author: El Juez Asociado Seño®, Cókdova Dávxla,

text:
    Arturo Gigante, por sí y como padre con patria potestad sobre su menor hija Georgina Gigante, demandante y apelado, v. José Álvares, demandado y apelante.
    No. 6715.

    Sometido: Mayo 3, 1935.

      Resuelto: Mayo 20, 1935.

      C. Triarte y F. Fernández Guyar, abogados del apelante; La Gosta.> & La Costa, Jr., abogados del apelado.
   El Juez Asociado Seño®, Cókdova Dávxla,

emitió la opinión del tribunal.

El día 14 de marzo de 1933, al pasar la niña Georgina Gigante, de seis y medio años de edad, por la calle Pacific Place No. 28, en Santnrce, Puerto Rico, frente a la casa del demandado apelante, un perro policía, conocido por el nom-bre de Nerón, y que en dicha fecha estaba bajo la posesión y custodia del demandado apelante, le infirió una mordedura en la región glútea izquierda, lanzándola al pavimento.

La demanda en este caso,, que aparece iniciada por Arturo Gigante por sí y como padre con patria potestad sobre su menor hija Georgina Gigante, contiene dos causas de ac-ción. Comienza la primera alegando que el demandante Arturo Gigante es padre legítimo de la menor Georgina Gigante, con patria potestad sobre la misma, y luego, en los hechos ter-cero, cuarto y quinto de la demanda, se expone la causa de acción en la siguiente forma:

“3. El día 14 de marzo de 1933, mientras la hija del demandante Georgina Gigante pasaba por la calle frente a la residencia del de-mandado • Pacific Place No. 28 en el poblado de Santnrce del Muni-cipio de San Juan; Puerto Rico, el mencionado perro del demandado que estaba suelto y sin bozal se abalanzó sobre la persona de la men-cionada niña Georgina Gigante, lanzándola al pavimento e infirién-dole algunas mordeduras y arañazos de carácter grave en diversas partes de su cuerpo.
“4. Con motivo del referido accidente la referida Georgina Gi-gante ha sufrido y sufre en la actualidad intensas crisis nerviosas, desvelos, insomnios, ha perdido su salud y se encuentra en un es-tado de constante intranquilidad, ha venido sufriendo de fuertes do-lores en todo el cuerpo y ha sufrido angustias mentales y morales, e intensos dolores físicos y tuvo que recibir asistencia médica.
“5. Gomo consecuencia de las alegaciones que preceden la bija del demandante ba sufrido daños y perjuicios en la suma de qui-nieNtos Cincuenta dólaees ($550), que se distribuyen así:
“Por las crisis nerviosas, desvelos, insomnios, pérdida de salud, dolores físicos y angustias mentales y morales, $500.00; medicinas y asistencia médica, $50.00, $550.00.”

En la segunda causa de acción se alega que el demandante, como consecuencia de los sufrimientos y dolores experimen-tados por su hija, perdió su tranquilidad por muchos días, habiendo sufrido moral y mentalmente y pasado un gran susto, por todo lo cual reclama la suma de $500.

El demandado formuló excepción por falta de hechos contra esta segunda causa de acción, alegando que un padre no puede recobrar daños mentales o morales debido a lesiones personales sufridas por un hijo menor de edad. La corte desestimó esta segunda causa de acción por las razones adu-cidas y declaró con lugar la primera, condenando al deman-dado apelante a pagar al demandante Arturo Gigante, por sí y como padre con patria potestad de su menor hija Georgina Gigante, la cantidad de $350, por los daños y perjuicios ocasionados a dicha menor con motivo de la mordedura del perro poseído por el demandado, con imposición de costas y honorarios de abogado.

Tres son los errores señalados por el apelante: el pri-mero se relaciona con el pronunciamiento sobre costas, el segundo versa sobre la cuantía de la indemnización concedida que, a juicio del demandado, no ha debido exceder de $50, y el tercero se basa en la apreciación de la prueba que se con-sidere manifiestamente errónea.

Discutiremos en primer lugar el segundo señalamiento de error, que es el único que por su importancia exige detenida consideración. Arguye el apelante que de acuerdo con las alegaciones de la demanda, es Arturo Gigante quien aparece demandando y no su hija Georgina. Se llama la atención al texto de la demanda, que habla repetidamente del demandante, y a la súplica de la misma donde se pide sentencia condenando al demandado a pagar al demandante la suma reclamada. Se dice además que para mayor constancia Arturo Gigante jura que es el demandante en la acción.

Como hemos visto, las alegaciones de la demanda tienden a establecer dos cansas de acción separadamente alegadas. Una de ellas, la segunda, fué desestimada por falta de he-chos, sin que se haya establecido recurso de apelación sobre este pronunciamiento de la corte inferior. Queda en pie la primera cansa de acción, y la única cuestión a resolver es si esta acción se ejercita para beneficio de la menor o exclusiva-mente para beneficio de su padre el Sr. Arturo Gigante.

En el presente caso Arturo Gigante comparece por sí y como padre con patria potestad sobre su menor hija Georgina Gigante. En la segunda causa de acción, que fué deses-timada por la corte inferior, el Sr. Gigante alega se le han inferido daños con motivo del accidente de su hija; en la primera, los daños, según las alegaciones, fueron inferidos a la menor. Estamos de acuerdo en que la parte realmente interesada debe aparecer como demandante en la acción, pero ¿puede decirse que en este caso no surge de la demanda que la primera causa de acción se ejercita a beneficio de la menor, representada por su padre?

Hemos leído detenidamente las alegaciones que sirven de base a la causa de acción ejercitada. En ella se hace una relación de los dolores físicos y sufrimientos morales de la niña Georgina Gigante y se' dice que la misma ha sufrido daños y perjuicios que- se estiman en $550. No se alega en esta causa de acción que el demandante Arturo Gigante haya sufrido daños. Por el contrario, se hace constar que fué la niña Georgina quien los sufrió. Es claro y evidente que Arturo Gigante no puede reclamar para sí una indemnización que, según las alegaciones, corresponde a su hija. No cabe suponer que el padre promueva una acción para que se le in-demnice de un daño que no ha sufrido y al cual no tiene de-recho. Las alegaciones de la demanda indican que esta pri-mera causa de acción, a que ha quedado reducida la demanda, se inició en beneficio de la niña y no del padre. La misma corte parece haberlo entendido así cuando condena al deman-dado a satisfacer al demandante Arturo Gigante la cantidad de $350 por los daños y perjuicios ocasionados a dicha menor con motivo de la mordedura del perro poseído por el deman-dado. Si el pronunciamiento del tribunal a quo concede únicamente indemnización por los daños y perjuicios ocasio-nados a la menor, es claro que la suma concedida le perte-nece en propiedad y que tiene derecho a hacerla efectiva por conducto de su legítimo representante. La corte inferior in-currió en un error que debe ser corregido al condenar al de-mandado a satisfacer la suma concedida a Arturo Gigante por sí y como padre con patria potestad de su menor hija Georgina. El padre de la menor, demandante en su capacidad representativa, no puede reclamar para sí participación al-guna por daños que de acuerdo con los hechos alegados fue-ron inferidos a su hija.

Que Arturo Gigante no tuvo la intención de establecer este pleito exclusivamente para su propio beneficio lo demuestra la capacidad dual con que comparece, por sí y como padre con patria potestad sobre la menor, y las dos causas de ac-ción en que aparece dividida la demanda, alegándose en una, como consecuencia de esta comparecencia dual, daños inferi-dos al padre por sus angustias y sufrimientos, y en la otra daños inferidos a la hija con motivo del accidente. Como ya hemos dicho, de la demanda se deduce que en esta primera causa de acción Arturo Gigante actúa en su capacidad re-presentativa. No vemos que exista gran diferencia entre la comparecencia del padre representando al hijo y la del hijo representado por el padre. Lo esencial es que de las alega-ciones de la demanda y la naturaleza de la acción ejercitada surja claramente que es el pupilo la parte realmente intere-sada y que el tutor o el padre, según sea el caso, demande en su capacidad representativa.

En el caso de Bennett v. Bennett, 91 N. W. 409, resuelto por la Corte Suprema de Nebraska, el tutor inició una demanda donde simplemente se limitaba a decir en el título: “Levi Bennett, Guardian of Emery W. Tuttle”, sin hacer constar expresamente qne demandaba como tntor. Se im-pugnó la demanda por el fundamento de baber sido promo-vida personalmente por el tutor y no por el pupilo. Resol-viendo la cuestión planteada, la corte se expresó así:

“Una considerable porción del argumento en favor del apelante se dirige a la suficiencia de la petición. En el título, el demandante se describe a sí mismo como Levi Bennett, tutor de Emery W. Tuttle. y no dice en ninguna parte de la solicitud expresamente que esté' demandando como guardián. Por esta razón, y porque las palabras ‘Guardian of Emery W. Tuttle’ podrían estrictamente ser tratadas como descripUo personae solamente, se insiste en que esta demanda ha sido promovida por Levi Bennett en su capacidad personal y no representativa y en que no puede así sostenerse. Pero en vista de que el demandante se describe a sí mismo como tutor y alega su nombramiento como tal, y de que por sus alegaciones y la natura-leza de la acción demuestra claramente su intención de demandar en su capacidad representativa, nosotros podemos honradamente in-terpretar así sus alegaciones, a pesar de no haber hecho constar ex-presamente que demandaba como tutor. Williams v. Eikenbary, 36 Neb. 478, 54 N.W. 852.’’

En el caso de Metropolitan Life Insurance Co. v. Fitzgerald, 209 S. W. 77, 79, la Corte Suprema de Arkansas se expresa así:

“La pauta seguida por nuestras decisiones demuestra que la ley que requiere que las acciones se ejerciten en el nombre de la parte realmente interesada, ha recibido una interpretación muy liberal con el propósito de hacer efectivo el sabio precepto que permite deman-dar a aquellas personas que son realmente partes interesadas en la acción (Citas).’’

El principio de que la acción debe ejercitarse a nombre de la parte realmente interesada tiene por objeto evitar que el demandado pueda verse sometido a futuros litigios por la misma causa de acción. En un caso como el presente el de-mandado resulta garantido. La capacidad con que compa-rece Arturo Gigante, los hechos alegados en la demanda y las conclusiones establecidas por este tribunal constituyen una completa protección para la parte demandada.

Se arguye que en esta causa de acción se piden $50 por medicinas y asistencia médica que deben ser reclamados por «1 padre y no por la hija. La verdad es que ésta es una indemnización que puede reclamar el padre, pero hay decisiones que sostienen que si el padre incluye en la reclamación partidas que le corresponderían directamente, el menor queda .autorizado para obtener su pago, sin que el padre pueda más tarde ejercitar una acción para reclamarlas.

En el caso de Flessher v. Carstens Packing Co., 165 Pac. 397, el demandante inició una acción reclamando indemnización por daños que le fueron ocasionados con motivo de un accidente de que fué víctima su hija. Se alegó que las par-tidas reclamadas en la demanda habían sido incluidas en una .acción establecida anteriormente por el propio demandante como tutor ad litem de su referida hija. La Corte Suprema de Washington, resolviendo la cuestión planteada, se expresó así:

“Según interpretamos las alegaciones, las partidas relativas a ser-vicios médicos y gastos de hospital no fueron incluidas en las alega-ciones de la demanda presentada ante la Corte Federal, ni en forma -alguna fueron ventiladas en dicho recurso. Entonces surge la cues-tión de si el apelante tiene derecho a obtener el importe de dichas partidas en este recurso. La ley es al efecto de que cuando un me-nor sufre lesiones, surgen dos causas de acción, una en favor del menor por sufrimientos físicos y por las lesiones permanentes, y la otra en favor del padre por la pérdida de servicios durante la mi-noridad y por los gastos incurridos durante la enfermedad. Estas acciones pueden ser acumuladas o juzgadas separadamente. En el caso de Harris v. Puget Sound Electric Railway, 52 Wash. 299, 100 Pac. 841, en que estaba envuelta esta cuestión, se dijo:
“ ‘Cuando un menor sufre lesiones, surgen dos causas de acción, una en favor del menor por los sufrimientos físicos y lesiones per-manentes, y la otra en favor de los padres por la pérdida de ser-vicios durante la minoridad y por los gastos incurridos durante la enfermedad . . . Estas dos causas de acción pueden ser acumuladas O instituidas separadamente . . .
“Cuando un menor de edad sufre lesiones como resultado de la negligencia de otra persona, y el padre instituye una acción como tutor ad litem, y en diebo recurso se trata de obtener indemnización de conformidad con los términos de la demanda, o cuando en el mismo se ventilan cualesquiera partidas de indemnización correspon-dientes al padre, éste no puede entablar una acción posterior sobre las mismas partidas, toda vez que al incluirlas en el recurso en que él actúa como tutor ad litem, el menor fué autorizado para recobrar tales partidas de daños y perjuicios, y el padre está impedido de ob-tener posteriormente indemnización por las mismas. (Citas). En el caso de Donald v. Ballard, 34 Wash. 576, 76 Pac. 80, refiriéndose al caso de Daly v. Everett Pulp & Paper Co., 31 Wash. 252, 71 Pac. 1014, se dijo:
“ ‘Esta corte resolvió que cuando se inicia un pleito en reclama-ción de daños y perjuicios provenientes de las lesiones producidas a un menor, y cuando la acción se instituye en beneficio del menor con el consentimiento del padre, para recobrar los daños y per-juicios que de otro modo el último podría recobrar, éste no puede más tarde presentar demanda a nombre propio reclamando las mis-mas partidas que fueron incluidas en el pleito anterior. Se resolvió que bajo las circunstancias el padre ba emancipado al bijo en lo que al derecho a percibir indemnización por los daños y perjuicios in-cluidos en el pleito del bijo se refiere. Así es el presente caso. Es evidente que el padre consintió a que el bijo obtuviera indemniza-ción, toda vez que él mismo inició el recurso en su propio nombre como tutor ad litem e incluyó específicamente la partida de daños y perjuicios objeto de esta controversia. Según el caso citado el me-nor estaba autorizado para recobrar esta partida y el padre por se-gunda vez no puede, en su propio beneficio, obtener indemnización por el mismo daño.’
“Aplicando la ley a los hechos de este caso, se desprende que el apelante, conforme demuestran las alegaciones, tenía una causa de acción contra la demandada, por servicios médicos, pérdida de ser-vicios durante la minoridad y gastos de hospital; que el apelante, como tutor ad litem de su hija menor de edad, libró su contienda ante la corte federal, y en dicha acción incluyó la partida relativa a pérdida de servicios; que no incluyó las partidas relativas a ser-vicios médicos y gastos de hospital. Toda vez que estas partidas no fueron ventiladas en forma alguna ante la corte federal, no puede decirse que el apelante trató de obtener allí la indemnización corres-pondiente a tales partidas y que por ende está impedido de prose-guir este litigio.”

En el presente caso Arturo Gigante incluye entre los daños ocasionados a su hija los gastos de medicinas y asistencia médica qne aparecen alegados en la primera cansa de acción. Oreemos, como la Corte Suprema de Washington, qne el Sr. Oigante no pnede reclamar en el fnturo esta snma, qne ade-más de haber sido alegada ha sido objeto de prueba. Nos parece acertada la conclusión, en vista de las alegaciones y la prueba, de qne estos daños han sido renunciados por el padre en beneficio de la hija.

En cnanto al pronunciamiento sobre costas, alega el ape-lante que la demanda contenía dos cansas de acción, dos re-clamaciones distintas, por la suma de $1,050, y que la corte inferior desestimó en su totalidad una de esas causas de ac-ción. Hemos examinado las alegaciones y la prueba y todas las circunstancias que intervienen en este caso, y no estamos convencidos de que el demandado haya sido temerario hasta el extremo de merecer que se le condene a pagar honorarios de abogado. Respetamos el criterio de la corte inferior en cuanto a las costas, pero creemos que deben excluirse de las mismas los honorarios de abogado.

En cuanto a la prueba, no podemos decir que el tribunal a quo haya incurrido en manifiesto error al apreciarla. Se ha demostrado que la niña fué mordida por un perro llamado Nerón, que vivía en la casa del apelante. La misma prueba del demandado así lo demuestra. Tulio J. Mas, sobrino de la esposa de José Álvarez y quien alega ser dueño del perro, declara que reside en casa del Sr. Álvarez, donde ha tenido siempre al perro suelto en la casa, que el perro vive allí, que está siempre realengo, y que es él quien se cuida de darle los alimentos al referido animal. José Nogueras, testigo del demandado, declara que es chauffeur de José Álvarez, que el perro estaba acostado en la acera de la casa del demandado el día que ocurrió el accidente, que cuando entró a trabajar en la casa del Sr. Álvarez el perro estaba allí, y que durante todo el tiempo que ha estado en la referida casa ese perro ha estado suelto. El demandado José Álvarez de-clara que ese perro vino a su. casa hace como tres años, que siempre lo ña visto suelto por allí y que Tulio Mas es quien se encarga de cuidar y mantener al perro y de sacarlo y ba-ñarlo en el mar.

La ley aplicable al caso es el artículo 1805 del Código Civil de Puerto Pico, edición 1930, que dice textualmente así:

“El poseedor de un animal, o el que se sirve de él, es responsable de los perjuicios que causare, aunque se le escape, o extravíe. Sólo cesará esta responsabilidad en el caso de que el daño proviniera de fuerza mayor o de culpa del que lo hubiese sufrido.”

Este artículo de nuestro .código es igual al 1905 del código español de donde fue copiado. La corte inferior en su reso-lución cita un comentario a este artículo del Sr. Martínez ítuiz, en su obra “Interpretación al Código Civil”, ed. 1908, que dice así:

“El que posee o se sirve de un animal para su utilidad o recreo, viene obligado a ejercer sobre él la vigilancia y cuidado necesarios para evitar que cause daño a tercero. Pero no es ésta la conside-ración que sirve de fundamento al Código para imponer al poseedor del animal la obligación de indemnizar el daño que ocasione, y a la que se refiere el artículo 1905. Por el solo hecho de la posesión presume la ley el consentimiento tácito del poseedor de responder de todas sus consecuencias, ya que no se le oculta a éste la ineficacia re-lativa del cuidado y vigilancia de seres irracionales. Y en virtud de esta presunción le hace responsable de cuantos perjuicios y daños cause el animal, aunque se le escape o extravíe; es decir, aun encon-trándose en condiciones que le impidan hacer la vigilancia a que está obligado, cuya falta no es, por consiguiente, la causa de la obligación que contrae de indemnizar el daño. Como se ve por la simple lec-tura de este artículo, el código ha prescindido de la distinción, que ■admitían las partidas, entre animales fieros y mansos, siendo, por tanto, igualmente aplicables a unos que a otros la prescripción que este artículo contiene.” Tomo II, pág. 149.

Con respecto a la posesión del animal de que babla el Có-digo Civil, la corte inferior se expresa así:

“Lo que dice nuestra ley es que el poseedor del animal o el que se sirve de él para su utilidad o recreo, responderá de los daños que causare. Hemos encontrado una extensa monografía sobre esta cuestión en Holmes v. Murray, 17 L.R.A. (N. S.) 431, en donde se cita el caso de Schultz v. Griffith, 72 N. W. 745. El consenso general de la jurisprudencia es que una persona que permite que un sirviente o empleado suyo tenga un perro en su residencia, es poseedor o cus-todio del mismo (harbour or keeper). Doctrina ésta que es exacta-mente igual a la que sustenta nuestro derecho histórico. Véase a mayor abundamiento 1 R.C.L. 1120, pár. 63, y 3 C. J. 106, pár. 345. La prueba del demandante demuestra de modo preponderante que el daño fue causado por un perro que estaba bajo la posesión del de-mandado, y tomando en consideración la ley y la jurisprudencia apli-cables, la naturaleza de las lesiones sufridas y toda la prueba apor-tada al caso, resolvemos que el demandado debe responder al deman-dante del daño causado en una cantidad que fijamos justa y razona-blemente en $350.00, y por cuya cantidad se declara con lugar la primera causa de acción de la demanda entablada.”

En el caso de Redinger v. Crespo, 18 D.P.R. 108, se copian varios párrafos del comentarista Manresa, quien sustancial-mente sostiene el mismo criterio que el Sr. Martínez Ruiz, se dice que las autoridades americanas se expresan virtual-mente en igual sentido y se transcribe, entre otros, un párrafo de Oye. que dice así:

"Atender, quiere decir proteger, y el que acaricia a un perro como si lo tuviere en su casa, y se toma el trabajo de hacer que le obedezca dirigiendo sus. movimientos es el dueño o encargado, según el signi-ficado de la ley; pero el hecho de que se encuentre fortuitamente un animal en su finca, si no se le trata como se ha dicho, no convierte a tal persona en dueño, o persona encargado del mismo. Si el jefe de una casa de familia, que está en posesión y dominio de una casa o finca, deja o permite que se cuide un animal en su finca de tal modo, puede considerársele como encargado de dicho animal, ya pertenezca el mismo a su hijo o a su esposa; y si una mujer casada tiene todos los derechos de una soltera, feme sole, en lo que se refiere a sus bie-nes propios, puede ser responsable como encargada de un animal, aun-que en realidad pertenezca a su marido, no siendo esto necesaria-mente así. Igualmente una corporación o sus oficiales, un huésped, o un barco, pueden estar sujetos a responsabilidad. La persona que a sabiendas permite que se cuide un perro en su finca, -por un em-pleado o sirviente, es un encargado según el alcance del estatuto; pero no sucede lo mismo, cuando el empleado vive en otra casa en la finca del patrono. El hecho de que otras personas excepto el de-mandado habían intervenido en el cuido de un animal no lo exime de ser considerado como la persona a cuyo cuidado está el animal dentro del significado del estatuto.” (2 Cyc., 378, 379, y casos ci-tados).

Esta doctrina aparece ratificada por este tribunal en el caso de Torres v. Dávila, 47 D.P.R. 315, donde el Juez Asociado Sr. Wolf, hablando a nombre del tribunal, dijo lo si-guiente :

“Cuando en acción de daños y perjuicios instada por una persona que fué mordida por un perro bravio hay prueba, creída por la corte inferior, tendente a demostrar la propiedad del animal en el demandado y prueba, además, de que aun cuando ,el perro no le perteneciera estaba constantemente en su casa y lo albergaba en la misma, y por tanto lo tenía bajo su inmediata posesión, dicho de-mandado es responsable de los perjuicios causados por el animal a tenor del artículo 1805 (ed. 1930) del Código Civil.”

Con respecto a los daños, la prueba demuestra que la niña recibió una herida punzante, y que fué visitada unas seis veces por el Dr. Pujadas, quien le puso una inyección antite-tánica. La curación, según este facultativo, fué rápida. La niña declara que la mordida le produjo un dolor muy fuerte, que por la noche soñaba con el perro y se despertaba gritando, llamando a su mamá.

La corte inferior estimó los daños en $350. El deman-dado no impugna esta suma por considerarla excesiva, sino porque a su juicio es Arturo Gigante quien ejercita la acción, y éste no tiene derecho, según la prueba, a una cantidad mayor de $50 por la asistencia médica. Debe desestimarse el error apuntado.

En cuanto a la culpa atribuida a la niña Georgina, nos atenemos a las conclusiones de la corte inferior, aunque dis-crepemos un tanto de su razonamiento.

Debe confirmarse la sentencia apelada, modificándola en el sentido de condenar al demandado José Alvares a satisfa- cer a la niña Georgina Gigante, representada por su padre Arturo Gigante, la cantidad de $350 con las costas, exclu;-yendo honorarios de abogado.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Del Toro,

license: Public Domain

text:
    Inocencia Picón Rivera, demandante y apelante, v. Central Cambalache, Inc., demandada y apelada.
    No. 6572.

    Sometido: Marzo 19, 1935.

      Resuelto: Mayo 20, 1935.

      Isaías M. Crespo, abogado de la apelante; Félix Santoni, abogado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Ejercitando la acción negatoria de servidumbre, alegó, substancialmente, la demandante en su demanda que es dueña de una finca de una cuerda de terreno situada en el barrio de Sabana Hoyos del término municipal de Arecibo, que ad-quirió por herencia desde hace más -de treinta años, y que la demandada, una corporación que se dedica en Arecibo a la molienda de cañas, es dueña de una vía férrea parte de la cual tiene instalada sobre la finca de la demandante sin su consentimiento y causándole perjuicios. T alega además que ña requerido a la demandada para que levante la vía y se ña negado, motivo por el cual acude a la corte en solicitud de una sentencia que ordene de remoción de la vía, con costas.

Contestó la demandada negando que la vía s.e instalara sin autorización y alegando en contrario que lo fué con el con-sentimiento de la demandante y de Santiago Picón hace más de veinte años. Negó que cansara daño y qne fnera reque-rida para el levantamiento de la vía.

Como defensas alegó, en resumen, las que siguen:

La demandante y Santiago Picón constituyeron una ser-vidumbre de paso a perpetuidad a favor de la demandada para la instalación de la vía sobre la finca que poseían en común y que al dividirse la comunidad la demandante cono-cía personalmente la existencia de la vía que es aparente desde hace más de veinte años, estando impedida de impugnar la servidumbre y la vía.

Cualquiera que sea el derecho que la demandante tenga o hubiera tenido sobre las tierras en que está situada la vía, lá demandada ha adquirido la servidumbre por prescripción, de acuerdo con el artículo 544 del Código Civil, por haberla poseído por más de veinte años.

Antes de construirse la vía los terrenos de esa zoná'tenían escaso valor. Su precio aumentó por razón de la construc-ción que fué hecha por la demandada de buena fe, invirtiendo considerables sumas de dinero, “en provecho de los terrenos de la demandante que pudieron extender su área y variedad de cultivo.”

Fué el pleito a juicio. Con respecto a que la demandante es dueña de la cuerda de terreno que atraviesa la vía, a la existencia de ésta en forma ostensible y al cruce por ella de los trenes de la demandada transportando caña y leña, no hay cuestión. La cuestión surge con respecto a si se consti-tuyó o no una verdadera servidumbre de paso y por consi-guiente si la vía fué y continúa o no legalmente instalada sobre las tierras de la demandante y a si ésta, bajo las cir-cunstancias que concurren, está o no impedida en todo caso de negar la servidumbre. Para resolverla es necesario ana-lizar y pesar la evidencia practicada.

El primer testigo que declaró fue la propia demandante Inocencia Picón. Tenía a la fecha del juicio más de sesenta .años. Se crió en la finca. Allí murieron sus padres y allí siguió viviendo y vive aún. La vía ocupa como un cuadro de terreno y está allí como desde hace veinte o veinte y dos •años. Lió permiso á don Remigio Badía que estaba con don Manolo Paz para que, por cuatro años, pasaran los trenes. Le pagaron veinte y cinco pesos por las plantas que le des-truyeron. Nada más lia recibido. Por la vía no ba cobrado ni un centavo.

Fué repreguntado insistentemente por los abogados de la demandada y siempre sostuvo que lo que concedió fué un permiso por cuatro años. Conoce que Paz era un notario. No sabe firmar. Primero dijo que no recordaba si se hizo algún documento. Luego reconoció que autorizó a Remigio Martínez para firmar y seguidamente aclara: ‘ ‘ Para el pago del dinero.” . . . “Nada más que un papelito para el dinero que me dieron, los veinte y cinco pesos por las matas.”

Cuajido se le repregunta cómo esperó tanto tiempo para reclamar, contesta: “Porque ahora veo que más lo necesito y ahora lo pido.”

Y al repreguntársele “¿Y a pesar de lo que dice, recuerde bien, usted no autorizó una servidumbre a perpetuidad? Mire que es usted una anciana y los juramentos tienen fuerza”, responde: “Ante los ojos de Dios, es la justicia. Nada de mentira puedo hablar.”

Seguidamente fué llamado a declarar Santiago Picón, her-mano de la demandante. De su testimonio se desprende que al morir sus padres dejaron algún terreno tocándole a cada hijo una cuerda. Sólo la demandante conserva la suya que es por donde pasa la vía. Sostiene que él vendió su parte antes de instalarse la vía. Estuvo presente el día que Re-migio Martínez Badía y Manuel Paz hablaron con la deman-dante. “Sé que hicieron un papel, no sé de documentos. . . Veinte y cinco pesos le dieron a ella. . . . Porque había fru-tos menores sembrados en la vía, guineos, palos de chinas, aguacatés . . . palmas de yaguas, palmas de cogollo . . . calculo que podrían valer muy bien los veinte y cinco pesos.”

Del contrainterrogatorio transcribimos:

“P. — ¿Cuando se firmaron los papeles esos que estaba el Notario Paz Urdaz, estaba su hermana y Ud. por qué fué que intervino en el contrato ese? -¿No había dejado de ser dueño de la cuerda? — Lo-que pasó, que como vivía con ella y estoy al cuidado de ella, yo' firmé por ella. — P.—¿ Sabe firmar? No, señor; pero firmó otro por mí.. —P.—¿A quién autorizó, a don Remigio Martínez? — Sí, señor. — P. —¿Autorizó a Remigio Martínez en el documento ese en relación com la vía que se estableció? — Sí, señor. — P.—¿Doña Inocencia estaba?— Si, señor. — P.—¿Doña Inocencia firmó? — No recuerdo si firmó. — P.— ¿Ella sabe firmar? — Ella no sabe firmar. — P.—¿Quien firmó por ella? — No recuerdo quién firmó por ella. — P.—¿No estaba don Re-migio Martínez? — Sí, señor.”

Pedro Torres, vecino de la demandante desde 1892, describe su finca y la vía que la atraviesa.

Emilio Vega, también antiguo vecino del barrio se re-fiere a la finca y a la vía y dijo que “Remigio Martínez Badía llegó a donde ella (la demandante) llegó a donde todo el mundo a pedir paso para la vía y creo seguro que se lo dió.” Con respecto a por cuánto tiempo, no sabe. No estaba pre-sente. Contestando la pregunta “¿Le pagaron algo?”, dijo: “Don Remigio le prometió veinte y cinco pesos por unos árboles que le quitaban para tender la vía.”

Fué entonces llamado a declarar Remigio Martínez Badía que contestó en resumen que para el 1910 estaba empleado por la demandada en la construcción de la vía. Conoce la finca de la demandante. Inocencia Picón no quería dar el paso. Le aconsejó que lo diera porque le convenía a ella y al barrio. Le parece que lo dió. “Yo no sé si se hizo algún documento o no con seguridad. No lo sé, sé que estuvo Paz Urdaz por allí, pero con seguridad no puedo decir si se levantó documento. ... Se le pagó dinero por la destrucción de unas plantas que se le dañaron.”

Al comenzar las repreguntas se inquirió otra vez del tes-tigo si se había firmado algún documento y contestó: ‘ ‘ Como, seguro no lo sé.” Entonces el abogado de la demandada le dijo: “¿Y este documento que le presento?. . . Inter-vino el abogado de la demandante pidiendo que se le permi-tiera examinar el documento antes de que continuara el con-trainterrogatorio. No accedió la corte. Y el abogado de la demandada prosiguió:

“P. — Mire ese documento. Esta firma. — Esta firma es mía. — P.— ¿Qué dice la firma? — Como testigo y a ruego de Inocencia Picón Bivera, B. M. Badía. — P.—¿ Firmó ese documento a ruego de Inocencia Picón y de Santiago Picón? — Sí, señor. — P.—¿Y la firma es? — La mía. —P.—¿De modo que Ud. también autorizado por Inocencia Picón firmó ese documento? — Sí, señor. — P.—¿A ruego de ella? — Sí, señor. —P.—¿Y estaba allí presente el notario? — Manuel Paz Urdaz. — P.— ¿Qué expresa ese documento, servidumbre de paso por algún tiempo o a perpetuidad? — Aquí dice a perpetuidad. — P.—¿Y era para colo-car qué? — Para colocar vías de ferrocarril. — P.—¿De modo que ahora recuerda haber sido autorizado para firmar ese documento? — Lo re-.cuerdo, pero he firmado tantos; pero ahí está claro.”

. Contestando el testigo a preguntas del juez dijo que la ■cuerda de terreno se vendía en aquel sitio el año 1910 a doce •o quince pesos, que la vía sobre la finca de que se trata tenía ¡alrededor de setenta metros de largo y treinta y seis pul-gadas de ancho la vía propia y el terreno a ella destinado unos cuatro metros.

Yitaliano García fue el último testigo presentado por la demandante. Es Tesorero y Tenedor de Libros de la de-mandada. Fue preguntado y contestó así:

“P. — ¿Como tal Tesorero y Contable de la Central Cambalache, tiene a su cargo los libros donde lleva la contabilidad a la Central? —Sí, señor. — P.—Quiere mostrarme el libro Diario en su folio 325? — ... —Aquí está. — . . . —P.—¿ Corresponde a qué año ? — A 1910. —P.—Busque la cuenta de esa página relacionada con el nombre de Inocencia Picón. — Yía férrea. — P.—¿Qué dice ahí? — Indemnizaciones pagadas a las siguientes personas por plantaciones destruidas para facilitar el paso para nuestra vía de Sábana Hoyos, a saber: Ino-cencia Picón, según recibo, treinta pesos; a Jacinto Ayende . . . . —. . . — P.—¿Ahora busque el libro mayor en el folio 325. — ¿Qué tiene en sus manos ? — El libro mayor.— . . . —P.—¿ Mire a ver si ahí, ■en ese folio, hay algún asiento relacionado con Inocencia Picón?— —Hay un asiento que dice: Indemnizaciones pagadas por plantacio-nes destruidas a varios para facilitar paso para nuestra vía, según diario. ’ ’

La prueba de la demandada comenzó con la presentación del documento identificado que la corte admitió con la opo-sición de la demandante. Dicho documento se remitió original a esta Corte Suprema. Es una forma preparada en maquinilla dejando buecos para ser llenados luego. Dice:

“Yo, Inocencia y Santiago Picón Rivera, mayores de edad, veci-nos de Arecibo dueños de una finca rústica radicada en el barrio de Sabana Hoyos término de Arecibo, compuesta de dos cuerdas de te-rreno, colindante al Norte con Juan Bautista Candelaria, y Gregorio Serrano, Poniente José Santiago, Sur José Santiago y Este Gregorio Ruiz.
“Por el presente, constituyo seRvidumbee de paso a perpetuidad, por la finca que se fia descrito, a favor de la Corporación de este domicilio (centRal cambalache’, incorporada y existente con arre-glo a las leyes de Puerto Rico; y en consecuencia, queda facultada la expresada Central para atravesar por dicha finca, de_con un camino de seis a diez varas de ancho, para una vía de ferrocarril, fijando, de una manera definitiva, los railes para el paso de los tre-nes; cuya servidumbre gratuitamente constituyo, mediante el precio de-que me ha sido pagado en su totalidad por la citada Cor-poración, antes de este acto, dándole carta de pago.
“En prueba de ello, queda extendido y firmado este documento, en Arecibo, barrio de Sabana Hoyos a primero de abril de 1910.
“Como testigo y a ruego de Inocencia y Santiago Picón Ribera.
R. M. Badía.
“Número 111.
“Suscrito y jurado ante mí hoy primero de abril de 1910 por Inocencia y Santiago Picón Rivera, de las generales que han expre-sado, a quienes conozco personalmente.
Manuel Paz Urdaz,
Notario Público.
(Hay un sello Notarial pero no el sello de rentas internas.”

La palabra “gratuitamente” aparece manuscrita entre líneas y por sobre las palabras “mediante el precio de-que me ba sido pagado en su totalidad por la citada cor-poración, antes de este acto, dándole carta de pago”, se trazó una línea con tinta.

Acto seguida declaró Andrés Ruiz. Dijo que la finca de la demandante tenía antes dos cuerdas. Hoy tiene una. Está cruzada por el medio, de una parte a otra, por la vía.

Luego compareció Cesáreo G-arcía, empleado de la de-mandada. Dijo que la finca “tenía dos cuerdas de terreno cuando se constituyó la servidumbre.” Era de Inocencia y de Santiago Picón. Quedó reducida a una que es de Ino-cencia. La atraviesa una vía férrea de la demandada a virtud “de una servidumbre que otorgaron Santiago e Ino-cencia Picón.”

Ha hablado en distintas ocasiones con la demandante, “una de. ellas personalmente, que fui a invitarla a venir a firmar una escritura de servidumbre, porque lo que tenía antes firmado era un affidavit y queríamos que se hiciera la escritura debidamente para inscribirla en el registro e Ino-cencia Picón me contestó, que para qué quería más servidum-bre que tener la vía tendida por la finca; que había otor-gado esa servidumbre y ella tenía palabra y ella no hacía más escrituras. En otra ocasión también en que tuve conoci-miento de que ella trataba, o decían que trataba de vender el terreno, la cuerda, donde tenía su casita, y entonces se le invitó a ver si quería permutar esa cuerda de terreno por otra cantidad igual de terreno al lado de la carretera que va de Sabana Hoyos a San Juan, en la que hay una casa de ma-dera bastante grande, algo mejor que la que tiene su finca actualmente, y contestó lo mismo que ella no quería permu-tar terreno y que no tuviéramos cuidado alguno que ella había otorgado la servidumbre de la vía y que la vía pasaba por su finca y no hacía más ni quería permutar ningún terreno, que quería morir donde había vivido casi siempre.”

Que la vía se construyó desde 1910 con dinero de la Central,. es permanente y visible. Ocupa unos ochenta metros de largo por cuatro y medio de ancho. El costo de la vía por kilómetro es como diez mil cuatrocientos dólares.

A repreguntas del abogado de la demandante, contestó que sabe que la finca tenía dos cuerdas:

“Porque está en un documento y manifestaciones que no una sola vez, sino en distintas veces que personalmente be ido con Manuel Paz Urdaz a solicitar que nos firmaran la escritura, que antes be referido eso, que distintas veces ban diobo las mismas colindancias de la finca. —P.—¿Entonces esa escritura que Ud. dice que solicitaba, eso era conjuntamente con Paz Urdaz el notario? — Eso bace mucbo tiempo ya. — P.—¿Sabe que murió Paz Urdaz? — Sí, señor. — P.—¿Y bace más de doce a quince años que ba muerto? — Sí, señor; fué al poco tiempo con objeto de inscribir la servidumbre, no una sola vez sino varias veces y doña Inocencia contestaba que decía las cosas una vez nada más y para qué querían la escritura si estaban las vías sobre el te-rreno. Era la contestación que decía. — P.—'¿Le ofreció permutar la finca por otra? — Sí, señor; últimamente. — P.—¿Cuándo fué eso?— Eso bará como dos años. Una cosa así. — P.—¿Más o menos? — Sí, se-ñor. — P.—¿Y ella no la quiso permutar? — No, señor; ella siempre dijo entonces que ella vivía tantos años abí en esa finca y ella no quería salir de allí y allí moriría.”

Emilio Canals manifestó baber construido en su tota-lidad la vía férrea de que es parte la de que se trata de este pleito. Que Inocencia y Santiago Picón constituyeron ser-vidumbre a favor de la Central Cambalache. Que la vía es fija, de treinta pulgadas de ancho y traviesas de hierro y costó de ocho a diez mil dólares por kilómetro. Su cons-trucción se hizo de abril a octubre de 1910. Pedían permiso a los propietarios. Los permisos se obtuvieron antes de em-pezar la construcción.

Fué llamado de nuevo Cesáreo Grarcía y con él terminó la prueba de la demandada. Dijo que los trenes comenzaron a funcionar desde 1910 por la finca de Inocencia Picón. “Desde abril. Ya' en el mes de abril pasaban las locomoto-ras por aquellos terrenos.”

Como prueba de rebuttal llamó la demandante a declarar nuevamente a su testigo Emilio Yega quien dijo que trans-currieron dos o tres meses en colocarse la vía después del permiso concedido por la demandante, y a Juan Ayende que manifestó qne él concedió permiso para pasar la vía sobre sns terrenos el mismo día qne concedió el snyo la deman-dante y qne las obras para la vía en sn finca tardaron tres meses. Repreguntado contestó qne la finca de la demandante queda más cerca de la factoría qne la de él y qne la vía podía llegar a la finca de la demandante sin llegar a la de él.

Así terminó la práctica de la evidencia en este caso qne fné apreciada por la corte sentenciadora como demostrativa de qne:

" .... en primero de abril de 1910, los hemanos Picón Rivera otorgaron ante el notario Manuel Paz Urdaz un documento por vir-tud del cual, siendo dueños de una parcela de dos cuerdas de tierra, radicada en el barrio Sabana-Hoyos de Arecibo, constituyeron servi-dumbre de paso a perpetuidad sobre su finca a favor de la corpo-ración Central Cambalache Inc. para que dicba entidad tendiese so-bre el fundo sirviente una vía de ferrocarril y fijase, de una manera definitiva, los rieles para el paso de los trenes.
“ . . . .la demandada, Central Cambalache Inc., pagó a los her-manos Picón Rivera la suma de treinta dólares como compensación.
“ .... a virtud del documento otorgádole por los hermanos Pi-cón Rivera, la demandada construyó y tendió las vías de un ferro-carril, en el año 1910, para el transporte de cañas y otros produc-tos, cruzando la parcela de dichos señores.
“ . con posterioridad a la concesión de la servidumbre, los hermanos Picón Rivera dividieron la comunidad existente entre ellos, correspondiendo ■ a cada cual una cuerda, Santiago segregó y vendió la suya, quedando la cuerda perteneciente a Inocencia.
“ . . . .las tierras del barrio Sabana-Hoyos cruzadas por los rie-les de la demandada, tenían en el año 1910 un valor de doce a quince dólares la cuerda.
“ .... el coste aproximado de cada kilómetro de rieles tendido es de ocho a diez mil dólares y, dentro de los seis meses de obtenida la servidumbre, la demandada construyó nueve kilómetros de vía por aquellos sitios.
"No hay duda de que los hermanos Inocencia y Santiago Picón Rivera otorgaron en primero de abril de 1910 un documento, reco-nocido ante notario, concediendo a Central Cambalache Inc. derecho de paso a perpetuidad sobre su finca. Si bien de dicho documento aparece que la concesión fué gratuita, sin embargo, en el curso de la prueba se demostró que la demandada les satisfizo treinta dólares como remuneración. ’ ’

Y basándose dicba corte en esas conclusiones, becbo un estudio de la ley y la jurisprudencia que consideró aplicables y estimando “que el documento aportado en evidencia por la demandada es uno válido y eficaz en derecho para adquirir la servidumbre debatida en este pleito”, dictó sentencia de-clarando la demanda sin lugar, sin especial condenación de costas.

No conforme la demandante apeló. Sostiene que la corte sentenciadora erró al admitir como prueba el documento de abril 1, 1910, al permitir prueba sobre los recursos inver-tidos por la demandada en la construcción de la vía y al apre-ciar la prueba.

No nos detendremos en el estudio y resolución de los dos primeros señalamientos.

Aceptando sin resolverlo que eran admisibles en evidencia el documento de que se trata y dos testimonios sobre inver-sión de fondos en la obra general de construcción del ferro-carril, nos detendremos en el peso de la prueba o sea en las cuestiones que surgen a virtud del tercer señalamiento.

En primer lugar descartaremos la cuestión de prescripción como medio de adquirir la servidumbre, ya que esta corte ba resuelto que la que en este pleito está envuelta es de paso que si bien es aparente no tiene el carácter de continua y por tanto sólo puede adquirirse a virtud de título. Artículo 475 del Código Civil, ed. 1930; Martínez v. Central Cambalache, 48 D.P.R. 216; González v. Plazuela Sugar Co., 42 D.P.R. 701.

¿Constituye título-válido de adquisición el documentopresentado por la demandada? Tras un estudio cuidadoso del mismo y de todas las circunstancias que pone de manifiesto la evidencia practicada, entendemos que no.

En la apreciación de la”prueba no se advierte pasión, pre-juicio o parcialidad, pero sí error manifiesto cometido por la corte inducida tal vez por el escaso valor del terreno y lo tardío de la reclamación.

Examinemos el documento en sí mismo. El Notario Manuel Paz Urdaz consigna que fué “suscrito y jurado” ante él “por Inocencia y Santiago Picón Rivera”. Sabemos-cómo aparece suscrito: ‘ Como testigo y a ruego de Inocencia y Santiago Picón Rivera. R. M. Badía.” No se expresa la necesidad de la intervención de Badía. Es en el juicio que nos enteramos de que Inocencia y Santiago no saben escribir. No consta la marca de las personas por quienes'firma Badía. No aparece que el documento que se llevaba ya redactado por los agentes de la demandada fuera leído a la demandante antes de ser suscrito. Declaró Badía y no fué repregun-tado sobre ese extremo ni sobre otros que hubieran podido aclarar la transacción.

El documento dice que la constitución de la servidumbre fué gratuita. Eso no obstante el juez sentenciador concluye •que la demandada pagó a la demandante treinta dólares como remuneración. La conclusión de la corte no sólo es contraria a los términos del documento, si que a lo repetidamente dicho por los testigos de la demandante y a los asientos contem-poráneos hechos por la propia demandada en sus libros de contabilidad. Lo pagado fué exclusivamente por las siem-bras existentes en las tierras separadas para la vía, no por la servidumbre.

Y la conclusión tiene gran importancia porque siendo la concesión gratuita, constituye una donación de cosa inmueble que para su validez requiere la escritura pública, y no cree-mos que pueda ni siquiera insinuarse que el documento en cuestión sea la escritura pública exigida por el artículo 575 del Código Civil, ed. 1930.

La declaración de la demandante dice mucho a la con-ciencia del juzgador. También la de su hermano y la de Badía. La propia prueba de la demandada resulta en muchos puntos contraria a sus propósitos. Por ejemplo la declara-ción de su testigo G-arcía pone de manifiesto la clara noción que la propia demandada tenía de la debilidad de su título y su empeño en probar la prescripción innecesaria en abso-luto si el título bastaba. Recordemos en cuanto a lo primero la insistencia de la demandada en obtener de la demandante una verdadera escritura pública, llegando basta ofrecerle la permuta de su finca por otra al parecer mejor. Y pensemos en cuanto a lo segundo en la última declaración del testigo prestada después que el abogado de la demandante expresó su intención de probar que no habían transcurrido los veinte años que serían necesarios en el caso de que la servidumbre pudiera adquirirse por prescripción. El testigo llega enton-ces basta a afirmar, que los trenes pasaban por sobre la vía construida en los terrenos de la demandante no ya desde junio, sino desde abril de 1910.

Quizá no sea cierto que al conceder el permiso la deman-dante fijara el término de cuatro años, pero que tampoco lo es que constituyera conscientemente una servidumbre a per-petuidad, surge evidente de la prueba. Lo concedido fué sin duda un permiso indeterminado y por tanto insuficiente para la constitución definitiva de una servidumbre.

Sólo a sí misma puede culparse la demandada que te-niendo todos los medios a su alcance, por economizar quizá una pequeña suma de dinero, obtuvo una concesión informal en vez de un derecho claro, definitivo.

Para evitar en el futuro situaciones como ésta es que la ley exige que el gravamen se constituya de modo tal que su extensión no pueda luego discutirse.

En cuanto a que de acuerdo con la jurisprudencia que se invoca la demandante dados el tiempo transcurrido y su ac-titud al permitir la construcción de la vía a un costo considerable, esté por lo menos impedida de actuar, bastará decir que el caso se rige por los preceptos del Código Civil y que sus verdaderas circunstancias tampoco lo llevan al terreno en que pretende situarlo la' demandada.

El ferrocarril de la demandada no es público, sino pri-vado. La demandante no era una propietaria de una gran extensión de tierras que pudiera beneficiarse con el más fácil transporte de su producto sembrándolas de cañas, sino la dueña de una sola cuerda que quedó dividida y mermada por la vía que no era susceptible de usarse por ella para viajar personalmente ni para transportar los productos ob-tenidos en su finca, frutos menores. El tiempo transcurrido se explica por la misma condición de ignorancia y de pobreza de la demandante.

Nunca serán condenados suficientemente los litigios que se inicien de mala fe, reclamando derechos que fueron concedi-dos, basándose en omisiones involuntarias o debidas a la con-fianza existente entre las partes, o en meros tecnicismos. Esos pleitos constituyen verdaderos fraudes que no deben recibir el amparo de las cortes. Tras bonda meditación no podemos concluir que éste sea uno de esos casos. No hay duda que alguien con conocimientos legales debió abrir los ojos a la demandante. Pero si ésta los abrió para cercio-rarse de que no se había sido justo con ella, de que su dere-cho a su tierra libre de cargas subsistía, entonces los tribu-nales deben amparar su reclamación y hacer que sea efectiva. Las transacciones entre los hombres deben ser claras y justas desde un principio. No debe permitirse que se tomen ven-tajas indebidas. Y la ley debe cumplirse.

Aquí la ley dispone que sólo puede adquirirse la servi-dumbre de que ha venido disfrutando la demandada, a virtud de título constante en escritura pública. La demandada no ha probado la existencia de ese título y la prueba toda, ana-lizada en conjunto, demuestra más bien la existencia de un permiso indefinido que la de un derecho permanente, de-finitivo.

De acuerdo, pues, con los hechos y la ley, cabe la acción nugatoria de servidumbre ejercitada y debe dictarse sentencia declarando que la finca está libre del gravamen, ordenándose el levantamiento de la via dentro del término de seis meses contado a partir del registro de la sentencia de esta corte en los libros de la Corte de Distrito de Arecibo, con las costas.

Los Jueces Asociados Señores Hutchison y Górdova Da-vila no están conformes con la calificación de discontinna que se da en la opinión a la servidumbre de vía férrea qne es a sn jnicio continna tal como se expresa en la opinión disi-dente del Jnez Asociado Sr. Córdova con la cnal está con-forme el Jnez Asociado Sr. Hutchison en el caso de Martínez v. Central Cambalache, ante, pág. 222.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Natividad Hernández, demandante y apelada, v. Lydia Cruz Román, demandada y apelante.
    No. 7030.

      Sometido: Mayo 6, 1935.

      Resuelto: Mayo 20, 1935.

      Lloréns Torres & O’Neill, abogados de la apelante; Victoriano M. Fernández, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En un procedimiento de desabneio la Corte de Distrito de San Juan dictó sentencia con fecha 21 de marzo de 1935 en favor de la demandante, incluyendo la conclusión o reso-lución de que la demandada disfrutaba la finca en precario. La sentencia no fue notificada a la parte demandada hasta el 26 de marzo de 1935. Ésta apeló el 23 del referido mes y año, o sea, tres días antes de archivarse la notificación, y apa-rentemente notificó al letrado de la demandante. Después que la sentencia fué notificada la apelante no dió pasos ulte-riores para investir a esta corte de jurisdicción. Luego de entablar su recurso de apelación, la demandada no radicó fianza de especie alguna. La apelada solicita se desestime el recurso por cuatro fundamentos. El primero es suficiente y será innecesario considerar la supuesta frivolidad envuelta en el cuarto motivo.

La sección 12 de la Ley de Desahucio provee:

“No se admitirá al demandado el recurso de apelación si no con-signa en secretaría el importe del precio adeudado hasta la fecha de la sentencia, cuando el desahucio se funde en falta de pago de las cantidades convenidas.
“En cualquier otro caso será requisito indispensable para ejer-citar el recurso de apelación por parte del demandado, que éste otor-gue fianza, a satisfacción del tribunal, para responder de los daños y perjuicios que puedan irrogarse al demandante, y de las costas de la apelación.
“Tanto la consignación como la fianza de que habla la presente sección deberán quedar formalizadas dentro del término concedido para la apelación.”

Toda vez que la apelante no ha prestado fianza, el recurso debe ser desestimado. Soto Gras v. Boardman, 38 D.P.R. 324; Alvira v. Ayala, 38 D.P.R. 1014.

La apelada también solicitó la desestimación del recurso por haber sido radicado prematuramente. Después que se dicta una sentencia, la parte demandada tiene derecho a apelar sin esperar que se le notifique. Veve v. Fajardo Sugar Co., 17 D.P.R. 1036; Torres v. Calaf, 17 D.P.R. 1183; Sucn. Andrades v. Sosa, 45 D.P.R. 732.

Por tanto, es innecesario considerar la alegación de que el recurso no fué entablado dentro fie cinco días a partir del archivo de la notificación de la sentencia.

Bebe desestimarse el recurso.


author: El Juez Asociado Señob, Wole,

text:
    Estela Burgos, demandante y apelada, v. Francisco Crespo, demandado y apelante.
    No. 6797.

    Sometido: Abril 1, 1935.

      Resuelto: Mayo 20, 1935.

      V. Polanco de Jesús, abogado del apelante; Bolívar Pagan y Adolfo F. García Rodríguez, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señob, Wole,

emitió la opinión del tribunal.

A una acción para recobrar un supuesto crédito cedido, en que el deudor original, según se alegaba, había sido substi-tuido con el demandado, este último radicó una contestación alegando entre otras cosas algunas defensas especiales. Las controversias, después de celebrado el juicio, fueron resuel-tas en contra del demandado. Éste apeló de la sentencia. La transcripción de autos, que contiene solamente las alega-ciones, fue elevada a este tribunal. Ninguna de la prueba aducida durante el juicio fué incorporada a la transcripción. En su debida oportunidad el apelante radicó su alegato en el cual el único error que alega es que la demanda es insufi-ciente para aducir una causa de acción.

Manuel Santiago Maldonado compró cinco parcelas de terreno a Justiniano Burgos y Albertano Burgos. Entonces, según la demanda, Maldonado quedó a deber a Valentín Bur-gos Santos cierta cantidad de dinero. Este último no era uno de los vendedores y la alegación de la demanda envolvía una conclusión de derecho. No se suscitó ningún punto es-pecífico contra este defecto. Existe, quizá, la indicación de que no se estableció nexo alguno entre el demandado y el ce-dente de la demandante. Desde luego, los vendedores po-dían contratar que el dinero que se les debía se le pagara a un tercero.

La demanda también contenía la alegación de que el cré-dito perteneciente a Valentín Burgos Santos fué cedido a la demandante.

La principal objeción planteada lia sido hecha al cuarto párrafo de la demanda, que lee así:

“Que por dicha escritura pública No. 17, otorgada ante el notario público don Valentín Polanco de Jesús, en Ciales, el 24 de enero de 1928, el demandado Francisco Crespo Escalera quedó sub-rogado como deudor del crédito anteriormente referido, haciéndose cargo del pago de la deuda en la forma expresada, en lugar de Manuel Santiago Maldonado.”

Convenimos con el apelante en que este párrafo alega una conclusión de derecho; que no se desprende claramente del mismo que la finca fue traspasada por Manuel Santiago Maldonado a Crespo, ni que este último se obligó a pagar la deuda del primero.

Parte de este error podría considerarse subsanado por la contestación. Sin embargo, el punto principal es que todos estos defectos fueron subsanados o suplidos por la sentencia dictada en el caso. La regla general de derecho es que la prueba que la corte tuvo ante sí justificó la sentencia. Davis v. Albritton, 127 Ga. 517, 119 A.S.R. 352, 8 L.R.A. (N. S.) 820; 15 R.C.L. 878, nota 16. El artículo 102 de la Ley de Evidencia en su inciso 18, Código de Enjuiciamiento Civil, 1933, sección 464, dispone:

“Todas las demás presunciones serán satisfactorias, si no fueren contradichas. Se denominan presunciones disputables y pueden con-trovertirse mediante otra evidencia. Corresponden a esta clase las siguientes:
( C
“18. — Que todas las materias comprendidas en una cuestión, fue-ron sometidas al tribunal o jurado, y resueltas por el mismo; y de igual modo, que todas las materias comprendidas en una cuestión so-metida a arbitraje, fueron sometidas a los árbitros y resueltas por éstos. ’ ’

Las conclusiones de derecho pueden en esa forma ser subsanadas por una sentencia. Penrose v. Winter, 135 Cal. 289, 292, algo similar en sus hechos. Ese caso ha sido seguido en varios otros de California. Suplemento a las notas a este caso en California Reports 717; 49 C. J. 886, nota 19.

Al mismo efecto general se pronuncia 21 Cal. Jur. 283, nota 19.

Bajo estas condiciones la apelación es frívola. Muñíz v. Vivas Capó, 44 D.P.R. 4; Knights of Columbus v. Arcílagos, 45 D.P.R. 92; Solé v. Rocafort et al., 45 D.P.R. 31.

El recurso debe ser desestimado.


text:
    Juan de Dios Marrero, demandante y apelado, v. Leocadio Mas, demandado y apelante.
    No. 6938.

    Sometido: Marzo 25, 1935.

      Resuelto: Mayo 21, 1935.

      M. Acosta Velarde, abogado del apelante; Q. Cruzado Silva, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En un pleito sobre deslinde resuelto con anterioridad al presente, el aquí apelante resultó hasta cierto punto victo-rioso. En el pleito anterior el marshal marcó o trató de marcar los verdaderos linderos entre los litigantes. Enton-ces .el aquí apelante dió algunos pasos adicionales. En la demanda en el .presente caso se aducía que el demandado había privado al demandnte de la posesión de una parcela triangular de terreno y había destruido una cerca, constru-yendo una propia, y se solicitaba la expedición de un injunction para recobrar la posesión. La Corte de Distrito de San Juan, después de celebrarse el juicio así lo resolvió. Se trata ahora de una moción para desestimar por frívolo el recurso de apelación interpuesto contra esa sentencia.

La corte de distrito decidió que un pleito de deslinde era ineficaz para modificar el status, citando el caso de García v. Fernández, 1 S.P.R. 286; 3 Manresa, Comentarios al Código Civil, 324, 342 y 350; La O v. Rodríguez, 28 D.P.R. 636. Conforme sé resolvió en este último caso la sentencia dictada en un pleito de deslinde da a las partes el derecho' a acudir a una acción para que se les ponga en posesión de la propiedad así definida. No- otorga a ninguna de las partes el derecho a tomarse la ley en sus propias manos ni a tomar por sí misma posesión del terreno en controversia. Además podrían surgir equivocaciones. La situación de las partes o sus derechos inmediatos a la posesión pueden cambiar o pueden estar envueltas otras consideraciones.

Sin embargo, el apelante sostiene que el terreno no fue identificado suficientemente y que ningún marshal podría lo-calizarlo definitivamente y poner a una persona en posesión del mismo. La Corte de Distrito resolvió lo contrario. La', contestación en el caso, por ser en cnanto a sn forma nna< negativa que envolvía una afirmación (negative pregnant) no-suscitó cuestión alguna respecto a la descripción lieclia en la. demanda ni sobre alguna otra de sus alegaciones esenciales..

El apelante suscita la cuestión de que una sentencia sóbre-las alegaciones no debe solicitarse por primera vez durante el. juicio y cita un número de casos, mas el procedimiento em este recurso no fué en absoluto lo que se conoce con el nom-bre de sentencia sobre las alegaciones, toda vez que las partes? se bailaban en medio de un juicio y el apelado simplemente se fundó, según tenía derecho a hacerlo, en las admisiones pro tanto presentadas por el demandado en forma de nega-tivas que envolvían afirmaciones. Notamos también que el apelante sostiene que la práctica de dictar sentencias a base de negativas que envuelven afirmaciones, es odiosa.

No obstante el demandante siempre tiene derecho a saber lo que la parte demandada realmente niega y ese resultado no queda cumplido cuando existe una negativa que envuelve una afirmación. La idea de la ley, si la contestación es ju-rada, es que el demandado no eluda la responsabilidad de una acusación por perjurio, diciendo que tan sólo tuvo la in-tención de contestar a una parte insignificante de las alega-ciones de la demanda y que no fué su intención negar otras alegaciones más esenciales. La cuestión de negativas que en-vuelven afirmaciones ha sido cubierta por opiniones de este tribunal. Somonte v. Mimoso, 27 D.P.R. 398; Mazarredo v. Echevarría, et al., 32 D.P.R. 502; Guzmán v. Am. R. R. Co., 29 D.P.R. 402.

La referida demanda alegaba el título del demandante a una faja de terreno que se describía; que el demandado había privado al demandante de una parcela triangular de terreno que comprendía toda la parte sur del solar descrito, con un área aproximada de 5 metros 46 centímetros; y entonces describía, o trataba de describir, la porción segregada y alegaba que el demandado babía destruido una cerca y nonstrnído otra. El apelante llama nuestra atención a varios casos en que este tribunal insistió en que se hiciera una des-cripción más específica. Irrespectivamente del alcance que puedan tener estos casos, la posición del terreno tomado en este caso específico lia sido localizada más o menos definiti-vamente por las alegaciones de la demanda y cualesquiera deficiencias que hubiere fueron suplidas por las actuaciones del demandado mismo al destruir cercas y levantar otras. Su propio alegato y su propia defensa de res adjudicata de-muestran que ambas partes tenían en mente la misma faja de terreno que el demandante trata de recobrar.

Es natural que el pleito anterior no fuera res adjudicata. Tampoco podemos convenir con el apelante en que el presente litigio tiene por objeto que se definan por segunda vez los linderos. O que el pleito envuelve una cuestión de título.

Además, aun suponiendo que el márshal diera algunos qpasos como resultado del litigio anterior, cuanto hizo fue ejecutado a instancias del aquí demandado, y el demandante Tendría siempre derecho a que se restableciera el status quo.

Debe desestimarse el recurso.


author: El Juez Asociado Señoe Audrey,

text:
    Emilio Feliciano, demandante y apelado, v. José G. López, en su carácter de Presidente de la Asociación Fondo de Ahorro y Préstamos de los Empleados del Grobierno Insular de P. R., demandado y apelante.

      No. 6749.

    Sometido: Enero 25, 1935.

      Resuelto: Mayo 21, 1935.

      F. Navarro Ortiz y O. H. Juliá, abogados del apelante; Edelmiro Martínez Rivera, abogado del apelado.

       Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señoe Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

En este procedimiento de mandamus establecido por Emilio Feliciano contra José G. López como presidente de la Asociación Fondo- de Ahorro y Préstamo de los Empleados del Gobierno Insular de Puerto Pico, la Corte de Distrito de San Juan dictó sentencia por el resultado de la prueba prac-ticada ante ella declarando que Emilio Feliciano está inca-pacitado física y permanentemente para desempeñar sus de-beres como policía insular y que el demandado López tiene el deber ministerial de notificar esa incapacidad a los jefes de oficinas y departamentos del Gobierno Insular para que se recaude -el dinero para pagar el seguro que tiene Emilio Feliciano. La apelación contra esa sentencia es lo que motiva el presente recurso .establecido por el demandado.

Esta es la' segunda vez que Feliciano lia interpuesto re-curso de mandamus contra el presidente de dicha asociación para el cobro de su seguro y también la segunda vez que el asunto ha venido en apelación ante nosotros. Una de las cuestiones envueltas en la primera apelación era si la soli-citud de retiro por incapacidad física permanente para el servicio debía ser hecha antes de cesar en el cargo, y resol-vimos que podía ser hecha después dentro de un tiempo ra-zonable. También resolvimos otras cuestiones. Feliciano v. López, 44 D.P.R. 937.

Parte de la historia de este caso se encuentra en la opinión de este tribunal que sirvió de fundamento a la sentencia por la cual revocamos la que la corte de distrito había dictado contra el demandado. De ella aparece que Emilio Feliciano era un policía insular acogido a los beneficios de la Ley No. 52 de 1921 (pág. 381) que creó un sistema de seguro para ciertos empleados públicos: que en 1 de febrero de 1932 fué separado de su cargo por acuerdo de la Comisión de la Po-licía Insular por estar incapacitado físicamente, según ella, para seguir prestando servicio: que la Comisión de la po-licía puso ese hecho en conocimiento del presidente de la junta de directores de la asociación mencionada: que poste-riormente, el 9 de febrero de 1932, los abogados de Emilio Feliciano solicitaron del presidente de dicha junta que de acuerdo con la ley pusiera en conocimiento de los jefes de oficinas y departamentos del Gobierno Insular de Puerto Rico su incapacidad, para que recaudasen el dinero para pagarle su seguro, y que el presidente y la junta de directores se habían negado a cumplir ese deber ministerial impuesto por la ley.

Nuestra opinión y sentencia revocatoria en la primera apelación tiene fecha 28 de abril de 1933 y en 20 de junio del mismo año Feliciano radicó en la Corte de Distrito de San Juan otra solicitud de mandamus contra el presidente de la junta de la asociación en la que expone los hechos que hemos consignado antes y además su anterior procedimiento de mandamus, nuestra sentencia en él y que después de ella el demandante comprobó ante el demandado el 8 de marzo de 1933 (debe decir el 11 de ese mes y año) su incapacidad per-manente para desempeñar sus funciones oficiales, no obstante lo cual se negaba a notificar la incapacidad del peticionario a los jefes de oficinas y departamentos del Gobierno Insular, por lo que solicitó que se ordenase al demandado que hiciera esa notificación. Dictado un auto provisional de mandamus compareció el demandado y se opuso a la pretensión de Fe-liciano con el resultado de haber hecho la corte perentorio el auto provisional de mandamus que había expedido.

Una de las defensas alegadas por el demandado en su contestación es que la solicitud de mandamus no aduce hechos suficientes para sostener el libramiento de dicho auto. Otra de las defensas fué que la solicitud de mandamus es pre-matura.

Alega el apelante como primer motivo de este recurso que la corte inferior cometió error al no declarar con lugar esa primera defensa. Su fundamento es que la solicitud de mandamus .en este caso no alega, como debió hacerlo, que el'peticionario envió a la junta de directores una solicitud exponiendo los hechos del caso, como requiere el artículo 12 del reglamento de la asociación. Dicho artículo dispone que todo miembro de la asociación en activo servicio público que alegue haber quedado inutilizado permanentemente para el desempeño de sus funciones por virtud de un accidente o enfermedad enviará su solicitud a la junta de directores exponiendo los hechos del caso, acompañando a dicha solicitud una certificación médica jurada de la cual aparezca dicha inutilidad permanente, si tal fuere el caso. Con respecto a ese artículo hemos declarado en la apelación anterior lo siguiente: “Este artículo no hace otra cosa que ajustarse a las disposiciones de la ley, cuando prescribe que los hechos del caso deben exponerse en la solicitud que dirija a la Asociación el empleado, acompañándola de una certificación médica jurada de la cual aparezca la inutilidad permanente. . . No se ha probado en este caso que el demandantó presentara una solicitud exponiendo los hechos, acompañándola de una certi-ficación médica jurada, como se dispone en el reglamento. . . No está el demandante en posición de pedir al presidente o a la junta de directores que lleve a cabo esta notificación, mientras no cumpla con los requisitos previos que prescri-ben la ley y su reglamento.” Puesto que el citado artículo del reglamento se ajusta a las disposiciones de la ley, por lo que debe ser cumplido, y puesto que el envío al presidente o a la junta de la solicitud con los becbos del caso no ha sido alegado en la petición de mandamus' actual, no aduce hechos suficientes para el auto interesado, ya que sin tal envío no está el peticionario en condiciones de exigir que se lleve a cabo la notificación de su inutilidad a los jefes de ofi-cinas y departamentos del Gobierno. También alega la pe-tición de mandamus que se entregó al presidente certifica-ción médica jurada de la inutilidad permanente del peticio-nario, pero como alega que tal inutilidad o incapacidad la comprobó ante el demandado, podemos admitir, interpre-tando liberalmente esa alegación, que la comprobó con certi-ficación médica jurada. Como cuestión de hecho resultante de la prueba practicada en la vista del mandcumus, los aboga-dos de Feliciano enviaron al presidente de la junta el 11 de mayo de 1933 dos certificaciones médicas juradas referentes a la incapacidad física- permanente del peticionario.

Con respecto a ser prematura la solicitud de mandamus, resulta de la prueba practicada en la corte inferior que después de dictada nuestra sentencia y opinión en 28 de abril de 1933 nos pidió Feliciano que la reconsiderásemos: que sin estar resuelta esa solicitud acudieron sus abogados al presidente de la junta con su carta de 11 de mayo de ese año enviándole dos certificaciones médicas juradas y solicitando que con vista de ellas y su carta del 9 de febrero de 1933 (debió decirse 1932) cumpliese con la ley, o sea, en cuanto a notificar a los jefes de oficinas y departamentos para la recolección del dinero del seguro: que la junta de directores acordó el 19 de junio siguiente pasar esa carta y el expediente de Feliciano a los abogados de la junta pará-que le informasen lo que estimaren pertinente, cuyo acuerdo fué cumplido al siguiente día 20 y que ese día 20 fué radicada en la corte inferior la segunda solicitud de mandamus y el auto provisional fué librado, sin que los abogados hubiesen podido cumplir su cometido y cuando aún estaba pendiente de decisión la solicitud de reconsideración, de la cual desistió después de radicado su segundo mandamus, no siendo co-municada nuestra sentencia a la corte inferior basta el 23 de dicho mes: y que el demandado ni la junta se han negado en momento alguno después de la carta de mayó y certifi-caciones médicas a acceder a lo que interesaba Feliciano. Esos hechos demuestran que la solicitud de mandamus que motiva .esta apelación fué prematura, pues no sólo estaba subjúdice la apelación en el mandamus primero sino tam-bién porque el presidente demandado no se había negado a acceder a lo que se solicitó en la carta de 11 de mayo de 1933, por lo que al ser conocidos esos hechos por la prueba debió ser desestimada la solicitud de mandamus.

Podemos dar por terminada aquí esta opinión, pero como Feliciano se queja de la dilación en cobrar su seguro creemos conveniente decir que se ha debido a sus propios actos, pues en vez de presentar al presidente de la junta el impreso que le fué entregado con blancos para que lo contestase sobre los hechos del caso y de haber presentado la certificación médica jurada, según requiere el artículo 12 del reglamento de la asociación, creyó que el presidente y la junta tenían que aceptar necesariamente 1a. conclusión de la Comisión de la Policía Insular de que estaba incapacitado permanentemente para prestar servicio, cuando, no existe en la ley precepto alguno que convierta a los jefes de oficinas y departamentos en jueces definitivos de la incapacidad física a los efectos del cobro del seguro y por el contrario la junta tiene derecho a designar los médicos que han de comprobar el estado de salud del empleado, porque uno de los deberes que tiene que cumplir es el de velar por que el empleado a quien se pague el seguro esté real y per-manentemente incapacitado para el desempeño de sus funcionés oficiales. Feliciano v. López, supra. Y porque no sólo se precipitó en su segunda solicitud de mandamus, radieándola antes de haberse negado el presidente a lo que se le pedía y dejando además de presentar la solicitud reque-rida por el artículo 12 del reglamento, que en el caso anterior hemos declarado válido, sino también porque entendió equivocadamente que presentadas las certificaciones médicas ju-radas sobre su incapacidad permanente el presidente y la junta de directores tenían con vista de ellas que notificar su incapacidad a los jefes de oficinas y departamentos para que recaudasen el dinero para su seguro, cuando según declara-mos en nuestra anterior sentencia la junta tiene el derecho reconocido por la ley de nombrar médicos que comprueben la incapacidad alegada.

La sentencia apelada debe ser revocada y dictarse otra desestimando la solicitud de mandamus.

El Juez Asociado Señor Hutchison no intervino.

El Juez Asociado Señor Wolf disintió.'


author: El- Juez Presidente Señor Del Toro,

text:
    Esteban Díaz, querellante y apelado, v. Efigenio Charneco, querellado y apelante.
    No. 4.

    Sometido: Abril 8, 1935.

      Resuelto: Mayo 22, 1935.

      Juan B. Soto, abogado del apelante; Leopoldo Tormos García, abo-gado del apelado; Luis A. Rosario, abogado de la Asamblea Municipal.
   El- Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Éste es un procedimiento sobre destitución de un Alcalde, seguido de acuerdo con el artículo 29 de la Ley Municipal de 1928, tal como quedó enmendado por la Ley No. 98 de 1931, Leyes de 1931, p. 609.

Esteban Díaz, ciudadano, formuló acusación contra Efi-genio Cbarneco, Alcalde de Aguada, ante la Asamblea Municipal de dicho pueblo el 9 de febrero de 1935. Convocada la Asamblea por su Presidente a sesión especial para el 12, acordó tomar jurisdicción sobre el asunto, suspender de em-pleo y sueldo al Alcalde, ordenar la notificación de los cargos al mismo concediéndole hasta el 19 para contestarlos y señalar la vista para dicho día.

Solicitó prórroga el Alcalde y le fueron concedidos cinco días, señalándose la vista para el 25. Excepcionó y contestó la querella el querellado y reunida la Asamblea el 25 de fe-brero último comparecieron ante ella en persona y por medio de abogado el querellante y el Alcalde. Se practicó prueba documental y testifical. Los procedimientos, incluso la evi-dencia, se tomaron taquigráficamente.

Terminado el juicio, la Asamblea nombró un comité de ponencia compuesto de tres miembros de la misma para dic-taminar sobre la evidencia y cuestiones suscitadas y, de acuerdo con su informe, concluyó que los cargos habían que-dado satisfactoriamente probados, declaró al Alcalde culpable de conducta inmoral y contraria a la ley y lo separó de-finitivamente de su puesto.

No conforme el Alcalde apeló para ante esta Corte Su-prema radicando su escrito notificado a la Asamblea el 6 de marzo último. Acto seguido el tribunal requirió a la Asamblea para que enviara dentro de cinco días el récord conteniendo todo lo actuado. El término fué extendido hasta el 18 de marzo y el 13 la Asamblea radicó el récord certifi-cado que contiene unas ciento cuarenta páginas.

El apelante archivó su alegato el 3 de abril y el quere-llante el suyo el 5. El de la Asamblea se radicó el 8, día en que tuvo lugar la vista del recurso con la comparecencia del apelante, del querellante y de la Asamblea por medio, de sus respectivos abogados. Impugnó el apelante la intervención del querellante y la corte desestimó su impugnación. T así el caso quedó definitivamente sometido a la consideración y resolución de la corte.

El apelante sostiene que su excepción previa fué declarada sin lugar erróneamente y que la resolución final de la Asamblea no está sostenida por la prueba, es contraria a la ley y revela pasión, prejuicio y parcialidad.

La acusación contiene seis cargos. Los cinco primeros son de igual naturaleza. Se alegó en ellos substancialmente que el querellado siendo Alcade de Aguada y actuando como tal ilegal, voluntaria y maliciosamente en tres ocasiones dis-tintas adquirió ciertos efectos con cargo a los fondos del mu-nicipio para el Hospital Municipal y en otras dos ordenó ciertos trabajos para el municipio con cargo a sus fondos, sin cumplir en ninguna de ellas con los requisitos legales de orden escrita, montante de la compra o servicio, aprobación del Director Local de Beneficencia en los tres primeros casos, certificación de la necesidad del gasto y certificación de cré-dito suficiente por parte del Secretario-Auditor Municipal, violando así el artículo 93 del Código Penal, habiendo sido por' ello denunciado ante la Corte Municipal de Aguadilla que lo declaró culpable por cinco separadas sentencias, impo-niéndole multas de cinco dólares que el acusado pagó quedando los fallos firmes.

En su contestación el Alcalde se limitó a negar que los hechos que se le imputaban fueran realizados voluntaria, o ilegal, o maliciosamente, alegando luego que realizó los mis-mos a instancias del Secretario-Auditor Municipal que le ma-nifestaba que podía dar la orden verbal pues él tenía prepa-rados los documentos requeridos por la ley y los reglamentos que oportunamente le presentaría para su firma, habiendo luego el querellado formulado cargos contra el dicho Secre-tario-Auditor al quedar convencido del engaño y obtenido su cesantía.

Se presentaron en evidencia copias de las sentencias fir-mes de la corte municipal y el Alcalde no aportó prueba en relación con la alegada defensa o explicación de su conducta. Los cinco primeros cargos quedaron de tal modo compro-bados.

La sexta y última imputación que se hizo al alcalde fué substancialmente la de haber comprado provisiones para el hospital municipal para pagarse con fondos del municipio en cierto establecimiento mercantil en el que estaba directamente interesado, simulando que el contrato se realizaba con otra persona.

Para probar el cargo se aportó evidencia documental y testifical. La hemos estudiado cuidadosamente y a nuestro juicio demuestra la verdad de la imputación. No obtante los grandes esfuerzos que el abogado del apelante hace en su alegato para impugnar el valor probatorio de la evidencia y en todo caso su suficiencia, la impresión que produce su lectura independiente en la. conciencia del juzgador, perdura. Convence de que el establecimiento de que se trata era del Alcalde, o por lo menos de que el Alcalde estaba directamente interesado en el mismo.

Habiendo llegado a las anteriores conclusiones, veamos abora si bubo justa causa para la destitución.

La Ley Municipal dispone — artículo 29 ya citado — que los alcaldes podrán ser destituidos por las asambleas munici-pales mediante resolución adoptada por la mayoría del nú-mero total de sus miembros, “por causa justificada, previa audiencia y oportunidad de defenderse”.

La audiencia y la oportunidad de defenderse las tuvo plenas el Alcalde en este caso. Los procedimientos ponen de manifiesto la celebración de un juicio con todas las ga-rantías de la ley.

Con respecto a lo que se entiende por justa causa se cita en los alegatos un buen' número de decisiones todas dignas de estudio. La jurisprudencia sobre el particular es abun-dantísima y en líneas generales aparece bien resumida en 46 C. J. 986, así:

“ 'Causa’ que sea suficiente para autorizar la remoción de una persona de un cargo significa causa legal. La causa debe ser una que se relacione especialmente y que afecte la administración del cargo y debe limitarse a algo de naturaleza substancial y que afecte directamente los derechos e intereses del pueblo.”

Y en Words & Phrases Judicially Defined, volumen 2, pág. 1009, encontramos:

“Una causa que sea suficiente para autorizar la remoción de su cargo de un funcionario municipal significa causa legal y no cual-quier causa que la asamblea pueda considerar suficiente. La causa debe ser una que se relacione especialmente y que afecte la admi-nistración del cargo y debe limitarse a algo de naturaleza substancial y que afecte directamente los derechos e intereses del pueblo. La causa debe tener íntima relación con la idoneidad del funcionario o con el desempeño de sus deberes, demostrativa-de que él no es una persona apropiada para el cargo.”

Guiados por la luz de la ley y la jurisprudencia, examine-mos los Rectos concretos de este caso. Los cinco primeros cargos constituyen violaciones que quizá pudieran conside-rarse como técnicas, pero que es necesario reconocer que lo son de preceptos legales y reglamentarios previamente esta-blecidos y directamente relacionados con el ejercicio del cargo.

Fueron dictas violaciones primeramente juzgadas por la vía judicial. Se imputaron al Alcalde cinco misdemeanors dictándose cinco sentencias condenatorias que el acusado acató.

Quizá la comisión de una o de dos de ellas, demostrada predominantemente la honestidad del funcionario, no hu-bieran aportado causa suficiente para la destitución. Pero se trata de cinco que revelan un abandono completo de la ley y los reglamentos, una violación sistemática de sus disposi-ciones que si bien crean en ocasiones anormales dificultades, se tan ideado y puesto en vigor para garantizar los intere-ses públicos, y deben cumplirse.

Y en cuanto al sexto cargo no se trata ya de haberse dejado de cumplir con algún requisito legal o reglamentario, sino de la realización de un acto prohibido por la ley, constitutivo de delito. Artículos 202 y siguientes del Código Político en relación con el 86 del Código Penal.

Se ha insinuado que la situación de los fondos del muni-cipio era tan precaria, que el Alcalde lo que realizaba eran actos de bien para con los enfermos del hospital y los fun-cionarios a quienes les proporcionaba la única oportunidad que tenían de percibir algo inmediato por sus servicios.

Quizá sea ello así, pero el procedimiento no puede acep-tarse porque se prestaría a entronizar la inmoralidad admi-nistrativa a título de bondad y expedición. Cuando surgen crisis de tal naturaleza deben vencerse afrontándolas vigoro-samente, exponiendo acto seguido la entera verdad que en-trañan para adoptar de una vez las medidas que puedan con-jurarlas y no recurriendo a medios indirectos que contribuyen a convertirlas de epidémicas en endémicas.

Ya esta Corte Suprema se confrontó con nna situación semejante en Pueblo Ex rel, Pérez v. Manescau, 33 D.P.R. 739, 741, y dijo:

“Que la celebración de un contrato por un funcionario público expresamente prohibido por la ley y claramente contrario a la po-lítica pública, constituye una violación de un deber oficial capaz de producir la pérdida del cargo, nos parece evidente. No se trata de una violación inconsciente o de escasa importancia o trascenden-cia. Desde el momento que se acudió a una simulación para eludir el mandato de la ley, quedó de manifiesto la intención deliberada de infringirla.”

El cargo imputado a Manescau consistía en haber arren-dado una casa de su propiedad al municipio de cuya asam-blea era miembro, traspasando la casa simuladamente a otra persona.

Por virtud de todo lo expuesto, tratándose de hechos que se relacionan directamente y envuelven la administración del cargo de Alcalde, de naturaleza substancial el último y por su repetición los cinco primeros, y afectantes todos a los in-tereses públicos, debe declararse sin lugar la apelación, qué-damdo confirmada la resolución recurrida.