinado cuidadosamente el expediente de e'ste caso; encontrándose que todos los datos, hechos y circunstancias, tal como arriba se anotan o se relatan son eierto's; encontrándose, por lo tanto, que se trata en el presente de uno de los casos de Incapaci-dad Parcial Permanente que protege nuestra Ley; teniendo en cuenta el grado de incapacidad que sufre el obrero, el jornal que ganaba el día del accidente y sus probabilidades de vida; deduci-das por su edad — la Comisión Industrial, de acuerdo con la auto-íidad concedídale por ¡ley, ahora resuelve que se pague a este obrero, en adición a laS compensaciones semanales a que tuviera derecho, una indemnización que fijamos en la cantidad de $900.00 — .”

Hablando por sí misma la resolución expresa que la comi-sión actuó en el ejercicio de sus facultades cuasi judiciales cuando examinó el expediente y decidió que se pagara al obrero la indemnización de $900. En cuanto a los servicios médicos que la comisión hubiera podido ordenar que se pres-taran al obrero y a la liquidación de cuentas similares, las facultades de la comisión se desarrollaban en el campo admi-nistrativo, en el que actúa asociada al Negociado de Com-pensaciones a Obreros, formando con él, como se ha dicho, el Fondo del Estado.

liemos estudiado tanto el memorándum del demandado en la- corte de distrito — caso de mandamus — como su alegato en el recurso de certiorari, y como se trata de leyes nuevas y como el último alegato revela con absoluta claridad la posi-ción del Tesorero, especialmente la del Superintendente de Seguros, parece conveniente transcribir del mismo lo que sigue;

“Entendemos que la demanda no aduce hechos, porque una re-solución de la Comisión Industrial no puede coartar, ni limitar, ni constituir en ministeriales las facultades discrecionales del Teso-rero. Veamos cuáles son esas facultades del Tesorero. De la Sec-ción 25 de la Ley No. 85, de 1928, aparece que la Comisión Industrial no tiene poder para ordenar al Tesorero a hacer absolutamente nada. Sus poderes se limitan a determinar una cuantía y a certifi-car una decisión.
“En cambio, el Tesorero de Puerto Rico tiene funciones fiscales que cumplir. Si este Efon. Tribunal examina la Ley No. 40 de 1929, observará que bajo el apartado ‘C’ del Art. 7, el Negociado de Compensaciones a Obrero's está bajo la dirección y' control del Tesorero de Puerto Rico y está facultado y obligado a fiscalizar todos los desembolsos que, de acuerdo con la ley, deban hacerse contra el Fondo de Depósito para Indemnizaeione's a Obreros.
“Entendemos también que debe considerarse el hecho de que una decisión de la Comisión Industrial no puede ponerse en vigor por el Tesorero de Puerto Rico, sin la acción previa del Superinten-dente de Seguros. De acuerdo con el Art. .24 de la Ley No. 85, de 1928, el Superintendente de Seguros e’stará obligado a ejecutar las decisiones de la Comisión en cuatro casos. De acuerdo con este artículo el que tiene la jurisdicción última (ultimate jurisdiction) es precisamente el Superintendente de Seguros. Que esto es’ así lo sostiene, en un estudio que de nuestra Ley de Indemnizaciones de 1928 hizo, el abogado Robertson Jones, del ‘Workmen Compensation Publicity Bureau,’ que es un organismo que 'se ha especializado en indemnizaciones a obreros y tiene estudiados todos los estatutos de indemnizaciones a Obreros de lo's Estados Unidos continentales y de sus territorios.
“Sostiene la contraria, en el párrafo cuarto de su petición de certiorari, que la Comisión'' Industrial tiene funciones cuasi judi-ciales y que si no se apela la resolución, de' aeuérdo con la Sec-ción 15 de la Ley, ante una corte de distrito, es contrario a todo derecho permitir que un tercero, el Superintendente de Seguros, anule o rescinda una resolución de la Comisión Industrial. La con-clusión a que llega la contraria es errónea, porque parte de una base falsa. Nosotros no hemos tratado de obtener la revisión de la resolución de la Comisión Industrial. Por eso no nos acogimos a lo que dispone la Sección 15 de la Ley No.'85. La razón salta a la vista: es sencillamente qué nosotros, o sea el "gobierno, no era 'asegurador en este caso. Partimo's de la hipótesis de que no exis-tía el status patronal, o sea que no existía la relación de obrero y patrono, dentro de lo que dispone la Sección' 2 de la Ley No. 85, de 1928. Y esto aparece de la propia demanda, según demostrare-mos luego. A'sí, pues, los hechos hubieran sido muy distintos si ha-biendo existido un accidente del trabajo, que es precisamente lo que no hubo en este caso, el Superintendente hubiera entendido que la cantidad concedida al obrero era excesiva; no porque fuese funda-mentalmente ilegal, sino porque la prueba, no justificase 'su conce-sión.
“Ya hemos demostrado, nos parece, que de acuerdo con el Art. 24, según fué interpretado por Robertson Jones, el Superintendente es el que tiene la última jurisdicción y que, de acuerdo con dicho artículo, en lo's cuatro casos en que procede la ejecución de la deci-sión, debe existir, como condición precedente, necesariamente-, la relación de patrono y obrero.
“Es verdad que el Art. 36 de la Ley No. 85, de 1928, obliga al Superintendente de Seguros a embargar bienes de cualquier patrono que dejare de cumplir la obligación de asegurar, a sus obreros, para cubrir el importe de cualquier indemnización que pudiere decretarse por la Comisión. Pero queda 'sobreentendido, y esto es una cues-tión fundamental, que el Superintendente de Seguros no está obli-gado a verificar ningún embargo cuando la Comisión Industrial se extralimita en sus facultades y sus actos ’son ultra vires.
“Independientemente del argumento fundamental en un proce-dimiento de mandamus de que la obligación de llevar a cabo el re-currido un acto debe ser ministerial, y como en este caso es discre-cional, no imputándose abuso de discreción, tenemos que aunque cu cuanto a estos extremos adujese hechos la petición, lo cierto es que no expresa hechos justificativos de la expedición de mandamus, porque según aparece de la petición original de la Corte de Distrito, el accidente ocurrió cuando el lesionado ‘se encontraba buscando el acta de inscripción de nacimiento de Rafael Cordero y al tomar el tomo que buscaba se vino sobre el libro, otro que estaba encima., y le cayó en un pie.’ Es fundamental que dentro de las funciones de alcaide de cáreel no puede estar nunca la de buscar libro’s del Registro Civil. Pero suponiendo que además de alcaide de cáreel fuese el peticionario encargado del Registro Civil, entonces el ac-cidente no es de tal naturaleza que sea compensable. La Ley No. 85, de 1928, en su Sección 2da., establece que las disposiciones generales de la ley serán aplicables a accidentes que provengan de cualquier otro acto o función inherente al trabajo o empleo de obrero y que ocurra en el curso de éstos y como consecuencia de los mismos. Dice, además que en cuanto a los obreros y empleados que presten sus servicios al Gobierno, en cualquiera de sus departamentos o de-pendencias, excepto como oficinistas o clerks, estarán comprendidos dentro de la ley. La función de buscar libros en el Registro de la Propiedad no es inherente al trabajo de alcaide. Si fuesen inhe-rentes las actividades del peticionario a buscar libros en el Registro Civil, entonces estaría actuando como oficinista o clerk y, por con-siguiente, un accidente que ocurra bajo esa circunstancia no da de-recho a una indemnización. Será un accidente, pero no es un acci-dente cubierto por la Ley No. 85 de 1928, tal cual fue enmendada por la No. 40, de 1929.”

Basta leer lo que antecede para concluir que si se acep-tara en su integridad el criterio expuesto, quedaría conver-tido el Superintendente de Seguros no en un funcionario fiscalizador sino en un árbitro absoluto de los becbos y la ley, por encima de la comisión y prescindiendo de los tribu-nales de justicia, y todo ello sin siquiera oír a la parte inte-resada. Esto es, que dictada una resolución por la comisión, en el ejercicio de sus facultades cuasi judiciales y firme por no baber sido apelada, el Superintendente por sí mismo, sin oír a la parte a cuyo favor se dictó la resolución, podría dejarla sin efecto, o prescindir de ella, o declararla nula e ineficaz porque a su juicio la comisión apreció mal los becbos y aplicó indebidamente la ley. Esas no son facultades fisca-lizadoras, sino judiciales. Y ni lá ley dice que eso pueda hacerse, ni puede concebirse que ése fuera el propósito de la Legislatura.

La sección 15 de la 'ley establece que cualquier parte interesada puede interponer recurso de revisión de cualquier decisión de la Comisión Industrial, para ante la corte de distrito del distrito en que ocurrió el accidente, y el párrafo final de la sección 24 dispone que

“Todos los recursos concedidos por esta Ley a los patronos po-drán ejercitarse a nombre de ellos por sus aseguradores, incluso por el Superintendente de Seguros cuando el patrono estuviere asegu-rado en el fondo del seguro del Estado.”

Eso es lo que debió bacer aquí el Superintendente, pedir dentro del término de diez días que fija la citada sección 15 a partir de la debida notificación, a la corte de distrito correspondiente, que revisara la resolución dictada a favor del obrero por la comisión, si es que entendía que los becbos no fueron bien apreciados y la ley fué aplicada erróneamente, y no convertirse él mismo, como se convirtió, en tribunal de justicia, y revisar la resolución anulándola o prescindiendo de ella como algo que no tenía valor alguno.

No actuó dentro de la ley y la resolución quedó firme y es obligatoria y final, según las propias palabras del estatuto, secciones 19 y 12, debiendo procederse a su ejecución tal como prescriben las secciones 24, 25 y 41.

. Á virtud de todo lo expuesto se concluye que la petición archivada en la corte de distrito presentaba un caso propio para la expedición de un auto de mandamus. Siendo ello así, deberíamos devolver el caso ordenando la expedición de un auto, perentorio. Sin embargo, atendidas las circunstancias concurrentes y a fin de que todo se dilucide y sirva este caso como norma para adoptar la regla a seguir en el futuro, se ordena la expedición de un auto condicional dando así una oportunidad al Tesorero de exponer cualquier razón justa que pueda tener en contrario, que no sea incompatible con la interpretación que hemos dado a la ley.

El Juez Asociado Señor Wolf no intervino.


author: El Juez Asociado Seíñor Texidor, JUEZ ASOCIADO SR. AUDREY.

text:
    Olga Tischer de Thyboe, a nombre y representación de Emilia Voight Vda. de Tischer, peticionaria, v. Otto Tischer Voight, recurrido.
    No. 97.

    Sometido: Abril 6, 1931.

      Resuelto: Abril 29, 1931.

      F. E. Dexter y B. Díaz Ontrón, abogados de la peticionaria; F. Igaravídez, E. García del Bosario y J. Martínez Davila, abogados del recurrido.
   El Juez Asociado Seíñor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Olga Tischer de Thyboe, a nombre y en representación de Emilia Voight viuda de Tischer ha presentado una petición de habeas corpus, en la que esencialmente alega que la refe-rida Emilia Voight se halla bajo la custodia ilegal de Otto Tischer, restringida en su libertad; que tal custodia ilegal se origina én una resolución dictada por la Corte de Distrito de San Juan en 28 de agosto de 1930, declarando a dicha señora incapacitada y nombrando a Otto Tischer Voight tutor de la misma para la administración de sus bienes, a petición de Otto, Herbert, Walter, Carl Julius, y Hertha Tischer Voight, sin que de tal petición tuvieran noticia sus otras hijas, la peticionaria y Clara Tischer; que por virtud de tal resolución Otto Tischer Voight se ha incautado de la administración de los bienes de Emilia Voight, y tiene a ésta privada de su libertad personal, impidiéndole que sostenga sus relaciones familiares con la peticionaria y cultive sus amistades; que la resolución judicial que origina tal priva-ción de libertad és nula porque al tiempo en que se dictó no estaba incapacitada Doña Emilia Voight, quien solamente ha sufrido un ataque de parálisis parcial que no afectó a sus facultades, y porque la resolución se dictó sin que Doña Emilia Voight fuera notificada del procedimiento, ni fuera oída en el caso, sin darle su día en corte, sin debido proceso de ley y en violación de la Constitución de los Estados Unidos y del Acta Orgánica de Puerto Rico; que además está pendiente ante este tribunal un procedimiento de cer-tiorari, que se relaciona con la resolución en que se declaró incapacitada a Doña Emilia Voigbt y otra posterior decla-rando abierto el procedimiento, a virtud de petición del De-partamento de Justicia.

Se espidió el auto dirigido a Otto Tiscber Voigbt, para que trajera ante el tribunal a Emilia Voigbt, viuda de Tis-cber, y expusiera la razón de tener a dicba señora detenida y privada de su libertad.

En la fecha señalada comparecieron las partes, no tra-yendo Tiscber a la Señora Voigbt por bailarse imposibili-tada por razón de enfermedad.

Otto Tiscber presentó, por escrito, una contestación, bajo juramento, en la que alega que la señora Voigbt se baila padeciendo de parálisis parcial que la dificulta para andar y subir escaleras; que no es cierto que ella esté privada de libertad ni detenida en forma alguna por el recurrido, ni impedida de jurar o firmar documento alguno que se le pre-sente, y que ella sale de la casa cuando le place, o cuando la peticionaria u otra persona la va a buscar y a sacarla de paseo; que la Corte de Distrito de San Juan en 28 de agosto de 1930 dictó la resolución a que la petición se refiere, de-clarando incapaz a Doña Emilia Voigbt a solicitud de cinco de sus siete bijos legítimos, y que el tutor ba prestado fianza, aprobada por la corte, y ba tomado posesión de los bienes de la incapaz, para administrarlos, pero no impide ni res-tringe la libertad personal de dicba señora, ni la cobibe en sus relaciones de familia o de amistad, y que la peticionaria penetra en la casa de Doña Emilia cuando le place, y la saca de paseo; que la tutela se refiere sólo a la administra-ción de los bienes; de nuevo niega toda restricción de libertad personal de Doña Emilia Voigbt; bace algunas alegaciones con respecto al testamento de dicba señora; y pide que se declare sin lugar la petición de liab'eaJs corpus.

Bn la vista del caso, la peticionaria presentó como prueba documental los autos o expediente No. 12930 de la Corte de Distrito de San Juan, sobre declaraciones de incapacidad de Doña Emilia Yoigbt y nombramiento de tutor en favor de Don Otto Tiscber y Voigbt. Y en el argumento redujo la cuestión esencialmente a estas proposiciones:

(a) Doña Emilia Yoigbt no fue notificada de la petición de incapacidad, y el procedimiento se siguió sin tal notifica-ción.

(b) Doña Emilia Yoigbt, en ese procedimiento no fue oída, ni pudo defenderse.

Y en las dos proposiciones, las legales de que se ba becbo la declaración de incapacidad sin el debido proceso de ley, y en violación de la Constitución de los Estados Unidos y del Acta Orgánica de Puerto Pico.

En realidad, no se ba presentado en forma la discusión acerca de la existencia de incapacidad de la Doña Emilia, salvo en lo que aparezca de los autos presentados como prueba, y a que antes hacemos referencia. El procedimiento es, cuando menos, peligroso; ya que una de las alegaciones de la petición de habeas corpus es que la referida señora no es incapaz; y parecía lo natural que se intentara la prueba de tal alegación, controvertida por Otto Tiscber, y por la resolución de que se trata.

De los autos que se ofrecieron y fueron admitidos como prueba aparece:

(1) Que cinco bijos legítimos de Doña Emilia Yoigbt, ^iuda de Tiscber, acudieron a la Corte de San Juan, y ale-garon que su madre Doña Emilia Yoigbt, viuda de Tiscber, se encontraba enferma, sufriendo de reblandecimiento cerebral y absolutamente incapacitada para administrar sus bienes, pidieron la declaración de incapacitada para admi-nistrar bienes, y el nombramiento de tutor en favor de Otto Tiscber. Esta petición fué notificada en 6 de agosto de 1930 al señor fiscal del distrito de San Juan; no aparece notifica-ción alguna a Emilia Yoigbt viuda de Tiscber.

(2) Del récord taquigráfico resultan las declaraciones de Otto Tischer, Walter Tischer, Doctor Leandro López de la Rosa, Doctor Luis B. de la Vega. Los dos primeros, peti-cionarios en el caso, declaran acerca de la existencia de siete hijos de Doña Emilia Voight, todos mayores de edad, falle-cimiento de su padre, y edad de la madre, que es de sesenta y seis años; que esta señora posee una casa y unos dos o tres mil dollars en un banco; que hace un año ella tuvo un ataque de apoplejía muy serio, del que ha mejorado, pero quedando-con el lado derecho del cuerpo paralizado, e impo-sibilitada de escribir, y que aunque puede moverse, no puede hacer nada; que por lo general piensa bien, pero tiene alguna confusión en sus ideas; que no creen que tenga capacidad para administrar sus bienes; que no tiene padres, es viuda, y su hijo mayor es Otto Tischer, que atiende a sus necesi-dades y se ocupa de ella desde hace cinco años que viven juntos. El doctor López de. la Rosa declaró que Doña Emilia Voight se halla paralítica del lado derecho del cuerpo, con una afección cerebral del lado izquierdo, reblandecimiento del cerebro y pérdida del habla, y no cree que tenga conoci-miento bastante, porque no puede comunicar, ni hablar, ni escribir; que esa condición es, por la apariencia, permanente; y tiene más de sesenta años, siendo lo más probable que su mal se agrave. El Dr. de. la Vega, declara haber asistido a Doña Emilia,, y la encontró en estado de completa parálisis de un lado, y con los fenómenos de una lesión cerebral; la asistió quince o veinte días; y cree que la lesión es perma-nente, y que no tiene capacidad para administrar sus bienes, ni puede escribir, ni hablar.

El fiscal, en vez de informe, escribió en la copia del récord taquigráfico “No me opongo” y su firma. Debe interpretarse que no se opone a la declaración solicitada.

En la resolución el juez mantiene que Doña Emilia Voight se halla enferma sufriendo de reblandecimiento cerebral, e incapacitada para administrar sus bienes, y le nombró de tutor a su bijo Otto para los actos y gestiones que fueran necesarios con respecto a los bienes. El tutor presto jura-mento; se practicó el inventario; la corte fijó el montante de la fianza en $5,000; y la prestó el tutor y se aprobó por la corte.

Del expediente aparece que por. el fiscal especial se pre-sentó una moción para que se abriera el caso, por no estar incapacitada la Doña Emilia Voigbt; pero éste no es punto a resolver en el presente procedimiento.

Encontramos que en el juramento de la solicitud, suscrito por Olga Tiscber de Thyboe, nada se dice acerca de las causas por las que Emilia Voigbt no suscribe la petición y el juramento. A nuestro juicio, esto ba debido expresarse en el texto de la declaración jurada.

Se nos cita por la parte peticionaria la decisión en el caso Chaloner v. Sherman, 242 U. S. 455, y la en el caso Jetta Simon v. Craft, 182 U. S. 427. La parte en su memorándum, dice:

“La Corte Suprema de los Estados Unidos ña resuelto que los procedimientos para declarar demente o mentalmente incapacitada a una per'sona, infringen la cláusula del debido procedimiento de ley de la Constitución si no se notifica personalmente a la parte contra quien se procede y se le da la oportunidad de ser oída.”

Hemos estudiado la opinión en ese caso; no encontramos la declaración explícita que se nos alega. Parece que una conclusión en el mismo sentido es lo que la parte ba querido presentar.

Del syllctbus en el caso mencionado tomamos:

“Se resolvió que la omisión en los estatutos de Nueva York re-lativos a los procedimientos de lunático inquirendo (Código de En-juiciamiento Civil de 1898, No. 2320, et seq.), de proveer expresa-mente que el supuesto incapacitado debe ser notificado y tener la oportunidad de ser oído en la investigación, no viola la cláusula sobre el debido procedimiento de ley de la Enmienda Décimocuarta, toda vez que se desprende de las decisiones de la corte más alta del estado que el aviso y la oportunidad de rigor están por otra parte, implícitamente derogados por la ley del estado.”

En el caso que se cita, el interesado Clialoner fné notifi-cado de la petición para que se nombrara una comisión, que inquiriera acerca de su capacidad mental, y de la moción para que se confirmara el informe de la misma y se nombrara un comisionado; pudo asistir, y no asistió, a las diligencias; y la comisión resolvió que no era necesaria su presencia. Se resolvió que el debido proceso de ley estaba cumplido. Des-pués de esto, la corte aceptó la renuncia del comisionado, y nombró otro, sin oír a Cbaloner; se decidió que no se había violado la cláusula constitucional.

El Código de Procedimiento de New! York de 1898, pro-veía la forma de la petición; y asimismo que la corte podía requerir que la petición fuera notificada a la esposa, esposo1, o próximo pariente de la persona cuya declaración de inca-pacidad se solicita. La Corte Suprema dijo:

“Como la parte demandante fué notificada y tuvo la oportuni-dad de ser oída en cada etapa de estos procedimientos, lo’s elemen-tos esenciales del debido proceso de ley fueron plenamente cumplidos y la corte tenía jurisdicción para dictar esa orden.”

En el caso Jetta Simon v. Craft, supra, también se sirvió a la interesada Jetta Simon una copia dél auto, de acuerdo con el estatuto de Alabama; y esto se consideró suficiente.

El estatuto de Puerto Rico, Código Civil, artículos 250 a 256 trata la tutela de locos y sordomudos. En el primero de esos artículos se liabla del nombramiento de tutor para los locos, dementes y sordomudos mayores de edad, y se exige en esos casos, como previa, la declaración de incapacidad para la administración de sus bienes, becba por la corte de distrito de su domicilio; tal declaración puede ser pedida por el cónyuge o por los parientes, presuntos herederos abintestado del incapaz, o por el fiscal, en los casos que se determinan en el artículo 252, en cuyo último párrafo se ordena que la corte de distrito nombrará defensor al presunto incapaz que no quiera o no pueda defenderse; y en los demás casos será defensor el fiscal.

A la luz de este artículo del Código Civil, el expediente de declaración de incapacidad de Emilia Voigbt, no puede sos-tenerse como legal y válido. No aparece de él que la intere-sada, presunta incapacitada, fuera provista de un defensor. Aparece el fiscal de distrito; pero no como defensor de la persona cuya incapacidad se alegó.

No comentamos el párrafo final del artículo 252 del Có-digo Civil, 182 del revisado por la comisión codificadora, y por la comisión conjunta legislativa creada por Ley No. 50 de 1928, y autorizado por la Resolución Conjunta No. 18 de 21 de abril de 1930. De todas formas, el presunto incapaz ba de tener un defensor, sea el fiscal, o sea uno de los parientes de que babla el artículo. Y. el concepto es el de defensor, no el de funcionario de la corte.

Que en este caso la presunta incapaz no tuvo esa repre-sentación o esa asistencia, es un becbo.

En esas condiciones, el expediente de declaración de inca-pacidad se siguió contra una persona que no fué notificada de su incoación, y que no tuvo su oportunidad de defenderse. No decidimos si Emilia Voigbt es una demente, no una loca, o no lo es. Pero si su incapacidad se refiere solamente a la administración de sus bienes, es más de afirmar, no ya el derecho que ella tenía a ser notificada de la petición, y de la tramitación del caso, sino la posibilidad práctica de tal notificación. Sin ella no ha podido legal y válidamente sometérsele a una tutela que en la realidad de los hechos implica cercenamiento de su libertad.

Por tales razones, debe declararse con lugar la pedición de habeas corpus.

El Juez Asociado Señor Wolf no intervino.

OPINION DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SR. AUDREY.

El fundamento de la mayoría de este tribunal en el pre-sente caso y en otro de las mismas partes sobre certiorari número 760 resuelto por este tribunal el día 17 de este mes y año es que la resolución de la Corte de Distrito de San Juan declarando a Doña Emilia Voight Vda. de Tiscber incapaz para administrar sus bienes y nombrándole como tutor a su bijo Otto Tiscber es nula, porque dicha señora no fué notificada de la petición becba para tal fin por cinco de sus siete hijos.

En la opinión de la mayoría se citan los casos de Chaloner v. Sherman, 242 U. S. 455 y de Simon y. Craft, 182 U. S. 427, como demostrativos de que la-petición en que solicitó la declaración de incapacidad debió ser notificada a la señora Voigbt; pero lo que se declaró en el caso de Cbaloner no fué que era necesaria la notificación al presunto incapaz sino que se babía cumplido con el estatuto de Nueva York que disponía tal notificación; y en el otro caso, procedente de .Alabama, lo que se decidió fué que al ser arrestada la señora Jetta Simon como consecuencia de la petición para que s¡e declarase su incapacidad se le entregó una copia del auto señalando día para la vista del caso, de acuerdo con el esta-tuto de Alabama. En esos dos casos se entregaron las men-cionadas copias a los dos locos, pues en efecto lo eran, y a esto quedó reducida la participación de ellos en el procedi-miento, pues la señora Simon no fué llevada ante el tribunal ni tampoco compareció Ghaloner, y ninguno de ellos tuvo representación en el juicio, siendo ambas declaraciones de incapacidad confirmadas.

Nuestro Código Civil en los artículos que regulan la de-claración de incapacidad de los locos, dementes y sordomudos mayores de edad no dispone que la petición solicitando la declaración de incapacidad sea notificada al presunto incapaz, como se dispone ahora por la mayoría de esta corte que debió hacerse, pero hace más que ordenar una simple noti-ficación, pues le nombra nna persona que la represente como defensor, disponiendo el artículo 252 qne cuando el fiscal fiace la petición de declaración de incapacidad en los casos, en el mismo especificados, la corte nombrará un defensor al presunto incapaz y que cuando la petición la hacen el cónyuge o los parientes autorizados para ello, será, defensor el’fiscal. De modo que en estos casos el fiscal es el defensor por auto-ridad expresa de la ley.

La petición de declaración de incapacidad en el presente caso fué hecha por hijos de la señora Yoight, por lo que era su defensor y representante legal el fiscal, quien fué notificado de la petición el mismo día en que fué presentada en la corte de distrito; notificación que por sí misma convirtió al fiscal en defensor de la señora Yoight. Por consiguiente no puede sostenerse, a mi entender, que no hubo un debido proceso de ley para la declaración de incapacidad en este caso pues tuvo un representante legal ante la corte. Es cierto que no aparece del récord taquigráfico del caso, que no está aprobado por la corte, que el fiscal estuviese presente cuando se practi-caron las pruebas, pero esto no es causa de nulidad del pro-cedimiento, con mayor motivo cuando constan en dicho récord las palabras “No me opongo” con la firma del fiscal, lo que demuestra que hizo un estudio de la prueba que fué presen-tada y que la encontró suficiente para la declaración de incapacidad.

Por lo expuesto entiendo que la declaración de incapa-cidad de la señora Yoight no es nula ni el nombramiento de tutor que fué hecho, y que por esto no debió declararse con lugar la petición de hábeas corpus en este caso.


author: El Juez Asociado Seño® Hutchison,

text:
    Jaime Miró Barnecet, demandante y apelado, v. F. Carrera & Hermano, demandada y apelante.
    No. 5443.

    Sometido: Abril 22, 1931.

      Resuelto: Abril 29, 1931.

      O. Souffront, abogado de la apelante; E. Báes García, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Seño® Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Jaime Miró'Barneeet y su esposa construyeron una casita y vivieron en ella durante varios años después de su matrimonio. La casa valía poco menos de quinientos dólares. El terreno donde radicaba estaba arrendado.

Después de padecer durante-varias semanas de un ataque de malaria, Miró, siguiendo los consejos de su médico, alquiló otra casa y arrendó la suya a un tal Efret. Dos meses des-pués regresó a su bogar, donde continuó viviendo con su familia.

Durante la ausencia temporal de Miró y pocos días antes de su regreso, F. Carrera y Hermano instituyó un procedi-miento en cobro de una cuenta por provisiones suministra-das, y embargó la casa. Cuando el emplazamiento y la orden de embargo fueron notificados a Miró, éste vivía nuevamente en su propia casa, la que había sido desocupada por Efret. Posteriormente, Miró entabló este procedimiento para esta-blecer su derecho a que se le exentara de ejecución, de con-formidad con la Ley del Hogar Seguro, y obtuvo sentencia a su favor.

La sección 1a. de la Ley de Hogar Seguro (Estatutos Revisados, sección 1000) lee así:

“Que todo jefe de familia, que tenga familia, tendrá derecho a una finca de homestead, hasta el valor de quinientos dollars ($500) en una estancia, plantación o predio de terreno y en los edificios con-tenidos en el mismo, que le pertenezca o que posea legalmente, en virtud de arrendamiento o en otra forma, y estuviere ocupado por él o ella como su residencia; y dicho homestead y todo derecho o título sobre el mismo estará exento de embargo, sentencia, exacción o ejecución, excepción hecha de las contribuciones que adeudare, el valor de la venta (compra) de dicha propiedad o la responsabilidad incurrida por mejoras que se hicieren en la misma, y excepción hecha también de lo que más adelante se establece; Disponiéndose, que en caso de arrendamiento u otro contrato análog’o nada de lo contenido en esta ley se interpretará en el sentido de que se prohiba al dueño o propietario de dicha estancia, plantación o predio de terreno, y de los edificios contenidos en el mismo, entrar de nuevo en posesión de dicha propiedad de acuerdo con lo estipulado en dicho contrato de arrendamiento o convenio, al faltarse al cumplimiento de las con-diciones del mismo.”

El becbo de que la casa en cuestión estuviese enclavada en. terrenos arrendados no privaba a la propiedad de su natu-raleza de bogar seguro. El inquilinato (leasehold), así como la casa, estaban exentos. Ni la ausencia involuntaria de Miró por un período de dos meses a fin de recuperar su salud, ni el arrendamiento de su bogar durante ese tiempo, equivalían a un abandono. Su intención de regresar fue de-mostrada suficientemente por el motivo de su mudanza, por la corta duración de su ausencia y por el becbo de baber regresado antes de tener conocimiento real del pleito radi-cado contra él.

No bubo abuso de discreción al conceder las costas al demandante. El caso de Nadal v. Beauchamps, 39 D.P.R. 292, en que se basa la apelante, no es aplicable.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Wolf no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Hutchisoft,

text:
    Porto Rican Leaf Tobacco Co., recurrente, v El Registrador de la Propiedad de Guayama, recurrido.
    No. 840.

    Sometido: Abril 11, 1931.

      Resuelto: Abril 30, 1931.

      J. H. Brown, G. Buiz Nazario y G. E. González, abogados de la re-currente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Hutchisoft,

emitió la opinión del tribunal.

Al anotar nn contrato de refacción agrícola por unos ochocientos dólares (suma que iba a ser anticipada por la Porto Pican Leaf Tobacco Company a Narciso Cobián, nn agricultor), el registrador excluyó del asiento una cláusula según la cual el agricultor constituía nn gravamen sobre el remanente de la cosecha, para garantizar el pago de cuales-quiera otras deudas que tuviera con la compañía al tiempo de efectuarse la liquidación, hasta la suma de $2,500.

Según la definición estatntoria (Leyes de 1925, página 347):

"Entiéndese por contrato de refacción agrícola aquél mediante el cual nna de las partes entrega y la otra recibe, con carácter devolutivo, determinadas cantidades de dinero efectivo o en especies, bien de una sola vez o en distintas ocasiones, para atender a la ad-ministración, sostenimiento, cultivo y mejoramiento de fincas rústi-cas, o para la construcción, conservación, reparación y explotación de edificios y maquinarias dedicadas a usos agrícolas o industriales en relación con el cultivo o la manufactura de cualquier producto agrícola, quedando afectos y gravados los frutos de las mismas fincas al pago de las cantidades recibidas, con los intereses acordados.”

La misma sección de la ley también dispone que: “las partes, además, podrán consignar en el contrato los pactos que estimen convenientes.” A fin de que el “pacto” así consignado pueda ser inscrito como parte del contrato de refacción agrícola, debe ser germano al objeto del contrato o (con sujeción a ciertas excepciones) por lo menos debe en-volver anticipos para fines agrícolas. Véase Irving Bank Columbia Trust Company v. El Registrador de Caguas, 33 D.P.R. 886.

En el presente caso el contrato en conjunto pretende ser una ampliación del convenio anterior sobre refacción agrí-cola por mil quinientos dólares ya recibidos por el agricultor. La cláusula que abora tenemos bajo nuestra consideración debe ser interpretada en relación con su contexto. Es parte de un contrato sobre refacción agrícola. Fuera de la ausen-cia de cualquier limitación sobre la naturaleza de la deuda, nada bay que indique que las partes tenían en mente ningunas relaciones de futuros negocios que esencialmente fuesen dis-tintas a las ya existentes entre ellas. Excepto en tanto fuesen ampliados por la cláusula en cuestión, ambos contratos se referían exclusivamente a siembra y cultivo de tabaco. Cualesquier anticipos para refacción agrícola, en exceso de las sumas especificadas como tales anticipos en cualquiera de los dos contratos, o en ambos, y basta una suma adicional de $2,500, serían indudablemente nna “deuda” existente al tiempo de la liquidación, a menos qne fuesen pagados antes de ese tiempo. Cualquier saldo en descubierto a favor de la compañía después de extinguida la garantía fijada en el con-trato original, formaría parte de tal deuda. Es una inferen-cia lógica que el pensamiento predominante entre las partes fue una garantía adicional por los anticipos ya techos y la posibilidad de anticipos adicionales para refacción agrícola, no obstante el hecho de que el lenguaje usado era lo suficiente-mente amplio para abarcar cualquier otra forma de deuda existente al tiempo de la liquidación. De todos modos, cual-quier saldo en descubierto bajo el contrato original y cuales-quier anticipos futuros en exceso de los $800 especificados en el nuevo contrato, estaban incluidos en la deuda garanti-zada por la cláusula en cuestión. En tanto en cuanto dicha cláusula se refiere a-una deuda proveniente de uno u otro contrato de refacción agrícola, no debió haber sido excluida.

Debe revocarse la nota recurrida.


author: El Juez -Presidente Señor del Toro,

text:
    José E. Muñoz, demandante apelado, v. Pan American Life Insurance Co., demandada apelante.
    No. 4802.

    Sometido: Febrero 5, 1931.

      Resuelto: Abril 30, 1931.

      O. B. Frazer y R. Castro Fernández, abogados de la apelante; Bue-naventura Esteves, abogado del apelado.
   El Juez -Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un caso sobre cobro de una póliza de seguro de vida cuya prima primera fné pagada, al hacerse la solicitud, al agente de la compañía, sin que se haya demostrado que la póliza se llegara a expedir. Fné resuelto por la corte de distrito en favor del demandante. Apelado por la deman-dada, tocó en turno al juez que suscribe, que presentó al tribunal un extenso memorándum en pro de la confirmación de la sentencia recurrida. El memorándum fué leído en la sala de consultas y quedó sometido al estudio de los jueces. Se discutió varias veces, prevaleciendo al fin la opinión con-traria. Personalmente sigo creyendo que la sentencia de la corte de distrito en su esencia es justa, pero me veo obligado a reconocer que tal como se planteó el debate y habiendo en consideración lo único que logró probarse por el demandante, no puede, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia,, obligarse a la compañía demandada al pago de la póliza que se reclama.

Los hechos, en resumen, son los que siguen: Una com-pañía de seguros de vida de Luisiana, la Pan American Life Insurance Company, hace negocios en Puerto Rico. Su agente General lo es Clifford S. Foy. Tiene su oficina en San Juan. En la Isla trabajan en relación con el Agente General, agentes solicitantes. Uno de ellos, Sampiero Gior-dani, se comunicó con el demandante José E. Muñoz y trami-tó para él y su esposa María Ruiz Laguerre una póliza man-comunada por $5,000 que fué expedida por la compañía y que Muñoz no quiso aceptar por no haberse librado en armonía con la solicitud. Entonces el agente Giordani logró que Muñoz, el 5 de mayo de 1926, formulara una solicitud para una póliza por $2,500 para su esposa solamente, pagando ese mismo día como prima $145.12 por medio de un cheque que fué cobrado por Giordani. Cuando se solicitó la póliza de $5,000, se practicó y envió a la compañía el examen médico de Muñoz y de su esposa. Cuando se solicitó la de $2,500 y se pagó la prima, no se practicó un nuevo examen físico. Alega Muñoz que de acuerdo con instrucciones del propio agente general, el primer examen era válido si la solicitud se hacía antes del 13 de mayo de 1926 y que como la solicitud se hizo el 5, ningún nuevo examen fué practicado ni requerido. La compañía trató de probar en el juicio • que fué la falta del nuevo examen la que motivó la dilación y la no expedi-ción de la póliza. Parece conveniente transcribir desde ahora y en lo pertinente, la carta del Agente General al demandante. Está fechada en San Juan, en mayo 12, 1926. Dice:

"Estimado Sr. Muñoz: Estoy en recibo de su grata carta del 11 de mayo, explicándome las razones porqué la póliza que el Sr. Gíordani le entregó no fué lo que Ud. quería, y siento mucho que ese trastorno le ha pasado a Ud. Ahora, la póliza de vida 25 pa-gos, con cupones, le costaría a Ud. solamente $334.10 anualmente para $5,000, y $167.05 para $2,500. Ahora, como el examen físico de usted fué hecho el día 29 de enero, la compañía nos ha li-mitado hasta el día 13 de mayo para entregar y cobrar esta póliza; así es que le ruego que me remese su cheque para la cantidad de $167.05, para $2,500, o $334.10 para $5,000, para que yo pueda de-volver la póliza a la compañía junto con su remesa para ser cam-biado para una póliza de vida, 25 pagos, con cupones, doble indem-nización y bono de perseverancia, como está explicado arriba. Si esperamos hasta después del día 13 entonces tenemos que mandar también un nuevo examen, lo cual será una molestia para usted y para el médico. Según la información que hemos recibido de Ud. Sr. Muñoz, la póliza de $2,500 será muy pequeña y a pesar de que nosotros estamos dispuestos a hacer lo que Ud. quiere en el asunto, estoy seguro que Ud. quedaría mucho más satisfecho con la póliza de $5,000. Le costaría solamente $334.10, lo cual verdaderamente no es un gasto, sino un ahorro, y lo más que puede Ud. ahorrar de esta manera, lo mejor no solamente para Ud. pero también para su familia. También debe de tomar en consideración que la compañía ya ha aceptado el examen hecho el otro día y está dispuesta a ex-pedirle hasta $10,000 sin necesidad de ningún otro examen por ahora, mientras que si Ud. tomó menos ahora con la idea de aumen-tarlo después, puede pasar que Ud. no 'se encontrará en- tan buena salud como ahora, y sería más difícil conseguirlo.”

La carta escrita el 12 de mayo no revela con absoluta claridad que el Agente General conociera la nueva solicitud del 5, pero habla de que según la información recibida, la póliza de $2,500 sería muy pequeña, lo que parece demostrar que el agente Giordani se comunicó con el Agente General Foy. Además, si bien en la carta se insiste en recomendar otra cosa, se dice: “Nosotros estamos dispuestos a Facer lo que usted quiera en el asunto.” Se ba insistido en que el nuevo examen no era necesario porque se partía de la base del seguro del esposo y la esposa, pero el argumento no tiene gran fuerza, porque lo mismo quedaba asegurada la vida de la esposa en una póliza que en otra. A nuestro juicio el con-flicto fué bien resuelto por la corte sentenciadora. • Parece en verdad que los agentes partieron de la base de la no necesidad del nuevo examen para la tramitación de la nueva solicitud. Una segunda carta del Agente General al demandante fechada en San Juan, en mayo 17, 1926, robustece esa conclusión. Dice:

“Estimado Sr. Muñoz: Estoy en recibo de su carta del 14, donde me dice que la póliza de $2,500, bajo el plan de-25 años, sal-dado a los 14 años, es todo que quiere Ud. por ahora. Es muy probable que dentro de poco tiempo recibiremos aquella póliza, y es-toy seguro que Ud. lo encontrará exactamente lo que pidió.”

2, Qué pasó entre el Agente General y la compañía? Nada se sabe con certeza. Lo cierto es que pasaron los meses y el demandante no recibió la póliza, y que llegó el 24 de febrero de 1927 en que la esposa murió sin que la póliza estuviera en poder del demandante. Reclamó éste directa-mente a la compañía y el resultado de sus gestiones es el que muestran las dos cartas que a continuación se trans-criben, uña del subsecretario de la compañía y otra del Agente General Foy. Son así:

“Muy señor mío: El Sr. Ellis, nuestro Presidente, me ha refe-rido su carta del 15 de marzo, con instrucciones de darla mi mejor atención. La compañía no tiene ningún record de haber emitido una póliza sobre la vida de su esposa, señora María.Ruiz de Muñoz. Hallo que el 19 de abril de 1926 emitimos dos pólizas de $5,000 cada una, bajo el plan dotal de veinte años con cupones, de forma manco-munada, sobre la vida de Ud. y su señora, pero estas pólizas fueron devueltas para su cancelación, y nunca han estado en vigor. Más tarde el Sr. Foy nos escribió solicitando la emisión de una póliza sobre la vida de su esposa, y en contestación dijimos que para poder considerar el asunto, requeriríamos que su señora fuese examinada nuevamente. El informe del reconocimiento nunca nos llegó, y en-tonces cerramos nuestros archivos. Me permito referir su carta del 15 de marzo al Sr. Foy, y tengo la seguridad de que dicho señor dará su atención inmediata al asunto. El Sr. Foy goza de la com-pleta confianza de los oficiales de esta compañía, y si su cheque por $146.12 fué recibido por él en relación con una solicitud hecha por su esposa para póliza de $2,500, sabemos que inmediatamente hará la correspondiente devolución.”
“Estimado Sr. Muñoz: Con referencia a una carta escrita por usted a Mr. Ellis, Presidente de nuestra Compañía, el día 15 de marzo, deseo informarle que ellos dicen en 'su carta de contestación, 'que antes de que la póliza para su señora pudiera emitirse fué ne-cesario un nuevo examen físico el cual nunca fué recibido. En vista de esto, y a demanda de la compañía nuestros agente's Sres. Grior-óani y Fernández quienes tomaron la solicitud, nos han mandado el dinero cobrado y le estoy incluyendo mi cheque No. 5569 en la suma de $146.12 como devolución de tal depósito hecho por usted a ellos. Siento mucho saber que ha fallecido 'su señoi’a, y siento más todavía que la póliza nunca fué extendida por la compañía y así perdió usted la protección que hubiera gozado.”

Entonces fné que el demandante inició este pleito, pidiendo a la corte que dictara sentencia condenando a la compañía al pago de la póliza en cuestión.

Durante el juicio la póliza base del contrato cuyo cumpli-miento se pide, no pudo presentarse. En realidad todo induce a creer que jamás fué expedida por la compañía. Se presentó por ésta la solicitud y se advierte una discrepancia substancial entre ella, la demanda y aun la sentencia, en cuanto a los beneficiarios, aparte de que no contiene todos los datos que la misma parece exigir.

En su alegato la demandada apelante señala y argumenta minuciosamente los siguientes errores:

“1. La Corte inferior cometió error fundamental al declarar probado que existía un contrato de seguro por el cual la demandada apelante tenía asegurada la vida de la» señora del demandante ape-lado.
“2. La Corte inferior cometió error fundamental al decidir que el alegado contrato de seguro fué becbo de palabra, aceptado y rati-ficado por el agente de la demandada apelante.
“3. La Corte inferior cometió error fundamental al decidir que el recibo del pago del premio nunca fué entregado.
“4. La Corte inferior cometió error fundamental al declarar aceptada la solicitud de seguro por la retención y uso del premio.
“5. La Corte inferior cometió error fundamental al decidir que ora el deber de la demandada aceptar o rechazar la 'solicitud con razonable prontitud y al dejar de rechazarla en un período razona-ble de tiempo, surge la presunción legal de que fué aceptada la solicitud.
“6. La Corte inferior cometió error fundamental al aplicar ia teoría del ‘estoppel’ a la demandada apelante al decidir que ésta hizo creer al demandante apelado que la vida de su esposa estaba asegurada.
“7. La Corte inferior cometió error fundamental al decidir qne el beneficiario en el alegado contrato de seguro era y es el deman-dante apelado.”

No nos detendremos a analizar los errores señalados nno a nno. Los hemos transcrito porqne sintetizan todas las enestiones envueltas y ponen de manifiesto sn importancia. Para revocar la sentencia apelada, bastará decir qne éste no es nn pleito sobre daños y perjuicios contra los agentes de la compañía en Puerto Rico o contra la propia compañía, basado en los que pudieran haberse causado a dicho deman-dante por la conducta de los expresados agentes o de la com-pañía. Se parte de la base de la existencia de una póliza y precisaba demostrar que la póliza existió o debió necesaria-mente existir.

No constan las facultades del Agente General de la com-pañía y sería arriesgado decidir que las tenía para obligar a la compañía a virtud de sus actos en un caso como el pre-sente.

Pero aun suponiendo que las tuviera, queda el hecho de la no expedición de la póliza por parte de la compañía, de la, no aceptación por sn parte de la solicitad y en sn conse-cuencia de la no existencia del contrato cuyo cumplimiento se pide.

Lo más favorable al demandante puede encontrarse en el pasaje que sigue de la opinión del juez sentenciador:

“. . . la corte entiende que era el deber de la demandada acep-tar o rechazar la mi'sma con razonable prontitud y que al dejar de rechazarla en un período razonable de tiempo surge la presunción legal de que fué aceptada.
“Un asegurador a quien se hace una solicitud para que se ex-pida una póliza, debe aceptarla o rechazarla con razonable prontitud, y al dejar de rechazarla dentro de un período razonable la ley infiere que ha habido una aceptación. Robinson v. U. S. Benev. Society, 132 Mich. 693.
“Por otra parte, la aceptación de una solicitud de seguro puede inferirse ordinariamente de la retención y uso del premio (14 R.C.L. 895), puesto que el pago del premio e's la principal y tal vez la única consideración que mueve al asegurador y sobre la cual des-cansa la promesa de una indemnización. (14 Cal. Jur. 419). Y sobre este punto encontramos también resuelto ló siguiente:
• “El recibo y retención de la prima no indica necesariamente la aceptación de la solicitud de seguro; más, bajo algunas circunstan-cias puede inferirse una aceptación del recibo y retención o inver-sión de la prima. 32 C. J. 105 51 L.R.A. (N. S.) 873.”

Pero, ahondando en el asunto, encontramos que no está expuesta la totalidad de la ley sobre la materia. Tomando el párrafo completo de una de las citas, por ejemplo, la de R.C.L., resulta que dice:

“Si bien se ha dicho que es'deber de un asegurador a quien se le ha presentado solicitud de póliza aceptarla o rechazarla dentro de una prontitud razonable, y que al dejar de rechazarla dentro de un período razonable la ley implica una aceptación (Robinson v U. S. Benev. Society, 132 Mich. 695), el peso abrumador de las auto-ridades sostiene la regla de que la mera demora en estudiar una solicitud de seguro no puede interpretarse como una aceptación de la. misma, especialmente cuando el 'solicitante propiamente no deóe ser objeto de seguro.” 14 R.C.L. 896.

Y aquí se hizo un gran énfasis en que la señora asegu-rada estaba en cinta cuando solicito la póliza, y en la prohi-bición de asegurar personas en ese estado que imponían sus reglas a la compañía.

Sernos hecho, además, un examen de los casos en que el texto de RC.L. se basa, y si bien pudieran encontrarse de-talles en pro de un caso como el del demandante, no serían decisivos. La realidad es que no sería posible, atendidas todas las circunstancias concurrentes, basar en el mero trans-curso del tiempo sin que la compañía actuara en una forma o en otra y comunicara su actuación al asegurado, la exis-tencia de la póliza cuyo cumplimiento se exige.

A virtud de todo lo expuesto, debe revocarse la sentencia apelada y dictarse otra declarando la demwida sin lugar, sin especial condenación de costas.


author: El Juez Asociado Señor Texidor,

text:
    Nicomedes Rivera y María Padilla, demandantes y apelados v. Sucesión de José Dolores Lugo y Tomás Jordán Miranda, Márshal de la Corte de Distrito de Arecibo, demandados y apelante la primera.
    No. 5433.

    Sometido: Abril 10, 1931.

      Resuelto: Abril 30, 1931.

      Luis Mercader, abogado de la apelante; Lens & Susoni, abogado’ de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Aparece del récord una demanda, en la que la acción se titula “Injunction.” En ella se alega sustancialmente que los demandantes compraron en subasta llevada a cabo para cobro de contribuciones una finca rústica que se describe; que la sucesión demandada siguió un pleito por reivindica-ción, contra José Torres, obteniendo sentencia favorable a su demanda y para la ejecución de la cual se expidió manda-miento para que el márshal lanzara de la finca a Torres, y la entregara a los aquí demandados, siendo la finca la misma que habían comprado los demandantes; que el márshal se dispone a cumplir el mandamiento y lanzar de la finca a Torres que es el encargado de ella, por haberlo puesto allí los demandantes; que éstos desde el 16 de diciembre de 1928 eran dueños en absoluto de la finca, por haber transcurrido el año desde la fecha en que pudo redimirse por la sucesión demandada. Se hace la alegación de perjuicio irreparable y la de posible multiplicidad de procedimientos; y la carencia de remedio en ley; y la súplica es como sigue:

“Por todo do que, el demandante ahora comparece ante esta Hou. Corte, en sn carácter de tribunal de equidad y solicita, que previa la prestación y aprobación de una fianza que esta Hon. Corte fijará, teniendo en cuenta el estado económico del demandante, se dicte una orden de entredicho ‘interdicto,’ para que el márshal aquí deman-dado se disponga (sic) en absoluto de proceder al lanzamiento de José Torres de la finca antes mencionada, y que asimismo se abs-tenga de molestarle en la posesión de la misma, ni a ninguna otra perisona que en igual carácter que él, y por disposición de este de-mandante, la ocupe, tanto la sucesión demandada como el referido marshal, hasta tanto se resuelva en definitiva el derecho de propie-dad que alegamos por la presente demanda, solicitando además la imposición de costa's a la sucesión demandada.”

La demanda aparece jurada.

Ocurrieron diferentes incidentes que se señalan como errores. Finalmente la parte demandante pidió que se dic-tara sentencia sobre las alegaciones, como así se hizo; y contra esta sentencia se ña establecido la presente apelación.

Prescindiremos, por innecesario, del estudio de los seña-lamientos de error relativos a las fianzas, negativa de seña-lamiento del caso, etc., limitándonos al que hace referencia a la sentencia dictada sobre las alegaciones.

El argumento presentado por la parte apelante es insostenible. Alega que de antemano había remitido a la secretaría la contestación en oposición a la demanda, aunque no cree que era necesario hacerlo hasta el momento de la vista, si es qne es preciso hacerlo para relevar a los deman-dantes de probar sus alegaciones; que si no había contes-tación no era preciso incluir el caso en calendario; que pidió se le permitiera en aquel momento radicar y notificar la con-testación, y no le fué permitido; y ahí el error.

Como materia de hecho, aparece que el secretario de la corte declaró que nunca se le había entregado contestación alguna; y entonces el abogado de los demandados dijo que “realmente él no recordaba si había sido radicada la contes-tación, sino que él tenía idea de que la había enviado a secre-taría.” Esta declaración era fatal para su causa, ya que no quedaba otra información que la del secretario, no contradicha en forma alguna. Páginas 44 y 45 de la transcripción.

Y en materia de derecho, encontramos que, si la demanda en este caso puede tenerse como una de injunction, es indu-dable que no se trata de recurso extraordinario, como cree la apelante, sino de procedimiento de equidad, y el caso es uno constitutivo de un litigio por sí.

Pero, ¿ puede en caso como el de autos, dictarse sentencia por las alegaciones, sin otra tramitación?

Hemos copiado la suplica de la demanda. Si vemos las alegaciones, encontramos que de la segunda aparece la de propiedad de determinada finca rústica; de la tercera, la cuarta y la quinta, la existencia de una sentencia en que se declaró que esa misma finca es de los aquí demandados, y las diligencias de éstos para ejecutar tal sentencia, y lanzar de la finca a su ocupante José Torres, que se dice ser un encargado por el demandante (?); de la sexta la afirmación de que el demandante (?) es dueño absoluto de la finca; de la séptima la posesión por el demandante (?), las que llevan los números octavo y noveno, bacen relación a los daños irreparables, multiplicidad de procedimientos y carencia de remedio en ley.

Esta no es una demanda de injunction. Es una acción para discutir la propiedad y el título; y confirman esta aseveración las últimas palabras de la súplica, que por lo menos sirven para interpretar el propósito de los deman-dantes. Son éstas: “basta tanto se resuelva en definitiva el derecho de propiedad que alegamos por la presente de-manda. ’ ’

En esas condiciones, cuantas advertencias hace la juris-prudencia continental y la de Puerto Rico, acerca de la cautela que debe presidir a la concesión de este delicado remedio de injunction, son de recordar y de observar. Y si se trata de resolver, directa o implícitamente, algo como la propiedad de un inmueble, los preceptos del Código de En-juiciamiento Civil, en cuanto a casos de rebeldía, deben ser seguidos; y así el del número 2, artículo 194, que dice:

“En otros pleitos, si no se hubiere presentado la contestación al secretario de la corte, dentro del término señalado en la citación o de su prórroga si 'se hubiere concedido, deberá el secretario tomar razón de la rebeldía del demandado; después de lo cual podrá el demandante solicitar en la primera o cualquiera de las subsiguientes Sesiones de la corte, que se le conceda lo pedido en la demanda. .

Es verdad que este motivo de error no ha sido alegado; pero entendemos que, por su importancia, y porque quizá afecte a la misma jurisdicción de la corte en esta materia de injunction, podemos y debemos estudiarlo y resolverlo, de acuerdo con la sección 1141 de los Estatutos Revisados de Puerto Rico, Compilación de 1911, que, a nuestro juicio, dis-pone que consideremos los méritos todos del caso, en evitación de injusticias y demoras, y para mejor administración del derecho y la justicia. Tal vez pueda dudarse de si el pre-cepto es imperativo, o simplemente permisivo. Pero de todas maneras, ante el hecho de que la demanda no contiene una verdadera petición de injunction, sino que más bien es una demanda de reivindicación, o de declaración de propie-dad, y la sentencia es una de injunction que prohíbe a la sucesión demandada ejecutar una sentencia en la que se de-claró su propiedad cerca de la finca; y que por lo visto, no tiene un límite en su prohibición, lo que la haría definitiva, al menos de hecho, en cuanto a la posesión de la finca, no podríamos consentir que prevaleciera tal resolución que crea un estado de derecho sin justificación en los autos.

La sentencia apelada debe per revocada y devuelto el caso a la corte inferior para ulteriores procedimientos no inconformes con esta opinión.

El Juez Asociado Señor Wolf no intervino.


author: El Juez Asociad© Señor Wold,

text:
    Carmen, José Dolores, Antonio, Venancio y Rosa María Rojas Torres, demandantes apelantes, v. Antonto Pagán Silva y Fabián Rojas, demandados apelados.
    No. 5424.

    Sometido: Abril 28, 1931.

      Resuelto: Mayo 1, 1931.

      E. Martínez Aviles, abogado de los apelantes; Isaías M. Crespo> abo-gado de los apelados.
   El Juez Asociad© Señor Wold,

emitió la opinión del tribunal.

Tenemos ante nos la apelación interpuesta contra una resolución disolviendo una orden de entredicho (restraining order) y negándose a expedir un injunction preliminar. Estas controversias fueron señaladas para el 14 de julio de 1930 y resueltas el mismo día. Con anterioridad a esto, la corte dictó una orden suspendiendo todos los casos civiles señalados para julio 14, incluidos en calendario general. Los apelantes no comparecieron en dicho día y se quejan de falta de debido proceso de ley.

Estamos bastante convencidos de que una orden general suspendiendo todos los casos civiles señalados para determi-nado día, no incluye la vista de una moción para disolver un interdicto prohibitorio y la de los méritos de un injunction preliminar propuesto. Por consiguiente, los apelantes de-bieron haber comparecido el 14 de julio.

De todos modos, los demandantes apelantes radicaron una moción de reconsideración sobre la cual fueron oídos ampliamente, y se denegó la reconsideración. La vista de una moción sobre injunction preliminar depende en gran parte de la discreción de la corte sentenciadora, y no se re-quiere gran formalidad, siempre que los demandantes ten-gan la oportunidad de ser oídos.

Sobre los méritos del caso, los apelantes no nos conven-cen de que la corte inferior cometió abuso de discreción al negarse a librar el auto de injunction preliminar. Cuestio-nes serias y dudosas de título estaban envueltas. Por ejemplo, dudamos si a un número de compradores pos-teriores podría imputárseles con éxito conocimiento de que una escritura original cuya nulidad se alega fué en realidad simulada. De conformidad con la corte inferior, no baila-mos daños irreparables en el sentido de una corte de equi-dad, si los demandantes se ven compelidos a abandonar la finca por ellos ocupada. El resarcimiento de perjuicios es generalmente una compensación adecuada, y los apelantes no colocan su caso dentro de ninguna excepción.

Bebe confirmarse la resolución a/pelada.