text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Jesús Camacho Delgado, peticionario.

      Número: CC-2007-1179

      Resuelto: 27 de octubre de 2008

      Alberic Prados Bou, abogado de la parte peticionaria; Maite D. Oronoz Rodríguez, procuradora general interina, y Lesy A. Irizarry Pagán, procuradora general auxiliar, abogadas de la parte recurrida.
   El Juez Presidente Señor Hernández Denton

La controversia central del caso de autos está vinculada a uno de los valores constitucionales más importantes en el ámbito penal: el derecho a un juicio rápido. Con ello en mente, nos corresponde determinar cuál es el efecto proce-sal de una desestimación por la violación de las normas que instrumentan dicha garantía en Puerto Rico. En particular, debemos resolver si la desestimación de una de-nuncia por no celebrarse la vista preliminar en el término establecido por la Regla 64(n)(5) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, cancela la determinación de causa probable para el arresto que dio inicio al proceso.

Por entender que, en efecto, la desestimación tiene esta consecuencia, revocamos la sentencia recurrida.

I

El 15 de mayo de 2007, el agente Arturo Pomales Alicea, adscrito al Negociado de Drogas, Narcóticos y Control del Vicio de la Policía de Puerto Rico, presentó tres denuncias contra el Sr. Jesús Camacho Delgado, por éste supuesta-mente haber violado los Arts. 404 y 412 de la Ley de Sus-tancias Controladas de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. sees. 2404 y 2412. En esa misma fecha, el Tribunal de Primera Ins-tancia, Sala Municipal de Caguas, determinó causa probable para el arresto del señor Camacho Delgado por los de-litos imputados y le fijó la fianza de rigor. Como éste no pudo prestarla, el tribunal ordenó preventivamente su en-carcelación hasta la culminación del proceso penal incoado en su contra.

Por otra parte, dado que los delitos imputados contra el señor Camacho Delgado eran de naturaleza grave, se pautó la celebración de una vista preliminar para el 30 de mayo de 2007. Sin embargo, por razones que no surgen del expediente, la vista fue transferida para el 27 de junio de 2007. Tras ocurrir una nueva suspensión, la audiencia se señaló finalmente para el 2 de julio de 2007. En esa fecha, como el agente Pomales Alicea —testigo principal del Mi-nisterio Público— se encontraba bajo licencia militar, el fiscal le expresó al tribunal no estar preparado para pre-sentar el caso.

Ante estos hechos, el tribunal de instancia desestimó las denuncias presentadas contra el señor Camacho Delgado. Ese foro determinó que éste había permanecido en prisión por un período mayor a los treinta días desde su arresto sin habérsele celebrado la vista preliminar. En consecuencia, por juzgar que ello infringía el término pautado por la Re-gla 64(n)(5) de Procedimiento Criminal, supra, para la ce-lebración de la vista, el tribunal ordenó la excarcelación del señor Camacho Delgado.

Por su parte, el 5 de septiembre de 2007, el Ministerio Público solicitó un nuevo señalamiento para la vista preli-minar por medio de una moción acompañada de una copia de las tres denuncias desestimadas. No obstante, el foro de instancia denegó su solicitud el 10 de septiembre de 2007 mediante una resolución notificada al día siguiente. En esencia, el tribunal resolvió que cuando se desestima una denuncia por el incumplimiento con los términos prescritos en la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, el Ministerio Público tiene que presentarla nuevamente ante un magis-trado para una determinación de causa probable para el arresto mediante la Regla 6 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II.

Inconforme con ese dictamen, el Estado recurrió ante el Tribunal de Apelaciones y argumentó que en estos casos lo procedente es celebrar una nueva vista preliminar, sin que sea necesario retornar a las etapas preliminares del pro-ceso penal. El foro apelativo ordenó al señor Camacho Delgado mostrar causa por la cual no debía revocarse la reso-lución recurrida. Tras recibir su comparecencia, dicho foro dictó sentencia revocatoria del tribunal de instancia. En concreto, el Tribunal de Apelaciones determinó que era in-necesario solicitar una nueva determinación de causa probable para el arresto, pues no se trataba de una nueva denuncia con cargos distintos o adicionales a los examina-dos anteriormente por un magistrado.

De esa sentencia el señor Camacho Delgado recurre ante nos. Argumenta, en síntesis, que una desestimación según la citada Regla 64(n)(5) deja sin efecto cualquier de-terminación de causa probable para el arresto tomada an-teriormente a base de las denuncias archivadas. Por lo tanto, aduce que el Ministerio Público tiene la obligación de presentarlas nuevamente ante un magistrado para ob-tener la determinación de causa correspondiente y, de esta forma, dar comienzo a un nuevo proceso. En su alegato ante nos, sin embargo, el Estado reitera su posición ante el Tribunal de Apelaciones y argumenta, además, que avalar la teoría del peticionario no fomentaría la economía procesal.

Examinado el recurso, acordamos expedir. Contando con la comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver.

II

En el contexto penal, el derecho a un juicio rápido constituye uno de los valores más fundamentales de nuestra sociedad. En su esencia, éste tiene el propósito de salvaguardar los intereses de las personas imputadas de delito para evitar su indebida y opresiva encarcelación, mini-mizar la ansiedad y preocupación que genera una acusa-ción pública, y reducir las posibilidades de que una dilación extensa menoscabe su capacidad para defenderse. Por ello, precisamente, esa garantía fue consagrada de forma expresa en el Art. II, Sec. 11, de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1999, pág. 327 (“En todos los procesos criminales, el acu-sado disfrutará del derecho a un juicio rápido”). Véanse: Pueblo v. Guzmán, 161 D.P.R. 137, 156 (2004); Pueblo v. Rivera Tirado, 117 D.P.R. 419, 432 (1986).

El concepto “juicio rápido” posee, indudablemente, ciertas características propias que le sirven de base. Aun así, su naturaleza y alcance se han distinguido siempre por una gran flexibilidad. En este sentido, el derecho de todo imputado a ser juzgado de una forma justa, pero diligente y eficiente, ha estado sujeto continuamente a los cambios que afectan el desarrollo mismo del Derecho y de la sociedad. Pueblo v. Arcelay Galán, 102 D.P.R. 409, 413 (1974). Se trata, pues, de una garantía constitucional que, como muchas otras, no puede delimitarse en términos absolutos ni interpretarse exclusivamente con vista a la situación que enfrentó en el pasado la generación constituyente.

Así, por ejemplo, si bien el texto de nuestra garantía proviene de una disposición análoga en la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense, hace varios años aclaramos que esta Curia no está atada irremediablemente a las interpretaciones que el Tribunal Supremo federal haya enunciado sobre el tema. En efecto, dicho foro se ha negado reiteradamente a establecer reglas de procedimiento en esta materia para los estados federados. De esta manera, se les ha dado libertad para interpretar la frase “juicio rápido” según las circunstancias particulares de cada jurisdicción, siempre y cuando la definición elucidada incorpore ciertas normas federales mínimas. Véase Barker v. Wingo, 407 U.S. 514, 523 (1972).

Conscientes de todo lo anterior, en Puerto Rico ya nos hemos enfrentado a aspectos diversos de este derecho. En Pueblo v. Arcelay Galán, supra, pág. 415, resolvimos que el hecho de que un acusado no objete oportunamente un señalamiento tardío no constituye, de por sí, una prueba suficiente para concluir que éste renunció a ser enjuiciado con prontitud. En Pueblo v. Opio Opio, 104 D.P.R. 165, 169 (1974), un caso sobre la celebración tardía de una vista preliminar, interpretamos que el derecho a un juicio rápido no se limita únicamente al acto del juicio, sino que abarca todas las etapas del proceso penal, desde la imputación inicial de delito hasta el momento mismo en que se dicte sentencia. Véase, además, Pueblo v. Miró González, 133 D.P.R. 813 (1993).

En Pueblo v. Opio Opio, supra, expresamos también que en este campo nuestra Constitución opera con su propio y supremo vigor, por lo que el derecho a un enjuiciamiento diligente no depende de una legislación habilitadora que lo implemente. Posteriormente, en Pueblo v. Rivera Tirado, supra, atendimos el asunto de los criterios que se utiliza-rán para determinar si hubo una violación de ese derecho. A esos efectos, enunciamos cuatro factores que enmarca-mos en el método del balance de intereses.

No cabe duda, pues, de que el rol de esta Curia como intérprete máximo de la Constitución ha sido fundamental en el desarrollo del derecho a un juicio rápido. Sin embargo, no toda controversia sobre éste ha girado concretamente sobre la cláusula constitucional que lo garantiza. Para asegurar el cumplimiento de este derecho en la práctica, tanto por los abogados y fiscales como por los propios tribunales de justicia, la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, supra, establece una serie de términos que gobier-nan las distintas etapas del proceso penal. Según la situa-ción procesal de cada imputado, ésta regula el término para la celebración del juicio e, incluso, de la vista prelimi-nar en casos por delito grave. Véanse: Pueblo v. Valdés et al., 155 D.P.R. 781 (2001); Pueblo v. Cartagena Fuentes, 152 D.P.R. 243 (2000).

En concreto, la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, supra, establece, como remedio a la infracción de los térmi-nos temporales consignados en ella, la desestimación de la denuncia, de la acusación o de cualquiera de los cargos incluidos en éstas. De este modo, sujeto sólo a un análisis dirigido a determinar si la tardanza fue justificada, si la posposición surgió de una petición del imputado o si medió su consentimiento a ésta, la regla ordena la desestimación al transcurrir el término aplicable a la etapa procesal de que se trate. A su vez, en lo pertinente al caso ante nuestra consideración, el quinto inciso de esta regla establece un término de treinta días para celebrarle la vista preliminar a un imputado que se encuentre detenido preventiva-mente.

En nuestra jurisprudencia no existe una controversia mayor en cuanto a la aplicación de esta disposición; así como tampoco la hay entre los tratadistas que han abor-dado el asunto. De hecho, en el caso de autos, la proceden-cia de la desestimación decretada por el Tribunal de Pri-mera Instancia no fue cuestionada por el Ministerio Público. Por tal razón, no es necesario que nos expresemos al respecto.

Más bien, la controversia medular en este caso está re-lacionada con las consecuencias para el Estado de esa desestimación. En particular, debemos precisar si el Minis-terio Público puede presentar nuevamente las denuncias desestimadas y, de poder hacerlo, cuál sería el curso proce-sal que se ha de seguir. Para ello, examinemos primera-mente las reglas y la jurisprudencia aplicables a la solu-ción de ambas interrogantes.

III

A. Según la Regia 67 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, la desestimación de una causa por la violación de los términos prescritos en la citada Regla 64(n) no constituye un impedimento para el inicio de otro proceso por los mismos hechos, salvo que se trate de un delito menos grave. En otras palabras, en ausencia de circunstancias que lo prohíban —como la protección contra la doble exposición o la prescripción del delito imputado— las Reglas de Procedimiento Criminal autorizan al Ministerio Público a presentar nuevamente una denuncia sólo en casos por delito grave. Véanse: E.L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Bogotá, Ed. Forum, 1992, Vol. II, Sec. 12.2, págs. 175-184; O.E. Resumil de San Filippo, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal penal, Orford, Ed. Butterworth, 1993, Vol. II, See. 25.9, págs. 278-279.

Por su parte, la Regla 66 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, dispone que cuando se produce una desestimación por defectos en la presentación o tramitación del proceso, o en la acusación o denuncia, el tribunal puede ordenar que se mantenga al acusado bajo custodia, o que continúe bajo fianza por un término específico, sujeto a la presentación de una acusación o denuncia nueva. A su vez, esta regla establece que nada de lo dispuesto en ella afectará las disposiciones relativas a los términos de prescripción.

Al amparo de ambas reglas, y en vista de lo dispuesto por la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, supra, en Pueblo v. Ortiz Díaz, 95 D.P.R. 244, 246-248 (1967), resolvimos que cuando se desestima una acusación por haberse presentado tardíamente es innecesario e inoficioso volver a los procedimientos preliminares de determinación de causa probable para acusar. En aquella ocasión expre-samos que como no se trataba de una acusación nueva con cargos distintos o adicionales, o con otros acusados, proce-día la celebración del juicio en su fondo sin requerirse otra vista preliminar sobre la acusación desestimada por el tribunal. Así, pues, concluimos que era suficiente con pre-sentar la acusación nuevamente, ya que la Rama Judicial había realizado anteriormente una determinación de causa probable para acusar sobre los delitos en cuestión.

Posteriormente, en Pueblo v. Montezuma Martínez, 105 D.P.R. 710 (1977), un imputado reclamó que la dilación incurrida por el Ministerio Público en celebrarle la vista preliminar —unos diecinueve días en exceso del término reglamentario— requería el archivo con perjuicio bajo la Regla 247 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. El foro de instancia había ordenado la desestimación, pero al amparo de la citada Regla 64(n)(2). Al resolver el caso, coincidimos con el proceder del foro recurrido y no acogi-mos los argumentos del imputado en el sentido de ordenar el archivo definitivo del caso penal. No obstante, señala-mos que al haber transcurrido los sesenta días reglamen-tarios sin haberse celebrado la vista mencionada, otra dilación excesiva e injustificada podría vulnerar el derecho constitucional a un juicio rápido. Así, pues, expresamos que ante tales circunstancias procedería decretar el sobre-seimiento al amparo de la Regla 247, supra. Pueblo v. Montezuma Martínez, supra, pág. 713.

Años más tarde, en Pueblo v. Soto Ortiz, 151 D.P.R. 619, 628-631 (2001), se nos presentó la interrogante de si una vez desestimados varios cargos por delito grave ante la violación de los términos pautados en la Regla 64(n), la fianza fijada previamente subsistía con relación al nuevo proceso que instó el Estado por los mismos delitos. En dicho caso extendimos expresamente lo resuelto en Pueblo v. Ortiz Díaz, supra, en el contexto de la desestimación de una acusación, a la situación surgida tras el archivo de una denuncia. En este sentido, resolvimos que tras producirse la desestimación de una denuncia por la violación del término para celebrar la vista preliminar, el Ministerio Público puede presentarla de nuevo. Aún así, la fianza impuesta por el tribunal permanecerá vigente con respecto a ese segundo proceso, a menos que el foro de instancia decida modificarla. Véase Pueblo v. Soto Ortiz, supra, pág. 630-631.

Por otro lado, indicamos que conforme al mandato de la Regla 66 de Procedimiento Criminal, supra, la mejor prác-tica que deben seguir los tribunales de instancia es que se delimite el término específico en que el imputado perma-necerá bajo custodia o durante el cual subsistirá la fianza (bajo sus condiciones originales), para dar lugar a que se presenten los cargos nuevamente. Transcurrido el término, el imputado puede solicitar la cancelación de la fianza y, si el Ministerio Público no ha actuado, el tribunal puede so-breseer el caso penal según lo dispuesto por la Regla 247(b) de Procedimiento Criminal, supra. Véase Pueblo v. Soto Ortiz, supra, pág. 633.

A pesar de todo lo anterior, en Pueblo v. Carrión, 159 D.P.R. 633, 641 (2003), este Tribunal llegó a un resultado diferente del previsto por las normas esbozadas en los tres casos reseñados. Carrión versaba sobre si el derecho a un juicio rápido aplica durante el tiempo transcurrido entre la desestimación de la causa, por su infracción, y el comienzo del nuevo proceso autorizado por la Regla 67 de Procedi-miento Criminal, supra. Al resolver que el derecho a un juicio rápido no aplicaba al referido período, este Tribunal señaló que la desestimación, aun aquella “sin perjuicio”, supone la caída de los cargos contra el imputado. Id., pág. 643. De esta manera, el Tribunal descartó el argumento de Carrión, en cuanto a que la primera desestimación era so-lamente un incidente procesal que no interrumpe el carác-ter continuado del procedimiento criminal. En cambio, el Tribunal expresó que la desestimación de una causa tiene que entenderse como un evento que da por terminada la acción presentada ante los tribunales por el Ministerio Público. íd., pág. 644.

De la normativa expuesta se deduce claramente que, en conformidad con la Regla 67 de Procedimiento Criminal, supra, el Ministerio Público tiene la facultad de presentar nuevamente aquellos cargos por delito grave que sean des-estimados por una violación de los términos consignados en la citada Regla 64(n). Esto es así, ya que según la Regla 67, supra, una desestimación en tales circunstancias es “sin peijuicio”. En cambio, si se trata de cargos por delito menos grave, la desestimación será “con peijuicio”, lo que impediría el reprocesamiento del imputado.

Del mismo modo, es evidente que según el primer su-puesto —la desestimación “sin perjuicio”— es al Ministerio Público a quien le corresponde decidir si encausa por se-gunda vez al imputado. Véase, e.g., Pueblo v. Dávila Delgado, 143 D.P.R. 157, 170 (1997). No obstante, de las reglas citadas y de los casos reseñados es difícil derivar una norma clara relativa a la etapa en que debe “comenzar” el “otro proceso” al que se refiere la Regla 67 de Procedi-miento Criminal, supra.

Como señalamos anteriormente en Pueblo v. Ortiz Díaz, supra, era suficiente con presentar nuevamente el pliego acusatorio para continuar con los demás procedimientos, aunque el imputado tuviese la razón en cuanto a la viola-ción de los términos de “rápido enjuiciamiento” y, por ende, procediese la desestimación de la causa. Sin embargo, casi cuarenta años más tarde, en Pueblo v. Carrión, supra, ex-presamos que la desestimación de un caso penal conlleva la culminación del proceso instado contra el imputado. La diferencia en nuestras expresiones sobre este asunto pro-bablemente es el resultado de las circunstancias diversas en que éste nos ha sido presentado. Ello nos motiva a re-examinar, de forma sosegada, las normas relativas a esta controversia, así como las consecuencias prácticas deriva-das de aquéllas.

B. En Pueblo v. Ortiz Diaz, supra, señalamos que, como la acusación en cuestión no contenía cargos o acusa-dos distintos al pliego original que fue desestimado por el tribunal, éste podía continuar el proceso tras presentarse nuevamente la acusación. Apoyamos esa conclusión en lo dispuesto por la Regla 66 de Procedimiento Criminal, supra, en el sentido de que luego de desestimarse una acusa-ción o una denuncia por defectos en la tramitación del pro-ceso, o defectos en éstas, el tribunal puede “ordenar que se mantenga al acusado bajo custodia, o que continúe bajo fianza por un término específico, sujeto a la presentación de una nueva acusación o denuncia”. (Enfasis suplido.) Así, pues, colegimos del texto citado que el tribunal puede des-estimar la denuncia o la acusación según la Regla 64(n). Sin embargo, ello estaba sujeto a que —al amparo de la autoridad provista por la Regla 66 aludida— éste podría ordenar la presentación de una acusación nueva y conti-nuar, de esa forma, con el proceso penal en la etapa como se encontrare éste al momento de la desestimación.

Al reexaminar dichos pronunciamientos, tanto en el contexto presentado por el caso ante nos como a luz de la normativa vigente, es forzoso concluir que la solución provista por Pueblo v. Ortiz Díaz, supra, no es cónsona con la intención de la Regla 64(n), supra, ni con su reglamentación dirigida a instrumentar el derecho a un juicio rápido en nuestra jurisdicción. Por un lado, la interpretación de la Regla 66 de Procedimiento Criminal, supra, en la cual se fundamentó Pueblo v. Ortiz Díaz, supra, pasa por alto el origen de dicha regla y el contexto en que se previo su aplicación. De otra parte, ésta tampoco toma en cuenta los cambios en la manera como se inician los procesos penales en Puerto Rico tras la aprobación de nuestra Constitución. Véase, en general, Pueblo v. Ortiz Díaz, supra, págs. 249-257, opinión disidente.

Como es sabido, según el Código de Enjuiciamiento Criminal de Puerto Rico de 1902, los magistrados y los promotores fiscales (los cuales también se consideraban magistrados) tenían la facultad de determinar causa probable, dictar órdenes de arresto, así como aprobar y fijar fianzas. Véanse: Art. 13 del Código de Enjuiciamiento Criminal de 1902, Código Penal y Código de Enjuiciamiento Criminal de Puerto Rico de 1902, pág. 13; Pueblo v. Tribunal Superior, 75 D.P.R. 535 (1953). Esa facultad, sin embargo, no subsistió tras la aprobación de la Constitución del Estado Libre Asociado en 1952, ya que, según ésta, se entendió que esa autoridad correspondía exclusivamente a la Rama Judicial. Id. Aún así, los fiscales retuvieron el poder de determinar la existencia de causa probable para formular acusaciones. E.g., Pueblo v. Quiñones, 76 D.P.R. 955 (1954). Por consiguiente, no era necesario que el fiscal acudiera ante un magistrado para que éste autorizara la presentación de una acusación, pues el fiscal mismo tenía la autoridad de decidir al respecto.

Ahora bien, con la aprobación de las Reglas de Procedi-miento Criminal de 1963, se estableció el procedimiento de vista preliminar para acusar regulado por la Regla 23 de dicho cuerpo reglamentario, supra. Desde entonces, los fis-cales carecen de autoridad para presentar una acusación sin contar antes con el aval de un juez del Tribunal de Primera Instancia. En vista de ello, es evidente que la práctica de presentar nuevamente una acusación tras ésta desestimarse por la violación de los términos consignados en la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, supra, quedó claramente desautorizada por el nuevo ordenamiento pro-cesal penal aprobado en 1963.

Por ende, aunque anteriormente se podía iniciar un nuevo proceso a través de la acción autónoma y discrecional del fiscal, desde la aprobación de las Reglas de Procedimiento Criminal la única forma de “iniciar un nuevo proceso” al amparo de éstas es mediante la determinación de causa probable para el arresto, en conformidad con la Regla 6 de Procedimiento Criminal, supra. En efecto, esa ha sido la doctrina reiterada de esta Curia a través de los años. Véanse, e.g.: Pueblo v. Rivera Martell, 173 D.P.R. 601 (2008); Pueblo v. Miró González, supra.

Lo anterior nos lleva a considerar la aplicabilidad de la mencionada Regla 66 a la situación que nos ocupa. Esta regla tiene su origen en los Arts. 147, 148 y 157 del Código de Enjuiciamiento Criminal de 1902, supra, los cuales pro-cedían del Código de Procedimiento Criminal californiano. Los citados Arts. 147 y 148 del código puertorriqueño se referían al caso de una acusación presentada sin el debido juramento o la firma del fiscal. Dichos artículos regulaban la moción de desestimación por esos fundamentos, la reso-lución correspondiente y la orden que emitiría el tribunal en tales circunstancias.

Por otra parte, el Art. 157 se refería al efecto de una resolución que declarara “con lugar” una excepción peren-toria contra la acusación. Como se sabe, las excepciones perentorias íueron abolidas por la Regla 62 de Procedi-miento Criminal, supra. Más importante aún, una lectura de los artículos citados demuestra que partían de la pre-misa de que la facultad del magistrado para retener al im-putado bajo custodia o bajo fianza, estaba sujeta a que los delitos en cuestión fuesen examinados nuevamente por un juez de paz. A estos jueces, como ha de recordarse, corres-pondía la facultad de determinar si procedía el arresto de una persona por parte de los agentes del Estado. Véase Código de Enjuiciamiento Criminal, supra, págs. 187 y 189.

A la luz de lo expuesto, indudablemente, la Regla 66 de Procedimiento Criminal, supra, no se refiere a defectos de índole procesal de la magnitud de un incumplimiento con los términos consignados en la citada Regla 64(n). Más bien, ésta alude a defectos de forma o a la inobservancia de los requisitos ministeriales que le imponen las Reglas de Procedimiento Criminal al Ministerio Público. Por lo tanto, concluimos que la Regla 66 citada no puede utilizarse para soslayar el efecto de una desestima-ción por la violación de los términos de “rápido enjuicia-miento”, de modo que el Ministerio Público pueda conti-nuar con el caso en la misma etapa procesal en que éste se encontraba, a pesar de haberse tardado de forma injustifi-cada en procesar inicialmente al imputado.

En este contexto, resulta ampliamente conocido que el propósito fundamental de la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, supra, es proveer unos términos constitucionalmente razonables para encauzar el proceso penal, de manera que se les ofrezca a las personas imputadas de delito una cierta garantía de diligencia en la tramitación de los cargos instados en su contra. A su vez, esta reglamentación particular del derecho a un juicio rápido permite atender estatutariamente —y de manera preventiva— las situaciones de demora que, de otra forma, requerirían abordar constantemente la normativa constitucional aplicable; ello, probablemente, ante circunstancias, poco adecuadas para hacerlo. En otras palabras, aunque los términos consignados en la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, supra, no son, de por sí, de índole constitucional, están dirigidos a instrumentar en términos prácticos el derecho a un juicio rápido en Puerto Rico. Por ende, las interpretaciones y aplicaciones de esta regla deben tener siempre presente el valor que ésta busca salvaguardar.

Por otra parte, y a pesar de que no estamos obligados a seguir la normativa federal en esta materia, resulta muy ilustrativo que en Estados Unidos se haya expresado que la desestimación “sin perjuicio” no es una sanción débil ante la dilación injustificada del Ministerio Público en pro-cesar al imputado. En esa dirección, en United States v. Taylor, 487 U.S. 326 (1988), se indicó que la desestimación obliga al Ministerio Público a obtener un nuevo indictment si decide procesar nuevamente al imputado, lo cual depen-dería de una determinación independiente de la Rama Judicial. Además, ésta expone al Gobierno a una desesti-marión basada en otros fundamentos, como la prescripción del delito o la violación del derecho constitucional a un juicio rápido, de mediar otra dilación irrazonable.

Un criterio similar postula el profesor Chiesa Aponte, quien en su obra sobre derecho procesal penal señala que una norma contraria a la que hoy anunciamos implicaría que la desestimación no tendría consecuencia alguna sobre el Ministerio Público. A su entender, la norma más lógica es que, una vez desestimados los cargos por una violación de los términos de “rápido enjuiciamiento”, corresponde ciertamente iniciar un nuevo proceso, pero desde la deter-minación de causa probable para el arresto. Véanse: E.L. Chiesa Aponte, Los derechos de los acusados y la factura más ancha, 65 Rev. Jur. U.P.R. 83, 89 esc. 35 (1996); Chiesa Aponte, supra, págs. 183-184.

Convencidos, pues, de que la norma establecida en Pueblo v. Ortiz Díaz, supra, no se ajusta a las necesida-des de la sociedad donde vivimos actualmente ni responde a una concepción correcta de la intención de las Reglas de Procedimiento Criminal en esta materia, la dejamos sin efecto. Continuar aplicando esta norma tendría el efecto nocivo de restarle importancia a la Regla 64(n), supra, y su regulación estatutaria del derecho a un rápido enjuicia-miento en Puerto Rico, ya que “una vez infringida, lo único que [el Ministerio Público tendría] que hacer es esperar el día en que se va a presentar la moción [de desestimación] y radicar una nueva acusación”. Pueblo v. Ortiz Díaz, supra, págs. 255-256, opinión disidente. No podemos avalar esta práctica.

En atención a todo lo anterior, procedamos a disponer concretamente del caso ante nuestra consideración.

IV

En el caso de autos, la vista preliminar contra el señor Camacho Delgado fue citada para tres fechas distintas. En el tercer señalamiento, ante el hecho de que había trans-currido el término correspondiente para celebrar la au-diencia, el Tribunal de Primera Instancia desestimó las de-nuncias ante su consideración y excarceló al imputado. Como hemos señalado, el Ministerio Público no recurrió de esa determinación ante el Tribunal de Apelaciones. Más bien, el Estado presentó posteriormente una moción al am-paro de lo resuelto en Pueblo v. Montezuma Martínez, supra, junto con una copia de las denuncias desestimadas. En esta moción, solicitó que se continuara el caso penal y se pautara una nueva vista preliminar.

Ante estas circunstancias, es forzoso concluir que el foro de instancia actuó correctamente al denegar la solicitud del Ministerio Público. Confrontado por una desestimación debido a la violación del término consignado en la Regla 64(n)(5) de Procedimiento Criminal, supra, el Estado tenía tres opciones: (1) recurrir de dicha determinación ante el Tribunal de Apelaciones; (2) aceptar el dicta-men del foro de instancia y, de tratarse de un caso por delito grave, iniciar otro proceso con la presentación del “proyecto de denuncia” correspondiente para una nueva determinación de causa probable para el arresto, o (3) negarse a procesar al ciudadano, de acuerdo con la facultad discrecional que le reconoce nuestro ordenamiento penal al Ministerio Público.

En vista de que el Estado no recurrió a alguna de estas alternativas, y dado que resolvemos aquí que éste no podía solicitar una nueva vista preliminar tras haberse tardado injustificadamente en procesar al señor Camacho Delgado inicialmente, revocamos la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones en este caso. Si el Ministerio Público interesa procesar nuevamente al señor Camacho Delgado, y de estar a tiempo para ello, podrá presentar las denun-cias objeto del caso de epígrafe ante un magistrado para la determinación de causa probable que corresponda para el arresto.

V

Por los fundamentos expuestos, se revoca la Sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones en este caso y, en su lugar, se confirma el dictamen del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez disintió sin opinión escrita.

       En esencia, este análisis requiere ponderar de manera sistemática y orde-nada los criterios siguientes: (1) la duración de la tardanza; (2) las razones para ésta; (3) si el imputado invocó oportunamente su derecho a un juicio rápido, y (4) el per-juicio resultante de esa dilación. Pueblo v. Rivera Tirado, 117 D.P.R. 419, 433 (1986).

       En este contexto, es preciso destacar que en Estados Unidos —y en Puerto Rico— una violación del derecho constitucional a un juicio rápido puede ser reme-diada sólo de una forma: la desestimación de la causa penal. Esa desestimación, por mandato constitucional, es terminante; es decir, “con perjuicio”. Véanse: Strunk v. United States, 412 U.S. 434, 439 — 440 (1973); Barker v. Wingo, 407 U.S. 514, 522 (1972). Aunque esta norma ha sido un tanto criticada, e.g., A.G. Amsterdam, Speedy Criminal Trial: Rights and Remedies, 27 Stan. L. Rev. 525, 532-541 (1975), ésta exige que la aplicación de la reglamentación estatutaria sobre este derecho sea con-sistente y eficaz. Adviértase que si posteriormente se determina que la dilación —analizada bajo los factores enunciados en Pueblo v. Rivera Tirado, supra— fue en violación del derecho constitucional a un juicio rápido, ello implicaría, tanto una imposibilidad absoluta de reprocesar al imputado, como la revocación de la convic-ción en apelación.

       Asimismo, tomamos conocimiento judicial de que el Comité Asesor Perma-nente de Reglas de Procedimiento Criminal, adscrito al Secretariado de la Conferen-cia Judicial y Notarial de esta Curia, ha propuesto precisamente una normativa similar a la que adoptamos en este caso. En particular, la Regla 301(H) de Procedi-miento Criminal propuesta dispone que el imputado pueda solicitar la desestimación de la denuncia por la violación del término pautado para la celebración de la vista preliminar. Véase Regla 301 Propuesta, Proyecto de Reglas de Procedimiento Penal, enero de 2008, Sec. Conf. Judicial y Notarial, Cap. III, págs. 27-29. Al respecto, el inciso (B) de la regla propuesta establece un término de sesenta días para celebrar la vista preliminar, una vez verificado el arresto de la persona imputada, o treinta días después del arresto si estuviera detenida en la cárcel. A su vez, esta regla dispone que de no haber prescrito la acción penal, el Ministerio Público podrá volver a some-ter el caso “para determinar causa probable para arresto” en un término razonable a partir de la fecha de la desestimación. Proyecto de Reglas de Procedimiento Penal, supra, pág. 27.

       Tomamos esta determinación luego de analizar los factores que se utilizan generalmente para ponderar la revocación de una norma jurisprudencial, a saber: (1) si la decisión anterior era claramente errónea; (2) si sus efectos sobre el resto del ordenamiento son adversos, y (3) si la cantidad de personas que confiaron en ésta es limitada. Véanse: González v. Merck, 166 D.P.R. 659, 688 (2006), opinión de conformidad. Véanse, además: United States v. Reliable Transfer Co., 421 U.S. 397 (1975); W.N. Eskridge, Jr., Overrulling Statutory Precedents, 76 Georgetown L.J. 1361 (1988).


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author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Marylin R. Llanis Menéndez.

      Número: TS-9270

      Resuelto: 31 de octubre de 2008

      Margarita Gómez Vázquez, abogada de la querellada; Lourdes I. Quintana Lloréns, directora de la Oficina de Inspec-ción de Notarías; Marylin R. Llanis Menéndez, pro se.

   per curiam:

En el ejercicio de nuestra autoridad discipli-naria, nos corresponde evaluar la actuación de una notaría que autorizó una declaración jurada, a pesar de que las partes otorgantes no comparecieron ante ella ni firmaron el documento. Tras analizar detenidamente el asunto, de-cretamos su suspensión del ejercicio de la notaría por el término de un mes.

I

La Leda.Marylin R. Llanis Menéndez fue admitida al ejercicio de la abogacía el 28 de junio de 1989 y al ejercicio de la notaría el 15 de agosto de 1989. El 15 de enero de 2008 la Oficina del Procurador General refirió a la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) una comunicación de la Directora de la Unidad de Investigaciones de la Fiscalía de Bayamón, Leda. Zulma O. Delgado Colón. En ésta se indicó que dentro del curso de una investigación criminal reali-zada por dicha unidad sobre una posible infracción a la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular, los fiscales se percataron que una declaración jurada suscrita por la li-cenciada Llanis Menéndez no contenía las firmas de las partes involucradas. Esta acreditaba el traspaso de tí-tulo de una motora marca Suzuki modelo GSX 1300 de su dueña, Daisy Torres de Jesús, a favor de su hijo, Gilberto Lozada Torres.

A pesar de no contar con las firmas de la señora Torres de Jesús ni del señor Lozada Torres, la licenciada Llanis Menéndez estampó su sello y su firma en el documento, luego de dar fe de que las partes habían jurado y firmado ante ella lo allí expuesto. Además, indicó que identificó a cada una de las partes mediante sus respectivas licencias de conducir. De la faz del documento se deduce que las partes no comparecieron ante la notaria a firmar la decla-ración jurada, contrario a lo requerido por la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. sees. 2091 y 2092, y por el Re-glamento Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. Ap. XXIV, Rs. 65 y 67.

El 19 de marzo de 2008 ODIN nos sometió un informe sobre el estado de la notaría de la Leda. Marylin R. Llanis Menéndez. En dicho informe nos refirió la comunicación de la Oficina del Procurador General. Luego que ODIN reci-biera dicho referido, notificó a la licenciada Llanis Menén-dez y le concedió un término para que se expresara al respecto. Ésta compareció y, contando con lo expresado por ella, ODIN preparó el informe correspondiente y nos lo re-firió para nuestra consideración. Conforme lo dispuesto por la Regla 82 del Reglamento Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. Ap. XXIV, concedimos a la licenciada Llanis Me-néndez un término de veinte días para que respondiera al mencionado informe. Luego de varios incidentes procesa-les, ésta compareció finalmente a este Foro.

En su comparecencia, la licenciada Llanis Menéndez aceptó haber cometido el error imputado. Admitió que ha-bía completado la declaración jurada con información reci-bida de terceros, sin haber entrevistado a las partes ni ha-ber tomado sus firmas. En su defensa, adujo que había errado de buena fe al confiar en los gestores que la contra-taban para ese tipo de gestiones sobre vehículos de motor. Indicó, además, que era la primera falta cometida a lo largo de su carrera profesional, que no se lucró del negocio jurídico ni causó daños a terceros, y que estaba profunda-mente arrepentida de su error.

I — I HH

Los Arts. 56 a 60 de la Ley Notarial de Puerto Rico contienen las disposiciones referentes a los testimonios o declaraciones de autenticidad. 4 L.P.R.A. sees. 2091 a 2095. Específicamente, el Art. 56 señala, en lo pertinente, que el testimonio o la declaración de autenticidad es aquel documento mediante el cual el notario da fe de un documento que no obra en su Protocolo, de su fecha y, entre otros, de la legitimación de las firmas que aparezcan en éste. 4 L.P.R.A. see. 2091.

Por su parte, dichos artículos de la Ley Notarial de Puerto Rico corresponden a las Reglas 64 a 73 del Regla-mento Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. Ap. XXIV. En lo pertinente, la Regla 67 define el testimonio de legitimación de firma como aquel testimonio que acredita el hecho de que, en determinada fecha, se firmó un documento en pre-sencia del notario y que esa persona es quien dice ser. In-dica, además, que la legitimación de firma podrá o no com-prender el juramento y que el notario tiene que hacer constar, tanto en el testimonio como en el Registro de Tes-timonios, que conoce personalmente al firmante o que lo ha identificado mediante los métodos supletorios que provee el Art. 17 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. see. 2035.

Como se sabe, las declaraciones juradas son testimonios de legitimación de firma. En repetidas ocasiones hemos expresado que los notarios “[d]eben ser exigentes y abstenerse de dar fe notarial de [una] declaración jurada si la persona que va a otorgar el documento o la declaración jurada no ha comparecido personalmente”. In re Sánchez Ruiz, 105 D.P.R. 848, 849 (1977). Véanse, además: In re Rivera Aponte, 169 D.P.R. 738, 744 (2006); In re Surillo Ascar, 160 D.P.R. 742, 743 (2004); In re Medina Lugo, 136 D.P.R. 120, 124 (1994); In re Vargas Hernández, 135 D.P.R. 603, 608 (1994).

En una declaración jurada, la fe pública se concretiza a través de la persona del notario con la presencia del com-pareciente o firmante. Si el documento es autorizado en ausencia del firmante, el notario quebranta la fe pública notarial y afecta la confianza depositada en el sistema de autenticidad documental. In re Medina Lugo, supra; In re González González, 119 D.P.R. 496, 499 (1987).

De igual forma, hemos señalado reiteradamente que la certificación de un hecho falso es una de las faltas más graves en que puede incurrir un notario. In re Rivera Aponte, supra; In re Surillo Ascar, supra; In re Vargas Hernández, supra, pág. 607. Hemos indicado, además, que certificar un hecho falso no sólo viola las disposiciones de la Ley Notarial de Puerto Rico, sino que también viola el deber de sinceridad y honradez que impone el Canon 35 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, a todos los abogados, así como el deber de practicar la profesión de una forma honrosa y digna que impone el Canon 38 (4 L.P.R.A. Ap. IX). Véanse, además: In re Charbonier Laureano, 156 D.P.R. 575, 579 (2002); In re Vera Vélez, 148 D.P.R. 1, 7-8 (1999); In re Rivera Arvelo y Ortiz Velázquez, 132 D.P.R. 840, 863 (1993).

HH i — I h — i

La omisión imputada a la notaría Llanis Menéndez se deduce de la faz del propio documento. En éste, los espa-cios para las firmas de las partes aparecen en blanco, a pesar de que en la certificación de la notaría, ésta dio fe de haber identificado a la señora Torres de Jesús y al señor Lozada Torres, así como de que éstos juraron y firmaron ante ella el contenido de la declaración jurada. No cabe duda, pues, que la licenciada Llanis Menéndez certificó un hecho falso y autorizó una declaración jurada que las par-tes no firmaron. Según expresamos anteriormente, ello constituye una grave violación a la ley y al reglamento notarial, así como a los Cánones 35 y 38 del Código de Ética Profesional, supra.

Cabe señalar que tanto en su comparecencia ante la Unidad de Investigaciones de la Fiscalía de Bayamón, como ante ODIN y ante este Tribunal, la licenciada Llanis Menéndez ha aceptado su falta y ha ofrecido sus disculpas, aparte de mostrar su arrepentimiento por la conducta en que incurrió. Además, ofreció como defensa el hecho de que había actuado de buena fe por la confianza depositada en los gestores que la contrataron para llevar a cabo ese tipo de servicio. Asimismo, expresó que se trató de un error por falta de cuidado y debida diligencia, y no por un acto inten-cional de mala fe.

A pesar de ello, hemos resuelto que no se requiere que el notario haya faltado a la verdad intencionalmente para faltar a la fe pública y a los cánones de ética profesional. Dicha falla puede ser, como en el caso de autos, el resultado de un desempeño profesional carente de la cautela y el celo que exige la función publica del notario. In re Charbonier Laureano, supra; In re Vera Vélez, supra; In re Rivera Arvelo y Ortiz Velázquez, supra.

Conforme a lo anterior, concluimos que las actuaciones de la licenciada Llanis Menéndez constituyeron una viola-ción grave a la ley y al reglamento notarial, así como a los cánones de ética profesional. Por lo tanto, su conducta amerita la imposición de una sanción disciplinaria. No obs-tante, consideramos como circunstancias atenuantes el he-cho de que se trata del primer señalamiento sobre la obra notarial de la licenciada Llanis Menéndez, así como el he-cho de que ésta ha aceptado su error y ofrecido sus disculpas. Además, no se ocasionó daño alguno a las partes ni medió ánimo de lucro personal.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, se suspende a la licenciada Llanis Menéndez del ejercicio de la notaría por el término de un mes. El Alguacil de este Tribunal deberá incautar la obra y el sello notarial de la licenciada Llanis Menéndez.

Se dictará Sentencia de conformidad.

       Se trata del testimonio Núm. 5100, suscrito el 23 de mayo de 2006.

       La investigación llevada a cabo por la Fiscalía de Bayamón giró en torno a posibles violaciones a la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular supuesta-mente cometidas por el señor Lozada Torres. Sin embargo, dicha investigación con-cluyó sin la presentación de cargos contra éste, tras determinarse que no existía prueba suficiente para procesarlo por delito alguno.


text:
      In re Arnaldo Báez Genoval, querellado.

      Número: CP-2006-24

      Resuelto: 12 de noviembre de 2008

      Querella presentada por el Procurador General contra el Lie. Arnaldo Báez Genoval, en la que se le imputa la violación a los Cánones 21 y 38 del Código de Ética Profesional. Se censura severamente al licenciado Báez Genoval. Se le apercibe que en el futuro ejerza mayor prudencia y riguro-sidad al evaluar las situaciones que podrían generar inte-reses encontrados o crear una apariencia de impropiedad..

      Eliadís Orsini Zayas, comisionada especial; Zaira Z. Girón Anadón y Noemí Rivera de León, procuradoras generales auxiliares, y Mariana D. Negrón Vargas, subprocuradora general; Luis F Camacho, abogado del querellado.
   per curiam:

I

Los hechos medulares del presente procedimiento disci-plinario no están en controversia por haber sido estipula-dos por las partes. Veamos.

El pasado 20 de octubre de 2003, tras realizar una au-ditoría en el municipio de Vieques (Municipio), el Contra-lor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Hon. Manuel Díaz Saldaña, presentó ante esta Curia una queja jurada contra el Lie. Arnaldo Báez Genoval por una posible viola-ción al Canon 21 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. EX. El Contralor señaló en la referida queja que el licenciado Báez Genoval incurrió en una represen-tación simultánea adversa y en una representación suce-siva adversa al éste representar al Municipio en una de-manda contra quienes fueran sus representados y codemandados en el mismo pleito.

El licenciado Báez Genoval admitió en su contestación a la queja que en enero de 1999 asumió la representación legal del Sr. Manuel Medina Rucci y del Sr. Francisco Rivera Cruz. Respecto al señor Medina Rucci, el letrado ex-presó que, tras solicitar prórroga, contestó la demanda, pero que posteriormente se percató que el Lie. Ángel Pabón Mediavilla había asumido la representación legal de éste, por lo que presentó una moción de renuncia de representa-ción legal el 10 de mayo de 1999.

En lo que concierne al señor Rivera Cruz, el licenciado Báez Genoval argüyó que contestó la demanda el 20 de noviembre de 1999 y que en ella alegó que su representado había residido en los terrenos en controversia por más de treinta años. Al año siguiente, el 30 de noviembre de 2000, el abogado querellado presentó una moción de renuncia de representación legal, la cual fue declarada “ha lugar” por el tribunal “a quo” el 17 de enero de 2001. La razón articu-lada por el letrado en la referida moción fue que comenza-ría a fungir como Asesor Legal del Municipio. De hecho, éste comenzó a trabajar como asesor legal del Municipio el 9 de enero de 2001. Cabe señalar que el contrato de servi-cios profesionales suscrito por el licenciado Báez Genoval y el Municipio expiró el treinta de junio de 2001.

De los hechos relatados se deduce que el licenciado Báez Genoval comenzó a trabajar con el Municipio ocho días antes que el foro primario aceptara su renuncia a la repre-sentación legal del señor Rivera Cruz. Por lo tanto, du-rante ese breve transcurso de tiempo el licenciado Báez Genoval fue simultáneamente abogado del Municipio de-mandante y del codemandado señor Rivera Cruz.

Posteriormente, el 11 de abril de 2001, el abogado que-rellado compareció, en representación del Municipio, ante el tribunal para solicitar la desestimación sin peijuicio del caso incoado contra quienes eran sus representados. Ello en vista de que el Municipio adoptó una nueva política pública en torno al predio de terreno que ocupaban los codemandados.

A raíz de estos hechos y luego de efectuar la correspon-diente investigación, el Procurador General presentó su In-forme en donde concluyó que el licenciado Báez Genoval incurrió en una posible violación a los Cánones 21 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. El Procura-dor General sostuvo, entre otras cosas, que el letrado incu-rrió en un potencial conflicto de intereses al comparecer al tribunal como abogado del Municipio, para solicitar la des-estimación sin peijuicio del caso incoado contra quienes fueran sus clientes.

Contrario a lo argumentado por el Procurador General, el licenciado Báez Genoval expuso en su contestación al informe que él no había violado los Cánones 21 y 38 del Código de Ética Profesional, supra, puesto que en ningún momento asesoró al Municipio sobre la causa de acción ins-tada contra quienes eran sus clientes. Señaló, además, que no intervino con la aprobación y puesta en vigor de la nueva política pública delineada por la Asamblea Municipal del Municipio en torno a los predios de terreno que originaron la controversia. Finalmente, argüyó que no in-currió en un potencial conflicto de intereses al presentar la moción de desistimiento sin perjuicio, puesto que no exis-tían intereses adversos entre el Municipio y quienes eran sus representados.

Posteriormente, le ordenamos al Procurador General que presentara una querella contra el licenciado Báez Genoval. En cumplimiento con la referida orden, el Procu-rador General presentó la querella contra el letrado y le imputó dos cargos por violación a los Cánones 21 y 38 del Código de Etica Profesional, supra. Por su parte, el licen-ciado Báez Genoval reprodujo en su contestación a la que-rella los argumentos esbozados en su contestación al Informe.

Así las cosas, nombramos Comisionada Especial a la Leda. Eliadís Orsini Zayas, ex jueza del Tribunal de Pri-mera Instancia, para que aquilatara la prueba, formulara determinaciones de hechos y sometiera las recomendacio-nes que estimara pertinentes. El 5 de mayo de 2008, la Comisionada Especial sometió ante este Tribunal un ex-tenso informe. En el informe, luego de narrar los hechos previamente esbozados, concluyó que la querella instada contra el licenciado Báez Genoval debía ser desestimada ya que, a su entender, éste “nunca representó intereses en conflicto, ni opuesto [s en conflicto] a sus anteriores clien-tes, ni siquiera en grado de apariencia.”

Contando con la comparecencia de ambas partes, el caso quedó sometido en los méritos. Pasamos a resolver.

II

Como es sabido, el Canon 21 del Código de Ética Profesional, supra, versa sobre el tema de los intereses encontrados en la relación abogado-cliente. En lo pertinente, el referido canon dispone lo siguiente:

El abogado tiene para con su cliente un deber de lealtad completa. Este deber incluye la obligación de divulgar al cliente todas las circunstancias de sus relaciones con las par-tes y con terceras personas, y cualquier interés en la contro-versia que pudiera influir en el cliente al seleccionar su consejero. Ningún abogado debe aceptar una representación legal cuando su juicio profesional pueda ser afectado por sus intereses personales.
No es propio de un profesional el representar intereses encontrados. Dentro del significado de esta regla, un abogado representa intereses encontrados cuando, en beneficio de un cliente, es su deber abogar por aquello a que debe oponerse en cumplimiento de sus obligaciones para con otro cliente.
La obligación de representar al cliente con fidelidad incluye la de no divulgar sus secretos o confidencias y la de adoptar medidas adecuadas para evitar su divulgación. Un abogado no debe aceptar la representación de un cliente en asuntos que puedan afectar adversamente cualquier interés de otro cliente anterior ni servir como árbitro, especialmente cuando el cliente anterior le ha hecho confidencias que puedan afectar a uno u otro cliente, aún cuando ambos clientes así lo aprueban. Será altamente impropio de un abogado el utilizar las confi-dencias o secretos de un cliente en perjuicio de éste. (Énfasis suplido.)

Como se puede apreciar, el Canon 21 impone al abogado un deber de completa lealtad hacia su cliente. La finalidad de esta norma deontológica es “reglamentar la conducta profesional que, de alguna forma, pueda poner en peligro el principio de confidencialidad que caracteriza la relación fi-duciaria de abogado-cliente y de esa forma menoscabar la imagen de la justicia y la confianza que el ciudadano tiene en el sistema”

Hemos resuelto reiteradamente que el Canon 21 del Código de Etica Profesional, supra, preceptúa tres situaciones que los togados deben evitar, ya que representan un conflicto de intereses que quebranta el deber de lealtad e impide que el abogado ejerza una representación adecuada y transparente para su cliente. La primera de esas situaciones es la representación simultánea de clientes, en la que, en beneficio de un cliente, el letrado necesariamente tiene que defender aquello a lo cual debe oponerse en cumplimiento de sus obligaciones hacia otro cliente suyo. Ahora bien, para que dicha prohibición se active es imperativo que exista una relación abogado-cliente dual. Mediante la prohibición a la representación simultánea de clientes, se busca preservar la autonomía del juicio del abogado y prevenir cualquier tipo de dilución de la fidelidad que el abogado debe a su cliente. Es por ello que el abogado no puede exponer como justificación para salvar tal conflicto de interés, que no habrá de utilizar las confidencias o secretos de un cliente en perjuicio de su otro cliente. Por tal razón, hemos resuelto reiteradamente que ante un potencial o actual conflicto de intereses, el togado está obligado a renunciar a ambas representaciones.

De otra parte, la representación sucesiva adversa presenta un grave conflicto de intereses, pues en ésta el abogado acepta la representación de un cliente sobre asuntos que pueden afectar adversamente los intereses de un cliente anterior. Hemos establecido sobre este particular que es necesaria la existencia de una relación abogadocliente para que se active esta prohibición. Al igual que sucede en la representación simultánea de clientes, en este caso, el togado tampoco podrá aducir que no utilizará las confidencias de sus clientes en perjuicio de éstos. Tal pro-hibición es insoslayable, por lo que los clientes no podrán consentir a la representación conflictiva.

En In re Carreras Rovira y Suárez Zayas, 115 D.P.R. 778, 792 (1984), resolvimos que surge una presunción irrefutable de que la información confidencial provista por el cliente anterior al letrado será utilizada por este último en beneficio del nuevo cliente, cuyos intereses son antagónicos a los del cliente anterior. Dado esto, ante un potencial o actual conflicto de intereses, el abogado está obligado a renunciar a la representación legal del nuevo cliente.

Para determinar si un abogado incurrió en la representación sucesiva de intereses encontrados, es preciso analizar su conducta según el criterio de relación sustancial. De acuerdo con este criterio, el cliente sólo tiene que demostrar que la controversia legal en la que el abogado comparece en su contra está sustancialmente relacionada con la causa de acción en la que el abogado previamente le representó. Es por ello que el cliente no tiene que probar que hubo una violación al principio de confidencialidad.

En resumidas cuentas, cuando un abogado incurre en una representación sucesiva adversa, el cliente tiene que demostrar que el abogado mantuvo una relación de aboga-do-cliente con un cliente que al presente tiene una contro-versia con otro cliente que él representa, que la represen-tación legal de su cliente anterior está sustancialmente relacionada con la representación profesional de su cliente actual y que la representación legal actual resulta adversa a los intereses de su cliente original.

Por otra parte, la tercera situación que presenta intereses encontrados surge cuando un abogado acepta la representación legal de un cliente, conociendo que su juicio profesional puede verse afectado por sus intereses personales. Dado que día a día se pueden presentar innumerables situaciones que podrían desembocar en un potencial o real conflicto de interés, es preciso que el letrado resuelva las dudas de índole ético-profesional con rigurosidad contra sí mismo. Se evitan de esta forma situaciones ignominiosas para la profesión legal que socavan la confianza de la ciudadanía. Debemos puntualizar, además, que la lealtad y la confidencialidad del abogado hacia su cliente en relación con los asuntos que éste le haya consultado o con su representación, es indivisible y continúa aún después de cesar entre ellos la relaciones de abogado-cliente.

Finalmente, antes de pasar a los méritos de esta quere-lla, es preciso puntualizar la relación entre el Canon 21 y el 38 del Código de Etica Profesional, supra.

El Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra, preceptúa una máxima de suma importancia para el ordenamiento deontológico de la profesión legal. Este canon puntualiza, inter alia, que “[e)l abogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia”. (Énfasis suplido.) íd.

El referido canon establece que los abogados deben eludir aquellas situaciones que puedan aparentar una conducta profesional impropia. Respecto a este particular, en In re Morell, Alcover, 158 D.P.R. 791, 811 (2003), resolvimos que un abogado tiene la obligación de evitar, tanto en la realidad como en la apariencia, la impresión de una conducta conflictiva y tiene el deber de lucir puro y libre de influencias extrañas a su gestión profesional. Por tal razón, cuando un abogado asume una representación simultánea de clientes o una representación sucesiva ad-versa que resulta en un real o potencial conflicto de inte-reses, incurre en una conducta que viola los Cánones 21 y 38 del Código de Etica Profesional, supra.

III

Contrario a la determinación de la Comisionada Especial, luego de analizar cuidadosamente el expediente de la presente querella, concluimos que el licenciado Báez Geno-val incurrió en una conducta violatoria de los Cánones 21 y 38 del Código de Etica Profesional, supra. Veamos.

Surge claramente de los hechos reseñados que el licen-ciado Báez Genoval incurrió en una representación simul-tánea adversa al comenzar a trabajar como Asesor Legal del Municipio mientras era abogado del señor Rivera Cruz en el pleito en el que éste figuraba como demandado y el Municipio como demandante. Aunque el abogado quere-llado presentó una moción de renuncia a la representación legal del señor Rivera Cruz el 30 de noviembre de 2000, no fue hasta el 17 de enero de 2001 que el Tribunal de Pri-mera Instancia la declaró “ha lugar”.

En el ínterin, el 9 de enero de 2001 el letrado comenzó a trabajar como Asesor Legal del Municipio. Evidentemente el licenciado Báez Genoval representó simultáneamente intereses encontrados. Ello es así, aunque tal situación haya perdurado solamente ocho días. Si el foro primario no hubiese aceptado la renuncia a la representación legal del señor Rivera Cruz o la hubiese declarado “ha lugar” más tarde, el abogado querellado habría tenido a su cargo dos representaciones simultáneas adversas.

Por su parte, la Comisionada Especial concluyó en su informe que el licenciado Báez Genoval no incurrió en una representación simultánea adversa, puesto que las repre-sentaciones de ambos clientes no resultaban conflictivas ni adversas, ya que había ocurrido un cambio de administra-ción en el Municipio, el cual establecería una nueva polí-tica pública que favorecía la posición de los demandados. No podemos endosar tal determinación.

El mero hecho de que la nueva administración del Mu-nicipio pretendía adoptar una nueva política pública que favorecía a los demandados no es excusa ni autorizaba al licenciado Báez Genoval a ser abogado de dos partes, que en ese momento todavía tenían intereses antagónicos. Por lo tanto, cabe concluir que el licenciado Báez Genoval violó los Cánones 21 y 38 del Código de Ética Profesional, supra.

En In re Vélez Barlucea, 152 D.P.R. 298 (2000), nos en-frentamos a una situación un tanto similar. En esa ocasión amonestamos al licenciado Vélez Barlucea, pues siendo Asesor Legal del municipio de Adjuntas, asesoró y ayudó en la redacción de la demanda incoada por una persona contra el municipio. Resolvimos, además, que los abogados tienen el deber de evitar conflictos de intereses potenciales. En este caso, el licenciado Báez Genoval tenía la obligación de evitar una situación que, a todas luces, evidenciaba un conflicto de intereses y una apariencia de conducta impropia.

Nos resta determinar entonces si el licenciado Báez Ge-noval incurrió en representación sucesiva adversa.

En su informe, la Comisionada Especial razonó que el letrado no incurrió en una representación sucesiva ad-versa, puesto que el licenciado Báez Genoval no llevó a cabo gestión alguna contra sus clientes y compareció sola-mente al tribunal, en representación del Municipio, para desistir sin perjuicio del pleito, lo que favorecía a quienes eran sus representados.

A diferencia del razonamiento expuesto por la Comisio-nada Especial, el Procurador General argüyó que el licen-ciado Báez Genoval incurrió en representación sucesiva adversa al comparecer al tribunal para presentar una mo-ción de desistimiento, ya que ello creaba un potencial con-flicto de intereses. Señaló, además, que el abogado quere-llado asesoró legalmente al municipio sobre la demanda contra sus anteriores clientes, pues éste facturó tres horas por el estudio y la preparación del referido caso.

Al examinar el expediente del caso de autos, nos perca-tamos que el 30 de marzo de 2001 el licenciado Báez Geno-val le envió al Municipio una factura por servicios profesio-nales prestados, en donde detalla que el 12 de marzo de 2001 facturó tres horas por el estudio y análisis del caso en el que representó inicialmente a la parte adversa. Tal si-tuación es insostenible e impermisible, pues creó un actual y real conflicto de intereses.

Aunque el licenciado Báez Genoval aduce en sus escri-tos que nunca asesoró al Municipio sobre dicho caso, no podemos ignorar el hecho de que él facturó tres horas por el estudio del caso. Ello necesariamente conlleva algún tipo de servicio profesional rendido al Municipio sobre la refe-rida causa de acción en donde sus anteriores clientes eran los codemandados. Además, no importa aquí que el abo-gado querellado haya o no asesorado al Municipio sobre el referido caso, dado que surgió un conflicto de intereses.

Finalmente, es menester señalar que la comparecencia del abogado querellado al tribunal para desistir sin peijui-cio del pleito creó una apariencia de conducta profesional impropia, puesto que se presentó ante el tribunal como abogado de la parte demandante para desistir del pelito contra quienes eran sus clientes. Dicho proceder viola el Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra.

IV

Tras concluir que el licenciado Báez Genoval incurrió en una conducta violatoria de los Cánones 21 y 38 del Código de Ética Profesional, supra, procede determinar la sanción disciplinaria a imponer. Antes de disciplinar a un abogado por las violaciones cometidas a nuestro ordenamiento deontológico, es preciso considerar los factores siguientes: la buena reputación del abogado en la comunidad, su historial previo, si ésta constituye su primera falta y ninguna parte ha resultado perjudicada, la aceptación de la falta y el sincero arrepentimiento, si se trata de una conducta aislada, el ánimo de lucro que medie en su actuación, el resarcimiento al cliente y cualesquiera otras conmiseraciones, ya bien atenuantes o agravantes, que medien de acuerdo con los hechos.

En vista de que el licenciado Báez Genoval goza de buena reputación en su comunidad, que es su primera falta, que sus clientes no presentaron queja alguna contra él y que ninguna de las partes resultó perjudicada por su actuación, limitamos la sanción a una censura severa, apercibiéndolo de que en el futuro deberá observar y cum-plir cabalmente las disposiciones del Código de Ética Profesional.

V

Por los fundamentos antes expuestos, censuramos seve-ramente al licenciado Báez Genoval. Apercibimos al quere-llado para que en el futuro ejerza mayor prudencia y rigu-rosidad al evaluar las situaciones que podrían generar intereses encontrados o crear una apariencia de impropiedad.

         En 1998 el municipio de Vieques presentó una demanda aduciendo que el predio de terreno donde residían los demandados era de su propiedad, mientras que los demandados aducían que habían vivido en dicho lugar por más de treinta años.

       Conviene indicar, además, que el licenciado Báez Genoval expuso en su con-testación a la queja que el Contralor, Hon. Manuel Díaz Saldaña, no tenía legitima-ción activa para presentar una queja en su contra. No obstante, éste desistió de dicho planteamiento a la luz de la jurisprudencia emitida por este Tribunal.

       La moción de renuncia de representación legal fue declarada “ha lugar” por el foro primario el 27 de mayo de 1999. Por ello, el licenciado Báez Genoval devolvió al señor Medina Rucci $200 que éste le había entregado como parte de sus honorarios. Es menester señalar que el licenciado Báez Genoval arguye, en su con-testación a la queja, que nunca obtuvo confidencias ni información privilegiada por parte del señor Medina Rucci.

       Informe de la Comisionada Especial, pág. 41.

        In re Ortiz Martínez, 161 D.P.R. 572, 579 (2004).

        In re Torres Viera, 170 D.P.R. 306 (2007).

        In re Carreras Rovira y Suárez Zayas, 115 D.P.R. 778, 789 (1984).

       Íd.; In re Concepción Suárez, 111 D.P.R. 486, 491 (1981).

        Liquilux Gas Corp. v. Berrios, Zaragoza, 138 D.P.R. 850, 859 (1995).

        In re Soto Cardona, 143 D.P.R. 50, 55-56 (2004).

       Véase In re Carreras Rovira y Suárez Zayas, supra, pág. 791.

        In re Ortiz Martínez, 161 D.P.R. 572 (2004). Véase, además, In re Carreras Rovira y Suárez Zayas, supra; Eliane Exp. Ltd. v. Maderas Alfa, Inc., 156 D.P.R. 532 (2000).

        In re Carreras Rovira y Suárez Zayas, supra. Véase, además, In re Valentín González, 115 D.P.R. 68 (1984).

        In re Carreras Rovira y Suárez Zayas, supra, pág. 785. Véanse, también: In re Guzmán, 80 D.P.R. 713, 723 (1958); Robles Sanabria, Ex parte, 133 D.P.R. 739, 745 (1993).

        In re Torres Viera, supra; In re Vélez Barlucea, 152 D.P.R. 298 (2000).

        In re De Léon Rodríguez, 173 D.P.R. 80 (2008).


text:
      In re Osvaldo Ortiz Medina, querellado.

      Número: CP-2007-15

      Resuelto: 17 de noviembre de 2008

      Wanda I. Simons García, procuradora general auxiliar, y Maite D. Oronoz Rodríguez, subprocuradora general; Carlos de Jesús Rivera Marrero, comisionado especial; Francisco J. Vilanova Montalvo, abogado del querellado; Osvaldo Ortiz Medina, pro se.
   per curiam:

Los esposos Luis A. Rodríguez Pérez y Zayra Morales Estrada presentaron ante la Oficina del Procura-dor General una queja contra el Ledo. Osvaldo Ortiz Medina, por éste haber autenticado sus firmas en un contrato de compraventa en violación del Art. 56 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. see. 2091. A raíz de dicha queja, el Procurador General nos remitió un Informe Preliminar con sus hallazgos sobre el proceder del licenciado Ortiz Medina. En atención al informe, ordenamos la presenta-ción de la querella de autos. Posteriormente, designamos al Ledo. Carlos de Jesús Rivera Marrero como Comisio-nado Especial, con la encomienda de recibir la prueba y someternos una recomendación al respecto.

Tras examinar su informe, así como los argumentos es-bozados por el licenciado Ortiz Medina en cuanto a la que-rella, lo censuramos enérgicamente por su inobservancia de las normas que gobiernan el ejercicio de la notaría en nues-tra jurisdicción.

I

Los hechos que narraremos surgen del Informe del Co-misionado Especial, así como de los documentos que obran en autos.

El licenciado Ortiz Medina fue admitido al ejercicio de la abogacía el 26 de junio de 1987 y prestó juramento como notario el 2 de octubre de ese mismo año. Precisamente, en el ejercicio de su función notarial, el 21 de marzo de 2003 éste legitimó mediante un testimonio de autenticidad las firmas de un contrato de compraventa suscrito por los es-posos Rodríguez-Morales y Monte Cario Development Corp.

En particular, el referido contrato tenía como objeto un lote que era parte de una finca propiedad de Monte Cario Development Corp., ubicada en el municipio de Cabo Rojo. Según los términos del convenio, dicha finca había sido dividida en unos diez solares que, al momento de su firma, aún estaban pendientes de segregación. En lo pertinente a la querella ante nuestra consideración, el contrato de com-praventa señalaba que los esposos Rodríguez-Morales pa-garon $25,000 a cambio del “Lote Núm. 7” de la finca alu-dida, con una cabida aproximada de 984.16m2. Sin embargo, la entrega de ese lote estaría sujeta a la aproba-ción de la segregación por parte de la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPe), así como a la instalación por Monte Cario Development Corp. de toda la infraestruc-tura relativa a los servicios de agua potable, electricidad y caminos de acceso.

En este sentido, Monte Cario Development Corp. tenía un año, a partir de la firma del contrato de compraventa, para cumplir con ambas condiciones. Si se obtenía la apro-bación de ARPe dentro de dicho término, Monte Cario Development Corp. otorgaría la escritura pública correspon-diente y entregaría el lote objeto del contrato. De no realizarse tal gestión en el término convenido, las partes podían prorrogarlo u optar por resolverlo, en cuyo caso Monte Carlo Development Corp. devolvería la totalidad del dinero recibido a cambio del mencionado lote.

Así las cosas, al concluir el plazo para segregar el lote en cuestión e instalar la infraestructura mencionada, Monte Cario Development Corp. aún no había cumplido con las condiciones antes reseñadas. Por ello, los esposos Rodrí-guez-Morales solicitaron la resolución del contrato y la de-volución del dinero que pagaron por el solar. Sin embargo, como inicialmente sus gestiones a esos efectos no dieron resultado, tras obtener asesoramiento sobre la validez de dicho contrato, éstos acudieron ante la Oficina del Procu-rador General y presentaron una queja contra el licenciado Ortiz Medina.

A petición del Procurador General, el licenciado Ortiz Medina contestó los señalamientos de los esposos Rodrí-guez-Morales y adujo que no participó en la redacción del contrato de compraventa referido ni intervino en la nego-ciación de las partes. Además, alegó que como no era oficial ni accionista de la corporación vendedora, entendía que no había incurrido en violación ética alguna. Del mismo modo, señaló que las partes tenían conocimiento pleno del nego-cio que llevarían a cabo y que aceptaron el contrato según éste fue redactado. Por último, expresó que estaba gestio-nando la devolución de los $25,000 que Monte Cario Development Corp. le había cobrado a los esposos Rodríguez-Morales.

El Procurador General nos presentó oportunamente un Informe Preliminar sobre el asunto y, tras concederle un término para ello, el licenciado Ortiz Medina se expresó. En su comparecencia aceptó haber autorizado un testimo-nio de autenticidad en el contrato de compraventa antes reseñado, pero reiteró que no había actuado indebida-mente. Además, reconoció que durante la firma del con-trato tanto él como las partes enfatizaron que el aspecto económico del negocio era atractivo y que, por ende, éste sería beneficioso para los esposos Rodríguez-Morales. No obstante, señaló que al tener conocimiento sobre el incum-plimiento de Monte Cario Development Corp. con las con-diciones estipuladas en el citado contrato, procedió a ges-tionar personalmente la devolución de los $25,000 cobrados por dicha empresa, así como el pago de $500 por los gastos en que incurrieron los esposos Rodríguez-Morales.

Tras considerar detenidamente el asunto, le ordenamos al Procurador General que presentara esta querella. En ella se le imputa al licenciado Ortiz Medina una violación al Canon 18 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, al autorizar un testimonio de autenticidad en un con-trato de compraventa en contravención del Art. 56 de la Ley Notarial de Puerto Rico, supra, así como de la Regla 68 del Reglamento Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. Ap. XXIV. En síntesis, ambas disposiciones prohíben que los notarios legitimen firmas en contratos como el de autos.

Por su parte, en su contestación a dicha querella, el li-cenciado Ortiz Medina argumenta que la controversia en torno al procedimiento disciplinario de autos se circuns-cribe a determinar si el contrato antes citado era real-mente una compraventa perfecta. En este sentido, Ortiz Medina señala que como el acuerdo estaba sujeto a una condición suspensiva —la segregación del lote y la instala-ción de la infraestructura correspondiente— en ausencia de su cumplimiento la compraventa carecía de eficacia. Por ello, aduce que su intervención en el contrato aludido no violentó el Art. 56 de la Ley Notarial de Puerto Rico, supra, pues mediante dicha transacción no se llegó a transmitir un derecho real sobre un bien inmueble.

Examinamos la presente querella en conformidad con las determinaciones de hecho del Comisionado Especial, en el ejercicio de nuestra inherente facultad disciplinaria.

II

A. Como se sabe, el Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, requiere que los abogados se abstengan de asumir la representación legal de cualquier cliente cuando sean conscientes de no poder realizar urna labor idó-nea y competente, o de no poder prepararse adecuadamente para defender las causas de éste sin aumentar irrazonable-mente sus gastos o los del sistema de justicia. Así pues, todo abogado debe defender los intereses de sus clientes con la mayor diligencia, demostrando en cada una de sus interven-ciones su más profundo saber y habilidad. En todo momento debe satisfacer —y esforzarse por exceder— aquella medida que la profesión jurídica estime como la más adecuada y responsable. La indiferencia, desidia, despreocupación, in-acción y displicencia no son las cualidades que deben encar-nar a un abogado admitido por este Tribunal a la práctica del Derecho. E.g. In re León Malavé, 172 D.P.R. 1036 (2008).

Ahora bien, el deber de competencia y diligencia que les impone el citado canon a los abogados toma un matiz distinto cuando éstos ejercen la función notarial. Como hemos aclarado en múltiples ocasiones, el abogado representa los intereses de su cliente; el notario, en cam-bio, no tiene cliente alguno. Más bien, el notario es el profesional del Derecho que ejerce una función pública, autorizado por la ley para dar fe y autenticidad a los negocios jurídicos y demás actos o hechos extrajudiciales que se realicen ante él. Art. 2 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. see. 2002. Véase, además, In re Raya, 117 D.P.R. 797, 802-803 (1986).

La responsabilidad del notario en cuanto a ese deber es aún mayor, pues en la función que desempeña, el valor de la voluntad informada de los comparecientes es, en definitiva, la base sobre la cual descansa la fe pública notarial. En la medida en que el notario no se oriente sobre las normas relativas al negocio que deseen realizar las partes contratantes, el consentimiento prestado por éstas será el fruto de la ignorancia o de la falta de claridad. Como consecuencia de ello, el documento público que autorice carecerá de eficacia jurídica alguna. Véase In re Meléndez Pérez, 104 D.P.R. 770, 775-776 (1976). En suma, un notario que desconoce las normas jurídicas relativas, no sólo al ejercicio de su profesión, sino a las relaciones y los intereses de los ciudadanos que recurren ante él, realmente vulnera la naturaleza misma del notariado en nuestra jurisdicción.

En esta ocasión, nos corresponde determinar si la actua-ción del licenciado Ortiz Medina al autorizar un testimonio de autenticidad al pie de un documento titulado “contrato de compraventa”, es ejemplo de la habilidad requerida a los notarios como profesionales del Derecho y custodios de la fe pública. Veamos.

B. El Art. 56 de la Ley Notarial de Puerto Rico, supra, autoriza que los notarios den testimonio, a petición de una parte interesada, de la autenticidad de un documento no matriz; es decir, de aquel documento que no forma parte del Protocolo de instrumentos públicos. Además de dar fe sobre la fecha en la cual se autorizó el referido testimonio, el notario puede dar fe de la legitimación de las firmas que aparezcan en el documento. De esta manera, se acredita que las personas firmantes lo suscribieron en presencia del notario y que, a su vez, éste las conoce personalmente o, en su defecto, las identificó mediante los medios supletorios que provee la ley. Véanse, además: Regla 67 del Reglamento Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. Ap. XXIV; S. Torres Peralta, El Derecho Notarial Puertorriqueño, San Juan, Publicaciones STP, 1995, pág. 15.11.

En Puerto Rico, la reglamentación del testimonio de autenticidad sustituyó en gran medida la anterior normativa sobre los llamados affidávit, provenientes del Derecho anglosajón. Los testimonios, arraigados en la tradición notarial latina, no son documentos notariales de segunda categoría, sino que poseen su propia importancia en el tráfico jurídico cotidiano según los efectos particulares que se les adscriban. Así, por ejemplo, el testimonio de legitimación de firmas tiene el efecto de disipar las dudas sobre la autenticidad de la firma de un documento determinado; o sea, si la firma es de la persona a quien se le atribuye. P. Avila Alvarez, Estudios de Derecho Notarial, 4ta ed., Madrid, Ed. Montecorvo, 1973, págs. 283 y 287-288.

Ahora bien, precisamente en función de esos efectos, el alcance de la facultad legitimadora del notario no se extiende a los negocios que, según el Art. 1232 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 3453, deben constar en un documento público. Entre ellos se encuentran, en particular, los actos y contratos que tengan por objeto la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles. 31 L.P.R.A. see. 3453(1). Así pues, en términos expresos, la Ley Notarial de Puerto Rico establece que no se podrá autorizar un testimonio de au-tenticidad en tales contratos.

En esencia, el fundamento para dicha prohibición ra-dica en que, de ordinario, el notario no asume la responsa-bilidad por el contenido de los documentos privados cuyas firmas legitime. Art. 56 de la Ley Notarial de Puerto Rico, supra. Cf. In re Colón Ramery, 138 D.P.R. 793, 799 (1995). Por tal razón, la autorización de un testimonio de autenticidad en los casos antes mencionados tendría el re-sultado de frustrar el objetivo del Código Civil al requerir, a instancias de cualquier parte contratante, la preparación de una escritura pública en tales circunstancias: garanti-zar que, al prestar su consentimiento a un contrato sobre bienes inmuebles, los otorgantes conozcan plenamente las consecuencias del negocio que pretenden llevar a cabo. Más aún, es sólo de esta manera que el contrato puede servir como título inscribible en el Registro de la Propiedad. Véanse: Arts. 38, 42 y 43 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. sees. 2201, 2205 y 2206.

En fin, no tendría sentido emplear la función notarial para darle autenticidad y eficacia a un mero documento privado cuando la tarea primordial del notario consiste en autorizar, como un instrumento público, el negocio plasmado en el documento. Es preciso advertir, además, que la referida prohibición también responde al hecho de que los negocios sobre bienes inmuebles están sujetos al pago de aranceles. Por ende, para evitar que el notario se convierta en cómplice de una posible evasión contributiva, la Ley Notarial de Puerto Rico establece que, si ha de intervenir en un contrato de tal naturaleza, sólo podrá hacerlo mediante la autorización de un documento público. Véanse, en general: 4 L.P.R.A. secs. 851-858; In re Feliciano, 115 D.P.R. 172 (1984); Lázaro v. Sucn. Toro Cabañas, 53 D.P.R. 201 (1938); E. Giménez Arnau, Derecho Notarial, Pamplona, Ed. Univ. de Navarra, 1976, págs. 801-806.

Por último, la Ley Notarial de Puerto Rico prohíbe específicamente que se autoricen testimonios de autenticidad en contratos con los cuales se pretenda adjudicar o vender, ya sea expresa o implícitamente, una participación concreta en un bien inmueble cuya segregación no haya sido aprobada con anterioridad por las agencias correspondientes. De hecho, aun en el caso de que la referida venta se haga mediante una escritura pública, el Art. 15(g) de la Ley Notarial de Puerto Rico exige que el notario advierta a los contratantes que, tras la celebración de dicha compraventa, éstos pasarán a formar parte de una comunidad de bienes como propietarios de una porción abstracta e indefinida del inmueble objeto del negocio. Además, debe advertirles que no podrán segregar, identificar, lotificar o marcar su participación sobre el bien sin obtener previamente la autorización de las agencias concernidas. 4 L.P.R.A. secs. 2033(g) y 2091. Véanse, además: In re Molina Fragosa, 166 D.P.R. 567 (2005); In re Aponte Berdecía, 161 D.P.R. 94 (2004).

l — l HH H-1

En este caso, a pesar de las prohibiciones antes reseña-das, el licenciado Ortiz Medina acepta que autorizó un tes-timonio de autenticidad al pie del “contrato de compraven-ta” que describimos anteriormente. No obstante, aduce que en virtud de lo resuelto en Meléndez v. Jiménez Realty, Inc., 98 D.P.R. 892 (1970), dicho contrato carecía de efica-cia, pues nunca se cumplió con la condición suspensiva de la cual dependía la entrega del lote que se le vendió a los esposos Rodríguez-Morales. Por eso señala que no pudo ha-ber violado las prohibiciones de la Ley Notarial de Puerto Rico, ya que nunca intervino realmente en un contrato de compraventa de un bien inmueble.

Ciertamente, en el citado caso Meléndez v. Jiménez Realty, Inc., supra, págs. 896-899, resolvimos que un con-trato en el cual se pactó la compraventa de unas parcelas de terreno pendientes de segregación, pero cuya eficacia se sujetó a la aprobación final de las agencias gubernamenta-les correspondientes, no era un pacto nulo ni contrario a la ley o al orden público. Sin embargo, nuestras expresiones en ese sentido nunca estuvieron dirigidas a validar la in-tervención notarial en ese tipo de contratos ni, mucho me-nos, a liberar al notario de su responsabilidad disciplinaria si se prueba que contravino las prohibiciones ya mencionadas.

Como ya hemos señalado, la Ley Notarial de Puerto Rico prohíbe expresamente que los notarios legitimen las firmas de los otorgantes de contratos como el presente. Aun si la intención de los esposos RodríguezMorales y Monte Carlo Development Corp. fue suscribir un contrato de compraventa, sujeto a la condición suspensiva de obtener la segregación del lote vendido, este acuerdo era una compraventa en todo el sentido de la palabra. Además, el hecho de que la compraventa dependiera de una condi-ción suspensiva no significa que la intervención del licen-ciado Ortiz Medina fuera correcta. Como se puede apreciar del texto claro del Art. 56 de la Ley Notarial de Puerto Rico, supra, las prohibiciones que éste contiene no distin-guen entre las compraventas perfectas y aquellas que, por unas circunstancias determinadas, no cobran vigencia hasta que llegue un plazo o se cumpla una condición en particular.

En el caso de autos, la cláusula tercera del contrato fir-mado por los esposos Rodríguez-Morales y Monte Cario Development Corp. no deja margen a dudas en cuanto al tipo de negocio realizado por ambos. En dicha cláusula se expresa claramente que las partes acordaron celebrar un contrato de compraventa sobre el “Lote Núm. 7” de la finca propiedad de Monte Carlo Development Corp. Además, se señala que los esposos Rodríguez-Morales entregaron, al momento de firmar el contrato, $25,000 como pago total por el referido solar. Sin embargo, como aún no se había obtenido la segregación del lote ni se había construido la infraestructura necesaria para su disfrute, el cumpli-miento de la prestación correspondiente a Monte Cario Development Corp. —la entrega del solar— se sujetó a la con-dición de que ARPe aprobara la segregación.

Aunque ciertamente ello afectó la exigibilidad de la obli-gación objeto del contrato, creemos que luego de obtenida la segregación no habría quedado nada más que negociar, pues ya las partes se habían puesto de acuerdo en cuanto al precio y a la cosa objeto del contrato. Véase Soto v. Rivera, 144 D.P.R. 500 (1997). Por consiguiente, no cabe duda de que el convenio aludido era realmente una compraventa y que, dado esto, la actuación del licenciado Ortiz Medina al legitimar las firmas estampadas en el convenio infringió la prohibición contenida en el Art. 56 de la Ley Notarial de Puerto Rico, supra. Su proceder constituye un claro ejem-plo de su falta de pericia en el ejercicio de la función notarial.

En atención a lo anterior, concluimos que el licenciado Ortiz Medina violó el Canon 18 del Código de Ética Profe-sional, supra. Dado que éste realizó varias gestiones diri-gidas a obtener el reembolso del dinero cobrado por Monte Cario Development Corp. a los esposos Rodríguez-Morales, y en vista de que es la primera vez que le imponemos san-ciones disciplinarias, lo censuramos enérgicamente por no observar las normas que gobiernan el ejercicio de la nota-ría en nuestra jurisdicción. Lo apercibimos, además, de que en el futuro deberá dar fiel cumplimiento a dichas nor-mas, pues de no hacerlo se enfrentaría a sanciones disci-plinarias más severas.

> I — I

Por los fundamentos antes expuestos, se censura enér-gicamente al licenciado Ortiz Medina por su desatención a las normas que regulan la notaría en esta jurisdicción y se le apercibe que en el futuro deberá dar fiel cumplimiento a dichas normas ya que, de no hacerlo, se enfrentaría a san-ciones disciplinarias más severas.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez concu-rrió con el resultado sin opinión escrita.

       En el contrato aludido, las partes también hicieron constar que la finca matriz de la cual se habría de segregar el “Lote Núm. 7” estaba afecta a una hipoteca de $15,000, la cual se cancelaría al momento de firmarse la escritura correspondiente. Por otra parte, los esposos Rodríguez-Morales se comprometieron a aceptar las condiciones restrictivas que se habrían de fijar en cuanto al uso del “Lote Núm. 7” como, por ejemplo, la prohibición de la instalación de verjas de tipo eslabonado.

       Ahora bien, si el notario es consciente de la nulidad o falsedad del docu-mento, podría enfrentar sanciones disciplinarias. Véanse, e.g.: In re Criado Vázquez, 155 D.P.R. 436 (2001); In re Caratini Alvarado, 153 D.P.R. 575 (2001).

       Aparte de las razones antes señaladas, esta prohibición surgió a raíz de la práctica de vender ‘lotes” o “solares” en fincas rústicas sin que las agencias urbanís-ticas —como la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPe) o la Junta de Planificación (JP)— aprobaran el desarrollo. A través de dicha modalidad, populari-zada en Puerto Rico durante los años setenta y ochenta, se inducía a los compradores a pensar que adquirían un título sobre un lote concreto, cuando en realidad lo que compraban era una participación en común pro indiviso de la finca matriz. Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 194 de 7 de agosto de 1998 (1998 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 806-808).
      En muchos casos, la compraventa se plasmaba en una escritura pública. En otros, sin embargo, ésta se realizaba a través de un documento privado con la legi-timación de las firmas mediante un testimonio de autenticidad. Cuando los compra-dores acudían al Registro de la Propiedad para inscribir su derecho, se topaban con la realidad de que su título no era inscribible, pues no se había obtenido la segrega-ción del lote en cuestión, o aun cuando se obtuviera posteriormente, no se había consignado la transacción en una escritura pública. Véase íd., págs. 807-808.