text:
    Joaquín Pérez Valdivieso y Torruella, demandante y apelado, v. Josefa León y León, demandada y apelante.
    Núm. 7456.

    Sometido: Noviembre 2, 1937.

      Resuelto: Enero 19, 1938.

      José A. Poventud y Alberto S. Poventud, abogados de la apelanter Fernando B. Fo'rnaris y Baúl Matos, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

El 23 de enero de 1936 se radicó en este caso en la Corte de Distrito de Ponce una demanda enmendada que copiada a la letra en lo pertinente dice:

“1. Que el demandante Joaquín Pérez Valdivieso y Torruella y la demandada Josefa León y León son casados entre sí, residentes en Ponee, Puerto Rico, y ban vivido siempre en esta Isla de Puerto Rico.
“2. Que el demandante y la demandada contrajeron matrimonio en Ponce, Puerto Rico, el día Io. de junio de 1898, el que no ba sido disuelto ni anulado en forma alguna basta la fecba.
“3. Que en dicho matrimonio no existen hijos.
“4. Que desde el mes de marzo de 1926 ba existido y existe una separación completa y absoluta de ambos cónyuges en su vida matrimonial, sin interrupción de clase alguna."

Declarada sin lugar la excepción previa de falta de hechos suficientes para aducir una causa de acción que contra ella formulara, la demandada el 23 de junio siguiente contestó como sigue:

“1. Admite los hechos 1, 2 y 3 de dicha demanda enmendada.
“2. Asimismo acepta lo expuesto en el hecho cuarto de la de-manda enmendada; pero alega que la aludida separación matrimonial entre actor y demandada ocurrió porque el demandante dejó la casa u hogar conyugal con motivo de haber desatendido el pago de su alquiler.
“Y, como materia separada en oposición y defensa a la demanda enmendada, se alega:
“(A) Que la predieha demanda enmendada no aduce hechos su-ficientes para constituir causa de acción:
“I. Porque según la propia demanda enmendada, la alegada se-paración conyugal por siete años inicióse desde marzo de 1926, ha-biendo transcurrido dicho período de tiempo con antelación a la Ley núm. 46, aprobada por la Legislatura de Puerto Rico en mayo 9, 1933, en la cual descansa la presente acción.
“II. Porque a la Ley núm. 46, aprobada en mayo 9, 1933, en que se funda la pretendida acción ejercitada, no puede atribuírsele efecto retroactivo debido a que dicho estatuto enmendatorio carece de declaración alguna sobre retrospectividad.
“III. Porque al disponerse expresamente que dicha Ley núm. 46, de mayo 9, 1933, empezaría a regir a los noventa días después de su aprobación, legislativamente diósele efectos prospectivos.
“IV. Porque de aplicarse retroactivamente en este caso la Ley núm. 46, de mayo 9, 1933, no sólo se violentarían sus propios térmi-nos, sino que dicho estatuto sería inconstitucional y nulo por con-travenir entonces el artículo 34, párr. 6, de la Ley Orgánica para Puerto Rico de marzo 2, 1917.
“V. Y porque de aplicarse la preindicada Ley núm. 46, de mayo '9, 1933, al caso de autos, en el que según la demanda el término de la alegada separación entre los cónyuges ocurrió con antelación a su vigencia, convertiríase el susodicho estatuto en inconstitucional e inválido, ya que en ese évento resultaría ser legislación ex post facto, contraria al artículo 2, párr. 8, de la vigente Ley Orgánica, aprobada por el Congreso de los Estados Unidos para Puerto Rico en marzo 2, 1917, y a la sección 9, cláusula 3 (artículo 1), de la Constitución de los Estados Unidos.”

Llamado el pleito para juicio el 20 de julio, 1936, el de-mandante presentó en evidencia la partida del matrimonio celebrado entre él y la demandada en junio 1, 1898, y la si-guiente prueba testifical:

“Don Joaquín Pérez Valdivieso y Torruella, bajo juramento declaró: que es el demandante en este caso y está casado con doña Josefa León y León, la demandada; que tanto él como la deman-dada han residido siempre en la ciudad de Ponce; que ambos con-trajeron matrimonio en primero de junio de 1898, matrimonio en el cual no han tenido hijos; que no viven juntos y han estado sepa-rados sin interrupción desde marzo de 1926 y continúan así hasta la fecha; que en ese año de 1926, y para el indicado mes, se fué a vivir a casa de su hermana, doña Ascención Pérez Valdivieso y To-rruella, en su hogar frente a la Plaza Muñoz Rivera, de Ponce, Puerto Rico; que desde el mes de marzo de 1926, no le ha dirigido la palabra a la demandada ni ha tenido relaciones de ninguna es-pecie con ella; y que su matrimonio con la demandada no ha sido anulado ni disuelto en forma alguna hasta la fecha.
“Doña Ascención Pérez Valdivieso y Torruella, bajo juramento dijo: que se llama como queda dicho; que es mayor de edad y her-mana del demandante; que conoce al demandante y a la deman-dada, quienes son casados entre sí; que no han tenido hijos durante su matrimonio; que dichos consortes no viven juntos, por haber es-tado separados desde marzo 1926, sin interrupción alguna; y al ser interrogada por el abogado del demandante si sabía si el actor y la demandada se hablaban contestó: 'no se hablan’; que'no tienen relaciones de ninguna especie desde la fecha en que se separaron hasta el día de hoy; que el demandante reside en casa de la testigo, frente a la Plaza de Las Delicias o Muñoz Rivera, de Ponce, desco-nectado completamente de la demandada, quien vive en su propia casa, también en Ponce; que son dos casas completamente distintas y separadas; que desde la indicada fecha de marzo, 1926, el de-mandante no vive con su esposa; que tanto el demandante, como la demandada, han residido siempre en la ciudad de Ponce, Puerto Rico; y que el matrimonio del demandante y la demandada no ha sido anulado ni dísuelto en forma alguna hasta la fecha.
"Y Don Juan Torruella Fornaris, bajo juramento, substancial-mente declaró lo manifestado por la anterior testigo, Doña Ascen-ción Pérez Yaldivieso y Torruella, y, además, hizo constar que él había facilitado al demandante una maleta para trasladarse del hogar conyugal a casa de su hermana, la testigo antes mencionada, habién-dole ayudado al demandante a preparar su mudanza.”

La demandada no presentó prueba y la corte el 10 de octubre siguiente dictó sentencia decretando el divorcio, declarando a la demandada cónyuge inocente con todos los derechos inherentes a tal condición, de acuerdo con la ley que invocó el demandante y que la corte consideró aplicable.

Contra esa sentencia se interpuso el presente recurso de apelación. Cinco errores señala la apelante que argumenta en un aleg*ato de ochenta páginas y que la parte contraria rebate en otro de ciento treinta y una, ambos alegatos notables no sólo por la jurisprudencia que acopian y analizan si que por los razonamientos originales que contienen.

Los hechos, como hemos podido ver, son claros y sencillos: Un matrimonio celebrado hace cerca de cuarenta años cuya disolución pide el marido por haber estado separados ambos cónyuges por completo desde marzo de 1926, o sea, desde más de siete años con anterioridad a la interposición de su demanda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 164 del Código Civil (96 de su edición de 1930), tal como quedó en-mendado por la Ley núm. 46 de 9 de mayo de 1933, a saber:

“Sección 1. — El artículo 164 del Código Civil de Puerto Rico, queda enmendado por la presente de la siguiente manera:
“ ‘Artículo 164. — Las causas de divorcio son:
“ ‘1. Adulterio de cualquiera de los cónyuges.
“ ‘2. La condena de uno de los cónyuges por delito grave que lleve aparejada la pérdida de los derechos civiles.
“ ‘3. La embriaguez habitual o el uso continuo y excesivo °de opio, morfina o cualquier otro narcótico.
“ ‘4. El trato cruel o las injurias graves.
“ ‘ 5. El abandono de la mujer por su marido o del marido por su mujer, por un término mayor de un año.
“ ‘6. La impotencia absoluta perpetua e incurable sobrevenida después del matrimonio.
“ ‘7. El conato del marido o de la mujer para corromper a sus hijos o prostituir a sus hijas, y la connivencia en su corrupción o prostitución.
“ ‘8. La propuesta del marido para prostituir a su mujer.
“ ‘9. La separación de ambos cónyuges por un período de tiempo sin interrupción de más de siete (7) años. Disponiéndose, que pro-bada satisfactoriamente la separación por el expresado tiempo de más de siete (7) años, al dictarse sentencia siempre se considerará como cónyuge inocente a la mujer con todos los derechos inherentes a tal condición como consecuencia del divorcio.’
“Sección 2 . — Toda ley o parte de ley que se oponga a la pre-sente, queda por ésta derogada.
“Sección 3. — Esta Ley empezará a regir a los noventa días des-pués de su aprobación.”

Y la cuestión a -estudiar y a resolver es la de si la ley invocada y aplicada es o no la reguladora del caso. Si lo es, el divorcio decretado se sostiene, y si no, la sentencia ape-lada debe revocarse declarándose la demanda sin lugar.

Alega la parte apelante que la ley de que se trata no puede regular el caso porque no es retroactiva sino prospectiva, esto es, la dicha parte sostiene que la nueva causal de divorcio — separación de ambos cónyuges por un período de tiempo de más de siete años sin interrupción — no puede aplicarse sino a partir de la enmienda de 1933 y por tanto no comprende los hechos de este caso. De acnerdo con la teoría de la parte apelante la enmienda del 1933 sólo podría aplicarse de hecho en 1940, no obstante haberse dispuesto por el legislador que la ley comenzaría a regir noventa días des-pués de su aprobación.

Tras un estudio cuidadoso de todas las cuestiones susci-tabas y tratando de limitar nuestra opinión al punto que con-sideramos substancial, entendemos que el demandante pudo invocar la enmienda de 1933 y que la corte actuó correcta-mente al aplicarla. La nueva causal de divorcio de que se trata se decretó por el legislador para regir con todos sus efectos a partir de la vigencia de la ley, o sea, noventa días después de la fecha de su aprobación que la fué el 9 de mayo de 1933. Leyes de 1932-1933, pág. 307.

Ello surge de sus propios términos. “Las causas de divorcio son ...” dijo el legislador, y las enumeró seguida-mente todas, sin hacer distinción alguna entre ellas, estando la interpretación de que la nueva causal se decretó para regir inmediatamente sostenida por las disposiciones transitorias ■del propio cuerpo legal enmendado, la primera de las cuales dice:

“Las variaciones introducidas por las reformas hechas en el có-digo civil que perjudican derechos adquiridos según la legislación civil anterior no tendrán efecto retroactivo.
“Para aplicar la legislación que corresponda en los casos que no están expresamente determinados en el código revisado, se obser-varán las reglas siguientes:
“1. Se regirán por la legislación anterior al código revisado los derechos nacidos, según ella, de hechos realizados bajo su régi- ' men, aunque dicho código los regule de otro modo o no los reconozca. Pero si el derecho apareciere declarado por primera vez en el código civil revisado, tendrá efecto desde luego, aunque el hecho que lo origine se verificare bajo la legislación anterior, siempre que no se oponga o perjudique a otro derecho nacido o adquirido al amparo de dicha legislación anterior.” Código Civil de Puerto Pico (ed. de 1930) pág. 390.

Una situación semejante surgió cuando entró a regir el Código Civil Revisado en 1902. El legislador puertorriqueño creó nuevas causas de divorcio y sus disposiciones se aplica-ron inmediatamente aunque los hechos que las originaran hubieran tenido lugar bajo la legislación anterior.

Y es que la institución del matrimonio, .su celebración, régimen y disolución, son cuestiones de interés público que los pueblos por medio de sus gobiernos se han reservado siem-pre el poder de regular con entera libertad.

Como dijo la Corte Suprema de los Estados Unidos por medio de su Juez Presidente Marshall en el caso de Trustees of Dartmouth College v. Woodward, 17 U. S. 517, 587, 598, 628:

“Los demandantes sostienen, en segundo lugar, que las leyes en cuestión son contrarias a la sección décima del artículo primero de la Constitución de los Estados Unidos. Las palabras pertinentes de esa sección son: ‘Los Estados no aprobarán ningún proyecto de ley sobre condena sin formación de juicio, ni leyes ex post facto o que menoscaben las obligaciones de los contratos.’ . . .
“Holmes, como abogado del demandado en el recurso de error, sostiene que la prohibición contenida en la Constitución de los Es-tados Unidos, que por sí sola da jurisdicción a este tribunal en el presente recurso, no se extiende a los poderes políticos, a contratos relativos a las funciones gubernamentales internas ni al poder de policía de un estado soberano. Tampoco se extiende a contratos que se relacionan meramente con cuestiones de institución civil, aun de naturaleza privada. Así pues, el matrimonio es un contrato, y de índole privada; pero relacionándose meramente con una cuestión de institución civil, que toda sociedad tiene la facultad inherente de re-glamentar según su sano criterio, no puede considerarse que cae den-tro del espíritu de esta cláusula prohibitoria. Los divorcios induda-blemente menoscaban la obligación del contrato nupcial; alteran las relaciones del estado matrimonial, sin el consentimiento de ambas partes, y caen claramente dentro de la letra de la prohibición. Pero de seguro, nadie sostendrá que esta cláusula mística de la Constitu-ción prohíbe a los Estados el conceder divorcios, poder que es pecu-liarmente apropiado a la legislación doméstica, y que ha sido ejer-citado en todas las épocas y en todas las naciones en que la civili-zación ha producido esa corrupción de conducta que, desgraciada-mente, exige este remedio . . . •
. . Este precepto de la Constitución nunca ba sido interpre-tado en el sentido de que comprende otros contratos que no isean aquéllos que envuelven bienes, o algún objeto de valor, y que con-fieren derechos que pueden ser determinados en una corte de jus-ticia. Nunca se ba interpretado en el sentido de que restringe el derecho general del poder legislativo a legislar sobre la cuestión de divorcio. Esas leyes permiten a algunos tribunales, no menoscabar el contrato matrimonial, sino liberar a una de las partes, porque el mismo ba sido quebrantado por la otra.”

Y como expresa Bishop en su tratado sobre “Marriage and Divorce,” vol. 1, see. 1480:

“Los estatutos de divorcio están dirigidos a la moral pública. Si se considerare que el interés envuelto es público, resulta prove-choso y en bien del orden público que se disuelva el matrimonio una vez cometida determinada falta, no importa la fecha de su comisión, o si se incurrió en ella-antes o después de aprobarse el eshiiuto. En su consecuencia, cuando la intención legislativa no aparece clara-mente de su contexto, éste debe aplicarse con igual fuerza tanto a transacciones pasadas como futuras.”

Parece conveniente citar por último siquiera una de las varias decisiones de la Corte Suprema d.e Louisina resoluto-rias de casos que guardan con éste estrecha relación. Escogeremos la de Hava v. Chavigny, 143 La. 366, que dice en lo pertinente lo que sigue:

“Se sostiene, en apoyo de la excepción, que la ley sólo se re-fiere al futuro, que no es retroactiva en sus efectos en manera al-guna, y que no abarca a personas casadas cuando estén viviendo se-paradas por espacio de siete años o más antes de la aprobación de la ley. Ese mismo punto fué planteado y resuelto adversamente en el caso de Hurry v. Hurry, 141 La. 954, 76 South. 160.
“La ley dispone que un pleito de divorcio puede ser entablado, desde luego, después de la aprobación de la ley por la causal en ella indicada. No trata de legislar en relación con un pleito instruido antes de su aprobación; y el presente recurso fué iniciado luego de aprobarse? la ley. La ley no es retroactiva a ese respecto.
“En el caso de Hurry se resolvió que el contexto de la ley es claro e inequívoco y que debe dársele efecto al mismo. La ley en su sección primera dispone:
“ ‘Que cuando personas casadas ban estado viviendo separadas por espacio de siete años o más, cualquiera de ellas podrá solici-tar ... un divorcio absoluto,’ etc.
“Habiendo alegado el demandante en su petición que él y su es-posa ‘han estado viviendo separados por espacio de siete años o más’ con anterioridad a la radicación de la demanda, según la ley, se ha alegado una causa de acción de divorcio.
“La Ley núm. 269 contiene una causa de divorcio adicional a las mencionadas en los artículos del Código Civil y las enmiendas al mismo; y no provee que los siete años o más en que han estado se-paradas las personas casadas deban ser posteriores a su aprobación. Por el contrario dispone que ‘cuando personas casadas han estado viviendo separadas por espacio de siete años o más,’ cualquiera de ellas podrá solicitar el divorcio.
“En su razonamiento para sostener la excepción de que la de-manda no aducía causa de acción, el juez de la corte inferior sostiene que en la demanda no se alegaba que el demandante no hubiera in-currido en falta alguna, ni que hubiera cumplido o estuviese dis-puesto a cumplir con los deberes impuéstosle por el contrato matrimonial. Sin embargo, lg, ley núm. 269 no menciona esta alegación. La ley no impone' otra condición en lo que a su cumplimiento se refiere que aquélla de que las partes hayan estado viviendo sepa-radas por espacio de siete años o más. La alegación de que él no había cometido falta alguna era, por ende, innecesaria para sostener la causa de acción en este caso. Raymond v. Carrano, 112 La. 869, 36 South. 787.
“En un alegato complementario, la demandada altera el funda-mento aducido y dice:
. “ ‘Radicamos una excepción de falta de causa de acción, que iba dirigida tácitamente a la constitucionalidad de la ley.’
“La demandada cita el artículo 166 de la Constitución al efecto de que:
“ ‘No se aprobará ninguna ley ex post facto ni ninguna ley que menoscabe las obligaciones de los contratos o que despoje de dere-chos adquiridos,’ etc.
“La Ley núm. 269 no es un estatuto penal; no es una ley ex post facto; y no menoscaba la obligación de los contratos. Dispone la disolución del matrimonio una vez celebrado tal contrato, por una causa que surja con posterioridad a la fecba en que se celebró el mismo. Por ello no menoscaba las obligaciones de las partes contra-tantes. La disolución del matrimonio operará como una disolución de la sociedad de gananciales existente entre los esposos, y cada uno de ellos recibirá su participación; mas la demandada no será despo-jada de sus derechos al disolverse la sociedad. Ella recibirá la parte que le corresponda. La ley es constitucional.”

También, es constitucional la ley de Puerto Rico tal como fué decretada y lia sido invocada y aplicada en este caso. Los errores que la parte apelante señala no se cometieron, a nues-tro juicio. Nuestra Carta Orgánica no ha sido infringida.

En 1933 nuestra Legislatura en su sabiduría estimó que los matrimonios cuyos cónyuges hubiesen estado separados por más de siete años continuos podían disolverse por los tribunales de justicia por sentencia de divorcio, sin tener que investigarse cuál de ellos era el culpable, debiendo siem-pre considerarse como inocente a la mujer con todos los de-rechos inherentes a esa condición como consecuencia del divorcio. Y como las alegaciones y las pruebas demuestran que ése es aquí el caso, debe declararse el recurso interpuesto sin lugar y confirmarse la sentencia de la corte de distrito que disolvió el matrimonio existente entre las partes.

El Juez Asociado Señor Córdova. Dávila no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Hutchison

license: Public Domain

text:
    West India Oil Co. (P. R.), Inc., peticionaria y apelada, v. Dr. Carlos M. de Castro, Administrador de la Capital de Puerto Rico, y Bolívar Pagán, como Tesorero de la Misma, demandados y apelantes.
    Núm. 7631.

    Sometido: Noviembre 22, 1937.

      Resuelto: Enero 20, 1938.

      J. Valide juli, abogado de los apelantes; James B. Beverley, B. Castro Fernández y José López Baralt, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

El primer fundamento de la moción para desestimar es que el escrito de apelación no fué radicado dentro de diez días contados a partir del archivo de una sentencia en que se concedió un injunction permanente. En Mattei v. Badillo, 20 D.P.R. 247, este Tribunal resolvió:

“La resolución que pone término a un procedimiento de injunction para recobrar la posesión de propiedad inmueble establecido por la Ley No. 43 de marzo 13, 1913, tiene el carácter de sentencia y el término para apelar contra ella es de 30 días, no siendo de aplica-ción el término de 10 días que señala el párrafo 3 del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil.”

Véanse también: Lebrón v. Montalvo, 43 D.P.R. 357; Richmond v. Atwood, 17 L.R.A. 615; Donaldson’s Heirs v. City of New Orleans (La.), 118 So. 134; Caldwell v. Traub, 43 Pac. (2d) 1047; Miller & Co. v. Gibbs, 132 S. E. 626; Hammer v. Garrett, 132 S. W. 951; Arnold v. Sinclair, 29 Pac. 340.

El ratio decidendi del caso de Mattei v. Badillo, supra, donde una cuestión de práctica y de interpretación estatutaria fue resuelta en esta jurisdicción hace más de veinte años, fué aparentemente correcto, mas si estuviese sujeto a crítica, el resultado no debe ser ahora alterado.

Otro fundamento es que una orden prorrogando el término para radicar la transcripción de la evidencia en la corte de distrito era nula y que no se radicó la transcripción de los autos en este tribunal dentro de treinta días a partir de la fecha en que se radicó el escrito de apelación en la corte de distrito. Sin embargo, dentro de los treinta días los apelantes solicitaron de este tribunal una prórroga de quince días para presentar la transcripción de autos, y dentro de los quince días así solicitados dicha transcripción de autos fue radicada. Esta moción de prórroga no ha sido aún resuelta ni sometida. Es de concebirse que de la faz de la sentencia o de las alegaciones surja tal vez alguna cuestión que no pudiera ser afectada en forma alguna por la prueba, caso en el cual el dejar de elevar una exposición del caso o una transcripción de la evidencia no' sería óbice a que se considerara y resolviera el recurso de apelación en sus méritos. De declararse con lugar la moción de los apelantes, ni una demora autorizada en la radicación de los autos ni el haberse dejado de elevar la transcripción de la evidencia justificaría una desestimación.

Debe declararse sin lugar la moción para desestimar.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez PresideNte Señob Del Toro

text:
    Gerónimo Vallecillo, demandante y apelante, v. Fernando Suria González y su esposa Cruz Navedo, demandados y apelados.
    Núm. 6865.

    Sometido: Noviembre 5, 1937.
    Resuelto: Enero 21, 1938.

      Jaime Sifre, Jr. y Arturo Ortiz Toro, abogados del apelante; Antonio Beyes Delgado, abogado de los recurridos en el incidente para mostrar causa.
   El Juez PresideNte Señob Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

En julio 26, 1932, Gerónimo Vallecillo, por sus abogados, inició en la Corte de Distrito de Areeibo un procedimiento sumario hipotecario contra una finca rústica situada en el barrio de Palmas Altas, del término municipal de Manatí, antes Barceloneta, de doscientas noventa y tres cuerdas, en colindancia por el Norte con la zona marítima. El dueño de dicha finca, Fernando Suria, la hipotecó para responder de cierta deuda que no satisfizo. De ahí la ejecución.

Seguido por todos sus trámites el procedimiento, se vendió la finca en pública subasta en noviembre 9, 1932, a Vallecillo, que ofreció por ella la suma de $12,500 para abonar a su cré-dito de $25,000.

Así las cosas, en marzo 30, 1933, Vallecillo presentó a la corte una “Moción solicitando posesión de la totalidad de la finca. ’5 Alegó textualmente:

“1. Que en 9 de noviembre de 1932 se celebró la venta en pública subasta de la finca objeto de ejecución hipotecaria en este caso, ha-biéndose adjudicado la misma en dicho remate al demandante para abonar a su crédito contra los demandados.
“2. Que en dicho día el demandante tomó posesión de la finca por entrega que le hiciera el Marshal de esta Corte, pero que poste-riormente ha encontrado viviendo en parte de la finca algunas perso-nas que se han negado a desalojar la misma a pesar de los requeri-mientos del demandante.”

Y pidió a la corte que ordenara al secretario que expidiera el correspondiente mandamiento al marshal. La moción fné declarada con lugar.

En junio 23 siguiente presentó otra moción el ejecutante manifestando que el márshal encontró viviendo en la finca las personas que menciona y les notificó que la finca había pasado a ser propiedad del demandante, concediéndoles treinta días para el desalojo, apercibidos de lanzamiento. Eso ma-nifestado y alegado además que el plazo había transcurrido sin que los ocupantes de la finca nada hicieran, pidió a la corte que ordenara al secretario que expidiera mandamiento al márshal para que procediera sin dilación al lanzamiento.

La moción fue denegada en los siguientes términos:

“Vista la moción presentada por el demandante en este caso interesando se ordene al márshal haga desalojar a un número de personas que tienen casas ubicadas en los terrenos del demandante, y vistos los informes recibidos del márshal, quien alega que tales se encuentran radicadas fuera del perímetro de la finca adjudicada al señor Vallecillo, y tomando en consideración, además, que ya el de-mandante fué puesto en la posesión de la finca adjudicádale, enten-diendo la Corte que lo que ahora interesa sería motivo a una acción distinta para determinar si las personas ocupantes de ese lugar están dentro del perímetro de sus terrenos, la Corte deniega la moción presentada. ’ ’

Modificó su petición el ejecutante y la corte en julio 5, 1933, resolvió:

"... que se expida una orden, cuando lo solicite la parte ac-tora, para que dichas personas comparezcan en el día y hora que señalare esta Corte, para que muestren causa, si alguna tuvieren, por qué no debe ordenarse al márshal que proceda a lanzarlos con-juntamente con sus muebles de la propiedad objeto de este ejecutivo hipotecario. ’ ’

Solicitada la orden y expidido y cumplimentado el man-damiento, en diciembre 1, 1933, comparecieron veintiséis per-sonas y se opusieron al lanzamiento exponiendo sus razones en una contestación escrita conjunta presentada por medio de abogado.

Se practicó prueba y el 30 de abril de 1934 la corte de-claró no haber lugar al lanzamiento. Apeló el ejecutante, quedando radicados la transcripción de los autos en noviem-bre, 1934, y el alegato del apelante en julio, 1935. Los ape-lados no presentaron alegato ni comparecieron a la vista del recurso que se celebró en noviembre 5, 1937.

Nueve errores señala el apelante todos en relación con la apreciación de la prueba por el juez sentenciador según aparece de su resolución de abril 30, 1933, como sigue:

“No cabe duda de que el señor Valleeillo es dueño de la finca compuesta de 293 cuerdas descrita en el contexto de esta resolución, por cuanto, no sólo lo ha demostrado mediante la aportación de la escritura de adjudicación otorgádale por el marshal sino porque, a mayor abundamiento, no se niega lo que es evidente. Pero, en el incidente que ahora resolvemos no se discute si el señor Valleeillo es o no propietario de la susodicha finca. El objeto de esta con-tienda es determinar si las personas citadas ocupan con sus casas parte de los terrenos del señor Valleeillo o no. Los requeridos apor-taron varios testimonios para demostrar que sus casitas no están ubicadas sobre la finca del señor Valleeillo, sino en terrenos quizá pertenecientes al Pueblo de Puerto Rico. Entre esos testimonios está el del señor Francisco Miranda, Márshal de esta Corte, quien declaró que esa gente vive al final de la parte Norte, existiendo una carretera que divide sus casas de la finca y que en algunos sectores hay maya entre la finca y dicho camino. También depuso el sub-márshal, Hernando Mattei, manifestando que existe un camino ve-cinal entre la finca y las casas de esas personas y que estas edifi-caciones se levantan entre el mar y el camino vecinal. Uno de los testimonios más interesantes fué el de Félix R. Rivera, secretario de esta Corte. Declaró Rivera que el primitivo dueño de la finca, señor Suria González es primo de su esposa y él (el testigo) conoce muy bien aquel sitio porque estuvo durante mucho tiempo empleado con la Central Plazuela y por ello sabe que el camino municipal que desde Barceloneta corre hasta Palmas Altas fué construido, parte en te-rrenos pertenecientes a Suria, donados por él al Municipio, y parte sobre terrenos de la zona marítima. Félix Hernández dijo llevar residiendo en aquel sitio veintitrés años y que su casa ubica entre el mar y la carretera. Lo mismo expuso Zenón Nogueras. Caye-tana Román, anciana de setenta años, declaró que hace sesenta años reside en el mismo sitio y aquellos terrenos pertenecen a la zona marítima. Elena Domínguez depuso ser viuda y que su esposo le dejó la casa que allí tiene, habiendo residido en ese sitio durante treinta y ocho años. Fernando Bosado manifestó haber residido toda su vida allí. Antonia Domínguez, otra anciana de setenta años de edad, expuso que antes del Ciclón de San Ciriaco ya tenía su casita en aquel lugar.
“Por parte del demandante declaró Félix Guzmán diciendo: que cuando él arribó a la finca para hacerse cargo de ella como mayor-domo ya existían unas cercas de alambres que dividían la finca del camino vecinal; que voltearon la finca y el señor Vallecillo le mostró que la colindancia Norte es el mar pero que las casas todas están de la cerca hacia el mar.
“El juzgador efectuó una inspección ocular del sitio y pudo ob-servar que para arribar a él se toma un camino vecinal que, par-tiendo de Barceloneta, se prolonga en una longitud de cuatro kiló-metros aproximadamente hasta finalizar en el lugar. Hay allí un caserío integrado por más de sesenta casas y, desde tiempo inme-morial, se le conoce con el nombre de Palmas Altas. Este caserío es un barrio de Barceloneta y figura en el mapa de nuestra isla. Ob-servó, singularmente, el juzgador que exceptuando una, todas las demás casas ubican en el espacio enmarcado entre el camino vecinal antes aludido y la linde del mar. El terreno es un poco alto, for-mando en relación con la playa, una especie de talud, de dos metros aproximadamente de altura. La playa propiamente dicha se inicia en la base del talud con una anchura de diez metros más o menos y cuando la mar se torna un tanto borrascosa, al romper las olas viene a morir en la base del talud. La finca del señor Vallecillo está separada del camino antes dicho por una cerca de alambres de púas. Al final del camino se encuentran unas edificaciones, esta-blecimientos y muelle de Plazuela Sugar Co. por el cual se efectúan embarques de los azúcares elaborados por dicha corporación. Llamó poderosamente la atención del juzgador la circunstancia siguiente:' si se extendiese hacia el Norte, hasta el límite del talud, la cerca que cierra la colindancia Oeste de la finca del señor Vallecillo, obser-varíamos que el camino tantas veces mencionado quedaría intercep-tado y por ende, Plazuela Sugar Co. no tendría acceso a sus estable-cimientos y muelle.
“En el acto de la inspección ocular testificó el demandante haber sido administrador de la Central Plazuela durante muchos años y por tal motivo haber visitado en varias ocasiones los terrenos del señor Suria Chaves, constándole que la colindancia Norte de la finca era la zona marítima. Asimismo presentó el actor un plano de la finca levantado por un agrimensor. A primera vista se percibe que, aparte de tratarse de un plano antiquísimo el mismo representa la porción de terrenos ubicados al Este del camino de Barceloneta a Palmas Altas, pero de las tierras situadas al Oeste del sendero no aporta dato alguno. Y precisamente a partir del ángulo que forma el camino de Palmas Altas con el camino de la Boca, bacía occidente es que ubican la mayor parte de las casas en disputa. De forma, que el plano presentado no puede ser estimado como evidencia con-cluyente, ya que sólo representa una fracción de la finca, no su to-talidad.
“Aquilatada la evidencia aportada por el señor Valleeillo, ¿puede el juzgador decidir que se ha demostrado convincentemente que los terrenos ocupados por las personas citadas en este incidente • inte-gran la finca de aquél? No, indudablemente no. Tampoco puede concluir que no pertenezcan.
“Es un'hecho indubitado que el márshal puso al señor Valle-cilio en posesión de la finca, según aparecía acotada con cercas de alambre. El señor Valleeillo pretende que el márshal le dé pose-sión de tierras situadas fuera del perímetro acotado y el juzgador estima que dicho funcionario no puede hacer tal, ni la corte orde-narlo en un procedimiento sumario ejecutivo hipotecario. Porque no debemos olvidar que se trata solamente de dar a un adjudicatario posesión del fundo comprado, con aquellas características que presen-taba mientras perteneció al deudor ejecutado y no puede aceptarse que, por el sólo hecho de pasar a otras manos, cambie de cabida o li-neamientos. Si el adjudicatario de propiedad en esta clase especial de procedimientos, luego de tomar posesión de ella, se percata de la circunstancia de estar .otras personas poseyendo parte de sus terre-nos, puede acudir a una porción de remedios, todos los cuales resultan adecuados y eficaces para recuperar el remanente de su feudo, pero la substitución de recursos definidos en la ley, dentro de los cuales existe la oportunidad amplia para todas las partes de dilucidar la controversia por remedios perentorios y constreñidores, no debe ser amparada por los tribunales de justicia. Es obvio que el adquirente de una finca vendida en subasta judicial está investido del derecho a tomar posesión de ella; pero la compra no le autoriza a invadir otras tierras colindantes.
“Invoca el señor Valleeillo varias cuestiones legales que, a juicio del juzgador, no tienen aplicabilidad en este caso. La primera pro-posición legal en que abroquela el demandante su caso es que la ac-titud de estas personas, al negarse a desalojar los sitios que ocupan, constituye una suspensión o interrupción del procedimiento sumario ejecutivo, el cual sólo puede ser suspendido cuando concurren los casos fijados en el Artículo 375 del Keglamento de la Ley Hipotecaria. Nos cita el caso de Arroyo v. Zavala, 40 D.P.R. 269, en apoyo de la alegación según la cual el procedimiento ejecutivo hipotecario no termina sino con la posesión, la escritura y su inscripción. Es-tamos en un todo contestes con el señor Yallecillo. En lo que no coincidimos es en estimar la situación de los ocupantes de tierras en Palmas Altas como interruptiva del ejecutivo bipotecario. Y no esta-mos de acuerdo en ese particular, porque el señor Yallecillo tomó posesión de la finca dúdale, por el marshal, y ahora pretende hacer desalojar a' unas personas de determinado lugar, no habiéndose pro-bado que esas tierras formen parte de su finca. [Resultaría absurdo que el adquirente de una propiedad vendida mediante ejecutivo hipo-tecario tuviese necesidad de seguir pleitos contra detentadores de ella; pero, no es menos cierto que el título adquirido por un adju-dicatario en esas condiciones no le autoriza tampoco a posesionarse de terrenos adyacentes que no integren el fundo por él comprado.
“Otra de las proposiciones jurídicas formuladas por el señor Ya-llecillo consiste en pretender abroquelar este incidente como si se tratase de un procedimiento de desahucio. Para ello, alega la inexis-tencia de conflicto de títulos y otras cuestiones anejas al desahucio, pero completamente impertinentes en este incidente, en el cual trata-mos solamente de determinar si el señor Yallecillo tomó posesión de la totalidad de la finca por él adquirida o no. En las consideraciones ya expuestas en el curso de esta opinión hemos razonado los funda-mentos por los cuales creemos que en un procedimiento sumarísimo y constreñidor como éste que ahora decidimos, no cabe resolver si todo un pueblo, todo un caserío, que desdo tiempo inmemorial se estable-ció en aquel lugar, debe ser demolido y arrasado porque a un señor se le antoje decir que esas tierras son parte integrante de su finca. El juzgador no tendría reparos en ordenar la destrucción de dicho caserío siempre que el señor Yallecillo hubiese demostrado sin lugar a dudas ser dueño de aquellas tierras. Pero si no ha probado esta circunstancia, no puede decretarse el desalojo de las personas que ocupan aquel sitio.”

Hemos leído cuidadosamente el alegato del apelante que contiene primero un extracto completo de la prueba y que luego impugna separadamente ocho conclusiones de la corte al apreciar la misma.

Puede que la corte fuera demasiado lejos en algunas de-sús apreciaciones, pero en general su actitud frente al pro-blema que se le presentara es. correcta, a nuestro juicio.

Argumentando su noveno señalamiento de error, que los resume todos, se expresa el apelante como sigue:

“Es evidente de la discusión de los anteriores errores, que el Hon. Rafael Sancho Bonet cometió error manifiesto en la apreciación de la prueba.
“Decimos que cometió error en la apreciación de la prueba y nada observamos con respecto a las jurisdicciones del Artículo 175 de la Ley Hipotecaria; a la teoría sentada en el caso de Arroyo v. Zavala, 40 D.P.R. 269; y otros principios legales, porque la corte realmente parece admitir nuestra razón desde el punto de vista técnico y sola-mente se ha abstenido de ordenar el desalojo de los recurridos, fun-dándose en cuestiones de hecho.
“Solamente deseamos hacer la siguiente observación: Este pro-cedimiento no es uno constreñido y perentorio. Por el contrario es uno amplio, porque creíamos necesario atemperarnos a la última juris-prudencia sentada por este tribunal. Por ello en vez de pedir una orden perentoria de lanzamiento, presentamos nuestra moción en el sentido de que se les diese una oportunidad a los requeridos de ser oídos. A éstos se les dió pues su día en corte.”

Hubiera sido conveniente una más amplia exposición de la ley y la jurisprudencia que se citan en relación con el pro-cedimiento seguido en este caso.

El artículo 175 del Reglamento Hipotecario, no de la Ley, se refiere a la no suspensión de los procedimientos ejecutivos sumarios excepto en los casos que especifica. Y en el curso de la opinión emitida por el Juez Asociado Sr. Texidor, para fundar la sentencia en el caso de Arroyo v. Zavala, 40 D.P.R. 269, 279, se dijo: “Y el procedimiento ejecutivo hipotecario no termina con la subasta, sino con la posesión, la escritura y su inscripción, ’ ’ pero ni la ley ni la jurisprudencia que se invocan determinan el alcance del procedimiento a seguir para poner en posesión al acreedor.

Lo que se hizo en este caso parece lógico, quizá lo más a que puede llegarse dentro del propio procedimiento ejecutivo hipotecario. Si los títulos, explicados por la prueba, hubie-ran presentado un caso completamente claro, la orden para el lanzamiento pudo tal vez haberse decretado, pero la reali-dad demostró una situación que debe dilucidarse con mayores oportunidades para dictar una sentencia que fije con certeza el alcance de todos los intereses envueltos.

No se trata de una colindancia perfectamente determinada sobre el terreno. Con la zona marítima expresa el título que la finca colinda por el Norte y la Ley de Puertos española, ex-tendida a Puerto Eico en mayo 3, 1886, dice:

“La zona marítimo-terrestre en las costas y playas de la Isla de Puerto Rico e islas adyacentes que forman parte del territorio espa-ñol, es aquel sitio donde el mar ñuye y refluye caso de que se sienta el influjo de las mareas; y donde no se sienten las mareas es el punto a donde llegan las mayores olas durante las tormentas.
Esta zona marítimo-terrestre también existe y se extiende en ríos que sean navegables o que estén influenciados por las mareas.”

No se trata de una casa ni de dos. Pasan de veinte, in-dicando la prueba que hay muchas más que al parecer no se discuten y que forman un caserío cerca del sitio denomi-nado “líl Cañito.”

No se trata tampoco de una situación que ha surgido de momento, si que existe desde hace más de treinta años, siendo por el contrario la adquisición del demandante reciente. En el título de adquisición no se dilucida. No se hace ni siquiera referencia a ella. El antiguo dueño no fue llamado a decla-rar.

Siendo ésas a grandes rasgos las circunstancias concu-rrentes, no nos sentimos inclinados a revocar el fallo recu-rrido. No se ha justificado la procedencia del recurso y en su consecuencia debe declararse sin lugar y confirmarse la resolución apelada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    A. Alvarez & Hnos., peticionaria, v. Corte de Distrito de Bayamon, Hon. Luis Samalea Iglesias, Juez, demandada.
    Núm. 1122.

    Sometido: Enero 17, 1938.

      Resuelto: Enero 21, 1938.

      Bubón & Ochoteco y D. Guerrero Noble, abogados de la peticionaria.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

El artículo 5 y los artículos 10 a 13 inclusive de una Ley aprobada el 14 de marzo de 1907, según fue enmendada en 1908 (Código de Enjuiciamiento Civil, edición de 1933, pág, 108, Comp. 5264, 5269-72), leen así:

“Art. 5. — Siempre que una persona reclamare una propiedad mueble, prestando juramento y constituyendo fianza, según lo dis-puesto en esta Ley, el márshal o agente que tomare el juramento y recibiere la fianza, consignará al dorso de la orden el hecho de haberse presentado la susodicha reclamación, y haberse tomado el juramento y prestado la fianza, con expresión del nombre del reclamante, estam-pando asimismo, al respaldo de la fianza, el valor de la propiedad según la tasación verificada por el mismo, e inmediatamente enviará la fianza y el juramento al tribunal, por el cual la orden de ejecución o de embargo fue dictada, con excepción de lo que más adelante se dispone.
“Art. 10. — El secretario de la corte con jurisdicción sobre el asunto al recibir el juramento y la fianza referidos, hará la debida anotación en el libro de causas de la corte,
“Art. 11.— (Enmendado según la Ley de 12 de marzo de 1908, pág. 49.) — Tan pronto como recibiere el secretario de la corte el jura-mento y la fianza, se lo notificará a todas las partes, quienes debe-rán comparecer a los diez días de notificadas, y si transcurrido dicbo término, comparecieran las partes, la corte dispondrá que se formule por escrito la cuestión, procediéndose a su vista como en las demás causas, y serán siempre partes en el asunto Jas que lo fuesen en el que haya originado la tercería.
“Se establecerá la cuestión mediante una breve exposición de la naturaleza del derecho del reclamante al pretender reclamar como suyos y excluir de la orden de embargo los bienes en controversia y de la autoridad y derecho del demandado o demandados en dicho procedimiento al pretender someter los mismos bienes a la orden de embargo.
“Art. 12. — Si el demandante no compareciere después de habér-sele notificado en debida forma, se desestimará la demanda por aban-dono de acción, y si no comparecieren los demandados se dictará la sentencia en su rebeldía.
“Art. 13. — Los procedimientos y prácticas en el juicio, se aco-modarán, hasta donde fuere posible, a las reglas del enjuiciamiento civil vigente en Puerto Rico.”

En el presente caso, luego de hacer la notificación reque-rida por el artículo 11, el tercerista compareció y solicitó que se formulara la cuestión por escrito en la forma dispuesta por dicho artículo. Los demandados, que eran los deman-dantes y demandados en la acción principal, no comparecie-ron, y, a instancias del tercerista, el secretario anotó su re-beldía. El tercerista solicitó se señalara el caso para oír la prueba suya, como paso preliminar a una sentencia en rebeldía, y más tarde solicitó que el caso fuera incluido en un calendario especial que se llamaría en determinada fecha. Esta moción fué declarada sin lugar. El secretario, a ins-tancias del tercerista, entonces incluyó el caso en otro calen-dario especial. El día señalado- para la vista el tercerista compareció y presentó su prueba.

El Juez ele distrito dejó sin efecto la rebeldía y la vista celebrada, fundándose en que no había habido rebeldía toda vez que no se había establecido cuestión alguna, conforme exige el artículo 11, y, en su consecuencia, porque nada había ante la corte. Ordenó al tercerista que formulara su recla-mación por escrito según prescribe el artículo 11.

Dicho artículo dispone que (bastardillas nuestras):

“Si transcurrido dicho término, comparecieran las partes, la corte dispondrá que se formule por escrito la cuestión, procediéndose a su vista como en las demás causasEl len-guaje del artículo 12 es enteramente claro. No hay lugar a interpretación. “Si no comparecieren los demandados se dic-'tará la sentencia en su rebeldía.” Es un caso de lex scripta. Si no comparecieren los demandados, la declaración jurada y la fianza del tercerista junto con la constancia del márshal al dorso de la orden, los que al ser radicados por el secretario constituyen una base adecuada para el procedimiento pres.-crito por el artículo 11, son, por igual motivo, base suficiente para que se dicte una sentencia en rebeldía según dispone el artículo 12. Conforme provee el artículo 13, los terceris-tas deben seguir las reglas prescritas por el Código de En-juiciamiento Civil en lo relativo a sentencias en rebeldía. El tercerista así lo hizo en el presente caso.

Bebe revocarse la resolución ■apelada y devolverse el caso para ulteriores procedimientos no imconsistentes con esta opimión.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    Dr. Francisco J. Mejías, demandante y apelado, v. Juan Jaime, en su carácter de Auditor Municipal de Humacao, demandado y apelante.
    Núm. 7374.

    Sometido: Diciembre 16, 1937.

      Resuelto: Enero 25, 1938.

      Burset & Pérez Pimentel, abogados del apelante; González Fagundo 1 (& González, Jr., abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

Un auditor municipal fue requerido a virtud de un auto alternativo de mandamus fechado el 22 d.e junio de 1936, para que expidiera un certificado de crédito o compareciera el 24 del mismo mes a mostrar causa por la cual no debía librarse un auto permanente. El auditor compareció el 24 de junio alegando que había sido notificado del auto alternativo en la noche del 22 de 'dicho mes y que no había podido consultar a su abogado hasta el día 23 por la tarde. Una moción en que se solicitaban diez días para contestar o radicar cualquier otra alegación fue declarada sin lugar, pero la vista fué pospuesta hasta el día 25 por la mañana. El auditor compareció el 25 y se allanó al auto. La corte expidió entonces un auto prerentorio, con costas a favor del peticionario. La concesión de costas incluye honorarios de abogado, a menos que tales honorarios sean expresamente excluidos. El apelado no ha radicado alegato. El apelante, a nuestro juicio, tiene razón al sostener que los honorarios de abogado debieron ser excluidos. Véanse: Harris & Co. v. Barbosa, 27 D.P.R. 57 y García v. Hernández Usera, ante, pág. 392.

Bebe modificarse la sentencia apelada de conformidad, y así modificada, confirmarse.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    Dionisio Lotti Luchessi, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Ponce, recurrido.
    Núm. 1012.

    Sometido: Diciembre 3, 1937.

      Resuelto: Enero 25, 1938.

      Luciano Colón, abogado del recurrente;
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

Camilo Soto era dueño de 25 cuerdas de terreno, debida-mente inscritas en el registro de la propiedad. Segregó y vendió por escritura notarial debidamente inscrita en el re-gistro de la propiedad dos parcelas — una de 21 cuerdas y la otra de 1.75 cuerda — con un total de 22.75 cuerdas. Dio-nisio Lotti Lucliessi es boy en día el dueño, según el registro, de esas dos parcelas. Así, pues, Camilo Soto continuó en posesión de las restantes 2.25 cuerdas.

En una escritura notarial otorgada por Soto y su esposa el 7 de octubre de 1930 se bace constar que Soto, por docu-mento ella expone que la parcela de 2.25 cuerdas era el rema-a Emilia Soto por la suma de cincuenta dólares, 2.25 cuerdas situadas en el barrio Rucio, en un sitio conocido por Jayas, en Peñuelas, lindantes al este con Juan Torres y por los otros tres lados con Dionisio Lotti. En esa escritura pública Soto y su esposa ratificaron la venta anterior.

En un documento público otorgado el 25 de mayo de 1934, Emilia Soto vendió las 2.25 cuerdas a Lotti. En este docu-mento ella expone que la parcela de 2.25 cuerdas era el rema-líente de las 25 cnerdas arriba mencionadas, luego de efec-tuarse la segregación y venta a Lotti de las dos parcelas de 21 cuerdas y 1.75 cuerda que también se mencionan más arriba.

El registrador se negó a inscribir la venta efectuada por Camilo Soto a Emilia Soto debido a que el primero no se babía unido a ella en la subsiguiente identificación que de las 2.25 cuerdas se hizo como remanente de las 25 cuerdas.

La sección 4 de una Ley sobre Recursos contra las Reso-luciones de los Registradores de la Propiedad, aprobada el 1 de marzo de -1902 (Estatutos Revisados de 1911, sección 2183), dispone:

“Los registradores no suspenderán por defectos subsanables la ins-cripción, anotación o cancelación de ningún título. En la inscrip-ción liarán constar los defectos que contenga el título y en cualquier tiempo en que se presente la documentación para subsanarlo, se hará constar la subsanación por medio de nota marginal. ’ ’

El hecho de que Camilo Soto no se uniera en la identifi-cación de las 2.25 cuerdas previamente vendidas por él a Emilia Soto era, a lo sumo, un defecto subsanable. Franceschi v. Registrador, 13 D.P.R. 227, y Cadilla v. Registrador, 19 D.P.R. 80.

Debe revocarse la nota recurrida7

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Hutohison

text:
    Armour Fertilizer Works, demandante y apelante, v. José H. Ramírez, demandado y apelado.
    Núm. 7372.

    Sometido: Noviembre 12, 1937.

      Resuelto: Enero 25, 1938.

      B. Buscaglia, abogado de la apelante; Susoni & Defending abogados-del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutohison

emitió la opinión del tribunal.

La corte de distrito ordenó el “embargo” de “todo y cual-quier remanente que basta las sumas reclamadas en este caso pueda sobrar al demandado por concepto de liquidación del contrato de refacción, siembra y molienda de cañas celebrado-con la Loíza Sugar Company para las zafras de 1934 a 1936, inclusive.” La orden disponía la expedición de un manda-miento por el secretario, que debía ser notificado a la Loíza Sugar Company y al demandado Ramírez. Este se dió por notificado de un escrito dirigídole por el secretario. El man-damiento fué expedido por el secretario de la corte y noti-ficado por el mársbal al secretario de la Loíza Sugar Company, dejándole copia del mismo. De conformidad con los términos del mandamiento," la Loíza Sugar Company fué notificada del “embargo” y se le requirió para que se abstuviera de pagar al demandado todo y cualquier remanente que basta las su-mas que se reclaman en la demanda en este caso pueda sobrar al demandado por concepto de liquidación del contrato de refacción, siembra y molienda de cañas celebrado con ella para las zafras de 1934 a 1936, inclusive, debiendo en su lugar proceder a depositar en la secretaría de la corte, sujetos a las consecuencias del litigio, los dichos remanentes, si los hu-biere, durante las citadas zafras.

El demandado radicó una moción solicitando la nulidad del “embargo” por los siguientes motivos:

“Tercero. — Que dicbo embargo fué trabado mediante notificación diligenciada por el secretario de este Tribunal y no por el Marshal de esta Corte, que es el único funcionario autorizado por la Ley para practicar embargos sobre bienes muebles.
“Cuarto. — Porque la demandante embargó cantidades ilíquidas las que a la fecha del embargo no estaban a disposición del demandado.
“Quinto. — Porque de acuerdo con la Ley especial en la materia el embargo de bienes muebles se practica depositando los bienes de que se trata en poder del Tribunal o de la persona designada por éste, bajo la responsabilidad del demandante, siendo lo cierto, que este Tribunal en ningún momento designó depositario del dinero que se pretendía embargar, estando dicho dinero sin liquidar a la fecha del embargo y estando aún en poder de la Loíza Sugar Co. sin que ésta ni ninguna otra persona o entidad hubiere sido designada depo-sitaría, tal y como lo dispone el Artículo 10 de la ley antes mencio-nada sobre Aseguramiento de Efectividad de Sentencias.”

El juez de distrito sostuvo el primero de estos tres moti-vos aducidos en el párrafo tercero de la moción del deman-dado, pero no resolvió los motivos segundo y tercero alega-dos en los párrafos cuarto y quinto, supra. El alegato de la apelante tampoco discute los motivos segundo y tercero de la moción del demandado. El apelado no lia radicado alegato.

El llamado “embargo” no fué tanto un embargo en el sentido ordinario de la palabra, como un secuestro de bienes en poder de un tercero (garnishment). Si el remanente que resulte a favor de un colono al liquidarse un contrato de refacción agrícola y molienda de cañas puede ser objeto de tal secuestro (garnishment), es una cuestión importante que debe ser resuelta en primera instancia por la corte de distrito, luego de debatirse la cuestión adecuadamente. De propia iniciativa y sin la ayuda de los letrados, no resolveremos por ahora la cuestión. El juez de distrito, conforme hemos visto, estuvo equivocado al asumir que el mandamiento de embargo había sido notificado a la Loíza Sugar Company por el secretario y no por el márshal. Por tanto, el único fundamento en que basó su orden para anular el “embargo” no existía. De exigirse la notificación al demandado, la no-tificación formal y absoluta háchale por escrito personal-mente por el secretario, era suficiente.

Debe revocarse la orden recurrida y devolverse el caso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opi-nión.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Kurt Baettenhaussen, Lina E. Grey, Naomi H. Roth, Marjorie Roth Skinner y George H. Emerson, demandantes y apelantes, v. Charles Borda Klugkist, Charles L. Borda Jr., Joseph L. Borda, Jane Doe Borda y The American Colonial Bank & Trust Co. of Porto Rico, demandados y apelados.
    Núm. 7597.

    Sometico: Noviembre 22, 1937.

      Resuelto: Enero 25, 1938.

      Henry G. Molina, Bubón & Ochoteco y S. de la Fuente, abogados de los apelantes; Fiddler, Córdova é McConnell, abogados del American Colonial Bank & Trust Co. of Porto Rico, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La demanda en el presente caso fue radicada ante la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Arecibo, y en ella se alega substancialmente que Theodore Baettenhaussen adelantó en calidad de préstamo al demandado Charles Borda Klugkist, ciertas sumas de dinero ascendentes a un total de $63,000; que a cambio de dichos préstamos Borda suscribió y entregó a su acreedor dieciséis (16) pagarés, los cuales no han sido pagados ni en todo ni en parte; que la única propiedad de algún valor perteneciente al demandado Charles Borda antes de enero 21, 1932, era un tercio en común pro indiviso en la Hacienda “Esperanza,” radicada en el Barrio Punta y Boca del término municipal de Manatí e inscrita en el Begistro de la Propiedad de Arecibo; que en 21 de enero de 1932, el demandado Charles Borda vendió y traspasó todos sus dere-chos, título e interés en la referida finca a su esposa Margaret Borda, por-el alegado precio de $1 “and other considerations,” inscribiéndose el título a favor de Margaret Borda; que el citado traspaso de Borda a su esposa fué hecho sin que mediara causa alguna y otorgado con el único objeto de de-fraudar a su acreedor Baettenhaussen y a otros acreedores y para evitar el pago de una sentencia de la Corte Suprema del Estado de Nueva York registrada en noviembre 24 de 1931, en favor de Juan Quaremba y en contra de Charles Borda, por $26,477.55, intereses y costas; que en junio 29, 1932, el citado Juan Quaremba instituyó una acción ante la Corte de Distrito de Arecibo para dejar sin efecto el traspaso hecho por Borda a su esposa y trabó embargo sobre el tercio que a Borda corresponde en la Placienda “Esperanza”; que para levantar ese embargo y transigir el pleito con Quaremba, Borda y su esposa otorgaron en agosto 10, 1933, una hipoteca sobre el referido condominio a favor del American Colonial Bank & Trust Co. of Porto Bico, para garantizar un prés-tamo de $38,000 el que utilizaron para pagar la reclamación de Juan Quaremba; que en la misma fecha los esposos Borda otorgaron otra escritura por la que vendieron y traspasaron a-1 American Colonial Bank & Trust Co. el citado condominio, para que lo retuviera “in trust” (fideicomiso) y aplicara las rentas del mismo al pago de los intereses y plazos de la hipo-teca a su favor y al pago de cierta deuda en favor de los herederos de Wenceslao Borda; que el citado Banco ha ve-nido pagando las deudas de acuerdo con el convenio de fidei-comiso, entregando el balance de las rentas a Margaret Borda, y desde la muerte de ésta al demandado Carlos Borda, para uso de él y de sus hijos; que el traspaso in trust fué otor-gado con el propósito de defraudar a su acreedor Baetten-liaussen; y por último, que la única propiedad o bienes de cualquier naturaleza pertenecientes a y poseídos por el de-mandado Carlos Borda,' que pudieran ser aplicados al pago de su deuda a Baettenhaussen es el condominio de una ter-cera parte indivisa en la Hacienda “Esperanza.”

Los demandantes piden sentencia por la que se declare (a) que la escritura de traspaso de Borda a su esposa y la de fideicomiso a favor del American Colonial Bank & Trust Co. son nulas por haber sido otorgadas en fraude de acreedo-res; y (b) que el demandado Charles Borda es el único dueño legal del condominio en cuestión, sujeto únicamente a los de-rechos del American Colonial Bank & Trust Co. como acreedor hipotecario. Piden además que se obligue a Borda a rendir cuenta de las sumas recibidas por él de Baettenhaussen, y que el referido condominio sea vendido en pública subasta para satisfacer el importe de la deuda reclamada por los de-mandantes, más las costas, incluyendo en ellas honorarios de abogado.

Emplazado The American Colonial Bank & Trust Company of Porto Rico, radicó excepciones previas a la demanda y solicitó que el caso fuese trasladado a la Corte de Distrito de San Juan. Los fundamentos de la moción de traslado fueron: (1) que la acción que se ejercita es personal, en cobro de dinero; (2) que The American Colonial Bank & Trust Co. es una corporación doméstica, con su oficina principal en San Juan, y que ninguno de los otros demandados reside en el Distrito Judicial de Arecibo; y (3) que para mayor con-veniencia de los abogados y de los testigos que habrán de declarar en el caso, el juicio debe celebrarse en San Juan.

En julio 31, 1937, la Corte de Distrito de Arecibo ordenó el traslado a la Corte de Distrito de San Juan, por entender que ése es el tribunal competente para conocer del caso. Los demandantes apelaron.

Se imputa a la corte inferior como único error el haber re-suelto que la acción que se ejercita en el presente caso no está •comprendida en ninguno de los casos previstos por el artículo 75 del Código de Enjuiciamiento Civil y que el artículo 81 del mismo código era aplicable.

El artículo 75 del Código de Enjuiciamiento Civil, en lo pertinente lee así:

“Artículo 75. — (392 Cal.) Deberán substanciarse en el distrito ■en que radique el objeto de la acción, o parte del mismo, sin per-juicio de la facultad de la corte para cambiar el lugar de la vista, a tenor de lo dispuesto en este Código, los pleitos que se sigan por las causas siguientes:
“1. Para recobrar la posesión de bienes raíces o de una propie-dad o interés en la misma, o para determinar en cualquier forma dicho derecho o interés, y por daños causados a propiedad inmueble. ’ ’

La resolución del presente recurso depende de la clasifica-ción que hagamos de la acción que se trata de ejercitar.

Acción personal (>actio m personam) es la que se ejercita contra una persona determinada, basándose en una responsa-bilidad personal o aquélla en que se pide un remedio en contra de la violación de un derecho personal.

Acción real (actio in-rem) es la que se ejercita contra la cosa misma, con el propósito de determinar su status o condi-ción.

El término quasi in rem se aplica a aquellos procedimien-tos que no son estrictamente in rem, que son instituidos contra el demandado personalmente, pero cuyo verdadero objeto es el de someter una propiedad determinada al pago de una obligación. Véanse: 1 C. J., secs. 5 y 6, pág. 929; Holcomb v. Kelly, 114 N. Y. S. 1048, 1051; Cunningham v. Shanklin, 60 Cal. 118, 125.

Al decretar el traslado del caso al Distrito de San Juan, la corte inferior basó su resolución en la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de California en Beach v. Hodgdon, 66 Cal. 187, y en Woodbury v. Nevada, etc. Ry. Co., 120 Cal. 463, y por esta Corte Suprema en Balbás v. Luce & Company, S. en C., 47 D.P.R. 936. Examinemos dichos casos.

En Beach v. Hodgdon, supra, la acción fué entablada por un acreedor que había obtenido sentencia a su favor, para anular ciertas escrituras otorgadas fraudulentamente por el demandado Hodgdon al otro demandado Hildreth y para so-meter las propiedades al pago de la sentencia. El pleito fué radicado en un condado distinto de aquél dentro del cual esta-ban situadas las propiedades. El tribunal se expresó así:

“Ésta no es una acción para ejecutar un gravamen sobre pro-piedad inmueble, sino una demanda en ayuda de una ejecución, para anular dos traspasos hechos por el deudor de la sentencia, por el fundamento de haber sido otorgados fraudulentamente. Por lo tanto, las disposiciones de la actual Constitución que requieren que las acciones para la ejecución de gravámenes sobre inmuebles deben ser incoadas en el condado en que los inmuebles estén situados, no es aplicable.”

En Woodbury v. Nevada, etc. Ry. Co., supra, el deman-dante había radicado demanda en cobro de dinero ante la corte del Condado de Los Angeles y obtenido una orden de embargo dirigida al sheriff del Condado de San Bernardino, en virtud de la cual dicho funcionario embargó bienes inmuebles de la compañía demandada radicados en dicho Condado de San Ber-nardino. El demandante obtuvo sentencia a su favor, la que no pudo ser ejecutada por no encontrarse bienes del deudor. Antes de iniciarse el pleito, la compañía demandada había otorgado una hipoteca sobre todas sus propiedades. El de-mandante, después de exponer los hechos precedentes, en una demanda interpuesta ante la misma Corte de Los Angeles alegó que la hipoteca otorgada por la demandada era fraudu-lenta y nula y solicitó que la propiedad hipotecada, radicada en San Bernardino, fuese vendida para satisfacer su senten-cia. Así lo decretó la Corte y la compañía demandada apeló, alegando que la Corte del Condado de Los Angeles carecía de jurisdicción sobre el objeto o materia de la acción, por estar las propiedades radicadas en el Condado de San Bernardino. Al confirmar la sentencia, la Corte Suprema de California se expresó así:

“La presente acción es por sn naturaleza una demanda de un acreedor para que se remueva una obstrucción para la ejecución de sentencias a favor del demandante y en contra de la compañía ferro-viaria demandada, que existe por razón de una hipoteca otorgada por la demandada a favor de su codemandada, y que el demandante alega es fraudulenta y nula en cuanto a él. La Corte Superior del Condado de Los Ángeles tenía jurisdicción de la aeción original-contra la compañía ferroviaria, y en aquella acción la propiedad en cuestión fué puesta bajo la custodia del sheriff del Condado de San Bernardino, en virtud de órdenes de embargo y de ejecución libra-das en dicho caso, y, como la Corte está autorizada para ordenar la venta de esa propiedad con el fin de satisfacer las sentencias que ella ha dictado, tiene también jurisdicción para impedir o remover cualquiera obstrucción que el deudor de la sentencia trate de colo-car en el camino de la ejecución de tales sentencias. La misma cues-tión fué presentada en Beach v. Hodgdon, 66 Cal. 187. . .”

Los dos casos precedentes fueron citados y aplicados en Wood v. Thompson, 5 Cal. App. 247, y Alpha H. & S. Co. v. Ruby Mines Co., 97 Cal. App. 508, 512, expresándose así la corte en el último caso:

“En cuanto a la objeción del apelante de que esta acción debió haberse incoado en Sierra County, somos de opinión que el verda-dero propósito y objeto de esta acción, según se alega en la cláu-sula sexta de la demanda, era anular y cancelar el pagaré y la escritura de fideicomiso, los que, según se alega en dicha cláusula, fueron otorgados con el propósito de defraudar al apelante y a sus cesionarios, quienes eran acreedores de dicha Ruby Mines Co. Las disposiciones de la Constitución que requieren que las acciones para la ejecución de gravámenes sobre bienes inmuebles deben ser incoa-das en el condado en que la propiedad esté situada no es aplicable a una acción entablada por un acreedor para anular un traspaso hecho por un deudor de una sentencia, por causa de fraude.”

En Balbás v. Luoe & Co., supra, esta Corte Suprema sos-tuvo que cuando un demandante acumula dos acciones, una local y otra transitoria, en una sola demanda, si surge la cues-tión de competencia la acción en su totalidad debe ser consi-derada como transitoria, especialmente cuando la causa de acción transitoria es la predominante; pero si la causa de acción local no sólo es predominante sino fundamentalmente esencial a la causa de acción transitoria, en ese caso la acción debe ser considerada en su totalidad como una acción local.

Los demandantes en el presente caso ban acumulado en su demanda dos causas de acción distintas. En la primera, tratan de obtener sentencia por la que se condene a los deman-dados a pagar el importe de los préstamos hechos por Baet-tenhaussen a Borda, acción que es por su naturaleza personal y transitoria. En la otra, tratan de anular traspasos hechos por el demandado Charles Borda a su esposa y al Banco de-mandado, por considerarlos fraudulentos, para que la propie-dad enajenada revierta a su alegado dueño Charles Borda y pueda ser vendida para satisfacer la sentencia que en su contra se dictare en la primera causa de acción. Esta segunda causa de acción es por su naturaleza una acción quasi m mm.

A nuestro juicio, la acción predominante en este caso es la personal y transitoria, en cobro de los pagarés otorgados por Charles Borda a favor de Baettenhaussen. La reclama-ción de los demandantes no ha sido aún reducida a senten-cia. Por lo menos la demanda no alega que se haya obtenido sentencia en contra del deudor Borda. Siendo eso así, los de-mandantes tendrían que establecer como fundamentos esen-ciales de la acción sobre nulidad de traspasos que los pagarés fueron otorgados, que no han sido satisfechos y que ellos, los demandantes, tienen derecho a exigir el pago. En otras pa-labras, la acción de nulidad de traspasos no puede existir ni •prosperar si no se establece previamente la acción personal en cobro de dinero.

De acuerdo con’ la jurisprudencia que hemos comentado y habida cuenta de que del récord ante nos no aparece que con anterioridad a la orden de traslado la Corte de Distrito de Arecibo hubiese obtenido jurisdicción, mediante embargo, so-bre la propiedad que se alega fué traspasada fraudulenta-mente, ni sobre las personas de los otros demandados me-diante notificación personal del emplazamiento, debemos resolver, como resolvemos, que la corte inferior no erró al orde-nar el traslado solicitado.

La resolución recurrida debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    Agapito Díaz, demandante y apelado, v. Victoriana Ramos y Anastacio Olivero, demandados y apelantes.
    Núm. 7673.

    Sometido: Enero 17, 1938.

      Resuelto: Enero 25, 1938.

      L. Santiago Carmona, abogado de los apelantes; Bubón & Ochoteco, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En 24 de junio de 1937 esta Corte Suprema confirmó la sentencia dictada por la Corte de Distrito de Bayamón en el caso de Agapito Díaz v. Victoriana Ramos et al., declarando con lugar el desahucio (51 D.P.R. 822). La corte inferior aprobó el memorándum de costas del demandante, por la suma de $262.20. Los demandados apelaron.

El demandante apelado solicita ahora la desestimación del recurso por el fundamento de que en el “Certificado de Noti-ficación por Correo,” que aparece al pie del escrito de apela-ción, no se ha hecho constar que se pagó franqueo alguno por los apelantes o por su abogado, por el envío de la copia del escrito de apelación, según lo requiere el Artículo 296 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil.

El certificado en cuestión dice así:

“CERTIFICADO DE NOTIFICACIÓN POR CORREO.-CERTIFICO: Que con esta fecba, 20 de diciembre del año 1937, remití por correo, desde la oficina de correos de Bayamón, una copia en carbón, fiel y exacta del presente escrito de apelación, o del precedente escrito de apela-ción, a los abogados del demandante Bubón y Ocboteco, dirigido dicbo pliego al Ledo. Félix Ocboteco, abogado de récord de este caso. Y afirmo que, entre Bayamón, donde yo resido y la ciudad de San Juan, Edificio Ocboa, a donde dicbo pliego iba dirigido, existe un servicio regular y diario de correo. Bayamón, P. R., a 20 de diciembre del año 1937. (Fdo.) L. Santiago Carmona, abo-gado de los demandados.”

En su oposición a que se desestime el recurso, el apelante admite que es cierto que en el certificado de notificación no se hizo constar que el pliego depositado en el correo llevaba el franqueo correspondiente, pero alega que el hecho es que el pliego conteniendo la notificación fué depositado y certificado en el correo de Bayamón, pagando el correspondiente fran-queo y exigiéndose recibo; y que dicho pliego fué recibido y el recibo firmado por “Dubón & Ochoteco,” firma de la que forma parte el abogado Félix Ochoteco, a quien iba dirigido el sobre, como abogado de la demandante. Y en apoyo de esas manifestaciones, hechas bajo juramento, el apelante pre-senta una tarjeta del correo que dice:

“Post Office Department. — Official Business. Registered Article. —No. 511.' — Return to Ledo. L. Santiago Carmona. — Box 364, Post Office at Bayam'ón, State, P. R.
“Return Receipt. Received from tbe Postmaster tbe Registered or Insured Article, tbe original number of wbicb appears on tbe face of this card. (Signed) Dubón & Ocboteco. Date of delivery, 12/21/37.”

La parte apelada no ha negado en ningún momento haber recibido la notificación del escrito de apelación. Descansa sn moción en el admitido defecto del Certificado de Notifica-ción por correo arriba transcrito y cita en sn apoyo las reso-luciones de esta corte en Roig Commercial Bank v. Sucesíón Lugo, 34 D.P.R. 155, y Fontánez v. Sucesión Buxó, 34 D.P.R. 709.

Arguye el apelante que habiéndose acreditado con el recibo suscrito por Dubón & Ochoteco que la notificación del escrito de apelación llegó a su destino, es aplicable la jurisprudencia sentada por esta Corte Suprema en Rondón v. Mollfulleda, 16 D.P.R. 171, Bravo v. Martínez Hermanos, 31 D.P.R. 483, Muñoz v. Santana, 34 D.P.R. 341, y A. Alvarez & Hnos. v. Alamo, 36 D.P.R. 54, en cuyos casos se sostuvo que el hecho de no aparecer del récord que el escrito de apelación fué noti-ficado al apelado o a su abogado no es motivo para desestimar el recurso cuando aportada prueba álmñ%de sobre tal notifica-ción, dicha prueba es suficiente para concluir que la notifica-ción fué hecha.

En los casos citados por el apelado (34 D.P.R. 155 y 34 D.P.R. 709, la parte apelante no ofreció prueba alguna para subsanar el defecto en el certificado de notificación por correo y acreditar que la notificación había sido hecha. En el pre-sente caso, la prueba ofrecida por la parte apelante y no im-pugnada por el apelado es, a nuestro juicio, suficiente para establecer el hecho de que la parte apelada fué debidamente notificada con copia del escrito de apelación. Y ése es el hecho esencial para que esta Corte adquiera jurisdicción.

La moción de desestimación debe ser declarada sin lugar.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Presidente Señor del Toro

text:
    Harry N. Baetjer, Clarence K. Bowie, A. Hamilton S. Post, Heyward E. Boyce, Harry E. Henneman, James A. Stevenson, Jr., y Louis Naetzker, todos como Trustees, y no individualmente, de Eastern Sugar Associates, un Trust, recurrentes, v. El Registrador de la Propiedad de Guayama, recurrido.
    Núm. 1007.

    Sometido: Noviembre 24, 1937.

      Resuelto: Enero 28, 1938.

      Fiddler, Córdova & McConnell y J. M. Morales, abogados de los recurrentes;
   El Juez Presidente Señor del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Presentado para su inscripción en el Registro de la Pro-piedad de Guayama el certificado de compra de bienes inmue-bles expedido por el Colector de Bentas Internas de dicha ciu-dad para acreditar la venta en pública subasta de una finca de doscientas veintinueve cuerdas, situada en el barrio de Carite de aquella jurisdicción, para el cobro de contribuciones adeu-dadas por la misma al Pueblo de Puerto Bico, hecha a favor de E. Bené Bomney en representación de la Eastern Sugar Associates, causó la siguiente nota;

“Inscrito el presente documento al folio 49 del tomo 72 de Guayama, finca número mil ciento cuarenta y cuatro cuadruplicado, inscripción 14. La finca vendida se halla afecta a dos hipotecas constituidas a favor del United Porto Rácan Bank, cedidas por éste a Tbe National City Bank of New York. Guayama, a 30 de enero de 1936.”

Así las cosas, la Eastern Sugar Associates dirigió al regis-trador nn escrito que dice:

"Be acuerdo con el artículo 347 del Código Político de Puerto Bieo, párrafo segundo, que lee como sigue:
" ‘Si el derecho de redención que más adelante se dispone, no se ejerciere dentro del término prescrito, dicho certificado, una vez ins-crito en el Registro de la Propiedad del distrito donde radica la propiedad, constituirá título absoluto de dicha propiedad a favor de dicho comprador, libre de toda hipoteca, carga o cualquier gravamen. ’
• "Que asimismo el último párrafo del Certificado de Compra de Bienes Inmuebles, que más adelante se relaciona, lee así:
" ‘Que si el derecho de redención no se ejercitare por la parte in-teresada dentro del expresado año, este certificado constituirá título absoluto de los bienes vendidos, una vez que sea inscrito en el Regis-tro de la Propiedad del distrito donde los bienes radican; quedando los mismos libres de toda hipoteca, carga o cualquier otro gravamen, que sobre ellos pesare.'
"En virtud de lo arriba expresado y habiendo transcurrido más de un año, que marca la ley, desde la fecha del certificado de com-pra de bienes inmuebles, sin que se haya ejercitado por ninguno de los interesados, el derecho de redención.
‘ ‘ Como mandatario verbal de Eastern Sugar Associates, un Trust, presento en este Registro de la Propiedad de Guayama, el certifi-cado de compra de bienes inmuebles núm. 3665, de fecha 12 de noviembre de 1935, para que usted se sirva proceder a hacer cons-tar que ha quedado consolidada la venta a favor de Eastern Sugar Associates con título absoluto y libre de cargas o gravámenes; y asi-mismo proceder a cancelar de oficio y por virtud de la venta efec-tuada por el Hon. Tesorero de Puerto Rico, en cobro de contribu-ciones adeudadas, todas y cada una de las cargas o gravámenes que se relacionan en dicho certificado núm. 3665.
"Acompaño sellos de rentas internas por valor de $1.50 para cubrir los derechos de la inscripción de título absoluto, a favor de Eastern Sugar Associates, debiendo las cancelaciones de gravámenes hacerse de ofició, de acuerdo con lo arriba expresado y el contenido del artículo 347 del Código Político de Puerto Rico y último párrafo del certificado de compra de bienes inmuebles que se presenta.”

Y el registrador consignó al pie del mismo lo que signe:

“Puesta la oportuna nota de consolidación de venta a favor de la Eastern Sugar Associates que solicita el documento que precede, al margen de la inscripción 14 a de la finca número 1144 cuadru-plicado, al folio 49 del tomo 72 de Guayaría; y devuelto el docu-mento sin practicarse operación alguna de la cancelación de los gra-vámenes consignados al pie del certificado de compra que se acom-paña, por no haberse depositado los derechos correspondientes a tales efectos, a pesar de haber sido los mismos requeridos del presentante en el acto de la presentación de dicho documento, negándose a ello.”

No conforme la compradora recurrió para ante esta Corte Suprema. Tanto ella como el registrador han presentado ale-gatos en apoyo de sus respectivas posiciones.

Invoca la primera el artículo 347 del Código Político que dispone en su segundo párrafo que la venta por contribuciones se hará libre de gravámenes, pudiendo inscribirse en el re-gistro el certificado creditivo de la misma mediante el pago de dos dólares como honorarios, así:

“Si el derecho de redención que más adelante se dispone no se ejerciere dentro del tiempo prescrito, dicho certificado, una vez ins-crito en el registro de la propiedad del distrito donde radique dicha propiedad, constituirá título absoluto de dicha propiedad a favor de dicho comprador, libre de toda hipoteca, carga o cualquier otro gravamen. Dicho certificado será evidencia prima facie de los hechos relatados en el mismo en cualquier controversia, procedimiento o pleito, que envuelva o concierna a los derechos del comprador, sus herederos o cesionarios, a la propiedad traspasada en virtud del mismo; y el comprador, sus herederos o cesionarios, pueden, al recibo de dicho certificado, hacer que sea debidamente inscrito por el regis-trador de la propiedad del distrito en que radicare dicha propiedad, mediante el pago de dos dólares' como honorarios.”

Y fúndase además en la jurisprudencia establecida por esta Corte Suprema en los casos de Blanco v. Hernández, 18 D.P.R. 711, Municipio de Mayagüez v. Gómez, 15 D.P.R. 624 y Márquez v. Registrador, 11 D.P.R. 268, en el último de los cuales la corte, Pablando por sn Juez Presidente Sr. Quiñones, dijo:

“Considerando que habiéndose practicado la venta en pública subasta de los terrenos de que se trata para el pago de las contri-buciones' reales que adeudaba su dueño, y que, constituyendo éstas el primer gravamen que pesaba sobre dicha propiedad inmueble, como lo establece el artículo 315 del Código Político, tiene derecho el comprador a que se le entreguen los terrenos así adquiridos, libres de gravamen, para lo cual debe el registrador practicar la cancela-ción de los gravámenes posteriores, a tenor de lo que ordena el artículo 125 de la Ley Hipotecaria, y para lo cual es título bas-tante el documento presentado por el recurrente por tratarse de una certificación espedida con las formalidades que exige la Ley de Ren-tas por un subeoleetor de contribuciones, que es un agente del Gobierno debidamente constituido y autorizado para expedirla, y cuya certificación constituye, por consiguiente, un documento autén-tico inscribible, de los comprendidos en el artículo tercero de la Ley Hipotecaria ...” (11 D.P.R. 269).

En contrario alega el registrador que .el artículo 347 del Código Político no contiene disposición expresa alguna que lo obligue a bacer la cancelación libre de derechos, que está obligado a cumplir con lo que exige el arancel y que si prac-ticara la operación sin cobrar privaría al Pueblo de Puerto Rico de una buena fuente de ingresos. Cita el caso de León, y Rivas v. Registrador, 47 D.P.R. 890, en el que esta Corte Suprema, copiando del resumen, resolvió:

“El Pueblo de Puerto Rico no está obligado a ofrecer los ser-vicios de una organización como el registro de la propiedad sin recibir retribución alguna; puede cobrar por sus servicios un derecho (fee,) compensatorio que sea razonable (Federal Land Bank v. Crosland, 261 U. S. 374, seguido).”

Creemos en verdad que ba ido demasiado lejos el regis-trador. Aquí se trata de una venta becba para el cobro de contribuciones adeudadas al Pueblo y de la inscripción de un título otorgado por el mismo en su propio registro de acuerdo^ con una de sus leyes que dispone que la propiedad se adquirirá libre de gravámenes y que el documento en que la venta se hará constar podrá inscribirse en el registro mediante el pago, de dos dólares como honorarios.

No dice la ley expresamente pero sí de modo implícito que la inscripción deberá hacerse libre de gravámenes. De otra suerte la operación no quedaría ultimada mediante el otorga-miento del certificado y el pago de los honorarios que fija el estatuto. Ésa ha sido además según tenemos entendido la interpretación que ha venido dándose a la ley desde su pro-mulgación por los mismos registradores de la propiedad.

El hecho de que a virtud de la venta de una finca por con-tribuciones no se extingan las servidumbres que pesen sobre ella, según se resolvió por esta corte en Colón v. Plazuela Sugar Co., 47 D.P.R. 871, 881, nada tiene que ver con la cues-tión de si deben cobrarse los derechos establecidos por el arancel general para las cancelaciones, además de los honora-rios fijados por el estatuto, al verificarse la inscripción libre de gravámenes en un caso de venta por contribuciones.

La ley ha sido ya interpretada en ese respecto y no es cuestión de pagar o no pagar determinados derechos. Es que fundamentalmente lo prescrito por el estatuto sobre libertad de gravámenes, no se extiende a las servidumbres que son cargas de una naturaleza distinta a las que- tuvo en mente el legislador al decretar el artículo 347 del Código Político.

Por virtud de. lodo h' expuesto debe declararse con lugar el remrso y ordenarse al registrador que proceda a cancelar de oficio los gravámenes que menciona em la primera de sus notas.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Beltrán Ortiz, acusado y apelante.
    Núm. 6756.

    Sometido: Enero 11, 1938.

      Resuelto: Enero 28, 1938.

      Celestino Triarte, F. Fernández Cuyar y H. González Blanes, aboga-dos del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Au-xiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro

emitió la opinión del tribunal.

El 8 de abril de 1936 el Fiscal de Distrito de Bayamón for-muló acusación contra José Beltrán Ortiz, imputándole un de-lito de portar armas prohibidas y el 14 de enero de 1937 el acusado fué condenado por la corte del distrito como autor de dicho delito a sufrir tres meses de cárcel.

Apeló Beltrán Ortiz para ante este tribunal el mismo día de la condena, solicitando el beneficio de pobreza para tra-mitar su apelación ocho días después, pidiendo al propio tiempo que se ordenara al taquígrafo la preparación de la transcripción de evidencia sin exigir honorarios.

A ello se opuso el taquígrafo basándose en que el apelante tenía un bazar en la calle “Las Delicias” núm. 35, de Baya-món, en unión de Elias Soto, habiendo contratado para su de-fensa cuatro abogados y cambiado impresiones con el taquí-grafo sobre pago del récord en caso de serle necesario.

En enero 29, 1937, el acusado por sus abogados pidió la eliminación de los “dos papeles” presentados por el taquí-grafo por no ser éste abogado ni persona autorizada para pedir que se desestime de plano su petición, alegando además que el servicio gratuito que presta el taquígrafo no es personal sino del Estado que paga su sueldo, no teniendo dicho funcionario “otra alternativa que cumplir las órdenes de la corte,” no estando autorizado para comparecer en autos a ofrecer razones para no acatar dichas órdenes. Citó el caso de Berríos v. Garáu, 44 D.P.R. 775 y sostuvo además que la oposición no era meritoria porque del hecho de que el acusado tuviera un bazar no se concluye necesariamente que pudiera pagar la transcripción, ni tampoco del de que fuera defendido por cuatro abogados, citando el caso de El Pueblo v. Ramos, 48 D.P.R. 213, careciendo de importancia alguna el cambio de impresiones entre el acusado y el taquígrafo sobre el pago de la transcripción, invocando el caso de El Pueblo v. Lawton et al., 46 D.P.R. 184.

El 8 de febrero, 1937, se llamó a vista la moción del acusado solicitando el beneficio de pobreza. El acusado no compare-ció y la corte la declaró sin lugar al día siguiente.

El 10 de febrero el acusado pidió nueva audiencia alegando que ese día fue que llegó a poder de su abogado la notificación del señalamiento hecho el tres para el ocho. La corte ordenó al secretario que informara y dicho funcionario expresó que la notificación del señalamiento para el ocho fué depositada en el correo el tres dirigida al Lie. Celestino Iriarte, envián-dosele otra por la misma vía el nueve de la resolución dene-gando el beneficio de pobreza.

Replicó el acusado por su abogado González Blanes en el sentido de haber dirigido una carta al secretario de la corte del distrito suplicándole que cualquier notificación en relación con el incidente de pobreza se la dirigiera a él y no al Sr. Iriarte, el 19 de febrero, y seis días después pidió a la corte que aceptara dos declaraciones juradas en relación con su mo-ción de nueva audiencia. Por dichas declaraciones José Cin-tron y Elias Sotomayor aseguran que el acusado no tiene bie-nes de fortuna.

El 3 de marzo la corte dictó dos resoluciones, una en la que expone los anteriores hechos y termina negando la soli-citud de nueva audiencia y otra por virtud de la cual declara sin lugar la moción del acusado de febrero 24,1937, solicitando una prórroga de treinta días para presentar la transcripción de evidencia.

Ya dijimos que en enero 22, 1937, el acusado pidió a la corte que ordenara al taquígrafo que preparara gratis la transcripción del récord a los efectos de su apelación. Luego, en 24 de febrero siguiente, radicó una moción pidiendo a la corte que prorrogara por treinta días el término que tenía para presentar la transcripción, debido a no haberla prepa-rado aún el taquígrafo, y en marzo 6, 1937, radicó otra moción “interesando se provea en alguna forma la solicitud sobre transcripción de evidencia radicada el día 22 de enero de 1937.” El 11 de marzo, 1937, la corte resolvió lo que sigue:

“La primera moción fue denegada por resoluciones de 9 de febrero de 1937 y 3 de marzo de 1937, a que nos remitimos; y la resolución de la segunda moción carecía de finalidad práctica por-que se basaba ‘en beneficio de pobreza concedido’ inexistente porque ninguna orden a ese efecto había sido dictada.
“Ninguna providencia puede recaer, como solicita el acusado, a su petición sobre transcripción de evidencia porque a la fecha en que la misma se radicó no se había concedido petición alguna de pobreza, que era en lo que el acusado se basaba para solicitar que se ordenara al taquígrafo la transcripción de evidencia, ni tampoco ha sido concedido y, por el contrario, denegado en 3 de marzo de 1937, a cuya resolución nos remitimos.”

El 20 de marzo, 1937, el acusado radicó dos escritos ape-lando de la resolución de 9 de febrero, 1937, por virtud de la ■cual se denegó el beneficio de pobreza y de la de 3 de marzo, 1937, por la que se le negó la nueva vista que solicitara para .aportar prueba en relación con el beneficio de pobreza solici-tado y denegado.

Así las cosas, el 27 de marzo, 1937, radicó el acusado otro •escrito apelando de la sentencia dictada en el caso de portar .armas, radicando el 3 de abril siguiente una moción pidiendo ■a la corte que a los efectos de perfeccionar su apelación orde-nara al taquígrafo de conformidad con la Ley núm. 4 de abril 18, 1925 ((1) pág. 109), que hiciera la transcripción del récord.

El propio día tres de abril la corte resolvió la moción como •sigue:

“Vista la anterior moción, procédase por el Taquígrafo de Sala a preparar, en el tiempo y forma de ley, la transcripción de la •evidencia aquí solicitada.”

El taquígrafo entonces requirió al acusado para que dentro del término de veinte días consignara el importe de sus hono-rarios ascendentes a doscientos dólares, y doce días después el acusado presentó una nueva moción interesando que se le ■concediera el beneficio de pobreza, moción que fué declarada por la corte sin lugar el 19 de abril, 1937, como sigue:

“Visto el escrito radicado por el acusado en 20 de marzo de 1937 apelando de la resolución dictada por esta Corte en 9 de febrero de 1937 por la que se declara sin lugar la moción del acusado soli-citando la concesión del beneficio de pobreza para tramitar su ape-lación, y apelando asimismo de la resolución dictada por este tribunal en 3 de marzo de 1937 cubriendo la misma cuestión y vistas nuestras resoluciones de 9 de febrero de 1937, 3 de marzo de 1937, la otra de igual fecha, y la de 11 de marzo de 1937, no ha lugar a la moción del acusado radicada en 15 de abril de 1937 interesando se le conceda permiso para tramitar su apelación in forma pauperis,”

El propio 19 de abril pidió el acusado una prórroga de treinta días para la preparación por el taquígrafo de la trans-cripción del récord. Oyó la corte al taquígrafo quien contestó que no había preparado la transcripción porqne el acnsado ni sn ahogado habían depositado sn importe, citando el apar-tado “b” de la regla 30 de la corte. Ésta, el 26 de abril, 1937, de'acnerdo con los hechos y la regla citada por el taquígrafo, negó la prórroga. Y el 21 de mayo siguiente el acnsado radicó sn escrito apelando de la negativa.

Todo cuanto dejamos expuesto consta de una certificación expedida por el Secretario de la Corte de Distrito de Baya-món el 13 de agosto de 1937, y remitida a esta corte por el dicho funcionario como “el legajo de sentencia en el caso criminal núm. 2433, seguido por El Pueblo de Puerto Bico contra José Beltrán Ortiz por delito de portar armas prohibi-das, en recurso de apelación que estableció el acusado contra la sentencia que le impuso esta corte, así como también ape-lando de la resolución dictada por la corte denegándole el bene-ficio de tramitar su apelación in forma pcwperis.”.

Radicados los autos en la Secretaría de esta Corte Su-prema se solicitaron dos prórrogas por el acusado para pre-sentar su alegato. Éste se archivó finalmente en octubre 2, 1937. Comienza así:

"El récord, elevado a este Hon. Tribunal por el Secretario de la Corte de Distrito de Bayamón, como legajo de la sentencia, con-tiene varios escritos de apelación referentes a distintas resoluciones. Puede decirse, no obstante, que de estos recursos uno sólo es de principal importancia, puesto que al conocer de él, esta Hon. Corte necesariamente ha de entrar en la consideración y ha de pasar sobre la propiedad de las demás resoluciones apeladas y, en su fallo final, de ser éste favorable, al apelante, cabe dejar a salvo, para que dicbo fallo no resulte académico, aquellos derechos que quisieron prote-gerse mediante la oportuna interposición de las distintas apelacio-nes establecidas. Confrontada de ese modo la situación que nos presenta el récord que a este Hon. Tribunal remite el Secretario de la Corte a quo conteniendo diversos escritos referentes a distin-tas apelaciones entabladas dentro del mismo caso, agrupándolas todas en un solo récord, es que utilizamos como el blanco de nuestro ale-gato la resolución aludida de 19 de mayo de 1937. ...”

Narra luego ios fiecbos del caso, señala cinco errores, todos ellos relativos a la resolución de abril 19, 1937, los discute y termina suplicando que este tribunal — ■

. . revoque la resolución de la Corte de Distrito de Baya-món de fecha 19' de abril de 1937 por la que se deniega al apelante el beneficio de pobreza para tramitar su apelación radicada en la corte inferior el día 28 de marzo de 1937, de forma que el apelante pueda continuar tramitando ‘in forma pauperis’ su apelación de la sentencia si, considerada debidamente su moción de pobreza, resul-tare la misma ser, como asegura el apelante que lo es, meritoria; debiendo tener siempre presente la corte inferior que la solicitud jurada y los affidavits que a la misma se acompañan establecen, en lo que al derecho de pobreza aludido se refiere, un caso prima facie que para ser destruido precisa la presentación de evidencia en con-trario, y la exposición de ‘razones meritorias’ que el juez ha de expresar en su denegación.”

Se señaló la vista del caso para el once de enero.

En enero 10,1938, el fiscal de esta corte presentó dos escri-tos. El primero dice:

“1. Que en el. caso de epígrafe se dictó sentencia por la Corte de Distrito de Bayamón, Puerto Eico, condenando al acusado José Beltrán Ortiz a tres meses de cárcel.
“2. Que con fecha 19 de mayo de 1937 el acusado en el pre-sente caso apeló de dicha, sentencia para ante este Hon. Tribunal, sin haber notificado el escrito de apelación al Fiscal del Distrito, según taxativamente dispone el artículo 350 del Código de Enjuicia-miento Criminal, no habiendo adquirido jurisdicción este Hon. Tribunal, por esta razón, para conocer de esta causa.”

Y en el segundo expresa;

“1. Que en el caso de epígrafe, el acusado radicó con fecha 19 de mayo de 1937 (T.A. pág. 54), escrito de apelación de la reso-lución dictada por la corte inferior el día 19 de abril de 1937, dene-gatoria del beneficio de pobreza solicitado por el acusado para obte-ner del taquígrafo de la corte inferior, la transcripción de eviden-cia in forma pauperis.
“2. Que dicho escrito de apelación no fué notificado al Fiscal del Distrito, según taxativamente dispone el 'artículo 350 del Código de Enjuiciamiento Criminal, ni tampoco al taquígrafo de la corte, que es la parte que puede resultar perjudicada con la revocación del recurso y que también compareció en todo momento en la corte inferior a oponerse a la pretensión del apelante, no habiendo adqui-rido jurisdicción este Tribunal, por esta razón, para conocer de la causa. ’ ’

Se opuso el acusado. Alegó que el fiscal carece de auto-ridad para representar al taquígrafo y que éste no es parte necesaria en el recurso, a quien baya que notificar.

La vista de las mociones de desestimación se señaló también para el 11 de enero actual, en cuyo día comparecieron el acusado por su abogado y el fiscal, presentando el acusado dos affidavits, uno de Jorge A. Salas, taquígrafo del fiscal del distrito y otro del Secretario de la Corte de Distrito de Bayamón asegurando haber notificado el 21 de mayo, 1937, al taquígrafo Lucas Nazario con copia del escrito de apelación radicado en la Secretaría de la corte en esa fecha. Se concedieron tres días al fiscal para radicar contra affidavits y dentro de ellos radicó uno del taquígrafo Nazario negando que hubiera sido notificado en forma alguna del escrito de apelación de mayo 21. En cuanto a la notificación al fiscal, aceptó que se hizo.

Hemos narrado todos los hechos para poder fijarlos mejor y entenderlos.

No hay ya cuestión de que el escrito interponiendo el re-curso contra la resolución de abriLl9, 1937, fué notificado al fiscal. La prueba de si fué notificado o no al taquígrafo es contradictoria. Resolvemos el conflicto en pro de la existen-cia de la notificación dando crédito al affidavit del secretario de la corte que asegura haberla hecho.

La segunda moción de desestimación del fiscal debe, pues, declararse sin lugar. También la primera por partir de un hecho que no encuentra comprobación en los autos. En mayo 19, 1937, no se apeló de la sentencia condenatoria dictada en la causa criminal. Las dos apelaciones que contra dicha sentencia radicó el acusado lo fueron el 14 de enero, 1937, la primera, y el 27 de marzo, 1937, invocando los casos de Flores v. Corte, 49 D.P.R. 123, y Pearson v. Corte decidido por el Juez de Turno Sr. Travieso en septiembre 17, 1936 (Certiorari núm. 69) la segunda.

Habiendo dispuesto de las mociones de desestimación, consideraremos los méritos del recurso establecido contra la resolución de abril 19, 1937.

Conocemos sus fundamentos. La corte se basó para negar él beneficio que se le pedía, en su actuación anterior y en la existencia de recursos de apelación contra las resoluciones que dictara.

El acusado no desistió expresamente de esos recursos pero .es lo cierto que al presentar una nueva apelación y para tra-mitarla una nueva solicitud de pobreza, implícitamente aban-donó sus anteriores posiciones, pudiendo la corte haberle ofre-cido otra oportunidad para demostrar ante ella que realmente era acreedor al beneficio que solicitaba.

Cuando el segundo escrito de apelación quedó radicado y cinco días después se pidió a la corte que ordenara al taquí-grafo que preparara la transcripción de la evidencia, la corte accedió. Es cierto que el acusado no pidió que el taquígrafo le preparara la transcripción gratis y que no fué basta el quince de abril que radicó su segunda petición de pobreza, pero es lo cierto también que el nuevo camino había quedado abierto y la corte debió haber actuado con respecto a la nueva petición como actuó con respecto a la nueva apelación.

Hemos examinado la nueva petición y los ■affidavits que la acompañan y a nuestro juicio presentan un caso prima facie en favor del acusado. Sin embargo, si la corte no quedó convencida por ellos del estado de pobreza del acusado, pudo señalar un día para juzgar el asunto con mayor seguridad de acierto permitiendo la práctica de evidencia sobre el hecho a decidir tanto al acusado como al taquígrafo que es parte interesada en el incidente ya que de la decisión de la corte depende que pueda o no cobrar sus honorarios.

En tal virtud debe revocarse la resonación de 19 de abril, 1937, apelada, y devolverse el oaso a la corte de distrito de su origen para ulteriores procedimientos de conformidad con la ley.

Y siendo ésa la conclusión a qne llegamos, existiendo la posibilidad de qne el récord pneda completarse con la trans-cripción de la evidencia preparada por el taquígrafo, no re-sulta justo resolver la apelación contra la sentencia de enero 14, 1937, con las solas constancias qne hoy existen ante esta Corte Suprema. En tal virtud la tramitación del recurso contra dicha sentencia quedará suspendida hasta marzo 31,

1938, tiempo que se considera razonablemente suficiente para ultimar la cuestión del beneficio de pobreza y de la consi-guiente preparación de la transcripción si se concede.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.