text:
    No. 3559.
    Central Pasto Viejo, Inc., apda., v. Aponte et al., apltes.
    C. D. Humacao.
    Mayo 22, 1925.
    Cobro de arrendamiento.
   Siendo los únicos errores:

“1. La Corte de Distrito de Humacao erró al declarar con lugar una demanda que no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción. — 2. La sentencia' dictada por la Corte de Distrito de Humacao es contraria a derecho y a las pruebas;” y apareciendo que si bien la demanda es algo ambigua y dudosa y tal vez está sujeta a excepción previa por tal fundamento o a una moción para que se haga más específica, de haberse presentado una n otra, no puede considerarse que es fatalmente defectuosa; y no habiéndose establecido de modo alguno la verdadera existencia del se-gundo error alegado, se confirma la sentencia apelada.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    No. 3579.
    Cerra et al., apdos., v. Ruiz et al., apltes.
    C. D. San Juan, Disto. 1°.
    Mayo 25, 1925.
    Servidumbre.
   Confirmada la sentencia por no aparecer, a juicio de la Corte Suprema, que la corte inferior abusara de su discreción al imponer las costas, a los demandados, incluyendo honorarios de abogado, único pronunciamiento de la sentencia de que se apela.


text:
    No. 2391.
    El Pueblo, apdo., v. Bobet, aplte.
    C. D. Ponce.
    Mayo 25, 1925.
   Confirmada la sentencia apelada por aparecer de la prueba que la muestra de la leche que re-sultó adulterada se tomó de la leche que el acusado estaba vendiendo en su depósito, sin que constituya una buena de-fensa el hecho de que el acusado recibiera momentos antes la leche del campo y que del campo viniera adulterada.


text:
    No. 2513.
    El Pueblo, apdo., v. Trinidad, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Portar armas.
    Mayo 27, 1925.
   No apareciendo que la corte inferior haya privado al acusado de un derecho a un juicio por jurado, ni que dicho acusado manifestara en la corte inferior su deseo en tal sentido, ni que la ley sea in-constitucional porque no concede un juicio por jurado; no resultando que el juez sentenciador hubiera cometido error alguno en la apreciación de la prueba o que la pena impuesta sea excesiva, y siendo éstas las únicas cuestiones suscitadas en esta apelación, se confirmó la sentencia apelada.


text:
    No. 2367.
    El Pueblo, apdo., v. Alvarez, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Delito contra la salud pública.
    Mayo 29, 1925.
   Atendidas las circunstancias que concurren en este caso, la corte opinó que la pena impuesta por la corte inferior era excesiva y en tal virtud modificó la sentencia en el sentido de que lea: “un día de cárcel en la del Distrito de Arecibo sin costas” y así modificada se confirmó la sentencia apelada.


text:
    No. 2503.
    El Pueblo, apdo., v. Pietrantoni, aplte.
    C. D. Ponce.
    Alterar la paz.
    Mayo 29, 1925.
   Apareciendo que la denuncia es suficiente para imputar el delito definido y castigado en el artículo 368 del Código Penal porque ex-presa que el acusado alteró la paz y tranquilidad del denun-ciante profiriendo palabras que son de desafío y de vitupe-rio, sin que sea necesario, como alega el apelante que la de-nuncia diga que tales palabras fueron pronunciadas en forma colérica, en alta voz ni de ninguna otra manera inconveniente, se confirmó la sentencia apelada.


text:
    No. 613.
    Ramos, recurrente, v. Registrador de Caguas, recurrido.
    Mayo 29, 1925.
   1”. Resultando que en escritura de 16 de febrero de 1925 doña María G-arcía y Jesús manifestó ser dueña de una casa cuya descripción hizo, y ella y su esposo don Estanislao Ramos la hipotecaron a favor de don Ramón Schroder;

29. Resultando que según la inscripción primera de la finca, al acreditarse la posesión de la casa por construcción se dijo que el solar fué adquirido por concesión del munici-pio de Caguas;

39. Resultando que el Registrador de la Propiedad de Caguas inscribió la hipoteca en cnanto a la casa pero la negó en cuanto al solar en que está construida por observar que según el registro el solar es propiedad del municipio de Ca-guas, persona distinta de los esposos hipotecantes;

áQ. Resultando que por esa negativa de inscripción de la hipoteca en cnanto al solar don Estanislao Ramos interpuso el presente recurso gubernativo para que ordenemos esa ins-cripción ;

Primero: Considerando que constando en el registro de la propiedad inscrita la propiedad del solar a favor del mu-nicipio de Caguas no puede inscribirse la hipoteca que mo-tiva este recurso por ser el hipotecante persona distinta de la que aparece en el registro como dueña del solar;

Segundo: Considerando que si bien la posesión de la casa lleva consigo la presunción de que el solar en que está edificada pertenece al dueño de ella, no ocurre así cuando consta expresamente que se ha obtenido sólo una concesión del solar;

Tercero: Considerando que no se ha demostrado que fuese la intención del municipio que el recurrente sea dueño del solar cuya hipoteca quiere que sea inscrita; visto el ar-tículo 18 de la Ley Hipotecaria, debemos confirmar y con-firmamos la nota del registrador que ha sido recurrida.


text:
    No. 3381.
    López, aplte., v. Chevremont, apdo.
    C. D. San Juan, Disto. 2º.
    Mayo 29, 1925.
    Daños y perjuicios por seducción.
   Por cuaNto, todos los miembros de esta corte convienen en que el pronunciamiento final y parte dispositiva conte-nido en la sentencia dictada por la corte inferior de ser con-siderado por sí solo no es tan manifiestamente contrario a la prueba aducida al juicio que requiera su revocación; y

Pon' ctjaNto, el alegato del apelante no contiene ningún señalamiento de error por separado; y

Por cuanto, las cuestiones promovidas, según se expre-saron en el informe oral en el acto de la vista en tanto pue-den tener algún mérito como cuestiones abstractas de ley, son más o menos técnicas, y en la forma y modo en que ban sido sometidas a nuestra consideración, admiten implícita-mente y prescinden de ciertas proposiciones más serias y fundamentales sobre las cuales este tribunal no está unáni-memente conforme como lo está con referencia a la cuestión aquí referida en primer término; y .

Pon cuanto, de un examen cuidadoso de toda la prueba no parece probable que se obtendría un resultado más favorable para la demandante, 'si por razones más o menos téc-nicas el caso debiera ser devuelto otra vez para la celebra-ción de un nuevo juicio; y

Por cuanto, no estamos dispuestos a incitar a la deman-dante que prosiga o someta al demandado al continuado sostenimiento de una controversia de esta naturaleza y de tal mérito dudoso e intrínseco en lo que respecta al alegado derecho de la demandante para recobrar por daños y per-juicios ;

Por tanto, se confirma la sentencia.


text:
    No. 3381.
    López, aplte., v. Chevremont, apdo.
    C. D. San Juan, Disto. 2º.
    Agosto 1, 1925.
   Examinada la moción de reconsideración presentada, el tribunal por mayoría, resuelve dejar como deja sin efecto su sentencia de mayo 29 último, debiendo celebrarse una nueva vista que se señalará en su oportunidad y en la cual las partes deberán tratar todas las cuestiones envueltas a su juicio en el recurso y, además, las siguientes:

1. ¿Determina la sentencia la cuestión litigiosa principal respecto a si fué o nó seducida la demandante por el de-mandado ?

2. ¿Puede sostenerse la sentencia por la- teoría de una apelación contra el pronunciamiento final de la misma, pres-rindiéndose de cualquier error en la determinación de las únicas cuestiones expresamente resueltas?

3. ¿Es la sentencia de desestimación, cuando expresa-mente' se funda en una conclusión de hecho falsa y una con-clusión de derecho errónea, comprendida en ella, sin hacer mención y al parecer sin ninguna consideración de la cues-tión litigiosa principal, una determinación final de los dere-chos de las partes dentro del significado' del artículo 188 del Código de Enjuiciamiento Civil?

Ambas partes podrán archivar alegatos por escrito, para lo cual se les concede un término de noventa días.


text:
    No. 3583.
    Carrión, aplte., v. Nadal et al., apdas.
    C. D. Mayagüez.
    Mayo 29, 1925.
    Memorándum de costas.
   Siendo las cuestiones planteadas en este caso las mismas que acaba de decidir el tribunal en el recurso No. 3582 de Carrión v. Nadal, de mayo 29, 1925, se confirma la orden apelada conde-nando al demandante al pago de $210 en concepto de costas.


text:
    No. 484.
    Rodríguez, peticionario, v. Corte de Distrito de Arecibo, Hon. E. Lloreda, Juez, Demandado.

    Certiorari.
    Jun. 3, 1925.
   Anulada la orden de que se queja el peticio-nario y se devuelve el caso a la Corte de Distrito de Arecibo, la que deberá adoptar las medidas adecuadas a fin de que el apelante pueda colocar a esta Corte Suprema en las mismas condiciones en que se encontraba la de Distrito al resolver el habeas corpus.


text:
    No. 3469.
    García, apda., v. González, aplte.
    C. D. Ponce.
    Jun. 4, 1925.
    Cobro de dinero.
   Por cuaNto, las únicas cuestiones sometidas a nuestra consideración por la apelante son las siguientes:

“1. La Corte de Distrito de Ponce cometió error mani-fiesto, fundamental y perjudicial al derecho del demandado-apelante, al declarar como probado en su opinión que la de-mandante Margarita García prestó servicios de carácter re.-tribuible a la demandada doña Juana María González.

“2. La Corte de Distrito de Ponce cometió error mani-fiesto, fundamental y perjudicial al derecho del demandado-apelante, al declarar como probado en su' opinión, que el valor de los servicios que la demandante Margarita García prestara a Juana María González, valían justa y razonable-mente la suma de $75.00 mensuales.

“3. La Corte de Distrito de Ponce cometió error al con-denar al demandado, al pago de las costas, cuando según los términos de la misma sentencia, no lia sido culpable de temeridad al defenderse de la presente acción.”

Por ouaNto, un examen cuidadoso de toda la prueba adu-cida. en el juicio, considerada a la luz de la argumentación del abogado de la apelante en apoyo de las contenciones arriba citadas, no revela tal error manifiesto que requiera la revocación de la sentencia apelada; y

Por ouaNto, el discutir aliora esta corte tal prueba en sus pormenores no tendría fin práctico alguno, y retardaría el despacho de otros asuntos en que están envueltas cuestio-nes de derecho y el establecimiento de precedentes para la norma futura de los litigantes,

Por tanto, se confirma la sentencia apelada.


text:
    No. 2509.
    El Pueblo, apdo., v. Colón, aplte.
    C. D. Ponce.
    Portar armas.
    Jun. 4, 1925.
   Teniendo en cuenta que el hierro como de “12 pulgadas de largo y un cuarto de grueso” que según la evidencia portaba el apelante no es de los instrumentos que prohibe portar la ley No. 14 de 25 de junio de 1924, de acuerdo con nuestra opinión en el caso de El Pueblo v. Cruz Rosado, de Jun. 3, 1925 (pág. 315) se revoca'la sentencia y absuelve al acusado.


text:
    No. 3655.
    Royal Bank of Canada, apda., v. Goico et al., apltes.
    C. D. Ponce.
    Cobro de dinero.
    Jun. 8, 1925.
   No habiéndose hecho el señalamiento de errores que exige el ar-tículo 42 del Reglamento del Tribunal Supremo y no apa-reciendo que se haya cometido error fundamental, alguno, se confirma la sentencia apelada.


text:
    No. 231.
    Pastrana, peticionario, v. Rodríguez, demandado.

    Mandamus.
    Jun. 11, 1925.
   Nov siendo suficientes las razones que se alegan para que tomemos jurisdicción original en este caso, no ha lugar a librar el auto solicitado.


text:
    No. 2520.
    El Pueblo, apdo., v. Gómez, aplte.
    C. D. Humacao.
    Jun. 12, 1925.
    Portar armas.
   Señalándose como único error el cometido por la corte a juicio, del apelante, al apreciar la prueba; siendo ésta contradictoria y no ha-biéndose probado que al dirimir el conflicto actuara el juez movido por pasión, prejuicio o parcialidad o cometiera ma-nifiesto error, se confirma la sentencia apelada.


text:
    No. 3444.
    Remy Liger, demandante y aplte., v. Muñoz Morales et al., demandados y apdos.
    C. D. San Juan, 2º Disto.
    Jun. 12, 1925.
   Revocada la orden dictada por la. 'Corte de Distrito de San Juan, Disto. 29 en agosto 18, 1924 por los fundamentos de los casos de Cruz v. Iriarte, 29 D.P.R. 969, y Cruz Rodríguez v. La Corte de Distrito del Segundo Distrito, 31 D.P.R. 694, y se devuelve a la referida corte para ulteriores procedimientos no inconsistentes con la doctrina establecida en dichos casos.


text:
    No. 3545.
    Sucesión de M. Rivera et al., apltes., v. G. Godreau & Cía., apdos.
    C. D. Guayama.
    Jun. 12, 1925.
    Deslinde.
   Alegándose como único error que la corte abusó de su discreción al dictar la orden apelada dejando sin efecto su sentencia dictada en rebeldía y abriendo de nuevo el pleito para ulteriores procedimientos; no apareciendo evi-dente de un examen de los autos que tal error se cometiera y visto el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento. Civil y la jurisprudencia de esta corte sobre la materia, invocada en su resolución por el juez de distrito, se confirma la reso-lución apelada. ~


text:
    No. 2527.
    El Pueblo, apdo., v. Trinidad Cintrón, aplte.
    C. D. Ponce.
    Jun. 15, 1925.
    Portar armas.
   Siendo nula la sentencia recurrida porque no determina el delito del cual fue declarado culpable el acusado, de acuerdo con la juris-prudencia establecida en los casos de El Pueblo v. Campos, 17 D.P.R. 1193, El Pueblo v. Fernández, 19 D.P.R. 115, y El Pueblo v. Seda, 34 D.P.R. 207 se revoca la sentencia, y se devuelve el caso a los fines que fueren procedentes.


text:
    No. 3596.
    Capifalli, en representación de la menor Agatha Lloveras, apda., v. Lloveras, aplte.
    C. D. San Juan, Disto. 1º.
    Jun. 15, 1925.
    Alimentos Provisionales.
   Ha-biéndose archivado la transcripción de los autos tres días después de vencida la quinta prórroga del término que para ello concede la ley y dos después de notificada la moción de desestimación; de acuerdo con lo dispuesto en las reglas, 58 y 60 del Reglamento de este tribunal y con lo establecido en los casos de Bosch v. Bosch, 24 D.P.R. 608 y Portela v. Viera, 31 D.P.R. 413, se desestima el recurso.


text:
    No. 3580.
    Bonilla, apdo., v. Echeandía et al., apltes.
    C. D. Aguadilla.
    Jun. 15, 1925.
    Reivindicación.
   Examinada la moción de reconsideración de junio 13, 1925, sustituyanse las palabras “las demandadas” que apa-recen al final del primer párrafo, error 4, página 3, de la opi-nión, por las siguientes: “La demandada Josefa Echean-día,” y sustituyanse las dos primeras oraciones del párrafo segundo, error 4, página 3, de la opinión, por las que si-guen: “Se inició pleito en cobro de dinero contra el primi-tivo dueño de las casas. Dictada sentencia favorable a la parte demandante para ejecutarla se embargaron dichas ca-sas y anunciada luego su venta en pública subasta se adju-dicaron al postor la demandada Josefa Echeandía.” (Pág. 335.)

Y no alterando dichas correcciones las conclusiones, a que llegara esta corte, ni existiendo motivos justificados para reconsiderar la sentencia, se declara sin lugar la dicha moción de reconsideración.


text:
    No. 3677.
    Ramírez, trustee etc., aplte., v. A. Pérez Hno., apda.
    C. D. Humacao.
    Jun. 19, 1925.
    Cobro de dinero.
   Desestimada la apelación a instancia del apelado por no ser apelable la sentencia recurrida por ser la cuantía de la misma, dictada en apelación por la corte de distrito, inferior a trescientos dollars.


text:
    No. 2524.
    El Pueblo, apdo., v. Farinachi, aplte.
    C. D. Ponce.
    Adulteración de leche.
    Jun. 22, 1925.
   Vistos los casos de El Pueblo v. Campos, 17 D.P.R. 1193, El Pueblo v. Fernández, 19 D.P.R. 115, El Pueblo v. Seda, 34 D.P.R. 207, El Pueblo v. de Jesús, 34:345, y El Pueblo v. Cintrón, de jun. 15, 1925 (per curiam) se revoca la sentencia apelada y se devuelve el caso a la corte de sn origen a los fines qne fue-ren procedentes.


text:
    No. 2466.
    El Pueblo, apdo., v. Muñoz, aplte.
    C. D. Mayagüez.
    Jun. 23, 1925.
    Falsificación.
   Señalando como único error el apelante el cometido a su juicio por el jurado al apreciar la prueba y apareciendo después de un examen cuidadoso de la misma que dicha prueba es suficiente, se confirmó la sentencia que condenó al acusado a un año de presidio por falsificación.


text:
    No. 3581.
    Díaz, aplte., v. Pizá, apdo.
    C. D. San Juan, Disto. 1º.
    Junio 23, 1925.
    Daños y perjuicios.
   Señalán-dose como único error el cometido a juicio del apelante por la corte de distrito al apreciar la prueba: apareciendo que la acción se funda en un contrato de aparcería sobre cuya existencia la prueba fue contradictoria decidiendo el con-flicto la corte sentenciadora en contra del demandante sin que se haya demostrado pasión, prejuicio, parcialidad o ma-nifiesto error, y apareciendo además que tampoco se ha de-mostrado error en las otras conclusiones a que llegara la corte de distrito al apreciar la prueba, se confirma la sen-tencia.


text:
    No. 3634.
    Jiménez, apdo., v. Márquez et al., apltes.
    C. D. Humacao.
    Servidumbre.
    Jun. 23, 1925.
   Señalando los demandados y apelantes como único error el cometido a su juicio por la corte al imponerle el pago de las costas; apare-ciendo que tal error no existe, ya que la sentencia sostiene la demanda al declarar como declaró que la finca del demandante estaba libre de servidumbre de vistas y al ordenar como or-denó a los demandados demoler la balaustrada en forma de balcón que habían construido hacia la colindancia de la casa del demandante y levantar un muro hasta una altura que cu-bra totalmente el espacio exterior de la azotea y que haga fí-sicamente imposible las vistas rectas sobre la finca del deman-dante, resultando de ello la temeridad de los demandados al oponerse, temeridad qne lleva consigo la imposición de cos-tas; se confirma la sentencia.


text:
    No. 3471.
    Feliciano, aplte. v. Aguilú e Hijos, apdos.
    C. D. Ponce.
    Jun. 24, 1925.
    Daños y perjuicios.
   La corte llega a la conclusión de que no existe el error que se alega en la apreciación de la prueba porque ella es suficiente para sostener la sentencia apelada, y que tampoco cometió error al no permitir que la apelante repreguntara al testigo Maxi-mino Soler sobre los motivos por los cuales no quiso ir a la corte con los testigos de la apelante, por lo cual se confirmó la sentencia apelada.


text:
    No. 2546.
    Pueblo, apdo., v. Toro, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Jun. 24, 1925.
   No habiendo presentado el apelante alegato escrito ni oral en apoyo de su recurso contra la sentencia por él apelada en juicio por portar armas prohibidas, debe-mos desestimar y desestimamos esta apelación, pues la sola manifestación hecha por el apelante en un escrito dirigido a esta corte en que manifiesta que por estar pendiente otra acusación contra él por asesinato con dicha arma, esta ape-lación debe ser suspendida hasta que el otro juicio se re-suelva, no es base para considerar esa cuestión.


text:
    No. 3680.
    Remy, apdo., v. Alvarez Torre y Muñoz Morales, apltes.
    C. D. San Juan, Disto. 2º.
    Jun. 25, 1925.
   Visto el caso de Díaz Mor v. The Porto Rico Railway, Light & Power Co., 32 D.P.R. 95, y oídas las manifestaciones del abogado del peticionario en el acto de la vista; se declara con lugar la moción y en su consecuencia se desestima la apelación interpuesta por el demandado Muñoz Morales.


text:
    No. 2570.
    Ex parte Rodríguez, aplte., y El Pueblo, apdo.
    C. D. Arecibo.

      Habeas corpus.

    Julio 8, 1925.
   Se revoca la resolución apelada en este caso pudiendo el acu-sado permanecer en libertad provisional mediante la presta-ción de una fianza que fijará la corte de distrito, según las circunstancias que concurran y que no exceda de $5,000 dollars.


text:
    No. 2561.
    El Pueblo, apdo., v. Claudio, aplte.
    C. D. Ponce.
    Julio 8, 1925.
    Cierre.de establecimientos.
   No ha-biendo el apelante elevado a esta corte nna exposición del caso o pliego de excepciones, y no apareciendo de la denun-cia, como se alega en el segundo señalamiento de error, que el acusado “trabajaba en su propio establecimiento comer-cial y no empleaba a nadie en su negocio,” y visto el caso de El Pueblo v. Bauzá, resuelto hoy, (pág. 439) se modifica la sentencia apelada, de modo que su parte dispositiva lea como sigue: “se declara culpable al acusado Esteban Claudio del delito de tener abierto su establecimiento en horas prohibidas, previsto en el artículo 553 del Código Penal,” y así modificada se confirma dicha sentencia.


text:
    No. 2500.
    El Pueblo, apdo., v. Torres, aplte.
    C. D. Ponce.
    Portar armas.
    Julio 10, 1925.
   Confirmada la sen-tencia apelada por los fundamentos de los casos de El Pueblo v. Vadi (pág. 462) y El Pueblo v. Acevedo, (pág. 460) resueltos en julio 10, 1925.


text:
    No. 2495.
    El Pueblo, apdo., v. Marrero, aplte.
    C. D. Aguadilla.
    Julio 10, 1925.
    Portar armas.
   Señalándose como único error la insuficiencia de la prueba, y apareciendo de un examen de la misma que contiene todos los elementos necesarios para sostener la sentencia, se confirma tal como se dictó por la corte de distrito.


text:
    No. 2499.
    El Pueblo, apdo., v. Echevarría, aplte.
    C. D. Ponce.
    Julio 13, 1925.
   Vistos los casos de El Pueblo v. Vadi, y El Pueblo v. Acevedo resueltos en julio 10, 1925, y el de Ex parte Verdejo, peticionario, resuelto en julio 13, 1925, en los que se declara la constitucionalidad de la Ley No. 14 para enmendar la ley “Prohibiendo portar armas, etc.”, aprobada por la Legislatura de Puerto Pico en junio 25, 1924, y vistos además los casos de El Pueblo v. Bauzá resuelto en julio 8, 1925, y el de El Pueblo v. Rivera, resuelto hoy, se modifica la sentencia apelada en el sentido de que condena al acusado por el delito de portar armas, y así mo-dificada se confirma dicha sentencia.


text:
    No. 2535.
    El Pueblo, apdo., v. Rivera, aplte.
    C. D. Ponce.
    Julio 13, 1925.
   Visto el alegato del apelante, quien únicamente señala como errores la anticonstitncionalidad de la Ley No. 14, aprobada junio 25, 1924, (p. 115) prohibiendo la portación de armas y de qne la sentencia no especifica el delito por el cnal fue declarado culpable el acusado y habién-dose' declarado por esta Corte Suprema la constitucionalidad de dicha ley en los casos de El Pueblo v. Vadi y El Pueblo v. Acevedo, resueltos en julio 10, de 1925, y visto además en cuanto al segundo error el caso de El Pueblo v. Bauzá, de 8 de julio de 1925, pues del récord aparece claramente que el delito que se imputa en la acusación y por el que fué juz-gado el acusado es por infracción de dicha Ley No. 14, de junio 25 1924, se modifica la sentencia de la corte inferior en sentido de declarar culpable al acusado del delito de por-tar armas previsto y penado en la citada ley número 14, y &sí modificada se confirma.


text:
    Nos. 2381.
    2443.
    El Pueblo, apdo., v. Carbonell, aplte. El Pueblo, apdo., v. Ramos, aplte.
    C. D. Mayagüez.
    Julio 13, 1925.
    Homicidio.
   Siendo el error levantado en ■éstos casos el mismo que se ha señalado en el del No. 2308, El Pueblo v. Carbonell, de julio 13, 1925, (pág. 479) se re-vocan las sentencias apeladas por los fundamentos expresa-dos en dicho caso.

El Juez Presidente Sr. del Toro disintió.


text:
    No. 3564.
    Oliver, aplte., v. Hon. M. Rodríguez Serra, apdo.
    C. D. Ponce.
    Julio 16, 1925.

      Certiorari.

   Por ouANto el apelante adquirió la propiedad en contro-versia sujeta a una notificación de lis pendens debidamente inscrita, y

Por cuanto el apelante fue notificado formalmente de los procedimientos en la misma, de que ahora se queja y en vez de aprovechar la oportunidad que de tal modo se le ofrecía de comparecer ante esa corte, preferió esperar a que se dic-tara sentencia final para después atacar el procedimiento mediante certiorari en la corte de distrito, y

Por guaNto la cuantía envuelta es tan insignificante que si se lmbiera interpuesto la apelación contra la sentencia dictada por la corte municipal, no procedería una segunda apelación, y

Por ouaNto el alegato del apelante no contiene ningún señalamiento de error por separado como lo exige el regla-mento de esta corte y repetidamente se ha dicho en nume-rosas decisiones en los últimos años,

Por .tanto, se confirma la sentencia apelada.


text:
    No. 3485.
    Castellano, aplte., v. Comisión de Indemnizaciones a Obreros, apda.
    C. D. Ponce.
    Julio 20, 1925.
   Ha-biendo la parte apelante levantado la cuestión de la suficien-cia de la compensación concedida por la Comisión de Indem-nizaciones así como la de la apreciación de-la prueba; por las razones consignadas en el caso de Bruno v. Comisión de Indemnizaciones, de julio 10, 1925 y casos allí citados y por-que creemos que la prueba ha sido debidamente aquilatada, se confirma la sentencia apelada.


text:
    No. 230.
    García Fernández, et al., peticionaria, v. La Corte de Distrito de Ponce, Hon. B. Díaz Cintrón, Juez, demandado.
    Julio 20, 1925.
   Por- cuanto, los litigios entre las partes en este .caso han durado por más de quince años;

Por cuanto, como la cuestión principal envuelta com-prende el estado civil y personal de la peticionaria, el cual debe ser solucionado;

Por cuanto, las partes demandadas por muchos años han tenido amplias oportunidades para preparar sus defensas y en particular de tener informes o pruebas sobre la recons-trucción del documento relativo al matrimonio del alegado padre de la peticionaria, tiempo que ahora alcanza hasta dos años desde la última decisión de esta corte;

Por cuanto, la corte estima que el juicio debe celebrarse sin más demoras por razón de la falta de prueba con res-pecto a ese documento;

Por tanto, se ordena se libre el auto perentorio de man- damns ordenando al Juez de la Corte de Distrito de Ponce que señale tan pronto como sea posible, el juicio de este caso.


text:
    No. 3710.
    Veve, apdo., v. Rodríguez Flores, aplte.
    C. D. San Juan, Disto. 2º.

    Julio 22, 1925.
   No habiendo el ape-lante perfeccionado su recurso de acuerdo con la sección 12 <de la vigente ley de desahucio dejando de otorgar la fianza requerida por dicha sección, se declara con lugar la moción del apelado y se desestima la apelación.


text:
    No. 2567.
    El Pueblo, apdo., v. Morales, aplte.
    C. D. Aguadilla.
    Julio 23, 1925.
    Portar armas.
   Apareciendo que el único error que se alega es de la insuficiencia de la prueba, examinada ésta y encontrando que demuestra que el acusado portó el revólver a que se refiere la acusación al-rededor de la fecha señalada en la misma, sin que sea nece-sario que se le ocupara sobre su persona, procede declarar como se declaró sin lugar el recurso y se confirmó la sen-tencia apelada.


text:
    No. 594.
    Luce & Co., S. en C., recurrente, v. Registrador de Guayama, recurrido.
    Recurso Gubernativo.
    Julio 24, 1925.
   Por cuanto se ha interpuesto recurso de apelación para ante la Corte de Circuito de Apelaciones del Primer Cir-cuito contra la resolución de esta corte dictada en este caso;

Por cuanto la cuestión de si es apelable o nó la resolu-ción de que se trata ha sido discutida ampliamente en el seno del tribunal después de oídos el recurrente y el regis-trador, opinando los jueces asociados Sres. Wolf y Aldrey que no lo es y en tal virtud que debe negarse la apelación, y los Jueces Presidente Sr. del Toro y Asociados Sres. Hutchison y Franco Soto que tratándose de una cuestión nueva en la que está envuelta la ¡jurisdicción de la Corte de Circuito, sin que sea de absoluta urgencia su decisión, debe dejarse1 a la dicha Corte de Circuito que la resuelva, teniendo además los Jueces Asociados Sres. Hutchison y Franco Soto dudas con respecto a la cuestión de si la resolución es ape-lable o nó, opinando el Juez Presidente Sr. del Toro en este último respecto con la minoría;

Por taNto, se admite la apelación interpuesta por Luce and Co., S. en C., para ante la Corte de Circuito de Apela-ciones, Primer Circuito de los Estados Unidos, contra la re-solución dictada por esta corte’ en febrero 20, 1925, en el caso arriba expresado; y se fija una fianza de trescientos dólares que lia de prestar la apelante para responder de las •costas que dicha apelación pueda ocasionar a la parte con-traria, concediéndose a dicha apelante un término de sesenta días para preparar y traducir la transcripción de autos que debe ser enviada a la referida Corte de Circuito de Apelacio-nes para el Primer Circuito de los Estados Unidos.

Lo acordó el tribunal, disintiendo de la admisión de la apelación los Jueces Asociados Sres. Wolf y Aldrey.

(Véase la opinión disidente del Juez Asociado Sr. Wolf, pág. 913 ante).


text:
    No. 594.
    Luce & Company, S. en C., apelante, v. Registrador de Guayama, apelado.
    Recurso Gubernativo en ape-lación a la Corte de Circuito de Apelaciones, Primer Cir-cuito.
    Oct. 5, 1925.
   A la moción de la peticionaria apelante sobre manda-miento de supersedeas al Registrador de la Propiedad de Guayama, no habiendo dicha parte apelante en su escrito de apelación de marzo 25, 1925, de la sentencia dictada por esta corte en febrero 20, 1925, para ante la Corte de Circuito de Apelaciones para el Primer Circuito de los Estados Unidos, solicitado que se fijara fianza de supersedeas, y apareciendo de la resolución dictada por esta corte en julio 24, 1925 que la fianza fijada a la apelante por $300 fué únicamente para responder de las costas que la apelación pudiera ocasionar a la parte contraria, no ha lugar a la moción.


text:
    Nos. 2555, 2557, 2562, 2564 y 2571.
    Benítez, aplte., v. Calzada, Alcaide, apdo.
    C. D. Humacao.
    Julio 24, 1924.

      Habeas corpus.

   Resueltos por los fundamentos del caso No. 2556, Benítez v. Calzada, de julio 24, 1925 (pág. 541) con-firmándose las sentencias apeladas.


text:
    No. 3388.
    González, aplte., v. Porto Rico Railway, Light & Power Co., apda.
    C. D. San Juan, Disto. 1º.
    Julio 24, 1925.
    Daños y perjuicios.
   Resuelto por los fundamen-tos del caso No. 3387 de González v. Porto Rico Railway, L. & P. Co., de julio 24, 1925 (pág. 573) confirmándose la sen-tencia apelada.


text:
    No. 3442.
    Vellón, apdo., v. Central Pasto Viejo, Inc., aplte.
    C. D. Humacao.
    Retracto legal.
    Julio 24, 1925.
   Examinado el escrito de la parte demandante de mayo 15, 1925 en lo que se refiere al permiso para enmendar su de-manda, estudiadas las razones expuestas por ambas partes y atendidas las circunstancias que en el caso concurren, el tribunal resolvió adicionar su sentencia de mayo 4, 1925, con-cediendo permiso para enmendar la demanda.


text:
    No. 233.
    Rodríguez, peticionario, v. Corte de Distrito de Arecibo, Hon. E. Lloreda, Juez, demandado.

      Mandamus.

    Julio 28, 1925.
   Examinada la contestación del demandado y apareciendo de ella y del documento acompañado a la misma que se fia presentado ya una acusación por el Gran Jurado contra el peticionario por asesinato en primer grado, de acuerdo con lo resuelto en el caso de Flores v. El Pueblo, 30 D.P.R. 583, se declaró no haber lugar al auto.


text:
    No. 3717.
    Remy, apdo., v. Muñoz et al., apltes.
    C. D. San Juan, Disto. 2º.
    Julio 30, 1925.
    Cobro de dinero.
   Apa-reciendo que se está tramitando en la corte de distrito una exposición del caso presentada en término, a virtud de pró-rrogas que se concedieron si bien sin el consentimiento del apelado tampoco sin su oposición; no estando enteramente convencidos de que la presentada no pueda calificarse de una exposición del caso — cuestión además que ha sido levan-tada en la corte inferior — , ni pudiendo con los datos exis-tentes resolver si se trata o nó de una apelación entera-mente frívola, no ha lugar a la desestimación que se solicita.


text:
    No. 482.
    Santini Fertilizer Co., Inc., peticionaria, v.
      Corte de Distrito de San Juan, Distrito Segundo, demandada.

    Certiorari.
    Julio 30, 1925.
   Por ouaNto, el peticionario, como acreedor de Modesto G. Capiel embargó en la Corte de Distrito de San Juan, Se-gundo Distrito, cierta propiedad del deudor;

Por cuanto, Federico García Dávila, como tercerista, hizo que dicha propiedad fuera traspasada a él mediante la prestación de una fianza al márshal de dicha corte;

Por cuanto, el peticionario radicó una solicitud de injunction contra dicha tercerista y el referido márshal, y la corte libró un injunction preliminar con una orden para mostrar causa por qué no debía de hacerse permanente;

Por cuanto, el peticionario enmendó subsiguientemente su demanda- de injunction y la corte, según el peticionario, considerando que se determinaba una nueva causa de acción, disolvió el injunction preliminar;

Por cuanto, procede una apelación contra la orden de la corte disolviendo el injunction;

Por cuanto, no consta que el peticionario no puede reco-brar daños, ya del márshal o del tercerista, o que se causará daños irreparables;

Por cuanto, no estamos satisfechos de que la corte inferior incurrió en error;

Por cuanto, no estamos satisfechos por otra parte en que el peticionario no tiene un remedio adecuado en el curso 'ordinario de la ley;

Por tanto, se anula el auto de certiorari expedido y or-dena se devuelva él pleito original con certificación de esta sentencia a la Corte de Distrito de San Juan, Segundo Dis-trito.


text:
    No. 3607.
    Rocca, apdo., v. Junta Insular de Elecciones, aplte.
    C. D. San Juan, Disto. 1º.
    Julio 30, 1925.

      Mandamus.

   Resuelto por los fundamentos del caso No. 3606 de Matta v. Junta de Elecciones, de julio 30, 1925 (pág. 636), confirmándose la sentencia apelada.


text:
    No. 2553.
    El Pueblo, apdo., v. Carrión, aplte.
    C. D. Humacao.
    Acometimiento.
    Julio 30, 1925.
   Señalándose como tínico motivo del recurso la errónea apreciación de la prueba y habiendo el tribunal estudiado la evidencia y lle-gado a la conclusión de que es suficiente para demostrar la comisión del delito de acometimiento y agresión grave por parte del acusado, se resolvió confirmar la sentencia apelada.


text:
    No. 619.
    Miranda, recurrente, v. Registrador de Guayama, recurrido.
    Julio 31, 1925.
   No habiendo presentado el recurrente en este caso dentro de los 10 días siguientes a la interposición de su recurso las alegaciones escritas perti-nentes a su derecho, como dispone la sección 3* en relación con la 2* de la ley sobre recursos contra las resoluciones de los registradores de la propiedad (Comp. secciones 2182 y 2181), se desestimó el recurso.


text:
    No. 2580.
    Hospital, aplte., y El Pueblo, apdo.
    C. D. Ponce.

      Habeas corpus.

    Agosto 1, 1925.
   Vista la jurispru-dencia establecida en los casos de El Pueblo v. Rodríguez de julio 17, 1924, 33 D.P.R. 393, y El Pueblo v. Baragaño, de feb. 18, 1925, 33 D.P.R. 989, se confirmó la sentencia ape-lada.


text:
    No. 3128.
    De Mata Escobar, aplte., v. González Rodríguez et al., apdos.
    C. D. San Juan, Disto. 1º.
    Apelación a la Corte de Circuito de Apelaciones, Primer Circuito.
    Oct. 10, 1925.
   Visto el apartado (c) de la sección 8 de la Ley del Congreso de febrero 13, 1925, para “enmendar el Código Judicial y definir además la jurisdicción de las cortes de circuito de apelaciones y de la Corte Suprema, y para otros fines, que comenzó a regir tres meses después de la fecha de su aprobación, y apareciendo que la sentencia de que se apela se dictó el 18 de mayo último y la apelación se inter-puso el 9 de octubre corriente, habiendo vencido con exceso el término de ley, no ha lugar a admitir la apelación que se interpone para ante la Corte de Circuito de Apelaciones para el Primer Circuito de los Estados Unidos en el caso arriba titulado.


text:
    No. 3765.
    Pagán, aplte., v. Towner, Gobernador, apdo.
    C. D. San Juan, Disto. 1º.
    Oct. 16, 1925.
   Poe gtjaNto presentada la solicitud de mandamus, la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, el 8 de sep-tiembre de 1925, la declaró de plano sin lugar, por las ra-zones expresadas en la opinión que al efecto emitiera;

Poe cuanto no conforme el solicitante interpuso esta ape-lación sin notificar a la parte contraria, a quien favorece la resolución apelada, y

Poe cuanto la ley de modo terminante exige que dicha notificación se practique para que esta corte adquiera juris-dicción ;

Poe tanto, vistos la ley estableciendo el auto de mandamus de 1903, el artículo 296 del Código de Enjuiciamiento Civil, y la jurisprudencia aplicable, 3 C. J., Appeal and Error, párrafos 111, 125, 128 y 970, y 1 Fairall's Code of Civil Procedure, páginas 1034 a 1044, y no habiendo la parte apelante citado ni prometido citar precepto de ley o jurispru-dencia algunos que autoricen el curso que ha seguido, pro cede desestimar y se desestima la apelación interpuesta.

El Juez Asociado Sr. "Wolf no intervino.


text:
    No. 498.
    Rivera, peticionario, v. Hon. Pablo Berga, Juez, demandado.
    C. D. San Juan.

      Certiorari.

    Nov. 3, 1925.
   Denegado.


text:
    No. 3726.
    Cantre, apdo., v. Dávila Ventura, aplte.
    C. D. San Juan, Disto. 1º.
    Nov. 6, 1925.
   Apareciendo que la sentencia fué dictada en 11 de diciembre de 1924 y la ape-lación interpuesta en 18 de dicho mes y año, cuyo escrito no fué notificado al demandante o su abogado, como exige el artículo 296 del Código de Enjuiciamiento Civil, y no cons-tando tampoco que en la corte inferior haya sido radicada ninguna transcripción de evidencia ni legajo de sentencia o solicitado ni concedido prórroga alguna con tal fin, y no ha-biendo la apelante radicado hasta ahora en la Secretaría de esta Corte Suprema la transcripción de autos, se desestima la apelación.


text:
    No. 3748.
    Fontanez, aplte., v. Sucn. Buxó, apda.
    C. D. Humacao.
    Nov. 9, 1925.
   No ha lugar a reconsiderar nues-tra resolución de nov. 3, de este año dictada en este caso por no alegarse motivo suficiente para ello; pero en vista de que en la declaración jurada que ahora se nos presenta se acredita que fué pagado el franqueo del pliego que contenía 1a. notificación de apelación de la sentencia dictada en este caso por el tribunal inferior, se deja sin efecto la expresada resolución de 3 de noviembre corriente, y se declara no ha-ber lugar a desestimar la apelación.


text:
    No. 3737.
    Polanco, apdo. v., Rivera et al., apltes.
    C. D. Arecibo.
    Nov. 9, 1925.
   Desestimado el recurso a instan-cia del apelado porque habiéndose dictado sentencia en re-beldía en contra del demandado en 27 de junio 1925 y ape-lado el 9 de julio siguiente, no se practicó gestión alguna tendente a perfeccionar la apelación.

Zapatee, MartÍNEz, peticionario. Admisión al ejercicio de la abogacía. ' Nov. 9, 1925. Yista la solicitud y exami-nada la ley No. 17 aprobada en mayo 20, 1925, para enmen-dar la sección cuarta de la ley No. 38 determinando reglas para el ejercicio de la profesión de abogado en Puerto Rico, etc., aprobada en 13 de abril, 1916, admítese al peticionario al ejercicio de la abogacía sin examen tan luego haya sido favorablemente recomendado por la Comisión de Reputación.

Emilio M. Vassallo, peticionario. Admisión al ejercicio de la abogacía. Nov. 12, 1925. Yista la solicitud y exami-nada la ley No. 17, aprobada en mayo 20, 1925, para enmen-dar la sección 4 de la Ley No. 38 determinando reglas para el ejercicio de la profesión de abogado en Puerto Rico, etc., aprobada en 13 de abril de 1916, admítese al peticionario al ejercicio de la abogacía sin examen tan luego haya sido fa-vorablemente recomendado por la Comisión de Reputación.


text:
    No. 3782.
    Cordero, apda., v. Lastra et al., apltes.
    C. D. Humacao.
    Nov. 12, 1925.
    Servidumbre.
   A la moción de la parte apelada solicitando la desestimación del recurso porque el escrito de apelación se dirigió a la corte.y no al secretario y porque no se notificó a una de las partes inte-resadas, visto el caso de Roig Commercial Bank v. Sucn. Lugo, 34 D.P.R. 155, y apareciendo de la moción de oposi-ción que la parte dejada de notificar no tiene interés en ei pleito se declara no haber lugar a desestimar el recurso.


text:
    No. 2595.
    El Pueblo, apdo., v. Marcano, aplte.
    C. D. San Juan. Disto. 2º.
    Nov. 12, 1925.
    Infracción ley de auto-móviles.
   Por ouaNto, los únicos señalamientos que han sido alega-dos por el apelante son:

“Primero: Estimar que la prueba de cargo aportada por el Ministerio Público justificaba una' sentencia condena-toria para el acusado, cuando de la misma evidencia presen-tada por el Pueblo se desprende que el accidente se debió más bien a un hecho casual, fortuito, en qu.e intervino la fata-lidad sin que mediara ninguna culpa por parte del acusado;

“Segundo: Porque la prueba de cargo rendida en el jui-cio por el gobierno no coincide con los hechos alegados en la acusación y no la sostiene en ninguno de sus aspectos;

“Tercero: Haber declarado sin lugar una moción de non suit presentada por la defensa del acusado.”

Pon ouaNto, el conflicto de la prueba, así como su sufi-ciencia, han sido resueltos ya dos veces en contra del acu-sado, primero en la corte municipal y después de celebrado un juicio de novo en la de distrito, y

Pon cuanto, después de un examen detenido de los autos, no encontramos error tan manifiesto en la apreciación de dicha prueba que exija la revocación de la sentencia apelada,

Por tanto, se confirma la sentencia que en este caso dictó la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Segundo.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino.


text:
    No. 2582.
    El Pueblo, apdo., v. Rivera, aplte.
    C. D. Aguadilla.
    Nov. 12, 1925.
    Portar armas.
   Señalándose como único error la insuficiencia de la prueba y apareciendo del examen practicado que dicha prueba era suficiente pues demuestra de modo terminante que el acusado portaba so-bre su persona nn revólver en la fecba y en el sitio mencio-nados en la acusación, se confirmó la sentencia apelada.


text:
    No. 3651.
    Rodríguez, menor de edad representado por su defensor Irizarry, apdo. v. The National Cash Register Co., aplte.
    C. D. Mayagüez.
    Nov. 12, 1925.
    Daños y per-juicios.
   Apareciendo del examen de los autos que si bien el alegato del apelante se archivó después de vencido el tér-mino, lo fué antes de que se notificara la moción del apelado de octubre 26 último, pidiendo la desestimación del recurso por falta de alegato, vista la regla 58 del Reglamento de esta corte, 17 D.P.R. LXXII, que se considera aplicable por analogía, no ha lugar a acceder a lo solicitado.


text:
    No. 2404.
    El Pueblo, apdo., v. Noya, Jr., aplte.
    C. D. San Juan, Disto. 1º.
    Nov. 13, 1925.
    Acometimiento y agre-sión.
   No resultando que la corte inferior haya cometido el único error que se alega en este recurso por no haber sus-pendido la celebración del juicio a petición del acusado fun-dada en la incomparecencia de su abogado, toda vez que no se alegó motivo alguno para dejar de asistir al juicio, se confirmó la sentencia apelada.


text:
    No. 24.
    Ex parte Méndez Serrano, peticionario.
    Nov. 16, 1925.
    Admisión al ejercicio de lá abogacía.
   No probán-dose que el peticionario haya practicado su profesión en al-gún bufete de abogado autorizado para ejercerla, puesto que la manifestación no jurada del abogado Sr. González Mena se refiere solamente a. práctica que el peticionario ha tenido en conexión con su bufete, y por el fundamento de nuestra resolución de hoy en el caso de Ex parte Francisco López» no ha lugar a conceder lo solicitado.


text:
    No. 3443.
    Ayala, aplte., v. Sucesores de José María Ortiz et al., apdos.
    C. D. Humacao.
    Nov. 18, 1925.
    Retracto legal.
   Visto el artículo 913 del Código Civil, tal como quedó enmendado en 1911 (Comp. see. 4009), y la jurisprudencia de esta corte sobre la materia, no teniendo el demandante aún en el caso de que hubiera probado que era hijo natural reco-nocido de María Marcela Ayala, muerta el 13 de noviembre de 1917, derecho a heredar a María Mohserrate Ayala, her-mana legítima de María Marcela que falleció el 8 de febrero de 1921, se declaró sin lngar el recurso y se confirmó la sen-tencia apelada.


text:
    No. 237.
    Rodríguez Dapena, peticionario, v. Corte de Distrito de Arecibo, Hon. Enrique Lloreda, Juez, demandado.
    Nov. 20, 1925.

      Mandamus.

   No habiendo el peticio-nario demostrado, ni de la faz de los hechos alegado, ni por medio de alegato, qne tiene nn claro derecho al remedio soli-citado, no ha lugar a expedir el auto.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto, disintió.


text:
    No. 2601.
    El Pueblo, apdo., v. Villanueva, aplte.
    C. D. San Juan, Disto. 2º.
    Nov. 20, 1925.
    Portar armas.
   No apareciendo que existieran los dos motivos de error que se alegan para que revoquemos la sentencia, pues la denuncia hecha por un policía según su información y creencia está de acuerdo con el artículo 22 del Código de Enjuiciamiento Criminal y con lo resuelto en los casos de El Pueblo v. Nochera, 23 D.P.R. 605, y de El Pueblo v. Maymón, 24 D.P.R. 61; y porque siendo la prueba contradictoria, la corte resol-vió el conflicto de ella sin manifiesto error, se confirmó la¿ sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino.


text:
    No. 3503.
    Trápaga, aplte., v. Hernández (Sucesión), apltes., y National City Bank of New York, San Juan Branch, interventor y apdo.
    C. D. San Juan, Disto. 1º.
    Nov. 20, 1925.
    Cobro de dinero.
   Confirmada] la sentencia apelada por los fundamentos del caso No. 3502 de Alonso v. Sucn. Hernández y National City Bank, de Nov. 20, 1925, (pág. 750).


text:
    No. 3764.
    Delgado, aplte., v. Sánchez et al., apdos.
    C. D. Humacao.
    Nov. 24, 1925.
   Tratándose de una sentencia dictada por la corte de distrito en grado de apelación y ha-biéndose interpuesto el recurso después de los quince días. •siguientes a la notificación de la sentencia, visto el artículo '295 No. 2 del Código de Enjuiciamiento Civil, se desestimó el recurso.


text:
    No. 3319.
    Durán Gallardo, aplte., v. Coll y Soler et al., apdos.
    C. D. Ponce.
    Nov. 24, 1925.
   'A la moción de la parte apelada solicitando la desestimación del recurso por no haberse presentado en tiempo la transcripción ni archi-vado el alegato, apareciendo que la transcripción se radicó si bien después de vencido el término, antes de la notifica-ción de la moción — regla 58 del Reglamento de este tribunal - — -y creyendo la corte que dadas las circunstancias concu-rrentes debe ejercitar su discreción para permitir al ape-lante que presente su alegato; no ha lugar a la desestima-ción solicitada y se concede a la dicha parte apelante el tér-mino improrrogable de cinco días para presentar su alegato.


text:
    No. 3689.
    Remy Liger, apdo., v. Muñoz Morales y Alvarez Torre, apltes.
    C. D. San Juan, Disto. 2º.
    Nov. 24, 1925.
   Examinada la moción de reconsideración y habiendo la corte oído y pesado las amplias manifestaciones de los .abogados de ambas partes en el acto de la vista y estudiados sus escritos y documentos acompañados a los mismos, en el ejercicio de su discreción resuelve reconsiderar y dejar como deja sin efecto su resolución de noviembre 10 actual deses-timando la apelación y conceder como concede, de acuerdo con el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil,' un nuevo término improrrogable de quince días para radicar la transcripción. El término reglamentario de diez días para archivar el alegato se considerará también improrro-gable.


text:
    No. 3674.
    El Pueblo a instancia de Eugenio Padilla Ríos et al., peticionarios y apltes., v. Oms Sulsona et al., demandados y apdos.
    C. D. Mayagüez.
    Dic. 2, 1925.

      Quo ■warranto.

   Por cuaNto, contra la sentencia dictada en este caso en julio 10, 1925 (34 D.P.R. 455), confirmando la de la corte inferior, se ha establecido por los relatores apelación para ante la Corte de Circuito de Apelaciones, Primer Circuito;

Por ctjaNto los recursos que procedan contra las senten-cias de esta corte están regulados por la Ley del Congreso aprobada en febrero 13, 1925, que enmienda el Código Judicial federal definiendo la jurisdicción de las cortes de cir-cuito de apelaciones y de la Corte Suprema;

Por cuanto no tratándose en esta apelación de ninguna, materia que se refiera a la Constitución, Estatutos o Trata-dos de los Estados Unidos, limitándose únicamente la cues-tión en controversia a la aplicación de determinada sección de la Ley Electoral de Puerto Rico mediante la información de “Quo Warranto” que fué interpuesta, el derecho a esta-blecer la apelación depende de si los sueldos o emolumentos de los relatores exceden de la suma de $5,000;

Por cuanto no apareciendo del récord que tales sueldos o emolumentos excedieran de la suma requerida, se le con-cedió un término de diez días a los dichos relatores para que pudieran demostrarlo por los medios que indica la sección 9 de dicha ley del Congreso;

Por cuanto del escrito no jurado de los relatores y del documento aportado no aparece satisfactoriamente demos-trado que los salarios o emolumentos de los relatores du-rante el término de sus cargos exceda de la suma exigida por el estatuto;

Por tanto, no ha lugar a admitir la apelación interpuesta por los demandantes para ante la Corte de Circuito de Ape-laciones para el Primer Circuito de los Estados Unidos.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino.


text:
    No. 2577.
    El Pueblo, apdo., v. García, aplte.
    C. D. Humacao.
    Dic. 7, 1925.
    Violación.
   Confirmada la sentencia apelada por aparecer del récord que el acusado se declaró culpable en la corte inferior y no encontrarse en el caso base alguna para justificar una revocación o modificación.


text:
    No. 2625.
    El Pueblo, apdo., v. Soto, aplte.
    C. D. Aguadilla.
    Dic. 9, 1925.
    Portar armas.
   Apareciendo que de los errores alegados por el apelante, los tres primeros carecen de base para ser considerados por no haberse elevado nna exposición del caso o pliego de excepciones, y en cnañto al último qne se refiere a la imposición de la pena nada existe qne demuestre qne el juez inferior abusara de su discreción al imponerle tres meses de cárcel al acusado, se confirma la sentencia a/pelada.


text:
    No. 3673.
    Traverso Lugo, apdo., v. Oronoz & Cía., S. en C., aplte.
    C. D. Aguadilla.
    Dic. 11, 1925.
    Tercería bienes muebles.
   Apareciendo que la reclamación se originó en la Corte Municipal de San Sebastián montante a la suma de $70.02, por cuya suma fué dictada sentencia y apelada ésta a la corte de distrito se dictó de nuevo sentencia por el mismo montante declarando el derecho preferente del de-mandante a cobrar dicha suma, la que a su vez fué apelada para ante esta Corte Suprema, visto el artículo 295, inciso 2, del Código de Enjuiciamiento Civil, enmendado según la ley de 9 de marzo de 1905, página 213, y la jurisprudencia apli-cable: se declara con lugar la moción y se desestima el re-curso por falta de jurisdicción.


text:
    No. 3815.
    Carrión, aplte., v. Corte Municipal de San Juan, Sección Primera, apda.
    C. D. San Juan,
    Dic. 15, 1925.
   Desestimado el recurso por no haberse notificado el escrito de apelación al Juez de la Corte Municipal de San Juan.


text:
    No. 3811.
    Arabía, apda., v. Segundo, aplte.
    C. D. San Juan.
    Cobro de dinero.
    Dic. 18, 1925.
   A la moción de la parte apelada solicitando la desestimación del recurso; exa-minado el párrafo b de la sección 3 de la ley para reglamen-tar las apelaciones de las sentencias contra las cortes muni-cipales de 1908, tal como quedó enmendado por la ley No. 93 de 1917, promulgada en 31 de marzo de 1919, no siendo apelable la resolución de que se trata, se desestima el re-curso.


text:
    No. 2631.
    El Pueblo, apdo., v. Torres, aplte.
    C. D. Humacao.
    Infracción art. 221, Código Penal.
    Dic. 18, 1925.
   Confirmada la sentencia apelada por no aparecer que se haya cometido error fundamental alguno por la corte sen-tenciadora, no habiéndose elevado tampoco el pliego de ex-cepciones ni la exposición del caso.


text:
    No. 3806.
    Aurora, Sociedad Agrícola, apda., v. Barroso, aplte.
    C. D. San Juan.
    Dic. 21, 1925.
    Desahucio.
   A la moción de la parte apelada solicitando la desestimación del recurso porque la transcripción de la evidencia no se archivó dentro del preciso término de cinco días que fija la sección 13 de la ley de desahucio (Comp. sección 1637), ni los autos han sido radicados en la Secretaría de esta Corte dentro del plazo de treinta días señalado por la ley; apareciendo que la corte sentenciadora dentro del indicado término de cinco días concedió al taquígrafo una prórroga de veinte y luego otra, archivándose dentro de la última las notas, sin que hayan transcurrido aún treinta días contados a partir de la aprobación de la transcripción de la evidencia; vista la ley y la jurisprudencia establecida por esta Corte Suprema en el caso de Curbello v. Rodréguez, 32 D.P.R. 460; no ha lu-gar a desestimar la apelación.


text:
    No. 2603.
    El Pueblo, apdo., v. Rivera Cruz, aplte.
    C. D. San Juan, Disto. 2º.
    Portar armas.
    Dic. 21, 1925.
   De-negada en este caso por resolución de noviembre 6, 1925, la incorporación a los autos de la simple transcripción de la evidencia por el taquígrafo, refiriéndose los errores alega-dos a la apreciación que de la prueba hizo el juez inferior, y no apareciendo que se haya cometido error fundamental alguno por la corte sentenciadora, se confirmó la sentencia apelada.


text:
    No. 7.
    Franco. López, peticionario.
    Admisión al ejerci-cio de la abogacía.
    Dic. 21, 1925.
   Habiendo probado final-mente el peticionario Francisco López que es graduado de abogado en una universidad acreditada de Estados Unidos con diez años de anterioridad a la aprobación de la Ley No. 17 de 1925 y que ha practicado durante cinco años por lo menos en bufetes de varios abogados autorizados para ejer-cer su profesión por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, se declara con lugar su petición y en su consecuencia admí-tese al peticionario al ejercicio de la abogacía sin examen tan luego baya sido favorablemente recomendado por la Co-misión de Reputación.


text:
    No. 3691.
    No. 3692.
    No. 3713.
    Pérez Avilés, aplte., v. Agrait, Alcalde, apdo. Mendin, aplte., v. Agrait, Alcalde, apdo. Morell, aplte., v. Agrait, Alcalde, apdo.
    C. D. Arecibo.
    Dic. 22, 1925.
    C. D. Arecibo.
    Dic. 22, 1925.
    C. D. Arecibo.
    Dic. 23 1925.
   Confirmadas las sentencias por los fundamentos del caso de mandamus No. 3714, Miranda v. Agrait, de dic. 22, 1925, (pág. 796.)


text:
    No. 3740.
    López & Morán, apltes., v. Sobrinos de Ezquiaga, apdos.
    C. D. San Juan. Disto. 1º.
    Dic. 23, 1925.
   No habiéndose becbo formar parte de la transcripción las alegaciones y las pruebas del pleito y estando sostenida la conclusión de la corte al fijar la cuantía por la propia prueba pericial del apelante practicada con motivo del memorándum, y no existiendo base sólida alguna para considerar dieba cuantía excesiva, se confirma la resolución apelada.


text:
    No. 3746.
    Bernardino, aplte., v. Herruitinez, apda.
    C. D. Humacao.
    Desahucio.
    Dic. 23, 1925.
   No apareciendo que la corte errara al concluir que la evidencia demostraba la existencia de un conflicto de propiedad que no cabía decidir en un juicio de desahucio, motivo por el cual desestimó la demanda, se declara sin lugar el recurso y se confirma la sentencia apelada.


text:
    No. 2602.
    El Pueblo, apelado, v. Sanjurjo, aplte.
    C. D. San Juan, Disto. 2º.
    Portar armas.
    Dic. 23, 1925.
   Apa-reciendo que no existe el único error que se alega consis-tente en la insuficiencia de la prueba, pues aquella parte de la misma creída por la Corte demuestra que el acusado for-maba en una manifestación pública montado a caballo, por-taba en las banastas un machete con la punta por fuera, sin autorización de ley para ello, debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sentencia apelada.


text:
    No. 504.
    “Aurora”, Sociedad Agrícola, peticionaria, v. Hon. M. Muñoz Morales, J. D., demandado.

    Certiorari.
    Enero 12, 1926.
   Denegado.


text:
    No. 2664.
    El Pueblo, apdo., v. Rodríguez Dapena, aplte.

      C. D. Arecibo.
    Enero 13, 1926.
   Declarada con lugar la moción de corrección de autos del apelante en cuanto se re-fiere a incorporar al récord una copia certificada del escrito de excepción perentoria; y denegada en cuanto a, la peti-ción de que se ordene el envío a esta corte de una copia del acta de defunción de Angela Olavarría Maldonado, por no haberse debidamente identificado e incorporado en una ex-posición del caso o pliego de excepciones. El Pueblo v. Valentín (a) Negro, 34 D.P.R. 715.


text:
    No. 3806.
    “Aurora”, Sociedad Agrícola, apda., v. Barroso, aplte.
    C. D. San Juan.
    Enero 13, 1926.
   No ha lu-gar a la reconsideración solicitada porque si bien de la do-cumentación que presenta la parte apelada resulta que no se solicitó expresamente una prórroga del término de cinco días fijado por la ley de desahucio, es lo cierto que dentro de dicho término se pidió a la corte que ordenara al taquí-grafo que preparara la transcripción de la evidencia y así lo hizo la corte fijando para ello el plazo de veinte días, ex-tendiendo así, de hecho el dicho término de cinco, para lo cual tenía facultades según la jurisprudencia establecida en el caso de Curbello v. Rodríguez, 32 D.P.R. 460, citado en la resolución de este tribunal de diciembre 21, 1925.


text:
    No. 3569.
    Fantauzzi, aplte., v. Bonner, Tesorero, y Gallardo, Sucesor, apdo.
    C. D. San Juan, Disto. 1º.
    Recurso de error a la Corte de Circuito de Apelaciones, Primer Cir-cuito.
    Enero 14, 1926.
   Visto el apartado (c) de la sección 8 de la Ley del Congreso de febrero 13, 1925, para enmendar el Código Judicial y definir además la jurisdicción de las cortes de circuito de apelaciones y la Corte Suprema, y para otros fines, que comenzó a regir tres meses después de la fecha de su aprobación, y apareciendo que la sentencia de que se apela se dictó en julio 13, 1925, y la apelación se in-terpuso en enero 12, 1926, habiendo vencido con exceso el término de ley, no ha lugar a admitir la apelación que se in-terpone para ante la Corte de Circuito de Apelaciones para el Primer Circuito de los Estados Unidos en el caso arriba titulado.


text:
    No. 36.
    No. 506.
    Díaz Cintrón, promovente, v. Hon. A. Acosta Quintero, J. D., demandado.
    Auto inhibitorio.
    Enero 15, 1926.

      Denegado.

      Certiorari.

    Enero 22, 1926.
   Denegado.


text:
    No. 3689.
    Remy, apdo., v. Muñoz et al., apltes.
    C. D. San Juan.
    Julio 6, 1925.
   Concedidos 15 días a los apelan-tes para archivar la exposición del caso.


text:
    No. 3689.
    Remy Liger, apdo., v. Muñoz Morales y Alvarez Torre, apltes.
    C. D. San Juan, Disto. 2º.
    Enero 15, 1926.
   Apareciendo qne ya está en manos del juez inferior la exposición del caso para su aprobación, y teniendo en cuenta que el 30 de diciembre último se nos pidió por el ape-lante una prórroga de diez días para presentar la transcrip-ción en este tribunal sin que esa moción haya sido resuelta hasta ho3q se concede al apelante un término de diez días ■contados desde hoy para presentar en este tribunal la trans-cripción de la apelación y también su alegato. El Juez Pre-sidente Sr. del Toro y el Juez Asociado Sr. Franco Soto disintieron.


text:
    No. 505.
    Castillo et al., peticionarios, v. Hon. C. E. Foote, J. D.

    Certiorari.
    Enero 15, 1926.
   No apareciendo envuelta en la solicitud presentada ninguna cuestión de ju-risdicción o procedimiento, no ha lugar a expedir el auto.


text:
    No. 3659.
    Ferrer, apda., v. Guillén, aplte.
    C. D. San Juan.
    Enero 20, 1926.
   Celebrada la vista de esta apela-ción con asistencia e informe de los abogados de ambas par-tes el 19 de enero actual, estimando el tribunal que no erró la corte sentenciadora al declarar sin lugar la contrade-manda, ya que examinada ésta es necesario concluir que no aduce hechos suficientes para constituir una causa de acción, se confirma la sentencia apelada en cuanto por ella se de-claró la dicha contrademanda sin lugar.


text:
    No. —

    In re. Figueroa Maestre, querellado.
    Rehabi-litación al ejercicio de la abogacía.
    Enero 22, 1926.
   Dene-gado.


text:
    No. 2474.
    Gandía, apdo., v. Porto Rico Fertilizer Co., aplte.
    C. D. San Juan, Sección 1º.
    Enero 22, 1926.
   A la moción de la demandada-apelante solicitando la devolución del depósito de $300, consignado en la secretaría de esta corte como fianza de costas de este caso en marzo 27, 1925, se declara con lugar y el secretario procederá a entregar dicho depósito a la peticionaria después de descontar la suma de $70 por costas concedidas al demandante por la Corte de Circuito de Apelaciones para el Primer Circuito de los Estados Unidos, de acuerdo con su mandato de no-viembre 27, 1925 y certificación del secretario de dicha corte de diciembre 2, 1925; y'se deja sin efecto la resolución de esta corte dictada en este caso en diciembre 8, 1925, enviada a la Corte de Distrito de San Juan en 9 de diciembre, 1925, para el cobro de dichas costas, debiendo dejarse la debida constancia sobre este particular en los autos.


text:
    No. 3828.
    Portilla et al., apltes., v. Portilla et al., apdos.
    C. D. San Juan.
    Nulidad de actuaciones judiciales.
    Enero 22, 1926.
   Moción sobre desestimación de apelación. Examinada la moción y las certificaciones que se acompañan y apareciendo que el pleito fué establecido contra varios de-mandados pidiendo la nulidad de ciertas actuaciones en una administración judicial, y habiéndose hecho la notificación del escrito de apelación solamente a uno de los demandados sin que se hiciera a los demás que pueden ser perjudicados o beneficiados por el resultado de la apelación, de conformi-dad con la ley y la jurisprudencia aplicable, se desestima el recurso.


text:
    No. 3387.
    González, etc., aplte., v. Porto Rico Railway, L. & P. Co., apda.
    C. D. San Juan, Disto. 1º.
    Apelación a la Corte de Circuito de Apelaciones, Primer Circuito.
    Enero 25, 1926.
   Visto el apartado (e) de la sección 8 de la Ley del Congreso de febrero 13, 1925, para enmendar el Código Judicial y definir además la jurisdicción de las cortes de cir-cuito de apelaciones y de la Corte Suprema, -y para otros fines, que comenzó a regir tres meses después de la fecha de sn aprobación, y apareciendo qne la sentencia de 'que se apela se dictó el 24 de julio de 1925 y la apelación se inter-puso el 23 de enero de 1925, habiendo vencido con exceso el término de ley, no ha lugar a admitir la apelación que se interpone para ante la Corte de Circuito de los Estados Unidos en el caso arriba titulado.


text:
    No. 30.
    Ex parte Enrique Ledesma Figueroa, peticionario.
    Admisión al ejercicio de la abogacía.
    Enero 25, 1926.
   Habiendo probado el peticionario que es graduado de abogado en una universidad acreditada de Europa con diez años de anterioridad a la aprobación de la Ley No. 17 de 1925 y que ha practicado durante cinco años por lo me-nos en el bufete de un abogado autorizado para ejercer su profesión por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, se de-clara con lugar su petición y en su consecuencia admítese al peticionario al ejercicio de la abogacía sin examen tan luego haya sido favorablemente recomendado por la Comisión de Reputación y haya prestado el juramento de ley.


author: Por la corte:

text:
    In re Justo A. Casablanca, peticionario
    Marzo 24, 1925.
   Por la corte:

Vista la solicitud presentada, la corte llega a la conclusión de que cuando a un candidato se le niega la admisión debido a los delitos por él cometidos, para que este tribunal haga uso de su facultad de admitirlo al ejercicio de la profesión, es preciso que tal candidato supla prueba sa-tisfactoria de su presente condición moral. No encontramos que tal cosa se haya hecho en este caso. La mera recomen- , dación de abogados no es suficiente. A falta de prueba de una conducta que distinga señaladamente al candidato deberá éste pedir y obtener tal ayuda de la abogacía que disipe cualquier fuerte duda que exista de dicha presente condición. No estamos ejercitando la facultad de indultar sino que com-partimos con la abogacía la responsabilidad de estar razo-nablemente satisfechos de que una persona admitida a ejer-cer la abogacía debe ser digna de la confianza pública. De-negada.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey, EL JUEZ ASOCIADO SR. ERANCO SOTO

text:
    Bolívar Pagán, peticionario, v. Horace M. Towner, en su carácter de Gobernador de Puerto Rico, demandado.
    No. 236.

    Visto: Noviembre 16, 1925.

      Resuelto: Febrero 3, 1926.
    1. Mandamus — Materias y Propósitos del Remedio — Actos y Procedimientos de Funcionarios Públicos, Juntas y Municipios — Nombramiento de Fun-cionarios Públicos — Discreción en Cuanto a Nombrar. — Para poder librar un auto de mandamus es necesario que la persona contra quien se dirija tenga un deber ministerial, impuesto por la ley, de ejecutar el acto cuyo cumplimiento se le exige, pues si no es así y tiene discreción para o en la manera de ejecutarlo, no debe librarse el auto {Zavala v. Consejo Ejecutivo, 9: 211; Negrón v. Swpt. Elecciones, 11: 366).
    2. Elecciones — Distritos o Precintos Electorales y Funcionarios Electora-les — Nombramiento, Condiciones y Término del Cargo — Representantes de los Partidos Políticos — Miembros Junta Insular de Elecciones. — -La facultad conferida al Gobernador por la sección 1 de la Ley de Inscripciones y Elecciones de nombrar representantes de los dos partidos políticos princi-pales a la Junta Insular de Elecciones a propuesta de los organismos direc-tivos centrales de dichos partidos envuelve en sí la discreción de nombrar o nó a la persona propuesta.
    Solicitud de Mandamus (jurisdicción original) para que el Gober-nador proceda a nombrar al peticionario como miembro de la Junta Insular de Elecciones.

      Denegada.

      Bolívar Pagan, abogado del peticionario; Don. George G. Buite, Attorney General, y C. Llauger Díaz, abogados del demandado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió, la opinión del tribunal.

El peticionario nos pide que libremos un auto de mandamus ordenando al Gobernador de esta Isla que lo nom-bre miembro de la Junta Insular de Elecciones y con tal fin alega substancialmente lo siguiente: que es mayor de veintiún años, ciudadano de Puerto Rico y vecino de esta ciudad: que la Junta Insular de Elecciones es permanente ;y está compuesta por tres miembros nombrados por el Go-bernador de esta Isla, dos de ellos a propuesta de los orga-nismos directivos centrales de los dos partidos políticos principales de la Isla: que el número de votos obtenido en las últimas elecciones generales de noviembre de 1924 por el Partido Socialista para su candidato a Comisionado en los Estados Unidos lo lia convertido en uno de los dos par-tidos políticos principales, dejando de tener ese carácter el Partido Republicano Puertorriqueño, por cuyo motivo el puesto que el representante de este partido ocupaba en la Junta Insular de Elecciones está vacante: que después del resultado de las elecciones el organismo directivo central del Partido Socialista propuso al Gobernador al peticiona-rio para que lo nombrase miembro de la Junta Insular de Elecciones en representación de dicho partido y que el Go-bernador se ha negado a nombrarlo para dicho cargo, sin que ninguna de las razones expuestas, para su negativa se re-fieran a objeción alguna contra el candidato propuesto ni contra sus condiciones legales, intelectuales, morales ni fí-sicas.

Sin librar el auto solicitado convocamos a las partes para ser oídas sobre la procedencia o improcedencia de la solicitud, habiendo alegado el demandado en esa compare-cencia que la solicitud no aduce hechos suficientes para con-ceder el remedio solicitado, y concedimos a las partes tiempo para presentar alegatos escritos sobre esa cuestión. Por consiguiente, en vista de la excepción previa alegada por el demandado la cuestión a resolver es si tomando como cier-tos los hechos alegados por el peticionario ellos son suficien-tes para que ordenemos al Gobernador que lo nombre para dicho cargo.

Para que pueda librarse un auto de mandamus es necesario que la persona contra quien se dirija tenga un deber ministerial impuesto por la ley de ejecutar el acto cuyo cum-plimiento se le exige, pues si no es así y tiene algunas dis-creción para ejecutar el acto o en la manera de ejecutarlo, entonces no debe librarse el auto de mandamus, según he-mos declarado en los casos de Zavala v. Consejo Ejecutivo, 9 D.P.R. 211, y de Negrón v. Superintendente de Elecciones, 11 D.P.R. 366. Por esto es conveniente dejar establecido, como se dice en 18 Ruling Case Law, p. 116, y en 38 Corpus Juris, p. 598, que frecuente y universalmente se ha recono-cido que el mandamus sólo es procedente para hacer cumplir un deber o un acto ministerial: que en este sentido un de-ber ministerial puede ser definido brevemente como un de-ber impuesto por la ley que no permite discreción en su ejer-cicio sino que es mandatorio e imperativo: que la distin-ción entre actos meramente ministeriales y judiciales y otros actos oficiales es que cuando la ley prescribe y define el deber que debe ser cumplido con tal precisión y certeza que nada deja al ejercicio de la discreción o juicio, el acto es ministerial; pero cuando el acto que debe ser cumplido en-vuelve el ejercicio de discreción o juicio, no es considerado meramente ministerial. También queremos decir que para que pueda librarse un auto de mandamus es necesario que exista un claro derecho legal a compeler la ejecución del acto o deber que se reclama, 38 Corpus Juris 582, pues aun-que se libre un auto condicional ha de disponer que el de-mandado ejecute el acto que se le ordena a menos que de-muestre razones suficientes para no ejecutarlo. Por esto el derecho reclamado debe ser claro pues el libramiento del auto significa que el tribunal entiende que el peticionario tiene el derecho que reclama y que el demandado tiene ■ el deber ministerial de realizar el acto que se le ordena, si no demuestra razones suficientes para dejar de ejecutar lo que se le manda.

Sentado lo que precede examinaremos si los hechos de la petición en este caso son suficientes para decidir que debe librarse el auto de mandamus pedido.

La ley dispone la existencia de una Junta. Insular de Elec-ciones permanente compuesta de tres miembros, dos de los cuales serán representantes de los dos partidos políticos prin-cipales de la isla y cayos nombramientos deberán ser hechos por el Gobernador a propuesta de los organismos directivos centrales de los respectivos partidos políticos principales, por lo que la cuestión principal envuelta en este caso es si siendo el Partido Socialista uno de los dos partidos políticos principales después de las últimas elecciones, como alega la petición, y si habiendo propuesto dicho partido al peticio-nario para representarlo en dicha junta, el Gobernador tiene el deber ministerial de nombrar al único candidato que le ha sido propuesto o si ese deber es discrecional.

Aunque el peticionario sostiene que por haber sido pro-puesto por el Partido Socialista el Gobernador tiene el deber ministerial de nombrarlo, sin embargo, no parece estar se-guro de su afirmación pues al alegar que ninguna de las ra-zones expuestas por el Gobernador para no hacer su nom-bramiento se refieren a sus condiciones legales, físicas, mora-les ni intelectuales, admite tácitamente que si existiera alguna de esas razones no estaría obligado a nombrarlo. Y así es en efecto, pues la única limitación impuesta por la ley al Go-bernador es que la persona que nombre debe ser propuesta por el partido correspondiente y no podemos creer que la in-tención de la legislatura fue que el Gobernador tuviera que autorizar con su firma el nombramiento de cualquier persona, que se le proponga para formar parte del organismo oficial Junta Insular de Elecciones, cualesquiera que sean las con-diciones legales, morales, físicas, intelectuales o de cualquiera otra índole de la persona propuesta. Y de la alegación dicha puede deducirse también que el Gobernador tiene para, no hacer el nombramiento alguna objeción distinta de las ex-puestas en la petición que no se ha mencionado en ella y que-tal vez sea suficiente para su negativa.

Al' reconocer la ley a los dos partidos políticos princi-cipales el derecho de tener un representante en la Junta Insular de Elecciones nombrado por el Gobernador ha facul-tado a esos partidos para proponer esa persona pero no para nombrarla, y de sostenerse la teoría del peticionario no se-ría el Gobernador quien hiciera el nombramiento sino los partidos políticos y el Gobernador quedaría convertido en un autómata cuya única misión en este caso sería poner su firma ineludiblemente al nombramiento de la persona pro-puesta por los partidos políticos. Cuando la ley ha querido conferir a los ^partidos políticos el derecho de nombrar a sus representantes para funcionarios oficiales lo ha decla-rado expresamente, como lo hizo al disponer que cada uno de los dos partidos principales nombrase una persona de las tres que han de formar la Junta Local de Elecciones en cada municipio. Sección 13 de la Ley No. 79 de 1919, que'f-ué en-mendada en 1923 (p. 563) y 1924, (p. 5.)

Para la Junta Insular de Elecciones la ley no ha confe-rido a los dos partidos políticos principales el derecho de nombrar la persona que ha de representarlos en ella sino el de proponer la persona al. Gobernador para su nombra-miento ; y proponer, de donde se deriva la palabra propuesta, es según el Diccionario de la Academia Española, “mani-festar con razones una cosa para conocimiento de uno o para inducirle a adoptarla”. “Consultar o presentar a uno para un empleo o beneficio.” La frase “a propuesta” usada en,el texto castellano de la ley se consigna en la edición in-glesa de ella con la de “on recommendation,” que es aún más explícita y clara en su significado, por lo que los partidos po-líticos tienen sólo el derecho de proponer, de recomendar sus candidatos, derecho que recíprocamente confiere al Go-bernador el de no aceptar la propuesta o recomendación y por tanto el de no ser compelido a aceptar y nombrar nece-sariamente a la persona propuesta y de solicitar que los or-ganismos directivos centrales de los partidos le propongan otra persona que a su juicio pueda ser nombrada por él. La facultad de nombrar a propuesta o por recomendación de otro envuelve en sí la discreción de nombrar o nó a la persona propuesta o recomendada. Claro está que esa facultad, que se reconoce al Gobernador en este caso, es para ser ejer-citada dentro de límites razonables, y que si de ella, se abusara procedería el auto de mandamus. Por ejemplo, el Gobernador, según liemos dicho, no podría nombrar a persona alguna que no fuera propuesta por el partido y tendrá que escoger un nombre de entre los propuestos si no existen razones válidas para rechazarlos a todos. De la solicitud presentada no se desprende abuso alguno de> discreción por parte del Gobernador al dejar de nombrar al peticionario.

Las otras razones de oposición del demandado a la pe-tición son secundarias a la que hemos considerado y por eso no las tratamos.

En el caso de Piovanetti v. Pas y otros, 28 D. P. R. 537, citado con aprobación en el de Torres v. Asamblea Municipal de Guánica, 33 D. P. R. 349, resolvimos que según la ley en-tonces vigente las asambleas municipales estaban obligadas a cubrir las vacantes que ocurrían en su seno con la persona que le propusiera el organismo directivo local del partido que eligió el miembro cuya vacante haya de cubrirse, sin poder pedir que se propusiera más de una persona y sin tener el derecho de elección: pero esa decisión no es aplica-ble al caso presente porque, como entonces dijimos, no po-día quedar a merced del partido contrario en la asamblea municipal la elección de la persona que había de represen-tar en ella al otro partido de la minoría, mientras que en el caso presente no es el partido contrario el que con sus ideas e intereses opuestos al otro ha de hacer el nombra-miento sino el Gobernador de la isla en quien no podemos suponer tales intereses.

Por las razones expuestas la solicitud de mandamus debe ser negada.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto disintió.

OPINIÓN DISIDENTE EMITIDA POR

EL JUEZ ASOCIADO SR. ERANCO SOTO

No puedo concurrir con la mayoría que rehúsa expedir un auto alternativo de mandamus y así evita discutir los méritos del caso. La petición la considero suficiente, a me-nos que en ningún caso no fuera permitido expedir un mandamus contra el Gobernador. Esto fué decidido afirmati-vamente en los casos de Lutz v. Post, 14 D. P. R. 860, y Jiménez v. Reily, 30 D. P. R. 626. De igual modo no ha-bía que prestarse atención al derecho que reclama el peti-cionario si la legislatura no tuvo ningún propósito al poner en vigor la sección de la ley electoral cuyo cumplimiento se solicita dejando su ejecución como acto personal o vo-luntario del demandado. Si hubiera ocurrido así, ¿para qué decretar leyes de tal naturaleza?

La sección a que nos referimos es la sección P de la “Ley de inscripciones y elecciones,” tal como fué enmendada en junio 18, 1924, que en lo pertinente dice lo siguiente:

“Se establece una junta permanente de elecciones que se compon-drá de un 'Superintendente General de Elecciones, como presidente, quien será designado por el Gobernador, con el consejo y consenti-miento del Senado de Puerto Rico, y de dos personas representando los dos partidos políticos principales de la Isla según más adelante se definen en la presente, y de un substituto de cada uno de dichos miembros, que serán nombrados por el Gobernador a propuesta de los organismos directivos centrales de dichos partidos;” * * *.

No .se- pone en duda por la mayoría, seguramente, por ser cuestión de conocimiento judicial, que por el resultado de las últimas elecciones celebradas en noviembre 4, 1924, el Partido Socialista se tornó en uno de los dos partidos po-líticos principales de la Isla. Y el peticionario descansando en ese hecho fundamental alega que por haber perdido el Partido Republicano Puertorriqueño el carácter de partido político principal y mediante “la propuesta” del Goberna-dor de su nombre por el organismo director del Partido So-cialista, él tiene derecho a ocupar la vacante que dejó el re-presentante de aquel partido en el seno de la Junta Insular de Elecciones, y que a pesar de tal propuesta dicho funcio-nario se ha negado a hacer el nombramiento, expresándose el peticionario en ese particular, de este modo:

“XII. Que el referido demandado, Horace M. Towner, actuando en su carácter de Gobernador de Puerto Rico, se ha negado a nom-brar a dicho peticionario como miembro de la Junta Insular de Elec-ciones en representación del Partido Socialista de Puerto Rico como uno de los dos legalmente llamados partidos políticos principales en la Isla de Puerto .Rico ;
“XIII. Que ninguna de las razones expuestas por dicho deman-dado por negarse a nombrar al peticionario como arriba se indica, :se refiere a objeción alguna contra el candidato propuesto, ni a ob-jeción alguna contra las condiciones legales, intelectuales, morales ni físicas del referido peticionario;”

En mi concepto la negativa en la forma expresada hace más qne suficiente la petición porque ella por sí sola era bas-tante, si es que para nosotros la jurisprudencia tiene algún valor, no siendo necesario para el peticionario anticiparse a dar las únicas razones en que podía fundarse la negativa del demandado. La regia general que uniformemente se ha sostenido de ser indispensable, antes de interponer un mandamus, que se haga un requerimiento al demandado y que una negativa expresa o implícita debe existir, no tiene apli-cación cuando erdeber que se trata de enforzar es de natu-raleza pública (public nature) o afecta al pueblo en general, y una demanda y su negativa en tales casos no hay que alegarlas. La ley que exige el deber subsiste como reque-rimiento continuo. People v. Board of Sup’rs., 79 N. E. 126. Y no se puede decir que esta doctrina sea una nove-dad en nuestra jurisprudencia local. En el caso de Torres v. Asamblea Municipal de Guánica, 33 D. P. R. 354, donde precisamente se trató de un mandamus que perentoria-mente ordenó a dicha asamblea el nombramiento de -un miem-bro socialista “a propuesta” del organismo directivo del Partido Socialista, se expresó esta Corte Suprema en estos términos: :

“Como tendería a demostrar nuestra discusión de la cuestión principal, la selección de una persona para representar a determinado distrito electoral es un asunto de alto carácter público. Por tanto, estamos satisfechos en vista de las citas del peticionario, de que en cuestiones de tan alta naturaleza pública un previo requerimiento para que se cumpla el acto en cuestión no es necesario.”

Si esto es así, oreemos demasiado pedir que alegándose en este caso qne hubo la demanda y la negativa del deman-dado, se exija además qne se expresen las razones qne tal vez habría qne desentrañar del fnero interno del deman-dado. Cosa imposible.

Y parecerá extraño, por consiguiente, qne se haga de-pender por este tribunal el cumplimiento de la sección qne se interpreta de ciertas reservas qne ponen en la mente del demandado, y qne por ser imaginario su efecto podía ser el mismo se trate de uno o cien candidatos. Con sólo ne-garse el demandado era bastante si se le reconoce qne su po-der es arbitrario. También esto resulta en pugna con el consensus unánime de las autoridades. La doctrina general es-tablecida de cuando la ejecución de un deber oficial envuelve el ejercicio de un juicio o discreción el oficial no- puede ser comp elido en relación con la actuación particular que él pueda tomar, tiene sus límites. La jurisprudencia- sienta la excepción para todos aquellos casos en que el oficial o funcionario puede ser culpable de un “gross” abuso de dis-creción o exista una evasión positiva del deber o rehúse ac-tuar enteramente con. menosprecio a la ley, pues en estas circunstancias el mandamus es el medio que puede propor-cionar el remedio no existiendo otro adecuado prescrito en la ley. 18 E. C. L. 126-7 y casos citados en la nota 5ú

La discreción, de todos modos, tiene su límite y no sabe-mos sin ver los hechos si se ha ido más allá de lo que prescribe tal facultad, cuando el peticionario alega, si es nece-sario alegarlo, que ninguna razón para sostener la actuación del Gobernador se refiere a objeción alguna contra las con-diciones legales, morales o físicas del peticionario. No po-demos escudarnos, so pena de incurrir en la misma falta, en el exceso de discreción que se trata de corregir, en darle uña significación a la palabra “propuesta’* que no fué el fin o la intención que tuvo el legislador. La interpretación ra-cional única que cabe es que la legislatura expresó su pen-samiento de que la persona "propuesta,” que tanto equi-vale a decir la persona elegida o seleccionada por el partido político a quien corresponda, no será nombrada fuera de la actuación oficial de los partidos políticos dominantes sino por su conducto oficial. En una palabra, se quiso sentar que el demandado no podía obrar por su propia iniciativa, escogiendo cualquiera individualidad, sin la proposición ofi-cial del partido político a quien correspondiera la represen-tación en la Junta Insular de Elecciones. Se quiso definir imperativamente que el Gobernador no actuaría fuera de los actos oficiales de dichos partidos y esa fue la intención inequívoca del legislador por la significación misma que de-bió tener para ellos la composición de un organismo cuya alta misión preservativa de toda democracia, es la inspec-ción y dirección de elecciones en Puerto Rico. De ahí es que a poco que se examinen las autoridades podemos ver que se fian decretado leyes de naturaleza análoga en otros estados respondiendo indudablemente a la base fundamen-. tal de un gobierno republicano o democrático. La teoría parece bien clara. Los partidos políticos son las verdade-ras agencias del pueblo que es donde reside la soberanía' y el gobierno es a su vez un mandatario como resultado de las ludias en los comicios para dirigir la cosa pública. Si esto es así, ¿cómo es posible mantener elecciones justas e impar-ciales si a uno o cualquiera de los partidos políticos domi-nantes no se le reconoce la debida representación en aquellos organismos oficiales que tienen el control de las elecciones?

"La apelante se refiere al alegado poder para nombrar de la asamblea municipal. El poder de nombramiento de la asamblea municipal para cubrir vacantes es meramente último o subsidiario. La elección la tiene principalmente el pueblo y el nombramiento, sos-tenemos, se deja al partido que pierde un miembro en la asamblea. Por la Constitución de los Estados Unidos la facultad de nombra-miento puede dejarse por el Congreso al Presidente o a los jefes de departamentos y no dudamos que el Congreso tiene el derecho de fijar tal facultad de nombramiento en alguna otra parte. Quizás originalmente los partidos políticos no fueron reconocidos como enti-dades legales pero la historia en los Estados Unidos ha demostrado, que los partidos políticos están reconocidos para varios fines como entidades legales, hasta el punto de que se imponen limitaciones a su organización. Somos claramente de opinión de que la Legisla-tura de Puerto Rico tenía el derecho de dejar que se cubra una va-cante por el partido político, y así lo hizo.” Torres v. Guánica, 33 D.P.R. 352.

No será, pues, una sorpresa decir que la jurisprudencia americana frecuentemente lia sostenido que el auto de mandamus es un remedio adecuado para obligar a funcionarios al cumplimiento del deber que tienen con respecto al nom-bramiento de los funcionarios directores de una elección. 18 E. C. L. 269-70. “De conformidad con esto se ba resuelto que el deber impuesto a un funcionario público de nombrar funcionarios directores de una elección, que ban de ser ele-gidos de los diferentes partidos políticos es tan ministerial, que puede expedirse un auto de mandamus para obligarle a nombrar un miembro de uno de los partidos, cuando él se ba negado arbitrariamente a designar cualquier miembro de tal partido pero ba nombrado personas, las cuales todas son miembros del partido contrario.” 18 E. C. L. 269.

En el caso de Independence League v. Edward Taylor, 154 Cal. 179, la ley babía creado una Junta de Comisiona-dos de Elecciones para la dirección y gobierno del registro de votantes y celebración de elecciones en la ciudad y con-dado de San Francisco. En el alcalde residía la facultad de nombrar. Dos.de los cinco miembros primeramente nombra-dos eran elegidos de cada uno de los partidos políticos que obtuvieran en la ciudad y condado mayor número de votos en la última elección general precedente. El alcalde violó el precepto nombrando a dos personas no afiliadas al par-tido peticionario que obtuvo el mayor número de votos, y la opinión de la Corte Suprema de California en sus conclusio-nes, dice lo siguiente:

“En vista de los hechos admitidos, como antes se han referido, no nos parece que existe ninguna duda de que fuera el deber impe-rativo del alcalde por virtud de esta prescripción de la carta consti-tutiva cubrir las vacantes,que ocurrieron en la comisión de elección en enero último nombrando miembros de la Liga de la Independen-cia. Los términos de la sección son tan claros y la norma del pre-cepto tan evidente que sería superfl.ua la discusión en cuanto a la significación de la primera o la importancia vital de la segunda. Las funciones de la junta con respecto a toda la serie de actos desde el registro de votantes hasta la emisión de sus votos son tan numerosas e importantes y la necesidad de constituir tal organismo, con tales poderes, representante de los dos partidos principales en un go-bierno republicano o democrático está tan universalmente recono*-cida que no es necesaria argumentación alguna para robustecer la conclusión de que los autores de la carta, y el pueblo que la adoptó, intentaron privar al alcalde de cualquier discreción $ara desatender su claro mandato. La política de la ley es impedir los fraudes en elecciones, y no solamente garantizar la legalidad en su conducta sino dar al público la seguridad práctica de que ellas han sido cele-bradas honradamente y sus resultados declarados con honradez. El alcalde tiene, y necesariamente ha de tener, discreción en la selec-ción de los individuos que han de ser nombrados, pero no tiene nin-guna discreción para buscar aquellos individuos fuera de la clase de elegibles designada. Admitir que tiene tal discreción, y que. dicha discreción no está sujeta a ningún control, es crear precisa-mente la condición que los autores de la carta quisieron impedir. Por los hechos presentados en la petición y excepción previa nues-tra conclusión es que el alcalde infringió la carta al nombrar a King y Apperson y que él ha dejado y se ha negado a ejecutar un acto que especialmente tenía que hacerlo como deber resultante de su cargo al negarse a nombrar a dos miembros de la Liga Independen-cia para los puestos que quedaron vacantes en enero último.
“Parece que se ha argumentado que porque esos puestos están ahora ocupados por King y Apperson, la' corte no puede ordenar al demandado a nombrar a otros para los mismos cargos. Este razona-miento también convierte el precepto de la carta en cuestión en una mera declaración académica de ética política y priva a los partidos políticos principales de cualquier remedio eficaz por la violación de los importantes derechos que quiso garantizar. Si su validez fuera admitida, el alcalde podría seleccionar los miembros de la comisión de un club con completa impunidad^en'tanto se trata de las cortes.”
13

En el caso de State v. Board of President and Directors St. L. Pub. Schools, 35 S. W. Rep. 617, también es uno muy interesante donde si bien se reconoce la regla general que el mandamus no procede cuando se está investido de cierta dis-creción para cumplir el deber que la ley define, se dice, sin embargo, que está bien establecido que si el poder discrecio-nal se ejerce con manifiesta injusticia, las cortes no están impedidas de bacer cumplir tal deber y que un abuso de dis-creción es corregible por mandamus. Y así se consideró la acción de los demandados nombrando en un colegio electoral a jueces y secretarios todos de un solo partido, expul-sándose en definitiva a estos oficiales y nombrándose a otros con igual representación por cada partido. Finalmente la Corte Suprema de Missouri se expresó así:

“Sin más discusión nuestra conclusión es que en la acción ejer-citada la junta escolar abusó de tal modo- de la discreción conferí-'dale que era una negativa virtual en cumplir el deber de celebrar una elección impareial y que, para la ley, se lia negado a actuar en absoluto, y es nuestro deber pasar por alto su actuación injusta, y requerirla por nuestra orden a que proceda en forma legal a cele-brar dicha elección.” p. 621.

Siguen la misma línea los casos de Illinois State Board of Dental Examiners v. People, 13 N. E. 201, 123 Ill. 227; Village of Glencoe v. People, 78 Ill. 382; Arberry v. Beavers, 6 Tex. Loc. Cit. 472; Commissioners v. Lynch, 2 McCord, 170; The Supreme Court of New York v. Superior Court, 5 Wend. 114, y Fretwell v. Laffoon, 77 Mo. 26, que aparecen citados en el mismo caso de State v. Board of President & Directors St. L. Pub. Schools, supra, sosteniéndose abun-dante y suficientemente que la discreción tiene su límite, es-pecialmente si el derecho violado pertenece al público. P. 620.

Si no perdemos de vista estos casos y se les concede al-gún valor, hay que decir francamente que' el criterio de la mayoría es enteramente equivocado. La alegación del peti-cionario, siendo necesaria, lo que negamos, en sentido de que el Gobernador se ha negado a hacer el nombramiento sin aducir razón alguna de carácter legal, físico, moral o intelectual, indica, como es natural, el límite o círculo en que puede girar la discreción del Gobernador para hacer el nom-bramiento. Es en este punto solamente que sería irrazo-nable pensar que el poder de nombrar fuera mecánico o au-tómata. T no puede entenderse cómo podamos deducir de una alegación que expresa la negativa rotunda del deman-dado que ella “presupone que el gobernador tiene alguna objeción distinta de las expuestas en la petición que no se exponen en ella.” Si fuera así es propiamente el deman-dado quien podrá decirnos lo que supone el tribunal. De otro modo sería una manera irregular de asumir una de-fensa que no conocemos y sin investigar el alcance de la misma, en caso de ser arbitraria, límite de la discreción, a menos que la Legislatura diera al Gobernador el poder sin restricciones .de hacer el nombramiento y las cortes queda-ran impotentes para corregir o revisar su acción, cualquiera que fuere. Pero esto conduce al absurdo. Cuando la le-gislatura confirió el poder de nombrar en la forma prevista en este caso se debía interpretar necesariamente que no era para ejercerlo arbitraria o injustamente sino en pro de los mejores intereses del pueblo. No importa que sea uno el propuesto. Si la actitud del demandado es una simple ne-gativa, lo mismo podía ocurrir con la propuesta de un mayor número y así cualquier funcionario manteniendo una si-tuación de pasividad podía fácilmente desconocer la ley.

Por otra parte, el caso que nos ha parecido más impor-tante, citado por el Attorney General, es el de Jones v. Sargent et al., 124 N. W. 339, de la Corte Suprema de Iowa. En ese caso, que fue un procedimiento de quo warranto, la discusión fuerte y acalorada que sostuvieron los jueces, pues la decisión se dió por mayoría, se dirigió principalmente a la cons'titucionalidad de la ley, porque ésta imponía a los candidatos, aparte de su afiliación política, determinadas es-pecificaciones para formar parte de la comisión de policía. Las especificaciones se referían a que el candidato debería ser ciudadano del Estado de Iowa y haber residido en la ciudad de Council Bluffs por más de cinco años precedentes a, su nombramiento. La Corte Suprema parece, sin embargo, confirmar el principio general que bemos sostenido; pues en uno de sus párrafos se expresa así: “Si no hubiera especificaciones respecto al deber de elegir dos de la mayo-ría y uno de la minoría, podríamos tener una situación diferente. Pero hay ciertas especificaciones y el alcalde tiene discreción acerca de este mismo asunto.”

Por último diremos que el caso de Piovanetti et al. v. Paz et al., 28 D. P. R. 537, responde en cuando al resultado a la teoría general de los casos americanos. Ocurrió una vacante de un miembro de la minoría en la Asamblea Municipal de Yauco, y habiendo propuesto un único candidato el organismo político director, a quien correspondía hacer la recomendación por disposición de la ley, la asamblea no hizo el nombramiento pero acordó pedir una terna al mismo or-ganismo político para cubrir la vacante. No conforme la minoría con dicho acuerdo, se estableció un mandamus para compeler a la mayoría que componía la asamblea nombrar el candidato propuesto. La Legislatura usa en la sección 22 de la “Ley Municipal,” aprobada en julio 31, 1919, la misma terminología, “a propuesta del organismo director”. * * * etc., y sin embargo el lenguaje de esta Corte Suprema, con-firmando la sentencia inferior que decretó perentoriamente el mandamus, es el siguiente:

“Basta este enunciado para comprender que no tienen razón los apelantes, pues la Ley Municipal no los autoriza para exigir que el partido de la minoría le proponga varias personas para cubrir la va-cante que dejó, uno de sus afiliados, sino que dice que la vacante se cubrirá a propuesta del organismo director del partido que eligió el miembro cuya vacante haya de cubrirse. A este partido' es a quien se concede el derecho de proponer el candidato y por tanto el de es-coger el que crea más conveniente; y tiene que ser así porque no puede quedar a merced del partido contrario en la asamblea municipal la elección de la persona que ha de representar en ella al par-tido de la minoría, siendo éste el resultado si tuviera el derecho de pedir que se le proponga más de una persona.”

No creemos que pueda ponerse ningún paliativo a' este lenguaje para quitar sus efectos en relación al caso pre-sente. En mi concepto se va tan lejos que Rabia que con-cluir que los miembros de toda asamblea eran meras figu-ras decorativas (figurehead) que solamente tenían que obe-decer. Era innecesario que la Legislatura las Rubiera men-cionado en la ley porque su función se reducía a cero. Sin embargo, este caso se cita luego en el de Torres v. Guánica, supra, pero ya en este líltimo se entra en un orden de ideas que subsana la impresión radical que dejaba el caso de Piovanetti. Por eso en el caso de Torres, p. 351, se dice: “Cuando se Race una simple recomendación si el caso de Piovanetti v. Paz es correcto y reúne condiciones el pro-puesto miembro, surge el deber en la asamblea de nombrar la persona recomendada.” Y se dice además en la página 353: “Un deber ministerial legal puede existir aunque la persona a quien se trate de obligar mediante mandamus tenga que interpretar una ley o examinar a un propuesto miembro para ver si reúne las condiciones necesarias.”

El caso de Torres sigue sustancialmente la doctrina de los casos de People v. Board of Sup’rs, supra, y People ex rel. Alpuier et al. v. Board of Sup’rs of Kaukakee County.

“La selección” de candidatos por el organismo político director de que Rabian esos casos y que deben imperativa-mente ser nombrados por el organismo o funcionario que tiene la facultad de nombrar, tiene el mismo alcance, en mi concepto, que la frase “la propuesta” que usa nuestra ley.

¿Por qué, pues, no seguir sosteniendo principios que Rasta aRora parecían invariables? La condición del deman-dado no importa. Debió expedirse un mandamus alternativo y luego de conocer los RecRos, decidir de acuerdo con los mé-ritos del caso.