author: El Juez Asociado Señob. Hutchison,

text:
    Cipriano Manrique Gil, demandante-apelante-apelado, v. Carlos Aguayo Martí y Augusto y Constant y Goffinet, demandados-apelados-apelantes.
    No. 3918.

    Visto: Febrero 16, 1927.

      Resuelto: Julio 26, 1927.
    1. Evidencia — Admisiones—Prueba y Efecto — Efecto en General — Amisiones Judiciales' — Admisiones en las Alegaciones. — Cuando la euostidn relativa a la inexistencia de un contrato o convenio se basa en una admisión implícita contenida en una defensa especial en que se invoca el artículo 1268 del Có-digo Civil para alegar la prescripción, tal admisión es a lo sumo una admi-sión de que el contrato en cuestión era anulable pero no nulo.
    2. Sentencia- — Finalidad (Conclusiveness) de la Adjudicación — Cuestiones De-terminadas — Alcance del Impedimento en General — Cuestiones que Pu-dieron Propiamente Haber Sido Litigadas. — Una sentencia sobre los méri-tos en pleito anterior entre las mismas partes y sobre la misma causa de acción, por una corte de jurisdicción- competente, es un impedimento (bar) a otra acción sobre toda cuestión que pudo con propiedad baber sido litigada y determinada en dicha primera aeeión.
    Sentencia de Gabriel Caste jón, J. (Humacao), declarando sin lugar la demanda, sin costas.

      Modificada imponiéndose las costas al demandante, y así modificada confirmada.

      'Henry G. Molina, abogado de los apelados apelantes; González Fa-gundo & González Jr., abogados del apelante-apelado.
   El Juez Asociado Señob. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La historia anterior de la presente controversia pnede bailarse en los casos de Goffinet v. Manrique, 34 D.P.R. 507 y Manrique v. Aguayo Martí, 35 D.P.R. 393.

En julio de 1918 Gregorio Solá y sus acreedores, inclu-yendo a Cipriano Manrique y los hermanos Goffinet, celebra-ron un convenio en virtud del cual los Goffinet suministra-rían el dinero necesario para las plantaciones de cañas de azúcar, el pago del arrendamiento y otros gastos, de acuerdo 'con los contratos de refacción agrícola qne posteriormente se otorgarían y después del cobro de las cantidades adeudadas, ■repartirían entre los demás acreedores cualquier sobrante que quedase del producto del azúcar fabricado y vendido. Se convino expresa y específicamente que el producido líquido sería puesto a disposición de los acreedores contratantes.

Al decir Manrique que liabía adquirido los derechos de los otros acreedores excepto los de los Goffinet, se le vendió el azúcar sobrante y a solicitud suya, se le cargó la cantidad total pendiente a nombre de tales otros acreedores, acredi-tándosele el precio del azúcar así comprado por y entregado a él. Más. tarde, los hermanos Aguayo demandaron a los Goffinet, y éstos a su vez demandaron a Manrique por unos setecientos dólares, cantidad que representaba una deuda pendiente que jamás había sido transferida o cedida a Man-rique, como éste alegó, y que, por tanto, le había sido pagada por equivocación.

Manrique en su contestación alegó la existencia de dos-contratos posteriores de refacción agrícola, uno por dinero’ suministrado por Antonio Longo y traspasado por éste a Manrique, y otro celebrado por Gregorio Solá Delgado directamente con Manrique. Esta alegación se copia íntegra-mente y se discute en el caso de Goffinet v. Manrique supra.

El presente pleito fué entablado para establecer una pre-lación a favor de los dos contratos últimamente menciona-dos y para recobrar de los Goffinet una cantidad igual a la de la reclamación de Aguayo, así como el crédito personal del demandante contra la Sucesión de Gregorio Solá Delgado.

En adición a las materias alegadas por vía de defensa en el pleito anterior, la demanda en el presente caso alega que unos $8,000 de la deuda de Goffinet que fué pagada por los demandantes en cumplimiento de una orden de tm admi-nistrador judicial de la Sucesión Solá, como parte del precio de compra del azúcar en cuestión, constituían un mero crédito personal no garantizado por gravamen alguno sobre el refe-rido azúcar; que la cláusula contenida en el convenio de 1918 que disponía la custodia y distribución por los Goffinet del azúcar que se moliera en 1920 era absolutamente nula porque el agente y apoderado de los Goffinet no tenía auto-ridad para obligar a su mandante mediante tal estipulación; que el dinero recobrado en el pleito anterior babía sido reci-bido por Manrique en pago parcial de lo que se le debía de acuerdo _ con sus contratos de refacción agrícola, los cuales como resultado de esa sentencia aún no ban sido pagados en parte; que los referidos contratos, habiendo sido inscritos, tenían y tienen prelación sobre el crédito personal de los hermanos Aguayo, respecto del valor de los azúcares pro-cedentes de las plantaciones de cañas de Solá, y que el cré-dito de Aguayo a su vez tiene prelación, por ser más anti-guo, sobre el crédito de los Goffinet por la suma no garanti-zada de más de ocho mil dólares cobrados por ellos; que el demandante tiene también un crédito personal contra Gregorio Solá Delgado por $2,959.47 reconocido por éste en el «convenio de 1918, y es cesionario de N. Santini & Co., Cara-bailo & Co. y J. V. Euiz & Co., en cuanto a determinadas ■cantidades que igualmente se reconocieron como adeudadas a estos acreedores al tiempo del referido convenio, teniendo todos esos créditos prelación sobre el' crédito de Aguayo; y que la sentencia obtenida en el pleito anterior es el resul-tado de una acción entablada de mala fe y con el fin de ob-tener una ventaja torticera sobre el demandante en el pre-sente caso, falseando el montante del crédito refaccionario de los Goffinet que se dijo ascendía a la suma de $14,279.84, cuando realmente era sólo de $6,000.

En los comienzos del juicio, se permitió que el deman-dante radicara una demanda enmendada, la que babía sido notificada previamente al demandado, en la que se alega además que la teoría sobre la cual se dictó la sentencia anterior en contra de Manrique fué que él babía recibido de los Goffinet el importe del crédito reclamado por Aguayo; que esta teoría era errónea, puesto que Manrique jamás babía recibido de ellos para tal fin ni para ningún otro, suma’ al-guna de dinero ni de bienes de clase alguna; que, por tanto, al satisfacer el demandante dicha’sentencia, quedaría solven-tado el crédito de Aguayo, quedando pendiente de pago el crédito de Manrique como cesionario de Longo en una can-tidad igual; que el crédito de Longo es preferente al de Aguayo, por ser el primero un crédito refaccionario inscrito y el segundo un mero crédito personal; que Manrique Labia adquirido también los créditos de N. Santini & Co., Ruiz & Co. y Caraballo & Co., reconocidos en el convenio de 1918, y que tales créditos, juntamente con uno de igual índole que Manrique tenía, y su crédito de refacción agrícola, quedaron totalmente insolutos, y así lo reconoció la sucesión deudora en la escritura de partición de herencia otorgada en febrero de 1921; que el crédito común de los Goffinet reconocido en el convenio, de 1918, fue incluido por ellos como una partida del crédito refaccionario posteriormente concertado y en tal concepto fué cobrado por ellos, siendo el resultado una pre-ferencia indebida sobre los demás acreedores de igual índole, o sea, Manrique y Aguayo; que del montante total cobrado por los Goffinet en concepto de reembolsos de cantidades suministradas como refacción, al amparo de dos contratos inscritos, solamente era preferente la suma de $1,537.59, única que del registro aparece recibida por el deudor porque las demás cantidades eran para entrega futura y nunca durante la vigencia de los mismos se hizo constar en el registro su entrega y que los Goffinet al cobrar su crédito totalmente, obtuvieron una' indebida preferencia sobre los créditos de Manrique y Aguayo, que eran más antiguos, fueron recono-cidos en el convenio de 1918, y están todavía en descubierto.

Los demandados, en adición a una negación general, ale-garon como defensas separadas e independientes, entre otras, que el demandante está impedido de ejercitar esta acción por sus propios actos en relación con las distintas operacio-nes o transacciones que relaciona en la demanda y especial-mente por aparecer de la misma que tuvo oportunidad de ejercitar el derecho que ahora alega tener en la acción que se tramitó en la misma corte, y de que se hace mención en dicha demanda, sin que tomara entonces acción alguna; que los supuestos derechos que alega el demandante en su de-manda y los hechos que en la misma se exponen como ale-gados fundamentos de tales supuestos derechos, fueron re-sueltos, o hubieran podido • ser resueltos, en el mencionado' caso que terminó mediante sentencia que era ya firme al entablarse esta acción. 34 D.P.R. 507.

El demandante apela de una sentencia adversa y alega que la corte inferior cometió error al no estimar inexistente el convenio de 1918 por falta de poder suficiente, según se alega en la demanda. Esta última alegación fué hecha por información y creencia y no se adujo prueba en apoyo de la misma. El apelante se basa enteramente en una admisión implícita que dice está contenida en una de las defensas especiales en que se invocó el artículo 1268 del Código Civil, para alegar la prescripción. Tal admisión sería a lo sumo una admisión de que el contrato en cuestión era anulable pero no nulo. En realidad de verdad todo el argumento del apelante gira sobre la proposición de que el artículo 1268 no es aplicable a contratos inexistentes. Pero, sea esto como fuere, la teoría de que el demandante estaba relevado de la necesidad de probar su caso por una admisión en la ' contestación pasa enteramente por alto la negación general contenida en el primer párrafo de la contestación, sin hacer referencia a la cuestión de impedimento en virtud de las actuaciones en relación con las disposición del azúcar depositado con los Groífinet en cumplimiento de los términos de la cláusula que ahora se ataca por primera vez, y con re-lación a la propuesta distribución del producido.

Otra proposición es que la corte de distrito cometió error al resolver que la cuestión de prelación de crédito constituía cosa juzgada.

Sobre este extremo se nos cita el-tomo 8 de Manresa, página 586, el artículo 1219 del Código Civil Eevisado y el casó de Falú v. Agricolt, 34 D.P.R. 948.

No es necesario discutir en este momento la única oración citada de Manresa, quien a sn vez cita una decisión de la Corte Suprema de España fechada septiembre 28, 1897.

El caso de Falú v. Agricolt fué uno que estableció la línea divisoria. Falú babía obtenido una sentencia en la corte inferior y los hechos revelados por los áutos indicaban claramente que se babía hecho justicia práctica. La situa-ción exigía la confirmación del caso, siempre que se pudiera evitar la revocación. Los demandantes no habían incluido a Falú como una de las partes en el pleito, y no era una parte necesaria, pero posteriormente fué citado de evicción por el demandado en dicha acción, para responderle de su título. Según se indica en la opinión, la falta de comparecencia de Falú en dicha acción era inexplicable. La cuestión de cosa juzgada, según fué presentada en dicho caso, era embara-zosa pero puramente técnica, y a fin de satisfacer las exi-gencias de la justicia práctica se opuso a ella una distinción técnica.

Nada encontramos en el caso presente que justifique la conclusión de que constituya una excepción a la regla general.

“El principio de cosa juzgada es una regla de derecho universal entremezclada en todo bien regulado sistema de jurisprudencia y se funda en dos razones expresadas en varias máximas del derecho co-mún; la primera, la política pública y la necesidad, que hacen que •el Estado tenga interés en que se ponga fin a los litigios — interest republicae ut sit finis litium,; la segunda la opresión sobre el indi-viduo por ser molestado dos veces por la misma causa — nemo debet bis vexari pro eadem causa.” 24 C. J. 743.
‘'Una sentencia sobre los méritos, dictada en un pleito anterior entre las mismas partes o sus cointeresados, sobre la misma causa de acción, por una corte de jurisdicción competente, tiene el efecto de un impedimento y no sólo en cuanto a toda cuestión que hubiera sido presentada y recibida para sostener o derrotar la reclamación, sino en cuanto a toda otra cuestión que pudiera con propiedad ha-ber sido litigada y determinada en dicha acción.” 34 C. J. 818; Peñalosa v. Tuason, 22 Jurisprudencia Filipina 309.

La cuestión no es nueva en esta jurisdicción. Ambos as-pectos de la misma ban sido bastante bien disentidos y re-sueltos por decisiones anteriores de esta corte qne están en completa armonía con los principios generales delineados en la cita qne acabamos de bacer. González v. Méndez, 15 D.P.R. 701; Calaf et al. v. Calaf, 17 D.P.R. 223; Ninlliat v. Suriñach et al., 18 D.P.R. 195; Ninlliat v. Suriñach, et al., 27 D.P.R. 74; Iglesia Católica v. Municipio de Bayamón, 27 D.P.R. 865; y casos citados.

El abogado del apelante trata de distinguir el caso de Goffinet v. Manrique, supra, por el fundamento de qne aquella acción era una en cobro de dinero recibido, fundada en el artículo 1796 del Código Civil y en la teoría de qne el dinero en cuestión babía sido pagado debido a un error de hecbo, esto es, en la creencia' errónea de qne Manrique era el cesio-nario de Aguayo Hermanos — mientras que la presente ac-ción está basada en la teoría de derechos superiores o pre-ferentes • derivados del becbo de que del producto" de la caña molida en 1920 y perteneciente a la Sucesión Solá, Manrique sólo recibió la cantidad adeudádale como cesionario del con-trato de refacción agrícola becbo por Antonio Longo; que habiendo sido obligado por la anterior sentencia a desem-bolsar $788.49 de dicha cantidad, tal deuda quedó insoluta en ese montante, por lo cual el demandante ahora pide que dicho crédito sea adjudicado y declarado preferente al cré-dito de Goffinet por refacción agrícola y que se establezca igual preferencia a favor del crédito personal del deman-dante que data del 1918, y en favor de los créditos cedidos al demandante por N. Santini & Co., J. Y. Ruiz & Co. y V. Caraballo & Co. También se insiste en que el pleito anterior fué para el exclusivo beneficio de Aguayo Hermanos y que el demandante no pretende perturbar la sentencia en favor de ellos ni discutir su derecho; que el pleito anterior pudo haber sido establecido por Aguayo Hermanos contra Manrique; que los Goffinet no eran partes necesarias en el mismo y nada reclamaban para sí; que en la presente con-troversia Aguayo es una parte nominal, nada se le pide y no es parte necesaria; que Manrique ahora comparece no como demandado sino como demandante, en sn propio dere-cho y como cesionario de otros acreedores y qne en la de-manda qhe ahora consideramos están envueltas práctica-mente dos acciones.

Pero según indica la representación de los apelados, el presente procedimiento, como el anterior, parece ser en el fondo un pleito para recobrar dinero pagado debido a un supuesto error, siendo la diferencia esencial que aquí el error si lo hubo, no fué de hecho sino de derecho. No se pretende sostener que el dinero pagado a los Goffinet por orden de Solá y en pago de su deuda no fuera adeudado por él en dicha época, ni que el dinero fuera así pagado debido a una falsa representación de un hecho por los Goffinet, pero las alegaciones de la prueba en su totalidad dan la impre-sión general de que el demandante no tuvo presente, o que parece no haber sido cuestión de importancia en aquella época, que él era el dueño de ciertos créditos preferentes; que algunos de los fundamentos legales en que hubiera po-dido basarse tal reclamación de preferencia en el pleito anterior, no fueron descubiertos hasta después de dictada sen-tencia en el mismo y que otros de esos fundamentos no sur-gieron a la luz hasta después de radicada la demanda original en este caso.

Ni puede tampoco decirse que no se ofreció base para una alegación de preferencia en la defensa levantada en el pleito anterior meramente porque los hechos que constituían la base de tales reclamaciones no fueron tan completamente desarrollados, no estableciéndose conclusiones de derecho en la contestación. La opinión de esta corte en el caso de Goffinet v. Manrique, supra, no sólo revela el hecho de que en realidad se levantó la cuestión de preferencia, sino que defi-nitivamente resuelve esa cuestión tal y como fué presentada entonces.

El convenio de 1918 fué interpretado por la corte inferior en el presente caso, y por esta corte en el caso de Gof- finet v. Manrique, supra, en el sentido de que excluía la idea de subsiguientes contratos refaccionarios que pudieran to-mar preferencia sobre los que se proponían celebrar Solá y los Groffinet. No es probable que los Groffinet hubieran desem-bolsado su dinero existiendo un entendido de que su dere-cho al reembolso habría de estar subordinado a reclamaciones derivadas de tales contratos subsiguientes. Manrique fué parte en el contrato original, y el crédito de Antonio Longo había sido expresamente pospuesto y subordinado por él al crédito de los Groffinet. Las cláusulas (c) y (d) del convenio de acreedores fueron copiadas íntegramente en la opinión en el caso de Goffinet v. Manrique, supra, y no es necesario analizarlas ahora en detalle para demostrar que, tomadas conjuntamente, no están sujetas a la interpretación que ahora trata de darles el apelante.

Los demandados también apelan y sostienen que la corte inferior erró al no concederles las costas. Estamos confor-mes con esto. Lo que este Tribunal dijo con respecto a la cuestión de costas en el caso anterior de Goffinet v. Manrique es aplicable a fortiori a esa cuestión tal y como se presenta en este caso. Yéase también el de Central Pasto Viejo v. Aponte, 34 D.P.R. 90.

La sentencia apelada debe modificarse imponiendo las costas al demandante, y así modificada, se confirm,a.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Franco Soto,

license: Public Domain

text:
    Héctor y Julio César Rodríguez Soler, demandantes y apelados, v. Ramón Alonso y Sucrs. de Sobrino & Cía., demandados y apelantes.
    No. 4046.

    Visto: Febrero 17, 1927.

      Resuelto: Julio 26, 1927.
    1. Acciones — Acumulación (Jomáer), División (Splitting), Consolidación y Separación — Acumulación de Acciones — Naturaleza de y Fundamentos de la Acción — Acción Reivindicatoría. — En el caso de autos se acumula a la acción reivindicatoría la de nulidad del título del demandado.
    2. Cortes — Naturaleza, Extensión y Ejercicio de Jurisdicción en General— Presunción de Jurisdicción — Cortes de Jurisdicción Inferior o Limitada. —Cuando los autos de una corte municipal guardan silencio respecto a la existencia de alguna cuestión ,jurisdiccional, la presunción- es que tales cons-tancias no existieron.

      3. Cortes — Naturaleza, Extensión y Ejercicio de Jurisdicción en General— Presunción de Jurisdicción — Cortes de Jurisdicción Inferior o Limitada. —Cuando los autos do una- corte municipal guardan silencio respecto a la existencia de alguna cuestión jurisdiccional, la presunción de su no existencia puede ser destruida mediante prueba aliunde.

    4. Ejecución — Venta—Manera, Proceder (Conduct), Validez y Confirmación o Anulación — Acción Sobre Nulidad de Adjudicación y Venta — Evi-dencia — Peso de la Prueba. — Eundada una demanda de nulidad de actua-ciones esencialmente en vicios jurisdiccionales, cuando la corte que conoció del procedimiento es una no de récord, el peso de la prueba recae sobre el demandado para demostrar que el hecho jurisdiccional realmente existió.
    5. Tutor y Pupilo — Acciones—Citación y Comparecencia — En General. — La comparecencia voluntaria de un tutor a nombre de unos menores no suple la falta de citación personal de éstos.
    ■6. Ejecución — Venta—Manera, Proceder (Conduct), Validez y Confirm ación o Anulación — Acción Sobre Nulidad de la Adjudicación y Venta — Evi-dencia — Peso de la Prueba. — En acción sobre nulidad de actuaciones, fun-dada, entre otras cosas, en el hecho de no haberse practicado por el marshal el embargo de los bienes sujetos a la ejecución, el peso de la prueba de que tal embargo se hizo, corresponde al demandado.
    7. Ejecución — Gravamen (Lien), Embargo (Levy) y Alcance y Custodia de la Propiedad — Necesidad del Embargo (Levy) Previo. — El embargo es un re-quisito previo para la venta de bienes en ejecución de sentencia, de tal modo que su falta es bastante para declarar nula y sin efecto la venta realizada.
    8. Ejecución — “Return”—Acta de .Remate — Manifestación en Cuanto al Embargo de los Bienes Rematados. — -Vendidos unos bienes en ejecución de sentencia, cuando de los autos no aparece que se hubieran embargado pre-ventivamente unos bienes ni existe constancia- que luego de expedido el man-damiento de ejecución al marshal él efectuara el embargo, su mera mani-festación en el acta de remate de haberse procedido al remate de los bienes embargados no es suficiente para dejar establecida la existencia del embargo.
    9. Limitación de Acciones — Estatutos de Limitación- — Limitación Aplicable a Determinadas Acciones — Nulidad de Contratos — Adjudicación y Venta en Ejecución de Sentencia. — En- acción para que se declare inexistente la adjudicación que de una propiedad hizo un márshal, declarados inexistentes los procedimientos y las diligencias de ejecución y adjudicación, eareee de fundamento la alegación de prescripción para la acción de nulidad del con-trato.
    SENTENCIA de Pablo Berga, J. (San Juan), declarando con lugar la demanda y sin lugar la reconvención, con costas.

      Confirmada.

      José G. Torres, abogado de los apelantes; V. M. Fernández j M. Tons Soto, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes y apelados ejercitan dos cansas de acción. Una es la de reivindicación genérica del condo-minio de nna mitad en el valor de cierta finca urbana radi-cada en el pueblo de Vega Baja, y la segunda, que es base de la anterior, tiene por objeto que se declare inexistente la adjudicación que de dicha finca hizo el Márshal de la Corte Municipal de Yega Baja al demandado en el procedimiento que en cobro de dinero estableció la mercantil Sucesores de Sobrino & Compañía contra Héctor y Julio César Ro-dríguez y Providencia Rodríguez y Soler. ■

La acción reivindicatoría se funda substancialmente en el título que los demandantes alegan tener por mitad sobre el condominio en la indicada finca y en la posesión actual de la propiedad en poder del demandado Ramón Alonso. Y en relación con la inexistencia de la adjudicación del in-mueble, los demandantes alegan: que en febrero 9, 1914, ante la Corte Municipal de Yega Baja, la mercantil Suce-sores de Sobrino & Compañía promovió contra los deman-dados arriba mencionados una acción civil en cobro de la cantidad de $198.40; que en dicha acción no se expidió emplazamiento alguno para la citación de los demandados, pero compareció Quiteño Rodríguez diciéndose tutor de los menores Héctor y Julio César Rodríguez, sin que en reali-dad lo fuera, y a nombre de ellos se allanó a la demanda, siendo así que la Corte de Distrito de San Juan, ni otra al-guna, habían autorizado tal comparecencia y allanamiento; que la Corte Municipal de Vega Baja a virtud tan sólo del referido allanamiento, dictó sentencia en mayo 6, 1934, con-denando a los demandados al pago de la cantidad recla-mada en la demanda, y sus intereses legales; que expedida orden de ejecución de dicha sentencia al márshal de la corté municipal, este funcionario, sin trabar embargo sobre una finca rústica de 70 cuerdas que se describe, ni ejecutar otro acto de apoderamiento del mismo, fijó para junio 10, 1924, la venta en' pública subasta de la referida finca; que la subasta se anunció mediante edictos publicados en las edi-ciones de “La Democracia” correspondiente a los días 27 de mayo y 3 y 10 de junio de 1914, y celebrada la misma se adjudicó por precio de $525 al demandado Ramón Alonso, quien inmediatamente tomó posesión de la finca, la que aún continúa detentándola.

El demandado aceptó ciertos hechos, negó otros, y sus-tancialmente alegó en su defensa: que Quiterio Bodríguez era entonces el tutor legítimo de los menores demandantes, entonces demandados, cuyo cargo se discernió por la Corte de Distrito de San Juan prestando juramento y registrán-dose la tutela; que el tutor no necesitaba autorización de la corte para contestar la demanda contra los sujetos a tu-tela; que la comparecencia de dicho tutor tuvo por objeto consentir en que se dictase sentencia en la forma que esta-blecen los artículos 358 y siguientes del Código de Enjui-ciamiento Civil, lo cual hizo en ahorro de costas para los menores, toda vez que la obligación por la cual demanda-ban Sucesores de Sobrino & Compañía estaba legalmente reconocida en la escritura de particiones practicada entre los herederos de los cónyuges Miguel Bodríguez Sierra y Angelina Soler; que la sentencia por la Corte Municipal de Vega Baja se dictó también por confesión jurada de la otra demandada, mayor de edad, Providencia Bodríguez, que en la ejecución de dicha sentencia se llenaron todas las formalidades legales, aunque Sucesores de Sobrino & Com-pañía contestaron la demanda por haber sido incluidos como demandados a virtud de excepción previa que el otro de-mandado presentó a la demanda original. En realidad no eran una parte necesaria, ya que la demanda se funda esen-cialmente en vicios jurisdiccionales que prima facie hacen inexistentes los procedimientos y en su consecuencia nula la sentencia, así como las diligencias de subasta.

La corte inferior, que finalmente llegó a esta conclusión, dictó sentencia en favor de los demandantes reconociéndoles como dueños de una mitad pro indivisa de la finca que se describe en la demanda y condenando además al demandado a pagar a dichos demandantes la mitad del producido neto de los frutos, “o sea la suma de $75 anuales desde el 16 de junio de 1914 hasta .la completa entrega de sus participa-ciones. ’ ’

Para llegar a esta conclusión la corte dió como proba- ¡ dos los siguientes hechos: í

■ “Que el demandante Julio César 'Rodríguez y Soler, fué eman-eipado por resolución del Hon. Charles E. Foote, Juez de Distrito de San Juan, Distrito Primero, de 11 de febrero de 1925.
“Que Providencia Rodríguez y Soler, falleció en el pueblo de Quebradillas, el 5 de febrero de 1916, ab intestato, estando casada con José Gonzalo Lloverás y Terrón, y dejando como única descen-dencia un hijo habido en dicho matrimonio, que lo es Gilberto Llo-verás Rodríguez, que nació el 16 de agosto, 1912.
“Que con fecha 9 de diciembre de 1910, el Ilon. Pedro de Aldrey, J\iez de Distrito de San Juan, .Sec. la., discernió el cargo de tutor legítimo de los menores Providencia, Isabel, Héctor Miguel y Julio César Rodríguez y Soler, a favor de José Quiterio Rodríguez (Tu-tela No. 87).
“Que por escritura de fecha 30 de septiembre de 1912, ante el notario José G. Torres, se verificó la partición de bienes entre los herederos de Miguel Rodríguez Sierra, padre de dichos menores, en que compareció el tutor y reconoció, entre otras deudas, una a favor de Sucesores de Sobrino & Cía., por $198.48; cuya partición fué aprobada por la Corte de Distrito de San Juan, See. la., y por el Hon. Félix Córdova Dávila, el 6 de diciembre, 1912. En la escritura se hace constar que las hermanas Providencia y María Isabel entrega-rán, por las adjudicaciones que se les hace, a los hermanos Héctor y Julio César la suma de $300, y además aquéllas tomarán a su cargo el pago de deudas, y en la resolución de 6 de diciembre, 1912, se hace constar que la aprobación se hace sin perjuicio de la autoriza-ción judicial que debe promoverse para la inversión de la suma de $300 que por dicho documento se comprometen a satisfacer a los he-rederos menores de edad, sus coherederos.
“Que ante la Corte Municipal de Vega Baja, el día 9 de febrero de 1914, Sucesores de Sobrino y Compañía, como demandantes, pre-sentaron demanda contra la Sucesión de Miguel Rodríguez Sierra y Angelina Soler, compuesta de Providencia Rodríguez, mayor de edad, y casada con Gonzalo Lloverás; de Héctor y Julio César Ro-dríguez, menores de edad bajo la tutela de su tío José Quiterio Ro-dríguez, y de Isabel Rodríguez, que estuvo casada con Elíseo Fer-nández, y que habiendo muerto sin descendencia ni ascendencia, le sucedieron sus hermanos los otros demandantes y el cónyuge viudo Elíseo Fernández en cuanto a la cuota usufructuaria, y en cuya de-manda se alegó que por escritura de 30 de septiembre-, 1912, las her-manas Providencia e Isabel Rodríguez, menores emancipadas por matrimonio, y José Quiterio Rodríguez, como tutor de los menores Héctor y Julio César Rodríguez, verificaron la partición de los bie-nes quedados al fallecimiento de sus padres Miguel Rodríguez 'Sierra y Angelina Soler Hernández, y en ella reconocieron adeudar a la so-eiedad demandante la suma de $198.48 que se incluyeron como ba-jas del capital relicto, que no habían sido satisfechos y que por con-venio venía devengando el interés del 1% mensual, suplicando sen-tencia por la cantidad adeudada, intereses y costas. No consta en autos emplazamiento alguno a los demandados y sí una moción de citación por edictos del demandado Elíseo Fernández; un juramento de José Quiterio Rodríguez que dice que íué tutor nombrado para' la guarda de la menor Isabel Rodríguez y Soler, que había muerto hacía poco, estando casada con Elíseo Fernández, que se había au-sentado de la Isla; una orden de la Corte, disponiendo la citación por edictos del demandado Elíseo Fernández y una declaración ju-rada del administrador de ‘La Democracia’ sobre la publicación; un escrito de Providencia Rodríguez, por sí, aceptando los hechos de la demanda y consintiendo sentencia contra ella; otro escrito de José Quiterio Rodríguez, como tutor de los menores Héctor y Julio César Rodríguez y Soler, haciendo igual aceptación y consentimiento; sentencia dictada el 6 de mayo de 1914 a virtud de la no contesta-ción del demandado Elíseo Fernández y del allanamiento de los otros demandados, ordenando que la sucesión demandada pagara a la sociedad demandante la cantidad de $198.40, intereses legales y costas. Aparece, además, que en .23 de mayo de 1914, se libró man-damiento de ejecución de dicha sentencia, sin constar diligencia de embargo de bienes, pero sí un recorte impreso de periódico de un edicto anunciando la venta para el 16 de junio, 1914, de una finca rústica de 47 cuerdas en el. barrio Algarrobo, otra de 70 cuerdas en el barrio Pugnado Afuera y una finca urbana en la calle Tercera Avenida, todas radicadas en Yega Baja, siendo la última la que es objeto' de demanda y unida a dicho recorte una declaración jurada firmada por Carlos R. Aguiar de la cual consta que dicho edicto fue publicado en ‘La Democracia,’ periódico editado en San Juan, los días 27 de mayo, y 3 y 10 de junio, 1914. Y-consta también un acta de remate de los bienes que entonces se dicen embargados en la cual no figura la primera de las dos fincas rústicas deséritás en el edicto, y sí en primer lugar el No. 2 la rústica de 70 cuerdas objeto de esta demanda y en segundo lugar el No. 3 la urbana, apareciendo adjudicada la rústica al aquí demandado Don Ramón Alonso por la cantidad de $525.00 y. la urbana a Don Tomás Landrón por la can-tidad de $630.00 otorgándose escritura en 20 de junio de 1914 y bajo el número 54 ante el notario Don José G-. Torres, haciéndose constar dicha adjudicación. El márshal expresa en el diligenciado de la orden de ejecución, que no remató la finca rústica en el barrio Algarrobo, señalada con el No. 1 en el edicto, por haber recibido un mandamiento de injunction de la Corte de Distrito de San Juan, suspendiendo la subasta de la misma.
“Que por virtud de la venta judicial verificada por el márshal de la Corte Municipal de Vega Baja, el demandado Ramón Alonso entró en posesión del inmueble en 16 de junio de 1914 y percibe sus frutos, sin que haya dado desde entonces participación alguna a los demandantes.
“Que dicha finca puede dar un producto neto, después de des-contar los gastos, de $150.00 al año. Y la Corte llega a esta con-clusión, dando crédito a los testigos del demandado, por cuanto el testigo del demandante se limitó a decir que la finca tiene muy poco terreno bueno, mucha piedra, y una vega de 6 u 8 cuerdas y que en arrendamiento valdría $35 mensuales hasta que se construyó hace cinco años la carretera y desde entonces $1,000 anuales por la pie-dra que se puede vender, admitiendo que cuando la compró el de-' mandado no había en ella más que piedras y malezas; no habiendo por otra parte el demandante demostrado euál es el producido neto.
“Y que en 3 de octubre, 1914, el tutor José Quiterio Rodríguez notificó al fiscal y presentó una moción manifestando a la Corte (caso 6134) que los $300 de los menores Héctor Miguel y Julio César, ha-bían sido satisfechos con motivo de la venta de las dos fincas adju-dicadas a Providencia e Isabel Rodríguez, y solicitaba autorización para invertir esa suma en reparaciones de dos casas de maderas, ad-judicadas a los menores, pero sin que aparezca resolución alguna sobre dicha solicitud.”

Luego la corte en sus razonamientos legales de-clara, entre otros motivos, que también examinaremos, que la adjudicación de la finca al demandado es nula porque no consta en autos emplazamiento alguno que demuestre la ci-tación personal de los menores, quienes estaban bajo la tu-tela de Quiterio Rodríguez y también porque no aparece de tales autos tramitados ante la Corte Municipal de Vega Baja, de que se trabara embargo sobre las fincas que fue-ron subastadas. No bay duda que la omisión de uno u ■otro requisito envuelve un vicio de jurisdicción que bace inexistentes los procedimientos, nula la sentencia y como secuela las diligencias para su ejecución.

Los apelados, en la feeba en que fueron demandados por Sucesores de Sobrino & Cía., ante la Corte Municipal de Vega Baja, eran menores de 14 años de edad.

El apelante, sin embargo, sostiene: 1Q, que el mero he-cho de que los emplazamientos no estén unidos a los autos no demuestra que se hubiere dejado de hacer la citación personal de dichos menores y que correspondía probar a los demandantes que no se habían verificado tales emplaza-mientos; y 29, porque habiendo comparecido el tutor a nombre de los menores, esta comparecencia suple a la de éstos, quienes faltos de capacidad legal para comparecer, lo hace el tutor a su nombre.

No hay que pasar desapercibido que las cortes munici-pales no son cortes de récord y el hecho de que los autos guarden silencio respecto a la existencia de alguna cues-tión jurisdiccional, no puede crear la presunción de que tales diligencias hayan existido. Por el contrario, la pre-sunción es que no existieron. La cuestión entonces sería si esa presunción puede ser destruida mediante prueba aliunde. De manera que el peso de la prueba pasaría al demandado para demostrar que el hecho jurisdiccional del emplazamiento realmente existió, pero de los autos no apa-rece que el apelante hubiera hecho esfuerzo alguno en tal sentido.

“Hay una distinción bien reconocida entre la presunción que debe hacerse de la sentencia-de una corte de jurisdicción limitada o especial y la de una corte de jurisdicción general. Es regla general bien establecida que cuando la sentencia de una corte superior y de jurisdicción general que actúa dentro de las atribuciones de su jurisdicción es atacada colateralmente, toda presunción está a favor, no solamente de los procedimientos sino también de la inris-dicción de la corte, tanto en lo que se refiere al asunto en contro-versia como a las partes, a menos que lo contrario aparezca afirma-tivamente de la faz de los autos mismos.
“En lo que se refiere a cortes de jurisdicción inferior o que tie-nen poderes limitados, y que no son de récord, prevalece una regla distinta de la reconocida y vigente con respecto a sentencias de cor-tes de jurisdicción general. La jurisdicción de cortes inferiores que no son de récord debe demostrarse afirmativamente, no existiendo presunción sobre la misma. En realidad se fia establecido la regla de que la presunción es que una corte de jurisdicción inferior o limitada no tiene jurisdicción alguna cuando ésta no aparece, y los hechos que dan jurisdicción a la corte no son alegados debidamente. Por lo menos si se niega la jurisdicción de la corte, incumbe a la parte que se basa en la sentencia de 1a. corte inferior demostrar que la corte tenía jurisdicción, y las propias manifestaciones en decretos de cor-tes de poderes especiales o limitados no pueden dar jurisdicción a las mismas.” 15 R.C.L. 880-882.

En el caso de Torres & Enseñat v. Alfaro, 24 D.P.R. 731, se trataba de un procedimiento seguido ante una corte municipal, y esta corte dijo:

“El artículo 92 del Código de Enjuiciamiento Civil previene que ‘cuando el márshal hiciere la citación, la devolverá a la oficina del secretario que la expidió, bajo su certificación de haber sido cumpli-mentada y de haber hecho entrega de la copia de la demanda que se hubiere acompañado a la citación, y que cuando se diligenciare por cualquier otra persona, se devolverá a la misma oficina con la declaración jurada de dicha persona de que ha practicado la dili-gencia de citación y entregado la copia de la demanda, en caso de haberse acompañado.’ Ante precepto tan terminante, es indiscutible que cualquiera que sea quien haga la citación, debe devolverse dili-genciada. a la oficina del secretario de la corte en los términos pre-venidos por la ley.
“Y esa devolución es requisito indispensable para la anotación de la rebeldía y el pronunciamiento de la sentencia, pues sólo con examen del diligenciado del emplazamiento podrá saberse si la corte ha adquirido jurisdicción sobre la persona del demandado por haber sido éste emplazado en forma debida.
“Para que un demandado quede sometido a la jurisdicción de una corte, es necesario que se le cite en la forma que la ley describe y además que se devuelva a la corte una constancia de haberse lle-vado a efecto la citación, de la cual aparezca que los requisitos exi-gidos por el estatuto se cumplieron debidamente, todo ello sin per-juicio de lo dispuesto en el artículo 98 del Código de Enjuiciamiento Civil. Orcasitas vs. Márquez et al., 19 D.P.R. 477.
“Y la prueba de haberse hecho la citación con entrega de la de-manda al demandado cuando se hiciere por cualquier otra persona que no sea el marshal, será la declaración escrita y jurada por éste, según el artículo 97 del Código de Enjuiciamiento Civil.
“En el caso presente ante la Corte Municipal de Coamo no exis-tía prueba alguna de haberse practicado la citación, pues la decla-ración jurada de haberla hecho‘Jovino Torres se prestó por éste ante el Juez de Paz de Juana Díaz en 26 de noviembre de 1910,. cuando la sentencia había sido registrada en 18 del propio noviem-bre, es decir, ocho días antes del juramento de la diligencia de em-plazamiento. El demandado no estaba bajo la jurisdicción de la corte al dictarse la referida sentencia en rebeldía del mismo.”

La segunda contención del 'apelante de si la comparecencia del tutor a nombre de los menores suple la falta de su citación personal, levanta un punto legal. La cuestión, sin embargo, aparece asimismo claramente resuelta en jurisprudencia ya sentada por esta corte. En el caso de Orcasitas v. Márquez et al., supra, esta corte se expresó de este modo:

“El artículo 93 del Código de Enjuiciamiento Civil, en lo per-tinente, dice así:
“ ‘La citación se hará mediante entrega de una copia de la misma., como sigue:
“ ‘3. Si fuere contra un menor de catorce años que residiere en la Isla, a dicho menor personalmente, así como también a su padre, madre o tutor; y si ninguno de éstos se encontrare en la Isla, en-tonces a cualesquiera de las personas que tuvieren a su cargo o cui-dado dicho menor, o con quien viviere o en cuyo servicio estuviere empleado.
* * * * * $ »
“ ‘6. En los demás casos al demandado personalmente,’
“De acuerdo, pues con la letra de la ley que es tan clara que no puede interpretarse de otro modo, en todo caso en que se demande a un menor de edad, es necesario que se le cite personalmente.
“Esta cuestión no es nueva. Este Tribunal Supremo en el caso de Vías vs. Sucesión Pérez et al., 15 D.P.R. 732, estableció la si-guiente doctrina: ‘Cuando los demandados son menores de edad el emplazamiento deberá notificarse al padre o representante del menor, siendo indispensable en todo caso .la notificación personal de los menores demandados, ya conste o no que son mayores o meno-res de 14 años; siendo además necesario para que la corte adquiera jurisdicción sobre tales menores que el certificado de diligencia-miento por el márshal demuestre que han sido notificados personal-mente.’ '
“Y la Corte Suprema de California, interpretando y aplicando preceptos de ley iguales a los vigentes en Puerto Rico sobre la ma-teria, en el caso de Fanning vs. Foley, 99 Cal. 336, resolvió que una citación hecha al guardián de un menor sin verificarla personalmente además al menor, era insuficiente; que la rebeldía registrada en contra del guardián no obligaba ni al guardián ni al menor, y que el decreto dictado sobre la base de la rebeldía era absolutamente nulo.
“A primera vista parece que la citación personal de un menor de catorce años, habiéndose citado a su representante legal, es completamente ineficaz y no responde a fin práctico alguno. Sin •embargo, si se analiza la cuestión a fondo se verá que uno de los fines de la ley es, mientras ello sea posible, el de asegurarse de modo ■directo de la existencia real y positiva del demandado antes de que «quede sometido a la jurisdicción de la corte.”

i''"' Así, pues la comparecencia voluntaria del tutor a nom-bre de los menores no suplía la falta de su citación personal, y la corte inferior al llegar a esa conclusión no come-tió el error que se le imputa.

Otra omisión que tiene el carácter de vicio jurisdiccional es la de no haberse practicado por el márslial el embargo de los bienes sujetos a ejecución en el procedimiento anterior de Sucesores de Sobrino y Cía. contra los demandantes. El apelante sostiene lo mismo que sostuvo con la falta de los emplazamientos, o sea, que correspondía a los. demandantes demostrar que no se hizo el embargo. Cabe, por consiguiente, igual argumentación: el peso de la prueba pasaba al demandado en este punto.

El apelante sostiene además que el embargo no es un requisito previo para la venta, de tal modo que sn falta fuese bastante para declarar nula y sin efecto la subasta realizada. El apelante no bace citas de autoridades para apoyar su tesis. Por nuestra parte liemos examinado las autoridades en relación con esta materia y ellas declaran la inexistencia de la venta. En 23 Corpus Juris 425-426, se dice lo siguiente:

‘ ‘ Según la mayoría de las autoridades, para que el marshal tenga facultades para vender la propiedad y pueda investir de un título válido al comprador, es indispensable que se haya trabado un embargo sobre la propiedad vendida, y esto es cierto tanto en lo que se refiere a la propiedad mueble como a la inmueble. Es inexis-tente una venta a menos que sea precedida de un embargo válido, y el comprador no adquiere título. Un funcionario después de ha-ber trabado un embargo sobre determinada propiedad y anunciado ésta para la venta, no tiene autoridad para substituirla y ofrecer en venta otra propiedad que no sea la embargada, aun con el con-sentimiento del deudor. En algunas jurisdicciones un embargo formal sobre bienes inmuebles en ejecución de una sentencia que cons-tituye un embargo sobre la finca, es innecesario, y el dejar el marshal de embargar los terrenos antes de efectuar la venta, no perjudicará el título del poseedor. El mero otorgamiento de una orden de eje-cución no da al funcionario a quien va dirigida, el derecho de po-sesión sobre propiedad alguna hasta tanto el mandamiento es cum-plimentado. ’ ’

En 17 E.C.L. 103 se dice que parece ser un bien estable-cido principio que un embargo (levy and seizure) es esen-cial para la validez de una venta en ejecución. También se habla de que hay autoridades que sostienen que la va-lidez de una venta por el márshal no queda afectada por la falta de hacer el embargo como prescribe el estatuto y que de acuerdo con esta regla si la propiedad ha sido preventi-vamente embargada para asegurar la sentencia, ningún embargo es necesario. Se dice también que otras cortes han resuelto que un embargo sobre un terreno no es necesario cuando la sentencia es un gravamen sobre el mismo, y, por consiguiente, cuando se vende un terreno en ejecución, sólo es esencial que se observen los requisitos legales y qne se baga constar claramente qné propiedad ba de ser vendida, describiéndola con suficiente certeza, y que ba de adquirir el mejor postor.

En un aspecto parecido esta corte ba sostenido que tra-tándose de una acción hipotecaria, no es necesario el embargo por el carácter mismo real de la acción, la que sujeta directamente los bienes al pago de la obligación. Yéase el caso de Thyboe et al. v. San Juan Fruit Co., resuelto en junio 8, 1927, 36 D.P.R. 892. Pero ésta es la excepción a la regla general que establece, como bemos visto, la necesi-dad del embargo en las acciones personales para dar vali-dez a la venta de bienes que fuesen objeto de ejecución.

La sección 9 de la ley sobre efectividad de sentencias, aprobada en marzo 1, 1902, en lo pertinente dice: “El embargo y prohibición de enajenar inmuebles se efectuarán anotándolos en el Registro de la Propiedad y notificándolo al demandado. . .”

De los autos no aparece que Sucesores de Sobrino y Cía. hubieran embargado preventivamente, de acuerdo con la sección 9 citada, pero tampoco existe constancia en los autos que luego de expedido el mandamiento de ejecución el marshal efectuara el embargo, pues su mera manifesta-ción en el acta de remate diciendo: “procedí al remate de los bienes embargados” no es suficiente para dejar esta-blecida la existencia del embargo. Hubiera bastado que dicho funcionario hubiera cumplido con lo que dispone la sec-ción 5^ de la ley relativa a las sentencias y la manera de satifacerlas, aprobada en marzo 9, 1905, que lee como sigue:

“Para trabar un embargo sobre una propiedad inmueble no será menester que el funcionario encargado de llevarlo a cabo se consti? tuya en la finca, y siendo bastante que en el auto disponiendo la ejecución se baga constar por endoso el embargo, describiendo la finca, y remitirá una copia de dicho auto, con el endoso, al registra-dor de la propiedad del distrito en que radicare la finca, para la correspondiente inscripción.”

Bajo las circunstancias de este pleito, en que se declaran inexistentes los procedimientos, así como las diligencias de ejecución y adjudicación de la finca del demandado, carece de fundamento la alegación de prescripción basada en los artículos 1268, 1864 y 1858 del Código Civil Revisado. Bastaría referirnos al caso de Solá v. Castro, 32 D.P.R. 804, donde se dijo:

“Respecto a la prescripción no existe razón legal en que fun-darla. La base esencial en que descansan las premisas que se han sentado para declarar nula la venta judicial, hace inaplicable la disposición del artículo 1268, supra, porque partiendo de la inexis-tencia de la orden de ejecución, no tenemos elementos que den apa-riencia a la existencia de un contrato y la virtualidad del contrato de venta judicial quedaba supeditada a la validez o no de la orden de ejecución, y en este punto tiene aplicación la doctrina sentada por esta Corte Suprema en el caso de Oliver et al. vs. Oliver, 23 D.P.R. 181, que declara:
“El término de prescripción de cuatro años que se fija para las acciones de nulidad es aplicable únicamente a los contratos en que concurren los requisitos que expresa el artículo 1228 del Código Civil. ’ ”

Véase también el caso de López et al. v. Quiñones, 30 D.P.R. 342.

Los apelados reclaman los frutos desde que el apelante entró en posesión de la finca, y la corte inferior, tratando este extremo, dice:

. ■ “Al considerar la cuestión anterior hemos tratado, ineidental-mente, la cuestión de que si el demandado no es un poseedor de buena fe, los demandantes tienen derecho a los frutos producidos. Estos frutos, no habiendo los demandantes demostrado cuál es el"’ producido neto de la finca, deben fijarse en la suma de $150 anua-les en que los señala el demandado, después de descontar los gastos. Morales vs. Landrau, 15 D.P.R. 797, Arvelo vs. Banco Territorial y Agrícola, 29 D.P.R. 1066.”

La prueba sostiene la conclusión del juez inferior.

•" Por todo lo expuesto, la sentencia apelada debe ser con-firmada. . ..


text:
    Providencia Rodríguez y Soler, Sustituída por Gonzalo Lloveras y Gilberto Lloveras y Rodríguez, representado este último por su padre Gonzalo Lloveras, demandantes y apelados, v. Tomás Landrón Rodríguez y Sucrs. de Sobrino & Co., demandados y apelantes.
    No. 4045.

    Visto: Febrero 17, 1927.

      Resuelto: Julio 26, 1927.
    1. Ejecución — Paso, Satisfacción y Descargo (Discharge) — Venta en Ejecu-ción — Venta ya Obtenida — Cantidad Suficiente para Satisfacer la Sen-tencia que se Ejecuta. — Vendida una propiedad en ejecución de sentencia por cantidad más que suficiente para satisfacerla, una segunda venta de otros bienes es nula y sin ningún valor aún cuando se trate de un comprador ino-cente.
    2. Ejecución — Venta—Título y Derechos del Comprador — Compradores Ino-centes o de Buena Ee — En General. — Vendida una propiedad en ejecución de sentencia por cantidad más que suficiente para satisfacerla, una segunda venta de otros bienes no transmite título sobre la finca así vendida y adju-dicada; aún cuando se haya comprado de buena fe y sin conocimiento de ello.
    3. Ejecución — Venta—Título y Derechos del Comprador — Derechos y Reme-dios al Declararse la Venta Nula o Inexistente — Reclamación del Pre-cio del Remate. — Cuando la venta y adjudicación de una propiedad es ine-xistente y nula, el comprador no puede reclamar contra el dueño primitivo el importe del precio del remate, especialmente en ausencia de que dicho dueño se aprovechara de cantidad alguna procedente del precio o de que él convalidara la venta.
    SENTENCIA de Pablo Berga, J. (San Juan), declarando con lugar la demanda y sin lugar la reconvención, con costas.

      Confirmada.

      José 6?. Torres, abogado de los apelantes; V. M. Fernández j M. Tons Soto, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Los Lechos de este caso son los mismos basta el acta de remate, a los relatados en el caso No. 4046 de Héctor y Julio César Rodrigues Soler v. Ramón Alonso et al., resuelto en. el día de boy. En el presente caso, sin embargo, existe nna causa más, fundamental, para declarar nula e inexistente la venta.

En el procedimiento sobre cobro de $198.40 que se siguió ante la Corte Municipal de Vega Baja en febrero 9, 1914 por Sucesores de Sobrino y Cía. v. Héctor y Julio César Rodrigues y Providencia RodrígueZ, causante de Gon-, zalo y Gilberto Lloverás y Rodríguez, también demandantes en este pleito, el demandado y apelante Tomás Landrón adquirió en el mismo procedimiento, mediante adjudicación que le hizo el márshal, una finca urbana por precio de $630. Según el acta de la subasta aparece rematada en primer lugar una finca rústica de 70 cuerdas, que se adjudicó a Ramón Alonso por $525. La sentencia a favor de Suceso-res de Sobrino y Cía. era, como hemos visto, por $198.40. Así es que la sentencia fue satisfecha y quedaba un sobrante para los demandados, hoy demandantes. Con esto la auto-ridad del márshal había terminado para seguir subastando otras fincas de los demandados. No obstante, el márshal continuó el remate y vendió en segundo lugar al deman-dado Landrón una finca urbana, radicada en terrenos del municipio de Yega Baja, por precio de $630.

Los artículos 250 y 253 del Código de Enjuiciamiento Civil prescriben:

“Art. 250. El márshal deberá cumplir la orden de ejecución li-brada contra la propiedad del deudor declarado tal en la sentencia, embargando al efecto bienes suficientes, si los hubiere y cobrando o vendiendo las cosas litigiosas y vendiendo los demás bienes, pagará con su importe al demandante o a su abogado, la cantidad determi-nada en la sentencia, y el sobrante si lo hubiere después de satis-fechas las costas, será devuelto al deudor, a no ser que otra cosa se disponga en el fallo u orden de la corte.
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“Art. 253. La venta judicial de bienes en cumplimiento de una orden de ejecución, deberá hacerse por subasta al mejor postor, y tendrá lugar entre las nueve de la mañana y las cinco de la tarde. Una vez que se hubieren vendido bienes suficientes para cumplir la orden de ejecución, no podrán venderse más.”

De acuerdo con estas disposiciones, parece claro que vendida la finca rústica de 70 cuerdas que fue adjudicada a Ramón Alonso por $525, cantidad más que suficiente para satisfacer la sentencia, el márshal quedaba sin facultad para vender y adjudicar la finca urbana que es objeto de este pleito. Aunque hay un conflicto en las autoridades en cuanto a los efectos de una subsiguiente venta, habiéndose ya satisfecho la sentencia, parece que la mejor doctrina es aquella que declara nula y sin ningún valor la segunda venta, aun cuando se trate de un comprador inocente. En 23 Corpus Juris, 749, la jurisprudencia se resume así:

“Las decisiones de las cortes están divididas respecto al efecto que tiene sobre el título de un comprador de buena fe en una venta en ejecución de sentencia, el que se satisfaga la sentencia con ante-rioridad a la venta de la propiedad embargada. En algunas juris-dicciones, especialmente según las decisiones más antiguas, se esta-blece la regla de que un comprador de buena fe, sin tener conoci-miento, adquiere un buen título aún si la cantidad a' ejecutar es pagada o la sentencia satisfecha antes de efectuarse la venta cuando tal pago no aparece de los autos al tiempo de la venta o antes de ella. ‘Sin embargo, la mejor doctrina, según ha sido adoptada por las decisiones más recientes, es que el satisfacer la sentencia con an-terioridad a la venta en ejecución de sentencia hace que tal venta sea nula y que el comprador no adquiera título alguno, aún si ha comprado de buena fe y sin tener conocimiento de ello. De todos modos, el comprador no adquiere título alguno si tenía conocimiento real o implícito. El satisfacer la sentencia después de efectuarse la venta no afecta el título de un comprador de buena fe.”

En la nota No. 59 de la obra, refiriéndose a la mejor doctrina, se cita el caso de Lee v. Rogers, 15 Federal Cases No. 8,201, en el que se dice lo siguiente:

“Está resuelto, según he podido averiguar, que una venta efec-tuada para satisfacer una sentencia después que ésta ha sido pagada, es enteramente nula. Y un número de las autoridades van al ex-tremo de decir que tal venta es nula bajo toda circunstancia y en lo que se refiere a toda persona, aún si los compradores son de buena fe, por buena causa y sin tener conocimiento. El principio sentado en las autoridades es que la sentencia es el único fundamento que tiene el márshal para efectuar la venta y traspasar el título; que si la sentencia ha sido satisfecha al tiempo de efectuarse la venta, el poder del márshal ha terminado y actúa entonces sin autoridad; y que al comprador se le imputa conocimiento si tal poder no existe, y compra a su propio riesgo. Las siguientes son las principales au-toridades sobre esta cuestión: Hammatt v. Wyman, 9 Mass. 138; King v. Goodwin, 16 Mass. 63; Wood v. Colvin, 2 Hill, 568; Carpenter v. Stilwell, 11 N.Y. 69, 70, 76; Swan v. Saddlemire, 8 Wend. 681; Lewis v. Palmer, 6 Wend. 368; Craft v. Merrill, 14 N.Y. 461; Neilson v. Neilson, 5 Barb. 565-569; Cameron v. Irwin, 5 Hill, 275; Delaplaine v. Hitchcock, 6 Hill, 17; Deyo v. Van Valkenburgh, 5 Hill, 248; Sherman v. Boyce, 15 Johns, 443; Jackson v. Anderson, 4 Wend. 480; Mouchat v. Brown, 3 Rich. Law, 117; Hunter v. Stevenson, 1 Hill (S.C.) 415; State v. Salyers, 19 Ind. 432; Skinner v. Lehman, 6 Ohio, 430. Con frecuencia se ha resuelto que son nu-las, ventas para el pago de contribuciones, después que éstas se han satisfecho, y bajo el mismo principio, aún en lo que se refiere a com-pradores inocentes. Jackson v. Morse, 18 Johns. 441; Curry v. Hinman, 11, Ill. 420; Hunter v. Cochran, 3 Barr (3 Pa. St.) 105; Dougherty v. Dickey, 4 Watts & S. 146; Blight v. Banks, 6 T.B. Mon. 206.”

Bn la misma nota se expresa además la razón de la re-gla, diciéndose:

“La razón para la regla es que la existencia de la deuda cuyo cobro es el único objeto de la expedición del auto de fieri facias, es la única base en que descansa la facultad de vender; que cuando la deuda está extinguida, la facultad en virtud de ... la ejecución desaparece con ella, y que el que compra al amparo de una facultad compra a su propio riesgo y nada recibe en su compra si la supuesta facultad no existe. McClure v. Logan, 59 Mo. 234, 237 (crit. Reed v. Austin, 9 Mo. 722, 35 Am. D. 336). La sentencia es el poder que respalda y autoriza la venta en ejecución. Si la sentencia ha sido satisfecha, el poder ha desaparecido y ningún título se trans-fiere a un comprador de buena fe. Shaffer v. McCrackin, 90 Iowa 578, 581, 58 NW 910, 48 Am. S. R. 465.” 23 C. J. nota 59 (a) pág. 750.

Esta Corte Suprema ya en el caso de Solá v. Castro, 32 D.P.R. 804, en términos generales se expresó así en cuanto a la autoridad del márslial:

“Podemos inferir además de la doctrina'que precede, que un com-prador inocente no tiene que preocuparse ni inquirir sobre los me-ros errores de procedimiento, pero es su deber investigar la capa-cidad o poder en virtud del o de la cual el márshal ejerce su auto-ridad, y cerciorarse de su facultad jurisdiccional para verificar una venta, y para esto bastaría al comprador una inspección de la sen-tencia y de la orden de ejecución. Blood v. Light, supra.”

Llegamos, pues, a la conclusión, a la luz de la ley y de la jurisprudencia, que el márslial de la Corte Municipal de Vega Baja no transmitió al demandado título alguno so-bre la finca urbana que le adjudicó en el acto del remate, por carecer de autoridad en absoluto para hacerlo.

El apelante, alegando que la casa que le fué adjudicada, por estar en muy mal estado la derribó construyendo en el mismo solar una nueva casa de mampostería con un valor de $8,000, solicitó por vía de reconvención, para el caso que prosperase la acción ejercitada por los demandantes, que se le devolvieran los $8,000 del valor de la .nueva construcción, más los $630 que dió por la vieja casa en el acto del remate.

Apenas, no obstante, se discute en su alegato por el apelante esta contención. Será suficiente decir por nuestra parte que teniendo el carácter de inexistente la adjudica-ción y venta que le bizo el márshal de la casa, no hay base para tal reclamación, por lo menos respecto, al precio del remate. Los demandantes únicamente contrataron con el demandado y no ha existido ningún nexo jurídico entre ellos para que el demandado pueda exigir la devolución de los $630, precio del remate. Como cuestión de hecho re-sulta además que no aparece de los autos que los deman-dantes recibieran o se aprovecharan de cantidad alguna procedente de aquella suma, ni se ha demostrado acto al-guno realizado por ellos que implique la convalidación de la venta.

En cuanto a la suma de $8,000, valor de la nueva casa, dada la forma que la corte inferior dió a la sentencia, im-plícitamente la cuestión fué resuelta a favor del apelante. En la súplica de la demanda, entre otros pronunciamientos, sé pedía que habiéndose destruido la casa que fué rema-tada y construida en su lugar una nueva,- que se ordenase la entrega a los demandantes de la nueva casa, sin dar in-demnización alguna al demandado. Y la corte inferior, re-solviendo este punto en su opinión, se expresa así:

‘ ‘ DBSTRUCCIÓN del INMUEBLE. — En la demanda enmendada se alega qne el demandado destruyó la casa que había obtenido en la subasta y construyó otra, que fué inscrita en el Eegistro de la Pro-piedad con fecha 12 de junio de 1915. El solar en que la nueva casa está construida es propiedad del Municipio de Vega Baja, ins-crito a su favor en el mismo. Eegistro, habiéndose verificado dicha construcción, según certificación del Eegistrador, con el beneplácito y autorización del Concejo Municipal de dicho Municipio.
“Solicitan los demandantes que como el demandado carecía de derecho para demoler la casa adjudicádale en el pleito y edificada otra, siendo un poseedor de mala fe, les corresponde la nueva casa edificada y que se les debe ordenar su entrega, sin derecho a indem-nización. Y solicitan también se les conceda cualquier otro remedio consistente con sus alegaciones, incluyendo las rentas producidas por uno y otro inmueble, percibidas por el demandado desde el comienzo dé su detentación. Las rentas se fijan en la demanda, por concepto de arrendamiento a razón de $20.00 mensuales la antigua casa y $75.00 la de la nueva construcción.
“En el caso de Isaach v. Del Toro, 33 D.P.R. 1000, se establece la siguiente doctrina:
“ ‘La. alegación sirve meramente para ilustrar e insistir en el peligro que hay al aplicarse indistintamente las disposiciones del Có-digo que regulan la rescisión o nulidad de contratos existentes a las acciones reivindicatorías para recobrar la propiedad traspasada en una venta judicial que se alega fué nula ab initio por defectos juris-diccionales. En un caso como éste, el demandante tiene derecho a recobrar del demandado, como poseedor de mala fe la propiedad con las rentas y ganancias, o como daños y perjuicios y en su lugar su equivalente en dinero si la propiedad ha pasado a poder de un com-prador de buena fe.’
“Y en el caso de Hernández v. Matanzo, 34 D.P.R. 755, se esta-blece también la siguiente doctrina:
“ ‘Si al ejecutar una sentencia de desahucio, arbitrariamente se destruye una casa del demandado radicada en parte en la finca ob-jeto del desalojo, el demandado tiene derecho, en una acción de da-ños y resarcimiento de perjuicios, a ser indemnizado del valor de la casa de que se trata y de sus rentas.’
“El caso de Hernández v. Matanzo, supra, fué uno en el cual él demandante edificó una casa en un solar perteneciente en parte al demandado y en parte a una tercera persona. Y en un pleito de desahucio establecido por el demandante el márshal destruyó la edi-ficaeión, que era de maderas, y como la propiedad no podía devol-verse, se concedió indemnización por el valor de la misma y las ren-tas computadas por alquileres basta el día en que se satisficiere la sentencia.
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“Bajo las circunstancias del caso no puede decretarse la entrega de la nueva construcción, ¿pero pueden los demandantes ser resar-cidos del valor de la casa destruida y de sus rentas, si piden que se les conceda cualquier otro remedio sostenido por sus alegaciones? Una corte puede conceder cualquier otro remedio al solicitado, cuando sus pronunciamientos están necesariamente comprendidos en las pe-ticiones de las mismas y se- encuentran justificados por las alegacio-nes y las pruebas. Gandía v. Trías & Stubbe, 29 D.P.R. 676.
“La prueba ha demostrado que la casa destruida fué vendida por el márshal en la suma de $630.00, y que ella rentaba en alquiler $30.00 mensuales, aunque en la demanda sólo se alega que rentaba $20 mensuales, sin que se hubiere solicitado enmienda alguna para conformar las alegaciones con la prueba.”

La corte finalmente condenó al demandado-apelante a pagar a los demandantes la suma dé $630 por valor de la propiedad destruida, más $20 computados mensualmente, por concepto de frutos, desde el 16 de junio de 1914, fecha del remate, hasta el día en que sea satisfecha la sentencia. El mismo motivo existe para aplicar el ratio dicidendi del caso de Alonso,. supra, en cuanto a la devolución de frutos por el demandado.

Por todo lo expuesto debe confirmarse la sentencia ape-lada.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Ramón G. Goyco y su esposa doña Dionisia Arabía de Goyco, demandantes y apelantes, v. The Royal Bank of Canada, demandada y apelada.
    No. 4099.

    Visto: Abril 27, 1927.

      Resuelto: Julio 26, 1927.
    1. Sentencia — En Casos Contenciosos — Bendición, Bobma y Bequisitos en Genebal — Necesidad de que Determinen las Cuestiones Litigiosas (Issues). — Una sentencia dictada sin mediar juicio sobre las cuestiones de hecho levantadas por la contestación es inexistente.

      2. Letras y Pagarés (Bills and Notes)— Cuestiones Litigiosas (Issues) y Prue-bas — Evidencia Sobre Cuestiones Levantadas por Negativa General.— Presentada aeeión en eobro de un pagaré transcrito' en. la demanda y admi-tidos la autenticidad y el otorgamiento del documento mediante una negativa pero no los hechos relativos al no pago del documento, el demandante puede demostrar el pago del pagaré y tiene derecho a ser oído sobre tal cuestión u otras necesariamente levantadas por la negativa general.
    3. Sentencia — Ataque Colateral — Sentencias que Pueden Atacarse Colate-ral'mente — Sentencia Sobre las Alegaciones — Sentencia Sin Juicio Sobre Cuestiones Levantadas por Negativa General. — Cuando un demandado le-vanta de hecho cuestiones mediante una negativa general y sin oírsele en juicio sobre tales cuestiones se dicta sentencia sobre ellas, la sentencia puede ser atacada colateralmente.
    SsntenCia de Angel Acosta Quintero, J. (Ponce), desestimando la demanda, con costas y honorarios de abogado.

      Anulada la sen-tencia y procedimientos subsiguientes, devolviéndose el caso.

      B. Arjona Siaca, abogado de los apelantes; Alberto S. Poventud, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En 31 de octubre de 1924, Tbe Eoyal Bant of Ganada entabló acción sobre un pagaré contra Ramón G. Goyco y Dionisia y Elisa Arabía de Goyco mancomunadamente, por la suma de $700 e intereses. El pagaré fué transcrito en la demanda, y después de varios incidentes preliminares los demandados radicaron una contestación general no ju-rada, negando todos los becbos de la demanda. El deman-dante pidió y obtuvo sentencia sobre las alegaciones en 30 de marzo de 1925. Los demandados trataron de apelar de la sentencia pero por razones de procedimiento no pudie-ron obtener que esta corte revisara el caso. Los becbos están más detalladamente expuestos en el caso de The Royal Bank of Canada v. Goyco, 34 D.P.R. 521, resuelto en julio 22, 1925, y en la decisión per curiam de esta corte, 35 D. P.R. 1056.

El presente pleito tiene por objeto que se deje sin efecto la sentencia de marzo 30, 1925. La teoría es que dicha sentencia es nula y puede por consiguiente ser atacada co-lateralmente. Volvamos atrás para decir que la sentencia de marzo 30, 1925, fué obtenida porque el banco demandante sostuvo con éxito que la contestación general de los enton-ces demandados admitía los hechos de la demanda, descan-sando en el artículo 119 del Código de Enjuiciamiento Civil, que dice como sigue:

“Cuando se entable una acción fundada en un documento, y la demanda contenga copia del mismo, o éste vaya unido a ella, la autenticidad y otorgamiento en forma de dicho documento se con-siderarán admitidas, a menos que se jure la contestación negando dicha autenticidad. ’ ’

Los aquí demandantes con mucha razón sostienen que aunque la autenticidad y otorgamiento de un documento sean admitidos, ninguna de las otras alegaciones de la de-manda han sido admitidas. Entre los hechos no admitidos está el que se refiere al pago del documento o bajo ciertas circunstancias, a su entrega. Un demandado, a pesar de los términos del artículo 119, podría siempre demostrar que había satisfecho un pagaré, y tiene derecho a ser oído en cuanto a esa cuestión necesariamente levantada por una ne-gativa general, y también, según hemos indicado, en cuanto a la cuestión de la entrega.

Cuando la presente acción fué establecida el banco de-mandado, junto con otras supuestas defensas, levantó la de res adjudicaba o "de impedimento por sentencia anterior {estoppel by the former judgment). Se ha levantado al-guna cuestión en cuanto a si las anteriores actuaciones de los ahora demandantes atacando la sentencia no son por sí solas suficientes para causarles un impedimento. Los en-tonces demandados apelaron o trataron de apelar, se opu-sieron a la condena de costas e hicieron varias comparecen-cias. Durante todo este tiempo, sin embargo, su contesta-ción general estaba archivada en la corte. Las únicas cues-tiones ante nosotros en este respecto son si la sentencia de marzo 30, 1925, es de tal modo nula que los demandados pueden, atacarla colateralmente. Si la sentencia es inexis-tente, es nula en todo tiempo.-

Incidentalmente podemos decir que los entonces deman-dados en cualquier tiempo hubieran podido radicar una moción en el pleito anterior para dejar sin efecto la senten-cia, si era inexistente. Una sentencia nula, no existiendo otro impedimento, puede ser atacada directamente en cual-quier tiempo. Los entonces demandados a nada renuncia-ron por dejar pasar el tiempo.

La verdadera cuestión es si la sentencia era in-existente o no y no vemos manera de evadir la conclusión de que lo era. Después de levantada una cuestión por la contestación los demandados tienen derecho a un juicio so-bre los hechos no admitidos. Una sentencia sobre las úni-cas cuestiones envueltas, dictada sin mediar un juicio, es inexistente. Artículos 195 y siguientes del Código de En-juiciamiento Civil; Windsor v. McVeigh, 93 U. S. 274; Reynolds v. Stockton, 140 U. S. 254; Johnson v. McKinnon, 13 L.R.A. (N. S.), 874; Zayas Vázquez et al. v. Registrador de Guayama, 36 D.P.R. 785; Ex parte Thomas, 12 D.P.R. 367; 15 R.C.L. 604, y siguientes. Las autoridades ci-tadas por el apelado al efecto de que una sentencia no puede ser atacada colateralmente levantando ningún hecho que fué o pudo haber sido levantado en el pleito original no tienen eficacia en este caso. El punto es que de hecho se le-vantaron defensas mediante la negativa general en el caso anterior.

Siendo nula la sentencia por falta de un juicio sobre las cuestiones levantadas, no puede sostenerse. Por lo tanto, la sentencia sobre las alegaciones, dictada en marzo 30, 1925, debe ser anulada y dictarse sentencia en tal sentido en este pleito. La sentencia en el pleito anterior, por que-dar anulada, dejará a las partes en el derecho de seguir adelante con los procedimientos en dicho pleito anterior.

La sentencia de marzo 30, 1925, y todos los procedimien-tos posteriores sobre ejecución de la misma, quedarán anu-lados y el caso será devuelto para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Manuel Mendía Morales, demandante y apelante, v. Juan B. Arzuaga, Miguel Mocoroa Arzuaga, Ceferino Arzuaga Peñagarícano, Eugenio Murua Peñagarícano, José María Arzuaga Beraza, Rosario Dabán, Sucesión de Pedro Arzuaga Beraza, Enrique Adsuar, “Sobrinos de Ezquiaga Inc.”, Sobrinos de Ezquiaga S. en C., demandados y apelados.
    No. 4141.

    Visto: Junio 23, 1927.

      Resuelto: Julio 28, 1927.
    1. Sociedades — Disolución, Liquidación (Settlement) y Arreglo de Cuentas— Causas de Disolución — Clausulas en el Contrato Social Relativas a la Disolución — Cláusulas Imposibles de Cumplir — Efecto.—Si se concluye que una cláusula de un contrato de sociedad mercantil daba poder a un socio para hacer que la sociedad continuara no obstante haberse vencido el término social y negarse a ello la mayoría, tal cláusula sería imposible de cumplir y por consiguiente nula.
    2. Sociedades — Disolución, Liquidación (Settlement) y Arreglo de Cuentas— Causas de Disolución — Cláusulas en el Contrato Social Relativas a la Disolución — En General.' — Cuando surge una situación no prevista o regu-lada en forma tal que es imposible de cumplir de acuerdo eon el contrato social, debe recurrirse para resolverla a la ley, a los principios generales d® derecho, a la equidad y a los precedentes o costumbres del lugar.
    3. Sociedades — Disolución, Liquidación (Settlement) y Arreglo de Cuentas— Causas de Disolución — Vencimiento bel Término Social y sus Prórro-gas. — Vencido el término fijado en un contrato social y sus prórrogas, la sociedad como tal, como negocio en pie, queda disuelta. Sólo continúa a los efectos de la liquidación.
    4. Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales (Trade-names) r Competencia Injusta (Unfair Competition) — Usurpación (Infringement) y Competencia InjustA' — Qué Constitute Competencia Ilegal — Derecho al Uso de Nom-bres — Nombres Sociales io Comerciales. — Cuando puesta una sociedad en liquidación parte de los socios se apropia del nombre social para nuevos nego-cios en forma tal que introduce confusión, dichos soeios pueden ser restrin-gidos en el uso de aquél mediante injunction. Del nombre debe disponerse en la liquidación para beneficio de la misma.
    RESOLUCIÓN de Pablo Berga, J. (San Juan), declarando sin lugar peticiones de injunction preliminar y con lugar solicitud sobre nombramiento de síndico.

      Revocada* en cuanto negó el injunction preliminar sobre el uso de nombre social y confirmada en cuanto a sus demás pronunciamientos.

      O. B. Frazer, R. Castro Fernández y Tomás Bernardina, abogados del apelante; J. Texidor y De la Torre & Ramírez, abogados de los apelados.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal. Manuel Mendía entabló demanda en la Corte de Dis-trito de San Juan contra Juan B. Arznaga, Mignel Mocoroa Arznaga, Ceferino Arznaga Peñagarícano, Engenio Mnrna Peñagarícano, José María Arznaga Beraza, Jnan José Ar-znaga Beraza, Rosario Dabán viuda de Arznaga, Sucesión de Pedro J. Arznaga Beraza, Enrique Adsnar, Sobrinos de Ezquiaga, Inc., y Sobrinos de Ezquiaga, S. en C., sobre ren-dición de cuentas, nombramiento de síndicos, liquidación de sociedad e injunction, alegando en ella, en resumen, que el 30 de diciembre de 1916 Pedro J. Arzuaga y el deman-dante, como gestores, y Eugenio Murua y Ceferino Arzuaga,. como comanditarios, organizaron, de acuerdo con las leyes de Puerto Rico, la sociedad “Sobrinos de Ezquiaga, S. en C.,” como sucesora de otra de igual nombre y por término de cinco años; que al vencerse el término, los mencionados socios organizaron otra sociedad bajo la misma razón y como sucesora y continuadora de ella, por término de cuatro años; que habiendo muerto el gestor Arzuaga, el 18 de abril de 1922, o sea dentro del término de la sociedad, se reorganizó ésta conservando la misma razqn social, siendo gestores el demandante, Juan B. Arzuaga y Miguel Moco-roa, y comanditarios Juan José Arzuaga, Eugenio Murua, Ceferino Arzuaga y José María • Arzuaga, fijándose el tér-mino de duración hasta el 31 de diciembre de 1925; que al vencerse este término, se prorrogó por seis meses, esto es, hasta el 30 de junio de 1926, bajo las mismas cláusulas y condiciones, siendo la vigésima de dichas cláusulas como sigue:

“Estipulan los contratantes que llegado el momento de disol-verse la sociedad que ahora se constituye por espiración de su plazo o por cualquiera otra causa, el activo y pasivo de la misma, así como el total volumen en los negocios, se trasmitirán a cualquiera nueva sociedad que bajo igual razón social se forme, para que sea conti-nuadora y sucesora de la extinguida, realizándose tal trasmisión con el determinado propósito de que dicha sociedad no sea puesta en liquidación definitiva, sino en el caso de una absoluta imposibi-lidad de continuar sus operaciones por medio de una sucesora; y para tal caso de liquidación definitiva se requerirá el voto unánime de todos los socios, así gestores como comanditarios;”

que los socios de Sobrinos de Ezquiaga, S. en C., no han acordado la liquidación de la sociedad conforme a dicha cláusula; que la sociedad tenía y tiene un gran negocio es-tablecido con representación de compañías de seguros, de vapores, de tubería y materiales de construcción, de abo-nos, etc., etc., siendo el capital invertido medio millón de dólares, correspondiendo al demandante ciento treinta mil; que el 1 de julio de 1926 los demandados Juan B. Arzuaga y Miguel Mocoroa se negaron a tomar parte alguna en la gestión de los negocios de “Sobrinos de Ezquiaga, S. en C.,” rehusaron reconocer los actos del otro gestor, el de-mandante, y trataron de nombrar como liquidador al deman-dado Enrique Adsuar en violación de la citada cláusula vi-gésima de la escritura social; que el demandado Adsuar ha tratado de interrumpir al demandante como gestor de “Sobrinos de Ezquiaga, S. en C.,” ha usurpado las funcio-nes de administrador y ha anunciado al público que él es el síndico liquidador, radicando una demanda de injunction contra el demandante para que se le prohíba ejercer sus derechos de gestor; que entre el activo de “Sobrinos de Ezquiaga, S. en C.,” está el nombre social (good will), que ha existido por más de cien años, y varias agencias, todo lo cual tiene un valor de muchos miles de dólares; que el 1 de julio de 1926 los demandados Juan B. Arzuaga, Miguel Mo-coroa y José María Arzuaga constituyeron la corporación demandada “Sobrinos de Ezquiaga, Inc.,” bajo las leyes de Puerto Rico, con domicilio en la calle de Allen No. 17 que es el propio domicilio de “Sobrinos de Ezquiaga, S. en C.,” siendo su propósito apoderarse del nombre, good will y agencias de “Sobrinos de Ezquiaga, S. en C.,” en per-juicio del demandante.

Siguen otras alegaciones relativas a asientos fraudulen-tos en los libros de “Sobrinos de Ezquiaga, S. en O.,” he-chos en contra del demandante, y continúa la demanda ex-presando que debido a la discordia entre los socios, la mar-cha de los negocios de “Sobrinos de Ezquiaga, S. en C.,” está detenida y el valor de su nombre social disminuye y la situación es tal que “si continúa sin intervención judicial, existe el peligro de la insolvencia de dicha compañía, la cual es hoy toda completamente solvente” y que “la con-servación y preservación del activo de dicha sociedad re-quiere el nombramiento de uno o más síndicos para conti-nuar los negocios, realizar el activo incluyendo el nombre, good- will, y agencias, y liquidar las operaciones de la so-ciedad;” que el demandante no tiene medios para fiscalizar las actuaciones de la nueva sociedad “Sobrinos de Ez-quiaga, Inc.,” y que si la corte, “como corte de equidad no restringe a dicha corporación demandada ... en el uso del nombre Sobrinos de Ezquiaga, Inc., y sus actos en soli-citar las agencias y clientela de la sociedad demandada, Sobrinos de Ezquiaga, S. en C., dicha sociedad y el deman-dante, como socio gestor de la misma, sufrirán perjuicios irreparables. ’ ’

Entre las diferentes peticiones' que la súplica de la de-manda contiene están las que siguen:

“(o) Que se expida un auto de injunction preliminar pendente lite y en su día un injunction permanente, prohibiendo al deman-dado Enrique Adsuar actuar como liquidador de Sobrinos de Ez-quiaga, S. en C., o dar aviso a los clientes de dicha sociedad de que él es tal liquidador.
“(d) Que se expida asimismo un injunction preliminar pendente lite, y en su día un injunction permanente, prohibiendo a la corpo-ración demandada Sobrinos de Ezquiaga, Ine., y a los demandados Juan B. Arzuaga, Miguel Moeoroa y José María Arzuaga el usar el nombre de Sobrinos de Ezquiaga o alguno tan parecido que origine confusión, y solicitar los negocios o agencias de dicha sociedad So-brinos de Ezquiaga, S. en C., en representación o como sucesora de Sobrinos de Ezquiaga, S. en C.
“ (e) Que para el fin de conservar y preservar el activo y los negocios de la sociedad Sobrinos de Ezquiaga, S. en P-, se nombren uno o más Síndicos autorizados para tomar posesión del activo de dicha sociedad y encargarse de dichos negocios, para continuar, como un negocio en pie, los negocios basta liquidar y distribuir el capital restante bajo la dirección de esta Hon. Corte.
0 0 =» * # * #
“ (g) Que se conceda al demandante cualquier otro remedio ade-más en la discreción de la Hon. Corte.”

Los demandados Sobrinos de Ezquiaga, Inc., Juan B. Arzuaga, Miguel Mocoroa y José María Arzuaga compare-cieron a los efectos de mostrar causa en relación con el nom-bramiento de síndicos y la petición de injunction preliminar y alegaron que la demanda no aducía hechos suficientes; que se habían acumulado indebidamente partes demandadas y acciones diversas; que la sociedad mercantil Sobrinos de Ezquiaga, S. en C., quedó disuelta el 30 de junio de 1926 y fue puesta en liquidación por el voto de la mayoría de sus socios el 1 de julio de 1926; que Sobrinos de Ezquiaga, Inc., es una corporación debidamente inscrita y con derecho exclusivo a usar de tal nombre; que los demandados Ar-zuaga y Mocoroa se han negado después del 1 de julio de 1926 a realizar actos como gestores de la sociedad Sobri-nos de Ezquiaga, S. en C., porque esta sociedad se hallaba extinguida; que Sobrinos de Ezquiaga, Inc., realiza sus ne-gocios sin ostentar el carácter de sucesora de Sobrinos de Ezquiaga, S. en C.; que el good will de Sobrinos de Ez-quiaga, S. en C., permanece en dicha sociedad en liquida-ción; que en relación con el nombramiento de síndicos se hallan interesados Ceferino Arzuaga, Eugenio Murua, Juan José Arzuaga y Rosario Dabán, que residen en España; que no cabe nombrar un síndico por tener la ley previsto y re-suelto para el caso el nombramiento de liquidador, y que el demandante viene obstaculizando la liquidación de Sobrinos de Ezquiaga, S. en C., oponiéndose a la misma y negando al liquidador nombrado su concurso para tal liquidación y que al venir a solicitar el nombramiento de síndico lo hace fuera de equidad.

Alegaciones similares hizo el demandado Enrique Adsuar al comparecer para mostrar causa en relación con el nom-bramiento de síndico y el injunction preliminar, y así tra-bada la contienda las indicadas cuestiones previas queda-ron sometidas a la decisión de la corte. Se practicó una amplia prueba y finalmente la corte, el 2 de agosto de 1926, declaró sin lugar las solicitudes de injunction contra “So-brinos de Ezquiaga, Inc.,” y contra Enrique Adsuar y “con lugar la solicitud sobre nombramiento de síndicos, pero con el carácter de liquidadores, para administrar úni-camente el caudal común y percibir los créditos de la com-pañía, extinguir las obligaciones contraídas de antemano se-gún vayan venciendo, y realizar las operaciones pendientes basta la liquidación definitiva y división del baber social conforme las disposiciones del Código de Comercio.”

La corte ordenó que su resolución fuera notificada a las partes para que sometieran nombres. Así se bizo. Los de-mandados Juan B. Arzuaga, José María Arzuaga y Miguel Mocoroa, acataron la resolución y propusieron para síndico-liquidador a Enrique Adsuar. No consta lo que hiciera el demandante. Aseguran los apelados en su alegato que puso el nombre de José María G-onzález en un papel sin firma. El 7 de agosto, 1926, la corte nombró a José María Gonzá-lez por el demandante y a Enrique Adsuar por los deman-dados, síndicos liquidadores de Sobrinos de Ezquiaga, S. en C., con las facultades que se expresan y que son las que determina el Código de Comercio. Ambos síndicos aceptaron y juraron sus cargos y la corte les expidió las correspon-dientes cartas de administración.

Las anteriores actuaciones de la corte son las que el de-mandante pretende que se revisen por ésta su apelación.

Todo depende del alcance que se dé a la cláusula vigésima del contrato de sociedad de Sobrinos de Ezquiaga S. en C., que transcribimos al resumir los becbos alegados en la demanda.

El demandante en un amplio y bien trabajado alegato sostiene que no habiéndose obtenido, como demostró la prueba que no se obtuvo, el voto unánime de los socios de Sobrinos de Ezquiaga, S. en' C., jamás pudo la sociedad llevarse a una liquidación definitiva qne fné lo qne hizo la mayoría de los socios en la reunión de 1 de julio de 1926 al nombrar' liquidador al demandado Adsuar y lo que prácticamente hizo también la corte al declarar con lugar la solicitud del demandante, pero nombrando no síndicos que sostuvieran en pie el negocio de la sociedad para transmitirlo a la nueva que se formara para hacerse cargo de él, sino síndicos-liqui-dadores que actuaran en armonía con los preceptos del Có-digo de Comercio. Sostiene el apelante que no es aplicable el Código de Comercio sino el de Enjuiciamiento Civil. Mantiene la teoría de que no obstante haberse vencido el término por el que fué constituida, Sobrinos de Ezquiaga, S. en C., no está en liquidación, no puede ponerse en liqui-dación sino a virtud del voto unánime de sus socios y como tal requisito no se ha obtenido, subsiste aún en todo su vigor.

No hay duda alguna que la parte final de la cláusula vi-gésima se presta a interpretaciones varias, pero la que le da el demandante es tan exagerada que pudiera resultar, como resultó en este caso, imposible de cumplir.

La historia de la sociedad demuestra que el pensamiento fundamental de sus socios durante más de un siglo, fué mantenerla siempre en pie, con su misma razón, dedicada a la misma línea de negocios, aprovechándose así del crédito que naturalmente inspira una institución que ha podido re-sistir todas las crisis y salir adelante, cada vez más fuerte; pero esa misma historia demuestra que las diferentes es-crituras de constitución fijaron un término al contrato social y fueron interpretadas en. el sentido de realizar las ges-tiones para proseguir o transmitir los negocios a una nueva sociedad dentro de los términos respectivos.

El último término social vencía en diciembre de 1925. Ya existían, al parecer, diferencias entre los socios, y se acordó una prórroga de,seis meses. La evidencia demues-tra que no sólo se trató de resolver el problema en el seno de la sociedad, sino que se acudió a dos comerciantes de San Juan de reconocido prestigio, Alberto E. Lee y José Ma-ría del Valle, y se les pidió que actuando el primero a nom-bre del demandante, y de los otros socios el segundo, trata-ran de avenirlos. Las actas levantadas hablan de sus ges-tiones persistentes, de las medidas por ellos propuestas, en-tre las cuales se insistió en la prórroga del contrato, o en la formación de una nueva sociedad, o en la compra por unos de los derechos de otros, pero bajo ningún medio se pudo llegar a un acuerdo. Las diferencias entre el demandante de una parte y los otros socios de la otra, eran irreconcilia-bles y hondas en verdad. Por ejemplo, Mendía sostiene que tiene su capital íntegro de $130,000 en la sociedad y los demás socios que la cuenta particular de Mendía arroja un débito de $180,000. Mendía imputa entonces fraude en los asientos de los libros de contabilidad.

Bajo esas circunstancias no era posible continuar la so-ciedad. La propia cláusula vigésima comienza estipulando “que llegado el momento de disolverse la - sociedad que ahora se constituye por expiración de su plazo,” y marca entonces el rumbo a seguir, revelador del pensamiento fundamental de permanencia a que antes nos referimos. Pero los contratos con cláusulas imposibles de cumplir no son válidos. La cláusula de que se trata en este caso es posi-ble, enteramente posible de cumplir cuando existe armonía o cuando si existió discordia pudo ésta dirimirse a tiempo, pero cuando la realidad de los hechos es tal que impide lle-gar a un acuerdo unánime, reconocer a un solo socio el po-der de, no obstante haber vencido el término social, hacer que la sociedad continúe viva, realizando sus negocios hasta que logre imponer su voluntad a la mayoría de los socios, sería contrario a la naturaleza humana y convertiría dicha cláusula en algo imposible de cumplir y por consiguiente nulo.

Estamos enteramente conformes con el demandante y apelante en que el contrato es la ley suprema entre las partes contratantes y en qne los actos de los socios de So-brinos de Ezqniaga, S. en C., deben ajustarse a lo qne ellos mismos pactaron. Así lo reconoce el mismo Código de Co-mercio. Pero sostenemos qne cnando snrge tina situación no prevista, o regulada en forma tal qne es imposible de resolver de acuerdo con el contrato, entonces hay qne recu-rrir a la ley, a los principios generales de derecho, a la equidad, a los precedentes o a la costumbre del lugar. Y ello es así especialmente en un caso como éste en que se trata de un contrato social que debe ajustarse a las pres-cripciones de la ley que lo regula. Sobrinos de Ezquiaga, S. en C., se constituyó como una sociedad mercantil en co-mandita de acuerdo con las leyes de Puerto Rico y esas le-yes contienen todos los preceptos necesarios para resolver el conflicto que en su seno surgiera.

De modo terminante prescribe el artículo 221 del Código de Comercio que las compañías de cualquier clase que fue-ren se disolverán totalmente entre otras causas por “el cumplimiento del término prefijado en el contrato.” Aquí el término prefijado venció; luego la sociedad, como tal, como negocio en pie, quedó por ese solo hecho totalmente disuelta.

De acuerdo con la letra y el espíritu del contrato se trató de que la sociedad pasara a otra, pero lo que se ha-bía logrado en el pasado, no se logró en el presente. Surgió un conflicto irreconciliable entre los socios. ¿Qué hacer? Lo que hizo el propio demandante, esto es, acudir a la corte para que lo dirimiera de acuerdo con la ley.

¿Lo dirimió? Sostiene que no el apelante porque la de-cisión que dictara lleva consigo la liquidación de la socie-dad y ésta sólo puede decretarse por el voto unánime de los socios y tal voto no se ha obtenido.

Ya hemos visto que la interpretación que el demandante da a la cláusula en que basa toda su contención, no puede adoptarse. Siendo ello así, la corte actuó con razón dere-cha al no conceder lo que se le pedía en la forma en que se le pedía. La liquidación es de tal modo la única solución que procede, que el mismo demandante termina por pedirla y no por el voto unánime de los socios sino por la decisión del síndico que la corte le nombrara.

El apelante insiste en que la corte sólo tenía poder para conceder o negar lo que le pidiera, en los exactos términos en que la petición se formulara. Sin embargo, el deman-dante, según sus expresas manifestaciones contenidas en la demanda, acudió a una corte de equidad y a su equidad se sometió diciéndole que si no intervenía, la ruina descende-ría sobre la sociedad, y, finalmente, le pidió que le conce-diera además cualquier otro remedio que en su discreción estimara procedente, y la medida adoptada por la corte nombrando dos liquidadores ampara todos los derechos y se ajusta a lo prescrito para tales casos por el Código de Comercio. No debe perderse de vista que los otros socios que constituyen la mayoría y que quizá pudieron hacerse fuertes en la posición que adoptaron por sí mismos po-niendo en liquidación la sociedad y nombrando un liquida-dor extraño, ya que no existía avenencia entre los socios, acataron finalmente la resolución de la corte que ordenaba el nombramiento de dos síndicos liquidadores que deberían ser propuestos uno por cada parte.

Veamos ahora si proceden o no los injunctions solicitados.

El pedido contra el demandado Enrique Adsuar como liquidador nombrado primeramente por la mayoría de los sodios, carece en la actualidad de importancia porque tal posición dejó de existir para el futuro desde el momento en que se aceptó por los demandados la orden de la corte de 2 de agosto de 1926. Se trata de la misma persona. Adsuar juró el nuevo cargo y es a virtud de él que actúa ahora. Existe algo que no se aclaró debidamente en rela-ción con cierto pleito iniciado por Adsuar, pero los propios demandados sostienen que nada está haciendo Adsuar que no sea a virtud de su nuevo nombramiento. Atendidas todas las circunstancias creemos que se ñace innecesario insistir sobre el particular y que la corte estuvo justificada en no librar el mandamiento en el momento en que dictó su or-den. Quizá nunca, pues ya liemos insinuado que tal vez pudo ser nombrado liquidador válidamente por la mayoría de los socios de acuerdo con las disposiciones del Código de Comercio contenidas en la sección decimotercera del tí-tulo primero del libro segundo y que se refieren al término y liquidación de las compañías mercantiles.

Nuestra opinión es diferente en cuanto al solicitado contra Sobrinos-de Ezquiaga, Inc.

No disponemos del tiempo necesario para narrar con la extensión que quisiéramos los becbos y analizar por escrito el resultado de las pruebas. Bastará decir que la semejanza del nombre es tal y las circunstancias concurrentes de lu-gar, tiempo y personas tienden a convertir de tal modo la semejanza en identidad, que es evidente la procedencia del remedio que se pide. Prácticamente lo que la demandada Sobrinos de Ezquiaga, Inc., ba hecbo es realizar el pensa-miento de permanencia de la cláusula vigésima, aprove-charse del nombre y de la historia de la vieja sociedad cuyo valor no puede ponerse ni siquiera en duda, prescindiendo de uno de los socios, el demandante, con manifiesto perjui-cio para el mismo, perjuicio que si la situación continúa no habría medio después de reparar justamente porque difícilmente podría estimarse después lo que hubiera produ-cido en el mercado la venta del nombre, good will, de Sobri-nos de Ezquiaga, S. en C., por los liquidadores a su debido tiempo. Tal proceder por parte de Sobrinos de Ezquiaga, Inc., no puede permitirse. El demandante Hendía debe' te-ner el amparo de la corte y la orden de injunction prelimi-nar por él solicitada debe ser expedida sin demora.

Parece conveniente citar en. apoyo del criterio que adop-tamos, el artículo 7 de la Ley de Corporaciones privadas de 9 de marzo de 1911, Gomp. 1911, p. 96, que en lo perti-nente dice:

“Art. 7. Las cláusulas de incorporación . . En ellas se eonsig-. narán:
“1. El nombre de la corporación; pero no se tomará ningún nombre ya en uso por otra corporación, o tan parecido a éste que pudiera, dar lugar a confusión o incertidumbre.
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A Ruling Case Law, que resumiendo alguna de la abun-dante jurisprudencia sobre la materia, en parte, expresa:

“Aunque en algunos casos se hace referencia a un nombre cor-porativo como si fuera una marca de fábrica, parece que es más pro-pio sólo considerarlo como de la misma naturaleza. Es una regla general que en ausencia de disposiciones estatutorias que regulen la materia, una corporación, al elegir un nombre, actúa a su riesgo. Aunque la corporación haya sido legalmente creada, no puede usar su nombre corporativo en violación de los derechos de los demás, exactamente lo mismo que un individuo no puede usar su nombre, legalmente adquirido, para engañar al público y causar daño a otro. En general puede también decirse que una corporación no debe me-diante un artificio engañar al público con el propósito de que sus artículos se vendan como los de una persona o corporación que tenga el mismo nombre comercial. E independientemente de cualquier in-tención de engañar al público, puede prohibírsele usar o hacer ne-gocios bajo un nombre tan semejante al de una corporación, aso-ciación, sociedad o individuo previamente establecido en la misma clase de negocio, que produzca confusión o perjuicio. Y el hecho de que el nombre haya sido obtenido del estado no destruirá el de-recho a un remedio restrictivo cuando los elementos esenciales para tal remedio resulten existir. Además, la intención puede ser de-ducida en muchos casos de la semejanza del nombre elegido con el nombre de .otra corporación.” 26 K.C.L. 887-88.

Y, por último, al tratadista High on Injunctions, 'que dice:

• • “El derecho al uso de la razón social puede ser considerado como parte del activo de la sociedad, y si al efectuarse una disolución un miembro de la firma compra todo el negocio, se considera que el nombre se traspasa junto con el resto del activo, y al socio que se retira puede prohibírsele su uso. Y un socio sobreviviente con de-recho al uso de la razón social puede, si no ha abandonado el dere-cho, prohibir al albacea del socio fallecido el uso de la razón para su propio beneficio. De hecho, el crédito y clientela (good tvill) y el nombre de una sociedad constituyen una parte tan importante del activo de la misma que merecen protección en equidad mediante injunction. Y la apropiación por un socio de un nombre social que imita tan de cerca el nombre original que engaña a los compradores y desvía el negocio de manos de la firma primitiva, puede ser res-tringida. Y el demandado puede en tal caso ser restringido en el uso de su propio nombre en forma tal que engañe al público y per-judique el crédito y clientela (good will) de la firma; y esto puede hacerse a pesar de la quiebra de la sociedad y el nombramiento de un síndico, pues es necesario para preservar el crédito y clientela {good will) y el nombre como parte del activo de la sociedad.” 2 High on Injunctions, 1049.

Por virtud de todo lo expuesto debe revocarse la orden apelada en cuanto por ella se negó el mandamiento de injunction pendente lite contra Sobrinos de Ezquiaga, Inc., y ordenarse que se expida en la forma en que se pidió, esto es, prohibiendo a dicha corporación y a los demandados Juan B. Arzuaga, Miguel Mocoroa y José María Arzuaga, seguir usando dicho nombre, o cualquiera otro tan parecido que introduzca confusión, y prohibiéndoles también solicitar las agencias y negocios de Sobrinos de Ezquiaga, S. en C., como si fueran los representantes o sucesores de ella. En cuanto a sus otros pro?mnciamientos, la orden apelada debe confirmarse.