author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Daniel Pellón Lafuente, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, recurrido.
    Núm. 1024.

    Sometido: Junio 15, 1938.

      Resuelto: Julio 13, 1938.

      M. Acosta Velarde y F. Acosta Velarde, abogados del recurrente, y además éste pro se; el registrador recurrido compareció por es-crito.

       Nota: Téase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública fechada en 5 de abril de 1938, el recúrrente y don Jorge Romany y su esposa procedieron a la división material de un solar que aparece inscrito en el Registro de la Propiedad bajo la descripción siguiente:

“TTkbaNA: Solar en el barrio Bayola, de Santurce, término municipal de San Juan, con una superficie de mil trescientos treinta y siete metros y cinco decímetros cuadrados, y colinda por el norte, con la zona marítima y en una extensión de veinte y siete metros cin-cuenta centímetros desde un solar del señor Curtarnay Camplybom Nairn y Perpol hacia el este; por el sur veinte y ocho metros y en la misma dirección; por el norte colinda con otro solar del señor Nairn y Perpol; por el este y en una extensión de cuarenta y cuatro metros, colinda con terrenos de Elias Ayende y por el oeste, y en una extensión de cincuenta y cinco metros y cincuenta centímetros, con solar primeramente mencionado del mismo señor Nairn y Perpol, que tiene una cabida de veinte y seis metros y cincuenta centímetros por el norte y veinte y siete metros por el sur y hacia el este desde Nairn Avenue que tiene criarenta pies de ancho de lado á lado. ’ ’

En ei párrafo tercero de la citada escritura se hizo cons-tar que habiéndose practicado una nueva mensura de la finca ésta resultó con una cabida de 1,456.68 metros cuadrados, y que tiene actualmente las colindancias y descripción siguien-tes :

“UiíbaNa: Solar sito en el barrio de Bayola de Santurse, término municipal de San Juan, con una superficie de mil cuatrocientos cin-cuenta y seis metros sesenta y ocho centímetros cuadrados, y colin-dando por el norte, con la zona marítima y en una extensión de vein-tisiete metros sesenta y seis centímetros; por el este, con Sabino y Romany y en una extensión de cincuenta metros veinte centímetros; por el sur, con el doctor Antonio R. Reyes y en una extensión de vein-tiocho metros diez centímetros; y por el oeste, con la Sucesión Lago y en una extensión de cincuenta y ocho metros cuarenta y ocho cen-tímetros. ’

Presentada dicha escritura al registro, para la inscripción de la parcela adjudicada al recurrente, negóse el registrador recurrido a practicar la inscripción solicitada mediante la si-guiente nota:

“Denegada la inscripción de este documento en cuanto a la adju-dicación a Daniel Pellón, que únicamente se ha solicitado, tomándose en su lugar anotación preventiva al folio 115, tomo 203 de Santurce Norte, finca 8203, anotación A por ciento veinte días a favor de dicho señor, por observarse que la finca principal de la cual procede la parcela adjudicada aparece aumentada en sus medidas lineales y cabida superficial, después de su remensura, y que por tanto al ha-cerse la presente división de comunidad, esta parcela y la adjudicada al otro comunero, han aumentado también en sus medidas lineales y cabida superficial sin que se haya cumplido con el procedimento de ley para acreditar el aumento de dichas medidas lineales.”

No conforme el recurrente interpuso el presente recurso, por el que solicita la revocación de la nota recurrida y que se ordene al recurrido que proceda a convertir la anotación preventiva en inscripción definitiva.

Una comparación de la descripción que aparece del Re-gistro con la que resulta de la nueva mensura revela las dife-rencias siguientes:

La medida superficial según el registro es 1,337.05 metros cuadrados; y según la nueva mensura 1,456.68 m. c., o sea un aumento de 119.63 m. c., que no alcanza al 9 por ciento del área total registrada.

Las medidas lineales de todas las cuatro eolindancias re-sultan distintas. La del norte: Registro, 27.50 metros y se-gún la nueva mensura 27.66. T así respectivamente, sur, 28 y 28.10; este, 44 y 50.20; y oeste, 55.50 y 58.48.

Alega el recurrente que tratándose de un exceso que no llega al nueve por ciento y que no es de naturaleza tal que afecte la identificación de la finca, el Registrador debió pro-ceder a la inscripción solicitada. Y en apoyo de sn conten-ción cita los casos de Cobb v. Registrador, 12 D.P.R. 218; Delgado v. Registrador, 29 D.P.R. 867; Ripoll v. Registrador, 40 D.P.R. 808; Muriente v. Registrador, 47 D.P.R. 246, y Aboy Vda. de Cintrón v. Registrador, 52 D.P.R. 150.

Si se tratara de nn mero aumento de nn 9 por ciento en la extensión superficial de la finca, sin qne existiera diferencia alguna entre los linderos qne aparecen del registro y los qne resultan de la nueva mensura, la jurisprudencia citada por el recurrente nos obligaría a resolver el recurso en sn favor. Pero es el caso que las diferencias de 6.20 metros lineales en el lindero este y de 2.98 en el lindero oeste son importan-tes y a nuestro juicio suficientes para negar la identidad de la finca, teniendo en cuenta que no se trata de una finca rús-tica en la que los linderos que se dan son los nombres de los dueños de los predios colindantes y sí de una finca urbana o solar, colindante con otros solares, y con linderos fijados, de acuerdo con su extensión lineal.

En el caso de Cobb v. Registrador, supra, esta corte, al re-vocar la nota recurrida, dijo:

“Considerando: qne es punto resuelto por diferentes resoluciones de la dirección general de los registros de la propiedad, que las dife-rencias de poca importancia que se advierten en la cabida de las fin-cas entre lo qne resulte de los asientos del registro y lo que aparezca de los documentos que se presenten para su inscripción no son bas-tante para negar la identidad de las fincas, máxime cuando en los lin-deros no' hay ninguna diferencia, y debe el registrador hacerlas constar en el registro, en la forma que determina el reglamento.” (Bastardillas nuestras.)

En Muriente v. Registrador, supra, en el cual se trataba de la inscripción del exceso resultante de la agrupación de tres solares, esta corte ál sostener la nota denegatoria del registrador, se expresó así:

“En todos estos casos, a excepción del de Valladares v. Registrador, supra, en que estaba envuelto un predio suburbano de más de 30,000 metros, y en la mayoría, de no ser en todos los casos similares basta aquí resueltos por esta corte, los predios o parcelas de terreno en cuestión eran fincas rústicas. Es materia de conocimiento general que tan sólo en los últimos años la práctica de medir tales fincas se ha convertido en la regla (suponiendo que así sea) en vez de la excepción. Si en cualquiera de los casos que han venido a nuestra consideración (a excepción del de Portocarrero v. Registrador, infra) se había practicado previamente una mensura, tal hecho no salió a relucir. Por otra parte, cuando se divide un predio de terreno en manzanas de un pueblo o ciudad, o en solares, y se subdividen en partes fracciónales tales manzanas o solares, el trabajo generalmente se efectúa por un agrimensor más o menos competente y, sea ello como fuere, existe menos oportunidad para que ocurra cualquier error apreciable respecto al área de las subdivisiones más pequeñas que se expresan en metros en vez de cuerdas. La regla puede ser la misma en principio en uno u otro caso, pero creemos que en su aplicación los registradores de la propiedad pueden, con bastante fundamento, exigir del dueño de la finca urbana o suburbana algo más por vía de-prueba de lo que exigirían de un terrateniente rús-tico. Por lo que sepamos, esta corte nunca ha resuelto, aun tratán-dose de una finca rústica, que una cláusula relativa a la existencia de un exceso específico que se dice haber sido establecido mediante una mensura, sin una certificación de un agrimensor o sin hacerse mención alguna de haberse notificado a los dueños colindantes, sea suficiente para justificar la inscripción de tal exceso.”

En ninguno de los casos citados por el recurrente se ha tratado como en el presente de rectificar la medida lineal de los linderos y de inscribir el exceso de cabida resultante de tal rectificación, sin presentar al registrador de la propiedad la correspondiente copia certificada del plano de mensura, con constancia de haberse practicado la mensura con citación de los colindantes.

Es indudable por ser matemáticamente exacto que cual-quiera extensión que se haga en las medidas lineales de un solar constantes en el registro ha de dar como resultado un aumento en la extensión superficial del inmueble, con probable perjuicio para los dueños de los solares colindantes. No debe a nuestro juicio permitirse la alteración o rectificación de linderos, ni la inscripción del exceso de cabida resultante, aun cuando se trate de una diferencia que no llegue a un 20 por ciento, sin que antes se practique una mensura con cita-ción de los colindantes. Véanse: Muriente v. Registrador, supra, y Aboy v. Registrador, supra.

Por las razones expuestas opinamos que no erró el recu-rrido al denegar la inscripción solicitada y que la nota re-currida debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Wolf está conforme con el resul-tado.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Puro Cruz de Leòn, acusado y apelante.
    Núm. 7064.

    Sometido: Junio 1, 1938.

      Resuelto: Julio 13, 1938.

      Miguel Santoni Ledesma y Armando Gadilla Ginorio, abogados del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La denuncia radicada contra Puro Cruz de León en la Corte Municipal de Arecibo lee así:

. formulo denuncia contra Puro Cruz de León, por el de-lito de violación Sección 2 y 4 Ley núm. 25 de julio 17, 1935, sobre Bolita y Boli-Pool cometido de la manera siguiente: Que en 14 de abril, dos P. M. de 1937 y en la calle Cristóbal Colón núm. 48, casa de Manuel Nieves, en Arecibo, P. R., del Distrito Judicial Municipal de Arecibo, P. R., que forma parte del Distrito Judicial -de Are-cibo, P. R., el referido acusado, allí y entonces, de manera ilegal, maliciosa y voluntariamente, tenía en circulación y manipulaba el negocio del juego ilegal de ‘Pool’ clandestino con combinaciones clan-destinas relacionadas con las carreras de caballos que iban a celebrarse y se celebraron en el Hipódromo Quintana, el día 14 de abril de 1937, estando en posesión del material de oficina, libretas e implementos a sabiendas de que se utilizan y están utilizando para los juegos ilegales de combinaciones clandestinas relacionadas con el ‘Pool’ de los Hipó-dromos de Puerto Rico. El acusado además tenía trabajando como sus empleados a los maquinilleros mecanógrafos Rafael Nin, Francisco Duprey, Tomás Peraza Morales y Juan Rodríguez, Jr., en el interior de una habitación en la casa residencia de Manuel Nieves, calle Cris-tóbal Colón núm. 48, altos, y bajo la dirección del acusado pasaban a máquina las listas de los caballos jugados en cada una de las com-binaciones clandestinas jugadas para las carreras de caballos que iban a celebrarse y se celebraron en el Hipódromo Quintana en Hato Rey, Río Piedras, P. R., el día 14 de abril de 1937. Se ocuparon cuatro maquinillas: Underwood Portátil Núm. 4B78430, Remington Núm. RA60860, Oliver Núm. 11, y Underwood recompuesta sin número, trienticinco (35) listas, 17 libretas, 100 hojas de papel carbón largo, 200 hojas de papel de seda en blanco, 2 carpetas de cartón, y un pro-grama oficial del Hipódromo Quintana correspondiente a las carreras de caballos para el día 14 de abril de 1937 en Puerto Rico, lo que se pone a disposición de la Corte.”

La sentencia dictada por la Corte de Distrito de Arecibo en grado de apelación dice:

‘ ‘ En el día de hoy y en corte abierta se llamó este caso a vista por su orden de señalamiento compareciendo el Pueblo de Puerto Rico representado por su Fiscal y el acusado Puro Cruz de León asistido de su abogado Lie. Armindo Cadilla Ginorio.
“Leídale la denuncia el acusado hizo alegación de inocencia, y, en su virtud, se procedió a la práctica de la prueba. La Corte, por el resultado de la misma, declara a dicho acusado convicto del delito de Inf. Ley Bolita y le condena a sufrir la pena de dos meses de cárcel y además al pago de las costas. ’ ’

Sostiene el apelante en sn alegato que la denuncia no aduce hechos constitutivos de un delito público y que la sen-tencia es nula por no especificar ni la ley ni' la sección de aquélla por cuya infracción fue condenado.

La sección 4 de la Ley núm. 25, aprobada el 17 de julio de 1935 (Leyes de 1935 (2) pág. 153), dispone:

1 ‘ Sección 4. — Toda persona que fuere sorprendida portando o con-'duciendo cualquier papeleta, billete, ticket, libreta, lista, de números o implementos a sabiendas de que se utilizan o están utilizando para los juegos ilegales de la ‘bolita’, ‘boli-pooV, combinaciones clandesti-nas relacionadas con los ‘pools’ de los hipódromos de Puerto Rico, y loterías clandestinas, y toda persona que vendiere éstos o cualesquiera otros análogos que se probare representar algún billete, suerte, ac-ción o interés en dichos juegos ilícitos o conectados con la práctica de los mismos, será arrestada inmediatamente, formulándose la corres-pondiente denuncia ante la corte municipal con jurisdicción, y con-victa que fuere, será castigada ... y todo dueño, apoderado, agente, encargado, director o administrador de los juegos prohibidos por esta Ley, convicto que fuere, podrá ser castigado...”

La excepción perentoria se basa en que en la denuncia no “se alega que el acusado fuera sorprendido portando o con-duciendo cualquier papeleta, libreta, ticket, billete, lista de números o implementos,” ni tampoco que “fuera el dueño, apoderado, agente, encargado, director o administrador del negocio o juego perseguido.”

Es verdad que la denuncia no es un modelo de perfección, pero tampoco era de esperarse que lo fuera. No son, como las acusaciones, redactadas por abogados sino por personas profanas en materia de derecho. Por eso la jurisprudencia hace debida distinción entre uno y otro doeuménto.

“. . . Ya hemos decidido en repetidas ocasiones que las reglas que gobiernan las acusaciones no serán puestas en vigor estrictamente al ser invocadas como aplicables a las denuncias corrientes.” El Pueblo v. Cintrón, 52 D.P.R. 334.

“Manipular,” en una de sus acepciones, significa: “Ma-nejar nno de los negocios a su modo, o mezclarse en los aje-nos.” Diccionario de la Lengua Española, edición décima-sexta. Y como en la denuncia se alega que el acusado ‘ ‘ tenía en circulación y manipulaba el negocio del juego ilegal de pool clandestino con combinaciones clandestinas” etc., y ade-más que “bajo la dirección del acusado pasaban a máquina las listas de los caballos jugados en cada una de las combi-naciones clandestinas jugadas”, opinamos que esas alegacio-nes describen clara y suficientemente el delito público que se imputa al acusado.

Tampoco la sentencia es modelo de perfección. La ley infringida se cita por el nombre vulgar con que se le conoce y no por aquél con que fué promulgada. Adolece del defecto adicional de no citar el artículo o sección de la ley violado, por cuya infracción se condena al acusado. Sin embargo, como las sentencias apeladas no deben ser revocadas por defectos que en nada perjudican al acusado (El Pueblo v. Álvarez, 21 D.P.R. 86), y como este Tribunal Supremo tiene facultades, de acuerdo con los artículos 362 y 364 del Código de Enjuiciamiento Criminal en relación con la ley de mayo 30 de 1904 relativa a la revocación de sentencias en causas criminales por la Corte Suprema, para modificar las sentencias apeladas, y dictar aquellas que debieron haber recaído, nos parece que se consignen mejor los fines de la justicia haciendo esto que no devolviendo el caso a la corte de su origen para nuevo juicio por un defecto en la sentencia que en nada afecta los derechos substanciales del acusado.

“Por tanto' si el único error que constara en los autos fuera el ele la omisión en que incurrió la corte inferior al no determinar en su sentencia el verdadero delito por el cual fué declarado culpable el acusado, tendríamos claramente el deber, y en ello no vacilaríamos, ele modificar la referida sentencia en lo que' fuera necesario con el fin ele subsanar dicho defecto y luego confirmarla en la forma modifi-cada.” El Pueblo v. Alvarez, supra.

Asimismo se resolvió en el caso de El Pueblo v. Pérez, 24 D.P.R. 8:

“En cuanto a la forma incorrecta en que aparece redactada la sentencia, diremos que es cierto que la corte se limitó a condenar al acusado como ‘culpable de infracción Ley Pesas y Medidas’, cuando debió haberlo declarado ‘culpable de una infracción prevista en el Artículo XXI, párrafo (5), de las Reglas y Reglamentos para poner en vigor la Ley de Pesas y Medidas de 1913, en relación con la sec-ción 10 de dicha ley y castigada en la sección 20 de la misma,’ pero también lo es que basta relacionar la sentencia con la denuncia, para aclarar la naturaleza de la infracción castigada. Los casos citados por el Fiscal deben examinarse en relación con el de El Pueblo v. Alvarez, 21 D.P.R. 86.”

Por las razones expuestas debe modificarse la sentencia apelada para que en la parte pertinente lea así :

“. . . . La Corte, por el resultado de la misma, declara a dicho acusado culpable de infringir la sección 4 de la Ley núm. 25, apro-bada en 17 de julio de 1935, y le condena a sufrir la pena de dos meses de cárcel, y además al pago de las costas.”

Y así modificada debe confirmarse.

El Juez Asociado Señor De Jesús no intervino.


author: El Juez Asociado Señior Travieso

text:
    Francisco G. Taboada Bosch, demandante y apelado, v. María Dragoni, demandada y apelante.
    Núm. 7440.

    Sometido: Febrero 4, 1938.

      Resuelto: Julio 13, 1938.

      B. Hernández Matos, abogado de la apelante; José I. Fernández Se-garra, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señior Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública del 21 de abril de 1932 Francisco G-. Taboada vendió a María Dragoni dos fincas rústicas en el barrio Maragüez, de Ponce, en $14,000, de los cuales recibió el vendedor $4,000 de contado en un cheque certificado, $143 en efectivo, y $5,250 en el valor de una finca que la compra-dora le traspasó. Del balance hizo reserva la demandada para satisfacer al Banco Federal $2,949.74, a la Comisión Rehabilitadora $1,000, y al Tesorero de Puerto Rico, por con-tribuciones sobre las dos fincas correspondientes a los años 1928-1932, $657.32.

El 28 de abril de 1932 la Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó la Ley núm. 35, “Para cancelar las contribucio-nes adeudadas po.r las fincas de café, correspondientes al año económico 1928-29; para condonar parcialmente las de los ejercicios económicos de 1929-30 y 1930-31; para aplazar el cobro de estas contribuciones; para fijar un tipo de tasación para dichas fincas de café; para asignar fondos para com-pensar a los municipios por las condonaciones hechas, y para otros fines.”

Alegando un convenio verbal, mediante el cual la compra-dora se obligaba a devolver al vendedor el importe de aque-llas contribuciones impuestas a las fincas de café cuyo pago condonare El Pueblo de Puerto Rico, demandó Taboada a la Dragoni en cobro de dinero ante la Corte Municipal de Juana Díaz, reclamándole la cantidad de $394.18 a que ascendía la suma condonada por la Ley núm. 35 de 1932, supra, con más sus intereses legales desde junio de 1932, costas y gastos. La Corte Municipal de Juana Díaz declaró sin lugar esta de-manda y Taboada apeló para la de Distrito de Ponce. Soli-citó entonces permiso para enmendar sn demanda, y le fné concedido. Alega en ella que:

“5. ... aprovechando*la presencia de la hoy demandada María Dragoni, encargó a ésta para que se personara en la oficina de Rentas Internas de esta ciudad y satisficiera allí los $657.32 que dicho de-mandante adeudaba por las contribuciones antes especificadas. Que dicho demandante entregó a la demandada los susodichos $657.32 en dinero efectivo para tales fines, y habiendo aceptado dicha deman-dada la realización de tal encargo y tomado posesión material del dinero, otorgó y suscribió de su puño y letra el recibo que copiado literalmente dice como sigue:
“ ‘He recibido de don Francisco G-. Taboada y Bosch la suma de $657.32 para satisfacer con dicha suma las contribuciones adeu-dadas al Tesoro Insular respecto de dos fincas rústicas en el barrio de Maragüez de este término municipal, que he comprado con esta fecha a dicho Sr. Taboada y Bosh; correspondiendo dichas contri-buciones a los años fiscales de 1928-29, 1929-30, 1930-31 y 1931-32, corriendo por tanto de mi cuenta' y cargo el pago de dichas con-tribuciones adeudadas y sin que el Sr. Taboada Bosh tenga que hacer ningún otro desembolso por tal concepto. — Ponce, abril 21 de 1932. — -(Firmado) María Dragoni.’ ”

Contestó la demandada negando haber recibido del de-mandante suma alguna, ni encomienda de pagar por él con-tribuciones. Niega también que aceptara la realización del mandato y alega que compró las fincas haciéndose cargo de pagar los gravámenes a favor del Banco Federal, de la Co-misión Rehabilitadora y del Tesoro Insular, cuyo importe de-dujo del precio de la venta entregando la diferencia al ven-dedor, pero sin recibir de él suma alguna de dinero. Acepta haber otorgado y suscrito el documento transcrito en la de-manda enmendada, supra, y en la original radicada en la Corte Municipal de Juana Díaz, pero aclara que en ningún momento recibiera la suma de $657.32 que especifica dicho re-cibo para los fines expresados en él, o para cualesquiera otros.

En el acto del juicio el demandante presentó evidencia tes-tifical y documental. 'La demandada sometió el caso sin nin-guna. La Corte declaró con lugar la demanda y condenó a la demandada a pagar al demandante la suma de $322.58. más intereses legales desde la interposición de la demanda,, sin especial condenación de costas. «De dicha sentencia apeló la demandada y señala en su alegato los siguientes tres erro-res :

1. Al admitir la demanda enmendada.

2. Al declarar con lugar la demanda enmendada sin ha-berse probado sus alegaciones esenciales.

3. Al resolver que la parte condonada de las contribu-ciones pertenecía y pertenece al demandante.

"No es necesario resolver los dos primeros, pues el tercero causa la revocación de la sentencia.

De la opinión emitida por la corte inferior transcribimos las siguientes manifestaciones, con las cuales estamos con-formes :

“La Corte ... es de opinión que el demandante no ha probado que al otorgar la demandada el recibo que se copia en la demanda fuera cierto que el demandante le entregara la suma de $657.32 para pagar las contribuciones que adeudaban las fincas que él le vendió a la demandada ni que, por lo tanto, se baya probado man-dato alguno que tuviera que cumplir la demandada y por el que tenga que rendirle cuenta al demandante.”

Tampoco probó el demandante, porque no podía dentro de las alegaciones de su demanda enmendada, que la demandada conviniera con él en reintegrarle el importe de aquellas con-tribuciones adeudadas, cuyo pago canceló la Asamblea Legis-lativa de Puerto Rico a virtud de la Ley núm. 35 de 28 de abril de 1932 (Leyes de 1931-32, pág. 275). En ausencia, pues, de una u otra alternativa, la reclamación del deman-dante está desprovista de todo fundamento jurídico.

Del precio de venta descontó la compradora, como es usual en negocios de la naturaleza del de autos, el importe de aque-llos gravámenes a que estaban afectas las fincas. Entre otros, pesaba sobre ellas uno por contribuciones montante a $657.32 a favor de El Pueblo de Puerto Rico. Puesto que ésa era la suma adeudada, el demandante estuvo conforme en que se le dedujera totalmente de los $14,000 en que tasó sus fincas. ¿Con qué derecho aspira ahora a los beneficios de una ley que no había sido aprobada y menos aún estaba vigente a la fecha del contrato? Él no condicionó el des-cuento de los referidos $657.32 al acaecimiento de un suceso futuro, como era para aquella fecha, la aprobación o no de la Ley núm. 35 de abril de 1932. Los beneficios de dicha ley deben corresponder a la persona dueña del inmueble en la fecha en que se aprobó el estatuto.

Ni el recibo otorgado por la demandada, ni nada que re-vele la evidencia aportada, le impedía a la demandada pagar al Tesorero Insular el mismo día de la venta, los $657.32, importe total de las contribuciones adeudadas. Asumiendo por un instante que así lo hubiera hecho, ¿surgiría por ello un derecho o causa de acción á favor del demandante y en contra de la demandada, por el importe de las contribucio-nes, que de haber aguardado, no hubiera ella tenido que pagar? A nuestro juicio no, y el resultado no varía por el hecho de que entrara en vigor la referida Ley núm. 35 cuando aún ella no había pagado.

La sentencia debe revocarse y en su consecuencia dictarse otra declarando sin lugar la demanda, sin especial condena-ción de costas.

El Juez Asociado Señor De Jesús no intervino.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Rogelia Caballero, demandante y apelante, v. Eduardo González, demandado y apelado.
    Núm. 7538.

    Sometido: Junio 21, 1938.

      Resuelto: Julio 13, 1938.

      A. Casanova Prats y J. J. Fuertes, abogados de la apelante; el de-mandado no compareció.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Eogelia Caballero radicó demanda de divorcio contra sn esposo Eduardo González en la Corte de Distrito de San Juan el 22 de septiembre de 1936. Alegó la demandante que había residido más de nn año en Puerto Eico con antelación a la radicación de la demanda. No compareció el demandado a pesar de haberse dado por notificado el 3 de octubre de 1936. El 17 de noviembre siguiente la demandante solicitó la anotación de rebeldía, que obtuvo diez días después.

Se celebró el juicio oral el 15 de enero de 1937. Hallán-dose la demandante en los Estados Hnidos para esa fecha, se leyó su deposición, que había sido tomada de acuerdo con la ley ante el Comisionado de Escrituras de Puerto Eico en Nueva York, Sr. Anthony E. Cardona. En la demanda se alegó que en la fecha de su radicación hacía más de un año que la demandante residía en Puerto Eico y sosteniendo esa alegación aparece en la deposición de la demandante el si-guiente interrogatorio:

“P. ¿En qué fecha entabló la demanda de divorcio por aban-dono?
“R. El día 22 de septiembre de 1936.
“P. Al radicar la demanda de divorcio por abandono, ¿residía usted en Puerto Rico? ¿En qué lugar?
“R. Sí, residía en Río Piedras, pero las dos últimas semanas de mi salida para esta ciudad, residía en el barrio de Santurce de la ciudad de, San Juan, P. R.
“P. ¿Cuánto tiempo antes de la radicación de dicha demanda de divorcio por abandono vivía usted en la isla de Puerto Rico, y en que sitio o lugar?
“R. Residí en Río Piedras, exceptuando las dos últimas sema-nas de mi salida que fueron en Santurce, unos catorce meses antes de la radicación de la demanda, o sea de julio de 1935 hasta octu-bre de 1936.”

Más adelante, en el cnrso de la deposición, vuelve la tes-tigo a declarar en la siguiente forma:

“P. Usted ha manifestado que después de ser abandonada por su esposo, en agosto de 1934, Ud. permaneció en la ciudad de Nueva York por ocho o nueve meses más, y que fué durante este tiempo que Ud. hizo las gestiones para conseguir que su. esposo regresara al hogar y ha manifestado asimismo que hacía como cuatro meses que Ud. residía en Puerto Rico cuando Ud. radicó la demanda de divorcio por abandono en el caso de epígrafe?
“R. Sí, y residí en Puerto Rico desde julio 1, 1935, hasta octubre de 1936.
“P. ¿En qué fecha embarcó Ud. en Nueva York, y en qué fecha llegó usted a Puerto Rico?
“R. Embarqué a mediados del mes de julio de 1935 de Nueva York y llegué a Puerto Rico a fines del mismo mes de julio de 1935.
“P. Diga las razones por las cuales Ud. embarcó nuevamente de Puerto Rico para la ciudad de Nueva York, y la fecha en que em-barcó para dicha ciudad.
“R. Yo pensaba quedarme en Puerto Rico porque la situación en los Estados Unidos estaba mala y era difícil conseguir trabajo, pero al recibir una carta de mi hermano donde me decía me había encontrado un trabajo, embar qué inmediatamente hacia la ciudad de Nueva York donde está mi hermano, embarcando para esa ciudad a fines de octubre de 1936.
“P. Diga en qué vapor y cuándo salió Ud. la última vez de Puerto Rico.
“R. Embarqué en un barco de carga perteneciente a la Bull Insular .Line el día 31 de octubre de 1936, pero no recuerdo el nom-bre de dicho barco.”

Las preguntas y respuestas que preceden es lo único que aparece en la deposición de la demandante con respecto a su residencia en Puerto Pico con anterioridad a la radicación de la demanda. Aunque en una de la's preguntas el Comisio-nado de Escrituras pone en boca de la testigo el haber dicho antes que hacía cuatro meses que ella residía en Puerto Rico cuando radicó la demanda, esa manifestación es errónea, pues hemos examinado toda la deposición y en ninguna parte de la misma se afirma tal cosa.

La deposición de la demandante sobre el extremo indicado fué corroborada por la testigo Ismencia Solís, que declaró en el-¡juicio oral.

Resulta también de la evidencia no controvertida de la demandante que el demandado la abandonó en julio o agosto de 1934, y habiéndose radicado la demanda el 22 de septiem-bre de 1936, hacía más de un año que el demandado había abandonado a la demandante. A pesar de esta evidencia no controvertida en forma alguna, la corte inferior desestimó la demanda y como fundamentos de su sentencia expresó:

“La corte no está convencida, porque no bay prueba suficiente para ello, de que realmente la actora baya residido en Puerto Rico durante el tiempo que señala el inciso segundo del artículo 97 del Código Civil. Más bien cree el tribunal que la demandante liizo un viaje rápido a Pirerto Rico para dejar radicada su demanda y enton-ces volver de nuevo a New York. No bay una sola alegación firmada por ella. Su deposición no nos convence, por no ser explícita, en cuanto a la fecha de su arribo a Puerto Rico, y menos en cuanto a su salida de la isla.”

Apeló la demandante y, de acuerdo con la regla cuarta 'del reglamento de este tribunal, se dió traslado del caso al fiscal de esta corte para que en el término de diez días pre-sentase el informe correspondiente. En su informe el fiscal se expresó en los siguientes términos:

“La única cuestión a resolver es si tuvo la corte inferior ante sí prueba suficiente que demostrara que la demandante residió en la isla un año inmediatamente antes de radicar la demanda.
“Creemos sinceramente que la deposición de la demandante es clara sobre dicho extremo, y su testimonio no ha sido contradicho en forma alguna; y lo mismo podemos decir sobre el testimonio de Ismencia Solís.
“La corte inferior basa su creencia de que la demandante no residió el año jurisdiccional en Puerto Rico y que por el contrario hizo tm viaje rápido a Puerto Pico para dejar radicada su demanda y entonces volver de nuevo a New York, en los siguientes funda-mentos :
“1. En no existir una sola alegación firmada por ella;
“2. En no ser su deposición explícita en cuanto a la fecba de su arribo a Puerto Pico y menos en cuanto a su salida. (T. A. pág. 3)
“En cuanto al primer extremo, la única y esencial alegación de la demandante en este caso, es Ja demanda, y la misma está firmada por su abogado, sin que exista en Puerto Pico ley alguna que im-ponga a la demandante la obligación de firmar personalmente dicha demanda. Basta que la firme su abogado.
“En cuanto al segundo extremo, creemos que la deposición de la demandante es suficientemente explícita en cuanto a establecer el hecho de que llegó a Puerto Pico a fines de julio de 1935, y perma-neció en la isla hasta octubre de 1936; aseveración que corroboró con su testimonio la testigo Ismencia Solís.
“No se trata, pues, de dirimir un conflicto de prueba contradic-toria, en que el juez que preside la vista tiene amplia discreción para resolverlo, según su criterio, el que se sostendrá en apelación a menos que se demuestre pasión, prejuicio o parcialidad o un mani-fiesto error. Aquí no existe conflicto alguno de prueba. Frente a las manifestaciones claras y terminantes de una y otra testigos, en cuanto al tiempo en que la demandante residió en Puerto Pico con anterioridad a la radicación de su demanda, o sea, desde fines de julio de 1935 hasta octubre de 1936, no existe ningún otro testimonio en contrario ni otra base alguna para poder destruir la prueba de lá demandante sobre ningún extremo de su declaración.”

En el caso de Quock Ting v. U. S., 140 U. S. 417, 35 L. Ed. 501, el Juez Field, refiriéndose al crédito qne debe mere-cer nn testigo cnya declaración no fia sido controvertida en manera algnna, dice:

“Indudablemente como regla general el testimonio positivo no controvertido sobre un hecho determinado debe controlar la deci-sión de la corte; esta regla, sin embargo, admite muchas excepciones. Puede existir tal improbabilidad en las aseveraciones de un testigo que induzca a la corte o al jurado a descartar su evidencia, aunque no haya testimonio alguno en contrario. El testigo puede contra-decirse por sus propias manifestaciones tan eficazmente como si se presentara prueba en contrario; las muchas omisiones en su re-lato de determinadas transacciones y aún su propia conducta, pue-den ser suficientes para desacreditar toda su declaración. Su ma-nera de declarar también puede dar lugar a dudas sobre su since-ridad y dar la impresión de que está imprimiendo un colorido falso a hechos esenciales. Todas estas circunstancias pueden ser conside-radas ai determinar el peso probatorio que debe darse a su declara-ción, a pesar de que no se haya presentado testimonio alguno que lo contradiga. ’

En nuestra propia jurisprudencia tenemos un caso que ilustra perfectamente la cuestión. Es el de Velázquez v. Sucesión Blanco, 50 D.P.R. 294. En ese caso el juez sentencia dor, que lo fué el que suscribe, al declarar sin lugar la de-manda se expresó en los siguientes términos:

“El demandante trató de probar cómo había adquirido estos pa-garés pero su declaración es tan inverosímil, incurrió en tantas con-tradicciones, y su manera de declarar fué tan deficiente, que tenemos la seguridad absoluta de que el demandante, a pesar de que es el tenedor de las obligaciones, no es el dueño de las mismas.
“Basta leer su declaración para darse cuenta inmediatamente de lo inverosímil de la historia que hace en relación con la forma en que adquirió estos documentos.
“De la prueba aparece que don Juan B. Blanco vivía en con-cubinato con una señora con quien sus hijos no tenían relación al-guna, y que fué en los momentos de su muerte cuando llamó a su hijo Juan, quien no pudo o no se hizo cargo de los documentos de su padre que estaban bajo la custodia o el cuidado de la concubina que lo acompañaba.
“Estamos convencidos, como antes hemos dicho, de que el de-mandante no es dueño de estos pagarés, y nuestra conciencia se re-siste a dictar una sentencia en este caso a favor del demandante, a pesar de que los documentos se hallan en su poder.”

El apelante en dicho caso imputó a la corte, entre otros, el error de haber desestimado la demanda basándose en es-crúpulos de conciencia y no en los méritos de las alegaciones y de las pruebas, desconociéndose así los derechos del deman-dante como portador y dueño de dos pagarés traspasados do buena fe por valor recibido antes de su vencimiento.

Al discutir el señalamiento de error antes indicado, este tribunal, por voz de sn Juez Asociado señor Travieso dijo;

“La resolución del primer error señalado no ofrece dificultad al-guna. Los párrafos de la opinión de la corte inferior que hemos transcrito revelan claramente que la sentencia no está basada en meros escrúpulos de conciencia del juez sentenciador, sino en una cuidadosa apreciación y aquilataeión del testimonio dado por el pro-pio demandante, para sostener su derecho al cobro de los pagarés. El juez que presidió la vista y ante el cual depuso el demandante, tuvo la oportunidad, que no puede tener esta corte, de ver al de-mandante en persona, de observar su manera de declarar, de oír y ver brotar de sus labios las contradicciones y de ir formando gra-dualmente en su conciencia la convicción de que el demandante no tenía derecho a la sentencia que solicitaba. Un j-uez, que después de oír la historia que le hace un demandante', la cree inverosímil; que observa la actitud y manera de declarar de ese demandante y la encuentra deficiente; y que nota las numerosas e inexplicables con-tradicciones en que incurre en su declaración, tendría realmente que violentar su conciencia para poder dictar una sentencia favorable a ese demandante.
“Es al juez sentenciador a quien la ley concede la facultad de apreciar la prueba y de juzgar acerca de la credibilidad de los testi-gos. Y no puede ni debe el tribunal de apelación revocar un fallo, por supuestos errores en la apreciación de la evidencia, a menos que se alegare y probare o de los autos resultare evidente que el juez había actuado movido por pasión, prejuicio o parcialidad o que había incurrido en error manifiesto. Y en este caso no se ha ale-gado ninguna de esas causas de revocación.
“Del resumen de la prueba que aparece en la exposición del caso, no surge el convencimiento de que la corte inferior haya errado al apreciarla. Surge más bien la inverosimilitud del relato que hace el demandante, para sostener que es no sólo tenedor, sino también dueño de los pagarés. Se hace difícil creer que un hombre que ha quebrado en el comercio, empiece poco tiempo después a hacer prés-tamos a. otra persona, durante un período de dos o tres años sin ob-tener del prestatario recibos por las sumas prestadas; que se hagan esos préstamos a una persona que ya debe al prestamista una suma considerable por comisiones de ventas; y por último, que el deudor de esos préstamos y comisiones, por un total de $5,300, sin que su amigo le haya apremiado para que le pague, la haya entregado a su acreedor dos pagarés hipotecarios de un. valor total al vencimiento de $14,800, pocos días antes del vencimiento de esas obligaciones. No nos sorprende que la conciencia del juez sentenciador se haya resis-tido a dar crédito a las declaraciones del demandante y de su ale-gado cedente Gregorio Cubero.”

En el caso qne ahora nos ocupa, el juez de la corte inferior no tuvo base alguna para dudar de la declaración de la demandante. No la vió ni oyó declarar, pues como hemos visto, declaró por deposición. Su declaración es perfecta-mente compatible con la verdad y sus contestaciones son ter-minantes, categóricas, precisas y libres de evasivas. La creencia de la corte de que la demandante hizo un rápido viaje a Puerto Rico para dejar radicada la demanda y en-tonces volver de nuevo a Nueva York, es una mera conje-tura no justificada por la evidencia. [2] Tampoco puede afectar la credibilidad de la demandante el hecho de que no haya jurado ella la demanda. La juró su abogado y esto era suficiente.

Por lo expuesto, forzoso es concluir que la corte inferior cometió manifiesto error al descartar la deposición de la de-mandante y la declaración de la testigo Ismencia Solís. Dán-dole el crédito que a sus testimonios debe dárseles de acuerdo con la ley, procede en este caso revocar la sentencia apelada y en su lugar dictar otra que declare con lugar la demanda y consiguientemente roto y disuelto el vínculo matrimonial por la causa de abandono del marido a la miojer, concediendo a ésta la patria potestad sobre sus dos hijas Olga y Carmen González Caballero, de doce y nueve años de edad respecti-vamente, sin entrar a regular por ahora las relaciones de fa-milia por residir las partes fuera de Puerto Rico, imponién-dose al demandado las costas causadas en la corte inferior, sin incluir, desde luego, honorarios de abogado.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Cancio Rivera, acusado y apelante.
    Núm. 7088.

    Sometido: Junio 20, 1938.

      Resuelto: Julio 13, 1938.

      Justo A. Casablanca, abogado del apelante; B.'A. Gómez, Fiscal, y Litis Janer, Fiscal Aumliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Juan Cancio Rivera fue acusado ante la Corte de Distrito de San Juan de un delito subsiguiente de asesinato, consis-tente en haber dado muerte con malicia premeditada a Jo vito Padilla el 23 de mayo de 1937, después de haber sido con-victo y sentenciado el acusado por la Corte de Distrito de Humaeao por dos delitos de asesinato, el 24 de julio de 1916 y el 9 de diciembre de 1919, siendo condenado a doce años de presidio y a reclusión perpetua respectivamente, cuyas sentencias fueron firmes y estaba extinguiendo en la peni-tenciaría de Puerto Rico en la fecha del alegado delito.

La acusación le fué leída el 7 de septiembre de 1937. Hizo 'alegación de no culpable y solicitó juicio por jurado. Se señaló el juicio para el 11 de enero de 1938. Al leérsele la acusación al empezar el juicio, ratificó su alegación de ino-cente en cnanto al delito que se le imputaba y admitió ser cier-tas las condenas anteriores. Se procedió a sortear y cons-tituir el jurado e inmediatamente después a la práctica de la prueba.

Terminada la evidencia procedió el juez a transmitir sus instrucciones al jurado. Luego de bacer referencia a la acu-sación y de mencionar las condenas anteriores que venía ex-tinguiendo el acusado, dijo el juez en sus instrucciones :

"El acusado hizo alegación de no culpable en cuanto al delito imputad ole; y admitió, por medio de su abogado, la verdad de la acusación en lo que se refiere a la reincidencia alegada, aunque adi-cionándola en el sentido de que las sentencias de 12 años de presi-dio y de reclusión perpetua fueron conmutadas por el Gobernador de Puerto Rico el 18 de junio de 1921 a 35 años 9 meses y 18 días. Reincidencia significa la reiteración de una misma culpa o defecto.”

En el curso de sus instrucciones volvió el juez a referirse a la reincidencia en los siguientes términos:

"En cuanto a la alegación de reincidencia, o sea que el acusado-fue sentenciado por la Corte de Distrito de Humacao el 24 de julio de 1916 a doce años de presidio y en 9 de diciembre de 1919 a re-clusión perpetua, por asesinato en segundo y primer grado respec-tivamente, y cuyas sentencias fueron conmutadas a una pena de 35 años 9 meses y 18 días, siendo ése un becbo admitido por el acusado, si el jurado encuentra que él es culpable, ya sea de asesinato en primero o segundo grado o de homicidio voluntario, entonces debe rendir además otro veredicto declarando que la imputación de haber sido el acusado anteriormente convicto, es verdad.”

Poco después de serle sometido el caso, el jurado rindió dos veredictos: uno declarando al acusado culpable de ase-sinato en segundo grado, y el otro declarando que la impu-tación de haber sido el acusado anteriormente convicto es verdad.

Se señaló día para dictar sentencia y en la fecha indicada la dictó la corte, condenando al acusado a reclusión pérpetua con trabajos forzados por un delito subsiguiente de asesinato en segundo grado.

Contra esta sentencia se interpuso el presente recurso se-ñalando la representación del acusado la comisión de tres errores, a saber:

‘ ‘ 1. La corte cometió error fundamental, al entender en un proceso y por un delito que no está definido en Puerto Rico, esto es, subsi-guiente de asesinato. i
“2. La corte cometió error de procedimiento, al interesar por sus instracciones dos veredictos a ser rendidos por el jurado.
“3. La corte cometió error sustancial al imponer pena de reclu-sión perpetua fuera del marco que fija el estatuto en delitos de asesi-nato en segundo grado.”

El calificativo de “subsiguiente” antepuesto a la denominación de un delito, no varía ni altera en manera alguna los elementos constitutivos del mismo. Sólo afecta la discreción del juez sentenciador al imponerle la pena una vez que el acusado ha sido convicto. Por lo tanto, al enjuiciarse al acusado por un delito subsiguiente de asesinato, no se le juzgó de un delito distinto del asesinato definido en los artículos 199 y siguientes del Código Penal. No existe, pues, el primer error señalado por el apelante.

“La ley no requiere cosas inútiles” es una máxima cardinal en Derecho. Si el acusado al leérsele la acusación admitió las dos condenas anteriores por asesinato, era innecesario instruir al jurado que en caso de creer al acusado culpable del delito que se le imputaba rindiese también “otro veredicto declarando que la imputación de haber sido el acusado anteriormente convicto es verdad.” Bastaba con que el jurado rindiese un veredicto de culpabilidad, bien fuera de asesinato en cualquiera de sus dos grados o de homicidio voluntario, para que el juez, al dictar su sentencia, hiciese mención de los delitos anteriores e impusiese al acusado la pena correspondiente. Pueblo v. González, 49 D.P.R. 520.

Si bien se cometió este error, su importancia no justifica la revocación de la sentencia, habida cuenta de la evidencia que tuvo ante sí el jurado y a la cual nos referiremos al con-siderar el tercer señalamiento de error.

La transcripción que La sido elevada a este tribunal sólo contiene la acusación, el veredicto, ciertas manifestaciones escritas del juez fundamentando su sentencia, la sentencia y el escrito de apelación. No contiene la relación de la prueba ya sea por transcripción de evidencia o por exposición del caso. Pero del récord aparece que el acusado fué convicto de un delito de asesinato en segundo grado y sentenciado por la Corte de Distrito de Humacao el 24 de julio de 1916 a extinguir una condena de doce años de presidio. Que posteriormente se le concedió la libertad bajo palabra y mientras gozaba de este privilegio cometió un delito de asesinato en primer grado, siendo 'entonces sentenciado a la pena de reclusión perpetua. Volvió a ejercitarse a su favor la Gracia Ejecutiva, conmutándosele ambas penas por la de treinta y cinco años, nueve meses y diez y ocho días, en consideración a ciertos servicios por él prestados durante la epidemia de la peste bubónica, y cuando su condena hubiera quedado ex-tinguida el 17 de agosto de 1946, de no haber ocurrido algo anormal, reincide por tercera vez al cometer el delito que ahora nos ocupa, privando de la vida a su compañero de presidio Jovito Padilla.

Las circunstancias que rodearon este tercer delito las describe así el juez sentenciador en sus “Manifestaciones de la Corte al Pronunciar la Sentencia”:

“La evidencia también ha demostrado que en esta ocasión en que usted ha delinquido, cometiendo su tercer delito de sangre, lo ha hecho dentro de las limitaciones de los muros de la penitenciaría insular, habiendo sido la víctima un recluso, compañero suyo en des-gracia, y que el instrumento usado para cometer este delito fué audaz-mente preparado dentro del mismo penal. Tiene forma de punzón y está hecho del asa de un balde o cubo de zinc, de los propios para cargar agua. Dicha asa que es curva en su forma primitiva, fué con-venientemente enderezada, terminando una de sus extremidades en punta (forma de figa) y la otra con una agarradera o mango de ma-dera.
“Qué mente ideó y quién preparó este instrumento en forma tan adecuada y conveniente para producir grave daño corporal y hasta la muerte, como en este caso, dentro del mismo penal, donde por vir-tud del reglamento imperante todos los reclusos permanecen desarma-dos, son detalles que no nos explica la prueba, pero hay un hecho explicado por la evidencia que habla sobre este extremo con elocuen-cia magistral y es que en la tarde de la muerte desgraciada de Jo-vito Padilla ese instrumento se hallaba en poder del acusado.
“Ahora, ¿con qué propósito se fabricó este instrumento? ¿Qué fin premeditado iba a dársele por su fabricante?
“Eso sí que lo explican elocuentemente, con lujosos detalles, todas las circunstancias del caso apreciadas en conjunto y más que nada la forma única y absoluta del arma, y si esto no fuera bastante, entonces quedémosnos con las propias palabras del acusado cuando al ser re-criminado por Miguel Sierra, testigo de cargo, inmediatamente des-pués de la agresión, diciéndole: ‘ ¡ Cancio, usted ha matado este hombre!’, contestó brevemente: ‘Eso era lo que yo quería.’
“Se ha demostrado por la evidencia que el interfecto, Jovito Padilla, recibió dos heridas punzantes, una en el tercer espacio inter-costal del lado izquierdo y otra en el cuarto espacio, intercostal del lado derecho. La herida ‘del pulmón izquierdo con una hemorragia grande en todo el lado izquierdo fué la que causó- la muerte. ’ (De la declaración del Dr. Kodesh.)
“La.s dos veces que el acusado figo al interfecto, dirigió su agre-sión a sitio primordial del cuerpo, la caja torácica, donde está alojado el más noble de todos los órganos, el corazón.
‘ ‘ Otro detalle coineidente a este punto lo revela la evidencia cuando explica que momentos antes del instante en que perdió la vida el interfecto Jovito Padilla, éste y el acusado habían tenido un encuen-tro personal, cuerpo a cuerpo, iniciándose la agresión de parte del acusado, sin que en este primer encuentro hiciera uso de arma alguna en contra del interfecto. Momento después hubo otra segunda lucha. También fué el acusado el primer agresor en el segundo pugilato y en esta ocasión mientras luchaba cuerpo a cuerpo con su adversario no sacó el arma homicida sino hasta que llegó el momento cumbre de la tragedia en que el interfecto resbaló por humedad del piso, yéndose al suelo. Fué ése el momento escogido por usted para sacar de sus ro-pas el instrumento con el cual ocasionó la muerte, momento en que el desequilibrio de su adversario le aseguraba a usted la oportunidad de poder sacar y usar el arma sin peligro alguno para usted.”

La evidencia no ofrecía duda alguna de que el acusado fué el autor de la muerte de Jovito Padilla. Tampoco hubiera esto justificado al jurado en declarar que el acusado había actuado en defensa propia, pues el interfecto estaba desar-mado y precisamente después de resbalar y caer éste al suelo, cuando se bailaba indefenso, fué que el acusado lo agredió dos veces con el punzón. En ningún momento existió peligro real ni aparente que justificase la muerte. Además, fué el acusado el iniciador de la riña.

Descartada la legítima defensa y no existiendo contro-versia en cuanto al becbo de que el acusado dió muerte al interfecto, sólo quedaban al jurado dos alternativas: decla-rarlo culpable de asesinato en cualquiera de sus dos grados o de homicidio voluntario. Asumiendo que el jurado hubiese traído un veredicto de homicidio voluntario, aún así no se habría excedido la corte al imponer la pena que impuso, pues como el delito de homicidio voluntario se castiga con pena máxima de diez años de presidio, hubiera podido imponérsele reclusión perpetua aplicando el artículo 56 del Código Penal que, en lo pertinente, dice así:

“El reo que habiendo sido convicto de algún delito castigado con pena de presidio, cometiere cualquier delito, después de dicha con-vicción, tal reo será castigado por el subsiguiente delito según se es-pecifica a continuación:
“1. Sí el subsiguiente delito aparejare, en primera convicción, pena de presidio por un término de más de cinco años, dicho reo será castigado con pena de presidio por un término mínimo de diez años. ’'
“2.
“3.”

El precepto transcrito altera la penalidad del delito de tal forma que lo hace castigable con pena mínima de diez años, y como el artículo J56, supra, no especifica pena máxima en su primer inciso anteriormente transcrito, no excluye una condena de reclusión perpetua, condena, que dadas las cir-cunstancias especiales de este caso y la historia penal del acusado, no hubiéramos estado justificados en alterar inter-viniendo de ese modo con la discreción que la ley concede al juez sentenciador.

En el caso de El Pueblo v. González, 49 D.P.R. 520, 521, en qne se trataba de nn delito subsiguiente de homicidio voluntario y en el que, desde luego, no existían las circuns-tancias agravantes que concurrieron en el que nos ocupa, este tribunal, por su Juez Presidente Sr. Del Toro, se expresó en los siguientes términos:

“La transcripción sólo contiene la acusación, el veredicto, la sen-tencia y el escrito de apelación. No hay base, por tanto, para consi-derar y decidir las cuestiones que plantea el apelante en relación con la actitud del Fiscal. En cuanto a la pena, si bien es cierto que el máximo de la fijada por la ley para castigar el delito de homicidio es el de diez años de presidio, también lo es que el artículo 56 del Có-digo Penal dispone que el reo que habiendo sido convicto de un delito castigado con pena de presidio, cometiere cualquier delito, después de dicha convicción, tal reo, si el delito subsiguiente aparejare, en pri-mera convicción, pena de presidio por un término de más de cinco años, será castigado con pena de presidio por un término mínimo de diez años. Y como aquí González había sido convicto de un delito de homicidio castigado con pena de presidio cuando perpetró el otro delito de homicidio que apareja en primera convicción pena de presidio por un término de más de cinco años, la pena que correspondía im-ponerle era la mínima de diez años. La corte le impuso doce y actuó así dentro de las facultades conferídales por la ley. ’ ’

Tampoco cometió la corte el tercer error que le imputa el apelante.

Procede, por lo expuesto, desestimar el recurso y con-firmar la sentencia apelada.


author: El Juez AsociadIo Señor De Jesús

text:
    Edelmiro Martínez Rivera, demandante y apelado, v. R. Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico y A. Sanchez Hidalgo, Colector de Rentas Internas de Corozal, Puerto Rico, demandados y apelantes.
    Núm. 7533.

    Sometido: Junio 6, 1938.

      Resuelto: Julio 14, 1938.

      Hon. Procurador General B. Fernández García, Emilio de Aldrey, Procurador General Auxiliar y R. García Cintrón, Subprocurador General Auxiliar, abogados de los apelantes; E. Martínez Rivera,, pro se.

   El Juez AsociadIo Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El demandante es dueño de una finca rústica de cuarenta, y siete cuerdas de superficie radicada en el barrio Abras de-Corozal, que adquirió como parte de otra de mayor cabida, por escritura número 10, de 27 de marzo de 1930, ante el notario don Rafael Buseaglia. Dicha finca aparece en la lista de contribuyentes a nombre del demandante desde 1932. Antes de esa fecha figuraba como de la propiedad de Tomás Anzalota. Pagó el demandante las contribuciones correspon-dientes a los años económicos 1933-34 y 1934-35, pero el 19 de octubre de 1936 el colector demandado, actuando a nombre y bajo la autoridad del codemandado Rafael Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico, le notificó haber embargado la refe-rida finca para venderla en pública subasta y aplicar su pro-ducto al pago de las contribuciones adeudadas sobre la misma, correspondientes a los años económicos de 1928-29, 1929-30, 1930-31, 1931-32, 1932-33 y 1935-36. Los recibos correspondientes a los cuatro primeros años económicos, o sea 1928-29, 1929-30, 1930-31 y 1931-32, aparecen extendidos a nombre de Tomás Anzalota, anterior dueño, y los restantes, o sea, desde 1932-33 en adelante, a nombre del demandante Edelmiro Martínez Rivera.

Al ser notificado del embargo el 19 de octubre de 1936, el demandante se personó ante el .colector demandado y le ofre-ció el pago de los recibos correspondientes al año económico 1935-36 y al primer semestre de 1936-37, negándose el colector a recibirlo a menos que pagase también los corres-pondientes a los años comprendidos entre 1928-29 y 1932-33, ambos inclusives, lo cual rehusó el demandante.

Radicó entonces la demanda de este caso interesando un auto de injunction preliminar primero y permanente después, que prohíba a los demandados, por sí o por sus agentes, anunciar y vender en pública subasta la mencionada finca para el cobro de las contribuciones anteriormente mencio-nadas, solicitando además cualquier otro remedio compatible con las alegaciones y que los demandados fuesen condenados al pago de las costas y honorarios de abogado.

Juntamente con la demanda, consignó en la secretaría de la corte, a disposición de los demandados, la cantidad de $66.65 que representa las contribuciones y recargos corres-pondientes al año económico de 1935-36 así como al primer semestre de 1936-37.

Fundamentando su causa de acción alegó el demandante que el embargo trabado por el colector era nulo en cuanto al año 1935-36 y al primer semestre de 1936-37, según se des-prende de la demanda, por haberse consignado su importe, y en cuanto a los años económicos de 1928-29 a 1931-32, ambos inclusives, alegó que también era nulo el embargo por los siguientes fundamentos:

(a) Porque las contribuciones a que se refieren los recibos correspondientes a los cuatro años económicos últimamente' mencionados aparecen impuestas, según el demandante, sobre nna propiedad distinta de la embargada, qne figura a nombre de Tomás Anzalota.

(6) Porque habiéndose embargado por los demandados el 19 de octubre de 1936 la finca de 47 cnerdas antes mencio-nada en ejecución del gravamen impuesto por el artículo 315 del Código Político, dicho embargo sólo puede hacerse exten-sivo al año económico corriente a la fecha en que se trabó el embargo, o sea el de 1936-37, y a los tres años económicos anteriores al mismo, a saber: 1935-36, 193A-35 y 1933-34.

(c) Porque el derecho a cobrar las contribuciones corres-pondientes a los años económicos 1928-29, 1929-30 y 1930-31 estaba prescrito al trabarse el embargo el 19 de octubre de 1936, por haber transcurrido más de cinco años desde la fecha en que se impuso la contribución correspondiente a dichos años económicos; y

(d) Porque la actuación de los demandados tiende a privar al demandante de su propiedad sin el debido proceso de ley y a negarle la protección igual de las leyes.

Termina el demandante con la alegación de daños irrepa-rables y de carecer de otro remedio rápido y eficaz en el curso ordinario de la ley.

Dictó la corte una orden para mostrar causa por la cual no debería concederse el injunction preliminar. Compare-cieron los demandados, se opusieron a las pretensiones del demandante y luego de oír la evidencia de una y otra parte, el 11 de enero de 1937 denegó la corte la solicitud de injunction preliminar. Se sometió más tarde el injunction perma-nente por la evidencia aducida en la vista del preliminar y el 30 de marzo' siguiente se dictó sentencia decretando el auto de injunction permanente de acuerdo con la súplica de la demanda, con excepción del pronunciamiento de costas, que no fueron concedidas.

Contra esta sentencia se interpuso el presente recurso, señalando los apelantes la comisión de cuatro errores. Los dos primeros, por estar íntimamente relacionados, los vamos a discutir conjuntamente.

“Primero: La corte inferior erró al resolver que el derecho del estado a cobrar las contribuciones correspondientes a los años 1928-29 1929-30, 1930-31 y 1932-333 había prescrito para la fecha en que se inició el expediente de apremio mediante el embargo practicado el 19 de octubre de 1936.

“Segundo: La corte inferior erró al interpretar el artículo 315 del Código Político en el sentido de que ‘la contribución que se im-pusiere por el corriente año económico y por los tres años económicos anteriores’ se refiere a la contribución correspondiente al año econó-mico en que se practicó el embargo (1936-37) y la de los tres años inmediatamente anteriores al embargo, 1935-36, 1934-35, 1933-34.”

Es un principio bien establecido en la jurisprudencia americana que las contribuciones no constituyen un gravamen sobre la propiedad a menos que el estatuto lo diga así expresamente. New England Loan & Trust Co. v. Young (Iowa) 10 L.R.A. 478; Miller v. Anderson (S.D.) 11 L.R.A. 317.

En el caso de Johnson v. Revere Bldg., 79 A.L.R. 112, resuelto por la Corte Suprema de Massachusetts en el año 1931, se dijo lo siguiente:

“La contribución sobre propiedad inmueble es primordialmente una imposición pecuniaria sobre el dueño de la misma. El gravamen sobre la propiedad inmueble es simplemente una garantía establecida por el estatuto de la cual el colector puede valerse en defecto de pago. Independientemente del estatuto no existe el gravamen ... El ob-jeto de crear el gravamen es para permitir que el inmueble pueda ser vendido por defecto de pago de contribuciones. (Se citan casos.) . . . Es un principio bien conocido que las leyes sobre imposición y cobro de contribuciones deben ser estrictamente interpretadas y cualquier duda que hubiere deberá ser resuelta en favor del contribuyente. Si el derecho en que se basa el gobierno para la imposición de la contri-bución o para su cobro no es claro, debe ser denegado; tal derecho debe aparecer claramente de las palabras del estatuto y no puede ser sostenido por interpretación. City National Bank v. Charles Baker Co. (Mass.) 61 N. E. 223; Cabot v. Commission of Corporations and Taxation (Mass.) 64 A.L.R. 1277; Eaton Crane Pike Co. v. Commonwealth (Mass.) 130 N. E. 99; Thompson v. Henderson (Md.) 58 A.L.R. 1213.”

Véanse también 26 R.C.L. 388 y 3 R.C.L. Supp. 1471.

En el caso de Linn County v. Steele (Iowa) 110 A.L.R. 1493, resuelto por la Corte Suprema de Iowa el 15 de junio de 1937, se dijo lo siguiente:

“Las contribuciones no constituyen un gravamen (Uen) sobre la propiedad a la cual se imponen, o sobre cualquier otra propiedad del contribuyente, a menos que haya una ley que expresamente constituya tal gravamen, y en tal caso éste no puede ser ampliado por interpre-tación judicial. ’ ’

Sentada esta premisa y examinados nuestros estatutos encontramos que de acuerdo con la legislación anterior al Código Civil revisado de 1902, artículo 1923 del Código Civil español, la ley solamente creaba el gravamen (lien) a favor de la provincia o del municipio por los impuestos de la última anualidad vencida y no pagada. En igual forma se producía la Ley Hipotecaria de Ultramar en su artículo 168. De manera que aun en aquel tiempo, o sea hasta 1902, las contribuciones sobre la propiedad inmueble no constituían un gravamen sobre la misma con excepción de aquella parte de la contribución correspondiente a la última anualidad vencida y no pagada.

Comentando el artículo 1923 del Código Civil español dice Manresa:

“Créditos a favor del Estado por contribuciones e impuestos. — El Estado tiene preferencia ’ sobre los bienes inmuebles de los contribu-yentes por el importe de la última anualidad, vencida y no pagada, de las contribuciones e impuestos que sobre ellos graviten, y desde luego se comprende que es una razón puramente fiscal la que sirve de fundamento a dicha preferencia.
11 ‘Tienen estos créditos, dice el Sr. Pedregal, verdadero carácter privilegiado, y son todavía reminiscencias de las suprimidas hipo-tecas tácitas, que contradice los principios más cardinales de la Ley Hipotecaria. Son obligaciones reales, sin que tomen este carácter de ningún contrato, y gravan directamente los bienes a que se refieren sin que se constituya la hipoteca especial que hasta a los menores se exige. ’
“Siendo una razón puramente fiscal el motivo de esta preferencia, no tenemos para qué detenernos en el examen de sus precedentes ni en la demostración de sn justicia. La impone la ley de la necesidad para que el Estado pueda cumplir y desenvolver sus fines con la nor-malidad y regularidad debidas, y basta esta consideración para de-jarla justificada. Por eso en todo tiempo el legislador lia venido a poner remedio a dicha necesidad, concediendo al Estado los medios de realizar pronta y preferentemente los tributos, contribuciones o impuestos que gravasen los bienes de los contribuyentes, en conside-ración al especial objeto a que se destinan, pues sin una ordenada recaudación de los mismos no es posible la vida regular de aquél ni el perfecto funcionamiento de sus organismos.
“En nuestro antiguo derecho, según ya hemos expuesto en otra ocasión, tenía el Estado hipoteca legal y general sobre todos los bie-nes del contribuyente para la debida seguridad de sus créditos por el concepto indicado, y ese privilegio fué respetado por la ley Hipo-tecaria, si no íntegramente, al menos en su esencia, dejando a salvo el derecho del Estado, reserva que fue limitada a una anualidad, la úl-tima vencida y no pagada, y a los bienes a que correspondan las con-tribuciones e impuestos adeudados. Y para su mayor aseguramiento y eficacia se mandó que se hiciera constar de una manera expresa en las escrituras que se otorgasen sobre dichos bienes la reserva de ese derecho. Hoy basta que verbalmente haga el Notario a las partes dicha advertencia, como las demás que fueren legales.” (Bastardi-llas nuestras.) 12 Manresa, Comentarios al Código Civil (ed. de 1911), 705 et seq.

En 1902 el Código Civil Bevisado, artículo 1824, continuó en igual forma que el español, limitando el gravamen sola-mente a la última anualidad vencida y no pagada. No ocurrió lo mismo con respecto al Código Político de igual fecha, que en su artículo 315, en lo pertinente, decía así:

“La contribución que se imponga sobre cada fin'ea o parcela de terreno, e, inclusive, sobre cualesquiera mejoras que en ella existan o que puedan posteriormente hacerse en ella, constituirá el primer gravamen sobre dicha propiedad, el cual tendrá prelación sobre cua-lesquiera otros gravámenes sobre la misma, de cualquier clase que fuesen, ya pesen éstos sobre ella antes, ya pesen después que el gravamen determinado por dichas contribuciones.”

Como se ve, existía un conflicto entre el artículo 315 del Código Político y el 1824 del Código Civil Bevisado, ambos aprobados en 1902. Mientras en el primero, o sea en el Código Político, se establecía el gravamen sin limitación alguna, de manera que cualquier cantidad que pudiese deber el contribuyente por concepto de contribuciones sobre su pro-piedad inmueble quedaba garantizada con un primer gravamen sobre la propiedad, en el segundo, o sea en el artículo 1824 del Código Civil, el gravamen continuaba limitado a la última anualidad vencida y no pagada.

En el 1907 se enmendó el artículo 315 del Código Político por la ley de 14 de marzo de dicho año, página 338, y entonces el gravamen que de acuerdo con dicho Código Político hasta entonces no tenía limitación alguna, quedó limitado, a virtud de la enmienda, a la anualidad corriente y a las tres ante-riores. Pero continuó el conflicto entre los dos Códigos, Civil y Político, pues no se enmendó por dicha ley el artículo 1824 del primero, y nos encontramos entonces con que, mientras el artículo 315 del Código Político, según fué enmendado en 1907, declaraba que existía un gravamen a favor del Pueblo de Puerto Rico, por las tres últimas anualidades y la co-rriente, el artículo 1824 del Código Civil continuaba limitando el gravamen a la última anualidad, hasta que por la ley de 10 de marzo de 1910, página 127, se armonizaron ambos códigos, quedando desde entonces y hasta la fecha el gravamen contributivo limitado a las tres últimas anualidades y a la corriente.

Por consiguiente, cuando en 1930 el demandante adquirió la finca en cuestión, la adquirió solamente sujeta al gravamen impuesto por la ley, o sea a la anualidad corriente en la fecha en que adquirió y a no más de tres anualidades anteriores a la misma, si es que éstas eran adeudadas por el anterior dueño.

Claro es que si el anterior dueño, Anzalota, debía otras contribuciones en adición a las antes mencionadas, era ésta una deuda personal de Anzalota, no garantizada con gravamen alguno, y la cual no asumió en ningún momento el comprador demandante.

Si luego de adquirida la finca, supongamos, por ejemplo, en el año 1934, el demandante hubiese constituido hipoteca o cualquier otro gravamen sobre la misma, este gravamen sólo hubiera quedado supeditado, de acuerdo con nuestra legislación actual, al gravamen a favor de El Pueblo de Puerto Rico' sobre las tres últimas anualidades y la corriente. De suerte que si el acreedor hipotecario hubiese tenido que ejecutar la finca en cobro de la hipoteca en el 1936, y hubiese vendido en pública subasta, del producto de ésta solamente hubiese tenido que pagar por concepto de contribuciones a El Pueblo de Puerto Rico la contribución corriente en el año 1936 y la correspondiente a los tres años económicos anteriores a aquél. De igual modo si se le hubiese adjudicado la finca habría adquirido la misma sujeta al gravamen de la anualidad corriente y a las tres anteriores, no importa cuál fuese el número de anualidades adeudadas por el anterior dueño en exceso de las tres últimas y de la corriente.

En este caso, al adquirir la finca el demandante en 1930, adeudaba aquélla las contribuciones correspondientes a los años económicos 1928-29, 1929-30 y el corriente de 1930-31. Como la finca que se describe, radicada en el barrio Palma-rejo, es la misma que se dice radica en el barrio Abras, elaro es, de acuerdo con la ley antes mencionada, que el demandante la adquirió sujeta al pago de las contribuciones correspon-dientes a los años 1928-29 y 1929-30, por estar comprendidos éstos dentro de los tres años anteriores a la fecha de su adqui-sición. Como debía las contribuciones representadas por estos años contributivos y además adeudaba las correspon-dientes a los años 1930-31, 1931-32 y 1935-36, puesto que la consignación en la corte de distrito, en la forma en que se hizo, de la anualidad correspondiente al 1935-36 y al primer semestre del 1936-37 no equivalía al pago, actuó legalmente el colector de rentas internas al embargar la finca del deman-dante para .el cobro de dichas contribuciones atrasadas. , ,,

Las contribuciones correspondientes a los años. 1928 y siguientes no estaban prescritas porque la ley no-fija, término de prescripción para el cobro de la contribución territorial. Por consiguiente, existen los errores primero y segundo seña-lados por los apelantes.

Habiendo llegado a esta eonclusicín, resulta académico dis-cutir el tercer error, o sea determinar si la demanda aducía hechos constitutivos de causa de acción y si la corte carecía de jurisdicción para conocer del asunto.

En cuanto al cuarto error, o sea, que la corte inferior erró al dictar sentencia a favor del apelado, no hay duda alguna de que existió, habida cuenta de la conclusión a que hemos llegado al considerar el primer y segundo error.

Por lo expuesto, procede en este caso revocar la sentencia apelada y en su lugar dictar otra declarando sin lugar la demanda, con costas, pero sin honorarios de abogado.

El Juez Asociado Señor Travieso no intervino.


author: El Juez AsooiadIo Señor De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ernesto Rubio, acusado y apelante.
    Núm. 7120.

    Sometido: Junio 22, 1938.

      Resuelto: Julio 14, 1938.

      Luis Mercader, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez AsooiadIo Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

En este caso el Fiscal radicó acusación contra Ernesto Rubio y Lupercio Pagán Pabón, por tener para la venta leche de vaca adulterada con agua añadida artificialmente-con el fin de dedicarla al consumo humano (Ley núm. 77 de 1925, pág. 559).

El día de la vista Lupercio Pagán se declaró culpable y la corte le impuso $25 de multa. Ernesto Rubio hizo alega-ción de inocente y se procedió a la práctica de la prueba.

El primer testigo del Fiscal, Víctor Manuel Saavedra, Inspector de Sanidad, dijo en síntesis: que el día 17 de marzo, a las 2:30 de la tarde, en la calle La Palma, de Arecibo, encontró un transporte de leche que estaba rotulado “Vaquería de Ernesto Rubio” que no tenía número de licen-cia porque Ernesto Rubio tenía en trámites una licencia, pero no se le había extendido aún; que dicho transporte de leche lo conducía Lupercio Pagán; que la leche iba en dis-tintos envases; que tomaron varias muestras y una resultó adulterada; que los jarros iban cerrados con candado; que el peón traía las llaves en el bolsillo y abrió los envases; que dicho Lupercio Pagán trabajaba con Ernesto Rubio; que conoce a Ernesto Rubio y que éste hace mucho tiempo se dedica al negocio de leche; que el testigo le había tomado muestras a menudo y que no tiene conocimiento de que hubiese sido denunciado antes.

Luis M. G-uillermety, Químico del Departamento de Sa-nidad Insular y testigo del Fiscal, declaró que la muestra de leche marcada VMS1137 contenía aproximadamente 45 por ciento de agua añadida artificialmente.

La prueba de la defensa se concretó a la declaración del acusado. A preguntas de su abogado declaró el Siv Ernesto Rubio: que Lupercio Pagán fué empleado de él; que tiene negocio de leche desde que llegó a Arecibo y anteriormente lo tenía en Aguadilla; que hace más de veinticinco años que "trafica en ese artículo; que fué notificado de que a Lupercio Pagán le habían tomado unas muestras; que fué al Departa-mento de Sanidad y allí le informaron que acostumbraban, "todas las semanas, tomar muestras de leche; que al ver el ■carrito por la calle le dijeron que iban a abrir los envases para coger muestras; que entonces el muchacho sacó las llaves del bolsillo y abrió los candados; que Lupercio Pagán Pabón no estaba autorizado para conducir las llaves de los envases, las .que el acusado guardaba, unas, en el establo, y las otras las tenían los clientes; que una vez cerrados los envases en el establo se guardaban las llaves y entonces el conductor iba con la leche a entregarla a los clientes, los que tenían la llave correspondiente; que el conductor no debía tenerlas; que él nunca autorizó a Lupercio a cogerlas; que todas las semanas le cogían muestras y que nunca habían resultado adulteradas; que este sistema de candados fué impuesto por el Departamento de Sanidad para evitar la adulteración en el camino y para salvar la responsabilidad del dueño del establo; que él nunca estaba presente cuando se ordeñaba; que había dado órdenes al ordeñador que tu-viera las llaves en el establo.

Fué ésta la evidencia que tuvo ante sí la Corte de Dis-trito de Arecibo al dictar la sentencia que declaró al apelante convicto del delito de adulteración de leche y le impuso $25 de multa y las costas.

Un solo error imputa el apelante a la corte inferior, con-sistente en que, según el acusado, la corte, al dictar sentencia, manifestó que aunque tenía la certeza moral de que el acusado no era capaz de haber adulterado la leche, sin embargo la evidencia demostraba que tenía para la venta leche adulte-rada.

Hemos examinado el récord completo de este caso y no aparece ■ del mismo que la corte hiciera tal manifestación ;■ pero asumiendo que la hubiese hecho, la evidencia que tuvo ante sí la corte a quo no permitía otra conclusión que aquélla a que llegó en su sentencia.

Son hechos aceptados sin discusión alguna que el acusado' era el dueño de la vaquería de donde procedía la leche, que ésta había sido adulterada, que se vendía para el consumo humano, y que el coacusado Lupercio Pagán Pabón era su empleado. El hecho de que Pagán, desobedeciendo las ins-trucciones de su principal, llevase consigo las llaves o que la leche hubiere sido adulterada por el propio Pagán o por algún otro empleado de la vaquería antes de poner los can-dados a los envases, no altera en manera alguna la responsa-bilidad del aensado.

En el caso de El Pueblo v. Morales, 47 D.P.R. 762, los hechos eran más favorables al apelante qne los del qne nos ocupa y sin embargo este tribunal confirmó la sentencia qne se impuso al dueño del puesto'de leche a pesar de probarse que fue el empleado y no el dueño quien la adulteró. Toma-mos del caso de Morales, supra:

“Roque confesó su delito.' Morales negó la acusación y celebrado el juicio la corte lo declaró culpable y le impuso treinta y cinco dó-lares de multa. No conforme apeló.
“En su alegato señala la comisión de cuatro errores que envuelven la misma cuestión, a saber: la errónea declaración de su culpabilidad basada en haberse probado que tenía para la venta y vendía como pura y para el consumo humano leche de vaca adulterada.
“Que el acusado Morales era el dueño de un puesto dedicado a la venta de leche en Caguas el 11 de mayo de 1933, que el otro acusado Noque era empleado repartidor de la leche de Morales y que en un porrón de Morales se^le ocupó en dicha fecha leche de vaca adulte-rada que ‘vendía para el consumo público/ son hechos admitidos. Y que en un caso ele esta naturaleza pueden ser declarados culpables del delito tanto el dueño del puesto como su agente, es cuestión ya resuelta en sentido afirmativo por este tribunal.” (Itálicas nuestras.)

La salud pública requiere que la leche, el principal ali-mento de la humanidad, no sea adulterada. Generalmente, los traficantes en el artículo se valen de auxiliares que son ios que están en contacto directo con ese producto. Por con-siguiente, a fin de evitar la adulteración, es necesario impedir que ésta se realice ya directamente por el dueño del negocio o a través de. sus agentes o empleados y la única forma de conseguir ese objeto es haciendo al dueño responsable en ambos casos, pues así no sólo se abstendrá él de adulterarla si que también tendrá buen cuidado de rodearse de auxiliares honrados incapaces de infringir la ley. De ahí que la ley sea tan drástica en estos casos.

Por lo expuesto, procede confirmar la sentencia apelada.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Juan Enrique Soltero y Rafael Soltero Peralta, demandantes y apelantes, v. Jaime A. Vélez Raíces, en su carácter de Secretario-Auditor del Municipio de Manatí, Puerto Rico, demandado; y Leslie A. MacLeod, Auditor de Puerto Rico, interventor y apelado.
    Núm. 7291.

    Sometido: Julio 6, 1938.

      Resuelto: Julio 20, 1938.

      Rafael Solt&ro Peralta, por su propio derecho y como abogado del otro apelante; Hon. B. Fernández García y C. Andréu Ribas, Subpro-curador, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Este caso fue resuelto por esta Corte Suprema en febrero 7 último por sentencia confirmando la de la corte de distrito por virtud de la cual se declaró con lugar la expedición del auto de mandamus solicitado por los demandantes, sin costas. Los demandantes insistieron en la corte inferior en que debía condenarse en costas al Auditor Insular que babía interve-nido en el procedimiento. La corte se negó y los deman-dantes apelaron para ante este tribunal. De suerte que la única cuestión que estuvo envuelta en el recurso y que este tribunal trató en su opinión fué la de si la repetida corte de distrito abusó o no de sn discreción al negarse a condenar en costas al Auditor interventor. Soltero v. Vélez, 52 D.P.R. 642.

No conformes los demandantes con la sentencia de siete de febrero último, radicaron sn petición de apelación para ante la Corte de Circuito de Apelaciones del Primer Circuito en mayo siete, 1938. Como no fuera aparente la procedencia del recurso, se fijó la audiencia del seis de junio siguiente para oír a las partes sobre el particular, concediéndose a los apelantes un término que se prorrogó varias veces para la presentación de memoranda en apoyo de sus pretensiones, que archivaron finalmente en julio seis actual.

El artículo 128 del Código Judicial de los Estados Unidos, en lo pertinente, dice:

“La corte de circuito de apelaciones tendrá jurisdicción para re-visar por auto de error las sentencias firmes:
‘ ‘ Primero: .. .
‘ ‘Segundo:.
1 ‘ Tercero:..
“Cuarto: En la Corte Suprema del territorio de Hawaii y de Puerto Riqo, en todos los casos civiles, civiles o criminales, en los que se halle envuelta la Constitución o un estatuto o tratado de los Estados Unidos, o cualquier autoridad ejercitada bajo ellos.” 28 U.S.C.A. 294, sección 225.

Y sostienen los demandantes que como “el Auditor'Insular deriva sus derechos y sus deberes como funcionario público de la Ley Jones, que es nuestra Carta Orgánica,.... la materia de costas en este caso descansa en la interpreta-ción que reciba nuestra Carta Orgánica con relación particular a las atribuciones que corresponden al Auditor Insular ’ ’ motivo'por el cual “al decidirse el asunto de costas en el pre-sente litigio, se caerá de lleno en la cuestión constitucional del abuso de facultades legales en que incurrió el mencionado funcionario constitutivo de su temeridad.”

No estamos conformes. En realidad lo que está en tela de juicio es el ejercicio de su discreción por parte de la corte sentenciadora confirmado por esta Corte Suprema, o sea, si teniendo en cuenta la actitud del Auditor interventor erró la corte al no condenarlo al pago de las costas.

La ley de costas aplicable y aplicada es un estatuto local, y se lia resuelto por la Corte de Circuito de Apelaciones del Primer Circuito, en el caso de Trujillo & Mercado v. Sucn. Rodríguez, 233 F. 208, 147 CCA 214 que “Como sucede con los estados, las decisiones de la Corte Suprema de Puerto Rico interpretando estatutos locales y concesiones serán tra-tadas como finales (controlling) cuando no envuelvan una infracción a. los derechos garantizados por la constitución o leyes federales.” Y, en substancia, en los de Henna v. Saurí & Subirá, 237 F. 145, Goffinet v. Polanco, 287 F. 29 y García v. Hernández, 270 F. 455, según aparece en 28 U.S.C.A. 361, sección 128 que “Las decisiones de la Corte Suprema de Puerto Rico sobre cuestiones de ley local no serán alteradas por la Corte Federal de Circuito a menos que no sean clara-mente erróneas.”

A la fecha en que la sentencia de que se trata fue dictada por la corte de distrito, no regía la ley de costas que invocan los demandantes o sea la núm. 69 de 1936 (pág. 395), y con arreglo a la que estaba en vigor (Mason v. White Star Bus Line, 53 D.P.R. 337) la corte sentenciadora tenía amplia dis-creción para actuar en la forma en que lo hizo (artículos 327 y 329 del Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933, Bernier v. Sucesión Honoré, 39 D.P.R. 192, Soltero v. Vélez, 52 D.P.R. 642, 646), de tal suerte que, en última instancia, lo que se pretende Someter a la decisión de la Corte de Circuito de Apelaciones por virtud del recurso interpuesto es una cues-tión que solamente envuelve el ejercicio de su discreción por parte de una corte de distrito de acuerdo con una ley local, ejercicio que esta Corte Suprema revisó y encontró que no fue en exceso de sus atribuciones. La circunstancia de que la parte que la corte estimara que no actuó temerariamente al intervenir en el pleito lo fuera un funcionario creado por una ley del Congreso, no monta a tanto, a nuestro juicio, como a convertir dicha cuestión en una que lleva consigo la interpretación de un estatuto de los Estados Unidos ni menos de su Constitución.

Siendo, en tal virtud, claro a nuestro juicio que la apela-ción interpuesta no está autorizada por la ley, debe ser dene-gada su admisión.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison

text:
    Arcadio Morales, demandante y apelante, v. Gregorio Otero, demandado y apelado.
    Núm. 7486.

    Sometido: Febrero 3, 1938.

      Resuelto: Julio 20, 1938.

      Héctor González Blanes, abogado del apelante; Dubón & Ochoteco, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

El demandante en una acción de daños y perjuicios cansa-dos al ser conducido negligentemente el autocamión del de-mandado, apela de una sentencia adversa dictada después de haber sido declarada sin lugar una moción de nonsuit.

El juez de distrito en su relación del caso y opinión dijo que no se había demostrado que el demandado estuviera en el camión al ocurrir el accidente o que el autocamión formaba parte de alguna empresa del demandado. Luego, en res-puesta a una petición para que se formulasen conclusiones adicionales, el juez dijo que: el camión que arrolló al deman-dante era en la fecha del accidente propiedad del demandado ; la negligencia del chófer del autocamión fue la única y próxima causa del accidente 'y de los daños y lesiones su-fridos por el demandante; como consecuencia próxima e in-mediata del accidente y de la negligencia del chófer, el demandante sufrió una contusión en la región pectoral con hemoptisis, una contusión en la espalda, contusión en el muslo derecho y varias erosiones en el cuerpo. El juez se negó, por falta de suficiente prueba, a concluir que el chófer del autocamión 6era empleado del demandado y actuaba dentro de la esfera de su empleo.

Oscar Morales, chófer, declaró en síntesis lo siguiente,, como testigo del demandante:

“EJ testigo conocía a Gregorio Otero y sabía a qué negocio se de-dicaba éste; Otero tenía un camión que usaba en ]a compra y venta de mieles; el número de la tablilla del camión en abril de 1935 era H — 927; en 1935 Otero usaba el camión en la compra y venta de mie-les; usaba el autocamión en ese negocio; Jiménez Figueroa era em-pleado de Gregorio Otero; era el chófer de Otero y guiaba el camión ‘Brockway’ H-927; (en la repregunta,) el interés que el testigo tenía en el caso descansaba en el hecho de que el demandante, hermano' del testigo, había sido tumbado y dejado en la carretera por Jiménez, Figueroa; el testigo compadecía a su hermano; el testigo estaba interesado en que su hermano recibiese la indemnización que pudiera otorgársele de acuerdo con la ley; el testigo era comisario del barrio-Buena Vista del municipio de Bayamón; Otero vivía en el barrio Bucarabones de la municipalidad de Toa Alta, como a siete kilóme-tros de Bayamón; en varias ocasiones- el testigo había ido a Bucara-bones a comprarle mieles a Otero; el testigo no recordaba la fecha, en 1934 y en junio de 1935; él había ido en su calidad de chófer,, empleado como conductor de un autocamión e iba uno a comprar veinte drones; el testigo iba como chófer; el testigo iba como .chófer, veinte drones de mieles; el testigo había acompañado a Ramón Figueroa y Antonio Hernández; Figueroa vivía en la calle Comerío; el testigo fué con Figueroa en junio de 1935, después del accidente; Antonio Hernández vivía en Barrio Nuevo, Bayamón; Ramón Figueroa compró veinte drones; Antonio Hernández era el dueño del camión e iba contratado a buscarlos; él no compró las mieles; el testigo era el chófer; Antonio Hernández no compró las mieles, él era el dueño del autocamión; Ramón Figueroa fué a comprar veinte drones a $3.30; Hernández era el dueño del camión, él no compró ningunas mieles; en 1934 el testigo había ido con otros ‘elementos’; Antonio Hernández era el dueño del autocamión; el testigo no había declarado anteriormente que él había ido en 1934 a comprar mieles-para Antonio Hernández y luego, en 1935, para Ramón Figueroa; el testigo no fué a comprar mieles en 1934; él era el chófer del ca-mión; fué Constantino Fernández quién compró las mieles; Fer-nández estaba en España el día del juicio; fué en septiembre de-1934 que el testigo fué como chófer de Constantino Fernández a comprar mieles; Fernández fué en varias ocasiones a comprar cinco drones, que era la capacidad del autocamión; dos o tres veces en 1934; mientras el testigo actuaba como chófer el comprador iba siem-pre con un camión y llevaba al testigo como chófer para conducir la miel; en tales ocasiones las mieles compradas por Ramón Figueroa y Constantino Fernández habían sido transportadas en un autocamión guiado por el testigo; el testigo nunca había comprado personalmente mieles a Otero; Jiménez Figueroa había sido empleado de Otero por-espacio de tres años; los compradores de las mieles se entendían con. él cuando iban a comprar; él se encargaba de las mieles, Jiménez Figueroa actuando como chófer; el día del juicio en la Corte Municipal de Toa Alta, Jiménez Figueroa había declarado que él era empleado-de Otero; el juez le había preguntado quién era el dueño del camión y él había contestado que Gregorio Otero; el testigo se había visto con Jiménez Figueroa en varias ocasiones’ antes y después del acci-dente y Jiménez Figueroa le había dicho que él era empleado de Otero; Jiménez Figueroa le había dicho eso al testigo en la Central Constancia mientras cargaba mieles en 1934-35, en noviembre ele 1934, antes del accidente, y en enero y julio de 1935 — en julio de 1935 en la Central Constancia de Toa Baja; en noviembre de 1934 el testigo le había preguntado a Jiménez Figueroa cuánto ganaba y el tes-tigo le había contestado que nueve dólares semanales; el testigo había visto a Jiménez Figueroa de nuevo en enero en la Central Juanita; el testigo no había hablado con él desde el día del juicio en la corte municipal. ’ ’

No encontramos ninguna seria discrepancia entre el testimonio de este testigo durante el examen directo y su declaración en el contrainterrogatorio. Él no dijo ni en el interrogatorio directo ni en el contrainterrogatorio que él mismo había comprado mieles a Otero e hizo constar con perfecta claridad que solamente guiaba el autocamión utilizado por Ramón Figueroa y Constantino Fernández en el transporte de las mieles compradas por ellos. Del hecho de que estos dos compradores alquilaran un camión para el transporte de las mieles compradas por ellos, no se desprende que Otero no utilizara su propio camión en la entrega de las mieles vendidas por él a otros compradores. Mucho menos implica ello que él no usaba su propio camión en su negocio de compra y venta de mieles. Las dos manifestaciones hechas durante el contrainterrogatorio al efecto de que Jiménez Figueroa estaba cargando mieles en la Central Constancia en noviembre de 1934, y que los compradores de mieles se entendían con Jiménez Figueroa, quien estaba a cargo de ellas como chófer de Otero, permanecieron intactas.

Oscar Morales era un testigo locuaz, pero él declaró tan libremente en el contrainterrogatorio como en el interrogatorio directo. Aparentemente él no le daba mucha atención a las preguntas hechas por el abogado y sus contestaciones no eran premeditadas. Sus respuestas no contestaban siempre de una manera categórica las preguntas que se le hacían. Poco antes de terminarse el contrainterrogatorio el juez le dijo al testigo que si escuchaba la pregunta con cui-dado, él vería que podía contestarla sin referirse a otros asuntos. No encontramos evidencia alguna de una evasiva deliberada. Creemos que su testimonio, en su totalidad, esta-bleció el hecho de que el eamión H-927 era usado por Otero en su negocio. Nada hay que demuestre que el camión fuera usado en ninguna otra forma por Otero o por cualquier otra persona. El caso — aún con respecto a la cuestión que estamos considerando — no depende completamente del testimonio de Oscar Morales.

El título del camión H-927 al tiempo del accidente fué establecido por una certificación expedida -por el Departa-mento del Interior. Como hemos demostrado, hubo una con-clusión específica a ese mismo efecto. Hubo una conclusión específica al efecto de que la negligencia del chófer del auto-camión fué la causa próxima del accidente y de las lesiones sufridas por el demandante. En Sánchez v. Asiatic Petroleum Co., 40 D.P.R. 104, este tribunal resolvió, según se hace constar en el sumario, que:

“Cuando negligentemente se causa daño a .una persona o a su propiedad por un vehículo de un establecimiento o empresa .... no es necesario que el perjudicado pruebe que dicho vehículo estaba manejado en ese momento por un empleado de tal establecimiento o empresa y que estaba en el cumplimiento de sus deberes como tal empleado.' ’

Véase también: Lotti v. The Charles McCormick Lumber Co., 51 D.P.R. 334.

En Guzmán v. Ortiz, 39 D.P.R. 184, 189, citamos con apro-bación el siguiente extracto de 5 Wigmore (segunda edición) pág. 502:

“(2) Cuando el daño es ocasionado por el acto torticero del conductor de un vehículo, y la persona lesionada demanda al dueño del vehículo que es una persona distinta al conductor del mismo, es ne-cesario que el demandante, para probar su caso, demuestre que el conductor del vehículo era agente del dueño y que en el momento del accidente actuaba dentro de las atribuciones de su empleo. ¿Pue-den estos dos hechos presumirse de la mera propiedad del vehículo? La respuesta debería ser afíimiativa si tomamos en eonsideraeón la facilidad relativa de la prueba entre las partes, las costumbres usua-les de los dueños de vehículos y lo conveniente que es imputar la responsabilidad de no obtener prueba a la persona que posea un aparato de valor y peligroso, y quien, por consiguiente, debe tomar precauciones especiales contra su mal uso por personas irresponsa-bles. La indiferente irresponsabilidad de los conductores de vehícu-los en general, su notorio egoísmo de monopolizar las carreteras contra los peatones, y la prevalecencia de homicidios involuntarios por las personas que conducen vehículos, quienes no dan valor alguno a las vidas de los demás en comparación con sus prppias convenien-cias, todos estos factores modernos exigen que esta regla y toda otra regla aplicable sea empleada para mejorar el grado de cuidado que debe exigiré a los dueños de vehículos.
“No obstante, las cortes han tomado puntos de vista opuestos; .algunas imponen al peatón inocente el peso de la prueba. En general las cortes son propensas a seguir una actitud poco práctica, inhumana y demasiado cautelosa.”

Esto resuelve la cuestión de si el chófer del camión en- el <caso de autos era o no un empleado del demandado y si .actuaba o no dentro de las atribuciones de su empleo.

Si el demandante en el presente caso hubiese sido arro-llado por un automóvil de turismo ocupado por la esposa e hijos del demandado, podría haber algún peso en el argu-mento del apelado al efecto de que esto, sin más, no sería suficiente para establecer el hecho de que el vehículo se estaba usando, en el negocio del demandado al ocurrir el accidente. Pero el camión del demandado no era un automóvil de tu-rismo.' No se usaba como tal al momento del accidente. Si no se estaba utilizando en el negocio del demandado, hubiera sido muy fácil para éste o para su chófer Jiménez Figueroa, ocupar la silla de los testigos y así declararlo. El hecho, cual-quiera que fuese, era uno peculiarmente dentro del conoci-miento de ambos. “La facilidad relativa de prueba entre las partes” era substancialmente la misma que hubiera sido en la cuestión de agencia o atribuciones del empleo. Del hecho de que el demandante fue arrollado por el camión del demandado en nna carretera pública, se desprende lógica-mente, a nuestro juicio, que dicho vehículo se usaba en el negocio del demandado porque de ordinario un camión se utiliza en conexión con el negocio del dueño y no para su recreo ni para que otros lo disfruten, Otras consideraciones, supra, que tienden a sostener la presunción de agencia y atribuciones del empleo, no militan en contra de la correc-ción de tal inferencia. Mas esto no es todo. El camión viajaba aparentemente desde Toa Baja, donde la Central Constancia está localizada, hacia Toa Alta, donde vive el demandado. Conducía una carga de mieles. El demandado se dedicaba al negocio de mieles. Todas estas circunstancias, con o sin el testimonio de Oscar Morales, establecieron un caso prima facie en lo que se refería a la cuestión relativa a cualquier conexión necesaria entre el camión y el negocio del demandado.

La sentencia apelada debe ser revocada y en su lugar esta corte dictará otra en favor del demandante por la suma de $495.00, con costas, sin honorarios de abogado.

El Juez Asociado Señor De Jesús no intervino.