author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    Zorrilla, Demandante y Apelante, v. Orestes et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, , Sección Primera, en pleito sobre cumplimiento de con-trato y opción de venta en su caso.
    No. 2207.
    Resuelto en julio 15, 1920.

      Costas Civiles — Honiorabjos de Abosado — Discreción Judicial. — Consideradas las leyes sobre costas de marzo 12, 1908 y la No. 38 de 1917, es preciso con-cluir que la intención de la legislatura fué .que las costas y honorarios era todos los casos fuera una cuestión discrecional en la corte sentenciadora, y que habiendo quedado, por tanto, derogado el artículo 328 del Código de Enjuiciamiento Civil, en Puerto Bieo no existen las costas como cuestión de derecho.
    Id. — Discreción Judicial. — No comete abuso de discreción una corte que se niega a conceder costas a ana parte por el hecho de que la otra parte hubiera for- ■ mulado y discutido formalmente una excepción previa a la demanda habién-dose allanado cuando le fué desestimada la excepción.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. J. 8. Alegría.

    Abogados de los apelados: Sres. A. A. Nava, F. de la To-rre, J. Ramírez Santibáñes, y J. Martines Dávila.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal. *

En enero 30 de 1920 la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, dictó sentencia a favor del demandante sin especial condenación de costas quien interpuso apelación re-clamando tales costas como cuestión de derecho .y alegó en segundo término que si la corte tenía discreción abusó de ella. En diciembre 16 de 1919 y con anterioridad a la sen-tencia, el apelante había presentado- una moción solicitando que se dictara sentencia con costas y honorarios, que la corte había declarado sin lugar en el ejercicio de su discreción se-gún manifestó. El apelante alegó haberse cometido error al declarar sin lugar la moción, así como en la sentencia. Am-bos errores alegados envolvían las mismas cuestiones lega-les. Para sostener la teoría de que las costas en este caso debían concederse como cuestión de derecho, el apelante cita el artículo 328 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Los artículos 327, 330 y los artículos 328 y 331 como que-daron enmendados por la ley ele marzo Io. de 1905, prescriben lo siguiente:

“Artículo 327. — La cuantía y forma de pago de los honorarios de los abogados y consultores se deja al convenio expreso o tácito de las partes; pero las partes en pleitos o procedimientos tendrán de-recho a las costas y a los desembolsos, según más adelante se dis-pone.
“Artículo 328. — Desde luego se concederán las costas al deman-dante, al dictarse fallo en su favor, en los casos siguientes:
1. En un pleito sobre reivindicación de propiedad real;
2. En un pleito para obtener la posesión de propiedad personal;
3. En un pleito para cobro de dinero que no consista de recla-mación de daños y perjuicios;
4. En un procedimiento especial;
5. En un pleito que comprenda el título o posesión de propiedad real o la legalidad de una contribución, impuesto, importe de una ■valoración, o multa municipal.”
“Artículo 330. — Se concederán en todo caso las costas al deman-dado que obtuviere fallo en su favor en los pleitos mencionados en el artículo 328, y en procedimientos especiales.
“Artículo 331. — En los pleitos no mencionados en el artículo 328 del citado Código de Enjuiciamiento Civil, pueden concederse las costas o no y si se concedieran pueden distribuirse proporcionalmente entre las partes demandantes o demandadas, según el caso, a discre-ción de la corte.”

Sin embargo, en el año 1908 la Legislatura aprobó la siguiente ley:

“Sección Ia. — Los artículos 327 y 339 del Código de Enjuicia-miento Civil se entenderán y quedan redactados en adelante en la forma siguiente:
1 “Sección 327. — Las partes en pleitos o procedimientos tendrán derecho a las costas y desembolsos que en ellos se les hayan irrogado, con sujeción a las reglas que más adelante se establecen. En todos los casos en que en un pleito o procedimiento se concedan las cos-tas a una parte, si la materia litigiosa excede de $500, tendrá ésta el derecho de que se le abone por la parte condenada el importe de los honorarios que haya devengado el abogado de la primera por sus servicios; Disponiéndose, que nada de lo contenido en esta sec-ción podrá entenderse en el sentido de permitir que los honorarios de abogados se incluyan en las costas impuestas contra un deman-dado que no hubiere comparecido en el pleito o procedimiento; Y disponiéndose, además, que los honorarios y costas serán concedidos diserecionalmente por el juez que entienda en el .pleito o procedi-miento, teniendo en cuenta el grado de culpabilidad, si la hubiera, de la parte condenada por la sentencia.’
‘ “Sección 339.- — -Las costas se reclamarán por la parte a la que hayan sido concedidas, entregando al secretario de la corte, dentro de los diez días siguientes al en que se haya hecho firme la senten-cia o decisión que haya puesto fin al asunto un memorandum de dichas costas, de los desembolsos necesarios hechos en el pleito por el reclamante y del montante de la minuta de honorarios de su le-trado. La -veracidad de ese memorándum deberá ser jurada por la parte o su abogado; * '* Disponiéndose, que nada de lo con-tenido en esta sección podrá entenderse en el sentido de permitir que los honorarios de abogado se incluyan en las costas impuestas contra un demandado que no hubiere comparecido en el pleito o procedimiento.’
“Sección 2. — Toda ley o parte de la misma que se oponga a la presente, queda derogada.”

También en el año 1917 la Legislatura aprobó la Ley No. 38, la cual prescribe lo siguiente:

“Sección Ia.' — El artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil, queda enmendado en la siguiente forma:
“ ‘Sección 327. — Las partes en acciones o procedimientos, inclu-yendo el Pueblo de Puerto Pico, tendrán derecho a las costas y desembolsos, sujeto ¿ las regias que más adelante se prescriben.
“ ‘En todos los casos en que se hayan concedido a una parte las costas en una acción o procedimiento en la corte de distrito, dicha parte, a discreción de la corte de distrito, tendrá derecho a recibir de la parte vencida, una cantidad que represente el valor de los servicios de su abogado o una parte de dicha cantidad; Disponién-dose, que nada de lo contenido en esta sección, se entenderá que concede honorarios de abogado para ser incluidos en las costas que se impusieren a un demandado que no hubiere radicado su compare-cencia en una acción o procedimiento; Y disponiéndose, además, que los honorarios y costas serán concedidos a discreción del juez que tenga conocimiento de la acción o procedimiento,. teniendo en cuenta también el grado de culpa de la parte, si la hubiere, contra quien se dictare sentencia.’
“Sección 2a. — Toda ley o parte de ley en conflicto con la pre-sente queda derogada.”

Considerada la le .y de 1908 y la de 1917 llegamos a la conclusión de que fué la clara intención de la Legislatura derogar todas las leyes relativas a costas que eran incompatibles con las disposiciones contenidas en el artículo 327 como fué enmendado. Tanto en la ley de 1908 como en la de 1917 la Legislatura dice “en todos los casos” en que se hayan concedido a una parte las costas, etc., y se prescribe además'en cada una de estas leyes, que los honorarios y cos-tas serán concedidos a discreción del juez que tenga conoci-miento de la acción o procedimiento, teniendo en cuenta el grado de culpa de la parte, si la hubiere, contra quien se dictare sentencia. Entendemos y siempre hemos entendido, que la idea de la Legislatura al aprobar la ley de 1908 era hacer que las costas y honorarios en todos los casos fuera una cuestión discrecional en la corte sentenciadora. En otras palabras que la Legislatura procuraba hacer la cuestión de costas y honorarios prácticamente lo que había sido en las cortes locales con anterioridad al año 1904. En su conse-cuencia el artículo 328 del Código de Enjuiciamiento Civil quedó derogado y las costas como cuestión de derecho (as of course) no existen en Puerto Rico.

El apelante también sostiene firmemente que hubo abuso de discreción por parte de la corte sentenciadora. No vemos que esto haya sido así. Los apelados presentaron una ex-cepción previa a la demanda en la que discutieron formal-mente que la opción que ellos o su causante habían dado no podía ser transferida a una tercera persona y durante la vista de esta apelación el abogado de los apelados llamó la atención a otras cuestiones de derecho que no nos parecieron frívolas. Cuando la excepción previa fue desestimada los demandados comparecieron y se sometieron a la sentencia.

Por tales circunstancias no vemos que haya razón por la cual debemos intervenir en la discreción de la corte sen-tenciadora como fue ejercitada, debiendo confirmarse la sen-tencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Audrey,

license: Public Domain

text:
    Larrínaga, Demandante y Apelante, v. Porto Rico Railway, Light & Power Co. et al., Demandadas y Apeladas.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre reivindicación con da-ños y perjuicios.
    No. 2120.
    Resuelto en julio 15, 1920.
    DESESTIMACIÓN DE APELACIÓN — TRANSCRIPCIÓN DE AUTOS — JURISDICCIÓN DEL TRIBUNAL Supremo. — Cuando de la transcripción no consta la fecha en que el escrito de apelación fué presentado al secretario de la corte, no puede esti-marse que el Tribunal Supremo haya adquirido jurisdicción para conocer del recurso.
    Id. — Ordenes Inapelables. — Una orden del juez declarando sin lugar la demanda* por los fundamentos consignados en la opinión unida a los autos y dispo-niendo que el secretario registre sentencia en debida forma no es apelable.
    Id. — Sentencia Registrada — Transcripción.—No dándose las apelaciones contra la opinión que contiene los fundamentos de la sentencia sino contra la sen-tencia misma, procede desestimar el recurso cuando en la transcripción no se ha incluido la sentencia que debió registrar el secretario.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. W. Stveet y P. G. Timothee.

    Abogado de las apeladas: Sr, J. II. Brown.

   El Juez Asociado Sr. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Según la transcripción de los autos que se nos ha pre-sentado para resolver este recurso de apelación, en el libro de minutas de la corte inferior consta una resolución de la corte del día 21 de abril de 1919 por la que declaró sin lugar la demanda por los fundamentos de la opinión unida a los autos y ordenó al secretario que registrara sentencia en de-bida forma. La opinión mencionada tiene fecha del día si-guiente y en ella, estimando la corte que la, demanda enmen-dada no aduce hechos determinantes de la acción de daños y perjuicios que se ejercita y, además, que está prescrita, llega a la conclusión de que debe ser declarada sin lugar la demanda, sin especial condena de costas y que el secretario debe registrar sentencia de acuerdo con la opinión. En la transcripción no se encuentra la, sentencia que el secretario ha debido registrar y el escrito de apelación del demandante dirigido al secretario de la corte y a los demandados dice así :

“Señores: Le comunicamos por la presente que la parte de-mandante en este caso apela de la orden o sentencia final de esa corte dictada y promulgada el veinte y dos (22) de mayo de mil novecientos diez y nueve, cuya sentencia se dictó a favor de la parte demandada. * * * San Juan, mayo 12 de 1919 '* # *.,r

bise escrito aparece notificado el 15 de mayo de 1919, al abogado de los demandados y se halla en los autos, según certifica el secretario, pero no consta de la transcripción la fecha en que fué presentada en la secretaría de la corte.

Teniendo en cuenta que la notificación al abogado de los demandados se hizo el 15 de mayo de 1919 y que el escrito-está fechado el día 12 del mismo mes y año podemos llegar a la conclusión de que contiene un error en cuanto al mes de la orden o sentencia que apela y que con ligerezá se escribió mayo en lugar de abril; pero aún llegando a esta conclusión, es la opinión de la. corte la que tiene fecha del 22 de abril de 1919, y la apelación no se da contra la opinión de los jueces sino contra sus resoluciones.

Además, para que tengamos jurisdicción • para resolver un recurso de apelación es necesario, de acuerdo con el ar-tículo 296 del Código de Enjuiciamiento Civil, que dentro del término concedido por la ley para establecerlo se entre-gue al secretario de la corte en que fué dictada o registrada la sentencia o providencia apelada, un escrito manifestando que se apela de ella y presentando igual notificación a la parte contraria o a su abogado y como no consta la fecha en que el escrito de apelación del demandante fué presen-tado ál secretario de la corte no resulta de la transcripción afirmativamente que la apelación fué perfeccionada dentro del término legal y por tanto que hayamos adquirido juris-dicción para resolver esta apelación.

Por otra parte, aunque la apelación hubiera sido perfec-cionada dentro del término fijado por la ley siempre resulta. aún admitiendo también que no se apeló de la opinión de la corte sino de la orden de 21 de abril de 1919, que ésta reso-lución no es apelable, de acnerdo con el artículo 295 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil, y que debiendo interponerse la. apelación contra la sentencia, que como consecuencia de la orden de 21 de abril de 1919 debió registrar el secretario, tal sentencia, si se registró, no lia sido incluida en la trans-cripción, lo que es de absoluta necesidad para que podamos resolver este recurso, según hemos declarado en el caso de Olivari v. Sucesión Ramos, 20 D. P. R. 103, y casos en él citados.

El recurso de apelación interpuesto por el demandante debe ser desestimado.

Desestimada- la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidenté Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez PresideNte Sr. HerNÁNdez,

text:
    Miguel, Demandante y Apelante, v. Benedicto, Tesorero de Puerto Rico, Demandado y Apelado
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en un procedimiento sobre injunction.

    No. 2133.
    Resuelto en julio 15, 1920.
    Acciones Contra el Pueblo de Puerto Rico — -Base paba Determinar Cuándo una Acción es Contra un Funcionario Público o Contra el Estado. — El hecho capital para determinar si una acción contra un funcionario público es una acción contra el Estado, depende no del carácter del cargo del deman-dado, sino de la naturaleza del pleito o del remedio solicitado.
    Consentimiento de El Pueblo de Puerto Rico para ser Demandado — Injunction. — Una demanda de injunction dirigida contra el Tesorero de Puerto Rico para que se abstenga de pagar el precio de compra de eiertos terrenos verificada por el Comisionado de Sanidad de Puerto Rico, para instalar un sanatorio de tuberculosos es realmente una acción contra El Pueblo de Puerto Rico, cuyo consentimiento previo es necesario para el ejercicio de dicha acción.
    Defecto de Partes Demandadas. — En una demanda de injunction como la expre-sada no sólo es parte interesada El Pueblo de Puerto Rico, comprador de los terrenos, sino también el vendedor, pues a éste tiene que afectar la sentencia que recaiga.
    Los hechos están expresados en la opinión.

      Abogados del apelante: Sres. M. Querrá, D. F. Kelley e 1. Soldevila.

    Abogados del apelado: Hon-. Attorney General y B. B. Rivera Zayas.

   El Juez PresideNte Sr. HerNÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

La presente es nna apelación contra orden de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, declarando sin lugar una petición de injunction de Camilo Miguel para que ■se ordene al Tesorero de Puerto Eico se abstenga de efec-tuar el pago de $10,000 a Harry S. Hubbard, Emilia Cbabert o Jesse Hubbard, como precio de la compra ele cierta finca rústica para Hospital de Tuberculosos.

La parte demandada, o sea el Tesorero de Prmrto Eico hizo comparecencia especial ante dicha corte para impugnar su jurisdicción por tratarse en realidad de una acción contra El Pueblo de Puerto Eico, el cual no había prestado su con-sentimiento para ser demandado, y además excepcionó la de-manda por el mismo fundamento, por falta de capacidad del demandante para demandar, por defecto de partes deman-dadas y por no aducir la demanda hechos suficientes para determinar una causa de acción.

La corte por resolución de 9 'de octubre de 1919 declaró' sin lugar la petición de injunction y anuló la orden restric-tiva dirigida al Tesorero de Puerto Eico en 6 de septiembre anterior, habiendo llegado en su opinión a la siguiente con-clusión :

“La corte no tiene jurisdicción- en este caso, que sustancial y lógicamente es contra El Pueblo de Puerto Rico, es- decir, una ac-ción ‘ageánst lite-sovereign’’ y en el que El-Pueblo- de Puerto Rico no ha consentido, en ser demandado.”

Y luego agrega:

“Resuelta esta excepción sería superflúo resolver las otras pro-iraestas. Puede no obátante decir la corte que realmente hay de-fecto de partes demandadas porque en este concepto han debido figurar en el caso tanto El Pueblo de Puerto Rico como los vende-dores de la finca, y asimismo, en la petición de injunction faltan alegaciones de hecho esenciales en cnanto a la extravagancia, ilega-lidad o irregularidad del contrato o del pago.”

No hay duela. alguna acerca de que El Pueblo de Puerto Eico no puede ser demandado sin su consentimiento, pues ya en el caso de El Pueblo de Puerto Rico v. Rosaly y Castillo, 227 U. S. 270, s'e resolvió que “no está sujeto a con-troversia pues a menos que exista excepción, el gobierno es-tablecido por la Ley Orgánica en Puerto Eico es de tal natu-raleza que está comprendido dentro de la regla general que exime a un gobierno soberano en sus facultades de ser de-mandado sin su consentimiento.”

El hecho capital para determinar si una acción contra un funcionario público es una acción contra el estado, depende no del carácter del cargo del demandado, sino de la natura-leza del pleito o del remedio solicitado. 44 L. R. A. (N. S.) 191 (nota).

Para determinar la naturaleza del pleito que se establece y el carácter del remedio solicitado,- examinemos las alega-ciones de la demanda.

En la demanda alega el demandante que en los meses de ■enero o febrero de 1918 el Comisionado de Sanidad de Puerto Eico, Alejandro Euiz Soler, celebró un supuesto contrato de compraventa con Harry S. Hubbard y su esposa Emilia Cha-‘be'rt, a virtud del cual dicho Comisionado de Sanidad se com-prometía a comprár cierta parcela de terreno de unas 35 cuerdas más o menos, situada en el kilómetro 3 de la carre-tera que de Eío Piedras conduce a Carolina, con el fin de instalar allí un hospital o sanatorio de tuberculosos; que con posterioridad a la fecha del contrato el Comisionado de Sa-nidad recibió de don Pedro Arzuaga, como donativo, una finca de cien cuerdas de terreno con el expresado fin, en la cual ha establecido el Departamento de Sanidad de Puerto Eico un importante Sanatorio de Tuberculosos, suficiente para atender a todas las necesidades de la isla, habiendo mani-festado con tal motivo el Departamento de Sanidad por me-dio de cartas suscritas por el Comisionado Ruiz Soler ser innecesaria la finca de 35 cnerdas para el fin indicado; que el precio estipulado para la compra de la finca de 35 cuerdas era de $10,000, precio muy excesivo y superior a su valor real y efectivo pues la finca tanto en la fecha de la celebración del supuesto contrato de compraventa como actualmente no vale más de $5,000; que a pesar de no necesitar ya el De-partamento de Sanidad la finca de 35 cuerdas, el demandado, Tesorero de Puerto Rico, se dispone a extender un cheque por la- cantidad de $10,000 en pago de dicho inmueble; que para tal pago o erogación no se ha hecho antes por medio de ley la asignación correspondiente, ya que las asignaciones aprobadas con el fin de adquirir terrenos para la erección del Hospital de Tuberculosos son anticonstitucionales y aun-que no lo fueran han sido agotadas casi totalmente, y no existiendo en ley alguna la asignación debida que autorice dicha erogación, el Comisionado de Sanidad ha hecho en su presupuesto de gastos una o varias transferencias de fondos por la suma de $9,000 aproximadamente, de una manera ile-gal y en contravención abierta con las leyes generales del país; y que la adquisición, de la finca de 35 cuerdas además de ser innecesaria para el Departamento de Sanidad y para cualquier otro departamento ejecutivo de Puerto Rico, la compra de la misma sería y es irregular, extravagante, ex-cesiva y lesiva de los derechos del peticionario en su carác-ter de contribuyente.

Las anteriores alegaciones, que debemos aceptar como ciertas en cuanto contienen hechos, pero no en cuanto en-vuelven conclusiones legales, muestran que el Comisionado de Sanidad de Puerto Rico celebró un contrato de compra-venta de terrenos para la instalación de un Sanatorio do Tuberculosos, por precio superior a su valor real y efectivo y que esa adquisición había llegado a ser innecesaria para los fines a que se destinaba a virtud de donativo de otros terrenos en que se ha establecido dicho sanatorio. No se ha hecho alegación alguna tendente a demostrar que tal .con-trato fue supuesto, ni tampoco que el Comisionado de Sa-nidad careciera de facultad para elegir sitio adecuado y com-prar diclio sitio para El Pueblo de Puerto Rico. Pero dicha alegación hubiera sido insostenible, teniendo en cuenta la sección 19 de la ley de 2 de marzo de 1917 estableciendo un gobierno civil para Puerto Rico, conocida por Ley Jones, y las Leyes No. 71 y No. 89 aprobadas respectivamente en 6 y 7 de diciembre de 1917.

La sección 19 de la Ley Jones prescribe que “el Comi-sionado de Sanidad tendrá a su cargo generalmente todos los asuntos relacionados con la salud, sanidad y beneficencia públicas, excepto aquellos que se relacionen con el servicio de cuarentena marítima y desempeñará las demás obligacio-nes que se le asignaren por la ley.” T las Leyes No. 71 y 89 atque hemos hecho referencia presupuestan, la primera, la suma de $20,000, y $40,000 la segunda “para asistencia de pacientes tuberculosos incluyendo compra y reparación de equipo, construcción y reparación de edificios y aseguro de equipo y edificios, propiedad de El Pueblo de Puerto Rico y utilizados como sanatorio, e incluyendo además lá compra de los terrenos necesarios, pago de personal y gastos de trans-porte de pacientes y otros gastos.”

Tenemos, pues, que el contrato de que se trata se celebró por Ruiz Soler en su capacidad oficial de Comisionado de Sanidad con Harry S. Hubbard y -su esposa Emilia Chabert, no teniendo Ruiz Soler personalmente interés alguno en el contrato, sino El Pueblo de Puerto Rico.

La acción de injunction ejercitada tiende a impedir que sf Heve a efecto por una de las partes contratantes, o sea por El Pueblo de Puerto Rico, el pago del precio del terreno, por más que dicha acción se dirija contra el Tesorero de Puerto Rico, pues éste al verificar el pago no había de pro-ceder como parte en el contrato, en el que no tiene interés alguno particular, sino en virtud de las facultades que le asigna la sección 15 a de la Ley Jones, entre las cuales está la de recaudar y custodiar los fondos públicos, desembolsando los mismos de acuerdo con la ley, mediante libramientos fir-mados por el contador y refrendados por el Gobernador. No bay indicación alguna de que al Tesorero de Puerto Eico se baya expedido para el pago de los $10,000 libramiento fir-mado por el auditor. El demandado lo niega categóricamente.

La acción real y efectivamente se dirige contra el sobe-rano, Pueblo de Puerto Rico, pues el despacho del injunction en último término afectaría a El Pueblo de Puerto Rico, im-pidiendo el cumplimiento del contrato por éste celebrado con Harry S. Hubbard y Emilia Ohabert. Este mismo contrato ya ba sido objeto de discusión bajo otro aspecto distinto en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico y resuelto por la Corte de Circuito de Apelaciones del Primer Circuito, en el caso de Soler, Comisionado de Sanidad v. Scoville et al., 253 Fed. Rep. 932, en cuya resolución Ta mencionada Corte de Circuito se expresó en los siguientes términos

“No se alega en la demanda que al elegir el sitio el demandado actuara de mala fe y fuera de sus atribuciones, y a falta de tal ale-gación deberá presumirse que actuó de buena fe y dentro de sus facultades. En vista de tal situación y considerado el hecho de que la demanda ha sido entablada contra Soler en su capacidad oficial de Comisionado de Sanidad, surge la cuestión de si en rea-lidad la acción no es contra el soberano, El Pueblo de Puerto Rico. En cuanto a esto no tenemos duda alguna. La acción se ha estable-cido para que no se perfeccione el contrato en el cual el demandado personalmente no tiene interés y en el que solamente está interesado El Pueblo de Puerto Rico. La acción real y efectivamente es contra el soberano. In re Ayers, 123 U. S. 443, 503, 8 Sup. Ct. 164, 31 L. Ed. 216; Minnesota v. Hitchcock, 185 U. S. 373, 22 Sup. Ct. 650, 46 L. Ed. 954; Murray v. Wilson Distilling Co., 213 U. S. 151, 29 Sup. Ct. 458, 53 L. Ed. 742; Wells v. Roper, 246 U. S. 335, 38 Sup. Ct. 317, 62 L. Ed. 755. Y si dicho soberano no ha prestado su consentimiento para ser demandado, la acción no puede ser sos-tenida.”

La doctrina que dejamos transcrita es aplicable al pre-sente caso porque en él también el Tesorero de Puerto Rico no tiene interés personal en la acción sino que es El Pueblo de Puerto Eico el único interesado.

Ciertamente que la Ley Jones invocada por el apelante en sn sección 2a. establece que “no se pagará dinero alguno del Tesoro a no ser en virtud de una asignación hecha por ley y mediante libramiento expedido por el funcionario co-rrespondiente de acuerdo con dicha ley;” pero en el presente caso hubo asignación hecha por ley y como hemos dicho antes no se lia hecho alegación alguna de que el Tesorero tratara de pagar los $10,000 sin libramiento expedido por el auditor. En cuanto a que el Comisionado de Sanidad de Puerto Eico ha hecho en su presupuesto de gastos una o varias transfe-rencias de fondos por la suma de $9,000 aproximadamente, de una manera ilegal y en contravención abierta con las leyes generales del país, según se alega en la petición de injunction, dicha alegación no expresa hecho alguno tendente a demostrar la ilegalidad pretendida y esa transferencia pudo estar autorizada por el Gobernador, usando para ello de la facultad qué le confiere la Ley No. 54 de abril 12, 1917, y la otra Ley No. 89 aprobada en diciembre 7, 1917, las cuales establecen que “cuando a juicio del Gobernador los intereses del servicio lo requieran podrá traspasar cantidades asigna-das en el presupuesto para un departamento determinado del Gobierno Insular a otras asignaciones para el mismo depar-tamento, y podrá asimismo autorizar transferencias de asig-naciones de una subdivisión a otra' subdivisión. ” Le todos modos, la petición de injunction, según las alegaciones de la demanda tiende a impedir en absoluto el pago del precio de los terrenos de que se trata al vendedor y no a impedir que se haga ese pago con fondos determinados. Esa es la teoría de la demanda. Los casos citados por el apelante en apoyo del recurso, Ex parte Young, 209 U. S. 123, y Greene v. Louis & Interurban Railroad Company, 244 U. S. 490, no son de aplicación al presente, en que se trata de impedir el cumpli-miento de un contrato que por más que se califique de su-puesto no se hace alegación alguna que origino esa conclusión.

Finalmente, aunque la acción se dirige contra el Tesorero de Puerto Eico sus efectos alcanzan a El Pueblo de'Puerto Rico y a Harry S. Hubbard, partes interesadas en ella y que no pueden ser lesionadas en sus derechos sin tener su día en corte. Nos abstenemos de considerar la excepción de falta de capacidad del demandante para establecer la pre-sente acción por estimarlo innecesario.

Es de confirmarse la sentencia apeláda.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Presidente Se. Hernández,

text:
    El Pueblo, demandante y Apelado, v. Ríos, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en causa por adulteración de leche.
    No. 1556.
    Resuelto en julio 15, 1920.
    Delito Contra la Salud Pública — Venta de Leche Adulterada — Prueba In-suficiente. — A falta de presunción de que la leche adulterada que había en un depósito estaba destinada a la venta, y en ausencia de prueba de que esa leche fué puesta a la venta o vendida, no podrán estimarse demostrados fuera de toda duda razonable los elementos especificados en el estatuto sobre la materia para la existencia del delito.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. R. Martínez Nadal.

    Abogados del apelado: Sres. J. E. Figueras, Fiscal y C. Llauger.

   El Juez Presidente Se. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

En la acusación se imputa al acusado Emilio Ríos el de-lito consistente en que el día 5 de octubre de 1919, en la calle Comercio esquina a Salud, de Ponce, P. R., dentro del distrito judicial del mismo nombre, ilegal, voluntaria y ma-liciosamente tenía para la venta leche de vaca adulterada; y la Corte de Distrito de Ponce dictó contra él sentencia con-denatoria, qne ha sido apelada para ante esta Corte Suprema.

Fúndase únicamente el recnrso en errónea apreciación de ■ la prneba.

Declara G-enaro Santiago Vázquez, inspector de sanidad, qne en el depósito de leche qne para la venta de ese líqnido tenía el acusado, encontró tres porrones de los qne tomó la muestra correspondiente, cuyo análisis demostró qne estaba adulterada. No hay duda de qne lo estaba.

El hecho de estar los tres porrones en un depósito de leche, abierto al público, de que' era dueño el acusado, ori-gina la presunción de que la leche en ellos contenida estaba destinada a la venta, pues tal es el objeto de los depósitos de leche. El Pueblo v. Pérez, 23 D. P. R. 877.

Pero en el presente caso, contra dicha presunción están los testimonios del mismo acusado y de José Avilés, policía jnsular, quienes están conformes en afirmar que el acusado tenía en la acera de su depósito de leche unos porrones que obstruían el tránsito público y que a preguntas del guardia contestó el interpelado que eran de leche que había recibido y no quería llevarlos al depósito hasta que fuera examinada por la sanidad, habiéndolos trasladado al depósito por indi-cación del guardia.

Falta prueba de que la leche, va dentro del depósito, fuera puesta a la venta o vendida, pues aunque el inspector de sanidad en el interrogatorio direóto sostuvo que fué vendida a varias personas, entre las cuales sólo recuerda a una señora apellidada Flores, ésta no fué traída al juicio como testigo, y el propio inspector a repreguntas de la defensa dijo luego que no vió de dónde compraba la leche dicha señora.

En un caso como el presente en el cual no se tiene en cuenta la intención criminal, hay mayor razón para exigir que se demuestren fuera de toda duda razonable los elemen-tos especificados en el estatuto. El Pueblo v. Andino et al., 21 D. P. R. 225.

Es de revocarse la sentencia apelada, dictándose otra por la que se absuelva al ácusado-apelante con las costas de oficio.

Revocada la sentencia a/pelada y absuelto el acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    Martínez, Peticionario, v. Crosas, Juez de Distrito, Demandado.
    Solicitud para que se expida un auto de certiorari al Juez de la Corte de Distrito de Aguadilla en causa por delito de falsa representación en grado de tentativa.
    No. 293.
    Resuelto en julio 16, 1920.
    Derecho del Acusado a Estar Representado por Abosado — -Gran Jurado— Recusaciones.- — A un acusado cuya causa ha de ser somotida al Gran Jurado para investigación y que ha sido citado para comparecer al sorteo, no puede negársele el privilegio de hacer sus recusaciones por medio de ahogado, y cuando reclamándolo se le niega, los procedimientos subsiguientes quedan viciados de nulidad.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    El ■peticionario compareció por sí mismo.
    El Juez demandado Hon. Andrés B. Crosas compareció representado por el Fiscal.
   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La Declaración de Derechos contenida en nuestra Ley Or-gánica prescribe lo siguiente:

“En todos los procesos criminales el acusado gozará del dere-cho de tener para su defensa la ayuda de ahogado.”

Las secciones 3, 4, 5, 8, 9 y 52 de la ley relativa al Giran Jurado disponen lo siguiente:

“Sección 3.- — -El sorteo del G-ran Jurado se verificará por el se-cretario de la corte, en sesión pública, con citación del fiscal y de los acusados, cuyos casos Rayan de someterse a la investigación del Gran Jurado, con cinco días de anticipación por lo menos, a la-fe-cha del sorteo. Los artículos 199, 200, 201, 202, 203, 204 y 205 del Código de Enjuiciamiento Criminal regirán en cuanto sean de apli-cación, en la insaculación y constitución del Gran Jurado.
“ Sección 4. — -En el acto del sorteo y en cualquier momento antes de ser constituido y juramentado el Gran Jurado, deberán for-mularse contra éste todas las recusaciones.
“Sección 5. — El Pueblo y cualquiera de los acusados citados pue-den recusar el panel del Gran Jurado o a un determinado jurado. La corte instruirá a los acusados del tiempo y forma de ejercitar este derecho.”
“Sección 8. — Las recusaciones mencionadas en los dos artículos precedentes' se formularán y decidirán en la misma forma que las recusaciones contra el pequeño jurado.
“Sección 9. — Se entiende renunciada toda recusación que no haya sido hecha en el tiempo y en la forma previstos en esta Ley.
“Sección 52. — La acusación será sobreseída por el tribunal me-diante moción del acusado presentada al leerse la acusación en cual-quiera de los siguientes casos:
“(1) Cuando no se hubiere substanciado (found), endosado o presentado de acuerdo con las disposiciones de esta Ley;
“(2) Cuando a cualquier persona se le haya permitido presen-ciar las deliberaciones del Gran Jurado en el caso de que se trate, exceptuándose lo que esta ley prescribe en sentido contrario;
“(3) Cuando el acusado tenga algún motivo fundado de recusa-ción contra el jurado o cualquiera de sus miembros y no haya sido citado para' el sorteo del jurado en la forma y tiempo determinado en esta Ley;
“(4) Cuando los nombres de los testigos examinados por. el Gran Jurado o cuyas declaraciones se hubieran leído ante dicho ju-rado no fueren insertadas al pie de la acusación, o al dorso de la misma. ’

La cuestión que motivó la expedición del auto en este caso es si a un acusado cuya causa ha de ser sometida al Gran Jurado para su investigación y que lia sido citado para com-parecer al sorteo, se le puede o no negar el privilegio de hacer sus recusaciones por medio de ahogado.

Durante la vista nada se dijo que suministrara alguna luz sobre esta proposición, ya por el peticionario o por el fiscal.

Consta que después que el fiscal Rabia examinado a los jurados respecto a sus condiciones personales, la corte inferior instruyó a los acusados que se bailaban presentes, de su derecho a establecer recusaciones ya contra el panel, o contra cualquier jurado en particular; que el abogado de Víctor P. Martínez, uno de tales acusados, solicitó permiso para hacer las recusaciones a nombre de su cliente, y que tal peti-ción fué negada por la corte, por el fundamento de que siendo el procedimiento el de una mera investigación, el acusado no podía comparecer por abogado. Esta resolución de la corte fué debidamente excepcionada.

Se ha dicho que “el derecho constitucional que tiene un acusado a ser confrontado con los testigos en su contra y a estar representado por abogados se refiere solamente al jui-cio y no se infringe con motivo de procedimientos prelimi-nares.” 16 O. J. 287.

Como ejemplo de la tendencia moderna en cuestiones como ésta encontramos, sin embargo, en la página 324 del mismo tomo la siguiente cita:

“A menos que exista un estatuto que lo disponga, un acusado de un delito no tiene derecho, como cuestión legal, a estar represen-tado por abogado en su interrogatorio preliminar; Sin embargo, en la actualidad, en casi todos si no en todos los Estados, el acusado tiene derecho a los servicios de abogado en su examen preliminar y dicho abogado, así como el detenido, tienen derecho a estar pre-sentes en el examen de los testigos.”

La siguiente cita guarda todavía más relación con la cues-tión:

“También se han hecho muchas observaciones incidentales {dicta) en el sentido de que cuando la objeción a la constitución del Gran Jurado se refiere a la competencia de un jurado, dicha objeción puede hacerse antes de que se substancie la acusación por un amicus curiae.” 12 R. O. L. 1028, § 15.
“Indudablemente qué la corte puede permitir a un amicus curiae que sugiera cualquier defecto en la constitución del jurado.” 2 Bishop, Nuevo Bu juieiamiento Criminal, página 674, § 877.

Además, según se lia indicado en el tomo citado en último lugar en la página 675, § 881, se dice lo siguiente:

“Los motivos de recusación son numerosos;” y “el aparente de-recho general está más o menos restringido judicialmente y por los estatutos y en cuanto a él existen algunas cuestiones dificultosas.”

También por regla general “las formalidades en cuanto a la selección, organización y actuaciones del Gran Jurado, son cosas que están separadas de la jurisdicción judicial y de otras fundamentales semejantes; de modo que los acusados pueden renunciar a las irregularidades en ellas y renuncian a cualquiera de estas irregularidades cuando tienen conoci-miento y dejan de oponerse prontamente, o en la primera oportunidad que se presente en el caso.” Idem. 670, § 872.

El pequeño jurado {petit jury) como institución insular se encuentra aún en su período de desarrollo. El Gran Ju-rado está precisamente empezando a funcionar. Este es el primer caso ante esta corte en el cual está envuelta la apli-cación de la ley aprobada en junio 18 de .1919, “estableciendo el Gran Jurado, regulando sus procedimientos, facultades y deberes, -determinando la forma de las acusaciones del Gran Jurado, la presentación y lectura de las mismas y los pro-cedimientos subsiguientes a la presentación. ’ ’ Privar al acu-sado de la ayuda de abogado al recusar todo el jurado, o al hacerse el escrutinio, en el actual período ‘experimental de esta muy reciente innovación sería quitar al acusado en la mayoría de los casos todo el beneficio práctico que ha de derivarse del derecho a hacer tal recusación.

Que la Legislatura dió cierta importancia al derecho en cuestión y que el requisito contenido en la sección 3 de la ley no es meramente directivo, se infiere al parecer de la sección 52, supra, y de las demás disposiciones que ya han sido citadas. La teoría de que el acusado mismo no puede valerse del conocimiento técnico de su abogado ejercitando-el derecho expresamente conferídole, sería fijar al amplio ejercicio 'de ese derecho restricciones que no solamente no parecen haber sido tenidas en cuenta por la Legislatura, sino que son enteramente incompatibles con el espíritu del pre-cepto legislativo en cuestión.

De todos modos, hasta tanto y a menos que se sugiera alguna verdadera razón en la que pueda basarse una reso-lución diferente, nos vemos obligados a declarar que puede un acusado comparecer y formular tales recusaciones .por abogado, así como personalmente y que el privarle de este privilegio cuando lo reclama, vicia los procedimientos sub-siguientes.

Los procedimientos de que se queja el promovente deben ser anulados.

Anulados los procedimientos habidos en la Corte de Distrito de Aguadilla en la causa. criminal No. 2135 del' Pueblo v. Victor P. Martines.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados "Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    Vázquez, Recurrente, v. Registrador de Aguadilla, Recurrido.
    Recurso gubernativo interpuesto contra nota del Registra-dor de la. Propiedad de Aguadilla denegatoria de la ins-cripción de una escritura de venta.
    No. 466.
    Resuelto en julio 16, 1920.
    Agrupación de Fincas — Colindantes—Bienes Privativos — Bienes Ganancia-les. — La doctrina establecida de que dos entidades distintas no pueden agru-par fincas aunque éstas sean colindantes, no impide que, vendidas dichas' fin-cas a un solo comprador, en la misma-escritura de venta se las agrupe y las’ inscriba éste formando una sola finca.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Victor P. Martines.

    El registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Víctor P. Martínez y su esposa María del Pilar Cabrero y Echandía comparecen en un documento público vendiendo dos ñucas a Manuel de Jesús Vázquez y su esposa. El regis-trador denegó la inscripción del documento porque una de las fincas había sido adquirida por Víctor P. Martínez en su estado de'viudez, y la otra constante su matrimonio con Ma-ría del Pilar Cabrero, y por tal razón que no podían ser agru-padas las dos fincas por pertenecer a entidades legalmente distintas, como fué resuelto por este tribunal en el caso de Durán v. El Registrador, 20 D. P. R. 148, y en el de Muñoz v. El Registrador de Caguas, 25 D. P. R. 842.

El recurrente Be Jesús alegó entre otras cosas que de los antecedentes en poder del registrador éste no tenía cono-cimiento oficial respecto al carácter privativo con que se po-seía una de las dos fincas y el apelante insiste al parecer en que no tenía tal carácter privativo. Como estos particulares envuelven cuestiones de hecho que no se encuentran debida-mente ante nos, no las discutiremos, pues creemos que la nota debe ser revocada por otro fundamento levantado por el recurrente.

En los casos de Muñoz y Burán, supra, la cuestión era únicamente si dos entidades distintas podían hacer las agru-paciones. El recurrente, sin embargo, llama la atención de que en este caso los compradores legalmente han de ser con-siderados como las personas o entidades que solicitan la agru-pación. Es verdad, como alega el recurrente, que el contrato de compraventa y la agrupación tuvieron lugar desde el punto de vista legal con anterioridad a la escritura. Podemos agre-gar que la escritura no es sino la prueba del contrato de compraventa. Las partes, de acuerdo con los artículos 4 y 1245 del Código Civil pueden renunciar a sus derechos y hacer la clase de contrato que les convenga. Víctor P. Mar-tínez y su esposa solidaria y mancomunadamente se despren-dieron de todo el interés que tenían en cada una de las fincas y están impedidos por documento público de poder alegar título alguno a las mismas. Los compradores 'deben ser con-siderados como las personas que verifican la agrupación. Un razonamiento semejante puede hallarse en nuestra decisión en el caso de Vilá v. El Registrador de San Juan, 27 D. P. R. 929.

La nota recurrida debe ser revocada y verificada la ins-cripción.

Revocada la nota recurrida y ordenada la inscripción.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey, JUEZ PRESIDENTE SEÑOR HERNANDEZ.

text:
    Pacheco, Recurrente y Apelado, v. Becerra, Secretario de la Corte Municipal de Yauco, Recurrido y Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce en. procedimiento sobre mandamus.

    No. 2254.
    Resuelto en julio 16, 1920.
    Citación del Demandado — Cortes Municipales — Término para Comparecer— Interpretación de la Palabra "Distrito”-Usada en el Artículo 89-del Código de Enjuiciamiento Civil. — Siempre que la citación de un demandado se haga dentro del territorio de una corte de distrito, ya sea librada la cita-ción por la corte de distrito o por alguna de las cortes municipales compren-didas dentro de su demarcación, el demandado tiene solamente diez días para comparecer j contestar.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. T. Pas, Jr.

    Abogado del apelado: Sr. R. Arjona Siaca.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Juan José Pacheco demandó en la Corte Municipal de Yauco a Adolfo Nones para que le pagara $475 como indem-nización de perjuicios. El demandado fue notificado de la demanda en la central “Rufina” del término municipal de. Gruayanilla, que forma parte del distrito judicial municipal - de Ponce y que se halla fuera de la demarcación territorial de la Corte Municipal de Yauco, ambos dentro del territorio-de la Corte de Distrito de Ponce. Transcurridos diez días desde la citación del demandado sin que hiciera alegación al-guna 'contra la demanda el demandante pidió al secretario de la Corte Municipal de Yauco que anotara la rebeldía de Nones y registrara sentencia condenatoria contra él. Se negó dicho secretario a hacer lo que se le pedía fundándose en que el demandado tenía veinte días para alegar porque había sido citado fuera del distrito municipal de Yauco, los que no ha-bían transcurrido, y entonces el demandante Pacheco acudió a la Corte de Distrito de Ponce en procedimiento de mandamus solicitando que se ordenara al expresado sécretario que hiciese lo que le había pedido. La corte de distrito oyó al secretario y después le ordenó perentoriamente que ano-tase la rebeldía de Nones y registrase sentencia contra él, resolución que fué apelada para ante nosotros por dicho se-cretario.

En'vista de los hechos expuestos la única cuestión a de-cidir es si el demandado Nones tenía veinte días para alegar contra la demanda o solamente diez días; cuestión que de-pende de la interpretación que debe darse á la palabra “dis-trito” del artículo 89 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Al disponer dicho artículo los requisitos que debe conte-ner la citación que se dirija a un demandado dice en su nú-mero 3, que contendrá “la prevención de que el demandado debe comparecer y contestar la demanda dentro de los diez días, si la citación se hiciere en el distrito en que se pro-mueve la acción; dentro de veinte días si se hiciere fuera de dicho distrito pero en la Isla de huerto Rico; y dentro de cuarenta días si se hiciere en otra parte.”

Para la debida interpretación de dicho precepto debemos tener presente que el Código de Enjuiciamiento Civil, que fué aprobado en Io. de marzo de 1904, se dictó para regir los . procedimientos civiles en las cortes de distrito y que si se aplica a los asuntos de esa índole que se siguen en las cortes municipales es porque no habiéndose dictado especialmente reglas para éstas, dispuso la ley de 10 de marzo de 1904, pro-mulgada -para reorganizar el sistema judicial, que se trami-taran conforme a las reglas y procedimientos en práctica en las cortes de distrito.

Así, pues, el distrito que tuvo en su mente el legislador en el artículo citado fué el distrito judicial de las respectivas cortes de distrito y cuando librada una citación en una corte de distrito el demandado es citado dentro de su demarcación territorial solo tiene diez días para alegar contra la demanda. En su consecuencia, siempre que la citación de un demandado rse haga dentro del territorio de una corte de distrito, ya sea librada la citación por la corte de distrito o por alguna de las cortes municipales comprendidas dentro de su demarca-ción, el demandado tiene solamente diez días para compa-recer y contestar. Sostener lo contrario llevaría al.absurdo de que el demandado tuviera' más tiempo para contestar cuando se trata de reclamación hecha en una corte municipal, donde la cuantía no puede exceder de quinientos dólares, que cuando se le hace mayor reclamación en una corte de distrito, por lo que el hecho de que la citación se haga fuera del territorio de la corte municipal aunque dentro del de la corte de distrito no puede alterar esta interpretación. El hecho de que en las citaciones se haga constar que el de-mandado debe comparecer ante determinada corte municipal no puede tampoco alterar la interpretación que debe darse al significado de la palabra “distrito” tal como la tuvo en cuenta el legislador, ni que por ello deba entenderse distinto judicial municipal a los efectos de determinar el número de días que tiene un demandado para comparecer y contestar. Es cierto como alega el apelante que de acuerdo qon el ar-tículo 82 del mismo código si el distrito en que se establece la demanda no es en el que deba seguirse el juicio puede el demandado pedir que se celebre en el distrito correspondiente, pero reconocido este derecho al demandado tanto en los jui-cios ante las cortes de distrito como ante las municipales es claro que con respecto a este precepto la palabra “distrito” no puede tener el mismo significado que antes liemos dado al considerarla en el artículo 89, y que ha de entenderse dis-trito de la corte municipal o de distrito, según sea el caso, so pena de anular un derecho que la ley dió para los pleitos en una u otra corte.

Se sugiere que en atención a la falta de claridad de la ley y a los términos en que se redactan los emplazamientos, pudiera un demandado que residiera en un distrito municipal distinto aunque dentro del mismo distrito judicial creer de buena fe que tenía veinte días para contestar o formular ex-cepciones y al ir a hacerlo encontrarse con que su rebeldía había sido anotada por no haber-comparecido dentro del tér-mino de diez días. Pero si tal caso sucediere en la práctica, es seguro que la corte en uso de las facultades que la ley le concede y al quedar convencida de la buena fé del demandado, dejaría sin efecto la rebeldía y permitiría el archivo de la alegación del demandado.

Los casos de Orcasitas v. Márquez, 19 D. P. R. 479, y de Ortiz v. Gómez, Juez Municipal, 21 D. P. R. 507 no aportan luz alguna en este asunto.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf y del Toro.

Los Jueces Sres. Presidente Hernández y Asociado Hutchison disintieron;

OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ PRESIDENTE SEÑOR HERNANDEZ.

Estoy conforme con los hechos del caso tales como han sido expuestos en la opinión de la mayoría de la corte y sólo disiento en la aplicación de la ley.

Opino que la ley de Io. de marzo de 1904 preceptiva de que los juicios en las cortes municipales se tramiten conforme a las reglas y procedimientos en práctica en las cortes de distrito, es de aplicación mutatis mutandis, y por tanto que la palabra “distrito” usada en el artículo 89 del Código de Enjuiciamiento Civil con referencia a las cortes de distrito, debe, cuando se trata de cortes municipales, referirse a la demarcación de éstas cortes y no a las de distrito, como así se entiende la palabra “distrito” que emplea el artículo 82 del código citado. La palabra “distrito” debe tener el mismo alcance y significación en ambos artículos cuando se aplican a las cortes municipales. En cuanto al argumento absurdo a que acude esta corte para sostener su teoría, puede con-testarse que también ocurren casos en que el demandado ante una corte de distrito, residente en otro distrito, está más cerca de la cabecera en que se le demanda de lo que está otro que reside en el mismo distrito, y sin embargo, al pri-mero concede el artículo 89 más tiempo para contestar la demanda que al último.

Procede la revocación de la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Se, Aldbey,

text:
    Rodríguez, Recurrente, v. Registrador de San Juan, Sección Primera, Recurrido.
    Recurso gubernativo interpuesto contra nota del Registra-dor de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, dene-gatoria de .inscripción de escritura de arrendamiento.
    No. 468.
    Resuelto en julio 22, 1920.
    Inscripción Previa — Arrendamiento—Bienes Gananciales. — Un arrendamiento-de bienes. gananciales otorgado por el esposo después de divorciado y cuyo contrato convinieron las partes que podía ser inscrito, es inscribible al ser ratificado como lo ratificó la que fué esposa del arrendador en la misma escritura en que mediante cierto precio cedió su participación en las ganan-cias de la sociedad conyugal al que fué su esposo, sin que sea necesario ins-cribir previamente a favor del cesionario los bienes arrendados.
    Id. — Accesión — Inscripción de Casa Edificada -en Suelo Inscrito. — Arren-dada una finca que tiene una casa no es necesario inscribir la casa prévia-mente, pues se presume que lo accesorio, que es la casa, pertenece al dueño de lo principal, que es el suelo.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogados del recurrente: Sres. Soto Gras y Siam.

      El registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Se, Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

Estando divorciado Esteban Masson otorgó en 29 de diciembre de 1919 nna escritnra pública para consignar en ella el contrato privado de arrendamiento de dos fincas qne babía beeho a Ramón Rodríguez en Io. de mayo de 1919 en el qne convinieron qne podía ser inscrito en el registro de la pro-piedad. Las fincas arrendadas son dos, teniendo la reseñada con la letra B nna cnerda de terreno con nna casa, proce-diendo de la Sucesión de Mauricio Guerra, y habiendo ad-quirido ambas fincas por compra.

En 9 de junio de 1920 Esteban Masson y Carolina Wolkers otorgaron escritnra pública en la qne pusieron término a sns diferencias en la liquidación de la sociedad conyugal qne tu-vieron y qne fné disnelta por sentencia firme de divorcio; Carolina Wolkers hizo cesión a favor de Masson de todos sus derechos en dicha sociedad, por precio que recibió, que-dando por virtud de su renuncia único y absoluto dueño Masson de los bienes de la sociedad conyugal, y convinieron además en que la escritura de arrendamiento dé 29 de diciembre de 1919, antes mencionada, quedase ratificada como si Carolina Wolkers hubiera estado presente en ella y hu-bic>‘fl dado su conformidad para dicho contrato en la fecha en que fné otorgada a fin de que pueda tener validez y efica-cia contra' ella.

Presentados esos dos documentos en el registro de la pro-pii dad para la inscripción del arrendamiento la negó el regis-trador porque previamente no se han inscrito los bienes a favor de Masson en virtud de la renuncia de derechos que hizo la que fué su esposa, en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Hipotecaria; y denegó también la inscripción en cuanto a la casa que comprende la finca B por no aparecer inscrita la compra que de la misma hizo el Sr. Masson a la sucesión de Mauricio Guerra, según se consigna en el docu-mento.

El arrendatario Eamón Rodríguez interpuso el presente recurso gubernativo contrá la resolución del'registrador.

El documento de 29 de diciembre de 1919 cuya inscripción interesa el recurrente fue otorgado por Masson después de estar divorciado, sin la intervención de Carolina Wolkers, pero ésta lo lia ratificado en la otra escritura dé 9 de junio, de 1920. Se trata, pues, de inscribir un contrato de arren-damiento otorgado antes de la liquidación de la sociedad con-yugal disuelta y por tanto es bastante con que ambos socios liajmn prestado su conformidad al contrato. Es cierto que Carolina Wolkers prestó su consentimiento en el mismo do-cumento en que renunció todos sus derechos a esas fincas a favor de su esposo, pero como no se trata de inscribir un contrato de arrendamiento otorgado por Masson como dueño actualmente de ellas sino un contrato otorgado cuando la sociedad conyugal no estaba liquidada, no es necesario que previamente inscriba Masson las fincas a su )solo nombre y por consiguiente no es de aplicación el artículo 20 de la Ley Hipotecaria preceptivo de que para la inscripción o anota-ción de títulos en que se transfiera o grave el dominio o la posesión de bienes inmuebles o derechos reales deberá cons-tar previamente inscrito o anotado el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre se haga la transmisión o gravamen.

En cuanto al otro- fundamento de negativa con respecto a la casa que está edificada en la finca letra R no es nece-sario tampoco que previamente sea inscrita esa construcción a favor de la sociedad conyugal de Masson con Carolina Wolkers, ni tampoco a nombre de la sucesión de Mauricio Guerra, pues si éste fué quien la fabricó le correspondía su propiedad por haberla edificado en suelo propio y la tras-mitió con la finca y si la fabricaron los esposos Masson tam-bién les pertenecía, y pudieron darla en arrendamiento sin tener (pie inscribirla especialmente.

La nota recurrida debe ser revocada 37- ordenarse la ins-cripción.

Revocada la nota y ordenada la inscripción.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hntcbison.


text:
    Menéndez, Demandante y Apelante, v. Cobb et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Hnmacao en pleito sobre nulidad y devolución de propiedad.
    No. 2110.
    Resuelto en julio 22, 1920.
    Reivindicación — Nulidad que no Resulta Claramente del Registro — T!er-Cero. — No constando de la inscripción de la finca de cuya reivindicación se trata que al adquirirla el causante del demandante estuviera casado, el hecho de que la inscripción de una hipoteca constituida al año siguiente de la ad-quisición aparezca que dicho causante era casado, no es un aviso suficiente a los terceros de que lo hubiera estado al tiempo de la adquisición. El actual poseedor y su antecesor compraron la finca de persona que-según el registro tenía capacidad y si por no haber sido también demandada la sucesión de la esposa del primer adquirente es nula la compra que de la finca hieiera en subasta pública la persona de quien trae su derecho el actual poseedor, no resultando tal nulidad claramente del registro no puede afeetar al actual poseedor, que es un tercero.
    Id. — Id.—Artículo 34 de la Ley Hipotecaria. — Por el solo heeho de que la inscripción de una venta judicial no exprese que el demandado dueño de la finca fué citado en debida forma, no puede sostenerse que el tercero supo que no fué citado, pues pudo haberlo sido aunque no lo expresara la ins-cripción. El artículo 34 de la Ley Hipotecaria exige de modo categórico que las causas de nulidad resulten claramente del registro y, por tanto, los hechos de los cuales resulten deben aparecer del registro afirmativa y clara-mente.
    Id. — Id.—Estado Civil de los Otorgantes — Detecto Subsanable. — El estado civil del que trasmite o del que adquiere no figura entre los requisitos que según el axtíeulo 9 de la Ley Hipotecaria debe contener toda inscripción para que por su falta sea considerada nula de acuerdo con el artículo 30 de la misma ley y la omisión de tal circunstancia en el documento no impide la inscripción pues constituye solamente un defeeto subsanable.
    Id. — Id.—El hecho de que la finca vendida en subasta pública .no hubiera sido previamente embargada, no es una cansa de nulidad de la venta. La ano-tación de los embargos en el registro no es una obligación legal sino un de-recho que pueden ejercitar o no los acreedores.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: 8res. F. Vázquez y N. Silva Mer-cado.

    Abogados de los apelados: Sres. ,L. Muñoz Morales y M. A. Muñoz.

   El Juez Asociado Sr. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Rafael Inocencio Menéndez Ramos promovió este pleito sobre nulidad y devolución de la posesión de bienes por si y como cesionario de los derechos hereditarios de su hermana Juana María del Carmen Mercedes Ramos, únicos hijos de Carmen Ramos y Ramos, única heredera de Laureana Ramos. esposa que fué de Francisco Regis Ramos A costa, ale-gando que durante el matrimonio de-su abuela Laureana Ramos con Francisco Regis Ramos Acosta adquirió éste para la sociedad conyugal cierta finca, que describe, que después de muerta su abuela fué rematada y adjudicada a Rafael Ramos en pleito que éste "siguió contra aquel en el que no fué citada la heredera de su abuela y que la finca, fué vendida por Ramos a los demandados John B. Cobb y su esposa. También alegó defectos en el procedimiento judicial que en-tiende lo anulan.

La sentencia de la corte inferior declaró sin lugar la de-manda-y contra ella interpuso Menéndez recurso de apelación.

Oomo los demandados Cobb alegaron entro otras cosas su condición de terceros, empezaremos examinando los asien-tos del registro de la propiedad.

La primera inscripción de esa finca fué hecha en el'Re-gistro de la Propiedad de Caguas el-22 de diciembre de 1883 a favor de Francisco Regis Ramos A costa en virtud de un expediente posesorio que había tramitado y fué aprobado en octubre del mismo año según el cual adquirió la finca parte por herencia y otra parte por compra. En esa inscripción no consta el estado civil de la persona a cuyo favor se hizo sino solamente que era vecino y propietario de Oaguas.

La inscripción segunda de fecha 30 de abril de 1884. fué hecha a favor de Agustín Puigmoler en virtud de una hipo-teca que le constituyó Francisco Regis Ramos Acosta por escritura pública de 8 del mismo mes y año de la que aparece ser casado.

La anotación letra “A” se hizo en 1891 por un embargo en proceso contra Regis Ramos por calumnia para responder de 3,000 pesetas, importe de la fianza que se le mandó prestar.

La inscripción tercera está redactada en estos términos:

“Inscripción 3. — Folio 233 vuelto.- — -Tomo 4. — Rústica cuya des-cripción consta de la inscripción primera y anotación letra A pre-cedentes a la que me remito por ser conforme con la que se hace en el documento ahora presentado. Esta finca se halla afecta a una hipoteca a favor de don Agustín Puigmoler por la suma de mil pesos según consta de la inscripción siguiente precedente, y a un embargo por la suma de tres mil pesetas importe de la fianza que se mandó prestar al procesado don Francisco Regis Ramos, en el sumario que le siguió por calumnia según consta de la anotación letra A que precede. Don Francisco Regis Ramos adquirió esta finca por compra a don Calixto Ramos, Pedro Juan Almedina, Isaac Quiñones y María Antonia Ramos, según consta de la* inscripción primera citada. Habiéndose acordado el embargo de esta finca en cierto pleito promovido por don Rafael Regis Ramos, digo Rafael , Ramos Acosta como demandante contra don Rafael Regis • Ramos demandado en cobro de la suma de tres mil dollars con intereses a razón del uno por ciento mensual desde el diez y ocho de enero de mil ochocientos noventa y ocho hasta que sea satisfecha dicha suma conjuntamente con las costas, de cuyo embargo no se ha tomado razón en este registro; en cumplimiento de sentencia de fecha ca-torce de marzo último dictada por la corte de distrito judicial de Humacao contra de Francisco Regis Ramos se dictó orden de eje-clición con fecha diez y nueve de abril último por el Hon. Charles E. Foote, juez de dicha corte, por virtud de cuya orden el marshal de la expresada corte don Augusto Ortiz y Lebrón anunció por medio de los oportunos edictos la venta en pública subasta de esta finca, y a falta de licitadores se la adjudicó al postor don Rafael Ramos Acosta, con fecha veinte y uno de mayo último por la suma de seis mil ocho dólares, la cual no se consignó en dinero porque es para abonar en cuenta de la deuda principal, intereses y costas. En virtud de la citada orden don Augusto Ortiz y Lebrón, de veinte y ocho 'años de edad, casado y vecino de la ciudad de- Humacao, en su carácter de marshal de la corte referida, en nombre y repre-sentación de don Francisco Regis Ramos, vende esta finca a don Rafael Ramos Acosta, de sesenta y ocho años de edad,' propietario, casado con doña Julia Santana Jiménez y vecino de esta ciudad, mediante el precio de seis mil ocho dólares. Don Rafael Ramos Acosta inscribe a su favor esta finca que adquiere por título de compraventa sin condiciones especiales. Todo lo referido consta de la escritura otorgada en la ciudad de Humacao el 21 de mayo úl-timo ante el notario de la misma don Antonio de Aldrey y Monto-lio, cuya primera copia ha sido presentada en ese registro a las ocho de la mañana del día cinco de los corrientes según el asiento ciento cincuenta y ocho, folio cincuenta y cinco del tomo diez del diario. Confrontado este asiento resulta que en la línea veinte des-pués de las palabras demandante contra se dice Rafael en vez de Francisco. T siendo conforme todo lo dicho con el documento ci-tado, firmo la -presente en Caguas a ocho de junio de mil novecien-tos seis. — -(Firmado) S. Abella Bastón.”

La inscripción cuarta es a favor de J. B. (!obb por la compra que de la finca hizo a Rafael Ramos A costa por pre-cio de 5,962 dólares con cincuenta centavos, de los que retuvo 600 dólares de la fianza a que estaba afecta la finca. Al mar-gen de esta inscripción se halla una nota del año 1907, según la cual el importe de'la fianza expresada fué pagado a Ricardo Menéndez Monsegur y a Rafael Arce Rollet, cuatro-cientos dólares al primero y doscientos al segundo, por ha-berse así convenido en la escritura de compraventa entre Ramos y Oobb.

Según hemos visto por los asientos del registro, en la ins-cripción primera a favor de Francisco Regis Ramos no consta que fuera casado cuando tramitó el expediente posesorio por lo que de dicha inscripción no resulta que la finca tuviera el concepto legal de bien ganancial. Es cierto que cuando se hizo la inscripción de la hipoteca a favor de Puigmoler en abril de 1884 aparece Regis Ramos siendo casado, pero esto no demuestra a tos terceros que también estaba casado cuando en 1883 tramitó el expediente posesorio y que adquiriera la finca siendo casado, pues pudo contraer matrimonio después de octubre de 1883 sin que por esto tos bienes que tuviera inscritos anteriormente a su favor se convirtieran en ganan-ciales, por lo que no podemos declarar que cuando compra-ron Rafael Ramos y luego Cobb resultaba claramente del re-gistro que la finca fué adquirida por Francisco Regis Ramos Acosta siendo casado y que por tanto era un bien de la so-ciedad de gananciales. Ramos y Oobb compraron de persona que según el registro tenía capacidad para vender y si por no haber sido demandada la sucesión de la esposa de Regis Ramos es nula la compra que hizo Ramos -A costa en la su-basta judicial, no resultando esa nulidad claramente del re-gistro no puede afectar al actual poseedor Oobb de acuerdo con el artículo 34 ele la Ley Hipotecaria, el caso de Romeu v. Todd, 206 U. S. 358, y nuestra jurisprudencia en los casos de Sánchez v. Hartzell, 26 D. P. R. 684; El Pueblo v. Riera, 27 D. P. R. 1, y Ayllón y Ojeda v. González, de feb. 17, 1920, (pág. 67), según la cual tos terceros soto tienen que examinar el registro de la propiedad y solo son perjudicados por tos vi-cios de nulidad que resulten claramente del mismo registro.

Hemos transcrito antes literalmente la inscripción tercera referente a la compra hecha por Ramos en la subasta por-que el apelante expone en su alegato que en ella constan cla-ramente los vicios de nulidad que anulan esa compra y que por esa razón, siendo esa inscripción la que servía de norma y guía a los esposos Oobb para su compra, no pueden alegar ni puede declararse que son terceros y que adquirieron de buena fé y con justo título. En apoyo de lo expuesto sos-tiene el apelante que de dicha transcripción resulta clara-mente que la Corte de Distrito de Humacao no adquirió ju-risdicción sobre la persona de Francisco Regis Ramos en el pleito que produjo la venta de la. finca porque no se hizo constar- en ella que fné debidamente citado y emplazado en forma legal y cita los casos de Machuca e Hijos y. El Registrador de Guayama, 16 D. P. R. 438; Orcasitas v. El Registrador de Caguas, 21 D. P. R. 553, y el de Crehore v. El Registrador de Guayama, 22 D. P. R. 640, en los que los regis-tradores mencionados se negaron a inscribir ventas judiciales o las inscribieron con defectos subsanables por no- justificár-seles que la corte babía adquirido jurisdicción sobre los res-pectivos demandados dueños de las fincas vendidas. Como se vé, estos casos no guardan relación con el punto a decidir que es el de si del registro resulta claramente .que la corte que decretó la venta no tuvo jurisdicción sobre la persona del demandado pues todos ellos se refieren a casos en que los registradores fian entendido que no se les justificaba la ju-risdicción 'de la corte. El presente caso es distinto pues el registrador bizo la inscripción de la venta y como de ella no aparece hecbo alguno que demuestre la falta de jurisdicción de la corte no es posible que declaremos que Cobb sabía tal cosa por el registro. Por el solo beeho de que en la inscrip-ción no se diga que el demandado fué citado en debida forma no puede sostenerse que el tercero supo que no fué citado pues pudo haberlo sido aunque no lo diga la inscripción. El artículo 34 de la Ley Hipotecaria exige de modo categórico que las causas de nulidad resulten claramente del mismo re-gistro y por tanto los hechos de los cuales resulten deben aparecer en él afirmativa' y claramente.

Sostiene también el apelante qué del registro resulta cla-ramente otra causa de nulidad porque apareciendo de la ins-cripción segunda sobre hipoteca que Francisco Regis Ramos, es casado y omitiéndose en la inscripción tercera su estado civil el registrador no pudo calificar su capacidad para vender y debió denegar la inscripción de acuerdo con el caso de Rivera v. El Registrador, 17 D. P. R. 323. No se trata ahora de si el registrador debió denegar la inscripción de la venta a Ramos pues habiendo sido hecha la inscripción la única cuestión es si del registro constaba claramente para Oobb que Francisco Begis Bamos no podía venderla sin con-sentimiento de su esposa por ser casado cuando la adquirió y tener el carácter de bien ganancial.

Como de la inscripción primera del registro no consta que Francisco Begis Bamos fuera casado cuando adquirió la finca ni por tanto que ésta tuviera el carácter de bien ganancial no creemos que porque en otra inscripción posterior aparezca ser casado cuando otorga el documento que se inscribe baya ele saber el tercero que también estaba casado cuando tramitó el posesorio que originó la inscripción pri-mera y que la finca ha tomado el concepto de bien ganancial. Lo que aparece del registro para los terceros es que no cons-taba en él el matrimonio y por tanto que pudo vender la finca sin necesidad del consentimiento de la esposa mencio-nada después en la inscripción segunda. Además; el estado civil del que trasmite o del que adquiere no figura entre los requisitos que según el artículo 9 de la Ley Hipotecaria debe contener toda inscripción para que por su falta sea consi-derada -nula de acuerdo con el artículo 30 de la misma ley y la omisión de tal circunstancia en el documento no impide la inscripción pues constituye solamente un defecto subsa-nable, según hemos resuelto en los casos de Cabrera v. El Registrador, 11 D. P. R. 273, y De la Crus v. El Registrador de Ponce, 24 D. P. R. 681.

El otro vicio de nulidad que el apelante alega que Cobb conocía por el registro es el de que la finca no fué embargada antes de ser rematada, requisito que estima indispensable para que pueda realizarse la venta en subasta.

El artículo 5o. de la ley de 9 de marzo de 1905 relativa a las sentencia y manera de satisfacerlas qne el apelante cita como único fundamento de su afirmación no sostiene su ale-gación pues no impone el deber de embargar los bienes como condición para que puedan ser vendidos en cumplimiento de sentencias sino que se limita a declarar la manera como de-ben hacerse los embargos. La anotación de los embargos en el registro de la propiedad no es una obligación legal sino nn derecho concedido por la ley a los acreedores como pro-tección contra terceros.

Además de esos motivos sostiene el apelante que Cobb no tiene la condición de tercero porque conocía otros hechos que no constan en el registro pues al contestar la demanda aceptó la alegación tercera de ésta en que se dice que Francisco Regis liamos estaba casado desde antes de 1873 y la cuarta en la que se expone que estando casado promovió el expediente posesorio a título de dueño de la finca que describe, sin que se exprese en esa alegación el título de adqui-sición.

La aceptación por Cobb de la certeza de esos hechos lo único que demuestra es que él sabe cuando contesta la de-manda que Francisco Regis Ramos estaba casado en la fecha expresada pero no que él sabía ese hecho cuando adquirió la finca, ni tampoco que - sabía entonces ni ahora que era un bien ganancial, toda vez que no diciéndose en la alegación el título de adquisición, podía pertenecer a. sus bienes pri-vativos a pesar de tramitar el expedienté siendo casado.

Por lo expuesto y toda vez que la demanda tiene por ob-jeto la devolución de la finca por causas de nulidad que no constando del registro no perjudican al actual poseedor Cobb, es innecesario que consideremos si tales nulidades existen y debemos confirmar la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. del Tobo,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Moll, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en cansa por portar armas prohibidas.
    No. 1550.
    Resuelto en julio 22, 1920.
    Portar Armas Prohibidas — Armas Prohibidas — Prueba Insuficiente. — La in-teueión de la ley que prohíbe portar armas es castigar al que lleva consigo el arma prohibida, pero no al que incidentalmente puede tomarla en su manos. En el presente caso el acusado tuvo por unos momentos en sus manos un revolver con el cual hizo unos disparos, pero habiéndose demostrado que él no era dueño del arma, que no la llevaba sobre su persona ni la conservó en su poder y que se limitó a usarla con el propósito expreso de atraer a la poli-cía para que interviniera en una riña entre dos hombres no puede estimarse que el acusado haya infringido la ley.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. J. Rosario Oelpí.

    Abogado del apelado: Sr. J. E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Miguel Moll fue acusado de portar voluntariamente so-bre su persona un revólver que sacó en medio de la calle haciendo cinco disparos. El becbo ocurrió en Adjuntas, P. R., en octubre 25 de 1919.

Celebrada la vista eu la corte de distrito, el acusado fue condenado a pagar cinco pesos de multa y en defecto de pago a sufrir un día de cárcel por cada dólar dejado de sa-tisfacer. No conforme el acusado apeló para ante esta Corte Suprema.

Toda la prueba que el fiscal presentó a la corte y que ésta tuvo en consideración para su fallo' consistió en las de-claraciones de tres testigos. Dos policías insulares que dijeron, en resumen, que sintieron unos disparos, fueron al sitio de donde partían y encontraron dos individuos pe-leando en un baile, los registraron y no tenían arma alguna.. Se dirigieron entonces al acusado que estaba en la calle y le preguntaron si sabía quien era el autor de los disparos y él respondió: “yo disparé para que ustedes vinieran a arrestar estos individuos que están con un escándalo en esa casa.” El acusado no tenía' el revólver. El otro testigo declaró que el acusado “hizo los disparos, porque allí se formó un tumulto y él le quitó el revólver a Pelayo Apari-cio que estaba con él, para así pedir auxilio pues él le dijo que la policía vendría enseguida tan pronto como se oyeran los disparos.” Que el acusado devolvió enseguida el revól-ver a Aparicio.

Opinamos que la prueba no es suficiente para sostener la sentencia condenatoria dictada contra el acusado.

La ley que se supone infringida dice que si cualquier in-dividuo llevare encima o en su persona, montura, alforjas o banastas, cualquier revólver, puñal, daga, honda, espada, bastón de estoque, garrote, arpón o manopla se le impondrá determinada pena. (Sección 5994, Compilación de 1911.)

La intención de la ley es, pues, castigar al que lleva con-sigo el arma en cuestión, pero no al qúe incidentalmente pueda tomarla en sus manos. T esto último es lo único que se ha probado’que hiciera el acusado. La prueba de cargo demuestra que es cierto que el acusado por unos momentos tuvo en sus manos un revólver con el cual hizo unos dispa-ros, pero demuestra también que él no era el dueño del re-vólver, ni lo llevaba sobre su persona, ni lo conservó en su poder, limitándose a usarlo con el propósito expreso de atraer inmediatamente a la policía para que interviniera en una lucha éntre dos hombres.

Debe revocarse la sentencia apelada y absolverse al acu-sado.

Revocada la sentencia apelada y absuélto el acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. González, Acusad y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en cansa por adulteración de leche.
    No. 1555.
    Resuelto en julio 22, 1920.
    Delito Contea la Salud Pública — -Venta be Leche Abultebaba — Peueba Su-ficiente. — Vendida en el presente caso en el depósito del acusado la leclie que resultó adulterada o hallándose allí expuesta para la venta, la presun-ción es que pertenecía al acusado aunque él no estuviera presente. Esta pre-sunción pudo ser destruida por el testimonio de la dependiente que sostuvo que no pertenecía la leche al acusado y sí a ella, pero no habiendo la corte creído tal testimonio y no demostrándose que al proceder así actuara con manifiesto error, la prueba es suficiente para sostener la sentencia condena-toria dietada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. L. Tormes.

    Ahogados del apelado: Sres. J. E. Figueras, Fiscal y C. Llauger Díaz.

   El Juez Asociado Sr. del Tobo,

emitió, la opinión del tribunal.

José G. González fué acusado y condenado a sufrir treinta días de cárcel por tener a la venta leche de vaca adulterada.

La prueba consistió en la declaración del inspector de sanidad Genaro Santiago que dijo en resumen que inspec-cionó un depósito del acusado y que vio vender a Providen-cia Rivera, dependiente del depósito, cinco centavos de le-che a una mujer, resultando del examen practicado que la leche estaba adulterada, y en la declaración de Providencia Rivera que aseguró que si bien era verdad lo de la venta de la leche, tal leche no era del acusado sino de ella. Que la leche del acusado se vendió toda y luego pasó por allí un muchacho del campo y le compró unas botellas de leche que llevaba y la revendió por su cuenta. •

Se sostiene por el acusado que esa prueba es insuficiente. Todo depende de si debe darse crédito o no a la declaración de Providencia Rivera. Tendida la leche en el depósito del ■acusado o hallándose allí expuesta para la venta, la presun-ción es que era del acusado, aunque no estuviera él presente. Esa presunción pudo quedar destruida por la declaración de Providencia Rivera. Pero la corte no creyó a la testigo y como no se ha demostrado que al proceder así actuara con error manifiesto, debemos aceptar su juicio como el justo y procedente.

Después de haber las partes anunciado que estaban lis-tas para juicio, el acusado presentó una excepción perentoria alegando que la acusación estaba redactada en forma tal que no daba a conocer de una manera precisa el cargo que se le hacía, ya que no especificaba si el acusado había ac-tuado personalmente o por medio de agente. De acuerdo con la repetida jurisprudencia de esta Corte, era ya dema-siado tarde para alegar la excepción.

Se sostiene,-además, por el apelante, que la acusación no le imputa un delito público, porque el solo hecho de tener para la venta leche de vaca adulterada no es delito, ya que tal leche puede venderse legalmente para usos industriales. Esa cuestión fue decidida en contra del criterio que sustenta el apelante por esta Corte en el caso de El Pueblo v. Vilá, 24 D. P. R. 396. Allí se dijo:

“Es suficiente una acusación que imputa al acusado que vendía en el depósito de su propiedad leche de vaca adulterada con agua, porque ello significa que la vendía a cualquier persona y no para fines industriales, y cuando esto no es así al acusado corresponde probarlo en su defensa.”

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Villodas, Demandante y Apelante, v. A. Hartmann & Co. et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Gfuayama en pleito sobre acción confesoria de servidumbre y da-ños y perjuicios.
    No. 2030.
    Resuelto en julio 23, 1920.
    Servidumbre de Paso — Uso Inmemorial. — A partir de la vigencia del Código Civil, no es título suficiente para adquirir una servidumbre de paso el uso inmemorial, pero tal medio es legal cuando el uso comenzó con anterioridad a dicha vigencia, ya que la antigua legislación como tal lo reconocía.
    Prueba Contradictoria. — La prueba en este caso fué contradictoria. La corte decidió el conflicto en favor del demandado. Se resolvió: que en ausencia de un manifiesto error por parte de la corte sentenciadora, debía sostenerse su apreciación, tanto más cuanto que el apelante no elevó a esta Corte Su-prema toda la evidencia que se sometió a la corte de distrito.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. M. y J. Tons Soto, y J. O. Ramos.

    Abogado de los apelados: Sr. T. Bernardini.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se ejercitó por el demandante en este pleito la acción confesoria de servidumbre, acumulando a ella la de daños y perjuicios. La cuestión a resolver quedó planteada, especial-mente, en los Techos quinto y sexto de la demanda, que dicen así:

“5o. Que desde tiempo immemorial, la finca descrita en primer término, propiedad del demandante, tiene el goce y disfrute, libre y permanentemente de una servidumbre de paso a través de la finca descrita en segundo término, por un camino con signos aparentes, que partiendo desde la colindancia Sur de la finca del demandante, atraviesa la finca descrita en el hecho tercero de esta demanda, de Norte a Sur, en extensión de 888 metros con 75 centímetros de largo por tres metros con 25 centímetros de ancho, hasta bifurcarse en el cauce de la Quebrada ‘Creo,’ que dá arceso a la carretera que conduce de Guayama a Patillas.
“6o. — Alega el demandante, que el referido camino ha sido uti-lizado por él y los anteriores dueños de su descrita finca, perma-nentemente, como vía de paso, sin interrupción alguna, quieta y pacíficamente desde una época que está fuera del alcance de la me-moria de los habitantes de más edad en la vecindad, siendo la única vía de salida hacia la mencionada carretera utilizada para el ser-vicio de la indicada finca del demandante.”

Los demandados contestaron. A continuación transcribi-mos la parte de los flieclios dos, tres, cinco y seis de la con-testación, necesaria, a nuestro juicio, para formar un claro concepto de cómo quedó definitivamente trabada la contienda entre las partes.

“2o. Que la faja de terreno sobre la cual pretende el demandante establecer una servidumbre de paso a través de la finca de las de-mandadas y a favor de su propiedad, es un callejón de exclusivo uso y propiedad de la finca de las demandadas. '* ,# ’*
"3°. Que el tránsito del demandante por el callejón de referen-cia ha sido precariamente, por pura benevolencia de las demanda-das. * * *
“5o. Que el tantas veces mencionádo paso existe y empezó a usarse por los anteriores dueños de la finca de las demandadas desde hace unos 25 a 30 años según su mejor información y con motivo de haberse deteriorado el antiguo camino de la Romana, siendo en-tonces una.vereda o senda a través del paso y sin la dirección que hoy tiene, pues en vez de extenderse de Norte a Sur como en la ac-tualidad, se extendía de Sur a Oeste hasta llegar cerca del antiquí-simo camino llamado de la Armagnac o de Madama Romana, salida natural de la finca del demandante a la carretera que conduce a Arroyo, y que tal como en la actualidad se usa data de época re-ciente o sea desde hace pocos años antes del fallecimiento de don Emilio G-uilliod, anterior dueño de la finca del demandante, al cual también y a su arrendatario se toleraba el paso alguna que otra vez. * '* *
“6o. Que la antigua y única vía de paso que siempre utilizó la finca del demandante para salir a la carretera de Arroyo es un an-tiguo camino que, según la información y creencia y el mejor co-nocimiento de las demandadas, existe desde tiempo inmemorial..”

Fue el pleito a juicio. Se practicó una larga prueba tes-tifical. Declarando el testigo Antonio Covas, ocurrió lo que sigue: “(Aquí el testigo solicita de la corte le permita co-ger un objeto para liacer la explicación más clara, y dice, haciendo un croquis en el papel) * * * La parte deman-dante presenta el croquis como prueba y la corte ordena se marque con la letra X para su identificación.” (Página 40 y 41 de la transcripción). Entre las pruebas presentadas por el demandado figuraron dos fotografías que se admitie-ron y se marcaron con los números uno y dos. (Página 74 de la transcripción). El juez sentenciador inspeccionó per-sonalmente las fincas y los caminos a que se refieren la de-manda y la contestación. No se fian elevado a este Tribunal Supremo ni el croquis, ni las fotografías, ni el acta que debió levantarse de la inspección ocular.

Terminado el juicio, la corte de distrito dictó sentencia desestimando la demanda, sin especial condenación de costas. Y contra esa sentencia es que la parte demandante inter-puso el presente recurso de apelación.

De acuerdo con sus títulos e inscripciones de los mismos, en el registro de la propiedad, la finca de las demandadas está libre de gravámenes. Esto fue admitido por la misma parte demandante. Dicha parte reclama el reconocimiento de la servidumbre basándose en el uso inmemorial.

Tal medio de adquirir una servidumbre de paso no es legal a partir de la promulgación del Código Civil. Sin- embargo, como de acuerdo con el antiguo derecho, lo era, pudo la parte demandante alegarlo y presentar su prueba en el acto de la vista.

Analizando la prueba testifical aportada por la parte de-mandante, se concluye que en realidad de verdad desde un tiempo que puede considerarse cómo inmemorial, tal como define este término la jurisprudencia, de la finca que hoy per-tenece al demandante se pasaba por una vereda por dentro de la finca que hoy pertenece a las demandadas para llegar a la carretera.

Analizando la prueba aportada por la parte demandada se concluye que el uso de la vereda a través de su finca no se extiende a un tiempo que pudiera considerarse como in-memorial; que en diferentes épocas durante un período que comprende a lo sumo treinta años ha habido varios acuerdos privados para permitir el paso, sin que dichos acuerdos nunca llegaran a tener el alcance de una plena concesión de servidumbre de paso a favor de la finca del demandante; que el verdadero camino por el cual desde tiempo inmemo- ; rial se salía de la finca del demandante a la carretera, era el llamado de la ‘£ Romana, ’ ’ camino que existe en la actualidad; que si bien el actual demandante ha insistido en el ejercicio de lo que él llama su derecho, es lo cierto que ha tratado de contratar con' las demandadas pagando un precio por la servidumbre, y que el callejón construido actualmente a tra-vés de la finca de la demandada, no está exactamente en el mismo sitio de la antigua vereda, y fué construido por la propia parte demandada o sus arrendatarios para beneficio de su propia finca sembrada desde hace tiempo de cañas.

Siendo ese el resultado de las pruebas, se observa que hubo una verdadera contradicción en el punto esencialísimo de si se trataba o no de un verdadero derecho que venía ejercitándose como tal, desde tiempo inmemorial. La con-tradicción fué resuelta en contra de la parte demandante por la corte de distrito, y de acueivlo con la repetida jurispru-dencia sobre la materia, a menos que se demostrara, lo que no ha hecho el apelante, que la corte había actuado movida por pasión, prejuicio o parcialidad, o que había cometido un error manifiesto, debe prevalecer su conclusión.

Además en este caso hay un motivo poderoso para dejar de intervenir con la apreciación de las pruebas hecha por la corte de distrito, ya que la parte apelante no ha colocado a este Tribunal en las mismas condiciones en que la corte sen-tenciadora se encontraba al hacer tal apreciación, pues no tenemos ante nosotros ni el croquis ni las fotografías, ni el acta de la inspección ocular, si es que se levantó, como de-bió levantarse.

En cuanto a la acción de daños y perjuicios por el cierre del camino, habiéndose decidido que el demandante no tenía derecho al uso del mismo, se imponía su desestimación, ya que la base de la reclamación becia en tal sentido era pre-cisamente el derecho a la servidumbre.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia apelada..

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Pescay, Demandante y Apelado, v. Fernández, Demandado y Apelante.
    ApelacxÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre rescisión de contrato.
    No. 2142.
    Resuelto en julio 23, 1920.
    Sentencia Sobre las Alegaciones — Sentencia Definitiva — Excepciones Pre-vias — Discreción Judicial. — Si cuando se ha desestimado una excepción pre-via y concedido término para contestar, el demandado no contesta y pide que se dicte sentencia, la que se dicte es definitiva,- por más que el demandado la pidiera a reserva de contestar la demanda si era confirmada en apelación la resolución denegatoria de la excepción previa. No se infrinje ley alguna por la corte al desestimar la moción para que se admita una contestación a la de-manda, después de resuelto el caso por las alegaciones del demandante, a mo-ción del mismo demandado, y si la corte tenía discreción para admitir la con-testación, las circunstancias del caso no demuestran abuso de tal discreción.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. E. Rincón.

    Abogados del apelado: Sres. Guerra y Soldevila.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Simón Pescay estableció una demanda ante la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en 19 de agosto de 1918 contra Cándido Fernández, sobre rescisión de contrato de .arrendamiento e indemnización de daños y perjuicios. El demandado alegó la excepción previa general de que la demanda no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción. La corte desestimó la excepción y conce-dió al demandado diez días para contestar la demanda.

El demandado no contestó y pidió qne se dictara senten-cia con objeto de establecer apelación para qne la excepción, previa fnera resuelta por esta Corte Suprema, sin perjuicio de utilizar el derecho de contestar la demanda en caso de que fuera confirmada la resolución sobre excepción previa.

La sentencia fué dictada en 25 de enero de 1919 decla-rando con lugar la demafida y condenando al demandado a pagar al demandante la suma de $1,000 por indemnización de perjuicios, con las costas. La sentencia fué apelada y esta Corte Suprema la confirmó por la suya de junio 5, 1919.

En 12 de junio de 1919 el demandado presentó una mo-ción a la corte originaria con súplica de que se dejara sin efecto la sentencia pronunciada y se le concediera permiso para radicar la contestación que acompañaba, presentando al mismo tiempo una certificación expresiva de la demanda y de la contestación en otro pleito que se seguía ante la misma corte por Cándido Fernández contra Simón Pescay y su'es-posa Josefina G-arín también sobre cumplimiento o rescisión de contrato de arrendamiento e indemnización de daños y perjuicios, y dos affidavits, uno de ellos suscrito por Cándido Fernández y el otro por su abogado Enrique Bincón, ten-dentes a demostrar que Fernández tenía una buena defensa y que dicho abogado le aconsejó que la apelación interpuesta contra la sentencia dictada sobre las alegaciones no perjudi-caría su derecho a contestar la demanda caso de que se de-clarara sin lugar definitivamente la excepción previa. No invocó el peticionario precepto legal alguno que abonara su pretensión. La moción fué declarada sin lugar por resolu-ción de 29 de septiembre de 1919 y contra ella interpuso el demandado el presente recurso.

Alega la parte apelante que la corte erró y abusó de su discreción al dictar la resolución recurrida pues la moción denegada estaba suficientemente justificada por el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil y en todo caso por el poder inherente a las cortes para admitir nna contestación que había de conducir a dictar nna sentencia de acnerdo con la justicia y los hechos.

No vemos que la moción del demandado para que se ad-mitiera la contestación a la demanda debiera concedérsele como cuestión de derecho pues no se nos ha citado ni encon-tramos en el Código de Enjuiciamiento Civil precepto legal alguno que así lo ordene. Y no importa que el demandado solicitara el pronunciamiento de la sentencia en los términos en que lo hizo, sin perjuicio del derecho de contestar la de-manda si era confirmada la resolución denegatoria de la ex-cepción previa, pues la ley no le reconocía ese derecho y tam-poco le fué reconocido judicialmente. Yéase nuestra deci-sión en el caso de American Railroad Co. v. Quiñones, 17 D. P. R. 261.

Por lo que atañe a que hubiera habido abuso de discre-ción por parte de la corte sentenciadora al denegar la mo-ción, si fué que tuvo tal discreción al amparo del artículo 140 del código citado, las circunstancias del caso son tales que no vemos haya razón alguna por la cual debamos intervenir en la discreción de la corte sentenciadora como fué ejercitada.

Es de confirmarse la resolución apelada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.