text:
    Miguel Lorenzo, demandante y apelante, v. Jesús Lorenzo Pérez, demandado y apelado.
    No. 6762.

    Sometido: Diciembre 18, 1935

    Resuelto: Diciembre 24, 1935.

      José Veray, Jr., abogado del apelante; García Méndez c§ García Mén-dez, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Ante la Corte de Distrito de Aguadilla presentó Miguel Lorenzo una demanda contra Jesús Lorenzo reclamándole cuatro mil dólares por los daños y perjuicios que le ocasionara el 24 de septiembre de 1931, en el barrio Voladoras del muni-cipio de Moca, al acometerlo y agredirlo voluntaria y mali-ciosamente con un machete, cercenándole casi en su totalidad la mano derecha.

Contestó el demandado negando los hechos alegados en la demanda y alegando a su vez como defensas especiales que la demanda no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción, y que, de haber ocurrido el accidente, el mismo no pudo ser evitado por el demandado y se debió a la temeridad, malicia y voluntariedad del demandante.

Fue el pleito a juicio. Ambas partes practicaron su prueba y la corte el 31 de julio de 1933 dictó sentencia de-clarando la demanda sin lugar, sin especial condenación de ■costas. En su relación del caso y opinión, declaró probados los siguientes hechos:

“Que allá por el día 24 de septiembre de 1931, y estando el de-mandado Jesús Lorenzo trabajando en su finca, se encaminó a la tienda de don Gil Sánchez, que queda en la carretera y a poca dis-tancia de su expresada finca, para comprar unos encargos para su casa; que al pasar frente a la tienda de Antonio Soto, que queda entre la finca del demandado y la tienda de Gil Sánchez, Miguel Lorenzo, ■el demandante, y Jesús Lorenzo el demandado, tuvieron unas pala-bras porque el primero pretendía que el segundo tomase ron, a lo que éste se negó, amenazándole con echárselo en la cara e insultán-dolo con conceptos mortificantes; que Jesús Lorenzo siguió hacia la tienda de Gil Sánchez, compró allí unos encargos consistentes en ba-calao, pan y azúcar, y so dispuso a regresar hacia su casa, llevando los artículos sobre la mano derecha y debajo de la mano izquierda el mocho de trabajar que había utilizado momentos antes; que cuando pasaba nuevamente por frente a la tienda de Antonio Soto, camino denominado ‘Hernández’, por donde necesariamente tenía que pa-sar, Miguel Lorenzo se adelantó y lo detuvo; Miguel Lorenzo, o sea el demandante, hombre joven y fuerte, le decía al demandado Jesús Lorenzo, que es un hombre de avanzada edad, ‘cómete este guineo’, restregándole por la boca y por el bigote un guineo maduro que tenía mondado por la mitad y luego lo cogió por el cuello instándole violentamente a que se lo comiera; Jesús Lorenzo gritó entonces ‘caridad que me matan’, y Miguel Lorenzo mientras lo apretaba le •dijo ‘pues ahora verás si te lo comes’, sacando al efecto un puñal ■como de seis pulgadas, de dos filos, cabo colorado y de cruz; que cuando intentó herir con el puñal en forma desafiadora y muy amena-zante a Jesús Lorenzo, éste súbitamente tiró los encargos al piso y ■defendiéndose con su machete de trabajo hirió a Miguel Lorenzo, o ■sea al demandante, siendo una sola la herida ocasionada.”

No conforme el demandante, apeló para ante este tribunal. Señala en su alegato dos errores cometidos a su juicio por la corte sentenciadora al no tomar en consideración la “admi-sión judicial” hecha en corte abierta por el demandado al declararse culpable del delito de mutilación qué se le impu-tara por los mismos hechos en que se basa la demanda, y al apreciar la prueba.

B1 primer testigo que declaró fue el propio demandante. Dijo, en parte: “Ese día, viniendo yo de un entierro . . . iba. Jesús Lorenzo ... y al verme me dijo, ‘oye, sinvergüenza,, abora me vas a pagar las que me debes,’ y en seguida me cayó a tajos.”

Llamó entonces el demandante a declarar al perito médico-cirujano Néstor de Cardona quien describió la herida recibida por el demandante así: “Era una herida incisa transversal,, que le cercenaba no solamente los tejidos blandos sino los tejidos óseos y casi le amputaba el brazo.”

Acto seguido presentó el demandante al secretario auxiliar de la corte a los efectos de introducir en evidencia “una ad-misión judicial hecha en corte abierta por el demandado Jesús Lorenzo el día 13 de julio de 1932, en la causa criminal nú-mero 4725 seguida por El Pueblo de Puerto Rico contra dicho Jesús Lorenzo por un delito de mutilación, a virtud de una acusación presentada y jurada por el señor fiscal de esta corte por los mismos hechos realizados por el demandado el día 24 de septiembre de 1931 en la persona de Miguel Lorenzo, o sea el aquí demandante, y en cuya admisión judicial hecha en corte abierta el demandado aceptó estos mismos hechos; y nos basamos en lo establecido en el Tomo 22 de Corpus Juris, página 421, inciso B, titulado ‘Judicial Admissions’ y en la página 423 del mismo tomo, bajo el párrafo 506, titulado ‘Tn other Proceedings’.”

Se opuso el demandado y la corte le dió la razón. Toma excepción el demandante y pidió que “toda vez que esta prueba no ha sido admitida por la corte solicitamos que estos dos documentos, la acusación y la sentencia, se marquen Exhibits A y B como documentos denegados por la corte y que se ordene al taquígrafo que los transcriba literalmente en la transcripción de evidencia para ser revisados en una posible apelación, a fin de que el Honorable Tribunal Supremo tenga pleno conocimiento de la cuestión que se ha levantado.”

La corte manifestó entonces que creía prudente reconsi-derar su resolución y admitir condicionalmente la prueba, y siendo las doce del día, se declaró en receso. Al reanudarse la vista el demandante le pidió qne decidiera de modo defi-nitivo si admitía o no los documentos, invocando la opinión •de este Tribunal Supremo en el caso de El Puebla esc rel Mendin v. Seijo, 43 D.P.R. 368, y la corte resolvió admitir la evidencia sin condición alguna.

El primer documento presentado fue la acusación. En parte dice:

“El fiscal formula acusación contra Jesús Lorenzo Méndez por un delito de Mutilación (Felony), cometido de la manera siguiente:— El referido acusado, Jesús Lorenzo Méndez, con anterioridad a la presentación de esta acusación, o sea, allá por el día 24 de septiembre de 1931, y en el barrio Voladoras del término municipal de Moca, . . . maliciosa y voluntariamente, y con la intención criminal de causar grave daño corporal en la persona del ser humano Miguel Lorenzo, lo acometió y agredió con un machete, arma mortífera, infiriéndole una herida de carácter grave, . . . quedando a consecuencia directa de dicha herida total y permanentemente mutilado dicho Miguel Lorenzo de la mano derecha.”

El segundo, la sentencia, en parte, es como sigue:

“Corte de Distrito del Distrito Judicial de Aguadilla, P. Rico. — • El Pueblo de Puerto Rico v. Jesús Lorenzo Méndez, Criminal Nú-mero 4,725. — Mutilación.—Sentencia.—Por cuanto, en el día de hoy y en Corte abierta compareció personalmente el acusado Jesús Lorenzo Méndez y se declaró culpable de un delito de Mutilación, con-sistente dicho delito en que el referido acusado allá por el día 24 de septiembre de 1931, en el barrio Voladoras . . . — Por cuanto, en vista de la confesión de culpabilidad hecha por el acusado del delito de Mutilación, la Corte, en cumplimiento de la Ley lo declaró convicto del expresado delito. — Por cuanto, el convicto Jesús Lorenzo Méndez renunció al término que para dictar sentencia . . . — La Corte resuelve que debe condenar y condena al acusado Jesús Lorenzo Méndez como culpable y convicto del expresado delito de Mutilación, a sufrir la pena de seis meses de presidio con trabajos forzados, ...”

Y así terminó la prueba del demandante. La del deman-dado consistió en las declaraciones de Pedro López, Jenaro Lorenzo, Agustín Hernández y el propio demandado.

Dijo el primero:

“Ese día estaba yo transportando una madera de un sitio a otro; allí donde pasó eso bay una casa y bay un callejón que va así; yo estoy a la parte atrás de ese callejón . . . ; de pronto cuando yo me estoy echando un paquete encima oigo que gritan 'caridad, caridad' y en seguida solté la madera y miré para allá y veo a este señor -que está empatado con el otro . . . Jesús Lorenzo, mientras que Miguel Lorenzo tenía un guineo maduro en la mano y se lo restre-gaba en la boca a Jesús Lorenzo. . . Pues cuando le restregaba el guineo en la boca Jesús Lorenzo le dijo 'mira que soy una persona vieja y yo no quiero pelear contigo; déjame el camino’ y entonces Miguel Lorenzo le contestó 'que te lo comes’ y votó el guineo y se metió mano al seno, aquí a la pretina, y baló por el puñal; entonces éste traía unos encargos . . Sí, señor; y traía un machete debajo del brazo izquierdo, y al ver que el otro se le abalanzó encima votó lo que traía en la mano derecha y haló por el machete y le tiró y el otro salió herido; entonces Jesús Lorenzo corrió para su casa y Jenaro Lorenzo le corrió detrás y le dió unas cuantas pedradas.”

El segundo, Jenaro Lorenzo, hermano del demandante, manifestó:

“Estando yo en casa de Gil Sánchez, en la tienda de Gil Sánchez, llegó como a las cuatro de la tarde Jesús Lorenzo a comprar unos encargos con un machete debajo del brazo; compró los encargos y después de haberlos comprado dijo que de qué manera cogería él el camino llamado Hernández para irse para su casa porque Miguel Lorenzo había tenido unas palabras con él, y entonces el señor Gil Sánchez le dijo que se fuera, que quizá no le pasaría nada; entonces él se fué y yo a la voz de que era con mi hermano me le fui detrás ... y al doblar por el callejón se tiró Miguel Lorenzo mi hermano de casa de Juan Higinio Nieves con un guineo maduro en la mano con la cáscara, y le dijo ‘oye, Jesús, come de este guineo’ y se lo restregó por el bigote y Jesús le decía ‘respétame, . . . que yo soy una persona vieja y debes respetarme’ pero Miguel Lorenzo seguía restregándole el guineo hasta que oí que dijo ‘caridad, que me mata’. —P.—¿Quién dijo así? — B.—Jesús Lorenzo, porque mi hermano sacó un puñal como de cinco o seis pulgadas, cabo colorado; quizá mi hermano no tenía intención de herirlo sino por verlo correr porque Jesús Lorenzo es un hombre cobarde, pero al sacar Miguel Lorenzo el puñal Jesús Lorenzo largó los encargos del brazo derecho y cogió el machete que llevaba debajo del brazo izquierdo y le tiró a mi hermano y lo cortó en el brazo derecho, y entonces Jesús Lorenzo se fné corriendo y yo le di tinos cnantos piedrazos por detrás.”

Poco dijo el tercero. Se limitó a expresar:

“Pues después cuando yo me retiraba de la tienda de Gil Sánchez iba Jesús Lorenzo con los encargos y Miguel Lorenzo salía de la tienda que estaba allí de Antonio Soto comiéndose un guineo maduro y entonces al Jesús Lorenzo pasar Miguel Lorenzo trató de hablar con él o algo así con el guineo maduro en la mano y yo me retiré.”

La declaración del demandado es completa. Manifestó que “saliendo yo de mi casa, como a las cuatro de la tarde para la tienda a buscar unos encarguitos en casa de Gil Sánchez, . . . frente a la casa de Juan Higinio Nieves, . . . estaba allí este señor (el demandante) y me llamó y me dijo ‘Jesús, ven acá y págate un palo de ron’; entonces yo entré y le dije ‘pídete tú el palo que yo te lo pago pero yo no puedo tomar’.” Insistió el demandante en que tomara y unos cuantos señores que allí había “me dijeron ‘Jesús, vete que este hombre lo que quiere es darte’ y yo me despreocupé de todo y me fui. . .” Llegó a la tienda de Sánchez, “le hice el cuento de lo que me había pasado y le dije ‘Miguel Lorenzo me quiere dar y yo no encuentro cómo pasar por allí’; entonces yo pedí mis encarguitos — una libra de bacalao, dos libras de azúcar y media libra de pan — y me los puse en las manos; . . . entonces Gil Sánchez me dijo ‘vete, que quizá no te pase nada’ y con la misma me pongo debajo del brazo mi mocho, aquí debajo, y me tiro ... y cuando voy entrando al callejón . . . vino Miguel Lorenzo y se me atravesó y me dijo ‘toma, Chucho, come de este guineo’; entonces le dije ‘no abuses; déjame pasar que yo no soy hombre de pelea; yo soy hombre de trabajo’ pero él insistió y me dijo ‘que te lo comes de cualquier manera’ y me tiró a coger por el gañote y haló por un puñal y me tiró con el puñal; entonces yo eché tres pasos atrás y cogí el mocho y le tiré de plano con él con la mala suerte que lo corté.”

Explicando lo ocurrido con motivo de la cansa criminal qne se le siguiera manifestó qne le había dado a sn abogado trescientos dólares para qne lo defendiera, no pndiendo el Jurado llegar a un acuerdo en el juicio; luego le dijo a su otro abogado que no tenía dinero para pagarle y el abogado le contestó “váyase que yo me encargo de arreglarle su caso” y “entonces, para que la corte me considerara, me declaré culpable, pero yo más nunca he sido culpable. ’ ’

Terminada la prueba del demandado, el demandante llamó a Gerardo Lorenzo, quien declaró que Pedro López fue donde Jenaro Lorenzo y le dijo “aquí te manda Jesús Lorenzo ocho pesos y que no dejaras de decir lo que te habías comprome-tido con él a declarar”, y el demandante entonces hizo com-parecer de nuevo a Pedro López quien aseguró que era falso que le hubiera dado dinero alguno a Jenaro Lorenzo de parte de Jesús Lorenzo y que le dijera que no dejara de declarar lo que se había comprometido con él a declarar.

Conocidas las alegaciones y las pruebas y estudiados los alegatos de ambas partes, creemos que estuvo justificada la corte de distrito al dictar su sentencia.

Resumiendo la jurisprudencia sobre el efecto en los pleitos civiles de las sentencias dictadas en causas criminales, dice Ruling Case Law:

"La regla general es qne la sentencia dictada en un proceso criminal no es óbice a una acción civil posterior proveniente de la misma transacción y qne los autos del proceso criminal no son admisibles en el recurso civil, a no ser para el único fin de probar su propia existencia, de ser éste un hecho pertinente, siendo ése el único caso en qne es admisible, mas son concluyentes para determinar el hecho de qne tal sentencia ha sido dictada. Sin embargo, la sentencia no puede ofrecerse en evidencia en una acción civil para establecer la veracidad de los hechos en qne la misma se basó. Así, pues, una persona procesada y convicta de un delito no está en sn consecuencia impedida de instruir una acción civil y de probar en ella qne era inocente del delito porque se le castigó. Lo inverso también es cierto, y una absolución en una cansa criminal no es óbice a una ae-ción civil instituida contra el acusado por el Estado, aunque a fin de obtener indemnización debe probársele que ba sido culpable del delito de que ya ba sido absuelto. Se ba resuelto igualmente que una sentencia absolutoria en una causa criminal no es evidencia ad-misible en favor del acusado en una acción civil, para probar que no fué culpable del delito que se le imputó.
“La regla general indudablemente es que una sentencia conde-natoria en una causa criminal no puede ser ofrecida como prueba en una acción civil, especialmente cuando esta última es por los da-ños y perjuicios causados por el delito de que dicba parte ba sido convicta. Le manera, pues, que los autos de un proceso por acome-timiento y agresión no son admisibles en una acción civil proveniente de la misma transacción.” 15 R. C. L. 1000.

Habiéndose establecido como razones de la regla por la propia jurisprudencia, las que siguen:

“Se ba indicado que los fines, controversias, resultados y proce-dimientos, así como las partes en las dos acciones son distintas, y que son de aplicación también distintas reglas de evidencia, tanto en lo atinente al peso de la prueba como a la admisibilidad o inad-misibilidad de los testigos. Una sentencia condenatoria en una causa criminal puede ser el resultado de prueba inadmisible en una acción civil. Y si bien en las causas criminales no puede obligarse a de-, clarar al acusado, sin embargo, de ordinario puede compelerse a declarar a todas las partes en los casos civiles. El baeer que la decisión de una corte en tal caso sirva de evidencia en una causa criminal equivaldría a obligar al acusado en esta última a ser testigo contra sí mismo. Además con el propósito de obtener una convic-ción en un proceso criminal, debe quedar establecido fuera de toda duda razonable que el acusado ba infringido la ley, mientras que para obtener una sentencia favorable en una acción civil basta tan sólo probar el caso mediante preponderancia de evidencia. Esta diferencia en el grado de prueba exigido es considerada generalmente suficiente para impedir la aplicación de la doctrina de res judicata.-Se ba dicbo propiamente que una absolución en una causa criminal no equivale para todos los fines a una adjudicación contra el Estado, de que el acusado no cometió los actos imputádosle. Lo que un veredicto condenatorio realmente decide es que la prueba no ex-cluye toda duda razonable de. la culpabilidad del acusado.” 15 R.C.L. 1002.

Como sucede siempre, la regla tiene excepciones, siendo una de ellas la que sigue:

“Cuando un acusado se declara culpable en una causa criminal, los autos de la misma son admisibles en un proceso civil al surgir la cuestión de si éste cometió el acto que sirvió de base a la acusación criminal; mas en tal caso se admiten los autos criminales, no como una sentencia que establece el becbo, sino como una declaración o .admisión deliberadas de la parte al efecto de que tal becbo es cierto. No obstante, la alegación de culpabilidad no es concluyente contra el acusado en una acción civil y éste puede demostrar que en reali-dad de verdad no es culpable de ningún delito.” 15 R.C.Lf. 1003.

De suerte que aun en un caso como el que estamos consi-derando y resolviendo, que es de excepción, la corte puede pesar la prueba y decidir como aquí decidió que el demandado no era responsable de los daños que se le reclamaban no obs-tante su declaración de culpabilidad en la causa criminal.

Lo que aquí ba ocurrido demuestra la sabiduría de la jurisprudencia en la forma establecida. Sólo en casos raros se concibe que una persona admita su culpabilidad siendo inocente. Pero los casos pueden existir y es justo que la puerta quede abierta a la excepción de la excepción. Abatido por el- peso de la acusación y del becbo mismo, con la ex-periencia del juicio anterior, penado ya por los gastos reali-zados que se llevaron quizá lo mejor de sus pequeños bienes, ante la perspectiva de nuevos sufrimientos y nuevos compro-misos superiores a sus fuerzas, se concibe que un hombre se entregue y acepte su culpabilidad y busque reposo en la prisión para volver luego a continuar su trabajo sin dificul-tades, sobre todo si ese hombre es un campesino, viejo, tan poco amigo dé pendencias que hasta tiene fama de cobarde y si no obstante haber actuado en defensa propia lo cierto es que hirió y que la herida que causara a un semejante, pariente suyo además, tuvo las fatales consecuencias de pri-varle de su mano derecha. Una conciencia escrupulosa en casos tales, aunque la ley la proteja, se acusa siempre a sí misma, porque se encuentra culpable en cierto modo de no haber ido basta el sacrificio antes de repeler por la fuerza la ofensa de que fue víctima.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Wole,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Rodríguez, acusado y apelante. El Mismo, demandante y apelado, v. Fausto Martínez, acusado y apelante. El Mismo, demandante y apelado v. Erasmo Delgado, acusado y apelante.
    Nos. 5819, 5820 y 5821.

    Sometidos: Diciembre 3, 1935.

      Resueltos: Diciembre 24, 1935.

      Cruz Ortiz Stella, abogado de los apelantes; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Se arrestó a tres hombres por vender o participar en la venta en las calles de ciertos billetes de un juego de azar conocido por el nombre de “La Bolita”, en violación del artículo 293 del Código Penal que lee así:

“Todo el que vendiere, cediere, o en cualquiera forma supliere o traspasare a otro o para un tercero, algún billete, suerte, acción o interés, o algún papel, certificado o instrumento que se presumiere o entendiere ser o representar algún billete, suerte o acción, o interés en cualquiera lotería, o que dependiere del resultado de la misma, será reo de ‘misdemeanor’

Todos ellos fueron convictos y en apelación han radicado su alegato principal en el caso número 5820.

Se ataca la suficiencia de la denuncia. La primera objeción fue que ésta no especificaba que se efectuó determinada venta, sino meramente que el acusado se dedicaba a la venta de ciertos “números”. Quizá si estas palabras estuvieran solas podría baber alguna duda respecto a si los apelantes no estaban en lo cierto al sostener que no se imputaba una venta específica, pero más adelante en la denuncia se menciona una transacción demostrativa de una venta. Por lo menos esto es cierto en dos de las denuncias. Sin embargo, sin este refuerzo somos del criterio de que las palabras “se dedicaba a la venta” describen el acto de que el acusado efectuaba una venta.

Hubo un segundo señalamiento de error que atacaba la suficiencia de la prueba aducida en el caso. Un policía había ocupado un número de artículos o talones con números, y describió específicamente el método en que se vendían éstos. Entre los papeles ocupados había varias listas o relación de números, y en muchos sitios, nombres o iniciales precedían estos números. El policía que ocupó los artículos fué el testigo principal de El Pueblo. En dos de los casos declaró que vió al acusado efectuando las ventas, mientras que en el tercero oyó al acusado invitar a la gente a que le compraran un número. Bajo la Ley de Evidencia, y bajo otras disposiciones, la declaración de un solo testigo se presume cierta, es suficiente, y la de un policía no sirve de excepción.

En el caso del hombre que no fué visto efectuando la venta la suficiencia de la denuncia depende de la considera-ción general de que aquél que se dedica a la venta, está vendiendo.

Además, la invitación y, según se declaró, los papeles ocupados al acusado como prueba circunstancial, completaron el caso de El Pueblo,

Las sentencias wpeladas deben ser confirmadas.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Jacinto López Dávila, acusado y apelante.
    No. 5656.

    Sometido: Noviembre 20, 1935.

      Resuelto: Diciembre 24, 1935.

      A. Lastra Charriez, J. Casablanca y G. Jiménez Sicardó, abogados del apelante; R. A. Gómez, Fiscal y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Durante el curso de un proceso por asesinato incoado en la Corte de Distrito de San Juan, el acusado Jacinto López solicitó el traslado de la causa. En la moción se alegaba entre otras cosas, que el interfecto, Eugenio Santaella, pertenecía a una familia de gran influencia en San Juan; que los miembros de dicha familia estaban haciendo cuanto les era posible para influir la comunidad contra el acusado; que uno o más miembros de la familia específica-mente habían tratado de influir a los jurados en el caso, así como a otros ciudadanos; que la vida del acusado corría peligro, acentuado esto por el hecho de que varios de los miembros de la familia Santaella tenían licencia para portar armas de fuego; que Luis Santaella había formado parte de un pcmeü de jurados de la corte y aquél había influido o tratado de influir a otros jurados en el caso. Con una obje-ción que equivalía a una excepción perentoria, el fiscal atacó la suficiencia de la moción y la corte sostuvo la objeción. La teoría de la corte fue que, admitiendo todos los hechos, el acusado no había demostrado suficientes fundamentos para un traslado del caso.

En apelación contra la sentencia que lo declaró culpable, el apelante sostiene que la corte estaba obligada, de acuerdo con el estatuto, a oír prueba. Esto queda contestado por el hecho de que la corte positivamente dijo que ella estaba asu-miendo que los hechos de la moción eran ciertos.

El apelante no trató de enmendar la moción y el juez de distrito dijo entonces que él daría al acusado otra oportu-nidad para reproducir su moción cuando los jurados, fuesen examinados en el voir dire.

La corte parecía descansar en nna práctica similar seguida en California, y el apelante hace algún hincapié en el hecho de que los estatutos de las dos jurisdicciones difieren entre sí. Examinando la jurisprudencia de California encontramos qne sus cortes, sin hacer referencia al estatuto, discrecional-mente en casos como el presente dan a los acusados la opor-tunidad de solicitar de nuevo el traslado del caso' si del examen de los jurados surge evidencia para sostener tal moción. La Corte de Distrito de San Juan no estaba si-guiendo el estatuto de California, sino que ejercía la misma clase de discreción que allí se seguía.

Somos de opinión que la corte estuvo en lo cierto al resolver que la moción era insuficiente. La posibilidad de obtener un juicio justo e imparcial en la jurisdicción de San Juan, no fue en modo alguno excluida.

Más tarde el acusado atacó el pemel tal y como quedó constituido. Esencialmente el ataque, según lo entendemos, se basó en el fundamento de que cierta persona, que iba a ser citada como jurado, no fue realmente citada.

El apelante se quejó en verdad de que el márshal no había hecho diligenciamiento respecto a los jurados efectivamente citados. Los autos que tenemos ante nos demuestran real-mente que las personas que constituyeron el pemel del que se insaculó el jurado en este caso, fueron todas debidamente citadas, con la sola excepción mencionada, y el dejarse de hacer el diligenciamiento, de ser un error, no fue perjudicial.

Yendo ahora a la omisión de citarse a determinada persona, la jurisprudencia es suficientemente clara de que a menos que tal omisión sea intencional, no debe prevalecer una recusación al pemel. Esto es enteramente consistente con nuestro estatuto, que lee así:

“Artículo 212. — Sólo puede fundarse la recusación de todo el jurado en que los procedimientos se hayan desviado considerable-mente de las prácticas prescritas para el sorteo y formación de la lista de jurados o en que se haya omitido citar intencionalmente a uno o más de los jurados sorteados.” Artículo 212 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

Igualmente, según hemos resuelto, y otros tribunales tam-bién lo ban beebo, la constitución de un panel descansa en gran parte en la discreción de la corte sentenciadora. El Pueblo v. Lanausse, 30 D.P.R. 732; El Pueblo v. Vázquez, 20 D.P.R. 361; El Pueblo v. Pillot, 20 D.P.R. 376; El Pueblo v. Juliá, 25 D.P.R. 258.

No hallamos abuso posible en este caso. Además, si la omisión no fue intencional, sería aplicable el principio de que el acusado no agotó sus recusaciones perentorias. Desde luego, si la omisión hubiera sido intencional, él tenía derecho a presentar una objeción irrespectivamente de las recusaciones.

Como sucede corrientemente, al ser llamada la causa para juicio había jurados listos para intervenir en el juicio.' Sin embargo, en casos de asesinato, la corte sabe que los jurados puede que no sean suficientes y de ordinario da los pasos necesarios para citar otros adicionales. Nuestro esta-tuto provee que la citación será hecha por un funcionario de la corte, pero el márshal que de ordinario actúa está auto-rizado para utilizar a agentes con tal fin y aun a valerse de telegramas, conforme se hizo en el caso que tenemos ante nos. El Pueblo v. Lamcmsse, supra. Además, la constitución final del pcmel cae en gran parte dentro de la discreción de la corte, según demuestran algunos de los casos ya citados en esta opinión.

El apelante señala otros dos errores. En su alegato original no los discutió y su moción solicitando permiso para radicar un alegato adicional fué negada por esta corte. No obstante, el fiscal discute estos señalamientos y los refuta suficientemente.

La aeréemela apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señob Wolf,

text:
    Banco Popular de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Luis Garófalo, Mateo Albanese y Manuel Meseguer, demandados y apelantes.
    No. 6207.
    Sometido: Enero 25, 1935.

      Resuelto: Diciembre 24, 1935.

      Armando A. Miranda, abogado de los apelantes; Monserrat & Mon-serrat, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señob Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Según fné evidenciado por nn pagaré otorgado’ en 1925, que se transcribe en la demanda, los apelantes Luis Garófalo, Mateo Albauese y Manuel Meseguer, al vencimiento del mismo, adeudaban al Banco Popnlar de Puerto Rico la suma de $9,000 e intereses. La demanda entonces aducía en su cuarto párrafo que el 14 de octubre de 1925, el demandado Luis Garófalo por escritura pública cedió al banco deman-dante la snma de $7,935.18, que el referido demandado tenía en poder del Comisionado del Interior, como 10 por ciento retenido de ciertas obras qne el demandado babía ejecutado en Caguas, y cuya suma babía de abonarse a los $9,000 men-cionados en el pagaré transcrito. El párrafo 5 decía en efecto que de esta cesión el banco tan sólo babía podido obtener del Comisionado la suma de $132.

Se presentó una excepción previa a la demanda fundada en que los párrafos 4 y 5 demostraban una novación. Aun si estos dos párrafos estuvieran solos, no podríamos ver una novación, sino solamente la cesión de un crédito que debía aplicarse al pagaré al ser cobrado. Al cobrarse, según se ba dicho, tan sólo $132, el traspaso — que equivalía a algo como una falta de causa — fracasó pro temió. Además, el pagaré mismo aducía que ningún pago parcial afectaría la obligación principal, y sólo $182 podían ser considerados como realmente pagados. Esto resuelve el primer señalamiento de error.

Posterior o contemporáneamente los demandados radi-caron una excepción previa fundada en que la demanda era ambigua, ininteligible y dudosa. No hallamos que lo sea.

Las excepciones fueron declaradas sin lugar. Los demandados contestaron y Luis G-arófalo radicó una contra-demanda. La cuestión principal durante el juicio fué y es si el documento entregado al banco era una mera cesión o un mandato. El documento substancialmente lee así:

“Primero: Que el compareciente don Luis Garófalo, don Mateo Albanese y don Manuel Meseguer mancomunada y solidariamente deben al Banco Popular de Puerto Rico, una obligación o pagaré por la suma de Nueve Mil Dollars vencida el día trece del mes de octubre actual, y que firmaron el día doce de agosto de este año.
“Segundo: Que don Luis Garófalo es el contratista con el Mu-nicipio de Caguas para la construcción de un edificio para Hospital Municipal y para la casa escuela del barrio de Turabo del término municipal de Caguas.
“Tercero: Que conforme a liquidación de las obras del edificio para Hospital Municipal, certificada por el arquitecto don Rafael Carmoega y aprobada por el Comisionado del Interior, don Guillermo Esteves, por trabajo ejecutado basta el treintiuno de agosto de mil novecientos veinticinco, al constructor don Luis Garófalo, de acuerdo con las condiciones del contrato, se le ba retenido el diez por ciento del montante de la liquidación, o sea la cantidad de seis mil nove-cientos euarentieinco dollars y dieciocho centavos; y conforme a liquidación de las obras de la casa escuela del barrio de Turabo de Caguas, certificada por el arquitecto don Rafael Carmoega y apro-'bada por el Comisionado del Interior, don Guillermo Esteres, al ‘contratista don Luis Garófalo se le ba retenido la suma de nove-•cientos noventa dollars, diez por ciento del montante de la liquida-ción. Suman los importes de las cantidades retenidas siete mil no-vecientos treinticineo dollars y dieciocho centavos.
“Cuarto: Don Luis Garófalo cede a favor del Banco Popular de Puerto Rico sin ninguna reserva ni limitación las expresadas 'sumas retenidas en los contratos que se ban relacionado, subrogán-dole en su persona, acción, lugar y derecho, para que las cobre y reciba, sujetas a las deducciones a que hubiere lugar de acuerdo con •los respectivos contratos, y la suma que hiciese efectiva por su co-bro, la abone a cuenta de la obligación vencida que al Banco cesio-nario debe el cedente don Luis Garófalo mancomunada y solidaria-mente con don Mateo Albanese y don Manuel Meseguer, que se ha reseñado en el párrafo primero de este instrumento.
‘ ‘ Quinto: De la presente cesión don Luis Garófalo dará cono-cimiento al señor Comisionado del Interior, Auditor de Puerto Rico, Alcalde, Contador y Tesorero del Municipio de Caguas y demás funcionarios a los que deba ser notificada al efecto de que sea reco-nocido el Banco Popular de Puerto Rico como cesionario de don Luis Garófalo, y se le hagan los pagos procedentes y a su nombre se libren los cheques u órdenes de pago, facultando y apoderando al Banco cesionario para que firme los recibos, cartas de pago y res-guardos que sean necesarios.
“Sexto: El Banco Popular de Puerto Rico y en su nombre su Gerente Don Enrique Cerecedo, acepta la cesión y la presente escri-tura en todas sus partes. ’

De sus términos no se ve en este documento nada similar a un mandato. Dudamos que las partes durante el juicio al presentar su prueba tuvieran derecho a ir más allá de los términos del documento. No podemos ver, sin embargo, cómo la prueba excluida o incluida podía convertir al banco en un agente de Garófalo para fines de cobro, o que pudiera impu-tarse al banco negligencia en la forma alegada en la contra-demanda. La corte inferior discutió más extensamente la .cuestión y de manera concluyente. Se puede referir a su opinión. Esto resuelve los señalamientos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, . 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, y 19, o de lo contrario no eran perjudiciales. Algunos de ellos se referían a la cuestión de daños y perjuicios. Otros a la inclusión o exclusión de prueba o testimonio que al ser analizado no podía convertir al banco en un agente o en entidad negligente. Podemos agregar que tal agencia de parte del banco sería por demás extraordinaria. Todos esos señalamientos fueron discutidos por el apelado y puede hacerse referencia a su alegato.

El segundo señalamiento de error se refiere a una cuestión suscitada por el apelado durante el curso de los procedimientos, y aparentemente abandonada. No se dictó resolución alguna contra los demandados y no vemos que se cometiera error ni hubiera perjuicio.

El señalamiento 17 se refiere a la condena de costas y creemos que la corte estuvo plenamente justificada al impo-nerlas.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    Jesús Trujillo Lange y su esposa Antonia Lange Avilés, demandantes y apelantes, v. José López Fernández, demandado y apelado.
    No. 6706.

    Sometido: Febrero 13, 1935.

      Resuelto: Diciembre 24, 1935.

      José Sabater, abogado de los apelantes; J. Alemañy Sosa, abogado del apelado. .'vw
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Creyendo que tenían derecho para ello, los apelantes ra-dicaron nna acción intitulada “Injunction para hacer desapa-recer un estorbo público”. Se dictó sentencia con costas en favor del demandado y los demandantes apelaron para ante este tribunal, que confirmó la sentencia. 45 D.P.R. 815. Al devolverse el caso el demandado victorioso radicó un memo-rándum de costas que, con alguna rebaja, fue aprobado por la suma de $1,000 por la Corte de Distrito de Mayagüez. En apelación los demandantes señalan tres errores, a saber:

“1. La corte inferior erró al permitir que se practicara prueba •testifical sobre el valor razonable de los servicios que prestara el (abogado del demandado-apelado para fundar en esto la fijación de tales honorarios.
“2. La corte inferior erró al no considerar como base primordial para fijar los honorarios de abogado del apelado el grado de culpa-bilidad que pudiera imputarse a los apelantes.
“3. La corte inferior erró al dejar de considerar las circunstan-cias especiales en que este caso se ha debatido, el propósito de la acción entablada por los apelantes contra el apelado y fijar una cantidad exagerada y excesiva como castigo a ]os apelantes.”

Ha sido práctica tan corriente para las cortes de esta Isla y de otros sitios, permitir el testimonio de abogados como peritos para probar el valor de los servicios prestados por un letrado, que podemos aceptarla como derecho establecido basado en tal costumbre. En los siguientes casos se permitió testimonio de igual naturaleza: Luce & Co. S. en G. v. Cintrón, 42 D.P.R. 921; Lawton v. Carrión, 43 D.P.R. 579.

En lo que al segundo señalamiento de error se refiere, el disponiéndose importante del artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil, según fue enmendado en 1908, contiene la siguiente fraseología:

y disponiéndose, además, que los honorarios y costas serán concedidos diserecionalmente por el juez que entienda en el pleito o procedimiento, teniendo en cuenta el grado de culpabilidad, si la hubiere, de la parte condenada por la sentencia.”

iDn el 1917 (Ley núm. 36, (1) pág. 207) quedó enmendado en la siguiente forma:

y disponiéndose, además, que los honorarios y costas se-rán concedidos a discreción del juez que tenga conocimiento de la acción o procedimiento, teniendo en cuenta también el grado de culpa de la parte, si la hubiere, contra quien se dictare sentencia." (Bastardillas nuestras).

De suerte, pues, que se desprende que la Legislatura en 1917 dejó en términos mucho a la discreción de la corte, mas sugirió también que el grado de culpa debía ser tomado en consideración, y creemos que debe tomársele. Según leía el disponiéndose originalmente, opinamos que la discreción de' la corte era el elemento principal que intervenía para fijar la cuantía de los honorarios a ser concedidos. Al efecto de que la discreción de la corte desempeña el papel principal, puede hacerse referencia a los siguientes casos: Del Toro v. Juncos Central Co., 43 D.P.R. 639; Valcourt v. Torres, 44 D.P.R. 913; García v. Aguayo, 46 D.P.R. 340.

En lo que concierne al tercer señalamiento de error, esta-mos muy lejos de convencidos de que la corte no tomó en consideración las circunstancias especiales del caso. Desde luego, hemos resuelto frecuentemente que el momento real-mente oportuno para atacar la imposición de costas es al ape-larse de la sentencia. Por tanto, sería difícil decir, en cual-quier caso, que la corte al fijar la cuantía de los honorarios no tomó en consideración las circunstancias especiales del mismo.

Quizá, más importante que lo anterior, es el hecho de que los apelantes acudieron al remedio extraordinario de injunction para abatir un estorbo público. Antes de hacer esto, un demandante debe estar excesivamente seguro de sus motivos si desea evitar que finalmente se le condene al pago de costas y honorarios. No debe molestarse a un demandado con un pleito meramente porque un demandante tiene la idea de que él o la ciudad de Mayagüez tienen el título de la propiedad. No afecta seriamente la cuestión el hecho de que los de-mandados para hacer sn título claro hayan iniciado un ex-pediente de dominio. No hallamos que la suma concedida sea excesiva.

Debe confirmarse la resolución fijando las costas.


text:
    Castro & Rouvier, S. en C., demandante y apelada, v. Herminio Meléndez y su esposa Doña Carmen L. de Meléndez, demandados y apelantes.
    No. 6767.

    Sometido: Mayo 7, 1935.

      Resuelto: Diciembre 24 1935.

      E. Huertas Zayas, abogado de los apelantes; Alberto 8. Poventud, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

De las alegaciones y de parte de la opinión emitida por la corte inferior, no pnede haber duda alguna de que la deman-dante en este caso lo es la firma de Castro &¡ Rouvier, una so-ciedad en comandita. Al menos el pleito fué instituido a nom-bre de esa firma. La dificultad estriba en que en la opinión y en la transcripción de la evidencia hay algunos indicios de que el verdadero demandante lo es Arturo Castro, haciendo negocios bajo la razón social de Castro & Rouvier. La corte se fundó en el caso de Feliú v. Independence Indemnity Co., 43 D.P.R. 227. Ese caso resolvió que un hombre podía hacer negocios bajo nn nombre convencional, si así lo deseaba. Su-cedió que Rouvier, el otro socio gestor, le vendió su partici-pación a Castro, y que también se le pagó su participación al socio comanditario. Esto bacía que Castro fuera la única persona interesada en la firma de Castro & Rouvier. Mien-tras ocupaba la silla testifical, y a instancias de la corte, Castro dijo, entre otras cosas, que él era el demandante en el pleito. Sin embargo, más adelante aparecía que lo que él en-tendía por ello fué que él era dueño de la firma de Castro & Rouvier. Salió a relucir también que la sociedad de Castro & Rouvier fué disuelta y estaba siendo liquidada por Castro mismo. De modo pues, que la forma más apropiada para considerar este litigio es como uno iniciado por la firma de Castro & Rouvier en liquidación. Quizá hubiera sido mejor si el pleito hubiese sido instruido por Castro, como liquidador de Castro & Rouvier, mas no estamos del todo convencidos de que cuando un hombre está liquidando los negocios de .una so-ciedad disuelta no pueda él entablar el pleito a nombre de la firma. En una forma u otra, no convenimos con los apelan-tes en que la persona apropiada no estaba ante la corte. Este caso, desde luego, difiere del de Feliú v. Independence Indemnity Co., supra. Además, en parte de su alegato los apelantes sostienen que la firma de Castro & Rouvier ha sido disuelta y que por ende ésta podía iniciar un pleito. Esto equivale a algo como una admisión de que de lo contrario Castro & Rouvier sería la verdadera demandante ante la corte. Queda así resuelto el segundo señalamiento de error, no discutido por la apelada a no ser refiriéndose al primer se-ñalamiento, en el que descansaba en Feliú v. Independence Indemnity Co., supra.

El primer señalamiento alega que la corte cometió error al admitir en evidencia un documento que demostraba la cons-titución de la firma. No podemos ver el error y, de todos modos, su admisión no fué perjudicial.

El tercer señalamiento lee:

"La corte sentenciadora erró al considerar que los demandados tuvieron varias oportunidades para leer y examinar el documento y que pudieron comparecer al juicio y no lo hicieron, para atacar la autenticidad y otorgamiento del pretendido pagaré.”

Tal vez los apelantes estén en lo cierto al sostener que antes del juicio no tuvieron oportunidad de leer el pagaré, pero como es corriente en esos casos, ellos hubieran tenido oportunidad de examinarlo, de haberlo solicitado antes del juicio, y el error, en nuestra opinión, se reduce a una crítica verbal. Estamos bastante convencidos de que los comenta-rios hechos por la corte no afectaron la verdadera decisión del caso.

El cuarto señalamiento es que la corte cometió error al aplicar la ley de instrumentos negociables en su artículo 10, inciso tercero. Quizá la corte estuvo equivocada, pero ello no afectó el derecho de la firma a obtener sentencia basada en el pagaré.

El quinto error es quizá algo más serio. Lee así:

"La corte sentenciadora cometió un grave error al dictar una sentencia sobre la base y considerando presentado y admitido el pa-garé cuyo importe se reclama en la demanda y que se niega en la contestación, el cual no pudó ser admitido porque nunca fué pre-sentado a la corte én la celebración del juicio (récord taquigráfico .adicional), errando además al declarar con lugar la demanda cuando no ha habido prueba suficiente para sostenerla.”

Ahora bien, la corte estuvo del todo convencida, y así lo hizo constar en su llamada aclaración a la exposición del caso, que el pagaré fué debidamente presentado como prueba. Los apelantes sostienen que los autos demuestran que no lo fué. Empero, no puede haber duda alguna de que el pagaré estaba en poder de la demandante durante el curso del juicio y de que el litigio se basaba en el referido pagaré. Creemos que importa poco que la demandante entregara o no el pagaré al secretario de la corte. Además, un pagaré es tan sólo prueba de la existencia de una deuda, y como durante el juicio se probó claramente que el pagaré fué otorgado por una deuda existente y que el mismo no había sido pagado, la sentencia estuvo justificada.

Por tanto, debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Oóbdova Dávila,

text:
    Rafael Andino Gales, peticionario, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. C. Llauger Díaz, Juez, demandada.
    No. 1060.

    Sometido: Diciembre 18, 1935.

      Resuelto: Diciembre 24, 1935.

      Celestino Iriarte, F. Fernández Guyar y H. González Blanes, aboga-dos del peticionario; La Gosta & La Costa, abogados del Sr. Vázquez, demandado en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Oóbdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Rafael Andino Gales inició en la Corte de Distrito de San Juan una demanda de injunction contra Gregorio Váz-quez y José L. Soto, márshal de la Corte Municipal de San Juan. Se alegó en la demanda que desde hace más de diez años el demandante fia estado en posesión real, continua, pú-blica, pacífica e ininterrumpida de un inmueble compuesto' de solar y casa; que Gregorio Vázquez viene realizando actos de dueño en la referida finca, tales como dar órdenes a los inquilinos del demandante y cobrar los cánones de arrenda-miento a personas que viven en la casa; que el márshal de-mandado, en virtud de una orden de la Corte Municipal de. San Juan, y también siguiendo instrucciones de Gregorio Váz-quez, ba conminado al demandante para que desaloje la finca objeto de este litigio, y que en virtud de actos del demandado se encuentra de continuo molestado en la posesión de la re-ferida finca; que el demandante tiene constituido su homestead sobre la finca referida y que, careciendo de un medio rápido, adecuado y eficaz en el curso ordinario de la ley, re-curre al remedio de injunction.

La corte de distrito, a petición del demandante, dictó una orden de entredicho y citó a los demandados para comparecer ante la misma y mostrar las causas que tuviesen para impedir que se expidiese un injunction preliminar. El día de la vista presentó el demandado su contestación y una moción para que se anulara y dejara sin efecto el entredicho y para que no se concediera el injunction preliminar solicitado. La corte se negó a conceder dicho injunction y anuló la orden de entre-dicho por entender que el demandante debe acogerse al re-curso previsto en el artículo 1ro. de la Ley núm. 43 de 1913 (pág. 85), equivalente al artículo 690 del Código de Enjuicia-miento Civil, edición de 1933. 'Solicitó entonces el deman-dante la revisión de esta resolución por medio de un auto de certiorari que fué oportunamente expedido por este tribunal. Sostiene la corte inferior que no procede el recurso de injunction solicitado, porque de acuerdo con las alegaciones de la demanda ya se han realizado actos que equivalen a privación efectiva de la posesión y a una perturbación en el derecho dominical del demandante que hace que la acción caiga de plano dentro de los preceptos de la ley de 1913, que forma hoy parte del Código de Enjuiciamiento Civil. En la opinión emitida por el tribunal inferior se dice lo siguiente:

“La alegación ele que el marshal ha conminado al demandante para que desaloje la finca constituye una perturbación que también da origen al ejercicio del injunction posesorio prescrito por la Ley 43 de 1913. Los esfuerzos hechos por el demandante para con-vencemos de que el ejercicio de la acción ordinaria de injunction es el que podría garantizarle un remedio completo y facilitaría al Tribunal medios de impartir entera justicia, no nos convencen por mucha que sea nuestra voluntad de cooperar con el demandante en aclarar ésta, una de las muchas derivaciones de la contienda, famosa en los anales judiciales, conocida generalmente con el nombre de El Pleito de Melilla, pero no podemos negar eficacia a la ley y a la jurisprudencia.
“Besolvemos que el remedio adecuado para casos como el pre-sente es el injunction posesorio prescrito en la Ley No. 43 de 1913, enmendada en 1917 (Artículo 90 y siguientes del Código de Enjui-ciamiento Civil de Puerto Bico, edición de 1933), y consecuente-mente declaramos bien anotado el fundamento de nulidad que señala el demandado don Gregorio Vázquez en su moción para que se anule el entredicho dictado, sin perjuicio del derecho que pueda asistir al demandante a ejercitar cualquiera otro remedio que la ley le brinde en defensa de sus intereses.”

La corte inferior declara que cuando existe nn remedio rápido, adecuado y eficaz en el curso ordinario de la ley no procede el remedio extraordinario de injunction, y concluye que en este caso el demandante tiene ese remedio en el injunction para recobrar la posesión. Es decir, a juicio del tribunal inferior el antiguo remedio de injunction para pro-teger la posesión en un caso como el presente lia quedado ex-cluido por la ley de 1913. No abundamos en la misma opi-nión. Ambos recursos, el que pudiéramos llamar clásico, y el que aparece comprendido en la ley de 1913, emanan del poder legislativo y ambos están inspirados en principios de equi-dad. En el procedimiento de injunction para recobrar la posesión la contienda se reduce a una cuestión de hecho sobre la mera posesión y la perturbación ocasionada en la misma por los actos de un tercero. El injuAiction clásico no es tan limitado con respecto a la prueba y las cuestiones se dis-cuten con mayor amplitud. En el presente caso el deman-dante y peticionario alega que tiene establecido su derecho de homestead en la finca que se describe en la demanda. Esta corte ha declarado que el procedimiento de injunction puede ser utilizado para impedir que el dueño del homestead sea privado del mismo sin haber sido pagado. Lasalle v. Valen cia, 39 D.P.R. 612. Dentro de este último procedimiento el peticionario puede demostrar que ha establecido su hogar se-guro para justificar su derecho al injunction, lo que no podría Facer dentro del recurso que la ley concede para recobrar o Tetener la posesión.

En Sucesión Rivera v. González, 33 D.P.R. 1014, este tribunal ha declarado que el remedio de injunction posesorio no ■es un remedio en ley sino en equidad y que un demandante tiene derecho a optar por uno de los dos recursos. De la opi-nión emitida en el caso citado copiamos lo siguiente:

“Se alegó en la demanda que el demandado estaba construyendo una casa en la finca de la demandante y que esta última logró in-tervenir para impedir la construcción. Sostiene el apelante que el remedio ordinario de injunction en equidad no procedía pero que la Sucesión demandante si tuvo algún remedio fué por virtud de la ley especial para recobrar la posesión de bienes inmuebles que auto-riza la Ley No. 43 de 1913 (p. 85), como fué enmendada por la No. 11 de 1917 (1917 (2), p. 221). La teoría es que dicha ley concede el recurso legal, y por tanto que no procede un remedio en ■equidad. No siendo ninguno de los dos para daños y perjuicios, ■creemos que es lo que se conocería por remedio en equidad, y la Su-cesión demandante pudo haber elegido seguir uno, u otro.”

El peticionario en este caso ha decidido acogerse al re-curso concedido por la ley general de injunction y tiene de-recho a que se resuelvan en un sentido u otro las cuestiones planteadas en su demanda ante la corte inferior.

Debe amelarse la resolución de la Corte de Distrito de San ■Juan de 23 de noviembre de 1935.


author: El Juez Asociado Señor Córdova D Ávila,

text:
    Lucila López Cepero y Manuel, Fernando y Eduardo Fosas López Cepero, demandantes y apelados, v. Juan Sierra Alvira y su esposa Angela Cordovés, demandados y apelantes.
    No. 7101.

    Sometido: Diciembre 23, 1935.

      Resuelto: Diciembre 24, 1935.

      Lloréns Torres & O’Neill, abogados de los apelantes; Dubón & Ocho-teco, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Córdova D Ávila,

emitió la opinión, del tribunal.

Sebastián Corchado y su esposa Concepción Vargas cons-tituyeron hipoteca a favor de Lucila López Cepero y Consuelo López Cepero sobre una casa y solar de su propiedad^ para garantizarles un préstamo de $2,200. Posteriormente los referidos esposos vendieron a los demandados Juan Sierra y su esposa Ángela Cordovés, la finca gravada con la hipo-teca constituida a favor de Lucila López Cepero y la causante-de los otros demandantes Consuelo López Cepero. Del precio-de' la venta, estipulado por las partes contratantes, dedujeron los compradores la suma de $2,200 para hacer efectivo el pago-de la hipoteca mencionada, según se hace constar en la escri-tura de compraventa. Se alega en la demanda, y no ha sido-negado en la contestación, que los demandados, desde que ad-quirieron la finca, han venido pagando y han pagado a los de-mandantes los intereses devengados sobre el crédito referido-ai tipo convenido del 1 por ciento mensual, hasta el 29 de junio de 1934, adeudando los intereses devengados desde esta úl-tima fecha hasta el día de hoy, así como el principal del crédito.-

No niegan los demandados las alegaciones de la demanda,, pero alegan en su contestación lo siguiente:

“Qlue al comprar la finca urbana descrita en la demanda, los demandados compradores dedujeron del precio de la misma la suma de $2,200, a que asciende la hipoteca que gravaba el inmueble, pero-no asumieron la obligación personal de pagar dicha hipoteca ni la de obligarse con sus demás bienes en el caso de que la finca hipote-cada resultase insuficiente a cubrir la hipoteca en caso de ejecución, ni se constituyeron en deudores principales de dicha hipoteca, sino que dedujeron el precio sólo en el sentido de que la finca hipotecada era la que quedaba sujeta al expresado gravamen hipotecario.”

Celebrada la vista de esta causa, la corte inferior dictó sentencia condenando a los demandados a satisfacer el im-porte del préstamo hipotecario con sus intereses, costas y ho-norarios de abogado. Apelaron los demandados del fallo dic-tado por dicho tribunal, y ahora comparecen los demandantes solicitando la desestimación del recurso interpuesto por mo-tivos de frivolidad. La parte apelante ha presentado su ale-gato, en el cual se atribuyen varios errores a la corte inferior que se limitan a discutir la única cuestión en controversia, que es la que se relaciona con el carácter de la obligación asumida por los demandados al deducir y retener del precio de la venta la suma de $2,200 a que ascendía la hipoteca que gra-vaba el inmueble. Entienden los demandados que no asu-mieron la obligación personal de pagar dicha hipoteca ni la de obligarse con sus demás bienes en el caso de que la finca hipotecada resultase insuficiente a cubrir la cantidad refe-rida. Los demandantes, por el contrario, sostienen que los demandados están obligados a satisfacer la cantidad que re-tuvieron para el pago del préstamo hipotecario.

La corte inferior basa su fallo en la doctrina sentada por este tribunal en los casos de Hilario Santos v. Morán, 32 D.P.R. 59, y Trueba v. Rosales & Cía., 33 D.P.R. 1027. De la opinión emitida por la corte sentenciadora copiamos lo si-guiente :

“La única cuestión que levantan los demandados es la de que >al comprar la finca a que se contrae este litigio, los demandados de-dujeron del precio de la misma, la suma de $2,200 a que ascendía la hipoteca que gravaba el inmueble, pero no asumieron la obligación personal de pagar dicha hipoteca, ni la de obligarse con sus demás bienes en el caso de que la finca hipotecada resulte insuficiente para cubrir la hipoteca, en ejecución, ni se constituyeron en deudores principales, sino que dedujeron el precio sólo en el sentido de que la finca hipotecada era la que quedaba sujeta al expresado gravamen, hipotecario. Esta es toda la contención que hemos de resolver en este asunto.
“En este caso también ha sido significativo el hecho de que los demandados desde el año 1922 en que adquirieron la finca con el crédito que ahora se cobra, y hasta junio de 1934, según ellos han aceptado, han venido pagando a los demandantes los intereses de-vengados sobre el crédito, obligación ésta que de no haber asumido una responsabilidad personal en cuanto al préstamo hipotecario, in-dudablemente que no hubieran cumplido. A nuestro juicio, el pro-blema jurídico está previamente resuelto, y en su consecuencia, pro-cede que se declare con lugar la demanda.”

En el caso de Hilario Santos v. Morán, supra, este tribunal, por conducto de su Juez Asociado Sr. Wolf, dijo lo si-guiente :

“Tal vez puede haber casos en los cuales el comprador que ad-quiere una propiedad no podría ser sustituido por el deudor. En este caso, sin embargo, la demanda alegaba el hecho de que el com-prador tomó de su cuenta y cargo la hipoteca como parte del precio de la venta, y en tal caso, la responsabilidad del comprador es personal.”

En Trueba v. Rosales & Cía., supra, el Juez Asociado Sr. Aldrey, quien emitió la opinión del tribunal, se expresó así:

“Al resolver nosotros el caso de Hilario Santos, Sucr., S. en C. v. Morán, 32 D.P.R. 59, en el que se ejercitaba la acción de cobro de un capital garantizado con hipoteca y cuya acción fué dirigida contra la persona que había comprado la finca hipotecada, dijimos tener algunas dudas en favor del demandado respecto a su alegación de que el tenedor de un crédito hipotecario no tiene acción personal contra el comprador de la propiedad hipotecada; que tal vez pueda haber casos en los cuales el comprador que adquiriese una propiedad no podía ser substituido por el deudor, pero que en el caso que se decidía la demanda alegaba el hecho de que el comprador tomó de su cuenta y cargo la hipoteca como parte del precio de la venta y que en tal caso la responsabilidad del comprador es personal. Al hablar, sin embargo, en aquel caso de acción personal, naturalmente ■que nos referíamos a la extensión de la responsabilidad del compra-dor de la propiedad hipotecada, y afeora podemos añadir que cuando el comprador o tercero poseedor de una finca hipotecada no toma de su cuenta y cargo el pago del gravamen hipotecario, del que sólo es responsable mediante la simple adquisición de la finca hipotecada, su responsabilidad se extiende hasta donde alcance el producto de la venta en pública subasta para cumplir la sentencia, sin que pueda hacerse efectiva en sus bienes propios cualquier diferencia que no cubriese el montante de la hipoteca. Esto es así porque una con-dena en una acción en cobro de dinero de pagar determinada cantidad puede ejecutarse en todos los bienes del condenado al pago hasta cubrir su importe, por lo que en casos como el presente si la finca hipotecada no cubriere en venta el importe de la sentencia, podrían ser vendidos otros bienes de los condenados al pago para satisfacerla, todo ello sin haber contraído la obligación original o hacerse cargb de la misma para con el acreedor, teniendo que pagar el déficit que resultara en la venta de la finca. Por consiguiente, no alegando la demanda que los demandados compradores de la finca hipotecada tomaron de su cuenta y cargo el pago de la hipoteca o que reser-varon su importe del precio para satisfacerla, o que su responsabi-lidad quedaba limitada al producto de la venta, no expone hechos suficientes para la acción que en cobro de la cantidad garantizada con hipoteca se ejercita contra ellos, pues por otro lado ni siquiera se pide la venta del inmueble para el pago del crédito, elemento que se hace necesario aún cuando se haga la elección del procedi-miento ordinario para el cobro.”

No podemos aceptar el criterio de los apelantes, quienes arguyen que no hay ningún párrafo en la escritura que diga que los demandados, al comprar la finca, asumieron la obliga-ción personal de pagar la hipoteca. Se dice claramente qúe retuvieron el dinero en su poder ‘ ‘ para hacer efectivo el pago de las hipotecas sobre las fincas A y B ”, siendo una de estas fincas la que se describe en la demanda. Al retener los de-mandados la cantidad de $2,200 para hacer efectiva la hipo-teca que pesa sobre el inmueble descrito en la demanda, que es la finca B, asumieron la responsabilidad de satisfacer la obligación contraída. Del precio de la venta, aceptado por los compradores, se retiró y retuvo la cantidad mencionada. El hecho de que la finca no alcance a cubrir el importe de la obligación no puede relevar de responsabilidad a los deman-dados. Si no hubiese existido gravamen hipotecario, los com-pradores habrían tenido qne satisfacer a los vendedores los $2,200 qne retuvieron para cubrir el préstamo hipotecario. Es además significativo, como dice la corte inferior, que los demandados continuasen pagando el interés del referido cré-dito.

El recurso interpuesto es frívolo y debe ser desestimado.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro,

text:
    Rosario Garzot de Fernández, Matilde Garzot de Fernández, Faustino Fernández Rodríguez y Angel Fernández Ortiz, demandantes y apelados, v. Garzot & Fuertes, Rosario Aguayo de la Fuente Vda. de Garzot, United Porto Rican Bank y United Porto Rican Sugar Company of Puerto Rico, demandados y apelados; y The National City Bank of New York, interventor y apelante.
    No. 7171.

    Sometido: Diciembre 10, 1935.

      Resuelto: Enero 13, 1936.

      Fiddler, Górdova & McConnell, abogados del apelante; Leopoldo Feliú, abogado de los demandantes y apelados; S. G. Molina, abogado de la codemandada y apelada Sra. Aguayo de la Fuente Vda. de Garzot.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En este pleito iniciado por Rosario y Matilde Garzot y sus esposos F. y A. Fernández en la Corte de Distrito de Humacao en agosto de 1932, presentó una demanda de inter-vención el National City Bank of New York, en mayo de 1933. La demanda de intervención fué declarada sin lugar por sentencia de febrero 19, 1934. Apeló el Banco y esta Corte Suprema, en febrero 12, 1935, confirmó la sentencia re-currida. 48 D.P.R. 79. De la sentencia de esta corte apeló «1 banco para ante la Corte de Circuito de Apelaciones del Primer Circuito, encontrándose aún pendiente de resolución ■el recurso.

Cuando el banco presentó en la corte de distrito su de-manda de intervención, solicitó el aseguramiento de la sen-tencia que pudiera recaer. Fué decretado mediante fianza. Prestada ésta, se embargaron ciertos azúcares. Los deman-dantes pidieron a la corte que anulara la orden de asegura-miento y la corte accedió. Apeló el banco para ante este tribunal y su apelación fué declarada sin lugar. Apeló para ante la Corte de Circuito y su apelación fué desestimada.

Así las cosas, los demandantes el 2 de agosto de 1935 pre-sentaron en la corte de distrito una moción pidiéndole que ordenara al banco interventor que les entregara inmediata-mente la suma de quince mil dólares y los azúcares que re-tenía en su poder.

La moción se basó, en resumen, en que el banco babía ob-tenido el aseguramiento de la sentencia que pudiera dictarse a virtud de su demanda de intervención, mediante el embargo de azúcares de los demandantes que se encontraban en poder de A. E. Lee como Síndico de la United Porto Rican Sugar Company (of Porto Rico) a virtud de un contrato de molienda de las cañas de los demandantes que los produjeron celebrado con el dicho Síndico; en que la orden de embargo fué anu-lada quedando la anulación árme a virtud de la desestimación del último recurso interpuesto por el Banco para ante la Corte de Circuito; en que en octubre 13, 1934, estando pendiente la apelación de la orden anulatoria, los demandantes y el inter-ventor celebraron un convenio por el cual autorizaron a la Eastern Sugar Corporation, sucesora de Lee, a vender los azúcares embargados y a entregar su precio al interventor “que habría de conservarlo en trust y sujeto al resultado del litigio en que se decretó el embargo” que pendía en apelación, debiendo el interventor abonar a las sumas recibidas intere-ses al dos y medio anual; en que la Eastern Sugar Corporation vendió parte de los azúcares y entregó al interventor su precio de $15,588.61, conservando aún en su poder 2,874.74r quintales, y en que pretendiendo el interventor tener derecho-a virtud de dicho convenio a retener dichos valores hasta que-el pleito sea definitivamente resuelto por la Corte de Cir-cuito, se niega a entregarlos a los demandantes sabiendo que no tiene derecho a ello a virtud de la anulación del embargo,, motivo por el cual acude a la corte para que dicte la orden-indicada.,

Se opuso el banco alegando que la moción no aducía he-chos que justificaran la entrega de cantidad alguna; que la corte carecía de jurisdicción para conocer del asunto por no-surgir éste de las alegaciones del pleito y porque si alguna causa de acción existiera sólo podía ejercitarse mediante jui-cio ordinario y no por moción; que en diciembre 4, 1934, los demandantes radicaron otra moción en el pleito pidiendo que se ordenara al Banco que les entregara $38,000 de los dineros-procedentes de la venta de los azúcares embargados para pa-garles los gastos incurridos en producirlos y así lo ordenó la corte en enero 31, 1935, habiendo apelado el banco de esa resolución, apelación que está pendiente; que habiéndosele ya ordenado al banco la entrega de una suma mayor que la por él recibida, no cabe dictar la nueva orden que se solicita ; que la corte carece de jurisdicción para conocer del asunto-por estar envuelto en la dicha apelación pendiente contra su orden de enero 31, 1935, y que según el contrato celebrado en octubre 13, 1934, las partes convinieron que el banco reten-dría en su poder el producto de las ventas de los azúcares hasta que recayera sentencia firme en relación con su de-manda de intervención.

El 30 de agosto de 1935 la corte de distrito resolvió la cuestión suscitada como sigue:

. . entendiendo la Corte que es de justicia la solicitud de los demandantes, se declara con lugar su referida moción, y, en su virtud, se ordena al Banco' interventor entregue a los referidos de-mandantes la cantidad de $15,588.61, que tiene en su poder, coma producto de los azúcares que fueron embargados en este caso, y ala Eastern Sugar Corporation que entregue a los demandantes los re-feridos azúcares embargados, por ella retenidos, basta la cantidad de 2,874.74 quintales de dicho producto, debiendo el Secretario librar al Márshal el correspondiente mandamiento para que proceda a dar cumplimiento a esta orden, si la misma no fuere cumplida por la en-tidad bancaxia interventora y la Eastern Sugar Corporation.”

No conforme, interpuso el banco el presente recurso de apelación que estamos considerando a los efectos de decidir una moción de los apelados pidiendo su desestimación porque a su juicio «la resolución de agosto 30, 1935, no es apelable, y porque si lo friera, el recurso interpuesto contra ella sería frívolo.

'Para sostener que la orden de que se trata no es apelable invocan los apelados las decisiones de esta corte en los casos de Gelabert y Co. v. Morales, 28 D.P.R. 602, Gandía v. P. R. Fertilizer Co., 30 D.P.R. 262, 264, Ayoroa v. Sucn. Méndez, 13 D.P.R. 286, 290, y Hernáiz, Targa y Co. v. Vivas, 20 D.P.R. 106, 109. Alegan que dicha orden es una para bacér cumplir otra anulando un embargo que era ya firme.

Estaríamos enteramente conformes con la parte apelada si no existiera el elemento extraño hecho constar en la propia moción.de dicha parte solicitando la entrega del precio de los azúcares y en el que basó su oposición a la misma el ape-lante, pero existiendo como existe ese elemento extraño nece-sariamente considerado y envuelto en la orden apelada, no puede sostenerse a nuestro juicio que se trate de una nueva orden mandando ejecutar otra firme anulatoria de un embargo.

Cuando los azúcares fueron embargados no estaban en poder del banco. A su poder pasaron a virtud del contrato celebrado por las partes en el que expresamente pactaron que el banco retuviera el precio de los azúcares que se ven-dieran, abonando intereses, hasta que la demanda de inter-vención del banco quedara definitivamente resuelta, condi-ción no cumplida todavía. Ese contrato, esa nueva relación jurídica que surge entre las partes a virtud de sus propios actos realizados con posterioridad al embargo, es el elemento extraño a qne nos referimos en el párrafo anterior, qne con-vierte la resolución apelada en nna providencia especial dic-tada después de mía sentencia definitiva de acuerdo con la jurisprudencia sentada por esta Corte en dos de los casos citados por los propios apelados, a saber:

“Esta Corte Suprema de Puerto Rico en el caso de Ayoroa v. Sucesión Méndez, 13 D.P.R. 286, 290, invocando lo decidido en el de Avalo Sánchez v. Sucesión Díaz, resolvió que a los efectos del número 3 del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, se entiende por providencia especial aquélla que lesiona un derecho al resolver sobre una cuestión no discutida en el pleito, ni resuelta por la sentencia definitiva, o que provee en contra de lo resuelto por la sentencia.” Hernáiz, Targa y Co. v. Vivas, 20 D.P.R. 106, 109.

Siendo ésas las circunstancias del caso, no le es aplicable la regla establecida en el de Gelabert, supra, ni surge la si-tuación considerada en el de Gandía, supra, invocado por la dicha parte apelada.

Pud'iendo calificarse, pues, la resolución de agosto 30,, 1935, como una providencia especial dictada después de una sentencia definitiva, condición que puede reconocerse a la re-solución anulando el embargo de acuerdo con las siguientes autoridades que cita la parte apelante en su alegato, a saber: García v. The Humacao Fruit Co., 23 D.P.R. 247, 2 R.C.L. 29 y 8 Bancroft’s “Code Practice and Remedies”, 8399, sec. 6338, debemos concluir que siendo apelable- dicha resolución, no cabe desestimar el recurso por el primero de los motivos alegados.

Tampoco por el segundo porque estudiada la cuestión en-vuelta en su fondo a la luz de los amplios alegatos presen-tados por las partes, no estamos convencidos de que sea el recurso claramente frívolo. •

Por virtud de todo lo expuesto, debe declararse sin lugar la moción de desestimación.

Los Jueces Asociados Señores Hutchison y Córdova Dá-vila, no intervinieron.


text:
    The National City Bank of New York y su supervisor general para Puerto Rico, Burt O. Clark, peticionarios, v. Rafael Arjona Siaca, Juez de la Corte de Distrito de Humacao; Rosario Garzot de Fernández, Matilde Garzot de Fernández, Faustino Fernández Rodríguez y Angel Fernández Ortiz, demandados.
    No. 7167.

    Sometido: Noviembre 21, 1935.

      Resuelto: Enero 13, 1936.

      Fiddler, Górdova & McConnell, abogados de los peticionarios; Leopoldo FeUú, abogado de los demandados esposos Fernández Garzot.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn recurso, de revisión interpuesto para ante el Tribunal Supremo contra la resolución de uno de sus jueces convirtiendo en definitivo el auto inhibitorio que man-dara expedir en forma ordinaria dirigido a uno de los jueces de distrito de la isla. Se interpuso de acuerdo con la sec-ción 9 de la Ley fijando la duración de las sesiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico, aprobada en marzo 1, 1902, tal como fue enmendada por la Ley núm. 59 de 1931, Leyes de 1931, p. 405, que dice:

“Sección 9. — Uno ele los jueces del Tribunal Supremo perma-necerá siempre en la capital de Puerto E/ico, cuando el tribunal no estuviere en sesión, y dicho juez tendrá facultad para dictar autos inhibitorios, de certiorari, de mandamus, de quo warrmto y de bábeas corpus; pero su resolución en tales casos estará sujeta a revisión por el Tribunal Supremo, el cual, siempre que ello fuere so-licitado por ¡jarte interesada dentro de los diez días después que le fuere notificada, revisará la resolución del juez de tumo en cual-quiera de dichos casos, y dictará la que a su juicio proceda.
“Podrá asimismo el juez de turno conceder prórrogas y admitir-(apelaciones y demás recursos para ante la Corte de Circuito de Ape-laciones, u otros Tribunales Federales, en los mismos casos en que pueda hacerlo el Tribunal Supremo; podrá fijar la fianza que para responder de las costas deba prestar el apelante; dictar las órdenes de suspensión de procedimientos que pudiera dictar el tribunal, y fijar la fianza supersedeas qua fuere requerida, si procediere.”

Señalada la vista del recurso para noviembre 18, 1935, se abstuvo de intervenir en ella el juez asociado que dictó la resolución cuya revisión se solicita y los peticionarios por sus abogados requirieron la intervención de dicho juez. A los efectos de estudiar la cuestión suscitada, la vista se pos-puso para el 21 de noviembre, 1935, en cuyo día se decidió como sigue:

“A la solicitud formulada por los peticionarios a los efectos de que el Juez Asociado Sr. Hutchison que como juez de turno ordenó la expedición del auto inhibitorio cuya revisión se pide, forme parte del tribunal que de la revisión conoce, habiendo optado dicho Juez Asociado por no formar parte del tribunal, ni siendo absolutamente necesaria su intervención, por los motivos que se consignarán en la opinión que se emita al decidir definitivamente el recurso, no ba lugar. ’ ’

Los deberes que impone y los poderes que confiere la ley que dejamos tránscrita a los jueces del Tribunal Supremo para actuar separadamente lo son, independientemente de los deberes impuéstosles y de los poderes conferídosles por la Ley Orgánica y otras leyes, para ser cumplidos y ejercitados durante los períodos en que el tribunal se encuentra en receso. Ley fijando la duración de las sesiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico aprobada en marzo 1, 1902, tal como quedó enmendada por la Ley núm. 4 de 1914, Leyes de 1914, p. 141.

Al juez que separadamente actúa se le designa con el nombre de juez de turno. ¿Tiene ese juez el deber ineludi-ble de formar parte del tribunal cuando éste se reúne para conocer del recurso de revisión que la propia ley otorga contra sus resoluciones?

Nada dice expresamente el estatuto sobre el particular y nada fian citado las partes ni fiemos podido encontrar nos-otros que se fiaya establecido por la jurisprudencia en casos exactamente iguales.

Para sostener su contención de que los jueces de turno tienen el deber de formar parte del tribunal en casos de re-visión de sus propias resoluciones, invocan los peticionarios, en primer término, los precedentes ingleses. Dicen, en su memorándum:

“En Inglaterra, las cortes reales de jurisdicción original, o sea, las cortes de ‘common pleas’ y de ‘King’s Bencb’ ban sido siempre tribunales colegiados. Los juicios, que en dichas cortes por regla general son por jurado, tanto en lo civil como en lo criminal, se celebran ante un solo juez del Tribunal, el cual resuelve sobre la admisibilidad de la evidencia ofrecida e instruye al jurado. Luego de rendido el veredicto, la parte perdidosa puede, y suele, recurrir ante el Tribunal en pleno, en sólicitud de un nuevo juicio. En tales casos ba sido siempre la práctica de los Tribunales ingleses el que intervenga en el recurso de revisión el juez ante quien se vió el juicio, y cuyas resoluciones en cuanto a evidencia y a instrucciones al jurado han de revisarse. Aunque esto aparece de miles de deci-siones inglesas, desde el siglo catorce basta la fecba, dada la dificul-tad de conseguir dichas decisiones en Puerto Rico, y las limitacio-nes de este memorándum, sólo citaremos dos que a nuestro parecer claramente exponen la práctica seguida en Inglaterra.”

Y citan y analizan entonces los casos de Kelner v. Baxter, L. R. 2 C. P. 174, y Jeune v. Ward, 1 B. & Al. 653.

Refiriéndose a los precedentes americanos, expresan:

“Aunque, como hemos dicho, no hemos encontrado en Estados Unidos situación análoga a la que nos ocupa, alguna luz arrojan los casos en que un juez de circuito federal actúa también como juez de distrito, y los casos en que uno de los jueces del Tribunal Supremo actúa también como juez de circuito. Hay que tener en cuenta que estos casos difieren del de autos por el hecho' de que se trata de dos tribunales diferentes, mientras que en el caso de autos se trata de un solo tribunal.
“En los casos en que un juez de circuito actúa como juez de una corte de distrito federal y se apela de su resolución ante la Corte de Circuito, el Congreso Americano ha disptíesto expresa-mente que el Juez de Circuito deberá inhibirse. Esta disposición estatutaria se encuentra en la sección 216 del U. S. Code, Title 28, y reza como sigue:
“ 'No Judge before whom a cause or question may have been tried or heard in a District Court, or existing Circuit Oqurt, shall sit on the trial or hearing of such cause or question in the Circuit Court of Appeals.’
“En cuanto a los jueces del Tribunal Supremo de Estados Uni-dos que actuaban también como jueces de las cortes de circuito, no hemos podido encontrar ningún caso en que dicho Tribunal Supremo trate la cuestión, pero sí sabemos que la costumbre en dicho Tribunal era que los jueces del Tribunal Supremo no se inhibían al ape-larse ante dicho Tribunal de sus resoluciones como jueces de cir-cuito. Esto aparece de los casos de Clerk & Nightingale v. Russell, 3 Dallas 415, 1 L. Ed. 661, y Stuart v. Laird, 1 Cranch 299, 2 L. Ed. 115. En el último de dichos casos, aunque el Tribunal nada dice en su opinión sobre la cuestión,. uno de los abogados en su ar-gumento, tal y como aparece reproducido en 2 L. Ed. 117, ataca la costumbre, no para conseguir que se inhibiera uno de los jueces del Supremo, sino para alegar que la Corte de Circuito estaba in-debidamente constituida cuando actuaba como Juez alguno de los jueces del Supremo. Arguye dicho abogado que el Tribunal Supremo estaba constituido por seis jueces, y que las partes litigantes tenían derecho a que sus casos fueran oídos por seis jueces im-parciales; que un juez que ya había resuelto el asunto en una corte inferior no podía ser del todo imparcial. Oita el abogado referido el caso de Clerk & Nightingale vs. Russell, supra, para ilustrar su argumento y expone que dicho caso se vió originalmente ante una Corte de Circuito, interviniendo el Juez Presidente del Tribunal Supremo Ellsworth, que de su resolución se recurrió ante el Tribunal Supremo, revocándose por un error en las alegaciones, y orde-nándose un nuevo juicio, que el nuevo juicio se celebró ante otro juez del Tribunal, el juez Cushing; que de la resolución de la corte de circuito presidida por Cushing se recurrió otra vez ante el Tribunal Supremo, y que este último tribunal revocó por segunda vez, disintiendo los jueces Ellsworth y Cushing. En su argumento el abogado reconoce que la práctica desde 1789 hasta el 1801 había sido que los jueces del Supremo actuaran en las cortes de circuito, pero sostiene que en vista de ciertos cambios estatutarios dicha práctica debe cambiarse. El Tribunal Supremo resolvió en contra de los argumentos expuestos, o sea, en el sentido de que los jueces del Tribunal Supremo estaban debidamente facultados para actuar como jueces de circuito. El report del caso en 2 L. Ed 118 indica que el Juez Presidente, habiendo visto el caso en la corte inferior, se abs-tuvo de dar una opinión. No sabemos si esto quiere decir que no intervino o que no quiso redactar la opinión de la Corte. Creemos que fué lo último, por cuanto del caso de Clerk & Nightingale vs. Russell, citado por la parte perdidosa, aparece que la costumbre en el Tribunal Supremo, por lo menos hasta esa fecha, era la de no inhibirse los jueces del Supremo por el hecho de haber visto el caso en la Corte de Circuito.
“En cuanto a las cortes estaduales, sólo hemos podido encontrar una nota en 25 L.R.A. 128 en la que todos los casos citados son al efecto de que, en ausencia de una prohibición estatutaria, no es causa de inhibición para un juez el haber visto el caso en una corte inferior. Se citan casos de Vermont, Georgia, New Jersey, Nueva York, Tejas y Louisiana. En 15 R.C.L. 538 se expresa la doctrina contraria, o sea, que un juez de una corte inferior no puede revisar su propia decisión como juez de las cortes de apelaciones, pero todos los casos que se citan en apoyo de esta proposición en dicha obra son casos federales, que se .rigen por la disposición expresa de los estatutos federales que ya hemos citado. En 33 C. J. 1010 se expresa co-rrectamente la doctrina, diciéndose que en ausencia de alguna dis-posición estatutaria, un juez que ha presidido un juicio o una vista no está por ese motivo descualificado de revisar su propia sen-tencia u orden, aún cuando ésta sea apelada a una corte de apelacio-nes de la cual ha venido a formar parte.”

Completaremos la cita de Corpus Juris, transcribiéndola íntegra. Dice así:

“Revisión de decisiones propias. 1. En General. Cuando no hay disposición legal en contrario, un juez que ha presidido un juicio o una vista no está por ello descualificado para revisar su sentencia u orden dictadas en el mismo, y esto es así, ora dicha revisión se trate de obtener por apelación a la corte de la cual él ha llegado a ser juez o por un pleito para que se deje la misma sin efecto, o por una acción de distinta naturaleza, que envuelva substancialmente los mismos hechos y cuestiones instituidos en otra corte de la cual era juez. Sin embargo, esta práctica ha sido censurada, y aunque el juez puede que no esté legalmente incapacitado, debe ser excusado de participar en esa forma, si pudiera excusársele legalmente como llamando a un juez de una corte inferior, si la ley lo permite. En algunas jurisdicciones, en virtud de la constitución o de un estatuto, un juez de una corte de apelaciones está inhabilitado para participar en la decisión de un caso que fué resuelto por él en la corte inferior. DIonde la constitución le confiere a un juez el derecho de revisar sus propias decisiones, al llegar a ser un miembro de una corte de ape-laciones, leyes contrarias de la legislatura son ineficaces.
“2. Naturaleza y Alcance. La naturaleza y alcance de la inca-pacidad de un juez para revisar sus propias decisiones dependen de las disposiciones constitucionales o estatutarias que la crean. Gene-ralmente la incapacidad se aplica solamente al mismo caso en que el juez intervino en la corte inferior. Al amparo de algunas dispo-siciones un juez está inhabilitado de participar en la vista en apela-ción de un recurso en que él como juez sentenciador haya decidido cualquier cuestión envuelta en la apelación. Según otras disposi-ciones se sostiene que un juez que solamente dicta una orden pre-liminar, colateral o incidental no está incapacitado.” 33 C. J. 1011.

Puede verse a través de todo cuanto se deja dicho y trans-crito que cuando no existe ley que regule la materia la regla más sabia, la más conforme a la naturaleza humana, la que más se acerca a la justicia y la que establece la mejor práe-tica es aquélla que adoptamos en nuestra resolución de no-viembre 21, 1935, a saber: la de reconocer que el juez que dicta separadamente la resolución cuya revisión se pide no está impedido de formar parte del tribunal cuando éste se constituye para entender del recurso, dejándose generalmente a la discreción de dicho juez la decisión de formar parte o no del tribunal, a menos que éste considere absolutamente nece-saria su intervención, en cuyo caso podrá acordarla aunque ■el juez hubiere optado por abstenerse de intervenir.

Y a esa resolución puede llegarse perfectamente en esta Isla dada la organización legal del tribunal. Creado por la Orden General No. 118, serie de 1899, compuesto de un juez presidente y cuatro jueces asociados, 1, “Laws, Ordinances, Decrees, and Military Orders Having the Force of Law, Effective in Porto Rico”, 610, y declarado subsistente por la Ley Orgánica de abril 12, 1900, See. 33, con poder para legislar sobre el mismo a la Legislatura de la Isla, ésta decretó en enero 31, 1901, una ley que fué debidamente aprobada por virtud de la cual se dispuso que “De aquí en adelante tres miembros del Tribunal Supremo constituirán quorum”, Estatutos Revisados y Códigos de Puerto Rico, 1902, p. 721, Código de-Enjuiciamiento Civil, ed. 1933, p. 288, ley que está actualmente en todo su vigor y que, como sostiene la parte recurrente en su memorándum, consagra el principio universal que rige todo cuerpo, junta, tribunal y organismo colegiado, a saber: constituye el quorum la mitad más uno y estando presente el quorum está debidamente constituido el cuerpo, junta, tribunal u organismo colegiado en condiciones y con facultad para actuar.

Así, en South Carolina, donde una persona versada en el conocimiento de la ley puede ser nombrada por el Goberna-dor de acuerdo con el artículo 4, párrafo 6, de la Constitución del Estado para ocupar el puesto de juez asociado de la Corte 'Suprema cuando el juez en propiedad se encuentra impedido de intervenir en algún caso particular, la Corte Suprema del Estado, en el caso de Williams v. Benet, reportado en 14 L.R.A. 825, decidió:

“Hay quorum en una Corte Suprema al amparo de una dispo-sición constitucional de que la corte ‘consistirá de un juez presidente y dos jueces asociados, cualesquiera dos de los cuales constituirá quorum’, cuando los dos jueces asociados o uno de ellos y una persona ‘versada en el derecho’, nombrada por el gobernador en sus-titución del otro juez asociado que está inhabilitado de participar,, están presentes en el caso aunque el puesto del juez presidente estu-viera vacante.”

Y en el Estado de Nueva York en el caso de Harronn et al. v. Brush Electric Light Co., 152 N. Y. 212, 38 L.R.A. 615, se decidió que:

“Cuando la Constitución establece que cuatro de los cinco jueces-de una corte constituirán quorum, el acuerdo de ellos en una deci-sión en que el otro estuviera ausente, hace a la misma unánime den-tro del significado de un estatuto que autoriza se apele de decisiones unánimes. ’ ’

Véase 7 R.C.L. 998 y Long v. State, 59 Tex. Crim. 103; 127 S. W. 551; Ann. Cas. 1912 A. 1244, especialmente la am-plia nota que aparece a la página 1251.

De suerte que de acuerdo con la ley y la jurisprudencia esta Corte Suprema de Puerto Eico queda constituida legal-mente tanto cuando intervienen en los asuntos ante ella so-metidos ios cinco jueces que la componen cuanto cuando sólo intervienen cuatro o tres de ellos. Actuando con tres jueces solamente es tan legal y tiene tantos poderes y deberes como cuando actúa con cuatro o cinco jueces y el derecha que los litigantes tienen es a que sus asuntos sean conside-rados y resueltos por la corte constituida legalmente.

Siendo ello así, bien puede dejar de conocer del asunto el juez de turno en el recurso de revisión sin que la marcha del tribunal se altere, sin que su ley organizadora se viole,, al contrario aplicándola en su letra y en su espíritu. Y ha sido conveniente dejar la puerta abierta a la intervención,, porque pudiera suceder por ejemplo que dos de los otros-jueces estuvieran legalmente impedidos y la intervención del juez de tnrno fnera entonces abolutamente necesaria para formar quorum y poder actuar de conformidad con la ley. Pero ése no es aquí el caso.

Expuestos los fundamentos de la resolución de noviembre 21 último, procederemos al estudio del recurso de revisión en su fondo.

En el pleito iniciado en la Corte de Distrito de Humacao por las señoras 'Rosario y Matilde G-arzot y sus esposos Faustino y Ángel Fernández, pendiente aún en apelación en la Corte de Circuito de Apelaciones del Primer Circuito, los demandantes pidieron a la corte de distrito que ordenara al interventor Tbe National City Bant of New York que les entregara cierta suma de dinero que tenía en su poder preveniente de la venta de azúcares embargados para asegurar la sentencia que pudiera recaer a virtud de la demanda de intervención y ciertos otros azúcares también embargados no vendidos aún y la corte de distrito así lo decretó por orden de agosto 30, 1935, notificada a las partes el 3 de septiembre siguiente.

El 11 de septiembre de 1935 el mársbal de la Corte de Distrito de San Juan requirió a Búrt O. Clark, en su carácter de supervisor general de Tbe National City Bank of New York, para que cumpliera la indicada orden de agosto 30, 1935, a lo que se negó Clark después de consultar con su abo-gado alegando que dicba orden aún no era firme, no habiendo expirado el término de ley para apelar y teniendo el banco la intención de apelar, lo que efectivamente bizo el 12 de sep-tiembre de 1935, dentro del término de ley.

El 14 del propio septiembre la corte de distrito a solicitud de los demandantes en el pleito dictó una orden dirigida a Clark mandándole comparecer sin excusa ni pretexto ante ella el 24 para que expusiera las causas que tuviere por las cuales no debía castigársele por el desacato por él cometido al ne-garse a cumplir la dicba orden de agosto 30, 1935.

El 24 de septiembre, 1935, se celebró en efecto la compare-cencia y al día siguiente el banco y Ciarle se dirigieron al juez de turno de esta Corte Suprema, que se encontraba en receso, Harvey M. Hutchison, y alegando que a pesar de haberse llamado la atención a la corte de distrito sobre su falta de jurisdicción a virtud de la apelación entablada dicha corte se había reservado la decisión del incidente ex-presándose y conduciéndose en tal forma que ellos y su abo-gado creían firmemente que era la intención de la corte con-denar a Clark por el supuesto desacato, le pidieron que ex-pidiera un auto inhibitorio dirigido a Rafael Arjona Siaca, Juez de la Corte de Distrito de Humacao, ordenándole que se abstuviera de seguir actuando bajo las disposiciones de sus dichas órdenes de agosto 30 y septiembre 14, hasta nuevo mandato, debiendo comparecer a exponer las razones que tu-viere por las cuales no debía impedírsele definitivamente actuar, anulando y dejando sin efecto finalmente la repetida orden de septiembre 14, 1935. .

En la solicitud de auto inhibitorio se transcribe íntegro el contrato celebrado entre los demandantes y el banco el 13 de octubre de 1934 por virtud del cual sostiene el banco que tiene derecho a retener el precio de los azúcares vendidos no obstante haberse anulado el embargo y desestimado la apelación que interpusiera contra la orden de nulidad, ya que el pleito en cuanto a lo fundamental que es su demanda de intervención sigue aún pendiente.

Una de las cláusulas de ese contrato, la séptima, lee como sigue:

“VII. — Dicha Eastern Sugar Corporation notificará por carta a las partes en este convenio, a sus respectivas direcciones postales, del recibo por ella de cada suma que reciba en pago de azúcares vendi-dos por ella a virtud de este convenio inmediatamente después de su recibo y las entregará así mismo a la seguNda paete a medida que las vaya recibiendo; y a medida que dichas sumas sean recibidas por ésta, dicha seguNda parte notificará por el mismo medio a cual-quiera de dichos señores Fernández de la peimeea paRtb, con expre-sión de la fecha y suma recibida; y dicha segunda pabte guardará y conservará en depósito, en fideicomiso y en cuenta especial, las sumas así por ella recibidas. Las cantidades recibidas por la se-gunda pabte, según y conforme se deja convenido, devengarán y dicha segunda PARTE le abonará y acreditará intereses al dos y me-dio por ciento (2%%) anual, calculados mensualmente sobre la base del balance mínimo mensual y las sumas así por ella recibidas, con sus intereses devengados, se aplicarán por la segunda paRte según se estipula a continuación:
‘ 1. — En el caso de que en la antes mencionada acción judicial se dictare sentencia final y firme resolviendo y fallando que la segunda parte tiene, el gravamen que alega y reclama, total o parcialmente, la segunda parte tomará para sí y se cobrará la suma que, por dicha sentencia, tenga derecho a recibir, a virtud de su dicho alegado gravamen, de la suma total entonces en su poder, con los intereses de-vengados, conforme a este convenio, notificando de ello por escrito 'a cualquiera de dichos señores de la primera parte y si cobrada así tal suma por la segunda parte resultare algún saldo o diferencia en exceso de la suma que tuviere derecho a recibir dicha segunda parte, ésta pagará inmediatamente tal saldo o diferencia a la primeua parte, con los intereses devengados, al tipo antes convenido.
“2. — Si por dicha sentencia se decidiere y fallare que la segunda parte no tiene el expresado alegado gravamen, entonces ésta pagará y entregará inmediatamente a la primera parte la suma total por. ella recibida a virtud de este convenio, con los intereses devengados al tipo que se deja convenido.”

Oyó el juez de turno a las partes interesadas quienes le presentaron además memorandums por escrito y el 3 de oc-tubre de 1935 ordenó la expedición del auto solicitado en forma ordinaria.

Pidieron los demandantes en el pleito reconsideración y el juez de turno fijó el ocho del propio mes para oír de nuevo a las partes, en cuyo día los demandantes y los peticionarios presentaron affidavits para sostener sus respectivas posicio-nes y el juez de distrito solicitó por moción escrita la nulidad del auto.

El 16 de octubre el juez de turno decidió la cuestión sus-citada como sigue:

“Vista la solicitud presentada en este caso en cuanto al juez de distrito atañe, vista también la moción de reconsideración de libra-miento de anto presentada por los demás demandados, oídas todas' las partes interesadas, examinados los alegatos a la lnz de la soli-citud y de la moción del demandado juez de distrito ‘solicitando la anulación del auto preliminar, así como oponiéndose al libramiento del auto definitivo solicitado por el demandante’, atendidas las cir-cunstancias especiales del caso, no ha lugar a dichas mociones y por la presente queda convertido en definitivo el auto ya expedido en forma ordinaria y dirigido al demandado juez de distrito de acuerdo con la resolución dictada el día 3 de los corrientes.”

Y fue entonces que los demandantes en el pleito original presentaron su moción de revisión por el Tribunal Supremo.

Alegan que el auto inhibitorio debe anularse en primer término porque la corte de distrito estaba actuando con plena jurisdicción en el incidente sobre desacato ya que la apelación interpuesta contra la orden desobedecida era ineficaz por ser inapelable dicha orden y en segundo y último término porque los peticionarios tenían remedios adecuados en ley en el caso de ser Clark condenado por desacato y porque apareciendo de la petición que cuando la misma fué radicada estaba pen-diente de resolución el incidente de desacato, debió darse a dicha corte la oportunidad de resolver por sí misma si tenía jurisdicción para actuar.

En cuanto a la condición de inapelable de la orden de agosto 30, 1935, bastará referirnos a lo que acabamos de de-cidir en el recurso No. 7171. La orden era apelable y en tal virtud una vez apelada, cesó la juridicción de la Corte sen-tenciadora para ordenar su ejecución. Artículo 298 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil.

Y en cuanto a las otras cuestiones suscitadas, la jurispru-dencia que les es aplicable se encuentra resumida en 22 R.C.L. 27, como sigue:

“Por regla general, no se expedirá uu auto inhibitorio contra una corte inferior a menos que se haya llamado la atención de la corte cuyos procedimientos se tratan de anular a la alegada falta o exceso de jurisdicción, siendo el fundamento de esta regla el respeto y la consideración debidos a la corte inferior y la conveniencia de prevenir litigios innecesarios. Este requisito es establecido por regla ■de la corte en algunas jurisdicciones. La objeción en la corte inferior no puede decirse que sea jurisdiccional, y la corte superior puede y procederá sin tal objeción en casos determinados. La regla «s una de discreción solamente, y no es en ningún sentido rígida o arbitraria. De abí que ninguna objeción en la corte inferior nece-sariamente tiene que ser presentada cuando el procedimiento es •ex parte, y no hubo oportunidad de oponerse; donde al peticionario no se le permitió por fraude o ardid objetar, cuando la falta de ju-risdicción es aparente de la faz de los procedimientos; donde la intención de la corte inferior de actuar sin jurisdicción se hace evi-dente en alguna forma y es obvio de los procedimientos en su to-•talidad que tal solicitud resultaría inútil; o donde la dilación nece-saria sería altamente perjudicial a los intereses del peticionario. La cuestión de cortesía judicial debe ceder a los derechos personales substanciales de los litigantes, como por ejemplo el sacrificar sus li-bertades. ’ ’

Los casos que sostienen el texto han sido examinados y ■juzgados los hechos de éste que estamos considerando y las circunstancias que en el mismo concurren a la luz de la juris-prudencia establecida en los mismos, creemos que actuó de-rechamente el juez de turno al expedir el auto, al negarse a reconsiderar su resolución y al convertir en definitivo el auto ya expedido.

Si bien es cierto que la cuestión de jurisdicción se planteó ante la corte de distrito y que en tal caso lo natural era es-perar que ella misma la resolviera, como surge de la petición y aún con mayor claridad y fuerza del affidavit del abogado •de los peticionarios de 8 de octubre de 1935 en contestación al del abogado de los demandantes en el pleito original de igual fecha y de la propia moción del juez de distrito pidiendo la nulidad del auto preliminar expedido, que la corte tenía la intención de condenar al peticionario Clark por desacato a prisión, estando así envuelta una cuestión de libertad personal la intervención de la corte superior, que era discrecional, estuvo justificada. Constituye la línea recta, la más corta para llegar al fondo de la cuestión y resolverla en definitiva.

, . por virtibd de todo lo expuesto debe declararse no haber lugar a la revisión solicitada y confirmarse las órdenes recu-rridas que dictó el juez de turno el 3 y el 16 de octubre de 1935.

Los Jueces Asociados Señores HutcMson y Córdova Dá-vila, no intervinieron.