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license: Public Domain

text:
      In re Severo E. Colberg Toro.

      Número: TS-6843

      Resuelto: 10 de junio de 2009

      Severo E. Colberg Toro, pro se.

   RESOLUCIÓN

Se acoge la Moción de Reconsideración como una solicitud de reinstalación a la abogacía. El peticionario nos informa en su escrito su dirección residencial y postal, cumpliendo con lo dispuesto en la Regla 9(j) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-A, y acredita el pago de la cuota adeudada al Colegio de Abogados. En estas circunstancias, se autoriza su reinstalación al ejercicio de la abogacía.

Se instruye a la Secretaria de este Tribunal que tome conocimiento de la nueva dirección del peticionario.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no interviene. La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco no intervino.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


author: per curiam:

text:
      In re José A. García Ortiz, querellado.

      Números: CP-2007-20 CP-2008-22

      Resueltos: 10 de junio de 2009

      Maite D. Oronoz Rodríguez, procuradora general interina, y Edna Evelyn Rodríguez Benitez, procuradora general auxiliar, querellantes.
   per curiam:

Corresponde expresarnos, nuevamente, sobre el ineludible deber del abogado de cumplir con las órdenes que se dictan durante los procedimientos disciplinarios instados en su contra. Al igual que en otros casos, el incumplimiento del abogado querellado da lugar a su suspensión indefinida.

I

El Ledo. José A. García Ortiz fue admitido al ejercicio de la abogacía el 1 de noviembre de 1978 y a la notaría el 8 de diciembre de 1978. En su desempeño como abogado, el querellado fue contratado verbalmente por la Sra. Melba I. Tirado Girona y el Sr. Herminio Serrano para que presentara una causa de acción sobre daños y perjuicios relacionada con una querella presentada por los querellantes ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (D.A.Co.). Estos últimos pagaron al querellado $1,500 para que procediera con el trámite contencioso. Luego de un tiempo, la Sra. Melba I. Tirado Girona y el Sr. Herminio Serrano acudieron a la oficina del querellado para conocer el estado de los procedimientos, pero la oficina estaba cerrada y no pudieron comunicarse con el querellado. Ante esta situación, la Sra. Melba I. Tirado Girona y el Sr. Herminio Serrano presentaron la queja que dio lugar a la querella objeto de este recurso, en la que señalaron que el querellado cobró honorarios sin realizar la gestión para la que fue contratado. Además, adujeron que no pudieron comunicarse con el querellado sobre ese particular. El abogado compareció y contestó la queja instada en su contra.

A raíz de estos hechos y luego de realizar la correspondiente investigación, el Procurador General presentó una querella en la que señaló que el Ledo. José A. García Ortiz incurrió en una violación a los Cánones 24 y 19 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. El 25 de marzo de 2008 este Tribunal emitió un mandamiento en el que ordenó al licenciado García Ortiz que contestara la querella instada en su contra. El querellado no contestó la referida querella. Luego, el 6 de mayo de 2008, emitimos otra resolución en la que le concedimos un término de diez días adicionales para que el querellado contestara la querella, apercibiéndole que de no hacerlo se continuaría el procedimiento disciplinario sin su comparecencia. El querellado tampoco compareció.

Ante la incomparecencia del querellado, nombramos un Comisionado Especial para que continuara con el procedimiento disciplinario. El 15 de julio de 2008, el Comisionado Especial, cumpliendo con el mandato de este Tribunal, ordenó al querellado que contestara la querella instada en su contra. El querellado no presentó su contestación y el Procurador General sometió la querella por el expediente. De acuerdo con los señalamientos hechos bajo juramento por la Sra. Melba I. Tirado en la queja presentada contra el querellado y los tres recibos del pago de honorarios que obran en el expediente, el Comisionado Especial sometió un informe en el que hizo las correspondientes determinaciones de hechos probados y conclusiones de derecho.

Según surge de ese informe, la señora Tirado Girona y el señor Serrano pagaron $1,500 al querellado para que los representara en una causa de acción sobre daños y perjuicios. El querellado se limitó a hacer unas visitas y revisar el expediente de la querella presentada en D.A.Co. por la señora Tirado Girona y el señor Serrano. El querellado no suscribió un acuerdo escrito sobre el pago de honorarios. Por último, el querellado no mantuvo informados a sus clientes sobre el trámite para el que fue contratado.

Por lo anterior, el Comisionado Especial concluyó que el querellado violó las disposiciones del Canon 24 del Código de Etica Profesional, supra, por no suscribir un contrato escrito sobre el pago de honorarios de abogado y no justificar la cuantía cobrada, ya que no realizó la gestión para la que fue contratado, esto es, la presentación de una demanda sobre daños y perjuicios. Además, el Comisionado Especial determinó que el querellado infringió el Canon 19 del Código de Ética Profesional, supra, al no mantener informados a sus clientes sobre el trámite para el que fue contratado. Entre otras cosas, el Comisionado Especial concluyó que procedía la suspensión del querellado del ejercicio de la abogacía por incumplir reiteradamente con sus órdenes y las de este Tribunal, conforme dispone la doctrina al efecto.

Luego de esto, el querellado presentó una moción informativa en la que solicitó la desestimación de la querella. Señaló que sufría de una parálisis corporal y de una condición cardíaca que le impidió cumplir con las órdenes emitidas. Adujo, además, que la Sra. Zaida Oliveras era la encargada de buscarle la correspondencia en el apartado de correos y que ésta no le entregó la notificación que emitió el Comisionado Especial para que contestara la querella por miedo a que le afectara su condición física y emocional. Alegó que fue por esta situación que no pudo cumplir con las órdenes que se emitieron.

El 28 de octubre de 2008 el Comisionado Especial concedió al letrado diez días para que sometiera evidencia sobre su estado de salud y sobre la manera en que manejaba su correspondencia, para así evaluar si sus alegaciones justificaban el incumplimiento con las órdenes emitidas. Luego, el 20 de noviembre de 2008 el Comisionado Especial ordenó al querellado que notificara al Procurador General la referida moción informativa. El querellado incumplió ambas órdenes.

Ante esta situación, el Comisionado Especial emitió una orden en la que declaró “no ha lugar” la moción informativa presentada por el querellado en la que justificó su incumplimiento con las órdenes emitidas. En dicha orden, el Comisionado Especial refirió el informe ante este Tribunal, en el que concluyó que procedía la suspensión indefinida del querellado del ejercicio de la abogacía por incumplir reiteradamente con sus órdenes y las de este Tribunal.

Mientras atendíamos la querella presentada en la que se le imputó violaciones a los Cánones 24 y 19 del Código de Etica Profesional, supra, el 9 de diciembre de 2008 el Procurador General presentó otra querella por hechos distintos a los imputados en la querella anterior. En esta ocasión el Sr. José Cuevas Vega contrató los servicios del querellado para que lo representara en una acción sobre daños y perjuicios contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (A.A.A.). Alegadamente, la parte demandada en ese pleito emitió un cheque por $15,000 a favor del querellante Cuevas Vega. Supuestamente, el abogado querellado le entregó un cheque por $10,000 a su cliente y le indicó que esa era la cantidad obtenida por la demanda. El querellante le indicó al licenciado García Ortiz que no podía cambiar el cheque, porque estaba suscrito sólo con su nombre, sin los apellidos. El querellado le dijo que se lo llevaría para hacer la corrección y que luego se lo devolvería, pero, alegadamente, no regresó a entregar el cheque en cuestión. El querellante trató de localizarlo, pero el Ledo. José A. García Ortiz nunca apareció. El querellante acudió al Cuartel de la Policía de Arecibo para reportar estos hechos. Luego de varios incidentes, se presentó ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo, unas denuncias contra el querellado por el delito de apropiación ilegal agravada y posesión y traspaso de documentos falsificados. En esa misma fecha el tribunal determinó causa probable contra el querellado, y en la vista preliminar para arresto el querellado compareció y entregó los $10,000 al querellante. Por estos hechos, el Procurador General presentó la segunda querella contra el Ledo. José A. García Ortiz. Concedimos un término al querellado para que contestara la referida querella, pero éste no lo hizo.

Contamos con la comparecencia del Procurador General. Se dio oportunidad al querellado para contestar las querellas instadas en su contra. No lo hizo. Por lo tanto, procedemos a ejercer nuestra facultad disciplinaria.

II

El Canon 19 del Código de Ética Profesional, supra, impone al abogado el deber de mantener a su cliente siempre informado sobre todo asunto que suija en el desarrollo del caso que le ha sido encomendado. In re Álvarez Aponte, 158 D.P.R. 140 (2002); In re Cardona Vázquez, 108 D.P.R. 6 (1978). Esto significa que el abogado está obligado a informar a los clientes sobre las gestiones realizadas para la tramitación de la causa de acción para la cual fue contratado. En este caso, el querellado no cumplió con su deber de informar a sus clientes sobre las gestiones para las que fue contratado. Peor aún, los querellantes visitaron su oficina, trataron de localizarlo por carta y no lo pudieron conseguir. Este cuadro fáctico presenta una falta de diligencia en informar que, a su vez, genera una clara violación al Canon 19, supra.

Por otra parte, el Canon 24 del Código de Ética Profesional, supra, señala los aspectos que se consideran al momento de fijar los honorarios de los abogados. Entre éstos se encuentran la naturaleza de la gestión, la novedad y dificultad del asunto a resolver, la habilidad y el conocimiento necesarios para conducir el caso adecuadamente, el tiempo y trabajo requeridos, los honorarios que se acostumbran a cobrar por servicios similares, la cuantía involucrada, la contingencia o certeza de la compensación, y la naturaleza de la gestión profesional, entre otros. In re Ayala Oquendo, 166 D.P.R. 587 (2005). Como bien hemos señalado, al iniciar su gestión profesional, todo abogado debe tomar en consideración lo que el referido canon dis-pone, a los efectos de que es deseable que se llegue a un acuerdo sobre los honorarios que cobrará al inicio de la relación profesional y que dicho acuerdo sea reducido a escrito para evitar que se susciten malentendidos entre el cliente y él. In re Rodríguez Mercado, 165 D.P.R. 630 (2005).

Según mencionamos anteriormente, el Comisionado Especial concluyó que el querellado violó las disposiciones del Canon 19 y 24 del Código de Ética Profesional, supra. Esta conclusión se basó en los señalamientos hechos bajo juramento por la Sra. Melba I. Tirado en la queja presentada contra el querellado y los tres recibos del pago de honorarios que sostienen dichas declaraciones. La prueba que tuvo ante sí el Comisionado Especial es documental, por lo que este Tribunal está en igual posición que el Comisionado para evaluarla. In re Maldonado, 133 D.P.R. 346, 352 (1993). Entendemos que los hechos de este caso están sustentados por la prueba documental ante nuestra consideración, a saber, la declaración jurada hecha por la quejosa, los recibos de pago que sustentan los señalamientos vertidos en dicha declaración y las alegaciones contradictorias vertidas por el querellado en su contestación a la queja.

Conforme con esta prueba, entendemos que en este caso el letrado debió suscribir un acuerdo escrito para que no surgieran discrepancias sobre la cuantía o sobre la naturaleza de la gestión para la que fue contratado. Además, entendemos que el querellado cobró honorarios de abogado en exceso y, en consecuencia, infringió el referido canon. La única gestión que realizó el querellado fue visitar las oficinas de D.A.Co. para revisar el expediente de la querella presentada por la señora Tirado Girona y el señor Serrano, aunque éstos le habían entregado copia del referido expediente.

Consideramos, basados en lo antes expuesto y en la prueba documental que obra en el expediente, que el Ledo. José A. García Ortiz faltó a los deberes impuestos por los Cánones 19 y 24 del Código de Ética Profesional, supra.

III

Por último, según hemos enfatizado reiteradamente, todo abogado tiene la obligación ineludible de responder diligentemente a los requerimientos de este Tribunal, particularmente cuando se trata de procedimientos sobre su conducta profesional. In re Soto Colón, 155 D.P.R. 623, 649 (2001); In re Ríos Acosta I, 143 D.P.R. 128 (1997). Conforme con lo anterior, hemos resuelto que procede la suspensión del ejercicio de la abogacía cuando un abogado no atiende con diligencia nuestros requerimientos y se muestra indiferente ante los apercibimientos de sanciones disciplinarias. In re Giráldez Iñesta, 173 D.P.R. Ap. (2008); In re Lloréns Sar, 170 D.P.R. 198 (2007); In re Pereira Esteves, 116 D.P.R. 791, 792 (1985).

En este caso, el querellado incurrió en serias conductas antiéticas. Por un lado, el querellado infringió el Canon 24 del Código de Etica Profesional, supra, al desatender todos los requerimientos que le hizo tanto el Comisionado Especial como este Tribunal. Este Tribunal le requirió en dos ocasiones al querellado que contestara la primera querella instada en su contra. Este no contestó. Así también, el Comisionado Especial envió una orden, requiriendo nuevamente que el querellado presentara su contestación a la primera querella. El querellado tampoco contestó. Conforme con lo anterior, durante el procedimiento disciplinario objeto de este recurso se dieron varias oportunidades al querellado para que compareciera y éste no lo hizo.

Más aún, luego de que el Comisionado Especial hizo su informe, el querellado presentó una moción informativa alegando que no pudo comparecer por varias razones, entre éstas, su estado de salud. Ante esta situación, el Comisionado Especial le dio un término adicional para que el querellado presentara evidencia fehaciente que justificara su incumplimiento. El querellado nunca presentó esa evidencia ni moción alguna a los efectos de dar razones para justificar su incumplimiento. El Comisionado Especial ordenó al querellado que notificara la moción informativa al Procurador General, pero el querellado tampoco cumplió con esta orden. Como agravante de esta situación, el querellado continúa en craso incumplimiento con los dictámenes de este Tribunal al no haber contestado la segunda querella que se presentó en su contra.

Conforme con lo anterior, el querellado incumplió de forma reiterada con su deber de responder oportunamente a los requerimientos de este Tribunal y del Comisionado Especial. A pesar de las oportunidades concedidas, éste se ha mostrado indiferente ante nuestras órdenes y ha hecho caso omiso de ellas. Incluso, se ha mostrado renuente a cumplir con nuestros requerimientos a pesar de habérsele advertido que se continuaría el procedimiento en su contra sin el beneficio de su comparecencia.

En atención a todo lo anterior y a base del trato que en el pasado le hemos dado a situaciones como ésta, se suspende indefinidamente del ejercicio de la abogacía y la notaría al Ledo. José A. García Ortiz.

Se impone al Ledo. José A. García Ortiz el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para seguir representándolos, devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar oportunamente de su suspensión a los distintos foros judiciales y administrativos, si tiene algún asunto pendiente en éstos. Además, deberá certificarnos dentro del término de treinta días a partir de la notificación de esta opinión per curiam y Sentencia, el cumplimiento de estos deberes.

El Alguacil de este Tribunal deberá incautarse de la obra y el sello notarial del abogado suspendido y entregarlos a la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías para que realice la correspondiente investigación e informe.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Fiol Matta concurrió con la decisión de la mayoría de suspender al Sr. José A. García Ortiz del ejercicio de la abogacía y la notaría, debido a su incomparecencia y desatención a las órdenes de este Tribunal. Sin embargo, disintió de la conclusión mayoritaria de encontrar al señor García Ortiz incurso en violaciones a los Cánones 19 y 23 del Código de Etica Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Señaló la Jueza Asociada Señora Fiol Matta que el Procurador General sometió el caso por el expediente y de éste no surge, como tampoco del Informe del Comisionado Especial, la prueba clara, robusta y convincente necesaria para encontrar al abogado incurso en violación a dichos cánones. Concluyó que de la queja juramentada sólo podemos derivar las alegaciones de la quejosa, quien no testificó y cuya credibilidad no pudo ser apreciada por el Comisionado Especial. Asimismo, indicó que los tres recibos del pago de honorarios no subsanan la ausencia de prueba robusta y convincente, y en esas circunstancias, las determinaciones de hechos del Comisionado no ameritan deferencia. Véase In re Irizarry Pérez II, 173 D.P.R. 282, 284-285 (2008): “Puesto que el Comisionado Especial no recibió prueba oral alguna ... este Tribunal se encuentra en igual posición para aquilatar [la evidencia documental].”

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez se une a las expresiones de la Jueza Asociada Señora Fiol Matta.


author: El Juez Asociado Señor Rivera Pérez

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Ángel Luis Santiago Collazo, José M. González Alicea y Luis Santiago Collazo, recurridos.

      Número: CC-2008-0037

      Resuelto: 11 de junio de 2009

      Ricardo E. Alegría Pons e Ileana M. Oliver Falero, procuradores generales auxiliares, y Mariana D. Negrón Vargas,
      subprocuradora general, parte peticionaria; Carmen G. Beníguez Beníguez y Ruth E. Aquino García, abogadas de Ángel L. Santiago Collazo, recurrido.
   El Juez Asociado Señor Rivera Pérez

emitió la opinión del Tribunal.

En este recurso se nos solicita la revisión de una sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones, mediante la cual el referido foro revocó el dictamen emitido por el Tribunal de Primera Instancia. En el dictamen revocado el foro primario, luego que el Jurado emitió un veredicto de culpabilidad, sentenció al coacusado, Sr. Angel Luis Santiago Collazo (Ángel L. Santiago), a cumplir de manera consecutiva noventa y nueve años de reclusión por el delito de asesinato en primer grado, veinte años por infracción al Art. 5.04 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. sec. 458c, y diez años por infracción al Art. 5.15 de esta misma ley, 25 L.P.R.A. sec. 458n.

Nos corresponde resolver si el Ministerio Público descargó su obligación de probar más allá de duda razonable la responsabilidad criminal del coacusado Ángel L. Santiago. Veamos.

I

El 13 de julio de 2005, el Sr. José González Alicea (Papotito) se encontraba en los predios del Residencial Público Fernando Luis García en el municipio de Utuado, acompañado por el aquí recurrido Ángel L. Santiago —apodado “Luisito”— el hermano de éste, Luis Santiago Collazo —a quien llamaban “Quique”— y Julio Curet Rivera.

Estando el grupo de amistades reunido en dicho lugar, se acercó el joven Christopher Santiago Rivera, quien se dirigió hacia Papotito y, en tono molesto, comenzó a reclamarle la devolución de su automóvil. Alegadamente, ello se debió a que el día anterior éstos habían hecho un intercambio de automóviles, y el auto que Papotito le había entregado a Christopher Santiago Rivera aparentemente no funcionaba bien.

Luego de proferirse insultos, y ante la negativa de Papotito de devolver el automóvil, Christopher Santiago Rivera se retiró del lugar. Aproximadamente 15 minutos más tarde de suscitada la discusión, éste regresó al lugar donde aún se encontraban reunidos y continuó la discusión con Papotito. El tono de la discusión fue aumentando hasta que, en un momento dado, Christopher Santiago Rivera retiró del baúl de su automóvil un bate con el que agredió a Papotito. A su vez, Papotito le propinó varios golpes.

Posteriormente, Papotito y Luis Santiago Collazo entraron a uno de los edificios del complejo de vivienda antes mencionado. El aquí recurrido Angel L. Santiago no los siguió inicialmente, sino que, acercándose a Christopher Santiago Rivera, continuó con éste la discusión.

Pasados unos minutos, Angel L. Santiago se retiró y se dirigió en la misma dirección que sus compañeros —Papotito y Luis Santiago Collazo— dándoles alcance y subiendo junto con ellos al segundo nivel de uno de los edificios del referido residencial.

Los tres acusados, Papotito, Luis Santiago Collazo y Ángel L. Santiago, descendieron juntos del segundo nivel del edificio y retomaron al lugar donde se encontraba Christopher Santiago Rivera. Una vez allí, se observó a Luis Santiago Rivera entregando a Papotito un revólver color negro niquelado.

Simultáneamente, Luis Santiago Collazo y Ángel L. Santiago flanquearon las salidas del edificio donde se encontraban, mientras Papotito le disparó a Christopher Santiago Rivera, hiriéndole en uno de sus brazos. Papotito logró colocar a Christopher Santiago Rivera de espalda y, sujetándolo en el suelo con su antebrazo, le disparó en tres ocasiones hasta darle muerte. Luego, éste colocó el revólver en el bolsillo de su pantalón y se dirigió hacia un edificio del residencial. Acto seguido, Luis Santiago Collazo alcanzó a Papotito y se adentró con él al edificio.

Los hechos ocurridos fueron observados, entre otros testigos, por la Sra. Fredeswinda Reyes Rodríguez, quien declaró que se encontraba, al momento del incidente, en el área exterior del Registro de la Propiedad durante su receso de almuerzo. Inmediatamente se comunicó con el Centro de Servicios Estatales y Municipales de Utuado, contiguo al Residencial Público Fernando Luis García, y avisó lo sucedido.

Como resultado de esta información, varios agentes del orden público se personaron al lugar. Entre ellos, el agente Javier Pérez Heredia, quien recibió una confidencia en la cual se le comunicó que el arma utilizada para cometer el asesinato había sido ocultada en el apartamento número 12, localizado en el segundo nivel del edificio del residencial en cuyo exterior ocurrieron los hechos. El agente Javier Pérez Heredia transmitió la información a su supervisor y, por órdenes de éste, se dirigió a corroborar la confidencia obtenida.

Mientras se dirigía al segundo nivel del edificio del residencial, el agente Javier Pérez Heredia observó manchas de sangre en el pasamano de la escalera y en la pared que colindaba con el apartamento número 12 identificado en la confidencia. Dicho apartamento pertenecía a la Sra. Carmen Cortés Montero, quien accedió al registro. Allí, específicamente, en la habitación de Michael Molina Cortés —hijo de la Sra. Carmen Cortés Montero— se confiscó una pistola calibre 9 mm color negro y niquelada, junto con dos magacines cargados de municiones. La pistola estaba escondida entre ropa, en una caja de cartón. El arma fue ocupada y el hijo de la Sra. Carmen Cortés Montero fue citado como sospechoso. Cabe señalar que Michael Molina Cortés era el vecino de apartamento del aquí recurrido, Angel L. Santiago, y su hermano Luis Santiago Collazo.

Por otro lado, el agente Carlos Alvarado, tras recibir la información del incidente, entrevistó a la Sra. Juana del Valle, abuela del occiso Christopher Santiago Rivera, quien suscribió una declaración jurada en relación con lo que observó desde su apartamento en dicho residencial. De su testimonio surgieron los nombres de los involucrados en el incidente criminal.

Posteriormente, Michael Molina Cortés declaró en entrevista con el agente Carlos Alvarado que Ángel L. Santiago le daba a guardar armas por períodos de tres semanas aproximadamente. Expresó, además, que la noche del incidente éste se personó en su apartamento y le pidió que le devolviera el arma. Cuando Michael Molina Cortés le dijo que había sido confiscada, éste le amenazó diciéndole que “tenía que hacer buche o te mando a matar”. Petición de certiorari, pág. 11. Este testigo declaró que el revolver utilizado para cometer el asesinato se lo había devuelto a Ángel L. Santiago antes de que ocurriesen los hechos que culminaron con la muerte de Christopher Santiago Rivera.

El informe del patólogo de Ciencias Forenses reflejó que los plomos recuperados del cuerpo del occiso correspondían a un arma de fuego calibre 357. Dicha arma resultó ser la que el testigo Michael Molina Cortés le había entregado un mes y medio atrás a Ángel L. Santiago y que fue utilizada por Papotito en el asesinato de Christopher Santiago Rivera.

Por estos hechos, José M. González Alicea —Papotito— el aquí recurrido Ángel L. Santiago, y su hermano Luis Santiago Collazo, fueron acusados y procesados por el asesinato del joven Christopher Santiago Rivera.

En lo pertinente, el Ministerio Público presentó contra Ángel L. Santiago tres acusaciones por infracciones a los Arts. 5.04 y 5.15, supra, de la Ley Núm. 404 de 11 de septiembre de 2000, denominada Ley de Armas de Puerto Rico; infracción al Art. 106 del Código Penal de Puerto Rico, infracción al Art. 289 del Código Penal de Puerto Rico e infracción al Art. 291 Código Penal de Puerto Rico.

Ángel L. Santiago fue hallado culpable por los delitos imputados en un juicio por Jurado, excepto en dos de los cargos por infracción al Art. 5.04 de la Ley de Armas de Puerto Rico, supra, y por los cargos de infracción a los Arts. 289 y 291 del Código Penal de Puerto Rico, supra.

Consiguientemente, éste fue sentenciado a cumplir una pena de noventa y nueve años de cárcel por el cargo de asesinato en primer grado, veinte años de cárcel por el cargo de infracción al Art. 5.04 de la Ley de Armas de Puerto Rico, supra, y diez años por infracción al Art. 5.15 de la Ley de Armas de Puerto Rico, supra, y el referido Art. 106 del Código Penal de Puerto Rico. Las penas se cumplirían de manera consecutiva.

Inconforme con esta determinación, el acusado Ángel L. Santiago acudió ante el Tribunal de Apelaciones y argumentó la comisión de los errores siguientes:

a. La prueba de cargo fue insuficiente en derecho para establecer la participación del apelante mediante concierto y común acuerdo.

b. Erró manifiestamente el jurado, como cuestión de derecho al no conceder ál acusado beneficio de la duda razonable, vista la totalidad de la prueba en cuanto a los delitos que fueron instruidos.

c. Erró el honorable Juez de Primera Instancia, Alvin D. Rivera Rivera, al no absolverlo perentoriamente. (Enfasis suplido.) Apéndice, pág. 49.

El 30 de octubre de 2007, el tribunal intermedio apelativo emitió su sentencia mediante la cual revocó los veredictos de culpabilidad contra Ángel L. Santiago emitidos por el Jurado. Los veredictos rendidos contra los restantes acusados fueron confirmados.

Inconforme, el Ministerio Público solicitó una oportuna reconsideración, la cual fue declarada “no ha lugar”. Es de dicha Resolución que el Ministerio Público acude ante nosotros señalando que el foro intermedio apelativo cometió los errores siguientes:

Incidió el Tribunal de Apelaciones al sustituir el criterio del juzgador mediato de la prueba, y resolver que la responsabilidad criminal del convicto-recurrido por los delitos por los cuales fue inculpado no quedaron probados.
La apreciación del foro apelativo de que la “única prueba presentada en contra de Luisito estableció su mera presencia durante la comisión de unos delitos”[,] no corresponde a la prueba desfilada durante el juicio y consignada en la Transcripción de éste. Tampoco es cónsona al récord su conclusión en el sentido de que hubo ausencia de prueba sobre circunstancias prospectivas, concomitantes o retrospectivas. (Enfasis suplido.) Petición de certiorari, pág. 13.

II

En síntesis, la controversia planteada se limita a establecer si el Ministerio Público cumplió con su deber de pro-bar, más allá de duda razonable, la responsabilidad criminal como coautor del coacusado Angel L. Santiago por su participación en los delitos imputados. Veamos la doctrina aplicable.

La Constitución de Puerto Rico garantiza a todos los ciudadanos el derecho fundamental a la presunción de inocencia en todo proceso criminal, hasta que se pruebe lo contrario.

Para controvertir la presunción de inocencia que le asiste a un encausado, se le exige al Ministerio Público, por disposición constitucional, un quantum de prueba más allá de toda duda razonable. Ello requiere que el Estado presente la prueba respecto a cada uno de los elementos del delito, su conexión con el acusado y la intención o negligencia criminal de éste.

Según lo anterior, la Regla 110 de Procedimiento Criminal establece que el juzgador deberá absolver a un acusado cuando exista una duda razonable de que no cometió el delito imputado.

La duda razonable que opera en función de nuestro ordenamiento procesal criminal no es una duda especulativa ni imaginable, ni cualquier duda posible. Por el contrario, es aquella duda fundada que surge como producto del raciocinio de todos los elementos de juicio involucrados en un caso. Es decir, existe una duda razonable cuando el juzgador queda insatisfecho con la prueba presentada. Por esto, para que se justifique la absolución de un acusado, la duda razonable debe ser el resultado de la consideración serena, justa e imparcial de la totalidad de la evidencia del caso o de la falta de prueba suficiente en apoyo de la acusación.

En este sentido, para poder cumplir con el estándar de prueba más allá de toda duda razonable, el Estado deberá probar cada uno de los elementos del delito imputado y producir “certeza o convicción moral en una conciencia exenta de preocupación o en un ánimo no prevenido”.

En lo que respecta a la participación en una empresa criminal, el Código Penal de 2004 adoptó la teoría civilista de la diferenciación, según la cual se configuran dos posibles categorías de participación: los autores y los cooperadores. Así se establecen varias gradaciones de responsabilidad aplicables a las distintas conductas involucradas en la consumación de una conducta delictiva.

El Art. 43 del Código Penal dispone en lo pertinente que se consideran autores:

(a) Los que toman parte directa en la comisión del delito.

(b) Los que fuerzan, provocan, instigan o inducen a otra persona a cometer el delito.

(c) Los que se valen de una persona inimputable para cometer el delito.

(d) Los que cooperan con actos anteriores, simultáneos o posteriores a la comisión del delito, sin cuya participación no hubiera podido realizarse el acto delictivo.

(e) Los que se valen de una persona jurídica para cometer el delito.

(f) Los que actúen en representación de otro o como miembro, director, agente o propietario de una persona jurídica, siempre que haya una ley que tipifique el delito y realicen la conducta delictiva, aunque los elementos especiales que fundamentan el delito no concurran con él pero sí en el representado o en la persona jurídica.

El inciso (d) del precitado artículo responsabiliza como autor a quien coopera con actos anteriores, simultáneos o posteriores a la comisión del delito y sin cuya participación no se hubiera podido cometer el delito; es decir, aquellas personas que ayudan a los autores directos del delito de manera consciente e intencional denominadas, por ende, coautores. No es indispensable que el acusado ejecute personalmente el acto; basta su presencia pasiva siempre que su responsabilidad como coautor pueda establecerse y probarse por actos anteriores, resultado de una conspiración o un designio común.

Por lo tanto, en los casos de coautoría existe un acuerdo de distribución de funciones entre las personas involucradas para cometer el delito. Además de participar en el acuerdo, el coautor tiene que haber contribuido de alguna manera a la producción de la ofensa, siendo suficiente que la contribución constituya un eslabón importante en el plan delictivo. Esta participación se puede establecer mediante prueba directa o circunstancial.

La mera presencia durante la comisión del delito no es suficiente por sí sola para sostener una convicción de coautoría. Tampoco se considera coautor aquella persona que, sin saberlo, participa en la comisión de un delito. Para que esta participación sea sancionada, debe realizarse con intención o negligencia criminal y probarse más allá de toda duda razonable. Una vez probada, a esta persona se le imputa responsabilidad a título de autor en la actividad delictiva y se le acusará por el mismo delito.

Para los fines de la imposición de la pena, se tomará en consideración la medida en que participó el autor en el hecho delictivo, según las circunstancias personales que caractericen su participación.

III

Como hemos reseñado, Ángel L. Santiago fue parte del grupo de jóvenes que participaron en el asesinato de Christopher Santiago Rivera. El Jurado, luego de evaluar la prueba y escuchar los testimonios de los testigos, entendió que la participación de Ángel L. Santiago fue esencial y en común acuerdo con los demás acusados en la ejecución del acto delictivo, de modo que su responsabilidad como coautor quedó establecida. En consecuencia, dicho foro lo declaró culpable por los delitos de asesinato en primer grado e infracciones a la Ley de Armas de Puerto Rico.

A contrario sensu, el foro intermedio apelativo revocó únicamente el dictamen de culpabilidad emitido contra Ángel L. Santiago por entender que la prueba contra éste no fue satisfactoria y sólo estableció su mera presencia en el lugar durante la comisión de unos delitos. No compartimos tal apreciación.

La actuación delictiva imputada a Angel L. Santiago está dentro del tipo de autor que se incluye en el Art. 43(d) del Código Penal de 2004 (33 L.P.R.A. sec. 4671(d)). Dicho artículo clasifica como autor a toda persona que coopere con actos anteriores, simultáneos o posteriores a la comisión del delito, sin cuya participación el delito no hubiera podido realizarse.

A esos efectos, el Ministerio Público presentó como prueba de cargo el testimonio de varios testigos: la Sra. Juana del Valle, abuela del occiso Christopher Santiago Rivera, la Sra. Fredeswinda Rodríguez, Michael Molina Cortés y la madre de éste, Sra. Carmen Cortés Montero.

Respecto a la forma en que ocurrieron los hechos, todos los testimonios sostienen que Angel L. Santiago contribuyó a dar tiempo para que su hermano Luis Santiago Collazo le facilitara el arma a “Papotito”, prolongando la discusión con Christopher Santiago Rivera. Asimismo, los testimonios coinciden en que Angel L. Santiago estaba junto a “Papotito” cuando descendieron del edificio y se dirigieron hacia Christopher Santiago Rivera.

La prueba reveló que en el momento cuando “Papotito” se acercó a Christopher Santiago Rivera con intención de dispararle para matarlo, Angel L. Santiago y su hermano, Luis Santiago Collazo, se acomodaron cubriendo las salidas del lugar en donde se encontraban. Finalmente, una vez “Papotito” disparó, todos se alejaron del lugar.

Por otro lado, Michael Molina Cortés, quien era vecino de Angel L. Santiago, declaró que éste acostumbraba darle las armas que poseía ilegalmente para que se las escondiera. De su testimonio surgió la descripción del arma de fuego utilizada en el crimen. Esta información fue corroborada por el Sr. Carlos Rivera Pérez, técnico de balística de Ciencias Forenses, quien confirmó que las balas encontradas en el cuerpo de Christopher Santiago Rivera coincidían con las del arma descrita por Michael Molina. Asimismo, expresó que Ángel L. Santiago, luego de amenazarlo, le confesó que había desaparecido el arma utilizada para el asesinato de Christopher Santiago Rivera.

Las circunstancias antes descritas manifiestan que la participación de Ángel L. Santiago fue voluntaria y consciente dentro del grupo que ejecutó el delito. En este sentido, su presencia en el lugar no fue accidental, sino que contribuyó junto con los demás a la consumación del asesinato.

En resumen, Ángel L. Santiago era el propietario del arma utilizada para asesinar a Christopher Santiago Rivera, prolongó la discusión, se unió a la búsqueda del arma, cooperó para obstruir las salidas del lugar de la ejecución, huyó de la escena una vez consumado el delito y admitió a Molina Cortés la desaparición del arma.

Finalmente, al considerar los elementos que utilizó el juzgador primario para dar por probado los hechos, hay que tener en cuenta lo que propone la Regla 10(D) de Evidencia, en términos de que es suficiente la evidencia directa de un testigo que le merezca al juzgador entero crédito para probar cualquier hecho salvo, claro está, que por ley se disponga otra cosa. Esto es así aunque no se trate del testimonio “perfecto” o libre de contradicciones.

Reiteradamente hemos establecido que, al enfrentarnos a la tarea de revisar cuestiones relativas a las convicciones criminales, la norma es que la apreciación de la prueba corresponde, en primera instancia, al foro sentenciador. Es el foro sentenciador quien está en mejor posición, por haber escuchado a los testigos y haber observado su comportamiento. En consecuencia, las determinaciones que hace el Tribunal de Primera Instancia no deben descartarse en forma arbitraria ni ser sustituidas por el criterio del tribunal apelativo en ausencia de prejuicio, pasión o parcialidad.

Aunque la determinación de culpabilidad hecha por el juzgador de hechos —Tribunal de Primera Instancia— merece gran deferencia, ésta podrá ser revocada en apelación si: (1) se demuestra que hubo prejuicio, parcialidad o pasión, o (2) la prueba no concuerda con la realidad fáctica, es increíble o es imposible.

La apreciación de la prueba desfilada en un juicio es un asunto combinado de hecho y de derecho. El análisis de la prueba presentada requiere tanto de la experiencia del juzgador como de su conocimiento del Derecho. Al ser esto así, los tribunales apelativos sólo intervendrán con la apreciación de la prueba cuando ésta no concuerde con la realidad fáctica o sea inherentemente imposible o increíble. Este Tribunal revocará un fallo inculpatorio cuando el resultado de ese análisis deje serias dudas, razonables y fundadas, sobre la culpabilidad del acusado.

A la luz de los hechos expuestos, entendemos que la prueba ofrecida por el Ministerio Público fue satisfactoria en cuanto a la responsabilidad criminal del acusado Ángel L. Santiago. Del mismo modo, la figura de la coautoría en la situación de hechos quedó establecida con prueba vinculante. Es evidente que Ángel L. Santiago tenía conocimiento pleno de que las actuaciones concertadas de sus compañeros iban dirigidas a cometer el delito de asesinato. En ningún momento su conducta reflejó la intención de evitar el incidente, sino que, por el contrario, tuvo un rol activo durante la ocurrencia del crimen. Por ende, es forzoso concluir que actuó en concierto y común acuerdo en la ejecución común del hecho delictivo.

IV

Por los fundamentos antes expresados, se revoca la sentencia del Tribunal de Apelaciones únicamente en lo que respecta al acusado Ángel L. Santiago Collazo.

La Jueza Asociada Señora Fiol Matta concurrió con el resultado sin opinión escrita. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez disintió e hizo constar lo siguiente: “Disiento por entender que, como cuestión de derecho, el Ministerio Fiscal no probó más allá de duda razonable la culpabilidad del señor Ángel Santiago Collazo. Estimo que las afirmaciones sobre los hechos en las cuales descansa este Tribunal para sustentar el resultado al que arriba no se ajustan a la prueba desfilada, según ésta surge del expediente.

La ponencia afirma que el recurrido participó durante la comisión del delito de forma esencial, ya que prolongó la discusión con el occiso para que su hermano le facilitara el arma a José González Alicea y que luego se acomodó junto a su hermano ‘cubriendo’ las salidas del lugar mientras se propinaron los disparos. Tras examinar la transcripción de la prueba, debo señalar que dichas aseveraciones constituyen una extrapolación de las declaraciones emitidas por los testigos presentados por el Ministerio Fiscal. De otra parte, la opinión del Tribunal descansa en hechos anteriores y posteriores a la comisión del delito para sostener la coautoría del recurrido en el delito imputado. No obstante, omite considerar que los hechos en que descansa —la previa posesión de armas de fuego y la posterior desaparición del arma de fuego utilizada en la comisión el delito por parte del recurrido— dieron lugar a la presentación de unas acusaciones en su contra que culminaron en veredictos de no culpabilidad.

Coincido con el criterio del foro recurrido en cuanto a que la prueba desfilada en el juicio sólo estableció la mera presencia del Sr. Ángel L. Santiago Collazo durante la comisión del delito que se le atribuye. Por lo anterior no puedo, en conciencia, impartirle mi anuencia a la opinión del Tribunal.

       Ya que el recurso ante nuestra consideración se limita a atender la solicitud del Ministerio Público respecto al dictamen emitido por el Tribunal de Primera Instancia contra Angel L. Santiago, no haremos referencia a las acusaciones contra los otros dos imputados.

       Las denuncias relacionadas con estos cargos disponen lo siguiente: “Porta[r] un arma de fuego (pistola 9 mm, SW, Modelo 39, Serie 65800, color gris con cachas marrón) sin haber obtenido una licencia para ello, Portar un arma de fuego, pistola .25 sin haber obtenido licencia para ello ....” “Porta[r], conduci[r] y transporter] un arma de fuego (revólver), sin haber obtenido una licencia [para ello].” (Énfasis suplido.) Apéndice, págs. 78 y 80.

       Cargo formulado por portar, conducir y transportar un arma de fuego (revólver) sin haber obtenido licencia, y disparar con ella. Apéndice, pág. 81.

       25 L.P.R.A. secs. 455-460k.

       Asesinato en primer grado, 33 L.P.R.A. sec. 4734.

       Amenaza a un testigo, 33 L.P.R.A. sec. 4917.

       Destrucción de la prueba, 33 L.P.R.A. sec. 4919.

       Recordamos que los tres coacusados acudieron ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revisión de la sentencia emitida. Dicho foro consolidó el caso KLAN 200600331 de Ángel L. Santiago Collazo con los de los dos coimputados, José M. González Alicea (caso KLAN200600337) y Luis Santiago Collazo (caso KLAN 200600347).
      El foro intermedio apelativo emitió una sentencia confirmando todas las convicciones de los acusados, excepto la de Ángel L. Santiago, el cual fue absuelto de todos los cargos.

       Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1.

        Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 D.P.R. 84, 99 (2000); Pueblo en interés menor F.S.C., 128 D.P.R. 931, 941-942 (1991); Pueblo v. Rodríguez Román, 128 D.P.R. 121, 131 (1991).

       34 L.P.R.A. Ap. II.

        Pueblo v. Irizarry, 156 D.P.R. 780, 788 (2002).

       íd.

        Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 788.

       íd.

       íd., pág. 787.

       Art. 42 (33 L.P.R.A. sec. 4670).

       E.L. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantiuo, Estados Unidos, Pubs. JTS, 2007, pág. 184; D. Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño: Parte General, 5ta ed. rev., San Juan, Inst, para el Desarrollo del Derecho, 2005, pág. 362.

       Consecuentemente, el Código Penal de 2004 trata la figura del cooperador de forma más benigna que al autor del delito, al imponérsele una pena igual a la mitad de la pena señalada para el delito o su tentativa, según corresponda, hasta un máximo de diez años. Véase Art. 45 del Código Penal de 2004 (33 L.P.R.A. sec. 4673).

       33 L.P.R.A. sec. 4671.

       Nevares-Muñiz, op. cit., págs. 364-365.

       La autoría contempla tres modalidades:
      a. La autoría directa, en la cual se interviene personalmente en la comisión del delito.
      b. La autoría mediata, en la cual se utiliza otra persona como instrumento para cometer el delito.
      c. La coautoría que se configura cuando más de una persona acuerdan la distribución de funciones. Cada una de ellas interviene de alguna manera en la comisión del delito. Es necesario un acuerdo previo. Véase Chiesa Aponte, op. cit., págs. 178-179.

        Pueblo v. Aponte González, 83 D.P.R. 511, 519-520 (1961).

       Chiesa Aponte, op. cit., pág. 178.

       íd.

        Pueblo v. Acabá Raíces, 118 D.P.R. 369 (1987).

        Pueblo v. Pagán, Ortiz, 130 D.P.R. 470, 478-479 (1992).

       R.E. Ortega Vélez, Código Penal de Puerto Rico, San Juan, Eds. Chrisely, 2004, pág. 68. Véanse, además: Pueblo v. Santiago Batista, 88 D.P.R. 543 (1963); Pueblo v. Agosto Castro, 102 D.P.R. 441 (1974); Pueblo v. Santos Ortiz, 104 D.P.R. 115 (1975).

       Nevares-Muñiz, op. cit., págs. 364-365.

       Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 100-106.

       íd., págs. 340-341.

       íd., pág. 342.

       Testimonio de la Sra. Juana del Valle, Transcripción de la prueba, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 342-343.

       íd„ pág. 349.

       32 L.P.R.A. Ap. IV.

        Pueblo v. Chévere Heredia, 139 D.P.R. 1 (1995).

        Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 D.P.R. 49 (1991).

        Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645 (1986).

        Pueblo v. Miranda Ortiz, 117 D.P.R. 188 (1986); Pueblo v. Maisonave Rodríguez, supra.

        Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 788; Pueblo v. Rivero, Lugo y Almodóvar, 121 D.P.R. 454, 472 (1988).

        Pueblo v. Rivero, Lugo y Almodóvar, supra.

        Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 102 D.P.R. 545 (1974).

        Pueblo v. Acevedo Estrada, supra.

       íd.


text:
    Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, demandante peticionaria, v. El Contralor de Puerto Rico, demandado recurrido.

      Número: CC-2006-231

      Resuelto: 12 de junio de 2009

      Johanna Emmanuelli Huertas y Pedro E. Ortiz Alvarez, abogados de la parte peticionaria; José Julián Alvarez González y Abelardo Casanova Hernández, de la División de Asesoramiento Legal de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, parte recurrida.
   El Juez Presidente Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

El presente recurso está relacionado con una demanda de injunction y sentencia declaratoria presentada por la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico (Asociación) para impugnar un informe del Contralor de Puerto Rico (Contralor), en el cual éste concluye que la Asociación es una entidad partidista y que, como tal, no tiene derecho a recibir donativos de los municipios. Asimismo, el Contralor recomendó a varios municipios solicitar el reembolso de ciertos donativos hechos a la Asociación para las celebraciones conmemorativas del Día de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Esta controversia nos brinda la oportunidad de aclarar la naturaleza de los hallazgos y las recomendaciones que hace el Contralor en sus informes de auditoría y determinar si éstos son revisables —de forma directa e inmediata— en los foros judiciales.

Tras un ponderado análisis de las facultades constitucionales y estatutarias otorgadas al Contralor, de la intención de los delegados de la Convención Constituyente al crear dicho cargo, así como de la doctrina de justiciabilidad, resolvemos que la demanda presentada por la Asociación no presenta una controversia justiciable al no cumplir con el requisito de “caso o controversia”. En vista de ello, confirmamos la sentencia del Tribunal de Apelaciones, que ordenó la desestimación de la referida demanda.

I

Los hechos del caso de autos no están en controversia. El 17 de diciembre de 2004 el Contralor emitió el Informe de Auditoría DB-05-11. En dicho informe, entre otras cosas, se determinó que —a la luz de su participación en las estructuras internas del Partido Popular Democrático— la Asociación era una entidad partidista, por lo que los municipios no tenían autoridad en ley para otorgarle donativos conforme a la See. 9 del Art. VI de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, y el Art. 9.014 de la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991 (Ley de Municipios Autónomos), Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991 (21 L.P.R.A. see. 4464). Como consecuencia de lo anterior, el Contralor concluyó que varios municipios miembros de la Asociación cedieron ilegalmente fondos públicos a esa entidad para la celebración de los actos conmemorativos del Día de la Constitución, y les recomendó que solicitaran la devolución de los fondos donados.

Tras recibir el informe del Contralor —y siguiendo sus recomendaciones— el Municipio de San Juan presentó una demanda en cobro de lo indebido contra la Asociación y le reclamó la devolución de las sumas donadas para la celebración de los actos conmemorativos del Día de la Constitución durante 1999 y 2000. Las sumas reclamadas por el municipio ascienden a $190,122. La Asociación contestó la demanda oportunamente y —entre otras defensas afirmativas— adujo que el Municipio de San Juan estaba impedido de recobrar el donativo porque éste no fue ilegal y, en la alternativa, que el cobro no procedía por tratarse de un error de derecho.

El mismo día que presentó su contestación a la demanda incoada por el Municipio de San Juan, la Asociación instó, a su vez, una demanda de injunction y sentencia declaratoria contra el Contralor. En su demanda, la Asociación argüyó que la recomendación del Contralor es contraria a derecho y atenta contra la supervivencia de la institución. Además, solicitó que se dictara una sentencia declaratoria que se consigne que la Asociación puede recibir fondos públicos y que se emitiera un interdicto para prohibir al Contralor que continuara instruyendo a los municipios a presentar demandas de cobro de dinero contra la Asociación por los donativos hechos para la celebración del Día de la Constitución. Luego de varios trámites procesales, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de la Asociación, ya que ésta no planteaba un “caso o controversia” susceptible de adjudicación judicial.

Inconforme con dicho dictamen, la Asociación acudió al Tribunal de Apelaciones. Dicho foro acogió el argumento del Contralor de que sus hallazgos, opiniones y recomendaciones no constituyen una adjudicación formal y no afectan los intereses jurídicos de las personas o entidades auditadas. El tribunal basó su conclusión —en parte— en que la Oficina del Contralor carece de facultad legal para adjudicar, penalizar u obligar a la entidad o persona auditada a cumplir con sus recomendaciones. Además, el foro apelativo intermedio concluyó que la diferencia de opinión entre la Asociación y el Contralor sobre el alegado carácter partidista de dicha entidad no constituye una controversia justiciable, por lo que un pronunciamiento de su parte constituiría una opinión consultiva. En vista de lo anterior, confirmó la sentencia emitida por el foro primario.

Aún inconforme, la Asociación recurre ante nos y —en esencia— sostiene que erró el Tribunal de Apelaciones al determinar que no existe un caso justiciable que permita emitir un injunction y una sentencia declaratoria contra los hallazgos contenidos en el informe del Contralor. Según la Asociación, la conclusión del foro apelativo, en términos de que las personas o entidades auditadas no están obligadas a seguir los señalamientos del Contralor, ignora el “sistema de derecho” que, según dicha entidad, es implantado por la Orden Ejecutiva 1998-16, promulgada el 17 de junio de 1998. Conforme a la interpretación de la Asociación, dicha Orden Ejecutiva obliga a todos los funcionarios auditados a cumplir con los señalamientos del Contralor, atender sus recomendaciones y corregir y evitar que se repitan.

Por último, en su alegato la Asociación hace referencia al Reglamento para la Administración del Plan de Acción Correctiva, Reglamento Núm. 26 de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, 1 de noviembre de 1990 (Reglamento Núm. 26), el cual, según su argumento, fue validado por este Tribunal en Gobernador v. Alcalde de Manatí, 142 D.P.R. 619 (1997). A tales efectos, sostiene que conforme a nuestros pronunciamientos en dicha decisión, es mandatorio para todo funcionario cumplir con las recomendaciones o señalamientos del Contralor. Por su parte, en su comparecencia ante nos, el Contralor se reafirmó en que sus recomendaciones no constituyen una adjudicación formal, por lo que no afectan los intereses jurídicos de las personas o entidades auditadas y que, por lo tanto, no son revisables por los tribunales.

Examinado el recurso, expedimos el auto solicitado. Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver.

II

Como es sabido, nuestros tribunales existen únicamente para resolver controversias genuinas, surgidas entre partes opuestas, que tienen un interés real en obtener un remedio judicial que pueda afectar sus relaciones jurídicas. Ello implica que para que el tribunal intervenga en un pleito, éste tiene que ser justiciable. A su vez, la doctrina constitucional de justiciabilidad establece como requisito la existencia de un “caso o controversia” real para el ejercicio válido del poder judicial. Es por ello que el requisito de “caso o controversia”, en sus diversas modalidades, es de índole jurisdiccional. Según hemos resuelto, si el caso no es justiciable, la determinación del tribunal sería una opinión consultiva. Véase E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552 (1958).

Sobre el particular, una opinión consultiva ha sido definida como la ponencia legal emitida por un tribunal cuando no tiene ante su consideración un caso o una controversia justiciable y cuyo resultado, por lo tanto, no es obligatorio. Ortiz v. Panel F.E.I., 155 D.P.R. 219 (2001). Así pues, la doctrina de la opinión consultiva intenta evitar que se produzcan decisiones en el vacío, en el abstracto o bajo la hipótesis de índole especulativa, ya que no es función de los tribunales actuar como asesores o consejeros. En fin, a los tribunales les está vedado emitir opiniones consultivas sujetas a la revisión e interpretación de las otras ramas de gobierno. Ortiz v. Panel F.E.I., supra, págs. 251—252; Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 715, 721 (1980).

En el caso de autos, tanto el Tribunal de Primera Instancia como el Tribunal de Apelaciones desestimaron la demanda presentada por la Asociación al concluir que no era justiciable, dado que no cumplía con el requisito de “caso o controversia”. Según dichos foros, las recomendaciones que hace el Contralor a las ramas del Gobierno sobre la legalidad del uso de fondos y bienes públicos son sólo eso, recomendaciones, y no están sujetas a la revisión judicial de forma inmediata y directa. Ambos foros concluyeron que los hallazgos, las opiniones y las recomendaciones del Contralor no constituyen una adjudicación formal, por lo que no pueden afectar los intereses jurídicos de las personas o entidades a quienes se refieren.

En su comparecencia ante nos, la Asociación alega que la opinión del Contralor sobre el supuesto carácter partidista de ésta para fines de la Ley de Municipios Autónomos y su recomendación a varios municipios para que solicitasen el reembolso del dinero donado a la Asociación, atentan contra la supervivencia misma de la institución y su capacidad para obtener donativos en el futuro. Además, sostiene que los funcionarios que no sigan las recomendaciones del Contralor estarían cometiendo una infracción a la Ley de Etica Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985 (3 L.P.R.A. see. 1801 et seq.). Basado en lo anterior, aduce que los tribunales tienen jurisdicción para atender su demanda, aclarar sus derechos e impedir que el Contralor continúe recomendando a los municipios que soliciten el reembolso del dinero donado a la Asociación.

En vista de ello, para resolver la presente controversia debemos examinar la figura del Contralor, aclarar cuál es la naturaleza de los hallazgos, las opiniones y las recomendaciones que hace en sus informes y determinar si éstos son revisables por los tribunales. De ser así, bajo qué circunstancias. Veamos.

HH 1—I

A. El cargo Contralor de Puerto Rico es de rango constitucional. Es una figura adoptada por la Convención Constituyente como parte de una serie de medidas dirigidas a proveer una sana administración de los fondos del erario. Véase Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico 920-925 (edición conmemorativa 2003). Véase, además, H.M.C.A. (P.R.), Inc., etc. v. Contralor, 133 D.P.R. 945 (1993). En particular, conforme a la See. 22 del Art. Ill de nuestra Constitución, L.P.R.A., Tomo 1, el Contralor fiscalizará las cuentas, los ingresos y los desembolsos del Gobierno de Puerto Rico, sus agencias, dependencias y municipios, para determinar si fueron realizados conforme a la ley. E.L.A. v. Asoc. Empleados Obras Púb. Mun., 126 D.P.R. 320 (1990). Su perfil y sus contornos constitucionales están plasmados en dicha disposición constitucional. Id.

Al adoptar la figura del Contralor, la Convención Constituyente decidió eliminar el cargo de Auditor establecido en la Carta Orgánica de 1917, que combinaba las funciones de “preaudit” y “postaudit”. De esta forma, limitó las intervenciones del Contralor a la etapa “postaudit”, es decir, una vez efectuados los desembolsos. Por corresponder esa labor a la función fiscalizadora de la Rama Legislativa, se asignó el cargo de Contralor a dicha rama de gobierno. H.M.C.A. (P.R.), Inc., etc. v. Contralor, supra, pág. 960; Diario de Sesiones, supra.

Para implantar el mencionado mandato constitucional, la Ley Núm. 9 de 24 de julio de 1952 creó la Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y le confirió facultades investigativas y mecanismos para llevar a cabo investigaciones sobre las cuentas y los desembolsos de los fondos públicos. 2 L.P.R.A. sec. 71 et seq. Además, esta ley proveyó al Contralor un poder altamente disuasivo: dar publicidad a sus informes. 2 L.P.R.A. sec. 83; E.L.A. v. Asoc. Empleados Obras Púb. Mun., supra, pág. 327.

A su vez, con el fin de dar seguimiento a los informes del Contralor y establecer normas y procedimientos para que las entidades gubernamentales auditadas preparen y sometan los planes de acción correctiva, la Oficina del Contralor aprobó el Reglamento Núm. 26. En lo pertinente, el Art. 9 de dicho reglamento provee el procedimiento para que el Contralor remita los informes de auditorías a otras agencias del Gobierno y les solicite que realicen una investigación sobre la situación referida e inicien los procesos civiles, criminales o administrativos que correspondan.

Ahora bien, ni la Constitución ni la legislación vigente facultan al Contralor para aplicar o tramitar directamente las sanciones por aquellas posibles violaciones de ley que surjan de sus investigaciones. En cambio, su encomienda se limita a informar estas irregularidades a la Asamblea Legislativa, al Gobernador y al Secretario de Justicia. E.L.A. v. Asoc. Empleados Obras Púb. Mun., supra, pág. 327. Véase, además, Diario de Sesiones, supra, pág. 925.

En este sentido, la facultad de encausar violaciones de índole criminal e instar acciones civiles ante los tribunales de justicia que suijan como resultado de cualquier intervención del Contralor en relación con los ingresos, las cuentas y los desembolsos gubernamentales, fue conferida mediante la Ley Núm. 17 de 8 de mayo de 1973 a la Oficina de Asuntos del Contralor, adscrita al Departamento de Justicia. 3 L.P.R.A. secs. 136(a) y 136(b). Asimismo, la Oficina de Etica Gubernamental debe estudiar los informes del Contralor para de identificar posibles violaciones éticas y tomar las acciones correspondientes. Art. 2.4(m) de la Ley de Etica Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. sec. 1814(m).

De esta forma, aun cuando el Contralor puede referir sus informes a otras agencias del Gobierno y solicitar que éstas evalúen si, a la luz de sus hallazgos, procede instar alguna acción criminal, civil o administrativa, el Contralor no tiene facultad para obligar a las personas o entidades auditadas a cumplir con sus recomendaciones. Si bien la Oficina del Contralor aprobó el Reglamento Núm. 26 para dar seguimiento a sus recomendaciones y establecer un mecanismo para que las entidades auditadas cumplan con un plan de acción correctiva, este reglamento no impone obligación alguna a la agencia auditada ni altera sus derechos. Tampoco contempla la imposición de sanciones penales o acciones civiles por el incumplimiento con sus disposiciones. La única acción que puede tomar el Contralor, aparte de publicar un informe, es referir sus hallazgos a las agencias correspondientes para que éstas entablen las acciones que estimen necesarias.

Esto es así, pues aunque el Contralor puede referir sus hallazgos a la Oficina de Etica Gubernamental, es a esa oficina —en última instancia— a la que le corresponde evaluar el referido del Contralor y determinar si, en efecto, ha ocurrido una violación a la Ley de Etica Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Por lo tanto, la posibilidad de una acción administrativa contra algún funcionario por violaciones éticas que se desprendan de un informe del Contralor sólo podría surgir luego que la Oficina de Ética Gubernamental pase juicio sobre los hallazgos contenidos en dicho informe.

Por otro lado, a pesar de que varios documentos —como la Orden Ejecutiva 1998-16 de 17 de junio de 1998 y la Carta Circular Núm. 86-4 de 30 de enero de 1987— de la Oficina de Ética Gubernamental resaltan la importancia de las auditorías del Contralor para garantizar una sana administración gubernamental, éstos no otorgan un carácter obligatorio a sus señalamientos y recomendaciones. De hecho, el Contralor carece de mecanismos legales para hacer cumplir sus recomendaciones pues, como señalamos anteriormente, su facultad está limitada a referir sus hallazgos a otras agencias. Claro está, el Contralor puede dar publicidad a sus informes, lo que resulta altamente persuasivo para los funcionarios que tienen que someterse al escrutinio y a la fiscalización públicos. Sin embargo, entendemos que ello, de por sí, no otorga un carácter vinculante a las recomendaciones del Contralor.

En el presente recurso, la Asociación acudió al foro judicial para solicitar la revisión de un informe emitido por el Contralor y que se aclarara su derecho a recibir donativos por parte de los municipios. Además, solicitó que se emitiera un injunction para impedir que el Contralor continúe instruyendo a los municipios a que insten acciones de reembolso contra la Asociación. Según ésta, los hallazgos y señalamientos hechos por el Contralor en su informe —en el cual concluye que la Asociación es una entidad partidista y que, como tal, no tiene derecho a recibir donativos de los municipios— afectan sus intereses jurídicos y su derecho a recibir donativos de los municipios, por lo que constituye una controversia justiciable ante los foros judiciales.

No obstante, tal como expresáramos anteriormente, estos señalamientos y recomendaciones no tienen carácter obligatorio para la Asociación ni para los municipios, por lo que ante este hecho innegable, es preciso concluir que no son revisables por los tribunales. Esta conclusión se deriva tanto de la intención expresada por los delegados de la Convención Constituyente al crear el cargo de Contralor como de la doctrina de “caso o controversia”. Veamos.

B. Como se sabe, el Contralor carece de facultad legal para hacer cumplir sus recomendaciones. De hecho, fue la intención de los delegados de nuestra Convención Constituyente que no la tuviera. Así se infiere de un análisis del debate generado entre los delegados de la Convención Constituyente tras la presentación de una enmienda para que los tribunales revisaran los informes del Contralor. Eventualmente la referida enmienda fue retirada. Al oponerse a la enmienda, el delegado Negrón López expresó:

[E]l Contralor no va a tener la facultad de tomar decisiones a priori. Y la intención de este artículo es que el poder legislativo no le dé nunca la autoridad de tomar decisiones a priori. Por eso se crea el cargo para ejercer la función legislativa de fiscalizar a posteriori, o sea, de intervenir con las cuentas, después que los gastos hayan sido hechos. En ese sentido, las decisiones del Contralor no podrán ser, en forma alguna, decisiones que produzcan el efecto de requerir acción afirmativa de ningún funcionario del gobierno. (Enfasis suplido.) Diario de Sesiones, supra, pág. 925.

Es importante resaltar la facultad del Contralor para referir sus informes a agencias como el Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental para que éstas tomen las acciones correspondientes. Sin embargo, ni siquiera esas agencias están obligadas a seguir automáticamente las recomendaciones del Contralor. Tanto el Departamento de Justicia como la Oficina de Ética Gubernamental deben hacer sus propias investigaciones y evaluaciones para determinar si procede iniciar alguna acción penal, civil o administrativa contra la persona o entidad auditada.

De esta forma, las dependencias gubernamentales que reciben el informe con las recomendaciones del Contralor podrían concluir —luego de hacer sus propias investigaciones y evaluaciones— que no procede iniciar una acción penal, civil o administrativa. En ese caso, ninguna parte podría alegar ante un tribunal que sus derechos se han visto afectados por el informe del Contralor y los hallazgos y señalamientos en él incluidos. Por el contrario, los intereses jurídicos de la persona o entidad auditada podrían estar en juego sólo si alguna de las agencias concernidas toma alguna acción afirmativa a la luz de los hallazgos y señalamientos hechos por el Contralor en su informe. Distinto al informe del Contralor, dicha acción de la agencia sí se revisaría ante el foro judicial y, de esta manera, los tribunales podrían pasar juicio —colateralmente— sobre los hallazgos y las recomendaciones del Contralor que hayan servido como base para la acción de la agencia concernida.

Así, por ejemplo, si el Contralor refiere su informe al Departamento de Justicia y dicha agencia decide que hay base para proceder criminalmente contra el funcionario o la entidad auditada, entonces se presentaría ante los tribunales la acción criminal correspondiente. Dicho caso criminal proveería al foro judicial la oportunidad de pasar juicio sobre los señalamientos del Contralor que movieron al Departamento de Justicia a presentar los cargos criminales. En estas circunstancias, se cumpliría con el requisito de “caso o controversia”, ya que el tribunal tendría ante su consideración una controversia genuina, entre partes adversas, con un interés real en obtener un remedio judicial que pueda afectar sus relaciones jurídicas.

Lo mismo sucedería con un referido del Contralor a la Oficina de Etica Gubernamental. En ese caso, la Oficina de Etica Gubernamental deberá evaluar la supuesta violación ética referida por el Contralor y determinar si procede to-mar alguna acción contra el funcionario señalado o si, por el contrario, no ocurrió tal infracción a la Ley de Etica Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Al igual que expresamos en el ejemplo de una posible acción por parte del Departamento de Justicia, si la Oficina de Ética Gubernamental concluye que no ocurrió violación alguna y, por lo tanto, no procede iniciar ninguna acción, nadie podría acudir a los tribunales alegando que los hallazgos o señalamientos del Contralor afectan sus derechos. Eso sólo ocurriría si la Oficina de Ética Gubernamental toma alguna acción contra el funcionario o la entidad auditada. En tales circunstancias, la acción de la Oficina de Ética Gubernamental constituiría una controversia justiciable, en el contexto de la cual el tribunal podría evaluar los hallazgos del Contralor que iniciaron la investigación ética.

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A la luz de lo anterior, resulta forzoso concluir que los hallazgos y las recomendaciones del Contralor no se revisan de forma inmediata o directa. Ello es así, ya que dichas recomendaciones no tienen carácter obligatorio y no pueden afectar los intereses jurídicos de los funcionarios o las entidades a quienes van dirigidos. Estas sólo son revisables en el contexto de un caso ante los tribunales que cumpla con el requisito de justiciabilidad de “caso o controversia”. De lo contrario, cualquier pronunciamiento por parte del foro judicial constituiría una opinión consultiva, lo cual está vedado a nuestros tribunales.

Por otra parte, las recomendaciones del Contralor también podrían ser revisadas por los tribunales cuando una persona o entidad que haya hecho un desembolso de fondos públicos, que a juicio del Contralor sea ilegal, intente recobrarlo por la vía judicial de aquella persona o entidad que lo percibió. Una acción de esa índole fue, precisamente, lo que originó la demanda presentada por el Municipio de San Juan contra la Asociación. Como hemos señalado antes, luego de recibir el informe del Contralor, el Municipio de San Juan demandó a la Asociación para recobrar el dinero donado a dicha entidad para los actos de conmemoración del Día de la Constitución, por entender que —tal como concluyó el Contralor— el municipio no debió hacer tal donativo por ser la Asociación una entidad partidista, conforme a la Ley de Municipios Autónomos. Esta demanda plantea una controversia justiciable que permitirá al foro judicial pasar juicio sobre la corrección del señalamiento del Contralor relacionado al alegado carácter partidista de la Asociación y, de esta forma, determinar si procede la solicitud de reembolso instada por el Municipio de San Juan.

Ahora bien, distinta es la situación de la demanda instada por la Asociación en contra del Contralor en el caso de autos. En el presente recurso, la Asociación pretende que el foro judicial revise unas determinaciones y recomendaciones que no son obligatorias para nadie y cuyo cumplimiento el Contralor no puede implantar. Ello sería contrario a la doctrina de justiciabilidad y la clara intención de los delegados de nuestra Convención Constituyente los cuales, al crear el cargo de Contralor, rechazaron proveer algún mecanismo para que sus hallazgos y recomendaciones fueran directamente revisables por los foros judiciales.

Por último, nuestros pronunciamientos en esta opinión no deben ser interpretados como un menosprecio al valor de los informes de auditoría que emite el Contralor y a la importancia de dicho cargo en la tarea de asegurar una sana administración de los fondos públicos. Por el contrario, al evitar que una persona o entidad pueda solicitar la revisión judicial de los hallazgos y las recomendaciones del Contralor, salvaguardamos las facultades constitucionales de este funcionario y evitamos la intervención indebida de las demás ramas del Gobierno con la función fiscalizadora de la Oficina del Contralor.

En vista de ello, no erraron ni el Tribunal de Apelaciones ni el Tribunal de Primera Instancia al desestimar la demanda presentada por la Asociación contra el Contralor. Al así hacerlo, dichos foros cumplieron con su deber constitucional de no emitir opiniones consultivas para evitar que la Rama Judicial se convierta en asesora o consejera y que sus pronunciamientos estén sujetos a revisión e interpretación de las otras ramas de gobierno. Ortiz v. Panel F.E.I., supra.

V

Por los fundamentos que anteceden, se confirma la sentencia emitida en este caso por el Tribunal de Apelaciones, que ordenó la desestimación de la demanda presentada por la Asociación.

Se dictará Sentencia de conformidad.

       En lo pertinente al caso de autos, la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991 dispone que los municipios podrán ceder o donar fondos o bienes de su propiedad a cualquier entidad no partidista que opere sin fines de lucro y que se dedique a gestiones o actividades de interés público que promuevan el bienestar general de la comunidad. 21 L.P.R.A. sec. 4464.

       Entre los municipios señalados por el Contralor se encuentran Adjuntas, Barceloneta, Caguas, Carolina, Cayey, Dorado, Hatillo, Hormigueros, Lajas, Lares, Mayagüez, Peñuelas, Sabana Grande, San Juan, Vega Baja y Yabucoa.

       Cabe señalar que aún está pendiente ante los tribunales la demanda que instó el Municipio de San Juan contra la Asociación.

       La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico (Asociación) advirtió en su demanda que como consecuencia del informe del Contralor, varios municipios le han solicitado el reembolso de dineros donados. Además de mencionar la acción judicial presentada por el Municipio de San Juan, la Asociación asegura que el municipio de Hormigueros hizo una solicitud similar mediante una carta y que los municipios de Lajas, Cayey y Dorado hicieron acercamientos verbales.

       El término “preaudit”, según utilizado por los delegados de nuestra Convención Constituyente, se refiere a la facultad que tenía el Auditor de la Ley Jones de hacer intervenciones antes de que se realizaran los desembolsos en cuestión. “Postaudit” se refiere a las intervenciones luego de que se han realizado los referidos desembolsos. Véase Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico 920-921 (edición conmemorativa 2003).

       En su alegato, la Asociación hace referencia a la Carta Circular 86-4 de 30 de enero de 1987^ de la Oficina de Ética Gubernamental. La referida carta dispone que la Oficina de Ética Gubernamental entenderá que el ignorar las recomendaciones del Contralor, sin justa causa, constituye una violación al Art. 3.2(B) de la Ley de Ética Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. see. 1822. No obstante, es menester aclarar que ello no se trata de una determinación automática. Esto es, la Oficina de Ética Gubernamental tomará esta determinación —no el Contralor— previa evaluación del hecho referido por la Oficina del Contralor y de los hallazgos señalados en el informe correspondiente.
      De igual forma, la Asociación hace referencia a la Orden Ejecutiva 1998-16 promulgada el 17 de junio de 1998 —la cual no aplica ni a la Asociación ni a los municipios— para sostener su argumento de que las recomendaciones del Contralor tienen carácter obligatorio. No obstante, dicha Orden Ejecutiva sólo ordena a los funcionarios de la Rama Ejecutiva a atender los señalamientos del Contralor y evitar que se repitan. Ello de por sí no excluye que un funcionario pueda disputar algún señalamiento ni impone sanción alguna a los funcionarios que no cumplan con lo señalado por el Contralor.

       En cuanto a las Órdenes Ejecutivas, es menester recordar que son un instrumento disponible al Gobernador, quien descansa en su facultad de supervisión y dirección de los componentes de la Rama Ejecutiva. No obstante, esta facultad está limitada por las leyes aplicables. Véase Otero de Ramos v. Srio. de Hacienda, 156 D.P.R. 876, 892 (2002). Sin embargo, las órdenes ejecutivas no aplican ni a los municipios ni a la Oficina del Contralor. Véanse: Op. Sec. Just. Núm. 5 de 27 de febrero de 1985; Op. Sec. Just. Núm. 14 de 13 de abril de 1989. Véase, además, W. Vázquez Irizarry, Los Poderes del gobernador de Puerto Rico y el uso de las órdenes ejecutivas, 76 (Núm. 4) Rev. Jur. U.P.R. 951, 1032 (2007).

       De hecho, en el contexto de revisiones de reglamentos, hemos distinguido entre la revisión directa y la revisión colateral de éstos. Véase Centro Unido Detallistas v. Com. Serv. Púb., 174 D.P.R. 174 (2008).

       Lo mismo sucedería con reclamos judiciales similares que pudieran presentar otros municipios contra la Asociación.