text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pedro Feliciano Caraballo, acusado y apelante.
    Núm. 11958.
    Sometido: Abril 1, 1947.

      Resuelto: Abril 23, 1947.

      Enrique Báez García, abogado del apelante; lion. Procurador General Interino Luis Negrón Fernández, y Joaquín Correa Suárez, Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué acusado de un delito de asesinato en primer grado. El día de la vista, al terminar la lectura de la acusación, el Fiscal, a petición de la defensa, rebajó la cali-ficación del delito a la de asesinato en segundo grado. El acusado retiró entonces su anterior alegación de inocencia y se declaró culpable de asesinato en segundo grado.

El 31 de mayo de 1946, día señalado para dictar la sen-tencia, el acusado radicó una moción solicitando se suspen-diera la sentencia de acuerdo con lo dispuesto por la Ley núm. 259 de 3 de abril de 1946, sobre sentencias probatorias. Se opuso el Fiscal y la corte pidió a éste que le entregase el expediente del caso “a los fines dQ determinar sobre la ele-gibilidad del acusado a los beneficios de la Ley 259.” A so-licitud de la defensa la corte oyó entonces la declaración del acusado “a los fines de compararla con las declaraciones del expediente de Fiscalía,” posponiendo para el 4 de junio do 1946 el pronunciamiento de la sentencia. En la indicada fe-cha la corte inferior declaró sin lugar la moción sobre sus-pensión de sentencia y condenó al acusado a la pena de doce años de presidio.

El apelante alega como único fundamento de su recurso que la corte inferior erró al negarle los beneficios de la ley sobre sentencias probatorias, “siguiendo un procedimiento que no está autorizado por dicha ley.”

El artículo 2 de la citada Ley núm. 259 dispone que el efecto de la sentencia que se imponga por cualquier delito grave, con excepción del asesinato en primer grado, deberá ser suspendido y el sentenciado puesto a prueba, siempre que concurran los siguientes requisitos:

(a) que el acusado no haya sido convicto, sentenciado y recluido en prisión por delito alguno con anterioridad a la comisión del delito por el cual está siendo procesado;
“(b) que el delito cometido no evidencie aquel grado de defor-mación moral que hace indispensable que, para poder intentar su reforma, se recluya al delincuente en un establecimiento penal.
‘•'(c) que la corte sentenciadora tenga ante sí un informe que le haya sido rendido por un Oficial Probatorio . . . después de dicho Oficial Probatorio haber practicado una investigación minuciosa de las circunstancias del delito cometido, los antecedentes de familia e historia social del acusado, y que tal investigación revele que dicho acusado siempre fué un ciudadano respetuoso y cumplidor de la ley: ...”

La ley que estamos examinando no establece procedi-miento alguno al cual deba ajustarse el juez sentenciador para determinar si la suspensión de la sentencia solicitada por el reo, es o no procedente. Teniendo en cuenta las cla-ras disposiciones del artículo 2, supra, nos parece lógico que al serle presentada una solicitud para la imposición de una sentencia probatoria, lo primero que debe hacer el juez sen-tenciador es cerciorarse de si el acusado ha sido anterior-mente convicto y sentenciado por la comisión de otro delito, pues si lo hubiere sido, dicho juez carecerá de facultad para concederle el beneficio de la ley. Si de la investigación practicada resultare que el acusado no tiene antecedentes pe-nales, el próximo paso que deberá dar el juez es el de exa-minar los hechos y circunstancias bajo los cuales se cometió el delito, para determinar si la deformación moral del acu-sado es de tal naturaleza que haga necesaria su reclusión en una institución penal. Si de la investigación resultare que el acusado carece de antecedentes penales y que su reclusión en un penal no es necesaria, entonces y solamente entonces sería necesario el informe de nn oficial probatorio sobre los antecedentes de familia e historia social del acusado.

En el caso de autos, no habiéndose celebrado un juicio, el juez hizo lo único que le era posible hacer para enterarse de los hechos y circunstancias del delito cometido y del cual se había declarado culpable el acusado, o sea examinar las declaraciones tomadas por el fiscal a sus testigos y dar como le dio al acusado una oportunidad de presentar a la corte una explicación de lo ocurrido. Examinado el ex-pediente del fiscal y oída la declaración del acusado, la corte inferior, en el ejercicio de la discreción que le concede el apartado (b) del artículo 2, supra, declaró “no haber lugar a la moción del acusado solicitando los beneficios de la Ley núm. 259.” Esa resolución tiene a su favor la presunción de ser justa y correcta. Debemos presumir que la denegación de la moción se basó en evidencia tendiente a demostrar ]a previa convicción del acusado o que las circunstancias en que se cometió el delito hacían indispensable la reclusión dol acusado. Y en uno u otro caso el informe del oficial probatorio era innecesario.

No habiéndonos puesto el apelante en condiciones de que podamos determinar si la corte inferior abusó de su discre-ción, la sentencia recurrida debe ser confirmada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Héctor Rodríguez Maldonado, acusado y apelante.
    Núm. 11873.
    Sometido: Abril 8, 1947.

      Resuelto: Abril 23, 1947.

      Samuel R. Quiñones, abogado del apelante; Hon. Procurador General Interino Luis Negrón Fernández, y Joaquín Correa Suárez, Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Héctor Rodríguez Maldonado fue convicto por un jurado de un delito de asesinato en segundo grado y sentenciado por la Corte de Distrito de Humacao a cumplir quince años de presidio. En este recurso alega que la corte inferior erró, 1ro., al permitir al fiscal que hiciera la presentación de su prueba sin haber expuesto antes al jurado la teoría de la acusación fiscal y, 2do., al dictar sentencia sobre la base del veredicto rendido por ser éste contrario a la prueba presen-tada.

El primer señalamiento carece de méritos. La defensa ni objetó ni tomó excepción cuando el fiscal hizo cons-tar que renunciaba a exponer la teoría de su caso^)

En cuanto al segundo error bastará decir que la prueba fué contradictoria y que, no obstante las contradic-ciones en que incurrió la mayoría de los testigos del fiscal, habiendo el jurado dado crédito, entre ellos, a los testimo-nios de Ramón Moyano Osorio y Félix García Pacheco, el veredicto está sostenido por la prueba. Ésta demostró que estando el acusado y Dolores Meléndez en un cafetín jugando barajas por dinero, el acusado le exigió a Meléndez le pagara veinticinco dólares que le había ganado; que un amigo le prestó a Meléndez treinta dólares en tres billetes de a diez dólares; que Meléndez tiró los tres billetes sobre la mesa y le dijo al acusado, “toma, desgraciado,” y el acusado le de-volvió un billete de cinco dólares; que entonces Meléndez sacó un revólver que portaba y lo puso o tiró sobre la mesa que era de porcelana y al resbalar éste por la mesa el acu-sado lo cogió y le hizo dos disparos a Meléndez hiriéndolo en un brazo y en el pecho, siendo esta última herida, la que le causó la muerte. Las contradicciones en que incurrieron los testigos de cargo — excepto Moyano — consistieron en el hecho de que declararon que al poner Meléndez el revólver sobi'e la mesa tanto el acusado como Meléndez sostuvieron una lucha o forcejeo por apoderarse del revólver y en ese momento fué que salieron los disparos, mientras que en la investigación practicada por el fiscal la noche del suceso no declararon que había habido tal lucha o forcejeo por el arma. Este conflicto en la prueba fué dirimido por el jurado, como hemos dicho, dando crédito a las declaraciones de Moyano y de García al efecto de que no hubo tal lucha y que fué el acusado el único que cogió el arma con que disparó y mató a Meléndez.

No habiéndose alegado ni probado que el jurado actuó movido por pasión, prejuicio o parcialidad o que cometiera manifiesto error en la apreciación de la prueba, procede la confirmación de la sentencia apelada.

       Se lia resuelto que las disposiciones del párrafo tercero del artículo 233 del Código de Enjuiciamiento Criminal al efecto de que el fiscal iniciará el juicio . expresando oralmente ante el jurado o la corte . . . la naturaleza del delito que intenta probar, las circunstancias en que se cometió el hecho . . no son mnndatorias. Véanse los casos de People v. Weber, 86 Pac. 671; People v. Arnold, 250 Pac. 168; y People v. Moore, 160 P. 2d 857, interpretando el artículo 1093 del Código de Enjuiciamiento Criminal de California, equivalente al 233 del nuestro.


author: El Juez Asociado Señor Madrero

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Antonio Arce Cortés, acusado y apelante.
    Núm. 11733.
    Sometido: Abril 10, 1947.

      Resuelto: Abril 23, 1947.

      A. Quirós Méndez, abogado del apelante; Eon. Procurador General Interino Luis Negrón Fernández, y Joaquín Correa Suárez, Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Madrero

emitió la opinión del tribunal.

En 8 de agosto de 1946 el Fiscal del Distrito de Agua-dilla formuló acusación contra Antonio Arce Cortés porque en dicho día y en el pueblo de Aguadilla ilegal, voluntaria y maliciosamente, y a sabiendas de que violaba la Ley número 228 de 12 de mayo de 1942, según fué enmendada por la Ley número 493 de 29 de abril de 1946, en relación con la Orden Administrativa número 8 promulgada por el Administrador General de Suministros el 8 de septiembre de 1942, se negó a venderle la cantidad de 48 sacos de arroz a Pedro Nieves Román, a pesar de tener suficiente cantidad de arroz en exis-tencia, si éste no le compraba otros artículos, tales como maíz, papas, cebollas, etc., a un costo de $2,000, artículos és-tos que el mencionado Pedro Nieves Román ni necesitaba, ni interesaba. .

Señalado el caso, el juicio fue celebrado en 19 del mismo mes, y oída la prueba la corte de distrito declaró al acusado culpable del delito imputádole y le sentenció a sufrir la pena de dos años de cárcel y a pagar una multa de $5,000, más las costas.

No conforme con la sentencia impuéstale el acusado apeló oportunamente para ante este Tribunal y en apoyo del recurso interpuesto señala los siguientes errores:

“Primero: Erró la Corte al denegar la moción de suspensión soli-citada por la defensa.
“Segundo: Erró la Corte al denegar la excepción perentoria en la que se alegaba que la acusación no aducía hechos constitutivos de causa de acción contra el acusado y apelante.
“Tercero: Erró la Corte al declarar sin lugar la excepción pe-rentoria por falta de jurisdicción de la Corte.”

Por considerar que la cuestión planteada en'el segundo señalamiento es la más importante en el caso, discutiremos ésta primeramente. Sostiene el apelante al argumentarlo que aquí ba habido una indebida delegación de poderes “y que es a la Legislatura y a los Honorables Jueces a quienes corresponde declarar lo que es un delito,” arguyendo además que al amparo de la Ley el Administrador General de Suministros no tiene poder para definir lo que es un delito y menos para imponer una pena.

Es incuestionable que existen ciertas facultades que el po-der legislativo puede delegar en favor de determinado fun-cionario o junta administrativa. Empero, es natural que la persona o entidad en quien se ha delegado tal autoridad me-ramente puede aprobar reglas y reglamentos que estén den-tro del contexto, propósito y espíritu de la ley que les otorga tal facultad. No es posible que el legislador pueda en una ley prever o anticipar todas las situaciones que surgen como resultado de la aprobación de la misma, y la facultad de aprobar regias y reglamentos se delega con el fin de que la ley se implemente y se haga más viable. Véanse 42 Am. Jur. 353, sección 49 y la monografía que aparece en 79 L. ed. 489.

En el caso que nos ocupa, la Ley de manera clara y ta-xativa autoriza al Administrador General de Suministros a aprobar reglas y reglamentos. Veamos: la núm. 228 de 12 de mayo de 1942 (pág. 1269), según fué enmendada por la núm. 493 de 29 de abril de 1946 (pág. 1475), contiene las si-guientes disposiciones:

“Artículo 2.' — (c)—El Administrador podrá, de tiempo en tiempo, dictar aquellas reglas y órdenes que crea necesarias para poner en vigor las disposiciones de esta Ley.
“Artículo 3.— (a) — Cuando en el criterio del Administrador el precio o precios de artículos de primera necesidad . . . hayan subido o amenacen subir en una forma inconsistente con los propósitos de esta Ley, dicho Administrador podrá, mediante reglas u órdenes, esta-blecer aquellos precios máximos o beneficios máximos que en su criterio sean generalmente justos y equitativos y que pongan en vigor los propósitos de esta ley; ... El término ‘Regla u orden’ tal como aquí se usa, significa una regla u orden de general aplicación y efecto . . .
(b) — Cualquier regla u orden emitida de acuerdo con este ar-tículo, podrá ser establecida en tal forma y manera que contenga aquellas clasificaciones y distinciones y provea para tales ajustes o razonables excepciones como sean necesarias y propias, en el criterio del Administrador, para poner en efecto los propósitos de esta Ley. . . .
“ (c) — Cuando en el criterio del Administrador sea necesario y propio para poner en efecto los propósitos de esta Ley, podrá regla-mentar mediante regla u orden, y' podrá prohibir, prácticas especu-lativas o de manipulación,.
* i* .* i* *
“(e) — Las órdenes, reglas y reglamentos dictados bajo esta Ley podrán contener todas aquellas disposiciones que el Administrador crea necesarias para evitar la evasión de los mismos.
“Artículo 10(a) — Será ilegal,.la venta o entrega por persona alguna de cualquier artículo de primera necesidad. en el curso de los negocios,.en violación de cualquier regla u orden expedida bajo esta Ley,.”

Así pues, es innegable que en la Ley núm. 228 de 1942, según i‘ué enmendada en 1946, se faculta al Administrador de Suministros para aprobar reglas y reglamentos que natu-ralmente estarán en armonía, a tono y dentro del espíritu, contexto y propósito de la Ley.

De acuerdo con la facultad conferídale el Administrador de Suministros procedió a aprobar, con feclia 8 de septiembre de 1942, la Orden .Administrativa núm. 8, que en lo aquí pertinente, reza así:

“El Administrador General de Suministros de Puerto Rico por la presente determina que existe en nuestro comercio insular una serie de prácticas especulativas y de manipulación que, en su cri-terio, equivalen a propender el alza injustificada de precios y que son inconsistentes con los fines de la Ley Núm. 228 de mayo 12 de 1942. En consonancia con estas determinaciones y a virtud de las facultades que le confiere el Artículo 3, Inciso (d) de la ante-dicha Ley, el Administrador dicta la siguiente orden:
“6. — Negarse a vender un artículo que tenga en existencia) si no se le compran otros que el comprador no interesa o no necesita.” (Bastardill as nuestras.)

Dicha Orden Administrativa tiene nueve apartados y la violación de cualquiera de ellos es castigada por la propia orden con multa máxima de $5,000 y con pena de tres meses a dos años de cárcel.

Se ha resuelto en reiteradas ocasiones que un reglamento aprobado por delegación por un cuerpo administrativo no-puede estar en pugna con la ley que otorga la facultad de-aprobar el mismo. Se ha decidido igualmente que por re-glas o reglamentos no se pueden crear delitos por actos u omisiones no castigados por la ley a virtud de lá cual se dic-tan tales reglas o reglamentos. Véanse Ex parte Irizarry Marrero, 66 D.P.R. 672, 676 y casos en él citados; 42 Am. Jur., página 355, sección 50 y la monografía antes citada que figura en 79 L. ed. 491. Véanse también United States v. Eaton, 144 U.S. 677, que es sin duda un caso cumbre en la materia, y los de United States v. Grimaud, 220 U.S. 506, y Singer v. United States, 323 U.S. 338, en los que se distingue el principio en aquél enunciado.

Se habrá notado que por el apartado 6 de la Orden Ad-ministrativa núm. 8 el Administrador trata de prohibir las que muy acertada y gráficamente nuestro pueblo ha dado en llamar “ventas en convoy.”

Se habrá visto asimismo que bajo los artículos 2(c) y 3(a), (b), (c) y (e) de la Ley núm. 228, supra, según ha sido enmendada, el Administrador tiene autoridad no sola-mente para dictar las reglas y órdenes que crea necesarias para poner en vigor la misma, sí que también que podrá pro-hibir prácticas especulativas o de manipulación y las que cre-yere necesarias para evitar la evasión de la Ley. Al hacer figurar en su Orden Administrativa núm. 8 que queda pro-hibido el negarse a vender un artículo que un comerciante tenga en existencia si no se le compran otros artículos que el adquirente no interesa o no necesita, el Administrador no hizo otra cosa que implementar la Ley núm. 228, según fué enmendada, para hacer cumplir los propósitos y fines de la misma. De no permitírsele al Administrador que adopte un reglamento como el aprobado por él prohibiendo transaccio-nes similares a la aquí envuelta, fácil sería para comercian-tes poco escrupulosos eludir los precios máximos fijados.

Es cierto que en la Orden Administrativa tantas veces mencionada el Administrador fija una penalidad, mas • ella no es otra cosa que la repetición de la penalidad estable-cida por el estatuto en su artículo 13(b). En su consecuencia, dicha penalidad puede considerarse como materia redundante (surplusage) o como una repetición innocua.

Como antes indicamos, por reglamento no se pueden crear delitos. Pero cuando la .ley faculta al funcionario administrativo a aprobar reglamentos y a la vez el estátuto cástiga la violación de la ley y de tales reglas y reglamentos .(artículo 10(a) supra) difícilmente podría decirse que una acusación formulada al amparo de la ley y el reglamento no aduce hechos constitutivos de delito público.

En el caso número 11818, El Pueblo v. Salvador Rivera Irizarry, resuelto con fecha 14 ele abril del año en curso, (ante, pág. 190), este Tribunal tuvo oportunidad de discutir una cuestión que aunque no idéntica a la aquí envuelta guarda cierta similitud con ella. En aquél se imputó a Rivera Irizarry el haber vendido media libra de bacalao en 15 centavos en violación de la Orden Administrativa núm. 68. La Ley núm. 228, supra, no fija el precio máximo para nin-gún artículo, sino que autoriza al Administrador a fijar pre-cios máximos. Al resolver la cuestión allí envuelta, este Tribunal dijo lo siguiente:

“La Legislatura creó el delito. El Administrador, ya le llame-mos un funcionario o un ciudadano particular, tomó la acción para la cual estaba autorizado en virtud de la Ley núm. 228. Por tanto resolvemos que la violación de la Orden Administrativa constituyó un delito ...
“No podemos convenir con la contención del acusado de que el delito aquí imputádole no estaba definido por la ley. El artículo 10 (a) hace ilegal la venta de cualquier artículo en violación de cual-quier regla u orden expedida bajo la Ley núm. 228 . En adi-ción, el artículo 13(b) y las disposiciones de la Orden Administra-tiva fijando penalidades por violación a la misma son idénti-cas .. .
“El acusado alega también que aunque el artículo 2 (c) auto-riza al Administrador a dictar reglas y órdenes, la Ley 'no dispone que tales reglas y órdenes tendrán fuerza de ley. Esta es una con-tención frívola. El artículo 10(a) expresamente hace ilegal la venta de cualquier artículo en violación de una orden o regla del Admi-nistrador. ’ ’

Hemos dicho (pe el caso de Rivera Irizarry guarda si-militud con el de autos, porque si bien en él estaba envuelta una venta a sobreprecio, y no una “venta en convoy,” las cuestiones de derecho allí resueltas son casi idénticas a la mayoría de las discutidas en el presente. En su conseeuen-cia, lo 'anteriormente citado podría decirse con igual fuerza en el caso ante nos.

El caso de Kraus & Bros. Inc. v. United States, 327 U.S. 614, parece ser casi idéntico al que consideramos. En él se alegaba en la acusación que el acusado “ilegal y voluntaria-mente y a sabiendas evadió las disposiciones del Reglamento niíro. 269, sección 1429.5, al exigir, compeler y requerir del detallista que comprara patas o pellejos de pollos (skins) a determinado precio como condición para la venta de las aves.”

La sección 2(a) de la Emergency Price Control Act de 1942 autoriza al Administrador de Precios “a establecer me-diante reglamento u orden aquellos precios máximos que a su juicio fueren justos y equitativos para poner en vigor los fines de la Ley” y la sección 2(g) dispone además que los reglamentos y órdenes aprobados de acuerdo con la ley pue-den contener aquellas disposiciones que el Administrador considere necesarias para impedir la circunvención o evasión de la misma. De conformidad con la autorización otorgá-dale, el Administrador aprobó el Reglamento núm. 269, el que provee que los límites de precios en él fijados no serán evadidos por medios directos o indirectos. Al resolver el caso el Tribunal Supremo de Estados Unidos dijo por voz del Juez Murpby que “los elementos de la conducta evasiva deben ser expresados por el Administrador con tal claridad que una persona corriente pueda de antemano saber cómo evitar infringir la ley” (pág. 621) y que “la conducta pro-hibida debe, a los fines de un proceso criminal, expresarse con claridad en las órdenes y reglamentos que él (el Admi-nistrador) está autorizado por el Congreso para promulgar de acuerdo con la Ley.” (Pag. 622.) Se dijo también que el referido reglamento no bacía mención específica de “tying agreements or combination sales”, pero que para los fines del caso babía que admitir que entre las formas de evasión el Administrador legalmente podía incluir “ventas en convoy” (tying agreements and combination sales) que envolvieran ' la venta, de productos secundarios a su valor en el mercado. En vista del contexto poco claro del reglamento el Tribunal Supremo llegó a la conclusión de que el mismo sólo prohibía aquellos “tying agreements or combination sales” que en-volvieran efectos que carecían de valor o que se vendían a precios artificiales y ordenó que el caso, fuera devuelto a la corte inferior para un nuevo juicio.

Sin embargo, en el referido caso de Kraus & Bros. v. United States se hace constar, a la página 625 que “los re-glamentos sobre carnes y ropas contienen disposiciones que prohíben que una venta de carne o ropa dependa de que el adquirente tenga que comprar algún otro producto.”

En United States v. Armour & Co. of Delaware, 50 F. Supp. 347, estaba envuelta una cuestión similar a la del pre-sente caso y en él se resolvió que una acusación en’ que se imputa la violación de un reglamento similar a la Orden Ad-ministrativa núm. 8 aquí envuelta es suficiente. Véanse también: United States v. George F. Fish, Inc., 154 F.2d 798 y Coffin-Redington Co. v. Porter, 156 F.2d 113.

En relación con la Ley núm. 6 de 17 de noviembre de 1941 (Ses. Ext., pág. 15), a virtud de la cual se creó una co-misión que estaba facultada para determinar los precios a que podían venderse los artículos de primera necesidad, este Tribunal ha resuelto varios casos y en todos ellos ha llegado a la conclusión de que una venta efectuada a un precio en exceso del fijado en los reglamentos por la Comisión allí creada constituye un delito público. Véanse Pueblo v. Díaz, 62 D.P.R. 136; Pueblo v. Ortiz, 62 D.P.R. 298; y Pueblo v. Martínez, 62 D.P.R. 734.

El caso Ex parte Irizarry Marrero, 66 D.P.R. 672 es dis-tinto al presente. Allí se acusó a Irizarry Marrero por ne-garse a vender, y al ser sentenciado por la corte inferior éste acudió ante nos mediante un recurso de hábeas corpus. Resolvimos que bajo la Ley 228 de 1942 no constituía delito público el negarse a vender. Sin embargo, allí la ley de ma-nera taxativa proveía que: “Nada en esta Ley se interpre-tará en el sentido de obligar a persona alguna a vender ar-tículos de primera necesidad.”

Resumiendo, llegamos a las siguientes conclusiones:

(1) Que el Administrador estaba plenamente facultado para aprobar las regias y reglamentos que dictó;

(2) Que la Orden Administrativa Núm. 8 por él aprobada está dentro del propósito y espíritu de la Ley núm. 228, se-gún ésta lia sido enmendada;

(3) Que si bien la citada Orden núm. 8 fija una penali-dad, ella no es otra cosa que la penalidad provista por el artículo 13(b) d.e la Ley y no un delito distinto al provisto por ésta, y

(4) Que la acusación en los términos que está redactada imputa un delito público.

Resuelto así el segundo error señalado, procederemos ahora a discutir los errores primero y tercero. El primero de ellos, como se recordará, se refiere a que la corte cometió error al denegar la moción de suspensión solicitada por la defensa. El suspender un juicio descansa siempre en Ja sana discreción de un tribunal y esta Corte Suprema no intervendrá con tal discreción a no ser que se demuestre que lia habido abuso en el ejercicio de ella. Amy v. Barceló, Juez, 59 D.P.R. 661. Sostiene el acusado que la corte debió acceder a su solicitud, ya que estaba haciendo gestiones para que el Administrador General de Suministros le resolviera la causa administrativamente. No tiene en ello razón. El artículo 13(b), en su primer Disponiéndose sólo provee “que cualquier causa o proceso así iniciado deberá ser archivado, previo el pago de costas, cuando la persona procesada o su representante legal acrediten el haber satisfecho la multa administrativa que le hubiere sido fijada por el Administrador General de Suministros . ... ” (Bastardillas nuestras.) No dice en forma alguna ese artículo que la corte ante la cual se esté viendo un caso por infracción a la Ley núm. 228 deberá suspenderlo cuando meramente se están haciendo gestiones ante el Administrador por el acusado. Carece igualmente de méritos esta contención.

El tercer señalamiento se refiere a la falta de jurisdicción en la Corte de Distrito de Aguadilla para conocer de la causa. A este respecto diremos que si bien en Ex parte Irizarry, supra, resolvimos (pág. 683) “que cuando una persona es encarcelada por liaber cometido' ciertos actos que noconstituyen un delito bajo la ley, la corte carece de jurisdicción en dicho proceso y el acusado puede ser puesto en libertad en un procedimiento de habeas corpus.,” ello es así cuando no hay delito público mas no cuando se resuelve-que la acusación imputa delito. Además, la Corte de Dis-trito de Aguadilla era la llamada a conocer de la acusación,, ya que la Ley (artículo 13(b)) provee claramente que “la corte de distrito del lugar donde se realice el acto o transac-ción constitutivo del delito, tendrá jurisdicción original sobre dicha ofensa y el juicio se celebrará por tribunal de dere-cho Habiéndose cometido el delito en la ciudad de Agua-dilla no hay eluda de que la llamada' a conocer del mismo lo era la corte de, aquel distrito.

Ahora bien, resuelto así el caso creemos que nada hay en la acusación ni en la prueba que justifique la penalidad se-vera impuesta. En su virtud la sentencia será modificada ■para imponer al acusado $1,000 de multa y cuatro meses de cárcel, más las costas, y así modificada confirmada.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    María Teresa Maldonado, Daniel Buonomo López y Monserrate Morales, recurrentes, v. El Registrador de la Propiedad de Caguas, recurrido.
    Núm. 1201.
    Sometido: Enero 13, 1947.

      Resuelto: Abril 24, 1947.

      Severo Abella Bastón, abogado de los recurrentes; el registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El problema hipotecario envuelto en este caso es muy sen-cillo. Por escritura de 17 de octubre de 1927 ante el notario Andrés Mena Latorre, se constituyó una hipoteca por los esposos Luis Díaz Morales y María Teresa Maldonado, a favor de Angel Buonomo Tomasini y Daniel Buonomo López, on garantía de los cánones de dos fincas que los acreedores hipotecarios habían dado en arrendamiento al Sr. Luis Díaz Morales. El 14 de octubre de 1932, los acreedores hipoteca-rios firmaron y entregaron al deudor un documento privado on el que consignaron que habían recibido de éste el pago total del último canon de arrendamiento, y que se obligaban a otorgarle, tan pronto como los requiriese para ello, la co-rrespondiente escritura de cancelación de hipoteca.

El 8 de octubre de 1946, ante el notario Andrés Mena La-torre, Daniel Buonomo López otorgó escritura de cancelación do la hipoteca antes mencionada, transcribiéndose en la misma el documento privado que hemos reseñado anterior-mente, pero no compareció el otro acreedor hipotecario Angel Buonomo Tomasini^) Presentada la escritura de cancela-ción en el Registro de- la Propiedad de Caguas, el Registra-dor denegó su inscripción por haber sido otorgada por Daniel Buonomo López sin el concurso del otro acreedor, to-mando anotación preventiva por el término legal de 120 días a favor del deudor hipotecario. Contra esta nota se inter-puso el presente recurso.

La transcripción del documento privado en la escritura no lo convirtió en la escritura o documento auténtico que para cancelar una hipoteca exige el primer párrafo del art. 82 de la Ley Hipotecaria, que dice así:

“Las inscripciones . . . hechas en virtud de escritura pública, no se cancelarán, sino . . . por otra escritura o documento auténtico, en el cual exprese su consentimiento para la cancelación la persona a cuyo favor se hubiese hecho la inscripción ... o sus causahabientes o representantes legítimos.”

No apareciendo de la escritura de cancelación que el acreedor hipotecario Angel Buonomo Tomasini, ni sus cau-sahabientes o- representantes legítimos, () hubieran expre-sado su consentimiento por escritura o documento auténtico, para la cancelación de la hipoteca, actuó correctamente el Registrador al denegar la inscripción.

Se confirma la nota recurrida.

      (1)Tal parece que el documento privado se transcribió en la escritura para subsanar la incompareoencia de Angel Buonomo Tomasini.

      (2) Tratando de variar su teoría expuesta en el escrito inicial, el recurrente presentó un escrito enmendado acompañado de una copia no inscrita del tes-tamento de Angel Buonomo Tomasini, en el cual el testador instituyó a Daniel Buonomo López como heredero de una cuarta parte del tercio de su herencia. Arguye el recurrente, que en su carácter de heredero, podía otorgar la can-celación total. Sin entrar en otras consideraciones, cabe preguntar-» ¿Con qué derecho el heredero de una doeeava parte de la herencia indivisa puede can-celar la totalidad do una hipoteca perteneciente al caudal?


text:
    Bartolo Fortunet, apelante, v. La Junta de Planificación, Urbanización y Zonificación de Puerto Rico, querellada.
    Núm. 5.
    Sometido: Abril 11, 1947.

      Resuelto: Abril 28, 1947.

      José O. Sabater, abogado del apelante; Rafael R. Fuertes y Félix Bello, abogados de la querellada.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública número setenta y siete otorgada ante el notario José Sabater en Mayagüez el 19 de abril de 1944, don Bartolo Foptunet adquirió por compra de doña Elvira Quiñones una finca urbana que se describe así:

"URBANA: Solar radicado en la calle Sol de esta ciudad de Ma-yagüez, que mide una superficie de doscientos setentiséis metros un centímetro cuadrados (276-01) y que colinda al Norte con casa de la sucesión Arzamendi; por el Sur con la calle del Sol en que radica; por el Este con propiedad de F. Carrera & Hermano y por el Oeste con propiedad de Alejo Llull. Contiene las siguientes edi-ficaciones: que le pertenecen, una casa de madera, semialta, con los bajos de manipostería, balcón al frente, que mide seis metros seten-tidós centímetros de frente por igual medida de fondo y otra casa de manipostería, terrera, cobijada de zinc, de seis metros un centí-metro de frente por siete metros veintidós centímetros de fondo, con su cocina que mide dos metros setcntiún centímetros de frente por un metro oehentidós centímetros de fondo.”

El día 28 de febrero de 1945 don Bartolo Fortunet segregó de la finca principal antes descrita una de las casas y sn solar y se la vendió a don Antonio Masdeu y el 13 de octubre de 1945, por escritura pública número 171 otorgada ante el mismo notario, vendió la otra casa y solar a don Bartolo Rivera Pérez. Por constituir la segregación hecha por el Sr. Fortunet una lotificación se solicitó la aprobación de la Junta de Planificación, Urbanización y Zonificación de Puerto Rico con el fin de que los nuevos adquirontes pudieran inscribir sus títulos en el Registro de la Propiedad. La Junta des-aprobó la lotificación por el fundamento de que “Aun cuando los solares a formarse mediante la propuesta lotificación tie-nen todas las facilidades requeridas por esta Junta para áreas donde han de aprobarse lotificaciones, los mismos ten-drían frentes de 6.75 metros y 9.02 metros y sus respectivas áreas 131.14 m/e y 169.69 m/c, hechos contrarios a lo esta-blecido en los artículos 34 y 36 del Reglamento de Lotifica-ción que exigen un frente mínimo de 12 metros y persiguen un área mínima de 300 m/c.”

Solicitada la reconsideración y celebrada una vista la Junta la denegó haciendo constar al final de su resolución que “. . . mediante la prueba presentada no se ha probado que efectivamente existe una segregación de heoiío, con ante-rioridad al 5 de septiembre de 1944 ...”

A petición de Fortunet expedimos el auto de revisión en este caso. Sostiene el peticionario que la Junta no puede impedir la inscripción en el Registro de la Propiedad.de se-gregaciones y edificaciones ya existentes con anterioridad a la aprobación de la ley que creó la Junta o de los reglamen-tos aprobados por ésta si se demuestra la imposibilidad de cumplir con dichos reglamentos.

No obstante lo dicho por la Junta al final de su resolu-ción, supra, en el alegato presentado ante este Tribunal dice:

. . osla Junta querellada acepta que como 'Cuestión de he-cho las dos (2) casas existen edificadas con anterioridad a la Ley y al Reglamento.”

T es que la prueba presentada ante, la Junta demostró que, como cuestión de hecho, en el solar original se constru-yeron las dos casas desde hace más de veintitrés años; que cada una de las casas está tasada y paga contribuciones se-paradamente; que cada cas'a tiene numeración distinta, o sea, los números 5 y 7 de la Calle Santiago R. Palmer (antes Sol). Es un hecho probado, además, que las dos casas co-lindan con otras edificaciones de carácter permanente que impiden el que pueda ampliarse el solar en que cada una de ellas está situada.

En el recurso gubernativo de Rivera v. Registrador, 64 D.P.R. 461, al confirmar una nota que denegó la inscripción de una segregación, dijimos que el término lotifieación, según el mismo se define en el artículo 2 de la Ley de Planificación, Urbanización y Zonificación, no excluye de su significado las parcelas de terrenos donde existan edificaciones y que al dividirse un solar en dos parcelas para vender una de ellas, se practica una lotificación y resolvimos, copiando del sumario 4, que: “Apareciendo que tanto la división en dos parcelas del solar en que enclavan unas casas como la venta de una de dichas parcelas con su casa correspondiente se efectuaron cuando ya estaba en vigor la Ley de Planificación, Urbanización y Zonificación, el registrador procedió correctamente al negarle inscripción a dicha venta por no habérsele presentado el correspondiente plano de lotificación aprobado por la Junta de Planificación o la certificación de esa Junta dispensando esa presentación.”

En el curso de la opinión en dicho caso dijimos, además, lo siguiente a la página 465:

“Es verdad que la casa construida en el solar vendido a Ramón Rivera había sido edificada mucho antes de aprobarse la Ley de Planificación, Urbanización y Zonificación de Puerto Rico, y a pri-mera vista esta circunstancia parece indicar que la transacción objeto de la escritura no debe estar sujeta a la ley ni al Reglamento de Lotificación, ni tampoco al aprobado por el Procurador (íeneral de Puerto Rico por la autoridad conferídale por la ley. Pero a poco que reflexionemos sobre el asunto, nos daremos cuenta de que el Reglamento de Lotificación, independientemente de la construcción del edificio, exige ciertos requisitos en relación con el solar donde el edificio enclava, por ejemplo, el área del solar, su separación del límite de solares contiguos, abastecimiento de agua para el solar en forma que se ajuste a los requisitos del Departamento de Sanidad, área del patio en frente, al lado o detrás del edificio, etc. Si el solar donde enclava la casa vendida a Ramón Rivera no se ajusta a los requi-sitos exigidos por la ley, indudablemente que la Junta de Planifi-cación podría requerir que de alguna manera se corrigiese la defi-ciencia, bien sea adquiriendo más solar o en alguna otra forma razo-nable dentro de las circunstancias. A estos efectos, prescribe el artículo 51 del Reglamento de Lotificación, que cuando se demues-tre a la Junta que existen jlificultades extraordinarias que impidan el cumplimiento cabal del Reglamento, la Junta podrá modificar la aplicación de cualquier sección del mismo, siempre y cuando no se perjudique el bienestar público. ...” (Bastardillas nuestras.)

Aplicando estos razonamientos al caso ele autos podemos decir que habiéndose otorgado la escritura de segregación por el peticionario Fortunet con posterioridad a la vigencia de la Ley de Planificación y del Reglamento de Lotificación, el hecho de que en los dos solares existieran dos casas edi-ficadas con anterioridad a dicha vigencia no hace inaplica-ble dicha ley y reglamento. Empero, como dijimos en el caso de Rivera, la sección 51 del Reglamento de Lotificación dispone que “cuando se demuestre a la Junta que existen dificultades extraordinarias que impidan el cumplimiento cabal del Reglamento, la Junta puede modificar la aplicación de cualquier sección del mismo, siempre y cuando no se per-judique el bienestar público.”

¿No se demostró en el presente caso que existen dichas dificultades extraordinarias? Creemos que sí. La propia Junta en su resolución admite que “los solares a formarse mediante la propuesta lotificación tienen todas las facilida- des requeridas por esta Jwita para áreas donde han de apro-barse lotificaciones” pero denegó su aprobación únicamente por el hecho de que los solares segregados tendrían menos de 200 m/c y menos de 12 metros de frente. Pero es que la prueba demuestra que los dos solares en que radican las ca-sas no sólo colindan entre sí sino que en sus otras colindan-cias existen edificaciones de carácter permanente que impi-den el que pueda ampliarse el solar de cualquiera de las dos casas. Y esta situación no ha sido creada por la segrega-ción realizada en el año 1945 sino que de hecho ha existido desde hace más de veinte años y lo que ahora se persigue es poder legalizarla en el Registro de la Propiedad, mediante la inscripción correspondiente, cumpliendo así con la política pública de que las fincas aparezcan inscritas a nombre de sus dueños. No alcanzamos a ver qué perjuicio para la “se-guridad, salud, defensa, moral, orden, conveniencia, prospe-ridad, cultura, solidez económica y bienestar general de los actuales y futuros habitantes de esa zona,” según dijo la Junta en su resolución denegando la reconsideración solici-tada por el peticionario, pueda existir en un caso como el presente en que no se trata de obtener la aprobación de una urbanización en proyecto, con nuevas edificaciones, sino de legalizar una situación de hecho existente desde hace más de veinte años y especialmente cuando, como hemos dicho, la propia Junta en su resolución original reconoce que los so-lares a formarse mediante la propuesta lotificación reúnen “ . . . todas las facilidades requeridas por esta Junta . . .”

Somos de opinión que la Junta recurrida cometió, error' de derecho al no aplicar el artículo 51 del Reglamento, supra, a los hechos de este caso y en su consecuencia que debe anu-larse la resolución recurrida y devolverse el caso para ulte-riores procedimientos.


author: El Juez Asociado Señor Marrero

text:
    Francisco Colón Moret et al., peticionarios y apelados, v. Asociación Azucarera Cooperativa Lafayette et al., demandados y apelantes.
    Núm. 9428.
    Sometido: Abril 9, 1947.

      Resuelto: Abril 28, 1947.

      Miguel Guerra-Mondragón y Guillermo Gintrón Ayuso, abogados de los apelantes; Orlando J. Antonsanti, René Benitez y Ernesto Ramos Antonini, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Marrero

emitió la opinión del tribunal.

En 12 de mayo de 1946 se celebró una sesión extraordi-naria de socios de la Asociación Azucarera Cooperativa Lafayette. Entre otros asuntos a ser considerados en esa asamblea figuraba la destitución de varios directores. Lueg’o de discutirse la cuestión, la votación celebrada dió el siguiente resultado: 84 votos a favor de la destitución, 14 en contra y 190 abstenidos. Conocido el mismo, la Asamblea estimó que los peticionarios habían sido destituidos de sus cargos y procedió a elegir nuevos miembros para la Cooperativa. No conformes con este acuerdo los peticionarios acudieron en 11 de junio de 1946. ante la Corte de Distrito de Guayama con una solicitud cuyo fin último era la reposición de ellos en sus referidos cargos de directores. Después de una vista a la que concurrieron ambas partes, la Corte de Distrito de Gruayama, en extensa opinión, desestimó la solicitud, pero no incluyó costas ni honorarios de abogado. No conforme con esta sentencia en lo que a la no concesión de costas y hono-rarios se refiere, los demandados apelaron para ante nos, señalando en el alegato presentado un solo error, a saber: “La corte inferior cometió error, en su sentencia, al eximir a los apelados del pago de las- costas y honorarios de abo-gados.”

En lo que a la condena en costas concierne no hay duda de que los apelantes tienen razón. A partir de la vigencia de la Ley núm. 94 de 11 de mayo de 1937 (pág. 239), la imposición de costas contra la parte perdidosa es imperativa. Así lo hemos resuelto en reiteradas ocasiones. Serrano v. Vega, 64 D.P.R. 655; Blanes v. González, 60 D.P.R. 567 y Autoridad Sobre Hogares v. Hutton, 60 D.P.R. 463.

Ahora bien, en lo que a la no concesión de honorarios de abogado se refiere, podemos decir que según la, ameritada Ley núm. 94 de 1937, los honorarios del abogado de la parte victoriosa serán concedidos tan sólo en aquellos casos en que la vencida en juicio ha procedido con temeridad. Así lo hemos decidido en varios casos: Maldonado v. Comisión Hípica, 64 D.P.R. 503, 504 y Martínez v. Báez, 63 D.P.R. 783.

¿lían sido temerarios los apelados en esto recurso ? A nuestro juicio no. En la solicitud radicada ellos alegan que se basan en la sección 24 de la Ley de Corporaciones de Puerto Eico, aprobada el 9 de marzo de 1911, según ha sido enmendada, y en el artículo 29 de la Ley núm. 70 de 4 de agosto de 1925. Es incuestionable que esta última ley ya había sido derogada expresamente por la número 291 de 9 de abril de 19.46 (pág. 687). (Véase el artículo 30 de la misma en cuyo párrafo tercero se deroga específicamente la Ley núm. 70, supra.) Empero, si bien para la fecha en que se celebró la referida junta de socios y para la fecha en que se radicó la solicitud de los peticionarios ya la aludida Ley núm. 70 de 1925 110 existía, no obstante el artículo 13B de ia Ley núm. 291 dispone igualmente que “Cualquier socio po-drá solicitar la destitución de un director mediante formu-lación de cargos...,” y que “Tal solicitud será sometida a la consideración de la subsiguiente asamblea de socios, que podrá ser extraordinaria convocada para tal efecto, la cual podrá destituir al director por mayoría de los socios presen-tes.” (Bastardillas nuestras.) Véanse artículo 81(b) de las Reglas de Enjuiciamiento Civil; San Patricio Corp. v. Colón, 65 D.P.R. 915 y Figueroa v. Díaz, 20 D.P.R. 284. A la asamblea de socios de 12 de mayo de 1946 concurrieron, se-gún se alega, los 380 socios que constituían la matrícula total de la Cooperativa. Algunos de ellos asistieron personal-mente y otros.lo hicieron por poder. Sin embargo, según ya se lia indicado, al tomarse la votación para destituir a los peticionarios, sólo votaron 84 socios a favor de la destitu-ción, 14 en contra y 190 se abstuvieron de votar. No cree-mos que al acudir a la Corte de Distrito de Guayama en la forma en que lo hicieron los peticionarios fueran temerarios.

Debe recordarse desde luego que aquí estamos resolviendo única y exclusivamente la apelación interpuesta contra aquella parte de la sentencia que se negó a condenar a los peticio-rios al pago de costas y honorarios de abogado. Así pues, nada de lo que en esta opinión decimos puede prejuzgar en forma alguna los méritos del caso.

Se- registrará sentencia ■modificando la dictada por la Corte de Distrito de Guayama en este caso en el sentido de imponer las costas a los peticionarios, mas no así los hono-rarios de abogado.


author: ’El Juez Asociado Señoh Todd, Je,.,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Martín Alvarez, acusado y apelante.
    Núm. 11911.
    Sometido: Abril 1, 1947.

      Resuelto: Abril 30, 1947.

      Pedro Santos Borges, abogado del apelante; Hon. Procurador General Interino Luis Negrón Fernández, y Joaquín Correa Suárez, Fiscal Auxiliar 'del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   ’El Juez Asociado Señoh Todd, Je,.,

emitió la opinión del tribunal.

Antes de entrar a considerar este recurso en sus méritos debemos hacer constar los siguientes hechos:

El escrito de apelación se radicó en la corte inferior el día 30 de julio de 1943 y la transcripción de la evidencia fué aprobada por el juez el día 30 de marzo de 1944. Dos años y diez meses después, o sea, el 7 de enero de 1947, es que el Secretario de la corte inferior remite a este Tribunal Supremo el legajo de la sentencia y la transcripción de la evi-dencia, los cuales quedaron radicados el día 9 de enero de 1947.

Censuramos una situación similar ocurrida en el caso de El Pueblo v. Jenaro Bosch Vázquez, 66 D.P.R. 949, proce-dente de la misma corte. De nuevo llamamos la atención de los secretarios de las cortes inferiores hacia el deber en que están de dar cumplimiento a las disposiciones del artículo 356 del Código de Enjuiciamiento Criminal. Creemos, ade-más, que el Procurador General podría sugerir a los jueces de distrito que exijan de dichos secretarios les informen men-sualmente el estado en que se encuentran los recursos de apelación pendientes de tramitación para así evitar la dila-ción inexplicable y negligente() que demuestran los hechos anteriormente expuestos, y asimismo exigir de los fiscales de distrito que estén alertas de que se cumpla con los tér-minos señalados por el artículo 356, supra, para así poder informar al fiscal de este Tribunal aquellos casos en que proceda solicitar la desestimación.

Pasamos a resolver el caso en su fondo.

Se trata de un caso de abandono de menores en el cual el acusado se declaró culpable ante la corte inferior y fué sentenciado el 6 de diciembre de 1942 a cumplir seis meses de cárcel, suspendiéndose la ejecución de dicha sentencia siempre que el acusado depositara la suma de ocho dólares semanalmente en la Corte Municipal de Manatí a nombre de Dolores Pastrana y coino alimentos para tres hijos ilegítimos menores de edad.

El 12 de julio de 1943 el fiscal radicó una moción en la corte inferior solicitando se citara al acusado a “mostrar las causas por las cuales no debe ser ingresado a cumplir la sentencia dictada con fecha '6 de diciembre de 1942,” por el hecho de no haber depositado en la corte municipal la suma completa correspondiente a tres semanas de alimentos — ya qne adeudaba nueve dólares — y que además el acusado no había cumplido con la sentencia en la forma en que fué die-tada.

En la vista celebrada la madre de los menores declaró que el acusado le mandaba el semanal a su casa y después se atrasó dos y media semanas y luego le mandó once pesos y dejó nueve atrasados; que no quería depositar el semanal en la corte sino mandarlo a su casa; que ella iba a la corte todas las semanas y no encontraba el dinero allí; que él le mandaba el dinero en cheques pero nunca la cantidad exacta; que días antes de la vista le adeudaba veinticinco pesos, pero se los llevó a la corte y el día antes se los entregaron; que en el momento de celebrarse la vista no le adeudaba nada.

El acusado declaró que había satisfecho todos los sema-nales adeudados; que no depositaba el dinero en la corte porque muchas veces estaba ocupado y lo mandaba con su hijo a la casa; que otras veces encontraba la corte cerrada y le mandaba un giro postal y ella siempre cambiaba los che-ques'o giros; que nunca ha dejado de pasarle lo que la sen-tencia disponía; que muchas veces se tardaba un poco por-que el dinero no venía a tiempo pero luego le mandaba doble-cantidad pero nunca ha dejado de pasarle.

Al terminar esta prueba la defensa solicitó “la absolu-ción” del acusado por entender que fundamentalmente había cumplido con los términos de la sentencia y el fiscal se allanó a dicha petición “por considerar que con ello se beneficia a los menores.” Esto no obstante la corte inmediatamente dictó una resolución en corte abierta .que, en lo pertinente,, dice así:

“Por e] hecho de que el bienestar de esos menores deba preva-lecer, la Corte -no va a dejar en suspenso la sentencia tal como la dictó el Juez Agraít Aldea, en su totalidad, pero la Corte le va a imponer siete días de cárcel, al término de los cuales se suspen-derá la ejecución de la sentencia mientras siga cumpliendo con la sentencia dictada el 6 de noviembre de 1942 por el Juez Agraít Aldea. Usted ingresará a cumplir siete días de cárcel y se sus-penderán los efectos de la sentencia de seis meses mientras siga cumpliendo con la sentencia dictada el 6 de noviembre de 1942 por el Juez en propiedad Agraít Aldea.”

Aparece, además, en el récord una resolución dictada por la corte el mismo día de la vista que, en lo pertinente, dis-pone lo siguiente: •

“El bienestar de los menores en este caso quedaría lesionado si se ordenase que el acusado ingresase en la cárcel a cumplir con los efectos de la ameritada sentencia de seis meses. No obstante, la conducta del acusado, de acuerdo con el récord de este caso, y por la actitud y gestos de él durante la vista, imponen a este juzgador la obligación de dictaminar, como por la presente dictamina, que de la sentencia de seis meses de cárcel que está suspendida, el acu-sado cumpla siete días de cárcel, al término de los cuales se sus-penderá nuevamente el resto de la sentencia ya dictada de seis meses, siempre que el acusado siga depositando para sus hijos meno-res y a nombre de la 'señora Dolores Pastrana la suma de ocho dólares semanales'en la Corte Municipal de Manatí.
“Si el acusado dejase de depositar de acuerdo con la sentencia dicha suma de dinero, ingresará nuevamente en la cárcel a cumplir con el resto de la sentencia.
“Esta resolución se dicta de acuerdo con el espíritu del artículo 263 del Código Penal y la Ley número 108 aprobada en 30 de abril de 1940, que disponen que el Juez podrá dejar en suspenso la sentencia bajo las condiciones que tuviera a bien imponer, en bienes-tar de los menores abandonados.”

El acusado apeló y alega que la corte inferior erró, 1ro., en la apreciación de la prueba; 2do., al imponerle siete días de cárcel al acusado en un procedimiento en que sólo podía ventilarse si se debía o no dejar la sentencia firme de seis meses en suspenso, y 3ro., al ordenar la ejecución de la sen-tencia “por parte y en distintos términos (by piecemeal).”

El primer error no fué cometido. . La prueba demostró que, si bien el día de la vista el acusado ya había satisfecho lo que adeudaba a la demandante, no había cumplido con los términos de. la sentencia depositando los ocho dólares sema-nalmente en la corte municipal.

La única cuestión importante a resolver es la levantada en los señalamiento segundo y tercero, es decir, si la corte inferior tenía poder el 30 de julio de 1943 para disponer que el acusado cumpliera siete días de la sentencia suspendida de seis meses dictada el 6 de diciembre de 1942 y de nuevo suspender la ejecución del resto de dicha sentencia una vez cumplidos los siete días por el acusado.

El fiscal de ésta Corte se ha allanado a la revocación so-licitada, bajo la autoridad de los casos de Roberts v. United States, 320 U. S. 264; United States v. Murray, 275 U. S. 347, y United States v. Wittmeyer, 16 F. Supp. 1000.

No tenemos duda de que si la corte inferior hubiera ci-tado al acusado para responder de un delito de desacato por incumplimiento de una orden O' sentencia sobre alimentos la sentencia de siete días de cárcel sería correcta. Aparente-mente la corte inferior al dictar su primera resolución en corte abierta actuó como si de un caso de desacato se tra-tara, pues dijo: “ . . . Usted ingresará a cumplir siete días de cárcel y se suspenderán los efectos de la sentencia de seis meses mientras siga cumpliendo con la sentencia dic-tada el 6 de noviembre de 1942...” Empero, en la reso-lución escrita que archivó el mismo día lo que dijo fue: “ . . . que de la sentencia de seis meses de cárcel que está suspendida, el acusado cumpla siete días de cárcel, al tér-mino de los cuales se suspenderá nuevamente el resto de la sentencia ya dictada de seis meses ...”

La corte inferior basó su resolución en el artículo 263 del Código Penal que en su disponiéndose dice que “ . . . cuando se denuncia a una persona bajo las disposiciones de este ar-tículo y fuere sentenciada, la corte podrá dejar en suspenso la ejecución de la sentencia bajo las condiciones que tenga a bien imponer para bienestar del niño.” Al mismo efecto véase la sección 6 de la Ley número 108 de abril 30 de 1940 (pág. 673).

La facultad que estas disposiciones legales conceden a las cortes fue ejercida por la inferior al dictar sentencia el 6 de diciembre de 1942 condenando al acusado a cumplir seis me-ses de cárcel e inmediatamente suspendiendo la ejecución de dicta sentencia mientras el acusado pasara a sus hijos ile-gítimos ocho dólares semanales. No dice el artículo 263, ni la Ley número 108, supra, que las cortes pueden Variar los términos de las sentencias ya dictadas o disponer en el fu-turo que podrán cumplirse en parte. Se limita la facultad concedida a “dejar en suspenso la ejecución de la sentencia bajo los términos que tenga a bien imponer para bienestar del niño.” La sentencia en este caso fué de seis meses. Su ejecución se suspendió, para así beneficiar a los hijos dél acusado, mientras éste les pasara ocho dólares semanales. Si en la vista de la moción se demostró que el acusado no cumplió con los términos de la suspensión procedía que la corte dejara sin efecto dicha suspensión o si creyó que, aun no habiendo cumplido- estrictamente con las condiciones im-puestas, el bienestar de los niños exigía que. se diera - una nueva oportunidad al acusado, pudo haber continuado los efectos de la suspensión bajo las mismas u'otras condiciones, según lo justificara la prueba.

Es cierto que en el qaso de Pueblo v. Carbone, 59 D.P.R. 610-, resolvimos que “ ... las cortes inferiores tienen am-plia facultad para reconsiderar sus sentencias, antes de que sean ejecutadas, bien a moción de parte o motu, proprio, para ajustarlas a la ley, tanto para corregir un error en que ha-yan podido incurrir al imponerlas, como para ajustarlas a cualquier situación de hechos que sean debidamente proba-dos por una u otra parte.” Pero ésta no es la situación en el caso de autos. La corte no reconsideró la sentencia dic-tada para imponer una pena de siete días en lugar de los seis meses sino que sostuvo la sentencia original y ordena que fuera ejecutada en cuanto a un plazo de siete días. No-encontramos que tuviera autorización en ley para hacer esto.

Dado el tiempo transcurrido desde que se' dictó la reso-lución apelada — 30 do julio de 1943 — y no estando en con-diciones de poder determinar si la corte inferior, dadas las ■circunstancias concurrentes demostradas por la prueba, hu-biera ordenado la ejecución de la sentencia de seis meses (su intención al ordenar la ejecución por siete días fue el no ha-cerlo) y desconociendo, además, cuál es la situación prevale-ciente ahora, -casi cuatro años después, somos de opinión que lo que procede es dejar sin efecto la resolución apelada y devolver el caso a la corle inferior para ulteriores procedí míenlos no inconsistentes con esta opinión.

      (q Especialmente es esto así en un caso como el presente en el cual la Transcripción de Evidencia sólo consta de 17 páginas y el Legajo de la Sen-tencia de siete.


author: El Juez Asociado Seño®, Suydeb,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Federico Rivera León, acusado y apelante.
    Núm. 11765.
    Sometido: Abril 9, 1947.

      Resuelto: Abril 30, 1947.

      Ernesto Ramos Antonini y Víctor Gutiérrez Franqui, abogados del apelante; Ilon. Procurador General Interino Luis N-egrón Fer-nández, y Joaquín Correa Suárez, Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Seño®, Suydeb,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué acusado de asesinato en .primer grado. Se le juzgó ante un jurado en la Corte de Distrito de Ca-guas y fué convicto de homicidio voluntario.. Apela de una sentencia imponiéndole diez años de presidio.

Alega el apelante que la corte de distrito cometió error al desestimar su alegación de exposición anterior. Esta alegación se basaba en el hecho de que en un juicio anterior por la misma acusación, la corte inferior declaró un mistrial y disolvió el jurado, después de haber el Pueblo presentado toda su prueba y mientras el acusado ofrecía la suya.

En el segundo juicio el acusado no ofreció en evidencia, en apoyo de su alegación de exposición anterior, la trans-eripción de la evidencia en relación con el incidente de mistrial. líl récord sólo contiene la resolución de la corte inferior declarando un mistrial. De conformidad con dicha resolución, el acusado solicitó un mistrial por el fundamento de que tres miembros del jurado habían salido fuera del distrito judicial de Caguas durante el fin de semana. La resolución dice que “los ahogados de la defensa solicitaron la suspensión de este caso, temporalmente, hasta tanto la Corte procediese a hacer una investigación sobre ese particular, moción a la cual se allanaron de manera expresa los tres fiscales...”

La resolución dispone entonces que Ja corte “procedió a practicar la investigación que fuera solicitada por la defensa y a la cual se allanaron los fiscales” y ha llegado a la con-clusión de que tres miembros del jurado salieron del dis-trito de Caguas, acompañados de un márshafi() con el pro-pósito de dar un paseo y comer, y que los otros nueve miem-bros del jurado fueron a un cine dentro del distrito, acom-pañados 'también de otro márshal. Sin embargo, llegando a la conclusión de que nada impropio ocurrió en éstas o en otras ocasiones, desde el comienzo del juicio, la corte dijo que “por esos hechos no hay base en ley para decretar con lugar la moción de ‘mistrial’.”

La corte no obstante “por el bien del acusado declara con lugar la moción de disolución del jurado presentada por la defensa” porque en el curso de la investigación declara-ron tres jurados y “éstos por su forma de declarar han lle-vado al ánimo de esta Corte la convicción que estos tres caballeros no están en condición de dictar un veredicto justo e imparcial. Además la Corte entiende que por haberse pu-blicado en la prensa diaria el hecho de que fueron los abo-gados de la defensa los que presentaron la moción de diso-lución del jurado y solicitaron la investigación, los doce caballeros del jurado -se han enterado de este hecho, lo cual sin eluda alguna, a juicio de este Juez, puede influir en sus deliberaciones desfavorablemente para el acusado.”

La disolución de un jurado a moción del acusado o con su consentimiento, expreso o implícito, le impide alegar ex-posición anterior en un juicio posterior por la misma acu-sasión. Miller on Criminal Law, págs. 537, 539; Abbott, Criminal Trial Practice, pág. 161 (4ta. ed.); Pueblo v. Plata, 43 D.P.R. 464, 467; State v. Brunn, 154 P.2d 826 (Wash., 1945); Holt vv. State, 59 N. E.2d 563 (Ind., 1945); Mack v. Commonwealth, 15 S.E.2d 62 (Va., 1941); Coppage v. State, 71 P.2d 509 (Okla., 1937); State v. Reynolds, 131 S.W.2d 552 (Mo., 1939); White v. State, 214 P. 202 (Okla., 1923); Commonwealth v. Gray, 60 S.W.2d 133 (Ky., 1933); State v. Slorah, 106 Atl. 768 (Me., 1919); State v. Woo Dak San, 290 P. 322 (N. M., 1930); 44 Col. L. Rev. 87, 88, notas 9, 11; 159 A.L.R. 750, 759; 38 A.L.R, 706. Cf. Louisiana v. Resweber, _ U.S._ , 91 L. ed. 359, 361. El acusado no im-pugna esta imoposieion. Pero alega que su moción no fue declarada con lugar y que él no consintió al mistrial. Arguye que, contrario a lo que él esperaba, la corte condujo una in-vestigación privada y, después de resolver que no había base para sostener su moción, eso no obstante declaró un mistrial por otros motivos; que la corte, por tanto, declaró en efecto un mistrial moto proprio; y que bajo las circunstancias su silencio cuando la corte tomó esta acción no implica consen-timiento.

Convenimos con el acusado en que los hechos sobre los cuales se basa una moción de mistrial deben de ordinario ser determinados por métodos judiciales, y que el acusado tiene el derecho a estar presente y participar en ellos. Véanse 125 A.L.R. 694, 699; Salistean v. State, 215 N. W. 107 (Neb., 1927); cf. Pueblo v. Saldaña, 66 D.P.R. 189. Pero en este caso la resolución de la corte inferior no nos dice si el acusado solicitó de la corte que condujera una investigación privada o “judicial”. De todo lo que se desprende de la resolución el propio acusado puede haber solicitado que la corte entrevistara a los jurados privadamente, con el fin de evitar el prejuicio que quizás podría surgir contra el acu-sado si su abogado interrogaba a los jurados implicándoles conducta impropia por parte de ellos, y su moción era luego declarada sin lugar. Por otro lado, pudiera ser que el acu-sado solicitara de la corte que no suspendiera completamente el caso, sino que suspendiera la qmesentación de prueba so-bre la culpabilidad o inocencia con el fin de conducir en corte abierta una vista sobre su moción, incluyendo la presenta-ción de prueba en apoyo de la misma. Pero aun si supu-siéramos que el acusado solicitó una investigación “judicial” y que la investigación de la corte interior fué por tanto im-propiamente conducida, no podemos llegar a la conclusión de que este mistrial constituye base adecuada para una ale-gación de exposición anterior.

Debe tenerse en cuenta que todo este asunto fué iniciado por el acusado, quien solicitó el mistrial por el fundamento de que tres jurados habían salido fuera del distrito. Ya le llamemos “judicial” a la investigación posterior de la corte de distrito o ya le llamemos privada, el acusado no protestó cuando la corte inferior dijo q\ie declaraba con lu-gar su moción no solamente debido a la información que ha-bía adquirido de los tres jurados, si que también porque la publicidad dádale a la moción del acusado sería perjudicial a éste. Aun si supusiéramos que la corte técnicamente no es-taba declarando con lugar la moción del acusado porque su re-solución se basó en fundamentos algo diferentes a los expues-tos por el acusado; la corte dijo que estaba declarando con lugar su moción, y manifestó claramente que lo hacía debido a posible prejuicio contra el acusado. El silencio y aquies-cencia del acusado frente a esta manifestación de la corte, no puede razonablemente interpretarse de otra manera cpie no sea la de que el acusado implícitamente consentía al mistrial.

El silencio en otras circunstancias puede no implicar con-sentimiento, especialmente donde la actuación no es causada por el proceder del acusado. Pero aquí éste con su moción clió lugar a sucesivos acontecimientos que trajeron por re-sultado lo que solicitó en su moción. Si el consentimiento no se infiere bajo estas circunstancias, es difícil concebir una situación en la que se infiera tal consentimiento.

Los casos citados aquí resuelven que si la corte sentenciadora disuelve el jurado debido a urgente necesidad, el acusado no puede invocar la alegación de exposición anterior en un juicio posterior, aun cuando dicha disolución se lleve a cabo sin su consentimiento. Sin embargo, no tenemos que determinar si aquí existió tal urgente necesidad, en vista de nuestra conclusión de que el acusado dió su consentimiento implícito al mistrial.

El apelante señala cómo su segundo error la negativa de la corte inferior a someter al jurado como cuestión de liecdio, la de si el acusado consintió a la disolución del jurado en el primer juicio. El acusado descansa en Pueblo v. Pérez, 47 D.P.R. 765. Resolvimos en dicho caso que una alegación de exposición anterior (pág. 788) “puede envolver una cuestión de hecho que debe someterse al jurado o simplemente una de derecho que puede ser resuelta por la corte. ’ ’

En este caso no hubo controversia sobre los hechos. En verdad, de existir tal controversia, no podríamos pasar so-bre ella ya que el récord no contiene evidencia alguna ofre-cida por el acusado en apoyo de su alegación. Las partes aceptaron aquí los hechos sin controversia alguna. El único problema era el efecto legal ule estos hechos no controverti-dos. Y esa cuestión de derecho cae dentro de la exclusiva competencia de la corte de distrito.

En su tercero y último error el acusado se queja de una resolución de la corte inferior sobre la admisibilidad de evidencia. La cuestión surgió cuando el acusado le preguntó a uno de sus testigos desde cuándo conocía al interfecto, respondiendo el testigo: “Lo conocía desde el primer día en que ingresé en la policía que llegando a San Ciríaco me acometió a mí.” El fiscal solicitó la eliminación de la frase “me acometió a mí.” Se retiró el jurado y el acu-sado ofreció probar, con el testigo y con una copia certifi-cada de la sentencia, quo nueve meses antes de la muerte ocurrida en el presente caso, el interfecto había sido con-victo de acometimiento y agresión por haber atacado al tes-tigo, y que el acusado tenía conocimiento de estos hechos cuando dió muerte a la víctima. Toda vez que aquí estaba envuelta la cuestión de defensa propia, el acusado, citando Pueblo v. Cruz, 65 D.P.R. 172, alega que la corte inferior cometió error al eliminar ésta parte de la contestación del testigo y no permitir prueba de la sentencia condenatoria en este acto específico de violencia del interfecto.

El Fiscal de este Tribunal alega que 'es de aplicación la doctrina del caso de Crus solamente si se derrama sangro, Pero cuando en dicho caso resolvimos que eran admisibles las convicciones de “delitos de sangre,” estábamos tradu-ciendo la frase “crimes of violence” usada en los casos de los Estados Unidos. Véanse casos citados en la opinión del caso de Crus; 1 Wigmore on Evidence, sec. 198, pág.,; 677; 2 id. sec. 248, págs. 62-64. Cf. 15 U.S.C.A. sec, 901(6), se-gún quedó enmendada por la Ley Pública 15, Congreso 80, aprobada el 10 de marzo de 1947. En dichos casos la fór-mula es si el acto cometido fue un delito de violencia inde-pendientemente de si se derramó sangre o no. Por tanto somos de opinión que cuando como en este caso la cuestión planteada es la defensa propia, convicciones anteriores por acometimiento y agresión caen dentro de la categoría de de-litos de violencia establecida por el caso de Crus.

Sin embargo, no resolvimos en el caso de Crus que las convicciones del interfecto de delitos de violencia son admi-sibles automáticamente en un caso de asesinato, cuando el acusado alega defensa propia, independientemente de su na-turaleza, número, o fechas. ^Dijimos, citando 2 Wigmore, supra, sec. 248, pág. 65, que bajo ciertas circunstancias la admisión de tal convicción del interfecto descansa en la dis-creción de la corte sentenciadora. Y aquí la corte inferior citó, entre otras autoridades, esta misma sección al excluir la sentencia condenatoria.

La teoría del acusado fue la'siguiente: Quince o veinte días antes de la muerte el acusado, un policía insular, arrestó a César Carrillo, el interfecto, quien era soldado. En aquella ocasión Carrillo resistió el arresto, otro policía tuvo que ayudar al acusado a conducir a Carrillo al cuartel de la po-licía, y Carrillo empleó lenguaje soez, insultante y amena-zante para con el acusado. Dos días antes de ser muerto, Carrillo vino al pueblo con pase, se excedió en su licencia, se vistió con ropas civiles, y dijo que esperaba ver al acu-sado, contra quien había proferido frases amenazadoras, las cuales fueron comunicadas al acusado. Éste y Carrillo se encontraron en un restaurante. Carrillo agredió al acusado, fue arrestado, y llevado al cuartel de la policía. El inter-fecto estaba sentado en la sala de rotén cuando el acusado entró. Yienclo al acusado entrar a la sala, agarró una cachi-porra que estaba sobre una mesa e hizo ademán de lanzarse contra el acusado. Éste, temeroso de recibir grave daño corporal, disparó a Carrillo ocasionándole la muerte.

La corte de distrito permitió que se introdujera prueba en apoyo de esta teoría del acusado. Esta prueba incluía (1) supuestas amenazas hechas por Carrillo contra el acu-sado quince días antes de y también la noche víspera de la muerte, a otros policías quienes las comunicaron al acusado, y (2) supuestos ataques anteriores de Carrillo al acusado.

Por tanto se concedió al acusado amplia oportunidad de desarrollar su teoría al efecto de que el carácter pendenciero de Carrillo, del cual tenía conocimiento el acusado, creó en él un temor de grave daño corporal cuando Carrillo lo agre-dió, según se alega, con una cachiporra en la sala de retén del cuartel. Si la convicción de Carrillo por acometimiento y agresión hubiera sido la única evidencia ofrecida por el acusado para probar el carácter pendenciero de Carrillo, quizás su exclusión sería un error que diera lugar a la re-vocación. Pero la corte de distrito ya había admitido bas-tante evidencia tendiente a demostrar amenazas, conducta violenta y agresiones de Carrillo dirigidas expresamente al acusado inmediatamente antes de la muerte. La admisión en evidencia de la sentencia condenatoria do Carrillo ante la corte municipal por acometimiento y agresión contra otro policía, por lo que se le impuso una multa de $50 nueve me-ses antes de ser muerto por el acusado, por tanto habría añadido poco, de añadir algo, a la prueba abundante ya ofrecida por el acusado para sostener su contención de que dió muerte a Carrillo porque.tenía el temor de recibir grave daño corporal debido al conocimiento que tenía del carácter pendenciero del interfecto. Bajo esas circunstancias no í'ué un abuso de discreción que redunde en error perjudicial el que la corte inferior excluyera esta prueba.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.

      O Esto fué en violación del artículo 260 del Código de Enjuiciamiento Criminal.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Sixto Manuel Carmona, acusado y apelante.
    Núm. 11661.
    Sometido: Abril 9, 1947.

      Resuelto: Abril 30, 1947.

      Sixto Manuel Carmona, por su propio derecho; Hon. Procurador General Interino Luis Negrón Fernández, y Joaquín Correa Suárez, Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, abogados do El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Marrero

emitió la opinión del tribunal.

Sixto Manuel Carmona fué acusado y convicto ante la Corte de Distrito de Humacao del delito de escalamiento en primer grado subsiguiente. No conforme con la sentencia impuéstale apeló para ante este Tribunal y en apoyo de su recurso lia radicado por sí mismo un pliego escrito a mano que intitula “Sobre alegatos”. En 61 no hace un señala-miento de los errores cometidos a su juicio por la corte inferior, tal cual exige la Eegla 11 de este Tribunal. Empero, al igual que opina el Fiscal en su alegato, entendemos que el propósito del acusado fué imputar a la corte inferior los tres -errores siguientes:

1. Irregularidad en los procedimientos que dieron lugar a la formulación de la acusación;

2. El no haber tenido una adecuada defensa; y

3. Ser el veredicto contrario a la prueba.

Discutiremos las cuestiones antes mencionadas en el or-den en que las hemos expuesto.

La acusación presentada en este caso está suscrita por el Fiscal del Distrito de Humacao y en ella se hace cons-tar que la misma “está basada en el testimonio de testigos examinados bajo juramento ante el Juez de Paz de Fajardo, creyendo solemnemente que existe justa causa para presentarla al tribunal.” Artículo 3, Cócl. Enj. Crim. El acusado sostiene en su referido escrito que 61 no fué llevado ante ningún juez ni fiscal para ser procesado por el delito inrpu-tádole. No Ray ley en Puerto Eico que exija que mientras se está investigando una causa el acusado tenga que ser lle-vado ante un juez o fiscal. Pueblo v. Rodrigues,, 62 D.P.R. 778, 780; Pueblo v. Travieso, 60 D.P.R. 530, 535; Pueblo v. Montañez, 31 D.P.R. 516; y Pueblo v. Rivera, 25 D.P.R. 831. En este caso la acusación fue radicada oportunamente ante la Porte de Distrito de Humacao, y al leerse la misma el acusado estuvo presente y representado por letrado. No hay' duda de que el procedimiento se ajustó a derecho.

Por otra parte, oreemos que el acusado estuvo defámente representado por letrado durante el juicio. Del legajo de sentencia se desprende que al llamarse el caso en 23 de octubre para la lectura de la acusación, 61. compareció en persona y asistido por este acto solamente del Lie. Rafael S. Vidal. En ese momento el acusado informó al tribunal que pensaba contratar los servicios del Lie. Cruz Ortiz Stella para la defensa de su caso, procediéndose entonces a la lectura de la acusación y concediéndole el tribunal tres días para hacer la alegación correspondiente. El 26 de octubre compareció nuevamente el acusado en persona, hizo alegación de inocencia y solicitó juicio por jurado. Al ser llamado el caso en 11 de de diciembre de 1946, compareció una vez más' el acusado en persona y la corte inmediatamente manifestó:

“La Corte va a nombrarle abogado do oficio en este caso, al' Lie. Vidal, para ver este caso. 5 minutos de receso.”

Al reanudarse la sesión el juez preguntó:

“¿Las partes están listas?” Y la defensa contestó: “Estamos listos. El acusado reitera su alegación de inocencia. La defensa no tiene testigos.” Tr. Ev., págs. 1 y 2.

En los autos no hay constancia de que el acusado perso-nalmente o por mediación de su abogado manifestara en mo-mento alguno que no estaba listo para entrar a juicio o que solicitara la suspensión del caso. Por el contrario, repeti-mos, de ellos sólo se desprende que el acusado manifestó que estaba listo. Si bien aparece que la corte declaró un receso de cinco minutos, no se sabe con certeza qué tiempo duró el mismo y debe recordarse además que el Lie. Kafael S. Vidal fue quien representó al acusado originalmente en el acto de la lectura de la acusación y que posiblemente él estaba familiarizado con los heclios del caso.

Hemos leído cuidadosamente el caso de Pueblo v. Muriel, 57 D.P.R. 914, mencionado por el acusado en su escrito y creemos que el mismo es enteramente distinto al presente. En ese caso Muriel manifestó que no tenía testigos ni nada citados porque no sabía cuándo se iba a ver el juicio. Luego insistió en que necesitaba preparar su defensa y solicitó se le concedieran dos o tres días. La corte se negó a ello, le nombró un abogado de oficio y concedió a éste diez minutos para prepararse, a pesar de manifestar dicho letrado que tenía un caso en otra sección del tribunal. La situación allí reveló un estado completo de indefensión. Aquí, sin embargo, los derechos substanciales y constitucionales del acu-sado estuvieron debidamente protegidos. No procede la se-gunda contención del acusado.

En reiteradas ocasiones hemos dicho que el jurado es el juez de los 'hechos en las causas que se le someten y y que a no ser que do los autos se desprenda que éste ha cometido manifiesto error o haya incurrido en prejuicio o parcialidad no alteraremos el veredicto. Pueblo v. Rivera, ante pág. 194; Pueblo v. Betancourt, 66 D.P.R. 132, y Pueblo v. Millón, 66 D.P.R 243, 248.

La detenida lectura que hemos hecho de la transcripción de evidencia no nos convence de que el jurado cometiera manifiesto error o actuara movido por pasión, prejuicio o parcialidad. La prueba de El Pueblo tendió a demostrar que en la madrugada del 18 de agosto de 1945 el acusado pe-netró en la casa de Amador Kercadó Mitchel, sita en la Playa de Fajardo, y que de allí sustrajo un pantalón, una correa y una cinta métrica. La de la defensa, que consistió en el solo testimonio del acusado, tendió a controvertir la de cargo, pero lejos de lograrlo corroboró ésta en varios extremos. Ya hemos indicado que al jurado incumbía diri-mir cualquier conflicto en la prueba y estando el veredicto sostenido por la evidencia no debemos alterarlo.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: •El Juez PrksiueNte Señoií Tiiavieso

text:
    Domingo Torres y Elisa Pacheco, peticionarios, v. Corte de Distrito de Ponce, Hon. Ángel Fiol Negrón, Juez, demandada; Ezequiel Martínez y Juan Rodríguez, interventores.
    Núm. 1666.
    Sometido: Diciembre 12, 1946.

      Resuelto: Mayo 2, 1947.

      Carlos E. Colón, abogado de los peticionarios; Ernesto Ramos Andonini, abogado de los interventores, demandentes en el pleito prin-
   •El Juez PrksiueNte Señoií Tiiavieso

emitió la opinión del tribunal.

Ezeqniel Martínez y Juan Rodríguez, arrendatarios de una finca propiedad de don Antonio Pacheco, radicaron una demanda de desahucio en precario contra Domingo Torres, en enero de 1942. La Corte de Distrito de Ponce decretó el desahucio de Torres, disponiendo que se realizase un ava-lúo de las siembras existentes en la finca y que los demandan-tes hiciesen efectivo su valor al demandado Torres antes de ejecutarse el lanzamiento. Torres apeló y este Tribunal confirmó la sentencia en 28 de julio de 1944. yéase: Mar-tines v. Torres, 64. D.P.R. 44. En agosto 27 de 1945, Elisa Pacheco, bija y heredera de Antonio Pacheco y esposa de Domingo Torres, el demandado en el mencionado caso de desahucio, radicó ante la Corte de Distrito de Ponce una so-licitud de intervención en la cual alegó que a partir del fa-llecimiento de su padre ocurrido con posterioridad a la vista y sometimiento del caso de desahucio, ella pasó a poseer la parcela de terreno a título de dueña, cultivándola y explo-tándola por mediación de su esposo Domingo Torres, como su mandatario verbal; que la sentencia de desahucio en contra de Torres no había sido ejecutada; que ella no fue parte y nunca fue notificada en la acción de desahucio; que los demandantes en dicho pleito han pedido ahora la ejecu-ción de la sentencia y el lanzamiento de Torres; y que si se ordenase ese lanzamiento se lesionarían los derechos de la peticionaria a la posesión del terreno a título de dueña. Ter-mina la solicitud suplicando que se permita a la peticionaria intervenir en el procedimiento; que se declare nula la sen-tencia de desahucio y se deje sin efecto la orden do lanza-miento hasta que se substancie en sus méritos la solicitud de intervención.

Los aquí interventores, demandantes en el caso de des-ahucio, solicitaron que se diera cumplimiento a la sentencia de desahucio ordenándose el lanzamiento de Domingo Torres; que se declarase sin lugar la solicitud de intervención y el procedimiento de avalúo. La corte inferior declaró sin lugar Ja solicitud de intervención, desestimó el procedimiento iniciado para el avalúo y pago de las siembras existentes en la finca y ordenó el lanzamiento de Torres de la finca ob-jeto del caso. Para revisar esta resolución expedimos el auto de certiorari.

Alegan los peticionarios que la corte inferior cometió “error procesal y grave abuso de discreción” ai desestimar la solicitud de intervención.

La Regla núm. 24 de las nuevas Reglas de Enjuiciamiento Civil reza así:

‘‘(a) Intervención por Derecho. — Mediante oportuna solicitud, cualquier persona tendrá derecho a intervenir en una acción (1) cuando un estatuto confiere un derecho incondicional a intervenir; (2) cuando Ja. representación del interés del solicitante por las pactes ya en el litigio fuere o pudiere ser inadecuada y el solicitante c-:;iu-viere o pudiere resultar obligado por una sentencia en el pleito; o (3) cuando el derecho del solicitante pudiere resultar adversamente afectado por una distribución o cualquier otra disposición do Ja pro-piedad que se hallare bajo la custodia 'de la corte o de un oficial de Ja misma.
“(b) Intervención Permisible. — Mediante oportiuia solicitud cualquier persona podrá obtener permiso para intervenir en una acción: (1) cuando por ley se confiera un derecho condicional a in-tervenir; o (2) cuando Ja reclamación o defensa del solicitante y la acción principal tuvieren en común una cuestión de Jiecho o de dere-cho. Al ejercer su discreción, la corte considerará si la intervención dilatará indebidamente o perjudicará la adjudicación de los derechos de las partes originales.”

Intervención es un procedimiento por el cual una tercera persona puede presentar una reclamación o levantar una defensa en un caso pendiente. Como se desprende de la Regla 24, supra, el derecho a recurrir a este remedio es unas veces absoluto y otras voces discrecional en la corte. Ale-gan los peticionarios que tienen un derecho absoluto a inter-venir apoyándose en el inciso (2) de la Regla 24(a), supra. Eo tienen razón los peticionarios. Para poder in-tervenir amparándose en el hecho de que la representación es inadecuada, tienen que presentar prueba de ello. La re-presentación de una parte es inadecuada cuando se demues-ira que existe colusión entre el representante de esa parte y la parte contraria; o cuando el representante tiene o re-presenta un interés adverso a aquél de su representado o deja negligentemente de hacer algo que debe hacer. Moore’s Federal Practice, Vol: 2, pág. 2333. En el caso de autos la peticionaria estuvo representada por su esposo Domingo Torres, peticionario. Éste, como jefe de familia, es el re-presentante legal de la sociedad de gananciales. No -se ha demostrado que la representación era inadecuada, puesto-quo no aparece que haya habido colusión entre Torres y los demandantes, ni que Torres representara un interés adverso a aquél de la peticionaria. La solicitud fué correctamente denegada. Además, la solicitud fué tardía pues se presentó casi dos años después de haber una sentencia firme. Como dice la obra de Moore’s Federal Practice, Vol. 2, pág. 2384-5;.

" Intimamente relacionada eon la idea de subordinación y, en ver-dad, frecuentemente considerada como si formara parte de la regla de subordinación, es la regla general umversalmente conocida, citada por el Sr. -Juez Brandéis que ‘no se permitirá la intervención con el objeto de impugnar una orden ya emitida.’ Ordenes por allana-miento y órdenes administrativas no están, por consiguiente, gene-ralmente sujetas a ataque. Esta regla general de intervención se funda sobre la misma doctrina que establece la regla general que órdenes y sentencias entre las partes originales deben ser firmes. La mismo que existen excepciones a esta última regla, también las hay en cuanto a la regla general de intervención. Kara vez, sin embargo,, las órdenes administrativas y resoluciones emitidas con anterioridad a la intervención deben ser anuladas a solicitud del interventor. Tampoco debe anularse ninguna orden o resolución a menos que se-demuestre claramente que dicha orden o resolución privaría al inter-ventor de derechos sustanciales los cuales él haya diligentemente sos-tenido. El hecho de que el peticionario tiene un derecho absoluto a intervenir no servirá por sí solo como fundamento para evadir esta regla. ’ ’

No se ha cometido el error señalado.

Alega el peticionario que la corte inferior cometió ¿ ‘ error procesal al ordenar el lanzamiento del demandado sin el previo avalúo y pago de las siembras existentes en el predio.”

A tenor con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Desahucio, no será un obstáculo para el lanzamiento el que el peticionario reclame como suyos labores o plantíos. Banco Territorial y Agrícola v. Arvelo, 7 D.P.R. 566. A este respecto dice el artículo 18, supra:

‘'En este caso el marshal procederá al inmediato lanzamiento, sin prórroga, alguna, y una vez efectuado éste, a instancia del intere-sado, procederá a la práctica de un avalúo.”

En el caso de autos existe una sentencia firme desde junio de 1944 (Martínez v. Torres, supra) ordenando el lanzamiento del peticionario. Desde entonces, a pesar de los diversos esfuerzos realizados por los aquí interventores para que se efectuase el lanzamiento, no se ha ejecutado. Se nombraron peritos para que hicieran un avalúo de las siembras existen-tes en la finca, pero éstos nunca pudieron ponerse de acuerdo. Ya han transcurrido casi tres años desde que este Tribunal confirmó la sentencia de la corte inferior ordenando el lanza-miento, y continúa insistiendo el peticionario en que se haga un avalúo de las siembras existentes. ¿Cuáles son las siem-bras que deben valuarse? Aquéllas que existían en o antes de haber una sentencia firme. Ha tenido el peticionario más que suficiente tiempo para percibir los frutos de las siem-bras existentes en junio de 1944, cuando la sentencia en el caso de desahucio fue firme; máxime cuando se trataba de siembras de frutos menores, lo cuales, generalmente, produ-cen una sola cosecha.

Procede, por lo expuesto, anular el auto expedido.

Los Jueces Asociados Sres. Snyder y Marrero no intervinieron.

RESOLUCION

San Juan, Puerto Rico, a 22 de.mayo de 1947

Por mía inadvertencia, tanto de las partes litigantes como de la corte inferior y de este Tribunal, la decisión en este caso se basó en las disposiciones de la Begla núm. 24 de las nuevas Reglas de Enjuiciamiento Civil, las cuales no son aplicables a los procedimientos de desahucio. Empero, el resultado debe ser el mismo aplicando las disposiciones del artículo 72 del Código de Enjuiciamiento Civil (edición de 1933), de conformidad con las cuales no es permisible una intervención como la solicitada en este caso.

La acordó el Tribunal y firma el Sr. Juez Presidente.


author: El Juez Asociado Señor de Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Edwin Rivera Ríos, acusado y apelante.
    Núm. 11745.
    Sometido: Febrero 12, 1947.

      Resuelto: Mayo 2, 1947.

      Buenaventura Estoves, abogado del apelante; Hon. Procurador General Interino Luis Negrón Fernández, y Joaquin Correa Suárez, Fiscal Auxiliar, del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor de Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué sentenciado a un mes de cárcel por un delito de escalamiento en segundo grado. El delito consistió on que el 7 de septiembre de 1945, como a las cinco de la tarde, en San Sebastián, P. R., el apelante, voluntaria y malicio-samente, con intención de cometer hurto o ratería, penetró en un edificio dedicado a comedor escolar, del cual sustrajo tres latas de oleomargarina, pertenecientes a dicho comedor, valoradas en $2 cada una.

Conforme resulta de los autos, el comedor escolar fué ce-rrado por la mal roña como a las tres de la tarde del día 7 de septiembre de 1945, y al día siguiente, por la mañana, apareció abierto. Investigadas las existencias se notó que faltaban tres luías de oleomargarina, las cuales había mar-cado la matrona con unas rayas en cruz. Tres o cuatro días después, Eduardo López, un comerciante de la localidad, en-tregó al jefe do Ja policía una de dichas latas ya vacía, ma-nifestándole que en la tarde del 7 de septiembre la había comprado al acusado llena de oleomargarina, por 85 centavos. También Genaro Quiñones entregó a la policía otra, informando que al oscurecer del día 7 de septiembre la había comprado al acusado por un dólar. Y la tercera fué vendida por el acusado a Antonio González, el 8 de septiembre, como a las tres de la tarde, lias tres latas fueron identificadas por la matrona del comedor escolar, encontrando en cada una de ellas la marca que le había puesto. Conducido el acusado al cuartel de la policía, negó al principio haber tenido parti-cipación, alguna en el caso; pero al mostrársele las latas, admitió que las había hurtado. Conducido a la presencia del juez municipal, declaró tpie como a las cinco de la tarde del 7 de .septiembre, valiéndose de un alambre, había abierto una ventana y penetrado en el edificio sustrayendo las tres latas de oleamargarina, una de las cuales había vendido a (•Jenaro Quiñones y las dos restantes a Antonio González.

A preguntas del fiscal y con la oposición de la defensa, el testigo (Jenaro Quiñones declaró que al serle ofrecida en venta la lata de oleomargarina, preguntó al acusado sobre la procedencia de ésta, recibiendo la siguiente contestación: “Eso lo recibimos nosotros de Aguadilla de un familiar que nosotros tenemos en Aguadilla.”

Arguye el apelante que incurrió lá corte a quo en error perjudicial al admitir esa manifestación del testigo, porque no fué voluntariamente hecha por el acusado; que esa manifestación, aunque en nada incrimina al acusado, fué hecha en contestación a una pregunta que le hizo el testigo Quiñones, y que por consiguiente no fué voluntaria.

Ese señalamiento de error carece de mérito. Como muy bien dice la defensa, esa manifestación no incrimina al acu-sado. Se trata de una manifestación exculpatoria, no de una confesión. La, ley no requiere que se pruebe que las manifes-taciones exculpatorias han sido hechas voluntariamente.

Sostiene el apelante que la parte de la declaración del policía José Pagán, relativa a la confesión que hizo el acusado en el cuartel, era inadmisible por'no haberse establecido el corpus delicti. Precisamente, el primer testigo del fiscal fué la matrona Ana Mercado, quien, como hemos visto, declaró que como a las tres de la tarde había cerrado el comedor escolar, luego de cerciorarse que todo estaba en or-den y al día siguiente encontró que el local había sido abierto, que faltaban tres latas de oleomargarina e identificó las que le mostraron en el cuartel como las tres que faltaban en el comedor escolar. Esa declaración dejó perfectamente esta-blecido el corpus delicti. No era indispensable .que* el fiscal probase con evidencia directa que alguien penetró en el local. La prueba circunstancial estableció claramente que un agente criminal liabía penetrado en el local y sustraído la oleomar-garina, pues las latas no podían salir de allí si alguien no las sacaba. Además, las declaraciones de los tres testigos a quienes el acusado vendió la oleomargariná, juntamente con la confesión del acusado, en el cuartel primero y ante el juez municipal después, dejaron establecido que el agente criminal fué el acusado.

Arguye, por último, el apelante, que la confesión que hizo en él cuartel fué obtenida por medio de la violencia; que le dieron bofetadas y que lo agredieron con un foete por la espalda y que con motivo de las lesiones recibidas estuvo nueve días de cama.

La tortura que alega liaber sufrido el acusado fue negada enfáticamente por el policía Pagán y por el jefe de la policía. Además, a preguntas del fiscal, el acusado declaró que a pesar de tener que guardar cama por nueve días, no se le ocurrió llamar un médico, si no para que lo asistiera, por lo menos para que acreditara las lesiones.

También alega el apelante que la declaración que prestó ante el Juez Municipal fué obtenida por el miedo, porque mientras declaraba, el jefe de la policía se bailaba detrás de él y le tocaba con el foete por la espalda, impidiéndole así declarar voluntariamente por temor a que volvieran a con-ducirlo después al cuartel y lo torturaran de nuevo.

En relación con esta manifestación del acusado, parece pertinente consignar que quedó concluyentemente probado que mientras el acusado declaraba ante el juez municipal, se bailaban presentes el policía Pagán, el secretario de la corte municipal y el propio padre del acusado, quien estaba parado frente a la puerta de la corte, la cual estaba entreabierta y desde donde podía observar lo que sucedía mientras se to-maba declaración a su hijo. Ningún testigo declaró que ob-servara tal conducta por parte del jefe de la policía. Por el contrario, esa imputación fué negada por la policía, y el juez de distrito no dió crédito al acusado.

Por último, se imputa al juez que actuó movido por pasión, prejuicio y .parcialidad. Los autos, lejos de revelar tal pa-sión, prejuicio y parcialidad, lo único que revelan es que el juez fué muy benigno con el acusado al imponerle un mes de cárcel por este delito^)

Procede la confirmación de la sentencia.

      (1) Atribuimos la benevolencia del juez al hecho de que el acusado tenía do 1(> a 17 años de odad cuando cometió los hechos delictivos y era entonces estudiante dq octavo grado en las escuelas públicas de fían Sebastián.


author: El Juez Asociado Señor SNyder

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Timoteo Báez Fuentes, conocido por José Gamalier Báez, acusado y apelante.
    Núm. 11815.
    Sometido: Marzo 13, 1947.

      Resuelto: Mayo 5, 1947.

      F. Hernández Vargas, abobado del apelante; lion. Procurador tíene- . ral interino Luis Ncgrón Fernández, y Joaquín Correa Suárez, Fiscal AuAliar del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor SNyder

emitió la opinión del- tribunal.

101 acusado apela de una sentencia de reclusión perpetua después 'de liaborlo declarado un jurado culpable de asesi-nato en primer grado.

Se queja primeramente el acusado de que el juez de distrito declaró sin lugar su moción para someter a tres peritos la cuestión de la locura del apelante en dicho momento, .a tenor con el artículo 440 del Código de Enjuiciamiento Criminal. Sin embargo, esto sólo es necesario cuando surge en la mente del juez sentenciador alguna duda sustancial en cuanto a la locura del acusado. Una moción de esta índole va dirigida .a la discreción de la corte inferior. Solamente cuando la corte de distrito abusa de su discreción es que estamos justificados en intervenir con su resolución. People v. Fountain, 170 Cal. 460, 467 (1915); People v. Loomis, 170 Cal. 347 (1915); People v. Hettick, 126 Cal. 425 (1899); People v. Keyes, 178 Cal. 794 (1918); Pueblo v. Vi- llarrubia, 54 D.P.R. 346; Pueblo v. Nazario, 53 D.P.R. 239; Iturrino v. Corte, 50 D.P.R. 934.

Nada encontramos en el récord qne nos obligue a decir que la corte inferior tenía que seguir en este caso el procedimiento provisto por el artículo 440. En apoyo de su contención, el acusado presentó una declaración jurada preliminar de una trabajadora social en relación con el historial social y clínico del acusado. Esta trabajadora social ni siquiera había visto al acusado. Si bien los hechos expuestos en su declaración jurada quizó habrían justificado la actuación tie la corte a tenor con el artículo 440, no podemos decir que fué un abuso de discreción el negarse a hacer tal cosa a base de su declaración jurada. La única otra prueba presentada por el acusado sobre esta cuestión fueron dos declaraciones juradas de dos especialistas, en cuanto a que necesitarían treinta días para poder hacer un examen mental al acusado. Cuando el caso fué llamado a juicio y el acusado renovó su moción, la corte inferior a iniciativa propia oyó los testigos del Fiscal para determinar si debía invocarse el artículo 440. Sus declaraciones no convencieron a la corte de que esta acción debía tomarse, y nada encontramos en dichas declaraciones que nos exija resolver lo contrario.

El acusado señala como su segundo error la negativa de la corte de distrito a permitirle a la trabajadora social contestar la siguiente pregunta: “¿De acuerdo con las observaciones (pie usted hizo de este acusado cuando lo entrevistó y de acuerdo con esa información que usted como trabajadora social recibió de la familia de este acusado, usted llegó a alguna conclusión en cuanto al móvil de este caso?”

El acusado trataba, probando la ausencia del móvil, de establecer como defensa la locura cuando cometió el delito. La corte fue liberal al permitirle a la trabajadora social, quien no tenía preparación médica, declarar ampliamente en cuanto al historial del acusado y expresar su opinión en cuanto a que éste no podía distinguir entre el bien y el mal. Poro tocaba al jurado y no a la testigo, determinar la cuestión del móvil que tuvo el acusado bajo las circunstancias de este caso. Cf. El Pueblo v. Valle, 29 D.P.R. 555; Wiggins v. State, 27 S.W.2d 236 (Texas, 1930); VII Wigmore on Evidence, secciones 1963-4 (3ra. ed.). La corte inferior no co-metió error al no permitir esta pregunta.

En su tercer error el acusado se queja de la actuación de la corte inferior al permitirle al Dr. Julio E. Eolenson declarar que, basado en un examen del acusado y 'habiendo observado a éste en la cárcel de distrito, el acusado estaba mentalmente normal y podía distinguir entre el bien y el mal. La declaración del Dr: Eolenson fue presentada por el Pueblo en rebuttal,, después que el abogado del acusado había presentado prueba de que éste estaba loco.

El Dr. Eolenson declaró que es graduado de un colegio de medicina; que ha ejercido su profesión médica durante 25 años; que es el médico de la cárcel de distrito do San Juan; que hace un examen físico y mental de todos Jos con-finados y les da tratamiento; que estudió psiquiatría en el colegio como asignatura; que nunca ha ejercido en psiquia-tría, sino en medicina general.

La capacidad del Dr. Eolenson para expresar su opinión en cuanto a la condición mental del acusado bajo estas cir-cunstancias, era cuestión que competía a la discreción de la corte de distrito. Véanse 54 A.L.R. 860, 863; Bell v. Acacia Mut. Life Ins. Co., 16 So.2d 821 (La., 1944). No x>odemos decir que la corte inferior abusó de su discreción, especial-mente cuando ya había permitido al acusado presentar prueba similar por la trabajadora social.

El cuarto error señalado es que el veredicto es contrario a derecho y a la prueba. El acusado, un muchacho de 18 años, dió muerte a una señora, vecina suya, cercenándole la cabeza con un machete. Alegó ser inocente! debido a estar loco, y presentó prueba en apoyo de su alegación., La corte inferior sometió a.l jurado, con las debidas instrucciones, la cuestión de locura. Cf. Fisher v. United States, —U.S.—,90 L. ed. 1078. Al declarar culpable al acusado de-asesinato en primer grado, el jurado resolvió que el apelante; estaba cuerdo cuando cometió el delito. Nada encontramos' en el récord que justifique que alteremos el veredicto.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.

El Juez Asociado Sr. Marrero no intervino.