author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

text:
    José Abraham Torres, demandante y apelado, v. Joaquín Díaz, demandado y apelante.
    No. 6038.

    Sometido: Marzo 21, 1933.

      Resuelto: Mayo 3, 1933.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Allá por el día 19 de febrero de 1930 el demandante era dueño de un automóvil “Buick”, destinado al servicio en la transportación de pasajeros en los caminos públicos de Puerto Rico, y el demandado en esa misma fecha era dueño de un camión marca “Mack”, destinado a una empresa pública en la transportación de mercaderías en los caminos públicos de Puerto Rico.

Se alega en la demanda que en la fecha mencionada y en la carretera No. 2, en el trayecto comprendido entre la ciu-dad de Mayagüez y la de San G-ermán viajaba el demandante en su automóvil, manejado por él, en dirección de Mayagüez a -San Germán, y que en esa misma dirección y en la misma carretera el individuo Luis Pilión, siendo empleado del de-mandado y actuando allí y entonces en el desempeño de sus funciones como tal empleado, manejaba el camión propiedad del demandado.

El accidente ocurrido aparece descrito en el hecho quinto de la demanda, que transcribimos a continuación porque en las alegaciones que en el mismo se hacen se basa la excep-ción previa del demandado de falta de causa de acción:

“Que mientras Luis Filión, empleado del demandado, manejaba el automóvil truck del demandado en el sitio y fecha mencionados en la alegación que antecede, lo bizo de nna manera descuidada y negli-gentemente, sin tomar precauciones razonables para garantizar la’ seguridad de vidas y propiedades y sin ejercer el debido cuidado, no marchando con dicho vehículo lo más a la derecha que fuere posi-ble y en el momento en que el automóvil del demandante le dió al-cance y después que el demandante le dió aviso con su aparato de alarma, claxon, y que el dicho Luis Filión hizo señal al demandante para que pasara con su'automóvil y siendo el automóvil del deman-dante el vehículo de mayor velocidad entre ambos, el del demandante y el del demandado, dicho Luis Filión no echó su automóvil hacia la derecha del camino tanto como le fue posible y por el contrario lo conservó en el centro de dicha carretera y en el momento mismo en que el automóvil del demandante iba a pasar por cerca del automóvil del demandado, éste último echó el automóvil truck que manejaba hacia el lado izquierdo de la carretera lanzándolo sobre el automóvil del de-mandante y haciéndolo ir a parar a la cuneta del lado izquierdo de la ya mencionada carretera y ocasionándole daños de consideración los que más adelante se relacionarán y apreciarán.”

El demandante reclama la cantidad de $700 por los daños ocasionados al carro y $150 por los perjuicios que sufriera con motivo de haberse visto privado del uso de su automóvil.'

Dictada sentencia en favor del demandante, el demandado interpuso el presente recurso de apelación atribuyendo a la corte inferior varios errores que iremos examinando siguien-do el mismo orden trazado por el apelante en su alegato.

Se alega que la corte erró al no declarar con lu-gar la excepción previa de falta de causa de acción. Esta excepción fue presentada conjuntamente con la contestación. No surge de los autos que fuese discutida en la corte inferior. Basa el demandado su excepción en que de acuerdo con las alegaciones de la demanda, el demandante resulta culpable de negligencia contribuyente y en que se imputa al conductor del camión del demandado la comisión de un delito, lo cual constituye una extralimitación de sus facultades como empleado o agente del demandado.

Se alega en la demanda que el conductor del camión no echó su automóvil hacia la derecha tanto como le fue posible y que por el contrario lo conservó en el centro de la carre-tera. Arguye el demandado que tratar de pasar a un auto-móvil que va por el centro de la carretera y no se lia des-viado hacia la derecha es un acto poco discreto que raya en imprudencia temeraria. Se alega, sin embargo, que el de-mandante, cuando le dio alcance al camión, avisó con su apa-rato de alarma, y que el conductor del camión le hizo señal para que pasara en su automóvil. Esta señal para pasar constituye una invitación, y es de suponerse que el conductor que la hace se dispone a dejar el camino expedito al carro que le ha dado alcance y que pide paso. Claro que un hombre prudente no debe adelantarse a pasar mientras no vea que hay suficiente espaci o para hacerlo sin peligro; pero dg la faz de las alegaciones surge que el accidente ocurrió cuando el camión se desvió hacia la izquierda, de todo lo cual se deduce que si hubiera seguido en la misma posición no habría ocurrido el choque. No aparece de la faz de la de-manda que el demandante fuera culpable de negligencia con-tribuyente. Esto en cuanto a las alegaciones, que debemos examinar independientemente de la prueba practicada. No está de más, sin embargo, añadir que, según el testimonio del demandante, el accidente ocurrió en un sitio donde la carre-tera era recta y ancha. El conductor del camión, según el demandante, le dió derecha, y cuando fue a pasar le cerró el paso.

Arguye el apelante además que en la demanda se alega q.ue el camión se lanzó sobre el automóvil del deman-dante, y que esta alegación imputa a Luis Filión no una ne-gligencia sino la comisión deliberada de un delito, extralimi-tándose en sus facultades como empleado o agente. Entiende el apelante que en estas circunstancias el demandado no es responsable por los actos de su empleado de acuerdo con la interpretación que se ha dado al artículo 1803 del Código Civil. No se alega en la demanda que Luis Filión actuara deliberada y maliciosamente cuando desvió su carro' a la iz-quierda de la carretera y ocurrió el choque. Se alega que cuando pasaba el demandante “echó el automóvil truck que manejaba hacia la izquierda de la carretera, lanzándolo so-bre el automóvil del demandante.” Ann en el supuesto de que esta alegación fuese bastante para constituir un delito, no podría sostenerse la contención del apelante, porque en la demanda se alega que el cámión del demandado se desti-naba a una empresa pública en la transportación de merca-derías en los caminos públicos de Puerto Rico, y que Luis Filión, cuando ocurrió el accidente, manejaba el camión como empleado del demandado y en el desempeño de sus funciones como tal empleado. Esta alegación es bastante para deter-minar la responsabilidad de dicho demandado, de acuerdo cou la doctrina establecida por este tribunal en los casos de Marrero v. López, 15 D.P.R. 773, y Martínez v. Trujillo & Mercado, 24 D.P.R. 290. Debe desestimarse la excepción pre-via de falta de hechos establecida por el apelante.

Se alega en segundo término que la corte erró al apreciar la prueba y estimar probado que el accidente ocu-rrió por culpa o negligencia del conductor del camión, Luis Filión. La corte inferior declara probados los hechos alega-dos en la demanda, expresando que ha dado completo crédito a la prueba del demandante y que no dio crédito alguno a las declaraciones de los testigos del demandado. El propio demandado, Joaquín Díaz, declara que el camión era de su propiedad y que lo dedicaba en primer lugar a cargar pro-visiones para él y en segundo lugar para otros comerciantes de Yauco. Aceptó que Luis Filión era su chauffeur y que lo fué hasta que vendió su camión marca “Mack”. La corte declara probado que Luis Filión era, cuando ocurrió el acci-dente, empleado del demandado en el ejercicio de sus deberes como-tal empleado. Según se establece en las conclusiones de hecho, el demandante pidió derecha al conductor del ca-mión, quien hizo señal a dicho demandante para que pasara en su automóvil, pero en vez de desviar , el camión hacia su derecha y conservar dicha posición hasta que pasara el de-mandante, lo desvió hacia la izquierda de la carretera, en el momento mismo en que el demandante trataba de pasar pa-ralelamente, interceptando el paso y lanzando el camión contra el automóvil, que fué arrojado a la cnneta del lado iz-quierdo de la carretera, estrellándose contra nn árbol y des-truyéndose casi totalmente. Añade la corte inferior que el accidente aludido fué debido única y exclusivamente a la crasa negligencia de Luis Filión, empleado del demandado, sin que el demandante pudiera evitar el mismo y sin que mediara negligencia alguna contribuyente por parte de dicbo deman-dante, siendo la negligencia de Luis Filión imputable al de-mandado y la causa próxima y única de dicho accidente. Las conclusiones de la corte inferior están basadas en la prueba practicada. El demandado mantuvo la teoría de que el au-tomóvil del demandante no había chocado con camión alguno, sino contra un árbol en el sitio y fecha indicados, al perder el demandante el control de su automóvil. No se alega que la corte inferior actuara movida por pasión, parcialidad y prejuicio. No hay razones para suponer que estuviese desa-certada en la apreciación de la prueba. Debe desestimarse este error.

Se alega que la corte erró al apreciar los daños sufridos por el demandante. Declararon sobre el valor del automóvil el propio demandante y Pablo Cuevas, mecánico dedicado a trabajos de automóviles y empleado de la casa de Pedro M. Nieva. Este testigo manifiesta que el demandante compró el automóvil marca “Buick” en la casa de Pedro M. Nieva; que tuvo ocasión de verlo, cuando se vendió dicho carro, por-que hubo que examinarlo y ponerle gomas y herramientas; que entonces el automóvil valía $800 y que después de ese accidente lo valoró en $50. Esta prueba no fué contradicha, y mereció entero crédito a la corte inferior. También declaró la corte que el demandante obtenía como beneficios líquidos con el uso de su carro “Buick”, destinado al servicio público, un promedio de $5 diarios y que durante más de un mes es-tuvo imposibilitado/ de obtener beneficio alguno por el uso de dicho automóvil o de cualquier otro. En vista de la prueba la corte condenó al demandado a satisfacer al demandante la snma de $850.

Se alega por último que la corte cometió error al conde-nar al demandado al pago de las costas y honorarios de abo-gado. Entendemos que debe desestimarse este error.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


source: Caselaw Access Project

author: El • Juez Presidente Señor del Tobo,

license: Public Domain

text:
    Jesús Pérez Cosme, demandante y apelado, v. Vicente Montañez, Juana Beatriz Vázquez y Severa Pinto, demandados y apelantes.
    No. 5860.

    Sometido: Diciembre 16, 1932.

      Resuelto: Mayo 4, 1933.

      M. García Gomales, abogado de los apelantes; E. Martines Rivera, abogado del apelado.
   El • Juez Presidente Señor del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

En la demanda, base de este pleito, se alega que el de-mandante es dueño de un predio rústico de media cuerda si-tuado en el barrio de Candelaria del municipio de Toa Baja, habiéndolo adquirido por compra a la demandada Juana Beatriz Vázquez en 1914 y poseído desde entonces quieta y pací-ficamente y en concepto de dueño. Se alega además que el predio fué segregado de una finca de 19.71 cuerdas pertene-ciente a la vendedora; que por escritura pública de 5 de mayo de 1930 la demandada Juana Beatriz Vázquez aparece vendiendo al demandado Vicente Montañez, 12.71 cuerdas de la indicada finca, habiéndose incluido en ellas la media cuerda previamente vendida al demandante y expresándose en la es-critura que parte del precio habría de satisfacerse a la otra demandada Severa Pinto; que al momento de otorgarse la escritura de venta a Montañez éste sabía que la media cuerda de que se trata pertenecía al demandante y requerido luego para que otorgara un acta aclaratoria excluyendo de la venta la media cuerda, se ha negado a ello, y que la repetida escri-tura de venta a Montañez fué inscrita en el Registro, motivo por el cual el demandante se ve imposibilitado de inscribir a su favor su propiedad.

Excepcionaron y contestaron los demandados. Su conten-ción es la de haber adquirido Montañez de la Señora Vázquez la finca descrita en la escritura de 5 de mayo de 1930 en los términos que de dicha escritura constan, estando la finca ins-orita en el registro a favor de la vendedora y habiendo ins-crito sn título el comprador con anterioridad a la interposi-ción de la demanda.

Fue el pleito a juicio y la corte lo falló en favor del de-mandante. No conformes los demandados interpusieron el presente recurso de apelación, señalando en su alegato la co-misión de varios errores que se refieren a la admisión'y al peso de la evidencia y a la aplicación de los artículos 1376 y 1858 del Código Civil Revisado y 33 y 34 de la Ley Hipote-caria.

A nuestro juicio la sentencia debe ser confirmada. Creemos que no hubo error en la admisión del documento privado presentado en evidencia por el demandante y que dice:

“He recibido de Jesús Pérez la cantidad de $20 (veinte dólares) como pago de media cnerda de terreno de mi propiedad, que le he vendido en dicha cantidad, cuyo terreno está en el barrio de Candela-ria, término municipal de Toa Baja, y colinda: por el Norte con te-rrenos de Mr. John O. Tofoss, por el Sur con la vendedora, por el Este con la misma y por el Oeste también con la citada vendedora.
“Y para que conste doy el presente en Candelaria, Toa Baja, hoy 27 de septiembre de 1914, en presencia de los testigos José Yélez y Augusto Salgado, quienes firman como testigos y a ruegos de la ven-dedera que no lo sabe hacer. (Fdo.) José Yélez.- — Juana B. Yázquez su x marea. — (Fdo.) Augusto Salgado.”

Si bien, no compareció a declarar Augusto Salgado, el do-cumento fue reconocido por el demandante y por el testigo José Vélez que lo firma, y sujeto al crédito que dichas decla-raciones merecieran a la corte era evidencia admisible.

Tampoco encontramos que se haya cometido error alguno por la corte sentenciadora al apreciar la prueba.

En su relación del caso y opinión dijo, en parte, dicha corte lo que signe:

“. . . La corte, dirimiendo el conflicto en la prueba, da entero crédito a la del demandante, y estima demostrado que el predio de terreno de media cuerda que posee Jesús Pérez Cosme y que está com-prendido dentro de la finca de 12.71 cuerdas relacionada en la eseri-tura, es propiedad de dicho Jesús Pérez Cosme, por compra que hi-ciera a Juana Beatriz Vázquez de la finca principal de 19.71 cuer-das ... La corte declara que no obstante haber negado Juana Beatriz Vázquez en la deposición que se le tomó que ella hubiera adver-tido a Montañez la existencia de la venta anterior al actor en este caso, lo cierto es que ella hizo tal advertencia, y que Montañez actuó con pleno conocimiento de los hechos. La preponderancia de la prueba favorece al demandante, por ser la de él más robusta, más convincente, más terminante y minuciosa, mientras que la de los de-mandados es vaga en algunos extremos fundamentales y evasiva en otros de no menor importancia ...”

La declaración del demandante es amplia, detallada y con-vincente y nnida a la de José Vélez da vida al documento que dejamos transcrito, que permanece en la conciencia del juzgador como la expresión contemporánea del contrato cele-brado.

El demandante no se limitó a comprar. Quedó personal-mente en la posesión del predio adquirido que cultivó por sí mismo, fomentando en él una plantación de toronjas y levan-tando sobre él una casa de dos pisos. Con nadie partió los productos de su finca y pagó directamente como dueño al Es-tado las contribuciones que éste impuso sobre ella. Presentó los recibos correspondientes a los años económicos 1917-18 y 1930-31. No era un agregado como pretendieron probar los demandados. Era un dueño.

No obstante ser ello así ¿puede y debe concluirse, como parecen sostener los apelantes, que por el beclio de baber comprado Montañez de quien en el registro aparecía como dueño y de baber inscrito a su vez su título con anterioridad a la interposición de la demanda, ba perdido el demandante su derecho al predio que compró en 1916 y que posee desde entonces como dueño?

Cuando el demandante adquirió, la finca no estaba inscrita en el registro. Fué doce años después, en 1928, que la se-ñora Vázquez acudió a la corte de distrito y acreditó su do-minio. Y bay prueba en los autos que tiende a demostrar que el demandante se avino a que se declarara justificado el dominio de toda la finca a favor de la señora Vázquez con el entendido de que nna vez que ella tuviera un título perfecto inscrito en el registro, otorgara una escritura a favor del demandante de lo que antes le había vendido, pudiendo así el demandante sin tramitar separadamente otro expediente de dominio, inscribir su derecho en el Registro de la Pro-piedad.

La venta a Montañez se verificó en 1930 con pleno cono-cimiento por su parte de que estaba comprendida en la des-cripción de la finca que aparecía adquiriendo la media cuerda que había sido vendida al demandante y que éste estaba po-seyendo. Así lo resolvió la corte sentenciadora decidiendo el conflicto de la prueba en favor del demandante, sin que los demandados hayan demostrado que actuara movida por pa-sión, prejuicio o parcialidad o que cometiera error manifiesto alguno. Al contrario, estudiando la evidencia aportada por ambas partes, la conciencia se inclina decididamente del mis-mo lado que se inclinó la del juez sentenciador. Montañez era colindante de la finca de que se trata y todo induce a creer que estaba enterado de todo lo ocurrido. Pero no fue ésa sola la prueba de su conocimiento que aportara el deman-dante. Están sus propias admisiones ante el abogado Mar-tínez. No sólo declaró éste bajo juramento en el juicio que doña Juana Beatriz le dijo que “había instruido al Sr. Mon-tañez para que hiciera la escritura de Jesús Pérez y José Cruz”, si que refiriéndose directamente a Montañez, entre otras cosas afirmó que “El Sr. Montañez me dijo que él sa-bía que ese terreno y las casas y las toronjas eran de José Cruz y Jesús Pérez, pero que él estaba interesado en las to-ronjas y que hiciera lo posible por aconsejarles que le ven-dieran, que él no tenía interés en sacarle sus casas de allí.”

El conocimiento previo de parte del demandado Montañez del derecho del demandante, facilita la aplicación de la ley en la forma en que lo hizo la corte sentenciadora. Volvemos a transcribir de su relación del caso y opinión:

“El artículo 1376 del Código Civil exige buena fe en el adqui-rente que inscribe y reclama preferencia, así como la preexistencia del derecho en el trasmátente; y el que pretende adquirir lo que ha .sido Tendido anteriormente, con o sin escritura, se atiene a las consecuen-cias del acto arriesgado que perpetra. Nadie puede transmitir la pro-piedad de una cosa de que ya se ha desprendido, y el vicio de nulidad así creado no desaparece por la inscripción. A. Rojas & Co. v. Luna, 39 D.P.R. 838; Miranda v. Municipio de Aguadilla, 39 D.P.R. 460.
“Si falta título, falta derecho; y si el título es malo, no existe en ley. La inscripción no suple el título, ni es agua del Jordán que lava toda mancha. Artículo 33 de la Ley Hipotecaria; 2 Galindo, Comentarios a la Legislación Hipotecaria, página 496 et seq.
“Montañez no es, pues, un adquirente de buena fe imotegido pol-la ley de tercero, y la inscripción que de su título se hizo en el regis-tro no le dio más derechos que los que tenía Juana Beatriz Vázquez, ni perjudicó el título de dominio ni la posesión del demandante Jesús Pérez Cosme.”

En el caso de A. Rojas & Co. v. Luna, 39 D.P.R. 838, ci-tado por la corte sentenciadora, se cita a su vez el de Abella v. Antuñano, 14 D.P.R. 498, en el que se decidió, copiando del resumen, lo que sigue:

“En caso de doble venta de cosa inmueble la propiedad pertenece al adquirente que antes la haya inscrito en el registro. Aunque el artículo 1376 del Código Civil Revisado no exige de un modo expreso el requisito de la buena fe en el adquirente en casos de bienes inmue-bles, es necesaria la buena fe en la adquisición para los efectos legales de la inscripción.
“Aunque el artículo 1376 del Código Civil Revisado no expresa la necesidad de la preexistencia del derecho en el transmútente debe entenderse que esa circunstancia es uno de los supuestos de que el ar-tículo parte.
* * * * * * *
“Los preceptos de los artículos 36 y 38 de la Ley Hipotecaria tienen aplicación a los casos de doble venta, siempre que se trata de la adquisición de cosa inmueble de buena fe e inscrita en el registro, lo que no pasa en el caso de autos.
“El que adquiere de mala fe una finca que ha sido vendida dos veces, no puede invocar el carácter de tercero para amparar su de-recho con la inscripción hecha en el registro de la propiedad.
“El que vende una finca a uno y luego vende esa misma finca a otro, sabiendo este segundo adquirente que ya babía sido vendida an-teriormente aunque sin escritura, esta segunda venta es nula, porque nadie puede transmitir la propiedad de una cosa de que ya se ba des-prendido, y este vicio de nulidad no desaparece por la inscripción beeba en el registro, según el artículo 35 de la Ley Hipotecaria.”

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Santos Arroyo, acusado y apelante.
    No. 5053.

    Sometido: Abril 28, 1933.

      Resuelto: Mayo 5, 1933.

      Burset <& Pérez Pimentel, abogados del apelante; R. A. Gómez, Riscal abogado de El Pueblo, apelado.

       Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Santos Arroyo fué acusado y convicto de baber acometido y agredido a su hermano, Salvador Arroyo. El principal testigo de cargo fué Salvador Arroyo. Este declaró que el día a que se refiere la denuncia venía con Santos Arroyo del trabajo y cada uno llevaba.un machete en la mano; que ve-nían del trabajo discutiendo sobre cierto dinero que el refe-rido Santos Arroyo le debía al testigo y que en esta discu-sión llegaron frente a la casa en donde vivían; que durante la discusión el acusado le dijo al testigo una palabra descom-puesta, que el testigo le dijo al acusado que lo respetara por-que él (el testigo) era mayor; que el acusado contestó que no respetaba al testigo si éste no lo respetaba a él y enton-ces el testigo le tiró con su machete a Santos Arroyo (el acu-sado) y le dió un planazo; que entonces el acusado le tiró al testigo con el machete que portaba y lo hirió en el cuello; que el testigo volvió a tirarle al acusado dándole otro pla-nazo con su machete, y que inmediatamente el acusado volvió a herir al testigo en la espalda; que el testigo le tiró al acu-sado siempre de plano; que nunca le tiró a cortarlo ni trató de cortarlo. El testigo fué examinado en corte abierta y se demostró que tenía heridas, mientras que el acusado no tenía ninguna. Esta es una relación substancial de los hechos del caso, que no son en realidad disputados.

Al terminarse el juicio, él acusado presentó una moción de nonsuit alegando la defensa propia. La corte declaró sin lugar la moción, y los autos revelan que dió sus razones para ello. Después de hacer un resumen de la prueba, la corte dijo que podía apreciar las heridas que Salvador Arroyo pre-sentaba, que eran tres, todas por detrás, dos de ellas en el cuello y una en la espalda, y todas ellas de largas dimensio-nes, que Salvador Arroyo fué llevado al hospital; que el acu-sado no presentaba herida alguna; que éste sostenía que se trataba de un caso de defensa propia y solicitó que se decla-rase con lugar una moción de nonsuit. La corte manifestó que debía declarar sin lugar la moción; que el acusado optó por no declarar y por no presentar prueba alguna. Enton-ces la corte dictó sentenia condenando al acusado a tres me-ses de cárcel.

En apelación, el fiscal de esta corte habla de la actitud y de los motivos del testigo de cargo, quien según se demostró, lo que hizo siempre fué dar planazos con su machete. Tam-bién se discute algo respecto a que como el testigo principal dió primeramente al acusado un planazo con su machete y después de recibir una herida le pegó nuevamente otro pla-nazo, por lo menos la segunda herida dada por el acusado carecía de suficiente provocación.

Oreemos que se ha apurado un poco este argumento. La cuestión tiene que ser apreciada desde el punto de vista del acusado. Ambos contendientes estaban armados de machetes, y cuando el testigo de cargo levantó el suyo para agredir al acusado, no podía saber que su hermano no trataría de he-rirle en forma más severa. El acusado tenía derecho a creer, como hombre razonablemente prudente, que había sido objeto de un ataque que quizá podía producirle grave daño. Los indicios son que todos los golpes tuvieron lugar rápidamente. A este respecto, el fiscal usa la palabra “inmediatamente”. También es posible que dos de los golpes dados por el acusado pudieran haber sido una respuesta continuada al primer ata-que y que la segunda herida no fuera una mera respuesta al segundo golpe.

En circunstancias como las del presente caso, no podría esperarse que un hombre se detuviera a meditar si su agre-sor intentaba o no continuar acometiéndole, o aun herirle. No podemos convenir con la corte inferior en que éste no era un caso de defensa propia. Nadie tiene derecho a agredir a otra persona con un machete sin correr el riesgo de que ésta repela la agresión si está armada.

Debe revocarse la sentencia y absolverse al acusado.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila disintió.


author: Eíl Juez PresideNte Señor del Torio,

text:
    E. Solé & Co., S. en C., demandante y apelada, v. Salvador L. Rocafort y Domingo Quintana, demandados y apelantes.
    No. 6337.

    Sometido: Mayo 1, 1933.

      Resuelto: Mayo 8, 1933.

      González Fagundo y González Jr. abogados de los apelantes; Martí-nez Nadal y Martínez Rivera, abogados de los apelados.
   Eíl Juez PresideNte Señor del Torio,

emitió la opinión, del tribunal.

La parte apelada solicita la desestimación del recurso in-terpuesto .en este caso.

La sentencia recurrida contiene una narración de los pro-cedimientos. Es así:

“Vista la moción de los demandados Salvador L. Rocafort y Domingo Quintana, para que se dicte sentencia en este caso de acuerdo con los términos de la demanda, después de declaradas sin lugar las excepciones previas presentadas por los mismos de no aducir la de-manda hechos suficientes para, determinar una causa de acción y de ser ambigua, dudosa e ininteligible, y de concedido a los demandados el término de 10 días para contestar, al cual renuncian por su moción para que se dicte sentencia, y por cuanto la demanda expresa una causa de acción y se trata del cobro de nuev'e pagarés, que en copia se acompañan a la demanda y se hacen formar parte de la misma suscritos los seis primeros el 8 de noviembre, 1930, por valor de $111.53 cada-uno y los tres restantes el día 21 del propio mes y año por valor de $67.23 cada uno, conteniendo todos y.cada uno la con-dición de que si ‘vencido este paparé y no satisfecho se consideran también vencidos los demás firmados por dicho deudor en esta misma fecha por el mismo concepto’, y siendo todos del mismo tenor, por lo que no se trata de seis distintas causas de acción expuestas en forma ambigua, ininteligible y dudosa como se alega en el escrito de ex-cepciones previas que impida a los demandados contestar con pleno conocimiento de lo que se reclama, y visto el caso de The Am. R. R. Co. v. Quiñones, 17 D.P.R. 261.
“Se DECLARA con lugar la demanda y se condena a los demanda-dos Salvador L. Rocafort y Domingo Quintana a pagar a la deman-dante E. Solé & Oo., S. en C., la suma de $669.18 de los seis pagarés vencidos el 10 de agosto de 1932 y sus intereses al 10% anual desde dicha fecha, y $201.69 de los tres pagarés vencidos el 21 de diciembre de 1930 y sus intereses al 10% anual desde su vencimiento, más $225 de honorarios de abogado convenidos expresamente, según los referi-dos pagarés, y las costas y gastos del procedimiento, excluyendo los honorarios ya concedidos.”

En la demanda se alegaron los siguientes hechos:

“PRIMERO. — Que la demandante es una sociedad mercantil consti-tuida de acuerdo con las Leyes de Puerto Rico, y con oficina principal en esta ciudad de San Juan; y los demandados son mayores de 21 años.
“Segundo: — Que en 8 de noviembre de 1930, el demandado Salvador L. Rocafort, suscribió y entregó a la demandante, en cuya po-sesión se encuentran por v'alor recibido, 6 pagarés cada uno por la suma de $111.53, para vencer en las fechas que en dichos pagarés se mencionan, y en 21 de noviembre de 1930, suscribió y entregó tam-bién a la demandante, en cuya posesión se encuentran por valor reci-bido, 3 pagarés cada uno por la suma de $67.23 para vencer en las fechas que en dichos pagarés se mencionan. Se acompañan a esta demanda y se hacen formar parte de la misma copias fieles y exactas de todos los pagarés referidos.
“Tercero: — Que todos los pagarés citados, que ascienden en total a la suma de $870.87, están vencidos y ni el total ni parte de los mis-mos ni sus intereses convenidos al 10% anual, no han sido satisfechos por el demandado Salvador L. Rocafort.
“Cuarto: — Que el demandado Domingo Quintana suscribió los pagarés referidos y se constituyó en principal pagador de los mismos a fav'or de la demandante.
“Quinto: — Que en todos y cada uno de los pagarés referidos, los demandados se obligaron solidariamente a pagar a la demandante las costas y gastos que ésta incurriera en el cobro de los mismos, así como la suma de $25.00 asignados en cada pagaré para honorarios de abo-gado.
“ Sexto : — Que los demandados ni ninguno de ellos ha pagado a la demandante el importe de los pagarés referidos, ni sus intereses, ni los honorarios y costas incurridos por la demandante, a pesar de los muchos requerimientos hechos a dichos demandados y cada uno de ellos.”

Como en la demanda se indica, se acompañaron a ella co-pias de los nueve pagarés. Seis son por $111.53 cada uno, firmados todos el ocho de noviembre de 1930 para vencer el primero en agosto 10, 1932, y en sucesivos meses los demás, y en todos ellos se consigna que vencido un pagaré y no pa-gado se considerarán vencidos todos los otros firmados en la misma fecha, y tres por $67.23 cada uno, firmados todos el 21 de noviembre de 1930 para vencer el primero en diciembre 21, 1930, con la misma cláusula de vencimiento de todos por el vencimiento y no pago de uno.

La parte apelada sostiene que surge tan claro su derecho de los hechos alegados cuya verdad ha aceptado la apelante, que la apelación debe desestimarse por frívola.

La parte apelante se ha opuesto alegando lo que sigue:

“Creemos firmemente que la resolución de la corte declarando sin lugar las excepciones previas es errónea especialmente en cuanto se refiere a la última excepción toda vez que el artículo que antes hemos citado ordena IMPERATIVAMENTE que cuando se acumulen varias cau-sas de acción y no se expongan separadamente, el demandado tiene derecho a levantar tal excepción. Se nos concedió un término para contestar la demanda, pero como creimos y creemos que la resolución de la corte inferior es errónea y no es apelable, para poder revisar el error en que incurrió la Corte de Distrito pedimos entonces que dictara sentencia de acuerdo- con la resolución declarando sin lugar las excepciones previas, para entonces apelar de la sentencia final.
“El Juez de Distrito en su sentencia cita el caso de American Railroad Co. vs. Quiñones, 17 D.P.R. pág. 261 y no Vemos qué apli-cación pueda tener a la cuestión que aquí se ventila.
“Hemos pedido que se dictara sentencia de acuerdo con la reso-lución de las excepciones previas, porque si hubiéramos' contestado la demanda y permitido la prueba, se curaba en absoluto el defecto sustancial que Remos alegado y hasta renunciábamos a la excepción previa.
“Claro es que cada pagaré que vence en distinta fecha es una causa de acción que tiene la demandante contra los demandados, y si bien es verdad que de acuerdo con el artículo 104 que antes hemos citado pueden acumularse, no es menos cierto que deben exponerse separadamente y por eso levantamos la excepción antes referida.
“El único fundamento que tiene la parte demandante apelante para pedir la desestimación de la apelación es que es completamente frívola y si aparece claramente que una de las excepciones está bien fundada y que ha debido declararse con lugar dándole una oportu-nidad a la demandante para enmendar su demanda, claro es que no hay frivolidad y que si el pleito se tarda es culpa de la parte deman-dante. ! ’

Creemos que la moción debe ser declarada con lugar. Bajo cualquier aspecto que el caso se considere, el recurso interpuesto en el mismo resulta frívolo.

Que la demanda aduce bechos determinantes de la ac-ción que en la misma se ejercita, esto es, que los demandados deben y están obligados a pagar a la demandante las sumas que ésta les reclama tal como se lo ordenó la corte en su sen-tencia, es tan claro que la misma parte apelante lia abando-nado prácticamente su excepción de falta de hechos. Esta propia corte ha desestimado por frívolas apelaciones en ca-sos semejantes. Avilés v. Sucrs. de A. Suárez, 42 D.P.R. 334; Schlüter v. Villafañe, 41 D.P.R. 308; Banco Comercial v. Perales, 38 D.P.R. 183; Banco Masónico v. Heraclio López & Co., 38 D.P.R. 187, y E. Solé & Co. v. Crescioni, 38 D.P.R. 976.

Toda la fuerza de su argumentación la concentra la parte apelante en su segunda excepción o sea la de que la demanda es ambigua, ininteligible y dudosa, autorizada por el No. 7 del artículo 105 de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil. No alega el apelante que varias acciones se acumularon in-debidamente — No. 5 del citado artículo 105. Expresamente admite que las varias acciones ejercitadas según él en la de-manda son acumulables. Lo que sostiene es que no se expu-sieron separadamente dielias acciones como ordena el último párrafo del artículo 104 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Inmediatamente surge el primer motivo de frivoli-dad, ya que la jurisprudencia de California establecida cuan-do el No. 5 del artículo 430 de su Código de Enjuiciamiento Civil era igual al No. 5 del artículo 105 del nuestro, ha re-suelto de modo terminante lo que sigue:

“La excepción a la demanda fue correctamente declarada sin lugar.. El fundamento de la excepción fué que se acumularon dos causas de acción y no se adujeron separadamente. Una por incum-plimiento de promesa de que el demandado no lesionaría los negocios de la demandante y otra por incumplimiento de su contrato de que no se dedicaría a ese negocio. No creo que se aleguen dos causas de acción o que fuera la intención alegarlas; mas si no fuere así, no creo que sea fundamento para una excepción previa. El Código de Enjui-ciamiento Civil, artículo 430, especifica todas las causas que dan lugar a excepciones previas. La quinta de ellas es, ‘Que varias causas de acción han sido acumuladas indebidamente.’
“Esta disposición es aplicable a dos causas de acción que no pue-den ser acumuladas en la misma acción, aunque se aduzcan separa-damente, y no a causas de acción que pueden ser acumuladas debida-mente en la misma acción de conformidad con el artículo 427, pei’O que no son ‘aducidas separadamente’, conforme exige este último artículo.
“ ‘Por consiguiente, lo que procede no es una excepción previa sino una moción para que la alegación se haga más específica y cierta, separando y aduciendo claramente las distintas causas de acción.’ (Pomeroy’s Code Remedies, sec. 447. Véase también sec. 446, y Bernero v. South British etc. Co., 65 Cal. 386, y Fraser v. Oakdale Lumber etc. Co., 73 Cal. 187, 190)”. City Carpet etc. Works v. Jones, 102 Cal. 506.

Se necesitó enmendar el Código como se enmendó en California en 1907 (Huene v. Cribb, 9 Cal. App. 141; 98 Pac. 78), agregando al No. 5 de sn artículo 430 las palabras “or not separately stated”, para qne la no exposición separada fuera base de excepción previa, y aún después de la enmienda se decidió en el caso de Fairchild etc. Co. v. Southern etc. Co., 158 Cal. 264, 267, lo que sigue:

“El primer punto suscitado por la apelante es que los dos contra-tos eran distintos e independientes, que el quebrantamiento de cada uno de ellos debe alegar una causa de acción, i-rrespectrv'amente del otro, y por ende, que en la demanda se alegan dos causas de acción que no son aducidas separadamente. Esta objeción se plantea abora como fundamento de la excepción previa (Código de Enjuiciamiento Civil, artículo 430). Ella es uno de los fundamentos de la excepción a la demanda, que fué declarada sin lugar por la corte inferior. Po-dría admitirse que los contratos eran independientes, que el último de ellos no era un mero complemento o alteración del primero y que se han alegado dos causas de acción. Es evidente que este método de aducir el caso de la demandante no impidió a la demandada que pre-sentara su defensa, o su causa, ante la corte tan plena y efectiva-mente como pudo haberse hecho si cada uno de los contratos hubiese sido alegado separadamente como fundamento de determinada causa de acción . . . Esta manera de alegar no perjudicó a la deman-dada . . . Este error por sí solo no justificaría la revocación de la sentencia. ’ ’

¿Dónde y cómo aparece perjuicio alguno para los de-mandados apelantes en este caso, a virtud de la forma en que se presentara la. demanda ? ¿ Qué más necesitaban para contestar, para alegrar cualquier defensa que tuvieran contra todos o contra cualquiera de los pagarés transcritos textual-mente y hechos formar parte de la demanda en clara e in-confundible relación con sus alegaciones? Una mera insis-tencia en que se cumpla con una forma que de acuerdo con los hechos no resulta substancial, no debe servir de base para la dilación de un litigio por todo el tiempo que requiere la tramitación de una apelación, tiempo que resulta en ver-dad extraordinariamente largo en los momentos actuales en Puerto Rico, dado el exceso de trabajo que sobre esta corte pesa. Los razonamientos del caso de Fairchild etc. Co., supra, serían pues, aplicables a éste aún cuando la cuestión sus-citada pudiera serlo por medio de una excepción previa.

Pero hay más. Yendo al mérito de la excepción ex-presamente levantada ¿dónde se advierten en la demanda la ambigüedad, ininteligencia o duda a que se refiere el esta-tuto? Nosotros, al menos, no podemos encontrarlas.

Y aún Ray más todavía. Encuéntrase en la jurispruden-cia una línea de casos de los estados de Alabama, Connecticut, Illinois, Indiana, Iowa y Carolina del Sur que aplicada a éste permite concluir que no sólo no se ba cometido en el mismo error substancial o perjudicial, si que tampoco error de clase alguna. En resumen, esa jurisprudencia es así. En un pleito sobre varios pagarés o notas en los cuales son las partes las mismas, se considera que existe una sola causa de acción que abarca varias partidas, que puede exponerse en una sola alegación. Y los motivos en que se funda la regla los encontramos tan bien expuestos en un caso de Illinois que, para mayor ilustración, los transcribiremos casi por com-pleto. Nos referimos al caso de Godfrey et al. v. Buckmaster, 2 Ill. 446, 449, en el que la Corte Suprema de dicbo es-tado bace cerca de un siglo se expresó así:

“El demandante se fundaba en seis pagarés solidarios, que ven-cían en igual fecha, por la suma de mil dólares cada uno, e incluyó todos los pagarés en una sola causa de acción de la demanda. Esta causa describía los pagarés de conformidad con el tenor y efecto legal de los mismos y alegaba el incumplimiento de pago de todos y cada uno de los pagarés.
“A esta alegación los demandados presentaron una excepción pre-via especial, señalando como causa el defecto de forma de haber unido todos los pagarés en una misma causa de acción. La corte de circuito al resolv'er que no procedía la excepción la declaró sin lugar y dictó sentencia final en favor del demandante. Se instituyó un recurso de error y ahora se señala como error, primero, que la de-manda contiene varias causas de acción distintas en una sola causa y que por consiguiente esta causa es múltiple; segundo, que la sentencia dictada a virtud de la excepción previa debió ser respondeos ouster.
“Los letrados de los demandantes en el recurso de error sostienen ahora, que si bien las distintas promesas de los demandados podían unirse en una sola acción, sin embargo, siendo distintas las promesas debieron haberse alegado en diferentes causas de acción.
“A esta posición podría contestarse que el presente no es un caso de indebida acumulación de causas de acción tan distintas en su naturaleza que caigan dentro de la regla que hace que una demanda sea defectuosa debido a tal acumulación; tampoco podemos percibir cómo sea una causa en que pueda presentarse una excepción previa especial de falta de forma. La causa de acción en manera alguna es defectuosa en cuanto a su forma, mas se alega que es defectuosa substancialmente toda vez que en ella se combina la descripción de los seis pagarés y alega el incumplimiento de todos ellos en la misma causa de acción. Se insiste además que cada pagaré debió' haberse alegado en causa de acción distinta, y que no habiéndose hecho así la causa de acción es múltiple.
* * * * * * *
“No existe una descripción errónea, ni incongruencia ni falta de precisión o certeza en la causa de acción, que aún en su forma es perfecta : y por ende no se ha establecido el fundamento de la excepción previa. Estamos plenamente convencidos de que no puede suscitarse ninguna objeción válida a la causa de acción.
“Los seis pagarés son idénticos entre sí, son por la misma suma, llevan igual fecha y vencen'el mismo día y muy bien podían unirse convenientemente en la misma causa de acción, sin que para ello exista ambigüedad o perplejidad. En realidad es lo más deseable, cuando ello puede hacerse sin que produzca confusión y cuando las causas de acción participan de la misma naturaleza y pueden ser claramente expuestas conjuntamente con claridad, que este modo de alegar sea adoptado. No puede surgir confusión posible toda vez que la parte demandada puede aprovecharse de cualquier defensa que le asista. Puede alegar especialmente en relación con cada uno de los pagarés materia separada de defensa o puede negar generalmente y presentar como prueba materia especial en oposición a cualquier o a todos los pagarés. Supongamos que en vez de seis pagarés sólo hubiese habido uno pagadero en seis distintos plazos. ¿Padría entonces alegarse que las promesas de pago y los incumplimientos no podrían aducirse en la misma causa de acción? Creemos que no. El hecho de que se hagan las promesas en distintos pliegos de papel ciertamente no puede alterar la regla ni la razón de ella. Tampoco puede adolecer de mul-tiplicidad la causa de acción por describir varios pagarés. Los seis pagarés no pudieron ser descritos en causas de acción distintas con más claridad ni precisión que lo fueron en una sola causa y la inútil Verborrea que habría que observar al redactar las distintas causas de acción queda convenientemente abolida.
“Las autoridades citadas por el letrado de los demandantes en el recurso de error y particularmente las de Gould’s Pleading, están muy lejos de sostener los fundamentos asumidos en apoyo del recurso de error mientras que las que figuran en los tomos 4 y 13 de Johnson’s Reports claramente sostienen la corte. Es de suma importancia intro-ducir precisión y brevedad en nuestro sistema de procedimiento; y debe alentarse cuanto tienda a abolir la prolijidad y la inservible recapitulación.
“Sobre el segundo punto la práctica es clara. La sentencia en general era correcta. Si los demandados deseaban ir a los méritos del caso debieron baber retirado su excepción previa y solicitado per-miso de la corte para contestar a la demanda. Indudablemente éste Rubiera sido concedido. Ella no podía obligar a que se retirara la excepción y como los demandados eligieron acogerse a ésta, la corte de circuito no podía dictar otra sentencia que la final sobre las alega-ciones que figuraban en los autos.
“Debe confirmarse la sentencia con costas.”

La circunstancia de que aquí existan dos grupos de pa-garés no empece. En ambos grupos los pagarés son de la misma naturaleza y en todos el deudor y el fiador solidario son los mismos, bajo idénticas condiciones. La sola, diferen-cia consiste en que seis son por $111.53 cada uno y se fir-maron en una fecba y tres son por $67.23 cada uno y se fir-maron en otra. Y sobre ello no cabe la más leve confusión habiéndose acompañado además copias a la letra de todos los pagarés, haciéndolas formar parte de la demanda.

Debe desestimarse, por frívolo, el recurso.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Davila,

text:
    Ex Parte Joaquín Sánchez, peticionario.
    No. 104.

    Sometido: Mayo 1, 1933.

      Resuelto: Mayo 9, 1933.

      E. Martines Rivera, abogado del peticionario; T. Torres Reres, Fiscal Auxiliar, a nombre de El Pueblo de Puerto Rico.
   El Juez Asociado Señor Córdova Davila,

emitió la opinión del tribunal.

Se invoca por el peticionario la jurisdicción original de esta corte para conocer de este procedimiento de hábeas corpus. Se alega que dicho peticionario acudió a la Corte de Distrito de Ponce y que esta corte declaró sin lugar la solicitud de bábeas corpus, sosteniendo como correcta la ac-tuación de la Corte Municipal de Orocovis. Se añade que Antonio Púbero no ha encontrado fiadores para obtener su libertad provisional y que una apelación resultaría académica, porque cuando venga a resolverse el caso ya habrá cumplido el acusado la sentencia que le fue impuesta. Deseamos hacer constar que esta corte no usará su discreción para ejercer la jurisdicción original que le confiere la ley, a menos que las circunstancias sean tales que hagan necesaria nuestra inter-vención. En el presente caso el acusado pudo prestar fianza para conseguir su libertad cuando fué detenido en virtud de una orden de arresto expedida por el juez municipal. Sin embargo, como razón para acudir a esta corte se alega que el recurso de apelación resultaría académico porque Púbero no ha encontrado fiadores para recobrar su libertad. No es éste un caso, a nuestro juicio, que justifica la intervención de esta corte. Hemos examinado los hechos que constan en los autos, y opinamos que no concurren las circunstancias espe-ciales que justificarían la intervención de este tribunal. Sin embargo, ya que hemos expedido el auto solicitado por el peticionario vamos a permitirnos considerar el caso en sus méritos.

En 17 de noviembre de 1932 el Juez Municipal de Orocovis expidió contra Antonio Rubero nna orden de arresto que copiada a la letra dice así:

“Al Jefe de la Pol. Ins. Dist. de Orocovis.
“Por el presente mandamiento se ordena a usted que arreste inme-diatamente a Antonio Rubero, trayéndole a mi presencia en la calle de Muñoz Rivera No. 3, para que responda del cargo que se le hace de delito de tentativa de violación, significándole que he fijado fianza de $500 para que pueda permanecer en libertad; sin que falte usted al debido cumplimiento de lo que le ordeno.
“Orocovis, P. R., 17 de Nov. de 1932.
(Fdo.) J. N. Rivera Barreras.
Juez Municipal de Orocovis.”

Esta orden fué debidamente diligenciada y en 30 de no-viembre de 1932 el acusado recobró su libertad mediante una fianza que prestó por la cantidad que en la orden de arresto se menciona.

Los autos fueron elevados al fiscal del distrito de Ponce, quien los devolvió al juez municipal, en cuya corte, obede-ciendo a instrucciones del fiscal, se formuló denuncia por un delito de escalamiento en segundo grado y no de tentativa de violación, que fué el delito que motivó el arresto del acusado. Esta denuncia se presentó el día 13 de febrero de 1933 y en 21 del mismo mes tuvo lugar la vista del caso, siendo decla-rado culpable Rubero y sentenciado a cuatro meses de cárcel. En el acto de la vista el acusado, por conducto de su abo-gado, presentó moción a la corte para que decretara el ar-chivo y sobreseimiento de la causa por no haber sido formu-lada la denuncia dentro del término de sesenta días a contar desde la fecha en que se llevó a cabo el arresto.

De acuerdo con el artículo 448 del Código de Enjuicia-miento Criminal, el tribunal, a menos que exista justa causa, decretará el sobreseimiento, del proceso, cuando una persona haya sido detenida para responder por la comisión de un de-lito público, siempre que no se haya presentado acusación contra ella en el término de sesenta días desde su detención. Esta corte ha declarado que estas disposiciones del código tienen carácter imperativo, siguiendo la doctrina establecida por la Corte Suprema de California. El Pueblo v. Ayala, 19 D.P.R. 936; Dyer v. Rossy, 23 D.P.R. 772; Ex parte Wood, 90 Pac. 961.

La Corte de Circuito de Apelaciones de Boston lia decla-rado que si bien esta definición legislativa tiene derecho a una honrada consideración, no es obligatoria para dicha corte, la cual se considera en libertad para apreciar si ciento veinte días constituyen un período demasiado largo o demasiado corto dentro de una justa interpretación de la palabra “rá-pido” (speedy). Gallardo, Treasurer of Puerto Rico, v. Questell et al., 29 F. (2d) 897.

Como hemos visto, a Rubero se le acusó original-mente de un delito de tentativa de violación. El juez municipal envió los autos al fiscal, quien los devolvió al mismo funcionario, aconsejando que se denunciara a Rubero por es-calamiento en segundo grado ante la corte municipal, donde se formuló dicha denuncia y se declaró culpable al acusado del delito mencionado. Desde la fecha del arresto hasta el momento en que se radicó esta denuncia en la corte municipal transcurrieron ochenta y ocho días. No habiéndose pre-sentado por el Pueblo excusa alguna para justificar la dila-ción, debemos atenernos a los hechos que surgen de los autos elevados a este tribunal. Los hechos que culminaron en el arresto de Rubero fueron calificados originalmente de tenta-tiva de violación, que es un delito de felony que puede ser objeto de un nuevo proceso después de sobreseído. Se for-muló denuncia después contra Rubero por un delito de esca-lamiento en segundo grado, que es un misdemeanor, cuyo sobreseimiento impide que se inicie un nuevo proceso. En principio no existe nada en común entre el delito de tenta-tiva de violación y el de escalamiento. En el caso de Byas v. State, 51 S. W. 923, la Corte de Apelaciones Criminales de Tejas sostuvo que una absolución anterior por tentativa de violación no es obstáculo a un proceso por tentativa de escalamiento con el propósito de cometer violación aunque se trate de la misma transacción. Los dos crímenes, dice la corte son distintos. Hacemos esta cita para poner énfasis en la distinción qne se establece entre ambos delitos, sin qne se entienda qne expresamos pnnto de vista alguno sobre el criterio sostenido por el tribunal de Tejas.

Opinamos qne la Corte Municipal de Orocovis interpretó correctamente la ley al desestimar la moción del acusado, so-licitando el sobreseimiento del caso.

Debe declararse sin lugar la solicitud presentada y a/iva-larse el auto d).e habeas corpus librado con fecha 27 de abril de 1933, sin especial condenación de costas.


author: Ei, Juez Asociado Señor Córdova Dávila, juez asociado se. wole

text:
    Sergio S. Peña, demandante y apelante, v. Juan García Cintrón, demandado y apelado.
    No. 5956.

    Sometido: Abril 21, 1933.

      Resuelto: Mayo 10, 1933.

      F. Cervoni Gely, abogado del apelante; F. González Fagmido, abo-gado del apelado.
   Ei, Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

En octubre de 1930 Sergio S. Peña presentó demanda en contra de Juan García Cintrón, en reclamación de daños y perjuicios causados al demandante, según se alega en la de-manda, con motivo de desafíos, provocaciones y disparos de armas hechos por el demandado. Radicada la contestación y señalada la vista de la causa para el día 22 de julio de 1931, el demandante solicitó de la corte el traslado del pleito a otro distrito o la inhibición del juez por los siguientes fundamen-tos : Porque el demandante tenía fundados motivos para creer que no tendría un juicio imparcial y justo; porque el juez de dicho distrito, Hon. Rafael Arjona Siaca, y el de-mandante Sergio S. Peña son enemigos personales, siendo su enemistad de carácter irreconciliable, que incapacita al juez para entender en el presente pleito. Esta moción fue acom-pañada de una declaración jurada .suscrita por el deman-dante, sin que se presentara testimonio alguno bajo jura-mento para contradecir las manifestaciones de dicho deman-dante.

La corté desestimó la solicitud de inhibición o traslado y el demandante interpuso el presente recurso de apelación, ale-gando que la corte inferior cometió el error de negar el tras-lado del caso a otro distrito o de acordar la inhibición del juez.

El demandante espera obtener el propósito que persigue, que es evitar que el Hon. Rafael Arjona Siaca actúe como juez en este caso, mediante un traslado del mismo o la inhibición de dicho juez. De acuerdo con el artículo 23 del Código de Enjuiciamiento Civil, un juez deberá inhibirse de actuar en un pleito o procedimiento de cualquier clase cuando fuere parte o estuviere directa o indirectamente interesado, cuando tuviere parentesco de consanguinidad o afinidad con cualquiera de las partes dentro del cuarto grado, o con el abo-gado de cualquiera de las partes dentro del segundo grado, y cuando el juez hubiere sido abogado o consultor de cual-quiera de las partes en el pleito o procedimiento pendiente ante su corte, o fiscal en una investigación o proceso criminal donde los fieclios sean los mismos que en el pleito sometido a su resolución.

La parcialidad o el prejuicio de parte del juez con res-pecto a alguno de los litigantes no aparece en el artículo an-teriormente citado. Sin embargo, se advierte claramente el propósito de que el juzgador sea una persona completamente desinteresada, libre de vínculos y relaciones que puedan al-terar el equilibrio ecuánime y sereno de la discreción judicial. El artículo 170 del Código de Enjuiciamiento Civil de California contiene un apartado que cubre los casos de parcia-lidad o prejuicio de parte del juez. Según este apartado, que no fia sido incluido en nuestro artículo 23, cuando de la declaración jurada de una de las partes aparezca que no puede obtener un juicio imparcial y justo ante cualquier juez de la corte que va a juzg*ar la causa, por razón de prejuicio o parcialidad de dicho juez, éste inmediatamente asegurará los servicios de cualquier otro juez del mismo condado para pre-sidir la vista de dicha acción o procedimiento. Esta decla-ración jurada debe notificarse a la parte contraria o a su abogado por lo menos con un día de anticipación a la vista del caso, disponiéndose que podrán presentarse contmaffi-davits un día después, a menos que la corte prorrogue el tér-mino por un período que no excederá de cinco días.

Esta es la diferencia que existe entre el artículo 23 de nuestro código y el 170 del de California. El primero deter- ■ mina los casos en que el juez debe inhibirse, sin hacer men-ción de las palabras “parcialidad y prejuicio”; el segundo determina que la parcialidad o el prejuicio obligan al juez a abstenerse de actuar. A pesar de la omisión que se ad-vierte en el artículo 23, no están las partes en Puerto Rico huérfanas de protección contra la parcialidad o prejuicio de ' un juez. El artículo 83 de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil, equivalente al 397 del de California, dispone que:

“La corte podrá, previa moción, cambiar el lugar del juicio, eu los siguientes casos:
* * * * * * * *
“2. Cuando hubiere motivo para creer que un juicio imparcial no puede celebrarse allí.
* * * * * * * *
“4. Cuando por cualquier motivo el juez estuviere incapacitado para entender eu el asunto.”

Arguye el demandado que el apartado que autoriza el traslado cuando hubiere motivo para creer que no puede ob-tenerse un juicio imparcial se refiere a juicios por jurado, y no tiene aplicación en Puerto Rico, porque aquí no bay jurado en casos civiles. Convenimos en que esta disposición tiende a evitar, en los estados de la Unión donde está en vigor, la selección de un jurado en el seno de una comunidad preve-nida contra una de las partes, cuando hubiese motivos para creer que no puede asegurarse la celebración de un juicio im-parcial, libre de prejuicios y animosidad.

La Corte Suprema de Oklahoma, en el caso de Dean v. Stone, 35 Pac. 579, se expresó así:

“El apelante negó en términos generales la demanda, y, antes del juicio, radicó su moción y affidavit para el traslado del caso, alegando que el demandante ejerce una influencia indebida sobre los ciudada-nos del condado de Oklahoma y que existen sentimientos de odio contra la defensa del apelante, motivados por un prejuicio local. La corte inferior desestimó la moción de traslado y se alega que al ha-cerlo cometió error. El abogado del apelante cita un número de decisiones de Indiana que establecen la doctrina de que cuando un affidavit para un traslado se radica en un caso civil determinando las razones en que se basa, la corte está obligada a ordenar el traslado, incurriendo en error si no lo hace. Hemos examinado estas decisio-nes y vemos que se basan en la teoría de que la parte que solicita el traslado tiene derecho a un juicio por jurado y a ser juzgado por un jurado imparcial que no sea influido por prejuicio local o sentimien-tos de odio contra la defensa; pero cuando el caso es juzgado por la corte, no hay razón para esta regla, y cuando la razón cesa, la regla no debe aplicarse: Jamás se intentó que se concediese un cambio de juez basado en el prejuicio local de los ciudadanos de una comunidad, porque estas cosas no afectan ni influyen a las cortes. Son única-mente los jurados sin experiencia los que vienen a ser impresionados por las influencias locales y quizá inadvertidamente permiten que tales cosas obren en detrimento de su juicio. No es éste un caso en que se garantiza al demandado un jurado como cuestión de derecho, y el estatuto en este caso no dispone un juicio por jurado.”

Por analogía puede citarse también el caso de Edmunds y. Duff, 124 Atl. 489, resuelto por la Corte Suprema de Pennsylvania, doTide se decide que un estatuto autorizando el tras-lado del pleito, cuando un crecido número de habitantes del condado tiene interés adverso a la parte que solicita el tras-lado y se demuestra ante la corte que no puede obtenerse un juicio justo e imparcial, no se aplica a casos de equidad donde es la corte la que oye el testimonio y tiene el deber de apre-ciar los hechos.

De acuerdo con esta jurisprudencia, en los casos que han de verse ante un jurado, la parcialidad o prejuicio de los habitantes del distrito donde la acción se ejercita, contra una de las partes, es motivo de traslado cuando no puede obte-nerse un juicio justo e imparcial; si el juicio ha de celebrarse ante un juez, la parcialidad o prejuicio no constituye funda-mento para trasladar el pleito. Esta distinción que se es-tablece entre jueces y jurados no deja de tener su explica-ción. Para el prejuicio y la parcialidad de un juez se ofre-cen dos soluciones: la inhibición y el traslado; para el pre-juicio general la única solución es el traslado, ya que el dis-trito es siempre el mismo y es de su seno que surgen los ju-rados. Cuando la comunidad o una parte importante de ella se siente poseída de un sentimiento de prejuicio general, no es humano esperar que todos los jurados que surgen del seno de esa comunidad puedan sustraerse a las influencias del medio ambiente. No es probable, aunque sí posible, que estas influencias alcancen también al juez, pero en este caso ha-bría que individualizar la alegación, dirigiéndola contra dicho funcionario, ya que no cabe comprenderla dentro de una ale-gación de prejuicio general.. No están exentos los jueces de prejuicios y pasiones. La naturaleza humana no ha llegado a xui grado tal de perfección que justifique que en ella se de-posite nna confianza ilimitada. De allí las leyes qne prote-gen a las partes en nn litigio contra la parcialidad y prejuicio de un juez.

La Legislatura Insular, sabiendo que en Puerto Rico no bay juicios por jurado en casos civiles, aprobó el apartado segundo del artículo 83 de la ley procesal. Esta disposición, que se aplica generalmente en los estados de la Unión a la parcialidad o prejuicio de los habitantes de un distrito con derecho a ejercer las funciones de jurados, tiene necesaria-mente que aplicarse en Puerto Rico a la parcialidad y pre-juicio de las personas que han de actuar como jueces, porque aquí no hay juicios por jurado en casos civiles. Cuando se incorporó esta disposición en nuestro código, fué indudable-mente con el propósito de que pudiese de algún modo hacerse efectiva. No cabe pensar que el legislador aprobara viciosa-mente un precepto que, si se descarta a los jueces, no tendría prácticamente aplicación.

Al artículo que venimos comentando tiene sus equivalen-tes en los códigos de California, Idaho y Montana. Lo mismo' ocurre con el artículo 23 en la forma en que fué originalmente aprobado. Las cortes de California y Montana resolvieron que de acuerdo con la legislación entonces en vigor el prejui-cio y la parcialidad no incapacitaban al juez para actuar en un caso determinado. La Corte Suprema de Montana, en el caso In re Davis Estate (Mont.) 27 Pac. 346, resolvió que el estatuto en dicho estado no autorizaba específicamente el traslado del pleito por razones de prejuicio o parcialidad de parte del juez. Después de esta decisión se hizo sentir en Montana la necesidad de legislar sobre la materia; y en efecto se legisló en el sentido de autorizar el traslado del pleito por razones de parcialidad o prejuicio del juez. Lo mismo ocu-rrió en California, donde en vista del criterio sostenido por la Corte Suprema de dicho estado, se adoptó la disposición que hoy forma parte del artículo 170 del Código de Enjui-ciamiento Civil anteriormente citado.

Refiriéndose a la opinión emitida por la corte de Montana en el caso In re Davis Estate, supra, dice la Corte Suprema de Idaho en el caso de Day v. Day, 86 Pac. 532:

“El criterio mantenido por la corte de Montana de que no podía decretarse el traslado por razones de prejuicio o parcialidad fué causa de que la misma corte usara el siguiente justo y vigoroso lenguaje al decidir el celebrado caso de Finlen v. Heinze, 73 Pac. 123: ‘Nin-guna sentencia de una corte de’justicia tan viciada de corrupción como revelan los autos en este caso debe prevalecer, y su cancelación en estos momentos pondrá de relieve la determinación de esta corte de utilizar basta donde sea posible su autoridad legal y constitucional, con el fin de que la confianza pública en nuestro sistema judicial no pueda ser quebrantada y que la fuente de la justicia se conserve pura.’ Los autores de nuestra Constitución protegieron con cuidado especial nuestro sistema judicial y trataron de colocarlo sobre toda sospecha de deshonestidad, parcialidad o prejuicio, de modo que la confianza pública no fuese quebrantada, y dispusieron que la justi-cia debía ser administrada sin prejuicio. En muchos de los casos ci-tados las cortes han lamentado claramente que el prejuicio y la par-cialidad de un juez no fueran declarados por el estatuto motivo de un traslado, y desaprobaron en lenguaje vigoroso el argumento de que un juez desviado por parcialidad y prejuicio personal era im-potente para perjudicar a su enemigo o prestar ayuda a su amigo, por el hecho de que cualquier error que cometiese podía ser corregido en apelación. En In re Davis Estate, supra, la corte dijo: ‘Nos-otros desaprobamos toda sugestión y alegación de que un juez influido por parcialidad y prejuicio es imponiente para perjudicar a su enemigo o prestar ayuda a su amigo, por el hecho de que sus errores pueden ser corregidos en apelación por un tribunal superior. Existen presun-ciones en favor de sus resoluciones que no pueden ser ignoradas y él puede dictar órdenes que no pueden ser alteradas a menos que haya habido un abuso craso de su discreción.’ Y copia en esta decisión, de Williams v. Robinson, 6 Cush. (Mass.) 333, lo que sigue: ‘La parcialidad o ex prejuicio consciente en favor de una de las partes o contra la otra, causado por oír una manifestación ex parte de los hechos del caso, constituye inhabilidad o incapacidad para juzgar el caso dentro del justo significado de los estatutos. . . No fué nece-sario que el estatuto enumerara todos los motivos de incapacidad. Las reglas del derecho común y los principios de la justicia natural deben aplicarse en la interpretación de estos estatutos.’
“Aunque la historia judicial de California y Montana demuestra que el prejuicio y la parcialidad de un juez no constituyeron en el pasado base para un traslado, sin embargo se reconoce hoy por dichos estados que debió existir este fundamento, y que el mismo conduce a una honrada y propia administración de la justicia.”

En este caso de Day v. Day, supra, resuelto por la Corte Suprema de Idaho, se solicitó el traslado del juicio basado en el perjuicio y la parcialidad del juez. El artículo 83 de nuestro código equivale al 4125 del Código de Enjuiciamiento Civil de Idaho y el 23 al artículo 3900 de los estatutos revi-sados de dicho estado, 1877. Interpretando estas disposicio-nes en armonía con un precepto de la constitución del estado, dice la corte:

“Dicha sección 18 del artículo primero de la Constitución dispone que el derecho y la justicia se administrarán sin venalidad, nega-ción, dilación o prejuicio. Las cortes administran justicia en este estado, y si aparece que el. juez tiene prejuicio contra alguna de las partes, no es de suponerse que pueda administrar justicia. Bajo las disposiciones del artículo 4125 del Código de Enjuiciamiento Civil (83 de nuestro código) el juez puede, en virtud de moción, cambiar el lugar del juicio cuando por cualquier causa esté incapacitado para actuar, y tal disposición de la Constitución incapacita a un juez cuando tiene prejuicios en el caso, porque no puede mantenerse que un juez que tiene prejuicio o parcialidad en un caso ante él pueda administrar justicia sin perjuicio. Descartando las mencionadas dis-posiciones de la Constitución, los principios ordinarios del derecho y la justicia prohíben a un juez y lo incapacitan para juzgar un caso en el cual tiene prejuicio en favor o en contra de una de las partes. Esta disposición de la Constitución no puede ser ignorada diciendo que es una simple máxima de la ley y que no significa nada. Este principio es una de las piedras fundamentales de nuestro sistema judicial y de la jurisprudencia y no puede ser removido sin socavar por completo el sistema.”

En el caso de Illinois Western Electric Co. v. Town of Cicero, 118 N.E. 733, la corte se expresó así:

“Es hoy un principio de derecho universalmente reconocido que ninguna persona debe sentarse como juez en su propio caso o en un caso en que esté materialmente interesada, o en que la parcialidad o el prejuicio sea motivo de incipacidad para que un juez actúe en una causa. Aun en aquellos estados en que el prejuicio no consti-tuye un motivo de incapacidad, cuando se formula el cargo y los hechos alegados indican la existencia de prejuicio, la corte cuidadosa-mente examinará los autos para asegurarse de que no se ha cometido ninguna injusticia. 23 Cyc. 583. Los estatutos de este carácter tie-nen el propósito de otorgar a cada litigante un juicio imparcial y justo ante un juez desinteresado. El espíritu de nuestras leyes de-manda que cada caso sea justa e imparcialmente juzgado, y ningún juez debe pensar en presidir en la vista de un caso en el cual su buena fe está tan seriamente cuestionada como lo demuestran los autos en este caso.”

Es importante tener en cuenta que el inciso cuarto del ar-tículo 83 autoriza el traslado cuando por cualquier motivo el juez estuviese incapacitado para actuar en el sunto. A nues-tro juicio el prejuicio y la parcialidad incapacitan al juez para ejercer la delicada función de juzgador. La corte de Idaho vigoriza y fundamenta su opinión en Day v. Day, supra, interpretando un precepto constitucional, según el cual la jus-ticia debe administrarse sin prejuicio, y añade:

“Descartando las mencionadas disposiciones de la Constitución, los principios ordinarios del derecho y la justicia prohíben a un juez y lo incapacitan para juzgar un caso en el cual tiene prejuicio en favor o en contra ele una de las partes.”

Nosotros, que no tenemos un precepto constitucional que requiera expresamente que la justicia se administre sin pre-juicio, sostenemos que es éste un principio tan necesario para la administración de justicia, que no puede prescindirse de él sin menoscabo de la propia justicia que los tribunales tie-nen el deber ineludible de proteger. El apartado segundo del artículo 83 no respondería a ningún fin práctico, si no se aplicase a los jueces. Este apartado debe interpretarse en relación con el apartado cuarto, que autoriza el traslado cuando el juez estuviese incapacitado por cualquier motiva para entender en el asunto.

Examinemos añora las razones que aduce el deman-dante para solicitar el traslado del caso. Estas razones apa-recen descritas en la moción jurada que autoriza el propia demandante. Además se acompaña una declaración jurada ante el Secretario de la Corte de Distrito de Humacao que dice así:

. Que la vista de este juicio está señalada para el día 22 de este mes y el declarante no cuenta con más testigos para probar su causa de acción que los testigos que declararon en el caso criminal por POSTAR ARMAS contra Juan' García Cintrón, el demandado, cuyos testigos fueron las únicas personas que presenciaron los becbos ocu-rridos en la nocbe del 25 de julio de 1929, cuyos becbos dieron lugar a la causa de acción del demandante en este procedimiento; y como el Sr. Juez de esta Corte, Ledo. Rafael Arjona Siaca, fué el Juez que absolvió al acusado en el caso de portar armas, Juan García Cin-trón, es indudable que la causa de acción en el presente procedimiento fracasaría completamente no habiendo más testigos que los que decla-raron en el caso criminal contra Juan García Cintrón por portar armas.
“. . . que el Ledo. Rafael Arjona Siaca, Juez de la Corte de Distrito de Humacao y el declarante son enemigos personales por razones de público conocimiento, a saber:
“(a) El declarante formuló personalmente cargos contra el Ledo. Arjona Siaca, ante el Departamento de Justicia, para impedir que el Ledo. Arjona Siaca fuese recomendado al Senado de P. R. para Juez de Distinto de Iíumaeao. Como la naturaleza de dichos cargos afectaba directamente al prestigio personal del Ledo. Arjona Siaca, ellos constituyen el primer motivo de la alegada enemistad personal.
“ (b) El declarante publicó e hizo circular por Humacao y la isla de Puerto Rico una hoja suelta atacando la integridad personal del Ledo. Arjona Siaca, lo que, indudablemente, constituye también motivo de enemistad personal.
“ (o) El Ledo. Arjona Siaca presentó querella ante la Corte Municipal de Humacao contra el declarante, Sergio S. Peña, el día 18 de junio próximo pasado, en la cual solicitaba el que se pusiera bajo caución juratoria al declarante, bajo la alegación de que el decla-rante lo había amenazado de muerte aquella noche; como resultado de dicha querella el declarante fué declarado culpable por la Corte Municipal y condenado a seis meses de cárcel si no prestaba fianza por $800.
“ (d) El declarante fué denunciado en la Corte de Distrito de Humacao por el delito de portar armas el día 19 de junio pasado, de cuyo procedimiento se inhibió el Juez Sr. Arjona Siaca, pero a pesar de haberse inhibido entendió en el señalamiento del caso de-mostrando prejuicio y animosidad en contra del declarante, pues a pesar de ser reciente la imputación del hecho denunciado, el Juez Sr. Arjona, festinadaroente, señaló el caso para ser celebrado cuatro días después de presentarse y leérsele la acusación al declarante, haciendo de este señalamiento un caso excepcional toda vez que en la Secreta-ría y en la Fiscalía de esta Corte existen sendos procesos por felonies y misdemeanors sin celebrar y sin que se haya demostrado empeño en celebrarse.”

El primer fundamento aducido por el demandante no debe ser tomado en consideración. El hecho de que el Sr. Eafael Arjona Siaca fuese el juez que absolvió al demandado Juan (Jarcia Cintrón por el delito de portar armas no lo incapa-cita para actuar como juez en la acción civil promovida por el Sr. Peña. En cuanto a los demás fundamentos, entende-mos que deben ser cuidadosamente examinados, ya que no han sido contradichos, para ver si los mismos son suficientes para autorizar la concesión del traslado que se solicita. Se alega que el demandante y el juez son enemigos irreconcilia-bles, que el primero formuló cargos contra el segundo para evitar que fuese confirmado por el Senado, que además pu-blicó e hizo circular una hoja suelta atacando la integridad personal del juez, y que éste presentó querella ante la Corte Municipal de Humacao contra Sergio S. Peña, para que se le pusiese bajo caución, alegando que el mismo le había ame-nazado de muerte. El’demandante confiesa ser enemigo personal del juez y alega que éste ha demostrado prejuicio y ani-mosidad contra él.

En el caso de Bassford v. Earl, 121 Pac. 396, resuelto por la Corte Suprema de California, se solicitó la inhibición del juez de acuerdo con el último apartado del artículo 170 del Código de Enjuiciamiento Civil de California. Aunque en este caso se trata de inhibición y no de traslado, ilustramos esta opinión con dicha cita porque el principio envuelto es el mismo : parcialidad y prejuicio de parte del juez. Alegó en dicho caso el demandante que el juez era candidato para ser nominado para un cargo judicial en una convención re-publicana, que el demandante era un delegado a la conven-ción, que el juez solicitó su apoyo y que el demandante y otros miembros de la delegación del condado se negaron a acceder y que en virtud de esta actitud el juez no obtuvo la nomina-ción, viéndose obligado a retirarse a la vida privada; que más tarde el juez procuró ser nominado para el cargo de juez de la Corte Superior del condado de Solano y solicitó nuevamente su apoyo, que el demandante negó, contribuyendo de este modo a la derrota del juez; por último alegó que no podía obtener un juicio imparcial y justo por razón del pre-juicio y la parcialidad de dicbo juez contra él. Sobre estos hechos, que constituyen la base fundamental de la moción de traslado, la corte de California se expresó en los siguientes términos :

“Pero, fuera ele estas consideraciones, es claro que' el deman-dante tenía un sentimiento de hostilidad hacia el juez, cuyos funda-mentos, conforme se dice má.s arriba, son aparentes. Se ha demos-trado que éste se hallaba en posición de obstaculizar las aspiraciones judiciales del juez, negó la petición háchale por el juez para que le endosara, y coadyuvó en destruir sus aspiraciones, teniendo ello por resultado que el juez fracasara dos veces en su nominación y fuese relegado a la vida privada. Todo esto constituye una demostración prima facie suficiente para que el juez tuviera cierta animosi-dad, y no puede decirse que carezca de significación el hecho de que no hubiera tal demostración de animosidad. Pues en respuesta a la solicitud y a la declaración jurada del demandante, la única prueba está contenida en la declaración jurada del Sr. Charles S. Wheeler, uno de los letrados de los demandados, quien alegando primeramente falta de suficiente información y creencia que permitiera al depo-nente hacer cualquier aseveración relativa a la conducta del deman-dante y del juez con referencia a ]as nominaciones judiciales, continúa en la siguiente forma: ‘Que el deponente, sin embargo, declara y dice, por información y creencia, que si tuvieron lugar los hechos re-lacionados con la candidatura del aludido Hon. A. J. Buckles para los cargos arriba nombrados y con las conversaciones, súplicas y ac-tuaciones de dicho H. A. Bassford para con dicho juez o hacia él, meiicionadas en la declaración jurada del ameritado EL A. Bassford, no obstante los mismos en forma alguna redundarán en perjuicio de EL A. Bassford ni producirán los mismos pasión o prejuicio en el juez A. J. Buckles, ni lo incapacitarán en forma alguna para que conozca de los procedimientos en esta causa, y el declarante hace constar, por información y creencia, que el ameritado H. A. Bass-ford puede gozar de un juicio justo e impareial en todos los proce-dimientos en este litigio ante el Hon. A J. Buckles y que dicho Hon. A. J. Buckles no está incapacitado para actuar en esta causa por razón de prejuicio o pasión contra el citado Bassford o por alguna otra causa de la índole que fuere.’ Según la naturaleza de las cosas es imposible para un deponente que ocupe la posición del Sr. Wheeler declarar que estos hechos ‘en forma alguna redundarán en perjuicio de H. A. Bassford ni producirán los mismos pasión o prejuicio en el Juez A. J. Buckles. ’ Si tales manifestaciones eran necesarias en res-puesta a la declaración jurada de Bassford, y no solamente creemos que lo eran sino que de la declaración jurada del Sr. Wheeler pare-cen haber sido así consideradas por los querellados en dicha moción, la persona que con mente alerta podía hacer tal declaración era el mismo juez, y no lo hizo. Se desprende que con vista de la prueba presentada incumbía a la corte haber declarado con lugar la moción del apelante y por ende se revoca la resolución declarando sin lugar dicha moción.”

En el caso de Morehouse v. Morehouse, 68 Pac. 976, la Corte Suprema de California se expresó en los siguientes términos:

‘‘Otro punto suscitado en favor del apelante es el supuesto error de la corte al declarar sin lugar la moción solicitando se designara a otro juez para que conociera del juicio, y creemos que esta conten-ción debe igualmente ser sostenida. Los hechos alegados en la decla-ración jurada del demandado no son negados en las eontradeclara-ciones, y de conformidad con la disposición expresa del estatuto, tampoco pueden ser consideradas las manifestaciones no juradas he-chas por el juez al determinar la cuestión envuelta. Código de En-juiciamiento Civil, artículo 170, inciso 4°; People v. Compton, 123 Cal. 414, 56 Pac. 44. Por consiguiente, la resolución de la corte puede ser sostenida solamente fundada en la insuficiencia de la de-claración jurada del demandado y creemos que ésta no era insufi-ciente. Se alega en la declaración jurada que ‘con anterioridad a la fecha en que se inició el litigio el deponente y el aludido Oval Pirky, juez, etc., tuvieron una riña, disputa y controversia personal, en la cual desempeñó papel muy importante el sentimiento personal y el odio, que se convirtió y fue una lucha movida por el arre-bato de cólera de ambas partes, y el deponente y dicho Oval Pirky se separaron, en forma y modo bruscos, y ese sentimiento de enemistad aún existe de parte del ameritado Oval Pirky contra el demandado y para con él; y el declarante cree, sin embargo, y asegura que los hechos son, que con motivo del sentimiento así engendrado, el ante-dicho juez tiene prejuicio y pasión contra el demandado y contra su caso a tal extremo que este demandado no podría tener un juicio imparcial ante el citado juez.’ Podría admitirse, según sostiene el letrado del querellado, qu.e del mero becbo de que tuviera lugar la supuesta riña, no puede .concluyente o aun probablemente inferirse que el juez no podría conocer impareialmente del caso del deman-dado; y nos place, creer que con la mayoría de los jueces tal infe-rencia carecería de fundamento. Mas aquí tenemos la alegación directa de que existe prejuicio y pasión por parte del juez, y, aunque la alegación se basa — al igual que en la mayoría de los casos debe basarse — meramente en la creencia del declarante, sin embargo, ella viene acompañada de una relación de los hechos en que se funda tal creencia, tan completa como la naturaleza del caso lo admite; y esto era cuanto razonablemente podía exigirse. La corte debió en su con-secuencia haber declarado con lugar la moción.”

El demandante no oculta su animosidad contra el juez. El mismo Sr. Arjona Siaca solicitó que el Sr. Peña fuese puesto bajo caución por haberle amenazado con darle muerte. En estas condiciones no parece razonable que el Sr. Arjona Siaca actúe como juez en este caso, aun cuando, como supo-nemos, esté dispuesto a proceder de una manera justa e im-parcial. Así lo revela el Sr. Arjona en las siguientes pala-bras que copiamos de su resolución negando la moción de traslado:

“Y agrega el Juez que suscribe: el ejercicio que de sus derechos civiles haga el mismo personalmente en su vida ciudadana, de nin-guna manera ha de intervenir con su funcionamiento oficial. Por encima de todas las dolorosas alternativas que le confronten en su vida personal, jamás permitirá que un solo átomo de prejuicio pueda perturbar la justicia de su fallo. En la balanza de su vida, ningún ataque de que se le pueda hacer objeto puede elevar el platillo del perdón absoluto y completo, que tiene en su existencia para toda per-versidad y para toda irreflexión. Ni podrá tampoco obscurecer el concepto que tiene de su excepcional responsabilidad en la eminente labor de hacer justicia.”

Estas palabras nobles y elevadas enaltecen y honran al funcionario que las suscribe. Su conciencia se siente capaz de ser justa basta con sus propios enemigos. Sin embargo, por más que su conciencia permanezca inalterable y serena, a pesar de los becbos relatados por el demandante, si estos becbos son bastantes para demostrar prima facie la pro-cedencia y conveniencia de un cambio de juez, el traslado debe decretarse. Arguye el demandado que de la moción del demandante lo único que aparece es que el Sr. Peña es ene-migo del juez de la Corte de Distrito, pero no que el juez lo sea de él, que es lo que exige el Código de Enjuiciamiento Civil. En su moción y en la declaración que la acompaña Sergio S. Peña manifiesta bajo juramento que entre él y el juez existe una enemistad personal de carácter irreconciliable y que dicbo juez ba demostrado prejuicio y animosidad en contra de él, exponiendo los becbos que a su juicio demuestran este pre-juicio y animosidad. No obra en autos testimonio alguno bajo juramento negando estas manifestaciones. Basta leer las alegaciones juradas del demandante para llegar a la con-cusión de que el juez Sr. Arjona no debe actuar en esta causa y de que debe ordenarse el traslado de la misma.

Debe revocarse la resolución apelada y devolverse el caso a la corte inferior para procedimientos ulteriores no incompatibles con los términos de esta opinión.

opimón concuREBute del

juez asociado se. wole

Si bien en este caso no he dejado de tener dudas, final-mente be convenido con la mayoría en que debe revocarse la orden anelada. Difiero muy poco del razonamiento de la opinión ele la mayoría, pero mi idea es, y la jurisprudencia citada tiende a demostrar, que debe ordenarse el traslado en un caso en que bajo las circunstancias podría esperarse que surja prejuicio en el juzgador, ya sea éste un juez o un ju-rado. Cuando se presenta moción solicitando tal traslado, el juez puede preguntarse a sí mismo si el foro o el público no pudieran imaginarse, según lo expresa el artículo 83 del Código de Enjuiciamiento Civil, que bay “motivo para creer que un juicio imparcial no puede celebrarse allí.” El juez mismo podría estar seguro, como lo estuvo el juez Arjona Siaca, de que no babría en él predisposición alguna, y sin embargo, la consecuencia de ese becbo podría ser diferente para un juez ordinario. En otras palabras, cuando bay graves motivos para tener alguna sospecha germina en el sentido de que no se celebrará un juicio imparcial, la cues-tión para el juez no es su actitud personal sino toda la si-tuación. Viene a ser una cuestión abstracta. Bajo las cir-cunstancias, según ban sido reseñadas en la opinión de la mayoría, en el juicio podría suceder algo que provoque hos-tilidad aun en el juez más desinteresado. Así, pues, según hemos indicado, de acuerdo con el código había motivos para creer que no podía celebrarse un juicio imparcial.

Uno podría basta sugerir que si un juez se inclinara, a la inversa, a fallar a favor de una persona que se ha decla-rado su enemigo, tampoco babría un juicio imparcial.


author: El Juez Asociado Señoe Cóedova Dávila,

text:
    Cándido Noriega González, demandante y apelado, v. Isaac Román y su esposa Paula Ruiz, demandados y apelantes.
    No. 6009.

    Sometido: Mayo 5, 1933.

      Resuelto: Mayo 10, 1933.

      L. Tormes Carda, abogado de los apelantes; B. Atiles Moren, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señoe Cóedova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Es ésta una acción en cobro de dinero, basada en un pa-garé por la suma de $682.02 que venció el 31 de diciembre de 1928. Este pagaré está suscrito por el demandado Isaac Ro-mán a favor de E. Ramos & Co., S. en C., quien lo recibió y endosó al demandante Cándido Noriega González.

La corte inferior apreció la prueba y declaró con lugar la demanda. Se alega por los apelantes que la corte inferior “cometió error al permitir como permitió que el testigo único del demandante declarara sobre un becbo que no le cons-taba de conocimiento personal.” No se expresa en este seña-lamiento el becbo sobre el cual declaró el testigo. La impu-tación de este supuesto error es demasiado vaga y no aparece debidamente aclarada por el alegato del apelante. Según re-sulta de los autos, el abogado del apelante se opuso a que el testigo Joaquín García Rodríguez hablara de un endoso que se bizo en el pagaré.

Manifestó el testigo que Eulogio Ramos, de la firma E. Ramos & Compañía, endosó el pagaré al demandante Cán-dido Noriega, firmando dicbo pagaré en su presencia. Cla-ramente se ve que el testigo declaró sobre becbos que le cons-taban de propio conocimiento. Durante la vista, en un inci-dente suscitado por el apelante, la corte bizo constar, ajus-tándose a la verdad, que el becbo segundo de la demanda babía sido admitido. La alegación del apelante de que este cono-cimiento del juez le ocasionó perjuicios no merece ser seria-mente considerada.

Se alega en segundo término que la corte a quo come-tió error al no permitir que el demandante probara el extremo de la prórroga que se le babía concedido para pagar el im-porte de la obligación que se le reclamaba.

La vista de este caso se celebró en 14 de mayo de 1931. Aparece de los autos que en esta fecba el demandado declaró que bacía como un año que bizo el pagaré para pagarlo poco a poco, y que dicbo pagaré se firmó con dos años de retraso. El abogado del demandante se opuso a esta manifestación. La corte sostuvo sn objeción, pero la contestación permane-ció en el récord, porque no se pidió sii eliminación. Lnego, a preguntas de sn abogado, el demandado declaró, sin oposi-ción, qne Eulogio Eamos le dijo qne le firmara el pagaré y qne se lo pagara poco a poco, y qne el testigo le contestó: “Yo lo mismo le pago a cualquier bora.” También el de-mandado, a preguntas de sn abogado, contestó qne el pagaré se hizo en el mes de agosto, en el año del ciclón de “San Felipe”, en 1928, qne es la fecba qne lleva el documento. Este es el único asomo de prueba qne según el abogado del deman-dado tiende a demostrar la prórroga. Del testimonio del pro-pio demandado resulta qne éste se entendió con Eulogio Ramos, miembro de la firma E. Ramos & Compañía, y no con el demandante Cándido Noriega, tenedor y dueño de este docu-mento pagadero a la orden, que fia sido debidamente endo-sado a su favor. La corte inferior apreció la prueba y de-claró con lugar la demanda.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Pbesidente Señob Del Tobo,

text:
    Benigna Pérez Graciani y su esposo Angel M. Irizarry, demandantes y apelados, v. Ana María Manescau y Conde, demandada y apelante.
    No. 6286.

    Sometido: Mayo 8, 1933.

      Resuelto: Mayo 10, 1933.

      B. Atiles Moréu, abogado de la apelante; C. Olivieri, abogado de los apelados.
   El Juez Pbesidente Señob Del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Este pleito se inició en la Corte de Distrito de Ponce en febrero de 1932. La demandada presentó primero nna mo-ción eliminatoria y lnego nna excepción previa qne fueron de-claradas sin lugar. Contestó entonces aceptando que debía la suma de $600 qne se le reclamaba, pero alegando qne la deuda había prescrito. Aceptó también qne se comprometió a pagar la otra suma de $444.18 qne se le reclamaba, pero alegó que aún no estaba vencida la deuda. Alegó además qne no debía los intereses qne se le exigían, y otra vez, en forma de defensa especial, la prescripción de la deuda de $600.

Ene el pleito a juicio y la corte lo falló en contra de la demandada. De su relación del caso y opinión parece opor-tuno transcribir lo qne sigue:

“La vista del caso se celebró ante esta Corte de Distrito, previo señalamiento en el calendario general de asuntos civiles, el día 7 de octubre de 1932; habiendo comparecido a dicho acto los demandan-tes y demandada por medio de sus respectivos abogados, señores Ci-priano Olivieri y Rafael Atiles Moréu.
“Los demandantes presentaron evidencia testifical y documental, que fue admitida. La demandada no presentó evidencia de clase alguna.
“La Corte, como resultado de las admisiones hechas en la con-testación de la demandada y de la evidencia introducida por la parte demandante, la cual no fue contradicha, declara probados satisfacto-riamente todos y cada uno de los hechos alegados en la demanda.
“Por todo lo anteriormente expuesto y visto el artículo 1058 del Código Civil (Compilación del Año 1911), la Corte es de opinión que debe dictarse una sentencia declarando que la ley y los hechos en este caso están a favor de los demandantes Benigna Pérez Graciany y su esposo Angel M. Irizarry, y en contra de la demandada Ana María Manescau Conde, y que debe declararse con lugar en todas sus partes la demanda y, consecuentemente, condenar a la demandada a pagar a los demandantes la suma total reclamada de un mil doscientos once dólaRes con veintidós centavos, ($1,211.22-), más intereses de dicha suma, que correspondan, desde la interposición de la demanda de este caso hasta su completo pago; con más las costas y desembolsos de este pleito y honorarios de abogado de los demandantes.”

No conforme la demandada apeló. La transcripción quedó radicada en esta corte en febrero 18, 1933 y tres días más tarde el alegato de la apelante. En marzo 2 radicaron el snyo los apelados.

Así las cosas, los apelados presentaron en mayo 1? actnal nna moción para que la apelación se desestime por frívola. La apelante se opnso por escrito. La vista de la moción se celebró el 8 de mayo sin asistencia de las partes.

Sólo dos errores contiene el alegato de la apelante, a saber, qne la corte de distrito erró al condenarla a pagar $1,211.22 más intereses de dicha suma basta sn completo pago, y tam-bién erró al imponerle las costas.

Discutiendo el primer error expresamente consigna la ape-lante que está conforme con la deuda de $1,211.22. Con lo que no lo está es con que se le condene a pagar intereses al uno por ciento sobre toda la suma basta su completo pago. Sostiene que el pronunciamiento de la sentencia debió ser como sigue :

“(a) Se condena a la demandada a pagar la suma de $600 más intereses sobre dicha suma desde la interposición de la demanda hasta su completo pago al 1 por ciento mensual.
“ (5) Se condena a la demandada a pagar la suma de $444.18 más intereses sobre dicha suma desde la interposición de la demanda hasta el 30 de sept. 1932, al 1 por ciento mensual.
“ (c) Se condena a la demandada a pagar la suma de $96.00 de intereses sobre $600, más intereses al 6 por ciento anual sobre dichos $96, desde la interposición de la demanda hasta su completo pago.
(el) Se condena a la demandada a pagar la suma de $71.04 de intereses sobre .$444.18, más intereses al 6 por ciento anual sobre dichos $71.04, desde la interposición de la demanda hasta su completo pago.”

Y es no sólo basándose en las constancias de los autos si que también en el propio alegato de la parte apelante, que la parte apelada sostiene que el recurso es frívolo.

' No bay duda de la verdad de la reclamación y de la jus-ticia de la sentencia en cuanto al principal de las deudas re-clamadas y ordenadas pagar. Veamos lo que resulta en cuanto a los intereses. La sentencia condenó a la demandada a pagar “los que correspondan” y la parte apelada sostiene que den-tro de ese pronunciamiento general está comprendido el espe-cífico a que se refiere la apelante en su alegato.

Siendo ello así, admitiendo como admite expresamente en su alegato la parte apelada que la sentencia debe interpre-tarse y significa en cuanto al pago de los intereses lo que alega la parte apelante, no hay cuestión, y no debe dilatarse por más tiempo la tramitación de este recurso.

Resta sólo la consideración del otro error. No existe fun-damento alguno para concluir que la Corte sentenciadora hizo mal uso de su discreción al imponer las costas. Si la parte apelante hubiera adoptado en la Corte a quo la actitud que ha adoptado en la de apelación y hubiera propuesto que se dictara una sentencia en la forma que ahora admite como justa, claro es que no se le hubieran impuesto las costas del litigio. Pero ella presentó mociones y excepciones, y con-testó alegando la prescripción de uno de los créditos que se le reclamaban y el no vencimiento del otro. Todo sin razón. Nada más justo que pague las costas que con su defensa te-meraria causara a su acreedor.

Con la aclaración hecha en cuanto a los intereses, re-sulta en verdad enteramente frívolo el recurso y debe ser en tal virtud desestimado.


author: El Juez Asociado Señor HutohisoN,

text:
    Segunda Serrano Vda. de Pérez, demandante y apelante v. Francisco Brignoni, demandado y apelado.
    No. 5845.

    Sometido: Junio 23, 1932.

      Resuelto: Mayo 10, 1933.

      Campos & Romero, abogados de la apelante; O. M. Wood, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor HutohisoN,

emitió la opinión del tribunal.

Segunda Serrano, una viuda, incoó el presente litigio ante una corte municipal contra Francisco Brignoni para recobrar el saldo adeudádole a cuenta de unas mercaderías. La con-testación fue una negación general. La demandante obtuvo sentencia en la corte municipal, mas la corte de distrito, des-pués de un juicio ele novo, declaró sin lugar la demanda.

Según la prueba de la demandante, Brignoni y su esposa -ostensible, Ana Mendoza, abrieron una cuenta en 1925 ó 1926 con el dueño de xui pequeño colmado. Segunda Serrano era en aquella época la esposa del pulpero. En ocasiones ella ayudaba a los dependientes a despachar a los parroquianos. A la muerte del pulpero, la viuda se convirtió en dueña del ne-gocio, que parece haberse continuado por algún timpo des-pués, principalmente por los dependientes. Uno de éstos lle-vaba los libros. El juez de distrito dió algún énfasis al hecho de que la cuenta originalmente se había llevado a nombre de Ana Mendoza y de que un duplicado a nombre de Brignoni tenía trazas de haber sido hecho recientemente. La declara-ción del dependiente respecto a estas dos cuentas dejó poco lugar a dudas de que la cuenta se había abierto y llevado hasta la fecha en que se efectuó el último asiento a nombre de Ana Mendoza y que el duplicado a nombre de Brignoni fue algo que se les ocurrió posteriormente. De ello no se des-prende que por tal motivo Brignoni quedara relevado de toda responsabilidad.

La prueba de la defensa tendió a demostrar que Brignoni no era el esposo de Ana Mendoza, aunque había vivido con ella en abierto concubinato por muchos años y era padre de los diez hijos de ella. El juez de distrito resolvió que si bien' Brignoni era responsable moralmente, no lo era legalmente, de las provisiones vendidas de buena fe a sn esposa putativa, toda vez que a falta de la celebración del matrimonio no exis-tía sociedad de gananciales.

Aparte de cualquier cuestión de sociedad de gananciales, un hombre que cohabita con una mujer y la hace pasar ante la comunidad como su esposa, es responsable de los alimentos suministrados a ella de buena fe por los comerciantes, espe-cialmente si él, por inferencia o en alguna otra forma, ha autorizado que se le conceda crédito a ella o ha ratificado en alguna forma tal extensión de crédito. En acción en cobro de la suma adeudada por concepto de .alimentos así vendidos y entregados, él está impedido de negar que la mujer es su es-posa. Si Brignoni autorizó o no expresamente que se abriera la cuenta, no es un punto decisivo. Se trataba de una cuenta que se extendió por un número de años. Brignoni debió haber tenido conocimiento de su existencia debido a las relaciones que hubo de tener con el suministro de alimentos para él y su esposa y familia de facto. No se debe permitir que él eluda responsabilidad por alimentos suministrados bajo las circuns-tancias del presente caso, escudándose tras el hecho de que él y su concubina nunca se habían casado legalmente. Véanse Schouler, “Marriage, Divorce, Separation and Domestic Relations,” Tomo I, pág. 111; 30 C. J. 594, sec. 128, Redferns Limited v. Inwood et al., Ann. Cas. 1913 D. 1061, y nota.

La sentencia apelada debe ser revocada y en su lugar esta corte dictará sentencia en favor de la demandante.