author: La Asociada Señora Fiol Matta

text:
    Insular Highway Products, Inc., demandante, v. American International Insurance Company, Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico, Del Valle Group, S.P., demandados y recurridos, y Highway Safety Corporation, peticionaria e interventora.

      Número: CC-2004-1116

      Resuelto: 9 de septiembre de 2008

      Miguel A. Bonilla Sierra, abogado de la parte peticionaria; José A. Sánchez Alvarez y Joshua M. Galarza Quiñones, abogados de Del Valle Group, S.P., parte recurrida; Milagros Ruiz Chaar y Pedro Santiago Rivera, abogados de la Autoridad de Carreteras y Transportación, parte recurrida; María Eugenia Rosa Domenech, abogada de American International Insurance Company of Puerto Rico, parte recurrida.
   La Asociada Señora Fiol Matta

emitió la opinión del Tribunal.

La Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, dispone que una moción de reconsideración presentada oportunamente, y acogida por el Tribunal de Primera Instancia, interrumpe el término para presentar un recurso de apelación o certiorari, pero es muda al efecto de la interrupción de los términos relativos a las mociones que puedan presentar otras partes en el proceso. En la controversia ante nuestra consideración, tenemos la oportunidad de resolver si al acoger el Tribunal de Primera Instancia una moción de reconsideración oportuna se interrumpe el término jurisdiccional para que otra parte afectada por el mismo dictamen pueda presentar su propia moción de reconsideración, prorrogándose de esta forma el plazo dispuesto por las Reglas de Procedimiento Civil.

I

La Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico (Autoridad de Carreteras) y Del Valle Group, S.P. firmaron un contrato a precio alzado para la construcción de carreteras. Del Valle Group, como contratista de los proyectos, subcontrató los servicios de Insular Highway Products, Inc. para la instalación de rótulos y barreras de seguridad. Insular Highway, a su vez, subcontrató los servicios de la peticionaria, Highway Safety Corp., para suplir los materiales de construcción.

El 31 de mayo de 2001, Highway Safety presentó una demanda en cobro de dinero contra Insular Highway y la Autoridad de Carreteras para reclamar el pago de $94,435.91 por los materiales que suplió a Insular Highway y a la Autoridad de Carreteras en dos proyectos de mejoras a carreteras.

Insular Highway contestó la demanda y alegó que Highway Safety había entregado tardíamente los materiales y que se había acordado verbalmente que Insular Highway pagaría las sumas adeudadas tan pronto la Autoridad de Carreteras y Del Valle Group desembolsaran los fondos, cosa que no había ocurrido. Por esta razón alegó que la deuda no era ni líquida ni exigible. Además, presentó una demanda contra tercero para incluir a Del Valle Group y a su fiador, American International Insurance Co., y una demanda contra coparte contra la Autoridad de Carreteras. Insular Highway alegó que Del Valle Group le adeudaba $162,282.31, más intereses por las obras realizadas y no pagadas, además de los daños por el incumplimiento del contrato, ascendentes a $64,000. Alegó, además, que American International Insurance, como fiador, y la Autoridad de Carreteras, como dueña del proyecto, eran solidariamente responsables del pago por los servicios prestados, conforme al Art. 1489 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 1489.

El 7 de junio de 2001, Insular Highway presentó una demanda en cobro de dinero, incumplimiento de contrato y daños y perjuicios contra los aquí recurridos, Del Valle Group, American International Insurance y la Autoridad de Carreteras. En su demanda, Insular Highway presentó los mismos hechos y reclamaciones que había alegado en su contestación a la demanda de Highway Safety relacionada anteriormente.

Al contestar esa demanda, Del Valle Group reconvencionó y presentó una demanda contra coparte contra la Autoridad de Carreteras. En la reconvención, adujo que la ejecución de las obras al encargo de Insular Highway fue inadecuada y causó atrasos, creando costos adicionales estimados en $75,000, que Insular Highway le debería resarcir. En la demanda contra coparte, Del Valle Group expuso que la Autoridad de Carreteras le causó daños al retener pagos de otros proyectos hasta la cantidad que Insular Highway le estaba reclamando y que la deficiencia de esos fondos le causó daños no menos de $50,000. La Autoridad de Carreteras negó que hubiera causa de acción en su contra y alegó que en todo momento había procedido con las retenciones de dinero a Del Valle Group conforme a las exigencias de la buena fe en su interpretación del Art. 1489 del Código Civil, supra.

El 19 de abril de 2002, Insular Highway, Del Valle Group, la Autoridad de Carreteras, American International Insurance y Highway Safety llegaron al siguiente Acuerdo Transaccional:

... Con miras a evitar los costos y tiempo que implican un proceso litigioso, las partes comparecientes han acordado dar por terminado el caso de epígrafe de conformidad con los términos y condiciones del acuerdo transaccional que a continuación se exponen:
1. La ACT [Autoridad de Carreteras] contrató a la firma del codemandada [sic] DVG [Del Valle Group] para la construcción de los proyectos que se detallan a continuación ... DVG, a su vez subcontrató a Insular para la instalación de rótulos y barreras de seguridad en los ante detallados proyectos. Al día de hoy, y luego de efectuar algunos pagos parciales, Insular tiene presentada ante DVG y la ACT las debidas certificaciones ... para un total de $162,282.31. Se adjunta y se hace formar parte del presente acuerdo transaccional las certificaciones de pago ya presentadas a la ACT que acreditan las partidas anteriores.
2. De los $162,282.31 de DVG que la ACT tiene retenidos en las obras objeto de controversia en el caso de autos, la ACT procederá a efectuar un pago directo a Insular por la suma de $58,170.00. Este pago se hará en o antes de quince (15) días a partir de la fecha de radicación de este acuerdo. Dicho pago se hará en un cheque mancomunado a la orden de Insular y Highway. La ACT acuerda pagarle a DVG la suma de $104,112.31 restantes retenidos de otros proyectos, y los cuales no forman parte de las sumas reclamadas en las certificaciones presentadas por Insular y DVG en el caso de epígrafe, dentro del mismo plazo de quince (15) días a partir de la fecha de radicación.
3. Según ACT vaya aprobando las certificaciones restantes que ya hayan sido sometidas por DVG en los proyectos antes relacionados la ACT, para cada una de las certificaciones, efectuará el siguiente procedimiento de pago: (a) pagará a DVG en un cheque exclusivamente a su nombre aquella suma que no corresponda a los trabajos de Insular y (b) pagará mediante cheque mancomunado a la orden de DVG, Insular y Highway aquella suma correspondiente a los trabajos de Insular comprendidos en las certificaciones. Tanto DVG, Insular y Highway acuerdan entre si [sic] dividirse dichos cheques por las sumas correspondientes a cada cual según las certificaciones aprobadas y desembolsadas, y de conformidad con los términos de este acuerdo transaccional y de los precios acordados entre DVG e Insular; y entre Insular y Highway. Ninguna de las partes renuncia a cuadrar al final de los pagos cualquier suma pagada de más o de menos durante el proceso.
4. De las sumas pendientes de pago Insular accede a pagarle a su acreedor Highway Safety proporcionalmente la deuda que ésta reclama en el caso Highway Safety Corp. v. Insular Highway Products, Inc., et al., Civil Núm. 2001-1370(506), ante este mismo tribunal. Se acuerda específicamente de que del pago inicial de $58,170.00 descrito en el párrafo uno (1), le corresponderá a Highway Safety la suma de $44,000.00, y la diferencia le corresponderá a Insular. Los pa-gos posteriores se efectuarán mediante un cheque mancomunado a nombre de DVG, Insular y Highway, y en la relación interna entre Insular Highway y Highway [Safety] se dividirán en partes iguales (50%-50%), hasta la total satisfacción de la deuda de Insular con Highway Safety. Convienen Insular y Highway, no obstante, que existe una controversia bona fide sobre una partida de $7,131.15 descontada de la certificación número 26 .... De la ACT proceder al descuento de dichas partidas por deficiencia de materiales, Highway Safety le reconocerá a Insular Highway un crédito por dicha suma de la deuda reclamada, haciéndose entonces la deducción correspondiente a la suma original reclamada de $94,435.91. En cambio, si la ACT no descuenta dicha partida por deficiencias de materiales, entonces Insular reconocerá la totalidad de la deuda de Highway Safety la cual se pagará de conformidad a lo antes expuesto. Estos acuerdos entre Insular y Highway no afectarán en forma alguna los precios acordados ente DVG e Insular ni los derechos de ACT a rechazar trabajo que no cumpla con las especificaciones.
5. DVG libera a Insular de toda responsabilidad de tener que ejecutar trabajo adicional alguno en los proyectos concernidos en este caso.
8. Todo reclamo directo o indirecto que se haya presentado en la demanda o demandas por cualquiera de las partes comparecientes queda por la presente expresamente renunciado con perjuicio.
9. La sentencia que se dicte aprobando este acuerdo transaccional será final, firme e inapelable desde el momento en que se dicte, acordando las partes que se archive con perjuicio todas las reclamaciones en el caso Highway Safety Corp. v. Insular Highway Products, Inc., et al., Civil Núm. 2001-1370 (506), ante este Honorable Tribunal. (Énfasis suplido.) Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 53.

La transacción se presentó en ambos casos, ya que las dos demandas no fueron consolidadas. El Tribunal de Primera Instancia acogió la transacción en el caso instado por Insular Highway el 26 de abril de 2002 mediante sentencia que, según sus términos, advino final y firme.

Posteriormente, el 20 de septiembre de 2002, Highway Safety solicitó la ejecución de esta sentencia como parte interventora en la demanda de Insular Highway. Adujo que la Autoridad de Carreteras había incumplido el acuerdo transaccional al expedir un cheque directamente a Del Valle Group. Aunque la Autoridad de Carreteras había exigido a Del Valle Group que pagara a Insular Highway las sumas acordadas, Del Valle Group solamente pagó $22,844.89 como liquidación final de los pagos debidos en los proyectos. Highway Safety solicitó el cumplimiento específico de las condiciones de la sentencia y una vista evidenciaría a los efectos de imponer sanciones por dicho incumplimiento. Del Valle Group, por su parte, alegó no deber suma alguna dado que el 6 de junio de 2002 la Autoridad de Carreteras había emitido un cheque mancomunado por $58,170 a nombre de Highway Safety e Insular Highway, en cumplimiento de lo debido.

El 17 de enero de 2003, Highway Safety volvió a solicitar la ejecución de la sentencia, alegando que Del Valle Group y la Autoridad de Carreteras le debían aún $50,435.91 por materiales suplidos.() Del Valle Group y la Autoridad de Carreteras se opusieron y afirmaron que a Highway Safety no se le adeudaba nada. Además, la Autoridad de Carreteras alegó que a pesar de que al momento de firmar el acuerdo transaccional el dinero de las certificaciones pendientes de pago ya se había liquidado a Del Valle Group hacía más de dos años, no había un incumplimiento del acuerdo, ya que no existía una deuda.

El Tribunal de Primera Instancia declaró “con lugar” la moción de ejecución de sentencia el 19 de febrero de 2003 y ordenó a la Autoridad de Carreteras y Del Valle Group pa-gar solidariamente a Highway Safety las sumas alegadamente debidas, ascendentes a $50,435.91. Dicha orden se notificó el 20 de marzo de 2003.

El 2 de abril de 2003, en el término dispuesto para ello por el ordenamiento procesal, Del Valle Group presentó una moción para solicitar al tribunal que reconsiderara la orden de ejecución de sentencia. Alegó nuevamente que no se adeudaban dichas sumas. Además, solicitó que se dejara en suspenso la orden de ejecución de sentencia hasta tanto el tribunal celebrara una vista y adjudicara las cantidades a pagar, si alguna. El 4 de abril de 2003, el Tribunal de Primera Instancia acogió la moción de reconsideración con la frase siguiente: “se considerará] en vista señalada.” Sin embargo, no dispuso fecha para celebrar dicha vista. La resolución se notificó el 8 de abril del mismo año. El 10 de abril de 2003 la Autoridad de Carreteras presentó una moción de reconsideración en la que solicitó que se declarara que la Autoridad no era un deudor solidario con Del Valle Group frente a Insular Highway y Highway Safety, porque ya había desembolsado lo que le correspondía.

El 11 de abril de 2003, el Tribunal de Primera Instancia dejó sin efecto la orden de 4 de abril en la que había acogido la moción de reconsideración de Del Valle Group y, en orden separada, mandó a embargar bienes propiedad de Del Valle Group para cubrir la cantidad de $104,112.31 como aseguramiento de la sentencia que había advenido final y firme. Ambas órdenes se notificaron el 15 de abril de 2003. Posteriormente, el 17 de abril de 2003, el tribunal de instancia acogió la moción de reconsideración presentada por la Autoridad de Carreteras y ordenó a la parte demandante expresarse en un término de diez días. Esta orden fue notificada el 23 de abril de 2003.

En cumplimiento de la orden, Highway Safety replicó a la moción de reconsideración que había presentado la Autoridad de Carreteras. Adujo que la comparecencia de la Autoridad de Carreteras fue tardía, ya que su moción de reconsideración se presentó cuando ya había transcurrido el término jurisdiccional de quince días desde la notificación de la sentencia. No obstante, el 16 de junio de 2003, el foro de instancia celebró una vista para dilucidar el asunto de si hubo un error en el acuerdo sobre la cantidad de la deuda. Posteriormente, Del Valle Group solicitó que se dictara sentencia sumariamente a los efectos de reconocer que hubo un error al otorgar el acuerdo transaccional y que Del Valle Group le pagó a Insular Highway lo debido según las certificaciones, menos la cantidad de $22,844.89. Highway Safety se opuso a la moción de sentencia sumaria bajo el fundamento de que era improcedente, ya que la orden de ejecución de sentencia ya era final y firme.

Finalmente, el Tribunal de Primera Instancia resolvió que la transacción entre las partes era válida y puso fin al pleito. En particular, dispuso lo siguiente:

Esta [sic] claro que la controversia en el caso de autos finalizó cuando este Tribunal impartió su aprobación al Acuerdo Transaccional que suscribieron las partes. No podemos, por tanto, ampararnos en un alegado error o confusión en la interpretación de una cláusula contenida en el mismo, para de este modo, circunvalar el incumplimiento de la Sentencia dictada por acuerdo de las partes; ello conllevaría a aplaudir este tipo de acción y resultaría en un fracaso de la justicia. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 25.

Por lo tanto, el tribunal declaró “con lugar” la solicitud de ejecución de la sentencia de 19 de febrero, notificada el 20 de marzo de 2003 y “sin lugar” la moción de sentencia sumaria. Así pues, ordenó el retiro de los $104,112.31 consignados anteriormente y la entrega de dicha suma a Insular Highway. Dicha resolución se emitió el 28 de octubre de 2003 y fue notificada el 4 de noviembre de 2003.

Inconforme con la determinación del tribunal de instancia que denegó la sentencia sumaria y ordenó la ejecución de la sentencia, Del Valle Group presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones el 4 de diciembre de 2003. La Autoridad de Carreteras compareció y solicitó al foro apelativo que revocara la resolución recurrida para establecer que la Autoridad de Carreteras no adeuda nada en el acuerdo transaccional. Por su parte, Highway Safety se opuso a la expedición del recurso alegando, entre otras cosas, que Del Valle Group y la Autoridad de Carreteras están obligados a pagarle solidariamente a Highway Safety la suma de $50,435.91 en cumplimiento de la orden “final, firme e inapelable” que emitió el Tribunal de Primera Instanda, notificada el 20 de marzo de 2003. Además, expuso lo siguiente:

La moción de reconsideración presentada por la Autoridad de Carreteras el 10 de abril de 2003, mediante la cual se pretendió que el Tribunal de Primera Instancia dejara sin efecto la orden notificada el 20 de marzo de 2003, fue presentada luego de transcurrido el término provisto por las Reglas de Procedimiento Civil y por consiguiente el Tribunal de Primera Instancia venía obligado a abstenerse de emitir órdenes posteriores relacionadas con la aludida moción de reconsideración por carecer de jurisdicción para así hacerlo. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 514.

Luego de evaluar los planteamientos de las partes, el Tribunal de Apelaciones emitió una Sentencia el 21 de octubre de 2004 en la que desestimó la demanda contra la Autoridad de Carreteras y revocó la resolución recurrida. Interpretando el acuerdo transaccional, el foro apelativo concluyó que la obligación de pagar las sumas acordadas estaba sujeta a la condición de incluir las certificaciones que acreditaban la deuda y al no cumplirse esta condición, dicha cláusula del acuerdo quedó invalidada. Además, el tribunal apelativo ordenó la devolución del caso al Tribunal de Primera Instancia para que se determinara la cantidad, si alguna, que Del Valle Group le debía a Insular Highway y Highway Safety.

Inconforme, Highway Safety recurrió ante nosotros y alegó que el Tribunal de Apelaciones cometió varios errores que, en resumen, consistieron en que dicho foro actuó en ausencia de jurisdicción.() Así pues, expedimos el auto de certiorari el 11 de marzo de 2005, y el 5 de agosto de 2005 paralizamos los procedimientos en auxilio de nuestra jurisdicción. Posteriormente, Highway Safety, Del Valle Group, American International Insurance y la Autoridad de Carreteras presentaron sendos alegatos. Contando con su comparecencia, pasamos a resolver.

II

La Regla 53.1(e) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, en su primer inciso, dispone que un recurso de certiorari para revisar cualquier orden o resolución del Tribunal de Primera Instancia se deberá presentar al Tribunal de Apelaciones en los treinta días desde la fecha de la notificación de la orden o resolución recurrida. Sin embargo, ese término es de cumplimiento estricto y prorrogable, pero sólo si median circunstancias especiales que consten del recurso. 32 L.P.R.A. Ap. Ill, R. 53.1(e)(1). Además, la Regla 53.1(i) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, establece que el término para presentar una solicitud de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones “se interrumpirá y comenzará a contarse de nuevo de conformidad con lo dispuesto en la Regia 47”. En lo pertinente, la Regia 47 de Procedimiento Civil, supra, establece lo siguiente:

La parte adversamente afectada por una resolución, orden o sentencia del Tribunal de Primera Instancia podrá, dentro del término jurisdiccional de quince (15) días desde la fecha de la notificación de la resolución u orden, o desde el archivo en los autos de una copia de la notificación de la sentencia, presentar una moción de reconsideración de la resolución, orden o sentencia ....
Por otro lado, si se tomare alguna determinación en la consideración de una moción de reconsideración, el plazo para presentar un recurso de certiorari con término de cumplimiento estricto ante el Tribunal de ... Apelaciones empezará a contarse desde la fecha en que se notifica la resolución del tribunal resolviendo definitivamente la moción. Si el tribunal dejare de tomar alguna acción con relación a la moción de reconsideración dentro de los diez (10) días de haber sido presentada, se entenderá que la misma ha sido rechazada de plano. (Enfasis suplido.)

La Regla 47 citada dispone las diferentes situaciones en las que una moción de reconsideración podría interrumpir el término dispuesto para que las partes recurran al foro apelativo en revisión de un dictamen judicial. De igual forma, tanto las Reglas de Procedimiento Civil como nuestra jurisprudencia interpretativa reconocen que la interrupción del término por esta causa beneficia a todas las partes por igual. 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 53.1(j). Pérez v. VPH Motors Corp., 152 D.P.R. 475 (2000). Sin embargo, ni las reglas ni la jurisprudencia han precisado si la presentación de una moción de reconsideración tiene algún efecto sobre los términos en los cuales otras partes afectadas por el mismo dictamen deben presentar sus mociones ante el Tribunal de Primera Instancia. Los hechos de este caso nos proveen la oportunidad de aclarar la norma aplicable a esta situación.

Es harto sabido que un término jurisdiccional es “fatal, improrrogable e insubsanable, rasgos que explican por qué no puede acortarse, como tampoco es susceptible de extenderse”. (Enfasis en el original.) Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 D.P.R. 1, 7 (2000). Véanse: Vega v. Alicea, 145 D.P.R. 236 (1998); Gobernador de P.R. v. Alcalde de Juncos, 121 D.P.R. 522 (1988). En cuanto al término para presentar una moción de reconsideración, he-mos resuelto que éste es jurisdiccional y su transcurso tiene el efecto de impedir que el tribunal pueda considerarla. J.P. v. Frente Unido I, 165 D.P.R. 445 (2005). A esos efectos, en Dumont v. Inmobiliaria Estado, Inc., 113 D.P.R. 406, 413 (1982), resolvimos que los tribunales pueden enmendar sustancialmente sus sentencias siempre que éstas no hayan advenido final y firme, y el tribunal actúe por motivo de una moción de reconsideración oportuna, es decir, presentada en el término jurisdiccional establecido por la Regla 47, supra, y acogida para su consideración según ésta dispone.

Hemos reconocido, como excepción a la norma anterior, que un tribunal puede considerar una moción de reconsideración tardía cuando lo que ésta plantea sea de tal envergadura que sería un fracaso de la justicia ignorarlo.() En esa situación puede recurrirse a la normativa aplicable a las mociones de relevo al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Ahora bien, para que los tribunales puedan acoger la moción de reconsideración presentada fuera de los términos jurisdiccionales como una moción de relevo, se tienen que cumplir los requisitos establecidos en la Regla 49.2, supra.i) Véase Vega v. Alicea, supra, págs. 243-244; Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 D.P.R. 314 (1997); Barreto v. Sherris Caribbean, Inc., 92 D.P.R. 859 (1965). Claro está, nada de lo dicho afecta la facultad de los tribunales para reconsiderar sus determinaciones motu proprio, siempre que tengan jurisdicción para hacerlo. Véanse: Lagares v. E.L.A., 144 D.P.R. 601, 613 (1997); Dumont v. Inmobiliaria Estado, Inc., supra, pág. 413; El Mundo, Inc. v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 791, 801 (1965).

No hay duda de que el término de quince días para presentar una moción de reconsideración es jurisdiccional y, por lo tanto, fatal e improrrogable. Por ejemplo, en Vega v. Alicea, supra, discutimos las reglas procesales que recogen la normativa de la interpretación de los términos y las disposiciones particulares sobre la potestad de los tribunales para otorgar prórrogas. En particular, señalamos que la Regla 68.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, prohíbe que un tribunal pueda prorrogar o reducir el plazo para actuar bajo la disposición de las Reglas 47 y 53.1, supra, entre otras. De esa forma, resolvimos que la Regla 68.3 (32 L.P.R.A. Ap. III), que extiende los términos de las reglas cuando la notificación es por correo, no aplica a los términos dispuestos en la Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, ya que ésta establece un término jurisdiccional. Además, expresamos lo siguiente:

El término de la Regla 47, supra, en una sentencia es fatal. Sin embargo, se ha quedado en el tintero si igual solución rige en cuanto a las resoluciones y órdenes. Una teoría, que ha sido acogida por el reputado Tribunal de Circuito de Apelaciones, presenta que el término es directivo, pues las órdenes y resoluciones interlocutorias carecen de finalidad y, por ende, contra ellas no transcurren términos jurisdiccionales. Según ésta, el tribunal conserva la facultad de corregirlas antes de que termine el pleito. O sea, por ser interlocutorias, se les niega inmediatez y finalidad.
La dificultad de este enfoque radica en que esos dictámenes —salvo una reconsideración oportuna ...— ponen fin a incidentes dentro del proceso litigioso escalonado. Negarle finalidad es simplemente poner en entredicho ante abogados y partes la certeza, seriedad y autoridad que debe caracterizar nuestro sistema procesal-adjudicativo en todas sus etapas críticas antes de que se dicte sentencia e, incluso, luego de ser dictada. (Énfasis en el original, y citas y escolios omitidos.) Vega v. Alicea, supra, págs. 240-241.()

Esta discusión hace alusión a una disyuntiva que por mucho tiempo aquejaba a nuestro ordenamiento procesal. En Las Monjas Racing Corp. v. Comisión Hípica, 52 D.P.R,. 445 (1937), resolvimos claramente que desde la notificación de una sentencia final, que resuelve definitivamente el pleito, comienzan a cursar los términos jurisdiccionales para recurrir al foro apelativo, con el efecto de privar al tribunal sentenciador de toda potestad en cuanto al caso. Consecuentemente, por el efecto jurisdiccional se deducía que el término para presentar una petición de reconsideración sobre las sentencias finales merecía el mismo respeto. Sin embargo, a las órdenes o resoluciones no se les aplicaba el mismo rigor jurisdiccional, por no tratarse de asuntos que ponían fin al pleito. H. Sánchez Martínez, La reconsideración de resoluciones u órdenes interlocutorias y de sentencias finales, 15 Rev. Jur. U.I.P.R. 367 (1981).

En Vega v. Alicea, supra, resumimos esta situación y resolvimos que los asuntos interlocutorios y las sentencias finales merecen considerarse con la misma seriedad. En fin, resolvimos que el término de quince días para presentar una moción de reconsideración es jurisdiccional, independientemente la naturaleza del dictamen emitido por el tribunal.

Hemos dicho que la Regla 47, supra, tiene dos propósitos:

En lo primordial, por un lado, se busca crear la oportunidad para que un tribunal sentenciador pueda realizar la significativa tarea de corregir cualquier error que haya cometido al dictar una sentencia o resolución. Por otro lado, también se quiere evitar que el medio procesal de la reconsideración se convierta en una vía para dilatar injustificadamente la ejecución de un dictamen judicial. Lagares v. E.L.A., supra, pág. 612.

Las Reglas de Procedimiento Civil aspiran a establecer un procedimiento justo y rápido para la tramitación eficiente de los litigios en los tribunales, por lo que la interpretación de dicho cuerpo reglamentario no debe ser contraria a la economía procesal. Véanse: J.T.P. Dev. Corp. v. Majestic Realty Corp., 130 D.P.R. 456, 464 (1992); Polanco v. Tribunal Superior, 118 D.P.R. 350, 357 (1987); Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 744 — 745 (1986). Así pues, es necesario identificar un balance prudente entre el deseo de preservar la justicia en los casos particulares y la utilización más sensata de los recursos de los tribunales para asegurar que los pleitos gocen de “certeza, seriedad y autoridad”, evitando así que duren indefinidamente. Véase Vega v. Alicea, supra, pág. 241. Del mismo modo, Cuevas Segarra señala lo siguiente:

La demora y la falta de diligencia en la tramitación de los asuntos ante los tribunales atenta contra el principio rector que permea todo nuestro ordenamiento procesal y que está plasmado en la Regla 1 a los efectos que las controversias en los tribunales se solucionen de manera justa, rápida y económica. Este principio rector es eje central del debido proceso de ley. J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs. JTS, 2000, T. I, pág. 12.

III

El Tribunal de Primera Instancia declaró “con lugar” la moción de ejecución de sentencia el 19 de febrero de 2003 y ordenó a la Autoridad de Carreteras y Del Valle Group pa-gar solidariamente a Highway Safety las sumas alegadamente debidas, ascendentes a $50,435.91. La orden se notificó el 20 de marzo de 2003. Como vimos, Del Valle Group presentó una moción de reconsideración, que el Tribunal de Primera Instancia inicialmente acogió, pero posteriormente denegó el 11 de abril mediante una resolución notificada el 15 de abril de 2003. El término para recurrir de esta determinación comenzó a transcurrir desde la notificación y advino final y firme el 15 de mayo de 2003. Por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones no tenía jurisdicción para atender el recurso presentado el 4 de diciembre de 2003.

El lenguaje de la Regla 47, supra, dispone claramente que el término para presentar una moción de reconsideración es un plazo jurisdiccional. La jurisprudencia interpretativa ha sido consecuente en señalar que acoger una oportuna moción de reconsideración tiene el efecto de interrumpir el término para recurrir a un foro apelativo. Extender esta interpretación hasta concluir que la interposición de una moción de reconsideración por una de las partes tiene el efecto de otorgar una prórroga a las demás conllevaría que la diligencia de una de las partes en un pleito libere a las demás de su obligación de ser igualmente diligentes. Además, esas partes igualmente afectadas por el dictamen se beneficiarían de una extensión al término que las Reglas de Procedimiento Civil no vislumbran. No sólo sería injusto que la diligencia de uno subsane la demora injustificada de otro, sino que corrompería la naturaleza jurisdiccional del término y permitiría la presentación de mociones que de otra forma serían tardías, en detrimento a la economía procesal. Por lo tanto, la moción de reconsideración que presentó la Autoridad de Carreteras veintiún días después de notificada la orden estaba fuera de término y el Tribunal de Primera Instancia estaba impedido de actuar sobre ella.

Hemos reconocido la facultad de los tribunales para reconsiderar sus determinaciones motu proprio siempre que tengan jurisdicción para hacerlo. Véanse: Lagares v. E.L.A., supra, pág. 613; Dumont v. Inmobiliaria Estado, Inc., supra, pág. 413; El Mundo, Inc. v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 791, 801 (1965). La jurisprudencia citada ilustra situaciones en las que los tribunales han resuelto mociones de reconsideración presentadas oportunamente, que, por haber pasado el plazo de diez días dispuestos por las reglas, se entenderían rechazadas de plano. No obstante, he-mos resuelto que en estos casos los tribunales pueden entrar a resolver motu proprio, siempre que aún conserven su jurisdicción.

El caso ante nuestra consideración es distinto. El Tribunal de Primera Instancia acogió la moción de reconsideración oportunamente presentada por Del Valle Group, antes de que transcurriera el término para que se entendiera rechazada de plano por inacción y, luego de analizarla, dejó sin efecto esa orden y resolvió que procedía la ejecución de la sentencia. Ninguna de las partes solicitó la reconsideración de este asunto ni presentó un recurso ante el Tribunal de Apelaciones. Por lo tanto, esa orden, notificada el 15 de abril de 2003, advino final y firme.

En segundo lugar, los hechos de este caso muestran con claridad que el tribunal de instancia actuó a solicitud de la parte sobre la moción de reconsideración de la Autoridad de Carreteras y no motu proprio. ()

La Resolución de 28 de octubre de 2003, notificada el 4 de noviembre de 2003, que ordenó nuevamente la ejecución de la sentencia, respondió a una moción de reconsideración tardía presentada por la Autoridad de Carreteras, la cual el tribunal estaba impedido de atender. Así pues, el Tribunal de Primera Instancia no tenía la facultad para acoger esa moción de reconsideración tardía y celebrar una vista para adjudicar lo allí alegado, menos aún cuando esa actuación atenta contra la finalidad del acuerdo transaccional aprobado por el tribunal mediante sentencia que es final y firme. Sabemos que al expresarse sobre una moción presentada fuera de los términos jurisdiccionales dispuestos para ello, el tribunal actúa en exceso de su facultad. Asimismo, una expresión del foro apelativo sobre esa expresión indebida del foro primario es igualmente improcedente.()

Resolvemos que una orden del Tribunal de Primera Instancia para acoger una moción de reconsideración no tiene el efecto de prorrogar el plazo jurisdiccional con el que deben cumplir las demás partes afectadas por el mismo dictamen que interesen presentar mociones de reconsideración. Por los fundamentos expuestos, revocamos la sentencia del Tribunal de Apelaciones recurrida y la resolución del Tribunal de Primera Instancia de 28 de octubre de 2003 que fueron dictadas, ambas, sin jurisdicción y restablecemos la orden de ejecución de la Sentencia de 19 de febrero de 2003.

Se dictará sentencia de conformidad.

      (1) Esta cifra resulta del descuento del pago de $44,000 al total de $94,435.91 que surge del acuerdo transaccional.

      (2) “PRIMER ERROR: Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al no reconocer que la orden dictada ... a Del Valle Group, S.P. y la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico a pagar solidariamente a Highway Safety Corp. la suma de $50,435.91 advino final, firme e inapelable y por consiguiente el Tribunal de Primera Instancia carecía de jurisdicción para entender en las mociones de reconsideración presentadas por la Autoridad de Carreteras y Del Valle Group, S.P.
      “SEGUNDO ERROR: Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al implícitamente dejar sin efecto la orden dictada el 19 de febrero de 2003, notificada el 20 de marzo de 2003 requiriendo a Del Valle Group, S.P. y la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico a pagar solidariamente a Highway Safety Corp. la suma de $50,435.91 cuando no tenía jurisdicción para así hacerlo por razón que la misma había advenido final, firme e inapelable.

        “TERCER ERROR: Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al desestimar la demanda presentada contra la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico bajo el fundamento de que ésta no adeudaba cantidad alguna a Del Valle Group, S.P., Insular Highway Products, Inc. o Highway Safety Corp. cuando no tenía jurisdicción para así hacerlo por razón que la orden dictada el 19 de febrero de 2003, notificada el 20 de marzo de 2003[,] requiriendo a Del Valle Group, S.P. y la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico a pagar solidariamente a Highway Safety Corp. la suma de $50,435.91 advino final, firme e inapelable.
      “CUARTO ERROR: Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al interpretar el contrato de transacción suscrito entre las partes de forma tal que se permitió a Del Valle Group, S.P. eludir su responsabilidad por el pago de las cantidades adeudadas a Highway Safety Corp. fundamentado en el alegado error cometido por la Autoridad de Carreteras de Puerto Rico al suscribir el mismo.
      “QUINTO ERROR: Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al invalidar implícitamente el contrato de transacción suscrito entre las partes y ordenar una vista evidenciaría donde se permita a Del Valle Group, S.P. establecer la cantidad realmente adeudada a Insular Highway Products, Inc. y Highway Safety Corp.
      “SEXTO ERROR: Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al concluir que el pago de las cantidades expresadas en el contrato de transacción estaba condicionado a que se incluyeran como parte del mismo las certificaciones que acreditaban la deuda.” Petición de certiorari, pág. 10.

      (3) En Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, 106 D.P.R. 445, 449 (1977), establecimos que “[l]a Regla 49.2 provee un mecanismo procesal post sentencia para impedir tecnicismos y sofisticaciones frustren los fines de la justicia.”

      (4) La Regla 49.2 (32 L.P.R.A. Ap. III) dispone que
      ‘‘[mjediante moción y bajo aquellas condiciones que sean justas, el tribunal podrá relevar a una parte o a su representante legal de una sentencia, orden o procedimiento por las siguientes razones:
      “(1) Error, inadvertencia, sorpresa, o negligencia excusable;
      “(2) descubrimiento de evidencia esencial ...;
      “(3) fraude, ... falsa representación u otra conducta impropia de una parte adversa;
      “(4) nulidad de sentencia;
      “(5) la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se fundaba ha sido revocada o de otro modo dejada sin efecto, o no sería equitativo que la sentencia continuara en vigor, o
      “(6) cualquier razón que justifique la concesión de un remedio contra los efectos de una sentencia.”

      (5) En Vega v. Alicea, 145 D.P.R. 236 (1998), consideramos aspectos de eficiencia y “la certeza, seriedad y autoridad que debe caracterizar nuestro sistema procesaladjudicativo”, ya que al momento de resolver el caso, las Reglas de Procedimiento Civil no establecían explícitamente que los términos de la Regla 47, supra, fueran jurisdiccionales. Sin embargo, había jurisprudencia que resolvía que dicho término era jurisdiccional. Véanse: Barletta v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 691 (1972); Builders Ins. Co. v. Tibunal Superior, 100 D.P.R. 401 (1972); Rodríguez v. Rodríguez, 98 D.P.R. 744 (1970); Barreto v. Sherris Caribbean, Inc., 92 D.P.R. 859 (1965).

      (6) De los hechos surge que el Tribunal de Primera Instancia no sólo acogió la moción de reconsideración tardía presentada por la Autoridad de Carreteras, sino que declaró “sin lugar” la moción de reconsideración de Del Valle Group y ordenó a la parte demandante expresarse en cuanto a los planteamientos de la moción de reconsideración de la Autoridad de Carreteras. Luego celebró una vista para dilucidarla.

      (7) Una vez el acuerdo voluntario se convierte en un dictamen judicial final y firme sujeto a los procedimientos de ejecución de sentencia y demás garantías de un proceso judicial, es decir, en una transacción judicial, el procedimiento para impugnarlo es mediante una solicitud de relevo de sentencia provista en la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra. Como el propósito de esta regla es evitar un fracaso de la justicia, hemos resuelto que no aplica la consideración de la doctrina de cosa juzgada. Véase Pérez v. Bauzá, 83 D.P.R. 220 (1961). En el caso particular de un contrato de transacción judicial, el fracaso de la justicia que se evitaría por el relevo del dictamen judicial sería el que se vulneraran los principios contractuales, como, por ejemplo, dejar impunes los actos que vician el consentimiento establecidos en el Art. 1716 del Código Civil, supra. En este caso, el Tribunal de Primera Instancia no podía acoger la moción de reconsideración tardía como una petición de relevo de sentencia según la Regla 49.2, supra, pues las alegaciones de la Autoridad de Carreteras en la moción de reconsideración no constituyen el tipo de error que puede conllevar la resolución de un contrato de transacción, sobre todo cuando no estamos ante un caso de negligencia excusable que amerite relevar de la sentencia.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    José A. Muñiz-Olivari et al., demandantes, v. Stiefel Laboratories, Inc., demandado.

      Número: CT-2007-12

      Resuelto: 9 de septiembre de 2008

      Jaime Fieras, Jr, U.S. Senior District Judge, peticionario.
   La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez

emitió la opinión del Tribunal.

El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico nos formula las preguntas siguientes mediante el mecanismo de certificación interjurisdiccional: Primero, si en una acción de incumplimiento contractual en la que no existe una alegación independiente al amparo del Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5141, pro-cede la indemnización por los sufrimientos y las angustias mentales producto del incumplimiento. Segundo, si la indemnización está disponible a favor de una persona que no fue parte del contrato que da lugar a la acción de incumplimiento, pero que resultó directamente afectada por éste.()

Examinemos los hechos del caso, según éstos surgen de la solicitud de certificación del Tribunal de Distrito, y los documentos que la acompañan.

I

El Sr. José A. Muñiz Olivari fue empleado de Stiefel Laboratories, Inc. desde junio de 1991 hasta enero de 2003 cuando fue despedido debido al cese de operaciones de la compañía en la isla. A raíz de su despido, el señor Muñiz Olivari, su esposa, la señora Anabelle Durán López y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, presentaron una demanda de incumplimiento de contrato, daños y peijuicios y violación a la Ley Núm. 100 de 30 de jimio de 1959 (29 L.P.R.A. sees. 146 — 151), contra el otrora patrono del señor Muñiz Olivari. Alegaron que, a raíz de los planes de reorganización que llevaría a cabo Stiefel —los cuales incluían el cierre de operaciones en Puerto Rico— el señor Muñiz Olivari había convenido un contrato verbal con su patrono. Según el cual, una vez completada la reorganización, se le nombraría supervisor de los representantes médicos de la compañía para el estado de Florida y Puerto Rico. Sostuvieron que, una vez hecha la reorganización, el señor Muñiz Olivari solicitó el cumplimiento con lo acordado o que, en la alternativa, se le nombrara gerente de distrito, posición disponible en el estado de Florida, pero Stiefel se negó a cumplir su obligación.

Luego de varios trámites procesales, que incluyeron la desestimación de la causa de acción al amparo de la Ley Núm. 100 y la de daños y peijuicios derivados de ésta, un jurado concluyó que, en efecto, entre las partes había existido un contrato verbal válido y que Stiefel había incumplido con éste al negarle al señor Muñiz Olivari la continuación en su empleo. Según su dictamen, el Jurado concedió a la parte demandante una indemnización por los ingresos pasados, futuros y otros beneficios dejados de percibirá() Siguiendo las instrucciones del tribunal a los efectos de que en nuestro ordenamiento procede la indemnización de los sufrimientos y las angustias mentales en acciones de incumplimiento contractual, el Jurado también concedió una partida por tal concepto a cada uno de los codemandantes Muñiz Olivari y Duran López.()

En apelación, el Tribunal de Apelaciones de Estados Uni-dos para el Primer Circuito confirmó el dictamen del Tribunal de Distrito y la concesión de indemnización por las ganancias pasadas y futuras y los beneficios adicionales dejados de percibir. En relación con la indemnización por los sufrimientos y las angustias mentales derivados del incumplimiento contractual, el Tribunal de Apelaciones determinó que su procedencia en nuestro ordenamiento es un asunto aún no resuelto.() Por tal razón, instruyó al Tribunal de Distrito que certificara el asunto a este Foro. En cumplimiento de ello, el Tribunal de Distrito nos formula las preguntas citadas.

II

En nuestro ordenamiento, el mecanismo de certificación interjurisdiccional está contemplado y regulado por el Art. 3.002(f) de la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003 (4 L.P.R.A. see. 24s(f)). Este provee para que los tribunales federales puedan someter, para una contestación definitiva de este Tribunal, cuestiones dudosas del Derecho puertorriqueño que podrían determinar el resultado de un asunto judicial ante el tribunal solicitante. Id. Véase, además, Guzmán v. Calderón, 164 D.P.R. 220 (2005).

Anteriormente nos hemos expresado en relación con la importancia de este mecanismo y su efectividad en nuestro sistema de justicia. En este sentido, hemos acotado que “consideraciones de eficiencia en la tramitación de los casos, certeza judicial, cortesía (‘comity’) y deferencia al más alto tribunal estatal, son algunas de las consideraciones que abonan a la utilización del mecanismo de certificación por el foro federal”. Santana v. Gobernadora, 165 D.P.R. 28, 43 (2005). Su utilización permite, además, “preservar y respetar la función prístina de las cortes estatales de interpretar y formular el derecho de los estados”. Pan Ame. Corp. v. Data Gen. Corp., 112 D.P.R. 780, 785 (1982).

Precisamente, la segunda pregunta formulada en la certificación solicitada nos permite expresarnos sobre un asunto del Derecho puertorriqueño sobre el cual no habíamos abundado anteriormente. Por lo tanto, cumplidos los requisitos que posibilitan el que consideremos el recurso de certificación presentado, estamos en posición de resolver.

III

El Código Civil distingue entre la acción de daños y perjuicios extracontractual establecida en su Art. 1802 y la derivada del incumplimiento contractual. Esta última se establece en el Art. 1054 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3018, el cual dispone que quienes “en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas” estarán obligados a indemnizar por los daños y perjuicios causados. Mientras que la acción de daños y perjuicios extracontractuales del Art. 1802, protege el deber general de diligencia necesario para la convivencia social, la acción ex contractu se fundamenta en el incumplimiento de un deber que surge de un acuerdo de voluntades previo entre las partes. Soc. de Gananciales v. Vélez & Asoc., 145 D.P.R. 508, 521 (1998); Freire Ayala v. Vista Rent, 169 D.P.R. 418 (2006). Por tal razón, el fin de este tipo de acción es que se cumplan con las promesas a las que las partes otorgaron su consentimiento. Soc. de Gananciales v. Vélez & Asoc., supra. Véase, además, J.L. Lacruz Berdejo, Elementos de Derecho Civil, 3ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1994, T. II, Vol. I, See. 27, pág. 212.

A pesar de esta diferenciación entre la acción de daños extracontractual y la ex contractu, ambas comparten sus elementos esenciales. Al igual que en la acción extracontractual, en la ex contractu la parte promovente debe probar la existencia de los daños alegados y del incumplimiento culposo o doloso de la obligación contractual. Además, debe existir urna relación de causa a efecto entre el incumplimiento y los daños sobrevenidos. Art. 1054 Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3018. Véase, además, J. Castán Tobeñas, Derecho Civil español común y foral, 16ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1992, T. 3, pág. 272.

En este caso, no está en controversia la existencia de un contrato verbal entre el señor Muñiz Olivari y Stiefel. De la misma manera, es un hecho probado que fue incumplido por la demandada. Nuestra tarea consiste, por lo tanto, en interpretar la extensión del Art. 1054 del Código Civil, supra, con el fin de concluir si éste contempla únicamente la indemnización de los daños patrimoniales producto del incumplimiento contractual o si incluye también la de los daños morales.

Nuestro primer pronunciamiento en esta materia lo efectuamos en González Mena v. Dannermiller Coffee Co., 48 D.P.R. 608, 616 (1935), en el que sostuvimos que en una acción de daños por incumplimiento contractual en la que no existe una alegación de dolo, los daños compensables son aquéllos que se pudieran prever al tiempo de constituirse la obligación y que sean consecuencia necesaria de su incumplimiento. Ello, según el Art. 1060 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3024, que establece el alcance de la responsabilidad que se puede imponer mediante el Art. 1054 al deudor, dependiendo de si su incumplimiento es de buena fe o doloso.() En esa ocasión resolvimos que, siendo ello así, los sufrimientos y las angustias mentales no son daños compensables en una acción por incumplimiento contractual. Esta norma fue reafirmada en casos posteriores en los que, haciendo referencia a González Mena v. Dannermiller Coffee, Co., supra, declaramos concluyentemente que “las angustias mentales no son daños a ser indemnizados en una acción basada en el incumplimiento de contrato”. Díaz v. Palmer, 62 D.P.R. 111, 114 (1943). Véanse, además: Díaz v. Cancel, 61 D.P.R. 888 (1943); Rosado v. Smallwood Brods., 62 D.P.R. 637 (1943).

Sin embargo, en Camacho v. Iglesia Católica, 72 D.P.R. 353, 363 (1951), reconocimos por primera vez la procedencia de la compensación de los sufrimientos y las angustias mentales en una acción de incumplimiento contractual por entender que, según las circunstancias del caso, éstos pudieron haber sido previstos por la demandada al momento de obligarse y fueron consecuencia necesaria de su incumplimiento. Interpretamos en esa ocasión, que en casos anteriores habíamos negado el remedio debido a que, según sus circunstancias, tales daños “no pudieron preverse al constituirse la obligación, ni eran consecuencia necesaria de [la] falta de cumplimiento”. íd.

Posteriormente, en Pereira v. I.B.E.C., 95 D.P.R. 28 (1967), sostuvimos la procedencia de la indemnización de los sufrimientos y las angustias mentales de los demandantes como consecuencia del estado ruinoso de sus viviendas. Concluimos que estos daños eran previsibles y producto del incumplimiento negligente de la parte demandada con sus obligaciones como constructora. Fundamentamos en parte nuestra determinación en las expresiones de Castán Tobeñas a los efectos de que “admitido el daño moral como susceptible de indemnización en el campo extracontractual, no se ve razón por la que haya de ser exclu[i]do del campo de las obligaciones contractuales”. Id., pág. 59.

Por lo tanto, no cabe duda respecto a que en nuestro ordenamiento procede la compensación de los sufrimientos y las angustias mentales en acciones de incumplimiento contractual. Al presente, la norma imperante es a los efectos de que en una acción por incumplimiento contractual procede la indemnización de los sufrimientos y las angustias mentales probados, siempre que éstos se hubieran podido prever al momento de constituirse la obligación y sean consecuencia necesaria de su incumplimiento. Colón v. Glamorous Nails, 167 D.P.R. 33 (2006).

Al aplicar esta norma a partir de Camacho v. Iglesia Católica, supra, la mayoría de nuestras determinaciones en relación con la procedencia de la compensación de los daños morales en acciones de incumplimiento contractual ha descansado en las circunstancias de cada caso para determinar si, según éstas, el daño fue probado, si era previsible al momento de contratar y si se deriva de la falta de cumplimiento. Véanse, por ejemplo: De Jesús v. Ponce Corp., 104 D.P.R. 885 (1976); Duchesne Landrón v. Ruiz Arroyo, 102 D.P.R. 699 (1974); Soegard v. Concretera Nacional, Inc., 88 D.P.R. 179 (1963).() Por lo tanto, como acertadamente expresa el tratadista Vázquez Bote, “no es el tema si tales daños son o no indemnizables, cuestión que nadie duda, sino cuándo son indemnizables”. E. Vázquez Bote, Tratado teórico, práctico y crítico de derecho privado puertorriqueño, San Juan, Ed. Equity, 1991, Vol. V, See. 6.12, pág. 253.

IV

Nos resta considerar la segunda pregunta certificada por el Tribunal de Distrito a los efectos de si en una acción de incumplimiento contractual procede la compensación por los daños morales producto del incumplimiento contractual a favor de una persona que no fiie parte del contrato, pero que fue directamente afectada por el incumplimiento.

La interrogante nos refiere al principio de la relatividad de los contratos establecido en el Art. 1209 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3374, y según el cual los contratos sólo surten efecto entre las partes que los otorgan y sus herederos. Por esto hemos expresado, citando con aprobación a Diez-Picazo, que “la reglamentación que crea [el contrato], con su cortejo de derechos, facultades y obligaciones, no le es aplicable [al tercero], ni en su provecho ni en su daño”. (Corchetes en el original.) Mun. de Ponce v. A.C. et al., 153 D.P.R. 1, 17 (2000). Esto debido a que, como regla general, un contrato es irrelevante en relación con el tercero, pues simplemente regula las relaciones entre las partes contratantes. Dennis, Metro Invs. v. City Fed. Savs., 121 D.P.R. 197, 211 (1988). Por lo tanto, las acciones ex contractu sólo pueden ser ejercitadas por una parte contratante en contra de la otra. Suárez v. Hernández, 56 D.P.R. 276 (1940). Ello incluye la reclamación de daños y peijuicios producto del incumplimiento contractual, la cual no procederá cuando entre las partes litigantes no exista una relación contractual previa. Pérez v. Advisors Mortgage Investors, 130 D.P.R. 530 (1992).

Para efectos de este principio y según se desprende del propio texto del Art. 1209, no es tercero aquel a favor de quien se ha incluido una estipulación en el contrato. En tal caso, dicha persona estaría legitimada para exigir su cumplimiento. 31 L.P.R.A. see. 3374. Igualmente, aquellas personas que, en calidad de herederos, exijan la compensación de los daños sufridos por su causante a raíz del incumplimiento contractual, estarán legitimados para instar acciones ex contractu. La reclamación de indemnización por sus propios daños, sin embargo, deberá ventilarse al amparo del Art. 1802, supra, pues, en ese caso, serían terceros ajenos a la obligación. J. Gil Rodríguez en L. Puig Ferriol y otros, Manual de Derecho Civil, 2da ed., Madrid, Ed. Marcial Pons, 1998, Vol. II, pág. 279.

Por lo tanto, un tercero extraño a una relación contractual no está legitimado para exigir —al amparo del Art. 1054— el resarcimiento de los daños sufridos a raíz del incumplimiento de la obligación contractual. Ahora bien, nada impide que dicho tercero ajeno a la relación contractual de la que surge la acción de daños y perjuicios reclame la indemnización de sus propios daños al amparo del Art. 1802 del Código Civil.

Ala luz de lo anterior, resolvemos que procede la compensación por los sufrimientos y las angustias mentales en una acción de incumplimiento contractual sujeto a los parámetros expuestos. Sin embargo, una persona extraña a la relación contractual de la cual surge la acción por incumplimiento no está legitimada para reclamar el resarcimiento de sus propios daños al amparo de la acción ex contractu.

Se dictará sentencia de conformidad.

      (1) Las preguntas formuladas fueron las siguientes:
      “1. Whether pain and suffering damages are available to a party to a contract in a civil action for breach of contract which does not involve any separate tort allegations; and
      “2. Whether pain and suffering damages are available to a non-party to a contract who is directly affected by a breach of contract in a civil action for breach of contract which does not involve any separate tort allegation.” Certification of Questions to the Supreme Court of Puerto Rico, pág. 5.

      (2) El dictamen del Tribunal de Distrito especifica el monto de las partidas de la manera siguiente: por la pérdida de ingresos pasados $169,520, por los ingresos futuros dejados de percibir, $423,820 y por la pérdida de beneficios, $19,740.

      (3) Dicha partida asciende a $100,000 para cada uno de los codemandantes.

      (4) El tribunal dispuso que en caso de que este foro estableciera la procedencia de la indemnización de los daños por los sufrimientos y las angustias mentales, se concedería la partida ya designada por el Jurado.

      (5) Establece el Art. 1060 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3024:
      “Los daños y peijuicios de que responde el deudor de buena fe son los previstos o que se hayan podido prever al tiempo de constituirse la obligación y que sean consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento.
      “En caso de dolo responderá el deudor de todos los que conocidamente se deriven de la falta de cumplimiento de la obligación.”

      (6) Aunque en Sociedad de Gananciales v. Fuentes Fluviales, 91 D.P.R. 75, 77 (1964), no aplicamos dichos elementos, aún así concluimos que “no es errónea, la sentencia que condena a la recurrente a pagar los [sufrimientos y angustias mentales] sufridos por los demandantes como consecuencia de su morosidad en el cumplimiento de su obligación”.


author: per curiam:

text:
      In re Rebecca Santiago Méndez, querellada.

      Número: AB-2007-22

      Resuelto: 11 de septiembre de 2008

      Rebecca Santiago Méndez, pro se.

      Sala de Verano integrada por el Juez Presidente Señor Hernández Denton, el Juez Asociado Señor Rivera Pérez y la Juez Asociada Señora Fiol Matta.
   per curiam:

El 20 de febrero de 2007, la Secretaria de este Tribunal cursó comunicación a la Leda. Rebecca Santiago Méndez, con relación a una queja presentada en su contra. Según se desprende de autos, ésta fue devuelta por el correo por la razón siguiente: “UNCLAIMED”. Mediante la segunda notificación de 19 de abril de 2007, se le concedió un término adicional de diez días para contestarla. A solicitud suya, se le concedió una prórroga de treinta días.

No obstante, dado que el plazo concedido transcurrió sin que la licenciada Santiago Méndez cumpliera con lo requerido, el 5 de noviembre de 2007 emitimos una resolución mediante la cual le concedimos un término de diez días a la licenciada Santiago Méndez, a partir de su notificación, para que compareciera y contestara la querella presentada en su contra. Se le apercibió, además, de que su incumplimiento con esta resolución podría conllevar sanciones disciplinarias severas, incluyendo la suspensión al ejercicio de la profesión.

Al día de hoy la licenciada Santiago Méndez todavía no ha comparecido ante este Tribunal. Por ende, decretamos su suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía.

I

Reiteradamente hemos resuelto que todo abogado tiene el deber y la obligación de responder con diligencia a los requerimientos y las órdenes de este Tribunal, en particular cuando están relacionados con procedimientos sobre su conducta profesional. En vista de ello, hemos señalado que procede la suspensión automática del ejercicio de la abogacía cuando un abogado no atiende con premura nuestros requerimientos y se muestra indiferente ante nuestros apercibimientos de imponerle sanciones disciplinarias. In re De Jesús Ortiz, 174 D.P.R. Ap. (2008); In re Lloréns Sar, 170 D.P.R. 198 (2007); In re Díaz Rodriguez, 166 D.P.R. Ap. (2005); In re Vega Lasalle, 164 D.P.R. 659 (2005).

Es decir, todo abogado tiene la obligación ineludible de responder de manera diligente a nuestros requerimientos, independientemente de los méritos de la queja presentada en su contra. In re Rodríguez Bigas, 172 D.P.R. 345 (2007). Asimismo, hemos afirmado en múltiples ocasiones que desatender las comunicaciones relacionadas a procedimientos disciplinarios “tiene el mismo efecto disruptivo de nuestra función reguladora de la profesión que cuando se desatiende una orden emitida directamente por este Tribunal”. In re Ríos Acosta I, 143 D.P.R. 128, 135 (1997); In re Rodríguez Bigas, supra. Sin embargo, constantemente nos enfrentamos a cantidad de letrados que hacen caso omiso a nuestras órdenes y apercibimientos. Al parecer, olvidan que su “actitud de indiferencia y menosprecio a la autoridad del Tribunal Supremo merecen su suspensión indefinida”. In re Pagán Ayala, 130 D.P.R. 678, 683 (1992).

II

En esta ocasión, nos enfrentamos al caso de una abogada que no ha atendido los requerimientos de este Tribunal en torno a la evaluación de su conducta profesional. Su incomparecencia ha tenido el resultado de impedir que cumplamos con nuestra encomienda de investigar los méritos de la queja presentada en su contra.

Sin lugar a dudas, de todo lo anterior surge claramente que la licenciada Santiago Méndez ha desatendido sus obligaciones como abogada. Ello es indicativo de que ya no desea continuar en el ejercicio de la profesión legal. En vista de que no es la primera vez que tenemos que ejercer nuestra facultad disciplinaria en cuanto a la licenciada Santiago Méndez respecta,() procede que decretemos su suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía.

III

Por las razones expresadas, suspendemos a la Leda. Rebecca Santiago Méndez inmediata e indefinidamente del ejercicio de la abogacía. Su conducta constituye un claro menosprecio a la labor de los tribunales de justicia y, en particular, a la función disciplinaria de este Tribunal.

La licenciada Santiago Méndez notificará a sus clientes que por motivo de la suspensión no puede continuar con su representación legal, y devolverá a éstos los expedientes de los casos pendientes y los honorarios recibidos por trabajos no realizados. Asimismo, informará de su suspensión a cualquier sala del Tribunal General de Justicia o foro administrativo en donde tenga algún caso pendiente.

Por último, tiene la obligación de acreditar y certificar ante este Tribunal, en el término de treinta días, que cumplió con lo señalado. El Alguacil de este Tribunal se incautará inmediatamente de la obra y el sello notarial de la abogada de epígrafe para el trámite correspondiente por la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías.

Se dictará sentencia de conformidad.

      (1) Anteriormente, la licenciada Santiago Méndez fue suspendida de la abogacía mediante opinión per curiam y Sentencia de 27 de diciembre de 1991. Posteriormente fue suspendida de la notaría mediante opinión per curiam de 19 de mayo de 1995, y fue suspendida de la abogacía nuevamente mediante opinión per curiam, de 14 de junio de 1996. Véanse:; In re Santiago Méndez, 141 D.P.R. 75 (1996); In re Santiago Méndez, 138 D.P.R. 531 (1995); In re Santiago Méndez, 129 D.P.R. 696 (1991).


text:
      In re Edgardo Mesonero Hernández.

      Número: TS-6541

      Resuelto: 11 de septiembre de 2008

      Lourdes I. Quintana Lloréns, directora de la Oficina de Inspección de Notarías; Edgardo Mesonero Hernández, pro se.

    Sala de Verano integrada por el Juez Presidente Señor Hernández Denton, el Juez Asociado Señor Rivera Pérez y la Juez Asociada Señora Fiol Matta.
   RESOLUCIÓN

Habiendo transcurrido el término de suspensión de tres meses del ejercicio de la notaría del Ledo. Edgardo Mesonero Hernández, decretado mediante opinión per curiam y Sentencia de 30 de abril de 2008, ya que la Oficina de Inspección de Notarías nos ha informado que la obra notarial incautada del licenciado Mesonero Hernández está próxima a quedar aprobada en su totalidad, se accede a su reinstalación al ejercicio de la notaría a partir de la notificación de esta Resolución.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

{Fdo. ) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


author: Juez Presidente Señor Hernández Denton.

text:
    Hon. Roberto J. Sánchez Ramos, Secretario de Justicia, peticionario, v. Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de San Juan, et al., recurridos.

      Número: MD-2008-7

      Resuelto: 12 de septiembre de 2008

      Maite D. Oronoz Rodríguez, procuradora general interina, e Isabel Sánchez del Campo, procuradora general auxiliar, abogadas de la parte peticionaria; Harry Anduze Montaño y José A. Morales Boscio, abogados de la parte recurrida.
    Sala de Verano integrada por el Juez Presidente Señor Hernández Denton, el Juez Asociado Señor Rivera Pérez y la Jueza Asociada Señora Fiol Matta.
   RESOLUCIÓN

Examinada la petición de mandamus presentada por la parte peticionaria en el caso de referencia, se provee “no ha lugar”.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente Señor Hernández Denton emitió un voto disidente.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del TribunalSupremo

Voto disidente emitido por el

Juez Presidente Señor Hernández Denton.

En este caso, el Secretario de Justicia nos solicita mediante un auto de mandamus que ordenemos al Tribunal de Apelaciones ejercer su deber ministerial de dejar sin efecto una orden en auxilio de jurisdicción emitida el 22 de agosto de 2008. Mediante esta orden, el foro apelativo paralizó indefinidamente un procedimiento disciplinario lievado por el Departamento de Justicia contra un fiscal. Ello para preservar el status quo, mientras revisa una resolución del Tribunal de Primera Instancia que deniega un entredicho provisional solicitado por el fiscal querellado. Por entender que la acción provisional tomada por el Tribunal de Apelaciones tiene el mismo efecto de un injunction preliminar, sin que se cumplan los criterios del recurso ex-traordinario, y ante la realidad de que la orden constituye, por sí sola, un remedio más amplio al solicitado ante el foro apelativo, disentimos de la determinación de este Tribunal de denegar el recurso de autos.

I

El caso de epígrafe tiene su génesis en el proceso disciplinario que el Departamento de Justicia inició contra el Ledo. Felipe Algarín Echandi —quien es Fiscal Auxiliar II— con relación al hurto de propiedad pública en la Fiscalía de Humacao. Luego de varios incidentes procesales ante la Inspectora General del Departamento de Justicia, una oficial examinadora de esta agencia citó al licenciado Algarín Echandi a una vista previa informal que se celebraría el 14 de agosto de 2008. La representación legal del licenciado Algarín Echandi solicitó la posposición de la vista, por lo que la Oficial Examinadora asignada al caso determinó posponerla para el 22 de agosto de 2008.

Luego de solicitar infructuosamente una segunda posposición de la vista previa informal, el 21 de agosto de 2008 el licenciado Algarín Echandi presentó una demanda jurada ante el Tribunal de Primera Instancia, así como un escrito titulado “Solicitud de entredicho provisional y/o injunction preliminar y remedios provisionales”, en los que solicitó que se paralizara la vista. Ese mismo día, el foro de instancia denegó mediante resolución el entredicho provisional. No obstante, y con el propósito de dilucidar la procedencia de los reclamos restantes, pautó una Conferencia con Antelación a la Vista en su Fondo a celebrarse el 5 de septiembre de 2008.

Inconforme, el licenciado Algarín Echandi presentó ante el Tribunal de Apelaciones una apelación acompañada de una moción en auxilio de jurisdicción con el propósito de que se revocara la determinación del foro de instancia que denegó el entredicho provisional solicitado. El tribunal apelativo acogió el recurso como un certiorari, ordenó la paralización de la vista informal previa, y le concedió al Departamento de Justicia un término de diez días para que se expresara sobre el recurso en sus méritos. Transcurridas más de dos semanas desde que el Tribunal de Apelaciones dictó la resolución, y luego de comparecer ante dicho foro sin que éste tomara acción ulterior, el Hon. Roberto J. Sánchez Ramos acude ante este Tribunal mediante una “Petición de mandamus” para que ordenemos al Tribunal de Apelaciones ejercer su deber ministerial de dejar sin efecto su orden de paralización emitida el 22 de agosto de 2008.

Una mayoría de este Tribunal se niega a expedir este recurso. Por lo tanto, discrepamos de ese curso de acción. Veamos.

II

En este caso, nos enfrentamos a una situación anómala y muy particular de la práctica apelativa. En auxilio de su jurisdicción, el Tribunal de Apelaciones paralizó indefinidamente la vista informal previa señalada ante la Oficial Examinadora del Departamento de Justicia mientras dilucida el recurso en el que solicita que se revoque la denegatoria del entredicho provisional por el Tribunal de Primera Instancia. Nótese, pues, que esa orden en auxilio de su jurisdicción, al ordenar la paralización indefinida de la vista, tuvo el efecto de un injunction preliminar.

En primer lugar, la Regla 79 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, dispone que las órdenes en auxilio de jurisdicción se regirán por las disposiciones pertinentes del Código de Enjuiciamiento Civil y de las Reglas de Procedimiento Civil, por lo que las reglas procesales que regulan el entredicho y los injunctions son pertinentes en este caso. Como se sabe, un entredicho provisional se concede ex parte y por un término máximo de diez días. 32 L.P.R.A Ap. Ill, R. 57.2. Por otro lado, la paralización indefinida de la vista informal previa, mediante una orden en auxilio de jurisdicción, constituye un injunction preliminar, que en esencia equivale a un remedio mucho más amplio y abarcador que el propio entredicho que el foro de instancia se negó a conceder y que ahora se encuentra en revisión ante el Tribunal de Apelaciones, además de que requiere la celebración de una vista y de notificación previa para su concesión. 32 L.P.R.A. Ap. Ill, R. 57.1.() Más aún, dado que el tribunal apelativo acogió un recurso de revisión de la denegatoria del entredicho, el Departamento de Justicia aún no ha tenido la oportunidad de ser oído ni de contestar la demanda original ante el foro de instancia.

¿Qué podría hacer el Tribunal de Apelaciones si, luego de paralizar el caso por varias semanas, determina expedir el certiorari y revocar la determinación del Tribunal de Primera Instancia de denegar la solicitud de entredicho provisional? Procedería entonces el entredicho provisional por un término máximo de diez días y se devolvería el caso al foro de instancia para que evalúe la demanda en sus méritos. Evidentemente, el licenciado Algarín Echandi obtuvo un mejor remedio mediante la orden provisional que emitió el Tribunal de Apelaciones que el efecto que podría tener la concesión del propio entredicho solicitado.

En vista de ello, creemos que el tribunal apelativo erró al conceder la orden de paralización en auxilio de jurisdicción —paralizando indefinidamente la acción disciplinaria llevada contra el licenciado Algarín Echandi— con el propósito de revisar la denegatoria de un entredicho provisional. Como ya mencionamos, este remedio extraordinario sólo podría tener una duración máxima de diez días, los cuales son prorrogables únicamente si media justa causa. Al ser una orden provisional ex parte para revisar la denegatoria de un entredicho, entendemos que no debe ex-cederse del término de diez días que caracteriza a dicho recurso extraordinario, a menos que el tribunal expresamente prorrogue dicho término de conformidad con la Regla 57.2 de Procedimiento Civil, supra. Además, la orden de paralización de un procedimiento disciplinario sin notificación previa y sin que el Departamento de Justicia haya tenido el derecho a ser oído debe cumplir rigurosamente con los requisitos de estricto cumplimiento para la concesión de este remedio. Véase E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 D.P.R. 669, 680 (1999).

Por otro lado, el recurso extraordinario de mandamus constituye un vehículo procesal adecuado para revisar una orden de entredicho provisional emitida incorrectamente por un foro de inferior jerarquía o en exceso de su jurisdicción. Véase In re King World Productions, Inc., 898 F.2d 56, 59 (6to Cir. 1972). Asimismo, hemos expresado que “la inercia del juez ... da derecho al ejercicio del recurso extraordinario de mandamus”. Pueblo v. Mojica Cruz, 115 D.P.R. 569, 575-576 (1984). En vista de que aquí no se cuestiona la corrección de la orden provisional emitida inicialmente por el tribunal apelativo, sino su omisión en dejarla sin efecto o prorrogarla en el término jurisdiccional establecido para ello, creemos que procede el mandamus solicitado. Véase D. Rivé Rivera, Recursos Extraordinarios, San Juan, Ed. U.I.A., 1989, págs. 97-99.

Por último, nos preocupa la intervención a destiempo de los tribunales en un procedimiento administrativo disciplinario iniciado por una agencia gubernamental a raíz de una investigación sobre la alegada apropiación ilegal de un bien mueble del Estado. En este caso, el Departamento de Justicia citó al licenciado Algarín Echandi a una vista informal ante una oficial examinadora para concederle una oportunidad a ser oído y refutar los hallazgos de la investigación que condujo la agencia en su contra, según lo requerido por el debido proceso de ley. No obstante, el tribunal apelativo paralizó indebida y prematuramente el procedimiento administrativo sin que el Departamento concluyera éste y sin que el licenciado Algarín Echandi agotara los remedios administrativos disponibles. Esta actuación es contraria a nuestro ordenamiento y a las nor-mas básicas de la práctica apelativa.

Por todo lo expuesto, disentimos de la determinación de este Tribunal de negarse a expedir el recurso solicitado. Ante el hecho de que la procedencia del entredicho provisional es el único asunto planteado en el caso KLAN200801329, y en vista de que el foro apelativo ya no tiene jurisdicción para mantener vigente esta orden, ordenaríamos al Tribunal de Apelaciones devolver el caso al foro administrativo para la continuación del procedimiento disciplinario.

      (1) Cabe destacar que la Regla 57.6 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, no aplica a este caso, pues esta se refiere exclusivamente a la facultad de los tribunales apelativos en los supuestos que se recurre o apela de la concesión o denegatoria de un injunction, mas no de un entredicho provisional.


author: Juez Asociado Señor Rivera Pérez.

text:
    José Camacho Huertas, peticionario, v. Compañía de Turismo de Puerto Rico, División de Transportación Turística, recurrida.

      Número: CC-2006-502

      Resuelto: 19 de septiembre de 2008
   SENTENCIA

Por estar igualmente dividido el Tribunal y habiendo expedido la Petición de Certiorari solicitada, se confirma la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones. En ella, el foro apelativo intermedio, confirmó la determinación de la Compañía de Turismo y resolvió que ésta no tiene que aprobar un reglamento para requerir la prueba de dopaje a quienes soliciten la concesión o renovación de la licencia de operador de taxi turístico, ya que tal prueba es un requisito sine qua non que emana de la Ley de Transportación Turística Terrestre de Puerto Rico, Ley Núm. 282 de 19 de diciembre de 2002 (23 L.P.R.A. see. 6754 et seq.).

Según lo expresado, se expide la petición de “certiorari” presentada y se dicta sentencia confirmatoria de la emitida por el Tribunal de Apelaciones.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

El Juez Asociado Señor Rivera Pérez disintió con una opinión. La Jueza Asociada Señora Fiol Matta disintió sin opinión escrita.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Rivera Pérez.

El 21 de julio de 2006 expedimos auto de de certiorari para revisar una sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones, mediante la cual determinó que la prueba de dopaje requerida para la concesión de la licencia de operador de taxi turístico es un requisito sine qua non, el cual emana de la Ley de Transportación Turística Terrestre de Puerto Rico, Ley Núm. 282 de 19 de diciembre de 2002 (23 L.P.R.A. see. 6754 et seq.) y no requiere la aprobación de un reglamento por parte de la Compañía de Turismo.

Por estar igualmente dividido el Tribunal, se confirmó la determinación del Tribunal de Apelaciones. Disentimos de este curso de acción. Entendemos que la controversia medular en este caso se circunscribe a determinar si la Compañía de Turismo cumplió con el requisito plasmado en la Sec. 5.4 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (L.P.A.U.), 3 L.P.R.A. see. 2184. Esta disposición legal obliga a las agencias concernidas a concederle un procedimiento adjudicativo a toda persona que se le haya denegado la concesión de una licencia.

I

El 28 de octubre de 2004, el Sr. José Camacho Huertas (señor Camacho Huertas o peticionario) acudió al Área de Transportación Turística de la Compañía de Turismo a los fines de solicitar la renovación de la licencia de operador de taxi turístico. En esa ocasión, el Sr. Ángel Román Lebrón orientó al señor Camacho Huertas sobre los requisitos que tenía que completar para solicitar la renovación de su licencia de operador de taxi turístico.() Como parte de dichos requisitos, la Compañía de Turismo le requirió al señor Camacho Huertas realizarse una prueba de dopaje y le entregó una citación para que éste se la realizara al día siguiente, antes de las tres de la tarde.() No obstante, el señor Camacho Huertas no acudió a realizarse la prueba.

Alrededor de un mes más tarde, el señor Camacho Huertas fue a la Compañía de Turismo para entregar los documentos requeridos. Tras examinar los documentos presentados por el señor Camacho Huertas, la Sra. Yasmín Torres Rodríguez se percató de que faltaban documentos, entre éstos, la prueba de sustancias controladas. En vista de ello, le indicó al señor Camacho Huertas que debía entregar a esa agencia un documento que expresara las razones por las cuales no se hizo la prueba de dopaje el día señalado.()

A la semana siguiente, el 30 de noviembre de 2004, el señor Camacho Huertas entregó todos los documentos requeridos, incluyendo el escrito en el que explicó los motivos que le impidieron realizarse la prueba de dopaje el día indicado por la Compañía de Turismo. En el escrito adujo que no pudo realizarse la prueba de sustancias controladas el día pautado para ello porque tenía que recoger a sus hijos. Sostuvo, además, que él le había indicado al funcionario que lo atendió que no podía realizarse la prueba de dopaje el día señalado y que éste le informó que no podía hacerse la prueba otro día.()

Aun cuando el señor Camacho Huertas entregó los documentos solicitados, la señora Torres Rodríguez le informó que ese día no le expedirían una nueva citación para realizarse la prueba de sustancias controladas y le indicó que posteriormente lo llamarían para que pasara a recoger la orden.()

El 7 de diciembre de 2004, a las 8:20 de la mañana, la señora Torres Rodríguez se comunicó vía telefónica con el señor Camacho Huertas y le dijo que debía pasar a recoger la orden para la prueba de dopaje.() Según surge de los autos, el señor Camacho Huertas expresó que pasaría a recoger la orden. Sin embargo, no lo hizo y dos días más tarde llamó al Area de Transportación Turística para notificar que pasaría a buscar el referido para la prueba de sustancias controladas.()

No obstante, la señora Torres Rodríguez le comunicó al peticionario que no podía entregarle el referido para la prueba de dopaje puesto que no lo buscó el día señalado para ello. Ante tal situación, el señor Camacho Huertas le explicó a la señora Torres Rodríguez que el día que lo llamaron por teléfono para que recogiera el referido, él estaba durmiendo y no sabía si la llamada había sido real o un sueño. ()

Así las cosas, el 3 de noviembre de 2005, la Compañía de Turismo emitió una “Resolución y Orden” en la cual declaró “no ha lugar” la solicitud de renovación de licencia de operador de taxi turístico presentada por el señor Camacho Huertas. Fundamentó su denegatoria, arguyendo que en virtud de los Arts. 13 y 44 de la Ley Núm. 282 de 19 de diciembre de 2002 (23 L.RR.A. sees. 6778 y 6822), el peticionario no había demostrado su idoneidad para la obtención de la licencia de operador de taxi turístico, ya que no se había realizado la prueba de dopaje.()

Oportunamente, el señor Camacho Huertas solicitó reconsideración de la determinación emitida por la agencia. En su escrito, el señor Camacho Huertas expuso que la Compañía de Turismo actuó en abierta violación a su ley habilitadora y a la Sec. 5.1 de L.P.A.U., 3 L.P.R.A. see. 2181, ya que no había promulgado un reglamento para regular el procedimiento de expedición de licencias de operadores de taxi turístico.() Sostuvo, además, que, según la See. 5.4 de la L.P.A.U., tenía derecho a impugnar la determinación de la agencia mediante un procedimiento adjudicativo que le brindara todas las garantías del debido proceso de ley.()

En vista de que la “Moción de Reconsideración” presentada por el señor Camacho Huertas no fue acogida, éste presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. En el escrito, el señor Camacho Huertas reiteró los argumentos esgrimidos en su “Moción de Reconsideración”. Puntualizó, además, que la aprobación de un reglamento para la administración de la prueba de dopaje es indispensable para evitar la arbitrariedad en la aplicación de la Ley Núm. 282, supra, puesto que dicho estatuto no establece el procedimiento que se ha de seguir ni dispone las salvaguardas necesarias para garantizar la protección al derecho a la intimidad del solicitante. ()

Por su parte, la Compañía de Turismo señaló que el señor Camacho Huertas no demostró que era idóneo para la obtención de la renovación de la licencia taxi turístico, puesto que no se realizó la prueba de dopaje requerida por la Ley Núm. 282, supra. La agencia argüyó que el procedimiento establecido en el estatuto para que los solicitantes de la licencia de taxi turístico se realicen la prueba de sustancias controladas, no es arbitrario, ya que aplica a toda persona que solicite la licencia.

Sin embargo, la Compañía de Turismo admitió que no contaba con un reglamento que regulara todo lo concerniente a la prueba de dopaje y a los requisitos estatutarios para la obtención de la licencia de operador de taxi turístico. No obstante, expresó que, desde la puesta en vigor de la disposición legal, ha estado laborando para lograr la aprobación de un reglamento que regule lo mencionado.()

Luego de ponderar los argumentos esbozados por ambas partes, el Tribunal de Apelaciones resolvió que la prueba de dopaje para la concesión de la licencia de operador de taxi turístico es un requisito sine qua non, el cual emana de la Ley Núm. 282, supra, y no requiere la aprobación de un reglamento. Ello en vista de que, en aras de proteger la vida y la propiedad, es un objetivo razonable que el Estado se asegure que los operadores de taxi turístico conduzcan libres de la influencia de sustancias controladas. Finalmente, el foro apelativo intermedio sostuvo que la determinación de la Compañía de Turismo está avalada por evidencia sustancial que obra en el expediente.

Inconforme con dicha determinación, el señor Camacho Huertas acudió ante nos mediante un recurso de certiorari, señalando que el foro apelativo intermedio el error siguiente:

ERR[Ó) EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL ENTEN-DER QUE LA LEY282 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2002, AL EXIGIR PRUEBAS DE SUSTANCIAS CONTROLADAS, NO REQUIERE DE LA AGENCIA ESTABLECER UN REGLA-MENTO QUE ESTABLEZCA Y DIVULGUE LOS CRITE-RIOS DE CÓMO SE REALIZARAN [sic] DICHAS PRUEBAS Y LAS CONSECUENCIAS DE NO HACERLAS. EN LA AL-TERNATIVA, ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL NO CONSIDERAR QUE LOS ARTÍCULOS QUE HACEN REFERENCIA A DICHAS PRUEBAS SON VAGOS Y NO CONTIENEN PARÁMETROS QUE ILUSTREN A LOS PETICIONARIOS. (Énfasis en el original.) Petición de certiorari, pág 3.

Examinada la petición de certiorari, acordamos expedir. Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver la controversia ante nuestra consideración.

II

Hace cuatro lustros la Asamblea Legislativa aprobó la L.P.A.U.,() a los fines de estructurar y crear un cuerpo de reglas mínimas y uniformes para gobernar los procedimientos de reglamentación, adjudicación y concesión de licencias realizados por las agencias gubernamentales.() En atención a lo anterior, la L.P.A.U. sustituyó los procedimientos administrativos que eran incongruentes con sus disposiciones estatutarias y ordenó el manejo de tales asuntos de manera compatible con sus preceptos.()

La pieza legislativa en cuestión le delegó a los organismos administrativos facultades cuasi judiciales en aras de proveer un sistema adjudicativo económico, rápido, flexible y práctico.() Ahora bien, dado que las determinaciones de los entes administrativos pueden interferir con los intereses de la libertad y propiedad de las personas, la L.P.A.U. extendió a los procesos de las agencias administrativas la garantía a un debido proceso de ley. No obstante, en Almonte et al. v. Brito, 156 D.P.R. 475 (2002), recalcamos que las normas del debido proceso de ley no aplican en los procedimientos adjudicativos de las agencias con la misma rigurosidad que en la adjudicación judicial. Ello es así, puesto que hemos reconocido que los procedimientos administrativos conducidos en las agencias administrativas están revestidos de flexibilidad y celeridad.

Como parte del debido proceso de ley en su vertiente procesal, la L.P.A.U. dispone que en todo procedimiento adjudicativo formal se salvaguardarán los derechos siguientes: a la notificación oportuna de los cargos; a presentar evidencia; a una adjudicación imparcial, y a que la decisión sea fundamentada en el expediente.() El disfrute de los derechos mencionados sólo es posible a través de una audiencia. No obstante, en Vélez Ramírez v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 716, 730 (1982), decretamos que el debido proceso de ley no requiere que haya una vista previa a toda privación de un derecho o interés propietario. Basta con que, en algún momento significativo, la parte afectada por la determinación de la agencia tenga la oportunidad de defenderse y presentar su caso en un proceso con las garantías que entraña el debido proceso de ley.()

En cuanto a los procedimientos para la concesión de licencias y franquicias, la See. 5.4 de la L.P.A. U., supra, dis-pone que a “[t]oda persona a la que se le deniegue la concesión una licencia ... o gestión similar tendrá derecho a impugnar la determinación de la agencia mediante un procedimiento adjudicativo” estatuido en la ley especial de que se trate y en las Secs. 3.1 a 3.18 de la L.P.A.U. (Énfasis suplido.()

Del texto legal citado se colige que toda persona a la que una agencia administrativa le deniegue una licencia, tendrá el derecho a un debido proceso de ley en el que pueda impugnar esta determinación. Necesariamente, tal procedimiento deberá garantizarles a los individuos los derechos plasmados en la Sec. 3.1 de la L.P.A.U. Según lo anterior, en el procedimiento adjudicativo en donde se impugne la denegación de una licencia, la parte afectada tiene el derecho a confrontarse con los testigos, a presentar prueba oral y escrita a su favor, a la presencia de un adjudicador imparcial y a que la decisión esté fundamentada en el expediente administrativo.

Por lo tanto, si la agencia administrativa no le confiere a la persona afectada por su dictamen el procedimiento adjudicativo mencionado, así como las garantías procesales que emanan de la L.P.A.U., incurrirá en violaciones al debido proceso de ley.

III

Es un principio firmemente establecido en nuestro ordenamiento jurídico que la revisión judicial de las decisiones administrativas tiene como norte delimitar la discreción de las agencias y asegurarse que éstas actúen según los poderes delegados y conforme a la ley.() La revisión judicial de las decisiones administrativas comprende tres áreas, a saber: la concesión del remedio apropiado, la revisión de las determinaciones de hecho según el criterio de evidencia sustancial y la revisión completa de las conclusiones de Derecho.()

Respecto a las determinaciones de hechos emitidas por los organismos administrativos, la L.RA.U dispone que los tribunales sostendrán éstas si se fundamentan en evidencia sustancial. () Como se sabe, evidencia sustancial es aquella que una mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener una conclusión.() Sin embargo, las conclusiones de derecho efectuadas por las agencias se revisarán en todos sus aspectos.() Ahora bien, ello no significa que los tribunales al revisar las decisiones administrativas, gocen de libertad absoluta para desechar las conclusiones e interpretaciones de la agencia, y sustituir el criterio de ésta por el propio.!)

Sabido es que los tribunales apelativos concederán gran deferencia a las decisiones de las agencias administrativas en vista de la vasta experiencia y el conocimiento especializado que éstas poseen.() Es por ello que las decisiones administrativas gozan de una presunción de corrección y legalidad. No obstante, la deferencia a la interpretación de la agenda cederá cuando ésta afecte derechos fundamentales, resulte irrazonable o conduzca a la comisión de injusticias.()

De ahí que, al ponderar la decisión emitida por una agencia, los tribunales deberán determinar si la actuación de la agencia fue arbitraria, ilegal o tan irrazonable, que constituyó un abuso de discreción.() Asimismo, la interpretación de la agencia no prevalecerá cuando ésta produce resultados antagónicos o contrarios a la finalidad del estatuto interpretado.()

IV

A la luz de los preceptos expuestos, debemos resolver si la Compañía de Turismo violó las garantías procesales que dimanan del debido proceso de ley, al no conferirle al señor Camacho Huertas un procedimiento adjudicativo en donde éste tuviera la oportunidad de impugnar la determinación de la referida agencia.

Según indicáramos anteriormente, la See. 5.4 de la L.P.A.U., supra, dispone claramente que cuando la agencia deniegue la concesión de una licencia, la persona afectada tendrá derecho a impugnar tal determinación mediante un procedimiento adjudicativo. Ello, como corolario del debido proceso de ley que le garantiza un proceso justo a los individuos cuando la determinación de la agencia administrativa afecta un interés propietario. Por lo tanto, cuando el ente administrativo deniegue la concesión de una licencia, está obligado a celebrar una vista evidenciaria en donde la parte afectada pueda impugnar la determinación con todas las garantías procesales.

En este caso, el señor Camacho Huertas se desempeñó por años como operador de un taxi turístico. Tras la expiración de su licencia, éste acudió a la Compañía de Turismo para renovarla. Posteriormente, la Compañía de Turismo declaró “no ha lugar” la solicitud de renovación de la licencia del señor Camacho Huertas en vista de que éste no acudió a la agencia para buscar el referido para la prueba de sustancias controladas.

Luego de la determinación adversa emitida por la Compañía de Turismo, el señor Camacho Huertas presentó un escrito en la cual solicitó la reconsideración del dictamen de la agencia y que se le concediera la celebración del procedimiento adjudicativo plasmado en la See. 5.4 de la L.P.A.U., supra, con el propósito de entregar el resultado de la prueba de dopaje requerida. No empece lo anterior, la Compañía de Turismo declaró “no ha lugar” la moción presentada por el peticionario y no le proveyó a éste la vista adjudicativa requerida por la L.P.A.U.

Al así actuar, la Compañía de Turismo violó los postulados más básicos y elementales de nuestro sistema de justicia, a saber, el derecho a ser oído cuando se interfiere con el interés propietario de una persona. La agencia ignoró el lenguaje claro e inequívoco de la L.P.A.U. al no concederle al señor Camacho Huertas la vista requerida. Aun cuando hemos reconocido una amplia gama de discreción a las agencias administrativas, en este caso la Compañía de Turismo no tenía discreción para obviar un procedimiento administrativo mandatario por ley. Más aún, la Ley Núm. 282 de 19 de diciembre de 2002, en su Art. 29 (23 L.P.R.A. sec. 6794), autoriza a la Compañía de Turismo a celebrar vistas adjudicativas motu proprio o a petición de parte interesada. Más adelante, el artículo señala que la facultad adjudicativa delegada a la Compañía de Turismo deberá ser implantada conforme a las disposiciones de la L.P.A.U.

Concluimos que la Compañía de Turismo estaba obligada a concederle al señor Camacho Huertas una vista adjudicativa en donde éste pudiese impugnar la determinación emitida por ésta. La agencia no podía privar al señor Camacho Huertas de su interés propietario sin la garantía constitucional a un debido proceso de ley.

Es imperativo indicar que aun cuando el señor Camacho Huertas no buscó la orden para realizarse la prueba de dopaje el día indicado por la agencia, ésta no podía obviar el procedimiento dispuesto por la L.P.A.U. Conocemos el interés del Estado en la vida y seguridad de los ciudadanos es de gran preeminencia, pero ello no es razón para ignorar el claro lenguaje de la L.P.A.U.

V

Por los fundamentos antes expuestos, respetuosamente DISENTIMOS del curso de acción de la Mayoría.

      (1) Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 55.

      (2) íd., págs. 55-56.

      (3) íd., pág. 57.

      (4) íd, “Resolución y Orden” de la Compañía de Turismo, pág. 31.

      (5) íd, pág. 57.

      (6) íd, pág. 58.

      (7) íd, pág. 31.

      (8) íd.

      (9) El Art. 13 de la Ley Núm. 282 de 19 de diciembre de 2002 dispone, inter alia, lo siguiente:
      “(a) Nadie podrá dedicarse a prestar servicios de transportación turística terrestre, ni de servicio y venta de taxímetros, sin previamente haber solicitado y obtenido de la Compañía de Turismo la correspondiente franquicia, autorización, permiso o licencia.
      “(b) La Compañía de Turismo tendrá la facultad de otorgar las franquicias, autorizaciones, permisos o licencias necesarias para autorizar la prestación de los servicios de transportación turística terrestre, y de servicio y venta de taxímetros. Las franquicias, autorizaciones, permisos y licencias serán concedidas por la Compañía de Turismo tomando en consideración la necesidad y conveniencia, la idoneidad del peticionario y el estricto cumplimiento por el mismo de todas las disposiciones de este capítulo y reglamentos aplicables.
      “(c) El procedimiento y trámite a seguirse para la expedición de franquicias, autorizaciones, permisos o licencias, así como los requisitos que tendrán que cumplir los solicitantes, se regirán por las normas que mediante reglamento establezca la Compañía de Turismo.”
      Por otra parte, el Art. 44(i)(4) de la referida ley, 23 L.P.R.A. sec. 6821(i)(4), dispone que es un requisito indispensable para solicitar la licencia de operador presentar, entre otros documentos, un certificado médico acompañado de los resultados de la prueba de sustancias controladas realizada.

      (10) 3 L.P.R.A. see. 2181.

      (11) Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 35-40.

      (12) íd., págs. 21-27.

      (13) Id., págs. 47-53. Es menester señalar que a finales de 2006, la Compañía de Turismo aprobó el Reglamento de Procedimientos Adjudicativos de Transportación Turística y el Reglamento Aplicable a la Transportación Turística Terrestre, el cual regula todo lo concerniente a la expedición, renovación y cancelación de licencia de operador de taxi turístico.

      (14) 3 L.P.R.A. see. 2101 et seq.

      (15) Perfect Cleaning v. Cardiovascular, 162 D.P.R. 745 (2004); Pagán Ramos v. F.S.E., 129 D.P.R. 888 (1992).

      (16) Olivo v. Srio. de Hacienda, 164 D.P.R. 165 (2005); Perfect Clearing v. Cardiovascular, supra.

      (17) Almonte et al. v. Brito, 156 D.P.R. 475, 481 (2002).

      (18) 3 L.P.R.A. see. 2151.

      (19) En Vélez Ramírez v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 716, 730 (1982), enfatizamos que para determinar el tipo de vista concedida y el momento adecuado, es menester analizar conjuntamente los intereses gubernamentales y los de la persona afectada.

      (20) 3 L.P.R.A. sees. 2151-2168.

      (21) Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 D.P.R. 263, 279 (1999).

      (22) 3 L.P.R.A. see. 2175.

      (23) íd.

      (24) P.C.M.E. v. J.C.A., 166 D.P.R. 599 (2005).

      (25) 3 L.P.R.A. see. 2175.

      (26) Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716 (2005).

      (27) Martínez v. Rosado, 165 D.P.R. 582 (2005).

      (28) Véanse: Costa, Piovanetti v. Caguas Expressway, 149 D.P.R. 881, 889 (1999); Com. Seg. P.R. v. Antilles Ins. Co., 145 D.P.R. 226 (1983).

      (29) Véanse: Mun. de San Juan v. J.C.A., supra; Fuertes y otros v. A.R.Pe., 134 D.P.R. 947 (1993).

      (30) Véase Costa, Piovanetti v. Caguas Expressway, supra.


text:
      In re Harley Rullán Castillo.

      Número: TS-12717

      Resuelto: 19 de septiembre de 2008

      Harley Rullán Castillo, pro se.

    Sala de Verano integrada por el Juez Presidente Señor Hernández Denton, el Juez Asociado Señor Rivera Pérez y la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.
   RESOLUCIÓN

En vista de que han transcurrido aproximadamente un año y siete meses desde la suspensión del Sr. Harley Rullán Castillo, en atención a que el Colegio de Abogados dio por desistida la querella y el peticionario subsanó todas las deficiencias encontradas en su obra notarial, se autoriza su reinstalación únicamente al ejercicio de la abogacía.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(JFdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo