text:
    Leonilda Rosas, demandante y apelada, v. A. Bruno Vázquez, (Sucn.), demandada y apalante; Nicasia Benjamín, demandante y apelada, v. A. Bruno Vázquez, (Sucn.), demandada y apelante; Concepción Rodríguez, demandante y apelada, v. A. Bruno Vázquez, (Sucn.), demandada y apelante.
    Nos. 4663, 4664, 4665.

      Sometidos: Enero 22, 1930.

      Resueltos: Junio 16, 1930.

      López de Tord & Zayas Pizarro, abogados de los apelantes; Arjona; & Arjona, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Estos son tres pleitos seguidos ante la Corte de Distrito de Ponee contra la misma demandada, alegándose esencial-mente en las demandas el carácter de la demandada original Antonia Bruno de Vázquez, de dueña de una empreza de cinematógrafo para espectáculo público, con un teatro o edificio destinado a ese espectáculo, en Ponee. Se fun-daron las demandas en que en la noche del 15 de mayo de 1927, en el local que para exhibiciones de vistas cinema-tográficas' utilizaba en Ponee la demandada se exhibía deter-minada película, y, mediante el pago del precio fijado, entraron allí las demandantes: que la máquina de cinematógrafo que se usaba, estaba aquella noche manejada por un individuo que era empleado de la demandada, y que no era persona legal-mente autorizada, para la manipulación de esos aparatos ; que1 la demandada permitió que personas extrañas al funcio-namiento del aparato, entraran en la caseta del operador mientras se hacía la exhibición, y que la máquina proyectora que se usaba estaba en malas condiciones, y también en con-diciones impropias y peligrosas, la película que se exhibía;; que en el local usado para ese fin no había puertas de escape hábiles para casos de emergencia, ni indicación de salidas, y las butacas que allí había estaban sueltas, siii fijar al piso del local; que en la noche citada, y por la negligencia de la demandada en tener como operador a una persona no auto-rizada legalmente, usar una película en malas condiciones, permitir que entraran en la caseta personas no autorizadas, mientras se manipulaba la máquina proyectora, se encendió la película, reflejándose en la.pantalla las llamaradas, y el público, impaciente, buscó salida del local, no hallando otra que la de la puerta frontera de entrada, que se volcaron las sillas, y la demandante tropezó y cayó, y fué atropellada por la gente, y las sillas, sufriendo diversas lesiones. Cada una de las demandantes alega lesiones, daños y perjuicios, que valora en su caso.

La demandada presentó en 30 de junio de 1927, moción eliminatoria, que fué declarada sin lugar. Y en 28 de julio del mismo año, compareció Rafael Vázquez Bruno, presen-tando una excepción previa y moción de sustitución de partes, por razón de haber fallecido Doña Antonia Bruno, la de-mandada. El compareciente en la excepción previa expresó que hacía la comparecencia “como miembro de la sucesión de la demandada, y para beneficio de la sucesión.”

En la contestación se niegan los hechos esenciales alega-dos en la demanda, y se establecen las defensas especiales en cuya exposición detallada no entramos, porque nuestra resolución ahora no lo requiere.

Se siguió el proceso, y visto ante la corte, y practicada la prueba, recayó sentencia en cada caso, condenando a Rafael, Enriqueta, Ramona, Edgardo Antonio José, Antonio Andrés, y Eduardo Enrique Vázquez Bruno, a pagar a las demandantes daños y perjuicios en las sumas que en cada caso se fijan.

Los tres casos se oyeron en uno, sirviendo la prueba para los tres, salvo en lo que se refiere a la especialidad de los daños de cada demandante. Y en esa condición, han llegada a la apelación, en la que ha servido el mismo récord (con copia para cada caso) y se han oído el' mismo día y en la misma sesión.

Los alegatos son los mismos para los tres casos.

Se señalan por la parte apelante, diez errores. Como se verá, rio es necesario discutirlos todos.

Los señalamientos de error primero y segundo, aparecen así:

“Primer error: Erró la corte al resolver que los hijos o herede-ros de la demandada Antonia Bruno Vázquez comparecieron ante la corte en sustitución de dicha demandada; y erró asimismo al no resolver que el único que compareció fué el heredero Rafael Váz-quez Bruno por sí y para beneficio de la sucesión.
“Segundo error: La corte cometió error al dictar una senten-cia contra los demás miembros de la sucesión de A. Bruno Vázquez, sin haber citado los mismos en forma alguna y sin obtener jurisdic-ción sobre ellos.”

Del récord aparece una demanda con fecha 6 de junio de 1927, en la que es la demandada A. Bruno Vázquez; la parte demandada comparece en 20 de los mismos mes y año, con una moción eliminatoria. En 28 de julio, 1927, com-parece, por los mismos abogados que representaban a la demandada, Rafael Vázquez y Bruno “cómo miembro de la sucesión de la demandada A. Brumo Vázquez, y para bene-ficio de la dicha sucesión,” formulando excepción previa.' En la misma fecha, julio 28, Rafael Vázquez Bruno, por los referidos abogados, presenta una moción en la que alega que Doña Antonia Bruno, viuda de Vázquez, falleció en San Juan, P. R., el 20 de junio de 1927, después de haber com-parecido en este pleito; y sus únicos herederos son sus legítimos hijos Rafael, Enriqueta, Antonio, Edgardo, yí Eduardo Vázquez Bruno; que el compareciente no se ha comunicado con los demás herederos, por lo que comparece' por sí en beneficio de la sucesión; y pidió que se tuviera como demandada a la sucesión de Doña Antonia Bruno. A esta moción accedió la corte por orden de la misma fecha. Contestó la demanda Eafael Vázquez como miembro de la sucesión y para beneficio de la misma.

Por lo que aparece de la “Opinión” en el pleito se suscitó la cuestión que abora se plantea en apelación: Que la suce-sión no ba sido citada o emplazada, ni, en realidad, becba parte en el pleito. El juez ba entendido que la sucesión fué 1a, parte demandada, y como tal ba actuado, por medio de los abogados Sres. López de Tord y Zayas Pizarro; y la sentencia responde a ese criterio.

Pocas veces se presentará un caso más extraño que éste. Uno de los herederos ba comparecido y ba pedido y obtenido que se baga a la sucesión parte demandada; y ese mismo heredero objeta a la consecuencia de su petición, esto es, a que se tenga a la sucesión por parte demandada; y levanta ahora en apelación la misma cuestión.

Debemos tener en cuenta que el heredero Eafael Vázquez, expresó en su moción que no se había comunicado con sus coherederos. Luego, pensando lógicamente, carecía de repre-sentación .para pedir que se hiciera demandada a la sucesión íntegra. Y la corte debió negar la moción, opusiérase o no la parte demandante. Pero, seguramente, la misma parte que presentó esa moción, no es la que tiene mayor autoridad para, señalar el error, ya que ella lo provocó, y está en ley y en justicia impedida de ir contra la consecuencia de su propio acto.

De considerar aquí son los siguientes preceptos legales:

El artículo 43 del Código de Enjuiciamiento Civil, Sección 5027 de los Estatutos, Compilación de 1911, está redactado así:

“Si se diere principio a una acción dentro del término prescrito para la misma, y el demandante, o los demandantes, si hubiere más de uno, falleciere o fallecieren, según el caso, y subsistiere la causa legal de la acción; o si el demandado, o los demandados, si hubiere más de uno, falleciere, o fallecieren, según el caso, la acción no ca-ducará por razón de dicho fallecimiento, sino que el tribunal, a ins-tancia de cualquiera de las partes, citará al albacea, administrador. o heredero, del finado o finados, y dicha citación se librará, ejecu-tará y diligenciará, en la forma establecida por la ley para las cita-ciones ordinarias; y al albacea, administrador o heredero, se le re-querirá para que comparezca a proseguir (o defender) dicha ac-ción; y una vez diligenciada dicha citación en debida forma, la ac-ción continuará en nombre de la nueva parte, o partes, según el caso, después de lo cual la corte a su tiempo pronunciará sentencia, de acuerdo con la ley y los hechos probados.
“Si la causa estuviere pendiente ante la Corte Suprema, la causa legal de la acción no caducará por razón del fallecimiento de cualquiera de los actores, siempre que dicha acción subsistiere, como tampoco por razón de la muerte de cualquiera de los deman-dados, sino que el tribunal procederá a juzgar y fallar dicha causa, como si viviesen todas las partes, y dicho fallo tendrá la misma fuerza y efecto que si se hubiere dictado en vida de las partes.”

En ese precepto está la regla que debió seguirse. para evitar lo que en este momento' sucede. El tribunal, a ins-tancia de cualquiera de las partes, “citará al albacea, admi-nistrador o heredero del finado o finados, y dicha citación se librará, ejecutará y diligenciará en la forma establecida por la ley para las citaciones ordinarias.” No hay en los autos que se nos presentan, nada que revele que cualquiera de las partes haya pedido que se cumpliera con lo que ordena el artículo citado, ni que se haya hecho la citación de los distintos herederos. Nada encontramos que permita que un heredero comparezca como demmidado en beneficio de los demás herederos, que sólo deben estar ante la corte por razón de su citación formal. No es éste el caso de que un here-dero ejercite como demandante una acción que interesa a la comunidad herencia; el caso actual es distinto.

Parece que también pudo tenerse en cuenta el artículo 63 del citado código de procedimientos, que dice:

“Cualquiera persona podrá ser constituida en demandado siem-pre que tenga o alegue tener interés en la contienda en oposición al demandante, o sea parte indispensable para la completa deter-minación o arreglo de la cuestión litigiosa. Y en una acción para determinar el título o derecho de posesión de propiedad inmueble que, al tiempo de entablarse la demanda, estuviese en poder de un arrendatario, el propietario podrá asociarse como parte demandada.”

T este precepto legal, unido al artículo 73 del mismo código, y en un caso en que no era posible llegar a una completa resolución de la controversia, sin la intervención de los demás herederos de Doña Antonia Bruno, hubiera podido ser guía de la corte en la solución del problema.

Parece haber algún conflicto entre el antes citado artículo 43 y el 69 del mismo Código de Enjuiciamiento Civil, que dice:

“Una acción o procedimiento no termina por la muerte o inca-pacidad de una de las partes, o por la cesión de cualquier interés en dicha acción o procedimiento, siempre que la causa de uno u otra subsista o continúe. En caso de muerte o incapacidad de una de las partes, la corte, previa moción al efecto, podrá permitir que continúe la acción o procedimiento por o contra el representante o sucesor del muerto o incapacitado. En caso de cualquiera otra ce-sión de interés, de acción o procedimiento podrá continuarse en nom-bre de la parte iniciadora, o la corte permitir que la persona a quien se hizo el traspaso quede subrogada en la acción o procedimiento. ’ ’

No creemos que en la realidad exista tal choque. En el artículo 43 se marca claramente el procedimiento, lo que hay que hacer; en el artículo 69 se fija la autoridad de la corte para permitir que continúe la acción o procedimiento contra el representante o sucesor del muerto o incapacitado.

Claro es que, a estas alturas del pleito, es penoso encontrar una cuestión como ésta, y no poder determinar cuál es el derecho que tiene el apelante para suscitar el extremo de que se trata, ya que no son los apelantes los no citados y no emplazados herederos de Doña Antonia Bruno, sino el que compareció y quedó bajo la jurisdicción de la corte. Pero se trata de una cuestión de jurisdicción, ya que la corte no la pudo adquirir sobre los demás miembros de la sucesión, porque no se les citó en la forma legal, ni en forma legal comparecieron; y tenemos el derecho de entrar en el estudio y resolución de la cuestión.

La corte, en estos casos, no adquirió jurisdicción sobre los herederos Enriqueta, Edgardo, Antonio y Eduardo Váz-quez Bruno, que no fueron traídos ante ella en la forma de ley, ni vinieron voluntariamente ante la misma.

Sería superfino estudiar y resolver en cuanto a los demás señalamientos de error.

Como entendemos que el error cometido por la corte inferior es susceptible de enmienda, debemos revocar las ''sen-tencias, ordenmido se devuelvan los casos a la corte de dis-trito de Ponce, para ulteriores procedimientos no incompatibles con esta opinión.


source: Caselaw Access Project

author: Él Juez Asociado Señor Audrey,

license: Public Domain

text:
    Francisco Porrata Doria, peticionario y apelante, y Jesús María Figueroa, Alcaide de la Cárcel Municipal de Guayama, demandado y apelado.
    No. 3665.

      Sometido: Marzo 7, 1929.

      Resuelto: Junio 16, 1930.
    J. Alvarado, abogado del peticionario-apelante; José JE. Figueras, abogado de Fl Pueblo, apelado.
   Él Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del , tribunal.

La corporación-Asociación Industrial ■ Guayamesa Inc. fné denunciada por infracción de- la ley. de pesas y medidas y el juez; de la Corte Municipal de. Guayama citó al Presidente' de .-.la misma, .Francisco-Porrata Doria, para practicar la investigación que ordena el artículo ;á53 -del Código- de Enjui-d amiento Criminal para denuncias por delitos imputados a corporaciones. Compareció dicho presidente y se negó a con-testar ciertas preguntas que le fueron hechas y a suscribir la declaración que se le tomó alegando que incriminaban a la corporación. Entonces el juez ordenó el arresto de Porrata Doria, señaló día para que compareciera a mostrar causas por las cuales no debía ser castigado por desacato y en definitiva lo condenó a dos días de cárcel. Presentó entonces Porrata Doria solicitud de habeas corpus en la Corte de Distrito de Guayama para que lo pusiera en libertad alegando que su prisión es ilegal y en definitiva fué negada su petición, nega-tiva que motiva esta apelación. Prestó fianza para estar en libertad.

Para la resolución de este recurso bastará considerar y decidir conjuntamente los dos primeros motivos de error alegados por el apelante, que dicen así:

“1. La corte inferior erró al establecer en su opinión, como base de su sentencia, que el acusado no tenía razón al alegar en ,su demanda que cuando el Juez de la Corte Municipal de Guayama le sometió al interrogatorio que determinó el proceso de desacato en cuya virtud fué sentenciado, no actuaba como corte y sí como 'committing magistrate.”
“2. La corte inferior erró al establecer en su opinión, como base de- su sentencia, que la Corte Municipal de Guayama tenía juris-dicción sobre la materia para castigar al apelante por desacato.”

; ' ÍD1 fiscal de este 'tribunal está conforme en que existen ambos errores y solicita que revoquemos la sentencia apelada.

-Los artículos 453 al 460 ambos inclusives' del Código de Enjuiciamiento Criminal disponen el procedimiento en de-nuncias por delitos contra corporaciones, ordenando que el juez de paz (o el municipal donde no hubiere, juez de paz) requerirá a la corporación por su Presidente o cualquier otro jefe' de ella para que comparezcan a contestar los cargos hechos; que dicho funcionario judicial practicará una inves-tigación del hecho denunciado, en la misma forma que si se tratare de un individuo particular, hasta donde fueren apli-cables estos procedimientos; que después de oídas las pruebas certificará si existen o no causas suficientes para creer que la corporación es culpable del delito que se le imputa; que remitirá las declaraciones y la certificación al juez compe-tente; y que si en esa certificación se manifiesta que existe causa bastante para creer que la corporación es culpable del delito que se le imputa, el fiscal debe presentar acusación como si se tratare de un individuo particular.

Por esos preceptos se 've que el juez de paz o el municipal en su caso no actúa como tribunal sino solamente como in-vestigador o instructor (committing-magistrate), pues hecha su investigación debe desprenderse de ella, para que si hay causa bastante proceda el fiscal a presentar la correspon-diente acusación. Siendo esto así hay que llegar a la con-clusión de que esos jueces investigadores (committing - magistrates) no pueden castigar por desacato porque esta facultad ha sido concedida única y exclusivamente a los tribunales de justicia pues la sección 5560 de los Estatutos Revisados dice que la Corte Suprema, las cortes de distrito y cualquier tribunal análogo o semejante, debidamente esta-blecido en Puerto Rico son los que tienen facultad para castigar por desacato, resultando así que tal poder no ha sido conferido a los jueces cuando no actúan como tribunales sino como jueces investigadores o instructores. Con respecto a funcionarios isimilares encontramos en las notas al caso de Farnham v. Colman, 117 A.S.R. 957, lo siguiente:

“Comisionados y árbitros. — Con frecuencia las cortes designan personas o utilizan las ya designadas o nombradas por la ley con el fin de que tomen la prueba y de que a veces rindan un informe de sus conclusines sobre la misma, y en ese sentido ayudan al desem-peño de las funciones judiciales. Los testigos citados para que com-parezcan pueden negarse a hacerlo así, o después de comparecer pue-den negarse a declarar en absoluto, o aunque declaren acerca de ciertos extremos, pueden rehusar contestar alguna pregunta perti-nente que se les haga, y personas distintas a las citadas como testi-gos pueden negarse a obedecer alguna orden legal expedida por tal-comisionado o árbitro. Hay decisiones que sostienen que estos fun-cionarios pueden hacer que sus procesos y órdenes sean obedecidos mediante arresto y castigo por desacato. People v. Miller, 9 Misc. Rep. 1, 29 N. Y. Supp. 305; People v. Learned, 5 Hun. 626; Commonwealth v. Newton, 1 Grant Cas. 453. La mejor opinión, sin embargo, es que aun cuando los actos en cuestión equivalen a un desacato, no son desacatos cometidos contra el árbitro o comisionado, quienes actúan meramente como agentes de la corte o de la ley y en beneficio de ésta, sino que son desacatos cometidos contra la corte, y, por tanto, no pueden ser castigados por el comisionado o árbitro. Peabody v. Harmon, 3 Gray 113; Coburn v. Tucker, 21 Mo. 219; Bonesteel v. Lynde, 8 How, Pr. 226; In re Foodman, 9 Ohio Dec. 360; In re Remington, 7 Wis. 643; Haight v. Lucia, 36 Wis. 355; Stuart v. Allen, 45 Wis. 158. Cuando esas faltas se co-meten la corte puede castigar por desacato e imponer la pena co-rrespondiente si la persona arrestada es declarada culpable. In re Naldron, 10 Mont. 222, 25 Pac. 101; In re Seeley, 6 Abb. Pr. 217; La Fontaine v. Southern Underwriters Assn., 83 N. C. 132; Bradley F. Co. v. Taylor, 112 N. C. 141, 17 S. E. 69. En lo que a comisio-nados de las cortes de los Estados Unidos se refiere, su falta de au-toridad para castigar por desacato es demasiado conocida para que sea motivo de controversia. Ex parte Doll, Fed. Cas. No. 3968; In re Mason, 43 Fed. 510; Elting v. United States, 27 Ct. of Cl. 158; United States v. Beavers, 125 Fed. 778; In re Perkins, 100 Fed. 950.”

Además, en 13 Corpus Juris página 49, tratando de desacatos, se dice:

“Sin embargo, la facultad así conferida no se extenderá en modo alguno más allá de los términos mismos del estatuto que la confiere, y al ser otorgada, el ejercicio de la misma se hace a veces estar su-jeto a la revisión por parte de una corte superior. En lo que a comisionados y árbitros de las cortes atañe, se ha resuelto que tales funcionarios pueden castigar por desacato las desobediencias de sus órdenes, pero la mejor regla es que en ausencia de autoridad ex-presa, esos funcionarios no tienen tal facultad. Los jueces de quie-bra y los comisionados de los Estados Unidos tampoco tienen facultad para castigar por desacato, aunque un desacato cometido contra una corte federal es una ofensa contra los Estados Unidos y habiéndo-seles dado a los comisionados de los Estados Unidos las mismas fa-cultades e impuéstoseles los mismos deberes 'que tenían los comisio-nados de las cortes de circuito, un acusado de desacato puede ser arrestado, encarcelado o puesto bajo fianza por un comisionado de los Estados Unidos como si se tratara de un delito contra los Esta-dos Unidos.”

Es cierto que en las citas hechas no se ¡mencionan los jueces cuando actúan como investigadores y no como tribu-nales para la resolución de las cuestiones en que tienen jurisdicción concedida por la ley, pero nos parece que cuando hacen investigaciones tienen funciones similares a las de esas ¡otras personas y que la misma regla debe serles aplicable. Por consiguiente, los desacatos cometidos a un juez cuando actúa como instructor no puede castigarlos ese mismo juez como desacato a su corte.

Por lo expuesto la resolución declarando sin lugar la solicitud de habeas corpus debe ser revocada y dictarse otra decretando la libertad del peticionario.


author: El Juez Asociado Señor HutohisoN,

text:
    Rogelio Román, demandante y apelado, v. Commercial Credit Co., demandada y apelante.
    No. 4808.

      Sometido: Febrero 14, 1930.

      Resuelto: Junio 16, 1930.

      O. B. Frazer y B. Castro Fernández, abogados de la apelante; E. Martínez Aviles, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor HutohisoN,

emitió la opinión del tribunal.

Rogelio Román obtuvo sentencia por $700 contra la Commercial Credit Company como daños y perjuicios provenientes de un choque entre dos automóviles, debido a la negligencia de un conductor, uno de los empleados de la demandada.

La apelante alega que la corte de distrito cometió error al no dar fuerza legal a cierto convenio de valoración de las pérdidas sufridas, al dar muy poco valor probatorio a tal convenio y al dictar sentencia por una suma mayor de $50.

Al tiempo del choque Román adeudaba a la Commercial Credit Company $150, o sea, los tres últimos plazos men-suales del precio de la compra de su automóvil, de confor-midad con un contrato de venta condicional. Una póliza de seguro tomada por una cantidad suficiente para responder de los pagos aplazados contenía la siguiente cláusula:

“Las pérdidas sufridas deberán ser ajustadas eon el comprador, aunque pagadas, con sujeción a todas las condiciones de esta póliza, solamente a la Commercial Credit Company, a cuenta de todas las partes interesadas.”

Tres días después de la colisión Román y un agente de la compañía de seguros convinieron en la suma de $200 como el importe de las pérdidas. Durante el juicio Román declaró que había estado conforme con este cálculo en vista de que él erá mecánico, así como chauffeur, y con los $200 podía conseguir suficientes piezas de segundas manos para poner su automóvil en condiciones que le permitieran hacer frente a los plazos pendientes. El agente de seguros declaro que Román después de firmar el convenio preguntó qué debía hacer entonces y fué informado que el dinero sería pagado a la Commercial Credit Company. De acuerdo con los tér-minos de la póliza se dedujeron $50 de los $200. La dife-rencia de $150 fué pagada a la Commercial Credit Co. y abonada'por ésta como pago de los tres plazos de $50, ninguno de los cuales estaba vencido al tiempo de ocurrir el choque.

La teoría de la apelante es que al consentir Román en que se fijara la suma de $200 para responder de su pérdida, la Commercial Credit Company fué inducida a alterar su posi-ción en su arreglo con la compañía de seguros y que con tal motivo Román está impedido de reclamar más de $50, o sea, la diferencia entre los $200 especificados en su convenio con el agente de seguros y los $150 abonados a su cuenta por la Commercial Credit Company.

La corte de distrito resolvió que no había impedimento y citó en apoyo de su conclusión el caso de Criez v. Sunset Motor Co., 123 Wash. 604, 213 Pac. 7. El párrafo final del sumario de ese caso, según aparece en 213 Pac. 8, lee como sigue:

“La monta de los daños que pueden cobrarse por un comprador condicional de un automóvil a causa del choque negligente del mismo en una carretera, no queda afectada por el hecho de ¡que el vende-dor condicional lo tuviera asegurado contra accidente y hubiese abo-nado a dicho comprador la cantidad recibida por él a virtud de la póliza.”

La apelante no ataca lo correcta de esta doctrina, ni trata de distinguirla. En el alegato de la apelante se cita de la relación del caso y opinión emitida por el juez de dis-trito pero se omite un párrafo muy importante en que el juez de distrito hace referencia al caso de Criez, según fué citado con aprobación por esta corte en Montalvo v. Valdivieso, 38 D.P.R. 545. Por tanto, para los fines de esta opinión podemos aceptar como correcta y como determinante de la cuestión aquí envuelta la regla establecida por la corte de Washington.

La corte de distrito llegó a la conclusión de que al tiempo de ocurrir el accidente el automóvil de Román valía $500. Hubo prueba amplia para sostener esta conclusión y para destruir cualquier valor probatorio que pudiera haberse dado o que debiera haberse atribuido a la admisión de Román respecto al importe de la pérdida. El hecho de que el juez de distrito no discutiera el valor probatorio de esta admisión, como cuestión de evidencia, fuera de cualquier cuestión de impedimento {estoppel), no fue un error que dé lugar a la revocación.

No hubo abuso de discreción al conceder las costas al demandante. La facilidad con que la compañía de seguros efectuó un arreglo por los $200 demuestra con bastante claridad que si la Commercial Credit Company hubiese estado dispuesta a desembolsar una suma similar, tal oferta hubiese sido aceptada. De todos modos, la consignación de una cantidad suficiente para cubrir el valor del automóvil al tiempo del choque, o de la diferencia entre el valor del vehículo antes y después del accidente, hubiese eliminado la cuestión de costas en lo que a la responsabilidad por parte de la demandada se refería. Artículo 336 del Código de Enjuiciamiento Civil. En vez de hacer una de estas cosas, la Commercial Credit Company tomó posesión del vehículo, lo vendió por $25 y se apropió del producto.

Nos inclinamos a convenir con la apelante en que la corte de distrito cometió error al incluir en su sentencia una cantidad para compensar al demandante por la pérdida del uso, en adición al valor real del vehículo.

La sentencia apelada deloe ser modificada de conformidad, y asi modificada se confirma.


author: El Juez Asociado Señor Texidor,

text:
    The Mayagüez Drug Co., demandante y apelada, v. United States Fire Insurance Co., demandada y apelante.
    No. 5143.

    Sometido: Mayo 5, 1930.

      Resuelto: Junio 17, 1930.

      José Sabater, abogado de la apelante; Oscar Souffront, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

En una resolución a moción para desestimar esta apela-ción, en fecha 12 de febrero del corriente año, dijo este tribunal, que apareciendo que en este caso la moción de la apelante optando porque el taquígrafo hiciera la transcrip-ción de.evidencia para este recurso había sido presentada fuera de término de ley, en este caso no podríamos tener en cuenta la prueba practicada en el inferior. Eso no obstante, no se desestimó la apelación porque en el tiempo en que la moción de la apelada vino a este tribunal ya la apelante había presentado el legajo de sentencia.

Ahora la parte apelada ha presentado otra moción, para que se eliminen del alegato de la apelante los señalamientos de error números segundo, tercero y cuarto, y que se desestime la apelación por ser frívola. A esa moción se ha opuesto la apelante.

Estudiado el alegato encontramos que los señalamientos de error bajo los números “Segundo,” “Tercero” y “Cuarto,” so fundan más que en otra cosa en materia de prueba que aparece de la transcripción de evidencia, a la que se alude frecuentemente al argumentarlos. La parte, sin duda alguna, ha olvidado lo declarado por este tribunal en su resolución anterior, lo que es deplorable. Cuando hemos dicho que no consideraríamos la prueba presentada ante la corte de dis-frito, es porque no debemos considerarla, ya que la parte apelante no gestionó en tiempo la obtención de la transcrip-ción de evidencia. El argumentar abora sobre una base como la evidencia, es en vano. Los tres señalamientos de error de que se trata, y su argumento, deben ser eliminados, y la apelante debe presentar, en un término de diez días, un nuevo alegato de acuerdo con lo que decidimos.

En cuanto al primer señalamiento de error, se refiere a que la corte impuso a la apelante los intereses de la suma desde la fecba en que ocurrió el siniestro. Es materia discutible; y no encontramos que, desde ese punto de vista la apelación sea frívola.

Se declara con lugar la moción de eliminación, concedién-dose a la apelante dies días para que presente él alegato enmendado; y sin lugar la desestimación.


author: El Juez As-ociado Seño» Aldrey,

text:
    Freiría Hermanos & Cía., S. en C., demandante y apelada, v. Miguel Nogueras, demandado y apelante.
    No. 4303.

    Sometido: Febrero 26, 1929.

      Resuelto: Junio 19, 1930.

      Miguel Marcos, abogado del apelante; J. Martínez JDávila abogado de la apelada.
   El Juez As-ociado Seño» Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

La mercantil que gira en esta plaza con el nombre de Freiría Hermanos & Cía., S. en C., como cesionaria y liqui-dadora de otras dos mercantiles que hicieron negocios en esta ciudad con los nombres de Freiría Hermanos, S. en, C., y de Freiría & Cía., S. en C., demandó en 29 de enero de 1926 a Miguel Nogueras en cobro del saldo de una cuenta corriente que tuvo con Freiría Hermanos, S. en C., y en cobro también de una obligación reconocida en pagaré suscrito por Miguel Nogueras a favor de la otra mercantil, Freiría & Cía., S. en C., cuya fecha de pago fué fijada para el 30 de junio, 1922. La demanda fué enmendada dos veces.'

El demandado no negó bajo juramento en su contestación la autenticidad del pagaré copiado en la demanda y por el contrario aceptó en ella haber firmado el pagaré, pero negó-los demás particulares de la demanda y alegó como defensas-que ambas causas de acción están prescritas por el transcurso-de tres años sin haber sido ejercitadas esas acciones.

Celebrado el juicio recayó sentencia condenando al de-mandado a pagar la cantidad reclamada en la demanda y las costas, contra cuyo fallo interpuso esta apelación.

Dé la prueba presentada en el juicio por la demandante aparece que al disolverse las dos expresadas mercantiles por escrituras públicas de mayo de 1925, en cada una de ellas fue nombrada liquidadora la demandante;. que la cuenta corriente entre Miguel Nogueras y Freiría Hermanos, S. en C., empezó en julio 29, 1920, siendo cargada la última factura en marzo 18, 1921; que el demandado' reconoció en el juicio como suya una carta de 12 de enero, 1922, suscrita a su solo nombre, de la que aparece ser comerciante, en la cual pidió a Freiría Hermanos, S. en C., que le prorrogara por dos años el pago de su deuda con ella; que tanto la mercantil acreedora como la. demandante ban becbo gestiones de cobro después de trans-curridos los dos años de la prórroga; y que esa deuda no ba sido pagada. En cuanto al pagaré aparece que cinco meses antes de su vencimiento, el demandado solicitó de su acreedora Freiría & Cía., S. en C., en 12 de enero de 1922, en carta suscrita a su solo nombre como comerciante y reco-nocida por él en el juicio, que le prorrogara su deuda por dos años; y que transcurridos esos dos años la acreedora basta su disolución en mayo de 1925 y la demandante después hicieron gestiones para el cobro de esa deuda con resultado negativo. ¡

A pesar de que el demandado aceptó en su contestación haber suscrito el pagaré copiado en la demanda, alega en esta apelación que no se probó que fuera entregado a su acreedora, pero en el caso de Seoane v. Cortés, 40 D.P.R. 73, hemos declarado que al reconocerse la autenticidad de una obligación que se transcribe en la demanda su entrega queda admitida.

La cuestión en que más insiste el apelante es que él nunca ha sido comerciante a su solo nombre sino que era uno de los socios de la firma comercial M. Nogueras & Cía.; que las dos cartas solicitando prórroga son de la firma social M. Nogueras & Cía., y que él nada debe personalmente a las mercantiles Freiría Hermanos, S. en C., y Freiría & Cía-, S. en C.

El demandado reconoció en el juicio que la mercantil M. Nogueras & Cía., no se constituyó por escritura pública, por lo que no fué inscrita en el registro mercantil; y como el Código de Comercio exige en sn artículo 119 que toda com-pañía de comercio, antes de dar principio a sus operaciones, deberá hacer constar su constitución, pactos y condiciones en escritura pública que se presentará para su inscripción en el registro mercantil, conforme a lo dispuesto en el artículo 17, el que dispone que la inscripción en el registro mercantil será obligatoria para las sociedades que se constituyan conarreglo al Código de Comercio o a leyes especiales, si existió la sociedad mercantil M. Nogueras & Cía., tal hecho no puede perjudicar a las acreedoras de Miguel Nogueras por no haber hecho constar su constitución como requiere la ley y porqué el demandado en sus cartas a esas mercantiles solicitando prórroga para el pago, las firmó a su solo nombre, sin que su declaración de la existencia de esa mercantil en Cayey y la presentación de un libro comercial que está a nombre de M. Nogueras & Cía. pueda destruir el hecho de haber tratado el apelante a su solo nombre con sus dos acreedoras.

También sostiene el apelante en su alegato qué lá acción en cobro de cuenta corriente está prescrita por el transcurso de tres años, de acuerdo con el artículo 1868, No. 4, del Código Civil; y que asimismo ha prescrito por el transcurso de igual número de años la acción para el cobro del pagaré, de conformidad con el artículo 950 del Código de Comercio; pero no tenemos necesidad de decidir esas' dos cuestiones porque habiendo reconocido el apelante como suyas las dog cartas de enero 12, 1922, en que solicitó'de'las mercantiles Freiría Hermanos, S. en C., y Freiría & Cía., S. en C., que- le prorrogaran su deuda para con ellas por dos años, prórrogas que le fueron concedidas como se infiere del hecho de que no la pagó en ese tiempo ni le fue cobrada en él, resulta que vencidas las prórrogas en 12 de enero de 1924, cuando fué presentada la demanda en 29 de enero de 1926 no habían transcurrido los tres años que el apelante alega como término de prescripción.

También dice el apelante que no se probó que la demandante sea cesionaria de las dos mercantiles a que venimoá refiriéndonos, pero, sea de esto lo qne fnere, se probó con las escrituras públicas de disolución de esas dos sociedades qne ellas nombraron liquidadora a la mercantil demandante y apelada, y según el artículo 228 del Código de Comercio los liquidadores de una sociedad mercantil pueden percibir los créditos de la compañía en liquidación.

Expone el apelante qne no era admisible la escritura por la cual la mercantil Freiría Hermanos, S. en C., nombró liquidadora a la demandante por ser impertinente ya que los conceptos de liquidadora y de cesionaria son distintos; pero nos bastará decir que el apelante alega que no se probó que hubiera cesión y que nosotros fundamos nuestra decisión en que la demandante es liquidadora.

En cuanto a que tampoco era admisible un libro de la mercantil Freiría Hermanos, S. en C., llevados en hojas sueltas, hemos resuelto lo contrario en el caso de The Porto Rican American Tobacco Co. v. Canel, 32 D.P.R. 553, y por consiguiente era admisible también el estado de cuentas que se copió de ese libro.

Otras cuestiones propuestas sobre no producir efecto en juicio una certificación que se presentó librada por un secre-tario municipal, sobre si un perito calígrafo y dactilógrafo no fue cualificado debidamente para declarar como tal,, así como si el documento que le sirvió para hacer él cotejo de letras de una carta no era el requerido por la ley, no es nece-sario que la decidamos porque no son tenidas en cuenta para la conclusión a que hemos llegado de que la sentencia apelada debe ser confirmada, sin cambiar la condena en costas porque fueron bien impuestas.


text:
    The National City Bank of New York, demandante y apelada, v. J. Martínez Llonín, demandado y apelante.
    No. 4824.

    Sometido: Diciembre 20, 1929.

      Resuelto: Junio 20, 1930.

      H. Torres Sola y Manuel Tons Soto, abogado del apelante; Hartzell, Kelley & Hartzell y B. O. Fernández, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión, del tribunal.

De la demanda enmendada en el presente caso, aparecen alegados los siguientes hechos:

Que los demandados J. Martínez Llonín, Rafael Vázquez, y Julio R. Bruno, y Bruno y Vázquez, en 27 de abril de 1923 suscribieron mancomunada y solidariamente, y entre-garon a la demandante, nn pagaré por siete mil setecientos treinta dólares y 75 centavos, por valor recibido, con intereses al 9 por ciento annal, y a dos meses plazo; y que el pagaré se encuentra en poder del banco demandante, al que se le ban satisfecho solamente $999.40, en agosto de 1923; que la obligación está vencida, y los deudores ban sido requeridos de pago, y no ban pagado al demandante en todo, ni en parte, los $6,731.35 que importa ahora el pagaré. Se acompañó el documento, que aparece suscrito mancomunada y solidaria-mente por J. Martínez Llonín, Julio R. Bruno, Rafael Váz-quez y Bruno & Vázquez.

En la contestación a la demanda por parte de José Mar-tínez Llonín, éste admite que suscribió con los demandados Vázquez Bruno, y Bruno y Vázquez, el pagaré a dos meses plazo que se acompaña a la demanda, y niega que su libra-miento y entrega fueran por valor recibido, o por conside-ración beneficiosa al demandado que comparece; admite que se han pagado $999.40, y alega que los pagó D. Antonio Sibot. Y como materia nueva alega que en 27 de abril de 1923, la sociedad Bruno y Vázquez tenía pendientes de pago con el demandante varias obligaciones: págaré por $2,731.35, garantizado por Rafael Vázquez, Julio R. Bruno, y F. Benitez Eexach; otro por $1,300, garantizado por Julio R. Bruno, Rafael Vázquez, y Amalia C. viuda de Blondet; otro de-$3,000, garantizado por Julio R. Bruno, y Emma Blondet viuda de Mantilla, y otro por $999.40, garantizado por Antonio Ribot; todos por razón de préstamos hechos por el National City Bank of New York a Bruno y Vázquez; que e] 27' de abril de 1923, Bruno y Vázquez solicitó del banco una prórroga para el pago de esas obligaciones; que se la concedió con la condición de constituir garantía adicional, la cual convino en constituir José Martínez Llonín, que se personó en el banco y dijo al gerente que venía a suscribir la garantía, y el gerente llenó los espacios' en blanco de un documento impreso en inglés, idioma que el contestante des-conoce, y que éste firmó el documento, en la inteligencia de que se constituía en garantizador de las obligaciones de Bruno y Vázquez para el caso de que los fiadores que en ella aparecían no cumplieran; que el Sr. Bibot pagó al de-mandante $999.40, importe del pagaré en que aparecía su firma; que el National City Bank of New York no ba reque-xido de pago a los fiadores en los expresados documentos, nj ba becbo excusión de sus bienes. Y formuló contrade-manda, en la que alega los mismos beebos de su defensa especial, y que el documento que suscribió resultó ser el pagaré por $7,730.75, del que aparecen como deudores soli-darios por valor recibido, Rafael Vázquez, Julio R. Bruno, Bruno y Vázquez, y el contrademandante, quien nunca recibió suma alguna, ni se constituyó en fiador solidario, o codeudor en dieba obligación, habiéndolo así reconocido el banco con-tiademandado; que ese documento no contiene la verdadera estipulación entre el banco, Bruno y Vázquez, Rafael Váz-quez, Julio R. Bruno, y el contrademandante, como lo entiende el banco.

Oído el caso, y en él la prueba que presentaron las partes, la corte dictó sentencia condenando al demandado a pagar al demandante $6,731.35, con los intereses al 9 por ciento, y costas y honorarios de abogado; y enmendando la misma, por razón de haberse ya dictado otra contra Julio R. Bruno, Rafael Vázquez, y Bruno y Vázquez, declaró que se condenaba a José Martínez Llonín al referido pago. Aparece que en el caso existía una sentencia como la que se indica, en rebeldía.

Apela el demandado Martínez Llonín; y señala la comi-sión de cinco errores.

El primer señalamiento se formula así:

. “Primero. — Interpretación indebida del contrato otorgado entre el National City Bank of New York y el Sr. José Martínez Llonín,' que originó el libramiento del pagaré objeto de la demanda del pri-mero de ellos, comprendiendo en la contratación obligaciones dife-rentes de las que se impuso el segundo.”

Se argumenta a propósito de este señalamiento, sobre los preceptos del Código-Civil que rigen la interpretación de los contratos. • I •

Hemos leído la prueba. Nos encontramos ante un docu-mento en que se contiene una obligación de pagar, contraída mancomunada y solidariamente por Eafael Vázquez, Julio E. Bruno, y Bruno y Vázquez, y J. Martínez Llonín. La lectura de la declaración del gerente del banco demandante, Sr. Clark, no es para producir la impresión, ni extraer las deducciones, tque por el apelante se hacen aparecer en su alegato. La explicación que él da a los hechos, es sencilla y lógica. Bruno y Vázquez tienen pendiente con el banco diversas obli-gaciones, fiados en una por Amalia C.'viuda de Blondet, en otra por A. Eibot, en otra por Emma B. viuda de Mantilla, y en otra por F. Benitez Eexach; esas obligaciones han vencido, y han vencido las prórrogas; en esos momentos J. Martínez Llonín, viene al banco, para ofrecer solución me-diante su garantía; y el banco, tratando con sus deudores y J. Martínez Llonín, ofrece aceptar la garantía de éste, siem-pre que se haga un nuevo documento, suscrito por él, con Bruno y Vázquez, Julio E. Bruno, y Eafael Vázquez, conser-vando el banco los antiguos documentos, y ofreciendo que en el caso de que éstos sean pagados, hará el abono al documento nuevo, y devolverá el antiguo a quien lo pagó. Este es, a nuestro juicio, el contrato aceptado, según resulta de la prueba. Y en consecuencia de ese convenio, suscribió el ape-lante el pagaré de que se trata, y de cuyo texto aparece como deudor solidario.

Desde luego, no hemos de dar estudio a la alegación de que el apelante desconocía el documento que firmaba, por estar escrito en inglés. Esto se alegó en un principio, pero no se hace fuerza en ello ahora. Ningún hombre de negocios, en Puerto Eico, puede' hacer válidamente esa alegación.

Del alegato del apelante, copiamos:

“La contratación en cuestión culminó en el libramiento de un pagaré por valor recibido quedando obligados mancomunada y soli-¿ariamente, los firmantes del mismo, a pagar un montante en deter-minado día.' ’

Y habla después de que la declaración del gerente del banco hace patente la contradicción entre las palabras y la intención de los contratantes. No vemos la contradicción; nos parece que no la vemos, porque no la bay.

No estamos en el caso de acudir a reglas de interpreta-ción de contratos. Ellas se aplican cuando surge una duda, ya de las palabras, ya de los actos de los contratantes. Pero . aquí, ni aun la reconocida habilidad argumentativa del abo-gado del apelante puede hacer surgir esa duda. Hubo una transacción clara y precisa, como la proponía el Sr. Clark, y el apelante, conforme con ella, suscribió el documento.

Parece que la teoría del apelante se encuentra en el final . de su argumentación de este señalamiento de error. Dice:

“El demandado, fiel a la palabra empeñada, respetuoso en sus deberes y obligaciones, no niega sus obligaciones, no trata de evadir los efectos de ellas, y por este motivo se limita a la alegación de ser fiador de los firmantes de las obligaciones anteriores a la suya, dis- • puesto a cumplir sus deberes de fiador cuando su cumplimiento pro-ceda. ’ ’

No podemos aceptar esta teoría, que no se conforma con los hechos, ni con el derecho. No negamos que se pueda contraer una obligación de • fianza con posterioridad a la contracción de la principal. Es esto posible, aunque no probable. Regularmente la fianza es contemporánea de la obligación principal. En este caso, para admitir que se trata de una fianza, tendríamos que empezar por prescindir del texto explícito del documento, que es el de un préstamo, con deudores mancomunados y solidarios; y es mucho prescindir, cuando se trata de hombres de negocio, que saben lo que firman, y a lo que se obligan.

Veamos cómo podría esta obligación ser una de fianza con respecto a los firmantes de los anteriores pagarés. .

El documento es contrario a la proposición que exami-liamos. Nada se dice en él. con respecto a esos pagarés ante-riores, y a esas oblig’aciones.

La prueba testifical, ni aun interpretada por la parte apelante, llevando al extremo, no las afirmaciones de los testigos, sino las deducciones de la defensa, puede en caso alguno mostrar la relación entre fiador y fiado, como surgida entre Martínez Llonín y F. Benitez Rexach, Amalia C. viuda de Blondet, y los demás que en aquellos decumentos aparecen como deudores solidarios. Del contrato de fianza, plurila--teral por su naturaleza, nacen relaciones diversas e indepen-dientes: las del fiador y el fiado entre sí; las de los cofia-dores entre ellos; las del fiador y el acreedor en la obligación principal. Y esas relaciones son de derechos y obligaciones y no se engendran más que por el consentimiento de las. partes, fuente espiritual del contrato. Nos preguntamos dónde está el consentimiento de los que aparecen en las pre-cedentes obligaciones, y dónde el del banco, constante y firmemente negado por el testigo Clark.

El artículo 1728 de nuestro Código Civil empieza así: •

“La fianza no se presume: debe ser expresa y no puede exten-derse a más de lo contenido en ella.”

Superfluo citar jurisprudencia acerca de precepto tan claro, y que tiene su raíz en la legislación histórica en esta jurisdicción.

Comentando el artículo 1827 del Código Civil Español, igual al 1728 de nuestro Código Civil, dice Manresa:

“En efecto, aunque la fianza es una obligación accesoria de la principal, no por eso deja de ser una obligación especial distinta de la del deudor, que presupone y requiere, por lo tanto, en quien la contrae la intención de quedar obligado a cumplir en defecto del fiado lo que éste estaba en el deber de hacer; y hasta tal punto es indispensable dicho requisito que, faltando la voluntad del fiador, falta el consentimiento, que es lo único que puede dar vida al vínculo jurídico propio de la fianza.”

Y luego:

“. . . lo que la ley ha querido disponer es que la fianza debe ser constituida expresamente constando de una manera directa o induda-ble la intención y la voluntad de obligarse. .

Véase Mantesa, Código Civil Español, páginas 233 y 234, tomo 12, edición tercera.

En la jurisprudencia española encontramos la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de noviembre de 1900, pleito seguido entre Don Santiago Gante y Don José Ibarra, en donde se dijo que es principio de derecho, sancionado expre-samente por el artículo 1827 del Código Civil, que la fianza no se presume sino que lia de ser expresa.

En las condiciones en que están esos documentos, sería curioso investigar cómo se había de hacer efectiva la obli-gación que se quiere ahora atribuir a Martínez Llonín como supuesto fiador.

Pero, de todas formas, Martínez Llonín, fuera o no fiador, aparece firmando el pagaré de que se trata, mancomunada y solidariamente.

De que. hay causa contractual, no nos queda duda. La causa contractual no es siempre cuestión de dinero, de ganancia o de beneficio material. El artículo 1241 de nuestro Código Civil, quizá un poco didáctico para ser un precepto de ley, dice:

“En los contratos onerosos se entiende por causa, para cada parte contratante, la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte; en los remuneratorios, el servicio o beneficio que se re-munera, y en los de pura beneficencia, la mera liberalidad del bien-hechor. ’ ’

■ La causa es de la esencia del contrato; oneroso éste, onerosa la causa, prestación, servicio, promesa: remunera-torio, el servicio o beneficio que se compensa con la remu-neración: de pura beneficencia, la liberalidad por causa. Y creemos que -es interesante pensar en el carácter de la fianza, tabla de salvación de muchos contratos, para investigar la existencia de causa en muchos casos.

En el caso Cintrón & Aboy v. Solá, 22 D.P.R. 262, se dijo:

. No‘importa que Celestino Solá dejara de beneficiarse del préstamo; él convino en ser deudor solidario para servir a Solá e Hijo, y ese convenio quedó consignado en el pagaré al ser firmado éste por el demandado como deudor solidario. La ley del contrato quedó establecida en el documento como última expresión de la vo-luntad de las partes, y a ella tiene que someterse Celestino Solá.”

En Crédito y Ahorro Ponceño v. Beiró, 32 D.P.R. 817, la doctrina jurídica base de la resolución es que el deudor que conviene en suscribir y suscribe una obligación con carác-ter de codeudor solidario', no puede eludir tal responsabilidad con alegación y prueba de que fué otro codeudor que se bene-fició con el dinero del préstamo.

Declaramos que no existe el error señalado bajo el número primero.

En el segundo señalamiento de error, la parte apelante sostiene que la corte apreció mal la teoría de la novación, declarando extinguidos los pagarés anteriores al que es objeto de esta reclamación, siendo así que tal novación no se fia declarado por las partes, y que no son incompatibles la nueva y las antiguas obligaciones.

Hemos leído cuidadosamente la opinión de la corte inferior, y la sentencia en el caso. No encontramos en una o en otra nada que baga referencia a la novación, ni que con ella y sus teorías se roce.

No bay razón alguna para que este tribunal' estudie y resuelva acerca de un extremo que ni por la letra, ni por el espíritu de la opinión y de la sentencia pueda decirse que ban sido parte o motivo de ella. El tribunal tiene el poder de examinar todo el caso, basta en sus más pequeños detalles; pero ese poder ba de ejercitarse, o bien por un motivo que el tribunal encuentre razonable, o porque alguna de las partes llama su atención, con una razón fundada, bacia ese extremo.

No vemos en qué tenga la teoría de la novación influencia alguna en la decisión de este caso. La corte inferior dio crédito a la declaración del testigo Clark en cuanto a cómo se llevó a cabo la negociación de que se trata; y ése fué el más fuerte fundamento de su sentencia. Pero no vemos que directa ni indirectamente trate de la novación.

El tercer señalamiento de error se funda en que el juez sentenciador bizo indebida aplicación de la teoría de este tribunal en los casos de Cintrón y Aboy v. Solá, y Rovira v. Vidal, así como del principio de derecho de que nadie puede ir contra sus propios actos, y del artículo 101 de la Ley de Evidencia.

Sostiene la parte que el apelante no tuvo intervención alguna en los cuatro pagarés librados con anterioridad al que se le cobra, y que a virtud de su acto nadie recibió dinero o bienes del National City Bank.

Ello no obsta para que el contrato que el apelante sus-cribió tuviera causa, si no la de recibir él dinero o bienes, o recibirlo los que con él firmaron, la de que éstos recibieran el beneficio de un crédito que les permitiera por el momento solucionar su situación. Repetimos lo antes dicho con rela-ción a la causa contractual y sus diversas clases. T a la jurisprudencia citada, adicionamos, tomándola del apelado, la de los casos Bennett v. Boschetti, 31 D.P.R. 855; Banco Comercial v. Arguinzonis, 35 D.P.R. 284; y Roig Commercial Bank v. Valladares, 38 D.P.R. 439. En el primero se dijo:

“El demandado está en la idea errónea de que porque él no re-cibía ningún beneficio no había causa alguna para el contrato, pero como indica la apelada cualquier detrimento para la parte contraria es una causa por valor. Cód. Civil, artículo 1241, 13 C. J. 311.”

En Boig Commercial Bank v. Valladares, se dijo:

“La única defensa substancial, de podérsele llamar así, era que la demandada principal no recibió beneficio alguno del préstamo y nunca autorizó a su esposo como apoderado suyo a otorgar tal pagaré. La corte inferior contestó suficientemente esta contención citando el caso de Banca Comercial v. Arguinzonis, 35 D.P.R. 284.”

No hay relación entre este caso y el de Gonzáles v. Fumero, 38 D.P.R. 556. En éste se trató del ejercicio de una acción de nulidad de contrato. En el presente no vemos por dónde pnede surgir la alegación de nulidad, cuando el deman-dado, entre las teorías que sostiene, presenta la de que él era un fiador, con el derecho de excusión, etc.

Aparece del récord (páginas 28 a 31 inclusives, T. E.) que el demandado presentó, en el juicio, moción para que se desestimara la demanda, porque el demandante no había probado sus alegaciones, ya que se alegó que él había reci-bido $7,000 y aparece que no ha recibido nada. El demandante argumentó que el demandado había suscrito el pagaré soli-dariamente, y que la operación se hizo a su solicitud. La corte denegó la moción, fundada en la jurisprudencia de Puerto Rico en el caso Cintrón y Aboy v. Solá. La corte dijo lo que sigue:

“La cuestión que se presenta es sencillamente la cuestión de los iirmantes solidarios de un pagaré. Este pagaré, firmado por uno de los demandados, dice, ‘for value received,’ y se da la cantidad. El Tribunal Supremo de Puerto Rico en los casos de Cintrón & Aboy v. Sola, el de Rovira v. Vivaldi, y en otros más, ha resuelto que des-pués que una persona firma una obligación solidariamente, está im-pedida de negar que no ha recibido aquello que manifestó haber re-cibido en el mismo documento que firmó. Esa misma cuestión, ade-más, me ha sido presentada en otras ocasiones, como juez de esta corte, y la teoría que he aplicado es la de ‘estoppel.’ Es decir, una persona que firma un pagaré manifestando que ha recibido cierta cantidad de dinero, está ‘estopped’ de venir a la corte a decir que no ha recibido ningún dinero, a menos que no alegue fraude o alguna otra circunstancia de esta naturaleza. Por esa razón se declara sin lugar la moción presentada por el demandado de que se desestime la demanda. ’ ’

No estamos muy seguros de que el juez no hablara más de lo necesario, y esto haya dado lugar a la argumentación que ahora se hace. Pero de todas maneras, a la proposición de la moción contestaba sobradamente la jurisprudencia en el caso Cintrón y Aboy v. Solá, supra, y la del caso Crédito y Ahorro Ponceño v. Beiró et al., 32 D.P.R. 817.

En cuanto al estoppel, entendemos que el que firma como deudor solidario un documento mediante el que procede el acreedor en una forma determinada, está en un caso de impedimento para negar.

Estas mismas razones resuelven los señalamientos de error números cuarto y quinto que se refieren a la inexis-tencia de contrato por falta de causa, y al carácter de controvertible de la presunción de verdad (entre las partes) de lá relación de beclios consignada en un documento escrito. Tales errores no existen.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Senos. Hutchison,

text:
    Sucesión de Emilio Dávila, compuesta de sus hijos Petra, Eugenio y Emilio Dávila Marrero y de su Viuda Doña Nicolasa Marrero, demandante y apelante, v. Ofelia Collazo Viuda de Satorra, demandada y apelada.
    No. 5051.

    Sometido: Noviembre 6, 1929.

      Resuelto: Junio 20, 1930.

      Colberg <& Bar celó Jr. y Romero & Campos del Toro, abogados de la apelante; ülpiano Crespo Jr., abogado de al apelada.
   El Juez Asociado Senos. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal. '

La corte de distrito, después de celebrar un juicio sobre los méritos, declaró sin lugar una acción de desahucio, basada en la teoría de que estaba envuelto un conflicto de títulos.

La cuestión a resolver es si el caso debe regirse por un grupo de autoridades citadas por el Juez de Distrito o por nna línea de decisiones en que se apoyan los apelantes.

Francisco Dávila falleció en diciembre de 1928. Su hermano, Inocencio Emilio Dávila, obtuvo declaratoria de herederos, y también falleció. Los aquí demandantes fueron entonces declarados únicos y universales herederos de Ino-cencio Emilio Dávila. Posteriormente, aunque antes de ins-tarse el presente procedimiento, Ofelia Collazo y Carmen Martínez incoaron acción contra los aquí demandantes, en la cual solicitaban sentencia conteniendo los siguientes pronun-ciamientos :

“A. Que fué la intención, firme y decidida de don Francisco Dávila Dávila que la demandante Ofelia Collazo Vda. de Satorra y su hermana Carmen Martínez, sean las verdaderas heredera y le-gataria respectivamente de los bienes relictos al óbito de dicho cau-sante.
‘ ‘ B. Que existía un contrato entre las demandantes y dicho Francisco Dávila Dávila, que se cumplió en vida de este último, y por ambas partes, con justa causa, el cual da derecho a las demandantes, al fallecimiento de aquél, de obtener la posesión y dominio de los bienes existentes.
“C. Que la declaratoria de herederos a favor de Inocencio Emilio Dávila Dávila, como heredero universal de Francisco Dávila Dá-vila, es nula y sin valor legal alguno, toda vez que dicho Francisco Dávila Dávila dispuso en vida de sus bienes y derechos en beneficio de las demandantes como presuntas herederas de él.
“D. Que se conceda cualquier otro remedio consistente con las alegaciones de las demandantes. . .”

Como parte introductora de una base para el remedio así solicitado, las demandantes en el procedimiento anterior, sobrinas de la premuerta esposa de Francisco Dávila Dávila, alegaron en una demanda jurada que habían vivido desde su niñez y por espacio de más de veinte años con su tío y su tía, Francisco Dávila y esposa, quienes las habían tratada siempre como bijas adoptivas; y .que en 1916 Ofelia babía contraído matrimonio con Pedro Satorra y luego se babía ido con él para España; y que en julio de 1921 Francisco Dávila le escribió la siguiente carta:

“Utuado, Pto. Rico, julio 25, 1921. Sra. Ofelia Collazo Satorra, Alguaire, Lérida.. Por la del Dr. Massot de 5 de julio que estará en tu poder se habrán enterado de mi gran desgracia, muerte de mi inolvidable Margarita, de Gloria goce en Dios, no ceso de recor-darla un momento, tú harás lo mismo y Satorra en sus oraciones. Yo e'stoy enfermo desde antes de su muerte pero salía y la aten-día. Tomé cama el día siguiente y he estado de 'bastante cuidado, mejoro pero aun el Dr. Massot no me ha dado de alta aunque estoy bastante fuerte para poner estas líneas lo que no había podido hacer antes, celebraré estén buenos todos Uds. Yo haré un testamento a tu favor con ciertas cláusulas que deje en mis manos el usufructo de las fincas que me deja Margarita para los efectos de administración, venta, etc. de todas ellas pero dejaré las fincas agrícolas en maxios de tu esposo Don Pedro Satorra para que las explote en. provecho de Uds. dándome una mensualidad para yo poder vivir modestamente los días que me restan de este sufrir constante. Estas fincas con todo lo que encierran de ganado vacuno y caballar, montes, cafetos y demás establecimientos, casa, maquinaria, puede dar un buen be-neficio anual para personas inteligentes y vigorosas como Uds. y sería un disparate malbaratarla en una venta ruinosa, yo no tengo ánimo para poder seguir regenteándolo y mi Margarita me decía, ESTOS ESTABLECIMIENTOS-DESEO DEJARLOS A OFELIA PORQUE YO SÉ QUE ella es la únioa que sabrá Conservarlos. El cosecho pasado de café dio 323 q. eá'scara seco en el pueblo y el eollor suelo y cáscara como 309 q. y yo no puedo atenderlo, este año es menor la cosecha pues no se ha limpiado empezaré la próxima semana. La finca debe alre-dedor de 2000 pesos que si Satorra puede traerlos de allá. Dr. M. dice que si puedo tomarlos en el banco a 4 1/2/00 me los daría para que .entre libre de ningún gravamen. Si es ,que Uds. tienen facili-dad de venir lo más pronto posible para atender esta cosecha y qui-tarse de tanta molestia de invierno, y política anarquista, aquí está muy tranquilo todo en ese respecto, aunque la santidad no exista y siempre haya que luchar. La finca tiene más de 125 cuerdas de café pero resembrando dará más de 800 qq. en pocos años. La poca vigilancia que se observa en las cosechas hace una gran merma en la producción. — Querido compadre: Estudie el asunto y vea si les-conviene venir y pneden trasladarse a esta isla lo antes posible para poder atender a la finca. En ella tengo nn joven honrado pero él sólo no pnede dar atención y será necesario poner dos más y esto mermaría los beneficios. El café ha mejorado precio, se vendió días pasado hasta $15 pilado, ha bajado a 12 pero nna vez normalizados los negocios, pnede dar bnen margen de beneficio, el tabaco está flojo pero hace más de nn mes no he sabido nada. Todos disfrutaban el alta. Maderas majaguas son explotables. La finca tiene 4 eab., 3 yeguas, 2 potros, 4 vacas, 2 toros, 4 becerros. Si pudieran poner un cable si es que pueden venir, me será un alivio grande que me tranqui-lizaría. Yo vivo en la casa del pueblo y les recibiré aquí para que se acomoden con toda tranquilidad. Su compadre que les desea re-signación y fuerza, Francisco Dávila.”

Entonces la demanda alega que esta carta fué precursora de correspondencia confirmando la promesa hecha y la obli-gación asumida por dicho Francisco Dávila de hacer here-deras o beneficiarías suyas a las demandantes, y, actuando bajo ese entendido, Ofelia Collazo y su esposo Pedro Satorra se trasladaron de. España a Puerto Rico en marzo de 1924 y vivieron en casa de Francisco Dávila; que la causa del contrato de Dávila haciendo herederas suyas a las deman-dantes, fué el cariño y el afecto que les profesaba; que en reciprocidad a tal cariño y afecto, y en consideración de los beneficios que les reportaba el convenio, las demandantes prestaron servicios personales a dicho Dávila, prodigándole un grado de cuidado y consideración de naturaleza tan peculiar y excepcional, que las demandantes no podían ser recompensadas en dinero, sino únicamente en la forma y modo propuestos por Dávila; que el citado Dávila estuvo enfermo durante largo tiempo, pero conservó el pleno ejer-cicio de sus facultades mentales hasta el momento de fenecer,, y mientras estaba recluido en cama y a fin de cumplir su convenio con las demandantes, escribió el siguiente memo-rándum :

“Feo. Dávila Dávila, viudo de doña Margarita del Rosario, sin otro apellido, no tiene ascendientes ni descendientes. Nació en Juncos. Ofelia Collazo, sin. otro apellido, casada con Pedro Satorra Giró, residente en la Provincia de Lérida, pueblo de Alguaire, hija natural de Juliana Collazo, a ésta la deja como heredera universal. Quien hará un legado a Carmen Martínez Collazo, soltera, hija le-gítima de Pedro Martínez Collazo y de Juliana Collazo, sin otro ape-llido. Nombra albeceas a Octavio Yivó Nicolau. Contador Parti-dor a don Eduardo Artau.”

A esto siguen varias alegaciones respecto a la inexis-tencia de herederos forzosos, de la indiferencia de los dos hermanos, de las manifestaciones hechas por Davila a sus amigos indicando su intención y propósito de que sus bienes pasaran a las demandantes, así como en tomo a otros ex-tremos.

Los autos del pleito anterior fueron presentados como prueba en este procedimiento, y se señala como error la admisión de los mismos. La objeción en la corte inferior se basó en la impertinencia e “irrelevancia” de esos autos, unida a la manifestación de que una controversia pendiente entre las partes no prueba otra cosa que el hecho de haberse radicado un pleito en la secretaría de la corte. La argumentación en el alegato de los apelantes se dirige a la cuestión del valor probatorio más bien que a la de admisibilidad. Para los fines de esta opinión, puede admitirse que una demanda jurada, sin más, no establece los hechos alegados en ella al ser presentada como prueba en otra causa. No incumbía a la demandada en el presente caso establecer los hechos alegados por ella y su hermana en el pleito anterior. Tampoco es necesario que determinemos si prueba de haberse incoado otro- litigio es suficiente o no para demostrar que los derechos respectivos de las partes están “más o menos en disputa,” dentro del significado de esa frase según la usa la Corte Suprema de España en su sentencia de enero 4, 1900, y este Tribunal en un número de casos. Véase Mehrhof, v. Rodríguez et al., 14 D.P.R. 59 ; Sucesión Colón v. Colón et al., 27 D.P.R. 87.

Si la prueba de ese hecho tiene relación con la cuestión relativa a la existencia de un conflicto de títulos, tal prueba es pertinente. Si tiene suficiente . valor probatorio para servir como un contrapeso apreciable para resolver esa cuestión, ella es relevante. Sin embargo, este tribunal ba expresado en repetidas ocasiones que: ‘‘Cuando el deman-dado alega algún título para la posesión, si esa alegación no está desnuda de toda prueba no debe decretarse el desahucio y deberán las partes discutir en juicio ordinario cuál tiene el título legal a la finca, antes de que pueda prosperar tal clase de acción.” Véase Torres et al. v. Pérez, 18 D.P.R. 573; Miranda v. Camerón et al., 19 D.P.R. 488, y Andino v. Canales, 27 D.P.R. 281. Otra forma de exponer esta doctrina es la siguiente: ‘ ‘ Cuando en una acción de desahucio por precario el demandado contesta alegando que no posee en tal concepto sino en el de dueño, y presenta alguna evi-dencia que aparentemente demuestra que su posesión no es precaria, no debe declararse con lugar la demanda de desahu-cio.” Gandía v. Cabán, 22 D.P.R. 833.

Puede ser que la demanda en cuestión no aduzca hechos suficientes para determinar causa de acción. Quizá ni si-quiera podría ser enmendada para que aduzca una buena causa de .acción. El procedimiento sumario de desahucio no proporciona una oportunidad razonable para investigar y dirimir estas cuestiones. Asumiendo, sin resolverlo, que se puede recabar de una corte en que se celebra un juicio, que considere cuestiones, por afectar la admisibilidad de prueba en una acción de desahucio, toda duda razonable debe ser resuelta a favor de la suficiencia de la alegación. Un examen detenido de la opinión del caso de Pastor Gomila v. Miró Pastor, 34 D.P.R. 52, bastará para distinguir ese caso del presente, y al mismo tiempo para demostrar que la demanda jurada a que hemos hecho referencia no es una demanda simulada. El hecho de que tal demanda haya sido radicada tiende a demostrar la buena fe de la reclamación de la deman-dada en cuanto al título y derecho de posesión ínterin se determine tal reclamación, aunque la mala fe no se presume. Demuestra que el título de la propiedad de que se trata en el procedimiento de desahucio está directamente envuelto en un litigio pendiente. Constituye alguna prueba de la exis-tencia de una nube sobre el título de los demandantes. No es, por tanto, ni “irrelevante,” ni impertinente.

En el juicio del presente caso, Ofelia Collazo declaró que desde que ella tenía diez años había vivido con su tío y padre de crianza, Francisco Dávila; que tres años después de haber ella contraído matrimonio se fué para España con su esposo Pedro Satorra Giró; que mientras ella residía en España Dávila le escribía mensualmente a ella, y a su esposo; que ella regresó a Puerto Pico después del fallecimiento de su tía, por haberle escrito Dávila sobre su intención de hacerla única heredera, y la mandó a buscar para que le cuidara, porque se sentía muy mal; que él pagó el pasaje y que ella llegó a Puerto Eico en abril de 1924 y fué a vivir a casa de él; que al llegar ella, él le confirmó la oferta que ya le había-hecho; que su esposo tuvo dificultades con las autoridades de inmigración, y quedó detenido en Cuba; que Dávila le dijo que lo cuidara hasta tanto llegase el esposo de ella, y mani-festó además que cuando se resolviera la cuestión al margen de la admisión del esposo, aquél cumpliría su promesa, y que la cumplió; que la testigo y su hermana cuidaron a Dávila hasta el momento de su muerte; que en su lecho mortuorio ratificó el convenio; que después de haber fenecido él, la-testigo y sus hermanos quedaron a cargo de la herencia; que 1a. declarante continuó viviendo como dueña en la casa que antaño había ocupado, y sus hermanos siguieron encar-gándose de las fincas rústicas; ,que la testigo y su hermana, Carmen Martínez, reclaman la herencia como dueñas de la misma; que la testigo aún reside en la casa a título de dueña; que le fué dejada por su tío y padre de crianza, Francisco Dávila; y que la testigo había entablado acción reclamando la herencia prometídale y dejádale por Francisco Dávila.

En la repregunta, el letrado de los demandantes extrajo la información adicional de que Dávila había dejado testa-mentó a favor de la testigo; que él le dijo a su hermana que lo había dejado en el Banco de Ponce; que el testamento bahía sido redactado por el Ledo. Marín Marién; que el testamento fué otorgado poco' después de la muerte de la esposa de Dávila en 1921; que Marín le dijo a la testigo que él había redactado el testamento; que Marín no le dió a ella copia de él porque “nosotros teníamos la minuta o copia simple; que la testigo tiene la copia simple, que será presentada como prueba en el otro caso; que la testificante no la trajo consigo al juicio porque no se le pidió que la presentara; que en el testamento se nombraba a Eduardo Artáu y a Octavio Vivó como albaceais; que el testamento está fechado en 1921; que Marín manifestó a la testigo que él había llevado el testamento a Dávila para que lo firmara, y “lo dejó hecho a mi favor”; que Dávila siempre manifestó que había otorgado testamento a favor de la dicente; que Dávila tenía un testamento firmado; que la testigo no sabe si el testamento redactado por Marín fué suscrito ante él; que la declarante estaba en posesión de la herencia a virtud del contrato celebrado por ella con Dávila para que viniera a Puerto Rico a hacerse cargo con la her-mana de la asistencia de él, con el entendido de que la dejaría en posesión de la herencia en pago de sus servicios; que Dávila manifestó a sus amigos que la testigo era su única heredera; que él dejó a ésta y a su hermana en posesión de ]a herencia para compensarlas por sus servicios; que dejó una copia simple del testamento; que Marín manifestó a la testigo que él había redactado el testamento original y la había llevado a Francisco Dávila; y que la testigo halló la minuta sin firmar.

La declaración de esta testigo no es muy ¡satisfactoria. En el examen directo no llega a referirse a la minuta que se alega fué preparada por Dávila poco antes de su muerte. ITay una marcada diferencia entre la alegación relativa a la existencia de ese memorándum y la referencia a una copia simple o minuta de un testamento redactado por un notario en 1921. No obstante, si esa aseveración no era cierta, se abrió de par en par nna pnerta para impugnar la declaración, y los demandantes dejaron de aprovecharse de ella. No podemos asumir que si se hubiese puesto al Ledo. Marín Marión en la silla testifical, él habría hecho un relato distinto.

De todos modos, la declaración de Ofelia Collazo abarca todo el campo de la acción anterior en su aspecto más es-trecho, conforme indica el título, en que se describe la acción como mía de cumplimiento específico de contrato. Si la de-manda, considerada como de cumplimiento específico de con-trato, aduce o no hechos suficientes para determinar causa de acción, es cuestión que, por las razones ya expuestas, no es necesario dilucidar ahora. La corte de distrito no estaba juzgando el caso de Ofelia Collazo y Carmen Martínez v. Eugenio E. Dávila Marrero et al. Estaba resolviendo una acción de desahucio.

La demandada alega tener derecho a la posesión de la casa que habita. El pretendido derecho de los demandantes como dueños de la finca para desahuciar en precario a la demandada está “más o menos en disputa.” A duras penas podría decirse que la alegación de la demandada “está des-nuda de toda prueba.” De ello se desprende que existe un conflicto de títulos, en el sentido en que esa frase ha sido usada en nuestras anteriores decisiones.

Entre los casos en que se apoyan los apelantes, el que más se aproxima al punto es tal vez el de León v. Alvarado, 24 D.P.R. 700. Allí, el demandante en el procedimiento de desahucio había obtenido su título de lá finca en cuestión como resultado de una acción anterior entre las mismas partes. El segundo párrafo del sumario dice así:

“El hecho de que el demandado en un juicio de desahucio haya pedido la nulidad del pleito que produjo la venta y adjudicación al demandante de la finca objeto del desahucio, no es motivo para de-clarar que el demandante no tenga título suficiente para obtener sen-tencia favorable, porque mientras no se anule el juicio y la venta, su título es -válido, seguirá siendo el dueño, y como tal con derecho a que el demandado desocupe la finca.”

En el caso de autos, la demandada no trata de anular una sentencia dictada en un litigio anterior entre ella y los de-mandantes, ni de dejar sin efecto una venta judicial efec-tuada a consecuencia de tal acción. El procedimiento; de declaratoria de herederos atacado por la demandada fué ex parte. Su título de la finca envuelta en el procedimiento de desahucio no depende de ninguna irregularidad o defecto en el procedimiento de declaratoria de herederos. Emana de una fuente anterior. Ella no trata de establecer su de-recho mediante la anulación del título de los demandantes, sino que se basa en un título independiente que alega es superior al de los demandantes. La doctrina del caso de León es manifiestamente inaplicable.

El caso de Hernández v. Algarín, 30 D.P.R. 846, giró sobre el artículo 641 del Código Civil, que exige que una donación de bienes inmuebles se haga constar en escritura pública. El artículo 4 del Capítulo que trata sobre testa-mentos no contiene tal disposición.

Un ligero examen del caso de Lafontaine et al. v. Lafontaine et al, 30 D.P.R. 194, y del de Marrero v. Plumey, 35 D.P.R. 1015, los distinguirá del presente.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


author: El Juez Asociado Señob Texidob,

text:
    The Juncos Central Co., demandante y apelante, v. Fernando del Toro Saldaña, demandado y apelado.
    No. 4600.

    Sometido: Mayo 1, 1929.

    Resuelto: Junio 23, 1930.

      Henry G. Molina, abogado de la apelante; Manuel j José Martínez Dávila, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señob Texidob,

emitió la opinión del tribunal.

Dos causas de acción se ejercitan por la demandante Juncos Central Co. en este caso, sobre las alegaciones esen-ciales siguientes: que por virtud de una escritura de 6 de abril de 1922 la corporación demandante tomó en arrenda-miento al demandado tres fincas rústicas situadas en Juncos y que en la demanda se describen bajo las letras A, B y C, llamadas, respectivamente, “El Jobo,” “La Lechuga” y “Doña G-regoria,” y que el contrato de arrendamiento, según la misma escritura, terminaba el 31 de agosto de 1925; que la demandante tiene por único negocio la siembra de caña de azúcar y la fabricación de azúcar de caña y para ese fin había arrendado las fincas; que es costumbre del país que la siembra de caña de azúcar se efectúe en un período de noviembre a marzo para recolección de enero a junio de cada año y así lo era en las fincas arrendadas al demandado; que en dos de ellas, El Jobo y La Lechuga, la demandante durante los meses finales de 1924 y los tres primeros de 1925 cultivó y preparó una cosecha de cañas de azúcar para ser beneficiada en los primeros meses de 1926 y que de buena fe y con conocimiento y consentimiento del demandado la demandante preparó y cultivó en tales fincas alrededor de 214 cuerdas de caña; que la demandante desde 1911 y por virtud de un contrato de arrendamiento con el demandado, cuyo contrato fue prorrogado sucesiva-mente hasta 31 de agosto de 1925, se hallaba en posesión de tales fincas y que al terminar tal contrato el demandado entabló desahucio contra la demandante en la Corte de Dis-trito de Humacao solicitando también nombramiento de sín-dico, a lo que se opuso la demandante y una vez resuelto no haber lugar a tal nombramiento la demandante se allanó <d desahucio exigiendo, de acuerdo con la ley, el avalúo de las plantaciones en el momento del arrendamiento, realizán-dose tal avalúo por el márshal de la corte de distrito y fijando el valor de los frutos en $24,972, y habiéndose negado ' el demandado a intervenir en la valoración;' que la deman-dante en la preparación de tal cosecha actuó de buena fe. Y en cuanto a la segunda causa de acción añade que los gastos de la demandante en la preparación de tal cosecha fueron $16,712.86 en semilla, abono, cultivo y trabajo. En la primera causa de acción solicita se le pague el valor de $24,972, y en la segunda el importe de los gastos de prepara-ción de la cosecha.

Al contestar el demandado aceptó la existencia del con-trato de arrendamiento de las tres fincas a terminar el 31 de agosto de 1925, negó por falta de información que la demandante se dedicara exclusivamente al negocio de cañas de azúcar y manufactura de azúcares crudos y que las fincas arrendadas lo fueran exclusivamente para ese negocio y alegó que la finca Doña G-regoria estaba subarrendada por la de-mandante a la Porto Pican Leaf Tobacco Co. y dedicada a siembra de tabaco y pastos; y parte de la finca A (El Jobo) destinada a pastos. Negó también por falta de información que fuera la costumbre y uso del país que la siembra de cañas de azúcar se efectuara en noviembre ai marzo para ser reco-lectadas de enero a junio y que así lo fueran las sembradas y cultivadas en las fincas objeto del arrendamiento; admitió que en dos de dichas fincas existía plantación de caña pero por falta de información y creencia negó que ésta fuera culti-vada y preparada en los dos meses finales de 1924 y los tres primeros de 1925; negó que la demandante preparara y cultivara de buena fe 214 cuerdas de cañas de azúcar en las propiedades citadas y alegó que la demandante sabía que tenía que entregar las referidas fincas el primero de septiembre de 1925 según la escritura de arrendamiento y que toda siembra o cultivo que se efectuara para ser recolec-tado después de esa fecha la hacía a sabiendas de que el contrato vencía antes de la recolección y alegó también haber notificado a la demandante con anterioridad al 31 de agosto que debía estar preparada para entregar las fincas arren-dadas el día del vencimiento; admitió ser cierto que la de-mandante estuvo en posesión de las fincas, por arrenda-miento, desde 1911, contrato que venció el primero de marzo de 1921 y alegó que en 6 de abril de 1922 celebraron la demandante y demandado un nuevo contrato de arrenda-miento en el cual se estipuló que la duración del mismo sería de tres años seis meses a contar del 11 de marzo de 1922, terminando- el primero de septiembre de 1925 ; alegó asi-mismo que en la primera escritura de arrendamiento, la de' 1911, se hizo constar expresamente que si al terminar tal arrendamiento hubiera plantaciones pendientes de cosecho se prorrogaría el' contrato por un año más bajo las mismas condiciones y alegó que en el nuevo contrato de arrenda-miento, el de 1922, se excluyó expresamente ese convenio y se señaló como fecha definitiva de expiración del contrato el primero de septiembre de 1925, haciéndose, además, constar que la falta de pago del canon sería suficiente para el desa-hucio y sin derecho la arrendataria a reclamar prórroga por razón de plantaciones existentes; admitió haber entablado acción de desahucio, a la qne se allanó la demandada, negán-dose el demandante a intervenir en la valoración de los frutos pendientes que se hacía por el marshal a petición de la deman-dada por entender que esos frutos pertenecían al arrendador y negó el valor de $24,972 que se dió a los frutos alegando que las cañas de que se trata fueron molidas en la factoría de la demandante y según liquidación de la misma sólo pro-dujeron $12,400, que era su valor; negó que la demandante .actuara de buena fe en beneficio de las fincas, en la prepa-ración y cultivo de las cañas en, tales fincas; negó asimismo la cuantía de los gastos en la preparación de tal cosecha. Como materia nueva de oposición insistió en que en la es-critura de 1911, primera de arrendamiento, se hizo constar un convenio para en el caso de que existieran plantaciones pendientes de cosecha al terminar tal arriendo, y por el cual se concedería un año de prórroga a la Juncos Central Co., y ■ alegó que habiendo surgido desavenencia sobre dicho arrendamiento se celebró en 1922 un nuevo contrato de arren-damiento sobre las mismas fincas en el que se fijó el venoi-, miento el día primero de septiembre de 1925 por haber ale-gado la demandante que le era necesaria esa fecha para poder recolectar las cosechas de los cinco primeros meses de 1925; alegó la mala fe de la demandante en tal cultivo, y pidió se declarara la demanda sin lugar en ambas causas de acción.

Se siguió el procedimiento en forma, y oído el pleito, la Corte de Distrito de San Juan, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda y condenando a la demandante en costas. A la sentencia se une la relación del caso y opinión de la corte. Fundamentos principales de su opinión son: ía) En materia de hecho la declaración de la existencia del arrendamiento por un término que expiró el 1 de septiembre de 1925, y sin que en la escritura se consigne nada en cuanto a la disposición de los frutos pendientes al terminar el con-trato, y sí una cláusula en la que se expresa que si dejara de pagarse el canon convenido ello sería causa de desahucio, sin que la Juncos Central Co. tuviera derecho a reclamación alguna por las plantaciones que existan; que vencido el arrendamiento, el propietario entabló el desahucio, a que se allanó la demandada, y se entregaron las fincas al deman-dante, y que en ella existían plantaciones de caña que se tasaron en $24,972, por gestión de la aquí demandante; que los frutos pendientes al vencimiento del arrendamiento eran cañas de segundo o tercer corte, y que no hubo siembra nueva inmediatamente antes de vencerse el contrato; que el arren-, datario sabía que su contrato terminaba en 1 de septiembre, y que no podía recolectar la caña, y si sembró lo hizo a su riesgo. (5) Como fundamento de ley: el artículo 1468 del Código Civil de Puerto Rico, que establece que el arrenda-miento o plazo fijo termina en el día fijado, y con él la deci-sión en el caso Toro v. Pizá, 30 D.P.R. 75, y sobre este extremo la corte declara que el del caso es un arrendamiento a plazo fijo; que la posición del arrendatario en este caso es la del que siembra en terreno ajeno; cita, los casos Nevares Hermanos v. Corte de Distrito, 36 D.P.R. 357, y Yabucoa Sugar Co. v. Corte de Distrito, 36 D.P.R. 368; y el artículo 371 del Código Civil de Puerto Rico.

Contra esta sentencia se interpuso apelación por parte de la demandante, que en su alegato presenta tres señala-mientos de error. El primero es como sigue:

“La corte erró al resolver que un arrendatario saliente no tiene derecho a recibir del arrendador los gastos hechos en los frutos pen-dientes de recolección que queden en la finca al vencer el contrato de arrendamiento.”

Se argumenta este señalamiento de error con gran acopio de autoridades, textos de derecho romano, Código de Napoleón, tratadistas americanos, franceses, y españoles, y sentencias de España y Puerto Rico; es un trabajo dignd de todo elogio.

A nuestro juicio, el punto de partida es el mismo que fijó la corte de distrito. Este es un arrendamiento a término fijo; por virtud de la fijación del término, se produce la de las esferas de acción en que pueden y deben moverse, de buena fe, las partes en el contrato; por esa fijación de término, cada parte sabe basta dónde puede ir; conoce sus límites, y al traspasarlos, lo baee a su riesgo.

En el arrendamiento de cosas la característica de deter-minación de tiempo, es esencial. Así el artículo 1446 del Código Civil de Puerto Bieo, dice:

“Artículo 1446. — En el arrendamiento de cosas, una de las par-tes se obliga a dar a la otra el goce o uso de una cosa por tiempo determinado y precio cierto.”

En la determinación del tiempo pueden influir circuns-tancias diversas que se anotan en diversos artículos del mismo código. Y así el artículo 1480, ley citada, establece que en los arrendamientos de predios rústicos, cuando no se fija su duración, se entienden becbos por el tiempo necesario para la recolección de frutos que la finca, diere en un año, o por una vez; y en los de tierras labrantías, divididas en bojas, tantos años como bojas fueren. Y en el artículo 1484, se establece el caso de arrendamiento de urbanas; y el 1477, presenta otra forma de fijar el término.

En este caso el contrato tiene un término fijado desde que se firmó la escritura. Y por lo que aparece de las alega-ciones y de la prueba, responde el término a una intención clara; la de no encontrar inconvenientes por razón de la cosecha.

Teniendo un contrato a término fijo, conviene ver aquí las consecuencias de ese término.

Extinguido el arrendamiento, por vencerse el término, no es dudoso que el deber del arrendatario es entregar la finca. El la usaba, y la disfrutaba por virtud del contrato; cesó éste, y cesan el uso y el disfrute. El arrendatario sabe esto; sabe que al llegar el día 31 de agosto, o el 1 de sep-tiembre, tiene que entregar la finca. ¿Puede sostener, si siembra algo que ba de cosechar después de esa fecha, que lo hizo de buena fe? Entendemos que no; cualquiera que sea la fuerza de la presunción de buena fe, la inferencia que en un caso coino ése nace del conocimiento del término y del hecho de sembrar para cosechar después del término, es la de mala fe; y esta inferencia es la que corresponde hacer a los tribunales, como lo hizo aquí la corte de distrito.

Se nos ha citado la sentencia del Tribunal Supremo de España, de 30 de noviembre de 1900. Es indudable que el Tribunal Supremo español declaró allí que el colono debe abstenerse de las labores correspondientes a; cosechas de que ya no puede aprovecharse. En el caso que allí se resolvió el arrendatario Rama tenía su contrato vencido, y debía desalojar la finca el 15 de agosto de 1896; eso no obstante sembró y cultivó patatas, cebada, garbanzos, etc.; cuando se le desahució, quedaron en la finca los frutos, que- él redamó, como también los barbechos y el estiércol. Al decidir el Tribunal Supremo el caso, aparte de lo- antes citado, dijo que, colocado Rama en la situación de colono despedido, que, no obstante siembra y cultiva, se resolvía, de acuerdo con el artículo 433 del Código Civil español, que obró de mala fe; y con arreglo al artículo 362 del mismo código, el que planta o siembra, de mala fe, en terreno ajeno, no tiene derecho a indemnización.

El precepto es el mismo en el artículo 371 de nuestro Código Civil, que es así:

“El que edifica, planta o siembra de mala fe en terreno ajeno pierde lo edificado, plantado o sembrado sin derecho a indemniza-ción.”

En nuestra ley es terminante y clara la solución. En verdad que no puede protegerse el enriquecimiento torticero ; pero si el que edifica, planta o siembra de mala fe en terreno ajeno pudiera recobrar los gastos que maliciosamente hizo, en daño del propietario, quizá fuera él el que se enriqueciera torticeramente. El propietario está en inocencia o en igno-rancia de que se ha sembrado o cultivado en su finca. ¿Por qué imponerle que pague los gastos que otro hizo a sabiendas de que no era suyo el terreno, y de que no podía percibir la cosecha?

En otra sentencia del Tribunal Supremo de España, la de 3 de Julio de 1902, se ha dicho:

“El derecho de recoger los' frutos del año agrícola corriente, lo confiere el artículo 1571 del Código Civil al arrendatario de buena fe en el caso de ser éste desahuciado por el comprador, y no al que siembra sin título alguno y sabiendo que no puede hacerlo.”

De 8 R.C.L. 363, anotamos:

“La regla de la ley común es que cuando el arrendamiento es por un término fijo, el -arrendatario no tiene derecho a tales cose-chas, porque si sabe ciertamente al tiempo en que siembra el término que ha de durar su tenencia, y es claro que antes de que ella cese no puede cosechar lo que siembra, entonces es su propia torpeza el sembrar.”

En el caso Reeder v. Sayre, 70 N. Y. 180, 26 Am. Rep. 567, se declaró esta doctrina en las siguientes palabras:

“Es cierto que un arrendatario que posee a virtud de un contrato que es impreciso en lo que al tiempo en que ha de expirar se re-fiere, tiene derecho a recolectar, después de haber vencido el con-trato, la cosecha que ha sembrado en el curso ordinario de la la-branza. Pero si al tiempo en que siembra la semilla sabe con cer-teza la fecha del vencimiento, y es manifiesto que no puede antes de vencer el contrato cosechar lo que ha sembrado, entonces siem-bra a su propio riesgo (Per Ld. Mansfield, Wigglesworth v. Dalli-son, 1 Doug. 201), y no se le permitirá recolectar los frutos. Esta regla no concede al arrendatario derecho alguno por haber arado, abonado o preparado el terreno en alguna otra forma para la semi-lla, si no ha sembrado. Véase Stewart v. Doughty, 9 Johns, supra; Kingsbury v. Collins, 4 Bing. 202; Bain v. Clerk, 10 Johns, 424. Creemos que no importa la forma en que se determine cuándo ven-cerá un término incierto. Puede ser por la muerte de la persona por cuya vida se poseen los bienes, o tal vez al darse suficiente aviso de que se desaloje la finca, por la persona con derecho a hacerlo. Un aviso para que se desaloje una finca da fin al arrendamiento en el día en que expira el aviso. Riggs v. Bell. 5 T. R. 471.”

Observamos en este caso que en la primera escritura de arrendamiento, página 151 a 162 de la transcripción de evi-dencia, existe nna cláusula J que prevé que si al término definitivo del arrendamiento hubiera plantaciones pendientes de cosecha se prorrogará el arriendo por un año más, bajo la® mismas condiciones estipuladas. En cambio, en la escri-tura de arrendamiento de 6 de abril de 1922, sé fija el término en tres años seis meses, que vencen el 1 de septiembre de 1925, y no se contiene cláusula alguna como la antes citada, J del primer contrato. Esta supresión fué la obra de la voluntad de las partes otorgantes, que no quisieron conservar en el contrato aquel derecho.

Si la arrendataria hizo gastos para un cultivo y una cosecha que sabía que no podía recoger, porque el término del contrato se lo impedía, los hizo sin que pueda alegar la buena fe. Su posición es la del que siembra, planta o edifica de mala fe, a quien el artículo 371 del Código Civil, castiga en estas palabras:

“. . . pierde lo edificado, plantado o sembrado sin derecho a in-demnización. ■ ’

Estas razones son suficientes para declarar que no existe el error señalado bajo el número primero en el alegato.

En lo que toca al error bajo el número segundo, se enuncia así:

“La corte erró al excluir toda la evidencia con arreglo a la cos-tumbre del pueblo (Juncos) con respecto al aprovechamiento de los frutos por un arrendatario saliente.”

La parte demandante hizo en el juicio un ofrecimiento de prueba en la siguiente forma:

“La parte demandante desea probar con este testigo y con dos testigos más, que tienen conocimiento sobre el particular por los nu-merosos años que se han dedicado al negocio de cañas y especialmente en el distrito de Juncos, y que en esa región existe la costumbre si-guiente: Al vencer un contrato de arrendamiento de fincas rústicas que se dedican a la siembra y cultivo de cañas, la cosecha que se en-cuentra en la finca para el año subsiguiente es o bien tasado y de-terminado, su valor en el momento de entregar, y ese valor abonado al que la sembró y cultivó, o bien, se cosecha en el próximo año o cosecha azucarera y el valor de esos frutos se abona al arrendatario o saliente, desde luego, el arrendamiento corresponde a la parte de la finca ocupada por la cosecha, y a ese efecto voy a ofrecer en evi-dencia úna carta donde ofrecemos al señor del Toro entregar la finca y quedar en posesión de la propiedad para cosechar las cañas.”

La corte denegó la admisión de esa prueba, a nuestro entender, con razón suficiente.

Hace ya mucho tiempo que la costumbre lia perdido la gran importancia que tenía como una de las fuentes de de-recho. Para disipar toda duda en la materia se ha escrito el artículo 5 del Código Civil:

“Las leyes sólo se derogan por otras leyes posteriores; y no pre-valecerá contra su observancia el desuso, la costumbre, o la práctica en contrario.”

Esto, desde luego, impide la posibilidad de invocar una costumbre en contra de la ley. Y en los casos en que la ley quiere dar fuerza a la costumbre, lo hace de una manera franca y clara. Y así, en el artículo 485 del Código Civil, da paso a la costumbre o uso del lugar, en un caso específico, y de manera restringida; y lo mismo puede decirse de otros artículos del mismo código, como el 577, el 1399, y en el arrendamiento, el número 2 del artículo 1458, en cuanto al' uso de la finca arrendada, el artículo 1477, en cuanto al lugar y tiempo del pago, a falta de pacto, el 1481 en cuanto a los derechos y deberes de los arrendatarios saliente y entrante y algunos preceptos más que no es necesario mencionar ahora.

Se argumenta acerca de los efectos del artículo 1481 de nuestro Código Civil, y se usa el ccomentario de Manresa en cuanto al 1578 del Código Civil Español. Creemos que hay un error en esto. Este artículo 1481 de nuestro Código Civil no rige relaciones entre el propietario y el que fue arrendatario. El texto de la ley es claro: “él arrendatario saliente debe permitir al entrante.” La relación es entre dos arrendatarios; y no debemos extenderla más allá de lo que la extendió el legislador. Al estudiar el primer señalamiento de error, hemos tratado de los preceptos de ley, y de la jurisprudencia, que rigen entre el propietario y el arrenda-tario.

Encontramos que el caso Molina v. Muñoz, 31 Fed. (2d) 727, no es igual al presente. En primer lugar en este caso federal se discuten los derechos de un tercero, Molina, que ad-quirió su crédito y luego ofreció el pago de los cánones adeu-dados con el objeto de recobrar su crédito sobre la cosecha pendiente. El arrendamiento en este caso Molina v. Muñoz se disuelve por el desahucio por falta de pago que pudiéramos decir de una manera judicial pero inesperada o involuntaria. En el caso presente, por el contrario, la fecha de expiración del contrato se halla fijada desde el primer momento y se sabe que ha de expirar forzosamente el día 1 de septiembre de 1925. Y en este caso el qne siembra para recoger co-secha después de esa fecha y sin tener pacto alguno de prórroga o pacto alguno para hacer suya tal cosecha, tiene el carácter de sembrador de mala fe con arreglo al código. Aparte de eso en este caso concreto se trata, según aparece de la opinión, de plantaciones de caña de segundo y tercer corte, esto es, de plantaciones cuyo primer cosecho ha sido ya recolectado y cuyo segundo y tercer corte producen co-sechas para años posteriores. Notamos, además, que en el caso Molina v. Muñoz la ley que se interpreta es la especial de préstamos agrícolas de 1910, con la que nos parece que se decide toda la cuestión pendiente, lo que es perfectamente lógico ya que el caso se encuentra bajo esa ley.

No existe el segundo error señalado.

Como tercer error se señala la imposición de costas a la demandante. La discreción del juez en esta materia fué ejercitada en sentido que tiene completa justificación. El que la corte haya tenido que hacer detenido estudio del caso, no significa que la demandante tuviera justificación al entablar su demanda; las cuestiones no son nuevas en ningún sistema de derecho.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Hutchison disintió.