author: El Juez PeesideNte Señor del Torio,

text:
    Eulogio Dimas Riera Bengoechea y Josefina Dolores Riera y Bengoechea, ambas por sí, y los menores Alfonso Rafael, Antonio, Lucía Mercedes y Rafael Angel Riera y Bengoechea, representados por su legítima madre con patria potestad Doña Josefa Bengoechea y Macías, demandantes y apelados, v. El Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico y Don Olegario Riera Cifuentes, demandados y apelantes.
    No. 5038.

    Sometido: Enero 27, 1930.

      Resuelto: Febrero 24, 1930.

      J. Cuzmán Benitez, Jaime Sifre Jr. y Cayetano Coll y Cuchi, atao-gados de los apelantes; A. Ayuso y Daniel Pellón, abogados de los apelados.
   El Juez PeesideNte Señor del Torio,

emitió la opinión del tribunal.

Diotada sentencia en este caso declarando la demanda con lugar, se pidió por el demandado un nuevo juicio. Su petición fué negada y contra la negativa interpuso el presente recurso de apelación.

Eadicada en esta Corte Suprema la transcripción y archi-vado el alegato de la parte apelante, lá parte apelada pre-sentó tres mociones solicitando la desestimación del recurso. La primera se basa en que el alegato no cumple con las reglas 42 y 43 del Reglamento de este tribunal; la segunda en que el pliego de excepciones que la transcripción contiene no abarca todo lo que la ley y la jurisprudencia exigen, y la tercera en que ciertas declaraciones juradas que en la trans-cripción se incluyen no. están debidamente autenticadas.

A su vez la parte apelante presentó una moción para corregir la transcripción agregando a ella una copia certifi-cada del legajo de la sentencia y un certificado de autenticidad firmado por el juez sentenciador.

Todas las mociones se oyeron en un solo día, presentando luego las partes amplios alegatos en apoyo de sus respectivas posiciones y en impugnación de las contrarias.

Estudiaremos, pues, toda las cuestiones envueltas en una sola opinión. Comenzaremos por la moción de corrección de autos.

Los apelados se oponen a la corrección invocando en primer término cierta estipulación de las partes. Las tres mociones de desestimación se presentaron en los primeros días de enero último. Señaladas para verse, ambas partes el 7 de enero estipularon la suspensión ,de la vista “conservando su status o situación jurídica actuales en los procedimientos.” La moción del apelante sobre corrección se archivó el 27 de enero. Y los apelados sostienen que a virtud de la estipulación los autos no pueden ser corregidos, debiendo permanecer en el estado' en que se encontraban el 7 de enero último.

No estamos conformes. La corrección de los autos está regulada por el Reglamento de este tribunal, secciones 55 y 56. Reconociendo a la estipulación su mayor fuerza, no puede interpretarse en el sentido de que por ella se despojó el apelante de su derecho a pedir la corrección de los autos, derecho que subsistía no obstante el señalamiento de la vista!, de las mociones de desestimación. Al contrario, la estipula-ción reafirma ese derecho.

Juzgando la moción de corrección por sus propios méritos, creemos que debe ser declarada con lugar. La transcripción aunque incompleta fué archivada en tiempo. La petición de corrección, con alguna tardanza, es cierto, pero fué también en tiempo presentada. Se explica que no se acompañara el le-gajo de la sentencia por la interposición de la otra apelación contra la sentencia misma. Quizá hubiera sido mejor tra-mitar conjuntamente ambas apelaciones. En cuanto al certi-ficado de autenticidad del juez sentenciador, creemos que sirve para completar la transcripción certificada por el secretario.

Las mociones de desestimación segunda y tercera pueden estudiarse conjuntamente. Ambas se refieren a si la transcripción — que debemos considerar ahora tal como ha quedado corregida — fué preparada de acuerdo con la ley y contiene todo lo necesario para resolver el recurso.

Se trata de una apelación establecida contra una resolución negando un nuevo juicio.

Los apelados sostienen que una petición de nuevo juicio constituye un juicio en sí misma y' que al ser negada debe la parte que pierde y que desea apelar preparar un pliego de .excepciones o exposición del caso de acuerdo con el artículo 216 del Código de Enjuiciamiento Civil interpretado en rela-ción con el 217 del propio código.

Razonando su contención los apelados expresan que los preceptos del Código de Enjuiciamiento Civil de California sobre la materia “ tales como estaban redactados en el mo-mento en que dicho código se introdujo en Puerto Rico” eran exactamente iguales a los que ahora están en vigor en esta Isla, y que la Corte Suprema de dicho estado interpretándo-los desestimó una apelación “por no haberse incluido en un pliego de excepciones adicional o complementario las- decla-raciones juradas presentadas en evidencia.” Cita al efecto la decisión en el caso de Somers v. Somers, 81 Cal. 608 en la parte que dice:

“Si el asunto fuese uno que pudiera regirse por las reglas de la corte y que no estuviere gobernado por el derecho positivo, favo-receríamo's la adopción de una regla de que en lo sucesivo todos los casos deberán presentarse mediante pliego de excepciones, pero que los casos que ahora están pendientes no serán afectados por la misma. Pero como no creemo's que este tribunal tenga facultad alguna para regular la forma de presentar documentos en apelación cuando ya existe una forma provista por el estatuto, nos sentimos obligados a desestimar la apelación por el fundamento de que sólo podían pre-sentarse los documentos a este tribunal mediante pliego de excepcio-nes. Pero aun si estuviésemos equivocados en esto, la certificación en este caso es de todo punto insuficiente. Nada hay en ella para demostrar que lo’s documentos copiados en la transcripción son co-pias fieles de los que se usaron durante la vista. La certificación simplemente dice que las declaraciones juradas de ciertas personas fueron utilizadas y tomadas en consideración, pero no se certifica que las declaraciones juradas que Se han copiado son las mismas que se utilizaron o copias fieles de ellas. Puede que estas mismas personas hayan prestado otras declaraciones distintas, o que las co-pias suministrádasnos no sean fieles, y puede que se haya utilizado y considerado otra prueba durante la vista. En otras palabras, las declaraciones juradas que aparecen en la transcripción no han sido autenticadas como copias fieles de las usadas durante la vista, ni se ha demostrado en forma alguna que las declaraciones juradas que se han copiado fueron todas las que se utilizaron.”

Veamos lo que dispone la ley. Nuestro Código de Enjui-ciamiento Civil contiene todo un capítulo destinado a los nuevos juicios. Comienza en el artículo 220 y termina en el 226. Expresa en qué consiste, cuándo puede concederse y cómo debe solicitarse. Explica el procedimiento a seguir cuando la petición se funda en declaraciones juradas, o en un pliego de excepciones, o en una exposición del caso, o en las minutas de la corte. Se refiere luego a la vista y en su artículo 225 prescribe:

“Artículo 225. El libro de sentencias y las declaraciones escri-tas y juradas o los autos y legajos del pleito o el pliego de excepcio-nes o la exposición, según el caso que se hubieran utilizado en la vista, con una copia de la resolución dictada, constituirán los autos para la apelación de aquélla, bien concediendo o bien denegando un nuevo juicio, a menos que la moción se hubiere hecho fundándose en las minutas de la corte, en cuyo caso, el libro de 'sentencias, una ex-posición que se hará al efecto y la copia de la resolución impug-nada, constituirán los autos para la apelación. La dicha exposi-ción será propuesta por la parte que hubiere interpuesto o intentare interponer apelación, dentro de los diez días de dictada la resolu-ción o de la prórroga que hubiere concedido la corte ante la cual se siga el pleito o el juez de la misma, y la exposición, o su copia, se entregará a la parte contraria quien tendrá diez días, a contar de'sde la entrega, para hacer enmiendas a la misma, y entregar és-tas o su copia a la parte que hubiere interpuesto o intentare inter-poner apelación; y desde entonces el procedimiento se ajustará a 3o establecido para la aprobación de la exposición en el artículo 223; pero la exposición sólo contendrá los fundamentos aducidos ante la corte para obtener un nuevo juicio, y la parte de las pruebas u otras actuaciones necesarias para comprobarlos, siendo obligación del juez excluir de la exposición toda's las demás pruebas y actuaciones.”

Examinemos ahora los hechos.

El 9 de septiembre de 1929 se archivó en la Secretaría de esta Corte Suprema una “transcripción de los autos” que contiene 319 hojas y al final de la cual aparece la siguiente certificación:

“ CeRtificación de Autenticidad. — Yo, Luis Vergne Ortiz, Se-cretario de la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, P. R. Certifico :
“Que lo que antecede es una copia fiel y exacta de todos los documentos mencionados en el artículo 301 del Código de Enjuicia-miento Civil de Puerto Rico, a los efectos de la apelación interpuesta contra la re'solución de la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, denegando la solicitud de nuevo juicio de los demanda-dos; siendo dichos documentos todos los pertinentes a dicha apela-ción.
"San Juan, P. R., septiembre 9 de 1929. — (fdo) Luis Vergne Ortiz, Sec. Cte. de Distrito. — Por: (fdo) P. del Manzano, Sub-secretario. ’ ’

% Cuáles documentos se incluyeron en la transcripción? El escrito de apelación fechado el 3 de julio de 1929, la resolución negando el nuevo juicio de 29 de junio de 1929, dos avisos de intención de solicitud de nuevo juicio radi-cados el 9 de julio de 1928 por los dos demandados, las mociones de nuevo juicio de los demandados archivadas el 25 de ag’osto de 1928 acompañados de varios affidavits. Siguen éstos que ocupan desde la página 96 a la 173 inclusives. Entonces aparecen las oposiciones a las mociones de nuevo juicio que figuran a las páginas 174 a 223 inclusives, seguidas de declaraciones juradas que se extienden hasta la página 274 inclusive, presentadas en diciembre 10, 1928. Las pá-ginas 275 y siguientes las ocupa una contra declaración jurada de Cayetano Coll y Cuchí, abogado del Banco Territorial y Agrícola, fechada el 8 de abril de 1929 y acompañada de varios documentos cuya copia termina en la página 294. Vienen luego varias mociones de prórroga para radicar la solicitud de nuevo juicio y una memoria anual de la Central Boca Chica radicada el 29 de abril, 1929, llegando hasta la página 319. Entonces consta la certificación que dejamos transcrita.

Analizado el artículo 225 del Código de Enjuiciamiento Civil se observa que sólo habla de una exposición del caso como un nuevo documento cuando “la moción se hubiere hecho fundándose en las minutas de la corte.” En los demás casos el récord de la apelación se forma de constancias que siendo ya parte del récord pueden elevarse a la corte de apelación autenticadas por el certificado del Secretario o de las partes.

Estamos enteramente conformes con el siguiente párrafo del alegato de la parte apelante presentado en relación con las cnestiones qne estudiamos y resolvemos. Dice:

“No es posible sostener frente a nuestro estatuto que las decla-raciones juradas en un caso como el nuestro deban incluirse en un pliego de excepciones para poder ser autenticadas, a los fines de una apelación, pliego que deba prepararse subsiguientemente a la orden negando la moción. La ley terminantemente incluye los affidavits ‘used in tbe bearing’ como independientes y, además, ‘tbe records and files in tbe action.’ ”

La jurisprudencia apoya la anterior interpretación.

La regla general se expone en Corpus Juris, así:

“Por regla general, las declaraciones juradas (affidavits) no for-man parte de los autos propiamente dichos, porque participan de la naturaleza de la prueba, y no pueden ser consideradas aunque se copien en la transcripción o se incorporen al alegato o a una peti-ción de error, o aunque aparezcan de la moción o se radiquen con lo's documentos del caso. Las declaraciones juradas deben presen-tarse como parte del récord en apelación en la forma que la prác-tica exige en la jurisdicción de que se trate, que generalmente es mediante pliego de excepciones, exposición del caso, estipulación, or-den de la corte, o, si el procedimiento es en equidad, mediante cer-tificación de la prueba, y los autos también deben demo'strar que los affidavits fueron presentados y considerados por la corte.” 4 C. J. 143, 144, 145.

Pero existen excepciones que también se exponen en Corpus Juris así:

“Si bien la regla general, según acabamos de exponer, es una, de las doctrinas fundamentales del procedimiento de apelación, y según se desprende de un cúmulo de citas ba sido establecida en un sin-número de casos, sin embargo, bay ciertas excepciones bien fundadas. Así, cuando a virtud de un estatuto o de cierta orden de la corte fundada en un estatuto se bace que un affidavit en ciertos casos forme parte del récord propiamente diebo, no es necesario que sea elevado mediante pliego de excepciones.” 4 C. J. 148.

De las notas que aparecen al pie del texto parece oportuno copiar lo que sigue:

“Swanson v. Shipping Co., 60 Wash. 87, 110 P. 795. De acuerdo con L. (1885-1886) p. 70, los affidavits radicados en apoyo de una moción de nuevo juicio forman parte del récord propiamente dicho, sin que sea necesario presentar un pliego de excepciones. ” 4 C. J. 148.
“Cuando se acompañan ciertos affidavits a una moción de nueva juicio, la que por sí misma forma parte del récord propiamente dicho, tales affidavit's son incluidos como parte inherente de la mo-ción. Republican Valley R. Co. v. Boyse, 14 Nebr. 130, 15 HW 364; Aultman v. Howe, 10 Nebr. 8, 4 NW 357. Cuando se identifica cla-ramente un affidavit como parte de la moción a que se ha unido, el mismo forma parte del récord, sin que sea necesario incorporarlo a una exposición del caso o a un pliego de excepciones, mientras que otro’s affidavits que no hayan sido así incorporados deben serlo a fin de que formen parte del récord. Swanson v. Pacific Shipping Co., 60 Wash. 87, 110 p. 795.” 4 C. J. 148.

Se insiste mucho por la parte apelada en la jurisprudencia del estado de California, pero en California existe una regla de la corte sobre el particular que no existe en Puerto Rico y se advierte una diferencia en la propia redacción del esta-tuto. Nuestra ley contiene las palabras “records and files” que no aparecen en la de California. Además, analizada cuidadosamente la propia jurisprudencia de California que invoca la parte apelada se verá que puede distinguirse de un caso como el presente.

En un alegato adicional presentado por la parte apelada se admite que el estatuto puertorriqueño no es exactamente igual al de California. Se expresa que lo es al de Idaho. Así es en efecto y la propia jurisprudencia de ese estado que se cita por la dicha parte favorece nuestra interpreta-ción, especialmente teniendo en cuenta que la transcripción ha sido corregida adicionándola con el nuevo certificado de autenticidad expedido por el juez sentenciador a que nos referiremos más adelante. La jurisprudencia citada es como-sigue:

“La certificación del secretario de la corte de distrito al efecto de que ciertos affidavits fueron utilizados al solicitarse un nuevo jui-cio, y que esos fueron todos lo’s affidavits usados, no es suficiente para autorizar a esta corte a considerar tales affidavits. Semejante certificación debe ser preparada por el juez sentenciador, o aparecer en los autos debidamente certificados por el juez en que con’sten los documentos utilizados en tal solicitud de nuevo juicio.” Crowley v. Croesus Gold & Copper Mining Co., 12 Idaho 530, 86 Pao. 536.
“La apelación de una orden declarando sin lugar la moción del apelante solicitando un nuevo juicio debe ser desestimada cuando los autos no contienen una certificación mostrando qué documentos fueron sometidos al juez sentenciador y utilizados por él en la vista de la moción.” Bell v. Stadler, 31 Idaho 568, 174 Pac. 129 (130).

Lo que verdaderamente nos lleva a la conclusión de que cuando los affidavits se acompañan a la moción de nuevo juicio, forman parte de ella y constituyen con ella un récord listo para ser certificado en caso de apelación sin necesidad de incluirlos en una exposición del caso, es la propia redac-ción de nuestra ley.

Volvamos añora a las circunstancias de este caso. Podría existir alguna duda si nos atuviéramos sólo a la certificación del secretario que contiene la transcripción tal como fué archivada por primera vez en esta corte el 9 de septiembre de 1929, pero dicha transcripción ha sido ampliada y corregida.

La primera corrección se pidió en el propio mes de sep-tiembre de 1929 para adicionar la transcripción con el pliego de excepciones que sirvió de base a las mociones de nuevo juicio, y fué declarada con lugar.

La segunda corrección se hace ahora y por ella se agregan a la transcripción el legajo de la sentencia debidamente cer-tificado y otro Certificado de Autenticidad que comienza así:

“CeRTIpicado de AutentiCIdad. — Yo, Domingo Sepúlveda, Cer-tifico :
“Que 'soy uno de los jueces que forman la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan y en tal carácter fui el juez que co-nocí en este caso de una moción de nuevo juicio presentada por los demandados Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, et al; y para resolver dicha moción de nuevo juicio consideré, leí y tuve pre-sente los siguientes documentos, todos y cada uno de los cuales for-man parte de los au^os radicados en la Secretaría de la Corte de Distrito del Distrtio Judicial de San Juan en el caso arriba indi-cado : ”;

que especifica luego uno a uno los documentos de tal modo que comparando el certificado con la primera transcripción archivada en 9 de septiembre de 1929 certificada por el Se-cretario, se concluye que comprende todos y cada uno de los documentos que en ella figuran, y que termina como sigue:

“Y asimismo Cert.H'Ico : — Que éstos fueron los documentos consi-derados por mí, radicados en la Secretaría de esta Corte y en corte abierta, sin que existan ni hubiera yo tenido en cuenta ningunos otros documentos para resolver dicha moción excepto los anterior-mente relacionados.
“Y a petición de los demandados libro la anterior certificación, en San Juan, P. R., a 25 de enero de 1930. A. D. (fdo) Domingo Sepulveda, Juez del Distrito.
“Yo, Luis Yergne Ortiz, Secretario de la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, P. R.
‘ ‘ CeRtifioo : — Que la anterior es la firma auténtica del Hon. Domingo Sepulveda, Juez de la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, P. R. — Jan. 25, 1930.— (fdo) Luis Yergne Ortiz, Se-cretario, Corte Distrito.”

No es en verdad recomendable la práctica seguida en este caso. Deben los apelantes cuidarse desde el principio de preparar con el más cuidadoso esmero las transcripciones en ahorro de dificultades y de tiempo para las partes y para lo misma corte, pero no creemos que analizadas todas las circunstancias que en este caso concurren a la luz de la ley y de la jurisprudencia, pueda decidirse que no hay una base auténtica y suficiente para que el tribunal resuelva en sus ■méritos la apelación establecida. Si a virtud de un estudio más detenido al penetrar en los méritos se encontrare que falta algo esencial o que algo esencial no ha sido debidamente autenticado, tiempo habrá para desestimar la apelación por tal motivo.

Falta sólo considerar el alegato.

Creemos que aunque a primera vista parece amplio y completo uo cumple en verdad con las reglas de esta corte. Siguiendo la norma que hemos adoptado en casos semejantes, concederemos un plazo de cinco días para que se reforme especificando separadamente los errores y discutiéndolos luego volviendo a mencionarlos al comenzar la discusión. La regla 42 de nuestro reglamento requiere un señalamiento separado, distinto, numerado, de errores, y la 43 interpre-tada racionalmente exige que cada error se discuta luego también separadamente y la mejor práctica es la de comenzar la discusión por el mismo número del error y encabezarla repitiendo las generalmente breves líneas del señalamiento. Esto no quiere decir que en todos los casos baya que discutir uno por uno los errores señalados. En ciertas ocasiones pueden y deben, para mayor claridad y concisión, discutirse varios errores agrupados, pero cuando tal procedimiento se adopta debe expresarse al comienzo de la discusión. Amy v. Sucn. Verges, 35 D.P.R. 37.

Por virtud de todo lo expuesto deben declararse con lugar la, moción de corrección de autos y sin lugar las de desesti-mación, concediéndose a la parte apelante hasta el día 1 de m,arzo de 1930 para archivar su alegato de acuerdo con las reglas de la corte.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señoe Wolf,

license: Public Domain

text:
    Ex Parte, Jacinto A. Palacios, Peticionario.
    No. 95.

    Sometido: Diciembre 23, 1929.

      Resuelto: Febrero 27, 1930.

      L. Llorens Torres y Angel Arroyo Rivera, abogados del peticionario; R. A. Gómez y Marcelino Romaní, Fiscales del Tribunal Supremo y del Distrito de San Juan, respectivamente, por El Pueblo.

   El Juez Asociado Señoe Wolf,

emitió la opinión, del tribunal.

Según aparece de la acusación en este caso, Jacinto A. Palacios adquirió por compra una finca. Esta, una alegada panadería, fué descrita como que estaba “hipotecada” y como que dentro de la supuesta hipoteca estaban incluidos ciertos accesorios permanentemente adheridos al suelo y propios para panadería, a saber, una amazadora (sic) y un cilindro, lia acusación entonces imputaba a Palacios el haber sustraído la amazadora y cilindro citados, con la intención de defraudar a la alegada acreedora hipotecaria. Todo ello con alega-ciones más específicas respecto a la propiedad, origen, tiempo, lugar, conocimiento e intención, que no es necesario’ exponer, ya que ninguno de estos extremos fué realmente atacado por la excepción perentoria radicada ante la corte de distrito.

La teoría de la excepción más o menos fue que ningún artículo del Código Penal comprendía una “hipoteca” según lo. misma existía o era conocida en Puerto Pico; que la hipoteca descrita en la acusación era peculiar a Puerto Pico y que jamás podía ser la ‘ ‘hipoteca’ ’ reseñada en los estatutos; que la “hipoteca” a que se refieren dichos estatutos es algo más similar a un contrato de prenda o a una venta con pacto de retro. El peticionario sostuvo que la palabra “hipoteca” debe estar limitada a su significado de acuerdo con el derecho común, según el cual el título pasaba al acreedor hipotecario.

El Pueblo radicó un alegato para demostrar que la hipo-teca moderna en el continente americano generalmente, y según existía en California, fuente de nuestro Código Penal, era substancialmente idéntica a la hipoteca existente en Puerto Rico, y, por consiguiente, que se había cometido el delito descrito en el artículo 443 del Códig’o Penal de Puerto Rico. Ese artículo prescribe lo siguiente:

“Toda persona que después de haber hipotecado una finca, y du-rante la vigencia de dicha hipoteca, o después que dicha finca hipote-cada haya sido vendida en virtud de ejecutoria, y con el propósito de defraudar o perjudicar al acreedor hipotecario, sus representantes,' sucesores, o cesionarios, o al comprador, en la ejecución de dicha finca hipotecada, o a lo’s representantes o cesionarios de éste, sus-trajere, removiere, se llevare o enajenare, destruyere o dañare, o permitiere que se sustraiga, remueva, lleve o enajene, cualquiera casa, granero, u otra dependencia, construida en ella como mejora, sin el consentimiento del acreedor hipotecario, dado por escrito, o de los representantes o cesionarios de éste, incurrirá en hurto, y sufrirá la pena correspondiente.”

La Corte de Distrito de San Juan declaró sin lugar la' excepción perentoria.

El peticionario no nos convence en manera alguna que no se imputara un delito, pero, aun si tuviéramos algoasí como una verdadera duda, no pondríamos al acusado en libertad, en vista de las consideraciones generales aplicables a los autos de hábeas corpus.

Ese auto nunca fué creado para que hiciera las veces de un recurso de error o de apelación. El peticionario no ataca este principio, pero cita alguna jurisprudencia de California al efecto de que el auto es efectivo para determinar la cues-tión de jurisdicción. Convenimos definitivamente en que si una acusación no imputa delito alguno conocido por las leyes de Puerto Rico, ninguna corte en el país puede tener jurisdicción, y que el arresto de una persona puede ser ter-minado por un auto de hábeas corpus.

Por otra parte,- es muy evidente que si una acusación, aunque enteramente enmendable, deja de imputar delito alguno, aparentemente la misma falta de jurisdicción existe, y procedería universalmente el auto a menos que hubiera alguna limitación para expedirlo. Además, podría ser dudoso si la acusación imputaba o no un delito, o si podía ser enmen-dada, y si debía ser la corte ante la cual se presentó el recurso de bábeas corpus — más bien que la corte sentenciadora — la que determinara la cuestión. Henry v. Henkel, 235 U. S. 228, infra.

Según indica el fiscal, sería absurdo determinar la sufi-ciencia de una acusación antes de que 1a, corte sentenciadora actúe, e igualmente, después de tal actuación, cuando existe un recurso adecuado de apelación. No obstante esto, las cortes no se negarán a librar el auto cuando el caso es tan extraor-dinario que requiere acción inmediata. Haremos una ligera revisión de una parte de la jurisprudencia.

Obapman se negó a contestar ciertas preguntas hécbasle por un comité del Senado de los Estados Unidos. Fue acu-sado en el Distrito de Columbia de conformidad con un esta-tuto especial. Se declaró sin lugar una excepción; perentoria, y en la corte de apelaciones se sostuvo la actuación de la corte inferior y se devolvió el caso para ulteriores procedi-mientos. El acusado presentó una petición ante la Corte Suprema de los Estados Unidos solicitando que se expidiera un auto de bábeas corpus. Ese tribunal revisó algunos casos y resolvió lo siguiente:

“Tenemos el convencimiento de que la ordenada administración de la justicia sería mejor servida negándose a ejercer jurisdicción de apelación en la forma interesada basta que se terminen lo's pro-cedimientos'. Si se dieta sentencia contra el peticionario y esa sen-tencia es confirmada por la corte superior, procediendo un recurso de apelación, ése e's el remedio más adecuado y el mejor para ex-poner cualquier queja que el peticionario pueda tener. Si, por otra parte, no procede un recurso de error para ante este Tribunal y la Corte Suprema del distrito carecía por completo de jurisdicción, en-tonces el peticionario puede solicitar el remedio radicando una pe-tición de bábeas corpas. No bailamos en este caso circunstancias excepcionales que exijan que intervengamos con antelación al fallo de las cortes del distrito sobre los mérito’s del caso que tienen ante sí.” In re Chapman, 150 U. S. 211.

El párrafo anteriormente transcrito fné citado en el caso de Riggins v. United States, 199 U. S. 547, en el cual la corte resolvió que estaba bien establecido que no procedía el auto de bábeas corpus a menos que la corte bajo cuyo manda-miento de arresto se bailaba detenido el acusado careciera de jurisdicción; que generalmente no procedía el auto cuando existía un remedio mediante recurso de error o apelación, pero que en casos raros y excepcionales podía librarse el auto, no obstante la existencia de tal remedio. En dicho caso se revocó la concesión del auto por la Corte de Circuito de los Estados Unidos, en vista de que el peticionario, de haber sido convicto, podía apelar. Todos los procedimientos se llevaron a cabo ante tribunales de los Estados Unidos.

Algo más recientemente, la procedencia del auto fué dis-cutida en el caso de Henry v. Henkel, 235 U. S. 219, cuida-dosamente revisado y citado en el alegato del fiscal. Las deci-siones fueron examinadas al efecto de que, salvo en casos excepcionales, un peticionario no podía anticipar el curso ordinario de los procedimientos alegando falta de jurisdic-ción y exigiendo se dictara resolución sobre tal extremo en procedimientos de hábeas corpus, citando numerosos casos federales, incluyendo el de Riggins v. United States, supra; que establecer tal regla general intervendría con la adminis-tración del derecho penal.

Esta actitud no es especial de la Corte Suprema de los Estados Unidos. En 29 C. J. 14 se dice: “El auto he hábeas corpus es uno a que se tiene derecho (writ of right) cuando se demuestra causa razonable, pero no procede imprescin-diblemente (Writ of course). Es librado en ejercicio de discreción judicial. Y, nuevamente, en la página 17: “Al igual que en otros recursos extraordinarios privilegiados, el auto de hábeas corpus no será generalmente concedido cuando existe otro remedio adecuado mediante apelación o recurso de error. ’ ’ Cada párrafo está bien sostenido por autoridades.

La ley sobre hábeas corpus ha sido copiada en nuestro Código de Enjuiciamiento Criminal, el cual concede un reme-dio de apelación. Un acusado puede esperar que' se le celebre juicio y que sea convicto después de declararse sin lugar una excepción perentoria, o sostener su excepción. Una apelación procede en ambos casos. Necesariamente se desprende que la Legislatura no tuvo la intención de conceder a un acusado dos derechos independientes y absolutos para revisar la sufi-ciencia de una acusación. Las cortes, aquí como en todas partes, deben generalmente tener discreción para denegar el auto o para concederlo en casos extraordinarios. Este no presenta tal caso extraordinario. En Henry v. Henkel, supra, también se indicó (página 228) que una petición de hábeas corpus tal vez demoraría la celebración del juicio, en contra de los intereses tanto del público como del acusado. El presente es un caso en que el juicio ha sido dilatado por erpacio de dos meses por la necesidad de considerar este recurso. Además, no interesa a un acusado extraer una resolución preliminar de la corte ante la cual se presenta el recurso de hábeas corpus, especialmente cuando dicha corte es la de apelaciones. Semejante resolución, como en el pre-sente caso, podría afectar el curso del juicio.

También deseamos agregar que esta Córte Suprema, cuya jurisdicción general es de apelación, no debería estar sujeta a solicitudes de esta índole. Las cuestiones a revisarse requieren la clase de deliberación proporcionada por una apelación.

Debe anularse él auto expedido y devolverse al peticionario a la custodia del Márshal de la Corte de Distrito de San Juan.


author: El Juez Asociado Señob Texidoe-,

text:
    José Rafols Roger, demandante y apelado, v. Sucn. de Juan Palén Aguila, demandada y apelante.
    No. 4680.

    Sometido: Abril 4, 1929.

      Resuelto: Febrero 28, 1930.

      L. Mercader, abogado de la apelante; A. Lens Quena, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señob Texidoe-,

emitió la opinión del tribunal.

José Rafols Roger demandó ante la Corte Municipal de Areeibo a la sucesión de Don Jnan Palén; compuesta por la vinda Greg’oria Candelaria, el Mjo, Rafael Palén, y otro hijo Diego Palén, para que le pagaran $325, resto de precio de un piano, los intereses y las costas. La corte municipal dictó sentencia en el caso; y de ella se apeló ante la de Distrito 'de Areeibo.

De la prueba resulta que Rafols fué requerido por Juan Palén para que le vendiera un piano, y que convinieron en la compraventa, tomando Rafols en cuenta otro piano viejo;, en $50, y firmando obligaciones para vencer mensualmente por la suma total de $535, dividida en 36 plazos de a $15 men-suales, con excepción de uno de ellos, que era de $10.El contrato de venta, tenía entre otras las siguientes cláusulas':

“4a. Que si el vendedor, o sus sucesores retirasen los efecto's men-cionados, amparándose bajo la cláusula número 3 de este contrato, diebo vendedor o sus sucesores dejarán diclios efectos, por el término de los siguientes treinta días, a la disposición del comprador, o sus sucesores, durante el cual término, éste o éstos podrán obtenerlos nue-vamente, mediante el pago completo del importe total de todos los plazos que aún quedaren adeudando, más los ga'stos que, retirar y almacenar dichos efectos originase.
“5a. Que si el comprador, o sus sucesores, no hicieren u'so- del derecho que les concede la cláusula número 4 de este contrato, en-tonces el vendedor, o sus 'sucesores, podrán vender los efectos en cues-tión, en pública subasta, durante el término de los subsiguientes treinta días, y podrán aplicar el producido que derivaren de dicha venta a cubrir el importe total de todos los plazos que el comprador, o sus sucesores, quedaren adeudando, más el importe total de todos los gastos que, retirar, almacenar y vender dicho's efectos originase. Si dicho producido no alcanzare para cubrir todo ello, entonces los Vendedores o sus sucesores tendrán derecho a cobrar la diferencia que resultare mediante una acción judicial que al efecto podrán en-tablar en lo's subsiguientes treinta días. Y si una vez cubierto todo ello de dicho producido hubiera algún sobrante el Vendedor, o sus sucesores quedarán obligados a devolver dicho sobrante al Compra-dor o sus sueesorés.
“6a. Que si el vendedor, o sus sucesores, no hicieren uso del de-recho que les confiere la cláusula número 5 de este contrato, en el término estipulado en la misma, entonces dichos Vendedores o sus sucesores, quedarán obligados a haeertee cargo de los efectos en cues-tión, descontando del importe total de los plazos que el Comprador, o sus sucesores, hubieren pagado, la cantidad que reteulte de un cargo de $50.00 por cada mes que dichos efectos hubieren estado en poder del comprador o sus suce’sores, entendiéndose que una frac-ción de quince días, o menos, no se contará y que toda fracción de más de quince días, se contará por un mes; y entendiéndose ade-más que e’ste caso se ha convenido por ambas partes como justo y razonable por el uso de tales efectos.”

El piano fué entregado a Margarita Terraza Palón, según la orden del comprador. Este pagó catorce de las obliga-ciones por él suscritas, en un valor total de $210. Falleció Palón, y Eafols interesó cobrar las restantes obligaciones. Aparece que Eafols, en 28 de septiembre de 1926, escribió a Margarita Terraza la siguiente carta:

“Sra. Margarita Terraza, Areeibo, P. R. Distinguida Sra:
“Tenemos vencidos sin haber teido pagados dos plazos sobre el piano que vendimos a Juan Palén j que Ud. posee. Don Luis Mer-cader, encargado de la Sucn. nos ha manifestado que la Suen. no puede pagar y que debo actuar en la forma que mejor crea.
“En tales condiciones hemos resuelto recoger el mueble, pero ante's de hacerlo deseamos tener sus noticias sobre el asunto, pues no' nos agrada que después de haberlo casi pagado tengan que perderlo.
“Espero sus noticias a correo vuelto y soy ato. S. S. (Firmado en maquinilla y con un sello de goma) José Rafols Roger — J. R. Roger. — Sra. Margarita Terraza Sue. Juan Palén, Arecibo. ”

Después Rafols siguió el pleito contra la Sucesión Palén.

La Corte de Distrito de Areeibo dictó sentencia conde-nando a la sucesión demandada a pagar al demandante $325, intereses, y costas. Y contra ella se ba interpuesto la pre-sente apelación fundándola en los siguientes señalamientos de error:

“lo. — Al condenar a la demandada a pagar los $325.00, resto dé-las obligaciones suscritas por Juan Palén para facilitar el cumpli-miento del contrato de venta condicional suscrito entre demandante y dicho Palén, muy a pe'sar que el demandante ha dejado de seguir los claros términos y estipulaciones del convenio de venta condicional a que hemos hecho mención.
“2o. — Al condenar a la demandada a pagar al demandante los pagarés referidos a pesar de haberlos traspasado a terceras perso-nas. ’1

Es cierto que el contrato de venta del piano fué condicional, y como se ve de las cláusulas, un tanto elaborado, y posiblemente expuesto a confusión. Pero, examinando el caso cuidadosamente, no podemos declarar que el demandante, por el hecho de haber escrito a Margarita Terraza, diciéndole que había resuelto recoger el piano, sin que llegara a hacerlo, o a seguir un procedimiento judicial para ello, fuera causa que impidiera al mismo demandante seguir la acción contra la sucesión de Palén, comprador y obligado.

Se ha sostenido por la jurisprudencia que la elección de remedio presupone la existencia de un derecho a elegir; y que es la elección demostrada por un acto positivo {overt act), entre dos derechos incompatibles, cualquiera de los que puede ser ejercitado solamente por la voluntad del que elige; y que recurrir a un remedio de que desiste, no impide recurrir al otro remedio ulteriormente. Y en el mismo caso se declaró que el haber empezado un pleito por daños, que quedó desis-tido después de estar en calendario por razón de una alegación de prescripción, no impide que el actor siga después una acción de rescisión, ya que el primer remedio no existía. Nds referimos a la decisión en el caso Schenck v. State Line Telephone Co. et al, de la Corte de Apelaciones de New York, 144 N. E. 592.

Eafoís Boger no ha recobrado posesión del piano vendido; él no ha presentado una demanda para que se le devuelva el piano. Y no puede decirse que ha optado por una determi-nada solución, por el simple hecho de indicar en una carta a la persona en cuyo poder se encuentra el mueble que se verá en el caso de recogerlo si no se le paga. No tiene obstáculo legal alguno el ejercicio de su acción en cobro de cantidad contra los continuadores de la personalidad de ese deudor.

No podemos convenir en la existencia de ninguno de los errores señalados.

Debe confírmame la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señob Texidob,

text:
    Etienne Totti, demandante y apelado, v. Agustín Fernández y Jesús Benítez, demandados y apelantes.
    No. 4827.

    Sometido: Diciembre 18, 1929.

      Resuelto: Febrero 28, 1930.

      G. Benitez Gautier, abogado de los apelantes; M. Acosta Velarde, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señob Texidob,

emitió la opinión del tribunal.

En la relación del caso y opinión que se nnen a la sentencia objeto del presente recurso, se bailan los siguientes párrafos:

“Alega el demandante en esta acción, y admiten los demandado's, qne el día 18 de abril de 1927 los demandados suscribieron y le en-tregaron un pagaré que copiado a la letra dice así:
“ ‘Por 825.00 — Valor al 30 de octubre de 1927. Pagaremos man-comunada y 'solidariamente, en esta ciudad de San Juan, P. R., a don Etienne Totti to a su orden el día 30 de octubre de 1927, la suma de ochocientos veinte y cinco dólares moneda corriente de los Esta-dos Unidos de América, por valor recibido. Nos comprometemos a satisfacer la's costas, gastos y honorarios de abogado de que se valga el tenedor de este documento en caso de reclamación judicial, a pagar el interés de doce por ciento anual en caso de demora; y nos so-metemos expresamente a las Cortes de Justicia de esta ciudad, para los actos y diligencias que del mismo se deriven. — San Juan, P. R., abril 18 de 1927. (Fdo.) Agustín Fernández. (Fdo.) Jesús Be-nitez. (Fdo.) A. H. Géigel.’
“Que lo’s demandados han sido requeridos de pago, y que no han pagado el importe, ni parte alguna del mismo al demandante ni a persona alguna.
“Alega además, y ha probado, que el referido pagaré lo entregó al Banco Popular; que recibió de éste su importe, y que en la fecha de su vencimiento, y al no ser satisfecho el mismo por los deman-dados, lo recogió, siendo por tanto 'su actual tenedor.
“Los demandados en su contestación alegan: que admiten haber suscrito y entregado al demandante el 18 de abril de 1927, el pa-garé que se transcribe en el hecho segundo de la demanda, pero niegan que el otorgamiento y la entrega de dicho pagaré lo reali-zaron por valor recibido, o por valor alguno de cualquiera natura-leza, alegando en contrario que dicho pagaré lo suscribieron y entre-garon para acomodar al demandante y para que éste lo utilizara como garantía colateral en un préstamo que quería concertar con el Banco Popular de Puerto Rico.
“Y además que al suscribir y entregar la obligación no recibieron valor alguno del demandante, y sólo lo hicieron para ‘acomodar a éste a fin de que lo utilizara como garantía colateral en un préstamo que quería concertar con el Banco Popular y según fué propuesto por el demandante y convenido entre él y los demandados.”

La sentencia dictada por la corte de distrito fué a favor del demandante, condenando a los demandados al pago de $825, intereses, y costas y gastos del pleito. Y contra ella se ha interpuesto la apelación, fundada en catorce señalamien-tos de error. El primero y el segundo de ellos se argumen-tan conjuntamente. Se enuncian así:

“I. — La corte erró al estimar que el pagaré objeto de este pleito se presume un documento mercantil.
“II. — La corte erró al determinar que las obligaciones de esta naturaleza están regidas por las disposiciones del Oódigo de Comer-cio. ’ ’

Aunque sobre estos dos extremos (uno en realidad) se argumenta muy hábilmente por la representación de la parte apelante, no hemos llegado al convencimiento de la existencia y la importancia de este error.

Es algo que está fuera de duda en esta jurisdicción, que los pagarés y.documentos “a la orden” se presumen docu-mentos mercantiles. Probablemente la sentencia que más ha influido en la declaración de esta doctrina en Puerto Rico ha sido la del Tribunal Supremo de España de fecha 25 de enero de 1898, en recurso de casación interpuesto por Antonio Silvestre Ayolli en pleito con la sucursal del Banco de España en Valencia. Uno de los considerandos de dicha sentencia lee como sigue:

‘ ‘ Considerando que la expedición de pagarés a la. ordeh y su en-doso deben reputarse actos mercantiles, con arreglo al artículo 2do. del Código de Comercio, por ser de lós expresamente definidos en este cuerpo legal, y, por lo tanto, que hay la presunción de que proceden de operaciones de comercio, salvo prueba en contrario.”

En el caso Moreno v. Sucesión Bahr, 3 D.P.R. 156, segunda edición, se trató de un pagaré librado “a la orden,” y pro-cedente de un préstamo comercial. En el caso Hernández v. Muñoz, 10 D.P.R. 17, se citó con aprobación la doctrina de la sentencia del Tribunal Supremo de España de 25 de enero de 1898. Y en el caso Rosaly v. Alvarado, 17 D.P.R. 109, se confirmó la misma doctrina. En Vázquez v. Laíno, 23 D.P.R. 235, se explicó la decisión del caso Ochoa Hermamos v. Lanza (17 D.P.R. 420) en donde se había dicho que los pagarés a la orden son documentos mercantiles; y se espe-cificó la existencia de la presunción controvertible o juris tantum en cuanto al carácter de mercantil de esos documentos. En el caso Román v. Martínez, 25 D.P.R. 654, se confirmó la doctrina, expresándose en la opinión una de las razones básicas de la misma, o sea que la extensión de un pagaré “a la orden” lo Race negociable por endoso sin necesidad de notificar la transacción al dendor.

D.e acnerdo con esas decisiones debe ser entendida la del caso Barros v. Padial, 35 D.P.R. 258, en la qne se babló de ser mercantil el pagaré a la ord'en, lo qne debe entenderse en el sentido de qne se repnta mercantil. No pnede caber dnda de qne ése es el verdadero sentido de la decisión, en la qne se encuentran las siguientes palabras:

“El carácter presuntivo de ser comercial un pagaré librado a la orden es universal y aplicable a todos los pagarés.”

Y se aplica el método de Euler, para bacer, como se bace, gráfica y perfectamente comprensible la explicación. Añá-dese después:

“Si 'se da un pagaré a la orden, el que lo expide puede decirse que ba convertido un simple préstamo en una operación mercantil.”

Esta es la-presunción, qne se baila sujeta a controversia.

Es verdad qne la corte de distrito en la opinión qne dictó, ba becbo mención de qne el pagaré de qne se trata, por ser a la orden, se presume mercantil; de este primer aserto parte la corte para declarar qne la excepción non numerata pecunia no es aplicable a los pagarés en qne se consigna la frase ‘‘valor recibido.” Y cita la decisión en el caso Crédito y Ahorro Ponceño v. Beiró, 32 D.P.R. 817, en qne se dijo qne un dendor qne suscribe una obligación con el carácter de deudor solidario no pnede en su defensa, alegar qne no se benefició con el dinero del préstamo.

Pero, aparte de qne la apelación no se da contra los razonamientos del juez sentenciador, siempre qne la conclusión a qne éste llegue en la sentencia, sea correcta, nos parece que la corte inferior en este caso, no decidió por virtud del carácter presuntivo del documento, sino por el estudio y apreciación de la prueba total.

En la opinión del juez de distrito encontramos un párrafo* que es así:

“Cualesquiera que hayan podido ser las transacciones anteriores que mediaron entre las partes, es lo cierto que lo que tenemos ante no'sotros es el cobro de una obligación legítimamente contraída. Si ésta se hizo para librar a un tercero de cierta responsabilidad que tenía con el demandante, los demandados, por sus propios actos, se obligaron para con el demandante, librando al tercero de la obliga-ción. No hay duda de que ellos pueden repetir contra la per'sona beneficiada, pero este derecho en nada' aminora la responsabilidad contraída. Pérez v. Sociedad Agrícola Santiago Hnos., 37 D.P.R. 17; Crédito y Beiró, stttpra.”

Por lo que se ve, la cuestión de si es o no presuntiva-mente mercantil el documento, no es la que lia decidido el caso; y siendo así los señalamientos de error I y II no son de estimar en esta apelación.

El tercer señalamiento de error se enuncia del siguiente modo:

“La corte erró al decir que la defensa de que no hubo causa o consideración no tiene eficaz aplicación a los pagarés en que se con-signa la cláusula de valor recibido.”

La parte apelante, al argumentar este señalamiento, entra en el estudio de la causa en los contratos; y la relaciona con su contención de que el pagaré se firmó por los señores Fernández y Benitez Castaño, para acomodar al señor Totti. A propósito de este particular cita la jurisprudencia de varios Estados en cuanto a accomodation bills or notes y la obra de Joyce, en cuanto a defensas en documentos comer-ciales. Realmente, aunque fueran una realidad en el terreno de los hechos los casos de “acomodación” (sic) no encon-tramos razón alguna para suprimir la vigencia de nuestro Código de Comercio. Si nuestra ley no fuera suficiente a cubrir el caso, tendríamos que buscar la solución, de acuerdo con el artículo 7 del Código Civil, en los principios de equidad en el sentido en que tales principios se toman en el precepto apuntado, o sea teniendo en mente “la razón natural de acuerdo con los principios generales de derecho, y los usos y costumbres aceptados y establecidos”; pero no podríamos, porque para ello uo tenemos autoridad, convertir los dictados de la jurisprudencia de otro Estado, en ley nuestra; la ley es obra del poder legislativo, y no de los tribunales, que no pueden crearla ni en forma directa, ni indirecta.

En cuanto a la causa en los contratos nuestro Código Civil, contiene los elementos necesarios para que toda causa pueda clasificarse y caber en los artículos 1241, 1242, 1243 y 1244. Es el trabajo del jurista examinar, estudiar y deter-minar el caso que ante sí tiene, a la luz de los principios, y en su caso las reglas, de los preceptos del código.

En el artículo 1241, Código Civil, se establece la diferencia entre las causas según la naturaleza del contrato; en los onerosos, la prestación o servicio, o la promesa; en los remu-neratorios, el servicio o beneficio a remunerar; en los de pura beneficencia, la liberalidad del bienhechor. T soste-nemos que no hay un solo contrato que no quepa, en cuanto a la causa, en uno de esos tres conceptos.

Sólo un caso se establece, de ineficacia; el del artículo 1242, en que se expresa que los contratos con causa ilícita no producen efecto alguno (nuestras las itálicas). Se esta-blece luego en el artículo 1243 la calidad de anulables de los contratos con expresión de una causa falsa, salvo cuando se pruebe que había una verdadera y lícita, dando así vida a la íntima esencia y verdad en la causa, sobre la exterioriza-eión o expresión. Y se cleterminan en el artículo 1244, las presunciones controvertibles de existencia de la causa y licitud de la misma.

Supongamos que en este caso se haya expresado inexac-tamente la causa del pagaré al hablarse de valor recibido; apuntemos que en ese caso el deudor va contra la causa, y niega el valor recibido teniendo para ello el amparo del artículo 1243 del Código, y hasta la excepción que se hace en el número 2 del artículo 101 de la Ley de Evidencia, cuando al estimar concluyente la verdad de los hechos relatados en un documento escrito, entre las partes y sus causahabientes exceptúa “la relación de una compensación” (texto español)1, o “tlie recital of a consideration” (texto inglés); y aun con esto, el acreedor prueba que hubo una causa verdadera y lícita, como el pago que a Totti debía hacer Arturo H. Géigel; y entonces el contrato subsiste, y las obligaciones de los señores Benitez y Fernández son exigibles. La corte de distrito que dictó la sentencia apelada ha estudiado, recta y acertadamente, el problema, sin aislar la materia de hecho de la de derecho; y como de hecho, encuentra que

“Puede ser que los demandados fueron sorprendidos en su buena fe al suscribir la obligación de que es objeto este pleito; pero «n nada puede esto perjudicar los derecbo’s del demandante que surgie-ron a virtud de los actos y conducta de los propios demandados. Nada bay en la prueba que indique que Totti indujera a los demandados, o a alguno de ellos, a suscribir y entregar el mencionado pagaré. La 'suscripción y entrega del mismo se obtuvo sin que Totti mediara. ¿Puede alegarse la defensa de que fué suscrito y entregado para acomodar a éste, esto es, para facilitar que éste hiciera un préstamo? A nuestro juicio la pregunta debe contestarse en la negativa. Como dice un comentarista, ‘el hombre, que es autor de sus hechos, debe ser responsable de sus resultados.’ ”

Así se lee en la opinión de la corte.

T de lo que son los hechos en el caso, responde el párrafo de la misma opinión que dice:

“De prevalecer la teoría de los demandados, sufriría el deman-dante un gran perjuicio, porque cancelada la obligación que con él tenía contraída una tercera persona, no tiene ahora contra quién repetir y se vería a'sí burlado en sus derechos e injustamente privado de su propiedad.”

Verdaderamente, el fundamento de la corte de distrito se encuentra, más que en ninguna otra cosa, en la apreciación de la prueba en el caso.

• Si se estudian un poco los distintos testimonios, hemos de convenir en que la inferencia que se impuso al ánimo del juzgador fué la de que el pagaré firmado por los señores Benitez, Fernández y Géigel a favor del señor Tottti, se entregó a éste para pagarle lo que Géigel le adeudaba. Agustín Fernández es un amigo de Géigel, con quien ha tenido relación de negocios; y es solamente nn conocido de Totti. Géigel va a bascar a Fernández para que le firme y entregue el pagaré, que no lo fia pedido a Totti, con quien no fiafila siquiera acerca del asunto. No está en lo lógico creer que Fernández ya a comprometer su crédito por una persona a quien apenas conoce, y que nada le pide. Y del resto del testimonio en el caso, aparece que el testigo Campos estuvo presente cuando el demandado Fernández firmó el pagaré, y oyó a Géigel decir a Fernández que aquella firma la necesitaba para garantizar a Totti lo que le lebía: el testigo Juan Eodríguez, cuñado de Géigel, fiabla de la deuda, de éste para con Totti por construcción de una casa, y de que Géigel pagó a Totti en dinero y pagarés, uno de ellos suscrito por Fernández; el demandado Benitez, por lo que declara, no habló con Totti antes de firmar la primera, obligación, y afirma que él no daba su firma más que para el Sr. Totti, y no para Géigel, y así se lo dijo a éste.

Nos parece de suma importancia la declaración del Sr. William Biscombe, que era gerente del Banco Popular cuando declaró, y que afirmó que conoce al Sr. Totti, y que éste tiene crédito en el Banco Popular, y para obtener un préstamo de $2,000 no necesita otra firma, y le bastaría con la de su esposa y la de él para obtener un préstamo así.

Sin duda alguna el juez sentenciador dió entero crédito a la prueba del demandante.

Debe citarse aquí la doctrina legal declarada por este tribunal en los siguientes casos:

Cintrón & Aboy v. Solá, 22 D.P.R. 262, en donde se dijo:

“. . . No importa que Celestino Sola dejara de beneficiarse dél préstamo; él convino en ser deudor solidario para servir a Sola e Hijo, y ese convenio quedó consignado en el pagaré al ser firmado éste por el demandado como deudor 'solidario. La ley del contrato quedó establecida en el documento como última expresión de la vo-luntad de las partes, y a ella tiene que someterse Celestino Sola.”

Tiene esta doctrina aplicación también al cuarto señala-miento de error, que no fia de discutirse aquí extensamente, ya que adolece del defecto de referirse, no a la sentencia, sino a algunas de las frases empleadas por el juez en su opinión; y ya hemos dicho en diversas ocasiones, y de uni-forme y constante modo, que los razonamientos del juez no constituyen base de señalamiento de error, o de apelación.

El quinto señalamiento es como sigue:

“La corte erró al determinar que cualesquiera que hayan podido ser las transacciones anteriores que mediaron entre las partes, es lo cierto que lo que tenemos ante nosotros es el cobro de una obliga-ción legítimamente contraída.”

Arguméntase aquí por la parte apelante sobre la base de que no hubo consentimiento por parte de los demandados, al firmar el pagaré.

No existe el error señalado. En un documento como el que se ha presentado, es muy difícil sostener el error en el consentimiento. Para que el error vicie el consentimiento, y por consecuencia, el contrato, es preciso que recaiga sobre la esencia del mismo, y en los casos expresos del Código, acerca de la persona, cuando por ella, o por razón de ella se deter-mina la voluntad del contratante.

En un caso como éste, y con la prueba que al mismo se ha traído, no cabe sostener que hubo error al consentir.

El sexto señalamiento se funda en que la corte aceptó como hipotético que el documento se hizo para librar a un tercero de cierta responsabilidad. No creemos exacta la apreciación hecha por los apelantes; es verdad que la corte ha dicho, refiriéndose a la obligación:

“Si ésta se hizo para librar a un tercero de cierta responsabili-dad que tenía con el demandante. . .”

Pero hay que tomar en su integridad la frase citada, que concluye así:

“. . . los demandados, por sus propios actos se obligaron para con el demandante, librando al tercero- de la obligación.”

Y es necesario tener en cuenta que la corte en el párrafo que precede al que citamos acaba de declarar rotunda e ine-quívocamente que lo que tiene ante sí es “el cobro de una obligación legítimamente contraída.”

No es cosa de qne un apelante pueda sostener su recurso sobre frases aisladas de la “opinión” del juez, ni aun sobre párrafos enteros, cuando la sentencia, con aquellas frases, o sin ellas, es justa y se acuerda con los preceptos de ley.

Arguméntanse conjuntamente los señalamientos sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo y duodécimo:

“VI. — La Corte erró al aceptar como hipótesis que la obligación se hizo para librar a un tercero de cierta responsabilidad.
“VII. — La corte erró al entender que los demandados-apelantes por sus propios acto's se obligaron para con el demandante.
“VIII. — La corte erró al determinar que los derechos del deman-dante surgieron a virtud de los actos y conducta de los demandados-apelantes.
‘ ‘ IX. — La corte erró- al determinar que no hay nada en la prueba que indique que T'otti indujera a los demandado's-apelantes o a al-guno de ellos a suscribir y entregar el mencionado pagaré.
“X. — La corte erró al determinar que no puede alegarse la de-fensa qne fué suscrito y entregado para acomodar al demandante, esto es, para facilitarle que éste hiciera un préstamo.
“XI. — La corte erró al determinar que la conducta de lo's deman-dados-apelantes les hace responsable para con aquél de la obligación contraída y no pueden invocar con éxito las defensas que alegan.
“XII. — La corte erró al determinar que al suscribirse el pagaré la presunción 'surgió de que lo hacían con la intención de someterse a todos sus efectos jurídicos y el demandante tenía derecho a descan-sar en esta presunción.”

Los apelantes, registran la opinión de la corte, extraen de ella las frases y razonamientos que creen convenientes para la argumentación, y entablan ésta, trayendo de nuevo la teoría del consentimiento, y algunos tópicos más, ya dis-cutidos. Y en el fondo, más que a otra solución, van al ataque a- la apreciación de la prueba, sin señalar manifiesto error, pasión, prejuicio, o parcialidad.

Citar aquí las conocidas definiciones de la actitud de este Tribunal Supremo en cuanto a que el objeto de una apelación es- la sentencia, rio los razonamientos de la opinión, y a que la apreciación de la prueba, no será intervenida en apelación más qne donde se alegue y demuestre qne en ella bnbo mani-fiesto error, o qne la influencia de pasión, prejuicio o parcia-lidad tnvieron en ella nna participación, sería obra, no difícil, pero sí enojosa, ya qne las decisiones en la materia, uniformes y constantes, son numerosas, y no requieren ser de nuevo citadas.

Basta con lo expresado para decidir en forma negativa en cuanto a estos señalamientos de error.

Y si la corte de distrito tuvo ante sí una obligación legal-mente contraída, su decisión condenando a los demandados al pago, era la justa. Disponemos así del señalamiento de error que aparece bajo el ordinal décimo-tercero.

En cuanto al error en la imposición de las costas (Décimo-cuarto) nos parece perfectamente justificada la determinación de la discreción de la corte al imponerlas a los demandados, que resistieron el pago.

Por las razones apuntadas, debe confirmarse la Sentencia ap-elada.


author: El Juez Presidente Señor del Torio, JUEZ ASOCIADO SU. WOLE

text:
    W. J. Cox Co., Inc., peticionaria y apelante, v. Hon. Luis C. Trigo, Juez de la Corte Municipal de Guayama, demandado y apelado.
    No. 4950.

    Sometido: Febrero 13, 1930.

      Resuelto: Febrero 28, 1930.

      Salvador Suau y F. Prieto, abogados de la apelante; F. iBevró Rovira,, abogado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor del Torio,

emitió la opinión del

tribunal.

En la Corte Municipal de G-uayama Pedro Ortiz formuló demanda contra W. J. Cos Co. Inc., en reclamación de $141 por daños y perjuicios originados a virtud de la negligencia de un agente de la demandada que conducía cierto vehículo de motor.

Emplazada la demandada, el 20 de marzo de 1928 archivó una excepción previa acompañada de una moción solicitando el traslado del pleito al sitio de su domicilio, la ciudad de San Juan.

La parte demandante pidió de la corte en 6 de junio de 1928 que señalara la vista de la moción de traslado y de la excepción, certificando que había notificado su solicitud por correo a la demandada. Se hizo el señalamiento. No com-pareció la demandada. La corte hizo constar que no se le había citado, pero declaró el traslado sin lugar.

Así las cosas, cinco meses después el demandado pidió a la corte que reconsiderara su resolución alegando la falta de citación para la vista. La corte señaló la moción para verse. Tampoco compareció la demandada, pero envió un alegato escrito en apoyo de su solicitud. La corte exponiendo por escrito con amplitud sus razones, negó la reconsideración.

La demandada entonces el 23 de febrero de 1929, presentó una solicitud de certiorari a la corte de distrito. El auto fué expedido. El juez municipal demandado pidió a la corte que lo anulara porque la resolución de que se quejaba la peticionaria era apelable; porque los autos no habían sido debidamente certificados, y porque el propósito de la peti-cionaria era el de dilatar los procedimientos ya que la ley en que basaba su solicitud de traslado a la fecha de su moción de reconsideración había sido enmendada de tal modo que su derecho al traslado quedaba irremediablemente destruido tratándose por tanto de una cuestión meramente académica. El demandado insistió en que la solicitud de traslado fue declarada sin lugar no porque la demandada dejara de com-parecer a la vista señalada para oírla, sino después de con-siderada en sus méritos. En efecto, en los autos elevados a la corte de distrito a virtud del auto de certiorari aparece una resolución de junio 19, 1928, que dice:

“Sin lugar por opo'sieión del demandante y aparecer de la de-manda que el sitio de origen de la reclamación está dentro de la municipalidad de G-uayama.”

El 9 de marzo de 1929 la corte de distrito declaró sin lugar la petición de certiorari. No emitió opinión para fundar su sentencia.

No conforme la peticionaria apeló para ante este tribunal. Sólo ella formuló alegato y compareció a la vista del recurso.

Considerados todos los hechos que dejamos expuestos, no creemos que la corte de distrito abusara de su poder discrecional al negar definitivamente el certiorari. No estamos conociendo de una apelación en un caso ordinario, sino de una apelación en un caso de certiorari, y lo primero que debemos tener en cuenta es si la peticionaria presentó a la corte de distrito alguna cuestión de jurisdicción o de procedimiento en forma meritoria.

No hay cuestión de jurisdicción envuelta. La corte tenía facultad para conceder o negar, de acuerdo, por supuesto, con los hechos y la ley, el traslado.

¿Iíubo error de procedimiento? El traslado se solicitó el 20 de marzo de 1928. La demandada se limitó a presentar la moción y al parecer no se cuidó más del asunto. Dos meses y medio después, en junio 6, la demandante fué la que pidió que se señalara la vista de la moción, notificando su solicitud por correo a la demandada. El señalamiento se hizo para jimio 19 y la demandaba se queja de que ese señalamiento no le fué notificado.

El 20 de diciembre de 1928 o sea cerca de ocho meses después de archivada la moción de traslado y de cinco de resuelta, presentó la demandada su moción de reconsideración alegando que incidentalmente se había enterado de lo ocurrido.

■ Una parte que revela un abandono tal de un asunto que ella misma suscita en una corte de justicia, no debe ser ampa-rada dentro de un procedimiento-extraordinario de certiorari.

Suponiendo que se hubiera errado al no notificar a la demandada el señalamiento de la vista de su moción de traslado, punto sobre el cual la peticionaria apelante no aporta ley o jurisprudencia alguna, para ilustrar a esta corte en su resolución, es lo cierto que la corte municipal le dió luego una amplia oportunidad de presentar toda su argumentación y después de considerarla ratificó su anterior resolución.

Si existe apelación directa de la negativa del traslado para ante la corte de distrito, entonces el demandado voluntaria-mente dejó fenecer su derecho, y si no existe tal apelación directa, puede obtener que los méritos de su moción se consi-deren dentro de la apelación de la sentencia en caso de que ésta le sea adversa.

Se ha dicho ya varias veces por este tribunal que el hecho de que un abogado resida en un distrito distinto, no le da privilegio alguno. Si un abogado asume la responsabilidad de aceptar la dirección de un asunto que se tramita en otro distrito, debe estar preparado para cumplir- con esa responsabilidad en ese distrito con la misma diligencia y en similares condiciones que lo esté en los casos que se ventilen en el distrito de su residencia.

Bebe confirmarse la sentencia apelada.

■OPINIÓN CON CURREN TE DEL

JUEZ ASOCIADO SU. WOLE

En el caso de Rivera v. Aybar, 32 D.P.R. 548, 551, disentí por el fundamento de que una corte municipal no tiene auto-ridad o jurisdicción para ordenar el traslado de un caso a otra corte municipal. Asumiendo que exista tal facultad, convengo con la opinión de la mayoría.


author: El Juez Pbesidente Señob del Tobo,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ramón Rosado Jr., acusado y apelante.
    No. 4020.

    Sometido: Febrero 13, 1930.

      Resuelto: Febrero 28, 1930.

      Cayetano Coll y Cuchí, abogado del apelante; B. A. Comes, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Pbesidente Señob del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Se acusó y condenó a Ramón Rosado, Jr., como autor de un delito de homicidio involuntario cometido en la persona de Eladio Cortés, al guiar negligentemente un automóvil. Intervino un jurado. La corte impuso al culpable dos años de presidio.

El alegato presentado para sostener la apelación no con-tiene un señalamiento separado de errores. -Se divide en dos partes que se titulan: “Antecedentes del Caso” y “Prueba en el Caso.” Sostiene que no se demostró la grave negli-gencia por parte del acusado que de acuerdo con la jurispru-dencia que cita sería necesaria para declararlo culpable del delito que se le imputó. El alegato del fiscal es completo tanto en el análisis de los becbos como en la exposición de la ley y de la jurisprudencia aplicables.

Hemos examinado la prueba a la luz especialmente de los casos de El Pueblo v. Casanovas, 38 D.P.R. 220, El Pueblo v. Blandford, 23 D.P.R. 625 y El Pueblo v. Francis, 19 D.P.R. 692 y creemos que es bastante.

El golpe terrible inferido a la víctima, el sitio de la carre-tera en que ocurrió el accidente y las gráficas expresiones de Marcelina Hernández que iba por la carretera y al ver venir el carro del acusado a velocidad y otro en dirección opuesta y un truck a la derecha dijo: -“Me puede atrapillar y me tiré a la cuneta, y dije: a morir aquí,” y de Alejo Candelaria que explica que se encontraba frente a un cafetín a orillas de la carretera con un policía y al pasar el carro del acusado dijo al policía: “Fíjese en la velocidad que lleva ese carro” y “al momento de decir al policía, mire la velo-cidad del carro, se sintió, ‘lo mató, lo mató,’ gente que lo decía . . revelan de modo elocuente las circunstancias del caso. El grado de velocidad que permite la ley fue aparentemente excedido en forma tal y bajo tales circuns-tancias que pone de manifiesto la temeraria conducta del acusado. No hay motivo justificado alguno para revocar la sentencia.

Debe declararse el recurso sin lugar.


author: El Juez Asociado Señoh Wole,

text:
    Hipólito Ojea, demandante y apelante, v. Drug Company of Porto Rico, demandada y apelada.
    No. 4714.

    Sometido: Mayo 9, 1929.

      Resuelto: Febrero 28, 1930.

      L. Martínez Aviles, abogado del apelante; Lelié & La Costa, abo-gados de la apelada.
   El Juez Asociado Señoh Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La alegación de negligencia en este caso fue substancial-inente que la demandada consintió, al permitir a una persona sin licencia, manejar un automóvil y que se guiara dicho automóvil por las calles de Areeibo sin obedecer las órdenes del demandante, un policía en servicio activo. Se hizo la alegación de que dicho policía sufrió daños con motivo de la supuesta negligencia. La Corte de Distrito de Areeibo, resol-viendo una moción de nonsuit, dictó sentencia a favor de la demandada.

Julio L. Rivera e.ra empleado de la demandada, cuyo deber era vender los artículos de esta última. Utilizaba un automóvil para tal fin. Supondremos con el apelante que él estaba autorizado para emplear un chauffeur. La prueba no revela que la compañía tuviera el más ligero conocimiento de que el chauffeur empleado no tenía licencia. Igualmente no hallamos que hubiera relación causal alguna entre esta falta de licencia y el accidente. No surgió causa de acción alguna por el empleo negligente de parte de Rivera de un chauffeur sin licencia.

Dos policías estaban deseosos de inspeccionar el automóvil en que iba Rivera por haber sido informados que Rivera y el supuesto chauffeur llevaban dentro de dicho automóvil un cerdo robado. El demandante estaba a punto de montar en el automóvil cuando Anés, el chauffeur citado, lo echó a caminar haciendo que el policía se cayera.

Ninguno de los actos descritos de Rivera o Anés fué ejecutado en cumplimiento de ningún deber qué alguno de ellos tuviera para con la demandada. Por consiguiente, no surgió' ninguna responsabilidad por parte de esta última. Torres Sosa v. Lema, 36 D.P.R. 80 ; opinión concurrente del Juez Asociado Sr. MacLeary en Marrero v. López, 15 D.P.R. 766, 769; Martínez v. Trujillo y Mercado, 24 D.P.R. 290.

[3] La corte tenía el derecho absoluto de creer que los actos ejecutados por los supuestos agentes o por el chawffeur fueron, si no maliciosos, realizados para un fin independiente de sus deberes para con su supuesto principal. Por tanto, 1a. demandada tampoco era responsable. Concepción Lebrón v. Singer Sewing Machine Co., 39 D.P.R. 921; Firemen’s Fund Ins. Co. v. Schreiber, 45 L.R.A., (N. S.) 314, 321; Sweden v. Alkenson Improvement Co., 27 L.R.A. (N. S.) 124. La apelada cita otros casos referentes a la misma conclusión alegada y también varios otros argumentos en apoyo de la sentencia, que son innecesarios considerar.

Bebe confirmarse la sentencia.


author: El Juez' Asociado Señor Wole,

text:
    Mary W. Ramírez y su esposo Dr. T. Ramírez Cuerda, demandantes y apelados, v. Caribbean Casualty Company, demandada y apelante.
    No. 4627.

    Sometido: Mayo 7, 1929.

      Resuelto: Febrero 28, 1930.

      Jaime Sifre Jr., Diego O. Marrero y R. Franeeschi, abogados de la apelante; J. Alemañy, abogado de los apelados.
   El Juez' Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

A virtud de una sentencia de la Corte de Distrito de Mayagiiez la Caribbean Casualty Co. fué requerida para que pagara a Mary W. Ramírez y al Dr. T. Ramírez Cuerda (su esposo) la suma de $5,300. Los demandantes instituyeron una acción sobre una póliza de seguro por accidente de automóvil. El Dr. T. Ramírez Cuerda y su esposa fueron anteriormente demandados por Esteban Flores por los daños causádosle mientras dicho Dr. Ramírez guiaba un automóvil. Se dictó sentencia a favor de Flores. La Caribbean Casualty Co. rehusó asumir responsabilidad alguna, toda vez que al tiempo del accidente, así se alegaba, en efecto, en la contestación, el automóvil era usado, según lo excluían expresamente los términos de dicha póliza, para una visita profesional. Para" conveniencia de la consideración de este caso nos referiremos al caso instado contra los dos Ramírez como el “pleito anterior” o como el “primer pleito,” mientras que haremos referencia al caso instituido contra la compañía de seguros como el “presente” o “segundo caso.”

El Dr. Ramírez ocupó la silla testifical en el primer pleito y declaró bajo juramento que iba a una visita profesional cuando ocurrió él accidente y que usaba el automóvil exclu-sivamente para visitas profesionales. La compañía sostuvo en el presente caso que la declaración del Dr. Ramírez pres-tada en el pleito anterior era obligatoria para él como una admisión judicial.

La corte de' distrito en su opinión, después de hacer una reseña de la historia de la póliza de seguro y del accidente a consecuencia del cual se hizo responsables a los aquí deman-dantes, halló por preponderancia de la prueba que la com-pañía de seguros era responsable de acuerdo con la póliza y que no había habido infracción alguna de ninguna cláusula de la misma.

Los demandantes habían alegado un impedimento o renuncia contra la compañía de seguros, ya que ella o sus abogados se habían encargado de la defensa del pleito anterior y realmente habían comparecido en dicho caso, radi-cado la contestación e intervenido parcialmente en la vista del caso. Como la Corte de Distrito de Mayagüez resolvió que había responsabilidad directa por parte de la compañía, no entró a considerar el alegado impedimento o renuncia.

De paso podríamos decir que una de las oportunidades mejores que tuvo la compañía fue sostener que la conducta del Dr. Ramírez en el caso anterior a virtud de la cual la compañía fué inducida a abandonar la defensa del mismo le impedía a él obtener indemnización, toda vez que si la com-pañía hubiese continuado con su defensa ella tal vez habría evitado que el demandante obtuviera sentencia en el caso' anterior. No sólo esta supuesta defensa no fué levantada por la contestación o durante la vista, sino que es evidente' que el haberse retirado la compañía del primer pleito fué un acto enteramente voluntario. Tampoco nos convence la ape-lante de que hubiera habido cualquier otro resultado en el pleito anterior. Hemos hecho ¡mención de esto por la posible relación que pueda tener con la alegación hecha por la com-pañía de que las manifestaciones del Dr. Ramírez en el pleito anterior eran admisiones judiciales.

Si bien no impartimos en manera alguna aprobación a la conducta del Dr. Ramírez, convenimos con los apelados en que sus declaraciones en el pleito anterior- no constituían una admisión judicial en su sentido estricto. Si el Dr. Ramírez en el momento del accidente guiaba su automóvil por placer o en una visita profesional, no tenía pertinencia (materiality) o importancia (relevancy) algunas en el pleito anterior. En uno u otro caso la responsabilidad del Dr. Ramírez no se aumentaba o disminuía. Para ningún fin judicial era la compañía de seguros una parte en el pleito anterior. Sus abogados se retiraron prontamente de la defensa del mismo cuando se hizo la aserción aparente por parte del Dr. Ramí-rez que podría relevar a la compañía de responsabilidad. Fue parcialmente a este respecto que discutimos la posibilidad de un impedimento por conducta. Las admisiones se con-vierten en judiciales en su sentido estricto cuando afectan a una parte en un litigio. Pueden ser consideradas como extrajudiciales aun si son hechas en el curso de un juicio, si no afectan a ninguna parte en el litigio. Parsons v. Copeland, 33 Me. 370, 54 A. D. 628; Renville State Bank v. Kenville, 166 N. W. 643 nota al caso de First National Bank v, Duncan, 28 L.R.A. (N. S.) 327; Rich v. City of Minneapolis, 41 N. W. 455; Riddle v. Riddle, 97 S. E. 382; 22 C. J. 330, nota 59; 1 R.C.L. 462 et seq., passim. Las mismas citas hechas por la apelante prestan apoyo a esto. No existe en forma alguna nexo jurídico entre la compañía de seguros y Flores. En lo que concernía a los Ramírez y a Flores o a cualquier persona que tuviera nexo jurídico con este último, el Dr. Ramírez estaba obligado por su admisión. De lo contrario él podía siempre explicar sus manifestaciones y demostrar cuál era realmente la verdad- El hizo esto a satisfacción de la Corte de Distrito' de Mayagüez. Tampoco importaba que en el pleito anterior la corte resolviera que el doctor iba a bacer una visita profesional.

La apelante critica a la Corte de Distrito de Mayagüez por no haber hecho conclusiones más específicas. La apelante no las pidió porque con toda probabilidad conocía la posición de la corte. Los autos demuestran que cuando el Dr. Ramírez trató de explicar las manifestaciones hechas por él en el juicio anterior, la demandada en el presente caso se opuso. La corte debidamente permitió la explicación. A la demandada le era enteramente claro que el caso giraba alrededor de la cuestión de si el Dr. Ramírez y sus testigos merecían crédito.

El Dr. Ramírez dijo en el curso de su explicación que después de dar parte a la compañía del accidente llegó a sus oídos que se sospechaba que él estaba embriagado en el momento que iba a la fiesta en Maricao; que en momentos distintos consultó con uno de los letrados de la compañía y con un tal Sr. Porrata, agente de la compañía, respecto a si perjudicaría en algo el que él manifestara en el caso de Plores que iba a hacer una visita profesional, para distin-guirla del uso del automóvil para fines de placer; que él temía que su reputación fuese lesionada si se decía que estaba embriagado; que el abogado y el Sr. Porrata le manifestaron que eso no importaba; que entonces él prestó su declaración de que se dirigía a una visita profesional y utilizaba el auto-móvil para visitas profesionales exclusivamente. El abogado de la compañía negó haber hecho manifestación alguna pero el Sr. Porrata no declaró. La apelante está equivocada al decir que no aparecía que Porrata fuera un. agente de la compañía. Por la declaración de Alberto Roig, agente de seguros, se demostró que existía una agencia suficiente para haber inducido al Dr. Ramírez a tener esta creencia (trans-cripción, pág. 53). El Dr. Ramírez manifestó, y en ello.fue corroborado por varios testigos, que su objeto principal al ir a Maricao fué asistir a una fiestecita dada por su amigo Bafael Mangual, y que incidentalmente se le pidió que rece-tara a un Rijo de su amigo, y que así lo Rizo. La corte tenía dereeRo a apreciar la explicación y a creerla.

No seguimos a la apelante en su tentativa de destruir la verdad última del Dr. Ramírez y sus testigos en el presente caso. Desde luego, el Dr. Ramírez se Rizo objeto, de sos-pechas, pero la corte tenía derecho a creerlo, y evidente-mente lo creyó. Toda la prueba claramente indicaba que hubo una fiesta en la casa de Mangual.

. [4, 5] Lós apelados dedican gran atención a la cuestión de estoppel. Dicen que cuando la compañía practicó la inves-tigación y se Rizo cargo de la defensa, quedó impedida de evadir responsabilidad; que la compañía estaba obligada a cerciorarse de la verdad. Las citas de los apelados com-prenden casos en que la compañía tuvo la oportunidad de conocer la verdad. En el presente caso el Dr. Ramírez dijo a los agentes de la compañía que estaba utilizando el automóvil para paseo, y el hecho aparentemente contrario sólo apareció durante el juicio del caso de Flores. No. surgió estoppel alguno por haberse dejado de investigar.

Nos Remos referido a Porrata como agente de la compañía. La manifestación Róchale por el Dr. Ramírez respecto al curso que este último se proponía seguir en el caso de Flores y el allanamiento de Porrata no podían obligar a la com-pañía. Si bien los autos indican que Porrata era un agente para investigar los hechos, no se demostró que tuviera sufi-cientes poderes como agente para hacer qne la compañía estuviese impedida a este respecto. Una situación diferente fué presentada cuando consideramos la verdad de la explica-ción dada por el Dr.. Ramírez.

La duda principal que hemos tenido en cuanto a la cuestión de impedimento (estoppel) surge de la intervención de los abogados en el caso anterior. Ellos tenían un deber doble, uno para con los Ramírez y otro para con la compañía. El deber para con, la última era tal vez el principal. Aunque creemos que el mejor camino a seguir por los abogados hubiera sido el de alegar que no había responsabilidad y el de continuar con el caso, sin embargo, de acuerdo con las manifestaciones del Dr. Ramírez ellos estaban justificados al retirarse si ellos a su vez no ocasionaban un verdadero perjuicio a los asegurados, y los apelados no han demostrado-haber sufrido daño alguno directo por haber tenido que defenderse a sí mismos en el pleito anterior. Quizá la cuestión de impedimento y la veracidad de las últimas mani-festaciones del Dr. Ramírez están entrelazadas. De todos modos, sólo podía surgir aparentemente un estoppel, bajo los hechos de,este, caso, si el Dr. Ramírez no iba principalmente a una visita profesional cuando el accidente ocurrió.

Desde luego, si bien de acuerdo con la póliza, caso de ser aplicable, el asegurado estaba en la obligación de permitir que la compañía defendiera el primer pleito, sin embargo, la obligación de defender surge solamente cuando hay tal res-ponsabilidad. Para que la compañía estuviera impedida debió estar en posición de ver que al defender el litigio ella podía, renunciar a cualquier cláusula dudosa de la póliza. Las ■manifestaciones del Dr. Ramírez en la silla testifical aparente-mente no dejaron nada en duda, y no dieron a la compañía ningún derecho de elección. El caso hubiese sido distinto si estando en posesión de todos los supuestos hechos, después de defender el caso parcialmente, la compañía hubiese rehusado asumir responsabilidad y entonces se hubiera retirado de la defensa. Fullerton v. U. S. Casualty Co., 6 A.L.R. 367.

Esta apelación sugiere otras cuestiones interesantes. Hay una línea de casos que sostienen, que si existe una práctica general, como una ocupación, el desviarse a otra ocupación más peligrosa, generalmente no- altera la responsabilidad. Pacific Mutual Life Ins. Co. v. Van Fleet (Colo.) 107 Pac. 1087, 1092; Ebeling v. Bankers Casualty Co., 61 Mont. 58, 22 A.L.R. 777, 779. En otras palabras, si los Ramírez utili-zaban el automóvil principalmente en viaje de placer, tal vez una visita profesional fortuita no relevaría de responsa-bilidad a la compañía.

Por otra parte, no estamos muy seguros de que en otras ocasiones el automóvil no pudiera haberse utilizado para visitas profesionales. En términos' generales creemos que la corte hizo bien al poner el caso a prueba decidiendo si el Dr, Ramírez iba o no a una visita profesional el día del accidente.

La apelante también sostiene que los demandantes no tenían derecho a resarcirse de los daños y perjuicios a menos que demostraran primero que habían sufrido una pérdida, pagando la sentencia en el caso de Flores. Sostiene, además que ésta es una póliza de indemnización, y no una. póliza de seguro corriente. Las cláusulas de la póliza a considerar son las siguientes:

“Cláusula 1. — Pagar cualquier pérdida por concepto de la res-ponsabilidad impuesta por la Ley al asegurado por daños y perjui-cios con motivo de lesiones corporales, etc.
“Cláusula 2. — Pagar cualquier pérdida por concepto de la res-ponsabilidad impuesta por la Ley al asegurado por daños y perjui-cios con motivo de averías o destrucción de propiedad, etc.
“Cláusula 3. — Indemnizar al asegurado por pérdidas resultantes de la avería o destrucción de cualquiera de los automóviles enume-rados,” etc.

Necesariamente, está sujeto a argumentación el hecho de que un demandante no sufre pérdida pecuniaria efectiva hasta tanto saque el dinero de su bolsillo para satisfacer una sen-tencia, pero no descubrimos intención alguna por parte de la compañía de hacer que tal pago sea una condición previa al resarcimiento. Las pólizas de seguro deben ser interpre-tadas estrictamente contra la compañía que las redactó, y no debe darse a sus cláusulas una interpretación que impida seriamente el resarcimiento o que conduzca a conclusiones absurdas. ITn número de casos de los Estados Unidos que hemos examinado impone tal deber al asegurado cuando la. póliza contiene una estipulación directa a ese efecto.' La palabra “pérdida,” según se usa en estas cláusulas, debe ser interpretada en Puerto Rico como que significa un aumento en las obligaciones de parte del asegurado. Si el activo total de una persona es disminuido por un accidente, especialmente suponiendo que ella sea responsable, necesariamente tal persona ba sufrido una pérdida. Además de esto creemos que las palabras “una responsabilidad fijada por la ley,” según se usan en dichas cláusulas, significan la existencia de una sentencia y no' su pago.

De acuerdo con alguna de la jurisprudencia citada por los apelados, también tenemos algunas dudas respecto a si en algún caso el derecho a exigir el cumplimiento de esta con-dición de pago surge cuando la compañía de seguros ha tenido la oportunidad de defender el caso y no lo ha hecho. Desde luego, en el presente caso, conforme hemos visto, puede que haya habido alguna justificación para que la demandada se retirara del pleito anterior, pero tal proceder de parte de la compañía fué adoptado asumiendo cierto riesgo si, según r esultó, se dictaba sentencia contra los asegurados y éstos se veían obligados a defender el pleito por sí mismos.

Es bueno agregar para los fines generales de esta opinión que de acuerdo con la póliza la compañía se reservó el derecho de defender cualesquier litigios que se entablaren contra los asegurados.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Manuel Gómez Tejera, demandante y apelado, v. Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, demandada y apelante.
    No. 4879.

    Sometido: Noviembre 21, 1929.

      Resuelto: Febrero 28, 1930.

      Attorney General, James B. Beverley y Felipe Janer, Subprocwador, abogados de la apelante; García Méndez & García Méndez, abo-gado's del apelado.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

La. parte apelada solicita que desestimemos esta apelación porque el escrito interponiéndola no tiene adherido el sello de rentas internas que requiere la ley y porque es frívola.

La Ley No. 17 de 1915 dispone que por cada escrito de apelación en recursos extraordinarios, cómo lo es el presente de mandamus, se pagarán dos pesos en sellos de rentas-internas adheridos al escrito y que cualquier escrito que carezca de los sellos requeridos por esa ley será nulo y sin valor. En el escrito de la Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores interponiendo esta apelación no fué adherido sello alguno de rentas internas, por lo que la cuestión a resolver es si por eso es nula su apelación y debe ser desestimada.

La junta apelante fué creada por la Ley No. 31 de 1927 para expedir licencia a cualquier persona para dedicarse al ejercicio de la ingeniería, arquitectura o agrimensura; la junta es nombrada por el Gobernador de Puerto Eico con el consejo y consentimiento del Senado Insular; tiene derecho a los servicios del Fiscal General de Puerto Eico en conexión con sus asuntos; usará un sello especial para los certificados y licencias que expida; tiene derecho a cobrar determinadas cantidades; ingresará su dinero en el Tesoro Insular, que se mantendrá en un fondo especial; y sus gastos serán pagados de ese fondo por comprobantes del Auditor de Puerto Eico.

Lo expuesto demuestra que esa junta es una dependencia del Gobierno de Puerto Eico y que por consiguiente no está oblig’ada a pagar sellos de rentas internas porque El Pueblo de Puerto Eico no tiene que usarlos en sus asuntos. En el caso de López v. Comisión de la Policía Insular, 30 D.P.R. 866, se resolvió por análoga consideración que dicho orga-nismo no tenía que adherir sello alguno de rentas internas a su escrito de apelación y nos negamos a la desestimación solicitada por falta de tal sello, siendo distinguido del caso de NaZario v. Santos, 27 D.P.R. 89, en que se funda el apelado; y en el caso de Central Victoria v. Kramer, 38 D.P.R. 981, si bien no se decidió definitivamente esa cuestión por no haberse demostrado suficientemente si el apelante Kramer actuaba o no como funcionario de El Pueblo de Puerto Eico, se deduce de su decisión que si actuaba en tal carácter no tenía que adherir sello alguno de rentas internas a su escrito de apelación. Por consiguiente la moción de desestimación no es sostenible por ese motivo.

La alegación de frivolidad de la apelación se funda en que antes de presentar la apelante su solicitud de traslado en la corte inferior solicitó y obtuvo de ésta que le prorrogase el término para presentar esa solicitud, cuestión que no es frívola, según veremos rjnás adelante, ni tampoco la considera el apelado, ya que dedica una buena parte de su alegato a estudiarla, por lo que preferimos considerarla en el estudio de la apelación, con mayor motivo cuanto que la vista del recurso por sus méritos tuvo lugar el mismo día que la de la moción para desestimar.

Los hechos en este caso son que Manuel Grómez Tejera presentó en la Corte de Distrito de Aguadilla una petición de mandamus contra la Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores para que se ordenase a esa junta que expidiera licencia al peticionaria para trabajar como arquitecto, y que señalado día para que compareciera la demandada a mostrar causa por la cual no debe expedir la licencia solicitada, antes de llegar ese día, la junta solicitó de la Corte de Distrito de Aguadilla que le concediese una pró-rroga de diez días, contados desde la fecha señalada para su comparecencia, eon el solo fin de presentar una moción de traslado. La prórroga solicitada fué concedida y dentro de ella fué presentada en esa corte la moción de traslado. Después de esto el peticionario solicitó de la corte que retu-viese su jurisdicción por la conveniencia de los testigos-, y en definitiva recayó resolución denegando el traslado, no porque la prórroga concedida a la demandada fuese obstáculo para solicitarlo sino por la conveniencia de los testigos. Contra esa resolución interpuso la parte demandada este recurso de apelación.

La apelante funda su recurso en que el traslado era pro-cedente, como lo entendió la corte inferior, y que por esto no podía retener su jurisdicción por la conveniencia de los testigos, porque esta cuestión debía ser resuelta por la corte adonde el asunto debió ser trasladado, y no trata en su alegato la cuestión de si la prórroga que solicitó y obtuvo la sometió a la jurisdicción de la Corte de Distrito de Aguadilla porque entiende que siéndole favorable la resolución en ese extremo y adversa al peticionario, éste debió apelarla si quería que tal cuestión fuese considerada y resuelta por nosotros. En este particular no tiene razón la apelante, poique negando el traslado la resolución apelada era favorable al peticionario aunque sus fundamentos fuesen erróneos y porque estando ante nuestra consideración podemos examinar los méritos de la resolución para decidir si es sostenible por algún motivo' que la corte inferior no baya tenido en cuenta o que haya considerado erróneamente. Por esto podemos considerar en esta apelación si era improcedente el traslado porque la pró-rroga solicitada y obtenida por la demandada para pedir el traslado la sometió a la jurisdicción de la Corte de Distrito de Aguadilla.

No hay duda de que este procedimiento debió iniciarse en la Corte de-Distrito de San Juan por ser la residencia de la demandada y por la clase de acción ejercitada y de que ésta tenía derecho a que fuese trasladada a dicha corte de acuerdo con el artículo 82 del Código de Enjuiciamiento Civil preceptivo de que si el distrito en que se establece la acción no es el en que deba seguirse el juicio podrá sin embargo continuarse en aquél a menos que el demandado, al compa-recer a contestar o a formular excepción previa (o como dice el texto en inglés, al tiempo de comparecer y contestar o formular excepciones previas) presente una declaración jurada y fundada y pida por escrito que el juicio se celebre en el distrito correspondiente. Y como la junta demandada compareció ante la Corte de Distrito de Aguadilla para que le concediera una prórroga de tiempo para presentar su solicitud de traslado, aunque sólo para ese fin, surge la cuestión de si tal solicitud constituye una comparecencia general que le impide solicitar después el traslado a otro distrito; cuestión que debe ser considerada en relación con el artículo 323 del mismo código, preceptivo de que un de-mandado comparece en un pleito cuando contesta, opone excepción previa o notifica por escrito su comparecencia al demandante; o cuando su abogado hace constar su compa-recencia por dicho demandado.

En el caso de Aparicio Hnos. v. H. C. Christianson & Co., 23 D.P.R. 493, la demandada compareció al efecto de que previa prestación de fianza fuese levantado el embargo trabado en sus bienes sin que esa comparecencia especial pudiera con-siderarse como general; y declaramos entonces que tal compa-recencia aunque llamada especial era general y sometió al de-mandado a la jurisdicción de la corte e hicimos nna cita del caso In re Clarke, 125 Cal. 302, algunos de cuyos particulares son los siguientes:

“De acuerdo con los principios generales la manifestación de que un demandado o parte Race una comparecencia especial no tiene importancia alguna ... Si comparece y solicita algún remedio que solamente puede concederse a una parte en un caso que está pen-diente o que el mismo sería un procedimiento ordinario en el’ caso, constituye esto una comparecencia general por mucRo cuidado y a pesar de que expresamente se Raya dicRo que la comparecencia es especial. Es la naturaleza del remedio que se solicita y no la inten-ción de la parte lo que constituirá o no la comparecencia general, que es esencial.

Y dijimos que las autoridades paracen ser de opinión que la única clase de comparecencia especial que existe es aquella en que el demandado comparece solamente para atacar la jurisdicción de la corte y que cualquiera otra comparecencia en la acción, aunque la llame especial, no queda sujeta a la intención de las partes en evitar someterse a la jurisdicción y que una comparecencia es especial cuando el demandado alega, que la corte no ha adquirido jurisdicción sobre su pro-piedad, así, como cuando sostiene que no tiene jurisdicción sobre su persona. En términos generales, cualquier actua-ción de parte de un demandado, excepto para atacar la juris-dicción sobre su persona, que reconozca el caso en la cortó constituirá una comparecencia general. 4 C. J. página 1333, párrafo 27: Hernaiz Targa & Co. v. Vivas, 20 D.P.R. 106; y Ortiz v. Gómez, 21 D.P.R. 507. En el. caso de Busó v. Borinquen Sugar Co., 19 D.P.R. 357, el demandado solicitó la separación de las causas de acción de la demanda y que se le concediera una prórroga para contestar. En la, misma fecha presentó otra moción solicitando que el pleito fuese trasladado a otro distrito. La prórroga le fue concedida pero el traslado solicitado le fué negado por haberse sometido a la jurisdicción de la corte. En el caso U. S. Casualty Co. v. Méndez, 38 D.P.R. 995, solicitó el demandado el traslado del pleito después de haber solicitado que se levantara el embargo trabado en sus bienes y se substituyera con una fianza y se le negó el traslado porque se había sometido a la jurisdicción de la corte.

Con respecto al caso concreto de solicitar prórroga antes de pedir el traslado, se ha considerado que esa petición es un reconocimiento de la jurisdicción de la. corte, 4 C. J. 1339, párrafo 31, y nota 85-a; siendo la razón de esa regla que la prórroga es un favor que la corte sólo puede conceder a un demandado en la acción, y que pedir ese favor a la corte es una sumisión a su jurisdicción y equivale a una compare-cencia general, demostrando tal circunstancia un abandono del derecho a controvertir esa jurisdicción. Para conceder o negar la prórroga la corte tiene que actuar en el ejercicio de su jurisdicción en el asunto. Cuando el demandado -com-parece y solicita un remedio que sólo puede ser concedido en la hipótesis de que la corte tiene jurisdicción, ésa es una sumisión a la jurisdicción de la corte. 2 Encyc. of Pleading & Practice, página 625. Es cierto que el departamento pri-mero de la Corte Suprema de California decidió en el caso de Powers v. Braly, 75 Cal. 237, que una petición de pró-rroga no es una comparecencia general, pero en el caso de State ex rel MacKey v. District Court, 40 Mont. 359, en el cual se declara lo contrario, se cita el caso de Powers v. Braly, supra, siendo desaprobado.

Por todo lo expuesto, habiendo comparecido la demandada en este pleito a solicitar una prórroga de la Corte de Distrito de Aguadilla, aceptó la competencia de dicha corte y aban-donó su derecho a solicitar que el caso fuese trasladado al distrito de su residencia. Sosteniéndose por ese motivo la resolución apelada es innecesario resolver la otra cuestión de la conveniencia de los testigos para que el caso quedase en la Corte de Distrito de Aguadilla..

La resolución' apelada debe ser confirmada.