author: El Juez Asociado Señob De Jesús

text:
    William N. Greer, demandante y apelante, v. Ralph Pérez Perry, demandado y apelado.
    Núm. 8324.

    Sometido: Noviembre 25, 1941.

      Resuelto: Diciembre 8, 1941.

      Edgar S. Belaval, abogado del apelante; Mario Báez García, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señob De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Este recurso se lia interpuesto contra una resolución que dejó sin efecto una sentencia y abrió la rebeldía, permitiendo al demandado radicar su contestación. La acción aquí esta-blecida es la de cobro de un pagaré, alegando el demandado bajo juramento en su contestación que la acción está pres-crita y que la obligación ha sido extinguida mediante pago. No es éste un caso en que el demandado no haya demostrado su propósito de defenderse. Por el contrario, oportuna-mente solicitó el traslado del pleito al distrito de su residen-cia, acompañando la moción de un escrito de excepciones pre-vias fundadas en la prescripción y en insuficiencia de hechos constitutivos de causa de acción, habiendo además hecho viajes su abogado desde Mayagüez hasta San Juan para sostener las alegaciones. La moción de traslado fné deses-timada y posteriormente lo fné también la excepción previa de prescripción, mas nada se resolvió respecto a la suficiencia de la demanda, lo qne alega el abogado del demandado le indujo a creer qne el caso no estaba listo para contestación, a pesar de qne se le concedió un término de diez días para radicaría. Expirado dicho término y no habiéndola, radi-cado, se anotó su rebeldía registrando el secretario la corres-pondiente sentencia el 14 de octubre de 1940, notificádale el 15 del propio mes. Dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la sentencia, solicitó el demandado se dejase sin efecto, se abriese la rebeldía y se le permitiese radicar su contestación. Exponiendo las razones qne le movieron a ejercitar su discreción a favor del demandado, declaró en su resolución el juez inferior:

“Ninguna de las razones que aduce el demandado para explicar su rebeldía tiene el más leve asomo de mérito. Su contestación, sin embargo, expone una defensa meritoria, a saber, que el demandado pagó el importe del pagaré a su primitivo acreedor, mientras éste era su tenedor. Como quiera que el pagaré fué endosado después de su vencimiento, y es además civil y no mercantil según la de-manda, la defensa de pago obligaría al demandante. Como quiera que la rebeldía del demandado obedece aparentemente al error o negligencia de su .abogado, y no del propio demandado, creemos que debe dársele a éste la oportunidad de sustanciar su alegada defensa. ’ ’

El apelante ataca la resolución apelada principalmente porque según él, el demandado, al tratar de excusar su negli-gencia, invoca un error de derecho, y que son sólo los de hecho los que justifican la apertura de una rebeldía. A ese efecto cita un buen número de casos que tienden a sostenerlo, pero es de notar que en casi todos, contrario a lo que en éste sucede, se trata de recursos contra resoluciones denega-torias de apertura de rebeldía. El propio abogado del ape-lante así lo comprende y honradamente admite en su alegato, página 5, que es muy difícil conseguir la revocación de una orden decretando la apertura de rebeldía, £‘ya que los tribunales de apelación respetan en lo posible las resoluciones de las cortes inferiores que son discrecionales.” Así es en verdad. Abierta la rebeldía, el caso puede resolverse por sus propios méritos, haciendo de ese modo cumplida justicia entre las partes sin perjudicar sus verdaderos derechos. Si fuese cierta la alegación del- demandado al efecto de que ha pagado la obligación que se le cobra, ¿sería acaso justo obli-garlo a pagarla otra -vez porque por un error más o menos justificable de su abogado no radicase su contestación dentro del término que le concedió la corte? Si en verdad el deman-dado debe el pagaré que se le cobra, ¿se perjudicarían en forma alguna los derechos del demandante proporcionándole la oportunidad que él mismo debiera pedir, de probar que su reclamación es honrada y justa?

Como dijera el Juez Cardozo en su obra “The Nature of Judicial Process”, pág. 100 et seq., “no debemos perder de vista la finalidad que persigue la ley y tratar de que sus regias conduzcan a la consecución de su propósito.”

La cuestión no es del todo nueva en esta jurisdicción. En el caso de Sierra v. P. Longo & Co., 45 D.P.R. 807, contrario a lo que sostiene el apelante al tratar de distinguir dicho caso, se trataba de un error de derecho. En la resolución del juez inferior, transcrita en parte en las páginas 810 'a 811, se dijo:

“No tenemos duda alguna de que los defectos de la moción de traslado, así como los de la primera moción sobre apertura de rebel-día, se debieron a la inexperiencia del abogado que originalmente se hizo cargo del asunto. Decimos esto sin menospreciar a dicho abo-gado, pues empieza ahora la práctica de su profesión y no nos sorprende que cometa errores como todos los cometemos, y con mayor frecuencia cuando empezamos la práctica de la profesión sin tener a nuestro lado un compañero experto que guíe nuestros primeros pasos por la escabrosa senda del procedimiento.
“Bajo estas circunstancias, ¿sería justo que por los errores ele procedimiento que haya cometido el abogado privemos a la parte del derecho que tiene de ser oída en su defensa?”

Y al confirmar la resolución apelada, se dijo por este tribunal:

"El caso está en la línea. El error del abogado lo sufre la parte. Ésa es la regla. De otro modo serían interminables los liti-gios. Pero hay casos extraordinarios en que es tan evidente el error y la cuestión envuelta tan técnica y se está tan al principio del pleito,, que no dar una oportunidad de ir a los méritos, constituiría una. notoria injusticia cuya comisión debe evitarse mientras sea posible.’1'

Ésa es la regia generalmente aceptada. De la reciente monografía que aparece en 126 A.L.R. 369, tomamos los siguientes párrafos:

"Debemos llamar la atención a la regla general que sostiene que la concesión de una moción para dejar sin efecto una sentencia en rebeldía descansa en la sana discreción de la corte sentenciadora, cuya decisión no será alterada en apelación a menos que se demuestre un claro abuso de discreción. Véase 15 R.C.L., ‘Judgments’, pág. 720, see. 174. También se sostiene por la misma autoridad que el negarse a dejar sin efecto una sentencia una vez demostrada una de-fensa meritoria y bajo condiciones justas, puede constituir un abuso de discreción revisable en apelación.
"Es de notarse que mientras en algunos de los casos la decisión de la corte sentenciadora al rehusar abrir la rebeldía, consideradas las circunstancias del caso, ha sido revocada por constituir abuso de discreción, en ninguno de los aquí citados se ha revocado la decisión de la corte que abrió la rebeldía. A este efecto llamamos la atención a la siguiente aseveración en Parks v. Coyne, (1911) 156 Mo. App. 379, 137 S. W. 335, infra: ‘Está bien establecido que la corte de apelación estará menos dispuesta a intervenir cuando la sentencia ha sido dejada sin efecto que cuando no lo ha sido. Esto es así porque cuando se deja sin efecto la sentencia, la causa se abre de nuevo y podrá todavía hacerse justicia en los méritos entre las partes. (Citas.) Si un demandado que solicita la apertura de rebeldía ha presentado una defensa meritoria, es cuestión que, aun-que independiente de si se exponen o no hechos que excusen la falta de comparecencia o de contestación por el demandado, es tomada en consideración prácticamente en todos los casos y considerada en la discusión de las decisiones en cada uno de ellos.”

Sostiene por último el apelante qne en el snpnesto de qne nn error de dereclio justificase la apertura de la rebeldía, aun así procede la revocación de la resolución recurrida por ser insuficiente el affidavit de méritos, toda vez que no expresa que el demandado ba expuesto los becbos de su caso a un abogado y que éste le ba asegurado- que tiene una buena defensa. Bastará que digamos que quien en última instancia deberá determinar si el demandado tiene o no una buena defensa en los méritos es la corte, y ésta así lo apreció en vista de la contestación jurada por el demandado personalmente, en la que se asegura que la obligación que se reclama ba sido pagada. Siendo ello así, no era indispensable que en el affidavit de méritos se expresase que el demandado tenía una defensa en sus méritos.

Erocede por lo expuesto la desestimación del recurso y la confirmación de la resolución apelada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor De Jesús

license: Public Domain

text:
    Antonia Vilaró Batlle, demandante y apelada, v. Miguel Puig Munet, demandado y apelante.
    Núm. 8341.

    Sometido: Noviembre 14, 1941.

      Resuelto: Diciembre 8, 1941.

      E. Díaz Santana y E. Mieres Calimano (José Soto Rivera, en el ale-gato), abogados del apelante; Géigel & Silva, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La sentencia recurrida fué dictada en un pleito de divorcio por la causal de trato cruel e injurias graves por parte del marido a su mujer. Mientras se sustanciaba y decidía el pleito, la esposa solicitó y obtuvo del tribunal ciertas medidas provisionales, tales como fijación de domicilio y cuidado provisional de la única bija habida en el matrimonio. El demandado por su parte, también antes del juicio, solicitó que se regularan provisionalmente las relaciones de familia entre él y su bija y se nombrase un síndico para; la administración de los bienes privativos de su esposa, alegando que la mitad de sus rentas le pertenecían por ministerio de la ley, siéndole denegadas ambas mociones. No solicitó en forma alguna la revisión de las citadas resoluciones, pero las incluye abora eu el señalamiento de errores, bajo los números 2, 3, 4 y 5. Tales medidas, como su nombre y naturaleza indican, sou de carácter provisional y sus efectos sólo subsisten basta el momento en que es firme la sentencia, siendo entonces sustituidas si prospera el divorcio, por las que surgen como efectos del mismo, que se consignan en el Libro 1ro, tit. 4°., capítulo 5°., Código Civil, artículos 105 al 109, ambos inclusives. Estas medidas provisionales en-vuelven cuestiones meramente colaterales al pleito de divor-cio y siendo ello así no pueden causar la revocación de la sentencia que pueda dictarse, ya sosteniendo o denegando la demanda. Por consiguiente, resulta académico considerar dentro de este recurso las referidas cuestiones.

Bajo el primer señalamiento se alega que incurrió en error la corte sentenciadora al negar una moción del demandado en que solicitó la eliminación de ciertas frases de la demanda que él alega constituyen conclusiones y no una relación de hechos. A pesar de que no son las conclusiones de hecho (ultimate facts), sino las de derecho, las que condenan las reglas de procedimiento, prescribe el artículo 142 del Código de Enjuiciamiento Civil que no se revocará o invalidará ningún fallo por razón de error o defecto de las alegaciones o procedimientos que no afecten a lo esencial de los derechos de las partes.

Lo mismo puede decirse con respecto a los errores numerados 6 y 7, que se refieren al contrainterrogatorio de cierto testigo de la demandante, que en verdad se contraía a cuestiones que no afectan en forma alguna la conclusión a que llegó la corte sentenciadora al declarar con lugar la demanda de divorcio.

En el octavo señalamiento de error se queja el apelante de que la corte no dió consideración a las gestiones del demandado tendientes a la reconciliación con su esposa. Siendo el demandado el ofensor, como veremos al considerar el noveno y último señalamiento de eror, ¿qué pertinencia pueden tener sus supuestas gestiones para conseguir que su esposa se dispusiese a continuar recibiendo el trato cruel de que lo perdonó en una ocasión en Ponce, pero que repitió el demandado con mayor violencia en Santurce poco después? Si ella no le perdonó en la segunda ocasión y por consiguiente no hubo la reconciliación que hubiera extinguido la acción de divorcio (artículo 103, Código Civil), tal evidencia ofre-cida por el demandado era necesariamente impertinente e inmaterial.

Por el noveno y último de los errores señalados se imputa a la corte error en la apreciación de la prueba.

La prueba de la demandante y uno de los testigos del demandado demostraron que en la ciudad de Ponce, en enero de 1938, el demandado maltrató a la demandante en forma tan cruel y violenta que los vecinos tuvieron que intervenir para evitar que él continuara sus agresiones contra ella, aconsejándole entonces el testigo Yarela, presentado por el propio demandado, que se divorciaran. También tiende a sostener que la demandante perdonó al demandado las ofen-sas y desistió del pleito de divorcio que contra él liabía radi-cado en la Corte de Distrito de Ponce y que luego de tras-ladarse a vivir a Santurce, en la calle Las Palmas, también imlvió a agredirla el demandado, a fines del mismo año 1938, en forma tal que el testigo Luis Rafael Dávila tuvo que inter-venir y darle protección a la demandante en su casa para evitar que el demandado continuara sus atropellos, y que desde ese momento se separó definitivamente de él, presen-tando inmediatamente después la demanda de divorcio que motivó la sentencia apelada.

La prueba no demuestra en forma alguna que el juez sen-tenciador actuara movido por pasión, prejuicio o parcialidad como pretende el demandado, y no habiéndose cometido nin-gún error que justifique la revocación de la sentencia, procede su confirmación.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.


author: El Juez Presideítte Señor Del Toro

text:
    Dolores Vázquez, representada por su padre con patria potestad, Juan Vázquez, demandante y apelada, v. Dr. J. R. Laugier, demandado y apelante.
    Núm. 8461.

    Sometido: Diciembre 8, 1941.

      Resuelto: Diciembre 10, 1941.

      C. Triarte,, F. Fernández Cuyar y H. González Blanes, abogados del apelante; V. Brunet, abogado de la apelada.
   El Juez Presideítte Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

La resolución de la moción de desestimación presentada en este caso, envuelve la debida interpretación de la regla 59 del Reglamento de este tribunal que, copiada a la letra, dice así:

“Expirado el término de noventa días desde la fecha en que se presentare el escrito de apelación, y no obstante las prórrogas con-cedidas por la corte inferior, el tribunal a discreción podrá desestimar una apelación que no haya sido anteriormente registrada en este tribunal, mediante moción presentada al'efecto, si se probare satis-factoriamente que el apelante no ha proseguido su apelación con la diligencia debida o de buena fe, o que tal apelación es frívola.”

No hay duda, pues, que dicta regla otorga a la corte el poder discrecional de desestimar el recurso, mediante moción presentada al efecto, una vez que transcurran noventa días contados a partir de aquel en que se hubiere archivado el escrito de apelación, aunque se hallen vigentes prórrogas concedidas para perfeccionarlo por la corte sentenciadora, pero ese poder sólo cabe ejercerlo de acuerdo con la misma en tres ocasiones, a saber: primera, cuando se probare satis-factoriamente que el apelante no ha proseguido su apelación con la diligencia debida; segunda, o de buena fe, y tercera, cuando la apelación sea frívola.

Aquí no se ha dicho siquiera que la apelación sea frívola, ni que el apelante haya actuado de mala fe, limitándose la parte apelada en su moción a alegar “que el demandado no ha proseguido su apelación con la debida diligencia”, después de haber expresado que el recurso se había interpuesto en mayo 28, 1941, esto es, alrededor de ciento setenta días a la fecha de la moción — noviembre 17, último.

Mostró con ello sin duda el apelado un- caso prima facie a su favor, ya que la regla parte de lá base de que noventa días son suficientes para perfeccionar en casos corrientes la tramitación de una apelación en la corte inferior y elevar los autos a esta Corte Suprema.

Con ello obligó al apelante a explicar su conducta, lo que hizo, a nuestro juicio, de modo satisfactorio, quedando en su consecuencia destruido él caso prima facie del apelado. Dos certificaciones presentó. Una del secretario de la corte sentenciadora referente a la interposición del recurso y a las prórrogas concedidas para la radicación de la transcrip-ción de evidencia, y otra extensa y detallada del taquígrafo demostrativa de que desde mayo 21 del 1941 se calcularon sus honorarios y le-fueron satisfechos por el apelante y de que si no ha ultimado la transcripción se debe a una serie de circunstancias que expone, entre ellas la de trabajo oficial preferente, habiendo solicitado el 24 de noviembre, 1941, una última prórroga para radicar la transcripción.

Siendo ello así, no habiéndose alegado ni probado que la apelación sea frívola, ni que el apelante haya actuado de mala fe, y habiendo demostrado dicho apelante que viene trami-tando el recurso diligentemente, no 'procede la desestimación, solicitada sin perjuicio de qu,e la apelada reprodusca su moción si el apelante no signe actuando con la debida dili-gencia.


author: El Juez PresideNte Señor Del Toro

text:
    Guillermo Vélez Segarra, demandante y apelante, v. General Motors Acceptance Corporation y Arecibo Motors, demandadas y apeladas.
    Núm. 8316.

    Sometido: Diciembre 2, 1941.

      Resuelto: Diciembre 10, 1941.

      E. Martínez Aviles, abogado del apelante; Emilio 8. Belaval y Esteban Susoni, abogados, respectivamente, de las apeladas.
   El Juez PresideNte Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

En julio de 1940 Guillermo Vélez Segarra radicó demanda en la Corte de Distrito de San Juan contra la corporación General Motors Acceptance Corporation y la sociedad mer-cantil Arecibo Motors, en reclamación de $1,815 por daños y perjuicios.

La General Motors Acceptance Corporation alegó que existía una indebida acumulación de partes demandadas por las razones que expuso y que la demanda no aducía tedios suficientes para determinar una causa de acción, y la Arecibo Motors archivó una moción eliminatoria.

Incluido el pleito en el calendario, se celebró la vista de las excepciones y de la moción y el 26 de diciembre de 1940 la corte, al resolver la excepción previa de falta de hechos, concluyó que los alegados no eran suficientes para sostener la reclamación de determinadas partidas y los que pudieran serlo sólo servían de base a una reclamación por cantidad menor que la necesaria para que pudiera conocer original-mente del pleito, motivo por el cual se declaró sin jurisdic-ción para seguir actuando y dictó sentencia desestimando la demanda y condenando al actor al pago de las costas, inclu-yendo cincuenta dólares para honorarios de abogado.

El demandante apeló. Señala tres errores cometidos a su juicio por la corte de distrito al declarar con lugar la excepción y dictar sentencia sin darle una oportunidad de enmendar su demanda; al considerarlo temerario e imponerle el pago de honorarios de abogado, y al condenarlo al pago de costas y honorarios con respecto a la Arecibo Motors que se limitó a presentar una moción eliminatoria.

Examinemos el primer error. Debemos comenzar por exponer lo alegado en la demanda. La corte sentencia-dora lo resume correctamente en su opinión, como sigue:

;iLa demanda alega, en síntesis, que el demandante y su esposa compraron a la demandada Arecibo Motors un automóvil, mediante contrato de venta condicional que posteriormente fué cedido a la otra demandada General Motors Acceptance Corporation; que estando vencidos y sin pagar dos plazos del precio de venta, la demandada General Motors Acceptance Corporation, sin mediar orden judicial, y contra la voluntad del demandante, se incautó del automóvil y lo depositó con la Arecibo Motors; que posterior-mente la Arecibo Motors demandó al demandante y su esposa en cobro del precio de venta, y por vía de aseguramiento de sentencia embargó ciertos bienes inmuebles que aparecían inscritos como propiedad de la esposa del demandante, así como embargó el auto-móvil objeto de la venta; que los inmuebles embargados no perte-necían a la esposa del demandante, hecho que el demandante notificó a la Arecibo Motors, sin que ésta procediera a levantar el embargo; que .los verdaderos dueños de las propiedades se quejaron al de-mandante de que éste no practicara las diligencias para levantar el embargo, por lo que el aquí demandante se vió obligado a tran-sigir el caso con la demandada Arecibo Motors a fin de que se levantara el embargo.
‘ ‘ Concluye la demanda alegando que con motivo de los actos antes expuestos, que se dicen realizados de mala fe por ambas demandadas ‘que han venido actuando juntas y de común acuerdo en estos pro-cedimientos ’, el demandante ha sufrido los siguientes daños. y perjuicios:
“ ‘Diferencia entre el valor del automóvil y la cantidad que del mismo se adeudaba a la fecha en que la primera de las demandadas se incautó del mismo_ $285. 00
“ ‘Por ganancias dejadas de percibir por el demandante en el uso para el público a que se dedi-caba su automóvil_ 355. 00
“ ‘Por gastos de viaje y pérdida de días de trabajo de este demandante motivados por la acción ilegal de las demandadas_ 75. 00
“ ‘Pagado por concepto de honorarios de abogado_ 100. 00
“ ‘Por sufrimientos morales a que innecesaria-mente han sometido las demandadas al demandante y a su esposa, con motivo a los procedimientos ilegales y arbitrarios seguidos en su contra_ 1, 000. 00
“ ‘Total_$1, 815.00.’ ”

Seguidamente se refiere a la excepción de falta de hechos y dice:

“Como se puede ver, el único acto torticero que imputa la de-manda a las demandadas o a una de ellas, lo es el de que la demandada General Motors Acceptance Corporation se incautara del automóvil sin mediar orden judicial y en contra de la voluntad del demandante'. De la demanda no surge que en los procedimientos que siguió la Arecibo Motors se lesionara derecho alguno del de-mandante. Si los bienes inmuebles embargados por la Arecibo Motors aparecían inscritos a nombre de la esposa del demandante, estuvo justificada la Arecibo Motors en embargarlos, y el mero hecho de que el demandante dijera a la Arecibo Motors que los bienes no pertenecían a su esposa no obligó a la Arecibo Motors a levantar el embargo. El remedio de la esposa del demandante y de los verdaderos dueños de las propiedades embargadas, quienes por su negligencia o por cualquier otra razón, permitieron que los bienes aparecieran inscritos a nombre de la esposa del demandante, era acudir a la corte en el procedimiento adecuado para que se dejase sin efecto el embargo. De todos modos, si alguien se perjudicó por el embargo trabado, lo fueron los verdaderos dueños de las propie-dades embargadas y no el demandante ni su esposa. El deman-dante sencillamente se vió obligado a satisfacer una obligación legí-tima. Los gastos y sufrimientos morales o de cualquier otra índole que pueda tener un deudor al pagar a su acreedor lo que legítima-mente debe, no están sujetos a compensación. Tampoco lo están los sufrimientos morales que ocasionare el acto torticero que se le imputa a la General Motors Acceptance Corporation. Quizás lo estén los gastos en que incurriere el demandante en relación con el acto imputado a la General Motors Acceptance Corporation, pero de la demanda no aparece que hubiere gastos en relación con tal acto.
“Lo anteriormente expuesto dispone de las iiltimas tres partidas de daños y perjuicios montantes a $1,175, que reclama el deman-dante. Nos queda considerar las dos primeras partidas. La pri-mera partida, o sea la diferencia entre el valor del automóvil y la cantidad que del mismo se adeudaba a la fecha en que la General Motors se incautó del mismo, montante a $285, es quizás recobrable a base de la teoría de ‘conversión’, o sea, la teoría de que quien se apodera torticeramente de propiedad perteneciente a otro, viene obligado a pagar el valor de la cosa tal y como si la hubiere com-prado. La segunda partida es inconsistente con la primera, ya que reclama las ganancias dejadas de percibir por el demandante en el uso del automóvil. Si el demandante elige obligar a la General Motors, o a ambas demandadas, a pagarle el valor del automóvil, a base del acto torticero que se alega en la demanda, no tiene entonces derecho a reclamar el valor del uso del automóvil. El demandante podría tener derecho a- que se le pagase el valor del automóvil, que fija en $285, o el valor del uso del automóvil, que fija en $355, pero nunca ambas sumas. Véanse Rodríguez v. Martínez, Jr., 55 D.P.R. 59 y Colón v. Shell Co., 55 D.P.R. 592. Por consiguiente la de-manda alega, a lo sumo, el derecho del demandante a percibir $355 por concepto de daños y perjuicios. Carece por lo tanto esta corte de jurisdicción para conocer de la demanda.”

Y, por último,' expresa por qué no concedió permiso para enmendar y procedió a dictar sentencia, así:

“No tenemos motivo para suponer que al radicar su demanda el demandante optase por fijar a los daños que alega sufrió, un valor menor del verdadero, y por lo tanto consideramos que la demanda no es susceptible de enmiendas tales que confieran jurisdicción a esta corte, y que no procede conceder al demandante permiso para en-mendar.”

Estamos conformes con la corte sentenciadora en que el único acto torticero que se imputa en la demanda es el de la incautación del automóvil sin orden judicial, y en que no surge de los hechos alegados derecho alguno a reclamar por el procedimiento seguido por la Arecibo Motors en el que se embargaron bienes inscritos a nombre de la esposa del demandante.

También lo estamos en que la reclamación de las ganancias dejadas de percibir ($355) es inconsistente con la de la dife-rencia entre el valor del automóvil y la cantidad que del mismo se adeudaba ($285), debiendo reclamarse unas u otra, y en que tomando la partida más alta ($355) y agregando a ella la de $75 por gastos de viaje, etc., aun así no se llegaría a la cuantía jurisdiccional.

Igualmente creemos que la partida reclamada por concepto de honorarios de abogado no procede, siendo inaplicable a este caso la jurisprudencia establecida por esta misma corte en el de Díaz v. García, 47 D.P.R. 474, que se cita, porque en ese caso se trataba de reclamar como daños y perjuicios lo pagado por el demandante por honorarios en sus gestiones como interventor en otro pleito en el que se efectuó un embargo, mientras que en éste, descartada la reclama-ción ele daños por virtud del embargo de bienes inscritos a nombre de la esposa del demandante y circunscrito el pleito al acto torticero de la incautación del automóvil por parte de la General Motors Acceptance Corporation, los honorarios que proceden son los satisfechos con motivo del propio pleito, y sabido es que esos honorarios no se reclaman como daños y perjuicios si que como tales de acuerdo' con el resultado de la acción y no se toman en cuenta para fijar la cuantía juris-diccional.

En lo que no estamos conformes con la corte sentenciadora es en que “no están sujetos a compensación ... los sufrimientos morales que ocasionare el acto torticero' que se le imputa a la General Motors Acceptance Corporation”. T esta falta de conformidad nos lleva a la conclusión de que la corte erró al no dar al demandante oportunidad para enmendar su demanda, ya que sin necesidad de alterar el valor de los daños fijados por él mismo, podría enmendar su alegación de modo tal que presentara un caso propio para ser resuelto originalmente por la corte de distrito.

Si se observa la forma en que está redactada la última partida de mil dólares, se verá que cubre todos los hechos alegados y por tanto el de la incautación del automóvil sin el debido procedimiento de ley.

Siendo ello así, aunque el pleito se reduzca como debe reducirse al alegado acto torticero de la incautación del auto-móvil, sin alterar la teoría de la demanda, puede ésta enmen-darse limitando la reclamación de daños por sufrimientos morales a los que ocasionara, si es que algunos ocasionó, el indicado acto.

En cuanto a que la reclamación por daños y perjuicios por sufrimientos morales cabe en casos de esta naturaleza cuando concurren las circunstancias básicas necesarias para ello, quedó decidido por esta propia corte en el caso de Mejías v. López, 51 D.P.R. 21, 26, en los siguientes términos:

“El fundamento de la acción ejercitada consiste en el acto culpable que se atribuye a la parte demandada al penetrar a la fuerza en el hogar ele la demandante y realizar allí los actos que se le im-putan que causaron a la demandante la inquietud, angustia moral y postración nerviosa valuadas por ella en tres mil dólares.”
* * * * * & *
“Si la demandante no cumplió el contrato que celebrara con la demandada, ésta tenía en la propia ley sobre ventas condicionales un remedio adecuado. La sección 40 de esa ley da al vendedor con-dicional el medio legal para recuperar la cosa vendida. Pero la falta de cumplimiento no la autorizaba a tomarse la justicia por su mano, a violar el hogar de la demandante que estaba obligada a respetar de acuerdo con la ley y a apoderarse de la cosa vendida en la forma violenta, ostensible y desconsiderada que se alega en la demanda, causando a la demandante con su actuación culpable el daño que se especifica.”

Habiendo llegado a las anteriores conclusiones, claro es que debe revocarse la sentencia apelada, cayendo en su con-secuencia por su base su prommdctmiento sobre costas y honorarios de abogado, y concederse al demandante dies dias contados a partir de la remisión del mandato a la corte de distrito para enmendar su demanda.


author: El Juez Asociado Señob, Travieso

text:
    Roberto Castellón, demandante y apelante, v. Carmen Padín, Prudencio Collazo, Joaquín Padín y Teobaldo Casanova Prats, demandados y apelados.
    Núm. 8410.

    Sometido: Noviembre 17, 1941.

      Resuelto: Diciembre 10, 1941.

      Ortiz Toro & Ortiz Toro, abogados del apelante; A. Casanova Prats, abogado de los apelados Carmen y Joaquín Padín; F. Fernández Cuyar, abogado de Teobaldo Casanova Prats; R. Díaz Collazo, abogado de Sucesores de Abarca, cesionarios, en parte, de los derechos y acciones del apelante en pleitos por éste instados.
   El Juez Asociado Señob, Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Los.demandados y apelados Carmen y Joaquín Padín solicitan la desestimación del recurso interpuesto por el demandante Huberto Castellón. Alegan: (a) que esta Corte Suprema carece de jurisdicción para conocer del recurso, porque según aparece de la transcripción de autos, el demandado Prudencio Collazo no fué nunca' notificado del escrito de apelación, ni por sí ni por medio de abogado; y (b) que en la fecha en que se radicó el escrito de apelación — julio 15, 1941— el demandante apelante no era ya la parte interesada en el pleito, pues sus derechos y acciones en el caso que seguía contra Carmen y Joaquín Padín, como acción principal de daños y perjuicios a esta acción subsidiaria de rescisión de contrato, habían sido adjudicados a Sucesores de Abarca el 30 de abril de 1941, pasando dicha sociedad desde esa fecha a ser la parte realmente interesada en ambas acciones.

En su oposición a la desestimación solicitada, alega el demandante apelante: (a) que el demandado Prudencio Collazo fué notificado del escrito de apelación a través de su abogado Lie. Abelardo Casanova Prats, quien aparece como abogado de récord de dicho demandado; y (5). que el demandante apelante es la parte realmente interesada en las dos acciones, aun cuando Sucesores de Abarca tienen también nn interés limitado en el caso, según consta en el convenio escrito celebrado entre el apelante y los señores Sucesores de Abarca/que se presenta en evidencia. Se presentó también en evidencia el expediente del caso' civil núm. 32,160 de la Corte de Distrito de San Juan, en el cnal se dictó la sen-tencia que motivó el presente recurso. De dicho récord apa-recen los siguientes hechos: que Prudencio Collazo, esposo de Carmen Padín, no obstante haber sido emplazado con-juntamente con su esposa y notificado con copia de la demanda original, no compareció en ningún momento para hacer ale-gación alguna en contra de dicha demanda. El demandante no solicitó que se anotase la rebeldía de dicho demandado. La única vez que el Lie. Casanova Prats compareció a nombre de Prudencio Collazo fué el 23 de enero de 1941 para pedir una pronta resolución de la excepción previa formulada por los otros demandados contra la demanda original. El men-cionado letrado alega que el nombre de Collazo fué incluido por un error; que él no está autorizado para representar a dicho demandado; y que en todos los escritos posteriores a enero 23, 1941, el error fué subsanado eliminando el nombre de Collazo y haciendo constar solamente los de sus represen-tados Carmen y Joaquín Padín.

Eliminada la demanda original por haber sido sostenida la excepción previa que contra ella se formulara, el deman-dante radicó su primera demanda enmendada y la notificó solamente a Carmen y Joaquín Padín. Es cierto que la noti-ficación fué preparada para ser suscrita por el “Abogado de los Demandados” y que la empleada del Lie. Casanova Prats le agregó los nombres de Carmen y Joaquín Padín, pero esa enmienda encuentra justificación en el hecho de que el men-cionado letrado no representó nunca a todos los demandados, pues uno de ellos, Teobaldo Casanova Prats, estuvo durante todo el procedimiento representado por el abogado F. Fetr-nández Cuyar. La segunda demanda enmendada, radicada en julio 1, 1941, tampoco fué notificada a Prudencio Collazo.

El escrito de apelación entablando el presente recurso fué notificado al Lie. Casanova Prats en julio 16 de 1941. Debajo del espacio reservado para su firma decía: “Abogado de Carmen y Joaquín Padín y de Prudencio Collazo.” El Lia. Casanova firmó la notificación y taclió con una raya las pala-bras “y de Prudencio Collazo.” Dicho escrito no fué radi-cado en la Secretaría de la corte de distrito hasta seis días después de haber sido notificado, o sea el 22 de julio de 1941.

Vistos los 'hechos que acabamos de exponer, resolvemos que el escrito de apelación nunca fué notificado al demandado Prudencio Collazo.

La única cuestión que nos queda por resolver es la siguiente: ¿Es necesaria la notificación del escrito de apelación al demandado Prudencio Collazo para que esta Corte Suprema pueda conocer del recurso interpuesto por el demandante apelante?

Los hechos esenciales de la demanda son como sigue: un tal Segarra demandó a Roberto Castellón en cobro de dinero y le embargó bienes para asegurar la sentencia. Joa-quín Padín y Carmen Padín, esposa de Prudencio Collazo,, otorgaron fianza para garantizar los daños que a Castellón pudiera causarle el embargo practicado a instancia de Sega-rra. La demanda de Segarra contra Castellón fué desesti-mada. En la fianza por ella otorgada, Carmen Padín juró que ella era dueña de una casa en San Juan. La Corte de Distrito de'San Juan condenó a Carmen y Joaquín Padín a, pagar a Castellón la suma de mil dólares, intereses, costas y honorarios. Alega el demandante que con el objeto de defraudarle y hacer ineficaz la fianza y la sentencia por él obtenida, Joaquín y Carmen Padín hicieron un traspaso simu-lado de sus propiedades al codemandado Teobaldo Casanova Prats, y pide que se decrete la nulidad del traspaso por haber-sido hecho en fraude del acreedor demandante.

Los artículos 54 y 55 del Código de Enjuiciamiento Civil leen como signe:

“Artículo 54. — Cuando una mujer casada es parte en un litigio, necesita del concurso de su marido, excepto:
“1. Cuando la acción ejercitada concierna a sus bienes propios, o a su derecho o pretensión a la propiedad de homestead, podrá de-mandar o ser demandada por sí sola.
“Artículo 55. — Si marido y mujer fuesen demandados juntos, la mujer podrá defender su propio derecho, y si el marido dejare de defenderse, ella podrá defender también el derecho de éste.”

Tratándose de una finca perteneciente a Carmen Padín, privativamente, su esposo Prudencio Collazo no era parte absolutamente necesaria para que la acción contra ella pudiera prosperar. De acuerdo'con el artículo 54, supra, ella pudo ser demandada por sí sola, sin necesidad de hacer parte al marido. Éste no podría ser perjudicado en manera alguna si la sentencia que se solicita en la demanda fuese dictada, pues si se decretase que el traspaso hecho al demandado Casanova Prats es simulado y fraudulento, la propiedad pasaría de nuevo a la demandada Carmen Padín, sin perjuicio alguno para su esposo Prudencio Collazo. Y no siendo Prudencio Collazo parte interesada, no es requisito necesario que se le notifique el escrito de apelación.

La alegación de que en la fecha en que se radicó el escrito de apelación el demandante’apelante no era ya la parte interesada en el pleito, carece de méritos. Del convenio celebrado entre Roberto Castellón y Sucesores de Abarca, ofrecido en evidencia en oposición a la moción para que se desestime el recurso, aparece que el interés de los señores Sucesores de Abarca está limitado a la suma de $167.21, correspondiendo a Roberto Castellón todo lo demás que pueda adjudicarse al demandante en las acciones incoadas por éste contra los demandados Carmen y Joaquín Padín y Teobaldo Casanova Prats.

La moción de desestimación debe ser declarada sin lugar.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Jorge Luis Porras, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, recurrido.
    Núm. 1093.

    Sometido: Noviembre 3, 1941.

      Resuelto: Diciembre 11, 1941.

      Arturo O’Neill, abogado del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Don Gabriel Palerm y su esposa constituyeron hipoteca sobre una finca urbana de su propiedad, para garantir un pagaré hipotecario al portador, por la suma de $10,000. Habiendo los deudores dejado de pagar los intereses estipu-lados, don Demetrio Latoni, tenedor del pagaré, ejecutó la hipoteca, siéndole adjudicada la finca hipotecada, por la suma de $2,000. Dueño ya de la finca a virtud de dicha adjudi-cación, el Sr. Latoni la vendió a José Gutiérrez Sosa, quien a su vez la transfirió a Jorge Luis Porras, el aquí recurrente.

En junio 19 de 1941, Jorge Luis Porras solicitó del Begis-trador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, la cancelación de la hipoteca, por confusión de derechos de acree-dor y deudor, debiendo hacerse dicha cancelación mediante nota al margen de la inscripción de 1a, hipoteca.

La solicitud de cancelación fué.denegada por el registra-dor mediante la nota recurrida, que lee así:

“Denegado por no haberse acreditado que el pagaré representa-tivo de la hipoteca haya sido inutilizado o se haya consignado en él la reducción, correspondiente, tomándose anotación por 120 días a los efectos legales, al folio 36, tomo 65 de Santurce, finca 1069, ins-cripción 6a. por nota.”

Alega el recurrente que en una escritura de venta judicial no es necesario hacer constar la cancelación del pag’aré deter-minante de la ejecución y que sólo se debe consignar la cam tidad que paga el comprador por la finca objeto del remate, y en caso de adjudicación al acreedor, la suma por la cual se adjudica la finca; que cuando la adjudicación se hace por suma menor que la del importe del pagaré, es imposible hacer constar, como pretende el registrador, la destrucción del pagaré, pues no parece razonable que se exija al dueño del pag’aré que lo destruya, pues al hacerlo así destruiría la evidencia de un crédito a su favor por la suma no satisfecha; que no existe ninguna ley que disponga “que para cancelar una hipoteca constituida a base de un pagaré hipotecario al portador sea suficiente que- se haga constar en éste la can-tidad en que ha sido la finca adjudicada”; que la nota recu-rrida infringe los preceptos del artículo 82, segundo párrafo, y artículo 79, párrafo cuarto, de la Ley Hipotecaria, según fueron enmendados en 1923 (Ley núm. 20 de 1923, (1) pág. 213) y 1936 (Ley núm. 18 de 1936, (2) pág. 145); que el principio de que cuando una finca hipotecada pasa por venta, ya privada o ya en subasta pública, a manos del acreedor hipotecario, la hipoteca cesa ipso facto de existir, está reco-nocido por la jurisprudencia española desde antes de que existiera nuestra Ley Hipotecaria; que para cancelar una inscripción de hipoteca constituida sobre finca que pase a ser del mismo acreedor hipotecario debe bastar con que se presente la escritura de venta otorgada a su favor, sin que sea necesario el consentimiento del interesado o interesados en la inscripción; que en el caso de adjudicación de la finca al acreedor hipotecario, lo .único que procede es extender una inscripción de dominio a favor del adjudicatario, inscripción que envuelve necesariamente la extinción de la hipoteca por confusión, o sea por ministerio de la ley, aunque conviene para dar claridad al Registro que se consigne al margen de la inscripción hipotecaria que ésta lia quedado extinguida, con nota de referencia a la inscripción de la adjudicación; y que todos estos principios y reglas son igualmente aplica-bles cuando se trata de créditos hipotecarios constituidos en favor de los tenedores de obligaciones al portador o trans-misibles por endoso.

El registrador recurrido admite la existencia del dere-cho del recurrente a solicitar que se cancele la inscripción de la hipoteca ejecutada, pero insiste en que el ejercicio de ese derecho esta condicionado por el cumplimiento de los preceptos legales del artículo 82 de la Ley Hipotecaria, según fué enmendado en el año 1923 (pág. 219) que provee lo siguiente:

“Las inscripciones hechas para responder de cantidades repre-sentadas por títulos al portador o trasmisibles por endoso, se can-celarán presentándose la escritura otorgada por los que hayan cobrado los créditos, en la cual debe constar haberse inutilizado en el acto de su otorgamiento, los títulos endosables o al portador. Si todos o algunos de dichos títulos se hubiesen extraviado, sólo podrán cancelarse dichas inscripciones por medio de mandamiento judicial creditivo de haber recaído sentencia firme, obtenida por el procedi-miento ordinario del Código de Enjuiciamiento Civil, en que se declare haber quedado extinguidas dichas obligaciones.”

. La resolución del presente recurso depende en verdad de la interpretación que demos al estatuto que acabamos de transcribir.

El lenguaje del estatuto es claro y no deja en nuestro ánimo duda alguna en cuanto a la corrección de la nota recurrida. Una vez inscrita en el registro una hipoteca cons-tituida en garantía de un pagaré transmisible por endoso o al portador, el registrador puede cancelar lá inscripción sola-mente cuando se cumplan los siguientes requisitos: (a) pre-sentación de 1a. escritura otorgada por la persona que ha cobrado el crédito, y (6) en la escritura deberá constar que en el acto de su otorgamiento se inutilizó el título endosable o al portador. El estatuto no establece distinción alguna entre el cobro del crédito por el acto voluntario de las partes y el cobro por la vía judicial. Y como donde la ley no dis-tingue a nosotros nos está vedado distinguir, tenemos que llegar a la conclusión de que tanto en la escritura de can-celación otorgada por el acreedor a favor del deudor1, al reci-bir de éste el importe del pagaré negociable, como en la escritura de venta judicial o de adjudicación que otorga el marshal a favor del acreedor hipotecario en pago de la tota-lidad o de parte de su crédito, deberá hacerse constar que el título representativo de la obligación y garantizado por la hipoteca ha sido inutilizado. El propósito evidente del legis lador ha sido el de proteger a todas aquellas personas a quie-nes pudiera serle endosado o entregado el pagaré después de haber sido satisfecho y cancelada la hipoteca que lo garan-tizaba.

La cuestión no es nueva en esta jurisdicción. En Hernández v. El Registrador, 44 D.P.R. 452, una corte de dis-trito ordenó al registrador que cancelase la inscripción de una hipoteca que había sido ejecutada. El registrador se negó a practicar la cancelación basándose en que de la orden de la corte no aparecía que el documento negociable garan-tizado por la hipoteca hubiese sido inutilizado, de acuerdo con lo prescrito por el artículo 82 de la Ley Hipotecaria, supra. Esta Corte Suprema sostuvo la nota del registrador, diciendo:

“. . . . El significado de ese artículo, según aparece con más claridad en el texto español, es que el mismo documento negociable, si no se hubiese extraviado, debe ser marcado o sellado como can-celado, o inutilizado de algún otro modo visible. Lo que el juez de distrito dijo en su resolución fué sustancialmente que: ‘Por cuanto’ el gravamen hipotecario ha quedado cancelado por ejecución, ‘Por Tanto’ el pagaré garantizado por dicho gravamen también ha quedado cancelado y sin valor legal alguno. Esto no significa ne-cesariamente que la cancelación se hubiera hecho constar mediante constancia escrita sobre el mismo pagaré, o que éste hubiera sido anulado o inutilizado de alguna otra forma visible.
“Al negarse a obedecer la resolución de la corte, el registrador no trató de calificar ninguna conclusión de aquélla, ni ninguna cues-tión de derecho por ella resuelta. La resolución tampoco demos-traba que el pagaré se hubiese extraviado o destruido, o que hubiera sido cancelado en la forma provista por el artículo 82 de la Ley-Hipotecaria. Lo que el registrador hizo fué impugnar la autoridad del juez de distrito para ordenar la cancelación tomando los hechos aducidos en la resolución como fundamento de la misma. Si la resolución significaba que el pagaré mismo en realidad había sido 'cancelado’ o inutilizado en la forma prescrita por el artículo 82 de la Ley Hipotecaria, debió haber contenido una constancia a ese efecto en lenguaje sencillo. El registrador estaba en lo cierto al negarse a asumir que se había cumplido el requisito estatutario.”

El recurrente tiene indudablemente el derecho a solicitar la cancelación de la hipoteca. Pero el registrador está obli-gado a exigirle constancia de que el documento negociable ha sido inutilizado. La inutilización que exige la ley no es la destrucción física del papel en que está escrito el pagaré. Lo que se exige, a los efectos del registro, es- que se haga cons-tar en el documento que éste ha sido pagado total o par-cialmente, según sea el caso, y que la hipoteca ha quedado cancelada por la adjudicación de la finca al acreedor. Y si la adjudicación al acreedor se ha hecho por una cantidad menor que el importe del pagaré, el acreedor podrá, después de cancelada la hipoteca que lo garantizaba, utilizar el docu-mento como evidencia para reclamar sentencia por la parte que no le ha sido satisfecha. Lo importante es que ese docu-mento no pueda seguir en circulación como pagaré hipotecario y ser utilizado para defraudar a tercero.

La nota recurrida debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señoe Teavieso

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Roque Méndez Santiago, acusado y apelante.
    Núm. 8905.

    Sometido: Diciembre 4, 1941.

      Resuelto: Diciembre 12, 1941.

      Juan Lastra, abogado del apelante; Hon. Procurador General George A. Malcolm y B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, aboga-dos de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señoe Teavieso

emitió la opinión del tribunal.

Contra el acusado apelante se formuló denuncia por el delito de tener en su posesión y dominio un revólver sin declararlo por escrito al Jefe de la Policía de San Juan, que es el distrito en donde tiene su residencia el acusado. Convicto y sentenciado a la pena de seis meses de prisión, no estuvo conforme e interpuso el presente recurso. Y para sostenerlo alega que la corte sentenciadora erró al declarar sin lugar la moción de nonsuit, al apreciar la prueba y al declarar probado el corpus delicti, sin que tuviera ante sí evidencia alguna “que conectara al acusado con la agencia criminal. ’ ’

De la evidencia presentada por el fiscal aparece que en la noche del 16 de marzo de 1941, los policías Astol Calero y Carlos P. Patterne, al ser avisados de que en la casa del acusado había ocurrido un suceso, acudieron a dicha casa y encontraron allí a la madre, la esposa, una hijita y un hermano del acusado, quien también se encontraba allí; que al ver a los policías, el acusado les dijo que había sostenido una discusión acalorada con su esposa a causa del novio que tenía la hija, a quien él no quería, y en un arrebato de cólera con un revólver que tenía le hizo un disparo; que como con-secuencia de los disparos resultaron heridos 1a, esposa del acusado en ambos muslos y el hermano del acusado con una herida con orificio de entrada y salida en el dorso de la mano derecha; que el acusado le declaró voluntariamente a la policía que cuando él llegó a su casa encontró allí a su esposa, a su hija y al novio de ésta, por lo cual se armó una disensión, y que él fué a buscar un revólver a una tienda que tiene y regresó a la casa y el novio al verlo voló por una ventana; que él se volvió loco y disparó tiros, hiriendo a su mujer y a su hermano que trató de intervenir, y que su hermano se llevó el revólver; que el acusado repitió esas mismas manifestaciones en el cuartel de lá policía; y, por ultimo, que en los registros de la Policía de San Juan no aparece inscrito revólver alguno a nombre del acusado.

La prueba de la defensa se limitó al testimonio de la esposa del acusado. Ésta declaró que fué herida; que le tiraron con un revólver, pero que no sabe si sería el acusado o quién sería, porque no vió a nadie.

La prueba es a nuestro juicio suficiente para sostener la sentencia recurrida. Todos los testigos, incluso la esposa del acusado, estuvieron contestes en que allí se hicieron dis-paros de revólver y que dos personas resultaron heridas de bala.

La corte inferior no erró al declarar que se habían esta-blecido todos los elementos del corpus delicti. El primer elemento, la existencia de cierto acto o resultado que cons-tituye la base de una acusación criminal, o sea la posesión y uso ilegal de un revólver por el acusado quedó claramente establecido por las admisiones y declaraciones hechas volun-tariamente por el acusado a los policías, las cuales eran admi-sibles en su contra, habiendo sido corroboradas dichas admisiones por el testimonio de dos dos policías, quienes declararon que al llegar a la casa del acusado encontraron allí dos personas heridas de bala, y por la declaración de la esposa del acusado. El segundo elemento, o sea el hecho de no haberse registrado el revólver, quedó suficientemente probado por la declaración del Jefe de la Policía Insular de San Juan.

La sentencia recurrida debe ser confirmada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Rodríguez (a) Lara, acusado y apelante.
    Núm. 8917.

    Sometido: Diciembre 5, 1941.

      Resuelto: Diciembre 12, 1941.

      Julio Viera Morales, abogado del apelante; Hon. Procurador General George A. Malcolm y R. A. Gomes, Fiscal del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué sentenciado por los delitos de portar armas prohibidas y de infracción a la Ley sobre Registro de Armas. Los dos casos fueron vistos por la misma evidencia en la corte inferior e igualmente fueron consolidados en este recurso. Alega el apelante que la corte inferior erró al desestimar la excepción perentoria que interpuso en el caso en que se le imputaba la infracción a la ley sobre registro de armas, que erró igualmente al apreciar la evidencia en uno y otro caso, y por último, que las dos sentencias son contrarias a la evidencia y a la ley.

Consideraremos en primer término las cuestiones relativas a la excepción perentoria.

Fundamentándola, se expresó así la defensa:

“En esta alegación no se alega el domicilio del acusado durante los treinta días subsiguientes a la fecha en que empezó a regir la ley número 14, _ aprobada en 8 de julio de 1936, subsiguientemente enmendada. No se alega que en esa época el acusado hubiera sido dueño o poseedor de la llamada arma de fuego que se dice él poseía. No se alega, señor Juez, con posterioridad a los treinta días que daba dicha ley para inscribir el arma, el domicilio del acusado o la fecha en que hubiera adquirido esa arma, para venir obligado a inscribirla dentro de los treinta días. No se alega, señor Juez, el número y marca del revólver que se dice poseía el acusado en la fecha que se alega en la acusación.”

El artículo 7 de la ley núm. 14, de 8 de julio de 1936, (Leyes de ese año, Tercera Legislatura Extraordinaria, pág. 129), según fué enmendado por la número 95 de 12 de mayo de 1937 (Leyes de 1936-37, pág. 240), en lo pertinente dice:

“Artículo 7. Toda persona que tenga en su poder, por cualquier concepto, cualquier arma de fuego, en la fecha en que entre en vigor esta Ley, tiene la obligación de declararlo así por escrito al jefe de la policía insular del distrito donde resida, a no más tardar del trigésimo día después de aquél en que se haga la última publicación de los edictos que se ordenan en el artículo 9 de esta Ley. Igual-mente, toda persona que obtenga el dominio o posesión de cualquier arma de fuego, en cualquier forma, después de entrar en vigor esta Ley, tiene la obligación de declararlo así por escrito al jefe de la policía insular del distrito donde reside.
“Después de vencido el término durante el cual podrá proce-derse a la inscripción de las armas de fuego en la forma que se prescribe inmediatamente antes, el hecho de poseer un arma de fuego cuya posesión o dominio ha sido obtenido sin ajustarse a las disposiciones de esta Ley, o no hubiere sido declarado de acuerdo con las prescripciones de este artículo será evidencia prima facie de que el arma de fuego se ha obtenido, se posee o se transporta ilegalmente. ’ ’

Los tribunales toman conocimiento judicial de la fecha en que comienzan a regir las leyes, y expresándose en la acusación, como se hace en este caso, la fecha en que fué ocupada el arma no registrada, a satber, el 4 de noviembre de 1940, fácilmente se infiere que para dicha fecha habían transcurrido no ya los treinta días siguientes a la vigencia de la ley, si que más de cuatro años. El delito de infracción a la ley citada es de naturaleza continua, pues mientras el arma se halle en poder del acusado la ley le impone el deber de declararla, y como la declaración deberá hacefla al Jefe de la Policía Insular del distrito donde resida, claro es que la residencia que debe alegarse es la que tenía el acusado en la fecha de ocuparse el arma, que fué el sitio donde tuvo la última oportunidad de declararla. Siendo este delito de naturaleza continua, no empieza a correr la prescripción sino desde la fecha en que termine la comisión del delito, o sea desde que el acusado cese en la posesión del arma. En el presente caso empezó a correr la prescripción el 4 de noviembre de 1940, o sea la fecha en que el acusado cesó en la posesión del revólver, y por consiguiente al radicarse la acusación el 12 de diciembre de 1940 no había transcurrido todavía el año de prescripción que la ley señala para los delitos misdemeanor. Finalmente, no es necesario que en la acusación se exprese el número y marca del arma. Basta alegar' que es un revólver, pues dicho vocablo tiene un concepto bien definido en el idioma castellano y por sí solo basta para infor-mar al acusado de la naturaleza del arma de qne se trata. Lo qne requieren la ley y la jurisprudencia es que se informe razonablemente al acusado del delito que se le imputa, y la acusación en este caso presentada cumple satisfactoriamente dicho requisito. Pueblo v. Avilés, 54 D.P.R. 272. Véanse por analogía Pueblo v. Nieves, 37 D.P.R. 637; Pueblo v. González, 39 D.P.R. 380; y además State v. Nyhus (1929, Minn.) 222 N.W. 925, y Schraeder v. State, 162 N.E. 647. Si el acusado hubiese deseado que se hiciese más específica la acusa-ción, bien pudo solicitarlo oportunamente mediante un .pliego de particulares. Pueblo v. Avilés, supra.

Consideremos ahora el segundo señalamiento de error. De la prueba resulta que en la noche del 4 de noviembre de 1940, víspera de las elecciones generales efectuadas en dicho año, el acusado trató de pasar por una calle en Coamo donde se hallaba un club de un partido político contrario al que él pertenecía, y una de las personas que se hallaba en la calle, de igual filiación a la del club antes mencionado, trató de impedirle que pasara por ella. Se produjo un altercado entre ambos y el acusado le pegó con un foete que llevaba. Acto seguido sacó un. revólver, pero entonces la persona agredida le lanzó una piedra que le dió en la mano al acusado, cayéndosele el arma, que fué ocupada por otra persona, quien la presentó al cuartel de la policía, jurándose así las correspondientes acusaciones por ambos delitos. La prueba, aunque contradictoria, tiende a sostener las acusaciones y habiendo la corte inferior dirimido el conflicto en contra del acusado y no habiéndose demostrado que al así hacerlo actuara movida por pasión, prejuicio o parcialidad, o que cometiera error manifiesto en la apreciación de la prueba, no podemos alterar sus conclusiones.

El tercero de los errores señalados está predicado en los dos anteriores, y no existiendo éstos, tampoco existe aquél.

Procede, por lo expuesto, la confirmación de la, sentencia apelada.

•El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.


author: El Juez Asociado Señob. De Jesús

text:
    Fernando R. Colón y José A. Zapata, demandantes y apelantes, v. Manuel A. Barreto, actuando como supuesto Alcalde de Mayagüez, demandado y apelado.
    Núm. 8434.

    Sometido: Diciembre 8, 1941.
    Resuelto: Diciembre 15, 1941.

      Oscar Souffront, Amador Ramírez Silva y José Sabater, abogados de los apelantes; Enrique Báez García y Federico Tilén, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señob. De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Zoilo Rivera, Jr., formuló cargos contra los Comisionados de la “Autoridad Municipal sobre Hogares,” de Mayagüez, Sres. Fernando R. Colón y José A. Zapata, y a virtud de dichos cargos, el Sr. Manuel A. Barreto, en su carácter de Alcalde, los separó de sus puestos en la Autoridad hasta tanto se resolviesen los earg'os; les suministró copia de ellos, les concedió diez días para contestarlos y les notificó que una vez contestados se procedería a su audiencia, a la cual podían ellos comparecer personalmente y asistidos de abog’ados para la práctica de la prueba.

Alegando que el Sr. Barreto no ocupaba legalmente el puesto de Alcalde de Mayagüez y por consiguiente no tenía facultad para conocer de los cargos, recurrieron Colón y Zapata a la Corte de Distrito de Mayagiiez en solicitud de un auto de injunction que prohibiese al Alcalde seguir inter-viniendo en la tramitación de los cargos y le prohibiese además ejecutar la orden de suspensión de empleo de los peticionarios.

Expedida la orden para mostrar1 causa, compareció el demandado radicando una moción para desestimar la peti-ción de injunction (motion to quash) y al mismo tiempo con-testó. Discutida oralmente y por escrito la moción para desestimar la solicitud de injunction, con fecha 24 de sep-tiembre último la corte inferior dictó resolución denegando el injunction preliminar, así como el perpetuo, fundándose en la reiterada jurisprudencia de este Tribunal que sostiene que el remedio de injunction no procede para determinar la validez del título a un cargo público, citando entre otros el caso de Cupril v. Parra, 33 D.P.R. 757.

En el presente recurso interpuesto contra la referida reso-lución, no atacan los apelantes la jurisprudencia invocada por el tribunal inferior, pero tratan de distinguirla alegando que la cuestión a resolver en el pleito de injunction es la validez de la ordenanza por la cual la Asamblea Municipal de Maya-güez consolidó los cargos de Alcalde y Director Escolar, con-solidación que según ellos está prohibida por la vigente Ley Municipal.

No podemos convenir con los demandados. El propósito primordial del pleito de injunction no es obtener una decía-ración abstracta sobre la nulidad de la ordenanza, ya que en nada se beneficiarían sus intereses si a dicha declaración no siguiese como inevitable secuela la inexistencia del cargo que ostenta el apelado. Siendo ello así, la verdadera controver-sia es el título al cargo, para dirimir la cual existe el remedio de quo warranto, que aunque extraordinario, es de natura-raleza legal, y por consiguiente excluye al injunction, que es un remedio de equidad, siendo además un principio fundamental de la Jurisprudencia de Equidad, que ésta sólo inter-viene para proteger derechos de propiedad o derechos civiles pero generalmente nunca lo bace para proteger un derecho político como lo es el que envuelve el del título a un cargo público. State ex rel. McCaffery v. Aloe, 47 L.R.A. 393, y autoridades citadas; People ex rel. Corscadden v. Howe, 66 L.R.A. 664; 2 High on Injunctions (3rd ed.) pág. 1026 et seq.; 14 R.C.L. 365.

En el caso de Cupril v. Parra, supra, el Sr. Cupril ale-gando estar en posesión del cargo de Auditor Municipal de Ponce, para el cual había sido nombrado, solicitó de la corte de aquel distrito un auto de injunction perpetuo dirigido a los demandados Sres. F. Parra Capó y E. Lecompte para que se abstuviesen de estorbarle en sus funciones de Auditor Municipal. En la petición se negaba el carácter de Alcalde del Sr. Parra y se alegaba que sin autoridad de ley se pro-ponía nombrar al Sr. Lecompte para el cargo ocupado por el peticionario. Al confirmar la sentencia que desestimó la petición de injunction se dijo por este tribunal:

. . Aun cuando estamos conformes con la conclusión a que llegó la corte inferior negando el injunction, el fundamento de la resolución es enteramente erróneo. La razón esencial debe ser que el injunction no es el remedio adecuado para ejercer su acción el peticionario. En el caso de Nieves v. Foote, 30 D.P.R. 817, se esta-bleció el principio de que el injunction, como remedio de equidad, no es el apropiado para ser ejercido contra el funcionario o cuerpo que pueda destituir e impedir la destitución de un empleado pú-blico, ni contra la persona nombrada en lugar del oficial destituido para restringirle en el ejercicio de los deberes de su cargo. La ra-zón de este principio parece qne descansa en la teoría de que nn cargo público no es un derecho de propiedad que la equidad pueda mantener o hacer respetar. Esto no impide, sin embargo, que como el cargo deriva emolumentos, el oficial destituido ilegalmente tenga su acción en ley para el cobro de los mismos.
<! Además, la petición de injunction envuelve una contención, respecto al título de alcalde del demandado Francisco Parra Capó,, del municipio de Ponce. No importa cuál sea el color de su auto-ridad como tal alcalde, pues de todos modos esta cuestión no podía, ser determinada mediante el remedio de injunction.”

Podría distinguirse Cupril v. Parra, supra, del caso de autos en -que en el primero se trataba, por lo menos, de un funcionario de facto, ya que no se impugnaba la existencia del cargo de Alcalde de Ponce y por consiguiente el cargo era de jure, mientras que en el de autos, de ser en realidad nula la ordenanza que crea el cargo que ocupa el apelado, éste no podría ser funcionario de jure ni tampoco de facto, pues para que exista el funcionario de facto precisa la exis-tencia de un cargo válido. Pero esa distinción no impide que se aplique el mismo principio en uno y otro caso, pues las ordenanzas municipales, al igual que las leyes, tienen la presunción de válidas mientras los tribunales no resuelvan lo contrario. 6 R.C.L. pág. 101, sec. 100; State ex rel. Lachtman v. Houghton, L.R.A. 1917 F. 1050; Chicago v. Washingtonian Home, 6 A.L.R. 1584.

En State ex rel. McCaffery v. Aloe, 47 L.R.A. 393, la corte inferior expidió un auto de injunction para impedir que los demandados tomasen posesión de sus cargos alegándose que la ley que creaba dichos cargos era inconstitucional y la Corte Suprema de Missouri al expedir el auto inhibitorio perpetuo, resolvió que la corte de equidad no tenía facultades para expedir el auto de injunction por la mera sugestión de los peticionarios al efecto de que la ley que creaba los cargos era inconstitucional, cuando no existía ninguna declaración a ese efecto por un tribunal competente.

En el presente caso ningún tribunal ha resuelto todavía que la ordenanza que creó el cargo que ocupa el apelado sea ilegal y por consiguiente dicha ordenanza conlleva la presun-ción de válida no pudiéndose sostener que el apelado sea un intruso en la posesión del cargo.

Por lo expuesto y en vista de la reiterada jurisprudencia de este Tribunal declarando la improcedencia del remedio de injunction en casos como el presente, no podría dictarse otra sentencia que no fuera la decretada por la corte inferior y por consiguiente procede desestimar por frívolo el recurso.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.


author: El Juez Asociado- Señor Todd, Jr.,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Antonio Carbone D’Angelo, acusado y apelante.
    Núm. 8916.

    Sometido: Diciembre 2, 1941.

      Resuelto: Diciembre 15, 1941.

      Rafael Afiles Moréu, abogado del apelante; IIon. Procurador General George A. Malcolm, R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo j Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado- Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Antonio Carbone D’Angelo fué declarado culpable por la Corte de Distrito de Ponce, en grado de apelación, de un delito de acometimiento y agresión simple y apela de la sen-tencia que le condenó a pagar $5 de multa y las costas o a cumplir la pena subsidiaria correspondiente. Como fun-damento de su recurso alega que la -corte inferior erró al sentenciarlo sin que se hubiera probado el corpus delicti ya que es un factor vital la declaración del perjudicado que no compareció, al declararlo culpable en violación a la Enmienda VI de la Constitución de los Estados Unidos y al Acta Orgá-nica de Puerto Pico, ya que nunca se confrontó con el perjudicado a quien tenía derecho a contrainterrogar y a enfrentarse, al dictar sentencia contra Antonio Carbone D’Angelo bajo una denuncia contra Antonio Carbonel de Angelus, en ausencia de prueba de que se trataba de la misma persona, al dirimir el conflicto de la evidencia y por último, que la corte cometió abuso de discreción al imponerle una sentencia de $5 al acusado después de haberle impuesto momentos antes una de $2 por el mismo delito, elevando la pena sin que haya base en el récord para que la corte reconsiderara su sentencia en forma adversa al acusado.

Los dos primeros señalamientos pueden resolverse conjuntamente. Para sostenerlos no ha citado el apelante autoridad alguna y somos de opinión de que carecen en abso-luto de mérito.

Para probar el corpus delicti en un caso de acometimiento y agresión no es requisito indispensable que el perjudicado comparezca al juicio y declare. Existiendo prueba de cargo tendiente a demostrar que el acusado agredió al perjudicado quedó establecido el corpus delicti, no siendo necesario que fuera el propio perjudicado el que compareciera a declarar que recibió la agresión.

Tampoco se violó el precepto de nuestra Carta Orgánica al efecto de que todo acusado gozará del derecho de carearse con los testigos de cargo. El perjudicado al no comparecer a declarar el día del juicio en nada perjudicó al acusado. Ese derecho a confrontarse con los testigos de cargo consiste en garantizarle a todo acusado la oportunidad de contrainterrogarlos y de que no se le condene a base de testimonios ex parte o de affidavits. Véase 14 Am. Jur. 888, see. 176. No se cometieron estos errores.

Tampoco el tercero, pues si bien es cierto que en la denuncia en un sitio se hizo constar el nombre del acusado como Antonio Garbonel de Angelus, y en otro Antonio Car-bone de Angelus, el acusado en ningún momento, ante la corte inferior, alegó no ser la persona denunciada ni suscitó la cuestión que' ahora en apelación por primera vez plantea. Al declarar en su defensa el acusado hizo constar que su nombre era Antonio Carbone DAngelo, de manera que, por lo menos, su nombre Antonio y uno de sus apellidos, Car-bone, coinciden con los que aparecen en la denuncia. En cuanto al segundo apellido, “de Angelus” o “DAngelo”, por su sonido en la pronunciación-son tan similares, que el error en la denuncia al usar el segundo fué más bien de carácter clerical. Es aplicable, por tanto, la doctrina de “idem sonans” la que se expresa en 45 C. J. 383, sec. 19, en la forma siguiente:

“La ley no se fija tanto en la forma de deletrear los nombres como en su sonido. Gran latitud es permitida en la forma de deletrear y pronunciar nombres propios, y en los procedimientos legales, bien civiles o criminales, si dos nombres, según se pronuncian corriente-mente ... suenan igual, una variación en la forma de deletrearlos es inmaterial. Aun ligeras diferencias en su pronunciación no tienen importancia; si el oído atento encuentra dificultad en distinguir los dos nombres cuando son pronunciados, son idem, sonqns, y aunque se deletreen en forma diferente, deben considerarse como el mismo. Se presumirá que los nombres son pronunciados de acuerdo con las re-glas generales del idioma inglés, a menos que se pru&be que perte-necen a otro idioma y son pronunciados en forma distinta en dicho idioma y también en el uso general de la comunidad.”

En las notas a esta sección se citan numerosos casos en que se ha aplicado la doctrina.

Así en el caso de Golson v. State, 73 So. 753 se resolvió que cuando el acusado fué denunciado bajo el nombre de “Golson”, una alegación para anular el veredicto, alegando que su nombre correcto era “Gholston”, no procedía bajo la doctrina de idem sonans, pues los dos nombres, aunque se deletrean diferentemente, suenan o se pronuncian igual y el oído tiene dificultad en distinguirlos y deben conside-rarse el mismo, y que la inserción de la letra “t” antes de la terminación “son” constituye una variación inmaterial en el sonido.

En el de Newbrough v. Moore, 202 S. W. 547 se resolvió que la regia era aplicable a los nombres “Newbraw” y “Newbrough”.

En 1 Wharton Criminal Evidence, 10 ed., 290, see. 96, se dice:

“Idem sonans significa del mismo sonido ... la regla de idem sonans es que la variación es inmaterial a menos que sea tal que con-duzca a conclusiones erróneas o perjudiciales a la parte.”

Algunos de los nombres citados por Wharton en que se ha aplicado la doctrina son los siguientes: McLaughlin por McGloflin; Usrey por Userry; Aughron por Autrum; Bene-detto por Beniditto; Whyneard por Winyard.

Somos de opinión que por su sonido en el idioma cas-tellano los nombres “de Angelus” y “D’Angelo” son idem sonans y que el acusado, al no hacer objeción alguna en la corte inferior así lo aceptó y como consecuencia no se come-tió el error imputado.

El cuarto señalamiento ataca la suficiencia de la prueba para condenar al acusado y se aleg’a que la corte inferior cometió manifiesto error al dirimir el conflicto de Ja evidencia.

La prueba de cargo consistió únicamente en la declara-ción del policía insular Francisco Rivera Díaz y la de des-cargo en la declaración del acusado y del mismo policía denunciante. Al dictar sentencia la corte se expresó en esta forma:

“ ... La corte va a resolver. Póngase de pie el acusado. En este caso no hay nada más que dos testigos; el propio acusado y el policía denunciante Francisco Eivera Díaz. De suerte, que hay evidencia contradictoria, y le toca a la corte resolver a cuál testigo cree y a cuál testigo no cree. Ese es el único problema ante la corte. La corte no sabe por qué motivo, ni en la corte municipal ni en la corte de distrito, no ha sido citado para comparecer en juicio el presunto agredido Blas Buono Petrilli. La corte no puede imaginarse que ca-prichosamente un policía presente una denuncia contra un ciudadano. Podría equivocarse en cuanto a la calificación del delito, o que la persona lo cometió en tal o cual forma, pero en este caso la corte no está convencida y cree que no ha sido un capricho del policía el pre-sentar su denuncia. La corte ha oído también la declaración del acusado Antonio Carbone D’Angelo, y tiene que tener en cuenta el propio interés que tiene todo acusado en su propio caso. Desde luego, resolviendo el conflicto de la evidencia, la corte le da todo el peso y toda la creencia al testigo Francisco Rivera Díaz, Policía Insular, y en su consecuencia, lo declara a usted, Antonio Carbone D’Angelo, culpable y convicto del delito de acometimiento y agresión, y en su consecuencia le impone a usted, Antonio Carbone D’Angelo, dos dólares de multa, o un día de cárcel por cada dólar que deje de satisfacer, entendiéndose que esta sentencia no es concurrente y sí sucesiva. Todo ello con las costas.”

Hemos leído las declaraciones prestadas por los dos úni-cos testigos del caso y nada encontramos en los autos que justifique que esta corte varíe la conclusión a que llegó el juez sentenciador al dirimir el conflicto que existe en la prueba.

El último señalamiento de error levanta una cuestión basta cierto punto nueva en esta jurisdicción. Después de haber dictado la corte inferior la sentencia que acabamos de citar, el abogado defensor solicitó su reconsideración alegando que de acuerdo con la prueba presentada el acusado era inocente. La corte, al terminar de argumentar el abogado su moción, resolvió lo siguiente:

“La corte, resolviendo la moeión de reconsideración, entiende y bace constar que se ha basado en la declaración del testigo denun-ciante, que relató los hechos, y que eoneuerdan los hechos con la de-nuncia, y, reiterando, como reitera, la declaración de culpabilidad del acusado en este caso Antonio Carbone D’Angelo, entiende que ha sido demasiado benigna en la pena, y declarándolo culpable, le im-pone cinco dólares de multa, o un día de cárcel por cada dólar que deje de satisfacer, y las costas.” (Itálicas nuestras.)

Alega el acusado apelante que la corte inferior cometió abuso de discreción al imponerle una multa de $5 después de haberle impuesto momentos antes una de $2 y sólo por el hecho de haber solicitado la reconsideración de esta sen-tencia.

El único caso en que esta cuestión ha sido tratada y, en un aspecto, resuelta, por esta corte, fué en el de Ex Parte Zacarías y El Pueblo, 41 D.P.R. 730. En dicho caso el acu-sado fue declarado culpable de un delito de portar armas y sentenciado a cumplir un mes de cárcel. El mismo día la corte, motu proprio, volvió a llamar al acusado y lo sen-tenció a cumplir tres meses de cárcel. Alegando la nulidad de la sentencia el acusado solicitó su libertad por medio de un auto de hábeas corpus que le fue denegado por la corte de distrito y en apelación esta corte confirmó la sen-tencia diciendo:

“La ameritada sentencia y posiblemente otras partes de los autos demuestran que todos los hechos de este caso tuvieron lugar el mismo día. El juicio fue celebrado el 24 y ambas supuestas sentencias fue-ron dictadas en la misma fecha. La regla indubitada es que la corte puede corregir sus sentencias durante el término en que las ha pro-nunciado. King v. Price, 6 East 326, 102 Comp. 1312, donde el Lord Ellenboroug’h dijo que una sentencia distinta podía ser dictada den-tro del término. Regina v. Fitzgerald, 1st Salkeld 401, 91 Comp. 347, demuestra que el período de prisión puede ser aumentado du-rante el término. Estos y otros casos son citados por la corte en State v. Daugherty, 30 N. W. 685, resolviendo el mismo principio.
“Por otra parte, una consideración de In re Sullivan, 3 Cal. App. 193; Ex parte Lange, 18 Wall. 163; Commonwealth v. Foster, 122 Mass. 317; Estados Unidos v. Veyson, 27 Jurisprudencia Filipina 481, tienden a demostrar que una vez que ha comenzado la ejecución de la sentencia la corte carece de facultad para corregirla. El Juez Asociado Sr. Miller en Ex parte Lange, supra, demuestra que el principio en que se basan estas decisiones es muy similar a una se-gunda exposición por el mismo delito (jeopardy). La corte en dicho caso dice que la razón por la cual un hombre no debe sufrir una segunda sentencia o una sentencia más severa cuando la primera está en proceso de ejecución, es la misma razón o una similar a la de un segundo juicio, después de haberse convicto o absuelto al acu-sado. ...”
“ .,.. El apelante no nos convence de que la corte municipal per-diera su facultad de corregir la sentencia.” (Itálicas nuestras.)

Las dos doctrinas expuestas en el caso que acabamos de citar son las reconocidas por las autoridades y jurispruden-cia de los Estados Unidos con ciertas limitaciones que nota-remos más adelante. En cuanto a que una vez que el acusado ha empezado a cumplir su sentencia la corte no puede, ni aun en el mismo término, variarla en ninguna forma, la jurisprudencia es casi unánime. Véase 24 C.J.S. 118, sec. 1589.

Ahora bien, en cuanto a aquellos casos en que el acusado no ha empezado a cumplir la sentencia originalmente im-puesta la regla, según la expone 24 C.J.S. 116, see. 1588, es la siguiente:

“En ausencia de disposiciones constitucionales o estatutarias en contra, la corte retiene un dominio absoluto sobre sus sentencias, re-soluciones n órdenes durante el término en el cual se dictaron o antes de cualquiera otra fecha para la cual ya el caso habrá pasado fuera de la jurisdicción de la corte. Específicamente, la corte, en cualquier momento durante el término, tiene autoridad para reconsiderar su sentencia, y para modificarla mitigando o aumentando su severidad, cuando la sentencia original no ha sido ejecutada o puesta en vigor. La corte puede actuar así bien a moción de parte interesada o motu proprio. El ejercicio por la corte sentenciadora de su facultad para modificar una sentencia ya dictada descansa en la discreción de dicha corte, pero dicha facultad no debe ser ejercitada arbitrariamente y sin motivo suficiente, o excepto de una manera legal. La corte sen-tenciadora, desde luego, no está obligada a anular o modificar una sentencia por la única razón de que haya considerado adoptar tal medida o indicado su intención de así actuar. Al interpretarse la regla de que una sentencia puede ser modificada durante el término en el cual se dictó, se ha sostenido que si el acusado ha sido .senten-ciado en forma irregular o inadvertidamente y sin la debida consi-deración, o sin cumplirse con los requisitos y formalidades de ley, el sentenciarlo de nuevo de acuerdo con la ley, constituye un ejer-cicio apropiado de dicha facultad.”

Aun cuando en el caso de Ex parte Zacarías y El Pueblo, supra, no se exponen todos los hechos del mismo, de la opi-nión surge que lo que hizo la corte municipal fue corregir su sentencia y esta corte reconoció su facultad para hacerlo. Posiblemente se trataba de un caso por violación al artículo 2 de la Ley que Prohíbe la Portación de Armas en Reuniones Lícitas y cuya pena mínima es la de tres meses de cárcel, y al darse cuenta la corte de que sólo le había impuesto un mes al acusado, procedió a corregir su sentencia para ajus-tarla a la ley.

Sea ello como fuere, no hay duda de que la doctrina general os al efecto de que las cortes, antes de que la sentencia haya sido ejecutada, tienen autoridad para reconsiderarlas y modificarlas, bien mitigando o aumentando la pena im-puesta. Esto pueden hacerlo a moción de parte interesada o motu proprio. Algunos tribunales sostienen que esta facultad de las cortes sentenciadoras es absoluta. Así, én el caso de Cisson v. U. S., 37 F. (2d) 330, el Juez Parker dijo lo siguiente:

“La facultad de un juez para modificar y anular una sentencia durante el término en el cual fue dictada, tiene un antiguo origen y está basada en las más sabias razones. Después de un estudio más intenso del caso, él puede, y frecuentemente así lo hace, decidir que una sentencia impuesta dentro de dicho término debe ser reducida o aumentada. Puede ser que haya tenido conocimiento de hechos adicionales con respecto a un caso que demuestren que la sentencia original era completamente inadecuada o excesivamente severa;... ’ ’

Al mismo efecto véase State v. McLamb, 166 S. E. 507 y State v. Young, 187 S. E. 561 y otros casos citados en el tomo de C. J. S., supra.

Otros tribunales, sin embargo, sostienen la regla pero con la limitación de que la facultad de las cortes no debe ser ejercitada arbitrariamente y sin que exista algún motivo que lo justifique. Típico de estos casos es el de Meaders v. State, 22 S. E. 527, en el que los hechos son muy parecidos a los del caso de autos. Meaders fue sentenciado a pagar una multa de $25 y a cumplir un año de prisión, y al anunciar su abogado que presentaría una moción de nuevo juicio, la corte reconsideró -su sentencia y le impuso a.1 acusado una mqlta de' $50 y un año de prisión. La Corte Suprema se expresó así:

“Como regla general, las sentencias de una corte quedan bajo su jurisdicción hasta el fin del término, y una sentencia puede ser en-mendada en cualquier momento durante el término y antes de que se haya comenzado a extinguir. 21 Am. & Eng. Ene. Law, ‘Sentence’, pág. 1084. Y véase también Railroad Co. v. Jackson, 86 Ga. 684, 13 S. E. 109, y citas ahí incluidas. Pero aunque la corte tenía derecho a modificar la sentencia cuando así lo hizo, actuó incorrectamente al enmendarla porque el abogado defensor anunció su intención de pre-sentar una moción de nuevo juicio. La presunción es que la senten-cia originalmente impuesta fue en la opinión de la corte un castigo, y del récord no aparece otro motivo para enmendar dicha sentencia que no sea el indicado en el pliego de excepciones. Aunque no re-solvemos que la sentencia de la corte a quo debe ser revocada por motivo de la modificación de la sentencia bajo estas circunstancias, sí queremos indicar nuestra desaprobación,de esta práctica.” (Itá-licas nuestras.)

Aun cuando la sentencia en dicho caso no fué revocada por haber sido reconsiderada, sí lo fué por otro error.

De todo lo expuesto nos parece que debemos ratificar la doctrina de que las cortes inferiores tienen amplia facultad para reconsiderar sus sentencias, antes de que sean ejecu-tadas, bien a moción de parte o motu proprio, paira ajustar-las a la ley, tanto para corregir ün error en que hayan podido incurrir al imponerlas, como para ajustarlas a cualquier situación de hechos que sean debidamente probados por una u otra parte.

Somos de opinión, sin embargo, que esa facultad no debe ejercitarse arbitrariamente, sin que exista un motivo justi-ficado. La presunción es que cuando una corte dicta su sentencia lo hace tomando en consideración todos los hechos concurrentes probados. Aumentar la penalidad impuesta por el mero hecho de que el acusado solicite la reconsiderar eión de la sentencia, aun cuando la originalmente impuesta sea leve, como en el caso de autos lo fué, y sin que exista nada en el récord que demuestre que la corte tuvo ante su consideración prueba adicional, no constituye un ejercicio razonable de la facultad discrecional así reconocida a las cor-tes inferiores.

Debe, por lo tanto, modificarse la sentencia recaída en el sentido de rebajarse la pena impuesta a $2 de multa o en su defecto de pago a cumplir un día de cárcel por cada dólar (pie deje de satisfacer el acusado y las costas y, así modifi-cada, se confirma.