author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    Angela Negrón Muñoz, Presidenta de la Sociedad para la Protección y Defensa del Niño, demandante, v. Andrés A. Lugo, Alcaide de la Cárcel de Distrito de San Juan, Puerto Rico, demandado.
    Núm. 409.

    Sometido: Febrero 5, 1942.

      Resuelto: Febrero 9, 1942.

      Santos P. Amadeo j Ernesto Juan Fonfrías, abogados de la deman-dante.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Los becbos esenciales alegados en la petición que se nos bace para que libremos un auto de bábeas corpus en este casoy son los siguientes:

Que en agosto 25 de 1940 el menor Celedonio Rivera, de 15 años de edad, agredió con una navajita “gem” a otro menor mayor que él mientras ambos estaban peleando; que el Fiscal de la Corte de Distrito de Bayamón, actuando como Oficial Procurador ('Probation Officer) de dicba corte, después de realizar una investigación de los becbos, puso al menor bajo la custodia de sus padres con la condición de que se entre-vistara cada ocbo días con el Juez de Paz del pueblo de Dorado; que en enero 17 de 1942 la Corte Juvenil del Dis-trito Judicial de Bayamón, sin que hubiera motivo para ello pues el menor Celedonio Rivera no babía cometido ningún otro acto de delincuencia juvenil,' declaró a dicho menor niño delincuente y sin el consentimiento de su padre ordenó su reclusión en la Escuela Industrial Reformatoria de Maya-güez basta que cumpliera 19 años de edad; que el menor está recluido provisionalmente en la Galera de Menores de la Cárcel de Distrito de San Juan bajo la dirección del deman-dado basta que se pueda conseguir sitio en la Escuela Industrial Reformatoria de Mayagüez; que la resolución de la Corte Juvenil de Bayamón fue dictada sin que el juez hubiera tomado en consideración que el menor no era un niño abando-nado, no había vuelto a delinquir después que lá corte lo puso bajo la custodia de su padre y estaba observando buena conducta cuando la corte dictó dicha resolución; que antes y después de agosto 25 de 1940, el padre del menor lo cuidaba como un buen padre de familia y le proporcionaba todas sus necesidades de acuerdo con sus medios económicos, siendo el padre un hombre honrado, trabajador, moral y sin antece-dentes penales.

Se alega que la Corte Juvenil de Bayamón se excedió en el ejercicio de su jurisdicción y que su resolución en el mencio-nado caso es nula e ineficaz por dos razones, a saber:

“ (a) Porque la resolución de la Hon. Corte Juvenil del Distrito Judicial de Bayamón, Puerto Rico, ordenando la reclusión del menor Celedonio Rivera en la Escuela Industrial Reformatoria de Maya-güez, Puerto Rico, privándole al padre de dicho menor de su patxia potestad sin su consentimiento, constituyó un ejercicio arbitrario, irrazonable e ilegal del poder de ‘parens patriae’.
“ (b) Porque la resolución recluyendo a dicho menor en la Escuela Industrial Reformatoria de Mayagüez, Puerto Rico, es contraria a su bienestar, y dicho menor debe estar bajo la custodia de su padre mientras éste cumpla sus deberes con él, y mientras dicho menor no constituya un peligro social, en vez de estar bajo la custodia del director de la Escuela Industrial Reformatoria de Mayagüez, Puerto Rico. ’ ’

Se hace además una alegación general de que todo lo ante-riormente consignado ha sido hecho en violación a los ar-tículos 25 y 33 de la Ley de Cortes Juveniles, y de los artícu-los 152, 153 y 166 del Código Civil vigente, así como en violación de la política pública establecida en la ley de las cortes juveniles y de los principios y normas de la ciencia penal contemporánea relacionada con la prevención y trata-miento de la delicuencia juvenil. En la súplica se nos pide no sólo que anulemos la resolución dictada por la Corte Juvenil de Bayamón, sino que además le ordenemos que en-tregüe la custodia del menor a su padre Víctor Benitez mientras observe buena conducta.

Por último se aducen varias razones para invocar la juris-dicción original de esta Corte sobre las cuales no consideramos necesario pasar debido a la conclusión a que hemos llegado de que la petición no aduce hechos suficientes que justifiquen la expedición del auto solicitado.

En primer término resalta el hecho de que fué el Fiscal de la Corte de Distrito de Bayamón, quien actuando como Oficial Procurador de la Corte Juvenil, después de haber hecho una investigación de los hechos, puso al menor Celedonio Rivera bajo la custodia de sus padres, bajo ciertas condiciones. Esta actuación de dicho funcionario sin intervención del Juez de la Corte Juvenil, no está autorizada por la Ley núm. 37 “para establecer un sistema de cortes para niños, proveer lo necesario para atender a niños abandonados y delincuentes, y disponer el procedimiento, para la delincuencia infantil y para otros fines”, aprobada el 11 de marzo de 1915 (leyes de 1915, pág. 73). La sección 5 de esta ley dispone que “los fiscales de las cortes de distrito y jueces de las cortes municipales actuarán y servirán de oficiales procuradores (probation officers) de la corte para niños en sus distritos respectivos, y desempeñarán los deberes que más adelante se especifican en la presente, en sus respectivos distritos municipales”; la sección 10 especifica que los oficiales procuradores quedan revestidos de facultad bastante para hacer arrestos, presentar denuncias y procesar a cualquier persona comprendida en las disposiciones de la ley; por la sección 11 se especifica que será deber del fiscal de distrito, cuando actuare de oficial procurador comparecer ante la corte para niños para procesar o celebrar cualquier vista o juicio en que estuviere actuando el oficial procurador; y por último en la sección 13 se provee que cuando quiera que un niño fuese puesto bajo la custodia de un Oficial Procurador quedará éste obligado a someter el caso a la corte que corresponda, llevar el niño a presencia de dicha corte, y en tales casos la corte podrá proceder a la celebración del juicio del mismo modo que si el niño hubiera sido llevado a petición de parte, según se dispone en la misma ley.

En ninguna de estas disposiciones encontramos autoridad conferida al Oficial Procurador para que entregue, con ca-rácter permanente, la custodia de un niño que ha cometido una delincuencia, a sus padres, sin la intervención de la corte. Por el contrario, la sección 20 le reconoce esta facultad a la corte cuando dispone lo siguiente:

■ "La Corte podrá transferir la vista de cualquier caso para cual-quier fecha y podrá en tanto colocar al niño bajo la custodia del oficial procurador u otra persona de buena reputación o en una insti-tución pública o privada protectora de niños o podrá la Corte dejar que el niño permanezca en el hogar, si lo tuviere, o depositarlo en la casa de una familia dispuesta a recibirlo, quedando sujeto en todo caso, a la inspección amistosa y visita del oficial procurador en la forma en que dispusiere la Corte.”

De manera que la actuación del fiscal de la corte inferior entregando el menor a sus padres, no constituyó una resolu-ción definitiva del caso y al ser llamado éste para vista por la Corte Juvenil, lo hizo en ejercicio de su jurisdicción. [3] La alegación que se hace de que la resolución es nula porque al ordenar la reclusión del menor en la Escuela Industrial Reformatoria dé Mayagiiez se privó al padre de su patria potestad sin su consentimiento, es completamente frí-vola.

La sección 33 de la ley según fué enmendada por la ley núm. 10 aprobada el 6 de abril de 1916 (Leyes de 1916, pág. 43), dispone, en parte, lo siguiente:

"Esta ley deberá interpretarse liberalmente con el fin de que se haga posible llevar a cabo sus propósitos, siendo éstos la protección y el bienestar del niño y proporcionarle los medios para corregirse, educarse y vivir como ciudadano respetuoso de la ley. ■
"Los procedimientos y sentencias determinados en esta ley sólo implicarán el ejercicio de una eminente patria potestad, por parte de El Pueblo de Puerto Rico, con respecto a los niños, contra quienes no establecerá precedente alguno de criminalidad.”

Las cortes para niños al aplicar estos preceptos no tienen que obtener el consentimiento de los padres para privarles, temporalmente, de la custodia del hijo. La resolución dic-tada implica el ejercicio de una eminente patria potestad de El Pueblo de Puerto Rico que es superior a la de los padres. Los artículos 152, 153 y 166 del Código .Civil citados en la petición, que tratan sobre la patria potestad de los padres y de los c'asos en que los tribunales podrán privarles de la misma, no tienen aplicación alguna a los hechos del caso de autos. La corte inferior, después de ver el caso resplvió, dentro de su discreción, que el bienestar del niño Celedonio Rivera exigía su reclusión en la Escuela Industrial Reforma-toria de Mayagüez. Resoluciones de esta naturaleza no son revisables ante esta corte a través de un auto de hábeas corpus, ya que la ley en su sección 18 provee que de la reso-lución o sentencia final dictada por una corte juvenil contra cualquier persona, podrá apelarse para ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, y que tal apelación podrá interpo-nerse a nombre del niño, por su padre, tutor o procurador, o por cualquier pariente de dicho niño dentro del tercer grado de consanguinidad.

Por las razones expuestas, no ha lugar a expedir el auto solicitado.


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text:
    Feliciano Berríos, peticionario, v. Corte de Distrito de Guayama, Hon. Antonio R. Barceló, Juez, demandada.
    Núm. 1270.

    Sometido: Enero 26, 1942.

      Resuelto: Febrero 9, 1942.

      M. Guzmán Texidor, abogado del peticionario; Angel II. Torregrosa, abogado de los interventores, demandantes en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

En la Corte de Distrito de Guayama se radicó el caso de la Sucn. Alicea y. Feliciano Berríos, sobre cobro de dinero, procedente en apelación de la Corte Municipal de Cayey, donde babía sido incoada la acción bajo la ley núm. 10 de 1921 (pág. 113). La parte demandante, anteé de ser señalado el caso, solicitó permiso de la corte para enmendar la de-manda, con el fin de incluir como partes demandantes a otros herederos de Julián Alicea a quienes se habían omitido in-cluir en la demanda original. El demandado se opuso, pero la corte de distrito, después de oír a las partes, admitió la demanda enmendada que acompañaron los demandantes a su moción y señaló la vista del caso en su fondo. El demandado entonces radicó este recurso de certiorari ante este Tribunal, alegando que la corte inferior había incurrido en dos errores de procedimiento, primero, al permitir que la demanda fuera enmendada, en contravención a lo resuelto en Santana v. Corte, 58 D.P.R. 568, y segundo, al señalar la vista del caso en su fondo sin “darle oportunidad al demandado para con-testar dicha demanda o hacer alegaciones contra la misma, privando así de un derecho legítimo al demandado.”

En cuanto al primer error, esta corte resolvió, en el caso de Santana y. Corte, supra, interpretando la sección 3(a) de la Ley para reglamentar las apelaciones contra sentencias de las cortes municipales en casos civiles, tal y como fué enmendada por la ley núm. 31 de 1934 (pág. 293), que “en las apelaciones de las cortes municipales a las del distrito, las alegaciones sólo pueden enmendarse con permiso de la corte al declarar ésta con lugar una excepción previa a la demanda o a la contestación.”

Por tanto, la cuestión fundamental envuelta en este re-curso es si el demandante en un caso iniciado bajo la ley niím. 10 de 1921 ante una corte municipal y apelado a la de distrito, puede en esta última enmendar su demanda con permiso de la corte y sin que se baya declarado con lugar excepción previa alguna del demandado.

El caso de autos no se tramitó bajo la ley general que reglamenta las apelaciones de las cortes municipales, objeto de interpretación en el caso de Bcmtcma, si que por la ley especial de 1921, supra, que en su sección 5 dispone lo si-guiente :

“Sección 5. — Contra la sentencia que se dicte por la corte municipal podrá apelarse para ante la corte de distrito correspondiente, dentro del décimo día de notificado el perjudicado. Interpuesta la apelación, dentro del quinto día el secretario deberá remitir los autos originales del caso, a dicha corte de distrito, la cual procederá a celebrar el juicio de novo ajustándose a los trámites de la presente, sin sujeción tampoco a calendario.”

¿De qué consisten los autos originales del caso y cuáles los trámites a que se refiere dicba sección? Lo especifican las secciones 1 y 2 de la ley en esta forma:

“Sección 1. — En todo caso civil sobre cobro de dinero que en-vuelva una suma no mayor de cien (100) dólares, o concerniente a contrato de aparcería que entrañe una cuantía que no exceda de cien (100) dólares, el demandante podrá presentar un simple escrito de demanda a la corte municipal que tenga jurisdicción sobre el asunto, y el juez de la misma dictará una orden citando a las partes interesadas con copia de dicha demanda, para una comparecencia que deberá celebrarse dentro de tres días después de la citación, si el demandado residiere dentro del distrito municipal y dentro de seis días en los demás casos. Si el demandado residiere fuera de Puerto Rico, se hará su citación por edictos de acuerdo con el Código de Enjuiciamiento Civil, y el juicio deberá celebrarse dentro de los cinco días siguientes a la publicación del último edicto.
“Sección 2. — En dicha comparecencia, la parte o partes deman-dadas, contestarán por escrito, y se procederá entonces a la práctica de todas las pruebas de ambas partes en el tiempo más breve posible, y la contestación podrá comprender cualquier reconvención o contra-demanda del demandado. Si algunos de los demandados no com-pareciere, se anotará su rebeldía, pero el juez oirá la prueba del demandante, y resolverá de acuerdo con ella.”

Esta corte lia interpretado esta ley en varias ocasiones pero en ninguna se lia tratado o resuelto el punto específico envuelto en el caso de autos. Empero, algunas de esas deci-siones demuestran cuál fué la intención legislativa al aprobar la ley especial. Así en el caso de Rivera v. Aybar, Juez Municipal, 32 D.P.R. 548, se solicitó en la corte municipal el traslado de un caso, tramitado bajo la ley especial de 1921, y a la moción se acompañó una excepción previa. Denegado el traslado se acudió a la corte de distrito por certiorari y habiéndose anulado el auto se apeló a esta Corte la que, al confirmar la sentencia apelada, se expresó, en lo pertinente, así:

“Hemos dicho que el Código de Enjuiciamiento Civil es apli-cable a las cortes municipales y de acuerdo con él la petición de traslado debe hacerse al comparecer y contestar la demanda o al formular excepciones previas a ella, pero posteriormente, el 29 de abril de 1921, se ha promulgado la ley número 10 estableciendo juicios especiales _ en las cortes municipales para reclamaciones que no excedan de $100,...
“Como esta ley establece una tramitación especial y distinta a la del Código de Enjuiciamiento Civil, la cuestión a resolver es si puesto que nada dice con respecto a la presentación de excepciones previas por el demandado y se limita a ordenar que en la compare-cencia se contestará la demanda, la petición de traslado habrá de hacerse con la contestación o si podrá hacerse formulando excepción previa, como hizo y entiende el apelante.
“Es cierto que, como sostiene el apelante, el demandado citado para contestar' puede presentar excepciones previas a la demanda, aunque se le cita para contestar, pero esto es así porque el artículo 105 del Código de Enjuiciamiento Civil autoriza al demandado para excepeionar la demanda o para contestarla, pero como la ley de 1921 citada establece un procedimiento especial en el que nada dice con respecto a las excepciones previas formuladas antes de la contesta-ción y ordena que el demandado contestará en la comparecencia que haga, entendemos que no está facultado para formular excepciones previas antes de contestar y que tiene que contestar la demanda, aunque en ella alegue las excepciones que estime procedentes. Por esto, para que pudiera el demandado solicitar el traslado, tenía que acompañar a su petición una contestación, y no era suficiente pre-sentar una alegación formulando excepciones previas a la demanda porque esta clase de alegaciones no existen en los juicios a que se refiere la ley número 10 de 1921, y por tanto en ese particular ha sido modificado el artículo 82 del Código de Enjuiciamiento Civil que permite hacer la petición formulando excepciones previas a la demanda.” (Itálicas nuestras.)

Posteriormente, en el caso de Puig v. Corte, 41 D.P.R. 560 se resolvió, y citamos del sumario, que:

“Apelado a la corte de distrito un caso tramitado al amparo de la ley núm. 10 de 1921 (pág. 113) no procede desestimar el recurso entablado porque el apelante no pidiera su inclusión en el calendario conforme a la ley de marzo 11, 1908 (Comp. 5334) según quedó enmendada por ley núm. 93 de 1917 (1917 (3) pág. 17) promulgada en marzo 31, 1919. Dicha apelación debe tramitarse, por mandato expreso del legislador, sin sujeción a calendario.”

En el curso de la opinión emitida por el Juez Presidente, Sr. Del Toro, dijo esta corte:

“A nuestro juicio es evidente el error cometido por la corte de distrito al aplicar al caso especial de la ley núm. 10 de 1921, las reglas de la ley general de apelaciones de las cortes municipales para ante las cortes de distrito, de 1908, en contra no ya del espíritu sino dé la letra misma de la sección 5 de la dicha ley núm. 10 de 1921.”

Y por último, en el caso de Suárez v. Corte, 49 D.P.R. 817, se Mzo aún más clara cuál había sido la intención legislativa al aprobar la ley de 1921, al resolverse que su sección 5 no enmendó la sección Ia. de la Ley de 1908 (Comp. 5332) según ésta fué enmendada por la ley núm. 13 de 1917 ((2) pág. 255), reglamentando las apelaciones contra sentencias de las cortes municipales. Según la sección 5, supra, el secretario debe remitir los autos originales del caso a la corte de distrito dentro del quinto día de interpuesta la apelación, mientras que de acuerdo con la sección Ia. es la parte apelante la que debe radicar en la secretaría de la corte de distrito una transcripción de los autos dentro de los veinte días siguientes a la radicación del escrito de apelación y se dispone expresamente que si la transcripción no fuere radicada dentro del término prescrito o de la prórroga concedida por la corte, se desestimará la apelación. Interpretando las dos secciones esta Corte, por medio del Juez Asociado Sr. Hutchison se expresó así:

“Se ha resuelto que la disposición de que ‘Si la transcripción no fuere radicada en la corte de distrito dentro del término pres-crito, o de la prórroga que dicha corte hubiere concedido al efecto, se desestimará la apelación,’ es imperativa. Guadalupe v. Berga, Juez de Distrito, 29 D.P.R. 296 y Blondet v. Flores, 35 D.P.R. 214. La cuestión es si esta disposición de la enmienda de 1917 es aplicable a un caso de esta naturaleza.
“No podemos asumir con el peticionario que el efecto de la ley de 1921 es meramente acortar el término de veinte días prescrito por la enmienda de.1917. La sección 5 de la ley de 1921 no es una en-mienda a la ley de 1908, según ésta fue enmendada en 1917.
... .“Ni la ley de 1921 ni la enmienda de 1917 exigen de un juez de distrito que desestime una apelación interpuesta de una corte municipal en los casos comprendidos por la ley de 1921, al dejar el secretario de la corte Municipal de ‘remitir los autos originales del caso dentro de los cinco días provistos por esta última ley.’
“101 ñn claro de la ley de 1921 fué crear un sistema rápido de justicia substancial mediante la simplificación y liberación de las reglas ordinarias de procedimiento. El espíritu de la ley exige que los casos que caigan dentro de su alcance sean resueltos prontamente en sus méritos, no sólo por las cortes municipales, sino mediante la celebración de un juicio rápido de novo ante la corte de distrito. Teniendo esto en mente, se releva a la parte apelante de la necesidad de preparar una transcripción de autos dentro de veinte días y en su lugar se exige al secretario de la corte municipal que eleve los autos originales dentro de cinco días. Esto no equivalió meramente a acortar el término dentro del cual debía elevarse la transcripción a la corte de distrito. Ello equivalió a establecer un término entera-mente nuevo y distinto, así como un método enteramente nuevo y diferente de transferir la causa de la corte municipal a la de distrito. Podría admitirse que la ley no relevó al apelante de toda responsa-bilidad al imponer al secretario de la corte municipal el deber de elevar los autos a la corte de distrito dentro del término de cinco días. No hay, sin embargo, indicios de intención alguna de privar al juez de distrito de toda discreción respecto a si un recurso debe ser desestimado o no meramente porque el secretario de la corte municipal haya dejado o rehusado transmitir los autos originales dentro del veríodo estatutario de cinco días. La disposición de que el juez de distrito debe desestimar una apelación, independiente de las cir-cunstancias, al dejar el apelante de elevar la transcripción de autos dentro de los veinte días fijados por la enmienda de 1917, es bastante drástica sin ampliarse la disposición en forma tal que se le exija que desestime una apelación interpuesta a tenor de la ley de 1921, al-dejar el secretario de la corte municipal de elevar los autos originales dentro de los cinco días prescritos por esta última ley.
“Con la ley de 1921 la Legislatura bizo que el procedimiento especial fuera tan simple que cualquier litigante inteligente pudiera sin riesgo alguno dirigir su propio caso. La efectividad de tal legis-lación depende en gran parte de la forma en que el juez municipal y de distrito dirijan el curso de los procedimientos. Debe dejarse, mucho necesariamente al ejercicio de una sana discreción judicial. Evidentemente la Ijegislatura ha dejado mucho al ejercicio de tal discreción. No ha fijado límite a la discreción del juez de distrito sobre las desestimaciones de recursos. La corte de distrito actuó correctamente, a nuestro juicio, al negarse a introducir en el proce-dimiento especial la regla inflexible establecida en el párrafo final de la enmienda de 1917. Ni un lego en la materia ni un letrado tendrían razón alguna para creer, al leer la ley de 1921, que un juez de distrito no podría negarse a desestimar un recurso en un caso meritorio. El resolver que él no tiene discreción a este respecto sería subversivo del espíritu de la ley de 1921.
“Nuestra conclusión es que un juez ele distrito, no obstante la disposición obligatoria de la enmienda, puede ejercer una sana dis-creción al resolver una moción para desestimar un recurso Ínter-, puesto al amparo de la sección 5 de la ley do 1921, por dejarse de elevar los autos dentro del término de cinco días.” (Itálicas nues-tras.)

Aplicando la jurisprudencia citada al caso de autos somos de opinión de que no conteniendo la ley especial de 1921 dispo-sición alguna limitando la facultad discrecional, tanto de la corte municipal como de la de distrito, para admitir enmien-das a las alegaciones, debemos reconocer que pueden hacerlo <en casos apropiados, y que las disposiciones de la sección 3a. <de la ley general para reglamentar las apelaciones contra •.sentencias de las cortes municipales según fue interpretada en el caso de Santana v. Corte, supra, no es aplicable a los casos tramitados bajo la ley especial de 1921. Esta ley, como se dijo en el caso de Rivera v. Aybar, supra, no autoriza la radicación de excepciones previas que no estén contenidas en el mismo escrito de la contestación. Que podría surgir el caso en que el propio demandante se diera cuenta de. que su demanda adolecía de algún defecto sustancial que debía ser corregido mediante enmiendas a la demanda, lo demuestra el caso de autos. La Sucesión Rivera demandante, a pesar de haber enmendado su demanda en la corte municipal para incluir a otros herederos del causante que habían sido omi-tidos, se dió cuenta, cuando ya el caso había sido apelado a la corte de distrito que existían otros herederos que debían incluirse como demandantes y solicitó permiso de la corte para radicar una demanda enmendada incluyéndolos. Para justificar su actuación discrecional admitiendo la demanda enmendada, la corte inferior hizo constar en su orden lo siguiente:

“Esta corte cree que en tales circunstancias puede el demandante solicitar la enmienda de su demanda sin necesidad de esperar a que sea radicada una excepción previa por defecto de partes demandantes, pues bien podría ocurrir que conociendo dicho defecto' la parte demandada, como lo conoce en el caso de autos, no radique excepción previa alguna a fin de que el demandante después del juicio no pueda obtener sentencia.
“Creo que rehusarle en tales circunstancias al demandante en-mendar su demanda resultaría arbitrario y no se cumpliría además el espíritu y propósito de la ley que rige la materia, de acuerdo como la misma ha sido interpretada por nuestro más alto Tribunal.”

Somos de opinión qne la corte inferior no abusó de su poder discrecional en este caso y que el primer error imputado no fue cometido.

Tampoco el segundo, pues si de acuerdo con la sección 2 de la ley de 1921, supra, según fue interpretada en el caso de Rivera v. Aybar, supra, el demandado tiene que contestar la demanda, incluyendo en su contestación las excepciones que estime procedentes, en el acto de la comparecencia a que es citado, no se privó 'al peticionario en este caso y demandado en la corte inferior, de la oportunidad para contestar la demanda enmendada o bacer alegaciones contra la misma, y por tanto, no se le privó de derecho legítimo alguno.

Se declara sin lugar la petición y anula el auto expedido.


author: El Juez Presidente Señor Del Tobo

text:
    Carmen Valentín Vda. de Manzano, peticionaria, v. Corte de Distrito de Mayagüez, Hon. Domingo Massari, Juez Interino, demandada.
    Núm. 1263.

    Sometido: Diciembre 8, 1941.

      Resuelto: Febrero 10, 1942.
    ’. Palés Matos y Pascasio Fajardo Martínez, abogados de la peticio-naria; José Sabater, abogado de la interventora, hija del finado.
   El Juez Presidente Señor Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

Este es nn certiorari expedido a ruego de Carmen Valentín Vda. de Manzano, reclamando los autos del procedimiento niím. 2933 de la Corte de Distrito de Mayagüez sobre admi-nistración judicial de los bienes relictos a su fallecimiento por Luis B. Manzano, para revisar y anular en su caso la orden dictada en el mismo el 4 de noviembre último, como sigue:

"Resolviendo la moción de la bija del cansante Josefa Manzano de Fernández, por la que se pide que la viuda Carmen Valentín o pague el alquiler de la casa que ocupa y la cual está bajo adminis-tración judicial en este procedimiento, o la desocupe, la corte la declara con lugar por el fundamento de que, dicha casa está bajo administración judicial y el administrador está obligado a conseguir que todos los bienes del caudal hereditario y que están bajo adminis-tración judicial, produzcan rentas y utilidades en beneficio de los propios interesados, no pudiendo ninguna de las interesadas en esta herencia servirse o utilizar los bienes bajo administración sin pagar una compensación y sin orden o disposición de esta corte; y„en su consecuencia la corte ordena que dicha Carmen Valentín pague todos los meses al administrador judicial Francisco Pose, nombrado en este caso la cantidad de $28 y en el caso de que ella resolviere no pagar dicha mensualidad, se le concede todo el presente mes de noviembrel para que desocupe dicha casa so pena de desacato. En cuanto a laJ mensualidades que se alegan debe dicha Carmen Valentín por Ioí meses de julio, agosto y septiembre de 1941, el administrador judicia lo cargará en cuenta a dicha interesada.”

Los motivos que alega la peticionaria para pedir que es; orden se declare nula, son tres, a saber:

“(a) Habida cuenta que existe un administrador judicial nom brado en el caso que se revisa, éste, y no una presunta interesads era el llamado a formular la moción para que la viuda pagara arrends miento por la casa que habitaba, por ser el funcionario que tiene ll representación del haber hereditario. La corte inferior desatendió esta parte de la oposición, violando así el principio de derecho-qu| regula los bienes en administración judicial y la facultad del adral nistrador judicial, así como el procedimiento, pues dió personalidal para presentar la aludida moción a persona que de acuerdo a le| no la tenía. |
“(b) .. .So desatendió por completo la ley de desahucio, suplan-tándola por medio de una simple moción. Se creó un contrato de arrendamiento sin existir tal. Se ordenó el desahucio de la casa que ocupa la peticionaria en forma anormal y contraria al espíritu y letra de la Ley de Desahucio...
“ (c) Además, el tribunal inferior tuvo ante sí un problema, tanto de derecho como de hechos. La peticionaria sostiene,... que es dueña de la casa en cuestión y dos más a virtud de donación que le hiciera el causante Luis B. Manzano por escritura pública y, en contrario, la dicha Josefa Manzano sostiene que esa donación es nula; radicando demanda ante la corte inferior solicitando su nulidad. La donataria solicitó se eliminaran dichas casas del inventario de bienes de la herencia de Luis B. Manzano y la corte inferior lo denegó por el fundamento que no podía sumariamente determinar la legalidad o ilegalidad de la donación por una simple moción y que se dejasen inventariados hasta tanto se resolviera el litigio; resolución en la que se hace constar que en nada se prejuzgaban los derechos de las partes. En estas condiciones no vemos cómo él tribunal inferior pudo haber asumido actitudes tan encontradas ya que en ambos casos hay gran similitud. La corte inferior se negó a dar eñcacia a la escritura de donación para los efectos que las casas fueran excluidas del inven-tario, y dejó que las partes determinaran su mejor derecho por la correspondiente acción plenaria y por la orden posterior que trans-cribimos asume una actitud contraria y obliga a la peticionaria a pagar arrendamiento y al desahucio de la casa que le fué donada, a pesar que dicha Carmen Valentín tiene escritura que acredita su dominio, como lo es la donación.”

En el certiorari compareció Josefa Manzano de Fernández, por su abogado, alegando ser bija natural reconocida por tes-tamento abierto de Luis B. Manzano, y se opuso a que la orden de 4 de noviembre último fuera declarada nula. El juez demandado se limitó a elevar los autos del procedimiento sobre administración judicial.

Según consta de dichos autos la administración fué ini-ciada por Carmen Valentín Vda. de Manzano, peticionaria en el certiorari, en noviembre 8, 1940. En diciembre 2, 1940, la viuda presentó una moción haciendo constar que Josefa Arroyo la había manifestado que era hija natural reconocida del causante, teniendo, por tanto, derecho a ser notificada.

En diciembre 31,1940, compareció la hija, Josefa Manzano y Arroyo, por su abogado. Aceptó que Carmen Valentín era la viuda de Luis B. Manzano y que éste falleció en su último domicilio, Mayagüez, dejando bienes, en octubre 20,1940, pero negando la validez del matrimonio de su padre con la promo-vente celebrado en junio 12, 1939, y la del testamento abierto que su padre aparece otorgando por escritura de agosto 24, 1940. Alegó además que por testamento abierto otorgado en agosto 18, 1922, su padre Luis B. Manzano la reconoció como su hija y la instituyó como su única y universal here-dera y que tenía radicada en la propia corte de distrito una demanda contra la promovente sobre nulidad de donación mortis causa solicitando específicamente que se declarara ineficaz la donación de tres casas hecha por su causante a Carmen Valentín en escritura de junio 12, 1939. Terminó pidiendo que se nombrara un administrador de los bienes de la herencia.

Tras una serie de incidentes que no es necesario referir, fué nombrado, en julio 16, 1941, Francisco Pose, adminis-trador judicial de la herencia, y el 24 del propio julio pre-sentó el inventario de los bienes de la misma, incluyendo en ellos las tres casas donadas por Manzano a Carmen Valentín, una de las cuales es la ocupada por dicha Carmen Valentín, hoy viuda del finado.

En agosto 13, 1941, la corte de distrito, resolviendo peti-ciones de alimentos provisionales de la viuda y de la hija, ordenó al administrador que pasara mensualmente a la viuda $75 y a la hija $50, y ocho días después declaró sin lugar la oposición de la viuda promovente a que las casas que lo donó Manzano cuando no era aún su esposa, se incluyeran en el inventario. Las razones que tuvo para ello constan de su resolución, así:

“La corte ba examinado cuidadosamente la escritura de donación ofrecida en evidencia por la viuda, con el fin de determinar si real-mente estos bienes pueden ser excluidos del inventario preparado por el administrador, o si en contrario deben quedar sujetos a la admi-nistración.
“Los becbos tercero y cuarto de la escritura de donación, que es la número 16 de 12 de junio de 1939, dicen así:
“ ‘Tercero: Que aunque el primer compareciente se.encuentra en buen estado de salud, debido a una dolencia que sufre en la vejiga, es lo más probable que se vea obligado a someterse a una operación quirúrgica, la cual, aunque no es de peligro, pudiera muy bien resultar en un heebo desgraciado.
‘Cuarto: Que por tal motivo y considerando lo expuesto con relación a la conducta asumida por la dicha Carmen Valentín, para con el primer compareciente, a fin de premiarle, libre y espontánea-mente el relatante Luis Manzano Soto, le dona las tres descritas pro-piedades en este instrumento a dicha Carmen Valentín, para surtir efecto esta donación a la ocurrencia del fallecimiento del donante y consecuentemente el donante se reserva el pleno dominio y usufructo de dichas tres propiedades mientras viva, pasando tanto el pleno dominio como el usufructo de ellas a la dicha Carmen Valentín al momento de la ocurrencia de su muerte.’
“De una simple lectura de estos hechos citados la corte queda convencida de que esta donación debe reputarse como una mortis■ causa, esto es, llamada a producir sus efectos por la muerte del donante. El donante la hizo bajo el temor de que no pudiera salir bien de una operación a que iba a someterse. Anticipándose indu-dablemente a un hecho desgraciado que pudiera sobrevenir como resul-tado de esa operación. Siendo ello así, participa como todas las donaciones mortis causa de la naturaleza de las disposiciones de última voluntad y han de regirse por las reglas de la sucesión testa-mentaria.
‘•‘Conviene además afirmar que si la donación no ha de producir sus efectos, hasta que el donante muera, queda como se ha venido sosteniendo por distintas autoridades, borrada su diferencia con el legado; desaparece aquélla, para confundirse con éste. Como en este caso la donación se contrae a tres propiedades que se describen e identifican suficientemente en la ameritada escritura de donación, la corte concluye de que se trata de un legado específico.
“De la ley de Enjuiciamiento Civil Española comentada y expli-cada por don José María Manresa y Navarro, del tomo tercero, página 198, y en relación con los bienes que deben incluirse en el inventario, cree la corte conveniente reseñar como aplicable lo si-guiente :
“ ‘Al tratar del inventario (pág. 188 de este tomo) hemos dicho que deben incluirse en él los bienes legados especialmente, y los que el cónyuge sobreviviente hubiere llevado al matrimonio, pues también unos y otros ban de valuarse; aquéllos para ver si exceden de la cantidad de que el testador puede disponer en perjuicio de los here-deros; y éstos para adjudicarlos a su dueño por el mismo valor que se le designa.’
"Tratándose en este caso por lo anteriormente expuesto, de una donación moriis causa que opera como un legado específico y que ha de regirse por las reglas de la sucesión testamentaria, la corte entiende que los bienes reclamados deben permanecer en poder del administrador judicial para ser administrados por éste hasta tanto se llegue a la etapa de la partición; que es el momento oportuno para que a cada cual se le adjudique su participación hereditaria, luego de haberse terminado todas las reclamaciones o litigios de la administración. ’'

Como el administrador descontara a la viuda de la pen-sión alimenticia $28 mensuales por alquiler de la casa que ocupaba, la viuda se quejó a la corte y ésta resolvió la queja en los siguientes términos:

"...que el administrador complete a la viuda los $75 de la pensión que le fué concedida, pagándole los $28 que le descontó, sin perjuicio de cobrarle la misma suma mensualmente por la casa que ocupa por los medios que le autoriza y concede la Ley de procedi-mientos legales especiales.”

Insistió la promovente en su alegado derecho en un largo memorándum que termina así:

“Resumamos: ya sea la donación una de carácter inter-vivos como hemos sostenido en nuestra contestación en el pleito sobre nu-lidad de donación presentado por Josefa M. de Fernández; o ya sea de carácter mortis causa como arguye Josefa M. Manzano en ese pleito, lo cierto es, que hasta ahora existe una donación de los bienes que se solicita no sean administrados por el Sr. Pose. Donación que es válida pues ningún tribunal la ha declarado nula. Donación que tiene>que surtir sus efectos legales, cuales son: el traspaso de los bienes donados a la donataria; el dominio de la donataria sobre esos bienes que conlleva la administración de los mismos, pues mal puede haber dominio de bienes si no hay administración de ellos. Si la donación es un legado específico, hay que aplicar (lo hemos dicho) los • artículos 804 y 805 del Código Civil, ed. 1930. De todas formas como se mire el asunto, Carmen Valentín entra en la posesión real de sus bienes desde la muerte de Manzano y no hay poder, ni ley ni precepto que le quite la administración de bienes de su exclusiva propiedad. Ello equivaldría a desposeerla ilegalmente. ’ ’

T la corte resolvió finalmente lo que sigue :o

“Trátese de una donación inter vivos o >morlis causa que pudiera constituir un legado del donante,... entiende la corte que el derecho que reclama la cónyuge viuda debe ser resuelto en el pleito sobre nulidad de donación y que la resolución del juez interino de esta corte disponiendo que las tres fincas objeto de la donación, continúen bajo la posesión del administrador judicial hasta que se resuelva la validez o nulidad de dicha donación o legado, debe ser sostenida sin que se entienda en forma alguna que esta conclusión prejuzgue el referido pleito pendiente de nulidad de donación.”

Fue entonces que la hija presentó la moción que dió lugar a la resolución ele noviembre 4, 1941, cuya nulidad se pide.

Nos liemos visto obligados a ahondar un poco en los antecedentes del caso para poder resolver de acuerdo con los hechos y la ley la única cuestión que, a nuestro juicio, debe resolverse dentro del procedimiento de certiorari. No es necesario decidir si las casas donadas en la forma que -conocemos pudieron o no inventariarse como bienes de la herencia. Partiremos del hecho de que lo fueron, pero no podemos aceptar el de que todas estén en posesión del administrador. Dos al parecer lo están y no ha surgido conflicto alguno con respecto al cobro de sus alquileres. Pero una no lo está, la ocupada por la promovente, quien no sólo la viene ocupando si que se negó a entregarla o a pagar renta por ella, sosteniendo que no es de la herencia sino suya. Siendo esa la realidad de las cosas, ¿tuvo facultad la corte sentenciadora para dictar la orden que dictara ordenando a la viuda que pagara el alquiler fijado sin convenio alguno con ella por el administrador y en caso de que resolviera no pagarlo concediéndole alrededor de un mes para desocupar la casa so pena de desacato? La pregunta debe responderse en la negativa.

Es cierto que el administrador debe inventariar y pose-sionarse de todos los bienes de la herencia, pero cuando surge, como surgió en este caso, una controversia sobre el dominio y la posesión de algún bien que el administrador considere que pertenece a la herencia, entonces para llevar ese bien a ella deben seguirse los procedimientos ordinarios que la ley determina y no recurrirse a métodos drásticos que no pueden adoptarse dentro del procedimiento de adminis-tración.

La propia corte sentenciadora reconoció la existencia del pleito iniciado por la hija contra la viuda en solicitud de que el título que la viuda alegaba tener sobre las casas doná-dasle por el padre de la demandante se declarara nulo y por virtud de ello se negó a resolver dentro de los procedimien-tos sobre administración la cuestión que le planteara la viuda al pedirle que los bienes donados fueran excluidos del inventario, y ese mismo criterio que aplicó entonces debió aplicarlo después.

Su orden drástica de pagar o desalojar con la amenaza del desacato no está justificada. El statu quo debe preser-varse. Es lo justo y lo legal.

En su consecuencia, debe decretarse la nulidad que se solicita y devolverse los mitos a la corte de distrito para ulte-riores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Basilio Piñero, demandante y apelante, v. Francisco Encarnación, demandado y apelado.
    Núm. 8401.

    Sometido: Febrero 4, 1942.

      Resuelto: Febrero 10, 1942.

      J. M. Calderón, abogado del apelante; Luis Apellánis Storer, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Francisco Encarnación construyó, hace muchos años, una casa en una finca perteneciente a otra persona y que un tal Epifanio Vizcarrondo poseía en calidad de arrendatario, lia casa fué construida con el permiso expreso del arren-datario. La finca pasó más tarde a ser propiedad de don José María Calderón, y a su muerte sus herederos la ven-dieron a don Basilio Piñero, el demandante y aquí apelante.

Como consecuencia del ciclón de San Felipe, ocurrido en -el año 1927, la casa originalmente construida quedó total-mente derribada, y entonces el Sr. Calderón, dueño ya de la finca, concedió permiso a Francisco Encarnación para que la reconstruyese en otro sitio distinto de la finca. El ciclón de San Ciprián, en el año 1932, derribó por segunda vez la casa de Encarnación y éste la reconstruyó en el mismo sitio en que ahora se encuentra, no' sólo con el consentimiento de los herederos de Calderón, sí que también utilizando algunos materiales que éstos le facilitaron.

En la escritura de venta otorgada por la Sucesión Cal-derón al demandante Piñero, en 24 de septiembre de 1936, las partes convinieron que la Sucesión de don José María Calderón “se obliga a dejar libre de toda clase de agregados la finca objeto de esta escritura y a ejercer por su cuenta los procedimientos legales necesarios a ese fin.”

Cuando compró la finca en 1936, el Sr. Piñero sabía que Encarnación y su familia residían en la casa; y según su propia declaración en el juicio, él consintió qne Encarnación se quedara en la finca hasta que encontrase otro sitio a donde mudarse.

El demandado Francisco Encarnación fué requerido en 1941 para que desalojase la finca y rehusó hacerlo. Y ha-biendo hecho algunas gestiones, que resultaron infructuosas, tendientes a llegar a un acuerdo con el demandado en cuanto a) valor de la casa, el demandante radicó demanda de desálm-elo en precario.

La Corte de Distrito de San Juan dictó sentencia decla-rando sin lugar la demanda. Apeló el demandante, y en su alegato sostiene que la corte sentenciadora erró al declarar que no procede el desahucio contra el dueño de una casa enclavada en terrenos objeto de una compraventa y fabri-cada con permiso del arrendatario; y al aplicar a los hechos de este caso la doctrina sentada por esta Corte Suprema en Rivera v. Santiago, 56 D.P.R. 381-389, y González Martínez v. Marvel, 56 D.P.R. 466.

Opinamos que ninguno de los errores señalados fue. come-tido. Es cierto que la casa en cuestión fue originalmente® construida a virtud de un permiso concedido por un arren-datario de la finca. Pero es cierto también que el acto del arrendatario fue aceptado y ratificado más tarde por los dueños de la finca, quienes permitieron en dos ocasiones dis-tintas la reconstrucción de la casa. El comprador de la tinca, el demandante Sr. Piñero, no ha alegado ni tampoco podría alegar su condición de tercero, pues de la misma escritura de compra ofrecida por él en evidencia consta que él sabía que en la finca existían agregados y que el vendedor se comprometía a sacarlos de allí por su cuenta.

De acuerdo con la jurisprudencia citada por la corte inferior la sentencia recurrida se ajusta a derecho y debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Je.,

text:
    Vitalia Bonet Hernández, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, Etc., demandada, y Fondo del Seguro del Estado, asegurador.
    Núm. 235.

    Sometido: Febrero 10, 1942.

      Resuelto: Febrero 11, 1942.

      Pascasio Fajardo Martínez y S. L. Lagarde Garcés, abogados de la recurrente.
   El Juez Asociado Señor Todd, Je.,

emitió la. opinión del tribunal.

El día 30 de enero de 1942 resolvimos que no había lugar a expedir el auto solicitado en este recurso. La peticionaria solicita reconsideremos dicha resolución alegando: (1) que el caso fue resuelto sin que se presentara prueba pericial ante la Comisión Industrial en cuanto a la causa de la muerte del obrero Andrés Bonet Hernández, y (2) que la prueba presentada ante la comisión demostró que la peticionaria dependía de su hermano fallecido, el obrero antes mencio-nado. En la resolución dictada por la Comisión Industrial se hizo constar lo siguiente:

“En cuanto a la dependencia alegada, aunque esto resulta acadé-mico después de la decisión emitida en el párrafo anterior, queremos hacer constar que de la prueba practicada se llega a la conclusión que el obrero vivía con su concubina Zenaida Rivera en la cual no tuvo hijo alguno, y que era la única persona que dependía del salario del obrero, que su hermana Vitalia Bonet, para la muerte del obrero, era ya una mujer de más de 36 años, casada, con tres años de anterio-ridad a la muerte de éste, y que llevaba buenas relaciones con su esposo Buenaventura Valentín, de quien dependía.” (Itálicas nuestras.)

De acuerdo con la sección 11 de la Ley de Compensa-ciones por Accidentes del Trabajo aprobada el 18 de abril de 1935 ((1) pág. 251), tal y como quedó enmendada por la ley nnm. 121 aprobada el 2 de mayo de 1940 (pág. 729), la revisión en estos casos sólo puede concederse sobre “cues-tiones de derecho o apreciación de prueba cuando ésta sea de carácter pericial ”

Habiendo resuelto la Comisión Industrial, después de apreciar la prueba presentada ante ella, que la única persona que dependía del obrero era su concubina y que su her-mana, la aquí peticionaria, de más de 36 años de edad, era casada y dependía de su marido Buenaventura Valentín y no del obrero, esta corte, de acuerdo con la ley, no puede intervenir, por medio de este recurso de revisión, en la apre-ciación que de la prueba hizo la Comisión Industrial para llegar a dicha conclusión y, como consecuencia, aun cuando existiera el otro error alegado en cuanto a la prueba peri-cial, siempre tendría que prevalecer la decisión dictada por la comisión.

Se declara sin lugar la reconsideración solicitada.


author: El Juez PkesideNte Señor Del Toro

text:
    Orden Religiosa de Nuestra Señora de la Merced, integrada por sus miembros Martín López, Armengal Fernández, Fidel González, José R. Orjales, Juan González, Agapito Fernández e Isidoro Escudero y Manuel Fernández, demandantes y apelados, v. R. Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante.
    Núm. 8344.

    Sometido: Diciembre 11, 1941.

      Resuelto: Febrero 12, 1942.

      Hon. Procurador General George A. Malcolm y M. Rodríguez Ramos, Procurador General Auxiliar, abogados del apelante; Fernando Zapater, abogado de la apelada.
   El Juez PkesideNte Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Éste es un recurso de apelación contra una sentencia de la Corte de Distrito de Mayagüez que ordenó al Tesorero de Puerto Rico devolver a la demandante $622.40 que le cobrara por concepto de contribuciones, con intereses y costas.

El tesorero apeló y señala en su alegato cuatro errores como cometidos por la corte sentenciadora al declarar sin lugar su excepción previa de falta de acción, al resolver que la Resolución Conjunta núm. 4 de julio 16, 1932 (Leyes de 1932 pág. 63), era inconstitucional, al decidir que la ley imponiendo la contribución impugnada carecía de uniformi-dad y al dictar sentencia.

La demandante es una institución religiosa compuesta de las personas que se nombran en la demanda, que es dueña de las siete fincas rústicas que en la misma se describen, situadas todas en el barrio de Montoso del término municipal de Maricao y todas dedicadas al cultivo de café y frutos menores.

De acuerdo con los términos de la Resolución Conjunta mim. 4, 1932, el Tesorero de Puerto Rico cobró a la deman-dante por contribuciones de las indicadas fincas para el “Pondo de Seguro y Rehabilitación Cafetera,” por los años 1932-33 a 1936-37, las cantidades que se especifican y que suman $620.40 que la demandante pagó bajo protesta en marzo 23, 1938 y cuya devolución reclama

“ (1) Porque el Tesorero de Puerto Rico no tenía facultades para cobrar una contribución impuesta por una resolución conjunta, cuando lo propio era que tal contribución se impusiera mediante la aprobación de una ley (an act) según lo dispone nuestra Carta Orgánica.

“(2) Porque dicha contribución no es uniforme.”

Emplazado el tesorero alegó por vía de excepción previa “que la demanda, tal como está redactada, no aduce lieclios suficientes para constituir una causa de acción a favor de los demandantes y en contra del demandado.”

La excepción fué declarada sin lugar y el demandado pidió que se dictara sentencia, lo que en efecto hizo la corte en la forma que conocemos.

. Fijados esos antecedentes, procederemos al estudio del recurso en su fondo.

¿Aduce la demanda una causa de acción? ¿Fué o no convalidada la Resolución Conjunta núm. 4, 1932, por el Congreso y, por consiguiente, es o no constitucional dicha resolución? ¿Ocurren otras circunstancias que justifiquen 1a. orden de devolución? Yeámoslo.

La repetida Resolución Conjunta núm. 4 de 1932, apro-bada en julio 16, 1932, Sesión Extraordinaria de ese año, fué declarada inconstitucional por esta propia Corte Suprema el 7 de diciembre de 1936 en- el caso de Acevedo v. Domenech, Tes., 50 D.P.R. 972, en los siguientes términos:

“Vista la moción presentada por la parte apelada, en la que solicita se desestime por frívolo el recurso.
“Por Cuanto, la cuestión fundamental envuelta en este caso es la de,si la Resolución Conjunta núm. 4 aprobada por la Legislatura en 16 de julio de 1932, por la que se impone una contribución de un 2 por ciento sobre el valor en tasación de cada cuerda de café que haya o se siembre en Puerto Rico, vióla los preceptos de la sección 34 de la Carta Orgánica de Puerto Rico, toda vez que impone una contribución mediante una resolución conjunta y no mediante un proyecto de ley, como lo requiere la citada sección de la Carta Orgánica;
“Por Cuanto, esa misma cuestión fué considerada y resuelta por este tribunal en agosto 1, 1936, en el caso de Valiente & Cía. v. Manuel V. Domenech (ante, pág. 586) en el sentido de que la Legis-latura de Puerto Rico no tiene poder para decretar una ley a no ser mediante un proyecto de ley (bill)-,
‘1 Por lo Tanto, se desestima el recurso por presentar una cuestión que ya ba sido resuelta por este tribunal.”

Esto dispondría del caso en contra del tesorero si no fuera porque sostiene que la resolución cobró fuerza y vigor al ser convalidada por el Congreso por medio de ley apro-bada en junio 16, 1938 (52 Stat., c. 460, pág\ 708), que dice:

"(Público — No. 641 — Congreso 75o.)
"(Capítulo 460 — Tercera Legislatura)
" (R. de la C. 10652)
"Ley para disponer la ratificación de todas las resoluciones con-juntas de la actual y de la anterior Asambleas Legislativas de Puerto Rico.
"Decrétase por el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, reunidos en Congreso: Que todas y ' cada una de las resoluciones conjuntas decretadas en cualquier fecba por la actual o por la anterior Asamblea Legislativa de Puerto Rico y aprobadas por el Gobernador, sean y por la presente quedan apro-badas, ratificadas y confirmadas en todas sus partes; y que todos los actos realizados, los contratos y cesiones becbos, celebrados, expedidos, entregados, aceptados o recibidos, incluyendo bonos, escrituras, y traspasos de propiedad mueble o inmueble, o servidumbres o derechos intangibles o incoados, y documentos y papeles de cualquier natura-leza que se hayan hecho, contribuciones cobradas y recaudación de las mismas, desembolsos de dinero y libramientos para los mismos, y todos los demás pasos, actos, sentencias, decretos, y procedimientos de cualquier clase o naturaleza, celebrados, becbos, preparados, to-mados, habidos, ejecutados, expedidos, entregados o recibidos o acep-tados de acuerdo o en virtud de cualquiera de dichas resoluciones conjuntas bien de la actual o de la anterior Asamblea Legislativa de Puerto Rico, sean y por la presente quedan legalizados, ratificados, confirmados y convalidados en todas sus partes, tan cabalmente, para todos sus fines y propósitos y para que tengan el mismo efecto, validez, operación y efectividad, como si originalmente todas y cada una de dichas resoluciones conjuntas hubieran sido decretadas válida-mente, y aprobadas por el Gobernador, en forma de ‘Leyes’ de la actual y de la anterior asambleas legislativas, respectivamente, en vez de en forma de ‘Resoluciones Conjuntas.’ Aprobada en 16 de junio de 1938.”

Partiendo de la validez de esa ley, no hay duda de que la resolución quedó en pie y pudo cobrarse la contribución que se impuso por la misma.

La cuestión a resolver, sin embargo, se complica porque la propia Legislatura de Puerto Eico en 1938 decretó la ley núm. 260 que aprobó el Gobernador en mayo 15, 1938, pág. 507, derogando la resolución, como sigue:

“Sección 1. — La Resolución Conjunta núm. 4, titulada ‘Para imponer una contribución especial de un dos (2) por ciento sobre la tasación de cada cuerda de café; para la creación de un “Fondo de Seguro y Rehabilitación Cafetera”; para ordenar transferencia de cualquier sobrante existente en Tesorería y para facultar al Teso-rero de Puerto Rico para contratar un empréstito con dicho fin; para autorizar la administración del fondo, y para otros fines', aprobada el 16 de julio de 1932, queda por la presente derogada.
“Sección 2. — -El Tesorero de Puerto Rico cancelará todos los re-cibos correspondientes a la contribución creada por dicha Resolución Conjunta núm. 4 que estuvieren pendientes de cobro en la fecha de aprobación de esta ley y condonará toda la deuda de cualquier con-tribuyente por concepto de contribución aun en aquellos casos en que la finca haya sido adjudicada a El Pueblo de Puerto Rico.
“Sección 3. — Toda ley o parte de ley que se oponga a la presente, queda por ésta derogada.
“Sección 4. — Se declara que existe una emergencia para que esta Ley empiece a regir el primero de jul-io de 1938, y, por tanto, esta Ley empezará a regir el primero de julio de 1938.”

La aprobación de esa ley es anterior a la del Congreso, pero el demandado insiste en que no lo es la fecha en que comenzó a regir.

La insistencia tiene una gran fuerza técnica y podría ser-vir de base para la revocación, de no haber sido tan claro el propósito del propio legislador que impuso la contribu-ción. Fue su intención manifiesta la de ir tan lejos como pudiera irse en la restitución. De ahí que se ordenara al tesorero de la isla que cancelara todos los recibos pendientes de cobro y condonara toda deuda de cualquier contribuyente aun en aquellos casos en que la finca hubiere sido adjudicada al Pueblo de Puerto Eico.

Sólo a los que pagaron voluntariamente no se les recono-ció derecho y no puede considerarse comprendida entre ellos la institución demandante, ya que pagó bajo protesta para evitar que se le embargaran y remataran sus fincas para el cobro de la contribución.

Si esto hubiera sucedido y sus fincas se hubieran adju-dicado al Pueblo, su derecho a la condonación sería evidente. ¿Cómo no serlo cuando en vez de sus fincas tiene en su poder el Pueblo su dinero entregádole para poder recurrir a los tribunales en defensa de un derecho de que realmente estaba investida cuando actuó — marzo 23, 3938?

De acuerdo, pues, con las propias disposiciones de la ley derogatoria, la devolución reclamada procede, y en su ■consecuencia debe declararse sin lugar él recurso y confir-marse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


text:
    Ex parte Teodoro Capó, peticionario y apelado; Rafael Rivera Matos, reclamante y apelante.
    Núm. 8356.

    Sometido: Febrero 6, 1942.

      Resuelto: Febrero 12, 1942.

      R. Castro Fernández, abogado del apelante; V. Zayas Bizarro, abo-gado del administrador judicial.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Encontrándose pendiente ante la Corte de Distrito de Guayaron el procedimiento sobre administración judicial de los bienes del difunto don Félix Jiménez Colón, en septiem-bre 7 de 1940 el aquí apelante E-afael Rivera Matos radicó ante dicha corte una reclamación jurada en la que pide que se reconozca que la citada administración le adeuda, con carácter de preferente, la suma de $300, como valor justo y razonable de servicios prestados a la administración, a ruego del administrador. En la reclamación se detallan los alegados servicios y se hace constar que los mismos estaban relacionados con la investigación del supuesto hecho de que el causante conspiró con varias personas para desheredar a su hijo Guillermo Jiménez Rivera, mediante el traspaso frau-dulento de todos sus bienes.

En oposición a la reclamación, Guillermo Jiménez Rivera, Administrador Judicial y único y universal heredero, negó haber requerido en ocasión alguna los servicios personales del reclamante y negó específicamente todos y cada uno de los hechos esenciales de la reclamación. Y en contrario alegó que el reclamante, quien era su amigo, le ofreció ayu-darle en las gestiones para localizar parte de los bienes here-ditarios.; que los trabajos del. reclamante, se limitaron a escribir a maquinilla las declaraciones o datos que el admi-nistrador y otras personas le dictaban; que en ningún mo-mento se convino en pagar suma alguna por tales servicios, los cuales el administrador aceptó como prueba de amistad, si bien luego los pagó por más de su valor; que el adminis-trador siempre sufragó todos los gastos relacionados con las salidas y gestiones del reclamante y en compensación por sus servicios como mecanógrafo le regaló un automóvil que valía más de $200 y le gratificó en varias ocasiones con sumas de dinero; y por último, que los servicios prestados no valen la suma que se reclama y que el reclamante los prestó sin inten-ción de que se le pagase retribución alguna. Alegó además que el reclamante no se dedica a profesión algtina que impli-que la obligación de prestar los alegrados servicios.

Declarada sin lugar la reclamación, el reclamante inter-puso el presente recurso. Para sostenerlo, alega que la corte inferior erró al decidir que no se celebró un contrato de arrendamiento de servicios; al resolver que los prestados por el apelante no eran servicios profesionales; y al decidir que los servicios prestados no eran compensables.

bln la opinión que sirve de base a la sentencia recurrida, el tribunal inferior llegó a las siguientes conclusiones:

Ira. Que aceptando como ciertos los hechos alegados en la reclamación, la relación jurídica entre el peticionario y el Administrador Judicial no es la de mandante y manda-tario porque aquél no ostentaba la representación de éste; ni tampoco la de arrendador y arrendatario, porque entre ellos no se convino precio cierto por los servicios a ser pres-tados por el ahora peticionario.

2da. Que los servicios-prestados por el peticionario al Administrador Judicial no pueden ser considerados 'como profesionales y que por lo tanto el peticionario no tiene causa de acción, para reclamar a base de quantum meruit el valor razonable de los servicios prestados. Artículo 1486 Código Civil.

3ra. Que la evidencia practicada dejó de demostrar la existencia de un contrato de arrendamiento, de servicios pro-fesionales.

4ta. Que la evidencia dejó de demostrar asimismo el valor razonable de los servicios prestados pór el peticionario al Administrador Judicial.

Después de un estudio detenido de la transcripción de evidencia, opinamos qué las conclusiones a que llegó la corte sentenciadora están bien fundadas y se ajustan a la prueba practicada.

El reclamante sin duda alguna prestó servicios valiosos al administrador. Pero no actuó en momento alguno como mandatario de aquél. La relación jurídica entre ambos no es la de mandante y mandatario. Véanse: Webb v. P. R. Am. Tobacco Co., 16 D.P.R. 398 y Galán v. Borinquen Trading Corp., 32 D.P.R. 62.

Pe la declaración del propio reclamante resulta que éste se dedica al negocio de comisiones y durante alguno® años se lia dedicado a trabajos de investigación. Del testimonio del abogado Lie. López Baralt se desprende que el trabajo realizado por el reclamante no era el de un profesional y sí el de un investigador. Véanse: U. S. v. Laws, 163 U. S. 258; y Saurí v. Saurí 38 D.P.R. 765.

■ Que no bubo convenio previo entre las partes para la remuneración de los servicios es un becbo admitido por el reclamante, quien declaró que al empezar su trabajo no bizo convenio alguno con el administrador en cuanto a su com-pensación; que más tarde él le exigió al administrador que se pusieran de acuerdo en cuanto al pago de sus servicios; que el administrador le ofreció por conducto del Lie. López Baralt el 1 por ciento del valor de lo que obtuviera finalmente como beredero, pero que él, el reclamante, rechazó esa pro-posición y se retiró del caso; y que más tarde se- redactó un proyecto de contrato en el que se fijaba en dos mil dólares el precio de sus servicios, pero que el administrador se negó a firmarlo. El abogado Sr. López Baralt, bajo cuya direc-ción trabajaba el reclamante, declaró igualmente que nunca se llegó a un entendido con respecto a la compensación del reclamante.

La prueba sí demuestra, a nuestro juicio, que el adminis-trador sabía que los servicios que le prestaba el reclamante no habían de ser gratuitos y que éste esperaba ser recom-pensado en alguna forma. Prueba de ello es que el admi-nistrador llegó a ofrecerle una compensación equivalente al 1 por ciento de lo que se consiguiese salvar como parte del caudal hereditario. Empero, queda en pie el becbo de que nunca se llegó a convenir cuál habría de ser el precio de los servicios del reclamante.

Arm. aceptando, sin .así resolverlo, qne el reclamante tuviese derecho a reclamar el justo y razonable valor de sus servicios, siempre nos veríamos obligados a confirmar la sentencia recurrida por no haberse presentado evidencia alguna en cuanto a ese extremo.

Debe confirmarse la sentencia.


text:
    Evangelista Berríos Cortés, peticionario y apelante, v. Sixto M. Saldaña, Jefe del Presidio Insular, demandado y apelado.
    Núm. 8424.

    Sometido: Febrero 5, 1942.

      Resuelto: Febrero 13, 1942.

      Ernesto Hieres Qalimano, abogado del apelante; I-Ion. Procurador General George A. Malcolm, R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y L. Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

Éste es un. recurso de apelación interpuesto por el prisio-nero Evangelista Berríos Cortés contra la sentencia de la Corte de Distrito de San Juan que declaró sin lngar sn peti-ción de hábeas corpus.

En su solicitud original alegó el apelante que se encon-traba recluido en el presidio insular cumpliendo sentencia de la Corte de Distrito de Arecibo que lo condenó a doce años de reclusión por asesinato en segundo grado. Como motivo para reclamar su libertad adujo la falta de asistencia de abogado.

Expedido el auto y celebrada la vista la corte dictó sen-tencia en los siguientes términos:

"Vistos la petición y el ‘return’, y oídos el peticionario y el fiscal de esta corte, se declara sin lugar la petición, por aparecer de la prueba que el peticionario estuvo asistido de abogado designádole por sus propios familiares, y no haber evidencia alguna de que a dicho abogado o al peticionario se le negara término alguno para preparar una defensa adecuada.
"Véase el caso de Macomber v. Hudspeth, 115 F. (2d) 114, y los que en él se citan. En dicho caso se ha sostenido que aun en los casos en que el acusado se ha declarado culpable sin estar asistido de abogado, se presume que el mismo renunció a tal derecho, y que la prueba del mismo en un recurso de esta naturaleza debe demostrar en forma clara y convincente que no renunció inteligentemente el derecho a estar asistido de abogado.
"El caso de El Pueblo v. Muriel, 57 D.P.R. 914, 917, no es de aplicación al presente. En dicho caso el abogado fué nombrado de oficio, y se demostró que el mismo no tuvo oportunidad de preparar su defensa. En el caso de autos el abogado del acusado había sido nombrado por un hermano de éste, y dicho letrado en ningún momento anunció a la corte que no estaba preparado para defender al acusado ni solicitó término para ello.”

El apelante sostiene qne la anterior sentencia es contra-ria a la ley, a la jurisprudencia y a la prueba. La, sentencia dictada por la Corte de Distrito de Arecibo en marzo 8, 1937, lee así:

"Llamado este caso a vista en el día de hoy, compareció el Pueblo de Puerto Rico representado por su fiscal y el acusado Evangelista Berrios asistido de su abogado Lie. Angel Muñoz Igartúa.
“Constituido el jurado en debida forma, se procedió a la lectura de la acusación, haciendo el acusado alegación de culpable del delito de asesinato en segundo grado, a lo cual se allanó el fiscal. La corte, oída dicba alegación y visto el allanamiento del ministerio público, instruyó al jurado para que rindiera veredicto de acuerdo con dicha alegación.
“Rendido el mismo la corte declara a dicho Evangelista Berrios convicto del delito de asesinato en segundo grado, y a petición de éste, quien renunció al término legal para dictarle sentencia, y por el contrario solicitado que la misma le sea dictada en este acto, la corte procede a dictarla y al efecto condena a dicho Evangelista Berrios a sufrir la pena de doce años de presidio, con trabajos forzados, que cumplirá en el Presidio Insular de Puerto Rico.
“Y se ordena que dicho reo sea inmediatamente conducido a dicho Presidio Insular de Puerto Rico y allí sea entregado con copia certificada de esta sentencia, al jefe de dicha institución para que en la misma sea recluido y confinado hasta que la misma se haya cumplido. ’;

La evidencia aportada por el peticionario en el acto de la vista del auto consistió en la declaración del abogado Angel Muñoz Igartúa y en su propia declaración.

La primera, copiada a la letra, dice:

“P. Con la venia del tribunal, ¿su nombre? — R. Angel Muñoz Igartúa. — P. ¿A qué se dedica? — R. Abogado. — P. ¿Además, qué otro cargo ocupa? — R. Actualmente alcalde de Manatí. — P. ¿Usted conoce al peticionario, Evangelista Berrios Cortés? — R. Lo conozco. —P. ¿ Cuándo fué que usted lo conoció? — R. Pues lo conocí el día de la vista del caso en la Corte de Distrito de Arecibo. — P. ¿Esa mañana en que usted intervino en el caso fué que usted vió el acusado, o cuándo fué? — R. Yo estaba en Manatí, en mi oficina, esa mañana, en mi oficina de abogado y llegó un hermano de él, a quien yo conocía antes, y traía una recomendación de un amigo de Ciales para que yo fuera a Arecibo a declarar culpable al her-mano. Yo fui con él y entonces me señaló quién era su hermano acusado. Lo llamé y le dije a lo que yo iba. El hermano y el acusado me dijeron que ya estaba el asunto arreglado, que iban a imponerle doce años de presidio. La causa original era por asesinato en primer grado, y que se iba a allanar el fiscal a la rebaja en la calificación del delito a asesinato en segundo grado. Y cuando el caso se llamó, yo hice la moción ante el juez, que el acusado aceptaba, por mi conducto, la acusación si se rebajaba a asesinato en segundo grado, y le impusieron doce años de presidio. — P. ¿ Usted no conocía las circunstancias ni los hechos del caso? — R. Absolutamente.— P. ¿No tenía...? — R. Unicamente lo que me dijo el hermano del acusado. — P. ¿Lo que le dijo ese mismo día por la mañana? — R. Lo que me dijo ese mismo día, por la mañana.' — P. ¿Y dice el testigo que tampoco conocía al acusado? — R. No lo conocía. — P. ¿Lo vió allí en la corte? — R. La primera vez que lo había visto fué ese día.— P. ¿Y el compañero lo que hizo fué asistirlo en cuanto a su decla-ración de culpabilidad? — R. Lo que le hice fué un favor de amigo y de cierto aspecto político a la familia, y al amigo de Cíales que me lo recomendó.' — P. ¿El compañero vió la acusación en el caso?— R. Bueno la oí leer al Secretario de la Corte, cuando se le leyó ese día. — Sr. Mieres Calimano: Pues nada más. — La corte: P. ¿ Al declarar culpable a este peticionario, advirtió a la corte que no había examinado el caso ni tenía conocimiento de los hechos? — R. Yo no advertí nada. — P. ¿Sino sencillamente se limitó a declararlo culpable? — R. Yo le dije, al llamar al acusado, ‘¿Usted está conforme con que yo lo declare culpable de asesinato en segundo grado?’ Y ante la conformidad de él... — P. ¿De manera que tampoco pidió término a la corte para preparar una defensa adecuada? — R. No señor. — P. ¿Ni-el acusado lo pidió? — R. Yo no la pedí, ni el acusado me pidió a mí que lo solicitara tampoco.”

Y la segunda, también copiada a la letra, es como sigue:

“P. ¿Cómo usted se llama? — R. Evangelista Berríos Cortés.— P. ¿Usted es el peticionario en este caso? — R. Sí, señor. — P. ¿Dónde se halla recluido? — R. En la Penitenciaría. — P. ¿A virtud de una sentencia de qué corte? — R. De la Corte de Distrito de Arecibo.— P. Dígame, testigo, ¿el día que usted estuvo, cuando llegó el com-pañero Lie. Muñoz Igartúa a la corte, ya usted había hablado con alguien respecto al caso? — R. Yo había hecho un arreglo con el fiscal de coger doce años. — P. ¿El día que lo llevaron a la corte a leerle la acusación, usted estuvo representado por abogado? — R. No señor. — P. ¿La corte no le nombró abogado en esa ocasión a usted? ■ — R. No señor. — P. ¿Durante todo el tiempo que transcurrió desde que usted cayó preso hasta la vista del juicio, usted estuvo bajo fianza en algún momento? — R. No señor, estaba preso. — P. ¿No fué visitado por ningún abogado? — R. Tampoco.' — P. ¿De manera que cuando llegó el Lie. Muñoz Igartúa, ya usted había hablado con el fiscal? — R. Había hecho un arreglo con el fiscal de coger doce años. — P. ¿Hasta qué grado estuvo usted en la escuela? — R. Hasta sexto. — P. ¿Usted sabe lo que es una acusación? — R. No señor.— P. ¿ Sabe los requisitos de una acusación? — R. No señor. — Sr. Mieres Calimano: Nada más. — La corte: Fiscal. — Sr. Fiscal: Nada. — La 'corte: P. Dígame, Evangelista, ¿cuánto tiempo transcurrió desde que se le leyó la acusación basta que hizo el arreglo con el fiscal de doce años? — R. Bueno, el fiscal fué a la cárcel. — P. ¿A los cuántos días de habérsele leído la acusación' fué que el fiscal fué a la cárcel? • — R. Como a los ocho días. — P. ¿El fiscal fué a la cárcel, y qué pasó cuando el fiscal fué a la cárcel? — R. Que llamó los que se fueran a declarar culpable, y entonces pues yo le dije cuánto me daba. — P. ¿Usted se iba a declarar culpable según lo que le dieran? —R. Sí, porque no tenía medios para poner un abogado e iba a hacer un arreglo con él, como hicieron los demás, y entonces pues me ofreció doce años, y yo le dije, 'bueno, los cojo’, y él se compro-metió a bajarme de asesinato en primer grado a segundo. — P. ¿Y se le rebajó? — Sí, señor. — P. ¿Cuando usted hizo esa confesión de culpabilidad estaba asistido de su abogado, Lie. Muñoz Igartúa? — No, señor. — P. ¿No estaba él allí con usted? — R, ¿Cuando fui a la acusación? — P. Cuando fué a declararse culpable. — R. Sí, señor.— P. ¿Y ese abogado se lo había conseguido su hermano? — R. Sí. — ■ Sr. Mieres Calimano: P. ¿Entonces, por qué se declaró culpable de ese delito? — R. Me declaré culpable porque había hecho el arreglo con el fiscal de coger doce años. — P. ¿No porque fuera culpable?— R. Bueno, yo hablé al fiscal que yo me declaraba culpable siempre que me bajara de asesinato en primer grado a segundo. — P. ¿En esa acusación usted era el iónico acusado en ella, o había otro acusado también, por el mismo delito, por los mismos, hechos? — R. No, nin-guno. — P. ¿Y entonces Juan Medina? — R. Juan Medina estaba acusado del mismo delito mío, pero ese día no fué. — P. ¿En esa misma acusación Juan Medina, conjuntamente con usted, estaba acusado de los mismos hechos? — R. Sí, señor.”

No hace aún un mes, el 19 de enero de 1942, la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el caso de Glasser v. United States, volvió a poner de relieve el deber en que las cortes se encuentran de hacer que sea una realidad la garantía constitucional que tiene toda persona acusada de un delito de estar representada por abog'ado. Uno de los párrafos de la opinión de la corte emitida por el Juez Sr. Murphy dice:

‘‘Sobre el juez sentenciador recae el deber de velar por que el juicio se conduzca con consideración para los derechos esenciales del acusado. Hablando sobre la obligación que tiene la corte sen-tenciadora de hacer valer el derecho a juicio por jurado que tiene un acusado, el Juez Asociado Sr. Sutherland dijo que tal deber ‘no debe cumplirse como cuestión de rutina si que con sana discreción, con miras a evitar indebidas o irrazonables desviaciones de esa clase de juicio o de cualquiera de sus elementos esenciales y con precaución que debo aumentar a medida que los delitos de que se trate aumenten en gravedad.’ Patton v. United States, 281 U. S. 276, 312-313. La corte sentenciadora debe proteger el derecho de un acusado a estar representado por abogado. ‘Este deber protector impone al juez que preside el juicio la seria y pesada responsabilidad de deter-minar si el acusado ha hecho una renuncia inteligente y competente. Aun cuando un acusado puede renunciar su derecho a tqner abogado, el hecho de si ha habido una renuncia formal debe ser determinado claramente por la corte sentenciadora, y lo correcto sería que esa determinación se hiciera constar en el récord.’ Johnson v. Zerbst, 304 U. S. 458, 465.”

Y entonces, refiriéndose al caso concreto que tenía bajo su consideración, concluye:

‘‘No revela tal consideración por parte de la corte sentenciadora para los derechos fundamentales de Glasser el récord que tenemos ante nos. ’ ’

Inspirados en los mismos principios, llegamos- a la misma conclusión en el caso que envuelve esta apelación, caso que pone de manifiesto no sólo la falta de ayuda legal al acusado sino una práctica censurable que no debe repetirse.

En su petición de hábeas corpus indicó y en la vista del auto, bajo juramento y de modo terminante, el peticionario declaró que al leérsele la acusación no estuvo representado por abogado, que la corte no le nombró abogado en esa ocasión.

Su declaración no fué objetada ni contradicha. Se tra-taba de una acusación de asesinato y no ya la Constitución y la Ley Orgánica quedaron incumplidas si que la misma ley procesal penal que expresamente — artículo 141, Código de Enjuiciamiento Criminal, ed. 1935, pág. 105, Ley referente al nombramiento de defensor en casos criminales de marzo 5, 1905, pág. 210 — imponía al juez el deber ineludible de velar por que el acusado tuviera la ayuda legal necesaria en ese acto.

Repetida es la jurisprudencia sobre el efecto de dejar incumplido tal deber. Bastará que citemos del resumen de Ex parte Resto, 55 D.P.R. 725, lo que sigue:

“Un acusado de delito grave tiene derecho a estar asistido y aconsejado por un abogado en el acto de la lectura de la acusación y a que se le advierta de la existencia de ese derecho a su favor, antes de que se le requiera para que conteste o excepcione la acusación.
“Para sostener la condena de un acusado no representado por abogado en el acto del arrcdngment ni advertido de su derecho a tener asistencia legal, no basta que el acusado se haya declarado culpable. Esa declaración, sin más, no equivale a una renuncia de ese derecho. Para que, con otras circunstancias en el caso, lo sea, la corte debe ir más allá de tal declaración e indagar si fué libre y voluntariamente hecha. ’ ’

Pero bay más en este oaso. Consecuencia de la falta de asistencia de abogado es lo que ocurre luego en la cárcel del distrito entre el fiscal y el acusado y otros acusados más, práctica censurable que tiende más bien a obscurecer que a descubrir la verdad que es la misión de la justicia. No es posible saber a conciencia que se da a cada uno lo que es suyo, ni juzgar cada caso por sus méritos cuando se recurre a transacciones y ofertas hechas y cruzadas entre un fiscal letrado y un prisionero ignorante en el seno mismo de la prisión.

Y no sólo es censurable el’hecho de una transacción seme-jante bajo las circunstancias que concurrieron según la declaración del peticionario, si que no podemos explicarnos cómo el fiscal pudo ofrecer una determinada pena sin contar con la conformidad del juez. Si no contaba con ella, hizo una falsa representación el fiscal, y si contaba, no fué sólo el fiscal el que faltó, si que el juez que se prestó a hacer posible tal procedimiento comprometiéndose a imponer una pena sin el previo estudio de los méritos del caso, estudio que no pudo ser completo sin oír al acusado.

Y para que el cuadro reprochable fuera más patente, no obstante el previo acuerdo existente, a pesar de saberse que el acusado se declararía culpable, se recurre a un juicio por jurado absolutamente innecesario.

Se insiste en que habiendo concurrido finalmente el acu-sado representado por un abogado, la ley quedó cumplida Si so leen simplemente los hechos que recita la sentencia, parece que todo pasó en debida forma, pero descorrido el velo aparente, ¿qué se encuentra? Entonces surge con más relieve aún la ausencia de toda ayuda legal en el caso, enton-ces se pone de manifiesto otro deber incumplido, el del abo-gado que se aviene a intervenir pro fórmula, sin previa inves-tigación de si lo que hace es justo o no, o está ameritado por las circunstancias concurrentes.

Lo que puso de manifiesto la declaración del peticionario en este caso, lo que quedó en pie a virtud de ella, es algo en verdad que no habla bien de los funcionarios que en la causa intervinieron, que debe censurarse como lo censuramos abiertamente a fin de que no-pueda degenerar en una práctica que convertiría en letra muerta entre nosotros una garantía constitucional de tanta trascendencia.

Bajo cualquier aspecto que el caso se considere, bien por-que el acusado no estuvo asistido en absoluto de abogado ■en el acto de la lectura de la acusación, ya porque tampoco lo estuvo de hecho cuando se declaró culpable, sin que se le advirtiera de su derecho ni lo renunciara inteligentemente en ocasión alguna, procede que el recurso de apelación sea declarado con lugar y en su consecuencia que, revocando la sentencia apelada, se dicte otra decretando la inmediata liber-tad del prisionero por haberse pronunciado sin jurisdicción la, sentencia en cumplimiento de la cual lo retiene el deman-dado bajo su custodia, todo sin perjuicio de los derechos que pueda tener El Pueblo de Puerto Rico para perseguir al peticionario por el crimen que se le imputa.


author: El Juez Asociado Señor SNyder

text:
    Great American Indemnity Company y Puerto Rico Auto Corporation, peticionarias y apelantes, v. Gobierno de la Capital y la Junta Administrativa de dicho Gobierno de la Capital, actuando como Junta de Subastas, etc., demandados y apelados.
    Núm. 8454.

    Sometido: Febrero 3, 1942.

      Resuelto: Febrero 17, 1942.

      Francis & Belaval, abogados de los apelantes; J. Valide juli Rodríguez, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor SNyder

emitió la opinión del tribunal.

Ésta es una apelación contra una sentencia de la Corte de Distrito de San Juan desestimando una petición de mandamus. La petición alegaba que el Gobierno de la Capital anunció una subasta para la compra por dicha Capital de diez trueles para servicio de limpieza pública; que en dicho anuncio de subasta se exigía que cada postor prestara una fianza por el diez por ciento de su proposición, en metálico, o mediante cheque certificado; que la peticionaria Puerto Pico Auto Corporation sometió una proposición de $19,500 para diez trucks marca “Fargo”, acompañada de una fianza por compañía de seguro; que cuando se abrieron las propo-siciones, la Junta Administrativa de la Capital rehusó con-siderar esta proposición basándose en que la misma era insuficiente porque la fianza sólo estaba firmada por la peti-cionaria Great American Indemnity Company, una compañía aseguradora, y no por el principal, la compañía de automó-viles; que esta proposición era la más baja; que la propo-sición fue rechazada arbitrariamente y sin justa causa; que la adjudicación del contrato pudo haberse hecho inmediata-mente; que las peticionarias no tenían otro remedio excepto la solicitud de mandamus de acuerdo con el párrafo (c) de la sección 46, ley núm. 99, Leyes de 1931 (pág. 623). En la súplica se solicitaba un auto de mandamus ordenando a los demandados a considerar la proposición de la compañía de automóviles y adjudicarle a ésta el contrato.

Nos confrontamos inicialmente con el hecho de que la petición alega que el anuncio de subasta exigía una fianza en metálico o por cheque certificado. Alega entonces la petición que la fianza ofrecida era una por compañía aseguradora, la cual fianza fué rechazada. Pero los demandados aparentemente no insinúan que aun sería insuficiente una fianza debidamente otorgada por compañía aseguradora. La explicación descansa en el hecho de que el pliego de condiciones, que suplementaba el anuncio de subasta, disponía que una fianza» por compañía aseguradora podía ser prestada. Aunque se hubiera aclarado una discrepancia aparente si este hecho adicional hubiera sido alegado en la petición, su omisión no hizo la solicitud fatalmente defectuosa, en vista, de la alegación que se hace en ella de que la única razón para el rechazo de la fianza fué'la falta de la firma de la principal.

Aquí el problema no es encontrar la regla de derecho adecuada, sino el aplicarla a los hechos de este caso. La regia corre uniformemente a través de todas las autoridades —el mandamus se expedirá para obligar el cumplimiento de un deber ministerial por un funcionario público. Si su deber envuelve el ejercicio de discreción, las cortes no dirigirán o controlarán Ja^ discreción del funcionario, pero intervendrán para evitar un abuso de discreción. Anotación sobre mandamus para que se consideren, acepten o se rechacen subasr tas para contratos públicos, 80 A.L.R. 1382; Muñoz v. Ramos, 39 D.P.R. 405; Llovet v. Junta Examinadora de Ingenieros, 40 D.P.R. 583; Font v. Junta de Retiro de Funcionarios y Empleados, 48 D.P.R. 24; Merrill on Mandamus, Sección 117, página 145; Spelling, Inpmctions and other Extraordinary Remedies, Segunda edición, Sección 1384, página 1195; McQuillin, Municipal Corporations, Segunda edición, volu-men 6 revisado, Sección. 2713, página 844, Sección 2726, página 874; Dillon on Municipal Corporations, Quinta edición, Volumen IV, Sección 1489, página 2656; Miguel v. McCarl, 291 U.S. 442, 451; Board of Education v. Board of Commissioners, (N.C.), 127 S. E. 692; Consolidated Printing and Publishing Co. v. Allen, (Calif.), 112 P. (2d) 884.

El abrumador número de casos que aplican esta regla des-tacan la observación del Juez Asociado Holmes de que las generalizaciones no deciden casos concretos. Refugiándose en la atrayente generalidad de esta regla, algunas cortes, mientras aparentan cumplir con la misma, parece que han aprovechado la oportunidad de ejercitar el poder ejecutivo, ’llenemos presente la admonición del Juez Presidente Stone de que “las cortes no son .la única agencia del Gobierno que se presume tienen capacidad para gobernar” (United States v. Butler, 297 U. S. 1, 87).

En lo que a nosotros concierne, el lenguaje estatutario confiriendo discreción a los funcionarios ejecutivos significa exactamente lo que dice. No nos proponemos dirigir o con-trolar la rama ejecutiva del gobierno en el ejercicio de sus funciones. No es la misión de esta corte el revocar o inter-venir con o detener la acción ejecutiva basándonos en el argu-mento de que el ejecutivo ha cometido un error de criterio. Para impedirle de actuar u ordenarle que actúe, debemos encontrar que el ejecutivo actuó enteramente sin causa.

Aplicándole estás consideraciones, resulta fácil resolver el caso de autos. Aquí la alegación es que la proposición de la peticionaria nunca se consideró porque la fianza por compañía aseguradora que ella presentó no fue firmada por ella como principal. Sin poner en duda en manera alguna la buena fe de los miembros de la junta administrativa, esta-mos satisfechos de que actuaron bajo un concepto equivo-cado de la ley.

La fianza por compañía de seguro en este caso era mancomunada y solidaria. Por tanto, no tenemos necesidad de considerar la cuestión de responsabilidad mancomunada si firma un solo fiador. Los casos no dejan lugar a duda de que en una obligación solidaria constituida por una fianza de compañía aseguradora, el hecho de que el principal no firme, no altera la responsabilidad del fiador. Hill v. New Amsterdam Casualty Co., (Cal.), 286 P. 1103; United States Fidelity and Guaranty Co. v. McCurdy, (Ga.), 180 S. E. 902; Pima, County v. Snyder, (Ariz.), 44 P. 297; McKissack v. McClendon, (Ala.), 32 So. 486; Brown v. Melloon, (Iowa), 152 N. W. 75; United States Fidelity and Guaranty Co. v. Haggart, 163 F. 801; véanse Sierra v. Vieta, 56 D.P.R. 224; P. Millón & Cía., Sucesores v. Caamaño, 38 D.P.R. 193; Sucesores de L. Villamil Co. v. Díaz y Laborda, 41 D.P.R. 467. Habiendo las peticionarias sometido una fianza válida, los demandados actuaron impropiamente al negarse a considerar la proposición de la compañía de automóviles a base, única-mente, de que la fianza era insuficiente.

En vista de este concepto equivocado de los funcionarios demandados en cuanto a la validez de la fianza en este caso, ia regla establecida en Riesland v. Bailey, (Ore.), 31 P. (2d) 183, es de aplicación a este caso. El caso de Bailey sostiene a la página 185 lo siguiente:

“Procede el mandamus si por razón de un concepto equivocado de la ley o por cualquier otra circunstancia, no ba habido en verdad un electivo y bona fide ejercicio de criterio y discreción como por ejemplo, cuando el ejercicio de la discreción descansa sobre un punto o asunto que, de acuerdo con la ley, no debe ser considerado.”

Se alega que la peticionaria hizo toda clase de gestiones para conseguir que la junta administrativa considerara su proposición, las cuales resultaron infructuosas. En el argumento oral las peticionarias sostuvieron que bajo esta alegación ellas hubieran podido probar que ellas ofrecieron conseguir que la fianza se firmara inmediatamente por la peticionaria como principal, la cual oferta los demandados se negaron a aceptar. Aun si hubiéramos hallado defectuosa la fianza, las autoridades sostienen que bajo las circunstancias de este caso tal defecto puede y debe ser prontamente subsanado, convalidando la fianza de este modo. McQuillin on Municipal Corporations, segunda edición, sección 1334, pág. 922, sección 1325, pág. 904; véase Tomasini v. Municipio de Ponce, 50 D.P.R. 804; Goodyear Tire, etc., Co., Ltd. v. Brugueras, 44 D.P.R. 622. Si los demandados se negaron a permitir esta enmienda, su negativa no estaba autorizada por la ley y era en perjuicio del interés piiblico, debido a que por esta actuación eliminaron de su consideración la proposición más baja.

La petición suplica que se ordene a los demandados que adjudiquen el contrato a la compañía de automóviles. Pero, como ya se lia indicado, nos limitamos a ordenar a los demandados que consideren su proposición. La ley núm. 99, Leyes de Puerto Rico de 1931, sección 7, provee que tal contrato se adjudicará mediante subasta pública, “al postor que ofrezca y se comprometa . . . bajo las condiciones más ventajosas para la capital en cuanto a precio, capacidad técnica y seguridad a juicio de dicha junta administrativa. . .”. Marca, diseño, color, tamaño, facilidades de reparación y seguridad de entrega inmediata son algunos de los factores a los cuales los demandados podían dar considerable peso al cumplir con el mandato de esta ley en el presente caso. Cuestiones de esta naturaleza deben decidirse por la junta para el beneficio público. Establecer una regla inflexible de que el contrato debe adjudicarse al postor más bajo, prescindiendo de tales consideraciones, privaría al público del beneficio del criterio de los funcionarios públicos en aquellas cuestiones en que el estatuto requiere que ellos lo ejerciten. En ausencia de fraude, mala fe o abuso de discreción, ningún postor tiene derecho a quejarse cuando otra proposición es elegida como la “más ventajosa.” La cuestión debe decidirse a la luz del interés público y ningún postor tiene un derecho adquirido en ninguna subasta. En verdad, aun su derecho a litigar la cuestión es uno severamente limitado. Véanse 86 A.L.R. 131; McQuillin on Municipal Corporations, sección 1341, pág. 929, sección 1331, pág. 918; Goldberg v. Daniels, 231 U.S. 218; Perkins v. Lukens Steel Co., 310 U.S. 113, 126.

Los abogados de ambas partes ban discutido ampliamente la cuestión de si el párrafo (c) de la sección 46 de la Ley núm. 99, Leyes de Puerto Rico de 1931, creando el Gobierno de la Capital de Puerto Rico, ba operado algún cambio en los casos en los cuales el mandamus es un remedio apropiado. El párrafo (c) provee que la Corte de Distrito de San Juan tendrá jurisdicción “Para compeler mediante auto de mandamus, al cumplimiento de deberes ministeriales por los funcionarios de la capital. ’ ’ Como ya se ba indicado, este caso no envuelve abuso de discreción alguna. Debido al concepto equivocado de la ley, la discreción de la junta administrativa nunca fué ejercitada. La orden para que ejerza su discreción es una orden para cumplir un deber ministerial. Por tanto, es innecesario que determinemos si el mandamus contra los funcionarios de la capital ba sido restringido por las disposiciones del párrafo (c).

La peticionaria manifestó en el argumento oral que el contrato babía sido adjudicado a otro postor, y los deman-dados indican en su alegato que diez trucks Dodge han sido entregados por el postor victorioso y están actualmente en uso. Como la solicitud y la moción de desestimación no con-tienen estas alegaciones, no podemos considerarlas al pasar sobre la sentencia desestimando la petición. Sin embargo, no creemos impropio sugerir que si el contrato ba sido adju-dicado a otro postor y por consiguiente se ba efectuado la entrega, las peticionarias pueden haberse dormido sobre sus derechos al no tratar de obtener un remedio de entredicho para impedir tal acción. Si se suscita esa cuestión más luego en la corte inferior, dicha corte tendrá que determinar si el mandamus es aún un remedio efectivo. Aun cuando la adju-dicación se hubiera hecho inválidamente y el contrato con-siguiente nulo, cuestión que no está ante nos y que por tanto no estamos decidiendo ahora, a lo más la compañía de auto-móviles tiene derecho a que se le considere su proposición. Además, si se están usando actualmente diez trucks Dodge, la corte inferior quizá vendría obligada a considerar el efecto de este caso sobre el racionamiento de trucks de acuerdo con la reglamentación y la ley federal.

Encontramos que la peticionaria, si las alegaciones de su solicitud son ciertas, tenía derecho a que su proposición fuera considerada por la Junta Administrativa. Revocare-mos la sentencia de la corle de distrito y devolveremos el caso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.


author: El Juez Asociado Señor SNydbr

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Nicomedes Figueroa, acusado y apelante.
    Núm. 8964.

    Sometido: Febrero 4, 1942.

      Resuelto: Febrero 17, 1942.

      J. A. Suris Agraít, abogado del apelante; Eon. Procurador General George A. Malcolm, B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo j L%ds Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor SNydbr

emitió la opinión del tribunal.

El acusado fué convicto de una infracción a la sección 4 de la ley núm. 25, Leyes de Puerto Eieo de 1935, Sesión Extra-ordinaria, conocida como Ley de Bolita o Boli-Pool. Fué sentenciado a pagar una multa de $150 o a cumplir tres meses de cárcel. Apeló para ante este tribunal señalando cuatro errores. Alega que la corte de distrito erró al admi-tir en evidencia 8,602 “tickets” de boli-pool, al declarar siín lugar su moción de nonsuit, al admitir1 en evidencia los refe-ridos tickets de boli-pool toda vez que fueron obtenidos mediante un registro ilegal, y al dar crédito a la prueba del Pueblo y no dar crédito a la prueba del acusado.

Todos los errores señalados por el acusado son enteramente frívolos. El récord demuestra que en ningún momento durante el juicio el acusado objetó a que se admitieran en evidencia los 8,602 tickets de boli-pool. Como se dijo en Pueblo v. Silva, 17 D.P.R. 607, “cuando un acusado per-mite la presentación de una prueba que pudiera ser excluida si se hiciera la debida objeción, no puede permitírsele que objete dicha prueba por primera vez en el tribunal de apelación”. Al mismo efecto, Pueblo v. Ramos, 36 D.P.R. 821, Pueblo v. Miranda, 56 D.P.R. 601.

El acusado se queja de que la corte inferior erró al declarar sin lugar la moción de nonsuit. Pero después que la corte tomó esta acción, el acusado prosiguió con su prueba. Esta corte ha resuelto que “cuando un acusado al cual se lo ha desestimado una moción de nonsuit, introduce su prueba, esto paso equivale a una renuncia de su moción, ya que la regla es idéntica en casos civiles y criminales.” Pueblo v. Ojeda, 26 D.P.R. 438.

El alegado error referente al registro ilegal tam-poco tiene mérito. Á menos que el acusado sea cogido por sorpresa al presentarse evidencia en el juicio, una moción que ataca la validez de una orden de allanamiento y que solicita se elimine evidencia obtenida de este m'odo, debe ser radi-cada antes del juicio. Pueblo v. Capriles, 58 D.P.R. 548. Lejos de radicar dicba moción antes del juicio, el acusado, como ya se ba indicado, ni siquiera objetó durante el juicio mismo la admisión en evidencia de los objetos que se alega fueron ocupados. Más aún, la evidencia demuestra que en este caso no está envuelta orden de allanamiento alguna. El testimonio era que la policía, sospechando que el acusado operaba una banca de boli-pool, estaba vigilando su casa. Cuando el acusado salió de su casa fue bacia una pieza de caña contigua y recogió una lata. Cuando vió que la policía se le acercaba, soltó la lata y corrió bacia su casa. La poli-cía examinó la lata y encontró dentro de ella los tickets de boli-pool presentados en evidencia en este caso. A pesar de que la policía tenía en su poder una orden de allanamiento para registrar la casa del acusado, ésta nunca se ejecutó, y por tanto la cuestión de su validez no está envuelta en este caso.

Un examen del récord revela prueba suficiente para justificar la sentencia de culpabilidad dictada por la corte inferior. Además del episodio ya descrito en relación con la lata de tickets de boli-pool, dos mujeres testificaron en cuanto a la conexión del acusado con operaciones de bolipool. Una de las mujeres también declaró que el acusado le había pagado $25 como un premio de boli-pool. La prueba del acusado consistió de tres testigos que esencialmente declararon que habían visto a los policías en la pieza de caña con la lata, pero que ellos no vieron al acusado en aquel sitio a dicha hora. El acusado ocupó la silla testifical y negó toda conexión con banca de boli-pool alguna. La corte inferior decidió dar crédito al testimonio de los testigos del Pueblo de Puerto Rico. En ausencia de alguna demostración de que hubo pasión, prejuicio o parcialidad por parte de la corte inferior, su sentencia debe ser confirmada. Pueblo v. Báez, 37 D.P.R. 719, Pueblo v. Ortiz, 56 D.P.R. 27.

Debe confirmarse la sentencia de la corte inferior.