author: Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez, a la que se une el Juez Presidente Señor Hernández Denton. Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri. Jueza Asociada Señora Fiol Matta.

text:
    María Umpierre Biascoechea, recurrida, v. Banco Popular de Puerto Rico y Jesús Cáez, peticionarios.

      Número: CC-2005-554

      Resuelto: 5 de febrero de 2007

      Carlos A. Padilla Vélez, Carlos F. López López y José J. Santiago Meléndez, abogados de la parte peticionaria; Miguel A. Negrón Matta y Héctor Santiago Rivera, abogados de la parte recurrida.
   SENTENCIA

Acude ante nosotros el Banco Popular de Puerto Rico de una sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones, en la que se confirmó la previa determinación del Tribunal de Primera Instancia, que se había negado a desestimar el pleito de epígrafe por prescripción según alegaba el Banco.

El foro apelativo intermedio resolvió que el término prescriptivo en el caso de autos se interrumpió cuando la recurrida, María Umpierre Biascoechea, acudió a la Corporación del Fondo de Seguro del Estado a recibir tratamiento médico por motivo de unas alegadas presiones a las que la sometía su supervisor, y que comenzó a transcurrir nuevamente a partir de la resolución final de dicha agencia.

Expedimos el recurso el 14 de octubre de 2005. Contamos con el beneficio de la comparecencia de las partes, por lo que estamos preparados para resolver; procedemos a hacerlo.

Analizado los argumentos de las partes en este caso, se revoca el dictamen del Tribunal de Apelaciones y se desestima la demanda instada por cuanto estaba prescrita.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez emitió una opinión de conformidad, a la que se le unió el Juez Presidente Señor Hernández Denton. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri y la Jueza Asociada Señora Fiol Matta disintieron con sendas opiniones escritas.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Opinión de conformidad emitida por la

Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez, a la que se une el Juez Presidente Señor Hernández Denton.

El caso de marras nos brindó la oportunidad de resolver cuándo comienza a transcurrir el término prescriptivo de un año para instar una reclamación por hostigamiento sexual en su modalidad de ambiente hostil. Hecha tal determinación, se debía auscultar si dicho término se interrumpe cuando la empleada perjudicada acude a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado para recibir tratamiento por los daños que el alegado ambiente hostil le produjo.

I

La recurrida, María Umpierre Biascoechea, comenzó a trabajar en el Banco Popular de Puerto Rico (Banco o Banco Popular) el 2 de enero de 1998. Allí se desempeñaba como cajera-receptora (“teller”). Durante el período de tiempo que laboró en la sucursal de Altamira del Banco Popular, alegadamente fue víctima de un patrón de hostigamiento sexual por parte de su supervisor inmediato, el codemandado Sr. Jesús Cáez. El 4 de febrero de 2000 ocurrió un último incidente de alegado hostigamiento cuando el señor Cáez le gritó a la señora Umpierre Biascoechea en presencia de algunos compañeros de trabajo y clientes, por ésta haberse ausentado de sus labores sin notificación previa. Luego de esa fecha, la recurrida no se presentó a trabajar en el Banco.

A raíz de lo sucedido, la señora Umpierre Biascoechea se reunió con el gerente de la sucursal, el Sr. Javier Vélez, para brindarle su versión de lo ocurrido, así como para informarle sobre los problemas que confrontaba con su supervisor. En dicha reunión, la recurrida notificó que había acudido a un médico privado que le había recomendado descanso por varias semanas por estar sufriendo de una depresión severa. Ante tal situación, el 7 de febrero de 2000 el gerente Vélez completó un informe patronal y refirió a la recurrida a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (Fondo).

La señora Umpierre Biascoechea acudió al Fondo y alegó “que debido a una serie de incidentes con su Supervisor, el cual la presiona constantemente, se ha afectado emocionalmente”. El 8 de febrero de 2000 el Fondo le recomendó recibir tratamiento en descanso. Sin embargo, subsiguientemente, la agencia emitió una resolución el 19 de julio de 2001, notificada el 23 de julio de 2001, en la cual concluyó que la señora Umpierre Biascoechea padecía de un desorden depresivo atípico, no relacionado con el empleo. En consecuencia, el caso ante el Fondo fue cerrado y archivado.

Mientras se encontraba en descanso, y antes de la notificación del Fondo, la recurrida presentó su carta de renuncia al Banco, con fecha a manuscrito de 12 de marzo de 2000. El 13 de marzo de 2001 la representación legal de la recurrida envió una misiva al Banco Popular en la que le reclamó extrajudicialmente y al señor Cáez por el ambiente hostil al cual estuvo expuesta la recurrida y que culminó con su renuncia involuntaria.

El 15 de junio de 2001, previo a recibirse la notificación del Fondo, la señora Umpierre Biascoechea presentó una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, en la que alegó haber sido hostigada sexualmente por el señor Cáez, lo que le ocasionó daños y angustias mentales ascendentes a $100,000. La demanda se presentó al amparo de la Ley Núm. 69 de 6 de julio de 1985 (29 L.P.R.A. sec. 1321 et seq.) y la Ley Núm. 17 de 22 de abril de 1988 (29 L.P.R.A. sec. 155 et seq.). Se adujo en ésta que el Banco Popular era responsable solidariamente con el señor Cáez de sus daños, por tener conocimiento de los alegados actos de hostigamiento sexual y no tomar medidas correctivas para evitarlos.

Ambos codemandados (peticionarios) contestaron oportunamente la demanda. Luego de varios trámites procesales, presentaron conjuntamente una solicitud de sentencia sumaria. En ella plantearon, esencialmente, que la reclamación por hostigamiento sexual al amparo de la referida Ley Núm. 17 estaba prescrita y, en la alternativa, que los hechos alegados no fueron lo suficientemente severos como para configurar una causa de acción por hostigamiento sexual en ninguna de sus modalidades.

Sobre la alegación de prescripción, los peticionarios sostuvieron que el último de los alegados actos de hostigamiento sexual ocurrió el 4 de febrero de 2000 y que era a partir de esa fecha que comenzaba a transcurrir el término prescriptivo de un año para presentar su reclamación judicial o para reclamar extrajudicialmente por los daños sufridos. Habida cuenta que ninguna de las dos cosas había ocurrido dentro de ese término, forzoso era concluir que la demanda instada estaba prescrita. Argüyeron además que, aun tomando como inicio del plazo la fecha de renuncia 12 de marzo de 2000, la demanda estaba igualmente prescrita porque la reclamación extrajudicial se instó un día después de haber vencido el plazo prescriptivo.

La recurrida se opuso a la solicitud de los demandados. Adujo que, según los propios documentos preparados por el Banco Popular, su renuncia se presentó el 13 de marzo de 2000 y que es a partir de esa fecha que comienza a computarse el plazo prescriptivo. Conforme a ello, la reclamación extrajudicial del 13 de marzo del año siguiente interrumpió oportunamente el término prescriptivo, y en consecuencia, la demanda fue presentada dentro del término previsto. No obstante esta argumentación, la recurrida planteó que el término prescriptivo quedó interrumpido por el referido al Fondo y comenzó a transcurrir nuevamente con la resolución final de esta agencia de que su condición no estaba relacionada con su trabajo.

Los peticionarios replicaron y señalaron que una acción por hostigamiento sexual está excluida de la inmunidad patronal y de la exclusividad de remedios de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo por constituir actos intencionales y discriminatorios, por lo que una reclamante no tiene que esperar a la determinación final del Fondo para acudir al tribunal e instar la acción correspondiente.

Trabada así la controversia, el Tribunal de Primera Instancia declaró “sin lugar” la moción de sentencia sumaria presentada. De la intricada minuta de la vista celebrada se desprende que el tribunal concluyó que, ya que el Banco había referido a la señora Umpierre Biascoechea al Fondo por el alegado hostigamiento sexual, el término prescriptivo comenzaba a transcurrir en la fecha cuando el Fondo determinó que su condición no estaba relacionada con el empleo. Es decir, que la fecha a partir de la cual se computaría el término de un año para instar la correspondiente reclamación judicial era el 19 de julio de 2001. Véase Apéndice, págs. 348-349.

Inconformes con dicha determinación, los peticionarios acudieron al Tribunal de Apelaciones para solicitar, inter alia, la desestimación del presente pleito por estar prescrita la reclamación. El foro apelativo intermedio resolvió que el término prescriptivo en el caso de autos quedó interrumpido al acudir la perjudicada al Fondo y comenzó a transcurrir nuevamente a partir de la resolución final de dicha agencia. El tribunal utilizó como fundamento nuestras decisiones en Padín v. Cía. Fomento Ind., 150 D.P.R. 403 (2000), y en Vega v. J. Pérez & Cía., Inc., 135 D.P.R. 746 (1994). Por tal razón, se confirmó al tribunal de instancia, concluyendo que la presente causa de acción fue incoada dentro del término provisto de un año.

Insatisfecho aún, los peticionarios presentaron un recurso de certiorari ante este Tribunal. En éste sostuvieron que el tribunal a quo erró “al concluir que la reclamación ... por alegados daños y perjuicios por hostigamiento sexual no estaba prescrita, porque el plazo prescriptivo de un (1) año quedó interrumpido al acogerse la demandante a las disposiciones de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo y hasta tanto el Fondo del Seguro del Estado no emitiese su determinación sobre si la reclamación era o no compensable”. Petición de certiorari, pág. 9. Expedimos.

II

Los dos asuntos principales por resolver en esta ocasión son: primero, ¿cuándo comienza a correr el término prescriptivo en una causa de acción por hostigamiento sexual en su modalidad de ambiente hostil?; segundo, si la referida reclamación se interrumpe cuando la empleada agraviada es referida por su patrono al Fondo para recibir tratamiento médico por los alegados daños sufridos como consecuencia del ambiente hostil que invoca.

A. La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en su Art. II, Sec. 1, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1999, pág. 257, establece que “[l]a dignidad del ser humano es inviolable” y proscribe el discrimen por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ideas políticas o religiosas. Siguiendo este mandato constitucional, la Asamblea Legislativa ha aprobado variada legislación de naturaleza indemnizatoria dirigida a implantar la política pública del Estado contra el discrimen incluyendo, en lo que nos concierne, el discrimen por razón de sexo.

Entre las leyes aprobadas se encuentra la Ley Núm. 69, ante, la cual proscribe, específicamente, el discrimen en el empleo por razón de sexo. Posteriormente, la Asamblea Legislativa promulgó la Ley Núm. 17, ante, mejor conocida como la Ley de Hostigamiento Sexual en el Empleo (Ley Núm. 17). Ésta persigue la erradicación del hostigamiento sexual del taller de empleo y establece, entre otras cosas, una causa de acción en daños por su violación. Art. 11 de la Ley Núm. 17 (29 L.P.R.A. sec. 155j).

Ninguna de las disposiciones legales antes mencionadas, sin embargo, proveyó de un término prescriptivo para instar la reclamación civil que autorizaban. En vista de ello, en Suárez Ruiz v. Figueroa Colón, 145 D.P.R. 142 (1998), nos dimos a la tarea de atender dicha omisión y establecimos que el término en cuestión era de un año. A tales efectos, expresamos lo siguiente:

Por constituir la Ley de Discrimen en el Empleo por Razón de Sexo [Ley Núm. 69] y la Ley de Hostigamiento Sexual en el Empleo [Ley Núm. 17] parte de un esquema legislativo dirigido a erradicar el discrimen por razón de sexo en el empleo, por éstas reconocer acciones de carácter indemnizatorio de naturaleza similar a las acciones instadas a tenor de la Ley Núm. 100, supra, y a acciones según el Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5141, y por iguales fundamentos a los esbozados en Olmo v. Young & Rubicam of P.R., Inc., supra, resolvemos que en ausencia de disposición legislativa, el término prescriptivo de las acciones instadas a tenor de las mencionadas leyes es el de un (1) año. (Enfasis nuestro.) Suárez Ruiz v. Figueroa Colón, ante, págs. 149-150.

Como sabemos, el propósito de la prescripción es fomentar el pronto reclamo de los derechos a la vez que se procura la tranquilidad del obligado frente a la eterna pendencia de una acción civil en su contra. La prescripción extintiva procura castigar la inercia en el ejercicio de los derechos, pues ello da lugar a una presunción legal de abandono, lo que conjuntamente con la exigencia de nuestro ordenamiento jurídico para eliminar la incertidumbre de las relaciones jurídicas, constituyen los basamentos de la prescripción extintiva. Véanse: Ortiz v. P.R. Telephone, 162 D.P.R. 715 (2004); Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308 (2004). Véanse, además: J. Santos Briz, Tratado de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 2003, T. 1, pág. 763; L. Diez-Picazo y Ponce de León, La prescripción extintiva en el Código Civil, y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, Madrid, Ed. Thomson-Civitas, 2003; J. Puig Brutau, Caducidad, Prescripción Extintiva y Usucapión, 3ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1996, pág. 32; L. Diez-Picazo, La prescripción en el Código Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1964, pág. 93.

En nuestra jurisdicción, la prescripción constituye un derecho sustantivo (Maldonado v. Russe, 153 D.P.R. 342, 347 (2001); Vega v. J. Pérez & Cía., Inc., ante, pág. 753) que acarrea la desestimación de cualquier demanda presentada fuera del término establecido por ley. Rimco, Inc. v. Pérez y Cía. de P.R., Inc., 148 D.P.R. 60, 65 (1999).

De ordinario, el término prescriptivo comienza a transcurrir desde que el agraviado tuvo conocimiento del daño y pudo ejercitar su causa de acción, lo que no necesariamente coincide con el momento en que se sufre el daño reparable. Santiago v. Ríos Alonso, 156 D.P.R. 181, 189 (2002), y casos allí citados. Véase, además, Art. 1868 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5298; Puig Brutau, op. cit., págs. 68-70. Como ya hemos indicado en el pasado, el plazo para la prescripción no transcurre contra quien por imposibilidad física, por ignorancia del hecho causante del perjuicio o por ignorancia de que puede ejercitar una acción, no ejerce su derecho. Si tal ignorancia es producto de la negligencia o el descuido del reclamante, no se aplaza el comienzo del transcurso del término. Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R. 232, 244 (1984).

La pregunta que tenemos que hacernos en esta ocasión es cuál es el punto de partida —o momento inicial— del cómputo (dies a quo) de la acción civil por hostigamiento sexual, de suerte que podamos determinar si la reclamación instada en este caso se ajustó a dicho término. Hemos reconocido que el momento exacto en que se conoce, o se debió conocer el daño, constituye un delicado problema de prueba e interpretación, debido a la variedad de “circunstancias en que se da el problema del conocimiento del daño”. Galib Frangie v. El Vocero de P.R., 138 D.P.R. 560, 574 (1995). Véanse, también: Delgado Rodríguez v. Nazario de Ferrer, 121 D.P.R. 347, 360 (1988); Rivera Encarnación v. E.L.A., 113 D.P.R. 383, 385-386 (1982). Hechos distintos requerirán soluciones diversas. Esta determinación es particularmente delicada cuando se trata de daños producidos por un período prolongado de tiempo, como por ejemplo, los llamados “daños continuados”. Diez-Picazo y Ponce de León, op. cit., pág. 246 (“La determinación del momento inicial de la prescripción suscita dificultades en los casos que se pueden llamar de daños continuados o de daños con secuela”).

El daño continuado se refiere a aquellos “producidos por uno o más actos culposos o negligentes imputables al actor, coetáneos o no, que resultan en consecuencias lesivas ininterrumpidas, sostenidas, duraderas sin interrupción, unidas entre sí, las cuales al ser conocidas hace también que se conozca —por ser previsible— el carácter continuado e ininterrumpido de sus efectos, convirtiéndose en ese momento en un daño cierto compuesto por elementos de daño actual (aquel que ya ha acaecido), y de daño futuro previsible y por tanto cierto”. H.M. Brau Del Toro, Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 1986, Vol. II, Cap. X, pág. 648. Véase Santiago v. Ríos Alonso, ante, pág. 191. En estos casos nos enfocamos más en la causa de los daños que en el evento dañoso en particular. Es decir, el principio que anima la doctrina del daño continuado no descansa en la naturaleza intrínseca del perjuicio ocasionado por la perturbación, sino en el carácter continuo o progresivo de la causa que lo ocasiona, la cual renueva constantemente la acción dañosa.

Este tipo de daños lo produce uno o más actos negligentes o culposos que, llegado determinado momento, la agraviada logra percatarse que las consecuencias lesivas ocasionadas continuarán en el futuro. En ese momento, por convertirse en un daño cierto, sobreviene una sola causa de acción resarcitoria por todas las consecuencias lesivas ininterrumpidas y sostenidas. Bajo esta categoría, los daños derivados del acto ilícito se estiman como una unidad y no como una pluralidad de daños particulares.

De lo anterior se coligen tres factores que caracterizan el daño continuado, a saber: (1) un acto o varias actuaciones negligentes o culposas; (2) que dichos actos unidos entre sí causen daños ininterrumpidos y sostenidos, y (3) que sea previsible que los daños continúen en el futuro. Este tercer criterio supone que existen unos daños “actuales” junto a otros que son “previsibles”, aunque estos últimos no se verifiquen. Ello hace entonces que todos los daños sean ciertos. La certeza se fundamenta en que la afectada, una vez advierte de la naturaleza de los agravios ya experimentados y constata que éstos tienen un patrón y están unidos por ser el resultado de una misma causa, logra comprender y puede razonablemente prever que de mantenerse vigente la causa continuará sufriendo daños de la misma naturaleza.

La doctrina civilista moderna postula que ante la imposibilidad de fraccionar en etapas distintas los actos culposos o negligentes, ya que como hemos visto los daños continuados se producen sucesiva e ininterrumpidamente, el inicio del plazo prescriptivo para reclamar por estos daños comienza en el momento de la producción del resultado definitivo o hasta que se verifique el último de los actos. Ello naturalmente presupone que ésta no confronta obstáculo alguno para ejercitar su causa de acción. Véanse: I. Sierra Gil de la Cuesta, Comentario del Código Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 2000, T. 9, pág. 554; J.L. Lacruz Berdejo, Elementos de Derecho Civil II: derecho de obligaciones, 3ra ed., Barcelona, Ed. José María Bosch, 1995, Vol. 2, pág. 518; F. Reglero Campos en M. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1994, T. XXV, Vol. 2, pág. 458.

Es decir, en caso de daños continuados el cómputo del plazo de prescripción no se inicia sino hasta la producción del resultado definitivo. Comentando el tenor de la jurisprudencia del Tribunal Supremo español, el profesor Diez-Picazo y Ponce de León señala lo siguiente: "Las sentencias más modernas ... se inclinan por la idea de que el comienzo del plazo de prescripción se produce con la verificación total del daño ...” (Énfasis nuestro.) Diez-Picazo y Ponce de León, op. cit., pág. 246.

Nuestra jurisprudencia revela un criterio parecido al español. En Capella v. Carreras, 57 D.P.R. 258 (1940), resolvimos que los estorbos producen un daño continuo cuya causa de acción no comienza a prescribir hasta que cese el estorbo. Indicamos expresamente que cuando “se trata de daños y perjuicios causados por actos continuos ... [éstos] están latentes hasta que cesa la causa que los genera .... [E]n tal caso la acción dañosa se renueva de día en día ...”. (Enfasis nuestro.) Id., pág. 266. Posteriormente nos reafirmamos en esta doctrina. E.g.: Arcelay v. Sánchez, 77 D.P.R. 824, 837-839 (1955) (son daños continuados aquellos generados por los ruidos y pestes que producía una planta pasteurizadora); Seda v. Miranda Hnos. & Co., 88 D.P.R. 355, 361 (1963) (son daños continuados los ocasionados por una chimenea que despedía humos y ruidos).

A un resultado análogo llegamos en Santiago v. Ríos Alonso, ante, donde resolvimos que el término prescriptivo de una acción torticera derivada de la violencia doméstica tuvo su inicio cuando cesó dicha conducta. Estas decisiones, por supuesto, estuvieron matizadas por hechos particulares y por el interés público en evitar los estorbos y combatir la violencia doméstica. No dejan, sin embargo, de apoyar la norma general que el término prescriptivo de las acciones sobre daños continuos comienza a transcurrir cuando se ha verificado la previsibilidad del daño y el fin de la conducta ilícita. Véase, además, C.J. Irizarry Yunqué, Responsabilidad Civil Extracontractual, 4ta ed., edición del autor, 2000, pág. 730.

Pasemos en este momento a reseñar las características de la acción por hostigamiento sexual en su modalidad de ambiente hostil, para luego determinar la naturaleza del daño resultante.

B. La delimitación del concepto concreto de acoso sexual en el trabajo presenta variadas dificultades debido a la complejidad de las relaciones interpersonales. No empece, hemos reconocido dos modalidades de hostigamiento sexual, a saber: el hostigamiento sexual por ambiente hos-til y el llamado “hostigamiento equivalente”, o quid pro quo. Según la primera vertiente —la que nos ocupa— “el hostigamiento sexual se produce cuando la conducta sexual para con un individuo tiene el efecto de interferir irrazonablemente con el desempeño de su trabajo o de crear en el mismo un ambiente intimidante, hostil u ofensivo”. Rodríguez Meléndez v. Sup. Amigo, Inc., 126 D.P.R. 117, 131-132 (1990). La conducta puede afectar el funcionamiento y la efectividad de la víctima en el empleo, desalentar al empleado a permanecer en éste y dificultarle el progreso en su carrera. Véase Art. 3(c) de la Ley Núm. 17 (29 L.P.R.A. sec. 155b(c)). Véase, además, S.L.G. Afanador v. Roger Electric Co., Inc., 156 D.P.R. 651, 662 (2002); In re Robles Sanabria, 151 D.P.R. 483, 492 (2000).

Estas particularidades de la causa de acción hacen que no sea fácilmente discernible, por lo que se dificulta establecer una regla rígida para establecer cuándo comienza a transcurrir el plazo prescriptivo. Adviértase, además, que la ley establece que para determinar si una alegada conducta constituye hostigamiento sexual en el empleo se considerará la totalidad de las circunstancias en que ocurrieron los hechos. Es decir, es una determinación que se hace caso a caso. Art. 4 de la Ley Núm. 17 (29 L.P.R.A. see. 155c).

Antes bien, por su propia naturaleza, el ambiente hostil involucra varios actos acaecidos durante un período de tiempo, que crean un ambiente de tal naturaleza perniciosa como para violar la ley. A estos efectos, expresamos en In re Robles Sanabria, ante, pág. 500, lo siguiente:

Para establecer un caso prima facie de hostigamiento sexual por ambiente hostil, la parte promovente de la acción “debe probar que ha ocurrido más de un incidente de conducta sexual ofensiva”. Un acto aislado o un mero “piropo”, aunque pudiera ser no deseado, no origina una causa de acción bajo esta modalidad. De ahí que se diga que el hostigamiento por ambiente abusivo se caracteriza por su multiplicidad. (Citas omitidas y énfasis nuestro.)

Son los actos repetidos de naturaleza hostigadora que unidos entre sí o vistos en conjunto, crean el ambiente abusivo y hostil, ya que cada acto por sí solo podría no ser lo suficientemente severo como para justificar una reclamación por hostigamiento sexual. Habida cuenta que los daños se configuran por la concatenación de varios eventos aislados, que unidos entre sí configuran un patrón de comportamiento que procura un particular estado de aprehensión en la perjudicada, debemos concluir que éstos necesariamente están enmarcados dentro de la categoría de daños continuados. E.g., Santiago v. Ríos Alonso, ante. Es evidente que hay una gran simetría o afinidad entre los daños reclamados a causa de un ambiente hostil y la doctrina del daño continuado. Recordemos, como ya apuntamos, que en casos de daños continuados la atención se centra en el ambiente que ha producido la conducta proscrita, que es la causa de los daños, y no en los actos por separado que contribuyen a crear ese ambiente, que son los eventos dañosos en particular.

A la luz de lo anterior, resolvemos que en el presente caso el término prescriptivo de un (1) año para instar la reclamación de hostigamiento sexual por ambiente hostil comenzó a transcurrir a partir del 4 de febrero de 2000, fecha cuando la señora Umpierre Biascoechea, por motivo de un incidente que estimó hostigante con su supervisor inmediato, decidió no regresar a su trabajo. Es en este momento que finalizaron los eventos o actos de alegado hostigamiento. Una vez la recurrida no regresó a su trabajo, cesó de estar expuesta al acto que le producía, de acuerdo con su alegación, los daños por los que reclamaba. Es decir, al no estar en su empleo ella no estaba expuesta a un ambiente hostil. Siendo imposible entonces la ocurrencia de nuevos actos de naturaleza hostigante, el punto de partida para el cómputo de la prescripción es el día que cesó de acudir a su empleo, por ser ése el momento en que finalizó la alegada conducta prohibida.

La recurrida nos arguye que el término debe computarse a partir de la fecha cuando sometió su carta de renuncia. No compartimos ese criterio. Ya para esa fecha la peticionaria no estaba expuesta al alegado ambiente hostil por el cual reclamó judicialmente, en este caso, no podemos adoptar como punto de partida una fecha en la cual había cesado la conducta proscrita y se había producido ya el resultado definitivo del daño sufrido.

Esta postura es la que mejor se ajusta a las particularidades de la causa de acción por hostigamiento sexual en la modalidad de ambiente hostil, procurando así hacer efectiva la política pública que anima la Ley de Hostigamiento Sexual en el Empleo. Al así resolver, tomamos en consideración que la prescripción es un instituto flexible que nos permite adecuar su alcance conforme las circunstancias, de suerte que se procure hacer cumplida justicia. “El Derecho representa no s[ó]lo lucha contra la injusticia, sino también por más justicia.” (Énfasis en el original.) M. Zavala de González, Actuaciones por Daños, Buenos Aires, Ed. Hammurabi, 2004, pág. 239. Véase Vega v. J. Pérez & Cía., Inc., ante, pág. 754.

Conviene observar que la norma acogida responde, no sólo a nuestra jurisprudencia, sino también a los propósitos de la prescripción extintiva. Esta viene a salvar la confianza de los deudores en la apariencia que genera la inercia del deudor conforme exige la equidad. También protege al demandado de las reclamaciones cuyo expediente evidenciario ha desaparecido y fomenta la estabilidad de las relaciones jurídicas.

Así mal puede sostener el causante de un daño continuo que la equidad vindica su confianza en la inercia del deudor durante aquel periodo de tiempo en que tuvo lugar su conducta reñida con la equidad. Igualmente, la pérdida del expediente evidenciario que pueda ocurrir en estos casos habrá de ser atenuada, debido a la persistencia de la conducta, y responderá en gran medida a las acciones del propio demandado y no exclusivamente a la inercia del deudor.

La norma acogida también procura una mayor estabilidad de las relaciones jurídicas. Evidentemente, la previsibilidad de un daño continuo puede configurarse antes de culminar la conducta dañina como, por ejemplo, cuando se configura un “ambiente hostil” que dura varios años. He-mos reconocido, sin embargo, que a menudo resulta difícil determinar el momento preciso de la previsibilidad, e.g., el día que surgió un ambiente hostil. Tal dificultad hace incierta e inestable las relaciones jurídicas en estos casos. Al añadirse el requisito de que haya cesado la conducta dañosa, se podrá determinar con mayor precisión cuándo comienzan a correr los correspondientes términos prescriptivos, abonando así la estabilidad jurídica.

Conforme lo discutido anteriormente y al aplicarlo a los hechos de este caso, habría que concluir que la demanda instada estaba prescrita. Ahora bien, el Tribunal de Apelaciones resolvió que la reclamación judicial no estaba prescrita, ya que ésta quedó interrumpida por el referido hecho al Fondo de Seguro del Estado. Tenemos entonces que evaluar este señalamiento. Veamos.

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Como apuntamos anteriormente, con la prescripción se pretende propiciar el pronto reclamo de un derecho, a la vez que procura ponerle coto a la incertidumbre de una posible reclamación contra el obligado. Colón Prieto v. Géigel, ante, pág. 243.

En conformidad con el Art. 1873 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5303, el término para instar una reclamación se interrumpe por su ejercicio ante los tribunales, por la reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier reconocimiento de deuda por parte del deudor. Díaz de Diana v. A.J.A.S. Ins. Co., 110 D.P.R. 471 (1980); Díez-Picazo, op. cit, pág. 109. La reclamación extrajudicial que interrumpe el término prescriptivo de una acción puede manifestarse a través de variadas acciones, ya que la ley no exige una forma especial para efectuarlas.

No obstante, toda reclamación extrajudicial debe cumplir con los siguientes requisitos para que tenga el efecto interruptor de la prescripción, a saber: (1) debe ser oportuna, lo que exige que se presente dentro del término establecido; (2) el reclamante debe poseer legitimación, por lo que la reclamación la debe ejercitar el titular del derecho o de la acción cuya prescripción pretende interrumpir; (3) el medio utilizado para realizar la reclamación debe ser el idóneo para ello, y (4) debe existir identidad entre el derecho reclamado y aquel afectado por la prescripción. Maldonado v. Russe, ante, pág. 353.

Hemos resuelto que la presentación de una querella administrativa puede considerarse como una forma de interrupción judicial. E.g.: Matos Molero v. Roche Products, Inc., 132 D.P.R. 470, 486 (1993); Srio. del Trabajo v. F.H. Co., Inc., 116 D.P.R. 823, 824 (1986). Cuando ello ocurre, el término queda congelado durante la pendencia del trámite administrativo y comienza a computarse nuevamente al cesar la causa interruptiva, es decir, cuando se produce la acción final de la agencia. Suárez Ruiz v. Figueroa Colón, ante, págs. 146-147; De Jesús v. Chardón, 116 D.P.R. 238 (1985).

En Srio. del Trabajo v. F.H. Co., Inc., ante, resolvimos que la presentación de una querella administrativa ante la Unidad Antidiscrimen del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos interrumpía el término prescriptivo para instar una reclamación de discrimen bajo la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según enmendada, 29 L.P.R.A. see. 146 et seq. Reconocimos que la propia Ley Núm. 100 deposita en el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos el deber de velar por el cumplimiento de las disposiciones contra el discrimen consignadas en la ley. En Matos Molero v. Roche Products, Inc., ante, llegamos a idéntico resultado respecto a una reclamación de discrimen instada ante la Oficina de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés), al concluir que, para efectos prácticos, presentar un cargo ante la EEOC equivale a presentar el cargo ante la Unidad Antidiscrimen del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

En ambas ocasiones fundamentamos nuestra decisión en dos criterios, a saber: primero, la existencia de una identidad de propósitos entre la acción administrativa y la civil; segundo, que la notificación de la querella al patrono constituyó una reclamación extrajudicial bastante para interrumpir la prescripción.

Por otro lado, en Suárez Ruiz v. Figueroa Colón, ante, se solicitó que extendiéramos la norma anteriormente esbozada a un procedimiento interno creado por el patrono para dilucidar quejas relacionadas con discrimen en el empleo, específicamente, querellas sobre hostigamiento sexual. Luego de analizar los requisitos antes mencionados, concluimos que la querella presentada ante el foro patronal no tuvo el efecto interruptor deseado. Indicamos que “[e]l propósito de este tipo de acción judicial [la reclamación judicial por hostigamiento sexual] es imponer una responsabilidad civil y criminal al patrono, mientras que el trámite interno ante el patrono tiene como propósito investigar los casos de alegado hostigamiento sexual en el empleo y, de ser necesario, tomar las medidas disciplinarias y correctivas correspondientes”. íd., pág. 153. Además, apuntamos que la acción judicial persigue el resarcimiento del agraviado, mientras que el procedimiento interno sólo persigue “disciplinar al empleado hostigador y ... eliminar cualquier ambiente hostil en el empleo”. íd., pág. 154. Nos negamos así a concluir que la querella presentada tuvo efecto interruptor alguno sobre el término prescriptivo para instar la correspondiente acción judicial.

Adicionalmente, en Maldonado v. Russe, ante, concluimos que la presentación de una querella ante el Negociado de Normas de Trabajo (Negociado) del Departamento del Trabajo por, entre otras cosas, discrimen debido a la condición de embarazo, no interrumpía el término prescriptivo para instar la reclamación judicial correspondiente. Ello es así ya que el Negociado no estaba “facultado para investigar las acciones de discrimen reconocidas por las diversas legislaciones laborales, pues tal prerrogativa corresponde a la Unidad Antidiscrimen del Departamento del Trabajo”, íd., pág. 355.

En el caso de marras se nos ha planteado que el referido al Fondo de Seguro del Estado tuvo el efecto de interrumpir el término prescriptivo, por lo que no fue sino hasta la decisión final del Fondo cuando comenzó a transcurrir el término para reclamar judicialmente. Para atender este señalamiento, pasemos a evaluar el esquema regulador especial creado por la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, a fin de determinar si el proceso administrativo ante el Fondo persigue propósitos afines a la reclamación judicial por actuaciones discriminatorias constitutivas de hostigamiento sexual.

IV

La Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo (Ley de Compensaciones), Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, 11 L.P.R.A. sec. 1 et seq., concede inmunidad absoluta a los patronos asegurados con el Fondo contra cualquier acción de daños y perjuicios que el obrero o empleado de ordinario pudiera instar en su contra en relación con accidentes laborales que originaron la lesión. Esta legislación de carácter remedial establece un esquema de aportación patronal compulsoria con el propósito de proveerle a los obreros que sufren alguna lesión o enfermedad ocurrida en el curso del trabajo y como consecuencia de éste, un remedio rápido y eficiente, libre de las complejidades de una reclamación judicial ordinaria. Martínez v. Bristol Myers, Inc., 147 D.P.R. 383, 392-393 (1999); Soc. de Gananciales v. Royal Bank de P.R., 145 D.P.R. 178 (1998).

Tal esquema provee una responsabilidad objetiva social que pretende evitar que los empleados queden en una situación de desamparo al tener que demostrar en un juicio la negligencia del patrono para poder ser indemnizados. Martínez v. Bristol Myers, Inc., ante, págs. 392—393; Santiago Hodge v. Parke Davis Co., 126 D.P.R. 1, 9 (1990). Así pues, sin importar el grado de negligencia atribuible al patrono, el único remedio que tiene un obrero por una lesión ocurrida en el empleo es precisamente el que se dispone en la Ley de Compensaciones. Art. 20 de la Ley de Compensaciones, 11 L.P.R.A. sec. 21. Ello es así, claro está, siempre y cuando el patrono esté asegurado.

Es menester enfatizar que la protección laboral “se ex-tiende [exclusivamente] a las lesiones sufridas como consecuencia de accidentes que provengan de cualquier acto o función inherente al trabajo de un empleado u obrero, que ocurran en el curso de dicho trabajo o como consecuencia de éste”. Lebrón Bonilla v. E.L.A., 155 D.P.R. 475, 484 (2001). Véase Ortiz Pérez v. F.S.E., 137 D.P.R. 367, 373 (1994). Debido a ello, la Ley de Compensaciones no aplica a las lesiones del trabajador producidas intencionalmente por el patrono, como lo son las prácticas discriminatorias, ya que éstas no se pueden considerar como inherentes al empleo o relacionadas con éste. Soc. de Gananciales v. Royal Bank de P.R., ante, pág. 196; Alonso García v. Comisión Industrial, 102 D.P.R. 689, 695-699 (1974). Con enorme claridad indicamos lo siguiente en Odriozola v. S. Cosmetic Dist. Corp., 116 D.P.R. 485, 501 (1985): “No puede alegarse seriamente que una práctica discriminatoria sea inherente al empleo. Tampoco proviene de un acto del obrero, sino de una actuación del patrono.... Tan ajeno al trabajo es el discrimen que se ha creado en Puerto Rico una ley especial para castigarlo: la Ley Núm. 100.” Antes bien, al no ser compensables los daños producidos por el discrimen no opera la inmunidad patronal y exclusividad de remedios que ordena la legislación laboral. Id.

A la luz de la discusión que antecede no podemos concluir que exista identidad de propósitos entre la acción judicial para reclamar por hostigamiento sexual en el empleo en la modalidad de ambiente hostil, y el esquema rehabilitador que provee el Fondo. Adviértase, como señalamos, que la reclamación ante el Fondo persigue proveer sostenimiento económico y tratamiento médico adecuado al empleado que ha sufrido daños por un accidente o lesión en el trabajo. Sin embargo, bajo ningún supuesto ese daño puede ser de naturaleza intencional como lo es el discrimen, pues éstos no son daños inherentes al empleo.

La acción judicial basada en la Ley Núm. 17 es precisamente el mecanismo disponible al empleado para resarcir su daño. Por lo tanto, ésta provee el remedio que no atiende el Fondo. Siendo ello así, no existe identidad de propósitos entre la acción administrativa ante el Fondo y la acción judicial, instada al amparo de la Ley Núm. 17, que nos permita resolver que la acción ante el Fondo tuvo el efecto de interrumpir el término prescriptivo aplicable en este caso.

Ciertamente, el patrono tiene un deber legal de referir al Fondo a un empleado que le dice que ha sufrido un daño como consecuencia de un incidente ocurrido mientras trabajaba. 11 L.P.R.A. sec. 14. Pero, cuando se trata de hostigamiento sexual, por haber sido esta causa expresamente excluida de los beneficios del Fondo, el empleado agraviado tiene una acción distinta e independiente ante el tribunal cuya prescripción empieza a partir del último incidente de hostigamiento.

En virtud de lo antes expuesto, resulta forzoso concluir que la reclamación judicial por hostigamiento sexual instada por la señora Umpierre Biascoechea no quedó “congelada” por haber sido ésta referida al Fondo. Siendo ello así y no habiéndose presentado la correspondiente reclamación dentro del año previsto para ello, la demanda instada estaba prescrita.

Finalmente, debemos indicar que tanto el foro primario como el tribunal apelativo intermedio concluyeron que, a la luz de nuestros dictámenes en Padín v. Cía. Fom. Ind., ante, y en Vega v. J. Pérez & Cía., Inc., ante, el término para instar la acción en este caso se había interrumpido con el referido al Fondo. Erraron al resolver así. Ninguno de dichos casos trataba sobre la interrupción extrajudicial de un término prescriptivo. En Padín v. Cía. Fom. Ind., ante, y en Vega v. J. Pérez & Cía., Inc., ante, se planteó, respectivamente, cuándo comenzaba para un obrero el término para instar una reclamación judicial contra un tercero responsable o contra un patrono no asegurado. Lo allí dispuesto no aplica al asunto sobre cómo se interrumpe administrativamente un plazo prescriptivo.

V

Por los fundamentos antes expuestos, procede revocar el dictamen del Tribunal de Apelaciones y desestimar la reclamación instada, por lo que estoy conforme con la sentencia dictada.

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri.

En mi criterio, en el caso de autos el término prescriptivo se interrumpió cuando el gerente del Banco refirió a la recurrida al Fondo del Seguro del Estado y ella acudió allí para procurar tratamiento para la condición que la afligía.

Estoy de acuerdo con la Mayoría del Tribunal en cuanto a que el proceso ante el Fondo no persigue los mismos propósitos que una reclamación judicial. Pero en mi criterio, lo verdaderamente crucial cuando se examina el asunto de la prescripción de un derecho es si el titular de éste se cruzó de brazos totalmente en cuanto a hacer uso de él. Si el titular no hizo nada durante el término que tenía para ejercer el derecho, éste debe estimarse prescrito. Pero si el titular se valió en algo de su derecho, aunque no sea su aprovechamiento óptimo, no puede estimarse que el titular lo abandonó a tal grado que se materializó su extinción. La prescripción extintiva presupone el “silencio” del titular. Cualquier ejercicio, por poco que sea, contradice ese “silencio”.

Es por lo anterior, que considero que la recurrida interrumpió aquí el término prescriptivo extrajudicialmente. No hubo total inacción de su parte. Los actos extrajudiciales, por su propia naturaleza, nunca pueden tener los rasgos definitorios de una acción judicial; no obstante, el Derecho admite plena eficacia a la interrupción extrajudicial de la prescripción. Lo determinante es si hubo tal inacción de parte del titular que debe estimarse que éste abandonó su derecho. Si hubo alguna acción extrajudicial, ésta interrumpe la prescripción, porque sólo de la total inacción puede presumirse el abandono de un derecho. De otro modo no puede privarse a un titular de lo que legítimamente le pertenece. No debe olvidarse que la prescripción supone una expoliación, por lo que no debe estimarse qué ha ocurrido, excepto cuando es claro que el titular ha abandonado su derecho.

Como la Mayoría del Tribunal resuelve de otro modo, yo disiento.

Opinión disidente emitida por la

Jueza Asociada Señora Fiol Matta.

Disiento de la determinación que toma hoy una mayoría de este Tribunal de desestimar la reclamación de daños por hostigamiento sexual al entender que está prescrita. El resultado al que llega la Mayoría del Tribunal en el presente caso es contraria a la tendencia liberal sobre la prescripción de las acciones que hemos establecido en nuestra jurisprudencia, la cual requiere que consideremos los elementos subjetivos que afectan el dies a quo y el ejercicio efectivo de una acción judicial. Véase Santiago v. Ríos Alonso, 156 D.P.R. 181, 195 (2002).

El hostigamiento por ambiente hostil se produce cuando la conducta hacia una persona por razón de su sexo interfiere irrazonablemente con el desempeño de su trabajo o crea un “ambiente intimidante, hostil u ofensivo”. Rodríguez Meléndez v. Sup. Amigo, Inc., 126 D.P.R. 117, 132 (1990). Esta vertiente del hostigamiento sexual se caracteriza por la multiplicidad de actos que la configura. In re Robles Sanabria, 151 D.P.R. 483, 500 (2000). La modalidad del ambiente hostil requiere que acaezcan varios actos discriminatorios repetidos que constituyan un patrón de conducta hostigante. Cada uno de estos actos, unidos entre sí o en conjunto, produce el efecto intimidante y hostil en la persona perjudicada. En Santiago v. Ríos Alonso, supra, pág. 192, resolvimos que una causa de acción fundamentada en unos incidentes repetidos que componen un cuadro de daños físicos y emocionales constituye una modalidad de daños continuados. Por esta razón, entiendo que los daños producidos por hostigamiento sexual debido a un ambiente hostil están enmarcados dentro de esta categoría.

Anteriormente, citando al tratadista Herminio Brau del Toro, hemos definido los daños continuados como “aqu[e]llos producidos por uno o más actos culposos o negligentes imputables al actor, coetáneos o no, que resultan en consecuencias lesivas ininterrumpidas, sostenidas, duraderas [,] sin interrupción, unidas entre sí, las cuales al ser conocidas hacen también que se conozca —por ser previsible— el carácter continuado e ininterrumpido de sus efectos, convirtiéndose en ese momento en un daño cierto compuesto por elementos de un daño actual (aquel que ya ha acaecido) y de daño futuro previsible y por tanto cierto”. Galib Frangie v. El Vocero de P.R., 138 D.P.R. 560, 575 (1995). Véanse: Santiago v. Ríos Alonso, supra, pág. 190; Nazario v. E.L.A., 159 D.P.R. 799, 806 (2003). Véase, también, H.M. Brau del Toro, Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1986, Vol. II, Cap. X, pág. 648.

La doctrina civilista y nuestra jurisprudencia han señalado que una acción por daños continuados se renueva día a día hasta que la causa que los genera cesa. Arcelay v. Sánchez, 77 D.P.R. 824, 837-839 (1955); Capella v. Carreras, 57 D.P.R. 258, 266 (1940). A su vez, en Santiago v. Ríos Alonso, supra, pág. 195, en el contexto de violencia doméstica, establecimos que el momento a partir del cual comienza a transcurrir el término prescriptivo de la acción en daños es cuando la víctima de un ambiente de maltrato e intimidación rompe con el ciclo de barbarie, y cesa, por lo tanto, la conducta represiva hacia ésta. Por consiguiente, es forzoso concluir, al igual que lo hace la opinión de conformidad, que el plazo prescriptivo para la acción que aquí nos ocupa comienza a transcurrir cuando se produce el resultado definitivo del daño o hasta que se verifique el último de los actos. Véanse: Nazario v. E.L.A., supra, pág. 11; Santiago v. Ríos Alonso, supra.

Al aplicar la doctrina antes explicada, tanto la Mayoría de este Tribunal como la opinión de conformidad resuelven revocar al Tribunal de Apelaciones y desestimar la acción de la demandante por prescripción. En particular, entiende la opinión de conformidad que la exposición de la señora Umpierre Biascoechea a un ambiente hostil cesó el 4 de febrero de 2000, fecha cuando dejó de presentarse al trabajo. Expresa que es desde entonces que finalizaron los actos del alegado hostigamiento. No estoy de acuerdo.

En los hechos del presente caso debe tenerse en cuenta que si bien la señora Umpierre Biascoechea dejó de acudir a su trabajo el 4 de febrero de 2000, no presentó su renuncia en dicha fecha. No es hasta el 12 ó 13 de marzo de 2000, después de reunirse con la gerencia del banco y de ser diagnosticada con depresión severa, que la demandante se siente compelida a renunciar a su puesto. Ese día de su renuncia como empleada del banco debe ser el punto de partida para el cómputo de la prescripción de la acción en daños.

No podemos concluir que el que la perjudicada no haya asistido a su trabajo por un tiempo antes de renunciar finalizó, de por sí, el patrón de hostigamiento al que alegadamente era sometida. Hemos señalado que el hostigamiento por ambiente hostil interfiere irrazonablemente con el desempeño del trabajo de la víctima y causa en ésta ansiedad, debilita su autoestima y su confianza. Rodríguez Meléndez v. Sup. Amigo, Inc., supra, pág. 132. Por eso, el ambiente hostil no se experimenta sólo con la cercanía física al hostigador y en la incomodidad próxima del entorno laboral. Mientras perdure la relación laboral, la ausencia física de la peijudicada de su lugar de trabajo no suprime los efectos del hostigamiento en su estado anímico y emocional ni altera la ansiedad producto del ambiente intimidante y hostil del lugar de trabajo al cual debe regresar. El ambiente hostil creado por el patrón de conducta hostigante no está delimitado por un espacio físico determinado, sino que se encuentra también en un estado mental y emocional de humillación e intimidación que trasciende el lugar de trabajo. Ante esta realidad, la ausencia de la perjudicada de su lugar de trabajo es un intento suyo de minimizar los efectos nocivos del hostigamiento, pero no finaliza de forma automática el ambiente hostil que, según las alegaciones, la afectaba y envilecía las condiciones de su empleo.

Como señalé, tanto la Ley Núm. 17 de 22 de abril de 1988 (29 L.P.R.A. see. 1545 et seq.) como nuestra jurisprudencia establecen que una de las manifestaciones del hostigamiento sexual es la de interferir de manera irrazonable con el desempeño del trabajo o afectar impermisiblemente las condiciones de empleo. Art. 3 de la Ley Núm. 17, supra, 29 L.P.R.A. sec. 155b; In re Robles Sanabria, supra, pág. 500; Rodríguez Meléndez v. Sup. Amigo, Inc., supra, pág. 132. No debemos pasar por alto que la señora Umpierre Biascoechea vio sus condiciones de empleo afectadas de modo tan significativo e irrazonable que tuvo que ausentarse de su trabajo. Su decisión de alejarse de su lugar de empleo no fue caprichosa ni pueril; más bien fue provocada directamente por el hostigamiento que alega haber sufrido constantemente y por el ambiente hostil que contaminaba su entorno laboral. La renuncia eventual de la señora Umpierre Biascoechea fue para ella la solución más efectiva para cesar la conducta hostigante y poder desprenderse totalmente del ambiente hostil que sufría tanto en su lugar de trabajo como en su estado anímico frente a éste. Por esto, no es hasta que se vio obligada a renunciar a su trabajo que se concretó el “resultado definitivo” del daño al que alude la opinión de conformidad. Dado que el daño definitivo (que incluye la pérdida de su trabajo) se produjo en un momento posterior al último acto de hostigamiento sexual alegado (que fue lo que provocó la ausencia inicial), es la fecha de la renuncia la determinante para el cómputo de la prescripción.

Por último, es necesario destacar otra razón de peso para concluir que la fecha de renuncia es la que determina el dies a quo en el caso de autos. Me refiero a la obligación del patrono de evitar el hostigamiento, que no cesó respecto a la señora Umpierre Biascoechea cuando ella se ausentó de su trabajo.

La Ley Núm. 17, supra, tiene dos propósitos fundamentales: prohibir terminantemente el hostigamiento sexual en el empleo, por éste ser una forma de discrimen por razón de sexo que viola la dignidad humana, e imponer las responsabilidades pertinentes en caso de incumplimiento. Véase Art. 1 de la Ley Núm. 17, supra, 29 L.P.R.A. sec. 155. Así, la ley establece expresamente el deber de todo patrono de “prevenir, desalentar y evitar el hostigamiento sexual en el empleo” y garantizar que los empleados “puedan trabajar con seguridad y dignidad”. Art. 10 de la Ley Núm. 17, supra, 29 L.P.R.A. sec. 155i. La violación por parte del patrono a su deber de mantener el centro de trabajo libre de hostigamiento sexual e intimidación contribuye a la manifestación del ambiente hostil, y es el fundamento de su responsabilidad por los daños causados a la víctima del hostigamiento. A estos efectos, la ley responsabiliza al patrono no sólo por sus propias acciones sino también por las actuaciones hostigantes de sus agentes o supervisores. Véanse los Art. 5 y 6 de la Ley Núm. 17, supra, 29 L.P.R.A. secs. 155d-155e. El lenguaje de la Ley Núm. 17 nos exige concluir que el deber de todo patrono de asegurarle a cada uno de sus empleados unas condiciones de trabajo libre de hostigamiento sexual es continuo e ineludible. Como bien señaló el Juez Asociado Señor Negrón García en Sánchez et al. v. A.E.E., 142 D.P.R. 880, 886 (1997), opinión concurrente, “[este deber p]rosigue, en cuanto de cada empleado en particular, hasta su último día de trabajo”.

El último día de trabajo de la señora Umpierre Biascoechea no fue el día en que huyó de un centro de empleo que, según alega, estaba cargado de intimidación, hostilidad y humillación. Su último día de trabajo fue el día de su renuncia. El deber del Banco de mantener un centro de trabajo libre de hostigamiento sexual e intimidación se ex-tendió, respecto a las alegaciones de la señora Umpierre Biascoechea, hasta ese día. Interpretar que la obligación del patrono fue interrumpida por la ausencia de la perjudicada, sería dar al traste con la máxima constitucional que exige la inviolabilidad de la dignidad del ser humano y con nuestra política pública imperante que busca erradicar el hostigamiento sexual en el empleo. El banco tenía la responsabilidad de cumplir con su deber patronal para con su empleada hasta el día en que ésta dejó efectivamente de serlo. Es hasta ese momento que el patrono pudo tomar las medidas necesarias para establecer unas condiciones de empleo que permitieran el regreso de la señora Umpierre Biascoechea a un ambiente laboral libre de hostigamiento e intimidación. Entre el último día de asistencia de la demandante a su trabajo y su renuncia, la obligación del patrono conforme a la Ley Núm. 17, supra, estaba vigente. Por eso, su posible responsabilidad ante el daño alegado por la señora Umpierre Biascoechea no cesó durante este periodo. El que el patrono refiriese a la señora Umpierre Biascoechea al Fondo del Seguro del Estado no fue una medida apropiada ni suficiente para corregir la alegada situación de hostigamiento.

Por todo lo anterior, devolvería el caso al Tribunal de Primera Instancia para que continuaran los procedimientos y resolviera la controversia en cuanto a la fecha exacta cuando se notificó la renuncia de la señora Umpierre Biascoechea al Banco Popular. La solución a esta controversia de hecho determinaría si la reclamación por daños instada en el caso de autos estaba prescrita. Por ser distinto el resultado al que llega una mayoría de este Tribunal, disiento.

       No surge claramente de los autos si la recurrida Umpierre Biascoechea le comunicó a sus superiores en esa reunión sobre el patrón de hostigamiento al que fue alegadamente sometida.

       Véase Decisión del Administrador Sobre: Relación Causal —Compensabilidad— Condición Emocional No Relacionado, Apéndice, pág. 181.

       Existe una alegada controversia de hecho en cuanto a la fecha exacta en que se notificó la renuncia de la recurrida al Banco Popular. Según consta en el expediente, la carta de renuncia tiene fecha a manuscrito de 12 de marzo de 2000. Sin embargo, en un documento preparado por el Banco Popular, titulado Alegación Hostigamiento Sexual María Umpierre v. Jesús Cáez, aparece que la referida carta de renuncia fue entregada el 13 de marzo de 2001. En vista de la conclusión a que llegamos, la referida “controversia” es claramente inconsecuente para la solución del caso.

       Ante todo, el hostigamiento sexual es una de las manifestaciones típicas de la violencia de género, reflejo de discrimen y de desigualdad. El acoso sexual es una expresión moderna con la que se designa un problema antiguo y de los más importantes con el que las mujeres han de enfrentarse en el trabajo, lo que no significa que sean las mujeres las únicas víctimas del acoso.
      Es una práctica ilegal e indeseable que atenta contra la dignidad del ser humano. De ahí la clara política pública que condena este comportamiento y le impone al patrono un deber afirmativo y continuo, hasta que el empleado cesa de trabajar, de velar por que este comportamiento no se suscite en el ambiente de trabajo.

       Este primer elemento coloca dentro del concepto “daños continuados” la situación de que un acto culposo atribuible a cierta persona o entidad es la causa próxima de una serie de daños resultantes. Es decir, que los daños en cuestión tienen una causa común. Agosto v. Mun. de Río Grande, 143 D.P.R. 174, 184-185 (1997).

       Sobre este particular, confróntese la siguiente jurisprudencia que versa sobre la prescripción en situaciones que involucran daños de carácter continuo. E.g.: STS 10 de septiembre 1986 (“Debe indicarse que es doctrina igualmente constante de esta Sala que la computación de los plazos iniciales en la prescripción, no puede comenzar sino a partir de que concluyan las actuaciones o presupuestos fácticos en que se apoye el ejercicio de la acción esgrimida ...”) (énfasis nuestro); STS 12 diciembre 1980 (A. 4747) (“En los casos de comportamiento ilícito continuado ... no ha dejado de sostener la doctrina científica el criterio de que el día inicial de la prescripción será no el del comienzo del hecho sino el de su verificación total ... parece justo iniciar el cómputo del tiempo para la posible reacción contra el acto antijurídico el de su plena efectividad e incluso el de su cesación ...”) (énfasis en el original suprimido y énfasis nuestro); STS 27 junio 1990 (A. 4900) (“Por ser los daños de que se trata de los denominados continuados, esto es, aquellos que continuamente se están operando y produciendo, respecto de los cuales la Jurisprudencia de la Sala tiene declarado que ‘el cómputo del plazo de prescripción no se inicia hasta la producción del definitivo resultado, cuando no es posible fraccionar en etapas diferentes o hechos diferenciados la serie proseguida’ ... no resultando siempre fácil determinar en la práctica cuándo se produce o ha producido ese ‘definitivo resultado’ que en relación con el concepto de daños continuados se nos ofrece como algo vivo, latente y conectado precisamente a la causa originadora y determinante de los mismos, que subsiste y se mantiene hasta su adecuada corrección”). Véanse, también: STS 21 marzo 2005 (A. 3878); STS 24 mayo 1993 (A. 3727).

        Galib Frangie v. El Vocero de P.R., 138 D.P.R. 560 (1995), no contradice cabalmente el principio aludido. Allí se planteó que una serie de artículos periodísticos produjeron un daño continuo cuya causa de acción estuvo sujeta a la prescripción desde la fecha del último artículo. Indicamos al respecto “[que] las características señaladas, [respecto los daños en dicho caso], no son suficientes para constituir un daño continuo”. (Enfasis nuestro.) Id., pág. 574. Luego expresamos que “[l]o determinante [en cuanto a los daños continuos] es el momento cuando comienza la producción de los daños, que deberá tomarse en consideración como el inicio del término de prescripción, al presuponer que los perjudicados los conocían desde entonces y que pudieran ejercitar la causa de acción”. (Enfasis suprimido.) Id., pág. 575. Empero, habiéndose resuelto que no existía tal daño, estas expresiones constituyeron un obiter dictum que no debe oponerse al análisis más deliberado de Capella v. Carreras, 57 D.P.R. 258 (1940), Arcelay v. Sánchez, 77 D.P.R. 824 (1955), Seda v. Miranda Hnos. & Co., 88 D.P.R. 355 (1963), y Santiago v. Ríos Alonso, 156 D.P.R. 181 (2002). Cfi, J.J. Álvarez González, Responsabilidad Civil Extracontractual, 72 (Núm. 3) Rev. Jur. U.P.R. 615, 638-642 (2003).

       En Cintrón v. E.L.A., 127 D.P.R. 582 (1990), interpretamos que el término prescriptivo de un (1) año para incoar la acción por violación a derechos civiles no quedó interrumpido cuando el empleado destituido de su puesto acudió a Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal. Procedimos así pues las disposiciones legales aplicables no concedían a la agencia la facultad de responsabilizar civilmente a los patronos y sus remedios se limitaban a la reinstalación y los haberes dejados de percibir del empleado, remedios que se imponen al patrono y no necesariamente al causante del daño.

       Hemos sido enfáticos al extender la inmunidad patronal a los coempleados —oficiales, supervisores, agentes o compañeros empleados— cuyos actos negligentes o culposos hayan sido la causa del accidente, cuando sus actuaciones hayan surgido en el desempeño de los deberes generales de su empleo. González v. Multiventas, 165 D.P.R. 873 (2005); Guzmán v. E.L.A., 156 D.P.R. 693 (2002); Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et al., 132 D.P.R. 115 (1992). No obstante lo anterior, un oficial, agente o empleado será responsable de acuerdo con el Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5141, por los daños sufridos por un compañero empleado cuando el acto negligente sea distinto e independiente del deber del patrono de proveer un lugar seguro de empleo. Guzmán y otros v. De Jesús, 155 D.P.R. 296 (2001).

       Cabe destacar aquí que la demanda en este caso se presentó antes de que el Fondo del Seguro del Estado emitiese su determinación final de que los daños de la señora Umpierre Biascoechea no estaban cubiertos por el Fondo.

         Al examinar el expediente del caso se desprende que existe una controversia de hecho en cuanto a la fecha exacta en la que la señora Umpierre Biascoechea notificó su carta de renuncia al Banco Popular. La carta está fechada 12 de marzo de 2000, mientras que en algunos documentos del patrono se señala que la carta fue entregada el 13 de marzo de 2000. Contrario a la opinión de conformidad, y según explicaré más adelante, entiendo que la solución a esta controversia es determinante para poder establecer el dies a quo en el caso de autos.

       Véase ese. 1.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
      In re Hernand Cruz Mateo, peticionario.

      Número: TS-9363

      Resuelto: 9 de febrero de 2007

      Marla D. Ríos Díaz, directora interina de Oficina de Inspección de Notarías; Julio E. Fontanet Maldonado, presidente del Colegio de Abogados; Hernand Cruz Mateo, pro se.

   RESOLUCIÓN

A la Solicitud de Reinstalación para ejercer únicamente la profesión de abogado en la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, presentada por el Sr. Hernand Cruz Mateo el 7 de febrero de 2006, se declara “con lugar”, como se pide.

Se ordena la reinstalación sólo a la abogacía del señor Cruz Mateo. Se le apercibe que debe cumplir diligentemente con todos los deberes de la profesión y que continúe tratando de corregir las deficiencias notariales pendientes y mantenga informado al Tribunal sobre el particular.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


text:
    Edward Cordero Vélez, recurrido, v. Municipio de Guánica, Hon. Martín Vargas Morales, en su capacidad de Alcalde, y la Junta de Subastas del Municipio de Guánica, peticionarios.

      Número: AC-2005-76

      Resuelto: 12 de febrero de 2007

      Juan P. Rivera Román, Lind O. Merle Feliciano y Darlene H. Connick Waska, abogados de la parte peticionaria.
   El Juez Presidente Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

Nos corresponde determinar si procede una acción por incumplimiento contractual y daños y perjuicios contra un municipio, en virtud de una subasta que no se adjudicó formalmente y que tampoco culminó en el otorgamiento de un contrato escrito. Por entender que no se perfeccionó un contrato entre las partes conforme a la legislación y jurisprudencia aplicables a la contratación municipal, resolve-mos que la reclamación contra el municipio no procede en derecho.

I

En abril de 2001 el Municipio de Guánica celebró una subasta general que incluía, entre otras cosas, un renglón para la compra de combustible para los vehículos municipales. El suministro contemplado en esta subasta se extendería hasta el 30 de jimio de 2001, fecha del cierre de ese periodo fiscal. El Sr. Edward Cordero Vélez, dueño de una estación de gasolina dedicada a la venta de combustible al detal, compareció a la convocatoria como licitador.

Poco después, la Junta de Subastas del Municipio de Guánica (Junta) le notificó al señor Cordero Vélez, mediante una carta suscrita por el Secretario Municipal, que se le había adjudicado la subasta en el renglón de suministro de combustible. Tras la adjudicación de la buena pro, las partes no otorgaron el contrato correspondiente ni realizaron trámite ulterior alguno. No obstante, el municipio comenzó a adquirir el combustible para sus vehículos en la estación de gasolina del señor Cordero Vélez.

En mayo de 2001 la Junta anunció otra subasta general para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2001 hasta el 30 de junio de 2002 (año fiscal 2001-2002). El señor Cordero Vélez concurrió a la celebración de esa subasta y fue el único licitador en el reglón de combustible. Este alega que ese día el Secretario Municipal le comentó verbalmente que se le iba a adjudicar por haber sido el único licitador. La Junta, sin embargo, no le envió al señor Cordero Vélez ninguna notificación oficial o carta escrita adjudicándole finalmente la subasta.

Oportunamente, el Presidente de la Junta le remitió una carta a la Asamblea Municipal comunicándole que la subasta para el año fiscal 2001-2002 se había declarado desierta. Al señor Cordero Vélez no se le notificó dicha determinación ni los fundamentos para ésta.

De las alegaciones no controvertidas surge que, posteriormente, se celebró una segunda subasta para los renglones que no se habían cubierto en la convocatoria anterior. Sin embargo, por ausencia de licitadores, esta subasta también se declaró desierta en el renglón de combustible. Cabe mencionar que el señor Cordero Vélez testificó que desconocía la celebración de esta subasta.

Poco después, transcurrió el periodo fiscal que comprendía los servicios adjudicados formalmente al señor Cordero Vélez en virtud de la subasta celebrada en abril de ese mismo año. No obstante, el municipio continuó comprando combustible en su estación de gasolina. Las partes tampoco otorgaron un contrato escrito para estas adquisiciones.

En agosto de ese año, el señor Cordero Vélez se enteró que el municipio también le compraba combustible a otro detallista. En vista de ello, realizó gestiones ante la entidad municipal —sin éxito— para exigir explicaciones por la falta de exclusividad. Al cabo de un tiempo, el municipio le respondió que entre ambas partes no existía una relación contractual de la cual surgiera un derecho a reclamar. En particular, el Secretario Municipal le comunicó al señor Cordero Vélez que él no tenía una subasta adjudicada. De este modo, la entidad municipal descontinuó el pago y la compra de combustible en la estación del señor Cordero Vélez.

A la luz de lo anterior, el señor Cordero Vélez presentó varias acciones judiciales de las cuales tomamos conocimiento judicial. En primer lugar, instó una reclamación en cobro de dinero ante el Tribunal Municipal de Guánica. En aquella ocasión, el tribunal emitió una sentencia a su favor por la suma de $488.01, pese a que el demandante había solicitado una suma considerablemente mayor.

En segundo lugar, presentó un recurso ante el Tribunal de Apelaciones para impugnar la subasta para el año fiscal 2001-2002. Mediante éste, solicitó la revisión de la determinación de la Junta de no adjudicarle la subasta, así como la actuación del municipio de comprar combustible a otros suplidores. El tribunal apelativo intermedio desestimó el recurso sin perjuicio por considerar que no era el foro competente para entender —en primera instancia— en las controversias planteadas y los remedios solicitados.

En vista de lo anterior, el señor Cordero Vélez presentó ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce, la acción judicial que nos ocupa por incumplimiento de contrato y cobro de dinero. En la demanda, el señor Cordero Vélez alegó que, mediante la subasta para el año fiscal 2001-2002, se estableció una relación contractual entre su persona y el Municipio de Guánica. Adujo que el municipio terminó dicha relación sin justificación válida, causándole pérdidas, daños y angustias mentales ascendentes a treinta mil dólares. El municipio, por su parte, negó las alegaciones del demandante y alegó como defensa la inexistencia de la relación contractual.

Luego de los trámites de rigor, el foro de instancia dictó sentencia mediante la cual declaró “con lugar” la demanda. Concluyó que el Municipio de Guánica le adjudicó al señor Cordero Vélez la subasta para el año fiscal 2001-2002. Interpretó que la Junta no podía declarar desierta una subasta cuando había recibido, al menos, una licitación. Además, consideró que “el Municipio mediante su Secretario Municipal le indicó [al señor Cordero Vélez] que le había adjudicado la subasta”. Apéndice, pág. 63.

A la luz de los fundamentos expuestos, dicho foro entendió que de aquella subasta había nacido una relación contractual entre las partes, y luego de declarar la demanda “con lugar”, ordenó al municipio el pago de una indemnización de veinticinco mil dólares por los daños y perjuicios causados al demandante.

Inconforme con dicho dictamen, el municipio recurrió ante el Tribunal de Apelaciones. Este foro confirmó parcialmente el dictamen recurrido al entender que carecía de elementos de juicio para intervenir con la determinación del foro de instancia respecto a que “el Municipio efectivamente había ratificado el otorgamiento de la subasta al apelado y que se había obligado a comprarle gasolina a éste, con exclusión de otros suplidores”. Apéndice, pág. 13.

Sin embargo, como reconoció que el pago de una obligación municipal con fondos públicos está condicionada a que se sigan los procedimientos establecidos por ley, ordenó que se otorgara un contrato por escrito, se inscribiera en el registro municipal de contratos y se notificara a la Oficina del Contralor junto con una copia de dicha sentencia. Por otro lado, el Tribunal de Apelaciones revocó la partida concedida en daños y devolvió el caso al foro de instancia para que el demandante presentara evidencia de sus daños y de los ingresos dejados de percibir como resultado del alegado incumplimiento.

Inconforme aún, el Municipio de Guánica recurrió ante nos y reprodujo los mismos argumentos planteados ante el Tribunal de Apelaciones. Adujo, en esencia, que incidió el Tribunal de Primera Instancia al determinar la existencia de una relación contractual entre las partes por el mero hecho de que el Secretario Municipal le indicara verbalmente al licitador demandante que se le iba a adjudicar la subasta. Alegó, además, que erró el tribunal sentenciador al conceder a la parte demandante una indemnización por concepto de daños sin que la prueba desfilada en juicio la justificara.

Examinada la solicitud de certiorari, acordamos expedir. Le concedimos al señor Cordero Vélez un término para presentar su alegato, mas no compareció. En vista de ello, procedemos a resolver el recurso solicitado sin trámite ulterior.

II

Continuamente hemos sostenido que la buena administración de un gobierno conlleva el realizar sus funciones como comprador con eficacia, honestidad y corrección para proteger los intereses y el dinero del pueblo que representa. Lugo v. Municipio Guayama, 163 D.P.R. 208 (2004); RBR Const., S.E. v. A.C., 149 D.P.R. 836 (1999); Mar-Mol Co., Inc. v. Adm. Servicios Gens., 126 D.P.R. 864 (1990). Por consiguiente, para proteger el erario, el Gobierno realiza la adquisición de los materiales y servicios que necesita, al igual que la construcción de obras públicas, mediante la celebración de subastas.

Reiteramos que la normativa relacionada con las subastas gubernamentales persigue que el contrato se adjudique al mejor postor para evitar que haya favoritismo, corrupción, extravagancia y descuido al otorgarse los contratos. A.E.E. v. Maxon, 163 D.P.R. 434 (2004); Justiniano v. E.L.A., 100 D.P.R. 334 (1971). Fundamentalmente, la consideración primordial al momento de determinar quién debe resultar favorecido en el proceso de adjudicación de subastas, debe ser el interés público en proteger los fondos del Pueblo de Puerto Rico.

De acuerdo con la política pública expuesta, la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991 (Ley de Municipios Autónomos), 21 L.P.R.A. sec. 4001 et seq., establece los procedimientos para la celebración y adjudicación de subastas municipales. En particular, esta ley dispone que, como norma general, se deben celebrar subastas para “[l]as compras de materiales, equipo, comestibles, medicinas y otros suministros de igual o similar naturaleza ... que excedan de cuarenta mil (40,000) dólares”. 21 L.P.R.A. sec. 4501(a) y (b).

La Ley de Municipios Autónomos delega en una Junta de Subastas —que constituirá cada Municipio— la responsabilidad de entender y adjudicar todas las subastas que se requieran por ley, reglamento u ordenanza. 21 L.P.R.A. see. 4506. A estos efectos, todos los acuerdos y las resoluciones de dicha Junta se deberán tomar por la mayoría total de los miembros que la componen, salvo que otra cosa se disponga. 21 L.P.R.A. see. 4505.

El estatuto en cuestión le concede discreción a la Junta de Subastas al evaluar las licitaciones sometidas. Por ejemplo, la Junta podrá rechazar “todos y cada uno de los pliegos de subasta que se reciban como resultado de una convocatoria” cuando se den las circunstancias descritas en la ley. 21 L.P.R.A. sec. 4506(b). Además, podrá declarar desierta una subasta y convocar a otra, o recomendar a la legislatura municipal que autorice atender el asunto administrativamente, cuando ello resulte más económico y ventajoso a los intereses del municipio. 21 L.P.R.A. sec. 4506(d).

Sin embargo, en caso de celebrarse una subasta y recibirse una sola licitación, la Ley de Municipios Autónomos establece que

...la Junta podrá adjudicar al único licitador o proceder a convocar una segunda subasta notificándole al único licitador las razones por las cuales no le adjudicará la subasta y la considerará desierta. (Enfasis suplido.) 21 L.P.R.A. see. 4506(d).

En caso de una segunda convocatoria en la cual vuelva a concurrir un solo licitador, la Junta tendrá la opción de “adjudicar al único licitador o someter el asunto administrativamente para la autorización de la legislatura municipal”. 21 L.P.R.A. sec. 4506(d).

Respecto a la adjudicación de la subasta, el referido estatuto establece que será “notificada a todos los licitadores certificando el envío de dicha adjudicación mediante correo certificado con acuse de recibo”. (Énfasis suplido.) 21 L.P.R.A. sec. 4506(a). De igual forma, dispone que la Junta notificará a los licitadores no favorecidos las razones por las cuales no se les adjudicó la subasta. íd. Para ello, la notificación tiene que ser clara y eficaz; no basta que la notificación sea verbal, sino que se requiere que sea por escrito.

De la normativa antes expuesta se desprende que la Junta de Subastas es la única entidad con facultad para tomar decisiones respecto a la adjudicación de subastas y éstas se toman, no por un miembro, sino por una mayoría.

De otra parte, cuando concurre únicamente un licitador, la Junta tiene la potestad de adjudicarle la subasta, es decir, no es una obligación. Por el contrario, la Junta tiene la facultad de alegar circunstancias para no adjudicar al único licitador, en cuyo caso tendrá que notificárselo por escrito de forma fundamentada y continuar con los trámites dispuestos por ley.

En caso de que la Junta determine adjudicar la buena pro a un licitador, del estatuto examinado claramente se colige que toda adjudicación se tendrá que notificar tanto al licitador agraciado como a los no favorecidos. El propósito de ello es que las partes afectadas puedan solicitar la revisión judicial de la determinación ante el Tribunal de Apelaciones dentro del término jurisdiccional aplicable. 21 L.P.R.A. secs. 4506(a) y 4702.

De otra parte, desde hace más de tres décadas establecimos que en nuestro .ordenamiento “una agencia tiene el derecho de revocar la adjudicación de la subasta antes de que se formalice el contrato correspondiente ...”. Justiniano v. E.L.A., supra, pág. 340. Véase, además, Cancel v. Municipio de San Juan, 101 D.P.R. 296 (1973). El fin social que persigue la facultad de rechazar las licitaciones o de cancelar la subasta una vez adjudicada es conceder cierto grado de discreción y flexibilidad que le permita al ente administrativo proteger sus intereses adecuadamente. RBR Const., S.E. v. A.C., supra. La referida norma “reconoce esta facultad de la Junta de Subasta precisamente para evitar la posibilidad de favoritismo, descuido, extravagancia y corrupción”. (Citas omitidas.) C. Const. Corp. v. Mun. de Bayamón, 115 D.P.R. 559, 563 (1984).

Es principio establecido que la facultad del municipio de obligar fondos públicos para el pago de una obligación, está supeditada a que se sigan los procedimientos establecidos por ley. Por tal motivo, en numerosas ocasiones nos hemos expresado en favor de la aplicación de una normativa restrictiva en la contratación municipal. A tales efectos, en Lugo v. Municipio Guayama, supra, pág. 215, reiteramos la “rigurosidad de los preceptos legales que rigen las relaciones comerciales entre entes privados y los municipios, que aspiran a promover una sana y recta administración pública, asunto que está revestido del más alto interés público”. Fernández & Gutiérrez v. Mun. San Juan, 147 D.P.R. 824, 829 (1999). Véase, también, Ríos v. Municipio Isabela, 159 D.P.R. 839 (2003).

En particular, para que los contratos otorgados por municipios sean válidos, éstos deben satisfacer ciertos requisitos formales. Entre ellos, es indispensable que el contrato conste por escrito para que lo convenido tenga efecto vinculante. Fernández & Gutiérrez v. Mun. San Juan, supra. Además, se requiere que se mantenga un registro fiel con miras a establecer la existencia del contrato; que se remita copia de éste a la Oficina del Contralor, salvo determinadas excepciones, y que se acredite la certeza de tiempo, esto es, que fue realizado y otorgado quince días antes. Lugo v. Municipio Guayama, supra; Ríos v. Municipio Isabela, supra; Ocasio v. Alcalde Mun. de Maunabo, 121 D.P.R. 37 (1988). Incluso, no se autorizará desembolso alguno relacionado con contratos sin la constancia de haberse enviado el contrato a la Oficina del Contralor. 21 L.P.R.A. sec. 4354.

En diversas ocasiones hemos declarado nulos y sin efecto los acuerdos pactados en contravención con las normas antes dispuestas. Sin embargo, de acuerdo con la Ley Núm. 127 de 31 de mayo de 2004, Leyes de Puerto Rico, pág. 592, la cual enmienda la Ley Núm. 18 de 30 de octubre de 1975 (2 L.P.R.A. sees. 97 y 98), los tribunales no podrán decretar la nulidad de un contrato municipal o negocio jurídico legalmente válido “por el solo hecho de que éste no haya sido registrado ni remitido a la Oficina del Contralor”. (Enfasis en el original suprimido y énfasis suplido.) Lugo v. Municipio Guayama, supra, pág. 219.

Resulta pertinente recalcar que los tribunales debemos velar por el cumplimiento con las disposiciones legales dirigidas a proteger los desembolsos públicos, ya que esta normativa tiene como fin proteger el interés público en los dineros del pueblo y no a las partes contratantes. De Jesús González v. A.C., 148 D.P.R. 255, 267—268 (1999); Hatton v. Mun. de Ponce, 134 D.P.R. 1001 (1994); Morales v. Municipio de Toa Baja, 119 D.P.R. 682 (1987).

Examinada la normativa pertinente a la adjudicación de subastas y a la contratación con entidades municipales, procedemos a atender la controversia ante nuestra consideración.

III

Para determinar si surgió una relación contractual entre el Municipio de Guánica y el señor Cordero Vélez en virtud de la subasta para el año fiscal 2001-2002, debemos evaluar primordialmente si ésta, en efecto, se le adjudicó.

Como señalamos anteriormente, el municipio aduce que la relación contractual es inexistente ya que las partes no otorgaron un contrato escrito. Plantea que el hecho de que el Secretario Municipal le comentara verbalmente al señor Cordero Vélez que la subasta se le iba a adjudicar, no es suficiente para obligar al Municipio a adjudicarle formalmente dicha subasta y perfeccionar un contrato. Entendemos que le asiste la razón.

De los hechos señalados se desprende que el señor Cordero Vélez comenzó su relación comercial con el Municipio de Guánica a raíz de una subasta celebrada en abril de 2001, correspondiente al periodo fiscal que finalizaba el 30 de junio de ese año. La Junta le adjudicó formalmente dicha subasta al señor Cordero Vélez mediante una notificación escrita al efecto. Aunque procedía otorgar un contrato escrito y cumplir con las formalidades legales para que el municipio pudiera desembolsar fondos públicos conforme al derecho aplicable, no existe controversia respecto al cumplimiento con los términos de esta subasta.

La controversia en el caso de'autos gira en torno a otra subasta, la celebrada en mayo de 2001 para el año fiscal 2001-2002. Al aplicar los preceptos antes expuestos sobre el procedimiento para la celebración y adjudicación de subastas municipales, resulta indiscutible sostener que —contrario a la anterior— la subasta en cuestión no se adjudicó. Veamos.

Luego de la apertura de la subasta donde el señor Cordero Vélez fue el único licitador, el Secretario Municipal le comentó que ésta se le iba a adjudicar. El Tribunal de Primera Instancia consideró que este hecho era pertinente al resolver como lo hizo. No obstante, en vista de que la Ley de Municipios Autónomos establece que es la Junta la que considera y adjudica todas las subastas, no procede conferirle ningún efecto jurídico al comentario verbal emitido por un funcionario municipal. Reafirmamos esta conclusión si tomamos en cuenta la jurisprudencia aplicable a los efectos de que la adjudicación no vincula hasta tanto se haya perfeccionado el contrato. Cancel v. Municipio de San Juan, supra; Justiniano v. E.L.A., supra.

Además, es norma establecida que la notificación tiene que hacerse por escrito para que sea adecuada en este tipo de determinación. Como vimos, en el caso de autos la Junta no le envió al señor Cordero Vélez alguna notificación escrita, ni adjudicándole finalmente la subasta para el año fiscal 2001-2002 ni explicándole los fundamentos para rechazar su propuesta. Evidentemente, la Junta incumplió con una obligación dispuesta por ley. Sin embargo, de lo anterior no se colige que el municipio quedó obligado a perfeccionar un contrato a favor del señor Cordero Vélez. Hemos sostenido que una parte no puede pretender ampararse en una actuación administrativa incorrecta o ilegal. González v. E.L.A., 167 D.P.R. 400 (2006); Magriz v. Empresas Nativas, 143 D.P.R. 63 (1997).

Cabe señalar que el señor Cordero Vélez, por su parte, tampoco le requirió a la Junta información o notificación alguna sobre la adjudicación, aun cuando ese había sido el mecanismo que la Junta utilizó para adjudicarle propiamente la subasta celebrada en abril de 2001, correspondiente al año fiscal anterior al que está en controversia. El señor Cordero Vélez no debió quedarse cruzado de brazos. Hemos establecido que, en casos de contratación municipal, las partes privadas deben ejercer un rol más activo, ya que no están exentas del cumplimiento de la ley. Lugo v. Municipio Guayama, supra; Hatton v. Mun. de Ponce, supra.

A la luz de lo anterior, resolvemos que la subasta para el año fiscal 2001-2002 no se le adjudicó al señor Cordero Vélez. Por consiguiente, no pudo surgir una relación contractual entre las partes en virtud de ésta. Ahora bien, debemos evaluar si surgió una relación contractual entre las partes bajo otro fundamento.

El Tribunal de Apelaciones, aunque determina que no se cumplieron las formalidades exigidas por la ley para perfeccionar un contrato municipal, confirma el dictamen del foro de instancia bajo el fundamento de que, mediante las compras en la estación del señor Cordero, el municipio ratificó el otorgamiento de la subasta.

Reiteramos que cuando se trata de contratos con entidades gubernamentales regidos especialmente por la Ley de Municipios Autónomos, se considera primero la validez del acuerdo a la luz del estatuto mencionado, en lugar de acudir de lleno a la teoría general de contratos. Mun. de Ponce v. A.C. et al., 153 D.P.R. 1 (2000).

En este caso, nunca se otorgó un contrato por escrito. Tampoco se satisfizo ninguna de las formalidades aplicables a los contratos municipales, las cuales se exigen rigurosamente con miras a proteger el interés público. La salvedad que establece la referida Ley Núm. 127 en cuanto a que no será nulo un contrato válido que no haya sido registrado o remitido a la Oficina del Contralor, no tiene el efecto de alterar la política pública que permea la normativa en torno a la contratación municipal ni exime del cumplimiento con los requisitos antes descritos que hacen exigióles acuerdos que no son legalmente válidos. Es más, la referida disposición parte de la premisa de que se perfeccionó un contrato y de que éste es válido. Puesto que, en el caso de autos, la relación entre el señor Cordero Vélez y el municipio nunca alcanzó la obligatoriedad de un pacto bilateral, resolvemos que al no haber contrato, no procedía ordenar el cumplimiento de ninguna formalidad, contrario a lo resuelto por el Tribunal de Apelaciones.

No obstante lo anterior, lo que aquí resolvemos no implica en lo absoluto que endosamos la forma en que actuó el municipio. Por el contrario, desalentamos firmemente la práctica de incumplir con los procedimientos establecidos en la Ley de Municipios Autónomos para la adjudicación de subastas y el otorgamiento de contratos municipales. Aún así, en vista del interés que representan los fondos públicos, no estamos dispuestos a imponer al municipio la responsabilidad de cumplir con un contrato que nunca se perfeccionó. Después de todo, la adecuada fiscalización de la utilización del dinero del erario resulta de vital importancia para mantener la confianza del ciudadano en el gobierno y en una democracia saludable. RBR Const., S.E. v. A.C., supra.

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la sentencia del Tribunal de Apelaciones en todos sus extremos y, por consiguiente, la del Tribunal de Primera Instancia. A su vez, desestimamos la demanda instada por el señor Cordero Vélez, ya que la relación contractual alegada es inexistente conforme a la normativa sobre contratación municipal.

Se dictará sentencia de conformidad.