source: Caselaw Access Project

author: La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco Juez Asociado Se-ñor Estrella Martínez. Juez Asociada Señora Ro-dríguez Rodríguez,

license: Public Domain

text:
    Mirta García López y otros, recurridos, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros, peticionarios.

      Número: CC-2011-610

      Resuelto: 10 de abril de 2012

      Irene S. Soroeta Kodesh, procuradora general, María C. Um-pierre Marchand y Karla Z. Pacheco Alvarez, procuradoras generales auxiliares, abogadas de la parte peticionaria; Rafael A. Nadal Arcelay, Edgardo Pabón Rodríguez y Za-hira A. Maldonado Molina, de Cando, Nadal, Rivera & Díaz, P.S.C., abogados de la parte recurrida.
   La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco

emitió la opinión del Tribunal.

Comparecen ante nos el Gobierno de Puerto Rico et al. y solicita que revoquemos una Resolución interlocutoria emi-tida por el Tribunal de Apelaciones. Mediante esta, el foro apelativo intermedio concedió siete (7) días a la parte re-currida de epígrafe para que se expresara en cuanto a una Moción en Auxilio de Jurisdicción presentada por la parte peticionaria ante ese foro.

El caso de autos nos da la oportunidad de expresarnos en cuanto a la naturaleza de las mociones en auxilio de jurisdicción en nuestro ordenamiento jurídico. En particular, debemos resolver si, ante una moción en auxilio de jurisdicción en la cual se solicita la paralización de los efec-tos de un injunction en un caso de alto interés público, el Tribunal de Apelaciones abusa de su discreción al conceder términos a las partes para expresarse sin antes evaluar si la moción en auxilio de jurisdicción que se presentó es me-ritoria de su faz.

Previo a atender esta controversia, pasamos a exponer los hechos que dieron génesis al caso de autos.

I

El 17 de mayo de 2011, los recurridos de epígrafe, quie-nes son maestros y padres de estudiantes de la Escuela Superior Luis Muñoz Iglesias del municipio de Cidra, reci-bieron una notificación del entonces Secretario de Educa-ción, Jesús Rivera Sánchez, en la cual se les informó que, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Carta Circular Número 4-2009-2010, se cerraría su escuela, efec-tivo el 31 de mayo de 2011. A su vez, en la misiva se noti-ficó que las operaciones de ese plantel escolar se consolida-rían con la Escuela Superior Ana J. Candelas del mismo municipio.

Inconformes con ese proceder administrativo, el grupo de padres y maestros (en adelante los recurridos) presen-taron el 1 de junio de 2011 un pleito de interdicto prelimi-nar ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas. En este, alegaron que la determinación de ce-rrar y consolidar con otra su escuela era una determina-ción arbitraria y caprichosa que violentaba sus derechos constitucionales a un debido proceso de ley y a la igual protección de las leyes.

En síntesis, los recurridos sostuvieron que no procedía el cierre del plantel escolar ya que el Departamento de Educación no siguió el procedimiento establecido en la Carta Circular Número 4-2009-2010, el cual requería que, previo a ordenar el cierre de una escuela, el Director Regional debía notificar al Consejo Escolar sobre la evalua-ción de cierre escolar que se efectuaría, de modo que ese organismo se pudiera expresar en cuanto a este y emitiera una recomendación al respecto.

Así las cosas, el Tribunal de Primera Instancia pautó una vista inicial para el 9 de junio de 2011. Ese mismo día, el Gobierno de Puerto Rico presentó una Moción de Deses-timación en la cual argumentó que conceder un injunction en el caso de autos violentaría el principio de separación de poderes, ya que se daría paso a una intromisión indebida con la discreción inherente del Poder Ejecutivo. A su vez, el Gobierno alegó que el pleito incoado por los recurridos no cumplía con los requisitos esbozados en la Regla 57 de Pro-cedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, ni con lo enunciado en el Art. 658 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. see. 3524.

En cuanto a las alegadas violaciones al procedimiento dispuesto en la Carta Circular Número 4-2009-2010, el Go-bierno de Puerto Rico argumentó que se trataba de direc-trices generales y que la propia Carta establecía que en nada se alteraba la facultad del Secretario de Educación para cerrar escuelas aunque no hubiese recibido recomen-daciones al respecto. Por su parte, los recurridos presenta-ron una oposición a la Moción de Desestimación presen-tada por el Gobierno y, el 20 de junio de 2011, el foro de instancia la denegó. Así las cosas, citó a las partes para la vista de injunction preliminar a celebrarse tres (3) días después.

En esa vista, los recurridos presentaron el testimonio de un maestro de matemáticas de la Escuela Superior Luis Muñoz Iglesias, así como la misiva de 17 de mayo de 2011 y la Carta Circular Número 4-2009-2010. Acto seguido, el Gobierno presentó una Solicitud al Amparo de la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, y argu-mentó que los recurridos no presentaron alegaciones sufi-cientes que justificaran la concesión de un remedio. Sos-tuvo, además, que los recurridos no sufrirían un daño que justificara la emisión de un injunction a su favor ya que todos los estudiantes y maestros serían reubicados en la Escuela Superior Ana J. Candelas ubicada en el mismo municipio. El foro de instancia denegó ese petitorio.

Posteriormente, el 28 de junio, y notificada el 1 de julio de 2011, el Tribunal de Primera Instancia emitió una Re-solución en la cual expidió un injunction provisional y or-denó al Departamento de Educación que dejara sin efecto el cierre de la Escuela Superior Luis Muñoz Iglesias. En-tendió el foro de instancia que, al no cumplir con las direc-trices de la Carta Circular Núm. 4-2009-2010, el Departa-mento de Educación violentó los derechos constitucionales de los recurridos. A su vez, determinó que cerrar el plantel escolar les causaría a estos un daño irreparable.

Inconforme, el Gobierno de Puerto Rico presentó el 15 de julio de 2011 un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Junto con este, presentó una Moción en Auxi-lio de Jurisdicción en la cual peticionó que, dado el alto interés público del caso y el hecho de que el nuevo semestre escolar estaba a solo días de comenzar, se dejara sin efecto inmediatamente el injunction provisional emitido por el Tribunal de Primera Instancia mientras se dilucidaba el recurso de certiorari. Ese mismo día, en la tarde, el foro apelativo intermedio emitió una Resolución en la cual, sin atender los asuntos esbozados en la moción en auxilio de jurisdicción que tenía ante sí, le concedió siete (7) días a la parte recurrida para que expresara su posición en cuanto a la petición del Gobierno y el recurso de certiorari presentado.

Insatisfecho con ese proceder, el 21 de julio de 2011, el Gobierno de Puerto Rico presentó una Petición de certio-rari acompañada de una Moción en Auxilio de Jurisdicción ante este Tribunal y señaló que se cometió el siguiente error:

Erró el Tribunal de Apelaciones al no paralizar la efectividad del “injunction” emitido por el Tribunal de Instancia, mientras dilucida la petición de “certiorari” que fue presentada ante sí. Petición de certiorari, pág. 10.

Luego de analizar la moción, el 22 de julio de 2011 pro-cedimos a declararla “ha lugar”, paralizando así los efectos del injunction emitido por el Tribunal de Primera Instancia. A su vez, emitimos —a los recurridos— una Or-den de Mostrar Causa por la cual no debíamos revocar la Resolución emitida por el Tribunal de Apelaciones.

Los recurridos comparecieron el 1 de agosto de 2011, por lo cual estamos en posición de resolver sin ulterior trámite.

II

A. Una moción para solicitar a un tribunal un remedio en auxilio de su jurisdicción es, en esencia, un llamado a la utilización del poder inherente que tiene todo tribunal para constituir los remedios necesarios que hagan efectiva su jurisdicción y que eviten fracasos en la administración de la justicia. Pantoja Oquendo v. Mun. de San Juan, 182 D.P.R. 101 (2011); San Gerónimo Caribe Project v. A.R.Pe., 174 D.P.R. 640, 654 (2008); Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., 142 D.P.R. 656, 678 (1997). Es decir, se trata de un remedio en equidad que recae en la sana discreción de los tribunales y que “goza de características afines a otros de similar naturaleza, como lo son el entredicho provisional y el injunction preliminar”. Misión Ind. PR. v. J.P. y A.A.A., supra.

En nuestro ordenamiento se ha reconocido la facultad de los tribunales apelativos para emitir este tipo de órde-nes en equidad. Así, por ejemplo, la Regla 79(A) del Regla-mento del Tribunal de Apelaciones establece, inter alia:

(A) Para hacer efectiva su jurisdicción en cualquier asunto pendiente ante sí, el Tribunal de Apelaciones podrá expedir cualquier orden provisional, la cual será obligatoria para las partes en la acción, sus oficiales, agentes, empleados(as) y abogados(as), y para aquellas personas que actúen de acuerdo o participen activamente con ellas y que reciban aviso de la orden mediante cualquier forma de notificación. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B.

La facultad inherente de este Foro para emitir órdenes en auxilio de jurisdicción también se encuentra recogida en nuestro Reglamento. Particularmente, la Regla 28 establece, en lo pertinente:

(a) El Tribunal podrá expedir una orden provisional en auxi-lio de su jurisdicción cuando sea necesario hacer efectiva su jurisdicción en un asunto pendiente ante su consideración.
A los fines de esta regla, se entenderá que el Tribunal aten-derá, sin sujeción al trámite ordinario, cualquier asunto rela-cionado con el recurso presentado o pendiente para evitar al-guna consecuencia adversa que afecte su jurisdicción o que pueda causar un daño sustancial a una parte mientras re-suelve el recurso. In re Reglamento Tribunal Supremo, 183 D.P.R. 386, 463 (2011).()

Debido a su linaje fundamentado en principios de equi-dad y de discreción inherente del poder judicial, hemos dicho que el remedio que ofrece esta Regla es “excepcional[,] de trascendental importancia en casos donde existan situaciones de verdadera emergencia”. (Enfasis suplido.) Marrero v. Dolz, 142 D.P.R. 72, 73 (1996) (Resolución). Así, al invocar la facultad discrecional de los tribunales apelativos, no se puede utilizar este remedio para casos o situa-ciones que no conlleven el nivel de importancia adecuado. Estas disposiciones provistas por nuestro ordenamiento son de naturaleza similar al poder reconocido a los tribu-nales federales en Estados Unidos. Amanera de enriquecer nuestro análisis, conviene analizar brevemente la figura análoga de la moción en auxilio de jurisdicción en la esfera federal.

B. En esa jurisdicción de common law se encuentra estatuido el All Writs Act, 28 U.S.C. sec. 1651. Este esta-tuto federal establece que “el Tribunal Supremo y todas las cortes establecidas por Ley del Congreso podrán emitir to-dos los recursos necesarios o apropiados en auxilio de sus respectivas jurisdicciones y que sean acordes con los usos y principios del Derecho”. (Traducción suplida.) íd.

La doctrina federal establece que el All Writs Act, supra, se aprobó con el propósito de “asegurar que todos los recur-sos y remedios disponibles para las cortes del common law estén disponibles para las cortes federales a menos que su uso esté prohibido por estatutos o reglas”. (Traducción suplida.) 4 Moore’s Federal Rules Pamphlet Sec. 1651.2 (2012). Se ha reconocido que esta disposición permite a los tribunales federales emitir cualquier tipo de orden que sea en auxilio de su jurisdicción apelativa, incluso injunctions. 19 Moore’s Federal Practice Sec. 204.01[2][c] (1998). No obstante, la facultad de emitir órdenes en auxilio de su jurisdicción apelativa no significa que los tribunales apelativos federales puedan, a través de ese mecanismo, expan-dir su jurisdicción más allá de las fronteras constitucionales y estatutarias. Clinton v. Goldsmith, 526 U.S. 529 (1999); Pa. Bureau of Correction v. U.S. Marshals, 474 U.S. 34 (1985).

A su vez, y similar a nuestro ordenamiento, se ha reco-nocido en la esfera federal que expedir un injunction al amparo del All Writs Act es una medida que descansa en la sana discreción del tribunal apelativo y que se debe reser-var solo para casos de verdadera urgencia en donde los derechos en controversia sean indiscutiblemente claros. Brown v. Gilmore, 533 U.S. 1301 (2001) (Rehnquist, J.R, actuando como juez de circuito); Ohio Citizens for Responsible Energy v. NRC, 479 U.S. 1312 (1986) (Scalia, J., actuando como juez de circuito)/)

De lo anterior podemos apreciar que en ambas jurisdic-ciones los mecanismos que proveen a los tribunales la fa-cultad de emitir órdenes en auxilio de su jurisdicción se amparan en principios de equidad. A la vez, van dirigidos a la discreción de cada tribunal y su uso se debe reservar para casos de verdadera urgencia.

C. Cónsono con estos principios, en ocasiones anteriores hemos expresado que el uso incorrecto del mecanismo de la moción en auxilio de jurisdicción “trastoca y entorpece injustificadamente el funcionamiento interno de este Tribunal, lo cual tiene un efecto detrimental en la administración expedita de la justicia”. Marrero v. Dolz, supra, pág. 73. A tales efectos, hemos establecido que los abogados que abusen de este mecanismo extraordinario estarán sujetos a sanciones. Id.; Regla 28 del Tribunal Supremo de Puerto Rico, supra.

Por otra parte, hemos reiterado la importancia de que el Tribunal de Apelaciones atienda con premura las mociones en auxilio de jurisdicción que se presenten ante él. Pantoja Oquendo v. Mun. de San Juan, supra. Por lo tanto, hemos colegido que en casos de alto interés público, el Tribunal de Apelaciones debe actuar con celeridad y abusa de su discreción si al conceder términos a las partes para que se expresen en cuanto a los fundamentos de una moción en auxilio de jurisdicción se fomenta un impermi-sible panorama de incertidumbre. Pantoja Oquendo v. Mun. de San Juan, supra, págs. 114-115.

III

Analizada la naturaleza de la moción en auxilio de ju-risdicción en nuestro ordenamiento, pasemos a discutir los remedios que hemos reconocido se pueden conceder a las partes que hacen uso de este mecanismo extraordinario.

Comenta el tratadista Rafael Hernández Colón que, en atención a una moción en auxilio de jurisdicción, el Tribunal de Apelaciones

... puede expedir la orden que sea necesaria para mantener un estado de cosas entre los litigantes y el objeto del pleito que le permita llevar a cabo la revisión de la actuación del [Tribunal de Primera Instancia] ... y dictar una sentencia que sea eficaz para proteger los derechos de la parte que recurre ante el [Tribunal de Apelaciones]. R. Hernández Colón, Derecho pro-cesal civil, 5ta ed., San Juan, Ed. Lexis-Nexis, 2010, pág. 496.

Cónsono con lo anterior, desde Peña v. Federación de Esgrima de P.R., 108 D.RR. 147 (1978), habíamos reconocido que los tribunales apelativos están revestidos de autoridad para tomar medidas que, en auxilio de su jurisdicción, tengan el efecto de suspender los efectos de la Sentencia y detener su ejecución. Para poder prevalecer en su petitorio, establecimos que a la parte que interesa se suspendan los efectos de una Sentencia debe cumplir con los requisitos siguientes: (a) presentar un caso fuerte con probabilidades de prevalecer en los méritos; (b) sufrirá un daño irreparable si no se detiene la ejecución de la Sentencia; (c) la paralización no causará daño sustancial a las demás partes, y (d) no se verá perjudicado el interés público.() Estos requisitos han sido reiterados consistente-mente por nuestra jurisprudencia. Véanse: Pantoja Oquendo v. Mun. de San Juan, supra; Plaza Las Américas v. N & H, 166 D.P.R. 631, 642-643 (2005).

A su vez, estos requisitos también se aplican cuando una parte recurre al foro apelativo y solicita la paralización de los efectos de un injunction. Plaza Las Américas v. N & H, supra. Con relación a este asunto, la Regla 57.7 de Procedimiento Civil establece:

(a) Cuando una parte apele o recurra de una orden o sen-tencia que conceda, deje sin efecto o deniegue un injunction, el tribunal de instancia, en el ejercicio de su discreción, podrá suspender, modificar, restituir o conceder un injunction mien-tras se dilucida el recurso interpuesto bajo aquellos términos relativos a fianza y demás que estime adecuados para prote-ger los derechos de la parte contraria.
(b) Lo dispuesto en esta regla no restringe la facultad del tribunal de apelación o de uno(a) de sus jueces o juezas para paralizar los procedimientos mientras se dilucida el recurso interpuesto o para suspender, modificar, restituir o conceder un injunction mientras esté pendiente la apelación o certio-rari, o para dictar cualquier orden adecuada para preservar el status quo o la efectividad de la sentencia que habrá de emi-tirse en su día. No obstante, cuando una parte recurra de una orden que deje sin efecto o deniegue un entredicho provisional, el tribunal de apelación sólo podrá emitir, mientras dilucida el recurso interpuesto, una orden provisional ex parte que no debe excederse del término de diez (10) días que caracteriza a dicho recurso extraordinario, salvo que el tribunal expresa-mente prorrogue dicho término en conformidad con la Regla 57.1 de este apéndice. (Énfasis suplido). 32 L.P.R.A. Ap. V.

Por último, y cónsono con el principio de que ante una moción en auxilio de jurisdicción los tribunales pueden conceder cualquier remedio que en equidad proceda, he-mos, incluso, ordenado al Tribunal de Apelaciones que re-suelva controversias complejas y de alto interés público en un término determinado. Véase v. Ciencias Méd. S.J. Bautista v. E.L.A., 141 D.P.R. 403, 405 (1996) (Sentencia).()

IV

A. Conforme a los principios anteriormente esbozados, procedemos a aplicarlos a la controversia de autos.

Como vimos, en el caso de epígrafe, el Gobierno de Puerto Rico presentó ante el Tribunal de Apelaciones un recurso de certiorari acompañado de una Moción en Auxilio de Jurisdicción. En esta peticionó que se dejara sin efecto el injunction emitido por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas. El foro apelativo intermedio emi-tió una Resolución en la cual le concedió siete (7) días a la parte recurrida de epígrafe para que se expresara en cuanto al recurso y la Moción en Auxilio de Jurisdicción.

El Tribunal de Apelaciones erró con tal proceder. Como hemos discutido, una moción en auxilio de jurisdicción correctamente utilizada coloca ante la consideración del foro apelativo una situación de gran importancia en la cual puede quedar afectada adversamente su jurisdicción o se pueden causar daños serios a una parte. En casos de alto interés público como el de autos, la urgencia de la situación es aún mayor. El Tribunal de Apelaciones debe actuar con toda celeridad para evitar que: (1) se afecte negativamente el interés público, y (2) se fomente un panorama de incertidumbre jurídica.

Es por ello que en casos de alto interés público, como por ejemplo aquellos que versen sobre temas de separación de poderes, violaciones a derechos constitucionales, casos de menores o en los cuales se afecte la libertad de un ciudadano, el foro apelativo intermedio no puede conceder términos para que otras partes en el pleito se expresen en cuanto a un remedio solicitado en auxilio de su jurisdicción sin antes evaluar si la solicitud merece un remedio inmediato, o si, por el contrario, carece de mérito. Al así proceder, el Tribunal de Apelaciones estaría obviando la urgencia de ese recurso extraordinario. Aun cuando la con*cesión de ese remedio está sujeta a su sana discreción, ello no significa que tal discreción opera en un vacío, y el tribunal debe ponderar el interés de todas las partes involucradas en el pleito, sin que ello conlleve conceder términos a estas para expresárse en cuanto a este. Por ende, establecemos que en los casos en que se presenten situaciones como las antes descritas, el Tribunal de Apelaciones no puede conceder términos a las partes para que se expresen en cuanto a una moción en auxilio de jurisdicción sin antes evaluar si la solicitud es meritoria de su faz.

Lo anterior no significa que el Tribunal de Apelaciones deba conceder inmediatamente, cual objeto autómata, cualquier remedio solicitado mediante moción en auxilio de jurisdicción. A contrario sensu, el foro apelativo intermedio debe utilizar su discreción responsablemente para analizar si el remedio procede en derecho. Como todo acto discrecio-nal, el Tribunal de Apelaciones puede ponderar la situa-ción ya que pueden existir diferentes grados de urgencia. Incluso, si el tribunal considera meritorio o conveniente escuchar a la otra parte antes de adjudicar la moción, puede conceder un término corto —lo más limitado posi-ble— antes de resolver. Incluso, puede emitir un remedio provisional en auxilio de su jurisdicción, sujeto a la dispo-sición definitiva de la Moción una vez la otra parte comparezca. Pero lo que no puede hacer es conceder térmi-nos a las partes para que se expresen en cuanto al remedio solicitado en auxilio de jurisdicción si con ello se fomenta un impermisible panorama de incertidumbre o se incurre en el riesgo de tornar académico el pleito. Tampoco se pue-den conceder términos sin evaluar antes los méritos de la moción en auxilio de jurisdicción, según la jurisprudencia aplicable, ya que ello le resta importancia a la situación presentada y tiene el efecto práctico de denegar sub silen-tio una moción en la cual se solicita la intervención urgente del Tribunal.

La disidencia sostiene que esta norma crea una injusti-ficada distinción en el manejo de mociones en auxilio de jurisdicción entre el Tribunal de Apelaciones y este Foro, pues “el Tribunal Supremo de Puerto Rico incurre cotidia-namente en la misma práctica por la que hoy reprende al foro intermedio”. Opinión disidente, pág. 401. Ello es incorrecto.

Primero, en las ocasiones en que proveemos términos a las partes para que se expresen en cuanto a mociones en auxilio de jurisdicción lo hacemos luego de ponderar los factores enumerados en Peña v. Federación de Esgrima de P.R., supra, y la citada Regla 28 del Reglamento de este Tribunal. Segundo, la disidencia parece no reconocer que la norma anunciada en esta Opinión aplica solo a casos en donde la concesión de un término a una parte fomenta un impermisible panorama de incertidumbre jurídica, y no a “cualquier moción en auxilio de jurisdicción” presentada. Ante ello, no es posible hablar de distinciones injustifica-das ya que este Tribunal solo concede términos en casos donde no se cree un panorama de incertidumbre ni exista un riesgo de convertir el pleito en académico.

B. De acuerdo con lo anterior, pasemos a aplicar los factores enumerados en Peña v. Federación de Esgrima de P.R., supra, y Pantoja Oquendo v. Mun. de San Juan, supra, para determinar si la Moción en Auxilio de Jurisdicción que presentó el Estado en el caso de autos era mérito-ria de su faz y si la concesión de término provista por el Tribunal de Apelaciones fomentó un impermisible panorama de incertidumbre.

En el caso de autos, se solicitó una Orden de Paraliza-ción de un injunction emitido por el Tribunal de Primera Instancia. Mediante este procedimiento, se le prohibió al Secretario de Educación cerrar la Escuela Superior Luis Muñoz Iglesias. De un análisis de los autos podemos cole-gir que la parte peticionaria cumplió con todos los requisi-tos necesarios para expedir una Orden de Paralización de los efectos del injunction.

De entrada, mediante la Moción en Auxilio de Jurisdic-ción presentada ante el Tribunal de Apelaciones, el Depar-tamento de Educación expresó claramente el alto interés público que involucra el caso de autos. Se trata de contro-versias de separación de poderes, y del uso que hace el Poder Ejecutivo de sus facultades para administrar el erario. Debemos recordar que, en cuanto al derecho a la educación se refiere, la Constitución de Puerto Rico en su Artículo II, Sección 5, establece que la enseñanza en las escuelas públicas será gratuita y “hasta donde las facilida-des del Estado lo permitan, se hará obligatoria para la es-cuela primaria”. (Enfasis suplido). Art. II, Sec. 5, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 2008, pág. 292. Por ende, este caso involucra directamente una de las responsabilidades constitucionales ineludibles del Poder Ejecutivo: la obliga-ción de delinear las alternativas más razonables para el mejor y más eficiente uso de los fondos públicos, los cuales no son ilimitados.

Por otro lado, el Gobierno de Puerto Rico demostró que sufriría un daño serio si no se concedía el remedio de pa-ralización que solicitó en auxilio de jurisdicción del foro apelativo intermedio. La consolidación de la Escuela Superior Luis Muñoz Iglesias formaba parte de un plan inte-grado del Departamento de Educación. Al momento de pre-sentar su Moción en Auxilio de Jurisdicción, faltaban aproximadamente dos semanas para comenzar el semestre escolar de agosto de 2011, por lo cual si no se paralizaba el injunction emitido por el Tribunal de Primera Instancia, el Estado sufriría un daño palpable. Ello es así ya que se trastocaría su plan para maximizar el uso de planteles es-colares para lograr una planificación coherente del sistema de educación pública. A su vez, de no paralizarse los efectos del injunction, se fomentaría un panorama de incertidum-bre en el cual el Estado no podría cumplir con sus planes de consolidación de escuelas para el manejo de fondos públicos.

Por otra parte, no existía riesgo de que la paralización del injunction en el caso de autos causara un daño sustan-cial a la parte recurrida de epígrafe. Los estudiantes de la Escuela Superior Luis Muñoz Iglesias no verían afectado su derecho a la educación, ya que todas las operaciones de su plantel escolar se consolidarían con las de otra escuela. La posible molestia que podría causarle a los recurridos el tener que viajar a otra escuela no es un daño grave. Ergo, la paralización del injunction en el caso de autos no ocasio-naría daño sustancial a los estudiantes.

Por último, el Gobierno de Puerto Rico presentó un caso fuerte con altas probabilidades de prevalecer en los méritos. Los recurridos argumentan que el Departamento de Educación los privó de su derecho constitucional a un debido proceso de ley, ya que no siguió los procedimientos para el cierre de escuelas establecidos en la Carta Circular Núm. 4-2009-2010, los cuales incluían notificar a los con-sejos escolares para que estos emitieran comentarios y re-comendaciones al Secretario de Educación. No obstante, en ese documento se establecen unas directrices generales, y se deja claro que estas “no limitan la autoridad del Secre-tario de Educación para aceptar o no, las recomendaciones del Comité \para el Cierre], ni su autoridad para tomar acción, aunque no haya recibido recomendación”. (Énfasis suplido). Véase Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 49. ()

Todos estos factores demuestran que el Gobierno de Puerto Rico cumplió con los requisitos esbozados en nues-tra jurisprudencia para que se ordenara la paralización del injunction provisional emitido por el Tribunal de Primera Instancia. Pero de mayor importancia es que el Gobierno de Puerto Rico argumentó correctamente el alto interés pú-blico presentado en el caso y el panorama de incertidumbre que se fomentaría si no se paralizaban los efectos de la sentencia del foro de instancia. Ante esas circunstancias, la Moción en Auxilio de Jurisdicción presentada por el Go-bierno de Puerto Rico era meritoria de su faz, por lo cual erró el Tribunal de Apelaciones al no conceder el remedio de paralización solicitado mediante esta. La concesión de un término de siete (7) días a la parte recurrida de epígrafe para que se expresara en cuanto a la moción aludida tuvo el efecto de fomentar un impermisible panorama de incertidumbre. Ante tal cuadro fáctico, se debieron parali-zar los efectos del dictamen del Tribunal de Primera Ins-tancia sin conceder el término aludido.

V

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de certiorari y se declara “ha lugar”. Por ende, se mantienen paralizados los efectos del interdicto preliminar que emitió el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas. Por lo tanto, se devuelve el caso al Tribunal de Apelaciones para que atienda con la celeridad debida los méritos del recurso de “certiorari”presentado ante ese foro.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Estrella Martínez emitió una Opinión de conformidad. La Jueza Asociada Señora Fiol Matta concurrió con el resultado y hace constar la expre-sión siguiente:

La Jueza Asociada señora Fiol Matta concurre con el resul-tado por entender que el Tribunal de Apelaciones se excedió en el ejercicio de su discreción al otorgar un plazo de siete días para que la parte recurrida se expresara en cuanto a la solici-tud de auxilio de jurisdicción presentada por el Estado. Dado los hechos particulares de este caso, el foro apelativo debió atender la petición de auxilio de jurisdicción con mayor premura. Sin embargo no por ello podemos concluir que el foro apelativo no dio consideración oportuna a la moción de su faz, según indica la Opinión mayoritaria. Además, el que el Tribunal de Apelaciones ejerciera su discreción de forma irrazona-ble en este caso no equivale, contrario a lo que aparenta con-cluir la Opinión mayoritaria, a que dicho tribunal carezca de discreción para otorgar plazos razonables para que las partes se expresen cuando se le presenten solicitudes en auxilio de jurisdicción. Al igual que en el caso de autos, el estándar apli-cable debe ser el de abuso de discreción según los hechos par-ticulares de cada caso. En ese sentido, no puedo estar con-forme con el análisis realizado por la Opinión mayoritaria que limita innecesariamente la discreción judicial.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez emitió una opinión disidente, a la cual se unió el Juez Presidente Señor Hernández Denton. El Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón no interviene.

— o —

Opinión de conformidad emitida por el

Juez Asociado Se-ñor Estrella Martínez.

La naturaleza de las mociones en auxilio de jurisdicción han requerido que este Tribunal delimite y aclare lo que constituye un abuso de discreción en el trámite de éstas ante el Tribunal de Apelaciones en distintas circun-stancias. Nos toca hoy nuevamente emitir juicio sobre ello.

I

La opinión emitida en el caso de epígrafe responde a la necesidad de establecer unos parámetros a la discreción del Tribunal de Apelaciones cuando tramita las mociones en auxilio de jurisdicción ante su consideración en casos de alto interés público. Especialmente, esto aplica en aquellos que requieren y merecen que el foro intermedio evalúe si la solicitud es meritoria para actuar con premura en la con-cesión de remedios antes de conferir términos a las partes para que se expresen y cuyo efecto conlleve resultados irre-parables para éstas.

Antes de la decisión hoy alcanzada, este Tribunal aten-dió recientemente el caso Pantoja Oquendo v. Mun. de San Juan, 182 D.P.R. 101 (2011). En éste nos encontrábamos ante una solicitud de auxilio de jurisdicción debido a un interdicto preliminar que emitió el Tribunal de Primera Instancia para que el Municipio de San Juan desistiera de impedir a un grupo de féminas del Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico pintar un mural que leía: “Tod@s contra la Violencia Machista”. Como parte de estos suce-sos, el Municipio de San Juan acudió ante el Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de apelación que se acompañó con una moción en auxilio de jurisdicción en la cual solicitó que se dejara sin efecto el interdicto prelimi-nar expedido. El mismo día, el foro intermedio emitió una resolución en la que concedió un término de diez días a las partes para que se expresaran sobre el recurso y sobre la moción en auxilio de jurisdicción que presentó el Municipio de San Juan.

Ante dichas circunstancias, en Pantoja Oquendo v. Mun. de San Juan, supra, la mayoría de este Tribunal con-cluyó que el Tribunal de Apelaciones no atendió con celeri-dad la moción en auxilio de jurisdicción que presentó el Municipio de San Juan. Para ello, auscultó los méritos del interdicto preliminar emitido por el Tribunal de Primera Instancia y, a su vez, adjudicó toda la controversia. Al así hacerlo, la mayoría entendió que era necesario acreditar la naturaleza y titularidad de la propiedad en donde se pre-tendía ejercer el derecho de libertad de expresión. Asi-mismo, apuntó que no se podía permitir dejar al Municipio de San Juan en una especie de “vacío jurídico” mediante el cual el ejercicio de un derecho fundamental implica la po-sibilidad de incurrir en conducta delictiva. íd., pág. 114. Por estas razones, la mayoría de este Tribunal dilucidó que el foro intermedio debió paralizar inmediatamente los efec-tos del interdicto concedido.

En aquella ocasión disentí del curso decisorio que siguió la mayoría de este Tribunal. Mi criterio respondió a que en la etapa procesal en la que se encontraba el caso era inne-cesario acreditar la naturaleza pública o privada del lugar donde se pretendía ejercer el derecho a la libertad de ex-presión, como paso previo a la concesión de un interdicto preliminar. Además, resultaba insuficiente el reclamo del Municipio de San Juan de mantener la estética y el ornato como fundamento para dejar sin efecto el interdicto emi-tido por el foro primario. Juzgué que —a base de los hechos particulares del caso— el Tribunal de Apelaciones actuó razonablemente y ejerció adecuada discreción al acortar los términos a diez días para escuchar a las partes.

De acuerdo con ello suscribí la Opinión disidente emi-tida en Pantoja Oquendo u. Mun. de San Juan, supra. En ésta se precisó que el interdicto preliminar se emitió como medida cautelar para proteger el reclamo de libertad de expresión. Por lo tanto, avalé que el foro intermedio permi-tiera al grupo protegido expresarse sobre su reclamo. Esa actuación fue a todas luces diligente.

Hoy nos encontramos ante una controversia distingui-ble a la que nos enfrentamos en Pantoja Oquendo v. Mun. de San Juan, supra. Los hechos particulares de la causa ante este Tribunal así lo demuestran.

El presente caso consiste en la determinación del De-partamento de Educación —a pocos meses de comenzar el año escolar— de cerrar la Escuela Superior Luis Muñoz Iglesias del municipio de Cidra y consolidar las operacio-nes del plantel escolar con la Escuela Superior Ana J. Candelas de ese municipio. Ello dio lugar a la solicitud inme-diata de un interdicto preliminar ante el Tribunal de Primera Instancia. Durante ese proceso, el Gobierno de Puerto Rico argüyó que la solicitud violaba la separación de poderes, resultaba en una intromisión indebida de sus prerrogativas y que los recurridos no sufrirían un daño, ya que a los estudiantes y maestros se les reubicaría dentro del mismo municipio. El foro primario expidió un injunction provisional y ordenó al Departamento de Educación que dejara sin efecto el cierre de la escuela. Como conse-cuencia, el Gobierno de Puerto Rico acudió ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de certiorari y solicitó el auxilio de jurisdicción dado el alto interés público y el he-cho de que el nuevo semestre escolar estaba a solo días de comenzar. A pesar de la inminencia de la necesidad de to-mar una decisión, el foro intermedio concedió siete días a la parte recurrida para que se expresara sobre el auxilio de jurisdicción y la petición de certiorari ante la consideración de ese foro. Ante tales circunstancias, el Gobierno de Puerto Rico acudió a esta Curia fundamentándose en que el Tribunal de Apelaciones erró al no paralizar la efectivi-dad del injunction emitido por el Tribunal de Primera Instancia. Al día siguiente, procedimos a paralizar los efec-tos del injunction que pronunció el Tribunal de Primera Instancia y ordenamos mostrar causa por la cual no debía-mos revocar la resolución emitida por el foro intermedio.

En cuanto al trámite que condujo el Tribunal de Apela-ciones al atender una moción en auxilio de jurisdicción, no debe haber discrepancia en que éstas se deben atender con celeridad. Las expresiones recogidas por la mayoría de este Tribunal simplemente dirigen al Tribunal de Apelaciones a prestar atención a los casos de alto interés público y evitar un panorama de incertidumbre jurídica.

A estos efectos, le recordamos al foro apelativo interme-dio que su discreción no se puede ejercer en el vacío. Ad-vertimos que al atender una solicitud en auxilio de juris-dicción, en estos casos y antes de conceder un término para que otras partes se expresen, debe evaluar si la solicitud es meritoria de su faz. Ello no se debe entender ni conlleva una restricción a las funciones del foro intermedio. Por el contrario, simplemente anunciamos el deber del foro ape-lativo intermedio de atender las solicitudes en auxilio de jurisdicción y los parámetros que conllevan un abuso de discreción al tramitar los casos ante su consideración.

Al estudiar las circunstancias del presente caso, consi-deramos que —contrario a lo ocurrido en Pantoja Oquendo v. Mun. de San Juan, supra— el asunto ante la considera-ción del Tribunal de Apelaciones ameritaba la pronta inter-vención de ese foro. En el caso ante nuestra consideración, no podemos perder de perspectiva que estábamos a tan sólo unos pocos días para el inicio del año escolar. El De-partamento de Educación indicó las razones para cerrar la Escuela Superior Luis Muñoz Iglesias y su plan de reubi-car a los estudiantes y maestros de ésta para no afectar el derecho a la educación. La orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia imponía sobre el Gobierno de Puerto Rico una carga cuyo efecto podría trastocar el plan para maximizar el uso de planteles escolares y la planificación del sistema de educación pública. No atender los asuntos ante la consideración del foro apelativo intermedio redun-daría claramente en una inseguridad que podría afectar los derechos de todas las partes causándole un daño inminente. Así, y según estas circunstancias, el trámite que siguió el Tribunal de Apelaciones al no adjudicar con prioridad si procedía el auxilio de jurisdicción ante su con-sideración y conceder un término de siete días para que la otra parte se exprese conllevaría con toda probabilidad un efecto nefasto en la concesión de un remedio.

Las particularidades del caso ante esta Curia demues-tran que el Tribunal de Apelaciones abusó de su discreción al tramitar la controversia ante su consideración. Conce-der —a pocos días de comenzar el curso escolar— un tér-mino de siete días para escuchar a las otras partes sin atender con mayor prontitud la controversia ante ese foro conllevaría un disloque operacional para el año escolar. Todo ello, distinto a la situación a la que nos enfrentamos en Pantoja Oquendo v. Mun. de San Juan, supra. Recordamos que la discreción es una facultad del poder decisorio de los tribunales para decidir en una u otra forma, es decir, para escoger entre uno o varios cursos de acción. Esa po-testad se debe ejercer razonablemente para alcanzar una conclusión justiciera que responda y produzca un remedio compatible con los intereses públicos envueltos. HIETel v. PRTC, 182 D.RR. 451 (2011); Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 D.P.R. 651, 657-658 (1997).

El Tribunal de Apelaciones, al escoger su curso de ac-ción, no lo hizo razonablemente. El foro apelativo interme-dio debió atender con mayor premura la situación de autos. Como consecuencia de ello, avalo la posturade la mayoría de este Tribunal.

— O —

Opinión disidente emitida por la

Juez Asociada Señora Ro-dríguez Rodríguez,

a la cual se une el Juez Presidente Señor Hernández Denton.

Hoy, una mayoría de este Tribunal reafirma las expre-siones que vertiera en Pantoja Oquendo v. Mun. de San Juan, 182 D.P.R. 101 (2011), y resuelve que, en casos de alto interés público, el Tribunal de Apelaciones carece de discreción para otorgar un término a la parte recurrida para que se exprese con relación a una moción en auxilio de jurisdicción presentada en su contra, sin antes evaluar si tal solicitud merece un remedio inmediato o si carece de méritos. Por entender que nada en nuestro ordenamiento procesal prohíbe el proceder del foro apelativo intermedio y que la opinión mayoritaria se basa en la premisa errónea de que el Tribunal de Apelaciones actuó sin evaluar los méritos de la controversia ante sí, disiento.

I

El 17 de mayo de 2011, un grupo de padres y maestros de estudiantes de la Escuela Superior Luis Muñoz Iglesias (en adelante los recurridos), del municipio de Cidra, reci-bieron urna comunicación del entonces Secretario de Edu-cación, Jesús Rivera Sánchez, mediante la cual se les in-formó que, conforme al procedimiento establecido en la Carta Circular Número 4-2009-2010, cerrarían su escuela desde el 31 de mayo de 2011 en adelante y el funciona-miento administrativo y docente de dicho plantel escolar se consolidaría con el de la Escuela Superior Ana J. Candelas, de mismo municipio.

En desacuerdo con esta acción administrativa, el 1 de junio de 2011, los recurridos instaron un pleito de inter-dicto preliminar ante el Tribunal de Primera Instancia. So-licitaron que se paralizara la orden de cierre y posterior consolidación de su plantel escolar. Alegaron que el Secre-tario de Educación violó sus derechos constitucionales a un debido proceso de ley y a la igual protección de las leyes al ordenar el cierre de la Escuela Luis Muñoz Iglesias sin cumplir con el procedimiento establecido en la Carta Circular Número 4-2009-2010, particularmente con su exigen-cia de notificar al Consejo Escolar la evaluación que se realice de la escuela previo a ordenar su cierre, para que este organismo se pueda expresar sobre la recomendación de cierre y pueda remitir sus comentarios al Secretario de Educación. Por su parte, el Gobierno respondió que el men-cionado requisito era una mera directriz general y que la propia Carta Circular establecía que en nada se alteraba la facultad del Secretario de Educación para cerrar escuelas aunque no hubiese recibido recomendaciones al respecto.

Tras varios trámites procesales, los cuales incluyeron una vista de injunction preliminar, el Tribunal de Primera Instancia dio la razón a los recurridos, por lo cual expidió un injunction provisional y ordenó al Departamento de Educación que dejara sin efecto el cierre de la Escuela Superior Luis Muñoz Iglesias. El foro primario concluyó que el Estado no cumplió con el proceso establecido en la Carta Circular, por lo que violó el debido proceso de ley de los recurridos. Además, concluyó que el cierre ilegal de su es-cuela representaría un daño irreparable.

Inconforme, el 15 de julio de 2011, el Gobierno de Puerto Rico acudió oportunamente al Tribunal de Apelaciones me-diante recurso de certiorari, el cual acompañó con una mo-ción en auxilio de jurisdicción en la que solicitó que se de-jara sin efecto el injunction provisional otorgado por el Tribunal de Primera Instancia mientras se dilucidaba el recurso de certiorari. El mismo día, el tribunal intermedio otorgó un término de siete (7) días a la parte recurrida para que expresara su posición sobre la moción en auxilio de jurisdicción, así como respecto al certiorari.

Aún inconforme, el 21 de julio de 2011, el Estado pre-sentó ante nuestra consideración una petición de certio-rari, junto con una moción en auxilio de jurisdicción, en la cual solicitó que dejáramos sin efecto inmediatamente el injunction emitido. Alegó que, según establecido en Pantoja Oquendo v. Mun. de San Juan, supra, el Tribunal de Apelaciones erró al otorgar un término de siete (7) días a la parte recurrida para que ésta se expresara, en lugar de resolver inmediatamente la moción en auxilio de jurisdicción.

El 22 de julio de 2011, este Tribunal declaró “ha lugar” la moción en auxilio de jurisdicción, paralizando de esta forma los efectos del injunction, y ordenó a la parte recu-rrida mostrar causa por la cual no se debía revocar la Re-solución del Tribunal de Apelaciones. Ya desde entonces mostré mi insatisfacción con el proceder de esta Curia, por lo que hice constar en la Resolución emitida por este Tribunal que, por razones similares a las expresadas en mi opinión disidente en Pantoja Oquendo v. Mun. de San Juan, supra, consideraba inapropiada nuestra interven-ción en esta etapa de los procedimientos. Mi postura no ha cambiado.

II

Como bien señala la mayoría en su exposición sobre la naturaleza de la moción en auxilio de jurisdicción, este re-curso es, en esencia, un llamado a la utilización del poder inherente que tiene todo tribunal para constituir los reme-dios necesarios que hagan efectiva su jurisdicción y que eviten fracasos en la administración de la justicia. Pantoja Oquendo v. Mun. de San Juan, supra; San Gerónimo Caribe Project v. A.R.Pe., 174 D.RR. 640, 654 (2008); Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., 142 D.P.R. 656, 678 (1997). Se trata, pues, de un remedio cuya concesión recae en la sana discreción de los tribunales y que sólo está disponible ex-cepcionalmente y para casos en los que existan situaciones de verdadera emergencia. Marrero v. Dolz, 142 D.P.R. 72, 73 (1996).

Sobre la concesión de órdenes en auxilio de jurisdicción por parte de los tribunales apelativos, la Regla 79 del Re-glamento del Tribunal de Apelaciones dispone:

(A) Para hacer efectiva su jurisdicción en cualquier asunto pendiente ante sí, el Tribunal de Apelaciones podrá expedir cualquier orden provisional, la cual será obligatoria para las partes en la acción, sus oficiales, agentes, empleados(as) y abogados(as), y para aquellas personas que actúen de acuerdo o participen activamente con ellas y que reciban aviso de la orden mediante cualquier forma de notificación. Dichas órde-nes se regirán por las disposiciones pertinentes del Código de Enjuiciamiento Civil, las Reglas de Procedimiento Civil, las Reglas de Procedimiento Criminal y, en lo que no fuere incompatible con aquéllas, se regirán también por estas reglas. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B.

Asimismo, la Regla 28 del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico recoge la facultad de este Foro para emitir este tipo de órdenes:

(a) El Tribunal [Supremo] podrá expedir una orden provisional en auxilio de jurisdicción cuando sea necesario hacer efec-tiva su jurisdicción en un asunto pendiente ante su consideración.
A los fines de esta regla, se entenderá que el Tribunal aten-derá, sin sujeción al trámite ordinario, cualquier asunto rela-cionado con el recurso presentado o pendiente para evitar al-guna consecuencia adversa que afecte su jurisdicción o que pueda causar daño sustancial a una parte mientras resuelve el recurso. In re Reglamento Tribunal Supremo, 183 D.P.R. 386, 463 (2011).

Como se puede apreciar de la exposición de los hechos de este caso, así como del derecho aplicable a la controver-sia que plantea, nada en nuestro ordenamiento jurídico conduce al resultado al que llega hoy una mayoría de esta Curia. Veamos.

III

Al igual que en Pantoja Oquendo, la única controversia que pende ante nuestra consideración es si constituyó un abuso de discreción del Tribunal de Apelaciones conceder un término breve a los recurridos para que se expresaran acerca de la moción en auxilio de jurisdicción y el recurso de certiorari presentados en su contra. Sólo de eso trata este caso; de nada más. Al resolver erróneamente que sí abusó de su discreción, este Tribunal opta una vez más por sustituir su criterio por el del tribunal que evaluó la prueba presentada en corte, sin permitir siquiera que el Tribunal de Apelaciones emitiera una adjudicación en los méritos.

En Pantoja Oquendo, una mayoría de este Tribunal dejó sin efecto un interdicto preliminar expedido por el Tribunal de Primera Instancia para que el Municipio de San Juan desistiera de impedirles a las allí recurridas, partida-rias del Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico, pintar un mural como manifestación en contra de la vio-lencia machista en lo que entendió era un foro público tra-dicional o por designación, tras concluir que el Tribunal de Apelaciones había abusado de su discreción al otorgar, el mismo día en que se presentaron los recursos, un término de diez (10) días a la parte recurrida para que se expresara sobre las mociones presentadas en su contra. Según este Tribunal, el foro intermedio erró en aquella ocasión “al no atender con premura y celeridad la moción en auxilio de jurisdicción que se le presentara”, id., pág. 114, por lo su acción creó una especie de “vacío jurídico” y un “panorama de incertidumbre” que perjudicó, irónicamente, al Movi-miento Amplio de Mujeres, la propia parte a cuyo favor se había expedido el interdicto preliminar. íd., págs. 114-115. En otras palabras, para impedir la supuesta “incertidum-bre” relacionada con el ejercicio de un derecho constitucio-nal que el Tribunal de Primera Instancia acababa de vali- dar mediante la concesión del interdicto, esta Curia decidió terminar esa incertidumbre mediante la revocación del dic-tamen que validaba dicho ejercicio y adjudicando en contra de la parte alegadamente perjudicada por la misma, sin siquiera dejar que se expresara.

Ya que la controversia procesal que nos ocupó en aquel caso era prácticamente idéntica a la del caso de autos, me-rece la pena repetir las expresiones que al respecto emitié-ramos en nuestra opinión disidente:

Considero innecesaria la intervención nuestra en esta etapa de los procedimientos. Adviértase que el foro de instancia ex-pidió interdicto preliminar como medida cautelar para prote-ger un reclamo de libertad de expresión. Lo razonable en estos casos, donde se solicita que en auxilio de jurisdicción se deje sin efecto una orden de interdicto, es actuar precisamente como actuó el foro apelativo intermedio, brindándole una opor-tunidad a la parte que reclama que se le ha conculcado su derecho a la libertad de expresión y que ha recibido protección de parte del foro de instancia para expresarse en torno al re-clamo de la otra parte. El foro apelativo fue en extremo dili-gente en este caso. El mismo día en que se presentó la moción en auxilio de jurisdicción y el escrito de apelación, acortó los términos y concedió 10 días a las demandantes para que se expresaran. Concluir, como hace el Tribunal, que el Tribunal de Apelaciones abusó de su discreción al no atender con celeri-dad la moción en auxilio de jurisdicción presentada, sorprende y consterna, pues no refleja la realidad. Por otro lado, debernos preguntarnos: ¿En dónde reside el abuso de discreción si la moción se atendió el mismo día que se presentó y se acortaron los términos? ¿En qué consiste el grave daño sufrido por los demandados que exigiría paralizar los efectos del interdicto preliminar expedido sin escuchar a la parte beneficiada por éste? ¿Qué peligra? El Tribunal, a mi juicio, no ofrece una res-puesta satisfactoria. (Enfasis suplido y en el original). Pantoja Oquendo v. Mun. de San Juan, supra, págs. 122 — 123.

En el caso ante nuestra consideración, la concesión del injunction expedido estuvo predicada en la violación de otro derecho constitucional: el derecho a un debido proceso de ley; por lo tanto, las precitadas expresiones son igual-mente aplicables. Más impactante aún resulta que el tér-mino otorgado a la parte recurrida en este caso es incluso más corto que el ofrecido en Pantoja Oquendo. Mientras que el tribunal apelativo en Pantoja Oquendo concedió diez (10) días a la parte recurrida, en este caso lo limitó a siete (7). Aun así, este Tribunal resuelve que dicho tribunal abusó de su discreción. Difiero del criterio mayoritario.

“¿No sería mejor escuchar a ambas partes? ¿No está este Tribunal interviniendo con las determinaciones dis-crecionales del foro de apelación sobre cómo manejar los asuntos relacionados a la tramitación de los casos ante su consideración? No podemos reclamar deferencia para con las decisiones del Tribunal de Apelaciones en unos casos y en otros no”. Pantoja Oquendo v. Mun. de San Juan, supra, pág. 123.

Este Tribunal establece expresamente hoy que, en casos de alto interés público, el Tribunal de Apelaciones no puede conceder términos a las partes para que se expresen en cuanto a una moción en auxilio de jurisdicción sin antes evaluar si la solicitud es meritoria de su faz. Esta norma es problemática por diversas razones.

En primer lugar, como ya discutimos, no existe funda-mento jurídico en nuestro ordenamiento procesal que pro-híba tal conducta por parte del Tribunal de Apelaciones. Imponer esta restricción implica lacerar la sana discreción que poseen los foros apelativos para tramitar los casos ante su consideración.

En segundo lugar, parece crear una distinción injustifi-cada entre el Tribunal de Apelaciones y este Foro, pues el Tribunal Supremo de Puerto Rico incurre cotidianamente en la misma práctica por la que hoy reprende al foro intermedio. Constantemente otorgamos términos a las par-tes recurridas para que se expresen sobre las mociones en auxilio de jurisdicción presentadas en su contra previo a tomar una determinación al respecto. De hecho, en no po-cas ocasiones, la comparecencia de la parte recurrida trae a colación defensas relevantes o planteamientos jurisdic-dónales no esbozados por la petidonaria en su petidón de auxilio, por lo que resultan de gran valor para la correcta adjudicación en los méritos, tanto de la petición de auxilio como del recurso al que acompaña.

La norma que hoy adopta la mayoría podría resultar en que, ante cualquier moción en auxilio de jurisdicción bien redactada en la que se plantee la existencia de un alto interés público, incluso aunque se hayan omitido elemen-tos importantes que inclinarían la decisión a favor de la parte ausente, el Tribunal de Apelaciones vendría obligado a declararla “ha lugar” inmediatamente. Esto, pues ya le consta que al otorgar un término de apenas siete (7) días a la parte recurrida, el mismo día en que se presentó la mo-ción en auxilio de jurisdicción en su contra, constituiría un abuso de discreción de su parte. El otro resultado posible sería que el foro apelativo optase por denegar de plano lo que parecería una moción en auxilio de jurisdicción meri-toria por que, ante la imposibilidad de otorgar un término razonable a la parte recurrida para que exprese sus argu-mentos, prefiera mantener el statu quo que adjudicar en los méritos una moción sin el beneficio de la comparecencia de la parte que se perjudicaría por su decisión. De cual-quier forma, la norma pautada fomenta precisamente aquello que intenta evitar: que el juzgador apelativo se torne en un objeto autómata.

En tercer lugar, quizá el problema mayor que subyace la nueva norma, y que sin duda alguna sucedió en esta oca-sión, es que se parte de la premisa equivocada de que el Tribunal de Apelaciones otorga términos a las partes sin evaluar primero las mociones presentadas ante sí; en pa-labras de este Tribunal, “sin antes evaluar si la solicitud es meritoria de su faz”. Opinión mayoritaria, pág. 374.

En este caso, no hay fundamento para llegar a esta de-terminación ni para concluir que el Tribunal de Apelacio-nes “fomentó un panorama de incertidumbre jurídica” con su proceder. ¿Qué incertidumbre se crea con dejar expre-sarse a una otra parte sobre una moción presentada en su contra antes de tomar una determinación judicial que po-dría perjudicarle? Mientras exista un dictamen del Tribunal de Primera Instancia que no haya sido revertido por un foro apelativo, las partes deberán regirse por él y no tiene sentido que se catalogue como “panorama de incertidum-bre” cualquier tiempo que transcurra entre la determina-ción que le afectó y la respuesta de un tribunal a una mo-ción presentada para que dicho dictamen se revierta, siempre que el foro apelativo no haya actuado de manera arbitraria o claramente abusiva. Independientemente de cuán largo deba ser ese término para tornarse arbitrario o claramente abusivo, ciertamente el término de siete (7) días otorgado a los recurridos en este caso, el mismo día en que se presentó la moción de auxilio de jurisdicción, no sa-tisface ese criterio.

La mayoría niega que su determinación implique que el Tribunal de Apelaciones deba “conceder inmediatamente, cual objeto autómata, cualquier remedio solicitado me-diante moción en auxilio de jurisdicción” y sostiene que éste debe “utilizar su discreción responsablemente para analizar si el remedio procede en derecho”. Opinión mayo-ritaria, pág. 384. Reconoce, incluso, que “si el tribunal con-sidera meritorio o conveniente escuchar a la otra parte antes e adjudicar la moción, puede conceder un término corto —lo más limitado posible— antes de resolver”. íd. Eso fue precisamente lo que sucedió en este caso. El Tribunal de Apelaciones utilizó responsablemente su criterio y, ampa-rándose en la sana discreción que posee para tramitar los casos ante su consideración, optó por otorgar rápidamente un término corto a la parte recurrida para que le pusiera en mejor posición para evaluar las peticiones. Difícilmente podremos encontrar mejor ejemplo de diligencia y uso ade-cuado de la discreción judicial.

De ahora en adelante, parece ser que el foro apelativo estará obligado a justificar y detallar las razones por las cuales decide otorgar un término a las partes para expre-sar su sentir, pues cualquier silencio al respecto será inter-pretado por este Tribunal como un acto arbitrario que “le resta importancia a la situación presentada y [que] tiene el efecto práctico de denegar sub silentio una moción en la cual se solicita la intervención urgente del Tribunal”. Opi-nión mayoritaria, pág. 385.

Por último, conforme a los planteamientos esbozados en esta opinión, no procede evaluar los méritos de los demás planteamientos que presentaron los peticionarios en su re-curso de certiorari con relación a que no procedía conceder el injunction emitido en su contra hasta tanto el Tribunal de Apelaciones haya tomado una decisión al respecto. Por lo tanto, nos abstenemos de pasar juicio sobre las determi-naciones que sobre ello hiciera una mayoría de este Tribunal.

IV

Por los fundamentos expuestos anteriormente, dejaría sin efecto la orden de paralización emitida por este Tribunal el 22 de julio de 2011, declararía “no ha lugar” el re-curso de certiorari y devolvería el caso al Tribunal de Ape-laciones para que evalúe en sus méritos si erró el Tribunal de Primera Instancia al conceder un injunction para impe-dir el cierre de la Escuela Superior Luis Muñoz Iglesias por violar el derecho constitucional de los recurridos a un debido proceso de ley.

      (1) Tan temprano como en 1946 ya se reconocía en el Reglamento de este Tribunal la facultad de expedir “injunctions en auxilio de su jurisdicción apelativa ...”. Regla 15a del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico de 1946.

      (2) A diferencia de este Tribunal, el Reglamento del Tribunal Supremo de Esta-dos Unidos permite que las mociones en las que se solicita la paralización de los efectos de una Sentencia se presenten a uno de sus jueces individualmente. Este puede disponer del asunto sin referirlo al Pleno del Tribunal. Véase Regla 23 del Tribunal Supremo de Estados Unidos, 28 U.S.C.

      (3) Como hemos dicho en otras ocasiones, “[e]xiste cierta simetría entre los prin-cipios que regulan la concesión del injunction y los que regulan sus efectos post apelativos”. Plaza Las Américas v. N & H, 166 D.P.R. 631, 644 (2005). Así, la norma reconocida en Peña v. Federación de Esgrima de P.R., 108 D.P.R. 147 (1978), refleja los requisitos para expedir un injunction, tanto preliminar como permanente. Véanse: Plaza Las Américas v.N&H, 166 D.P.R. 631 (2005); Mun. de Loíza v. Sucns. Suárez et al., 154 D.P.R. 333 (2001); Pérez Vda. Muñiz v. Criado, 151 D.P.R. 355, 372 esc. 11 (2000).

      (4) En U. Ciencias Méd. S.J. Bautista v. E.L.A., 141 D.P.R. 403 (1996), se dio una situación similar a la de autos, en la cual el foro apelativo intermedio, ante una moción en auxilio de jurisdicción, se negó a paralizar los efectos de un injunction emitido por el Tribunal de Primera Instancia en un caso de interés público. En esa ocasión dijimos que el “foro apelativo debió acoger la moción en auxilio de su juris-dicción y decretar la paralización de la referida prohibición hasta tanto resolviera el recurso presentado. El balance de intereses y el derecho vigente así lo aconsejan”. (Énfasis suplido). Id., pág. 404. Por ende, y ante el alto interés público presentado, ordenamos al Tribunal de Apelaciones que resolviera la controversia planteada en un término de nueve (9) días.

      (5) Por otro lado, el Art. 678 del Código de Enjuiciamiento Civil establece, en lo pertinente, que no se podrá emitir un injunction o una orden de entredicho en la siguiente circunstancia:
      “(3) Para impedir la aplicación u observancia de cualquier ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, o el cumplimiento de cualquier actuación autorizada por ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, de un funcionario público, de una corporación pública, o de una agencia pública, o de cualquier empleado o funcionario de dicha corporación o agencia, a menos que se hubiera determinado por sentencia final, firme, inapelable e irreversible que dicha ley o actuación autorizada por ley es inconstitucional o inválida’’. (Enfasis suplido). 32 L.P.R.A. see. 3524(3).
      Ante este mandato estatutario, el Gobierno solidificó su caso con altas probabi-lidades de prevalecer, ya que no surge de los autos que el Tribunal de Primera Instancia haya declarado inconstitucional la Carta Circular Núm. 4-2009-2010 o la Ley Orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico, Ley 149-1999 (3 L.P.R.A. sec. 143a et seq.), previo a la emisión del injunction.


author: per curiam:

text:
      In re Víctor Rojas Rojas, querellado.

      Número: AB-2011-322

      Resuelto: 11 de abril de 2012

      José M. Luciano Olivencia, querellante.
   per curiam:

Nuevamente nos vemos en la situación de tener que suspender a un abogado inmediata e indefinida-mente del ejercicio de la profesión por incumplir con los requerimientos de este Tribunal, como parte de un proceso disciplinario en su contra. Por los fundamentos que abor-damos a continuación, ordenamos la suspensión inmediata e indefinida del Ledo. Víctor Rojas Rojas.

I

El licenciado Víctor Rojas Rojas fue admitido al ejercicio de la abogacía el 13 de julio de 2004.

El 29 de septiembre de 2011, se presentó ante nos una queja disciplinaria contra el abogado de epígrafe por parte de un cliente que alegó haber intentado infructuosamente establecer comunicación con él. El propósito de la comuni-cación era solicitarle que le devolviera el expediente de los documentos relacionados a un caso para el cual lo había contratado. La Secretaría de este Tribunal envió copia de la queja al licenciado Rojas Rojas el 11 de octubre de 2011, concediéndole un término de 10 días para contestarla. Ese envío se dirigió mediante correo certificado a la dirección que obraba en nuestro Registro.

El envío fue devuelto por el Servicio Postal con la nota “Attempted-Not Known”. En consecuencia, nuestra Secre-taría realizó una segunda notificación a esa misma direc-ción mediante correo certificado, el 19 de octubre de 2011. Esa segunda notificación fue devuelta por “Insufficient Address”.

Así las cosas, emitimos una resolución que fue notifi-cada personalmente al licenciado Rojas Rojas, por conducto de un Alguacil Auxiliar de este Tribunal, el 10 de enero de 2012. En ella, detallamos los esfuerzos realizados hasta ese momento para comunicarle la queja y concederle un término para que se expresara. Asimismo, se le informó que ambas comunicaciones habían sido enviadas a la direc-ción que surge del Registro Unico de Abogados. Además, en la resolución se le apercibió de que se le concedía un tér-mino final e improrrogable de 10 días para que contestara la queja en su contra. Finalmente, se le apercibió de que su incumplimiento con esa resolución podría conllevar sancio-nes disciplinarias severas, incluyendo la suspensión del ejercicio de la profesión.

El mismo día que le fue notificada la Resolución, el abo-gado de epígrafe acudió a la Secretaría de este Tribunal y solicitó actualizar su dirección en nuestro Registro. Para ello, ofreció una dirección distinta a la cual se habían en-viado las referidas notificaciones, infructuosamente.

No obstante, el licenciado Rojas Rojas nunca compareció a contestar la queja. Aún no ha cumplido con el requeri-miento de nuestra Resolución.

II

Los abogados deben cumplir rigurosamente con nuestros requerimientos y responder de forma diligente y oportuna a los señalamientos que se le hacen. In re Rivera Rosado, 180 D.P.R. 698 (2011); In re Santiago Méndez, 174 D.P.R. 823 (2008). Hemos reiterado que la diligencia de los abogados al atender nuestros requerimientos cobra mayor trascendencia cuando se trata de un proceso disciplinario. In re Rivera Rosado, supra; In re Fiel Martínez, 180 D.P.R. 426 (2010).

Así las cosas, cuando un abogado incumple con nuestros requerimientos e ignora nuestro apercibimiento de sanciones disciplinarias —incluyendo, como en este caso, el apercibimiento de que su falta de diligencia puede causar que se le suspenda de la profesión— corresponde que lo separemos inmediatamente de esta. In re Fiel Martínez, supra; In re Morales Rodríguez, 179 D.P.R. 766 (2010); In re Reyes, Rovira, 139 D.P.R. 42 (1995). Por ello, hemos expresado que los abogados están obligados a cumplir con nuestros requerimientos aunque la acción discipli-naria que se ha iniciado mediante queja sea inmeritoria, íd. Véase, además, In re García Vallés, 172 D.P.R. Ap. (2007).

Cabe recordar que incumplir con los requerimientos y órdenes de este Tribunal es, a su vez, una violación ética independiente. Véanse: In re Fiel Martínez, supra; Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Dicho canon exige respeto hacia los tribunales por parte de los funcionarios del Tribunal que son admitidos a la profesión. Por lo tanto, no podemos tomar livianamente el incumpli-miento con nuestro trámite disciplinario.

En esta ocasión, cabe recordar nuevamente a los abogados de su deber de notificar inmediatamente a este Tribunal cualquier cambio en su dirección postal o física. In re Morales Rodríguez, supra; In re Serrallés III, 119 D.P.R. 494, 495 (1987); Regla 9(j) del Reglamento del Tribunal Supremo en In re Reglamento Tribunal Supremo, 183 D.P.R. 386 (2011), aprobado el 22 de noviembre de 2011. De hecho, esa regla impone los mismos requisitos que la Regla 9(j) de nuestro Reglamento anterior. Véase 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, R. 9. Por ello, el 3 de junio de 2010, emitimos una resolución mediante la cual ordenamos a to-dos los abogados a que revisaran y actualizaran sus direcciones en dicho Registro. Cuando un abogado ignora su obligación de mantener al día ese Registro dificulta nuestra labor disciplinaria.

III

En este caso, nos encontramos una vez más con un abo-gado que ignora nuestros requerimientos disciplinarios. El licenciado Rojas Rojas recibió personalmente, el 10 de enero de 2012, por medio de un Alguacil Auxiliar de este Tribunal, la Resolución en la que le apercibimos sobre las consecuencias disciplinarias que conllevaría no responder a la queja que nuestra Secretaría intentó remitirle en dos ocasiones anteriores.

A pesar de que el licenciado Rojas Rojas acudió ante nos a realizar un cambio de dirección en el Registro de Aboga-dos, aún no ha cumplido con la resolución antes mencionada.

IV

Por los fundamentos que anteceden, se suspende inme-diata e indefinidamente al Ledo. Víctor Rojas Rojas del ejercicio de la abogacía. Asimismo, se le apercibe al abo-gado de epígrafe que en el futuro deberá cumplir cabal-mente con el ordenamiento que rige el desempeño de la pro-fesión jurídica y, en específico, con nuestros requerimientos y órdenes.

El licenciado Rojas Rojas notificará a sus clientes que por motivo de la suspensión no puede continuar con su re-presentación legal, y devolverá a estos los expedientes de cualquier caso pendiente y los honorarios recibidos por tra-bajos no realizados. De igual manera, deberá informar de su suspensión a cualquier sala del Tribunal General de Justicia o foro administrativo en el que tenga algún caso pendiente. Por último, se le ordena al licenciado Rojas Rojas que nos certifique haber cumplido con los requerimien-tos anteriores dentro de un plazo de 30 días a partir de la notificación de esta Opinión y la sentencia adjunta.

Se dictará sentencia de conformidad.


text:
    Partido Nuevo Progresista, peticionario, v. Hon. Héctor J. Conty Pérez, Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico, Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico y Partido Popular Democrático, recurridos.

      Número: CT-2012-004

      Resuelto: 13 de abril de 2012

      Eric R. Ronda Del Toro, de Mercado, Soto, Ronda, Amunda-ray & Pascual, PSC, y Claudio Aliff Ortiz, abogados del Partido Nuevo Progresista; José L. Nieto Mingo, de Nieto Law Offices, abogado de la Comisión Estatal de Elecciones; Pedro E. Ortiz A Ivarez, de Pedro E. Ortiz Alvarez, LLC, y Guillermo San Antonio Acha, de GSA Law, L.L. C., aboga-dos del Partido Popular Democrático.
   SENTENCIA

Vista la Estipulación sometida por las partes, la cual se hace formar parte de esta Sentencia como su Anejo 1, este Tribunal la acoge y aprueba para todos los fines legales pertinentes y ordena su fiel y estricto cumplimiento.

Como resultado de lo anterior, se deja sin efecto la pa-ralización del Escrutinio General dictada mediante nues-tra Resolución de 3 de abril de 2012 y se ordena la remi-sión del Mandato al Tribunal de Primera Instancia inmediatamente.

Notifíquese inmediatamente por teléfono, por fax y por la vía ordinaria, y publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo, Interina.

(Fdo.) Larissa Ortiz Modestti

Secretaria del Tribunal Supremo Interina

ESTIPULACIÓN

1. Los funcionarios de los Partidos Politicos, del Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y observadores del Partido independents Puertorriqueño (PIP) tendrán ante sí las listas de votación de las primarlas firmadas para ser contabilizadas y verificadas.

2. La lista de votación de la Primaria de cada Partido Político estará en posesión del Partido que lleva a cabo el escrutinio, visible a todos los funcionarios y observadores y a una distancia ya establecida que permita contar y observar la firma. El funcionario de la oposición estará ubicado en una posición en la mesa de escrutinio según el diagrama estipulado y que se hace formar parte de esto acuerdo de forma que le permita visibilidad sobre esta.

3. En aquellos casos en que como parte de los trabajos de las mesas surjan discrepancias entre el número de electores según la lista de votantes y los cuadres de actas de cotegio o de unidad, si después de agotados los recursos disponibles para resolver el descuadre (acta de incidencias, hoja de asistencia de funcionarios, papeletas protestadas, recusadas, en blanco, y añadidos a mano) persiste el descuadre, se procederá con el recuento de las papeletas del cargo afectado conforme la Regla 118 del Reglamento para las Elecciones Generales y Escrutinio General de 2008, aprobado el 7 de julio de 2008, según aplique.

4. Durante el proceso de contar las firmas se preservará la confidencialidad de los nombres de los electores y los funcionarios de colegio. A estos fines, se proveerá una cartulina para ocultar los nombres y dabs personales del elector. Cuando se Identifique alguna Irregularidad en las firmas, esta situación pasará a los funcionarios designados para evaluar este Upo de situación y éstos podrán referir el asunto a la Sub-Comisión Especial.

5. Durante el escrutinio genera! no se tomarán fotos ni notas de la lista de votación de electores.

6. Se comenzará el escrutinio con el Precinto 001 y hasta el Precinto 110.

7. Una vez se confeccione el Acta corregida y firmada, se entregará una copla a cada una de las Partes y pasará a las mesas de Control de Actas, Entrada de Datos (OSIPE) y Estadísticas de cada partido.

8. Cualquier controversia que surja en el proceso de) escrutinio no contemplada en este acuerdo, se atenderá de conformidad con la Resolución CEE-RS-12-21 emitida por el Presidente de la CEEde 27 de marzo de 2012.

POR TODO LO CUAL, las partes solicitan que este Honorable Tribunal tome conocimiento de los acuerdos contenidos en la presente estipulación y dicte sentencia de conformidad con la misma.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

En San Juan, Puerto Rico hoy 12 de abril de 2012


text:
    El Pueblo de Puerto Rico en Interés de la Menor S.M.R.R.

      Número: CC-2011-0037

      Resuelto: 13 de abril de 2012

      Eileen N. Díaz Ortiz, de la Sociedad para Asistencia Legal, representante de la menor S.M.R.R.; Luis R. Román Ne-grón, procurador general interino, y María T. Caballero García, procuradora general auxiliar, representantes de El Pueblo de Puerto Rico.
   El Juez Presidente Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

El presente caso nos requiere precisar cuáles son las reglas procesales que rigen la presentación y notificación de un recurso apelativo mediante el cual se recurre de una resolución del Tribunal de Menores que declaró “con lugar” a una moción de renuncia de jurisdicción. En específico, debemos determinar si el Tribunal de Apelaciones erró al desestimar el recurso de la parte peticionaria por esta no habérselo notificado al Fiscal de Distrito de Fajardo y al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de lo Criminal. Por entender que nuestro ordenamiento procesal para casos de menores no requiere estas notificaciones, re-vocamos el dictamen del Tribunal de Apelaciones.

I

La peticionaria es urna menor a la que se le imputó ha-ber sido coautora de un asesinato acaecido el 18 de mayo de 2008. () Contra ella, el Ministerio Público presentó tres denuncias: una por violación al Art. 106(a) del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4734(a), y dos por violación al Art. 5.04 de la Ley de Armas, 25 L.P.R.A. sec. 458c. El juez que pre-sidió la vista preliminar determinó causa probable contra la menor en los tres cargos, pero en la modalidad de cooperadora. Esta determinación fue sostenida en una vista preliminar en alzada que fue solicitada por la Fiscalía.

El Ministerio Público presentó las debidas acusaciones y el asunto fue señalado para lectura y juicio en su fondo. Así las cosas, la defensa de la menor presentó una moción mediante la cual solicitó al tribunal que desestimara las acusaciones al amparo de la Regla 64(b) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Argumentó que el foro con jurisdicción era el Tribunal de Menores. Esto, pues la acu-sada era una menor y la determinación de causa probable fue en la modalidad de cooperadora y no de coautora. El tribunal acogió los planteamientos de la defensa y ordenó el traslado del caso al Tribunal de Menores.

Estando el caso pendiente de adjudicación ante el Tribunal de Menores, el Ministerio Público presentó una mo-ción sobre renuncia de jurisdicción al amparo del Art. 15 de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, conocida como Ley de Menores de Puerto Rico, 34 L.P.R.A. see. 2215 (Ley de Menores). Celebrada la debida vista, la Sala de Menores declaró “con lugar” la moción sobre re-nuncia de jurisdicción. La resolución fue notificada el 23 de junio de 2010. Inconforme con esta determinación del Tribunal de Menores, la defensa de la menor presentó un re-curso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Este recurso, según certificó la representación legal de la peti-cionaria al final del escrito, fue notificado a la Secretaría de la Sala de Familia y Menores del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo, al Procurador de Menores de Fajardo y a la Procuradora General.

El 9 de agosto de 2010, el Tribunal de Apelaciones noti-ficó una resolución mediante la cual desestimó, por falta de jurisdicción, el certiorari presentado por la representación legal de la menor. El foro apelativo determinó que no podía considerar el recurso pues la peticionaria no cumplió con los requisitos de notificación dispuestos en el Reglamento del Tribunal de Apelaciones; en específico, la peticionaria no ofreció constancia de haber notificado el recurso al Fiscal de Distrito de Fajardo ni al Tribunal de Primera Ins-tancia, Sala Superior de lo Criminal, en Fajardo, siendo este el foro que habría de entender en el caso luego de que el Tribunal de Menores renunciara a su jurisdicción. La peticionaria solicitó reconsideración, pero el foro apelativo se la denegó.

Insatisfecha, la peticionaria presentó ante nos un re-curso de certiorari mediante el cual nos solicita que revo-quemos la decisión del Tribunal de Apelaciones de desesti-mar el recurso presentado por ella ante ese foro. En esencia, la peticionaria alega que el foro apelativo interme-dio erró (1) al no considerar que, en este caso, se cumplie-ron con todos los requisitos de notificación establecidos en las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores, 34 L.P.R.A. Ap. I-A, y (2) al no acoger el recurso de certiorari como uno de apelación, obviando así el hecho de que la resolución mediante la cual el Tribunal de Menores renun-ció a su jurisdicción puso fin a los procedimientos ante ese foro especializado.

Examinado el escrito de la peticionaria, expedimos un mandamiento de certiorari dirigido al Tribunal de Apela-ciones para que remitiera los autos originales del caso o copia certificada de estos. Ambas partes han presentado sus alegatos; estamos en posición de resolver.

II

La Ley de Menores reglamenta los procedimientos en aquellos casos en que un menor de edad incurre en conducta constitutiva de delito, según tipificada en el Código Penal o en alguna ley especial. Se trata de “un estatuto de carácter procesal que atiende la minoridad del ofensor para ofrecerle un tratamiento individualizado, que esté atemperado a sus necesidades especiales, con el fin de obtener su eventual rehabilitación”. (Enfasis en el original). Pueblo v. Ríos Dávila, 143 D.P.R. 687, 700 (1997). Sobre la naturaleza de los procedimientos que se rigen por la Ley de Menores, es un principio establecido que estos son de naturaleza sui géneris y no criminal, aun cuando atienden conducta constitutiva de delito según definida por las leyes penales. Véanse: Art. 37(a) de la Ley de Menores, 34 L.P.R.A. sec. 2237(a); Pueblo en interés menor C.Y.C.G., 180 D.P.R. 555, 569 (2011); Pueblo en interés menores C.L.R. y A.V.L., 178 D.P.R. 315, 325 (2010); Pueblo en interés menor A.L.G.V., 170 D.P.R. 987, 996 (2007); Pueblo en interés menor G.R.S., 149 D.P.R. 1, 12 (1999); Pueblo en interés menor N.O.R., 136 D.P.R. 949, 955 (1994). Por su parte, las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores son el cuerpo de normas que gobierna los procedimien-tos en todos los asuntos cubiertos por la Ley de Menores.() Estas Reglas deben ser interpretadas de acuerdo a los pro-pósitos de la Ley de Menores y de modo que garanticen una solución justa, rápida y económica de todos los asuntos.() Regla 1.2 de Procedimiento para Asuntos de Menores, 34 L.P.R.A. Ap. I-A.

Tanto la Ley de Menores como las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores contienen disposiciones sobre el proceso de apelación de órdenes y resoluciones emitidas por un tribunal o sala de menores.() En específico, el Art. 36 de la Ley de Menores, 34 L.P.R.A. see. 2236, establece que

[l]a orden o resolución final dictada por el juez en relación con cualquier menor bajo las disposiciones de este capítulo podrá apelarse ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Las órdenes y resoluciones interlocutorias podrán ser revisa-das ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico mediante recurso de certiorari. La orden, resolución o sentencia del Tribunal de Apelaciones podrá ser revisada por el Tribunal Supremo mediante recurso de certiorari. En la interpretación de estos recursos deberán regir las reglas adoptadas por el tribunal correspondiente. La interposición de la apelación no sus-penderá los efectos de cualquier orden del juez en relación con el menor, a menos que el tribunal decrete lo contrario.

Este artículo halla su complemento en la Regla 9.1 de Procedimiento para Asuntos de Menores, 34 L.P.R.A. Ap. I-A. En lo pertinente, esta regla establece:

(1) Las órdenes y resoluciones finales dictadas por el Tribunal de Primera Instancia de conformidad con [la Ley de Menores] podrán ser apeladas ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones, excepto cuando la resolución final se base en una alegación del menor admitiendo los hechos, en cuyo caso pro-cederá únicamente el recurso de certiorari, a ser expedido por el Tribunal de Circuito de Apelaciones a su discreción. Las órdenes y resoluciones interlocutorias podrán ser revisadas ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones mediante recursos de certiorari promovido por el menor o el Procurador. En la interposición de estos recursos deberán regir las reglas adop-tadas por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, sujeto a las siguientes normas:
(b)(i) La apelación se formalizará presentando un escrito de apelación conforme a lo dispuesto en la “Ley de la Judicatura del 2003”, sees. 24 a 25r del Título 4, y dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se dictó la resolución que dispuso del caso. ...
(ii) El recurso de certiorari de una resolución final dictada por el Tribunal de Primera Instancia a base de una alegación del menor admitiendo los hechos, se formalizará presentado un recurso o petición de certiorari conforme a lo dispuesto en la “Ley de la Judicatura del 2003”, sees. 24 a 25r del Título 4, y dentro de los (30) días siguientes a la fecha en que se dictó la resolución que dispuso del caso. ...
(iii) La solicitud de certiorari para revisar las órdenes y resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de Pri-mera Instancia se formalizará presentando un escrito de cer-tiorari conforme a lo dispuesto en la “Ley de la Judicatura del 2003”, sees. 24 a 25r del Título 4, y dentro de los (30) días siguientes a la fecha en que se dictó la orden o resolución. ...
(iv) El escrito de apelación o certiorari se notificará al Pro-curador General de Puerto Rico directamente y al Procurador para Asuntos de Menores, y en su caso ál menor y al director del organismo público o privado bajo cuya custodia se encon-trare el menor y a cualquier parte interventora. También se notificará el escrito al tribunal recurrido o al [Tribunal de Apelaciones], según corresponda dependiendo del lugar de su presentación y de acuerdo a lo dispuesto en el Plan de Reorga-nización Núm. 1 de la Rama Judicial, aprobado el 28 de julio de 1994, según enmendado, conocido como la “Ley de la Judi- catura de 1994”. La falta de notificación del escrito al tribunal correspondiente o a las partes será motivo para la desestima-ción del recurso( ) (Énfasis suplido).

La citada Regla 9.1 de Procedimiento para Asuntos de Menores es clara. Un menor que, mediante recurso de apelación o de certiorari presentado ante el Tribunal de Apelaciones, recurra de una orden o resolución de una Sala de Menores deberá notificar el escrito: (1) al Procurador General directamente, (2) al Procurador de Asuntos de Menores y (3) al tribunal recurrido.

Estos requisitos de notificación son ligeramente distintos a los requisitos dispuestos en el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. En lo que se refiere a recursos de certiorari para revisar sentencias emitidas en casos civiles y criminales, la Regla 33 del Tribunal de Apelaciones establece que la parte peticionaria deberá (1) “notificar copia de la cubierta o de la primera página del recurso debidamente sellada con la fecha y la hora de su presentación a la Secretaría del Tribunal recurrido, dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes a la presentación de la solicitud”, y (2) “notifica [r] la solicitud de certiorari ... a los abogados(as) de récord, o en su defecto, a las partes, así como al Procurador!a) General y al(a la) Fiscal de Distrito en los casos criminales, dentro del término dispuesto para la presentación del recurso”. Id.

En el caso de marras, el Tribunal de Apelaciones, al am-paro de la Regla 33 de ese foro, supra, desestimó el recurso de certiorari presentado por la peticionaria. Esto, porque no se notificó el recurso al Fiscal de Distrito de Fajardo y al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de lo Criminal. En oposición, la peticionaria señala que el Tribunal de Apelaciones erró al resolver así pues no advirtió que la Regla 9.1 de Procedimiento para Asuntos de Menores, supra, gobierna la presentación y notificación de recursos apelativos en casos de menores.

III

Este caso plantea una interrogante muy sencilla: ¿cuál es el cuerpo de normas procesales que rige la presentación y notificación de recursos para apelar o revisar órdenes o resoluciones emitidas al amparo de la Ley de Menores ? ¿El reglamento del foro apelativo correspondiente (en este caso, el Tribunal de Apelaciones) o las Reglas de Procedi-miento para Asuntos de Menores?

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones gobierna la presentación y notificación de recursos para apelar y revisar sentencias y resoluciones dictadas por el Tribunal de Primera Instancia en casos civiles y criminales. Véanse las Reglas 14, 24 y 33 del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. Sin embargo, nada dispone sobre la presentación de recursos para apelar o revisar órdenes o resoluciones emitidas en procedimientos de menores, los cuales, hemos indicado ya, son de carácter sui géneris y no criminales. En cambio, la Ley de Menores y las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores, estas últimas aprobadas al amparo de la primera, contienen disposiciones que, de forma expresa, atienden la presentación y notificación de recursos para apelar dictámenes emitidos al amparo de la Ley de Menores. Véanse la Art. 36 de la Ley de Menores, 34 L.P.R.A. see. 2236, y la Regla 9.1 de Procedimiento de Asuntos de Menores, supra. En vista de que el Reglamento del Tribunal de Apelaciones es silente en cuanto a los recursos para apelar o revisar dictámenes emitidos por una Sala de Menores y de que existe un cuerpo especial de normas que atiende específicamente tales situaciones, no hay duda de que la presente controver-sia se rige por la Ley de Menores y, con carácter especial, por las Reglas de Procedimiento para Asunto de Menores.

Ahora bien, al acudir a la Regla 9.1 de Procedimiento para Asuntos de Menores, supra, nos encontramos con el postulado siguiente: “En la interposición de [los recursos para apelar o revisar órdenes y resoluciones emitidas al amparo de la Ley de Menores] deberán regir las reglas adoptadas por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, sujeto a la siguientes normas”. Una de esas normas es la conte-nida en el citado inciso (l)(a)(iv) de la Regla 9.1 de Proce-dimiento para Asuntos de Menores:

El escrito de apelación o certiorari se notificará al Procura-dor General de Puerto Rico directamente y al Procurador para Asuntos de Menores, y en su caso al menor y al director del organismo público o privado bajo cuya custodia se encontrare el menor y a cualquier parte interventora. También se notifi-cará el escrito al tribunal recurrido o al [Tribunal de Apelaciones], según corresponda dependiendo del lugar de su presentación y de acuerdo a lo dispuesto en [la Ley de la Judicatura].

De lo anterior, podemos colegir que, como regla general, la interposición de los recursos para apelar o revisar dictámenes de una Sala de Menores se rige por el reglamento del foro apelativo correspondiente. Ahora bien, esta regla está sujeta a que se observen ciertas normas especiales. Una de ellas es que se cumpla con los requisitos de presentación y notificación recogidos en la Regla 9.1 de Procedimiento de Asuntos de Menores.

Aunque lo ya señalado sería suficiente para disponer de la controversia planteada, una mirada más profunda a la Ley de Menores corrobora nuestra posición. El Art. 17 de la Ley de Menores, 34 L.P.R.A. see. 2217, establece las pautas para el traslado de un caso al tribunal de adultos en las situaciones en que el Tribunal de Menores renuncie a su jurisdicción. Este artículo dispone que

[s]i el Juez considerare que existen razones para renunciar la jurisdicción, dictará resolución fundamentada y ordenará el traslado del caso para que se tramite como si se tratara de un adulto.
Con la orden dando traslado del asunto se acompañarán las declaraciones, evidencia, documentos y demás información en poder del Tribunal, excepto aquellas que de acuerdo con este capítulo y las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Meno-res, Ap. I-A de este título, sean de carácter confidencial.
La notificación de la renuncia, que el secretario del Tribunal [de Menores] enviará al fiscal del distrito o a la autoridad competente, no contendrá copia de la resolución dictada en el caso.
El Procurador será responsable de que el menor sea condu-cido de inmediato a las autoridades pertinentes para que se inicien los procedimientos en la jurisdicción ordinaria. (Enfa-sis suplido).()

Según esta disposición, cuando una Sala de Menores re-nuncia a su jurisdicción, esta debe remitir el expediente a la secretaría del Tribunal de Menores. Esta última es quien deberá notificar la renuncia de jurisdicción al fiscal de distrito.() Esa notificación, sin embargo, no contendrá copia de la resolución dictada en el caso, la cual es confi-dencial y permanecerá en el expediente del menor en la secretaría del Tribunal de Menores.()

Lo anterior pone al descubierto lo contraproducente que sería requerir a la representación legal de un menor que notifique al Fiscal de Distrito cualquier recurso apelativo dirigido a que el Tribunal de Apelaciones revise la decisión de urna Sala de Menores de renunciar a su jurisdicción. Puesto que el recurso apelativo contendría necesariamente una copia de la resolución detallada emitida por el Tribunal de Menores, notificárselo al Fiscal de Distrito vulnera-ría el carácter confidencial de la resolución y frustraría el esfuerzo legislativo por limitar el acceso del Ministerio Pú-blico a su contenido.

Algo similar ocurriría si se le requiriese a la defensa que notifique su recurso a la Sala Criminal del Tribunal de Primera Instancia, a la que se trasladaría el caso. Según este supuesto, existiría el riesgo de que el juez de instancia prejuzgue la culpabilidad del menor a ser enjuiciado como adulto, influenciado por el contenido íntimo de la resolu-ción emitida por la Sala de Menores.!) Estas consideracio-nes fortalecen nuestra posición de que los requisitos de no-tificación que se deben observar en circunstancias como las del presente caso son los recogidos en las Reglas de Proce-dimiento para Asuntos de Menores.

En suma, resolvemos que la presentación y noti-ficación de recursos, ya sean de apelación o de “certiorari”, para apelar o revisar órdenes y resoluciones emitidas al amparo de la Ley de Menores, se rigen por la Regla 9.1 de Procedimiento para Asuntos de Menores, supra. Por consi-guiente, concluimos que el Tribunal de Apelaciones erró al desestimar el recurso de la peticionaria por el fundamento de que incumplió con los requisitos de notificación plasma-dos en la Regla 33 del Reglamento de ese foro, supra, al no notificar su recurso apelativo al Fiscal de Distrito y a la Sala Criminal del Tribunal de Primera Instancia. En vista de que la representación legal de la peticionaria cumplió con los requisitos de notificación recogidos en la referida Regla 9.1 de Procedimiento para Asuntos de Menores, supra, el foro apelativo intermedio tiene jurisdicción para atender el recurso.

Como segundo y último señalamiento de error, la parte peticionaria arguye que el Tribunal de Apelaciones incidió al no acoger su petición de certiorari como un recurso de apelación. Esto, pues la resolución del Tribunal de Menores puso fin a los procedimientos ante ese foro y, por consiguiente, goza de las características de una sentencia final. La peticionaria tiene razón. Ya, en Pueblo ex rel. R.S.R., 121 D.P.R. 293, 299 (1988), resolvimos que una resolución mediante la cual se declara “con lugar” una solicitud de renuncia de jurisdicción presentada por el Procurador de Menores pone fin a los procedimientos en el foro de menores, por lo que goza de las características de una sentencia, entendida esta última como cualquier determinación judicial que resuelva finalmente la cuestión litigiosa y de la cual pueda apelarse o solicitarse revisión. Por consiguiente, el recurso apropiado para cuestionar tal determinación es el recurso de apelación.

Por los fundamentos expuestos, se revoca el dictamen del Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso a ese foro para que acoja el recurso de la peticionaria como una de apelación y, así acogido, lo considere en sus méritos.

Se dictará sentencia de conformidad.

      (1) Para esa fecha, la peticionaria tenía 16 años de edad.

      (2) Las Reglas fueron adoptadas por este Tribunal Supremo al amparo del Art. 38 de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, conocida como la Ley de Menores de Puerto Rico, 34 L.P.R.A. see. 2238 (Ley de Menores), y aprobadas por la Asamblea Legislativa mediante la Ley Núm. 33 de 19 de junio de 1987, Leyes de Puerto Rico 112.

      (3) El Art. 2 de la Ley de Menores, 34 L.P.R.A. see. 2202, dispone que ese esta-tuto ha de ser interpretado conforme a los propósitos siguientes:
      (a) “Proveer para el cuidado, protección, desarrollo, habilitación y rehabilitación de los menores y proteger el bienestar de la comunidad.
      (b) “Proteger el interés público tratando a los menores como personas necesita-das de supervisión, cuidado y tratamiento, a la vez que se les exige responsabilidad por sus actos.
      (c) “Garantizar a todo menor un trato justo, el debido procedimiento de ley y el reconocimiento de sus derechos constitucionales”.

      (4) Cuando decimos “tribunal o sala de menores” nos referimos a cualquier Sala del Tribunal de Primera Instancia que ejerza su autoridad al amparo de la Ley de Menores. Véase el Art. 3(u) de la Ley de Menores, 34 L.P.R.A. sec. 2203(u).

      (5) Es de notar que si bien los citados incisos (l)(b)(i)-(iii) se refieren a la Ley de la Judicatura de 2003 y al Tribunal de Apelaciones, el inciso (l)(b)(iv) todavía se refiere a la anterior Ley de la Judicatura de 1994 y al antiguo Tribunal de Circuito de Apelaciones. Esta discrepancia se debe a que, en el 2010, la Asamblea Legislativa enmendó la Regla 9.1 de Procedimiento para Asuntos de Menores en lo que se refiere a la notificación y registro de sentencias. Véase la Ley Núm. 21 de 26 de febrero de 2010. Tal enmienda afectó los incisos (l)(b)(i)-(iii), los cuales fueron actualizados, mas no así el inciso (l)(b)(iv), que no sufrió cambios en su redacción.

      (6) En igual sentido, véase la Regla 4.5 de Procedimiento para Asuntos de Me-nores, 34 L.P.R.A. Ap. I-A. Véase, además, la Regla 24(d) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, sobre los efectos de una determinación de renuncia de jurisdicción en un procedimiento para asuntos de menores. Esta regla dispone que
      “[cjuando el expediente fuere remitido a la secretaría de la Sección de Distrito del Tribunal de Primera Instancia en virtud de una resolución del tribunal renun-ciando a la jurisdicción sobre un menor, el secretario debei'á referir el mismo inme-diatamente al fiscal de distrito. El fiscal deberá presentar la acusación que proceda en el término de quince (15) días a partir del recibo de la notificación de renuncia”. (Enfasis suplido).

      (7) A su vez, el Fiscal de Distrito es el responsable de que, una vez la Sala de Menores renuncie a su jurisdicción, se tomen las acciones correspondientes para iniciar los procedimientos en la jurisdicción ordinaria. Art. 17 de la Ley de Menores, 34 L.P.R.A. see. 2217.

      (8) Sobre este particular, véanse: Art. 37(d) de la Ley Menores, 34 L.P.R.A. see. 2237(d); Reglas 10.1-10.3 de Procedimiento para Asuntos de Menores, 34 L.P.R.A. Ap. I-A. Véase, además: D. Nevares-Muñiz, Derecho de menores: delincuente juvenil y menor maltratado, 6ta ed. rev., San Juan, Inst, para el Desarrollo del Derecho, 2009, pág. 35.

      (9) Ahora bien, no queda claro por qué el Tribunal de Apelaciones entendió que la peticionaria debía notificar a la Sala Criminal del Tribunal de Primera Instancia en Fajardo. La Regla 33 de ese foro solo requiere notificar al tribunal recurrido, a los abogados del expediente y, en casos criminales, al Procurador General y al Fiscal de Distrito. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. En este caso, el tribunal recurrido es la Sala de Menores.