author: El Juez Asociado Se. Aldrey,

text:
    Hernández, Demandante y Apelante, v. Sucesión Córdova, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en pleito sobre disolución de comunidad y otros extremos.
    No. 2882.
    Resuelto en julio 19, 1923.
    Bienes Gananciales — Bienes Privativos. — La omisión de ineluir un bien ga-nancial en una partición de bienes no cambia su carácter legal ni establece la presunción de que es privativo del cónyuge que lo adquirió.
    Id. — Reivindicación de Gananciales Después del Divorcio • — • Liquidación de Sociedad de Gananciales. — Ratificando la doctrina establecida en Capó v. Fernández y Santini v. Díaz San Miguel, 27 D. P. R. 175 y 816, respectiva-mente, en e] presente caso se resolvió: que no es necesaria la liquidación de la sociedad de gananciales para que los herederos de uno de los cónyuges, o el cónyuge mismo en caso de divorcio, pueda reclamar la mitad que le ■ pertenece en la sociedad de gananciales disuelta.
    Id. — Reivindicación—División de la OoMunidad. — Un solar con dos casas no ' es la propiedad esencialmente indivisible a que se refiere el artículo 411 del del Código Civil, y en ausencia de prueba de que lo es, no procede una sen-tencia ordenando la venta de tal propiedad a petición del cónyuge supérstUe en cuanto a la mitad, en concepto de gananciales.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. L. Mercader.

    Abogados de la apelada: Sres. Large & Zeno.

   El Juez Asociado Se. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Francisco Córdova Stuart compró un solar con dos ca-sas estando casado con Ana Hernández Velázquez, sin que en la escritura de adquisición conste la procedencia del dinero invertido en la compra. Ese matrimonio fué disuelto por sentencia de divorcio de 25 de octubre de 1916, y en enero del año siguiente los divorciados dividieron entre sí una finca rústica por escritura pública en la- que hicieron constar que esa finca era el único bien de la sociedad con-yugal disuelta. Córdova murió en 1921 y poco tiempo des-pués Ana Hernández Velázquez demandó a la sucesión tes-tamentaria del que fué su esposo para que el tribunal de-clarase que le corresponde una mitad del solar y casas por ser un bien ganancial, para que la sucesión demandada le pague la parte que le corresponde en los productos de diclia finca urbana desde la fecha de su divorcio y para que ordene la disolución de la comunidad de bienes que tiene con la sucesión, vendiendo la finca y entregando a cada par-tícipe lo que le corresponda.

Contestó la sucesión demandada y se celebró el juicio en el que la parte demandante fué la única que presentó prueba de la que resultan los hechos antes expuestos, que Córdova carecía de recursos cuando se casó con la deman-dante y que las casas han producido como rentas $69 men-suales desde que tuvo lugar el divorcio, habiendo tenido como gastos $30 de contribuciones y $40 de reparaciones por año.

La sentencia fué contraria a la demandante quien in terpuso este recurso de apelación.

Realmente no hay controversia entre las partes con res-pecto a los hechos tal como los hemos expuestos pero sí en cuanto al derecho aplicable, pues sostiene la sucesión de-mandada y también el tribunal inferior que es necesaria una liquidación previa de la sociedad de gananciales del matrimonio y una adjudicación en ella a la demandante de la mitad de esa finca, urbana para que como condueña pueda reivindicarla con sus frutos y para que pueda hacer que cese la comunidad de bienes.

Aunque es lo más probable que en la escritura de par-tición de la finca rústica hecha en 1917 se practicara una liquidación de la sociedad de gananciales del matrimonio, sin embargo, como no tenemos otra constancia de ella que la alegación hecha por la demandada en su contestación, aceptaremos que no se ha probado que se practicó la li-quidación de la sociedad, pero ésta no era necesaria para la reclamación de la demandante. Más, antes de tratai' esta cuestión debemos decidir si la finca urbana a que se re-fiere este pleito es un bien ganancial del matrimonio o es privativo del marido, como alega la parte apelada.

Como en este caso no se alega por las partes que hubo capitulaciones en el matrimonio, lia de entenderse que fué contraído bajo el régimen de la sociedad legal de ganan-ciales, según dispone el artículo 1288 del Código Civil y, por tanto, que mediante ella el marido y la mujer hacen suyas de por mitad, al disolverse el matrimonio, las ganancias o beneficios obtenidos por cualquiera de ellos durante el ma-trimonio, de acuerdo con el artículo 1310 del mismo Código; y como la finca objeto de este pleito fué adquirida por el ma-rido durante el matrimonio por título oneroso a costa del caudal común, pues no aparece del título de adquisición, ni se ha probado, que el dinero empleado en la compra sea ex-clusivo del marido, tenemos que concluir que se trata de un bien ganancial, sin que el hecho de haberse dividido antes otra finca ganancial, entre los divorciados convierta a la que se reclama en este pleito en privativa del marido, como sostiene la parte apelada. La omisión de incluir un bien ganancial en una partición de bienes no cambia su carác-ter legal convirtiéndolo en privativo del cónyuge que lo ad-quirió; no hay precepto en la ley que así lo establezca. Puesto que en este caso se trata de un bien ganancial y puesto que la sociedad legal del matrimonio terminó por el divorcio, desde este momento una mitad de la finca corres-pondía a la demandante, no por herencia sino como dueña por su participación en la sociedad.

Ahora bien, hemos declarado implícitamente en el caso de Capó v. Fernández, 27 D. P. R. 715, y expresamente en el de Santini v. Díaz San Miguel, 27 D. P. R. 816, que no es necesaria la liquidación de la sociedad de gananciales para que los herederos de uno de los cónyuges, o el cónyuge mismo en caso de divorcio, decimos ahora, pueda reclamar la mitad que le pertenece en la sociedad de gananciales disuelta. En el caso de Santini dijimos:

“Ahora bien, aunque la autoridad de dichos casos no fué discu-tida, ni la cuestión específica de la previa liquidación de la sociedad de gananciales examinada, basta nn ligero estudio de la reciente de-cisión de esta Corte Suprema en el caso de Capó v. Fernández, para concluir que los casos de Sucesión Morales, de Newman y de Ortiz, quedaron afectados por el de Capó. Implícitamente resolvió esta corte en Capó v. Fernández, en julio 22, 1919 (p. 715), que no sólo no era necesaria la previa liquidación de la herencia para reclamar el derecho hereditario, sí que tampoco la previa liquida-ción de la sociedad de gananciales. Y en esta ocasión no sólo im-plícita sino expresamente ratificamos tal criterio, y en apoyo del mismo citaremos una decisión de la Corte Suprema de Louisiana que resuelve concretamente el punto envuelto en este pleito.”

Siguiendo la doctrina expuesta en es.os casos, tenemos que concluir que la demandante tiene derecho a que se declare que es dueña de la mitad pro indiviso de la finca en cuestión y que tiene derecho a la mitad líquida de sus pro-ductos desde la disolución de su matrimonio.

Con respecto a la venta que se solicita para hacer cesar la comunidad en dicha finca, como el artículo 411 del Có-digo Civil dispone que cuando la cosa común fuere esencial-mente indivisible, y los dueños no convinieren en que se adjudique a uno de ellos indemnizando a los demás, se ven-derá y repartirá su precio, y como un solar con dos casas no es por sí mismo esencialmente indivisible ni se ha pro-bado en este caso' que lo sea para que proceda su venta y distribución del precio, no procede que se ordene su venta, sin perjuicio de que pueda solicitarse nuevamente la divi-sión de la comunidad.

Por las razones expuestas la sentencia apelada debe ser revocada, menos en cuanto no ordena la venta de la finca.

Revocada en parte y en parte confirmada la sentencia apelada, sin especial condena de costas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Hutchison y Franco Soto.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asió ciado Sr. Wole,

license: Public Domain

text:
    Romero et al., Demandantes y Apelados, v. Romero et al., Demandados, y Solís, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, en pleito sobre nulidad de títulos y otros extremos.
    No. 2806.
    Resuelto en julio 23, 1923.
    Nulidad de Título — Partes Demandadas — Sentencia Académica. — Probado en apelación que la parte ele propiedad reclamada a la apelante a quien antes pertenecía fué vendida por ella antes de entablarse la reclamación, e ins-crita a nombre de los compradores que no han sido hechos partes demanda- • das, se resolvió: que por falta de las partes necesarias el pleito era acadé-mico y se mandó para ulteriores procedimientos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. I. Hernández.

    Abogado de los apelados: Sr. M. Moraza.

   El Juez Asió ciado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Contra la demandada, apelante, María Solís y otros se estableció una acción sobre nulidad de ciertos títulos. La corte inferior consideró el pleito c'omo uno parcialmente en reivindicación, pero declaró que existían las nulidades solici-tadas en la demanda, y María Solís apeló. Esta demandada en apelación llama la atención hacia el hecho de que la parte de la propiedad que antes pertenecía a ella ha sido vendida e inscrita a nombre de otras personas. La certificación del registrador así lo acredita. Esta certificación hace men-ción de una venta hecha a José Díaz Marcillas, y enton-ces a la venta hecha por él. La finca aparece, por tanto, ins-crita a nombre de otra persona que no es parte en este pleito, y la ausencia de esta parte se asigna como error.

Si esta cuestión fué o no levantada en la corte inferior no lo sabemos, pero las circunstancias indican que María Solís se ha desprendido de todo título a la propiedad antes de la fecha de la demanda y que es otra persona quien la tiene. Dentro de las circunstancias, la sentencia de la corte inferior en contra de María Solís sólo podría tener un efecto académico. La sentencia debe ser revocada en cnanto a ella, debiendo la corte exigir qne los compradores o comprador sean liecho partes por virtud del artículo 74 del Código de Enjuiciamiento Civil.

La apelante alegó que ciertas Cosas no fueron específica-mente alegadas en su contestación que ella tenía derecho a levantar como cuestión de privilegio. Si desease ella hacer enmiendas, la corte inferior, al devolverse el caso, tiene com-pleta y amplia discreción para permitir enmiendas y que se levanten todas las cuestiones, aunque, desde luego, las principales personas interesadas parecen ser los comprado-res.

Debe revocarse la sentencia en tanto a María Solís se re-fiere y el caso devuelto para otros procedimientos no incompatibles con esta opinión.

Revocada la sentencia apelada en cuanto a. la apelante Solís, y devuelto el caso para ul-teriores procedimientos.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Aldrey y Franco Soto.

Los Jueces Sres. Presidente del Toro y Asociado Hutchi-son disintieron.


author: El Juez Asociado Sr. Wiole,

text:
    Bujosa & Jaume, Demandante y Apelada, v. Sucesores de Gilet & Arce, Demandada y Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre daños y perjuicios.
    No. 2892.
    Resuelto en julio 23, 1923.
    Hipoteca — Anticresis—Arrendamiento—Incumplimiento de Contrato — Frau-de- — Conspiración—DaSos.—A estaba en posesión ele la Anea de B en virtud de un contrato de anticresis. Asegurándole a C que no tenía motivos para suponer quo B pagara ol importe do su deuda dentro de dos años y seis meses, A arrendó la Anea a O por ese término eon la condición de que el arrendamiento terminaría si B pagaba su deuda. Más tarde A se combinó eon otras personas para reducir el importe dé la deuda de B y voluntaria-mente gestionó la terminación del arrendamiento. Se resolvió: que IiuTdo por parte de A un incumplimiento de su deber en ley y en equidad sufi-ciente para convertir su actuación en fraudulenta y dar a O una acción de daños y perjuicios por el fraude.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de la apelante: Sr. G. Rodrigues.

    Ahogado de la apelada: Sr. Ii. Martines Nadal.

   El Juez Asociado Sr. Wiole,

emitió la opinión del tribunal.

Sucesores de Gilet & Arce estaban en posesión y dis-frute de cierto edificio en Ponce por virtud de un contrato de anticresis celebrado con un individuo de apellido Orta, quien era su deudor por la suma de $2,364.35. Orta, según parece, podía pagar esta deuda en cualquier momento y rescatar el edificio. Mientras estaban en posesión de dicho edificio Sucesores de Gilet & Arce lo arrendaron a la de-mandante Bujosa & Jaume por un término de dos años y seis meses sujeto únicamente a la condición de que el con-trato de arrendamiento debía terminar si Orta pagaba la deuda.

La apelada admite que si Orta voluntariamente pagaba la deuda el contrato de arrendamiento terminaría. Tam-bién admite que no había nada que impidiera a Sucesores de Gilet & Arce o cualquiera que tuviera el título a la deuda de poder cancelarla. Sostiene ella, sin embargo, que Suce-sores de Gilet & Arce no harían nada voluntariamente para terminar el convenio de arrendamiento y ella en efecto in-siste en que la apelante inició o tuvo intervención en una confabulación o conspiración para dar por terminado el arrendamiento.

Hubo prueba tendente a acreditar que Bujosa y Jaume estaban estableciendo una nueva panadería en Ponce; que las indicaciones son que los panaderos de Ponce no que-rían otro Competidor; por lo menos que varias personas y Sucesores de Gilet & Arce se combinaron para rebajar el importe de la deuda de Orta y aceptar de él la suma de $1,864 en vez de $2,364.35 que él debía.

La demanda alegaba todos estos heclios suficientemente y más todavía. .Que la prueba tendió a demostrar una in-tervención por, parte de Arce en esta confabulación y la aceptación de él o de su firma de una suma menor al im-porte debido, no cabe duda alguna. La corte inferior tenía derecho, en vista de la prueba directa y circunstancial, a creer que después que Gilet & Arce había celebrado un con-trato de arrendamiento con la apelada, la compañía ape-lante se combinó con otros y voluntariamente hizo gestio-nes por terminar el arrendamiento.

Este no es un caso de prueba testifical para variar los términos de un contrato escrito. La apelada admite las es-tipulaciones del contrato. Se opone ella a la actuación de la apelante por virtud de la cual se combinó para poner en práctica medio o medios que debían terminar el arrenda-miento solemnemente celebrado.

Las palabras esenciales del contrato eran estas:

“Quinta. — Es condición expresa de este contrato, que si el deu-dor don Aristides Or'tá y Pérez, en cualquier momento antes de expirar el término de este arrendamiento, pagase a la arrendadora Sucesores de Gilet & Arce, S. en C„ el montante de la deuda que motiva la anticresis a que están sxijetos los bienes aquí referidos; desde que ese pago se haga quedará rescindido y cesará en el acto el arrendamiento que se hace por esta escritura y la arrendataria Bujosa & Jaume tendrá sólo una concesión de treinta días impro-rrogables para entregar todos los bienes que ha recibido en arren-damiento. Yencido ese término, el señor Orta y Pérez tendrá de-recho y queda autorizado para tomar posesión inmediatamente de sus dichos bienes, sin necesidad de llenar requisitos previos de clase alguna, sino incautarse de ellos.”

La apelada sostiene que no obstante el derecho de la apelante para exonerar al deudor Orta de su deuda, dicho apelante no tenía ningún derecho para aceptar voluntaria-mente menos del importe estipulado en perjuicio del ape-lante. En otras palabras, que habiendo celebrado un con-trato por el goce tranquilo con la apelada, la apelante no podía aceptar un solo centavo menos sin infringir las con-diciones de su contrato. La apelada parece tener razón pero no nos interesa fundar nuestra decisión exclusivamente en este aspecto técnico del caso.

Cuando la apelante celebró el contrato de arrendamiento ella probablemente de buena fe, garantizó a la apelada que no tenía ningún motivo para sospechar que Orta pagaría el importe adeudado por él durante la vigencia del arrenda-miento. Posteriormente surgió la combinación y rebaja de la deuda con la intervención activa de la apelante. Por lo menos ella tomó parte en Ja combinación, y en una combi-nación o conspiración el acto de uno es el acto de todos. El hacer alguna cosa los arrendadores o apoyar algo como lo que aquí se hizo o apoyó era un fraude en contra del arren-datario dentro de la definición que respecto a fraude da Corpus Juris en. el tomo 26, página 1059, la cual es Como sigue: “El fraude en su sentido genérico especialmente como se usa la palabra en las cortes de equidad, comprende todos los actos, omisiones y ocultaciones que envuelven un incumplimiento de un deber legal o equitativo y que trae por consecuencia un daño a otra persona. ’ ’ Sin aceptar necesa-riamente la anterior definición como última palabra, hubo en este caso un incumplimiento tan fuerte de un deber legal y equitativo que convierte la actuación de la apelante en frau-dulenta y que da derecho a la apelada al ejercicio de una acción por fraude. En 26 C. J., página 1101, también se dice que las insinuaciones que se convierten en falsas pue-den llegar a constituir fraude si las partes que las hacen in-tervienen para hacerlas falsas.

La apelante también alega haberse cometido error al no haber la corte sentenciadora emitido una opinión razonada exponiendo los. hechos y las-conclusiones, de derecho, pero el caso de Paganacci v. Lebrón 24 D. P. R. 796, es termi-nante sobre este punto.

Con la excepción ele la cuantía de los daños los demás señalamientos de error están tratados en nuestra anterior disensión.

Sobre la cuantía de los daños, aparece que Bujosa & Jaume convinieron con Orta y su cansaliabiente en retener el edificio mediante el pago de una renta, mayor o sea $25 mensuales. La corte, por tanto, dictó sentencia por 29 me-ses a razón de $25 mensuales, o sean $725, siendo el primer mes a razón de $200. La apelante alega que el cálculo de 29 meses es erróneo. Encontramos, sin embargo, una mani-festación en los autos de que Bujosa & Jaume continuaron trabajando en la panadería, pagando la renta aumentada por el resto del tiempo independientemente de la presunción • de que seguiría la renta aumentada.

La sentencia debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelador.

Jueces concur!entes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciado Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison firmó “Conforme con la sentencia y opinión excepto el párrafo que ratifica la doc-trina de Paganacci v. Lebrón.”

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


author: El Juez PuesideNte Se. del Tobo, JUEZ ASOCIADO SR. WOLE.

text:
    G. Arbona & Co., Demandante y Apelante, v. Ortiz et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 2762.
    Resuelto en julio 24, 1923.
    Cobro de Dinero — Prueba Insuficiente. — En la opinión se analiza la prueba que sirvió de base a la eorte sentenciadora para declarar sin lugar la de-manda en cobro de dinero, y se resolvió: que no apareciendo que se come-tiera error fundamental en la apreciación, la sentencia debe confirmarse.
    Los hechos están expresados en la opinión;
    Abogados de la apelante: Sres. López de Tord y Zayas y Pizarro.

    Abogado de los apelados: Sr. R. Martínez Nadal.

   El Juez PuesideNte Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

G. Arbona & Co., una sociedad mercantil de Ponce, P. B., demandó a Luis Ortiz y Alcides Núñez en cobro de $1,022.58.

En la demanda se alega, en resumen, que en' mayo de 1918 los demandados constituyeron, en unión de José Blay, una sociedad mercantil en comandita bajo la razón de Ortiz, Núñez y Cía., S. en C., siendo los demandados gestores y Blay comanditario. La sociedad así constituida se dedicó al negocio de compra y venta de provisiones que realizaba en su establecimiento principal, sito en la calle de Atocha de Ponce, y en una sucursal que tenía abierta en la calle de'la Villa de la misma ciudad de Ponce a nombre del socio Alcides Núñez. Este, para surtir la sucursal, compró a la demandante, en junio de 1918, provisiones cuyo valor, $1,022.58, no ha sido satisfecho por la sociedad, ni por sus socios, ni por ninguna otra persona. Ortiz, Núñez y Cía., S. en C., se disolvió traspasando todos sus bienes a otra sociedad denominada L. Ortiz y Cía. que no asumió el pago de las deudas de Ortiz, Núñez y Cía., S. en C.

Nada consta en los autos con respecto al demandado Al-cides Núñez. Ni siquiera si fue o no emplazado. El de-mandado Luis Ortiz excepcio.nó la demanda y, declaradas sin lugar sus excepciones, archivó su contestación, negando que Ortiz, Núñez y Cía., S. en C. tuviera sucursal alguna y que el socio Alcides Núñez comprara las provisiones a la demandante por cuenta de la sociedad para la sucursal. En cuanto a la disolución de la sociedad, se aceptó el hecho pero se negó que la nueva sociedad no asumiera el pago de las deudas realmente contraídas por la extinguida.

Como materia nueva de oposición se alegó en la contes-tación que las provisiones a que se refiere la demanda fue-ron vendidas por la demandante a Alcides Núñez particu-larmente para una tienda que tenía en la calle de la Villa de la ciudad de Ponce, P. E.

Se celebró el juicio, se practicó la prueba y la corte de-claró la demanda sin lugar archivando una “relación del easo y opinión,” que dice:

“Este caso se vió ante esta Corte, en los días 16 y 17 de enero de 1922, previo señalamiento en el calendario civil, compareciendo la parte demandante representada por el abogado señor Vicente Zayas y Pizarro y los demandados por su abogado señor Rafael Martínez Nadal.
“En el acto de la vista la parte demandante presentó prueba testifical y documental, presentando la parte demandada solamente prueba documental.
“La corte como resultado de la evidencia en conjunto es de opi-nión que la lejr y los becbos en este easo están a favor de los de-mandados Luis Ortiz y Alcides Núñez Ortiz y en contra de la de-mandante G-. Arbona & Co. y que debe registrarse una sentencia desestimando la demanda en todas sus partes, con costas a cargo de la demandante.
“Regístrese por el secretario una sentencia de conformidad con los términos de esta opinión en el libro correspondiente.”

No conforme con la sentencia, la demandante apeló para ante esta Corte señalando en su alegato la comisión de cua-tro errores. El primero se refiere a no haberse dado cum-plimiento por la corte al artículo 227 del Código de Enjui-ciamiento Civil. Los otros tres a la apreciación de la prueba.

Argumentando el primer error sostiene el apelante que la “relación del caso y opinión” redactada por la corte sen-tenciadora no es la que exige el artículo 227 del Código de Enjuiciamiento Civil. Estamos conformes. En todos los casos deben los jueces exponer los lieclios y la ley que lian aplicado. 'Para ello no es necesario escribir largas opinio-nes, y con ello se logra que la misma conciencia judicial ac-túe con más seguridad. Al extraer de un caso sus lieclios esenciales, es que mejor se observan las cuestiones envuel-tas, y al consignar expresamente la ley o la jurisprudencia a cuya luz las cuestiones se resuelven, existe para el juez una última oportunidad de aquilatar la justicia de su fallo. Pero la omisión que se nota, no lleva consigo la revocación de la sentencia de acuerdo Con la jurisprudencia estable-cida por esta corte, tanto más cuanto que no consta que la parte apelante se quejara de ello en la corte inferior.

Los tres restantes errores pueden estudiarse conjunta-mente.

Comenzó la parte demandante su prueba presentando una copia de la escritura de compraventa y modificación de contrato otorgada por Alcides Núñez,' Luis Ortiz y Andrés Grillasca, el último como apoderado de José Blay, en Ponce, el 28 de junio de 1918. En dicha escritura se hace refe-rencia a la otorgada el mes anterior constituyendo la sociedad Ortiz, Núñez y Cía., S. en C., a la cual el socio Ortiz aportó $3,380, el socio Núñez $1,089 y el comandita-rio Blay $3,095, y se hace constar la separación del socio Núñez quien vendió su participación a la propia mercantil de que formaba parte por la suma de $1,400, pagadera como sigue: “450 dollars pagados por la sociedad por las cuen-tas privadas de Alcides Núñez; 450 dollars que entrega en este acto en billetes americanos de curso legal, y los $500 restantes, en efectos de comercio que tiene la mercantil en una sucursal en la calle de la Villa de la ciudad de Ponce.” Las itálicas son nuestras.

Dicha escritura contiene otra cláusula que dice, en lo per-tinente, así:

“Tercera: Convienen las partes cada una en la representación que ostenta que los actos verificados por don Alcides Núñez mien-tras filé socio gestor de la citada mercantil quedarán en toda su fuerza y vigor,.haciendo constar el señor Núñez que no lia contraído otro compromiso que compras para la firma de la que fue socio.”

Luego introdujo la demandante los testigos Mirabal y Castellano. Ambos fueron sus empleados y el primero arin lo era en el momento del juicio. Sus declaraciones tienden a demostrar que cuando Alcides Núñez personalmente com-pró las provisiones a la demandante manifestó que eran para la Sucursal de Ortiz, Núñez y Cía., S. en C. Declaró otro testigo, Manuel Vallés, que parece ser socio de la deman-dante, quien entre otras cosas, dijo:

“Alcides Núñez nos dijo que la sucursal esa tenía la patente a nombre de él y que el. almacén del pueblo iba a comprar también, principió a comprar unas arenques, él mismo indicó que para no confundir las cuentas del almacén con las de la sucursal, que le abrieran las del almacén a nombre de él y las de la sucursal a nom-bre de Ortiz, Núñez y Cía.

El demandado presentó como prueba un borderó de 27 de junio de 1918 ascendente a $311.75 por efectos compra-dos a la demandante por Alcides Núñez. Es un liecho claro que Ortiz, Núñez y Co., S. en C., no figuran como deudores en los libros de comercio de la demandante. En ellos apa-rece Como deudor de la suma reclamada en este pleito Al-cides Núñez individualmente. Lo mismo en el borderó.

Ese es, en síntesis, el resultado de la prueba. A nues-tro juicio la sentencia debe ser confirmada. No bay moti-vos suficientes para alterar la conclusión del juez senten-ciador. Sus propios libros liablan en contra de la deman-dante. Si fue cierto el arreglo que liizo con Alcides Núñez, debió para su propia garantía haberlo hecho constar actual-mente por medio de una nota en su contabilidad. No lo hizo y no tiene a quien quejarse más que a ella misma. No po-demos decidir que la corte ejercitara mal su propio juicio, su conciencia de juzgador, al dejar de creer la prueba tes-tifical de la demandante.

Insiste mucho la demandante en la escritura.' Sostiene que de ella aparece declarado por los propios socios de Ortiz, Núñez y Oía., S. en C., que la tienda de la calle- de la Villa para la cual se vendieron las provisiones era una su-cursal perteneciente a la sociedad y que disuelta ésta son responsables sus socios.

En primer lugar si bien el uso de la palabra “sucursal” parece indicar la idea de dependencia o pertenencia, es lo cierto que en la escritura no se consigna expresamente que la sucursal perteneciera a la sociedad, sólo se dice que parte del precio de la compra de la participación del socio Núñez se paga “en efectos de comercio que tiene la mercantil en una sucursal.”

La escritura de que se trata fué admitida con la oposb ción del demandado basada en su falta de validez por no haber comparecido personalmente a otorgarla el socio co-manditario. Pero prescindiendo de la objeción y dándole toda la fuerza probatoria que pueda, tener, de ella resulta que la nueva sociedad constituida, si es que puede estimarse así, asumió las obligaciones de la antigua que duró, a juz-gar por los documentos, menos de dos meses, haciéndose constar expresamente que los actos ejecutados por Núñez quedarían en toda su fuerza y vigor, y la acción en este pleito se ejercita no contra la nueva sociedad, sino contra los gestores de la antigua en su carácter personal, mejor dicho contra uno solo de los gestores.

Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sen-tencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.

El Juez. Asociado Sr. Wolf disintió.

OPINIÓN DISIDENTE EMITIDA POR EL

JUEZ ASOCIADO SR. WOLE.

En Ponce dos comerciantes, nna sociedad mercantil uno y el otro nn individuo particular combinaron sus intereses y formaron nna nueva sociedad mercantil. La escritura social no se encuentra ante nuestra consideración pero sí la escritura de disolución de la sociedad. Esta escritura con-tiene las siguientes cláusulas:

“Cuarto. — Que no conviniéndole al socio Don Alcides Núñez, continuar en la razón social de que se lia lieelio mérito ha conve-nido con dicha razón social vender su participación en la misma y llevando a electo lo convenido, lo hacen bajo las cláusulas siguien-tes : Primera: Don Alcides Núñez, vende, cede y traspasa a la mer-cantil Ortiz Núñez y Compáñía, S. en C., todos los haberes, dere-chos y acciones que en la misma le corresponden, en todos los ne-gocios a que está dedicada dicha sociedad.
“Segunda. — Constituye el precio de esta enajenación, la suma ajustada y convenida de mil cuatrocientos dólares, que se han dis-tribuido así: cuatrocientos. cincuenta dólares pagados por la so-ciedad por las cuentas privadas de Don Alcides' Núñez; cuatro-cientos cincuenta dólares que entrega en esté acto en billetes ame-ricanos de curso legal, y los quinientos dólares restantes, en efec-tos de comercio que tiene la mercantil en una sucursal en la calle de la Villa de la ciudad de Ponce, cuya sucursal incluye provi-siones y efectos de comercio inventariados y aceptados por Don Alcides Núñez y cuentas a favor del mismo compareciente.
“Tercera. — Convienen las partes cada una en la representación que ostenta que los actos verificados por Don Alcides Núñez mien-tras fué socio gestpr de la citada mercantil quedarán en toda su fuerza y vigor relevando dicha sociedad a Don Alcides Núñez, de toda obligación que haya contraído a favor o en contra de la misma, asimismo el compareciente Núñez, renuncia para siempre de todo cuanto derecho pudiere tener contra la citada sociedad, relevándola en la más _ solemne forma de cualquier acto u obliga-ción que haya contraído personalmente, haciendo constar el seño)’ Núñez que no ha contraído otro compromiso que compras para la firma de la que fué socio.”

Esta era una clara obligación por parte ele Ortiz de re-levar a Núñez de cualquier obligación por deudas contraídas en nombre de la sociedad. Antes de entrar Núñez como so-cio tenía él nna sucursal propia. Que esta sucursal quedó Confundida en la firma, lo demuestra el párrafo marcado “Segunda” y la materia nueva de oposición contenida en la contestación, a saber:

“Y como materia nueva de oposición el demandado Luis Ortiz alega que las ventas por $1,022.58 a que se refiere G. Arbona & Co. en el hecho cuatro de la demanda fueron hechas particularmente y en su carácter privado a Alcides Núñez por una tienda que éste tenía a sir nombre y de su exclusiva propiedad en la calle de la Villa, a quien G. Arbona & Co. le fiaba mientras fué socio de Ortiz Nú-ñez & Co., S. en C., y que al salir el señor Núñez de esta Sociedad, viendo los señores G. Arbona & Co. su crédito en peligro, fabrica-ron entonces la acción contra Ortiz Núñez & Co. siendo así que su deudor era Alcides Núñez en su carácter individual como así consta de factura de la misma demandante.”

En esta nueva materia se identifica la sucursal como la misma a la cual se refiere la escritura de disolución. Los demandados y apelados meramente levantaron la cuestión de si la mercancía comprada era por cuenta de Núñez o de la sociedad. En la escritura de disolución que fiemos trans-crito aceptó Ortiz específicamente la cesión de todos los fia-beres de la sucursal pero no quiere ser responsable por las deudas de la sucursal. Teniendo esto en cuenta niega él tener responsabilidad alguna por dichas cuentas no obstante lo dispuesto en la cláusula “Tercera” dé la escritura de disolución según la cual no sólo está relevado Núñez de cua-lesquiera obligaciones por deudas contraídas a nombre de la sociedad, sino que él fiace constar solemnemente que no fia contraído otro compromiso que las compras para la firma.

Considerada la escritura de disolución y la nueva mate-ria de la contestación los demandantes establecieron un caso prima fado habiendo recaído en Ortiz la obligación de pro-bar que las deudas contraídas por Núñez fueron indepen-dientemente de la sociedad. Los libros de Gr. Arbona & Co. son la única prueba a su favor, pero como la demás prueba documental revelaba que Núñez estaba administrando la su-cursal para la sociedad, el caso prima facie de que todas sus negociaciones eran a favor de su firma no se destruye.

Bajo estas circunstancias no importaría, como parece probable, que la corte inferior no dió crédito a las manifes-taciones lieclias por los empleados de Gr. Arbona al efecto de probar que Núñez estaba comprando para la sociedad. Ellos pueden liaber tratado de fortalecer el caso pero quedó demostrado un caso prima facie por las alegaciones j la es-critura de disolución.

Los lieclios, por consiguiente, colocan el caso sobre la base del derecho de una persona que negocia con un su-puesto individuo particular cuando en realidad de Amrdad él era un miembro de la sociedad con la confusión de dere-chos y obligaciones necesariamente resultantes. Esto está más especialmente evidenciado por el hecho de demostrarse que Ortiz y su otro socio están tomando como parece po-sesión de todo el activo en la sucursal. Esto sería un fraude contra los acreedores a menos que ellos también se hubie-ran hecho cargo del pago de las deudas.


author: El Juez Asociado Sr. Wíole,

text:
    Del Rosario et al., Demandantes y Apelantes, v. Pizá, Demandado y Apelado.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, en pleito sobre reivindicación de finca rústica.
    No. 2865.
    Resuelto en julio 24, 1923.
    RicivindicacióN — Prueba—Identificación de la Hinca Reclamada. — En una ac-ción reivindicatoría el peso de la prueba de identificación de la finca está en el demafidante y tal identificación no sólo deberá ser suficiente para per-mitir al márslial incautarse de la propiedad sino que deberá establecer la identidad entre la finca reclamada y la poseída por el demandado; sin que ol hecho de que éste haya transigido en un pleito anterior la reclamación de otros supuestos condueños en una propiedad que se alega ser la misma reclamada, tenga el efecto de una admisión de que las reclamaciones son justas.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. J. G. Torres.

    Ahogado del apelado: Sr. M. Travieso.

   El Juez Asociado Sr. Wíole,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes, después de presentar prueba de un título inscrito, llamaron a declarar a tres testigos, que dijeron que conocían la finca de cincuenta cuerdas en Toa Baja que aquí se trata de reivindicar, y dos de ellos declararon que el demandado estaba en posesión de la misma. El ter-cero habló por referencia. El demandado declaró negando que conociera a los demandantes, probó tener el título a las 411 cuerdas en Toa Baja y dijo que él no era dueño de ninguna otra finca en Toa Baja. Hubo cierta prueba vaga en refutación que no necesita ninguna consideración particular.

Con esta y otras pruebas ante sí, la Corte de Dis-trito de San Juan dictó sentencia a favor del demandado, declarando probado que los demandantes no habían identi-ficado la finca ni probado tener un título suficiente que per-mitiera al márshal incautarse de dicha propiedad y tam-bién declaró probado sustancialmente que el demandado ha-bía acreditado una posesión adquisitiva de toda la propie-dad suponiendo que él estaba en posesión de cualquiera pro-piedad reclamada por los demandantes.

Los apelantes dicen que la teoría de la corte fué exclusi-vamente que el demandado había probado tener un título a ciertas 411 cuerdas de terreno y que los reclamantes no sostienen que su propiedad radique dentro del perímetro de dichas 411 cuerdas. La Corte de Distrito, sin embargo, creyó evidentemente la manifestación del demandado de que él no era dueño de ninguna otra propiedad en Toa Baja, y a falta de una demostración fuerte en sentido contrario no encontramos ninguna razón para dudar del hecho declarado probado. Los apelantes también dicen que el certificado del Tesorero demuestra que el demandado era dueño de 491 cuerdas en Toa Baja.. Aún suponiendo que el demandado poseía la diferencia de 80 cuerdas independientemente era el deber de los apelantes identificar su finca como compren-dida dentro de las 80 cuerdas.

Los demandantes aquí están reclamando cinco-séptimas partes de la finca en cuestión. Dos miembros de la misma familia establecieron una acción contra el demandado en la corte federal, la cual fué transigida por el demandado y obtuvo el título de los entonces demandantes. El trató de inscribir este título y fracasó. Los apelantes pretenden in-terpretar estos actos como tendentes a identificar la propie-dad que se trata de reivindicar. El demandado negó todo conocimiento respecto a donde está radicada la finca que de tal modo fué comprada y explicó ampliamente la transac-ción hecha en la corte federal como debida a la ausencia de. su abogado. Una persona puede transigir una reclama-ción pendiente y tal transacción solo raramente puede pro-bar que el demandante tenía una verdadera reclamación. - Un demandado puede transigir una reclamación sin admitir que dicha reclamación es justa.

De todos modos, lo que el demandado adquirió en esta transacción fueron las dos-séptimas partes de la porción de la misma finca de la que se dice eran dueños los demandan-tes. Los demandantes entonces estaban sin embargo obli-gados a identificar la finca en cuestión y probar que el de-mandado se encontraba en la posesión real de toda la finca. Por virtud de la adquisición de esta porción de dos-séptimas partes el demandado adquirió una posesión civil, pero no se demuestra que él está en posesión de las otras cinco-sépti-mas partes en sentido adverso a los demandantes. El ten-dría un claro dereelxo a las dos-séptimas partes compradas y los demandantes no tendrían ningún derecho a reivindicar diclias dos-séptimas partes.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro, y Aso-ciados Alclrey, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Se. Aldeey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Domínguez, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en causa por juegos prohibidos (lotto).
    No. 2104.
    Resuelto en julio 24, 1923.
    Juegos Prohibidos — Lotería (Lotto) — Denuncia Insuficiente. — No siendo el juego de lotería (lotto) de los prohibidos expresamente por el artículo 299 del Código Penal, para que sea penable es preciso que se alegue que una persona dirigía ó administraba la jugada y que ella o cualquiera otra re-cibía por ello alguna ganancia; por lo que, una denuneia que se limita a ' alegar que tal juego es prohibido porque hay en él un banquero o director que cobra, paga y descuenta el barato, es insuficiente.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. A. A. Vázquez.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué denunciado y condenado por delito de juegos prohibidos, alegándose en la denuncia que con otros “jugaba por interés y por dinero el juego de azar denomi-nado lotto, que es un juego de azar similar a los expresa-mente prohibidos por el artículo 299 del Código Penal por-que hay en él un director o banquero, que cobra, paga y descuenta el barato.”

Alegó en el tribunal inferior como excepción perentoria que tal denuncia es insuficiente porque no tiene alegación alguna de quién fuera el que abriera el juego, o el que lo dirigiera como principal o apunte, o cobrara el barato, y sostiene en este recurso que la simple insinuación que con-tiene la denuncia de que el juego de lotto jugado por el acu-sado es un juego de azar similar a los expresamente prohi-bidos por el artículo 299 del Código Penal porque hay en él un director o banquero que cobra, paga y descuenta el ba-rato, es insuficiente y no lleva envuelta la alegación especí-fica de que en el juego que efectuaba el acusado alguna persona lo abriera o dirigiera, o administrara o recibiera al-guna ganancia o beneficio. A esto contesta el fiscal que la denuncia es suficiente aunque no expresa la persona que dirigiera o abriera la jugada y recibiera el barato y que esa alegación no es esencial sino materia de prueba.

Creemos que tiene razón el apelante. El juego de lote-ría (lotto) no es de los expresamente prohibidos por la ley y para que sea penable por ser similar a los juegos de azar es necesario, según dijimos en el caso de El Pueblo v. Marcano, 24 D. P. R. 476, que haya una persona que abra, dirija o administre la jugada y que esa persona u otra cual-quiera reciba por ello alguna ganancia o beneficio, y en este caso la denuncia no dice que en la jugada de lotería en que estaba jugando el apelante había una persona que abría, dirigía o administraba el juego y que ella u otra recibiera al-guna ganancia o beneficio, que es cuando el juego de lotería está prohibido, sino que se limita a alegar que dicho juego de lotería es de los prohibidos porque hay en él un director o banquero que cobra,, paga y descuenta el barato, lo cual es la alegación del requisito para que la jugada de lotería se considere Como delito pero no es la alegación de que efec-tivamente en este caso había una persona que hacía tales cosas.

Es cierto que en el caso de El Pueblo v. Marcano, supra, la denuncia se limitó a decir que se jugaba a lo prohibido por interés con dinero al juego denominado lotto y que era dirigido por Martín Maisonet, sin expresar qne recibiera ga-nancia o beneficio o cobrara el barato y qne en ese Gaso se dijo qne acaso contenía todos los elementos necesarios para determinar el delito de jnego prohibido; pero no se dio mayor consideración al asunto porque se resolvió que la prueba era insuficiente para justificar la denuncia. Creemos, sin embargo, que la denuncia debe alegar que alguien recibe ga-nancia o beneficio por el juego, porque es lo que hace pu-nible el juego de lotería (lotto).

Por lo expuesto creemos que debió ser sostenida la ex-cepción perentoria aducida a la denuncia y que no expo-niendo ésta hechos constitutivos de delito debe ser absuelto el acusado.

Revocada la sentencia apelada y absuelto el acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf y Franco Soto.

Los Jueces Sres. Presidente del Toro y Asociado Hutchi-son disintieron.


author: El Juez Asociado Se, Aldbey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Pimienter, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en causa por infracción a la Ley de Automóviles.
    No. 2026.
    Resuelto en julio 24, 1923.
    ■ Acusación Insuficiente — Automóviles.—El conducir un vehículo pesado de motor con qieso en exceso del permitido por la licencia no constituye una violación de la Ley de Automóviles, sino de la Ley núm. 41 de 1910, que en ese particular está vigente, y- refiriéndose ésta a caminos insulares, una acusación que describe el hecho cometido en una calle de un municipio no imputa delito alguno.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: \Sr. B. Estoves.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Eigueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Se, Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fuó condenado en virtud de una denuncia que dice así:

“Yo, José Gerena, * * * formulo denuncia contra Martín Pimienter, por delito Inf. Ley Automóviles, cometido de la ma-nera siguiente: que en julio 20 de 1922, hora 2 p. m. y en la calle Comercio de Aguadilla del Distrito Judicial-' Municipal de Agua-dilla, P. R., el referido acusado allí y entonces ilegal, voluntaria y maliciosamente violó las disposiciones de la ley para reglamen-tar el uso de vehículos de motor en los caminos públicos de Puerto Rico, en su artículo 9, letra F, guiando el vehículo pesado de motor No. Ií. P. 189 con un exceso de carga de 20 quintales. Este vehículo pesado de motor tiene licencia para cargar 4 toneladas y llevaba 5 • toneladas. Hecho contrario a la Ley. Siendo testi-gos * * *.”

Al celebrarse el juicio de novo en apelación en la corte de distrito, el apelante alegó que la denuncia como está re-dactada no contiene hechos suficientes que constituyan de-lito"'público, por los siguientes fundamentos: (a) porque la denuncia se refiere a un hecho ocurrido en la calle Comercio de Aguadilla y no en una de las carreteras de Puerto Rico; (&) porque el propósito de la ley es evitar el deterioro y destrucción de las carreteras insulares, y el hecho de que un conductor de truck llevara su carro cargado en exceso de lo que determina su licencia, si lo hace fuera de una carretera, sólo perjudica a su dueño y nada al Pueblo de Puerto Rico; (c) porque el hecho de llevar o conducir un truck con ex-ceso de carga, si fuera en una carretera insular, constitui-ría un delito de infracción a la ley de carretera, pero no a la Ley de Automóviles.

Si bien es verdad que el artículo 9, letra “c,” de la ley de automóviles de 1916, según quedó enmendado por la ley núm. 55 de 1921, dispone que ningún vehículo de motor cuyo peso exceda de 4 toneladas descargado, ni de 8 toneladas cuando esté cargado, será permitido en los caminos públi-cos con las dos excepciones que la ley hace, y que el ar-tículo 18 considera las infracciones a dicha ley como delitos menos graves, punibles con multa no menor de $5 ni mayor de $300, o con prisión de 5 días a 3 meses, sin embargo, no contiene disposición alguna ni pena para los que conduzcan vehículos pesados de motor con más carga de la permitida por la licencia que tengan, pues todo lo que encontramos en esa ley que haga referencia a este punto es la autorización que concede la regla “/” adicionada al artículo 9 por la ley de 1921 a determinados empleados del Departamento del Interior* para detener cualquier vehículo pesado de motor para inspeccionarlo y denunciar al conductor si llevase carga en exceso de la autorizada por la licencia del vehículo. Es la ley núm. 41 de 1910 proveyendo para el mantenimiento y policía de los caminos piíblieos la que en su artículo 10, letra “a,” dispone que no se permitirá ningún vehículo pe-sado de motor en los caminos insulares a menos que tuvie-ron licencia y se hubieren inscrito en el Departamento del Interior de acuerdo con las disposiciones de la misma ley; y la que en la letra “k” dispone que las licencias fijarán el peso inscrito permitido de los vehículos cargados y ordena que toda persona encargada de un vehículo pesado de motor que condujere más peso que el inscrito, incurrirá en delito menos grave, punible con multa máxima de $100 o prisión, que no excederá de 60 días, o con ambas penas.

Por virtud de lo expuesto entendemos que el conductor de un vehículo pesado de motor con peso en exceso del que le permite su licencia no infringe la ley de automóviles sino la núm. 41 de 1910, vigente en ese particular por no ser con-traria a la ley 54 de 1921 sobre conservación y policía de las carreteras.

Sentado lo que precede, y toda vez que la prohibición del artículo 10, letra “a,” penado en la letra “k,” se refiere a caminos insulares, tenemos que concluir que la acusación no imputa delito alguno porque el apelante no conducía el ve-hículo carg’ado con exceso por un camino insular, pues alega que estaba en una calle de Aguadilla.

La sentencia debe ser revocada.

Revocada la sentencia apelada y absuelto el acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no tomó parte en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Su. Hutchison,

text:
    Ramos et al., Peticionarios y Apelados, v. La Unión Local de Panaderos de Guayama, Etc., Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Gruayama en un procedimiento de injunction.

    No. 2982.
    Resuelto en julio 24, 1923.
    Injunction— Asociación— Pondo de Depósito— Emergencia— Atribuciones. — Cuando una asociación constituida para beneficio y protección de sus miem-bros y autorizada por sus estatutos para emplear, previo acuerdo de una mayoría de sus miembros, el sobrante del fondo en común en casos de emer-gencias, dispone de una cantidad perteneciente al expresado fondo de depó-sito para constituir una nueva sociedad a fin de resolver la situación crítica que existía, no puede concluirse que actuó fuera de sus atribuciones, y no procede por tanto el injtmctíon para prohibirle usar o seguir usando tales fondos en la forma expresada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. J. Soto Rivera.

    Abogado de los apelados: Sr. M. A. Martínez Bávila.

   El Juez Asociado Su. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

A la fecha de los sucesos que originaron la presente con-troversia estaban trabajando tres panaderías en el pueblo de Guayama. Dos o tres más habían dejado de trabajar por varios años. De las tres panaderías que elaboraban pan mía, administrada por J. Mir & Co., estaba usando dos o tres sacos de harina por día. El pan se enviaba de Arroyo a Gruayama por un panadero llamado Padilla.

Una o ambas de las dos panaderías mayores notificó a los oficiales de la Unión Local que debían rebajarse los jor-nales para afrontar esta competencia. Los representantes de la Unión contestaron que se someterían a las condiciones estipuladas en un contrato por escrito en el cual eran partes estas dos panaderías y la Unión Local. También ofrecie-ron ellos citar a Padilla y a Mir a una conferencia conjunta en la seguridad de poder arreglar las cosas sin tener que ha-cer una rebaja de los jornales. Al mismo tiempo expresa-ron ellos su deseo de estar al lado de cualquier panadería que realmente se encontrara en mala situación y se mostraron dispuestos, caso de no poder llegarse a una solución satis-factoria por medio de la propuesta conferencia conjunta o de otro modo y de probarse debidamente que las panade-rías de Gruayama en realidad estaban perdiendo dinero, tra-bajar de ser necesario, “por un pedazo de pan y bacalao,” pero ellos exigían que se acreditara de algún modo la alegada pérdida en el trabajo.

En tal virtud, primero una de las dos panaderías mayo-res y después la otra, fueron cerradas. Una de ellas abrió algunos días después con la cooperación de operarios traí-dos de otro pueblo. Poco después reanudaron las demas sus operaciones. Los miembros delincuentes y desleales de la Unión encontraron empleo en ambas, y bien antes o después de comparecer como demandantes en esta acción, fueron sus-pendidos, expulsados, o dados de baja.

J. Mir & Go. continuó empleando miembros de la Unión por algún tiempo, pero finalmente hizo saber que no podía soportar por más tiempo la tirantez que había.

La Unión entonces, cuyos miembros (con excepción de aquellos que se habían retirado y de los pocos empleados por Mir & Co.) estaban sin trabajo, vinieron en auxilio eon una parte de un fondo de emergencia y formaron una socie-dad con J. Mir & Co. por término de un año, contribuyendo cada una de las partes con una suma igual. La nueva so-ciedad así formada continuó funcionando la panadería de Mir bajo un contrato de arrendamiento celebrado con su dueño, basta la fecba en que fué establecido este procedi-miento unos dos meses después. El negocio indicaba una pérdida de $50 el primer mes, lo que se decía era debido en parte a la oposición y obstrucción de los aquí demandantes y a un experimento puesto en práctica con las brigadas de día y de noebe, lo que no dió resultado. Pero este error de ad-ministración fué corregido y el segundo mes se vió una ga-nancia efectiva que sobrepasaba a los gastos, no obstante el empleo que se dió a todos los miembros de buena repu-tación de la Unión Local.

Esta Unión fué organizada para el beneficio y protec-ción de sus miembros y se dispuso la creación de un fondo común o emergencia entre otros fines con el de establecer una panadería cooperativa.

La prueba de los mismos demandantes demuestra esto, pero insisten en que el contrato de sociedad celebrado con Mir & Co. era un mal negocio que podía traer por conse-cuencia la pérdida del fondo común o de aquella porción del mismo empleada como parte del capital en operación. La teoría del abogado de los peticionarios es que el plan para una panadería cooperativa no tuvo por objeto o com-prendía un negocio en sociedad con personas que no fue-ran miembros de la organización, o la explotación de una panadería que no pertenecía a la Unión bajo un contrato de arrendamiento con el dueño.

Pero los reglamentos disponen expresamente que este fondo se empleará en aquella forma que la Unión pueda determinar por una mayoría de votos. La corte de distrito, basada en la teoría de que la situación arriba descrita no constituía una emergencia, y por tanto que la Unión estaba empleando mal un fondo común en el que tenían interés los peticionarios, libró una orden de injunction prohibiendo a la demandada usar ninguna parte de dicho fondo y orde-nando que quedara intacto hasta que la participación pro rata en él de cada- uno de los peticionarios le hubiera sido devuelta.

Del razonamiento que sirvió de base a esta decisión ci-tamos lo siguiente:

“Dicho artículo 5'°. en lo pertinente dice lo siguiente: 1. 2. 3. ‘Todos los sobrantes que se obtengan por concepto de fondos al Concejo Ejecutivo de la Federación Libre, percapitas a la Internacional y fondos del quorum, irán a formar un fondo de emergencia.’ 4. Los fondos de emergencia serán usados por la Unión en la forma que estime conveniente, por acuerdo de la ma-yoría de sus miembros. Los fondos de la Unión responderán tam-bién de cualquier negligencia ocasionada en el trabajo que perju-dique los intereses de los patronos, se sobrentiende, después de hecha una investigación y por separado sea responsable el maestro de horno, o el maestro director o algunos oficiales sobre quien re-caiga la responsabilidad, indemnizarán estos daños y perjuicios.’ Admitido como se ha que los cuatrocientos cincuenta dollars que se intentan invertir en la sociedad con la mercantil J. Mir y Cía. para el establecimiento de una tahona, forman, parte del fondo así llamado de emergencia, la cuestión que hay, pues, que resolver, es si constituye o no una emergencia en sentido legal el hecho de que hubiera habido o se temiese que hubiera locho ut de las pana-derías de Guayama, en la época en que se intentó celebrar ese con-trato. La palabra ‘emergencia’ en este sentido ha sido definida por las autoridades en la siguiente forma: ‘EMERGENCY.’ Una ‘emergencia’ es un suceso o combinación ocasional de circunstan-cias que exigen inmediata actuación; una necesidad apremiante, un suceso repentino o inesperado,- una exigencia. Colfax, County v. Butler County, 120 N. W. 444 (Neb.) Parker v. City of Monroe, 55 So. 587-9; 128 La. 915 La palabra ‘emergencia’ se define en el Diccionario de Century como sigue: (2) Un suceso repentina o inesperado; una ocurrencia o condición imprevista; específica-mente, una contingencia o complicación de circunstancias perple-jas; (3) Una ocasión repentina o inesperada para actuar; una exigencia; una necesidad apremiante. U. S. v. Sheridan Kirk Contract Co., 149 Fed. 809. 2 Words and Phrases, (2nd Series) página 255. Hemos encontrado un caso que, si bien no es idéntico al presente, guarda alguna analogía con el mismo, que es el de State ex rel., Supreme Lodge, Knights of Pythias vs. Vandiver (Mo. 1908) 111 S. W. 911-17, en el cual se trataba de interpretar la palabra ‘reserve fund’ y se declaró que era sinónima con la pa-labra ‘emergency,’ y que una ley que- autoriza a una asociación fraternal para fines benéficos para mantener, desenvolver y aplicar un fondo de reservas o emergencias a.los fines de dicha asociación, no permitiría la expedición de pólizas de seguro no confiscables (non-forfeitable) si bien de acuerdo con sus estatutos podía expedir otras clases de pólizas. La teoría es el que un fondo de emergencia o de reserva es un fondo en fideicomiso para ser empleado cuando ocurra una verdadera emergencia, y no para ser empleado en ne-gocios lucrativos y aventurados. No hay duda alguna que este es un fondo en fideicomiso (express trust). Véase 39 Cyc. 70-71; 39 Cyc. 90, párrafo B. ”

Puede admitirse que el fondo en cuestión es un fondo en común pero nunca se creó ni el objeto era que fuera me-ramente un depósito conservado intacto liasta que se de-volviera a cada uno de los miembros que para él habían contribuido. No bay nada en los autos que indique que existiera en ningún momento de la historia de la Unión tal idea final de reembolso.

El plan tenía por fifi entre otros, establecer eventual-mente o en caso de necesidad y como medio de protección y defensa propia, una panadería cooperativa. Con tal fin en perspectiva una mayoría de los miembros quedaban cons-tituidos en únicos y exclusivos jueces respecto a la forma en que había de emplearse el fondo. Los autos no suminis-tran ninguna base para la conclusión de que la panadería cooperativa en contemplación de los miembros incorpora-dos, en la fecha de la organización, sólo debía adquirirse por compra o construcción y pertenecer exclusivamente a la Unión, o que el fondo de emergencia nunca había de usarse en la explotación de tal propuesta panadería me-diante arrendamiento de su dueño, ya por la Unión sola o en sociedad con algún asociado en el negocio que no fuera miembro de la Unión.

No se alega, ni hay ninguna prueba que demuestre que lo.s peticionarios jamás contribuyeron de algún modo a tal fondo con 'anterioridad a la aprobación de los estatutos in-cluso el artículo citado por el juez sentenciador, o en al-guna otra forma que no sea la establecida en los términos de dicho artículo. No existe, por tanto, lugar para la teo-ría de alguna violación de una obligación contractual por la adopción de los reglamentos.

La analogía del caso de Missouri a que se ha hecho re-ferencia no es muy aparente; y el sumario no indica que de hacer una lectura de la opinión o examen de la formidable serie de hechos envueltos, obtendríamos alguna luz adi-cional sobre el particular.

No podemos convenir con la corte inferior en que no existía una emergencia; y cualquier duda sobre este punto debe resolverse a favor de la demandada.

Teniendo en cuenta la amplia discreción conferida a la mayoría de los miembros, una corte de justicia debe ne-garse a intervenir a menos que esté frente a un verdadero caso de abuso más bien que del ejercicio dé una facultad tan ilimitada y tan claramente conferida.

Debe revocarse la sentencia apelada.

Revocada la sentencia a.pelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Se. Hutchison, JUEZ ASOCIADO SE. WOLE.

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Rodríguez, Acusado Y Apelante.
    ApblaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Guayama en cansa por libelo.
    No. 1937.
    Resuelto en julio 24, 1923.
    Libelo — Comunicación Privilegiada — Malicia—Peso de la Prueba — Causa Probable — Buena Ee — Supuestos Delitos. — El acusado, Comisionado Municipal de Educación, fué declarado culpable de un libelo infamatorio que se alega fué publicado en una carta dirigida al Gobernador. La carta refería el relato que había sido hecho al acusado a presencia de algunos testigos por el cuñado del supuesto ofensor y de ser cierto dicho relato envolvía la comi-sión de un delito grave perpetrado por un miembro de una asamblea municipal. El acusado refería en la carta que la persona que hizo el relato ya había fallecido y expresaba alguna duda en cuanto a la certeza de los pormenores pero recomendaba que el asunto fuera investigado. En el juicio quedó probado que el aeusado antes de escribir la carta había recibido otros informes de diferentes fuentes que indicaban que en realidad existía algún fundamento para tal relato y que no había alguna indicación de que el acu-sado hubiera tenido alguna razón para dudar de la veracidad del cuñado. Se resolvió: que la comunicación dirigida al Jefe Ejecutivo ora claramente privilegiada y que los hechos reseñados no son suficientes para establecer malicia aún cuando el acusado voluntariamente no hubiera asumido la obli-gación de probar la causa probable. Los ciudadanos en particular cuando actúan de buena fe y basados en motivos razonables deben sentirse libres para denunciar ante las debidas autoridades supuestos delitos sin temor a un proceso.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José Soto Rivera.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Fig-ueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El acusado fué declarado culpable por un supuesto li-belo infamatorio contenido en una carta dirigida al Gober-nador. La carta relataba una información qúe había sido hecha al acusado, la que, de ser cierta, envolvía la comi-sión de un delito grave, o una serie de delitos graves, por un miembro de la asamblea municipal. El autor de dicha carta manifestaba que la persona por quien fueron hechas estas manifestaciones había fallecido, y expresaba cierta duda en cuanto a la veracidad de todos los hechos relata-dos, pero recomendaba que el asunto debía ser investigado.

La prueba aducida en el juicio revelaba el hecho de que antes de escribir la carta su autor había recibido otros in-formes de otras fuentes que indicaban que podría en reali-dad existir algún fundamento para el relato que había sido, hecho por un cuñado del supuesto ofensor. El denunciante, en este caso manifiesta que las relaciones entre él y su cu-ñado eran tirantes, pero no hay nada que indique que el acusado tenía conocimiento de esta o alguna otra circuns-tancia que le hubiera podido hacer dudar de la veracidad del cuñado. Este cuñado hizo las manifestaciones referi-das en la carta, a presencia de un número ele testigos, uno de los cuales declaró en el juicio. También este testigo ha-bía sido informado con respecto al mismo asunto que Regó a conocimiento del acusado después de oír la narración he-cha por el cuñado.

Verdaderamente que los denunciantes en el caso a que se acaba de hacer mención refirieron los hechos alegados a varias personas al día siguiente en que se dijo haberse co-metido el delito. Ellos también llamaron a un abogado de San Juan, quien hizo un viaje a través de la isla para in-vestigar el asunto algunos días después de la fecha citada en último término. Como resultado de esta investigación el abogado quedó convencido de que se había cometido un de-lito, pero, debido a la falta de deseo de los testigos en de-clarar, y a otras circunstancias, no creyó que el caso pu-diera ser bastante fuerte para sostener una acusación, en vista de lo cual -se desistió del asunto.

El cuñado, como se expresa en la carta dirigida al Go-bernador, manifestó que se había presentado una derm tú cía al fiscal del distrito, y que el caso estaba “durmiendo el sueño de los justos” en su oficina. Después de haber sido referida la carta al fiscal de distrito para una investigación, volvió el acusado a escribir al Gobernador quejándose de la forma en que se estaba haciendo la investigación, ocupán-dose en hacer cierta fuerte crítica del fiscal de distrito y de otros funcionarios públicos, y proponiendo que el asunto fuera puesto en manos de algún otro funcionario. Después que había sido instituido el presente proceso, también envió el acusado un telegrama a cierto periódico, cuyo objeto era rectificar un informe anterior que se dice estaba fundado en datos obtenidos del Departamento de Justicia. La prueba del gobierno también reveló que nunca se había formulado en la oficina del fiscal del distrito, en la corte municipal, o en el cuartel de policía, ninguna denuncia contra el denun-ciante en este caso.

La comunicación dirigida al Jefe Ejecutivo era clara-mente privilegiada y las circunstancias arriba reseñadas no son suficientes para establecer la malicia, aun cuando el acu-sado no hubiera asumido voluntariamente la obligación de es-tablecer una causa probable. Véanse los casos de Franco Soto v. Martínez, 29 D. P. R. 237, y Coll v. Gandía, id. 999.

El hecho de que una persona, al referir un suceso, se imagine que una línea de polvo llegue a convertirse en una escuela rural en receso, que la oficina de un funcionario municipal tomase la apariencia de una arboleda vecina y, para completar la narración, que un profesor desempeñe el pa-pel de una madre indignada, no es una cosa sorprendente. No solamente vienen a la imaginación frecuentemente cosas que son más extrañas, sino que una metamorfosis algo pa-recida es cosa que está dentro de la experiencia diaria de cualquier observador cuidadoso de aquellos que están cons-tantemente oyendo y diciendo algo nuevo. La mera licen-cia poética no es bastante para convertir en un libelo difamatorio una narración así presentada y debida en parte a la imaginación del informante y repetida de buena fe por quien la oye, no sólo .sin tener ninguna razón para sospe-char que carezca en absoluto de fundamento sino después de haber recibido más informes que indican una conclusión contraria.

Puede ser que una acusación en que se imputan los he-chos referidos en la carta al Gobernador no sostuviera una sentencia condenatoria del denunciante en este caso, basada en la prueba de los testigos de la defensa; pero aparte de la cuestión de incongruencia, si esa prueba hubiera sido adu-cida en el juicio de tal denunciante, por el delito que se le imputa y un juez sentenciador o jurado hubiera aceptado tal prueba como cierta, entonces una sentencia o veredicto basado en la misma difícilmente sería modificado.

No incumbía al acusado, por supuesto, el probar que el denunciante era culpable del delito a que hacía referencia el supuesto escrito libeloso, pero quizá debido a la misma culpa del acusado en no conocer su deber en este sentido, el juicio en la corte inferior parece haber procedido más o menos fundado en tal teoría.

Al resolver el caso el juez sentenciador dijo que la única cuestión que había de resolverse era si el proceder del acu-sado al escribir la carta había estado “justificado;” que el derecho y el deber de todo ciudadano a reportar la comi-sión de un delito, debe ser ejercitado con gran cuidado y cuando el informante está convencido de su plena certeza; que la defensa había tratado de probar que el denunciante ora culpable de un delito no obstante la admisión hecha por la misma defensa (declaración del abogado, supra) de que la prueba era insuficiente para sostener una condena; que no se podía presumir que el denunciante había cometido un delito mientras la ley lo considera inocente, aun cuando esté sometido a un cargo formal; .que en cuanto al elemento de malicia, si el acusado hubiera hecho una ligera inves-tigación de los hechos imputados al denunciante él hubiera quedado convencido de que los mismos no eran ciertos y no hubiera escrito la carta; que desgraciadamente en Puerto Rico se están empleando medios para destruir las reputa-clones bien cimentadas por personas sin escrúpulos que no vacilan en recurrir a la calumnia y a las mentiras para perjudicar reputaciones que están muy por encima del nivel moral de los individuos sin escrúpulos a que se ba bed)o referencia; y que la actuación del acusado al escribir la carta no babía estado justificada.

El fiscal, en su alegato no discute los méritos de la ape-lación, pero insiste en una moción de eliminación de la ex-posición del caso, y de ser suficiente la acusación en la con-firmación de la sentencia.

No bay inucbo que decir en favor de la exposición del caso. Sin embargo, la responsabilidad por la situación tal como abora se enCuéntra no descansa enteramente, sobre los hombros del apelante. La exposición, como fué presentada originalmente en la corte inferior, contenía, según parece, todo lo dicho por la corte o los abogados durante el juicio, sin tener en cuenta ninguna cuestión que hubiera de ser levantada en apelación. Lo único bueno que tenía era una exposición de la prueba en forma narrativa. Las enmien-das propuestas por el fiscal consistían en su mayor parte, en substituir el récord taquigráfico por la exposición na-rrativa de cada testigo en el caso, sin ninguna razón muy aparente para la propuesta substitución. El juez de dis-tinto pasó el asunto al ex-juez que había juzgado el caso y certificó todos los autos en lo que concierne a la exposición tal como estaba, a la exposición original, a la moción del fiscal y la orden de referencia, como una verdadera expo-sición -de todos los hechos, incluyendo las enmiendas por él permitidas.

Es de sentirse que más de veinte años después de la adopción del Código de Enjuiciamiento Criminal se vea esta corte obligada a examinar tales autos. No hemos ob-tenido ningún placer y muy poca satisfacción del proceso laborioso en llegar a cierto entendimiento sobre los hechos esenciales revelados por la prueba aducida en el jiücio. Or-dinariamente, desde luego, en tales circunstancias, no se pre-tendería hacer ninguna investigación o discusión de los mé-ritos. Pero en el presente caso la tarea no ha demostrado ser imposible, como lo anunció ■ el fiscal, y es más impor-tante que el ciudadano en- particular, cuando procede de buena fe y por motivos razonables, pueda sentirse libre para reportar a las debidas autoridades un supuesto delito sin temor a un proceso, que no que las regias técnicas de pro-cedimiento sean observadas estrictamente en cualquier caso particular. Ni debe tampoco hacérsele entender al infor-mante, sea lo que fuere lo que se exija de él, que está en la obligación de hacer una investigación completa examinando testigos y preparando un caso para juicio o para ser some-tido a un Gran Jurado, antes de divulgar los hechos de que tiene conocimiento, so pena de exponerse a un procedimiento criminal en el caso de que algún fiscal o abogado particular que haya sido empleado, después de tal investigación y de una madura deliberación, resuelva finalmente que la prueba que ha podido considerarse es inadecuada para sostener un proceso, no obstante la opinión de tal investigador de que en realidad se había cometido un delito.

Joseph v. Bears, 135 Am. St. Rep. 1076, era una acción civil por el delito de calumnia. La segunda causa de ac-ción expresada en la demanda alegaba que el cargo había sido hecho por el demandado por teléfono “a un tal Tarnutzer.” Como defensa separada a esta causa de acción el demandado alegó “que Tarnutzer era el márshal de la villa de Prairie du Sac” y que el demandado había “tele-foneado el hecho a dicho Tarnutzer, creyendo que él era un funcionario legal autorizado para verificar arrestos por de-litos, únicamente con el fin de obtener el arresto del refe-rido K. y sin malicia hacia el demandante.”

Al resolver el caso la Corte Suprema de Wisconsin se expresó así:

“Debe existir la creencia de buena fe en el becbo de que se ba cometido un delito y de que la persona a quien se baee la comuni-cación es la debida persona o funcionario con quien debe dejarse la información a fin de que sea vindicada la justicia. Cuando el demandado ba probado estos dos hechos, indudablemente que él ha quedado libre del peso de la prueba. Entonces ba demostrado él prima facie por lo menos que su comunicación fué hecha en el cumplimiento de su deber, por un sentido de obligación y en la creencia honrada de su veracidad. No está obligado a ir más le-jos y probar que un hombre más astuto hubiera descubierto la falsedad de los supuestos hechos. La cuestión es esta: ¿ Creyó él honradamente que lo que dijo era cierto? No si algún otro hombre estando en su situación lo hubiera creído: Odgers sobre Libelo y Calumnia, edición 4a., pág. 330. Su creencia- debe, por supuesto, fundarse en alguna información. Las meras manifestaciones pre-cipitadas, o las que en nada se fundan como información, no están protegidas, porque no puede decirse que han sido hechas de buena fe; pero-las manifestaciones que honradamente se creen ser cier-tas, basadas. en alguna información palpable y hechas con el hon-rado deseo de promover la justicia pública, y dadas al debido fun-cionario, o a uno que se supone justamente que es el debido fun-cionario, están protegidas aunque alguna persona más prudente quizás no hubiera creído en la certeza de la información en que se basa la manifestación: Clark v. Molineus, L. R. 3 Q. B. D. 237. Cuando el caso prima facie de privilegio se ha establecido de tal modo mediante prueba de que la comunicación se hizo en el cum-plimiento de un deber público y en la creencia honrada de su cer-teza, es el deber del demandante, como en otros casos de comuni-caciones privilegiadas, probar la verdadera malicia por algunos he-chos tendentes a establecer un móvil malicioso o culpable: Calkins v. Summer, 13 Wis. 193, 80 Am. Dec. 738; Hemmens v. Nelson, 138 N. Y. 517, 34 N. E. 342, 20 L. R. A. 440; Dale v. Harris, 10 Mass. 193; 8 Ency. of Ev. 220.”

El mismo principio, si es correcto, parece ser aplica-ble a fortiori a un proceso por un libelo criminal. Newal, 3a. ed., pág. 1158, sección 1114.

En el mismo tomo y en las páginas 601 y 608, secciones 595 y 601, encontramos lo siguiente:

“Es un deber que toda persona debe a la sociedad y al estado en que vive el ayudar en la investigación de cualquier alegada mala conducta y estimular el descubrimiento del delito. Toda in-formación dada de buena fe como consecuencia de cualquier in-vestigación hecha con este fin es claramente privilegiada. Pero este deber no surge meramente cuando se hacen investigaciones confi-denciales. Si llegan a conocimiento de cualquier persona hechos que razonablemente le inducen a creer que se ha cometido o está para cometerse un delito, su deber es informar inmediatamente a las autoridades públicas o a las personas interesadas.
“El querellante debe tener cuidado en acudir a alguna persona que tenga jurisdicción para conocer de la querella, o facultad para reparar el agravio, o algún deber o interés en relación con él. Las manifestaciones hechas a algún extraño que no tiene nada que ver con el asunto no pueden ser privilegiadas. Si una persona acude a la persona que no es la debida por alguna equivo-cación natural y honrada en cuanto a las funciones respectivas de varios funcionarios de Estado, semejante error simple y no inten-cional no excluirá, en América, el caso del privilegio. Pero si ella de un modo descuidado hace manifestaciones a alguien que, como debe saber, no tiene absolutamente ningún interés en el asunto, el privilegio se pierde.”

En Ruling Case Law, página. 358, sección 106, tomo 17, la regla se enuncia en esta forma:

“Una persona que hace una comunicación a un oficial de orden público con respecto a la comisión de un delito no está sujeta a una acción por libelo o calumnia, de acuerdo con el peso de las autoridades, si la comunicación se hizo de buena fe eon el fin de traer al ofensor ante la justicia.”

Y una nota al caso de Miller v. Nickolls, 4 L. R. A. (N. S.) 149, dice lo siguiente:

“El derecho a exención de responsabilidad por libelo o calum-nia que surge de una comunicación informal hechas a un funcio-nario legal con respecto a la mala conducta o falta criminal de otra persona, por el fundamento de que tal comunicación era pri-vilegiada, parece depender del punto de si fué hecha de buena fe, en el' cumplimiento de un deber público para adelantar una inves-tigación legal, o por algún otro motivo justificado, o si se hizo para dar paso a la malicia o el rencor.”

Véase también el caso de Flynn v. Boglarsky y nota al de Beshira v. Allen, L. R. A. 1915 E. 413.

En el presente caso no sólo fué dirigida la comnnicaeión libelosa al jefe ejecutivo, sino que fué escrita por el comi-sionado municipal de instrucción, quien tenía tras sí un ré-cord de unos quince años en el servicio del G-obierno Insular, once años de experiencia como maestro en las escuelas públicas y cuatro años como inspector de sanidad insular. En la carta se llama especialmente la atención hacia el he-cho de que el denunciante en este caso era entonces miem-bro de una asamblea municipal. Llama la atención al es-tado político local como típico de una supuesta condición deplorable que generalmente existe en toda la Isla. Se re-fiere y parec'e haber sido una especie de reflexión tardía o posdata a otra carta remitida con ella solicitando que se hi-ciera una investigación de otros asuntos. Dice que el in-formante recibió la información en ella contenida precisa-mente el mismo día de su regreso de San Juan. Concluye en la seguridad de que si el anterior ejecutivo a quien fué dirigida la comunicación había venido a hacer justicia, él encontraría mucho trabajo. Está marcada “confidencial.” Todo el tono de la comunicación implica que hubo alguna entrevista o entendimiento anterior si no una invitación o solicitud por información.

Una comunicación oficial con la firma del anterior Attorney General, dice lo siguiente:

“Fiscal de Distrito, Guayama, P. R. — Señor: En relación a la carta e informe sometidos por usted en el asunto del Sr. Arsenio Rodríguez Morales, le devuelvo con ésta todos los documentos re-lativos. al caso para que usted resuelva si procede o no iniciar un proceso por libelo contra él. Es necesario que usted resuelva, antes de proceder de tal modo, si las manifestaciones hechas por él se hicieron maliciosamente, y usted puede al llegar a tal conclu-sión tomar en consideración el hecho de que estas manifestaciones parecían no estar sostenidas por prueba de ninguna clase. Sír-vase informarme de la resolución que tome en este asunto.”

Es una circunstancia significativa que el autor de esta comunicación no encontrara ninguna prueba de malicia de la faz de la alegada comunicación libelosa. La conclusión en cuanto a la falta de causa probable se funda en el in-forme del fiscal que hizo la investigación y luego dirigió el proceso en este caso, herido por un resentimiento debido a la censura incidental sobre su misma conducta oficial anterior. Ni encontramos tampoco en la comunicación des-crita en la acusación ninguna de las características de la malicia. El concepto del apelante del deber cívico puede estar sujeto a censura, pero bay mucho lugar para discu-sión sobre este punto, y su comunicación al Gobernador no revela improbidad de pensamiento ni falta de sinceridad de propósito.

En el juicio el acusado declaró que él aceptó de buena fe el informe que le dió el cuñado; que no tenía motivo para dudar de él; que después de hablar con la madre y la hija de ella que se dijo era de trece años de edad, el tes-tigo creyó que como era de edad escolar podía ser la niña de quien el cuñado le había hablado; que el caso le impre-sionó mucho y le pareció que era una cosa grande que no “debía quedar impune;” que el testigo tenía indicios de que podría haber algo; por eso fué que escribió la carta; si no hubiera tenido indicios no la hubiera escrito; el tes-tigo tenía conocimiento de que había sucedido, pero no se acordaba del nombre del padre; que el testigo no informó al fiscal debido a que le infundió sospechas.

En el examen de repreguntas el testigo fué acosado en cierto modo por el fiscal en relación con una declaración anterior hecha bajo juramento so pretexto de establecer la base para atacar su credibilidad. Los autos indican que la defensa anunció finalmente que aceptaría la declaración de referencia como hecha por el acusado, siendo entonces ofre-cida como prueba por el fiscal y admitida sin objeción. Ese documento parece haber sido pasado por alto por el fiscal al preparar sus propuestas enmiendas a los autos y a él no se hace indicación por el juez sentenciador en su opinión. No existe nada en los autos que contradiga, y sí mucho que corrobore, la declaración del acusado.

El alegado escrito libeloso era, por su faz, como hemos dicho, -prima facie privilegiado, y no encontramos ninguna prueba de malicia por parte del acusado.

El poder ejecutivo supremo en esta Isla está investido en un funcionario ejecutivo cuyo título oficial es “El Go-bernador de Puerto Pico.” El tiene la supervisión y control de todos los departamentos, incluyendo el Departa-mento de Justicia., en tanto no esté en conflicto con las dis-posiciones de la Ley Orgánica, y es responsable del fiel cum-plimiento de las leyes.

Si el Gobernador es o no la debida autoridad a quien .un. miembro del concejo de administración de un municipio ad-yacente debe reportar la comisión de un delito de felony,, cometido por un miembro de la asamblea municipal, cuyo miembro del concejo cree que sería inútil llevar el asunto al fiscal de distrito local, es una cuestión que no fue le-vantada en la corte inferior ni por ninguna de las partes en la 'apelación ante esta corte. Es un asunto cuya resolu-ción final puede dejarse en suspenso, sin que sea impropio hacerlo así, hasta que se suscite la cuestión.

Pero sea esto como fuere, estamos persuadidos, después de una debida consideración de toda la prueba, que el mismo apelante, nunca dudó por un momento de que él se estaba dirigiendo a la debida autoridad.

Debe revocarse la sentencia apelada.

Revocada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Franco Soto.

El Juez Asociado Sr. Wolf firmó “conforme con la sen-tencia. ’ ’

'OPINIÓN CONCURRENTE 'DEL

JUEZ ASOCIADO SE. WOLE.

De acuerdo con el artículo 1687 de los Estatutos Devi-sados, definiendo el libelo y la calumnia, la malicia no se presume cuando mía persona escribe a un funcionario ofi-cial, apoyada en causa probable, con la intención de servir al procomún o de conseguir remedio a un perjuicio liecho a un particular. En este caso, según se expone en la opi-nión de la mayoría, la prueba demostró que el acusado te-nía la intención de servir al procomún o de conseguir re-medio a un perjuicio particular. Por esta razón concurro en la opinión de la mayoría. No estoy conforme con que una Carta escrita al Gobernador sea prima facie privile-giada, pero cuando va así dirigida un acusado puede más fácilmente demostrar su intención de servir al procomún o de conseguir remedio a un perjuicio beclio a un particular.


author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    Bacó, Demandante y Apelante, v. Franceschi, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en un procedimiento de injunction.

    No. 2904.
    Resuelto en julio 26, 1923.

      injunction contra Arrendatario por Destrucción de Arboles — Discreción Judicial. — No constituye abuso de discreción el negar la expedición de un mandamiento de injunction definitivo pedido por el arrendador contra un arrendatario, que se alega, lia derribado arboles en la finca arrendada. De-mostrando la prueba que los actos de destrucción no eran apoyados por el arrendatario, quien aseguró al demandante que no continuarían ejecután-dose, y no apareciendo que los actos de que se queja el demandante eran continuados o de probable continuación y que los daños eran más o menos irreparables, es preciso concluir que al negar el auto, la corte hizo buen uso de su discreción.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. G. Rodrigues.

    Abogados del apelado: Sres. J. y M. Tous -Soto.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de Ponce se negó a expedir una or-den de injunction y como la expedición de un mandamiento es cuestión que está dentro de la sana discreción de la corte, el objeto de esta revisión es determinar si la corte cometió tal abuso de discreción que esté justificada una re-vocación. El demandante, Emilio Baeó Sánchez, arrendó dos solares a Alejandro Franc'eschi siendo dos de las cláu-sulas del contrato de arrendamiento como sigue:

“8. Se prohíbe derribar árboles que sirvan de sombra al ga-nado en los cercados, excepto si se dedicase a la siembra de cañas dulces, pues entonces se le permitirá destruir aquellos que sean absolutamente necesarios por las exigencias do aquel cultivo a jui-cio del arrendatario.”
“11. La falta de pago de un semestre de arrendamiento o la infracción de cualquiera de las estipulaciones de este contrato por parte del arrendatario, será causa suficiente para que se considere rescindido, pudiendo tomar posesión de las fincas arrendadas los arrendadores, inmediatamente, sin perjuicio de su derecho o el de sus eausahabientes a reclamar del arrendatario los daños y perjui-cios que se les hubieren irrogado por el quebrantamiento de este contrato en los que se incluirán costas, gastos y honorarios de abo-gados, caso de reclamación judicial.”

Pué un hecho establecido en el juicio que unos doce ár-boles de Mear fueron destruidos.

La corte resolvió que el remedio adecuado por la des-trucción de los árboles era el consignado en la cláusula 11 del contrato, la cual permitía al demandante rescindir el arrendamiento, y desde luego recobrar daños y perjuicios.

La corte también resolvió que un injunction es un auto de carácter prospectivo y declaró que no había habido prueba de que el demandado continuaba o se proponía con-tinuar los actos impugnados. La prueba, en verdad, tiende a demostrar que el demandado aseguró al demandante que los actos de destrucción no eran apoyados por él y que se realizaron sin su autorización y no continuarían ejecután-dose. Hubo también cierta prueba de que los árboles en particular que fueron destruidos no eran de gran valor. También dijo la corte que los daños se especificaban en el contrato.

Dice el apelante que no quería someter al demandado a un castigo tan violento como era el ecliarie del sitio cuando él podía llegar al mismo resultado por medio de un injunction> pero para que un demandado quede sujeto a este auto en alguna forma, debe aparecer que los actos de que se queja el demandante eran en cierto modo continua-dos o probables de continuar y que los daños producidos o que pudieran causarse eran más- o menos irreparables. Un cálculo hecho por el apelado tendería a indicar que los da-ños causados o que pudieran causarse al apelante eran re-lativamente pequeños. La suma de $2,000 que se alega como deterioro de la propiedad fue excesiva; y en todo caso pudieron haberse recobrado los daños por medio de una acción ordinaria.

No encontramos que haya habido abuso de discreción, debiendo, por tanto, confirmarse la sentencia.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.