author: Per Curiam:

text:
      In re Héctor L. Ortiz Hernández.

      Número: AB-2006-205

      Resuelto: 12 de junio de 2008

      Noemí Rivera de León, procuradora general auxiliar, y Maite D. Oronoz Rodríguez, subprocuradora general.
   Per Curiam:

El pasado 11 de octubre de 2007 emitimos una Resolución mediante la cual le concedimos un término de quince días al Ledo. Héctor L. Ortiz Hernández para comparecer ante la Oficina del Procurador General y responder a sus requerimientos sobre una investigación encomendada por este Tribunal acerca de su conducta profesional. De igual forma, le ordenamos comparecer ante nos para que acreditara su cumplimiento con dicho dicta-men y le apercibimos de que lo contrario podría conllevar la imposición de severas sanciones disciplinarias, incluida su suspensión automática de la abogacía.

Como el licenciado Ortiz Hernández no ha comparecido ante el Procurador General ni ante este Tribunal, decretamos su suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía.

I

El licenciado Ortiz Hernández fue contratado para presentar una demanda sobre daños y perjuicios, a raíz de un incidente de agresión contra un menor de edad. Tras varios trámites procesales, el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez, citó a una vista sobre autorización judicial, ya que las partes afirmaron haber llegado a un acuerdo transaccional. La celebración de la referida vista era necesaria, pues una de las partes era menor de edad.

La vista de autorización judicial fue citada para el 30 de junio de 2006. Durante el transcurso de la misma, trascendió el hecho de que se habían emitido unos cheques como consecuencia del “acuerdo” que aún no tenía la aprobación del tribunal. Luego de señalar que tales desembolsos eran nulos por haber un menor involucrado y por carecer de la autorización de rigor, el tribunal de instancia remitió ante nuestra consideración copia de una Minuta-Resolución y Orden dictada en el caso, así como del expediente judicial, para que pudiésemos evaluar la conducta profesional del licenciado Ortiz Hernández.

Como resultado de esto, el 2 de febrero de 2007 le ordenamos al Procurador General que iniciara la investigación correspondiente y presentara su informe con relación a lo acontecido en el caso civil antes reseñado. No obstante, a pesar de habérsele notificado al licenciado Ortiz Hernández en varias ocasiones sobre el asunto de referencia, éste nunca compareció ante la Oficina del Procurador General. Por tal razón, el Procurador nos comunicó que no podría presentar su informe sobre la situación de marras, ya que no contaba con la versión del licenciado Ortiz Hernández.

En atención a la solicitud del Procurador General, emitimos la Resolución mencionada al comienzo de esta opinión. Pese a ello, el 14 de marzo de 2008 el Procurador General compareció ante nos y señaló que el licenciado Ortiz Hernández aún no había respondido a sus requerimientos relacionados con la investigación disciplinaria de referencia. Del expediente de autos se desprende que, hasta hoy, éste tampoco ha atendido nuestros requerimientos al respecto.

II

Reiteradamente hemos resuelto que todo abogado tiene el deber y la obligación de responder con diligencia a los requerimientos y a las órdenes de este Tribunal, en particular cuando están relacionados con procedimientos sobre su conducta profesional. Así, pues, hemos señalado que procede la suspensión automática del ejercicio de la abogacía cuando un abogado no atiende con premura nuestros requerimientos y se muestra indiferente ante nuestros apercibimientos de imponerle sanciones disciplinarias. In re Lloréns Sar, 170 D.P.R. 198 (2007); In re Díaz Rodríguez, 166 D.P.R. Ap. (2005); In re Vega Lasalle, 164 D.P.R. 659 (2005); In re Quintero Alfaro, 161 D.P.R. Ap. (2004).

A pesar de ello, constantemente nos enfrentamos a cantidad de letrados que hacen caso omiso a nuestras órdenes y apercibimientos. Al parecer, olvidan que su “actitud de indiferencia y menosprecio a la autoridad del Tribunal Supremo merecen su suspensión indefinida ...”. In re Pagán Ayala, 130 D.P.R. 678, 683 (1992). En este sentido, como demuestra el citado precedente, la obligación de atender los requerimientos relacionados con un procedimiento disciplinario contra un abogado no se limita a aquellos formulados por este Tribunal. Esta se extiende también a los requerimientos formulados por el Procurador General, la Comisión de Etica del Colegio de Abogados y la Oficina de Inspección de Notarías. Véanse, e.g.: In re Grau Díaz, 154 D.P.R. 70 (2001); In re Arroyo Rivera, 148 D.P.R. 354 (1999).

III

En esta ocasión nos enfrentamos al caso de un abogado que no ha atendido los requerimientos de este Tribunal ni del Procurador General acerca de la evaluación de su conducta profesional. En primer lugar, el licenciado Ortiz Hernández no ha comparecido ante el Procurador General para contestar sus requerimientos, lo que ha impedido que el Procurador cumpla con nuestra encomienda de investigar su proceder en el caso civil antes reseñado. Además, requerido por este Tribunal para que acreditara su cumplimiento con su obligación de comparecer ante el Procurador General, el licenciado Ortiz Hernández también ha ignorado nuestras órdenes a esos efectos.

Por último, el pasado 24 de enero de 2008 el tribunal de instancia nos remitió copia de una Minuta sobre una vista para mostrar causa señalada para el 17 de ese mes. Tomamos conocimiento judicial de que dicha vista fue motivada por una orden emitida contra el licenciado Ortiz Hernández tras éste no comparecer a varios señalamientos ni atender órdenes previas del tribunal acerca del referido caso. De esa minuta se deduce también que todas las gestiones para encontrar al licenciado Ortiz Hernández han sido infructuosas.

Sin lugar a dudas, de todo lo anterior surge claramente que el licenciado Ortiz Hernández ha desatendido sus obligaciones como abogado. Ello es indicativo de que ya no desea continuar en el ejercicio de la profesión legal. Como no es la primera vez que tenemos que ejercer nuestra facultad disciplinaria en cuanto al licenciado Ortiz Hernández respecta,() procede que decretemos su suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía.

IV

Por las razones antes expresadas, suspendemos al Ledo. Héctor L. Ortiz Hernández inmediata e indefinidamente del ejercicio de la abogacía. Su conducta constituye un claro menosprecio a la labor de los tribunales de justicia y, en particular, a la función disciplinaria de este Tribunal.

El licenciado Ortiz Hernández notificará a sus clientes que por motivo de la suspensión no puede continuar con su representación legal y les devolverá los expedientes de los casos pendientes y los honorarios recibidos por trabajos no realizados. Asimismo, informará de su suspensión a cualquier Sala del Tribunal General de Justicia o foro administrativo en donde tenga algún caso pendiente.

Por último, tiene la obligación de acreditar y certificar ante este Tribunal, en el término de treinta días, que cumplió con lo antes señalado. El cumplimiento con estos deberes será notificado también al Procurador General. El Alguacil de este Tribunal se incautará inmediatamente de la obra y del sello notarial del abogado de epígrafe para el trámite correspondiente de la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

      (1) Anteriormente, el licenciado Ortiz Hernández fue suspendido provisionalmente mediante una opinión per curiam y Sentencia de 23 de octubre de 2001 por no atender los requerimientos de este Tribunal ni los de la Oficina de Inspección de Notarías. In re Ortiz Hernández, 155 D.P.R. 341 (2001).


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license: Public Domain

text:
      In re Rosario M. Méndez Figueroa.

      Número: TS-11452

      Resuelto: 19 de junio de 2008

      Rosario M. Méndez Figueroa, pro se.

   RESOLUCIÓN

Examinada la moción titulada Moción Mostrando Causa y Solicitud de Reinstalación, presentada por Rosario M. Méndez Figueroa, se acoge su solicitud y se le reinstala al ejercicio de la abogacía.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

La Jueza Asociada Señora Fiol Matta no intervino.

(Fdo.) Aida I. Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


author: per curiam: Juez Asociado Señor Rebollo López.

text:
      In re María del Carmen Mulero Fernández, querellada.

      Número: CP-2005-23

      Resuelto: 20 de junio de 2008

      Minnie H. Rodríguez López, procuradora general auxiliar, Maite D. Oronoz Rodríguez y Mariana D. Negrón Vargas subprocuradoras generales; Isabel Pérez Fernández, querellante; Carlos Mondríguez Torres, abogado de la querellada; María del Carmen Mulero Éernández, pro se; Antonio J. Negroni Cintrón, comisionado especial.
   per curiam:

La licenciada María del Carmen Mulero Fernández fue admitida al ejercicio de la abogacía el 30 de enero de 2001 y al ejercicio del notariado el 16 de abril de 2003. Contra ella se presentó una queja juramentada ante este Tribunal a la que dimos curso, por lo que en estos momentos tenemos que determinar si ésta infringió los Cánones 18, 19, 21 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, al no presentar una demanda de daños y peijuicios, permitiendo que el término prescriptivo para instarla transcurriera.

I

A. El 4 de enero de 2005 la señora Isabel Pérez Fernández (señora Pérez o querellante) presentó una queja juramentada ante este Tribunal contra la licenciada Mulero Fernández (licenciada Mulero o querellada). En síntesis, expuso que había contratado a la licenciada Mulero para que instara una reclamación civil en daños y peijuicios contra el señor Antonio Vázquez Laracuente por unos incidentes acaecidos en su lugar de empleo el 11 de septiembre de 2004. Por este incidente el señor Vázquez Laracuente fue acusado y hallado culpable de agresión. La señora Pérez nos informó que la licenciada Mulero no presentó la demanda y su causa de acción prescribió.

Recibida la queja, referimos el asunto al Procurador General para investigación e informe. Una vez recibimos el informe, le ordenamos al Procurador que presentara una querella contra la licenciada Mulero. En la querella presentada, el Procurador le formuló cuatro cargos por violaciones a los Cánones 18, 19, 21 y 38 del Código de Ética Profesional, supra.( )

La licenciada Mulero Fernández presentó una oportuna contestación a la querella presentada. En su contestación rechazó haber infringido canon ético alguno y negó los hechos relatados en la querella. Aseveró en su defensa que la querellante la visitó para auscultar la posibilidad de demandar no tan sólo al señor Vázquez Laracuente, sino también a su patrono por discrimen en el empleo. Indicó que ella la orientó sobre sus derechos y sobre la necesidad de actuar con premura. Señaló también que la querellante le instruyó a no presentar ninguna demanda hasta que ésta supiera con certeza si se le renovaría su contrato de trabajo. Informó en su escrito que no fue sino hasta finales de junio que la señora Pérez Fernández le indicó que procediera a reclamarle únicamente al señor Vázquez, pues le habían renovado el contrato de trabajo. Señaló que la señora Pérez fue quien tomó la decisión de reclamar en el tribunal federal, para lo cual ella le solicitó que obtuviese la dirección de Vázquez Laracuente, quien residía en Tejas, lo que ésta no hizo, como tampoco le proveyó información sobre los daños sufridos.

Añadió que durante los meses de julio y agosto en varias ocasiones trató sin éxito de comunicarse con la querellante para que le supliera la información que le había solicitado, de suerte que se pudiera presentar la demanda en daños y peijuicios. La licenciada Mulero indicó que la señora Pérez nunca le proveyó la información solicitada, por lo que, para finales de agosto, trató de comunicarse nuevamente con ésta para explicarle la urgencia de que se le entregase la información solicitada puesto que el término prescriptivo para reclamar vencía a principios del mes de septiembre. A base de lo anterior, nos indicó que actuó diligentemente y que no incurrió en violación a los Cánones 18, 19, 21 y 38 del Código de Etica Profesional, supra.

Respecto a la alegación de que infringió el Canon 21 nos informó, específicamente, que ella supo que el licenciado Michel Rachid Fournier había sido el abogado del señor Vázquez Laracuente poco antes de que la querellante la llamase —cuando el propio licenciado Rachid así se lo indicó— por lo que cuando aceptó representarla no conocía ese dato. Una vez la señora Pérez la llamó para comunicarle de su encuentro con el licenciado Rachid al salir de la oficina de la querellada, la licenciada Mulero le informó que éste no trabajaba en el bufete junto a ella, que era el hijo de uno de los socios del bufete y que sólo utilizaba un espacio en el lugar. Indicó en su escrito que, explicado el asunto, la señora Pérez no mostró mayor objeción. La querellada entiende que, a su juicio, esta situación no configura una violación al Canon 21 del Código de Ética Profesional, supra.

Así las cosas, nombramos al licenciado Antonio J. Negroni Cintrón, ex juez del Tribunal de Apelaciones, como Comisionado Especial para que recibiera la prueba correspondiente y rindiera un informe con las determinaciones de hecho y las recomendaciones correspondientes. Celebrada la vista evidenciaría, el 19 de junio de 2007 el Comisionado Especial nos rindió un extenso informe. Concluyó que la licenciada Mulero Fernández, en efecto, incurrió en violaciones a los Cánones 18, 19, 21 y 38 del Código de Ética Profesional, supra, y recomendó, como acción correctiva, “una suspensión de corto plazo”, por entender que existían varios atenuantes a su conducta.

La querellada, esta vez a través de su representación legal, replicó al informe del Comisionado Especial. En su comparecencia esgrimió fundamentalmente los mismos argumentos esbozados en su contestación a la querella y cuestionó las adjudicaciones de credibilidad del Comisionado Especial. Sostuvo que la querellada actuó con diligencia y competencia, y que “la falta de cooperación, actitud y la dejadez de la querellante, incidió en el resultado de[l] caso ...”. El caso quedó, entonces, sometido ante nuestra atención.

Previo a analizar con especificidad los cargos imputados, veamos algunas de las conclusiones de hecho que surgen del informe que nos sometiera el Comisionado Especial que completan el cuadro fáctico de este caso.

B. La querellante es de nacionalidad dominicana y laboraba como guardia de seguridad en la Academia Bautista (Academia) en Puerto Nuevo desde 2001. En septiembre de 2003 se vio involucrada en un incidente con el señor Vázquez Laracuente, padre de dos estudiantes de la escuela. Durante el incidente, el señor Vázquez la empujó por una escalera, provocándole daños a su espalda. Como resultado de ello, el señor Vázquez Laracuente fue procesado criminalmente y hallado culpable de agresión en la modalidad menos grave y se le condenó a pagar una multa de $100. La querellante se reportó a la Corporación del Fondo de Seguro del Estado y aquí se le confirió una incapacidad de cinco por ciento.

A raíz del incidente, la querellante fue referida a la licenciada Mulero por una compañera de trabajo para auscultar la posibilidad de instar una reclamación judicial. El 7 de febrero de 2004 se reunió por primera vez con la abogada en las oficinas legales donde ésta laboraba, el bufete Látimer, Biaggi, Rachid y Godreau. Durante la entrevista, la querellante le brindó a la querellada sus datos personales, incluso su dirección y los teléfonos de su residencia y del trabajo. Las partes no suscribieron un contrato, ya que el acuerdo fue verbal. Los honorarios de la licenciada Mulero Fernández serían contingentes y la querellante asumiría los costos de la tramitación del pleito.

En esa reunión la querellante le entregó a la querellada varios documentos relacionados con el caso penal ventilado contra el señor Vázquez. La licenciada Mulero le solicitó unos documentos adicionales a los entregados relacionados con los daños sufridos. La querellante le entregó cincuenta dólares como pago por la entrevista inicial.

La señora Pérez le informó a la licenciada Mulero que desconocía la dirección del señor Vázquez Laracuente, quien residía en Estados Unidos. El Comisionado Especial concluyó que la responsabilidad de obtener la dirección de Vázquez Laracuente la asumió, en esa primera reunión, la licenciada Mulero y que posteriormente, en junio, al confrontar dificultades para obtenerla, le solicitó a la querellante que la obtuviera.

Durante la entrevista inicial se discutió también la posibilidad de instar una reclamación laboral contra la Academia por discrimen en el empleo. Ello, ante las alegaciones de la querellante de sentirse discriminada por su patrono.

El Comisionado Especial determinó que la prueba testifical permitía concluir que la querellante interesaba no tan sólo instar una reclamación en daños y perjuicios contra el señor Vázquez Laracuente, sino también instar una demanda laboral por discrimen en el empleo. El Comisionado concluyó que la querellante no le indicó a la licenciada Mulero que pospusiera la presentación de la acción contra el señor Vázquez Laracuente hasta tanto se eyaluara plenamente la posible acción de discrimen contra la Academia. Por el contrario, el Comisionado concluyó “que esa decisión la tomó la querella[da] y que ésta dilató la presentación de la acción contra el señor Vázquez Laracuente, en gran medida por demandar a la Academia”. Además, el Comisionado concluyó que en junio de 2004 la señora Pérez le informó específicamente a la licenciada Mulero que no interesaba demandar a la Academia y que sólo le reclamaría judicialmente al señor Vázquez.

Durante el mes de abril de 2004, la querellante acudió a la oficina de la licenciada Mulero Fernández para entregarle cierta documentación. A su salida de la oficina, en el pasillo, se topó por primera vez con el licenciado Michael Rachid Fournier, quien había sido el abogado del señor Vázquez Laracuente en el proceso penal. Inmediatamente llamó a la querellante para informarle del incidente. La licenciada Mulero le informó que el licenciado Rachid Fournier era el hijo de uno de los socios del bufete donde ella trabajaba, pero que no trabajaba para el bufete. Ante esta información, la querellante le preguntó si ello suponía un conflicto de intereses y la licenciada Mulero contestó en la negativa. El Comisionado Especial concluyó en su informe que el licenciado Rachid Fournier utilizaba un espacio en el bufete de su padre, mas no era empleado del mismo.

Como indicamos, en junio de 2004 la querellante y la querellada conversaron telefónicamente y la primera le indicó a la querellada que no quería demandar a la Academia pues había sido contratada nuevamente. Le expresó que sólo interesaba demandar al señor Vázquez. En ese momento, la licenciada Mulero le solicitó que consiguiera la dirección de Vázquez y que le trajera evidencia de los daños que hubiera sufrido pues, como se iba a presentar una demanda en el tribunal federal, éstos debían rebasar la cuantía jurisdiccional de $75,000. Le indicó que debía obtener también ciertos documentos de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y le solicitó $150 para cubrir los gastos de presentación de la demanda en el tribunal federal.

Las partes no se comunicaron más hasta el 31 de agosto de 2004, cuando la querellante le llevó el cheque de $150 a la oficina de la licenciada Mulero. Esta última no se encontraba y a su llegada llamó a la querellante para inquirir por qué no le había traído los documentos que le había solicitado. Durante la conversación telefónica, la abogada le indicó a la querellante que necesitaba el resto de la documentación y que restaba muy poco para que prescribiera su caso. El término para instar la demanda vencía el 13 de septiembre de 2004.

La licenciada Mulero trató de comunicarse telefónicamente con la querellante el 9 y 10 de septiembre sin éxito. Le dejó un mensaje de voz grabado en el cual le explicaba la gravedad de la situación, toda vez que tenían hasta el 13 de septiembre para presentar la demanda pues, de lo contrario, prescribiría el caso. Le dijo que no tenía la información que le había solicitado y que sin ella no podía proceder judicialmente. La querellante escuchó el mensaje el 13 de septiembre y procedió a comunicarse con su abogada. En ese momento, la licenciada Mulero le informó que había transcurrido el término para presentar la demanda. Posteriormente, le envió una breve carta explicativa y le devolvió el cheque de $150 que no había sido cobrado.

La licenciada Mulero Fernández testificó en la vista que fue admitida al ejercicio de la abogacía en el 2001 y que en ese momento comenzó a trabajar en el despacho legal del licenciado Carlos Mondríguez, donde practicó derecho laboral por varios meses. En febrero de 2003 comenzó a trabajar en el departamento de ejecución de hipotecas del bufete Látimer, Biaggi, Rachid y Godreau.

La querellada testificó que su experiencia como abogada litigante para febrero de 2004 era muy poca, pues principalmente se dedicaba a casos de ejecución de hipoteca. Indicó, además, que no fue sino hasta el verano de 2004 que fue admitida a postular en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. Indicó, también, que su relación profesional con el bufete le permitía atender sus casos y que podía utilizar para ello las instalaciones del bufete.

A base de estos hechos, el Comisionado Especial concluyó que los cargos quedaron probados.

II

La abogacía cumple una función social de notable importancia por su aportación imprescindible a la realización de la Justicia. Quienes tienen el privilegio de ser miembros de tan exalta cofradía, tienen una responsabilidad ineludible de actuar siempre de acuerdo con los más rigurosos principios éticos. Esta profesión es mucho más que un medio de ganar la vida; es, “[f]undamentalmente[,] ... uno de los medios más elevados de ennoblecerla sirviendo a la Humanidad”. F. Soto Nieto, Compromiso de Justicia, Madrid, Ed. Montecorvo, 1977, pág. 201.

Como el propio vocablo indica, el abogado es requerido para que preste auxilio a quien llama a la puerta de su despacho por existir un drama que le desborda y una preocupación que le corroe y que le compele a formular un reclamo ante los tribunales, o a defenderse en ese mismo terreno. Allí está el abogado para con su palabra, con su gesto y con su ciencia, abrir esperanzadas trochas en las situaciones más opresivas y atormentadoras.

Los Cánones del Código de Ética Profesional tienen como objetivo propiciar que los abogados, en este devenir, se desempeñen profesional y personalmente de acuerdo con los más ilustrados principios éticos y morales para beneficio del propio cliente, la profesión en general, la ciudadanía y las instituciones de justicia del país. In re Pujol Thompson, 171 D.P.R. 683 (2007); In re Izquierdo Stella, 154 D.P.R. 732 (2001). Como oficiales del Tribunal, los abogados tienen una función revestida de gran interés público que genera obligaciones y responsabilidades para con sus clientes, así como con el tribunal en la administración de la justicia. In re Meléndez La Fontaine, 167 D.P.R. 111 (2006).

III

Reiteradamente hemos expresado que el Canon 18 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, impone a todo abogado el deber de desempeñarse de forma capaz y diligente al defender los intereses de su cliente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y responsable. In re Hoffman Mouriño, 171 D.P.R. 567 (2007). Este deber se infringe cuando se asume una representación legal consciente de que no se puede rendir una labor idónea, competente o que no puede prepararse adecuadamente para el caso sin que ello apareje gastos o demoras irrazonables a su cliente o a la administración de la justicia. In re Meléndez Figueroa, 166 D.P.R. 199 (2005); In re Marini Román, 165 D.P.R. 801 (2005); In re Collazo I, 159 D.P.R. 141 (2003).

Todo miembro de la profesión legal tiene el ineludible deber de defender los intereses de su cliente con el compromiso de emplear la mayor capacidad, lealtad, responsabilidad, efectividad y la más completa honradez. In re Meléndez La Fontaine, supra; In re Meléndez Figueroa, supra. El cliente confía que en la tarea de guiar sus causas el abogado desplegará sensibilidad, eficiencia y pericia. In re León Malavé, 172 D.P.R. 1036 (2008).

Así también hemos sostenido, sin ambages, que aquella actuación negligente que pueda conllevar o que, en efecto, conlleve la desestimación o el archivo de un caso o la pérdida del derecho a reclamar judicialmente, se configura violatoria del citado Canon 18. In re Hoffman Mouriño, supra; In re Guadalupe, Colón, 155 D.P.R. 135, 154-155 (2001). Y así debe ser, pues el deber de diligencia profesional del abogado es del todo incompatible con la desidia, despreocupación y displicencia. In re Padilla Pérez, 135 D.P.R. 770, 776 (1994).

B. De otra parte, el Canon 19 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, impone a todo abogado el deber inexcusable de mantener informado a su cliente de todo asunto importante que surja en el trámite de su caso. In re De León Rodríguez, 173 D.P.R. 80 (2008). Dicha obligación constituye un elemento imprescindible en la relación fiduciaria que caracteriza el vínculo abogado-cliente. In re García Muñoz, 170 D.P.R. 780 (2007); In re Criado Vázquez, 155 D.P.R. 436, 456 (2001); In re Flores Ayffán, 150 D.P.R. 907 (2000).

Como vemos, además de ser diligente en la tramitación de una causa, el abogado debe mantener informado a su representado de todas las incidencias importantes del caso. El Canon 19 del Código de Ética Profesional, supra, establece este deber de los abogados al margen del deber de diligencia, por lo que se configura como una obligación ética independiente. Véase In re Hernández Pérez I, 169 D.P.R. 91 (2006).

Esta obligación comprende mantener informado al cliente de las gestiones realizadas y del desarrollo de éstas, consultar las cuestiones que no estén dentro del ámbito discrecional de la representación legal y cumplir con las instrucciones de los representados. In re Acosta Grubb, 119 D.P.R. 595 (1987). Es por ello que hemos dispuesto que se viola este canon cuando no se atienden los reclamos de información del cliente, no se le informa del resultado ad-verso de la gestión encargada, la acción se desestima o se archiva, no se mantiene al cliente al tanto del estado o la situación procesal del caso, o simplemente se niega al cliente información del caso. Véanse: In re Vélez Valentín, 124 D.P.R. 403 (1989); Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R. 755 (1984); In re Acevedo Álvarez, 143 D.P.R. 293 (1997).

Pasemos entonces a evaluar los hechos de esta controversia y los cargos imputados de acuerdo con los Cánones 18 y 19 para determinar si existe prueba clara, robusta y convincente que nos permita determinar su infracción. In re Pérez Rodríguez, 172 D.P.R. 665 (2007); In re Caratini Alvarado, 153 D.P.R. 575 (2001).

C. Al igual que el Comisionado Especial, consideramos que la prueba presentada demuestra una falta de diligencia y cuidado de parte de la licenciada Mulero para con su cliente, que se configura en violaciones a los Cánones 18 y 19 del Código de Ética Profesional, supra. Esta falta de diligencia contribuyó a que no se presentara la demanda en daños y perjuicios en término, prescribiendo el derecho de la querellante a reclamar.

La licenciada Mulero aceptó representar a la señora Pérez en su reclamación en febrero de 2004. No obstante, pospuso la presentación de la demanda en espera que se le informara sobre la causa de acción por discrimen. El resultado de ello fue que se dilató tanto el proceso de obtención de información que no se pudo presentar la demanda. Durante este tiempo la comunicación entre la abogada y su dienta fue mínima. La licenciada Mulero nunca le comunicó por escrito a la señora Pérez el calendario de trabajo y la importancia que le supliera la información requerida. La licenciada Mulero fue claramente negligente en el trámite de la encomienda recibida.

La razón principal esbozada por la licenciada Mulero para la tardanza en presentar la demanda fue que la señora Pérez no le suplió la dirección del señor Vázquez, así como tampoco le entregó evidencia de sus daños los cuales tenían que ascender a más de $75,000, toda vez que se había tomado la determinación de reclamar en el foro federal. Lo cierto es que la licenciada Mulero asumió desde el inicio la obligación de obtener la dirección del señor Vázquez Laracuente, y que fue luego de confrontar problemas en obtenerla que traspasó la responsabilidad a la querellante. En ese periodo transcurrieron cuatro meses sin que nada se hiciera. Ello denota falta de conocimiento y experiencia de parte de la querellada, además de que ésta carecía de medios para obtener la dirección. A todas luces, la querellada asumió una responsabilidad para la cual no estaba preparada. Ello, no obstante, no podemos pasar por alto que la querellante no cooperó con su abogada y se mostró, en ocasiones, displicente para con los requerimientos que le había formulado su abogada. Con lo cual, consideramos que la dejadez de la dienta contribuyó a que no se presentara en tiempo la demanda.

Por otro lado, llama la atención que desde el inicio la licenciada Mulero se enfocó en presentar su reclamación en el tribunal federal a pesar de que al momento de ser contratada no estaba admitida a practicar en dicho foro. No fue sino hasta cuatro meses después de haber asumido la representación legal de la señora Pérez que fue admitida a ejercer como abogada en el foro federal. Ciertamente es inapropiado aceptar la representación legal de una persona para instar un pleito en un foro al cual no está admitido.

De los hechos probados se desprende la inexperiencia de la licenciada Mulero como abogada litigante, muy en particular en el foro federal, lo que sin duda abonó a los desaciertos en los que incurrió. El Comisionado Especial asevera en su informe:

Ejemplo de lo anterior fue el hecho de que se comprometió ella a obtener la dirección del señor Vázquez y una vez confrontó serios problemas para obtenía le traspasó la responsabibdad a la señora Pérez. Confrontada con los problemas respecto a la cuantía de los daños y el requisito jurisdiccional de cuantía para entablar una reclamación en el foro federal, la licenciada Mulero no auscultó la posibilidad de instar la reclamación en el Tribunal de Primera Instancia, conforme autoriza la Regla 3.4 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. De haberlo hecho, hubiera interrumpido el término prescriptivo.

Así, faltando sólo días para que prescribiera la acción, la querellada intentó comunicarse con su cliente llamándola a su teléfono móvil para inquirirle sobre la información que le faltaba para instar la demanda. En ningún momento antes se comunicó con su dienta por escrito para explicarle lo que sucedía y la urgencia de la situación, a pesar de tener las direcciones de trabajo y residencia de su cliente. Tampoco intentó llamarla a uno de los dos teléfonos adicionales que la querellante le había provisto durante la entrevista inicial. Lo cierto es que la querellada se desatendió de las encomiendas que le había dado a su cliente hasta muy tarde.

El Comisionado Especial indica lo siguiente sobre las deficiencias de la licenciada Mulero en el trámite del caso de la señora Pérez:

Como consecuencia de las actuaciones descuidadas anteriores y aunque la querellante estuviera justificada a no presentar la demanda contra el señor Vázquez Laracuente en el Tribunal Federal porque la querellante no le produjo los documentos y la información que le solicitó, la querellada impidió que ésta pudiera contratar a tiempo otra representación legal. Ajuicio del que suscribe, la querellante no ofreció explicación razonable y creíble alguna que justifique por qué espero hasta el último momento para notificarle a la querellante que no presentaría la demanda contra el señor Vázquez Laracuente. Este proceder no le permitió a la querellante consultar a otro abogado para verificar el criterio jurídico que adujo la querellada para no presentar la demanda, sin los alegados documentos e información que la querellada alegaba que necesitaba, y evitar que no prescribiera la acción.

No hay duda, a base de los hechos reseñados, que la licenciada Mulero no tenía la experiencia ni el conocimiento necesarios para cumplir con la gestión que le fue encomendada. Todo abogado debe saber, no importa sus años de experiencia, que si carece de los conocimientos necesarios para llevar a cabo una gestión legal de forma capaz, no se puede asumir esa encomienda. Queda claro, entonces, que las actuaciones y omisiones de la licenciada Mulero Fernández constituyeron una violación a los Cánones 18 y 19 del Código de Etica Profesional, supra.

Pasemos ahora a discutir la alegada violación a los Cánones 21 y 38 del Código de Ética Profesional, supra, la cual el Comisionado Especial también encontró probada.

IV

A. El Canon 21 del Código de Ética Profesional, supra, exige a todo abogado la más completa lealtad para con su cliente. En tal rigor, el abogado está obligado a divulgar a sus clientes las circunstancias relativas a las partes y a terceras personas, así como cualquier interés en la controversia que pudiera influir en el cliente al éste seleccionar su consejero legal. In re Pérez Rodríguez, supra.

El canon pretende evitar aquella conducta profesional que pueda minar el principio cardinal de confianza que subyace necesariamente en la relación fiduciaria de abogadocliente. In re Avilés, Tosado, 157 D.P.R. 867, 882 (2002). Este canon, sin duda, armoniza con la obligación fundamental de todo abogado de luchar para que toda persona tenga acceso a una representación capacitada, íntegra y diligente. La consecución de estos logros no admite duda ni ambigüedad en la gestión profesional. In re Rodríguez Torres, supra, pág. 765.

Por su parte, el Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra, exige del abogado que en todo momento actúe para preservar el honor y la dignidad de la profesión, por lo que manda a “esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia”. Hemos señalado que infringir este precepto resulta nocivo al respeto que la ciudadanía deposita en las instituciones de justicia y la confianza que los clientes depositan en sus abogados. In re Pérez Rodríguez, supra.

B. Según los hechos determinados por el Comisionado Especial, cuando la licenciada Mulero aceptó la representación de la señora Pérez en febrero de 2004, ésta no tenía conocimiento de que el licenciado Rachid había sido el abogado del señor Vázquez Laracuente en el proceso penal que se llevó en su contra, como consecuencia de su altercado con la señora Pérez. Igualmente, el Comisionado concluyó que el licenciado Rachid Fournier, hijo de uno de los socios del bufete donde laboraba la licenciada Mulero, no era socio o empleado del bufete y solamente ocupaba provisionalmente un lugar en sus oficinas, en lo que se ubicaba en una oficina propia. Concluyó, además, que se demostró mediante prueba que el licenciado Rachid Fournier no representaba casos que pertenecían al bufete.

Como ya señalamos, en abril de 2004 la licenciada Mulero supo sobre la gestión profesional previa del licenciado Rachid Fournier. Este hecho le fue comunicado tanto por el propio licenciado Rachid como por la querellante. A base de lo anterior, el Comisionado Especial concluyó que una vez la querellada supo sobre este hecho, debió renunciar inmediatamente a la representación de la señora Pérez por configurar “una seria apariencia de conflicto de lealtad”. El Comisionado Especial entiende que la licenciada Mulero tenía un “claro interés personal [su empleo en el bufete] que podía afectarse, sino perder, por el resultado de la acción contra el señor Vázquez Laracuente”, pues su abogado era hijo de un socio del bufete y estaba ubicado físicamente en el bufete. A base de lo anterior, concluyó que incurrió en una violación al Canon 21, así como también creó la apariencia de conducta impropia y de conflicto de lealtad, por lo que violó también el Canon 38.

Sobre este particular debemos significar que no compartimos el criterio del Comisionado Especial en cuanto al Canon 21. Del expediente del caso queda claro que entre el licenciado Rachid Fournier y el bufete donde laboraba la licenciada Mulero no existía relación profesional alguna. Aunque sí una de carácter familiar, pues por ser él hijo de uno de los socios del bufete, se le permitía utilizar provisionalmente las instalaciones del bufete mientras ubicaba sus propias oficinas en otro lugar. Este hecho, sin más, no es suficiente para configurar una violación al Canon 21, que obligase a la licenciada Mulero a renunciar a la representación legal de la querellante. Adviértase que este hecho le fue informado en estos términos a la señora Pérez y ésta quedó satisfecha con la explicación ofrecida.

Queda claro, también, del expediente que la licenciada Mulero podía atender casos por su cuenta por la relación de trabajo que ella había establecido con el bufete. También queda claro que al momento de asumir la representación legal de la querellante, la licenciada Mulero desconocía que el licenciado Rachid Fournier había sido abogado del señor Vázquez en un proceso penal. A nuestro juicio, y según estos hechos, no se configuró una violación al Canon 21 del Código de Etica Profesional, supra.

No podemos inferir, como intima el Comisionado Especial, que la licenciada Mulero no haría bien su trabajo por temor a perder su empleo si prevalecía en un caso donde el demandado había sido cliente, en un pleito criminal, de un hijo de uno de los socios del bufete. No compartimos el criterio que este hecho configuraba una violación ética por cuanto su buen juicio profesional quedaba afectado por sus intereses personales. Nada hay en el expediente que nos permita validar esa suposición.

El hecho de que el hijo de uno de los socios fuese abogado —en un proceso penal ya concluido— de la persona a la que la licenciada Mulero pretendía demandar, no constituye una violación al Canon 21. Los claros errores en la tramitación de la reclamación de la señora Pérez por parte de la licenciada Mulero se debieron a la evidente falta de experiencia y diligencia de ésta, quien no debió haber aceptado la representación legal, pues no estaba preparada para cumplir adecuadamente con su obligación para con su dienta. Concluimos, además, que no se configuró tampoco una violación al Canon 38 del Código de Etica Profesional, supra.

Nos resta determinar cuál debe ser la sanción a imponer.

V

Al determinar la sanción disciplinaria que habrá de imponerse a un abogado que haya incurrido en conducta reñida con los postulados éticos que guían el desempeño en la profesión legal, podemos tomar en cuenta los siguientes factores: (i) la buena reputación del abogado en la comunidad; (ii) su historial previo; (iii) si ésta constituye su primera falta y si ninguna parte ha resultado perjudicada; (iv) la aceptación de la falta y su sincero arrepentimiento; (v) si se trata de una conducta aislada; (vi) el ánimo de lucro que medió en su actuación; (vii) resarcimiento al cliente, y (vii) cualesquiera otras consideraciones, ya bien atenuantes o agravantes, que medien según los hechos. Véanse: In re Quiñones Ayala, 165 D.P.R. 138 (2005); In re Montalvo Guzmán, 164 D.P.R. 806 (2005); In re Vélez Barlucea, 152 D.P.R. 298, 310-311 (2000); In re Padilla Rodríguez, 145 D.P.R. 536 (1998). Estos criterios nos sirven de guía al determinar la sanción que procede imponer.

En su informe, el Comisionado Especial enumera varios atenuantes a la conducta de la licenciada Mulero que nos solicita tomemos en cuenta al sancionarla y nos sugiere una suspensión de corta duración como sanción. Entre los atenuantes que enumera se encuentran los siguientes: que la licenciada Mulero, al momento de los hechos, llevaba poco más de tres años como abogada; que en ese momento su experiencia como abogada litigante era escasa; que cuando asumió la representación legal y decidió posponer la presentación de la demanda fue un periodo en que coincidió con el fallecimiento de su señor padre.

Hemos evaluado detenidamente todos estos factores al igual que muchos otros. No albergamos duda de que al momento de establecerse la relación abogada-cliente en este caso, la licenciada Mulero Fernández tenía muy poca experiencia en el campo del litigio y no supo o no pudo manejar la encomienda asumida. Como resultado de ello, su cliente perdió su derecho a reclamar judicialmente. Su falta de experiencia exigía mayor celo y diligencia que de ordinario, pues caminaba por un trecho desconocido al no dominar la litigación contenciosa. Ello, no obstante, y como ya indicamos, la dienta de la licenciada Mulero contribuyó con su displicencia y falta de cooperación a que no se pudiera presentar la demanda oportunamente, por lo que ella es, en parte, responsable de lo sucedido.

Por otro lado, sorprende que la licenciada Mulero, en sus escritos ante este Tribunal, no reconozca a cabalidad su responsabilidad. Aseverar, como defensa, que no tenía mucha experiencia nos parece insensible e indicativo de que ésta no apura adecuadamente las gravosas consecuencias de su falta de diligencia. Reiteramos lo dicho: un abogado debe saber, independientemente de sus años de experiencia, que si no se tienen las destrezas o el conocimiento necesario para descargar una encomienda legal, ésta no se puede asumir. Más que nada, esto es un asunto de sentido común y poco tiene que ver con la experiencia.

Visto la totalidad del expediente, y habiendo ponderado detenidamente los hechos de este caso, y tomando en cuenta de que ésta es la primera infracción de la licenciada Mulero Fernández y que su cliente contribuyó con su desidia a lo acaecido, nos limitamos en esta ocasión a censurar enérgicamente a la licencia Mulero. Se le advierte a ésta que, en lo sucesivo, seremos más rigurosos.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rebollo López disintió con una opinión escrita.

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

Disentimos por entender que, en el presente caso, toda la evidencia presentada demuestra que la omisión que se le imputa a la querellada María del Carmen Mulero Fernández —esto es, no presentar a tiempo una demanda de daños y peijuicios ante el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico— se debió, en gran medida, a la falta de cooperación, dejadez y hasta negligencia de la querellante Isabel Pérez Fernández; situación que, en nuestro criterio, impide que la prueba que milita contra la referida abogada querellada pueda ser considerada como “clara, robusta y convincente”, conforme requiere nuestra jurisprudencia para poder sancionar a un abogado en nuestra jurisdicción. In re Caratini Alvarado, 153 D.P.R. 575 (2001).

Es por ello que disentimos de la sanción disciplinaria de “censurar enérgicamente” a la Leda. María del C. Mulero Fernández.

      (1) El Procurador General presentó los cargos siguientes:
      “PRIMER CARGO
      “La licenciada María del Carmen Mulero Fernández violentó los principios enunciados en el Canon 18 de los Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. [IX] C. 18, al no ejercer el cuidado y diligencia necesarios en la encomienda dada por su cliente al no presentar la demanda acordada dentro del término para ello, permitiendo de esta manera que su cliente perdiera cualquier derecho que tuviera.
      “SEGUNDO CARGO
      “La licenciada Mulero Fernández violentó los postulados contenidos en el Canon 19 de Ética Profesional, supra, al no consultar con su cliente su decisión de no llevar el caso cuando previamente había acordado presentar una demanda. Ello conllevó que su cliente quedara desprovista de la acción civil acordada previamente.
      “TERCER CARGO
      “La licenciada Mulero Fernández violentó los postulados del Canon 21 de Ética Profesional, supra, al no informar a su cliente que el abogado que representó al señor Vázquez Laracuente en el caso criminal de agresión contra ésta era el hijo de uno de los socios del bufete donde trabajaba y tenía sus oficinas en dicho lugar. Información sumamente importante para su cliente, la señora Pérez Fernández, ya que era a dicha persona, o sea, al señor Vázquez Laracuente, a quién ella interesaba demandar. Todo abogado debe evitar cualquier conflicto de interés o apariencia de la existencia de éste y no debe aceptar la representación legal de una parte cuando su juicio profesional pueda verse afectado por sus intereses personales.
      “CUARTO CARGO
      “La licencia Mulero Fernández, en la relación de hechos a que se le relaciona la presente Querella, violentó los parámetros enunciados en el Canon 38 de Ética Profesional, supra, que requiere de todo abogado el deber de evitar la apariencia de conflicto o conducta profesional impropia.”


author: El Juez Asociado Señor Rivera Pérez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez, a la cual se une la Jueza Asociada Señora Fiol Matta.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Freddy Vázquez Carrasquillo, peticionario.

      Número: CC-2006-985

      Resuelto: 20 de junio de 2008

      Ana E. Andrade Rivera, abogada de la parte peticionaria; Salvador J. Antonetti Stutts, procurador general, Lesy A. Irizarry Pagán, procuradora general auxiliar, y Maite D. Oronoz Rodríguez, subprocuradora general, parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rivera Pérez

emitió la opinión del Tribunal.

En el presente recurso se nos solicita la revocación de una Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones. De acuerdo con dicho dictamen, el foro apelativo intermedio revocó una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia mediante la cual le concedió el beneficio de sentencia suspendida al señor Vázquez Carrasquillo. Concluyó que al amparo de la Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba() el foro de instancia estaba impedido de concederle dicho beneficio al señor Vázquez Carrasquillo porque éste tenía una deuda en concepto de pensión alimenticia. Veamos los hechos que originaron la presente controversia.

I

El 23 de mayo de 2005, el Sr. Freddy Vázquez Carrasquillo (señor Vázquez Carrasquillo) fue acusado por haber cometido el delito tipificado como agresión, en su modalidad grave,() en la persona del Sr. Miguel Núñez Burgos (señor Núñez Burgos). En específico, se le imputó en la denuncia que agredió en el rostro al señor Núñez Burgos con una botella de cristal, ocasionándole una lesión que requirió doce puntos de suturad()

El 22 de septiembre de 2005, celebrada la vista preliminar, el foro de instancia determinó causa probable para acusar al señor Vázquez Carrasquillo por el delito imputado. () Así las cosas, y previo a la celebración del juicio, el Ministerio Público y la defensa le informaron al foro primario que habían concertado una alegación preacordada. () Mediante dicho preacuerdo, el señor Vázquez Carrasquillo registró alegación de culpabilidad por el delito imputado a cambio de que el Ministerio Público lo rebajara a uno de tentativa de agresión. Asimismo, el Ministerio Público sugirió que se le impusiera al señor Vázquez Carrasquillo una pena de dos años de cárcel, con el beneficio de sentencia suspendida, sujeto al informe presentencia del oficial probatorio. ()

Tras leérsele al señor Vázquez Carrasquillo la acusación en su contra, éste se declaró culpable. Una vez examinada la voluntariedad de la alegación preacordada del señor Vázquez Carrasquillo, el foro primario la aceptó y le ordenó al oficial probatorio que preparara el correspondiente informe presentencia. Además, señaló el acto de dictar sentencia para el 16 de diciembre de 2005.()

Llegada la fecha de dictar sentencia, el Tribunal de Primera Instancia la reseñaló a petición del señor Vázquez Carrasquillo, quien adujo que estaba realizando gestiones para acogerse a un plan de pago porque adeudada $19,510.85 en concepto de pensión alimenticia.()

Posteriormente, el foro de primera instancia celebró una vista sobre solicitud de relevo de pensión alimenticia. De la minuta de dicha vista se deduce que el señor Vázquez Carrasquillo abonó $4,000 a la deuda en concepto de pensión alimenticia.() Como el hijo del señor Vázquez Carrasquillo había cumplido la mayoría de edad, el foro primario ordenó el cierre de la cuenta corriente en A.S.U.M.E. y relevó a éste del pago de la pensión alimenticia. No obstante, también ordenó que la cuenta de atrasos en A.S.U.M.E. se mantuviese abierta por los próximos cinco años, ya que correspondía a su hijo realizar las gestiones pertinentes para cobrar la referida deuda.()

Luego de varias suspensiones, el 21 de junio de 2006 el foro de primera instancia celebró el acto de dictar sentencia. El señor Vázquez Carrasquillo argüyó que él era acreedor al beneficio de sentencia suspendida porque la cuenta en A.S.U.M.E. había sido cerrada al advenir su hijo a la mayoría de edad.() No obstante, el Ministerio Público se opuso a que el Tribunal de Primera Instancia le concediera al señor Vázquez Carrasquillo el beneficio de sentencia suspendida, ya que éste tenía una deuda en concepto de pensión alimenticia ascendente a $15,510.85.

Tras examinar los argumentos de las partes, el foro de primera instancia concluyó que no existía impedimento legal alguno por el cual no debía conceder el beneficio de sentencia suspendida al señor Vázquez Carrasquillo. ()

Inconforme con dicha determinación, el Procurador General, en representación del Estado, acudió ante el Tribunal de Apelaciones. Alegó, en síntesis, que el foro primario abusó de su discreción al concederle al señor Vázquez Carrasquillo el beneficio de sentencia suspendida ya que, a su entender, no procedía la concesión de dicho beneficio al éste tener una deuda en concepto de pensión alimenticia, aunque no la obligación de alimentar a su hijo.

El foro apelativo intermedio acogió el planteamiento esgrimido por el Procurador General y revocó el dictamen del tribunal a quo. Concluyó que el foro de primera instancia estaba impedido de conceder el beneficio de sentencia suspendida al señor Vázquez Carrasquillo, ya que la Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba excluye de dicho beneficio a las personas que han incumplido con su obligación de pagar pensión alimenticia o no estén acogidos a un plan de pago.

Insatisfecho, el señor Vázquez Carrasquillo acude ante nos mediante Recurso de Certiorari, y arguye que el foro apelativo intermedio cometió el error siguiente:

Erró el Tribunal de Apelaciones al denegarle al aquí peticionario el beneficio de sentencia suspendida, toda vez que éste sa tisface todos los requisitos establecidos en la Ley de Sentencias [sic] Suspendidas [sic] para la concesión de la misma ya que éste, al momento que el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia, no tenía obligación alguna de pagar pensión alimentaria por ser su hijo mayor de edad y ASUME cerró [sic] su caso. (Énfasis en el original.) Petición de certiorari, pág. 7.

Vista la Petición de certiorari, acordamos expedir. Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver sin ulterior trámite.

II

La Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba instituyó en nuestro ordenamiento un sistema mediante el cual se le otorga a un convicto la oportunidad de cumplir su sentencia o parte de ésta fuera de las instituciones carcelarias, siempre y . cuando éste observe buena conducta y cumpla con todas las restricciones que el tribunal le haya impuesto.() El fin de la sentencia suspendida es rehabilitar al individuo que delinque y lograr que éste se convierta en un miembro útil de la sociedad.() Es por ello que la idea que subyace tras el mecanismo de la sentencia suspendida es lograr que el convicto de delito viva una vida productiva en la sociedad, alejado del trasiego delictivo, al amparo de un sistema de supervisión.()

Reiteradamente hemos resuelto que la concesión del beneficio de sentencia suspendida es discrecional, ya que su disfrute es un privilegio y no un derecho.() Tal beneficio es un privilegio limitado que se concederá sólo en aquellos casos en que el legislador ha expresado que existe una justificación para evitar su encarcelación.() Es por ello que la concesión de dicho privilegio a un convicto, que cualifica prima facie, descansa en la sana discreción del foro sentenciador. () Ahora bien, la discreción del juez está limitada a que el delito no sea uno de los expresamente excluidos y que se cumplan cada uno de los requisitos establecidos en la Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba.()

Por eso, la Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba dispone que el juez podrá suspender los efectos de una sentencia si concurren todos los requisitos siguientes:

(1) Que dicha persona, con anterioridad a la fecha en que se intente suspender la sentencia dictada, no hubiere sido convicta, sentenciada y recluida en prisión por delito grave alguno con anterioridad a la comisión del delito por el cual fuere procesada; y a la cual no se hubieren suspendido los efectos de tma sentencia anterior por delito grave.
(2) Que las circunstancias en que se cometió el delito no evidencien que existe en el autor del mismo un problema de conducta o de carácter para cuya solución favorable, en interés de la debida protección de la comunidad, se requiera la reclusión de dicha persona en alguna de las instituciones penales de Puerto Rico.
(3) Que el juez sentenciador tenga ante sí un informe que le haya sido rendido por el Administrador de Corrección después de este último haber practicado una investigación minuciosa de los antecedentes de familia e historial social de la persona sentenciada, y que, del contenido de ese informe, pueda dicho juez sentenciador concluir que ningún aspecto de la vida de esa persona evidencia que haya necesidad de que se le recluya en alguna de las instituciones penales de Puerto Rico para que se logre la reforma o rehabilitación que para ella persigue la ley como medida de protección adecuada a la comunidad.
(4) [Q]ue, en los casos en que se tiene la obligación de pagar una pensión alimentaria, dicha persona haya cumplido con su obligación de hacer los pagos o esté acogido a un plan de pagos [sic] y esté cumpliendo con el mismo. (Énfasis suplido.)!)

Del texto citado anteriormente se deduce que el foro de primera instancia no podrá suspender los efectos de una sentencia cuando el convicto incumpla con su obligación de pagar la pensión alimenticia a sus vástagos. De igual forma, el foro sentenciador no podrá conceder los beneficios de la sentencia suspendida cuando el convicto tenga la obligación de pagar una pensión alimenticia y haya incumplido con el plan de pago establecido para abonar a la deuda acumulada.

Es menester señalar que el inciso cuatro del referido estatuto fue incorporado por la Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores.() Dicha enmienda respondió a la necesidad del Estado de implantar una política pública efectiva para combatir el incumplimiento de los padres con su obligación moral y legal de alimentar a sus hijos dependientes.()

Nuestro ordenamiento no le concede los beneficios de la sentencia suspendida a aquellos convictos que al momento de dictar sentencia incumplen su obligación de pagar la pensión alimenticia, ya que la obligación de alimentar a los hijos está revestida del más alto interés público y dimana del derecho a la vida plasmado en nuestra Constitución.() Es por ello que en nuestra jurisdicción los menores tienen un derecho fundamental a recibir alimentos.() Aun cuando el Art. 142 del Código Civil() circunscribe el derecho de alimentos a la minoridad de los hijos, hemos resuelto que "ni la emancipación ni la mayoría de edad de los hijos relevan al padre de cumplir con su obligación de alimentar a sus hijos si éstos lo necesitaren y las circunstancias lo justificaren.() La obligación de los padres de pagar pensión alimenticia puede extenderse aún después de que el hijo ha cumplido la mayoría de edad si se cumplen las circunstancias expresadas en Key Nieves v. Oyola Nieves, infra.()

Ahora bien, es preciso señalar que la Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba dispone que el beneficio de sentencia suspendida se le concederá al convicto cuando éste ha cumplido con su obligación de alimentar a sus hijos o esté acogido a un plan de pago. Conforme lo anterior, surge con meridiana claridad que si al momento de dictar sentencia el convicto no tiene obligación de alimentar a sus hijos y ha cumplido con los demás requisitos establecidos en la Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba, el tribunal de instancia, a su discreción, podrá suspender los efectos de la sentencia de reclusión.

III

Procedamos entonces a aplicar la normativa antes esbozada a la controversia ante nuestra consideración.

En el caso de autos, el foro apelativo intermedio concluyó que el señor Vázquez Carrasquillo no tenía derecho al beneficio de sentencia suspendida —aunque no tenía obligación de alimentar a su hijo— puesto que tenía una deuda sustancial en concepto de pensión alimenticia y no estaba acogido a un plan de pago relacionado con dicha deuda. Erró el foro apelativo intermedio al así resolver. Veamos.

De entrada, es menester señalar que la Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba dispone que el Tribunal de Primera Instancia podrá suspender los efectos de una sentencia de reclusión si, entre otras cosas, el convicto que tiene la obligación de pagar una pensión alimenticia ha realizado los pagos correspondientes o está cumpliendo con el plan de pago establecido.

En conformidad con la aludida disposición legal y según expresáramos en el acápite anterior, el foro sentenciador podrá suspender los efectos de una sentencia de reclusión si el convicto no tiene obligación de pagar pensión alimenticia. Asimismo, el Tribunal de Primera Instancia podrá suspender los efectos de una sentencia de reclusión cuando, al momento de dictar sentencia, el convicto no tiene la obligación de pagar pensión alimenticia pero tiene una deuda con un hijo mayor de edad en concepto de pensión alimenticia atrasada y devengada cuando el hijo era era menor de edad. Ello es así, ya que la Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba no excluye del beneficio de sentencia suspendida a aquellas personas convictas que tienen una deuda en concepto de pensión alimenticia, pero que al momento de dictar sentencia no tienen la obligación de alimentar a sus hijos mayores de edad.

Es imperativo señalar que nuestro análisis no vulnera ni atenta contra la política pública diseñada por el Estado para combatir el incumplimiento de los padres con la obligación de alimentar a sus hijos. Aun cuando reconocemos que la obligación de los padres de alimentar a sus hijos es de raigambre constitucional, no podemos ignorar el lenguaje claro e inequívoco de la Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba. Sabido es que las reglas de hermenéutica legal disponen que los estatutos penales se deben interpretar restrictivamente, mas ello no significa que a las palabras del legislador deba dársele un significado más limitado o que deba hacerse caso omiso a su evidente intención. () En conformidad con los principios de hermenéutica legal, no podemos refrendar una interpretación que le deniegue el beneficio de sentencia suspendida a aquellos convictos que no tienen obligación de alimentar a su prole.

Somos conscientes del grave problema social que genera el incumplimiento de los padres con la obligación de alimentar a sus hijos, pero no podemos enmendar mediante fíat judicial la Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba y crear un nuevo requisito a ser considerado por el Tribunal de Primera Instancia al momento de decidir si un convicto cualifica para el beneficio de sentencia suspendida. Ello tendría la inevitable consecuencia de denegarle el beneficio de sentencia suspendida a aquellos convictos que cualifican prima facie para el mismo. Por lo tanto, si la persona convicta adeuda dinero a un hijo mayor de edad por pensión alimenticia atrasada pero no tiene obligación de alimentar a ese hijo u otros al momento de dictar sentencia, el foro de primera instancia podrá suspender la sentencia de reclusión.

Como resultado de lo antes expuesto, es forzoso concluir que el foro de primera instancia actuó correctamente al concluir que el señor Vázquez Carrasquillo era acreedor de los beneficios de la sentencia suspendida, ya que al advenir su hijo a la mayoría de edad no tenía obligación de alimentar a su hijo.()

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la sentencia recurrida que emitió el Tribunal de Apelaciones y se reinstala la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que le concedió el beneficio de sentencia suspendida al señor Vázquez Carrasquillo.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez disintió con una opinión escrita, a la cual se unió la Jueza Asociada Señora Fiol Matta.

Opinión disidente emitida por la Juez

Asociada Señora Rodríguez Rodríguez, a la cual se une la Jueza Asociada Señora Fiol Matta.

Disiento de la determinación que hoy anuncia este Tribunal por entender que descansa en una interpretación equivocada de la Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba (Ley de Sentencia Suspendida), 34 L.P.R.A. see. 1026 et seq.

Como correctamente señala la Opinión del Tribunal, la controversia central en este caso gira en torno a si el peticionario cualifica o no para recibir el beneficio de una sentencia suspendida. El Tribunal resuelve que la Ley de Sentencia Suspendida “no excluye del beneficio de sentencia suspendida a aquellas personas convictas que tienen una deuda por concepto de pensión alimentaria pero que al momento de dictar sentencia no tienen la obligación de alimentar a sus hijos mayores de edad”. (Enfasis en el original.) Con esta lectura en mano, el Tribunal aplica la Ley de Sentencia Suspendida a los hechos de este caso y concluye que el peticionario, en efecto, cualificaba para el privilegio de una sentencia suspendida porque, al momento de dictarse la sentencia en su caso, éste ya no tenía una obligación legal de alimentar a su hijo. No comparto esta visión sobre el contenido de la ley, como tampoco, naturalmente, su aplicación al caso. Me explico.

El Artículo 2 de la Ley de Sentencia Suspendida dis-pone, en lo pertinente, de la manera siguiente:

(a) El Tribunal de Primera Instancia podrá suspender los efectos de la sentencia que se hubiera dictado en todo caso de delito grave ... y ordenará que la persona sentenciada quede en libertad a prueba siempre que al tiempo de imponer dicha sentencia, concurran todos los requisitos [que] a continuación se enumeran'.
(4) que, en los casos en que se tiene la obligación de pagar una pensión alimentaria, dicha persona haya cumplido con su obligación de hacer los pagos o esté acogido a un plan de pagos y esté cumpliendo con el mismo. (Énfasis nuestro.) 34 L.P.R.A. see. 1027.

La ley lo que persigue es que quienes puedan cualificar para recibir el privilegio de una sentencia suspendida sean aquellos que hayan cumplido con su obligación de prestar alimentos y no adeuden cantidad alguna en tal concepto o que, cuando exista una deuda, el alimentante se haya acogido a un plan de pago para su liquidación, con el cual está cumpliendo. Es decir, lo medular en la ley es que no se adeuden pensiones alimenticias, de ahí que se provea para que quienes se encuentren acogidos a un plan de pago y lo estén cumpliendo, puedan cualificar para el privilegio. Tal y como apunta el propio artículo, mientras no se pague “se tiene la obligación de pagar”.

Ello así, pues como sabemos, es política pública del Estado procurar que las personas legalmente responsables de la manutención de un menor cumplan con esa obligación. Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 86 de 17 de agosto de 1994, Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores, 8 L.P.R.A. see. 501 et seq. Como en tantas ocasiones hemos indicado, la obligación de prestar alimentos está revestida del más alto interés público y dimana del derecho a la vida consagrado en el Art. II, Secs. 1 y 7 de la Constitución del Estado Libre Asociado, L.P.R.A., Tomo 1. Véanse: Martínez v. Rodríguez, 160 D.P.R. 145 (2003); Argüello v. Argüello, 155 D.P.R. 62 (2001); Figueroa Robledo v. Rivera Rosa, 149 D.P.R. 565 (1999). Es un deber no tan sólo legal, sino sobre todo moral. La relación paternofilial justifica, sin más, la imposición de la obligación de pro-veer para las necesidades básicas de la vida, al margen de la voluntad de quien está obligado.

En este caso no hay controversia alguna de que al momento de ser sentenciado, el aquí peticionario tenía una deuda sustancial en concepto de pensión alimenticia y no estaba acogido a plan de pago alguno para su liquidación. A mi juicio, ello necesariamente lo excluía del beneficio de sentencia suspendida pues su obligación de prestar alimentos había sido incumplida y existía una deuda vigente. Es decir, si bien al momento de sentenciarlo el peticionario ya no tenía la obligación de continuar prestando alimentos a su hijo por éste haber alcanzado la mayoridad, lo cierto es que sí tenía la obligación de pagar la deuda acumulada en concepto de pensión alimenticia. La existencia de dicha obligación y su incumplimiento impiden que éste se beneficie del privilegio de sentencia suspendida por disposición del Artículo 2. Lo relevante es que en ese momento —al dictarse la sentencia— no exista una deuda pendiente en concepto de alimentos y que si la hubiese, se esté liquidando mediante plan de pago.

Adviértase que la deuda alimenticia es urna deuda de un peculiar contenido. El objeto de la prestación debida por el alimentante comprende todo lo que sea indispensable para el sustento, habitación, educación, vestido y asistencia médica. 31 L.P.R.A. see. 561. El dinero es el medio de pago y cumple la función de liquidación, pero no transforma la deuda “pues lo debido en ella no es una cantidad cifrada como tal, sino la satisfacción de una necesidad N. Martínez Rodríguez, La obligación legal de alimentos entre parientes, Madrid, Ed. La Ley, 2003, pág. 204.

Por contra, la Mayoría hoy resuelve que como en este caso el peticionario ya no tiene la obligación de pagar una pensión alimenticia, ya que su hijo alcanzó la mayoría de edad, la exclusión contenida en la Ley de Sentencia Suspendida no constituye impedimento para que éste cualifique para este privilegio. Ello, a pesar de que la deuda de alimentos está vigente. Estoy en profundo desacuerdo con la norma que hoy se anuncia, pues la misma permite circunvalar el propósito del legislador al adoptar la disposición en controversia en este caso.

      (1) 34 L.P.R.A. see. 1026 et seq.

      (2) El Art. 122 del Código Penal, 34 L.P.R.A. see. 4750, dispone lo siguiente:
      “Si la agresión descrita en el Artículo 121 ocasiona una lesión que no deja daño permanente, pero requiere atención médica, ayuda profesional especializada o tratamiento ambulatorio, incurrirá en delito grave de cuarto grado.
      “Si la agresión ocasiona una lesión que requiera hospitalización, tratamiento prolongado o genere un daño permanente, incurrirá en delito grave de tercer grado. Esta modalidad incluye, además, lesiones mutilantes; aquellas en las cuales se transmite una enfermedad, síndrome o condición de tratamiento físico prolongado; o aquellas que requieren tratamiento sico-emocional prolongado.”

      (3) Apéndice del Recurso de certiorari, pág. 1.

      (4) íd., pág. 2.

      (5) Apéndice del Recurso de certiorari, págs. 4-5.

      (6)íd.

      (7) íd.

      (8) Apéndice del Recurso de certiorari, pág. 6.

      (9) Apéndice del Recurso de certiorari, págs. 9-10. Por lo tanto, la deuda por incumplimiento de pago de la pensión alimenticia se redujo a $15,510.85.

      (10) íd.

      (11) En dicha minuta se hizo constar que el hijo del señor Vázquez Carrasquillo se había traslado a Estados Unidos con su madre y se desconocía su dirección.

      (12) Apéndice del Recurso de certiorari, pág. 11.

      (13) Pueblo v. Zayas Rodríguez, 147 D.P.R. 530 (1999); Pueblo v. Molina Virola, 141 D.P.R. 713 (1996).

      (14) Véanse: Pueblo v. Rodríguez Velázquez, 152 D.P.R. 192, 202 (2000); Pueblo v. Zayas Rodríguez, supra.

      (15) Pueblo v. Rodríguez Velázquez, supra; Pueblo v. Texidor Seda, 128 D.P.R. 578 (1991).

      (16) Pueblo v. Rodríguez Velázquez, supra, pág. 202; Pueblo v. Zayas Rodríguez, supra; Pueblo v. Molina Virola, supra.

      (17) Pueblo v. Rodríguez Velázquez, supra; Pueblo v. Pérez Rivera, 129 D.P.R. 306 (1991).

      (18) Pueblo v. Zayas Rodríguez, supra.

      (19) Pueblo v. Bonilla, 148 D.P.R. 486, 495 (1999); Pueblo v. Texidor Seda, supra.

      (20) 34 L.P.R.A. see. 1027.

      (21) 8 L.P.R.A see. 501 et seq.

        (22) Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 86 de 17 de agosto de 1994.

      (23) Art. II, Secs. 1 y 7, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1.

      (24) Rodríguez v. Depto. Servicios Sociales, 132 D.P.R. 617, 633 (1993).

      (25) 31 L.P.R.A. see. 561.

      (26) Sosa Rodríguez v. Rivas Sariego, 105 D.P.R. 518, 523 (1976). Véanse: Arts. 149 y 150 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 568 y 569.

      (27) En Key Nieves v. Oyola Nieves, 116 D.P.R. 261 (1985), resolvimos que cuando la hija o el hijo ha iniciado estudios universitarios durante la minoridad, éste tiene derecho a exigir que el alimentante le provea los medios para terminarlos, aún después de haber llegado a la mayoridad. Respecto a los estudios postgraduados, resolvimos que éstos ameritan una consideración especial y separada, que deberá resolverse caso a caso.

      (28) Pueblo v. Mantilla, 71 D.P.R. 36, 44 (1950).

      (29) Ahora bien, distinto sería el caso si al advenir el hijo a la mayoría de edad, aún subsiste la obligación del padre de pagarle pensión alimenticia. En ese caso, el convicto no sería acreedor al beneficio de sentencia suspendida puesto que tendría la obligación dealimentar a su hijo.


text:
      In re Integración de las Salas de Verano.

      Número: ES-2008-01

      Resuelto: 20 de junio de 2008
   RESOLUCIÓN

En conformidad con lo dispuesto en la Regla 4(d) del Reglamento de este Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, se constituyen las Salas de Verano siguientes para funcionar durante el receso del Tribunal entre el 16 de julio y el 30 de septiembre de 2008:

Del 16 julio al 5 de agosto de 2008
Hon. Efraín E. Rivera Pérez, presidente
Hon. Liana Fiol Matta
Hon. Anabelle Rodríguez Rodríguez
Del 6 al 24 de agosto de 2008
Hon. Federico Hernández Denton, presidente
Hon. Liana Fiol Matta
Hon. Anabelle Rodríguez Rodríguez
Del 25 de agosto al 11 de septiembre de 2008
Hon. Federico Hernández Denton, presidente
Hon. Efraín E. Rivera Pérez
Hon. Liana Fiol Matta
Del 12 al 30 de septiembre de 2008
Hon. Federico Hernández Denton, presidente
Hon. Efraín E. Rivera Pérez
Hon. Anabelle Rodríguez Rodríguez

Los Presidentes de Sala quedan facultados para sustituir a los Jueces que no puedan intervenir en algún asunto ante su consideración y, asimismo, para convocar al Pleno del Tribunal cuando sea necesario. El Tribunal continuará emitiendo y certificando opiniones y sentencias durante este período.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


text:
    Trans Ad de Puerto Rico, Inc., peticionario, v. Junta de Subastas de la Autoridad Metropolitana de Autobuses, recurrida.

      Número: CC-2006-778

      Resuelto: 24 de junio de 2008

      Ildefonso Torres Rodríguez, abogado de la parte peticionaria; Marta E. Vilá Báez, abogado de la parte recurrida; Heriberto J. Burgos Pérez y Luz Nereida Carrero Muñiz, del Bufete Fiddler González y Rodríguez, P.S.C., abogados de Viu Media.
   La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez

emitió la opinión del Tribunal.

El presente caso nos brinda la oportunidad de determinar si el expediente administrativo de un procedimiento de subasta celebrado por un ente gubernamental es un documento público sujeto a la inspección de la ciudadanía. Resolvemos en la afirmativa. Examinemos los hechos de los que surge la controversia antes esbozada.

I

El 28 de febrero de 2005 la Autoridad Metropolitana de Autobuses (Autoridad o A.M.A.) anunció en el diario Primera Hora el Requerimiento de Propuestas {Request for Proposals o RFP, por sus siglas en inglés) número 2005-01 para la contratación del servicio de publicidad en sus autobuses y terminales.() El 15 de marzo e 2005 se celebró la apertura del procedimiento al cual comparecieron como lidiadores QMC Media, Inc. h/n/c Viu Media,() Caribbean Signs y la peticionaria en el caso de epígrafe, Trans Ad de Puerto Rico, Inc. (Trans Ad). Esta última especificó que presentaba su propuesta “bajo protesta”.

Dos días después del acto de apertura, Trans Ad presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una demanda y solicitud de interdicto preliminar contra la A.M.A. y su entonces Presidenta y Directora General, la señora Adaline Torres Santiago. Incluyó también como demandado al señor Gabriel Alcaraz Emanuelli, quien a esa fecha fungía como Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, y Presidente de la Junta de Directores de la Autoridad. En esencia, Trans Ad alegó que entre la Autoridad y ella existía un contrato válido y aún vigente para la prestación de los servicios de publicidad en los autobuses y terminales. Sostuvo que, por tal razón, la Autoridad estaba impedida de iniciar un procedimiento de requerimiento de propuestas para la contratación de tales servicios. Solicitó, por lo tanto, la paralización de ese procedimiento.

La A.M.A. compareció mediante una moción en oposición y solicitud de desestimación en la que expuso que la controversia no era justiciable por carecer de madurez y que la parte demandante no había agotado los remedios administrativos antes de acudir al foro judicial. Añadió que no había riesgo de causar daño irreparable a la parte demandante mediante la adjudicación del requerimiento de propuestas, debido a que el perfeccionamiento del contrato de servicios producto de ésta sería posterior al vencimiento del contrato con Trans Ad. No surge del expediente la resolución a esta controversia.

Así las cosas, mediante carta fechada el 13 de julio de 2005, la A.M.A. notificó a los licitadores la adjudicación del requerimiento de propuestas a Viu Media. Dicha notificación fue motivo de dos peticiones de reconsideración ante la Junta de Reconsideración de Subastas de la Autoridad. Cabe señalar que en ambas mociones de reconsideración, Trans Ad alegó que el Vicepresidente de Servicios Administrativos de la Autoridad le había negado acceso al expediente del procedimiento de subasta, y le instruyó que dirigiera su solicitud a la Junta de Reconsideración de Subastas de la Autoridad. Por tal razón, de forma simultánea a la presentación de sus mociones de reconsideración, Trans Ad le envió a la Autoridad sendos pliegos de interrogatorios y solicitud de producción de documentos mediante los cuales solicitó copia de los documentos que obraban en el expediente administrativo del RFP 2005-01, así como información respecto a la manera en que se condujo el proceso de adjudicación.

La notificación también fue objeto de una posterior revisión judicial por parte del Tribunal de Apelaciones, el cual ordenó a la Autoridad que emitiera una tercera notificación conforme a derecho. En esta tercera notificación la Autoridad incluyó la información requerida, a saber: un resumen de las propuestas de todos los licitadores, incluyendo las ventajas y desventajas de cada una de éstas. Además, consignó varias razones por las cuales no concedía la buena pro a Trans Ad por motivo de la experiencia de contratación pasada con dicha licitadora.

En una tercera moción de reconsideración ante la Junta de Reconsideración de Subastas de la A.M.A., Trans Ad cuestionó los méritos de la adjudicación. Además, envió un tercer pliego de interrogatorios y solicitud de producción de documentos a la Autoridad, y solicitó la celebración de una vista informal. Dicha moción no fue considerada por la Junta de Reconsideración de Subastas, por lo que Trans Ad acudió al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de revisión judicial.() Alegó que la Junta de Reconsideración de Subastas de la A.M.A. había errado al iniciar el proceso de requerimiento de propuestas para la contratación de los servicios de publicidad en sus autobuses y terminales pese a la vigencia de un contrato válido entre ella y la Autoridad para la prestación de dichos servicios. Impugnó, además, la adjudicación a favor de Viu Media, alegando que su propuesta era más beneficiosa. Sostuvo que la Junta de Reconsideración de Subastas de dicha corporación no podía tomar en cuenta la experiencia pasada de contratación debido a que ello no figuraba entre las condiciones del requerimiento y porque no se le había permitido rebatir las alegaciones hechas en este aspecto. Por último, adujo que la A.M.A. había errado al negarle acceso al expediente administrativo de la subasta.

El tribunal a quo concluyó que no existía impedimento legal alguno para que la A.M.A. publicara su requerimiento de propuestas. Estimó que correspondería al Tribunal de Primera Instancia determinar —en el procedimiento de injunction— si el contrato entre las partes aún estaba vigente y si la Autoridad lo había incumplido. El Tribunal de Apelaciones resolvió, además, que la adjudicación a favor de Viu Media no había sido arbitraria ni irrazonable, sino conforme a los reglamentos aplicables, los cuales facultaban a la A.M.A. para tomar en consideración la experiencia de contratación pasada con Trans Ad. Por último, el foro recurrido señaló que los documentos que obran en el expediente administrativo del procedimiento de requerimiento de propuestas son públicos y que, por lo tanto, Trans Ad tenía derecho a examinarlos. Sin embargo, resolvió que, en el presente caso, la notificación de adjudicación “contiene información suficiente para que [Trans Ad] conociera las razones por las cuales no resultó favorecida”. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 494.

De dicha sentencia recurre Trans Ad ante este Foro y alega que el tribunal recurrido erró al confirmar la adjudicación del requerimiento de propuestas a favor de Viu Media a pesar de que su propuesta era más beneficiosa económicamente. Sostiene que el Tribunal de Apelaciones no estaba en posición de concluir que había incumplido con el contrato de servicios que tenía con la A.M.A. sin que se le brindara la oportunidad de rebatir tales alegaciones. Por último, la parte recurrente le imputa al tribunal a quo que erró al no concederle a su representante la oportunidad de examinar los documentos que obraban en el expediente administrativo del procedimiento, a pesar de que le reconoció tal derecho en su sentencia.

El 17 de noviembre de 2006 expedimos el recurso de epígrafe. Contando con el beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos a resolver.

II

A. Antes de atender los méritos de la controversia planteada ante nuestra consideración, es preciso expresarnos en torno a la naturaleza del procedimiento celebrado por la Autoridad en el presente caso.

En R & B Power v. E.L.A., 170 D.P.R. 606 (2007), trazamos una distinción entre el procedimiento de subasta tradicional o formal y el requerimiento de propuestas como mecanismos de adquisición de bienes y servicios por parte del Estado. Específicamente, puntualizamos que este último es un procedimiento más informal y flexible que otorga a las agencias mayor discreción en sus gestiones adquisitivas, pues su característica sobresaliente es que admite negociación con los potenciales proveedores. En dicha ocasión refrendamos el uso del mecanismo de requerimiento de propuestas, pues la ley orgánica del organismo concernido —la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados— establecía que la corporación estaría dispensada del requisito de celebrar subastas formales en situaciones de emergencia. En tales casos, de acuerdo con la ley, la corporación podría llevar a cabo sus gestiones de adquisición de bienes o servicios en la forma usual y corriente en los negocios.

De manera análoga, el Reglamento de la Junta de Subastas de la Autoridad Metropolitana de Autobuses, Reglamento Núm. 6480 de 2002, provee para dispensar del requisito de celebrar urna subasta tradicional en situaciones de emergencia. Ahora bien, a diferencia de los hechos de R & B Power v. E.L.A., supra, en el presente caso no estamos ante una determinación o expresión administrativa en cuanto a la existencia de una emergencia que justificara prescindir de la celebración de una subasta formal. Por lo tanto, en esta ocasión, la A.M.A. no estaba autorizada para tramitar la adquisición de los servicios de publicidad por medio del mecanismo de requerimiento de propuestas. Sin embargo, al examinar detenidamente el procedimiento llevado a cabo por la Autoridad, advertimos que el mismo goza de las características de una subasta tradicional. () Por lo tanto, al ejercer nuestra facultad revisora, consideraremos el procedimiento eje de la presente controversia como una subasta formal.

B. Es norma reiterada que el fin de los procedimientos de subasta, como mecanismos de adquisición de bienes y servicios por parte del Estado, es proteger el erario y garantizar que dicho ente realice sus funciones administrativas responsablemente. RBR Const., S.E. v. A.C., 149 D.P.R. 836, 848-849 (1999). Como hemos expresado anteriormente, para esto es necesario “que haya competencia en las proposiciones, fomentando la competencia libre y transparente entre el mayor número de licitadores ...”. Empresas Toledo v. Junta de Subastas, 168 D.P.R. 771, 778 (2006).

Sin embargo, no existe un estatuto uniforme que regule los procedimientos de subasta. En este aspecto, la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece que los mismos —a excepción de las etapas de reconsideración y revisión judicial— son de naturaleza informal, delegándose en las agencias la facultad para aprobar los reglamentos necesarios que establezcan sus normas y condiciones. 3 L.P.R.A. sees. 2151, 2169 y 2172. Véase, además, Perfect Cleaning v. Cardiovascular, 162 D.P.R. 745, 757 (2004).

Aún así, es posible delinear varias etapas comunes a los procedimientos de subasta. En lo pertinente a la presente controversia, la subasta formal se caracteriza por el recibo de las propuestas selladas y su posterior apertura pública. R & B Power v. E.L.A., supra. Una vez abiertas las propuestas, no se admiten modificaciones a las mismas, pues no hay cabida para la negociación entre las partes. Id. Esta secretividad que caracteriza la etapa anterior al acto de apertura de una subasta responde a la necesidad de garantizar que la competencia entre los licitadores sea efectiva y honesta. RBR Const., S.E. v. A.C., supra, pág. 849. De esa manera se evita que algún licitador con mayor capacidad económica enmiende su propuesta para superar la de otro competidor. Ahora bien, “[u]na vez se han abierto las licitaciones, todos los postores conocen las cotizaciones de sus competidores”. íd. Ello porque en dicha etapa las propuestas ya no son susceptibles de ser enmendadas.

Como resultado de lo anterior, al evaluar un reclamo de acceso al expediente administrativo de una subasta, es necesario tomar en cuenta el interés estatal en mantener la secretividad durante ciertas etapas del proceso para adelantar el ñn público de que el mismo se lleve a cabo justa y equitativamente para todos los competidores. Examinemos, entonces, la normativa relacionada con el acceso a la información pública en poder del Estado.

III

En nuestro ordenamiento existe un derecho fundamental al acceso a información pública. Este derecho ha sido reconocido como corolario de los derechos de libertad de palabra, prensa y asociación, expresamente consagrados en nuestra Constitución. Ortiz v. Dir. Adm. de los Tribunales, 152 D.P.R. 161, 175 (2000). La premisa que subyace a este reconocimiento es que sin acceso a la información pública, el ciudadano no estaría en posición de juzgar las actuaciones gubernamentales o de exigir la reparación de agravios causados por las mismas. Soto v. Srio. de Justicia, 112 D.P.R. 477, 485 (1982). Esto, a su vez, contravendría nuestros principios democráticos que garantizan el derecho del pueblo a pasar juicio fiscalizador sobre todas las acciones y determinaciones del Gobierno. Ortiz v. Dir. Adm. de los Tribunales, supra.

En consonancia con lo anterior, el Artículo 409 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. see. 1781, crea un derecho general de acceso a información pública en poder del Estado. Específicamente, éste dispone que “[t]odo ciudadano tiene derecho a inspeccionar y sacar copia de cualquier documento público de Puerto Rico, salvo lo ex-presamente dispuesto en contrario por la ley”. Id.

Como se deduce del lenguaje estatutario, todo ciudadano, por el solo hecho de serlo, tiene derecho a examinar la documentación pública. Ortiz v. Dir. Adm. de los Tribunales, supra, pág. 176. Ahora bien, tal derecho no es absoluto ni ilimitado, sino que pueden existir intereses apremiantes del Estado que justifiquen un reclamo de confidencialidad de su parte. Angueira v. J.L.B.P., 150 D.P.R. 10, 24 (2000); Soto v. Srio. de Justicia, supra, pág. 493.

A pesar de ello, no existe en nuestro ordenamiento legislación especial que establezca las instancias en que el Estado tendría justificación para negarle a un ciudadano acceso a un documento público. Por tal razón, hemos delineado jurisprudencialmente tales excepciones al derecho general creado por el Artículo 409 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra. De acuerdo con nuestros pronunciamientos, un reclamo de confidencialidad por parte del Estado está justificado cuando: (1) una ley así lo declara; (2) la comunicación está protegida por alguno de los privilegios evidenciarios que pueden invocar los ciudadanos; (3) revelar la información puede lesionar derechos fundamentales de terceros; (4) se trate de la identidad de un confidente, o (5) sea información oficial conforme a la Regla 31 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV. Santiago v. Bobb y El Mundo, Inc., 117 D.P.R. 153, 159 (1986).

Ante un reclamo estatal de confidencialidad, los tribunales venimos llamados a evaluarlo vis-á-vis el derecho del ciudadano a tener acceso a la información. El examen o escrutinio judicial aplicable dependerá de la excepción invocada por el Estado como fundamento a su denegatoria de proveer acceso a la información pública. Ortiz v. Dir. Adm. de los Tribunales, supra, pág. 178; Angueira v. J.L.B.P., supra.

Como también se deduce del texto legal anteriormente citado, el derecho estatuido en el citado Artículo 409 del Código Enjuiciamiento Civil se puede invocar siempre y cuando el documento o la información al cual se reclama acceso sea de naturaleza pública. A tales efectos, el Artículo 1(b) de la Ley de Administración de Documentos Públicos de Puerto Rico define documento público como

... todo documento que se origine, conserve o reciba en cualquier dependencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de acuerdo con la ley o en relación con el manejo de los asuntos públicos y que de conformidad con lo dispuesto en la see. 1002 de este título se haga conservar ... permanentemente o temporalmente como prueba de las transacciones o por su valor legal. Incluye aquellos producidos de forma electrónica que cumplan con los requisitos establecidos por las leyes y reglamentos. 3 L.P.R.A. sec. 1001(b).

Como surge de lo anterior, un documento público es el que un organismo estatal recibe en el curso de sus procedimientos y que está obligado a preservar. Por lo tanto, el expediente administrativo que contiene la documentación relacionada con el trámite de un procedimiento de subasta es, necesariamente, un documento público. Ahora bien, como acotáramos anteriormente, los procedimientos de subastas se caracterizan, en parte, porque las propuestas de los licitadores se presentan bajo un palio de secretividad. Asimismo, la dependencia gubernamental conduce las eta-pas anteriores a la adjudicación de la buena pro sin la intervención de personas ajenas al trámite administrativo interno. Reconocemos que ambas características responden al interés público de garantizar la competencia justa entre las propuestas. Sin embargo, dicho interés se desvanece una vez adjudicada la subasta, cuando la agencia ha ejercido su criterio adjudicativo. Por lo tanto, resolvemos que, de ordinario, una vez se ha adjudicado la buena pro de una subasta, el expediente que contiene los documentos recopilados en el trámite de la misma está sujeto a la inspección de cualquier ciudadano de acuerdo con el citado Artículo 409 del Código de Enjuiciamiento Civil.()

Nuestra determinación es cónsona con los principios legales y de política pública que favorecen la transparencia en los procesos de adquisición del Estado. Al garantizar el acceso a tales expedientes administrativos, adelantamos el objetivo primordial de proteger los intereses y dineros del pueblo, y evitar el favoritismo y la corrupción en la gestión pública. Mar-Mol Co., Inc. v. Adm. Servicios Gens., 126 D.P.R. 864, 872 (1990). Ello porque el acceso a la información pública coloca al ciudadano en posición de fiscalizar las actuaciones gubernamentales y le faculta para defender sus intereses frente a actuaciones agravantes del Estado. No puede haber una verdadera fiscalización ciudadana de la gestión pública si no se cuenta con el conocimiento de lo que se hace o se pretende hacer. La participación del ciudadano, en una especie de cogestión con su gobierno, sólo es posible cuando el individuo tiene la información pertinente y fidedigna acerca de la cosa pública. Así, por ejemplo, una parte con interés en impugnar la adjudicación de una subasta estará en mejor posición de ejercer su derecho una vez ha examinado el expediente del procedimiento. El acceso al expediente le permitirá evaluar los pormenores de las propuestas de los demás participantes en el procedimiento administrativo, así como los factores que movieron a la agencia a adjudicar la buena pro a favor de cierto proponente. Igualmente, el expediente revelará si la agencia cumplió con su propio reglamento en el trámite del procedimiento.

Sin embargo, lo anterior no puede ser interpretado en el sentido de que condicionamos el derecho de acceso al expediente administrativo al hecho de que la persona que lo solicite sea parte del procedimiento o tenga interés en impugnarlo. Por el contrario, el derecho de acceso a información pública lo posee cualquier ciudadano, por el solo hecho de serlo. Es decir, la sola condición de ciudadano supone la existencia del “interés especial” que legitima un reclamo de acceso a información pública. Ortiz v. Dir. Adm. de los Tribunales, supra, pág. 176.

IV

En su tercer señalamiento de error, Trans Ad alega que el Tribunal de Apelaciones erró al no concederle la oportunidad de examinar el expediente administrativo a pesar de reconocer su derecho a hacerlo. Sostiene que, sin ese beneficio, se ha visto impedida de ejercer adecuadamente su derecho a impugnar la subasta. Igualmente, arguye que el Tribunal de Apelaciones no tuvo ante sí todos los elementos necesarios para ejercer su facultad de revisión, debido a que basó su análisis de los méritos de la adjudicación en la notificación de la agencia, sin constatar que la misma estuviera basada en las constancias del expediente administrativo.

En oposición, la A.M.A. sostiene que los procedimientos de subasta son de naturaleza informal, por lo que no existe un derecho a realizar el descubrimiento de prueba solicitado por Trans Ad a falta de una disposición reglamentaria que así lo exija. Arguye que la notificación brindó a la peticionaria la información necesaria para ejercer su derecho a impugnar el procedimiento adjudicativo. Igual postura asume Viu Media en su comparecencia.

De los autos del caso surge que, en efecto, Trans Ad ha solicitado infructuosamente, en múltiples ocasiones, acceso al expediente administrativo del procedimiento de adjudicación del RFP 2005-01 conducido por la A.M.A. Esta última, por su parte, no emitió una determinación en relación con la tercera moción de reconsideración de la adjudicación de la subasta presentada por Trans Ad y en la que ésta, entre otras cosas, denunció la denegatoria a su solicitud de examinar el expediente administrativo. Por lo tanto, no estamos ante un reclamo de confidencialidad por parte del ente público que podamos someter a un examen de validez conforme la normativa aplicable. Como resultado, a pesar de que Trans Ad ostenta un derecho fundamental a obtener acceso al expediente administrativo de la subasta en controversia, dicha parte tuvo que ejercer su derecho a solicitar reconsideración y revisión judicial sin el beneficio del mismo. El acceso al expediente hubiera brindado a la parte peticionaria la oportunidad de examinar las propuestas de los demás licitadores y constatar el contenido de la notificación de adjudicación. Asimismo, la inspección del expediente hubiera permitido que la parte interesada auscultara si la agencia cumplió con su propio reglamento al llevar a cabo el procedimiento de adjudicación de la subasta en controversia. Es decir, el examen del expediente hubiera puesto a Trans Ad en posición de ejercer cabalmente su derecho a solicitar reconsideración y revisión judicial de dicha determinación administrativa.

De la misma manera, con el beneficio del expediente administrativo, el Tribunal de Apelaciones hubiera estado en mejor posición para ejercer su facultad de revisión judicial. Al descansar únicamente en el contenido de la notificación de adjudicación, dicho foro desatendió el hecho de que pueden existir razones ajenas al contenido de las propuestas de los licitadores y que no constan en la notificación, que justifiquen la revocación de la adjudicación de la subasta. Por lo tanto, erró al ejercer su facultad de revisión judicial sin antes brindarle a la peticionaria la oportunidad de examinar el expediente administrativo.

Si bien es cierto que, según aduce la A.M.A., los procedimientos de subasta son de naturaleza informal, dicha informalidad no derrota un válido reclamo de acceso a información pública. No hay duda, además, de que poner el expediente de la subasta a la disposición del licitador perdidoso que así lo solicite no es un trámite oneroso para la dependencia gubernamental concernida. Por el contrario, el mismo abona a la transparencia de dichos procedimientos.

En suma, a Trans Ad no sólo le ampara el derecho de acceso al expediente administrativo sino que, en el presente caso, la interferencia con el mismo conllevó que dicha parte no pudiera ejercer adecuadamente su derecho a revisión judicial de la determinación administrativa de adjudicar la buena pro a favor de Viu Media. Tal error amerita la revocación de la sentencia del Tribunal de Apelaciones. El foro recurrido debió conceder a la parte peticionaria la oportunidad de inspeccionar el expediente administrativo para, con el beneficio del mismo, impugnar la subasta en controversia.

Por los pronunciamientos que anteceden, se revoca la sentencia del Tribunal de Apelaciones aquí recurrida mediante la cual dicho foro confirmó la adjudicación del RFP 2005-01 de la Autoridad. Además, se ordena a laA.M.A. que ponga a disposición de Trans Ad el expediente de dicho procedimiento administrativo para su inspección. Con el beneficio del mismo, dicha parte podrá, si así interesa, ejercer nuevamente su derecho a impugnar la subasta. Com resultado de nuestra determinación, se hace innecesario discutir el resto de los planteamientos de la parte peticionaria.

Se dictará sentencia de conformidad.

      (1) Este servicio se refiere a la colocación de anuncios publicitarios en los auto-buses y terminales de la Autoridad.

      (2) Al presente esta compañía se conoce como Lamar Advertising de Puerto Rico.

      (3) Presentó, además, una moción en auxilio de jurisdicción para la paralización del procedimiento de subasta y otorgamiento de contratos. El Tribunal de Apelaciones ordenó la paralización de los procedimientos administrativos.

      (4) A tales efectos, la agencia publicó un aviso de subasta en un periódico de circulación general editado en Puerto Rico, requirió la entrega de propuestas selladas y celebró un acto de apertura. El documento titulado RFP2005-01 Advertising Services for Buses and Terminals, y que contiene las condiciones del requerimiento, no establece que las propuestas estarían sujetas a negociación con la agencia.

      (5) No estamos pasando juicio —por no estar planteado— sobre la validez de un reclamo de confidencialidad respecto a algún documento del expediente de subasta, por éste contener información confidencial.