text:
      In re Carlos Ortiz Morales y Ernesto Maldonado Pérez, querellados.

      Número: CP-2000-9

      Resuelto: 8 de noviembre de 2005

      Gustavo A. Gelpí, procurador general, Cynthia Iglesias Qui-ñones, procuradora general auxiliar, y Rosa N. Russé Gar-cía, subprocuradora general, querellantes; Luis Sánchez Betances y Fernando E. Agrait, abogados de Carlos Ortiz Morales, querellado; Ernesto Maldonado, abogado quere-llado, por derecho propio; Enrique Rivera Santana, comi-sionado especial.
   per curiam:

El Lie. Carlos Ortiz Morales fue admitido al ejercicio de la profesión de abogado en mayo de 1975. El Lie. Ernesto Maldonado Pérez fue autorizado a ejercer la abogacía en septiembre de 1963. Este último al presente no ejerce la profesión de abogado en Puerto Rico.

Alrededor de 1975, la comunidad del Bo. Ingenio del municipio de Yabucoa organizó un Comité Pro Conserva-ción del Medio Ambiente de la Comunidad Ingenio de Ya-bucoa (Comité). Desde sus comienzos y hasta 1987, el refe-rido Comité estuvo presidido por el Sr. José Ortiz Nieves y tenía, entre sus asuntos, uno relacionado con un problema de contaminación ambiental alegadamente causado por las operaciones, en ese sector, de la empresa Union Carbide.

En octubre y noviembre de 1978 se presentó una de-manda sobre daños y perjuicios ante el Tribunal de Pri-mera Instancia, Sala Superior de Humacao, por 756 perso-nas residentes del Bo. Ingenio del municipio de Yabucoa, contra la empresa Union Carbide. Los demandantes alega-ron que la contaminación ambiental provocada por la parte demandada en el área del municipio de Humacao les había afectado seriamente su salud. Los demandantes contrata-ron, por gestiones del Sr. José Ortiz Nieves, los servicios profesionales de los dos querellados, el Lie. Carlos Ortiz Morales y el Lie. Ernesto Maldonado Pérez —miembros del bufete de abogados Maldonado-Ortiz, cuyas oficinas esta-ban localizadas en San Juan, Puerto Rico— para incoar y tramitar la acción. Fueron seleccionados ambos abogados porque habían litigado, con éxito, un pleito de contamina-ción ambiental con mercurio, causado por las operaciones de Beckton Dickinson en el municipio de Juncos. Desde el comienzo del pleito, las gestiones profesionales de ambos abogados en favor de la comunidad se coordinaban con el señor Ortiz Nieves, presidente del Comité.

Ambos abogados se movilizaron de inmediato. Hicieron visitas semanales a la comunidad, reuniéndose con miem-bros de ésta. Se reunieron en múltiples ocasiones en la residencia del señor Ortiz Nieves y en la oficina de los abogados.

El licenciado Maldonado Pérez inicialmente participó de forma activa en la tramitación del caso y en los aspectos procesales de descubrimiento de prueba. Durante el pe-riodo del 1979 al 1982 visitó en repetidas ocasiones la co-munidad donde residían los demandantes para poder obte-ner contestaciones a los interrogatorios y para acordar las fechas de la toma de deposiciones. Dichas reuniones se rea-lizaron en la casa del Sr. José Ortiz Nieves.

El 22 de noviembre de 1982 se señaló una conferencia sobre el estado de los procedimientos a la que compareció el licenciado Ortiz Morales en representación de los demandantes. Para esa fecha se había disuelto la sociedad profesional entre ambos abogados, hecho que ocurrió en abril de 1982. No obstante, ambos abogados seguían com-pareciendo en el caso. No se informó al Tribunal de Pri-mera Instancia ni a sus clientes de la disolución del bufete de abogados Maldonado-Ortiz. Tampoco se había notificado cambio alguno en la dirección postal registrada que en el caso era la de dicho bufete. La vista se suspendió para que las partes plasmaran una estipulación que tuviera el efecto de agilizar los procedimientos. En esa ocasión sólo compa-reció el licenciado Ortiz Morales en representación de los demandantes. A partir de esa fecha, ninguna de las partes realizó acción afirmativa alguna a favor de la tramitación del caso. Por esa razón el 12 de agosto de 1983 el Tribunal de Primera Instancia expidió una orden para que se mos-trara causa por la cual no debía archivar el caso por inac-ción de acuerdo con la Regla 39.2(b) de Procedimiento Civil. El 24 de agosto de 1983 ese tribunal ordenó el ar-chivo del caso por inactividad en el trámite.

Durante agosto de 1983, el licenciado Maldonado Pérez se marchó de Puerto Rico sin notificar a sus clientes y sin solicitar al Tribunal de Primera Instancia la renuncia de la representación legal de los demandantes. El licenciado Ortiz Morales continuó solo atendiendo el caso de los demandantes. El 8 de septiembre de 1983 (más de un año después) el licenciado Ortiz Morales presentó una moción en la cual informó que su sociedad profesional con el licen-ciado Maldonado Pérez había sido disuelta en 1982 y que la sentencia de archivo del caso había sido enviada a la dirección postal de la oficina de la extinta sociedad profe-sional, por lo que no recibió copia de ésta. El licenciado Ortiz Morales solicitó el relevo de la sentencia en vista del interés de los demandantes en continuar con el pleito. La parte demandada se opuso por escrito, anejando copia de las numerosas cartas enviadas al licenciado Ortiz Morales, relacionadas al descubrimiento de prueba, de las que nunca se obtuvo respuesta. El licenciado Ortiz Morales re-plicó y adujo que desde septiembre de 1981 hasta diciem-bre de 1982 no había practicado como litigante porque se había retirado a realizar funciones en el Senado de Puerto Rico. Argüyó, además, que el referido bufete de abogados continuó operando con el licenciado Maldonado Pérez hasta abril de 1982 cuando la sociedad profesional entre ellos quedó disuelta. Durante ese período, el licenciado Ortiz Morales continuó haciendo gestiones relacionadas con el caso de los demandantes. Hizo gestiones con un neumó-logo para la evaluación de los problemas de salud, sin éxito, por la falta de cooperación de sus clientes. Expresó que en agosto de 1983, el licenciado Maldonado Pérez salió de Puerto Rico para establecer su residencia en Estados Unidos. El 18 de octubre de 1983 el Tribunal de Primera Instancia dejó sin efecto la sentencia que decretó el archivo del caso. La empresa Union Carbide recurrió de esa deter-minación a este Tribunal, mediante el correspondiente re-curso de certiorari. El 23 de noviembre de 1983 denegamos el auto solicitado.

Transcurridos seis meses sin que las partes tomaran ac-ción en el caso, el Tribunal de Primera Instancia volvió a emitir una orden para mostrar causa por la cual no se de-bía archivar el caso por inactividad. En respuesta a dicha orden, compareció el licenciado Ortiz Morales e informó que había llegado a unas estipulaciones con la parte de-mandada para atender los requerimientos sobre descubri-miento de prueba.

El 3 de diciembre de 1984 la parte demandada solicitó la desestimación de la acción. Adujo que los demandantes no habían cumplido con la estipulación sobre el descubri-miento de prueba. El licenciado Ortiz Morales compareció por escrito y adujo que debido al gran número de deman-dantes se le había hecho muy difícil recopilar todas las firmas necesarias para la contestación a los interrogatorios. Solicitó un término adicional para contes-tar los interrogatorios que le habían sido cursados. El 8 de febrero de 1985 el Tribunal de Primera Instancia le conce-dió un término de treinta días, apercibiéndole de que su falta de cumplimiento podría conllevar que se archivara con peijuicio la causa de acción incoada.

El 22 de febrero de 1985 el licenciado Ortiz Morales se comunicó por escrito con los demandantes y les informó de la necesidad de contestar los interrogatorios y las conse-cuencias de no hacerlo. La parte demandada volvió a soli-citar en marzo de 1985 la desestimación de la demanda, debido al incumplimiento de los demandantes con los re-querimientos de descubrimiento de prueba. Luego de cele-brar una conferencia sobre el estado de los procedimientos, el Tribunal de Primera Instancia le concedió a los deman-dantes sesenta días adicionales para cumplir con dichos requerimientos. El 11 de diciembre de 1985 la parte de-mandada solicitó la desestimación parcial de la causa de acción con respecto a 322 demandantes que a esa fecha todavía no habían contestados los interrogatorios. El tribunal concedió a esos demandantes veinte días adicionales para contestar los interrogatorios y les advirtió que, al cabo de ese término, accedería al archivo con perjuicio de sus acciones de no cumplir con lo requerido. El 13 de fe-brero de 1986 la parte demandada solicitó la desestimación de la reclamación de otros demandantes debido a que no suministraron cierta información requerida. El Tribunal de Primera de Instancia le requirió, sin éxito, a la parte demandante que explicara la razón para ese incumplimiento. El 26 de junio de 1986 emitió una senten-cia parcial en la cual archivó la causa de acción de 351 demandantes. Dicha sentencia fue notificada con copia al licenciado Ortiz Morales a la dirección postal que aparecía en los autos. Al recibir la copia de la referida sentencia, el licenciado Ortiz Morales se lo notificó por vía telefónica al Presidente del Comité, señor Ortiz Nieves. No obstante, no solicitó la reconsideración ni recurrió de la sentencia. El licenciado Ortiz Morales entendió que al advenir firme la sentencia, él había dejado de ser abogado de los demandantes. No solicitó al Tribunal de Primera Instancia la renuncia a la representación profesional de los demandantes. Tampoco volvió a realizar gestión alguna respecto al pleito pendiente después de recibida copia de la referida sentencia.

El 3 de enero de 1987, el licenciado Ortiz Morales aban-donó su práctica de la abogacía para ocupar el cargo de Subsecretario de Estado de Puerto Rico. Los demandantes desconocían todo lo que había acontecido en su caso. Am-bos abogados, el licenciado Ortiz Morales y el licenciado Maldonado Pérez, no informaron a sus clientes que no iban a trabajar más en el caso y tampoco renunciaron a su re-presentación legal. Varios de los demandantes visitaron al licenciado Ortiz Morales un mes antes de que éste abando-nara la práctica de la abogacía y después de que se archi-varan las acciones de 531 de los demandantes. No les in-formó a ninguno de ellos sobre el asunto y, además, les hizo creer que la reclamación todavía existía. Le informó al grupo que no interesaba continuar representándolos.

El 23 de febrero de 1987, ante la inacción del licenciado Ortiz Morales respecto a las restantes causas de acción y luego del correspondiente apercibimiento, el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia y ordenó el archivo del caso por inactividad. Los demandantes no fueron informa-dos de ese hecho por el licenciado Ortiz Morales. Posterior-mente, fue presentada nuevamente una solicitud de relevo de sentencia por fraude que fue denegada por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha decisión fue revisada ante nos, y el 13 de octubre de 1992 dictamos sentencia revoca-toria y ordenamos a ese foro celebrar una nueva vista para escuchar los testimonios del licenciado Ortiz Morales y del Sr. José Ortiz Nieves, como evidencia para sostener la ale-gación de fraude. El Tribunal de Primera Instancia, luego de escuchar ambos testimonios, denegó lo solicitado.

El Comité presentó una queja contra el Lie. Carlos Ortiz Morales. Luego de dar una oportunidad para contestar la queja, referimos el asunto a la consideración del Procura-dor General para que investigara y sometiera el informe de rigor. El 1 de septiembre de 2000, luego de evaluado el Informe del Procurador General y los escritos de las par-tes, ordenamos la presentación de la querella contra el Lie. Carlos Ortiz Morales y el Lie. Ernesto Maldonado Pérez, que fue formulada el 6 de octubre de 2000. En ella se le imputan a ambos querellados lo siguiente:

Cargo I: Los Ledos. Carlos Ortiz Morales y Ernesto Maído-nado Pérez incurrieron en conducta profesional en violación al Canon 19 de los Cánones de Ética Profesional, 4 LPRAAp. IX C 19 que impone el deber al abogado de mantener a su cliente siempre informado de todo asunto importante que surja en el desarrollo del caso que le ha sido encomendado.
Cargo II: Los Ledos. Carlos Ortiz Morales y Ernesto Maído-nado Pérez incurrieron en conducta profesional en violación al Canon 18 de los Cánones de Ética Profesional, 4 LPRAAp. IX C 18 que impone al abogado un deber de diligencia y le aper-cibe de no actuar negligentemente al asumir la representación legal de un cliente ....
Cargo III: Los Ledos. Carlos Ortiz Morales y Ernesto Maldonado Pérez incurrieron en conducta profesional en violación al Canon 20 [de] los Cánones de Ética Profesional, 4 LPRAAp. IX C 20 que dispone que [c]uando el abogado haya compare-cido ante un tribunal en representación de un cliente no puede ni debe renunciar la representación profesional de su cliente sin obtener primero el permiso del tribunal y debe solicitarlo solamente cuando exista una razón justificada e imprevista para ello. Querella del Procurador General, págs. 2-5.

El 9 de enero de 2001 designamos al Lie. Enrique Rivera Santana como Comisionado Especial. Después de ce-lebrada la vista evidenciaría correspondiente, el Comisionado Especial rindió su informe el 10 de julio de 2002. Al formular sus determinaciones de hechos, consi-deró la prueba oral presentada, las estipulaciones de las partes, los documentos que fueron objeto de conocimiento judicial, la queja, la querella y sus contestaciones, así como los pronunciamientos judiciales finales y firmes relaciona-dos con los hechos que dieron lugar a la querella.

Pasemos a analizar y evaluar como cuestión de umbral los cargos formulados sobre conducta alegadamente reñida con los Cánones 18 y 20 del Código de Ética Profesional.

El Canon 20, supra, dispone que “[c]uando un abogado haya comparecido ante un tribunal en representación de un cliente no puede ni debe renunciar la representación profesional de su cliente sin obtener el permiso del tribunal y debe solicitarlo solamente cuando exista una razón justificada e imprevista para ello”. Antes de renunciar la representación de su cliente, el abogado debe tomar aquellas medidas razonables que eviten perjuicio a los derechos de sus clientes, tales como: notificar de ello al cliente; aconsejarle debidamente sobre la necesidad de una nueva representación legal cuando ello sea necesario; concederle tiempo para conseguir una nueva representación profesional; aconsejar sobre la fecha límite de cualquier término de ley que pueda afectar su causa de acción o con relación a la presentación de cualquier escrito que le pueda favorecer, y el cumplimiento de cualquier otra disposición legal del tribunal al respecto, incluyendo la notificación al tribunal de la última dirección conocida de su representado. Al ser efectiva la renuncia de representación, el abogado debe hacerle entrega del expediente a su cliente y de todo documento relacionado con el caso, y re-embolsar inmediatamente cualquier cantidad adelantada que le haya sido pagada en honorarios por servicios que no se han prestado.

El Canon 18, supra, le impone al abogado el “deber de desempeñarse en forma capaz y diligente” al defender los intereses de su cliente, “desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad”, y el deber de actuar “en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y responsable”. El abogado no podrá asumir una representación profesional cuando es consciente de que no puede rendir una labor idónea competente y que no puede prepararse adecuadamente sin que ello apareje gastos o demoras irrazonables a su cliente o a la administración de la justicia.

Una vez los querellados comparecieron al tribunal en representación de sus clientes en el asunto de referencia, no podían dejar de descargar su responsabilidad con la de-bida diligencia. Bajo las circunstancias del presente caso, los aludidos demandantes se convirtieron en sus clientes ante el Tribunal de Primera Instancia y frente a los cáno-nes del Código de Ética Profesional. En esa gestión profe-sional tenían el deber ineludible de defender los intereses de sus clientes diligentemente, obligación que no cumplie-ron a cabalidad. No actuaron con celo, cuidado y prudencia. No tomaron medidas razonables y cautelares para evitar que sus clientes sufrieran perjuicios. Asumieron la repre-sentación profesional de 756 reclamantes, por lo que dicha gestión requería una organización estructurada para ren-dir una labor idónea competente. Ausente la referida orga-nización no podían los querellados prepararse en forma adecuada sin que ello provocara demoras irrazonables a sus clientes y a la administración de la justicia. Tampoco pidieron permiso al Tribunal de Primera Instancia para renunciar a su representación profesional. Sencillamente actuaron en forma descuidada e irresponsable.

La función de los abogados como uno de los componentes esenciales del sistema adversativo de impartir justicia, como oficiales del tribunal, está revestida de gran interés público y genera obligaciones y responsabilidades duales para con sus clientes y para con el tribunal en la administración de la justicia. Esto les impone el deber de asegurarse que sus actuaciones en todos los casos en que intervienen estén encaminadas a lograr que las controversias se resuelvan de una manera justa, rápida y económica.

Una vez los querellados firmaron y presentaron la refe-rida demanda, asumieron ante el Tribunal de Primera Ins-tancia la responsabilidad de llevar a cabo esa gestión pro-fesional con el más alto grado de diligencia y competencia posible. Este deber no cesaba hasta que ese tribunal los relevara de su deber al aceptar su renuncia. Su responsa-bilidad como abogados para con sus clientes y con el tribunal no dependía de las circunstancias bajo las cuales asu-mieron su representación profesional ni de los problemas y obstáculos que se encontraron durante el trámite de los procedimientos. Tenían la obligación de informar a sus clientes y al tribunal de la imposibilidad de continuar con su representación profesional, pedir su relevo y que me-diara una orden judicial a esos efectos.

El Canon 19 del Código de Ética Profesional le impone al abogado el deber de “mantener a su cliente informado de todo asunto importante que surja en el desarrollo del caso que le [sea] encomendado”. Los querellados no le informaron en ningún momento a sus clientes de su intención de no continuar representándolos. Tampoco informaron a sus clientes de asuntos de suma importancia que acaecían durante el trámite de los procedimientos y que podían perjudicar seriamente su reclamación.

Hemos establecido que al determinar la sanción disciplinaria aplicable al abogado querellado, podemos to-mar en cuenta factores como la reputación del abogado en su comunidad, el historial de éste, si es su primera falta, la aceptación de la falta y su sincero arrepentimiento, si se trata de una conducta aislada, el ánimo de lucro que medió en su actuación, resarcimiento al cliente y cualesquiera otras consideraciones, ya bien atenuantes o agravantes, que medien de acuerdo con los hechos.

En el presente caso tomamos en consideración a favor de los querellados que ambos han disfrutado de buena re-putación desde que fueron admitidos a la abogacía, que es su primera falta dentro de su descargo profesional en la abogacía y de que muchos de sus clientes no cooperaron ni cumplieron con sus requerimientos durante el trámite de los procedimientos.

En virtud de lo anterior, procede que impongamos al Lie. Carlos Ortiz Morales, como sanción disciplinaria, una suspensión de la abogacía por seis meses y al Lie. Ernesto Maldonado Pérez una suspensión de la abogacía por tres meses como sanción disciplinaria. Notifíquese personal-mente.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervino.

       32 L.P.R.A. Ap. III.

       4 L.P.R.A. Ap. IX.

        In re Vélez Barlucea, 152 D.P.R. 298 (2000); In re Silverio Orta, 117 D.P.R. 14 (1986).

        In re Vélez Barlucea, supra.

       4 L.P.R.A. Ap. K.

        In re Velez Barlucea, supra. Véanse, además: In re Quiñones Ayala, 165 D.P.R. 138 (2005); In re Montalvo Guzmán, 164 D.P.R. 806 (2005).


source: Caselaw Access Project

author:
      (.Fdo.) Dimarie Alicea Lozada Secretaria del Tribunal Supremo Interina
     Juez Presidente Se-ñor Hernández Denton, Juez Asociado Se-ñor Fuster Berlingeri.

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. José O. Candelario Ayala, peticionario.

      Número: CC-2004-585

      Resuelto: 8 de noviembre de 2003

      María de Lourdes Guzmán Rivera y Carlos R. Noriega Rodrí-guez, abogados del peticionario.
   SENTENCIA

En el caso de autos, este Tribunal ha decidido unánime-mente confirmar los dictámenes del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Apelaciones. Resolvemos, pues, que la aplicación de la Ley Núm. 2 de 1 de enero de 1998 al caso de autos no es contraria a la prohibición de la Consti-tución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico contra las leyes ex post facto. Los delitos en cuestión no estaban pres-critos al momento de presentarse las denuncias.

Se devuelve el caso al foro de instancia para que conti-núen los procedimientos allí, conforme a lo aquí resuelto.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secreta-ria del Tribunal Supremo Interina. El Juez Presidente Se-ñor Hernández Denton emitió una opinión de conformidad, a la que se unió la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri emi-tió una opinión de conformidad.

(.Fdo.) Dimarie Alicea Lozada Secretaria del Tribunal Supremo Interina

— O —

Opinión de conformidad emitida por el

Juez Presidente Se-ñor Hernández Denton,

a la cual se une la Jueza Aso-ciada Señora Rodríguez Rodríguez.

El Sr. José O. Candelario Ayala acude ante nos solici-tando que revoquemos una sentencia del Tribunal de Ape-laciones en la que se determinó que los delitos de violación que se le imputan no están prescritos. Alega, en síntesis, que no se le puede aplicar retroactivamente la Ley Núm. 2 de 1 de enero de 1998, pues ello equivaldría a aumentarle los términos prescriptivos de los delitos que se le imputan en contravención a la protección constitucional contra le-gislación ex post facto.

Aunque estamos de acuerdo con el criterio unánime de este Tribunal de que los delitos imputados a Candelario Ayala no están prescritos, hemos decidido suscribir esta opinión de conformidad con el propósito de expresar nues-tra posición de que la prohibición contra leyes ex post facto sólo aplica a leyes sustantivas y no a leyes procesales.

Por entender que la ley cuya aplicación retroactiva Can-delario Ayala cuestiona es de carácter procesal, que queda fuera de la prohibición contra leyes ex post facto, conclui-mos que actuó correctamente el foro apelativo al determi-nar que los delitos imputados no estaban prescritos. Veamos.

H-i

El 16 de marzo de 2004 el Ministerio Público presentó unas denuncias contra Candelario Ayala imputándole la comisión del delito de violación técnica entre agosto 1992 y diciembre 1993, y de tentativa de violación en algún mo-mento entre junio y julio de 1992.

Tanto en 1992 como en 1993, la ley vigente en cuanto a la prescripción de dichos delitos era la Ley Núm. 32 de 24 de mayo de 1988, que disponía un término prescriptivo de cinco años contados desde el momento en que la víctima del ataque sexual cumpliera los dieciocho años de edad. La víc-tima tenía de doce a trece años de edad al momento de los hechos. Por lo tanto, cumplió los dieciocho años el 3 de enero de 1998. Según la referida legislación, quedaba claro que las acciones penales prescribirían el 3 de enero de 2003.

El 1 de enero de 1998 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 2, mediante la cual el término prescriptivo de los delitos en cuestión continuó siendo de cinco años, pero ahora se contarían desde que la víctima cumpliera los vein-tiún años de edad. Bajo esta ley, que fue aprobada con pos-terioridad a la comisión de los hechos que aquí nos concier-nen, los delitos imputados prescribirían el 3 de enero de 2006.

Oportunamente, Candelario Ayala solicitó la desestima-ción de las denuncias por haber prescrito los delitos imputados. La teoría de la defensa era que el término de prescripción debía ser computado a la luz de la ley vigente al momento de la comisión de los hechos, o sea, la ley de 1988. Alegaba que de ser computado el término prescrip-tivo de acuerdo con la ley posterior aprobada en 1998, se le estaría aplicando retroactivamente a Candelario Ayala una ley penal que le desfavorece, en contravención a la prohi-bición constitucional contra las leyes ex post facto.

Por su parte, el Ministerio Fiscal se opuso argumen-tando que se le podía aplicar retroactivamente una ley que ampliaba los términos prescriptivos de los delitos imputa-dos siempre y cuando dicha ampliación haya tenido lugar antes de haber transcurrido el término prescriptivo original. El foro de instancia emitió una resolución aco-giendo el argumento del Ministerio Público.

Inconforme, Candelario Ayala recurrió al Tribunal de Apelaciones mediante un certiorari. Dicho tribunal se negó a expedir el auto por entender que, tanto bajo nuestra Constitución como bajo la de Estados Unidos, es permisible ampliar los términos prescriptivos de un delito antes de que haya expirado el plazo original. Candelario Ayala re-curre ante nos aduciendo, en esencia, los mismos plantea-mientos que expuso anteriormente.

r — 1 hH

Para expresarnos sobre el asunto que nos concierne, es necesario aclarar el significado y alcance de la Sec. 12 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que dispone, en lo pertinente, que “[n]o se aprobarán leyes ex post facto ...”. Const. E.L.A.j L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1999, pág. 348.

Hemos resuelto que existen cuatro categorías de leyes que, de aplicarse retroactivamente, violarían la prohibición de leyes ex post facto; a saber:

“1. Toda ley que considera criminal y que castiga un acto que al ser realizado era inocente;
2. Toda ley que agrava un delito o lo hace mayor de lo que lo era al momento de ser cometido;
3. Toda ley que altera el castigo y que impone urna pena mayor que la fijada al delito al momento de ser cometido; y
4. Toda ley que altera las reglas de evidencia, y que exige menos prueba o prueba distinta a la exigida por la ley al mo-mento de la comisión del delito para castigar al acusado.” Fer-nández v. Rivera, Jefe del Presidio, 70 D.P.R. 900, 903 (1950).

El efecto combinado de las primeras tres categorías es que se prohíbe la aplicación retroactiva de leyes que: (a) criminalizan una conducta que no era delito al momento de la comisión de los hechos; (b) eliminan una defensa sustan-tiva del acusado que estaba disponible al momento de la comisión de los hechos, y (c) agravan la pena o las conse-cuencias penales de un acto con posterioridad a su comisión. Véase E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal pe nal de Puerto Rico y Estados Unidos, Bogotá, Ed. Forum, 1992, Vol. II, Sec. 19.2, pág. 553.

El sentido y propósito de la cuarta categoría, no obs-tante, es más difícil de esclarecer. De lo que se trata, a grandes rasgos, es de la prohibición de aplicar retroactiva-mente ciertas leyes procesales y evidenciarías. Aunque no hemos abordado expresamente este asunto, existen varios pronunciamientos nuestros que, indirectamente, arrojan luz sobre el significado de dicha categoría.

Así, en Pueblo v. Pérez Méndez, 83 D.P.R. 539 (1961), el acusado alegó que se le violentó la protección contra leyes ex post facto al aplicársele retroactivamente una enmienda constitucional que le otorgaba al Tribunal Supremo la fa-cultad de adoptar como suya una decisión emitida por una sala integrada por menos del total de los Jueces del Foro Supremo. Al rechazar dicho planteamiento, expresamos que la enmienda no violaba la cláusula contra leyes ex post facto porque era de naturaleza procesal. A estos efectos concluimos que:

[E]l hecho de estatuir un nuevo procedimiento, y la abolición de tribunales y creación de otros nuevos que deja inalteradas las garantías sustanciales que la ley vigente concede al acu-sado, no se considera dentro de la prohibición constitucional. (Citas omitidas y énfasis suplido.) Pueblo v. Pérez Méndez, supra, pág. 545.

Posteriormente, en Pueblo v. Casiano Vélez, 105 D.P.R. 33 (1976), se cuestionó la constitucionalidad de la aplica-ción retroactiva a un acusado de una regla que le concedía discreción al tribunal para ordenar que se presentara la apelación utilizando como base una exposición narrativa de la prueba, en vez de una transcripción fiel y exacta de la evidencia oral. En esa ocasión rechazamos el argumento del acusado porque “la obtención de una transcripción de la evidencia oral en apelaciones criminales, no es un derecho absoluto ni sustantivo ...”. Pueblo v. Casiano Vélez, supra, pág. 47.

Unos años más tarde, en Pueblo v. Lebrón González, 113 D.P.R. 81 (1982), resolvimos que aplicar retroactivamente a un acusado la Regla 64(B)(1) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, no viola la cláusula contra leyes ex post facto. En dicho caso tuvimos la oportunidad de aclarar la aplicabili-dad de la prohibición de leyes ex post facto a materia pro-cesal y evidenciaría. En ese contexto concluimos que:

[L]a prohibición constitucional sobre leyes ex post facto sólo cobra virtualidad si conlleva que evidenciariamente se re-quiera menos prueba que la exigida por la ley al momento de la comisión del delito para castigar al acusado.... Pueblo v. Lebrón González, supra, pág. 96.

Por último, en Pueblo en interés menor F.R.F., 133 D.P.R. 172 (1993),() tuvimos que resolver si violaba la cláusula contra leyes ex post facto la aplicación retroactiva de una ley que ampliaba de forma desfavorable a un menor la jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia para juz-garlo como adulto. Contestamos dicha interrogante en la afirmativa y, en el proceso de fundamentar nuestra posi-ción, reconocimos explícitamente por primera vez que “[a] través de los años, se ha entendido que la esencia de la protección contra leyes ex post facto se refiere a la ley penal sustantiva: delito, pena y medidas de seguridad”. (Énfasis suplido.) íd., pág. 180 esc. 9. También tuvimos la oportuni-dad de reconocer en dicha decisión que en la esfera federal “la protección contra leyes ex post facto sólo aplica a dere-chos sustantivos y no a leyes procesales”. (Énfasis suplido y en el original.) íd., pág. 181 esc. 9.

Como se desprende de la anterior discusión, contamos con varios precedentes en nuestra jurisdicción que arrojan luz sobre la controversia en el caso de autos. De ellos se puede derivar, a grandes rasgos, que la protección contra leyes ex post facto cobra mayor virtualidad cuando la norma aplicada retroactivamente es de naturaleza sustantiva. No obstante, nunca hemos abordado directa-mente el asunto acerca de la aplicabilidad de la referida protección cuando se trata de leyes procesales. Por ello, procedemos ahora a examinar brevemente y a modo ilus-trativo lo que han expresado otros tribunales y comentaris-tas sobre esta problemática.

En los países de tradición civilista, el principio general de que la ley procesal queda fuera de la protección contra la aplicación retroactiva de leyes penales desfavorables goza de aprobación. Ello en virtud de que en esas jurisdic-ciones es doctrina ampliamente aceptada que la ley sus-tantiva aplicable en un caso es la vigente al momento de la comisión de los hechos, mientras que la ley procesal apli-cable es la vigente al momento del proceso. A estos efectos, el Tribunal Supremo Federal de Alemania ha expresado en materia penal que “es obvio que, desde su entrada en vigor, los nuevos preceptos del Derecho procesal rigen también respecto de los procedimientos ya en curso”. BGBHST 26, 289 (según citado en C. Roxin, Derecho Penal: Parte General (L. Peña, trad.), Madrid, Ed. Civitas, 1997, T. 1, pág. 164). Por ello se expresa en un reconocido tratado que “se-gún el Derecho vigente la prohibición de retroactividad no rige para las disposiciones procesales”. T. Weigend y otros, Tratado de derecho penal: parte general, 5ta ed., [s.l.], Ed. Comares, 2000, pág. 147.

Similar criterio comparte el Prof. Claus Roxin cuando expresa que “en el Derecho procesal en principio no rige la prohibición de retroactividad”, ya que “el principio de lega-lidad se ciñe a las acciones punibles y a las sanciones que deben imponérseles”. Roxin, op. cit., pág. 164.

De otra forma, el profesor Fletcher, quien ha escrito ex-tensamente sobre la gran importancia de la dicotomía ley procesal-ley sustantiva para la aplicación de leyes ex post facto, asevera que “las materias puramente procesales no forman parte de la ‘ley’ que los individuos tienen un dere-cho a conocer antes de actuar”. (Traducción nuestra.) G.P. Fletcher, Basic Concepts of Criminal Law, Oxford, Oxford Universtiy Press, 1998, pág. 13.

Por otro lado, debemos señalar que el Tribunal Supremo de Estados Unidos llegó a la misma conclusión en Collins v. Youngblood, 497 U.S. 37 (1990). A partir de dicho caso está claro que en el Derecho federal las leyes procesales quedan excluidas de la protección contra leyes ex post facto. Posteriormente, en Carmell v. Texas, 529 U.S. 513 (2000), se expresó que la cuarta categoría de leyes ex post facto sólo incluye a leyes que alteran, en perjuicio del acu-sado, la suficiencia de la prueba o el quantum de evidencia necesario para lograr una convicción.

Debemos reconocer que en nuestra jurisdicción no he-mos adoptado propiamente la distinción entre lo procesal y lo sustantivo. Tampoco la hemos rechazado, precisamente, porque no hemos tenido la necesidad de abordar el asunto directamente. En este momento, sin embargo, se nos ha presentado una controversia cuya correcta resolución re-quiere primeramente que analicemos la diferencia entre las leyes procesales y sustantivas para determinar el al-cance de la prohibición contra leyes ex post facto. Al adop-tar este curso decisorio le damos paso a nuestros pasados pronunciamientos y nos beneficiamos de las opiniones de múltiples y eminentes comentaristas, tanto anglosajones como continentales.

Por todo lo antes expuesto, consideramos imprescindi-ble analizar si la ley cuya aplicación retroactiva se cues-tiona en el caso de autos es una ley procesal o una ley sustantiva.

H-I 1 — I t — 1

A. Procede ahora que determinemos si los estatutos que regulan la prescripción de la acción penal son sustan-tivos o procesales. Hemos expresado antes que la prescrip-ción en el Derecho Civil es sustantiva. Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308 (2004); Febo Ortega v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 405, 407 (1974). Claro, dichas expresiones no son relevantes para determinar la naturaleza de la pres-cripción penal, ya que las dos figuras persiguen diferentes propósitos y funcionan de manera distinta. Veamos.

La prescripción en el ámbito civil representa una espe-cie de sanción para aquellos que no ejercitan sus derechos a tiempo. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1979, T. I, Vol. I, 2da parte, págs. 849-850. El fundamento de la prescripción en el campo criminal, por el contrario, es promover que el procesa-miento del sospechoso se base en pruebas frescas y fehacientes. Pueblo v. Oliver Frías, 118 D.P.R. 285, 291 (1987). Véase también a 4 LaFave, Israel and King, Criminal Procedure 2d Sec. 18.5(a), pág. 717 (2003).

Por otro lado, la prescripción en lo civil es una defensa afirmativa. En lo criminal, la prescripción no funciona de la misma forma, pues de lo que se trata verdaderamente no es de una defensa afirmativa sino de un total y absoluto impedimento de procesar por la ofensa. Véase R.A. Duff, “I Might be Guilty but You Can’t Try Me”: Estoppel and Other Bars to Trial, 1 Ohio St. J. Grim. L. 245, 248 (2003).

Como tal, queda claro que existen importantes diferen-cias entre la prescripción en el derecho civil y en el penal. Dichas diferencias nos llevan a la conclusión de que la na-turaleza de la primera figura no necesariamente condi-ciona la naturaleza de la segunda.

B. No hemos tenido la oportunidad de expresarnos so-bre la naturaleza procesal o sustantiva de la prescripción de la acción penal. No obstante, existen ciertos pronuncia-mientos de tribunales federales y de comentaristas que, a modo ilustrativo, nos ayudan a aclarar esta controversia. Veamos.

De entrada, nos parece claro que la clasificación legisla-tiva de una ley como “procesal” o “sustantiva” no es deter-minante para el análisis constitucional acerca de la verda-dera naturaleza de la ley en cuestión. Al respecto, el Tribunal Supremo de Estados Unidos expresó que “el que la legislatura simplemente etiquete a una ley como proce-sal no la inmuniza de ser escudriñada bajo la cláusula de ex post facto.” (Traducción nuestra.) Collins v. Youngblood, supra, pág. 46. Véase, también, Chiesa Aponte, op. cit., pág. 551. Esto implica que el hecho de que la prescripción se regule en el Código Penal en vez de en las Reglas de Procedimiento Criminal no resulta ser determinante para su clasificación como ley procesal o sustantiva. Véanse: E. Bacigalupo, Derecho Penal: Parte General, 2da ed., Buenos Aires, Ed. Hammurabi, 1999, pág. 135; G.P. Fletcher, op. cit., pág. 10.

Por tal razón, al determinar la naturaleza de la pres-cripción para fines de la prohibición contra leyes ex post facto, nos debemos dejar llevar por sólidos argumentos de teoría y política criminal en vez de por clasificaciones le-gislativas arbitrarias.

A estos efectos, la mejor manera de darle contenido teó-rico a la dicotomía entre ley procesal y ley sustantiva en el ordenamiento penal es distinguiendo entre las leyes que establecen los elementos constitutivos del delito y las leyes que establecen los presupuestos de persecución del crimen. Las primeras son de naturaleza sustantiva, mientras que las segundas son de naturaleza procesal. Esto significa que, tal como vislumbramos en Pueblo en interés menor F.R.F., supra, la ley sustantiva es aquella que versa sobre los elementos del “delito, pena y medidas de seguridad”. íd., pág. 180. Por el contrario, cualquier ley que se refiera a la forma o al modo de perseguir el crimen debe ser consi-derada procesal y, como tal, queda fuera de la prohibición contra leyes ex post facto.

En vista de lo anterior, debemos determinar cuáles son los “elementos constitutivos del delito”. El delito presupone la existencia de un comportamiento humano, típico, anti-jurídico y culpable. Véase S. Mir Puig, Derecho Penal: Parte General, Montevideo, Ed. B. de F., 2005, págs. 145-150. Por ello se puede decir que los elementos de la ley penal sustantiva son los siguientes: (1) infracción de una prohibición (comportamiento típico), (2) sin que exista una defensa de justificación (antijurídico), y (3) sin que exista una defensa de excusa (culpable).

Por tal razón concluimos que sólo son sustantivas las leyes que inciden sobre alguno de los tres elementos que acabamos de mencionar. Cualquier ley que se refiera a otro tipo de defensas, como aquellas que limitan la forma en que el estado puede perseguir el delito, debe ser clasificada como procesal.

C. Lo último que nos queda por determinar es si la defensa de prescripción funciona como la negación de al-guno de los tres elementos constitutivos del delito o si, por el contrario, funciona como una limitación a la forma o modo de perseguir el crimen. Somos del criterio que la con-testación correcta es la segunda. Veamos.

El único efecto de la prescripción de la acción penal es impedirle al Estado perseguir el delito. Pueblo v. Oliver Frías, supra, pág. 290. Como tal, no debe quedar duda de que la defensa de prescripción no incide sobre ninguno de los elementos del delito. No sirve para negar que se violó una prohibición penal. Tampoco establece la existencia de una defensa de justificación o excusa.

El profesor LaFave coincide con lo anterior al expresar que las únicas defensas que no pueden eliminarse o res-tringirse retroactivamente son las que tienen que ver con “elementos esenciales del delito, con asuntos sobre los que el acusado puede alegar una justificación o excusa y, por tanto, sigue siendo la regla el que extender los términos prescriptivos antes de que hayan expirado no viola la cláu-sula ex post facto”. (Énfasis suplido.) W.R. LaFave y otros, Criminal Law, 4ta ed., Thompson/West, 2003.

En fin, siendo la prescripción una ley procesal que no versa sobre los elementos constitutivos del delito, somos de la opinión de que dicha ley queda fuera de la protección contra legislación ex post facto. A igual conclusión han lle-gado numerosos tribunales y comentaristas. El profesor Fletcher defiende esta postura convincentemente, al expre-sar que:

Los términos prescriptivos tienen muchos propósitos, inclu-yendo el de ponerle un límite al poder estatal para investigar y el de evitar juicios sobre la base de evidencia vieja y poco confiable. Sería difícil decir que uno de estos propósitos era el proveer un incentivo [al actor] para cometer [un crimen] con la esperanza de salirse con la suya [de no ser procesado dentro del término prescriptivo original]. A base de este análisis po-demos concluir que la defensa de prescripción es procesal y que es permisible constitucionalmente el que [una] legislatura la derogue retroactivamente. (Traducción nuestra y énfasis suplido.) Fletcher, op. cit., págs. 13-14.

Debemos aclarar, sin embargo, que esto no significa que nunca se puede atacar constitucionalmente una actuación del estado mediante la cual se amplían los términos prescriptivos. Por una parte, si la ampliación de los térmi-nos prescriptivos le causara un estado de indefensión al acusado, podría proceder un planteamiento bajo el debido proceso de ley. Por otra parte, si se lograra probar que la ampliación de los términos tuvo el efecto de discriminar arbitrariamente en su contra, también podría proceder un planteamiento bajo la igual protección de las leyes.

A la luz de esta normativa, pasemos a discutir la situa-ción que tenemos ante nos.

IV

Candelario Ayala sostiene que no se le puede aplicar retroactivamente la Ley Núm. 2, supra, pues eso equival-dría a aumentarle los términos prescriptivos de los delitos que se le imputan de forma incompatible con la cláusula constitucional contra leyes ex post facto. No le asiste la razón.

A Candelario Ayala no se le está aplicando retroactiva-mente ninguna de las cuatro categorías de leyes que son ex post facto. No se está criminalizando una conducta que no era delito al momento de la comisión de los hechos. Los elementos de los delitos por los que se le acusa (violación y tentativa de violación) no han variado (primera categoría). Tampoco puede alegar que le han aumentado la pena de los delitos imputados (segunda categoría) o que le han res-tringido o eliminado alguna defensa de justificación o ex-cusa (tercera categoría). Por último, Candelario Ayala tam-poco puede sostener que se le está aplicando retroactiva-mente una regla que reduce el quantum o la suficiencia de la evidencia necesaria para encontrarlo culpable por los delitos imputados (cuarta categoría).

Candelario Ayala pretende que se le extienda la protec-ción contra leyes ex post facto más allá de lo que hemos contemplado en nuestra jurisdicción. Tal y como expresa-mos anteriormente, las leyes que regulan la prescripción de la acción penal son de naturaleza procesal. Sin embargo, nuestra cláusula contra leyes ex post facto sólo protege contra aplicaciones retroactivas de leyes sustantivas. Por tal razón, es constitucionalmente permi-sible que se amplíen de forma retroactiva los plazos pres-criptivos en situaciones en que, como la del caso de autos, la acción legislativa que extiende los términos prescripti-vos tuvo lugar antes de que expiraran los plazos originales.

Estamos convencidos de que la mejor manera de conti-nuar el desarrollo de nuestra doctrina sobre leyes ex post facto es cimentándola en la cardinal distinción entre lo pro-cesal y lo sustantivo. Ello porque un análisis detenido tanto de la normativa federal vigente como de las opinio-nes de eminentes comentaristas anglosajones y civilistas revelan que el ámbito de aplicación de la protección contra leyes ex post facto depende de la naturaleza procesal o sus-tantiva de la ley que se pretende aplicar retroactivamente.

En vista de lo anterior, somos del criterio de que actua-ron correctamente tanto el Tribunal de Apelaciones como el foro de instancia al negarse a desestimar la acusación en contra de Candelario Ayala bajo el fundamento de que la acción penal en su contra estaba prescrita. Por ende, esta-mos conforme con la sentencia emitida por este Tribunal.

— O —

Opinión de conformidad emitida por el

Juez Asociado Se-ñor Fuster Berlingeri.

Ex post facto laws are not permissible if they infringe on what individuals have a right to know when they act. They have a right to know those matters that bear on the morality of their actions ....

But engaging in highly immoral acts in the calculated hope of getting away with them is hardly worth the protection of the law.

G.P. Fletcher

En el caso de autos nos toca resolver si la Ley Núm. 2 de 1 de enero de 1998 —que extiende de 18 a 21 años la edad de la víctima a partir de la cual comienza a transcurrir el término prescriptivo del delito de violación técnica— cons-tituye una legislación ex post facto, al aplicarse a hechos como los de este caso.

HH

A José O. Candelario Ayala (Candelario) se le denunció el 16 de marzo de 2004 por dos infracciones al Art. 99(a) del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. sec. 4061(a), vi-gente entonces, que tipificaba los delitos de violación téc-nica y tentativa de violación. El Ministerio Público imputó al peticionario haber violado a Elizabeth Castro Pérez en-tre los meses de agosto de 1992 y diciembre de 1993, y haber intentado violarla entre junio y julio de 1992. Elizabeth Castro nació el 3 de enero de 1980, por lo cual tendría de doce a trece años de edad al momento de los hechos alegados. Tanto en 1992 como en 1993, la ley vigente en cuanto a la prescripción de los delitos referidos era la Ley Núm. 32 de 24 de mayo de 1988, que disponía un término prescriptivo de cinco años contados desde el momento en que la víctima del ataque sexual cumpliera los dieciocho años de edad, lo que ocurrió el 3 de enero de 1998.

El 1 de enero de 1998, faltando aún cinco años y dos días antes de que pudieran prescribir los delitos imputados en el caso de autos, según la legislación vigente entonces, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 2 de 1 de enero de 1998 (Ley Núm. 2), mediante la cual el término pres-criptivo de los delitos en cuestión continuó siendo de cinco años, pero contados a partir de haber cumplido la víctima los veintiún años de edad. Se dispuso así una extensión del término prescriptivo que aquí nos concierne.

Conforme a lo anterior, es evidente que al amparo del estatuto vigente al momento de la alegada comisión de los delitos en el caso de autos, éstos hubiesen prescrito el 3 de enero de 2003, antes de presentarse las denuncias contra Candelario. En cambio, al amparo de la enmienda dis-puesta por la referida Ley Núm. 2, los delitos aludidos no prescribirían hasta el 3 de enero de 2006, por lo que las denuncias en cuestión estarían en orden.

Así las cosas, el 17 de mayo de 2004, la defensa de Can-delario presentó una moción ante el foro de instancia me-diante la cual solicitó la desestimación de las denuncias. Alegó que los delitos en cuestión habían prescrito. Durante la vista celebrada el 19 de mayo de 2004, el Ministerio Público se opuso a la desestimación solicitada. Adujo que los delitos no estaban prescritos, en virtud de lo dispuesto por la referida Ley Núm. 2. Insistió el Ministerio Público en que por haberse aprobado dicha ley antes de que la víctima hubiese cumplido los dieciocho años de edad, ésta se podía aplicar retroactivamente sin que se violara la pro-hibición constitucional sobre leyes ex post facto.

El Tribunal de Primera Instancia emitió una resolución el 7 de junio de 2004 y acogió el argumento de la Fiscalía. Entendió el tribunal que la aplicación de la nueva ley no contravenía la prohibición contra leyes ex post facto por-que, al momento de su aprobación, el periodo prescriptivo de los delitos imputados a Candelario no había transcurrido.

Inconforme con el dictamen referido, la defensa de Can-delario acudió al Tribunal de Apelaciones donde, inter alia, reprodujo su argumento de orden constitucional de que la aplicación aquí de lo dispuesto en la Ley Núm. 2 violaba la prohibición contra leyes ex post facto. El Tribunal de Ape-laciones emitió una resolución el 25 de junio de 2004 y confirmó la decisión del Tribunal de Primera Instancia.

De ese dictamen Candelario acudió ante nos mediante un recurso de certiorari y una moción en auxilio de juris-dicción, y alegó lo siguiente:

Primero: Erró el Tribunal de Apelaciones al sancionar la aplicación retroactiva de un estatuto penal cuando el legisla-dor no dispuso tal cosa y cuando la ley establece su aplicación prospectiva.
Segundo: Erró el Tribunal de Apelaciones al concluir que la aplicación retroactiva de la Ley Núm. 2 no crea un estado de indefensión en el imputado, en una situación en que la ley no da aviso de su aplicación retroactiva y a la fecha de la presen-tación de las denuncias, el periodo prescriptivo original había caducado hacía más de un año.
Tercero: Erró el Tribunal de Apelaciones al concluir que la aplicación de la Ley Núm. 2 a este caso no viola la prohibición de leyes “ex post facto”.

El 29 de junio de 2004 acogimos las solicitudes de Can-delario y expedimos el auto de certiorari. La parte peticio-naria presentó su alegato el 30 de agosto de 2004 y el Pro-curador General presentó el suyo el 15 de noviembre de 2004. Veamos.

II

Debe atenderse, en primer lugar, la cuestión de si el legislador tuvo la intención de que la Ley Núm. 2 aplicase a casos como el de autos, es decir, a hechos ocurridos antes de ser aprobada dicha ley y que aún no habían sido diluci-dados penalmente en ese momento. Candelario alegó que la Ley Núm. 2 aplica únicamente a nuevos delitos cometi-dos después del 1 de enero de 1998, cuando dicha ley fue aprobada. Veamos.

La ley en cuestión dispone expresamente en su See. 2 lo siguiente: “Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 1998 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 5.

El claro sentido de esta disposición sobre la vigencia de la Ley Núm. 2 es que el Ministerio Público que debe ejecu-tarla y los tribunales del país que deben aplicarla, la pon-drán en vigor de inmediato con respecto a los asuntos que vengan ante su consideración a partir del 1 de enero de 1998. Ello significa claramente que la ley aplica a denun-cias o acusaciones que se presenten en los foros judiciales a partir de la fecha en que ésta comienza a regir, aunque dichas denuncias o acusaciones se refieran a hechos delic-tivos que necesariamente tienen que haber acontecido previamente. Ninguna otra interpretación cabe razonable-mente aquí, en vista del lenguaje tajante de la aludida See. 2 de la ley. Nótese que la ley que aquí nos concierne no dispone de ningún modo que ésta regirá sólo con respecto a hechos ocurridos con posterioridad a su fecha de vigencia, como de ordinario se dispone cuando el legislador interesa establecer su carácter eminentemente prospectivo. Véase Pueblo v. Rexach Benitez, 130 D.P.R. 273, 302—303 (1992).

La interpretación anterior está avalada, además, por la naturaleza y el historial de la ley en cuestión. En su expo-sición de motivos se alude a un problema que existe “en la actualidad”, que es que los delitos sexuales contra los me-nores de edad pueden quedar impunes por no tener las víctimas o las autoridades tiempo suficiente para poner en marcha la administración de la justicia criminal. Poca ló-gica tendría que la medida esencial dispuesta por la Ley Núm. 2 para encarar dicho problema actual, que es la de ampliar, los términos para procesar la comisión de tales delitos, no incluyese los crímenes que a ese momento estu-viesen pendientes de denuncia o investigación. Más cón-sono con tal propósito es reconocer, como lo hicieron los foros a quo y el Ministerio Público, que la ley en cuestión se aprobó para cubrir no sólo los delitos futuros, sino también aquellos que aún no hubiesen prescrito en ese momento.

Es evidente, pues, que no tiene razón Candelario en cuanto a su planteamiento inicial. Aplica a su caso lo que la Ley Núm. 2 dispone.

HH 1 — I f — H

Procede entonces que se examine la cuestión medular de este caso sobre si la aplicación aquí de la referida Ley Núm. 2 constituye poner en vigor una legislación ex post facto, lo que está vedado constitucionalmente. Para ello es menester realizar un examen minucioso del historial de lo que dispone nuestra Constitución sobre este asunto y de nuestra propia jurisprudencia sobre el particular.

El Art. II, Sec. 12 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1999, pág. 348, dispone: “No se aprobaran leyes ex post facto ...” Esta norma constitucional tiene como antecedente en Puerto Rico la disposición que aparecía en nuestra Carta Orgánica de 1917, conocida como el Acta Jones, que como parte de la declaración de derechos contenida en su segunda sección, disponía: “No se aprobará ninguna ley ex post facto ...” Acta Jones, Documentos Históricos, See. 2, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1999, pág. 58.

Esta disposición del Acta Jones fue objeto de interpreta-ciones nuestras en varias ocasiones. La primera de ellas fue en The Texas Company v. Domenech, Tes., 50 D.P.R. 432, 448 (1936). Allí resolvimos escuetamente que determi-nadas enmiendas a la Ley de Rentas Internas de Puerto Rico, que establecían nuevos recargos y penalidades para ciertas violaciones de las leyes fiscales del país, no podían aplicarse a omisiones en que se haya incurrido o actos rea-lizados antes de la vigencia de dichas enmiendas, por ser estas disposiciones de naturaleza penal cuya aplicación re-troactiva estaba prohibida por la Carta Orgánica.

Luego, en Loíza Sugar Co. v. Buscaglia, Tes., 63 D.P.R. 616, 619 (1944), resolvimos que nada en nuestro ordena-miento jurídico prohibía que se aprobasen leyes civiles con efecto retroactivo. Expresamente indicamos que la prohibi-ción contra las leyes ex post facto aplicaba exclusivamente a leyes penales. De modo expreso basamos tal dictamen en lo resuelto específicamente en varias decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Pocos años después, adjudicamos un caso en el cual un convicto de asesinato en segundo grado apeló su sentencia condenatoria, y solicitó que se le permitiese quedar en li-bertad mientras se tramitaba su apelación. La legislación vigente al cometerse el delito por el cual había sido juzgado disponía que un convicto que prestase una fianza quedaba libre mientras su sentencia condenatoria se apelaba. Pero mientras se celebraba el juicio del peticionario, la ley refe-rida fue enmendada dejando a discreción del juzgador la libertad del convicto mientras éste apelaba la sentencia condenatoria. El convicto en el caso aludido impugnó el dictamen del tribunal de instancia denegando su libertad durante la apelación, aduciendo que la aplicación de la en-mienda de la ley a su caso era ex post facto. Resolvimos que no le amparaba al peticionario la garantía en cuestión, por-que el dictamen del foro a quo no afectaba un derecho del convicto, sino un privilegio. Fundamentamos nuestra opi-nión principalmente en decisiones concretas del Tribunal Supremo federal, que sostenían que “los privilegios proce-sales en casos penales estaban siempre bajo el control le-gislativo”, por lo que la legislación aprobada después de cometido el delito no violaba la prohibición contra leyes ex post facto. Ex parte Castro, 69 D.P.R. 988, 993—994 (1949).

Finalmente, meses más tarde, resolvimos dos casos po-niendo en vigor la referida garantía del Acta Jones. En Pueblo v. López, 70 D.RR. 790 (1950), el asunto ante nos giraba en torno a la votación necesaria para que un Jurado emitiese un veredicto de culpabilidad. La disposición del Código de Enjuiciamiento Criminal vigente al momento en que se cometió el delito en cuestión requería que el vere-dicto del Jurado fuese unánime. Para el tiempo en que se vio el caso, el código referido había sido enmendado para permitir una convicción por votación de tres cuartas (3/4) partes del Jurado. Resolvimos que aplicarle al acusado en dicho caso la nueva disposición sobre votación de 3/4 partes sería perjudicial al acusado, y violaría la garantía contra leyes ex post facto. En apoyo de nuestro dictamen, citamos una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidosi y varios comentarios eruditos sobre la doctrina de ese Tribunal sobre las leyes “ex post facto” y resolvimos que no podía aplicarse el estatuto penal posterior al delito anterior, por ser perjudicial al acusado.

El otro caso resuelto en 1950 fue Fernández v. Rivera, Jefe del Presidio, 70 D.P.R. 900 (1950). Trataba de un acu-sado de asesinato, que fue convicto estando en vigor una disposición estatutaria que le negaba el privilegio de una sentencia suspendida a los convictos de asesinato. Sin embargo, al tiempo de la comisión del delito, la ley autorizaba la suspensión de sentencia aun para casos como el de este reo. Resolvimos que por ser perjudicial al convicto la ley más reciente, ésta no podía aplicársele porque la garantía contra leyes ex post facto lo vedaba. Nos amparamos en decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que repudiaban que en casos penales se aplicaran leyes poste-riores a la comisión de un delito, que sean “perjudiciales” al acusado.

De la jurisprudencia reseñada antes, es claro que al mo-mento de celebrarse la Convención Constituyente de Puerto Rico, nuestras decisiones en conjunto delineaban una normativa sobre la prohibición de la Acta Jones sobre leyes ex post facto. Su esencia era que estaba proscrita la aplicación a un acusado de cualquier legislación penal aprobada después de cometido el delito que se le imputaba, si tal aplicación hacía más perjudicial para el acusado la situación jurídica que éste encaraba al momento de cometer el delito. Ello, amparado en los dictámenes del Tribunal Supremo federal sobre este asunto.

Deben destacarse dos elementos de la referida jurispru-dencia nuestra sobre la prohibición de leyes ex post facto. Uno es que hicimos valer dicha garantía con respecto a medidas que eran, cuando menos, argüiblemente procesa-les, como el estatuto relativo a la suspensión de sentencias penales, el relativo a cuál debe ser la mayoría de un Ju-rado para que pueda emitir veredictos condenatorios y el relativo a la ampliación de unas penalidades administra-tivas. El otro elemento es que prevaleció en esa jurispru-dencia una política judicial nuestra de seguir los dictáme-nes específicos del Tribunal Supremo de Estados Unidos en nuestras propias decisiones sobre leyes ex post facto. Esa política judicial estaba tan arraigada que incluso nos llevó a la incongruencia de resolver en Ex parte Castro, supra, que la garantía sobre leyes ex post facto no aplicaba a es-tatutos sobre “privilegios procesales”, aunque luego hici-mos valer dicha garantía precisamente en relación con es-tatutos procesales en Fernández v. Rivera, Jefe del Presidio, supra, y en Pueblo v. López, supra.

Es innegable, pues, que el rasgo más prominente de nuestra jurisprudencia sobre la garantía en contra de la aplicación de leyes ex post facto al amparo del Acta Jones fue nuestra adhesión en ella a las decisiones concretas del Tribunal Supremo federal sobre el asunto, aunque no hu-biese congruencia conceptual. Es con este trasfondo que en 1952 se incorpora a nuestra Constitución la prohibición de leyes ex post facto que aparece en la Sec. 12 de su Art. II, supra.

El sentido y alcance de la actual disposición que prohíbe las leyes ex post facto fue expuesto en el Informe de la Comisión de Carta de Derechos de la Convención Consti-tuyente:

Otro principio del derecho penal es nulla poena sine lege. De él deriva la prohibición de leyes ex post facto. Toda ley que perjudique la situación del acusado alterándola por lo que res-pecta al delito o a sus consecuencias se considera ex post facto. Tales serían aquellas que considerasen delictivo un acto te-nido por inocente en el momento de su realización, o que ha-gan a un delito más grave de lo que era al ser cometido, o que alteren la pena e impongan castigos mayores que los fijados en el momento de cometerse el delito o que modifiquen las reglas de la prueba para exigir prueba inferior a la determinada por la ley en el momento de la comisión del delito. 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2572 (1961).

Con arreglo a lo anterior, Don José Trías Monge ha he-cho hincapié en que la referida prohibición contra las leyes “ex post facto” se limitó a reproducir lo dispuesto sobre el particular en la Constitución de Estados Unidos. Lo mismo había indicado antes el comisionado residente y presidente de la Convención Constituyente, Don Antonio Fernós Isern, al señalar expresamente que dicha disposi-ción era igual a la conocida prohibición que aparecía en la Constitución de Estados Unidos y en las propias Constitu-ciones de la mayor parte de los estados de la Unión.

En efecto, la citada explicación de lo que es una ley ex post facto, incluida en el Informe de la Comisión de Carta de Derechos de la Convención Constituyente, fue tomada textualmente de lo dictaminado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso medular sobre este asunto Calder v. Bull, 1 L. Ed. 648 (1798), según lo acogimos no-sotros mismos en Fernández v. Rivera, Jefe del Presidio, supra, pág. 903. Evidentemente, al aprobar nuestra propia disposición constitucional para prohibir las leyes ex post facto, lo primordial que tomamos de nuestra jurispruden-cia previa a 1952 fue la arraigada adhesión de ésta a los dictámenes específicos del Tribunal Supremo federal.

Por el contundente historial anterior, estamos obligados a reconocer que lo dispuesto por nuestra propia Constitu-ción para prohibir las leyes ex post facto abarca concreta-mente lo mismo que la idéntica disposición de la Constitu-ción federal, según interpretada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, de la cual fue calcada. Por ello también este Tribunal debe hacer efectiva e interpretar la disposi-ción referida de nuestra Carta de Derechos de la misma forma y con el mismo grado de protección que el Tribunal Supremo de Estados Unidos interprete y aplique la refe-rida disposición de la Constitución federal. Véase R.C.A. v. Gobierno de la Capital, 91 D.P.R. 416 (1964).

Así, en efecto, lo hemos hecho una y otra vez, en nuestra jurisprudencia sobre el particular, posterior a la relativa al Acta Jones. De ordinario, en los casos que hemos tenido ante nos luego de aprobada nuestra Constitución —en los que hemos dilucidado concretamente el asunto de la prohi-bición constitucional de leyes ex post facto— hemos apo-yado nuestros propios dictámenes concretamente en opinio-nes específicas sobre el particular del Tribunal Supremo de Estados Unidos, tal como lo habíamos hecho antes de 1952. Véanse: Pueblo v. Miranda, 79 D.P.R. 710, 716 (1956), en el cual acudimos a Lindsey v. Washington, 301 U.S. 397 (1937), en apoyo de nuestro propio dictamen; Pueblo v. Pérez Méndez, 83 D.P.R. 539 (1961), en el que apoyamos nuestro dictamen en Duncan v. Missouri, 152 U.S. 377 (1894); Pueblo v. Mórcelo Martínez, 104 D.P.R. 20 (1975), en él apoyamos nuestro dictamen otra vez en Duncan v. Missouri, supra; Pueblo v. Lebrón González, 113 D.P.R. 81 (1982), en que nos apoyamos en Fernández v. Rivera, Jefe del Presidio, supra, y en Pueblo v. Pérez Méndez, supra, que a su vez estaban ancladas en decisiones del Tribunal Supremo federal; Pueblo v. Pizarro Solís, 129 D.P.R. 911 (1992), en el cual nos apoyamos en Colder v. Bull, supra; Pueblo v. Rexach Benitez, supra, en el cual descansamos en Colder v. Bull, supra, y en Thompson v. Utah, 170 U.S. 343 (1898); Pueblo en interés menor F.R.F., 133 D.P.R. 172 (1993), en que apoyamos nuestro dictamen, en lo perti-nente, en Collins v. Youngblood, 497 U.S. 37 (1990).

Es menester destacar un dato muy pertinente al asunto que aquí nos concierne. En toda nuestra jurisprudencia so-bre la garantía constitucional contra las leyes ex post facto siempre nos amparamos en lo decidido concretamente por el Tribunal Supremo federal, sin pararnos a dilucidar hasta el caso de autos una cuestión conceptual muy neurál-gica que ha surgido en la jurisprudencia del más alto foro judicial americano: la dicotomía de lo sustantivo vs. lo procesal. Como bien ha señalado el Prof. Ernesto L. Chiesa Aponte, en su obra Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Bogotá, Ed. Forum, 1992, Vol. II, Secs. 19.1 y 19.3, págs. 545 y 561, luego de aplicar por décadas la garantía federal contra leyes ex post facto en todo tipo de caso, incluyendo los que sólo planteaban cuestiones proce-sales, en 1990 el Tribunal Supremo de Estados Unidos dio un “reversazo” en Collins v. Youngblood, supra, y en efecto resolvió que la garantía federal sólo aplicaba a la ley penal substantiva y no a leyes procesales o de derecho probatorio. En nuestra jurisprudencia, en cambio, aunque amparada siempre en decisiones concretas del Tribunal Supremo americano, la problemática distinción entre lo sustantivo y lo procesal en lo referente a la garantía contra leyes ex post facto, escasamente había asomado su cabeza hasta ahora. Ello ha sido así aun en casos nuestros en los cuales el asunto en cuestión era al menos argüiblemente procesal y resolvimos que no existía una violación de la garantía constitucional contra leyes ex post facto. En tales casos de-terminamos que no aplicaba la garantía en cuestión, am-parándonos para ello en decisiones específicas del Tribunal Supremo federal, pero no mencionamos para nada la refe-rida distinción entre lo sustantivo y lo procesal. Tal fue la situación en Pueblo v. Pérez Méndez, supra, que trataba con el funcionamiento en salas de tres Jueces de este Tribunal en Pueblo v. Mórcelo Martínez, supra, que trataba sobre la validez de la creación de una subdivisión apelativa del Tribunal Superior, y en Pueblo v. Lebrón González, supra, que trataba sobre la aplicación dé una regla de evidencia. Más aún, en un caso sí aplicamos la garantía referida a una situación que es cuando menos argüible- mente procesal pero no hicimos referencia a la distinción entre lo sustantivo y lo procesal. En Pueblo v. Pizarro Solis, supra, rechazamos aplicarle a un delincuente habitual una ley que excluía a tales delincuentes de bonificaciones por buena conducta. La ley había sido aprobada luego de haberse dictado la sentencia condenatoria del delincuente habitual en cuestión. Citando la decisión del Tribunal Supremo federal en Colder v. Bull, supra, resolvimos que aplicar retroactivamente la ley excluyendo a delincuentes habituales de las bonificaciones respecto a las penas, sería aumentar el castigo del delito luego de consumados los he-chos, lo que estaba prohibido por la garantía constitucional que prohíbe la aplicación de leyes ex post facto.

En efecto, en toda la extensa jurisprudencia en cuestión, a partir de 1952 hemos aludido brevemente a la distinción entre lo sustantivo y lo procesal respecto a la garantía en cuestión en sólo dos ocasiones. En una de ellas, en una nota al calce, en Pueblo en interés menor F.R.F., supra, lo hici-mos para señalar que es ex post facto “aquella ley procesal que afecta derechos sustantivos del acusado”', es decir, apli-camos la garantía aún a determinadas leyes procesales. La otra ocasión fue en Pueblo v. Rexach Benitez, supra, en el que sólo señalamos in passim, en una breve y escueta ora-ción, que la ley que creaba el Fiscal Especial Indepen-diente sólo incorporaba un cambio de derecho procesal que no caía bajo el ámbito de la prohibición contra las leyes ex post facto. Citamos para ello las decisiones del Tribunal Supremo federal en Colder v. Bull, supra, y Thompson v. Utah, supra, ninguna de las cuales trataba sobre la distin-ción en cuestión como tal, la que fue expresamente adop-tada por el alto foro norteamericano un siglo después.

En resumen, pues, durante siete décadas hemos re-suelto nuestros propios casos sobre la garantía referida si-guiendo siempre decisiones concretas del Tribunal Supremo de Estados Unidos. No sólo no hemos adoptado en Puerto Rico la distinción entre lo sustantivo y lo procesal como ese Foro la aplicó en 1990 en Collins v. Youngblood, supra, sino que hemos hecho valer la garantía ex post facto en al menos cuatro instancias que claramente involucraban leyes procesales.

A todo lo anterior hay que añadir que los principales comentaristas puertorriqueños sobre este asunto destacan que Collins v. Youngblood, supra, no sólo no ha sido se-guido aquí en cuanto a la distinción referida, sino que opi-nan que dicha decisión no debe ser seguida en Puerto Rico para excluir todo el derecho procesal del ámbito de la pro-tección contra las leyes “ex post facto”. El Prof. Ernesto L. Chiesa expresamente ha señalado que la protección contra leyes ex post facto debe ser aplicada a “aspectos procesales fundamentales”. Chiesa Aponte, op. cit., págs. 560-561. La Prof. Dora Nevares-Muñiz, por su lado, entiende que un cambio en el derecho procesal no cae bajo el ámbito de la prohibición contra las leyes ex post facto, excepto cuando dicho cambio afecta adversamente al acusado. D. Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño: Parte General, 4ta ed. rev., Hato Rey, Ed. Inst. Desarrollo del Derecho, 2000, pág. 99.

Como en Puerto Rico no sólo no hemos adoptado la muy criticada distinción entre lo sustantivo y lo procesal, apli-cada en 1990 por el Tribunal Supremo federal en Collins v. Youngblood, supra, sino que, por el contrario, hemos hecho valer la garantía en cuestión aún en varios casos en mate-ria procesal, parece claro que nos hemos adherido por dé-cadas a la esclarecida corriente de pensamiento jurídico que estima que la distinción referida es en efecto muy frágil e inadecuada, como ha sido señalado reiteradamente en la crítica erudita. En efecto, la distinción entre lo sustantivo y lo procesal ha sido objeto de extensas críticas adversas, por muy diversas razones. Véanse, sólo como una muestra de la extensa crítica erudita: L.B. Solum, Procedural Justice, 78 (Núm. 1) So. Calif. L. Rev. 181, 215 (2004); L. Kurlan-tzick, Retroactivity: What can we Learn From The Odd Case of Michael Skakel?, 36 Conn. L. Rev. 511, 517-519 (2004); E.I. Jacobs, Is Ring Retroactive?, 103 (Núm. 7) Columbia L. Rev. 1805, 1829 (2003); R.B. Tanner, A Legislative Miracle: Revival Prosecutions And The Ex Post Facto Clauses, 50 (Núm. 1) Emory L.J. 397, 416-422 (2001); S.L. Chadwick, The Disappearing Ex Post Facto Clause and Reviving Time-Barred Prosecutions, 30 (Núm. 1) Southwestern U.L. Rev. 197 (2000); J.E. Fisch, Retroactivity And Legal Change, 110 (Núm. 5) Harv. L.Rev. 1056, 1086-1087 (1997); M.A. Ihrig, Retroactivity And Criminal Law: Procedurally Avoiding Constitutional Provisions, 30 Univ. of Tulsa L.J. 571, 591-598 (1995); M.A. Estrin, Retroactive Application of the Civil Rights- Act of 1991 to Pending Cases, 90 (Núm. 7) Mich. L.Rev. 2035, 2061-2062 (1992); D.M. Risinger, Substance and Procedure Revisited, 30 (Núm. 2) U.C.L.A. L.Rev. 189 (1982). Arm el propio Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dicho que la distinción entre lo substantivo y lo procesal es “a logical morass”, Mistretta v. United States, 488 U.S. 361, 392 (1989), y ha reconocido que las normas de prescripción como la que aquí nos concierne pueden considerarse a la vez como nor-mas substantivas o procesales. Véase Sun Oil Co. v. Wortman, 486 U.S. 717 (1988). Es por ello que el eminente co-mentarista del derecho penal profesor Fletcher ha señalado lo siguiente, refiriéndose precisamente a la apli-cación a casos de prescripción, como es el de autos, de la distinción entre lo substantivo y lo procesal en la norma-tiva sobre la prohibición de las leyes ex post facto:

It seems as though we have a good idea of the difference between substantive rules and procedural rules. In many borderline cases, however, this distinction is hardly obvious. Take, for example, the statute of limitations .... This looks like a procedural rule, but it could be interpreted as substantive
.... G.P. Fletcher, Basic Concepts of Criminal Law, Oxford, Oxford University Press, 1998, pág. 10.

Debe señalarse, además, que la norma de prescripción que aquí nos concierne no puede ser considerada como una mera norma procesal que justifique por ello la inaplicabili-dad al caso de autos de la garantía constitucional contra las leyes ex post facto. La prescripción de los delitos es un asunto inherentemente ligado a la naturaleza del acto punido. Por ello, hay delitos que no prescriben nunca; otros prescriben a los diez años, a los cinco años o al año. 33 L.P.R.A. see. 3412. Más aún, el asunto de la prescripción está regido en el propio Código Penal y no en las Reglas de Procedimiento Criminal. Por estas razones y otras, muchas jurisdicciones estiman con buen sentido que las normas de prescripción son un asunto substantivo, al menos para la garantía ex post facto. Véanse: State v. Frech Funeral Home, 448 A. 2d 1037 (N.J. 1982); Rubin v. State, 390 So. 2d 322 (Fla. 1980); State v. Fogel, 492 P.2d 742 (Ariz. 1972); People v. Rehman, 396 P.2d 913 (Cal. 1964); United States v. Auto Rental Company, 187 F. Supp. 603 (Pa. 1960); McIlwain v. State, 294 S.W.2d 350 (Ark. 1956). Un juez de un Tribunal Supremo estatal ha resumido el asunto de esta manera en Christmas v. State, 700 So. 2d 262, 273 (Miss. 1997):

The theory that statutes of limitations do not affect a defendant’s substantive rights is irrational. Because any statute of limitations limits the circumstances under which guilt can be found and guarantees the accuracy and integrity of the adjudicatory process in criminal procedure, the statute operates as a substantive right for purposes of ex post facto analysis.

Véase, además, State v. Hodgson, 740 P.2d 848 (Wash. 1987), y Hanna v. Plumer, 380 U.S. 460, 471 (1965), en los cuales tanto el Tribunal Supremo de Estados Unidos como el del estado de Washington señalan que la dicotomía “substantivo-procesal” es poco útil porque su sentido varía dependiendo del contexto legal en que se use:

... the line between “substance” and “procedure” shifts as the legal context changes. Each implies different variables depending upon the particular problem for which it is used. (Ci-tas omitidas.)

Cuando menos, pues, se trata de una dicotomía que tiende a complicar el Derecho más que a esclarecerlo.

Es por todo lo anterior que no debe este Tribunal ampa-rarse ahora en la endeble distinción entre lo substantivo y lo procesal para resolver el importante caso de autos. Adoptar dicha distinción ahora, casi setenta años después del primero de numerosos casos en que este Tribunal pudo haberlo hecho, y cuando dicha distinción está desacredi-tada doctrinalmente, constituiría un inexplicable retroceso. Más aún, limitar la aplicación de la garantía constitucional en cuestión sólo a leyes de carácter sustan-tivo significaría imponer una restricción que no fue con-templada de modo alguno por los que formularon nuestra Constitución. No hay nada en el historial de ésta que per-mita ni siquiera suponer que la disposición que veda las leyes ex post facto tendría tal limitación.

Finalmente, no tiene mucho sentido jurídico basar nues-tro dictamen en el caso de autos en un fundamento tan controversial, endeble y desacreditado como el de la dico-tomía substantivo-procesal, cuando se puede apoyar sobre otras bases más sólidas. Veamos.

IV

De lo anterior, podemos consignar lo siguiente: primero, la clara intención de los que redactaron nuestra Constitu-ción de acoger mediante nuestra propia prohibición las de-cisiones emitidas al amparo de la Constitución federal so-bre las leyes ex post facto; segundo, nuestra propia e invariable práctica jurisprudencial de adjudicar los casos que llegan ante nos sobre alegadas leyes ex post facto al amparo de determinaciones específicas del Tribunal Supremo federal. En vista de ello, debemos ahora examinar brevemente una reciente decisión del más alto foro judicial norteamericano, estrechamente relacionada con el asunto que está planteado en el caso de autos y que nos sirve de ancla inicial para el principio general que lleva a la solu-ción adecuada de este caso.

En Stogner v. California, 539 U.S. 607 (2003), se cues-tionó la validez de un estatuto de California que permitía la presentación de cargos penales en casos de abusos sexuales contra menores de edad, aunque el término para procesar al imputado se hubiere extinguido, siempre y cuando el Estado iniciase la acción penal dentro de un año a partir de la querella de la víctima. El claro propósito de la legislación en cuestión era revivir determinados críme-nes de abuso sexual contra menores cuyo breve término de prescripción de tres años había transcurrido. El estatuto referido se impugnó por tratarse alegadamente de una ley ex post facto.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió en Stogner v. California, supra, que era inconstitucional cual-quier ley que procurase extender el término prescriptivo de un estatuto penal sólo si ésta se había aprobado luego de que dicho término hubiese expirado. Expresa y reiterada-mente resolvió, en cambio, que era válida cualquier ley que procurase extender el término prescriptivo penal si ésta sólo ampliaba términos que aún no habían expirado. Se-ñaló el más alto foro judicial de Estados Unidos:

... we agree that the State’s interest in prosecuting child abuse cases is an important one. But there is also a predominating constitutional interest in forbidding the State to revive a long-forbidden prosecution. And to hold that such a law is ex post facto does not prevent the State from extending time limits for the prosecution of future offenses, or for prosecutions not yet time barred. (Enfasis suplido.) Id., pág. 632.

Así mismo, el Tribunal Supremo federal citó con apro-bación un dictamen del Tribunal Supremo de Pennsylvania en Commonwealth v. Duffy, 96 Pa. 506, 514 (1880), que había resuelto lo siguiente:

[I]n any case where a right to acquittal has not been absolutely acquired by the completion of the period of limitation, that period is subject to enlargement or repeal without being obnoxious to the constitutional prohibition against ex post facto laws.

Es menester enfatizar que lo señalado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en Stogner v. California, supra —que hemos citado aquí— había sido una normativa bien establecida en la jurisprudencia de los Tribunales Supremos estatales por mucho tiempo. No se trata, pues, de una norma de nuevo cuño. A modo de ilustración, véanse: State v. Duffy, 6 P.3d 453 (Mont. 2000); Christmas v. State, supra; State v. Fiorenzano, 690 A.2d. 857 (R.I. 1997); State v. Davenport, 536 N.W.2d 686 (N.D. 1995); State v. Martin, 643 A.2d 946 (N.H. 1994); State v. Schultzen, 522 N.W.2d. 833 (Iowa 1994); State v. Petrucelli, 592 A.2d 365 (Vt. 1991); Com. v. Johnson, 553 A.2d 897 (Pa. 1989); Andrews v. State, 392 So.2d 270 (Fia. 1980); State v. Wolfe, 247 N.W. 407 (S.D. 1933); People v. Buckner, 117 N.E. 1023 (Ill. 1917).

Asimismo, la norma aludida por el Tribunal Supremo federal en Stogner v. California, supra, ya había sido apli-cada por varios tribunales federales a quo. Véanse: U.S. v. Madia, 955 F.2d 538 (8vo Cir. 1992); United States v. Richardson, 512 F.2d 105 (3er Cir. 1975); West v. United States, 274 F.2d 885 (6to Cir. 1960); United States v. Waggener, 138 F.Supp. 107 (Col. 1956); U.S. v. Kurzenknabe, 136 F.Supp. 17 (N.J. 1955).

De hecho, una de las primeras decisiones federales en la que se validó la norma de que se puede extender legislati-vamente el periodo prescriptivo aplicable a algún delito concreto, mientras dicho periodo no haya expirado aún en el caso en cuestión, fue Falter v. United States, de Segundo Circuito, que fue resuelto en 1928 por el distinguido jurista Learned Hand. Este explicó sobre el particular lo si-guiente:

[I]t is one thing to revive a prosecution already dead, and another to give it a longer lease on life. The question turns upon how much violence is done to our instinctive feeling of justice and fair play. For the state to assure a man that he has become safe from its pursuit, and thereafter to withdraw its assurance, seems to most of us unfair and dishonest. But, while the chase is on, it does not shock us to have it extended beyond the time first set.... Falter v. United States, 23 F.2d 420, 425-426 (2do Cir. 1928).

De especial interés para nosotros es un dictamen, en el mismo sentido, del Tribunal de Distrito federal de Puerto Rico hace varias décadas en United States v. Vidal, 155 F. Supp. 180 (P.R. 1957). En este caso, el imputado cuestionó un estatuto federal, que ampliaba de tres a cinco años el término prescriptivo del delito por el cual se le acusaba, por ser ex post facto. El tribunal resolvió que la ley en cues-tión era válida, en vista de que fue aprobada estando aún vigente el anterior término prescriptivo. El foro federal de Puerto Rico se amparó en decisiones federales análogas emitidas por otros dos tribunales federales. Así que en nuestro propio ámbito judicial ya era conocida la norma expuesta por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en Stogner v. California, supra y por Learned Hand en Falter v. United States, supra.

Es menester señalar que después de la decisión Stogner v. California, supra, otros foros judiciales han aplicado la normativa expuesta por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en dicha decisión a otros casos con hechos similares a los de autos. Véase State v. Martin, 849 A.2d 138 (N.H. 2004); State v. Steele, 802 N.E.2d 1127 (Ohio 2003); People v. Robertson, 6 Cal. Rptr.3d 363 (2003).

Finalmente, debe indicarse que la normativa señalada por el Tribunal Supremo federal sobre el alcance de la pro-hibición constitucional contra las leyes ex post facto coincide también con lo que antes había expuesto doctrinal-mente sobre el particular el eminente comentarista George P. Fletcher en Basic Concepts of Criminal Law, supra, págs. 7 — 24. Se trata, pues, de una normativa de hondas, antiguas y extensas raíces, con amplio y distinguido apoyo judicial y doctrinal.

Veamos entonces cómo aplica al caso de autos la expec-table norma en cuestión.

V

Según indicáramos, a la fecha en que se aprobó la Ley Núm. 2 que aquí nos concierne, los delitos luego imputados a Candelario aún no habían prescrito. Al 1 de enero de 1998 la víctima Elizabeth Castro Pérez no había cumplido todavía los dieciocho años de edad, por lo que el Ministerio Público aún tenía cinco años y dos días para presentar car-gos contra Candelario por la alegada comisión de los deli-tos de violación técnica y tentativa de violación. Al entrar en vigor de inmediato la referida Ley Núm. 2 el 1 de enero de 1998, el término prescriptivo con relación a los hechos luego imputados a Candelario se extendió válidamente hasta cinco años a partir de que la víctima cumpliese la edad de veintiún años, es decir, hasta el 3 de enero de 2006. Como la Ley Núm. 2 en cuestión tuvo el efecto de ampliar un término prescriptivo que aún no se había extinguido, dicha legislación no es ex post facto, conforme a la respeta-ble normativa reseñada antes, que por su eminente razo-nabilidad y su autoritativo sostén judicial y doctrinal de hondas y extensas raíces, debemos acoger en nuestro pro-pio ordenamiento jurídico.

VI

Finalmente, existe otro fundamento más en que se apoya nuestro dictamen aquí. Como se sabe, la prescrip-ción en el derecho penal no responde a precepto alguno de orden constitucional sino a un acto de gracia legislativa cuyo origen es puramente estatutario. Pueblo v. Vallone, Jr, 133 D.P.R. 427 (1993). De ordinario, pues, el Estado que fija la prescripción también puede variarla libremente. El propósito esencial de esta figura jurídica es proteger al acusado de estar expuesto a un proceso criminal por un tiempo indeterminado. Pueblo v. Oliver Frías, 118 D.P.R. 285, 291 (1987). Mediante la prescripción en el derecho penal, se le informa al imputado sobre la intención del Es-tado de procesarle, con suficiente anticipación, para que no menoscabe su oportunidad de defenderse por que la evi-dencia disponible para ello desaparezca o se oblitere por el transcurso del tiempo. Pueblo v. Tribunal Superior, 84 D.P.R. 24 (1961). No están involucrados derechos mayores que éstos. Por eso, nadie tiene derecho a invocar un tér-mino prescriptivo antes que éste en efecto haya transcu-rrido según lo dispone concretamente la legislación que lo establece.

En el caso de autos, al momento en que se presentaron las denuncias aquí, no se había consolidado aún la defensa de prescripción para el peticionario, al amparo de la única legislación sobre el particular que estaba en vigor. El peti-cionario no tenía más derechos que lo que esa legislación le otorgaba.

En virtud de todo lo anterior, es menester resolver que las denuncias presentadas contra Candelario el 16 de marzo de 2004 imputaban delitos que todavía no se habían extinguido. Procede, pues, que se confirmen los dictámenes de los foros a quo.

      (1) Ahí, en lo pertinente, se le restringió a un menor la defensa sustantiva de minoridad que tenía disponible al momento de cometer los hechos. Dicha defensa estaba reconocida en el Art. 29 del ahora derogado Código Penal de 1974 (33 L.P.R.A. see. 3151). Por tal razón, concluimos en ese caso que se aplicó retroactivamente al imputado una ley sustantiva desfavorable, en violación a la prohibición contra leyes ex post facto.

       Es necesario aclarar que, con anterioridad a los precedentes que acabamos de examinar, este Tribunal realizó ciertas expresiones en Pueblo v. López, 70 D.P.R. 790 (1950), que apoyan la contención de que las leyes procesales pueden ser ex post facto. No obstante, el ratio decidendi de Pueblo v. López, supra, no tiene vigencia actualmente, pues el caso federal que nos vinculó en esa ocasión fue revocado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en Collins v. Youngblood, 497 U.S. 37 (1990).

       Nótese que en lo civil la prescripción no impide iniciar una reclamación. Dicha figura es más bien una defensa afirmativa a la cual puede renunciar el deudor. Incluso, siendo nuestro sistema de derecho un sistema rogado, si el deudor no utiliza la defensa de prescripción se entiende que la renuncia. L. Diez-Picazo y Ponce de León, La prescripción extintiva en el Código Civil y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, Thomson-Civitas, 2003, págs. 107-109.

       Véase, por ejemplo, la decisión emitida por la Corte Constitucional de Ale-mania en su Sentencia de 1969 (BverfGE 25, 269) según discutida en G.P. Fletcher, Basic Concepts of Criminal Law, Oxford, Oxford University Press, 1998, pág. 14. Las cortes federales también han llegado consecuentemente a este resultado. U.S. v. De La Mata, 266 F.3d 1275 (limo Cir. 2001); U.S. v. Grimes, 142 F.3d 1342 (11mo Cir. 1998). El Tribunal Supremo de Estados Unidos, aunque en dictum, también parece favorecer este resultado en Stogner v. California, 539 U.S. 607 (2003).

       El profesor Fletcher dedica la totalidad del primer capítulo de su más re-ciente libro a elucidar la importancia de la distinción entre ley procesal y ley sustan-tiva en cuanto a la protección contra las leyes ex post facto (“Substance v. Procedure”). Como parte de su discusión, el profesor Fletcher admite que
      “... los términos prescriptivos ... parecen ser una regla procesal, pero pueden ser interpretados como [una regla] sustantiva”. (Traducción nuestra.) Fletcher, op. cit., pág. 10.
      Por ello, más adelante señala que
      “... en casos límite la distinción entre lo procesal y lo sustantivo presenta pro-blemas filosóficos. No podemos clarificar la distinción sin una teoría acerca de la naturaleza del derecho sustantivo y del asunto particular que estamos tratando ....” íd.
      Luego de desarrollar rigurosamente la referida teoría, el profesor Fletcher con-cluye, tal como señalamos en el cuerpo de nuestra ponencia, que

        "... a base de este análisis podemos concluir que la defensa de prescripción es procesal y que es permisible constitucionalmente el que [una] legislatura la derogue retroactivamente.” Id., pág. 14.

       Debemos aclarar, como señalamos anteriormente, que conforme a la norma-tiva esbozada por el Tribunal Supremo federal en Carmell v. Texas, 529 U.S. 513 (2000), la prohibición contra leyes ex post facto también protege contra aplicaciones retroactivas de leyes que alteran la suficiencia de la prueba o el quantum de eviden-cia necesario para lograr una condena. En el caso de autos, no obstante, es claro que no estamos ante una ley de esta naturaleza.

       Este dato resulta ser particularmente importante pues, recientemente, el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió que es inconstitucional la aplicación retroactiva de una ley que revive términos prescriptivos ya expirados. Stogner v. California, supra. Estos pronunciamientos, al condicionar la protección constitucio-nal mínima federal en esta materia, nos vinculan.

       La decisión citada fue posteriormente revocada en 1989. El efecto de esta revocación se discute más adelante.

       J. Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, San Juan, Ed. U.P.R., 1982, Vol. III, pág. 197.

       A. Pernos, Original Intent in the Constitution ofP.R., 2da ed., Lexis-Nexis de Puerto Rico, 2002.

       En Pueblo v. Pérez Méndez, 83 D.P.E. 539 (1961), incluimos una cita de una antigua decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Duncan v. Missouri, 152 U.S. 377 (1894), emitida mucho antes de que ese Tribunal hubiese formulado la distinción entre lo sustantivo y lo procesal. Dicha cita aclara que la mera abolición de tribunales y la creación de otros nuevos, que no afecta derechos sustanciales de un acusado, no está dentro de la prohibición de la garantía contra leyes ex post facto. Obviamente poco tiene que ver con la distinción que excluye todo el derecho procesal del ámbito de esa garantía, que fue adoptada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos casi cien años después del caso Duncan v. Missouri, supra.

       Debe resaltarse que en otros casos de normas procesales no hemos hecho valer la garantía ex post facto, lo que de por sí pone en relieve la fragilidad de la dicotomía substantivo-procesal.