author: El Juez Presidente Señor, del Toro,

text:
    Ana María Sugar Co., Inc., demandante y apelante, v. Antonio Santos, demandado, y South Porto Rico Sugar Co. of Porto Rico, interventora y apelada.
    No. 6546.

    Sometido: Abril 3, 1934.

      Resuelto: Febrero 12, 1935.

      J. Alemañy Sosa, abogado de la apelante; Miguel A. García Mén-dez, abogado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor, del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La “Ana María Sugar Co. Inc.,” nna corporación cons-tituida con arreglo a las leyes de Puerto Rico, interpuso en la Corte de Distrito de Mayagüez una demanda contra Antonio Santos en solicitud de que se declarara rescindido el contrato de arrendamiento de dos fincas rústicas existente entre la demandante y el demandado, condenándose a éste a pagarle $1,859.94 por concepto de cánones vencidos y no satisfechos, con más los intereses de mora correspondientes y .las costas. Emplazado el demandado, no contestó, anotán-dose su rebeldía el 7 de marzo de 1932.

Así las cosas, el 15 del propio mes de marzo, la “South Porto Rico Sugar Co. of Porto Rico,” alegando que se ha-bían embargado las cañas de las fincas arrendadas para el pago de los cánones reclamados por la demandante y que ella era dueña de un crédito refaccionario preferente, solicitó intervenir en el pleito, y resuelta favorablemente su solicitad, quedó radicada su demanda de intervención el 28 de marzo de 1932.

Al día siguiente ambas partes, la demandante y la inter-ventora, sometieron su pleito a la decisión de la corte por medio de una estipulación que en lo pertinente dice:

“I. Que las partes comparecientes están conformes y de acuerdo en cuanto a las materias de lecho que más adelante se expondrán y difieren solamente en cuanto al efecto de dichos hechos sobre las pre-tensiones de las partes de cobrarse cada una con preferencia a la otra de los frutos que existen en las 'fincas que se describen en la demanda en este caso, el crédito que por cánones de arrendamiento de dichas fincas tiene la demandante Ana María Sugar Co., Inc. y el crédito refaccionario que sobre dichos frutos tiene la interventora, South Porto Rico Sugar Company of Porto Rico.
“II. Que para dirimir dicha diferencia de criterio sobre la pre-ferencia del crédito de cada una de las partes comparecientes, éstas han acordado someter las cuestiones de derecho a la resolución de esta Hon. Corte, mediante audiencia de las partes comparecientes en la fecha que la Corte acuerde designar, de acuerdo con las partes.
“III. Que las cuestiones de hecho envueltas en este caso, y en las cuales las partes comparecientes están conformes, son las siguien-tes :
“1. Que por escritura otorgada en esta ciudad en 29 de abril de 1929, ante el Notario Ledo. J. Alemañy Sosa, con el número 13, por Ana María Sugar Co., Inc. y don Antonio Santos, que son la de-mandante y el demandado, respectivamente, en esta acción, Ana María Sugar Co., Inc. dió en arrendamiento a don Antonio Santos los bienes de su propiedad que se describen en el hecho 2 de la demanda, por un término de cinco años a contar desde el día 1o. de mayo de 1929 y por el precio de $1,200 anuales, .pagaderos por se-mestres vencidos.
“2. Que en dicha escritura de arrendamiento se convino quedas mejoras existentes en las fincas arrendadas al terminarse’el arrenda-miento quedarían a beneficio de la arrendadora, sin tener que pagar nada por ellas y como una parte de la consideración de dicho con-trato-.
“3.cQ¡ue desde el día 9 de julio de 1929 la interventora, South Porto Rico Sugar Company of Porto Rico, inscribió en el .Registro de Contratos Agrícolas del municipio de Mayagüez, en el Registro de la Propiedad de esta ciudad, un contrato de refacción agrícola y molienda de cañas, celebrado entre el demandado don Antonio Santos, como arrendatario, y la South. Porto Rico Sugar Company of Porto Rico, como acreedora refaccionaria, sobre las fincas que se describen con las letras A y B en el hecho 2o. de la demanda, com-prendiendo las zafras de 1931-1935, ambas inclusive; actuando el arrendatario, y en esta acción demandado, Señor Santos, en el otor-gamiento de dicho contrato como poseedor a título de arrendamiento de dichas fincas, que son de la propiedad de la demandante, Ana María Sugar Co., Inc. ......
“4. Que el día 18 de febrero de 1932 la demandante Ana María Sugar Co., Inc., notificó por escrito a la interventora, South Porto Rico Sugar Co. of Porto Rico, de que el arrendatario, don Antonio Santos, estaba adeudando los cánones de arrendamiento de las fin-cas .. . por carta ...” Se transcribe íntegra la carta. En parte dice:
“ ‘ . . . En su consecuencia y en representación de mi expresado cliente, me dirijo a Uds. requiriéndoles de pago de las sumas ante-riormente especificadas, adeudadas por el Sr. Santos por cánones de arrendamiento de dichas fincas y contribuciones vencidas y no satis-fechas, a los fines de la Ley sobre Molienda de Cañas y Refacción Agrícola, actualmente en vigor; previniéndoles que de no hacer Uds. efectiva dichas sumas a vuelta de correo, Ana María Sugar Co., Inc. procederá a establecer su reclamación en la Corte para cobrarse de los frutos existentes en dichas fincas los arrendamientos y las contri-buciones adeudadas por el Sr. Santos. . . . ’
‘‘5. Que el día 19 de febrero de 1932 la demandante, Ana María Sugar Co. Inc. radicó en esta Hon. Corte de Distrito una demanda de desahucio contra el aquí demandado, Don Antonio Santos, de las fincas que habían sido objeto del expresado arrendamiento, por falta de pago de los mismos cánones de arrendamiento que se le había no-tificado por Ana María Sugar Co., Inc. a South Porto Rico Sugar Company of Porto Rico que dicho arrendatario, don Antonio Santos, estaba adeudando; y el día 19 de febrero de 1932 la aquí demandante Ana María Sugar Co., Inc. radicó en este caso su demanda contra el demandado Antonio Santos, sobre rescisión del expresado contrato de arrendamiento y en cobro de dichos cánones de arren-damiento vencidos y no satisfechos.
”6. Que el día 19 de febrero de 1932, y en este mismo caso sobre rescisión de contrato y cobro de cánones de arrendamiento vencidos, la demandante, Ana María Sugar Co., Inc. solicitó y obtuvo de esta Hoh. Corte se decretara el embargo de bienes del demandado Antonio Santos, en aseguramiento de la efectividad de la sentencia que pudiera recaer en el mismo, en cantidad bastante a cubrir la suma de $1,859.94 de principal, por concepto de cánones de arrendamiento vencidos y no satisfechos y de contribuciones de las fincas arrenda-das por las tres últimas anualidades, y de un crédito adicional de $600.00 para intereses de mora, costas y honorarios de abogado; y que dicho embargo se llevó a efecto por el Marshal de esta Corte el día 19 de febrero de 1932, a indicación de la demandante, Ana María Sugar Co. Inc., sobre todas las cañas dulces de azúcar propias para ser cortadas y molidas durante la presente zafra de 1931-1932, y todas las cañas nuevas y retoños propios para ser cortados y mo-lidos durante la próxima zafra de 1932-1933, propiedad del deman-dado don Antonio Santos, y que se encontraban actualmente sem-brados y en cultivo en las fincas arrendadas descritas en la demanda; nombrándose por esta Hon. Corte Depositario de dichas cañas a don Félix Cesaní, quien tomó posesión de su cargo el día 19 de febrero de 1932.
“7. Que el día 27 de febrero de 1932 la interventora, South Porto Rico Sugar Company of Porto Rico, por conducto de su abogado, Ledo. Miguel A. García Méndez, contestó la carta que le dirigiera Ana María Sugar Co., Inc. en febrero 18, 1932, por conducto de su abogado, Ledo. J. Alemañy Sosa, en los términos que aparecen a continuación:-” Se transcribe íntegra la carta que en parte dice:
‘ ‘ ‘ . . . No dudo que te habrás dado cuenta perfecta de que South Porto Rico Sugar Co., en su carácter de acreedora refaccionaria no puede quedar perjudicada por la acción de cobro ni de desahucio que tú prosigas contra el señor Santos, porque, con relación a las cañas sembradas en la finca arrendada al último, el crédito moti-vado por el contrato agrícola que tiene South Porto Rico Sugar Co. debidamente inscrito en el Registro, goza de preferencia sobre el de las rentas de la finca de tu representada. Aún cuando ustedes to-masen posesión de la propiedad, Ana María Sugar Company Inc. debe cumplir el contrato de refacción inscrito en lo que a las cañas contratadas durante el término de dicho contrato respecta para abo-nar a las cantidades anticipadas por South Porto Rico Sugar Co. por tal concepto. Naturalmente que yo interpreté tu carta desde un principio más bien como una advertencia a South Porto Rico de la falta de pago del arrendatario, por si la primera hubiere decidido continuar con el arrendamiento, comprendiendo de antemano que tú aceptas ella no puede ser culpable de que tu representada no exi-giese al señor Santos alguna garantía para aseguramiento del pago de los cánones vencidos. . . . . . ’
“8. Que el día 7 de marzo de 1932 se celebró la vista del juicio de desahucio radicado por la demandante Ana María Sugar Co. Inc. contra el demandado Antonio Santos, de las expresadas fincas objeto del arrendamiento, por falta de pago de los cánones de arrenda-miento vencidos que se han expresado anteriormenté, y en la misma fecha esta Hon. Corte dictó sentencia declarando con lugar la de-manda y decretando el desahucio y lanzamiento del demandado de dichas fincas, y que inmediatamente después de dicha sentencia, y a virtud del desalojo y abandono voluntario por parte del demandado don Antonio Santos de las fincas objeto del desahucio, la demandante Ana María Sugar Co., Inc. tomó posesión material de las mismas y desde entonces se encuentra en posesión de ellas.
“9. Que el día 15 de marzo de 1932 la interventora, South Porto Rico Sugar Co. of Porto Rico, radicó en este caso una moción y una demanda de intervención, alegando en ésta que las cañas que se en-cuentran actualmente sembradas en las fincas descritas con las letras A y B en la demanda, tanto las que están propias para ser cortadas durante la presente zafra como las que corresponden a subsiguientes cosechas, fueron sembradas y cultivadas por el arrendatario de dichas fincas, don Antonio Santos, con dinero suministrado por la interven-tora, South Porto Rico Sugar Co. of Porto Rico, de acuerdo con las estipulaciones del contrato de refacción agrícola y molienda de ca-ñas existente entre dicho arrendatario, don Antonio Santos, y la in-terventora, South Porto Rico Sugar Co. of Porto Rico; y que del dinero anticipado por la interventora, South Porto Rico Sugar Co. of P. R., al expresado demandado, don Antonio Santos, con motivo de dicho contrato de refacción agrícola y molienda de cañas, el ex-presado demandado, don Antonio Santos, adeuda a la interventora, South Porto Rico Sugar Co. of P. R., la suma de $3,214.88, según liquidación practicada el 29 de febrero del cursante año de 1932, sin contar intereses; y que, en su consecuencia, las cañas compren-didas en el contrato inscrito a favor de la interventora y que están sembradas en las fincas arrendadas por el demandado a la deman-dante, son propiedad de la primera por virtud del referido contrató inscrito a favor de dicha interventora, y solicita se deje sin efecto el embargo trabado sobre dichos frutos por la demandante Ana María Sugar Co., Inc. y se anule el nombramiento de Depositario de los mismos y que se decrenten las órdenes y decretos que sean pro-cedentes para que la interventora no sea obstaculizada, ni sus agen-tes ni representantes, en el corte y verificaciones de las consiguientes 'labores en las referidas plantaciones, ni por la demandante ni por persona otra alguna.
“10. Que la demandante, Ana Maria Sugar Co., Inc., no tiene oposición a que se dé por radicada la demanda de intervención de la interventora, South Porto Rico Sugar Co. of P. R., sobre prela-ción de crédito; pero queda estipulado que las partes dan por ne-gadas y contestadas todas las alegaciones de dicha demanda que sean contrarias a la contención de la demandante intervenida por esta estipulación. ’ ’

Sobre el corte de la caña, se estipuló además lo que sigue:

“Mientras este asunto queda substanciado definitivamente, en cuanto a las cañas que existen en las fincas objeto del arrendamiento y que están propias para corte durante la presente zafra, las partes de mutuo acuerdo convienen que se proceda a su corte por el Depo-sitario nombrado por esta Hon. Corte, don Félix Cesaní, con inter-vención de la interventora, South Porto Rico Sugar Co. of Porto Rico, que será notificada de ello, y que dichas cañas sean molidas por dicho Depositario en la factoría azucarera de la South Porto Rico Sugar Co., mediante la estipulación de que el importe de las liquidaciones mensuales de dichas cañas, después de descontar los anticipos para corte y tiro de las mismas, será depositado en la Secretaría de esta Hon. Corte, por el expresado Depositario para que el importe total de las mismas sea adjudicado de acuerdo con las resultas de esta acción. ’ ’

Tomó la corte bajo su consideración el caso y lo resolvió en contra de la demandante por sentencia de octubre 9, 1933, que razonó, en parte, como sigue:

“La demandante sostiene que si bien el contrato de refacción agrícola y molienda de cañas es preferente, las secciones aplicables de la ley de 10 de marzo de 1910, tales como quedaron enmendadas en 1925, reconocen como único derecho del acreedor refaccionario, cuando el arrendatario haya faltado a sus obligaciones para con el dueño de las fincas, cumplir, al tener conocimiento de ello, tales obli-gaciones por cuenta del deudor, con cargo al crédito refaccionario para poder ejercer su derecho preferente. La interventora asevera en contrario que el derecho preferente que tiene sobre los frutos de las fincas a virtud del contrato verificado con el arrendatario de-mandado Antonio Santos, es válido y ejecutable contra la arrenda-dora Ana María Sugar Company, Inc., por mandato de la ley de marzo 10 de 1910, tal cual está en vigor, y de las disposiciones del Código Civil vigente en materia de clasificación y prelación de cré-ditos, y que el gravamen preferente sobre dichos frutos no queda destruido ni preterido, aún cuando se haya dictado sentencia a favor de la demandante por falta de pago de los cánones de arrendamiento, porque a su juicio el cambio de posesión constituiría simplemente un traspaso por operación de ley.
“Consideradas cuidadosamente las alegaciones todas y argumen-taciones de las partes en litigio, esta Corte es de opinión que debe resolver y Resuelve que, de acuerdo con la ley aplicable a esta ma-teria y en vigor hoy en Puerto Rico, el crédito de refacción agrícola y molienda de cañas debidamente inscrito en el Registro de la Pro-piedad a favor de la interventora South Porto Rico Sugar Company of Porto Rico es preferente a y tiene prelación en el cobro sobre el crédito por las rentas adeudadas a la demandante Ana María Sugar Company, Inc., en cuanto a los frutos de las fincas que fueron objeto de la refacción, y que en la cosecha de 1932, fueron recolectados por estipulación de las partes, depositándose su importe en la Secretaría de esta Corte, sujeto al resultado de esta acción por el depositario que por esta Corte fué nombrado a virtud de la estipulación de las partes a tal objeto.
“El artículo 1826 del Código Civil de Puerto Rico (Compilación de 1930) en lo pertinente reza como sigue:
“ ‘Los créditos que gozan de preferencia con relación a determi-nados bienes muebles, excluyen a todos los demás hasta donde al-cance el valor del mueble a que la preferencia se refiere.’
“ ‘Si concurren dos o más respecto a determinados muebles, se observarán en cuanto a la prelación para su pago, las reglas siguien-tes :
“ ‘3. Los créditos por anticipo de semillas, gastos de cultivo y recolección, serán preferidos a los alquileres y rentas sobre los frutos de la cosecha para que aquéllos sirvieron.’
“Como se ve, además de la preferencia en el orden de los cré-ditos que a la interventora conceden los artículos 1824 y anteriores del Código Civil, el de la interventora goza de prelación cuando con-curre el crédito de la arrendadora demandante en este caso a cobrar los alquileres y rentas sobre los frutos de la cosecha.
“También es de aplicación el artículo 1827 del mismo Código, porque a juicio de esta Corte, el valor a que la preferencia se re-fiere en el presente caso está informado por la suma de $476.33 de-positados en Corte, y el crédito de la interventora excluye a todos los demás en el cobro de dicha suma, por no sobrepasar éste el im-porte del crédito preferente adeudado, cuyo saldo insoluto asciende a $3,214.88, e intereses.
“La sección 4 de la ley de marzo 10 de 1910 sobre contratos de refacción agrícola y molienda de cañas, enmendada por la ley número 66 de agosto primero de 1925 (pág. 349) es clara. La inter-ventora no ha optado en este caso por continuar disfrutando de las subsiguientes cosechas de las fincas arrendadas, para obtener lo cual podría subrogarse en las obligaciones del deudor señor Santos para con la demandante Ana María Sugar Co., Inc., a tenor de lo que dispone el párrafo segundo de la sección tercera de la misma ley, sino que optó por pedir a la demandante que le permitiese recolectar y percibir los frutos pendientes de corte en la cosecha de 1932 y optó por sostener su derecho a ser resarcida en el valor de los fru-tos recolectados hasta donde alcanzase el montante del crédito adeu-dádole, con lo cual, de hecho, sólo cobró una suma menor de una octava parte de lo adeudado a dicha interventora por el dinero fa-cilitado al demandado para levantar dicha cosecha de 1932.

No conforme la demandante interpuso el presente recurso de apelación señalando en su alegato la comisión de tres errores que estudiaremos conjuntamente por envolver a nues-tro juicio una sola cuestión, a saber: ¿Cuál de los créditos es preferente, el de la demandante o el de la interventora?

Está admitido que la demandante es la dueña de las fincas de que se trata; que Antonio Santos se las arrendó y dejó de cumplir lo pactado, motivo por el cual las fincas volvieron a la posesión material de la demandante debiéndole Santos por cánones no satisfechos más de mil dólares; que Santos, vigente el arrendamiento, celebró un contrato de refacción y molienda de cañas con la interventora a los efec-tos de cultivar como cultivó en las fincas arrendadas cañas de azúcar, quedando a deberle una suma también mayor de mil dólares; que el contrato de refacción se inscribió en el Registro el 9 de julio de 1929; que la demandante notificó a la interventora el 18 de febrero de 1932 la falta de cumpli-miento del contrato de arrendamiento por parte de Santos y la interventora rehusó cumplirlo por sí misma, y que molidas las cañas existentes en las fincas cuando la demandante tomó posesión de ellas, produjeron una suma menor de mil dólares que se encuentra depositada en la corte de distrito.

La demandante y la interventora sostienen cada una que tienen derecho preferente a cobrar sus créditos del producto de las cañas, o sea, del de los frutos cultivados en las fincas a virtud del contrato de refacción. Sometido el conflicto de derechos a la decisión de la corte de distrito, fue resuelto en favor de la interventora. La demandante pide ahora a esta Corte Suprema que revoque la sentencia de la corte de dis-trito, resolviendo el conflicto en favor suyo.

Procederemos al examen de la ley especial aplicable, o sea, la Ley sobre contratos de refacción agrícola y molienda de cañas de 1910, tal como ha sido enmendada. Código Civil, página 402 y siguientes de la edición de 1930.

El contrato de refacción agrícola puede celebrarse de acuerdo con los términos expresos de esa ley no sólo con el dueño de una finca rústica si que también con el que la tenga arrendada. ‘‘ Cualquier terrateniente, ’ ’ dice su sección 3*, “o cualquier persona natural o jurídica, a título de dueña, poseedora, arrendataria, o usufructuaria de fincas rústicas o de edificios y maquinarias dedicados a usos agrícolas o industriales en relación con el cultivo o la manufactura de cualquier producto agrícola, podrá verificar con terceras personas el contrato de refacción agrícola definido en la sec-ción primera de esta ley.” Y luego agrega que: .“En caso de que el arrendatario o usufructuario por cualquier título no cumpla sus obligaciones para con el dueño o represen-tante de la propiedad, el acreedor refaccionario podrá, al tener conocimiento de ello, cumplir tales obligaciones por cuenta del deudor y con cargo al crédito de refacción agrí-cola. ’ ’

Y la demandante sostiene que no habiéndose acogido la interventora a esa única oportunidad que le concedía la ley, no tiene derecho preferente alguno a resarcirse de lo que se le deba como consecuencia del contrato de refacción, con los frutos de las fincas refaccionadas.

La interventora insiste en que no obstante no haberse colocado en el lugar del arrendatario satisfaciendo ella misma los cánones que el arrendatario dejó de pagar, tiene el derecho preferente al de la demandante sobre el producto de los frutos que le reconocen de consuno la ley especial sobre la materia y el Código Civil.

En efecto, la sección 4 de la ley dispone que “el crédito de refacción agrícola desde la fecha de su presentación en el Registro . . . tendrá preferencia a los créditos posteriores de cualquier otra naturaleza, excepción hecha de los créditos por contribuciones a favor de El Pueblo de Puerto Rico . . . durante los años comprendidos en el contrato ...”

No hay duda alguna de que lo prescrito en la sección cuarta guarda estrecha relación con lo dispuesto en la ter-cera. A nuestro juicio para que la preferencia subsista en toda su integridad durante todo el término del contrato, es necesario que si el arrendatario deja de cumplir, cumpla por él su acreedor refaccionario, pero eso no quiere decir que' el acreedor refaccionario pierda en absoluto su preferencia sobre los frutos existentes en la finca en el momento en que termine o se declare rescindido el arrendamiento.

La situación que surge en tal caso no está prevista ex-presamente en la ley, y debe resolverse por tanto interpre-tando todas las disposiciones de la misma y los preceptos del Código Civil sobre la materia que fueron invocados por la interventora desde un principio y aplicados por la Corte sen-tenciadora al rendir su decisión.

Prescindiendo de lo resuelto por la Corte de Circuito de Apelaciones del Primer Circuito en el caso de Molina v. Muñoz, 31 F. (2d) 727, en cuanto a la aplicabilidad a un caso como el presente de lo dispuesto en la sección octava de la ley que de aplicarse literalmente bastaría para confirmar la sentencia recurrida, por entender que en dicho caso el hecho predominante fué el de que el acreedor finalmente se colocó en el lugar del arrendatario quedando en tal virtud en todo su vigor el contrato de arrendamiento, no puede ne-garse que el espíritu que predomina en todo el estatuto es el de asegurar con los frutos el derecho del que los hizo po-sibles refaccionando al sembrador preferentemente a todos los demás acreedores del mismo, con la única excepción que establece en su sección tercera. Y tampoco puede negarse que de modo terminante el legislador en el Código Civil ha prescrito que gozan de preferencia los créditos por anticipo de semillas y gastos de cultivo y recolección, a los créditos por alquileres y rentas sobre los frutos de la cosecha para que aquéllos sirvieron. Artículo 1826 del Código Civil, Ed. 1930.

Parece conveniente transcribir la sección octava de la ley y la parte de la opinión de la Corte de Circuito que la inter-preta aplicándola al caso de un contrato refaccionario veri-ficado por un arrendatario cuando la finca por virtud de de-sahucio del arrendatario vuelve a la posesión material del arrendador.

La sección 8a. dice:

“Las anotaciones y notas marginales practicadas en el registro de contratos agrícolas, perjudicarán y obligarán a tercero, desde la fecha de presentación de los documentos correspondientes. Si estando vigente el gravamen, los frutos gravados fueren enajenados por el deudor a una tercera persona, el acreedor refaccionario tendrá el de-recho de obtener de ésta la entrega de los mismos o el producto de la venta en el caso de que la devolución fuere imposible.
“Si después del registro de un contrato de refacción y molienda de cañas, las cañas objeto del mismo o cualquier interés en ellas, o las factorías o centrales en que dichas cañas hayan de molerse, fue-ren traspasadas por acto voluntario o por ministerio de la ley, el adquirente estará obligado a cumplir todas las obligaciones del con-trato y será responsable de la falta del cumplimiento del mismo, en igual modo y con la misma extensión que las partes contratantes; bien entendido que ningún traspaso relevará a los contratantes de sus obligaciones o responsabilidades en el contrato.”

Y la parte de la opinión es como sigue:

“No se sostiene ni podría sostenerse que la cláusula 4 del contrato de arrendamiento prohibía a Muñoz constituir un gravamen sobre sus cosechas; por consiguiente Molina adquirió en noviembre de 1927 un gravamen cuya validez se reconoce. La contención es y debe ser que Lebrón, con su demanda de evicción, destruyó tal gravamen. Esto no puede ser así; la sección 8, supra, es aplicable. El resul-tado de tal litigio fue simplemente traspasar a Lebrón por ‘minis-terio de ley’, los bienes cedidos en arrendamiento y (según sostiene) ‘las cañas objeto del contrato,’ dejándolo pues, sujeto a la disposición de que ‘el adquirente estará obligado a cumplir todas las obligaciones del contrato’ impuestas a Muñoz. El resolver lo contrario, conforme dijo la Corte inferior, sería anular el fin claro de la ley; así interpretada, de casi nada o de nada serviría la misma.” Molina v. Muñoz, 31 F. (2d) 727, 729.

La cuestión se simplifica al responderse la siguiente pre-gunta: ¿Quién es en este caso de autos el dueño de la co-secha de cañas que estaba pendiente de corte en las fincas arrendadas por Santos al tiempo de la rescisión del contrato de arrendamiento y que molida que fué produjo la cantidad que se encuentra depositada en la corte de distrito? ¿Lo es el propio Santos, o la demandante, dueña de las fincas?

La demandante y apelante parece dar por sentado en su alegato sin discutirlo siquiera que no habiéndola reclamado Santos era suya la cosecha, y a nuestro juicio no es así. Las cañas fueron sembradas por Santos, el arrendatario. Era él el dueño de las mismas y como tal pudo gravarlas como las gravó a favor de su acreedor refaccionario o sea de la in-terventora en el presente caso, gravamen necesariamente co-nocido por la demandante a virtud de su inscripción en el registro.

No importa que en el contrato de arrendamiento se prescribiera que las mejoras hechas por el arrendatario en las fincas arrendadas quedarían a beneficio del arrendador al finalizar el contrato. En el caso de Santiago v. Berlingeri, 38 D.P.R. 577, 579, 581, esta corte se expresó como sigue:

“Por el segundo señalamiento se sostiene que la corte erró al no reconocer que la cláusula quinta de la escritura de arrendamiento que se transcribió en la materia nueva de la contestación, impide toda reclamación al demandante.
“La cláusula es clara. Se pactó que las mejoras que se introdu-jeran en la finca arrendada quedarían a beneficio del arrendador a la terminación del contrato, esto es, a beneficio del demandado en este pleito.
“La cuestión es si las plantaciones de cañas tienen o no el ca-rácter de mejoras del predio arrendado. Si no lo tienen, entonces es evidente, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia, que son frutos de siembras del aimendatario que éste tiene derecho a recoger, o a que se le pague su importe, al terminarse el arriendo. Artículos 1480 y 1481 del Código Civil; sección 18 de la Ley de Desahucio, Comp. 1911, p. 339; Nevares Hermanos v. Corte de Distrito, 36 D.P.R 357, 363. .....
“Dentro del concepto general de la palabra mejora cualquier siembra que aumente el valor de la finca, podría considerarse que lo es. Pero dentro de su concepto jurídico, no. El plantío de ár-boles y de viñas lleva envuelta una idea de permanencia, de larga duración, que no existe en las siembras que se cosechan por meses, o por años. En terrenos de extraordinaria fertilidad una plantación de cañas puede durar muchos años, pero no es ése el caso general. Sería distinto si se tratara de obras permanentes hechas con motivo de las siembras de cañas, pero aquí sólo se trata de los frutos de la plantación. ’ ’

Que la propia demandante no confió únicamente en su con-trato para hacer suyas las cañas existentes en sus fincas al tiempo de la rescisión, lo demuestra el hecho de que al pe-dir la rescisión y el pago de lo que se le debía, solicitó el embargo de dichas cañas para asegurar la efectividad de la sentencia que pudiera dictarse, siendo entonces que surgió la reclamación de su derecho preferente por parte de la inter-ventora de acuerdo con su contrato de refacción y con lo prescrito en el Código Civil sobre preferencia de créditos.

En la propia ley sobre contratos de refacción al regularse el caso de la venta en pública subasta de una finca cuyos fru-tos garanticen un crédito refaccionario, se hace referencia a otro precepto del Código Civil que arroja luz sobre el verda-dero pensamiento del legislador, y se da la pauta que debe seguirse para resolver en justicia y en ley el conflicto de de-rechos que surge en casos como el presente.

El precepto del Código a que se Race referenda está con-tenido en su artículo 290, que forma parte del Capítulo de-dicado al derecho de accesión y de la sección que especial-mente trata del derecho de accesión con respecto al producto de los bienes. Dice:

"El que percibe los frutos tiene la obligación de abonar los gas-tos hechos por un tercero para su producción, recolección y conser-vación.”

Y la pauta se traza como sigue:

"En consonancia con lo dispuesto en el artículo 290 del código civil, el adquirente en pública subasta de.una finca cuyos frutos estén gravados con un crédito refaccionario anotado en el registro de la propiedad, o en el especial dispuesto en esta ley, ora se haya veri-ficado la subasta en una acción ordinaria o en procedimiento para el cobro de una hipoteca inscrita con posterioridad al crédito refac-cionario, o con anterioridad a éste pero constituida con posterioridad a la vigencia de esta ley, deberá optar entre permitir al acreedor refaccionario o al primero de éstos, si fueren varios, que recolecte y perciba los frutos pendientes sujetos al crédito refaccionario y rea-lice todas las operaciones de cultivo y preparatorias a la recolección, o resarcir a dicho acreedor refaccionario el valor en tasación de los frutos al tiempo de posesionarse de ellos, hasta el montante del cré-dito refaccionario adeudado, no excediendo del que se hubiere con-signado en la anotación. En este último caso se procederá a la ta-sación como si se tratare de ejecutar una sentencia de desahucio contra un demandado que reclamare mejoras, labores y plantíos.” Párrafo tercero de la sección cuarta de la ley sobre contratos de refac-ción agrícola de 1910 tal como fué enmendada en agosto 1, 1925.

Por virtud de todo lo expuesto, debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Del Tobo,

license: Public Domain

text:
    Rosario Garzot de Fernández y Matilde Garzot de Fernández, Faustino Fernández Rodríguez y Angel Fernández Ortiz, demandantes y apelados, v. Garzot & Fuertes Inc., Rosario Aguayo de la Fuente Vda. de Garzot, United Porto Rican Bank y United Porto Rican Sugar Co. (of Porto Rico), demandados y apelados; y The National City Bank of New York, interventora y apelante.
    No. 6650.

    Sometido: Noviembre 28, 1934.

      Resuelto: Febrero 12, 1935.

      E. T. Fiddler y Jorge L. Córdova, abogados de la apelante; Leopoldo Feliú, abogado de los demandantes apelados; Arturo Aponte, Henry G. Molina, F. González, Jr., y Walter L. Newsom, Jr., abo-gados, respectivamente, de los demandados y apelados.
   El Juez Presidente Señor Del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

En agosto de 1932 Rosario y Matilde Garzot y sus espo-sos Faustino y Angel Fernández demandaron en la Corte de Distrito de Humacao a Garzot & Fuertes y a otras personas, solicitando la rescisión de cierto contrato de arrendamiento de fincas rústicas y la cancelación de un gravamen refaccio-nario constituido por Garzot & Fuertes, entre otras, sobre las fincas que tenía arrendadas a los. demandantes.

Garzot & Fuertes no comparecieron, dictándose en enero 14 de 1933 sentencia en rebeldía en contra suya que contiene los siguientes pronunciamientos:

“ . . . Diota sentenCIa, falla y decreta y ordena que el contrato de arrendamiento celebrado por las demandantes Rosario y Matilde Garzot y sus esposos Faustino Fernández Rodríguez y Angel Fernán-dez Ortiz respectivamente, con la. demandada Garzot. & Fuertes, en 6 ele mayo de 1928, lieclio constar en la escritura número 23 de esa fecha, ante el Notario de Humacao, don Pedro Pérez Pimentel, sea y por la presente queda rescindido y terminado y relevadas las men-cionadas partes para siempre de las obligaciones que respectiva y recíprocamente en tal contrato se impusieron; ordenándose y man-dándose además, y en su consecuencia, por esta sentencia el que dicha demandada entregue inmediatamente a los dichos demandantes las fincas que fueron objeto de dicho contrato y que son las siguientes: (Se describen debidamente cinco fincas.)
"Y se falla., decreta y ordena además por esta sentencia e igual-mente que las cañas de azúcar existentes en la finca nombrada ‘Fortuna’ que se deja antes descrita con la letra ‘B’ son de la propiedad exclusiva de las demandantes Rosario y Matilde Garzot y sus dichos esposos Faustino Fernández Rodríguez y Angel Fernández Ortiz, en cuanto a una mitad y a Rosario Aguayo de la Fuente Yda. de Gar-zot, en cuanto a la otra mitad de dichas cañas siendo esta última co-usufructuaria con las señoras demandantes antes nombradas de las ameritadas fincas.
“Y se decreta y ¡ORDENA igualmente que por el señor Registrador-de la Propiedad del Distrito Hipotecario de Humacao, P. R. se can-cele inmediatamente cualquier inscripción que de dicho contrato de-arrendamiento aparezca hecha en los libros de su oficina; y que, firme que sea esta sentencia, se libre por el Secretario mandamiento al Már-shal de este Distrito Judicial para que haga que se cumpla con la misma, mediante entrega de la posesión material de dichas fincas, con cuanto forma parte de ellas a los demandantes y a dicho Regis-trador de la Propiedad para la cancelación que en la presente se dis-pone y se imponen las costas, hasta ahora incurridas, en cuanto a una tercera parte de éstas, a dicha demandada.
“Esta sentencia se dicta sin incluir en la misma derecho alguno de los demás que se discuten en este litigio, en cuanto a los cuales se hace expresa reserva para ser resueltos oportunamente.”

Meses después de dictada esa sentencia, el 18 de mayo de 1933, The National City Bank of New York pidió y obtuvo que se le permitiera intervenir en el pleito.

Su demanda de intervención radicada, dice:

“1. — Que The National City Bank of New York es una asocia-ción banearia organizada de acuerdo con las leyes de los Estados-Unidos de América con oficina principal en la ciudad de Nueva York v debidamente autorizada para hacer negocios en esta Isla; que la demandada Garzot & Fuertes Inc. es una corporación organizada de acuerdo con las leyes de Puerto Rico con oficina principal en Naguabo, P. R. que se dedica a la agricultura y especialmente a la pro-ducción, transportación y elaboración de cañas de azúcar; que la demandada Rosario Aguayo viuda de Garzot es mayor de edad, viuda .y vecina de Naguabo; que la demandada The United Porto Riean Bank es una corporación bancaria organizada de acuerdo con las le-yes ele Puerto Rico y con oficina principal en Caguas, P. R.; que la demandada The United Porto Riean Bank — léase United Porto Rican Sugar Company (of Porto Rico) es una corporación organi-zada de acuerdo con las leyes de Puerto Rico y con oficina principal en la ciudad de Caguas, Puerto Rico; que la demandante Rosario Garzot de Fernández es mayor de edad y casada con el demandan! e Faustino Fernández quien también es vecino de Naguabo, y mayor de edad y la demandante Matilde Garzot de Fernández es también mayor de edad, casada con Don Angel Fernández Ortiz, también mayor de edad y ambos vecinos de Naguabo.
"2.- — Que con fecha 15 de mayo de 1928 la demandada Garzot & Fuertes Inc. tomó un préstamo refaccionario de la demandada United Porto Rican Bank por la cantidad de trescientos cincuenta mil dó-lares ($350,000) para atender a los gastos de cultivo en los terrenos a que se hace referencia en el hecho tercero de esta demanda, entre otros, así como los gastos de administración, conservación y repara-ción de los edificios y maquinarias de dicha corporación en dichos terrenos enejados, y al mismo tiempo como evidencia de dicho prés-tamo firmó y entregó al United Porto Rican Bank diez pagarés por la suma principal de treinta y cinco mil dollars ($35,000) cada uno, numerados del uno al diez inclusives, de los cuales pagarés los nu-merados desde el uno al cuatro ambos inclusives, han sido pagados, quedando sin pagar los numerados desde el cinco al diez ambos in-clusives. Que el United Porto Riean Bank endosó y entregó dichos pagarés numerados del cinco al diez ambos inclusives a la aquí in-terventora The National City Bank of New Pork, quien es la actual tenedora de los mismos.
"Copias exactas de la faz de dichos pagarés se acompaña y se hacen formar parte de esta demanda.
"Aparece al dorso de cada uno de dichos pagarés el siguiente endoso:
" ‘United Poeto Rican Bank (signed) George W. Muller, Treasurer. (Signed) M. S. Kayner, Manager.’
"3. — Que para garantizar el pago de dichos pagarés, sus intere-ses hasta la suma de diez mil dólares y costas hasta la suma de cinco mil dollars en caso de reclamación judicial, la corporación Gar-zot & Fuertes, Ine. mediante escritura pública número 24 otorgada en 15 de mayo de mil novecientos veinte y ocho ante el Notario Pú-blico Don Pedro Pérez Pimentel, afectó y gravó con el gravamen re-faccionario, todas las plantaciones de cañas sembradas en las fincas que a continuación se describen, entre otras, extendiéndose dicho gravamen refaccionario, durante los años comprendidos en dicho con-trato, o sea, desde mayo 15 de 1928 hasta mayo 15 de mil novecien-tos treinta y ocho y siempre hasta que fuera totalmente satisfecho el importe total de dicho préstamo con sus intereses, costas, gastos y honorarios correspondientes, quedando también gravados todos los azúcares que produzcan dichas cañas.
“La descripción de las fincas es como sigue: (se describen debi-damente cinco fincas rústicas).
“4. — Que dicho gravamen refaccionario se inscribió y está vigente su inscripción en el Registro de Contratos Agrícolas del Distrito de Humacao, Puerto Rico, en cuanto a las fincas anteriormente descri-tas en el párrafo tercero de esta demanda, entre otras.
“5. — Que la cláusula tercera del referido contrato o mejor dicho escritura número 24 de mayo 15 de 1928 ante el Notario Público Don Pedro Pérez Pimentel, lee en parte como sigue:
“ ‘TERCERA. Si “Garzot & Fuertes” faltare en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se dirán, el Banco o cualquier tenedor de did:os pagarés podrá considerarlos todos vencidos, con derecho a proceder judicialmente a su cobro y ejecutar las garantías constituidas por este instrumento.
“ ‘1. Si dejare de pagar cualquier pagaré dentro de los diez días de su vencimiento.
“ ‘2. Si estuvieren adeudando dos trimestres de intereses sobre cualquier pagaré, y no fueran satisfechos sobre cualquier pagaré, y no fueren satisfechos dichos intereses dentro de los diez días después de vencido el segundo de los dos trimestres.’
“6. — Garzot & Fuertes se encuentran adeudando dos trimestres de intereses sobre los referidos pagarés y que han pasado más de diez días desde el vencimiento del último de los dos trimestres adeu-dados sin que hayan sido satisfechos dichos intereses por Garzot & Fuertes Inc., ni por ninguna otra persona.
“7. — Que en la actualidad Garzot & Fuertes Inc. se halla adeu-dando a The National City Bank of New York por concepto de dichos pagarés la cantidad de doscientos diez mil dollars de principal, y los intereses sobre dicha suma a razón del ocho por ciento anual, los cuales ascienden a diez y ocho mil setecientos noventa y cuatro dólares con setenta y cinco centavos ($18,794.75) cuyas sumas están vencidas y exigibles y a pesar de lo cual y de los requerimientos hechos por la interventora The National City Bank of New York, ni Garzot & Fuertes Inc. ni persona alguna ha pagado en todo ni en parte dichas cantidades.
“8. — Que en las fincas a que se hace referencia en el párrafo ter-cero de esta demanda hay sembradas cuatrocientas setenta y tres cuer-das de retoños de cañas y tocones, aproximadamente, que según in-formación y creencia están siendo molidos en la zafra azucarera (pie cursa y seguirán siendo molidos en las zafras siguientes.
“9. — Que según información y creencia, The United Porto liican. Bank, subsiguientemente al otorgamiento de la escritura pública No. 24 de 15 de mayo de 1928, antes mencionada, otorgada ante el No-tario Don Pedro Pérez Pimentel o sea por escritura No. 33 otorgada con fecha 29 de julio de 1931 ante el Notario Walter L. Newsom Jr., otorgó un contrato de refacción agrícola con la demandada Garzot & Fuertes sujeto al gravamen refaccionario adquirido por la escritura No. 24 a que se ha hecho referencia en este párrafo, para garantizar un préstamo refaccionario hasta la suma de seiscientos sesenta y ocho mil novecientos setenta y dos dollars con cinco centavos ($668,972.05) para los fines del cultivo y mantenimiento de las fincas a que se hace referencia en el hecho tercero de esta demanda, entre otras, cuya suma, según información y creencia habría de ser representada por pagarés emitidos por la demandada Garzot & Fuertes, Inc.
“10. — Que en el caso de epígrafe las demandantes Rosario Gar-zot de Fernández y Matilde Garzot de Fernández alegan ser dueñas de las fincas descritas en el párrafo tercero de esta demanda y han solicitado en su demanda de esta Pión. Corte la rescisión del con-trato de arrendamiento celebrado con Garzot & Fuertes Inc., alegando y solicitando además que la Corte declare que dichas demandantes tienen un crédito preferente a todos los demás créditos que sobre las cañas sembradas en dichas fincas descritas en el párrafo tercero de esta demanda pudiera t.ener persona alguna y solicitando además que se les declare dueñas de las cañas antes mencionadas, entre otras sú-plicas pertinentes.
“11. — Que con fecha 27 de agosto de 1932 esta Iíon. Corte expidió en este caso una orden nombrando a .Don Juan Avalo García, Síndico de las propiedades que se describen en el hecho tercero de esta demanda, las cuales propiedades están incluidas entre aquéllas cuyas cañas están sujetas al gravamen refaccionario constituido para garantizar la deuda de doscientos diez mil dollars más sus intereses y cinco mil dollars para gastos, costas y honorarios de abogados, que tiene contraída con la aquí interventora The National City Bank of New York la corporación demandada Garzot & Fuertes Inc.
“12. — Que a virtud del nombramiento de dicho Síndico la inter-ventora carece de un recurso • adecuado para proteger los derechos que le asisten como acreedora refaccionaria a no-ser mediante inter-vención en el presente caso.
“Por no que, la interventora a esta Hon. Corte Respetuosamente suplica :
“1. — Que se declare que la interventora tiene un gravamen pre-ferente sobre las plantaciones de cañas a que se ha hecho referencia en el hecho octavo de esta demanda, sobre todos los azúcares y me-lados que produzcan dichas plantaciones de cañas durante la zafra de mil novecientos treinta y tres y zafras subsiguientes hasta el pago total a esta interventora de la deuda refaccionaria que se especifica en esta demanda y de la suma adiciona] de cinco mil dollars provis-tos para el pago de costas, gastos y honorarios de abogado.
“2. — -Que todos los azúcares y melados producidos y/o que se produzcan en la zafra de 1933, de las plantaciones a que se ha.ee. referencia en el hecho octavo de esta demanda y el producto bruto de su venta sean entregados y/o pagados a The Nationa.] City Bank of New York para ser aplicados a la deuda refaccionaria que se re-laciona en esta demanda sin deducción alguna por concepto de gas-tos incurridos o que se incurran por el síndico o cualquier otra persona, aún cuando éstos fueren necesarios para la cosecha, transpor-tación o molienda de las cañas de azúcar o para la venta y/o em-barque de 'dichos azúcares y melados, y en cuanto a los azúcares y melados que se produzcan de dichas cañas, en cuanto a los azúcares y melados que resultaren o extrajeren de las cañas que se produzcan en dichas plantaciones en la zafra, de 1934 y subsiguientes y del pro-ducto bruto de la venta de los mismos, que se entreguen y paguen los' mismos a The National City Bank of New York para ser apli-cados a la referida deuda refaccionaria sin deducción alguna por gastos incurridos o que se incurran por el Síndico o por cualquier otra persona en relación con la siembra, cultivo, cosecha, transpor-tación y/o molienda de las cañas y de la venta y embarque de dichos azúcares y melados, aún cuando dichos gastos o cualesquiera de ellos fuere necesario para dichos fines.”

Los demandantes excepcionaron la demanda de interven-ción por falta de hechos suficientes para determinar una causa de acción y por ambigüedad, y la corte declaró con lugar las excepciones concediendo permiso al interventor para enmen-dar su demanda. Rehusado el permiso, se diotó la sentencia sobre las alegaciones que es objeto de la presente apelación.

Gomo puede verse, guarda este caso estrecha relación con el de Ana María Sugar Company v. Santos, y South Porto Rico Sugar Company (of Porto Rico), interventora, 48 D.P.R. 65 que acabamos de resolver. Es mucho más complicado porque aquí no se trata del primitivo acreedor refac-cionario, estando envuelta una seria cuestión sobre la validez del traspaso, y porque el contrato de refacción se celebró con una corporación que tenía arrendadas varias fincas, entre ellas las de los demandantes, no sólo para atender al cultivo de las mismas si que para satisfacer los gastos de adminis-tración, conservación y reparación de edificios y maquinarias de la corporación arrendataria enclavados en las fincas, pre-tendiendo el interventor cobrar todo lo que alega que se le debe como consecuencia del contrato de refacción con los fru-tos producidos y que produzcan las fincas de las demandan-tes durante todo el término del contrato de refacción que se extiende hasta mayo 15, 1938, no obstante constarle que el contrato de arrendamiento fué rescindido por falta de cum-plimiento de sus obligaciones por parte del arrendatario, y no haber él asumido personalmente el cumplimiento de dichas obligaciones.

La jurisprudencia que se establece en el indicado caso de Ana María Sugar Company, supra, puede resumirse así:

Cuando el contrato de refacción se celebra con el arren-datario de una finca y dicho arrendatario no cumple con las condiciones pactadas para el arrendamiento, si el acreedor refaccionario desea hacer valer todos los derechos que le re-conoce la ley especial sobre la materia, debe asumir las obli-gaciones del arrendatario para con su arrendador y cumplir-las debidamente de acuerdo con lo prescrito en la sección tercera de dicha ley.

Si no lo hiciere, sus derechos sobre los frutos existentes en las fincas arrendadas quedarán limitados a los que sobre ellos pueda tener su deudor, el arrendatario, regulándose de acuerdo con los preceptos generales del Código Civil sobre preferencia y prelación de créditos, siguiéndose la pauta tra-zada en la sección cuarta de la ley especial sobre la materia.

Aplicada esa jurisprudencia a este caso, produce necesa-riamente la confirmación de la sentencia recurrida sin nece-sidad de entrar a considerar y a resolver todas las otras cues-tiones envueltas porque aquí el interventor no alega en su demanda que cumpliera por el arrendatario ni expone en ella hechos suficientes para establecer la prelación de su cré-dito sobre los frutos existentes en las fincas de los deman-dantes al tiempo de la rescisión del contrato de arrenda-miento, ya que no determina la parte de su crédito que real-mente se empleó en el cultivo de los frutos, si es que alguna fué empleada.

Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sen-tencia apelada.

El Juez Asociado Señor Córdova Davila no intervino.


author: El Juez Asociado Señoe Aldeey,

text:
    María del Pilar Becerril Vda. de Cerra y Enrique y María del Carmen Cerra Becerril, demandantes y apelados, v. Domingo Cerra, demandado y apelado, y The United Porto Rican Bank, demandado y apelante.
    No. 6462.

    Sometido: Marzo 15, 1934.

      Resuelto: Febrero 12, 1935.

      F. González, Jr., abogado de la apelante; Arturo Aponte, abogado de los demandantes apelados.
   El Juez Asociado Señoe Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

Doña María del Pilar Becerril viuda de Cerra y sus hijos Enrique y María del Carmen Cerra Becerril presentaron de-manda en marzo de 1933 en la Corte de Distrito de Humacao contra Domingo Cerra y contra The United Porto Rican Bank alegando que en mayo de 1930 dieron en arrendamiento a Domingo Cerra hasta el 30 de junio de 1934 una finca rús-tica de 1029 cuerdas de terreno, nombrada “Convento” y tres pequeñas por canon de $10,000 anuales pagaderos por trimestres adelantados, comprometiéndose el arrendatario a pagar las contribuciones de las fincas; que en posesión Domingo Cerra de esos terrenos dedicó parte de ellos a la siem-bra de cañas y en 6 de junio de 1930 celebró un contrato de refacción con la demandada The United Porto Rican Bank, que fué anotado en el registro de contratos agrícolas de Hu-macao, por el cual gravó todas las plantaciones de cañas que tengan esas fincas y los azúcares que produzcan a favor de dicho banco para asegurar el pago de los anticipos refaccio-narios que le hiciera y sus intereses hasta el 30 de junio de 1933 y hasta que el banco sea completamente satisfecho del importe total de su crédito; que el arrendatario tiene en las fincas varias plantaciones de cañas que han de ser cortadas de enero a junio de 1933, sembradas antes del 6 de junio de 1930 y que Domingo Cerra no ha pagado las contribuciones ascendentes a $7,135.86, dando lugar a que las fincas hayan sido embargadas por el Tesorero de Puerto Rico; que tam-poco ha pagado a los demandante los cánones de arrenda-miento desde el 1 de julio de 1931, que suman $15,000; y que el banco sabe que Domingo Cerra se baila insolvente, no te-niendo más bienes de fortuna que las cañas mencionadas. Por esas alegaciones solicitaron los demandantes sentencia que condene a Domingo Cerra a pagarles $7,135.86 para sa-tisfacer las . contribuciones, más los $15,000 debidos por cá-nones de arrendamiento y los trimestres que vayan venciendo basta que entregue las fincas; que declare que esas cantida-des gozan de preferencia sobre cualquier cantidad que Tbe United Porto Pican Bank baya entregado a Domingo Cerra con motivo del contrato de refacción mencionado, decretando también que las cañas que existen en las fincas se bailan afec-tas preferentemente a los créditos de los demandantes para hacerlos efectivos con el producto de dichas cañas antes que cualquiera otra persona, inclusive Tbe United Porto Pican Bank; y que éste no tiene derecho a cobrarse nada de esas cañas basta que los demandantes hayan cobrado íntegramente sus créditos.

En el mes de junio siguiente los demandantes presentaron moción a la corte manifestando que radicada la demanda se procedió al embargo de las plantaciones de cañas existentes en las fincas objeto del litigio, a los efectos de asegurar la efectividad de la sentencia que pueda recaer en definitiva; que conjuntamente con la demanda se radicó por los deman-dantes una petición solicitando el nombramiento de un sín-dico que atendiera las plantaciones de cañas y que procediera, de acuerdo con lo que ordenara el tribunal, a desempeñar to-das las demás funciones que le fueran encomendadas, que en vez de procederse en seguida al nombramiento de un síndico el demandado Cerra fué encargado de la molienda de las ca-ñas mediante contrato que celebraría al efecto con Tbe Fa-jardo Sugar Co. of Porto Pico, debiendo depositarse el pro-ducto de las cañas en la secretaría de la corte, sujeto a to-das las resultancias del litigio y a todas sus incidencias; que terminada la zafra en Tbe Fajardo Sugar Co. of Porto Pico sin que pudiera moler todas las cañas objeto del litigio, los demandantes procedieron entonces a presentar otra solicitud sobre nombramiento de síndico, a los efectos de que tal sín-dico evitara que se perdieran las cañas que estaban sin mo-ler y actuara inmediatamente moliendo las mismas en alguna otra factoría; que la corte de distrito después de la corres-pondiente discusión y argumentación por las partes nombró un síndico, quien prestó el juramento del cargo entrando a desempeñarlo; que el tiempo que duró la molienda de las cañas en The Fajardo Sugar Co. of Porto Rico y el trans-currido hasta que terminó la zafra de la Central Pasto Viejo en la cual se molieron las últimas cañas de Domingo Cerra asciende a cuatro meses cinco días durante los cuales los de-mandantes tienen derecho a una cantidad razonable por el uso del terreno objeto del litigio, prescindiendo de la senten-cia que pueda recaer en definitmi, cantidad que habrá de con-sistir en no menos de $833.35 mensuales, en total $3,472.21, que Los demandantes deben recibir. Por esas manifestacio-nes suplicaron de la corte ordenase que de los fondos exis-tentes en secretaría y que se hallan sometidos a la sindica-1ura se les entregue a los demandantes la suma de $3,472.21 en concepto del valor razonable del uso de los terrenos de la hacienda “Convento”.

Ifll demandado Cerra estuvo conforme con esa petición pero The United Porto Rican Bank se opuso a ella, alegando entre otras cosas que los demandantes no tienen derecho al-guno a lo que solicitan porque los productos de esas cañas están sujetos al gravamen refaccionario del banco, que es preferente a la reclamación que ellos hacen; porque el dinero depositado en la secretaría de la corte no está ni ha estado nunca en manos del síndico y se obtuvo y se depositó en la secretaría del tribunal mediante estipulación escrita de las partes; porque estando embargado no puede disponerse de ese dinero sino por sentencia final; que en la finca “Con-vento” sólo hay sembradas 443 cuerdas que es por lo único que en todo caso habría que pagar desde que se nombró el síndico, que fue el 17 de mayo de 1933; que la cantidad re-clamada es excesiva toda vez que no debería pagarse más de un dólar por cuerda al año en cuanto al terreno que está sembrado de cañas y porque ya la corte ña resuelto que se pague al Pueblo de Puerto Rico lo que le es debido por con-’ tribnciones. Esa moción fué resuelta por la corte de distrito por su orden de 30 de junio de 1933, dictada por un juez in-terino, decretando, después de oír a las partes, que el secre-tario del tribunal entregue a los demandantes la cantidad de $2,754.99 como importe del uso del terreno desde febrero 3 a junio 8 de 1933, sin que por esto se entienda prejuzgado ningún derecho que pueda asistir a las partes. Contra esa orden interpuso el expresado banco el presente recurso de apelación, en el que no han comparecido los demandantes.

La orden objeto de este recurso es apelable según lo resuelto en el caso de Santiago v. Benvenutti y Torres, 43 D.P.R. 358.

Las alegaciones de la demanda suscitan claramente ante la corte la cuestión de que los demandantes tienen derecho a cobrar con las cañas sembradas por su arrendatario lo que éste es en deberles como consecuencia del contrato de arren-damiento celebrado entre ellos, con preferencia a cualquier otro acreedor de su arrendatario inclusive The United Porto Rican Bank, que es un acreedor refaccionario a quien la ley sobre contratos de refacción agrícola concede preferencia, desde la fecha de la inscripción de su contrato en el registro de contratos agrícolas, a los créditos posteriores de cualquier otra naturaleza, con excepción de los créditos por contribu-ciones, en cuanto a los frutos objeto del gravamen refaccio-nario durante los años comprendidos en el contrato y siem-pre hasta que el acreedor sea completamente satisfecho del importe total de su crédito. Por consiguiente, mientras no se decida por sentencia que los arrendadores pueden cobrar con el producto de las cañas sembradas en su finca por ol arrendatario, con preferencia al banco refaccionista a quien la ley concede preferencia para el cobro de sus créditos contra cualquier otro crédito posterior a la anotación en el re-gistro de su contrato de refacción, con excepción del cobro por contribuciones, no puede ordenarse que los actores co-bren cantidad alguna del producto de las cañas objeto de la refacción por el uso de los terrenos por el síndico nombrado en este pleito.

La orden apelada debe ser revocada y dictarse sentencia declarando sin lugar la moción de los demandantes de 23 de junio de 1933.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    María Reyes, demandante, apelada y apelante, v. Víctor R. López Nusa, demandado, apelante y apelado.
    No. 6170.

    Sometido: Noviembre 13, 1934.

      Resuelto: Febrero 14, 1935.

      J. Henri Brown, C. Ruiz Nazario, G. E. González y G. Benitez Gautier, abogados del apelante apelado; Dubón & Oehoteeo y Ramón 8. Pesquera, abogados de la apelada apelante.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

La sentencia dictada en este caso fué apelada por ambos litigantes. Por el demandado porque lo condena a pagar in-demnización a la demandante. Por ésta porque debió con-cedérsele como indemnización más de los $1,500 en que fué fijada por la corte.

Los motivos alegados por el demandado para que revo-quemos la sentencia apelada y lo absolvamos de la reclama-ción que se le hace se refieren a que la corte sentenciadora apreció erróneamente la prueba.

En la tarde del 26 de septiembre de 1930 salió la demandante María Eeyes del pueblo de Comerlo en un automóvil Chrysler por la carretera que conduce a Bayamón. Antes de llegar a este último pueblo se detuvo el automóvil en su derecha entre los kilómetros 21 y 22. En ese sitio y al lado opuesto de la carretera hay una alcantarilla sobre la cuneta y empieza un camino que conduce al barrio de doña Elena, al cual iba la demandante porque allí vive su madre. La carretera tiene en ese sitio un ancho de 18 pies y hay una recta de 300 a 400 metros en dirección a Bayamón. La cuneta tiene tres pies y medio de profundidad y en su fondo hay piedras grandes. Sobre esto no hay contienda entre las partes.

La prueba de la demandante en el juicio con respecto a cómo ocurrió el accidente por el cual reclama indemnización consistió en su declaración y en las de Diego Nieves y Manuel Burgos. Había presentado otros dos testigos, Arcadio Huertas y G-reg'orio Alejandro, pero aunque prestaron jura-mento para declarar no los llamó como testigos.

La demandante declaró que cuando bajó del automóvil por el lado derecho de él cerca de la cuneta que estaba inmediata, anduvo para detrás del automóvil y continuó por la parte posterior de él para cruzar la carretera en dirección al camino que estaba en frente: que al salir por detrás del automóvil que estaba detenido miró hacia Comerío pero no para la parte de Bayamón: que cuando cruzaba la carretera andando a paso ligero vió cerca de la alcantarilla algunos hombres y que Diego Nieves y Arcadio Huertas hacían señas a un automó-vil y le gritaban que parase, pero que ella no volvió la vista hacia Bayamón y que cuando había llegado al borde de la carretera y tenía un pie en ella y otro en la alcantarilla reci-bió un golpe de un automóvil y fué lanzada a la cuneta donde quedó inconsciente.

No tomaremos en cuenta la declaración de Diego Nieves porque la corte inferior prescindió de ella para fundar su sentencia, posiblemente porque se presentó en el juicio para contradecir las manifestaciones que en él hizo una declara-ción jurada que firmó ante un abogado-notario pocos días des-pués de haber ocurrido el accidente a María Reyes cuya de-claración tiene hechos opuestos a los que declaró después en el juicio.

El otro testigo de la demandante fué Manuel Burgos, quien mereció entero crédito a la corte sentenciadora. Este testigo declaró que estaba cerca de la alcantarilla donde comienza el camino que conduce al barrio de doña Elena: que al otro lado de la carretera estaba detenido un automóvil Chrysler del que vió bajar por el lado de la cuneta a María Reyes, quien caminó hacia atrás del vehículo y pasó por detrás de él para cruzar la carretera en dirección a la alcantarilla; que de la parte de Bayamón venía un automóvil a una velocidad muy exagerada: que Arcadio Huertas lo mandó parar y el automóvil trató de hacerlo pero como venía tan ligero cogió por el lado y se fué a la cuneta antes de llegar a la alcanta-rilla, de donde salió, atropelló a la demandante que estaba en la orilla de la carretera, volvió a irse a la cuneta y salió otra vez, deteniéndose entonces: que el automóvil que guiaba el demandado no tocó pito ni bocina y que ésa es la única declaración que ha dado en este asunto.

Después de ser negada una solicitud de sentencia absolu-toria fundada en no ser suficiente la prueba de la demandante para sostener una sentencia condenatoria, prestó declaración el demandado Víctor López Nusa. El declaró que la tarde a que se refiere este caso iba guiando su automóvil Chandler, el cual tiene asegurado: que hace unos quince años que ma-neja su automóvil y diez años que semanalmente pasa por esa carretera porque todos los sábados va a la casa que tiene en Barranquitas: que esa tarde sacó de una clínica de San Juan a un hijo suyo de unos tres meses de nacido que estaba enfermo allí y lo llevaba para su casa de Barranquitas: que el niño lo- llevaba en su falda una mujer que luego no ha po-dido encontrar: que éi guiaba el automóvil a una marcha de quince millas por hora: que a 300 ó 400 metros de distancia de donde ocurrió después el accidente con la demandante vió un automóvil detenido y algunos hombres ante él, por lo que tocó su claxon: que la carretera estaba despejada y con es-pacio suficiente para pasar: que su claxon es muy potente y que cuando llegó cerca del otro automóvil salió por detrás de él una mujer para cruzar la carretera y el testigo metió los frenos en seguida pero el automóvil se fué un poco a la de-recha, tropezó con la demandante, quien cayó a la cuneta y se detuvo poco después. Negó que se hubiera ido a la cu-neta y que viera señal alguna para que parase.

La prueba de la demandante y la del demandado fué con-tradictoria. La corte inferior dio crédito a la de la deman-dante y aunque el demandado apelante ha hecho un fuerte ataque a la evidencia de la demandante no creemos que hubo un manifiesto error en la decisión del conflicto de la evidencia por la corte inferior por lo que no alteraremos su decisión.

La demandante solicitó en su demanda $10,000 como indemnización, la corte le concedió $1,500 y en su apelación nos pide que la fijemos en $3,500.

La demandante tenía el día del accidente 21 años' de edad y trabajaba como tabaquera en Comerío ganando un salario de $3.50 semanales. Sufrió una fractura compuesta conmi-nuta en la rama izquierda de la mandíbula inferior, la dislo-cación del lado derecho de la mandíbula inferior, la fractura de la clavícula derecha, erosiones en la nariz, frente, párpado derecho y mejilla izquierda y contusiones sobre ambas rodi-llas y en la cadera derecha.

Habidas en cuenta todas las circunstancias de este caso, no creemos que la indemnización concedida por la corte inferior sea inadecuada.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Oórdova Dávila,

text:
    Encarnación Aboy Vda. de Cintrón, recurrente, v. Registrador de la Propiedad de Caguas, recurrido.
    No. 945.

    Sometido: Febrero 4, 1935.

      Resuelto: Febrero 14, 1935.

      Eeriberio Torres Sola, abogado de la recurrente; el registrador re-currido no compareció.
   El Juez Asociado Señor Oórdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Encarnación Aboy viuda de Cintrón vendió a Carlos H. Blondet y su esposa María Ronda una finca rústica en la cantidad de $24,000, de los cuales recibió la vendedora $5,000, quedando los compradores a deber el resto de dicba suma. Para garantizar su pago los esposos Blondet Ronda consti-tuyeron hipoteca a favor de Encarnación Aboy viuda de Cin-trón sobre la expresada finca por la cantidad de $19,000, pa-gaderos en la forma estipulada, más sus intereses convenidos al 7 por ciento anual basta el día de su total pago, caso de mora inclusive.

Presentada esta hipoteca para su inscripción en el Registro de la Propiedad de Caguas, el registrador inscribió el re-ferido documento “haciendo constar que esta hipoteca se inscribe solamente en cuanto al capital, intereses convenidos y crédito adicional para costas y gastos, y en cuanto a los in-tereses de mora, en la extensión que determina el artículo 114 de la Ley Hipotecaria.”

No estando conforme la Sra. Aboy con la última parte de la nota mencionada, estableció el presente recurso alegando que el Registrador de la Propiedad de Caguas erró al ins-cribir la responsabilidad hipotecaria para los intereses de mora en la extensión que determina el artículo 114 de la Ley Hipotecaria. Dispone este artículo que la hipoteca consti-tuida a favor de un crédito que devenga intereses no asegura, con perjuicio de tercero, además del capital sino los intereses de los dos últimos años transcurridos y la parte vencida de la anualidad corriente.

En sus ‘£ Comentarios a la Legislación Hipotecaria de Es-paña y Ultramar”, vol. 4, pág. 136, dice Gralindo y Escosura:

“El artículo 114 ha introducido una profunda variación en el derecho antiguo. La constitución de hipoteca, como accesoria al con-trato del mutuo, garantizaba, no sólo el capital, sino también todos los intereses que por pacto añadido constasen en aquél, y que no estuviesen satisfechos al realizarse el crédito. Esta legislación sub-siste entre el deudor y el primer acreedor, cuando no hay tercero cuyos intereses puedan perjudicarse. Pero cuando se trata de un segundo acreedor hipotecario, el artículo 114 establece que la hipo-teca sólo asegura, en perjuicio de tercero, el capital, los intereses dé-los dos últimos años, y la parte vencida de la tercera anualidad co-rriente. ’ ’

Barrachiua dice que mientras no haya un tercero a cuyas manos haya ido a parar la finca hipotecada o no tenga sobre ésta un gravamen o derecho real, responde no sólo del capital si que de los intereses no prescritos, pues la limitación de las dos anualidades y parte vencida de la corriente a la fecha de hacerse efectivo el crédito hipotecario, es únicamente para el caso de que haya un tercero a quien ese aseguramiento per-judique. 3 Barrachina, Derecho Hipotecario y Notarial, 86.

Morell dice que tercero en el artículo 114 es todo aquél que no ha intervenido como parte en la hipoteca inscrita, ya adquiera el dominio de la finca, ya otro cualquier derecho real, pero siempre a condición de que inscriba el derecho que adquiere. 3 Morell, 717.

El presente es un caso en que hasta la fecha sólo apare-cen interviniendo el primer acreedor hipotecario y el deudor original. Ni la finca ha pasado a un tercero ni sabemos que exista un segundo acreedor hipotecario. Tampoco aparece hipotecada esa finca expresa y especialmente por una canti-dad total determinada para el pago de intereses. ¿En qné pneden perjudicar entonces a la parte recurrente las pala-bras contenidas en la nota del registrador ? Se alega que esta nota contiene una limitación que lesiona y priva a la acree-dora hipotecaria de ciertos derechos amparados por la ley, y se arguye que por haberse escrito algo que no es necesario se ha consignado en el registro lo que no debió haberse es-crito. Convenimos en que las palabras de la nota relativas a los intereses en caso de mora son oficiosas y que no tienen razón de ser, pero no creemos que se haya ocasionado per-juicio alguno a la recurrente por el hecho de haberse consig-nado en el registro. El registrador inscribe, en cuanto a los intereses de mora, en la extensión que determina el artículo 114 de la Ley Hipotecaria. ¿Y cuál es la extensión y alcance de este precepto legal? Lo dice su texto y lo interpretan y aclaran los juicios emitidos por los comentaristas. El ar-tículo 114 fija el período durante el cual los intereses quedan asegurados por la hipoteca en perjuicio de tercero. Las pa-labras del registrador ni extienden ni limitan el alcance de esta disposición, ni pueden afectar a la recurrente en sus de-rechos. El artículo 114 de la Ley Hipotecaria no tiene apli-cación, cuando no' hay tercero cuyos intereses puedan perju-dicarse. Y esto es así hágase constar o no en el registro de la propiedad.

Opinamos que no se ha aducido ninguna razón de peso para dejar sin efecto la nota recurrida, la cual debe ser con-firmada.


author: El Juez Asociado SeñoR Córdova Díávila,

text:
    Felipe Miranda, tercerista y apelado, v. José Díaz Miró y Carmelo Pagán, demandados y apelante el primero.

      No. 6049.

    Sometido: Febrero 6, 1935.

      Resuelto: Febrero 15, 1935.

      Bubón & Ochoteco, abogados del apelante; Martines Nadal & Mar-tínez Rivera, abogados del apelado.
   El Juez Asociado SeñoR Córdova Díávila,

emitió la opinión del tribunal.

En octubre de 1931 José Díaz Miró inició en la Corte de Distrito de San Juan una acción contra Carmelo Pagán en cobro de la cantidad de $848.59 y solicitó y obtuvo una orden decretando el aseg'uramiento de la efectividad de la sentencia que en su día hubiera podido recaer a su favor, habiéndose ordenado que por el'márshal de la Corte de Distrito de Hu-macao se procediera al embargo de bienes del demandado en cantidad suficiente para responder de la suma reclamada en la demanda, con intereses, costas, gastos y honorarios de abo-gado/. En cumplimiento de esta orden el márshal de la Corte de Distrito de Humacao procedió a embarg*ar y embargó en el pueblo de Juncos, como de la propiedad del citado Carmelo Pagán, entre otros bienes, un automóvil “Ford”. En no-viembre de 1931 Felipe Miranda reclamó como de su propie-dad el referido automóvil y presentó al márshal de la Corte de Distrito de Humacao el correspondiente escrito bajo jura-mento acompañado de una fianza suscrita por dos fiadores. El referido funcionario entregó al tercerista Felipe Miranda el automóvil reclamado, que fué valorado en la suma de $250. El escrito y la fianza fueron radicados por el márshal en la Secretaría de la Corte de Distrito de Humacao, habiendo el secretario de la citada corte notificado a todas las partes la radicación de dichos documentos a los efectos procedentes. El demandante en el pleito principal, José Díaz Miró, hizo constar su comparecencia en dicho procedimiento, pero no así ninguna de las otras partes, y en vista de ello, con fecha 22 de diciembre de 1931, el referido José Díaz Miró radicó ante la Corte de Distrito de Humaeao una moción solicitando que se dictara sentencia desestimando la reclamación del terce-rista y se le condenara a restituir al márshal de la Corte de Distrito de Humaeao los bienes objeto de su reclamación y, de no hacerlo así, que se condenara a dicho tercerista y a sus fiadores a pagar el valor del vehículo reclamado. 'Resol-viendo dicha moción, la Corte de Distrito de Humaeao, con fecha 26 de enero de 1932, dictó sentencia desestimando la reclamación del tercerista y ordenando la restitución al már shal del referido vehículo, con los demás pronunciamientos autorizados por la ley que regula el procedimiento para los casos de tercería de bienes muebles e inmuebles. Solicitó el tercerista la reconsideración de esta sentencia, entre otras razones, por entender que la Corte de Distrito de Humaeao carecía de jurisdicción en el asunto y no tenía poder para pronunciar la sentencia dictada, ya que el automóvil objeto de la tercería tenía un valor de $250, no siendo la corte de distrito, sino la Corte Municipal de San Lorenzo, la que de bía entender en el asunto por haber sido embargado el auto-móvil en el pueblo de Juncos, dentro de la jurisdicción de la citada corte municipal. Se opuso el apelante a la petición del tercerista, y, declarada con lugar la referida moción, se dejó sin efecto la sentencia dictada en 26 de enero de 1932 y se ordenó al secretario la devolución al márshal de los do-cumentos que le fueron entregados, para ser remitidos a la corte de distrito del distrito judicial municipal en que se hu-biera practicado el embargo, por ser la corte competente para entender en el caso.

Apeló de esta resolución .el demandante en la acción principal, José Díaz Miró, atribuyendo a la corte inferior el error de haber declarado que carecía de jurisdicción o competencia para entender en el asunto y que era la Corte Municipal de San Lorenzo el tribunal competente.

Arguye el apelante que el artículo 18 de la ley de tercería fija, de una manera clara y terminante, la competen-cia para conocer de los juicios de tercería en la corte con jurisdicción en el asunto o pleito principal donde se decretó la orden de embargo y entiende que, habiéndose trabado el embargo del automóvil dentro del distrito de Humacao en un pleito cuya reclamación asciende a $848.59, es la Corte de Disi rito de Humacao, y no la Municipal de San Lorenzo, la que tiene competencia para tramitar y decidir el juicio de tercería.

Este tribunal, en el caso de Insular Motor Corporation v. Corte, 41 D.P.R. 126, luego de comentar las diversas dispo-siciones de la ley de tercería relacionadas con la competencia de los tribunales llamados a actuar para decidir la reclama-ción de un tercero'sobre la propiedad embargada, dice que los artículos 17 y 18 de la ley deben aplicarse cuando el bien embargado por un tercero radique en el mismo distrito en que se decretó el embargo; pero que si ese bien radica en otro distrito, surge el caso especial de los artículos 8 y 9 de la referida ley. Refiriéndose a estos artículos, dijo esta corte en el caso citado:

“Es cierto que no disponen de modo expreso que la Corte de Distrito en que se traba el embargo sea la competente para conocer de la tercería y que las palabras finales de la sección 8 ‘que tuviere competencia según se dispone más adelante, ’ introducen confusión, pues en verdad lo que más adelante se dispone es lo que ya hemos consignado, a saber: que la competencia corresponde a la corte que tenga jurisdicción en el asunto en que se haya decretado la orden de embargo; pero ja qué disponer la ley que ‘el agente que hubiere tomado el juramento, y recibido la fianza, consignará al dorso de ésta el valor de la propiedad, según su propia tasación, y remitirá inme-diatamente la fianza y juramento acompañados de una copia de la orden, a ¡a corte de distrito donde se ejecutare el embargo/ si no es para que dicha corte sea la que conozca del pleito de tercería?”

En el caso de autos el automóvil objeto de la tercería fué valorado en $250. La única duda que puede surgir con res-pecto a la corte que debe intervenir para resolver la recla-mación del tercerista, es el valor del bien embargado. La ley de tercería no fija claramente el tribunal que debe intervenir cuando el embargo se ejecuta fuera del distrito judicial donde se originó el pleito principal. Esta corte lia procurado aclarar el texto de esa ley sobre este particular, que resulta complicado y confuso, para armonizar sus diversas disposi-ciones. Con estas miras fué que decidimos en Insular Motor Corporation v. Corte, supra, que la tercería debe resolverse en el distrito donde se ejecutare el embargo. Cuando el pleito principal se inicia en una corte de distrito no bay duda de que si el embargo se traba en el mismo distrito, el tribunal llamado a resolver la tercería es aquél donde se promovió la acción principal, cualquiera que sea la cuantía de los bienes embargados. El mismo procedimiento debe seguirse cuando esos bienes radiquen en otro distrito, irrespectivamente de la cuantía. Es decir, en este caso debe resolver la tercería la corte de distrito donde se ejecutare el embargo. Además, la ley dispone que el juramento y la fianza se remitirán a la corte de distrito donde se ejecutare el embargo. Las pala-bras “corte de distrito” en su acepción corriente significan una corte de distrito de jurisdicción general. T la corte de distrito donde se ejecutó el embargo en este caso es la Coi’te de Distrito de Humacao.

Dele revocarse la resolución apelada.


author: El Juez Asociado Seño®, Cóedova Davila,

text:
    Roque Santi Galleti y su esposa María García Reyes, y Julia García Reyes, demandantes y apelantes, v. Federal Land Bank of Baltimore y Abraham Sepúlveda, como Márshal de la Corte de Distrito de Ponce, demandados y apelados.
    No. 6855.

    Sometido: Enero 28, 1935.

      Resuelto: Febrero 15, 1935.

      V. Zayas Pizarro j J. Teissoniere, abogados de los apelantes; Prank, Martinez j E. Campos del Toro, abogados del Banco apelado.
   El Juez Asociado Seño®, Cóedova Davila,

emitió la opinión del tribunal.

Antonio Miranda Berrios y sn esposa Teresa de Jesús Rodríguez, siendo dueños de dos fincas radicadas en Yillalba, solicitaron del Federal Land Bank of Baltimore, en 21 de enero de 1925, un préstamo de $5,000. Convino el banco en facilitar el préstamo en 24 de marzo de 1925, reduciéndolo a la suma de $3,700, y tomando como garantía hipotecaria las dos fincas mencionadas. Los prestatarios hicieron saber al banco que $500 eran para la construcción de una casa vivienda y $250 para cercas, reparaciones y mejoras. En mayo 4 de 1932 el banco demandado inició el cobro de su crédito por medio del procedimiento sumario autorizado por la Ley Hi-potecaria. Este procedimiento fué dirigido contra Julia Car-cía Reyes, quien aparecía entonces como dueña de las fincas, habiéndose probado más tarde, a juicio de la corte inferior, que dichos inmuebles pertenecían a don Roque Santi y Ma-ría (Jarcia Reyes, por cuya razón el ejecutivo hipotecario continuó su tramitación contra los referidos esposos. Ambas fincas, una de noventa y tres cuerdas y otra de cuatro cuer-das y céntimos, fueron adjudicadas al banco demandado, que tomó posesión de la primera, quedando pendiente de posesión la finca de menor cabida. La corte inferior declaró sin lu-gar la demanda por entender entre otras razones que habién-dose constituido la hipoteca con anterioridad a la fecha de la compra de la finca por los demandantes, no hay derecho a acogerse a la exención autorizada por la ley en favor del derecho de homestead. El banco demandado estableció esta defensa y alegó además que en parte el dinero objeto del préstamo hipotecario fué dado por el banco referido, en cuanto a la suma de $500, para la construcción de la casa vivienda que ahora reclaman los demandantes, y en cuanto a los $250, para mejoras en las dos fincas hipotecadas, las cuales res-ponden solidariamente del pago de la hipoteca. La corte inferior resolvió que no habiendo sido partes los compradores en la solicitud original de préstamo, donde se hizo constar los fines a qne serían dedicadas dichas cantidades, no quedan obligados a tener conocimiento del referido documento.

El primer motivo de error se basa en que la corte inferior declaró sin lugar la demanda por el hecho de haberse probado que en la fecha en que se constituyó el gravamen hi-potecario, los reclamantes no habían constituido su hogar se-guro. Se alega además que el tribunal a quo erró al no resolver que habiendo existido el homestead a favor del anterior dueño, Sr. Miranda, que no lo renunció al constituir la hipoteca a favor del Federal Land Bank of Baltimore, y ha-biéndole vendido a los reclamantes dicha finca con entrega de posesión, y siendo estos compradores cabezas de familia y personas hábiles para constituir un homestead, como en realidad lo constituyeron sobre dicha finca, tal homestead fué logalmente constituido por éstos en perjuicio del acree-dor hipotecario, ya que no se hizo renuncia alguna ni por el deudor original ni por los compradores del referido derecho de homestead.

La cuestión fundamental a resolver en este caso es si los demandantes, que compraron la finca, la adquirieron libre de cargas o gravámenes por el hecho de tener en ella constituido su homestead los esposos vendedores. Es decir, si a pesar de haber sido esta finca vendida y desocupada por sus due-ños y de haberse dado posesión material a los demandantes, continúa vigente la exención que cubre y ampara el hogar seguro del dueño, al extremo de poderse alegar con éxito favorable contra un crédito hipotecario debidamente inscrito en el registro de la propiedad. En algunas jurisdicciones, cuando se vende el homestead por el dueño del mismo, el com-prador adquiere la propiedad sujeta a todas las reclamacio-nes válidas o sentencias dictadas contra el vendedor, aun cuando no hubiesen podido hacerse efectivas sobre la propie-dad de haber permanecido él dueño en sn disfrute y posesión. En otras jurisdicciones, sin embargo, se ba sostenido que la exención runs with the land, siguiendo a la transmisión y pro-tegiendo la propiedad como si continuase siendo la residen-cia del deudor. En Mississippi, de acuerdo con el antiguo código revisado, pág. 529, artículo 281, tan pronto como un deudor abandonaba su homestead en virtud de una venta a un tercero, la propiedad podía ser ejecutada para el pago de una sentencia existente contra el deudor. En 1906, sin embargo, se adoptó en el código una disposición en virtud de la cual el homestead no responde de las deudas contraídas por su dueño, cuando se vende la propiedad. En Illinois se dispuso, en 1872, que cuando un homestead es traspasado por el dueño, este traspaso no sujetará la propiedad a ninguna carga o gravamen a que no hubiere estado sujeta en las manos de su dueño. En el estado de Louisiana la exención concedida al dueño del homestead cesa cuando la propiedad pasa a otras manos. En North Carolina se aprobó en 1905 una ley donde se declara que cuando se vende y trasmite el homestead, termina la exención, quedando la propiedad su-jeta al pago de anteriores gravámenes.

Nuestra ley de homestead dispone que el bogar seguro es-tará exento de embargo, sentencia o ejecución,- con excepción de las contribuciones, el valor de la compra de la propiedad y la responsabilidad incurrida por mejoras que se hicieren en la misma. Puede que si se examinan y analizan estas dis-posiciones por distintos tribunales no se llegue a una misma conclusión. Examinando las decisiones judiciales se observa que cuando la ley exime el homestead de ejecución (forced sale), prevalece el criterio de que la propiedad que se aban-dona en virtud de la venta responde de los gravámenes exis-tentes contra la misma al tiempo de la trasmisión. Smith v. Brackett, 36 Barb. (N. Y.) 571; Allen v. Cook, 26 Barb. (N. Y.) 374. Se ba sostenido sin embargo, que cuando la exención cubre además la sentencia, la propiedad se vende libre de cargas y gravámenes. Nos damos perfecta cuenta de las diferencias establecidas por ciertos tribunales, pero no nos convence sn razonamiento. No priva nuestra ley al jefe de familia, que puede vender, del derecho de gravar la propie-dad con el consentimiento de su cónyuge, y cuando haciendo uso de este derecho hipoteca lo que es suyo, el gravamen queda inmediatamente constituido aunque se mantenga en suspenso mientras subsiste el homestead bajo el amparo de la exención; pero cuando la finca se vende y abandona, el gravamen durmiente, que constituye noticia a todo el mundo, adquiere fuerza y vigor y puede hacerse efectivo sobre la propiedad en poder del comprador. La exención contra eje-cución y sentencia no impide, a nuestro juicio, que se apli-quen, con respecto a un gravamen hipotecario, los principios generales en que se inspiró desde su origen la institución de homestead. Ateniéndonos a esos principios, nos parece que la doctrina sustentada por la Corte Suprema de Louisiana es la más aceptable en esta jurisdicción.

En el caso de Hebert v. Mayer, 42 La. Ann. 839, 8 So. 590, el demandante, dueño de ciento sesenta acres de terreno, había separado e inscrito su homestead. Vendió la propiedad que pasó a manos de varias personas, volviendo después a adquirir el dominio de la misma. El demandado obtuvo una sentencia contra el demandante y procedió a ejecutar la propiedad. El demandante obtuvo un injunction contra Mayer, ordenándole que se abstuviera de ejecutar la senten-cia. Apeló el demandado, y resolviendo la cuestión planteada la Corte Suprema de Louisiana se expresó así:

“Bajo el artículo 219 de la Constitución, el homestead debe ser poseído de buena fe por el deudor y ocupado por el mismo. Cuando cualquiera de las condiciones que se requieren para separar e inscri-bir el homestead, exceptuándolo de embargo y venta, deja de existir, ía razón para la existencia del homestead cesa también y queda sujeto a embargo y venta. La sentencia registrada contra el deudor puede hacerse efectiva en las manos de terceras personas. Código Civil, artículo 3397; Denis v. Gayle, 40 La. Ann. 291, 4 South. Rep. 3. No puede ofrecerse una evidencia más vigorosa de que el homestead debe cesar, porque no lo necesita el deudor para sostener a aquellas personas que dependían de él cuando fue separado e inscrito, que la que ofrece el voluntario abandono o venta de ese homestead por el deudor. La separación de la propiedad por este deudor no puede revivir el homestead. Las condiciones sobre las cuales fué ori-ginalmente concedido cesaron de existir cuando se vendió. Nuevas condiciones deben aparecer con el fin de darle derecho a la exención de homestead. Como dijo esta corte en el caso de Denis v. Gayle: ‘Desde el momento que la exención cesa, la hipoteca, que solamente había estado durmiendo, sin extinguirse, vino a ser ejecutoria con toda su fuerza y vitalidad primitivas. Habiéndose desligado de toda cone-xión con la propiedad vendida, Gayle no pudo desde entonces tender sobre ella el escudo de la protección en la forma de una exención de embargo y venta que le era peculiarmente personal.’ Y en el pre-sente caso, si la hipoteca judicial siguió al homestead en las manos de los dos compradores, ciertamente continuó unida a la propiedad cuando el deudor original la adquirió nuevamente. Se ordena, por tanto, y decreta, que la sentencia apelada sea anulada y revocada, y que el decreto de injunction sea disuelto. . .”

En el de Abbeville Rice Mill v. Shambaugh, 115 La. 1047, 40 So. 453, dijo el mismo tribunal:

“No vemos una base posible para establecer la reclamación de homestead. La propiedad pasó de McFarland al comprador con el gravamen de las hipotecas inscritas contra el vendedor. Guando el dueño del hogar seguro vende el mismo, reviven las sentencias dur-mientes contra el deudor y si han sido registradas siguen a la pro-piedad en las manos del comprador. Cuando el vendedor vuelve a obtener el homestead, la exención no revive. Si hubiese s.'do posible para la demandada, una mujer casada, haber adquirido el derecho de homestead, en la propiedad necesariamente lo hubiera tomado su-jeto a las hipotecas judiciales anteriores del demandante.”

En Harvard Law Review, tomo 29, pág. 225, se cita el caso de Gray v. Deal, 151 Pac. 205 (Okl.), donde se resolvió que un bogar seguro exento de venta en pública subasta por la Constitución y enajenado por su dueño, trasmitió la propiedad libre de cargas al comprador y se añade, por vía de co-mentario, lo siguiente:

“Existen dos criterios respecto al efecto de un gravamen por sen-tencia sobre propiedad que por estatuto está exenta de una venta en pública subasta. En algunos estados se ha resuelto, como en el caso citado, que la exención cubre un gravamen durmiente de tal suerte que el derecho de. hogar seguro puede ser traspasado libre de toda carga. A veces se llega a este resultado mediante una interpretación que está basada en otros estatutos que indican que ésta es la inten-ción legislativa. Sin embargo, el criterio de la mayoría es que el gravamen existe, aunque se mantiene en suspenso a virtud del csta-tatuto, que sólo concede una exención personal al dueño del hogar seguro. Así, pues, el gravamen surge de nuevo al venderse la pro-piedad. La constitución de Oklahoma dispone, que. el hogar seguro de la familia estará exento de una subasta para el pago de deudas. Williams. Ooust. art. 303. Tilas ni estatuto dispone que las senten-cias dictadas por cortes de registro gravarán los bienes inmuebles del deudor. Estatutos Generales de Oklahoma, art. 5192. Una interpre-tación estricta de la exención no prohibiría la existencia del gravamen, sino solamente el procedimiento final de la subasta. Si una corte dará tal interpretación o seguirá la regla del caso antes citado, depende, en ausencia de prueba respecto a la intención de la legis-latura, de. la actitud general que se tenga en materia de exención en la jurisdicción de que se trate.”

No diremos nosotros que la mayoría de los tribunales sos-tiene que el gravamen puede hacerse efectivo contra la pro-piedad, cuando por la voluntad del dueño que la vende y aban-dona, con el consentimiento de su cónyug’e, deja de estar amparada por la exención, dado el carácter personal de la misma; pero sí creemos que éste es el criterio que más se ajusta a los principios básicos en que descansa la institución de homestead.

No persigne la ley el propósito de eximir al deudor del pago de sus obligaciones. La regia general es que los bie-nes de todo deudor pueden ser alcanzados por sus acreedo-res para hacer efectivos sus créditos. El homestead es una de las excepciones a la regia, mientras conserve sus caracte-rísticas y cumpla el propósito para que fue creado, que es la protección de la familia. La exención, aunque recae sobre la finca, es un- simple privilegio personal que la ley asegura al deudor y a su viuda y sus hijos menores de edad después de su muerte, que no puede ser trasmitido con la propiedad. El espíritu de la ley es asegurar un hogar a la familia por razones de conveniencia pública, y no proteger al deudor contra las reclamaciones de sus acreedores. Si la propiedad se vende y desocupa, las características del homestead desapa-recen en cuanto al jefe de familia favorecido por el privile-gio. La venta y desocupación definitiva constituyen un aban-dono que despoja a la propiedad del carácter que tuvo basta entonces en lo que se relaciona con el privilegio personal de su dueño anterior. El nuevo dueño, que puede que no sea jefe de familia, no debe ocupar una posición más ventajosa que la que hubiese ocupado su vendedor una vez desapareci-das las características del homestead. El hogar seguro deja de serlo cuando el dueño lo abandona definitivamente. Si lo abandona sin venderlo, desaparece la exención, quedando desde este momento sujeto a embargo y ejecución. Lo mismo debe suceder cuando este abandono ocurre por haberse ven-dido y desocupado la propiedad. El que adquiere una finca hipotecada, debidamente inscrita en el registro de la propie-dad, no sufre perjuicio alguno, porque conoce la existencia del gravamen y sabe a qué atenerse en cuanto a su respon-sabilidad. El nuevo dueño, desde luego, puede constituir su homestead y mantenerlo libre de ejecución si cubre los gra-vámenes existentes al tiempo de la adquisición. El presente es un caso en que los esposos vendedores hubiesen estado im-pedidos de establecer con éxito favorable la exención si en realidad pidieron y obtuvieron una cantidad de $500 para la construcción de la casa vivienda que se alega como homestead.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Hutchison está conforme con el resultado.