text:
    Wilson López Leyro, recurrido, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Roberto J. Sánchez Ramos, en su carácter de Secretario de Justicia, Lcdo. Miguel A. Pereira, en su carácter de Director de la Administración de Corrección, y Sr. Carlos González, en su carácter de Superintendente de la Institución de Adultos Ponce 1000, peticionarios.

      Número: CC-2006-1152

      Resuelto: 25 de enero de 2008

      Salvador J. Ántonetti Stutts, procurador general, Sylvia Roger Stefani, procuradora general auxiliar, Maite D. Oronoz Rodríguez y Mariana D. Negrón Vargas, subprocuradoras generales, representantes de la parte peticionaria; Roberto Refols Dávila, del Bufete Roberto Refols Dávila, represen-tante de la parte recurrida.
   El Juez Presidente Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

Tenemos la oportunidad de determinar si el Comité de Clasificación y Tratamiento de una institución correccional tiene autoridad para atender el caso de un confinado, aun-que semanas antes éste fuera sancionado por un Comité de Disciplina Institucional adscrito a la propia institución. Por entender que existe tal autoridad, revocamos el dicta-men recurrido.

I

El Sr. Wilson López Leyro fue condenado a cumplir una pena de 33 años de reclusión por asesinato en segundo grado, empleo de violencia contra ía autoridad pública, po-sesión de drogas e infracción de los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. sees. 416 y 418. Actualmente extingue su sentencia en la cárcel de Ponce. López Leyro estaba clasificado como confinado de custodia mediana al momento de los hechos.

En dos ocasiones, la Administración de Corrección san-cionó a López Leyro por desobedecer las normas disciplina-rias de la institución. Ambos procedimientos fueron inde-pendientes: el primero respondió a la ausencia del confinado durante un recuento, al no encontrarse en su módulo de vivienda; el segundo, por ocupársele tres ciga-rrillos Winston que no podía tener. El confinado admitió los hechos en ambas instancias. Como resultado del segundo proceso, el Comité de Disciplina institucional dispuso:

El Honorable Comité Disciplinario Institucional le aplica 30 días de [segregación, 30 días sin visita, 30 días sin correspon-dencia, 30 días sin recreación, 30 días sin comisaría y cambio de custodia, basándonos en el Reglamento de Actos Prohibidos de Nivel II de Severidad. (Énfasis suplido.)

El confinado solicitó oportunamente la revisión de esta determinación ante la Oficial de Reconsideración de la agencia. Dicha funcionaría acogió la solicitud de reconside-ración y dejó sin efecto todas las sanciones impuestas, ex-cepto una: redujo la suspensión del privilegio de compras en la comisaría a sólo diez días. Como fundamento, con-cluyó que dichas sanciones eran muy excesivas. Sin embargo, ésta no fue la última acción que tomó la agencia con respecto a López Leyro.

Dado que López Leyro incurrió en dos violaciones disci-plinarias de Nivel II, el Comité de Clasificación y Trata-miento —otro organismo de la institución correccional— decidió elevar su nivel de custodia a seguridad máxima. Dicho comité cumplimentó una planilla de evaluación en la que se determina de forma numérica el nivel de custodia adecuado para la situación particular de cada confinado. Como consecuencia de las sanciones impuestas y de la se-veridad de los delitos por los que fue condenado, López Leyro satisfizo los factores que recomiendan una custodia máxima.

El confinado impugnó internamente esa decisión, mas la Oficina del Director de Clasificación denegó su apelación. López Leyro argumentó, entonces, que no podía reclasificársele en el nivel de custodia máxima, pues la propia agencia había dejado sin efecto el “cambio de custo-dia” que el Comité de Disciplina Institucional decretara antes.

Inconforme con el resultado del proceso apelativo in-terno, López Leyro recurrió en revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones. Dicho tribunal revocó por entender que “la decisión en reconsideración emitida por la agencia en los procedimientos disciplinarios seguidos contra el recurrente resultaba vinculante para el Comité de Clasificación y Tratamiento, quien venía obligado a seguir la determinación de que no se reclasificara al [confinado]”.

El Procurador General comparece ante nos mediante una petición de certiorari. En síntesis, plantea que el Co-mité de Disciplina Institucional es un ente distinto y con funciones separadas del Comité de Clasificación y Tratamiento. Según el Procurador General, el Comité de Disciplina Institucional no tiene autoridad para ordenar cambios de custodia y sólo puede recomendarlos. Afirma que el Tribunal de Apelaciones erró al resolver que la de-terminación de la Oficial de Reconsideración obligó al Co-mité de Clasificación, cuyo fin es supervisar el plan de re-habilitación institucional del confinado y no castigarlo. Argumenta que es a este comité al que le corresponde de-terminar el nivel de custodia de todo confinado. Por ende, sostiene que puede revisar tal nivel si, como en este caso, el confinado fue objeto de sanciones disciplinarias o llegó el momento de revisar su plan institucional.

Vista la petición, acordamos expedir. Ambas partes presentaron sus alegatos. Con el beneficio de sus compare-cencias, procedemos a resolver.

II

Para examinar la extensión e interacción de las compe-tencias de estos dos organismos de la Administración de Corrección, debemos interpretar las disposiciones de varios reglamentos de la agencia que aparentan estar en conflicto. Nuestra labor se limita, entonces, a aplicar las reglas de hermenéutica establecidas en nuestro ordena-miento, reglas que antes hemos extendido a la interpreta-ción de diversos reglamentos.

Aclaramos que con esta opinión no pretendemos adjudi-car la validez de las sanciones impuestas al señor López Leyro ni la corrección de la determinación tomada por el Comité de Clasificación y Tratamiento. Lo primero, por no ser objeto de la sentencia recurrida; lo segundo, por no aplicar aquí alguna excepción a la particular deferencia que merecen las decisiones administrativas sobre clasificación de confinados. Cruz v. Administración, 164 D.P.R. 341 (2005). Véase, además, D. Fernández Quiñones, Derecho Administrativo, en Análisis del Término 2004-2005 del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 75 (Núm. 1) Rev. Jur. U.P.R. 67, 81-88 (2006).

A. La función final de los reglamentos es atender una gran variedad de casos mediante normas de aplicación general que puedan emplearlas e interpretarlas los funcionarios de la propia agencia. Véanse: M. & B.S., Inc. v. Depto. de Agricultura, 118 D.P.R. 319, 325 (1987); D. Fernández Quiñones, Derecho administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da ed. rev., Bogotá, Ed. Forum, 2001, pág. 105. Cuando la delegación sancionada por el Poder Legislativo es amplia y está matizada por criterios generales, la aprobación de reglamentos sirve para definir los límites y contornos de la autoridad delegada. Asoc. Fcias. Com. v. Depto. de Salud, 156 D.P.R. 105 (2002); Torres Arzola v. Policía de P.R., 117 D.P.R. 204, 211 (1986); López v. Junta Planificación, 80 D.P.R. 646, 661 (1958).

“Una vez el organismo administrativo ha definido los contornos de su acción a través de reglamentos debidamente promulgados, le corresponde aplicarlos celosa-mente.” Torres Arzola v. Policía de P.R., supra, pág. 211. Compete a los tribunales, y particularmente a esta Curia, analizar detenidamente las acciones administrativas para determinar si se ajustan al ámbito prescrito por la ley habilitadora de la agencia o por nuestra Constitución. Véase, e.g., Hernández Denton v. Quiñones Desdier, 102 D.P.R. 218 (1974).

La Sec. 1.3(l) de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, dispone que una regla o reglamento será “cualquier norma o conjunto de normas de una agencia que sea de aplicación generál[,] que ejecute o interprete la política pública o ley, o que regule los requisitos de los procedimientos y prácticas de una agencia”. 3 L.P.R.A. sec. 2102(l). Señala, además, que el término también comprenderá la enmienda, revocación o suspensión de una regla existente. Las reglas, entonces, pueden ser de tres tipos: las que formulan política pública, las que ejecutan o interpretan la ley, o las que establecen procedimientos. Fernández Quiñones, op. cit., pág. 109. Puesto de otra manera, pueden ser reglas procesales, reglas sustantivas o legislativas, o reglas interpretativas. Fernández Quiñones, op. cit., pág. 122.

Aun cuando el reglamento esté dentro del ámbito del estatuto orgánico de la agencia, ello no significa que sea válido automáticamente. Reiteradamente hemos resuelto que las reglas promulgadas por una agencia no pueden ser caprichosas ni arbitrarias. Aulet v. Depto. Servicios Sociales, 129 D.P.R. 1, 26 (1991); Luan Investment Corp. v. Román, 125 D.P.R. 533, 550 (1990); M & B.S. Inc. v. Depto. de Agricultura, supra. Cuando se impugna la intervención de un organismo administrativo por supuestamente carecer de autoridad en determinado caso, sin duda se plantea una cuestión de derecho. Una alegación en tal dirección reta las bases jurisdiccionales del organismo: bien por ex-ceder límites estatutarios, bien por ignorar excepciones a la intervención establecidas por el propio reglamento. En tales casos, los tribunales pueden revisar en todos sus extremos las conclusiones legales que justifican tal actuación. Cf. 3 L.P.R.A. sec. 2175; Ramírez v. Depto. de Salud, 147 D.P.R. 901 (1999).

Ahora bien, las agencias cuentan con un peritaje vasto en relación con la materia objeto de su gestión rutinaria. “La interpretación que del estatuto ést[a]s hagan y los fundamentos que aducen en apoyo de la misma, resultan de gran ayuda para los tribunales de justicia” al pasar juicio sobre la corrección de las decisiones administrativas. M & V Orthodontics v. Negdo. Seg. Empleo, 115 D.P.R. 183, 189 (1984). Véase, además, Quevedo Segarra v. J.A.C.L., 102 D.P.R. 87, 96 (1974). Considerado esto, también hemos resuelto que los tribunales deben darle gran deferencia a las aplicaciones e interpretaciones que las agencias hacen de sus propios reglamentos y de las leyes que administran. Cruz v. Administración, supra, pág. 355; Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150 D.P.R. 70 (2000); Román v. Superintendente de la Policía, 93 D.P.R. 685 (1966).

Aun así, de ordinario los reglamentos crean un estado de derecho que protege a quienes actúan bajo sus disposiciones, P.S.P. v. Comisión Estatal de Elecciones, 110 D.P.R. 400, 409 (1980). Las agencias administrativas, por lo tanto, no pueden ignorar sus propias reglas y fundamentar sus actos en una autoridad interpretativa superior debido a su particular experiencia. Por esto, las interpretaciones que las agencias realicen de sus propios reglamentos se deben amparar en la razón y en la afinidad con sus leyes habilitadoras. Véase Fernández Quiñones, op. cit., pág. 566.

B. Los Arts. 12 al 23 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. secs. 12-23, establecen normas básicas para la interpretación y aplicación de las leyes aprobadas por el Poder Legislativo. Estas normas disponen, entre otras cosas, la forma de suplir deficiencias en las leyes es-peciales; la sujeción a la letra clara de las leyes y su inter-pretación integral, y, ante estatutos poco claros, la conside-ración de su razón y espíritu para así hallar la causa o los motivos que indujeron al Poder Legislativo a actuar. Nues-tras decisiones han incorporado o desarrollado otras reglas de hermenéutica como, por ejemplo, la relativa a la defe-rencia que merecen las interpretaciones jurídicas de las agencias. Véase Cruz v. Administración, supra, págs. 357-358.

Es necesario tener presente que no se trata de aplicar con lógica mecánica determinada interpretación, sino de formular aquella que sea cónsona con las necesidades contemporáneas de nuestra sociedad y con la intención original de la ley según fue aprobada. Véase, e.g., Febo Ortega v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 405, 409 (1974). Véase, además, Romero Barceló v. E.L.A., 169 D.P.R. 460 (2006). La tarea de este Tribunal no se limita a la simple aplicación de la ley, pues nos compete dilucidar controversias que tocan de cerca el orden social del país, los derechos y las libertades de sus ciudadanos, y la propia estabilidad de nuestro gobierno constitucional. De ahí que no podamos ignorar que las leyes se aprueban con un fin. No debemos reducirlas a la futilidad mediante interpretaciones textuales que trunquen su fuerza y propósito.

Desde hace algún tiempo extendimos estas normas a la interpretación de reglamentos promulgados por las agen-cias administrativas del país. Véanse, e.g.: Monllor v. Soc. de Gananciales, 138 D.P.R. 600, 607 (1995); Consejo Educación Superior v. U.I.A., 120 D.P.R. 224, 243-244 (1987); cf. Ready Mix Concrete v. Comisión Industrial, 92 D.P.R. 37 (1965). Hoy reafirmamos y continuamos esa tradición.

III

A. La Sec. 19 del Art. VI de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dispone que “[s]erá política pública del Estado ... reglamentar las instituciones penales para que sirvan a sus propósitos en forma efectiva y propender, dentro de los recursos disponibles, al tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social”. L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1999, pág. 421. Con esto en mente, la Ley Orgánica de la Administración de Corrección, Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974, según enmendada, autoriza a la agencia a “[estructurar la política pública en el área de corrección” y a “[formular ... la reglamentación interna necesaria para los programas de diagnóstico, clasificación, tratamiento y rehabilitación de la población correccional”. 4 L.P.R.A. see. 1112(a) y (c). Véase Cruz v. Administración, supra, pág. 4. La Administración de Corrección tiene, sin duda, el deber de administrar un sistema integrado que implante enfoques diversos para ofrecerle un tratamiento individualizado y eficaz a los confinados. 4 L.P.R.A. sec. 1111.

En atención a estos propósitos y a la política pública, tanto constitucional como estatutaria, que inspira el ma-nejo y el tratamiento de los confinados de nuestro país, la Administración de Corrección ha aprobado tres de los re-glamentos que aquí consideramos. En la interpretación in-tegrada de sus disposiciones hallaremos la solución a la controversia ante nuestra consideración.

B. El Reglamento de Procedimientos Disciplinarios para Confinados y Participantes de Programas de Desvío y Comunitarios, Reglamento Núm. 6994 de 29 de junio de 2005 (Reglamento Disciplinario), se promulgó con el fin de propiciar un ambiente de seguridad y orden en las instituciones correccionales del país. Para lograrlo, provee un mecanismo que permite imponer sanciones disciplina-rias a aquellos confinados que infrinjan las normas y los procedimientos de la institución. El Reglamento Discipli-nario establece tanto la estructura del aparato sancionador como las normas sustantivas y los procedimientos que éste habrá de seguir.

Para administrar sus normas, el mencionado reglamento estableció un comité compuesto por tres miembros seleccionados por el Superintendente de cada institución. El comité celebra vistas cuando se le imputa a un confinado la comisión de actos prohibidos de Nivel II o III. Regla 4C del Reglamento Disciplinario, supra. De tratarse de un acto de Nivel I (severidad extrema), el comité no puede ver la querella y debe referirla a un Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias. Regla 11C del Reglamento Disciplinario, supra. Todo confinado debe ser orientado sobre las normas institucionales cuando ingresa en la institución. Regla 5 del Reglamento Disciplinario, supra.

Entre las acciones que pueden tomar tanto el Comité como el Oficial Examinador se encuentra recomendar cambios de custodia al Comité de Clasificación y Tratamiento como sanción. Tabla V del Apéndice del Reglamento Disciplinario, supra, pág. 30. Más allá de permitir tal recomendación como medida disciplinaria, en todos los casos de actos prohibidos de Nivel II el Comité tiene la obligación de referir su determinación al Comité de Clasificación y Tratamiento para que este último evalúe si la situación del confinado sancionado amerita cambios en su nivel de custodia. Regla 12B del Reglamento Disciplinario, supra. Igual normativa aplica cuando interviene un Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias. Ahora bien, de desestimarse la querella disciplinaria, se retira del expediente del confinado y el Comité de Clasificación y Tratamiento no puede utilizar la información de ésta en la evaluación del caso. Regla 12G del Reglamento Disciplinario, supra.

C. Por otro lado, para lograr la rehabilitación de los confinados y ofrecerles un tratamiento individuali-zado, la Administración de Corrección creó un Comité de Clasificación y Tratamiento que toma todas las decisiones fundamentales relacionadas con el confinado. Manual de Reglas para Crear y Definir Funciones del Comité de Cla-sificación y Tratamiento en las Instituciones Penales, Re-glamento Núm. 2485 de 2 de marzo de 1979, pág. 1 (Manual de Reglas). Su responsabilidad es muy clara: evaluar la situación del confinado para determinar el plan de ac-ción a seguir en cada caso y medir su progreso para garan-tizar su rehabilitación y la seguridad de la sociedad. Para ello, el Comité de Clasificación y Tratamiento evalúa las necesidades, las capacidades, los intereses, las limitaciones y el funcionamiento social del confinado para estructurarle un plan institucional de tratamiento sujeto a evaluaciones periódicas. Regla 2 del Manual de Reglas, supra.

Corrección aprobó, además, el Manual de Clasificación de Confinados, Reglamento Núm. 6067 de 23 de diciembre de 1999 (Manual de Clasificación). Este proclama que el método de clasificación de confinados es esencial para la eficacia de todo sistema correccional. La clasificación de confinados busca separar sistemática y evolutivamente a los confinados en subgrupos, luego de considerar las necesidades de cada individuo y las exigencias y preocupaciones de la sociedad. Este proceso comienza con el ingreso del confinado y termina el día de su excarcelación. Así, el mecanismo sirve para coordinar la custodia física de los confinados con los programas y recursos disponibles dentro del sistema correccional. Se atiende, además, el interés en la protección social, dado que los sujetos más' peligrosos son mantenidos bajo controles mayores.

La jurisdicción del Comité de Clasificación y Tratamiento incluye, entre otras cosas: el tipo de custodia; el alojamiento; las oportunidades de trabajo, estudio o adies-tramiento vocacional, y el tratamiento de condiciones especializadas. Sec. 2.IV.C.1 del Manual de Clasificación, supra. Por otra parte, las revisiones periódicas tienen el fin de determinar si el plan responde a las necesidades del confinado y si deben hacérsele ajustes. Regla 2 del Manual de Reglas, supra. El nivel de custodia de todo confinado en seguridad mínima y mediana se revisa anualmente; mien-tras que los clasificados en máxima son atendidos cada seis meses, tras cumplir un año de su sentencia. Sec. 2.V.D del Manual de Clasificación, supra.

La reevaluación de custodia no necesariamente tiene como resultado un cambio en la clasificación o en la vivienda asignada. Su fimeión principal es supervisar la adaptación del confinado y prestarle atención a cualquier situación que se pueda presentar. Sec. 7.II del Manual de Clasificación, supra. En ésta se recalca aún más la conducta institucional como reflejo del comportamiento real del confinado durante su reclusión. Aparte de las revisiones rutinarias, se hacen revisiones automáticas no rutinarias cuando, entre otras cosas, el confinado es “convicto” por una violación disciplinaria de Nivel I o II, según definidas por la Administración de Corrección. Sec. 7.III.B del Manual de Clasificación, supra.

No obstante, el Comité de Clasificación y Tratamiento no puede intervenir cuando el Tribunal emite órdenes como resultado de recursos legales que el confinado ha llevado o cuando se toma cualquier acción inmediata con un confinado al amparo de disposiciones del Reglamento Disciplinario. Además, se proscribe la intervención del Comité cuando el confinado solicita ser aislado por razones de seguridad o en aquellas situaciones en que por reglamento se dispone la abstención. Regla 7 del Manual de Reglas, supra. Finalmente, las normas contenidas en el Manual de Reglas se aplican con fines terapéuticos y están matizadas por el propósito estatal de promover la rehabilitación del confinado. Regla 11 del Manual de Reglas, supra.

IV

En su alegato, López Leyro nos presenta una variedad de planteamientos por los cuales solicita que sostengamos el dictamen recurrido. No obstante, su argumento fundamental se relaciona con una cuestión jurisdiccional, por lo que habremos de centrarnos en él. En síntesis, López Le-yro plantea que la Regla 7 del Manual de Reglas, supra, dispone que el Comité de Clasificación no debe intervenir con la evaluación de una situación relacionada con el con-finado cuando éste ya ha sido sancionado según el procedi-miento disciplinario de la agencia. Aduce, por lo tanto, que su reclasificación fue ordenada por un organismo sin auto-ridad para ello. Discrepamos de esa interpretación.

Es cierto que la citada Regla 7 establece que el Comité de Clasificación y Tratamiento no intervendrá en las cir-cunstancias descritas por el confinado. No obstante, un análisis de los reglamentos de la Administración de Co-rrección aplicables a este caso nos convence de que a dicha disposición no se le puede conferir el alcance que propone el recurrido. Veamos.

En 1975, la Administración de Corrección aprobó un Re-glamento para los Procedimientos Disciplinarios, Regla-mento Núm. 1986 de 18 de septiembre de 1975 (Reglamen-to para los Procedimientos), que fue derogado por el actual Reglamento Disciplinario, promulgado en el 2005. Del re-glamento derogado se puede colegir que quien entonces im-ponía sanciones disciplinarias no era un comité de funcio-narios correccionales, sino un Oficial Examinador nombrado por el Administrador de Corrección. Este tenía la potestad para ordenar cambios de custodia por períodos no mayores de tres meses en casos de ofensas menores, o no más de seis meses, en casos graves. La Regla 10 del reglamento derogado disponía, además:

Nada de lo señalado en esta sección sobre sanciones, limi-tará la facultad del Comité de Tratamiento ... para tomar la acción que corresponda, una vez cumplida la sanción im-puesta, en lo que se refiere al tratamiento a adoptarse de ahí en adelante para rehabilitar al cliente. (Enfasis suplido.)

A su vez, el Manual de Reglas —vigente al momento de los hechos y contemporáneo al reglamento derogado que citamos arriba— establece también que el Comité de Cla-sificación y Tratamiento puede considerar situaciones rela-cionadas con el confinado (e.g. cambios de custodia) “al cese de las sanciones disciplinarias” o para “[e] valuación por referi[do] del Oficial Examinador luego de haber sido inter-venido por una querella en Vista Administrativa”. (Énfasis suplido.) Regla 6 del Reglamento para los Procedimientos, supra. Al interpretar las disposiciones vigentes integral-mente, según el mandato del Art. 18 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 18, no hay duda de que el Manual de Reglas faculta al Comité de Clasificación y Trátamiento a realizar una evaluación no rutinaria del confinado tras cumplirse la sanción disciplinaria que se le haya impuesto. Véase, además, Sec. 7.III.B del Manual de Clasificación, supra. La Regla 7 se convirtió en una norma ambigua y poco lógica al derogarse el reglamento sobre asuntos disciplinarios, que le era contemporáneo. A pesar de ello, no podemos ignorarla.

No se trata de que un comité obligue a otro o no. La intención de estas disposiciones es mantener separadas las funciones de ambos comités, al evitar que uno intervenga con las determinaciones del otro. Lo que surge de los reglamentos reseñados es un orden de acción. Si bien el Comité de Disciplina Institucional sólo podía recomendar un cambio de custodia como sanción, ello no significa que al exceder su autoridad y ordenar ese cambio el Comité de Clasificación pueda intervenir sin haber llegado el mo-mento para hacerlo.

Concluimos, por lo tanto, que el Comité de Clasificación y Tratamiento de una institución penal puede intervenir con el caso de un confinado, de forma no rutinaria, tras cesar las sanciones impuestas por violación de las normas disciplinarias institucionales. La excepción a la intervención del Comité contenida en el Manual de Reglas tiene un propósito. Su razón de ser original, como hemos confirmado, era proveerles un espacio a las autoridades disciplinarias de la institución para así evitar que otros componentes —fuera del curso apelativo interno— interviniesen con las sanciones impuestas.

Así, cuando el aparato disciplinario disponga sancionar a un confinado con treinta días de segregación, por ejem-plo, el Comité de Clasificación y Tratamiento no podrá in-tervenir y desautorizar tal acción. De igual forma, cuando se aísle a un confinado en determinada institución por ra-zones de seguridad, el Comité tampoco podrá intervenir, pues un cambio del nivel de custodia podría ponerlo en peligro. En estos casos, el único curso a seguir es el dis-puesto para revisar la determinación sobre disciplina, el cual está disponible tanto para el confinado como para las autoridades carcelarias. Con esta interpretación damos efecto a todos los reglamentos aplicables, pues no encon-tramos circunstancias claras que nos permitan inferir una derogación tácita de alguna de las disposiciones pertinentes. Otra cosa sería pretender enmendar regla-mentos debidamente promulgados, cosa que no nos compete hacer.

En el caso de López Leyro, éste fue sancionado el 29 de marzo de 2006. Las sanciones impuestas tenían una dura-ción de 30 días, por lo que vencían el 28 de abril de 2006. Por ende, tras cumplirse ese término, el Comité de Clasifi-catión y Tratamiento tenía autoridad para revisar el plan institucional del confinado. Aunque el 17 de mayo la Ofi-cial de Reconsideración dejó sin efecto casi todas las san-ciones contra López Leyro, no desestimó la querella. Es decir, se sostuvo la “convicción” de López Leyro por violar la prohibición de contrabando. No podemos concluir que al atenuar las sanciones impuestas, la Oficial de Reconside-ración tuvo la intención de eximir de responsabilidad al confinado. Como el Comité de Clasificación y Tratamiento tomó la determinación el 9 de mayo de 2006 —mucho des-pués de haber expirado el término de las sanciones contra López— no cabe duda de que éste podía evaluar el caso y variar la clasificación de la custodia.

V

Por los fundamentos que anteceden, revocamos la Sen-tencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y, en consecuencia, sostenemos la determinación de la Administración de Corrección.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez concurrió con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rebollo López disintió sin opinión escrita.

       López Leyro presentó una Moción Solicitando se Dicte Sentencia Declarando Académico el Recurso Apelado, pues ya fue reclasificado a custodia mediana. Le concedimos un término al Procurador General, quien se opuso a la desestimación. Alegó que la controversia aún es justiciable, porque puede recurrir y evadir la revi-sión judicial con respecto del propio confinado. Además, argumentó que existen con-secuencias colaterales que pueden afectarse por un dictamen nuestro, ya que el pro-pio confinado solicita que se considere el tiempo en que estuvo clasificado bajo custodia máxima como si hubiese estado en mediana. El 29 de junio de 2007 dene-gamos la desestimación solicitada. Están presentes circunstancias que nos permiten aplicar las excepciones a la doctrina de academicidad invocadas por el Procurador General. A similar conclusión llegamos en Cruz v. Administración, 164 D.P.R. 341, 347-348 (2005).

       El recurrido parece invocar la protección constitucional contra castigos crue-les e inusitados, pero no nos explica de qué manera el proceso de clasificación puede constituir tal cosa. Además, nos solicita que interpretemos la acción de la Oficial de Reconsideración como determinación institucional de la agencia, cuyo efecto sería privar a otros componentes administrativos de disponer sobre asuntos relacionados con el confinado. También nos plantea que el Comité de Clasificación y Tratamiento no tenía autoridad para intervenir.


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license: Public Domain

text:
      In re Junta de Educación Jurídica Continua.

      Número: EN-2008-01

      Resuelto: 25 de enero de 2008
   RESOLUCIÓN

De acuerdo con el poder inherente del Tribunal Supremo para reglamentar lo concerniente al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico y la Regla 8(a) del Reglamento de Educación Jurídica Continua, aprobado el 30 de abril de 1998, según enmendada por la Resolución de 26 de abril de 2005, y vencido ya el término de los nombramientos de los miembros originales, se renominan los miembros activos de la Junta y se designan tres nuevos nombramientos se-gún se detalla a continuación.

La Junta de Educación Jurídica Continua estará com-puesta por los distinguidos abogados y las distinguidas abogadas siguientes:

Dr. Efraín González Tejera, presidente

Hon. Luis Roberto Piñero

Hon. José Alberto Morales

Lic. Tamara Sosa Pascual

Lic. Mario Ráfael Oronoz Rodríguez

Lic. Angélica Toro Lavergne

Lic. María Dolores Trelles Hernández

Lic. Carmen E. Mora Ruiz

El Ledo. Efraín González Tejera y las Ledas. Carmen E. Mora Ruiz y Angélica Toro Lavergne se desempeñarán en sus cargos por un término de cinco años. El Ledo. Mario Rafael Oronoz Rodríguez y la Leda. María Dolores Trelles Hernández se desempeñarán en sus cargos por cuatro años. Los jueces José Alberto Morales y Luis Roberto Pi-nero se desempeñarán en sus cargos por tres años. La Leda. Tamara Sosa Pascual se desempeñará en su cargo por dos años.

Esta Resolución tendrá vigencia inmediata. Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


author:
      (Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau
      Secretaria del Tribunal Supremo
     Juez Asociado Señor Rebollo López.

text:
    José Santos Díaz Ríos y Rosario López Torres, por sí y en representación de la Sociedad Legal de Gananciales, peticionarios, v. Hospital Santo Asilo de Damas, su compañía aseguradora American International, Dr. Ricardo Barnes Español, su señora esposa Ivy Lynne Patrón y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, recurridos.

      Número: CC-2006-533

      Resuelto: 25 de enero de 2008

      Samuel Torres Cortés, abogado de la parte peticionaria.
   RESOLUCIÓN

Atendida la moción de reconsideración presentada por la parte peticionaria, se provee “no ha lugar”.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió una opinión disidente en etapa de reconsideración.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Opinión disidente emitida, en etapa de reconsideración, por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

El extraordinario deterioro que sufre nuestra sociedad es aun mayor de lo que nos podemos imaginar. Entre otras cosas, la vida humana ha perdido todo su valor. Ello lo podemos palpar no sólo en los horrendos asesinatos que se cometen a diario en nuestra tierra, sino que en la actitud de displicencia y desidia que observan un por ciento de los profesionales de la salud al desempeñar la profesión que escogieron para servirle a la humanidad y ganarse la vida.

En lo pertinente al caso que ocupa nuestra atención, todavía recordamos la actitud y conducta que observaban los obstetras en tiempos pasados. En primer término, la intervención quirúrgica, o cesárea, era la excepción a la regla general del parto natural. Hoy, nuestra Isla se distin-gue por ser uno de los lugares en el Mundo en que, propor-cionalmente, se llevan a cabo un número considerable de cesáreas. Las razones —que se comentan en voz baja— son harto conocidas: al obstetra se le paga más por una cesárea que por un parto natural y ésta le permite a este profesio-nal de la salud trabajar en forma más cómoda, ya que dichas intervenciones se programan para llevarlas a cabo durante el día. Dicho de otra manera, ya prácticamente los niños no nacen de noche en Puerto Rico.

Todavía vive en nuestro recuerdo aquel obstetra, o par-tero, que una vez notificado de la proximidad del parto, acudía inmediatamente al hospital correspondiente —ins-titución que éste no abandonaba hasta que nacía la criatu-ra— e, incluso, pasaba la noche junto a su paciente en espera del alumbramiento. ¡Qué tiempos aquellos! Hoy, época en que, curiosamente, existen más especialistas en obstetricia que antes, por lo que el número de pacientes que atienden no es tan numeroso, el obstetra no acude al hospital designado hasta prácticamente el último mo-mentó antes de que se produzca el parto. Entretanto, se dedica a comunicarse por la vía telefónica con una enfer-mera, quien le da su opinión e interpretación, según su limitado conocimiento y entrenamiento, de lo que le está sucediendo a su paciente y a la criatura que ésta lleva en su vientre.

Esta es la peligrosa y trágica situación que describen, y surge de, los hechos del caso ante nuestra consideración, los cuales describen detalladamente la actitud de displicencia —a la que nos referimos anteriormente— de parte de un preocupante porcentaje de los obstetras que practican su profesión en Puerto Rico; situación que este Tribunal ig-noró completamente en la Sentencia que emitió.

Por otro lado, el caso demuestra, igualmente, la práctica inaceptable de algunos hospitales en nuestra jurisdicción de no abrirle un expediente médico a una persona que acude allí y recibe tratamiento en dichos hospitales. Esta práctica tiene el resultado, inaceptable e indeseable, de que no se puede saber, a ciencia cierta y a posteriori, qué real-mente le sucedió al paciente en ese hospital.

Es correcto que hemos resuelto que un expediente mé-dico incompleto “ ‘no necesariamente constituye negligen-cia per se’ (Enfasis suprimido.) Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 D.P.R. 267, 322 (1998). No debemos olvidar, sin embargo, que es “norma imperante en nuestra jurisdicción que los expedientes médicos tienen que llevarse de forma adecuada, de suerte que a la hora de examinar las actua-ciones médicas podamos conocer mejor la situación del pa-ciente a través de todo el tratamiento. Claro, las omisiones no necesariamente constituyen negligencia per se. Sin embargo, dicha omisión puede ser un factor a considerarse en la credibilidad del médico en cuanto al tratamiento brindado por éste”. Ramos, Escóbales v. García, González, 134 D.P.R. 969, 980 (1993). Ello, no obstante, en el presente caso no se trata de meras omisiones en el expediente médico. Se trata de la carencia absoluta de un expediente médico. ¿No debe este Tribunal, como mínimo, considerar la posibilidad de modificar la norma antes mencionada?

Por último, el caso que ocupa nuestra atención nos pre-senta, igualmente, la inaceptable práctica de algunos hos-pitales de incumplir con el deber que tienen con el paciente que acude allí en busca de ayuda y atención médica ade-cuada para alguna condición seria que le aqueja: ser aten-dido y examinado por un facultativo médico y no por una enfermera o enfermero, independientemente de que se con-sulte por teléfono con el médico de cabecera del paciente. La demandante, en el presente caso —una madre próxima a dar a luz por tercera ocasión a una criatura que murió en su vientre dos días después y que entendía podía estar de parto— fue dada de alta del hospital codemandado sin ha-ber sido examinada por un facultativo médico. ¿Debemos avalar, sin más, dicho proceder?

Una mayoría de los integrantes de este Tribunal lamen-tablemente rehúsa cumplir con su deber —como máximo foro judicial del País— de establecer las normas básicas que deben regir la buena práctica de la medicina en nues-tra jurisdicción con relación a los tres aspectos previa-mente señalados. Al así no actuar, desatiende los reclamos de los ciudadanos que tocan a nuestras puertas en busca de justicia.

Es por ello que disentimos.

       Debe quedar claro que el incumplimiento antes señalado no necesariamente implica que el resultado del caso deba ser distinto.


author: per curiam:

text:
      In re Luis Alberto Cid, querellado.

      Número: CP-2005-17

      Resuelto: 30 de enero de 2008

      Salvador J. Antonetti, procurador general, Noemí Rivera de León, procuradora general auxiliar, y Maite D. Oronoz Ro-dríguez, subprocuradora general; Crisanta González Seda, comisionada especial; Luis Alberto Cid, pro se.

   per curiam:

El Sr. Carlos R. Maldonado de León y la Sra. Brenda M. Rosario Ruiz (quejosos) contrataron al Ledo. Luis Alberto Cid para que los representara y a tres menores en una demanda por daños y perjuicios. El caso terminó con una transacción por $7,269.10. De esta suma, se le adjudicó $1,000 a cada uno de los menores y el resto a los quejosos.

El 17 de octubre de 2002 fue el día pactado para que el licenciado Cid entregara el dinero de la transacción corres-pondiente a los quejosos. En esa misma fecha el licenciado les expresó que, por problemas económicos personales, nece-sitaba que le “prestaran” el dinero obtenido en la transacción. Los quejosos accedieron a que retuviera la to-talidad del dinero como préstamo. Se hizo una nota donde se estipuló que el licenciado Cid “entregarla] en el plazo de 60 días el total del monto del cheque [de] $7,269.10 a la parte”. Informe de la Comisionada Especial, pág. 4.

Transcurrido más de un año de la fecha pactada y sin haber recibido todavía el dinero, los quejosos contrataron a la Leda. María E. Juarbe para que tramitara el cobro de dinero. La licenciada Juarbe envió varias misivas al licen-ciado Cid para requerirle el pago, tanto del principal como de los intereses adeudados. Este aceptó la deuda, mas no la satisfizo.

Por el reseñado incumplimiento de pago, el 14 de no-viembre de 2003 se presentó una queja ante este Tribunal contra el licenciado Cid. En respuesta a ésta, el 1 de abril de 2005, y mediante una Resolución a esos efectos, instruimos al Procurador General de Puerto Rico para que presentara una querella contra el referido abogado. En cumplimiento de nuestra orden, el Procurador General presentó la corres-pondiente querella el 12 de agosto de 2005, en la que le formuló dos cargos al licenciado Cid. En el primer cargo le imputó haber violentado el Canon 23 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, al retener un dinero tomado en calidad de préstamo a los quejosos, quienes al momento de la transacción eran sus clientes. Además, en el segundo cargo le imputó una violación al Canon 38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, por lesionar la imagen de la profesión al retener el pago correspondiente a los clien-tes por la transacción de un caso.

El querellado compareció en varias ocasiones y expresó su intención de realizar el pago. Sin embargo, continuó so-licitando tiempo adicional para pagar debido a que “su si-tuación económica [era] muy difícil” y “[tenía] otros compro-misos que estaba tratando de cumplir”. Informe de la Comisionada Especial, pág. 6. El licenciado Cid presentó, además, varias mociones ante nos en las que suplicó que se le permitiera hacer pagos parciales. Empero, los quejosos expresaron en su comparecencia que nunca llegaron a un acuerdo sobre ello.

Después de varias órdenes de este Tribunal para que el licenciado Cid contestara la querella y numerosas solicitu-des de prórroga al respecto, éste presentó su contestación el 14 de junio de 2006. En su contestación alegó que por razo-nes ajenas a su voluntad no había podido cumplir y que “sentfía] que por [su] culpa se utilizara] la oficina del Honorable Procurador como agencia de cobros”. Contestación a querella, pág. 1.

El 4 de agosto de 2006, casi cuatro años desde que re-tuvo el dinero de los quejosos, el licenciado Cid finalmente les pagó el dinero.

El 26 de julio de 2006 nombramos a la Leda. Crisanta González Seda, ex Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia, para que, en presencia de las partes, fungiera como Comisionada Especial, recibiera la prueba pertinente y nos rindiera un informe con sus determinaciones de he-cho y recomendaciones de derecho. Concluida la enco-mienda, la Comisionada Especial presentó su informe el 13 de octubre de 2006.

Fundamentándose en las determinaciones de hecho a las que llegó, la Comisionada Especial entendió que el li-cenciado Cid había incurrido en la conducta que le atri-buyó el Procurador General. Concluyó que los quejosos eran clientes del querellante al momento de la retención del cheque, al razonar que el abogado pospuso el acto de entrega del dinero producto de una transacción del caso en el que les representaba. En esencia, determinó que el que-rellado se aprovechó de la información obtenida de la rela-ción abogado-cliente, esto es, la disponibilidad de dinero, para entrar en una relación comercial con éstos. Expresó que el qúerellado utilizó la alegación de que se encontraba en una mala situación económica para justificar el incum-plimiento de pago y la retención del dinero por casi cuatro años. Por estas razones, concluyó que el licenciado Cid ha-bía violado los Cánones 23 y 38 del Código de Etica Profe-sional, ante.

Estando en condiciones de resolver la queja presentada, procedemos a así hacerlo.

I

Reiteradamente hemos expresado que la relación del abogado con su cliente se debe fundamentar en la ab-soluta. confianza entre ambos. Por lo tanto, requiere un trato profesional caracterizado por la más devota lealtad y la más completa honradez.

Específicamente, el Canon 23 del Código de Etica Profe-sional, ante, dispone, entre otras cosas, que la naturaleza fiduciaria de la relaciones entre el abogado y su cliente exige que estén fundadas sobre la honradez absoluta. Exige, además, total transparencia, particularmente cuando de asuntos de índole económica se trate. El abo-gado debe ser diligente en informar sobre el dinero u otros bienes del cliente que éste posea y no debe mezclarlos con los suyos ni permitir que se mezclen. Ya hemos , manifestado que “ la confianza entre abogado y cliente, en particular, el escrupuloso manejo de fondos, constituye elemento inseparable que se proyecta no sólo dentro del foro togado puer-torriqueño, sino en el respeto y la estima ante la imagen pública’ ”. (Enfasis suplido.) In re Fernández Paoli, 141 D.P.R. 10, 16 (1996).

En sintonía con lo anterior, hemos resuelto que retener cualquier cantidad de dinero perteneciente a clientes infringe los postulados del citado Canon 23 del Código de Etica Profesional. In re Rivera Irizarry, 155 D.P.R. 687, 693 (2001). Repetidamente hemos sostenido que un abogado que retenga fondos pertenecientes a sus clientes amerita una sanción, aunque los hubiera devuelto o aun cuando los hubiera retenido sin la intención de apropiárselos. Así también, la dilación en la devolución es igualmente reprochable, por lo que amerita que se tomen medidas disciplinarias contra el abogado que así actúe. In re Álvarez Aponte, 158 D.P.R. 140, 147 (2002). Tal actuación demuestra menosprecio hacia sus deberes como abogado. In re Rivera Irizarry, supra.

Todo miembro de la clase togada es un espejo en el cual se refleja la imagen de la profesión. In re Sepulveda, Casiano, 155 D.P.R. 193, 205 (2001). Es por esto que el Canon 38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, enfatiza que “[e]l abogado deberá esforzarse al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios per-sonales y debe evitar hasta la apariencia de conducta pro-fesional impropia”. Además, este canon enfatiza que por la confianza depositada en él como miembro de la ilustre pro-fesión legal, todo abogado, tanto en su vida privada como en el desempeño de su profesión, debe conducirse digna y honorablemente.

II

En mérito de todo lo antes expuesto y de los hechos pro-bados ante la Comisionada Especial, entendemos que el licenciado Cid violó los deberes impuestos por los Cánones 23 y 38 del Código de Ética Profesional, ante. El licenciado Cid actuó impropiamente al retener, bajo el subterfugio de un préstamo, fondos pertenecientes a sus clientes. Esto significa que el querellado se aprovechó de la relación pro-fesional con sus clientes como medio para adquirir fondos para su uso personal. Además, el licenciado Cid tampoco cumplió con la fecha de pago acordada: transcurrieron cua-tro años antes de pagar lo que adeudaba. Entendemos que dicha retención del dinero y la dilación en devolverlo igual-mente violenta las disposiciones del Canon 23 del Código de Ética Profesional, ante.

De igual modo, estimamos que mediante sus actos el licenciado Cid transgredió los deberes que le impuso el Canon 38 del Código de Ética Profesional, ante. Su conducta lesiona la imagen de la profesión de abogado.

Por último, es importante señalar, nuevamente, que la clase togada tiene el deber de responder con premura y diligencia a nuestros requerimientos relacionados con las querellas sobre su conducta profesional. In re Soto Colón, 155 D.P.R. 623, 649 (2001). El patrón de incumplimiento y dejadez para con nuestras órdenes en la esfera disciplinaria es incompatible con el ejercicio de la profesión de abogado. El licenciado Cid se tardó casi un año en con-testar la querella, a pesar de los múltiples requerimientos que se le hicieron.

III

De acuerdo con la discusión que antecede, resolvemos que el licenciado Cid violó los Cánones 23 y 38 del Código de Etica Profesional, ante. Por la gravedad de los hechos del presente caso y del historial disciplinario del licenciado Cid, entendemos que procede decretar la suspensión del Ledo. Luis Alberto Cid del ejercicio de la abogacía por tiempo indefinido.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

       El licenciado Cid aprovechó la referida comparecencia para solicitar, además, la reinstalación al ejercicio de la notaría, de la cual lo habíamos suspendido el 17 de septiembre de 1974. Debemos señalar que la misma no cumple con los requisitos establecidos en la Regla 5 del Reglamento de la Comisión de Reputación para el Ejercicio de la Abogacía, 4 L.RR.A. Ap. XVII-C.

       El Lcdo. Luis Alberto Cid fue admitido al ejercicio de la abogacía y de la notaría el 26 de octubre de 1964 y el 17 de mayo de 1965, respectivamente. El 7 de febrero de 1972, en respuesta a una queja instada, emitimos una Resolución me-diante la cual desaprobamos la conducta del licenciado Cid por estar reñida con las normas de ética profesional. En esa ocasión, sin embargo, limitamos nuestra sanción a una reprobación. Luego, el 17 de septiembre de 1974 lo separamos indefinidamente del ejercicio de la notaría.


author:
      (.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau
      Secretaria del Tribunal Supremo
     Juez Asociado Señor Rebollo López. Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Eddie Miró Castañeda y Juanita Medina Boria, recurridos.

      Número: CC-2008-78

      Resuelto: 31 de enero de 2008

      Salvador J. Antonetti Stutts, procurador general, Sarah Y. Rosado Morales, procuradora general auxiliar, Mariana D. Negrón Vargas y Maite D. Oronoz Rodríguez, subprocura-doras generales, parte peticionaria; César H. Soto Cintrón, abogado de la parte recurrida.
   RESOLUCIÓN

Examinada la Moción en Auxilio de Jurisdicción, Solici-tud de Trámite Expedito, así como el recurso de Certiorari, presentadas por la parte peticionaria, se provee “no ha lu-gar” á ambas.

Notifíquese vía facsímile y vía telefónica.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió un voto particular de conformidad. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez emitió una opinión disidente, a la cual se le unió el Juez Presidente Señor Hernández Denton.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Voto particular de conformidad emitido por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

El descargue, objetivo y correcto, de las funciones y obli-gaciones que tenemos los integrantes de este Tribunal no se pueden llevar a cabo como si trabajáramos en un edificio sin ventanas, resolviendo los casos ante nuestra considera-ción con total abstracción de lo que sucede a nuestro alre-dedor, negándonos a mirar más allá de sus portones.

En lo pertinente a los hechos del caso ante nuestra con-sideración, los Jueces de este Tribunal no podemos darnos el lujo de darle la espalda y hacer caso omiso de lo que hace tiempo es un secreto a voces en nuestro País: el Departa-mento de Hacienda de Puerto Rico (Departamento de Hacienda), durante el mes de abril de cada año, presenta car-gos criminales por evasión contributiva contra personas conocidas o de cierto renombre en nuestra sociedad con el expreso propósito de “asustar” a la ciudadanía en general y “motivarla” a cumplir con su obligación contributiva.

Durante el 2006, le “tocó el turno” a los recurridos Eddie Miró Castañeda y Juanita Medina Boria, quienes, efectiva-mente, no habían cumplido con su obligación ciudadana de rendir sus planillas contributivas durante los años 2002 al 2004. Ese hecho no está en controversia.

Lo que está en discusión —y que debe ser resuelto por el. foro judicial— es si el matrimonio Miró-Medina fue víc-tima de un procesamiento selectivo por parte del Estado, lo cual, de demostrarse, es una violación de la cláusula cons-titucional sobre la igual protección de las leyes.

A esos efectos, resulta pertinente señalar que las denun-cias o los cargos criminales contra el matrimonio Miró-Medina fueron presentadas el 12 de abril de 2006; esto es, tres días antes del 15 de abril, fecha en que los ciudadanos de este País están obligados a rendir sus planillas contri-butivas ante el Departamento de Hacienda.

¿Casualidad o coincidencia? Hace más de cuarenta y cinco años, este Tribunal expresó que “[l]os jueces no debemos, después de todo, ser tan inocentes como para creer [cosas] que nadie más creería”. Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 D.P.R. 573, 582 (1961).

Pero, hay más; tampoco está en discusión que durante la celebración de la vista preliminar en el presente caso, según la Regla 23 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, surgió, del testimonio de una testigo de cargo, que en el Departamento de Hacienda existen dos procedimien-tos paralelos para atender casos de deudas contributivas —uno administrativo y otro criminal— y que los de índole criminal son considerablemente menos que los de carácter administrativo.

Lo anteriormente expresado, a nuestro juicio, es prima facie suficiente para rebatir la presunción de buena fe y legitimidad que cobija, de ordinario, los procedimientos cri-minales; esto es, el planteamiento de los recurridos sobre encausamiento selectivo no es frívolo.

Los recurridos intentan fortalecer su planteamiento por medio de los testimonios de las personas que han citado, los cuales, dicho sea de paso, son empleados del Departa-mento de Hacienda que no son testigos de cargo. ¿Por qué la oposición del Estado? ¿A qué le temen? ¿Será que dichos testimonios corroboran el planteamiento de los recurridos?

Debe recordarse, en primer lugar, que la verdad debe siempre prevalecer, sea cual sea. La verdad puede ser dura y, en ocasiones, hasta amarga, pero nunca es injusta. Es por ello que el norte de todo procedimiento criminal siem-pre debe ser el descubrimiento de la verdad.

En segundo término, no debemos olvidar que los “tecni-cismos no pueden impedir que atendamos el clamor de quien busca justicia. Cuando la ley no provee el camino, la justicia lo hace”. Correa Negrón v. Pueblo, 104 D.P.R. 286, 291-292 (1975).

Por los fundamentos anteriormente expuestos, entre otros, es que consideramos que resulta procedente denegar la solicitud de certiorari presentada por el Estado en el pre-sente caso, la cual, a nuestro juicio, constituye un intento de impedir que aflore la verdad mediante la utilización de tec-nicismos legales, impidiendo de esa forma que se haga jus-ticia en el caso.

Opinión disidente emitida por la

Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez,

a la cual se une el Juez Presidente Señor Hernández Denton.

Hoy, una mayoría de los miembros de este Tribunal des-atiende la normativa aplicable en los casos en que se plan-tea como defensa frente a un procesamiento penal que el mismo es selectivo. Disiento de la acción que se toma por considerarla contraria a derecho y porque sólo sirve para dilatar impermisiblemente el procesamiento penal. Consi-dero que aun cuando los acusados tuviesen razón en lo que sostienen como base para su reclamo de procesamiento se-lectivo, lo que indican dista mucho de ser un plantea-miento válido de procesamiento selectivo que permita ac-ceder al descubrimiento solicitado.

I

Contrario a lo que sería mi deseo, limitaciones de tiempo me impiden extenderme sobre el tema que se plan-tea en el recurso que pende ante nuestra consideración. Solamente puedo delinear a grosso modo los contornos del error en que incurrió la mayoría.

El caso de autos versa sobre una solicitud de descubri-miento de prueba en un caso donde se ha esgrimido un argumento de procesamiento selectivo y cómo el mismo debe ser atendido por el Tribunal de Primera Instancia. Los acusados —quienes enfrentan cargos penales por, ale-gadamente, no radicar planillas de contribuciones sobre in-gresos— indican que su caso es de procesamiento selectivo, por lo que el foro primario debe acceder a descubrir cierta prueba en poder del Departamento de Hacienda y el De-partamento de Justicia y, en su día, debería desestimar los cargos presentados.

Específicamente solicitan, entre otras cosas, descubrir la siguiente información para los años 2000-2005, a saber: el número de contribuyentes que fueron referidos al Depar-tamento de Justicia para investigación criminal y la canti-dad de contribuyentes referidos en el propio Departamento de Hacienda para investigación; el número de casos crimi-nales presentados por el Departamento de Justicia; todo informe, estadística, estudio o estimado relacionado a eva-sión contributiva preparado para el Departamento de Hacienda, y la cantidad de requerimientos de planillas envia-das al contribuyente y la respuesta de éstos.

En su esencia, el alegado procesamiento selectivo recla-mado estriba en que el Departamento de Hacienda tiene dos mecanismos o “sistemas paralelos” para atender los ca-sos donde contribuyentes adeudan planillas de contribu-ción sobre ingresos, uno administrativo y otro administra-tivo penal. Indican que el Departamento no ha diseñado un protocolo o unas guías objetivas para determinar cuándo utilizar un mecanismo frente al otro. La ausencia de estas guías, arguyen los acusados, “se presta a que la radicación de cargos criminales obedezca exclusivamente a amiguis-mos, revanchismos, consideraciones políticas, o de exposi-ción pública”. Solicitaron, entonces, descubrir prueba sobre el particular. Considero que este señalamiento no confi-gura un problema de procesamiento selectivo, con lo cual la evidencia que se pretende descubrir es de todo punto impertinente.

II

La Sección 11 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, ga-rantiza a todo acusado su derecho a preparar una defensa adecuada y a obtener prueba a su favor. Pueblo v. Arocho Soto, 137 D.P.R. 762, 766 (1994). Ello, a su vez, conlleva el derecho a realizar descubrimiento de prueba e informarse debidamente en la preparación de su defensa. Pueblo v. Santa-Cruz, 149 D.P.R. 223 (1999); Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, 128 D.P.R. 299, 324 (1991).

“Ahora bien, es importante advertir que este derecho a descubrimiento de prueba a favor del acusado, natural-mente, no es absoluto.” (Enfasis en el original.) Pueblo v. Arzuaga, 160 D.P.R. 520, 530 (2003). El derecho está limitado por lo dispuesto en la Regla 95 de Procedimiento Criminal, que se erige como “barrera estatutaria contra las llamadas 'expediciones de pesca’ en los archivos de fisca-lía”, además de desalentar la utilización del descubri-miento como táctica dilatoria. Pueblo v. Arzuaga, supra; Pueblo v. Rodríguez Sánchez, 109 D.P.R. 243, 246-249 (1979). Igualmente, cuando el descubrimiento se autoriza de acuerdo con nuestra facultad inherente para regular los procedimientos judiciales, debemos procurar que con éste no validemos una búsqueda irrestricta en los archivos del Estado o permitamos que se utilice para dilatar los proce-sos penales.

III

A. En nuestro esquema constitucional de gobierno, corresponde a la Rama Ejecutiva la prerrogativa de velar por el cumplimiento de las leyes. Art. IV, Sec. 4, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. Véanse, también: Santana v. Gobernadora, 165 D.P.R. 28 (2005); Pueblo v. Quiñones, Rivera, 133 D.P.R. 332, 338 (1993). En el ámbito penal, son los fiscales del Departamento de Justicia quienes tienen la enco-mienda de procesar criminalmente a un ciudadano que se entiende ha violado la ley. Esta prerrogativa es de natura-leza discrecional y se ejerce bajo la autoridad y en representación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Pueblo v. Pérez Casillas, 126 D.P.R. 702, 710 (1990). En Pueblo v. Dávila Delgado, 143 D.P.R. 157, 170 (1997), indicamos con acierto lo siguiente:

[E]n nuestra jurisdicción, y conforme a lo dispuesto por nuestro ordenamiento jurídico, la facultad y responsabilidad de investigar los hechos delictivos y la decisión de a qué persona acusar y procesar criminalmente, y por qué delito, recae en persona del Secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico y de los fiscales bajo su supervisión; poseyendo los mencionados funcionarios amplia discreción en el descargo de esas funciones. (Énfasis suplido.) Véase, también, Bordenkircher v. Hayes, 434 U.S. 357, 364 (1978)(“[S]o long as the prosecutor has probable cause to believe that the accused committed an offense defined by statute, the decision whether or not to prosecute, and what charge to file or bring before a grand jury, generally rests entirely in his discretion”).

Consideraciones de separación de poderes subyacen la amplia discreción que se le reconoce al fiscal en el desem-peño de su función constitucional de velar por el cumpli-miento de la ley. Esas mismas razones aconsejan cautela a la hora de pasar juicio sobre el ejercicio de esa facultad. Así, en United States v. Armstrong, 517 U.S. 456, 465 (1996), el Tribunal Supremo de Estados Unidos indicó lo siguiente:

Judicial deference to the decisions of these executive officers rests in part on an assessment of the relative competence of prosecutors and courts. ...It also stems from a concern not to unnecessarily impair the performance of a core executive constitutional function. (Énfasis suplido.)

Además, la naturaleza de la decisión de cuándo y a quién encausar no se presta con facilidad al escrutinio judicial. En este sentido, son acertadas las expresiones del Tribunal Supremo en Wayte v. United States, 470 U.S. 598, 607-608 (1985), las que citamos con aprobación en Pueblo v. Dávila Delgado, supra, pág. 170, a saber:

This broad discretion rests largely on the recognition that the decision to prosecute is particularly ill-suited to judicial review. Such factors as the strength of the case, the prosecution general deterrence value, the Government’s enforcements priorities, and the case’s relationship to the Government’s overall enforcement plan are not readily susceptible to the kind of analysis the courts are competent to undertake. Judicial supervision in this area, moreover, entails systemic costs of particular concern. Examining the basis of a prosecution delays the criminal proceeding, threatens to chill law enforcement by subjecting the prosecutor’s motives and decisionmaking to outside inquiry, and may undermine prosecutorial effectiveness by revealing the Government’s enforcement policy. All these are substantial concerns that make the courts properly hesitant to examine the decision whether to prosecute. (Enfasis suplido y en el original.) Véase, además, United States v. Chemical Foundation, 272 U.S. 1, 14-15 (1926).

Claro está, la amplia discreción que goza el Ministerio Público no es absoluta y está sujeta a limitaciones constitucionales. Pueblo v. Dávila Delgado, supra, págs. 171-172 esc. 15. Una de las limitaciones a la discreción del fiscal la impone el componente de igual protección de las leyes de la cláusula del debido proceso de ley, por lo que se exige que la decisión de procesar no puede estar basada en clasificaciones impermisibles, tales como raza, religión o cualesquiera clasificación arbitraria. íbid.

La defensa de procesamiento selectivo impone al Poder Judicial la tarea de pasar juicio sobre la prerrogativa cons-titucional del Poder Ejecutivo de hacer cumplir las leyes. Véase United States v. Armstrong, supra, pág. 464 (“A selective-prosecution claim asks a court to exercise judicial power over a ‘special province’ of the Executive”). Necesa-riamente, entonces, el análisis requerido para prevalecer en una reclamación de este tipo tiene que ser riguroso para así garantizar que no irrumpamos, innecesariamente, en una prerrogativa de la esencia del Poder Ejecutivo, la de velar por el cumplimiento de la ley. Ibid.

En United States v. Armstrong, supra, págs. 463-465, el Tribunal Supremo se expresó extensamente sobre la natu-raleza de un planteamiento de procesamiento selectivo, que citamos extensamente:

A selective-prosecution claim is not a defense on the merits to the criminal charge itself, but an independent assertion that the prosecutor has brought the charge for reasons forbidden by the Constitution. Our cases delineating the necessary elements to prove a claim of selective prosecution have taken great pains to explain that the standard is a demanding one. These eases afford a “background presumption,” ... that the showing necessary to obtain discovery should itself be a significant barrier to the litigation of insubstantial claims.
The requirements for a selective-prosecution claim draw on “ordinary equal protection standards.” The claimant must demonstrate that the federal prosecutorial policy “had a discriminatory effect and that it was motivated by a discriminatory purpose.” ...To establish a discriminatory effect ...a claimant must show that similarly situated individuals ... were not prosecuted. (Énfasis suplido y citas omitidas.) Véase, además, United States v. Bass, 536 U.S. 862 (2002).

El profesor LaFave, en su tratado de derecho procesal penal, sostiene un criterio similar. Este describe los ele-mentos de una reclamación de procesamiento selectivo bajo los términos siguientes:

[T]he three essential elements of a discriminatory prosecution claim [are]: (1) that other violators similarly situated are generally not prosecuted; (2) that the selection of the claimant was “intentional or purposeful”, and (3) that the selection was pursuant to an “arbitrary classification.” (Escolios omitidos.) 4 LaFave and Israel, Criminal Procedure Sec. 13.4(a), pág. 170 (2007). Véase, también, Pueblo v. Rexach Benitez, 130 D.P.R. 273 (1992).

Adviértase que un reclamo de esta naturaleza se atiende como un problema de igual protección de las leyes. E. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Bogotá, Ed. Forum, 1992, Vol. II, Sec. 20.2A, pág. 578 (“AI considerar un planteamiento de discrimen en la zona de procesamiento selectivo; los tribunales deben uti-lizar los estándares ordinarios de igual protección de las le-yes: el peticionario debe establecer dos elementos esencia-les: efecto discriminatorio y propósito discriminatorio”, énfasis en el original).

En resumen, para que pueda prevalecer la defensa de encausamiento criminal selectivo el acusado tiene que pro-bar que personas situadas eñ una posición similar a la de él o ella no han sido acusadas y que la selección discrimi-natoria del fiscal de acusarle ha sido intencional, de mala fe y basada en consideraciones impermisibles, como raza, religión, afiliación política o el interés de ejercer derechos constitucionales, entre otras. Pueblo v. Rexach Benitez, supra. Véase Wayte v. United States, supra.

B. En United States v. Armstrong, supra, precisamente se planteó cuál debía ser el ámbito de descubri-miento de prueba frente a una alegación de procesamiento selectivo. En ese caso, un acusado de posesión con inten-ción de distribuir “crack” planteó que había sido sometido a un procesamiento penal por motivos raciales y solicitó cierto descubrimiento de la Fiscalía federal para sostener su alegación. La moción para solicitar el descubrimiento se acompañó con un afidávit de un paralegal que trabajaba en el Federal Public Defender Office del Distrito Central de California. El afidávit atestiguaba que todos los casos “ce-rrados” por esa oficina, coetáneos al arresto del acusado y donde se habían presentado cargos por los mismos delitos que pesaban contra Armstrong, involucraban personas de la raza negra. Se anejó al affidávit un análisis de todos estos casos, con un desglose que hacía referencia a la raza de los acusados, los delitos imputados y la disposición final del caso. El acusado solicitó el descubrimiento siguiente: una lista de todos los casos procesados por los fiscales du-rante un periodo de tres años donde se imputaron los mis-mos delitos que a Armstrong; que se identificara la raza de todos los acusados; que se describiera el personal que tra-bajó en la investigación de estos casos, y que se explicara los criterios considerados para procesar los casos relaciona-dos con la posesión, venta y distribución de cocaína.

Al denegar su solicitud de descubrimiento, el Tribunal expresó lo siguiente sobre el alcance y la naturaleza del descubrimiento de prueba en estos casos; citamos extensa-mente:

Having reviewed the requirements to prove a selective-prosecution claim, we turn to the showing necessary to obtain discovery in support of such a claim. ... Discovery ... imposes many of the costs present when the Government must respond to a prima facie case of selective prosecution. It will divert prosecutors’ resources and may disclose the Government’s pro-secutorial strategy. The justification for a rigorous standard for the elements of a selectiveprosecution claim thus require a correspondingly rigorous standard for discovery in aid of such a claim.
We think the required threshold — a credible showing of different treatment of similarly situated persons — adequately balances the Government’s interest in vigorous prosecution and the defendant’s interest in avoiding selective prosecution. (En-fasis suplido.) United States v. Armstrong, supra, págs. 468-470.

El Tribunal Supremo se negó a autorizar el descubri-miento solicitado luego de aplicar este estándar y concluir que la defensa no estableció que existieran otras personas en igualdad de condiciones que el acusado, que no fueron acusados por Fiscalía precisamente por no ser de la raza negra como él.

De lo anterior se desprende que el estándar requerido en estos casos para acceder al descubrimiento exige que el acusado presente alguna prueba que demuestre la existen-cia de los elementos de la defensa, a saber: el efecto discri-minatorio y el interés discriminatorio. Sólo si hay una de-mostración en tal sentido es que procede darle curso a la solicitud presentada. Este estándar riguroso en la etapa de descubrimiento de prueba se justifica porque en esta fase del procesamiento median las mismas consideraciones de separación de poderes, dilación innecesaria del encausa-miento criminal, efecto congelante en el ejercicio de las prerrogativas del fiscal, etcétera, que exigen cautela al atender en sus méritos la defensa de procesamiento selectivo.

A poco que revisemos desapasionadamente la moción presentada por los acusados, advertimos que éstos no cum-plen con el estándar requerido, pues no han alegado que estén presentes los requisitos de la defensa de encausa-miento criminal selectivo. La defensa no ha reclamado que otras personas que estén en posiciones similares a la de ellos no han sido acusadas por el Estado; tampoco hay ale-gación fundamentada alguna de intencionalidad o ánimo discriminatorio de parte del Ministerio Público o del De-partamento de Hacienda en su referido al Departamento de Justicia, o que la acusación que pende en su contra obe-dece a que han sido señalados para procesamiento por mo-tivo de una clasificación arbitraria, sospechosa o contraria a la Constitución.

Forzoso es concluir que los acusados en este caso no han planteado, como cuestión de umbral, una controversia plausible de procesamiento selectivo. No existe en el récord ni siquiera alegaciones de lo que el profesor Chiesa describe como “efecto y propósito discriminatorio”, lo que no nos permite considerar con seriedad su solicitud de descu-brimiento de prueba. En vista de lo anterior, la única de-terminación que se ajusta a Derecho es la de denegar la solicitud de descubrimiento de prueba.

Por las razones que expreso disiento del criterio de la mayoría en este caso. En su lugar, hubiese expedido el auto que nos solicita el Procurador General y hubiese revocado la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones.

       Dado el poco tiempo que hemos tenido para redactar el Voto Particular de Conformidad —el caso está señalado para hoy— en el presente caso nos reservamos el derecho a ampliarlo en etapa de reconsideración, si es que alguna de las partes la solicitara.

       Advertimos que la defensa ha reconocido que su solicitud de descubrimiento respecto a su planteamiento de procesamiento selectivo no se formula según la Regla 95 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Como entendemos que el plantea-miento de encausamiento selectivo es improcedente como cuestión de derecho, no es necesario, en esta ocasión, expresarnos acerca de cuál debe ser el vehículo procesal adecuado para esa petición.


text:
      In re Conferencia Judicial de Puerto Rico.

      Número: EC-2008-03

      Resuelto: 6 de febrero de 2008
   RESOLUCIÓN

De acuerdo con nuestra Resolución de 11 de enero de 2008, en la que convocamos a los jueces y a las juezas del Tribunal General de Justicia y a los miembros de la Con-ferencia Judicial para la Vigésima Cuarta Sesión Ordina-ria de la Conferencia Judicial a celebrarse el 14 y 15 de febrero de 2008 en el Hotel Condado Plaza, los trabajos de esta Conferencia se regirán por la agenda siguiente:

PRIMER DÍA

Sesión de la mañana

7:30 — Registro de Participantes, invitados e invitadas a la Conferencia Judicial

9:00 — Sesión de apertura de la Conferencia: Mensaje Hon. Federico Hernández Denton, Juez Presidente

9:45 — Sesión Plenaria: Proyectos de Reglas

Primer Panel: Comité Asesor Permanente de Reglas de Pro-cedimiento Civil

12:30 p.m. — Almuerzo

Sesión de la tarde

2:00 — Reanudación de la Sesión

Segundo Panel: Comité Asesor Permanente de Reglas de Procedimiento Criminal

5:00 — Cierre de los trabajos del primer día

SEGUNDO DÍA

Sesión de la mañana

7:30 — Registro de Asistentes

9:00 — Reapertura de la Sesión Plenaria

9:30 — Tercer Panel: Comité Asesor Permanente de Reglas de Evidencia

12:30 p.m. — Almuerzo

Sesión de la tarde

2:00 — Reanudación de la Sesión

Talleres grupales de discusión para jueces y juezas: Academia Judicial Puertorriqueña

4:00 — Conclusiones y mensaje de clausura:

Hon. Federico Hernández Denton, Juez Presidente

5:00 — Cierre de los Trabajos de la Conferencia

Los procedimientos durante la Conferencia Judicial se regirán por las reglas siguientes:

1. El Juez Presidente llamará al orden y declarará cons-tituida la Conferencia Judicial para comenzar sus trabajos.

2. Los teléfonos celulares deberán todos los asistentes mantenerse apagados o en su modalidad silenciosa.

3. La Directora Administrativa de los Tribunales, Hon. Sonia Ivette Vélez Colón, se desempeñará como la Secreta-ria de la Conferencia Judicial y será la moderadora a cargo de presentar la agenda de los trabajos del día.

4. Podrán participar en la discusión plenaria los jueces y las juezas, los miembros de la Conferencia Judicial y los invitados e invitadas.

5. El tiempo concedido para los turnos durante la discu-sión plenaria estará limitado, conforme al número de par-ticipantes, para permitir la participación del mayor nú-mero posible de personas.

6. El Juez Presidente podrá declarar fuera de orden cualquier planteamiento que no sea pertinente a los temas de la Conferencia Judicial.

7. Comenzada la Sesión, los asistentes deberán ocupar sus asientos y mantenerse en el salón designado para la Conferencia hasta que el Juez Presidente declare un receso o levante los trabajos.

8. Los comentarios y las sugerencias que se presenten durante la Sesión Plenaria y posterior a ésta serán objeto de estudio y análisis por el Secretariado de la Conferencia Judicial, la Academia Judicial Puertorriqueña y el Tribunal Supremo.

9. La Directora del Secretariado de la Conferencia Judicial, todo el personal del Secretariado, la Secretaria del Tribunal Supremo y el Alguacil del Tribunal Supremo, al igual que cualquier otro personal que sea designado, asis-tirán al Tribunal y a los participantes de la Conferencia Judicial durante los preparativos y los trabajos.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo