text:
    Núm. 8.
    Pueblo, querellante, v. Compañía Azucarera del Toa, querellada.
    Original.
    Enero 23, 1942.
   Por CUANTO, en el recurso de epígrafe se ha presentado una mo-ción, debidamente notificada á uno de los abogados de la querellada, al efecto de que los Estados Unidos de América en el ejercicio de su poder de dominio eminente, adquirió para fines de defensa nacional, mediante procedimiento de expropiación forzosa incoado ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico, una parcela de terreno que se describe coma sigue:

“(a) Rural: Parcel of land situated in. Point Eraile, Municipality of Do-rado, Puerto Bieo; composed of I acre, equal to 1.029 eds., equivalent to 39 ares and 30 centiares; bounded on the North, East, South and-West by lands of Central Constancia.” ' ~

Por cuanto, se hace constar en dicha moción que la parcela arriba descrita se segregó de la finca principal, que está sujeta al lis pendens, y que se describe así:

“(i) Rústica: Terreno en el barrio del Pueblo de la jurisdicción del Do-rado, compuesta de Doscientas una Cuerdas, equivalentes a setentinueve hectáreas y diez eentiáreas, lindante por el Norte, la Playa o sea el Mar Caribe (sio) ? al Sur doña Joaquina Telsehea; al Oeste la misma y doña Dolores Arrazain y al Este, el Río de la Plata.”

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, con el número 1S8.

POR CUANTO, la parcela de terreno descrita con la letra (a) en esta resolución será dedicada por los Estados Unidos de América a fines militares en la defensa nacional.

Por Cuanto, el querellante Pueblo de Puerto Rico ha solicitado en dicha moción, la cual se notificó oportunamente a la querellada, que a los efectos de que la parcela d'escrita bajo la letra (a) sea se-gregada- e inscrita a favor de los Estados Unidos de América, libre de los efectos del presente recurso, se dicte una resolución declarando desistido este procedimiento en lo que respecta a dicha parcela, y ordenando, además, que la anotación de este procedimiento, en cuanto a dicha parcela, sea cancelada en el referido Registro de la Pro-piedad de San Juan, Sección Segunda.

Por tanto, este tribunal declara con lugar la moción radicada por el querellante y en su consecuencia se autoriza que la parcela descrita bajo la letra (a) en el primer Por Cuanto de esta resolu-ción, sea segregada de la parcela descrita bajo la letra (6) en el segundo Por Cuanto de esta resolución, e inscrita a favor de los Estados Unidos de América, libre de los efectos del presente recurso; se declara desistido este procedimiento en lo que respecta a dicha parcela (a) ; y se ordena además que la anotación de este procedi-miento de quo warranto en cuanto a la descrita parcela (a) sea cancelada .en el Registro de la Propiedad de San Juan, Sección Se-gunda, quedando el lis pendens subsistente tanto sobre el remanente de la finca principal (b) de la cual se ha segregado la parcela des-crita en el primer Por Cuanto de esta resolución, como sobre los demás bienes de la querellada Compañía Azucarera del Toa.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Núm. 8.
    Pueblo, querellante, v. Compañía Azucarera del Toa, querellada.
    Original.
    Enero 23, 1942.
   Por cuanto, en el recurso de epígrafe se ha presentado una mo-ción suscrita por el abogado Miguel Guerra Mondragón, uno de los abogados del querellante, al efecto de que “según comunicación de 26 de diciembre de 1941, dirigida al Honorable Procurador General de Puerto Rico por el Honorable Comisionado del Interior, la ad-quisición por El Pueblo de Puerto Rico de las parcelas que más ade-lante se describen es imprescindible para la construcción de los proyectos números 27A-1 y 27-B-l, sección Bayamón — Yega Alta.” -

Por Cuanto, se alega en dicha moción “que las parcelas de re-ferencia pertenecen a la Compañía Azucarera del Toa, cuyos terrenos están bajo litigio, en el caso arriba indicado.”

Por cuanto, la descripción de las parcelas que interesa El Pueblo de Puerto Rico es la siguiente:

“(o) Parcela de terreno de forma regular, con una cabida de 2.29 cuerdas situada en el barrio Río Lajas del término municipal de Dorado. Colinda por el Norte y Sur, con la finca principal de que se segrega; por el Este, con el río La Plata y por el Oeste, con la Carretera Insular Núm. 2, que la separa de los terrenos de la Compañía Azucarera del Toa conocidos por el nombre de finca ‘Espinosa’.”

Esta parcela se segrega de la finca denominada “Río Lajas”, del término municipal de Dorado, con una cabida de 728.53 cuerdas que colinda por el Este, con el río La Plata; por el Oeste, con Bartolo González, Lucas Concepción y Sucesión Domingo López, antes Antonio Córdova, Víctor Márquez y Vicente López; por el Sur, con la viuda Irizarry, José Bermúdez y José Ayala, antes Sucesión Basilio del Rosario y Sucesión Pedro Vargas y Catalina Torres; y por el Norte, con la Sucesión Domingo López, Dr. Francisco j. Hernández, antes Antonio Córdova y con el río La Plata. Inscrita al folio 91, Tomo 7 de Dorado, finca Núm. 70, triplicado, inscripción 19.

“ (&) Parcela de ten-eno de forma regular, con una cabida de 8.49 cuerdas situada en el barrio Espinosa del término municipal de Dorado. Colinda por el Norte y Sur, eon la finca principal de la cual se segrega; y por el Este, con la Carretera Insular Núm. 2 que. la separa de los terrenos de la Compañía Azuca-rera del Toa conocidos por finca ‘Río Lajas’.”

Esta parcela se segrega de la finca denominada “Espinosa”, del término municipal de Dorado, con una cabida de 16 cuerdas que co-linda por el Norte y Oeste, con Bartolomé González; por el Sur, con José Bermúdez; y por el Este, con Rosa Chevestre. Inscrita al folio 168, Tomo 5 de Dorado, finca Núm. 240, inscripción 3.

Por Cuanto, teniendo en cuenta la naturaleza de la venta y el ob-jeto para el cual se van a utilizar las parcelas, o sea, para fines Je interés público, el querellante consiente y aprueba dicha venta y está conforme en que se cancele parcialmente la anotación de lis pendens en este caso en cuanto a las dos parcelas descritas y solicita de este Tribunal ordene al Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, que al inscribir, una vez efectuada la venta, las dos parcelas de terreno aquí descritas a favor de El Pueblo de Puerto Rico, can-cele la anotación de lis pendens para que estas parcelas así vendidas queden libres de tal anotación a todos los efectos legales, quedando subsistente el lis pendens en cuanto a los demás bienes de la que-rellada.

Por Cuanto, la querellada Compañía Azucarera del Toa, por'mo-ción radicada por su abogado el. 23 del actual está conforme con que se cancele parcialmente la anotación de lis pendens que pesa sobre las dos parcelas arriba descritas. '

Bou TANTO, vista la conformidad de la querellada, este tribunal declara con lugar la moción radicada por el querellante y en su con-secuencia se autoriza que las parcelas descritas bajo las letras (a) y (ó) en el tercer por cuanto de esta resolución sean segregadas de las parcelas principales e inscritas, una vez consumada la venta, a favor de El Pueblo de Puerto Pico, libres de los efectos del presente re-curso; y se ordena que la anotación de este procedimiento de quo warranto en cuanto a las descritas parcelas (a) y (6) sea cancelada en el Registro de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, que-dando el lis pendens subsistente tanto sobre el remanente de las fincas principales de las cuales se han segregado las parcelas arriba des-critas, como sobre los demás bienes de la querellada Compañía Azu-carera del Toa.


text:
    Núm. 4.
    Pueblo, querellante, v. South Porto Rico Sugar Co. of New Jersey, et als., dmdados.
    Original.
    Enero 23, 1942.
   Por Cuanto, en el recurso de epígrafe se ha radicado una es-tipulación suscrita por el querellante Pueblo de Puerto Rico y la qurellada Russell & Co., Sucesores, al efecto de que entre los bienes de la querellada sobre los cuales se ha anotado la pendencia de este litigio en el Registro de la Propiedad, se encuentra una finca rústica radicada en el Municipio de Ponce, la cual se describe como sigue:

(1) "Porción de terreno denominada Beparada sita en el barrio de Canas del término de Ponce, compuesta de doscientas treinta y seis cuerdas, ochenta y nueve céntimos de otra, equivalentes a noventa y tres hectáreas, nueve áreas y setenta centiáreas, tomadas alrededor de los establecimientos que se relacionaron, siendo sus linderos por los cuatro puntos cardinales, los siguientes: Por el Norte solar del Dr. Vidal y terrenos de The American Bailroad Company of Puerto Bico ocupados por la Estación del Ferrocarril y la Hacienda Carmen de don Julio Bibas antes, hoy Barriada Mariani; por el Sur con terrenos de Ernesto Mariee antes, hoy Bussell & Co., Suers., eon el río Portugués y un vecino; por el Este con, la carretera que de Ponce conduce a la Playa y con los vecinos si-guientes: América Eiol antes, hoy Bartolomé Morey, Felipe Vaillant antes, hoy Bafael V. Pérez Marchand, Isidora Boínán antes, hoy Sucesión Nicot, Felicita Boubert, hoy Sucesión Nicot, Félix Vélez antes, hoy A. Vázquez, de- Jesús, Carlos López de Tord antes, hoy Sucesión Bartolomei, Antonia Trieoehe antes, hoy José Tormos Diego, Pedro Tarrats antes, hoy Rita Pornaris dé Torruella, The Industrial Porto Rico .Company antes, hoy Sucesión Pierazzi, Manuel del Valle antes, hoy Julia S. de Wirshing, don José Miguel Morales antes, hoy Sucesión Net, Doctora D. Pérez Marchand y Julia Quesada Viuda de Tristani, Miguel Roma-guera antes, hoy su sucesión, Floresan & Trublard antes, hoy Alberto Poventud y José Romaguera, Ruth Vda. de Delgado, Emilio Fernández antes, hoy Arturo Castro y Ana María Fernández de González y E. F. González y al Oeste con terrenos de Ernesto Maurice antes, hoy de Russell & Company, Sucesores.
"Inscrita al folio 180 vto. del tomo 152 de Ponce, finca Núm. 6529 dupli-cado. ’ ’

POR CUANTO, mediante escritura otorgada con anterioridad a esta feeba, la querellada Russell i& Co., Sucesores, vendió y traspasó a* favor de la Doctora Dolores Pérez Marchand, Julia Quesada viuda de Tristani y doña Isabel, doña Julia y doña Rosa de apellidos Po-ventud Tristani, tres parcelas de terrenos segregadas de dicha finca para dedicarlas a vivienda y no a fines agrícolas, Jas cuales parcelas de terreno han sido ya entregadas a las compradoras bajo la siguiente descripción:

"A. Parcela de Terreno en el barrio de Canas, término de Ponce, con ca-bida de mil quinientos veinte metros cuadrados, o sea trescientas ochentiséis mi-lésimas de cuerda, iguales a quince áreas, dieciséis centiáreas, colindando por el Norte en una extensión de cuarenta y siete metros con la finca principal de que se segrega; por el Sur en una extensión de cuarenta y ocho metros diez centíme-tros con propiedad de doña Julia S. viuda de. Wirshing; al Oeste en una exten-sión de treinta y un. metros treinta y cuatro centímetros con terrenos de Russell & Company, Sucesores, o sea, la finca principal de, que se segrega y al Este en una extensión de treinta y dos metros sesenta y un centímetros con solar de doña Dolores Pérez Mareh'and.
"B. Parcela de Terreno sita en el barrio de Canas del término municipal de Ponce, con cabida de cuatrocientos noventa y siete metros ochenta y seis cen-tímetros cuadrados, iguales a ciento veinte y seis milésimas de cuerda, que son cuatro áreas noventa y cinco centiáreas, colindando por el Norte en una exten-sión de cuarenta metros noventa y dos centímetros con terrenos de la finca principal de que se segrega; por el Sur en una extensión de cuarenta y siete metros con terreno de'la doctora Dolores Pérez Marchand; por el Oeste en uña extensión de diez metros noventa y ocho centímetros con terrenos de la finca principal de que se segrega y por el Este en una extensión de diez metros treinta centímetros con terreno de la compareciente doña Julia Quesada viuda de Tristani.
“G. Parcela de terreno sita en el barrio de Canas del término municipal de Ponce, con cabida de setecientos treinta y cinco metros cuadrados o sea ciento ochenta y siete milésimas de cuerda, iguales a siete áreas, treinta y cuatro cen-tiáreas, noventiuna miliáreas, colindando por el Norte, en una extensión de treinta y nueve metros sesenta y-dos centímetros con Ta finca principal de que se segrega; por el Sur en una extensión de cuarenta metros veinte ,y tres centímetros con terrenos de la finca principal de que se segrega; por el Oeste en una extensión de diez 'y nueve metros veinte centímetros con la finca principal de cjue se segrega y por el Este en una extensión de diez y ocho metros diez centímetros con terre-nos de las hermanas Julia, Isabel y Rosa Poventud Tristani.’’ ' ‘ ’

Por cuanto, teniendo en cuenta la naturaleza de dicba venta y el objeto para el cual se van a utilizar dichas parcelas de terreno o sea para ser dedicadas a vivienda y no a fines agrícolas, el querellante ha consentido dicha venta y ha estado conforme en que se cancele parcialmente la anotación de lis pendens en este caso en cuanto a las parcelas vendidas a la Doctora Dolores Pérez Marchand, Julia Que-sada Viuda de Tristani y a doña Isabel, doña Julia y doña Rosa de apellidos Poventud Tristani, o sean las descritas bajo las letras A, B y C;

Por CUANTO, el querellante y la querellada Russell & Co. Suce-sores, han estipulado finalmente que a los efectos de que las parcelas arriba descritas sean segregadas e inscritas a favor de las compra-doras la doctora Dolores Pérez Marchand, Julia .Quesada Viuda de Tristani, Isabel, Julia y Rosa Poventud Tristani, libres de los efectos del presente procedimiento, se dicte una resolución declarando desis-tido este procedimiento en lo que respecta a dichas parcelas, y orde-nando además que la anotación de este procedimiento, en cuanto a dichas parcelas sea cancelada en el Registro de la Propiedad de Ponca;

Por tanto, este tribunal aprueba la anterior estipulación y en su consecuencia se autoriza que las parcelas descritas bajo las letras (A), (B) y (C) en el segundo Por cuanto de esta resolución, sean segre-gadas de la finca principal descrita bajo el número (1) e inscritas a favor de la doctora Dolores Pérez Marchand, Julia Quesada Viuda de Tristani, Isabel, Julia y Rosa Poventud Tristani libres de los efectos del presente procedimiento; se declara desistido este proce-dimiento en lo que respecta a dichas parcelas; y se ordena además que la anotación de este procedimiento de quo warranto en cuanto a las descritas parcelas sea cancelada en el Registro de la Propiedad de Ponce, quedando el lis pendens subsistente tanto sobre el rema-nente de la finca principal de la cual se han segregado las parcelas descritas bajo las letras A, B y C, como sobre los demás bienes de la querellada Russell & Co., Sucesores.


author: Juez Asociado Sr. Travieso.)

text:
    Núm. 8160.
    Sucn. Rivera, Etc., apltes. v. G. Godreau y Cía., aplda.
    C. D. Guayama.
    Enero 30, 1942.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Travieso.)

Por Cuanto, "en el acto de la vista del presente recurso la parte ' demandada y apelada solicitó la eliminación de todo lo contenido en las página 1 a 89, ambas inclusive, del Legajo de la Sentencia;

Por cuanto, lo contenido en dichas páginas es, la demanda original y la excepción previa y contestación a dicha demanda; la primera demanda enmendada y la excepción previa y contestación de los demandados a dicha demanda enmendada; la contestación enmen-dada a la primera demanda enmendada; y una larga serie de mocio-nes y órdenes que no tienen relación alguna con las cuestiones en-vueltas en el presente recurso;

PiOR Cuanto, de acuerdo con lo resuelto por esta Corte Suprema en Romero v. Romero Solís, 33 D.P.R. 108 y confirmado en Taboada v. Dragoni, 50 D.P.R. 907, “cuando se presenta una alegación enmen-dada como sustituta de la alegación original, esta última deja de ser parte de los autos excepto para decidir a los fines de la prescripción cuándo fué en realidad comenzada la acción y si una nueva causa de acción ha sido presentada o algo por el estilo”;

PoR CUANTO, del estudio que hemos hecho de los autos y de los alegatos de ambas partes, no aparece que en el presente recurso esté envuelta cuestión alguna relacionada con la prescripción de la acción o con la substitución de la causa de acción expuesta en la demanda original; y

Por CUANTO, examinada la transcripción de evidencia, de ella no aparece que los documentos cuya eliminación se pide, o alguno de ellos, fuese ofrecido como prueba por la parte demandante.

Por lo tanto, se declara con lugar la moción eliminatoria y se ordena la eliminación de las páginas 1 a 89 del Legajo de la Sen-tencia, hasta el comienzo de la Nueva Demanda Enmendada.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


text:
    Núm. 8250.
    Rosado, et als., apldos. v. Municipio de Juncos, aplte.
    C. D. Humacao.
    Febrero 12, 1942.
   Por Cuanto, con fecha 16 de enero de 1942 dictamos sentencia en este caso revocando la apelada que dictó la Corte de Distrito de Humacao, con imposición de costas a los demandantes, sin incluir honorarios de abogado;

Por Cuanto, en nuestra referida sentencia inadvertidamente omi-timos expresar que se declaraba sin lugar la demanda.

Por tanto, se enmienda nuestra sentencia de 16 de enero de 1942, nune pro tune a la fecha en que se dictó, en la siguiente forma:

“For los fundamentos consignados en la opinión que antecede, se revoca la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Humacao en 27 de noviembre de 1939, y se declara sin lugar la demanda, con costas a los demandantes, sin incluir honorarios de abogado.’’

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


author: Juez Asociado Sr. De Jesús.)

text:
    Núm. 8417.
    Pueblo, apldo. v. Rivera, aplte.
    C. D. San Juan.
    Febrero 16, 1942.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. De Jesús.)

Por CUANTO, este recurso se interpuso contra una resolución que dejó sin efecto una sentencia por la cual se liabía desestimado una demanda por no haberse presentado la demanda enmendada dentro del plazo y prórrogas que le concedió la corte para ello, resolución que además permitió la radicación de una demanda enmendada.

PiOR Cuanto, el dejar sin efecto una sentencia que no ha sido dic-tada en los méritos es una cuestión que descansa en la sana discre-ción de la. corte sentenciadora, discreción con la cuál no interviene este tribunal a menos que se demuestre que ha habido un claro abuso de ese poder (véase por analogía Greer v. Pérez 59 D.P.R. 574);

Por Cuanto, hemos examinado los autos de este caso y no encon-tramos que haya existido tal abuso de discreción;

■ Por tanto, se desestima el recurso y' se confirma la resolución apelada que dictó la corte inferior el 11 de julio de 1941.


author: Juez Asociado Sr. Todd, Jr.)

text:
    Núm. 1266.
    Mercado, peticionario, v. Corte, dmdada.
    Original.
    Diciembre 9, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Todd, Jr.)

Por cuanto, aparece de la petición de certiorari que la resolución dictada por la corte inferior el 6 de noviembre de 1941 negándose a aprobar la transcripción de evidencia en el caso de Luis Mercado Rivera, et al. v. Ramón M. Roig, sobre cobro de salarios, no se basó únicamente en el fundamento de que la sentencia en este caso era final e inapelable, sino en el fundamento adicional de que dicha trans-cripción de evidencia fué radicada después de vencido el término y prórrogas concedidas y sin que se solicitara' de la corte inferior, en ningún momento, la concesión da un nuevo término para hacerlo;

Por Cuanto, en el caso de Martínez v. Freiría Hnos., S. en C.. 41 D.P.R. 283, se resolvió que la corte sentenciadora puede negarse a impartir su aprobación a una transcripción radicada fuera de tiempo;

Por Cuanto, no aparece de lá petición que se haya solicitado de la corte inferior la reconsideración de la resolución dictada,

Por tanto, no ha lugar a*expedir el auto solicitado.


text:
    Núm. 1271.
    Rodríguez, et als., peticionarios, v. Corte, dmdada.
    —Original.
    Enero 15, 1942.
   Considerando que el remedio especial de nombramiento de receiver por su drástica naturaleza sólo procede en circunstancias verdadera-mente extraordinarias cuando no baya otro remedio adecuado a que pueda acudirse con el mismo resultado, y considerando que el recurso de injunction ofrece un remedio adecuado y eficaz, sin necesidad de violentar los derechos de los demandados, no encontrarnos que el juez inferior cometiera error al denegar el nombramiento de receiver solicitado por los peticionarios, y por consiguiente no ha lugar al auto de certiorari interesado.


author: Juez Presidente Sr. Del Toro.)

text:
    Núm. 1272.
    White Star Bus Line, Inc., peticionaria, v. Corte, dmdada.
    Original.
    Enero 23, 1942.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. Del Toro.)

A la solicitud de certiorari que antecede, visto el caso de Sucesión Núñez v. La Corte de Distrito, 14 D.P.R. 21, 24, no ha lugar.

Núms. 1252, 1254, 1255, 1257, 1262, 1266, 1267, 1273, 1274, 1275, 1276 y 1277.


text:
    Núm. 406.
    Román, peticionario, v. Susoni, dmdado.
    Original.
    Enero 13, 1942.
   Disponiendo expresamente el artículo 470 del Código de Enjui-ciamiento Criminal, núm. 3, que la solicitud de un auto de hábeas corpus ha de ser jurada por la persona que la haga, y no estándolo la que antecede, que aparece fechada y firmada en la ciudad de Arecibo, no ha lugar.

Núms. 196, 298, 318, 323, 350, 351, 355, 360, 362, 385, 391, 392, 395 y 398.


author: Juez Asociado Sr. Todd, J'r.)

text:
    Núm. 365.
    Peláez, peticionario, v. Navarro Ortiz, Etc., dmdado.
    —Original.
    Diciembre 4, 1942.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Todd, J'r.)

Vista la moción de reconsideración presentada por el peticionario,

Por Cuanto, en nuestra resolución de noviembre 24, 1941, hicimos referencia a la copia certificada de la minuta de la corte inferior del día 15 de marzo de 1941;

Por CUANTO, de dicha minuta aparece expresamente consignado por la- corte inferior que los abogados del acusado al día siguiente de no haber rendido veredicto el jurado en el caso por asesinato, o sea el día 25 de enero de 1941, “aceptaron la condición (que había propuesto la corte) de que los misdemeanors quedaren para ser re-sueltos cuando se resolviera el felony contra el acusado”;

Por Cuanto, al aceptar dichos abogados la condición mencionada quedó de hecho sin efecto la estipulación que anteriormente habían hecho de que la corte resolviera los casos misdemeanors con la prueba presentada al verse el caso felony;

Por cuanto, los abogados del acusado en ningún momento han atacado la veracidad de lo que la corte hizo constar en su minuta de 15 de marzo de 1941;

Por cuanto, como la nueva condición aceptada por los abogados del acusado tampoco pudo cumplirse al no haber rendido veredicto el jurado en el segundo juicio celebrado el 23 de junio de 1941,

Por tanto, no ha lugar avia reconsideración solicitada.


text:
    Núm. 8434.
    Colón, Etc., apltes. v. Barreto, Etc., apldo.
    C. D. Mayagüez.
    Enero 13, 1942.
   Yista la moción de reconsideración radicada por el demandado apelado y el artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil, tal y como fue enmendado por la Ley núm. 94, de 11 de mayo de 1937 (pág. 239), se reconsidera nuestra resolución de 15 de diciembre de 1941 en el sentido de modificarla de modo que diga así:

“Por los fundamentos consignados en la anterior opinión, se desestima, por frívolo, el presente recurso, y se condena a los demandantes apelantes al pago de los desembolsos y una cantidad de $1 por concepto de honorarios de abogado del apelado por sus servicios prestados en este tribunal.’'

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr. no intervino.

Núms. 78, 222,'228, 231, 233, 408, 1093, 1254, 1260, 1271, 8070, 8091, 8131, 8133, 8195, 8204, 8225, 8240, 8250, 8251, 8260, 8268, 8314, 8324, 8338, 8363, 8393, 8404, 8410, 8430, 8434 y 8449.

       Auto Inhibitorio.

       Recurso Revisión.

       Habeas Corpus.

       R'ecurso Ghibernativo.

        Oertiorari.


text:
    Núm. 8403.
    Capella, aplda. v. Martínez, aplte.
    C. D. San Juan.
    Julio 21, 1941.
   Por cuanto, dictada, sentencia en este caso por la Corte de Dis-trito de San Juan el 13 de junio de 1941, decretando el desahucio solicitado.; y

Por Cuanto, notificada la sentencia a la parte perdidosa el 27 de junio, apeló para ante este tribunal el 2 de julio siguiente, sin prestar la fianza que para responder de los daños y perjuicios y de las costas exige la ley; y

Por Cuanto, basándose en ello la parte apelada pidió- a este tribunal la desestimación del recurso por moción de 10 de julio, señalada para verse el 21; y

Por cuanto, al llamarse la moción para su vista el secretario in-formó que se había radicado un escrito por la parte apelante alla-nándose a la desestimación,

Por tanto, vista la ley y jurisprudencia aplicables se declara con lugar la moción y en su consecuencia se desestima el recurso.


text:
    Núm. 8430.
    Díaz, et al., apldos. v. Vázquez, et al., apltes.
    C. D. Guayama.
    Noviembre 12, 1941.
   v(Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Todd, Jr.)

Vista la moción de desestimación presentada por los demandantes apelados y la oposición de los demandados apelantes, en la cual hacen constar que la transcripción de evidencia ya ha sido preparada y que dos o tres días después de vencida la última prórroga concedí-dales han radicado una moción solicitando de la Corte de Distrito de Guayama que acepte y apruebe dicha transcripción de evidencia, mo-ción esta última que según se desprende de la certificación acompa-ñada a dicha oposición no ha sido aun resuelta por la referida corte de distrito, no ha lugar a la desestimación solicitada, sin perjuicio de que los apelados reproduzcan su moción para desestimar en caso de que la Corte de Distrito de Guayama se niegue a aprobar la aludida transcripción de evidencia.


text:
    Núm. 8382.
    Mendoza, aplte. v. Valdivieso, apldo.
    C. D. Ponce.
    Junio 24, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. De Jesús.)

Por Cuanto, con fecha 2 de febrero de 1940 se dictó la sentencia de este caso, por la cual se declaró sin lugar la demanda, estable-ciéndose recurso de apelación el 8 de febrero siguiente;

Por cuanto, el mismo día 8 de febrero la demandante apelante solicitó y obtuvo una orden de la corte inferior para que por el ta-quígrafo se procediese a la preparación de la transcripción de evi-dencia;

Por Cuanto, desde que venció el término concedido originalmente para la preparación de dicho documento y basta la fecha no se ha radicado dicha transcripción, a pesar de habérsele concedido a la apelante diez y seis prórrogas a ese efecto;

Por Cuanto, desde que se radicó el escrito de apelación hasta la fecha han transcurrido más de un año y tres meses sin que se haya perfeccionado el recurso;

Por cuanto, con fecha 28 de mayo último el apelado radicó un escrito en este Tribunal solicitando la desestimación del recurso por los motivos antes expuestos;

Por cuanto, señalada la vista de dicha moción para el 23 del actual sólo compareció el abogado del apelado, habiéndose limitado la apelante a radicar un escrito de oposición alegando motivos que a nuestro juicio son frívolos;

Por tanto, vistos los autos de este caso y el artículo 59 del re-glamento de este tribunal, se desestima el recurso.


text:
    Núm. 8389.
    Cintrón, apldo. v. Doe, Etc., apltes.
    C. D. Mayagüez.
    Julio 15, 1941.
   Por cuanto, en el caso arriba expresado el escrito de apelación se radicó con fecha 14 de octubre de 1940 y desde dicha fecha no se ha solicitado en la corte inferior orden alguna para que el taquígrafo prepare la transcripción de evidencia ni se ha radicado en este tribunal la transcripción de los autos;

Por cuanto, el apelado radicó con fecha 25 del mes pasado una moción solicitando la desestimación del i*eeurso por abandono;

Por cuanto, dicha moción fue señalada para el día 14 del actual, en cuya fecha no comparecieron los demandados a oponerse a la deses-timación solicitada ;

Por tanto, visto los autos de este caso y el artículo 59 del regla-mento de este tribunal, se desestima por abandono el recurso inter-puesto en este caso.


text:
    Núm. 8395.
    Sanz, apldo. v. Sucn. Rodríguez, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Julio 15, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Travieso.)

Vista la moción radicada por el demandante apelado solicitando se desestime por abandono el presente recurso;

Por cuanto, de dicha moción y de las certificaciones a ella anexas aparece que la sentencia recurrida fué dictada en 20 de marzo de 1940; que el escrito de apelación fué radicado y notificado en 25 de marzo de 1940; que en esa misma fecha la corte sentenciadora señaló a la parte apelante como fianza para perfeccionar su apelación la suma ’de $300; que dicha fianza no ha sido aún prestada por la parte 'apelante, la cual tampoco ha solicitado la transcripción de la evidencia ni' obtenido prórroga para ello;

PoR lo taNto, se declara con lugar la moción y se desestima por abandono el recurso.


text:
    Núm. 8348.
    De la Cruz, apldo. v. Gordon, et als., apltes.
    C. D. San Juan.
    Julio 15, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Travieso.)

Por Cuanto, con fecha 23 de abril de 1941, después de considerar la moción sobre desestimación de la apelación interpuesta por el de-mandante apelado, esta corte dictó una resolución, -cuya parte dis-positiva lee como sigue:

"Por tanto, la Corte, en uso de su disereeión, declara no haber lugar a la desestimación, con permiso a la parte apelada de reproducir su petición si la parte apelante no archiva en este tribunal la transcripción de los autos acompa-ñada de su alegato dentro de un término que vencerá el 31 de mayo de 1941."

Por cuanto, en junio 2, 1941, la parte apelada radicó una nueva moción de desestimación, alegando que los apelantes no han cumplido con lo ordenado por esta corte en su citada resolución de abril 23, 1941;

Por cuanto, de los autos aparece que la transcripción de autos y la transcripción de evidencia fueron radicadas en la secretaría de este Tribunal el día 3 de junio de 1941, pero no aparece que los ape-lantes hayan radicado hasta la fecha su alegato, según lo ordenado por. esta corte;

Por Cuanto, los apelantes no comparecieron a la vista de la mo-ción de desestimación, celebrada el día 14 de julio de 1941, ni han presentado a la consideración del tribunal las razones o motivos que h.ayan podido tener para no radicar su alegato dentro del término fijado por esta corte;

' PoR do TANTO, se declara con lugar la moción de desestimación y se desestima, por abandono, el recurso.


text:
    Núm. 8388.
    García Méndez, apldo. v. Carlo, aplte.
    C. D. Aguadilla.
    Julio 21, 1941.
   Por cuanto, el apelante con fecha 13 de mayo último radicó su escrito de apelación de la sentencia que lo condenó a pagar $3 de multa por desacato;

Por Cuanto, desde la fecha antes citada el apelante no ha veri-ficado gestión alguna para perfeccionar el recurso;

Por Cuanto, la cuestión envuelta en el mismo fué resuelta por este Tribunal adversamente al apelante en el recurso 1251 sobre Cer-tiorari, interpuesto por el apelante contra el Hon. Enrique S. Mestre, Juez de Distrito de Aguadilla;

Por Cuanto, el demandante solicitó la desestimación del recurso por abandono y por motivo de frivolidad;

Por cuanto, tanto la moción de desestimación como la orden de este tribunal señalándola para el día 15 del actual fueron oportuna-mente notificadas al apelante, no habiendo éste comparecido a sos-tener su recurso;

Por tanto, vistos los autos de,este caso y el artículo 59 del re-glamento de este tribunal, se desestima el recurso por abandono y por frivolidad.


text:
    Núm. 8400.
    Anglerau, et al., apldos. v. Mata, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Julio 22, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Todd, Jr.)

Por CUANTO, dictada sentencia en este caso por la Corte de Dis-trito de Arecibo, la demandada apeló para ante este tribunal el día '14 de noviembre de 1940 y desde dicha fecha obtuvo de dicha corte varias prórrogas para radicar la. transcripción de la evidencia, ha-biendo vencido la última el 14 de mayo de 1941 sin haberla radicado;

Por Cuanto, la apelante solicitó de la corte inferior el 3 de julio de 1941 la concesión de una nueva prórroga la que le fué denegada;

Por Cuanto, basándose en los anteriores hechos, que aparecen com-probados por certificación del Secretario de la Corte de Distrito de Arecibo, los demandantes apelados radicaron ante este tribunal una moción solicitando la desestimación del recurso por abandono del mismo y no haber la apelante hecho gestión alguna para perfeccionar su apelación de acuerdo con la ley y el reglamento de este tribunal, de cuya moción notificó a la apelante;

PoR Cuanto, se celebró la vista de dicha moción el 21 de julio de 1941 con la sola asistencia del abogado de los apelados, a pesar de haber sido debidamente notificada la demandada -apelante;

PoR taNto, vistos los autos del caso y la regla 59 de nuestro re-glamento, se desestima, por abandono, el recurso.


text:
    Núm. 8394.
    Asencio, aplda. v. Asencio, aplte.
    C. D. Mayagüez.
    Julio 22, 1941.
   PoR cuanto, con fecha 28 de septiembre de 1940 se radicó en este caso el escrito de apelación, optando la demandada apelante por la transcripción de la evidencia para perfeccionar su recurso;

Por cuanto, se concedieron varias prórrogas con dicho objeto, la última de las cuales lo fué el 3 de marzo de 1941, sin que desde dicha fecha la apelante haya hecho más gestiones ni solicitado prórroga para radicar dicha transcripción;

Por Cuanto, la apelada ha solicitado la desestimación del recurso por abandono;

Por cuanto, celebrada la vista de esta moción, no compareció la apelante a sostener su recurso;

Por tanto, vistos los autos de este caso y el artículo 59 del Be-glamento de este tribunal, se desestima el recurso por abandono.


text:
    Núm. 8402.
    Sucn. Rivera, Etc., apltes. v. Carrión, et als., apldos.
    C. D. Arecibo.
    Julio 22, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. Del Toro.)

Por cuanto, por moción de julio 9, 1941, vista en el día de ayer sin asistencia de las partes, la apelada solicita la desestimación del recurso interpuesto en este caso en febrero 14, 1935; y

Por Cuanto, de la certificación acompañada a la moción resulta que después de interponerla nada hizo la apelante para perfeccionar la apelación:

Por tanto, vistas la ley y la jurisprudencia aplicables, se declara la moción con lugar y en su consecuencia sé desestima, por abandono, el recurso.


text:
    Núm. 8327.
    Sucn. Astacio, et als., apltes. v. Sucn. Nicot, et als., apldos.
    C. D. Ponce.
    Julio 23, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Travieso.)

Vista la segunda moción radicada por la parte apelada, en la que solicita que se desestime el recurso por no haber sido proseguido con la debida diligencia;

PoR cuaNto, en la resolución que dictamos en abril 24 de 1941, por la que se declaró sin lugar la primera moción de desestimación, dijimos:

"Vista la moción de la parte apelada para que se desestime el recurso por no haber sido éste proseguido c.on la debida diligencia; y visto también el es-crito de oposición radicado por los apelantes, en el que exponen las'causas o mo-tivos que han tenido para no radicar a su debido tiempo la transcripción de la evidencia.
"La corte, en uso de su discreción, declara sin lugar la moción de desesti-mación, reservando a los apelados el derecho a reproducir dicha moción si los apelantes no radicaren en la secretaría de este tribunal, en o antes del día 31 de mayo de 1941, la transcripción de la evidencia y demás documentos que fue-ren necesarios para perfeccionar la apelación, acompañados del alegato para sos-tenerla, con la advertencia de que el término que por la presente se concede a los apelantes es improrrogable.”

POR Cuanto, no obstante el carácter de improrrogable que se dió al nuevo término concedido a los apelantes por la citada resolución de abril 24 de 1941, el tribunal, usando nuevamente de su discreción, concedió a los apelantes una nueva prórroga que había de expirar en 30 de junio de 1941 para la radicación de los documentos necesa-rios para perfeccionar la apelación, acompañados del alegato para sostenerla.

Por cuanto a pesar de las prórrogas concedidas a los apelantes éstos no radicaron hasta el 16 de julio de 1941 la transcripción de autos y la de la evidencia, sin que todavía hayan radicado alegato alguno para sostener el recurso u ofrecido excusas válidas y suficientes para justificar el incumplimiento de lo ordenado por el tribunal.

Por do tanto, se desestima por abandono el recurso.


text:
    Núm. 8415.
    Municipio de Villalba, Etc., aplte. v. Nieves, et al., apldos.
    C. D. Ponce.
    Noviembre 4, 1941.
   Por cuanto, con fecha 18 de febrero de 1941 se dictó sentencia en este caso declarando sin lugar la demanda;

Por cuanto, en 28 del mismo mes el demandante- radicó escrito de apelación para ante este tribunal;

Por cuanto, desde -dicha fecha, conforme consta de la certifica-ción expedida por el Secretario de la Corte de Distrito de Ponce, el apelante no ha hecho gestión alguna para perfeccionar su recurso;

Por cuanto, en 18 de agosto último los apelados radicaron un escrito solicitando la desestimación del recurso, que fué debidamente notificado a la parte contraria y señalado para el día 3 del actual, sin que los apelantes comparecieran a sostener su recurso;

Por TANTO, vistos bos autos de este caso y el artículo 59 del re-glamento de este tribunal, se desestima el recurso por abandono.


text:
    Núm. 8405.
    Cora, aplte. v. Sánchez, apldo.
    C. D. Guayama.
    Noviembre 4, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Travieso.)

Vista la moción del demandado apelado para la desestimación del presente recurso por baber sido éste abandonado;

POR cuanto, de la certificación expedida por el secretario de la Corte de Distrito de Guayama aparece que la sentencia recurrida fué dictada en 24 de junio de 1940 y notificada a la parte perdidosa, o sea al demandante apelante el 25' de junio del mismo año; que el escrito de apelación fué radicado el 10 de julio de 1940 y que desde dicba fecha hasta el presente el demandante apelante no ha dado ningún paso para perfeccionar su apelación, sin que hasta la fecha se haya radicado la transcripción de autos o de la evidencia;

Por do tanto, se declara con lugar la moción y se desestima, por abandono, el recurso.


text:
    Núm. 8420.
    National City Bank of New York, apldo. v. Muñoz et als., apltes.
    C. D. San Juan.
    Noviembre 4, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Todd, Jr.)

Por cuanto, de una certificación expedida por el Secretario de la Corte de Distrito de San Juan aparece que el día 26 de febrero de 1941 dicha corte dictó sentencia en el caso de epígrafe declarando con lugar la demanda; que el día 2 de abril de 1941 el demandado Ramón Aníbal Muñoz apeló de la sentencia para ante este Tribunal Supremo; que habiéndose acogido el apelante al procedimiento sobre” transcripción de. la evidencia para perfeccionar su apelación dicha corte dictó el 8 de abril de 1941 una orden para que el taquígrafo que actuó en la vista del caso procediera a preparar y radicar dentro del término de ley dicha transcripción; que el día 25 de- junio de 1941 el apelante solicitó una prórroga de 30 días para la radicación de dicha transcripción p que después de dicha fecha el apelante no' ha solicitado nueva prórroga con tal fin ni se ha radicado la ameri-tada transcripción.

Por cuanto, a base de los anteriores hechos, el demandante ape-lado radicó ante este tribunal una moción solicitando la desestimación de la apelación en este caso;

Por cuanto, no se ha radicado ante este tribunal la transcripción de los autos en este caso;

POR Cuanto, celebrada la vista correspondiente en el día de ayer con la comparecencia del demandante apelado, ya que el demandado-apelante no compareció a pesar de haber sido notificado por el de-mandante con copia de la moción y por la secretaría de esta corte del señalamiento,

Por taNto, vistos los artículos 59 y 60 del reglamento se deses-tima el recurso por abandono.


text:
    Núm. 8438.
    García et als., apltes. v. Seijo et als., apldos.
    C. D. Arecibo.
    Noviembre 14, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Travieso.)

Vista la moción radicada por los demandados-apelados en la que solicitan que el presente recurso sea desestimado por abandono;

Por Cuanto, de la certificación expedida por el secretario de la Corte de Distrito de Arecibo, anexa a dicha moción, aparece que la sentencia recurrida fue dictada el 28 de mayo de 1941; que el escrito-de apelación fué radicado el 18 de junio de 1941 y notificado a los apelados el 21 del mismo mes; y que desde esta última fecha los demandantes-apelantes no han practicado gestión alguna para per-feccionar su apelación;

Por lo tanto, visto el artículo 59 del Reglamento de este tribunal se declara con lugar dicha moción y se desestima por abandono el recurso.


text:
    Núm. 8298.
    Llorens et al., apltes. v. Arbona et al., apldos.
    C. D. Ponce.
    Noviembre 14, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. Del Toro.)

Por Cuanto, la parte apelada por moción de septiembre 24 último solicitó la desestimación del recurso interpuesto en este caso, por falta de diligencia en su tramitación, por ser frívolo y por resultar aca-démico ; y

Por Cuanto, notificada la parte apelante, se opuso por escrito y fijada la vista de la moción de desestimación para el 10 de noviembre en curso, ambas partes comparecieron por medio de sus respectivos abogados informando en pro de sus respectivas posiciones; y

Por cuanto, examinados los autos, de ellos resulta que tanto la transcripción como el alegato del apelante si bien se dilataron quizá más de lo debido, es lo cierto que se archivaron finalmente dentro de prórrogas concedidas por este tribunal, y en cuanto a la frivolidad de la apelación y a lo académico del recurso, no aparece claro que sea así:

Por tanto, no ha lugar a la desestimación solicitada.

El Juez Asociado Sr. Todd Jr. no intervino.


text:
    Núm. 8436.
    Victory Garden Radio Shop, apldo. v. Jiménez, aplte.
    C. D. San Juan.
    Noviembre 14, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. Del Toro.)

Por cuanto, dictada sentencia en este caso en abril 1, 1941, se apeló de ella para ante este tribunal tres días después; y

Por CUANTO, la parte apelante para perfeccionar su recurso fué solicitando prórrogas, la última de las cuales venció en agosto 31, 1941, sin que después baya hecho ninguna otra gestión; y

Por cuanto, la parte apelada por tal motivo solicitó la desesti-mación del recurso por moción de octubre 9, 1941, notificada a la parte contraria y vista el 10 de noviembre actual:

Por tanto, vistas la ley y la jurisprudencia aplicables, debe desestimarse y se desestima, por abandono, el recurso.


text:
    Núm. 8393.
    Banco Popular de Puerto Rico, apldo. v. López, aplte.
    C. D. San Juan.
    Noviembre 25, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Todd, J'r.)

Vista la moción de la apelada solicitando la desestimación de este recurso, la que fué debidamente notificada a la apelante;

Por Cuanto, a la vista celebrada no compareció ninguna de las partes a pesar de haber sido notificadas del señalamiento;

Por cuanto, de la certificación expedida por el Secretario de la corte inferior aparece que desde el día 4 de junio de 1941, fecha en que la demandada radicó su escrito de apelación, no ha solicitado la transcripción de evidencia ni ha hecho gestión alguna para perfec-cionar su apelación,

Por tanto, visto el artículo 59 del reglamento de esta corte, se desestima el recurso por abandono.


text:
    Núm. 8466.
    Santos et als., apltes. v. Vázquez Prada, apldo. y Gandía, aplte.
    C. D. San Juan.
    Diciembre 19, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Travieso.)

Vista la moción radicada por el demandado y apelado, por la que solicita que el recurso interpuesto por el taquígrafo de la Corte de Distrito de San Juan, Oscar Gandía, como intervéntor-apelante, sea desestimado por no haber sido proseguido con la debida diligencia;

Por Cuanto, de la certificación expedida por el Secretario de la Corte de Distrito do San Juan aparece que el escrito de apelación fué radicado por el taquígrafo apelante el día 21 de agosto de 1941, sin cancelar el sello de R.entas Internas de $5 y sin notificar a la parte .demandante, y que desde la fecha de interposición, del recurso hasta .el presente, el apelante no ha practicado gestión otra alguna para perfeccionar su apelación;

. Por lo tanto, se declara con lugar la moción y se desestima, por abandono, el recurso.


text:
    Núm. 8483.
    Arce, aplte. v. Galbán et als., apldos.
    C. D. Aguadilla.
    Enero 28, 1942.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Travieso.)

■Vista sin asistencia de las partes la moción radicada por los de-mandados ' apelados para que el presente recurso sea desestimado por no haber sido proseguido con la debida ■ diligencia; ■

■ Por Cuanto, de la certificación expedida por el secretario de la Corte de Distrito de Aguadilla, anexa a dicha moción, aparece que la sentencia recurrida fué dictada el 31 de agosto de 1939; que el escrito de apelación fué radicado el 11 de septiembre de 1939; que a pesar de haberse ordenado con fecha 13 de septiembre, 1939, la preparación de la transcripción de evidencia, y no obstante las nu-merosas prórrogas concedidas al apelante para la radicación ante esta Corte Suprema de la transcripción de evidencia,' el apelante no ha radicado dicha transcripción;

Por lo tanto, se declara con lugar dicha moción y se desestima por abandono el recurso.


text:
    Núm. 8486.
    Deerwester, aplda. v. Roméu, aplte.
    C. D. San Juan.
    Enero 28, 1942.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Todd, Jr.)

Por Cuanto, la parte apelada presentó una moción solicitando la desestimación de este recurso por causa de abadono, siendo notifi-cado el apelante sin que radicara oposición a la misma y la vista se celebró el 26 de enero de 1942, con asistencia únicamente de la apelada;

Por Cuanto de la moción y de la certificación expedida por el Secretario de la Corte de Distrito de- San Juan acompañada a la misma resulta que la apelación se interpuso el 22 de noviembre de 1941, solicitándose el l9 de diciembre del mismo año que la corte ordenara al taquígrafo que preparara la transcripción de la eviden-cia, como en efecto lo ordenó;

Por Cuanto el taquígrafo y el propio apelante dejaron vencer el término concedido sin radicar la transcripción ni solicitar prórroga para ello;

Por tanto, aplicando la Regla 60 de este Tribunal y visto el caso ele Luciano v. Rodríguez, 53 D.P.R. 987, se declara la moción con lugar, y en su consecuencia, se desestima, por abandono, el recurso.


author: Juez Asociado Sr. Snyder.)

text:
    Núm. 8479.
    Vivas, aplda. v. Vivas, aplte.
    C. D. San Juan.
    Febrero 3, 1942.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Snyder.)

PoR Cuanto, la Corte de Distrito de San Juan condenó por desa-cato al apelante en 25 de abril de 1941, sentenciándolo a pagar una multa de $25 o a sufrir un día de cárcel por cada dólar que dejare de pagar, sentencia de la cual apeló para ante esta corte;

Por Cuanto, la demandante apelada ha radicado una moción so-licitando la desestimación de esta apelación;

Por Cuanto, aparece que desde 17 de mayo de 1941, fecha en que se radicó el escrito de apelacióñ, el apelante no ha hecho ges-tión alguna para perfeccionar dicha apelación, ni ha solicitado prórroga para hacerlo;

Por cuanto, este tribunal ha señalado para vista la mencionada moción solicitando la desestimación de esta apelación en tres ocasiones diferentes, habiéndose suspendido la primera a petición del apelante por no tener abogado, la segunda por haberla pedido el nuevo abogado que representaba al apelante por no estar suficientemente enterado del caso, haciéndosele saber que nuevas posposiciones no deberían so-licitarse, representación que renunció dicho abogado al día siguiente, y en la tercera vista celebrada en el día de ayer el apelante no com-pareció, habiéndose limitado a radicar un affidavit de méritos dos días antes de la última de las tres vistas;

Por cuanto, esta corte le ha dado amplia oportunidad al apelante para alegar debidamente lo que estime conveniente en oposición a la moción para desestimar, sin haber hecho éste buen uso de estas opor-tunidades ;

Por cuanto, el apelante ha sido negligente en la tramitación de su apelación, no excusándolo el hecho de haber su antiguo abogado abandonado su caso, pues hace más de cinco semanas que' está en-terado de ese abandono;

Por tanto, se declara con lugar la moción de desestimación de apelación y en su consecuencia se desestima por abandono el recurso de apelación.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.


text:
    Núm. 8393.
    Banco Popular de Puerto Rico, apldo. v. López, aplte.
    C. D. San Juan.
    Julio 21, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. Del Toro.)

Por cuaNto,° el demandante apelado presentó una moción solici-tando la desestimación del recurso interpuesto en este caso, por ser frívolo, acompañando a su moción uña certificación contentiva de parte del récord; y

Por cuanto, según ha resuelto repetidamente esta corte, en casos en que la sentencia apelada se dicta a base de alegaciones y pruebas, es necesario conocer la prueba para resolver la cuestión de frivo-lidad ; . ¡

Por tanto, se resuelve no haber lugar a la desestimación soli-citada.


text:
    Núm. 8404.
    Ramos, aplte. v. Garay, apldo.
    C. D. San Juan.
    Noviembre 5, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. De Jesús.)

Por cuanto, la sentencia objeto de este recurso fué dictada en un caso de desahucio en precario en que la corte desestimó la de-manda por existir conflicto de título;

Por cuanto, examinados los autos de este caso claramente re-sulta que el demandante alega ser dueño de la finca objeto del pro-cedimiento y que presentó una escritura que tiende a demostrar tí-tulo a su favor, resultando además que el demandado en su contes-tación alegó también ser dueño de la misma finca y en apoyo de su contención presentó en evidencia otra escritura demostrativa del título que alega;

Por cuanto, el demandado -apelado presentó mía moción solici-tando la desestimación del recurso por frívolo;

Por tanto, oído el apelado por no haber comparecido el ape-lante, y resultando que la sentencia apelada es la única que puede dictarse de acuerdo con las alegaciones y pruebas presentadas, s.e desestima for frívolo el recurso.


text:
    Núm. 8452.
    Cote, apldo., v. White Star Bus Line, Inc., aplnte.
    C. D. San Juan.
    Noviembre 18, 1941.
   Resultando de la copia certificada de la resolución de 13 de no-viembre de 1941 que la corte sentenciadora, ejercitando la discreción que le confiere la ley, concedió a la apelante un nuevo término para radicar la transcripción de evidencia, y no pudiéndose determinar por abora si el recurso es o no frívolo, por no constar en autos dicha transcripción, no ha lugar a la desestimación solicitada.


text:
    Núm. 8356.
    Ex parte Capó, apldo. v. Rivera, aplte.
    C. D. Guayama.
    Diciembre 3, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. Del Toro.)

Examinada la moción del apelado de octubre 21, 1941, vista con la sola asistencia del apelante por su abogado en noviembre 17 último, solicitando la desestimación de la apelación por frívola, y examinados los demás documentos presentados en apoyo de la misma y el alegato del apelante, no estando convencido el tribunal de que el recurso in-terpuesto sea claramente frívolo, no ha lugar.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr. no intervino.

En los siguientes casos, el tribunal se negó a desestimar por frí-volos los recursos, por no estar convencido de que lo fueran o porque claramente no lo son:

Núms. 8391, 8379, 8441, y 8475.


text:
    Núm. 8091.
    Vélez, apldo. v. Orozco, aplte.
    C. D. San Juan.
    Julio 22, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. Del Toro.)

Por Cuanto, la parte apelada solicita la desestimación de la ape-lación por no haberse presentado por la parte apelante su alegato dentro del término.que esta corte le concediera; y

Por Cuanto, si bien ello es así es lo cierto que al llamarse el caso para la vista de la moción ya la parte apelante había archivado el alegato que contiene diez y nueve páginas a máquina y señala y dis-cute cuatro errores:

Por tanto, la corte, en el ejercicio de su discreción, resuelve no haber lugar a la desestimación, y a fin de que la tramitación del re-curso no sufra más dilaciones señala desde ahora la vista del mismo para el 4 de noviembre de 1941, a las dos p. m., que es el primer día hábil para esta clase de asuntos dé su próximo término de se-siones.


text:
    Núm. 8360.
    Toscano et al., apldos. apltes. v. Pomales, apldo. aplte.
    — C. D Guayama.
    Enero 21, 1942.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Todd, Jr.)

Por cuanto, el demandado apelante apelado en este caso solicita que se desestime el recurso de apelación interpuesto por los deman-dantes apelados apelantes, alegando que habiéndose dictado y notifi-cado la sentencia el 17 de febrero de 1941, y radicado una moción de reconsideración por los demandantes el 20 del mismo mes y año, que fue rechazada de plano el 26 de febrero de 1941, la apelación inter-puesta el 26 _ de marzo de 1941 lo había sido fuera de tiempo;

PoR CUANTO, no se dice en la moción de desestimación ni ello apa-rece tampoco del legajo, la fecha en que la notificación de la sentencia quedó archivada en la corte de distrito de donde este caso procede;

Por tanto, siguiendo la regla sentada en el caso de Rodríguez v. Ell Tee, 56 D.P.R. 958, se declara sin lugar la moción de desestima-ción, sin perjuicio del derecho que el demandado apelante apelado pueda tener a solicitar nuevamente la desestimación si el recurso realmente ha sido interpuesto fuera de término.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


text:
    Núm. 8732.
    Pueblo, apldo. v. Antonetty, aplte.
    C. D. Ponce.
    Junio 25, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. De Jesús.)

Por Cuanto, en el presente caso el único error señalado por el acusado apelante es el de ser contrario a la prueba el veredicto rendido por el jurado;

Por cuanto, hemos examinado cuidadosamente la transcripción de evidencia y de ella resulta que en efecto la evidencia que ante sí tuvo el jurado fué claramente contradictoria;

Por cuanto, apreciando toda la prueba, el jurado dirimió el ’ conflicto en contra del acusado;

PoR Cuanto, no hallamos que al así hacerlo incurriera en error el jurado y por el contrario creemos que el veredicto está plenamente sostenido por la evidencia;

Bob TANTO, se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Ponce en mayo 16, 1938.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr. no intervino.


text:
    Núm. 8705.
    Pueblo, apldo. v. Cruz, aplte.
    C. D. Mayagüez.
    Junio 27, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Travieso.)

Pob Cuanto, los hechos en este caso y las cuestiones legales en-vueltas en el mismo son substancialmente idénticos a los del caso-núm. 8782, El Pueblo de Puerto Rico v. Salvador Lugo Figueroa, resuelto en junio 25 de 1941 (ante, pág. 34).

Pob lo tanto, por las razones expuestas en la opinión emitida en el citado caso, se revoca la sentencia que dictó la Corte de Dis-trito de Mayagüez el día 25 de septiembre de 1940, y se absuelve al acusado.


author: Juez Asociado Sr. Travieso1.)

text:
    Núm. 8616.
    Pueblo, apldo. v. Gautier, aplte.
    C. D. San Juan.
    Noviembre 6, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Travieso1.)

Pob cuanto, al acusado-apelante se le imputó el delito de infrac-ción al artículo 7 de la Ley núm. 14 de julio 8 de 1936, enmendado por la Ley núm. 95 de mayo 12, 1937, consistente en que ilegal y voluntariamente tenía en su posesión y dominio, sin declararlo por -escrito al Jefe de la Policía ele San Juan, que es el distrito donde reside el acusado, un revólver;

Pob Cuanto, el único error que se imputa a la corte sentenciadora es el de haber apreciado erróneamente la evidencia, la cual, a juicio del apelante, es insuficiente para sostener la acusación.

Pob cuanto, examinada la prueba de cargo, a la que dió crédito la corte inferior, encontramos que es ampliamente suficiente para justificar la sentencia recurrida

Pob tanto, se declara sin lugar el recurso y se confirma la sen-tencia apelada.


text:
    Núm. 8874.
    Pueblo, apldo. v. López, aplte.
    C. D. San Juan.
    Diciembre 10, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. De Jesús.)

Pob cuanto, la palabra “asesino” dicha falsa, pública y mali-ciosamente, dirigida a otra persona, es calumniosa 'per se a menos que de las circunstancias concurrentes resulte que el acusado no la pronunció con el propósito de imputar la comisión de un delito pú-blico, sino como un vituperio o insulto;

Por cuanto, examinadas las circunstancias todas de este caso, resulta que el acusado no tuvo la intención de imputar la comisión del delito de asesinato, ni. pudo inferirse de ellas que el público in-terpretara que tal imputación se hizo;

Por TANTO, vista la sección 1 de la Ley para definir y castigar el delito de calumnia e injuria (slander), Código Penal, ed. 1937, pág. 173, lo resuelto en los casos de Palóu v. Ríos, 23 D.P.R. 363, y Morrissette v. Beatte, (1941, R. I.), 17 A. (2d) 464, y las monografías que aparecen en L.R.A. 1917-D 205, y 37 A.L.R. 883, se revoca la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan en 20 de noviembre de 1940, y se absuelve al acusado.


text:
    Núm. 9084.
    Pueblo, apldo. v. Castro, aplte.
    C. D. Ponce.
    Diciembre 19, 1941.
   (Por la Corte,, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Travieso.)

Pe® Cuanto, al acusado apelante se le imputó un delito de infrac-ción a la sección 4a. de la Ley núm. 25 de 17 de julio de 1935, con-sistente, según se alegaba en la denuncia, en que en su casa residen-cia y a sabiendas de que se utilizaban para juegos ilegales de bolita o bolipool, como agente, dueño, apoderado, encargado, director o ad-ministrador tenía en su poder 238 billetes de una lotería clandestina o bolita, que administraba dicho acusado y los cuales formaban parte de un plan de lotería clandestina;

PoR Cuanto, habiendo sido convicto de dicho delito, el acusado apeló para ante esta Corte Suprema, señalando como único error el siguiente: “No existe evidencia en este caso que justifique el delito denunciado, y mucho menos, para sostener la referida sentencia”;

Por Cuanto, examinada la evidencia presentada en apoyo de la acusación, ésta es claramente insuficiente para sostener la sentencia recurrida, toda vez que lo único que resulta de la prueba es que en el registro practicado en la residencia del acusado y en un gabán que allí había, los dos detectives que practicaron el registro encon-traron los 238 tickets de bolipool, sin que se presentase prueba alguna demostrativa de que el acusado fuese director o administrador de una lotería clandestina o de un juego de bolita, o que hubiese vendido tickets iguales a los ocupados;

Por lo tanto, vista la decisión de este tribunal en los casos de El Pueblo v. Salabarría, 57 D.P.R. 130, y El Pueblo v. Estronza, 57 D.P.B. 897, así como el allanamiento del fiscal a que la sentencia recurrida sea revocada, se declara con lugar el recurso y se revoca la sentencia apelada.


author: Juez Asociado Sr. Todd, Jx.)

text:
    Núms. 9015 y 9016.
    Pueblo, apldo. v. Mojica, aplte.
    C. D. San Juan.
    Diciembre 18, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Todd, Jx.)

Por Cuanto, el fiscal solicita la desestimación de estos recursos por abandono ya que el apelante no lia radicado en la corte inferior pliego de excepciones, transcripción de evidencia o exposición del caso, a pesar de haber radicado su escrito de apelación el día 10 de diciembre de 1940;

Por cuanto, el apelante radicó escrito de oposición alegando que la corte inferior le concedió el beneficio de pobreza y ordenó al ta-quígrafo procediera a transcribir la evidencia, lo que éste no hizo por haberse enfermado, pero que para la fecha de la vista de la moción de desestimación ya dicha transcripción -había sido radicada en la corte inferior, quien ordenó se le hicieran ciertas enmiendas para proceder entonces a su aprobación;

Por Cuanto, celebrada la vista correspondiente el fiscal se allanó a que se le diera oportunidad al apelante de perfeccionar su apela-ción si era cierto que la corte inferior había concedido un término para radicar la transcripción de evidencia;

Por CUANTO, el secretario de la corte inferior por carta que dirige al abogado defensor del apelante el día 15 de diciembre de 1941, o sea el mismo día de la vista celebrada ante esta Corte, le informa que el taquígrafo aun no ha radicado dicha transcripción con las enmiendas que le ordenó hacer la corte inferior el día 8 de los corrien-tes, por estar dicho empleado enfermo,

Por tanto, tomando en consideración las circunstancias con-currentes en estos casos, se declaran sin lugar las mociones de desesti-mación, sin perjuicio de que el fiscal las reproduzca si el apelante no ha perfeccionado sus apelaciones en el término de treinta (30) días a contar de la fecha de esta resolución.


text:
    Núm. 9005.
    Pueblo, apldo. v. Vázquez, aplte.
    C. D. San Juan.
    Diciembre 19, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. De Jesús.)

Pok CUANTO, el 15 de septiembre de 1939 el apelante fue senten-ciado a seis meses de presidio por un delito de seducción y el mismo día interpuso recurso de apelación para ante este Tribuna], sin que hasta la fecha lo haya perfeccionado;

Por Cuanto, el Fiscal de este tribunal presentó una moción soli-citando se desestime el recurso por abandono, y señalada su vista para el día 8 del actual, compareció el apelante en persona y expuso los motivos que le impidieron perfeccionar la apelación;

Por cuanto, de la investigación practicada por el fiscal de este tribunal y por el Lie. Virgilio Brunet, a quien se designó para que en representación del acusado rindiese un informe sobre el estado de los procedimientos en la corte inferior, así como de los autos origi-nales que tenemos a Ja vista, resulta que la última prórroga solici-tada por el apelante para radicar en la corte inferior la transcrip-ción de evidencia venció el 20 de abril de 1940 sin que desde entonces practicase ninguna otra gestión a ese efecto;

Por CUANTO, resulta de los autos que el Lie. Brunet, en 13 del actual, solicitó de la corte inferior un nuevo término improrrogable de veinte días para radicar la transcripción de evidencia y el mismo día la corte inferior se lo denegó;

Por Cuanto, al así actuar la corte inferior lo hizo ejercitando la discreción que le concede la ley, discreción que no debemos alterar a menos que existan razones poderosas para ello;

Por cuanto, aparte de que el acusado ha sido claramente negli-gente en la prosecución de su recurso, resultaría inútil continuarlo sin tener a la vista la transcripción de evidencia;

Por tanto, se declara con lugar la moción del Fiscal de este Tribunal y en su consecuencia se desestima por abandono el recurso.


text:
    Núm. 9076.
    Pueblo, apldo. v. Contreras, aplte.
    C. D. San Juan.
    Enero 30, 1942.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Snyder.)

Por Cuanto, la Corte de Distrito de San Juan sentenció al ape-lante por Portar Armas en 21 de octubre de 1940 a treinta días de cárcel y costas;

Por Cuanto, el mismo día 21 de octubre apeló para ante este tribunal, no habiéndose radicado aún moción solicitando transcrip-ción ele evidencia, ni pliego ele excepciones o exposición del caso, o escrito alguno que formalice la apelación;

PoR cuanto, el fiscal ele este tribunal ha solicitado la desestima-ción de la apelación y el apelante a su vez ha radicado una oposi-ción a la desestimación, en la que alega que habiendo fallecido el taquígrafo que actuó en la vista de este caso así como el abogado que asumió su defensa en la corte inferior, procede ordenar la celebra-ción ele un nuevo juicio;

PoR CUANTO, el apelante ha sido negligente en la tramitación de su apelación, no excusándole el hecho de que haya muerto su abo-gado y el taquígrafo que tomó el récord, pues el primero murió en agosto y el segundo en diciembre, 1941, esto es diez y catorce meses respectivamente, desde la fecha en que apeló para ante este tribunal;

Por Cuanto, los hechos en este caso no justifican que esta corte ejerza su discreción en cuanto a ordenar la celebración de un nuevo juicio;

Por tanto, se deniega la solicitud de nuevo juicio del apelante, se declara con lugar la moción del Fiscal, y en su consecuencia se desestima, por abandono, el recurso.


text:
    Núm. 9077.
    Pueblo, apldo. v. Contreras, aplte.
    C. D. San Juan.
    Enero 30, 1942.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Snyder.)

Por cuanto, la Corte de Distrito de San Juan sentenció al ape-lante por acometimiento y agresión grave en 2 de octubre de 1940 a la pena de $100 de multa o un día de cárcel por cada dólar que deje de pagar, no excediendo la prisión de noventa días de cárcel, y costas;

Por cuanto, el mismo día 2 de octubre apeló para ante este tribunal, no habiéndose radicado aún moción solicitando transcrip-ción de evidencia, ni pliego de excepciones o exposición del caso, o escrito alguno que formalice la apelación;

Por cuanto, el fiscal de este tribunal ha solicitado la desestima-ción de la apelación y el apelante a su vez radicado una oposición a la desestimación, en la que alega que habiendo fallecido el taquí-grafo que actuó en la vista de este caso así como el abogado que asumió su defensa en la corte inferior, procede ordenar la celebración de un nuevo juicio;

Por cuanto, el apelante ha sido negligente en la tramitación de su apelación, no excusándole el hecho de que haya muerto su abogado y el taquígrafo que tomó el récord, pues el primero murió en agosto y el segundo en diciembre, 1941, esto es diez y catorce meses respec-tivamente, desde la fecba en que apeló para ante este tribunal;

Por ouANto, los becbos en este caso no justifican que esta Corte ejerza su discreción en cuanto a ordenar la celebración de un nuevo juicio;

Bob tanto, se deniega la solicitud de nuevo juicio del apelante, se declara con lugar la moción del fiscal, y en su consecuencia se desestima, por abandono, el recurso.

Los siguientes casos fueron desestimados por abandono:

Núms. 8813, 8814, 8815, 8829, 8830, 8834, 8837, 8840, 8841, 8842, 8843, 8844, 8846, 8852, 8853, 8856, 8857, 8858, 8859, 8862, 8863, 8864, 8866, 8870, 8871, 8876, 8891, 8892, 8901, 8902, 8903, 8904, 8907, 8910, 8915, 8919, 8925, 8926, 8927, 8928, 8932, 8939, 8942, 8943, 8957, 8959, 8969, 8972, 8978, 8980, 8982, 8983, 8984, 8985, 8986, 8989, 8990, 8991, 8992, 8993, 8994, 8995, 8996, 8997, 8998, 8999, 9000, 9001, 9002, 9003, 9004, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9034, 9035, 9036, 9037, 9038, 9041, 9042, 9044, 9055, 9056, 9057, 9061, 9064, 9065, 9066, 9067, 9068, 9069, 9070, 9071, 9072, 9073, 9074, 9075, 9078, 9088, 9090, 9091, 9092, 9093, 9094, 9095, 9096, 9097, 9098, 9099, 9100, 9101, 9102, 9103, 9118, 9119, 9120, 9121, 9122, 9123, 9124, 9125, 9126, 9127, 9128, 9129, 9130, 9131 y 9132.

(5) FALTA U 'OMISIÓN DE NOTIFICAR. EL ESCRITO DE APELACIÓN

Los siguientes recursos fueron desestimados por no haberse noti-ficado el escrito de apelación a la parte apelada:

Núms. 8819, 8820, 8821, 8822, 8823, 8824, 8825, 8827, 8828, 8836, 8845, 8865, 8878, 8879, 8880, 8881, 8889, 8909, 8911, 8914, 6922, 8923, 8935, 8938, 8944, 8945, 8948, 8950, 8960, 8973, 8974, 8975, 8976, 8977, 8979, 9048, 9059, 9060, 9062 y 9110.

(o) FALTA DE JURISDICCIÓN

Falta de notificar el escrito de apelación a la parte apelada. Véase subdivisión (6), ante.

(C) DESISTIMIENTOS

(a) CASOS EN QUE SE TUVIERON POR DESISTIDOS A LOS APELANTES, A SU PROPIA INSTANCIA, DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS

Núms. 8868, 8869, 8872, 8873, 8875, 8882, 8883, 8884, 8885, 8886, 8887, 8888, 8890, 8894, 8895, 8896, 8897, 8898, 8899, 8900, 8908 8912, 8920, 8921, 8924, 8929, 8930, 8931, 8933, 8934, .8936, 8937, 8946, 8947, 8952, 8953, 8954, 8955, 8956, 8958, 8961, 8962, 8963, 8965, 8966, 8967, 8968, 8970, 8971, 8981, 8987, 8988, 9038, 9039, 9045, 9046, 9047, 9049, 9050, 9051, 9052, 9053, 9054, 9089, 9105, 9106, 9107, 9117, 9134, 9138, 9140, 9144, 9161, 9377, 9207, 9228, 9245, 9251, 9254, 9273, 9276, 9277 y 9278.


author: El Juez Asociado Se. Hernández, DE 'LOS ■ JUECES- ASOCIADOS SEES. EIGUEEAS V . SULZBACHEE. ■- • ..

text:
    Aguilar v. Vázquez.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao.
    No. 45.
    Resuelto en marzo 15, 1904.
    Legados. — Los legados sujetos al cumplimiento de una condición no son exi-glbles hasta que se cumpla la condición qué impusiera el testador.
    Id. — Mayor Edad. — La exigibilidad de un legado' de cantidad, pagadero cuando el legatario sea mayor de edad, no se hace , depender del hecho de que ' el; menor o legatario arribe a una edad determinada, sino del día1 en que ,tal. menor sea capaz para todos los actos de la vida civil, y por consiguiente,' aunque la época en que se adquiera la mayor edad sé fije por legislación sub-siguiente al otorgamiento del testamento, éú una edad más temprana-de la.' requerida en la fecha de tal otorgamiento; se; entenderá, no obstante, euni-' plida la condición del testador, tan pronto como' el legátario cumpla' sir. mayor edad aon. arreglo a la legislación sutsigpiente., ■ >
    Efecto Retroactivo de las Leyes. — No se. atribuye efecto retroactivo a.nng ley, cuando el derecho que se invoque con arreglo á'ella se origine, de hechos realizados con posterioridad al día en que empezó a regir. ‘ •
    Reconvención. — La reconvención que no expresé-’ la cuantía exacta de lo que1 por ella se reclama, adolece de defecto legal en el modo de proponerla, y no>i debe prosperar. ■ ... ' .
    Contribuciones — Créditos . no Declarados. — Los créditos no declarados para,, los efectos de la contribución, no pueden ser cobrados por acción legal o; pleito ante los tribunales, mientras no se declaren' y paguen las contribu-ciones correspondientes. ..-■■■ ' ■;;
    Costas. — Cuando no se- desestimen totalmente lag'.-pretensiones de.una.y otra, parte, el tribunal debe resolver, en cuanto a las costas, conforme a equidad. ,¡-
    .EXPOSICIÓN DEL-CASQ,.-
    Vistos estos autos promoyjdQS eA-lA-Óo/te de,Distrito de; Humacao entre-,.partes, de la .unay-;J)pña .Ruper-ta ;Gonc,ep4, ción (*) Aguilar, mayor de edad, casada, vecina de Gruayama, asistida y con licencia de su esposo, D. Antonio Moret, diri-gida y representada en esta Superioridad po.r el*'Letrado D. Juan de Guzmán Benitez, y de la otra, D. Edgardo Vázquez y Aguilar, propietario, vecino de Guayama, a quien representa y dirige el Licenciado D. Jacinto Texidor, sobre entrega de un legado de cantidad de pesos y devolución de un- depósito, autos pendientes ante nos en virtud de recurso de casación, boy de apelación, interpuesto por Doña Buperta Concepción Aguilar, contra la sentencia pronunciada, que copiada a la letra dice así:

      “Sentencia. En la ciudad de Humacao a los quince días del mes de marzo de mil novoeientos dos. Vistos en juicio oral y público la causa, digo, estos autos civiles seguidos entre partes, de la una, el Le-trado D. Juan P. Vías Ochoteco, en representación de Doña Ruperta Concepción Aguilar, mayor de edad, casada y vecina de Guayama asistida y con licencia de su esposo D. Antonio Moret, demandante, y de la otra, D. Edgardo Vázquez Aguilar, propietario, mayor de edad, vecino de Guayama, demandado, sobre entrega de un legado de metálico, devolución de un depósito de dinero, y abono de inte-reses legales, con solvendo de costas, representado por el Letrado D. Rafael López Landrón.
    “1. Resultando: que el demandante formalizó su reclamación in-teresando que se condene al demandado: 1, A la inmediata entrega ,a Doña Ruperta Concepción Aguilar de la suma de 8,000 pesos, mo-neda mejicana, o su equivalente en la boy circulante, importe del legado que a su hijo Vicente, en su testamento hiciera D. Rafael Váz-quez ; 2, A satisfacer también a la actora la suma 600 pesos de aquella moneda, o su equivalente en moneda americana, por el depósito cons-tituido en poder de su causante, del supradicho Sr. Vázquez; 3, A pagar también los intereses de las precitadas sumas al tipo legal, desde la fecha de la interposición de la demanda; y 4, Al pago de todas las costas.
    “2. Resultando: que estas peticiones se fundaron en los siguientes hechos, alegados en la demanda: 1, que al fallecimiento de D. Rafael Vázquez y Vázquez, vecino que fué de Guayama, ocurrido en el año 1890, bajo disposición testamentaria que otorgara ante el Notario D. José Mariano Capó, sucedióle como heredero universal instituido, su (*) legítimo hijo Don Edgardo, qujen aceptó puramente la heren-' cia; 2, que en ese testamento se constituyó, entre otros, nn legado a favor del menor impúber Vicente, hijo de la reclamante, en estos términos ‘lego otros 8,000 pesos al menor impúber Vicente, hijo de la mencionada Ruperta Concepción, y al cual no se le. entregará esa suma hasta que -cumpla su mayor edad, debiendo mientras tanto mi heredero .entregar al tutor de. ese.menor, una renta de 25 pesos en moneda corriente, todos los meses, para que con ella atienda el tutor a los alimentos e instrucción primaria del Vicente, quien dispondrá, el referido tutor, que cuando cumpla de 13 a 14 años vaya a Europa o a los Estados Unidos a estudiar un oficio u otra profesión mecánica, entregando entonces mi heredero, como renta de aquel capital 50 pesos de moneda corriente que recibirá el tutor mensualmente para que con ella cuide éste de los gastos de su pupilo en aquellos países, siempre que permanezca en ellos con aprovechamiento y buena conducta a juicio de su tutor, pues en otro caso, así como cuando regrese a Puerto Rico, solamente tendrá derecho a recibir como renta los anteriores 25 pesos mensuales, en la inteligencia de que, si Vicente falleciese antes de cumplir su mayor edad, este legado pasará a sus herederos, sin que tenga mi heredero más obligación que la que tendría para con el Vicente viviendo éste y residiendo en'Puerto Rico, o sea que no estará obligado a entregar los 8,000 pesos a los herederos del legata-rio hasta la época en que éste hubiere de cumplir su mayor edad,-y que sólo les deberá mientras tanto la renta de 25 pesos mensuales.’ 3, Que fallecido el legatario Vicente Aguilar en 1 de septiembre de 1897, fué declarada heredera única abintestato suya por auto de 30 de noviembre del mismo año del extinguido Juzgado de Primera In-stancia de G-uayama su madre natural la demandante Doña Concep-ción Aguilar; 4, que según la partida bautismal el joven Vicente Emilio Aguilar, legatario, nació el 5 de abril de 1880, debiendo por tanto contar en la actualidad, si no hubiera fallecido, la edad de 21% años; 5, que por otra parte Doña Ruperta Concepción Aguilar había depositado en poder de Don Rafael Vázquez, con fecha 16 de junio de 1883, la suma de 600 pesos, moneda corriente en aquella fecha, sin que hasta hoy le haya sido devuelta esta cantidad ni por Don Rafael Vázquez, ni por su heredero Don Edgardo; y 6,. que según la Orden General núm. 299 del Gobierno Militar, absoluto y supremo que rigió los destinos de la Isla, la mayoridad, a partir de la fecha de dicha orden, esto es, desde el 18 de diciembre (*) de 1899, empieza a los 21 años cumplidos, haciéndose inútil toda gestión, sin embargo de haberla hecho el interesado para el logro del abono de ese legado, habiéndose intentado sin efecto'el acto conciliatorio.
    "3. Resultando: que en apoyo de la demanda, aduce la parte ac-tora lá disposición primera transitoria del vigente Código Civil, según la que en su concepto se deriva la necesidad de invocar, por lo que respecta al depósito reclamado,' la legislación anterior al' código, y los preceptos de este cuerpo legal por lo que atañe al legado que es en deberle Don Edgardo Vázquez; los artículos 659, 661, 668, párrafo primero, 773, 885, 858 y 859 del Código Civil, concerniente a la heren-cia y a los legados; así como también los preceptos generales 1100, 1101, 1108 y 1125 del Código Civil, relativos a la mora, la indemni-zación de daños y perjuicios, los intereses legales y vencimiento de' las obligaciones a día cierto; la citada Orden G-eneral, número 219 de 18 de deciembre de 1899, según la cual la mayor edad empieza' a los 21 años cumplidos; la doctrina de la ley 1, título 3, part. 5, sobre depósito en general; la de la ley 2 del mismo título y partida que trata del depósito irregular o- de cosas fungibles entregadas por peso, número o medida, la ley 10a.- del título 16, partida 6a., sobre univer-salidad de los derechos activos y pasivos de la herencia; la ley 18 del mismo título y partida y sentencias de 6 de noviembre de 1858 y 17 de junio de 1872; relativas a lá aceptación expresa o tácita de' la herencia; y por último la .ley 8a- título 22- de la partida'3a., impone las costas al litigante temerario.
    “4. Resultando: que conferido' traslado al demandado Don Edgardo Vázquez Aguilar, contestó en tiempo, alegando la excepción de falta de acción en el actor y la reconvención, porte de pagos suplidos,' y suplicando para definitivas se declarase si'n lugar la demanda y con lugar su reconvención, condenando en su virtud a Doña Ruperta Concepción Aguilar a indemnizar al heredero Don Edgardo, todos los suplementos y gastos que durante el litigio justifique haber veri-ficado en provecho de la demandante, tanto por derechos reales, multas y honorarios de anotación de los legados cuanto por cualquiera otro concepto, con más las costas' dél litigio.
    “5. Resultando: que al aducir' sus hechos lá parte demandada tiene por ciertos l'os alegados en'la demanda, añadiendo que el depó-; sito de 16 1 de junio, 1883, por la suma' de 600 pesos mejicanos no se verificó bajo precauciones dé'identidad; cierre y lacre por ejemplo, sino como -préstamo sin interés remunerado con grandes liberalida-des ("•) por el testador en su último' elogio; y 'qúe Don- Edgardo Váz-' quez Aguilar, interponiendo -sus'buenos' oficios-pecuniarios "eh favor-del menor Vicente Emilio Aguilar y de su madre y heredera Doña Ruperta Concepción Aguilar, satisfizo por una y por otra suplemen-tos de derechos reales, de multas y de honorarios de inscripciones para •llevar a cabo la anotación preventiva de los legados sobre la masa hereditaria.
    “6. Resultando: que en virtud de tales hechos planteó contienda el demandado, sobre derecho, para decidir la mayor edad aplicable al menor legatario Don Vicente Emilio Aguilar, y también sobre hecho y derecho a un mismo tiempo para restitución de cantidades suplidas y prescripción de las acciones del préstamo calificado con denominación equivocada de depósito, en cuyos conceptos adujo que, según el artículo 30 del Código Civil, no modificado, la Orden General .de 18 de diciembre de 1899 que fijó en los 21 años la mayoridad, no tiene efecto retroactivo, y no puede por ello afectar contratos ni esta-dos de derecho^ nacidos al amparo de la legislación anterior, con per-juicio de tercero, por lo cual el legado reclamado no se halla vencido, según los incisos 1 y 2 del artículo 1125 del Código Civil; la doctrina de los cuasi-contratos, que define él artículo 1887 del mismo código; la obligación de indemnizar los suplementos de derechos reales, mul-tas, gastos de inscripción hechos por el demandado por cuenta y con-veniencia exclusiva del legatario, en observancia del artículo 1893 del mismo código; y la sentencia suprema española de 8 de junio de 1875, que admite reconvención o mutua petición por virtud de hechos nuevos contrapuestos a los de la demanda.
    “7. Resultando: que conferido traslado de la reconvención a la parte actora, le impugnó por defecto en el modo de propouerla, porque en ella no se determina la cuantía exacta de lo que se reclama, si bien Don Edgardo Vázquez satisfizo los derechos reales líquidos, porque tal era su deber según el testamento, incurriendo además en una multa por su morosidad; y apoyado en los artículos 523 y 532 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en los artículos 1168 y 1200 del Código Civil y 46 y 50 de la Ley Hipotecaria interesó que se declarase sin lugar la reconvención.
    ‘ ‘ 8. Resultando: que en el acta de la comparecencia sobre pruebas propuso el actor las siguientes: 1, la agregación de la partida bau-tismal que.acompañó del legatario Vicente Emilio, nacido el 5 de abril de 1880;- 2, la declaratoria de heredero de dicho Vicente Emilio (*) recaída en favor de la demandante Doña Ruperta Concepción Aguilar; 3, la protocolización del testamento de Don Rafael Vázquez y Vázquez, otorgado el día 4 de junio de 1890; 4, el documento pri-vado original-de 16' do jimio de 1883, por el fue Don -Rafael- Vázquez deel-aró tener en-su poder a-disposición dé Ruperta Vázquez Aguilar en--concepto-de-depósito 600 -pesos -mejicanos; y 5, prueba pericial de cotejo de letras del susodicho-documento-privado por peritos calí-grafos caso de negarse su autenticidad, debiendo cotejarse también con sus matrices los -documentos públicos de la parte aetora si fuesen impugnados.. .......
    ■ (í9. Resultando:-' que-'el-demandado' propuso lá' siguiente-prueba: 1, posiciones ■ en pliegos cerrados y -bajo juramento indecisorio-' para Doña Ruperta Concepción Aguilar-; 2, declaración testifical de su marido Don Antonio Moret; 3, copia literal de la planilla de contri-bución : presentada al Tesoro Insular a : nombre de la demandante', según lo provenido en él Bill Hollander; 4, declaración- del testigo ■Don Genaro Cautiño, comerciante, vecino de Guayama; y 5, la de Doñ Juan-Franciscó Rivera-, propietario de la misma vecindad.
    ‘ ‘ 10. Resitltandoqué en ei acto del juicio oral que tuvo lugar el ’día 24 de febrero del corriente año, el letrado defensor de la parte demandada dió por’ legítima lá firma de Don Rafael Vázquez en el tengo de 600' pesos mejicanos;' la demandante Doña Ruperta Concep-ción Aguilar' afirmó’ ser cierto que nunca había reclamado a Don Edgarcló Vázquez ni a su finado padre Don Rafael los 600 pesos que dice se le’adeudaban; fúé renunciada ía declaración de Don Antonio Moret; Don Genaro Cautiño Vázquez declaró ser mayor de edad, casado, comerciante, pariente "del demandado, haber sido tutor de Doñ Vicente' Emilio, no tiene interés eñ el pleito ni amistad íntima con laS partes; tiene 'én árrieñdo 'la hacienda del Sr. Vázquez por cueñt'a de éste;‘pagaba'las'rentas del legado’; es’:soc'io'de sucesores de Tomás Cano'y Compañía,''arrendatarios dé'la'hacienda de Vázquez; la ano-tációñ 'hecha de los 'legados las’ satisfizo Don 'Edgardo Vázquez 'con dinero que tomó en la casa del declarante, p'orque la interesada no lo tenía aunque deseaba verificar' el pago; ánotó en la cuenta de Don Edgardo lo dado a' éste;' le consta qué los gastos en cuañto al legado del menor, los satisfizo Don Edgardo, y en cuanto los del otro legado, le manifestó el Sr.-Vázquez que también los había satisfécho él; sabe que-la-Concepción tenía- un-pagaré y le propuso a Don Edgardo que con • su-importe pagará dichos gastos,- porque ella - carecía de dinero ; no puéde'precisar" de-uña manera-positiva-las- cantidades que"ha'(*') satisfecho • Don- ■ Edgardo ¡ Vázqu'éz -por: derechos • -reales, por' anotación y otros- conceptos,' aurique'-sí- puede‘asegurar-que Don* Edgar do ■ satis-fizo- los-gastos-de. anotación y los derechos reales del'l'egado' del mehor Don Vicente; y 'renunciada la declaración'del-testigo'Don Juan Rir vera, habiendo informado'los letrados ¡defensor es seRió-por terminado el acto. i
    “11. Resultando: que 'señalado el día 11 de marzo para ]a vota-ción de la sentencia con citación dé las partes en los Estrados ■ de Humacao, recayó por unanimidad sentencia declarando sin'lugar la demanda y reconvención y sin especial condenación de costas.
    “12. Resultando : que en la tramitación de este-pléito se han guar-dado las formas procesales y no -se-.ha consignado protesta alguna de nulidad; siendo Ponente-el Juez ¡ Asociado Don Ulpiano Valdés Cajas.
    “1. Considerando: que la Orden General invocada número 219 de 18 de diciembre de 1899, no concede. expresamente efecto retro-activo a la nueva mayoridad que consigna de los 21 años cumplidos..
    “2. Considerando: que el artículo 30 del Código Civil vigente sólo otorga efecto retroactivo a las leyes civiles cuando ellas mismas de una manera expresa lo previenen.
    “3. Considerando: que instituido el legado y aceptado el gravamen por el heredero bajo el régimen del Código Civil, sería evidente-mente dar efecto retroactivo a la citada Orden General de 1899 des-pués de haberse regido el vencimiento del legado o el legado mismo durante muchos. años por el Código Civil, si hubiese de regularse ahora por otra .ley distinta. , .
    “4. Considerando: que ni el testador al instituir.el legado ni el heredero al aceptar herencia, pudieron tener en cuenta otra mayori-dad conocida que la sancionada .por entonces en el Código Civil, o sea, los 23 años cumplidos.
    “5. Considerando: que según el criterio de transición de la dis-posición primera final del Código Civil, no' modificada, e invocada por la parte demandante,- la institución del legado, debe regirse-por el Código Civil como hecho ‘y derecho nacido, bajo su régimen, .
    ‘16. Considerando: que los legados como las obligaciones a plazos, no son exigibles antes de su vencimiento.
    ‘ ‘ 7. Considerando: que la reconvención alegada adolece de defecto legal en él modo de proponerla por falta de precisión de su cuantía por lo cual no puede ser objeto de liquidación en trámites dé cumpli-miento (*) de sentencia por-lo que procede, aun' cuando declararse sin. lugar reservar a la parte .que. la- alegó su$ .derechos para que. pueda cobrar de la demandante la cantidad desembolsada por el demandado.
    “8. Considerando: que'-de la certificación'expedida'por el Teso-rero de Puerto Rico, respecto a bienes declarados por Doña Concep-ción Aguilar, no aparece que dicha señora declaró a su favor el cré-dito de 600 pesos mejicanos que reclama para los efectos de la contri-bución, por lo que no puede ser cobrado por acción legal o pleito ante ninguna de las cortes de la Isla, sino hasta después de haber sido declarado y pagadas las contribuciones correspondientes al mismo, a tenor de lo prescrito en la sección 18 de la Ley para Proveer de Rentas al Pueblo de Puerto.Rico y para otros fines.
    “9. Considerando: que habiéndose desestimado las pretensiones de ambas partes litigantes no procede hacer especial condenación de costas.
    ‘ ‘ Vistas las disposiciones legales ya citadas por las partes y además la Ley para Proveer de Rentas al Pueblo, de Puerto Rico y para otros fines.

      “Fallamos: que debemos declarar y declaramos sin lugar la de-manda interpuesta por Doña Ruperta Concepción Aguilar, si bien reservando a ésta sus derechos para el cobro de los 600 pesos meji-canos tan pronto declare dicho crédito y pague las contribuciones correspondientes al mismo, y sin lugar también la reconvención, reser-vando también a Don Edgardo-Vázquez sus derechos para que pueda cobrar de la Señora Aguilar^ la cantidad objeto de la reconvención sin especial condenación de costas. Así por ésta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos: Salvador Pulladosa, J. M. Kearney, Ulpiano Valdés.”:

      Resultando: que contra la expresada sentencia interpuso Doña Ruperta Concepción Aguilar recurso de casación por infracción de ley, y elevados los autos a esta Corte Suprema, se sustanció el recurso como de apelación, cumpliendo con lo dispuesto en la Ley de la Asamblea Legislativa de doce de marzo del año anterior: •: ‘

      Resultando: que evacuado el trámite de instrucción se se-ñaló día para la vista, y en dicho acto los letrados que a las .partes representan y dirigen, alegaron cuanto creyeron con-veniente a los derechos .de. sus representados:(*)
    Abogado del apelante': 'Sr. Juan de Gusmán ■Benítes.

    Abogado del apeladoSj. Teosidor.

   El Juez Asociado Se. Hernández,

después de exponer los hechos anteriores, emitió la opinión del tribunal.

Aceptando: los fundamentos de hecho de la sentencia re-currida, y

Considerando: que se trata, en primer término, de un le-gado de cantidad, exigible únicamente cuando se cumpla la condición impuesta por el testador.

Considerando: que dicha condición no se hizo depender del hecho de que el menor arribase a una edad determinada, sino que, según la voluntad del testador, expresada en su testa-mento, se hizo depender del día en que el legatario fuese capaz para todos los actos de la vida civil, y como esa capacidad la obtuvo después de cumplir los veinte y un años, según la Orden General, número 219, de 18 de diciembre de 1899, claro es que se cumplió la condición impuesta, y pudo entonces reclamar el legatario la cantidad demostrativa del legado, y por haber éste fallecido, siendo menor de edad, su here-dera, que es su madre Doña Euperta Concepción Aguilar, según lo proveyó el mismo testamento.

Considerando: que no se atribuye efecto retroactivo a la Orden General, No. 219 ya citada, cuando el derecho que se invoca, según ella, se origina en hechos realizados con poste-rioridad al día en que empezó a regir, y en el caso de que se trata, es evidente que el de reclamación del legado pretendido por la madre del menor fallecido, nació exclusivamente en el momento en que éste fué mayor de edad, puesto que tal hecho es el único que determina el cumplimiento de la obligación que espontáneamente contrajo el heredero instituido, al acep-tar pura y simplemente la herencia de su padre, Don Eafael Vázquez y Vázquez, de donde se infiere que no se ha infrin-gido el artículo 3o. del Código Civil, ni la regla Ia. de las tran-sitorias del citado texto.

Considerando: que la reconvención formulada por el demandado (*) adolece indudablemente de defecto legal en el modo de proponerla, que como excepción ha sido alegada por la parte actora, puesto que no se ajusta a lo que prescribe el artículo 523 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Considerando': que de la certificación expedida.por el Te-sorero de Puerto Rico, respecto a bienes declarados por. Doña Concepción Aguilar, no aparece que esa señora declarara a su favor, para los efectos de- la contribución, el crédito de 600 pesos mejicanos que reclama, por lo que dicho crédito no puede ser cobrado por acción legal, o pleito, ante ninguno de los tribunales de la -Isla, sino basta después de haber sido declarado y pagadas las contribuciones correspondientes al mismo, con arreglo a lo que previene el artículo 301 del Có-digo Político de Puerto-Rico.

‘Considerando: que no desestimándose totalmente las pre-tensiones de' las-partes demandante y demandada, debe el tribunal resolve! en Cuanto a las costas, con arreglo a equidad, según la'regla 63 de la Orden G-eneral, No. 118, serie de 1899.

Vistos los textos legales que se dejan citados, los demás invocados por una y otra parte.

Fallamos: que confirmando en lo conformé, y revocando en lo demás la sentencia apelada, 'debemos condenar y conde-namos a Don Edgardo Vázquez Aguilar a que pague a Doña Ruperta Concepción Aguilar la suma equivalente en moneda americana, a' los 8,'000 pesos mejicanos, objeto del legado re-clamado,'con los intereses legales a contar desde la fecha de la interposición de la demanda; y declaramos ésta sin lugar en la parte relativa al' cobro del crédito de 600 pesos meji-canos, como también' la' reconvención formulada pór el de-mandado'con reserva a ambos de los derechos que les asistan y que podrán ejercitar en el modo y forma correspondientes, entendiéndose'las cóstas 'del juicio y las del’recursó, sin especial' condenación, y Con certificációh de esta sentencia, devuél-vanse los autos al Tribunal de Distrito' de Humacao,' a los'fines procedentes; ('*)' ■ ' ' ' ' " '

' Jueces concurréntés':"Sres;' Presidente Quiñones y' Aso-ciado MacLeary.'.• ■

Jueces disidentes: Sres. Figuéras y Sulzbacher.

OPINIÓN DISIDENTE-

DE 'LOS ■ JUECES- ASOCIADOS SEES. EIGUEEAS V . SULZBACHEE. ■- • ..

Los Jueces-Asociados, que suscriben, están conformes con la siguiente resolución: . .

■Aceptan los fundamentos de hecho 'de la sentencia recu-rrida y los que -se refieren a la sustanciación del recurso en esta Superioridad, y aceptan los fundamentos de derecho 1, 2, 3 y 4 de la sentencia que precede, y - -

Considerando: que para que la-sección -301 del Código Político pudiese interpretarse-en el sentido en que lo hace él Tribunal de Humacao, y la mayoría de esta Corte Suprema, era necesario que la mera presentación- ‘del ■ documento cre-ditivo de deuda, ante los Tribunales de- Justicia, aparejase, de modo ineludible, la orden immediata de pago; pero esto no es así, dentro del orden del procedimiento, porque -todo docu-mentó-de deber que se-presenta,'está sujeto-a--las contingen-cias del debate que se plantea, a las manifestaciones -del deu-dor y a la prueba, hasta que se dicte la sentencia favorable al acreedor^ y llegue el momento' de -su cobro, en la vía de apremio.- - ¡ :■■■ • • _

Considerando: que la presentación del documento y de la demanda no tienen otra significación que la comparecencia en juicio, sin-que esto prejuzgué-la-pertinencia de lo que en ella se pide.---- ■’ - - - - -' ■ ■ 1'--

Considerando: que atendiendo'á'esas razones'sin duda es que en la disposición qué sé analiza-se''usa él verbo cobrar (to recover)'texto inglés, y no él verbo' reclamar,1 que sería el adecuado y propio, si hubiese sido el proposito impedir'él ejercicio antes los tribunales, de la acción civil correspon-diente,!*) cosa que a la verdad podría redundar en algún caso, en perjuicio irreparable para la parte y en grave daño para las rentas del Tesoro.

Considerando: que no puede atribuirse a las leyes lo in-justo, mientras baya una razón fundada para preservarlas, esta mala nota, y esa fundada razón se encuentra en una inter-pretación que en nada agravie los intereses del Tesoro de Puerto Bico, ni lesione tampoco los derechos de las partes que tengan necesidad de acudir a la vía judicial para hacer-los verdaderamente efectivos.

Considerando: que para ser consecuente- con la interpre-tación que se da a dicha sección 301, en la anterior sentencia, ha debido declararse la nulidad de todo lo actuado con las costas al Tribunal sentenciador, porque no parece justo ni equitativo sustanciar por todos sus trámites un pleito, con dispendios para la parte actora, para decirle luego en la sen-tencia, que no tiene derecho a intentar la vía judicial para e] cobro del documento que presenta.

Considerando: lo dispuesto en la regla 63 de la Orden General No. 118, serie de 1899.

Fallamos: que revocando la sentencia apelada, debemos condenár y condenamos a Don Edgardo Vázquez Aguilar a que pague a Doña Euperta Concepción Aguilar la suma equi-valente en moneda americana, a los 8,000 pesos mejicanos, objeto del legado reclamado, y los 600 pesos, también meji-canos, en igual forma, del depósito que igualmente se re-clamó en la demanda con los intereses legales a contar desde la fecha de la interposición de.la misma, y declaramos sin lugar la reconvención formulada, entendiéndose que los 600 pesos del depósito, o su equivalente, en moneda americana, no pueden hacerse efectivos o cobrarse por la vía de apremio hasta que no se cumpla con todo lo dispuesto en la sección 301 del Código Político, siendo las costas de este juicio a cargo del demandado.(*)