author: El Juez Asogiado Señor Aldrey,

text:
    Raimundo Balet, demandante y apelado, v. Jesús María Dávila y Maldonado y Ramona Díaz, demandados y apelantes.
    No. 5817.

    Sometido: Noviembre 17, 1932.

      Resuelto: Noviembre 22, 1932.

      Antonio L. López, abogado de los apelantes; José C. Rwera, abogado del apelado.
   El Juez Asogiado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un procedimiento sumarísimo que comenzó en octubre de 1930, instado de acnerdo con la Ley Hipotecaria y su reglamento para el cobro de la hipoteca qne garantizó también el pago de determinada cantidad para costas y hono-rarios de abogado. La corte ordenó en 10 de noviembre si-guiente que el demandado fuese requerido para que pagase el capital adeudado, sus intereses no satisfechos y la cantidad convenida para costas y honorarios de abogado y tal reque-rimiento fue hecho al deudor. Tres días antes este tribunal resolvió el'caso de Vidal Sánchez v. Corte, 40 D.P.R. 106 en el que declaró que las costas debían ser tasadas en esta clase de procedimiento y en 5 de junio de 1931 el ejecutante en él presentó un memorándum de las costas, que fue impugnado por el deudor y aprobado por la corte en 21 de julio de 1931 con cierta rebaja que le hizo. Contra esa resolución inter-puso el deudor este recurso de apelación cuya vista tuvo lugar ante nosotros el 17 del mes y año en curso.'

Para sostener su recurso alega el apelante que el memo-rándum de costas debió ser presentado dentro de los diez días siguientes al requerimiento de pago.

El caso de Arsuaga v. Corte, 43 D.P.R. 1001, decidido en 30 de julio de 1932, revoca la resolución del caso de Vidal v. Sánchez, supra y declara que cuando en esta clase de pro-cedimientos está garantizado el pago de las costas con hipo-teca fijándose una cantidad determinada para ello, debe en-tenderse que dicha suma es líquida y acordada por las partes para el caso de que el acreedor se vea obligado a acudir a la vía judicial para el cobro de su crédito. Por tanto, estando determinada en este caso la cantidad para costas y honorarios de abogado y garantizada con la hipoteca, fue improcedente que se presentase un memorándum de costas, su impugnación y la resolución de la corte aprobándolo, por lo que es revocada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señob. HutchisoN,

license: Public Domain

text:
    Domingo, Monserrate y Jesús Román Reyes, este último menor representado por su señora madre Feliciana Reyes, demandantes y apelantes, v. Plazuela Sugar Co., demandada y apelada y Manuel M. Martínez, interventor y apelado.
    No. 5437.

    Sometido: Abril 23, 1931.

      Resuelto: Noviembre 22, 1932.

      L. Mercader, abogado de los apelantes; G-. Zeno Sama, abogado de la demandada apelada y A. Lens Güeña y F. M. Susoni, abogados del interventor.
   El Juez Asociado Señob. HutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes son dueños de un condominio pro indiviso en una parcela de terreno a través de la cual la demandada explota una vía férrea privada que utiliza en el arrastre de caña a una factoría de su propiedad. Ellos entablaron este pleito para establecer la inexistencia de una servidumbre de paso y para que se ordene a la demandada que levante la vía. La corte de distrito sostuvo que la demandada había adquirido una servidumbre por prescripción. La de si una servidumbre como la alegada por la demandada puede o no adquirirse por prescripción, es una cuestión interesante. No es necesario que la resolvamos abora. Véanse, sin embargo, los casos de Torres v. Falgorust, 35 La. Ann. 497; Torres v. Plazuela Sugar Co., 24 D.P.R. 479; 2 Morell, Legislación Hipotecaria, 666; 10 Scaevola, Comentarios al Código Civil, 260 y 4 Manresa, Comentarios al Código Civil, 599.

En 1906 la demandada obtuvo permiso de Juana Román, abuela de los demandantes, para colocar una vía a través de sus tierras. No medió cansa, contrato1 o cesión de derecho alguno sobre la propiedad. La demandada sólo fué una mera “licensee.” Juana Román murió ese mismo año. El terreno fué repartido entre sus hijos y la parcela descrita en la demanda fué adjudicada a Eulalio Román, padre de los demandantes. La vía fué construida en 1907. Eulalio Román murió en 1911. En 1919 varios de sus hijos, ya mayores de edad, y su viuda, quien asumió la representación de los menores, demandantes en esta acción, intentaron segregar, para a su vez traspasar a la demandada, la faja de terreno ocupada por la vía. En lo que a los demandantes concierne, la escritura era nula por falta de previa autorización judicial.

El uso o la posesión en que se funde una alegación pres-criptiva deben ser adversos. El uso mediante permiso o licencia no puede madurar en servidumbre. Cualquier alega-ción de derechos qne haga nn “licensee” debe ponerse en conocimiento del dueño antes de qne pueda llegar a cons-tituir base para la prescripción. 9 R.C.L. 776, 778, secciones 36 y 37. “Si el uso emana de un permiso o autorización, y se alega una servidumbre por prescripción, el peso de probar que el uso permisivo había cesado y que el uso por el tiempo necesario había sido adverso so color de título, recae sobre la parte que afirma su existencia, y en caso de duda ésta debe resolverse en su contra.” Id. 781, 782, sección 39.

En el presente caso no se suscitó controversia respecto al origen permisivo del uso por parte de la demandada. Tampoco la hubo sobre una concesión perdida. No se trataba de un tenedor adverso. Aun en ausencia de algo que demuestre un origen permisivo, la mera tentativa de la demandada de adquirir un título de servidumbre de paso por compra del propio terreno, hubiera bastado para negar cualquiera presunción en cuanto a tal tenedor. Id. 782, sección 40. La demandada, en su carácter de mera “licensee”, no podía adquirir, y no adquirió, título por prescripción.

Debe revocarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor HutchisoN,

text:
    El Pueblo de Puesto Rico, peticionario y apelado, v. Enrique Báez, opositor y apelante.
    No. 3965.

    Sometido: Diciembre 8, 1931.

      Resuelto: Noviembre 22, 1932.

      R. Rivera Zayas y E. García, abogados del opositor y apelante; E. Díaz Viera, Fiscal Auxiliar y José R. Gelpí, Fiscal del Distrito de Ma/yagüez, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor HutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante, después de ser acusado ante la Corte de Dis-trito de Mayagüez y luego de haberse ordenado el traslado a instancias del fiscal, fue juzgado y convicto en la Corte de Distrito de Aguadilla. Los autos ban sido elevados en dos secciones, una relativa al procedimiento ante la Corte de Distrito de Mayagüez y la otra al procedimiento ulterior en la Corte de Distrito de Aguadilla. Estas dos transcripciones vinieron separadamente en épocas distintas, una certificada por el Juez de la Corte de Distrito de Mayagüez y la otra por el Juez de Distrito de Aguadilla. Fueron radicadas como casos separados en esta corte y las partes radicaron alegatos separados. La transcripción que ahora tenemos ante nos procede de la Corte de Distrito de Mayagüez y el alegato del apelante ataca la resolución que ordenó el traslado del caso.

El apelante cita el caso de El Pueblo v. Collazo, 33 D.P.R. 49, para sostener la teoría de que la moción de traslado en el presente caso y las declaraciones juradas adheridas a la misma no aducían hechos suficientes para justificar el traslado. En el caso de Collazo, esta corte adujo las razones por las cuales debía confirmarse la negativa de la corte de distrito a ordenar el traslado. De ello no se desprende que la concesión del traslado bajo las circunstancias de dicho caso hubiera sido revocada por los mismos fundamentos. La doctrina del caso de Collazo es que la resolución de una corte de distrito, al solicitarse el traslado, ora sea adversa o favorable al peticionario, no será alterada en apelación en ausencia de un abuso palpable de discreción.

Los hechos principales en el presente caso son esencial-mente distintos a los del de Collazo. En la moción que ahora tenemos bajo nuestra consideración, el fiscal de distrito manifestó que la opinión pública en el momento de archivarse la moción estaba fuertemente prejuzgada en favor del acu-sado y en contra de El Pueblo, conforme lo revelaban las de-claraciones juradas que se acompañaban; que el público había evidenciado su prejuicio en la sala de la corte expresando sus sentimentos en ocasión anterior cuando el acusado fue ab-suelto de otro delito; que en el juicio anterior el testimonio de ciertos testigos que declararon sobre el carácter del acu-sado, hombres de gran prestigio e influencia en todo el dis-trito, había impresionado no solamente al jurado sino al pú-blico en general; que el acusado mismo- era un hombre de gran influencia y prestigio en todo el distrito debido a sus largos servicios como empleado del Registro de la Propiedad de San Germán y como Secretario de la "Corte de Distrito de Mayag'üez; que sn carácter y reputación jamás habían sido atacados y que se decía en sitios públicos que él era la víctima inocente de otras personas no mencionadas; que el acusado estaba emparentado con familias de alta posición social, polí-tica y económica en el distrito, tales como los García, de Sabana Grande, los Nazario, de San Germán, y los Cabanillas. de Mayagüez, y que esto afectaría el sentir del jurado; que ya se había desinsaculado treinta y seis miembros del pcmel general que habían servido en el gran jurado o en el pequeño en la investigación y juicio de otros procesos contra el acu-sado, o que habían sido recusados y examinados por la corte; que el gran jurado había declarado no fundadas cinco de las siete acusaciones presentadas contra el acusado, acusaciones en que la prueba consistía casi enteramente de documentos de la corte y cheques con la firma del acusado; y que por todas estas razones no se podía obtener un jurado justo e imparcial en el distrito.

Durante la repregunta el fiscal manifestó que cuando una de las dos acusaciones devueltas por el gran jurado parecía haberse perdido, el gran jurado tomó uno de los cinco casos ya descartados y enmendó el endoso que aparecía en el mismo, eliminando la palabra “No”, de suerte que leyera “Fun-dada”, y que más tarde, al hallarse la acusación perdida, el endoso enmendado en la acusación que originalmente aparecía como “No fundada” fue enmendado nuevamente. Su decla-ración no fue controvertida por la de ningún otro testigo.

El fiscal de distrito presentó la prueba documental some-tida al gran jurado en los cinco casos en que dicho cuerpo se había negado a acusar al apelante. Esta prueba no fué incluida en la transcripción de autos en apelación. El fiscal de distrito también declaró respecto a la substancia y efecto del testimonio presentado al gran jurado, en relación con la prueba documental en estos cinco casos, respecto a la sufi-ciencia de la prueba en cada uno de ellos y acerca del hecho de que ésta no fue controvertida. Su declaración respecto a este asunto está igualmente incontrovertida por la de cual-quier otro testigo.

La repregunta del fiscal de distrito abarcaba un número de otras cuestiones mencionadas en la moción de traslade'. Posteriormente testigos del acusado declararon respecto a algunas de estas cuestiones. En interés del laconismo omi-tiremos en esta opinión el repetir este testimonio, así como el hacer cualquier discusión del mismo.

Rafael Igaravídez, Jefe de Distrito de la Policía Insular, manifestó en su declaración jurada que en el momento de ser arrestado el acusado, había oído en distintos sitios pú-blicos de la ciudad de Mayagüez, en diferentes grupos, muchos comentarios encomiásticos al efecto de que el acusado era incapaz de cometer delito alguno y que era víctima de algún enemigo; que en estas discusiones la opinión pública estaba unánimemente inclinada en favor del acusado; que cuando el acusado fué absuelto de cierto delito, al salir de la corte acom-pañado por un gran número de personas, hubo una expresión de regocijo popular; y que el deponente era del criterio que sería imposible para El Pueblo de Puerto Rico obtener un juicio justo e imparcial en la Corte de Distrito de Mayagüez, debido a la gran popularidad e influencia del acusado. En la repregunta Igaravídez declaró que las personas a quienes había oído discutir el caso de Báez estaban capacitadas para actuar como jurados; que su experiencia le había hecho creer que sería difícil obtener un veredicto imparcial cuando el público se expresa en esa forma acerca del acusado; que por opinión pública el testigo quería decir la opinión manifestada por distintos grupos en la calle y en los casinos, tal cual fue expresada en la ocasión en que se absolvió al acusado y en el momento en que el gran jurado practicó la investigación; que el testigo vió a mucha gente felicitar al acusado al ser ab-suelto ; que era fácil ver el regocijo público; y que el acusado 'abandonó la corte acompañado por un gran número de per-sonas.

Felipe Yunque, comerciante de Sabana Grande, formó parte del jurado. El manifestó en su declaración jurada que Enrique Báez había trabajado como secretario de la corte de distrito durante más de ocho años y como empleado del Registro de la Propiedad de San Germán durante unos doce años; que él estaba emparentado con los García, de Sabana Grande, con los Nazario, de San Germán, y con la familia Cabanillas, de Mayagiiez; que todas estas familias eran muy influyentes en el distrito; que Báez era prominente en política, en la sociedad y entre los masones del distrito; que estaba muy bien relacionado con las personas más influyentes y con los jurados del distrito; que en el mismo distrito existía y había existido siempre un sentimiento público muy fuerte en favor de Enrique Báez; que él era considerado incapaz de haber cometido los delitos que se le imputaban; que muchos jurados estaban impresionados en favor del acusado; y que el declarante creía firmemente que sería imposible obtener un jurado y juicio justos e imparciales dentro del distrito. Durante la vista se preguntó a este testigo si él declararía al acusado culpable, de ser llamado como jurado en un caso contra Báez, si se presentaba prueba concluyente de la culpabilidad del acusado, y si se establecía la culpabi-lidad del mismo fuera .de toda duda. La respuesta fué: “Yo' le absolvería; yo no creo culpable a don Enrique Báez.” El resto del examen a este respecto fué como sigue:

“P. — ¿Usted no lo cree culpable?
“R. — No, señor.
“P. — ¿Y si se le probase que es culpable lo absolvería?
‘‘R. — Difícilmente l'o acusaría.
“P. — ¿Pero yo le pregunto que si se le probase que es culpable, usted l'o absolvería?
“R. — Lo absolvería.
“P. — ¿Y si usted prestase un juramento ante la corte, de que iba a condenarlo si era culpable, o a absolverlo si era inocente, usted vio-laría ese juramento?
‘‘R. — Antes de prestar el juramento lo haría constar a la corte que yo no actuaría en ese caso como jurado.
“P. — ¿Usted está seguro de que los demás jurados del distrito es-tán en iguales condiciones que usted?
“R. — Yo podría asegurarle que hay entre ellos muchos que son incapaces de acusar a ese señor.
“P. — ¿Usted conoce mucho a don Enrique Báez?
“R. — Sí, señor.
“P. — ¿Es usted amigo de él?
“R. — Amigo no, pero lo conozco hace veinte años.
“P. — ¿Y qué le hace pensar a usted así, con esa honradez tan fi-lantrópica ?
“R. — Que él es un hombre honrado.
“P. — ¿A qué vino usted a Mayagüez hoy?
“R. — Y'o estaba actuando como jurado, y había un caso en el ca-lendario para el día 30 de noviembre, y entonces yo le dije al señor Fiscal que yo quería excusarme de ser jurado en ese caso porque no quería actuar en el juicio, porque yo conocía a clon Enrique Báez y no lo creía nunca culpable del delito de que se le acusaba. ” ■

Este testigo también declaró que él había estado al tanto de- la situación política local durante muchos años y que Enrique Báez siempre había servido bien a su partido; y que éste era uno de los mejores políticos, “uno de los mejores amigos que hemos podido tener aquí en el distrito.”

Se presentaron diez y seis de estas declaraciones juradas. La mayoría, si no todos, de los deponentes acudieron a la vista y fueron examinados por el acusado. La reseña anterior bastará para dar una idea de la naturaleza y contenido de las declaraciones juradas y de la naturaleza y alcance de la investigación practicada por la corte de distrito. La mo-ción y los affidavits sentaban una base adecuada para el pro-cedimiento ulterior, y, en unión de la prueba aportada durante la vista, eran suficiente justificación para la orden de traslado del caso.

La moción sobre traslado, acompañada de las declaraciones juradas, fué archivada el 28 de noviembre de 1927 y señalada para ser oída el siguiente día. El acusado obtuvo una prórroga para contestar la moción, así como para presentar contradeclaraciones juradas. El 6 de diciembre el acusado obtuvo otra prórroga de quince días para el mismo fin. El 13 de diciembre se concedió una tercera prórroga. Esta ven-ció el 31 de diciembre. En esa fecha el acusado solicitó se desestimara la moción de traslado. Esta solicitud fue seña-lada para ser oída el 5 de enero de 1928 y declarada sin lugar. Aquel mismo día se señaló la moción de traslado para el 9 de enero. El día de la vista el acusado solicitó se orde-nara al secretario que extrajera los nombres de por lo menos cien jurados de la urna que contenía los nombres de los ju-rados regulares y que los jurados cuyos nombres fuesen así extraídos fuesen citados para que comparecieran el día seña-lado por la corte para ser examinados a ñn de determinar si se podía obtener un jurado justo e imparcial. La moción fue declarada sin lugar. Se señala esto como error. El apelante cita 27 R.C.L. 822. El lenguaje del texto citado es que “. . . en algunas jurisdicciones cuando el fundamento para solicitar el traslado es el prejuicio local) la corte puede suspender la vista de la moción hasta que pueda determinarse mediante el examen de un número suficiente de jurados si , se puede obtener un juicio justo e imparcial.” No hallamos abuso de discreción por haberse declarado sin lugar la moción del acusado.

Cuando el fiscal ofreció como prueba las transcripciones taquigráficas de los casos sometidos al Gran Jurado en que las acusaciones fueron declaradas no fundadas, el acusado solicitó que estas transcripciones le fuesen mostradas a fin de examinarlas. No parece haberse dictado resolución alguna a esta súplica. En la transcripción de autos aparece, a continuación de la súplica del acusado, una nota del taquígrafo que lee:

“Las investigaciones a que se refiere el señor fiscal y que fueron sometidas al Gran Jurado de este Distrito y declaradas no fundadas por éste corresponden a los números 6578, 6579 y 6580, de El Pueblo de Puerto Rico contra Enrique Báez por un delito contra El Erario1 de Puerto Rico; y 6577 y 6581 por un delito de abuso de confianza contra el mismo acusado, los que constan radicados bajo esos números en el Libro Registro de Causas Criminales de esta Corte. Uno de los casos anteriormente referidos y que en la transcripción original fué transcrito, se suprime abora, por disposición de la corte resol-viendo una enmienda que fué presentada por el abogado del ape-lante con la conformidad del señor fiscal.”

Ninguna de las tres transcripciones a que se hace refe-rencia puede hallarse en la transcripción de la evidencia cer-tificada que forma parte del legajo de la sentencia. Fuera de la nota del' taquígrafo nada hay que demuestre que la transcripción taquigráfica en ninguno de los casos sometidos fuera jamás admitida como prueba. Por el contrario, en una etapa posterior del procedimiento, mientras uno de los miembros del G-ran Jurado declaraba como testigo del acu-sado, el letrado de la defensa, al exponer los motivos de una excepción, manifestó que el fiscal de distrito no había pre-sentado como prueba las transcripciones taquigráficas de la investigación del G-ran Jurado que hasta aquel momento no habían sido entregadas por el taquígrafo.

Cuando en la vista del presente caso el fiscal de distrito presentó otra prueba documental que había sido sometida al G-ran Jurado, el acusado se opuso fundándose en que era-ajena a la cuestión ante la corte y solicitó permiso para in-terrogar al fiscal, mas no pidió que se le diera la oportunidad de examinar los documentos así ofrecidos antes de que éstos fuesen admitidos. La corte admitió los documentos y declaró con lugar la petición del acusado.

El tercer señalamiento es que la corte de distrito cometió error al admitir “esta prueba” sin dar al acusado una opor-tunidad para examinarla. La transcripción taquigráfica de los procedimientos ante el Gran Jurado nunca fué presentada en corte ni admitida como prueba. La corte no cometió error al admitir la otra prueba documental sin antes dar al acusado la oportunidad de examinarla, toda vez que nunca se presentó objeción alguna por ese motivo y el acusado jamás solicitó se le concediera el privilegio de examinarla.

Incidentalmente. en la moción de traslado el fiscal había manifestado que un gran número de gente prominente había asistido al juicio anterior de Enrique Báez por otro delito de que se le había absuelto. El abogado de la defensa, al exa-minar al fiscal, le pidió que nombrara la gente prominente a que hacía referencia. Nombró un número de ellas. El abo-gado de la defensa entonces presentó una moción para que se ordenara al márshal que citara como testigos del acusado cuatro de las personas mencionadas. Esta moción fue de-clarada sin lugar. Si la investigación debió haberse ampliado en el sentido de incluir el examen de personas mencionadas como entre las presentes en un juicio anterior, sin hacer indi-cación alguna respecto al fin del supuesto examen, fue cuestión que caía dentro de la sana discreción del juez de distrito. No se demuestra abuso alguno de esa discreción. En realidad una de las cuatro personas compareció posteriormente y fue examinada por el acusado. El examen se limitó' a otras cues-tiones. Al testigo ni siquiera se le preguntó si había asistido al juicio anterior.

El acusado presentó como testigo a Pedro Acevedo y Fernando Oms Sulsona, dos de los miembros del Gran Jurado que había presentado dos acusaciones contra Báez y que se había negado a procesarlo en otros cinco casos. Ambos manifestaron que cuando el Gran Jurado se reunió para investigar las siete acusaciones presentadas contra Báez, no había acordado presentar dos acusaciones solamente. Cuando la defensa preguntó a Acevedo si algo había ocurrido entre el fiscal y el Gran Jurado durante el curso de la investigación, el fiscal se opuso y la corte sostuvo su objeción. La defensa se anotó una excepción por el fundamento de que el fiscal no había presentado como prueba la transcripción taquigráfica de las investigaciones que el taquígrafo no había entregado. La defensa le preguntó a Oms si el fiscal' había tratado de obstaculizar la investigación en algún momento o en alguna forma. La corte nuevamente sostuvo la objeción y la defensa tomó excepción, por el fundamento de que el fiscal en su moción de traslado había ofrecido como prueba las declaraciones tomadas durante la investigación practicada por el Gran Jurado. El abogado de la defensa entonces anunció qne él había traído todos los miembros del G-ran Jnrado para qne declararan respecto a si se había acordado desestimar cinco de los casos presentados contra Báez y “desestimar” (sic) dos, mas como ésta era evidencia acumulativa fué innecesario ofrecerla. Agregó que los había traído para que declararan además res-pecto a algo que había ocurrido entre el fiscal y el Gran Jurado durante el curso de la investigación. El juez dijo que él se había negado a admitir prueba respecto a la cuestión última-mente mencionada y que excluiría cualquier otra prueba de la misma especie si los miembros del Gran Jurado eran inte-rrogados. A esta resolución la defensa tomó excepción.

Los autos no revelan la naturaleza del incidente ocurrido entre el fiscal y el jurado, a menos que asumamos que el Gran Jurado Oms hubiera contestado que el fiscal había tra-tado de entorpecer la investigación. No muestra el fin del acusado al tratar de probar lo que había ocurrido entre el fiscal y el Gran Jurado. Si el acusado hubiese expuesto su fin con claridad al juez de distrito (por ejemplo, si hubiese hecho constar claramente que deseaba probar por qué el Gran Jurado había dejado de procesar al acusado en cinco casos), si el juez se hubiese negado entonces a permitir que los miembros del Gran Jurado siguiesen siendo examinados y si la cuestión hubiese sido presentada a esta corte para ser revisada directamente por certiorari o en alguna, otra forma antes de la celebración del juicio, posiblemente la resolución ordenando el traslado hubiese sido revocada. Véase El Pueblo v. (Torres) Gómez, 33 D.P.R. 185, y 28 C. J. 812, sección 113, el. seq. Sin embargo, antes de que esa orden hubiese podido ser revocada, hubiera sido necesario consi-derar que la actuación del Gran Jurado era únicamente una sola circunstancia y determinar si los otros hechos eran por si solos suficientes para sostener la conclusión relativa a la probable imposibilidad de obtener un pequeño jurado impar-cial. El error, de haberse cometido, al resolver la cuestión en la forma presentada en Mayagüez, no es suficiente para justificar la revocación de la sentencia dictada en otro distrito.

Otra contención es que la Corte de Distrito de Mayagüez carece de jurisdicción para ordenar el traslado de la cansa. La teoría es que la solicitud de traslado fue prematura, toda vez que se presentó antes de la lectura de la acusación o de haberse hecho alegación alguna eontra la misma. El apelante cita 27 R.C.L. 825 y State v. Reid, 28 Am. Dec. 572. La doctrina conforme es resumida por el Ruling Case Law,, es que “generalmente cuando se solicita un traslado fundadoen que es imposible obtener un juicio imparcial a causa de prejuicio local, una causa no puede ser trasladada antes de' que surja la controversia, ya que el objeto de un trasladoes conseguir un jurado imparcial y antes de que surja una. cuestión de hecho no puede saberse que el juicio será celebrado ante un jurado.”

Asumiendo que la doctrina es aplicable en ausencia dé cualquier disposición estatutaria y que el requisito es juris-diccional, (véase 16 C. J. 210, sección 316) ésta es cuestión que puede ser renunciada por un acusado y se suscita dema-siado tarde al plantearse por primera vez en apelación.

El señalamiento restante trata de la cuestión de pasión, prejuicio y abuso de discreción en la apreciación de la prueba. No hallamos indicio de pasión o prejuicio ni tal manifiesto error en la apreciación de la prueba aducida durante la vista de la moción de traslado que requiera la revocación.

Ni la resolución ordenando el traslado ni la sentencia con-denatoria deten ser revocadas por ninguna de las razones aducidas en el alegato que ahora tenemos ante nos. Si la sentencia apelada debe ser confirmada o revocada por otros fundamentos es cuestión que será discutida y resuelta en otra opinión.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Pedro Morales Colón, demandante y apelado, v. Ignacio Franco Alonso, demandado y apelante.
    No. 5506.

    Sometido: Mayo 28, 1931.

      Resuelto: Noviembre 22, 1932.

      L. Mercader, abogado del apelante; A. Rivera Colón, abogado del ape-lado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante obtuvo sentencia contra el demandado, primeramente en una corte municipal y después, luego de un juicio de novo, en la corte de distrito, por $500 como exención de hogar seguro. El demandado apela e insiste en que la corte de distrito erró al admitir prueba oral para variar los términos de un. contrato escrito.

Con anterioridad a la iniciación del presente pleito, la propiedad que ahora se alega constituía un hogar seguro había sido vendida en un procedimiento ejecutivo sumario instado por el aquí demandado como acreedor hipo-tecario. Un contrato subsiguiente de arriendo, otorgado por el acreedor hipotecario (ahora demandado) como arrendador, a favor del anterior deudor (ahora demandante) como arren-datario, contenía una cláusula que aparentaba ser una mani-festación por parte del arrendatario respecto a la inexistencia de cualquier derecho de hogar seguro, ya fuera al tiempo de constituirse la hipoteca o de otorgarse el contrato de arren-damiento, seguida de una renuncia expresa de tal derecho.

La prueba oral en cuestión tendía a demostrar lo que el juez de distrito posteriormente declaró como hechos, acerca de los cuales no parece haber tenido duda alguna, a saber: que el arrendatario no leyó el contrato de arriendo que había sido redactado por el arrendador, sino que confió en lo dicho por éste en cuanto a lo que el documento era; que el arren-datario nada sabía de la cláusula concerniente al derecho de hogar seguro, y no hubiera firmado el documento de haber sabido que contenía tal cláusula; que no hubo conjunción de voluntades sobre este extremo, y, por ende, convenio sobre renuncia; y que el susodicho arrendatario fue inducido por medio de tretas a firmar el documento.

De la relación del caso y opinión emitida por el juez de distrito tomamos el siguiente extracto:

“Fue después de ejecutada la finca del demandante, que convi-nieron el demandante y su esposa, de una parte, y el demandado y su esp'osa de la otra, tomar los primeros al segundo en arrendamiento el mismo inmueble. Ese contrato privado, suscrito ante notario, con-tiene una cláusula, la séptima, por la que aparecen los esposos Miranda Morales manifestando que ni al tiempo de constituir la hipo-teca que se ejecutó ni al hacer ese documento tenían constituido de-recho de homestead sobre la mencionada finca, pero que no obstante si alguno tuvieren hacen renuncia express a favor del arrendador de cualquier derecho de homestead que pudieran tener sobre la misma.
“En esa cláusula descansa su defensa principal el demandado. El demandante se pronunció en contra de la cláusula y para demos-trar su ilegalidad 'o fraude, declaró, sin ser contradicho, que él y su esposa firmaron el documento sin examinarlo en la confianza de que no contenía otro particular que el referente al arrendamiento, al de-cirle el demandado cuando éste fué a su casa llevando el documento para la firma: ‘Aquí traigo el c'ontrato de arrendamiento, firme en seguida, que no te voy a hacer ninguna cosa’, y como tenía confianza en él lo firmó; que tan confiado estuvo en ello que de haberse ente-rado que el contrato decía que renunciaba el derecho1 de hogar se-guro no lo hubiese firmado, porque tenía allí hacía veinte años su hogar seguro; y que menos aun cuando eon anterioridad a este acto y al hacerle el demandado su reclamación, éste le dijo que vendiera la finca para que le diera el dinero que tenía allí empleado y el resto pusiera una casa o comprara un par de cuerdas de terreno para sus hijos.
“La forma en que el demandante declaró, el carácter de sus ma-nifestaciones, la firmeza de las mismas, unidas a.1 aspecto de su inte-gridad y rectitud, no dejaron la más mínima duda en la conciencia del juzgador de que él estaba relatando la vei'dad de los hechos.
“Las manifestaciones del demandante así expuestas, y unidas a su actitud de no desalojar la finca a pesar del desahucio y de inter-poner sus reclamaciones ante los tribunales, tomando en cuenta, ade-más, todos los hechos y circunstancias de este caso, nos inclinan a creer que nunca hubo propósito por parte del demandante para re-nunciar su derecho de homestead. De la misma prueba aparece que la minuta del contrato fué redactada por el demandado1, sin interven-ción del demandante, y entregada por aquél al notario Sr. Díaz, quien, tipoescrito ya el documento, acompañó al demandado a la casa del demandante para ser suscrito en su presencia.
“El documento o contrato no es uno otorgado ante notario, en el que tal funcionario dé fe de lo convenido y estipulado, sino un do-cumento privado cuyas firmas fueron reconocidas ante notario por suscribirse ante él. No es un acto notarial. Es sólo un documento autenticado. Y, además, esta clase de renuncias la ley no las con-sidera válidas si no se consignan expresamente en la escritura de tras-paso o de hipoteca.”

No es éste el caso típico de mía parte que, mediante evi-dencia oral, trata de variar los términos de nn contrato es-crito bajo el mero pretexto de que no lo leyó. Se trata de un caso de simulación y fraude deliberados, bien establecidos no sólo por la declaración del demandante sino también por todas las circunstancias que rodearon la transacción.

Durante cerca de un cuarto de siglo eon anterioridad al fallo de este tribunal en Dávila v. Sotomayor, 35 D.P.R. 794, la Ley de Hogar Seguro había escapado por igual a la aten-ción de acreedores y deudores hipotecarios. En el caso de autos la hipoteca fué otorgada en 1919. La. cantidad del préstamo era $540. No contenía renuncia del derecho de hogar segnro. Mensnalmente se debían pagar intereses a razón del 1 por ciento mensual. Criando el deudor dejó de pagar los intereses de noviembre y diciembre de 1927, y enero y febrero de 1928, el acreedor entabló nn ejecutivo sumario, y en el acto del remate compró la propiedad por' $100, que fueron abonados a la cuantía de su crédito.

Enfrentándose al hecho de que el deudor hipotecario tenía derecho a una exención de hogar seguro hasta la suma de $500 y al hecho adicional de que cualquier posibilidad de una renuncia implícita de tal derecho estaba excluida por una disposición estatutaria taxativa, el comprador se propuso realizar mediante subterfugio y fraude lo qne no pudo haber logrado por ningún otro medio sin una compensación razo-nable. Con miras a ese fin efectuó un convenio con el dueño del derecho de hogar segnro para el arrendamiento del terreno por nn año, a un canon mensual de $8, con opción de compra por $800 en numerario durante el mismo período, de suerte qne el arrendatario buscara a otro comprador a un precio tal que con el producto de la operación le permitiera comprar en otro sitio una o dos cnerdas de terreno para él y su familia. Nada se dijo acerca de admisión alguna en cuanto a la inexis-tencia del derecho de hogar segnro. Nada se habló acerca de una renuncia de ese derecho. Ello no obstante, el arren-dador, al someter al notario los datos para la escritura pro-yectada, o el notario a instancias del arrendador, injertó en el convenio original celebrado por las partes, o atribuyó al arrendatario, una manifestación de todo punto falsa en torno a la inexistencia del derecho de hogar segnro, seguida de una renuncia expresa de ese derecho, en caso de que lo hubiera. Es inconcebible que el arrendatario, que estaba manteniendo e insistiendo en su derecho de hogar seguro, hiciera seme-jante manifestación o consintiera tal renuncia sin ninguna verdadera causa o compensación para la misma.

Cuando el arrendador y el notario se detuvieron en casa del arrendatario para obtener su firma iban de prisa. El arrendador dijo: “He venido con el notario para que firme este contrato de arrendamiento y convenio sobre la finca. . . firma en seguida que no te voy a hacer ninguna cosa.” Esa manifestación, interpretada a la luz de lo que había pasado entre las partes, quería decir que el convenio oral de arrenda-miento y opción había sido elevado al documento escrito que al arrendatario se le pedía firmara. Esta verdad engañosa y a medias equivalía a algo más que la mera ocultación del importante hecho de que el documento también contenía una falsa declaración respecto a la inexistencia de cualquier de-recho de hogar seguro y una renuncia expresa de tal derecho. Era, en efecto, una simulación deliberada del propósito pri-mario del arrendador' y del elemento más importante del llamado “contrato de arriendo y promesa de venta de finca rústica”. Fue solamente debido a esta falsa manifestación, unida a la prisa pretextada y a la afirmación falsa de un propósito de no hacer nada que perjudicara los derechos del arrendatario, que el arrendador logró que aquél le firmara una renuncia expresa de sus derechos de hogar seguro, a guisa de un arrendamiento y opción. Jamás se tuvo la in-tención de que la regia relativa a evidencia oral suprimiera la verdad acerca de semejante transacción, y no puede ser in-vocada con éxito para ese fin. La corte de distrito no erró según se alega en el primer señalamiento.

Las otras dos contenciones del apelante son que la corte de distrito erró al no resolver que el demandado estaba impe-dido por su contrato y por su conducta posterior, y al apreciar la prueba y derivar de ella conclusiones contrarias a derecho. Carecen igualmente de mérito.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Andrés Pol Serrano, demandante y apelado v. Suau, Fiol & Co., demandada y apelante.
    No. 5957.

    Sometido: Abril 22, 1932.

      Resuelto: Noviembre 23, 1932.

      José D. Rodríguez, abogado de la apelante; L. Mercader, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En nn pleito para recobrar o retener la posesión de una finca rústica, la Corte de Distrito de Agnadilla dictó sentencia a favor del demandante. En apelación bailamos que la corte tenía el derecho a creer, por la prueba presentada, que para proteger un crédito refaccionario, la demandada, por media-ción de su agente, tomó posesión de los terrenos en cuestión; que Pedro Miranda era el agente de la demandada y entor-pecía seriamente el nso de la finca por parte del demandante; qne éste se vió privado de la posesión material de la misma, o de partes importantes de ella.

El primer señalamiento de error es en efecto qne la corte dictó sentencia sin prueba suficiente qne la justificara. La cuestión principal en este caso, a nuestro entender, era si Pedro Miranda actuaba como agente de la demandada. La apelante sostiene que de los cuatros testigos del demandante que ocuparon la silla testifical sólo uno de ellos dió testimonio tendente a demostrar que conocía los hechos o estaba enterado de ellos. ' Sin embargo, hallamos en las declaraciones de por lo menos otros dos testigos manifestaciones de que Pedro Miranda penetró en la finca del demandante como agente de la demandada. No es que estos testigos tuvieran conocimiento directo de que Pedro Miranda venía como agente de la demandada, pero declararon sin objeción que él era tal agente, y por lo menos uno de ellos dijo que Miranda mismo declaró que venía en ese carácter. Las declaraciones de estos testigos, unidas al testimonio del propio Miranda, tendieron directa y eireunstancialmente a demostrar que Pedro Miranda era el agente de la demandada.

Los testigos del demandante declararon en torno a actos violentos realizados por el supuesto agente de la demandada. Estos actos fueron atestiguados no sólo por el hijo del demandante, sino también por otras personas. Es un principio consagrado en el derecho que la corte tiene la facultad de creer la declaración de un solo testigo, pero, según damos por sentado, ese testigo fue sostenido por el resto de la evidencia.

La demandada mantuvo que Miranda no era agente suyo sino del propio demandante, y presentó evidencia consistente en una carta y varias nóminas firmadas por el demandante. Puede admitirse que esto constituía evidencia conducente a probar que Miranda estaba en la finca a instancias del demandante, pero es compatible con la teoría de que Miranda y el demandante acordaron expedir la nóminas en la forma asnal como órdenes para qae la demandada pagara determinado dinero. Además, no es necesario qae los actos del demandante sean de todo panto consistentes si en realidad sa posesión material faé pertnrbada por el agente de la de-mandada.

Convenimos con el apelado en qae an tal Matías Saaa no se hallaba en la posesión material de la finca del demandante. Dicho Matías Saaa, según se le permitió declarar, compró la finca del demandante. El era socio gestor de la demandada,, pero aparentemente no tnvo participación directa alguna en los actos de Miranda. Esta idea de posesión material surgió, según indica el apelado, de cierta fraseología en la escritura de adquisición.

Los actos cometidos con posterioridad a la radicación de la demanda, en ausencia de objeción, podrían ser considerados por la corte. No importa qae el título de la finca hubiese pasado a Matías Saaa. Esto resuelve el tercer señalamiento de error.

El peso de la prueba recaía en la demandada para demostrar la posesión material en favor de Matías Saaa. Esto decide el cuarto señalamiento de error e ineidentalmente el séptimo, relativo a no haberse admitido la escritura de compraventa.

Aun si el dejar de presentar un testigo importante equivale a ana supresión de prueba, ello afecta solamente al peso de la evidencia en conjunto. Esta cuestión la hemos discutido en el caso de Banco Territorial y Agrícola v. Vergne et al., 43 D.P.R. 949.

Los otros errores imputados eran, ya una repetición de los anteriores, o no perjudiciales.

Bebe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    Andrés Pol Serrano y Zulema Rodríguez, demandantes y apelantes, v. Suau, Fiol & Co., demandada y apelada.
    No. 5877.

    Sometido: Abril 22, 1932.

      Resuelto: Noviembre 23, 1932.

      L. Mercader, abog’ado de los apelantes; José D. Rodríguez, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Andrés Pol Serrano trató de obtener una orden de la corte mientras estaba pendiente la apelación de sn adversario en el caso que antecede. La corte se negó a intervenir, por el motivo de que la apelación del referido adversario babía pri-vado a la corte de jurisdicción.

Al igual que la parte apelante, dudamos que en cada caso la apelación impida un injunction en el mismo pleito para prevenir nuevos abusos. Sin embargo, en este caso estamos convencidos de que la tentativa de la parte demandante se encaminaba a obtener un injunction por los mismos actos que cobijó la sentencia de la corte de distrito.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Oórdova Dávila,

text:
    Eduarda Figueroa Vda. de Arroyo, por sí y como madre con patria potestad sobre sus menores hijos Matilde, Petra, Mercedes, Elba, Belén, Delia-Luz y Luisa Arcadia Arroyo y Figueroa, demandantes y apelantes, v. Saldaña Crosas Realty Corporation, Adrián Nelson y Garage Casino, Ltd., demandados y apelados.
    No. 6198.

    Sometido: Noviembre 21, 1932.

    Resuelto: Noviembre 23, 1932.

      M. Benitez Flores, abogado de los apelantes; Juan B. Soto, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Oórdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

En marzo 31 de 1932, a solicitud de los demandantes, el Secretario de la Corte de Distrito de San Jnan anotó la rebel-día de los demandados Saldaba Crosas Realty Corporation y Garage Casino, Ltd. En 5 de octubre del mismo año la corte inferior, a solicitud de los demandados, dictó nna resolución abriendo la rebeldía que babía sido anotada contra Garage Casino, Ltd. y autorizando a Saldaña Crosas Realty Corporation a radicar, dentro del término de diez días, nna moción enmendada solicitando la apertura de la rebeldía que contra dicha demandada había sido también anotada. De esta orden de la corte apelaron los demandantes y los demandados soli-citan ahora que se declare desierto el recurso de apelación, por no ser apelable la referida orden.

En el caso de Dávila v. Barreiro, 20 D.P.R. 45, esta corte declaró que nna orden dejando sin efecto nna anotación de rebeldía no es apelable. En el caso de Hernaiz Targa & Co. v. Vivas, 20 D.P.R. 106, se declaró que nna resolución negando la anulación de una sentencia dictada en rebeldía tiene el carácter de orden especial dictada después de sen-tencia y puede ser apelada. En el caso de Freiría & Co. v. R. Félix Hnos. & Co., 20 D.P.R. 159, se resolvió que nna orden anulando nna sentencia en rebeldía es apelable.

Como puede verse, en el caso de Dávila v. Barreiro se trataba de una simple anotación de rebeldía. Se apeló de la orden dejando sin efecto dicha anotación y esta corte declaró acertadamente que la referida orden no era apelable. En los otros dos casos citados se trata de resoluciones dictadas des-pués de sentencia. En el caso de Savage v. Smith, 154 Cal. 325, la Corte Suprema de California dice:

. . . “Ciertamente no es verdad que una orden dejando sin efecto una rebeldía, cuando aún no se ba dictado sentencia, puede ser ob-jeto de una apelación separada. No es en sentido alguno una orden dictada después de sentencia y no es una de las órdenes interlocu-torias enumeradas en el artículo 963 del Código de Enjuiciamiento Civil.”

Lapique v. Plummer, 24 Cal. App. 685; Rose v. Lallande, 17 Cal. App. 308.

En el caso de Rauer’s Law & Collection Co. Inc. v. Standley, 84 Pac. Rep. 214, la Corte de Apelaciones para el Tercer Distrito de California se expresó en los siguientes términos:

“Sobre este punto es solamente necesario decir que la orden ape-ladá no es una de las enumeradas en el artículo 963 del Código de Enjuiciamiento Civil. No es una orden especial dictada después de sentencia definitiva. La rebeldía del demandado babía sido regis-trada, pero no se babía dictado sentencia sobre dicba rebeldía al tiempo en que se promovió la apelación. El artículo 585 del Código de Enjuiciamiento Civil establece el deber del secretario en ciertos casos de dictar sentencia 'a solicitud del demandante’, inmediata-mente después que la rebeldía ba sido anotada. En otros casos de-terminados el demandante puede ‘solicitar que se le conceda lo que pide en la demanda.’ No existe constancia en el récord con respecto al carácter de la acción, y basándonos en la presunción de que ‘los deberes oficiales ban sido regularmente cumplidos’ por el secretario, nosotr'os presumimos que la acción fue una en la cual él no estaba autorizado para registrar inmediatamente una sentencia, al anotar la rebeldía, o que lo hubiera becho así si se le hubiese solicitado. Pero, descartando este aspecto de la cuestión, y asumiendo que la acción es una de las comprendidas en la subdivisión primera del artículo 963, aparece que en realidad no se dictó sentencia, y que por lo tanto la orden no fué una dictada ‘después de sentencia definitiva’, y no existe constancia de que se pidiera al secretario que registrase sentencia al anotar la rebeldía.”

De acuerdo con la jurisprudencia anteriormente citada, la orden de la corte inferior resulta claramente inapelable.

Por las razones expuestas se declara desierto el recurso de apelación interpuesto por los demandantes.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Antonio Fernández Méndez, demandante y apelado, v. Higinio Pastoriza y María Cruz, demandados y apelantes.
    No. 5689.

    Resuelto: Noviembre 23, 1932.

      G. Benitez, abogado de los apelantes; Bolivar Pagan, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Hemos dictado sentencia en este pleito confirmando la condenatoria de pago de la corte inferior por no ser soste-nibles los dos primeros motivos de la apelación y porque no podíamos resolver los diez restantes por estar fundados en la prueba practicada en el juicio que no teníamos ante nos-otros (43 D.P.R. 896). Algún tiempo después de nuestra sentencia fue recibida en la secretaría de esta corte la trans-cripción taquigráfica de la evidencia que la corte inferior aprobó para esta apelación y entonces el apelante nos pre-sentó moción para que reconsideremos nuestra sentencia sin alegación alguna de que sea errónea sino porque no habiendo cumplido' el secretario de la corte inferior con el deber que tenía de enviarnos la transcripción aprobada de la evidencia con la de los autos y habiéndolo hecho ahora debemos resolver los motivos de la apelación que dejamos de decidir.

Dispone el artículo 233 del Código de Enjuiciamiento Civil que inmediatamente después de registrada una sentencia en la corte de distrito el secretario deberá unir y archivar las actuaciones que en él se especifican y que constituirán el legajo de la sentencia: según la Ley No. 27 de 1917 el apelante puede optar por una transcripción taquigráfica de la evidencia hecha por el taquígrafo para traer ante nosotros las declaraciones ofrecidas y tomadas, las pruebas ofrecidas y practicadas, y todas las resoluciones, actos o manifestaciones de la corte, así como todas las objeciones. y excepciones de los abogados y cuestiones o materias que con la misma se relacionen; y de acuerdo con el artículo 299 del mismo Código como fué enmendado por la Ley No. 81 de noviembre de 1919, aprobada por la corte una transcripción taquigráfica de la evidencia pasará a formar parte del legajo de la sentencia, diciendo entonces el párrafo sexto lo siguiente: “Constituirá el récord de una apelación la certificación que libran el secretario del tribunal a quo, o los abogados de las partes, del legajo dé la sentencia y de la notificación de la apelación, excepto en el caso de haberse aprobado una transcripción de la evidencia de acuerdo con la ley. En este caso el récord de apelación estará constituido por dicha transcripción original y por certificación de los demás documentos que constituyan el legajo de la sentencia autorizada en la forma prevista anteriormente. Será deber del apelante entregar al secretario dicha certificación autorizada por los abogados de las partes, o solicitar la misma de aquél, y dicho funcionario elevará a la Corte Suprema, sin demora alguna, el récord completo de la apelación.”

De acuerdo con ese precepto el secretario debió enviarnos el récord completo y no lo hizo así, pues dejó de remitirnos la transcripción taquigráfica de la .evidencia aprobada por la corte.

Es cierto qne el secretario tenía el deber de remitir la transcripción taquigráfica de la evidencia aprobada por ]a corte con la transcripción de los autos, pero también lo es qne el apelante incumbe gestionar qne él cumpla con tal deber. Así lo hemos resuelto en' el caso de El Pueblo v. Ojeda, 41 D.P.R. 705, aplicable al presente.

Por lo expuesto no Tía lugar a reconsiderar nuestra sen-tencia en este pleito.


text:
    U. S. Fidelity & Guaranty Co., y en su representación M. Y. Saldaña como Agente General en Puerto Rico, demandante y apelada, v. Ernesto F. Schlüter, haciendo negocios bajo el nombre de Schlüter & Co., Sucr., demandada y apelante.
    No. 6193.

    Sometido: Noviembre 21, 1932.

      Resuelto: Noviembre 25, 1932.

      J. Vendrell, abogado del apelante; Guillermo Estrella, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

La parte demandante en este pleito nos pide que deses-timemos por frívolas las dos apelaciones que en él interpuso el demandado, nna contra la sentencia que lo condena a pagar cierta cantidad de dinero con las costas pero sin incluir hono-rarios de abogado y otra contra la qne enmendó la anterior en el sentido de que la condena en costas comprenda el pago de los honorarios de abogado.

La demanda se funda en que el demandado presentó soli-citud a la demandante para que lo garantizara con el Pueblo de Puerto Rico hasta la cantidad de $2,500 de que pagaría los impuestos que se le impusieran sobre sus ingresos (income tax), comprometiéndose a satisfacerle la cantidad que por él pagase más los gastos y desembolsos, incluyendo costas y honorarios de abogado, en caso de que el demandado no pagase los referidos impuestos; que descansando en esa soli-citud la demandante expidió la fianza interesada en solida-ridad con el demandado garantizando que el demandado pagaría dichos impuestos en o antes del 16 de abril de 1932; que vencido ese término y una prórroga que hasta el 15 de junio siguiente concedió el Tesorero de Puerto Rico al deman-dado para verificar el pago de lo que adeudaba por dicho impuesto, que en ese día montaba a $1,938.44, fué requerida la demandante para que hiciera efectiva esa cantidad más $34.24 de sus intereses al tipo del 1 por ciento mensual, cuya suma de $1,972.68 pagó la demandante y reclama del deman-dado sin que le haya sido reembolsada por el demandado ni por otra persona en todo o en parte, a pesar de los requeri-mientos hechos para ello al demandado.

El demandado no hizo alegación alguna contra esa de-manda y celebrado el juicio fué dictada la sentencia conde-natoria que luego fué enmendada.

Alegando claramente la demanda una acción en cobro del dinero que la demandante pagó por el demandado, y que el demandado se comprometió a devolver a la demandante con las costas con inclusión de los honorarios de abogado y no habiéndose hecho alegación alguna contra ella por el deman-dado, quien tampoco, asistió al juicio, entendemos que esas apelaciones son frívolas y que deben ser desestimadas.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Miguel Sierra, acusado y apelante.
    No. 4825.

    Sometido: Noviembre 23, 1932.

      Resuelto: Noviembre 25, 1932.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El acusado nos pide que designemos a un abogado para que lo defienda en esta apelación que interpuso contra la sen-tencia que lo condena por un delito.

Nuestra carta orgánica de 2 de marzo de 1917 dis-pone en su artículo 2, párrafo 1, que no se pondrá en vigor en esta Isla ninguna ley que prive a una persona de su vida, libertad y propiedad sin el debido procedimiento de ley, o que negare a una persona de esta Isla la protección igual de las leyes. Y en el párrafo siguiente dice que en todos los procesos criminales el acusado gozará del derecho de tener para su defensa la ayuda de abogado. Por su parte el artículo 141 del Código de Enjuiciamiento Criminal como fué enmendado en 1905 dice así:

“Cuando se traiga al acusado ante el tribunal con el fin de ins-truirle proceso por un cargo que envuelva pena capital o reclusión perpetua, si resultare que no tiene abogado y que la pobreza del acusado no le permita emplear defensor, el tribunal designará uno o más letrados en ejercicio para que defiendan gratuitamente al reo, 'concediendo a dichos letrados un período de tiempo razonable para ■prepararse para el juicio. En todos los demás casos, quedará a la discreción del tribunal, la designación de abogado.”

Las palabras “debido'procedimiento de ley” usadas en las constituciones federales y en las estadnales de los Estados Unidos de América, así como en nuestra carta orgánica, con-sagran el principio de que una persona no puede ser conde-nada sin ser oída. Por nuestra carta orgánica el derecho a ser oído en los procesos criminales- se extiende a tener el acusado la ayuda de un abogado para su defensa; de modo que en ellos pueden ser oídos personalmente o por abogado. Ese precepto no impone obligación alguna a la sociedad de designar abogado que gratuitamente lo ayude o defienda pero sí el Código de Enjuiciamiento Criminal, como se ve por el precepto que hemos copiado de él, aunque se refiere a los procesos criminales cuando se lleve al acusado ante un tribunal con el fin de instruirle proceso. Ese precepto se refiere a procesos en las cortes donde el juicio ha de celebrarse y no en apelaciones establecidas por los acusados para ante nos-otros contra los fallos de dichas cortes.

Esto no quiere decir que este tribunal en algún caso en que considere que las circunstancias concurrentes así lo exijan, no pueda nombrar abogado de oficio, pero ése no se ha de-mostrado que sea en verdad el caso ante nos.

La moción del apelante debe ser negada, concediéndosele basta diciembre 24 para que- pueda presentar su alegato.


text:
    S. Canet & Co., S. en C. y Braulio Castillo, demandantes y apelantes, v. N. Santini & Co., Inc., Cándido Díaz y Miguel Guzmán Texidor, demandados y apelados.
    No. 5523.

    Sometido: Diciembre 16, 1931.

      Resuelto: Noviembre 25, 1932.

      López de Tord & Zanjas Pizarra, abogados de los apelantes; C. Dominguez Rubio y M. Guzmán Texidor, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En la demanda de este caso se alegó que siendo Cándido Díaz el dueño de una finca, la vendió a José Julián Pagán e Hijos con pacto de retro; qne la escritura fué otorgada ante el notario Miguel Guzmán Texidor, uno de los demandados en este caso; que el derecho de retroventa, o lo que puede considerarse como la equidad o remanente de la finca, carecía de valor al tiempo de otorgarse la escritura y después; que a pesar de esos hechos, seis o siete meses más tarde Miguel Guzmán Texidor, en representación de N. Santini & Co., Inc., entabló acción en cobro de dinero en la Corte de Distrito de Guayama contra Cándido Díaz, y que a instancias del referido abogado, la propiedad que por ante el notario Guzman Texidor había sido vendida por Cándido Díaz a la mer-cantil José Julián Pagán e Hijos, fue subastada y vendida a la demandante S. Canet & Co., S. en C., representada por su apoderado Braulio Castillo, por la suma de $1,225, de la cual $1,001.22 fueron entregados a N. Santini & Co. Inc., en pago de su sentencia, $100 fueron dejados en depósito para otro pleito, y $123.78 se le entregaron al deudor Cándido Díaz. La demanda contenía la alegación de que la demandante había actuado de buena fe, en la creencia de que, al tiempo del remate, Cándido Díaz era el dueño de la propiedad; que cuando la demandante trató de tomar posesión de la pro-piedad, encontró a José Julián Pagán e Hijos en posesión de la misma por virtud de la primera escritura, y que cuando la demandante trató de inscribir el título en el registro de la propiedad no pudo lograrlo porque la finca no. aparecía ins-crita a nombre de Cándido Díaz ni de ninguna otra persona. La demanda entonces procede a alegar que todos los deman-dados, a saber, N. Santini & Co., Inc., Cándido Díaz y Miguel Griizmán Texidor, tenían conocimiento del hecho de que Cán-dido Díaz no era el dueño de la finca, y que los aludidos de-mandados se combinaron para defraudar a la demandante, vendiendo en pública subasta una propiedad como pertene-ciente a 'Cándido Díaz cuando a los demandados les constaba que la misma pertenecía a una tercera persona. La demanda contenía una segunda causa de acción en que la parte deman-dante reprodujo las alegaciones de fraude y actuaciones dolosas imputadas a los demandados y reclamó la cantidad de $2,800 como daños punitivos. La demanda terminaba soli-citando sentencia por $1,225 de la primera causa de acción, más las cantidades reclamadas en la segunda causa de acción, con intereses y costas.

La contestación negó los hechos alegados en la demanda, y el caso fué a juicio. La corte, entre otras consideraciones, estimó que no se había probado fraude. En su tentativa de probar el fraude, la demandante llevó al abogado y notario Miguel Guzmán Texidor a la silla testifical. El explicó que era cierto que al tiempo de la subasta él tenía en su poder una escritura de venta con pacto de retro a José Julián Pagán e Hijos, pero que había omitido inscribirla. En verdad, el récord revela que hubo necesidad de tramitar un expediente de dominio. Declaró este testigo que original-mente él no fué el abogado de N. Santini & Co., Inc., pero que lo era al tiempo de la subasta, a pesar de lo cual no estuvo presente en el acto del remate.

Fuera de estos hechos, nada hay que demuestre que Guz-mán Texidor, o alguna otra persona, diera algún paso activo para inducir a la demandante S. Canet & Co. a comprar la supuesta propiedad que 'había sido embargada por N. Santini & Co.3 Inc.

Según hemos dicho, la propia demandante puso a decla-rar a M. Guzmán Texidor, y si bien ella pudo haber contro-vertido las manifestaciones de él, sin embargo, garantizó 'en grado sumo la credibilidad del testigo. No cabe duda de que la corte tenía derecho a creer a un testigo que la misma demandante había llevado a declarar. Este testigo además dijo que cuando representó a N. Santini & Co., Inc., no tenía recuerdo alguno de la escritura de José Julián Pagán e Hijos. El peso (gravamen) de la imputación en este caso cae sobre la parte demandante, y no vemos manera alguna de apar-tarnos de la conclusión de la corte inferior de que no hubo prueba de fraude contra este abogado. Desde luego que fué un acto sospechoso el que él interviniera en la escritura y luego representara a N. Santini & Co., Inc., pero no hay ei menor indicio de prueba de que lo hiciera con la intención de perpetrar un fraude contra la demandante.

Tal vez una de las circunstancias más sospechosas de este caso es el hecho de que Cándido Díaz aceptó la cantidad de $123.78 cuando lo cierto era que la propiedad la había traspasado a José Julián Pagán e Hijos.

Al igual que M. Guzmán Texidor, Cándido Díaz fué lla-mado como testigo de. la demandante. A instancias de la demandante él ocnpó la silla testifical por dos ocasiones. Los antos demuestran que cuando se efectuó el remate Cándido Díaz aun tenía la posesión material de la finca, tenencia que posteriormente traspasó a José Julián Pagán e Hijos. Mani-festó como testigo que aceptó los $123.78 porque el márslial se los entregó por orden de la corte. En otras palabras, se le pagaba cualquier remanente (equity of redemption) que le quedara en la finca. Parte de la discusión en este caso giró sobre la cuestión de si la escritura que él había dado a José Julián Pagán e Hijos debía considerarse como de venta con pacto de retro simplemente, o como de hipoteca. Si era una hipoteca podría haber alguna pequeña justificación legal en el hecho de que Cándido Díaz aceptara los $123.78 como saldo a su favor. De todos modos el que él aceptara el dinero al serle ofrecido por el márshal no puede considerarse como un fraude o una combinación maliciosa con alguna otra persona a fin de lesionar los'intereses de la demandante. G-ran parte de la prueba en este caso fué con respecto al valor de la pro-piedad de que se trata y a si el llamado derecho de retroventa o al remanente tenía valor alguno.

Por los autos de este caso, no puede imputarse ni fraude ni conocimiento de fraude a N. Santini & Co., Inc. Ella tenía la idea de que la propiedad pertenecía a Cándido Díaz. No hallamos que se probara la combinación de los tres deman-dados al intervenir en la venta. Aun suponiendo que los actos de G-uzmán Texidor fueran fraudulentos, no hay evi-dencia de que los cometiera en confabulación con Cándido Díaz o N. Santini & Go., Inc., ni evidencia circunstancial alguna de la cual pueda derivarse esa inferencia. Convenimos con la apelante en que es difícil probar el fraude, especial-mente, según dice la demandante, cuando un abogado es uno de los actores fraudulentos, pero a un demandante se le exige mucho más de lo que se logró probar en este caso.

En lo que respecta a cualquiera posibilidad de acción contra Guzmán Texidor por fraude o dolo, no fné ésa la teoría del pleito, y, además, la corte inferior no halló prueba satisfactoria de tal fraude o dolo.

La demandante también alegó que, en lo referente a N. Santini & Co., Inc., debió prevalecer el derecho de recobrar lo indebidamente pagado u obtenido. En efecto, la apelante cita jurisprudencia de los tribunales americanos declarativa de que el dinero así obtenido debe serle devuelto al deman-dante. Sin embargo, no fné esa la teoría del presente litigio. La demandada N. Santini & Co., Inc., no fué en forma alguna informada de qne la demandante tenía la intención de fundar su pleito en el hecho de qne el título de Cándido Díaz había dejado de existir. Además, la parte apelada llama nuestra atención hacia el artículo 1392 del Código Civil que dispone:

“En las ventas judiciales nunca habrá lugar a la responsabilidad por daños y perjuicios; pero sí a todo l'o demás dispuesto1 en los ar-tículos anteriores. ’ ’

Así, pues, la demandante quizá tendría derecho a recobrar el precio, pero no a una acción de daños y perjuicios, cual fué la teoría de la apelante en este caso. Contra N. Santini & Co., Inc., solamente, el artículo 1392 sería el único aplicable, y la demanda en este caso no se basa en esa teoría.

Gran parte del alegato de la apelante impugna las con-clusiones de la corte, y, en verdad, algunas de ellas pueden ser erróneas. La apelante insiste en que un número de actos realizados por Guzmán Texidor y por Cándido Díaz eran compatibles con la idea de una conspiración, aunque con visos de inocencia, pero, según estamos resolviendo, la prueba de fraude debe ser más fuerte de lo que resultó en este caso.

No hallamos que se haya cometido error, y debe confir-marse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Hutchison está conforme con la sentencia.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.