author: El Juez Asociado Señor Wole, JUEZ PRESIDENTE SR. DEL TORO.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Víctor Antonio Carbonell, acusado y apelante.
    No. 2308.

    Visto: Enero 26, 1925.

      Resuelto: Julio 13, 1925.
    1. Jurados — Lista de Jurados para el Distrito — Comisionados de Jurados— Preparación de la! Lista — Desviación del Estatuto en Cuanto a la Se-lección de Nombres. — Cuando en la formación del panel del distrito- los Co- . misionados de Jurados no verifican el sorteo previo que requiere la ley de la 'lista correspondiente a cada municipio, y 3a desviación se hace deliberada-mente para evitar la selección de ciertos nombres, dicha desviación del estatuto es fatal.
    2. Derecho Penal — Juicio-—Objeciones a Instrucciones o a la Negativa a Darlas, v Excepciones — Excepciones Específicas. — Aunque en apelación se considerará una instrucción que fundamentalmente es mala, en general debe hacerse una excepción específica en la corte inferior.
    3. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Revisión—Instrucciones al Jurado. — Considerada 3a instrucción objetada en el caso de autos, se resolvió: que por ella la corte inferior no manifestó al jurado que la muerte fué ilegal.
    SentenCia ele Angel Acosta, J. (Mayagüez), condenando al acusado por delito de homicidio voluntario.

      Revocada y devuelto el caso.

      Pedro Baigés Gómez j B. Rivera Zagas, abogados del apelante1; José E. Eigueras, abogado de- El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En cada distrito judicial de la Isla la lista de jurados de la cual son sorteados los paneles regulares, consta de 300 nombres. Estos 300 nombres son elegidos por comisio-nados proporcionalmente de cada municipio del distrito de acuerdo con la población de dicho municipio. En el pre-sente caso los comisionados seleccionaron exactamente el nú-mero de personas para formar la lista que correspondía a cada municipio, pero sin hacer un sorteo previo. El ape-lante, después de la debida recusación, se queja de haberse cometido error en la forma de verificar el sorteo. También consta que la razón de que los comisionados, siguiendo las instrucciones de la corte, procedieron en cuanto a sus debe-res en la forma indicada, fué porque el Juez de la Corte de Distrito de Mayagüez deseaba que ciertos jurados que habían rendido veredictos no satisfactorios fueran excluidos de la lista y del panel del distrito. El artículo 194 del Có-digo de Enjuiciamiento Criminal, como quedó enmendado,, regula la cuestión. Dicho artículo es como sigue:

“Art. 194. — Dichos comisionados prepararán entonces una lista general definitiva de trescientos jurados para el distrito judicial, la cual firmarán y certificarán, ajustándose a lo siguiente: Cada co-misionado hará una lista provisional de cien nombres de personas de sil respectivo municipio, que estén capacitados para actuar como jurados en el distrito judicial, para lo cual tomarán como base la lista de contribuyentes del expresado municipio, que' le será sumi-nistrada por el Tesorero de Puerto Rico. Los comisionados enton-ces determinarán hasta donde sea posible, el número proporcional que de los trescientos jurados corresponda a cada municipio, to-mando como base para ello, su población, según el último censo de los Estados Unidos, y el número así determinado, se extraerá a la suerte por uno de los comisionados, en presencia de los demás, de entré los cien nombres en la lista provisional del respectivo muni-cipio. ’ ’

En 29 de mayo de 1919 el artículo 186 del Código de En-juiciamiento Criminal fué enmendado para autorizar, entre otras cosas, a cualquier ciudadano varón de los Estados Uni-dos para poder ser jurado. En otras palabras, por el ar-tículo 186 los requisitos referentes a la propiedad fueron omitidos y un deber o privilegio general de varón para el servicio de jurado quedó convertido en ley en Puerto Rico. Por tanto, la disposición del artículo 194, supra, que exige que la lista provisional para la cual sirve de base la lista de contribuyentes suministrada por el Tesorero quedó de-rogada y los comisionados de jurado quedaron libres para seleccionar los nombres necesarios de toda la comunidad. Por lo demás, el artículo 194 continuó en completo efecto en la fecha del juicio de esta causa. Las autoridades que luego transcribiremos indican que en algunos Estados la ley para la selección de jurados se considera únicamente como-directiva, pero en otros es imperativa. Pueden hacerse va-riaciones que son poco importantes o insignificantes, pero en su forma general el estatuto debe ser observado. Por-ejemplo, los comisionados de jurado en este caso no se reu-nieron para seleccionar los nombres. La mera informalidad de no haberse reunido, con tal que los comisionados por lo demás cumplieran con sus deberes, hubiera sido una mera irregularidad y a falta de alguna- demostración de prejui-cio no hubiera sido tomada en consideración. En el caso de People v. Searcey, 121 Cal. 1, 53 Pac. 559, 41 L.R.A. 257, se resolvió que si algunos nombres apareciesen en la lista del jurado que no constaban en la relación de tasación, la desviación no era fatal. La omisión de algunas personas calificadas, si se hace de buena fe, no constituye funda-mento. (State v. Bolln, 10 Wyo. 439, 70 Pac. 1.)

La ley está resumida en el volumen 35 de Corpus Juris, pág. 262, a saber:

"Selección de Nombres — a. En General. — Los comisionados al elegir los nombres para formar la lista de jurados tienen completa facultad para resolver respecto a quienes están capacitados para servir de jurados o si ciertas personas poseíen las condiciones pres-critas por los estatutos, y a falta de alguna demostración de fraude o corrupción no se intervendrá con su decisión; pero la lista debe ser seleccionada sin distinción de1 todas las personas calificadas para servir de jurados, y así tenidas por calificadas, y cuando el estatuto específicamente prescribe la clase de personas de la cual la lista puede ser seleccionada, el dejar de elegir la lista de esta clase es una irregularidad fatal. Los comisionados, en el ejercicio de su dis-creción pueden omitir de la lista del jurado a todas las personas exentas por la ley, así como a todas aquellas cuyo negocio o voca-ción es tal que es razonablemente probable que se le concedería una excusa del servicio del jurado, tales como los abogados, minis-tros, doctores, etc. Pero si los comisionados intencionalmente, aun-que debido a una interpretación errónea de la ley, omiten de la lista un gran número de aquellas personas que creen ellos estar ca-lificadas, la lista es nula. - No invalida la lista o sirven de funda-mento de recusación al jurado en conjunto que los comisionados por casualidad y sin un designio fraudulento endosaran en la lista más o menos del debido número de nombres o que algunos de los nombres eran de personas descalificadas o exentas del deber de ju-rado. El hecho de que los comisionados emplearon un tiempo in-necesariamente largo en preparar la lista no afecta a su validez,-sino que meramente lo hacen responsable a un castigo por dejar de ejercitar la debida diligencia. Cuando la lista se hace primero por los encargados de la selección y entonces se envíe a una reunión del Pueblo, éste puede adoptarla en totalidad o solamente en parte y sustituir otros nombres en lugar de los rechazados.”

En Ruling Case Law, tomo 12, pág. 1016, 1017, en rela-ción a los Grandes Jurados (Grand Juñes) se dice lo si-guiente :

'“Sorteo. — Las numerosas decisiones que resuelven la cuestión de la legalidad de un Gran Jurado que no ha sido seleccionado de acuerdo con el Estatuto, aunque no son uniformes en sostener la legalidad de tal gran jurado, no están necesariamente en conflicto. 'Cada caso gira sobre el límite hasta el cual un determinado pre-cepto estatutorio puede desviarse sin afectar a la legalidad del gran .jurado. Esto se determina principalmente por la naturaleza del testatuto, esto es, si es mandatorio o directivo, el cual en este caso depende más del objeto del estatuto que de su texto. Si el modo de seleccionar es contrario a las disposiciones de un estatuto man-datorio cuyo propósito es impedir el fraude y los procesos infunda-dos, se resuelve generalmente que el gran jurado es ilegal. La ra-zón en la cual se funda esta regla es que el permitir a los grandes jurados que sean seleccionados de otro modo que no sea de acuerdo con el estatuto que regula su selección abriría el camino para los males cuya prevención es el objeto del Estatuto. Así pues, se ha resuelto que el dejar de notificar el sorteo como lo requiere el es-tatuto invalidará el sorteo.' Por otra parte, cuando las disposicio-nes del estatuto son meramente directivas, particularmente cuando el fin principal del método prescrito es distribuir igualmente la carga del servicio de jurado, una desviación de ese método, a falta de fraude o perjuicio a los intereses de la parte que impugna la re-gularidad de la selección no hace ilegal el Gran Jurado. La razón de esta regla es que como los grandes jurados no juzgan el caso sino que meramente formulan el cargo contra el acusado, la forma de su selección no tiene consecuencia alguna para él, teniendo él de-recho a pedir únicamente grandes jurados imparciales y justos que poseen las condiciones necesarias, mientras que es' de gran conse-cuencia- que la administración de justicia no sea demorada por me-ras objeciones técnicas. Tales estatutos no han de seguirse con ri-gorismo técnico o literal. Un cumplimiento sustancial es todo lo que se requiere, y las meras irregularidades en el sorteo y selección no invalidan la acción del Gran Jurado. La mayoría de los ejem-plos de esta regla indica que la desviación de los requisitos estatu-torios no era perjudicial al acusado. Así el hecho de que la lista de jurados no estuviera certificada o que. no se certificara al de-bido tiempo, que el número del cual el Gran Jurado fué sorteado excedía o era menor del número determinado por la ley, que hubo un cambio o error material al escribir el nombre de un gran jurado, y desviaciones semejantes del texto del estatuto, han sido considera-das como que no son fatales. El fraude vicia el sorteo, pero debe expresarse claramente. El hecho de que uno de los grandes jurados pidió al marshal que lo colocara en el jurado no establece fraude a falta de prueba de corrupción o conspiración entre el jurado y el márshal. El sorteo debe hacerse por una persona autorizada. Con excepción de pocos casos se ha sostenido que un sorteo es válido cuando se hace por un delegado del funcionario legal. Así pues, cuando el e'statuto prescribía la selección a la suerte por una persona designada por el juez sentenciador, un gran jurado seleccio-nado por el mismo juez y compuesto sólo de tales personas como las que él desea, no puede presentar una acusación válida.”

Esto fué con respecto a Grandes Jurados y sólo tiene una relación indirecta.

En 16 Ruling Case Law, 234, 235, se dice lo siguiente:

“51. En General. El modo de seleccionar electores para el ser-vicio de jurado nunca se ha considerado como elemento esencial al derecho de juicio por jurado. Distintos modos han sido adoptados y han prevalecido en diferentes épocas, según convenía mejor a las necesidades locales y así el método de selección está enteramente dentro del control de la Legislatura, con tal únicamente que el re-quisito fundamental de imparcialidad no se infrinja. La corte1 ge-neralmente posee el poder inherente para obtener un jurado, y aun-que la legislatura puede ayudar y regular el ejercicio de esta fa-cultad, el acto de la selección es una función de la corte, semejante a la de oir y decidir y no es administrativa en su origen, objeito o naturaleza en el verdadero sentido del vocablo. Sin embargo, el acto de sortear un jurado o preparar una lista de jurados a menudo se considera como una función judicial y ministerial mixto y es eje-cutada debidamente por funcionarios de cualquier clase. El método general prescrito es mandatorio y debe seguirse; pero muchas pres-cripciones de los estatutos son directorías y no mandatorias. La omisión inadvertida en cumplir con toda disposición directoría no viciará un panel a menos que resulte manifiesto que alguna omisión pex*judicial al apelante ha tenido lugar, siendo la consideración más importante que sea sorteado el panel-y no elegido arbitrariamente.”

Los casos, además de los ya citados, que sostienen el texto anterior o favorecen al apelante son los de State v. Squaires, 2 Nev. 226; Moore v. Navassa Guano Co., 41 S. E. 296; Shepherd v. State (Cal.), 10 Ann. Cases, 964; Teat v. Land, 135 La. 782; 66 So. 199, Ann. Cases, 1916 C 1208; Glass v. State, 82 So. 469; State v. Newhouse, 29 La. Ann. 824; State v. Love, 106 La. 658; Brown v. State, 14 Okla. Crim. 609, 174 Pac. 1102; Ebers v. Mt. Clemens Sugar Co., 148 N. W. 810, 122 Mich. 449; People v. Wong Bin, 139 Cal. 66; State v. Desselles, 90 So. 773.

Como se dijo en el caso de Green v. State, 59 Md. 123, 43 A.R. 522, el método general es mandatorio, de otro modo el estatuto sería meramente ineficaz.

El estatuto expresa claramente que el número de nom-bres correspondientes a cada municipio debe elegirse a la suerte de los cien nombres que lian de ser seleccionados pol-los comisionados de cada municipio. El estatuto prescribe dos medios: primero, la formación de una lista de cien nom-bres y entonces el sorteo de la debida proporción para cada municipio. El estatuto también dice que el sorteo será a la suerte. No solamente no lia sido observado el método general del estatuto sino que la desviación fué deliberada para evitar la selección de ciertos nombres de la lista de jurado. Hay casos que sostienen que si existe una tentativa positiva para excluir a ciertas personas debido al color, a la política o raza, esto someterá a un panel a una recusación fundada. Hasta donde este principio es inherente en la ley o es mate-ria de estatutos federales no tenemos necesidad de indagar. Es cierto que en el presente caso no hubo tentativa alguna por seguir el estatuto. ■ La recusación se hizo oportuna-mente y en su debido orden y aunque el caso es uno que re-salta a la vista nos sentimos obligados a sostener la obje-ción.

Se hizo objeción a la siguiente instrucción:

“La defensa y el propio acusado se ban adelantado y ante voso-tros dicen, yo soy el que be matado, yo soy el autor de la muerte ilegal de Alfredo Martínez, es un hecho que aceptó la defensa, es un hecho que aceptó el acusado pero él dice y es mi deber también instruiros y vosotros debéis tener luego en cuenta esas circunstan-cias: el acusado dice, sí, yo le he dado muerte, ilegal, yo he privado de la vida a Alfredo Martínez, pero si le privé- de la vida, fué por-que me encontré con él, y en una súbita pendencia lo maté, y alega, lo maté, me vi precisado a tomar la vida de mi contrario, a tomar la vida de Alfredo Martínez, para salvar mi propia vida por una ley de necesidad, o sea por la legítima defensa.”

No se formuló ninguna objeción específica en la corte inferior. En varias decisiones fiemos resuelto que aunque con-sideraremos una instrucción que fundamentalmente es mala, en general debe fiacerse una excepción específica. Aquí el resto de las instrucciones mostraba la naturaleza de la de-fensa propia. No podemos convenir con el apelante en que la corte manifestó al jurado que la muerte fué ilegal.

Por el error en seleccionar el jurado se revoca la sen-tencia y devuelve el caso a la corte inferior para ulteriores procedimientos no incompatibles con la opinión.

OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ PRESIDENTE SR. DEL TORO.

Disiento de la opinión de la mayoría. He examinado cuidadosamente los autos y a mi juicio la sentencia apelada debe confirmarse.

Estoy enteramente conforme en que la prueba aportada revela una desviación por parte de los comisionados para la elección de los jurados del distrito de Mayagüez, del método prescrito por la ley, pero los autos también revelan que no hubo fraude, ni dañada intención, sino propósito de elegir un cuerpo de ciudadanos capaces de administrar justicia. Había procedido de modo tal el jurado en el año anterior, que su actuación, a virtud de los casos concretos que en los autos se citan por el propio juez de distrito, deja en el ánimo del que se entera de ella una justa indignación. Siendo ello así, si alguna vez la jurisprudencia que establece que-preceptos de la naturaleza de los que dejaron de seguirse por los comisionados, son directivos y no mandatories, ten-dría una aplicación plausible, sería en este caso.

El método prescrito por la ley para que los comisiona-dos elijan 300 jurados en cada distrito preparando antes listas de 100 para cada pueblo o ciudad de los que forman el distrito es tal, que necesariamente tiene que dejar de se-guirse en muchas ocasiones. Hay pueblos en la Isla, como Hormigueros, por ejemplo, en los que debe ser muy difícil, quizá imposible, poder formar a conciencia una lista de 100 personas capacitadas para actuar como jurados, y existen ciudades como San Juan a las que, dado su número de ha-bitantes, quizás corresponden en el cómputo final más de 100 en la lista de 300. ¿Puede verificarse el sorteo en ese último caso ?

Si se hubiera demostrado que al actuar en la forma que lo hicieron los comisionados tuvieron la intención de perju-dicar al acusado, claro está que procedería la revocación .de la sentencia, pero ellos, repetimos, actuaron no en contra del acusado, sino con ánimo de elegir los mejores jurados del distrito para que juzgaran tanto al acusado como a to-dos los otros acusados durante el período de su elección.

Lo importante es que el acusado sea juzgado por un ju-rado imparcial y nada, absolutamente nada en los autos in-dica que el jurado que juzgó al acusado en este caso — ele-gido de acuerdo con la ley de entre 300 personas capacita-das de su distrito — no lo fuera.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Puesidente Senos, del Tobo,

license: Public Domain

text:
    Cruciano Fantauzzi; Emilia Fantauzzi, asistida de su esposo Paul William Mannes; Eugenia Fantauzzi, asistida de su esposo Renaud Victor Gerard; Juan Fantauzzi; Julio Fantauzzi; Sucn. de Sofía Fantauzzi, compuesta por su cónyuge viudo Albert Mariani; Luisa G. Viuda de Fantauzzi y Antonio M. Fantauzzi, demandantes y apelantes, v. J. W. Bonner, por su Sucesor Juan G. Gallardo, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Nos. 3569 al 3576.

    Vistos: Abril 22, 1925.

      Resueltos: Julio 13, 1925.
    1. Contribuciones — Naturaleza y Extensión del Derecho en General — Poder de las Legislaturas Territoriales. — La Ley No. 80 de 1919 (p. 613) puede considerarse como una enmienda o modificación de la ley federal sobre la materia, decretada por la Legislatura de Puerto Rico en ejercicio de las atribuciones que le confiriera el Congreso por las Leyes de Octubre 3 de 1917 y 24 de Febrero de 1919.
    2. Contribuciones — Naturaleza y Extensión del Derecho en General — Poder de las Legislaturas Territoriales. — El que un ingreso esté exento de con-tribución de modo expreso por una ley anterior, no impide, a la Legislatura imponer una contribución sobre dicho ingreso devengado en un período an7 terior a la aprobación de la nueva ley.
    3. Contribuciones — Responsabilidad de las Personas y las Propiedades — -Per-sonas Particulares y Propiedades en General — Ingresos Procedentes de Beneficios en Sociedades. — Adjudicados y repartidos entre los socios los beneficios habidos en una sociedad, la parte así adjudicada y repartida es y constituye un ingreso individual del socio y está sujeto a tributación de acuerdo con la ley.
    SenteNcias de Charles E. Foote, J. (Primer Distrito, San Juan), de-clarando con lugar excepciones previas de falta de causa de ac-ción y desestimando en consecuencia las demandas, sin costas.

      Confirmadas.

      Tomás Bemardini, abogado de los apelantes; Eon. Attorney General, B. H. Todd, Jr., J. A. López Acosta y C. Llauger Díaz, abogados del apelado.
   El Juez Puesidente Senos, del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Aunque todos estos casos se tramitaron separadamente en la corte de distrito, se consideraron por el juez senten-ciador en una sola opinión, y aunque los recursos se radica-ron también separadamente en esta Corte Suprema, la vista de los mismos se celebró en nn solo acto. Las cuestiones de hecho y de ley envueltas son idénticas en todos. Siendo ello así, sólo será necesario emitir una opinión.

Se alega en las demandas que la sociedad civil, domici-liada en Arroyo, P. R., Sucesores de C. y J. Fantauzzi, que es una compañía agrícola e industrial constituida con arre-glo a las leyes de esta Isla y de la cual cada uno de los de-mandantes es socio, rindió, de acuerdo con la ley, su decla-ración sobre beneficios obtenidos en el año 1918, a los efec-tos de determinar la contribución sobre ingresos, que pagó tal como fué fijada por el Tesorero de Puerto Pico.

Que los demandantes, durante el dicho año 1918 no tu-vieron de fuentes radicadas en Puerto Pico ningún ingreso por el cual estuvieran obligados a formular planilla individual y sólo devengaron los ingresos que hubieran podido percibir de la expresada sociedad, como socios de la misma.

Que el 10 de diciembre de 1919 el Tesorero consideró como ingresos individuales de cada uno de los demandantes la parte que les correspondía como socios de Sucesores de C. y J. Fantauzzi y formuló una planilla cobrando la contri-bución correspondiente.

Que notificados los demandantes pidieron al Tesorero que reconsiderara su resolución y éste se negó a ello. Parece conveniente transcribir la resolución del Tesorero en el pri-mero de los casos. Es idéntica en los demás. Dice así:

“San Juan, P. E. — Febrero 1, 1920. — Sr. Graciano Fantauzzi, c/o José Mananton Fantauzzi, Arroyo, P. R. — Señor: Como resolu-ción a la solicitud de reconsideración respecto al ingreso neto y la contribución impuesta a la planilla No. 9, por el año natural termi-nado en 31 de diciembre de 1918, fundada en que: 'habiendo la so-ciedad Sues. C. y J. Fantauzzi declarado en su planilla el ingreso correspondiente a la persona a que se refiere esta alzada y estando para ser pagada por dicha sociedad la contribución correspondiente, no procede a nuestro juicio, cobrar esa contribución a los miembros de esta sociedad civil, porque entonces estaríamos en el caso de una doble contribución, cosa que a nuestro juicio no permite la ley, en el caso que nos ocupa, motivo por el cual no se ha hecho declaración individual,’ por la presente se le notifica que ba sido declarada sin lugar porque la sección o de la ley dispone que en el caso de un in-dividuo, el término ‘ingreso neto’ significa el ingreso definido en la sección 6, menos las deducciones prescritas en la sección 8. — La sec-ción 6 de la Ley de Ingresos define el ingreso bruto como las ganan-cias, beneficios, utilidades, etc., cualquiera que sea su índole o pro-cedencia. — Dentro de los términos de esta definición están incluidos como beneficios los procedentes de sociedades civiles cómo uno de los ingresos brutos. — La sección 8 indica las deducciones admisibles del ingreso bruto, a los fines de computar el ingreso neto, y entre dichas deducciones no existe ninguno aplicable a los ingresos deriva-dos de sociedades civiles. — En virtud de lo expuesto, el ingreso proce-dente de sociedades civiles debería estar sujeto a contribución normal y adicional en la misma manera y en igual forma que cualquier otro ingreso, a no ser por la ■ disposición terminante contenida en la sección 11 de la ley, que indica que, para computar la contribución normal solamente, se permitirá deducir del ingreso el importe reci-bido como dividendo de una corporación, o como beneficio de una sociedad que está sujeta a contribución sobre su ingreso neto. Esta sección de la ley especifica ciara y terminantemente que el ingreso procedente de sociedades civiles, será deducible para los fines de computar la contribución normal solamente, es decir, no será deducible para los fines de computar la contribución adicional, quedando, por lo tanto, sujeto a tributación sobre el exceso de $5,000.00 a los tipos graduados que prescribe la sección 4 de la repetida ley. — Esta resolución será firme, a menos que dentro de quince días a contar desde la fecha de la presente, recurra usted en alzada ante la Junta de Revisión e Igualamiento, para lo cual deberá usar el modelo in-cluso.— Atentamente, (f) E. M. Vasallo. — Tesorero Interino de P. R.”

Que los demandantes acudieron en alzada a la Junta de Revisión e Igualamiento y la Junta confirmó la resolución del Tesorero, pagando los demandantes la contribución bajo protesta e iniciando los pleitos que estamos considerando.

Después de la narración de los anteriores becbos en forma mucho más extensa, alegan los demandantes que la contribu-ción que se les impuso y que pagaron bajo protesta es erró-nea, injusta e ilegal:

“(a) Porque dicha contribución ha sido determinada y compu-tada por el Sr. Tesorero de Puerto Rico amparándose para ello en las leyes votadas por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico impo-niendo contribuciones sobre ingresos, especialmente en la ley No. 80 aprobada por dicha Asamblea Legislativa en 26 de junio de 1919, titulada ‘Ley para proveer de rentas a El Pueblo de Puerto Rico mediante la imposición de determinadas contribuciones sobre ingre-sos, para derogar la ley del Congreso de Estados Unidos de septiem-bre 8 de 1916, enmendada en octubre 3, 1917, para derogar la sec-ción l4 de la Ley No. 8 de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, aprobada en 12 de diciembre de 1918, para asignar la suma de $600,800.00 para llevar a efecto las disposiciones de las secciones 2, 4 y 5 de la Ley No. 8 antes citada, y para otros fines,’ y dicha ley, así como la No. 59 aprobada en 4 de diciembre de 1917 para proveer de rentas adicionales para el Pueblo de Puerto Rico mediante la imposición de1 determinadas contribuciones adicionales sobre ingresos y para otros fines, la ley No. 8 de 12 de diciembre de 1918 exten-diendo los efectos de la antes citada ley al año económico de 1918-19, y las demás leyes sobre la materia dictadas por la Asamblea Le-gislativa de Puerto Rico, son anticonstitucionales, porque la Asam-blea Legislativa de Puerto Rico de acuerdo con las provisiones de su Carta Orgánica, no tiene facultades para decretar leyes de Income Tax; porque la ley del Congreso de fecha 3 de octubre de 1917, titulada ‘para proveer de rentas por motivos de' Guerra’ en su sección 5*, que forma hoy la sección 3366 de los Estatutos Revi-sados de los Estados Unidos, no concedió a la Legislatura de Puerto Rico tal facultad; y en el caso de que así se entendiera, no puede hacer por ella el Congreso una delegación de sus facultades exclu-sivas eoncedídasle por la sociedad de Estados, en cuya virtud las re-feridas leyes de Income Tax invocadas por el Sr. Tesorero de Puerto Rico no obligan a vuestro peticionario ni a ningún contribuyente de Puerto Rico;
“ (&) Porque aún en el caso de que las referidas leyes de Income Tax votadas por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico tuvieran fuerza y valor alguno, ellas no autorizan la determinación y compu-tación de la contribución objeto de esta querella, ni obligan a vues-tro peticionario al pago de dicha contribución como miembro de una sociedad civil, ni como individual ni como adicional, estando vuestro peticionario exento del pago de dicha contribución bajo las provi-siones de la ley aplicable al caso de esta contribución, o sea la No. 59 titulada ‘Ley para proveer de rentas adicionales para el Pueblo de Puerto Rico’ decretada por la Asamblea Legislativa de Puerto Eieo y aprobada en 4 de diciembre de 1917, tal como fué extendida para regir durante el año económico de 1918 a 1919, por la Ley No. 8 de 12 de diciembre de 1918, y derogada por la ley No. 80 aprobada en 26 de junio de 1919;
“(c) Porque los ingresos que han servido de base para la impo-sición de la contribución que es objeto de esta querella, no son in-gresos realmente percibidos por vuestro peticionario, sino devenga-dos de acuerdo con los balances de la entidad de que es socio, y acu-mulados a las resultas de la gestión social hasta la liquidación de la susodicha sociedad Sues. C. y J. Fantauzzi, y porque aun cuando fueran ingresos realmente percibidos, éstos fueron devengados du-rante el año de 1918 y no pueden computarse y determinarse, como los determinó el Sr. Tesorero de P. E., de acuerdo con la ley No. 80, aprobada en 26 de junio de 1919, en cuya época entró en vigor.”

El Tesorero, por medio del Fiscal General de Puerto Eico, alegó como excepción previa que las demandas no adu-cían hechos suficientes para determinar una causa de acción. La excepción fué discutida y declarada con lugar, dictándose sentencia en todos los casos en contra de los demahdantes, que interpusieron entonces los presentes recursos de apela-ción.

Los alegatos de los apelantes contienen una asignación separada de siete errores, que luego no se discute separada-mente. En la parte de los alegatos titulada “argumenta-ción” se sigue el orden de los motivos expresados en la de-manda, que dejamos copiados textualmente, a virtud de los cuales los demandantes sostuvieron que la contribución que se les cobraba era errónea, injusta e ilegal. En nuestro es-tudio seguiremos igual orden.

Sostienen los apelantes que la contribución es ilegal porque “las leyes decretadas por la Asamblea Legislativa de P. E. imponiendo contribuciones sobre ingresos, especialmente la ley No. 80 de 26 de junio de 1919 .... son inconstitucionales, porque dicha Asamblea .... no tiene facultades para decretar leyes de ‘income tax’ . . . .”

No tienen razón a nuestro juicio, los apelantes. En rea-lidad de verdad la única ley impugnada por ellos es.la No. 80 de 1919 (p. 613), aprobada el 26 de junio de 1919 para regir basta el 30 de junio de 1921. Su título, en lo perti-nente, es como sigue:

“Para proveer rentas para el Pueblo de Puerto Rico mediante la imposición de determinadas contribuciones sobre ingresos, para derogar la ley del Congreso de los Estados Unidos de septiembre 8, 1916, enmendada en octubre 3 de 1917, para derogar la sección 1 de la ley No. 8 de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, aprobada el 12 de diciembre de 1918, para asignar. ...”

Y su sección 77, dice:

“De acuerdo con lo que dispone la Sección 5 de la Ley Federal de octubre 3, 1917, concediendo facultades a la Asamblea Legisla-tiva de Puerto Rico para enmendar, alterar, modificar o revocar las leyes sobre contribución de ingresos vigentes en Puerto Rico, me-diante debida legislación, por la presente queda derogada en Puerto Rico la Ley Federal de septiembre 8, 1916, según fue enmendada en octubre 3 de 1917, excepto que la misma continuará en vigor en lo que respecta a la imposición y cobro de todas las contribuciones devengadas en virtud de la misma, y para la imposición y cobro de todas las multas que Layan sido impuestas, o fuere necesario imponer en relación con dichas contribuciones; Disponiéndose que para el año natural de 1918, no se cobrará ninguna contribución de ingresos distinta de la establecida por la presente Ley.” Leyes de 1919, pág. 671.

La ley del Congreso a que se refiere la Legislatura de Puerto Rico es la ley sobre “War Income Tax” cuya sec-ción 5, lee como sigue:

“Sección 5. — Que las disposiciones de este Título no se extende-rán a Puerto Rico ni las Islas Filipinas, y las legislaturas de Puerto Rico y las Filipinas tendrán facultad para enmendar, alterar, modi-ficar o derogar, mediante la adecuada legislación, las leyes de con-tribución sobre rentas en vigor en Puerto Rico y en las Filipinas, respectivamente.” 40 U. S. Statutes at Large, 302.

Además el 24 de febrero de 1919 se aprobó la ley del Congreso para proveer rentas y para otros fines, cuya sec-ción 261, dice:

“Sección 261. — Que en Puerto Rico y las Islas Filipinas la con-tribución sobre rentas será impuesta, tasada, cobrada y pagada de conformidad con las disposiciones de la Ley de Rentas de 1916 se-gún lia sido enmendada.
“Las planillas se barán y las contribuciones se pagarán de acuerdo con el Título I de dicha ley en Puerto Rico o en las Islas Fi-lipinas, según los casos, por (1) todo individuo que sea ciudadano o residente' de Puerto Rico o las Islas Filipinas o derive rentas de fuentes allí existentes, y (2) toda corporación creada u organizada en Puerto Rico o las Islas Filipinas o que derive rentas de fuentes allí existentes. Un individuo que no sea ciudadano ni residente de Puerto Rico o de las Islas Filipinas pero derive rentas de fuentes allí existentes pagará contribución en Puerto Rico o las Islas Fili-pinas como individuo extranjero no residente, y una corporación creada u organizada fuera de Puerto Rico o de las Islas Filipinas y que derive rentas de fuentes allí existentes pagará contribución en Puerto Rico o las Islas Filipinas como corporación extranjera. Para los fines de la sección 216 y del párrafo (6) del inciso (a) de la sec-ción 234, una contribución impuesta en Puerto Rico o las Islas Fi-lipinas sobre la renta neta de una corporación no será considerada como una contribución de acuerdo con este Título.
“Las legislaturas de Puerto Rico y de las Islas Filipinas ten-drán facultad para enmendar, alterar, modificar o derogar, mediante la adecuada legislación, las leyes de contribución sobre rentas en vigor en Puerto Rico y en las Islas Filipinas, respectivamente.” 40 U. S. Statutes at Large, 1087.

No Ray duda alguna del poder del Congreso para actuar en la forma en que lo Rizo con respecto a Puerto Pico. Su autoridad emana claramente de la Constitución y sus En-miendas y del Tratado de París. No seguiremos a las par-tes en su discusión sobre este extremo. Pero los apelantes sostienen que partiendo de la base de las propias leyes fe-derales citadas, la Legislatura de Puerto Rico carecía de facultad para aprobar la ley No. 80 de 1919 (p. 613) que es una ley de “income tax,” pues ella sólo tenía poder para enmendar, alterar, modificar o derogar la Ley Federal sobre la materia, no para poner en vigor una ley nueva.

El apelado contesta que independientemente de las leyes especiales citadas, la sección 37 del Acta Jones (marzo 2, 1917, Fed. Stat. Ann. 1918) al disponer que “La autoridad legislativa estatuida por la presente se aplicará a todos los asuntos de carácter legislativo que no sean localmente in-aplicables .” confirió a la Legislatura de Puerto Rico todo el poder necesario para aprobar leyes sobre “income tax.” Cita el apelado en apoyo de su contención el caso de W. C. Peacock & Co. v. Pratt, 121 Fed. 772 (58 C. C. A. 48), en el que la Corte de Circuito de Apelaciones del No-veno Circuito, interpretando un precepto semejante de la Ley Orgánica de Hawaii, dijo:

“La única restricción de las facultades de la Legislatura territorial contenida en el acta orgánica es la disposición, al efecto de que el ‘poder legislativo del territorio se extenderá a todos los asuntos que sean legítimamente materia de legislación y -no inconsistentes con la Constitución y leyes de los Estados Unidos aplicables a la región.’ No bay limitación expresa de poderes en materia de con-tribución. La sección citada es idéntica a las que' se han insertado habitualmente en las leyes orgánicas estableciendo gobiernos territo-riales. Dispone en substancia que la legislatura territorial no po-drá invadir los dominios del Congreso en cuanto a materia de legis-lación; pero aparte de eso le concede todos los poderes que tiene la legislatura de un estado. Clinton v. Englebrecht, 13 Wall. 434 (U. S.), 20 L. Ed. 659; Maynard v. Hill, 125 U. S. 190, 8 Sup. Ct. 723, 31 L. Ed. 654; Cope v. Cope, 137 U. S. 682, 11 Sup. Ct. 222, 34 L. Ed. 832. En el caso de Clinton v. Englebrecht se dijo lo siguiente:
“ ‘La teoría sobre la cual se han organizado los gobiernos para las distintas regiones del territorio de los Estados Unidos, ha sido siempre la de dejar a los habitantes de los mismos todas las facul-tades del gobierno propio compatibles con la supremacía y supervi-sión de la autoridad nacional y con ciertos principios fundamentales establecidos por el Congreso.’ “La disposición de que el poder le-gislativo se extenderá a ‘todos los asuntos que sean legítimamente materia de legislación’ incluye, por lo tanto, amplia y completa fa-, cuitad para legislar en materia de contribución.”

T contesta también el apelado que la sección 3 del Acta Jones no es obstáculo para que la sección 37 pueda ser in-terpretada en el sentido de conferir a la Legislatura toda la autoridad necesaria para aprobar leyes sobre “income tax,” sino que por el contrario le confiere expresa autori-dad para ello pues el “income tax” se ha considerado por las cortes como un arbitrio, “excise”, y por consiguiente está comprendido dentro de las “rentas internas.” Cita el caso de Hattiesburg Grocery Co. v. Robertson, 89 So. 369 (126 Miss. 655), donde se resolvió que:

“Una contribución sobre la renta es en último análisis simple-mente una parte de la renta tomada por el gobierno para apropiár-sela como su participación en ella, y aunque comprende algunos de los elementos tanto de la contribución sobre la propiedad como de la contribución sobre la persona, no puede estrictamente clasificarse como una contribución sobre una u otra, pues es general y necesa-riamente un arbitrio.”

I

A nuestro juicio no precisa entrar en el estudio y deci-sión del alcance que puedan tener las secciones 3 y 37 de nuestra Acta Orgánica. Oreemos que si algo faltaba, fué conferido a la Legislatura por el Congreso por las leyes es-peciales citadas y que la Legislatura de Puerto Rico no fué más allá de sus atribuciones al aprobar la ley No. 80 de 1919 (p. 613) que examinada en sí misma no es una ley nueva. Deroga la ley del Congreso al parecer para despejar la si-tuación por completo, pero pone en vigor preceptos que sus-tituyen los del Congreso sobre la materia. Las leyes de Puerto Rico sobre “income tax,” pueden considerarse como enmiendas o modificaciones de la ley federal.

Al comenzar a argumentar en sus alegatos la segunda de las cuestiones envueltas, dicen los apelantes:

“Aceptando, en aras de la argumentación, que las leyes de con-tribuciones sobre ingresos votadas por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico tuvieran fuerza y valor por haber sido adoptadas con plenitud de facultades, sostenemos que en ese caso la contribución impuesta y cobrada al apelante' es injusta e ilegal por no estar au-torizada por la ley aplicable al caso.”

Luego analizan las leyes 59 de 1917 (vol. II, p. 385) y 8 de 1918 (vol. II p. 17) y sostienen que son las únicas aplica-bles al caso, ya que los ingresos de los demandantes se de-vengaron en el año económico de 1917 a 1918. Y como de acuerdo con la see. 4 de la Ley No. 59 — leyes de 1917, (vol. II, p. 387), — entre otros, todo socio de una sociedad civil tenía derecho a deducir de su declaración individual los in-gresos obtenidos como tal socio, insisten los demandantes en que resultaría inconsistente con las propias actuaciones de la Legislatura aplicar como aplicó el Tesorero al caso de los demandantes la disposición contenida en la sección 2 de la Ley No. 80 de 1919 (p. 615), que dice:

“El primer año contributivo para los efectos de la presente ley será el año natural que termine el 31 de diciembre de 1918 o cual-quier período de contabilidad de doce meses que termine durante el año natural de- 1918.”

Por dos veces reconocen los apelantes en sus alegatos el poder de la Legislatura para imponer contribuciones sobre ingresos devengados en un período anterior a la aprobación de la ley, pero insisten en que aquí se fué más lejos, porque el mismo legislador había declarado exento de tributo el in-greso que consideró tributable el tesorero.

En el caso de Brushaber v. Union Pacific Railroad Co., 240 U.S. 1, 20 (60 L. ed. 493), la Corte Suprema de los Es-tados Unidos, por medio del Chief Justice White, se ex-presó así:

“La ley fué pasada en octubre 3, 1913, y disponía para el co-bro de una contribución anual sobre rentas de diciembre a diciembre de cada año. Excepcionalmente, sin embargo, fijaba un primer pe-ríodo que incluía solamente el tiempo entre marzo 1° y diciembre 31, 1913, y se ataca esta limitada retroactividad como contraria a la cláusula del debido procedimiento de ley contenida en la Quinta. Enmienda y como incompatible con la propia Enmienda Décimosexta. Pero el tiempo de la retroactividad no se extendía más allá de la época en que la Enmienda entró en vigor, y no puede discutirse la existencia de la facultad, por virtud de la Enmienda, para imponer durante ese período de t-iempo, la contribución, sin prorrateo, y en cuanto se refiere a las limitaciones de la Constitución en otros senti-dos la contención no está abierta a discusión, pues en Stockdale v. Insurance Companies, 20 Wall. 323, 331 (22 L. ed. 348), sosteniendo una disposición de una anterior ley de contribución sobre rentas que era atacada por razón de su retroaetividad, se dijo:
“ ‘El derecho del Congreso a imponer esta contribución por me-dio de una nueva ley, aunque su medida haya de regirse por la renta-del año anterior, no puede dudarse; y mucho menos puede dudarse que el Congreso podía imponer tal contribución sobre la renta del año en curso, aunque parte del año había transcurrido cuando la ley fué aprobada. La resolución conjunta de julio 4, 1864, imponía una contribución de cinco por ciento sobre todas las rentas del año anterior, aunque ya se había pagado una contribución sobre las mis-mas, y nadie dudó de la validez de la contribución ni intentó resis-tirse a ella.’

La circunstancia de que el ingreso estuviera exento de contribución de modo expreso por la ley anterior, en el caso de que así fuera en verdad, no impide actuar a la Legisla-tura. De hecho todo ingreso sobre el cual no se ha fijado una contribución de modo expreso, está exento de contribu-ción. Ambos casos son iguales en última instancia.

La tercera de las cuestiones envueltas se presenta por los apelantes en su alegato, así:

“En el párrafo C de la Alegación XYII de la demanda, alega vuestro peticionario que los ingresos que han servido de base para la imposición de la contribución que es objeto de esta querella, no fueron ingresos realmente percibidos por vuestro peticionario,..sino devengados de acuerdo con los balances de la entidad de que es so-cio y acumulados a las resultas de la gestión social hasta la liqui-dación de la susodicha sociedad Sues.. C. y J. Fantauzzi.”

Las demandas en estos casos son peculiares. No contie-nen una simple narración concisa de los hechos, sino que re-piten y varían y argumentan. Tomándolos de ellas hemos transcrito literalmente los motivos por virtud de los cuales los demandantes alegan que no están obligados a pagar la contribución de que se trata. Aunque la forma alternativa que se emplea y la insinuación que se hace de que los ingre-sos se acumularon a las resultas de la gestión social, introduce alguna confusión, es evidente que la sociedad liquidó sus operaciones y se asignó a cada socio la suma correspon-diente y tal suma quedó convertida en la propiedad individual del socio que pudo retirarla o dejarla en la sociedad.. Y siendo ello así, la cuestión queda resuelta aplicando la ju-risprudencia establecida por esta misma corte en el caso de Serrallés v. Gallardo, 32 D.P.R. 706.

“El beneficio que se deriva del interés de una persona en los ne-gocios de una sociedad, es parte de su ingreso. Las ganancias netas de una sociedad constituyen ingresos de la firma, mientras tanto permanezcan en la posesión de dicba firma o al crédito de la misma. Pero cuando una parte cualquiera de los beneficios se adjudica y reparte al socio individual, tal parte es y constituye un ingreso individual o particular del socio.” Black, Income and other Federal Taxes, (1920) párrafo 60, pág. 72, citado en Serrallés, supra.

Por virtud de todo lo expuesto, opinamos que deloen con-firmarse las sentencias recurridas.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    José Miguel Castro, demandante y apelante, v. The Royal Bank of Canada, demandada y apelada.

      No. 3670.

    Visto: Junio 23, 1925.

      Resuelto: Julio 13, 1925.
    Pagos — Oobb¡o de Pagos — Pagos Indebidos — Acciones Sobre Cobro de lo Inde-bido — Prueba Insuficiente. — Cuando el cajero de un banco satisface un déficit en sus cuentas convencido de que ha contraído una deuda con dieho banco y éste recibe el pago convencido de que cobra un crédito al cual tiene derecho, no puede sostenerse que aquél hizo el pago por error o equivocación; y el hecho de que posteriormente aparezca un superávit no le da derecho a la restitución, cuando no se prueba que tal superávit corresponde al déficit que tuvo como cajero.
    Sentencia de Ángel Acosta, J. (Mayagüez), desestimando la de-manda, con costas.

      Confirmada.

      Angel A. Vázquez, abogado del apelante; José Sdbater, Hartzéll, Kelley & Hartzéll, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Apela el demandante contra una sentencia que desestima la demanda, dictada después de un juicio de novo en la corte de distrito, y se queja de haber la corte inferior in-currido en error en la apreciación de la prueba e infracción de los artículos 1796 y 1797 del Código Civil.

La sentencia apelada se funda en las siguientes conclu-siones de hecho y de derecho, a saber:

“1. Que el día 19 de diciembre de 1922, en ocasión en que el demandante desempeñaba el cargo de cajero del Royal Bant of Canada de esta ciudad, apareció en sus cuentas como tal cajero un superávit en dinero de ocho centavos; y al día siguiente, 20 de diciembre de 1922, apareció un déficit de $399.97. Que el deman-dante en cuanto notó el déficit de $399.97, al practicar el balance de su caja, avisó al manager del banco demandado, Sr. J. V. Fulla-dosa, y éste procedió a revisar las cuentas del demandante como tal cajero, resultando que en cuanto a los números estaban correctas, pero a pesar de que hicieron ambos una investigación, y arqueo de caja, siempre resultó el déficit de dinero no pudiendo el demandante decir ni asegurar la causa o razón de dicho déficit.
“2. Que el demandante continuó ejerciendo el cargo de cajero del demandado, hasta el 17 de enero de 1923, en que pasó a otro departamento del banco y ocupó su puesto el Sr. Angel Rovira, quien desde entonces hasta el presente desempeña dicho cargo en las oficinas del banco demandado. Que al hacerse cargo de la caja el otro contable Sr. Rovira, el déficit ocurrido fué pasado a la cuenta de déficit del banco y posteriormente en julio de 1923, cesó el de-mandante como empleado del banco del demandado.
“3. Que el demandante reconoció la existencia del déficit y con-vino en pagarlo al banco demandado, en sumas parciales o plazos, lo que efectuó, siendo el último pago que verificó de $61.33, en 31 de marzo de 1924, firmándole el banco demandado por su gerente Sr. Fulladosa un recibo por dicha cantidad en que hizo constar que era el saldo de la deuda del demandante para con el demandado por concepto del déficit ocurrido.
“4. Que posteriormente a haber cesado como empleado del banco demandado el demandante, o sea, en 27 de agosto de 1923, el cajero Angel Rovira en sus cuentas como tal cajero, tuvo un superávit de $400.00, cuyo superávit ha sido pasado a la cuenta de superávit del banco; y alega ahora el demandante que existiendo ese superávit de $400.00, debe restituirse al demandante el déficit que pagó al banco demandado.
“5. La corte, de la apreciación que hace de la evidencia presen-tada por ambas partes, llega a la conclusión que no hubo error al-g'uno en cuanto se refiere a la contabilidad de caja llevada primero por el demandante José Miguel Castro y luego por su sucesor en el cargo en las oficinas del banco demandado, .Sr. Angel Rovira; que realmente existió un déficit en los fondos que manejaba el ca-jero cuando era tal el Sr. Castro, demandante, o sea, en dinero efec-tivo, que se constató con el recuento del dinero en su poder y que asimismo existió un superávit en el recuento del dinero en poder del otro cajero sucesor del demandante Sr. Rovira; que cuando el demandante certificó el pago del déficit al banco demandado, lo hizo convencido de que había contraído la obligación de pagar el déficit porque así se lo imponían sus obligaciones como empleado del banco demandado, de satisfacer los déficit que le ocurrieran en el desempeño de su cargo de cajero y lo satisfizo reconociendo que había contraído esa deuda; y el banco demandado recibió el pago convencido de que cobraba un crédito legítimo y al cual tenía derecho.
“Por tanto, la corte llega a la conclusión, vistos los artículos 1796 y siguientes del Código Civil en que se funda la presente ac-ción, que al cobrar el demandado a su empleado el demandante el déficit ocurrido, lo hizo con derecho a ello, y que el demandante al pagar el déficit lo hizo convencido de que había contraído una deuda legítima y no hizo el pago por error o equivocación; y el hecho de que posteriormente, en las operaciones de caja del banco deman-dado hayan aparecido unas veces superávit y otras déficit, hasta que el día 27 de agosto de 1923 haya aparecido un superávit de $400.00, sin probarse por el demandante que tal superávit corresponda al déficit que él tuvo como cajero, no le da derecho a la restitución y en su consecuencia, se declara sin lugar en todas sus partes la de-manda en este caso, con las costas al demandante; debiendo regis-trarse por el secretario una sentencia de conformidad con esta opinión. ’ ’

El alegato del apelante no contiene contestación alguna ni referencia a estas conclusiones de hecho y de derecho que fueron omitidas de los autos preparados por el apelante y elevados por la apelada después de radicado el alegato del apelante. El documento citado en último término es un mero bosquejo de aquella parte de la prueba que tiende a soste-ner la teoría del caso del demandante, junto con las conclu-siones establecidas a virtud de la misma por el abogado.

Después de una cuidadosa lectura de los alegatos y de todo lo que de la transcripción se cita en los mismos, no lia surgido ninguna duda seria en nuestra mente acerca de la exactitud en cuanto a las conclusiones a que llegó la corte sentenciadora y debe, por tanto, confirmarse la sentencia apelada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Getulio Echeandía, acusado y apelante.
    No. 2444.

    Visto: Mayo 28, 1925.

      Resuelto: Julio 20, 1925.
    ■Derecho Penal — Apelación y Error, y Oertiorari — Revisión—Cuestiones So-bre Alegaciones Resueltas por la Corte Inferior. — Las cuestiones sobre alegaciones levantadas después de leída la denuncia se entienden renunciadas, y a falta de cita de autoridades y de toda discusión respecto a la cuestión de dicha renuncia, los méritos intrínsecos de dichas cuestiones no serán in-vestigadas en apelación.
    SENTENCIA de Tomás Bryan, J. (Ág-uadilla), condenando al acusado por delito de calumnia e injuria (slander).

      Confirmada.

      José L. B. Cando, abogado del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué dos veces declarado culpable por un de-lito de calumnia e injuria, primero en la corte municipal y luego después de celebrado un juicio de novo en la corte de distrito, a virtud de denuncia que le imputa el cargo de ha-ber dicho en público que “El doctor González, siendo mé-dico de beneficencia municipal de este pueblo, se empleó hora y media operando una pierna de un niño; que el doctor Cancio no se hubiera empleado más de cinco minutos, y que el doctor González había matado ese niño, empleando cuchillas y pinzas viejas y mohosas, y que ese crimen se había cometido en el hospital de San Sebastián durante la administración unionista. ’ ’

Al ser llamado el caso para juicio en la corte de distrito y después que la denuncia había sido leída, el acusado pre-sentó una moción para qne la corte ordenara la eliminación de las siguientes palabras: ‘ qne el doctor Cancio no se hu-biera empleado más de cinco minutos” y “que este crimen se cometió durante la administración unionista.”

La corte ordenó la eliminación de las palabras “durante la administración unionista” y se negó a eliminar la frase “que el doctor Cancio no se hubiera empleado más de cinco minutos.”

La corte pasa entonces a decir:

“Resuelto y terminado el anterior incidente, el acusado formuló otra moción contra la suficiencia de la denuncia para entrar en jui-cio, alegando que la denuncia adolece de duplicidad; que el delito de slander tiene dos modalidades, debiendo seguir la denuncia una sola modalidad; que los hechos de la denuncia refiriéndose de con-suno a ambas modalidades coloca al acusado en completo estado de indefensión para la orientación de su teoría de defensa.”

De la orden como fue dictada por la corte inferior y del razonamiento del alegato del apelante, más que de nin-guna otra cosa contenida en la cita hecha en último término, deducimos que el objeto de esta moción fue atacar la última parte de la denuncia, la cual es como sigue:

. que tales palabras fueron dichas por Getulio Echeandía Font, públicamente y con la intención maliciosa de inferir deshonra, descrédito o menosprecio a este denunciante, que es un profesional que había gozado hasta entonces de buena reputación en esta comu-nidad. ’'

A falta de cita de autoridades que merezcan mencio-narse y de toda discusión respecto a la cuestión de renun-cia (véase en relación con este punto el caso No. 2314 de El Pueblo v. De Jesús, resuelto el día 10 del corriente), no estamos dispuestos ahora a ocuparnos en hacer una inves-tigación de los méritos intrínsecos, de existir algunos, de las cuestiones sobre alegaciones, más o menos técnicas y du-dosas, que de tal modo se han tratado de levantar.

Las demás cuestiones sugeridas por el apelante se diri-gen a la suficiencia de la prueba, o al peso de la misma y alegada pasión y prejuicio en este sentido, y será bastante con decir que después de un examen cuidadoso de los autos en conjunto, no encontramos razón suficiente para la revo-cación de la sentencia.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señok, Aldkey,

text:
    D. Pellón & Co., demandante y apelada, v. Méndez & Co., demandada y apelante.
    No. 3480.

    Visto: Mayo 6, 1925.

      Resuelto: Julio 20, 1925.
    1. CONTRATOS — Interpretación y Operación (Operation) — Reglas Generales de Interpretación — Contratos en Parte Impresos y en Parte Escritos. — En el presente easo se hizo un contrato en papel impreso, cuyos hlaneos, después de llenos, contenían las convenciones de las partes suscritas por ellas; al pie de la hoja, e impreso con letras pequeñas, aparecía una estipulación sobre aceptación de condiciones impresas al dorso. Se resolvió: que en vista del tipo usado para dicha estipulación, y principalmente por estar las firmas de los contratantes antes de la estipulación mencionada, dicha aceptación y condiciones no fueron parte de las convenciones de los contratantes.
    2. Ventas — Remedios del Comprador — Acciones por Violación (Breach) de Contrato — Indemnización de Perjuicios Causados por Tardanza en la Entrega. — El obligado, por un contrato que, debido a una huelga de traba-jadores, no puede cumplir oportunamente la obligación contraída, no incurre en responsabilidad ni viene obligado a pagar los perjuicios causados a la otra parte por la tardanza en la entrega de lo convenido.
    SENTENCIA de Charles E. Foote, J. (Primer Distrito, San Juan), de-clarando con lugar la demanda, con costas.

      Revocada.

      Monserraf é Monserrat, y Pedro Santana Jr'., abogados de la ape-lante; Juan B. Soto, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señok, Aldkey,

emitió la opinión del tribunal.

Por contrato de 7 de julio de 1922 la apelante vendió y se comprometió a entregar a la apelada en determinada fe-cha cierto número de cortes de tabla para cajones que ha-bían de venir de los Estados Unidos y habiendo hecho la entrega después de la fecha convenida por causa de una huelga de los trabajadores de los ferrocarriles que habían de transportar la mercancía al puerto en que el vapor ha-bía de tomarla para traerla a esta Isla, huelga que comenzó el día primero de dicho mes y año y de la cual el apelante residente en esta Isla no tuvo conocimiento hasta después de celebrado su contrato, fue demandado para que pagase al apelado la cantidad de $5,049.50 por los perjuicios cau-sados por la tardanza en la entrega.

La corte inferior condenó al apelante a pagar por dicho concepto la cantidad de $2,062.50 y las costas, contra cuya sentencia interpuso esta apelación.

El contrato de venta fue hecho en una hoja de papel impreso cuyos blancos fueron escritos con maquinilla y en la que después de las firmas de los contratantes se lee en la parte inferior en letra pequeña impresa lo siguiente: “Las partes convienen en someterse a todas las condiciones que aparecen al dorso de este contrato.” Y a su dorso tiene impresa con igual tipo de imprenta seis condiciones, una de las cuales dice que las aceptaciones de pedidos están sujetas a huelgas.

Podemos prescindir de considerar el primer motivo en que se funda la apelación porque aun cuando la corte inferior declaró que la forma en que estaba redactada la con-testación admitía las alegaciones de la demanda jurada, sin embargo, las negativas de la contestación fueron objeto de prueba, por lo que esta cuestión no tiene importancia en este recurso.

Como la corte inferior fundó su sentencia condenatoria en que por el sitio y la forma en que aparecen impresas las estipulaciones que antes hemos consignado no deben en jus-ticia considerarse como parte del contrato para obligar a una persona que no intervino en su redacción o impresión, alega el apelante en los motivos segundo y tercero de su alegato que esa conclusión es errónea porque según el artículo 1058 del Código Civil las obligaciones que nacen de los con-tratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y porque, aunque la cláusula • sobre huelgas no pudiera con-siderarse como parte del contrato, siempre resultaría que el apelante no tiene que indemnizar perjuicios motivados por la tardanza en la entrega debido a la lruelga, porque el artículo 1072 del mismo cuerpo legal declara que fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los en que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que previstos fueran inevitables.

Para resolver la primera cuestión planteada por el ape-lante se hace necesario determinar si las cláusulas a que he-mos hecho referencia son o nó parte del contrato.

No se trata aquí de un contrato en que las partes hacen sus estipulaciones y después las suscriben, en cuyo caso no puede dudarse que es aplicable el artículo 1058 citado, sino de un papel que después de llenarse ciertos blancos que contiene con las convenciones de las partes suscritas por ellas, se encuentra al pie de la hoja, impresa con letras pequeñas, la estipulación de que las partes convienen en someterse a las condiciones que aparecen al dorso del contrato, estando impresas en el dorso del papel también con letra pequeña dichas condiciones. En vista de las circunstancias dichas, el tipo pequeño de letra usado para esa estipulación sobre aceptación de las condiciones impresas en la parte posterior del papel, y principalmente porque las firmas de las partes contratantes están puestas antes de esa estipulación, llegamos a la conclusión de que dicha aceptación y condiciones no fueron parte de las convenciones de los contratantes y por tanto que no se ha infringido por la corte inferior dicho artículo al no darle aplicación en este pleito. En el caso de Summers v. Hibbard Spencer & Co., 153 Ill. 102, 38 N.E. 899 (46 Am. St. Rep. 872), se resolvió que el mero hecho de que los apelantes suscribieron su aceptación en una. forma en blanco para cartas al principio de la cual estaban impresas las palabras “todas las ventas sujetas a huelgas y accidentes” no tienen el efecto de impedir a los apelantes haber celebrado un contrato de venta sin condiciones .... y que las palabras impresas están sepa-radas y aparte de lo escrito que aparece en el papel y en un sitio donde uno probablemente no podría buscar limita-ciones a lo que está escrito.

Pasemos a la segunda cuestión que, como liemos visto, se promueve para el caso de que declaremos que la cláusula sobre huelgas no forma parte del contrato, y se sostiene que aunque así sea el apelante está exento de responsabilidad por el artículo 1072 del Código Civil declarativo de que nadie responderá de aquellos sucesos que no hubiera podido prever o que previstos fueran inevitables.

¿Está exento de responsabilidad el apelante porque la tardanza en el cumplimiento de su obligación fué debido a una huelga?

Las huelgas de trabajadores son acontecimientos que aunque ocurren con alguna frecuencia no puede preverse cuándo ocurrirán y obstaculizarán el cumplimiento de una obligación y son, además, de tal naturaleza que aunque se prevean no puede el obligado impedir sus efectos y son in-evitables. No dependen de la voluntad de una persona obli-gada por un contrato y por esto cuando no puede cumplirse oportunamente la obligación, como ocurre en este caso, el obligado no incurre en responsabilidad y no está obligado a pagar los perjuicios que cause la conducta de otras personas. ¿Bajo qué razón legal puede ser condenada una persona a sufrir las consecuencias de actos que no dimanan de su vo-luntad y que aunque previéndolos no podía evitarlos, si no están comprendidos en el artículo 1803 del Código Civil? El apelante no sabía cuando celebró el contrato que pocos días antes había comenzado una huelga en los Estados Uni-dos, y aunque lo hubiera sabido no podía evitarlo. La ley exime de responsabilidad por sucesos como el que nos ocupa y por esto creemos que fué error de la corte inferior el ha-ber condenado en las circunstancias dichas al apelante a pagar los perjuicios derivados de actos que no podía evitar.

Habiendo llegado a esta conclusión, la sentencia apelada debe ser revocada y dictarse otra absolviendo al demandado.


author: El Juez Asociado Señor Franco Soto,

text:
    August y Constant Goffinet, demandantes y apelados, v. Cipriano Manrique y Aguayo Hermanos & Co., Sucrs. S. en C., demandados y apelantes.
    No. 3507.

    Visto: Junio 16, 1925.

      Resuelto: Julio 20, 1925.
    1. Pagos — Oobro de Pagos — Pagos Indebidos — Error de Hecho en la Entrega. —Entregado ciertos azúcares, por valor determinado, a una persona que no tenía derecho a ello, y realizada la entrega por la manifestación del deman-dado al demandante de que, a excepción del crédito de éste, él era dueño de los demás créditos a que aquella cantidad debía destinarse, el error en la entrega es uno de hecho y no de derecho.
    2. Contratos de Refacción — Preferencia de Crédito — Acreedores oon Derecho a Alegarla — “Estoppel”.—Habiendo intervenido un acreedor, eon otros más, en un contrato en el cual se estipuló que del producto de las cañas del deudor se deduciría, el importe de determinada refacción y el remanente se distribuiría entre dichos acreedores, cualquier otro acreedor refaccionario independiente de dicho contrato, y no dicho acreedor, es al que corresponde alegar su contrato de refacción y derecho preferente a dicho remanente.
    3. Apelación v Error — Revisión—Cuestiones de Hecho, Veredictos y Conclu-siones — Conclusiones Sobre Prueba Contradictoria. — Cuando la cuestión envuelta en un pleito queda circunscrita a un conflicto de evidencia y la corte inferior la resuelve a favor de una parte y dentro de las circunstancias con-currentes del caso dicha corte tuvo razón para así resolver el conflicto, procede confirmar la sentencia apelada.
    4. Apelación y Error — Revisión—Discreción de la Corte Inferior — Condena en Costas. — Siendo la temeridad de una parte manifiesta al no devolver lo que recibió indebidamente de otra y sostener un pleito en cobro de lo inde-bido, la condena en costas impuéstale no es errónea.
    SentenCia de Pablo Berga, J. (Humacao), declarando con lugar la demanda, con costas.

      Confirmada.

      González Fagundo <& González Jr., abogados del apelante; Henry G. Molina, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

En 10 de julio de 1918 los demandantes y demandados, Gregorio Solá Delgado y otros acreedores de este último, celebraron un convenio consignándose, entre otras cláusulas, las siguientes:

“ (c) Los Barones August y Constant de Goffinet, mediante la constitución por el señor Solá y Delgado del correspondiente con-trato de refacción agrícola, suministrarán a dicho señor las eanti-¿lacles que convengan para las plantaciones ele canas dulces de azúcar que aquél hiciera en las fincas descritas en los hechos primero y se-gundo de esta escritura y en otra finca que el repetido señor 'Solá Delgado tiene arrendada a la Sucesión de Don Gerardo Puig; de-biendo dichos señores de Goffinet con cargo a dicho crédito refaccio-nario, facilitarle la cantidad de ciento cinco dollars mensuales para el pago de los cánones de arrendamiento de la susodicha finca de la Sucesión Puig. Los Barones de Goffinet, al molerse las cañas que plantará o tenga en la actualidad plantadas el señor Solá y Delgado, procederán al cobro de las cantidades que aquél estuviere adeu-dando por refacción agrícola y cánones de arrendamiento dejando el sobrante en su poder a la disposición de los acreedores que aquí comparecen, incluso ellos, para ser repartido en la forma y propor-ción que más adelante se dirá; pero si no hubiere sobrante y por el contrario se quedasen adeudando por el señor Solá y Delgado los cánones de arrendamiento anticipados por los señores de Goffinet, dichos cánones serán satisfechos proporcionalmente por los acreedo-res quienes podrán disponer de los bienes que entrega el señor 'Man-rique al susodicho señor Solá y Delgado, para con ellos o la parte que fuere menester, cubrir el importe de esos cánones de arrenda-miento.
“ (d) Don Gregorio Solá Delgado se obliga en la más solemne forma a plantar, cultivar y cosechar, por sí o sus empleados, cañas dulces de azúcar, tabaco y demás frutos que fueran convenientes, en las fincas descritas en los hechos primero y segundo de esta es-critura y en la que tiene arrendada a la Sucesión de Don Gerardo Puig y a poner a la disposición de sus acreedores, aquí compare-cientes, el producto líquido de dichas plantaciones; cuyo producto se distribuirá proporcionalmente entre dichos acreedores * *

Los demandantes, fundándose en ese convenio, alegaron substancialmente en la demanda que Gregorio Solá Delgado les entregó todas las cañas refaccionádas por ellos, produ-ciendo un total de $22,514.07, y que deduciendo de dicha suma el importe de refacción que se debía a los demandantes, ascendente a $14,279.84, quedaba un saldo de $8,234.23 para el pago total de los créditos contra dicho Solá, reconocidos por éste en el mencionado contrato de julio 10, 1918; que los demandantes durante el año 1920 a solicitud del demandado Manrique entregaron a éste azúcares por valor de $8,234.23 procedentes de las cañas a que se refiere el contrato, por haber sido informados por dicho demandado que él había adquirido todos los créditos relacionados contra Solá; que en 1922 la demandada Aguayo Hermanos & Co. Suers:, S. en C., presentó una demanda ante la Corte de Distrito de Humacao contra los actuales demandantes, reclamándoles el pago de los $788.49, en virtud de lo convenido en el contrato de julio 10, 1918; que los demandantes al ser requeridos extrajudicialmente y antes de la presentación de la demanda por Aguayo Hermanos & Co., Sucres., S. en C., se dirigieron inmediatamente al demandado Manrique para que devolviera los $788.49 con intereses correspondientes para pagar la cuenta de dicha mercantil demandante y ahora demandada, o que dicho demandado Manrique la pagara a ella directa-mente, a lo que se negó el demandado, aunque admite que la referida cuenta nunca había sido satisfecha.

El demandado contestó la demanda aceptando unos hechos y negando otros, y estableció, además de otras defensas, los señalados en la contestación con las letras (a) y (d), que dicen como sigue:

“(a) Que- posteriormente a la celebración del contrato de Julio 10, 1918, relacionado en la demanda, además del crédito refacciona-rio para las plantaciones de cañas que los Barones de Goffinet con-cedieron a Gregorio Solá Delgado por ser su montante insuficiente, éste tuvo que celebrar dos contratos más de refacción para dichas plantaciones: el primero con Antonio Longo González por dos mil setecientos cincuenta y siete dollars con setenta centavos, importe de fertilizantes; y el segundo con el demandado compareciente, por tres mil cuatrocientos sesenta y un dollars con cuarenta y nueve centavos, por dinero efectivo para pago de jornales de peones y de alquiler de bueyes, cuyos contratos fueron anotados en el Registro de Contratos Agrícolas.
(d) Que también con instrucciones de la propia sucesión de Gregorio Solá Delgado, el demandado compareciente satisfizo por cuenta de ella los gastos de la última enfermedad y entierro del cau-sante, y de su abintestato, y atendió además al sostenimiento personal durante muchos meses de la viuda e- hijos menores de edad del mismo causante, y abonó el remanente a la cuenta de dicha suce-sión con él, la que no quedó balanceada, sino con un saldo a favor del demandado compareciente, ascendente a más de ocho mil dollars. ’ ’

•La corte inferior después de acordar la eliminación de las defensas (a) y (d) transcritas por ser materia imperti-nente a la cuestión que se ventila, declaró con lugar la de-manda, y contra la sentencia se estableció esta apelación, señalándose por el apelante los siguientes errores, a saber:

“Primero. — Estimar que la demanda exponía hechos suficientes constitutivos de causa de acción.
“Segundo. — Decretar la eliminación de las defensas letras (a) y (el) establecidas en la contestación a la demanda por el demandado-apelante.
“Tercero. — Estimar que la prueba sostiene las alegaciones esen-ciales de la demanda.
“Cuarto. — Estimar que el demandado-apelante no podía adqui-rir por compra al administrador judicial los azúcares de la Sucesión de Gregorio Solá sin pagar el crédito de Aguayo Hermanos y Co., S. en C.
‘ ‘ Quinto. — Estimar ineurso al demandado Manrique en temeridad tan grande que fuera merecedor de ser condenado al pago de costas. ’ ’

El apelante funda su excepción de falta de causa de acción en no exponer la demanda: l9, cuál fué el producto líquido partible de las cañas; 29, negligencia contributoria de los demandantes de no haberse cerciorado de la información dada por Manrique de baber adquirido todos los créditos contra Solá; 39, que el error que se alega es de derecho; 49, que el dinero se reclama para Aguayo Hermanos y Co., S. en C., con quien Manrique no está unido por ningún vínculo de derecho.

Los dos primeros motivos basta enunciarlos en relación con el texto de la demanda para llegar a la conclusión de que si ejercen alguna influencia es más bien como elementos de prueba, que podemos considerar'más adelante. También carece de importancia el motivo 49, pues es un reparo a la súplica de la demanda y no a sus alegaciones esenciales.

El único fundamento de más seria consideración es el in-dicado con el No. 3. La demanda, aunque titula la acción “devolución de dinero y cumplimiento de contrato,” es en realidad una acción que se basa en el artículo 1796 y siguien-tes del Códigó Civil sobre cobro de lo indebido y se alega que el error de los demandantes entregando todos los azú-cares procedentes de las cañas de Solá a Manrique por ha-berles informado éste que él había adquirido todos los cré-ditos a que se contrae el contrato de 10 de julio de 1918, es un error de derecho y que de acuerdo con la jurisprudencia, tanto americana como española, el que paga lo indebido tiene acción para pedir la devolución de lo pagado cuando el error es de hecho, pero no así cuando es de derecho. Cita en apoyo el apelante los casos de Arande v. Báez, 20 D.P.R. 388; American Railroad Company v. Wolkers, 22 D.P.R. 283; Sucesión Marín v. Municipio de Arecibo, 28 D.P.R. 515. Estos casos, sin embargo, no guardan analogía al de autos. Aquí sé trata primero, de que el demandado no te-nía derecho a la entrega del azúcar, producto de las cañas, sin pagar el total de su valor o precio a los demandantes para destinarlo, según las prescripciones del contrato antes mencionado; y segundo, que si se realizó la entrega rete-niendo Manrique el sobrante que se había de distribuir en-tre los acreedores de Solá, fué por error de hecho consis-tente en la manifestación del demandado a los demandantes, según se alega, de que él era el dueño de todos los créditos contra el deudor Solá menos el de los demandantes.

La corte inferior tuvo razón al ordenar la eliminación de las defensas (a) y (d). El apelante insiste que el contrato de 10 de julio de 1918 dejó libre a Gregorio Solá para celebrar ulteriores contratos de refacción en caso de ser insuficientes las cantidades que por refacción debía recibir de los demandantes y acordada en el contrato original en que intervino como parte el mismo demandado Manrique. Parece que el fin de esta contención es sostener que habiendo celebrado Gregorio Solá, posteriormente, contratos de refacción, uno de ellos con el demandado Manrique, no podía dis-poner del sobrante de que trataba el referido contrato de julio 10, 1918, mientras no se cubrieran dichos contratos pos-teriores de refacción. Realmente la posición del demandado es rara toda vez que él no es tercero en relación al contrato de julio 10, 1918, en que él intervino como-uno de los tantos acreedores, y en cuanto a cualquier otro acreedor refaccio-nario independiente de aquel contrato, a dicho acreedor era a quien correspondería alegar quizás tal defensa, alegándose, desde luego, su derecho, preferente.

No teniendo ningún valor ni efecto las defensas que fueron propiamente eliminadas, la cuestión queda circunscrita a un conflicto de evidencia que resolvió la corte a favor del demandante.

Por el contrato de julio 10, 1918, que no fue otro que un convenio de acreedores para dar respiro y ayuda al deudor Gregorio Solá, se declara el montante de lo que se adeuda a cada uno de ellos. En el mismo documento se convino además que los Barones Goffinet, demandantes, harían un contrato de refacción agrícola, suministrándole a Solá ciertas cantidades para el cultivo de las plantaciones de caña, au-torizándole (cláusula (e)) expresamente el deudor a los de-mandantes para que al molerse las cañas procedan al eobro de las cantidades que Solá les estuviera adeudando por ra-zón de la refacción, dejando el sobrante en poder de dichos demandantes a la disposición de los acreedores que se rela-cionan en la escritura, inclusive los demandantes, para ser distribuido como se indica en la cláusula (d).

Las cantidades suministradas por refacción a Solá alcan-zaron a $14,279.84, que junto a los $7,796.05 de los acreedo-res, consignado en la escritura de convenio, hace un total de $22,075.05.

Las cañas dieron al deudor 2,255 qqs. 85 lbs. y produje-ron $22,514.07.

Aparece claro que dichas cañas dieron un valor en azú-car para satisfacer todas las acreencias consignadas y pre-vistas en el contrato de julio 10, 1918. Después de satisfe-cha la refacción montante a $14,279.84, quedaba, pues, nn so-brante de $8,234.23 para el pago total de los créditos contra Solé, reconocidos por éste en el mencionado contrato, a saber;

August y Constant Goffinet- $533. 67
N. Santini & Co_ 2290. 45
Cipriano Manrique_ 2959. 47
J. V. Ruiz & Ca_ 519.32
V. Caraballo & Ca_ 704. 81
Aguayo Hermanos & Co., S. en C_ 788. 49
Total_$7796/21

La venta y entrega de todos los azúcares se bizo al pro-pio Cipriano Manrique. Este pagó a los demandantes todo lo que se les adeudaba por razón del convenio de julio 10, 1918, y además debía entregar $8,234.23 como sobrante del precio del azúcar para dar los demandantes cumplimiento a lo estipulado en aquel convenio, pagando a los demás acreedores, incluso la obligación de pagar la suma de $788.49 a la mercantil Aguayo Hermanos & Co., S. en C., que es el objeto único de la demanda; pero dicho sobrante pasó y quedó, sin embargo, en poder del demandado Manrique y aquí es que surge la verdadera cuestión en este pleito, pues todo ello se reduce a un conflicto entre la declaración del testigo Prudent Wittemans, apoderado de los demandantes y director de la Central Santa Juana, y la del demandado Cipriano Manrique.

El primero declaró:

“Antes de esas operaciones, el señor Manrique habló por telé-fono conmigo y me manifestó que él había comprado o que iba a comprar el azúcar de los señores Sola, si no teníamos inconveniente en darle los azúcares, porque la Central Santa Juana que yo repre-sento compramos algunas veces azúcares a los colonos, de manera que el azúcar lo compró el señor Manrique, y yo le pregunté desde luego al Sr. Manrique, o le indiqué, que de acuerdo con el conve-nio que teníamos firmado, no podíamos hacer entrega de la azúcar a menos que se me entregara el importe total del dinero, a lo cual contestó el señor Manrique que él tenía todos los créditos menos el de la Central que era de los Goffinet que éramos los únicos acree-dores, y que él iba a pagar la cuenta de anticipos adeudados por la Sucesión del señor Sola, cargándole eso a su cuenta y abonándole la cantidad de azúcar a la cuenta de él.
“¿-De manera que el señor Manrique le manifestó a usted que él era el dueño de todos los créditos menos el de los Barones de Goffinet? — El no me dijo que ez-a el dueño, me dijo que éramos los únicos dos acreedores de la Sucesión Sola.
“¿Sabiendo usted que existía un contrato por el cual los Baro-nes de Goffinet venían obligados a retener en su poder el remanente del producto de esas cañas después de cobrado el crédito de ustedes, o de los Barones de Goffinet, sabiendo usted eso, por qué entregó usted ese azúcar al señor Manrique?
“Ledo. González. — Eso es inmaterial completamente.
“Ledo, Antongiorgi. — -Es muy material. Yo quiero saber por qué el testigo, que actuaba como apoderado de los demandantes en este caso, sabiendo que existía ese contrato, a pesar de eso entregó al señor Manrique la totalidad del azúcar que debía retener en su poder para pagar los créditos.
“Hon. Juez. — Puede contestar.
“Ledo. González. — Tomo excepción.
“Testigo.- — Pues entregué el azúcar al señor Manrique, por las manifestaciones que él había' hecho de que éramos los dos únicos acreedores, habiendo cobrado nosotros los quinientos y pico de dó-lares estipulados en la escritura, habiéndolos cobrado, quedaba el señor Manrique único acreedor de la 'Sucesión del señor Gregorio Solá, y por consiguiente él podía disponer del remanente."

Más luego el testigo no recuerda si la conferencia la tuvo por teléfono o personalmente, pero en lo sustancial que he-mos transcrito el testigo mantiene sus afirmaciones. Man-rique negó y declaró que eran falsas las manifestaciones de Wittemans, pero la corte inferior dirimió el conflicto en favor de los demandantes, y a nuestro juicio dicha corte tuvo razón, pues aparte del conjunto de circunstancias que con-curren en este asunto, el mismo testigo Wittemans dió en forma lógica la razón de su dicho cuando al ser repregun-tado de que si exigió algún comprobante, alguna prueba de que él era el cesionario de esos créditos, contestó: “No, bastó la manifestación del señor Manrique, que es una persona de responsabilidad, y además en aquel momento tenía más de cien mil dollars en el almacén propiedad de él.” Esto contesta además a la alegada negligencia de no haberse •cerciorado los demandantes de las manifestaciones de Man-rique. Tal vez, como sostiene el apelado, en la reclamación que le hizo directamente Aguayo Hermanos & Co., S. en C., .a los demandantes podría tener algún fundamento tal impu-tación, pero no así para el propio demandado Manrique, en ■quien confiaran dichos demandantes dejando en su poder el .sobrante del producto del azúcar bajo el error a que les in-dujo haciéndoles creer que él y los Goffinet eran los únicos .acreedores de la sucesión de Gregorio Solá Delgado, quien ya había fallecido. Sin tal inducción a error, no parece natural que los demandantes se hubieran desprendido de lo que ■tenían en su poder para distribuir según fueron autorizados •entre los acreedores de acuerdo con el convenio.

No vemos tampoco la influencia que pueda tener la ale-gación del apelante de que no aparece probada la entrega de cañas a los demandantes. Aparece, sin embargo, que si bien dicho fruto fué entregado a la sociedad Anonyme des :Sucreries de Saint Jean, dueña de la Central Santa Juana de Caguas, los demandantes eran los refaccionistas de los ■colonos de dicha central y los azúcares quedaban afectos a los contratos de refacción, y en ese sentido el testigo Witte-mans decía: “Cuando hay un crédito refaccionario con un colono, si el colono vende el azúcar, la Central Santa Juana es la que entrega el azúcar y retiene el importe del dinero para abonarlo a los señores Goffinet.” En este caso la central fué notificada del contrato de refacción a que se refiere el convenio de julio 10, 1918, y se autorizó expresamente a los demandantes, una vez cobrados de su refacción, etc., a retener en su poder el sobrante para pagar a los acreedores que figuran en el repetido convenio.

La corte inferior no cometió error al imponer las .costas al demandado Cipriano Manrique. Su temeridad, fué manifiesta al sostener este pleito y no devolver lo qne reci- ■ bió indebidamente de los demandantes.

Por lo expuesto la sentencia apelada debe confirmarse.

El Juez Asociado Señor Wolf no intervino en la resolu-ción de este caso.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Josefa Aguayo y Casals y María Graciela García y Aguayo, demandantes y apeladas, v. Rodolfo y Elvira, apellidados García y Fernández, demandados y apelantes.
    No. 3562.

    Visto: Abril 23, 1925.

      Resuelto: Julio 20, 1925.
    1. Juicio — “Dockets1’, Listas y Calendarios — Señalamientos—Casos Dalla-dos o en que lai Sentencia se ha Anulado. — Si bien una corte no puede señalar día para la celebración de juicio en un pleito ya fallado, puede hacerlo cuando la sentencia dictada no existe por haber sido anulada.
    2. Sentencias — Sentencia Dejada sin Efecto ü' Anulada — Anulación a Ins-tancia de la Parte a Cuyo Pavor se Dictó. — El que una parte renunciara a la celebración de un nuevo juicio que se le concedió y pidiera y obtuviera, sentencia a su favor no es obstáculo para que, 17 años después, una corte, a solicitud de dicha parte, anule dicha sentencia, máxime cuando con ante-rioridad a dicha solicitud, el Supremo declaró nula dicha sentencia en otro pleito entre las primitivas partes.
    ResoluciÓN de R. Díaz Cintrón, J. (Ponce), anulando una senten-cia y dejando subsistente el señalamiento hecbo para juicio.

      Confirmada.

      E. Ramos Anionini, abogado de los apelantes; José Tous Soto, abo-gado de las apeladas.-
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Doña Josefa Aguayo Casals por sí y por su bija menor María Graciela García Aguayo demandó en 1904 a los her-manos don Rodolfo y doña Elvira qne dijo se apellidaba García Fernández, alegando que los demandantes son los únicos herederos de don Juan García Villarraza como es-posa e hija legítima respectivamente y que los demandados no son hijos legítimos del Sr. Villarraza, aunque dicen serlo por lo que pidieron se declarase que las demandantes son las únicas herederas de Villarraza.

Los demandados contestaron la demanda y en 25 de no-viembre de 1905 recayó sentencia favorable a la demandada doña Elvira García, y habiendo solicitado las demandantes qne se les concediera nn nuevo juicio les fué negado pero este Tribunal Supremo resolviendo la apelación interpuesta contra esa negativa de nuevo juicio y contra la sentencia revocó ambas decisiones en 30 de junio de 1906 (11 D.P.E. 274) y dispuso que se comunicara la sentencia a la corte inferior para la celebración de un nuevo juicio o para otros fines que procedieran en derecho.

. Dos años después, el 25 de abril de 1908, las demandan-tes solicitaron de la corte inferior que las tuviera por de-sistidas de la celebración del nuevo juicio y que haciendo uso de la facultad que le confería la sentencia mencionada de este Tribunal Supremo fallase el pleito a favor de las demandantes y en contra de los demandados, y el mismo día fué dictada sentencia declarando con lugar la demanda.

Diez y siete años después de esas actuaciones las deman-dantes obtuvieron que el pleito fuese incluido en el calen-dario de asuntos civiles siendo señalado el 30 de enero úl-timo para la celebración del juicio, y presentaron moción a la corte inferior para que dejase sin efecto la sentencia de 25 de abril de 1908 fundándose en que por interpretación errónea del fallo del Tribunal Supremo fué dictada sin ce-lebración del nuevo juicio y en que en el pleito entre las mismas partes fué declarada nula esa sentencia por este Tribunal Supremo (29 D.P.E. 1022). La demandada doña Elvira García se opuso al señalamiento de día para juicio y a que se anulase la sentencia pero la corte inferior rechazó ambas pretensiones pues anuló la sentencia de 25 de abril de 1908 y dejó subsistente el señalamiento hecho para juicio por lo que doña Elvira García interpuso este recurso de apelación.

En vista de que hemos de confirmar la resolución apelada podemos prescindir de considerar los dos motivos alegados por la parte apelada para que desestimemos la apelación.

Admitimos con la apelante que hubiera sido error de la corte inferior señalar día para la celebración de juicio en nn pleito que ya estaba fallado desde 1908 pero ese error desaparece cuando resulta que la sentencia no existe por haber sido anulada, por lo que la verdadera cuestión es sí la corte inferior procedió o nó correctamente al anular y dejar sin efecto la sentencia.

Aunque la parte apelada renunció a la celebración del nuevo juicio que le fué concedido y pidió y obtuvo que fuese dictada sentencia a su favor en 1908, esto no era obstáculo en este caso para que la corte inferior a instancia de esa parte anulara dicha sentencia porque en el pleito en que la demandante era doña Elvira García y las demandadas doña Josefa y su hija por lo que la demandante trataba de probar el matrimonio de sus padres y sus derechos a la herencia de Juan García Villarraza este Tribunal Supremo declaró (29 D.P.R. 1022) que dicha sentencia era nula, por haberse dictado sin la celebración de un nuevo juicio, y como esa declaración consta en los tomos de nuestras decisiones estuvo justificada la corte inferior al dictar la resolución apelada anulando dicha sentencia y por tanto debe ser confirmada en todas sus partes.


text:
    José Villanueva Bonilla, demandante y apelante, v. José Cristóbal Díaz Maldonado, demandado y apelado.
    No. 3420.

    Resuelto: Julio 20, 1925.
    Mooión interesando aclaración o reconsideración de la sentencia dic-tada en mayo 29, 1925.

    Con lugar.

      Antonio SuUveres y B. Agrait Aldea, abogados del apelante; José Tons Soto, abogado del apelado.
   OPINIÓN Y RESOLUCIÓN

Memorándum del Juez Asociado Señor Wole.

La parte victoriosa en esta corte en una moción de re-consideración ha solicitado una aclaración de nuestra opinión y sentencia, toda vez que la corte de Arecibo según dicho demandante-apelante sostiene el criterio de que el referido demandante está obligado a comenzar nna nueva acción. Creemos qne lo contrario aparece- suficientemente de nues-tra opinión y sentencia. En la sentencia devolvimos el- caso a la corte inferior para ulteriores procedimientos no incompatibles con la opinión. Normalmente cuando se devuelve un caso para ulteriores procedimientos algo más fia de ha-cerse en el mismo caso. En el párrafo penúltimo de nuestra opinión dijimos que como los demandados habían compare-cido y contestado, y no existía duda alguna sobre los hechos, el caso estaba listo para la venta en ejecución. Villanueva v. Díaz, p. 309.

Es verdad qne en la opinión usamos el tiempo presente y dijimos que el demandante tenía el derecho a iniciar nue-vamente la acción libre de la duda particular que se presen-taba, pero quisimos decir que el demandante tenía el dere-cho de seguir adelante en esta acción particular.

No estamos enteramente de acuerdo con el apelante en que para determinar una causa de acción, era necesaria una declaración respecto al efecto de nuestra anterior Sentencia en el caso de Cortés. Por el contrario, creemos que el de-mandante pudo haber establecido una acción ordinaria para el cobro de una hipoteca y que los demandados pudieron haber suscitado cualquier duda, si tal existía, respecto al derecho del demandante a seguir adelante. La cuestión, sin embargo, fue levantada en la corte inferior por el de-mandante mismo y resuelta en sentido adverso para él, pero hemos revocado esa decisión y creemos que el demandante tiene derecho a seguir adelante con su presente acción, y a que se ordene una venta.

Desde luego que si existe alguna duda en cuanto a que haya un hecho controvertible levantado por cualquiera de los demandados, ese hecho debe ser juzgado. Asimismo esta acción no puede afectar a los posibles derechos de terceras personas.

Esto se hace en reconsideración de nuestra opinión y sentencia.


text:
    Emilio Remy Liger, demandante y apelado, v. Luis Muñoz Morales y Rafael Alvarez Torre, demandados y apelantes.
    No. 3689.

    Resuelto: Julio 22, 1925.
    1. Apelación y Error — Desestimación, Retiro y Abandono — Palta de Dili-gencia. — No procede desestimar una apelación no obstante haber vencido el término para presentar la exposición del caso,- cuando el apelante demuestra que su falta de diligencia se debió a un error excusable al computar el término en que venció una prórroga anterior.
    2. Apelación y Error — Desestimación, Retiro y Abandono — Apelación Frí-vola- — -Fundamento de Frivolidad. — No se considerará un alegado funda-mento de frivolidad de la apelación, expuesto en una moción de reconsidera-ción cuando, además de no haberse alegado en la moción original solicitando la desestimación del recurso, en dicha moción de reconsideración no se tienen los antecedentes del pl'eito para juzgar los méritos de aquél.
    MooiÓN SOBRE ReconsideraCIÓN de resolución de julio 6, 1925.

      Sin lugar.

      Leopoldo Feliú, abogado de los apelantes; Alberto Marín, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

El apelado insiste en su moción de reconsideración para que se deje sin efecto nuestra resolución de julio 6, 1925, y se’ desestime la apelación.

Alude el apelado al caso de Cruz v. Luiña et al, de febrero 19, 1925, (33 D. P. R.), sosteniendo que las circunstan-cias en dicho caso eran iguales al presente y que no hay razón para distinguirlo. Sin embargo, en aquel caso citado no se presentó un affidavit de méritos ni se intentó demos-trar que era excusable la falta de diligencia del apelante en computar el tiempo en que debía vencer cierta prórroga para mantener vivo el término y solicitar nuevas prórrogas.

En este caso el apelante acompañó a su escrito de oposición, un affidavit de méritos suscrito por su abogado, demostrativo que éste incurrió en una equivocación de un día en su cálculo en cuanto a la fecha que venció la penúltima prórroga concedida, y resultaba claramente que se trataba de una computación errónea, excusable, por lo que esta corte haciendo uso de sn discreción como poder inherente a la misma, resolvió conceder al apelante nn término de 15 días para archivar la exposición del caso.

El otro fundamento que se refiere a la frivolidad de la apelación, no podemos considerarlo, pnes además de no haber sido alegado en la moción original solicitando la desestimación del recurso no tenemos en esta moción todos los antecedentes del pleito para juzgar sus méritos.

Por todo lo expuesto, la moción de reconsideración debe desestimarse.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    The Royal Bank of Canada, demandante y apelada, v. Ramón G. Goyco y Nisí Arabía de Goyco, demandados y apelantes.
    No. 3655.

    Resuelto: Julio 22, 1925.
    1.-Apelaci6n y Error — Alegatos—Señalamiento de Errores — Alegato sin Señalamiento de Errores. — Un señalamiento de errores es un elemento indispensable de un alegato, y la radicación de éste sin aquél equivale a no haberse radicado alegato alguno.
    2. Apelación y Error — Señalamiento de Errores — Su Ausencia y Efecto.— En ausencia de un señalamiento de errores, no hay obligación a escudriñar los autos para ver si se ha cometido un error fundamental.
    Mooión de RECONSIDERACIÓN de sentencia dictada en apelación. Con lugar la moción, dejando sin efecto la sentencia dictada y que-dando el caso abierto basta nuevo señalamiento.

      B. Arjona Siaoa, abogado del apelante; Alberto 8. Poventud, abo-gado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En junio 8, 1925, confirmamos la sentencia en el caso arriba indicado nominalmente por la teoría de que no había ningún señalamiento de error y que no aparecía ningún error fundamental. El apelante ha presentado una moción de reconsideración. En dicha moción no se ha archivado ningún señalamiento de error.

Las reglas 42 y 43 del Reglamento de esta corte prescriben lo siguiente:

"42. Dentro de diez días después de haberse presentado a este tribunal la copia de los autos, el Letrado defensor del recurrente, presentará al Tribunal un alegato por duplicado, impreso o escrito en maquinilla, que contendrá una relación fiel y concisa de la causa tal como conste en los autos; así como una exposición de los erro-res en que funda su recurso, y además de esto, cumplirá con la Ley de Enjuiciamiento actualmente en vigor.
"43. Esa exposición indicará separadamente cada error que se alegue haberse cometido por el Tribunal inferior; y, al resolver el caso, esta Corte podrá dejar de tomar en consideración aquellos errores que no se hayan señalado, a no ser que sean fundamentales.”

De acuerdo con estas regias un señalamiento de errores es un elemento indispensable de un alegato. La radicación de un alegato sin un señalamiento de errores es equivalente a no radicarse ningún alegato. Esto lo liemos indicado en numerosas decisiones que no es necesario citar añora.

Cuando no se archiva un señalamiento la corte no está de modo alguno obligada a escudriñar los autos para ver si se ña cometido algún error fundamental. En el ejercicio de nuestra discreción frecuentemente lo ñemos ñecño así, pero no ñay obligación alguna por parte de la corte de imponerse la tarea que corresponde debidamente al apelante. Frecuentemente se ña dicño que la radicación de un señalamiento de errores en esta corte es equivalente a la presentación de una demanda en la corte inferior.

Sin embargo, hemos leído con cuidado la moción de re-consideración y como el error que se trata de levantar es simple, y además habiendo surgido una duda en nuestro ánimo, ordenaremos la reconsideración.