author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    El Banco de San Juan, Peticionario, v. La Corte de Distrito de San Juan, Demandada.
    Solicitud para que se expida un auto de certiorari dirigido a la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Primero, Hon. diaries E. Poote, Juez.
    No. 436.
    Resuelto en febrero 26, 1924.
    Abogado t Cliente — Moción para Retirar da Representación al Abogado. — Si por cualquier causa un cliente no estuviera satisfecho de su abogado, la ley determina un remedio mediante moción a la corte solicitando permiso para cambiarlo; pero mientras esto no so haya lieeho, se presume que tal parte ha autorizado al abogado a actuar en el curso de los procedimientos en tal sentido que parezca necesario y adecuado dentro del conocimiento que éste tiene de la ley, y el cliente no tiene derecho a dirigir a su abogado en la ordenada y propia gestión del caso. La presunción queda destruida por la moción sobre retiro de representación, y toda acción subsiguiente por parto del abogado queda suspendida excepto en lo que respecta a deberes inevi-tables que puedan surgir.
    Id. — Sindicatura—Procedimiento—Derecho Substancial. — Si un cliente ha con-sentido personalmente o por medio de abogado en que se dé por terminada una sindicatura, antes de que tal síndico sea de hecho retirado y quizá aún después, dicho cliente puedo comparecer y pedir la continuación o restaura-ción de la sindicatura, y una orden on tal sentido no envuelve la violación de ninguna regla de procedimiento, sino una cuestión de derecho substancial.
    Id. — Td.'—Embargo—Contrato.—-La autoridad de un abogado está limitada al' pleito en discusión. El puede trabar o disolver embargos, o una sindicatura, pues estos actos no tienen las características de un contrato en el cual forma parte el consentimiento del cliente; pero él no puede celebrar un verdadero contrato para su cliente.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogados del peticionario: Sres. J. Soto Rivera, R. Sancho Bonet y Llorens & Arroyo.

    Abogado del interventor: Sr. R. Rivera Zayas.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El día 23 de mayo de 1923 la Corte de Distrito de San Juan nombró un síndico en cierto pleito y esta corte, en un procedimiento de certiorari y en julio 28, 1923, se negó a anular la orden de aquella corte. (32 D. P. R. 392.) Más tarde, en ■ septiembre 13, 1923, las partes por sus respec-tivos abogados, radicaron una estipulación para terminar la sindicatura bajo condiciones que allí se mencionaban. La corte aprobó la estipulación én septiembre 27, 1923, y el peticionario allí demandado, el Banco de San Juan, llevó a efecto o comenzó a llevar a efecto las disposiciones de la estipulación. Luego, en 11 de octubre de 1923, el deman-dante Bernabé Sabalier, en representación propia compa-reció ante la corte y manifestó que no había autorizado a su abogado, Luis Abella Blanco, para hacer la ameritada estipulación y pidió dicho demandante que el mencionado letrado cesara de representarlo como abogado suyo de récord y asimismo pidió que la resolución de 27 de septiembre fuera anulada.

En 25 de octubre, 1923, la corte concedió la moción del demandante ex parte, destituyó a Luis Abella Blanco como abogado de récord, anuló la resolución de septiembre 27 y ordenó además que la sindicatura continuara. El banco ar-chivó una moción de reconsideración que fué desestimada sin ser vista. Entonces el banco radicó otra moción de recon-sideración en la vista de la cual ambas partes fueron oídas, y la corte se negó a anular su orden de octubre 25, 1923.

Cuando esta solicitud de certiorari fué radicada, una de las razones principales que tuvimos para considerarla fué la falta de notificación de que se quejaba el peticionario. En la vista ante esta corte el peticionario admitió que la corte había finalmente concedido una vista y abandonó su insistencia en este punto.

La petición no revela acto alguno ilegal de parte del abo-gado Luis Abella Blanco al dar por terminada la sindica-tura. En otras palabras, un abogado, como tal, tiene auto-ridad para dar por terminada una sindicatura. Puede pre-sumirse que él creyó que estaba actuando en favor dé los intereses de su cliente. No consta que el cliente fuera con-sultado. El cliente negó la autoridad de su abogado para dar por terminada la sindicatura.

Podría admitirse, aunque sin resolverlo, que un abogado puede dar por terminada una sindicatura sin consultar a su cliente, pero es algo dudoso que el abogado en este caso tuviera autoridad para liacer todo lo que hizo.

La corte mediante moción eliminó al abogado de récord. De esta eliminación el peticionario, el Banco de San Juan, no puede quejarse. Las partes siempre tienen derecho a destituir a sus abogados. 2 R. C. L. 961.

El peticionario sostiene, sin embargo, que el cliente no tenía derecho a dar paso alguno en el caso hasta que el abo-gado fuera eliminado y que por tanto no tenía derecho a pedir la anulación de la orden de septiembre 27 terminando la sindicatura. Es una proposición a que no nos adheri-mos que una parte que desea acción rápida no pueda en una moción para eliminar a su abogado pedir cualquier otro re-medio sustancial, y la cita de 2 R. C. L. no nos convence. Por el contrario, la inferencia debe ser otra. Dice el libro: “Si la parte," por cualquier causa, estuviere poc'o satisfecha de su abogado, la ley indica un remedio mediante moción a. la corte pidiendo permiso para cambiar su abogado, pero mientras esto no se ha hecho se presume que tal parte ha autorizado al abogado a actuar en el curso de los procedi-mientos en tal forma como parezca necesaria y" adecuada, dentro del superior conocimiento que éste tiene de la ley, y el cliente no tiene derecho a dirigir a su abogado en la or-denada y propia gestión del Caso.” La presunción queda destruida por la moción para destituir y toda acción subsi-guiente por parte del abogado queda paralizada excepto en cuanto se trate de deberes inaplazables que puedan surgir. Luis Abella Blanco no está ante esta corte quejándose de esa destitución.

La única cuestión" substancial que presenta la petición es si la orden de septiembre 27, 1923, creó un status de tal naturaleza que la anulación de dicha orden fué una infrac-ción de las reglas de procedimiento o de jurisdicción a tal extremo que el banco peticionario sufrió un verdadero per-juicio remediable mediante un auto de certiorari.

Dejando a un lado, pues, la falta de notificación, y de-jando también a un lado la actuación y la moción de Sabalier sin una previa destitución de su basta entonces abogado po-demos investigar si la Corte de Distrito de San Juan infrin-gió alguna regia de procedimiento al revocar su anterior re-solución de septiembre 27 cuando se encontró con que esa resolución no tenía la aprobación del cliente. En general creemos que existe para todo cliente un locus penitentiae, por así decirlo. Si un cliente ba consentido personalmente o por medio de abogado en que se dé por terminada una sin-dicatura, antes de que tal síndico sea de liecbo destituido, y quizá aún después, dicho cliente puede comparecer y pe-dir la continuación o restauración de la sindicatura. La concesión de tal moción en general no envuelve la violación de regia alguna de procedimiento. Generalmente es una cuestión de derecho substancial. El síndico no fué de he-cho destituido en este caso.

La contención principal del peticionario es que la estipu-lación creó un contrato entre las partes. Mediante esta esti-pulación el síndico habría de presentar sus cuentas 3^ el banco entonces reasumiría la posesión de los bienes de que se trataba prestando para ello amplia y suficiente fianza. La fianza~fué ofrecida, o de hecho dada, y fué aprobada por la corte. El peticionario insistió en que se trataba de la consumación de un contrato cuya causa era el otorgamiento de la fianza.

Una cosa resalta inmediatamente. Las citas que hace el peticionario son quizá autoridad bastante al efecto de que un abogado puede hacer un gran número de cosas en repre-sentación de su cliente y obligarlo, cuando menos temporal-mente, pero estamos bastante seguros de que un abogado, como tal, no puede crear un verdadero contrato a nombre de su cliente. El abogado podrá personalmente hacer o deshacer embargos, o ana sindicatura, pero estas cosas no tienen las características de an contrato en qae entra el con-sentimiento del cliente. El mandato del abogado no se ex-tiende más allá del litigio.

“Un abogado de récord, por virtud de sa empleo como tal, y sujeto a la aprobación de la corte, tiene autoridad implícita para hacer todos los actos necesarios y propios para la regular y orde-nada gestión del caso, y que afecten al remedio solamente y no a la cansa de acción, y tales actos, en ausencia de fraude, serán obli-gatorios para el cliente, aunque sean hechos sin consultarle, y aun contra sus deseos. La autoridad del abogado se extiende a todo aquello que sea necesario para la protección y beneficio de los in-tereses encomendados a su cuidado, en tanto en cuanto hayan de ser afectados por los procedimientos ante la corte en que repre-senta a su cliente, y él puede y debe ejercitar su discreción en to-dos los sucesos ordinarios que tengan lugar en relación con el caso.” 2 R. C. L., párrafo 63, p. 986.

El acto de aa abogado, aaa tratándose de la extinción de ana reclamación o de ana obligación, no es un contrato.

El abogado en este caso, en tanto en cuanto estuviera estableciendo un status ajeno a la gestión judicial, no tenía autoridad alguna. Si, antes de radicarse un pleito y para impedir su radicación, el abogado de Sabalier hubiera acep-tado una suma determinada de dinero y hubiera convenido en aceptar una fianza por el resto de la reclamación, la fianza no hubiera podido convertirse en el contrato de Sabalier sin su consentimiento. Asimismo parece cierto que aunque un abogado puede terminar una sindicatura o levantar un embargo no puede obligar a su cliente en la forma de una obli-gación cualquiera positiva, como un contrato, y de hecho, en este caso, no lo obligó. Si una persona autoriza a su abo-gado a comprar un pedazo de terreno, el mandato es uno corriente en el que cualquier persona podría ser mandata-rio. La relación no es la de un abogado y su cliente. Y así en cualquier otro asunto. El abogado, en virtud de su dirección del litigio, no puede crear un contrato. Ni existe presunción alguna de autoridad independiente de la gestión del pleito de que se trate. Faltando la debida autoridad la • aceptación de la fianza del banco fué quizá non coram judie e, y el banco, según creemos, debió investigar el grado de autoridad como .en cualquier otra materia objeto de man-dato. Aun si se considera que la prestación de una fianza en el pleito estaba presuntivamente autorizada por el cliente, sin embargo no sería un contrato y sí sólo parte de los pro-cedimientos.

Suponiendo que pudiera surgir un contrato -en este caso en virtud de gestión judicial, entonces también podría ser rescindido mediante igual gestión. La rescisión en ese caso pudiera ser un error, pero no una infracción de las reglas de procedimiento, y de becho no fué esto último.

El peticionario no nos ba convencido de la existencia de un contrato,- ni aún de un perjuicio. Aparte de la presta-ción de la fianza y el incumplimiento de sus esperanzas, el banco no quedó en peores Condiciones que cuando se creó la sindicatura en septiembre de 1923. El banco no ba de-mostrado ni alegado pérdida alguna por razón de la fianza y ello sería una cuestión muy baladí para ser considerada en un pleito de' esta magnitud.

Aun cuando hubiera habido infracción alguna de proce-dimiento al dar por terminada la sindicatura, estamos con-vencidos de que la corte pudo haber nombrado un nuevo síndico a moción del demandante. El artículo 182 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil da ese poder a la corte, y el mismo puede ser invocado en cualquier tiempo. Como la sindicatura podía en esa forma ser restablecida y como exis-tía anteriormente una sindicatura que no había terminado de hecho, cualquier mera infracción de procedimiento no sería bastante para invocar la discreción que tenemos en cuanto a la expedición de un auto de certiorari.

El peticionario hizo mención del costo excesivo de la sin-dicatura, pero esa es cuestión que descansa en la sana dis-creción de la corte sentenciadora y no es materia adecuada en un procedimiento de certiorari. Debe dictarse una re-solución denegando el auto.

Denegado.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Aldrey, Hutchison 3r Franco Soto.

El Juez Presidente Sr. del Toro no intervino en la re-solución de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Wolf, El Juez Asociado Sr. Wole,

license: Public Domain

text:
    The International Express and Foundry Co., Inc., Demandante y Apelada, v. Allen et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre tercería de bienes muebles. M,oeión para que se desestime la apelación.
    No. 3178.
    Resuelto en febrero 29, 1924.
    Apelación — Término para Apelar — Tercería—Desestimación de Apelación.— Alegando que la sentencia fué apelada después de los diez días que señala la ley sobre tercería de 1907, se pidió la desestimación del reeurso. Se resol-vió: negarla, porque el presente caso, en. el cual se reclaman bienes embar-gados o recobrados por la demandada en otro pleito, debe reputarse como un pleito independiente y no como uno de tercería y la sentencia fué ape-lada dentro de treinta días después de dictada.
    Resuelto en reconsideración en noviembre 25, 1924.
    Tercería de Bienes Muebles — Desestimación de Apelación —■ Término para Apelar Sentencia de Tercería.- — El techo de que la demandante en el pleito principal formulara "contestación y eontrademanda s, la demanda del terce-rista, no pone la acción fuera del alcance de la ley de 1907 sobre tercería de bienes inmuebles; y toda vez que la sentencia a favor del tercerista fué apelada después de transcurrir diez días contados a partir de la notificación, la desestimación es procedente. Reconsiderada y revocada la resolución anterior de febrero 29, 1924.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abog’ado de los apelantes: Sr. C. Brunet.

    Abogado de la apelada: Br. D. Sepulveda.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una moción de desestimación de apelación. La ' apelada, quien solicita la desestimación, sostiene que este es un procedimiento de tercería de bienes muebles y que por tanto la apelación debió haberse interpuesto de acuerdo con la Ley de 1907 relativa a la materia, tal como fué enmen-dada en 1908, y que dispone que la apelación debe interpo-nerse dentro de diez días. La apelación en este caso se in-terpuso como unos veinte días después de la sentencia. La apelada cita el caso de Shroeder v. Sucesión de Collazo Muñiz, 26 D. P. R. 730.

Él apelante, por el contrario, sostiene que esta es una acción independiente y que no fué establecida al amparo de dicha Ley de 1907. Examinando los autos encontramus que esta fué una ácción independiente entablada por la apelada reclamando bienes embargados o recobrados por la deman-dada en otro pleito y no una tercería por intervención como autoriza la dicha Ley de 1907. En estas circunstancias el término que tenían los apelantes para establecer el recurso era el usual de treinta días según se determina por el ar-tículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, y la ley especial no tiene aplicación alguna. El caso de Schroeder, supra, por consiguiente, no es aplicable.

La moción de desestimación debe ser declarada sin lugar.

Sin lugar la desestimación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.

RESOLaUCIÓN sobre RECONSIDERACIÓN DE NOVIEMBRE 25, 1924.

El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Este fue un caso en el cual en 29 de febrero, 1924, de-claramos sin lugar una moción para desestimar la apela-ción. Posteriormente la apelada presentó una moción de reconsideración que señalamos para ser oída junto con la vista del caso sobre sus méritos. La apelada no argumentó-su caso sino que lo sometió por el alegato. Por algún tiempo creimos que habíamos adquirido jurisdicción del caso de conformidad con nuestra decisión de febrero 29, supra.* Un examen cuidadoso nos convence de que nuestra decisión anterior fue errónea y que la apelación debe ser desestimada.

La apelada en su moción original de desestimación sos-tuvo que todo el procedimiento fue uno iniciado y seguido por virtud de la ley de 1907 como fue .enmendada en el año 1908 para “ Proveer el procedimiento en los casos de ter-cería sobre bienes muebles.” Leyes de 1907, pág. 308. La sección 19 de dicha ley prescribe lo siguiente:

“Sección 19. — Contra las sentencias dictadas en los juicios de tercería, podrá apelarse en él término de diez días, y en lá forma dispuesta por el- Código de Enjuiciamiento Civil, para las apelacio-nes en general. ’ ’ •

La apelante sostuvo y nosotros estuvimos de acuerdo con ella en que el procedimiento aquí establecido era uno independiente y que no fue seguido de acuerdo con las dis-posiciones de la ley de 1907. La forma de la demanda de tercería nos llevó a esa conclusión pues dicha demanda tiene un título y número como si fuera una acción independiente, y los documentos copiados en la exposición del caso demos-trativos del embargo original no tienen ningún título y nú-mero sino que simplemente dicen “Título.” En otras pa-labras, no tuvimos oportunidad de comparar el título en el asunto de tercería con el título en la primitiva acción para ver que el número y el título era el mismo. Un exa-men más cuidadoso de todos los documentos y datos su-ministrados por la apelada revela sin embargo el hecho de que si bien la demanda lleva el número 7001, que éste era también el número de la primitiva demanda, establecida por el demandante y apelante en el pleito original, y que todos los procedimientos fueron seguidos de conformidad con la ley de 1907. Ella embarg’ó o ejecutó después de obtener una sentencia. La apelada interpuso demanda de tercería y ob-tuvo sentencia a su favor. La apelación es contra esa sen-tencia, dictada en un procedimiento autorizado por di día ley ele 1907 la cual en su sección 19 limita el término para ape-lar a diez días.

La apelante sostuvo que toda vez que ella formuló una contestación y contrademanda a la demanda del tercerista levantando diferentes cuestiones litigiosas, la acción quedó fuera del alcance de la ley de 1907. La contestación y su-piuesta contrademanda, sin embargo, era en réplica a la de-manda de intervención presentada en el procedimiento de tercería. La sentencia fue claramente a favor del terce-rista cuyos derechos están determinados por la referida ley. Estamos ahora, por tanto, convencidos de que la sentencia estaba comprendida en los términos de esa ley.

En estas circunstancias la apelación debió haber sido in-terpuesta dentro de diez días a partir de la notificación de la sentencia, y corno la apelación no fue de tal modo inter-puesta debe ser desestimada. Así se resuelve.

Desestimada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Sb. "Wolf,

text:
    Baldrich, Demandante y Apelado, v. Rivera, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente- de la Corte de Distrito de G-uayama en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 3125.
    Resuelto en febrero 29, 1924.
    Préstamo — Prenda—Vencimiento del Préstamo — Obligaciones.—En el presente caso se trata de la interpretación de la siguiente cláusula de un contrato de préstamo aflamado con prenda: “Cuarta: Es convenido por los contratantes de la primera y segunda parte que en caso de que el tabaco dado en prenda, en garantía colateral de. la mencionada deuda, no obtuviera un precio conve-niente para su venta durante el término de pignoración, la acreedora por su mandatario, se obliga a conceder al deudor, una prórroga para el pago de la deuda, entendiéndose prorrogada asimismo la garantía colateral pignoraticia, por el término de un mes." Se resolvió: que no era este un contrato para vender el tabaco antes de exigir el pago de la deuda; • y que no habiéndose fijado el tiempo en que había de venderse el tabaco el término de pignoración mencionado en la estipulación expiró junto con la obligación principal y que el acreedor sólo estaba obligado a esperar un mes más.
    Id. — Id.—Derecho del Acreedor Garantizado con Prenda. — Un acreedor garan-tizado con prenda no está obligado a ejecutar la prenda para cobrar su cré-dito, sino que puede ir sobre otros bienes del deudor.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado dél apelante: Sr. G. Dominguez Rubio.

    Abogado del apelado: -Sr. A. Porrata Doria.

   El Juez Asociado Sb. "Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Casimiro Rivera, el apelante, nunca negó que él adeu-dara la suma de $649.22, con intereses, etc. El debía dicha suma a Scbluter & Co., cedentes del demandante Isidoro Bal-drich. La' contención del apelante era que su obligación de-pendía de la condición de la venta de cierto tabaco que Bal-drich, como agente de Schluter & Go., tenía depositado en prenda. Cuando Baldrich adquirió por cesión dicha obliga-ción no vendió . primero dicho tabaco sino que para hacer efectiva la obligación entabló demanda y embargó bienes raíces del apelante Rivera. El apelante sostenía que Bal-drich estaba obligado a vender el tabaco antes de estable-cer la acción, y dicho apelante, en una contra demanda, re-clamó daños y perjuicios tanto por la omisión de vender el tabaco como por el embargo que se alegaba ser torcitero. El tabaco aparentemente fue vendido por Baldrich después de presentada la demanda, y "produjo unos $400. La corte dictó sentencia por la diferencia entre esta suma y la re-clamada en la demanda.

La corte sostuvo que el demandado respondía con todos sus bienes del pago de la obligación de acuerdo con el ar-tículo 1812 del Código Civil; que el deber de Baldrich de vender primero el tabaco no era de tal naturaleza que im-pidiera el pleito y el embargo, y que Rivera no probó daños y perjuicios algunos.

Convenimos definitivamente con la corte en que el de-mandado y contra demandante no probó los daños y per-juicios. Tampoco probó que el tabaco tuviera un valor su perior al precio en que fué vendido o que dicho demandado sufriera perjuicios por razón del embargo. Por consi-guiente, aún suponiendo que Baldrich estuviera por el con-trato obligado a vender el tabaco y en caso de ser su pro-ducto insuficiente a deducir éste del montante de su recla-mación, y que así no lo hizo, siempre tendríamos un caso de damnum absque injuria, pues todo lo que a Baldrich se ha concedido es la diferencia entre el montante de su re-clamación y el valor del tabaco pignorado. De acuerdo con varios artículos de nuestros códigos no tomaríamos en cuenta tal omisión de vender cuando no hay perjuicio re-sultante.

Hubiera quizás habido un incumplimiento de contrato por Baldrich con un consiguiente derecho de acción para Rivera, pero el derecho de acción de Baldrich no quedaba destruido.

Sin embargo, convenimos c'on las demás conclusiones de Lecho y de derecho a que llegó la corte. Todo el caso del demandado giró sobre la siguiente estipulación:

“Segunda: En garantía colateral de dicha obligación, Don Ca-simiro Rivera, por derecho propio, da en prenda y pignora desde esta fecha, a favor de Schluter y Compañía, los treinta y cinco quintales de tabaco en rama descritos en el hecho primero de esta escritura, los que, de común acuerdo los contratantes, depositan en poder de Don Baltazar Mendoza Martínez, después de tomar po-sesión de los mismos, en esta fecha, el representante de la acreedora Schluter y Co.
‘ ‘ Tercera: Don Baltazar Mendoza Martínez, acepta el depósito de los referidos treinta y cinco1 quintales de tabaco en rama, en la proporción de clases expresada en el hecho primero de esta escri-tura, prometiendo cumplir, durante el término del depósito todos los derechos, digo, deberes y atenciones como un buen y entendido Administrador. Este tabaco ha sido valorado a razón de veinte dollars cada quintal. ' ' \
“Cuarta: Es convenido por los contratantes de la primera y se-gunda parte que en caso de que el tabaco dado en prenda, en ga-rantía colateral de la mencionada deuda, no obtuviera un precio conveniente para su venta durante el término de pignoración, la acreedora por su mandatario, se obliga a conceder al deudor, una prórroga para el pago de la deuda, entendiéndose prorrogada asi-mismo la garantía colateral pignoraticia, por el término de un mes.”

No podemos convenir con el apelante en que este fuera un contrato para vender el tabaco antes de exigir el pago de la reclamación. Convenimos con la corte en que puesto que no se fijó el tiempo en que había de venderse el tabaco el término de pignoración mencionado en la estipulación ex-piró junto con la obligación principal j que el acreedor sólo estaba obligado a esperar un mes más. El acreedor esperó alrededor de ocho meses.

Es asimismo claro que el tabaco sólo fué dado como ga-rantía colateral. El apelante no nos fia convencido de que cuando se da una garantía colateral o una prenda el acree-dor está obligado a recurrir primero a dicha garantía cola-teral. Entendemos, por el contrario, que un acreedor tiene opción de demandar independientemente. Esta parece ser la opinión de Manresa en sus comentarios al artículo 1773 (1872 del Código Español). Este artículo dispone:

“Art. 1773. — El acreedor a quien oportunamente no hubiese sido satisfecho su crédito podrá proceder por ante notario a la enajena-ción de la prenda. Esta enajenación habrá de hacerse precisamente en subasta pública y con citación del deudor y del dueño de la prenda en su caso. Si en la primera subasta no hubiese -sido ena-jenada la prenda, podrá celebrarse una segunda con iguales for-malidades; y, si tampoco diere resultado, podrá el acreedor hacerse dueño de la prenda. En este caso estará obligado a dar carta de pago de la totalidad de su crédito.
“Si la prenda consistiera en valores cotizables, se venderán en la forma prevenida por el Código de Comercio.”

No hay nada en este artículo que impida al acreedor es-tablecer acción independiente, aunque el deudor podría, quí-zas, en ciertas circunstancias, exigir la devolución de la prenda.

De todo esto se infiere necesariamente que el embargo no fue torcitero, y la sentencia debe ser confirmada en to-das sus partes.

Confirmada la sentencia apelada..

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Estrada et al., Acusados y Apelantes.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Segundo Distrito, en causa por adulteración de lecbe. Moción sobre corrección de autos.
    No. 2232.
    Resuelto en febrero 29, 1924.
    Corrección de Autos — Certificación del Taquígrafo para Adicionar el Récord —Sobreseimiento.—Una certificación del taquígrafo no es el procedimiento adecuado para traer al récord de apelación una orden no incluida, por la cual la corte negó el sobreseimiento.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. A. Agosto.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante en este caso está deseoso de demostrar la actuación de la corte en respuesta a una moción para ar-chivar la causa fundada en que no se celebró el juicio den-tro de 120 días de presentada la acusación. Manifestando que el secretario omitió incluir la resolución en la transcrip-ción, dicho apelante acompaña un certificado del taquígrafo conteniendo la orden de la corte. Hemos resuelto frecuen-temente que el taquígrafo carece de facultad para certifi-car un procedimiento a esta corte. Debe ser la corte, el se-cretario o los abogados, según la materia qne ba de ser cer-tificada. Véase especialmente el artículo 356 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

Si una materia no aparece del récord en la corte interior debe hacerse que así aparezca mediante la correspon-diente solicitud.

La moción de corrección debe ser desestimada.

Denegada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


text:
    Sanders Philippi, S. en C., Etc., Demandante y Apelante, v. Viuda de Baigés e Hijos, Demandada y Apelada.
    ápelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre cobro de dinero. Memorándum de costas.
    No. 3132.
    Resuelto en febrero 29, 1924.
    Memorándum de Costas — Término para Radicar tl Memorándum fn Caso de Allanamiento — Sentencia Consentida. — Cuando una parte no muestra dis-posición a levantar cuestión litigiosa alguna, sino que por el contrario, como aquí sucede, explícitamente permite que se dicte sentencia contra ella, no hay un verdadero litigio y tampoco derecho de apelación, por lo que por regla general la qiarte favorecida por la sentencia con costas puede radicar su memo-rándum inmediatamente después de dictada la sentencia.
    Los liecbos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. García Méndez & García Méndez.

    Abogado de la apelada: Sr. P. Baigés Gómez.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El día 17 de enero de 1923 las partes de este pleito ra-dicaron una estipulación por virtud de la cual los deman-dados convinieron en sustancia, en que si no llegaban a up acuerdo con el demandante en o antes del 28 de enero, 1923, se dictaría sentencia a favor del demandante. De conformi-dad, en 25 de febrero de 1923 la corte dictó sentencia a favor del demandante. En febrero 27, 1923 el deman-dante archivó un memorándum de costas a que el deman-dado se opuso, pidiendo asimismo su eliminación, entre otras razones porque el mismo había sido radicado prematura-mente. La corte estuvo de acuerdo con el demandado y eli-minó: el memorándum. El demandante apeló. El apelado no ha.comparecido ni radicado alegato.

La Ley No. 15 de noviembre 19, 1917 dice lo siguiente: “La entrega de' dicho memorándum se hará dentro de los diez días siguientes al en que haya vencido el término para apelar de la sentencia dictada en el caso de que no se hubiere apelado; si se hubiere apelado, la entrega se hará dentro de los diez-días siguientes al en que se haya reci-bido en la corte sentenciadora en primera instancia aviso oficial de la resolución dictada en apelación en última ins-tancia.” En leyes anteriores la parte victoriosa con dere-cho a las Costas estaba obligada a archivar su memorándum dentro de diez' días de dictada sentencia final. Esto se creyó ser una inconveniencia- y a veces una pérdida de tiempo, especialmente en caso de que la sentencia fuera revocada. La parte victoriosa puede y debe presentar su memorándum dentro de diez días después que la sentencia es firme. Empresa Teatral Ponceña v. Municipio de Ponce, 30 D. P. R. 539.

El apelante, sin embargo, insiste en que no había derecho de apelación por haber sido obtenida la sentencia por alla-i! amiento y en que el memorándum podía ser archivado in-mediatamente después de dictada la sentencia. Creemos que el apelante tiene razón. Cuando una parte no muestra disposición a levantar cuestión litigiosa alguna, sino que por el contrario, como aquí sucede, explícitamente permite que se dicte sentencia contra ella, no hay un verdadero litigio y tampoco derecho de apelación. Hibernia Savings and Loan Society v. Waymire, 152 Cal. 286, 92 P. 645; Sutherland Code Pleading, vol. 2, p. 1107, sección 1687; 2 R. C. L. 59 y casos citados en la nota número 7, p. 60; 3 C. J. 604, sección 449; 3 C. J. 608, sección 453; 3 G. J. 546. Hay quizás algu-nas excepciones indicadas por las autoridades, como por ejemplo, cuando el allanamiento de la parte derrotada ha sido • inducido por alguna actuación previa de la Corte, como la desestimación de una excepción previa.

La orden apelada debe ser revocada.

Revocada la orden apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


author: El Juez Asocíalo Sr. Wole,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Bernard, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Guayama en una causa por calumnias e injurias.
    No. 2174.
    Resuelto en febrero 29, 1924.
    Calumnia e Injuria (Slander) — Relato Injurioso. — En el presente caso el acusado pronunció en un meeting público -las siguientes palabras: "Cuando un burgués liaee un robo se dice que es un gran financiero; ahora mismo se llevó a cabo una transacción en San Juan, en pública subasta para la construcción de un acueducto en la citada población, llevándose la buena pro el Sr. Giorgetti, en representación de una' casa anónima, en ésta se manejó medio millón de dollars ($500.00, sic.). ¿Esto para qué? Pues para reponer los eien mil pesos que se gastaron los unionistas para la co-misión que fué a Estados Unidos.” Se resolvió: que si bien tales frases no imputan la comisión de un delito, el presente caso se distingue del de Tül Puehlo v. García, 21 D. P. R. 163, porque las palabras transcritas cons-tituyen un relato que tiende fuertemente a desacreditar a la persona contra quien van dirigidas.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. B. Pagán.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asocíalo Sr. Wole,

emitió lá opinión del tribunal.

Nos inclinamos a convenir con el apelante en qne de la siguiente denuncia no aparece qne las palabras atribuidas-a dicbo apelante fueran bastantes para imputar la comi-sión de un delito:

“Que en enero cinco de 1923, entre 6 a 9 p. m., y en el bando Aguirre, sitio Coquí de Salinas, del Distrito Judicial Municipal de Salinas, que forma parte del Distrito Judicial de Guayama, P. R. •el referido acusado Miguel Bernard Silva, ilegal, voluntaria y ma-liciosamente, mientras se llevaba a cabo un meeting pro huelga agrí-cola, y haciendo de orador el acusado Miguel Bernard Silva, entre otras cosas dijo: ‘Cuando un burgués hace un robo se dice que es un gran financiero; ahora mismo se llevó a cabo una transacción en San Juan, en pública subasta para la construcción de un acue-ducto en la citada población, llevándose la buena pró el Sr. Giorgetti, en representación de una casa anónima, en ésta se manejó medio millón de dollars ($'500,00, sio.). ¿Esto para qué? Pues para re-poner los cien mil pesos que se gastaron los unionistas para la co-misión que fué a Estados Unidos.’ Que todas estas manifestaciones hechas en público y ante un conglomerado de personas que pasa-ban de cien, dichas en deshonra, desprecio y menosprecio del Sr. Giorgetti y del Municipio de San Juan, P. R., con la intención aviesa de poner a dicho Sr. Giorgetti y los hombres que dirigen el municipio de San Juan al ridículo pública.”

Aunque la palabra “robo” fué usada, sin embargo, en esta relación, las palabras meramente tendían a demostrar un impropio manejo _ de posturas o de fondos en resultante detrimento del público. No se alegan hechos que pudieran hacer caer los supuestos actos del Sr. Giorgetti dentro de la sanción de las leyes penales de Puerto Eico.

Sin embargo, la ley de libelo abarca no solamente delitos sino también relatos o informes hechos pública y malicio-samente tendentes a manchar el honor, la reputación o dig-nidad de una persona natural o de un cuerpo. Artículo 2 de la Ley para definir y castigar el delito de calumnia e injuria, aprobada en marzo de 1911. En el caso de El Pueblo v. García, 21 D. P. R. 163, la sentencia fné revocada por-que las palabras pronunciadas no constituían nn relato o informe, pero lo contrario es cierto de la presente denuncia. El relato o informe es que el Sr. Gíorgetti obtuvo la buena pro por medios impropios. Y decimos ‘‘medios impropios” porque las palabras “cuando un burgués buce un robo se dice que es un gran financiero” bay que relacionarlas con “se manejó”, siendo el resultado necesario que. cualquier oyente llegaría a la conclusión de que algo impropio se bizo. Y cuando el fin, como se alega, es ayudar a o pagar los gastos de una comisión del partido de la mayoría en Puerto Rico, la exposición en su totalidad es un relato o informe que tiende fuertemente a desacreditar al Sr. Giorgetti, la persona a quien se referían las palabras pronunciadas.

El Sr. Giorgetti, la persona que se suponía injuriada, fue llamado como testigo del gobierno. No compareció. El apelante señala como error el que la corte no usó todos los medios posibles para obtener la comparecencia de dicbo tes-tigo. El remedio, sin embargo, en todo caso es mediante mo-ción de suspensión para permitir a la defensa obtener al tes-tigo. El acusado basta cierto punto- bizo tal moción.

La omisión de suspender el caso en las anteriores cir-cunstancias se señala como error. La manera de obtener ana suspensión está descrita en los casos de El Pueblo v. Román 18 D. P. R. 219, y Dyer v. Rossy, 23 D. P. R. 772. El apelante no bizo solicitud ni declaración jurada para de-mostrar la importancia o necesidad de este testigo.

El juicio demostró que las palabras fueron pronunciadas en la forma imputada. La defensa consistió en una coar-tada que la corte no creyó existiera, conclusión que no vemos razón alguna para alterar. Esto dispone de los dos señala-mientos de error restantes.

La sentencia debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces' concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


author: El Juez Peestdente Se. del Tobo,

text:
    Quiñones et al., Demandantes y Apeladas, v. Zalduondo et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Primero, en pleito sobre rescisión de contrato. Moción para que se desestime la apelación y se rec'onsi dere una resolución de esta Corte.
    No. 3261.
    Resuelto en marzo 3, 1924.
    Desestimación de Apelación — Término para Badicar la Transcripción — Pro-clama del Gobernador Decretando el Cierre de las Oficinas Públicas — • Su Efecto en Cuanto a la Computación de Términos. — Habiendo vencido el término que la parte apelante tenía en este caso para archivar su transcrip-ción, el 6 de febrero de 1924, día en que las oficinas públicas permanecieron cerradas por orden del Gobernador expedida con motivo de la celebración en dicho día de los funerales de Woodrow Wilson, Presidente que fué de los Estados Unidos de América, es aplicable lo dispuesto en el artículo 388 del Código Político, y por tanto no procede desestimar el recurso por haberse dejado de archivar la transcripción en el mencionado día o de solicitar pró-rroga para su archivo.
    Los hechos estáh expresados en la opinión.
    Ahogados de los apelantes: Sres. Llorens & Arroyo.

    Abogado de las apeladas: Sr. Juan de Guzmán Benitez.

   El Juez Peestdente Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Penden de resolución en este caso una moción solicitando la reconsideración de la orden de esta corte de 7 de febrero actual, por virtud de la cual se negó una prórroga solicitada ese día por los apelantes para archivar la transcripción de los autos, por haber vencido el término el día anterior, y una moción de los apelados solicitando la desestimación del recurso, por no haberse archivado en tiempo la transcrip-ción.

De no reconsiderarse la orden del 7 de febrero, no hay dnda qne procede la desestimación del recurso, pero existe una circunstancia que nos lleva a la reconsideración solici-tada y por lo tanto a declarar sin lugar la moción de deses-timación.

Los apelantes sostienen que el día seis por la mañana trataron de obtener “la certificación del Secretario y el se-llo de rentas internas, pero no pudieron obtener ni una cosa ni la otra porque el Gobernador de Puerto Rico declaró día de duelo general el referido seis del corriente.”

En efecto por proclama publicada en el Boletín Adminis-trativo No. 253, el Gobernador ordenó que el día seis de fe-brero en que tendrían lugar los funerales de Woodrow Wilson, Presidente que fué de la República, todos los de-partamentos y oficinas del gobierno fueran cerrados y cesa-ran todos los negocios y trabajos públicos.

El artículo 388 del Código Político dice:

“El tiempo en que cualquier acto prescrito por la ley deba cum-plirse, se computará excluyendo el primer día e incluyendo el úl-timo, a menos que éste sea día de fiesta, en cuyo caso será también excluido. ’ ’

¿Debe considerarse como un “día de fiesta” el 6 de fe-brero de 1924?

El artículo 387 del propio Código Político fija los “días de fiesta” en Puerto Rico y establece que lo será además cualquier día que como tal declare el Gobernador de la Isla. Expresamente no declaró el Gobernador en este caso día de fiesta el 6 de febrero, pero al ordenar que todos los depar-tamentos y oficinas del gobierno fueran cerrados y que el trabajo público cesara, hizo imposible la gestión de los de-mandantes en el indicado día seis, y a nuestro juicio, la norma fijada por el artículo 388 del Código Político debe ser aplicada. Siendo ello así, la moción de prórrog*a presentada el día siete, lo fué en tiempo. Parece conveniente hacer constar que la transcripción se archivó el día ocho de fe-brero sólo algunas horas después de archivada la moción de desestimación.

En el acto de la vista de la moción de desestimación el ahogado de las apeladas se refirió a ciertas frases, que ca-lificó de impropias y ofensivas, contenidas en la moción de reconsideración, y pidió la protección de la corte. Los ape-lantes dicen que fueron diligentes en la prosecución de su caso y que si alguna culpa ha habido es imputable a la con-ducta del abogado de las apeladas que, contra las regias que dicta el compañerismo y la ética forense, puso innecesarios-obstáculos a la tramitación del recurso. Esos obstáculos consistieron en haberse negado a certificar dicho abogado la certeza de la transcripción cuando a última hora le fue sometida.

Un abogado no tiene la obligación en tal caso de certi-ficar y al proceder así no viola las regias de la ética. La ley señala los medios, la certificación del secretario y la de los abogados. No debe esperarse a última hora. A su debido tiempo deben los abogados ponerse de acuerdo. Si después de haberse puesto de acuerdo, sometida en el tiempo especificado la transcripción, sin motivo justificado alguno, el abogado se negara a certificar e hiciera perder su dere-cho a la otra parte, entonces sí su conducta constituiría una violación de la ética, pero ese no es aquí el caso y por lo tanto las palabras indicadas deben eliminarse del escrito de que se ha hecho mérito.

Parece conveniente transcribir la regia 17 de los “Cá-nones de Etica” adoptados por la Asociación Americana de Abogados. Dice así:

“Los clientes, no los abogados, son los litigantes. Cualquiera que pueda ser el encono que exista entre los clientes, no debe per-mitirse que influya en el abogado en su conducta y comporta-miento hacia el otro abogado o hacia las partes en el caso. Todas las cuestiones personales entre abogados deben evitarse escrupulo-samente.”

A virtud de todo lo expuesto, debe dejarse sin efecto la orden de siete de febrero, concederse la prórroga de diez díaz solicitada, desglosarse la moción de reconsideración y entregarse a los apelantes para que en el término de tres días la archiven de nuevo eliminando de ella todos los con-ceptos ofensivos al letrado de las apeladas, y finalmente de-clararse no haber lugar a la desestimación del recurso.

Sin efecto la resolución de febrero 7, 1924; se concede la prórroga solicitada y se de-declara sin lugar la desestimación.

Jueces concurrentes: Sres Asociados Wolf, Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


author: Er J cjez PkésideNte Sr. der Toro,

text:
    Alvarez, Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra notas del Registrador de la Pro-piedad de Caguas negándose a inscribir una escritura de disolución de sociedad mercantil y otra de venta judicial.
    No. 577.
    Resuelto en marzo 3, 1924.
    Escrituras Públicas — Capacidad de los Otorgantes — Defecto Subsanable.— De la escritura que se trata de inscribir o de los documentos acompañados a la misma, debe surgir la capacidad de los contratantes. Cuando no surge debe hacerlo así constar el registrador, pudiendo calificar el defecto de sub-sanable o insubsanable, de acuerdo con las circunstancias que en cada caso concurran.
    Sucesión — Adjudicación de Bienes. — La sucesión como persona jurídica no existe en nuestro derecho. No es una entidad legal independiente de los herederos. Siendo ello así, no pueden adjudicarse bienes a una sucesión sin expresar los nombres de los herederos que la componen.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. F. Socorro.

    El registrador recurrido compareció por escrito.
   Er J cjez PkésideNte Sr. der Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se apela de dos negativas del registrador de la propie-dad de Caguas, una a inscribir la escritura No. 46 de diso-lución de sociedad mercantil y otros extremos otorgada ante el notario Cruzado Silva el 12 de julio de 1922, en cuanto a dos casas situadas en Caguas adjudicadas a los herede-ros de uno de los socios de la disuelta sociedad, y otra a registrar la venta judicial de dichas dos casas constante en escritura No. 26 otorgada en 19 de julio de 1923 ante el notario Tous Soto. La segunda calificación -depende ente-ramente de la primera.

La negativa a inscribir la escritura de 22 de julio se basó Io. en no haberse acreditado el carácter con que en ella comparecieron Florentino Miranda y Herminio Madera, y 2°., en no acompañarse testamento ni declaratoria de here-deros del socio fallecido Manuel Alvarez, “únicos documen-tos suficientes para acreditar que Olive Fischer, Olive Francesca y Olga Alvarez sean las únicas personas que componen la sucesión de Manuel Alvarez Rivera, la primera como esposa y las segundas como hijas.”

Argumentando el primer punto sostiene el registrador que del texto de la escritura no puede saberse “si el Flo-rentino Miranda que comparece es el albacea testamentario del fallecido Manuel Alvarez Rivera ni .... si el Hermi-nio Miranda que concurre-. ... es el socio de Alonso Riera' y Compañía.”

Es cierto que leyendo la escritura totalmente se deduce que el Madera que comparece os el socio de Alvarez y el Miranda su albacea, pero en parte alguna, de ella se trans-criben los documentos o 16 pertinente de los mismos en que conste originalmente su personalidad.

Examinemos el segundo motivo de la nota. Las dos ca-sas de Caguas de que se trata figuran inscritas en el regis-tro de la propiedad a favor de la mercantil Alonso Eiera y Compañía y en la escritura se adjudican al ‘ ‘ socio Suce-sión de' don Manuel Alvarez.” Se sostiene por el recurrente que la sentencia de la corte de distrito que se inserta en la escritura es suficiente para demostrar que la Sucesión de Manuel Alvarez está formada por su viuda Olive Fischer y por sus hijas Olive Francesca y Olga Alvarez. Dicha sen-tencia en lo pertinente dice:

“En la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan,. P. R. Primer Distrito. — Henry C. Fischer, Florentino Miranda,, como albaceas testamentarios del finado Manuel Alvarez Rivera, doña Olive Fischer por sí y como madre con patria potestad de sus hijas Olive Francesca y Olga Alvarez. — Demandantes.—vs. Her-mino Madera Rivera. — Demandado.—No. 180. — Sobre Disolución de Sociedad y otros extremos. — Sentencia.—Vista la estipulación de las partes en el caso arriba expresado, por virtud de la cual hacen constar que han llegado a un acuerdo en las diferencias, que mo-tivaron el presente litigio, la corte dicta sentencia en virtud de dicha estipulación en la forma siguiente: — (1) El contrato privado de ocho1 de junio de 1921 otorgado entre don Manuel Alvarez y don Herminio Madera y el cual aparece copiado en la demanda, queda por la] presente anulado. — (2) La escritura pública otor-gada en 16 de junio de 1921 ante el Notario de San Juan don Miguel García González por virtud de la cual don Manuel Alvarez vendió a Alonso Riera & Co. su participación, derechos y accio-nes en dicha sociedad por el precio de $125,000 queda también anulada. — (3) Alonso Riera & Co. venderá todo su activo y pasivo a Alonso Riera & Co. Inc. * * * (4)> Simultáneamente con esta escritura de venta se procederá a la disolución de la firma Alonso Riera & Co. y sus socios don Herminio Madera recibirá como pago de su participación en la sociedad las acciones de la corporación Alonso Riera & Co. Inc. que hubieran sido pagadas como liarte del precio de la venta y la Sucesión de don Manuel Alvarez deberá recibir como la participación de don Manuel Alvarez, el otro socio, la propiedad de las casas del Condado y de Caguas haciéndose cargo de sus gravámenes y la hipoteca por $65,000 constituida sobre el ‘Tobacco Palace’ debiendo ser la participa-ción de la Sucesión Alvarez al disolverse Alonso Riera & Co¡ la dicha cantidad' de $65,000 garantizado por dicha hipoteca y las tres casas de referencia.”

En todo el cuerpo de la sentencia sólo se habla de la Sucesión de Manuel Alvarez. Es del título que algo po-dría deducirse sobre las personas que componen dicha su-cesión, que “Como persona jurídica no existe en nuestro de-recho .... No es una entidad legal independiente de los herederos. Estos son los que la determinan, y son los que deben aparecer como demandantes o demandos.” Arvelo et al. v. Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, 25 D. P. R. 736.

No consta que se presentara prueba. El fallo se pronun-ció bajo la base de una estipulación y el juez aceptó lo con-venido por ambas partes y le dió su sanción.

Resta Considerar qué efectos tiene la copia de una reso-lución dictada por la Corte de Distrito de San Juan autori-zando a Florentino Miranda como albacea testamentario a vender en subasta pública las fincas de que se trata per-tenecientes a la Sucesión del finado Manuel Alvarez “en cuya sucesión hay dos menores, a saber: Olive Francesca y Olga Alvarez Fischer,” presentada también en el regis-tro. Ese documento demuestra que Florentino Miranda fue tenido como albacea de Manuel Alvarez, y los menores Alvarez Fischer como dueños de las casas de que se trata, pero aún así creemos que el registrador, llamado a velar por la seguridad en la trasmisión de bienes inmuebles en esta Isla, estaba autorizado para exigir que Madera y Miranda justificaran con los documentos apropiados la perso-nalidad con que comparecieron en la escritura de 12 de ju-lio, y para requerir la presentación del testamento, o la de-claratoria de herederos, o la sentencia dictada en algún pleito, agregamos nosotros, en que se hubiera resuelto la cuestión. Soriano et al. v. Rexach et al., 23 D. P. R. 573.

Ahora bien, ¿se trata de defectos subsana.bles o insub-sanables? Es este un caso en que, como hemos dicho en varias ocasiones, la calificación del defecto es difícil, y pnede llegarse a una n otra conclusión. Atendidas las cir-cunstancias concurrentes, nos inclinamos a decidir que la ■calificación debió ser de defecto subsanable. La anotación del defecto sería bastante para llamar la atención de los futuros contratantes y no interrumpiría el registro dé transacciones ya consumadas aparentemente realizadas de acuerdo con la ley.

Como dijimos al principio, la negativa a inscribir la otra escritura de 19 de julio depende enteramente de lo re-suelto en cuanto a la de 12 de julio. Inscrita ésta, las fin-cas quedarán registradas a favor de las personas que apa-recen como vendedores en la de 19 de julio, y, de acuerdo con la ley y la práctica, podrá registrarse sin dificultad.

Deben, pues, revocarse ambas notas, veiificándose la ins-cripción anotando los defectos apuntados como subsanables.

Revocadas las notas recurridas.

Jueces concurrentes: Sres Asociados Wolf, Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Su. Fraítoo Soto,

text:
    Vidal, Recurrente, v. El Registrador de Arecibo, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra cierta reserva apuntada por el Registrador de la Propiedad de Arecibo en una escri-tura de partición.
    No. 580.
    Resuelto en marzo 6, 1924.
    Usufructo Viudal — Derecho Enajenable. — Apareciendo de la escritura partieio-nal que la viuda enajenó su derecho de’ gananciales juntamente con su cuota usufructuaria, procede la revocación de una nota en la cual el registrador, al inscribir cierto condominio en una finca adjudicada en la partición, lo hizo "sin perjuicio" del derecho de los menores * * * en la cuota usufruc-tuaria cedida por su madre.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. A. Fiol Negron.

      El registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Su. Fraítoo Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Mercedes Gordís y Lugo, viuda de Gervasio Gómez y García, cedió a Isabel Lugo y Lugo todos los derechos y acciones que tenía y podían corresponderle, ya por ganan-ciales o por su cuota usufructuaria, en los bienes que a su fallecimiento dejó su consorte Gómez y García.

En las operaciones de partición y división de dichos bie-nes la cesionaria estuvo representada y, por convenio de todos los interesados, se le asignó en plena propiedad un capital en efectivo de doscientos dólares en pago del dere-cho de usufructo que le fue cedido. En el mismo documento compareció Pedro Clausells y Armstrong a quien, como cesionario de otros herederos y para pago de deudas, se le adjudicó un condominio de cierta finca rústica denominada £ÍE1 Retiro,”. Dicho condominio fué a su vez transferido al recurrente, quien habiendo presentado a] registro la "es-critura de partición el registrador verificó la inscripción del referido condominio con la siguiente reserva:

"Sin perjuicio del derecho de los menores Carlos Manuel y Manuel Badillo Gómez y Gordís en la cuota usufructuaria cedida por su madre Mercedes Gordís y Lugo a favor de Sabad Lugo y Lugo.”

No conforme el recurrente con la reserva que el registra-dor hace constar en su nota, ha establecido el presente re-curso, solicitando se haga la inscripción sin reserva ni de-fecto alguno.

El registrador no menciona en su nota el precepto o ra-zón legal en que pudiera fundarse ni ha presentado ale-gato para sostenerla. De todos modos, la calificación del registrador no presenta cuestión alguna que resolver. ■ La sección 12 de la ley para modificar y derogar ciertos artícu-los del Código Civil, aprobada en marzo 9, 1905, autoriza satisfacer al cónyuge viudo su parte de usufructo en un capital en efectivo, .y además se trata de un derecho enajena-ble.

Por lo expuesto, la nota del registrador debe revocarse y verificarse la inscripción solicitada sin la reserva qne se hace constar en la misma.

Revocada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Su. Franco Soto,

text:
    Blondet, Demandante y Apelada, v. Benítez et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Segundo, en pleito sobre desahucio. Moción para que se desestime la apelación.
    No. 3152.
    Resuelto en marzo 6, 1924.
    Desestimación de Apelación por Tardanza en la Radicación — Desestimación de Apelación por Pritolidad. — Para que proceda la desestimación de una apelación de acuerdo con la regla 59 del reglamento del Tribunal Supremo no basta que bayan transcurrido noventa días desde que se presentó el escrito de apelación sin qne se baya radicado la transcripción, sino que debe demos-trarse la falta de diligencia del apelante o que la apelación es frívola.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. M. Tous Soto.

    Abogados de la apelada: Sres. R. E. Blondet y J. Vall-dejuli.

   El Juez Asociado Su. Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una moción para que desestimemos la apelación interpuesta por los demandados contra la sentencia de de-sahucio que dictó la corte inferior a favor de la deman-dante.

La moción se funda en la regla 59 de esta Corte Su-prema, primero, porque han transcurrido más de 90 días sin que los apelantes liayan presentado el récord; y segundo, porque en todo caso, la apelación es frívola y a los deman-dados no les asiste una buena y justa causa para seguir plei-teando. Dicha moción fué radicada en esta corte el 4 de febrero de 1923.

Los apelantes se opusieron a la moción, y al escrito de oposición de fecha 12 de febrero de 1923, acompañaron el legajo de la sentencia y la exposición del caso.

La apelación fué interpuesta el 22 de agosto de 1923; en 31 de dicho mes y año se les concedió una. prórroga de 20 días a los apelantes para radicar el proyecto de exposi-ción del caso, el cual fué radicado en la corte inferior el 14 de septiembre de 1923. La corte inferior ordenó la adición del mismo de ciertos particulares y el proyecto fué nueva-mente presentado el 19 de septiembre de 1923 y certificado por el juez inferior el 22 de enero de 1924. No aparece por tanto de los procedimientos relacionados, la falta de dili-gencia que se imputa a los demandados para proseguir su apelación-porque no basta que transcurran simplemente los 90 días a que se contrae la regla 59 supra, sino que debe demostrarse satisfactoriamente la falta de diligencia en los apelantes para continuar y estar al cuidado en los medios preparatorios de' su apelación.

Én cuanto a la frivolidad de la apelación, no habiéndose demostrado a satisfacción del tribunal que lo sea, no ha lugar tampoco a su desestimación.

Por lo expuesto, la moción de desestimación se declara sin lugar.

Sin lugar.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Porto Rico Racing Corporation et al., Peticionarios, v. La Corte de Distrito de San Juan, Demandada.
    Solicitud para que se expida un auto de certiorari dirigido a la Corte de Distrito de San Juan, Segundo Distrito, Hon. Manuel Rodríguez Serra, Juez.
    No. 432.
    Resuelto en marzo 7, 1924.
    Sindicatura — Nombramiento de Síndico. — La facultad de nombrar síndico es muy delicada y debe ejercitarse con gran cautela y solamente cuando las cir-cunstancias del caso exigen un remedio urgente o cuando la corte tenga mo-tivos . suficientes para creer que existe un peligro inminente de que pueda ocurrir una pérdida, para que no sea mayor el perjuicio que ocasione que lo que se trata de evitar; jamás debe hacerse uso de esa facultad en caso de duda ni cuando hay probabilidades de que su ejercicio ocasione injusticia o perjuicio a los derechos privados.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los peticionarios: Sres. M. Guerra, H. G. Molina y L. Feliú.

    Abogado de la parte contraria: Sr. B. Rivera Zayas.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Este es nn procedimiento de certiorari para revisar la resolución de la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Segundo, sobre nombramiento de un síndico pendente lite.

La corporación San Juan Racing ■& Sporting Club ve-nía dedicándose de hace muchos años a la explotación de un hipódromo en el barrio de Santurce de esta ciudad de San Juan, P. R., habiendo llegado a tener una empresa próspera y remuneradora, y a fines de 1922 comenzó don Deogracias Viera la construcción de otro hipódromo en el vecino barrio de Hato Rey de Río Piedras que fué inaugu-rado el 6 de mayo de 1923, y surgió una competencia entre ambos hipódromos.

En abril de 1923 los diez accionistas de la San Juan Racing & Sporting Club, que a su vez son los únicos y sus directores, formaron otra nueva corporación con el nombre de Porto Rico Racing Corporation que tiene como uno de sus fines explotar hipódromos y tomarlos en arrendamiento.

Desde que el Sr. Viera comenzó la construcción de su hipódromo el presidente de la San Juan Racing & Sporting Club empezó a tratar con él para comprarle o arrendarle el nuevo hipódromo cuyas gestiones no tuvieron éxito hasta después de cinco meses de competencia, y el día 21 de sep-tiembre de 1923 se firmó una escritura pública por la cual don Deogracias Viera y su esposa dieron en arrendamiento su hipódromo Quintana Racing Park a la Porto Rico Racing Corporation hasta el 24 de mayo de 1926 por canon de $18,000 anuales, pagaderos por trimestres adelantados de $4,500 cada uno, y comprometiéndose a vendérselo por pre-cio de $200,000 durante todo el término del arrendamiento; y la Porto Rico Racing Corporation se comprometió a pa-gar el canon expresado, a conservar el hipódromo y sus de-pendencias en buen estado, a admitir como accionista suyo al Sr. Viera, a no cambiarle el nombre al hipódromo del Sr. Viera, a no dar carreras en el hipódromo de Santurce, a pagar las Contribuciones y un seguro de incendio y a co-brar por cuenta del Sr. Viera lo que le estaban adeudando los dueños de caballos; y la San Juan Racing & Sporting Club, que también concurrió al otorgamiento de la escri-tura., se obligó a destruir su hipódromo de Santurce y se constituyó en fiadora de todas las obligaciones contraídas por la Porto Rico Racing Corporation.

Poco más de un mes después de estar cumpliéndose ese contrato, y Como consecuencia de él, de haber sido admitido el Sr. Viera como accionista de la Porto Rico Racing Corporation, de haber dejado la San Juan Racing & Sporting Club de dar carreras de caballos en su hipódromo de San-turce, de haber comenzado a destruirlo y dé haber recibido el Sr. Viera el primer trimestre adelantado de arrenda-miento, 'los esposos Viera presentaron demanda contra la Porto Bico Racing Corporation y contra la San Juan Racing & Sporting Club para que le devolvieran su hipó-dromo Quintana Racing Park con todos los beneficios en él obtenidos por la Porto Rico Racing Corporation, fun-dándose en que el contrato de arrendamiento es nulo por-que el propósito y voluntad de los demandantes al hacer el contrato fué que la San Juan Racing & Sporting Club, única competidora y con , suficiente garantía, asumiese su cumplimiento y que sin su concurso no lo hubieran cele-brado, y que para acreditar los presidentes de ambas corpo-raciones su representación en la escritura presentaron dos certificaciones falsas firmadas por sus respectivos secreta-rios haciendo constar la de la Porto Rico Racing Corporation que su presidente fue autorizado por acuerdo de 17 de septiembre de 1923 para tomar en arrendamiento el hipó-dromo Quintana Racing Park, habiendo sabido después los demandantes que esa corporación no celebró sesión en ese día ni tomó tal acuerdo; y que el presidente de la San Juan Racing & Sporting Club presentó, otra certificación de otro acuerdo de sus directores, también de 17 de septiembre de 1923, en el que se le autorizaba para concurrir al otorga-miento de la escritura, para que la constituyera en fiadora del cumplimiento del contrato asegurando el pago de los cánones de arrendamiento y de las demás obligaciones con-traídas por la Porto Rico Racing Corporation y a estable-cer como condición que no daría carreras de caballos en su hipódromo de Santurce, cuando lo cierto es, según han sa-bido posteriormente, que sólo fué autorizado para concu-rrir a la escritura y comprometerla a no dar Carreras en su hipódromo durante la vigencia del contrato y que no fué autorizado para constituirla en fiadora, por cuyas falsas re-presentaciones fué que los demandantes firmaron el con-trato.

Radicada esa demanda los demandantes presentaron mo-ción a la corte para que nombrara nn síndico que se incau-tara del hipódromo Quintana Racing Park objeto del arren-damiento y lo maneje y lo explote mientras se termina el pleito, alegando para ello la radicación de su demanda de nulidad del contrato por los fundamentos en ella expresa-dos y especialmente por la falta de consentimiento de los demandantes por haber sido inducidos a error para otor-garlo : la entrega que hicieron de su hipódromo: que éste está produciendo $2,500 de renta semanalmente: que según su información y creencia la Porto Rico Racing Corporation carece de recursos y bienes suficientes para responder de los beneficios que el hipódromo reporta por lo que ellos y el hipódromo mismo corren peligro de perderse o sufrir daños de consideración y que los demandantes carecen de otro recurso legal para protegerse.

Las corporaciones demandadas se opusieron a que se nombrara síndico alegando, entre otras Cosas, que la moción en que se solicita ese nombramiento y la demanda principal no aducen hechos determinantes de causa de acción': que si los demandantes tuvieren algún derecho tienen re-medio completo, rápido y eficaz en los procedimientos ordi-narios de la ley para garantizarlo así como para asegurar la efectividad de la sentencia que pueda dictarse; que los demandantes están impedidos de atacar el contrato y de so-licitar su nulidad y recisión; que aunque el contrato adole-ciera de algún vicio de nulidad ha quedado convalidado y extinguida la acción que se ejercita: negaron haber indu-cido a error a los demandantes: alegaron que éstos tuvie-ron conocimiento de las facultades de las demandadas por-que constan archivadas en la Secretaría Ejecutiva de Puerto Rico: negaron que la Porto Rico Racing Corporation ca-rezca de recursos para responder a los demandantes de su reclamación o que sea insolvente, pues tiene un capital en efectivo de $18,000 y la San Juan Racing & Sporting Club tiene bienes por $300,000; negaron qne el hipódromo y sns beneficios corran peligro de perderse o de sufrir daños de consideración y alegaron qne los demandantes se han bene-ficiado con el contrato porque la San Juan Racing & Sporting Club ha cerrado su hipódromo y lo ha destruido, es-tando completamente inservible; y por último ofrecieron constituir fianza a favor de los demandantes para garanti-zarles de su reclamación. También presentaron su contes-tación a la demanda oponiéndose a ella por distintos fun-damentos.

De las pruebas presentadas en la vista de la moción so-bre nombramiento de síndico resulta lo siguiente:

Que después de celebrado el contrato de arrendamiento de 21 de septiembre de 1923 han surgido desavenencias en-tre los accionistas-directores de ambas corporaciones, que son las mismas personas: que si bien en el libro de actas de la Porto Ric'o Racing Corporation no consta que cele-brara sesión el 17 de septiembre .de 1923 y que tomara el acuerdo que se dice en la certificación que presentó su pre-sidente al otorgarse la escritura de arrendamiento, sin embargo de dicho libro consta que el 10 de abril de 1923 se acordó autorizar al presidente para que hiciera las gestio-nes que estimase oportunas para tomar en arrendamiento uno o más hipódromos de los que existen en esta isla: que el 24 de septiembre de 1923 su presidente dió cuenta en se-sión de accionistas de que se había.firmado la escritura de arrendamiento del hipódromo Quintana Racing Park Con el compromiso de ceder una acción a don Deogracias Viera por su valor a la par de $1,000,- habiéndose acordado por unanimidad cederle dicha acción y tomando posesión en ese día el Sr. Viera como director: que en sesión de directores del 16 de octubre se dió cuenta de haberse firmado la es-critura de acuerdo con resoluciones tomadas el 17 de sep-tiembre de 1923; que en sesión del 27 de octubre se acordó ratificar el arrendamiento del hipódromo Quintana Racing Park e insertar en el libro el acuerdo de 17 de septiembre de 1923 según consta en la certificación que libró el secre-tario y se acordó además proponer al Sr. Viera sustituir la garantía de la San Juan .Racing & Sporting Club por la de siete de sus directores, por una fianza de una corpora-ción de las que hacen esos negocios en esta isla o por un depósito en efectivo en el banco, ofreciéndole además que si le compra el hipódromo le será garantizado con hipoteca so-, bre él la parte del precio que quede aplazada; que en dicha acta se insertó el acuerdo de 17 de septiembre de 1923 que en dicho día se tomó por unanimidad. El Sr. Viera no aceptó la sustitución de la fianza.

En cuanto a la San Juan Racing & Sporting Club no consta del acta de la sesión del día 17 de septiembre de 1923 que se tomara acuerdo alguno con í'especto al Quintana Racing Park, pero en la sesión del 30 de octubre de 1923 se tomó por mayoría de votos el acuerdo de insertar en ella el que por unanimidad se había tomado el 17 de septiem-bre de 1923 autorizando a su presidente para Constituirla en fiadora de la Porto Rico Racing Corporation por el arrendamiento del Quintana Racing Park, cuyo acuerdo ra-tificó la mayoría; ^que el 13 de noviembre de 1923 fué aprobada una enmienda a sus cláusulas de incorporación al efecto de facultarla para constituirse en fiadora o ga-rantizadora de toda clase de contratos, porque habiéndose constituido en fiadora para con los esposos Viera bajo la impresión de que tenían facultad para ello sin embargo des-pués de haber consultado el asunto están en duda de si te-nían y tienen tal facultad.

De la prueba testifical resulta que las negociaciones para el arrendamiento con el Sr. Viera las tuvo el presidente de la San Juan Racing & Sporting Club, que también es accio-nista y director de la Porto Rico Racing Corporation; que tres días antes de firmarse la escritura de arrendamiento el presidente de la San Juan Racing & Sporting Club y don Deogracias Viera se presentaron en una notaría llevando ambos una minuta para la escritura en la que el contrato se celebraba con la Porto Rico Racing Corporation y los esposos Viera: que al día siguiente se agregó a la minuta la garantía de la San Juan Racing & Sporting Club, fir-mándose en esa forma la escritura el día después, 21 de sep-tiembre: que la mayoría de los accionistas y directores de la San Juan Racing & Sporting Club declararon que el acuerdo de fianza se tomó el día 17 de septiembre de 1923 por si era pedida por el Sr. Viera pero que no se hizo cons-tar en el acta para darle forma de acuerdo con lo que se dijera en la escritura.

También se presentó con la oposición de las demandadas alguna evidencia tendente a probar que la pista del hipó-dromo Quintana Racing Park estaba encharcada, apare-ciendo de las declaraciones de los testigos ele ambas partes que en los días a que ellos se referían estaba lloviendo mu-cho en aquel sitio.

Terminada la práctica de la prueba el día 28 de noviem-bre por la tarde los demandados dijeron a la corte que antes de que dictase cualquier resolución querían radicar una petición escrita para prestar fianza en caso de que se quiera nombrar un síndico y que si la corte no la estimaba suficiente hacían la oferta de depositar en ella todo el pro-ducto del hipódromo hasta que la corte resolviera en defi-nitiva o bien que la corte suspendiera su resolución hasta el 3 de diciembre siguiente ofreciéndole depositar $10,000 o mayor cantidad para responder de los productos del hipó-dromo por el día 29 de noviembre y por el domingo si-guiente 2 ele diciembre, pero la corte resolvió lo siguiente:

“La corte * * # llega a la conclusión de que los deman-dantes tienen grandes probabilidades dé éxito en su demanda y procede el nombraminto; de un síndico para que de acuerdo con las disposiciones y jurisprudencia aplicables, se baga cargo del Hi-pódromo Quintana Racing Park y lo administre y conserve bajo la orden de la corte en beneficio de la parte que en definitiva re-sulte triunfante en la acción. No pudiéndose en este acto designar una persona que ocupe el cargo de síndico y siendo una bora avan-zada de la tarde y mañana jueves, día festivo; el sábado, medio día festivo, y el domingo próximo, también día festivo, y en esos dos días festivos, a saber jueves y domingo, se ban de celebrar ca-rreras en el mencionado Hipódromo Quintana Racing Park, mien-tras la corte designa un síndico en propiedad, es su deseo, que dicho Hipódromo sea puesto en la posesión inmediata del señor Eduardo Urrutia, marshal de esta corte de distrito, para que actúe como tal síndicq interinamente o provisionalmente basta el primer día hábil en que esta corte pueda designar un síndico1 en defi-nitiva. Mientras tanto, el síndico nombrado así provisionalmente, habrá de prestar una fianza de cinco mil dollares; tomará inme-diata posesión después de haber cualificado, de todas las edifica-ciones, terrenos y pertenencias del Quintana Racing Park, y dará cuidado especial, administrándolas bajo la autoridad de la corte, en dicho Hipódromo, a las carreras que habrán de tener lugar en el día de mañana jueves 29 de noviembre y el domingo 2 de diciembre, del corriente año.”

El viernes 30 de noviembre nos fué presentada la pe-tición de certiorari y libramos el auto.' En la vista que tuvo lugar ante nosotros intervinieron los esposos demandantes.

En el caso de Balasquide v. Rossy, 18 D. P. R. 33, he-mos dicho que la facultad de nombrar síndico es muy deli-cada y debe ejercitarse con gran cautela y solamente cuando las circunstancias del caso exigen un remedio urgente o cuando la corte tenga motivos suficientes para creer que existe un peligro inminente de que pueda ocurrir una pér-dida, para que no sea mayor el perjuicio que ocasione que lo que se trata de evitar; que jamás debe hacerse uso de esa facultad en c'aso de duda ni cuando hay probabilidades de que su ejercicio ocasione injusticia o perjuicio a los de-rechos privados. Estas regias nos servirán de norma para resolver el presente recurso.

Aunque los demandantes alegaron en su petición sobre nombramiento de síndico que el hipódromo Quintana Eacing Park está produciendo una cantidad considerable de renta semanal que calculan en $2,500 que, según su información y creencia, la Porto Eico Eacing Corporation carece de bie-nes suficientes con que responder a los demandantes de esos beneficios que reclaman con el hipódromo, por lo que unos y otros corren peligro de perderse o de sufrir daños de consideración, sin embargo, no trataremos esta cuestión por-que los demandantes han tratado principalmente en su ale-gato ante esta Corte Suprema la cuestión de fraude de las demandadas en el contrato y porque la obligación que cla-ramente aparece del contrato contraída por la Porto Eico Eacing Corporation es la de pagar $18,000 anuales por el arrendamiento, y si por la nulidad del contrato tiene dicha corporación el deber de entregar también a los demandan-tes como frutos del hipódromo la ganancia que obtiene por su negocio, por su experiencia, por su capital y sobre todo por la falta de competencia por haber sido cerrado y des-truido el hipódromo de la San Juan Eacing & Sporting Club, es cuestión que no es muy clara para que pueda ser-vir de fundamento para el nombramiento de síndico y debe ser resuelta en cuanto al derecho ,y su alcance cuando se decida el pleito principal.

También podemos dejar a un lado la cuestión de si la pista del hipódromo está en mal estado de conservación ]jorque ese hecho no fué alegado en la petición ni en la de-manda y porque resultando de las pruebas de ambas partes que en los días a que se refiere ese hecho estaba lloviendo mucho en el sitio en que está el hipódromo, no podríamos afirmar que el estar encharcada y fangosa la pista se deba al abandono y descuido de la Porto Eico Eacing Corporation.

Si bien es cierto que por haber xenido el Sr. Viera las conferencias para el arrendamiento de su hipódromo con el presidente de la San Juan Racing & Sporting Club, que ahora es fiadora, podría creer que con ella se celebraría el contrato, lo cierto es que las negociaciones terminaron en un contrato de Viera con la Porto Rico Racing Corporation, garantizado por la otra corporación, por lo que cual-quiera que fuera el propósito del Sr. Viera quedó desvir-tuado por el hecho último de haber contratado el arrenda-miento con la Porto Rico Racing Corporation, siendo apli-cable por analogía a este caso la doctrina sentada en el de Cintrón & Aboy v. Solá, 22 D. P. R. 262, por lo que no puede alegar fraude por haber otorgado la escritura con la Porto Rico Racing Corporation, y no con la San Juan Racing & Sporting Club.

En cuanto a haber sido engañado por el presidente de la Porto Rico Racing Corporation por no ser cierto que es-tuviera autorizado;, según la certificación que presentó al otorgarse la escritura, para tomar en arrendamiento el hi-pódromo, de la evidencia resulta que estaba autorizado desde abril de 1923 para tomar en arrendamiento uno o más hipódromos de los que existen en esta isla y que si bien no existe acta del 17 de septiembre de 1923 de que se celebrara sesión en ese día, sin embargo, de acta posterior consta que ese día se celebró sesión y que se tomó el acuerdo de arren-dar el hipódromo del Sr. Viera, arrendamiento que fué ra-tificado por otro acuerdo. Por consiguiente, si hubo infor-malidad o descuido en no extender el acta de 17 de sep-tiembre de 1923 referente a la. autorización dada a su presi-dente para tomar en arrendamiento el Quintana Racing' Park, no nos atrevemos a declarar en vista de esos hechos que tal acuerdo no fué tomado en ese día y que por esto hubo fraude.

Algo parecido ocurre con la garantía dada al contrato por la San Juan Racing & Sporting Club. ' En el acta de la sesión de 17 de- septiembre de 1923 no consta que se auto-rizara a su presidente para constituirla en garantizadora de ese Contrato, porque según declaró dicho presidente quedó pendiente de darle forma de acuerdo con la escritura, perú en otra acta posterior se hizo constar que ese acuerdo fue tomado en dicho día y además se acordó enmendar las cláu-sulas de incorporación para facilitarla expresamente a dar esa clase de garantías por si sus cláusulas originales no son suficientes, por lo que en vista de esos- hechos no podemos declarar que dicho presidente no fué autorizado para ga-rantizar el contrato, y si podía o no garantizarlo o si la en-mienda de sus cláusulas no puede dar valor al contrato ya celebrado son cuestiones que no resultan tan claras que jus-tifiquen ahora en este procedimiento la declaración de fraude.

Además, cada caso ha de resolverse por las circunstan-cias que en él concurran y los hechos en el presente demues-tran que si hubo alguna informalidad en no extenderse oportunamente en las actas de las corporaciones los acuer-dos que tomaron el 17 de septiembre de 1923 o en creer el presidente de la San Juan Bating & Sporting Club,- que también es accionista de la Porto Bico Bating Corporation, que dichas corporaciones aprobarían sus actuaciones en el arrendamiento y la garantía como medio de poner término a una competencia que le estaba haciendo perder dinero a los que eran accionistas de ambas corporaciones, no puede por esto decirse que hubo engaño para el Sr. Viera tanto más cuanto que la conducta de dichas corporaciones demues-tra no sólo que han querido cumplir el contrato y que lo están cumpliendo sino que para obviar dificultades han ofre-cido nueva garantía al arrendador y, lo que es aun más fuerte, por haber cesado la San Juan Bacing & Sporting Club en su negocio de dar carreras de caballos en su hipó-dromo de Santurce y de estar destruyéndolo se ha creado una situación difícil para dicha corporación y ventajosa para el Sr. Viera.

Por todas estas circunstancias opinamos que este no es un caso propio para el nombramiento de un síndico por lo •que la orden decretándolo, dictada por la corte inferior, debe ser anulada.

En vista de la conclusión a que hemos llegado no es ne-cesario0 que expongamos las razones que tuvimos para ne-garnos a reconsiderar nuestra resolución de Io. de diciembre de 1923 ordenando cesara el síndico provisional nombrado por la corte inferior.

Anulada la resolución de la corte inferior so-bre nombramiento de sindico.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez PeesideNte Sr. del Toro,

text:
    Ramis et al., Demandantes y Apelantes, v. Prats et al., Demandadas y Apeladas.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre inexistencia de actos y contratos.
    No. 2954.
    Resuelto en marzo 14, 1924.
    Nulidad de Actos y Contratos — Palta de Partes Demandadas — Excepción Previa. — No erró la corte sentenciadora al declarar con lugar una excepción previa de falta de partes necesarias, cuando la parte demandante alega que son nulos diferentes actos y contratos y solicita que la corte lo declare así y eso no obstante no se demanda a las personas que otorgaron dichos actos y contratos.
    Id. — Alegaciones—Exposición Separada de las Causas de Acción. — Por acu-mulación de acciones, o con más propiedad, por acumulación de causas de acción, se entiende la unión de dos o más pretensiones o derechos de aeeión en una acción; la exposición de más de una causa de aeeión en una demanda. La manera por la cual las causas así acumuladas deben ser expuestas, es diferente y constituye una cuestión de alegaciones (pleadings)'.

    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. F. González.

    Abogados1 de las apeladas: Sres. M. Tons Soto y R. Arce.

   El Juez PeesideNte Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Figuran como demandantes en este pleito Francisco Ra-mis, María- L. Borrás y Monserrate Borrás y como deman-dados Catalina Prats y sus herederos desconocidos, (sic Antero, Natalio, Andrea y Concepción Llompart, y Juana Borrás. Se titula sobre inexistencia de actos y contratos y gira alrededor de una casa situada en Caguas, P. R.

Se alega, en resumen, en la demanda, lo que sigue: Que en 1892 el Ayuntamiento de Caguas autorizó a Pascual Bo-rrás a fabricar y él fabricó una casa de manipostería en solar del municipio en atención a que dicho Borrás tuvo allí otra casa ruinosa que fué derribada; que Borrás per-maneció como dueño hasta que en 1910 vendió la casa a Benjamín Forteza, quedando aplazada una parte del precio de la venta hasta que se cancelaran ciertos gravámenes que existían, según el registro, sobre la casa en cuestión. For-teza vendió a Isolina Díaz en las mismas condiciones. Y se sostiene que este pleito se inicia a los efectos de cumplir lo prometido por Borrás al vender a Forteza y por Forteza al vender a Isolina Díaz. Los demandantes dicen ser los he-rederos de Pascual Borrás fallecido en 1910.

Se alega además en la demanda que en el Registro de la Propiedad de Caguas existen, en relación con la casa dq que se trata, los siguientes asientos:

(a) Inscripción primera a favor de Bartolomé Palou y Bosch, por compra a G-abriel Amalbert y López.

(5) Inscripción segunda a favor de Jaime Llompart y Prats, por compra a Bartolomé Palou y Bosch.

(c) Inscripción tercera de posesión, en virtud de infor-mación posesoria, a favor del mismo Jaime Llompart y Prats.

(d) Inscripción cuarta a favor de Juana Borrás G-inart, por compra a Jaime Llompart y Prats.

(e) Inscripción sexta, de hipoteca constituida por Juana Borrás y Ginart a favor de Jaime Llompart y Prats, en ga-rantía de nn préstamo de dos mil dollars, intereses y costas.

Y se sostiene que la inscripción a favor de Palón es nula porque quien compró a Amalbert fue Pascual Borrás y no Palou, siendo simulada la venta al último; que también es nula la inscripción a favor de Llompart porque nada te-niendo Palou nada pudo trasmitirle; que la inscripción re-lativa a la información posesoria es igualmente nula, no existiendo para la época en que se tramitó el expediente, 1901, la casa, por haber sido destruida fabricando otra Bo-rrás en su lugar; que la inscripción a favor de Juana Bo-rrás es nula por basarse en un contrato simulado y sin causa, y también lo es la inscripción de la hipoteca consti-tuida por Juana Borrás a favor de Jaime Llompart.

Se alega por último en la demanda que Palou y Llom-part, que aparecen según el registro como sucesivos due-ños de la casa y el segundo además como dueño del crédito hipotecario, eran paisanos e íntimos amigos de Pascual Bo-rrás; que Juana Borrás era su sobrina, y que todos ellos, a instancias y para beneficio de Pascual Borrás, llevaron a efecto las simulaciones indicadas, solicitándose, a virtud de todo lo alegado, que se dicte una sentencia que declare la inexistencia de la compra de Palou a Amalbert, de Llompart a Palou y de Juana Borrás a Llompart, y, además, la del expediente posesorio tramitado por Llompart y la de la hi-poteca constituida por Juana Borrás a favor de Llompart; declarándose nulas las inscripciones de tales contratos in-existentes y ordenándose su cancelación, todo con imposición de las costas a los demandados que a ello se opusieran.

Los demandados Anterio, Natalio, Andrea y Concepción Llompart alegaron las siguientes excepciones previas: 1, que existe un defecto de partes demandantes; 2, que existe una •indebida acumulación de partes demandadas; 3, que existe un defecto de partes demandadas; 4, que varias acciones han sido indebidamente acumuladas; 5, que la demanda no aduce hechos suficientes para determinar una causa de ac-ción, y 6, que de acuerdo con las mismas alegaciones de la demanda la acción de nulidad del préstamo hipotecario de Llompart a Juana Borrás ha quedado extinguida por mi-nisterio del Art. 1268 del Código Civil en relación Con el 1267 del propio Código.

Oídas las partes, la corte dictó la siguiente resolución:

“Consideradas las excepciones previas presentadas contra la de-manda, la corte estima que deben también constituirse en deman-dados a Bartolomé Palou y Boscb, Gabriel Amalbert López, Ben-jamín Forteza Segura e Isolina Díaz Bodríguez, y exponerse sepa-radamente las distintas causas de acción que se ejercitan; conce-diéndose a los demandantes el término de diez días para presentar una demanda enmendada.”

Los demandantes se negaron a enmendar su demanda y pidieron que se dictara sentencia. La sentencia fue dic-tada y contra ella establecieron el presente recurso de ape-lación, señalando en su alegato dos errores cometidos por la. corte, 1°., al estimar que eran partes necesarias Palou, Amalbert, Forteza e Isolina Díaz, y 2°., al estimar que en la demanda se ejercitan varias acciones independientes.

A nuestro juicio actuó correctamente la corte al deci-dir que vinieran al pleito como demandados por lo menos Palou y Amalbert. Por más que los demandantes sostienen que lo que verdaderamente les interesa es la declaración de nulidad-de la hipoteca constituida por Juana Borrás, es lo cierto que alegan la inexistencia del contrato Celebrado por Palou y Amalbert, base del de hipoteca, y si tal inexisten-cia no se declara ¿qué derecho tendrían los demandantes para pedir la nulidad de la hipoteca?

Es precisamente con Palou y Amalbert con quienes de-ben confrontarse primeramente los demandantes en este pleito si es que tienen en verdad algún derecho que ejer-citar.

También opinamos que actuó correctamente la Corte de Distrito al ordenar que se expusieran separadamente las causas de acción que se ejercitan. La corte no decidió que se hubieran acumulado indebidamente varias acciones en el pleito, sino que las acciones acumuladas debían exponerse separadamente.

“Por acumulación de acciones, o con más propiedad, por acumu-lación de causas de acción se entiende la unión de dos o más pre-tensiones o derechos de acción en una acción; la exposición de más de una causa de acción en una demanda. La manera por la cual las causas así acumuladas deben ser expuestas es una cuestión diferente y constituye una cuestión de alegaciones (pleading).” 1 C. J. 1055, citado en Ortiz v. Texidor, 27 D. P. R. 134, 138.

Discutiendo este extremo los apelantes insisten en que “La única finalidad práctica del presente caso se contrae a la declaración de inexistencia y consiguiente cancelación, de una hipoteca que grava la casa de Isolina Díaz, anterior-mente de Pascual B'orrás, según constancias del Registro de la Propiedad. T aunque es cierto de toda certeza que dicha hipoteca y el préstamo que ella garantiza fueron co-sas simuladas, e inexistentes, para corroborar la prueba de tal simulación, relatamos toda la serie de contratos simu-lados de que fue objeto dicho inmueble, durante el trans-curso de varios años en que apareció como de propiedad ajena, cuando en realidad su verdadero título y su posesión material continuaban en poder de su verdadero dueño Pas-cual Borras.”

Lo expuesto es sin' duda lo que conviene a los apelan-tes, pero .los hechos no pueden amoldarse a la conveniencia de las partes. Aceptando que fuera enteramente simulada la hipoteca constituida por Juana Borras, ¿qué interés podrían tener los demandantes para pedir su nulidad, si la venta de Amalbert a Palou existió?

La parte apelada en su informe y luego por escrito pi: dio a esta corte que resolviera la excepción, de falta de causa de acción alegada en tiempo y forma y dejada de resolver por la corte de distrito, citando a 2 Hayne, New Trial and Appeal, 1565. Sus argumentos son persuasivos, pero Como la sentencia apelada se sostiene por el fundamento que tuvo el juez para dictarla, no creemos necesario seguir más adelante, sobre todo sin baber oído a la parte contra-ria.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Aldrey, Hutcbison y Franco Soto.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


text:
    Alejandro, Recurrente, v. El Registrador de Guayama, Recurrido.
    ' Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de G-uayama negándose a inscribir una venta Fe-cha por virtud de.embargo.
    No. 583.
    Resuelto en marzo 17, 1924.
    Recurso Gubernativo — Alegato del Recurrente. — Cuando en una venta judicial el registrador señala con cierta apariencia de razón varios alegados defeetos insubsanables y el recurrente deja de demostrar por medio de alegato en qué consistió el error del registrador, la nota recurrida debe ser confirmada sin más discusión.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la recurrente: 8r._ M. Guzmán Texidor.

    El registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso fué interpuesto recurso gubernativo contra la nota del registrador negándose a inscribir una venta be-cha por virtud de un embargo. La recurrente no radicó alegato originalmente, y al ser requerida para ello por esta corte hizo' caso omiso de dicho requerimiento. Cuando en una venta judicial el registrador señala con cierta aparien-cia de razón varios alegados defectos insubsanables y el re-currente deja de demostramos en qué consistió el error del registrador, la nota recurrida debe ser confirmada sin más discusión. Esta corte no puede asumir la obligación de bus-car errores. Debe confirmarse la nota.

Confirmada> la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso- . ciados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Se. Franco Soto,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Díaz, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en causa por acometimiento y agresión grave.
    No. 2108.
    Resuelto en marzo 17, 1924.
    Mutilación — Sobreseimiento de la Acusación — Término para Presentar la Acusación. — Si el gran jurado acusa de mutilación por hechos que el committing magistrate había calificado de acometimiento y agresión grave al de-cretar el arresto, aunque haya transcurrido sesenta días entre la fecha del arresto y la de la acusación por el gran jurado, el sobreseimiento fundado en el inciso primero del artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal es improcedente.
    Id. — Acometimiento t Agresión Grave — Delito Comprendido en Otro Mayor.— Un acusado de mutilación puede ser convicto de acometimiento y agresión grave.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. A. García Veve.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.-

El apelante fue acusado de un delito de mutilación y la acusación presentada dice:

“El referido Justino Díaz el día 1 de enero de 1923, y en el distrito de Humacao, o sea en la Municipalidad de Fajardo, que forma parte del Distrito Judicial de Humacao, P. R., ilegal volun-taria y maliciosamente acometió y agredió con una navaja barbera, que es un arma mortífera a Américo Andrini, causándole una herida profunda en el rostro, quedándole éste desfigurado perma-nentemente * * * ”

Celebrado el juicio el acusado fue declarado culpable de un delito de acometimiento y agresión grave.

Apelada la sentencia, se ban señalado dos errores, a saber: 1°., haberse denegado el sobreseimiento de la causa; y 2°., haberse declarado sin lugar la excepción perentoria de que la acusación no Contiene hechos para constituir un delito.

No existen los errores apuntados.

El apelante funda el primer error en el inciso Io. del artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

En enero 1, 1923, al iniciarse esta causa, el acusado fue denunciado y arrestado por un delito de acometimiento y agresión grave, pero al ser remitidas las diligencias al Fiscal del Distrito de Humacao por el Juez Municipal de Fa-jardo, dicha causa fue sometida al Gran Jurado y éste, en 28 de marzo de 1923, formuló una acusación por el delito de mutilación. Por estos hechos tenemos que admitir de un lado que desde que se arrestó al acusado hasta que el Gran Jurado encontró una ■ acusación fundada, habían tras-currido más de sesenta días, pero por otra parte no podemos tomar como base a los efectos del sobreseimiento solicitado, el delito de acometimiento y agresión grave y el arresto del acusado por este delito. El cambio de calificación por el Gran Jurado varió la situación del acusado y así sus conse-cuencias legales, y la fecha del arresto por el delito de mu-tilación, si apareciese que se había realizado, era lo que te-níamos que considerar y no la del primer arresto. Al ser formulada la acusación por el delito de mutilación, el acu-sado tenía derecho a insistir en que fuera sobreseída la causa anterior por acometimiento y agresión, aunque no te-nía derecho a insistir en el sobreseimiento de la acusación por mutilación, toda vez que no fue arrestado originalmente por virtud de ese cargo.

Se sostiene por el segundo error que la acusación no constituye un delito público.

El pequeño jurado no rindió un veredicto por el delito de mutilación tal como quedaba expuesto en la acusación, sino que declaró culpable al acusado de un cielito menor, o sea, por acometimiento y agresión grave. La cuestión en-vuelta es si este delito se puede considerar necesariamente comprendido en el de mutilación.

La ley número 22 de marzo 11, 1913, para enmendar el artículo 286 del Código de Enjuiciamiento Criminal, re-suelve la cuestión y esta Corte Suprema, aplicando dicha ley, la ha decidido en sentido afirmativo. En el Caso de El Pueblo v. Pérez, 25 D. P. R. 399, se declaró que de acuerdo con aquella ley, en los delitos de mutilación un acusado puede ser declarado culpable del delito de acometimiento y agresión simple o con circunstancias agravantes; y en el de El Pueblo v. Pizarro, 21 D. P. R. 18, se dijo asimismo que las instrucciones a un jurado en el mismo sentido, no son erróneas.

La sentencia debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres1. Asociados Wolf y Aldrey.

Los Jueces Sres. Presidente del Toro y Asociado Hutchi-son disintieron.


author: El Juez Presidente Sr. del Toro,

text:
    Marrero, Recurrente, v. El Registrador de Mayagüez, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Mayagüez negándose a inscribir una orden de cancelación de hipoteca de una corte municipal.
    No. 587.
    Resuelto en marzo 19, 1924.
    Cortes Municipales-^Cancelación de I-Iipóteca Inferior a $500 — Jurisdicción por Razón de la Materia. — Una corte municipal carece de jurisdicción para conocer de un pleito en el cual se reclama la cancelación de una hipoteca, aunque el valor de ésta sea inferior a $500.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. J. Sabater.

    El registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Presidente Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión fundamental envuelta en este recurso es la de si una corte municipal tiene jurisdicción para ordenar la cancelación de una hipoteca.

Sobre cierta finca rústica del término municipal de Ma-yagüez se constituyó una hipoteca para garantir la suma de $244. Se inició un pleito solicitando la Cancelación del gravamen. La demanda se interpuso en la corte municipal. Esta dictó sentencia decretando la cancelación y or-denando que se expidiera mandamiento dirigido al re-gistrador para, que la verificara. Así lo hizo el secretario y el registrador se negó entre otros motivos porque la corte municipal había actuado sin jurisdicción por razón de la ma-teria. No conforme la parte interesada interpuso el pre-sente recurso gubernativo.

Si se atiende únicamente a la cuantía envuelta en el li-tigio, sería necesario decidir la cuestión a favor del recu-rrente, pues dicha cuantía es menor de quinientos dólares. Pero si se toma en consideración la materia objeto del pleito, la nota recurrida se sostiene.

Las cortes municipales lo son de jurisdicción limitada. No son cortes de récord. La jurisdicción general para co-nocer de los asuntos civiles en primera instancia, salvo las excepciones fijadas por la ley, corresponde a los tribunales de distrito.

Desde 1911 esta Corte Suprema resolvió en el caso de Bayron et al., v. García et al., 17 D. P. R. 538, que era la corte de distrito la que tenía jurisdicción para conocer de la nulidad de un procedimiento hipotecario no obstante tratarse de la ejecución de una hipoteca cuya cuantía era menor de quinientos dólares.

Ahondando más en el estudio de la legislación antigua y la vig’ente, esta misma corte, en el caso de Valdivieso v. Rivera, 19 D. P. R. 702, decidió que la cuantía de quinientos dólares fijada por la ley de marzo 10, 1904, que reorganizó el sistema judicial de la Isla, determina la jurisdicción de las cortes municipales para conocer de los asuntos civiles ordinarios, pero no de los regulados por leyes especiales.

T, por último, en el caso de Cruz v. Sucesión Kuinlan, 29 D. P. R. 877, este tribunal decidió que eran las cortes de distrito las que tenían jurisdicción exclusiva para co-nocer de" pleitos sobre nulidad del procedimiento ejecutivo hipotecario irrespectivamente de la cuantía envuelta en el litigio.

La cancelación de hipotecas se regula por la Ley Hipote-caria y su reglamento y aunque el caso es distinto del de los tres que hemos citado, los razonamientos que llevaron al tribunal a decidir en dichos tres casos que la jurisdicción ex-clusiva correspondía a las 'cortes de distrito, son aplicables.

Debe confirmarse la nota recurrida.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres Asociados Wolf, Aldrey, Hutchison y Franco Soto.