source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Seño» Wolf,

license: Public Domain

text:
    The Federal Land Bank of Baltimore, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Guayama, recurrido.
    No. 833.

    Sometido: Febrero 12, 1931.

      Resuelto: Mayo 20, 1931.

      G. Domínguez Butio, abogado del recurrente; el registrador recu-rrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Seño» Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

j Este era originalmente un procedimiento ejecutivo sumario en que el acreedor logró que se hiciera un requeri-miento a Félix Eamiú y su esposa, por figurar el referido Félix Eamiú en el registro de la propiedad como dueño de la finca hipotecada. Empero, el acreedor sabía que la pro-piedad había sido enajenada a José Eoche Morales, aunque la venta no estaba inscrita. En vez de requerir a este úl-timo, al igual que lo había hecho con Eamiú, el acreedor alegó en la demanda el hecho de la enajenación y solicitó que se notificara de dicha demanda al aludido José Eoche Morales, así como a un segundo acreedor hipotecario. El márshal correspondiente notificó al ameritado José Eoche Morales con copia de la demanda, de conformidad con la orden de la corte. Se celebró la subasta pública. Le fué adjudicada-la finca al acreedor, the Federal Land Bank of Baltimore. El márshal otorgó escritura de dicha propiedad a favor del Federal Land Bank.

Se denegó la inscripción de la escritura; substancialmente por no haberse hecho el requerimiento en forma provisto por el artículo 170 del Eeglamento de la Ley Hipotecaria.

Llegamos a la conclusión de que bajo el dicho artículo 170, las únicas personas con derecho al requerimiento son aquéllas que tienen sus títulos inscritos. En lo que a las demás respecta, una simple notificación de los procedimien-tos es bastante. El registrador arguye que como el acree-dor tenía conocimiento de la venta, el comprador tenía de-recho a ser requerido; que el comprador no podía ser con-siderado como un tercero, y otros argumentos que huelga reproducir. Es cierto que el acreedor que tenía conoci-miento de la venta no podía perfeccionar su título sin dar algún aviso al comprador, pero las únicas personas con de-recho a un requerimiento en forma son las que tienen sus fincas inscritas. Ojeda v. El Registrador de Guayama, 39 D.P.R. 239. En lo que atañe a cualquier persona, los re-quisitos de notificación y de oportunidad de ser oída son cumplidos (suficientemente con la entrega de copia de la de-manda. Nada hay en el caso de Arroyo v. Zavala, 40 D.P.R. 269, en sentido contrario.

Debe revocarse la nota recurrida y devolverse los do-cumentos para ulteriores procedimientos no incompatibles con esta opinión.


author: El Juez Asociado Señou HutohisoN,

text:
    Herminia Ruiz de Lókpez y E. Solé & Co., S. en C., peticionarias, v. La Corte de Distrito de San Juan, Hons. Pablo Berga y Angel R. de Jesús, Jueces, demandada.
    No. 754.

    Sometido: Abril 6, 1931.

      Resuelto: Mayo 20, 1931.

      Luis Llorens Torres, abogado de las peticionarias; Carlos J. Torres, abogado de la demandante en el procedimiento sumario hipote-cario que dió origen al presente certiorari, interventora.
   El Juez Asociado Señou HutohisoN,

emitió la opinión del tribunal.

El artículo 171 del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria dispone que:

“ . . . Cuando alguno de los que hayan de ser requeridos de pago no residiere en término municipal donde radique alguno de los bienes, el requerimiento se entenderá con la persona que se halle al frente de la finca en cualquier concepto legal, a fin de que lo ponga sin dilación en conocimiento del dueño.”
“Cuando quiera que el requerimiento de pago no se evacúe en el domicilio de aquel a quien el pago incumba, ni tampoco se en-tienda con apoderado o arrendatario que tenga a su cargo la finca, se publicará además por medio de edictos.”

E. Solé & Co., segunda acreedora hipotecaria, compare-ció eu un procedimiento sumario para la ejecución de una primera hipoteca, y solicitó que se dejara sin efecto una or-den de venta, fundándose en que el deudor hipotecario no residente no había sido citado por edictos, aunque el reque-rimiento de pago había sido hecho a Celestino Benitez, quien no era ni arrendatario ni apoderado de tal deudor hipo-tecario.

El diligenciamiento del márshal dice que el requerimiento de pago fué hecho a Benitez como apoderado del deudor hi-potecario no residente, “hallándose al frente de las fincas sujetas a los procedimientos ejecutivos. . . , como adminis-trador de ellas, encargado del cobro de las rentas. . .” Tam-bién se expresó en la diligencia que Benitez manifestó al márshal que él no era apoderado del deudor hipotecario. Esta aseveración fué sustanciada por una declaración ju-rada que se radicó como “exhibit” unido a la moción para que se dejara sin efecto la providencia de venta.

Hay una discrepancia entre la declaración jurada y una certificación expedida por el registrador de la propiedad, con respecto a la fecha de cierta escritura de poder otor-gada, ya el día último de abril, o el último de mayo de 1929. Lo cierto es que Benitez no era el apoderado del deudor hipotecario en noviembre de 1930, cuando se hizo el reque-rimiento de pago.

La peticionaria en el procedimiento ejecutivo sumario so-licita se anule el auto de certiorari librado por este tribunal, y dice que la palabra “apoderado”, según se usa en el artículo 171, supra, es lo suficientemente amplia para in-cluir a cualquier agente encargado de la propiedad. Se ar-guye que la citación por edictos es innecesaria cuando el re-querimiento de pago se hace a cualquier persona encargada de la finca hipotecada en su carácter representativo.

Un apoderado es un mandatario, mas un mandatario no es necesariamente un apoderado. Un apoderado es un man-datario que actúa bajo un poder especial otorgádole por es-critura. 2 C. J. 421; 1 Escrich 617; 4 id. 609.

Los que redactaron la Ley Hipotecaria y su reglamento tenían pleno conocimiento de esta distinción. Interpretar el término “apoderado” en la forma sugerida por la peticio-naria en el ejecutivo, equivaldría a enmendar la ley mediante legislación judicial, so pretexto de interpretación estatutoria.

Debe denegarse la moción para (mular, y revocarse la orden de la corte de distrito que declaró sin lugar la mo-ción para dejar sin efecto su orden anterior disponiendo la venta de la propiedad hipotecada.

El Juez Asociado Señor Wolf no intervino.


author: El Juez Asociado Señoe. Aldbey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Adolfo Ruiz Jr., acusado y apelante.
    No. 4396.

    Sometido: Mayo 8, 1931.

      Resuelto: Mayo 20, 1931.

      Juan B. Huyhe, abogado del apelante; B. A. Gómez, abogado de El Puello, apelado.
   El Juez Asociado Señoe. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

Adolfo Ruiz, Jr., fué condenado a pagar una multa de cinco dólares o a sufrir prisión en defecto de pago por de-lito de infracción a la ley Nacional de Prohibición. Satis-fizo la multa y después interpuso este recurso de apelación contra la sentencia, que el Fiscal nos pide que desestimemos por resultar una cuestión académica su resolución por ha-ber sido pagada la multa. A esa solicitud se ha opuesto verbalmente el día de la vista de ella el apelante alegando que tuvo que pagar la multa para evitar ser reducido a pri-sión toda vez que la sentencia apelada dispuso que inme-diatamente fuese reducido a prisión si no pagaba la multa, y porque si la apelación es oída la sentencia sería revocada, de acuerdo con decisiones de este tribunal.

Puede establecerse como regla general que la existencia de una - controversia actual es un requisito necesario' para nuestra jurisdicción en apelación y que en ausencia de1 tal controversia la apelación de una sentencia cumplida debe ser desestimada; controversia que puede desaparecer por algún acto de las partes. 3 C. J. 356 y 361.

En este caso no hay controversia actual que deba ser re-suelta en vista de que el apelante ha cumplido la sentencia que le fué impuesta. Cuando un acusado paga la multa a que ha sido condenado abandona su derecho de apelación.. State v. Welfall, 37 Iowa 575; State v. Burthe, 39 La. Ann 328, 1 South 652; Leavitt v. People, 41 Mich. 470, 2 N. W. 129; Commonwealth v. Gipner, 118 Pa. St. 379, 12 Atl. 306; Payne v. State, 12 Tex. App. 160, citados en Am. Dig. Cent. Ed., vol. 15, página 406; State v. Wilder, 23 So. 203, 50 La. Ann. 388, citado en 6 Am. Dig. Dec. Ed., párrafo 1026; Washington v. Cleveland, 88 Pac. 305, 49 Or. 12, 124 Am. St. Rep. 1013, citado en 8 Am. Dig. 2d Decennial Ed. 1026; Township of Haverford v. Armstrong, 76 Pa. Super. Ct. 152; y City of Lafayette v. Frahan, 102 So. 409, 157 La. 305.

La alegación del apelante de qne pagó la multa porque la sentencia de la corte inferior dispuso que si dejara de satisfacerla inmediatamente se le encarcelase no tiene fun-damento, porque la corte se ajustó al artículo 329 del Código de Enjuiciamiento Criminal preceptivo de que si la senten-cia es a prisión o al pago de una multa y prisión Pasta que la multa sea satisfecha, el reo deberá ser confiado sin de-mora al cuidado del oficial correspondiente y será detenido por éste basta que la sentencia se baya cumplido; y porque tenía el derecho de no pagarla si interponía apelación contra la sentencia y prestaba fianza. Ley de 1921, página 119, enmendando el artículo 374 del Código de Enjuiciamiento Criminal. En el caso de Madsen v. Kenner, 4 Utah 3, 4 Pac. 992, se declaró que cuando se paga la multa impuesta por una sentencia que dispone que en defecto de pago el acu-sado sea preso, la apelación debe ser desestimada. Y en el caso de Bogue v. State de la Corte Suprema de Indiana, 113 N. E. 753, se desestimó la apelación de un sentenciado que aceptó estar en libertad bajo palabra, y se dijo, además, que está bien establecido que una apelación no debe continuar simplemente por las costas, citando los casos de Manlove v. State, 153 Ind. 80, 53 N. E. 385 y de Monger v. Pavey, 178 Ind. 666, 98 N. E. 625 y casos que cita.

Respecto a la otra cuestión alegada por el apelante de que la sentencia sería revocada no es motivo para que la apelación no sea desestimada porque cumplida la sentencia no tenemos controversia que decidir.

La apelación en este caso debe ser desestimada por re-sultar académica.


author: El Juez Asociado Señor Aldkey,

text:
    Edward P. Lawton, demandante y apelado, v. Porto Rico Fruit Exchange y Edward B. Lessesne, demandados y apelantes.
    No. 4925.

    Sometido: Marzo 21, 1930.

      Resuelto: Mayo 20, 1931.

      O. B. Frazer y B. Castro Fernández, abogados de la Porto Rico Fruit Exchange, apelante; 3. E. Brown, C. Buiz Nazario y G. E. Gon-zález, abogados de Lessesne, también apelante; Coll y Citchí <& Cruzado Silva, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldkey,

emitió la opinión del tribunal.

En la Corte de Distrito de San Jnan se estableció el pleito que motiva este recnrso para que fnesen declaradas nulas las actuaciones de otro pleito seguido en una de las cortes municipales de esta ciudad, la sentencia en él dictada, la venta de bienes del demandado entonces, ahora deman-dante, la inscripción que esa enajenación produjo en el Re-gistro de la Propiedad y para obtener indemnización por daños y. perjuicios contra el demandante en el anterior pleito y contra la tercera persona que compró en la subasta judicial. Dictada sentencia condenatoria lian apelado de ella los dos demandados, quienes ban tramitado sus recursos con-juntamente pero presentando alegatos separados.

Los apelantes ban señalado muchos motivos de error, substancialmente iguales, pero por el estudio que hemos he-cho de este caso nos bastará considerar y resolver los que se refieren a que la sentencia no está sostenida por la prueba.

El pleito No. 11920 de cuya nulidad se trata comenzó en la corte municipal por demanda jurada radicada el 22 de ju-lio de 1924 interpuesta por la corporación Porto Rico Fruit Exchange contra Edward P. Lawton en cobro de $451.24; alegándose en ella que desde el año 1920 él demandado tiene una cuenta corriente con la demandante por las mercan-cías y dinero que le suministraba la demandante al deman-dado, en la que se hacían algunos abonos de dinero; que a partir del 21 de abril de 1921, míos tres años antes de dicha demanda, esa cuenta arrojó un saldo a favor de la de-mandante de $451.24 de acuerdo con la cuenta detallada que de ella se acompañó con la demanda y que ese saldo no ha sido pagado a pesar de las gestiones de cobro practicadas, por lo que solicitó sentencia por esa cantidad, sus intereses legales y costas.

Para fundar la corte de distrito la sentencia que motiva esta apelación declaró probados los siguientes hechos:

“El día 22 de julio de 1924, The P. R. Fruit Exchange pre-sentó una, demanda en la Corte Municipal de San Juan, P. R. (sec-ción Ira.), contra el Sr. Edward P. Lawton, en cobro de la suma de $451.24, como balance de una cuenta corriente llevada por dicho señor Lawton, durante el año 1920, con la P. R. Fruit Exchange, por mercancías y dinero efectivo que. la última suministraba al pri-mero; haciéndose constar en dicha demanda (párrafo 3ro.) que el demandado entonces, señor Lawton, a su vez abonaba periódicamente a la cuenta cantidades para ser deducidas del importe total de la misma; a la demanda se acompañó una cuenta detallada. Tenemos a la vista el pleito de la Corte Municipal de San Juan, número 11920 (Exhibit B del demandante), en el cual aparece la demanda antes mencionada, y todos los demás procedimientos de que vamos a hablar de ahora en adelante. En la página 8 de dicho récord apa-rece una carta en idioma inglés, firmada por Edward P. Lawton, y reconocida por él como auténtica, la que tiene fecha julio 24 de 1924.
“En dicha carta hace constar el señor Lawton, dirigiéndose a los abogados señores Mestre y Loret, que eran abogados entonces de la P. R. Fruit Exchange, entre otras cosas, las siguientes:
“ ‘Qlue el día anterior a la fecha de la carta había recibido “The Court Summons” en el caso de la P. R.. Fruit Exchange contra él por la alegada deuda de $451.24. Contestaba, además, que él nunca había rehusado pagar todas sus deudas justas a la Fruit Exchange, de la cual era él un miembro; que en los últimos dos o tres años, él había encontrado que las cuentas de la misma no eran exacta-mente llevadas, pues- ya en los años 1919 y 1920 había habido una discrepancia de algunos $300 en el balance de cuenta; que en el año 1921, él había encontrado un error de algunos $250 en las cuentas, del cual error él había reclamado, y sin embargo, persistían en co-brarle la suma de $450; que el señor Lawton deseaba someter el asunto a un arbitraje de un contable experto; y en resumen, ale-gaba que él debía negarse a pagar esa cuenta hasta que se le pro-bare que él estaba equivocado en el asunto. Y en el últim’o párrafo de la carta, dijo literalmente lo siguiente: “If it is desired to push the matter in the Courts I will appoint a lawyer to represent my interests and will request time to obtain the papers and accounts, now) in the States, which will prove my contention.” ’
“Aparece del récord número 11,920 (página 4), que en 23 de junio de 1926 el abogado de la demandante P. R. Fruit Exchange, Sr. Salvador Mestre, presentó una declaración jurada por él, ha-ciendo constar que el expediente original de la Corte Municipal se Rabia traspapelado y que c'oh el ñn de que pudiera ser reconstruido se acompañaba a dicho affidavit una copia fiel y exacta de la de-manda, así como también la copia del emplazamiento debidamente diligenciado por la persona que lo hizo en 23 de julio de 1924, la notificación al demandado Edward P. Lawton, así como una carta de éste (que es a la que hemos hecho referencia anteriormente).
“El emplazamiento original que se dice fué expedido por la Corte no aparece en el récord que tenemos a la vista.
“El titulado emplazamiento que presentó el abogado, señor Salvador Mestre, no tiene fecha, ni está firmado por el secretario, y por ningún secretario auxiliar de la Corte Municipal, y al dorso contiene el siguiente juramento:
“ ‘Y'o, Luis Fajardo, bajo juramento declaro: que soy mayor de 18 años de edad, vecino de San Juan y no tengo interés alguno en el asunto origen de esta acción; ni tampoco soy parte del mismo; que recibí el presente emplazamiento a las diez de la mañana del día 23 de julio de 1924 y que a la una de la tarde de dicho día n'otifiqué el mismo personalmente al demandado Edward P. Lawton, entregando a dicho demandado y dejando en su poder personal-mente en su residencia del edificio “Miramar Apartment,” una co-pia de la demanda mencionada en dicho emplazamiento, habiendo hecho constar al dorso con mi firma del referido emplazamiento el sitio y fecha de su entrega y notificación. (Fdo.) Luis Fajardo.
“ ‘Jurado y suscrito ante mí por Luis Fajardo, mayor de edad y vecino de esta ciudad, a quien personalmente eon’ozco, en San Juan, P. R., a 10 de junio de 1926.
“ ‘ (Fdo.) Rafael Aldea Bigles,
“‘(Fdo.) Raf. del Manzano,
“ ‘Sec. de la Corte.’
“Después aparece una moción del demandante de fecha 8 de junio, 1926, pidiendo se an'otara la rebeldía del demandado, señor Lawton (nótese que esta moción tiene fecha 8 de junio de 1926, o sea dos días antes de la fecha 10 de junio de 1926 que tiene el ju-ramento del emplazamiento que dejamos copiado más arriba). Al pie ■ de dicha moción aparece una nota de rebeldía con fecha 6 de julio de 1926. Después hay una moción sobre aseguramiento de sentencia de fecha 9 de junio de 1926.' Después hay una orden de la Corte, decretando dicho aseguramiento, que tiene fecha 7 de julio de 1926. .
“Después aparece la sentencia registrada en rebeldía por el Se-cretario de la Corte, con fecha 6 de jnlio de 1926. A continuación Ray una moción de la demandante, dirigida al Juez de la Corte Municipal, en la que s'olicita dicte una orden al Márshal de dicha Corte, sobre ejecución de la sentencia dictada.
“En la página 16 de dicho récord aparece una orden que co-piada literalmente lee como sigue:
“' ‘Vista la moción de la demandante solicitando ejecución- de sentencia, se accede a lo solicitado y se ordena la ejecución de la sentencia en este caso. Líbrese por el Secretario el correspondiente mandamiento al Márshal de esta Corte para su cumplimiento.
“ ‘San Juan, ¡P. R., agosto 27 de 1926.
“‘(Fdo.) José S. Aybar,
‘Juez Mpal. de San Juan, See. Ira.’
“Después aparece en la página 19 una orden de ejecución ex-pedida por el Secretario de la Corte Municipal de San Juan, al Márshal de la Corte Municipal de Carolina, P. R.
“Después aparecen otras actuaciones, y finalmente, en la página 29, que es la última, aparece el acta de subasta en virtud de la cual fué vendida la propiedad inmueble del señor Lawton al mejor pos* tor, que lo fué el ahora demandado Edward B. Lessesne. La su-basta se verificó el día 27 de. septiembre de 1926.”

En vista de esos hechos la corte inferior llegó a las si-guientes conclusiones: que es muy significativo que el pleito estuviera paralizado dos años y que continuara cuando el demandado podía pensar, en vista de su carta a los ahoga-dos, que el pleito no había seguido en la corte; que el em-plazamiento no está firmado por el secretario, por lo que viola el artículo 89 del Código de Enjuiciamiento Civil; que el diligenciado del emplazamiento dice que en la fecha que hace el juramento la persona que lo verificó tiene 18 años pero no dice que los tuviera cuando hizo, el emplazamiento dos años antes, y que siendo muy defectuoso la corte actuó sin jurisdicción por lo que la sentencia es nula: que la re-construcción del expediente no fué ordenada por la corte como requiere el artículo 344 del Código de Enjuiciamiento Civil; que la venta de las fincas es nula porque la realizó el márshal de la Corte Municipal de Carolina sin orden de la Corte Municipal de San-Juan: y que los edictos anuncián-dola se publicaron por menos de los veinte días que señala el artículo 251, No. 2, del Código de Enjuiciamiento Civil. Estas conclusiones son impugnadas por los apelantes.

No se sabe cuándo se extravió o traspapeló el pleito de la corte municipal pues sólo sabemos que dos años des-pués de iniciado se intentó su reconstrucción por haberse perdido, y por esto no puede sostenerse, como dice la corte inferior, que sea muy significativo que el pleito estuviese paralizado dos años, pues cualquiera paralización de un pleito por ese tiempo o por más no lleva a ninguna conclusión en contra del demandante como parece creer la corte inferior, sino a la de que la parte demandante no ña sido diligente en proseguirlo. Ni tampoco lleva a la conclusión de que el demandante estuviese justificado en pensar que el pleito no continuaba su curso como consecuencia de la carta que es-cribió a los abogados de la corporación demandante.

Por la declaración jurada del abogado de la cor-poración demandante, no contradicha, se sabe que presentó en la corte municipal el emplazamiento hecho al demandado y moción para sentencia, que ese expediente se. extravió; y por la declaración jurada de Luis Fajardo se sabe que él notificó la demanda a Edward P. Lawton el 23 de julio de 1924, o sea, al día siguiente de la radicación de la demanda, hecho que también se probó con la carta del mencionado Law-ton a los abogados de la parte contraria. Esas declaracio-nes juradas y la carta de Lawton eran bastante para que la corte adquiriese jurisdicción sobrq el demandado, aunque por las circunstancias especiales de este caso no se presen-tase ahora el emplazamiento original librado por el secre-tario porque habiendo sido presentado a raíz de la demanda se ha perdido. La aceptación del demandado de haber sido notificado de la demanda en 23 de julio de 1924 fué suficiente para dar jurisdicción a la corte sobre su persona de acuerdo con el No. 4 del artículo 97 del Código de Enjuiciamiento Civil, según el cual la aceptación por escrito del demandado es prueba de haberse hecho la citación y entrega de la de-manda. El lieclio de la citación y no la certificación o de-claración jurada de su diligenciamiento es lo que da juris-dicción a la corte. Ortiz v. San Miguel, 34 D.P.R. 228; Herman v. Santee, 103 Cal. 519. En vista de esa aceptación del demandado no es de importancia en este caso si no aparece claramente que la persona que hizo la citación tenía enton-ces más de 18 años, si no se presentó por haberse perdido el emplazamiento original librado por el secretario, ni que no conste que se hiciera la prevención al demandado de que si no comparecía y contestaba el demandante podía solici-tar que se le concediera la petición de la demanda; pero aun admitiendo que tal prevención no fué hecha, ese defecto no es de tal naturaleza que privara a la corte de jurisdic-ción en forma tal que convirtiese en algo nulo de raíz, inexis-tente, el mismo emplazamiento y todas las actuaciones de la corte a partir de él, según dijimos en el caso de Buonomo v. Sucesión Juncos, 28 D.P.R. 412, y caso en él citado.

En cuanto a la falta del sello de la corte municipal en el emplazamiento presentado nos bastará recordar que se trata de una copia de él por haberse perdido el original que fué presentado a la corte y que las cortes municipales no tienen sello, según el artículo 18 del Código de Enjuiciamiento Civil.

El fundamento de nulidad referente a que no se ordenó por la corte la reconstrucción del expediente de acuerdo con el artículo 344 del Código de Enjuiciamiento Civil carece de importancia, pues no fué necesaria por haber aparecido los autos excepto el emplazamiento diligenciado, diligencia que con la carta del Sr. Lawton a que nos hemos referido, que ha sido reconocida por él en el juicio, es bastante para solicitar y obtener la sentencia en rebeldía. En 33 Corpus Juris, págs. 1092 y 1093, se dice lo siguiente:

“Aunque la notificación del procedimiento pueda haber sido de-fectuosa o irregular, la sentencia no será necesariamente nula. Debe ■aprovecharse de tal extremo mediante la correspondiente moción o procedimiento dentro del litigio. Tan sólo cuando la supuesta no-tificación es tan irregular qne no equivalga a notificación alguna es que puede decirse que hay falta de jurisdicción que hace la senten-cia nula; de lo contrario la sentencia, a lo sumo, es anulable, y ni siquiera es anulable si se renuncia al defecto. N'o se puede sentar una regla general más definida para determinar qué defectos son fatales y cuáles meras irregularidades.”

Y de la nota 76 de la página 1092 copiamos:

“La distinción en realidad es clara. Si se hace una tentativa de notificación y realmente se llega hasta el demandado, aunque tal notificación no sea hecha o diligenciada en la forma y modo exigi-dos por la ley, se presenta un caso en que surge una jurisdicción que hace que la sentencia sea válida contra cualquier ataque cola-teral. ”

El hecho de qne la moción solicitando sentencia en rebeldía esté fechada dos días antes de la en qne Fajardo juró qne había hecho la citación del demandado Lawton no tiene importancia, porque no existe constancia en los autos de que ella fuese presentada antes que la otra.

Pasemos ahora a la nulidad que consideró más importante la corte inferior para anular la subasta y el título del comprador, fundada en que el márshal de la Corte Municipal de Carolina hizo la venta en ejecución de la sentencia sin orden de la Corte Municipal de San Juan que conocía del pleito.

Al día siguiente de haber sido solicitada la sentencia en rebeldía se presentó moción para aseguramiento de la sen-tencia. Registrada tal sentencia la corte municipal decretó el aseguramiento interesado y ordenó el embargo de bienes del demandado, disponiendo que para verificarlo se librase por el secretario mandamiento al márshal de la corte o para el márshal correspondiente al distrito judicial municipal que le solicitare la parte demandante; y cuando se trató de eje-cutar la sentencia se solicitó de la corte que dictase orden al márshal de la corte para cumplirla, habiendo accedido la corte a que se ejecutase la sentencia disponiendo que el secretario librase el oportuno mandamiento al márshal de la corte para tal fin. Ese mandamiento fue librado por el secretario al Marshal de la Corte Municipal de Carolina, que vendió bienes de Lawton radicados en su demarcación territorial.

El caso de Solá v. Castro, 32 D.P.R. 804, en que se fundó la corte inferior para declarar la nulidad de las actuaciones del márshal de Carolina no es aplicable al presente, pues lo que en él se decidió fuá que el márshal de una corte no está autorizado para endosar la orden a él librada al márshal de otro distrito; y aquí la orden al de Carolina le fué librada directamente por el Secretario de la Corte de San Juan. Además, si bien para embargar bienes como aseguramiento de sentencia es necesaria una orden de la corte, no lo es para que una sentencia pueda ser cumplida, pues en ninguno de los artículos 232 al 268 del Código de Enjuiciamiento Civil que tratan de la ejecución de las sentencias se requiere or-den de la corte, con excepción de lo dispuesto en el artículo 243 para cuando han pasado cinco años sin ser ejecutada, si no se trata de cobro de dinero. Si en tal caso se necesita orden de la corte es porque antes de los cinco años no se necesita ninguna, siendo, por tanto, deber ministerial del se-cretario, en el caso no comprendido en el artículo 243, librar la orden para ejecución de la sentencia. El secretario puede librar mandamiento de ejecución sin previa orden de la corte. Dorn v. Howe, 59 Cal. 129. La expedición del mandamiento de ejecución es un acto ministerial del secretario. 11 Cal. Jur., pág. 42; Hidalgo v. Crossfield, 17 Filipinas 466; 3 Bancroft 2575, párrafo 1941. Por consiguiente, la orden de la corte mandando a cumplir la sentencia por el márshal de su corte puede considerarse superfina; y como existía una sentencia condenatoria de pago, el secretario de dicha corte estuvo autorizado de acuerdo con el artículo 245 del Código de Enjuiciamiento Civil para librar el mandamiento al Már-shal de la Corte Municipal de Carolina donde radicaban los bienes que iban a ser ejecutados. Independientemente de lo dicho, la corte en su sentencia ordenó al secretario que fibrase mandamiento para la ejecución de ella, y al decre-tar el aseguramiento de la sentencia, dispuso que para el embargo de bienes se librara mandamiento al mársbal de la corte o al que designare el demandante.

Fué también motivo para dictar la sentencia apelada que en la publicación de los edictos anunciando la venta de las fincas de Lawton no mediaron los veinte días que exige el artículo 251, No. 2, del Código de Enjuiciamiento Civil. Ese precepto dispone que la publicación de la venta se fiará por espacio de veinte días fijándose el anuncio en tres sitios públicos del distrito o ciudad en que se bailaren los bienes o publicándose el aviso una vez por semana durante veinte días en algún periódico del distrito, si lo hubiere. Por consiguiente, son dos las maneras de anunciarse la subasta al público; y en este, caso se probó, sin contradicción, que la subasta fué anunciada fijándose aviso de ella por más de veinte días en la corte municipal, en la oficina de correos y en la casa municipal de Carolina; y también en el correo y casa municipal de Trujillo Alto, quedando así cumplido el estatuto, sin que el fiaber sido publicado también en un periódico por 18 días baga nula la subasta, pues con la publicación en tres sitios públicos del distrito municipal estaba cumplido el estatuto, ya que 'de ese modo resulta innecesaria la publicación en periódico. De todos mo-dos ese defecto, si lo fuera, no fiaría nula la subasta en un procedimiento colateral como es éste. Blood v. Light, 38 Cal. 649 y McCullough v. Estes, 25 Pac. 724.

Consignó además la corte inferior en su opinión lo siguiente: “También aparece probado, según la declaración del testigo de los demandados, señor Lucas Castro, lo siguiente: Que Lucas Castro fué uno de los postores en la subasta celebrada, y que en dicfia subasta el demandado Lessesne dijo: ‘Que el único interés de él era que subiera el precio de la subasta’.” Ese testigo dijo algo más, a saber: “Pues deseo que el dueño de esta finca, que está en Europa, darle una oportunidad de que si él quiere comprar la finca poderla tener y caso de que él no quiera la finca y usted la quiera comprar la compra usted.”

Lo expuesto por la corte parece contener una imputación de fraude o de mala fe, pero el Recto de que uno de los tres postores que hubo en la subasta dijese lo que manifiesta la corte no constituye fraude pues el deseo de que el precio de la subasta fuera alto no era perjudicial para el ejecutado sino beneficioso. Además, según ese testigo él ofreció $750 en la subasta y quizá hubiera llegado a $1,000, pero la venta fue hecha por más dinero. También el demandante admitió en el juicio que el Sr. Lessesne declararía que no hubo in-timidación de ninguna clase en la subasta. En vista de lo expuesto no podemos concluir que hubo fraude ni nada con-trario a los intereses del ejecutado.

No encontrando que se haya demostrado nulidad alguna en el pleito de la corte municipal se hace innecesario con-siderar otras cuestiones y la sentencia apelada debe ser re-vocada y dictarse otra declarando sin lugar la demanda, sm especial condena de costas.


author: El Juez Asociado Señob Texidob.,

text:
    J. S. Waterman & Co., Inc., demandante y apelada, v. Méndez Hnos. & Co., compuesta de los socios J. M. Méndez y John Doe, demandada y apelante.
    No. 5219.

    Sometido: Noviembre 19, 1930.

      Resuelto: Mayo 20, 1931.

      González Fagundo é González, Jr., abogados de los apelantes; Be-sosa ■& Besosa, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señob Texidob.,

emitió la opinión del tribunal.

Ante la Corte de Distrito de Humacao, demandó J. 8. Waterman & Co., Inc., a Méndez Hermanos y Co., sociedad mercantil, alegando, entre otros hechos, que para el 13 de fe-brero de 1927, la demandante y la demandada habían cele-brado un contrato, que se copia en la demanda, para la venta por la demandante a la demandada, de 500 pockets de arroz, tipo No. 252, c.i.f. San Juan, embarque de 250 pockets en enero 27, y otros 250 en primer vapor en febrero, consig-nándose que las ventas quedan sujetas al contrato para Puerto Rico de la Rice Miller Association, que la mercancía corre por cuenta y riesgo del comprador desde su entrega a la primera compañía de trasporte o de vapores, y otros ex-tremos; y copiándose asimismo las condiciones del dicho contrato de la Rice Miller Association, entre las que aparece la de que el comprador tendrá el derecho de inspeccionar la mercancía a su llegada, dentro de los tres días laborables si-guientes a la descarga de la mercancía del vapor, siendo la omisión de tal inspección en dicho término causa de pérdida del derecho a queja; y la de que en caso de diferencia sur-gida de esa inspección, se someterá al arbitraje de la Cá-mara de Comercio de Puerto Rico. Se alegó que “el ci-tado arroz, de acuerdo con el contrato mencionado, de com-pra-venta, fué embarcado en la siguiente forma: 250 pockets en enero 27, 1927, por el vapor ‘Ozama’, y 250 pockets en febrero 4, 1927, por el vapor ‘Isabela’ que la deman-dante, de acuerdo con el contrato giró contra la demandada, en dos giros que se copian, los que fueron presentados a la demandada quien, sin causa alguna, se negó a pagarlos; que sometido el caso a arbitraje, la Cámara de Comercio lo resolvió a favor de la demandante, y la demandada se niega a cumplir el fallo.

La demandada excepcionó la demanda por falta de he-chos suficientes; y la excep'ción fué declarada sin lugar. La demandada contestó, alegando en esencia que el arroz que había enviado la demandante era impropio para el con-sumo humano, para lo que había sido comprado, por lo que la demandada no lo aceptó, y se negó a su pago.

Se oyó el caso por la corte, y ésta dictó sentencia en favor de la demandante.

En la apelación, interpuesta por la parte demandada, se señala como error el haberse resuelto la excepción previa en contra de la demandada.

En realidad, el hecho de copiarse en la demanda el con-trato original y las condiciones de la Rice Miller Association, no es por sí bastante para la alegación necesaria en el caso.

En el contrato se dice que la mercancía corre de cuenta y riesgo del comprador desde que se entregue a la primera compañía de trasporte o de vapores. No discutiremos ahora, por innecesario, si esa fórmula cubre la entrega pre-sunta al comprador, ya que es bastante oscuro. Pero, sen-tando que la entrega queda cubierta así, encontramos que la demandante alega la sujeción de su contrato a las con-diciones de la Rice Miller Association, y entre éstas se halla la de que el comprador tiene tres días, después de descar-gada la mercancía, para inspeccionar ésta y quejarse. Cualquiera que fuera el efecto de la cláusula impresa de que la mercancía corre de cuenta y riesgo del comprador desde la entrega a la compañía de trasporte, no es dudoso que tal efecto queda limitado en gran manera por la cláu-sula que permite la inspección, con la reclamación consi-guiente. Si hay este derecho, no es bastante alegar que el arroz fué embarcado en tal o cual fecha, sino que sería pre-ciso alegar que llegó, que el comprador lo tuvo a su dispo-sición para inspeccionarlo, que lo hizo y no se quejó o que dejó de hacerlo en el término de tres días después de des-cargada del vapor la mercancía. Si en la demanda no se hace alegación alguna en cuanto a esos particulares, no hay hechos suficientes para determinar causa de acción.

La excepción previa fué erróneamente resuelta.

Debe revocarse la sentencia apelada devolviéndose el caso a la corte de distrito para ulteriores procedimientos.


author: El Juez Asociado Senos AldRey,

text:
    María Candelas, demandante y apelante, v. José Gándara, demandado y apelado.
    No. 4979.

    Sometido: Febrero 13, 1930.

      Resuelto: Mayo 21, 1931.

      A. L. López, abogado del apelante; Vülamil <& Reguero, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Senos AldRey,

emitió la opinión del tribunal.

La demandante apela de una sentencia que declara su demanda sin lugar y para sostener su recurso alega dos motivos, a saber: que la corte inferior cometió error al desestimar su petición de que dictara sentencia por las ale-gaciones y al declarar sin lugar su demanda por insuficien-cia de la prueba.

En la demanda se alega substancialmente que en la fe-cha que menciona viajaba la demandante como pasajera me-diante pago en un ómnibus (guagua) de servicio público.,, propiedad del demandado, y que al doblar una curva del ca-mino con mucha rapidez se reventaron las correas de la goma de repuesto y ésta cayó sobre la carretera, volviendo-hacia arriba, y que al caer pinchó el brazo izquierdo de la. demandante, que tenía apoyado en la baranda de la gua-gua, sufriendo una lesión en él, que le ha causado daños y perjuicios en cantidad de $5,000.

El demandado opuso excepción previa a esa demanda alegando que no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción pero fue rechazada por la Corte y en-tonces presentó su contestación jurada.

El día que fue señalado para el juicio y después de ma-nifestar las partes que estaban preparadas para él, solicitó la demandante que fuesen eliminadas por la Corte determi-nadas alegaciones de la contestación por no contener ne-gaciones específicas de ciertos hechos de la demanda, a lo que se opuso el demandado, pero las partes aceptaron la indicación de la Corte de resolver esa cuestión después que se presentase la prueba. La de la demandante consistió en su propia declaración, habiendo admitido el demandado que otras tres personas declararían lo mismo que ella. Esa de-claración es substancialmente igual a lo que dice en su de-manda y no añade hecho o circunstancia alguna que la de-manda no tenga. El demandado no presentó prueba y so-licitó sentencia a su favor, fundado en que la de la deman-dante no es suficiente para sostener una sentencia conde-natoria. La parte apelada no ha comparecido en este re-curso.

La demanda no ha sido mejorada por la prueba. La ex-cepción que a ella opuso el demandado debió ser declarada con lugar, pues no contiene alegación alguna de acto u omi-sión que proveniente de culpa o negligencia haga respon-sable al demandado, de acuerdo con el artículo 1803 del Có-digo Civil, del daño que ha sufrido la demandante. • Por la demanda no puede llegarse a la conclusión de que la goma de repuesto del ómnibus (guagua) reventó las correas que la sujetaban, cayó a la carretera y produjo el daño a la de-mandante porque el demandado o su empleado la amarra-ron o sujetaron al ómnibus en forma tan descuidada o con correas tan deficientes que tenían que reventarse.

En vista de la conclusión a que llegamos no es necesario resolver el primero de los motivos de error alegado y la sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Texidor,

text:
    Joaquín Quiñones Carrasquillo, demandante-apelante apelado, v. María, Georgina, Vicente, Manuel, Monserrate y Guillermo Quiñones Carrasquillo, y Agustín Guardiola, Administrador Judicial de los bienes del finado Quiñones Dávila, demandados-apelados-apelantes.
    No. 5164.

    Sometida: Mayo 22, 1930.

      Resuelto: Mayo 21, 1931.

      B. A. Arroyo Ríos, abogado de los apelantes-apelados; González Fagundo é González Jr., abogados de los apelados-apelantes.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Fue el demandante en este caso Joaquín Quiñones Ca-rrasquillo, que alegó que él y los demandados María, Georgina, Vicente, Manuel, Monserrate y Guillermo Quiñones Ca-rrasquillo, son los únicos herederos de Vicente Quiñones Da-vila, declarados tales por la corte de distrito de Humacao, y el demandado Angel Guardiola es el administrador judicial de los bienes de la herencia de dicho Vicente Quiñones; que en virtud de una orden de la corte de distrito de Huma-cao, dictada en el expediente de administración y a petición del administrador, el márshal de dicha corte despojó al de-mandante de una casa de maderas del país, una yegua, un caballo, cuatro yuntas de bueyes, dos carros, dos arados, y una plantación de dos cuerdas de caña de azúcar, de la ex-clusiva propiedad del demandante; que los demandados, por medio de falsas manifestaciones, obtuvieron de la corte la orden para sacar tales bienes de la posesión del demandante, y pasarlos a la del administrador judicial, perjudicando al demandante en un valor superior a $500.

Los demandados excepcionaron la demanda por falta de hechos suficientes para determinar causa de acción. La ex-cepción fué declarada sin lugar. Y entonces los demanda-dos contestaron negando todas y cada una de las alegacio-nes de la demanda.

En la relación del caso y opinión que se unió a los autos, la corte, apreciando la prueba declara que son de propiedad del demandante, y le deben ser restituidos los siguientes bienes:

(a) La casa de madera, techada de zinc, por haberse pro-bado que el demandante compró las maderas en la casa J. Bird y León, y pagó la mano de obra al carpintero Jesús Algarín.

(b) Tres de los bueyes ocupados, de los que uno está marcado J. Q., otro con varias letras que no coinciden con las iniciales de las partes en este pleito, y el otro sin marca; los que estaban én posesión del demandante; y que tres de los demandados dijeron que dos de las cuatro yuntas no les pertenecen.

(c) Uno de los carros, sobre el que existe la misma ma-nifestación de los demandados.

(d) El caballo rucio que está marcado J. Q.

(e) La plantación de caña de azúcar, porque fallecido Vicente Quiñones en 5 de enero de 1926, y tratándose de una plantación ocupada en enero de 1927, ésta es distinta.

T de la propiedad de los demandados los demás bienes.

De acuerdo con esa opinión se dictó la sentencia, contra la que apeló el demandante; y los demandados apelaron en cuanto declara con lugar parcialmente la demanda. De los demandados aparecen apelando, Agustín Guardiola, y .María, Georgina y Manuel Quiñones.

El apelante Joaquín Quiñones señala seis errores a la sentencia: uno de apreciación de la prueba; dos en cuanto a decisiones en materia de evidencia; y tres de infracciones de ley.

Los señalamientos de error números segundo y tercero son éstos:

“La Corte cometió error por infracción al artículo 1365 del Código Civil.
“La Corte cometió error por infracción al artículo 1856 del Código Civil.”

Cierto que el artículo 1365 del Código Civil dispone lo que dice el apelante, esto es, que se entiende entregada la cosa vendida cuando se pone en poder del comprador. Pero de la relación del caso y opinión de la Corte, no aparece que los bueyes de que se trata fueran objeto de determinado con-trato de compraventa. La corte al decidir acerca de las yun-tas de bueyes, parte de su relación del caso y opinión, en la que leemos:

“En relación con las 4 yuntas de bueyes que se reclaman, de la diligencia del Marshal obrante en el caso número 11298 de Ma-ría Quiñones Carrasquillo, sobre administración judicial, aparece que 4 de los citados bueyes o sean los designados con los nombres de Víbora, Batallón, Mariposa y Borinquen, están marcados, a más de tener otras marcas, con el número 37, que según la prueba de los demandados, era la marea que usaba el causante don Vicente Quiñones Dávila, y por tal razón, entendemos que los mis-mos pertenecen a la Sucesión.”

Quizá convendríamos en que no es muy fuerte la razón en que se basa la corte para llegar a esa conclusión. Pero no es ése el punto que se discute. La parte apelante se limita a decir que los animales que compró Joaquín Quiñones le fueron entregados al recibir el precio, y que esa circunstan-cia lia debido ser tenida en cuenta por el juez para decidir que Joaquín Quiñones era el dueño. Más parece que el ape-lante quiso señalar un error en la apreciación de la prueba que otra cosa.

Y sobre' esa posesión se funda el tercer señalamiento de error.

No nos sentiríamos obligados a escudriñar el récord ta-quigráfico de 262 páginas, para buscar en él, página por pá-gina, lo que el apelante no quiso señalar de una manera es-pecífica. Pero, esto no obsta para que, resolviendo al mismo tiempo el primer señalamiento de error, estudiemos la prueba, y decidamos si el juez de distrito estuvo o no acertado en su apreciación.

Pero como tenemos ante nosotros la apelación de los de-mandados, en la que se ataca como errónea la apreciación de la prueba, conviene resolver aquí sobre todos los extremos de la misma.

En cuanto a la propiedad de la casa, el demandante probó que la había hecho construir a su costa, pagando los ma-teriales y la mano de obra. Su afirmación en tal sentido fué corroborada por la prueba testifical y documental; y la de-claración judicial en este sentido tiene su fundamento en tal prueba.

Del mismo modo la declaración de la sentencia en cuanto a la propiedad de la plantación de caña de azúcar en nna extensión de cerca de dos cnerdas, como propia del deman-dante, es correcta y se apoya en nna prueba suficientemente clara y convincente.

En lo qne se refiere a la propiedad de las cuatro yuntas de bueyes, la yegua blanca parida y el caballo rucio, preciso es reconocer que con dificultad se encontrará una prueba más larga, más confusa, y más contradictoria que la traída a este litigio. Por una parte, el demandante declara que compró tal animal, a una determinada persona, que a su vez ofrece su testimonio, bastante fuerte en la afirmativa mientras se baila en el interrogatorio directo, y bastante débil y confuso bajo-el contra-interrogatorio. Aparece luego en los testimonios contradicciones y verdaderas incoherencias, que crean al juez una situación difícil.

La Corte de Distrito ba pesado esos testimonios, basta donde es humanamente posible hacerlo; y luego ba acudido a otros detalles, como las marcas del ganado, y de unos y otros elementos probatorios han surgido su juicio, y su reso-lución. En un gran número de ocasiones hemos dicho que, a menos que se evidencie pasión, prejuicio o parcialidad, o un patente error, no hemos de alterar la apreciación que de la prueba hizo el tribunal a quo. T en esta ocasión, en que no hay ni la más leve razón para creer en la influencia de pasión, parcialidad -o prejuicio y en que el estudio de este récord no nos produce la impresión de existencia de un ma-nifiesto error en la apreciación de la prueba, sostenemos lo hecho por la corte de distrito.

En cuanto a los carros y arados, la apreciación de la prueba se halla en las mismas condiciones a que nos acaba-mos de referir.

Aplícase esta parte de nuestra opinión a los señalamien-tos de error primero, segundo y tercero, del alegato de Joa-quín Quiñones, y al único señalamiento de error ofrecido por los demandados también apelantes.

El cuarto señalamiento de error, presentado por Joaquín Quiñones está expresado así:

“La Corte cometió error por infracción a los apartados 8 y 11 del artículo 102 de la Ley de Evidencia.”

Bajo este título estudia el apelante el valor de las pre-sunciones controvertibles señaladas en tal artículo.

La presunción controvertible crea un estado de probabi-lidad, que puede convertirse en de prueba, si tal presunción subsiste sin ser atacada. Si se la ataca, el becbo en que ella se materializó, pierde el carácter dé presunta verdad, y se convierte en un becbo a probar. Y aquí la entrega de ciertos bienes a Joaquín Quiñones, y su posesión o tenencia de los mismos, en el momento en que se establece contienda judicial acerca de su existencia o su legitimidad, se convierte en un becbo a probar, y por el resultado de la prueba, no por la presunción, ba de guiarse el juez, como lo bizo en este caso.

La admisión por la corte de un documento de garantía sobre ganado, se ataca como error por el apelante Joaquín Quiñones.

Fuera de que tal documento no ba influido para nada en el juicio del juez como lo revela la lectura de su opinión, la prueba de que Vicente Quiñones Dávila tenía en aquel mo-mento cierto ganado que sometió a una garantía, es admi-sible en un juicio de esta clase. Es claro que si por error u otra razón, ella no revela nada, de nada ba servido, pero tampoco ba perjudicado a la parte apelante. El peligro de que un juez de derecho se extravíe en su juicio por conse-cuencia de ún documento de esa clase, se reduce a una mí-nima expresión. Quizá no pudiera decirse lo mismo de un jurado; pero éste no es el caso.-

Se ofreció como prueba del demandante, y en vía de rebuttal una certificación del secretario municipal de Fajardo creditiva de que Vicente Quiñones Dávila usaba para marca de su ganado dos iniciales; y a oposición de los demandados la corte denegó la admisión.

El incidente en la prueba fné éste, según el récord ta-quigráfico :

“Lie. González. — ARora, vamos a presentar en evidencia una certificación expedida por el Secretario del Concejo Municipal de Fajardo, creditiva de que don Vicente Quiñones en el año mil no-vecientos dos, usaba como sello del ganado estas iniciales que apa-recen estampadas ahí en tinta.
“Lie. Arroyo. — Señor Juez, para oponernos a la admisión de esa prueba por los mismos fundamentos que nos Remos opuesto a la declaración del testigo don Vicente Quiñones Carrasquillo, por-que esta es una prueba de rebuttal, a manifestaciones o declara-ciones RecRas por nuestros testigos, y que Ra sido sacada por pri-mera vez en el interrogatorio' RecRo por la otra parte y, no se Ra demostrado que esta marca sea precisamente la de don Vicente Quiñones Dávila.-
“Lie. González. — Señor Juez, éste es en sí el caso, porque ellos Ran dicRo que él marcaba su ganado con el número ‘37’.
“Hon. Juez. — Pero fué sacado por el demandante en el contra-interrogatorio. Se sostiene la oposición.
“Lie. González. — Entonces yo tomo excepción, y quiero que quede el documento en el récord a los efectos de si Ray una ape-lación, y yo pierdo, que no lo espero, levanto esta cuestión. Y so-meto el caso a la corte, por tratarse de cuestiones de RecRo.”

Esta prueba, a la que uo puede concederse gran impor-tancia, pudo ser directa, y debió serlo dados los términos en que se planteó el litigio. No creemos que la negativa de su admisión fuera errónea, ni que ocasionara perjuicios al demandante, que lia presentado este extremo como error.

No encontramos se hayan cometido los errores señalados por las dos partes apelantes.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    Francisco González Díaz, demandante y apelado, v. Antero Rivera y Luis Chevremont, demandados y apelantes.
    No. 5089.

    Sometido: Abril 3, 1930.

      Resuelto: Mayo 22, 1931.

      L. Méndez Vaz, abogado de los apelantes; Feliú <& La Costa, abo-gados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Francisco González Díaz, demandó, ante la Corte de Dis-trito de San Juan, a Antero Rivera y Luis Chevremont, para cobro de $2,456.85 que alegó se le debían por razón de mi contrato de suministro de leche de vacas a Antero Rivera, de cuyo contrato era fiador solidario Chevremont.

Los demandados contestaron la demanda, por separado, pero con las mismas alegaciones sustanciales, admitiendo al-gunos hechos, negando otros, y alegando especialmente la existencia de fraude.

La corte, después de oída la prueba en el juicio y las ale-gaciones de las partes, dictó sentencia declarando con lugar la demanda, y condenando a los demandados al pago de la cantidad reclamada, con intereses legales y costas, inclu-yendo honorarios de abogado.

Los demandados han apelado, señalando en su alegato varios errores, que consideramos añora.

Los apelantes sostienen que la sentencia en este caso fué dictada después de transcurrir más de catorce meses de la celebración de la última vista, del pleito.

No resolveremos si la circunstancia de haberse dictado la resolución en ese término puede calificarse propiamente como error en la sentencia. Pero encontramos que la ley que se invoca, que es la número 95, promulgada el 31 de marzo de 1919, se halla en el mismo caso que la ley número 91, sobre contrato de trabajo, de igual fecha de promulga-ción. Estas fueron leyes de una Legislatura anterior; es una de las once leyes que fueron enviadas al gobernador, y que éste no firmó y no devolvió a la Legislatura en los diez días; y la Legislatura cerró o suspendió sus sesiones enton-ces. En el caso The Porto Rico Telephone Company v. The People of Porto Rico, resuelto por la Corte de Circuito de Apelaciones para el Primer Circuito en 19 de febrero de 1931, No. 2494, interpretando y aplicando la sección 34 de nuestra Acta Orgánica, la Corte declaró que aquel acta o proyecto nunca llegó a ser ley. La que se nos cita ahora tam-poco llegó a serlo.

En segundo lugar se señala como error, la denegación de admisión del acta notarial de 6 de abril de 1926, por la que se dice fué requerido Francisco González Díaz para que recibiera $25 como la cantidad que le adeudaba Antero Rivera.

El acta no se incluye en la transcripción en forma alguna. Verdaderamente no podemos decir cuál sea su contenido; sin ella a la vista, no cabe declarar si fué, o no, errónea, la regla de la corte al denegar su admisión.

Aparte de esto, y por lo que las partes alegan, parece que tal acta podría constituir self serving evidence; y de todas maneras, se trata de manifestaciones de un notario que no comparece en corte, y tales manifestaciones, en un caso de acta como la que se indica, serían evidencia de referencia.

En lo que se refiere a la prueba, que con razón llamó el juez de distrito prueba indiciaria, consistente en certificaciones del registro de la propiedad, del Tesorero de Puerto Rico, del Departamento de Sanidad, del inspector ingeniero sanitario, que se presentara por la parte demandada, ésta en apelación, señala como error el que la corte no les diera valor, o no las estimara como prueba. En el fondo, son certificaciones negativas, de las que la parte apelante extrae la deducción de que Francisco G-onzález Díaz no tenía vaquería en Carolina, y que no la tenía en 1924, 1925 y 1926.

La doctrina jurídica en cuanto a esa clase de prueba está reconocida de manera constante por los tribunales; y este Tribunal Supremo la fia consignado en el caso Cerecedo v. Medina et al., 27 D.P.R. 821. A falta de un estatuto, la certificación negativa de un funcionario no constituirá prueba de que en los récords no aparece determinado liecbo. En realidad, la prueba de que determinada persona no aparezca como dueña de una vaquería en los records oficiales de un departamento del gobierno, o no aparezca con cierta clase de bienes, no llega hasta justificar que no tuviera tales bie-nes o establecimiento, aunque sin cumplir con los requisitos necesarios para tenerlos legalmente.

Erente a esa prueba, la otra parte presentó la testifical, afirmativa, en el sentido de que en las fechas a que se refieren las alegaciones de este caso, tenía una vaquería y un número de vacas que producían una cantidad de leche.

Entre las dos pruebas, la corte se decidió por la de la aquí apelada, no dando crédito a la de la parte demandada. Y en esa decisión no encontramos error, ni violación de pre-cepto alguno de la ley de evidencia.

Un extremo acerca del que se argumentó con empeño en el alegato de la parte apelante es el que se refiere a la no intervención del demandado Clievremont en la liquidación de la cuenta entre Antero Rivera y Francisco González, y acerca de la apreciación de la prueba de este hecho.

Se presentó por el demandante una carta escrita por Luis Chevremont, constituyéndose en fiador solidario de Rivera, por la leche que le vendiera González; y además otra carta en la que Antero Rivera reconoce el saldo de su cuenta por leche entregada, siendo tal saldo de $2,456.95. Acerca de esta liquidación los demandados habían alegado la existencia de fraude, y sostenían que ella nacía de una combinación, o conspiración en la que tomó parte Felipe Sánchez Osorio, quien no es demandado, ni demandante, ni interventor en este pleito. Acerca de estos hechos declaró el demandado Antero Rivera; pero, a petición de la parte demandante su declaración fué eliminada, en lo que se refiere a hechos que pudieron ser constitutivos de una conspiración entre el testigo y Felipe Sánchez Osorio, que no era parte en el pleito. No hallamos que tal eliminación haya sido señalada como error, ni podemos decir que lo fuera.

En cuanto a la declaración del testigo Antero Rivera, la corte habló con tal claridad que no cabe tener duda de cómo la apreció. Dijo así:

“La Corte hace constar que no ha creído la declaración del de-mandado Antero Rivera en cuanto se refiere a la pretendida inter-vención de Felipe Sánchez Osorio en la carta de 27 de febrero de 1926.”

Y más adelante, en la opinión se lee:

“La corte después de haber apreciado en conjunto toda la evi-dencia presentada por ambas partes, entiende que la preponderan-cia de prueba está a favor de la parte demandante, y que no ha habido prueba clara y convincente para demostrar el fraude o error alegados en este caso en relación con la cuenta de leche a que se refiere la carta antes mencionada de febrero 27 de 1926 (Exhibit B del demandante). Y la corte resuelve el conflicto de evidencia a favor de la parte demandante, siguiendo la regla establecida en el número 5 del artículo 162 de la Ley de Evidencia.”

La lectura del récord justifica a la corte de distrito. Se lia dicho en muchas ocasiones que la prueba del fraude no puede ser tan directa y fuerte como de ordinario se requiere para otros extremos a probar; pero ella ha de ser lo sufi-cientemente robusta y clara para que el juzgador no sienta vacilaciones ál hacer la declaración de un hecho que se halla en los linderos de los hechos criminosos. En el caso reciente Sucesión Cayere v. Monell, 40 D.P.E. 936, citando con apro-bación el de Ana María Sugar Co. v. Castro, 28 D.P.E. 257 hemos dicho que el fraude debe probarse claramente por prueba robusta o por prueba fuera de duda, y que no puede ser cuestión de mera conjetura.

Esto es, en la realidad, el contenido del caso. No se probó el fraude, que se alegaba como la mejor defensa por los demandados, y la corte tuvo que inclinarse a la teoría de la demanda, y resolver de acuerdo con ésta.

No encontramos que se cometieran por la corte los erro-res que en el alegato de la parte apelante se señalan a la sentencia.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señok Aldbey,

text:
    Miguel Martorell, demandante y apelante, v. Alfredo López, Rafael A. Rodríguez y Gustavo Padró, Alcalde, Auditor y Tesorero Municipal, respectivamente, de Dorado, P. R., demandados y apelados.
    No. 5550.

    Sometido: Marzo 12, 1931.

      Resuelto: Mayo 22, 1931.

      L. Llorens Torres, Angel Torres y MoUna, 'Bubón & Oóhoteco, abogados del apelante; R. Cv,evas Zequeira, abogado de los ape-lados; Bon. Attorney General James R. Beverley y A. Ortiz Toro, Primer Subprocurador General Auxiliar, como amicus curiae.

       Nota : Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señok Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante estaba desempeñando el- cargo de Juez de Paz del Dorado en esta Isla por nombramiento del Gobernador y con sueldo pagado por el municipio de dicho pueblo, fijado últimamente en $30 mensuales, cuando fué electo miembro suplente de la Junta de Revisión e Igualamiento que devenga diez dólares como dieta por cada sesión a que asista. Desde entonces ba venido desempeñando ambos cargos, pero los demandados-apelados como empleados del municipio del Dorado se fian negado a satisfacerle el sueldo como juez de paz; y en el procedimiento de mandamus interpuesto por el apelante para que se ordenase a los demandados que le satisfagan ese sueldo alegan ellos que no están obligados a pagarle por el becbo de baber aceptado el peticionario el cargo para el cual fué electo, cobrando las dietas de él, lo que es una renuncia del sueldo del cargo de juez.

La corte inferior resolvió que no bay incompatibilidad entre ambos cargos, pero negó la expedición del auto de mandamus porque el peticionario no tiene derecho a cobrar dos sueldos. Este fundamento de la corte inferior es el único motivo de esta apelación, en la que se alega que es erróneo. El Pueblo de Puerto Rico fué admitido en esta apelación como amicus curiae y sostiene en su alegato que no existe el motivo de error aducido por el apelante.

Tanto la corte inferior como los apelados y el amicus curiae dicen que la resolución de esa cuestión en el caso de Añeses et al. v. Consejo Ejecutivo, 38 D.P.R. 267, fué obiter dictum porque la cuestión a resolver entonces era otra, a saber, si los señores Añeses y Banuebi debían ser nombrados Comisionados de Riego por baber sido electos para esos cargos. Es verdad que el Consejo Ejecutivo se negó a nombrar a dichos señores Comisionados de Riego, pero su negativa se fundó únicamente en que siendo ambos alcaldes con sueldo no podían cobrar las dietas asignadas como remuneración a los Comisionados de Riego, y por tanto ésa fué la cuestión fundamental en dicbo caso, que fué tra-tada por las partes en la vista de la apelación y en sus ale-gatos, por lo que con' razón pudo decir la mayoría del Tribunal en dicbo caso que ésa era la verdadera cuestión en él. También fué considerada por los dos jueces disidentes en el voto que escribieron. Por consiguiente, no puede sos-tenerse que esa resolución en ese caso fué obiter dictum, como • dice la corte inferior.

La Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso United States v. Saunders, 120 U. S. 126, se confrontó con la misma cuestión que más tarde fué resuelta por este tribunal en el caso de Añeses, supra, y la misma que es objeto de esta apelación. En el caso de Saunders el Tribunal Supremo de los Estados Unidos insertó en su opinión, y lo mismo bicimos en el caso de Añeses, los artículos 1763, 1764 y 1765 de los Estatutos Revisados de los Estados Unidos, que leen así:

“See. 1763. — Ninguna persona que desempeña un puesto cuyo-sueldo o compensación anual sea $2,500 recibirá compensación por desempeñar los deberes de cualquier otro cargo, a menos que la ley así lo autorice expresamente.
“See. 1764. — No se concederá bonificación o remuneración a nin-gún funcionario o empleado por baber desempeñado los deberes correspondientes a otro funcionario o empleado en el mismo u otro departamento; y no se concederá bonificación o remuneración al-guna por servicios extraordinarios de cualquier clase que fueren, que cualquier funcionario o-'empleado fuese llamado a prestar, a menos que la ley así lo autorice expresamente.
“See. 1765. — Ningún funcionario en rama alguna del servicio público ni ninguna otra persona cuyo sueldo, retribución o emolu-mento sea fijado por la ley o por los reglamentos, recibirá un sueldo adicional o bonificación extraordinaria o remuneración de clase al-guna, por el desembolso de fondos públicos o por cualquier otro servicio o trabajó de cualquier clase, a menos que la ley así lo au-torice expresamente, y la asignación para ese fin explícitamente diga que se bace para tal -sueldo adicional, bonificación extraordi-naria o remuneración.”

T .tomándolos en consideración resolvió que nn empleado podía recibir remuneración por dos cargos públicos cuando no eran incompatibles, citando el caso de U. S. v. Brindle, 110 U. S. 688, y el de Converse v. U. S., 21 How 463, 62 U. S. 462. Otro caso posterior, U. S. v. McCandless, 147 U. S. 962, también fué de doble compensación a un empleado público y se decidió que no siendo los cargos incompatibles tenía derecho el empleado a ambos sueldos.

En el caso de Añeses, supra, se tuvo en cuenta el artículo 34 de nuestra Carta Orgánica según el cual “Con excepción de aquellos, casos en que se disponga lo contrario en esta Ley, ninguna ley prorrogará el término de ningún funcio-nario público, ni aumentará o disminuirá su sueldo o emolu-mento después de su elección o nombramiento, ni permitirá a ningún funcionario. o empleado percibir compensación por más de un cargo o empleo”; pero se declaró que no obstante ella, la autoridad y el razonamiento del caso de Saunders es aplicable.

Los apelados y el amicus curiae citan también en opo-sición al peticionario y a lo resuelto en el caso de Añeses que el Código Político en su artículo 177, según fué enmendado en 1909, dispone lo siguiente:

“Ningún empleado en cualquier ramo del servicio público bajo> el Gobierno Insular, ni otra persona cuyo salario, haber o estipen-dio, estuviere fijado por la ley o los reglamentos, percibirá paga adicional, o compensación extraordinaria de ninguna especie, del Gobierno Insular o de cualquier dependencia de éste, en ninguna' forma, por el desembolso de caudales públicos, o por ningún otro servicio que prestare, a no estar expresamente autorizado por Ja ley y constare por medio explícito en la correspondiente asigna-ción que se destinaba ésta a.dicha paga adicional o compensación extraordinaria; Disponiéndose, sin embargo, que nada de lo aquí provisto tendrá aplicación a los médicos y practicantes que pres-ten sus servicios en las cárceles de distrito y establecimientos sa-nitarios y benéficos a cargo de El Pueblo de Puerto Rico, los cua-les podrán percibir, en lo que respecta a ntédicos, una remunera-ción adicional por este concepto que no exceda del cincuenta (50) por ciento del sueldo principal que disfrutaren como empleados de El Pueblo de Puerto Rico o de cualquier municipalidad de la Isla.”

Basta cotejar el artículo 177 de nuestro Código Político con la sección 1765 de los Estatutos Revisados de los Estados Unidos que Remos copiado al principio para llegar a la con-clusión d© que ambos son substancialmente iguales, pues en los dos se dispone que ningún empleado del servicio público ni otra persona cuyo salario estuviere fijado por la ley per-cibirá paga adicional o compensación extraordinaria de nin-guna especie por el desembolso de fondos o caudales públicos o por cualquier otro servicio, a menos que la ley así lo auto-rice expresamente y la asignación para ese fin diga que se destina a dicha paga adicional o compensación extraordinaria. Pues bien, con esos preceptos iguales y teniendo en cuenta el artículo 1765 citado, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvió el caso de Saunders a que nos fiemos referido. La excepción que contiene el disponiéndose del artículo 177 y otra en la sección 1773 de los Estatutos Revisados de Puerto Rico referente a los honorarios de miembros de las juntas de médicos examinadores, de farmacia y de dentistas, no altera la regla general establecida en dicho artículo 177.

Para sostener los apelados su alegación de que la acepta-ción de dos cargos incompatibles constituye una renuncia del primero citan el caso de Añeses, supra, y el de Howard v. Harrington, 114 Maine 443, en aquél mencionado, pero esa declaración no es aplicable al presente caso porque la corte inferior declaró que los cargos del peticionario como juez de paz y como Comisionado de la Junta de Revisión e Iguala-miento no son incompatibles; y en efecto no lo son, pues las funciones de uno y otro no tienen relación que los haga incompatibles, ya que el primero es para administrar justicia en pequeños asuntos y el otro para resolver sobre las recla-maciones que presenten los contribuyentes con referencia a la tasación de sus bienes contributivos y sobre reclamaciones de imposición de contribuciones sobre la propiedad y sobre ingresos. Los apelados dicen que esos cargos son incompatibles porque mientras se desempeña uno se está ausente del otro y que se entorpecen.

No existe una regla precisa respecto a cuándo existe in-compatibilidad entre dos cargos. Los tribunales no quieren darla porque se hace difícil sentar una regia general y cada caso lo resuelven por las circunstancias del mismo. De la estipulación de Lechos convenida por las partes y que sirvió para la sentencia no aparece que el peticionario haya dejado de atender sus funciones como juez de paz; y el hecho de que tenga que trasladarse del Dorado, pueblo muy inmediato a San Juan, para atender aquí a sus deberes en la Junta de Revision e Igualamiento, que según la ley se reúne en sesión ordinaria los meses de enero, mayo y septiembre, y según los apelados dos veces por semana, no es una ausencia de su primer cargo de tal naturaleza que haga incompatibles esos cargos.

La sentencia apelada debe ser revocada y devolverse él , caso a la corte inferior para que dicte otra no inconsistente con esta opinión, sin especial condena de costas.

Los Jueces Presidente Señor del Toro y Asociado Señor Hutchison disintieron.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. William S. Duell, acusado y apelante.
    No. 3816.

    Sometido: Enero 17, 1930.

      Resuelto: Mayo 26, 1931.

      Henry G. Molina, abogado del apelante; B. A. Gómez, abogado de ■ El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

William S. Duell apela de nna sentencia que lo condena a seis meses de prisión por infracción al artículo 328 del Código Penal, como fué enmendado en 1916, porque por im-prudencia temeraria, negligencia o descuido dejó e hizo que un automóvil “Mercedes” que guiaba en determinada fe-cha y sitio chocase con otro automóvil “Chevrolet”, cau-sando así la muerte de José María Tirado.

Dos son los motivos que alega en apoyo de su recurso: primero, que la corte inferior cometió error al declarar sin lugar su moción de nonsuit; segundo, que también cometió error al declararlo culpable porque de acuerdo con la evi-dencia no cometió delito alguno.

Desestimada por la corte inferior la moción del acusado para que lo absolviera por no ser suficiente la prueba presentada por el fiscal para dictar sentencia condenatoria (nonsuit), el apelante presentó prueba y por esto renunció a que sea considerada esa moción. El Pueblo v. Alvarado, 19 D.P.R. 870; El Pueblo v. González, 24 D.P.R. 713, y El Pueblo v. Ojeda, 26 D.P.R. 438. Por consiguiente, examinaremos toda la prueba presentada en el juicio para resolver si se cometió el segundo de los errores alegados.

Un automóvil “Mercedes” guiado por el apelante caminaba poco después de las doce de la noche de una determinada fecha desde San Juan para Río Piedras y al lie-gar al sitio donde está la Parada 30 de los carros eléctricos chocó con otro automóvil “Chevrolet” que estaba detenido en la carretera a la derecha de ella, en la misma dirección que llevaba el “Mercedes”. Como consecuencia de ese ac-cidente resultó muerto José María Tirado y otra persona, Jorge Luis Rivera, con heridas en la cara.

Según declaró Jorge Luis Rivera él y José María Ti-rado habían estado de paseo esa noche en el “Chevrolet” y cuando se retiraban para Río Piedras detuvieron el au-tomóvil cerca de la Parada 30 de los carros eléctricos para arreglar la luz trasera que se les apagaba, a fin de evitar una multa, y dejaron detenido el “Chevrolet” en el lado derecho de la carretera yendo para Río Piedras, casi per-pendicularmente a ella, con sus ruedas delanteras sobre el paseo de la carretera y con las traseras hacia la cuneta y vía de los carros eléctricos que está cercana; que a la de-recha del automóvil como quedó situado había un árbol de mango y luego otro en la misma dirección hacia Río Pie-dras; que aquel sitio estaba claro por estar alumbrado con dos bombillas eléctricas, una en la carretera y otra en la vía de los carros eléctricos; que cuando Tirado y él baja-ron del “Chevrolet” quedaron los focos delanteros del au-tomóvil encendidos; que no oyó bocina ni vió luces de otro automóvil pero casi al momento de haber bajado llegó. un automóvil de San Juan y chocó con el “Chevrolet”, no sa-biendo nada más después por haber quedado sin conoci-miento; y que a los dos o tres días fué con el juez municipal a aquel sitio y vió al “Chevrolet” con el frente para la carretera al otro lado del árbol.

Juan Martínez, que es sereno de aquel barrio, declaró que fué el primero en llegar al sitio del suceso, al que acu-dió después otro automóvil “Oakland” y luego otro con el Sr. Izquierdo; que él se hallaba frente a la casa de Pan-zardi, que está entre Río Piedras y la Parada 30, no muy lejos de ésta, y vió un automóvil que se detuvo en la Pa-rada 30, que quedó como una yarda en la carretera y que tenía sus luces encendidas, del que bajaron dos mncliaclios y a los pocos momentos llegó de la dirección de San Juan otro automóvil “a velocidad demasiado exagerada” que chocó con el automóvil que estaba detenido, que era un ‘ ‘ Chevrolet”; que el automóvil que produjo el choque quedó de-tenido como a cinco o seis yardas después, siendo un “Mercedes”; que en aquel sitio hay dos bombillas eléctricas y que fué a buscar un policía, regresando poco después con Juan A. Lebrón, quien llevó los heridos al hospital de Río Piedras; que el “Chevrolet” después del choque estaba en-cima de la vía al otro lado del árbol de mango y él con el policía lo echó para adelante para que no estorbara el paso de los carros eléctricos; y que el árbol estaba raspado.

El policía insular Juan A. Lebrón declaró que el “Mercedes ’ ’ estaba detenido como a seis, u ocho metros; que Ti-rado tenía el parachoques trasero (bumper) encima de su cuerpo y que el árbol de mango estaba raspado.

El abogado don B enicio Sánchez vive casi enfrente de aquel sitio y declaró que allí la luz es clara. Don Rafael Iz-quierdo, que llegó al sitio del suceso pocos momentos des-pués, dijo que encontró al “Chevrolet” con las luces delan-teras encendidas..

Según el perito mecánico Felipe Cuevas el “Chevrolet” resultó con un fuerte golpe en el lado derecho, parte tra-sera, de la caja; el guardalodo izquierdo con una pequeña abolladura; la rueda derecha rota (“desgranada”); el guardalodo derecho también estaba fuertemente abollado y el estribo derecho un poco deformado, teniendo también un desperfecto en los cristales. El no vió el “Mercedes”.

Otro perito mecánico, Antonio Lugo, vió ambos automó-viles y dijo que el “Chevrolet” tenía la rueda derecha tra-sera rota (“desgranada”) y hecha pedazos, lo que demos-traba un golpe muy fuerte; en el lado trasero izquierdo se le había desprendido el parachoques (bumper) y el aro des-montable que llevaba en la caja de atrás; cree que la razón de eso debe ser que al recibir el golpe en el lado izquierdo y al ladear nn poco sobre la carretera, según las demostra-ciones qne indica el automóvil, se conoce que patinó el ‘ Chevrolet” después de haber recibido el choque; que el estribo del lado derecho tenía una parte doblada hacia abajo; que la punta del chassis estaba estropeada' y el parachoques (bumper) y el aro estaban en el suelo; que en el lado de-recho, a la altura del estribo y de la capota, aparecen dos golpes en un árbol de mango qne había allí; que la parte delantera del lado derecho también tenía un golpe y estaba algo desprendida. Teniendo en cuenta este perito que el automóvil “Mercedes” tiene los mejores materiales que pue-den darse, que es un carro pesado y muy fuerte, que tiene los guardalodos de acero laminado, que tiene cuatro frenos y que es lo mejor terminado y bien construido, pudiendo con sus frenos detenerse a no más de cinco o seis metros cami-nando a 50 o 60 millas; y teniendo en cuenta también que el “Chevrolet” es un automóvil completamente liviano y que sus guardalodos son de lata ordinaria, llegó a la con-clusión de que fué un choque violento necesariamente por-que en la forma que está construido el parachoques trasero del “Chevrolet”, que es casi un medio círculo y que en la parte donde tuvo que dar para romperlo es muy resistente, todo eso le demostraba que el choque fué muy violento. Tam-bién dijo que el “Mercedes” tiene dos aceleradores, uno que marca hasta 60 millas y el otro hasta 120; que puede desa-rrollar hasta noventa millas; que es un carro pesado, y que yendo una persona a sesenta millas cree que en otro carro va a veinte, que en los pesados no se nota la velocidad aunque vaya a cincuenta o sesenta millas por hora, y que para ocurrir ese choque en condiciones tan violentas debía caminar el “Mercedes” de cuarenta a cincuenta millas por hora, por lo menos. Que el “Mercedes” tenía la punta del guardalodo derecho doblada y el parachoques (bumper) de-recho se cayó con el golpe, apareciendo en el radiador un golpe no muy fuerte.

Esa'fué, en resumen, la prueba presentada en el juicio por el fiscal.

El apelante declaró que esa nocbe babía estado en una fiesta (party) y a las doce llevaba dos señoritas para Oaguas, de donde tenía que regresar para una casa en la carretera de Río Piedras a Carolina; que iba Rabiando con la seño-rita que estaba en el asiento delantero pero que miraba ha-cia adelante; que el “Mercedes” tiene tres juegos de luces y él utilizaba el “double deem” que no alumbra tanto como los focos completos, y señaló en el juicio así “de aquí al final de esa mesa”; que vió al “Chevrolet” de repente a unos diez pies de distancia, cuando estuvo dentro del radio de luz de sus focos y apenas tuvo tiempo para darle vuelta al guía y llegar a los frenos, no pudiendo tocar la bocina; que chocó de medio lado y paró el “Mercedes” a muy poca distancia; que aquel sitio estaba oscuro y el “Chevrolet” no tenía lu-ces encendidas estando colocado en posición oblicua con su frente más cerca de San Juan; que iba a una velocidad mo-derada de 35 a 40 millas por hora; que el “Mercedes” le dió al “Chevrolet” en el guardalodo trasero y le hizo dar una vuelta llevando la parte delantera del automóvil al frente de la carretera, dándole una vuelta completa; y que detuvo el “Mercedes” a 40 pies.

La otra prueba del apelante tendió a demostrar que el si-tio del suceso estaba obscuro; que el sereno no podía ver desde frente a la casa de Panzardi lo que dice que vió; y con la declaración de la señorita que iba en el asiento delantero del ‘ ‘ Mercedes ’ ’, así como con la de otra persona que guiaba el automóvil “Oakland” que llegó después y que con ellos había estado en la fiesta (party) intentó demostrar que el “Mercedes” iba corriendo a 25 millas por hora; que el “Chevrolet” tenía su frente a San Juan con la parte trasera dentro' de la carretera y que no tenía encendidos sus faroles. Estos dos testigos, que habían manifestado en el juicio que el “Mercedes” iba a 25 millas, reconocieron declaraciones escritas por ellos en las que manifestaron que el “Mercedes” caminaba a 30 millas. Un perito de la defensa dijo que lo más probable es que el “Mercedes” no viera al ‘‘Chevrolet”, que le diera por la parte trasera derecha y que el golpe debió ser fuerte. Casi todos los testigos explicaron en el juicio a la corte con una libreta en la mesa la posición del “Chevrolet”; se practicó inspección ocular sin que el juez hiciera constar lo que vió el día del juicio y se presentaron fotografías y un plano.

Lo expuesto es un resumen de lo esencial de la prueba contenida en 330 folios.

Como se ve, la prueba en parte es contradictoria pero ese conflicto fué resuelto por la corte inferior en contra del apelante y no encontramos que cometiera error en esa deci-sión, tanto más cuanto que muchos testigos señalaban dis-tancias ante la corte refiriéndose a ciertos sitios de su salón sin que en la transcripción de la prueba aparezca en nú-meros cuáles eran esas distancias, y lo mismo ocurrió casi todas las veces que gráficamente demostraban ante la corte la colocación del “Chevrolet” con una libreta en represen-tación del automóvil.

Hay ciertos hechos admitidos por el apelante, como son que el “Mercedes” que él guiaba chocó con el “Chevrolet” que estaba detenido a la derecha de la carretera; que Ti-rado murió como consecuencia del choque; que siendo un si-tio oscuro, según él dice, no llevaba encendidas sus mejores luces; que no vió el “Chevrolet” hasta estar a unos diez pies de distancia de él, cuando estuvo dentro del radio de las luces que llevaba; que caminaba a 35 o 40 millas por hora, que equivalen a 56 o 64 kilómetros, que exceden de los 48 kilómetros que la ley. de automóviles fija como evidencia prima facie de que un automóvil es conducido sin el debido cuidado; y que no tuvo tiempo de tocar la bocina. Hay otros que son muy elocuentes por sí mismos, como son que el golpe debió ser causado llevando el “Mercedes” mucha velocidad, de 60 millas, o por lo menos de 40 a 50 millas, se-gún declaró el perito Lugo, necesaria para que el “Chevrolet” cambiara de posición dando nna vuelta al árbol de mango que tenía al lado y para que sufriera tan grandes desper-fectos.

Entendemos que la prueba en conjunto es suficiente para sostener la sentencia condenatoria impuesta en este caso y que debe ser confirmada.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Carmen Medina, et als., demandantes y apelados, v. Sucn. Sandalio Rivera Luna, demandada y apelante.
    No. 5314.

    Sometido: Mayo 18, 1931.

      Resuelto: Mayo 26, 1931.

      Felipe Colón Díaz, abogado de la apelante; B. Arjona Siaea, abogado de los apelados.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 9 de mayo, 1930, se presentó en esta Corte en este caso nna moción pidiendo nna prórroga de qnince días para alegatos. La prórroga fue concedida. En mayo 10, 1930, se pidió que los autos del. recurso fueran devueltos a la corte de distrito para ser completados. Se accedió a ello por orden de mayo 19, 1930. Desde entonces, nada más se gestionó en el recurso. Basándose en ello, el 29 de abril de 1931 el tribunal ordenó a la parte apelante que compareciera el 19 de mayo siguiente a mostrar razones por las onales no debía desestimarse, por abandono, la apelación.

La apelante no compareció el 19, pero el 16 archivó una estipulación firmada por los abogados de ambas partes que, en lo pertinente, expresa:

“Que.en el caso del epígrafe, en la apelación está envuelta una resolución dictada por la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Ponce, P. R., concediéndoles a los demandantes y apelados una cantidad de un mil dollars, por conceptos de honorarios de abogado, en el procedimiento sobre costas.
“Que ambas partes en este extremo han llegado a un arreglo amistoso y estiman que una cantidad de $600 es justa y razonable por los servicios profesionales de los abogados de la demandante y apelada.
“Por lo que suplicamos de esta Hon. Corte, dicte una resolu-ción modificando la de la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Ponce, P. R., condenando a la dem'andada y apelante Sucn. San-dalio Rivera Luna, mancomunada y solidariamente a pagarle a la demandante y apelada Carmen Medina et ais., la cantidad de $600 por concepto de honorarios de abogado.”

Quiere decir que se pide a esta Corte Suprema que dicte en apelación una nueva sentencia fundándose en la’ sola es-tipulación de las partes, sin tener siquiera los autos ante sí.

Un recurso de apelación se establece para ser resuelto por sus méritos, a menos que cualquiera cuestión técnica o de procedimiento lo impida. Las alegaciones y la sentencia, y las pruebas en su caso, es lo que debe servir de base a la resolución de la corte de apelación. Esta puede revocar, confirmar o modificar la resolución o sentencia apeladas, co-locándose en las mismas condiciones en que estuvo colocada la corte sentenciadora para actuar.

La estipulación archivada no sugiere una resolución legal del recurso, ni muestra una justa causa para que la ape-lación establecida no deba desestimarse por abandono. La desestimación, por tal motivo, es lo único que procede.


author: El Juez Presidente Señor del Tobo,

text:
    Salvador Marrero, peticionario y apelante, v. Ernesto Melendez, Alcaide, recurrido; y El Pueblo de Puerto Rico, opositor y apelado.
    No. 4374.

    Sometido: Mayo 20, 1931.

      Resuelto Mayo 26, 1931.

      García Méndez & García Méndez, abogados del apelante; B. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Presentada una solicitud de habeas corpus por Salvador Marrero ante el Juez de Distrito de Aguadilla, el auto fué expedido, e investigada la causa de su prisión, el juez resol-vió en pro de su legalidad. No conforme Marrero, apeló para ante esta Corte Suprema, habiendo sido oído" por es-crito y oralmente.

En la petición original se alega que Marrero está privado de su libertad, bajo la custodia del Alcaide de la Cárcel del Distrito de Aguadilla, a virtud de mandamiento expedido por el Fiscal del Distrito imputándole la comisión de un de-lito de asesinato en primer grado “lo que también consta de la acusación radicada”, que se transcribe en la petición y que, en lo'pertinente, dice:

“El referido acusado Salvador Marrero Marrero. . . . allá por el día 23 de marzo de 1930, y en el barrio Pezuelas del término municipal de Lares. . . . criminalmente, demostrando tener un co-razón pervertido y maligno, con malicia premeditada, deliberación y propósito firme y decidido de asesinar ilegalmente al ser humano Juana Sánchez, conocida por Juana Martínez, la acometió y agre-dió con un revólver, arma mortífera, haciéndole varios disparos con dicha arma e infiriéndole dos heridas de bala. . . . falleciendo a consecuencia directa de la primera herida de bala dicha Juana Sán-chez, conocida por Juana Martínez, el día 5 de abril de Mil nove-cientos treinta.”

El peticionario alegó que su prisión era ilegal por los siguientes motivos:

“A. — Porque imputándose al dicente de la faz de la acusación y del mandamiento un delito de asesinato en primer grado, resulta que el Hon. Fiscal de este Distrito no cuenta ni tiene prueba de es-pecie alguna para justificar que él haya cometido tal delito; y por-que en el caso hipotético de que el Hon. Fiscal del Distrito tenga o cuente con alguna prueba contra el peticionario, como consecuen-cia de los hechos expuestos en la acusación de que se ha hecho mé-ritos, tal evidencia probaría prima facie un delito de homicidio voluntario u homicidio involuntario, pero jamás uno de asesinato en primer grado.
“B. — Porque el Hon. Fiscal de Distrito de este Distrito Judicial no tiene ni cuenta con evidencia para probar que el peticionario haya cometido el delito de asesinato en printer grado de que se le acusa, ni el de homicidio, ni delito alguno.”

Ta dijimos que el auto fué expedido. En la vista el fiscal introdujo parte de su prueba. En su resolución la corte de distrito analiza cuidadosamente la petición, la prueba y la ley sustantiva aplicable y termina así:

“De modo que por el lenguaje del estatuto y a la luz de la jurisprudencia tenemos que convenir, con vista de la prueba apor-tada por el Fiscal, que en este caso han militado los elementos ge-néricos necesarios requeridos por la ley para la existencia de un delito de Asesinato en Primer Grado y que, por tanto, la califica-ción hecha por el Sr. Fiscal de este Distrito, dentro de sus faculta-des legales, es correcta, debiéndose declarar, como declaramos, sin lugar la petición de Habeas Corpus presentada por el peticionario; decretando la cancelación de la fianza prestada por el mismó para permanecer en libertad provisional, ínterin se resolviera este caso.
' “Se ordena, consecuentemente, el arresto del peticionario y se le señala una fianza de $10,000 para que pueda permanecer en li-bertad provisional en lo que se substancia y decide la causa en vir-tud de la cual se hallaba preso al interponer el presente recurso.”

Entrando en la consideración de la prueba aportada por el Fiscal, encontramos qne es suficiente para demostrar qne fné el peticionario el qne Rizo el disparo qne cansó la mnerte a Jnana Martínez. Esto por sí solo es suficiente para con-cluir qne el peticionario no fné encarcelado “Rajo una acu-sación criminal sin cansa razonable o probable para ello, (artículo 483, Código de Enjuiciamiento Criminal, nnm. 7), en ausencia de ninguna cuestión levantada en relación con la libertad bajo fianza, o de fianza excesiva. No Ray nece-sidad de entrar a considerar dentro de este procedimiento de habeas corpus si la prueba presenta un verdadero caso de asesinato o sólo revela la comisión de un delito de Romicidio, como pretende el apelante.

En Ex parte Timothy, 162 Cal. 241, la Corte Suprema se expresó así:

“El peticionario solicita un auto de habeas corpus y pide su. excarcelación de conformidad con el mismo,- fundándose en que ha sido encarcelado a virtud de una acusación criminal sin causa razo-nable o probable (Código Penal, see. 1487, inciso 7). El delito imputado es el de asesinato, y la evidencia revela que el peticio-nario hizo el disparo que causó la muerte a un tal J. J. Moore. Si el examen que hemos hecho de la prueba nos convenciera de que el peticionario ha sido detenido para responder sin causa razonable o probable, una amplia discusión de esa prueba sería pertinente y propia, pero, cuando, como aquí, el resultado de ese examen ha sido convencernos de que el peticionario no está detenido sin causa probable, tal discusión no puede servir para un fin útil, y tal vez re-sultaría perjudicial. ’ ’

Debe confirmarse la resolución apelada.


text:
    María Luisa Avilés Viuda de Beiso, demandante y apelada, v. Succesores de Angel Suárez, representados por su socio gestor, José Moreda; Alberto Moreda, Alvaro C. Cifuentes, José Moreda y José Irizarry Cruz, demandados y apelantes.
    No. 5498.

    Sometido: Mayo 18, 1931.

      Resuelto: Mayo 26, 1931.

      José Sabater, abogado de los apelantes; Uaza/rio <S¡ García Méndez, abogados de los apelados.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.'

María Luisa Avilés viuda de Beiso demandó en la Corte de Distrito de Mayagüez a José Moreda, Alberto Moreda, Alvaro C. Cifuentes y José Irizarry, el primero por sí y además como socio gestor de la mercantil Sucrs. de Angel Suárez, en cobro de $547.47, procedentes de un pagaré por $675 que se transcribe en la demanda, suscrito por los de-mandados y entregado a la demandante.

Los demandados contestaron alegando que sólo debían $445 de principal e intereses. Como defensa especial ale-garon que dada la cantidad que debían, la Corte de Distrito no tenía jurisdicción original para intervenir en el litigio. La contestación no está jurada.

Fue el pleito a juicio y la Corte lo falló condenando a los demandados a pagar a la demandante $527.10, intereses y costas.

La diferencia de $20 que se advierte entre la sentencia y la demanda, la explica el juez sentenciador así:

“Asimismo produjo la demandante prueba documental informada por toda la correspondencia habida entre ella y el demandado se-ñor Moreda, en relación con la cuenta adeudada por los demanda-dos, presentando las copias de las cartas a que se refiere la moción de subpoena, obrante en el récord y radicada por la demandante en 29 de mayo de 1930 por no baber comparecido el demandado pre-sentando los originales. La prueba de los demandados, consistente en la declaración del señor Alvaro Cifuentes se limitó a probar un pago adicional de veinte dólares becbo con carácter de abono con feeba 20 de diciembre de 1929, el cual abono fué aceptado como ver-daderamente becbo según moción radicada por los abogados de la demandante el mismo día del juicio, junio 2 de 1930.”

Contra esa sentencia dictada el 27 de junio de 1930, apeló la demandada Sucesores de Angel Suárez el 6 de agosto de 1930, y los otros demandados, a quienes la sentencia se les notificó el 31 de diciembre de 1930, apelaron el 28 de enero de 1931.

En la mañana del 8 de mayo actual la apelada pidió la desestimación del recurso interpuesto el 28 de enero 1931, por no haberse radicado en tiempo la transcripción y por ser enteramente frívolo, y en la tarde del propio día los apelantes radicaron la transcripción, compuesta únicamente del legajo de la sentencia, presentando el 16 de mayo una moción oponiéndose a la desestimación solicitada.

Hemos examinado cuidadosamente ambas mociones, los documentos acompañados a ellas y el legajo de la sentencia, y a nuestro juicio la desestimación procede por los dos motivos que se solicita.

Resulta claro que si bien los apelantes estaban tramitando la aprobación de la transcripción de la evidencia en la Corte de Distrito, dejaron vencer una prórroga que se les concediera sin presentarla dentro de ella, ni solicitar nueva prórroga dentro del término. Y así, de acuerdo con los hechos y la ley, también quedaba vencido el término para archivar los autos en este Tribunal, sin que pueda considerarse como buena la defensa de haberlos archivado finalmente porque lo fué un día después de notificada a los apelantes la moción de desestimación y horas más tarde de archivada la moción en esta Corte Suprema.

En cuanto a la frivolidad, es manifiesta, a nuestro juicio. La autenticidad del pagaré en' que se basa la recla-mación quedó admitida tanto por la falta de juramento de la contestación, cuanto por las expresas alegaciones de los de-mandados. Sólo se suscitó una cuestión de reducción de la deuda a virtud de abonos que se alega que se habían hecho, y como consecuencia de la disminución a menos de quinien-tos dólares, la defensa de jurisdicción.

De la moción de oposición resulta que la apelación des-cansa únicamente en la cuestión de jurisdicción. La de-manda fué por más de quinientos dólares y también la sen-tencia. Eso es todo lo que resulta del legajo de la sentencia archivado, aun entrando en su plena consideración. ¿Cómo es posible con tal base sostener el recurso? Se trata sim-plemente de dilatar el cumplimiento del fallo recurrido.

Ahora bien, tanto la apelación que hemos venido consi-derando como la interpuesta contra la misma sentencia el 6 de agosto, 1930, se han tramitado en esta Corte bajo un mismo número. La parte apelada solicitó la desestimación del re-curso establecido el 6 de agosto, el 20 de noviembre de 1930, y su moción fué declarada sin lugar el 11 de diciembre si-guiente. Así quedó el caso sin gestionarse nada más en él hasta el 30 de abril último en que esta Corte por su propio acuerdo ordenó a la parte apelante que compareciera el 18 de mayo actual a exponer las razones que tuviera para que no se desestimara la apelación por abandono. Compareció la parte, en efecto, y alega y demuestra que se está trami-tando en la Corte de Distrito una transcripción de la eviden-cia, motivo por el cual pide que no se desestime la apelación.

La regla 59 del Reglamento de esta Corte dispone que no obstante las prórrogas concedidas por la Corte de Distrito, podrá desestimarse la apelación expirado, como aquí, el tér-mino de noventa días desde la fecha de la presentación del escrito, si se probare que no se había proseguido con la de-bida diligencia.

Si se tratara simplemente de la tramitación de la apro-bación de la transcripción de la evidencia, examinados los. documentos presentados, no estaríamos en verdad en con-diciones de decir qne la dilación era imputable a la falta de diligencia de la apelante, pero, como hemos visto, a vir-tud del examen del legajo de la sentencia, que se trata de un recurso enteramente frívolo, creemos que también debe ser desestimada la apelación interpuesta el 6 de agosto.

Por virtud de todo lo expuesto, ambos recursos serán desestimados.


author: El Juez Asociado Señoe Texidoe.,

text:
    José Hernández, peticionario y apelante, v. Ernesto Meléndez, Alcaide de la Cárcel de Distrito de Aguadilla, recurrido, y El Pueblo de Puerto Rico, opositor y apelado.
    No. 4373.

    Sometido: Mayo 20, 1931.

      Resuelto: Mayo 26, 1931.

      Gcurcía Méndez & García Méndez, abogados del apelante; B. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señoe Texidoe.,

emitió la opinión del tribunal.

José Hernández, acusado ante la corte de distrito de Aguadilla, por el delito de asesinato, fué arrestado y se ha-llaba bajo la custodia de Ernesto Meléndez, Alcaide de la cárcel de distrito de Aguadilla, a virtud de mandamiento ex-pedido por el Fiscal del distrito citado, cuando acudió a la misma corte de distrito de Aguadilla, con una petición de habeas corpus, fundada en que el fiscal que ordenó su arresto, habiendo presentado contra él su acusación, no tenía prueba alguna para justificar que se había cometido tal delito de asesinato por el peticionario, y que la acusación mostraba prima facie un. caso de homicidio voluntario, y qne el fiscal no tenía prueba algnna contra el acusado, de qne éste hubiera cometido asesinato, homicidio o cualquier delito. Pidió a la corte lá libertad del acusado, y en el caso de probarse que el fiscal tenía alguna prueba de homicidio, se ordenara la re-ducción de la calificación del delito.

La corte ordenó la expedición del mandamiento a Ernesto Meléndez, que compareció con la persona del peticionario; el caso fué tramitado y oído con la intervención del fiscal, quien aportó su prueba; y la corte resolvió declarar sin lugar la petición de habeas corpus. Contra esta resolución ha ape-lado José Hernández, señalando un error como sigue:

“Cometió manifiesto error de hecho y de derecho el tribunal inferior al declarar sin lugar el presente recurso de habeas corpus y resolver que la prueba introducida, apreciada en conjunto, es sufi-ciente a todas luces para sostener la calificación de asesinato hecha por el Hon. Fiscal de la Corte de Distrito de Aguadilla. ”

Hemos visto la copia de las declaraciones que a más de presentarse en transcripción de evidencia, se inserta en el alegato. Creemos que hay prueba bastante para justificar el arresto del acusado. Si el acusado, en ese concepto o por esas razones, está detenido o arrestado, o encarcelado, lo está legalmente; y el auto de habeas corpus se da para im-pedir una prisión, o privación de libertad, ilegal.

La resolución apelada debe ser confirmada.