author: El Juez Asociado Señoe Tbavieso

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Luis F. Velázquez, acusado y apelante.
    Núm. 6621.

    Sometido: Julio 20, 1937.

      Resuelto: Julio 23, 1937.

      Julio Pinto Gandía y Carlos Pantana Becerra, abogados del apelante; B. A. Gomes, Fiscal, abogado de 331 Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señoe Tbavieso

emitió la opinión del tribunal.

Luis F. Yelázquez fué acusado y convicto por la Corte Municipal de Manatí de un delito de portar armas prohibi-das. En 26 de mayo de 1936 quedó radicada su apelación ante la Corte de Distrito de Arecibo, celebrándose la vista el 17 de noviembre de 1936. Declarado culpable y condenado a la pena de dos meses de cárcel, el acusado interpuso el pre-sente recurso.

Se imputa a la corte sentenciadora baber cometido error al resolver que la moción para el archivo y sobreseimiento de la causa había sido interpuesta tardíamente; y al declarar sin lugar dicha moción, sin que quedara justificada previa-mente la tardanza para la celebración del juicio después de haber transcurrido los 120 días fijados por el artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

El primer error señalado, aun cuando se hubiere cometido, no ha perjudicado en manera alguna los derechos substan-ciales del apelante. La vista del caso fué señalada para el día 17 de noviembre de 1936. El día 12 del mismo mes el acusado radicó su moción para el sobreseimiento de la causa y solicitó que la moción fuese señalada para ser vista en el mismo día señalado para la celebración del juicio. Es cierto que la corte sentenciadora resolvió que la moción era tardía por haberse presentado en el momento del juicio, pero des-pués de añadir “aun suponiendo que no fuera tardía la soli-citud, nos encontramos que no hay motivo para declararla con lugar,” la corte procedió a considerar la moción en sus méri-tos, resolviendo que había habido causa razonable para que el caso no se hubiese visto antes y que si alguna culpa había existido ella había sido del acusado o de su abogado.

De la certificación expedida por el secretario de la Corte de Distrito de Arecibo, unida a los autos por orden de este Tribunal Supremo dictada a instancia del propio apelante, aparece que los autos fueron radicados en la corte de distrito el 26 de mayo de 1936 y que el término de 120 días que fija el ■estatuto vencía, por lo tanto, el 23 de septiembre de 1936; que el juicio fué señalado para e'l día 17 de septiembre, o sea para una fecba comprendida dentro del término legal; que en la minuta de la corte del día 17 de septiembre consta que al llamarse el caso para la celebración de la vista no compa-reció el acusado a la bora señalada, ni personalmente ni por .abogado, por lo que la corte se vió obligada a decretar la sus-pensión ; que una bora, después de suspendido el juicio, cuando ya se habían ausentado los testigos de cargo, compareció ante la corte el abogado del acusado e informó a la corte que venía a defender al acusado, y al ser informado por la Corte de la suspensión del juicio por no haber comparecido a tiempo, dicho abogado se excusó por haber llegado tarde, alegando que se había visto obligado a detenerse por algún tiempo en Bayamón por motivo de cierto incidente ocurrido entre el chófer y un pasajero del automóvil en que viajaba; y que el caso fué señalado de nuevo para el día 17 de noviembre, fecha en que se celebró el juicio.

Apareciendo de los autos que si el juicio no se celebró dentro de los 120 días siguientes a la fecha en que se radica-ron los autos en la corte de distrito fué por el motivo de no haber comparecido en la fecha del señalamiento ni el acusado ni su abogado, por lo, que la corte se vió obligada a hacer un nuevo señalamiento, debemos resolver que la corte inferior no erró ál declarar sin lugar la moción de archivo y sobresei-miento de la causa. La tardanza quedó justificada por actos del propio demandado.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Travieso

license: Public Domain

text:
    El Municipio de Salinas, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Guayama, recurrido.
    Núm. 1000.

    Sometido: Julio 19, 1937.

      Resuelto: Julio 24, 1937.

      Manuel A. Rivera, abogado del recurrente;
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El Municipio recurrente adquirió por compra a doña Carmen Caratini un predio de terreno, con una cabida de 2,882.24 metros cuadrados, que se describe así:

“RÚSTICA, predio de terreno, radicado en el barrio Pueblo del Municipio de Salinas, la que de acuerdo con el plano levantado por el Ingeniero don Augusto Padilla, en una escala de uno por tres-cientos, cuya mensura dió principio en la carretera número- tres rumbo N. 3o 12 E, basta el punto número dos, una distancia de setenta metros noventa centímetros; desde este punto rumbo N.. 46° 17 E. basta el punto número tres, una longitud de treinta y tres-metros cincuenta y cuatro centímetros y ambas distancias en colin-dancia con terrenos que boy son de don Emilio Agosto; desde este-punto rumbo S. 70° 03 E. basta el punto cinco, una distancia de-treinta y cuatro metros cuarenta y cinco centímetros en eolindaneia con terrenos que actualmente son del Municipio y la calle ‘Ciudad Perdida’; desde este punto rumbo S. 33° 34 W. una longitud de-setenta y siete metros treinta y seis centímetros; desde este punto,, rumbo S. 2o 09 E. al punto siete de la carretera número tres, una longitud de diez y nueve metros cuarenta y nueve centímetros, ambas-distancias en eolindaneia con terrenos de la finca principal; y desde-este punto por la carretera número tres, rumbo N. 84° 36 W. al punto de partida diez y ocbo metros setenta centímetros, en total dos mil ochocientos ochenta y dos metros cuadrados con veinte y cuatro centímetros o sea setenta y tres céntimos de cuerda.
“SEGREGACIÓN: Esta finca se segrega para formar una finca sepa-rada y así se hará inscribir en el Registro de la Propiedad de una-cuerda cuatrocientas diez y seis milésimas, sita en .el mencionado-barrio Pueblo de Salinas, en eolindaneia por el Norte con tierras-que fueron de Don Domingo Mundo ahora del Municipio de Salinas por el Este, con más terrenos del propio Municipio; por el Sur, con la carretera; y por el Oeste, con las qué fueron de doña María Eufro-sina Caratini abora de don Emilio Agosto.”

Presentada la escritura en el Registro de Gnayama, el registrador recurrido practicó la inscripción de acuerdo con la nota siguiente:

“INSCRITO el presente documento, al folio 239 del tomo 31 de Salinas, finca No. 1085, Inscripción primera, libre de cargas, con el defacto subsanable de no describirse la finca vendida por sus cua-tro puntos cardinales en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley Hipotecaria, en relación con el 63 de su reglamento. Gua-•yama, a 2 de abril de 1937. Matías Pomales Díaz, Reg. Sustituto.”

Alega el recurrente que la nota recurrida viola los mismos preceptos estatutarios que en ella se citan y constituye un abuso de la discreción que la ley concede al registra-’ dor para calificar los documentos presentados para su inscripción.

Esta Corte Suprema fia resuelto en numerosas decisiones que los linderos y cabida de las fincas son requisitos esencia-les que deben constar en los asientos de inscripción que se practiquen en el registro de la propiedad y que el incumpli-miento de esos requisitos es un defecto subsanable. Véanse: Isales v. Maeso et al., 16 D.P.R. 791; González v. Registrador, 17 D.P.R. 239; Figueroa v. Registrador, 20 D.P.R. 24; Malpica v. Registrador, 21 D.P.R. 98; Vecchini v. Registrador, 21 D.P.R. 233; Jiménez v. Registrador, 24 D.P.R. 617; Cabrera v. Registrador, 45 D.P.R. 404; y Vol. 2 “Comentarios a la Legislación Hipotecaria” de Morell y Terry, pág. 111.

Las partes contratantes pueden también, si lo creyeren conveniente, consignar en la escritura una descripción geomé-trica del inmueble. No hay nada en la ley que a ello se oponga. Más aún, el artículo 63 del Reglamento para la eje-cución de la Ley Hipotecaria reconoce el derecho y la conve-niencia de hacerlo así, al disponer:

“Segunda: La situación de las fincas rústicas se determinará expresando el término, partido o cualquier otr.o nombre con que sea conocido el lugar en que se bailaren, sus linderos por los cuatro puntos cardinales, la naturaleza de la finca colindante y cualquiera circunstancias que impida confundirlas con otras."

No erró el registrador recurrido en su calificación y su nota debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    José Manuel Pietri Mejía, demandante y apelado, v. Rosario Bacó Polidori, demandada y apelante.

      Núm. 7074.

    Sometido: Junio 24, 1937.

      Resuelto: Julio 24, 1937.

      Oscar Souffront, abogado de la apelante; Leopoldo Tormos García, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En el pleito de divorcio seguido por José Manuel Pietri Mejía contra su esposa Rosario Bacó Polidori, recayó sen-tencia declarando con lugar la demanda en su primera causa de acción, y como consecuencia, roto y disuelto el vínculo matrimonial existente entre demandante y demandada. Esta ba interpuesto el presente recurso de apelación, atribuyén-dole a la corte sentenciadora seis errores que se refieren todos a la apreciación de la prueba y credibilidad de los testigos.

Alega Pietri en su primera causa de acción que contrajo matrimonio con la demandada en el pueblo de San Grermán el día 2 de junio de 1925, y que su esposa ba demostrado du-rante los últimos cuatro años una conducta cruel e injuriosa •••hacia- él,■ rehusando hablarle y llamándole “canalla, sinver-r gúénza, perro y-mal nacido" en privado y al alcance de oídos de personas extrañas, abandonando por completo todas sus obligaciones en el bogar . . . pegándole . . . insultando y maltratando a la madre del demandante en su presencia, al extremo de haberle pegado.”

En la segunda causa de acción alega que la demandada, en distintas ocasiones con anterioridad al 12 de agosto de 1934, sostuvo contacto carnal con Evelio Maldonado, y que el 12 de agosto de 1934 el demandante y otras personas la sorpren-dieron en la playa conocida por Salinas, del municipio de Guánica, en los momentos precisos en que sostenía tal con-tacto carnal con el dicho Evelio Maldonado, quien no era su esposo.

La vista del caso duró dos días y la transcripción de la evidencia consta de 418 páginas, que hemos leído cuidadosa-mente. La corte sentenciadora encontró probados los siguien-tes hechos, que copiamos de la opinión que emitiera:

“Que el demandante José Manuel Pietri y la demandada Rosario Bacó Polidori contrajeron matrimonio en San Germán el día 2 de junio de 1925, de cuyo matrimonio no existen hijos; que desde que el demandante contrajo matrimonio con la demandada y hasta e'1 año 1932, en que falleció el padre del demandante, éste era un empleado de su p'adre como mayordomo en sus fincas, ganando un sueldo de $30 mensuales, y vivió con su esposa en distintas fincas; que el demandante, desde fines del año 1925 padeció de ‘sprue,’ habiendo sido tratado por el Dr. Arrache, quien declaró que el deman-dante también tenía síntomas de angustia mental y nerviosismo en parte atribuíbles al ‘sprue’, y que el demandante, desde el año 1932, ha mejorado mucho. Que demandante y demandada vivieron jun-tos desde que se casaron hasta el día 4 de junio de 1932, en que el demandante, por los motivos que expuso en carta dirigida a la madre de la demandada (véase Ex. 2 demandada) se retiró del hogar conyugal, habiéndose ido entonces la demandada a vivir con sus familiares en Adjuntas y Yauco; que la determinación tomada por el demandante de separarse de la demandada fué consecuencia del mal trato e injurias graves, de palabras y de hecho, que recibía de la demandada durante varios años, consistentes en palabras y fra-ses ofensivas, y haberle pegado, al extremo de haber confesado el demandante en corte que le tenía miedo a la demandada, hechos que contribuyeron a agravar la salud quebrantada del demandante. A la Corte le mereció más crédito la prueba del demandante, en con-junto, y su propia declaración, que demostró que el demandante es un hombre de carácter y constitución física débil y apopado de espí-ritu, mientras que la demandada se mostró como una mujer de carác-ter dominante, vivo y fuerte. La Corte está convencida de que el borrador de la carta (Ex. 1 demandada) fué escrito por el deman-dante a requerimiento y exigencia de la demandada, y que la acti-tud primera adoptada por él de negar haberla escrito se debió a la vergüenza de tener que admitir haberla escrito, por el hecho de ser dirigida a su madre.
"La mente del juzgador no pudo menos que quedar fuertemente impresionada y convencida de que la vida matrimonial que existió entre las partes hasta el año 1932, fué una de constantes altercados, discusiones y peleas, provocadas por el mal genio y celos de la deman-dada . . .
"En cuanto a dicha segunda causa de acción, la Corte hace cons-tar que la prueba presentada no le ha convencido de que la deman-dada cometió adulterio con Evelio Maldonado el 12 de agosto de 1934, aun cuando se probó, fuera de toda duda, ya que la propia demandada admitió que habí’a ido a las ‘Salinas’, de Guánica, en dicha noche con Maldonado y Teresa Santos, de que la conducta de la demandada al ir de noche a un sitio solitario y de mala repu-tación general, como se declaró que es ése de las ‘Salinas’, con un hombre y otra señora, cuyas actuaciones, conducta y forma de decla-rar merecen poco crédito y respeto a la Corte, la conducta de la demandada, decimos, deja mucho que desear para la buena repu-tación de una señora que precia su buen nombre, especialmente en los momentos en que su esposo está solicitando el divorcio. A la Corte le ha merecido más crédito, también, la prueba del deman-dante en cuanto a esta segunda causa de acción, pero no la consi-dera suficiente para dejar establecido un caso de adulterio, aunque sí uno de indiscreción y ligereza imperdonable en una esposa, que equivaldría a trato cruel e injuria grave en algunas jurisdicciones de los Estados Unidos. La Corte hace constar que tanto la deman-dada como Evelio Maldonado mintieron en sus declaraciones al decir que no se habían hablado en Guánica y Adjuntas antes de la noche del 12 de agosto de 1934, como puede verse de sus contradicciones, según 'aparecen en la transcripción de la evidencia, páginas 234 y '2:59.
“Tampoco se ba probado que la -demandada cometiera adulterio con Eveliq Maldonado antes de la noche mencionada, pues la prueba de lo sucedido en la finca del padre del demandante ocurrió Varios años antes, y por sí no estableció el 'adulterio, y además, esto hubiera quedado condonado por la conducta posterior del demandante de seguir viviendo con la demandada.”

La demandada no alega que la corte sentenciadora actuara -con pasión, prejuicio o parcialidad. En esas circunstancias, la regla invariable y firmemente establecida ya por este Tribunal Supremo ba sido la de no alterar el fallo, a menos que surja de los autos un manifiesto error en la apreciación de la prueba, que está muy lejos de haberse cometido en el caso de autos. E. Solé & Co. S. en S. v. Pedrosa, 49 D.P.R. 569; Reyes v. López Nusa, 48 D.P.R. 92; López v. Andrades, 47 D.P.R. 309; Amador v. Navarro, 46 D.P.R. 526; Molina v. Rodríguez, 40 D.P.R. 691; Casasnovas v. The Ponce Electric Co., 38 D.P.R. 126; Palacios v. Arzuaga, 37 D.P.R. 289; Franceschi v. Fournier, 37 D.P.R. 161; Díaz v. Sucn. Cintrón, 35 D.P.R. 632. Las cortes sentenciadoras oyen declarar a los testigos; pueden apreciar sus gestos y la manera como se conducen durante el curso de los interrogatorios a que los .abogados de ambas partes les someten. Las de apelación, por el contrario, carecen de esas oportunidades para llegar a la verdad de los hechos. Una transcripción de la evidencia o una exposición del caso han de estar necesariamente despro-vistas de esos índices tan importantes para averiguar si la declaración que un testigo presta desde la silla testifical se ajusta o no a la realidad de los hechos. De ahí la sabiduría de la regla.

Hemos estudiado cuidadosamente la transcripción de la evidencia sin que hayamos descubierto en ella error alguno imputable a la corte inferior. Sus conclusiones 'de hecho están ampliamente sostenidas por la prueba que desfiló ante -ella. Existen, sí, contradicciones en el testimonio de los tes-tigos principales, y en general, un conflicto entre la prueba •del demandante y la de la demandada. Pero la corte a quo, en el ejercicio de su facultad discrecional, resolvió este con-flicto en favor del apelado y rechazó la declaración de aque-llos testigos que no le merecieron crédito.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Hutohisoh

text:
    Rafael Landrón Landrón y Eugenio D. Delgado, Comisionados Asociados de la Comisión de Servicio Público de Puerto Rico, demandantes y apelados, v. José Ramón Quiñones, Comisionado y Presidente de la Comisión de Servicio Público de Puerto Rico, y Tomás Torres Pérez, demandados y apelantes.
    Núm. 7543.

    Sometido: Julio 12, 1937.

      Resuelto: Julio 24, 1937.

      José Ramón Quiñones y Tomás Torres Pérez, por su propio derecho y además Hernán Franco, como abogado de éste último; Bolwao' Pagan, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Hutohisoh

emitió la opinión del tribunal.

Bajo el títnlo general de “Comisión de Servicio Público” y el subtítulo “Sueldos”, la Asamblea Legislativa en la ley (núm. 119) de presupuesto para el año fiscal 1936-37 (Leyes de 1936, pág. 691), incluyó la siguiente partida: “Oficial Ju-rídico_$4,000.” El Comisionado de Servicio Público designó un oficial jurídico. En un pleito iniciado de confor-midad con una ley titulada “Ley relativa a sentencias y decre-tos declaratorios y para bacer uniforme la legislación sobre la materia, y para otros fines”, aprobada el 25 de abril de 1931 (Leyes de ese año, pág. 379), la Corte de Distrito de San Juan, constituida como tribunal colegiado, resolvió que el nombramiento debió haberse becbo por la Comisión de Servicio Público y no únicamente por el Presidente y que el nombramiento así hecho era nulo. Los apelantes sostienen que la corte de distrito cometió los siguientes errores:

“Primer error: Haber resuelto que es la Comisión de Servicio Público o el quorum legal de la misma la que tiene poderes y facul-tades para hacer los nombramientos de funcionarios y empleados de dicha Comisión y no haber resuelto que ese nombramiento eorree^-ponde hacerlo al Comisionado de Servicio Público.
£ ‘ Segundo error: Haber resuelto que el nombramiento del deman-dado Torres Pérez fué hecho por el Presidente de la Comisión de Servicio Público exclusivamente.
“Tercer error: Haber resuelto que el demandado Torres Pérez fué nombrado para el cargo de Oficial Jurídico de la Comisión de Servicio Público.
“Cuarto error: No haber resuelto que es el Comisionado de Ser-vicio Público el que tiene la facultad y poder de hacer nombramien-tos de empleados para la oficina de la Comisión de Servicio Público con excepción del cargo de Secretario de la Comisión de Servicio Pú-blico.
‘1 Quinto error: Haber resuelto que el artículo 38 de la Ley Orgá-nica no crea el cargo de Comisionado de Servicio Público y sí el de Presidente de la Comisión de Servicio Público.”

La Sección 32 de la Carta Orgánica aprobada el 12 de abril de 1900 (31 Stat. at Large, Chap. 191, p. 77), disponía “que toda concesión de franquicias, derechos y privilegios, o concesión de carácter público o cuasi público ’ ’ sería otorgada por el Consejo Ejecutivo con la aprobación del Gobernador. La sección 18 otorgaba a los miembros del Consejo Ejecutivo, seis de los cuales eran también jefes de departamento, facul-tad “para emplear todos los delegados y ayudantes necesa-rios para el debido cumplimiento de sus obligaciones como »tales funcionarios y como tal Consejo Ejecutivo.”

En la sección 38 de la Carta Orgánica aprobada el 2 de marzo de 1917 (39 Stat. at Large, Part I, Chap. 145, p. 951) él Congreso creó una Comisión de Servicio Público compuesta de los jefes de los departamentos ejecutivos, el Auditor y dos miembros que debían ser electos por el voto popular. La Asamblea Legislativa en la sección 18 de la Ley (núm. 70) de Servicio Público de 1917 (Leyes de ese año, Tomo 2, págs. 433, 479) dispuso que la Comisión de Servicio Público tendrá un secretario “que será nombrado por ella, y desempeñará el cargo sin término fijo.” Dispuso además que “la Comi-sión tendrá poder para designar de tiempo en tiempo cual-quier persona para el desempeño de los deberes del Secre-tario durante su ausencia, y la persona así nombrada poseerá, durante el tiempo así nombrada, las facultades del secretario de la comisión.” La Sección 19 lee así:

“Artículo 19. — Empleados y gastos.• — La Comisión estará autori-zada para emplear y fij'ar la compensación de los peritos, examina-dores, oficinistas especiales y otros empleados que fueren necesarios para el debido cumplimiento de sus deberes; y, excepción hecha del secretario, peritos y examinadores, todos los empleados de la Comi-sión pertenecerán al Servicio Civil Clasificado.
“Los gastos de la Comisión, incluyendo todos los de transporte que se hagan por la Comisión o por sus empleados por orden de aquélla, al practicar cualquier investigación o en asuntos oficiales en cualquier otro lugar que en la ciudad de San Juan, se concederán y pagarán a la presentación de comprobantes detallados, aprobados por la Comisión.”

En (marzo 4) 1927, el Congreso, a virtud de una ley cono-cida con el nombre de Ley Butler (44 Stat. at Large, Part % Chap. 503, p. 1420), enmendó la sección 38 de la Carta Orgánica de 1917, para qne leyera en parte como signe:

‘“Toda franquicia, derecho, privilegio y concesión de carácter público o cuasi público, será otorgada por una Comisión de Servi-cio Público compuesta de un Comisionado de Servicio Público, qne •será presidente de dicha Comisión, y dos comisionados .asociados nom-brados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado. El Comisionado de Servicio Público será nombrado por un período de tres años y hasta que sea nombado su sucesor y hubiera éste tomado posesión de su cargo; y uno de dichos comisionados aso-ciados, primeramente nombrados, desempeñará el cargo por un tér-mino de dos años y uno por el término de un año, y después cada uno de dichos comisionados asociados desempeñará el cargo por un período de tres años y hasta que su sucesor haya sido nombrado y hubiera tomado posesión de su cargo; Disponiéndose, que los actua-les comisionados electivos de la mencionada Comisión continuarán en sus cargos hasta el vencimiento de sus términos, tal como se dis-pone actualmente por la ley, y junto con los tres miembros nom-brados por el Gobernador formarán la Comisión, según queda dicho; hasta la terminación del período de sus servicios, y no después. El :Sueldo del Comisionado será $6,000 por año. Este dedicará todo su ¡tiempo a sus deberes como tal Comisionado. La compensación de los miembros asociados, tanto los elegidos como los de nombramiento, será 10 dólares por cada día de asistencia a las sesiones de la Comi-sión; pero en ningún caso recibirán más de $1,000 durante ningún ,año. Dicha Comisión queda facultada para desempeñar, y se le ■ordena que desempeñe, todas las funciones ejecutivas relacionadas .con las corporaciones de servicio público que hasta ahora se han conferido por la ley al Consejo Ejecutivo, y aquellos deberes y funciones adicionales que se confieran a dicha Comisión por la Asam-blea Legislativa . . . .”

La Asamblea Legislativa en 1927 también enmendó las ¡secciones 18 y 19 de la Ley de 1917. Véanse las Leyes de .Puerto Pico de 1927, págs. 399, 403 (Ley núm. 2). La sec-ición 18, según quedó enmendada, dispone:

“. . . El Comisionado de Servicio Público tendrá poder para ■designar de tiempo en tiempo cualquier persona para el desempeño tde los deberes del Secretario durante su ausencia, y la persona así nombrada poseerá, durante el tiempo designado, las facultades del. secretario de la Comisión.
y>

En ningún otro caso, .que sepamos nosotros, lia sido con-ferido el poder de nombramiento al Comisionado de Servicio-Público como tal. Ninguno de los otros cambios hechos en. las secciones 18 y 19 tiene que ver con la cuestión que está, ahora ante nos. De conformidad con los términos del se-gundo párrafo de la sección 35 de la Ley (núm. 88) de Ser-vicio Civil (Leyes de 1931, págs. 535, 563) invocado por Ios-apelantes, “ ‘Autoridad nominadora’ significa la comisión, junta o persona o grupo de personas con facultad por virtud, de un estatuto o por motivo de una autoridad legalmente dele-gada, para hacer nombramiento.”

No podemos convenir con los apelantes en que los poderes-de la Comisión de Servicio Público son de naturaleza exclusi-vamente legislativa. Los poderes de nombramiento y em-pleo expresamente conferídosle por los términos de las sec-ciones 18 y 19, supra, no son poderes legislativos.

El requisito de la sección 38 de la Carta Orgánica, según, quedó enmendada en 1927, de que el Comisionado de Servicio-Público “dedicará todo su tiempo a sus deberes como tal Co-misionado” no lo inviste por inferencia o en alguna otra forma con la facultad de hacer nombramientos. Si un oficial jurí-dico no es un perito legal, cae por los menos dentro de la cla-sificación de “oficinistas especiales y otros empleados” men-cionados en la sección 19 de la Ley de Servicio Público.

El alegato de los apelantes deja de convencernos de que-la corte de distrito cometiera el error imputádole en el primer señalamiento.

En ausencia de una demostración satisfactoria respecto-a una facultad mayor en el Comisionado de Servicio Público-de hacer nombramientos o designaciones como tal, que la que' se le autoriza a ejercer como Presidente de la Comisión de. Servicio Público, el error de haberlo en la aseveración del juez de distrito de que el Presidente hizo el nombramiento, no fue perjudicial.

En apoyo del tercer señalamiento los apelantes citan el caso del Pueblo v. Foote, 48 D.P.R. 492, al efecto de que la Asamblea Legislativa no puede crear un cargo a virtud de una disposición contenida en una ley de presupuesto. En el presente caso el poder legislativo meramente asignó determinada suma de dinero como sueldo de un oficial jurídico. No trató de crear ningún cargo. Si el oficial jurídico en cuestión no era un funcionario público, era un empleado dentro del significado de la sección 19 de la Ley de Servicio Público. El error cometido por el juez de distrito al referirse al puesto de oficial jurídico como un cargo, no es suficiente motivo para una revocación.

El cuarto señalamiento no fia sido discutido separada-mente en el alegato de los apelantes y no necesita ser discu-tido separadamente en esta opinión. Aunque puede haber más mérito en la teoría de los apelantes que el revelado en su argumentación, no estamos preparados para decir que el juez de distrito cometiera error al no resolver que el Comi-sionado de Servicio Público tiene la facultad de nombrar todos los empleados de la Comisión de Servicio Público a excepción del secretario.

Fuera de cualquier imprecisión en el quinto señalamiento respecto a lo resuelto por el juez de distrito, cuanto ya hemos dicho sobre el cuarto es aplicable con igual fuerza mutatis mutandis al quinto.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señob HutchisoN

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Rafael Rigual, acusado y apelante.
    Núm. 6640.

    Sometido: Julio 19, 1937.

      Resuelto: Julio 24, 1937.

      B. Cuevas Zequeira, abogado del apelante; B. A. Comee, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señob HutchisoN

emitió la opinión del tribunal.

Rigual fué convicto de acometimiento y agresión.

El primer señalamiento es al efecto de que la Corte ■de Distrito cometió error al declarar sin lugar una moción solicitando la absolución del acusado por la discrepancia existente entre las alegaciones de la denuncia y la evidencia presentada por El Pueblo. La denuncia alegaba que Rigual babía cometido la agresión con los puños, infiriéndole contusiones en 1a. cara a Víctor Rivera. La prueba aducida durante el juicio demostró que un tal Benjamín Rodríguez Orta, .a quien Rigual había empleado e incitado a cometer la agresión, fué en realidad el agresor.

Los artículos 18 y 36 del Código Penal y el artículo 93 del Código de Enjuiciamiento Criminal leen así:

“Artículo 18. — Salvo los casos en que se hubiera prescrito dis-tinta pena, todo cómplice será castigado con pena de presidio por un término máximo de siete años, o de cárcel por un término que no excederá de dos años, o con multa máxima de cinco mil dollars.
“El ayudar a cometer un misdemeanor (delito menos grave) cons-tituye misdemeanor.
“Artículo 36. — Todas las personas complicadas en la comisión de un crimen, ya fuere felony o misdemeanor, y que directamente cometieren el acto constitutivo del delito, o no hallándose presentes, hubieren aconsejado su comisión o incitado a ella; y todas las per-sonas que aconsejaren o incitaren a menores de catorce años, luná-ticos o idiotas, a cometer algún crimen; o que, por medio de fraude, artificio, o violencia, ocasionaren la embriaguez de otra persona con el fin de hacerle cometer un crimen, son principales o autores en el crimen cometido.
“Artículo 93. — En la acusación contra personas que han tenido participación en la perpetración de un delito grave (felony), ya hayan cometido directamente el hecho constitutivo del delito o hayan ayudado a llevar a término la comisión del mismo, aunque ninguna persona sea perseguida, juzgada y castigada como autor, no nece-sita exponerse hecho alguno fuera de los necesarios en la acusación contra el autor.”

Se arguye sustancialmente que basándose en el principio de la máxima expressio unius est exckissio ult&rins el artículo 93 no es aplicable a delitos menos graves. Esta contención pasa por alto el estado del derecho común que hizo necesario se aprobara, la disposición estatutaria de que se tomó el artí-culo 93 de nuestro Código de Enjuiciamiento Criminal. “En delitos menos graves siempre ha sido la regla que un acusado puede ser convicto bien mediante prueba de ser un principal o mediante prueba de ser un cómplice (accessory).” 1 R.C.L. 147, see. 26. Véanse también: 16 C. J. 120, sec. 101; id. 121, see. 103; 1 Wharton Criminal Law 347, sec. 261; id. 1106, sec. 812; 7 Cal. Jur. 887, sec. 38.

People v. Campbell, 40 Cal. 129, y People v. Trim, 39 Cal. 75, citados por el apelante, son discutidos y prácticamente revocados en el caso de People v. Outeveras, 48 Cal. 19.

La corte de distrito no cometió error al declarar sin lugar la moción solicitando la absolución del acusado basada en el fundamento de una incongruencia carente de importancia que no perjudicaba al acusado en ningún derecho sustancial ni afectaba la cuestión de su culpabilidad o inocencia del de-lito imputádole. Véase El Pueblo v. Vélez, 32 D.P.R. 382, y casos allí citados.

El segundo señalamiento es que la corte de distrito cometió error al declarar a Bigual culpable basada en el testimonio de un cómplice cuya declaración no fue corroborada de acuerdo con la ley. Hemos examinado la prueba y bailamos que el testimonio del cómplice fue corroborado suficientemente por el de otros testigos tendiente, sin la ayuda de la declaración del cómplice, a conectar a Bigual con la comisión del delito en la forma exigida por el artículo 253 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wole

text:
    San Juan Dock Co., demandante y apelada, v. Manuel V. Domenech, Tesorero de Puerto Rico, sustituído en apelación por Rafael Sancho Bonet, demandado y apelante.
    Núm. 7012.

    Sometido: Noviembre 17, 1936.

      Resuelto: Julio 24, 1937.

      Uon. Procurador General B. Fernández García (Benjamin J. Horton en el alegato) y Luis Janer, Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, abogados del apelante; Orlando J. Antonsanti, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

La peticionaria y apelada radicó una solicitud de mcm-damus para obligar al Tesorero a que le expidiera recibo por las contribuciones correspondientes al segundo semestre de 1933-34. La Corte de Distrito de San Juan en su sentencia así lo ordenó. Las partes han radicado una estipulación de Lechos que procedemos a copiar en su mayor parte:

“Comparecen ambas p'artes ante esta Hon. Corte por conducto de sus abogados y estipulan que los siguientes son los hechos tal como ocurrieron en el presente caso.
“Primero: Que allá para el día 19 de septiembre de 1932, la' San Juan Dock Company, Inc., expidió un cheque certificado número 99 a favor del Tesorero de Puerto Rico y contra el Banco Territorial y Agrícola por la suma de quinientos noventa y cuatro pesos, con sesenta y seis centavos (594.66) para pagar las contribuciones-sobre la propiedad de la peticionaria correspondientes al primer-semestre, recibo 448, de 1932-1933.
“Segundo: Que el cheque arriba mencionado fué recibido (el día 19 ó 23 de septiembre de 1932. La peticionaria alega que fué-el 19 de septiembre y el querellado que fué el 23 del mismo mes) por Juan Betancourt, Oficial Encargado de Asuntos Financieros de! Departamento de Hacienda, el cual le hizo constar al Sr. Portoearrero1 (el empleado de la peticionaria que entregó dicho cheque) que Ios-recibos por el primer semestre de las contribuciones sobre la propie-dad, o sea el recibo 448, aún no estaba listo y por esa razón no lo expidió.
“Tercero: Que dicho cheque número 99 estuv'o bajo el poder del Sr. Betancourt desde la fecha de su entrega (19 ó 23 de septiem-bre de 1932) hasta el 3 de octubre de 1932, sin que el Tesorero de Puerto Rico lo presentara para su cobro.
‘ ‘ Cuarto: Que el Tesorero de Puerto Rico no cobró dicho cheque por creer que las contribuciones aun no estaban impuestas por na estar listos los recibos.
“Quinto: Que durante el período que el referido cheque obraba en poder del Sr. Betancourt, el Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico cerró sus puertas y fué puesto bajo Administración Judicial, por la Corte de Distrito de San Juan, el día 29 de sep-tiembre de 1932.
“Sexto: Que el día 3 de octubre el Departamento de Hacienda, por carta firmada por J. E. Rosario, devolvió dicho cheque número 99 a la peticionaria, cuya carta se adhiere marcada Exhibit A, y-se hace formar parte de esta estipulación.
“Séptimo: Que desde la fecha de la carta arriba mencionada,, entre las partes se han cruzado varias cartas tratando sobre este-asunto las cuales se adhieren y se hacen formar parte de esta esti-pulación, como sigue: Desde Exhibit A hasta Exhibit N consecu-tivamente.
‘ ‘ Octavo: Que al cumplirse el término en el cual se habían de' pagar las contribuciones del segundo semestre del año económico» 1932-1933, recibo 448 segundo semestre, o sea, en el mes de abril,, la peticionaria envió por carta un cheque certificado número 142 pon-quinientos quince dólares con treinta y seis centavos ($515.36) al Colector de Corporaciones del Departamento de Hacienda para pagar dichas contribuciones. Que dicho cheque fué recibido y su importe cobrado, en abril 1933 y puesto en depósito especial, pero el recibo correspondiente acreditando su pago no fué expedido, alegando para no hacerlo el Tesorero que no lo aplicaría hasta no estar cubierto el recibo por el semestre anterior.
“Noveno: Que al cumplirse el término en el cual se habían de pagar las contribuciones del primer semestre del año económico de 1933-1934, recibo 498, la peticionaria entregó un cheque .certificado por la suma de $466.80 al Colector de Corporaciones arriba mencio-nado para pagar dichas contribuciones, por el cual expidieron el recibo número 498. (De paso este Tribunal llama la atención hacia el hecho de que de los cuatro pagos efectuados por la San Juari Dock Co., éste fué el único recibido por el Tesorero y por el cual se libró recibo en la forma solicitada por la contribuyente.)
“Décimo: Que al cumplirse el término en el cual se habían de pagar las contribuciones sobre la propiedad del segundo semestre del año económico 1933 — 1934, recibo 498, la peticionaria entregó un cheque certificado al Colector de Corporaciones por la suma de $471.47, para pagar dichas contribuciones. Que este cheque iba' enviado por carta en la cual se hacía constar con qué objeto' fué expedido dicho cheque (Véase Exhibit L.) Que a pesar de haber recibido y cobrado dicho cheque el Tesorero no lo aplicó a la impu-tación de pago que le hizo la peticionaria, pero contrario a sus ins-trucciones, informó a la peticionaria por carta (Exhibit M) que había embargado este cheque y aplicado al pago de otros recibos que cons^ tan en Exhibit M.
“Undécimo: Que el Tesorero cobró dicho cheque por la suma de $471.47 en abril de 1934 y lo aplicó junto con el importe del cheque número 142 por $515.36 que obraba en un depósito especial, el día 7 de mayo de 1934, para responder de una parte de las contribu-ciones (que según el Tesorero alega) la peticionaria adeudaba al Pueblo de Puerto Rico. (Exhibit M.)
“Duodécimo: Que por carta 9 de'agosto de 1934 (Exhibit N) la peticionaria devolvió ál Tesorero los recibos 448 primer semestre 1932-1933 y 448 segundo semestre 1932-1933.’ ’

Así pues, se desprende qúe el" 12 de enero, 1934, la San' Juan' Dock Company libró á favor del Tésoféro un cbeqiíe' certificado por contribuciones ad valorem correspondientes al segundo semestre de 1933-34 por la suma de $471.47 y que la Corte de Distrito de San Juan ordenó la expedición del re-cibo. Por carta se hizo constar que el referido cheque cubriera especifícamente el pago de $471.47 para él segundo semestre de 1933-34. El Tesorero aceptó el aludido cheque certificado, mas se negó a- expedir el recibo núm. 498, embargó el importe de dicho cheque y en unión del depósito especial correspondiente al segundo semestre de 1932-33, los aplicó o trató de aplicarlos a las contribuciones para los semestres primero y segundo de 1932-33.

La defensa del Tesorero al no aceptar el cheque en la forma en que se había librado o imputado por el contribu-yente para el segundo semestre 1933-34, fué que el Tesorero había embargado la suma de $970.38 para las contribuciones correspondientes al primer y segundo .semestres de 1932. Ahora, como se desprendía que el Tesorero aceptó sin obje-ción o protesta de clase alguna el cheque para el primer se-mestre de 1933-34, aparecería que él podía, y, a nuestro juicio, debió aceptar independientemente de igual modo el cheque por la suma adeudada por el segundo semestre de 1933-34.

Permítasenos decir inmediatamente que si el Tesorero hubiera aceptado las contribuciones para el primer semestre de 1932-33, no hubiese surgido aparentemente cuestión alguna. Sin embargo, el 19 ó 23 de septiembre, 1932, el Tesorero o más bien su agente Betancourt, recibió de la peticionaria dicho cheque núm. 99, en pago del primer semestre de 1932-33. El cheque, conforme hemos visto, fué expedido contra el Banco Territorial y Agrícola. Betancourt, el supuesto agente del Tesorero, declaró que se negó a expedir el recibo porque los certificados o recibos correspondientes al primer semestre de 1932-33, como con frecuencia ocurre, no estaban listos. El referido cheque certificado núm. 99 continuó en posesión de Betancourt, el supuesto agente del Tesorero (conforme Hiallamos que en realidad era), basta el 3 de octnbre, 1932. En 29 de septiembre del mismo año el Banco Territorial y Agrícola quebró. El Tesorero devolvió el cheque en cuestión a la peticionaria en 3 de octubre, 1932.

No tenemos dudas de’ que las contribuciones para el primer semestre de 1932-33 vencieron el primero de julio, 1932. Las contribuciones son impuestas para el año fiscal. Así lo fueron en este caso, o sea., de julio, 1932, a junio, 1933. Cree-mos que esto de por sí es evidente. El becho de que el Teso-rero no estuviera en condiciones de expedir un recibo formal, impide, según sabemos, que surja una penalidad, mas el con-tribuyente tiene derecho a pagar sus contribuciones. Lo que el Tesorero manifestó fué tal vez una excusa, mas no una razón.

La cuestión más seria que está ante nuestra consideración es si el cheque certificado equivalió a un pago. Nada hallamos en las leyes de Puerto Eico que prohíba que las contribuciones sean pagadas mediante cheques certificados. Todos sabemos que es costumbre o práctica del Tesorero de Puerto Rico aceptar los mismos al ser librados. Si él no está preparado para considerar el cheque como pago, debe así indicarlo al contribuyente que lo presenta. El Tesorero en este caso, por mediación de su agente Betancourt, aceptó el mismo y estaba en su consecuencia obligado a presentarlo para su pago. La excusa para no expedir el recibo inmediatamente pudo o no haber sido buena, pero en nuestra opinión no relevó al Tesorero de presentar el cheque para su pago dentro de un tiempo razonable. Estamos al tanto de la jurisprudencia y aun de algunos estatutos, de otros lugares, donde no se acepta otra cosa que dinero en efectivo como pago, mas esos casos no son aplicables a Puerto Rico ni a las condiciones que surgieron en éste.

Entre otras cosas, la Ley Uniforme de Instrumentos Ne-gociables dispone que los cheques deben ser presentados den-tro de un tiempo razonable y las autoridades tienden a sos-tener que el período de tiempo bajo las condiciones en que este cheque se retuvo no es un término razonable.

El Tesorero sostiene que la Ley Uniforme de Instrumen-tos Negociables no es aplicable, puesto que las contribucio-nes no son deudas. En primer lugar, cuando se expiden y aceptan cheques certificados, surgiría un contrato similar a cuando se trata de otra clase de cheques, y la misma regla es aplicable.

Además somos del criterio de que las contribuciones en Puerto Rico son deudas del contribuyente, • que la ley le exige que pague sin que se le haga requerimiento para ello.'

Aunque la cuestión no fue discutida, por la corte inferior, nos inclinamos fuertemente al criterio de que un contri-buyente, aunque adeude contribuciones atrasadas, tiene dere-cho a señalar determinada contribución a la cual desea im-putar el pago y en su consecuencia obtener directa o final-mente el recibo de esa contribución. Uno de los casos más salientes es aquél en que una persona acepta el arrendamiento de una finca y promete pagar las contribuciones futuras; Para no violar el contrato estaría obligada a pagarlas y evi-dentemente el arrendatario nada tendría que ver con las con-tribuciones atrasadas.

Surge alguna duda respecto a si el recurso de mcmdamús es el adecuado. Una vez que el hecho del pago quedó establecido mediante prueba y su legalidad resultaba indubitada, el deber del Tesorero de expedir el recibo quedó claramente fijado pór la ley y era ministerial. Estamos seguros que el recurso' del pago bajo protesta, de ser aplicable, no era exclusivo del remedio escogido.

La sentencia debe ser confirmada.

Los Jueces Señores Presidente Del Toro y Asociado Cor-dova Dávila, no intervinieron.


text:
    Kansas Milling Co., demandante y apelante, v. Royal Bank of Canada, demandado y apelado.
    Núm. 7278.

    Sometido: Junio 17, 1937.

      Resuelto: Julio 28, 1937.

      R. Castro Fernández y J. López Baralt, abogados de la apelante; J II. Brown,' G. E. González y Walter L. Newsom, Jr., abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Los hechos esenciales de este caso, extractados de la esti-pulación sometida por las partes, son los siguientes:

La corporación demandante vendió a la Yabucoa Bakery Co. 200 sacos de harina por el precio de $1,200. La harina fué consignada a la orden de la vendedora, con notificación de su llegada a la compradora.

En agosto 6, 1930, la demandante envió al Boyal Bank of Canada en San Juan, para su cobro, un giro contra la Ya-bucoa Bakery Co. por $600; y en agosto 15 del mismo año le envió un segundo giro por igual suma. Ambos giros fueron extendidos a favor de la demandante y eran pagaderos a la vista y a la orden de la demandante, por conducto del Royal Bank of Canada, San Juan. (Through Boyal Bank of Canada, San Juan.)

El banco demandado envió los dos giros y documentos a ellos anexos al Banco de Yabucoa, el cual los conservó en su poder hasta el 20 de octubre de 1930 en que los entregó a la Yabucoa Bakery Co., recibiendo de ésta la suma de $1,200, importe de los giros. El Banco de Yabucoa acreditó dicho cobro en sus libros a favor del banco demandado. En la tarde de ese mismo día el Banco de Yabucoa cerró sus puertas y fué puesto en liquidación judicial, sin que entregara al banco demandado el importe de dichos giros.

La demandante ha reclamado del demandado el pago de los dos giros, pero éste se ha negado a pagarlos, alegando no tener responsabilidad.

Cada uno de dichos giros llevaba anexo al mismo instruc-ciones impresas, entre las cuales figuraban las siguientes:

“Banco Colector, lea estas instrucciones cuidadosamente antes de hacerse cargo de los documentos anexos.
“El conocimiento o documentos anexos a este giro no deben ser separados ni entregados a ninguna otra persona que no Sea el girado o su agente autorizado.
“Estas instrucciones podrán ser alteradas o cambiadas solamente por nuestra oficina de "Wichita.”

Alega la demandante que el Boyal Bank of Canada no estaba autorizado para entregar los giros y documentos ane-xos al Banco de Yabucoa, y que al hacerlo así, desobede-ciendo las instrucciones expresas arriba transcritas, incurrió en responsabilidad.

El banco demandado alega en su defensa que aceptó cobrar los dos giros de acuerdo con las condiciones impresas al dorso de la forma núm. 2 de los impresos que utiliza dicho banco para efectuar el cobro de giros; que tan pronto como recibió los dos giros remitió por correo a la Kansas Milling Co., por cada uno de dichos giros, una forma núm. 2 igual a la presen-tada como “Exhibit A” del demandado; y que el demandado nunca recibió objeción, reparo o protesta alguna de la deman-dante en cuanto a las mencionadas condiciones, las que copia-das de dicho “Exhibit A” dicen así: .

“CoNdiciones. Documentos no pagaderos en San Juan, Ponce o Mayagüez, son recibidos por nosotros para su cobro a riesgo de su dueño. Tales documentos serán 'enviados a nuestros agentes de cobro en los sitios donde los mismos fueren pagaderos, bajo el entendido de que este banco no asume responsabilidad por la negligencia o falta de pago de dichos agentes de cobro.” The Royal Bank of Canada, San Juan, P. R.

La demandante negó haber recibido tales avisos, y el de-mandado sostuvo con la declaración de su Jefe de Cobranzas que dichos avisos habían sido remitidos por él personalmente, por correo, a la demandante.

Desde agosto '27 a octubre 15 de 1930, el Boyal Bank of Canada envió semanalmente a la Kansas Milling Co. una nota informándole de la situación con respecto a los giros pendien-tes de cobro, en todas las cuales, al referirse a los dos giros envueltos en esta acción, le decía: “Doc. held pending payment,” que traducimos: “Documento en nuestro poder pen-diente de pago.”

La demandante alega que por medio de esos avisos sema-nales el banco demandado indujo a la demandante a creer que los giros y los documentos anexos a los mismos estaban en poder del demandado.

Es un becbo admitido que en varias ocasiones anteriores a los becbos de este caso, la demandante envió al demandado, a su sucursal en San Juan, giros expedidos por la deman-dante a su favor y contra compradores de harina, y que esos giros fueron enviados por el demandado a bancos locales en distintos pueblos de la Isla, para ser cobrados y su importe remesado al demandado, el que a su vez lo remesó a la deman-dante.

También han admitido las partes litigantes que, es costum-bre bancaria establecida en Puerto Rico, salvo casos de ins-trucciones específicas en contrario, proceder al cobro de giros enviados a un banco de San Juan remitiendo éste los giros al banco local en el pueblo donde reside el girado, para su cobro y remesa al banco de San Juan, el que remite a su vez al libra-dor después de deducir su comisión de cobro.

Sometido el caso a la Corte de Distrito de San Juan, ésta dictó sentencia desestimando la demanda. La deman-dante apeló.

En el primer señalamiento se imputa al tribunal inferior haber errado al decidir que el banco demandado no había incurrido en responsabilidad al entregar los documentos al Banco de Yabucoa, por haberlo hecho de acuerdo con las condiciones impresas al dorso del Exhibit “A” del demandado. *

La primera cuestión que debemos considerar y resolver es: ¿Dónde eran pagaderos los dos giros envueltos en esta controversia? Siendo ambos del mismo tenor, transcribimos el primero, que lee así:

. “B/L No. 1072. The Kansas Milling Company. No. 1572 — C Car No. AT&SF 128766. Wichita, Kansas, August 6, 1930. At_ ¡Sight Pay to the Order of Ourselves $600.00 Six hundred and no/100 Dollars with exchange For value received, and charge to account of
Kansas Milling Company
Per W. C. Morehouse.
'To Yabucoa B'akery Go.,
Yabucoa, P. R.
Through Royal Bank of Canada, San Juan.”

En el párrafo 4 de la estipulación de hechos se dice que los mencionados giros eran “pagaderos a la vista y a la orden •de la Kansas Milling Company por conducto del Boyal Bank •of Ganada, en San Juan, Puerto Bñco.” Y alega la apelante •que por virtud de esa estipulación el demandado admitió que los giros eran pagaderos en San Juan. ■ A eso replica el de-mandado que lo admitido por él fué que los giros eran paga-deros “por conducto” del banco demandado “en San Juan, Puerto Pico.”

Si los giros eran pagaderos en San Juan, como sostiene la apelante, en ese caso las condiciones impresas al dorso del “Exhibit A” del demandado, supra, carecen en absoluto de importancia, toda vez que ellas se refieren exclusivamente a giros no pagaderos en San Juan, Ponce o Mayagüez. Si por .el contrario, como sostiene el apelado, los giros eran paga-deros en Yabucoa, domicilio del girado, en ese caso tendre-mos que considerar (a) si la Kansas Milling Co. recibió y aceptó las mencionadas condiciones; (b) si el Banco deman-dado violó en alguna forma las instrucciones anexas a los giros; y (c) si el banco demandado estaba autorizado para proceder al cobro de los giros, no obstante las condiciones a los mismos anexas, de acuerdo con la práctica comercial esta-blecida en Puerto Pico para el cobro de giros pagaderos fuera del domicilio del banco encargado de su cobro.

Creemos innecesario resolver si los giros eran pagaderos <en San Juan o si lo eran en Yabucoa, porque tanto en un caso ¡como en el otro nuestra decisión debe basarse en el efecto legal de las actuaciones de las partes con posterioridad al recibo de los giros por el Poyal Bank of Canada. Ya hemos visto que dichos giros iban acompañados de instrucciones' específicas de que los documentos no debían'ser entregados a. ninguna otra persona que no fuera la Tabucoa Bakery 'Com--pany. Esas instrucciones revelan, a nuestro juicio, el deseo-de la corporación libradora de los giros de que las gestiones para su cobro fuesen practicadas y el importe recibido por el Royal Bank of Canada (Through the Royal Bank of' Canada) sin la intervención de una tercera persona o agencia, bancaria. Al recibir esas instrucciones, el Banco demandado-acusó recibo de los documentos y al mismo tiempo envió a. la Kansas Milling Company las condiciones bajo las cuales-se comprometía a hacerse cargo del cobro de giros no paga-deros en San Juan.

La corte inferior resolvió que el depósito en el correode la forma núm. 2, ‘ Exhibit A• del demandado, ’ ’ con las condiciones impresas al dorso, era suficiente para obligar a la. demandante, pues debe presumirse que dicho documento fuérecibido por la demandante, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 102, párr. 24, de la Ley de Evidencia.

No estamos conformes con las conclusiones de la corte inferior sobre este extremo. El documento “Exhibit A”' no puede ser considerado como una aceptación incondicional de la proposición original de la Kansas Milling Co. Era en. efecto una contraproposición, por la cual el banco deman-dado ofrecía a la Kansas Milling Co. hacerse cargo del cobro-de los giros, no bajo las condiciones específicas a ellos ane-xas, sino bajo las condiciones impresas al dorso de la forma núm. 2, Exhibit “A” del demandado. Y tratándose de una. aceptación condicional, de una contraoferta, no bastaba la presunción de su recibo por la demandante para que ésta quedase obligada por las nuevas condiciones. Era necesaria su aceptación por la demandante.

El artículo 85 del Código de Comercio, en el cual se basa la decisión de la corte inferior, dice:

“Los contratos que se celebren por correspondencia, quedarán perfeccionados desde que se conteste aceptando la propuesta o las condiciones con que ésta fuere modificada.”

De la obra “Restatement of the Law of Contracts,” primer volumen, página 66, copiamos lo siguiente:

“Sección 60. — Supuesta aceptación que añade cuolificaciones. —Una contestación a una oferta que, aun cuando parece aceptarla, añade cuolificaciones o requiere el cumplimiento de condiciones, no es una aceptación sino una contraoferta.
“Comentario. — a. Una aceptación cualificada o condicional es una contraoferta, pues tal aceptación es una expresión de un cambio que la persona que la bace está dispuesta a bacer, y que difiere de la oferta sometida por el proponente original. Una eontraoferta es un rechazamiento de la oferta original. Una aceptación, sin embargo, no es ineficaz como tal simplemente porque es expresamente condi-cional, si el requisito de la condición fuese implícito en la oferta, aun cuando no estuviere en ella expresado.”

Las instrucciones específicas anexas a los giros y las con-diciones al dorso de la citada forma núm. 2 son contradic-torias e incompatibles entre sí. El Banco demandado no podía obligar a la demandante a aceptar su contraoferta con sólo depositar en el correo una copia de la forma núm. 2 y descansar en la presunción de que el documento fué recibido por la demandante. La presunción de que una carta diri-gida y cursada por correo debidamente, fué recibida en su oportunidad es una presunción disputable que puede ser con-trovertida mediante otra evidencia. La demandante ba con-trovertido esa presunción presentando en evidencia cartas dirigidas al demandado en las que niega baber recibido la referida forma núm. 2. A nuestro juicio la situación legal no variaría, si aceptáramos que la demandante recibió el refe-rido documento, pues el recibo de la contraoferta no bastaba para cerrar el contrato entre las partes. Era necesaria la aceptación por la demandante de las nuevas condiciones im-puestas por el demandado. Y esa aceptación no ba sido pro-bada. Véanse: 13 C.J. 281; Greenwich Bank v. Oppenheim, 118 N.Y.S. 297; Rushing v. Manhattan Life Ins. Co., 224 Fed. 74; Minneapolis & St. Louis Railway v. Columbus Rolling Mill, 119 U.S. 149.

El hecho de no haber contestado la Kansas Milling Company, aceptando o rechazando la contraoferta del Royal Bank of Canada, no puede ser interpretado como una aceptación de dicha contraoferta.. El silencio no equivale al consentimiento, a menos que la persona que recibe la oferta tenga el deber de contestar. Véase: 13 C.J. 276, nota 82.

El Banco demandado debió haber insistido en que la demandante acusara recibo de la referida forma núm. 2 y en que aceptara o rechazara la contraoferta en ella contenida, antes de proceder al cobro de los giros, mediante su entrega a otra persona que no era la Yabucoa Bakery Co., violando así las condiciones específicas anexas a los giros. Y no solamente no hizo eso el Banco demandado, sino que durante un período de cerca de dos meses — que era ampliamente suficiente para haber podido aclarar la situación — envió avisos semanales a la demandante dueña de los giros, informándole que los documentos estaban aún en su poder pendientes de pago, induciendo así a la demandante a creer que el banco demandado estaba ajustándose a las condiciones específicas anexas a los giros. .

No creemos necesario discutir ni expresar preferencia por una u otra de las llamadas “Regia de New York” y “Re-gia de Massachusetts,” teniendo como tenemos estatutos locales reguladores de la materia. Nuestro Código Civil dis-pone :

“Artículo 1612. — El mandatario puede nombrar substituto si el mandante no se lo ha prohibido; pero responde de la gestión del substituto:
“1. Cuando no se le dió facultad para nombrarlo.
“2. Cuando se le dió esta facultad, pero sin designar la persona, y el nombrado era notoriamente incapaz o insolvente.”

En el caso de autos no solamente no se le dió facultad al Royal Bank of Canada para entregar los giros al Banco de Yabucoa, sino que se prohibió expresamente que entregara los giros a cualquiera otra persona que no fuera la Yabucoa Bakery Co. No podemos interpretar las instrucciones espe-cíficas de la demandante más que como una prohibición ex-presa cuya violación hizo responsable al banco demandado de la gestión de su agente substituto.

La costumbre comercial establecida en Puerto Rico para el cobro de giros pagaderos fuera de San Juan, Ponce o Ma-yagiiez no puede ser invocada en contra de un convenio ex-preso entre las partes o de instrucciones específicas dadas por el dueño de un giro, probablemente con el propósito de evitar que el banco elegido por él para efectuar el cobro procediera de acuerdo con la costumbre establecida, según la cual el dueño del giro asume la responsabilidad por la negligencia o falta de pago de los substitutos o subagentes.

Por las razones expuestas somos de opinión que al entre-gar los giros al Banco de Yabucoa, en contravención de las instrucciones específicas de la demandante, el Royal Bank of Canada asumió responsabilidad por la falta de pago del Banco de Yabucoa, su agente, y que debe revocarse la sen-tencia apelada y condenarse al demandado a reintegrar a la demandante el importe de los dos giros, o sea la suma de $1,200, más intereses al 6 por ciento anual desde -octubre 20, 1930, hasta su pago definitivo, más las costas, sin incluir en ellas honorarios de abogado.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: 'El Juez Asociado Señor Tbavieso

text:
    Ex Parte Candita Collazo, peticionaria.
    Núm. 108.

    Sometido: Julio 23, 1937.

      Resuelto: Julio 28, 1937.

      'Vícto'r Gutiérrez Fmnqui, E. Rmnos Antonini, M. Bahamonde, Felipe Colón Díaz y E. Huertas Zayas, abogados de la peticionaria; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   'El Juez Asociado Señor Tbavieso

emitió la opinión, del tribunal.

El día 10 de julio de 1937 Antonio Buscaglia, Guillermo Hernández, Ramón Morales y Virgilio Torres fueron arres-dados por orden del Fiscal Auxiliar del Distrito Judicial de Ponce, bajo acusación de baber cometido un delito de Aten-dado a la Vida. La peticionaria en el presente recurso de bábeas corpus, esposa del acusado Virgilio Torres, fue arres-tada en la misma fecha y recluida en la Cárcel de Distrito ■de Ponce en virtud de un auto de prisión expedido por el .mismo fiscal, para responder de un alegado delito de infrac-ción al artículo 37 del Código Penal, consistente en haber actuado como cómplice en el mismo delito de atentado a la vida que se le imputa a su esposo y a los otros tres coacusa-dos. El fiscal fijó en $25,000 el importe de la fianza que de-bería prestar la acusada Candita Collazo para su libertad provisional, siendo ésa la misma cantidad fijada para cada uno de los acusados como principales en el mismo delito.

En 10 de julio de 1937 la aquí peticionaria radicó ante la Corte de Distrito de Ponce una petición de hábeas corpus en la que alegó que ella no había cometido delito alguno; que el fiscal carecía de pruebas contra ella en relación con el delito que se le imputa; y que la fianza era excesiva, “ha-bida cuenta de la naturaleza del delito y las condiciones so-niales, económicas, rango, probabilidades de culpabilidad y sexo de la peticionaria.” El 15 del mismo mes la corte de distrito dictó su resolución desestimando el recurso, y al día siguiente la peticionaria apeló para ante esta Corte Suprema. Y habiendo solicitado que se le fijara fianza para su libertad provisional mientras se tramita la apelación, la corte inferior la fijó en la suma de $25,000.

En la petición ante nos se alega que la peticionaria no lia prestado ni lia podido prestar la fianza que le fia sido im-puesta; que la prisión de la peticionaria es ilegal porque la fianza de $25,000 que se le exige es excesiva, habida cuenta del delito que se le imputa, sus escasos recursos económicos,, su imposibilidad ele rehuir la comparecencia a juicio, su con-dición de mujer y el hecho de que su esposo, que es la única, persona que podría gestionarle una fianza, se encuentra tam-bién preso bajo fianza por igual suma, la que tampoco ha po-dido prestar; y que la fijación de una fianza tan excesiva para la apelación, equivale a negarle a la peticionaria el de-recho a su libertad provisional que le reconoce la ley.

Aún cuando la peticionaria no lo solicita así en la súplica de su petición, debemos presumir que el objeto de la misma es obtener de esta Corte Suprema una reducción de la-fianza que deberá prestar la peticionaria para poder quedar en liber-tad mientras se tramita la apelación interpuesta contra la resolución denegatoria del auto de hábeas corpus.

En el acto de la vista celebrada ante esta Corte Suprema el día 20 de julio de 1937, la peticionaria ofrecióprueba documental y testifical para establecer: (a) que la situación económica de la peticionaria no le permite ni a ella ni a su esposo consignar una .fianza de tan alta cuantía comola que se le ha fijado; y (b) que a los acusados como principales o autores del delito de atentado a la vida se les ha fijadoigual fianza que a la peticionaria, a' quien se acusa tan sólode complicidad.

La regla generalmente aceptada es la de que la fijación del importe de una fianza es una facultad discrecional de la! corte que tiene jurisdicción sobre el delito que se imputa- af acusado; y qúe' la corte de apelaciones’ no intervendrá para revisar el éjercicio dé esa discreción a menos que los'autos' sometidos a su consideración revelen un casó de: claro y pá-tente abuso de discreción. Véanse: In Re Williams, 82 Cal. 183; In re Scott, 56 N.W. 1009.

Tanto la corte inferior al fijar la fianza, como la corte de apelaciones al considerar la cnestión de si la fianza fijada es excesiva deben tener en cuenta: (a) la naturaleza y gravedad del delito que se imputa al acusado; (b) la, capacidad económica del acusado para poder prestar la fianza exigí-, dale; (c) las probabilidades de que el acusado sea convicto; y (el) la severidad de la pena que apareja el delito. Así lo reconoce la peticionaria tanto en su petición como en el alegato sometido por sus representantes legales. Véanse: 3 R.C.L. see. 4, pág. 7; 53 A.L.R. 399; 6 American Jurisprudence, sec. 61, pág. 75; Black on Constitutional Law, 4a. edición, pág. 693.

En el caso de autos la peticionaria ba dirigido todos sus esfuerzos a convencernos de que los recursos económicos de ella y de su esposo son tan reducidos que a ninguno de los dos les es posible consignar una fianza de $25,000. ’ La prueba en cuanto a ese extremo es completa y convincente, pero no es por sí sola suficiente para obligarnos a intervenir con la discreción judicial de la Corte de Distrito de Ponce, revisando su decisión y reduciendo la fianza por ella fijada. De la obra “American Jurisprudence,” volumen 6, sec. 61, pág. 75, copiamos lo que sigue:

“Capaoidad FINANCIERA del ACUSADO. En un caso claramente admisible a fianza por la ley, el requerir una fianza mayor que ,1a que el preso puede prestar, es, en efecto, una negativa de fianza, y una violación del precepto constitucional contra fianzas excesivas. Sin embargo, una fianza que no parece excesiva si se mide por la naturaleza del delito, no se convierte en excesiva por la mera inca-pacidad del acusado para conseguir fianza por la cantidad exigida. Indudablemente, el alcance de la capacidad pecuniaria del acusado para dar la fianza es una circunstancia entre otras que debe ser considerada para fij'ar la cantidad que ba de requerirse, pero no es la que impera; de lo contrario, el becbo de que el acusado no tenía bienes propios ni amigos que pudieran o quisieran fiarle, aun por la suma mas pequeña, constituiría! un caso de fianza excesiva y daría derecho al acusado a ser puesto en libertad bajo su propia respon-sabilidad. . . . Precisamente dónde deba tirarse la línea entre la fianza razonable bajo todas las circunstancias del caso y la fianza alta fuera de razón, parece ser un asunto que depende de la dis-creción de la Corte, para ser decidido por ésta-' a la luz de los hechos y circunstancias del caso individual. ’ ’

Véanse: 6 C. J., secs. 222, 223; Ex parte Duncan, 53 Cal. 410 y 54 Cal. 75.

En ausencia de prueba en contrario debemos presumir que la corte de distrito cumplió con el deber de considerar y pesar todas las circunstancias enumeradas por la peticionaria y entre ellas la naturaleza y la fuerza de la evidencia de que dispone el fiscal, las circunstancias bajo las cuales se cometió el delito, la gravedad de éste y las probabilidades de que la peticionaria sea convicta del delito que se le imputa. Sobre el peticionario en un recurso de habeas corpus recae el peso de la prueba. Es a él a quien incumbe probar que las circuns-tancias bajo las cuales se cometió el delito y la poca impor-tancia de éste no justifican la fijación de la fianza que él alega es excesiva, pues una mera diferencia de opinión entre esta Corte Suprema y la corte inferior no sería suficiente para justificar nuestra intervención.

En el caso de autos la peticionaria no nos ha colocado en condiciones de que podamos resolver, con conocimiento de los hechos y circunstancias del caso, si la corte inferior abusó o no de su discreción al fijar la fianza en $25,000. Se ha limi-tado a informamos de que cuatro individuos, uno de ellos su esposo, han sido encarcelados para responder de una acu-sación de atentado- contra la vida y que a ella se le acusa de complicidad en. ese mismo delito. A pesar de haberse cele-brado ante la corte inferior la vista de un recurso de habeas corpus, en la que el fiscal hubo de presentar pruebas suficien-tes para justificar la detención de la peticionaria y sostener como razonable la fianza fijada por él para la libertad provisional de la acusada, y de haberse dictado una resolución sos-teniendo' la suficiencia de la evidencia y la validez de la fianza fijada por el fiscal, la peticionaria se lia abstenido de traer a los autos de este caso todos esos factores que a nuestro jnicio son absolutamente necesarios para que podamos resolver si la corte de distrito se excedió en la fijación de la fianza.

El hecho de que la peticionaria no tenga recursos sufi-cientes para prestar la fianza que se le exige no es por sí solo bastante para que intervengamos reduciendo la fianza. Pu-diera suceder que la gravedad del delito y las circunstancias que concurrieron a su comisión fueran de tal naturaleza que si las conociéramos tuviésemos que llegar a la conclusión de que la fianza que se ha fijado no es excesiva.

Alega la peticionaria que las probabilidades de que ella pueda ser convicta de complicidad en el delito que se imputa a su esposo y a tres otras personas son poco menos que ninguna. Basa su argumentación en la alegación de que ella ha sido arrestada y acusada de complicidad por el solo hecho de haberse negado a declarar ante el fiscal en contra de su esposo. Y para sostener su aseveración la peticionaria declaró ante nos que ella fué citada para comparecer ante el fiscal como testigo; que el fiscal le pidió que declarara y ella se negó a declarar; y que después de ella haberse negado a declarar el fiscal expidió la orden de arresto.

Asumiendo que el arresto de la peticionaria se verificara bajo las circunstancias por ella relatadas, esos hechos no de-muestran que la peticionaria haya ‘sido procesada por el mero hecho de haberse negado a declarar contra su esposo. En la vista del recurso de hábeas corpus interpuesto por la peticionaria y apelado por ella para ante este tribunal-, el fiscal seguramente sometió a la consideración de la corte de distrito toda o parte de la evidencia de que dispone para esta-blecer la alegada complicidad de Candita Collazo. La trans-cripción de la evidencia sometida a la corte inferior y que ésta consideró suficiente para denegar el auto y para fijar la fianza que aquí se impugna por excesiva, pudo haber sido traída ante nos por la peticionaria para tratar de conven-cernos de la ilegalidad de su encarcelamiento. Debemos presumir que esa' prueba no fue sometida a nuestra conside-ración porque ella hubiera sido perjudicial a la peticionaria.

Es indudable que la peticionaria no puede ser obligada a declarar contra su esposo; y que su negativa a declarar entra él o contra los coautores del delito imputado a su es-poso, no la convierte a ella en cómplice del delito. Así lo sostiene la jurisprudencia citada en el alegato sometido por la peticionaria. T si se hubiese probado ante este tribunal, lo que no se ha hecho, que la encarcelación de la peticionaria se basa exclusivamente en su negativa a declarar en contra de su esposo o de sus compañeros, nos hubiéramos visto obli-gados a decretar la excarcelación y la exoneración de la pe-ticionaria.

El hecho de que una mujer sea casada con un acusado no es óbice para que se la pueda procesar como cómplice del delito imputado al esposo, por actos positivos realizados por ella después de la comisión del delito con el propósito de encubrirlo. Del alegato de la peticionaria copiamos lo que sigue:

“La mejor opinión es la de que en casos en que una mujer casada incita a su esposo a cometer un delito de felony, ella es principal; pero ella no puede ser tratada como cómplice por el hecho de reci-bir a su esposo, sabiendo que él ha cometido un delito grave, ni por recibir bienes hurtados por él, ni por ocultar el delito conjun-tamente con su esposo. Según hemos visto, ella no será respon-sable de la mala conducta del esposo, por grave que sea, aun cuando ella tenga conocimiento de su mala conducta, si no se le impone a ella un deber, y si ella es meramente pasiva.” 1' Wharton 134. (Itálicas nuestras.)

Como se ve, la ley reconoce el derecho que tiene la esposa a no declarar contra su esposo, a no delatar a las autoridades-el crimen que él haya podido cometer. Mientras ella perma-nece inactiva, pasiva, callando lo que sabe y que otra persona cualquiera estaría obligada a revelar, la ley la exime de responsabilidad como cómplice. Cuando ella sale de su ..pasividad para realizar actos positivos tendientes no sólo a ocultar el delito sino a obstaculizar la acción de la justicia e impedir su descubrimiento y castigo, entonces ella se coloca por su propio acto fuera de la protección legal y se convier-te en cómplice. No tenemos ante nos dato alguno sobre la participación que baya podido tener el esposo de la peticio-naria en el delito que se persigue, ni sobre los actos de com-plicidad que se imputan a la peticionaria, ni sobre la grave-dad del delito de que se trata. No estamos, por tanto, en con-diciones de poder resolver si la corte inferior abusó o no de -su discreción. Y si la peticionaria estuviese acusada como principal o coautora en el delito nos inclinaríamos a declarar ■sin lugar el recurso.

La peticionaria ba sido reducida a prisión como cómplice y se le ba fijado una fianza de $25,000, igual a la fijada a cada unos de los autores principales del delito de atentado a la vida. No creemos justificada la fijación al cómplice de una fianza igual a la que se ba impuesto a los autores del delito y opinamos que la fianza exigida a la peticionaria debe ser proporcionalmente reducida.

Por las razones expuestas se declara con lugar él recurso y se reduce a $10,000 el importe de la fianza que deberá pres-tar la peticionaria para su libertad provisional mientras se tramita la apelación por ella interpuesta para ante este Tribunal Supremo contra la sentencia denegatoria del auto de hábeas corpus dictada por la Corte de Distrito de Ponce en julio 15, 1937, debiendo ser sometida la fianza a la aproba-ción de dicha corte de distrito.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Félix Benítez Rexach, demandante y apelado, v. R. Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante.
    Núm. 7558.

    Sometido: Julio 19, 1937.

      Resuelto: Julio 28, 1937.

      Hon. Procurador General B. Fernández García j E. Campos del Toro, Procurador General Auxiliar, abogados del apelante; M. Guerra Mondragón, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Se pide la desestimación del recurso interpuesto en este caso porque “de la sentencia única, real y efectiva, que dictó la corte inferior el demandado no ha interpuesto resurso de apelación ante esta Hon. Corte. Sí, interpuso recurso de apelación de una supuesta sentencia en que se dice se decreta un supuesto auto preliminar de injunction que nunca se dictó pues que, según tiene resuelto esta Hon. Corte en Blcmco v. Hernández, etc., 18 D.P.B. 711: ‘Convertido en perpetuo un injunction preliminar, éste queda comprendido (‘merged) den-tro.de aquél’.”

T también se solicita tal medida por ser el recurso frívolo, con imposición de las costas al apelante por haber sido teme-rario.

Se opuso el apelante. Sostiene que recurrió de la única sentencia que se ha dictado en el caso y que su apelación no es frívola, ni ha actuado con temeridad.

Los autos quedaron archivados en la secretaría de esta corte en junio 28 último. Se componen del legajo de la sentencia y de la transcripción de la evidencia. El legajo contiene la demanda por virtud de la’cual se solicitó la expedición de un auto de mj'imction permanente y entre tanto la de uno preliminar, la orden de la corte decretando, “vista la solicitud de injunction preliminar”, que el demandado mostrara causas por virtud de las cuales no debía concederse el remedio solicitado, poniéndolo entre tanto en entredicho pre-via prestación de fianza, la contestación del demandado a la orden de entredicho y a la solicitud de mjimction preliminar, su contestación a la demanda, la estipulación de las partes por virtud de la cual “convienen, previa aprobación de la corte, que la decisión de ésta en'el incidente de mjunction pre-liminar sea hecha extensiva, como decisión final, al auto de mjunction perpetuo”, la resolución de la corte aprobando la estipulación y su sentencia de octubre 19,1936, basada en una relación del caso y opinión, declarando la demandada con lugar y en su consecuencia decretando el mjimction perpetuo solicitado, la notificación de la sentencia al demandado y el escrito de apelación que en lo pertinente dice: “Sírvanse que-dar notificados de que el demandado No estaNdo coNeorme con la sentencia dictada en este caso con fecha 19 de octubre de 1936 y notificada a esta parte el 22 del mismo mes y año, por la que se decreta la expedición de auto preliminar de mjimction contra el demandado, apela de la misma para ante la Hon. Corte Suprema.”

Del hecho de que el escrito contenga las palabras “por la que se decreta la expedición de auto preliminar de injunction contra el demandado”, no puede inferirse que el demandado de nada apelara ya que no existe sentencia alguna decretando mjimction preliminar, constituyendo ello solamente a nuestro juicio una descripción o calificación errónea del alcance de la •sentencia que no puede destruir la expresa intención del de-mandado de apelar como apeló de “la sentencia dictada en este caso con fecha 19 de octubre de 1936 y notificada a esta parte el 22 del mismo mes y año” que es la única sentencia dictada en el litigio poniendo fin al mismo de acuerdo con las alegaciones y con la prueba practicada con motivo de la soli-citud de mjimction preliminar según las apreció la corte y con la estipulación de las partes a que antes hicimos refe-rencia.

No cabe, pues, decretar la desestimación del recurso por el primero de los motivos alegados y tampoco por el se-gundo porque tras un estudio de las razones que se alegan en la moción y de las que se exponen en el alegato de la parte apelante acompañado a su moción de oposición, no estamos convencidos de que el interpuesto en este caso sea un recurso claramente frívolo.

No ha bagar a la desestimación solicitada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.