author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Josefa Candal de López y su esposo Ernesto López, demandantes y apelantes, v. Sociedad Española de Auxilio Mutuo y Beneficencia, demandada y apelada.
    No. 3971.

    Visto: Enero 20, 1927.

      Resuelto: Marzo 16, 1928.
    1. Patrono y Empleado — Eesponsabilidad por Da&os a Terceras Personas— Actos u Omisiones del Empleado — Eesponsabilidad del Patrono — Insti-tuciones Benéficas. — Los dueños y directores de un hospital privado, que ha sido organizado y funciona sin fin pecuniario alguno, no pueden razona-blemente hacerse responsables de los daños causados por la negligencia en el diagnóstico y tratamiento de un enfermo, por parte de un médico-cirujano que ha sido seleccionado después de haberse hecho una investigación dete-nida de su habilidad profesional, experiencia y reputación, y puesto en la dirección de tal institución.
    2. Patrono y Empleado — Responsabilidad por Daños a Terceras Personas— Actos u Omisiones del Empleado — Responsabilidad del Patrono — Insti-tuciones Benéficas. — El mero hecho de que en un solo caso a un paciente se le cobrara un precio módico por una habitación en un hospital benéfico ■ y un precio razonable por ciertas radiografías, no es suficiente para conver-tir a una institución benéfica en un establecimiento o empresa comercial.
    3. Apelación y Error — Revisión — Cuestiones Discrecionales — Condena en Costas — En General. — Aunque generalmente, en ausencia de un señala-miento de error no debe alterarse un pronunciamiento de costas, sin embargo cuando las circunstancias del caso son peculiares y excepcionales y la cues-tión principal envuelta era enteramente discutible, procede modificar la sen-tencia a ese respecto no permitiendo que subsista tal pronunciamiento.
    SENTENCIA de M. Rodrigues Berra, J. (San Juan, Segundo Distrito), declarando sin lugar la demanda, con costas.

      Modificada en el sentido de que lea sin especial condena de costas, y así modifi-cada, confirmada.

      R. Cuevas Zeqtieira, abogado de los apelantes; Leopoldo Feliú, abo-gado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Josefa Cancel de López y sn esposo Ernesto López en-tablaron pleito de daños y perjuicios que alegaron haberles sido ocasionados en virtud de diagnóstico y tratamiento erróneo y negligentes (malpractice) de una fractura intra-capsular del fémur, por un especialista en rayos N empleado por la demandada, y por el médico-cirujano a cargo del hospital de dicha demandada.

Los demandantes apelan de una sentencia declarando sin lugar la demanda, después de celebrarse un juicio so-bre los méritos del caso. El octavo señalamiento es que la corte inferior erró al desestimar la acción. En vista de que existen razones que hacen que la confirmación de la sentencia sea inevitable, otras cuestiones sometidas en el alegato de los apelantes no necesitan ser expuestas ni discutidas.

El párrafo inicial de la demanda contiene una ale-gación al efecto de que la demandada es una asociación or-ganizada con fines de beneficencia y de auxilio mutuo entre sus socios, de acuerdo con la Ley de Asociación de 1887, y que con tal carácter sostiene un sanatorio con departamen-tos de cirugía y radiografía conocido con el nombre de “Sanatorio del Auxilio Mutuo,” que además de prestar atención médica y quirúrgica a los socios, constituye una clínica general abierta al público, donde se diagnostican y tratan, mediante compensación pecuniaria, toda clase de do-lencias físicas.

La corte inferior declaró sin lugar una excepción previa de falta de becbos suficientes para determinar una causa de acción, y la misma cuestión fué levantada por el abo-gado de la apelada durante la vista del presente recurso de apelación.

La demandada en su contestación admitió los becbos ale-gados en los párrafos 1 y 2 de la demanda, y en adición a ellos, por vía de alegación afirmativa, indicó que en todo momento alegado en la demanda como posteriormente, tam-bién babía curado un número considerable de pacientes in-solventes, suministrándoles gratuitamente hospitalización, medicinas y los servicios profesionales de sus módicos y en-fermeras.

La demandada también presentó como prueba una copia certificada de los artículos 1 al 7, inclusive, de su Regla-mento radicado en la Secretaría Ejecutiva de Puerto Rico. Del primero de estos artículos aparece que los fines para los cuales se constituyó la Sociedad Española de Auxilio Mutuo y Beneficencia fueron:

“1. Fomentar la union entre los españoles y sus descendientes, sostener sus sentimientos religiosos, ejercer la caridad y mutuo au-xilio.
“2. Atender con especial esmero y paternal solicitud, en los ca-sos de enfermedad o desgracia que comprenda la índole de esta So-ciedad a sus asociados y españoles indigentes.
“3. Proporcionar con sus recursos a los asociados españoles, que carezcan de medios para hacerlo de su cuenta, la traslación a Es-paña, en aquellos casos de enfermedad que fuere necesario para su curación, de acuerdo con el dictamen médico.
“4. Rendir el último tributo a sus asociados en caso de falleci-miento, en el Establecimiento Sanitario de la Sociedad y al que fa-lleciendo fuera de aquél sea español pobre, dándoles a unos y a otros sepultura con la solemnidad y decoro debidos. Y,
“5. Auxiliar o socorrer por una sola vez con un donativo a las familias de los 'finados que se hallen verdaderamente necesitadas

El segundo de estos artículos dispone el establecimiento de un sanatorio y centro de consultas; el tercero especifica que el edificio destinado a la asistencia de los socios enfer-mos contendrá departamentos donde se prestará asistencia, a los españoles indigentes que en caso de enfermedad lo soliciten. El cuarto autoriza la admisión de pacientes pu-dientes sobre la base de una tarifa fija. El quinto deter-mina ciertos privilegios para los miembros de las tripula-ciones de los buques que se inscriban mientras estén en la bahía, bajo ciertas condiciones que igualmente están fijadas por la tarifa. Los artículos sexto y séptimo establecen las regias que gobiernan algunas de las materias que acabamos de enumerar. Las fuentes de ingreso, según el Reglamento lo indica, son: l9, cuotas de entrada y cuotas mensuales de los socios; 29, ingresos extraordinarios, en los que se in-tentó incluir, aparentemente, las sumas cobradas a los pa-cientes pudientes admitidos en el hospital y a los buques que hagan uso de los privilegios concedidos a su tripulación mientras estén surtos en puerto; y, 39, los donativos de' las personas que simpaticen con el movimiento.

La suma de $130 pagada a la demandada por Ernesto López por servicios prestados durante el tiempo que su es-posa Josefa Candal de López estuvo recluida en el hospital, según lo indica el recibo presentado como prueba por los demandantes, sólo cubre dos partidas, a saber:

15 estancias en el Sanatorio, a $6_ $90. 00
2 radiografías de la cadera_ 40.00
$Í3ÓjÓ0

Nada hay que demuestre la ubicación o naturaleza de la alcoba asignada a la esposa y ocupada por ella, o el costo o calidad de los alimentos consumidos por ella, o la clase de enfermeras que le fueron proporcionadas, si eran o no eficientes y hábiles. T mucho menos hay algo que demues-tre el valor real y verdadero de los alimentos o servicios úl-timamente mencionados. En ausencia de tal prueba, no te-nemos motivo alguno para asumir que pudiera haberse ob-tenido acomodo similar por un precio aproximadamente igual o parecido en cualquier hospital privado que funcione en la Isla de Puerto Rico con fines pecuniarios. Ernesto López no pudo recordar lo que había pagado a otros dos es-pecialistas en rayos X por radiografías posteriores de la cadera, pero creyó que había pagado a razón de $15 o $20 por cada una de tales radiografías. Los estados de cuenta o recibos por estos pagos posteriores que el testigo admi-tió estaban en su poder, nunca fueron presentados como prueba. En el momento del juicio, sólo presentó su cuenta uno de los tres médicos en ejercicio que practicaron un examen final e independiente de la paciente, unos once me-ses después de haber ella salido del hospital. El montante de esa cuenta era diez dólares.

Evidentemente, la cuenta del hospital no incluye cargo alguno, ya sea por el examen fluoroscópico hecho por el es-pecialista en rayos X en la tarde en que la paciente llegó •al Sanatorio, o por un examen completo de la enferma que se dijo habérsele hecho al día siguiente por el médico-ciru-jano correspondiente y por otro médico del hospital. La tarifa de precios contenida en el reglamento no fué pre-sentada en el juicio, y no hay prueba ora de la intención de cobrar por servicios médicos, diagnósticos o tratamientos en el presente caso, o de que existiera tal costumbre o prác-tica de parte de la demandada.

Como cuarta defensa, separada e independiente, la de-mandada alegó:

“Que es y era en las fechas a que se refiere la demanda enmen-dada, una asociación de auxilio y beneficencia mutuos, que no tenía ni tiene, ni ha tenido nunca por objeto o finalidad el lucro ni la ganancia, ni para sí, ni para sus asociados o miembros, sosteniéndose por la mutua cooperación económica de sus asociados; constituida y que funciona con arreglo a la ley que se cita en la demanda en-mendada. ’ ’

Como quinta defensa, separada e independiente, la de-mandada insistió en que la demanda enmendada no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción.

Como sexta defensa, separada e independiente, la de-mandada alegó:

“Que ninguno de los médicos que se mencionan en dicha de-manda enmendada, doctores Roldan y Soto Rivera, eran empleados de la demandada en las fechas a que se refiere la dicha demanda, y que los mismos desempeñaban sus funciones profesionales y téc-nicas en sus respectivos cargos, independientemente y sin interven-ción alguna de la demandada y sus directores.”

Los artículos 67 al 71, inclusive, del Reglamento de la demandada, leen como sigue:

“Artículo 67. — Los establecimientos de la Sociedad estarán dota-dos del personal facultativo que la Junta Directiva acuerde.
“Artículo 68. — Todos los empleados subalternos de los estableci-mientos de la Sociedad estarán bajo la inmediata dirección del Director facultativo del respectivo establecimiento. El Director facul-tativo dispondrá todo cuanto juzgue conveniente en el orden cientí-fico y administrativo del establecimiento a su cargo, dando cuenta al Presidente cuando los asuntos o modificaciones sean de notoria en-tidad a fin de que éste apruebe o resuelva lo que en su sentir juzgue necesario.
“Artículo 69. — El Director facultativo de cada uno de los esta-blecimientos de la Sociedad propondrá a la Junta Directiva el au-mento o disminución del personal necesario, según lo reclamen las circunstancias del buen servicio o economía: igualmente propondrá los ascensos, recompensas o suspensiones a que dichos empleados se hayan hecho acreedores en virtud de su comportamiento en el des-empeño de sus cometidos.
“Artículo 70. — Las solicitudes e instancias que los empleados su-balternos presenten,' deberán ser dirigidas por conducto del Director facultativo del establecimiento en que preste sus servicios al Presi-dente de la Comisión de Organización e Inspección quien resolverá por acuerdo de su comisión, si el objeto estuviere dentro de sus atri-buciones, y de no con su informe dará cuenta a la Junta Directiva para que acuerde lo que proceda.
“Artículo 71. — Cuando a juicio del Director facultativo de cual-quiera de los Establecimientos de la Sociedad, alguno de los enfer-mos a su cuidado, necesitare de operación quirúrgica o que su en fermedad le ofreciere dudas, llamará en consulta a los demás médi-cos de la Sociedad; si entre ellos existiere disparidad de pareceres o considerasen necesario el concurso de algún otro médico que no pertenezca a la Asociación llamará inmediatamente a su seno al Pre-sidente de la Sociedad, acordándose entonces lo que juzguen nece-sario. ’ ’

Otra alegación afirmativa contenida en la contestación era la siguiente:

“Que, conforme a sus propias reglas y práctica, ambos médicos mencionados fueron seleccionados y nombrados por la demandada para los cargos de Médico-Director y radiólogo respectivamente, (después de- haber investigado cuidadosamente su experiencia y ca-pacidad, y en vista de informes fidedignos confirmando éstas).”

Esta última proposición fue establecida por la prueba practicada durante el juicio, y permanece prácticamente in-controvertida y sin impugnar.

La ley bajo la cual se organizó la institución deman-dada ordena que las siguientes estarán sujetas a sus dispo-siciones :

“. . . .las asociaciones para fines religiosos, políticos, científicos, artísticos, benéficos y de recreo, o cualesquiera otros lícitos que no tengan por único y exclusivo objeto el lucro o la ganancia.”

Dispone además que:

“Se regirán también por esta ley los gremios, las sociedades de-socorros mutuos, de previsión ...”

El artículo 2 de la misma ley excluye de sus preceptos las sociedades que no siendo de las antes enumeradas, se constituyan con fines meramente civiles o comerciales, caso en el cual se regirán por el derecho civil o mercantil, según sea el caso. Alcubilla, 1887, página 320.

El Código Civil anterior, el Código Civil Eevisado de 1902 y la “Ley para la formación de asociaciones que no tengan por objeto un beneficio pecuniario,” aprobada el 9, de marzo de 1911, (Compilación de los Estatutos Revisados pág. 114), reconocen no solamente la existencia legal de las organizaciones sancionadas por la ley de 1887, si que tam-bién la diferencia esencial y la distinción necesaria que hay que hacer entre los fines y miras de tales organizaciones y los fines y empeños de otras entidades corporativas creadas y que funcionan entera y principalmente como empresas co-merciales.

El artículo 291 de nuestro Código Político, (Tit. IX, Rentas, Capítulo I, Tasación de Propiedad), lee en parte como sigue:

“Estarán exentas de tributación para la imposición de contribu-ciones las propiedades siguientes:
“ (e) Todo edificio utilizado y destinado exclusivamente para el culto religioso, incluyendo escaños, asientos y muebles dentro del mismo; todo edificio- utilizado para centro de educación, literario,' científico o caritativo, con los muebles, enseres y aparatos pertene-cientes al mismo; y toda superficie de terreno, cuya extensión no exceda de cinco cuerdas, en el cual dicho edificio o edificios esté o estén construidos; siempre que tales terrenos y edificios no sean arrendados o utilizados de otra manera con el fin de que produzcan un beneficio pecuniario, ya al arrendador, ya al arrendatario.”

En el caso de Vélez v. Llavina, 18 D.P.R. 656, se indicó que las doctrinas y jurisprudencia americanas respecto a . negligencia y actos torticeros serían adoptadas y seguidas en esta jurisdicción únicamente en tanto en cuanto tales doctrinas y jurisprudencia “se basen en los mismos precep-tos de nuestro Código Civil o se deriven de principios gene-rales de derecho que no lo contradigan.” Yéase también el caso de Congco v. Manila Railroad Co., 38 Jurisprudencia Filipina, 816. En el caso de Vélez v. Llavina, supra, se re-solvió por el voto de la mayoría del tribunal, según estaba entonces constituido (citando del sumario), que:

“La responsabilidad por actos u omisiones de otra persona sólo es exigible cuando la excepción a la regla general de que solamente responda una persona por los actos u omisiones propios, ha sido cla-ramente consignada en la ley, porque revistiendo esa responsabili-dad en cierto modo el carácter de pena, aunque civil, debe aplicarse el principio de que solamente puede una persona ser castigada, aun-que sea civilmente, cuando la ley claramente lo ha dispuesto.
“No hay precepto alguno en el artículo 1804 del Código Civil ni en los demás que tratan sobre esta materia, que haga responsable al dueño de un automóvil o vehículo que no esté destinado a una em-presa, de los actos negligentes del chauffeur del automóvil o conductor del vehículo.
“La redacción del artículo 1804 del Código Civil Revisado quita libertad a los tribunales de justicia para aplicar la responsabilidad a casos no comprendidos en dicho artículo, pues cuando una ley es-pecifica y concreta en cuáles casos debe aplicarse la responsabilidad, no puede extenderse dicha responsabilidad a otros casos distintos, no comprendidos en el citado artículo, de acuerdo con el principio jurídico: expressio unius est exclusio dlterius.
“No siendo responsable el dueño de un automóvil o vehículo particular dé los actos de culpa o negligencia de su empleado como chauffeur, si dicho automóvil no forma parte de una empresa, y no habiéndose probado en el caso de autos que el automóvil del deman-dado formara parte de una empresa, no tiene el demandante causa de acción contra el demandado por los perjuicios que sufriera por los actos negligentes del chauffeur del demandado.”

El apelante en este caso no pone en duda la corrección del precedente así establecido, y no es necesario discutirlo por ahora. La doctrina del caso de Veles, independiente-mente de lo que el juez que suscribe o cualesquiera otros pudieran pensar de ella, es la ley en esta jurisdicción.

En el caso de Alicea v. Aboy, 23 D.P.R. 108, se hizo re-ferencía a la doctrina de la opinión del caso de Vélez v. Llavina, y se volvió a exponer en la siguiente forma:

“Después de detenida consideración resolvimos en el caso de Vélez v. Llavina, 18 D.P.R. 657, que el dueño de un automóvil no es responsable de los actos de culpa o negligencia de su empleado como chauffeur, si dicho automóvil no forma parte de una empresa."

Véase además el caso de Truyol & Co. v. West India Oil Co., 26 D.P.R. 361, .en el cual el primer párrafo del suma-rio dice así:

“La jurisprudencia establecida por esta Corte Suprema en el caso Vélez v. Llavina, 18 D.P.R. 667, no es la de que sólo existe res-ponsabilidad para el dueño de un automóvil por los actos de su chuff eur cuando el automóvil forma parte de o constituye por sí sólo una empresa de transporte público. Si el automóvil se usa dentro de los negocios de- cualquier empresa y el chauffeur es un empleado de dicha empresa y causa el daño con ocasión del ejercicio de sus funciones, la empresa es responsable por los actos de su empleado, de acuerdo con dicha jurisprudencia y con los artículos 1803 y 1804 del Código Civil.”

En el caso de Alicea v. Aboy, supra esta corte también resolvió, disintiendo el juez que suscribe, que:

“El dueño de un automóvil o de otro vehículo no es responsable de los actos de culpa o negligencia de su empleado como chauffeur, si dicho automóvil no forma parte de una empresa, Vélez v. Llavina, 18 D.P.R. 656, aun cuando el dueño viaje en el automóvil o vehículo en el momento de ocurrir el acto negligente o culpable de su em-pleado, porque la ley no le ha impuesto esa obligación en las excep-ciones específicas establecidas a la regla general de que se es res-ponsable de los actos u omisiones propios.”

La palabra “empresa” (enterprise), según se usa co-rrientemente en el derecho español y según está definida por los diccionarios y enciclopedias españoles, generalmente significa una empresa o establecimiento comercial. Así, por ejemplo, en la Enciclopedia Jurídica Española por Francisco Seix, tomo XIII, página 533, bailamos la siguiente defini-ción:

"Empresa. En el sentido en que más frecuentemente emplean esta palabra las leyes y disposiciones civiles y administrativas, dice tanto como Sociedad mercantil o industrial constituida para em-prender o llevar a cabo obras materiales, negocios o proyectos de importancia; lo cual no significa que no pueda una empresa correr de cuenta de un solo individuo, quien aporta a ella su capital, su-friendo las pérdidas o recogiendo los beneficios de los negocios u operaciones, a que lo destina. En este último supuesto, suele, no obstante, substituirse la palabra empresa por la de empresario.
“El art. 1903 del Código Civil establece la responsabilidad sub-sidiaria de los directores de empresas por los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en que los tuvieran empleados, o con ocasión de sus funciones, si no prueban que pu-sieron toda la diligencia de un buen padre de familia en prevenir el daño ...”

Sin embargo, los apelantes citan del tomo 12 de Man-resa, página 648, la siguiente manifestación:

“El Tribunal Supremo lia declarado (sentencia de 6 de Die. de 1921) que es dependiente a los efectos del Art. 1903, el director de un periódico explotado por una sociedad, porque cualquiera que sea su jerarquía y aunque lleve la dirección de determinadas conviccio-nes políticas, no por eso deja de estar subordinado a la superior au-toridad de la empresa.”

Desde el punto de vista de los apelantes, eso es proba-blemente lo más que se aproxima al presente caso en los anales de la jurisprudencia española. También el extracto de Manresa señala el poder de un dominio directo e inme-diato que puede ser ejercido por los dueños de un periódico sobre el director del mismo en su capacidad de empleado subalterno, como el ratio decidendi de la decisión. La exis-tencia hipotética de tal superintendencia y dominio sobre un médico-cirujano en el diagnóstico y tratamiento de en-fermedades, al ser puesto a cargo de un hospital por el dueño del mismo, no siendo tal dueño un médico-cirujano, o por una junta de síndicos o directores compuesta de pro-fanos, difícilmente podría servir de base satisfactoria para responsabilidad civil, aun en ausencia de prueba en cuanto al carácter independiente del médico-cirujano así puesto en la dirección de tal institución.

Un periódico puede ser, y con frecuencia lo es, una em-presa infructuosa, si la miramos a través del lente finan-ciero. Puede sostenerse, aun a costa de una pérdida pecu-niaria, como un medio de anuncio, para fines políticos o de otra propaganda, o con fines puramente desinteresados y altruistas. Pero difícilmente puede considerársele como una institución benéfica. Es lógico asumir que la Corte Suprema de España nunca lia resuelto que una asociación benéfica, organizada de acuerdo con la ley de 1887, sea responsable de daños y perjuicios por lesiones personales o daños causados por la culpa o negligencia de empleados subalternos o de cualesquiera otros, bajo la teoría de que tal organización es una “empresa” dentro del significado del artículo 1903 del Código Civil español.

Es cierto, según se indicó en el caso de Morales v. Caraballo, 27 D.P.R. 591, que el artículo 17 de la ley para re-glamentar el uso de vehículos de motor, aprobada poco des-pués de la decisión de este' tribunal en el caso de Alicea v. Aboy, supra, hace responsable al dueño de cualquier ve-hículo de motor por los daños causados debido a la negli-gencia del conductor o chauffetir mientras tal dueño se en-cuentra en el vehículo. Pero esa disposición es en efecto una enmienda del artículo 1804 del Código Civil tal como fué interpretado por esta corte, y no altera o modifica en forma alguna la interpretación dada al artículo últimamente men-cionado en lo referente a la responsabilidad del dueño de un automóvil privado, cuando dicho dueño no se halla en el vehículo en el momento en que ocurre el accidente. No so-lamente por el contexto del artículo 1804 según ha sido in-terpretado por este tribunal, si que también por una rati-ficación legislativa tácita y por la aprobación de tal inter-pretación judicial, el dueño de un automóvil que no es usado como parte de una “empresa,” o en relación con la misma, está exento de toda responsabilidad civil por la “culpa” o negligencia de su chauffeur, a menos que tal dueño esté dentro del carro en el momento en que ocurre el accidente. Si no fuera por la reciente limitación legislativa sobre tal exención, el dueño de un automóvil privado que no es usado en relación con una “empresa” todavía estaría exento de toda responsabilidad legal, aun cuando estuviera sentado al lado de su chauffeur al tiempo de ocurrir un accidente de-bido a la culpa o negligencia de ese empleado, mientras éste actúe dentro de las atribuciones de su empleo.

De acuerdo con la ley según está abora en vigor, un hombre de negocios que pide por teléfono que le traigan su carro no sería responsable de daños y perjuicios ocasio-nados por la negligencia de su empleado, el conductor, mien-tras éste se dirige a la ciudad en cumplimiento de lo soli-citado en la llamada. Pero si el mismo carro, mientras no está siendo utilizado por el mismo dueño, se utiliza para efectuar entregas en conexión con el negocio del dueño, y ocurre un accidente debido a la negligencia del conductor mientras el vehículo está siendo así usado, entonces el dúeño es responsable. Si el dueño de una central azucarera en-vía su carro privado con su chauffeur acompañado de un inspector de caña en un viaje de inspección por las fincas de los colonos que sean partes en contratos de molienda o de refacción agrícola efectuados con dicho dueño, éste se-ría responsable de cualquier accidente que pudiera ocurrir como resultado de la negligencia de su chauffeur. Si ocu-rriere un accidente similar mientras el chauffeur del mismo carro se dirigiera a un teatro con el fin de poner el vehículo a disposición del dueño y su familia después de la función, de acuerdo con instrucciones recibidas del dueño, éste no sería responsable. La única base lógica para hacer tal dis-tinción debe hallarse en el hecho de que en todos los casos en que puede hacerse responsable al dueño, el automóvil en cuestión, en el momento del accidente, está obteniendo para el dueño un beneficio pecuniario sobre el dinero invertido en el vehículo y su costo de mantenimiento, incluyendo el sueldo del chauffeur, mientras que en todos aquellos casos en qne pnede considerarse que el dueño está exento de res-ponsabilidad, el carro es comprado y sostenido a un gasto considerable no con el fin de obtener un beneficio pecunia-rio sobre el dinero invertido en él, sino más bien para el solaz, comodidad, conveniencia, placer y regocijo de tal dueño.

No podría decirse, pues, que el dueño de un hospital be-néfico es responsable por la negligencia del conductor de una ambulancia mientras transporta pacientes insolventes a tal hospital o desde él, no obstante haberse ejercido el de-bido cuidado y precaución al seleccionar y emplear tal conductor, porque una institución benéfica es “un estableci-miento o empresa” dentro del significado del artículo 1804 del Código Civil. A fortiori los dueños y directores de un hospital privado, que ha sido organizado y que funciona sin fin pecuniario alguno, no pueden razonablemente hacerse responsables de los daños causados por la negligencia en el diagnóstico y tratamiento de un enfermo, por parte de un médico-cirujano que ha sido seleccionado después de ha-berse hecho una investigación detenida de su habilidad pro-fesional, experiencia y reputación, y puesto en la dirección de tal institución.

• La misma regla parecería ser aplicable tratándose de un especialista en rayos X seleccionado en forma similar y puesto en un cargo de responsabilidad y de confianza como un director más o menos independiente de determinado de-partamento científico.

En el caso de Vélez v. Llavina, supra, se resolvió, vol-viendo a copiar del sumario, que—

“Para que un automóvil pueda considerarse como dedicado a una empresa de automóviles es necesario que el dueño del automóvil lo dedique habitualmente al negocio de conducir pasajeros transpor-tando a cualquiera que le pague el precio correspondiente, y el hecho de que el dueño alquile el automóvil de su uso particular a determi-nados amigos y no a cualquier persona, no lleva como consecuencia que tuviera su automóvil dedicado a la empresa de conducción de pasajeros.”

Del mismo modo, el mero lieclio de que en un solo caso a un paciente se le cobrara un precio módico por una habi-tación . en un hospital benéfico y un precio razonable por ciertas radiografías, no es suficiente para convertir a una institución benéfica en un establecimiento o empresa comer-cial.

La sentencia de la corte inferior le concedió las costas a la demandada. El señalamiento de errores no impugna directamente este pronunciamiento, y, por lo regular, en ausencia de tal especificación, la cuestión no sería atendida en apelación. Sin embargo, en el presente caso las circunstancias son peculiares y excepcionales. Si no fuera porque la demandada no es una empresa responsable de acuerdo con la ley y la jurisprudencia tales como acaban de exponerse en esta opinión, con lo que resulta de los autos, hubiérase revocado la sentencia de la corte de distrito, y en su lugar, se hubiera dictado sentencia a favor de los demandantes, con o sin costas. Hasta ahora este tribunal ha resuelto que un error que no se señala ni se decide en la apelación de la sentencia original, no será considerado en la apelación de una orden aprobando un memorándum de costas. Aunque generalmente en ausencia de señalamiento de error no debe alterarse un pronunciamiento de costas, sin embargo, estamos convencidos de que sería una injusticia permitir que subsista tal pronunciamiento cuando la cuestión principal envuelta era enteramente discutible, de acuerdo con las condiciones expresadas en esta opinión. No puede surgir cuestión alguna en cuanto a nuestra autoridad para modificar la sentencia a este respecto.

Debe modificarse la sentencia apelada de conformidad, y, así modificada, se confirma.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor del Toro,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Sergio Dávila, acusado y apelante.
    No. 3380.

    Visto: Enero 25, 1928.

      Resuelto: Marzo 19, 1928.
    1. Derecho Penal — “Eormer Jeopardy” — Actuaciones Antes de que Surja el “Eormer Jeopardy” — Sobreseimiento o Archivo de la Acusación.— Cuando archivada una acusación por haber transcurrido más de sesenta días después del arresto del acusado, el fiscal, a virtud de nuevo estudio, somete la causa al gran jurado y éste trae una acusación fundada por seducción, tal sobreseimiento o archivo de la primera acusación no imposibilita la for-mación del segundo proceso por el mismo delito.
    2. Seducción — Responsabilidad Criminal — Instrucciones al Jurado — Casti-dad de la Ofendida. — Cuando no hay prueba que sostenga que la perjudi-cada realizara actos carnales repetidos eon el aeusado — no pudiéndose de-ducir éstos necesariamente del hecho de que ella quedara en cinta — , una corte propiamente rehúsa transmitir al jurado una instrucción al efecto de que tales actos repetidos pueden considerarse a los efectos de determinar el previo carácter casto de la ofendida.
    3. Derecho Penal — Juicio—Solicitud de Instrucciones — Solicitud de Ins-trucción Errónea. — Cuando la instrucción que el acusado pide que se tras-mita al jurado no contiene una justa y completa exposición del principio legal envuelto, no comete error la corte al negarse a trasmitirla.
    4. Derecho Penal — Asignación de Errores y Alegatos — De los Alegatos en General — Discusión de Errores — Omisión de Discutirlos y Efecto.— Cuando el apelante se queja de la negativa de la corte a trasmitir ciertas instrucciones, pero en su alegato no expone razón alguna para sostener su contención, y no Tesulta aparente que se haya cometido error alguno, la Corte Suprema no entrará a considerar las cuestiones suscitadas.
    SeNtbnoia de Pablo Berga, J. (San Juan), condenando al acusado por delito de seducción, con costas.

      Confirmada.

      B. Díaz Collazo, abogado del apelante; José E. Pignoras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Sergio Dávila fue acusado, juzgado y condenado como autor de un delito de seducción. No conforme, apeló. Su alegato no se ajusta a las reglas de este tribunal, pero de su lectura se desprende con toda claridad que se alega que fué errónea la resolución de la corte negando el sobresei-miento de la causa y que la corte erró también al negarse a trasmitir ciertas instrucciones al jurado.

Examinemos el primer error. Sostuvo el acusado que debió sobreseerse en el proceso porque el fiscal dejó transcurrir más de sesenta días después del arresto del acu-sado sin presentar la acusación. Contestó el fiscal que la causa se recibió en su oficina el 5 de mayo de 1925 con una fianza prestada por el acusado el 3 de marzo anterior y que el cinco de agosto siguiente fué archivada por haber trans-currido los sesenta días que marca la ley, cancelándose la fianza prestada por el acusado y quedando éste p'or consi-guiente en libertad; que a virtud de un nuevo estudio re-solvió someter la causa al gran jurado, expidiendo nueva orden de arresto el 28 de agosto de 1925, y que el l9 de sep-tiembre siguiente el gran jurado presentó su acusación fun-dada cuya lectura se señaló para unos días después.

La corte, a virtud de los hechos alegados declaró no ha-ber lugar a decretar el sobreseimiento.

El artículo 452 del Código de Enjuiciamiento Criminal dice: “Un auto para el sobreseimiento de una causa, se-gún lo prescrito en este capítulo, imposibilita la formación de otro proceso por el mismo delito, si éste es un misde■meanor (delito menos grave); -pero no así cuando el delito es un felony (delito muy grave).”

Bajo la autoridad de ese artículo y atendidas las cir-cunstancias concurrentes, no hay motivo para concluir que la corte errara al actuar como actuó. Basta una ligera lec-tura de la decisión de esta corte en el caso de Monserrate v. Corte de Distrito, 35 D.P.R. 367, que invoca en su favor el apelante, para concluir que no es aplicable. La cita de otro caso que hace el apelante está equivocada.

Veamos ahora lo ocurrido en relación con las instrucciones al jurado.

El acusado pidió a la corte que trasmitiera la siguiente instrucción:

“Que la promesa de matrimonio debe ser absoluta y no condicio-nada a la ocurrencia de otros acontecimientos distintos al contacto carnal, y que una promesa de matrimonio en caso de que la mujer quede embarazada, no es suficiente para declarar al acusado culpable del delito que se le imputa.”

La corte trasmitió la primera parte y negó la segunda y dijo, además, por su propio acuerdo, lo que sigue:

“La promesa se considera como el arte o la maña, que constituye la trama y el engaño, para persuadir suavemente al mal, o sea el acto carnal a que se entrega una mujer soltera y basta entonces re-putada por pura, sin pensar en las consecuencias y sólo sugestionada por el becbo creído de que habría de cumplírsele la promesa que se le empeñara.
“Para que pueda declararse culpable a un acusado del delito de seducción, debe establecerse de un modo afirmativo, que el acto carnal, se verificó sólo por consecuencia de la promesa de matrimonio, y que la mujer estaba reputada por pura, siendo soltera. La decla-ración de la mujer ofendida debe ser franca, firme y sincera, de tal modo que se vea en ella, como dije antes, a la víctima de un engaño. Sólo por la promesa de matrimonio debe entregarse la mujer. Si lo bace por la fuerza o la violencia, o por otras promesas o halagos, o para evitar futuros acontecimientos que no sea la promesa de ma-trimonio, entonces no existiría el delito de seducción. La promesa debe probarse basta el punto que el Jurado quede convencido de que la mujer, sin pensar en las consecuencias, y sólo sugestionada por el becbo firmemente creído de que habría de cumplírsele la promesa que se le empeñara, se entregó y tuvo contacto carnal con el acu-sado; y debe aparecer de la prueba, categóricamente, que la pro-mesa de matrimonio fué solamente la que obró en la voluntad de la mujer para decidirla a realizar el acto carnal.
“El acto carnal, por sí solo, no constituye el delito de seducción. Si la mujer se entrega al hombre para satisfacer un' deseo sexual y el comercio carnal se realiza por el anhelo mutuo de las partes, no existe el delito de seducción. En la seducción debe haber la pro-mesa de matrimonio.
* * * * * # *
“Como dije antes al Jurado, el testimonio de la mujer ofendida debe ser corroborado en cuanto a estos elementos esenciales: el acto carnal y la promesa de matrimonio. La corroboración del acto carnal puede consistir en un estado de embarazo como resultado de dicho acto y el nacimiento de un hijo, normalmente, a los nueve me-ses de su concepción.”

Al discutir en su alegato la cuestión, es confuso el ape-lante. Abarca los dos extremos. El segundo puede discu-tirse sobre la base de una negativa de la corte, mas no el primero que sólo puede serlo por insuficiencia de la prueba, ya que la corte trasmitió y extendió la instrucción.

La cuestión del embarazo tal como se presenta en la instrucción denegada, es claramente insostenible, en cual-quier sentido que se interprete.

Y yendo a la prueba, es cierto que el abogado del acu-sado, tras un largo, hábil y capcioso interrogatorio de la ofendida, logró que ésta le contestara que por supuesto ha-bía influido en su determinación de entregarse el haber sabido que su prometido tenía otra novia con la cual se decía que iba a casarse, pero es lo cierto también que de toda la declaración surge de modo claro y persistente que si se rindió, fué porque creyó que el acusado cumpliría la promesa que le hizo de casarse con ella.

Las instrucciones de la corte fueron completas, y era para el jurado el resolver sobre la suficiencia de la prueba. Lo hizo en contra del acusado y no vemos cómo puede anu-larse su veredicto sostenido como está por una interpreta-ción racional de la evidencia.

Otra instrucción negada fue:

“Que el hecho de haber tenido contacto carnal con el .acusado en distintas ocasiones luego de la alegada seducción puede ser conside-rado por el Jurado para determinar el concepto que la mujer deba tener en cuanto a su previo carácter casto.”

Como dice el Fiscal de esta corte, no hay un átomo de prueba que sostenga que la perjudicada realizó actos carna-les repetidos con el acusado. Se le preguntó sobre el ex-tremo a ella misma y lo negó enfáticamente. Del hecho de que la perjudicada quedara en cinta no puede necesaria-mente deducirse la existencia de actos carnales repetidos. Siendo ello así, la corte no estaba obligada a trasmitir la instrucción.

También se negó la corte a trasmitir la instrncción que signe :

“Que la presunción de inocencia del acusado se sobrepone a la presunción de castidad de la supuesta ofendida.”

Se invoca como autoridad para sostener que la negativa fué errónea, 35 Cyc. 1368.

Encontramos, en efecto, una cita en dicbo texto que dice:

“En otras jurisdicciones las cortes resuelven que es propio ins-truir al jurado para absolver, si tiene duda razonable en cuanto a si la perjudicada era casta, por la razón de doble aspecto de que es un requisito exigido por el estatuto de que se pruebe la misma, y la presunción de la inocencia del acusado se sobrepone a la presunción de castidad de la perjudicada.”

Basta comparar los términos en que quedó establecida la jurisprudencia con los de la propuesta instrucción, para concluir que ésta no debió trasmitirse al jurado porque no contenía una justa y completa exposición del principio.

Y ello resulta aún más claro después de examinar uno de los dos casos que cita Cyc. para sostener el texto. Es el de Powell v. State of Mississippi, reportado en 20 So. 4, y en él se decidió:

“En una acusación por el delito de seducción bubo prueba de que el acusado babía manifestado en una conversación que él había sos-pechado que la perjudicada se acostaba con otros hombres, y que él fué a la habitación de ella para ver si esperaba a alguien; que él se había convencido por la actitud de ella que ella estaba esperando, y él le dijo que ella estaba procediendo mal; que él había practi-cado una investigación para cerciorarse de si ella había conservado su castidad. Se resolvió que fué error instruir al jurado que po-día tomar en consideración las admisiones del acusado para corrobo-rar la declaración de la perjudicada, ya que tal instrucción llevaba a la mente del jurado la idea de que las manifestaciones del acusado equivalían a una confesión de culpabilidad, mientras que en reali-dad de verdad el acusado había alegado su inocencia.”

El otro caso citado, West v. State, 1 Wis. 209, no está en nuestra biblioteca.

Se queja por último el apelante de que la corte no trasmitió otra de las instrucciones que le pidió que trasmitiera, pero en su alegato no expone razón alguna para sostener su contención, motivo por el cual, no apareciendo que la actuación de la corte sea aparentemente errónea, no ha lugar a considerar la cuestión suscitada.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


text:
    Guillermina Alum Pérez, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Arecibo, recurrido.
    No. 699.

    Sometido: Enero 9, 1928.

      Resuelto: Marzo 20, 1928.
    1. Marido y Mujer — Bienes (de la Sociedad Legal) de Gananciales — Ca-rácter de los Bienes Adquiridos por los Cónyuges — Presunción y Peso de la Prueba. — La presunción que surge a favor de la sociedad legal de gananciales del hecho de adquirir durante el matrimonio puede ser rebatida mediante prueba de hechos inconsistentes con ella, recayendo el peso de la prueba sobre la parte que afirma que los bienes le corresponden privativa-mente.
    2. Marido y Mujer — Bienes (de la Sociedad Legal) de Gananciales — Ca-rácter de los Bienes Adquiridos por los Cónyuges — Presunción de Ga-nanciales — Destrucción (Rebuttal) de la Presunción. — Una escritura de traspaso directamente a favor de una esposa por dinero pagado por ella al vendedor en presencia del notario, junto con manifestaciones sobre la intención de la compradora y la forma en que obtuvo el dinero, suplemen-tados por hechos extrínsecos que ya constan del registro, son suficientes para destruir la presunción de gananciales respecto a los bienes adquiridos por compra durante el matrimonio, así como para establecer mi caso prima faoie de bien privativo de la esposa.
    Nota de William, J. Santos, R. (Arecibo), inscribiendo contrato de compraventa con el defecto subsanable de no acreditarse que el dinero invertido en la compra fuera privativo de la adquirente.

      Revocada.

      Gustavo Zeno Sama, abogado del recurrente; el registrador recu-rrido no compareció.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El día 3 de noviembre de 1927 doña Guillermina Alum Pérez, señora casada, pagó $2,400 en efectivo ante nn nota-rio por nn condominio pro indiviso en cierta finca urbana.

En la escritura de enajenación la compradora expresa-mente manifiesta qne el dinero de la compra procedía de nna venta efectuada por ella en 23 de diciembre de 1925 de la participación hereditaria qne ella tenía en otra pro-piedad qne se identifica, haciéndose la descripción, mencio-nándose el nombre del notario ante quien se otorgó tal es-critura anterior de enajenación y haciéndose referencia a la página y al tomo del registro en qne tal documento consta inscrito. La compradora además manifiesta en la escritura que estos hechos son conocidos personalmente por los testi-gos comparecientes, y un certificado expedido por el regis-trador de la propiedad no deja lugar a dudas respecto a la enajenación anterior de la finca como bien privativo.

Doña Guillermina Alum Pérez apela de una resolución adversa del registrador por haberse dejado de demostrar suficientemente que el dinero primeramente mencionado sea privativo de ella.

En el presente caso la suma de $2,400 era aproximada-mente la tercera parte del producido de la venta anterior. La escritura no contiene cláusula de habendum y no hay nada que indique una limitación expresa del traspaso. Sin embargo, considerado el documento en su totalidad, es ló-gico hacer la inferencia de que el vendedor tenía la inten-ción de enajenar una mitad pro indivisa de su interés en cierta finca a la compradora, como propiedad privativa de ésta. Además, la intención por parte de la compradora de adquirir el interés en cuestión con carácter privativo y ha-cer que así se inscribiera en el registro de la propiedad, se expone en términos que no dan lugar a dudas.

“La presunción que surge a favor de la comunidad del hecho de adquirir durante el matrimonio, es una parte esencial de la juris-prudencia del sistema de gananciales. A veces el estatuto la declara expresamente o toma la forma de una definición estatutoria de bie-nes gananciales, definición que, a no ser mejorada por interpreta-ción judicial, baria que la misma fuera concluyente, eonvirtiéndola en una regla de propiedad en vez de una mera presunción, y esto independientemente de si el dinero pagado pertenece a la sociedad de gananciales o a uno de los cónyuges privativamente. Pero en todas partes es una presunción prima facie y puede ser refutada mediante prueba de hechos inconsistentes con ella, recayendo el peso de la prueba sobre la parte que afirma que los bienes pertenecen privativamente a uno de los cónyuges.” 31 C. J. 50, párrafo 1142.
“Al hacer énfasis sobre la necesidad de destruir la presunción que surge en favor de la comunidad a fin de establecer el carácter privativo, las cortes, especialmente en los casos más antiguos, fre-cuentemente se han expresado en términos que indican que se re-quiere considerablemente más de la preponderancia de la prueba que generalmente es suficiente para establecer la afirmativa de una cues-tión en controversia.
“Pero en otros casos, especialmente los más recientes, el lenguaje usado, como por ejemplo, que- la prueba debe ser 'satisfactoria,’ u otras expresiones por el estilo, parece indicar que la controversia de si los bienes pertenecen privativamente a uno de los cónyuges o a la sociedad de gananciales se determinará en la misma forma que otras controversias mediante la preponderancia de la prueba, y así se ha resuelto expresamente.” Id. 52, párrafo 1144.

Los artículos 1314, 1316 y 1322 de nuestro Código Civil leen como sigue:

“Artículo 1314. Son bienes propios de cada uno de los cónyu-yes:
“1. Los que aporte al matrimonio como de su pertenencia.
“2. Los que adquiera durante él, por título lucrativo, sea por donación, legado, o herencia.
“3. Los adquiridos por derecho de retracto o por permuta con otros bienes, pertenecientes a uno solo de los cónyuges.
“4. Los comprados con dinero exclusivo de la mujer o del ma-rido. ’ ’
“Artículo 1316. Son bienes gananciales:
“1. Los adquiridos por título oneroso durante el matrimonio a costa del caudal común, bien se haga la adquisición para la comu-nidad, bien para uno solo de los esposos.
“2. Los obtenidos por la industria, sueldo o trabajo de los cón-yuges o de cualquiera de ellos.
“3. Los frutos, rentas o intereses percibidos o devengados du-rante el matrimonio, procedentes de los bienes comunes o de los pe-culiares de cada uno de los cónyuges.”
“Artículo 1322. Se reputan gananciales 'todos los bienes del matrimonio, mientras no se pruebe que pertenecen privativamente al marido o a la mujer.”

Según se indica en el caso de Vázquez v. P. R. Ry. L. & P. Co., 35 D.P.R. 62, la definición de nuestro código, dis-tinta a casi todas las de otras jurisdicciones, no reputa como gananciales todas las adquisiciones hechas durante el matrimonio “que no sean las específicamente designadas como bienes privativos.” Véase además el extracto del tomo 9 de Manresa, 578 a 580, citado con aprobación en el caso de Vázquez. También es evidente que la presunción que surge a favor de la comunidad de bienes del hecho de adquirirse bienes durante el matrimonio en esta jurisdic-ción, no toma la forma de una disposición estatutoria “que. a no ser mejorada por interpretación judicial, haría que la misma fuera, concluyente, convirtiéndola en una regla de propiedad en vez de una mera presunción, y esto indepen-dientemente de si el dinero pagado pertenece a la sociedad de gananciales o a uno de los cónyuges privativamente.”

El caso de Usera v. El Registrador de Sam Juan, 31 D.P.R. 89, es autoridad para la proposición, citando del suma-rio, de que:

“Es inscribible como bien privativo de la esposa una hipoteca constituida a favor de ésta, cuando del registro resulta comprobada, la alegación que a tal fin hace la esposa en la escritura de hipoteca respecto a que el importe del préstamo procede del producto de las ventas de las distintas segregaciones que se han hecho de sus fincas inscritas como bienes privativos.”

Véase además el caso de Sociedad Protectora de Niños v. El Registrador de San Juan, 29 D.P.R. 974, citado con aprobación en el de Usera.

Por tanto, en el presente caso la escritura de traspasa directamente a favor de la esposa por dinero pagado por ella al vendedor en presencia del notario, junto con las ma-infestaciones sobre la intención de la compradora y la forma en ■ que se obtuvo, el dinero, snplementados por los beelios extrínsecos arriba mencionados, que ya constaban en el re-gistro, son suficientes para destruir la presunción estatuto-ria existente a favor de la sociedad de gananciales respecto a los bienes adquiridos por compra durante el matrimonio, así como para establecer mi caso prima facie de bien pri-vativo de la esposa.

Debe revocarse la nota recurrida.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Carlos Osorio, acusado y apelante.
    No. 3434.

    Visto: Marzo 16, 1928.

      Resuelto: Marzo 21, 1928.
    1. Homicidio — “Indictment” y Acusación — Intención para Cometer Homi-cidio. — Una acusación que dice que el acusado ilegal y voluntariamente aco-metió y agredió con un revólver a un ser humano, y le infirió varias heri-das que le produjeron la muerte, realizando todo ello con ocasión de una súbita pendencia o arrebato de cólera, suficientemente alega la intención del acusado para cometer el delito de homicidio.
    2. Derecho Penal — Apelación y Error t Certiorari — Bevisión — Personas Impedidas de Alegar Error — Admisión de Pruebas. — Objetada por el acu-sado en un caso de homicidio la anunciada presentación de prueba por parte del fiscal tendente a demostrar la existencia de un asesinato, y no impug-nada cuando en efecto fué presentada, no puede sostenerse luego en apela-ción que se cometiera error perjudicial por la corte al permitirla.
    3. Derecho Penal — Juicio—Instrucciones—Instrucción Sobre Defensa Pro-pia — Su Suficiencia. — Examinada la instrucción sobre defensa propia tras-mitida por la corte al jurado a*la luz de lo dispuesto en los artículos 209 y 210 del Código Penal, se resolvió que era suficiente. ■
    4. Derecho Penal — Apelación y Error y Certiorari — Bevisión—Errores sin Importancia — Instrucciones—Instrucciones Belativas a las Pruebas —Besumen de las Pruebas. — Cuando la corte no hace un resumen completo de la prueba, en ausencia de excepción o insinuación alguna para que lo hiciera o de una demostración de que la prueba era larga y confusa o de que el juicio hubiera durado varias sesiones y por sus circunstancias de-mandara el resumen, el error cometido no es perjudicial.
    SENTENCIA de Domingo Sepulveda, J. ('San Juan), condenando al acusado por delito de Homicidio Voluntario.

      Confirmada.

      José S. Alegría, José de J. Tizol j B. Rivera Zagas, abogados del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Carlos Osorio fné acusado a virtud de información del Oran Jurado como autor de un delito de homicidio volunta-rio, así:

"El referido Carlos Osorio, el día 10 de abril A. D., 1924, y en la parte sur de San Juan, P. R., ilegal y voluntariamente y en oca-sión de una súbita pendencia o arrebato de cólera, acometió y agre-dió con un revólver, que es un arma mortífera, a Miguel Angel Rivera, quien era un ser humano, haciéndole varios disparos, e infi-riéndole varias heridas que le produjeron la muerte a las pocas .horas.”

Hizo la alegación de no culpable. Fué la causa a juicio. Actuó un Pequeño Jurado. Se practicó la prueba, las par-tes informaron, la corte dió las necesarias instrucciones y el jurado rindió un veredicto de culpable. La corte dictó luego sentencia condenando al acusado a cuatro años de presidio con trabajos forzados. No conforme el acusado, apeló, señalando en su alegato la comisión de cinco errores.

Sostiene en el primero que la acusación es fatalmente defectuosa porque no alega la intención del acusado para cometer el delito de homicidio.

El artículo 203 del Código Penal dice:

"Art. 203. Homicidio es dar muerte ilegal a un ser humano sin que medie malicia. Es de dos clases:
"1. Voluntario: cuando ocurre con ocasión de una súbita pen-dencia o arrebato de cólera.
"2. Involuntario: cuando ocurre al realizarse un acto ilegal, que no constituyere delito grave (felony); o al realizarse un acto legal que pudiere ocasionar muerte en forma ilegal, o sin la debida pru-dencia o circunspección.”

T parte de la jurisprudencia resumida por Baling Case Law, es como sigue:

"Si el dar muerte a un ser humano no constituye el delito de asesinato en primer grado ni en segundo grado, y sin embargo no es • excusable en derecho por haberse cometido en defensa propia del victimario, se desprende generalmente que el delito debe ser homi-cidio. Homicidio es dar muerte a nn ser humano sin que medie malicia; es un delito distinto, no es un grado del delito de asesi-pato. La distinción existente entre asesinato en primer grado y ase-sinato en segundo grado descansa en el grado de malicia con que el acto homicida fue cometido — ya sea expresa o implícita, premedi-tada o no premeditada; y la distinción existente entre asesinato en segundo grado y homicidio es el elemento de malicia que forma parte constitutiva del primero pero que falta en absoluto en el se-gundo. El Juez Presidente Sr. Shaw, en un caso que es au-toridad en la materia, dijo lo siguiente: ‘Homicidio es dar muerte ilegal a un semejante, sin que medie malicia, y puede ser volunta-rio, como cuando el acto es cometido con el designio real y con el fin de matar, pero con ocasión de un arrebato de cólera, causado por una gran provocación, que por lo sensible de la naturaleza humana la ley considera suficiente para mitigar el delito; o involuntario cuando la muerte de un semejante es causada por algún acto ilegal, no acompañado de la intención de arrebatar la vida a tal semejante.” 13 R.C.L. 783.

Si se compara la ley y la jurisprudencia aplicables con los 'hechos consignados en la acusación y se tiene en cuenta lo dispuesto en el artículo 12 del Código Penal, a saber: “La intención se manifiesta por las circunstancias relacio-nadas con el delito,” se concluirá sin esfuerzo alguno que la acusación es suficiente.

'En la acusación se dice que Osorio ilegal y voluntaria-mente acometió y agredió con un revólver a Rivera y le in-firió varias heridas que le produjeron la muerte, realizando todo ello con ocasión de una súbita pendencia o arrebato de cólera.

Al exponer en su artículo 559 el Código Penal el signi-ficado de las palabras usadas en el mismo, refiriéndose a voluntariamente dice que “aplicada a la intención con que se ejecute un acto, o se incurre en una omisión, implica simplemente el propósito o voluntad de cometer el acto, o de incurrir en la omisión a que se refiere.” Y así del acto realizado voluntariamente por el acusado en este caso surge la intención a que se refiere el Juez Presidente Sr. Shaw, que no llega a ser maliciosa, según la acusación, porque se manifestó a virtud de la violencia y de la perturbación mental producidas por la súbita pendencia, o el arrebato de cólera.

El segundo error se refiere al cometido a juicio del apelante por la corte al permitir que se presentara prueba correspondiente a un asesinato cuando la acusación era por homicidio.

Según los autos, ocurrió lo que sigue:

“Abogado: Voy a plantear una cuestión de derecho antes de seguir adelante y voy a pedir que se retire el jurado. Juez: Que se retire el jurado bajo la custodia del marshal y se hace al jurado la advertencia de ley; la que hizo la corte al conceder el receso, se repite ahora con todas sus palabras, se reproduce ahora como si se hiciera de nuevo. Abogado: La cuestión que respetuosamente deseo plantear es la siguiente: Dentro de nuestro procedimiento, el acto del Fiscal presentar su caso al jurado significa la condensación o la expresión más o menos condensada, puede ser extensa, de los hechos o de la prueba en la cual va a basar su acusación. Sostenemos que el Fiscal no puede sostener en un juicio de esta índole, en cual-quier juicio, una acusación con evidencia que no esté de acuerdo con la acusación formulada. Si lo que el Fiscal ha expresado es lo que va a probar entonces la defensa está en un caso de inde-fensión absoluta, porque no estamos preparados para defendernos del delito que el Fiscal trata de probar sino de la siguiente acu-sación: (En este momento el abogado dió lectura a la acusación). Es decir, no estamos preparados para defendernos de una prueba a virtud de la cual el acusado compró un revólver en tal sitio, que acechó en tal o cual otro sitio a otro y sin que medien palabras, sin que haya discusión ni arrebato de cólera ni súbita pendencia disparó su revólver contra otro. Si se nos formula ahora una acusación como ésa entonces nosotros necesitamos tiempo para prepararnos.— Fiscal. Señor Juez: Este es un caso en que el Fiscal entendió siem-pre que se trataba no de un Homicidio Voluntario sino de asesinato. El Fiscal jamás pensó que un Gran Jurado, haciendo mal uso de sus facultades, rebajara el delito de Asesinato a Homicidio Voluntario y presentó una acusación en esa forma. Si eso hizo el Gran Jurado tanto mejor para el acusado en el presente caso. La jurispruden-cia es unánime, es clara que un delito de Asesinato incluye el de Homicidio Voluntario. Si el Fiscal probara esos hechos, el Fiscal probaría algo más de lo que está obligado a probar, pero sin embargo es prueba pertinente. Si lo que la defensa entiende es que no se puede presentar prueba de premeditación, prueba, por ejemplo de la cuestión del revólver, que lo compró en Manatí, y circunscribir expresamente el caso a un Homicidio Voluntario, yo estaría conforme en que no se presentara prueba de premeditación siempre y cuando que se acepte, señor Juez, que el caso de aquí en adelante lo vamos a circunscribir a Homicidio Voluntario y no podamos presentar en manera alguna ninguna prueba sobre premeditación, ya en forma afirmativa por parte del Fiscal o ya en forma de defensa por parte de la defensa. Si en esa forma quiere el compañero plantear el debate, yo estoy conforme. — Juez: La corte en este momento hace cons-tar que en este caso, con cualquier prueba que se presente ante el Jurado, la corte instruirá al Jurado que no puede dar un veredicto más alto de Homicidio Voluntario, aun cuando se demuestre que ha habido Asesinato en primer grado. Lo otro es una cuestión de evi-dencia y a medida que vaya surgiendo la prueba irán surgiendo las cuestiones, y ya las resolverá la corte, de acuerdo con la ley.”

Para sostener su. contención cita el apelante el párrafo 167 del tomo 8 de la obra “California Jurisprudence,” que dice:

“Ha sido reconocida universalmente la regla de que un acusado en una causa criminal no puede ser juzgado por ningún otro delito del imputádole en la acusación o denuncia. No es admisible que El Pueblo pruebe que el acusado ha cometido otros delitos distintos, cuya prueba no tiende a probar algún hecho pertinente relacionado con el delito imputádole. Tal prueba es inadmisible, ya sea para probar la disposición por parte del acusado a cometer tales delitos como el imputádole, o para corroborar las declaraciones tendentes a probar el delito específico de que se le acusa. La mera proximidad de tiempo y lugar no hace que esta evidencia sea admisible. Por el mismo principio, no es permisible que el fiscal presente prueba impertinente no constitutiva de delito y cuyo fin meramente es de-gradar y perjudicar al acusado ante los ojos del jurado, o presentar prueba de la tendencia del acusado a cometer el delito de que se le acusa. No es permisible al fiscal probar que el acusado ha sido conocido con nombres supuestos, que se le ha acusado de la comisión de otros delitos, o que ha sido arrestado y encarcelado, a no ser que tal prueba sea pertinente al delito imputado. Tampoeo puede el fiscal probar que el acusado se preparaba para cometer otros de-litos después de haber cometido el delito imputádole, o que tenía en su poder venenos que no tienen relación alguna con el delito de que se le acusa, o que era culpable de conducta inmoral. No importa cuán depravado o vicioso pueda ser un acusado, tiene derecho a que se le juzgue solamente por el delito de que se le acusa.” 8 Cal. Jur. 58, 59.

La jurisprudencia citada no es aplicable, a nuestro jui-cio, a este caso. Se refiere a actos delictivos distintos. Aquí se trata de un solo acto, la muerte ilegal de una persona ocasionada por otra, que puede ser calificada según las circunstancias concurrentes, bien de asesinato, ya de bomicidio.

Si se estudia cuidadosamente la resolución de la corte, se verá que aunque algo dudosa termina dejando para luego la decisión definitiva de la cuestión suscitada. En su ale-gato el apelante llama la atención únicamente hacia la pá-gina 67 de la transcripción, y en efecto en dicha página co-mienza la declaración del testigo José Rivero que dice que Osorio le compró un revólver. Sin embargo, no consta ob-jeción alguna. Al contrario, aparece que una vez que de-claró el testigo el fiscal presentó como prueba el revólver y fue admitida sin objeción según se consigna expresamente.

Bajo esas circunstancias, no creemos que se cometiera error perjudicial alguno.

Creemos que la verdadera regla es que en un caso de ■ homicidio sólo debe presentarse prueba tendente a demos-trar la existencia del homicidio y no de un asesinato, pero pudiera suceder que la realidad de las cosas fuera que cons-tituyendo el hecho un asesinato se hubiera formulado acusa-ción por homicidio. Entonces, al hablar los testigos, a me-nos que se les impidiera producirse con verdad, tendrían que describir un asesinato. Sus declaraciones serían admi-sibles. Lo único que sucedería es que el veredicto o el fa-llo sólo podría ser de homicidio y no de asesinato..

Los errores tercero y cuarto se refieren a las ins-tracciones. Sostiene el apelante que no se instruyó debi-damente al jurado sobre la defensa propia y que no se cumplió con la ley haciendo un resumen de la prueba.

Las instrucciones sobre defensa propia fueron así:

“En este caso, la teoría de la defensa, ha sido la legítima de-fensa, la defensa propia; es decir qne el acusado, por medio de su abogado1 ante el Jurado alega que si el acusado mató con un revól-ver a Miguel Angel Rivera, fué en legítima defensa o sea en el ejer-cicio del derecho de la defensa propia. La ley sobre defensa pro-pia, la corte la va a dar a los señores del Jurado; dice así:
“La persona contra quien se intente algún daño, podrá oponer la necesaria resistencia para impedir una ofensa contra su persona o su familia o algún miembro de ésta. El derecho a la propia de-fensa en ningún caso se extiende a la inflicción de más daño que el necesario al objeto. Para justificar un homicidio en que se alegue la propia defensa, es necesario no sólo creer, sino tener motivos fun-dados para creer que al matar al agresor se hallaba el acusado en inminente o inmediato peligro de muerte o de grave daño personal. Las circunstancias deberán ser de tal naturaleza que lleven al ánimo de una persona de moderada prudencia el convencimiento de que el acusado se hallaba en peligro de muerte o de grave daño personal. Fundado temor no significa el temor de un cobarde sino el temor de una persona de moderado valor; no el hombre que le tiene miedo a su propia sombra, sino el hombre que razonadamente ve una justa demostración o agresión y tiene motivos fundados para creer que puede peligrar su vida o que está en peligro de grave daño corporal.”

Examinadas esas instrucciones a la luz de lo dispuesto en los artículos 209 y 210 del Código Penal, nos parece su-ficientes.

Es cierto que la corte no cumplió en todo sino en parte con lo dispuesto en el artículo 233, inciso 89 del Código de Enjuiciamiento Criminal enmendado en 1911, al no hacer un resumen completo de la prueba practicada, limitándose a decir que la prueba estaba fresca en la memoria de los jurados y tenía tal o cual tendencia, pero, a nuestro juicio, en ausencia de excepción o insinuación alguna a la corte para que hiciera el resumen, o de una demostración de que se trataba de una prueba larga y confusa o de un .juicio que hubiera durado varias sesiones y por sus cir-cunstancias demandara el resumen, el error cometido no es perjudicial.

El último de los errores señalados se refiere a la nega-tiva de una moción de nuevo juicio. Dicha moción se basó ■en la alegación de los dos primeros errores que hemos visto que no existen.

Bebe confirmarse la sentencia recurrida.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Fabriciano Vélez Posada, acusado y apelante.
    No. 3265.

    Visto: Marzo 6, 1928.

      Resuelto: Marzo 21, 1928.
    1. Abuso de Confianza — Del “Indictment”, Acusación Piscal o Denuncia— Relación de Carácter Fiduciario — En General. — Cuando por los términos én qiié está redactada la denuncia existe la relación fiduciaria entre el per-judicado — afin cuando no sea el denunciante — y el acusado, tal denuncia es, en cnanto a ese extremo, suficiente para imputar el delito 'de abuso de con-fianza.
    2. Abuso de Confianza — Defensas—Apropiación Abierta con Título. — Cuando el aensado justifica mediante prueba haberse apropiado del objeto u objetos de que se le acusa, abiertamente, en virtud de título aducido de buena fe, no cabe condenársele por el delito de abuso de confianza.
    SENTENCIA de Domingo Sepulveda, J. (San Juan), condenando .al acusado por delito de abuso de confianza.
    Revocada, absolvién-dose al acusado.

      R. Sancho Bonet, abogado del apelante; José E. Eígtteras, abogado de El Pueblo, apelado. ■
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

A virtud de denuncia formulada por Rafael Ignacio Gó-mez, Fabriciano Vélez Posada fué acusado como autpr de un delito de abuso de confianza consistente en haberse apro-piado voluntaria y fraudulentamente un escritorio y una maquinilla de escribir, propiedad del Consulado de la Re-pública de Colombia en San Juan, cuyos bienes habían sido confiados a sn custodia cuando actuaba como cónsul de Colombia en Puerto Rico.

Alegó que la acusación no le imputaba un delito público y su alegación fué declarada sin lugar. Fue entonces su causa a juicio y practicada la prueba la corte lo declaró-culpable y lo condenó a pagar $25 de multa y en su defecto-un día de cárcel por cada dólar dejado de satisfacer. No conforme, apeló para ante este tribunal, señalando en su alegato dos errores.

Insiste por el primero en que la denuncia no imputa un delito público e invoca la siguiente jurisprudencia de esta corte:

“Para que exista el delito de abuso de confianza (embezzlement)' es necesario que se alegue en la denuncia la existencia de alguna re-lación de carácter fiduciario entre el acusado y el denunciante.” El Pueblo vs. Quevedo, 15 D.P.R. 73.

Según los términos en que está redactada la denuncia es claro que existe una relación fiduciaria entre el acusado y la República de Colombia, pero sostiene el apelante que no existiendo relación fiduciaria entre el acusado y el de-nunciante, no existe el delito.

No estamos conformes. La persona del denunciante es indiferente en esta clase de delitos. Lo importante es quo el liecbo imputado constituya el delito que se intenta per-seguir, y aquí claramente el liecbo imputado constituye un delito de abuso de confianza ya que los bienes de que frau-dulentamente se alega que se apropió el acusado, estaban-bajo su custodia como cónsul de su nación en Puerto Rico-

Es cierto que en el sílabo del caso de Quevedo, supra, que se invoca, se babla de relación fiduciaria entre el acu-sado y el denunciante, pero ello es un error, debido sin duda a que en dicbo caso el denunciante y el perjudicado-eran una misma persona. La jurisprudencia del caso, o me-jor dicbo de los casos de Quevedo, pues son dos, uno repor-tado a la página 73 y otro a la página 74 del tomo 15 de las-Decisiones de Puerto Pico, se basa en la establecida en el caso de El Pueblo v. García, 11 D.P.R. 355, qne a sn vez se fnndó en la sentada por la Corte Suprema de California en el caso de People v. Gorden, 133 Cal. 328, así: “Los elementos esenciales del delito de abuso de confianza son la relación fiduciaria que surge del acto de confiar una persona su propiedad a otra en depósito, y la fraudulenta apro-piación de la misma por la última.”

El segundo error se formula así:

“El tribunal inferior cometió error al declarar convicto al acu-sado de un delito de abuso de confianza, cuando éste alegó en su de-fensa y probó en el acto de la vista del juicio haberse apropiado los objetos mencionados en la acusación abiertamente- en virtud de tí-tulo aducido de buena fe, por haber adquirido los mismos con pro-pios peculios, lo cual demostró ante el tribunal.”

Se invoca el artículo 452 del Código Penal que dice:

“En los casos de acusación o denuncia por abuso de confianza, bastará como defensa justificar que la cosa fué apropiada abierta-mente, en virtud de título aducido de buena fe, aunque resultare éste insostenible. Pero esta disposición no excusará la retención ilegal de bienes de otra persona para balancear o satisfacer algún crédito en contra de la misma.”

Aunque la prueba documental no se ha archivado en de-bida forma, por haberse elevado sin la intervención del juez sentenciador, y no podrá, por tanto, ser considerada; sin embargo, la testifical es tan clara y completa que permite formar un juicio definitivo.

El acusado como se ha dicho, era el Cónsul de Colombia en Puerto Rico. El denunciante fué nombrado para susti-tuirlo. Se formuló un inventario por virtud del cual el primero entregaba al segundo las propiedades del Consu-lado. Como entre ellas no figuraba ningún escritorio ni máquina de escribir, inquirió el nuevo funcionario y el an-tiguo respondió que los que existían eran propiedad personal suya. Siguió investigando el nuevo cónsul y supo que el acusado en cierto anterior inventario había hecho figu-rar el escritorio y la maquinilla como de la propiedad del consulado, y surgió entonces el conflicto que dio por resul-tado la denuncia, el proceso y la sentencia condenatoria.

El propio denunciante en su declaración en el juicio re-conoce que el acusado se apropió del escritorio y la maqui-nilla abiertamente.

Dichos objetos según se demostró plenamente fueron com-prados por el acusado. El acusado no percibía sueldo al-guno como cónsul. Cobraba derechos. Esos derechos no le pertenecían en su totalidad. Una parte correspondía a la República de Colombia. Parece que el acusado no rindió ■cuentas y en cierta ocasión en que fué inspeccionada su ofi-cina por el Visitador de Cónsules, al preparar un inventa-rio incluyó el escritorio y la maquinilla cargando su precio a cuenta de los derechos correspondientes a su nación, y ello no le fué aceptado por el Visitador. Entonces, cuando llegó el momento definitivo de entregar al nuevo cónsul nom-brado, el acusado retuvo abiertamente, alegando que le per-tenecían por haberlos comprado con su dinero, el escritorio y la maquinilla.

Creemos que siendo esos los hechos, es de entera aplica-ción lo dispuesto en el artículo 452 del Código Penal.

No se trata aquí del alcance. No consta la totalidad de los hechos en relación con el mismo. La causa criminal iniciada solamente versa sobre la apropiación fraudulenta del escritorio y de la maquinilla. La contradicción que existía entre la actitud del acusado al preparar el antiguo inventario y el de la entrega final quedó explicada satisfac-toriamente. En ningún momento los bienes de que se trata llegaron a ser propiedad de la República de Colombia con-fiada a la custodia del acusado. El acusado intentó trasmi-tirlos, pero la trasmisión no fué aceptada, y así la respon-sabilidad del acusado para con su nación continuó íntegra respecto del alcance en general, si es que en realidad de verdad existía, pero no hay caso alguno contra él por vir-tud del escritorio y de la maquinilla.

Siendo esto así, tratándose de una causa criminal en la que es necesaria la prueba de la intención fraudulenta y no habiéndose demostrado la existencia de dicha intención, el acusado debió y debe ser absuelto.

Se revoca la sentencia recurrida y se absuelve ál acu-sado.


text:
    Esperanza Cruz Vélez, Salomón Costa, Alfredo Ramírez Rossell, Juan Angel Tió Malaret, Miguel A. García Méndez y Luis A. Fajardo, recurrentes, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    No. 709.

    Sometido: Marzo 1, 1928.

      Resuelto: Marzo 21, 1928.
    Arrendador y Arrendatario — Arrendamientos y Convenios en General — Re-quisitos y Validez — Inscripción—Arriendos por Término Mayor o Me-nor de Seis Años. — Cuando, arrendadas varias fincas por término de cinco años, en el contrato de arrendamiento no se pacta expresamente que dicho contrato se inscriba en el registro, pero las partes contratantes, luego, de común acuerdo, así lo piden, quedan cumplidas las exigencias del estatuto y dicho contrato es inscribible.
    Nota de Luis Capó Matres, R. (San Germán), denegando inscrip-ción de un contrato de arrendamiento.

      Revocada.

      Nazario & García Méndez, abogados de los recurrentes; el registra-dor recurrido compareció por escrito.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 28 de diciembre de 1927 comparecieron ante notario público, de una parte, Esperanza Cruz y su esposo Salo-món Costa, y de otra, Alfredo Ramírez, Luis A. Fajardo, Juan Angel Tió y Miguel A. García, y otorgaron una escri-tura por virtud de la cual la primera parte arrendó a la se-gunda varias fincas rústicas a razón de ocho mil dólares anuales. La duración del contrato se fijó en la escritura así:

“El término del arrendamiento será el de oinoo años que empe-zarán a contarse desde el día de boy, con el expreso convenio de que' los arrendatarios tendrán derecho a usar de una opción para la ex-tensión del término así estipulado por oinco años más a partir del vencimiento de los primeros cinco, siendo convenido que dicha con-cesión de prórroga forma parte del precio o consideración de este contrato."

El 18 de enero último el abogado Leo Irizarry se diri-gió por escrito al Registrador de la Propiedad de San Germán a nombre y en representación de ambas partes con-tratantes y le pidió la inscripción del documento, haciendo constar además la distribución del canon entre las diversas fincas arrendadas.

El 20 del propio mes de enero último, el registrador negó la inscripción

“por observarse que el término por el cual se constituye es sólo por cinco años, sin que las partes consientan expresamente en que el mismo se inscriba en el Registro, no reuniendo por lo tanto los re-quisitos indispensables para .ser inscribible, según lo dispuesto en el párrafo quinto del artículo 2 de la Ley Hipotecaria. ..."

También consignó el registrador en su nota la existen-cia de algunos defectos subsanables.

No conformes los interesados interpusieron el presente recurso gubernativo, limitando su impugnación a la negativa. Prescinden de los defectos subsanables apuntados.

Estudiado el caso debidamente, todos los jueces de la corte estamos conformes en que debe revocarse la nota re-currida porque si bien no se pactó expresamente en la pro-pia escritura que el contrato se inscribiera en el registro, al pedirlo luego ambas partes contratantes de común acuerdo por medio de su abogado, quedaron cumplidas las exigen-cias de la ley.

El Juez Asociado Sr. Hutchison y el que suscribe opi-nan además que la nota debería revocarse porque aunque en verdad el término del arrendamiento se fijó en cinco años, la condición de prórroga por otros cinco está de tal manera entrelazada con el pacto original, que bien puede considerarse que se trata de un contrato por diez y no por cinco años.

En tal virtud, por el primer fundamento, o sea por ha-ber solicitado la inscripción ambas partes de común acuerdo se revoca la nota recurrida y se ordena la inscripción soli-viada.


author: ISl Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelante, v. Ralph Swiggett, acusado y apelado.
    No. 3410.

    Visto: Diciembre 22, 1927.

      Resuelto: Marzo 21, 1928.
    'IíOtekía — Reglamentación y Prohibición — Planes Determinados Como Lote-rías — Clubs para Disponer de Artículos o Mercancías. — Un comerciante que organiza un club en que semanalmente se reparte por la suerte un traje entre los socios del mismo, comete el delito de lotería previsto y castigado en el artículo 291 del Código Penal, aunque los socios reciban siempre otro traje al final del período estipulado representativo del valor de sus cúotas y puedan retirarse cuando les plazca recibiendo el dinero que hubieren pa-gado hasta la fecha.
    Sentenoia de Pablo Berga, J. (San Juan), sobre excepción previa de falta de hechos ordenando el sobreseimiento y archivo de la acusación.

      Revocada, y devuelto el caso.

      -José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelante; R. Cuevas Ze-queira, abogado del apelado.
   ISl Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La acusación en este caso dice:

‘‘En la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, P. R. En el Nombre y por la Autoridad de El Pueblo de Puerto Rico, Estados Unidos de América, El Presidente de los Estados Unidos, S. S. El Pueblo de Puerto Rico, vs. Ralph Swiggett, por una in-fracción al artículo 291 del Código Penal (misdemeanor) cometido •de la manera siguiente:
"El referido acusado Ralph Swiggett, allá por el día 1ro. de oc-tubre de 1927, y en San Juan, P. R., que forma parte del distrito .judicial del mismo nombre, ilegal, voluntaria y maliciosamente, in-wentó, preparó, estableció y jugó una lotería por medio del siguiente plan1: el referido acusado Ralph Swiggett, en la fecha y sitio antes mencionado, estableció un llamado Club, compuesto de cincuenta personas, entre las cuales estaba y formaba parte del mismo el se-der Claudio Miranda, y 49 personas más desconocidas para el Fiscal que suscribe, las cuales habían pagado o prometido pagar al acu-sado Ralph Swiggett la suma de $2.50 semanales, durante quince semanas, por correr la aventura de obtener por suerte un traje de vestir, el cual había de ser adjudicado en un sorteo entre las cin-cuenta personas que componían dicho Club y que ya habían pagado o prometido pagar al acusado Ralph Swiggett, la referida suma de $2.50 semanales, por virtud de un acuerdo o inteligencia entre los. cincuenta miembros del Club y el acusado Ralph Swiggett de que dicho traje de vestir de un valo.r de treinta y siete dólares con cin-cuenta centavos, sería adjudicado y entregado por el acusado al miembro del Club que resultare favorecido por la suerte en un sor-teo que de acuerdo con el plan establecido y convenido de antemano por el acusado y los cincuenta miembros había de celebrarse cada sábado, y durante un período de quince semanas, y alega además-el Fiscal, que de acuerdo con dicho plan cada miembro del Club que no hubiere sido favorecido en alguno de los sorteos semanales celebrados, tendría derecho y obtendría del acusado un traje de vestir de un valor de treinta y siete dólares, con cincuenta centavos, por los treinta y siete dólares, cincuenta centavos, cantidad total pagada por él al final de las quince semanas cuando se daba por terminado el Club de acuerdo con el convenio existente entre el acu-sado y los cincuenta miembros del Club; era además parte del con-venio y del entendido entre el acusado y los miembros del Club, que la persona que resultase agraciada en cualquiera de los sorteos-verificados no tenía que continuar pagando su cuota semanal que-dando ipso-facto fuera del Club después de haber obtenido el traje de vestir objeto del plan y del sorteo; y alega además el Fiscal que de acuerdo con el plan establecido por el acusado y los distintos miembros del Club, cualquiera de éstos tenía derecho a retirarse en cualquier momento dpi Club, en cuyo caso tenía derecho a que le fueran devueltas por el acusado las distintas cantidades pagadas por él, de acuerdo con el plan establecido, y el acusado Ralph Swiggett, de acuerdo con dicho plan y el entendido entre él y los cincuenta miembros, practicó el sorteo de acuerdo con dicho plan el día 1ro. de octubre de 1927, habiendo sido favorecido por la suerte y obte-nido el traje de vestir objeto del sorteo el socio Claudio Miranda.
“Hecho contrario a la ley, para tal caso prevista y a la paz y dignidad de El Pueblo de Puerto Rico, (fdo.) M. Romani, Fiscal del Distrito.
“La acusación que antecede está basada en el testimonio de tes-tigos examinados bajo juramento ante mí, creyendo solemnemente-que existe justa causa para presentarla al tribunal, (fdo.) M. Ro-mani, Fiscal del Distrito.
“Jurada y firmada ante mí, boy 14 de octubre de 1927. (fdo.) Pedro C. Timotbee, por M. Aldea Bigles, Secretario, Corte Distrito.”

Leída el 24 de octubre de 1927, el acusado la exeepcionó y la corte declaró su excepción con lugar el 2 de noviembre siguiente, así:

“En otro caso, contra el mismo acusado Ealpb Swiggett, por lotería, resuelto el 21 de septiembre de 1927, esta corte tuvo opor-tunidad de estudiar la cuestión levantada por la excepción perentoria a la acusación, y en él dijimos:
“ ‘Sostiene el Fiscal, citando 13 R.C.L. 1226 y 38 C. J. 299, queen algunos estados de la Unión, entre ellos Nortb Carolina, Georgia, Michigan y Texas, planes, sistemas o clubs semejantes al estableci-miento en la estipulación de hechos, formados generalmente por sas-tres para la distribución de trajes por suerte, y que se conocen con el nombre de Tailors’ Suit Clubs, se ha resuelto que constituyen lo-tería. Y el acusado por su parte sostiene que el plan o sistema que se le atribuye para la distribución de trajes son meras transaccio-nes o contratos de compra-venta, con una contingencia que no cons-tituye la esencia del contrato, o sea la suerte, y si un simple incen-tivo para su mejor realización, a tenor de lo resuelto en el caso Ex-parte Shobert, 70 Cal. 632, y la interpretación dada por la Corte Suprema de Puerto Rico al Art. 291 del Código Penal en el caso de El Pueblo vs. Mariani, 15 D.P.R. 388, que declara que la lote-ría prohibida por el estatuto es la de billetes, o sea la que establece un plan para la distribución de premios por suerte.
“ ‘El Art. 291 del Código Penal de Puerto Rico tiene su origen en el Código Penal de California, sienlo el precepto nuestro una traducción literal del Art. 319 del mencionado Código Penal de California. No hemos encontrado en la jurisprudencia de dicho estado ningún caso que tenga analogía al presente. En el caso de Ex-parte Shobert, citado por el acusado,, se resolvió, siguiendo la teo-ría sostenida en Kohn vs. Koehler, 96 N. Y. 362, que no participa de la naturaleza de una lotería un plan para la venta o distribución de bonos que devenguen un tipo de interés, al tenedor de los cuales se concede un premio adicional que se determina periódicamente por la suerte a virtud de sorteos verificados con tal fin. Véase 16 Cal. Jr. 715-716.
“ ‘La contención del acusado, de que el juego de lotería prohi-bido en Puerto Rico por el estatuto es únicamente el que tiene re-2 lación con billetes, que es un plan para la distribución de premios por suerte, según se resolvió en el caso de Mariani et al., sería, a nuestro juicio, definitiva, si con posterioridad, al decidirse el caso de El Pueblo vs. Martínez, 23 D.P.R. 228, no se hubiera restrin-gido considerablemente aquella doctrina, haciendo también aplicable' el precepto al juego de pool. Y aunque la Legislatura de Puerto Rico ha permitido este juego dentro de los hipódromos de Puerto Rico (Ley No. 40, de 1927), y también ha permitido las rifas o lote-rías conocidas con el nombre de “picas” mediante extracción de bolos, en determinadas ocasiones o sea durante fiestas populares (Ley No. 25 de 1927), limitando así el alcance de la disposición penal que define y castiga la lotería, no nos sentimos inclinados a sostener que clubs similares al que se le atribuye al acusado, cuando al socio se le obliga a permanecer hasta la terminación del contrato, o sea que no puede retirarse sin perder el dinero invertido, no cons-tituya un juego de lotería dentro del artículo 291 del Código Penal. Véase State vs. Lipkin, 169 N. C. 625; 84 S. E. 340.’
“En la acusación del presente caso se alega que el traje de ves-tir que obtendría el acusado sería de un valor de $37.50, cantidad total pagada al final de las 15 semanas a razón de $2.50 semanales y que si resultare agraciado el socio en un sorteo no tendría que continuar pagando, pudiendo retirarse en cualquier momento con derecho a la devolución de las cantidades pagadas. Y estima la corte que en este plan no existe el elemento de pérdida esencial en el juego de lotería; y el mero hecho de que el traje que ha de co-rresponder a cada socio durante las 15 semanas se determine por la suerte a virtud de sorteos verificados semanalmente con tal fin, no convierte dicho plan en un juego de lotería dentro del'art. 291 del Código Penal.
“Se DECLARA CON lugar la excepción perentoria a la acusación enmendada de no aducir hechos suficientes para imputar un delito público, y se ordena el archivo y sobreseimiento de dicha acusación sin costas.”

Inmediatamente se dictó sentencia ordenando el archivo y sobreseimiento de la acusación, sin costas, y el fiscal del distrito interpuso contra ella el presente recurso de apela-ción.

Después de un estudio cuidadoso de la ley y de la juris-prudencia, encontramos que no puede llegarse a otra con-clusión que no sea a la de la revocación de la sentencia re-currida.

La ley aplicable es el artículo 291 del Código Penal que dice:

“Se entiende por lotería, para los efectos de este Código, cual-quier plan para la disposición o distribución de dinero o bienes por suerte, entre personas que bayan pagado o prometido pagar cual-quier precio o compensación por correr la aventura de obtener dichos objetos o parte de ellos, o cualquiera acción o interés en los mismos, en virtud de algún acuerdo, inteligencia, o esperanza de que habrán de distribuirse por suerte, llámese lotería, rifa, empresa •de regalos o por cualquier otro nombre.”

No puede ser más amplia. Sus elementos principales son la suerte, la consideración y el premio, y ellos existen en el hecho que se imputa al acusado. Como sostiene el fiscal en su alegato, la suerte se manifiesta en este caso en los sorteos semanales que lleva a efecto el acusado; la consideración se evidencia por los $2.50 que los miembros del club pagan al acusado por optar a la adjudicación del traje sorteado semanalmente, y el premio es el traje que se sortea.

La circunstancia de que no haya pérdida para los miem-bros del club que no obtengan el traje sorteado, ya que al final de las quince semanas cada .miembro recibirá un traje que aparentemente representa el valor de las cantidades págadas, no impide calificar el plan del acusado de lotería. Es una de tantas combinaciones que se han imaginado para eludir preceptos penales iguales o similares al nuestro vi-gentes en varios de los estados de la Unión.

Véase la siguiente jurisprudencia que tomamos del ale-gato del fiscal:

“Por abarcar los elementos esenciales de una lotería, dentro de la definición arriba expresada, se consideran como tales los llamados clubs en que los socios pagan cuotas periódicas y se hacen sorteos periódicos de determinado artículo o mercancía, aunque los socios desafortunados tengan derecho a recibir eventualmente el artículo, después de pagar una suma determinada, o retirarse y tomar mer-cancías a cambio de los plazos pagados, y aunque los socios victo-riosos no sean determinados por sorteo, y sí por el vendedor.” 38 C. J. 299, párrafo 22.
“Pueden hallarse varios casos de clubs de trajes formados por sastres para distribuir ropa por sorteo. El plan general que se sigue es muy similar en todos los casos, y se ha resuelto uniforme-mente que son loterías. En uno de estos clubs, por ejemplo, cada urlo de los socios pagaba al sastre un dólar semanalmente, y partici-paba en los sorteos semanales durante treinta semanas, recibiendo un traje el socio a quien correspondiera determinado número, quien dejaba entonces de ser socio del club, y teniendo derecho a un traje de treinta dólares el último socio que pagara su cuota durante treinta semanas, independientemente del sorteo. La corte resolvió que el hecho de que un socio que- no sea el agraciado en el sorteo de pre-mios pueda, al continuar pagando un dólar ' por semana durante treinta semanas, recibir entonces un traje independientemente del sorteo, no impide que la transacción sea una lotería. Además, el hecho de que cada uno de los socios de tal club tenga derecho a re-cibir un traje cuyo valor sea igual a la cantidal de dinero pagada, en cualquier momento en que desee retirarse, no impide que el club deje de ser una lotería, sino que ello equivale únicamente a un in-centivo adicional para prestarle ayuda al sistema de lotería, perma-neciendo aún en la transacción el elemento vicioso.” 17 ít.C.L. 1226-1227, párrafo 13.
“El hecho de que no haya boletos en blanco y de que el posee-dor de cualquier número o boleto obtenga algo de valor, no impide que la distribución de premios por sorteo sea una lotería.
“Nuestro estatuto no justifica que una corte decida que una. cosa no es una lotería sencillamente porque no pueda haber pérdida, cuando pueden haber grandes ganancias contingentes; o porque ca-rece de algunos de los elementos de una lotería según la definición particular de algún diccionario, cuando median todos los elementos y todas las tendencias perniciosas que el Estado trata de evitar.” Ballock v. State of Maryland, 8 L.R.A. 671.
“'Son loterías los clubs de trajes cuyos miembros pagan cuotas semanales y celebran sorteos de trajes semanalmente, recibiendo eventualmente un traje los socios desafortunados, después de pagar una suma estipulada, o pudiendo retirarse y tomar mercancías por las cuotas ya satisfechas.” 25 Oye 1639.
“El hecho de que un socio que no resulte agraciado en el sorteo-de premios pueda, al continuar pagando un dólar por semana.du-rante treinta semanas, percibir un traje independientemente del .sorteo, no impide que la transacción sea nna lotería.” De Florin vs. State, 121 Ga. 593, 49 S. E. 699.
“Se entiende. qne los estatutos abarcan todos aquellos métodos que participan de la naturaleza de loterías, en cualquier forma que se presenten, y las cortes no tolerarán que se baga uso de subterfu-gio alguno para continuar el mal. Se dijo que el becbo de que el socio tuviera opción de recibir mercancías por el valor de la can-tidad que babía satisfecho, sólo equivalía a un incentivo adicional para prestarle ayuda al sistema de lotería.” State v. Moren, 48 Minn. 555, 51 N. W. 618.

La circunstancia de que el miembro del club pueda reti-rarse cuando le plazca devolviéndosele el dinero que baya pagado, tampoco varía la naturaleza del plan, que sigue siendo una lotería.

Así puede entenderse resuelto por la Corte Suprema de Minnesota en el citado caso de State v. Moren, supra, ya que devolverlo en metálico o en mercancía es más o menos igual. El lenguaje de la corte es como sigue:

“No se bizo la compra con el objeto de obtener en mercancías -el equivalente del dinero pagado por el socio. El elemento vicioso permanece aún en la transacción. ... La venta de un boleto daba ni comprador la oportunidad de obtener algo cuyo valor era mayor que la cantidad por él pagada, y eso venía a ser un incentivo adi-cional para que se efectuara la compra.”

También son pertinentes las siguientes citas:

“El becbo de que cada socio tenga derecho a tomar en mercan-nías cualquier cantidad que haya pagado, en cualquier momento que desee retirarse del club, no impide que sea una lotería un club ■de trajes que es un medio según el cual un número de personas paga una cantidad semanal y se extrae todas las semanas un nú-mero cuyo poseedor tiene derecho a recibir un traje que vale mucho más que la suma pagada semanalmente, dejando entonces el socio .agraciado de ser miembro del club.
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“No puede negarse que el acusado trataba, y es de presumirse que así lo bizo, de aumentar su negocio por un medio o plan cuya característica, en lo que a obtener clientes se refería, era la opor-tunidad de obtener trajes por valor de $20 por una suma menor de esa cantidad. Con tal plan se intentó apelar, y se apeló,' a la propensión del hombre hacia el juego, y esto estaba comprendido dentro del mal que la legislación trataba de impedir, caía dentro de los términos del estatuto, y en nuestra opinión era una disposi-ción de la propiedad por medio de lotería.” People v. McPhee. 69 L.R.A. 505.
“Es culpable de hacer funcionar una lotería un sastre que or-ganiza y dirige un club de trajes cuyos socios pagan el precio de ún traje en plazos semanales, confeccionándose un traje semanal-mente para el socio del club agraciado en el sorteo efectuado bajo la inspección de todos los socios, teniendo cada miembro derecho a tomar en mercancías la cantidad satisfecha, y pudiendo los miem-bros agraciados retirarse del club al recibir sus trajes.
“De acuerdo con esta prueba estamos enteramente convencidos, y así lo resolvemos, de que ambos apelantes son culpables de hacer funcionar una lotería, dentro del propósito de la ley de este estado, y que claramente han violado tanto la letra como el espíritu de la. ley prohibiendo loterías.” Grant v. State of Texas, 54 Tex. Crim. Rep. 403, 112 S. W. 1069.

Los esfuerzos que hace en su alegato el ilustrado repre-sentante del acusado, no puede obscurecer los términos am-plios y claros de la ley y la opinión de las cortes al inter-pretar esa ley en repetidos casos y bajo la influencia de múltiples circunstancias.

No se trata de un delito creado por interpretación. Fuá la legislatura la que actuó. El estatuto no deja lugar a dudas de ningún género.

Tampoco puede influir las leyes que rigieron y las cos-tumbres que pudieran existir antiguamente en esta Isla. El Código Penal de 1902 es un cuerpo completo, que obedece a un plan uniforme, y dentro de él se encuentra el artículo 291 que dejamos transcrito.

La jurisprudencia de California no resuelve el caso con-creto que está sometido a nuestra consideración. La misma corte sentenciadora qúe la aplicó, dice en su opinión: “No hemos encontrado en la jurisprudencia de dicho estado nin-gún caso que tenga analogía al presente.”

Lo que indujo a error a la corte sentenciadora fue su idea de que como no existía en el plan del acusado el ele-mento de pérdida, tampoco existía el delito. Aparte de que es muy aventurado afirmar si existe o no en estos casos el elemento de pérdida, ya que debemos suponer que cuando un comerciante además de los trajes que vende por el lla-mado justo valor, sortea otro, es porque puede hacerlo no ya sin pérdida, sino con ganancia, es lo cierto que lo que se requiere es, como dijimos al principio, la existencia de estos tres elementos: suerte, consideración y premio, para que el delito exista.

Debe, en tal virtud, revocarse, la sentencia apelada y de-volverse la causa a la Corte de Distrito de su origen para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.