author: El Juez Asociado SeñoR Franco Soto,

text:
    Trueba et al., Demandantes y Apelantes, v. Martínez et al., Demandados y Apelados.

      No. 2792.

    Visto: Junio 22, 1923.

      Resuelto: Junio 27, 1924.
    Defensor ad Litem — Nombramiento de Defensor a Menores no Residentes— Jurisdicción — Citación.—La teoría Je que una corte no adquiere jurisdic-ción para nombrar defensor a un menor basta que éste haya sido emplazado es una doctrina razonable cuando se trata de menores residentes, pero no es aplicable a casos de menores no residentes.
    Jurisdicción — Sometimiento por Menores — Emplazamiento de Menores. — Cuando unos menores comparecen ante la corle con jurisdicción por razón del situs de la propiedad objeto del litigio y piden que se les haga partes en el procedimiento y ellos son admitidos y se les nombra un defensor ad litem para que los represente, ellos se consideran sometidos a la juris-dicción de la corte y obligados por su fallo, aún cuando ningún emplaza-miento se les hubiera servido.
    Id. — Id.—Defensor ad Litem. — El nombramiento de un defensor ad litem es materia procesal y no de jurisdicción.
    Reivindicación — :Partes Necesarias — Bienes Gananciales. — La doctrina ■ de los casos de Miranda v. Registrador, y Muñoz v. Registrador, 28 D. P. R. 395 y 26 D. P. R. 780, respectivamente, no es de aplicación cuando ambos cónyuges dueños de la finca ejecutada habían fallecido al interponerse' la demanda.
    Sentencia ele Luis Campillo, J. (San Juan, Primer Distrito), en pleito de reivindicación, inexistencia de adjudicación y otros ex-tremos, declarando sin lugar la demanda con las costas.

      Confir-mada.

      M. Tous Soto y A. J. Amadeo, abogados de los apelantes; E. Acuña-, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado SeñoR Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes, y apelantes ejercitan dos cansas de ac-ción. Una es la de reivindicación genérica de ciertos con-dominios en nna finca rústica denominada “Providencia”; y la otra, qne es la base de la anterior, va dirigida a que se declare inexistente la adjudicación que de dicha finca llevó a cabo el Márshal de la Corte de Distrito de San Juan a favor de Martínez Vallés e Isern Barrancos, en el declara-tivo que sobre cobro de un crédito hipotecario siguieron contra la Sucesión de María de Jesús Urrutia, de cuya sucesión traen causa los demandantes.

La acción reivindicatoría sustancialmente se funda en la propiedad o título que alegan los demandantes de los con-dominios reclamados y en la posesión actual del inmueble por las sociedades Validejuly, Rodríguez y Compañía, Limi-tada, y Rosales y Compañía. Y en relación con la inexisten-cia de la adjudicación del inmueble se alega: (a) La ad-quisición del mismo por Bernardo Suárez Rodríguez y su esposa María de Jesús Urrutia, durante el matrimonio, a título oneroso y con dinero de la sociedad de gananciales; (b) La condición de los demandantes como únicos y univer-sales herederos de las personas en quienes radicaba el título de propiedad de la finca al promoverse el declarativo para' el cobro de la hipoteca que la gravaba; y (c) Alegaciones de irregularidad y omisiones cometidas en dicho, declarativo, a saber: I. Palta de citación personal y presuntiva de los de-mandantes Trueba y Suárez. II. Palta de su comparecencia en el litigio. III. Ilegalidad e ineficacia de la sentencia dic-tada. IV. Nulidad absoluta, per se, de la subasta de la finca y consiguiente inexistencia de la adjudicación realizada en ella.

En su contestación los demandados establecieron una ne-gación general de la primera causa de acción; y también de la segunda, negando la condición de herederos alegada por los demandantes y la existencia de los vicios e irregularida-des de procedimiento que se relatan en la demanda, afir-mando en contrario que todos y cada uno de los procedimien-tos en el cobro de la hipoteca fueron correctos y acomoda-dos a los preceptos de ley y prácticas judiciales.

Además de sus negaciones los demandados establecieron como defensa: su condición de terceros hipotecarios, la pres-cripcióu extintiva de la acción de nulidad y la adquisitiva •en favor de los actuales poseedores invocando para esta úl-tima el artículo 1858 del Código Civil revisado.

Sentadas de este modo las bases del litigio, la corte inferior resolvió el caso por sns méritos y dictó sentencia decla-rando sin lugar la demanda, estableciendo en su opinión, «orno lieclios probados, los siguientes:

“A virtud de la prueba y por liaber resultado de ella que don Bernardo Suárez Urrutia vive, los demandantes modifican su de-manda, limitando su reclamación a las de dos terceras partes de la herencia, o sea a la que alegan corresponderle como únicos herede-ros de su madre Antonia Suárez Urrutia, de su tío Jesús Suárez Urrutia, y de sus premuertas hermanas Mercedes y María Teresa.
“Entendemos se ha probado que Bernardo Suárez Bodríguez ins-tituyó como herederos a sus hijos legítimos Bernardo, Jesús y Ma-ría Antonia Suárez Urrutia, y a su segunda esposa doña Vicenta Fontanals, el tercio de todos sus bienes con arreglo a las prescrip-ciones del Código Civil, pero no se ha probado que sean herederos de Jesús Siiárez Urrutia y mucho menos sus únicos herederos.
“La certificación de defunción presentada para acreditar el fa-llecimiento de éste, prueba de que falleció en 8 de febrero de 1903, pero en modo alguno puede probar que muriera soltero, y que los demandantes son sus únicos herederos en ausencia de toda otra clase de prueba, como sucede en el caso presente.
“De la prueba presentada resulta que Bernardo Suárez, tío de los demandantes, vive y tiene hijos y siendo este hecho cierto y ad-mitido por las partes, tendríamos que reconocer que Bernardo era un heredero in capita con un derecho igual al que correspondería a todos los demandantes que heredarían por estirpes.
“Besulta asimismo probado que al fallecer Jesús Suárez Urrutia en 8 de febrero de 1903, se encontraba legalmente casado con Pe-trona de Jesús Santana, quien por virtud de lo preceptuado en los artículos 821 y 822 del Código Civil revisado entonces vigente, te-nía • reconocidos derechos sucesorios, así en la herencia intestada como' en la testada en concurrencia con descendientes y ascendien-tes; no siendo dable en el caso presente fijar el alcance y extensión de tales derechos sucesorios en razón a que no se ha traído prueba alguna en demostración si el dicho Jesús Suárez Urrutia otorgó o nó testamento y en todo caso quiénes fueron sus herederos testa-mentarios o legítimos.
"De todo ello resulta que los demandantes sólo tenían derecho-a heredar en relación con su abuela materna, una tercera parte de-la mitad; y en relación con su abuelo un tercio de -dos terceras-partes de la otra mitad; no pudiendo establecerse que recibieran derecho hereditario alguno en relación con su tío Jesús, en razón a que no se ha probado en forma alg’una que fueran herederos tes-tamentarios ni intestados del dicho Jesús Suárez.
“Como el ejercicio de una acción reivindicatoría impone al de-mandante la obligación de probar su título sobre la cosa reivindi-cada de un modo claro que no deje lugar a dudas sobre la exten-sión de ese título, la corte llega a la conclusión de que, en el pre-sente caso, se hace de todo punto imposible pon las pruebas aporta-das, fijar clara y determinadamente el alcance del condominio que-los demandantes reivindican en este pleito.
“Que de la demanda presentada por el administrador judicial, Don Pedro de Arana, en el procedimiento seguido contra las per-sonas que componían la Sucesión demandada y cuya nulidad se pide, consta el nombre de las que formaban la sucesión demandada de cuyos nombres tenían conocimiento los demandantes, y para los desconocidos se publicaron los correspondientes edictos.
“Resulta asimismo probado que en aquel procedimiento se expi-dieron los emplazamientos, pues aún cuando no figura en los autos, se desprende claramente de la publicación de los edictos, como tam-bién que la Corte tenía jurisdicción a virtud de tratarse de una acción real.
“Resulta asimismo probado, que la orden dictada por la corte que conoció del procedimiento a que hacemos referencia, es válida ya que aparece haber sido librada a virtud de affidavit presentado y jurado por uno de los abogados de los demandantes, y con el que se demostró a la corte, que habían demandados fuera de la Isla, que existía motivo de acción y que eran partes necesarias o legíti-mas en el pleito,
“Resulta probado que los menores fueron citados por edictos, por estar ausentes, y que, la corte a petición de uno de ellos, pro-cedió al nombramiento de un defensor judicial, el que tomó pose-sión de su cargo y actuó como tal, nombrando abogado que lo re-presentara y el que compareció en el procedimiento.
“Ha quedado probada la incapacidad de Benigno Trueba Gutié-rrez declarada por la Corte de Distrito de San Juan en 11 de oc-tubre de 1905; el nombramiento de tutor del mismo recaído en favor de Bernardo Suárez Urrutia, quien residía entonces en Puerto Rico; y el apoderamiento que con el carácter de tutor hizo aquél en favor de Herminio Suárez y Suárez, al emprender un viaje a España acompañando al incapacitado.
"Que en el año 1907 Antonio Trueba Suárez, hijo del incapaci-tado Benigno, vino a Puerto Rico y residió próximamente unos seis meses en Canóvanas en la casa de Fernández & Sobrino, uno de cuyos socios era Herminio Suárez y Suárez.
"Que promovido en la Corte de San Juan el pleito en ejecución de hipoteca tantas veces • mencionado, y ordenada la citación por .edictos de la sucesión demandada, durante el período de publicación de aquéllos, el dicho Antonio Trueba Suárez compareció en aquel pleito por su abogado E. Acuña y alegando ser uno de los deman-dados en dicha acción, como hijo legítimo de Benigno Trueba Gu-tiérrez y de María Segunda Suárez, esta última hija y heredera a su vez de María de Jesús TJrrutia; y encontrarse en minoría de edad, siendo no obstante mayor de catorce años; y carecer de persona le-galmente capacitada para representarla en tal pleito, por la incapa-cidad declarada de su padre; y también alegando que en idénticas-circunstancias se encontraban sus legítimos hermanos Benigno, Mercedes, César Carlos, María Luisa y Gloria, cuyas edades consignó, y todos ellos residentes en España,, pidió a la corte el nombramiento de un defensor que los representase en dicho pleito, nombramiento que dicha corte hizo en favor del susodicho Herminio Suárez y Suárez.
"Que los demandados Trueba Suárez estuvieron representados en aquel pleito por el Abogado Eduardo Acuña Aybar, en razón a la designación que hiciera el defensor Herminio Suárez, quien a su vez actuó en el pleito en consonancia con las indicaciones del abo-gado, suministrando a éste las informaciones y elementos de defensa de que podía disponer en beneficio de los menores demandados.
"Que habiendo ocurrido durante el curso de dicho pleito el fa-llecimiento en España del incapacitado Benigno Trueba Gutiérrez, se constituyó el consejo de familia de los menores Trueba Suárez, de acuerdo con la ley española y dicho consejo nombró tutor de aquéllos, al propio que lo había sido del incapacitado, o sea a Bernardo Suárez TJrrutia; y también el aludido consejo facultó al tutor nombrado, para comparecer en el pleito y constituir y sustituir-mandatario con tal fin, lo que efectuó el tutor apoderando conve-nientemente al mismo Herminio Suárez y Suárez, que como. queda dicho, venía actuando en el pleito de referencia como defensor de los menores.
"También resulta probado que don Jesús María Inocencio Suárez Urrutia, falleció con anterioridad al iniciamiento del pleito, y por tanto no podía ser emplazado ni notificado.
“Que en aquel procedimiento la corte que conoció del caso dictó sentencia a favor de los demandantes, y a virtud de ella se llevó a efecto da subasta, y en su consecuencia, la adjudicación al mejor postor;: que' lo fué don Octavio Martínez Vallés, habiendo pasado más tarde y encontrándose hoy en poder de los demandados éh virtud de sucesivas trasmisiones.
“Se ha probado que los menores Trueba Suárez, percibieron de don Carlos MacCormick, uno de los hoy demandados, el importe de tina hipoteca qué gravaba la finca, a favor de su causante Benigno Trueba Gutiérrez.
“Resulta asimismo probado que los demandados no intervinieron en el pleito seguido por el administrador judicial, D. Pedro Arana, seguido contra la Sucesión de María de Jesús Urrutia; que el tí-tulo de adquisición de Octavio y Petra Martínez Vallés y Adelaida y Demetria Isern, fué inscrito en el registro de la propiedad, sin que de su inscripción aparezca ninguna causa en que fundar la nulidad teniendo por tanto la condición de terceros.
“Resulta asimismo probado que el Marshal de la Corte de Dis-trito de San Juan, en 20 de noviembre de 1909, vendió judicialmente la finca objeto de la reivindicación, a Octavio y Petra Martínez Va-lles y Adelaida y Demetria Isern Barrancos; que Adelaida y Deme-tria Isern vendieron en 4 de enero de 1910 a don Marcos Tomás ■Caneja; que en enero 5 de 1910, este último y su esposa vendieron Ja citada finca a don José E. Benitez Castaño.
“Que en 30 de marzo de 1910, don Octavio Martínez Vallés, Doña Petra Martínez Valles y los esposos D. José E. Benitez Cas-taño .y Doña Carlota Benitez Carrillo, vendieron la totalidad de la finca a don Rafael López Landrón, y que ese mismo día don Rafael López Landrón .asistido de su esposa la vendió a don Juan Carlos MacCormick.
• “Resulta probado que don Juan Carlos MacCormick Hartman y su esposa en 20 de mayo de 1910, la vendieron a la sociedad mer-cantil ‘Rqsales y Compañía’ y que con fecha 15 de septiembre de 1919, la citada finca fué habida por don Enrique González y Ro-dríguez, por compra en pública subasta a don Manuel V. Domenech como trustee de la quiebra de la corporación 'Compañía Azucarera de la Carolina’, también llamada ‘Carolina Sugar Company’, y que don Enrique González asistido de su esposa vendió dicha finca a la sociedad civil agrícola e industrial ‘ Validejuly, Rodríguez & Com-pañíá, Limitada’, en 10 de diciembre de 1919, todos cuyos traspa-sos .fueron inscritos en el registro de la propiedad.”

En su apelación ante esta Corte Suprema, los apelantes asignan como errores:

• ‘ ‘ Primero: No reconocer a favor de los señores Trueba y Suárez la cualidad de herederos del finado Jesús Suárez y Urrutia, descono-ciendo el derecho declarado por el Código Civil revisado en sus ar-tículos' 886, 914, 916 y 920.
“Segundo: Declarar prescrita la acción ejercitada haciendo, in-debida aplicación del artículo 1267 del Código Civil, por confundir la acción de nulidad de contrato con la de nulidad de actuaciones judiciales e inexistencia de contrato, que ejercita la parte actora. ,
' ‘ Tercero: Reconocer a favor de los demandados la prescripción adquisitiva del dominio de la finca Providencia aplicando indebida-mente, el artículo 1858 del Código- Civil.
‘ ‘ Cuarto: Independientemente de su ineficacia, haberse dado a la sentencia dictada en el juicio declarativo seguido por los herede-ros de Pedro Arana contra la sucesión de María de Jesús Urrutia, una indebida extensión, entendiendo obligado a su cumplimiento al señor Bernardo de Jesús Suárez y Rodríguez, quien no fué parte en el otorgamiento de la obligación reclamada ni en el litigio pro-movido para la efectividad de ella, en cuyos procedimientos ni aún fué nombrado.
“Quinto: El tribunal sentenciador incurrió asimismo en error de derecho suficiente para producir la revocación de la sentencia apelada al admitir en evidencia la escritura otorgada en Barcelona, Reino de España, el día 15 de enero de 1909 y bajo el número 54 ante el notario don Antonio Gallardo y Martínez, al efecto de pro-bar con ella la constitución de un consejo de familia de los menores Trueba y Suárez, el nombramiento de tutor por dicho consejo de familia y los actos de éste, así como al estimar suficiente tal escri-tura . como prueba de dichos extremos.
■ “Sexto: Apreciar válidas en derecho las actuaciones judiciales del .declarativo en cobro de crédito hipotecario seguido ante la Corte.de Distrito de San Juan por Pedro Arana, mediante su ad-ministrador judicial en un principio y más tarde por sus herederos señores Martínez Vallés 'e Isern Barrancos, contra la sucesión de la señora María de Jesús Urrutia, declarando válida la sentencia e ineficaz la subasta de la finca Providencia y su adjudicación a los*’ demandados. ■
“Séptimo: Indebida aplicación del artículo 34 de la ley hipo-tecaria e inaplicación del artículo 33 del mismo cuerpo legal, desco-nociendo que la acción ejercitada se funda en título inscrito en el registro de la propiedad en fecha anterior al invocado en contrario por la parte demandada y desconociendo también, que existen vi-cios o causas de la acción ejercitada que- resultan claramente de la inscripción del título en el registro de la propiedad.
‘ ‘ Octavo: La sentencia apelada, al estimar la validez de la sil-basta de la finca Providencia y procedimientos judiciales que die-ron lugar a la misma y la eficacia de la inscripción en el registro de la propiedad de San Juan de la adjudicación del mismo inmue-ble a favor de Octavio y Petra Martínez Vallés y Adelaida y De-metria Isern y Barrancos, infringe las prescripciones contenidas en la enmienda quinta de la constitución de los Estados Unidos de-clarativas del principio universal de derecho de que nadie puede ser privado de su propiedad sin un debido procedimiento de ley y de la regla de derecho político que no se ocupará la propiedad pri-vada sin justa compensación; porque los procedimientos judiciales del juicio declarativo en que se decretó tal subasta, la subasta misma y la inscripción en el registro de la propiedad de la adjudi-cación del inmueble Providencia no constituyen debido procedi-miento de ley y la aplicación del artículo 34 de la ley hipotecaria con la extensión que se le atribuye en la sentencia apelada, equivale a la ocupación de la propiedad privada sin audiencia y sin justa compensación. ’ ’

Los apelantes discuten cada error en tan diversos aspec-tos y detalles que el alegato se hace demasiado extenso, pero ello representa un gran esfuerzo y es un trabajo laborioso y hábil.

Como la acción reivindicatoría se funda en la inexistencia de los procedimientos que en el declarativo sirvieron de ]base al título de los demandados, y sobre la omisión o defectos de tales procedimientos se levanta aquella acción, para te-ner fuerza legal el título de los apelantes y sobreponerlo al de los apelados, parece más lógico que consideremos con preferencia el sexto error en que se imputan dichas omisio-nes o defectos pues según el resultado a que pueda llegarse con vista de los mismos, será o nó necesaria la considera-ción de los restantes. De todos modos invertiremos el or-den de los errores a medida que el desarrollo natural de la discusión del asunto lo exija.

Los errores de procedimiento que sostienen los apelantes cometidos en el declarativo podemos dividirlos en dos gru-pos: en el primero comprenderemos lo que podemos llamar meras irregularidades y en el segundo aquellas omisiones o defectos que tienen el carácter de vicios jurisdiccionales.

La infracción a que aluden los apelantes del artículo 251 del Código de Enjuiciamiento Civil, en cuanto al anuncio de la subasta, es una mera irregularidad que no afecta al com-prador de buena fe, y no puede considerarse en una acción colateral,- como ocurre en este caso, para anular la subasta que originó la venta y adjudicación de la finca hipotecada. Henna v. Saurí y Subirá, 22 D.P.R. 836, y Solá v. Castro, 32 D.P.R. 804.

■ Se sostiene en primer lugar, como cuestión jurisdiccional, que no hubo citación personal de los menores Trueba Suarez y que tampoco tuvo lugar la citación presuntiva (constructive).

La afirmación de los apelantes se funda en que no apa-rece de los autos la existencia del emplazamiento original. La corte inferior admite que no existe en los autos dicho emplazamiento original, pero llega a la conclusión de su existencia por inferencia de su publicación en los edictos. El punto así resuelto se convierte para su examen en una cuestión legal. Sin embargo, todas las cuestiones que los apelantes levantan en relación con la negativa de la existen-cia del emplazamiento original y las irregularidades que se-ñalan haciendo insuficiente el emplazamiento por edictos, ca-recen de todo interés para ser consideradas en esta ocasión, toda vez que los menores Trueba Suárez, debidamente re-presentados, verificaron su comparecencia, ejercitando todas las' defensas y privilegios que estuvieron a su alcance du-rante la sustanciaeión del procedimiento ordinario para el cobro de la hipoteca. El primer edicto citando a dichos me-nores se publicó el 23 de abril de 1907 y tres días antes de .su publicación, o sea el 20 del mismo mes y año, Benigno Trueba y Suárez, uno de los menores demandados, acogién-dose a los. artículos 56 y 57 del Código de Enjuiciamiento Civil, compareció en el pleito solicitando para él y sus demás hermanos demandados, hoy apelantes, el nombramiento ,:de un defensor que les representara en la reclamación que- se les había establecido. La orden de la corte inferior desig-nando a Herminio Suárez como defensor ad litem de los menores, se dictó el 25 de abril de 1907.

No obstante tener lugar la comparecencia de los menores en la- fecha indicada y el nombramiento de defensor, para completar su personalidad, se dejó transcurrir el término de ley para excepcionar o contestar la demanda, y en 11. de julio de 1907 se les acusó la rebeldía, la que se anotó en la misma fecha. En 5 de agosto de 1907, haciéndose usó de lo que dispone el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, se pidió que se abriera la rebeldía, y la corte así lo acordó en resolución de 12 de agosto de 1907. En el récord del declarativo que es una certificación en relación y no.una certificación literal de los procedimientos que tuvieron lugar en aquel juicio, aparece además que se excepcionó y contestó la demanda y que después de visto el caso en sus méritos se dictó sentencia ordenando el cobro' del crédito hipotecario mediante venta de la finca hipotecada. Se hace constar tam-bién que en aquellas alegaciones de defensa el abogado com-pareció a nombre del defensor y directamente a nombre de los menores. No se insertan literalmente dichas alegaciones. La certificación en relación no es una copia fiel de los pro-cedimientos y cuando no es clara en sus términos o se ofre-cen dudas en su interpretación, éstas deben resolverse en favor de que tales procedimientos se llevaron en debida forma. El hecho de comparecer el abogado a nombre de! defensor judicial, implica la aceptación del cargo por el de-fensor sin necesidad de que apareciera de otro modo su acep-tación expresa.

Pero los apelantes sostienen la falta de jurisdicción de la;.-corte inferior al nombrar nn defensor judicial-a los me-nores Trueba Suárez porque siendo menores de edad.no fue-ron emplazados personalmente. Si se atiende a los .térmi-nos de la.demanda en cobro del crédito hipotecario, se .no-tará que las citas de autoridades que .hacen los ¡apelantes distan mucho de ser aplicables al presente caso. En la de-manda declarativa se alega que María Segunda Suárez'TJrru-tia.al morir le sobrevivieron su esposo.y varios hijos,.pero se alega- también, que se carece de información, acerca .del número y nombre de los hijos y del punto de residencia. - Dé esta alegación se desprende la no residencia en Puerto. Rico de los herederos de María Suárez Urrutia, ni la edad de los hijos.

En el caso de Dapena v. Dominicci, 12 D.P.R. 67, se re-solvió que “cuando la demanda se dirige contra una suce-sión deberá expresarse el nombre de cada uno de los here-deros o darse alguna razón que justifique la omisión de dicho requisito.” Y podemos considerar como razón suficiente en este caso la de estar fuera del alcance o conocimiento de los ejecutantes de la hipoteca, el número, residencia y de-más circunstancias personales de los componentes de la su-cesión demandada.

“No hay afirmación alguna en la declaración jurada ni en las alegaciones sobre la edad de estos menores. Para sostener los pro-cedimientos de la corte inferior, debemos presumir, mientras lo con-trario no aparezca, que estos menores tenían más de catorce años,, y en ese caso la ley no exigía que se notificara el emplazamiento ni la demanda a la madre o a otra -persona en cuya custodia se encon-traran.” Emeric v. Alvarado, 64 Cal. 597.

La teoría de los apelantes de que la corte no adquiere-jurisdicción para nombrar un defensor a un menor hasta que éste haya sido emplazado es una doctrina razonable cuando se trata de menores residentes, pero no parece aplicable - a los casos no residentes y la razón de esta diferencia parece consistir en suponer lógicamente que el menor residente en Puerto Rico se hace físicamente posible de encontrarle y está dentro de la jurisdicción dél territorio y por ello debe ser emplazado personalmente.

■Por otra parte, este es un caso en que se trata de una acción real, del cobro de un crédito hipotecario, sin que baga diferencia el procedimiento ordinario que se estableció para ¡su cobrola corte tuvo jurisdicción por razón del situs de Ja propiedad hipotecada, y se ha sostenido que cuando unos menores comparecen y piden que se les haga partes en el procedimiento y ellos son admitidos y se les nombra un de-fensor ad litem para que los represente ellos se consideran sometidos a la jurisdicción de la corte y obligados por su fallo, aún cuando ningún emplazamiento se les hubiera ser-vido. Y esto es lo ocurrido en el declarativo que impugnan los apelantes.

"Sin embargo, si la acción es una quasi in rem, en que se su-plica no una sentencia personal sino la determinación del título so-bre cierta propiedad, y la corte tiene jurisdicción por razón del situs de la propiedad, una notificación de emplazamiento en forma sustituía puede ser válida en cuanto a niños, lo mismo que en cuanto a demandados adultos, y se ha resuelto que en tal acción la sentencia es obligatoria en el sentido de conferir un buen título a un comprador en subasta pública, en contra de dueños menores de edad para quienes se nombró un defensor ad litem que nombró abogado y gestionó la defensa, aún cuando no hubiera habido noti-ficación a los menores. Cuando los menores comparecen y solicitan ser hechos partes y son luego admitidos y se les nombra un defen-sor, se ha resuelto que ellos estaban ante la corte y quedaron obli-gados por su sentencia, aunque jamás se les notificara el emplaza-miento.” 14 R.C.L. 285.

El carácter mismo de la acción real que fue objeto del juicio declarativo para la ejecución de la hipoteca, hace des-aparecer la importancia que podía tener la cuestión levan-tada por los apelantes de que era necesario el embargo de la finca hipotecada para que la corte inferior adquiriera ju-risdicción sobre los demandados en aquella acción.

"Este procedimiento es constitucional sólo cuando la acción tiene por objeto afectar el status del demandado. Si el objeto de la ac-•eión es sujetar la propiedad del demandado dentro del estado a ■ejecución librada en virtud de sentencia contra él, tal propiedad •debe ser embargada ai comenzarse el procedimiento. Después de un embargo y la publicación de los edictos en la forma dispuesta por la ley, la acción se convierte en efecto en un procedimiento in rem contra la propiedad embargada, y la sentencia es una in rem •contra tal propiedad, y no in personam contra el demandado. Una sentencia dictada contra un demandado que no ha sido personal-mente notificado con el emplazamiento y cuya propiedad no había sido previamente embargada, sería nula por faltar el debido proce-dimiento de ley. Esta doctrina importante ha sido recientemente establecida por la Corte Suprema de los Estados Unidos y es, desde luego, obligatoria para todas las cortes de los Estados, a pesar de que los estatutos de muchos Estados, como sucede en California, pre-tenden autorizar una sentencia contra una persona no emplazada, bajo una mera publicación de edictos.” 2 Estee’s Pleadings, p. 899.
“Pennoyer v. Neíf, 95 U.S. 728; Ilart v. Sansom, 110 id. 151; Belcher v. Chambers, 53 Cal. 635; Denny v. Ashley, 12 Colo. 165, 20 Pac. 331; Smith v. Montoya, 1 West Coast Rep. 152; McKinney v. Collins, 88 N.Y. 216; véase Perkins v. Wakeham, 86 Cal. 580; 23 Am. St. Rep. 67. La ejecución de una hipoteca es por su na-turaleza un procedimiento in rem contra la propiedad hipotecada y el emplazamiento puede notificarse a un no residente por medio de edictos. La Fetra v. Gleason, 101 N.Y. 246.” Id., nota 99.

Los apelantes insisten, sin embargo, en la nulidad del nombramiento de defensor judicial porque en la petición y en la designación de defensor no se cumplieron los requisi-tos que prescribe el artículo 77 de la ley sobre procedimien-tos legales especiales, aprobada en marzo 9 de 1905, (Comp. see. 1616), en relación con lo que determina el artículo 230 del Código Civil. Como estas disposiciones legales son de carácter adjetivo, no creemos que puedan prevalecer so-bre las prescripciones que en general, estatuye el. Código de Enjuiciamiento Civil que tienen el mismo objeto. El nom-bramiento de defensor se solicitó y acordó con arreglo a los artículos 56 y 57 del Código de Enjuiciamiento Civil, equiva-lentes al 372 y 373 del Código de Enjuiciamiento Civil de California. Según estos preceptos el nombramiento de defen-sor descansa en la sana discreción de la corte, aún cuando ■tuviera el -menor tutor general; Bajo este punto de vista deja de tener inflo encía algnna en la discusión de este ciaso, el nombramiento de tutor qué se hizo a los menores Trueba Suárez por el consejo de familia, en España,'a favor de Bernardo Suárez Urrutia, en virtud de la incapacidad en que por su estado de demencia se encontraba el padre de dichos menores y cuya- incapacidad fué declarada por. la Corte de Distrito de San Juan. Con estas premisas se hace innecesario también considerar el error quinto del alegato que se refiere a la admisión por la corte inferior de cierta escritura de poder con el objeto de probar el nombramiento de tutor de los menores realizado en España por el consejo de familia y así determinar sus consecuencias legales en este pleito.

Un caso ilustrativo de la forma o modo de solicitar el nombramiento de un defensor judicial, es el siguiente:

“ * ® * En efecto, no creemos que una petición escrita soli-citando tal nombramiento sea necesaria. El nombramiento lia de hacerse a solicitud de parte-. Y esta solicitud puede hacerse en corte abierta lo mismo que por escrito. Aunque es mejor práctica radicar una solicitud alegando los hechos necesarios para demostrar la jurisdicción de la corte, sin embargo no es mala práctica hacer la solicitud para tal nombramiento oralmente. ’ ’ Emeric v. Alvarado, 64 Cal. 594.

De todos modos la jurisprudencia sostiene que el nombra-miento de un defensor ad lilem es materia procesal y no de jurisdicción.

“El nombramiento de un defensor ad litem para un menor de-mandado, al igual que la comparecencia de un prochein ami a nom-bre de un menor demandante, es una cuestión de procedimiento y no de jurisdicción. Que a demandante- o demandado faltara tal re-presentación haría la sentencia errónea pero no nula. Puede anu-larse por auto de error cor am nobis, o mediante moción a la- misma corte, o mediante una adecuada apelación; pero se ha resuelto ge-neralmente que la validez de la sentencia no puede "ser atacada por este motivo en una acción colateral en que la sentencia sea sólo un incidente de la controversia.” 14 R.C.L. 286.

Por el cuarto error se alega por los apelantes que aún asumiendo qne los procedimientos qne se han disentido fúe-fán legales, no pueden afectar a Bernardo Suárez y Rodrí-guez, abuelo materno de los menores y padre de los demás demandados.

' ■ Se fundan para ello en que la finca en cuestión figuraba en el registro de la propiedad una mitad, por concepto de gananciales, a favor del cónyuge viudo Bernardo Suárez Ro-dríguez, por defunción de su esposa María de Jesús Urrutia, y por consiguiente la sentencia solamente podía afectar a la mitad que correspondía a los herederos de la última. .

Para aclarar la contensión que mantienen los apelantes en éste punto, basta tener en cuenta el carácter de bien ga-nancial que tuvo la finca, que la misma estaba afecta a una hipoteca, que el procedimiento cuya legalidad se pone en tela de juicio tuvo por objeto la ejecución de la misma, y que además la sentencia no condenó ni podía condenar al cónyuge viudo Bernardo Suárez Rodríguez, pues éste en la fecha de la radicación de la demanda ordinaria había fallecido. Y esto fué alegado en el párrafo octavo de la demanda decla-rativa y asimismo quedó alegada la defunción de María de Jesús Urrutia y la resolución de haber sido declarados here-deros de ella, su viudo Bernardo Suárez Rodríguez y sus le-gítimos hijos Bernardo, Jesús y Antonia Suárez Urrutia, de cuyos herederos había fallecido el viudo y dos hijos, y se demandaba al hijo sobreviviente y a los sucesores de los fa-llecidos, que fueron las personas que en el pleito aparecían teniendo interés, entre ellas los apelantes.

Los casos que citan los apelantes de Miranda v. Registrador de San Juan, 28 D.P.R. 395, y Muñoz v. Registrador de Humacao, 26 D.P.R. 780, no tienen aplicación alguna en este pleito. En aquellos casos se parte de la base, como así te-nía que ser, de la supervivencia de uno de los cónyuges al que necesariamente había de emplazarse por su carácter de heredero especial independiente de los demás herederos. .Pero en el presente caso ambos cónyuges habían fallecido, al interponerse la demanda.

Si todas las cuestiones que han sido examinadas no afec-tan a la sentencia ni a la subasta y adjudicación en el pro-cedimiento ordinario para la ejecución de la hipoteca que impugnan los apelantes, parece lógico decir que se hace in-necesario considerar el carácter de terceros hipotecarios de los demandados y que es objeto del error séptimo que apun-tan los apelantes en su alegato.

Asimismo se puede decir del error primero apuntado re-lativo a la capacidad de los apelantes en su cualidad de he-rederos de sus respectivos causantes y que constituye el fundamento básico de su derecho a reivindicar. Porque cual-quiera que sea el derecho de los apelantes en ese punto y (malquiera que fuera la participación que les correspondiera o se determinara en la finca objeto de este pleito, es lo cierto que tal derecho esencia de su título, quedó extinguido en vir-tud de la ejecución de la hipoteca y cuyos procedimientos para su cobro en su finalidad se sostienen como legales. De paso diremos sin embargo que si bien los apelantes en su demanda derivan su derecho como causahabientes de su ma-dre Antonia María Suárez Urrutia y de sus tíos Bernardo y Jesús María Suárez y Urrutia, quienes a su vez traen-cansa de sris padres Bernardo Suárez Bodríguez y María de Jesús Urrutia, de la prueba aparece que Bernardo Suárez Urrutia no había muerto y se enmendó la demanda durante el curso del juicio, dejando subsistente la reclamación en cuanto se derivaba de los demás causantes. Asimismo apa-rece que Bernardo Suárez Bodríguez contrajo segundas nup-cias con Yicenta Fontanals a quién, por disposición testa-mentaria, legó en su favor el tercio de sus bienes, y del mismo modo resulta que Jesús María Suárez Urrutia falle-ció siendo casado y sin otorgar testamento. Someramente diremos, como consecuencia de esos hechos, que la teoría de la demanda de ser los apelantes los únicos y universales he-rederos de su tío Jesús María no es sostenida por la prueba. El falleció en 1903 bajo la vigencia del Código Civil revisado y los derechos hereditarios de sn esposa Petrona de Jesús ■Santana se rigen por las prescripciones de dicho Código. Tal vez hubiera sido interesante seguir al abogado de los apelantes en el estudio que hace de los artículos 821 y 822 intentando demostrar su incompatibilidad con otras disposi-ciones del código y su imposible aplicación a cualquier caso pero aparte de que esta corte ya ha interpretado dichos pre-ceptos (Julbe v. Guzmán, 16 D.P.R. 536) no es necesario que insistamos en su debida aplicación, dada la conclusión a que antes habíamos llegado. Parece sí necesario decir que la única participación indivisa que era fácil determinar per-teneciente a los menores es la que procede de la mitad que por gananciales correspondería a su abuela materna. Esto representaría una sexta parte. Pero cualquiera que sea el derecho de los apelantes en ese extremo, como la participa-ción que les resultaría de lo que proviniera de su abuelo materno, son cuestiones o derechos que carecen de interés o vida legal en virtud de haberse ejecutado la hipoteca que gravaba la finca, y que de este modo, por sucesivas trasmi-siones, pasó a los actuales demandados.

No dejaremos de mencionar el error que los apelantes atribuyen a la corte inferior por no haber declarado la nu-lidad de la sentencia por ser ésta el resultado de una transac-ción en la que intervenían menores.

■Se notará que esta es una cuestión de hecho. A ese fin declararon abogados de una y otra parte, incluso el abogado de los apelados. La corte inferior creyó las explicaciones de este último abogado y como cuestión de credibilidad, no encontramos que la corte cometiera error al resolver el con-flicto, caso de existir, a favor de los apelados.

En virtud de todo lo expuesto la sentencia debe confir-marse.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Franco Soto,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Rodríguez, Acusado y Apelante.
    No. 2112.

    Visto: Febrero 12, 1924.

      Resuelto: Junio 27, 1924.
    Delito Contea el Erario — Evidencia Inadmisible — Nuevo Juicio. — -Presentada por el fiscal sin explicar su propósito, una certificación del secretario municipal creditiva de que el acusado de un delito contra el erario público había sido separado por el concejo de administración del cargo de comisionado de hacienda a cansa de irregularidades encontradas en la contabilidad del municipio, se concluyó que era evidencia inadmisible y se decretó nuevo juicio.
    Sentencia de B. Díaz Ontrón, J. (Ponce), condenando al acusado . por, delito contra el erario público.

      Revocada y devuelto el caso para nuevo juicio.

      Martínez Nadal, Tormos & Colón, j C. del Toro Fernández, aboga-dos del apelante; José E. Figueras, Fiscal, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Hercilio Rodríguez fue acusado como autor de un delito contra el erario público y declarado culpable se le condenó a sufrir la pena de un año de presidio.

El acusado apeló de la sentencia y en su alegato si bien señala la comisión de varios errores, solamente será necesa-rio considerar por el resultado a que liemos llegado, el sép-timo error que se refiere a la admisión por la corte inferior de una certificación expedida por el Secretario del Municipio de Yauco conteniendo un acuerdo del consejo de administra-ción suspendiendo al acusado de su puesto de comisionado de hacienda por irregularidades encontradas en la contabili-dad del Municipio.

El fiscal de esta corte al examinar este error admite que realmente se lia cometido, pero añade que se trata más bien de un error técnico que no perjudica los derechos sustancia-les del acusado. Esta es sin embargo una conclusión del fiscal sin más argumentación ni apoyarla con citas de autori-dades o jurisprudencia aplicable.

El acusado había tomado excepción a la resolución de la corte inferior admitiendo dicho documento y además funda-mentó su objeción. El fiscal de distrito no explicó en cambio el objeto o propósito de ofrecer en evidencia tal documento. Pero nó teniendo esta prueba el más ligero peso sobre los hechos delictivos que constituyen el objeto dé la acusación, hay que presumir que el propósito del fiscal era levantar una inferencia o presunción de que el acusado cometió el delito comprendido en la acusación. En este sentido la prueba a todas luces era impertinente y perjudicial a los derechos sust taneiales del acusado. Ella podía levantar por sí misma com independencia del resto de la evidencia un prejuicio o probabilidad de culpabilidad en la mente del jurado en contra del acusado, y por esto y por ser enteramente innecesa-ria dicha prueba no se debió ofrecer por el fiscal ni menos haberse admitido por la corte inferior. Con ello solamente se consiguió entorpecer la buena marcha del procedimiento y siempre es de lamentar que el curso de un proceso se de-tenga y que haya que comenzar de nuevo cuando sin una actuación tan inútil tal vez hubieran quedado cumplidos, en este caso los fines de la justicia.

Por virtud de lo expuesto, se revoca la sentencia y se de-vuelve el caso para la celebración de un nuevo juicio.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


text:
    Ex parte del Carmen, Peticionaria y Apelante.
    No. 3334.

    Visto: Junio 13, 1924.

      Resuelto: Julio 9, 1924.
    Aprobación Judicial de Partición — Bienes de Menores — Representación de Menores en la Partición. — En una partición a la cual concurrieron menores representando a un condueño fallecido, se descontó a éstos el importe de un solar que vendieron anteriormente todos los condueños incluso el padre dé los menores, bajo el fundamento de que éste recibió para sí el importe del solar. Apelada la resolución que negó la aprobación 'judicial a la partición, se resolvió: que no apareciendo de la escritura de venta del solar que el precio hubiera sido percibido exclusivamente por el causante de los menores, laJ partición es nula, siéndolo también por el heeho de que los menores estu-vieron representados en la partición por uno de los partícipes en la herencia.
    Resolución de M. Rodríguez Serra, J. (San Juan, Segundo Distrito), denegando aprobación de partición de herencia.

      Confirmada.'

      M. F. Rossy, abogado de la apelante.
    El Fiscal José E. Figueras compareció a nombre de los menores.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura otorgada ante el notario Manuel F. Rossy el 31 de marzo de 1923, los herederos del finado Norberto del Carmen, procedieron a la partición de cierta finca radi-cada en Santurce, y la que previamente habían inscrito pro-indiviso en el registro de la propiedad mediante información de dominio, la mitad a nombre de la viuda Jacinta Caballero' y París, en concepto de gananciales, y la otra mitad a favor de sus cuatro hijos procreados en su matrimonio con el cau-sante; nombrados Francisca, Eulalia, Isidra y Jesús del Carmen y Caballero.

De estos herederos había fallecido Jesús y en la escri-tura de partición comparecen sus hijos naturales, declara-dos herederos por resolución judicial, nombrados Fabiana, Acacia, Francisco y Pedro del Carmen y de León, estos dos últimos menores de edad y representados por su tutora Francisca del Carmen, quien también hace su comparecencia por su propio derecho, por ser una de los partícipes en la he-rencia.

En la misma escritura de partición se declara que con anterioridad se habían vendido varios lotes por la viuda-y los cuatro hijos a diferentes personas y que aunque en las respectivas escrituras se hace’ constar que el precio lo per-cibieron todos los herederos, es lo cierto que el del solar vendido a Mercedes 011er, lo percibió íntegro el heredero Jesiis, padre de los menores antes nombrados, por. lo que en la partición se les descuenta la porción de terreno que fue objeto de dicha venta.

Con la petición se acompañaba la escritura de partición y otros documentos y al final de la misma aparece el dicta-men del fiscal Rafael Arrillaga dando simplemente su con-' formidad en lo que concierne a los menores, 'para que se-aprobara la escritura de partición, por quedar garantizados sns derechos.

Posteriormente los peticionarios presentaron nna moción ofreciendo prueba testifical en adición a la escritura sobre división de bienes, en la parte que se refiere a los menores, y un plano hecho por un ingeniero para que se viera con exactitud la división que' se lia verificado del terreno. ■

La prueba fué practicada y el expediente pasó al fiscal Domingo Massari, quien emitió su dictamen, como sigue:

“En este caso se interesa que la corte apruebe unas operaciones particionales. Los bienes consisten en una finca poseída en común proindiviso por cuatro condueños, uno de los cuales falleció dejando cuatro hijos siendo dos menores de edad. Un tiempo antes del fa-llecimiento del causante de dichos menores, se vendió una parte de dicha finca, compareciendo en la escritura de venta los cuatro con-dueños, uno de ellos, el padre de estos menores.
“En la escritura partieional, ahora se descuenta a los hijos del difunto el total de la parte vendida, alegando, que el difunto reci-bió el importe de la misma, circunstancia ésta que no aparece de la escritura de venta. Hecha la venta en esa forma, y puesto que es preciso atenerse a dicha escritura, claro está que la venta de aque-lla parte afecta a la masa común, por lo que no debe descontársele solamente a los herederos del fallecido, debiendo procederse a divi-dir la finca en cuatro partes iguales, tomando por base sus actuales dimensiones, o lo que es lo mismo, asignar de la cuarta parte de ella, una cuarta parte a cada uno de los dos menores, en forma equita-tiva, de manera que no sufran éstos perjuicio alguno.
“Por tanto, como la escritura de partición no entraña una divi-sión justa y equitativa, de acuerdo con la ley, el fiscal recomienda a la corte no le imparta su aprobación.”

Este último dictamen sirvió de fundamento a la corte inferior para negar la división propuesta, y por nuestra parte-hemos llegado a la misma conclusión con vista de las razones que tuvo el fiscal Massari para oponerse a la aprobación de-la escritura de división, debiendo añadir que estando intere-sada la tutora de los menores en la partición de la finca, sil representación al mismo tiempo a nombre de los menores hace nula e ineficaz la partición.

Por lo expuesto, la resolución de la corte inferior debe confirmarse.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    American Railroad Company of Porto Rico, Tercerista, Demandante y Apelada, v. Micheo Zandío & Co., Demandada y Apelante, y Arecibo Sugar Company, Demandada.
    No. 3161.

    Visto: Febrero 19, 1924.

      Resuelio: Julio 9, 1924.
    Preferencia de Crédito — Almacenaje y Conservación de Efectos Transpor-tados i»or Ferrocarril. — Habiéndose jabado en este caso que la compañía de ferrocarril tercerista tenía los railes acomodados sobre traviesas al lado do su almacén, en la misma forma en que cuidaba cualquier otra mercancía de cuarta clase bajo la vigilancia constante de su colador de día y de noche y de los empleados del almacén, es necesario concluir que la alegación de almacenaje y conservación quedó probada. No ora necesario que los railes estuvieran guardados bajo cubierta.
    Id. — PRi-sciurcióN de la Acción para Cobrar Almacenaje y Conservación.— No habiendo sido entregados los railes por la compañía porteadora cuando estableció la demanda de tercería do mejor derecho en la cual alegó la pre-ferencia de su crédito por conservación y almacenaje, no puede concluirse que la acción estaba prescrita a tenor de lo que dispone el inciso 3 del artículo 952 del Código de Comercio.
    Tercería de Bienes Muebles — Pri-ferencia de Crédito. — He acuerdo con la sec-ción primera de la ley de marzo 14, 1907, página 30S, en el procedimiento de tercería sobre bienes muebles establecido en dicha ley, puede decidirse qué persona tiene mejor derecho a la propiedad de los bienes embargados, e incumbe al apelante establecer la existencia de error, si hubo alguno, al resolver la corte inferior sobre cuestiones de preferencia o mejor derecho.
    Sentencia de Enrique Lloreda, J. (Areeibo), en pleito de tercería, declarando con lugar la demanda, sin costas.

      Confirmada.

      Large & Zeno, abogados de la apelante; JE. II. Dexter y F. Acosta Velarde, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En nn pleito seguido contra la Areeibo Sugar Co., Mi-cheo Zandío & Oo. embargó como de la propiedad de la de-mandada un lote de railes de vía qne estaba en posesión de la American Railroad Co. y consignado a la Central Bayaney de Areeibo. La Compañía de Ferrocarriles presentó enton-ces demanda de tercería alegando tener nn crédito prefe-rente por el almacenaje y conservación de la propiedad en cuestión, y obtuvo sentencia a su favor contra la cual esta-blece apelación la demandante en la acción original.

La apelante no tendría razón para quejarse si fuera de-sestimada la apelación por falta de un señalamiento de erro-res por separado. Pero la apelada no lia levantado ninguna cuestión respecto al particular y hemos examinado los autos en tanto ha sido necesario para convencernos de- que no se ha cometido ninguna injusticia.

De uno y otro sitio del alegato de la apelante transcribi-mos lo siguiente:

“Primero. — La Corte de Distrito de Arecibo erró al estimar y declarar preferente, el crédito de la tercerista, sobre el de la com-pareciente, Micheo Zaiidío & Co., para cobrar del producto de los railes embargados por ésta, en el caso de Micheo Zandío & Co. v. Arecibo Sugar Co., en razón a la preferencia que a los créditos por transporte concede la ley; infringiendo el fallo, por errónea inter-pretación y aplicación indebida, el art. 1823, inciso 4 del Código Civil revisado; art. 375 del Código de Comercio; y art. 4, inciso ‘c’ •del capítulo III de la Ley de Servicio Público de P. R. aprobada éh 6 de diciembre de 1917.
“Para mejor puntualizar el error de la corte inferior, vamos a dividirlo en dos partes.
“(a) Erró la corte, al estimar preferente el crédito de la terce-rista, por el precio del transporte de los railes embargados, para co-brar su importe, sobre el de Micheo Zandío & Co., en los aludidos bienes.
“(ó) Erró, también; la corte inferior al estimar preferente el crédito de la tercerista, por los supuestos gastos de almacenaje y con-servación de los railes embargados, para cobrar su importe, sobre el •de la compareciente, en dichos bienes.
“Segundo. — Erró la corte inferior, al no estimar la prescripción •de la acción, por el transcurso de un año, desde su posible ejercicio, alegada por Micheo Zandío & Co., infringiendo por inaplicación el art. 952, inciso 3, del Código de Comercio en relación eon el art. 2 y 375 del propio texto legal, y el 1823 del Código Civil de P. R.; así como la jurisprudencia del Tribunal Supremo de España, invo-cada en la sentencia, ésta por aplicación indebida.
“Tercero. — Erró la corte inferior, apreciando equivocadamente, la evidencia testifical y documental practicada, én el juicio, infrin-giendo en su virtud, cl art. 118 de la ley de evidencia en relación con el principio ‘adore non probante reus est absoivendns,’ que lo inspira.
“Motivo itNAO. — Para terminar este alegato, cúmplenos llamar la atención de este alto Tribunal sobre un punto que consideramos de capital importancia.
“La American Railroad Co. of P. R. lia interpuesto la demanda de tercería de mejor derecho en este caso, valiéndose del procedi-miento especial que señala la Ley de Tercerías, aprobada en 14 de marzo de 1907. lia seguido, paso a paso, todos los trámites mar-cados en dicha ley. lia presentado la reclamación escrita, el jura-mento y la fianza que tal ley exige. Ha obtenido en virtud de la fianza, la posesión de los railes, objeto de este pleito. Ha planteado la cuestión por escrito, hasta llegar al juicio correspondiente. Y siendo esa ley de 1907 aplicable solamente a las Tercerías de Domi-nio, pugna su aplicación a las de mejor derecho, que están fuera del alcance de aquella ley, y para las que rige el procedimiento ordi-nario. Las secciones 1, 3, 5 y 16 de la ley citada expresan clara-mente, que- ella es aplicable, única y exclusivamente, en tercerías de dominio, nunca en las de mejor derecho.”

Con respecto al párrafo primero del primer señalamiento de error será bastante con decir qne no consta que la acorte inferior liaya concedido, bien en su sentencia o en sus con-clusiones ninguna partida que cubra gastos de transporte.

La teoría del párrafo segundo del primer señalamiento es que los railes de vías no se encontraban almacenados ni conservados, sino que en vez de estar guardados bajo cu-bierta en un almacén se encontraban afuera expuestos a la intemperie.

No existe nada en la prueba, que demuestre verdadero deterioro debido a la oxidación u otra causa. Los railes es-taban amontonados sobre traviesas, en la misma forma en que la compañía de ferrocarril conserva sus propios railes, y bubo prueba que no fué contradicha al efecto de que dichos railes de tal modo colocados pueden conservarse por muchos años sin ningún deterioro. La tarifa prescrita por derechos de .almacenaje como fné aprobada por el anterior Consejo Ejecutivo, predecesor de la actual Comisión de Ser-vicio Público, y qne no ha sido enmendada por dicha comi-sión, enumera cuatro distintas clases de mercancías y el pre-cio cobrado en el presente caso era el que se refería a la mercancía de cuarta clase.

Esta diferencia en clase y tarifa implica, la correspon-diente diferencia en el grado de cuidado exigido de acuerdo comías circunstancias, y los railes en cuestión los conservaba la compañía dentro de su mismo terreno al lado de su alma-cén y en la misma forma en que se cuidaba cualquier otra mercancía de cuarta clase, bajo la vigilancia constante de su sereno de día y noche y los empleados del almacén.

Dentro de las circunstancias no creemos que sea necesa-rio para la confirmación de la sentencia apelada ocuparnos en una discusión de las definiciones que da el diccionario de las palabras, almacén y almacenaje, citadas por el abogado de la apelante, ni tampoco considerar las numerosas autori-dades americanas que también han sido citadas por el abo-gado de la apelada.

No estamos dispuestos a seguir al abogado de la apelante en un análisis extenso de las varias disposiciones de la “ley para hacer uniforme los resguardos de almacenes de depó-sito,” aprobada en 1918, Leyes de ese año, pág. 22, a falta de algo en el título de esa ley, o en el alegato de la apelante, que demuestre que es aplicable al caso de mercancías deja-das o abandonadas por el consignatario en poder de un por-teador.

El razonamiento contenido en el segundo señalamiento admite que la prescripción alegada empezaría a correr úni-camente al verificarse la entrega de las mercancías, y en el presente caso los railes de vías en controversia nunca' fue--ron entregados.

El tercer señalamiento envuelve a la vez una cuestión de hecho más que de derecho y carece igualmente de mérito.

Puede ser que técnicamente el “motivo final” de la ape-lación sea más o menos sostenible, pero la sentencia de la corte inferior se presume que es correcta y el error, si alguno existe, no parece ser de tal naturaleza que requiera la revo-cación de la sentencia. Consideradas todas las circunstan-cias de este caso nos basta bacer referencia en relación con esto a los casos de Benitez v. Rodríguez et al. 16 D.P.R 643, y Luiña Hnos. v. Miguel y Zengotita, 28 D.P.R. 930, citados por la apelada.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Señor AldRey,

text:
    Pizá, Demandante y Apelante, v. Sun Life Insurance Company of Canada, Demandada y Apelada.
    No. 3165.

    Visto: Marzo 21, 1924.

      Resuelto: Julio 9, 1924.
    Seguro de Vida — Derechos del Beneficiario1 — Cesión de la Póliza sin el Consentimiento del Beneficiario.- — El asegurado no tiene derecho a ceder la póliza de seguro sobre la vida sin el consentimiento del beneficiario, aunque el contrato no exija tal requisito.
    Id. — Costas-—Temeridad.—En el presente caso la aseguradora estuvo siempre dispuesta a pagar en efectivo al demandante la póliza por cesión y sólo puso como condición que el beneficiario prestara su conformidad; si el ase-gurado quiso discutir esa cuestión en los tribunales sin tener razón, él debe pagar las consecuencias do su acto satisfaciendo las costas.
    Sentencia de Charles Foote, J. (San Juan, Distrito Primero), en acción sobre cobro de valor de cesión de póliza de seguro.

      Confirmada.

      C. Sonoré, abogado del apelante; D. F. Kelley, abogado de la ape-lada.
   El Juez Asociado Señor AldRey,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante tiene nna póliza dotal de seguro de vida de la Sun Life Insurance Co. of Canada desde el año 1916 pagadera a los veinte años al asegurado si viviera ese tiempo y en caso de que falleciera antes a su padre Don Antonio Pizá, designado como beneficiario, si le sobreviviera, pues de lo contrario será pagada a los representantes legales de! asegurado. Una de ]as condiciones de ese contrato de se-guro es la que motiva este pleito, y dice así:

“IV. — Valor de cesión en electivo. Después que se hayan pagado las primas de tres años completos puede, siempre que no exista al-guna restricción legal en contrario, cederse esta póliza a la compa-ñía por la cantidad en efectivo indicada en la tabla de valores anexa a esta póliza, deduciéndose de dicha suma cualquier cantidad que se adeudare a la compañía en virtud del privilegio no-caclucidad o por otros conceptos.”

De acuerdo con el privilegio concedido en esa cláusula el asegurado manifestó a la compañía aseguradora que deseaba hacer uso del mismo y la compañía estuvo conforme en pa-gar al asegurado la cantidad que le correspondía siempre que el beneficiario prestara su consentimiento; pero enten-diendo el asegurado que en dicha cláusula no se exigía dicho consentimiento demandó a la compañía para que de con-formidad con la expresada cláusula le pague la cantidad co-rrespondiente a su póliza, y habiendo sido declarada sin lu-gar su demanda estableció esta apelación en la que la pri-mera cuestión que propone es que no es necesario este con-sentimiento del beneficiario para que pueda ser cedida la póliza a la compañía.

No dice la cláusula objeto del pleito que para la cesión de la póliza a la compañía aseguradora se necesite el eonsenT timiento del beneficiario porque no era necesario que lo ex-presara con palabras expresamente, toda vez que la existen-cia del beneficiario en la póliza de seguro de vida confiere a éste un derecho en la póliza porque a su favor se hace y por esto tiene interés en que subsista, por lo que no puede ser privado de ese derecho e interés sin su consentimiento, a menos que el asegurado se haya reservado en la misma póliza' el derecho de cambiar al beneficiario o que exista al-guna ley que así lo disponga. 25 Cyc. 892; 14 R.C.L. 1387, sección 554 y pág. 1015, sección 195. Porque el beneficiario tiene interés en la póliza ésta no puede ser cedida sin' su consentimiento por el asegurado a la compañía asegura-dora; 25 Cyc. 785. Nuestro Código de Comercio nada dice sobre este particular.

Como consecuencia del interés del beneficiario en la pó-liza de seguro de vida, si la póliza es cedida a la compañía aseguradora sin el consentimiento del beneficiario, éste- tiene derecho a reclamar contra la compañía aseguradora, y así fué resuelto en el caso de Mutual Benefit Life Insurance Co. v. Willoughby, Ann. Cas. 1913 D, p. 836, decidido por la Corte Suprema de Mississippi en abril 10, 1911, 99 Miss. 98; 54, Southern Rep. 834. En el caso de Putnam v. New York Life Insurance Co., 42 La. Ann. 739, 7 Southern Rep. 602; Lambert v. Penn. Mut. Life Insurance Company, 50 La. Ann. 1027, 24 Southern Rep. 16, y en el de Breard v. New York Life Insurance Company, 138 La. 774, 70 Southern Rep. 799, resuelto el último, en enero 10, 1916, se declara ser la regla general que una póliza y el dinero debido por ella pertenece desde el momento de ser expedida a la persona o personas designadas en ella como beneficiarlas y que no tiene facul-tad la persona que obtiene el seguro para transferir por documento o por testamento a otra persona el interés de la persona designada; que ninguna persona que no sea la de-signada en la póliza puede cederla, y que en la cesión deben concurrir todas las personas o el interés de las que no con-curren no quedará perjudicado.

Por consiguiente, para que el demandante pudiera ceder su póliza a la compañía aseguradora de acuerdo con la cláu-sula citada necesitaba el consentimiento del beneficiario, y no habiéndolo obtenido no tiene acción contra la demandada para obligarla a pagar el precio de la cesión.

El otro motivo del recurso es porque le fueron impues-tas las costas al apelante.

La compañía de seguros estuvo siempre dispuesta a pa-gar en efectivo al demandante la póliza por cesión y sólo puso como condición que el beneficiario prestara su confor-midad, requisito que tiene derecho a exigir para librarse de responsabilidad para con el beneficiario, según hemos visto, y si el asegurado quiso discutir esa cuestión en los tribuna-les sin tener razón, él debe pagar las consecuencias de su acto satisfaciendo las costas.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


author: En Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Luce and Co., S. en C. recurrente, v. El Registrador de Guayama, recurrido.
    No. 594.

    Sometido: Mayo 24, 1924.

      Resuelto: Julio 9, 1924.

      Resuelto en reconsideración: Febrero 20, 1925.
    Venta Nula — Prohibición de Adquirir Bienes del Mandante ror el Manda-tario. — Ratificando la doctrina establecida en el caso de Giménez v. Rll Re-gistrador, 21 D. P. R. 329, so resolvió en este caso que es nula por ser eon- - traria a las disposiciones del número 2 del artículo 1362 del Código Civil, la , venta de condominios hecha como mandatario de los dueños por una persona que es gestor de la sociedad compradora.
    Nota ele E. B. Pérez Mercado, R. (G-uayama), denegando inscripción de escritura de venta de varios condominios.

      Confirmada.

      J. Tons Soto, abogado de la recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.

       La opinión, disidente se inserta al final del tomo.

   En Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Se ba establecido este recurso gubernativo por Luce & Company, sociedad agrícola constituida de acuerdo con el Código Civil de esta Isla, porque el Registrador de la Pro-piedad de Gruayama se negó a inscribir en sus libros la com-pra que dicha sociedad hizo de varios condominios en la hacienda Carmen de Salinas a Mr. Charles L. Carpenter, como apoderado de los vendedores, siendo el fundamento de esa negativa que la compra es nula de acuerdo con el artículo 1362, No. 2, del Código Civil y nuestra decisión en el caso de Giménez v. El Registrador, 21 D.P.R. 329, porque el apo-derado de los vendedores es gestor de la sociedad compra-dora.

El .artículo 1362, No. 2, del Código Civil dispone que los mandatai'ios no podrán adquirir por compra, aunque sea en subasta pública o judicial, por'sí ni por persona alguna in-termedia, los bienes de cuya administración o enajenación estuviesen encargados; y en el caso de Giménez v. El Registrador, supra, hemos declarado que no era inscribible la compra hecha por una esposa con dinero de la sociedad legal de gananciales de bienes pertenecientes a una sociedad mercantil de la cual su marido era socio gestor.

Acepta la recurrente que el gestor de una sociedad civil es un mandatario de la sociedad, que Mr. Charles L. Carpenter era un mandatario de los vendedores y que en el caso' citado el marido vendió bienes de la sociedad de que era gestor a su esposa para la sociedad legal de gananciales y que prácticamente el gestor se estaba vendiendo a sí mismo' por lo que esa venta era nula, pero alega que el presente caso es diferente porque si en el de Giménez v. El Registra-dor el marido como representante de la sociedad de ganan-ciales hubiera vendido bienes de ella a la mercantil de que era gestor la venta hubiera sido válida porque el marido' vendedor es una personalidad diferente de la sociedad mer-cantil de que formaba parte y hubiera sido de aplicación va-rios casos que cita y que luego examinaremos.

^Nosotros no vemos la distinción que hace el recurrente' en el caso de Giménez v. El Registrador para aplicarla al presente caso, pues si la compra hecha por la esposa ^era nula porque su marido era gestor, y por tanto mandatario de la mercantil vendedora por lo que prácticamente el ma-rido estaba comprando lo mismo que vendía como gestor, de igual modo si él como gestor de la mercantil hubiera com-prado bienes que él vendiera como representante de la socie-dad de gananciales se hubiera estado vendiendo a sí mismo los bienes que representaba y la venta hubiera sido nula.

En el presente caso Mr. Charles L. Carpenter compró prácticamente para sí, pues era socio gestor de Luce & Company, los .bienes que le vendió como apoderado de los due-ños, por lo que esa venta es nula de acuerdo con el artículo 1362, No. 2, ya citado.

En cuanto a los casos citados en apoyo del recurso no son de aplicación al presente pues en el de Turner v. El Registrador, 22 D.P.R. 573, después de ratificar el de Gimé-nez v. El Registrador, supra, se declaró que dicho caso no era aplicable a aquél porque los presidentes de corporacio-nes no son mandatarios de ellas: en el de Rosenstadt and Waller, Inc., v. El Registrador, 23 D.P.R. 291, no había cues-tión de venta por el apoderado sino si Jacobo Bosenstadt como gestor de la corporación podía comprar para ella los bienes que él y su esposa le vendieron: y en el de Sobrino, Fernández & Cía. v. El Registrador, 27 D.P.R. 459, Félix Pérez vendió como apoderado bienes de la mercantil Sobrino y Fernández a otra mercantil llamada Sobrino, Fernández y Co., Sucesores, no compró para sí los bienes que vendió ni era socio gestor de la mercantil compradora.

El hecho de que Carpenter como apoderado de los dueños de los condominios concediera una opción de compra a una persona quien después la cedió a la sociedad de que forma parte el apoderado que dió la opción y de que por esto la venta relevó a los vendedores de la obligación de venta con-traída no es motivo para estimar que la venta no sea nula.

En vista del resultado a que llegamos no es necesario' considerar un defecto subsanable consignado por el registra-dor, quien por otra parte se allana a su revocación.

La nota recurrida debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Wolf no tomó parte en la primera resolución de este caso.

RESOLUCIÓN SOBRE RECONSIDERACIÓN DE FEBRERO 20, 1925.

Examinada detenidamente la moción en que se nos pide que reconsideremos nuestra resolución dictada en este caso en julio 9 de 1924 y los motivos en que se funda, no ha lugar a lo solicitado, pues aunque el caso de Sobrino, Fernández & Cía. v. El Registrador, 27 D.P.R. 459 no pudiera distin-guirse del presente, la doctrina en éste expuesta debe pre-valecer; y por los mismos fundamentos de nuestra resolu-ción de 9 de julio de 1924, se confirma la nota recurrida de .abril 17, 1924.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Sabalier, Demandante y Apelado, v. Iglesias y El Banco de San Juan, Demandados, y Abella, Interventor y Apelante.
    No. 3229.

    Visto: Abril 15, 1924.

      Resuelto: Julio 9, 1924
    Intervención ; Cuándo Puede Pedirse Pbrmiso para Tntervenir. — Procede ne-gar la intervención cuando se solícita después do celebrado el juicio y dic-tada sentencia.
    Resolución de Charles Foole, J. (San Juan, Primer Distrito), eli-minando al abogado de récord.

      Confirmada.

      L. Abella Blanco y L. Muñoz Morales, abogados del apelante; L. Fe-liú 3r J. Soto Rivera, abogados de los demandados; R'. Rivera Za-yas y F. H. Dexter, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

En un pleito que sigue Bernabé Sabalier contra Santiago Iglesias Pantín y contra el Banco de San Juan se celebró ■el juicio y se dictó sentencia a favor del demandante el 20 de abril de 1923, la que fue apelada. Posteriormente y con motivo de una administración judicial decretada en ese pleito el demandante solicitó personalmente de la corte inferior que eliminase de los autos como abogado suyo a Luis Abella Blanco y la corte así lo decretó el 25 de octubre de 1923, de cuya resolución solicitó reconsideración dicho abogado, quien posteriormente solicitó en otra moción que se le permitiera intervenir como parte demandante en el pleito.

Ambas mociones fueron resueltas por la corte el 28 de noviembre último negándola reconsideración solicitada y ne-gando la intervención pedida. De esta resolución apeló el abogado Dm Luis Abella Blanco manifestando no estar con-forme con la resolución de 28 de noviembre de 1923 prove-yendo a sn moción para que se le incluya como nna parte demandante.

Así, pnes, no tenemos ante nosotros otra apelación qlíe-la interpuesta por haber sido negada la petición de dicho abogado de incluírsele en el pleito como parte demandante.

Según el artículo 72 del Código de Enjuiciamiento Civil toda solicitad de intervención debe ser hecha antes de la ce-lebración del jnicio, por lo qne habiendo sido solicitada la intervención en el pleito después de celebrado el juicio y de dictada sentencia no cometió error la corte inferior al dic-tar la resolución apelada, en el particular que lo ha sido. Pillot v. Pillot, 21 D.P.K 201.

La resolución apelada debe ser confirmada.

Los Jueces Sres. Presidente del Toro y Asociado Wolf no intervinieron en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Díaz, Acusado y Apelante.
    No. 2279.

    Visto: Mayo 27, 1924.

      Rosuelto: Julio 9, 1924.
    Día de Luto — Proclama del Gobernador — Día T-Iábil para Elegir y Juramen tar el Jurado. — La elección y juramento de jurados en este caso no fui ilegal por el lieeho de que se verificaran el 6 de febrero do 1924, día decla-rado de duelo mediante proclama del Gobernador con motivo de la muerte del ex-Presidente Wilson. Tal proclama no tiene mayor alcance que el de- ' una recomendación.
    Prueba Contradictoria — Instrucción sobre Prueba Contradictoria. — Habiendo instruido previamente la corte al jurado on el sentido de que tenía que- ' dirimir las contradicciones de la prueba con arreglo a una conciencia hon- . ’ rada, imparcial y razonable, no puede concluirse que es errónea la siguiente instrucción: “Y en casos en que las declaraciones de los testigos sean c.on- ■' tradietorias y el jurado no pueda armonizarlas, está dentro do sus faeul-tades resolver cuáles declaraciones deben ser creídas y cuáles nó. ”
    Sentencia de Pablo Perga, J. (Humacao), en causa por homicidio Voluntario, condenando al acusado.

      Confirmada.

      F. Cervoni, abogado del apelante; José E. Figueras, Fiscal, abogado, del apelado.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Los cinco primeros motivos alegados por el apelante para que revoquemos la sentencia condenatoria dictada contra él en esta cansa criminal descansan en el supuesto de que por haber sido declarado por el Gobernador de esta Isla el 6 de febrero de este año día de duelo por la muerte del ex-Presi-dente de los Estados Unidos Woodrow Wilson y haber orde-nado el cierre de todos los departamentos y oficinas públi-cas y la cesación de todos los trabajos y negocios públicos en ese día, es ilegal la elección y juramento en dicho día de los jurados que habían de conocer de su causa, cuyo juicio fué suspendido en ese estado para el día siguiente.

El Código de Enjuiciamiento Criminal no contiene dis-posición alguna respecto a los días en que los tribunales no pueden actuar pero el Código de Enjuiciamiento Civil pro-mulgado dos años después sí las contiene y se refiere expre-samente a asuntos criminales, disponiendo en el artículo 10 (see. 4994, Comp. 1910, p. 844) que las cortes pueden cele-brar sesión y despachar los asuntos judiciales en cualquier día, exceptuándose lo dispuesto en el artículo siguiente en el cual se dice que no podrá actuar ninguna corte, ni despa-char ningún asunto judicial los domingos, el primero de enero, el cuatro de julio, el día de Navidad, el de dar gracias y el día en que tenga lugar una elección general, a no ser liara dar instrucciones a un jurado que estuviere deliberando, para recibir el veredicto de un jurado o para disolver a éste y para el ejercicio de los poderes de un magistrado en una causa o procedimiento criminal, y en asuntos civiles en los casos que dicho artículo 11 menciona; y no estando el día que se constituyó el jurado en esta causa comprendido en ninguno de los días que la ley declara inhábiles para actuar los tribunales no podemos declarar que la elección y jura-mento del jurado fué ilegal, a pesar de que el Gobernador de esta Isla proclamase dicho día de duelo en la forma que hemos consignado, pues si bien está facultado por el artículo 387 del Código Político para declarar días de fiesta tal fa-cultad no alcanza a alterar los días fijados por la ley como inhábiles para actuar los tribunales y su proclama es sola-mente una recomendación, según dijo la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de Richardson et al. v. Goddard et al., 64 U.S. 43. Véase también 29 C.J. 763.

El otro motivo del recurso es porque el apelante consi-dera errónea cierta instrucción dada por la corte. Esta dijo al jurado lo siguiente: "Y en casos en que las declaracio-nes de los testigos sean contradictorias y el jurado no pueda armonizarlas, está dentro de sus facultades resolver cuáles declaraciones deben ser creídas y cuáles lió,” alegando el apelante (pie induce al jurado a resolver el conflicto de la evi-dencia de la manera que le venga en ganas dentro de una facultad ilimitada y arbitraria, pero esto no es así porque esas palabras de la corte están relacionadas con otras pre-cedentes en las que dijo al jurado que tenía que dirimir las contradicciones de la prueba con arreglo a una conciencia honrada, imparcial y razonable.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Peesidente SeñoR del Toso,

text:
    Benítez Flores, Tercerista, Demandante y Apelado, v. The Borinquen Trading Corporation et al., Demandados y Apelante la Primera.
    No. 3006.

    Visto: Abril 29, 1924.

      Resuelto: Julio 9, 1924.
    Apelación — Preparación be la Transcripción — Presunción de Ser Correctas las Resoluciones Judiciales. — Habiendo el apelante imputado a la corte error "al no resolver la cuestión jurisdiccional de no haberse citado todas las partes en la aceión principal,” debió hacer constar las circunstancias concurrentes en un pliego o en una exposición del caso preparado, aprobado y archivado de acuerdo con la ley. Nada constando en contrario de los autos y habiendo la corte entrado a conocer y a decidir el litigio, debe presu-mirse que resolvió la cuestión planteada, teniendo su resolución la presunción de justa.
    Preferencia de Créditos Sobre Bienes Muebles. — El vendedor de bienes mue-bles no tiene dereeho a embargar, invocando la preferencia a que se refiere el artículo 1823 del Código Civil, los bienes vendidos cuando a su vez el comprador los vendió a otra persona y ésta, los tiene en su poder aún asu-miendo que no hubiera pagado su precio totalmente.
    Alegatos — Abogados.—Los abogados en sus alegatos deben circunscribirse a la defensa de los derechos de sus clientes, sin penetrar innecesaria y apasiona-damente en el terreno personal.
    Sentencia de M. Rodríguez Serva, J. (San Juan, Distrito Segundo; en una acción de tercería de bienes, declarando con lugar la demanda, con costas.

      Confirmada.

      Soto Gras & Siaca, abogados de la apelante; El apelado compareció ' en nombre propio.
   El Juez Peesidente SeñoR del Toso,

emitió la opinión del tribunal.

The Borinquen Trading Corporation demandó a los he-rederos desconocidos de Octavio (Jarcia Salgado en cobro de mil quinientos dólares, resto del precio de un automóvil ven-dido por la demandante al causante de los demandados.

Para asegurar la efectividad de la sentencia que pudiera dictarse, se embargó el automóvil vendido, y entonces Manuel Benitez Flores presentó una demanda de tercería ale-gando que el automóvil embargado era de su propiedad por haberlo comprado a Octavio García Salgado a quien pagó su precio. •

Tramitóse el juicio de tercería y finalmente la corte dictó sentencia a favor del tercerista. No conforme The Borin-queh Trading Corporation apeló, señalando’ en su alegato dos errores, así:

“1. La corte erró al no resolver la cuestión jurisdiccional de no haberse citado todas las partes en la acción principal.
“2. La corte erró al no resolver la defensa única de la apelante de que el demandado sabía-que el automóvil fué vendido por la ape-lante a plazos y que parte del precio estaba insoluto y por tanto viene obligado al pago del precio aplazado y además el apelado se obligó directamente a su pago.

Para sostener su primer señalamiento de error, cita la apelante la sección 11 de la Ley de Tercerías que dispone que “. . . . serán siempre partes en el asunto las que lo fueren en el que liaya originado la tercería,” y la sección 13 que prescribe que “los procedimientos y prácticas en el juicio, se acomodarán, basta donde fuere posible, a las re-glas del enjuiciamiento civil vigente en Puerto Rico,” (sees. 5270, 5272 Comp. 1911, p. 890), y alega que una de las par-tes en el pleito principal no fué debidamente citada, motivo por el cual la demanda de tercería debió y debe desestimarse de plano.

De la transcripción aparece que. al archivarse la demanda de tercería se expidió por el secretario de la corte un em-plazamiento a las partes en el litigio que fué diligenciado en las personas del “Dr. Don Rafael Bernabé y de Don Ra-món II. Delgado, Presidente de la Borinquen Trading Corporation.” Nada más consta. La cuestión fué suscitada en la corte inferior y resuelta implícitamente por la corte en contra de la Borinquen Trading Corporation, Si ésta que-ría insistir en apelación, debió hacer constar todas las cir-cunstancias concurrentes en un pliego o en una exposición del caso preparado, aprobado y archivado de acuerdo con la ley. No habiéndolo hecho, debe presumirse justa la resolu-ción de la corte de distrito, ya que mientras no se demuestre lo contrario, debe tenerse al Dr. Bernabé emplazado, como representante de los herederos demandados. No debe per-derse de vista que se trata de una segunda citación a partes sobre las cuales ya la corte había adquirido jurisdicción y que la sección once de la Ley' de Tercerías invocada por la apelante, dice:

“Sec. 11. — Tan pronto como recibiere el Secretario de la Corte el juramento y la fianza, se lo notificará a tocias las partes, quienes deberán comparecer a los diez días de notificadas, y si transcurrido dicho término, comparecieran las partes, la corte dispondrá que se formule por escrito la cuestión, procediéndose a su vista como en las demás causas, y serán siempre partes en el asunto las que lo fue-sen en el que haya originado la tercería.” Leyes de 1908, p. 49, (see. 5270 Comp. 1911, p. 890).

En su alegato la parte apelada transcribe el primer em-plazamiento, — el de la demanda en cobro de dinero — , y su diligenciado, en apoyo de su contención de que no se come-tió el error señalado, pero no podemos tomar en considera-ción dichos documentos por no haber sido archivados en esta corte de acuerdo con la ley.

El estudio ■ del segundo error requiere la • interpretación del artículo 1823 del Código Civil en el cual la parte ape-lante reconoce que funda su derecho.

Dicho artículo dice:

“Art. 1823. — Con relación a determinados bienes muebles del deu-dor, gozan de preferencia:
“1° Los créditos por construcción, reparación, conservación o pre-cio de venta de bienes muebles que estén en poder del deudor, hasta donde alcance el valor de los mismos.”

La parte apelante sostiene que el anterior precepto legal es igual a la doctrina que impera en los Estados Unidos en aquellos Estados en que rige el derecho civil y que apa-rece resumida en E.C.L., así:

“Bajo el derecho civil, que es reconocido en Louisiana, el vende-dor de propiedad personal mueble tiene un gravamen por el precio en caso de una venta a crédito, mientras la propiedad esté en poder del comprador.” 24 R.C.L. 126.

Y concluye que habiendo vendido la Borinquen Trading Corporation el automóvil de que se trata a Octavio G-arcía Salgado, a plazos, y constándole tal hecho al tercerista Be-nítez Flores, existe un gravamen sobre el automóvil a favor de la Borinquen Trading Corporation para cobrar el precio de la venta.

Basta examinar las palabras usadas por el legislador Xmertorriqueño, para desechar la conclusión de la apelante.

Dice la ley: “Con relación a determinados bienes mue-bles del deudor,” y vuelve a decir la ley: “Los créditos por .... precio de venta de bienes muebles que estén en poder del deudor.” ¿Pertenecía en este caso al deudor García Salgado el automóvil, o estaba en su poder ? No, puesto que lo había vendido a otra persona, Manuel Benitez Flores, qne al tiempo del embargo lo tenía en sn posesión, usándolo y manejándolo él mismo. Lnego, no tiene aplicación la ley.

No obstante plantear.el debate en la forma en que apa-rece en sn segundo y último error, la apelante entra en el análisis de la prueba y sostiene que no demuestra que el tercerista llegara a pagar totalmente el precio de la venta. Si la venta existió quedando plenamente consumada, nada importaría que se debiera parte del precio. Podría embar-garse el crédito que tuviera el deudor, pero no el automóvil. A virtud de la venta el automóvil había dejado de pertene-cer al deudor. No equipara nuestra ley la preferencia que establece en su artículo 1823 en casos de determinados bie-nes muebles, con la hipoteca que pesa sobre bienes inmue-bles que los sigue cualesquiera que sean las transferencias de dominio que tengan lugar en relación con los mismos, “como la sombra al cuerpo.”

A virtud de todo lo expuesto, habiendo en consideración las alegaciones y las pruebas y la apreciación que de éstas hizo la corte sentenciadora, procede declarar sin lugar el re-curso y confirmar en todas sus partes la sentencia apelada.

Resta ahora decir algo con respecto a una moción de la parte apelante para que se elimine del récord el alegato de la parte apelada y a otra moción de la parte apelada para que se elimine la moción de la apelante a que acabamos de referirnos.

Ha sido éste un pleito y un recurso tramitados con mu-cho encono. No sólo en el alegato del tercerista apelado, si que también en el alegato de la parte apelante se emplean argumentos y palabras de índole personal completamente in-necesarios, en forma más abierta y violenta en el alegato del apelado, de modo más vedado, pero no por ello menos fuerte, en el alegato de la apelante.

Atendidas todas las circunstancias concurrentes, creemos que no procede decretar las eliminaciones solicitadas, limi-tándonos a censurar cualquier desviación de las buenas práe-ticas que consisten en circunscribirse a los tedios, y a la ley, sin penetrar innecesaria y apasionadamente en el te-rreno personal. •

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Ballester Hermanos, Demandantes y Apelantes, v. Aboy, Tesorero, Demandado y Apelado.
    No. 3293.

    Visto: Mayo 6, 1924.

      Resuelto: Julio 9, 1924.
    Contribución Sobre Beneficios Excesivos — Ingreso Neto. — El ingreso neto que-debe tomarse como base para la contribución sobre beneficios excesivos es el mismo que sirve para calcular la contribución normal, menos el diez por ciento del capital y la suma fija de diez mil dólares, de acuerdo con -la pro-porción que resulte entre el ingreso neto y el capital de la sociedad o cor-poración.
    Sentencia de Charles E. Foote, J. (San Juan, Primer Distrito), en, acción sobre devolución de contribuciones pagadas bajo protesta, declarando sin lugar la demanda, con las costas y honorarios de-abogado.

      Confirmada.

      R. Rivera Zayas, abogado de los apelantes; Attorney General y C. Llauger, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Versa este pleito sobre cobro de contribución por benefi-cios excesivos. La demandante es una sociedad mercantil regular colectiva con sus oficinas en esta ciudad de San Juan. Su capital social está fijado en $40,000 y su ingreso bruto durante el año contributivo fué $621,988.99. Del in-greso bruto se lucieron las siguientes deducciones generales $591,854.76, quedando así un ingreso neto de $30,154.23.

Sobre los anteriores cálculos no bay cuestión. La con-troversia se ba suscitado sobre lo que debe' entenderse por ingreso neto a los efectos de fijar la contribución por bene-ficios excesivos.

La ley aplicable es la No. 43 de 1921, (p. 313). La sec-ción 17 de la misma en lo pertinente dice:

"Sección 17.— (1) Contribución Normal. — Se impondrá, tasará, cobrará y pagará por cada año contributivo sobre el ingreso neto de todo individuo, sociedad, asociación o corporación, una contribución normal de un tres por ciento (3%).
* * * * # * *
" (3) Contribución sobre beneficios excesivos: — Además de la con-tribución normal, se impondrá, tasará, cobrará y pagará por cada año contributivo sobre el ingreso neto que exceda de diez mil (10,000) dólares o más, de cada corporación, asociación o sociedad civil o mer-cantil, agrícola, industrial o de cualquier otro carácter, una contri-bución por concepto de beneficios excesivos, como sigue:
* * # » * s:< *
"Cuando la proporción entre el ingreso neto y el capital inver-tido sea el 70 o más por ciento y menos del 80 por ciento; 14 por ciento sobre el ingreso neto que exceda del 10 por ciento del capital invertido en el año contributivo.
« # # * * * *

¿Qué se entiende por ingreso neto? La misma ley lo dice en su sección 5, así:

"El término ‘ingreso neto’ de un individuo, corporación, asocia-ción o sociedad significa, el ingreso bruto definido en la sección 6 menos las deducciones prescritas en las secciones 12 y 13."

Las deducciones a que se refieren las secciones 12 y 13 de- la propia ley fueron hechas, obteniéndose el resultado que dejamos consignado, y bajo esa base, el Tesorero hizo el siguiente cálculo:

. 75
40,000) 30,154.23
28, 000. 00
2,154. 23
2, 000. 00
154. 23.

El cociente es .75 o sea una proporción comprendida en-tre más del 70 por ciento y menos del 80, por virtud de lo cual el Tesorero cobró la contribución calculándola al 14 por ciento, de acuerdo con la sección 17 de la ley No. 43 de 1921, número 3, inciso octavo, que dejamos transcrita.

No conforme la demandante, acudió a la Junta de Revi-sión e Igualamiento, que declaró su alzada sin lugar. Pagó entonces bajo protesta e inició este pleito que fué fallado también en contra suya, apelando entonces para ante este Tribunal Supremo y señalando en su alegato como error la indebida interpretación de la sección 17 de la ley citada al calcularse el ingreso neto, razonando su error así:

“La ley dice que del ingreso neto no pagarán contribución la suma de $10,000 y además lo que representa el 10% del capital in-vertido. A fin de que estas deducciones no paguen contribución, | como lo requiere la ley, es preciso deducirse como la primera opera-ción que debe hacerse al fijar la contribución sobre beneficios exce-sivos. Hechas estas deducciones se determina la proporción que existe entre el ingreso neto así liquidado o sea el remanente que resultó después de hechas las deducciones y el capital invertido y de acuerdo con esa proporción y siguiendo las reglas establecidas por la ley se impone la contribución a pagar. De acuerdo con la sección tercera que establece la contribución normal, el ingreso neto, en su totalidad paga una contribución de tres por ciento. Y de acuerdo con el in-ciso tercero se establece una contribución distinta de la normal sobre el ingreso neto, una contribución impuesta exclusivamente sobre lo que la ley considera como beneficio excesivo. De suerte que no es sobre el ingreso neto, sino sobre la parte del mismo que la ley consi-dera beneficios excesivos. Así, por ejemplo, en este caso existe un beneficio neto de $30,154.23 de acuerdo con la sección tercera ese in-greso neto paga una contribución normal de tres por ciento. Pero dentro de ese ingreso neto la ley considera que existe una parte que no fueron beneficios normales sino excesivos y que desea castigar con otra contribución. Esa parte es la que resulta después de deducir $10,000 por un lado y $4,000 por otro o sea la suma de $16,154.23. Esta es la cantidad que la ley considera como beneficios excesivos y que ya pagó anteriormente una contribución del 3%. Indudable-mente la ley no quiere que la suma de $14,000 que permite deducir, porque no la considera como beneficios excesivos, pague contribución ninguna y por lo tanto es ilegal imponer el tipo de la contribución sobre beneficios excesivos incluyendo las cantidades que la ley no quiere que la paguen en la determinación del montante de la contri-bución. Creemos, pues, que en este caso el Departamento debió to-mar los $30,154.23 de ingreso neto y hacer las deducciones de $10,000 por un lado y $4,000 por otro y una vez hecha la deducción estable-eer la proporción entre el ingreso neto así rebajado y el capital in-vertido lo cual colocaría este caso dentro del inciso o regla de la ley que dice como sigue:
“ ‘Cuando la proporción entre el ingreso neto y el capital inver-tido sea el 40 o más por ciento y menos del 50 por ciento; ocho por ciento sobre el ingreso neto que exceda del diez por ciento del ea-. pital invertido en el año contributivo.’ ”

Ya que la corte de distrito para fundar su sentencia es-cribió una opinión reveladora de un estudio detenido del asunto, parece propio contestar con sus propias palabras, la argumentación del apelante. El juez Sr. Foote, se ex-presó así:

“No podemos convenir con el demandante en la interpretación que él pretende dar a la Ley; nos parece que ella es absolutamente clara: en los distintos incisos de su sección 17 en que se fijan los tipos de contribución, establece como base de éstos ‘la proporción en-tre el ingreso neto y el capital invertido,’ e ingreso neto no puede ser otro que el fijado en la planilla como tal, sin deducción alguna, y nada hay que nos pueda llevar a la conclusión de que fué otra la intención del legislador. Además, siguiendo la contención del de-mandante, las deducciones que autoriza la ley vendrían - a hacerse prácticamente dos veces; una al fijar el tipo contributivo, y la otra al liquidar la contribución, y entendemos que esto no está autorizado. No debe confundirse el tipo de contribución y el capital tributable; las deducciones en nuestra opinión, deben hacerse únicamente al capital tributable después de obtenido el tipo de contribución, que es-independiente. Si el legislador hubiese querido beneficiar al contri-buyente, como alega el demandante, nos parece que lo habría hecho-de modo más sencillo y claro.”

Nada es necesario añadir. Lo que se entiende por in-greso neto está tan claramente definido en la ley. que no-.cabe duda alguna. Aquí se hicieron las deducciones genera-les a que se refieren las secciones 12 y 13 del estatuto y la misma parte interesada estuvo conforme en que hechas esas deducciones generales de los ingresos brutos'quedaba como ingreso neto la suma de $30,154.23. De las otras deduccio-nes que pretende la apelante que se hagan, no habla la ley, y siendo ello así el ingreso neto que debe tomarse como base para la contribución sobre beneficios excesivos es el mismo que sirve para calcular la contribución normal, me-nos el diez por ciento del capital y la suma fija de diez mil dólares, de acuerdo con la proporción que resulte entre el ingreso neto y el capital de la sociedad o corporación.

Por virtud de lo expuesto, procede confirmar en todas sus partes la sentencia apelada, sin que baya lugar al au-mento de honorarios de abogado por el trabajo realizado en esta corte, como pide la parte ■ apelada, por no estar auto-rizada la imposición de costas en este tribunal.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


text:
    López, Demandante y Apelado, v. Sucesores de L. Villamil & Cía., S. en C., et al., Demandados y Apelante la Primera.
    No. 3243.

    Visto: Mayo 9, 1924.

      Resuelto: Julio 9, 1924.

      Injunction para Impedir la Venta Judicial — Tercería—-Anotación de Demanda. —El injunction es remedio adecuado para un tercerista que redama -la pro-piedad de un condominio embargado. El remate de la finca cuyo dominio se discute, puede dar lugar a multiplicidad de procedimientos y ocasionar daños de difícil valuación a la persona que la redama como suya. La ano-tación de la demanda de tercería en el registro no sería un remedio entera-mente eficaz.
    Kesoluctón de Charles JE. Foote, J. (San Juan, Primer Distrito), de-clarando con lugar solicitud de auto de injunction en un procedi-miento de tercería.

      Confirmada.

      B. H. Blondet y J. Valldéjuli, abogados de la apelante; L. Muñoz Morales, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Sucesores de L. Villamil y Co., S. en C. establecieron de-manda en la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, contra Ernesto López Díaz y otro, en cobro de dinero, y ob-tuvieron sentencia a sn favor. Para ejecutarla embargaron la participación indivisa que al demandado correspondía en la herencia de sn padre de cnya herencia formaba parte cierta propiedad inmueble. Se anunció la venta de los bie-nes embargados en pública subasta y Ulises López Díaz pre-sentó una demanda de tercería alegando que el condominio embargado era de sn propiedad, por haberlo comprado a su hermano Ernesto con anterioridad al embargo. El tercerista pidió además que se librara un mandamiento de injunction suspendiendo la subasta.' Y la corte accedió.

' No conformes Sucesores de L. Villamil y Co., S. en C., apelaron para ante este tribunal radicando un alegato que contiene treinta y ocho páginas, en maquinilla y en el que se trata el asunto en todos sus detalles y bajo todos sus aspec-tos, *pero que podría ser desestimado porque no contiene el señalamiento de errores que exigen las regias de esta corte. A no ser porque la parte contraria se encargó de entresa-car los errores y discutirlos separadamente, su estudio hu-biera sido difícil. Es para la buena administración de la justicia que existen las regias de la corte. Para un estudio de la naturaleza y función de un alegato véase el caso de Masarredo et al. v. Ramírez et al., 29 D.P.R. 796.

La resolución apelada está fundada por la propia corte ■sentenciadora así:

“No hay duda de que el demandante, como cuestión legal, tiene ■derecho al remedio solicitado, no tan sólo dentro de las disposiciones ■de la ley general sobre ‘Injunction,’ sino como remedio especial den-tro ’del procedimiento de tercería.
'“La corte es de opinión que las alegaciones contenidas en la pe-tición presentada, y la prueba aportada el día señalado para su vista, justifican la expedición del Injunction solicitado. El remate de una finca cuyo dominio se discute, puede dar lugar a multiplicidad de procedimientos y ocasionar daños de difícil valuación a la persona que la reclamase como de su propiedad. El remedio en ley (anota-ción de demanda en el registro) que se alega tiene el demandante, no lo es eficaz, pues con él no podía evitarse la venta en pública su-basta que es precisamente el acto cuyas consecuencias perjudiciales al peticionario traíanse de prevenir.”

En los dos párrafos que preceden se condensa todo este asnnto al cnal se lia dado por el apelante nna extensión in-debida. La demanda de tercería, la petición de injunction y la prueba practicada, presentan un caso prima facie a favor del tercerista. Si bien el embargo se anotó con anterio-ridad al registro definitivo de la compra del tercerista, la compra, que consta en escritura pública, tuvo lugar mucho antes no sólo del embargo si que también de la sentencia en que el embargo se basó. T en cuanto al injunction, el soli-citado y obtenido está expresamente autorizado por la ley especial sobre la materia que dice:

“La tercería respecto a bienes inmuebles se iniciará por demanda que formalizará el reclamante contra todas las personas que tengan interés en el asunto y el juicio se sustanciará por los trámites del Código de Enjuiciamiento Civil. Disponiéndose, que en las tercerías, de esta clase sólo podrá suspender el tercerista una orden de ejecu-ción para el trámite de subasta mediante interdicto-prohibitorio {injunction) de acuerdo con la ley definiendo los injunctions aprobada en marzo 8 de 1906; y' disponiéndose, además, que para conocer del interdicto tendrá jurisdicción la misma corte ante la cual se sustan-cie la tercería.” Sección 5276 de la Comp, de 1911, página 891.

La jurisprudencia que cita el apelante en su alegato no es del todo aplicable. Se trata aquí como hemos dicho de un caso especial y los hechos se ajustan perfectamente a la ley.

No debe perderse de vista que la corte de distrito no-había resuelto definitivamente el pleito de tercería. La ape-lación versa solamente sobre la. orden de injunction. Es por ello que nos hemos limitado a decir que el tercerista pre-sentó un caso prima facie a su favor y no hemos entrado a discutir ampliamente los méritos de la cuestión de derecho-envuelta. De otro modo nos hubiéramos visto obligados quizá a prejuzgar la resolución definitiva del litigio.

Debe confirmarse la resolución apelada.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.