author: El Juez PresideNte Señor del Toro,

text:
    Juan Bianchi Rosafa, demandante y apelado, v. Manuel V. Domenech, en su carácter de Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante.
    No. 6100.
    Sometido: Abril 28, 1933.

      Resuelto: Junio 26, 1934.

      Son. Procurador General Benjamin J. Horton (Charles E. Winter en el alegato) y M. Rodríguez Serra, Procurador General Auxiliar, abogados del apelante; Frank Martínez y Frank Bianchi, aboga-dos del apelado.
   El Juez PresideNte Señor del Toro,

emitió la opinión dei tribunal.

El 14 de octubre de 1930 Juan Bianchi Bosafa inició este pleito en la Corte de Distrito de Mayagüez contra Manuel Y. Domenech, Tesorero de Puerto Bico, reclamando la devo-lución de $8,251.03 pagados por contribución sobre ingresos bajo protesta, intereses v costas.

Exeepcionó la demanda el demandado por no aducir hechos suficientes y luego la contestó admitiendo algunos de sus he-chos, negando otros y alegando algunas defensas especiales.

Luego ambas partes se pusieron de acuerdo y sometieron a la corte de distrito la siguiente estipulación sobre los hechos:

“1ro. — El demandante, Juan Bianchi Rosafa, es mayor de edad y vecino de Mayagüez, P. R., y el demandado, Manuel Y. Domenech, es mayor de edad y desempeña actualmente el cargo de Tesorero de Puerto Rico.
“2do. — La planilla No. 8 corresponde al año contributivo 1917, a virtud de la Ley Federal de septiembre 8 de 1916 enmendada en octubre 3 de 1917.
. “3ro. — Dicha planilla fue firmada por el demandante ante un Inspector del Departamento de Hacienda el 5 de mayo de 1920.
“4to. — La planilla fué radicada en el Departamento de Hacienda de Puerto Rico el 5 de mayo de 1920.
“Dicha planilla fué una planilla adicional que preparó el Inspector del Departamento de Hacienda, Sr. Roig, de acuerdo con los datos que había obtenido en una investigación practicada por orden del Tesorero de Puerto Rico, de las operaciones de la firma denomi-nada Sucrs. de Bianchi, a la que pertenecía el demandante como so-cio; y dicha planilla fué firmada bajo juramento por el propio con-tribuyente ante el Inspector Sr. Roig al serle por él presentada para consideración. La planilla original rendida a. nombre del contribu-yente por su apoderado don Enrique O. Green, fué radicada en el Departamento de Hacienda el 30 de mayo de 1918; la planilla sus-crita por el Sr. Green a nombre del contribuyente demandante no ex-presaba todos los beneficios que dicho contribuyente había recibido durante el año 1917 de la firma Sucrs. de Bianchi, a la cual perte-necía el demandante.
“5to. — En junio 10 de 1922, de acuerdo con dicha planilla adi-cional, el Tesorero de Puerto Rico impuso al demandante por con-cepto de contribuciones sobre ingresos, a virtud de la mencionada Ley Federal de septiembre 8 de 1916 y enmendada en octubre 3 de 1917, la cantidad de $4,067.22; esta suma representa la contribución impuesta sobre dicha planilla adicional menos el importe de la con-tribución pagada por la planilla original, que fué la única que el contribuyente demandante había rendido para aquel año, y que mon-taba a $350.14, por la que se expidió el recibo No. 6.
“ 6to. — Durante todo el tiempo desde que dicha planilla fué ra-dicada en el Departamento de Hacienda hasta el 17 de septiembre de 1930, el demandante no ha pagado ni al Tesorero de Puerto Rico ni a ningún oficial o empleado del Departamento de Hacienda la can-tidad que se reclama en la demanda.
“7mo. — El Sr. Enrique O. Green, actuando en representación del contribuyente, rindió la declaración de ingresos, planilla No. 8 co-rrespondiente al año natural terminado el 31 de 'diciembre de 1917. En virtud de dicha declaración de ingresos se impuso al deman-dante una contribución de $350.14 y se le expidió el recibo No. 6. Esta contribución le fué notificada y se le í’equirió de pago el día 29 de mayo de 1918.
“8vo. — Habiendo radicado la firma Sucrs. de Bianchi una pla-nilla en la que se declaraban beneficios, el Departamento de Hacienda acordó practicar una investigación de las operaciones de ia firma Sucrs. de Bianchi, de la cual era socio el demandante. Uno de los Inspectores del Departamento de Hacienda, Sr. Roig, preparó, como resultado de esa investigación, una planilla adicional a nom-bre del demandante, en la cual se incluyeron los ingresos que ori-ginalmente liabían sido declarados en la planilla rendida por el Sr. Green a nombre del demandante, y además, otros beneficios que había omitido declarar y que le correspondieron en la repartición de beneficios o utilidades que hizo entre sus socios la mencionada firma Suers, de Bianchi, correspondiente al año 1917; cuyos bene-ficios no declarados previamente importaban la suma de $86,795.88. Se impuso entonces al demandante contribuyente una contribución de $4,417.36; se le acreditó a esta suma lo pagado por el recibo original No. 6 ó sea $350,14,. quedando un saldo a favor del Tesoro de $4,067.22, que es la suma reclamada en la demanda:
“9no. — La referida planilla adicional que preparó de oficio el Inspector Sr. Roig, y en la que constaban los beneficios no decla-x-ados previamente, fue suscrita y jurada voluntariamente y sin pro-testa por el propio demandante.
“lOmo. — Esta contribución fue notificada al demandante el día 10 de julio de 1922. El día 26 del mismo mes y año el deman-dante utilizó los servicios profesionales del Ledo. Sr. Ortiz Alibrán para obtener que el Tesorero de Puerto Rico cancelase el recibo No. 6 A por la suma de $4,067.22, alegando la prescripción del derecho para imponer y recaudar dicha contribución después de transcurri-dos los 3 años que señala la sección 9 A-l de la Ley Federal de septiembre 8 de 1916, enmendada en octubre 3 de 1917. La solici-tud presentada a nombre del contribuyente por el Ledo. Ortiz Ali-brán fué denegada y el 4 de agosto de 1922 se notificó al contri-buyente de tal resolución por el Colector de Rentas Internas de Mayagüez, quien le requirió el pago de las contribuciones, infor-mándole que utilizaría la vía de apremio. Se informó al Ledo. Ortiz Alibrán, el día 8 de agosto de 1922, que la cancelación del re-cibo solicitado había sido negada porque sólo habían transcurrido 2 años y 1 mes desdo el 5 de mayo de 1920, en que se radicó la pla-nilla adicional, hasta la fecha de la notificación, julio 10, 1922.
“limo.- — El contribuyente posteriormente utilizó los servicios o gestiones del Sr. Guillermo Cabrera para recabar del Tesorero de Puerto Rico la suspensión del cobro del recibo No. 6 A,, a lo que accedió el entonces Tesorero de Puerto Rico ordenando por telégrafo al Colector de Rentas Internas de Mayagüez suspender el cobro por 30 días a partir desde octubre 20, 1922. Vencida esa prórroga el demandante hizo nuevas gestiones para que se pospusiera el cobro valiéndose de los servicios del Ledo. Cayetano Coll y Cuchí, quien a nombre del contribuyente solicitó del Departamento de Hacienda, en abril de 1923, una investigación, o que en su defecto se some-tiera todo el caso para la resolución por la Junta de Revisión e Igualamiento. Se accedió por el Tesorero de Puerto Rico a la sus-pensión del cobro y se acordó practicar la comprobación de la pla-nilla en la investigación solicitada por el Ledo. Coll y Cuchí, de lo cual se informó al 'Colector de Rentas Internas de Mayagiiez el 13 de abril de 1923. En esta fecha ya el Colector había dado co-mienzo a las diligencias de embargo de bienes del demandante con-tribuyente.
“12. — -El día 13 de octubre de 1933 los Inspectores del Depar-tamento de Hacienda que habían sido comisionados para la inves-tigación solicitada por el Ledo. Coll y Cuchí a nombre del contri-buyente, avisaron que no habían podido practicarla porque el con-tribuyente les informó de que los libros de la Sociedad Sucrs. de Bianchi habían sido destruidos en el Terremoto de 1918.
“13.- — El 24 de septiembre de 1925 el Tesorero de Puerto Rico decretó a instancias del contribuyente la posposición de la subasta de los bienes embargados del contribuyente que estaba señalada para el día 8 de octubre de 1925.
“14. — En julio de 1927 el demandante interpuso recurso de al-zada ante la Junta de Revisión e Igualamiento, alegando en diebo recurso que la contribución sobre ingresos impuesta al contribuyente demandante estaba prescrita de acuerdo con la Ley.
“15. — En marzo 11 de 1930 el Secretario de la Junta de Revi-sión e Igualamiento notificó al demandante que no se le podía dar curso a dicha alzada por haber sido radicada fuera de tiempo.
“16. — En junio de 1930 el Tesorero de Puerto Rico embargó a nombre de El Pueblo de Puerto Rico bienes inmuebles del deman-dante, los cuales hubieran sido vendidos, dentro del curso de la ley, en pública Subasta si la contribución impuesta no era satisfecha por el demandante; el demandante pagó bajo protesta para evitar la venta de los bienes 'en pública subasta.”

Y poco después le sometieron la siguiente estipulación adicional :

“1. — Que en septiembre 23 de 1930 el demandante debidamente radicó (filed) en la Tesorería de Puerto Rico, una petición de rein-tegro (refund) por la suma de $8,251.03, importe de la contribu-ción impuesta, más los intereses y recargos, cuya petición de rein-tegro fué denegada por el Tesorero de Puerto Rico.
“2. — Qtie el demandante radicó (filed) en apelación dicha re-clamación de reintegro ante la Junta de Revisión e Igualamiento, la cual también la denegó.
“3.- — Que el demandante radicó ante esta Corte la demanda en el caso de epígrafe dentro del período que marca la ley sobre de-volución de contribuciones pagadas bajo protesta.”

El 25 de abril de 1932 la corte de distrito resolvió el caso declarando qne los hechos y la ley estaban a favor del deman-dante y dictando sentencia concediendo lo reclamado en la demanda. No.consta que emitiera opinión para fundar su fallo.

No conforme el demandado, interpuso el presente recurso de apelación, señalando como único error el cometido a su juicio por la corte de distrito al decidir que los hechos y la ley estaban a favor del demandante y al declarar en su con-secuencia la demanda con lugar.

Como puede verse, no hay cuestión sobre lo correcto de la contribución. Según se hizo constar expresamente en la estipulación, en la planilla adicional de que se trata cons-taban los beneficios no declarados previamente, la planilla fué suscrita y jurada voluntariamente y sin protesta por el propio demandante y la contribución cobrada por el Tesorero representa la contribibdón impuesta sobre dicha planilla adi-cional menos el importe de- la contribución pagada por la planilla original. Todas las cuestiones que se levantaron por el contribuyente primero ante el propio Tesorero, después ante la Junta de Revisión e Igualamiento y por último ante la corte de distrito, fueron cuestiones de prescripción. En tal virtud, si la acción del Pueblo había prescrito al tiempo en que las contribuciones se pagaron bajo protesta, nada más habría que indagar para confirmar la sentencia apelada. Si no había prescrito, debe decretarse su revocación, declarán-dose en tal caso la demanda sin lugar.

Examinemos en primer término si el 10 de julio de 1922, día en que según la estipulación se notificó al contribuyente la contribución impuéstale de acuerdo con la planilla adicional, había o no prescrito el derecho para imponer y recandar dicha contribución, como sostuvo el contribuyente ante el Tesorero por medio de su abogado Sr. Ortiz Alibrán.

El caso se rige por la Ley Federal sobre Contribuciones sobre Ingresos de septiembre 8, 1916, hecha extensiva a Puerto Rico por su sección 28. Lo pertinente de la sección 9 de dicha Ley, que es la aplicable, prescribe:

“Sección 9. (a) Que toda tasación será hecha por el Comisio-nado de Rentas Internas y en primero de junio de cada año o antes se informará a toda persona la suma de que es responsable respec-tivamente, y dichas sumas serán pagadas el 15 de junio o antes, excepto cuando hubiere una negativa o no se hubiesen radicado las planillas así como cuando se archivaren planillas erróneas, falsas o fraudulentas, en cuyos casos el Comisionado de Rentas Internas, al enterarse de ello, en cualquier momento dentro de' un período de tres años a partir del vencimiento de la planilla o de la fecha en que la misma se radique, preparará una planilla con la información obtenida en la forma que se dispone en este título o de conformidad con la ley existente o exigirá que se hagan las correcciones nécésa-rias, y la tasación hecha por el Comisionado de Rentas Internas será pagada por tal persona o personas inmediatamente que sea notifi-cada del importe de tal tasación; ...”

Los ingresos del contribuyente en este caso lo fueron por el año natural de 1917. La contribución debió imponerse y notificarse al contribuyente en o antes del primero de junio de 1918, y así se hizo, pagándose por él de acuerdo con la notificación la suma de $350.14; pero como se encontrára a virtud de una investigación practicada al efecto que la pla-nilla rendida por el contribuyente en mayo de 1918 era por lo menos errónea ya que no contenía todos los beneficios por él recibidos, un inspector del Departamento de Hacienda pre-paró la planilla adicional de que habla la estipulación y la sometió al contribuyente que la aceptó y firmó .voluntaria-mente, radicándose en Tesorería el 5 de mayo de 1920, dentro del término de tres años que fija el estatuto.

Una vez rendida la planilla bajo esas condiciones, la ley prescribe que la contribución impuesta por el Tesorero será pagada por el contribuyente inmediatamente que se le noti-fique de ello, pero no fija al Tesorero el término dentro del cual debe calcular la contribución y notificarla.

Es, pues, claro que en julio 10, 1922, cuando el contribu-yente fué notificado de la contribución impuéstale de acuerdo con la planilla adicional, no pudo alegarse con éxito cuestión alguna de prescripción y al resolverlo así el Tesorero en agosto de 1922 actuó de acuerdo con los hechos y la ley.

Hemos querido estudiar separadamente este primer as-pecto del caso y resolverlo por sus méritos para ser más exactos aunque al parecer fué abandonado por el propio con-tribuyente al recurrir ante los tribunales de justicia. En su alegato el contribuyente dice:

•‘La teoría .de nuestro caso es la siguiente: El demandante ra dicó su planilla original en mayo, 1918. Basado en esta planilla hubo una imposición y cobro dentro del período de cinco años que establecía la Ley de 1921 (Act of 1921). Eu julio, 1922, hubo una imposición adicional sobre ing'resos del mismo año (1917). Esta im-posición adicional, al igual que la original, fué hecha de acuerdo con los términos de la dicha Ley. Pero esta contribución adicional, si bien debidamente impuesta, no fué debidamente recaudada (como lo había sido la original) dentro del período de cinco años especifi-cado por la Ley de 1921, toda vez que cualquier imposición de con-tribución por concepto de ingresos de 1917 tenía que ser recaudada dentro de los cinco años después de la planilla original haber sido radicada. Los hechos demuestran que la planilla original fué radi-cada en mayo, 1918, y la contribución adicional fué recaudada .-n septiembre 17, 1930, o sea, doce años después.
“La Ley que controla nuestro caso es la Ley de 1921. Cuando la Ley de 1924 (Act of 1924) empezó a regir ya había prescrito el término dentro del cual se podía recaudar la contribución adicional impuesta. Toda vez que la planilla original se radicó en mayo, 1918, el período para recaudar la contribución adicional terminó en mayo de 1923.”

Y antes había dicho:

“Con anterioridad al año 1918, no existía, en cuanto a contri-buciones sobre ingresos, ninguna ley que prescribiera la prescrip-ción, es decir, el período de tiempo dentro del cual tuviese el Gobierno que imponer y cobrar las contribuciones. La Ley sobre Contribu-ciones de 1918 (Act of 1918) fué la primera ley que fijó un período de tiempo específico dentro del cual se tenía que hacer el cobro (collection). Fijó cinco años que empezaban a contarse (begem to run) desde la fecha en que la planilla era o debía haber sido radicada (was clue or toas made) — sección 250 (d) de dicha Ley. La Ley de 1921 fijó el mismo período de prescripción (period of limitation), a contar desde el día en que la planilla era radicada (filed). Esta Ley hacía extensivo y aplicable dicho período de prescripción a la recaudación de ingresos no solamente impuestos por dicha Ley, sino que también prohibía la recaudación de ingresos que hubiesen sido impuestos en virtud de cualesquiera de las Leyes anteriores sobre ingresos, cinco años después de la planilla haber sido radicada (filing of the return). Véase el ‘1921 Act/ sección 250 (d).
“Copiamos de Klein’s ‘Federal Income Taxation/ par. 42:8 (a). página 1490:
“ ‘The 1918 Act was the first to impose a specific period of limitation upon collection. It fixed a five-year period which began to run from the date when the return “was due or was made.” The 1921 Act fixed the same period of limitation to commence with the filing of the return; it applied to the collection not only of taxes-imposed by that Act but likewise to taxes imposed by all prior Acts . . .’
“De manera que la Ley de 1921 (Act of ISM) hizo extensivo y aplicable a la Ley de 1917 (Act of 1&1V) el período de prescrip-ción en cuanto a la recaudación de contribuciones impuestas a vir-tud de dicha Ley de 1917, de modo que el Gobierno solamente po-día cobrar las contribuciones dentro de los cinco años siguientes a la radicación de la planilla. Aplicando este principio a los hechos del presente caso, nos encontramos con que, como el demandante ha-bía radicado su planilla en mayo de 1918, el Tesorero sólo tenía hasta mayo de 1923 para cobrar las contribuciones. Un cobro des-pués de esta fecha era ilegal.”

A su vez en su alegato el gobierno sostiene:

“La Ley Federal de 1918, no se aplicó a Puerto Rico; sólo se aplicó a Puerto Rico la de 1916, enmendada por la Ley de octubre 3 de 1917.
“Posteriormente la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, ha-ciendo uso de la autoridad de que estaba investida, derogó la Ley Federal y decretó las distintas leyes insulares sobre contribuciones de ingresos: la No. 59 de 1917, la No. 80 de 1919, la No. 43 de 1921 y la No. 74 de 1925.”

No es importante resolver si es la ley insular o la federal lá aplicable para decidir la cuestión de prescripción suscitada, porque ambas son prácticamente iguales sobre el particular. Conocemos la ley federal invocada por el contribuyente. La insular a su vez prescribe:

“Sección 56. — Cualquier contribución imponible de acuerdo con las disposiciones de esta Ley podrá ser computada e impuesta por el Tesorero dentro de cinco años después de la fecha en que se rin-dió o debió rendirse la declaración, y no se iniciará ningún proce-dimiento para el cobro de la referida contribución después de expi-rados los cinco años.
“En el caso de que con el fin de evadir el pago de la contri-bución no se rinda la correspondiente declaración de ingresos, y en el caso de declaraciones falsas, el importe de la contribución impo-nible, podrá ser determinado y cobrada aquélla en cualquier tiempo, sin limitación alguna.” Ley No. 80 de 1919, Leyes de 1919, p. 663.

Si las únicas fechas que pudieran tomarse en considera-ción fueran las en que basa su argumentación el contribuyente, a saber: mayo de 1918 en que se rindió la planilla original, julio de 1922 en que se impuso la contribución adicional y septiembre de 1930 en que tuvieron lugar los procedimientos que dieron lugar al pago bajo protesta, habría que reconocer que tenía plena razón al sostener que había prescrito la acción del Pueblo para hacer efectiva la contribución.

Pero hay otras fechas a considerar. De la estipulación resulta que impuesta la contribución adicional y notificada al contribuyente en julio 10, 1922, dentro del período de cinco años contados a partir de mayo, 1918, y desestimadas las reclamaciones administrativas del contribuyente, no sólo se le notificó y requirió nuevamente de pago si que se inició el procedimiento de apremio para el cobro antes de que tal período de cinco años transcurriera. Textualmente volvemos a copiar de la estipulación (bastardillas nuestras):

“limo. — El contrilmyente posteriormente utilizó los servicios o gestiones del Sr. Guillermo Cabrera para recabar del Tesorero de Puerto Rico la suspensión del cobro del recibo No. 6 A, a lo que accedió el entonces Tesorero de Puerto Rico ordenando por telé-grafo al colector de rentas internas de Mayagüez suspender el cobro por 30 días a partir desde octubre 20, 1922. Yencida esa prórroga el demandante hizo nuevas gestiones para que se pospusiera el co-bro valiéndose de los servicios del Ledo. Cayetano Coll y Cuchí, quien a nombre del contribuyente solicitó del Departamento de Hacienda, en abril de 1923, una investigación, o que en su defecto se sometiera todo el caso para la resolución por la Junta de Revisión e Igualamiento. Se accedió por el Tesorero de Puerto Rico a la suspensión del cobro y se acordó practicar la comprobación de la planilla en la investigación solicitada por el Ledo. 'C'oll y Cuchí, de lo cual se informó al Colector de Rentas Internas de Mayagüez el 13 de abril de 1923. En esta fecha ya el Colector hdbia dado comienzo a las diligencias de embargo de bienes del demandante contribuyente

Sabemos por la estipulación que la nueva investigación solicitada por el contribuyente por medio de su abogado Coll y Cucbí no pudo practicarse por haberse informado por el propio contribuyente que los libros de la Sociedad Sucesores de Biancbi habían sido destruidos por el Terremoto de 1918, y sabemos también por ella que continuando en el procedi-miento de apremio se señaló la subasta de los bienes embar-gados al contribuyente para el 8 de octubre de 1925; que esa subasta fué suspendida a instancias del contribuyente; que éste, en julio de 1927, interpuso recurso de alzada para ante la Junta de Revisión e Igualamiento, insistiendo en que la contribución estaba prescrita, decidiéndose el recurso en contra suya, procediéndose entonces por el Tesorero en junio de 1930 no a iniciar sino a continuar los procedimientos para el cobro de la contribución por la vía administrativa.

Lo que la ley requiere es que se inicie el procedimiento de apremio o se recurra a la vía judicial dentro del período de cinco años y aquí se reconoce que el procedimiento de apremio estaba iniciado a más tardar a la fecha del 13 de abril de 1923 cuando no habían transcurrido cinco años con-tados a partir de mayo de 1918.

Es cierto que el procedimiento fué suspendido, pero lo fué a instancias del contribuyente y a los efectos de practicar una nueva investigación qne no pudo llevarse a efecto porque el mismo contribuyente no pudo aportar la base necesaria para ello, sus libros de contabilidad.

El término de prescripción quedó así interrumpido y otra vez antes de transcurrir cinco años contados a partir de la interrupción se continuó el procedimiento de apremio, seña-lándose la subasta de bienes del contribuyente para el 8 de octubre de 1925, subasta que también se suspendió a instan-cias del contribuyente, que acudió entonces a la Junta de Revisión e Igualamiento que resolvió su caso en contra suya en 1930 y fué en junio de ese año cuando aún no habían trans-currido cinco contados a partir de la última interrupción, que el Tesorero insistió en el cobro y el contribuyente pagó bajo protesta.

Hemos examinado la jurisprudencia- que invoca el con-tribuyente en su alegato y a nuestro juicio no se opone, si que más bien sostiene la interpretación que hemos dado a la ley aplicada a los hechos de este caso, como veremos en seguida.

Entre los casos citados hay dos de la Corte Suprema nacional, el de Bowers v. N. Y. & Albany Co., 273 U. S. 346 y el de Russell et al v. United States, 278 U. S. 181.

En el primero dijo la corte:

"La cuestión a resolver es ésta: Cuando, de conformidad con las leyes de contribuciones vigentes con anterioridad a la Ley de Rentas Internas de 1921, las contribuciones sobre ingresos y por uti-lidades en exceso fueron fijadas dentro de los cinco años de archi-vada la planilla ¿impide el artículo 250 (d¡) de cea Ley el cobro cíe las mismas mediante un procedimiento de apremio iniciado des-pués de haber expirado el período de cinco años*?
"Aquella parte del inciso que tiene relación con el presente caso se publica al m,argén. La cláusula en controversia lee así: ‘No se iniciará ningún pleito o procedimiento para el cobro de tales con-tribuciones después de haber transcurrido cinco años a partir de la fecha en que se radicó la planilla.’ El peticionario- insiste en que la palabra ‘procedimiento’ se refiere tan sólo a un procedimiento ante una corte y que significa, lo mism/o que ‘pleito’; y que la ley no fija limitación alguna para el cobro de dichas contribuciones me-diante apremio.
“Hay dos maneras de exigir el pago. Una es mediante un pleito-, o sea, a virtud de un procedimiento judicial; la otra es el apremio, un procedimiento administrativo. La palabra ‘procedi-miento,’ se usa adecuada y corrientemente para incluir aquellos pa-sos dados en el curso de uno u otro. Nada bay en la fraseología o en el contexto que indique una intención de restringir su signifi-cado, o de usar las palabras ‘pleito’ y ‘procedimiento’ como sinó-nimas.
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“La palabra ‘procedimientos’ es usada acertadamente para des-cribir los pasos que hay que dar para el apremio y venta de bienes con el propósito de exigir el pago de contribuciones. Véanse Parker v. Rule’s Lessee, 9 Craneh 64, 70; Murray’s Lessee v. Hoboken Land and Improvement Co., 18 How. 272; Sheridan v. Allen, 153 Fed. 568. Of. Scottish Union & Nat. Ins. Co. v. Bowland, 196 U. S. 611, 632, 633; Hale v. Henkel, 201 IT. S. 43, 66. Posteriormente en (-.1 'neiso (ff) del artículo 250, se usa la palabra ‘procedimientos’ en su sentido lato para significar los pasos que hay que dar a fin de cobrar las contribuciones. Evidentemente, su significado allí no está limitado al cobro mediante un pleito. Y en otras partes de las le-yes de rentas internas, aprobadas antes de que surgiera esta con-troversia se usa esa palabra para describir los pasos que hay que dar con el propósito de sujetar al procedimiento de apremio y vender bienes muebles y para incautarse y enajenar bienes inmuebles para el cobro de contribuciones. Véanse Estatutos Revisados, sec-ciones 3194, 3199, 3200, 3203, y las notas a los artículos 3190 y 3197. El artículo 250 (d) de la Ley de 1921, y estas secciones de 1osü Estatutos Revisados se refieren a la misma m'ateria y deben ser interpretados conjuntamente.
“Es claro que el significado de la palabra ‘procedimiento,’ tal cual ha sido usada en la cláusula que fija el período prescriptive en el artículo 250 (d) de la Ley de Rentas Internas de 1921, no puede limitarse a los pasos dados en un litigio; incluye igualmente los pasos dados para el cobro de contribuciones mediante el proce-dimiento de apremio.”

Y en el segundo resolvió:

“La Ley de Rentas Internas de 1921 limitaba el término dentro del cual podían tasarse las contribuciones sobre ingresos y utilida-des impuestas por la Ley de 1918, y dentro del cual podía incoarse la acción en cobro de las mismas, a cinco años contados a partir de la radicación de la planilla. La sección 277 de la Ley de Rentas Internas de 1924 conserva generalmente el mismo límite de tiempo, pero cuando la tasación se hace dentro del período de tiempo pres-crito, la sección 278 autoriza la iniciación del pleito dentro de seis años contados a partir de la tasación, declarando, sin embargo, esta última sección que la misma no autoriza que se promueva un pleito ya prescrito por la legislación existente, ni 'afecta ninguna tasa-ción’. hecha con anterioridad a la fecha de la Ley. Se resolvió, to-mando en consideración estos y otros factores de la Ley de 1924, que la disposición que extendía el término para iniciar los pleitos debía interpretarse progresivamente y en el sentido de que se re-fería solamente a tasaciones hechas después de aprobada la Ley.”

Ambos casos fueron citados y aplicados por esta Corte Suprema en el de Pueblo v. Sucn. Serralles, 40 D.P.R. 228, en el que se resolvió, copiando del resumen:

"Cuando de la demanda en cobro de contribuciones se infiere que se rindió la declaración de ingresos con más de cinco años ele an-terioridad a la fecha de la demanda y que se pagó contribución conforme a la liquidación del Departamento de Hacienda y no se alega falsedad o fraude en la declaración de ingreso, la acción está prescrita bajo la Sección 56 de la Ley No. 80 de 1919 (Leyes de 1919, p. 663).'”

Los otros casos que se citan proceden de cortes federales, de distrito o de circuito. En el de Thornhill Wagon Co. v. Noel, 17 F. (2d) 407, 409, se dijo en el curso de la opinión:

• • si interpreto correctamente la conclusión allí enunciada, ésta parece haber sido contestada afirmativamente por la Corté1 de Circuito de Apelaciones del Segundo Circuito en el caso de New York Lighterage Co. v. Bowers, 10 F. (2d) 1017 (s. c. [D. C] 4 F. (2d) 604), pues allí aparentemente se resolvió que de conformi-dad con la sección 250 (d) de la Ley de Rentas Internas de 1921 (Estatutos Revisados, sección 6336 1/8 tt) que fijaba un período prescriptivo de cinco años, no podía iniciarse legalmente un proce-dimiento de apremio después de transcurrido diclw período de cinco años, y un pago efectuado por un contribuyente como resultado de tal procedimiento equivalía a un pago obtenido mediante coerción, y la suma así pagada podía ser recobrada en un procedimiento en ley.”

Y en el de Citizens’ Bank of Lafourche v. Miller-Link Lumber Co., 16 F. (2d) 163, 164, la corte se expresó así:

“ ‘El primer paso dado por el gobierno en esta intervención o procedimiento para cobrar las contribuciones fue en julio 5, 1923 cuando el colector radicó una prueba de reclamación ante esta corte, solicitando el pago de contribuciones adicionales por la suma de $2,815.07, una penalidad del cinco por ciento ascendente a $140.07 e intereses al tipo del uno por ciento mensual desde marzo 27, 1923.’
“Se libró un mandamiento de apremio en fecha incierta, que para los fines de este caso se admite fué anterior al 12 de abril de 1923. Los síndicos suscitan entre otras la proposición de que esta intervención ha prescrito de conformidad con la limitación estatu-taria de cinco años, toda vez que la misma no fué iniciada hasta el 5 de julio de 1923, o sea, más de cinco años después de radicarse la planilla en 12 de abril de 1918.
“La contención del gobierno en respuesta es que esta interven-ción, que consiste en la radicación de prueba de su reclamación y en la súplica de que la misma sea concedida como una reclamación preferente, no es un pleito o procedimiento dentro del significado de tales palabras conforme las mismas son usadas en el estatuto— en el cual sólo se hace referencia a ‘procedimientos judiciales.’
“La sección 250 (d) de la Ley de Rentas Internas de 1921 pro-vee, bajo las disposiciones en que ha de resolverse la controversia aquí envuelta, lo siguiente:
“ ‘No se promoverá ningún pleito o procedimiento en cobro de contribuciones adeudadas bajo esta ley o bajo cualesquiera leyes de contribuciones, de utilidades en exceso o de utilidades de guerra, . . . después de transcurridos cinco años contados a partir de la fecha en que se radicó tal planilla.’ Estatutos Compilados, sección 6336 1/8 tt (d).
“La reclamación aquí interpuesta ha sido hecha contra los sín-dicos de la Miller-Link Lumber Co. Siendo el activo de esa firma administrado por esta corte, las intervenciones o reclamaciones ar-chivadas en la formía en que ésta fué presentada, constituyen la única forma en que, bajo las circunstancias, pueden ser concedidas o pagadas contra la Miller-Link Lumber Co. Es impertinente el calificativo que se le dé al procedimiento. En su análisis final el esfuerzo aquí hecho se dirige a obtener una orden de esta corte con el objeto de que la reclamación sea concedida y que se ordene a los síndicos que la paguen con preferencia a. otras reclamaciones. Necesariamente es un ‘procedimiento en corte’ y a mi juicio es' el único procedimiento que podría seguirse para lograr los resultados deseados.
“El contexto del estatuto en mi opinión me parece concluyente en relación con la cuestión aquí envuelta. La ley que crea e] dere-cho a cobrar las contribuciones, por su propia fraseología provee que no se iniciará ningún pleito o procedimiento en cobro de las mismas luego de expirado un período de cinco años contado a par-tir de la fecha en que se radicó la planilla. Transcurrido dicho tér-mino la reclamjación ha quedado extinguida para todo fin o propó-sito. La política del gobierno es que expirado dicho período de tiempo las reclamaciones sean incobrables por la vía judicial. Esta interpretación, según los casos que se me han citado y de acuerdo con mi propia investigación, ha sido sostenida por todas las cortes ante las cuales se ha presentado la cuestión. Du Pont v. Graham (C. D.) 283 F. 300; Seaman v. Bowers (C. C. A.) 297 F. 371; New York & Albany Lighterage Co. v. Bowers (D. C.) 4 F. (2d) 604.
“No habiendo cuestión alguna relativa a haberse presentado pla-nillas falsas o fraudulentas y siendo incontrovertido que la inter-vención fue archivada más de cinco años después de haberse radi-cado la planilla, soy del criterio de que la rcclamiación debe ser de-negada. Así se ordena.”

En igual sentido se manifiestan los otros casos citados, la mayor parte de los cuales consagra el principio establecido por la Corte Suprema nacional en el de Bussell, supra, apli-cado por esta Corte Suprema de Puerto Eico en el de Sucn. Serrallés, supra, acerca de que el término más extenso de prescripción fijado por leyes posteriores debe aplicarse a transacciones hechas después de aprobadas dichas leyes.

De acuerdo, pues, con la ley y la jurisprudencia, el cobro de la contribución de que aquí se trata bien por la vía de apremio, ya por la judicial, debió iniciarse dentro de un período de cinco años y lo que resolvemos es que tomados en consideración los hechos del caso, el procedimiento para el cobro de la contribución por la -vía de apremio no se inició en junio de 1930' como sostiene el contribuyente, sino en abril de 1923, o sea, dentro del término de cinco años, bien se cuente dicho término a partir de mayo, 1918, en que se rindió la planilla original por el contribuyente, ya a partir de mayo, 1920, en que el contribuyente firmó sin reparo alguno, volun-tariamente, la planilla adicional preparada a. virtud de la investigación que practicara el Tesorero dentro del término de tres años autorizado por la ley.

Para llegar a esas conclusiones no fiemos tenido que aplicar, pues, ninguna ley posterior, y fiemos partido de la base de que no surge de la estipulación cuestión alguna de falsedad o fraude.

Debe revocarse la sentencia recurrida y en su lugar dic-tarse otra declarando la demanda sin lugar, sin especial con-denación de costas.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor del Toro,

license: Public Domain

text:
    Francisco Bianchi Rosafa, demandante y apelado, v. Manuel V. Domenech, en su carácter de Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante.
    No. 6101.
    Sometido: Abril 28, 1933.

      Resuelto: Junio 26, 1934.

      Hon. Procurador General Benjamin J. Horton (Charles E. Winter en el alegato) y M. Rodríguez Berra, Procurador General Au-xiliar, abogados del apelante; Frank Martínez j Frank Bianchi, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Este caso gnarda estrecha relación con el recurso No. 6100, Juan Bianchi Rosafa v. Manuel V. Domenech, Tesorero de Puerto Rico, que acabamos de resolver. Se tramitó, sin embargo, separadamente y de igual modo lo estudiaremos y resolveremos.

En la demanda se pide la devolución de $8,345.92 pagados bajo protesta por el demandante por contribución sobre ingresos impuéstale por el Tesorero de acuerdo con una planilla adicional rendida en mayo 5, 1920 como consecuencia de una investigación practicada por el Tesorero y que comprende los ingresos no declarados originalmente correspondientes al año natural de 1917.

El hecho XII de la demanda dice:

“XII. Alega el demandante que la contribución así impuesta y cobrada (collected) a dicho demandante, es errónea e ilegal y la misma ha prescrito y es inexistente por las siguientes razones:
“1. — Que han pasado más de cinco (5) años, a saber, diez años, desde que la planilla fue radicada por el demandante en el De-partamento de Hacienda de Puerto Rico, hasta la fecha en que dicho Departamento de Hacienda de Puerto Rico cobró (collected) del demandante dicha contribución.
“2. — Que han pasado más de seis (6) años — a saber — ocho años, desde que la contribución fué impuesta al demandante por el De-partamento de Hacienda de Puerto Rico, hasta la fecha en que dicho Departamento de Hacienda de Puerto Rico cobró (collected) del demandante dicha contribución.
“3. — Que de acuerdo con las Leyes Federales, bajo las cuales se impuso esta contribución al demandante, la misma está prescrita y es inexistente.
“í. — Que de acuerdo con la Ley Federal en virtud de la cual se impuso la contribución al demandante, dicha contribución quedó prescrita e inexistente a los efectos de su cobro, a los cinco años de la planilla haber sido radicada por el demandante, es decir, en mayo 5 de 1925.
“5. — Que de acuerdo con las Leyes Federales y la jurisprudencia que interpreta la misma, la contribución sobre ingresos impuesta al demandante no podría ser legalmente cobrada (collected) por el Tesorero de Puerto Rico en septiembre 17 de 1930, y el pago bajo protesta becho por dicbo demandante en la mencionada fecha es considerado un pago bajo compulsión (duress) y puede ser recobrado mediante un procedimiento judicial.
“6. — Que de acuerdo con nuestra propia ley, las contribuciones sobre ingresos deben ser impuestas (assessed) y cobradas (collected) dentro de los cinco (5) años después de radicarse la planilla a que las mism,as se refieren, y las contribuciones no pueden ser cobradas (collected) después de vencido dicho período.
“7. — Que nuestra ley prescribe que las contribuciones sobre in-gresos sólo podrán ser cobradas mediante embargo o cualquier pro-cedimiento judicial dentro de los seis años después de impuestas (assessed) dichas contribuciones.
“8. — Que tanto bajo las Leyes Federales (que son las que rigen en nuestro caso) como bajo nuestra propia ley, la contribución so-bre ingresos fué cobrada (collected) del demandante errónea e ile-galmente, por la mlisma haber prescrito y estar inexistente.”

Excepcionó y contestó el demandado. En la contestación se aceptan algunos hechos, se niegan otros y se establecen defensas especiales. El hecho 7o. de las defensas especiales dice:

‘‘7mo. — El demandado alega que la alegación de prescripción con-tenida en la demanda no debe prosperar por las siguientes razones:
“a. — Porque la planilla original rendida no era correcta ni ajus-tada a la verdad porque no incluía todos los ingresos recibidos por el contribuyente durante el año contributivo correspondiente.
“b. — Porque en la investigación practicada al efecto el Departa-mento de Hacienda descubrió considerables cantidades recibidas como ingresos por concepto de beneficios distribuidos de una sociedad de la que formaba parte el contribuyente, ingresos que hasta entonces no habían sido revelados (undisclosed) por el propio contribuyente.
“o. — Porque fué necesario en virtud de tal actitud del deman-dante preparar la planilla adicional de dichos ingresos.
“d. — Porque el contribuyente suscribió bajo juramento, sin pro-testa alguna, la planilla adicional preparada de oficio por el Inspector de Rentas Internas, Sr. Roig, en la cual se hacían constar gruesas sumas de ingresos que el contribuyente había obtenido por beneficios distribuidos por Suers, de Bianchi, que hasta entonces ha-bía mantenido ocultos (undisclosed) el demandante.
“e. — Que adoleciendo la planilla original de la falta alegada de no ajustarse a la verdad, el derecho de prescripción no puede ser invocado por el -contribuyente contra el Tesorero de Puerto Rico do acuerdo con la ley.
"/. — Que el mero hecho de suscribir el demandante sin protesta dicha planilla adicional es equivalente a un ‘formal statement’ del contribuyente que le impide alegar la prescripción.
“g. — Que desde que se presentó la planilla original hasta que se radicó la adicional no transcurrieron 3 años, sino transcurrieron 2 años 1 mes.”

Finalmente las partes sometieron el caso a la decisión de la corte mediante la siguiente estipulación sobre los hechos:

"2do. — La planilla No. 9 corresponde al año contributivo 1917, a virtud de la Ley Federal de 8 de septiembre de 1916, enmendada en 3 de octubre de 1917.
"3ro. — Dicha planilla fue firmada y radicada por el demandante ante un Inspector del Departamento de Hacienda en mayo 5 de 1920. Con' anterioridad a esa fecha el demandante había rendido una planilla No. 9 correspondiente al año contributivo de 1917, la cual no incluía todas las cantidades que debiera, respecto al ingreso bruto recibido durante el año por el demandante, de acuerdo con las disposiciones de la Ley Federal de 8 de septiembre de 1916 y enmendada en octubre 3 de 1917.
"4to. — Dicha planilla No. 9 preparada por el Inspector del De-partamento de Hacienda, lo fué como resultado de una investiga-ción que el mismo Inspector practicara de las operaciones y nego-cios de la firma Sucrs. de Bianchi, a la que pertenecía el deman-dante como socio durante el año 1917.
"5to. — Aun cuando la contribución, cuya devolución se trata de obtener, fué causada por una planilla o declaración de ingresos adi-cional o enmendada, preparada ele oficio por un Inspector del De-partamento de Hacienda ele Puerto Rico, de acuerdo con los resul-tados ele una investigación que se le ordenara practicar de las ope-raciones de la firma Sucrs. de Bianchi, de la cual firma el deman-dante era parte como socio, la misma planilla fué firmada bajo ju-ramento por el propio contribuyente voluntariamente sin oposición ni protesta. Dicha planilla enmendada o adicional incluía los be-neficios que había declarado el contribuyente en la primera planilla No. 9 correspondiente al año natural de 1917 que suscribió y juró el propio contribuyente ante el Colector de Rentas Internas de Ma-yagüez, y además incluía otros beneficios distribuidos por la firma Sucrs. de Bianchi, montantes a $86,795.88, los cuales el demandante no había declarado ni incluido en la planilla original correspon-diente a dicho año.
“6to. — De acuerdo con la planilla originalmente presentada y ju-rada por el contribuyente ante el Colector de Rentas Internas de Mayagüez, se le impuso una contribución por la suma de $333.71, y de ella se notificó al demandante el 29 de mayo de 1918. La se-gunda. planilla No. 9, o sea aquella en que se incluyeron ingresos montantes a $86,795.88, no incluidos en la anterior planilla, fué suscrita voluntariamente y bajo juramento por el propio contribu-yente ante el Inspector de Rentas Internas, Sr. Roig, en 5 de mayo de 1920.
“7mo. — En julio 10, 1922 de acuerdo con dicha planilla el Te-sorero de Puerto Rico impuso al demandante, por concepto de con-tribuciones sobre ingresos, a virtud de la arriba mencionada Ley Federal de septiembre 8 de 1916, enmendada en octubre 3 de 1917, la cantidad de $4,113.99.
“8vo. — Al notificarse al contribuyente que debía pagar, según la mencionada planilla enmendada o adicional, la suma de $4,447.70, acreditándosele los $333.71 que había pagado el contribuyente se-gún la planilla original, recibo No. 5, quedando por tanto un saldo a favor del Tesoro de $4,113.99, el contribuyente solicitó la recon-sideración, la que fué denegada.
“9no. — El 10 de julio de 1922 agotados los recursos el contri-buyente, se le notificó y se le requirió que hiciera efectiva la con-tribución el día 20 de dicho mes y año. El 4 de agosto de 1922 fué nuevamente requerido de pago, además se le notificó del im-porte de la contribución, de los recargos e intereses que elevaron la suma adeudada a $4,360.83.
“lümo. — El 26 de julio de 1922 el contribuyente representado por el abogado Sr. J. J. Ortiz Alibrán, alegó por escrito la pres-cripción del derecho del Departamento de Hacienda al cobro de la contribución y solicitó la cancelación del recibo No. 5 A por la suiha de $4,113.99, más recargos e intereses, o sean $4,360.83. El Teso-rero de Puerto Rico en agosto 8 de 19.22 negó la solicitud de can-celación fundándose en que no habían mediado 3 años desde el 30 de marzo de 1918, fecha de la radicación de la planilla original y el 5 de mayo de 1920, en que se presentó la planilla enmendada.
“11°. — Posteriormente, el demandante utilizó los servicios pro fesionales del abogado Sr. Cayetano Coll y Cuchí para detener me-diante varias peticiones de suspensión y de investigación la acción de cobro de dicha contribución, por parte del Tesorero de Puerto Rico. Además utilizó más tarde también las gestiones del Sr. José A. P'ábregas para detener por medio de recursos administrativos la acción de cobro.
“12°. — El 13 de octubre de 1923 los Inspectores del Departa-mento de Hacienda, comisionados para practicar la investigación que se ordenara a solicitud del abogado Sr. Coll y Cuchí a nombre del contribuyente, informaron al Departamento de Hacienda que no ha-bían podido practicarla porque el contribuyente les dijo que los li-bros de la Sociedad Suers, de Bianchi habían sido destruidos en el Terremoto de 1918.
"13°. — En 24 de septiembre de 1925, .a instancias del deman-dante el Tesorero de Puerto Rico suspendió nuevamente la subasta de los bienes embargados al demandante que había sido señalada para el 8 de octubre de 1925.
“14°. — En julio de 1927 el demandante interpuso recurso de al-zada ante la Junta de Revisión e Igualamiento alegando en dicho recurso de alzada que la contribución sobre ingresos impuesta al demandante estaba prescrita de acuerdo con la ley.
“15°. — En marzo 11 de 1930 el Secretario de la Junta de Revi-sión e Igualamiento notificó al demandante que no se le podía dar curso a dicha alzada por haber sido radicada fuera de término.
“16°. — En junio de 1930 el Tesorero de Puerto Rico, a nombre de El Pueblo de Puerta Rico, embargó bienes inmuebles del deman-dante ; dichos bienes inmuebles hubiesen sido vendidos en pública su-basta si la contribución impuesta no era satisfecha por el demandante y para evitar la venta en pública subasta el demandante pagó bajo protesta la contribución impuesta.
“17°. — Durante todo este tiempo en que dicha planilla fué ra-dicada en el Departamento de Hacienda de Puerto Rico y hasta el 17 de septiembre de 1930, el demandante no ha pagado ni al Tesorero de Puerto Rico ni a ningún oficial o empleado del Depar-tamento de Hacienda la cantidad que se reclama en la demanda.”

La. corte de distrito decidió el pleito en favor del contri-buyente y el Tesorero interpuso contra su sentencia el pre-sente recurso de apelación.

No obstante haberse hecho constar en la estipulación que “en 24 de septiembre de 1925, a instancias del demandante el Tesorero suspendió nuevamente la subasta de los bienes embargados al demandante,” (bastardillas nuestras), lo que parece implicar que otra subasta fué anteriormente suspen-dida y por tanto que con anterioridad a esa fecha se había comenzado el procedimiento de apremio para el cobro de la contribución, es lo cierto que de los hechos estipulados que sirvieron de base al fallo de la corte ningún dato exacto surge que permita fijar la fecha en que el procedimiento de apremio comenzó.

Siendo ello así, bien se cuente el término de cinco años a partir de la fecha en que se rindió la planilla original, bien se compute tomando como base el 5 de mayo de 1920, es nece-sario concluir que había vencido en la única fecha en que en la estipulación se habla de embargo y subasta, septiembre 24, 1925.

Se habla sí en la estipulación de haberse notificado la con-tribución el 10 de julio de 1922, de haberse requerido de pago nuevamente al contribuyente en 4 de agosto de 1922, de ha-berse detenido las gestiones de cobro a virtud de petición del contribuyente por medio de su abogado Coll y Cuchí y de José A. Fábregas, pero ello no es suficiente para poder- con-cluir de acuerdo con la jurisprudencia que se hubiera iniciado el procedimiento de apremio para el cobro de la contribución.

En el caso de Bowers v. N. Y. & Albany Co., 273 U. S. 346, en el que la Corte Suprema nacional concluyó que la acción del colector para el cobro de las contribuciones había prescrito, al comenzar la opinión se narran los hechos de uno de los tres casos considerados, como sigue (bastardillas nuestras):

“En el caso Na. 366 el querellado archivó con fecha 26 de marzo de 1918 su planilla de ingresos y de utilidades en exceso para el año 1917 y pagó la suma que según ésta adeudaba. Poco antes de expirar el período de cinco años contado a partir del archivo de la planilla el Comisionado impuso y el colector exiejió el pago adicional de contribuéiones sobre ingresos y por utilidades en exceso. El que-rellado se negó a pagarlas. Más de cinco años después de archivada la planilla el colector se incautó y vendió bienes muebles del quere-llado para pagar la suma reclamada.”

Se ve, pues, que no obstante haberse hecho la tasación y haber el Comisionado exigido el pago adicional dentro de los cinco años, no se consideró iniciado el procedimiento de apremio dentro de dicho período, y es que dicho procedimiento sólo.se considera iniciado cuando se embargan bienes del con-tribuyente para el cobro de la contribución.

Así se desprende de lo prescrito en los artículos 334 y 335 del Código Político. Se refiere el primero al aviso que debe dar el colector al contribuyente moroso, y dispone el segundo:

“Art. 335. — Si alguna persona descuidase o rehusase verificar el pago de sus contribuciones dentro del período establecido en el ar-tículo 334 de este Título, el colector, el sub-coleetor u otro agente debidamente autorizado por el Tesorero, procederá después de obte-nido el consentimiento escrito del Tesorero-, al cobro de las mismas, mediante embargo y venta de la propiedad de dicho deudor, en la forma cjue más adelante se prescribe.”

La notificación por sí sola no inicia el procedimiento de cobro. Este se verifica mediante embargo y venta de la pro-piedad del deudor.

Siendo ésa la interpretación que debe darse a los hechos y la ley en este caso y no surgiendo a nuestro juicio de la estipulación cuestión alguna de falsedad o fraude, debe decla-rarse sin lugar el recurso y confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    Rosario Bianchi Rosafa, demandante y apelada, v. Manuel V. Domenech, en su carácter de Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante.
    No. 6051.
    Sometido: Abril 28, 1933.

      Resuelto: Junio 26, 1934.

      lion. Procurador General Benjamin J. Horton (Charles E. 'Winter en el alegato) y ilí. Rodríguez Berra, Procurador General Auxi-liar, abogados del apelante-, Frank Martínez y Frank Bianohi, abogados de la apelada.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Este caso está relacionado con los recursos números 6100 y 6101 que hemos decidido en el día de hoy. Se diferencia de ellos en que en éste la contribuyente no rindió como en aquéllos planilla original alguna. Sin embargo, practicada la investigación por el Tesorero, la contribuyente por medio de su esposo, el 5 de mayo de 1920, firmó sin reparo, volun-tariamente, la planilla que sirvió de base al Tesorero para tasar la contribución de que se trata.

Los hechos' fueron sometidos a la corte sentenciadora mediante estipulación de la que transcribimos lo que sigue':

•“9. El 9 de agosto de 1922 la demandante acusó recibo al Te-sorero de Puerto Rico de la notificación que se le hiciera el día 10 de julio anterior de la imposición de la contribución y de la fecha del pago de la misma. En su acuse de recibo la demandante alegó que dicha contribución había sido satisfecha por su esposo, y solici-taba explicaciones sobre esa contribución tan atrasada. El 9 de agosto de 1922 se contestó a la contribuyente, informándole que el Departamento, por m;edio de un inspector había practicado una in-vestigación dé las operaciones de la firma Suers, de Bianehi, de la cual ella era socia, y había encontrado que de los beneficios repar-tidos por dicha firma en el año de 1917, la contribuyente recibió una participación montante a $86,799.88; y que la planilla sobre la cual se había impuesto dicha contribución había sido preparada de oficio por el Departamento de Hacienda y jurada y suscrita sin protesta por su esposo, Sr. Miguel Esteves, a nombre y en representación de ella.
“10. La demandante fué, con posterioridad a las fechas indica-das en el hecho anterior, requerida de pago, dándosele detalles de los recargos e intereses, que totalizaban con la contribución a $3,400.23.
“11. Después del 21 de febrero de 1923 la demandante no atendió a distintos requerimientos que se le hicieron para que verificase el pago de la contribución, recargos e intereses, y utilizó los servicios 'profesionales del Ledo. Cayetano Coll y Cuchí, quien a nombre de la demandante, solicitó una investigación del caso o que en su de-fecto se sometiera el mismo a la Junta de Revisión e Igualamiento. 'Más tarde la demandante utilizó los servicios del Sr. José A. Fá-bregas, para que se repitiera la investigación y para que se suspen-diese la gestión de cobro. . .
'• • “12. Eñ julio de 1927 la' demandante interpuso recurso de alzada ante la Junta de Revisión e Igualamiento alegando en dicho recurso de alzada, qúe la, contribución sobre ingresos impuesta a 1.a- deman-dante estaba’prescrita de acuerdo con la ley.
. - - ■ • V ‘ ■ ' ■ • ■ . '
“13. En marzo 11 de 1930 el Secretario de la Junta de Revisión e Igualamiento notificó a lá demandante que no había podido darse curso a dicha, alzada .por haber ésta'sido radicada fuera de término.
“14.'En'junio dé 1930 el Tesorero de Puerto Rico, embargó a nonibre'••dé Él Pueblo de Puerto--Rico bienes inmuebles de la de-mandante,- los cuales- hubiesen sido vendidos, en pública subasta si la contribución no era satisfecha, por lo. que la demandante se vio .obligada a[ pagar bajo protesta la -suma de $'3,207.76, más $3,299.72 -de recargos e intereses ,S.egún aparece en el,recibo No. 101." .

Como- puede verse, hubo notificación y requerimiento de pago ¿ la contribuyente dentro del período de cinco años contado a partir del 5 de mayo de 1920, pero no consta que se iniciaran los procedimientos de cobro por la vía de apremio •o. por la judicial dentro de ese período. El primer embargo de que se tiene noticia según la estipulación, se practicó en junio de 1930, o sea diez años después de radicada la planilla en la Tesorería por el representante de la contribuyente.

Sostiene en su alegato el Tesorero que en este caso no ■ cabe invocar la prescripción de acuerdo con la ley de Puerto Rico que según él es la aplicable. Admite que la contribu-ción se impuso de acuerdo con la Ley Federal sobre Contri-bución sobre Ingresos de 1910, pero alega que en ésa ley no se fijaba límite alguno al cobro de la contribución y que habiendo sido derogada como lo fué por la sección 77 de la Ley No. 80 de 1919, Leyes de 1919, p. 671, no son aplicables las leyes posteriores del Congreso sobre la materia, sino las de la Legislatura de Puerto Rico sobre el particular.

A nuestro juicio rigen en este caso las ulteriores leyes del Congreso que contienen disposiciones aplicables a la ley en virtud de la cual se impuso la contribución. De acuerdo con ellas, una vez radicada la planilla y tasada la contribución por el Tesorero, éste debió Laceria efectiva por la vía judicial o por el procedimiento de apremio dentro del término de seis años y no lo bizo. Veamos lo que dice la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre el particular.

“La cuestión principal que aquí se nos presenta y la única que es necesario que consideremos es si habiéndose incoado el pleito más 'de seis años después de hacerse la tasación, el mismo había prescrito de conformidad con las disposiciones del artículo 278, que copiamos a continuación:
“ ‘(a) Si se dejare de radicar la planilla podrá hacerse una ta-sación de la contribución o iniciarse un procedimiento judicial para el cobro de la misma sin hacerse tal tasación, en cualquier tiempo.
“ <* * * * * *= *
“■'(d) Cuando la tasación ... se ha hecho (con anterioridad o con posterioridad a la aprobación de esta ley) dentro del período prescriptivo estatutario propiamente aplicable a la misma, tal con-tribución puede ser cobrada mediante procedimiento de apremio o mediante procedimiento judicial (iniciado antes o después- de la aprobación de esta Ley), únicamente si se incoa (1) dentro de seis años contados a partir de la fecha en que se hace la tasación de la contribución, . . .’ U. S. C. Supp., Título 26, párrafos 1058, 1061.
“En armonía con lo alegado por el gobierno, la corte inferior resolvió que no se había radicado una planilla dentro del significado del párrafo (a). Véase también el caso de Updike v. United States, 8 F. (2d) 913. Asumimos, sin resolverlo, que ese criterio es co-rrecto y así consideramos el caso.
# * =» * =» *= #
“Segundo. — De ello se desprende que si de conformidad con el articuló 278 (d) el período prescriptivo había transcurrido en fa’vor de la corporación, también había transcurrido en favor de los cedentes. La contención del gobierno de que la sección no es apli-cable bajo los hechos- del presente caso, depende del significado de la frase que hemos puesto en'bastardillas: ‘Cuando la tasación . . se ha,-'hecho . . . dentro - del' periodo prescriptivo estatutario pPopia- mente aplicable a la misma, tal contribución puede ser cobrada . . • mediante procedimiento judicial . . . únicamente si se incoa (1) dentro de seis años contados a partir de la fecha en que se hace la tasación de la contribución . . El argumento, en efecto, es éste. Cuando en 1920 se hizo la tasación, no existía, ni había existido, disposición en la ley que en forma alguna limitara el tiempo para tasar o cobrar las contribuciones, y, por consiguiente, una tasación hecha en 1920 de contribuciones correspondientes al año 1917 no podía llenar los requisitos del artículo 278 (d) porque a ese respecto no existía ‘período prescriptivo estatutario propiamente aplicable a la misma’; y asumiendo que estatutos apro-bados con posterioridad a 1920 sean aplicables, la disposición en estos estatutos es que la tasación puede hacerse 1 en cualquier tiempo, ’ y ése no es un período prescriptivo dentro del significado del ar-tículo 278 (d), puesto que la palabra ‘período’ significa un lapso de tiempo específico que de ordinario se calcula en años, meses y días.
“La intención clara del artículo 278, según el mismo se aplica a los hechos del presente caso, fue especificar el límite de tiempo en que se podía exigir la responsabilidad criminal. Cuando en un caso en que no se ha radicado planilla se hace una tasación, y ésta, según el párrafo (a), puede hacerse en cualquier tiempo, el pro-cedimiento para el cobro de la contribución debe incoarse dentro de •los seis años siguientes; mas cuando- no ha habido tasación, el pro-cedimiento puede iniciarse en cualquier momento. En el presente caso hubo una tasación y no es de dudarse que el caso estaba pres-crito al expirar el período prescriptivo de seis años, a no ser por la presencia de las palabras que aparecen más arriba en bastardillas. ¿Tienen estas palabras el efecto de evitar la prescripción Creemos que no. Habiéndose hecho realmente una tasación, debe asumirse que el gobierno estaba en posesión de hechos que dieron origen a la responsabilidad en que se fundó la tasación. En tal caso el permi-tir un período de tiempo indefinido para el cobro-' de la contribu-ción no estaría en armonía con la práctica vig’ente de la ley de ofre cer tranquilidad a los contribuyentes fijándoles un lapso de tiempo específico, contado a partir de la tasación, dentro del cual, deben ini-ciarse los pleitos y procedimientos para el cobro de contribuciones.
“A la luz de esa práctica, parece razonablemente claro que la cláusula de reserva, ‘dentro del período prescriptivo estatutario pro-piamente aplicable a la misma,’ fué insertada solamente para pro-teger al contribuyente — es decir, para impedir el cobro de la con-tribución aun dentro de los seis años después de haberse hecho la tasación, si al hacerse la tasación estaba prescrita por el período prescriptivo estatutario aplicable. Esta conclusión es confirmada, si se hace necesaria su confirmación, por las disposiciones del pá-rrafo (a), que claramente tienen por mira que el período de seis años sea aplicable, excepto cuando el procedimiento de cobro sea iniciado ‘sin tasación/ caso en el cual puede iniciarse ‘en cualquier tiempo.’

Puede que la cláusula de reserva no sea estrictamente necesaria, mas se insertó a consecuencia del cuidado excesivo que se tuvo en poner el derecho del contribuyente fuera de disputa. Sea ello como fuere, creemos que ésta es la interpretación que lógicamente debe dársele a la causa y la que debe ser aceptada, especialmente en vista de la regla que exige que las leyes de contribuciones, incluyendo las disposiciones preseriptivas que las mismas comprendan, sean interpre-tadas liberalmente en favor del contribuyente. Bowers v. N. Y. & Albany Co., 273 U. S. 346, 349.

“Esto resuelve el caso y se hace innecesario determinar si la frase ‘en cualquier tiempo’ lleva consigo un ‘período prescriptivo,’ o con-siderar cuestiones-presentadas en el argumento.” United States v. Updike, 281 U. S. 489, 491, 494.

A igual conclusión habría que llegar siguiendo el mismo razonamiento aunque aplicáramos únicamente las leyes de Puerto Rico invocadas por el Tesorero apelante, a saber: la No. 59 de 1917, la No. 80 de 1919, la No. 43 de 1921 y la No. 74 de 1925, especialmente en vista de lo dispuesto en la sección 61 de la última, a saber:

“Sección 61.— (a) En el caso de una declaración falsa o fraudu-lenta con la intención de evadir la contribución, o en el caso de haber dejado de rendir la declaración, la contribución podrá ser im-puesta, o un procedimiento entablado en una corte para el cobro de dicha contribución, en cualquier momento y sin hacerse tasación alguna.
• “ (c) Cuando se impusiere la contribución dentro del término prescrito en la sección 60 ó en esta sección, dicha contribución podrá ser cobrada mediante embargo o procedimiento judicial entablado dentro de los seis años después de impuesta la contribución. Nada de lo contenido en esta Ley se interpretará en el sentido de evitar que empiece sin tasación el procedimiento judicial para el cobro de la contribución, en cualquier momento antes del vencimiento del pe-ríodo dentro del cual la tasación pudiera ser hecha.”

Ley No. 74 de 1925, Leyes de 1925, p. 523.

Una vez rendida la planilla como se rindió en este caso y hecha la tasación por el Tesorero, se creó una situación dis tinta a la del caso de no haberse rendido declaración alguna. Existía algo definido sobre lo cual era necesario actuar. El cobro no podía posponerse indefinidamente.

Sostiene por último la parte apelante que habiéndose reconocido expresamente en la estipulación que la gestión de cobro por parte del Gobierno se paralizó a petición de la con-tribuyente y jamás lo fue por término indefinido, la contri-buyente está impedida de invocar en su favor la prescripción.

Produce el argumento la impresión de algo justo en verdad, pero se trata de la interpretación de leyes contribu-tivas y la contención del Tesorero no encuentra apoyo en la jurisprudencia. Era necesaria una estipulación por escrito, que no existe en este caso.

Véase lo que dice Klein en su obra Federal Income Taxation, Par. 41:17 (/) pág. 1458 :

“Renuncia, Implícita. — A pesar del contexto de los estatutos que exigen que la prolongación del período prescriptivo estatutario debe ‘consentirse’ por escrito por el contribuyente, requiriendo ello apa-rentemente una renuncia expresa, el departamento en algunos casos ha tratado de sostener una tasación hecha después de trascurrido el período estatutario fundado en que el contribuyente implícitamente ha renunciado el beneficio del estatuto. Las cortes, sin embargo, han rechazado las contenciones del departamento tanto en un caso en que su reclamación se fundaba en la radicación de una fianza en conexión con una reclamación para que se hiciera una rebaja de las contribu-ciones (de 1918), como cuando.se fundó en una reclamación de cré-dito, hecha por el contribuyente, basada en un supuesto pago en ex-ceso de contribuciones (para 1918), teniendo conocimiento el contri-buyente de que bajo la práctica entonces existente del departamento el efecto de tal reclamación' sería suspender los procedimientos por parte del mismo para el cobro de contribuciones adeudadas por años anteriores (1916 y 1917).”

Y en Par. 41:17 (o) pags. 1468, 1469:

. . ‘-no puede considerarse una renuncia porque se ba resuelto consistentemente por las cortes de este país que renuncia es -el aban-dono intencional de un derecho conocido, tanto con conocimiento de su existencia como con la intención de abandonarlo (citando casos), y no bay prueba en este caso para demostrar tal intención de parte del contribuyente.3 ”

A virtud de todo lo expuesto, debe declararse sm lugar el recurso y confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    Carolina Fabelo, como Tutora de Juana Martín Fabelo, demandante y apelada, v. Andrés Quintana Reyes, Enrique Rincón y Martín Borges, el primero y segundo por sí y como fiadores de la Sociedad Civil Quintana & Borges, y el último por sí y como socio de la misma, demandados y apelantes.
    No. 6305.
    Sometido: Junio 21, 1934.

      Resuelto: Junio 26, 1934.

      B. Padró Pares, abogado de los apelantes; Pedro G. Quiñones, abo-gado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La línica cuestión envuelta en este caso es la de si la Corte de Distrito de San Juan actuó de acuerdo con los hechos y la ley' al decretar como decretó sin fianza el aseguramiento de la sentencia que pudiera dictarse.

En la demanda se ejercitan tres causas de acción. Por la primera se reclaman mil dólares como valor razonable de cierto truck, por la segunda dos mil más por el uso del mismo y por la tercera quinientos quince por las costas, gastos y honorarios incurridos por la demandante en el pleito que contra ella se siguiera en relación con dicho truck.

Se solicitó el aseguramiento de la sentencia que pudiera dictarse y la corte lo decretó, como hemos dicho, sin fianza. Pidió su nulidad el demandado y la corte la negó por resolu-ción fundada que, en parte, dice:

“La acción establecida en el caso No. 1182 era sobre entrega de bienes muebles que alegaban los allí demandantes haber comprado a los demandados, y que según aparece de los autos de dicho caso 1182, dichos bienes muebles, o sea, un autocamión, fué entregado a los allí demandantes mediante fianza que presentaron de acuerdo eon el art. 173 del Código de Enjuiciamiento Civil.
“La Corte declaró sin lugar la demanda por los fundamentos de su opinión unida a los autos y que se hizo formar parte de la senten-cia. En la opinión que sirvió de base y se hizo formar parte de la sentencia la corte dijo lo siguiente:
“ ‘La prueba ha demostrado que el truck “Day Elder,” licencia No. 11-204 de que se trata, era en 23 de marzo de 1926, de la pro-piedad de la demandada, Juana Martín, y lo tenía inscrito a su nombre en el Departamento del Interior, siendo el otro demandado,-Rafael Porras, su administrador para las negociaciones y arrenda-miento de dicho vehículo; no habiéndose probado, a satisfacción de la corte, como alegan los demandantes, que los demandados viven en concubinato como marido y mujer.’
“Aunque la sentencia no ordenó que el truck fuese devuelto a la demandada, Juana Martín, como dispone el Art. 173 del Código de Enjuiciamiento Civil, no hay duda alguna que habiéndose declarado sin lugar la demanda o habiéndose entregado el truck a los entonces demandantes, mediante fianza que prestaron de acuerdo eon el Art. 173 antes citado, una vez dictada sentencia en su contra, surgió la obligación por parte de los entonces demandantes de devolver el truck en cuestión a su dueña, declarada por sentencia, Juana Martín.
“Siendo la relación del caso y opinión parte de la sentencia en el caso No. 1182, la corte entiende que la sentencia en diebo caso cons-tituye un documento auténtico suficiente para decretar el embargo sin fianza como se decretó en este caso con fecha 7 de diciembre úl-timo. ’ ’

No conforme el demandado Andrés Quintana Reyes, inter-puso el presente recurso de apelación señalando en su alegato la comisión de tres errores que pueden argumentarse con-juntamente.

La ley aplicable y la jurisprudencia son bien conocidas.

La primera está contenida especialmente en la sección 4 de la Ley para Asegurar la' Efectividad de Sentencias en la parte en que dice:

“Si consta claramente en documento auténtico que la obligación es exigible, el tribunal decretará el aseguramiento sin fianza.” Có-digo de Enjuiciamiento Civil, Ed. 1933, p. 98.
Y la jurisprudencia ha sido establecida en repetidas deci-siones de este tribunal. Citaremos una de ellas, Avalo v. Porrata, et al., 19 D.P.R. 20, en la que se resolvió, copiando del resumen:
“Para que pueda decretarse un embargo sin fianza para asegura-miento de la efectividad de la sentencia, es necesario que aparezca claramente del documento auténtico que la obligación es exigible, lo que quiere decir, no sólo que los documentos en que se basa la peti-ción sean auténticos, sino también, que fácilmente, sin gran dificultad, pueda el juez venir en conocimiento de que realmente la obligación existe y puede reclamarse.”

Admite el apelante que la sentencia que tuvo en cuénta-la corte de distrito es un documento auténtico, pero sostiene que de ella no surge que las cantidades reclamadas sean exi-gibles, porque se limitó a declarar la demanda sin lugar, con costas.

Si la sentencia no estuviera explicada por la relación del' caso y opinión que es parte de la misma, tendría razón el apelante. Pero estándolo .como lo está, no erró la corte sentenciadora al actuar en la forma en qne lo hizo.

Es cierto qne el exacto valor del truck está sujeto a ser fijado a virtud de las alegaciones y las pruebas, lo mismo que la suma reclamada por concepto del uso del mismo, y que las costas quizá estén abiertas a discusión, pero ello no quiere decir que las obligaciones reclamadas no surjan de documentos auténticos como lo son la sentencia y la fianza de que se trata y que no sean exigibles.

Debe declararse el recurso sin lugar y confirmarse la resolución apelada.


author: El Juez .Pbesidente Señob del Tobo,

text:
    White Star Bus Line, Inc., demandante y apelada, v. Rufus R. Lutz, Jefe de la Policía Insular, y Jesús Benítez Castaño, Administrador de la Capital, demandados y apelantes.
    No. 6336.
    Sometido: Marzo 20, 1934.

      Resuelto: Junio 26, 1934.

      J. Validejuli, abogado del Administrador de la Capital; Hon. Pro-curador General Benjamin J. Horton (Charles E. Winter, en el alegato) y T. Torres Pérez, Subprocurador, abogados del apelante Sr. Lutz; Guerra Mondragón & Soldevila, abogados de la apelada.
   El Juez .Pbesidente Señob del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

La parte apelada suscita en su alegato la siguiente cuestión previa:

. ‘ ‘ Hay CARENCIA DE JURISDICCIÓN PARA CONOCER DEL RECURSO.-El le-gajo de la sentencia nos dice quiénes han sido o son partes en estos autos: ■ como demandante, la "White Star Bus Line, Ine.; y como de-mandados, originalmente José Júdiee, Jefe Interino de la Policía Insular y Roberto H. Todd, Alcalde de San Juan (L. de la S., p. 1), respectivamente sustituidos por Rufus R. Lutz, Jefe de la Policía en propiedad (p. 63 — 65) y por Jesús Benitez Castaño, Administrador de la Capital (p. 66-70). El escrito de apelación se formuló y pre-sentó a nombre del Gobierno de la Capital (p. 95), entidad creada y reconocida por el artículo 1 de la Ley número 99 de 15 de mayo de 1931 (Leyes de ese año, p. 627), según quedó enmendado por la número 32 de 4 de mayo de 1933 (Leyes de ese año, p. 255). Dicha entidad en ningún momento había intervenido ni comparecido en el presente pleito.
“Es innecesario discutir que Jesús Benitez Castaño, Administra-dor de la Capital, persona natural, no es el Gobierno de la Capital, ficción legal, ente jurídico, con personalidad propia y separada en la esfera del derecho según dispone el estatuto que le dió vida. Uno y otro no pueden confundirse ni recíprocamente sustituirse. Cada cual tiene su existencia, y aun su nombre, independiente. Máxime en una acción como ésta de injunction, dirigida contra don Jesús Benitez. Castaño, el individuo, para que se abstenga de ejecutar actos contra-rios a la ley y fuera de sus atribuciones por estar basados en orde-nanzas nulas. El procedimiento no se ha dirigido contra el Gobierno de la Capital, que no es demandado ni en ninguna ocasión se personó en la litis hasta la fecha en que notificó y radicó sin derecho su es-crito de apelación.
“No cabe alegar que se trata de un error de nombre. El Gobierno de la Capital existe. Y se llama así. Don Jesús Benitez Castaño vive y fué demandado. No se le conoce con el alias de Gobierno de la Capital, designación que sustituye a la antigua de municipio de San Juan. No es, como en el caso de Webster v. Board of Regents, 163 Cal. 705, 706-707, que se haya demandado al Gobierno de la Capital bajo un nombre equivocado y haya apelado esa entidad con su verdadera y correcta designación oficial. En el escrito de ape-lación ni siquiera, se consigna que sea uno de los demandados quien recurre contra la sentencia. Apela el Gobierno de la Capital, parte extraña al litigio. Si invirtiendo los términos nos imaginamos que se hubiera demandado a aquella persona jurídica y no al Sr. Benitez Castaño individualmente, un recurso por éste entablado sería ineficaz: la corporación municipal tendría que usar el nombre que legalmente tiene (Muskogee County v. Lanning & McRoberts, 51 Okl. 343, 151 Pac. 1054). No ha habido error de copia en el noñibre. Se ha re-suelto que en una acción en que eran partes interesadas los dueños de unos periódicos, el aviso de apelación debió hacerse a nombre de los dueños, no de los periódicos (Sheldon Mail v. O’Brien County Democrat, (Iowa) 96 N. W. 773).”

En -un, alegato adicional el demandado impugna primer o la contención de la demandante y luego sostiene que en el caso de que la parte apelada tuviera razón siempre habría que reconocer que la cuestión suscitada “es meramente espe-culativa y académica,” pudiendo esta corte “ordenar la co-rrección de los autos.”

En el récord encontramos que la contestación que figura a las páginas 30A a 44 y la contestación a la demanda com-plementaria que aparece de las páginas 59 a 62, lo fueron por “Roberto H. Todd, Alcalde de San Juan, por conducto de su abogado.” El abogado firma: “Eugenio Font Suárez, Abogado del demandado.” Los documentos están jurados personalmente por el demandado.

A solicitud de la demandante, en febrero 26, 1932, el de-mandado “Roberto H. Todd, Alcalde de San Juan” fué sus-tituido en el pleito por “Jesús Benitez Castaño, Adminis-trador de la Capital,” disponiéndose “que todas las diligen-cias que de otro modo habrían de entenderse en estos autos con Roberto H. Todd como Alcalde de San Juan demandado se entiendan en lo sucesivo con Jesús Benitez Castaño, Admi-nistrador de la Capital, a quien como demandado sustituto se le notificará la presente orden con copia de la misma y de la solicitud que la motivó.”

El 26 de agosto de 1932 se dictó la sentencia resolutoria del pleito que se notificó como sigue:

“NotipicaciÓN de sentencia. — Al Hon. Procurador Grab y Ledo. J. Valldejuli, San Juan.
“El Secretario que suscribe notifica a usted que la Hon. Corte de este distrito ha dictado sentencia en este caso con fecha 26 de agosto de 1932 que fué debidamente registrada en el libro correspon-diente, según consta en el récord de éste asunto, donde podrá usted enterarse detalladamente de los términos de dicha sentencia.
“Y, siendo b representando usted la parte perjudicada en la sentencia, por la cual puede establecerse recurso de apelación, dirijo a usted esta notificación escrita, archivando una copia de la misma,-de acuerdo con la sección 2 de la ley para enmendar los artículos 92, 123, 227, y 229 del Código de Enjuiciamiento Civil, aprobada en 9 de marzo de 1911.
“San Juan, P. R., a 30 de agosto de 1932. — (Fdo.) P. N. Colberg, Secretario Corte de Distrito.
“Nota de ARCHIVO: En agosto 30, 1932, se archiva en autos esta copia y remite el original al Hon. Procurador Grab y J. Valldejuli San Juan. — (Fdo.) P. N. Colberg.”

Es la primera vez que el nombre del abogado Valldejuli aparece en los autos, sin expresarse a quién representa. Sigue a la notificación, el escrito de apelación así:

“EsoRIt© de apelaciÓN. — Al secretario de esta Corte, a los abo-gados Guerra Mondragón & Soldevila, que representan a la deman-dante, al Procurador General, que representa al eo-demandado Rufus R. Lutz, Jefe de la Policía Insular:
“Sírvanse quedar notificados por el presente escrito de apelación, que el Gobierno de la Capital, no estando conforme con la sentencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan en el presente caso, apela de la misma para ante la Corte Suprema de Puerto Rico.
“San Juan, P. R., sept. 8 de 1932. — (Fdo.) J. Valldejuli Rodrí-guez, Abogado del Gobierno de la Capital.”

Apela el “Gobierno de la Capital” y Valldejuli firma como “Abogado del Gobierno-de la Capital.”

Y es en la misma fecha — septiembre 8, 1932 — que Vall-dejuli pide la sustitución como sigue:

! 1 Primero: — Que en el presente pleito el abogado que representó al Municipio lo fué el Ledo. Eugenio Font Suárez, quien ha dejado de ser abogado del co-demandado Gobierno de la Capital.
“Segundo: — Que el abogado que suscribe ha sido designado abo-gado en este pleito, e interesa que esta 'Hon. Corte le tenga como abogado de récord, a todos los efectos legales.
“Port todo l® cual, el compareciente suplica a esta Hon. Corte, se sirva declarar con lugar la presente moción, con los demás pronun-ciamientos de ley.”

Y que la corte la decreta en la siguiente forma:

“OedeN.- — Se aprueba la precedente moción, y se ordena se tenga al Ledo. J. Valldejuli Rodríguez como abogado de récord represen-tando al Gobierno de la Capital.
“Dada en San Juan, P. B.., a 8 de sept., 1932. (Fdo.) A. R. de Jesús, Juez de la Corte. — Radicada en Secretaría boy 8 de sept., 1932. — J. N.”

Tiene razón la parte demandante. Técnicamente no existe una apelación válida interpuesta en este caso y en tal virtud-nos vemos obligados a decretar la desestimación de la’ esta-blecida por el 'Gobierno de la Capital que no era parte en la acción. Es algo que no puede ser corregido en esta Corte Suprema.

Debe desestimarse el recurso.


author: El Juez Asociado Señor "Wolp,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Salvador Benítez Méndez, acusado y apelante.
    No. 5135.
    Sometido: Marzo 13, 1934.

      Resuelto: Junio 26, 1934.

      Fernando B. Fornaris y Miguel Bahamonde, abogados del apelante; Ii. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor "Wolp,

emitió la opinión del tribunal.

En el presente caso la perjudicada era una enfermera del Hospital Tricocbe de Ponce. El acusado era un médico in-terno del mismo hospital. Este era un hombre de mucha fuerza física. En la noche de los. sucesos en cuestión el acusado -se acostó en la cama de su habitación. Llamó a la perjudicada y le pidió que le trajera un vaso de agua, lo cual ella hizo. Entonces el testimonio de ella tendió a demostrar que él le pidió,que pusiera el vaso de agua bastante dentro de la habitación, y-al hacerlo ella así, él cerró la.puerta. Entonces, según - ella, él procedió ..a tener, relaciones carnales con ella a la fuerza. Según su declaración, ella luchó con él por espacio de una hora y él le tapó la boca hasta que finalmente sn resistencia fué vencida y entonces tuvo lugar el acto carnal. Ella declaró que durante todo este tiempo le fué imposible gritar. Después del incidente no se quejó a nadie en el hospital hasta el siguiente día, en que se quejó al director. Entonces éste ordenó que se le examinara y se halló que las relaciones carnales habían tenido lugar. Al explicar su demora en comunicarse con alguien en el hospital, la enfermera declaró que el día del suceso allí no había nadie en quien ella tuviera suficiente confianza. Fué repreguntada en repetidas ocasiones respecto a este hecho y declaró una y otra vez que si bien las demás enfermeras del hospital eran sus amigas profesionales, no eran sus amigas íntimas, y que no las consideraba sus amigas personales. Su testimonio a este respecto está sostenido por alguna otra prueba en el caso. Según los autos tienden a demostrar, la misma noche en que ocurrió el incidente ella obtuvo de otra enfermera alguna morfina y consiguió unas pastillas de sublimado y trató de suicidarse. También hubo prueba al efecto de que vomitó a consecuencia del tósigo y que fué llevada a la cama por las enfermeras. Se le aplicó una bomba estomacal u otros eméticos y ella guardaba cama- cuando hizo sus revela-ciones al director y a una o más de las otras enfermeras. La prueba tiende a demostrar que ella tenía la mente sufi-cientemente despejada cuando se querelló al director, pero, no obstante, la. inferencia es que ella estaba bajo los efectos de toda la situación que acabamos de describir.

En este recurso no se suscita cuestión alguna respecto a la suficiencia de la prueba para condenar ni sobre la corro-boración del testimonio de la testigo principal. El acusado ocupó la silla testifical y declaró que el acto se realizó volun-tariamente por parte de Ramona Martínez, que ella consintió y que en realidad no se usó fuerza alguna.

Este es un resumen de los hechos principales del caso, los cuales ni el apelante ni el fiscal exponen en sus alegatos. Nos hemos visto precisados a hacer un resumen de los hechos nosotros mismos, resumen que necesariamente está sujeto a los hechos adicionales que cualquiera de las partes pudiera haber sugerido debieron haberse expresado. Hemos hecho varios comentarios en causas criminales, así como en civiles, al efecto de que debe hacerse una relación de los hechos principales del caso, y este recurso está sujeto a ser desestimado por haberse dejado de cumplir con ese-requisito. No,embargante, consideraremos hasta cierto punto los señalamientos de error suscitados por el apelante.

Por tanto, bajo los hechos de este caso, como el acusado ocupó la silla de los testigos, fué simplemente una cuestión para el jurado determinar quién decía la verdad. Siempre existía la posibilidad de que si la perjudicada mentía, ésta era enteramente cuestión que debía ser determinada por el jurado. Por tanto, si los errores señalados sobre la admisión o exclusión de prueba o sobre las instrucciones no pueden prevalecer, la sentencia debe ser confirmada.

Luego de terminarse el examen directo de la perjudicada, una de las primeras preguntas que el letrado del acusado le hizo fué si tenía barros en el momento en que ocurrieron los sucesos. Ahora bien, en realidad ella declaró que sí los tenía. La corte no permitió que se continuara repreguntando en cuanto a si ella tenía barros, y el acusado alega que se cometió error a este respecto. El acusado deseaba demostrar que si ella había tenido una ruda lucha, debían de aparecer signos de violencia en su cara. Hubiese sido enteramente posible para el acusado, de ser importante, demostrar en alguna forma que la cara de la perjudicada no presentaba señales de haber sufrido daño alguno. Toda la prueba, según la recordamos, tendió a demostrar que la perjudicada no presentaba en su cuerpo indicio alguno de haber sufrido violencia externa. No hallamos que se cometiera error alguno, y de haberlo, el mismo no fué perjudicial.

Los señalamientos segundo, tercero y cuarto se refieren a la negativa de la corte a permitir que el acusado hiciera un experimento físico, con la participación de ella, para ilustrar lo que pudo haber ocurrido en la lucha habida entre ella y el acusado. El letrado de éste trató de suponer ciertas cosas como ocurridas, sobre las cuales no bubo prueba alguna, a fin de determinar la posibilidad de cómo ocurrió la lucha, o algo a ese efecto. Conforme la vemos nosotros, la cuestión participaba de la naturaleza de una pregunta hipotética. La corte no vió que la misma fuera aplicable • bajo los hechos de este caso, y no hallamos que se cometiera error alguno.

Hubo algún conflicto entre la corte y el letrado de la de-fensa respecto a si la testigo había declarado sobre el móvil que ella tuvo al no comunicarse con las demás enfermeras durante la noche del suceso, pero aun si la corte hubiese estado equivocada, el error no fué perjudicial y su actuación al impedir que continuara el examen fué igualmente inofen-siva. Sería conveniente decir a este respecto que hallamos que la corte demostró paciencia extremada durante el juicio de este caso. El examen de repregunta de la testigo principal y de algunos de los otros testigos fué innecesariamente largo y detallado. El letrado de la defensa en diversas ocasiones solicitó de la testigo que dijera repetidas veces cuestiones sin importancia que habían sido declaradas durante el examen directo. Los autos nos parecen algo confusos, más tenemos la idea de que la corte permitió la pregunta o su equivalente.

El fiscal presentó una objeción, que la corte sostuvo, a una repregunta hecha por el acusado respecto al conflicto exis-tente entre su idea de suicidarse y la idea de comunicar el hecho algún día a alguien. La pregunta en su forma fué demasiado elaborada y la corte estuvo en lo cierto al ex-cluirla.

El séptimo señalamiento de error se refiere a una pre-gunta hecha por la corte más o menos en el mismo campo. Ella despejó la situación y no hallamos que hubiera abuso de discreción.

Los señalamientos de error octavo, noveno y décimo se refieren a la acción de la corte al permitir al Doctor Grauláu, el director, y a otros testigos declarar sobre la que-relia que Bamona Martínez les hizo el día siguiente a los sucesos y sobre los detalles del mismo. Al discutir estos señalamientos de error, el apelante no hace referencia a las páginas de los autos en que aparecían las declaraciones, y la discusión de estos errores versa en parte sobre un punto no incluido en los señalamientos. El apelante discute los extensos detalles de la querella presentada por dicho testigo, que no fueron objeto de los señalamientos de error.

Bespecto al undécimo error, no tenemos dudas de que la corte estaba en lo cierto al manifestar que el acusado, en el examen redirecto, hacía preguntas que debieron haberse hecho en un examen directo por el mismo acusado. Igual sucede con el duodécimo señalamiento.

El señalamiento de error décimotercero es como sigue:

"La corte cometió grave error al permitir al Sr. Fiscal presentar como prueba la deeláraeión prestada por el acusado Salvador Bénítez Méndez, en un juicio celebrado anteriormente sobre los mismos he-chos, violando así los derechos constitucionales del acusado.”

El objeto del fiscal al presentar la declaración anterior del acusado fué por las admisiones que pudiera contener. La evidencia así ofrecida no era objetable en el sentido de que obligaba al acusado a declarar contra sí mismo, toda vez que ya él había declarado voluntariamente en el juicio anterior. Las dos declaraciones del acusado no variaban mucho y la que se presentó podría considerarse como acumu-lativa y no perjudicial.

La corte denegó las siguientes instrucciones:

"El hecho de que Ramona Martínez no tenía signos aparentes de violencia, establece la presunción de que ella consintió.
"Entre las circunstancias corroborativas presentes generalmente en todo caso de violación, están los signos y huellas aparentes de la lucha que quedan sobre las ropas o cuerpo de los participantes.
"El no existir signos exteriores de violación (sie) constituye una fuerte presunción de que Ramona Martínez no opuso resistencia.”

No hallamos que ninguna de ellas expusiera la ley corree-tamente. El tercer párrafo no ha sido copiado correctamente de los autos, pero quizá no hay diferencia alguna en su efecto.

Bajo los señalamientos 15 y 16 el apelante se queja de ciertas instrucciones dadas por la corte inferior. Si se leen las instrucciones en su totalidad, no hallamos que en ellas se cometiera verdadero error. Sea ello como fuere, el acusado no dio a la corte oportunidad alguna para corregir cualquier ligero error que pudiera haber cometido. La juris-prudencia de esta corte es enteramente clara al efecto de que para que el acusado pueda aprovecharse en apelación de cualquier error que no sea fundamental cometido en las instrucciones, han debido presentarse objeciones y excep-ciones en la corte inferior. Pueblo v. Maldonado, 45 D.P.R. 417; Pueblo v. Estrella, 45 D.P.R. 462; Pueblo v. Mercado, 46 D.P.R. 153.

En una parte de su alegato el apelante sostiene que la perjudicada, al verse maniatada por el acusado, pudo mover la cabeza de un lado para otro, impidiendo así que se le1 tapara la boca y colocándose en situación de gritar, pero, sin-embargo, el hecho de no haber gritado puede explicarse en varias formas fuera de la mera imposibilidad física de gritar. La perjudicada pudo haber estado completamente aterrori-zada, según tiende a demostrar parte de su testimonio.

No hallamos prueba alguna de parcialidad o prejuicio en la actuación de la corte inferior ni error alguno al negarse a conceder un nuevo juicio.

La sentencia y la resolución apeladas deben ser confir-madas.


author: E¡l Juez Asociado Señor “Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, a requerimiento de Bautista Rosario, demandante y apelante, v. Luis Ferrer, demandado y apelado.
    No. 6176.
    Sometido: Junio 11, 1934.

      Resuelto: Junio 26, 1934.

      T. Bernardini de la Huerta, abogado del apelante; Luis F. Camacho, abogado del apelado.
   EN MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN

E¡l Juez Asociado Señor “Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En el presente caso desestimamos la apelación por acadé-mica, en vista de que ¡a persona que el auto trataba de sepa-rar de su cargo ya había cesado como miembro de la Asam-blea Municipal de Cidra. La opinión emitida en este caso indica con toda claridad que el recurso era académico, mas también que debió prevalecer originalmente la contención del relator. Éste radicó una moción de reconsideración fundado en que se le había condenado al pago de costas en la corte inferior y, por ende, que en cuanto a éstas la apelación no era académica.

En 8 de mayo de 1934, expedimos una orden para mostrar causa por la cual el apelante no debía ser exonerado del pago de las costas. El querellado no contestó a esta or-den para mostrar causa. En 1°. de junio expedimos otra or-den en la que sugerimos a las partes que debían discutir la cuestión de si en un procedimiento de quo warranto el relator tenía derecho a apelar o si tal derecho residía exclusivamente en el fiscal general. El relator no ha archivado alegato ni ha comparecido. El querellado radicó un alegato en que sostiene que la única persona con derecho a apelar lo era el fiscal general o El Pueblo de Puerto Rico. En este alegato se hizo'referencia al caso de Santiago v. Feville, 10 P.R.R. 432. Una lectura de la opinión del Juez Asociado Sr. Mac-Leary en dicho caso nos ha convencido de qne el fiscal general es la única persona qne pnede iniciar nn procedimiento de quo warranto como el presente, pero después de iniciado, el derecho a proseguir el recurso está bajo el dominio del relator. La opinión en dicho caso sostiene que el relator tiene entonces el dominio del caso hasta su determinación final.

El artículo 348 del Código de Enjuiciamiento Civil lee como sigue:

“Un pleito se considera pendiente desde que principia basta su resolución final en apelación, o basta que baya expirado el tiempo para interponer el recurso de apelación, a menos que se baya cumplido el fallo con anterioridad.”

Por tanto, nos hemos convencido de que al relator no de-bió condenársele al pago de las costas. Por consiguiente, nuestra resolución de abril 25, 1934, debe ser modificada a fin de que lea que la sentencia de la corte inferior en tanto en cuanto desestimó las pretensiones del relator debe ser confirmada, toda vez que el recurso es académico, pero dicha sentencia debe ser revocada en tanto en cuanto condena al relator al pago de las costas.


author: El Juez Asociado Señoe

text:
    Arturo Lluberas Rodríguez, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    No. 927.
    Sometido: Junio 15, 1934.

      Resuelto: Junio 26, 1934.

      L. López, de Victoria, abogado del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señoe

Audrey, emitió la opinión del tribunal.

Este recurso gubernativo lia sido interpuesto por haberse-, negado el Registrador de la Propiedad de San Germán a ins-cribir una escritura de prórroga de plazos de una hipoteca por entender que sus estipulaciones son de tal naturaleza que novan y extinguen la hipoteca que está inscrita.

Diego Yélez Gotay y su esposa Julia Pranceschi Anton-giorgi otorgaron escritura pública el 16 de junio de 1931 en la que reconocieron deber a Herminio Vélez Gotay la canti-dad de $3,319 y para garantía del pago de esa deuda consti-tuyeron hipoteca sobre una casa de su propiedad radicada en Tauco. Las estipulaciones de esa escritura son las siguien-tes : que el pago de la deuda sería hecho en tres plazos anua-les en los días 16 de junio de los años 1932, 1933 y 1934: que la cantidad debida devengaría intereses del 10 por ciento al año pagaderos por anualidades vencidas: y que los dueños de la casa renunciarían y renunciaron su derecho de hogar seguro en ella.

En 30 de abril de 1933 estaban vencidos los dos primeros plazos de esa hipoteca y $181 de intereses sin haber sido pa-gados y en ese día el acreedor hipotecario y su esposa cedie-ron todo el crédito y los $181 de intereses a Arturo Llúberas Rodríguez, siendo inscrita esa cesión en el registro de la pro-piedad, haciéndose constar en la nota de inscripción que dicho crédito no se encuentra gravado con carga alguna.

En la misma fecha de la cesión del crédito Arturo Llube-ras Rodríguez y su esposa otorgaron otra escritura con Julia FrancescM Antongiorgi, a quien disuelto su matrimonio por divorcio le fué adjudicada la casa hipotecada. En ese docu-mento convinieron las partes en la prórroga de la hipoteca mediante las siguientes estipulaciones: (A) se convino en que la hipoteca será pagada en siete plazos anuales empezando el primero de mayo de 1935 y terminando en 1941: (B) qué él tipo de interés quedaba reducido al 8 por ciento al año pagadero por anualidades vencidas: (C) que los $181 de in-tereses vencidos y no satisfechos serán pagados el primero de mayo de 1935 con interés del 8 por ciento al año: (D) por la prórroga y por la rebaja en los intereses, la deudora se comprometió a tener asegurada la casa contra incendio: (E) aceptó la deudora que vencidas dos anualidades de intereses sin ser pagadas quedaría vencida toda la deuda pudiendo ser ejecutada: (F) que dejados de pagar dos plazos del capital también quedaba vencida toda la deuda: y (Gr) que igua] vencimiento de la hipoteca produciría el dejar de asegurar la casa contra incendio. Por la estipulación (H) la deudora renunció su derecho de hogar seguro y en la (I) se consignó que con las prórrogas y modificaciones convenidas quedará en vigor la hipoteca que estaba constituida.

El recurrente y el registrador han dedicado sus alegatos en este caso a sostener el primero que la escritura cuya ins-cripción ha sido negada no constituye una novación de la hi-poteca inscrita, mientras que el segundo sostiene que se trata de una novación y que para inscribirla deben las partes acor-dar la cancelación de la hipoteca original.

En el caso de J. Arbona & Hno. v. Registrador de la Propiedad de San Germán que resolvimos el 31 de mayo de este año (46 D.P.R. 828) dijimos con respecto a un contrato de refacción agrícola que. el registrador se negó a inscribir por contener una novación de otro contrato anterior inscrito, lo siguiente:

. El registrador puede estar en lo cierto respecto a que lo que se hizo aquí fué una novación del contrato, pero calificar de no-vación un contrato no equivale .en forma alguna a decir que las partes no pueden celebrar una novación, .si así lo desean^ siempre _ que con ello no se perjudique á terceros. Nada hay en las escrituras o en la nota que se transcribe que demuestre que alguien pudiese haber sido lesionado o perjudicado por la inscripción,'a no ser las mismas partes contratantes, y ellas no se quejan, ni probablemente creyeron que tenían razón alguna para quejarse.”

"Birla misma situación se encuentra este caso en el que según la nota de inscripción; puesta por el registrador a.l Cálce de la escritura de cesión del crédito hipotecario, dicho crédito no está gravado con carga alguna por lo que la anterior doctrina es aplicable al presente.

La nota recurrida debe ser revocada y ordenarse la ins-cripción solicitada.