text:
    Jacinta López Acevedo, demandante y apelada, v. Agustín Alvarez, demandado y apelante.
    Núm. 9027.

    Sometido: Diciembre 5, 1944.

      Resuelto: Enero 15, 1945.

      Isaías M. Crespo, abogado del apelante; Antonio Beyes Delgado, abo-g’ado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor Travieso

' emitió la opinión del tribunal.

En la demanda entablada contra su ex-esposo Agustín Alvarez, la demandante solicita de la Corte de Distrito de Areeibo que decrete que las cinco fincas que aparecen allí descritas fueron adquiridas con dinero privativo de la de-mandante, ya que en dicho dinero no tuvo participación al-guna el demandado. Solicita, además, que en el Registro de la Propiedad se lleve a cabo la correspondiente rectificación de todas. las inscripciones en relación con los títulos sobre dichas fincas. Alega que la condición de privativos de dichos bienes no se hizo constar en las escrituras, a pesar de que ella así lo exigió, porque se le dijo por el notario autori-zante, que haciéndose la compra a nombre de ella no era ne-cesario consignar tal hecho; que con posterioridad a su divorcio solicitó del demandado que lo consignase así en do-cumento público a lo que éste se negó, exigiéndole en cambio que le transfiriera el título absoluto de dos de dichas pro-piedades, lo cual ella no aceptó.

En su contestación, el demandado aceptó que las propie-dades valen cada una más de mil dólares y que fueron ad-quiridas por compra de las personas que alega la deman-dante. Negó, por ser,- según alega, absolutamente falso, que la demandante sea dueña de esos bienes y que los adquiriera en la forma alegada por ella en su demanda, alegando en contrario que dichos bienes fueron adquiridos por la socie-dad de gananciales y con dinero de ésta; que la demandante en distintas ocasiones, en procedimientos judiciales y extra-judiciales que se han seguido, ha admitido y reconocido tales bienes como pertenecientes a la sociedad de gananciales. Negó que la razón por la cual los bienes aparecen a nombré de la esposa en las escrituras fuera la que ella aduce en su demanda. Alegó el demandado, que después de efectuado el divorcio, él y su ex-esposa acordaron la forma en que se lia-ría la liquidación de la sociedad de gananciales, lo que efec-tuaron mediante la escritura número 65 otorgada ante el notario Aníbal E. Boneta, de Arecibo. Alegó, conio materia de defensa, que él aportó al matrimonio la cantidad de $3,000 los que, unidos a un dinero (la cantidad no la especifica), que aportó su ex-esposa, fueron utilizados para realizar negocios de diversa índole; que en determinada ocasión ella le pro-puso que se' divorciaran para poder liquidar la sociedad de gananciales por el techo de que habían surgido ciertas dis-crepancias y contrariedades entre ellos, pero que luego hubo una reconciliación y se desistió; que más tarde'volvieron a disgustarse y la esposa radicó demanda de divorcio en la Corte de Distrito de Aguadilla,; que en esa demanda alegó específicamente la existencia de bienes gananciales; que esos bienes mencionados son los mismos cuyo título se discute ahora; que para que fuera efectiva inmediatamente la sen-tencia de divorcio, y por sugestión de la demandante, él re-nunció a su derecho de apelación en el caso de divorcio; que hecho esto, se procedió a hacer la liquidación y se hizo me-diante la antes mencionada escritura número 65, por virtud de la cual se adjudicaron al demandado las casas marcadas con los números 2, 3 y 5; que más tarde la demandante le propuso contraer matrimonio nuevamente y al rechazar él la proposición, la demandante, movida por celos, sabedora de que el demandado pensaba contraer matrimonio con cierta joven, y para frustrar esos propósitos, ha radicado la pre-sente demanda, haciendo anqtar aviso de demanda sobre los bienes adjudicados al demandado y dando aviso a los inqui-linos para que no le paguen a él los cánones correspondien-tes. Y por vía de reconvención el demandado reclama la suma de $1,000, como balance líquido, después de descontar las reparaciones y las contribuciones por lo que la deman-dante ha percibido por concepto de rentas de una de las ca-sas adjudicada^ al demandado.

La corte inferior planteó así las cuestiones a resolver:

(a) 4 De quién era el dinero con que se adquirieron las fincas objeto del pleito? ¿Era de la demandante, proveniente del regalo y herencia de su padre Pablo López, o era el pro-ducto de la gestión administrativa del esposo durante el ma-trimonio, o parte de ella y parte de él?

(b) En caso de resolver que el dinero era privativo de Jacinta López Acevedo, 4 qué valor probatorio tiene la escri-tura núm. 65, que se otorgó ante el notario Boneta Colón, en 11 de julio de 1943, a virtud de la cual aparecen- deman-dante y demandado liquidando la sociedad de gananciales? Y en la hipótesis de que no tenga valor alguno, ¿podemos hacer pronunciamiento sobre el particular, en el estado en que sé encuentran las alegaciones y la prueba?

Contra la sentencia declarando con lugar la demanda, el demandado ha interpuesto el presente recurso de apelación, imputando a la corte sentenciadora la comisión de once erro-res. Por entender que los errores 3 al 8, inclusives, envuel-ven la misma cuestión — error en la apreciación de la prueba — los consideraremos conjuntamente y en primer lugar. Veamos la prueba.

En apoyo de su alegación de que los bienes objeto de este litigio son de su exclusiva propiedad por haber sido adquiridos con dinero producto de la herencia de su padre y de regalos que éste le hiciera en vida, la demandante presentó en evidencia una escritura de compraventa, otorgada ante el notario Aníbal E. Boneta Colón en la que ella aparece vendiendo en $22,500 a Arturo S.' Marqués propiedades que por herencia recibió de su padre; y, además, un recibo de contribución sobre herencia, expedido por el Tesorero de Puerto Rico. En ese recibo se describen los bienes de la herencia, la que, para los efectos de la contribución, fue calculada en $32,800. Esta prueba demuestra la aptitud económica de la demandante para adquirir los bienes cuyo título de propiedad exclusivo se discute. Y para demostrar que efectivamente fue ella quien los adquirió, presenta las co-rrespondientes escrituras de compraventa, otorgadas ante el notario Aníbal E. Boneta Colón, en todas las cuales aparece ella como la única y exclusiva adquirente. Debemos Hacer constar, que si bien es cierto que ella aparece como la única y exclusiva adquirente en todas, es no menos cierto que en ninguna de dichas escrituras se hace constar que el dinero utilizado en la compra provenía del producto de la venta de los bienes heredados de su padre. Alega ella en su demanda que exigió que esa circunstancia se hiciera constar en la es-critura “y se le indicó por el notario autorizante que hacién-dose la compra a nombre de ella no era necesario consignar tal hecho”.

La propia demandante declaró: Que se dedica a queha-ceres domésticos; que es divorciada de Agustín Alvarez (el demandado) con quien estuvo casada durante ocho años; que cuando se casaron fueron a vivir con el padre de ella; que de allí se mudaron al número 51 de la calle Cristóbal Colón, en una casa que ella compró con dinero que le regaló su padre ; que su padre tenía varias fincas y entre ellas una grande arrendada a la Central Cambalache por $200 mensuales; que la familia de su padre la componían ella y una madrastra; que su ex-esposo no pudo aportar nada al matrimonio, pues antes de casarse con ella era chófer de truck en la Central Cambalache y estaba desempleado; que durante el matrimo-nio nunca trabajó; que el padre de ella era quien les daba lo necesario. Que de los $20,000 que recibió por la venta a Marqués de las propiedades que heredó de su padre, depo-sitó $15,000 en el Banco, pagó $1,000 al abogado y dió $4,000 al esposo paya comprar unos automóviles que fueron dedica-dos al servicio público. Que con los $15,000 depositados en el banco se fueron adquiriendo las distintas propiedades; que todas esas propiedades estaban a su nombre y eran adminis-tradas por ella y los inquilinos le pagaban los cánones de arrendamiento a ella, así como a su nombre se expedían los recibos de agua y de contribuciones de las casas.

Para sostener su alegación de que la demandante ha com-parecido en corte y ha admitido que los bienes son ganan-ciales, el demandado presentó: (a) una copia certificada de la demanda de divorcio radicada por el demandado ante la Corte de Distrito de Arecibo; (b) una copia certificada de la demanda de divorcio radicada ante la Corte de Distrito de Aguadilla por la aquí demandante contra su actual ex-esposo, en la que la demandante hace alusión a unos bienes gananciales; (c) el récord taquigráfico del juicio de divorcio en donde dos testigos declaran que el matrimonio tenía bie-nes, sin describirlos; y (d) una escritura de liquidación de ganaüciales.

Declaró el demandado, que estuvo casado ocho años con la demandante; que trajo de los Estados Unidos $3,800; que las propiedades se adquirieron con dinero de los dos; que al casarse con él su esposa no tenía dinero alguno; que la casa de la calle Cristóbal Colón se adquirió con dinero de los dos, la mitad la puso él, con lo que había producido mediante la inversión de su dinero y la otra mitad la puso ella; que así se adquirieron todas las propiedades, la mitad él y la mitad ella con dinero privativo; que por disgustos que tuvieron, en .una ocasión ella le manifestó deseos de divorciarse y él fué y radicó una demanda de divorcio contra ella, la que no prosperó porque se reconciliaron; que más tarde por nuevos disgustos ella radicó demanda de divorcio contra él en la Corte de Distrito de Aguadilla; que se divorciaron y- des-pués del divorcio se hizo la liquidación de la sociedad de ga-nanciales mediante escritura otorgada ante el notario Boneta Colón. En contestación a las repreguntas de la parte deman-dante declaró que no recuerda el mes exacto en que vino de los Estados Unidos; que tampoco recuerda el mes en que se casó; que sí recuerda que trajo $3,800 de'los Estados Uni-dos, que no los depositó en banco alguno porque para esa época “cuando yo vine ya los bancos habían quebrado y yo no’ quería que me fueran a llevar mi dinero”; que tampoco los depositó en el correo; que guardó el dinero en su casa; que se dedicó a trabajar de mecánico e invirtió $800 en un carro publico; que se dedicó a comprar carros viejos para arreglarlos y venderlos; que el dinero que él ganaba se lo daba a guardar a su esposa; que la demandante le dió $2,500 de los $22,500 en que vendió las propiedades a Marqués por-que se los debía por razón de un préstamo que él le hiciera para un tío de ella; que no sabe el uso que ella haya hecho de los $20,000, como tampoco lo que hizo con los $6,000 que recibiera de la Central Cambalache.

Como “rebuttal” declaró la demandante que su ex-esposo no aportó un solo centavo al matrimonio; que el padre de ella sufragó'todos los gastos “para el matrimonio”; que ella le tuvo que comprar el traje con que él se casó; que nunca ha prestado dinero a tío alguno de ella; que su ex-esposo sólo le entregó los $20,000 de la venta de los bienes; que él nunca tuvo negocio alguno de ganado y que jamás le entregó cantidad alguna de dinero; que del negocio de los carros públicos, a pesar que ella dió los $4,000 para comprar dichos carros, no' sólo nunca le dieron nada, sino que cuando se re-paraban ella tenía que pagar los gastos; que antes de morir su padre era éste quien le daba para el sostenimiento de su hogar .y que después de muerto él, estos gastos se cubrían con el producto de sus propiedades; que aparte de lo inver-tido en las propiedades objeto de este pleito, el resto del dinero su esposo “lo despilfarró con las mujeres de la vida y lo que se gastaba en la casa”; que durante el matrimonio nunca “vió que él trabajara”; que su esposo no contribuyó nada para la compra de las propiedades; que la demanda de desahucio que contra Herminia Rosado se llevó fué pre-preparada por su ex-esposo y el notario Boneta Colón, infor-mándole a ella que iban a llevar ese procedimiento, pero que nunca leyó ni firmó tal demanda; que no es cierto que ella insultara a su esposo; que después del divorcio sus palabras “no ban vuelto a juntarse con él”.

He aquí, en las propias palabras del juez sentenciador, la apreciación que éste bizo de la prueba:

“La demandante afirmó, y el demandado lo admite, que las fincas -están declaradas para los efectos de contribuciones .territoriales, a nombre de ella, y es ella quien las paga; que para los efectos del servicio de agua las casas están a nombre de ella, y es ella quien paga el agua, y que los recibos para el cobro de los alquileres de las casas los prepara ella a su nombre, aunque es el demandado quien ha cogido el dinero.
“Alvalrez no ha explicado por qué estos actos de administración .y dominio no l'ols ha ejercido él, y sí la esposa.
“Mientras la demandante, corroborada por el demandado, ha comprobado la existencia del dinero que alegó tener procedente de su padre, el demandado no ha demostrado a satisfacción de la Corte el origen y existencia del que dijo haber traído de Estados Unidos.
“El Juez que suscribe no cree la versión del demandado, en cuanto a que. trabajara en el continente y trajera de allá ahorros por valor de $3,500 (sio). Su declaración en este respecto no nos con-vence.
“La demandante niega que el demandado le entregara dinero alguno cuando casaron; afirma que nunca el demandado le ha entre-gado dinero procedente de la administración de sirs bienes, y sos-tiene que ella ha entregado casi’ todo su capital, montante a más de $30,000 al demandado, y éste lo ha .derrochado, sin que haya pro-ducido un centavo de ganancia o beneficio.
“La corte cree la declaración de la demandante en todas sus par-tes; ella es una mujer sencilla e inspira absoluta confianza en su testimonio. Todo's los elementos determinantes de juicio, y aprecia-ción razonable de la prueba, están a su favor.. Ella relató con inge-nuidad y sin vacilaciones todas las vicisitudes de su vida matrimonial, y sus negocios, y el despojo ele que ha sido víctima a manos de su esposo.
“El abogado del demandado es un profesional con larga experien-cia en el arte de contrainterrogar y estuvo en condiciones de sacar a flote cualquier debilidad que hubiera en la declaración de la deman-dante, y en ningún momento la tachó.
“Independientemente de los documentas y de las admisiones del demandado, que tienden a cqrroborarla fuertemente, la corte hace constar que la declaración de la demandante por sí sola, le ha pro-ducido absoluta convicción de que lo relatado p'oir ella es la verdad, y por tanto su versión destruye por completo la del demandado, a quien la corte no puede darle crédito, teniendo en mienta, la forma y earáetcr do. su testimonio, y su conducta en relación con los asuntos de, la demandante, que surge de toda la evidencia.
■ “En la conciencia de un hombre amante de la justicia, investido eon el ministerio de buscarla y administrarla, no puede, caber otra conclusión qué la que ahora‘establecemos: el dinero con que fueron adquiridas las fincas sobre que versa la demanda fué dinero de la exclusiva pertenencia de doña Jacinta López Acevedo, proveniente del haber de su fenecido padre, y en ese dinero y las fincas el deman-dado Alv'arez no ha tenido participación alguna, ya sea con carácter privativo, como ganancial por su matrimonio.” (Bastardillas nues-tras) .

El detenido y cuidadoso examen que hemos hecho de toda la evidencia ha dejado en nuestro ánimo la misma impresión que la que produjo en la conciencia del juez sentenciador, quien tuvo la oportunidad que no hemos tenido nosotros de ver y oír declarar a las partes interesadas en este litigio. Es nuestro deber no alterar las conclusiones a que llegó la corte inferior, con las cuales estamos enteramente conformes.

En los dos primeros señalamientos se alega que. la corte inferior erró al declarar la nulidad de la escritura de liquidación y partición de gananciales, dentro de este procedimiento, sin que en la súplica de la demanda se pidiese un pronunciamiento a ese efecto.

No se cometió el alegado error. La demandante alegó y probó que los bienes descritos en la demanda, adquiridos por ella a su nombre durante su matrimonio con el deman-dado y que presuntivamente tenían el carácter de ganancia-les, son en realidad bienes privativos de ella por haberlos adquirido con dinero procedente de la herencia de su difunto padre. Alegó el demandado — y trató infructuosamente de probarlo — que los bienes en cuestión habían sido adquiridos con el producto de su gestión administrativa durante el ma-trim on i o o con fondos aportados parte por ella y otra parte por él.

Como un elemento esencial de sn prueba, el demandado ofreció una copia de la escritura de partición de gananciales. Sostiene el demandado que el contenido de dicha escritura no puede ser variado por prueba testifical; que habiéndose consignado la partición en escritura pública, el valor proba-torio de ésta no puede ser impugnado colateralmente; y que la demandante, habiendo otorgado dicha escritura, está ahora impedida de negar e impugnar el contenido de la misma.

Del récord taquigráfico aparece que al ser ofrecida 'en evidencia la escritura de partición de gananciales, se opuso a su admisión la demandante por el fundamento ’ de que la prueba por ella presentada revelaba que en el acto o con-trato consignado en dicha escritura no había mediado con-sideración o causa de clase alguna. El documento fué ad-mitido en evidencia, pero habiendo llegado a la conclusión de que la prueba de la demandante era digna de crédito, mas no así la del demandado, y que la demandante había probado a su satisfacción que los bienes en litigio habían sido adqui-ridos por ella con su propio peculio, la corte sentenciadora estuvo justificada cuando declaró que la partición 'consig-nada en dicha escritura era nula por falta de causa o por ser falsa la causa en ella expresada.

En el volumen 20, páginas 786 y 787 de sus Comentarios al Código Civil, dice Scaevola:

“La alegación de causa falsa podrá hacerse o por acción o por. excepción, es decir, bien planteando primordialmente y de lleno la cuestión de nulidad, bien oponiéndose al cumplimiento del contrato y * aduciendo entonces la causa simulada. La prueba corresponderá al • que pida, demandando, respondiendo o reconviniendo la nulidad: y si por el contrincante se opusiese la existencia de cRusa verdadera y lícita, entonces de su cargo correrá efectuar esta probanza. Así tarn--bien opina el comentarista Mantesa, cuando dice: ‘Sn el supuesto de causa falsa, la prueba de que lo es corresponde al deudor o al obli-gado recíprocamente que no quiera cumplir el contrato, ya que la falsedad no puede presumirse, y una vez demostrado esto, le corres-ponde al acreedor, o sea al que exija el cumplimiento de lo conve-nido, acreditar que hubo causa verdadera y lícita.’ ”

La demandante sostuvo con éxito sn excepción de cansa falsa. La prueba por ella presentada fue suficiente para controvertir la presunción de verdad que la ley (Código de Enjuiciamiento Civil, artículos 463, inciso 2, y 464, inciso 38) establece en cuanto a los Lechos relatados en un docu-mento escrito, con la excepción de que dicha regla no impide qué se° presente evidencia oral para demostrar la inexisten-cia de causa.

¿Probada satisfactoriamente la nulidad de la partición, por falta o falsedad de la causa, qué razón o fundamento legal existe por la cual la corte sentenciadora debió haberse abstenido de declarar nula la escritura en que la misma fué consignada? Las razones y fundamentos aducidos por el apelante son puros tecnicismos, que en nada pueden afectar los derechos substantivos de las partes. Tanto la deman-dante como el demandado, que son los únicos interesados en la controversia, se sometieron a la jurisdicción de la corte y aportaron su prueba, el demandado para sostener la vali-dez de la partición y la demandante para probar, como probó, que la alegada partición estaba viciada de nulidad por fal-sedad de la causa. Bajo tales circunstancias, la corte estaba obligada a resolver el dilema planteado por la evidencia. Si la prueba de la demandante merecía crédito, la escritura de partición de gananciales era y debía ser declarada nula; si no era digna de crédito la partición debía ser declarada vá-lida. Habiendo dado entero crédito a lá prueba de la de-mandante, la corte sentenciadora actuó correctamente al de-cretar la nulidad e inexistencia de la escritura de partición de gananciales, removiendo así de una vez la nube que sobre el título de la demandante a los bienes por ella reclamados pudiera constituir dicha escritura.

Es cierto que en la súplica de la demanda no se pidió qne se decretara la nulidad de la escritura de partición, pero el remedio^ concedido por la corte es perfectamente compatible con las algaciones de la demanda.

La sentencia deloe ser confirmada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Pbesedente Señou Tkavieso

license: Public Domain

text:
    Pascual Félix Ortega, representado por su padre Agustín Félix, y Agustín Félix personalmente, demandantes y apelados, v. San Miguel y González, sociedad regular colectiva y Andrés San Miguel y Enrique González individualmente, y Manuel Rossy, demandados, y apelante el segundo.
    Núm. 8956.

    Sometido: Diciembre 13, 1944.

      Resuelto: Enero 15, 1945.

      Edelmiro Martínez Bivera, ahogado del apelante; Arturo Ortiz Toro y Jorge Ortiz Toro, abogados de los apelados.
   El Juez Pbesedente Señou Tkavieso

emitió la opinión del tribunal.

En la demanda radicada en este caso se exponen, en sín-tesis, los hechos siguientes: El 14 de junio de 1941, como a las once de la noche, el demandante viajaba como pasajera en una guagua pública propiedad del demandado Manuel Eossy, de Guaynábo hacia Santurce, por su derecha y a una velocidad de 35 millas por hora. La guagua chocó con un rolo o cilindro de vapor propiedad de Eobert A. Prann? quien lo había dado en arrendamiento “a los co-demandados Andrés San Miguel y Enrique González, bien en su carácter personal, o ya a la sociedad demandada (San Miguel y Gon-zález) en su carácter colectivo”. En el momento del. acci-dente el cilindro era conducido en la misma dirección que la guagua, al establecimiento del Sr. Prann y se encontraba en aquel sitio sin tener luces para dar aviso de su presencia y evitar un choque. Como consecuencia de la negligencia de los demandados, la guagua chocó por su lado derecho con la esquina izquierda trasera del cilindro causando al deman-dante heridas, lesiones y sufrimientos físicos y morales, por los cuales reclama una indemnización de $7,000.

Los demandados Andrés San Miguel y Enrique González alegaron como excepción previa: (a) que la demanda na aduce hechos suficientes para determinar una causa de ac-ción; (6) que la demanda es ambigua, ininteligible y du-dosa; y (c) que en la demanda existe un defecto de parte demandada. Los demandados no especificaron los motivos en que se fundaban dichas impugnaciones y la excepción pre-via fué declarada sin lugar.

Antes de contestar la demanda los mismos demandados solicitaron que se ordenase al demandante elegir y especifi-car “si la acción que pretende ejercitar contra los compare-cientes ha de continuarse dirigida contra ellos individual-mente o contra la supuesta sociedad regular colectiva ‘San Miguel y González’ La moción fué declarada sin lugar. Contestaron entonces los demandados. Negaron los hechos esenciales de la demanda y alegaron como defensas especia-les : (a) defecto de parte demandada, por no aparecer de la demanda “una clara referencia y específica designación de la parte contra quien se formula la reclamación”; (b) que la demanda es ambigua, ininteligible y dudosa; y (e) que los hechos alegados son insuficientes para constituir causa de acción contra los demandados individualmente, ni contra ambos conjuntamente. Como materia nueva, alegaron que en el accidente no intervino acto u omisión alguna de su parte; que la causa próxima e inmediata del accidente fué la negligencia del demandante y la del conductor de la gua-gua en que aquél viajaba; que aun cuando se estableciera la existencia de negligencia por parte de los demandados, fue-ron el demandante y el conductor de la guagua los que tu-vieron la última oportunidad para evitar el accidente; y, por último, que el demandante, como pasajero de la guagua, asu-mió todos los riesgos que pudieran surgir de la forma negli-gente en que dicho vehículo era conducido por .la carretera, siendo obligación del demandante advertir al chófer de los peligros a que le estaba exponiendo.

El presente recurso ha sido interpuesto contra la senten-cia por la cual se declara con lugar la demanda “en cuanto al demandado Andrés San Miguel solamente” y se le con-dena a pagar al demandante una indemnización de $3,500, más las costas y $350 para honorarios.

El primer error que se imputa a la corte inferior es el de haber desestimado la excepción previa a la demanda y las defensas especiales, alegadas en la contestación.

El artículo 106 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone que “la excepción previa deberá especificar con precisión los motivos en que se funde cualquiera de las impugnaciones hechas a la demanda”. Y añade: “De no hacerse así será desestimada”. Los demandados se limitaron a alegar “que en la demanda existe un defecto de parte demandada”, sin indicar el nombre de la persona o personas cuya presencia ante la corte pudiera ser necesaria para una completa deter-minación de la controversia. Pudieron los demandados ayu-dar a la corte a traer ante ella, como demandados, a todos los miembros de la sociedad “San Miguel, González y Mar-tínez”, con sólo informar a la corte que en dicha sociedad figuraba también como socio el señor José Martínez Reventós, quien no había sido emplazado y a quien ellos consideraban como parte necesaria en la acción. No solamente se abstu-vieron de revelar ese dato, por ellos tan indiscutiblemente conocido como ignorado era por el demandante, si que a través de todo el procedimiento y hasta el acto del juicio ocultaron y negaron el hecho de que entre los demandados San Miguel y González y el señor Martínez existía una so-ciedad colectiva que se dedicaba a la construcción de obras públicas y privadas y se conocía con el nombre de “San Miguel, González y Martínez”. 'Veamos cual fué la táctica, a nuestro juicio digna de censura, seguida por los demanda-dos para evitar, no revelando la participación que en ella tenía el señor Martínez, que la sociedad “San Miguel, Gon-zález y Martínez” quedase sometida a la jurisdicción de la corte mediante el emplazamiento del único socio que no ha-bía sido emplazado.

En la moción para que se ordenase al demandante a ele-gir si la acción había de continuarse contra los demandados San Miguel y González, individualmente, “o contra la su-puesta sociedad regular colectiva San Miguel y González”, los demandados se abstuvieron por segunda vez de revelar el nombre del socio que no había sido emplazado.

En la contestación, como defensa especial, los demanda-dos reprodujeron la excepción de que en la demanda existe un defecto de parte demandada “por no aparecer de la misma nna clara referencia y específica designación de la parte contra quien se formula la reclamación” absteniéndose nueva-mente de revelar el nombre del socio que no había sido em-plazado.

No conformes con lo que ya hemos relacionado, al contes-tar la demanda negaron categóricamente y bajo juramento, en la forma siguiente:

“Niegan los demandados . . . que se dediquen o se hayan dedi-cado en las fechas a que se refiere la demanda a hacer negocios bajo su nombre individual y bajo nombre de sociedad alguna, ni en forma c'ofeetiva bajo nombre común alguno, y que no existe wi ha existido sociedad entre ellos pwra dedicarse a empresa o negocio alguno.”
“Niegan que el rolo con que se alega chocó dicho vehículo estu-viera arrendado a los demandados Andrés San Miguel y Enrique González, ni individualmente a ellos ni conjuntamente en su carácter personal o como sociedad, ni a ninguna sociedad de que los dem!an-dados sean socios o formen parte.; niegan la existencia de contrato alguno que conecte a los demandados con el rolo o con el manejo o custodia del mismo ...” (Bastardillas nuestras.)

No hubo error en la desestimación de la excepción pre-via. Ésta no se ajustó a los requisitos del artículo 106 del Código de Enjuiciamiento Civil y la corte actuó correcta-mente al desestimarla. Tampoco erró la corte al declarar sin lugar la defensa especial sobre defecto de parte deman-dada, no solamente' porque ella' es una reproducción de la excepción previa, no privilegiada y ya desestimadla, si que especialmente por ser incompatible con la prueba aducida por los mismos demandados, por la cual quedó claramente probado que los demandados San Miguel y González eran miembros de la sociedad San Miguel, González y Martínez.

Los señalamientos numerados del 5 al 10, ambos inclusives, pueden ser considerados como uno solo, por refe-rirse todos ellos a la apreciación que de la evidencia hiciera la corte sentenciadora, en cuanto a la ocurrencia del acci-dente y a las causas que lo motivaron.

Hemos examinado detenidamente la transcripción de la evidencia. Esta es, como sucede en la mayoría de los casos de esta naturaleza, contradictoria.’

La prueba del demandante tendió a demostrar que el ci-lindro era conducido por la carretera de Gruaynabo a -San-turce, para ser entregado a su dueño, Kobert A. Prann, en su establecimiento situado en la carretera entre Santuree y Bayamón, cerca de la Cervecería Brugal; que el cilindro no llevaba luz alguna que pudiera servir de aviso a las demás personas que conducían vehículos por la misma carretera; que como única precaución para evitar posibles choques, los arrendatarios del cilindro enviaron un truclc, el cual debía seguir al cilindro a una distancia como de cien metros e ilu-minarle con sus reflectores hasta que llegase a su destino; que cuando ya faltaba poco para llegar al 'establecimiento del señor Prann, el chófer del truck se retiró, dejando el ci-lindro en la carretera, sin luces propias y sin las del truck que hasta entonces habían iluminado su camino; que en el momento en que el cilindro caminaba por la derecha de la semicurva que entonces existía frente a la cantera de Iriarte, la guagua en que viajaba el demandante y que marchaba en la misma dirección que el cilindro se encontró repentinamente con éste, a pocos pies de distancia, sin que le fuera posible al chófer evitar el choque entre los dos vehículos. El hecho de que en el momento del accidente el cilindro no llevaba lu-ces y no era seguido por un truck que le iluminara el camino, quedó establecido por las declaraciones de varios testigos y por las manifestaciones hechas por el conductor del cilindro en el sitio del accidente e inmediatamente después de haber ocurrido el choque, al efecto de que el culpable del accidente - era el chófer del truck, quien les había abandonado dejándo-los állí sin luces.

La prueba de los demandados tendía a probar todo lo contrario. Declararon sus testigos — con excepción del poli-cía insular Salvador Más — que el cilindro llevaba dos luces encendidas, nna delante y otra detrás, y además, que, hasta el momento del accidente iba iluminado por las lnces del ca-mión que le seguía. El policía Más, llamado por los deman-dados, declaró en el mismo sentido que los testigos del de-mandante. ■

El juez sentenciador, quien tuvo ante sí y oyó declarar a los testigos de ambas partes, dió entero crédito a los del demandante y llegó a la conclusión de que aun cuando el chófer de la guagua en que viajaba el demandante había sido negligente al conducir dicho vehículo a una velocidad mayor de 35 millas por hora, ésa no fué la causa del accidente y sí la falta de luz en la parte trasera del cilindro. Estando esa conclusión ampliamente sostenida por la prueba, no es-taríamos autorizados para alterarla, aun cuando creyéramos, que no lo creemos, que la corte inferior pudiera haber lle-gado a otra conclusión distinta. La conducción del cilindro en la forma establecida por-la evidencia constituye negli-gencia.

Los señalamientos 4 y 11 deben ser considerados conjuntamente. En el primero se alega que el tribunal recurrido erró al resolver que en marzo 12 de 1941 la sociedad San Miguel González y Martínez ya no existía, no pudiendo por consiguiente contratarse a su nombre el arrendamiento del cilindro; y en el segundo, que la sentencia por la cual se hace responsable al demandado San Miguel, individualmente, es errónea. Examinaremos la prueba para poder determinar si ella justifica las conclusiones a que llegó el tribunal inferior.

La sociedad industrial “San Miguel, González y Martí-nez” fué constituida por los señores Enrique González, An-drés San Miguel y José Martínez Eeventós, mediante escri-tura pública otorgada en el pueblo de Ciales el 26 de mayo de 1938, siendo el propósito principal de la misma el remate y construcción de obras públicas. Constituyóse la sociedad por un término de tres años, el cual debería expirar el 31 de diciembre de 1940. Las estipulaciones del contrato social que consideramos pertinentes al caso. que estamos conside-rando, son las siguientes:

(a) “El socio don Enrique González González será el director de las obras y el administrador general de los intereses y bienes de la sociedad”.
' (b) “6. Esta sociedad se conocerá con el nombre de ‘San Miguel, González y Martínez y al firmar se hará con este nombre y agre-gando el nombre del socio que firme por ella, en esta forma: ‘San Miguel, González y Martínez’. — Por: (y sigue el nombre del socio) ”.

El contrato para el arrendamiento del cilindro (Exhibit 1 del demandante) se titula así: “Contrato para el arrenda-miento de un rolo de vapor entre los señores Robert R. Prann, apartado 144, San Juan, como dueño del mismo, y 8res. 8an Miguel y González, como arrendatario”. Dicho contrato contiene, entre otras, la siguiente estipulación:

“8. El'arrendatario asume desde el momento en que recibe, el rolo, toda la responsabilidad que se origine por averías o accidentes de cualquier naturaleza.”

El documento aparece suscrito así: “Aprobado: (ma-nuscrito) R. R. P. Robert R. Prann. — Aceptado: (firmado) San Miguel González, por (Fdo.) Andrés San Miguel, 3426 Sant. 3/12/41.”

¿Con quién contrató el Sr. Prann, dueño del rolo? Si-gamos examinando la prueba.

El Sr. Prann declaró que el rolo es suyo y lo había al-quilado a “San Miguel y González” el 12 de marzo de 1941; el arrendamiento lo pagó .“San Miguel y González” y ellos dirigían el manejo del rolo después que salió de su estable-cimiento; la firma que aparece en el contrato es la de An-drés San Miguel.

El demandado Andrés San Miguel declaró: Que el rolo lo arrendó “San Miguel, González y Martínez”; que fué él personalmente quien lo arrendó y quien fué a casa del señor Prann; qüe es suya la firma que aparece al pie del contrato. Preguntado, “Usted firmó allí a nombre de San Miguel y González?”, contestó: “Bueno, fue una distracción mía. Yo siempre firmaba San Miguel, González y Martínez. Yo ese día tuve una distracción”; que fué un error- suyo el de no poner la parte de Martínez; que él nunca ha estado asociado con González solo; que él entiende que no tenía que firmar por Martínez ni poner su nombre; que siempre ponía el nombre de Martínez, menos ese día; que él era quien le pa-gaba el sueldo al maquinista del' rolo, por cuenta de San Miguel, González y Martínez; que fué él quien ordenó la devolución del rolo al Sr. Prann.

El conflicto que surgió de toda la prueba y de las incon-gruencias entre lo alegado en su contestación y lo declarado en la vista por el demandado San Miguel fué resuelto en su contra por la corte sentenciadora, a nuestro juicio muy jus-tificadamente. ¿En qué momento dijo verdad el demandado San Migual, cuando alegó bajo juramento que el rolo no había sido arrendado “a ninguna sociedad de que los de-mandados sean socios o formen parte” o cuando declaró en el acto de la vísta que había sido arrendado a la sociedad San Miguel, González y Martínez, de la cual ambos deman-dados son socios? La corte estuvo justificada al no dar cré-dito a lo declarado por el demandado.

Ya hemos visto que de acuerdo con los términos expre-sos del contrato social, el socio don Enrique González era director y administrador de los intereses y bienes de la so-ciedad. Por lo tanto, habiendo un socio especialmente en-cargado de la administración, es muy dudoso que el socio San Miguel estuviera facultado para contratar a noinbre de San Miguel, González y Martínez el arrendamiento del rolo. Véanse: Artículos 1583, 1584, 1586 y 1588 del Código Civil y 105 y 108 del Código de Comercio. Pero aun cuándo asu-miéramos que el señor San Miguel, como miembro de la so-eiedad, estaba facultado para contratar a nombre de ésta, el lecho indiscntible es que el señor San Mignel no contrató a nombre de la sociedad San Mignel, González y Martínez y sí a nombre de una sociedad inexistente.

Convenimos con el apelante en qne es errónea, por ser •demasiado general, la conclusión de la corte inferior en cnanto a qne la sociedad San Mignel, González y Martínez no estaba facultada para celebrar el contrato de arrenda-miento, por haber expirado el término de su duración con anterioridad a la fecha en qne se efectuó el arrendamiento. El error, sin embargo, en nada ha podido perjudicar al ape-lante, pues ya hemos visto y resuelto qne el demandado San Mignel no contrató a nombre de dicha sociedad.

Habiéndose demostrado qne fué el demandado San Mi-gnel quien personalmente hizo las gestiones para el arrenda-miento'-del cilindro; que el contrato no fué hécho ni firmado a nombre de San Mignel, González y Martínez, según lo re-quiere el contrato social; y qne la, firma “San Mignel y González, ’ ’ a nombre de la cual se firmó el contrato, nunca ha existido, opinamos qne la corte inferior no erró al resolver que el demandado Andrés San Mignel era el verdadero y único arrendatario del cilindro y como tal responsable de los daños cansados al demandante.

La- sentencia recurrida debe ser confirmada.

      (1) Artículo 56 (g) de la Ley 140 de 1940; Pérez v. Santiago, 56 D.P.R. 763; Winn v. Long, 203 Cal. 758; Martin v. Herzog et al., 228 N.Y., 164; Arvo r. Delta Hardware Co., et al., 231 Mich. 488, 204 N.W. 134.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    José Luis Vilella Suau, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Aguadilla, recurrido.
    Núm. 1152.

    Sometido: Noviembre 6, 1944.

      Resuelto: Enero 15, 1945.

      Gilberto López de Victoria, abogado del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

José Luis Yilella Suau presentó para su inscripción en el Registro de la Propiedad de Aguadilla la escritura número 36 otorgada el 27 de febrero de 1939 ante el notario Gr. Ló-pez de Victoria, por la cual Luis Vilella Vélez y su esposa Mercedes Suau haced constar que en el año 1933, siendo en-tonces soltero José Luis Yilella Suau, le habían vendido dos fincas rústicas radicadas en Lares. El registrador inscribió el documento en cuanto a las dos fincas, pero apareciendo que al tiempo de otorgarse la escritura en 1939 el compra-dor era casado con Francisca Casasnovas, practicó la inscrip-ción como bienes gananciales con el defecto subsanable de no acreditarse que José Luis Yilella Suau fuese soltero al adquirir las fincas en 1933. El comprador consintió la nota y para subsanar el defecto acompañó un acta aclaratoria suscrita por las mismas personas que otorgaron la escritura de compraventa, y además por Francisca Casasnovas, en la cual se aclaran ciertos particulares relacionados con la ca-bida de las fincas y aseguran todos los otorgantes que José Luis Vilella Suau era soltero cuando las compró por docu-mento privado en 1933. Á fin de probar ese extremo, en el acta aclaratoria se transcribe la “Certificación de la Cele-bración del Matrimonio” con Francisca Casasnovas. En lo pertinente, la certificación dice así:

“Yo, . . . celebré en Mayagüez a las 2 de la tarde del día 30 de marzo de mil novecientos 36, el matrimonio que de su libre y espontánea voluntad contrajeron ante mí José Luis Vilella y Francisca Casanovas [sic] certificando la celebración de tal acto los tes-tigos presenciales del mismo, ...”

El registrador inscribió el documento en cuanto a los otros particulares, y denegó la subsanaeipn del defecto por entender que la citada certificación no es suficiente para es-tablecer que el estado civil de José Luis Vilella Suau en la época en que adquirió las fincas fuese el de soltero, y por entender además que el defecto en cuestión sólo puede sub-sanarse a virtud de pronunciamiento judicial de confonni-dad con el procedimiento prescrito por la Ley núm. 106 de 12 de mayo de 1937 (Leyes de 1936-37), pág. 254, y tomó anotación preventiva por 120 días.

La- certificación del matrimonio transcrita en. el acta aclaratoria sólo acredita que José Luis Vilella Suau contrajo matrimonio con Francisca Casasnovas en Mayagüez el 30 de marzo de 1936 a las dos de la tarde. Esa certifica-ción no destruye la posibilidad de que cuando se celebró el contrato de compraventa en 1933 José Luis Vilella Suau es-tuviese casado y que cuando contraje matrimonio en 1936 con su actual esposa fuese viudo o divorciado. Martínez v. Registrador, 62 D.P.R. 862.

Tampoco es suficiente para acreditar el carácter privativo de esos bienes el becbo de qne la actual esposa lo consigne en el acta aclaratoria. Capó v. Registrador, 46 D.P.R. 523; Isern v. Benítez, 57 D.P.R. 342.

Por lo tanto, tenemos que concluir que el primer motivo consignado por el registrador es correcto.

Empero, no convenimos con el registrador en cuanto asegura que el defecto señalado sólo puede subsanarse a virtud de pronunciamiento judicial de acuerdo con el procedimiento prescrito por la Ley núm. 106 de 1937, que fué adicionada a la Ley Hipotecaria como su artículo 388-D. El artículo, en lo pertinente, dice:

“Cualquier persona natural o jurídica que tenga inscritos a su favor bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, en cuyas inscripciones se hayan consignado defectos subsanables, con motivo de los cuales no se hubiese, iniciado ni estuviese pendiente de sentencia final algún procedimiento judicial, y que por cualquier razón no pudiesen subsanarse o fuesen de difícil subsanación, después de trans-curridos diez años a contar desde la fecha en que fuera consignado el defecto, si el mismo se refiriera a la capacidad legal o al estado civil de las partes en el acto o, contrato objeto de inscripción, o en cualquier tiempo después de la consignación de tal defecto, si el mismo se refiriese a cualquiera otra circunstancia, podrá comparecer por medio de una petición escrita ante la corte de, distirito donde radique la propiedad o parte de ella, describiendo en dicha petition los bienes inmuebles o los derechos reales inscritos y la naturaleza del defecto o defectos consignados, solicitando la cancelación de dichos defectos.” (Bastardillas nuestras.)

Es evidente que el citado artículo no excluye los demás medios que siempre se ban usado par corregir defectos como el del presente caso. Sólo es indispensable recurrir al proce-dimiento prescrito por el artículo transcrito en los casos a que el mismo se refiere, es decir, cuando por cualquier mo-tivo el defecto no pudiere subsanarse o fuese de difícil sub-sanación, después de baber transcurrido diez años desde la consignación del defecto. Olivencia v. Registrador, ante, pág. 144.

No siendo el acid aclaratoria suficiente para acreditar el carácter privativo de las fincas, procede por el primer mo-tivo consignado por el registrador confirmar la nota recu-rrida. '


text:
    María Seda Viuda de Ortiz, peticionaria, v. Corte de Distrito de Mayagüez, Hon. Rodolfo Ramírez Pabón, Juez, demandada.
    Núm. 1577.
    Sometido: Diciembre 18, 1944.

      Resuelto: Enero 15, 1945.

      Miguel A. García Méndez y Carlos García Méndez, abogados de la peticionaria; Gilberto López de Victoria, abogado del Juez de-mandado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Artemio Ortiz Pérez falleció el primero de febrero de 1944 bajo testamento abierto otorgado el 23 de junio de 1938. En su testamento desheredó a su único descendiente, su bija Georgina Ortiz Zapata, habida en su primer matrimo-nio, e instituyó como su única heredera a su segunda esposa, María Seda. El 11 de marzo de 1944 su heredera testamen-taria y su citada hija formalizaron en documento privado un contrato de transacción que literalmente dice:

“Contrato de Transacción. Comparecen: de una parte, doña María Seda vda. de Ortiz, mayor de edad, viuda, propietaria y vecina de Lajas, Puerto Rieo¡; de la otra parte, Georgina Ortiz Zapata, mayor de edad, casada con Antonio Cruz, de oficios domésticos y vecina de San Juan, Puerto Rico, y de común acuerdo exponen:
“1. Que la compareciente de la primera parte es viuda de don Artemio Ortiz Pérez y la compareciente, de la segunda parte es hija del matrimonio que en primeras nupcias celebrara el fenecido Arte-mió Ortiz Pérez con la señora Eduarda Zapata.
“2. Que a pesar de ambas partes tener conocimiento del testa mentó otorgado por don Artemio Ortiz Pérez ante el notario Leo Irizarry en 23 de junio de 1938 por escritura número cuarenta, ambas partes han decidido llegar al acuerdo que. más adelante se expone con .el propósito de evitar enojosos litigios y acciones judi-ciales.
“3. Que es convenio de las partes que una vez tasados los bienes dejados a su fallecimiento por el causante y deducidos de dichos bienes los que hubo el causante con carácter privativ'tí, la cuota usu-fructuaria del cónyuge supérstite doña María Seda vda. de Ortiz, las deudas y bajas del capital inventariado y los gananciales corres-pondientes también al cónyuge supérstite pertenecerán a la compa-reciente Georgina Ortiz Zapata.
“4. Que a doña María Seda vda. de Ortiz le pertenecerán una vez hechas las deducciones correspondientes a las deudas de socie-dad de gananciales y los bienes privativos de su fenecido esposo don Artemio Ortiz Pérez, la mitad del caudal hereditario y su cuota usu-fructuaria como cónyuge supérstite.
“5. Que los bienes privativos al difunto Artemio Ortiz Pérez corresponderán a su hija la compareciente de la segunda parte Georgina Ortiz Zapata.
“6. Las partes aceptan este documento por encontrarlo redactado de acuerdo con su voluntad y deseo.
“En San Germán, Puerto Rico, a once de marzo de mil nove-cientos cuarenta y cuatro.
“(Firmados) M¡aría Seda Vda. de Ortiz, Georgina Ortiz Zapata, Antonio; Cruz.
“Aff. número 1131. Suscrito ante mí por doña María Seda vda. de Ortiz, Georgina Ortiz Zapata y Antonio Cruz, de las ci<rcunstan-'eias personales arriba expresadas, a quienes doy fe de conocer boy personalmente en San Germán, Puerto Rico, a once de marzo de mil novecientos cuarenta y cuatro.
“(Firmado) Luisa María Capó. (Hay un sello de rentas inter-nas de veinticinco centavos y estampado el notarial que dice: ‘Luisa María 'Capó, Abogado-Notario de Puerto Rico.’)”

Después de otorgado este contrato, Georgina Ortiz Zapata solicitó en la corte inferior la administración judicial de los bienes relictos por su padre. Alegó que Artemio Ortiz Pérez había fallecido, que ella era su hija legítima y que, aunque había sido* desheredada pof su padre, estaba en con-diciones de impugnar la desheredación. Refiriéndose al con-trato de transacción, alegó “que además de la peticionaria Georgina Oriis Zapata, la única persona con derecho a su-cesión en los bienes del finado ... es su viuda doña María Seda, cuyo domicilio es Lajas, Puerto Rico.” (Bastardillas nuestras.) Alegó además que el finado dejó bienes sujetos a partición, expresando su valor, naturaleza y situación, y que el testador no hizo nombramiento de albacea ni de ad-ministrador ni de contador partidor de sus bienes en el ameritado testamento. Alegó por información y creencia la inexistencia de deudas, y terminó con súplica de que se nom-brase un administrador judicial, proponiéndose a sí misma para el cargo “por ser la persona de mayor interés en la herencia. ’ ’

Radicó la viuda una moción solicitando se desestimase la petición de administración judical por:

1. Carecer Georgina Ortiz Zapata de personalidad para solicitar la administración judicial, por no ser heredera for-zosa;

2. No ser ella una de las personas que con arreglo a la ley pueden solicitar la administración judicial;

3. No proceder la administración judicial cuando existe testamento, y

4. Pertenecer a la heredera testamentaria todos los bienes de la herencia.

Por estipulación de las partes, previa aprobación de la corte, se procedió a discutir las cuestiones de derecho plan-teadas por la opositora, acordándose posponer la vista del caso en su fondo para después de haber sido resueltas las cuestiones de derecho. Siguiendo el orden lógico, la primera cuestión que resolvió la corte de distrito fué si G-eorgina Ortiz Zapata tenía capacidad legal para solicitar el nombra-miento de administrador judicial.

El artículo 556 del Código de Enjuiciamiento Civil, invo-cado por la corte inferior, determina quiénes son las perso-nas con capacidad legal para solicitar la administración judicial de los-bienes de un finado, a saber: (■&) el albacea testamentario, y en caso de que el testador no lo hubiese nombrado o no dejase testamento válido, (6) el cónyuge su-pérstite, o (c) cualquier heredero forzoso, o (d) cualquier persona que se presente como heredero testamentario, o (e) legatario, o (/) cualquier acreedor con título escrito no ase-gurado.

Resolvió la corte que a virtud del contrato de transacción la desheredación había quedado sin efecto y que la peticio-naria era por consiguiente una heredera forzosa, y como tal tenía capacidad para solicitar la administración judicial. Esa conclusión fué el resultado de los siguientes razona-mientos :

“Si bien es verdad que de acuerdo con el testamento a que se hace referencia tanto en la petición como en la oposición, la peticio-naria fué desheredada por su padre el finado Artemio Ortiz Pérez y el testamento, es prima facie válido, no es menos cierto que a vir-tud de un contrato de transacción celebrado entre la peticionaria Georgina Ortiz Zapata y la opositora María Seda vda. de Ortiz, esta última instituida única y universal heredera en dicho testamento, se convino expresamente en dejarlo sin efecto en su totalidad, resti-tuyéndose a virtud de ello la aguí peticionaria en todos sus derechos y acciones en relación con los bienes dejados a su fallecimiento por el causante como si tal testamento no hubiese existido.
“Dicho contrato de transacción fué transcrito literalmente en la petición, se halla suscrito ante notario y no ha sido atacado por la opositora. Tal contrato así suscrito tiene para las partes, de acuerdo con las disposiciones del artículo 1735 del Código Civil, la autoridad de cosa juzgada. . . .
(< i=:s , =» * =» « * *
“Es evidente, pues, que habiendo este documento de transacción restituido a la peticionaria en todos sus derechos de heredera forzosa, ésta tiene un derecho claro de acuerdo con el artículo 556 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto' Rico a que se ha hecho referen-cia, a solicitar la administración judicial de los bienes del finado Arte-mio Ojrtiz Pérez.
“De resolver esta corte lo contrario, se estaría forzando a la peticionaria a incoar un procedimiento de nulidad de testamento a todas luces innecesario y académico, ya que la sentencia que pudiera recaer en el mismo no dispondría otra cosa que lo expresamente con-venido por las partes en el contrato de transacción antes mencio-nado.” (Bastardillas nuestras.)

Solicitó la viuda la reconsideración, y la corte al dene-garla entre otras cosas dijo:

“Para los efectos de este convenio [el contrato de transacción] no era necesario atacar o negar la validez del testamento, ya que meramente, según se desprende de las alegacions, se convino pres-cindir de sus disposiciones para no dar lugar a acciones judiciales entre la peticionaria y la opositora.” (Bastardillas nuestras.)

Ex profeso ¡heñios transcrito literalmente el con-trato de transación porque del mismo surge el error mani-fiesto en que incurre la corte de distrito al asegurar que a virtud de dicho contrato se convino expresamente en dejar sin efecto en .su totalidad el testamento y que consecuente-mente Georgina Ortiz Zapata fué restituida en todos sus de-rechos y acciones sobre los bienes relictos por su padre y en todos sus derechos de heredera: forzosa como si tal tes-tamento no hubiese existido. Pero aparte de que María Seda viuda de Ortiz no podía legalmente convenir tal cosa, como veremos más adelante, lo que ella realmente convino fué ceder los bienes que le correspondían como heredera vo-luntaria de su esposo, reteniendo ella su participación en los gananciales y el usufructo que le concede la ley. En nin-guna parte del contrato se convino en dejar sin efecto el testamento y considerarlo, como dice el juez de la corte inferior, como si nunca hubiera existido. Ni mucho menos se convino en restituir a la hija desheredada en el status de heredera forzosa.

Tampoco puede argüirse que al ceder María Seda viuda de Ortiz a G-eorgina Ortiz Zapata sus derechos sobre los bie-nes de la herencia, implícitamente dejó sin efecto la deshe-redación y restituyó a la citada hija en todos sus derechos de heredera forzosa. El testamento es, como dice Manresa, fundamento y raíz de la sucesión testada y ley para los he-rederos, reguladora de la sucesión después de la muerte del causante. Muerto éste, su viuda, como heredera voluntaria, adquirió desde ese momento el dominio de los bienes here-ditarios y consecuentemente quedó capacitada para enaje-narlos. En efecto, mediante el contrato de transacción cedió a Georgina Ortiz Zapata su derecho a los bienes de la he-rencia con excepción del usufructo vidual que conservó. No cedió ella, conforme aparece del contrato, sus derechos como heredera, ni podía cederlos, pues tales derechos no llegan hasta el extremo de poder subrogar en su condición de he-redera a una persona que no sólo no fué instituida como tal, si que fué desheredada por el testador. Esto es así porque dé conformidad con el artículo 619 del Código Civil, la for-mación del testamento, como acto personalísimo que es, no puede delegarse en todo ni en parte, ni puede dejarse al ar- ' bitrio de un tercero la subsistencia del nombramiento dé he-' rederos o legataiúos. A este efecto dice Scaevola, - Código Civil, tomo XII, pág. 185:

“Diversos son los motivos que explican la disposición del artículo 669 y la del 670, constituyendo e)l 671 una excepción de lo que el último ordena; pero convienen, por ñn, los tres en la idea y nece-sidad de que la institución testamentaria esté otorgada exclusivamente por el testador, sin que terceras personas, ya sean extrañas a aquélla o ya favorecidas en la herencia, compartan las atribuciones que a un solo individuo le son debidas por las leyes.” (Bastardillas nuestras.)

Evidentemente María Seda vda. de Ortiz tiene perfecto derecho a renunciar la herencia, pero no tiene autoridad loara convenir que se prescinda del testamento y considerarlo como si no hubiera existido. Si se considerase el testamento como inexistente, ¿de dónde surgiría su facultad para dis-poner de los bienes hereditarios a favor de Georgina Ortiz?

Tampoco convino la heredera instituida en dejar sin efecto la desheredación, pero aunque lo hubiera convenido habría sido ineficaz. El dejar sin efecto la desheredación sólo puede, tener lugar mediante la reconciliación del ofensor y del ofen-dido, Código Civil, artículo 781, o mediante pronunciamiento judicial cuando la desheredación se hubiere hecho sin expre-sión de causa o por causa cuya certeza, si fuere contradicha, no se probare, o cuando la causa no fuese alguna de las es-pecificadas por la ley. El dejar sin efecto la desheredación anula la institución de herederos solamente en cuanto perju-dique al desheredado, pero valdrán los legados, mejoras y demás disposiciones testamentarias en lo que no perjudiquen a dicha legítima. Código Civil, artículo 776.

En el presente caso el testador ni los tribunales han de-jado sin efecto la desheredación. Y la circunstancia de que la desheredada tenga hijos, probado que fuere ese hecho en la correspondiente acción judicial, sólo dará lugar a que és-tos, en concurrencia con la heredera voluntaria, adquieran su derecho a la legítima que hubiera correspondido a su madre.

El argumento de que en un pleito incoado por la peti-cionaria la sentencia que pudiera recaer no dispondría otra cosa que lo expresamente convenido por las partes en el contrato de transacción, es insostenible, porque en dicho con-trato la viuda, aún suponiendo que hubiera podido convenir en considerar como- inexistente el testamento, no lo hizo. A lo más que podría ser competida por sentencia sería a cum-plir lo pactado en el contrato, o sea a trasmitir a Georgina Ortiz Zapata los bienes hereditarios con excepción de la cuota vidual. Tal sentencia no convertiría en manera al-guna a Georgina Ortiz en heredera forzosa de su padre.

Careciendo Georgina Ortiz Zapata de capacidad legal para solicitar la administración judicial, es errónea la reso-lución de 28 de jimio de 1944 que declaró sin lugar la mo-ción de desestimación radicada por María Seda viuda de Ortiz y también lo es la resolución de 5 de Octubre de 1944 que denegó la reconsideración. Procede anularlas y devol-ver el caso a la corte inferior para que desestime la peti-ción de Georgina Ortiz Zapata en la cual solicitó la admi-nistración judicial de los bienes relictos por Artemio Ortiz Pérez.

      (1)Este principio tiene su excepción en el art. 620, que dice:
      "Podrá el testador encomendar a un tercero la distribución de las cantidades que deje en general a clases determinadas, como a los parientes, a los pobres o a los establecimientos de beneficencia, así como la elección de las personas o esta-blecimientos a quienes aquéllas deban aplicarse. ”


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    Cafeteros de Puerto Rico, demandante y apelada, v. Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante.
    Núm. 8947.

    Sometido Enero 10, 1945.

      Resuelto: Enero 15, 1945.

      Eon. Procurador General Interino Jesús A. González y Carmen B. Hernández, Procuradora Auxiliar, abogados del apelante; Erasto Arjona Siaca, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de Ponce declaró sin lugar la mo-ción de traslado presentada por el demandado fundando su resolución en el caso de Compañía Cervecera de Puerto Rico v. Buscaglía, 62 D.P.R. 858. En este recurso el demandado sostiene que el traslado procede y que este caso debe regirse por lo resuelto en el de Legarreta v. Tesorero, 55 D.P.R. 22, el cual fue distinguido pero no revocado por el de Compañía Cervecera de Puerto Rico, supra.

Veamos las alegaciones de la demanda, aceptadas como ciertas a virtud de la excepción previa que acompañó el demandado a su moción de traslado, para determinar si se alega en ella algún acto afirmativo por parte del Tesorero de Puerto Rico que directamente intervenga con los derechos personales o de propiedad de los demandantes que es el requisito. exigido por el inciso 2 del artículo 79 del Código de Enjuiciamiento Civil según lo interpretamos en el caso de Legarreta, supra.

Aun cuando la demanda consta de cuatro causas de ac-ción, en lo pertinente a la cuestión envuelta en este recurso se alega en síntesis que el demandado Tesorero de Puerto Eico requirió a los. demandantes el pago de $37,314.93 en concepto de contribuciones especiales sobre café; que dicho requerimiento de pago es nulo por distintos motivos; que los demandantes llamaron la atención del demandado hacia el hecho de que ellos no estaban obligados a pagar dicha contribución y que el demandado les contestó ratificándose en el requerimiento y les concedió un plazo de diez días para efectuar el pago intimándoles “que de no hacerlo, procede-ría a embargar bienes ... y a ejecutarlos por la vía fiscal acostumbrada”, que existe el peligro y amenaza de que los bienes de los demandantes serían embargados y rematados en cobro del tributo.

Creemos que el apelante tiene razón cuando sostiene que, de acuerdo con estas alegaciones, el caso debe regirse por el de Legarreta v. Tesorero, supra, y no por el de Compañía Cervecera de Puerto Rico v. Buscaglia, supra.

El mero requerimiento de pago de una contribución, aún cuando posteriormente se intimase que de no efectuarse el pago se procedería al embargo y venta de bienes para su cobro, no constituye per se un acto afirmativo de un funcio-nario que directamente intervenga con un derecho personal o de propiedad de la persona requerida. Así lo resolyimos en el caso de Legarreta, supra, en el cual lo único que se alegó fué que las contribuciones habían sido ilegalmente im-puestas y cobradas y la demandante pagó bajo protesta. 'El de autos es un caso similar y se diferencia del de Compañía Cervecera, supra, en el hecho esencial de que el demandado en ningún momento embargó bienes de los demandantes ni anunció la subasta de los mismos. Es más, de los autos apa-rece que los demandantes obtuvieron de la corte inferior una orden de aseguramiento de la sentencia que pueda re-caer prohibiéndole al demandado embargar bienes de los demandantes.

Procede, por lo expuesto, revocar la resolución denega-toria del traslado y dictar otra decretándolo para ante la Corte de Distrito de San Juan.

      (1) En este caso dijimos a la pág. 861:
      “Una mera lectura de esta decisión demuestra que no es aplicable a los hechos del caso de autos. En el de Legarreta, supra, no se alegó en ia demanda ningún “acto afirmativo por parte del Tesorero de Puerto Rieo que lastimara derechos personales o de propiedad del demandante ’ ’, mientras que en el de autos se alegan dichos actos — requerimiento de pago, embargo de bienes y anuneio de venta en subasta pública de los mismos — hechos que a los efectos de la moción de traslado y a virtud de la excepción previa el demandado aceptó como ciertos.’’

      (2) Dijimos en dicho caso, después de citar jurisprudencia de California, a la página 25, lo siguiente:
      “Procediendo el artículo 79, inciso 2, del Código de Enjuiciamiento Civil del 393 de California, se presume que el legislador puertorriqueño lo adoptó con la interpretación que le había sido dada en el Estado de su origen. Por consi-guiente, debemos aceptar la interpretación que le ha dado la Corte Suprema de California. Siendo ello así, tenemos que concluir que el inciso 2 del artículo 79 del Código de Enjuiciamiento Civil no es aplicable a un caso como el de autos, en que simplemente se trata de un pleito sobre devolución de contribuciones, sin que se alegue en manera alguna actos afirmativos por parte del funcionario, Tesorero de Puerto Eico, que lastimen los derechos personales o de propiedad de la demandante.”


text:
    Manuel Parrondo Diez, querellante y apelado, v. L. Rodríguez & Co., querellada y apelante.
    Núm. 8969.

    Sometido: Noviembre 9, 1944.

      Resuelto: Enero 17, 1945.

      B. Cuevas Zequeira, abogado de la apelante; H. Bamos Mimoso, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El apelado presentó una querella en la Corte Municipal de San Juan el 14 de agosto de 1942 por el procedimiento establecido en la Ley núm. 10 de 1917 (vol. II, pág. 217), según lia sido enmendada. Alegó que la querellada es suce-sora y continuadora de las actividades de las firmas L. Ro-dríguez y Compañía, S. en C., y L. Rodríguez y Compañía, y que lo mismo que sus antecesoras, se ba dedicado en esta ciudad a un negocio de industria y comercio, consistente principalmente en la confección y venta de trajes; que desde el año 1927 hasta el 15 de marzo de 1941 el querellante tra-bajó para dichas firmas en calidad de obrero o empleado a cargo de diversos trabajos dentro y fuera del estableci-miento, a base de un salario semanal de doce dólares; que de acuerdo con el contrato verbal de trabajo, el querellante venía obligado a trabajar ocho horas diarias, pero que ello no obstante, mientras estuvo empleado con la querellada y sus antecesoras, los días laborables trabajó de 7:30 a. m. a 12 m. y de 1 p. m. a 8 p. m.; los domingos de 8 a. m. a 12 m., y en las épocas de balance, o sea durante quince días cada año, tres horas adicionales, de 8: 30 p. m. a 11: 30 p. m.; que desde el 5 de noviembre de 1935, fecha en que empezó a re-gir la Ley núm. 49 de 1935, hasta el 14 de marzo de 1941, en qne el querellante cesó en su empleo, había trabajado en días regulares, en adición a las ocho horas diarias conveni-das, un total de 5,853 horas extras, y un total de 1,112 horas extras durante los domingos.

En la segunda y tercera causas de acción el querellante reclamó compensación por horas extras trabajadas entre el 3 de agosto de 1931 y el 4 de noviembre de 1935, y entre el 27 de julio de 1930 y el 2 de agosto de 1931, respectivamente. El querellante solicitó sentencia por la cantidad de $2,442.48 más una suma no mayor de $50 a ser fijada por la corte por vía de indemnización, más las costas, gastos y honorarios de abogado.

• La querellada admitió que el querellante había trabajado en concepto de empleado para ella y sus antecesoras desde el año 1927 hasta el 14 de marzo de 1941 a base de un sa-lario de doce dólares semanales, y alegó que el horario de trabajo del querellante en todo tiempo fue de 8 a. m. a 12 m. y de 1: 30 p. m. a 5: 30 p. m. Negó la querellada que el que-rellante hiciera labor extraordinaria por un término de quince días cada año, alegando en contrario que si bien en dos o tres temporadas el querellante trabajó un par de horas extras por la noche, en ningún momento el trabajo en cuestión se extendió a más de tres días de labor extraordinaria, por lo cual el querellante recibió la compensación por él reque-rida. Negó además que el querellante tuviese horas extras acumuladas, y como materia nueva constitutiva de defensa alegó:

(a) que la corte municipal no tenía jurisdicción para co-nocer del caso;

(b) que la querella no aducía hechos determinantes de causa de acción;

(c) que la reclamación del querellante correspondiente al período anterior al 15 de agosto de 1939 estaba prescrita, Código Civil, artículo 1867, inciso 3, y

(d) que el querellante estaba impedido de establecer re-claiüación alguna por los hechos a que se refería la querella por habérsele satisfecho, por mediación del Departamento del Trabajo, la cantidad que según ,ese Departamento debía sa-tisfacerle la querellada.

La corte de distrito, en la apelación que contra la senten-cia de la corte municipal interpuso la querellada, declaró sin lugar las defensas “A”, “B,” y “C,” fundando su resolu-ción en los casos de J. L. Wiewall & Co. v. Quiñones, Juez, 61 D.P.R. 456, Cardona v. Corte, 62 D.P.R. 61, y Muñoz v. Corte, 63 D.P.R. 236, respectivamente. Penetrando en los méritos del caso, declaró probado que desde el 5 de noviem-bre de 1935 hasta el 15 de marzo de 1941 el querellante tra-bajó durante los días laborables once y media horas y que durante ese mismo tiempo trabajó 1580 novenas. Hizo cons-tar la corte que como el querellante no había probado su alegación al efecto de que su contrato era para trabajar ocho horas diarias debía entenderse que su contrato de trabajo incluía once y media horas diarias; que dividiendo el sala-rio de doce dólares entre los siete días de la semana, resul-taba que. el querellante ganaba $1.71 diarios, y dividiendo esta última cantidad por 11%? que era el número de horas que según la córte se obligó a trabajar diariamente, habría de concluirse que ganaba quince centavos por hora; y que como el querellante había recibido compensación sencilla por la novena hora al recibir los doce dólares semanales, sólo le restaba la compensación adicional por 1580 novenas horas, o sea $237.

La corte también estimó probado que desde principios del año 1927 hasta el 13 de' mayo de 1937, durante 537 domin-gos, el querellante trabajó cuatro horas cada domingo, o sea un total de 2,148 horas, y valorándolas a razón de quince centavos, le concedió la cantidad de $322.20.

Resolviendo la cuarta defensa alegada por la querellada, la corte la declaró sin lugar porque la cantidad que al cesar en su empleo recibió el querellante de la querellada por me-diación del Departamento del Trabajo lo fue por concepto de bonificación por los catorce años consecutivos trabajados para ella y sus antecesoras.

Finalmente la corte no concedió compensación al quere-llante por las horas extras trabajadas durante quince días cada año desde el 5 de noviembre de 1935 hasta que cesó en su empleo; desestimó la segunda y tercera causas de acción, y dictó sentencia condenando a la querellada a pagarle la cantidad de $559.20, intereses legales sobre dicha suma desde la fecha de radicación de la querella, y las costas de esta acción.

En la apelación que para ante este tribunal interpuso la querellada alega que la corte inferior erró:

1. Al declarar sin lugar la defensa de'prescripción;

2. Al desestimar la defensa de que el querellante estaba impedido de reclamar salario por horas extraordinarias des-pués de haber transigido sus reclamaciones ante el Departa-mento del Trabajo; •

3. Al dar crédito a la declaración del querellante, y

4. Al condenar a la querellada a pagar al querellante la suma de $559.20.

Actuó correctamente la corte sentenciadora al declarar sin lugar la defensa de prescripción por la autoridad del caso de Muñoz v. Corte, supra. Tampoco erró al deses-timar la defensa a que se refiere el segundo señalamiento de error porque de la prueba presentada resulta evidente que la cantidad que pagó la querellada por mediación del Depar-tamento del Trabajo lo fue por concepto de una bonificación considerando que el querellante babía trabajado para ella y sus antecesoras por espacio de catorce años consecutivos. Siendo ello así, no está el querellante impedido de reclamar el pago de aquellas horas extras que alega haber trabajado, y que de acuerdo con la ley y los casos antes citados tenía derecho a que le fueran compensadas. Y tampoco erró la corte al dar crédito a la declaración del querellante. Su tes-timonio no fue contradicho, y además está sostenido por los dé otros testigos, inclusive algunos de la parte querellada.

Pasemos a discutir ahora si erró la corte al condenar a la querellada a pagar al querellante la cantidad de $559.20. Esta suma, como hemos visto, se compone de dos partidas: una de $237 por concepto de novenas horas, y otra de $322.20, importe de las cuatro horas trabajadas durante los domingos.

En cuanto a la primera partida, la decisión de la corte está sostenida por la Ley núm. 49 de 1935, según ha sido re-petidamente interpretada por este Tribunal.

En cuanto a la segunda, la corte inferior basó su deci-sión en el artículo 553 del Código Penal, según quedó enmen-dado por la Ley núm. 18 de 20 de mayo de . 1925, pág. 137, y en la sección 2 de la citada Ley, a saber:

“Artículo 553. — Lo's domingos, durante, todo el día; excepto cuando fueren domingos los días 24 de diciembre, y primero y 5 de enero; el primer lunes de septiembre (Labor Day), y el día 4 de julio; los días de fiesta legal desde las 12 m.; todos los sábados desde las 9 p. m.; todos los días laborables desde las 6 p. m., y los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero de cada año, desde las 10 p. m., permanecerán cerrados al público; y una hora después de cerrados, no se permitirá ninguna clase de trabajo para los empleados en los establecimientos comerciales e industriales, con excepción de los desig-nados a continuación:
< i $
“Sección 2. — Los empleados y dependientes de las empresas y establecimientos no exceptuados por la ley, que presten sus servicios a base de un salario anual, mensual, semanal o en cualquier forma, que no sea por jornal o ajuste a un tanto alzado, tendrán derecho a un día de descanso por cada seis de trabajo, con salario íntegro.” (Bastardillas nuestras.)

El establecimiento de la querellada no es de los exceptua-dos por el artículo 553 del Código Penal, y como la sección 2 de la Ley núm. 18 de 1925 dice que los empleados y depen-dientes de las empresas y establecimientos no exceptuados por el artículo 553 que prestan sus servicios a base de un salario anual, mensual o semanal, tendrán derecho a un día de descanso con salario íntegro por cada seis de trabajo, aplicando por analogía la doctrina del caso de Compañía Popular v. Corte, 63 D.P.R. 121, la corte inferior concedió al querellante compensación por las 2,148 horas trabajadas durante los domingos.

Del contexto de toda la Ley de 1925 y de las vicisitudes de la sección de la Ley núm. 26 de 23 de noviembre de 1917, pág. 273, por la cual se concedió por primera vez el día de descanso con salario íntegro por cada seis de trabajo, no cabe duda de que la palabra “no” en la sección 2 de la ley de 1925 fué puesta por error y que si le diéramos efecto frus-traríamos la intención del legislador.

Un análisis del artículo 553 del Código Penal, según quedó enmendado, por la ley de 1925, demuestra que la intención legislativa fué impedir que los empleados y dependientes de los establecimientos comerciales trabajasen más horas de las especificadas en el mismo artículo; que no trabajasen du-rante los domingos, el primer lunes de septiembre (Labor Bay) y el día 4 de julio; y que los demás días de fiesta legal no trabajasen desde las doce del día, y los sábados desde la hora qne el citado artículo especifica. Pero comprendiendo qne hay ciertos establecimientos a los cuales no convenía aplicarles las disposiciones de ese artículo, los exceptuó, y consecuentemente los empleados de esos establecimientos ex-ceptuados podían ser obligados a trabajar los domingos y días festivos. Así, pues, los empleados de los establecimien-tos no exceptuados por el artículo gozan del descanso que éste les ofrece durante los días en él espécificados, mientras que los empleados y dependientes de los establecimientos ex-ceptuados no gozan de esos días de descanso. Eran estos últimos los que necesitaban del descanso. No pudo ser la intención del legislador conceder un día de descanso al em-pleado, que por ministerio de la ley ya lo tenía y dejar sin protección al' dependiente o empleado de aquellos estableci-mientos o empresas que no tenían ningún día de descanso en la semana.

Pasemos a la historia de la ley.

Desde el 1902 el legislador empezó a preocuparse por el derecho que tienen al descanso los empleados y dependientes de las empresas o establecimientos comerciales. Así, al apro-bar el Código Penal, en su artículo 553 ordena el cierre de dichos establecimientos todos los domingos desde la doce del día. Exceptúa del cierre ciertos establecimientos, como mer-cados públicos, farmacias, panaderías, y a teatros y otros lugares dedicados exclusivamente a recreo o a fines carita-tivos. Nada, proveyó, sin embargo, con respecto al descanso de los empleados de los establecimientos exceptuados.

El año 1913 marca un nuevo avance en el derecho del empleado al descanso, prescribiéndose en la Ley núm. 57 de 13 de marzo de 1913, pág. 96, que en adición al cierre du-rante el medio día del domingo, los días de fiesta legal se cerrasen los establecimientos desde las doce del día, los sá-bados a las diez de la noche y los demás días laborables desde las siete de la noche; y en la núm. 131 de 9 de agosto del mismo año (Sesión Extraordinaria, pág. 88), que los domin-gos durante todo el día, los-días de fiesta legal desde las doce del día, los sábados desde las diez de la noche y los de-más días de trabajo desde las seis de la tarde, los estableci-mientos comerciales e industriales no exceptuados permane-ciesen cerrados. Sigue olvidado el derecho de los dependien-tes y empleados de los establecimientos y empresas excep-tuados.

En el 1914 experimentaron un revés los derechos de los empleados al ordenarse por la Ley núm. 24 de 28 de marzo de 1914, pág. 177, que los días de trabajo (excepto los sába-dos que continuaban cerrándose a las diez p. m.) se cerrasen los establecimientos a las siete de la noche en vez de a las seis de la tarde como se dispuso en la del 1913, y que los días 24 de diciembre y 5 de enero de cada año se cerrasen a las diez de la noche. La suerte de los empleados de los establecimientos o'empresas exceptuados continuó inalterada.

En el año 1917 vuelve el legislador a ocuparse de los de-rechos del empleado, y por la Ley núm. 26 de 23 de noviem-bre de 1917 (Sesión Extraordinaria, pág. 273), concede como día de descanso la totalidad del Día del Trabajo (Labor Day) y del 4 de julio, ordena el cierre los sábados descle las nueve de la noche en vez de desde las diez, y en los demás días.de trabajo vuelven los establecimientos no exceptuados a ce-rrarse desde las seis de la tarde.. Por primera vez en la historia de esta legislación el legislador demuestra su inten-ción de hacer justicia al olvidado empleado de las empresas exceptuadas, pero desgraciadamente esa intención quedó frus-trada porque al conceder en la sección 3 de la citada Ley núm. 26 de 1917 un día de descanso con salario íntegro por cada seis de trabajo a los empleados que prestaren servicios sobre la base de un salario anual, mensual, semanal o en cualquiera otra forma que no sea por jornal o ajuste a un tanto alzado, se expresó por error, como veremos a conti-nuación, que ese beneficio se concedía a los empleados y de-pendientes de los establecimientos “no exceptuados por esta Ley.” (Bastardillas nuestras.) Que el vocablo “no” antes de las palabras “exceptuados por esta Ley” fue un lapsus del legislador lo demuestra el hecho de que al advertir éste el error incurrido, en la primera oportunidad que tuvo, me-nos de tres meses después de aprobada la Ley de 1917, se apresuró a enmendarla por la Ley núm. 3 de 18 de febrero de 1918, pág. 17, con el único y exclusivo fin de subsanar el error, eliminando de la sección 3 anteriormente transcrita el vocablo “no” antepuesto a las palabras “exceptuados por esta Ley,” de suerte que dicha sección quedase redactada así:

“Los empleados y dependientes de las empresas y establecimien-tos exceptuados por esta Ley, que presten sus servicios sobre la base de un salario anual, mensual, semanal o en cualquier otra forma que no sea por jornal o ajuste a un tanto alzado, tendrán derecho a un día de descanso por cada seis de trabajo, con salario íntegro.”

Pero la justicia que aunque tarde, llegó al empleado de las empresas exceptuadas por la ley, no subsistió por mu-chos años. La Ley núm. 18 de 20 de mayo de 1925 (pág. 137) enmendó la Ley núm. núm. 26 de 1917 en cuanto a otros par-ticulares, pero como en el título de la ley enmendatoria no se mencionó la Ley núm. 3 de 1918, al redactarse la ley tal como había quedado enmendada por la Ley de 1925 no se tuvo a la vista la de 1918, y se copió la sección 3 de la ley ■de 1917, que equivale a la sección 2 de la ley de 1925, tal y como existía antes de la enmienda de 1918, frustrándose una vez más por este accidente la intención del legislador.-

La Ley núm. 54 de 28 de abril de 1930 (pág. 409) en-mendó nuevamente el artículo 553 exclusivamente para in-cluir en el primer grupo de las empresas exceptuadas, las-fábricas de empacar, enlatar y refrigerar frutas y vegetales. Volvió el legislador a olvidar la enmienda de .1918, y en la redacción de la sección 2 subsistió la palabra “no”.

Por último, la Ley núm. 110 de 13 de mayo de 1937 (pág. 268) subsanó el error, eliminando por segunda vez la palabra “no”, de suerte que son los empleados y dependientes de los establecimientos' exceptuados por la ley los que tienen derecho al día de descanso con salario íntegro por cada seis de trabajo.

Como indicáramos al principio, el contexto de la ley, su espíritu y su historia legislativa no dejan lugar a dudas de que al aparecer en la ley de 1925 la palabra “no” en su sección 2 fué un error, y que la intención del legislador siem-pre ha sido conceder el día de descanso con salario íntegro a aquellos empleados y dependientes de las empresas y esta-bleeimientos Exceptuados por la ley, que prestan sus servi-cios sobre la base de nn salario anual, mensual, semanal o en cualquier forma qne no sea por jornal o ajuste a un tanto alzado.

Siendo ésta, a nuestro juicio, la correcta interpretación de la Ley, el querellante no tenía derecho al día de descanso con salario íntegro por cada seis días de trabajo, y como de acuerdo con su contrato él recibía doce dólares semanales, incluyendo el trabajo de los domingos, erró la corte al con-cederle compensación extra por el trabajo de los domingos. Cardona v. Corte, supra, y Muñoz v. Corte, supra.

Procede modificar la sentencia apelada, deduciendo la cantidad de $322.20 que se le concedió al querellante por virtud de las cuatro horas trabajadas durante los domingos, quedando reducida la sentencia a la cantidad de $237, y así modificada, se confirma. ■ '

      (1)La Ley núm. 49 de 1935 que fijó la jornada de trabajo en ocho boras diarias y concedió al obrero doble compensación por la novena bora trabajada empezó a regir el 5 de noviembre de 1935.

      (2)Esta conclusión de la corte es errónea, pues en la querella se alegó que el contrato era por ocho boras, y esa alegación fué expresamente admitida en la contestación. Pero como el querellante no apeló de la sentencia, no podemos al-terar esa conclusión por él consentida.

      (3)La corte en su opinión dijo que por la prueba practicada por las partes y creída por ella llegó a la conclusión de que la remuneración que de acuerdo con el contrato recibía el querellante era a razón de doee dólares semanales por siete días de trabajo.

      (4)B1 artículo 553 del Oódigo Penal originalmente decía así:
      "Que todos los domingos, después de las doce del día, prermanecerán cerrados y sin efectuar transacciones de ninguna especie, los establecimientos comerciales e industriales, con excepción de los mercados públicos, farmacias, panaderías, ho-teles, restaurants, cafés, y lugáres donde sólo se venden refrescos, exceptuándose también las empresas de utilidad pública y cuasi pública y trabajos urgentes y necesarios para evitar inusitadas y considerables pérdidas de dinero. Pero esta prohibición no se hará extensiva a los teatros, ni a otros lugares dedicados exclu-sivamente a recreo o a fines de caridad, en los cuales sitios será legal trabajar a toda hora durante los domingos, pero solamente en pro de dichos fines de cari-dad o para ayudar a proporcionar recreos.”

      (5) Errores de esta naturaleza ocurren con alguna- frecuencia en la redacción de nuestras leyes, como podrá notarse en el primer párrafo del artículo 553 del Código Penal, según fué enmendado por la Ley núm. 18 de 1925. Dicho párrafo, en lo pertinente, quedó redactado así:
      “Los domingos, durante todo el día; excepto cuando fueren domingos los días 24 de diciembre, y primero y 5 de enero; .... y los días 24 y SI de diciembre y 5 de enero de cada año, desde las 10 p. m., permanecerán cerrados al público; y una hora después de cerrados, no se permitirá ninguna clase de tra-bajo para los empleados en los establecimientos comerciales e industriales, ...” (Bastardillas nuestras.)
      Obsérvese que según el citado párrafo, cuando el día de Año Nuevo cae domingo, los establecimientos y empresas comerciales e industriales no excep-tuados podrán permanecer abiertos durante todo el día, sin limitación de hora. En cambio, cuando cae cualquiera otro día, el día de Año Nuevo deben cerrarse los establecimientos desde las doce del día por ser día de fiesta legal. Se com-prende que el absurdo de permitir abrir ese día cuando cae domingo y obligar a cerrar cuando cae otro día no pudo ser la intención del legislador. Se notará que más adelante en el mismo párrafo se especifica que los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero (omite el día primero de enero) se cerrarán los estableci-mientos desde las diez de la noche. El mismo error subsiste en las leyes enmon-datoi'ias de 1930 y 1937.


text:
    Francisca E. Sepúlveda Viuda de Ortiz, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    Núm. 1156.

    Sometido: Noviembre 6, 1944.

      Resuelto: Enero 18, 1945.

      José Saiater, abogado de la recurrente; el registrador recurrido no compareció. 0
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Francisca E. Sepulveda y sus hijos otorgaron nna escri-tura el 12 de junio de 1944 ante el notario Rafael Augusto Saliva por la cual agruparon tres solares de su propiedad radicados en Mayagüez, formando una finca urbana con su-perficie de 1,443.08 metros cuadrados, en el cual enclavan trece casas. Se consignó en la escritura que la mitad pro indivisa de la finca agrupada pertenecía a la madre y la otra mitad a sus cuatro hijos. En la misma escritura divi-dieron la finca agrupada en ocho solares. En cada uno de los siete primeros enclava una casa, y seis en el último, el cual tiene una superficie de 552.17 metros cuadrados. Pre-sentada esta escritura en el Registro de la Propiedad de Mayagüez, el registrador la inscribió en cuanto a la agru-pación, pero denegó la inscripción de la segregación del solar marcado con la letra “A,” único de que se solicitó ins-cripción, alegando que no se había cumplido con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Planificación, Urbanización y Zonificación de Puerto Rico y con el reglamento promulgado el 5 de septiembre de 1944 por el Procurador General de Puerto Rico, sobre inscripción de planos de lotifieaciones y urbanizaciones, tomándose la correspondiente anotación pre-ventiva.

1 En el recurso gubernativo que contra la nota interpuso Francisca E. Sepúlveda alega entre otros motivos de revo-cación, que tratándose de una escritura otorgada el 12 de junio de 1944, el artículo 24 de la citada ley y el reglamento promulgado por el Procurador General no son aplicables. .

Prescribe el artículo 24 de la citada ley que “a partir de la fecha de vigencia de los reglamentos aplicables para loti-ficaciones según se dispone en el artículo 10 en la presente, no se hará en Puerto Rico ninguna lotificación de terrenos y no se aceptará para registrarlo ningún plano de lotifica-ción de terrenos, ni se levantará ningún edificio, ni se ven-derá o arrendará ningún terreno en áreas urbanas o para urbanizaciones, ni se expedirá ningún permiso, excepto cuando y hasta donde, se cumplan dichos reglamentos y hayan sido finalmente aprobados de acuerdo con los mismos por la. Junta.” (Bastardillas nuestras.)

Y el artículo 20 de la misma ley prescribe que “todos los reglamentos y las enmiendas a los mismos adoptados por la Junta regirán a los treinta (30) días después de su promul-gación en uno o más periódicos de general circulación por el Gobernador de Puerto Rico.” (Bastardillas nuestras.)

Aparece del Reglamento de Lotificación que el mismo fue promulgado por el Gobernador de Puerto Rico el 29 de ju-nio de 1944, y publicado en La Democracia el 4 de agosto del mismo año. Por consiguiente dicho reglamento no em-pezó a regir hasta el 4 de septiembre de 1944. Apareciendo de la escritura que la lotificación se hizo el 12 de junio de 1944, y que para esa fecha ya existían las trece casas en los ocho solares, es evidente que el Reglamento de Lotificación no es aplicable al presente caso. Tampoco lo es el Regla-mento del Procurador General invocado por el registrador, pues de conformidad con el artículo 9 de ese reglamento su vigencia no empezó hasta que fue “emitido” por el Procu-rador General el 5 de septiembre de 1944, para cuya fecha se había efectuado la lotificación y edificación a que se re-fiere la escritura.

Procede revocar la nota recurrida y ordenar la inscrip-ción de la segregación en -cuanto al solar marcado con la letra “A,” único de que se solicitó inscripción.


author: El Juez Pbesidewte Señob Travieso

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante, v. Antonio Roig, Sucesores, S. en C., demandada.
    Núm. 4.

    Sometido: Noviembre 13, 1944.

      Resuelto: Enero 19, 1945.

      Non. Procurador General Interino Jesús A. González, y Miguel Gve-rra-Mondragón, Rafael Rivera Zayas, Luis Venegas Cortés y Nilita Vientos Gastón, abogados asociados, abogados de El Pueblo; Brown, González efe Newsom y P. González, Jr., abogados de la demandada.
   El Juez Pbesidewte Señob Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La demanda de El Pueblo de Puerto Pico solicitando un decreto de disolución de la sociedad demandada, fné radi-cada ante esta Corte Suprema en diciembre 8 de 1943. El día 23 del mismo mes y año la notificación de lis pendens fné anotada en el Registro de la Propiedad de Humacao en cuanto a todas y cada una de las propiedades allí inscritas a nombre de la demandada.

En octubre 6 de 1944, el demandante acudió ante esta corte en solicitud de un auto de injunction por el que se or-dene a la sociedad demandada, así como también a sus so-cios, agentes y empleados, que se abstengan de llevar a cabo nuevos traspasos o ventas de las tierras inscritas a su nom-bre, a persona natural o jurídica alguna.

En la petición se alega que con posterioridad a la radi-cación de la demanda, la sociedad demandada ha vendido dis-tintas parcelas de tierra afectas al resultado de este proce-dimiento “con miras a hacer ineficaz la sentencia que pueda esta corte dictar en su día”; que el peticionario teme que la deínandada continúe traspasando sus propiedades, con lo cual se privaría a El Pueblo de Puerto Rico de su derecho a comprar todas esas tierras o de hacerlas vender en pú-blica subasta; y que si no se dictara el injunction solicitado el peticionario se vería envuelto en una multiplicidad de pleitos para proteger su derecho, con los daños irreparables consiguientes.

En la misma fecha en que se radicó la petición, expedi-mos una orden requiriendo a la demandada para que com-pareciera a mostrar causa, quedando entre tanto la deman-dada en entredicho.

La oposición de la demandada se basa en los siguientes fundamentos: (a) que esta Corte Suprema carece de juris-dicción para conocer de la acción principal sobre disolución de la sociedad demandada; (b) que la demanda principal no aduce hechos suficientes para constituir una causa de acción; (c) que aun cuando esta corte tuviera jurisdicción y la de-manda principal adujera hechos suficientes, los hechos ale-gados en la petición de injunction no establecen el derecho del demandante al remedio que solicita ni la jurisdicción de esta corte para concederlo, (1) porque El Pueblo de Puerto Rico no alega tener ni solicita que se le adjudique, derecho o interés alguno sobre las tierras de la demandada; (2) por-que no resulta que el demandante baya de sufrir daños de tal gravedad, como consecuencia de las ventas que pueda ha-cer la demandada pendente lite, que justifique la expedición del injunction; y (3) porque el demandante tiene un reme-dio legal adecuado, mediante la compra o expropiación de las tierras.

La primera cuestión que vamos a considerar es si el de-mandante en este caso tiene un remedio legal adecuado para la protección de su derecho. Si existe ese remedio, tendre-mos entonces que llegar a la conclusión de que no procede dictar el auto de injunction que se solicita.

La doctrina de lis pendens, dentro del derecho co-mún, es que desde el momento en que un tribunal adquiere jurisdicción sobre un pleito y la pendencia de éste se anota en el registro, ese tribunal tiene el derecho de continuar los' procedimientos hasta el ejercicio final de su jurisdicción, y que ninguna de las partes litigantes puede legalmente impe-dirle que así lo haga mediante traspasos de propiedad o acto otro alguno realizados con posterioridad o la notificación del emplazamiento. Si después de haberse inciado la acción, cualesquiera de las partes tratare de transferir la propiedad envuelta en el litigio o de establecer algún gravamen sobre la misma, la acción entablada continuará tramitándose sin tener para nada en cuenta el traspaso o gravamen de la pro-piedad; y la sentencia final que se dicte podrá ser ejecu-tada contra el adquirente del título o del gravamen sobre la propiedad. 17 E.C.L. 1009, see. 2, nota 7. El propósito de la máxima legal “pendente lite nil innovetur” no es el de prohibir la venta de la propiedad, y sí el de mantenerla sujeta a la jurisdicción de la corte para que ésta pueda, si procediere, conceder el remedio que se solicita. De acuerdo con la regla, el traspaso no es nulo, pero está sujeto a los derechos de las partes litigantes. Considerando que la re-gla del lis pendens puede resultar dura y en extremo severa para un comprador, que sin tener conocimiento expreso o actual de la pendencia del pleito pagare su dinero de buena fe, en la mayoría de las jurisdicciones se ban áprobado es-tatutos por los cuales se requiere el cumplimiento de ciertos requisitos para que la regla pueda ser aplicada.

El artículo 91 de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil (ed. 1933) provee que en las acciones que afecten al título o al derecho de posesión de una propiedad inmueble, el de-mandante podrá presentar para su anotación en el registro un aviso de la cuestión litigiosa pendiente y que “sólo desde el día de la presentación del aviso para ser anotado se con-siderará que' el comprador o la persona que adquiera un gravamen sobre la propiedad litigiosa, tiene conocimiento, para los efectos legales, de la acción pendiente contra las partes designadas por sus nombres verdaderos”.

Considerando el efecto y alcance de una anotación de lis pendens, practicada de acuerdo con lo dispuesto' en el ar-tículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil, esta corte en Paniagua v. Corte de Distrito, 34 D.P.R. 674, 677, se expresó así:

“No hay duda que esta anotación aseguraba el derecho al de-mandante para recuperar la finca contra cualquier comprador del todo o parte de la finca pendente lite, ya que siendo la razón de la •anotación de la demanda la de asegurar la efectividad de la senten-cia, ésta surtiría efecto legal contra los compradores del mismo modo que si ellas fueran parte en el litigio por estar representados sus derechos por el vendedor demandado, o sea, el Banco de San Juan.”

Está firmemente establecido en esta jurisdicción que el comprador de una propiedad después de haberse anotado el aviso de lis pendens en el registro, no es parte necesaria en la acción pendiente porque su vendedor continúa como re-presentante de sus intereses. El que adquiere un interés sobre una finca, pendente lite, ya sea como comprador, arren-dador, acreedor hipotecario o de otro modo, lo adquiere su-jeto a los derechos del demandante y puede ser desalojado en virtud de una orden de posesión si el demandante obtiene una sentencia favorable. 17 R.C.L. 1031, sec. 28 y nota 17, página 1032; Lawton v. Rodríguez Rivera, 38 D.P.R. 38; Luce & Co., 8. en C. v. Cintrón, 38 D.P.R. 535; Cintrón v. Hartman & Co., 43 D.P.R. 179, 190, 191; 34 Am. Jur. 361, 2 y 3.

La contención de la parte demandante de que la denega-ción del injunction solicitado expondría a El Pueblo de Puerto Rico a tener que indemnizar a los adquirentes pen-dente lite por las mejoras que éstos hicieren en las fincas durante la tramitación del pleito, no está sostenida por la jurisprudencia. Véase: 38 C. J., pág. 64, see. 112.

No estamos convencidos de que el demandante habría de sufrir daños irreparables si no se dictase el auto de injunction. Habiendo resuelto que todo comprador pendente lite puede ser desalojado mediante una orden de posesión y sin necesidad de entablar un nuevo pleito, si la sentencia que habrá de dictarse en esta acción fuere favorable al deman-dante, todo lo que éste tendrá que hacer será obtener una orden o mandamiento de posesión para que el márshal la haga efectiva sobre todas y cada una de las fincas vendidas por la demandada con posterioridad a la anotación en el re-gistro del aviso de lis pendens. El daño que ese trabajo adicional del márshal pueda causar al demandante es fácil-mente reparable, toda vez que la demandada habrá de pa-gar todas las costas del procedimiento si la sentencia le fuere adversa. Por otro lado, si la sentencia fuere favorable a la demandada, la prohibición de vender durante la pendencia del pleito podría causarle serios perjuicios.

Convenimos con el peticionario en que no es fácil distin-guir el caso de autos del de El Pueblo v. Central Cambalache, 59 D.P.R. 60, en el cual expedimos el auto de injunction, prohibiendo a la Central demandada el traspaso de sus tierras a un sindicato de sus accionistas, no obstante ha-berse anotado en el registro el aviso de lis pendens en cuanto a cada una de las fincas pertenecientes a la corporación de-mandada. Debemos confesar francamente qne en el caso de Cambalache, qne fné el primero de esta naturaleza en que se solicitó nuestra intervención mediante el remedio extra-ordinario de injunction, fuimos algo más allá de lo que era en verdad necesario para proteger al querellante en el de-sarrollo de la política pública enunciada por el Congreso y por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y que tiende a evitar las grandes concentraciones de tierras de labrantío y a disolver las ya existentes. Un estudio más detenido de los hechos y circunstancias de estos casos nos ha convencido de que El Pueblo de Puerto Rico y la política pública a que nos hemos referido están amplia y suficientemente protegidos por la anotación en el registro del aviso de lis pendens. Siendo ése un remedio legal adecuado, no procede decretar el injunction solicitado.

Hemos creído justo y razonable considerar y resolver de una vez la cuestión sobre la procedencia del auto de injunction, no obstante estar aún pendiente de decisión la cuestión jurisdiccional levantada por la demandada, porque hemos llegado a la conclusión de que aún cuando decidiéramos que esta corte tiene jurisdicción para conocer del caso, el injunction no procedería. Y no sería justo mantener a la parte demandada sujeta a un entredicho hasta que la cuestión ju-risdiccional sea definitivamente sometida y resuelta.

La petición de injunction debe ser declarada sm lugar y anulada la orden de entredicho dictada por este tribunal en octubre 6, 1944.