text:
    F. P. Hastings, demandante y apelado, v. Ganaderos Unidos de Puerto Rico, Inc., demandada y apelante.
    No. 6539.

    Sometido: Marzo 12, 1934.

      Resuelto: Marzo 23, 1934,

      C. Coll y Cuchí y Guillermo Silva, abogados de la apelante; La Costa & La Costa, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se ha presentado en este caso una nueva moción por la parte apelada solicitando la desestimación del recurso inter-puesto contra la resolución de noviembre 10, 1933, por virtud de la cual la corte de distrito se negó a declarar nula la sen-tencia que dictara el 17 de mayo de 1933 decidiendo defini-tivamente el pleito,

“A. Porque dicha resolución no tiene la naturaleza ni el efecto de una providencia especial dictada después de una sentencia.
“B. Porque una resolución de una corte inferior negando una mo-ción para que se anule o se deje sin efecto una sentencia que puede ser objeto de apelación, no es apelable para ante este Hon. Tribunal separadamente y sí revisable dentro de la apelación que se puede establecer de la sentencia recaída.
“C. Porque habiendo recaído sentencia en este caso a virtud de estipulación radicada por las partes, en cuya estipulación la deman-á.ada apelante renunció el derecho de apelación, no puede la misma apelar de la sentencia, y mucho menos de la resolución recaída de-clarando sin lugar la moción solicitando la nulidad de la sentencia.
D. Porque no es apelable una orden o resolución de un tribunal inferior negándose a dejar sin efecto una sentencia, a menos que el récord demuestre hechos para la consideración de este Ii'on. Tribunal que no pudieran presentarse en una apelación de la sentencia original. ’ ’

Ambas partes ban radicado extensos memorándums sos-teniendo sus respectivas posiciones. La apelante radicó ade-más su alegato.

R’o bay duda alguna que se ba resuelto repetidamente por las cortes del contiiiente y por esta Corte Suprema de Puerto Bico que no cabe apelar de órdenes negando la anulación o reconsideración de órdenes o sentencias apelables, una vez vencido el término concedido por la ley para apelar de éstas, como aquí sucede. Ayoroa et al. v. Benitez, 14 D.P.R. 446; The A. R. R. Co. of P. R. v. Quiñones, 17 D.P.R. 261; Ex Parte Boerman y Marrero, 28 D.P.R. 83; Rivera v. Medina et al., 28 D.P.R. 808; del Rosario v. Ayende, 35 D.P.R. 481 ; García v. Aguayo, 43 D.P.R. 898. Pero tampoco la bay de que ésa es la regla general, existiendo excepciones. Esta propia Corte Suprema en el caso de Hernaiz, Targa & Co. v. Vivas, 20 D.P.R. 106, 110, se expresó como sigue en cuanto a ese extremo:
“Aplicando la regla general establecida, sería necesario resolver que no cabe apelar contra la orden de 29 de julio que negó la anu-lación de una sentencia apelable por sí misma. Sin embargo, es ne-cesario reconocer que dicha regla general tiene excepciones. En el caso de The Fajardo Development Company v. Sucesión Morfi, 17 D.P.R. 1120, 1122, esta misma corte, por medio de su Juez Sr. MacLeary, se expresó así: ‘Es una proposición general que no se puede apelar de la .resolución de una corte por la que ésta se niega a dejar sin efecto una orden que es apelable por sí. Pero puede ser que esta regla general, a semejanza de todas las demás, tenga excepciones en ciertos casos. No debe olvidarse qne la orden de 8 de mayo de 1911 era virtualmente una sentencia dictada en rebeldía, porque los apelantes habían dejado de presentar dentro de cierto período sus objeciones contra el memorándum de costas. Aunque los demandan-tes pudieran haber interpuesto recurso de apelación contra dicha orden, habría sido muy difícil conseguir la completa revisión del caso, en virtud de los supuestos méritos del mismo, y, en tales casos, se ha permitido que se presente una moción solicitando que se deje sin efecto la rebeldía, y que en el caso de una negativa, se apele dé la resolución denegando la moción.’ McCormick v. Belvin, 96 Cal. 182; De la Montanya v. De la Montanya, 112 Cal. 101; Pignaz v. Burnett, 119 Cal. 157; Thompson v. Alford, 128 Cal. 227. .
“Un estudio detenido de las decisiones sobre la materia nos lleva a la conclusión de que las circunstancias concurrentes en cada caso concreto han influido mucho en la determinación de si está o no com-prendido dentro de la regla general o dentro de la excepción.”

Y la misma parte apelada en el motivo marcado con la letra D de los qne alega para solicitar la desestimación, apunta la circunstancia que después de un detenido estudio creemos que coloca este caso fuera de la regia general y lo lleva a la excepción, a saber: “. . . a menos que el récord demuestre hechos para la consideración de este tribunal que no pudieran presentarse en una apelación de la sentencia original.” .

Aquí la sentencia resolutoria del pleito se dictó a virtud de una estipulación presentada por los abogados de ambas parte-s que aparentemente tenían autoridad para acordarla, siendo en tal virtud prima facie suficiente.

Firme la sentencia, una de las partes, la demandada Ga-naderos Unidos de Puerto Eico, Inc., pidió su nulidad ale-gando que su abogado “no estaba autorizado ni por el Pre-sidente ni por la Junta Directiva para llevar a cabo dicha estipulación, en la cual se confiesa una sentencia a favor del demandante contra los intereses de la demandada, cuando la demandada tiene una buena defensa en este caso y no adeuda al demandante las sumas reclamadas.”

Resolvió la cuestión en contra suya la corte de distrito y de esa resolución es que ha apelado el demandado para ante este tribunal, siendo el primero de los errores que señala , como sigue:

“1. — La Corte del Distrito erró al declarar que, dentro de la pre-sunción de que todo abogado ostenta la debida representación de su cliente y que actúa dentro de las atribuciones de tal representa-ción, a la parte que niegue la autoridad de su abogado para repre-sentar y actuar a nombre de su cliente en un litigio, le toca aducir la correspondiente prueba en apoyo de su contención, aún cuando quien niegue la autoridad sea el propio cliente.”

Se trata, pues, de uua cuestión nueva, para decidir la cual no hubiera sido suficiente el récord en que se basó la primi-tiva sentencia apelable que quedó firme por haber transcu-rrido el término estatutario para recurrir de ella sin que así se hiciera, participando, por tanto, la resolución apelada del carácter de una providencia especial dictada después de sen-tencia definitiva, de acuerdo con lo decidido por esta Corte Suprema en el caso de Ríos et al. v. Ríos, 15 D.P.R. 280, 281, así:

“La cuestión que primeramente se presenta para nuestra deci-sión, es si semejante orden es apelable. El artículo 295 del Código-de Enjuiciamiento Civil dispone que puede establecerse apelación contra ‘una providencia especial dictada después de una sentencia definitiva.’ Nuestras investigaciones deben, por lo tanto, tener por objeto determinar si una orden, denegando la aprobación de una ex-posición del caso, es tal providencia especial. Nosotros hemos re-suelto que no puede haber providencia especial sin que la sentencia sea claramente definitiva.
“Asimismo hemos resuelto que, para que dicha orden constituya tal providencia especial, la materia objeto de la reclamación no debe ser de tal naturaleza que pueda ser revisada mediante una apelación interpuesta contra la sentencia misma. (Véanse los casos de José Martínez v. José Pilar, 3 Dec. de P. R. 135; Sucesión María Días v. José Avalo, 2 Dec. de P. R. 637.)
“La orden expedida por el Juez de la Corte de Distrito de Hu-macao, era una providencia dictada después de una sentencia defini-tiva, y era una providencia especial en el sentido de que cualquier error qne existiere en la misma, no podría ser corregido mediante una apelación interpuesta contra la sentencia misma.”

Por virtud de todo lo expuesto, debe declararse no haber lugar a desestimar el recurso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

license: Public Domain

text:
    Manuel Miguel, demandante y apelante, v. Hernaiz Targa & Co., Sucrs., S. en C., Melón Hnos. & Co., S. en C., y Catalán González & Co., S. en C., demandadas y apeladas.
    No. 5953.

    Sometido: Marzo 21, 1933.

      Resuelto: Marzo 23, 1934.

      Pedro G. Quiñones y M. García González, abogados del apelante; Angel A. Vázquez, abogado de las apeladas.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión, del tribunal.

Manuel Miguel inició esta acción por los daños y perjui-cios qué alega le fueron causados por un allanamiento ilegal de su casa. La corte de distrito sostuvo una excepción pre-via de falta de Lechos suficientes para determinar una causa de acción. El demandante se negó a enmendar su demanda y apela de una sentencia declarándola sin lugar.

Las apeladas se fundan principalmente en el caso de López de Tord & Zayas Pizarro v. Molina, 38 D.P.R. 823, en el que esta corte dijo, según aparece en el sumario, que “en Puerto Rico la legislación vigente no autoriza la acción civil por persecución maliciosa como consecuencia de un pleito o procedimiento civil.” El apelante insiste en que la suya no es una acción por persecución maliciosa sino que se basa en los artículos 1802 del Código Civil, edición de 1930, y 371 del Código Penal (Leyes de 1931, p. 401). El primero de estos artículos dispone: “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.” El otro provee: “Toda persona que empleare fuerza o violencia al invadir u ocupar terrenos en otras propiedades públicas o privadas, o que excitare o ayudare a otra persona para que lo haga, salvo en los casos y en la forma prevenida por la ley, incurrirá en pena”, etc. No es necesario citar autoridad alguna para demostrar que un pleito fundado en tal transgresión puede claramente distinguirse de una acción por persecución maliciosa. Véase, sin embargo, el caso de Ingraham v. Blevins, 33 S. W. (2d) 357. El demandante alegó:

“3. Que dichas demandadas son los acreedores peticionarios {petitioning creditors) en el caso de quiebra No. 951 en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico, siendo el demandado (alleged bankrupt) Pedro Tartak, siendo dicho caso una demanda sobre quiebra involuntaria ante dicha corte.
“4. — Que las demandadas acreedoras peticionarias en el caso antes mencionado ante la Corte Federal, instaron el examen de cier-tos testigos ante el juez de dicha corte y como consecuencia directa de dicho examen y bajo un escrito jurado de un tal Enrique'B. Sán-chez, obtenido este escrito, según información y creencia, a instan-cías de los acreedores peticionarios, el juez de dicha corte dictó la siguiente orden de allanamiento y apoderamiento de bienes: (Inser-tamos aquí sólo la parte pertinente del allanamiento, el cual se copia íntegramente en la demanda.)
“ ‘Upon sworn statement of Enrique B, Sánchez, filed in this case, it is ORDERED and diRected that the U. S. Marshal search the following premises:
“ ‘The lower floor of a house located at Republic St. No. 11, Santuree, P. R., and the house located at calle Isem No. 9, San-turce, P. R., and seize all merchandise found therein and retain same in his possession until further order of this court.’
“5. Que dicha orden de allanamiento es nula e ineficaz porque está fundada en una declaración jurada por referencia y además porque de la faz de la misma se desprende que no hay una des-cripción del sitio que se ha de allanar y registrar ni de la persona cuya casa han de allanar y registrar ni de los efectos que han de apoderarse, ni aparece de ]a faz de la misma causa probable para que se espida dicha orden de allanamiento.
“6. Que un márshal de la Corte de Distrito de los Estados Uni-dos para Puerto Rico cumplimentando dicha alegada orden de alla-namiento y apoderamiento de bienes se personó en la casa del de-mandante allá por el día 2 de febrero de 1931, y a la fuerza y violentamente, invadió, allanó y registró a eso de las cuatro de la tarde dos apartamientos de la casa No. 9 de la calle Isern del barrio de Santuree, de esta ciudad de San Juan, o sea, un apartamiento en el piso tercero y otro apartamiento en el piso segundo de la misma, y a eso de las ocho de la noche, dicho funcionario a la fuerza y vio-lentamente, invadió, allanó y registró la planta baja de dicha casa del demandante, todo lo cual hizo dicho funcionario de la mencio-nada corte a instancias y excitado por las demandadas en este caso, sin el consentimiento o permiso voluntaiúo del demandante y contra la voluntad expresa de éste.”

En un párrafo posterior de la demanda se hace referencia nuevamente al allanamiento, al efecto de que éste fué instado por las demandadas.

La sección 2 de la Carta Orgánica (Leyes de 1917, p. 9) provee que:

“No se violará el derecho de estar garantizado contra registros y embargos arbitrarios.
“No se expedirá mandamiento de arresto o registro sino por motivo fundado, apoyado con juramento o afirmación, y describiendo particularmente el lugar que ha de registrarse y las personas que han de ser detenidas o las cosas que deben ser embargadas.”

La sección 6, Título XI, de “Una ley .... para mejor hacer cumplir las leyes penales de los Estados Unidos, y para otros fines,” aprobada el 15 de junio de 1917 (40 U. S. Stat. 229), dispone que el juez federal o el comisionado de los Estados Unidos que expida una orden de allanamiento baga constar en la misma “los fundamentos específicos o causa probable para su expedición.” La sección 10 lee así: “El juez o comisionado debe insertar en la orden de allanamiento instrucciones para que se cumplimente durante las boras del día, a menos que de las declaraciones juradas se deduzca la completa seguridad de que la prenda que se busca la lleva encima el individuo, o se encuentra en el lugar que ba de ser registrado, en cuyo caso puede insertar instrucciones para que se cumpla a cualquier bora del día o de la nocbe.” La sección 20 provee que: “Toda persona que maliciosamente y sin causa probable logre que se expida y ejecute una orden de allanamiento será castigada con multa que no excederá de $1,000, o cárcel que no exceda de un año.” Véase también el artículo 507 del Código de Enjuiciamiento Criminal de Puerto Eico (Estatutos Eevisados de 1911, p. 1072, sección 6563). Evidentemente la orden de allanamiento en el presente caso no cumplía con los requisitos de uno u otro estatuto. No bizo caer el presente caso dentro de la excepción especificada en el artículo 371 del Código Penal local como una entrada a la fuerza efectuada “en los casos y en la forma prevenida en la ley.”

Aun si pudiera admitirse que las demandadas estaban exentas de toda responsabilidad criminal, no por ello es de inferirse que la demanda deja de alegar una causa de acción. Se presume que las demandadas conocen la ley. Cuando lograron que se expidiese una orden de allanamiento nula e intencionalmente participaron en la invasión de la propiedad del demandante en la forma descrita en la de-manda, se colocaron a sí mismas, por lo menos prima facie en la posición de transgresores (trespassers). Grumon v. Raymond, 6 Am. Dec. 200; Reed v. Rice, 19 Am. Dec. 122; Larthet v. Forgay, 46 Am. Dec. 554; Weaver v. Ficke, 192 S. W. 515; Ingraham v. Blevins, supra. Esa invasión de de-rechos garantizados por el artícnlo 2 de la Carta Orgánica, ya equivalga a un delito o no, cae claramente dentro de los amplios términos del artículo 1802 del Código Civil, y, por consiguiente, justificará una acción por daños y perjuicios.

La sentencia apelada y la resolución de la corte decla-rando con lugar la excepción deben ser revocadas y devuelto ■él caso.

El Juez Asociado Señor Wolf está conforme con el re-sultado.


author: El Juez Asociado Señoh Hutchison,

text:
    Tomás Bernardini de la Huerta, demandante y apelante, v. Juan José Peña, demandado y apelado.
    No. 6092.

    Sometido: Marzo 16, 1934.

      Resuelto: Marzo 23, 1934.

      Tomás Bernardini de la Huerta, por su propio derecho; F. Colón, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señoh Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Bernardini instituyó acción contra Peña en cobro de una ■suma adeudádale por concepto de servicios profesionales prestados en un procedimiento de certiorari en que la Asam-blea Municipal de Santa Isabel había sido la querellada. La corte de distrito expidió mandamiento de embargo a virtud del cual se requirió al tesorero y al contador del municipio que pusieran a la disposición de la corte cierta suma de dinero incluida en el presupuesto para el pago de determina-das costas y honorarios de abogado concedidos a Peña en el recurso de certiorari; o para que, alternativamente, se abs-tuvieran de pagarle a Peña. Posteriormente la corte de dis-trito, a instancia de Peña, anuló el mandamiento de embargo. De ahí el presente recurso, en que el apelante trata de dis-tinguir el presente caso de aquellos en que se fundaron la corte de distrito y el apelado. Véanse los casos de Lamboglia v. Junta Escolar de Guayama, 15 D.P.R. 318; Fernández v. Obén, 26 D.P.R. 150; Sobrinos de Ezquiaga v. Briganti, 31 D.P.R. 865; Crédito & Ahorro Ponceño v. Colón, 36 D.P.R. 343, y F. L. de Hostos & Co. v. Madera, 43 D.P.R. 616.

El apelante indica que en todos estos casos los fondos en cuestión eran fondos públicos, mientras que en el presente ei dinero asignado para el pago de la suma debida a Peña no se había incluido específicamente para ningún fin público. La única autoridad que se cita es 28 C. J. 128, párrafo 168. donde en la nota 51(a) se hace referencia al caso de Leighton v. Heagerty, 21 Minn. 42, en el sentido de que resuelve quer “Un comprobante (voucher) de los Estados Unidos, propie-dad del demandado, expedido en pago de servicios persona-les, no d,e servicios oficiales, prestados por él a los Estados Unidos, puede ser propiamente objeto de embargo.” Eli texto en cuyo calce aparece la nota lee así (bastardillas nues-tras) : “Las sumas que el gobierno o sus dependencias de-ban a un demandado están generalmente exentas de. embargo. por lo menos hasta que el gobierno o sus dependencias pier-dan el dominio de ellas.”

Los hechos en el caso de Leighton v. Heagerty (resueltoen el año 1874) fueron como sigue:

“Davis & O’Brien fueron citados como depositarios del deman-dado Heagerty. De su declaración prestada en noviembre 12, 1873,. se desprendió que en diciembre de 1872 fueron contratados por el de-mandado para que como abogados iniciaran una reclamación contra. el Departamento de Comisaría del ejército de los Estados Unidos. En junio 23, 1872, recibieron de dicho departamento nn cheque por $218.35 en pago de parte de la reclamación, y un comprobante por $444.12, el remanente, concebido en los siguientes términos:
“ ‘Forma No. 13, Comprobante del Sumario B.
“ ‘Estados Unidos a John Heagerty, Debe.
“Lugar y Fecha Dóls. Ota
Por servicios prestados al De-partamento de Comisaría, en Fort Buford, D. T., como ingeniero,
Fort Buford, desde julio 1, 1872, a octubre. 31,
D. T 1872, inclusive. Cuatro meses y
Nov. 1, 1872. trece días y cuarto (1314) a $100 ; por mes, incluyendo 1414 días extras por trabajo en exceso de ocho horas por día $444.12
“ ‘Certifico que la cuenta que precede es correcta y justa, que los servicios fueron prestados en la forma indicada, que fueron ne-cesarios para el servicio público y que están basados en mi informe del personal, etc., para los meses de sept, y octubre, 1872, y en el formulario 1 del teniente C. G. P-ennoy, A.A.Q.M., para julio y agosto, 1872.
■ “ ‘A. P. Blunt, Cap. & A.Q.M., E.U.A.’
“Al ser empleados por Heagerty, los■ depositarios recibiei’on de él una escritura de poder, así como la siguiente orden:
“ ‘St. Paul, Minn., die. 6, 1872. Páguese a James Brooks las sumas de dinero que me correspondan, y que puedan llegar a poder de ustedes con motivo de la escritura de poder por mí otorgada a ustedes én el día de hoy.
“ ‘John Heagerty.
“ ‘A Davis & O’Brien, St. Paul, Minn.’
“Los depositarios entregaron esta orden a Brooks manifestán-dole que toda vez que la orden estaba pendiente, ellos no debían pagar a nadie cantidad alguna a no ser de conformidad con la ameritada orden. Allá para el 25 de abril de 1873 Pleagerty les ordenó que pagaran a Brooks $226, y no más, a cuenta de dicha orden. En junio 25, 1873, la orden fué presentada a los depositarios por Guerin & Ferron, de Minneapolis, endosádale por Brooks, y los depositarios entonces les pagaron $183.35, o sea, el importe del cheque arriba mencionado, menos $35 por sus honorarios. En julio 8, 1873, el de-mandado envió a los depositarios un giro por $42.67, que éstos pa-garon a Guerin & Ferron a cuenta de la orden (lo que hacía que el total pagádoles ascendiese a $226.02), exigiendo al mismo tiempo el envío de la orden, que G. & F. se negaron a entregar. En la carta de Iíeagerty remitiendo los $42.67 éste repetía sus instruccio-nes a los depositarios de que a cuenta de la orden dada a Brooks pagaran solamente $226, y de conformidad con ella se negaron a pagar a Guerin & Ferron cualquier suma adicional hasta que ellos tuvieran noticias de Iíeagerty. Entonces Guerin & Ferron utiliza-ron los servicios de un letrado por cuyo conducto notificaron a los depositarios que como cesionarios de la orden les hacían responsables del saldo existente a favor de Iíeagerty. Más tarde, y aquel mismo día, se notificó al depositario en el presente caso. Después de las declaraciones hedías por los depositarios, el letrado de Guerin & Ferron declaró, con la objeción de los depositarios, qne tenía instruc-ciones de ellos de cobrar $139.65, saldo de su reclamación según la orden, del cual fué pagada en julio 8 la suma de $42.67, dejando un remanente de $96.98 que tenía instrucciones de cobrar.
‘ Se presentó • y juramentó como testigo del demandante en no viembre 13 (o sea, al día siguiente de haber prestado declaración los depositarios), a un tal Combs, quien manifestó que era. agente del demandante, con plena autoridad, etc., exhibió la orden de Iíeagerty a Brooks, con los endosos, así como un memorándum en que se hacía constar que como tal- agente del demandante había recibido la orden, etc., del letrado de Guerin & Férron, y una estipulación al efecto de que el demandante, por conducto de su agente Combs, entrega-ría la orden a los depositarios, siempre qne con tal entrega obtu-viera el comprobante en cuestión; y que al obtener el comprobante debía usar toda la diligencia posible para cobrar el mismo, y al obtener su pago debía satisfacer a Guerin & Ferron la suma de $96.98. Este memorándum estaba fechado noviembre 13, 1873.
•‘El testigo declaró además que él estaba dispuesto a entregar la orden a los depositarios tan pronto como recibiera el comprobante.
“T. C. Ferron, de la firma de Guerin & Ferron, declaró que la suma que estaba pendiente a cuenta de la orden era $96.98, y pre-sentó una carta de Brooks solicitando que la orden fuese pagada totalmente a Ferron. También manifestó que estaba dispuesto a entregar la orden tan pronto Combs recibiera el comprobante de los depositarios.”

En dicho caso los depositarios apelaron de una resolución que les ordenaba la entrega del comprobante a un síndico al ser entregada la orden a dichos depositarios. Si el munici-pio hubiese expedido a Peña un cheque, libramiento o com-probante, si Bernardini hubiese procedido contra nn agente y apoderado de Peña como depositario, y si la corte de dis-trito bnbiese ordenado primeramente al agente y apoderado que entregara dicho comprobante, o que depositara su pro-ducto con el secretario de la corte, o que se abstuvieran de entregar el producto del mismo a Peña y posteriormente hu-biese cancelado tal orden fundándose en la teoría de que fon-dos municipales no estaban sujetos a embargo, entonces el caso de Leighton v. Heagerty sería aplicable.

En ausencia de mejor demostración de parte del apelante, no estamos preparados para decir que el mero hecho de que se asigne una cantidad para el pago de costas y honorarios de abogado concedidos en un procedimiento de certiorari hacía que el dinero de esa forma asignado pudiese ser objeto de un embargo.

La resolución apelada debe ser confirmada.


text:
    Municipio de Guánica, representado por su Alcalde Clemente J. Rodríguez Carlo, demandante y apelante, v. Genaro García et als., demandados y apelados.
    No. 6623.

    Sometido: Marzo 12, 1934.

      Resuelto: Marzo 23, 1934.

      Leopoldo Tornes García, abogado del apelante; E. Báez Garda, abo-gado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En octubre 17, 1933, la corte de distrito declaró sin lugar una solicitud para que se expidiera un auto preliminar de injunction. Esta resolución fue notificada a las partes el mismo día. El 24 de octubre se radicó una moción de re-consideración. Tres días más tarde se archivó el escrito de apelación. La moción de reconsideración fue declarada sin lugar el 5 de enero de 1934. Los apelados solicitan abora la desestimación del recurso por ser prematuro.

Los apelados se basan en el caso de Pérez Casalduc v. Díaz Mediavilla, 42 D.P.R. 357, y en los casos allí citados. Parados fines de esta opinión podría admitirse que el término dentro del cual debe -establecerse recurso de apelación contra “una sentencia definitiva pronunciada en un pleito o procedimiento especial,” a que se hace referencia en el inciso primero del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, empieza a correr, en caso de que se presente oportunamente una moción de reconsideración, tan sólo después de haberse resuelto tal moción y desde el momento en que el secretario archiva copia del aviso de tal resolución enviado a la parte perjudicada.

La sentencia a que se hace referencia en el in-ciso primero es específicamente una sentencia final. Con-forme dispone el inciso 3, las providencias y sentencias in-terlocutorias contra las cuales puede establecerse recurso de -apelación son providencias y sentencias que lian sido “dic-tadas ... y anotadas en el libro de actas de la corte o ar-chivadas en la secretaría.” Con anterioridad a la enmienda ele 1911 (véase el Código de Enjuiciamiento Civil, edición de 1933, pág. 138), la apelación debía entablarse dentro de diez días de dictada la providencia o sentencia interlocutoria, o de archivada en la secretaría. De conformidad con la en-mienda de 1911, se impuso al secretario el deber de enviar por correo a la parte perjudicada una notificación escrita informándole la resolución de la corte, y el término para es-tablecer el recurso de apelación empieza ahora a correr desde la fecha del archivo de dicha notificación con los autos. Esta modificación en la ley no afectó en modo alguno la natura-leza de la providencia contra la cual podía establecerse una apelación. - Ni antes ni después de la ley de 1911 hallamos prueba satisfactoria de intención legislativa al efecto de que una moción de reconsideración pendiente debe ser resuelta antes de perfeccionarse una apelación contra las resoluciones enumeradas en el inciso 3 del artículo 295.

Debe declararse sin lugar la moción de los apelados.


author: El Juez Presidente Señoe Del Tobo,

text:
    Andrés Ojeda, demandante y apelado, v. F. Gavilán, haciendo negocios bajo el nombre de F. Gavilán & Compañía, demandado y apelante.
    No. 6496.

    Sometido: Febrero 15, 1934.

      Resuelto: Marzo 26, 1934.

      López de Tord & Zayas Pizarro, abogados del apelante; E. Rincón Plumey y E. Del Toro Fernández, abogados del apelado.

      Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Presidente Señoe Del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El 10 de junio de 1933 se presentó la demanda origen de este pleito en la Corte de Distrito de San Juan reclamando al demandado $9,929.51, con más las costas y los gastos y honorarios de abogado.

Cinco días después compareció el demandado y manifestó a la corte que el mismo día de radicada la demanda el de-mandante obtuvo una orden sobre aseguramiento de senten-cia a virtud de la cual se le embargó una casa y que deseaba levantar dicho embargo a cuyo efecto le pedía que fijara la fianza correspondiente. Se allanó condicionalmente el de-mandante y la corte ordenó el levantamiento solicitado previa prestación de una fianza por una suma igual a la reclamada en la demanda.

.Así las cosas, el demandado, el 20 de junio de 1933, pidió el traslado del pleito a la Corte de Distrito de Ponee porque en Ponce era que residía y donde hacía negocios y tenía su oficina principal. Invocó los artículos 81 y 82 del Código de Enjuiciamiento Civil. La moción aparece jurada por Elias López que no es el demandado ni su abogado.

A la página 18 de la transcripción se encuentra el si-guiente

“Affidavit de .m¡ÉRitos. — Comparece Donald R. Dexter, Abo-gado del demandado, y expone bajo juramento: que es mayor de edad, abogado y residente en San Juan, Puerto Rico; que con fecha 20 de junio de 1933 radicó una moción de traslado y que refirién-dose a dicha moción el demandado ha relatado entera y fielmente el caso a su abogado; que el demandado tiene una buena y sustancial defensa en los méritos a la demanda del demandante, como í& informa su abogado y verdaderamente cree ser cierto; y que el abogado que declara presta este juramento por envolver éste una cuestión legal y residir el demandado fuera del distrito, en Ponee, P. R. — San Juan, Puerto Rico, junio 30, 1933.- — (Fdo.) Donald R. Dexter, Abogado del Demandado. — Jurado y suscrito ante mí por Donald R. Dexter, hoy día 30 de junio de 1933 en San Juan, Puerto Rico, a quien conozco personalmente.- — (Fdo.) Héctor González Bia-bes, Secretario Corte Distrito. — Copia recibida hoy día 30 de junio de 1933.— (Fdo.) Enrique Rincón, Abogado del demandante.”

A la página 19 hay un escrito de excepciones previas a la demanda fechado el 3 de julio de 1933 y notificado en igual fecha al abogado del demandante.

A la.página 20 figura una moción de eliminación fechada y notificada al abogado del demandante el 30 de junio, 1933.

Y a la página 21 y siguientes una “Moción de traslado enmendada” fechada el 3 de julio, 1933, y jurada por el de-mandado en persona en Ponce el 1 de julio, 1933, y una orden de la corte de septiembre 18, 1933, aprobando la estipulación de las partes sometiendo a su consideración y resolución la moción de traslado, que decidió finalmente ocho días después. En su resolución narra la corte lo ocurrido hasta ese mo-mento y termina como sigue:

“Por lo expuesto aparece claramente que cuando el demandado presentó su moción de traslado enmendada en 3 de julio de 1933, ya se había personado en autos y sometido a la jurisdicción y compe-tencia de la Corte. Arts. 77 y 82 del Código de Enjuiciamiento Civil; U. S. Casualty Co. vs. Méndez, 38 D.P.R. 995; Buxó vs. Borinquen Sugar Co., 19 D.P.R. 360.”

En el caso de U. S. Casualty Co. v. Méndez, 38 D.P.R. 995, citado por la corte se resolvió, copiando del resumen:

“Un demandado que comparece ante una corte a solicitar el le-vantamiento de un embargo efectuado sobre bienes de su propiedad, renuncia a su derecho a insistir en el traslado del pleito al radicar más tarde moción en tal sentido.”

Si esa jurisprudencia fuera aplicable, la sumisión del de-mandado no podría discutirse, pero no lo es a virtud de lo dispuesto posteriormente por el legislador al enmendar en 1933 el artículo 77 del Código de Enjuiciamiento Civil en la siguiente forma:

“Artículo 77. — Se entenderá hecha la sumisión:
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“3. Por el demandado en el hecho de hacer, después de perso-nado en los autos, cualquier*a gestión que no sea la de pedir, que el juicio se celebre en la corte correspondiente o, que se suspenda o le-vante el embargo que se hubiere decretado; ...” Leyes de 1933, p. 213. Itálicas nuestras.

La enmienda estaba vigente al resolverse la moción de traslado. No lo estaba es cierto al solicitarse el levanta-miento del embargo, pero ello no importa por tratarse de una regla de procedimiento de aplicación inmediata, de acuerdo con la doctrina establecida en los casos de Iglesia Católica Apostólica Romana en Puerto Rico vs. El Pueblo, 7 D.P.R. 358; Cintrón et al. vs. Banco Territorial y Agrícola, 15 D.P.R. 507; Brenes vs. A. Hartman & Co., 17 D.P.R. 598; y Arbona Hermanos vs. H. C. Christianson, 26 D.P.R. 284.

El otro caso en que funda su resolución la Corte de Distrito de San Juan, Buxó v. Borinquen Sugar Co., 19 D.P.R. 360 ha sido expresamente revocado en cuanto al ex-tremo en controversia — cuándo y cómo debe solicitarse el traslado — por el de Manescau v. Corte de Distrito, 46 D.P.R. 136.

La jurisprudencia a aplicar es la establecida en el caso de Ramos v. Lloverás, 36 D.P.R. 685, a saber:

“Si se interpretan las palabras ‘al tiempo de contestar o excep-cionar la demanda’ de acuerdo con el espíritu y objeto de la dis-posición que estamos considerando como que quieren decir ‘en el momento o antes de contestar o excepcionar,’ entonces la conclusión a que llegó el comisionado codificador de California es una cuestión de poca monta. Pero las palabras ‘comparece y’ contenidas en la disposición anterior eran y son significativas, ya que indican la in-tención predominante en las mentes de los primeros legisladores — no obstante el desaliño con que fueron expresadas — a saber, al tiempo de la primera comparecencia de un demandado, ya fuere mediante contestación, excepción previa, o en cualquier otra forma. Ninguno de los casos citados combate la idea de un límite de tiempo y de una renuncia como el principio fundamental de .la restricción estatutaria sobre el derecho del demandado, que de lo contrario es absoluto, a solicitar el traslado del juicio; y la mayoría de las decisiones, en tanto en cuanto se inclinan hacia una u otra dirección, tienden a sostener esa teoría.”

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Y aplicándola a los hechos de este caso encontramos que la primera gestión que hizo el demandado que puede tomarse en consideración a los efectos del traslado fué solicitar éste el 20 de junio de 1933 por medio de una moción cuyo jura-mento puede admitirse que no era suficiente.

La segunda fué el 30 de junio de 1933 para archivar una moción eliminatoria y un affidavit de méritos suficiente en relación con la moción de traslado.

Bien puede sostenerse así que el acto comenzado a reali-zar el 20 de junio de 1933 terminó de realizarse en propia forma diez días después al archivarse el affidavit de méritos y la moción eliminatoria. Entre el 20 y el 30 de junio nin-gún acto llevó a efecto el demandado que implicara su sumi-sión a la Corte de Distrito de San Juan. La reclamación del fuero de su domicilio fué, pues, su primera gestión en el liti-gio acompañada, al quedar perfeccionada, de una moción eliminatoria.

En su consecuencia, sin necesidad de entrar a considerar la “Moción de traslado enmendada” presentada el 3 de julio siguiente acompañada de un escrito de excepciones previas, el derecho del demandado al traslado surge claro de su pri-mera moción y debió en tal virtud reconocerse por la corte.

En su alegato sostiene el demandante que la competencia de la Corte de Distrito de San Juan es evidente si se toma en consideración lo dispuesto en el artículo 78 del Código de Enjuiciamiento Civil, a saber:

“Artículo 78. — La residencia legal de los comerciantes ¡si todo lo que concierna a actos y contratos mercantiles, y sus consecuen-cias, será el pueblo donde tuvieren el centro de sus operaciones co-merciales. Los que tuvieren establecimientos mercantiles a su cargo en diferentes distritos judiciales, podrán ser demandados por accio-nes personales en aquél en que tuvieren el principal establecimiento, o en el que se hubieren obligado, a elección del demandante.”

Y es evidente, alega, porque teniendo el demandado otro establecimiento en San Juan, fué en San Juan que se obligó para con el demandante.

El precepto invocado es de origen español. Equivale al artículo 65 de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil. Para decidir si es aplicable en la forma que sostiene el deman-dante, es necesario examinar la demanda. En ella se describe al demandado como “propietario, vecino de Ponce, P. E>. y dedicado al comercio, que explota bajo la denominación de P. Gavilán & Co.,” diciéndose además que “dicho deman-dado, también haciendo negocios a nombre de P. Gavilán & Co. tiene otra casa de negocios establecida en esta ciudad de San Juan, calle Tanca No. 9, para la compraventa de muebles de acero y material para oficinas.” Se alega en-tonces el contrato celebrado entre demandante y demandado a virtud del cual el demandante quedó al frente de la casa de San Juan mediante el pago de ciertos sueldo y comisión, contrato que fué luego renovado y ampliado por otro que se inserta en la demanda y que comienza así:

“Con esta fecha y de acuerdo con el balance practicado en la sucursal de P. Gavilán & Co. radicada en Tanca No. 9 en San Juan, Puerto Rico, de cuya jefatura o administración cesa el Sr. Andrés Ojeda, abren nuevos libros a instancias de ambas partes (F. Gavi-lán y Andrés Ojeda) para que dicho Sr. Andrés Ojeda continúe los mismos negocios que en dicha sucursal de San Juan, P. R. bajo las siguientes nuevas condiciones: — 1.—La casa principal de P. Ga-vilán & Co., de Ponce. .

La cantidad cuyo cobro se reclama es la consecuencia de las violaciones del contrato que el demandante atribuye al demandado.

Pin ninguna parte de la demanda consta alegado dónde fue que se obligaron las partes al celebrar el primer contrato. El que se transcribe en ella está fechado y firmado en Ponce por ambos contratantes. Nada se alega que se prescribiera expresamente sobre el tribunal al que deberían someterse los conflictos o reclamaciones que pudieran surgir.

Siendo ello así, no constando que el demandado se obli-gara en San Juan, pudiendo más bien deducirse de la propia demanda, que se obligó en Ponce, no cabe la elección y debe ser demandado en su residencia legal que está en Ponce por ser esa cuidad el centro de sus operaciones comerciales, el lugar en que tiene su establecimiento principal.

No es éste el caso de una persona que hubiera contratado en San Juan con la sucursal de P. G-avilán & Co. y tuviera que establecer una reclamación contra F. Gavilán & Co. Aquí el demandante contrató en Ponce para ponerse al frente del negocio de San -Juan, siendo Ponce en tal virtud el sitio del contrato, el lugar donde ambas partes se obligaron.

La cuestión es interesante y nos hemos visto obligados a estudiarla por nosotros mismos pues no fué considerada por la corte de distrito, ni tratada por el apelante, limitándose el apelado a suscitarla partiendo de la base de la aplicabili-dad del artículo 78 del Código de Enjuiciamiento Civil en su última, parte. Manresa en sus Comentarios a la Ley de En-juiciamiento Civil nada dice especialmente sobre el artículo 65 y la jurisprudencia de la Corte Suprema de España in-terpretándolo que hemos consultado no lo ha sido en casos iguales al presente.

Por virtud de todo lo expuesto, debe revocarse la resolu-ción apelada y el caso devolverse a la Corte de Distrito de San Juan para ser trasladado a la del distrito de Ponce.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Aldrey disintieron.


author: El Juez Asociado Señor Córdiova Davila,

text:
    José María Franceschi, Juan Franceschi, Domingo, Estrella y Salvador Leandri y Angel y Blanca Massari, peticionarios, v. La Corte de Distrito de Ponce, Hon. Domingo Sepúlveda, Juez, demandada; y López de Tord & Zayas Pizarro, interventores.
    No. 955.

    Sometido: Marzo 6, 1934.

      Resuelto: Marzo 29, 1934.

      ILenry G. Molvna y M. León Parra, abogados de los peticionarios; López de Tord & Zayas Pizarro, por su propio derecho.
   El Juez Asociado Señor Córdiova Davila,

emitió la opinión del tribunal.

Se solicita en este caso la expedición de un anto de certiorari para revisar nna orden de la Corte de Distrito de Ponce en qne se niega la aprobación de una fianza y se fija la garantía qne debe prestarse para asegurar el pago de los honorarios qne reclaman los abogados López de Tord & Zayas Pizarro por servicios prestados a la administración judicial de los bienes relictos al fallecimiento de Francisco María FraneescM. La corte inferior lia dispuesto la fianza que debe prestarse y no creemos que esté justificada la inter-vención de este tribunal para revisar por medio de un pro-cedimiento de certiorari las actuaciones de la referida corte en el uso de sus facultades discrecionales. Hemos resuelto que los honorarios de abogado por servicios legalmente pres-tados a la administración judicial constituyen gastos de ad-ministración. En la opinión emitida en el caso de Franceschi v. Corte, 45 D.P.R. 671, dijimos:

“De acuerdo con el artículo 1ro., capítulo 7, de la ley de proce-dimientos legales especiales, los gastos de reparación y cultivo, de contribuciones, de pleito y demás atenciones ordinarias de la admi-nistración, corren a cuenta de la misma. El artículo 41 de la ley citada dispone que para dichos gastos, los de pleito y demás aten-ciones ordinarias de la administración, podrá el juez disponer que retenga el administrador una cantidad suficiente o mandarla a pagar del depósito, si no pudiera cubrirlos con los ingresos ordinarios. En-tre los gastos de pleito que expresamente se mencionan por la ley como gastos de administración, consideramos incluidos los servicios de abogado legalmente utilizados por la administración judicial.”

Dijimos también en la referida opinión lo que sigue:

“La Corte Suprema de los Estados Unidos, en el caso de Bosworth v. Terminal R’D Ass’n., 174 U. S. 189, se expresó así:
“ ‘Es una práctica común en las cortes de equidad, ansiosas como están de ser relevadas del cuidado de la propiedad, entregarla a las partes que tienen derecho a ella, aun antes de la solución final de todas las reclamaciones, y al mismo tiempo dejar al síndico la defensa ulterior de la misma, comprometiéndose la parte que recibe la propie-dad a aceptar cualquier decreto que pueda finalmente ser dictado contra el caudal.’
“El artículo 59 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales dice que el auto definitivo dispondrá la adjudicación del sobrante entre las personas con derecho a ello, después de satisfechas las deudas del finado j cubiertos los gastos de la administración. ‘Satisfacer’, se-gún el Diccionario de la Real Academia, significa ‘pagar enteramente lo que se debe.’ ‘Cubrir’, significa ‘pagar o satisfacer una deuda o alcance, gastos, etc. — Cautelarse de cualquiera responsabilidad, riesgo o perjuicio.’ Entendemos que los propósitos del estatuto quedan cumplidos si la corte, en caso de que tenga que tomarse algún tiempo para fijar la cuantía de los honorarios, exige, mientras resuelve si se debe pagar o no una suma adicional, la garantía que considere sufi-ciente y razonable bajo la condición de que los herederos aceptarán y obedecerán la sentencia que finalmente se dicte, y harán efectiva inmediatamente cualquier cantidad que se les condene a pagar. Una vez prestadas las debidas garantías, la corte debe requerir perento-riamente al administrador judicial para que rinda su cuenta final y dictar el auto correspondiente.”

Si los honorarios de abogado constituyen gastos de administración y existe una reclamación pendiente por servicios profesionales que se alegan han sido prestados a la administración judicial, es natural que el radio de la discreción judicial tenga alguna amplitud para asegurar el pago de los servicios alegados, a fin de que pueda hacerse efectiva inmediatamente la sentencia final que se dicte, en caso de que la corte llegase a la conclusión de que se debe a los abogados López de Tord & Zayas Pizarro alguna cantidad.

No ha hogar a expedir el auto solicitado.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

text:
    Antonio Romero Moreno, peticionario, v. Robert H. Gore, Eugenio Delgado, Blanton Winship y Miguel A. Muñoz, demandados.
    No. 287.

    Sometido: Diciembre 11, 1933.

      Resuelto: Marzo 29, 1934.

      Ghierra-Mondragón el Soldevila, abogados de los peticionarios; Hon. Procurador General Benjamin J. Horton y Tomás Torres Peres, Subprocurador, abogados de los demandados.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Se solicita en este caso la expedición de un auto de mandamus ordenando la reposición del peticionario en el cargo de ingeniero de la Comisión de Servicio Público, del cual, según se alega, ha sido arbitrariamente separado. Cuando se desarrollaron los sucesos que se relacionan en la solicitud,, ejercía las funciones de Gobernador de Puerto Rico el Hon,. Robert H. ■ Gore, siendo presidente interino de la Comisión de Servicio Público el Sr. Eugenio D. Delgado. Habiendo cesado estos dos funcionarios en el desempeño de sus cargos, el pleito lia seguido tramitándose, a solicitud de parte, en tanto en cuanto interesa la reposición del peticionario, contra el Gobernador Blanton Winship y el presidente efectivo de la Comisión de Servicio Público Miguel A. Muñoz.

Se alega que el peticionario, Antonio Romero Moreno, pertenece al Servicio Civil de Puerto Rico desde el 10 de septiembre de 1917, y que está comprendido en el servicio clasificado por nombramiento de ingeniero extendido por la Comisión de Servicio Público en primero de julio de 1921». El cargo mencionado tiene un haber anual de $3,800 y está autorizado y provisto por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico en su Ley No. 59 de 1933, titulada “Ley fijando el pre-supuesto de los gastos ordinarios necesarios para el sosteni-miento del Gobierno de Puerto Rico durante el año econó-mico que terminará el 30 de junio de 1934.”

En 18 de octubre de 1933 el peticionario recibió la carta que a continuación se transcribe:

“Sr. Antonio S. Romero, Ingeniero,
Comisión de Servicio Público,
San Juan, P. R.
Estimado Sr. Romero:
El Gobernador de Puerto Rico ha dirigido al Presidente de la-Comisión de Servicio Público con fecha 16 del corriente una carta que dice así:
‘Estoy interesado en reducir en todo lo posible cualquiera y todo gasto que no sea absolutamente esencial para el desenvolvimiento adecuado de los negocios gubernativos.
‘Como cuestión de economía administrativa considero necesario-abolir los cargos de ingenieros de la Comisión de Servicio Público y en lo sucesivo esta labor será realizada por ingenieros del Departa-mento del Interior.
‘Por consiguiente queda usted notificado de que para tener efecto en noviembre primero todo trabajo de ingeniería requerido por la Comisión de Servicio Público será asignado al Departamento del Interior, eliminando de esta suerte la necesidad de emplear ingenie-ros por la Comisión de Servicio Público y por la presente se le or-dena eliminar en esa fecha los siguientes cargos en el presupuesto de la Comisión de Servicio Público:
1 ingeniero_$3, 800
3 ingeniero (electricista)_ 2,700.’
Como es usted uno de los ingenieros mencionados en dicha carta, sirve ésta para notificarle que en y después de noviembre primero su cargo quedará abolido y sus servicios no se requerirán por más tiempo.
Yéome obligado a esto cumpliendo las instrucciones contenidas en la carta del Gobernador arriba transcrita.
Atentamente,
(Pdo.) Eugenio D. Delgado, Presidente Pro-Tempore. ’ ’

Se alega que la acción y medida adoptadas por el deman-dado Eobert H. G-ore aboliendo de una manera ilegal, injusta y arbitraria el cargo mencionado, monta a la destitución y separación del peticionario y se deben a un plan preconce-bido, preanunciado públicamente y puesto en práctica más tarde por Robert H. Gore, bien personalmente o ya por me-dio de los distintos jefes de departamentos, de destituir de sus cargos a todos los funcionarios y empleados que perte-nezcan al partido político del cual es miembro el peticionario.

Esta corte, previa audiencia de las partes interesadas, expi-dió un auto condicional de mandamms contra los demandados, quienes expusieron las causas que a su juicio debían eximir-los de responsabilidad en las vistas celebradas ante este tribunal, en 11 y 12 de diciembre de 1933. Practicada la prueba ofrecida por ambas partes, el caso quedó sometido a nuestra consideración mediante argumentación escrita.

Tres son las cuestiones fundamentales que a primera vista surgen de las alegaciones y la prueba en la consideración del presente caso. La primera gira sobre la facultad del Gober-nador para transferir o destinar un negociado o cargo del Gobierno Insular a cualquier departamento del mismo es-tando en receso el Senado; la segunda sobre si la facultad de transferir o asignar envuelve también la de abolir; y la tercera, sobre si la mala fe atribuida al Gobernador al de-cretar la abolición del cargo del peticionario lia quedado o no establecida por la prueba.

No atacan los demandados directamente el principio de que el Gobernador, cuando actúa fuera de la órbita de sus atribuciones, violando un derecho privado, cae dentro de la jurisdicción de los tribunales, a los cuales incumbe el deber de proteger ese derecho; pero se discute extensamente esta cuestión por el peticionario en su alegato y parece ponerse en tela de juicio por los demandados. Esta corte ha decidido, en el caso de Lutz v. Post, 14 D.P.R. 860, que procede expedir un auto de mandamus contra el Gobernador en casos adecuados, y esta doctrina ha sido ratificada en Jiménez v. Riley, 30 D.P.R. 626. Por más que esta cuestión es cosa resuelta entre nosotros, vamos a permitirnos copiar de la opinión emitida por la Corte Suprema de Wisconsin en el caso de Ekern v. McGovern, 142 N. W. 597, ciertos párrafos que, si bien no discuten específicamente la procedencia o improcedencia de un auto de mandamus contra el jefe del poder ejecutivo, aplican principios de carácter general sobre la jurisdicción de los tribunales en aquellos casos en que el Gobernador, salvando las fronteras de la ley, penetra arbitrariamente en el campo de la ilegalidad. En el caso resuelto por la Corte Suprema de Wisconsin, el Gobernador destituyó festinadameute a un alto funcionario sin concederle un tiempo razonable para establecer su defensa, y nombró su sucesor. No abandonó el funcionario destituido las funciones de su cargo.' Comoquiera que la persona nombrada por el Gobernador intentara penetrar violentamente en la oficina para to-mar posesión, se solicitó y obtuvo de la corte un auto impidiendo que el funcionario destituido fuese molestado violentamente en la posesión de su cargo. Los abogados de ambas partes discutieron ampliamente la cuestión planteada. La Corte Suprema de Wisconsin emitió una opinión vigorosa, plena, de lucidez y sabiduría, que se distingue y recomienda por la pureza de sus principios, y que discute con amplitud de miras, vertiendo conceptos luminosos, las atribuciones de los tribunales para proteger los derechos de todos los,ciuda-danos, cuando hayan sido infringidos sin parar mientes en la posición oficial de la persona culpable de la infracción. De la opinión emitida por la corte en el referido caso copiamos lo siguiente:

“En lo que antecede, según lo hemos expues+o suficientemente, no se duda que el Gobernador, mientras actúa dentro de la esfera de sus atribuciones, está fuera del alcance de los tribunales, pero una infracción de derechos privados, repetimos, no cae dentro de-esa esfera, y cuando se realiza por virtud de un acto de él o de sus agentes, la parte agraviada puede acudir a los tribunales de su país a recabar justicia.
“Según se dijo por esta corte en Attorney General v. Barstow, 4 Wise. 742, mientras la corte meramente actúe ‘en el cumplimiento, del deber que le corresponde de determinar y deslindar los derechos de las partes, y no de crear estos derechos, debe proseguir hasta dictar sentencia, no importa cuán desagradable y delicado sea ese deber, e independientemente de cualquiera y todas las consecuencias que resulten de su actuación constitucional . . . Debemos ocupar con firmeza nuestros puestos de confianza pública, hasta que la Cons-titución caiga a nuestro derredor en ruinas.’ Esas palabras, reve-ladoras de un elevado concepto del deber judicial y del valor para cumplirlo, muy bien podrían repetirse con énfasis después del trans-curso de más de medio siglo en la historia de esta corte. La idea tan elocuentemente expresada por el Juez Asociado Sr. Cole en aque-llos días lejanos, y en aquella ocasión memorable en la administra-ción del tribunal, no priva menos ahora que entonces. No obstante los ataques de que fué objeto para aquella época, o después, o que se le hacen ahora, a base de la teoría de una especie de autoridad regia investida en el departamento ejecutivo, que faculta a la persona que está en él para infringir la ley y colocarse a tal altura por sobre la agencia que tiene el pueblo para remediar e impedir in-justicias mediante la aplicación de la ley, que cualquiera tentativa de poner en duda sus actos por tal agencia sería usurpadora — no ha estado ni está ahora en mayor peligro que ‘una estrella en el vientre de las nubes.’ Se funda en la soberanía del pueblo, vivifi-cada por la designación constitucional del departamento judicial para vindicarla.
“¿Cómo puede uno estar familiarizado eon el caso y dudar, por un momento siquiera, que el Gobernador, como un violador de la ley, se halla en el mismo plano que un individuo cualquiera? Argu-mentos en contrario similares a los que hemos oído en este caso fue-ron aducidos entonces con una lógica, elocuencia y vigor hasta allí sin parangón en esta corte, 3^ no igualados después. Ahí está el es-pediente, una fuente inagotable de sabiduría sobre el tema discutido. Todos los miembros del foro comprendieron que estaban empeñados en una contienda que habría de fijar de una vez y para siempre los principios fundamentales de nuestro sistema de gobierno: fijarlos de manera que quedaran libres de trabas a causa de cualquiera no-ción falsa que prevaleciese en otras partes, bajo el concepto erróneo de que los sistemas extranjeros ofrecían un ejemplo de la misma. Ellos se acercaron tanto al momento y a las circunstancias en que se originaron esos principios, que no había necesidad de buscar pre-cedentes. En realidad, no los había. Estaban familiarizados con el sistema de los antiguos. Sabían que el propósito de los arquitec-tos de nuestro sistema era desplazar aquél. A la luz de ese propó-sito monumental, y con la experiencia que los mismos expositores ofi-ciales obtuvieron al hacer nuestra Constitución, se forjó y estableció un resultado que nadie precisa interpretar erróneamente.
‘' ¡ Cómo crecen los sentimientos que provocaron y caracterizaron el resultado final del caso de Bashford v. Barstow, a medida que los meditamos, y cómo llenan el alma de admiración hacia nuestra forma de gobierno y de gratitud hacia aquéllos que colocaron sus principios predominantes sobre una base tan sólida! Algunos de esos senti-mientos, tal como fueron expuestos en aquella época, muy bien pue-den repetirse aquí como la mejor expresión de nuestras propias ideas.
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“Es algo extraño que, no obstante la verdadera lógica del cambio efectuado por la declaración de independencia de nuestro país, y del conflicto airoso que sostuvimos, los tribunales algunas veces pa-recen no haber comprendido que fué la independencia de un sistema de gobierno caracterizado por la posesión individual de meros pri-vilegios emanados de un soberano personal, la que se declaró y por la que se luchó y se ganó entre el humo y el estrépito de la batalla y mediante el sacrificio de sangre y hacienda — la sustitución del viejo sistema por uno basado en derechos individuales inherentes, que nada reconoce por vía de autoridad soberana que la inherente en el pueblo y la que ésta pueda delegar para coordinar los departa-mentos en la forma que el pueblo crea conveniente, amén de las res-tricciones y garantías constitucionales.
“A pesar de que la luz de la vieja noción de una soberanía personal y del sistema en que ella se basaba se apagó en la lucha que caracterizó el nacimiento del nuevo sistema en nuestras playas, el que surgió con todos sus indecibles beneficios de las cenizas del an-tiguo, como la bella ñor de las cenizas de Jacinto, desde entonces lia invadido el país y está extendiendo rápidamente sus beneficios a todo el género humano, el viejo sistema como el fantasma de Ban-quo aparece de vez en cuando, cual si fuera llamado por conjuro de la tendencia humana — producto de la herencia que retrocede a todas las edades — de doblar la cerviz ante la encarnación de la soberanía personal. Sería muy de lamentarse que ese falso concepto hallara ■sitio en nuestra jurisprudencia, después de su vieja y enfática re-pudiación y de las confirmaciones frecuentes de tal repudiación.
“En este punto, no dejaremos de referirnos a la expresión personal de duda que se hizo en el caso de State v. Rusk, 55 Wise. 465, 479, 13 N.W. 452,-respecto a la competencia de la corte para enviar su mandato al gobernador de un estado o para revisar sus actos en alguna forma. Pero no fué ésa una manifestación autorizada. Fué un reparo hecho meramente de paso, completamente personal, y, se-gún nos vemos obligados a juzgarlo, bastante irreflexivo. Procede que se le elimine expresamente todo viso de decisión judicial.
“No debe entenderse que hemos omitido considerar el hecho de •que se debe mucha deferencia a la rama coordinada del régimen re-presentada por el Gobernador. Es el placer y el deber de los tribunales tener esa deferencia, y, tal vez, resolver dudas razonables en torno al punto donde termina la mera deferencia, a favor del de-partamento ejecutivo. Pero el tribunal no debe ir al extremo de arrojar duda alguna sobre su propia autoridad para habérselas con todas las cuestiones judiciales, no importa que ello pueda necesaria-mente poner a prueba algún acto del Gobernador. Puede muy bien titubear y aun negarse a usar su autoridad en una forma coercitiva en cuanto a él cuando hay alguna discreción para hacerlo así, pero no debe cometer el atrevimiento de dudar que tenga la facultad de actu'ar cuando eilo sea menester. Nadie puede decir cuán pronto se puede hacer necesario actuar para detener la mano que pudiera per-petrar los males más serios, como sucedió en el caso de Attorney General v. Barstow. . ' .
“Algunas cortes han dado la débil excusa para dudar respecto a su derecho a enviar un mandato a un gobernador que directa o in- • directamente ponga en tela de juicio algún acto ejecutivo suyo, que la corte sería impotente para hacer que se le obedeciera — hasta insi-miando la posibilidad que habría que contender con las fuerzas mi-litares bajo el dominio del gobierno; como sí una corte con conocí-mÜento de su autoridad constitucional estuviese justificada,, bajo cualesquiera circunstancias, para no hacer uso de ella, meramente-porque la persona contra quien, a no ser por eso, se dictaría sen-tencia, aunque fuese el más alto representativo de la ley, podría, por ejemplo, eomeler el delito de traicionarla, antes que someterse a la autoridad debidamente constituida. Esta corte jamás ha reco-nocido la existencia de falta de poder para hacer cumplir sus de-cretos o de falta de valentía para vindicarlo.
“Jueces de gran eminencia y los más eruditos tratadistas se han pronunciado- en forma similar’ a la anterior. El Juez Field, como portavoz de la corte en el caso de McCauley v. Brooks, 16 Cal. 39, dijo: ‘Nada hay en esta distribución de poderes que coloque a uno u otro departamento por encima de la ley o que haga al uno inde-pendiente del otro ... La independencia absoluta no existe.’ Y -más adelante manifestó, en síntesis, que cuando se le da poder a un departamento, es de implicarse que hay independencia dentro de la esfera de ese poder. Si se extralimita, la judicatura vindicará el derecho conculcado.
“Como un ejemplo adicional de las muchas ilustraciones que de lo que se ha dicho contienen los libros, véase lo que manifestó el Juez Asociado Sr. Valentine como ponente en el caso de Martin v. Ingham, 38 Kan. 641, 17 Pac. 162, al interpretar nuestro sistema constitu-cional :
“ ‘No hay precepto expreso en nuestra Constitución ni en esta-tuto alguno, que exima a un empleado del departamento ejecutivo, ya sea jefe o pertenezca a otra categoría, de ser demandado ante un. tribunal, ... y si alguno de e^os funcionarios está exento . . . debe ser por virtud de algunas implicaciones desconocidas u ocultas de la Constitución o los estatutos, o a causa de algunas barreras in-herentes e insuperables fundadas en la estructura del Gobierno mismo . . . En todos los demás casos no es el rango o el carácter del funcionario, sino la naturaleza de la cosa a ser hecha, lo que rige. Ningún otro funcionario está por encima de lá ley . . . Los dis-tintos departamentos del gobierno no son independientes entre sí . . . Se ha dicho qrie si el gobernador se opone a una orden o sentencia de la corte, no se puede hacer cumplir . . . Pero, ¿han de anticipar los tribunales que el Gobernador no cumplirá con su deber? . . „ Nadie debe suponer que él dejará de cumplir con su deber . . . Nin-gún departamento debe abandonar el 'desempeño de sus funciones por temor a que algún otro departamento pueda hacer que sus actos sean nugatorios . . . Cada uno de los distintos departamentos . . . es superior a los otros .en algunos respectos . . .. Cada departamento es supremo en su propia esfera. Pero, fuera de su propia esfera, es débil y debe obedecer.’
“Las cortes que resuelven en forma contraria a esto, según han dicho algunos tratadistas, lo hacen sin una base sólida para su con-clusión. Proceden así, según hemos indicado, mayormente a base de un concepto erróneo del sistema de que forman parte.”

No termina aquí la Corte Suprema de Wisconsin. La opinión es extensa y no creemos que los párrafos copiados sean superiores a los que liemos omitido. La ley no auto-riza al Gobernador para ser arbitrario; antes bien, le impone el deber de obedecerla y la misión de hacerla cumplir. No empece que el Gobernador actúe so color de autoridad. Si sus actuaciones resultan claramente arbitrarias, los tribuna-les de justicia son los llamados a pronunciar, a solicitud de parte, la última palabra y a reparar el agravio inferido, aun-que emane de las más altas esferas gubernativas. Es ver-dad que esta misión es altamente desagradable, y que los tribunales deben ser parcos y escrupulosos en el ejercicio de sus funciones judiciales, para evitar menoscabar la autoridad del ejecutivo cuando gira dentro del círculo de sus atribuciones; pero la justicia, que no reconoce castas ni jerarquías, debe volver, cuando es necesario, por los fueros del derecho vul-nerado, y ecuánime y serena, inflexible y magnánima, extender sus brazos protectores por igual a todos los ciudadanos, lo mismo al humilde que al poderoso, al que viste una mo-desta blusa que al que ostenta la clámide de una elevada ma-gistratura. Como dice el tribunal de Wisconsin, ningún fun-cionario es tan alto que esté por encima de la ley ni tan baje que no esté protegido por sus disposiciones.

Refiriéndose a los debates en el caso de Attorney General ex rel. Bashford v. Barstow, 4 Wis. 742, comentado en los párrafos de la opinión que hemos transcrito, dice el mencio-nado tribunal:

“Con inevitable poder de lógica la posición de la magistratura en nuestro sistema y la importancia de mantenerla, fueron puestas de relieve ante la corte para ayudarla en todo lo posible a resolver la controversia, en estas inspiradas palabras emanadas del foro: ‘Guando el descontento, la violencia y la anarquía sucedan a la ley y al orden, y el pueblo y los funcionarios públicos se aparten de la constitución y abandonen la nave del estado, yo tengo esperanza de que la última mirada que pueda recogerse de un gobierno organi-zado sea la de la judicatura, que se vea que las cortes, en tanto en cuanto quede algún vestigio de la nave del estado, están listas para decidir, interpretando el derecho con mente equitativa, distribuyendo la justicia con absoluta igualdad, permaneciendo serenas e imperté-rritas ante la influencia del temor y de la facción, y obedientes a aquella máxima tan peculiarmente suya: Fiat justitia, ruat coelum’.”

Esta elocuente invocación a la justicia, donde la belleza de 1a, expresión corre parejas con los elevados sentimientos que la inspiran, se amplifica y complementa con las siguien-tes frases lapidarias de la misma corte de Wisconsin:

“Para terminar deseamos hacer la observación de que en ningún momento- hemos olvidado la consideración que esta corte debe tener para el alto cargo de Gobernador. Tenemos un deber solemne a ese respecto. Es cuestión de gran delicadeza considerar las actuaciones del Gobernador 3^ declarar-las nulas. Mas cuando el deber lo exige, éste habrá de cumplirse. Quienquiera que vacile cuando el deber es claro, debido a la alta esfera del departamento- coordinado del gobierno, no es acreedor a estar investido del poder judicial otor-gádole por el pueblo. Con la debida deferencia al departamento coordinado y apreciando plenamente su independencia dentro de la esfera de su autoridad, debemos, con el valor que ha de caracterizar la suprema autoridad judicial, vindicar la autoridad máxima aquí envuelta y determinar cuál es la ley, qué actos constituyen una in-fracción de la misma, y cuáles son sus consecuencias legales. En el momento que se establezca que cualquiera de los otros departamen-tos es independiente del judicial a ese respecto, el freno que el .pueblo puso en la Constitución para defender los derechos privados ha-brá sido pisoteado! y el camino hacia la usurpación quedará claro y expedito. No hemos pensado siquiera que fuese el propósito del Go-bernador infringir la ley. Como humano que es puede errar. Con frecuencia ocurren errores, como sucedió aquí, sin consciencia de cualquier influencia ulterior, y sin embargo algún sentimiento fuerte proveniente de provocación puede haber preparado el campo en tal forma que subvierta el raciocinio.”

La cuestión de si el Gobernador tiene o no facultades para transferir o destinar un negociado o cargo a cualquier departamento, estando en receso el Senado Insular, merece preferente atención. El artículo 53 de nuestra Carta Orgánica dice así:

“El Gobernador, con la aprobación del Senado de Puerto Rico, podrá transferir o destinar a cualquier departamento cualquier ne-gociado u oficina que pertenezca a alguno de los departamentos re-gulares del Gobierno, o que en lo sucesivo se cree, o que no esté asig-nado a ningún departamento.”

Entienden los demandados que el Gobernador en este caso debe tener los mismos poderes que ejercita para cubrir va-cantes mediante nombramientos cuando el Senado está en receso. Los demandados parecen partir de la base de que el Gobernador tiene el poder de cubrir las vacantes que ocu-rren mientras esté en receso el Senado, en ausencia de una disposición de la ley concediéndole esta autoridad. Ignora-mos si esta cuestión ba sido decidida por los tribunales do justicia. Sabemos cuáles fueron las causas que originaron la facultad concedida por la Constitución nacional al Presi-dente para cubrir vacantes durante el receso del Senado. Este, cláusula no figuró en el primer proyecto de' constitu-ción, pero se insertó después por medio de una enmienda, aparentemente sin objeción.

Con respecto a esta facultad concedida al Presidente, dice Story en el tomo 2, párrafo 1557, pág. 380, de ‘su obra sobre “Constitution”:

“La conveniencia de esta concesión es tan obvia que no requiere discusión. No había más que uno de dos caminos a elegir: o el Senado se mantenía constantemente en sesión con el fin de poder confirmar los nombramientos de los funcionarios, o se autorizaba al Presidente a hacer nombramientos interinos durante el receso' que espirarían cuando el Senado tuviese una oportunidad de actuar en el asunto. El primer curso hubiese sido demasiado molestoso para el Senado y costoso para el pueblo. En el último se combinan la conveniencia, la prontitud de acción y la seguridad general.”

Watson, en el tomo 2, pág. 993 de su obra sobre “Constitution”, dice: •

“ ‘Pero fué obvio que sin una disposición sobre nombramientos temporales para cubrir vacantes que pudiesen ocurrir mientras el Senado se viese privado de participar en los nombramientos por no estar en sesión, se derivaría una grave inconveniencia y daño al in-terés público. Para allanar esta dificultad y por consentimiento co-mún, se dispuso “que el Presidente tendría poder para cubrir todas las vacantes que pudiesen ocurrir durante el receso del Senado, ex-pidiendo nombramientos que expirarían al final de la próxima sesión de dicho cuerpo legislativo.” Esto es esencialmente un proviso a la disposición relativa a nombramientos con el consejo y consenti-miento del Senado. Fué cuidadosamente redactado para cumplir el propósito que se tenía en mente, sin cambiar en el más mínimo grado el espíritu de la constitución de que tales nombramientos deben únicamente hacerse con la participación del Senado. Su solo pro-pósito fué hacer factible que en cualquier tiempo hubiera, estando el Senado en sesión o no, un funcionario para cada cargo con dere-cho a desempeñar las funciones del mismo . . .’ ”

La enmienda introducida al proyecto original (first draft) de la Constitución demuestra que los autores de este histó-rico documento no creyeron que el poder concedido al Pre-sidente de nominar1 y nombrar funcionarios con el consenti-miento del Senado le daba autoridad para cubrir las vacan-tes que ocurrieran durante el receso de dicho cuerpo legisla-tivo. Si así lo hubieran creído no habrían añadido una dis-posición adicional para cubrir la laguna que se advertía en el proyecto original. No sabemos ni creemos que exista ningún estado donde el poder de cubrir vacantes durante el receso del Senado no haya sido concedido por la ley. Las autoridades y las decisiones que hemos consultado sobre esta cuestión siempre hacen referencia a alguna disposición conce-diendo al ejecutivo la facultad de cubrir las vacantes cuando el Senado no esté en sesión. En Puerto Rico los nombra-mientos que hace el Gobernador con el consentimiento del Senado están autorizados por leyes especiales y por el ar-tículo 167 del Código Político. El artículo 26 de nuestra Ley Orgánica dispone que los nombramientos tedios mientras el Senado no esté en sesión tendrán efectividad tasta que sean desaprobados o hasta que el Senado declare terminado su próximo período de sesiones.

No citan los demandados ningún precedente que tienda a demostrar que el Gobernador esté autorizado para cubrir las vacantes que ocurran cuando el Senado no esté en sesión. Este argumento, lejos de favorecer a los demandados, debi-lita su posición, ya que no han demostrado que el ejecutivo tenga la facultad implícita de cubrir vacantes durante el re-ceso del Senado, derivada de la facultad de nombrar. En nuestro sentir el Gobernador no puede ejercer la autoridad que le concede el artículo 53 de nuestra Carta Orgánica, pres-cindiendo del consentimiento del Senado Insular. Es nece-sario que se preste este consentimiento para que surtan efecto las transferencias o asignaciones permitidas por la ley.

La segunda cuestión a decidir es si la facultad concedida al Gobernador para transferir o asignar un negociado o cargo a cualquier departamento del gobierno incluye también la facultad de abolir estas agencias de la administración con o sin el consentimiento del Senado. Si no puede transferir es claro que tampoco puede abolir. La abolición de un cargo implica su desaparición, su inexistencia completa, su destrucción. Aun asumiendo únicamente para los efectos de la argumentación que el Gobernador tiene la facultad implícita de cubrir vacantes durante el receso del Senado, sin que así lo disponga la ley, habría que forzar el argumento y violentar los cánones de la interpretación judicial para llegar a la conclusión de que el artículo 53 de nuestra Carta Orgánica autoriza implícitamente la abolición de un cargo y que esta autorización se extiende al período en que no está el Senado en sesión. Cuando se cubre una vacante el Gobernador no destruye derechos, más bien los crea, y nada se pierde con esperar la sesión regular del Senado para aprobar o des-aprobar el nombramiento.; pero cuando la actuación del eje-cutivo surte el efecto de privar a un funcionario de su em-pleo, los derechos de este funcionario no deben quedar en la incertidumbre pendientes de que el Senado apruebe o no, en su sesión ordinaria, lo que baya becbo el Gobernador. Opi-namos que el Gobernador no puede decretar la abolición de un cargo, sobre todo estando el Senado en receso, pues si no tiene esta facultad para realizar una transferencia durante este período, menos puede tenerla para ejecutar un acto de mucba más transcendencia como es la abolición.

En su carta al Presidente de la Comisión de Servicio Público, Robert H. Gore dice que como cuestión de economía administrativa considera necesario abolir los cargos de inge-nieros de la Comisión de Servicio Público y ordena al fun-cionario aludido que elimine los salarios de los dos cargos mencionados del presupuesto de la Comisión de Servicio Pú-blico. Hemos visto que el Gobernador .puede transferir o asignar a cualquier departamento todo un negociado (bureau) o cargo (office).

Blaclcstone define la palabra office como un derecho a ejer-cer una función pública o empleo, y a recibir los honorarios y emolumentos pertenecientes al mismo. En la página 25 de su obra “Public Officers and the De Facto Doctrine”, dice el Juez Albert Constentineau:

“Las definiciones americanas son excesivamente numerosas y va-riadas en su lenguaje, aunque como una regia no difieren grande-mente unas de otras en sustancia. ‘An officedice el Juez Presi-dente Marshall, 'se define como un cargo público o empleo y aquél que ejecuta los deberes del cargo es un funcionario’.
“Según ha sido definido por la Corte de Apelaciones de Nueva York, un cargo público (public office) es ‘un fideicomiso permanente que debe ser ejercido en favor del gobierno o de todos los eiudada-nos que puedan necesitar la intervención de un oficial o funcionario público, en todas las materias dentro de la esfera de los deberes per-tenecientes al carácter del fideicomiso. Implica un derecho a ejer-cer generalmente, y en. todos los casos adecuados, la función de un fideicomiso público o empleo, y a recibir los honorarios y emolumen-tos correspondientes y a mantener la posición y ejecutar el deber por el término y la tenencia prescritos por la ley.’ Se ha dicho además que un cargo público (public office) es ‘una agencia del es7 tado, y la persona encargada de los deberes de esta agencia es un funcionario público’.”

La comunicación autorizada por el Gobernador suprime los cargos de ingeniero de la Comisión de Servicio Público y ordena que el trabajo de éstos sea realizado en lo sucesivo por ingenieros del Departamento del Interior. De manera que el cargo desaparece, quedando en pie los servicios, que es lo único que resulta transferido. No tiene la orden del Gobernador el efecto de transferir o eliminar la oficina o re-cinto donde el peticionario tiene su escritorio, anaqueles y libros de consulta. La orden elimina el cargo, lo destruye, y únicamente transfiere los servicios anexos al mismo. No creemos que la intención del Congreso baya sido conceder al Gobernador la facultad de abolir todo un bureau o cargo {office), al autorizarlo para bacer transferencias. . No pode-mos llegar a la conclusión de que sea ésta una facultad im-plícita en la facultad de transferir. La Legislatura, desde luego, puede autorizar al ejecutivo para que decrete la abo-lición de un cargo, y es regla general que los organismos que crean cargos públicos tienen también la facultad'de abolirlos; pero siendo la Legislatura la fuente de todos estos poderes, a ella bay que acudir para ver si en un caso determinado la facultad que se invoca emana de alguna disposición legisla-tiva.

Se atribuye por último al Gobernador un plan preconcebido de destituir a todos los funcionarios y emplea-dos pertenecientes al partido del cual es miembro el peticio-cionario, quien está afiliado al Partido Liberal. Es un hecho admitido por las partes que el Sr. Romero pertenece al Ser-vicio Civil Clasificado. De acuerdo con la sección 6 de la Ley de Servicio Civil, aprobada en 1931, el peticionario úni-camente puede ser separado de sú cargo de conformidad con lo dispuesto en la ley. Ninguna persona que ocupe una plaza o destino en el Servicio Civil Clasificado será separado o despedido, salvo por cansas justificadas y previa formulación de cargos, y no antes de dársele oportunidad para ser oído en defensa propia. La ley dispone la reposición de un fun-cionario o empleado separado en caso de que previa audien-cia, resultare que la separación se debió a razones de orden político o religioso.

El inciso 18 de la sección 2a. de nuestra Carta Orgánica dispone que no exigirá como condición para desempeñar cual-quier cargo o posición de confianza en el Gobierno de Puerto Rico, ningún otro requisito político o religioso que un jura-mento de defender la Constitución de los Estados Unidos y las leyes de Puerto Rico.

Es claro que si no puede exigirse ningún requisito polí-tico o religioso para desempeñar un cargo, tampoco puede separarse del mismo a la persona que lo desempeña por ra-zón de sus ideas religiosas o políticas. En el presente caso no aparece el Gobernador destituyendo al peticionario de su cargo, sino decretando la abolición del mismo; pero se alega que esta abolición se debió a un plan preconcebido de desti-tuir a todos los funcionarios pertenecientes al partido en que milita el Sr. Romero. Claro está que si la actuación del eje-cutivo en vez de inspirarse en una razón de economía, como se alega en la carta dirigida al Presidente de la Comisión de Servicio Público, obedeció a otras razones con el propósito de separar de su cargo al peticionario, entonces esta aboli-ción no monta a otra cosa que a la realización del propósito de la destitución.

En el caso de Gil v. Chardón, 41 D.P.R. 217, esta Corte, por conducto del Juez Presidente Sr. del Toro, dijo:

“La tendencia moderna, y la más justa, y el espíritu de la ley creadora del servicio civil, son garantizar la eficiencia del trabajo público, formando y sosteniendo un cuerpo de empleados competente, laborioso y honrado que no esté sujeto a los cambios, veleidades o apasionamientos políticos, o a la mala voluntad, el despotismo, o las miras interesadas de los jefes, sino que dependa de sí mismo, de su propia conducta en el ejercicio de sus funciones. Cumplir con el deber, tal es la norma del empleado; y si lo cumple, considerarse ■@m su posición seguro, tal la garantía de la ley, que si se viola será restablecida por los tribunales de justicia.”

Examinemos ahora la evidencia aportada por el peticio-nario para probar su alegación de que el Gobernador actuó movido por razones de carácter político. Se inicia la prueba con un telegrama dirigido al Hon. Robert H. Gore, por el Presidente del Partido Liberal, Antonio R. Barceló. En este mensaje el Sr. Barceló retira una lista de nombres que so-metiera al Gobernador para ser considerada en relación con los nombramientos de jefes de departamentos, alegando, como razón para retirar dicha lista, que se había publicado en la prensa una declaración del Gobernador, al efecto de que pe-diría a los miembros de su gabinete nombrados por él, la presentación de antemano de la renuncia con la fecha en Manco, y añadiendo que ningún puertorriqueño de altura y prestigio podría aceptar un cargo bajo tales condiciones. En su contestación a este mensaje el Gobernador ofrece cumplir con los deseos del Sr. Barceló, diciendo que ni él ni los miem-bros del Partido Liberal podrán quejarse por la obediencia estricta a sus deseos, y añadiendo que supone que el Sr. Bar-«eló no desea retener los puestos que están ahora en manos de liberales. Termina el Gobernador diciendo que la parti-cipación en el Gobierno que hubiera sido compartida con el partido Liberal se ofrecerá al partido Demócrata.

El testigo Arturo de la Cruz Calderón, repórter del pe-riódico “La Democracia”, declara que una tarde, durante una •entrevista que dió a la Prensa el Gobernador, refiriéndose al mensaje que le envió el Sr. Barceló retirando los nombres de los candidatos liberales que constaban en la lista que le había enviado, el referido Gobernador dijo que los primeros que debían renunciar sus puestos en el Gobierno eran su yerno, aludiendo al Sr. Romero, yerno del Sr. Barceló, y el Sr. Pont, por considerarlos liberales; que si ésa era la ma-nera de pensar de los liberales respecto a las renuncias en blanco, que si ésa era la manera de pensar del Sr. BarcehS. debían renunciar el Sr. Romero y el Sr. Font, a lo que uno-de los que estaban presentes contestó que el Sr. Font y el Sr,. Romero no debían renunciar porque no debían su nombra-miento al Gobernador ni formaban parte del gabinete.

El Sr. Miguel Muñoz, Presidente de la Comisión de Ser-vicio Público, declaró que en una ocasión en que fué a ver al Gobernador para solicitar una licencia y pedirle permiso para ausentarse para los Estados Unidos, dicho funcionario-le dijo: “En la Comisión tienen Uds. dos ingenieros libe-rales. Yo quiero que no haya uno que sea liberal. Quiero-que Ud. le pida la renuncia a Romero.” Declara el Sr. Mu-ñoz que se negó a complacerle, diciendo que no se podía pe-dir la renuncia al Sr. Romero, quien estaba dentro del Ser-vicio Civil, que tenía catorce o quince años de servicio en. la Comisión y que era muy competente, que no había motivos para que la Comisión tuviese que pedirle la renuncia, y que no veía la razón que el Gobernador tuviera para pedirla a Romero, excepto ser yerno del Sr. Barceló. A su regreso «le los Estados Unidos el Sr. Muñoz visitó al Gobernador para-pedirle la reconsideración de la orden aboliendo los cargos de ingenieros de la Comisión. Estaba presente el Sr. Sal-daña. El Gobernador le dijo: “Ud. recordará que le hablé del asunto de los ingenieros.” El Sr. Muñoz le contestó: “No, Ud. no me trató el asunto de los ingenieros, Ud. me habló solamente del asunto del Sr. Romero, que había que pedirle la renuncia y yo le manifesté que antes que hacer es© renunciaba. ’ ’

El Sr. Eugenio Delgado, que actuaba de Presidente ■ inte-rino de la Comisión cuando el Gobernador escribió su carta ordenando la abolición del cargo del peticionario, declara que el Gobernador lo llamó para decirle que le extrañaba que antes de haberse embarcado el Presidente propietario, Sr. Mu-ñoz, le había encargado solicitar la. renuncia del Sr. Romero y no lo había hecho; que el Gobernador le llamó para pre-guntarle si Romero continuaba prestando sus servicios, y al. contestarle qne sí, le preguntó si no sabía qne él le había pedido a Mnñoz qne pidiera la renuncia a Somero, contes-tándole el testigo qne nada sabía; qne entonces el Goberna-dor le dijo: “Pues yo necesito qne Ud. le pida la renuncia al Sr. Somero ’ ’; qne el declarante le contestó qne era inútil hacerlo, porque el Sr. Somero estaba en la Comisión como un empleado del Servicio Civil, tenía sus derechos y en su concepto estaba cumpliendo con sus deberes; qne el Gober-nador insistió y entonces el declarante le dijo qne hablaría con Somero, informándole de sus deseos, y le contestaría la decisión de este funcionario; qne el Sr. Somero es un fun-cionario competente e indispensable para la Comisión.

En vista de la prueba practicada, qne no ha sido contra-dicha, dudamos mucho de qne el Gobernador Eobert H. Gore decretara la abolición del cargo del peticionario por razones de economía. En la conferencia en qne el Gobernador Gore solicitó del Sr. Mnñoz qne pidiese la renuncia a Somero no surge el argumento de la economía. En la entrevista cele-brada con el Sr. Delgado el Gobernador se extraña de qne no se le haya pedido la renuncia a Somero y ratifica su pro-pósito de que así se haga, sin mencionar al otro ingeniero cuyo cargo aparece también abolido en la carta posterior del Gobernador. En ninguna de estas conferencias se habla de abolir cargo alguno. Siempre se insiste en la renuncia. La razón económica no se menciona en ningún sentido. Por el contrario, cuando el Gobernador habla con el Sr. Muñoz, le dice que en la Comisión hay dos ingenieros liberales y quiere que no haya uno que sea liberal, e inmediatamente urge que se le pida la renuncia al Sr. Somero. En ningún momento el demandado Eobert H. Gore habla de abolir los cargos de ingenieros de la Comisión. Su atención está fija en Somero. Es en la carta dirigida al Presidente de la Comisión de Ser-vicio Público donde surge por primera vez el argumento de la economía. En esta carta el Gobernador silencia la idea de la renuncia y adopta la medida radical de abolir los car-gos de ingenieros de la Comisión. Si el elemento de la eco-nomía hubiese jugado algún papel en la actuación del Gober-nador, es natural que se hubiese manifestado en alguna de estas entrevistas que precedieron a la carta en cuestión. Por el contrario, lejos de surgir la razón económica como elemento básico de la conducta del Gobernador, se solicita y se insiste exclusivamente en la renuncia del Sr. Romero. No creemos que el Gobernador se basara en ninguna medida de interés público para decretar la abolición del cargo del peticionario. La evidencia aportada tiende a demostrar que el Gobernador actuó en este caso movido por razones de índole política y no de carácter económico y que no medió buena fe al decretarse la abolición del cargo del peticionario.

La prueba de los peticionarios revela que el Sr. Romero es un ingeniero graduado en The Massachusetts Institute of Technology hace muchos años, que cursó sus estudios con be-cas que ganó en empeñada lid, que aprobó los exámenes del servicio civil con el No. 1, y que ha dedicado gran parte de su vida al servicio del gobierno, cumpliendo de una manera diligente con sus deberes. Tanto el Sr. Muñoz como el Sr. Delgado hacen elogios de la competencia de este funcionario. Opinamos que el peticionario ha sido separado arbitraria-mente de su cargo, que no ha sido legalmente abolido, y que debe ser repuesto en el mismo.

El Sr. Manuel Pont Jiménez, ingeniero electricista de la Oomisión de Servicio Público, ha radicado en esta Corte una, solicitud de mandamus idéntica a la que ha presentado el Sr. Romero, por haber sido separado de su cargo en virtud de la carta dirigida por el Gobernador Robert H. Gore al Pre-sidente interino de dicha Comisión, Sr. Eugenio D. Delgado, aboliendo también el cargo del Sr. Pont. Ambos pleitos de-ben resolverse por los fundamentos aducidos en esta opinión, dictándose en cada caso una sentencia que contenga los mis-mos pronunciamientos.

Debe dictarse la sentencia acordada en esta opinión para ambos casos y expedirse auto perentorio de mandamus orde-nando la reposición en siís cargos de los interesados.


author: El Juez Asociado Señob Aldbey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ramón Frese, acusado y apelante.
    No. 5005.

    Sometido: Marzo 14, 1934.

      Resuelto: Marzo 29, 1934.

      Qtiirós Méndez y Susoni & Defendini, abogados del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señob Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

Ramón Frese apela de una sentencia que lo condena por delito de violación por haber tenido contacto carnal con una mujer demente, que no era su esposa.

El único error alegado por el apelante para sostener su recurso es por haber declarado la corte sin lugar su moción de absolución perentoria, que fundó en no ser la prueba del fiscal suficiente para una condena (nonsuit).

El fiscal presentó en el juicio a un médico de cuya declaración aparece que Adela Cardona, de veinticuatro años de edad, que es la mujer a que se refiere este proceso, tenía cinco meses de embarazo al ser reconocida por él. El principio de ese estado coincide con la fecha en que se imputa al acusado haber tenido contacto carnal con esa mujer, que ño era su esposa. Otro médico, director del Manicomio Insular, declaró que Adela Cardona es imbécil desde su niñez y tiene ahora un retardo mental como el de una niña de nueve años: que puede referir cosas que le hayan pasado, pues no carece por completo de memoria, pero que es incapaz de co-nocer plenamente el valor de sus actos porque su discerni-miento es muy rudimentario. Algunos testigos declararon que en ocasión en que fueron a la tiendita o cafetín del acu-sado, vieron a Adela en la trastienda que tiene el acusado, junto a la cama de él y que la tenía cogida por las manps y que él trató de ocultarla. Otros manifestaron que el acusado alquiló un sitio para una tiendita o cafetín contiguo a la casa en que vivía Adela y su familia sabiendo que Adela es loca y la desocupó poco después del mes: y otros que cuando se supo que Adela estaba embarazada se presentó el acusado en la casa de ella y dijo a su madre, oyéndolo algunos vecinos, que él era el autor de la desgracia de Adela y que se iba a casar con ella.

.El fiscal también presentó como testigo a Adela Cardona, sin oposición de la defensa del acusado. La lectura de la de-claración de esa mujer nos convence de que a pesar de ser una imbécil sabe y recuerda algunos de los becbos que ba visto o que le ban ocurrido a ella, pues, por ejemplo, dijo su edad, el nombre de la calle en que vive, que el acusado se llama Moncho, que tuvo un cafetín contiguo a la casa en que ella vivía, que él la deshonró en su cafetín donde la metió dos o tres veces a la fuerza y sabe que lo pueden castigar, así como que va a tener un hijo y que casarse es casamiento por la iglesia, pero ignora las consecuencias del acto carnal de un hombre con una mujer. Queremos copiar un extremo de su declaración: el fiscal le preguntó: “Qué usted quiere que le bagan a él? R. — Lo que quieran ustedes. P. — ¿Lo que nos-otros queramos? R. — Seguro. P. — -¿Usted no sabe lo que se le va a hacer, o lo que se le puede hacer? Usted no sabe? R. — Meterlo en la cárcel. P. — ¿Usted cree que se le puede meter en la cárcel? R. — Sí. P. — ¿No se le debe matar? R. —No. P. — ¿Por qué? (No contesta) P. — Tanto como eso no, ¿verdad? R. — Seguro que no. P. — ¿Sería mucho? (No contesta) P. — Entonces, ¿usted lo quiere? R. — Yo no lo quiero, pero matarlo no.”

Cuando el fiscal terminó la práctica de su prueba solicitó el acusado su absolución alegando que toda vez que los locos no pueden declarar bajo juramento, el hecho de que Adela •Cardona haya sido presentada como testigo por el fiscal de-muestra que ella no está, loca y que, por consiguiente, el acu-sado no ha cometido el delito de violación que se le imputa.

Por mucho tiempo las personas locas e imbéciles fueron excluidas de prestar declaración en los tribunales, pero ahora 3a regla es distinta. En el año 1882, en el caso de District of Columbia v. Armes, 107 U. S. 519, en el que se permitió -que declarase como testigo una persona loca, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dijo: “Es indudablemente cierto que un lunático o demente, dado el estado de su mente, puede no ser un testigo competente. Su incapacidad por ese fundamento, al igual que cualquiera otra causa de incapacú dad, debe ser sometida a la consideración de la corte, y para ayudar a ésta en su resolución es admisible evidencia de su estado mental.” Y después de tratar esa cuestión dijo: “La regla general, por consiguiente, es que un lunático o persona demente puede declarar como testigo si tiene suficiente en-tendimiento para darse cuenta de la fe del juramento y si es capaz de hacer una relación correcta de las cuestiones que ha visto u oído con referencia a lo que se ventila; y si tiene o no tal entendimiento, es cuestión que deberá determinarse por la corte examinando a esta parte misma y a cualesquiera tes-tigos hábiles que puedan declarar en relación con la natura-leza y alcance de su estado mental.” En 26 A.L.R. 1491’ se encuentra un extenso estudio de esa materia con citas de sentencias de muchos Estados. En dicho estudio se hace re-ferencia en la página 1429 a decisiones al efecto de que un •estatuto preceptivo de que todas las personas son testigos competentes excepto los que no tengan su mente sana no sig-nifica que una persona declarada loca no pueda ser un testigo competente dentro de la regla general.

Concretando ahora la cuestión a casos como el presente, •de violación de mujeres locas o imbéciles, se ha declarado que tal estado no establece per se qne dicha mujer sea incompe-tente como testigo. En el caso de Weeks v. State (1915), 126 Md. 223, 94 Atl. 774, se permitió declarar a la mujer ofen-dida, que era una imbécil, y una corte de apelación sostuve que esa declaración fué admisible porque el hecho de que se alegase o se demostrase que era una imbécil no la hace, ne-cesariamente, una testigo incompetente, citando varios auto-res y sentencias.

La declaración del médico que hizo el estudio mental de Adela Cardona demostró a la corte que ella es capaz de ha-cer una relación correcta de las cosas que ha visto o ha oíd© con referencia a la cuestión en controversia y la declaración, prestada por la perjudicada en el juicio confirmó plenamente lo dicho por el médico.

En vista de lo expuesto y de estar corroborada su decla-ración por otras pruebas, como aparece de las referencias que hemos hecho de los autos, la sentencia apelada debe ser co'tv-firmada.


text:
    Sucrs. de Alejo Llul & Cía., S. en C., peticionaria, v. La Corte de Distrito de Mayagüez, Hon. Charles E. Foote, Juez, demandada.
    No. 954.

    Sometido: Marzo 19, 1934.

      Resuelto: Marzo 29, 1934.

      Guillermo Estrella, abogado de la peticionaria; José Sabater, abogad© del demandado en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La demandante inició en la Corte Municipal de Mayagüez un pleito en cobro de no más de cien dólares. Se adhirió a la demanda un sello de rentas internas por valor de un dó-lar, según exige la sección 3 de la “Ley estableciendo juicios especiales en las cortes municipales de Puerto Rico, y para otros fines,” aprobada el 29 de abril de 1921. (Leyes de ese año, pág. 103.) El secretario, actuando en consonancia con la sección 3, canceló el sello, y, estimando el juez municipal que el caso caía dentro de las disposiciones de la ley de 1921, ordenó que se expidiera la citación conforme pro-vee la sección primera de dicha ley. Esta orden estaba fe-chada 'el 12 de enero de 1934 y en ella se fijaba el 15 de enero como el día en que el demandado debía comparecer y contestar. . El emplazamiento fue notificado el 13 de enero. El demandado, por su abogado, compareció y contestó en enero 15, según exigía el emplazamiento, sin suscitar en aquel entonces objeciones de clase alguna respecto al proce-dimiento seguido. La corte, a instancia de la demandante, señaló entonces el caso para juicio. Esto también se hizo de acuerdo con las disposiciones de la ley de 1921, sin la formalidad de señalar el caso primero en el calendario or-dinario. El día anterior al señalado para el juicio, el de-mandado, por su abogado, radicó una moción para que se eli-minara la demanda de los autos y para que se desestimara el recurso por falta de jurisdicción, toda vez que la demanda estaba redactada en la forma ordinaria prescrita por el Có-digo de Enjuiciamiento Civil y la demandante solamente ha-bía cancelado un sello de rentas internas de un dólar, tal cual si la acción fuese una autorizada por la ley de 1921. El juez municipal declaró sin lugar esta moción y luego de celebrarse un juicio sobre los méritos dictó sentencia a favor de la de-mandante. El demandado apeló y reprodujo su moción en la corte de distrito.

El argumento tanto en la corte municipal como en la de distrito fue que el procedimiento simplificado prescrito pol-la ley de 1921 no podía ser adoptado y seguido en ausencia de algo en la demanda que indicara el deseo de parte de la demandante de seguir este curso. El juez de distrito estuvo conforme con este criterio, y, toda vez que el Código de En-juiciamiento Civil exige la cancelación de la suma de tres dólares en sellos de rentas internas al archivarse la demanda en un procedimiento ordinario, desestimó la causa por falta de jurisdicción.

El fin obvio de la ley de 1921 fue eliminar detalles téc-nicos de procedimiento, y proveer un método procesal rápido y eficaz para aquellos casos en que la cuantía envuelta no excediera de cien dólares. El hecho de que la cantidad que aquí se trató de recobrar no excedía de cien dólares, y el de que la demandante había adherido a su demanda un sello de un dólar en vez de sellos por valor de tres dólares, fueron suficientes para justificar al secretario y al juez de la corte municipal en asumir que la demandante había elegido e in-tentado seguir el remedio y el curso de procedimiento pres-critos por la ley de 1921. El demandado mismo al principio se avino a este criterio al comparecer y contestar, tal como exigía el emplazamiento, dentro de dos días después de no-tificado. La demandante entonces ratificó el procedimiento que había sido seguido hasta ese punto, solicitando qúe el caso fuese señalado inmediatamente para juicio. La moción del demandado para que se eliminara la demanda y se archi-vara el caso por falta de jurisdicción, a base de la teoría de que el caso no caía dentro de las disposiciones de la ley de 1921, quizá pudo haber merecido más consideración de la que recibió en la corte municipal si se hubiese presentado en el momento en que el demandado contestó, o antes. Habién-dose presentado en el curso del juicio, ya el caso se había con-vertido, de no serlo originalmente, en uno que debía venti-larse de conformidad con las disposiciones de la ley de 1921.

El juez municipal no cometió error al declarar sin lugar la moción. El juez de distrito debió igualmente haber dene-gado la misma y haber procedido a celebrar el juicio de novo en armonía con las disposiciones de la ley de 1921.

Debe revocarse la sentencia objeto de este recurso y de-volverse el caso para ulteriores procedimientos no inconsis-tentes con esta opinión.