author: El Juez Asociado Se. MacLeaky,

text:
    El Pueblo v. Vilar.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Humacao.
    No. 375.
    Resuelto en noviembre 3, 1911.
    Derecho Penal — Publicación de Escritos Indecentes — Elementos Esenciales del Delito. — En una acusación fundada en una infracción del artículo 283 del Código Penal sólo es necesario probar que el acusado voluntaria y lasciva-mente publicó, vendió y distribuyó los artículos obscenos objeto de la acusa-ción, y examinada la prueba en el caso de autos, el Tribunal Supremo resolvió que tales requisitos quedaron probados en este caso fuera de toda duda razonable.
    . Id.' — Prueba Circunstancial — Duda Eazonable. — Una duda razonable no es una idea o concepción vaga o caprichosa, sino la duda que hace' detener a un hombre de sentido común ordinario antes de resolver una cuestión de importancia que se le presente y le afecte directamente.
    Id. — Interpretación de Ley — Ejecución del Acto Voluntaria y Lasciva-mente.- — Nuestra Legislatura al usar la palabra "lascivamente" en el artículo 283 del Código Penal claramente las ha empleado en el mismo sentido y con intención parecida que el Congreso de los Estados Unidos en el precepto legal que prohibe enviar por correo todo escrito que tienda a diseminar la inmorali-dad en forma alguna en el pueblo y dicha palabra debe interpretarse en su significado corriente y ordinario.
    Id. — Ejecución Voluntaria del Acto- — Presunción.—Interpretando la signifi-cación de la palabra "voluntariamente" repetidas veces se ha resuelto que cuando se ha ejecutado un acto ilegal y no hay prueba que demuestre que ha sido el resultado de accidente o descuido, la presunción es que el acto fué eje-cutado voluntariamente.
    Los becbos están expresados en la opinión.-
    Abogado del apelante: Sr. Rafael López Landrón.

      Abogado del apelado: Sr. Jesús M. Bossy, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. MacLeaky,

emitió la opinión del tribunal.

En el presente caso se formuló acusación contra Juan Vilar por infracción del artículo 283 del Código Penal. Ese artí-culo es como sigue:

“Toda persona que voluntaria y lascivamente:
“3. Escribiere, compusiere, estereotipare, imprimiere, publicare, vendiere, distribuyere, tuviere a la venta o exhibiere cualquier escrito, papel o libro obsceno o indecente; o diseñare, copiare, dibujare, gra-bare, pintare o de cualquier otro modo preparare algún cuadro o es-tampa obsceno o indecente; o amoldare, cincelare, fundiere, o de cualquier otro modo hiciere alguna figura obscena o indecente, será reo de un delito menos grave.”

Se alega en la acusación que el acusado voluntaria y lasci-vamente ordenó imprimir, publicar y distribuir un periódico titulado ‘‘Voz Humana,” copia del cual se hizo parte de dicba acusación, de cuyo periódico era director o editor el expresado acusado Juan Vilar, habiendo insertado en el mismo un editorial groseramente obsceno e indecente con el epígrafe “Horrendo Crimen. Violación y corrupción de una niña de siete años, ’ ’ insertándose en la indicada acusación un extracto del editorial, y alegándose además que en dicho periódico apa-reció otro editorial con el título de “El triunfo de la carne,” del que se citaban párrafos con alguna extensión. Los ex-tractos del editorial son demasiado indecentes para transcri-birlos en esta opinión.

Celebrado el juicio, el acusado fué declarado culpable del delito que se le imputó, y en 29 de mayo, fué condenado a sufrir dos años de prisión en la cárcel y al pago de las costas procesales. Contra esta sentencia interpuso el acusado re-curso de apelación para ante este tribunal, quedando en liber-tad por haber prestado fianza de quinientos dollars. Aparece en los autos una relación dél caso, habiendo el acusado estado representado por abogado en el acto de la vista y El Pueblo por su Fiscal, quedando el caso debidamente sometido por los alegatos.

No se tomó ninguna excepción al cargo que se expresa en la acusación de que el acusado ordenó la realización de tales actos, sin duda por el fundamento de que “Qui facit per alium facit per se.” El abogado del acusado sostiene su caso en las siguientes proposiciones:

Ia. Que no hay prueba concluyente de la participación del acusado en haber ordenado imprimir, publicar y distribuir los artículos denunciados.

2a. Que no se ha demostrado que hayan concurrido los requisitos esenciales que exige el artículo 283 del Código Penal.

3a. Que examinados los artículos dénunciados en la acusa-ción, ya en su sentido puramente literal, o' en su significado íntimo, no constituyen materia inmoral de los calificados como delictuosos en el Código Penal.

Una- consideración razonable de este caso hace necesario un cambio en estas proposiciones; por tanto, las considera-remos inversamente, empezando por la tercera y última.

Primera. De una simple lectura de los artículos expresados en los autos se verá que son obscenos e indecentes, siendo esto solamente lo que la ley exige. No es necesario hacer un exa-men riguroso de lo que constituye obscenidad e indecencia. El sentido común y la propia educación conducen inmediata-mente al entendimiento a formar juicio sobre estas materias. Ninguna persona cándida, con instintos regulares, -podrá leer estos artículos y compararlos con el- artículo 283 del Código Penal sin vacilar en decir que la ley tuvo por objeto compren-der tales publicaciones.

Segunda. ¿Cuáles son los elementos esenciales del artículo 283 del Código Penal que necesitan probarse? Lo único que hay que probar es que el acusado voluntaria y lascivamente publicó, vendió y distribuyó los artículos referidos en la acu-sación. Varios testigos declaran que Vilar era el editor de “Voz Humana,” donde aparecieron esos artículos; que en-tregó el borrador al impresor para su inserción; que pagó por la impresión de la edición del día 12 de diciembre en la que se incluyeron estos artículos; que puso el periódico en el correo para su distribución; que envió veinte y cinco ejemplares a Arecibo para ser vendidos y recibió el dinero de la venta de los mismos.

Cierto es que la prueba de algunos de estos hechos ha de obtenerse de las declaraciones de los diferentes testigos, peroal considerarse la prueba toda en conjunto, no deja ella duda alguna en la mente de una persona razonable de la existencia de tales hechos, así como de que los mismos aparecen de modo suficiente de la prueba. Nó es necesario presentar testigos oculares de cada hecho constitutivo del delito imputado en-la acusación. Es suficiente con que los mismos aparezcan de toda la prueba, directa o circunstancial, fuera de duda razo-nable.

Una duda razonable no es una idea o concepción vaga y caprichosa, sino la duda que hace detener a un hombre de sen-tido común ordinario antes de resolver una cuestión de impor-tancia que se le presente y le afecte directamente. Ha sido bien definida como sigue:

“Una duda razonable es una duda fundada en la razón, y que es razonable en vista de toda la prueba; y si después de una considera-ción o examen impareial de toda la prueba puede el jurado ingenua-mente expresar que no está de acuerdo con la culpabilidad del acusado, tiene éste entonces una duda razonable. Pero si después de tal exa-men o consideración de toda la prueba puede el jurado ciertamente expresar que tiene una firme convicción de la culpabilidad del acusado igual a la que le obligaría a actuar en asuntos de mayor importancia relacionados con su propio negocio, entonces no existe en él la duda razonable. ’ ’

United States v. Lewis, 111 Fed. Rep., 636. Véanse también los casos de Tomkins v. Butterfield, 25 Fed. Rep., 558; United States v. Graves, 53 Fed. Rep., 636; State v. Millain, 3 Nev., 409; People v. Stott, 4 N. Y. Cr. Rep., 306; State v. James, 37 Conn., 355; Brown v. State, 42 Atl. Rep., 811; State v. Zdanowicz, 55 Atl. Rep., 743; United States v. Dexter, 154 Fed. Rep., 890; Greene v. United States, 154 Fed. Rep., 401; United States v. Richards, 149 Fed. Rep., 443; Brown v. United States, 145 Fed. Rep., 1.

Aplicando esta regla a los hechos de este caso no pnede haber lugar a discutir la proposición de que los elementos esenciales del delito señalados en el estatuto han sido probados fuera de duda razonable.

Tercera. No puede haber vacilación alguna en declarar según toda la prueba que ha sido presentada, que el acusado' y no otra persona, es el autor de la publicación y que vendió y distribuyó dicha publicación. El objeto de la defensa for-mulada a favor del acusado, es que él no -ejecutó los actos voluntaria y lascivamente, según -los términos del Código Penal, Se necesita algo más que disertaciones filosóficas con respecto al alcance de este estatuto penal para exonerar a un acusado a quien se le imputa la infracción del mismo. “Las-civamente,” significa de modo disoluto, sensual, no casto, im-puro, ó lascivo. La palabra “lascivo” ha sido definida en el sentido de significar tener una tendencia a excitar pensa-mientos lujuriosos, en‘el estatuto que define la clase de corres-pondencia que no puede enviarse por correo. (Est. Bev., art. 3893, según ha sido enmendado por la ley de julio 12, 1876.) Al usar el Congreso los términos “obsceno,” “indecente,” “lewd” y “lascivo,” solamente tuvo presente el significado corriente de estas palabras, y al emplear estas palabras co-rrientes y claras quiso significar que no circularía por correo nada que tendiera a diseminar inmoralidad en ninguna forma en el pueblo. (United States v. Britton, 17 Fed. Rep., 731.) Nuestra legislatura claramente usó las palabras en el mismo sentido y con intención parecida. Por supuesto que el ad-verbio tiene una significación correspondiente a la del adje-tivo. Que un hombre y una mujer lujuriosa y lascivamente se asociaron se ha declarado én una acusación por' adulterio en la que se alega que se unieron ilegalmente, y vivieron y cohabL taron juntos, cometiendo así el delito de adulterio. (Véanse los casos de State v. Stubbs, 13 S. E., 90; 108 N. C., 774; Luster v. State, 2 South. Rep., 690, 691; 23 Fla., 339; Pinson v. State, 28 Fla., 735; 9 South. Rep., 706, 707; Thomas v. State, 39 Fla., 437; 22 South. Rep., 725, 726; Penton v. State, 28 South. Rep., 774, 775; 42 Fla., 560.) Difícil es concebir en qué otra forma que no fuera lujuriosamente pudieron haberse escrito, publicado y distribuido estos artículos. Su publica-ción seguramente no podía favorecer ningún fin moral, casto o puro. El público a quien ellos iban dirigidos por el acusado no tiene facultad para corregir ningiina acción indebida que en ellos se describa o a que se haga referencia. La causa de la verdad y de la justicia nada se benefician con tales medios o discusiones. Los impulsos propios no inspiran publica-ciones como las que en ésta se denuncian. ‘ Desde luego que no podemos penetrar en las intimidades del corazón humano y expresar cuáles fueron los verdaderos motivos que allí exis-tían y que dieron origen a estas publicaciones. Solamente podemos juzgar un árbol por sus frutos. (Matthew VII, 16.) Con respecto a la palabra “voluntariamente” repetidas veces se ha declarado que cuando se ha realizado un acto ilegal y falta prueba que muestre accidente o descuido, debe presumir-se que fué ejecutado voluntariamente. Black, en su Dicciona-rio de Leyes, página 7242, define el adjetivo voluntario “como procedente de un impulso consciente de lá voluntad; bus-cando el resultado que efectivamente sucede; pensado, inten-cional, malicioso.” Esta definición ha sido aprobada por la Corte Suprema de California en el caso de Parsons v. Smile, 97 Cal., 655. La palabra “voluntariamente” tiene una signifi-cación parecida cuando modifica a un verbo. No hay nada que muestre que el acto imputado, en la acusación formulada contra Vilar se ejecutase en ninguna otra forma que no fuera voluntariamente, y debe presumirse que él actuó voluntaria-mente en los actos denunciados en este procedimiento.

Todos los elementos del cielito y la participación de culpa-bilidad que el acusado tuvo en el mismo como autor, así como la infracción de la letra y espíritu del estatuto, aparecen de modo suficiente de la prueba fuera de toda duda razonable. Por tanto, las defensas propuestas a favor del acusado no pueden servir para relevarlo del castigo.

Pudiera suponerse que dos años de prisión es un castigo severo por el-delito menos grave de que fué declarado culpable el acusado. El artículo 283 del Código Penal no señala el cas-tigo que lia de imponerse por este delito. - Simplemente ex-presa que la infracción del estatuto constituye un delito menos grave. Pero el castigo está señalado en el artículo 16 del propio código que es como sigue:

‘ ‘ Excepto en los casos en que se prescriba otra pena por este Código, toda delincuencia declarada misdemeanor apareja pena de cárcel por un término máximo de dos años, o multa máxima de doscientos cin-cuenta dollars o ambas penas.”

El juez sentenciador le impuso el término máximo de la prisión que la ley señala, pero omitió la multa. Las costas necesariamente van incluidas en la sentencia condenatoria. (Leyes de 1911, página 71, Ley No. 11.)

Aunque como regla general esta Corte Suprema no trata de modificar el castigo impuesto por el tribunal sentenciador, sin embargo creemos que en el presente caso un año de prisión, en la cárcel de distrito es suficiente por el delito cometido por el acusado. No encontramos que se haya cometido error en la sentencia dictada; hecha la modificación indicada, debe dicha sentencia ser confirmada.

Resuelto de conformidad.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Presidente Sr. Hernández, no tomó parte en la resolución de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Audrey,

license: Public Domain

text:
    Fernández v. El Registrador de la Propiedad.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Cagnas.
    No. 104.
    Resuelto en noviembre 3, 1911.
    Calificación de Títulos — Expediente Posesorio — Suficiencia de las Pruebas— Facultades de los Registradores para Estimarla. — El párrafo 2°. del ar-tículo 18 de la Ley Hipotecaria no confiere facultades a los registradores para apreeiar los fundamentos de, las resoluciones judiciales, o sea la justicia o injusticia intrínsica de las mismas, como tampoeo les confiere facultades para estimar la suficiencia o insuficiencia de la prueba practicada en los procedi-mientos judiciales.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del recurrente: Sr. Rafael Arce'.

   El Juez Asociado Sr. Audrey,

'emitió la opinión del tribunal.

■ Presentado para su inscripción en el Registro de la Pro-piedad de Cagnas el expediente posesorio tramitado' én la corte municipal de dicha ciudad por' Bernardo Fernández Porrero para acreditar la posesión en concepto de dueño de dos fincas rústicas radicadas en lós barrios de “Río Cañas” y “San Antonio,” de la municipalidad de Cagnas, resuelto a favor del promovente, el registrador en 28 de agosto de 191Í se negó a ello en cnanto a una porción de una de las fincas. La negativa del registrador en lo pertinente dice así:

“•No admitida la inscripción de dicho .documento en cuanto al resto de las cincuenta y cuatro cnerdas, de dicha finca, por no resultar de una manera clara justificado que dicha porción de terreno pague con-tribución alguna al tesoro, pues se dice en el expediente que ciento cincuenta y siete cuerdas fueron adquiridas por compra a Doña Catalina .G-rau, y según la certificación del tesorero Doña Catalina Grau no poseía nada más que ciento, tres cuerdas por las que pagaba contribu-ción ; de manera que queda un resto de cincuenta y cuatro cuerdas con respecto al que no aparece acreditado el pago de la contribución, pues aunque hay otro certificado del tesorero en el que se expresa que Don Bernardo Fernández Porrero paga contribución por doscientas setenta y dos cuerdas de terreno en el barrio de “Río Cañas,” no se expresa claramente que para fijar la contribución que expresa dicho certificado se tuvieron en cuenta las cincuenta y cuatro cuerdas de terreno que el promovente adquirió de la Sra. G-rau. ”

Esa negativa ha sido, recurrida por Don Bernardo Fer-nández Porrero.

'El fundamento que ha tenido el registrador para negar la inscripción a que se refiere este recurso es, que ante la corte municipal de Caguas no se ha justificado de manera clara que el recurrente pague contribución por todas las fincas compren-didas en el expediente ’ posesorio qne el juez municipal de Caguas mandó inscribir.

Del expediente tramitado ante dicha corte municipal, que original se presentó ,en el registro y que tenemos a.la vista, resulta que el recurrente-presentó diversas certificaciones de la Tesorería de Puerto Rico para acreditar que pagaba'con-tribuciones por las fincas a que el expediente se refiere y-ha-biendo con vista de ellas, y de la prueba testifical presentada, declarado el juez que se inscribiera la posesión a favor-del recurrente, la cuestión que surge como consecuencia de la ne-gativa del registrador a hacer la inscripción es, si tiene éste facultad para examinar la suficiencia de la prueba que el juez tuvo presente para declarar la posesión y consiguientemente ordenar su inscripción.

' .El párrafo segundo del artículo 18 de la Ley Hipotecaria confiere a los registradores de la propiedad la facultad de calificar todos los documentos expedidos por la autoridad judicial, y como consecuencia de ella, pueden calificar si el juez era competente por razón de la materia, la naturaleza y efectos de la resolución judicial; si ésta se dictó en el juicio correspondiente; si en él se observaron los trámites y pre-ceptos esenciales para su validez y si la resolución judicial con-tiene todas las circunstancias que según la Ley Hipotecaria son necesarias para que pueda, practicarse la inscripción.

Sin embargo, la facultad concedida por ese precepto, no se extiende a apreciar los fundamentos de tales resoluciones, o sea la justicia o injusticia intrínseca de-las mismas; y el apre^ ciar si la prueba fué o nó suficiente conduciría a estimar si la resolución fué justa o nó.

La facultad de apreciar el valor de la prueba es 'sólo incum-bencia de los tribunales de justicia. ■

En el presente caso la negativa recurrida no tiene otro alcance que el de estimar insuficiente la prueba presentada ante la corte municipal de Caguas, para .fundamentar su reso-lución.

Desde el momento que por la corte se Liza la declaración de posesión y se ordenó su inscripción, liemos de.entender que estimó bastante la prueba presentada; y como los registra-dores no están facultados para estimar la suficiencia de las pruebas, según ya fiemos resuelto en 16 de mayo, de 1910 en el caso de Antonio Ramírez Muñoz v. El Registrador de la Propiedad de Caguas, que contiene varias citas de resoluciones, y en el de Pedro Rosario Hernández v. El Registrador de la Propiedad de Guayama, resuelto en 7 de junio del mismo año, debe revocarse la nota recurrida y ordenarse que se fiaga la inscripción solicitada.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y del Toro.


author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    Abella v. Fernández et al.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Humacao.
    No. 697.
    Resuelto en noviembre 3, 1911.
    Injunction — Facultad Discrecional de los Tribunales. — La concesión o dene-gatoria del recurso de injunction descansa en la sana discreción del tribunal sentenciador y su resolución no será revocada por este tribunal a menos que se demuestre que abuso de tal facultad discrecional.
    Id. — Acción Reivindicatoría — Posesión de la Finca en Litigio. — Entablada una acción reivindicatoría por el demandante para adquirir el dominio y la posesión de una finca, no procede que por medio del recurso de injunction se le ponga en posesión de la misma finca que es objeto de dicho litigio.
    Los hecfios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Severo Abella Rasión.

      La parte apelada no compareció.
   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribuna1.

El demandante en este caso, entabló nna acción reivindica-toría contra los demandados, y solicitó nn anto de injunction incidental, para qne se le protegiera en la posesión de cierta parcela de terreno contigua a la parcela qne trata de reivin-dicar ; y también solicitó qne se requiriera a los demandados .que se abstuvieran de realizar cualesquiera actos de posesión sobre la parcela de terreno a que él se refiere.

No parece haberse formado un concepto bien claro de lo que es el auto de injunction, pues éste es un pleito incidental a la acción principal, y es evidente que el demandante no tiene ningún derecho a pedir, que mediante un auto de injunction, se le ponga en posesión de una finca que él ha hecho objeto de una acción reivindicatoría. Si, por otra parte, está él en posesión de cierto terreno contiguo a otro terreno, cuya pose-sión se le niega, entonces el injunction a' que él tendría de-recho, caso de existir, debiera ser objeto de un procedimiento especial ipi ciado con ese fin. El Juez de la Corte de Distrito de Humacao denegó el injunction especial que se solicitó, fun-dándose en que la posesión dél demandante no estaba clara; en que el derecho a la posesión se discutía en el pleito principal; y en que el derecho a un injunction debe también ser claro. Aunque de los autos aparece que el apelante tal vez ha sido molestado y aun maltratado, no se demuestra que los daños y perjuicios que el peticionario sufriera, no puedan ser objeto de compensación en una acción legal ordinaria. Ade-más, el juez que conoció del asunto, resolvió que no se había menoscabado ningún derecho del demandante a la posesión; y la negativa a conceder el auto de injunction, descansa en la sana discreción de la corte sentenciadora. No existe abuso de esa discreción y debe confirmarse la resolución apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, del Toro y Aldrey.

El Juez Presidente Sr. Hernández, no tomó parte en la resolución de este caso.


author: El Juez Presideote Se. HerNÁNDez,

text:
    José Lema y Hermano v. El Registrador de la Propiedad.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Caguas.
    No. 96.
    Resuelto en noviembre 6, 1911.
    Cancelación de Gravamen — Título de Patrimonio a Pavor de un Clérigo— Bienes Espirituales.- — En el' caso de autos se constituyó sobre una casa mi gravamen en concepto de título de patrimonio para congrua sustentación de un eclesiástico con la prohibición de que tal casa se convirtiera en bien espiritual y que al fallecimiento del eclesiástico quedaría nulo y sin ningún'valor ni efecto, aquel gravamen.. El recurrente solicitó' la cancelación .de dicho gravamen mediante certificación de defunción de dicho eclesiástico. Y recurrida la nota del registrador denegando la cancelación, este tribunal resolvió que era errónea dicha nota recurrida pues no debía exigirse para cancelar tal gravamen la 'presentación de una certificación del. Obispo Oatólico de esta Diócesis para justificar que la finca gravada nunca fue convertida en bien espiritual, pues expresamente se prohíbe en la escritura de constitución del . gravamen que se verificara tal conversión.
    Los hechos están expresados en lá opinión.’
    Abogado del recurrente: Sr. Rafael Arce.

   El Juez Presideote Se. HerNÁNDez,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública otorgada en 11 de octubre de 1910 ante el Notario Don Rafael Arce, e inscrita en el Registro de Propiedad de Caguas en 24 de marzo del'corriente año, Don Salvador Yieta Puig, Doña Isabel Puig Polo y Don Luis Fernando Puig Huertas vendieron a la sociedad José Lema y Hermano, domiciliada en esta ciudad de San Juan, por precio de tres mil quinientos dollars, una casa de que eran dueños en común y proiñdiviso', situada en la calle de Betances de la ciudad de Caguas, cuya casa había pertenecido a Don Benito Puig, quien constituyó sobre ella título de patrimonio a favor de su hijo del mismo nombre, clérigo menorista aspirante a las órdenes mayores hasta él sacerdocio, en cantidad de dos mil pesos según escritura pública de 17 de junio de 1851, ins-crita en el mencionado registro en 17 de septiembre de 1902.

Según aparece del registro, en la escritura constitutiva del título de patrimonio a favor de Don Benito Puig, para que éste pudiera recibir órdenes mayores, se estipuló que ningún juez eclesiástico podría convertir la casa de que se trata en bien espiritual, y que al fallecimiento de diclio Puig había de quedar nula y sin ningún valor y efecto aquella escritura.

Muerto Don Benito Puig, la sociedad José Lema y Her-mano acudió al Registro de la Propiedad de Caguas con cer-tificación creditiva de dicho fallecimiento, ocurrido en 17 de diciembre de 1909, para que se cancelara el gravamen que en concepto de título de patrimonio para congrua sustentación de Puig gravaba la casa de que se deja hecho mérito, y el registrador denegó la cancelación por medio de nota que a la letra dice así;

“No admitida la cancelación de la hipoteca a que se refiere el pre-cedente documento por el defecto de carácter insubsanable, de que si bien se acredita el fallecimiento de Don Benito Puig (segundo), a favor de quien se hallaba constituida dicha hipoteca para responder de la congrua de sustentación del mismo Sr. Puig, que era un ordenado en sacris, para poder cancelar la expresada hipoteca es indispensable se acredite además con un certificado del obispo de la diócesis de esta Isla a que correspondía dicho ordenando, del cual certificado conste que el expresado Sr. Puig (segundo), ha fallecido sin haberse llegado a espi-ritualizar la finca sobre la cual estaba constituida la mencionada hipo-teca que respondía de la congrua de sustentación del referido Sr. Puig (segundo), y con presencia de otro documento, se ha tomado anotación preventiva por ciento veinte días al folio 90 vuelto del tomo 32 de este Ayuntamiento, finca numera 942, anotación letra A. Caguas, marzo 31 de 1911. S. Abella Bastón.”

Esa nota ha sido recurrida por José Lema y Hermano y el recurso está sometido a nuestra consideración y decisión.

Opinamos que la calificación del registrador es abierta-mente errónea, pues no cabe exigir que para la cancelación solicitada se presente por la parte interesada certificación del obispo católico de esta diócesis, justificativa de que no había llegado a espiritualizarse la finca sobre la que estaba constituido el gravamen. Tal espiritualización fué terminan-teniente prohibida por el constituyente del gravamen, qnien también consignó de modo explícito la condición resolutoria de qne al fallecimiento de su hijo habría de quedar nulo y sin ningún valor y efecto. ' Pero aunque no se hubiera consignado tal condición, el gravamen siempre se hubiera extinguido por muerte del favorecido Don Benito P'uig, cuya congrua susten-tación carecía de objeto después de ocurrido su fallecimiento, de la misma manera que si se hubiera ordenado a título de beneficio, lo hubiera perdido a su muerte.

Por las razones expuestas procede la revocación de la nota recurrida y que el Registrador de la Propiedad de Caguas baga la cancelación solicitada.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, Wolf, •del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. MacLeary,

text:
    Lausell v. American Railroad Co. of P. R.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla.
    No. 711.
    Resuelto en noviembre 9, 1911.
    Daños y Perjuicios — Prueba Contradictoria — Apreciación del Tribunal Sen-tenciador. — En casos de prueba contradictoria, la apreciación que de la misma hiciere el tribunal sentenciador no será revocada en apelación a menos que se demuestre que obró influido por parcialidad,, apasionamiento o con manifiesto error.
    Id. — Preponderancia de la Prueba. — La preponderancia de la prueba a favor o en contra de una parte no consiste en el mayor o menor número de testigos que presente dicha parte y que declaren a favor o en contra de ella, sino que de-pende del efecto de dichas pruebas para inducir al juzgador a darle crédito.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Juan B. Soto.

    Abogados del apelado: Sres. N. B. K. Pettingill y Fernando Vázquez.

   El Juez Asociado Sr. MacLeary,

emitió la opinión del tribunal.

Se entabló este pleito para recobrar de la “American Railroad Company,” una indemnización por los daños y perjuicios causados por la inundación de un predio de terreno, ocupado por el demandante como arrendatario, y la consiguiente des-trucción de sus cosechas. Se aleg’a que dichos cíanos y per-juicios han sido causados por haber la compañía demandada negligentemente interrumpido con su vía el curso que seguían las aguas durante la estación de las lluvias, en el espacio com-prendido entre los kilometres 132 y 133 de dicha vía, causando daños a las cosechas del demandante por la suma de ($800) ochocientos dollars. Todas las alegaciones esenciales de la de-manda, fueron négadas por la contestación de la demandada. El tribunal sentenciador declaró que las pruebas presentadas no justificaban el caso de negligencia de que se acusaba a la compañía demandada, ni que dicha compañía hubiese inte-rrumpido el curso de las aguas; ' apareciendo del conjunto de la prueba presentada, que dicha compañía había colocado tubos de desagüe de capacidad bastante para lograr dicho objeto, o sea el desagüe, en los sitios de referencia entre los kilómetros 131 y 132 de la vía; todo lo cual alejó de la mente toda presunción de negligencia o 'Culpa de parte de la referida compañía. En consecuencia de eso,' el tribunal dictó sentencia a favor de la compañía demandada, disponiendo que ésta que-dara libre de toda responsabilidad legal, con las costas al de-mandante. Contra esta sentencia, se interpuso por el deman-dante recurso de apelación para ante este tribunal, señalando como error, que el tribunal sentenciador no'había hecho caso de las pruebas referentes a la negligencia de la compañía, y la interrupción del curso de las aguas. Un detenido examen de las pruebas demostrará, que éstas son absolutamente con-tradictorias con respecto a dichos extremos. Los testigos del demandante declaran que los tubos de desagüe son insufi-cientes para disipar el agua; y los de la demandada declaran que son ampliamente suficientes para ese fin. El número de testigos prepondera a favor del demandante; pero la declara-ción del ingeniero de la compañía, Edmund Uros Jean, es más explícita, demostrando la naturaleza del terreno, el ta-maño de los tubos de desagüe y su capacidad'por minuto, y también el área de las partes inundadas del terreno del de-mandanté. En algunos de estos extremos, su declaración re-sulta apoyada por las de otros testigos. El mero hecho de que Giros Jean era un empleado de la compañía ferroviaria no es suficiente para dudar de su declaración. Al examinar la sus-tancia de dicha declaración según ha sido consignada en la exposición del caso, queda uno impresionado por la franqueza de la misma, y por la inteligencia del testigo. Con respecto a esta materia, se ha dicho muy bien por el Tribunal Supremo de Pennsylvania, que “La importancia de la prueba, no es una cuestión de matemáticas, sino que depende de su efecto en inducir la creencia. Sucede frecuentemente que un testigo, cuya declaración no está corroborada por las de los demás testigos, hace un relato de carácter tan natural y razonable, y de una manera tan sincera y fidedigna que obliga a uno a creerlo, aunque le contradigan varios testigos que aparente-mente son tan respetables cojno él. La cuestión sometida al jurado no es cuál es la parte que tiene a su favor el mayor número de testigos, sino cuáles son las declaraciones que ellos creen. ’ ’ (Braunschweiger v. Waits, 36 Atl. Rep., 156; 179 Pa., 47 [1897].) Al considerar todas las pruebas contradictorias, que con respecto a la suficiencia de los tubos de desagüe para disipar el agua llovediza, eran en gran parte meramente ma-teria de opinión, la corte opinó que la preponderancia de la prueba estaba a favor de la compañía demandada y resolvió el caso y dictó sentencia en conformidad con la misma. Nos-otros estamos poco dispuestos a modificar una sentencia que está basada en la apreciación por el tribunal sentenciador de las pruebas contradictorias, a falta de algo que demuestre que dicha sentencia es el resultado de parcialidad, apasiona-miento, o prevención; o a menos que se descubra en los autos un manifiesto error. Nada de eso resulta en el presente caso; al contrario, es muy probable que cualquiera de los jueces de este tribunal si hubiera estado actuando como juez senten-ciador, habría llegado a la misma conclusión que el Juez de Distrito de Aguadilla.

Además de todo eso, existe una circunstancia que aparece de los autos, pero que no fué mencionada en los alegatos escri-tos en maquinilla que fueron presentados por los abogados de ambas partes; y sobre la cual se le llamó lá atención al tribunal en el informe oral, y a la que se debe conceder alguna, importancia en la consideración de este asunto. T es ésta: El demandante tomó posesión del terreno que fué inundado, el día 23 de julio de 1908, después de haberse terminado la construcción de la vía férrea, y colocado los tubos de desagüe en su sitio. Las inundaciones que motivaron la demanda, ocurrieron en octubre de 1909, enero de 1910, mayo de 1910, y septiembre de 1910. Cuando el ingeniero que declaró como testigo, entró en el servicio de la compañía, en octubre de 1907, la vía férrea existía en las mismas condiciones en que se ha-llaba en la época del juicio. Habían ocurrido con frecuencia inundaciones mientras el terreno estaba en posesión de un arrendatario anterior, un tal Gregorio-Cortés. Si el deman-dante no tenía conocimiento de todos los hechos, hubiera po-dido averiguarlos mediante un poco de prudencia.

Además de eso, varios testigos declararon que había en el terreno del demandante y cerca de la vía férrea, un hoyo pro-fundo, o charco, en que se acumulaba el agua llovediza, y el cual hoyo o charco existió allí antes de construirse la vía férrea y no podía desaguarse por medio de las alcantarillas colocadas debajo de la vía férrea; y que partes de dicho te-rreno eran bajas por naturaleza y expuestas a inundaciones independientemente de cualquier efecto que sobre las mismas pudiera tener el terraplén de la vía férrea en tiempo lluvioso.

Considerando todas las pruebas en conjunto, y armonizán-dolas hasta donde fuere posible,' y apreciando cuidadosamente las declaraciones contradictorias de los diferentes testigos, quedamos plenamente convencidos de qu'e el tribunal senten-ciador ha llegado a una justa decisión del presente caso; y, por lo tanto, debe confirmarse la sentencia dictada por la Corte de Distrito de Aguadilla, en 9 de marzo pasado.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


text:
    El Pueblo v. Sanjurjo.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 367.
    Resuelto en noviembre 10, 1911.
    Derecho Penal — Costas—Responsabilidad de Piadores — Gastos de- Viaje y Dietas de los Testigos. — El artículo 271 del Código de Enjuiciamiento Criminal no ha sido derogado por la ley de marzo 10, 1904, página 113, y de acuerdo con sus preceptos la partida de gastos de viaje y dietas de testigos es tasable como costas y los fiadores de un acusado son responsables de su pago.
    Id. — Abogados Piadores de sus Clientes. — Es una mala práctica el que lbs abo-gados se constituyan en fiadores de sus clientes y les está prohibido por-la regla 13 de las cortes de distrito la cual debe hacerse cumplir estrictamente.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. Manuel A. Rivera.

    Ahogado del apelado: Sr. Jesús M. Rossy, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. MacLeary,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un caso que envuelve lá responsabilidad de un fiador con motivo de la fianza prestada por el acusado al es-tablecer la apelación, para pagar las costas del proceso al dictarse contra el principal un fallo de culpabilidad. Los hechos pueden suscintamente consignarse como sigue:

El 19 de enero de 1911 tuvo lugar ante la Corte de Distrito de Ponce la vista de la causa contra Fermín Sanjurjo, en ape-lación procedente de’ la corte municipal de Coamo. Termi-nada la vista se declaró culpable al acusado del delito que se le había imputado y se le condenó a tres meses de cárcel y al pago de las costas. El acusado cumplió la condena, y el 13 de junio de 1911 se le notificó por el secretario de dicha corte de distrito de que se debía al Gobierno la cuenta de las costas que ascendían a $43.15. El mismo día y por medio de su abogado impugnó la siguiente partida contenida en dicha cuenta: “Pago de testigos del juicio, según nómina, $37.90” fundando su impugnación en que la tasación de costas había sido hecha de acuerdo con el artículo 58.del Código de Enjuiciamiento Criminal, no habiendo sido incluida dicha partida, en el men-cionado artículo del estatuto. Al día siguiente el juez denegó la moción del acusado, basando su decisión en que dicha tasa-ción no había sido hecha de acuerdo con el artículo 58 arriba mencionado, sino de acuerdo con el artículo 271 del Código referido; habiendo apelado el acusado oportunamente contra dicha orden.

La corte sentenciadora al emitir su decisión, dictó la si-guiente resolución:

“Resolución de la Corte. — Corte de Distrito del Distrito Judicial de Ponce, P. R. El Pueblo de Puerto Rico v. Fermín Sanjurjo, Infracción al artículo 438 del Código Penal. Resolución. Por cuanto a los efectos de la apelación interpuesta en este caso que pro-cede en apelación de la corte municipal de Coamo, prestaron fianza por el acusado los señores José R. Larrauri y Manuel A. Rivera, a favor de El Pueblo de Puerto Rico, de conformidad con los artículos 375,- 388 y 389 del Código de Enjuiciamiento Criminal, declarando los fiadores bajo juramento someterse a las condiciones que en la misma se deter-minan, y 'en cuyo final dice: “ * * *■, y asimismo y en todo caso nos obligamos a pagar a El Pueblo de Puerto Rico todas las costas causadas por el susodicho sentenciado en ambas instancias”; Por cuanto, en 19 de enero de 1911 esta corte de distrito declaró a Fermín Sanjurjo, en' vista de la prueba producida en juicio, convicto del delito de hurto de menor cuantía, en este caso; Por cuanto, habiendo el acusado pedido que se dictare sentencia el mismo día, la corte la pronunció, condenán-dole a la pena de tres meses de cárcel, en la cárcel común de este dis-trito, y al pago de las costas causadas; Por cuanto, el acusado, que no apeló de esta sentencia, extinguiendo la condena impuéstale, no satisfizo las costas originadas; Por cuanto, tasadas dichas costas por la secretaría de la corte, montantes a cuarenta y tres dollars quince centavos, fueron los fiadores requeridos para el pago de las mismas; Por cuanto, una de las partidas incluidas en la tasación se refiere al día y millaje que, se-gún nómina, se pagó a:los'testigos de cargo en este caso; Por cuanto, uno de los fiadores, el Sr. Manuel A. Rivera, presenta moción a la corte, fechada en trece de junio corriente, oponiéndose a la referida partida de pago de testigos del juicio, según nómina, montante -a $37.90, y soli- • citando sea eliminada del cobro, fundándose en que-la partida im-pugnada no figura entre las que contiene el arancel a que se refiere el artículo 58 del Código de Enjuiciamiento Criminal; Por cuanto, el artículo 58 citado se refiere a las costas causadas en las cortes inferio-res a las de distrito; Por cuanto, el artículo 271 del mismo Código de E?ajuiciamiento Criminal determina las costas que deberán tasarse al acusado en las causas criminales, y en su primera partida dice: “Dere-chos a los testigos de cargo a razón de 50 centavos por día y diez centavos por milla recorrida, para ir al tribunal y regresar, si la distancia excediese de tres millas.” De donde resulta que la partida■ impug-nada ha sido incluida en la tasación, en conformidad - con- el último artículo citado, 271 del Código de Enjuiciamiento Criminal; Por tanto, la corte deniega la moción presentada en que se impugna la ya mencionada partida de costas por testigos, y se solicita sea elimi-nada del cobro que se le hace al recurrente. Notifíquese y procédase como corresponda. Dada en la ciudad de Ponce, P. R., a 14 de junio de 1911. Charles E. Foote,-District Judge.”

Muy bien podríamos adoptar esta resolución como el dic-tamen de este tribunal, mas quizas conviene que añadamos algunas observaciones.

El apelante, que lo es en realidad el Sr. Manuel- A. Rivera, abogado del acusado, y quien se constituyó en fiador, sostiene que los artículos 58 y 271 del Código de Enjuiciamiento Criminal fueron derogados por la ley de la Asamblea Legislativa aprobada el 10 de marzo de 1904 (Leyes de 1904, págs. 113-117). Esa ley se titula “Ley referente a los derechos y com-pensación de ciertos funcionarios.” No tuvo por objeto afec-tar el pago de testigos, o su derecho de peaje por milla y dietas, y por lo tanto no deroga el primer apartado, a lo me-nos, del artículo 271 del Código de Enjuiciamiento Criminal. En cuanto a los otros apartados de este artículo no es nece-sario decir nada pues no están envueltos en este caso. La par-tida de $37.90 por pago de testigos fué la única controvertida en la corte inferior, y esto es lo único que se nos ha sometido en esta apelación.

Claramente se ve que el artículo 58 del Código de Enjuicia-miento Criminal se refiere a las costas en las cortes de los jueces de paz en las cortes municipales, mientras que el ar-tículo 271 del mismo Código trata de las costas en las cortes de distrito. No hay contradicción entre los mismos.

El fiador expresa también que las condiciones de la fianza no le obligan a pagar las costas y sí solamente a responder de la comparecencia del acusado. La fianza no consta en los autos y por lo tanto no podemos tomar este punto en conside-ración. Se presume que la corte en este particular procedió debidamente; y se declara procedente lo manifestado en la resolución de que los fiadores se obligaron a pagar las costas.

Es una mala práctica el que los abogados se constituyan en fiadores de sus clientes y les está prohibido por la regla 13 de las cortes de distrito, la que debía hacerse cumplir estricta-mente.

Puesto que el apartado primero del artículo 271 del Código de Enjuiciamiento Criminal está vigente y la corte sentencia-dora procedió de acuerdo con dicho artículo, su resolución al denegar la moción para eliminar el pago de testigos de la tasación de costas es correcta y debe confirmarse.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez PbesideNte Se. HeeNÁudez,

text:
    Díaz v. El Registrador de la Propiedad.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Caguas.
    No. 101.
    Resuelto en noviembre 10, 1911.
    Partición de Herencia — Defensor Judicial de Menores — Compatibilidad de Intereses. — El esposo de una de las herederas del causante, que no es here-dero, ni legatario, ni acreedor en la herencia del padre de su esposa, y en la cual interviene ésta por derecho propio sin necesidad del cqncurso de su marido, puede ser nombrado defensor judicial de los otros herederos menores 'de edad y hermanos de su esposa, sin que pueda decirse que existe incompatibilidad de intereses entre el citado defensor judicial y sus representados.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Rafael Arce.

   El Juez PbesideNte Se. HeeNÁudez,

emitió la opinión del tribunal.

Presentada en el Eegistro de la Propiedad de Cagnas la' escritura de partición de bienes de Manuel Eivas Eodríguez, otorgada en 3 de enero del corriente año por su viuda Juana María Díaz y. herederos del mismo, ante el Notario Eafael Arce Eollet, el registrador denegó su inscripción por medio de nota que textualmente dice así:

“No admitida la inscripción del precedente documento por el de-fecto de carácter, insubsanable de que Don Candelario Román a la vez que es esposo de la heredera Doña Florencia Rivas Díaz, concurre en la misma partición de herencia que se trata de inscribir, con el carácter de defensor de los menores Silverio, María, Agapito, Ramón, Maximino primero, Maximino segundo, Alfonsa, Julia, Valentín y Joaquina Rivas Díaz, y privando el artículo 230 del Código Civil de la representación que de sus hijos no emancipados,, puede ostentar el padre o madre cuando haya intereses opuestos entre los de dichos padres y sus hijos, es claro que de tal representación deben considerarse excluidas también los parientes o extraños cuando tengan intereses opuestos a los de las personas que representen en el mismo asunto, en este concepto siendo los intereses de la heredera Doña Florencia Rivas Díaz, intereses propios de su marido Don Candelario Román, es visto que existe incompatibilidad entre sus propios intereses y los de los menores citados que el mismo defensor Don Candelario Román repre-senta, y con presencia de otros documentos y de un escrito se ha exten-dido anotación preventiva por ciento veinte días, en cuanto a la porción de terreno adjudicada a Doña Juana María Díaz, al folio 67 del tomo 13 de Juncos, finca 583, anotación letra A, con el defecto además sub-sanable de no constar que la resolución de declaratoria de herederos referida en dicho documento haya quedado firme sin haberse inter-puesto contra ella recurso alguno. Caguas, julio 26 de 1911. El Registrador, S. Abella Bastón.”

Esa nota ha sido recurrida por la viuda de Manuel Eivas Eodríguez, y tal recurso es el sometido a nuestra considera-ción y decisión.

De la documentación que tenemos a la vista resulta:

Io. Que muerto Manuel Eivas Eodríguez en 24 de julio de 1908, la Corte de Distrito de Humacao por orden de 27 de agosto de 1910 declaró' herederos del mismo a sus legítimos hijos Florencia, Silverio, María, Agapito, Ramón, Maximino primero, Maximino segundo, Alfonsa, .Julia, Valentín y Joa-quina Rivas y Díaz, de los cuales sólo la Florencia es mayor de edad y casada con Candelario Román, siendo menores los restantes.

2o. Que la Corte de Distrito de G-uayama por orden de 29 de septiembre de 1910 nombró defensor legal de dichos meno-res a Candelario Román, para que los representara en las ope-raciones de división y adjudicación de bienes de su difunto padre por la incompatibilidad existente entre los intereses de la madre y los de los menores.

3o. Que la viuda Juana María Díaz y Florencia Rivas Díaz, ambas por derecho propio, y Candelario Román con el carác-ter de defensor legal de los menores ya relacionados, proce-dieron mediante la escritura de que se deja hecho mérito a formalizar las operaciones de inventario, avalúo, división y adjudicación de bienes, los que representaron un valor de no-vecientos dollars, correspondiendo a la viuda en concepto de gananciales cuatrocientos cincuenta dollars, y a cada uno de los hijos herederos cuarenta dollars con noventa y un centavos, valores que les fueron adjudicados en bienes inmuebles.

4o. Que la partición de bienes fue aprobada por orden judicial de 17 de febrero de 1911.

Examinada la nota recurrida en relación con los hechos expuestos, no encontramos que exista la incompatibilidad de intereses en que se funda.

Florencia Rivas Díaz, esposa del defensor judicial Can-delario Román, intervino por derecho propio en las opera-ciones divisorias de los bienes de su difunto padre, ejercitan-do el derecho que le reconoce el artículo 161 del Código Civil, sin que necesitara del concurso de su marido, y los bienes que se le adjudicaron en dichas operaciones son exclusivamente suyos, como adquiridos durante el matrimonio por título lu-crativo, según el artículo 1314 del Código citado.

Como el Candelario Román no es heredero, ni legatario, ni acreedor en la herencia de Manuel Rivas Rodríguez, y su es-posa Florencia Rivas Díaz es la única llamada por la ley a re-presentarse y defenderse en la partición de la herencia de su difunto padre, sin que tenga que representarla ni defendarla su esposo Candelario Román, no existe incompatibilidad al-guna para que éste represente como defensor legal a los me-nores hijos de Manuel Rivas Rodríguez y se represente y de-fienda a sí misma Florencia Rivas Díaz. Candelario Román no tiene intereses propios que defender en el caso de que se trata, y falta por tanto la base de la incompatibilidad supues-ta por el registrador.

En cuanto al defecto subsanable apuntado en la nota re-currida, no ha sido impugnado por la parte recurrente, y se sostiene por la certificación de la declaratoria de herederos expedida en la misma fecha en que fué dictada.

Por las razones expuestas entendemos que procede la re-vocación de la nota recurrida en cuanto se funda en supuesta incompatibilidad de intereses por parte de Candelario Román en relación con los menores que representa, y ordenamos se haga la inscripción solicitada con el defecto subsanable apun-tado, si es que no se subsanare antes.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado, Sr. MacLeart,

text:
    El Pueblo v. Fourquet.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 360.
    Resuelto en noviembre 20, 1911.
    Derecho Penal — Desacato por Perjurio — Propósito de la Ley. — El objeto de la ley número 41 de marzo 9, 1911, es extirpar el delito de perjurio cometido en presencia del tribunal y de una manera sumaria tratar esos casos siempre .que la falsedad del testimonio sea manifiesta al juez de la corte.
    Id. — Perjurio Castigable como Desacato y como Delito. — El que pueda casti-garse como desacato el perjurio cometido en corte abierta no impide que sea también punible como delito iniciándose un proceso por el procedimiento criminal.

      Id. — Debido Procedimiento de Let — Constitución—Facultades Inherentes de los Tribunales. — Es una, facultad inherente a todo tribunal el poder im-poner castigo a todo el que en su presencia comete desacato sin necesidad de notificar y expedir previamente mandamiento contra el acusado, y esta manera sumaria de castigar los desacatos no infringe el precepto constitucional del debido procedimiento de ley.
    Id. — Ley Constitucional — Perjurio Castigado como Desacato. — Los preceptos de la ley nfemero 41 de marzo 9, 1911, autorizando el castigo sumario de per-jurio como desacato, establece un procedimiento que es completamente consti-tucional y no priva al acusado de ninguno de los derechos que le garantiza la constitución.
    Id. — Debido Procedimiento de Ley — Su Significación. — El precepto constitucio-nal encerrado en las palabras ‘ ‘ debido procedimiento de ley, ’ ’ aplicado a pro-cedimientos judiciales, significa que el tribunal juzgador sea competente para conocer del asunto, que la notificación al demandado sea expresa o tácita y se le conceda audiencia para presentar su prueba y ser oído personalmente o por medio de abogado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Felipe Casaldúc.

    Abogados del apelado: Sres. Attorney General, Foster V. Broiun, y Jesús M. Bossy, Fiscal.

   El Juez Asociado, Sr. MacLeart,

emitió la ■ opinión del tribunal.

El apelante en este caso, fné declarado culpable de per-jurio, y de conformidad con la reciente ley de la Asamblea Legislativa, aprobada en 9 de marzo pasado, se le consideró culpable de desacato a la corte, condenándosele a tres meses de prisión en la cárcel de distrito. La ley de la Asamblea Le-gislativa parece haber sido votada a consecuencia de la 'inusi-tada frecuencia de declaraciones falsas en nuestros tribunales; y esta manera sumaria de castigar fue ideada con- el fin de res-tringir, y, a ser posible, extirpar este mal que va extendién-dose. Leyes de la Asamblea Legislativa de 1911, Ley 41, pá-gina 128 y 129. La primera sección de dicha ley dispone:

“Sección 1. Si durante la vista de cualquier caso ante una corte municipal o de distrito en Puerto Rico, compareciere un testigo y pres-tare juramento o afirmación de decir .verdad ante dicha corte, en cua-lesquiera caso en que se prestare dicho juramento o afirmación, y des-pués de prestado, intencionalmente y contrario al mismo, declarare como cierta cualquier cosa substancial que el testigo sabe que es falsa o que no es verdad, será culpable de perjurio; y si dicho juramento o afirmación se prestare en corte abierta y se violare en la forma expre-sada en la presente, entonces dicho testigo será culpable de desacato a la corte, y castigado según se dispone más adelante en esta ley.”

También se lia decretado que este castigo por desacato es acumulativo y no impide el que se procese y castigue al delin-cuente por perjurio de conformidad con otros estatutos de la isla, siendo sólo “el propósito de esta ley tratar de-manera sumaria, los casos de perjurio que se cometieren en corte abierta, siempre que la falsedad del testimonio sea manifiesta para el juez de la corte.” (Véase también el artículo 45 del Código Penal.)

Este es el primer caso que viene ante este tribunal y que cae bajo la mencionada ley, y es de sentir que los autos .no contengan relación de hechos, pliego de excepciones, ni alegato del abogado.

Se indicó que, quizás, esta ley de la Asamblea Legislativa, al proveer un método sumario de procedimiento en casos como el presente, resultaría contraria a la Constitución Americana, que prohíbe privar a una persona de su libertad sin el debido procedimiento de ley. (Enmienda XIV.) Se ordenó, por lo tanto, una nueva argumentación, y compareció el Attorney General, asistido por el Fiscal, y ambos informaron oralmente, y presentaron alegatos por escrito, sometiendo nuevamente el caso a la consideración del tribunal, en 30 del mes próximo pasado.

Debe tenerse presente que el castigo impuesto en el pre-sente caso, lo fué por el desacato, y no por el delito de perjurio mediante el cual se cometió dicho desacato.

Esta facultad de castigar por desacato cometido en pre-sencia del tribunal, es un poder que es inherente a todo tribunal; y la Asamblea Legislativa de Puerto Eico hubiera podido legislar sobre el particular, y mediante una ley decla-ratoria conferir a los tribunales de la Isla, el derecho indubi-tado de castigar por los desacatos que se cometieren en su pre-sencia, sin dictar orden alguna a la parte ofensora o sin noti-ficarla. La corte está facultada para actuar inmediatamente en el particular; jamás se lia hecho objeción alguna en el pa-sado a este procedimiento, ni pueden presentarse ahora obje-ciones válidas. Es ésta una facultad que se ejerce por todo tribunal; esos estatutos se encuentran en los Estados, y es la práctica universal que se sigue tanto en las cortes federales como en los tribunales de los Estados, cuando sé comete un delito que contitnye un desacato'a la corte, en presencia de ella, imponer inmediatamente el castigo; y se ha declarado que esto no es una infracción de la cláusula del “debido procedi-miento” de la Constitución de los Estados Unidos, ni de nin-gún Estado.

Pero estos autos no presentan el casó de un castigo sumario impuesto por una corte en virtud de sus facultades inherentes. Se ha cumplido estrictamente con la ley, y si no ha de soste-nerse la sentencia, entonces debe ser a cansa de defectos con-tenidos en la misma ley.

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico prescribe el proce-dimiento que debe seguirse en casos de perjurios que se come-tieren durante el acto del juicio, y en presencia del tribunal, y dispone que si el juez que preside1 en un caso quedare conven-cido de que un testigo en el caso pendiente entonces ante su corte, después de haber prestado juramento según se dispone por la ley, es culpable de perjurio, será entonces el deber de dicho juez, ordenar, y se le faculta para que ordene a moción propia, el arresto y detención del ofensor, y se le impone el deber de dictar una orden que se notificará a dicho ofensor, citándolo para que comparezca y explique las razones que tuviere por las cuales no deba ser castigado por desacato a la corte. En dicha orden, la corte debe fijar la fecha en qne el acusado ha de presentar su defensa contra ía citación, la corte oirá entonces las declaraciones de ambas partes; y de acuerdo con dichas declaraciones, pronunciará sentencia en el caso.

¿ Le quita esta ley al ofensor algún derecho que le haya sidq garantizado por la Constitución o en otra forma? Vea-mos qué es lo que se entiende por “debido procedimiento de ley,”,según este término se usa en la gran carta constitucional de nuestros derechos y libertades.

La palabra ley que aparece en la fras.e “debido procedi-miento de ley,” es sinónima con la frase “ley del país.” Se ha dicho muy bien, que la Constitución no contiene descripción alguna de estos procedimientos, que fué la intención conceder o prohibir; y ni siquiera ha declarado cuales son los prin-cipios que deben aplicarse para determinar si algún procedi-miento es el “debido procedimiento.” (Meyers v. Shields, 61 Fed. Rep., 717.) . El “debido procedimiento de ley” no sig-nifica el cuerpo general de la ley tal como constaba en el esta- ' tuto en la época en que empezó a regir la Constitución; signi-fica ciertos derechos fundamentales que siempre han sido reconocidos por nuestro sistema de jurisprudencia. Así lo definen eminentes autoridades. La frase “debido procedi-miento de ley,” cuando se aplica a procedimientos judiciales, significa que debe haber un tribunal competente para juzgar el asunto; la notificación real o implícita; la oportunidad de comparecer y presentar pruebas; ser oído, personalmente o por abogado; y, si el asunto en controversia envuelve la deter-minación de la responsabilidad, personal del demandado, en-tonces éste deberá ser. traído a la jurisdicción mediante la entrega legal de la citación dentro del Estado, o por su com-parecencia voluntaria; y tiene que haber un curso de procedi-mientos legales de acuerdo con las regias y principios estable-cidos por nuestra jurisprudencia para protejer y hacer valer los derechos privados. Las formas de procedimientos y prác-ticas pueden cambiarse, no obstante, y la Constitución queda cumplida si lo sustancial del derecho no ha sido afectado, y si se da la oportunidad para invocar la protección igual de la ley, . por medio de procedimientos judiciales que sean apropiados y adecuados al particular. (9 Cyc., 1084, y los casos citados.)

Según lo demuestran los autos, el juicio en el presente caso siguió la ley, y concedió al delincuente todo derecho que legal-mente podía reclamar.

“De esto resulta que cualquier procedimiento legal que se siga por la autoridad pública, ya esté sancionado por la anti-güedad de su uso y la costumbre, o ya nuevamente ideado en la discreción del poder legislativo para el adelantamiento del bien público, y que concierna y conserve esos principios de libertad y justicia, debe considerarse como el debido procedi-miento de ley.” (Hurtado v. California 110 U. S., 537.)

Los autos del presente caso contienen una orden expedida por una corte y dirigida al acusado, notificándole el cargo o denuncia formulada contra él, y citándole para que compa-rezca en determinado día y alegue las razones que tuviere por las que no babíá de condenársele cóírtó ÚéÓi‘cíé"-:désácáto, y pre-sente las pruebas para hacer su "defensa. En dichos aritos, constan además, la vista del casó en que la corte oyó la prueba testifical de ambas partes, y después de dicha vista, una sen-tencia condenatoria. El acusado no fué condenado sin que la corte hubiera oído su defensa. El estatuto dispone 'que si es mnifiesto para la corte que 'se ha cometido perjurio, él juez está facultado para detener al acusado y dictar la orden, pero no condenar al acusado. La falta cúya' comisión es manifiesta para la corte podrá explicarse satisfactoriamente; las declara-ciones falsas prestadas en el acto del juicio, mueven la con-ciencia del juez para dictar la resolución que proceda, lo mismo que una vista prima facie en un procedimiento civil, puede impeler a una corte a expedir un auto alternativo de mandamus o a dictar un injunction preliminar, o cualquier otro pro-cedimiento u orden que pueda expedirse por una corte,' requi-riendo a una parte para que comparezca y explique las razones que tuviere por las cuales no deba la corte proceder a pro-nunciar sentencia.

Creemos que no hay duda de que la Asamblea Legislativa tiene facultades para votar una ley como aquella en que se basó este procedimiento, y que dicha ley está en pleno vigor y efecto en todas sus partes.

No se ha privado al acusado de derecho alguno. Él fué notificado del cargo que se le hacía. Se fijó un día para la vista. El acusado tuvo su día en corte. Él tuvo amplia opor-tunidad de ser oído personalmente y por su abogado. No se le ha negado ninguna defensa o protección legal. Tinsley v. Anderson, 171 U. S., 106.)

De un examen detenido de los autos resulta que no cabe duda de la culpabilidad 'del acusado. No es evidente el pro-pósito de esta apelación, como no sea el demorar el castigo, o el aprovecharse de cualquier accidente propicio que pudiera ocurrir en favor de la persona convicta de tal desacato.

Hemos examinado detenidamente la ley y los autos y no vemos motivo para modificar la sentencia del tribunal senten-ciador. Siendo así,' debe confirmarse en todas sus partes la sentencia dictada en este caso.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey. ■ ■


author: El Jhez Asociado Su. MacLeary,

text:
    Sosa et al. v. Arzuaga et al.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a.
    No. 708.
    Resuelto en noviembre 29, 1911.
    Acción Reivindicatoría — Indebida Acumulaión de Partes Demandadas. — En una acción reivindicatoría como la presente en la cual. se solicita la nulidad de varias escrituras y la cancelación de varias inscripiones en el registro, es indispensable incluir como partes demandadas todas aquellas personas que inter-vinieron en el otorgamiento de los documentos cuya nulidad se pide y a favor de quienes se practicaron las inscripciones en el registro, careciendo por tanto de fundamento alguno la excepción previa de indebida acumulación de partes demandadas fundada en este caso en que solamente Ignacio Arsuaga ha debido ser incluido como demandado.
    Id. — Responsabilidad de un Mandatario — Su Inclusión como un Demandado— Fraude, Culpa o Negligencia de un Apoderado. — De acuerdo con el precepto legal de que todo el que por medio de fraude,, culpa o negligencia, causa daño a. otro, está obligado a reparar el daño causado, cuando un mandatario ha causado tales daños está obligado a repararlo y en este sentido no sólo puede incluirse como demandado sino que es parte indispensable en el caso de autos para que pueda resolverse el asunto por completo.
    Id. — Suficiencia de la Demanda. — Examinada la demanda en el caso de autos el Tribunal Supremo resolvió que aducía hechos bastantes para constituir una causa de acción, siendo por tanto improcedente la excepción previa aducida contra ella de que no expresaba heehos bastantes para constituir una causa de acción.

      Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. José E. Benedicto.

    Abogado de los apelados: Sr.- Eduardo Acuña.

   El Jhez Asociado Su. MacLeary,

emitió la opinión' del tri- ' bnnal.

Esta es una acción.entablada para reivindicar una parcela de terreno y para que se anulen ciertos documentos que en ella se describen y para obtener daños y perjuicios y para que se conceda el remedio general.

Se declararon con lugar excepciones a la demanda y ense-guida se dictó sentencia a favor de los demandados, con las costas. Como el caso se resolvió sobre la excepción previa, se hace necesario un examen de las alegaciones, las que serán ex-puestas extensamente. La demanda dice así:

“Comparecen ahora ante esta Hon. Corte los demandantes arriba nombrados, por medio de su abogado que suscribe, y haciendo uso del derecho que se les ha conferido presentan esta demanda enmendada contra los demandados que arriba se indican y como causa de acción exponen los siguientes he-chos :

“1. Que los demandantes constituyen la Sucesión de Don Manuel Sosa Gil en la siguiente forma: Los cuatro primeros son sus hijos legítimos; los cuatro siguientes y Faustino Sosa son hijos de Fernando Sosa quien a su vez lo era de Don Manuel Sosa Gil; José, Elisa, y Carmen Baquero y Sosa son hijos de Segunda, quien era hija del referido Fernando Sosa; los cinco hermanos Araujo y Sosa son hijos de Emilia Sosa, que era hija de Manuel Sosa Gil, y Bruno y Evangelista son hijos de José Encarnación Sosa, hijo éste del causante común Don Manuel Sosa Gil. •

“II. Que Don Manuel Sosa Gil era único y legítimo dueño de la siguiente finca:

“ ‘Rústica: Estancia radicada en el barrio de Canovanillas de Trujillo bajo, boy de la jurisdicción de la Carolina, compuesta de ciento setenta cuerdas de terreno, equivalentes a 66 hectáreas, 81 áreas y 66 centiáreas, colindante por el norte con el Río Grande de Loíza; por el sur con tierras de la Sucesión de Francisco Barreto; por el este con las de Josefa Cabrera y Lorenzo Bablot, y por el oeste con terrenos de Epifanio Vizcarrondo. ”

“Cuya finca fue inscrita a su favor en el registro de la propiedad de esta ciudad.

“III. Que por escritura de 24 de febrero de 18.95, otorga-da ante el Notario Don Leandro Lara, Don Manuel Sosa Gil vendió a Don Ignacio Arzuaga Izaguirre la finca antes des-crita por el precio de dos mil dollars.

“IV. Que por mutuo acuerdo de los otorgantes quedó esta venta ineficaz y sin valor alguno, habiéndolo así reconocido el mismo Don Ignacio Arzuaga en'su testamento otorgado el veinte y cuatro de mayó de 1895 ante el Notario Don Leandro Lara y Tomé, en el que, entre otras disposiciones hizo constar que aunque figuraban a. su' nombre dos fincas rústicas que describe, una denominada Sagrario y otra Canóvanillas, sien-do ésta la misma que se lia descrito anteriormente en esta de-manda, esas dos fincas no le pertenecían, por lo que ordenó a sus albaceas testamentarios que al ocurrir su fallecimiento, sin él no haberlo hecho antes, otorgasen escrituras de venta de dichas dos fincas a favor de'Don Juan Cabeza Barroso y de Manuel Sosa Gil, o de sus legítimos representantes res-pectivamente, cuyo precio confesó el testador tener recibido de ambos interesados, debiendo ser así reconocido al otor-garse las correspondientes escrituras.

. ' “V. Que por escritura de trece de mayo de 1897, Don Pedro Arzuaga como apoderado de Don Ignacio Arzuaga Iza-guirre, vendió a Don Juan Cabeza Barroso la estancia deno-minada Sagrario, confesando que el precio de la venta lo te-nía recibido con anterioridad su poderdante.

“La otra finca denominada Canóvanillas corrió muy dis-tinta .suerte^ siendo objeto de este pleito.

“VI. Que Don Manuel Sosa Gil falleció en 23 de febrero de 1897 bajo disposición testamentaria otorgada el día 13 de abril de 1896 ante Don Leandro Lara, en cuyo testamento-nombró albacea en primer lugar a Don Ignacio Arzuaga y en segundo término a Don Francisco Yeregui, ambos demanda-dos en este pleito.

“VII. Que en 15 de marzo .de 1897 el albacea Francisco Yeregui procedió en unión de algunos de los herederos del Señor Sosa Gril a practicar la división de los bienes relictos al fallecimiento dé aquél, omitiéndose en el inventario la finca antes descrita y expresándose que el Sr. Sosa Gil no tenía otros bienes, a pesar de que el albacea Yeregui sabía perfecta-mente que era también dueño de la referida finca de la que sólo faltaba el otorgamiento de la correspondiente escritura.

“VIII. Que los herederos de Don Manuel Sosa no tuvie-ron conocimiento de la declaración hecha por Don Ignacio Arzuaga en su testamento, por lo.que creyeron de buena fe las engañosas manifestaciones hechas, por el albacea Francisco Yeregui en la escritura particional,, pero tan pronto tuvieron conocimiento los demandantes de la verdad de los hechos, a mediados del año 1904, reclamaron enseguida a los demanda-dos la devolución de lo que legítimamente les corresponde, sin haberlo podido obtener. .

“IX. Que en 24 de abril de mil ochocientos noventa y siete Don Pedro Arzuaga en su carácter de apoderado de Don Ignacio Arzuaga y por escritura ante el notario Don Leandro Lara voluntaria y maliciosamente y apartándose de las ins-trucciones que tenía recibidas de su poderdante, vendió al demandado Francisco Yeregui, quien continuaba aún en el ejercicio del albaceazgo de los bienes de Don Manuel Sosa Gil, siendo además empleado de Don Ignacio Arzuaga, la finca anteriormente descrita, haciendo figurar en la escritura el precio de dos mil pesos que el apoderado dijo había recibido con anterioridad a dicho acto.

“X. Que algún tiempo después de haber adquirido Don Francisco Yeregui en la forma antes indicada, la finca que hoy reclaman los demandantes, por escritura ante Don Mauricio Guerra, la traspasó a su concubina Doña Victoria Bolker, ha-ciéndose constar en dicho documento que el traspaso se verifi-caba por la suma de diez mil pesos que confesó recibidos el Sr. Yeregui.

“XI. Que en las ventas otorgadas por Pedro Arzuaga a favor de Yeregui y por éste a favor de Victoria Bolker no medió precio alguno, pues aunque en las escrituras se ha he-cho figurar una cantidad de dinero como precio de la venta, ninguno de los dos compradores entregó cantidad alguna al vendedor, siendo dichas ventas ficticias, a título gratuito y con el único objeto de perjudicar a los demandantes, impi-diéndoles o dificultándoles reclamar su propiedad. Victoria Bolker no tenía ni tiene oficio ni profesión alguna, careciendo por completo de recursos.

“XII. Que Pedro Arzuaga tenía instrucciones terminan-tes de su poderdante Don Ignacio Arzuaga para traspasar a Don Manuel Sosa Gil la finca anteriormente descrita, cuyo precio había recibido ya desde mucho antes, .y dicho apode-rado, apartándose por completo de las instrucciones recibidas y obrando de su cuenta y riesgo, verificó las operaciones antes indicadas con notorio perjuicio del verdadero dueño de la finca que había pagado a Don Ignacio Arzuaga el total valor de la misma.

“XIII. Que todos los demandantes tenían perfecto conoci-miento de que la finca, objeto de este litigio, era de la Suce-sión Sosa Gil y no de Ignacio Arzuaga, y que al verificar las operaciones antes indicadas obraban a ciencia y conciencia de que hacían mal, para privar a los demandantes de sus legíti-mos derechos.

“XIV. Por información y creencia alegan los demandan-tes que Don Pedro Arzuaga y Don Francisco Yeregui disfru-tan en la actualidad de la finca, objeto de esta reclamación, la que aparece a favor de Victoria Bolker, explotándola a su antojo bien en sus nombres particulares o formando una so-ciedad, reteniendo para sí todos sus productos y utilidades sin que hayan tenido que desembolsar cantidad alguna por ella, pues la adquieron por el fácil procedimiento a que se contraen los apartados anteriores.

“XV. Que los demandantes estiman el valor de la finca que ilegalmente les lian quitado los demandados, en la suma de quince mil dollars y los productos de la misma a contar des-de la fecha de la escritura de partición o sea el 15 de marzo-de 18,97 hasta la interposición de la demanda, en veinte y dos. mil quinientos dollars.

En mérito de todo lo expuesto á esa. Hon. Corte suplican se sirva dictar sentencia a su favor y en contra de los deman-dados, conteniendo los siguientes pronunciamientos:

Primero.' Que los demandantes son dueños de la finca antes descrita por haber rescindido la escritura de venta dé 24 de febrero de 1895, sus otorgantes Manuel Sosa e Ignacio-Arzuaga.

Segundo. Que es nula la manifestación hecha' en la escri-tura de partición de no existir otros bienes, por obedecer a -un error de hechos- y engaño manifiesto.

Tercero.' Que son nulas las escrituras de 24 de abril de-1897 y 29 de enero de 1899 por ser simuladas y otorgadas con el único fin de privar a los demandantes ‘de su finca.

Cuarto. Que como consecuencia de los anteriores pronun-ciamientos, se ordene la cancelación de las inscripciones que ■ produjeron las'referidas escrituras.

Quinto. Que sé condene a los demandados a entregar a los-demandantes la descrita finca y sus productos o que en su de-fecto se les condene a pagar a los demandantes la suma de treinta y siete mil quinientos dollars por el valor de la finca, y sus productos, e indemnización de daños y perjuicios.

“Y por último los démandantes suplican a la corte se sir-va concederles el remedio general de que el caso sea susceptible por su naturaleza y proceda en justicia. ’ ’

Los demandados Pedro Arzuaga y Victoria Bolker excep- ■ cionaron la demanda en los términos siguientes :•

“Comparecen ahora ante la corte, los demandados Pedro Arzuaga Beraza y Victoria Bolker en el pleito arriba expre-sado por medio de sus abogados que suscriben y excepcionan. la demanda pór los motivos siguientes a saber:

“Primero. Bajo el fundamento de indebida acumulación de parte demandada en cnanto á Pedro Arzuaga Beraza que ba sido impropiamente incluido en la demanda.

“En el presente pleito se demanda a Ignacio Arzuaga bajo las alegaciones (a) de liaber declarado en su testamento que la finca en litigio pertenecía a Manuel Sosa Gil, (Párrafo IY), y (6) de haber comunicado instrucciones terminantes a su apoderado Pedro Arzuaga Beraza para que efectuase el tras-paso de dicha finca al Sosa por precio que ya tenía recibido anteriormente.

“Siendo esto así, es Arzuaga Izaguirre, por los términos de su testamento y por las admisiones que encierran las ins-trucciones dadas a su apoderado, la única persona obligada a efectuar el traspaso de finca qrie ordenó al apoderado, y en caso de que tal traspaso no fuere posible hoy, a indemnizar los perjuicios que haya determinado el incumplimiento de tal mandato por parte del apoderado', el que será responsable para con el mandante de tal incumplimiento, pero nunca con terceras personas cual son los demandantes, no obligados a él por vínculo ni relación jurídica de ningún género.

“Segundo. Bajo el fundamento de que tal demanda no aduce hechos bastantes para determinar una causa de acción contra Pedro Arzuaga por haber actuado éste con el carácter de apoderado de Ignacio Arzuaga y resultar su personalidad de mandatario, fundida en la del mandante para todos los efectos del contrato en relación con terceras personas.

“Por lo expuesto los demandantes suplican a la corte sos-tenga las excepciones previas que por la presente formulan.”

Se deduce del récord que Ignacio Arzuaga vive en España, pero no consta donde reside Francisco Yeregui.' Parece que fueron citados por medio de edictos, pero que no comparecie-ran en la fecha de la vista.

El juez de la corte de distrito emitió la siguiente:

“Opinión sobre excepciones previas a la demanda enmen-dada.

“Según la demanda, Don Manuel Sosa Gil, el causante de los demandantes en el año 1895 vendió nna finca a Don Igna ció Arzuaga Izaguirre. En el propio año. 1895, Don Ignacio otorgó sn testamento, declarando que la finca no era verda-' deramente de él, y ordenando a sus albaceas en el caso de sn muerte, si no hubiera traspasado antes la finca a Don Manuel o a sus herederos, que hicieran tal traspaso.

“En 1897, Don Pedro Arzuaga como apoderado de Don Ignacio, vendió a Don Francisco Yeregui, quien más tarde la vendió a Doña Victoria Bolker. Estos cuatro individuos, Don Ignacio y Don Pedro Arzuaga, Don Francisco' Yeregui y Doña Victoria Bolker, son los demandados en esta acción. Don Ignacio, según parece, vive en España.

“Por parte de Don Pedro Arzuaga y Doña Victoria Bol-ker, se há presentado la excepción previa de que la demanda enmendada no aduce hechos suficientes para constituir una causa de acción.
“‘La corte sigue en la misma opinión expresada en su de-cisión de 4 de enero de 1910, y la demanda enmendada presen-tada en febrero de 1910 no aduce ningún hecho para cambiar o modificar tal opinión de la corte.

“Don Ignacio si ha procedido injustamente para con Don Manuel Sosa Gril y sus herederos, tiene la oportunidad de re-compensarlo. Don Pedro es su apoderado. El testamento de Don Ignacio y las instrucciones a sus albaceas incluida en tal testamento, no entran en vigor hasta la muerte de Don Ignacio.

“Se elimina de la demanda enmendada en su alegación las palabras ‘ su concubina. ’ El estado de cosas que tales pa-labras indican puede ser materia de prueba; la alegación no , es necesario que conste en la demanda.
“Se declara con lugar la excepción previa en cuanto a los demandados Don Pedro Arzuaga y Doña Victoria Bolker, con costas a los demandantes.”

Posteriormente la corte dictó la siguiente:

“SENTENCIA.
“Poe cuanto, el dia veinte y cuatro de marzo de mil nove-cientos once y por los fundamentos de la opinión escrita que aparece unida a los autos, la corte dictó una resolución en este caso, declarando con lugar la excepción previa en cnanto a los demandados Don Pedro Arzuaga y Doña Victoria Bolker, con costas a los demandantes.
“Por cuanto, el día veinte y nueve del mismo mes y año el abogado de los demandantes Sr. Benedicto, presentó una moción a la corte solicitando se dictase una sentencia defini-tiva en este caso para que fuera debidamente registrada.
“Por tanto, la corte accede a lo solicitado- y resuelve de-clarar como por la presente declara como una sentencia defini-tiva la resolución de las excepciones previas dictada en esté caso el día veinte y cuatro de marzo de mil novecientos once, debiendo el secretario registrarla en el libro destinado a ese efecto.
“Pronunciada en cámara el día veinte y nueve de marzo de mil novecientos once, e inscrita nunc-pro-tunc boy 19 de mayo de 1911, por no haberlo hecho en su oportunidad.”

, De lo que precede se ve que las excepciones a la demanda sobre las que versó l’a decisión del caso, se basaron en dos fun-damentos distintos: primero, indebida acumulación de partes; y segundo, insuficiente exposición de hechos.

Los demandados alegan que Pedro Arzuaga ha sido im-propiamente incluido como demandado en el presente caso, puesto que sólo actuaba copio apoderado de Ignacio Arzuaga; siendo éste la única persona obligada a efectuar el traspaso de la finca a los demandantes, y, de no hacerlo así, a indemni-zarles por los perjuicios causados por su falta de cumpli-miento en este particular. Los demandados no parecen haber comprendido todo el'objeto de la demanda que claramente se desprende de su texto y particularmente de la súplica elabo-rada con que termina. No es ésta una acción para obligar a ninguno de los demandados a que haga el traspaso de la finca en litigio a los demandantes o para qne se les indemnice por incumplimiento en efectuarlo. Pero es una acción de reivin-dicación de la finca, solicitando la cancelación de las escrituras de venta otorgadas por algunos de los demandados entre sí, fundándose en que no medió precio alguno, siendo fraudulen-tas, con infracción de los derechos de los demandantes y en menoscabo de sus intereses, y para que se cancelen las inscrip-ciones de dichos documentos y se declare nula la manifesta-ción hecha en la escritura de partición, la que se alega haber sido hecha obedeciendo a ignorancia de los hechos, producida por engaños cometidos por dos de los demandados contra los demandantes; siendo también el propósito de la acción reco-brar el valor de los productos-y utilidades de la finca, y, en caso de que no fuera posible restituir a los demandantes de la finca, el valor de ésta, ascendiendo todo, en conjunto a la can-tidad de $37,500. No se ha hecho objeción alguna a la de-manda con motivo de existir multiplicidad de acciones, y este punto no requiere por lo tanto nuestra consideración.

Adoptando el concepto restringido antes indicado del ob-jeto de esta acción, los demandados, en apoyo de su proposi-ción, citan el artículo 1627 del Código Civil de Puerto Pico y los comentarios de Scaevola sobre el artículo correspondiente (X725) del Código Civil Español. Este artículo del Código-no tiene aplicación al caso que nos ocupa, como puede verse fácilmente de un simple examen del mismo, puesto que los-demandantes no son los individuos con quienes el apoderado, Pedro Arzuaga, hizo el contrato y no están tratando de ha-cerle responsable para con ellos fundándose en dicho artículo. Siendo así, la muy lógica y luminosa discusión de Scaevola. en la página 531 del tomo 20 de su obra, no puede aplicarse a la consideración de las cuestiones que aquí se presentan.

Esta es una demanda sobre reivindicación de inmueble y nulidad de escrituras, solicitándose la cancelación de ciertas, inscripciones en el registro de la propiedad. Por este motivo-es indispensable incluir como demandados a todas aquellas p'ersonas que interdi r,ieron en el otorgamiento de los docu-mentos cuya nulidad se pide, que son las mismas a cuyo favor se practicaron las inscripciones que se trata de cancelar, por lo que es preciso, para obtener dichas cancelaciones, que sean oídas y vencidas en juicio.

En la demanda se solicita además que si no es posible la devolución del inmueble a sus legítimos dueños, se condene a los demandados a pagar a los demandantes el valor de la propiedad y además una cantidad qne se alega en la demanda ser productos y utilidades de la finca durante el tiempo que sus legítimos dueños fian sido privados de ella.

La alegación de qne el apoderado desobedeció las instruc-ciones de su mandante y que fia sido considerada tan impor-tante por los demandados, se fia becbo solamente como intro-ducción o como preliminar a la reclamación de los deman-dantes de qne se les babía privado fraudulentamente de su finca por los referidos demandados, incluyendo los dos que presentaron las excepciones previas.

De la demanda se desprende, y después de considerar la excepción previa bay que admitirlo como cierto, que el apo-derado, Pedro Arzuaga, voluntaria y maliciosamente, y con el objeto de beneficiarse en- perjuicio de los demandantes, bizo todo lo contrario de las instrucciones que babía recibido de su poderdante, simnló escrituras de compra venta, y vino por fin a quedarse con la finca y con sus utilidades y pro-ductos, la que debió baber traspasado a los demandantes:

Es un principio de ley bien establecido y que es bien casi universal, que toda persona que por medio de fraude, culpa o negligencia, causa daño a otro, está obligada a reparar el daño causado. (Art. 1803 del Código Civil.)

Las autoridades americanas que se expresan en el mismo sentido son tan numerosas que es difícil escoger de entre ellas; sin embargo, citaremos algunas: 1 Sutherland on Damages, secciones 1-2 et seq.; Milwaukee, etc., R. R. Co. v. Arms, 91 U. S., 492; Smith v. Sherwood, 2 Tx., 462; Bartholomew v. Bentley, 15 Ohio, 649; 45 Am. Dec., 596; First Baptist Church v. S. & T. R. R. Co., 5 Barb. N. Y., 79.

De aquí se desprende que cuando ha habido culpa o negli-gencia de parte del apoderado, como sucede en el presente caso, admitiendo las alegaciones de la demanda como ciertas, dicho apoderado es el llamado a responder de los daños que haya causado; y en este sentido .no sólo puede incluirse como demandado, sino que es parte indispensable en este pleito para que pueda éste resolverse justamente, y se haga completa justicia.

Es verdad, según se expresa el juez sentenciador, que el testamento de Ignacio Arzuaga y las instrucciones contenidas en tal testamento no entran en vigor hasta que ocurra su falle-cimiento. Pero no debe pasarse por alto el hecho de que para los fines de esta excepción deben admitirse como ciertas las alegaciones de la demanda, y en ella se alega :

“XII. Que Pedro Arzuaga tenía instrucciones terminan-tes de su poderdante Don Ignacio Arzuaga para traspasar a Don Manuel Sosa Gil la finca anteriormente descrita, cuyo precio había recibido ya desde mucho antes, y dicho apode-rado, apartándose por completo de las instrucciones recibidas y obrando de su cuenta y riesgo verificó las operaciones antes indicadas con notorio perjuicio del verdadero dueño de la finca que había pagado a Don Ignacio Arzuaga el total valor de la misma.”

No se hace mención en esta alegación del testamento de Ignacio Arzuaga y puede suceder, y así puede presumirse, por las manifestaciones contenidas en la demanda, que estas instrucciones le fueron dadas por el poderdante a su apode-rado ya verbalmente ya por medio de cualquier otro docu-mento que no fuera' el testamento, el cual contenía instruc-ciones solamente para los albaceas encargados de hacer cum-plir el testamento de Ignacio Arzuaga, y no para su apo-derado.

El tribunal sentenciador dice además en su opinión que si Ignacio Arzuaga ha procedido injustamente para con los de-mandantes, puede en cualquier momento recompensarles por ello. Esto es cierto, pero no lo ha hecho, por lo que! se des-prende del récord, y el objeto de esta acción es el obtener tal desagravio. Por lo tanto, nos parece, -al menos por lo qne respecta al primer pnnto en las excepciones presentadas contra la demanda, qne el tribunal sentenciador careció de sufi-cientes razones para declarar con lugar la excepción previa.

En cuanto al segundo fundamento en qne se basa la ex-cepción previa, a saber: qne la demanda no aduce hechos suficientes para constituir una cansa de acción, vamos a exa-minarla bajo un punto de vista 'algo diferente al adoptado por los apelados. Las alegaciones de la demanda pueden extractarse en la fbrma siguiente:

Los demandantes que constituían la sucesión de Manuel Sosa Gil, y en una acción contra los demandados, alegan que Manuel Sosa Gil era el único dueño legítimo de cierta pro-piedad rural que se describe, inscrita a su favor el 24 de febrero de 1895. Esta propiedad fué vendida a Ignacio Ar-zuaga Izaguirre en $2,000. Por convenio mutuo se declaró nula esta venta y este hecho fué consignado por el mismo Ignacio Arzuaga en su testamento otorgado el 24 de mayo de 1895, en el cual ordenaba a sus albaceus que otorgaran a su fallecimiento, si él antes no lo hiciera, escritura de venta de dicha finca a favor de Manuel Sosa Gil, de quien se había reci-bido el precio de la venta, debiéndose consignar así en la es-critura. El objeto de este pleito lo forma la dicha finca mencionada en el'testamento de Arzuaga y llamada Canova-nillas. Manuel Sosa Gil murió el 23 de febrero de 1899, habiendo nombrado como albaceas en primer lugar a Ignacio Arzuaga, y en segundo lugar a Francisco Teregui. El 15 de marzo de 1897, Francisco- Yeregui en su capacidad de albacea procedió en unión de algunos de los herederos de Sosa a hacer la división de los bienes que dejó éste, sin hacer mención de la finca mencionada y manifestando,que Sosa Gil no poseía otros bienes. En 1904, habiendo llegado a conoci-miento de los herederos de Manuel Sosa Gil la manifestación hecha por Ignacio Arzuaga en su testamento, reclamaron aquéllos a los demandados la devolución de la otra'finca, mas sin resultado alguno. El 24 de abril de 1897, Pedro Arzuaga, como apoderado de Ignacio Arzuaga, vendió a Francisco Yeregui la finca descrita, en $2,000, que manifestó él liaber recibido anteriormente. Algún tiempo después Francisco Yeregui otorgó una escritura de venta de dicha finca a favor de Victoria Bolker consignando como precio de venta $10,000, y acusando recibo por dicha cantidad.

Que las ventas hechas por Pedro Arzuaga a Yeregui y por éste a favor de Victoria Bolker fueron simuladas y fraudu-lentas, sin mediar precio alguno y hechas con el solo propó-sito de perjudicar a los demandantes. Pedro Arzuaga había recibido instrucciones terminantes de su poderdante de tras-pasar -la finca descrita a Manuel Sosa Gil, cuyo precio de venta había recibido, con perjuicio evidente del verdadero dueño de la finca. Todos los demandados tuvieron conoci-miento del hecho de que la finca pertenecía a la sucesión de Sosa Gil y no a Ignacio Arzuaga, habiendo ellos realizado las transacciones mencionadas con el objeto de privar a los de-mandantes de sus legítimos derechos. Los demandantes ale-gan que Pedro Arzuaga y Francisco Yeregui están ahora en posesión y disfrute de la finca, de la cual aparece como dueña Victoria Bolker, reteniendo para sí sus productos y utili-dades. El valor de la finca que se les ha quitado es de $15,000 y el de los productos de la misma, $22,500.

Indudablemente que estas alegaciones aducen una causa de acción y esto es todo lo que hay que resolver por ahora respecto a esta fase del caso.

Los argumentos y autoridades presentadas por los ape-lados en apoyo de su segunda excepción están todos basados en las mismas proposiciones que se adujeron en la discusión de la indebida acumulación de partes; y se ha hecho de-pender la segunda excepción de la primera, de modo que ha-biéndose destruido el fundamento de la primera, la segunda tiene que caer con ella. Pedro Arzuaga ha sido demandado individualmente y nó tínicamente como apoderado de Ignacio Arzuaga. Ninguna de las autoridades tomadas por el abo-gado de los apelados del tomo 31 de Cye. tiene aplicación a la cuestión de la suficiencia de las alegaciones en la solicitud para constituir una causa-de acción, excepto si se consideran en relación con la solidez de la doctrina alegada con refe-rencia a la* indebida acumulación del apoderado como parte propia en este pleito, o al menos teniendo en cuenta la solidez de la referida doctrina.

Por consiguiente, consideradas bajo el debido punto de vista, según nos parece a nosotros, las excepciones presen-tadas por los demandados, Pedro Arzuaga y Victoria Bolker a la demanda, no estuvieron bien fundamentadas y no de-bieron haberse declarado con lugar. Por las razones con-signadas debe revocarse la sentencia dictada en el presente caso por la corte inferior y devolverse la causa al tribunal sentenciador con instrucciones dé desestimar las excepciones previas y de proseguir con el pleito según lo requiera la ley.

Revolcada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro, JUEZ ASOCIADO SR. MACLEARY.

text:
    In Re Rojas.
    PbooedimieNto por Desacato.
    No. 4.
    Resuelto en noviembre 29, 1911.
    Desacato — Carta Dirigida al Tribunal Supremo. — Comete desacato aquel que sin ser parte en un procedimiento, dirige un escrito a la Corte Suprema tra-tando de influir en la resolución que deba dictarse en el mismo.
    Id. — Poder del Tribunal Supremo. — En procedimientos de desacato, la Corte Su-prema, atendidas las circunstancias del caso concreto que decida, puede sobre-seerlo y dejar de imponer castigo alguno al acusado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de El Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

    El acusado compareció en nombre propio.
   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Pendiente de resolución en esta Corte Suprema el recurso establecido en el caso de El Pueblo v. Vilar por delito contra la honestidad y moral'pública, consistente en la publicación en un periódico editado en 'Caguas de ciertos artículos obscenos, Manuel P. Rojas envió en sobré dirigido “Al Hon. Juez Presi-dente de la Suprema Corte de Puerto Rico, San Juan, P. R.” una carta que dice así:

“San Juan, P. R., octubre 22, 1911. Al- Hon. Juez de la Suprema Corte de Puerto Rico, San Juan, P. R. Hon. señor: Con el debido res-peto y con la sqla intención de facilitar a esa Hon. Cort.e los datos precisos que permitan una exacta ilustración a la misma sobre el caso de apelación interpuesta ante ese alto tribunal, sobre sentencia .dictada contra el humilde 'obrero Juan Yil’ar de la ciudad de Oaguas, P. R., remito a V. H. las ediciones de los periódicos ‘El Motín’ y ‘La Voz del Cantero, ’ en los cuales aparece lá publicación de un suceso ocurrido en el Convento de Santa Isabel de Gracia, en Barcelona, España; y por cuya reproducción en ‘Voz Humana,’ periódico que se editaba en Ca-guas, P. R., fué denunciado Juan Vilar, como supuesto autor de un delito contra la moral pública.
“El abogado defensor del acusado Juan Vilar, no ha tenido opor-tunidad para agregar a su defensa el texto de las publicaciones que aparecen en los periódicos ya mencionados y de los cuales se hizo la reproducción que dió margen al proceso de Vilar.
“Interesados por que la justicia sea impartida con entera impar-cialidad y con pleno conocimiento de los motivos del proceso, le ad-junto las referidas ediciones que V. H. puede retener en su poder para el mejor uso y para los fines de un fallo justo en el caso de la apela-ción sobre sentencia impuesta a Juan Vilar.
Sin otro asunto que me obligue a molestar su honorable atención, permanezco, respetuosamente vuestro, Manuel F. Rojas, Secretario Unión Obrera Central.”

La carta transcrita y los periódicos acompañados se pa-saron al Fiscal de esta Corte Suprema, que inició en 6 de noviembre actual este procedimiento por desacato presen-tando una acusación en debida forma. Citado el acusado Rojas para que alegara las" razones que tuviera para que no se le castigara, compareció en el- día. señalado al efecto y alegó que desconocía la ley de desacato y el Reglamento del Su-prexno y que sólo así podia explicar que Imbiera podido ofen der a esta corte que le inspiraba el más profundo respeto. El Fiscal compareció también en diclio día y sostuvo su acu-sación, quedando el caso concluso para sentencia. .

Lo bemos estudiado cuidadosamente y opinamos que puede y debe concluirse que existe el delito perseguido, pero que dada la naturaleza del mismo y las circunstancias que con-curren, usando de la facultad que en tales casos tenemos, no debemos imponer pena de multa o prisión al acusado.

Debemos sí establecer bien claramente que así en los casos criminales como en los pleitos civiles, sólo á las partes corresponde intervenir. Para que los tribunales de justicia inspiren confianza a la comunidad, es necesario que ésta esté convencida de que las causas y pleitos se tramitan de acuerdo con la ley, ofreciéndose iguales oportunidades a todas' las ■ partes y sin que intereses extraños puedan gestionar o influir en lo más mínimo.

El acusado Pojas no era parte en la causa de El Pueblo v. Vilar y no tenía en tal virtud derecho alguno a intervenir en la misma y al hacerlo tratando de influir en el ánimo de esta corté para que- se dictara una resolución favorable al condenado, violó los principios substanciales de la ley que establece iguales oportunidades para todas las partes real-mente interesadas.

Además, la forma en que se dirigió el acusado Pojas a esta Corte constituye una infracción a la regla 93 de su Regla-méntoj regla que se inspira en el principio de justicia que dejamos establecido y que copiada a la letra, dice así:

1 ‘ Ningún abogado, litigante o cualquier otra persona dirigirá carta alguna a los jueces de esta corte con referencia a cualquier caso civil o criminal que ante la misma penda; debiendo entregarse al secretario todas las comunicaciones, escritos, alegatos o argumentos escritos o impresos, que se dirijan al Tribunal o a alguno de los jueces del mismo, cuyos documentos serán presentados a la corte a su debido tiempo, según prescribe este reglamento.”

Habiendo en consideración todo lo expuesto, aceptando. como sinceras las manifestaciones del acusado en el acto de la comparecencia y usando del poder discrecional que tenemos en casos de esta naturaleza, opinamos que debemos sobreseer el procedimiento sin imponer castigo de multa o prisión al acusado.

Sobreseído el procedimiento.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

Juez disidente: Sr. MacLeary.

VOTO PARTICULAR DEL

JUEZ ASOCIADO SR. MACLEARY.

No puedo estar de acuerdo con la sentencia dictada por este tribunal en el presente caso el día 29 de noviembre último, y expresaré brevemente das razones que tengo para disentir. El procesado Rojas ha confesado ser culpable de un desacato a esta corte. Esto él mismo lo reconoce y cada uno de los jueces del tribunal está conforme con esa manifestación. El día 22 de octubre último él envió por correo a esta corte, por conducto del Juez Presidente, una carta incluyendo en ella dos periódicos de España en donde aparecen dos publica-ciones obscenas. Trata en su carta de influir en la decisión de este tribunal en un caso criminal que entonces estaba pen-diente de resolución, infringiendo así la regia No. 93, de esta corte, y en contravención con la ley. A la vez infringió el Es-tatuto Federal remitiendo por correo materias obscenas; pero .con ese delito nada tenemos que ver.

Se expidió un mandamiento para que mostrara causa e hiciera su contestación por escrito, a lo que no dió cumpli-miento.

Cuando el acusado deja de contestar y mostrar bajo jura-mento las razones que tiene para no ser castigado por desa-cato, habiendo la corte declarado que el acto constituía un desacato, no podía adoptar ninguna otra resolución que la de castigarlo. Su rebeldía impedía que nadie en su defensa pudiera formular ninguna excusa. (Wartman v. Wartman, Tancy U. S. Dec., 369; Carter v. Commonwealth, 96 Va., 791; 45 L. R. A., 310.)

Si hubiera comparecido ante la corte y. presentado sn contestación, confesando sn culpabilidad, negando haber te-nido malicia, alegando sn ignorancia, y solicitando clemencia, ésta hubiera podido concedérsele debidamente al procesado; pero no habiéndolo hecho así, no hay razón alguna, a mi juicio, para no habérsele multado por lo menos con una pequeña multa.

La cuestión es tan insignificante que no es necesario la imposición de una multa crecida; pero es un precedente muy peligroso optar por la completa absolución del acusado. Por iguales sentimientos de clemencia se permitió a otro acusado de haber cometido un desacato, no ser castigado por la justicia en el año 1905. Su caso está anotado en 9 P. R. R., pp. 135-165, al que se hace referencia, puesto que la opinión de la corte en aquel caso fué la única, autoridad para la notable de-cisión rendida en el présente caso. Las consideraciones que hice sobre la cuestión y que están expresadas en la opinión disidente emitida en aquel caso, servirán de argumento y son las razones que tengo para disentir en este caso. En aquella opinión tuve ocasión de citar muchas autoridades sintiendo encontrar que no se han tomado en consideración en Puerto-Rico. Citaré un párrafo de aquel caso, que es especialmente aplicable al presente:

“Así como el tribunal no tiene el poder de castigar un desacato-simplemente para satisfacer -un sentimiento personal de indignación o-resentimiento, si es que pudiera hallarse un juez que fuera tan vil, que desease hacerlo así, el Tribunal no tiene el derecho, en vista de la ley, y de su deber judicial, de perdonar un delito de esta índole, por una equivocada idea de generosidad, compasión o benevolencia. Es exacta-mente tan obligatorio para los tribunales castigar desacatos, cuando resulten probados antes los mismos, como lo es el aplicar la ley con res-pecto a robos o incendios intencionales, o cualquier otro crimen ne-fando. Puede que sea un deber más duro, pero no debe ser esquivado por esa razón. Cuánto más arduo sea un deber, tanto más cuidadosa debe ser una persona para cumplirlo completa y escrupulosamente. Yo> no pretendo sentar reglas para que las sigan otros jueces, al consignar simplemente mis ideas sobre cuestiones que sur jen en el curso de los asuntos, conforme éstos se presentan para mi propia consideración. Todo hombre debe seguir la senda del deber, tal como la vea trazada delante de sí. Mi camino es claro.”

Aun después de un período de seis años todavía sostengo igual opinión. Rojas no tenía excusas y debió baber sido castigado.