author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Federico Fernández Toste, demandante y apelado, v. Leslie A. MacLeod, Contador de Puerto Rico ; R. Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico y Presidente de la Junta de Pensiones del Gobierno Insular; Herman Agostini, Secretario, y E. Garrido Morales, José G. López y Juan B. Huyke, vocales, respectivamente, de la mencionada Junta, recurridos y apelantes.
    Núm. 7489.

    Sometido: Enero 18, 1938.

      Resuelto: Marzo 29, 1938.

      Son. Procurador General B. Fernández García, Jesús A. González, Asesor Legal, Enrique Córdova Díaz, Subprociorador, abogados del Contador y Tesorero Insular; Miguel A. Muñoz, abogado de la Junta de Retiro; y B. Solteño Peralta, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Federico Fernández Tosté, el peticionario, después de haber servido al Gobierno Insular durante más de treinta años consecutivos, se retiró del servicio el 14 de septiembre de 1931. Dlurante los últimos siete años de servicio, percibió un sueldo promedio de $3,129 anuales.

En la fecha de su retiro, el peticionario tenía derecho a disfrutar de una pensión vitalicia de acuerdo con la Ley núm. 22 de 22 de septiembre de 1923 (Leyes de Puerto Rico, Sesión Especial de 1923, pág. 157) por no haber renunciado a tal beneficio antes del primero de enero de 1924, según ló dis-puesto en la sección primera de dicha ley.

En septiembre 2 de 1925, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley núm. 104 (pág. 949), que provee para el retiro de empleados permanentes del Gobierno Insular y baee exten-sivos sus beneficios a todos los empleados en el Servicio Civil clasificado y no clasificado. De acuerdo con las secciones 8 y 5 de dicha ley el peticionario tenía derecho al retirarse a una pensión vitalicia de $1,500 anuales.

La Ley núm. 73 de mayo 6, 1930 (Leyes de ese año, pág. 453) elevó el máximum de la pensión vitalicia a la suma de $2,000 anuales para todo empleado o funcionario que haya prestado servicios por treinta años o más.

Al retirarse de su empleo el peticionario, la Junta deman-dada le asignó una pensión vitalicia de $2,000 anuales, paga-dera en plazos de $166.66 mensuales, pagos que recibió desde septiembre 14, 1931, hasta julio 15, 1935. Desde esa última fecha hasta el presente, el peticionario ha venido recibiendo, con su protesta, solamente $140 mensuales.

El peticionario requirió a la junta demandada para que le hiciera efectiva la diferencia de $26.66 mensuales que había dejado de pagarle. Y habiéndose negado a ello la demandada, el peticionario radicó su demanda en solicitud de un 0 auto de mandamus por el que se ordene a la junta demandada que proceda a autorizar el pago de las pensiones del peticionario de acuerdo con la cantidad que le fue asignada en la fecha de su retiro.

La contestación de la junta demandada admite los hechos que acabamos de exponer, y como defensas alega:

1. Que la reducción de la pensión del peticionario se realizó a tenor de las disposiciones de la sección 11 de la Ley núm. 23, aprobada en julio 16 de 1935 (pág. 127).
2. Que el Gobierno Insular no tiene fondos disponibles que puedan ser aplicados al pago de las sumas que reclama el peticionario.
3. Que la junta demandada no tiene deber ministerial alguno que cumplir bajo la Ley núm. 104 de 2 de septiembre de 1925 (pág. 949), por cuanto dicha ley fué expresamente derogada por la Ley núm. 23 de 16 de julio de 1935; y que por lo tanto no procede el mandamus.
4. Que la demanda no alega hechos suficientes para constituir una causa de acción a favor del peticionario.

La Corte de Distrito de San Juan resolvió el caso por sentencia a favor del peticionario y la junta demandada inter-puso el presente recurso de apelación. Su tínico señalamiento de error lee así:

“La Corte ele Distrito del Distrito Judicial de San Juan cometió error al resolver 'que la Legislatura de Puerto Rico carecía de autori-dad legal para rebajar una pensión concedida por una. ley anterior, y al resolver que era anticonstitucional la sección 11 de la Ley núm. 23 de 16 de julio de 1935.”

El precepto legal de cuya constitucionalidad se trata es la sección 11 de la Ley núm. 23 de 16 de' julio de 1935, Leyes de ese año, Sesión Extraordinaria, pág\ 127, que lee así:

“Sección 11. — Cada uno de los funcionarios y empleados del Go-bierno Insular de Puerto Rico que, antes de entrar en vigor esta Ley, hubiere sido retirado o cuya solicitud de pensión hubiere sido resuelta favorablemente de acuerdo con las disposiciones de las Leyes núm. 22 de 22 de septiembre de 1923, y núm. 104 de 2 de septiembre de 1925, tal como fué enmendada por la Ley núm. 33 de 21 de abril de 1928, por la Ley núm. 73 de 6 de mayo de 1930, y por la Ley núm. 37 de 4 de mayo de 1933, tendrá derecho a recibir la renta vitalicia que le fué originalmente asignada menos un descuento que se computará en la forma siguiente:
A los pensionados que tengan actualmente 50 años o menos de edad se descontará el 20 por ciento. A los que tengan más de 50 años se les reducirá este descuento a razón de 1 por ciento por cada año de edad que tengan sobre 50, de modo que a los de 70 años de edad este descuento quedará reducido a cero. Disponiéndose, que estos descuentos no serán aplicables a rentas vitalicias menores de treinta dólares ni a aquellos pensionados que se encuentren física-mente incapacitados para trabajar y que no tengan otro ingreso de clase alguna.”

Alega el peticionario apelado que el estatuto es contrario a la Constitución porque le priva del derecho adquirido (vested right) por él al amparo de la legislación anterior, sin el debido procedimiento de ley. T para sostener la validez constitucio-nal del estatuto, la junta apelante invoca las decisiones de esta Corte Suprema en los casos de Luján v. Comisión de la Policia Insular, 38 D.P.R. 58, y Domenech v. Junta de Pensiones, 42 D.P.R. 604.

La regla que consideramos aplicable a los hechos de este caso aparece así expuesta en la monografía publicada en 98 A.L.R. pág. 507:

“ Concesión'oficial de pensión: cumplimiento de las condiciones.
‘ ‘ Se dice en la anotación anterior que cuando un pago determinado bajo una pensión ba vencido, está generalmente admitido que el pen-sionista tiene un derecho adquirido sobre dicho pago. De un examen de los casos más recientes aparece que esto es cierto no sólo en cuanto a plazos específicos que hayan vencido y que sean inmediatamente pa-gaderos, sino también en cuanto a plazos que no son inmediatamente exigibles pero que puedan serlo en alguna fecha futura, siempre que todas las condiciones que dan derecho al empleado a una pensión se hayan cumplido, especialmente cuando se ha tomado acción oficial concediendo la pensión. Puede decirse que la regla es que cuando se ha resuelto que un empleado tiene derecho a una pensión y esta le ha sido concedida■ oficialmente, o cuando ha ocurrido el suceso del que dependía la concesión de la pensión, ésta entonces s.e convierte en un derecho adquirido y no puede ser revocada o afectada más tarde. Esta regia está sostenida por las siguientes autoridades, ade-más de las ya citadas en la anotación anterior: (siguen numerosas citas)”. (Bastardillas nuestras.)

En el caso de Kavanagh v. Board of Police Pension Fund Commissioners, 134 Cal. 50, se resolvió que cuando la viuda de un empleado retirado y pensionado adquirió el derecho a recibir cierta cantidad del fondo de pensiones a la muerte de su marido, mientras el estatuto estaba en vigor, su derecho a recibir dicha cantidad se convirtió en un derecho adquirido, y que no era de la competencia de la Legislatura privarla de ese derecho adquirido mediante la derogación del estatuto.

Convenimos con la corte inferior en que la decisión de esta Corte Suprema en Luján v. Comisión de la Policía Insular no se ajustó estrictamente a la doctrina sentada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso de Pennie v. Reis, 132 U. S. 464, 471. Un estudio más crítico y detenido de ambas decisiones revela que no existe analogía entre las cuestiones envueltas en uno y en otro caso.

Veamos los hechos en el caso de Pennie v. Reis, supra. Una ley de California del año 1878 autorizaba al Tesorero de de San Francisco para que retuviera dos dólares mensuales de la paga de cada policía para constituir un fondo de segu-ros de vida, del que se pagarían $1,000 a los herederos de cualquier policía que falleciere. El policía Ward contribuyó a dicho fondo desde abril 1, 1878, hasta marzo, 1889. Con anterioridad a su fallecimiento la Asamblea Legislativa de California derogó la ley de 1878 y aprobó la de 4 de marzo de 1889, en virtud de la cual se disponía de los fondos en forma distinta a la provista en la ley derogada. Al ocurrir el fallecimiento de Ward, el administrador de sus bienes re-clamó la suma de $1,000 de acuerdo con el estatuto derogado. La Corte Suprema de California resolvió el caso por sen-tencia adversa al administrador. La sentencia confirmato-ria del Tribunal Supremo Federal se basa en la misma doc-trina arriba transcrita de 98 A.L.E. 507, como se verá por la lectura de lo que sigue:

“Siendo un fondo levantado en esa forma, estaba enteramente a disposición del gobierno, basta que, por la ocurrencia de uno de los acontecimientos mencionados — la renuncia, destitución o muerte del funcionario — el derecho a la suma específica prometida se convirtiera en un derecho adquirido a favor del funcionario o de su representante. No es necesario aducir argumento o cita de autoridades para demos-trar, que al disponer de un fondo de tal naturaleza, con anterioridad a la fecha en que ocurra uno de los acontecimientos mencionados, el estado no menoscababa ningún derecho absoluto de propiedad del fun-cionario de policía. La orden del estado de que los fondos estén a beneficio del funcionario de policía o su representante, bajo ciertas condiciones, estaba, sujeta a ser alterada o revocada en cualquier momento, a voluntad de la legislatura. No había contrato alguno por parte del estado de que la disposición de tal fondo permanecería siempre según fué provisto originalmente. Hasta que ocurra el su-ceso determinado para que él dinero o parte de éste sea pagado, no existe derecho adquirido alguno en favor del funcionario a recibir tal pago. Su interés en el fondo era, hasta entonces, una mera es-peranza creada por la ley, que podía ser revocada o destruida por la misma autoridad. Habiendo sido revocada la ley de abril 1, 1878, antes de la muerte del intestado, su esperanza se convirtió en irreali-zable ; el dinero con el cual se había de pagar la cantidad reclamada había sido transferido previamente y se había mezclado con otros fondos, y no estaba ya sujeto a las disposiciones de aquella ley. Siendo ésa la naturaleza del interés del intestado en el fondo creado por la Ley de 1878, no existía ningún derecho de propiedad a su favor del cual él o su representante haya sido privado.” 132 U. S. Rep. 471. (Bastardillas nuestras.)

Los hechos en Luján v. Comisión de la Policía Instilar, supra, eran distintos. Luján se retiró del servicio policíaco con una pensión de $35 mensuales, que le fué concedida bajo la Ley núm. 68 de 16 de julio de 1921. Dicha ley disponía en su sección 15:

“Los retirados del servicio de la Policía Insular, quedarán en el goce, de todos sus derechos civiles y podrán desempeñar cualquier c¡argo electivo o administrativo, sin menoscabo de la pensión de retiro que disfruten. ’ ’

Al amparo de la disposición que antecede, Luján aceptó un empleo en el Municipio de San Juan, el que ocupó desde enero, 1925, hasta noviembre 30, 1926. La Comisión de la Policía le suspendió el pago de las pensiones desde el 20 de agosto, 1925, hasta noviembre 20, 1926, basándose en la Ley núm. 86 de 20 de agosto de 1925 (pág. 663), que enmendó la núm. 68 de 1921 (pág. 653), agregándole la sección 5 (a), que dice:

“5 (a). — Toda persona pensionada cesará en el goce de su pen-sión, mientras ocupe cualquier cargo del gobierno federal, insular o municipal, con sueldo o retribución de cualquier clase. ’ ’

La diferencia notable entre uno y otro caso es que Ward no llegó a adquirir derecho alguno, por haber sido derogada la ley antes de que se cumpliera la condición precedente a su derecho a recibir la pensión, o sea su muerte. Luján se retiró y comenzó a gozar de su pensión y del derecho a ocu-par un cargo municipal al amparo de la ley vigente en la fecha de su retiro. La legislación posterior seguramente le privó de nn derecho ya adquirido y del cual había gozado desde enero de-1925 hasta el 20 de agosto del mismo año, fecha en que comenzó a regir la nueva ley.

El caso de Domenech v. Junta de Pensiones, supra, no puede ser invocado como autoridad para la decisión del caso ante nos. Domenech no había adquirido ningún derecho en la fecha de la derogación del estatuto.

La más reciente decisión de la Corte Suprema Federal en materia de pensiones fué dictada en el caso de Dodge v. Board of Education, 82 Law Ed. 77 (Advance Op. No. 3), en noviembre 8, 1937, en el que los hechos eran como sigue:

Desde el año 1895 el Estado de Illinois adoptó una ley creando un fondo para el pago de pensiones a los maestros que se retirasen del servicio. El fondo se formó con el pro-ducto de contribuciones pagadas por los maestros y con el importe de donativos y legados; y más tarde fué aumentado por el ingreso de intereses y contribuciones. En el año 1926 empezó a regir la “Ley Miller” que proveía para- el retiro obligatorio de todos los profesores que tuvieren más de 70 años de edad y disponía que a toda persona que fuera así retirada del servicio activo y que hubiere servido en las es-cuelas públicas por veinte o más años con anterioridad a la fecha de su retiro, se le pagaría la suma de $1,500 anua-les y durante su vida, debiendo hacerse dichos pagos con el dinero procedente de una contribución general impuesta para fines educativos. La ley disponía que ese pago no se hacía en sustitución de sino en adición a la pensión por retiro pagadera bajo la legislación ya existente. En 1927 se-en-mendó la ley para permitir el retiro de profesores que hubie-ren servido por 25 años o más y que tuvieren más de 65 años de edad, con paga de $1,000 a $1,500 anuales, según la edad que tuvieren en la fecha del retiro.

En 1935, después de haberse retirado los demandantes del servicio escolar, se adoptó una nueva enmienda por la que se fijaba en $500 anuales la pensión que habrían de recibir los maestros que se acogiesen al retiro bajo la Ley Miller. La Corte Suprema de Illinois sostuvo que dicha enmienda era aplicable a los maestros que ya se habían retirado desde antes de su aprobación. En la apelación ante la Corte Su-prema Federal alegaron los maestros apelantes que la en-mienda en cuestión les privaba de derechos adquiridos, de los cuales no podían ellos ser despojados; que la Ley Miller constituía una oferta que cada uno de ellos había aceptado permaneciendo en el servicio hasta su retiro; y que la obli-gación contractual había quedado perfeccionada y no podía ser menoscabada por legislación posterior. Alegó la parte demandada que no existía obligación contractual alguna; que los pagos que se hacían a los maestros retirados eran pensiones, sujetas a revocación o alteración a voluntad de la Asamblea Legislativa. Al sostener la decisión de la Corte Suprema del Estado, el Tribunal Supremo Federal se expresó así:

“Para determinar si una ley ofrece un contrato a un ciudadano es de capital importancia examinar el lenguaje del estatuto. Si éste provee para el otorgamiento de un contrato escrito a nombre del Es-tado, en ese caso es clara la obligación contraída por el estado .... Por otro lado, una ley que simplemente fija los sueldos de los funcio-narios no crea una obligación contractual a favor de éstos y los sueldos fijados pueden ser alterados a voluntad de la Asamblea Legislativa. Esto es cierto también en cuanto a una ley fijando el término o dura-ción de un funcionario público o de un empleado de una agencia del estado. La presunción es que la intención legislativa no ha sido la de crear derechos contractuales privados o derechos adquiridos, sino simplemente la de declarar la política pública que habrá de seguirse hasta que la Asamblea Legislativa resuelva otra cosa. ... Si, des-pués de interpretar el estatuto, encontramos que los pagos son dá-divas (gratuities), que no envuelven un contrato entre las partes, la concesión de esas dádivas no crea ningún derecho adquirido.” (Bas-tardillas nuestras.)

Como autoridad para sostener las palabras que hemos puesto en bastardillas se cita el caso de Pennie v. Reis, supra, en el cual la Corte Suprema Federal, después de enunciar la doctrina que hemos transcrito anteriormente, al conside-rar los hechos específicos del caso, dijo:

“Si los dos dólares mensuales que se retenían de la alegada com-pensación del policía hubiesen sido como cuestión de hecho pagados a él y hubiesen por tanto quedado bajo su absoluto control, y después de hecho tal pago se le hubiese inducido a contribuir cada mes a un fondo con la condición de que, al ocurrir su muerte, mil dólares serían pagados a su representante legal, la cuestión levantada sería diferente en cuanto a la disposición del fondo, o por lo menos en cuanto a la contribución del finado a dicho fondo. En cuanto a ese extremo no se nos ha requerido para que expresemos una opinión. Bastará decir que los -dos dólares retenidos al policía cada mes, aunque se diga en la ley que son parte de su compensación, era, en realidad una asig-nación de esa cantidad hecha por el Estado cada mes para la crea-ción de un fondo para beneficio de los policías mencionados en la ley, y, hasta que sean usados para los fines designados en ella, podían ser transferidos a otras personas o aplicados a otrosí fines distintos por la Asamblea Legislativa.”

De lo expuesto se deduce que tanto la decisión en Pennie v. Reis, supra, como la dictada en Dodge v. Board of Education, supra, se basan en el hecho fundamental de que los reclamantes de las pensiones no habían contribuido volun-tariamente a la formación del fondo del cual debían ser paga-das las pensiones reclamadas.

La legislación insular en materia de pensiones tuvo su origen en la Ley núm. 22 del 22 de..septiembre de 1923, Leyes de ese año, pág. 157. Era dicha ley de carácter opcional, pues sus obligaciones y sus beneficios se hacían extensivos solamente a los funcionarios y empleados “que antes del primero de enero de 1924 no renunciaren a los beneficios de la misma,” y disponía además que los que empezaren a ser-vir en o después del primero de diciembre de 1923, podrían renunciar a los beneficios de la ley dentro del término de 30 días contado desde la fecha de su nombramiento. El “Fondo de Pensiones de los Empleados del Gobierno de Puerto Pico” se formó con el producto de una contribución (tax) de 2 por ciento sobre los sueldos de todos los emplea-dos y sobre las pensiones concedidas más los intereses deven-gados sobre el mismo fondo. Y se autorizaba al Auditor Insular para hacer los descuentos correspondientes y acre-ditar el producto a una partida denominada “Fondo de Pen-siones de íos Empleados del Gobierno de Puerto Rico.”

El empleado aquí demandante y apelado era ya un em-pleado de El Pueblo de Puerto Rico en la fecha en que empezó a regir dicha ley y optó por acog’erse a ella por el mero hecho de no haber renunciado a sus beneficios antes del Io. de enero de 1924.

La Ley núm. 104 de 2 de septiembre de 1925, Leyes de ese año, página 949, que derogó expresamente la núm. 22 de 1923, supra, es de carácter compulsorio. Sujeta a sus dis-posiciones a todos los empleados insulares, con ciertas excep-ciones, sin dejar al empleado libertad alguna para renunciar los beneficios de la ley y recibir el sueldo íntegro correspon-diente a su empleo. Dispone dicha ley que cualquier em-pleado en servicio que haya prestado por lo menos veinte años de servicios, tendrá derecho a retiro con una pensión vitalicia anual igual al dos por ciento del promedio de sus sueldos anuales durante los siete últimos años de servicios computables, multiplicado por el número de años de servi-cios. La sección 13 de dicha ley autoriza la deducción y re-tención del 3 por ciento del sueldo de los empleados y el ingreso del importe de esas deducciones en el Fondo do Retiro. La sección 15 dispone que las cantidades deducidas de acuerdo con la Ley núm. 22 de 1923, más las que se deduz-can y retengan de acuerdo con la nueva ley hasta el 31 de diciembre de 1925 se acreditarán a un fondo especial de re-serva que será utilizado solamente para el pago de reintegros, sueldos de empleados y gastos de administración de la Junta de Retiro; y que para el pago de pensiones bajo la nueva ley se utilizarán los fondos de todas clases que ingresen al nuevo fondo denominado “Fondo de Retiro de Empleados del Servicio Civil de Puerto Rico — Fondo de Depósito (Trust Fund).”

En el caso citado por el apelado de Raines v. Board of Trustees, etc., 7 N. E. 2d 489, la Corte Suprema de Illinois hace el siguiente estudio comparativo entre los dos sistemas de compensación para empleados retirados:

“Toda la dificultad en el presente caso surge de no haber hecho una distinción entre un fondo de pensiones y un fondo de anuali-dades (annuitiy fund) derivado en parte de contribuciones’ volun-tariamente pagadas bajo una opción estatutaria para contribuir o negarse a contribuir. Una pensión es por su naturaleza una dádiva que emana de la apreciación y generosidad del soberano, y puede ser otorgada, retenida, distribuida o retirada a su voluntad. (Citas). Por esa razón se ha sostenido que un pensionista no tiene ningún derecho adquirido sobre el fondo de pensiones. Se ha sostenido tam-bién que el carácter de un fondo de pensiones no se alter'a por con-tribuciones compulsorias por medio de deducciones de los sueldos o jornales de los funcionarios y empleados públicos. Se dice que tales pagos al fondo no son en realidad pagos hechos por el funcionario o empleado, y el empleo se acepta con el conocimiento de que ciertas cantidades serán deducidas cada mes e ingresadas en el fondo de pensiones; que el dinero no es primeramente segregado de los fondos públicos para convertirse en propiedad privada y ser después ingre-sado en el fondo de pensiones, sino que es separado o transferido de .un fondo público a otro, y continúa siendo dinero del público sobre el cual la persona de cuyo sueldo se hizo la deducción no tiene el control, y al cual no tiene derecho. (Citas, entre ellas Fannie v. Reis, supra). . . . Dicho fondo es en todo tiempo dinero público para ser desembolsado como una dádiva o retirado a voluntad y libre de derecho alguno a favor del pensionista.
“Existe una amplia diferencia entre contribuir voluntariamente a un fondo, de acuerdo con un derecho opcional estatutario, y ser eompelido a sufrir deducciones sin tal derecho. En el riltimo caso el funcionario o empleado no tiene voz en la determinación de si sufrirá o no tales deducciones. Éstas son impuestas por el estatuto y se hacen aun en contra de su voluntad. En el otro caso se deja enteramente a su elección. Él puede optar por acogerse a los términos de la ley y recibir sus beneficios, o puede optar por renun-ciar ese privilegio, sin otro efecto que el privarle de participar del fondo. Si no opta por contribuir, él recibe y retiene para sí la tota-lidad de su salario o jornal. Si opta por contribuir, las cantida-des son deducidas de acuerdo con su mandato. El efecto es el mismo que si su salario completo le fuese pagado y después de haberse convertido en su propiedad él contribuyese al fondo de retiro. En tal caso no existe razón ni autoridad para sostener que el fondo continúa siendo dinero, público en el cual él no tiene derecho o interés.
“En los casos de estatutos que crean un fondo de retiro, por vir-tud de los cuales es opcional para los maestros acogerse a sus disposi-ciones mediante la deducción de una cierta cantidad de sus salarios, se sostiene que de la elección a participar en el fondo surge una re-lación contractual, cuyos términos pueden fijarse mediante referencia al estatuto. (Citas) ....
“Las relaciones entre los contribuyentes voluntarios y el soberano siendo contractuales, la consecuencia es que los derechos creados no son medidos por los derechos de los pensionistas. Son similares y equivalen, en efecto, a contratos de seguro proveyendo anualidades al vencimiento del contrato o póliza de seguro. La base de dichas anua-lidades es la misma de cualquier otro contrato. La consideración es la oferta del soberano, la aceptación de la oferta, y el cumplimiento de sus términos. . . . En los contratos basados en contribuciones opcionales y voluntarias, los contribuyentes tienen un interés sustan-cial en el fondo por virtud de las contribuciones pagadas al mismo bajo los términos del contrato. Los beneficios a obtener no son dá-divas de fondos públicos por servicios prestados.”

El caso de autos es distinto en sus hechos a los tres casos que hemos examinado. En Pennie v. Reis, supra, la contri- j bución al fondo no era opcional, y, además, el fallecimiento de Ward ocurrió después de la enmienda a la Ley de Pensiones, o sea la enmienda se hizo antes de que Ward hubiese adquirido derecho alguno bajo la ley anterior. En Dodge v. Board of Education, supra, los reclamantes no habían con-tribuido en forma alguna al fondo creado por la ley Miller, fondo que se nutría con el producto de una contribución espe-l cial para fines escolares. La decisión en Raines v. Board of I Trustees, supra, se basa en el carácter opcional y voluntario j de las contribuciones al fondo de pensiones.

En el caso de autos el empleado peticionario y apelado eral ya un empleado público desde muchos años antes de empe-l zar a regir la Ley núm. 22 de 22 de septiembre de 1923. AlJ optar por acogerse a sus beneficios surgieron relaciones con-tractuales entre dicho empleado y el Gobierno, por virtud cíe las cuales el empleado adquirió un derecho embrionario y no vested a que se le pagasen las pensiones provistas por la ley cuando se cumplieran las condiciones por ella fijadas para poder disfrutar de tales pensiones. Desapareció ese derecho embrionario al ser sustituida y derogada la Ley núm. 22, supra, por la núm. 104 de 2 de septiembre de 1925, que era de carácter compulsorio y no concedía opción alguna, ni a los que ya eran empleados en esa fecha ni a los que aceptaran un empleo en el futuro, para renunciar los beneficios de la ley y poder percibir sus sueldos sin deducción alguna.

De acuerdo con la jurisprudencia que hemos examinado, no tenemos duda alguna de que la Asamblea Legislativa tenía la facultad de disponer a su arbitrio del fondo de pensiones en cualquier momento antes de que se cumplieran todas las condiciones que daban derecho al peticionario apelado a dis-frutar de una pensión; y que esa facultad cesó desde el mo-mento en que dichas condiciones quedaron cumplidas y espe-cialmente desde que la Junta de Eetiro tomó acción oficial y otorgó al peticionario la pensión de que estuvo disfrutando durante los cuatro años que precedieron a la aprobación de la nueva ley. Véanse: Kavannagh v. Board of Police Commissioners, supra; Cohrn v. Henderson, 19 Cal. App. 89, 90; Sheehan v. Board of Police Commissioners, 47 Cal. App. 29; O’Dea v. Cook et al., 176 Cal. 659; y Klench v. Board of Pension Fund Commissioners, 249, P. 46.

Cuando el peticionario se retiró voluntariamente del ser-vicio el 14 de septiembre de 1931, todas las condiciones exi-gidas por la legislación vigente en esa fecha, para darle dere-cho a una pensión de $2,000 anuales, se habían cumplido. El peticionario había dedicado más de 30 años de su vida al ser-vicio de la comunidad y ésta le había pagado durante los últi-mos siete años un sueldo promedio de $3,129. Basándose en el cumplimiento de esos requisitos, y actuando de acuerdo con las disposiciones de la sección 3 de la Ley núm. 104 de 2 de septiembre de 1925, según fué enmendada por la Ley núm. 73 de mayo 6 de 1930 (pág. 451) la Junta de Pensiones exten-dió al peticionario carta de jubilación y le reconoció oficial-mente el derecho que había adquirido a retirarse del servicio y a gozar durante el resto de su vida de una pensión anual de $2,000. Desde el momento en que la Junta de Pensiones adjudicó al peticionario la pensión y éste la aceptó retirán-dose del servicio, el derecho a continuar recibiendo dicha pen-sión se convirtió en un vested right, del cual no puede ser despojado el peticionario por ninguna legislación posterior.

Por las razones expuestas opinamos que la sección 11 de la Ley núm. 23 de 16 de julio de 1935 ( (2) pág. 127) es incons-titucional por cuanto trata de privar al peticionario de un derecho adquirido y del que ha venido disfrutando al amparo de la legislación anterior.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Del Toro

license: Public Domain

text:
    Dolores A. McCormick, demandante y apelada, v. Manuel González Martínez; Josefina Fabián de Lozana; Josefina B. Macías Vda. de Riera, Eulogio Dimas, Josefina Dolores, Alfonso Rafael, Antonio, Luz María y Lucía Mercedes Riera y Bengoechea, demandados y apelantes los últimos.
    Núm. 7485.

    Sometido: Febrero 4, 1938.

      Resuelto: Marzo 31, 1938.

      D. Pellón, Ji\, abogado de los apelantes ,Sres. Viuda de Riera y Riera Bengoecliea; Carlos J. Torres, abogado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

La sentencia dictada por la corte de distrito en este pleito-fué revocada por esta Corte Suprema en enero 27, 1936. McCormick v. González Martínez, 49 D.P.R. 473.

Devuelto el caso a la corte de distrito de su origen, se radicó una segunda demanda enmendada de acuerdo con los términos de la sentencia de este tribunal. Algunos meses después, en diciembre 3, 1936, la demandante presentó una moción sobre eliminación de partes demandadas en la que alegó “que después de estudiar atentamente todos los elemen-tos de prueba de que dispone para sostener su causa de acción, ha llegado al convencimiento de no ser demostrativos de las alegaciones que directa e individualmente se refieren y afec-tan a los demandados, doña Josefina B. Maclas Viuda de Riera y herederos de don José D. Riera.”

Pidió en'tal virtud que se le permitiera presentar una ter-cera demanda enmendada eliminando a dichos demandados. Estos, por su abogado, mostraron su conformidad con la eli-minación, que fué decretada por la corte “sin especial con-denación de costas.” No estuvieron entonces conformes con el pronunciamiento sobre costas y presentaron a la corte una moción de reconsideración que termina como sigue:

“Que esta parte sostiene que dicha moción en sí es una de desis-timiento voluntario de la demandante en cuanto a los comparecien-tes se refiere, y así lo entendió la corte al admitir la eliminación de éstos, desistimiento que esta parte aceptó y acepta.
“Que de acuerdo con el inciso primero del Artículo 192 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, cuando una parte desiste dé una acción lo hace previo pago de las costas del pleito.
“Por todo lo que, esta parte solicita de esta Hon. Corte que en vista de los preceptos legales antes citados y los méritos de este caso dicte una orden reconsiderando la dictada con fecha 4 de diciembre de 1936, en. el sentido de imponerle las costas a la demandante, de-jando subsistente dicha orden en cuanto a los demás pronuncia-mientos se refieren.” •

A la moción de reconsideración se opuso la demandante. Oyó la corte a ambas partes y reconsideró su resolución dic-tando sentencia “imponiendo las costas a la demandante.”

Los demandados eliminados apelaron para ante este tribunal. . Señalan en su alegato dos errores. Por el primero sostienen que erró la corte al no consignar expresamente en su sentencia que imponía el pago de honorarios de abogado a la demandante, debiendo corregirse en tal sentido la sen-tencia, y por el segundo que si la intención de la corte fue no imponer el pago de dichos honorarios, entonces abusó de su discreción y su sentencia debe revocarse en cuanto al pro-nunciamiento sobre costas que deberá decretarse con impo-sición del pago de honorarios de abogado.

Dictada la sentencia recurrida en diciembre 28, 1936, lo fue cuando estaba ya en todo su vigor la nueva ley sobre costas, o sea la núm. 69 de 1936, aprobada en mayo 11 de ese año, para comenzar a regir noventa días después. Leyes de 1936, pág. 353.

De acuerdo con los términos expresos de dicha ley una condena de costas comprende los siguientes desembolsos:

“‘(1) Cualquier cantidad pagada al secretario de la corte o a cualquier marshal de distrito;
‘‘‘(2) Lo desembolsado por copias auténticas de escrituras, y certificaciones del registro de la propiedad o de cualquiera otros records oficiales, que hayan sido admitidos en evidencia;
'(3) Dos (2) dólares por cada testigo y por cada día de asis-tencia a la corte, más millaje para ida y vuelta a su residencia;
“ ‘(4) Lo pagado al taquígrafo de la corte para transcripción de cualquiera prueba testifical o procedimiento habidos en corte abierta, si dicha transcripción es ordenada por la corte;
“‘(5) Cinco (5) dólares como honorarios de notario y justo valor del trabajo taquigráfico en la toma de cualquier deposición que fuera admitida en evidencia; y
“‘(6) Cualquier otro desembolso necesariamente becbo con relación a la tramitación del caso, que la corte crea propio, y que estuviere sujeto a arancel.’ ”

Con respecto al pago de los honorarios, dice la ley:

“ ‘En caso de cualquier parte haya procedido con temeridad la corte debe imponerle en su sentencia el pago de los honorarios del abogado de la otra parte, estableciendo en su sentencia el montante de dichos honorarios, teniendo en cuenta el grado de culpa en el li-tigio y el trabajo necesariamente prestado por el abogado de la otra' parte.’ ”

De suerte que necesitándose como se necesita un pronun-ciamiento expreso, no cabe interpretar la sentencia apelada como condenando implícitamente al pago de honorarios. Ésa hubiera sido la recta interpretación de un pronunciamiento general sobre pago de costas de acuerdo con la ley anterior y la jurisprudencia de esta corte interpretativa de la misma, pero no la es a partir de la vigencia de la citada Ley núm. 69 de 1936.

¿Abusó la corte de su discreción? A nuestro juicio no se ha demostrado. La propia parte apelante no está en condiciones de quejarse del pronunciamiento de la corte porque ésta no hizo otra cosa que concederle lo que ella misma le pidió en su moción de reconsideración.

Además, se trata de una sentencia por desistimiento y esta corte en el caso de Sucesión Ramos Labour v. Rivera, 41 D.P.R. 286, 287, resolvió:

“De acuerdo con el artículo 192 del Código de Enjuiciamiento Civil cuando un demandante desiste de un caso y conviene en pagar las Costas, no consiente en pagar los honorarios de abogado, y si la corte le impone las costas sin excluir tales honorarios, o en otras palabras, si no limita las costas a las que se originen en la secretaría, tal demandante tiene derecho a apelar de la sentencia fijando las costas en esta forma ilimitada. . . .” ■

La decisión en el caso de Sucesión Ramos Latour v. Rivera, supra, se dictó antes de regir la repetida ley núm. 69 de 1986. A partir de la vigencia de esa ley, la “imposición de las eos-tas” dejó de ser ilimitada. De ahí que no tenga ya la parte condenada en tal forma que apelar a los efectos de que se limite la condena excluyendo de ella expresamente los hono-rarios de ahogado. La decisión se ha citado a los efectos de fijar el alcance que tenían y tienen las palabras “previo pago de costas” usadas en el número primero del artículo 192 del Código de Enjuiciamiento Civil que autoriza al demandante a desistir de su demanda de acuerdo con las reglas que esta-blece.

Debe declararse el recurso sin lugar y confirmarse la sen-tencia apelada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    Jaime y José Pizá, demandantes y apelados, v. Manuel González Martínez, demandado; Oscar A. Gandía, taquígrafo y apelante.
    Núm. 7698.

    Sometido: Febrero 14, 1938.

      Resuelto: Marzo 31, 1938.
    . Carlos II. Julia, abogado del apelante; Juan B. Soto, Juan F. Soto y Enrique Igaravídez, abogados de los apelados.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

En la Corte de Distrito de San Juan siguióse un pleito por Jaime y José Pizá contra Manuel González Martí-nez en cobro de dinero, que fué fallado en contra de los deman-dantes en mayo 14, 1935.

A los efectos de apelar de la sentencia, los demandantes pidieron a la corte qne les concediera el beneficio de pobreza. La corte accedió y los demandantes radicaron su notificación de apelación sin satisfacer los derechos que exige la ley y pidieron qne se ordenara al taquígrafo qne preparara gratis la transcripción de la evidencia.

La corte así lo ordenó y el taquígrafo le pidió que recon-siderara su orden y la concesión del beneficio de pobreza por no estar dicha concesión justificada, por los hechos y la ley. La corte negó las peticiones y el taquígrafo apeló para ante este tribunal en septiembre 25, 1935.

Se pide ahora por la parte demandante y apelante en el pleito, aquí apelada, la desestimación del recurso basándose en que a partir del 30 de marzo de 1937 en que se concedió al taquígrafo apelante la última prórroga que solicitara para preparar la exposición del caso, nada más hizo para perfec-cionar su apelación.

El taquíg’rafo se opuso a la desestimación. Aceptó que a partir de la fecha, indicada nada gestionó, aduciendo como motivo para ello que los demandantes habían abandonado la apelación que interpusieron, y como si dicha apelación no se proseguía su recurso dejaba de tener finalidad práctica, creyó que no debía molestar a la corte con prórrogas inútiles, sin que ello deba interpretarse como que no tiene interés en su apelación cuyos méritos expone.

La vista de la moción de desestimación se celebró en fe-brero 14, 1938. Se concedió a las partes tiempo para pre-sentar memorandums en apoyo de sus respectivas posiciones. Presentó el suyo la parte apelada. Sostiene que no está en discusión la frivolidad del recurso — y por tanto que no hay que entrar a considerar sus méritos — sino la negligencia del apelante en su tramitación. El apelante dejó transcurrir el término que se le concediera sin archivar su memorándum.

Limitándonos a la negligencia del apelante que es en ver-dad la cuestión envuelta, creemos que lia quedado compro-bada. Cerca de un año dejó el taquígrafo abandonada su apelación y la Regia 59 del Reglamento de esta corte — 17 D.P.R. LXXIY — sólo fija noventa días para poderse pedir la desestimación si se probare satisfactoriamente que durante ellos “el apelante no lia proseguido su apelación con la dili-gencia debida o de buena fe, o que tal apelación es frívola.”

El motivo que aduce el apelante para justificar su con-ducta no satisface a la corte. No debió dejar de gestionar su recurso a menos de saber con certeza que el de los deman-dantes estaba realmente abandonado. Actuó a su riesgo. Y debe sufrir las consecuencias de sus propios actos, que ponen de manifiesto una falta de gestión no ya por tres meses si que por más de diez. Su 'apelación debe ser en tal virtud desestimada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señoe Wole

text:
    Enrique Igaravídez, demandante y apelado, v. Luisa Casiano y Luis Jiménez, demandados y apelantes.
    Núm. 7514.

    Sometido: Enero 10, 1938.

      Resuelto: Marzo 31, 1938.

      Bolívar Pagán & Ortiz Alibrán, abogados de los apelantes; E. Iga-ravidez, por su propio derecho, y M. Rivera de la Vega, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señoe Wole

emitió la opinión del tribunal.

En diciembre 7, 1936, Enrique.Igaravídez inició un pleito ordinario en ejecución de hipoteca contra Luisa. Casiano y su esposo Luis Jiménez. Los demandados sometieron sin argumentarla una excepción previa de falta de hechos para determinar una causa de acción, y la misma fué declarada sin lugar. Posteriormente presentaron una negación general y el juicio del caso fué señalado para el 10 de marzo de 1937. El 9 de marzo del mismo año se radicaron ante la Corte de Distrito de San Juan dos mociones, una haciendo constar la renuncia de Ángel Rivera Colón como abogado de los deman-dados, y la otra, suscrita por los mismos demandados, soli-citando la posposición del juicio. Al siguiente día la corte oyó el caso y más tarde dictó sentencia en favor del deman-dante, haciendo constar en ella que no existía razón alguna para la suspensión solicitada. Los demandados apelaron para ante este tribunal.

El 28 de mayo de 1937 rehusamos desestimar el recurso por frívolo. Nos confrontamos ahora con una segunda mo-ción para desestimar la apelación, fundada en que la misma es frívola y en que ha sido proseguida con el único objeto de demorar los fines de la justicia.

En esta ocasión los autos del recurso están completos, y ambas partes han radicado sus respectivos alegatos sobre los méritos. El único error señalado por los demandados ataca el procedimiento seguido por la corte inferior al decla-rar sin lugar la moción en que se solicitaba se suspendiera o pospusiera el juicio del caso. El apelado sostiene que de los autos se desprende ampliamente la flojedad de la moción para suspender presentada por los demandados, moción que no estuvo fortalecida por ningún affidavit de méritos ni por ninguna alegación, relativa a la existencia de una defensa espe-cífica y meritoria.

Al considerar esta moción para desestimar hemos estudiado cuidadosamente todos y cada uno de los documentos radicados por las partes en este procedimiento. Tan sólo un factor milita en pro de los aquí apelantes, y es el hecho de que ellos no estuvieron en verdad representados por letrado al ser llamado el caso para juicio ante la corte inferior. Asu-miendo que este estado de cosas surgiera de la negativa de la corte inferior a posponer la vista, ¿ constituyó esta negativa un abuso de discreción por parte del juez? A fin de poder contestar esta pregunta debemos considerar todas las circuns-tancias que rodearon el caso.

La única defensa suscitada por los demandados en su con-testación a la demanda fué una negación general. Bajo tal alegación un juez está más que justificado en suponer que la parte demandada trata primordialmente de obligar al de-mandante que pruebe su caso. La demanda era una en eje-cución de hipoteca, evidenciada ésta en documento público. La prueba de la obligación era prima facie clara. Aunque la corte inferior no expresó las razones que tenía para no acceder a la posposición de la vista, el proceder de los deman-dados entonces, después y como apelantes ante este Tribunal,ha justificado más que suficientemente lo razonable de tal negativa. Los demandados dejaron de sostener su conten-ción principal en la moción solicitando se pospusiera el jui-cio. Debieron quizá haber acompañado una o más declara-ciones juradas de los letrados que se habían negado a hacerse cargo de su defensa por falta de tiempo. Parece probable que algún' letrado hubiera estado dispuesto a tomar el caso y hubiese radicado la correspondiente moción para, que se suspendiera el juicio. Además, dicha moción no contenía ale-gación al efecto de que los demandados tenían una defensa especial, como la que indican ahora. Igualmente podría agre-garse que aún después de sentencia, y antes de apelar para ante este tribunal, ellos y más específicamente sus letrados pudieron haber dado a la corte inferior la oportunidad de dejar sin efecto su decisión, de conformidad con el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil. No lo hicieron así.

En ninguna parte de los autos aparece escrito alguno que se asemeje siquiera a un affidavit de méritos. Los apelantes dicen que tienen la defensa de pago parcial, mas esta alega-ción no se ha hecho bajo juramento ni fue específicamente presentada en la corte de distrito.

Bajo todas las circunstancias del caso, y especialmente en vista del hecho de que los apelantes no nos han convencido de que tienen un caso meritorio en apelación o de que tie-nen en el caso principal alguna defensa que les dé derecho a que se les conceda otra oportunidad ante la corte de pri-mera instancia, somos del criterio que d recurso debe ser desestimado por frívolo.

Así se ordena.

Los Jueces Asociados Señores Córdova Dávila y Travieso no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor Wole

text:
    Martín J. Travieso, peticionario y apelado, v. Junta de Retiro de Funcionarios y Empleados Permanentes del Gobierno Insular, compuesta de R. Sancho Bonet, Presidente; E. Garrido Morales, Vice-Presidente; Germán Agostini, Secretario ; José G. López y Juan B. Huyke, vocales; Leslie A. MacLeod, Auditor de Puerto Rico y Rafael Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico, demandados y apelantes.
    Núm. 7630.

    Sometido: Marzo 16, 1938.

      Resuelto: Marzo 31, 1938.

      Miguel A. Muñoz, abogado de los apelantes; C. Iriarte, F. Fernán-dez Cuy<M' y E. González Blanes, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión fundamental que esté ante nos en este caso ha sido cubierta, a nuestro juicio, por la decisión emitida en el caso de Fernández Tosté v. MacLeod et al. ante pág. 899). En este último caso se resolvió que el derecho de un pensio-nado que se había jubilado de conformidad con la Ley núm. 104 de 1925 (Leyes de ese año, pág. 949), según fué poste-riormente enmendada, era un derecho adquirido y que por tanto no podía ser afectado por la sección 11 de la Ley núm. 23 de 1935 (Sesión Extraordinaria, págs. 127, 139) que tra-taba de reducir su pensión. Se declaró que la sección 11, supra, era inconstitucional.

Este caso difiere del mencionado más arriba en el hecho de que al pensionado, Martín J. Travieso, quien se había jubi-lado bajo circunstancias similares, se le pidió, más de dos años después de haber estado disfrutando de su pensión anual, que llenara y radicara ante la Junta de Retiro, bajo jura-mento, una cuenta detallada de sus ingresos, no importa de la fuente que procedieran. ' Se le informó que hasta que no hiciera esto, su pensión sería suspendida. Toda vez que el pensionado no cumplió con esta solicitud, la pensión le fué más tarde retirada por la Junta de Pensiones, la que se basó en la sección 19 de la Ley núm. 23 de 1935, supra. La parte pertinente de esta sección lee así:

“Toda persona jubilada cesará en el goce de su retiro mientras ocupe cualquier cargo con sueldo derivado de cualquier fuente de gobierno, fuere ésta federal, insular o municipal o cuando sus in-gresos de cualquier fuente fueren iguales o mayores al sueldo que disfrutaba cuando fué pensionada. ...” (Pág. 145.)

En enero 31 de 1937, o sea como año y medio después de habérsele privado del privilegio de su pensión, Martín J. Travieso radicó Tin mandamus contra la “Junta de Retiro’’ y sus directores individuales en su carácter oficial, para reco-brar las sumas que había dejado de percibir. La corte inferior dictó sentencia a su favor.

En apelación, la Junta de Retiro fia señalado cuatro errores. Los tres primeros envuelven la determinación de si el derecho del apelado a recibir su pensión luego de haberse jubilado es un derecho adquirido. El señalamiento restante suscita la cuestión de si el pensionado incurrió en demora inusitada (laches).

Resolvemos que la primera de las cuestiones arriba enun-ciadas ha sido plenamente contestada por la decisión de este tribunal, ya expresada. De acuerdo con los principios enun-ciados en dicha decisión, si la parte transcrita de la indicada sección 19 de la Ley núm. 23 de 1935, supra, fuera aplicable a personas que como el peticionario se habían jubilado antes de empezar a regir dicha ley, ésta resultaría inconstitucional.

Existe, quizá, una razón adicional en este caso específico para que confirmemos la sentencia de la corte inferior. Nos parece que la Junta de Retiro no tenía autoridad para exigir al peticionario que rindiera una cuenta detallada de sus ingresos, y en su consecuencia, que éste no estaba en la obligación de radicar la misma. Asumiendo que la sección 19, supra, sea constitucional, dudamos que la junta tenga derecho, simplemente porque un pensionado ha dejado de radicar tal cuenta, a asumir que sus ingresos por otros conceptos sean iguales o excedan al sueldo que disfrutaba cuando fué pensionado. Somos de opinión que de conformidad con la sección 19, supra, incumbe a la Junta de Retiro demostrar que el pensionado no tiene derecho a continuar en el disfrute de su pensión. Creemos a ese respecto que la junta no estuvo justificada en adoptar la acción sumaria que adoptó.

Convenimos enteramente con la resolución y razonamiento de la corte inferior en que la demora habida en este caso no fué inusitada (laches).

La sentencia de la Corte de Distrito de San Juan debe, por tanto, ser confirmada.

Los Jueces Asociados Señores Córdova Dávila y Travieso no intervinieron.


text:
    Ramón Montaner, en su carácter de Administrador del Fondo del Seguro del Estado recurrente, v. La Comisión Industrial de Puerto Rico, compuesta de los Sres. Manuel León Parra, Presidente, y F. Paz Granela y Juan M. Herrero, Comisionados Asociados, recurrida; y Francisco Gandarillas Guerra, a través de su madre con patria potestad Laura Guerra Custodio, recurridos.
    Núm. 27.

    Sometido: Febrero 14, 1938.

      Resuelto: Marzo 31, 1938.

      Hon. Procurador General B. Fernández García; Emilio de Aldrey, Procurador General Auxiliar y Luis Negrón Fernández, abogado éste del Fondo del Estado, abogados del recurrente; Juan Las-tra,, abogado de la señora Guerra, recurrida.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El Administrador del Fondo del Seguro del Estado adju-dicó una compensación de $2,166.82 por la muerte por acci-dente del trabajo del Policía Insular Francisco Gandarillas Méndez; y por convenio de 30 de marzo de 1937, entre el Administrador y los beneficiarios, el importe de la compen-sación fué distribuido de por mitad entre la viuda doña Eufro-sina Bravo de Gandarillas y Francisco Gandarillas Guerra, hijo del finado habido en su primer matrimonio. En 23 de junio de 1937 el Administrador del Fondo suspendió los pagos adjudicados a la viuda, por razón de haber ésta contraído nuevo matrimonio. Dos días más tarde el hijo del finado solicitó que se le adjudicara la compensación que le había sido suspendida a la viuda. Negóse a ello el Administrador, fun-dándose en que dicho beneficiario debería atenerse a los tér-minos del convenio de marzo 30, 1937, por el cual él aceptó la suma de $1,083.41 como compensación y relevó de toda responsabilidad ulterior al patrono y al Fondo del Seguro del Estado. Apeló el beneficiario ante la Comisión Industrial. El Administrador del Fondo solicitó la desestima-ción de la apelación por entender que los estatutos vigentes no conceden el derecho de apelación que el peticionario trata de ejercitar y que la comisión carece de jurisdicción para conocer del recurso. Resolvió la comisión que tenía jurisdic-ción para conocer de la apelación y ordenó el pago de la compensación al beneficiario reclamante. Solicitada la recon-sideración de dicha orden y denegada ésta por la comisión, el Administrador estableció el presente recurso.

Alega el Administrador recurrente que la resolución re-currida es nula, ilegal y contraria a derecho por las siguientes razones:

Ia. Que la Comisión carecía de jurisdicción para conocer de la apelación interpuesta por el beneficiario, por cuanto la ley vigente no concede tal derecho de apelación.

2a. Que el beneficiario está impedido de hacer reclamación, al-guna en cuanto a compensación, por los términos del contrato de 30 de marzo de 1937 por el cual relevó al Administrador de toda res-ponsabilidad ulterior.

3a. Que es al administrador y no a la Comisión Industrial a qu’en la ley confiere la facultad de hacer una redistribución, en caso de que tal cosa procediera.

4a. Que el derecho que pueda tener el beneficiario a que se le adjudique la porción suspendida a la viuda no puede sustanciarse mediante apelación ante la Comisión Industrial, sino mediante una acción plenaria ante una Corte de jurisdicción general.

Consideraremos primeramente la cuestión jurisdiccional levantada por el recurrente. Su resolución depende de la interpretación que demos a las siguientes disposiciones de la Ley núm. 45 de 18 de abril de 1935 (pág. 251) denominada “Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo”:

“La -Comisión Industrial tendrá exclusivamente funciones de naturaleza cuasi judicial y cuasi tutelar para la investigación y resolución de todos los casos de accidentes en los cuales el Adminis-trador y el obrero o empleado lesionado, o sus beneficiarios, no lle-gasen a un acuerdo óon respecto a la compensación según se dis-pone en el artículo 9 de esta Ley, y en el ejercicio de sus funciones representará solamente el interés público.” (Párrafo 9, inciso (b), artículo 6.)
“Si el Administrador y el obrero o empleado asegurado no lle-garen a un acuerdo respecto a la compensación, o si después de haber llegado a un acuerdo, que haya sido firmado y radicado en armonía con esta Ley, habiéndose pagado la compensación o estando pendiente de pagarse de acuerdo con esta Ley, hubiere una infrac-ción del acuerdo en cuanto a la continuación de los pagos semanales bajo dicho acuerdo o por cualquier otro motivo bajo dicho acuerdo, cualesquiera de las partes podrá notificar a la Comisión Industrial, la que señalará el caso para ser oído .por la Comisión Industrial o por un Comisionado.” (Artículo 10, primer párrafo.)

Arguye el recurrente que de acuerdo con el estatuto la facultad de la comisión para revisar las decisiones del Admi-nistrador está limitada a los casos: (a) cuando el administra-dor y el obrero no llegaren a un acuerdo respecto a la com-pensación; (b) cuando habiendo llegado a un acuerdo ocu-rriere alguna infracción del mismo en cuanto a la continua-ción de los pagos semanales bajo tal acuerdo; y (c) cuando baya habido una infracción por motivo otro cualquiera bajo dicho acuerdo. Y alega que en el caso de autos el Adminis-trador y los beneficiarios llegaron a un acuerdo el 30 de marzo de 1937, hecho que impide que 'la Comisión Industrial asuma jurisdicción, por ser dicho convenio obligatorio, de acuerdo con el artículo 9 de la citada “Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo,” que dispone:

“Artículo 9. — El Administrador queda facultado por la presente para celebrar convenios con el obrero o empleado lesionado, o sus beneficiarios en caso de muerte, con respecto a la compensación siempre que los mismos estén comprendidos dentro de los términos fijados por esta Ley. Tales convenios después de estar debidamente firmados por el Administrador y el reclamante serán obligatorios y se cumplirán como si fueran la decisión -del Administrador. Una copia de todo, convenio entre el Administrador y el reclamante será radicada en la Comisión Industrial.
“Todo arreglo, convenio o transacción entre el Administrador y el lesionado o sus beneficiarios en casos de accidente, enfermedad o muerte, tendrá el efecto de relevar al patrono de toda responsabi-lidad ulterior por el accidente, enfermedad o muerte que motivó tal convenio, arreglo o transacción.”

Opinamos que la jurisdicción de la comisión es más extensa que la que le concede el recurrente. El Administrador del Fondo del Estado es un funcionario ejecutivo o administra-tivo encargado de cumplir todos los deberes que taxativamente le concede la ley creadora de su cargo. No ha sido, a nues-tro juicio, el propósito del legislador conceder a dicho funcio-nario poderes dictatoriales para la resolución de las cuestio-nes que puedan ser sometidas a su consideración, pues en nin-guna parte del estatuto encontramos disposición alguna al efecto de que las decisiones del Administrador del Fondo del Estado deberán tener el carácter de firmes, definitivas o ina-pelables. El legislador, como poder regulador de la organi-zación por él creada para el funcionamiento y aplicación de la ley de compensaciones por accidentes del trabajo, creó la Comisión Industrial y la invistió de facultades cuasi judicia-les y cuasi tutelares, para que fuera ella y no los tribunales de justicia ordinarios la encargada de dirimir en primera ins-tancia las contiendas que pudiesen surgir entre el Adminis-trador, como funcionario ejecutivo, y los obreros lesionados o sus beneficiarios con respecto a la compensación a que éstos pudiesen tener derecho. No tenemos duda alguna en cuanto a que ése es el espíritu y el propósito del párrafo 9, inciso (6) piel artículo 6, supra.

Es cierto que el Administrador recurrente y el hijo del obrero difunto llegaron a un acuerdo en cuanto a la división de la compensación entre dicho hijo y la viuda. Pero aquí no se trata del incumplimiento de ese contrato por parte del beneficiario, sino de una situación nueva de derecho creada por el hecho posterior de haber contraído nuevas nup-cias la viuda del obrero difunto, después de habérsele adju-dicado parte de la compensación. Se trata, pues, de una nueva, distinta y separada reclamación de compensación, con respecto a la cual el Administrador y el beneficiario reclamante no han podido llegar a un acuerdo. Para diri-mir la contienda y decidir si la compensación adjudicada a la viuda reincidente en el matrimonio debe permanecer en el Pondo del Estado para beneficio del público o si debe adjudicarse al otro beneficiario hijo del difunto, la Comi-sión Industrial tiene amplia y completa jurisdicción dentro de una interpretación estricta del estatuto.

No cometió error la Comisión Industrial al asumir juris-dicción sobre la controversia en este caso.

La doctrina de estoppel invocada por el recurrente para sostener que el beneficiario reclamante está impedido por los términos del contrato de 30 de marzo de 1937 de hacer reclamación otra alguna en cuanto a compensación, no es de aplicación al caso de autos.

El recurrente no nos lia suministrado los datos necesa-rios para que podamos conocer los términos exactos del' citado contrato entre el Administrador del Fondo del Estado y la viuda y el hijo del obrero difunto. En el expediente elevado ante nos por el Secretario de la Comisión Industrial, no aparece ni el original ni copia alguna de dicho contrato. Nos vemos obligados a resolver el punto teniendo en cuenta solamente las alegaciones que hace el recurrente en su soli-citud de revisión, a saber:

“Que en 13 de enero de 1936 el Policía Insular Francisco Gan-darillas Méndez sufrió un accidente del trabajo que le causó la muerte, por la cual el Fondo del Seguro del Estado adjudicó una compensación en el caso ascendente a $2,166.82, habiéndose distri-buido dicha compensación en la siguiente forma: a la viuda doña Eufrosina Bravo Yda. de Gandarillas el 50% de dicha compensación, o sea $1,083.41, y a Francisco Gandarillas Guerra, hijo menor del obrero occiso habido en su primer matrimonio con Laura Guerra Custodio, el 50% de dicha compensación ascendente a la misma cantidad.
“Que con fecha 30 de marzo de 1937 se firmó un convenio res-pecto a la compensación entre dichos beneficiarios y el Administra-dor del Fondo del Seguro del Estado, por el cual los mismos acep-taron las compensaciones a cada uno de ellos adjudicadas.”

Alegó además el recurrente que “habiendo convenido las partes con fecha 30 de marzo de 1937 en cuanto al montante de la compensación que le correspondía a dicho beneficiarioy habiendo sido relevado el Administrador expresamente de toda responsabilidad ulterior por el mismo, dicho beneficia-rio está impedido de hacer reclamación otra alguna en cuanto a compensación.”

El Administrador, procediendo de acuerdo con lo dis-puesto en el inciso 5 del artículo 3 de la Ley de Compensa-ciones, adjudicó una compensación total de $2,166.82 y deci-dió que esa suma debía ser distribuida por partes iguales entre la viuda y el hijo. Los dos beneficiarios aceptaron la adjudicación y el plan de distribución del Administrador y relevaron a éste de toda responsabilidad ulterior, lo que equi-vale a decir que se comprometieron tanto la viuda como el hijo a no hacer nuevas reclamaciones en exceso de la suma de $2,166.82 que les había sido adjudicada y que no alcanzó el máximum de $3,000 fijado por el citado estatuto. No en-contramos justificación alguna para que decidamos que el beneficiario reclamante renunció también su alegado derecho a reclamar el pago de la mitad de la suma adjudicada que había sido asignada a la viuda. Al reclamar esa suma no se está exigiendo al Administrador una responsabilidad ulterior o adicional, en exceso de la responsabilidad ya fijada por el mismo Administrador en la suma de $2,166.82, sino simplemente que haga, si procede, una redistribución de la cantidad adjudicada y asignada para compensación por la muerte del obrero. Resolvemos, por lo tanto, que el bene-ficiario no está legalmente impedido para hacer tal recla-mación.

La cuestión fundamental envuelta en el presente recurso puede formularse así: ¿Tiene un beneficiario a quien se ha asignado parte de la compensación total adjudicada, derecho a que se le pague la parte concedida a otro beneficiario, en caso de que el derecho de éste a recibir dicha parte cesare por alguno de los motivos especificados en la ley!

• El párrafo quinto del inciso 5 del artículo 3 de la Ley de Compensaciones ppr Accidentes del Trabajo lee así:

“Al volver a casarse la viuda o viudo los pagos parciales conce-dídosle para su beneficio cesarán por completo; y cesarán igual-1 mente al morir cualquiera otro de los beneficiarios.a quien se estuviere! haciendo tales pagos parciales y en casos de menores cesarán igual-l mente tales pagos al llegar éstos a la edad de 18 años, a menos quel estuvieran incapacitados para el trabajo.” I

No encontramos en la ley precepto expreso alguno que determine la disposición que deba darse a aquella parte de la compensación adjudicada por el accidente, que no pudiere ya pagarse a la viuda por haber contraído nuevas nupcias o un menor beneficiario por baber llegado a la edad de 18 años. Debemos, por tanto, examinar la jurisprudencia inter-pretativa de estatutos similares para que ella nos sirva de guía en la resolución de esta cuestión.

En el caso de Central Iron & Coal Co. v. Colter, 217 Ala. 472, 116 So. 794, la Corte Suprema de Alabama, interpre-tando un estatuto prácticamente igual al nuestro se expresó .así:

“En cuanto a las disposiciones de la Sección 7556, de que ‘Si la compensación se está pagando de acuerdo con el Artículo 2 de este Capítulo a cualquier dependiente, dicha compensación .cesará al ocurrir la muerte o el matrimonio de tal dependiente, y la depen-dencia de un hijo terminará a la edad de 18 años a menos que aquí se dispusiere otra cosa, ’ y disposiciones similares de la Sección '7654: Estas disposiciones, se refieren al matrimonio de la viuda, lo mismo que a otros dependientes, y cuando estas disposiciones son interpretadas en relación con la Sección 7555, adoptando una polí-tica de interpretación liberal, para llevar a efecto el propósito del •estatuto, suministrar compensación, en una medida por la pérdida .sufrida por los dependientes del obrero difunto, en el caso de su muerte, se llega a la conclusión de que el único efecto de estas dis-posiciones es impedir que la compensación pase - al representante personal, en caso de muerte de uno o más de los dependientes, y, <en "el caso de cesar la dependencia, por el matrimonio del depen-diente, ordenar su aplicación a los dependientes remanentes. Tal iué la opinión de la Corte en el recurso anterior, y en Ex parte Todd Shipbuilding & Dry Books Co., 212 Ala. 477, 103 So. 447, en el cual la cuestión fué ampliamente considerada.
“Si el empleado — el marido y padre en este caso — hubiese vivido, debemos asumir que los hijos dependientes remanentes hubieran re-cibido el beneficio de sus ganancias mientras continuasen depen-diendo de él, aun cuando otros que estaban en la misma clase, en la fecha en que surgió la causa de acción por razón de su muerte, ha-bían dejado de ser dependientes por razón de haber cumplido la edad, contraído matrimonio o muerto, y no vemos medio de evitar la conclusión de que dichos dependientes remanentes en esta clase tienen derecho al beneficio del importe total adjudicado, aun cuando algunos de los dependientes hayan pasado el límite de edad o se hayan casado o muerto. El estatuto fué así interpretado en Ex forte Todd Shipbuilding efe Dry Docks Co., supra, y la considera-ción debida a la máxima del stare decisis, nos obliga a adherirnos a esa interpretación judicial, silenciando la controversia. Lindsay v. U. S. Savings & Loan Ass’n., 120 Ala. 156, 24 So. 171, 42 L.R.A. 783.”

Véanse también: Smith v. State Highway Commission, 78 Ind. App. 301, 134 N. E. 225; In Re Summers, 79 Ind. App. 108, 137 N. E. 291; y Cullen v. Pan Handle Coal Co., 81 Ind. App. 213, 141 N. E. 647.

Nuestra Ley de Compensaciones dispone en su Artículo 3, inciso' 5, que cuando el obrero dejare una viuda e bijos legí-timos dependientes total o parcialmente para su subsisten-cia de lo que ganaba el obrero al tiempo de su muerte, dichos dependientes recibirán una compensación de $1,000 a $3,000, “que se graduará en atención a la capacidad económica del obrero o empleado fallecido y sus probabilidades de vida. ’ ’

En el caso de Smith y. State Highway Commission, supra, la Corte Suprema de Indiana se expresó así:

“El total del beneficio de muerte (death benefit) así determi-nado es la medida de la responsabilidad del patrono. No hay me-dio por el cual la responsabilidad del patrono pueda ser reducida, como no sea porque cese la dependencia de todos los beneficiarios antes de la terminación del período máximo de compensación; pero mientras viva un beneficiario, los plazos semanales completos deben ser pagados hasta el final del período máximo de compensación, a. menos que se pague en efectivo el valor conmutable de la misma según lo dispuesto por la ley. . . No existe nada en el estatuto que sostenga la teoría de que cuando hay dos o más dependientes, la muerte de uno de ellos antes de la terminación del período máximo de compensación tendría el efecto de relevar al patrono por el mon-tante de una participación. El único propósito que se persigue al ordenar que el fondo se pague a los dependientes en participaciones iguales es el de asegurar a éstos igual cuidado y sostenimiento, de manera que ninguno de ellos se beneficie a expensas de los demás, y que ninguno de ellos quede desamparado y pueda convertirse en una carga sobre los contribuyentes. Esa parte del estatuto es, sin embargo, una cuestión estrictamente entre los dependientes y el Es-tado, y no entre los dependientes y el patrono. La hogaza de pan completa debe ser entregada semanalmente. Si no hay más que un dependiente, ese afortunado se aprovechará de ella enteramente. Si hay dos o más dependientes, entonces la hogaza se dividirá en tantas porciones iguales como bocas haya que alimentar.”

Yernos, pues, que de acuerdo con nuestro estatuto, para fijar la compensación en caso de muerte (death benefit) el Administrador del Fondo del Estado sólo puede tomar en consideración: (a) la capacidad económica y (b) las proba-bilidades de vida del obrero fallecido. El número mayor o menor de personas dependientes del obrero no es un ele-mento que deba tomarse en consideración para medir la res-ponsabilidad del patrono.

El número de beneficiarios o dependientes del obrero fa-llecido, que puedan tener derecho a participar en la distri-bución del fondo, sólo puede ser tenido en cuenta por el Administrador después de fijado el montante total de la com-pensación, cuando llegue el momento de cumplir el deber paternal que la ley le asigna de distribuir esa compensación entre los beneficiarios de acuerdo con la condición, necesi-dades, grado de parentesco y dependencia de cada uno. Si el Administrador, al tratar de cumplir ese deber, logra poner de acuerdo a los beneficiarios y celebra con ellos un contrato estipulando la suma que cada uno de ellos habrá de recibir mientras tenga derecho a participar de la indemnización, ese contrato no puede tener el efecto de una renuncia del dere-cho a reclamar que se haga una redistribución del fondo cuando uno de los beneficiarios hubiere perdido su derecho por razón de edad, matrimonio o muerte. En el caso de Sumner Sollitt Co. v. Sheely, 85 Ind. App. 312, 153 N. E. 894, en el que los hechos eran idénticos a los del caso de autos, se sostuvo que cuando la Oomisión Industrial, después de aprobar un convenio sobre compensación que disponía que la viuda e hijo menor recibirían $6.60 semanales, ordenó la terminación de la compensación a la viuda al volver ella a casarse, la orden no relevó al patrono de la obligación de pagar de ahí en adelante la compensación completa de $13.20 semanales al menor. Véanse: Reliance Coal & Coke Co. v. Fugate, 24 S. W. (2d) 705, y Gallagher v. United Electric Rys. Co., 134 Atl. 8.

Por las razones expuestas, se confirma la resolución recu-rrida que dictó la Comisión Industrial en diciembre 21, 1937.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: DEL JUEZ ASOCIADO SEÑOR WOL¥'

text:
    Isabel Vázquez Vda. de McCormick, demandante y apelante, v. Miguel Angel Gutiérrez Guevara, representado por su padre con patria potestad Santos Gutiérrez, demandado y apelado.
    Núm. 6675

      3STota: Véase la opinión de la mayoría en la página 170.

   OPINION DISIDENTE

DEL JUEZ ASOCIADO SEÑOR WOL¥'

La opinión de la mayoría dice:

“De la demanda presentada en este caso aparece que la hipoteca se constituyó por el término de once meses trece días para garantizar el pago de $ 1,041 como principal y ‘los intereses por el término del contrato’ a razón del 12 por ciento anual, pagaderos por mensualida-des. Se desprende además que después de radicada la petición en-mendada en el procedimiento ejecutivo la corte de distrito ordenó se expidiera un requerimiento para el pago (a) de mil dólares como saldo adeudado del principal por haber abonádo la deudora a cuenta del mismo la cantidad de $41 y (b) de diez dólares para intereses adeudados y vencidos correspondientes a la última mensualidad de octubre de 1932, por haber abonado la deudora $120 de intereses por el año de la constitución ele la hipoteca y $960 de intereses de mora por convenio de las partes. Evidentemente los $10 de inte-reses correspondientes a octubre de 1932 no estaban cubiertos por la hipoteca, y debido a haberse incluido esa partida en la orden de-cretando la expedición del requerimiento de pago, el procedimiento ejecutivo era ruia nulidad. Santos v. Crédito y Ahorro Ponceño, 41 D.P.R. 946; Martorell v. Crédito y Ahorro Ponceño, 42 D.P.R. 655.”

La demanda, que era una de nulidad, alega que en la es-critura de hipoteca se admitía que la deudora adeudaba al menor Miguel Angel Gutiérrez Guevara, representado por su padre, Santos Gutiérrez, “la suma de $1,041 que le fuera facilitada en calidad de préstamo y que se comprometió de-volver en el término de 11 meses 13 días a contar de la fecha del otorgamiento de la escritura y a pagar intereses a ra-zón del 12 por ciento annal, pagaderos por mensualidades vencidas al menor por conducto de su padre Santos Gu-tiérrez, para cuya garantía así como el montante de los in-tereses por el término del contrato y $300 que se convinieron y estipularon para costas, desembolsos y honorarios de abogado en caso de ejecución o reclamación judicial . . .”, y que cuando la hipoteca fué ejecutada el acreedor reclamó $1,000 como capital y $10 por concepto de intereses. Debido a que los $10 correspondían a intereses que habían vencido después de transcurridos los “11 meses 13 días’' y en su consecuencia, según la opinión del Tribunal, no estaban cu-biertos por la hipoteca, la resolución de la corte inferior fué revocada y el procedimiento ejecutivo original declarado nulo.

A mi juicio las palabras “que se comprometió a devol-ver en el término de 11 meses 13 días” claramente fijaron tan sólo el vencimiento de la hipoteca. La palabra ‘término” tal cual ha sido usada es una limitación al derecho a proce-der bajo la hipoteca, mas no limita necesariamente la exis-tencia de los derechos bajo el contrato, a menos que tal inten-ción contraria aparezca de la escritura de hipoteca.

Sin embargo, en la parte de la demanda ya citada se usaron más tarde las siguientes palabras: “Para cuya ga-rantía así como el montante de los intereses por el término del contrato ... constituyó hipoteca voluntaria a favor...” La palabra “término” conforme se usa ahí, a mi juicio no tiene necesaria ni realmente el mismo significado que la pa-labra “término” tal cual se usa anteriormente en el mismo párrafo de la demanda. La última mención de la palabra “término” se refiere a toda la existencia del contrato, tanto antes como después del vencimiento de la hipoteca.

Un contrato de hipoteca, que es uno subsidiario, se otorga para garantizar el cumplimiento de una obligación principal. Sostengo que la obligación principal ante nos lo era la deuda y su definitivo pago. La obligación de pagar intereses des-pues de su vencimiento era tan parte del contrato como cual-quier otra de sus disposiciones.

No creo que la tentativa de cobrar los $10 adicionales pudiera considerarse como usuraria.

La resolución apelada debió haberse confirmado.


author: DEL JUEZ ASOCIADO SEÑOR WOLF

text:
    Hermenegildo Hance, demandante y apelante, v. R. Méndez & Hnos., demandada y apelada.
    Núm. 7129

       Nota : Véase la opinión de la mayoría en la página 336.

   OPINION DISIDENTE

DEL JUEZ ASOCIADO SEÑOR WOLF

Éste fue un caso en que la Corte de Distrito de San Juan hizo la conclusión general y especial de que la demandada o la persona que conducía el autocamión aquí envuelto no-fue culpable de guiarlo a velocidad excesiva. Esto puede verse fácilmente leyendo la opinión de la corte inferior, cuya parte principal se copia en el resumen que de los hechos hizo este tribunal.' La prueba tendió a demostrar que el deman-dado corría por el centro de la carretera.

Dadas las conclusiones de la corte inferior, no veo a mi vez prueba suficiente en los autos para justificar se contra-diga la antedicha conclusión de la corte inferior, es decir, la relativa a velocidad.

Por tanto, hasta que surja una situación que haga nece-sario que el demandado eluda viajar por el centro de la carretera, el principio enunciado en Aguayo v. Municipio de San Juan, 35 D.P.R. 425, es aplicable.

Ahora, sería desde luego poco prudente ocupar el centro de la carretera al tomar una curva, pero conforme sostiene la opinión antes citada, ello no constituye negligencia per se. Al demandante incumbía demostrar algo dentro del campo de la negligencia, además de la ocupación de esa parte de la carretera. El hecho cierto en este caso es que el autocamión de la demandada cruzó junto al otro camión que- venía en dirección, contraria, sin tocarlo. En mi opinión, no se de-mostró la negligencia de la demandada.

Ann asumiendo, conforme es difícil hacer, que el auto-camión de la demandada viajara a velocidad excesiva, no obstante no puedo ver que el demandante estableciera la negligencia de dicha demandada. Al desviarse hacia la de-recha para evitar chocar con el otro vehículo, se cayeron del autocamión primero un drum y luego Hance, el hijo del de-mandante. Nadie da una explicación satisfactoria respecto a por qué el drum y Hance cayeron del camión. Los prin-cipales testigos no estaban seguros de si Hance estaba sentado sobre el barril, o de pie junto a éste. A mi modo de ver las cosas, la probabilidad es que Hance estaba recos-tado del barril; que el movimiento repentino del autocamión le hizo caer, pero que algo similar pudo fácilmente haber sucedido si el demandado hubiera estado caminando por su derecha, no hubiera ido corriendo rápidamente, y no embar-gante hubiese tenido que desviarse. Evidentemente la posi-ción de Hance tuvo que haber sido la de un equilibrio inesta-ble. Había otros dmms en el truck y a éstos nada les pasó.

No creo que la demandada pudiera prever que al colocar los drums en el camión en la forma en que se colocaron, haría que, en caso de que el vehículo se desviara rápida-mente, alguien que viajara en la plataforma se cayera. De haber la demandada podido prever esto, también Hance pudo haberlo previsto. Disto mucho de surgir que Hance fuera culpable de negligencia contribuyente, mas me parece que su caída del camión fué un percance que no podía preverse, o un accidente desgraciado.

La sentencia debió haber sido confirmada.


text:
    Núm. 7566.
    E. Solé & Co., aplda., v. Sancho Bonet, Tes., et als., apltes
    C. D. San Juan.
    Julio 23, 1937.
   Por los motivos consignados en la opinión emitida en el día de hoy en el recurso núm. 7565, Auto Body Corporation v. Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico, et als. (ante pág. 53), se declara sin lugar la moción de los apelantes sobre aumento de fianza sin per-juicio de que puedan presentar su petición en la corte de distrito que espidió el injunction.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    Núm. 986.
    Fonseca, recurrente v. Registrador, recurrido.
    Julio 23, 1937.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   Examinada la nota del Registrador a la luz de su alegato, vista la sección 2 de la Ley de 1902, titulada “Ley sobre recursos contra las resoluciones de los registradores de la propiedad” (Estatutos Revisados de 1911, pág. 450, see. 2181) y atendidas las circunstan-cias del caso, se confirma la referida nota.

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino.


text:
    Núm. 989.
    Santiago, recurrente v. Registrador, recurrido.
    Julio 23, 1937.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Travieso.)
   Por cuanto, el presente recurso fué radicado en la Secretaría de esta Corte Suprema el día 8 de marzo de 1937, sin que se acom-pañara al mismo escrito o alegato alguno exponiendo las razones o motivos que pueda tener la recurrente para solicitar la revocación de la nota recurrida, ofreciendo la recurrente radicar su alegato dentro de los diez días subsiguientes;

Por cuanto, con fecha 19 de marzo de 1937 se concedió a la re-currente una prórroga que habría de vencer el 17 de abril de 1937 para radicar su alegato, sin que hasta la fecha lo haya radicado;

Por cuanto, la recurrente fué citada para comparecer ante esta corte el día 19 de julio de 1937, a las 2 P. M., a exponer las ra-zones que puedan existir para que el recurso no deba ser desesti-mado por abandono, sin que dicha recurrente compareciera a la hora indicada o excusara su ausencia;

POR CUANTO, examinado el alegato radicado por el registrador re-currido nos convence de que diebo funcionario no cometió error en la calificación del documento presentado al registro por la recu-rrente.

PoR lo tanto, se declara sin lugar el recurso y se confirma la nota recurrida.


text:
    Núm. 7220.
    Trigo, apldo. v. Juliá, etc., apltes.
    C. D. San Juan.
    Julio 24, 1937.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Travieso.)
   Por Cuanto, el 16 de julio de 1937 resolvimos reconsiderar nues-tra sentencia de feclia 26 de'mayo de 1937 y señalamos el día 23 de julio de 1937 para una nueva vista del recurso;

Por cuanto, el examen que hemos hecho del contrato entre las partes litigantes y de la prueba practicada nos convence de que la obligación objeto de esta acción no tiene el carácter de solidaria y sí de obligación mancomunada, a tenor de lo dispuesto por el Ar-tículo 1090 del Código Civil;

Por tanto, resolvemos ahora modificar la sentencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan en 15 de junio de 1935, para que en su parte dispositiva lea como sigue:

“ y se condena a los demandados, Estelan A. de Goenaga y Mario Julia, maneomunadamente a comprar al demandante, Dionisio Trigo, los diez bonos de la Corporación Saldaña Crosas Bealty Co., Inc., numerados del 105 a] 114, ambos inclusive, por precio de $1,000 cada uno con intereses, etc.”

Y así modificada, se confirma.

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino.


text:
    Núm. 7057.
    Luciano, aplda. v. Torres, aplte.
    C. D. Ponce.
    Julio 24, 1937.
    (Por la Corte, a propuesta del'Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   Por cuanto, los únicos señalamientos de error son los siguientes:

"1. La corte inferior cometió error grave y perjudicial para este demandado apelante, al considerar como consideró probado, que la demandante Eustaeia Luciano, se encontraba disfrutando de la posesión real o física de la faja de terreno de 17 pulgadas de ancho a que se refiere la alegación séptima de la demanda.
“2. La eorte inferior cometió error grave y perjudicial para este demandado apelante al apreciar y dar peso y valor a la evidencia presentada por la deman-dante para considerar probadas las alegaciones esenciales de la demanda e in-fringió los artículos 1351 y 1362 del Código Civil (Ed. 1930).
“3. La sentencia en este easo es contraria a los hechos y a la ley.
"4. La corte inferior cometió error grave y perjudicial para este demandado apelante al dictar sentencia en su contra con imposición de las eostas que in-cluyen gastos y honorarios de abogado. ’ ’

POR Cuanto, el juez de distrito en su relación del caso y opinión dijo:

"La corte, por la apreciación que ha hecho de toda la prueba en este caso, y como resultado de la inspección ocular practicada, es de opinión que se han probado, a satisfacción los siguientes hechos:
"Que los solares hoy pertenecientes a la demandante y al demandado for-maban anteriormente un solo solar propiedad de Gregoria Martínez Maldonado, •quien fué la que vendió primeramente el solar del demandado con la casa que ocupa y más tarde el resto del solar con las-casas que ocupan a la demandante; •que desde hace más de un año la demandante ha estado en posesión del solar que describe en la demanda, y. que entre dicho solar y el solar del demandado no •existía hasta mediados del mes de diciembre de 1934, cerca o empalizada de clase alguna que impidiera el libre tránsito entre los dos solares; que al fondo del solar de la demandante existen las pequeñas casas que se han hecho constar y descrito en el acta de la inspección ocular, y que desde que la demandante' desde hace más de un año que ha estado en posesión de dicho solar, tanto ella •como los inquilinos que ha tenido en dichas casas al fondo del solar, han en-trado y salido por el callejón, que antes de mediados de diciembre de 1934, •existía entre ambas propiedades; que a partir de mediados de diciembre de 1934, en que el demandado levantó la cerca entre su propiedad y la de la de-mandante, ha quedado cerrado por completo el paso que anteriormente existía •entre ambas propiedades.
"Es cierto que el demandado deelaró que él daba permiso a las personas ■que vivían en las casas al fondo del solar de la demandante para pasar por el ■callejón, pero sea esto como fuere, consideramos que, no habiendo existido dicha cerca con anterioridad, y habiendo un derecho aparente de servidumbre de paso establecido durante más de un año a favor de la demandante y sus arrendatarios, no estaba autorizado el demandado, sin intervención de la demandante, de acuerdo con los artículos 319 y 320 del Código Civil (Edición de 1930) a proceder al ■deslinde de su propiedad.
"De acuerdo con los casos de Somonte v. Mimoso, 27 D.P.R. 398 y Richardson v. Martínez, 35 D.P.R. 1036, se ha resuelto que cuando la verdadera cuestión envuelta entre las partes en una acción de injunction para recobrar la posesión es una de fijación de colindaneias, tal cuestión no es propia para ser conside-rada y resuelta en- dicho procedimiento especial, y, por lo tanto, no estamos resolviendo ni resolvemos nada en cuanto a cual -es o deba ser la colindancia de los solares de la demandante y demandado en este caso. Si resolvemos que la demandante estaba en la posesión, tanto como el demandado, del callejón que existe entre ambas propiedades y que sin haberse efectuado el deslinde, de acuerdo con la ley, el demandado no tenía derecho a tomarse la justicia por su mano y fijar él el sitio por donde debía establecer la cerca. Se ha resuelto, asi-mismo en el caso de Echevarría viuda de Subirá v. Saurí, 38 D.P.R. 737, que el injunction para recobrar la posesión puede ser utilizado por una persona que alega que ha sido privada de la posesión o de la cuasi posesión que representa el derecho al uso de una servidumbre de paso.
“Por las razones expuestas, la corte es de opinión que procede declarar y deelara con lugar la demanda en este caso, y como consecuencia, se ordena al demandado que reintegre a la demandante en la posesión y tenencia de la par-cela de terreno que se describe en el hecho séptimo de la demanda, y que se abstenga en el futuro de obstaculizar a la demandante en la posesión de dicha parcela, bajo apercibimiento de desacato.”

PoR CUANTO, no encontramos error alguno en la apreciación de la prueba hecha por el juzgador,

PoR Cuanto, no estaba ni está envuelta en el presente caso cues-tión alguna de doble venta ni de título ni de derecho a la posesión de la faja de terreno en controversia, no resultando por tanto in-fringidos los artículos 1351 y 1362 del Código Civil (edición de 1930).

Por CUANTO, no estamos conformes con el apelante de que “en este caso no se traía de una cuestión de posesión, y sí de un asunto sobre colindancias”, ni de que “no está envuelto aquí ningún asunto de cuasi posesión, y sí de una cuestión relativa a propiedad que deben litigar las partes en un procedimiento ordinario y amplio”, ni de que “la demandante no tuvo nunca la posesión adversa al de-mandado de la faja de terreno a que quiere referirse la alegación séptima de la demanda, esto es, ella no disfrutó de una posesión actual, notoria, abierta y continua que le pueda dar derecho al ejerci-cio de la acción extraordinaria del injunction para recobrar o rete-ner la posesión”, no siendo por tanto aplicable la doctrina de. Díaz v. Annexy, 46 D.P.R. 366 y otras autoridades citadas por el ape-lante en apoyo de su tercer señalamiento.

Por cuanto, no encontramos que el juez de distrito haya come-tido error alguno en la imposición de las costas. Véanse: Ortiz v. Silva, 28 D.P.R. 417, Solis v. Castro, 36 D.P.R. 314 y Hernández v. Sánchez, 41 D.P.R. 72.

Por tanto, se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Ponce en 13 de marzo de 1935.

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino.


text:
    Núm. 7130.
    Méndez, apldo. v. Torres, et als., apltes.
    C. D. Ponce.
    Julio 24, 1937.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   Por Cuanto, los únicos errores señalados por los apelantes son:

“1. Cometió error grave y perjudicial para los demandados la corte inferior al denegar como denegó la excepción previa interpuesta por los demandados contra la demanda en este caso por el fundamento de no alegar hechos bastantes para determinar causa de acción la demanda del demandante.
“2. Cometió error grave y perjudicial para los demandados la corte inferior, al admitir en evidencia y considerar y dar peso efectivo y fallar este caso a base de las declaraciones de testigos producidos por el demandante que faltando a la verdad, declararon sobre la posesión que alegó el demandante se encontraba de cierto solar que alegó dicho demandante que colindaba por el oeste con la prolongación de una calle que se llamaba .Bertoly, cuando lo cierto y verdad es que ese predio de terreno no colindaba con esa calle ni con ninguna otra en ese sitio, y se trataba de una invención preparada al efeeto por esos testigos y el demandante que así declararon en la corte inferior para crear, imaginar,, extender y situar una calle denominada prolongación de la Galle Bertoly nunca abierta y nunca existente, como hecho real y positivo.
“3. La corte inferior cometió grave error y perjudicial para esta parte demandada al considerar y dar peso y efecto y fallar este caso a base de evi-dencia que no sostiene el alegado derecho de posesión real del demandante al respecto de encontrarse en posesión real de un terreno que nunca estuvo cercado, ni deslindado según la prueba del propio- demandante, cuya posesión real, según puede apreciarse por toda la evidencia resulta común para distintas y varias personas, pero que por la prueba de los demandados y por lo consignado por la corte inferior como resultado de su inspección ocular, la posesión física de ese terreno durante el año anterior al ejercicio de esta acción la tenían los demandados.
“í. La corte inferior cometió error grave al considerar y dar peso y efecto y fallar este caso a base de una inspección ocular hecha por el mismo juez que falló este caso que expresa todo lo contrario a lo que declararon los testigos de la parte demandante, y al resultado expreso de esa inspección hecha por el propio juez.
“5. La corte inferior cometió error grave y perjudicial para la parte de-mandada al apreciar en conjunto la evidencia, cometiendo grave error y- perju-dicial para esta parte apelante en la apreciación de la misma y al deeidir y determinar, que el demandante se encontraba en la posesión física de cierta faja de terreno que formaba parte de un solar de mayor cabida que nunca es-tuvo cercado, ni deslindado y por el eual según resulta de la propia prueba del demandante, distintas personas transitaban por ese predio de terreno sobre el cual nunca existió cerca o empalizada alguna que lo dividiera de los demás terrenos colindantes, sobre todo en la colindancia oeste del mismo.
"6. La corte inferior cometió error grave y perjudicial para la parte de-mandada, al considerar que el procedimiento extraordinario de injunction para recobrar o retener la posesión era el remedio para determinar los derechos de una parte demandante, que lo que alegaba, era asunto relativo a colindaneias y su prueba toda versó sobre ese particular, y no sobre un hecho efectivo de posesión real sobre determinado inmueble durante el año anterior a la inter-posición de la demanda.
“7. La sentencia en este caso es contraria a la prueba y a derecho.
"8. Cometió error grave y perjudicial para estos demandados apelantes la corte interior, abimponer las costas y honorarios de abogado a estos demandados.”

Pok Cuanto, en el alegato de los apelantes no se discute la pri-mera de las cuestiones así levantadas ni se indica en qué consiste la supuesta falta de hechos suficientes para constituir una causa de ac-eión, y cle tina lectura de la demanda enmendada tampoco se des-prende la supuesta falta de hechos suficientes para determinar una causa de acción.

PoR cuanto, en el alegato de los apelantes se discuten los su-puestos errores números dos, tres, cuatro y cinco en conjunto sin ha-berse demostrado, a nuestro juicio, error tan manifiesto en la apre-ciación de la prueba que exija una revocación de la sentencia ape-lada, no siendo afectado el resultado-por la cuestión de si la Calle Bertoly había sido o no abierta, extendida o prolongada de tal modo que actualmente formaba la colindancia oeste del predio poseído por el demandante.

PoR CUANTO, no estamos conformes con los apelantes en que todo lo alegado y probado por el demandante se contraía a la cuestión de colindancia y no a la de posesión real de la faja de terreno en con-troversia durante el año anterior a la interposición de la demanda, ni en que la sentencia en este caso sea contraria a la prueba y a derecho, tal como se alega en los señalamientos seis y siete.

Por Cuanto, tampoco cometió la corte de distrito el error impu-tádole en el octavo señalamiento. Véanse: Ortiz v. Silva, 28 D.P.R. 417; Solis v. Castro, 36 D.P.R. 314 y Hernández v. Sánchez, 41 D.P.R. 72.

Por tanto, se confirma la sentencia dictada por la Corte de Dis-trito de Ponce en 30 de enero de 1934.

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino.


text:
    Núm. 14.
    Las Monjas Racing Corporation, aplda. v. Arandes & Grovas, et als., apltes.
    Julio 31, 1937.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Travieso.)
   Por Cuanto, al considerar la solicitud' de injunction para hacer efectiva la jurisdicción de esta Corte Suprema sobre la apelación in-terpuesta por los demandados arriba mencionados contra la orden de injunction preliminar dictada por la Corte de Distrito de San Juan en 17 de junio de 1937, este Tribunal estimó que dicha soli-citud exponía prima facie hechos y razones que a su juicio justifi-caban la expedición del auto de injunction solicitado, el que fué' ex-pedido en junio 19, 1937;

Por cuanto, en la vista de la moción presentada por Las Monjas Racing Corporation para que se dejara sin efecto y se anulara el auto de injunction que en ayuda de sú jurisdicción expidió este Tribunal en junio 19 de 1937, celebrada el 21 del mismo mes, la parte promovente no logró convencer a este tribunal de la improcedencia del auto cuya nulidad se solicitaba y no tuvo, debido a la festina-ción con que se señaló y se celebró la vista, una oportunidad de pre-sentar ordenadamente la prueba de que disponía y de señalar espe-cíficamente al tribunal los exhibits en que basaba su argumentación sobre la improcedencia del auto dictado, motivos por los cuales este •tribunal declaró no haber lugar a la anulación o suspensión de los efectos del injunction dictado por esta corte;

Por CUANTO, solicitada la' reconsideración de su resolución de julio 13, 1937, negándose a anular su auto de injunction, este tribunal resolvió en julio 24, 1937, dejar sin efecto la citada resolución de julio 13 de 1937 y oír de nuevo a las partes sobre la moción de Las Monjas Racing Corporation para anular y dejar sin efecto el auto de injunction dictado por esta Corte Suprema en 19 de junio de 1937;

Por cuanto, en la nueva vista de la moción para anular y dejar sin efecto el auto de injunction dictado por esta Corte Suprema, ce-lebrada el 28 de julio de 1937, ambas partes contendientes presenta-ron prueba oral y documental para sostener sus respectivas alega-ciones y fueron oídas ampliamente sobre las cuestiones legales en-vueltas en el caso de autos;

Vistas las alegaciones de las partes litigantes, considerada y pe-sada cuidadosamente la evidencia, con excepción de aquélla sobre la que existe controversia en cuanto a si ella fué o no presentada en la corte inferior en el pleito en que se entabló el recurso de ape-lación pendiente ante esta corte, y oídas las argumentaciones de los letrados representantes de una y otra parte, somos de opinión que debe anularse y déjarse sin efecto la orden de injunction que para hacer efectiva su jurisdicción dictó esta Corte Suprema el día 19 de junio de 1937. Y así sé ordena.

Juez Asociado Si\ Córdova Dávila no intervino.

El Juez Asociado Sr. Wolf, está conforme con el resultado.


text:
    Núm. 6845.
    Ruberté, aplte. v. The American Railroad Company of P. R., aplda.
    C. D. Ponce.
    Julio 31, 1937.
   Pot’los motivos consignados en la opinión emitida en el día de hoy en el caso núm. 6646, los menores Juan Ramón Ruberté, et als., etc., v. The American Railroad Company of Puerto Rico, sobre Daños y perjuicios (ante, pág. 164), se revoca la sentencia apelada que dictó la- Corte de Distrito de Ponce con fecha 16 de noviembre de 1932, en el caso de-epígrafe, y en su lugar se dicta otra declarando, como se declara, coii lugar la demanda, y condenando, como por la pre-sente se condena, a la demandada The American Railroad Company of Puerto Rico, a pagar al demandante Pablo Ruberté, la suma de mil dólares ($1,000) en concepto de daños y perjuicios, todo ello sin especial condenación de costas.

El Juez Asoeiaflo Sr. Córdova Dávila no intervino.


text:
    Núm. 1004.
    Fernández, recurrente, v. Registrador, recurrido.
    Noviembre 24, 1937.
   Por los fundamentos consignados en la opinión emitida en el día de hoy en el recurso gubernativo núm. 1003, Carmen Fernández, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, recurrido (ante, pág. 354), se confirma la nota recurrida del Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, fe-chada agosto 17, 1937.

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino.


text:
    Núm. 3.
    Pueblo, querellante, v. Central Cambalache, dmda.
    Diciembre 2, 1937.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Travieso.)
   Vista la moción eliminatoria radicada por la corporación de-mandada, en 11 de agosto de 1937 por la que solicitada eliminación de numerosas alegaciones de la querella;

Por Cuanto, la querella radicada en el presente caso es substan-cialmente idéntica a la querella radicada en el caso de Quo Warranto núm. 1 entre El Pueblo de Puerto Rico v. The Fajardo Sugar Company of Porto Rico, et als., y las eliminaciones que se solicitan son las mismas solicitadas por las corporaciones demandadas en el citado caso;

Por lo tanto, de acuerdo con las resoluciones dictadas por esta corte en 18 de enero de 1937 (50 D.P.R. 966) y 12 de julio de 1937 (51 D.P.R. 936), en el citado caso de Quo Warranto Núm. 1, se declara sin lugar la moción de eliminación radicada en el presente caso, y se concede a la parte demandada un término de quince días para excepcional’ o contestar la querella.

Los Jueces Sres. Presidente Del Toro y Asociado OÓTdova Dávila no inter-vinieron.


text:
    Núm. 7583.
    Díaz, aplte., v. Corte Municipal, aplda.
    C. D. Humacao.
    Diciembre 3, 1937.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. "Wolf).
   Por cuanto, el interventor apelado radicó una moción allanán-dose al recurso y por tanto solicitando que sea declarada nula la re-solución dictada por la Corte Municipal de Caguas, que dió origen a la apelación;

Por CUANTO, como regla general una corte de apelación no puede revocar una sentencia por el mero allanamiento de la parte apelada y esta parte no ha demostrado al tribunal que su caso es una ex-cepción a la regla;

PoR Cuanto, las partes deben conseguir sus propósitos compare-ciendo ante la corte inferior y la sentencia no debe ser revocada sin que esta corte quede convencida de que los errores imputados jus-tifican la revocación;

PoR tanto, se declara sin lugar dicha moción de allanamiento.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    Núm. 7332.
    Ramos, apldo. v. Alcalde y Asamblea Mpal., apltes.
    C. D. Humacao.
    Diciembre 8, 1937.
   Por los motivos consignados en la opinión emitida en el día de hoy en el caso civil número 7317, Ramón López, peticionario apelado, v. Alcalde y Asamblea Municipal de Naguabo, demandados adelantes (ante, pág. 388), se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Humacao con fecha 8 de abril de 1936 en el recurso de epígrafe.

El Juez Presidente, Sr. Del Toro está eonforme con el resultado. El Juez Asociado Sr. Oórdova Dávila no intervino.