author: La Jueza Asociada Señora Fiol Matta

text:
    Ángel Francisco Clavelo Pérez, peticionario, v. Gloria Esther Hernández García, recurrida.

      Número: CC-2007-1166

      Resuelto: 19 de enero de 2010

      Sixto Román Torres, parte peticionaria; Jorge L. Marchand Heredia, parte recurrida.
   La Jueza Asociada Señora Fiol Matta

emitió la opinión del Tribunal.

Tenemos ante nuestra consideración un asunto sobre el cual no nos habíamos expresado hasta el presente. Se trata del efecto que pueda tener el matrimonio del cónyuge supérstite sobre el usufructo viudal. Específicamente, debemos resolver si en nuestro ordenamiento jurídico el usufructo viudal, que es la legítima del cónyuge supérstite, se extingue al éste contraer nuevas nupcias. Exponemos los hechos, según fueron estipulados por las partes.

I

El 19 de agosto de 1995, el Sr. Ángel Francisco Clávelo Pérez contrajo matrimonio con doña Amelia García Peraza, madre de Gloria Esther Hernández García. Seis años después del casamiento, el 13 de junio de 2001, doña Amelia falleció intestada y el Tribunal de Primera Instancia declaró como únicos y universales herederos a la señora Hernández García y al señor Clávelo Pérez, a quién reconoció como viudo. Desde el fallecimiento de doña Amelia, la señora Hernández García tiene el control exclusivo de los bienes del caudal, que consisten en dinero depositado en cuentas bancarias y bienes inmuebles dedicados al negocio de alquiler.

El señor Clávelo Pérez contrajo matrimonio nuevamente el 4 de junio de 2002. Tres años después, la señora Hernández García le entregó un cheque por $16,666, con el propósito de conmutar y satisfacer su cuota viudal usufructuaria. Por estar en desacuerdo con la cantidad del pago, el señor Clávelo Pérez endosó el cheque y se lo devolvió a la señora Hernández García. En vista de que los legitimarios de doña Amelia no lograron un acuerdo sobre el valor de la cuota usufructuaria, el señor Clávelo Pérez presentó, en el Tribunal de Primera Instancia, una demanda sobre la liquidación de usufructo viudal. Tras varios trámites procesales, la señora Hernández García solicitó la desestimación de la reclamación, fundamentada en que el señor Clávelo Pérez no tenía derecho a recibir el usufructo viudal, porque había contraído nuevas nupcias. Argumentó que la condición precedente para que naciera el derecho a la cuota usufructuaria es la viudez y como el señor Clávelo Pérez ya no era viudo, no tenía derecho a esa cuota.

Estipulados los hechos y trabada la controversia, el Tribunal de Primera Instancia resolvió que en nuestro ordenamiento jurídico no hay disposición legal que requiera que la legítima del viudo se extinga al éste contraer nuevas nupcias. Por lo tanto, le ordenó a la señora Hernández García pagarle al señor Clávelo Pérez la cuota usufructuaria que le correspondía.

Insatisfecha con la sentencia del foro de instancia, la señora Hernández García acudió al Tribunal de Apelaciones y alegó, en esencia, que aquel foro había errado al concluir que el derecho al usufructo viudal no se extingue cuando el viudo contrae matrimonio. El tribunal intermedio apelativo resolvió que el derecho al usufructo viudal termina cuando el viudo contrae nupcias. Concluyó, por lo tanto, que el señor Clávelo Pérez sólo tenía “derecho [a] disfrutar de la cuota usufructuaria viudal hasta la fecha en que éste contrajo nuevas nupcias y su estado civil pasó de soltero [por viudez] a casado”. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 147. Así, el Tribunal de Apelaciones devolvió el caso al tribunal de instancia para que se hiciera el cómputo de la cuota usufructuaria desde la muerte de la causante hasta la fecha cuando el señor Clávelo Pérez contrajo nuevo matrimonio.

Inconforme, el señor Clávelo Pérez recurre ante nosotros, mediante petición de certiorari y alega que el Tribunal de Apelaciones erró al limitar o restringir su derecho a percibir la cuota usufructuaria viudal, porque contrajo matrimonio, ya que esto constituye “preterición de la legítima viudal y un discrimen por razón de matrimonio prohibido por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.

Expedimos el auto y, luego de un examen detenido del expediente y el derecho aplicable, estamos en posición de resolver.

II

A. Siempre que nos enfrentamos a una controversia nueva, relativa a una figura jurídica compleja, es necesario estudiarla y analizarla en todos sus detalles. En este caso es particularmente imprescindible estudiar el desarrollo histórico de los derechos sucesorios del cónyuge viudo, porque, según explica Cano Tello, éstos surgieron “en un marco jurídico social producto de una época y [están] más influidos que otras instituciones por criterios morales, religiosos y filosóficos mayoritariamente aceptados en determinado momento”.

Nuestro recorrido histórico comienza durante la dominación romana del territorio que actualmente es España, pues es en esa época que la doctrina identifica por primera vez una institución afín al usufructo viudal. Las leyes romanas no le reconocían ningún derecho hereditario al cónyuge supérstite en la sucesión del premuerto, hasta que en tiempos del emperador Justiniano se introdujo la cuarta marital a favor de la mujer que no aportó dote, es decir, la esposa pobre. Más tarde, en la “Novela 117”, publicada en el 541, se le atribuyó a la mujer el derecho en propiedad a esta cuarta parte, cuando el marido muerto no tuviese descendencia y solamente el usufructo cuando la tuviese.

A los romanos le sucedieron los godos, quienes invadieron la península ibérica hace mil quinientos años. Entre los germanos, primero por costumbre y después mediante legislación, la viuda participaba en los bienes hereditarios del marido difunto. Pero, en este caso, era porque en dicha civilización se miraba a la mujer con “benevolencia”, lo cual elevaba su dignidad dentro de la familia. Por eso, en el estatuto godo conocido como el “Fuero Juzgo”, redactado en Castilla en 1241, se le asignó a la viuda una cuota igual a la que por legítima recibirían sus hijos legítimos de la herencia paterna, mientras no contrajere nuevo matrimonio, pero con independencia de su posición social y económica. La viuda tenía este derecho solamente cuando había hijos, porque lo que pretendía asegurar este cuerpo legal era la conservación de la familia.

Así las cosas, en el siglo VIII, los moros invadieron la mayor parte del territorio español, terminando con ello la dominación germana en la península. Entonces, durante todo el periodo de reconquista, que se extendió hasta el siglo XV, la nobleza o las regiones liberadas recibieron de los reyes privilegios o fueros. Sin embargo, los preceptos del Fuero Juzgo mantuvieron vigencia en algunas regiones y se transformaron conforme al tiempo, la localidad, las costumbres y la guerra. En Aragón, el derecho al usufructo se le concedió al cónyuge supérstite sobre todos los bienes del premuerto; es decir, la ley impuso un usufructo viudal universal. Según este ordenamiento, el derecho de viudedad se extinguía si la viuda o el viudo llevaba una vida pública deshonesta o contraía nuevo matrimonio, a menos que se le hubiese concedido de por vida y el consorte difunto no tuviese otros herederos forzosos, o se tratase de un “casamiento en casa” autorizado, y de la consiguiente conversión del usufructo universal en ordinario.

También, desde el siglo XIII, el Fuero General de Navarra estableció el usufructo de fidelidad o viudedad, que le otorgó al viudo o viuda el uso y disfrute de todos los bienes de su difunto consorte, mientras mantuviera fidelidad, es decir, mientras no contrajera un nuevo matrimonio ni llevara una vida deshonesta. Estas causas de extinción del usufructo viudal foral, que surgen de la legislación tanto de Navarra como de la aragonesa, demuestran que en estos ordenamientos los derechos sucesorios del cónyuge viudo persiguen, además del propósito de favorecer a la viuda, el objetivo principal de “robustecer y perpetuar la familia dándole cohesión y vigor mediante la no disgregación del patrimonio familiar”, a pesar de la muerte de uno de los esposos.

Sin embargo, en Castilla, tras la reconquista, la concesión parcial de los fueros municipales borró todo vestigio del Fuero Juzgo con relación a los derechos del cónyuge viudo en la sucesión de su consorte. Entonces, en el siglo XIII, cuando se había reconquistado la mayor parte del territorio español, el derecho carecía de unidad y se comenzaron a realizar esfuerzos para resolver este problema. Así surgieron las “Partidas”. Este cuerpo normativo, redactado durante el reinado de Alfonso X, resucitó la cuarta marital romana de manera modificada. Específicamente, le concedió a la viuda pobre, que no podía vivir honestamente de sus bienes, el derecho en propiedad a una cuarta parte en la herencia de su cónyuge premuerto, con independencia de que hubiese hijos. Esta ley pretendía proteger a la viuda en su carácter personal, más que a la institución familiar que era el bien tutelado por el Fuero Juzgo y las legislaciones forales.

No obstante, ninguno de los esfuerzos realizados en ese tiempo logró unificar el derecho en el territorio español, hasta que, en el siglo XIX, las ideas políticas revolucionarias recogidas en el nuevo Código Civil francés hicieron renacer los deseos de lograr una codificación uniforme del derecho español. Durante la elaboración del proyecto de Código Civil español de 1851 y de la Ley de Bases de 11 de mayo de 1888, se discutió “honda y largamente” sobre la legítima del viudo. Sin embargo, en ese momento histórico, la razón del usufructo viudal, además de proteger económicamente al cónyuge supérstite y a su familia, se ex-presó como sigue:

... “la intima sociedad que se forma entre marido y mujer, la comunión de afectos, la asidua y común participación en los trabajos de la vida, los cuidados que en común prestan a la prole, dan lugar a la formación de ciertos vínculos que la ley no puede ni debe desconocer”

Los codificadores españoles estudiaron las diversas fórmulas adoptadas en y fuera del territorio español para proteger al cónyuge supérstite, entre éstas, las legislaciones forales que le asignaban un usufructo universal legal, otras que establecían un usufructo parcial o sobre una parte de los bienes de la herencia y unas que le atribuían al viudo una cuota en pleno dominio. Se optó por el usufructo parcial, reviviendo, aunque modificada, la fórmula del Fuero Juzgo que, a su vez, coincidía con las disposiciones del Código Civil italiano de 1865.

En el seno de la comisión codificadora también se discutió si la cuota viudal había de extinguirse con la celebración de nuevas nupcias, prevaleciendo el criterio de que el viudo continuara disfrutando su legítima. Dicho de otro modo, en la redacción final del proyecto del Código Civil español de 1888, no se siguió el criterio de las provincias regidas por fueros especiales. Así, en el derecho civil común se entendió, en vez, que el usufructo viudal no termina ni porque el viudo no lleve una vida recatada y honesta ni porque contraiga nuevas nupcias. Tampoco finaliza este derecho por indignidad o por otros motivos particulares. Valverde nos explica las razones en las que se apoya este criterio:

[S]i a primera vista parece absurdo que participe de los beneficios de ella el cónyuge de segundas nupcias que viene a ocupar el lugar del fallecido, no obstante, razones superiores de moralidad aconsejan el aceptar el criterio de subsistencia de la cuota aim contrayendo segundo matrimonio.

Finalmente, los artículos 834 y subsiguientes del Código Civil español establecieron a favor del cónyuge viudo el derecho al usufructo de una cuota en la herencia del causante. Por otro lado, este cuerpo legal, que es, en esencia, igual al nuestro, guardó silencio en torno a las causas especiales para el cese o la extinción del usufructo viudal.

Manresa ha expresado que el silencio del Código es, sin duda, prueba de que el legislador entendió que no era necesario usar la autorización que le otorgaba la Ley de Bases de 1888, para determinar las causas de extinción del usufructo viudal. Por el contrario, demuestra que los parlamentarios prefirieron equiparar este derecho a los demás usufructos y dejar subsistentes, respecto a éste, las causas generales de extinción del usufructo, en lo que sean aplicables. Cónsono con ello, los tratadistas Borrell y Soler afirman que “la causa más natural de extinción [del usufructo viudal] es la muerte del viudo usufructuario, pero puede también ocurrir por cumplimiento de condición resolutoria convenida en el título del derecho, por confusión o por renuncia”.

B. En Puerto Rico, hasta finales del siglo XIX, el derecho privado era organizado por estatutos particulares, como las Leyes de Indias, que regían en los territorios españoles de ultramar. Sin embargo, aunque el artículo 89 de la Constitución española de 30 de junio de 1876 mantuvo el principio de que “las provincias de Ultramar serían gobernadas por leyes especiales”, también autorizaba al Gobierno a aplicar a estas provincias las leyes promulgadas o que se promulgasen en España, con las modificaciones que estimara pertinentes y dando cuenta a las Cortes. De este modo, “la obra más importante de la legislación española, el Código Civil, fue extendida íntegramente a la Isla” por Real Decreto de 31 de julio de 1889.

Poco tiempo después, según artículo II del Tratado de Paz o el Tratado de París de 10 de diciembre de 1898, que terminó la Guerra Hispanoamericana, el Reino de España le cedió el archipiélago de Puerto Rico a Estados Unidos. Desde ese momento hubo una “alteración natural y comprensible en la orientación jurídica puertorriqueña”, pues, aunque la estructura jurídica y gubernamental dejada por España se mantuvo durante el periodo del gobierno militar, eso es, entre 1898 y 1900, ésta fue alterada por medio de órdenes militares.

La Ley Foraker puso fin al gobierno militar y estableció en Puerto Rico el primer gobierno civil el 1 de mayo de 1900. Esta ley también ordenó la creación de una comisión, cuya encomienda era revisar y compilar las leyes de Puerto Rico en un corto periodo de tiempo que finalizaba el 12 de abril de 1901. Debido a la tardanza en nombrar a los miembros de esta comisión, éstos tuvieron sólo nueve meses para familiarizarse con la situación prevaleciente en la Isla, acordar los cambios que recomendarían y hacer su informe al Congreso. El informe de la Comisión, que recomendó cambios en las leyes existentes para “adaptarlas a los principios fundamentales del derecho americano”, fue sometido a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a principios de 1902. Además, otra comisión codificadora, creada en 1901 por una ley de la Asamblea Legislativa, también entregó su informe para esa fecha. El 12 de marzo de 1902, la Asamblea Legislativa aprobó el Código Civil de Puerto Rico. Éste contenía algunas modificaciones importantes, entre éstas, los artículos 821 al 823 declararon al cónyuge viudo heredero en propiedad, sin disponer sobre la terminación de este derecho. Tres años después, la Ley de 9 de marzo de 1905 restableció íntegramente la doctrina del Código Civil español sobre el usufructo viudal.

Posteriormente, la Ley Núm. 48 de 28 de abril de 1930, enmendó más de cincuenta artículos que, así modificados, se incorporaron, con una nueva enumeración, al texto de otra edición de Código Civil de Puerto Rico. En esta edición se incluyeron otras leyes civiles que antes no se encontraban en el Código. Sin embargo, los artículos 761 al 766, que regulan los derechos sucesorios del cónyuge viudo, se mantuvieron prácticamente inalterados.

C. Trazados los orígenes de los derechos sucesorios del cónyuge supérstite, precisemos la naturaleza de esta institución jurídica, conforme ha sido interpretada por la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal.

El artículo 736 del Código Civil dispone que son legitimarios del causante sus descendientes y, en ausencia de éstos, sus ascendientes. También el cónyuge supérstite es heredero forzoso, pero su cuota es en usufructo. Por consiguiente, éste tiene que concurrir a las operaciones particionales hasta que los herederos le satisfagan o conmuten su cuota, lo cual puede hacerse asignándole una renta vitalicia, los productos de determinados bienes o capital en efectivo. En otras palabras, hasta que no se haga la conversión, todos los bienes de la herencia estarán gravados por el usufructo viudal. Ahora bien, para que queden adecuadamente protegidos los derechos del cónyuge supérstite, se tomará en consideración el valor de los bienes de la herencia al momento en que se formalice la conversión o conmutación. Además, el viudo no es un extraño a la sucesión en lo que se refiere al retracto sucesoral.

Por otro lado, el derecho del viudo es exigible tanto en la sucesión testada como en la intestada. Además, el usufructo viudal puede atribuirse por el causante a cualquier título: herencia, legado, partición efectuada por el propio causante o por vía de reglas particulares dictadas por éste sobre la partición. Hemos afirmado que el suceso que da vida a este derecho es la muerte del causante. También hemos destacado que el usufructo viudal legal es la legítima del cónyuge supérstite, de la cual no se le puede privar por testamento, ni puede el testador imponer carga o gravamen alguno sobre ella, como, por ejemplo, que el viudo no contraiga nuevas nupcias. Ello es así, toda vez que “ ‘siendo vitalicio el usufructo viudal concedido, no hay más plazo ni condición que la vida del usufructuario’ ”.

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Explicado lo anterior, debemos resolver si en nuestro ordenamiento jurídico el usufructo viudal cesa o se extingue cuando el viudo o la viuda contrae nuevas nupcias. Hemos visto que este asunto se consideró y discutió en la comisión que redactó el Código Civil español y, finalmente, prevaleció la posición de que el derecho al usufructo viudal no se extingue ni cesa por esa causa. También hemos visto que en aquellas jurisdicciones como Navarra y Aragón, donde las nuevas nupcias son causa para terminar el usufructo viudal, la ley foral lo dispone expresamente. Sin embargo, en el Código Civil español y, por consiguiente, en el nuestro, se optó por no hacer expresión alguna sobre la extinción del usufructo viudal. Por lo tanto, para conocer las causas de extinción del usufructo viudal debemos referimos al articulado general de extinción del usufructo, que no dispone esta causal.

Por otro lado, como hemos podido observar, la filosofía que originó la figura del usufructo viudal universal y de la cuarta marital romana, que protegía a la viuda de la pobreza y tenía el propósito de mantener la unión familiar, ha evolucionado según los cambios sociales. En la época moderna, reconocemos que también se trata “de un derecho recíproco, moldeado al fuego del mutuo cariño ... común a los dos cónyuges, [e] independiente de su estado económico de pobreza o riqueza”. De esta forma se reconocen los años de amor, sacrificio y convivencia del compañero o compañera. Por eso, el propio Código Civil consagró la calidad de legitimario que tiene el cónyuge supérstite, asignándole un derecho en la herencia del difunto. Cónsono con ello, según ya expresamos, nuestra jurisprudencia ha resuelto que el testador no puede privar a su cónyuge de su legítima ni imponer sobre ésta carga o gravamen alguno.

Finalmente, debemos mencionar otros dos artículos de nuestro Código Civil que se refieren a los derechos del cónyuge supérstite. El primero es el artículo 420, que exceptúa al cónyuge sobreviviente de prestar fianza respecto a la cuota usufructuaria que le corresponde en la herencia del otro cónyuge, siempre que los nudo-propietarios sean sus descendientes y mientras no contraiga segundo matrimonio. 31 L.P.R.A. see. 1542. Véase, además, Artículo 421 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 1543. Por otro lado, la reserva viudal, regulada en los artículos 923 al 935 del Código Civil, le impone al viudo o viuda que contrae nuevas nupcias, la obligación de reservar, para los descendientes del matrimonio anterior, la propiedad de los bienes que adquirió del causante, de los hijos de éste y de los parientes del difunto por consideración a éste, mediante testamento, sucesión intestada, donación u otro título lucrativo. Estas disposiciones confirman que la única consecuencia que el Código Civil asigna para cuando el cónyuge supérstite contrae nuevas nupcias surge en esta situación, para la cual adopta una norma específica. Habiendo previsto y regulado este supuesto en los artículos 421 y 923 al 935, mencionados, debemos concluir que la ausencia de condiciones al regular la vigencia de la cuota usufructuaria revela la intención de no sujetarla a condición alguna. Dado que el Código es un sistema coherente de normas, podemos deducir que las nuevas nupcias no son causa de extinción de los derechos sucesorios del cónyuge supérstite.

Más aún, sería antagónico que se le exigiera la fianza sobre el usufructo viudal al cónyuge supérstite que va a contraer nuevas nupcias y, por otro lado, se extinga este usufructo por razón del vínculo matrimonial. Así lo expresa el tratadista Manuel Albaladejo, refiriéndose al Artículo 492 del Código Civil español, que es homólogo al 490 de nuestro Código Civil, al afirmar que

[e]ste precepto, indirectamente, confirma que no se extingue por ulteriores nupcias el usufructo legal del cónyuge viudo, puesto que ellas sólo dan lugar a que el viudo deba prestar fianza.

La intención de los codificadores, la filosofía tras la figura del usufructo viudal y la interpretación lógica de todas las disposiciones del Código Civil demuestran que, en nuestro ordenamiento jurídico, el derecho de usufructo viudal no cesa ni se extingue cuando el cónyuge supérstite contrae nuevas nupcias. Ahora bien, según las disposiciones citadas, tendría que prestar fianza y reservar ciertos bienes para la descendencia de su matrimonio anterior.

IV

Cuando murió doña Amelia, que conforme a nuestra jurisprudencia es el momento determinante para la concesión del usufructo viudal, ésta estaba casada con el señor Clávelo Pérez. Conforme a lo aquí resuelto, el matrimonio del señor Clávelo Pérez, cinco años después de la muerte de doña Amelia, no extinguió el usufructo viudal. Por consiguiente, el señor Clávelo Pérez es acreedor a la cuota viudal usufructuaria.

Por los fundamentos expuestos, se revoca la sentencia del Tribunal de Apelaciones y se reinstala la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rivera Pérez concurrió sin opinión. El Juez Asociado Señor Martínez Torres se inhibió.

       Hemos resuelto que un causante no puede imponer en un testamento, y como condición para que el cónyuge supérstite reciba su legítima, que éste no contraiga nuevas nupcias. Véase Díaz Lamoutte v. Luciano, 85 D.P.R. 834 (1962). Por otro lado, en Luce & Co. v. Cianchini, 76 D.P.R. 165 (1954), resolvimos que la viuda no aceptó el usufructo que el causante le ofreció en testamento, con la condición de que permaneciera viuda, sino que optó por el usufructo legal, por lo cual no estaba obligada a cumplir condición u obligación algunas. La controversia en el caso que hoy atendemos es distinta a las que ya hemos resuelto, en tanto aquí se plantea el matrimonio del viudo como causa de extinción del usufructo viudal en la sucesión intestada.

       El Tribunal de Primera Instancia le concedió al señor Clávelo Pérez $144,604.24 en pago del valor conmutado de su cuota usufructuaria sobre los bienes inmuebles y el capital líquido. Además, le otorgó $16,116.67 en concepto de una tercera parte de los cánones de alquiler devengados por los inmuebles, desde la fecha de la muerte de la causante hasta mayo de 2007. Finalmente, el tribunal adjudicador le ordenó a la heredera satisfacerle al viudo $483.33 mensuales, a partir de junio de 2007, hasta que la sentencia adviniera final y firme, en concepto de la tercera parte de los cánones de alquiler devengados. Cada plazo que no sea satisfecho, devengará intereses desde que se venza hasta su saldo total. El Tribunal de Primera Instancia ordenó, también, el pago de $6,000 en concepto de honorarios de abogado por temeridad y $1,277.25 por los honorarios estipulados del tasador. Estas dos sumas no se impugnan, ni en el recurso de apelación presentado ante el Tribunal de Apelaciones ni en el recurso de certiorari presentado ante nosotros.

       C.A. Cano Tello, El artículo 834 del Código Civil desde la perspectiva de los derechos históricos y de los nuevos principios del derecho de familia español, en Centenario del Código Civil (1889-1989), Madrid, Ed. Centro Estudios Ramón Areces, 1990, T. I, pág. 393. El origen de los derechos sucesorios del cónyuge viudo es bastante moderno, porque su propósito o finalidad era atendido por las instituciones del derecho de familia de las legislaciones históricas. F. Puig Peña, Compendio de derecho civil español, 3ra ed., Madrid, Ed. Pirámide, 1976, T. VI, pág. 479. Entre estas instituciones podemos identificar la dote romana de la mujer o la germánica del marido y los sistemas de comunidad matrimonial de bienes.

       F.V. Bonet Ramón, Compendio de Derecho Civil, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1965, T. V, pág. 614. Véase además: L. Roca-Sastre Muneunill, Derecho de Sucesiones, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1997, T. II, pág. 277.

       Bonet Ramón, op. cit.

       M. Rodríguez Ramos, Breve historia de los códigos puertorriqueños, 19 (Num. 4) Rev. Jur. U.P.R. 233, 234 (1950).

       íd., Cano Tello, op. cit., pág. 394. De hecho, se entiende que el usufructo universal de carácter legal, no recíproco, tiene su origen en las legislaciones germánicas de la Edad Media. Roca-Sastre Muncunill, op. cit. Entre las leyes bárbaras que primero acogieron como ley escrita los derechos sucesorios entre cónyuges, a través de la concesión de cuotas en usufructo a favor de la viuda, encontramos la Lex Wisigothorum, Lex Baiovariorum y Lex Burgundiorum. Roca-Sastre Muncunill, op. cit., págs. 277-278; Cano Tello, op. cit., pág. 394. De otra parte, el derecho islamítico, en su escaso influjo sobre el derecho europeo moderno, ofrece un precedente importante al otorgar al cónyuge viudo derechos legitimarios en la sucesión del premuerto. Bonet Ramón, op. cit., pág. 614; Cano Tello, op. cit., pág. 394.

       Q.M. Scaevola, Código Civil Comentado y Concordado Extensivamente, Madrid, Ed. Reus, 1898, T. XIV, pág. 558.

       Roca-Sastre Muncunill, op. cit, pág. 278.

       Rodríguez Ramos, supra, pág. 235.

       íd.

       J.M. Manresa y Navarro, Código Civil Español, 8va ed., Madrid, Ed. Reus, 1973, T. VI, Vol. I, pág. 849; Scaevola, op. cit., pág. 557.

       Roca-Sastre Muneunill, op. cit., pág. 278. En la Compilación de Huesca de 1247, se reconoció el usufructo universal como un beneficio legal concedido a la viuda sobre la totalidad de los bienes del cónyuge premuerto. Bonet Ramón, op. cit., pág. 642. Luego, las Cortes de Monzón de 130, aplicaron la institución al viudo. íd.

       gi “casamiento en casa” es un pacto consuetudinario que le permite al cónyuge supérstite conservar su derecho al usufructo viudal cuando contraiga un nuevo matrimonio “en la casa” del cónyuge premuerto. Bonet Ramón, op. cit., págs. 648-649; Scaevola, op. cit., pág. 577. El usufructo aragonés es legal, pero los cónyuges pueden modificarlo en pacto o testamento, lo cual lo convierte en contractual. Scaevola, op. cit., págs. 577-578. Debemos indicar que, en ausencia de pacto en contrario, en Aragón la ley vigente sobre el usufructo viudal afirma que éste se extingue por ulteriores nupcias. Véase A. Real Pérez, Usufructo universal del cónyuge viudo en el Código Civil, Madrid, Ed. Montecorvo, 1988, págs. 76-77.

       Bonet Ramón, op. cit., págs. 677-678 y 680. En Navarra, aún en tiempos actuales, la ley dispone que el esposo sobreviviente que desee conservar el usufructo viudal, salvo un pacto en contrario, tiene que mantenerse fiel al premuerto. Real Pérez, op. cit., págs. 80-81. Aunque en Cataluña también surgió un usufructo universal viudal de imposición legal, conocido como el “Usaje Vídua”, éste fue suprimido posteriormente. Roca-Sastre Muneunill, op. cit, pág. 278.

       Scaevola, op. cit., págs. 558 y 587-589. Scaevola cita a don Antonio Morales, representante de Navarra en la comisión de codificación española, en su Memoria para la codificación del Derecho navarro, quién explica el propósito del usufructo viudal foral de la manera siguiente:
      “No era una atención a la viuda desamparada; no era una parte de la herencia conferida al cónyuge supérstite en consideración al vínculo contraído: era una institución familiar que atendía a que la sociedad conyugal no se rompiese totalmente por el fallecimiento de uno de los cónyuges, a que continuase hasta la muerte de ambos sin disolverse la familia, no quedando el viudo o viuda sin relación ni enlace con los hijos, con separación de bienes como extraños.” Scaevola, op. cit., pág. 587.

       Cano Tello, op. cit., pág. 396; Manresa y Navarro, op. cit, págs. 846-847. Véase además: Mucius Scaevola, op. cit, pág. 583-585.

       Rodríguez Ramos, supra, pág. 235. Para una discusión sobre la necesidad dé la codificación civil en España, véase P. Sánchez Román, La codificación civil en España en sus dos periodos de preparación: “Estado de derecho civil de España común y foral antes y después", Pamplona, Ed. Anacleta, 2002, págs. 5-7.

       Bonet Ramón, op. cit, págs. 615-616; Cano Tello, op. cit, pág. 396.

       Cano Tello, op. cit., pág. 397.

       íd.

       Rodríguez Ramos, supra, pág. 235.

       Roca-Sastre Muncunill, op. cit., pág. 279. El proyecto del Código Civil español de 1851 daba al cónyuge una cuota legitimaria en propiedad y, en específico, aclaraba que “el cónyuge bínubo” no era acreedor de este derecho. Puig Peña, op. cit., pág. 480; Manresa y Navarro, op. cit., pág. 848. Luego, en 1880 se pensó adoptar el usufructo universal de las legislaciones forales. íd. Entonces, la base 17 de la Ley de 11 de mayo de 1888 dispuso que había de establecerse a favor del viudo o la viuda, el usufructo que algunas legislaciones especiales conceden, pero limitado a una cuota igual a la que por su legítima hubieran de percibir cada uno de los hijos, si los hubiere, y determinando los casos en los que hubiera de cesar el usufructo. Véase la Discusión Parlamentaria del Código Civil, Madrid, Centro Editorial de Góngora, 1891, pág. 11, que recoge los discursos pronunciados en el Senado entre 1888 y 1889, coleccionados y publicados por la Revista de los Tribunales. Sin embargo, debemos resaltar que éstos no fueron los únicos intentos de codificación que hubo en España en el siglo XIX. Por el contrario, se presentaron varios proyectos frustrados en esa época. Para una discusión detallada sobre este tópico, véase J. Baró Pazos, La codificación del derecho civil en España (1808-1889), Santander, Pubs. Universidad de Cantabria, 1993.

       Scaevola, op. cit., pág. 585, en el cual se cita a Pissanelli en su informe sobre el Código Civil italiano.

       Se descartó el usufructo universal legal de los regímenes forales, porque dificultaba “la constitución de nuevas familias con sus patrimonios respectivos”. Scaevola, op. cit, pág. 590, en donde cita al señor Alonso Martínez. Por otro lado, la cuarta marital romana también fue descartada desde el inicio por ser, más que un derecho de la viuda, un “acto de caridad”, asunto contrario a la igualdad entre el hombre y la mujer, que era una aspiración en el siglo de la codificación. Id.

       Por ejemplo, el Código de Austria de 1811, el de Italia de 1865 y el de 1942 optaron por el usufructo al entender que los bienes no pueden salir de la familia de donde proceden. Bonet Ramón, op. cit, págs. 614-615. Sin embargo, el Código de Chile de 1855, el de Argentina de 1869 se decidieron por la cuota en propiedad. Id.

       Roca-Sastre Muncunill, op. cit, pág. 279; Puig Peña, op. cit, pág. 480. En efecto, en la codificación española prevaleció el sistema del Código italiano de 1865, aunque ampliando la proporción del usufructo concedido para fortalecer la posición económico familiar del cónyuge supérstite. Por estas razones es que no hay identidad ni similitud entre las legislaciones forales y la regulación del usufructo viudal en el Código Civil. Bonet Ramón, op. cit., págs. 616-617.

       C. Valverde y Valverde, Tratado de Derecho Civil Español, 4ta ed., Valladolid, Cuesta, 1939, T. V, pág. 246. Otro asunto sobre el cual batallaron los miembros de la comisión codificadora fue determinar de qué parte de la herencia había de restarse la cuota del usufructo. Aunque en la primera votación se decidió que el derecho de usufructo viudal gravaría el tercio de mejora, luego se modificó, porque en ese caso, cuando hubieran segundas nupcias, los hijos del primer matrimonio también soportarían la carga de quien no era su madre. Scaevola, op. cit., pág. 594. Por eso, finalmente se decidió que cuando todos los hijos fueran de un mismo matrimonio el tercio de la herencia que quedará gravado con el usufructo viudal será la mejora, mientras que, cuando los hijos lo sean de distintos matrimonios, el gravamen pesaría sobre el tercio de libre disposición. Id.

       Manresa y Navarro, op. cit., pág. 933.

       íd.

       Valverde y Valverde, op. cit., pág. 246.

       El Código Civil español fue publicado oficialmente el 6 de octubre de 1888, pero promulgado en una nueva edición corregida el 24 de julio de 1889. J. Trías Monge, Observaciones sobre el Derecho Puertorriqueño del Siglo XIX, XV (Núm. 3) Rev. Jur. U.I.A. 357 (1981) (Conferencia en la Universidad Interamericana, 14 de abril de 1981, pág. 18). La regulación del usufructo viudal en el Código Civil español ha sufrido dos enmiendas posteriores. La primera fue el 24 de abril de 1958. Luego, el 13 de mayo de 1981, se enmendó nuevamente el cuerpo de leyes para llamar a la herencia, en tercer lugar, al cónyuge viudo, tras la línea recta descendiente y ascendiente. J. Santos Briz y otros, Tratado de Derecho Civil: teoría y práctica, Barcelona, Ed. Bosch, 2003, T. VI, pág. 504.

       Manresa y Navarro, op. cit., pág. 933.

       Arts. 513 al 522 del Código Civil español; Arts. 441 al 450 de Código Civil de Puerto Rico. 31 L.P.R.A. see. 1571-1580. El artículo 441 de nuestro Código Civil, supra, que corresponde al artículo 513 del Código Civil español, dispone que el usufructo se extingue por: (1) la muerte del usufructuario, (2) expirar el plazo, (3) cumplirse la condición resolutoria, (4) la reunión del usufructo y la propiedad en una misma persona, (5) la renuncia del usufructuario, (6) la pérdida total de la cosa objeto del usufructo, (7) la resolución del derecho del constituyente y (8) la prescripción. 31 L.P.R.A. see. 1571.

       A.M. Borrell y Soler, Derecho Civil Español, Barcelona, Ed. Bosch, 1954, T. V., pág. 296. El profesor O’Callaghan Muñoz explica que, entre las características del usufructo viudal, se destaca que éste no se extingue por ulterior matrimonio, pero, en tal caso, el viudo tendrá que prestar fianza. X. O’Callaghan Muñoz en I. Sierra Gil de la Cuesta, Comentario del Código Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 2000, T. IV, pág. 705.

       E. Vázquez Bote, Derecho Civil, San Juan, Eds. Jurídicas Generales, T. I, V. I, 1972, pág. 110.

       íd.; Trías Monge, supra, pág. 366.

       A.L. García Martínez, La ciudadanía puertorriqueña: concepto del habitante natural, 39 Rev. Col. Abog. P.R. 241, 241 (1978); Tratado de París de 1898, Documentos Históricos, L.P.R.A., Tomo 1.

       íd., pág. 111. Véase, además, L. Fiol Matta, Civil Law and Common Law in Legal Method of Puerto Rico, 40 Am. J. Comp. L. 783 (1992).

       A.L. García Martínez, Idioma y Derecho en Puerto Rico, 20 Rev. Col. Abog. P.R. 183, 186-187 (1960).
      En el periodo de dieciocho meses de duración del gobierno militar en Puerto Rico se dictaron cientos de órdenes, de la más variada naturaleza. Rodríguez Ramos, supra, pág. 257.

       García Martínez, Idioma y Derecho en Puerto Rico, supra, pág. 190; Carta Orgánica de 1900, Documentos Históricos, L.P.R.A., Tomo 1.

       Sec. 40 de la Carta Orgánica de 1900, supra; Rodríguez Ramos, supra, pág. 264.

       Rodríguez Ramos, supra, pág. 264. La comisión la formaron un puertorriqueño y dos norteamericanos. íd. Véase J. Trías Monge, La Crisis del Derecho en Puerto Rico, 49 (Núm. 1) Rev. Jur. U.P.R. 1, 8 (1980).

       íd., págs. 264 y 270. Debemos indicar que tanto la Asamblea Legislativa como el Consejo Ejecutivo estaban formados por norteamericanos desconocedores del derecho civil y de puertorriqueños que conocían poco sobre el derecho común estadounidense. íd., pág. 270. Véase, además, Trías Monge, supra.

       Rodríguez Ramos, supra, pág. 270.

       1902 Leyes de Puerto Rico 815; Rodríguez Ramos, supra, pág. 271.

       1902 Leyes de Puerto Rico 815, 1024-1025; Muñoz Morales, Reseña histórica, op. cit., págs. 32-38; Entre los cambios realizados, además de aquellos exigidos naturalmente por el cambio de régimen, se incorporaron artículos del Código Civil de Louisiana de 1870 y doctrinas opuestas al derecho civil. L. Muñoz Morales, Reseña histórica, op. cit., págs. 23-24. Por otro lado, entre las áreas del derecho que sufrieron modificaciones mayores se encontraban las instituciones del matrimonio y la filiación. Id.

       1904-1905 Leyes de Puerto Rico 173; Muñoz Morales, Reseña histórica, op. cit, pág. 44. Luego, la Ley 73 de 9 de marzo de 1911 enmendó, nuevamente, las disposiciones que regulaban el usufructo viudal para hacerlo aplicable a la sucesión testada y a la intestada. 1910-1911 Leyes de Puerto Rico 234.

       1930 Leyes de Puerto Rico 369. Véanse, además: Muñoz Morales, Reseña histórica, op. cit., págs. 69-78. Muñoz Morales, Anotaciones al Código Civil de Puerto Rico: Libro III, San Juan, Centro Fernández & Co., 1939, pág. 44.

       Muñoz Morales, Reseña histórica, op. cit., pág. 72.

       Véase Muñoz Morales, Anotaciones al Código Civil de Puerto Rico: Libro III, op. cit., págs. 219-235. El profesor Muñoz Morales explica que la edición de 1930 del Código Civil de Puerto Rico es similar al Código Revisado de 1902 que, a su vez, es una reproducción enmendada del Código Civil español de 1889, que regía en Puerto Rico antes del cambio de soberanía. L. Muñoz Morales, Reseña histórica y anotaciones al Código Civil de Puerto Rico, Río Piedras, Ed. U.P.R., 1947, pág. 125. Sin embargo, debemos recordar que la enmienda de 1905 a nuestro Código Civil restableció la normativa sobre el usufructo viudal del Código Civil español, derogando así la disposición adoptada en 1902 que declaraba al viudo heredero en propiedad.
      Finalmente, la Ley Núm. 25 de 8 de diciembre de 1990, enmendó el primer párrafo del Art. 761 del Código Civil de Puerto Rico para adecuar la normativa a la jurisprudencia y eliminar la disposición anterior que condicionaba el derecho a que el cónyuge supérstite “[n]o se hallare divorciado, o lo estuviere por culpa del cónyuge difunto”. 1990 (Parte 2) Leyes de Puerto Rico 1500. Esta enmienda aplica a toda sucesión que se produzca a partir de esa ley, aunque la sentencia de divorcio sea anterior.

       31 L.P.R.A. sec. 2362.

       íd.; 31 L.P.R.A. secs. 2411-2416; Luce & Co. v. Cianchini, supra, pág. 172. La legítima es la porción de bienes que el testador no puede disponer, porque la ley la reservó para determinados herederos. Art. 735 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2361. Si concurre con descendientes, el cónyuge supérstite tiene el derecho a una cuota en usufructo igual a la que corresponda por legítima a cada uno de sus hijos o descendientes no mejorados. 31 L.P.R.A. see. 2411. Ahora bien, si concurre con un solo descendiente, tiene el derecho al usufructo de una tercera parte de la herencia, íd. Cuando el cónyuge viudo concurra con ascendientes, tiene el derecho al usufructo de una tercera parte de la herencia y cuando sea con colaterales preferentes al usufructo de la mitad de la herencia. 31 L.P.R.A. sees. 2413-2414. Finalmente, si no hay parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, y el causante no dispuso otra cosa en testamento, el cónyuge viudo heredará en propiedad en cuarto grado.

        Colón Gutiérrez v. Registrador, 114 D.P.R. 850, 858 (1983). De hecho, en este caso resolvimos que para poder inscribir adjudicaciones concretas en el Registro de la Propiedad, es necesario que el cónyuge viudo haya prestado su consentimiento en la escritura pública en la cual se hace la transacción. íd., pág. 859.

       Art. 765 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2415.

        Colón Gutiérrez v. Registrador, supra, págs. 861.

        González de Salas v. Vda. de González, 99 D.P.R. 577, 586 (1971).

       31 L.P.R.A. secs. 2411.

       Roca-Sastre Muncunill, op. cit., págs. 277-278.

        Ripoll Alzuru v. Rosa Pagán, 121 D.P.R. 1, 10 (1988). En este caso se citó con aprobación un artículo del tratadista José A. Castán en la Revista General de Legislación y Jurisprudencia, sobre las razones por las cuales un nuevo matrimonio debe terminar el usufructo viudal. Sin embargo, debemos aclarar que este ensayo se refiere a la legislación civil aragonesa que dispone expresamente que las nuevas nupcias son causa para la extinción de este derecho. Incluso, en el mencionado texto Castán critica el usufructo viudal adoptado por el Código Civil cuando expresa que:
      “La viuedad del Código es una hijuela, una partición más; hecha por la ley con tal inflexibilidad y con tan poca consideración al elemento ético de la familia, que no premia la memoria fiel ni aplica su sanción al olvido.” (Escolio omitido.) J.A. Castán, La sucesión del cónyuge viudo y el problema de las legislaciones forales, 126 Rev. Gen. Leg. Jur. 24, 35 (1915).
      Por último, las expresiones de este Tribunal en Ripoll Alzuru v. Rosa Pagán, supra, no son precedente, porque eran innecesarias para resolver la controversia de si, al amparo de nuestro Código Civil, en un caso de divorcio por separación, el ex cónyuge supérstite tiene el derecho al usufructo viudal. Luego de resuelto este caso, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico enmendó el Código Civil para disponer que el cónyuge que tiene derecho al usufructo viudal es aquel que se encuentre casado cuando el causante muere. 1990 (Parte 2) Leyes de Puerto Rico 1502.

       31 L.P.R.A. sec. 2367; Luce & Co. v. Cianchini, supra, pág. 172; Díaz Lamoutte v. Luciano, supra, pág. 850.

        Luce & Co. v. Cianchini, supra, pág. 173, citando a Manresa en Comentarios al Código Civil Español, Madrid, Ed. Revista de Legislación, 1911, T. VI, pág. 609.

       Mucius Scaevola, op. cit, pág. 591.

        íd.

       31 L.P.R.A. secs. 2731-2743.

       M. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, 2da ed., Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1982, T. XI, pág. 457. Sobre este mismo asunto, el profesor Castán Tobeñas afirma que
      “[n]o se extingue ... [el] usufructo [viudal] por contraer nuevas nupcias el cónyuge supérstite, como resulta sensu contrario del mismo artículo 492 y de la circunstancia de no establecerse expresamente ese hecho como causa especial de extinción.” J. Castán Tobeñas, Derecho Civil español, común y foral, 8va ed., Madrid, Ed. Reus, 1979, T. VI, Vol. II, pág. 629.


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text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Benjamín Pagán Medina, peticionario.

      Número: CC-2009-74

      Resuelto: 19 de enero de 2010
   RESOLUCIÓN

Examinada la “Moción Informativa” presentada por la parte peticionaria, en la que nos expone que la moción de reconsideración presentada por la procuradora general se tornó académica por la decisión del Foro de Primera Instancia de declararlo inimputable, consideramos que este caso, a pesar de ser académico, es justiciable toda vez que versa sobre una controversia recurrente y capaz de evadir la revisión judicial.

El 6 de marzo de 2009, la Procuradora General presentó una solicitud de reconsideración de la opinión emitida por este Tribunal en el caso de epígrafe. Pueblo v. Pagán Medina, 175 D.P.R. 557 (2009). Mediante ese dictamen se pautó que una vez se determina judicialmente que un imputado de delito no es procesable mediante la Regla 240 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, y se ordena su reclusión para tratamiento, tan sólo se puede excluir del cómputo del término máximo de detención preventiva, el tiempo durante el cual éste estuvo efectivamente en una institución adecuada para su tratamiento. Al realizar el cálculo a base de lo dispuesto en ese dictamen, por exceder el término constitucional de seis meses de detención preventiva en espera de juicio, esta Curia ordenó la excarcelación inmediata del peticionario y devolvió el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos.

El 21 de octubre de 2009, como parte de los procedimientos, el foro primario celebró una vista de inimputabilidad. En esa ocasión, el Psiquiatra del Estado, Dr. Rafael Cabrera Aguilar, informó al tribunal que, luego de realizar la evaluación correspondiente al peticionario, y de estudiar su expediente clínico y criminal, entendía que al momento de los hechos por los cuales se les juzgaría, éste se encontraba en estado psicótico y había perdido contacto con la realidad, por lo que no conocía la criminalidad de sus acciones. A base de ese testimonio, el tribunal declaró al peticionario inimputable y lo absolvió de todos los cargos presentados en su contra. Además, ordenó que, en conformidad con la Regla 241 de Procedimiento Criminal, el señor Pagán Medina fuera ingresado en el Hospital de Siquiatría Forense de Ponce.

Como consecuencia del trámite procesal reseñado, el peticionario acude ante este Foro y nos solicita que no tome-mos en cuenta la reconsideración presentada por la Procuradora General, la cual aún está ante la consideración de este Tribunal. Aduce que esa petición del Estado se tornó académica, ya que no existe una controversia real y actual entre las partes debido a su absolución, por lo que cualquier pronunciamiento de esta Curia no tendría efecto real alguno. Según ese fundamento, nos peticiona que decline-mos expresamos sobre los méritos de la solicitud de reconsideración presentada por la Procuradora General.

En vista del argumento del peticionario, debemos precisar que le asiste la razón en cuanto a que un asunto no es justiciable cuando, después de comenzado un pleito, hechos posteriores lo convierten en académico. Sobre el particular, hemos reconocido que los tribunales pierden su jurisdicción sobre una controversia cuando, durante el trámite judicial, ocurren cambios fácticos o judiciales que tornan en académica o ficticia su solución. Esto es, el foro judicial no puede atender un caso que ha perdido su condición de controversia viva y presente en atención a los cambios fácticos o de derecho acaecidos en el transcurso del tiempo.

Como los tribunales existen únicamente para resolver controversias genuinas surgidas entre partes opuestas que tienen un interés real de obtener un remedio que haya de afectar sus relaciones jurídicas, la “academicidad” se presenta como una doctrina de autolimitación judicial. En esencia, con esta limitación sobre el poder de los tribunales se persigue evitar el uso innecesario de los recursos judiciales e impedir precedentes judiciales que resulten superfluos.

Ahora bien, a pesar de que la norma general es que los tribunales deben abstenerse de entrar en los méritos de un caso que se ha tornado académico, existen circunstancias que, a manera de excepción, activan la función revisora del foro judicial al margen de que la controversia haya advenido académica. A estos efectos, hemos establecido que podemos revisar un asunto que, a pesar de ser académico, versa sobre una controversia recurrente y capaz de evadir la revisión judicial.

Para determinar si estamos ante una controversia de tales características excepcionales, es necesario evaluar los factores siguientes: que haya una probabilidad razonable de que la controversia recurra y que exista una probabilidad sustancial de que la controversia, a pesar de ser recurrente, eluda la revisión judicial. De verificarse estos factores, se activa la excepción aludida a los efectos de evitar, entre otras cosas, que el mismo asunto se litigue repetidamente en los tribunales sin alcanzar una adjudicación definitiva.

Como parte del análisis para verificar si se cumplen ambos factores, es necesario tener presente que, aunque la probabilidad sustancial de evadir la revisión judicial está presente mayormente en aquellas controversias de naturaleza efímera, pueden existir otras razones que ocasionen que una controversia deje de existir antes de que termine la litigación. Además, es menester precisar que en lo relativo “a las partes en el litigio, para que aplique la excepción del carácter recurrente no es necesario que al repetirse la controversia ésta afecte a las mismas partes”.

A la luz de lo anterior, resulta innegable que el caso de autos se ajusta a la excepción reseñada. Sin duda alguna, a pesar de que en esta etapa apelativa el peticionario ha sido absuelto de todos los cargos presentados en su contra, la cuestión ante nuestra consideración es recurrente toda vez que, al estar pendiente de adjudicación ante este Tribunal mía solicitud de reconsideración, no se ha pautado de manera final y firme la norma aplicable. Su importancia es aún mayor debido a que lo que tenemos ante nuestra consideración es la interpretación de una norma constitucional —la detención preventiva antes del juicio no excederá de seis meses— que incide directamente sobre una cuestión de alto interés público: la capacidad del Estado de asegurar que los imputados de delitos comparezcan a la celebración del juicio en su fondo.

Con el objetivo de impedir la recurrencia de cuestionamientos de esta naturaleza, debido a que aún no hemos resuelto definitivamente la controversia, no estamos obligados a rechazar por académica la solicitud de reconsideración que pretende que reexaminemos la norma esbozada hace unos meses por este Tribunal en el caso de autos. Le corresponde a este Tribunal resolver de manera definitiva urna cuestión de alto interés público con el objetivo de establecer una norma que guíe a los funcionarios encargados de hacer cumplir las leyes penales y a aquellos responsables de interpretarlas y aplicarlas.

Ciertamente, tal como aduce el Juez Presidente Señor Hernández Denton en su voto disidente, “la normativa que regiría la interpretación del término máximo de seis meses que establece nuestra Constitución para mantener a una persona en detención preventiva en aquellos casos en que se determine que ésta no es procesable criminalmente” se estableció hace apenas diez meses en Pueblo v. Pagán Medina, supra. En este sentido, a pesar de que ésta no ha advenido final y firme, de manera muy acertada el Juez Presidente concluye que “[d]e surgir una controversia similar los tribunales deben resolver conforme a ésta normativa”. Voto disidente, pág. 7. Ahora bien, es precisamente por lo acertada de tal aseveración que la solicitud de reconsideración pendiente ante nos cumple con esa excepción a la doctrina de academicidad. Veamos.

Conforme a la norma pautada en Pueblo v. Pagán Medina, supra, hoy día los Tribunales de Primera Instancia sólo están obligados a “excluir del cómputo del término máximo de detención preventiva el tiempo durante el cual [el imputado] estuvo efectivamente en una institución adecuada para su tratamiento”. Si tenemos en cuenta que las controversias relativas al término de detención preventiva se generan ordinariamente a partir de una petición de hábeas corpus, es innegable concluir que el Estado, ante la orden de excarcelación dictada por un foro inferior —como consecuencia de tal pauta jurídica— sólo podrá recurrir a un tribunal de superior jerarquía con el objetivo de revisar tal dictamen. Sin embargo, nótese que tal excarcelación se suscita en el contexto de una petición de hábeas corpus, que constituye un procedimiento de naturaleza civil, distinto al proceso criminal que se lleva contra el excarcelado. De esta forma, aunque se encuentre pendiente la petición del Estado a los efectos de revisar la excarcelación ordenada, el foro primario tendrá que continuar los procedimientos en cuanto al caso penal, toda vez que ya en esa etapa se ha determinado que el acusado de delito se encuentra procesable.

Precisamente, como el procedimiento penal continuará su curso, y los términos de juicio rápido obligan al Estado a actuar con ligereza, con toda probabilidad la revisión de la orden de excarcelación ante el Tribunal de Apelaciones y luego ante esta Curia, no será resuelta de manera definitiva antes de que comience el juicio del imputado. Como es sabido, una vez comenzado el juicio, la cláusula constitucional de detención preventiva dejará de tener vigencia y el asunto se tornará en académico. He aquí la naturaleza efímera de la controversia ante nuestra consideración.

Por lo anterior, estamos en desacuerdo con la aseveración realizada por el Juez Presidente Señor Hernández Denton en cuanto a que “[s]i este Tribunal interesa reconsiderar dicho dictamen, en estricto derecho lo que procede es esperar por el caso apropiado para tal proceder”. Como se ha demostrado, ese caso apropiado con toda probabilidad advendrá académico previo a que tengamos la oportunidad de considerarlo en sus méritos, pues, a juzgar por todo lo expuesto, la controversia que tenemos ante nuestra consideración definitivamente es de naturaleza efímera.

En conclusión, debido a la naturaleza del asunto aquí planteado, resultará muy probable que éste eluda nuevamente nuestra revisión previo a que tengamos la oportunidad de evaluarlo y atenderlo en sus méritos. Por estas razones, entendemos que el recurso ante nuestra consideración configura la excepción a la doctrina de academicidad por lo que es justiciable.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente Señor Hernández Denton emitió un voto disidente, al cual se unió la Jueza Asociada Señora Fiol Matta. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Voto disidente emitido por el

Juez Presidente Señor Hernández Denton, al cual se une la Jueza Asociada Señora Fiol Matta.

Disentimos de la resolución que emite el Tribunal que concluye que el caso de autos no se tomó académico con la absolución del Sr. Benjamín Pagán Medina, por entender que ésta soslaya uno de los principios básicos de justiciabilidad. Específicamente, el proceder del Tribunal en el día de hoy invoca erróneamente una de las excepciones a la doctrina de academicidad, la probabilidad de recurrencia, con el único propósito de reconsiderar la opinión emitida por este Tribunal el año pasado. Véase Pueblo v. Pagán Medina, 175 D.P.R. 557 (2009).

Como es sabido, mediante la doctrina de “academicidad” los tribunales se abstienen de adjudicar urna controversia ya resuelta, emitiendo un pronunciamiento que no tendrá efecto práctico alguno sobre las partes en el litigio. A tal efecto, hemos dicho que una vez se determina que un caso es académico, los tribunales deben abstenerse de considerarlo en sus méritos, ya sea por imperativo constitucional (ausencia de “caso o controversia”) o por motivo de autolimitación judicial. Asoc. de Periodistas v. González, 127 D.P.R. 704 (1991).

Recientemente, el Tribunal Supremo de Estados Uni-dos, por voz del Juez Asociado Breyer, reiteró la necesidad de la existencia de un caso o una controversia para que se pueda ejercer el poder de revisión judicial. En particular, el máximo foro judicial federal determinó que la controversia presentada en ese caso —la validez del procedimiento establecido en una ley de Illinois para remediar los efectos de confiscaciones— se había tornado académica mientras el recurso pendía ante dicho tribunal. Al así resolver, reiteró que: “[a]n ‘actual controversy must be extant at all stages of review, not merely at the time the complaint is filed’ ” y que “a dispute solely about the meaning of a law, abstracted from any concrete actual or threatened harm, falls outside the scope of the constitutional words ‘Cases’ and ‘Controversies’ ”. Alvarez v. Smith, 130 S.Ct. 576 (2009).

Es cierto que también hemos establecido que aunque determinada controversia se hubiese resuelto antes de que el tribunal emitiera su dictamen, se podrá considerar el caso en sus méritos si la controversia es susceptible de repetirse, pero aún así evadiría la revisión judicial. Véanse: P.N.P. v. Carrasquillo, 166 D.P.R. 70 (2005); Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 715 (1980). Sin embargo, antes de invocar esta excepción, se tomarán en cuenta tres criterios: (1) la posibilidad de recurrencia de la controversia; (2) la identidad de las partes, (3) y la probabilidad de que la controversia evada la revisión judicial. Angueira v. J.L.B.P, 150 D.P.R. 10 (2000). A tales efectos, como bien aduce el profesor Alvarez González en su obra sobre derecho constitucional:

... La excepción de recurrencia (“capaz de repetirse, pero evadir revisión judicial”) intenta delimitar aquellas situaciones en que la controversia se ha tornado académica debido a circunstancias de tiempo íntimamente relacionadas con su naturaleza, por lo que es razonable pensar que, de surgir la misma controversia en el futuro, nuevamente se tornará académica antes de que un tribunal la adjudique. (Énfasis suplido.) J.J. Alvarez González, Derecho Constitucional de Puerto Rico y relaciones constitucionales con los Estados Unidos, Bogotá, Ed. Temis, 2009, pág. 186.

En el caso particular ante nuestra consideración, es innegable que la totalidad de la controversia llegó a su final el 21 de octubre de 2009, cuando el Tribunal de Primera Instancia declaró inimputable al Sr. Benjamín Pagán Medina y, en vista de ello, lo absolvió de todos los cargos que pendían en su contra. Es decir, luego de emitida la opinión de este Tribunal en Pueblo v. Pagán Medina, supra, y pendiente la moción de reconsideración presentada por la Procuradora General, ocurrió un cambio fáctico que a todas luces convirtió en académica esta petición: la absolución a base de inimputabilidad del señor Pagán Medina. Así, pues, esta moción de reconsideración resulta improcedente, pues cualquier controversia presentada en ésta se tornó completamente académica. Claramente, el dictamen emitido hoy en reconsideración por este Tribunal no tendría ningún efecto sobre el señor Pagán Medina, quien fue debidamente absuelto hace varios meses.

A nuestro juicio, resulta claro que la excepción de recurrencia invocada por una mayoría de este Tribunal mediante Resolución no autoriza la reconsideración del caso de autos en sus méritos. Conforme a lo expresado, la ex-cepción de recurrencia va acompañada de la probabilidad de que la controversia evada la revisión judicial, por su propia naturaleza. La controversia planteada en el caso que está ante nuestra consideración no es una controversia que por su propia naturaleza se convertiría en académica antes de poder ser objeto de revisión judicial. Este caso evidencia todo lo contrario, pues, a pesar del corto período en que usualmente se desarrollan los procesos penales de esta índole, todas las instancias de nuestra judicatura, a saber, el Foro de Primera Instancia, el foro apelativo intermedio y este Tribunal, tuvieron la oportunidad de considerar y resolver la controversia de autos.

De hecho, como prueba fehaciente al respecto, es preciso señalar que hace apenas una semana se presentó ante la consideración de este Tribunal una petición de certiorari que involucraba hechos prácticamente idénticos a los de Pueblo v. Pagán Medina, supra. Véase El Pueblo de P.R. v. José L. Castro Rodríguez, CC-2008-1101 (auto denegado). En éste, al igual que en los hechos de Pueblo v. Pagán Medina, supra, el Sr. José L. Castro Rodríguez estuvo detenido preventivamente más del límite de ciento ochenta días que dispone nuestra Constitución, antes de celebrársele juicio. Así, este recurso fue adjudicado por las tres instancias de nuestra judicatura, demostrando que un caso que implicase hechos similares no evadiría la revisión judicial. Por lo tanto, es evidentemente incorrecto que se aplique la excepción de recurrencia cuando falta un elemento esencial para que pueda ser aplicada, o sea, que una controversia similar evada la revisión judicial.

Evidentemente, tampoco puede invocarse el hecho de que la sentencia dictada en este caso aún no haya advenido final y firme como fundamento para justificar la supuesta recurrencia y entender en la moción de reconsideración presentada por la Procuradora General. Ni ese hecho, ni la mera presentación de una moción de esa naturaleza puede servir de base para ignorar las limitaciones que nos impone la doctrina de autolimitación judicial. Según esa premisa, sin duda, se pudiera argumentar que ningún caso podría tornarse académico antes de que advenga final y firme una sentencia emitida con relación a éste. Simple y llanamente, el criterio de recurrencia nada tiene que ver con la finalidad de las sentencias, sino con la posibilidad de que un asunto se repita o vuelva a ocurrir. Ampararse en tal criterio para resolver una controversia ya inexistente, no sólo contraviene los más elementales principios de justiciabilidad, sino que soslaya por completo el significado de la doctrina de academicidad.

Por otro lado, referente a la distinción entre ámbitos procesales que hace una mayoría de este Tribunal mediante la Resolución emitida hoy, es oportuno aclarar que si bien los procesos criminales están revestidos de la más alta celeridad, un recurso extraordinario como el “hábeas corpus”, comúnmente utilizado en casos como éste, exige una premura mayor que la de los procesos criminales ordinarios. Concluir que los procesos criminales finalizarán antes de ser atendido un auto de hábeas corpus, y que por ello la controversia de éste se tornaría académica, es restarle la característica procesal más elemental de este recurso: su extraordinaria premura. De hecho, nuestra propia Constitución, en la Sec. 13 del Art. II, L.P.R.A., Tomo 1, establece que el hábeas corpus será concedido con rapidez y libre de costas. Más aún, este Tribunal puede atender en jurisdicción original un recurso de hábeas corpus. Por esta razón, resulta sorprendente que se utilice este tipo de distinción entre ámbitos procesales como subterfugio para adjudicar recursos cuyas controversias han sido completamente resueltas, como ocurrió en este caso.

En fin, en la opinión que emitimos hace apenas diez meses, se estableció clara y detalladamente la normativa que regiría la interpretación del término máximo de seis meses que establece nuestra Constitución para mantener a una persona en detención preventiva en aquellos casos en que se determine que ésta no es procesable criminalmente. De surgir una controversia similar los tribunales deben resolver conforme a esta normativa. Si este Tribunal interesa reconsiderar dicho dictamen, en estricto derecho lo que procede es esperar por el caso apropiado para hacerlo. .Ello es así, pues, como hemos visto, la moción ante nuestra consideración se tornó académica al decretarse la absolución del señor Pagán Medina y, a pesar de que la controversia presentada en ésta podría repetirse, no sería susceptible de evadir la revisión judicial.

No obstante, el Tribunal resuelve mediante resolución de otro modo y, a su vez, modifica implícitamente la normativa sobre academicidad establecida en nuestra jurisprudencia. Disentimos de este curso de acción.

       34 L.P.R.A. Ap. II.

        Rullán v. Fas Alzamora, 166 D.P.R. 742, 761 (2006); Cruz v. Administración, 164 D.P.R. 341, 348-349 (2005).

         Rullán v. Fas Alzamora, supra, pág. 761; Cruz v. Administración, supra, pág. 349.

        Rullán v. Fas Alzamora, supra, pág. 761; E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552, 558-559 (1958).

      6) C.E.E. v. Depto. de Estado, 134 D.P.R. 927, 935-936 (1993); P.N.P. v. Carrasquillo, 166 D.P.R. 70, 75 (2005).

        Cruz v. Administración, supra, pág. 350; Emp. Pur. Des., Inc. v. H.I.E.Tel., 150 D.P.R. 924, 937 (2000).

        Cruz v. Administración, supra, págs. 349-350; Asoc. de Periodistas v. González, 127 D.P.R. 704, 721 (1991).

        P.N.P. v. Carrasquillo, supra, págs. 75-76, citando a E. Chemerinsky, A Unified Approach to Justiciability, 22 (Núm. 4) Conn. L. Rev. 677 (1990).

        Cruz v. Administración, supra, pág. 350; Asoc. de Periodistas v. González, supra, pág. 721.

        Cruz v. Administración, supra, pág. 350; Angueira v. J.L.B.P, 150 D.P.R. 10, 19-20 (2000); Asoc. de Periodistas v. González, supra, pág. 721; Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 715, 725, 728 (1980).

        Pueblo v. Pagán Medina, 175 D.P.R. 557, 562 (2009).

        Ramos Rosa v. Maldonado Vázquez, 123 D.P.R. 885, 889 (1989).

       Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1.

       Ante lo vertido por el Juez Presidente en su voto disidente, citando el caso Alvarez v. Smith, 130 S.Ct. 576 (2009), entendemos importante señalar lo siguiente: este caso se encuentra pendiente de resolver en reconsideración por parte de este Tribunal. Por lo tanto, la decisión y sentencia que emitimos y que estamos en el proceso de reconsiderar —-incluyendo nuestra opinión de 18 de febrero de 2009 que pauta una norma nueva— no ha advenido final y firme. Precisamente Alvarez v. Smith, supra, es un caso en el que el Tribunal Supremo federal había expedido un certiorari para evaluar una ley de confiscaciones del estado de Illinois. Estando pendiente de resolver el certiorari, el Tribunal Supremo federal se declara “sin jurisdicción” por haberse tornado académica la controversia. Acto seguido, el Tribunal revoca la sentencia del Tribunal de Apelaciones, devolviendo el caso a ese foro para que lo desestime. De esa manera y citando United States v. Munsingwear, 340 U.S. 36, 40 (1950), el Tribunal Supremo federal “clear[ing] the path for future relitigation of the issues”. En ese contexto señala asimismo el más Alto Foro Federal, esta vez citando U.S. Bancorp Mortage Co. v. Bonner Mall Partneship, 513 U.S. 18, 25 (1994), que “[wlhere mootness results from settlement” rather than “ “happenstance,’ ” the “losing party has voluntarily forfeited his legal remedy ... [and] thereby surrender[ed] his claim to the equitable remedy of vacatur.” A contrario sensus, cuando la academicidad surge por casualidad (“happenstance”), entiéndase, que no es el producto de un acuerdo (“settlement”), entonces debe revocarse la sentencia dictada por el foro inferior y ordenarse la desestimación, como ocurrió en Alvarez v. Smith, supra.
      No hay duda de que la academicidad en el caso de autos no es el resultado de un preacuerdo (“settlement”) entre el Ministerio Público y la defensa, sino el producto del éxito de la defensa de inimputabilidad esbozada por el acusado (“happenstance”). De manera que, de la mayoría de este Tribunal coincidir con el voto disidente del Juez Presidente, y siendo fieles a la norma pautada por el Tribunal Supremo federal en Alvarez v. Smith, supra, correspondería entonces que revocáramos al foro apelativo intermedio por ausencia de una controversia real, dejando sin efecto también nuestra opinión de 18 de febrero de 2009, por sufrir del mismo defecto jurisdiccional y haberse convertido en una opinión consultiva.


author: Juez Asociado Señor Martínez Torres.

text:
    Nayda Moreno González, recurrida, v. Cooperativa de Ahorro y Crédito de Añasco, peticionaria.

      Número: CC-2009-0053

      Resuelto: 20 de enero de 2010

      Roxana M. Viera Candes y José L. Colom Fagundo, abogados de la parte peticionaria.
   SENTENCIA

Mediante esta petición de certiorari se nos solicita que revisemos una sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones. En ella, el foro apelativo intermedio determinó que una notificación de una resolución en la que no se le informó a la parte perjudicada de su derecho a instar un recurso de apelación, es defectuosa. Como consecuencia de este defecto, el foro apelativo intermedio concluyó que los términos para presentar el recurso de apelación no comenzaron a transcurrir.

Veamos los hechos que dieron marcha a la controversia.

I

El 12 de julio de 2007, la Sra. Nayda Moreno González presentó una querella al amparo del procedimiento sumario de reclamaciones laborales, en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguada, en contra de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Añasco (la Cooperativa). En su querella, la señora Moreno González reclamó unas comisiones que alegadamente había dejado de recobrar durante el periodo de junio de 2004 hasta julio de 2007.

Luego de celebrado el juicio, el 9 de junio de 2008, el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia en la que desestimó la querella presentada por la señora Moreno González, por entender que aplicaba la doctrina de cosa juzgada. Oportunamente, el 18 de junio de 2008, la señora Moreno González presentó una moción de reconsideración, la cual fue acogida por el foro primario.

Luego de varios trámites procesales, el 2 de julio de 2008, el Tribunal de Primera Instancia emitió una Resolución para declarar “no ha lugar” la moción de reconsideración presentada por la señora Moreno González. Ese mismo día, el foro primario le notificó a las partes su determinación mediante el formulario OAT-750.

Inconforme con la determinación del Tribunal de Primera Instancia, el 5 de agosto de 2008, la señora Moreno González presentó un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. En este recurso, la señora Moreno González alegó que el foro primario erró al aplicar la doctrina de cosa juzgada. Por su parte, la Cooperativa replicó y le solicitó al foro apelativo intermedio que desestimara el recurso de apelación presentado por la señora Moreno González. Ello, por entender que la apelación fue presentada fuera del término jurisdiccional de treinta días. El foro apelativo intermedio declaró “no ha lugar” la oposición de la Cooperativa y determinó que el recurso de apelación fue presentado en el término jurisdiccional, el 5 de agosto de 2008.

Luego de varios trámites procesales, el 22 de octubre de 2008, el Tribunal de Apelaciones dictó sentencia en la que desestimó el recurso de apelación presentado por la señora Moreno González por entender que era prematuro. En su sentencia, el foro apelativo intermedio determinó que el Tribunal de Primera Instancia erró al notificar su orden mediante el formulario OAT-750, debido a que tal formulario no le notifica a las partes de su derecho de apelar una determinación final. A esos efectos, el foro apelativo intermedio sostuvo que el formulario que debió utilizarse era el OAT-082, el cual, además de fijar la fecha del archivo en autos de la copia de la resolución, notifica a las partes de su derecho a apelar la determinación. Consecuentemente, el Tribunal de Apelaciones concluyó que la notificación hecha por el Foro de Primera Instancia fue defectuosa por lo que no había comenzado a transcurrir el término jurisdiccional de treinta días para presentar el recurso de apelación. Por ello, ordenó la devolución del caso al foro primario para que notificara nuevamente a las partes la resolución emitida el 2 de julio de 2008, esta vez utilizando el formulario OAT-O82.

Inconforme con el dictamen emitido por el Tribunal de Apelaciones, la Cooperativa presentó ante nos una petición de certiorari en la que señaló la comisión de los errores siguientes:

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE APELACIONES AL DETERMINAR QUE LA PARTE QUERELLANTE-RECU-RRIDA CUMPLIIÓ] CON EL T[É]RMINO JURISDICCIO-NAL DE TREINTA (30) DÍAS PARA RECURRIR A DICHO FORO.
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE APELACIONES AL DETERMINAR QUE LA NOTIFICACI[Ó]N DE SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA NO ERA SUFI-CIENTE EN DERECHO. (Énfasis en el original.) Petición de certiorari, pág. 5.

El 12 de junio de 2009, emitimos una resolución en la que le concedimos a la señora Moreno González un término de veinte días para que mostrara causa por la cual no debíamos expedir la petición de certiorari presentada por la Cooperativa y revocar la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones. No habiendo comparecido la parte recurrida, procedemos a resolver.

II

En este caso debemos determinar si el recurso de apelación interpuesto por la señora Moreno González ante el Tribunal de Apelaciones fue presentado en el término jurisdiccional de treinta días. Además, debemos determinar si la notificación de la resolución del Tribunal de Primera Instancia en la que adjudicaba la moción de reconsideración, en la que no se le advierte a las partes del derecho a apelar, constituye o no una notificación defectuosa que impide que comience a transcurrir el término jurisdiccional para instar un recurso de apelación.

A. La Regla 53.1(c) de Procedimiento Civil dispone, en lo pertinente, que el término jurisdiccional de treinta días para presentar un recurso de apelación comenzará a transcurrir “desde el archivo en autos de una copia de la notificación de la sentencia dictada por el tribunal apelado”. Cuando se trata de una moción de reconsideración, en De León Velázquez v. Frito Lay’s, Inc., 107 D.P.R. 46 (1978), expresamos que el término de treinta días para presentar un recurso de apelación comienza a transcurrir desde la fecha cuando se archiva en autos una copia de la notificación de la resolución del Tribunal de Primera Instancia en la que se resuelve definitivamente la moción de reconsideración.

A esos efectos, el Secretario tiene la obligación, entre otras cosas, de notificar la sentencia y archivar en autos copia de la constancia de la notificación. Por ello, hemos señalado que el archivo en autos de copia de la notificación a las partes de la sentencia “constituye la constancia oficial de la notificación que la ley requiere” y por su importancia “no es ni puede ser un acto caprichoso del secretario”.

Con relación al deber de notificación, hemos indicado que “no es un mero requisito impuesto por las Reglas de Procedimiento Civil”. Su imperiosidad se debe al efecto que tiene la notificación sobre los procedimientos posteriores a la sentencia. La notificación correcta “es característica imprescindible del debido proceso de ley”. En reiteradas ocasiones hemos expresado que el propósito que sirve la notificación es proteger “el derecho de procurar la revisión judicial de la parte afectada por un dictamen a quo adverso”. Este propósito queda reiterado por el hecho de que “si no se cumple con el trámite de notificación de las sentencias, éstas no surtirán efecto alguno ni podrán ser ejecutadas”.

Con relación al contenido de la notificación, en Rodríguez v. Tribl. Mpal. y Ramos, 74 D.P.R. 656, 664 (1953), resaltamos que:

Cuando se trata de una resolución, el tribunal notifica a las partes sin advertirles de su derecho a apelación. Cuando se trata de una sentencia, el secretario le notifica a las partes sobre la adjudicación final, su derecho a apelar, y la fecha exacta del archivo de dicha notificación en los autos, que es la que determina desde cuándo empieza a correr el término para apelar. (Énfasis en el original suprimido y énfasis suplido.)

El fundamento reside en que una correcta y oportuna notificación de las órdenes, resoluciones y sentencias es requisito sine qua non de un sistema judicial ordenado. Su omisión puede conllevar graves consecuencias, además de crear demoras e impedimentos en el proceso judicial.

Es una norma conocida que los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción, estando obligados a considerar este asunto, aún en ausencia de un señalamiento de las partes a esos efectos. Conforme a ello, las cuestiones relativas a la jurisdicción de un tribunal son privilegiadas y deben resolverse con preferencia a cualesquiera otras. La jurisdicción no se presume toda vez que, previo a la consideración en los méritos de un recurso, el tribunal tiene que determinar si tiene la facultad para atenderlo.

La falta de jurisdicción de un tribunal no es susceptible de ser subsanada. Los tribunales carecen de discreción para asumir jurisdicción donde no la hay. Cuando un tribunal acoge un recurso a sabiendas de que carece de autoridad para dilucidarlo, actúa ilegítimamente. Por ello, cuando un tribunal no tiene jurisdicción o autoridad para considerar un recurso, procede que se desestime.

Entre las instancias en las que un tribunal carece de jurisdicción para adjudicar una controversia se encuentra la presentación tardía de un recurso. Un recurso tardío adolece del grave e insubsanable defecto de falta de jurisdicción y debe ser desestimado,

III

En este caso, el 9 de junio de 2008, el Tribunal de Primera Instancia dictó una sentencia en la que desestimó la querella presentada por la señora Moreno González. Oportunamente, el 18 de junio de 2008, la señora Moreno González presentó una moción de reconsideración, la cual fue acogida por el foro primario.

Luego de varios trámites procesales, el 2 de julio de 2008, el Tribunal de Primera Instancia dictó una resolución en la que declaró “no ha lugar” la moción de reconsideración presentada por la señora Moreno González. Ese mismo día, el foro primario notificó a las partes su determinación. Por ello, el 3 de julio de 2008, comenzó a transcurrir el término jurisdiccional de treinta días para instar el recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. Este término vencía el viernes 1 de agosto de 2008.

Sin embargo, no fue hasta el martes 5 de agosto de 2008 que la señora Moreno González presentó su recurso de apelación al Tribunal de Apelaciones, una vez transcurridos los treinta días jurisdiccionales.

La parte querellante recurrida alegó ante el foro apelativo intermedio que la dilación se debió a que la notificación se efectuó el 3 de julio de 2008 y que el día siguiente, 4 de julio, era día feriado federal. Por esta razón, según la parte querellante recurrida, la notificación fue recibida el 5 de julio de 2008. De esa forma, la representación legal de la señora Moreno González pretendió justificar la presentación tardía de su recurso de apelación. Sin embargo, el término jurisdiccional de treinta días para presentar un recurso de apelación comienza a transcurrir “desde el archivo en autos de una copia de la notificación de la sentencia dictada por el tribunal apelado” o a partir del depósito en el correo de la notificación, cuando la fecha de su archivo en autos es distinta a la del deposito en el correo.

Ahora bien, antes de determinar si el recurso de apelación se presentó fuera del término jurisdiccional de treinta días, debemos resolver si la notificación de la resolución del Tribunal de Primera Instancia fue defectuosa y, por ello, impidió que comenzara a transcurrir el término jurisdiccional para instar un recurso de apelación.

IV

Nos encontramos ante un cuadro fáctico en el que la falta de advertencia en la notificación del Tribunal de Primera Instancia sobre el derecho a instar un recurso de apelación, no incidió en el derecho de la señora Moreno González para acudir en apelación al Tribunal de Apelaciones. Veamos.

En este caso, la señora Moreno González presentó oportunamente una moción de reconsideración de la Sentencia desestimatoria emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Ante ello, el 2 de julio de 2008, el foro primario dictó una resolución en la que declaró “no ha lugar” la moción de reconsideración. Ese mismo día, el foro primario notificó a las partes su determinación mediante el formulario OAT-750 (notificación de resoluciones y órdenes), en vez del formulario OAT-082 (notificación de reconsideración).

Luego de analizar los autos del caso, encontramos que el Tribunal de Apelaciones erró al determinar que la notificación de la resolución del Tribunal de Primera Instancia no era suficiente. Si bien es cierto que el Tribunal de Primera Instancia notificó su resolución, utilizando un formulario en el que no se le advierte a las partes de su derecho a apelar, lo cierto es que el Secretario no tenía la obligación de notificarle a la señora Moreno González de tal derecho. Ello, debido a que, cuando se trata de una resolución, el tribunal puede notificarle a las partes sin necesidad de advertirles de su derecho a instar un recurso de apelación.

Cabe resaltar que, en este caso, la notificación no afectó el derecho de la señora Moreno González de quedar enterada de que tenía a su haber un recurso de apelación. Ello quedó evidenciado por el hecho de que la querellante recurrida presentó su recurso de apelación a pesar de que la notificación omitió informar sobre la disponibilidad de éste. Distinto fuera el caso si no se le hubiese notificado a la señora Moreno González de la fecha del archivo en autos de copia de la notificación de la resolución.

En su recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones, la señora Moreno González expresó la razón por la cual presentó su apelación el 5 de agosto de 2008. En lo pertinente, la señora Moreno González explicó lo siguiente:

Se solicitó reconsideración la cual el dia [sic] dos de julio el honorable tribunal declaro [sic] no ha lugar (apéndice 3 pagina 7.[sic]) la misma fue notificada el dos de julio y recibida por el abogado de la apelante el 5 de julio ya que el 4 de julio fue feriado federal. (Énfasis suplido.)

De un minucioso análisis del expediente judicial y del recurso de apelación presentado por la señora Moreno González ante el Tribunal de Apelaciones, no encontramos cuestionamiento alguno referente a la notificación emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Por el contrario, la propia parte querellante recurrida ofreció una explicación para justificar la jurisdicción del foro apelativo intermedio por haber presentado el recurso fuera del término prescriptivo de treinta días. Así lo demuestran las expresiones de la parte querellante recurrida en su escrito de apelación.

Por lo expuesto, concluimos que la notificación a la señora Moreno González no menoscabó su derecho a recurrir en alzada de la determinación del Tribunal de Primera Instancia. Adviértase que el propósito de la notificación es proteger el derecho a procurar la revisión judicial de un dictamen a quo adverso y eso fue precisamente lo que la querellante-recurrida hizo tardíamente.

En vista de lo anterior, resolvemos que la señora Moreno González fue debidamente notificada y que incumplió con el término jurisdiccional de treinta días para recurrir al Tribunal de Apelaciones.

V

Por los fundamentos expuestos, revocamos la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones. La notificación de la resolución del Tribunal de Primera Instancia fue suficiente en derecho y la parte querellante recurrida incumplió con el término jurisdiccional de treinta días para recurrir al foro apelativo intermedio.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Martínez Torres disintió con una opinión escrita. La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco no intervino.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Martínez Torres.

Disiento respetuosamente de la decisión de este Tribunal. Esta tiene un doble efecto pernicioso. En primer lugar, relaja demasiado la norma que exige que se notifique a las partes cuándo comienza el plazo para apelar. En segundo lugar y como resultado de lo anterior, priva a una parte de su oportunidad de apelar porque lo hizo tarde aunque, irónicamente, la notificación que le daba certeza del inicio del término para apelar fue defectuosa.

Hasta ahora, este Tribunal ha reconocido siempre la importancia de que el Tribunal de Primera Instancia le notifique a las partes cuándo comienza el plazo para apelar. A tal fin, la Regla 46 de Procedimiento Civil de 1979, según enmendada, 32 L.P.R.A. Ap. III, establece que “[l]a sentencia no surtirá efecto hasta archivarse en autos copia de su notificación y el término para apelar empezará a correr a partir de la fecha de dicho archivo”. Véase también la Regla 53.1(c), 32 L.P.R.A. Ap. III. Esto “no es un mero requisito impuesto por las Reglas de Procedimiento Civil”. Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 D.P.R. 1, 8 (2000), citando a Falcón Padilla v. Maldonado Quirós, 138 D.P.R. 983, 989 (1995). La notificación correcta “es característica imprescindible del debido proceso de ley”. Rodríguez Mora v. García Lloréns, 147 D.P.R. 305, 309 (1998). Por consiguiente, hemos resuelto que “si no se cumple con el trámite de notificación de las sentencias, éstas no surtirán efecto alguno ni podrán ser ejecutadas”. Falcón Padilla v. Maídonado Quirós, supra, pág. 990.

El Tribunal se niega hoy a aplicar esa norma en este recurso, porque lo que se notificó mal fue una resolución y no una sentencia. Olvida que no estamos ante cualquier resolución, sino ante una que, por disposición expresa de las Reglas 47 y 53.1(g)(2) de Procedimiento Civil de 1979, según enmendadas, 32 L.P.R.A. Ap. III, tiene el mismo efecto que una sentencia, pues es el dictamen que termina el procedimiento en el Tribunal de Primera Instancia y el archivo en autos de su notificación es el evento que activa el plazo para apelar.

Por esa razón, no me convence la distinción que hace el Tribunal. De hecho, el caso citado para sostenerla no se refiere a una resolución de las que activa el plazo para apelar, sino a una resolución interlocutoria sumaria que no era apelable. En ese tipo de resolución no hay que advertir a las partes de su derecho a apelar, precisamente porque la resolución no es apelable. De Jesús v. Corp. Azucarera de P.R., 145 D.P.R. 899 (1998). Por otro lado, en Rodríguez v. Tribl. Mpal. y Ramos, 74 D.P.R. 656, 667 (1953), decidimos que una sentencia denominada erróneamente “resolución” era apelable y como tal, su “notificación había sido errónea, ya que se había cursado la notificación correspondiente a una resolución incidental y no a una sentencia final”. Nunca resolvimos que la notificación errónea de una resolución no tenía efecto. Además, contrario a lo que resolve-mos ahora, revisamos entonces el dictamen del foro primario, aunque el recurso se presentó fuera del plazo para apelar, precisamente debido a la notificación defectuosa de la sentencia.

Tratándose de una resolución que puede activar el término para apelar, considero que debemos tratarla igual que cuando es la sentencia la que activa ese mismo plazo. El hecho de que se haya solicitado una reconsideración de la sentencia no debe privarle a ninguna parte de su derecho a que se le indique cuándo comienza el plazo para apelar. Precisamente por eso es que el formulario diseñado para notificar las resoluciones en reconsideración de sentencia es distinto al que se utiliza para notificar las resoluciones interlocutorias.

Más aún, la solución que dio el Tribunal de Apelaciones —declarar prematura la apelación y advertirle a la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia que notifique la resolución con el formulario que advierte del derecho a apelar— me parece más justa que la solución a la que llega este Tribunal hoy: declarar tardía la apelación y privar a la parte de la apelación a la que de otro modo tendría derecho. En síntesis, le estamos diciendo a una parte que presentó tarde su apelación en el foro intermedio, aunque el Tribunal de Primera Instancia no le advirtió de su derecho a apelar. Estamos declarando tardío un recurso, aunque la parte perjudicada no fue informada con certeza del inicio del plazo para apelar.

El formulario OAT-082 se diseñó para evitar esa injusticia. No estoy de acuerdo en que nuestras sentencias causen lo que una notificación correcta pudo evitar. Por eso, disiento muy respetuosamente.

       Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961 (32 L.P.R.A. sec. 3118 et seq.).

       El Tribunal de Primera Instancia determinó que la querella presentada por la señora Moreno González era idéntica a otra reclamación presentada anteriormente ante el Negociado de Conciliación y Arbitraje, la cual fue adjudicada en su totalidad por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan.

       Este formulario se utiliza para notificar órdenes y resoluciones.

       En su recurso de apelación, la señora Moreno González cuestionó la Sentencia emitida por el foro primario el 9 de junio de 2008.

       Véase Apéndice, pág. 108.

       Este formulario se utiliza para notificar resoluciones del Tribunal de Primera Instancia que resuelvan una moción de reconsideración.

       El Tribunal de Apelaciones indicó que, una vez notificada correctamente la orden, comenzaría a transcurrir el término para presentar una apelación.

       32 L.P.R.A. Ap. III.

       De igual forma, la Regla 46 dispone lo siguiente:
      “Será deber del secretario notificar a la brevedad posible dentro de las normas que fije el Tribunal Supremo, las sentencias que dicte el tribunal, archivando en autos copia de la sentencia y de la constancia de la notificación y registrando la sentencia. La anotación de una sentencia en el Registro de Pleitos y Procedimientos constituye el registro de la sentencia. La sentencia no surtirá efecto hasta archivarse en autos copia de su notificación y el término para apelar empezará correr a partir de la fecha de dicho archivo. Si la fecha de archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia, resolución u orden es distinta a la del depósito en el correo de dicha notificación, el término se calculará a partir de la fecha del depósito en el correo.” 32 L.P.R.A. Ap. III.

        Asociación Cooperativa v. Navarro, 70 D.P.R. 929, 932 (1950), citado en Vélez v. A.A.A., 164 D.P.R. 772, 788 (2005).

        Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 D.P.R. 1, 8 (2000), citando a Falcón Padilla v. Maldonado Quirós, 138 D.P.R. 983, 989 (1995).

       íd.

        Rodríguez Mora v. García Lloréns, 147 D.P.R. 305, 309 (1998).

       Véanse: Vélez Seguinot v. A.A.A., supra, pág. 789; Hosp. Dr. Domínguez v. Ryder, 161 D.P.R. 341, 345 (2004).

        Falcón Padilla v. Maldonado Quirós, supra, pág. 990.

       Citado en De Jesús v. Corp. Azucarera de P.R., 145 D.P.R. 899, 904 (1998).

        Falcón Padilla v. Maldonado Quirós, supra, pág. 993.

        Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 D.P.R. 309, 332 (2001); Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 D.P.R. 357, 362 (2001); Vázquez v. A.R.Pe., 128 D.P.R. 513, 537 (1991).

        S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 D.P.R. 873, 882 (2007); Morán v. Martí, 165 D.P.R. 356, 364 (2005).

        Soc. de Gananciales v. A.F.F., 108 D.P.R. 644, 645 (1979).

        S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, supra; Souffront v. A.A.A., 164 D.P.R. 663, 674 (2005).

        Ghigliotti v. A.S.A., 149 D.P.R. 902, 906 (2000); Souffront v. A.A.A., supra, pág. 674; Martínez v. Junta de Planificación, 109 D.P.R. 839, 842 (1980).

        Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345, 370 (2003).

        Souffront v. A.A.A., supra, pág. 674.

        Rodríguez v. Zegarra, 150 D.P.R. 649, 654 (2000); Hernández v. Marxuach Const., 142 D.P.R. 492, 498 (1997).

      8) Véanse: 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 68.1; García Claudio v. García Guevara, 145 D.P.R. 659 (1998).

       32 L.P.R.A. Ap. III, R. 53.1(c).

       Mediante este formulario titulado “Notificación”, el Secretario le informa a la parte que: (a) el tribunal ha dictado una resolución; (b) la fecha de la resolución; (c) la fecha cuando se envió por correo la notificación, y (d) la fecha del archivo en autos de copia de la notificación. Adviértase que por la naturaleza de este formulario no se le informa a la parte de su derecho a instar un recurso de apelación.

       Este formulario, “Notificación de Archivo en Autos de la Resolución de Moción de Reconsideración”, le informa a la parte: (a) que el tribunal ha dictado una resolución; (b) la fecha de la resolución; (c) el derecho a establecer un recurso de apelación, revisión o certiorari, y (d) la fecha del archivo en autos de la copia de la sentencia y de la notificación. Para la notificación de sentencias, la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia utiliza el formulario OAT-704. En este formulario, “Notificación de Sentencia”, el Secretario le informa a la parte que: (a) el tribunal ha dictado sentencia; (b) la fecha de la sentencia; (c) la fecha cuando ésta fue debidamente registrada y archivada en los autos, y (d) el derecho a instar un recurso de apelación.

       No hgy un reglamento interno para la administración del Tribunal de Primera Instancia que establezca la obligación de notificar las determinaciones del tribunal mediante los formularios mencionados.

       Véanse: De Jesús v. Corp. Azucarera de P.R., supra, pág. 904; Rodríguez v. Tribl. Mpal. y Ramos, supra, pág. 664.

       íd.

       Apéndice, pág. 42.

       De hecho, cuando entre en vigor la Regla 47 de Procedimiento Civil de 2009, la resolución emitida para resolver una moción de reconsideración será siempre la que inaugure el término para apelar.


text:
      In re Antonio Ríos Acosta.

      Número: TS-5218

      Resuelto: 25 de enero de 2010

      Lourdes I. Quintana Lloréns, directora de la Oficina de Inspección de Notarías; María de Lourdes Rodríguez Valledor, oficial investigadora de la Comisión de Ética del Colegio de Abogados de Puerto Rico; Antonio Ríos Acosta, pro se.

   RESOLUCIÓN

Examinada la Solicitud de Reinstalación al Ejercicio de la Notaría, se reinstala al Ledo. Antonio Ríos Acosta al ejercicio de la notaría.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo