author: El Juez Asociado Señok Wolf

text:
    Carmen Fernández Látimer, demandante y apelada, v. Frances Laloma, como única heredera de José Echevarría Navarro, demandada y apelante, y Sucesión de Miguel Echevarría Navarro compuesta de su viuda Bárbara Fernández de Echevarría y sus hijos Angela, Lydia, José-Joaquín, Miguel e Idalia Echevarría Fernández, demandados y apelados.
    Núm. 7655.

    Sometido: Mayo 4, 1939.

      Resuelto: Marzo 19, 1940.

      Leopoldo Felíu, abogado de la apelante; R. Castro Fernández, •abogado de la demandante apelada; Luis Tirado Géigel, abogado de la Sucesión apelada.
   El Juez Asociado Señok Wolf

emitió la opinión del tribunal

Miguel Echevarría, Navarro tomó a préstamo de Carmen Fernández Látimer la suma de $4,200 para comprarle una casa al Sr. Waldemar E. Lee. Según el convenio, el título figuraría a nombre de Josefa Echevarría Navarro (hermaná del deudor) hasta que él pagara la deuda. Si Miguel pagaba, Josefa,- o sea la dueña nominal, le pasaría el título al pri-mero. Si Miguel Echevarría (cuyos negocios estaban algo enredados) no podía pagar el dinero de la compraventa, Josefa Echevarría le pasaría el título a la acreedora. Josefa aceptó estas condiciones, por lo menos verbalmente, a¡sí como que ella otorgaría testamento a favor de sus sobrinos, hijos de Echevarría, a fin de que éstos pudieran cumplir con los términos del convenio en caso de que ella muriera. En armonía con lo anterior, en una escritura de venta de la finca- en cuestión (otorgada el 13 de marzo de 1931) ella com-pareció como compradora. El acuerdo fué oral y ninguna parte del mismo consta en la escritura. El dominio pleno y absoluto de la propiedad a nombre de Josefa Echevarría fué inscrito en el registro. En abril 17, 1931, ella otorgó testa-mento a favor de los hijos de Echevarría, lo que hasta enton-ces era lo que ella había convenido hacer.

Toda la cuestión fué aparentemente una transacción de familia. Carmen Fernández Látimer, la demandante que prestó el dinero, es la hermana de la esposa de Echevarría. Ella hizo el préstamo sin término fijo de vencimiento y apa-rentemente sin intereses. Era condición del convenio que Echevarría y su familia tomarían posesión de la casa y la vivirían, pagando las contribuciones y haciendo las repara-ciones necesarias hasta que se pagara la deuda, cuando Eche.-varría tomaría el título, o de hacerse evidente que él no podía pagar la deuda, entonces sería deber de Josefa traspasar la propiedad a Carmen, quien así se convertiría en dueña de la misma. El título no se hizo constar a nombre de Echevarría porque evidentemente ambas partes temían que en tal caso la casa podría ser embargada por un acreedor y la presta-mista no tendría forma de recobrar el importe de la deuda de su cuñado. Josefa Echevarría fué elegida como dueña nominal porque ella era hermana de Echevarría y no tenía herederos forzosos.

■Echevarría murió el 25 de febrero de 1931, en estado de insolvencia, y sin haber devuelto los $4,200 a su cuñada.

■ Josefa Echevarría, la dueña nominal, falleció el 13 de junio de 1934, mas nunca traspasó el título a la demandante, a' pesar de habérsele requerido para ello. Sucedió entonces que en febrero 20, 1932, Josefa Echevarría otorgó un segundo testamento revocando el primero y designando como única heredera a la demandada Frances Laloma. La demandante, Carmen Fernández, tuvo conocimiento de este hecho el 21 de mayo de 1935. Ella radicó demanda tres días más tarde, exponiendo todos los hechos anteriores.

La demanda contenía una alegación .al efecto de que Frances Laloma tenía conocimiento de todos estos hechos. La demandante solicitó de la corte inferior dictara sentencia:

Declarando que el título de la finca lo adquirió Josefa Echevarría Navarro en fideicomiso (trust) para beneficio de la demandante y de Miguel Echevarría.

Ordenando al Registrador de la Propiedad de San Juan que rectifique la inscripción 5a. de dicha finca, haciendo cons-tar que Josefa Echevarría no tiene otro interés en dicha finca que el de fiduciaria.

Declarando que Frances Laloma no adquirió como here-dera de Josefa Echevarría interés alguno sobre la descrita finca.

Ordenando la cancelación de cualquier inscripción de dicha finca en el Registro de la Propiedad a favor de Prances Laloma.

Declarando que la demandante es la única dneña de la descrita finca 7 ordenando al Registrador de la Propiedad que inscriba ésta a nombre de la demandante; o en la alter-nativa nombrando una fiduciaria sustituía y ordenándole transferir el título de la descrita finca a la demandante, de' acuerdo con dicho convenio.

Concediendo a la demandante cualquier otro remedio en ley o en equidad que la corte crea justo y razonable con el fin de proteger los derechos de la demandante.

Concediendo las costas a la demandante.

La demandada Sucesión de Miguel Echevarria contestó admitiendo todos los hechos de la demanda y haciendo cons-tar que repudiaba la herencia de Echevarría.

La demandada Laloma excepcionó la demanda por ios siguientes fundamentos: que la demanda no aducía causa de acción; que la acción habría prescrito; y qué la acción estaba prescrita a tenor de los artículos 1258 y 1257 del Código Civil.

Bajo la excepción previa todos los hechos expuestos en la demanda deben ser aceptados como ciertos.

Luego de radicarse alegatos, la corte, el 7 de enero de 1935, declaró con lugar la excepción, y al resolver que la demanda no era enmendable, dictó sentencia declarando ésta sin lugar. La corte inferior dijo que los fideicomisos (trusts) en Puerto Rico — inter vivos o al constituirse sobre bienes inmuebles — tienen que ser expresos y constar en documento público (artículos 836 y 838 del Código Civil), y que los fideicomisos secretos están prohibidos (artículo 844, id.). La corte dijo que los fideicomisos resultantes o tácitos (resulting or constructive trusts) no existían en Puerto Rico; que más bien estaban prohibidos (artículo 855); y que la equidad, como sistema de derecho, no existía en Puerto Rico.

La corte continuó diciendo que los elementos de un fidei-comiso o “trust” no existían.

La demandante solicitó la reconsideración.

El 17 de abril de 1936 la corte declaró con lugar la moción. La resolución y sentencia dictadas el 7 de enero fueron deja-das sin efecto y se dictó una nueva orden declarando sin lugar la excepción previa. La corte inferior.dijo en recon-sideración :

“Ratificamos lo dicho anteriormente (en la resolución de enero 7) con excepción del último párrafo transcrito que aceptamos está equivocado por haber dejado de aplicar el precepto del artículo 7 del Código Civil (Ed. 1930) que en lo pertinente dice así:
“ ‘Art. 7. * * * * * * ' * '
“Cuando no haya ley aplicable al caso, el tribunal resolverá conforme a equidad, que quiere decir que se tendrá en cuenta la ra-zón natural de acuet'do con los principios generales del derecho, y los usos y costumbres aceptados y establecidos.’ (Subrayado nues-tro.;
“No quiere esto decir que los principios de derecho que surgieron de la Corte de Cancillería (Chancellor's Court) de Inglaterra sean aplicables en Puerto Rico. Como muy claramente dice el precepto legal transcrito, la equidad de nuestro Código Civil, ‘quiere decir que se tendrá en cuenta la razón natural de acuerdo con los princi-pios generales del derecho, y los usos y costumbres aceptados y esta-blecidos.’
“Conforme aparece de la demanda, Josefa Echevarría nunca fue dueña de la finca aunque el título aparecía a nombre suyo. En tales condiciones nada podía transm’tir a su heredera, y al así inten-tarlo no hizo otra cosa que faltar a la confianza que en ella habían depositado su hermano y su cuñada, la demandante. Permitir que la demandada retenga el título de la finca que ni moral ni legal-mente debe pertenecerle, equivale a sancionar un fraude y autorizar a una parte que se enriquezca torticeramente a costa de otra, lo cual repugna a la razón natural, a la conciencia y a los principios gene-rales de derecho. En evitación de casos como el que presenta la demanda, no habiendo ley escrita que los regule, debe recurrirse a lo dispuesto en el Art. 7 del Código Civil y fallar no necesariamente-de. acuerdo con los - principios de'la jurisprudencia de equidad que-rige en Estados Unidos e Inglaterra,, sino de acuerdo con la razón. natural y los principios generales del derecho conforme dispone el citado precepto legal. Y al así hacerlo, llegamos a la conclusión de que la relación entre Josefa Echevarría y la demandante era la de mandataria y mandante respectivamente, y no pudiendo la manda-taria apropiarse de los bienes confiádosle por su mandante en con-travención de las instrucciones recibidas, ella y muerta ella, su heredera, la demandada Laloma viene obligada a devolver la pro-piedad que le fué confiada, una vez cumplida la condición que debía cumplirse para que se transmitiera el título a la demandante. La condición se cumplió desde que murió Echevarría sin poder devolver el importe del préstamo. Así procedió nuestro Tribunal Supremo en el reciente caso de McCormick v. González et al., resuelto en 27 de enero último (49 D.P.R. 473), de cuya opinión tomamos el si-guiente párrafo:
“ ‘En el presente caso los suscritores, de acuerdo con las alega-ciones de la demanda, entregaron su dinero a los Sres. González, Fabián y Riera para un propósito común: la adquisición de los bie-nes corporales e incorporales de las compañías ferroviarias. Con ese único fin se entregó el dinero a los tres señores anteriormente mencionados. El principio aplicable es el mismo, de acuerdo con la razón natural y los principios generales de derecho. Lo esencial es que surja una relación fiduciaria, tanto en el orden civil como en el mercantil, como ocurre en el presente caso, en que según las alega-ciones se entregó un dinero para cierto propósito y se dispuso del mismo para fines particulares por las personas encargadas de cum-plir la voluntad de los suscritores. En estas razones nos basamos para sostener que los hechos alegados en la demanda establecen una causa de acción.”
“Por las razones expuestas llegamos a la conclusión de que la demanda aduce hechos constitutivos de causa de acción y al resolver lo contrario en nuestra resolución de 7 de enero último, cometimos error que ahora rectificamos dejando sin efecto la resolución citada y la sentencia de la misma fecha y en su lugar se desestima la ex-cepción previa y se concede a la demandada Laloma un plazo de 10 días para archivar su contestación a la demanda.”

Ninguna de las partes dió ningún otro paso por espacio de más de un año. Entonces, en 7 de julio de 1937, la deman-dada Laloma solicitó sentencia sobre las alegaciones.

El 4 de octubre de 1937 la corte inferior dictó sentencia sobre las alegaciones a favor de la demandante y resolvió:

Que Josefa Echevarría no fué en ningún momento dueña de la finca en cuestión y por el contrario adquirió en fidei-comiso (trust) para beneficio de la demandante y de Miguel Echevarría; que las condiciones del fideicomiso eran las que aparecían en la demanda; que la demandada Frances Laloma, heredera testamentaria de Josefa Echevarría, no había adqui-rido tal propiedad, por no pertenecer ésta a su causante; que la demandante es dueña de la descrita finca en pleno dominio y sin condición alguna, por haber fallecido Miguel Eche-varría sin devolver el importe del préstamo; que una vez firme la sentencia se expida mandamiento al registrador para que proceda a cancelar cualquier inscripción que a título de heredera de Josefa Echevarría se hubiese practicado en el Begistro de la Propiedad a favor de Frances Laloma y asi-mismo ordenando la inscripción del dominio de dicho inmue-ble a favor de la demandante; y que a la demandada Prances Laloma se condene al pago de las costas, incluyendo la suma de $200 en concepto de honorarios de ahogado.

La demandada Laloma apeló y señala nueve errores.

Las cuestiones suscitadas por la apelante son las siguien-tes :

A. — La demanda no aduce causa de acción porque:
1. Los fideicomisos inter vivos o sobre bienes inmuebles sólo pue-den constituirse por escritura pública.
2. De acuerdo con la ley no puede exigirse ninguna otra clase de fideicomiso,
3. Bajo los hechos de este caso no surgió un fideicomiso resultante ni implícito, toda vez que no hubo fraude al momento de celebrarse el contrato, y el hecho de dejar la eesionaria de cumplir un acuerdo verbal, celebrado de buena fe, no constituye fraude.
4. El objeto de la demandante y de Miguel Echevarría fué ocultar su propiedad de los acreedores. Josefa Echevarría fué una parte inocente en este contrato. En tales condiciones las partes cul-pables no pueden recobrar de la inocente.
5. La demandada es heredera y no una parte contratante original. Según el artículo 371 del Gódigo Civil ella no puede- ser per-judicada.
B. — Esta acción está prescrita porque:
Éste es un pleito para anular o rescindir el contrato a virtud del cual la causante de la demandada, Josefa Echevarría, recibió el título. Ese contrato fué otorgado el 13 de marzo de 1931. La de-manda fué radicada el 24 de mayo ,de 1931, o sea cuatro años dos meses más tarde. Los artículos 1253 y 1251 del Código Civil fijan el término de cuatro años para entablar las acciones respectivas. C. — La demandante está impedida de iniciar esta causa de acción, porque:
El artículo 1258 del Código Civil provee:
“Si el hecbo en que consiste la causa torpe no constitu-yere delito ni falta, se observarán las reglas siguientes:
“Cuando esté de parte de un solo contratante, no podrá éste repetir lo que hubiese dado a virtud del contrato, ni pedir el cumplimiento de lo que se le hubiera ofrecido. El otro, que fuera extraño a la causa torpe, podrá reclamar lo ■ que hubiera dado, sin obligación de cumplir lo que hubiera ofre-cido. ’ ’
La causa ilícita indudablemente lo fué la supuesta promesa de la cesionaria. La parte culpable fué la demandante, quien actuó con la idea de defraudar a los acreedores de Echevarría.
D. — No debieron imponerse las costas a la demandada, toda vez que ella actuó de buena fe y el caso en controversia es nuevo'en esta jurisdicción.

Los argumentos de la apelante son que los fideicomisos en Puerto Eico tienen que ser expresos cuando son inter vivos o se refieren a bienes inmuebles.

El artículo 836 del Código Civil provee:

“El fideicomiso inter vivos debe constituirse por escritura pú-blica.”

El artículo 838 del Código Civil dispone:

“El fideicomiso constituido sobre bienes inmuebles,, debe constar en escritura pública, la cual habrá de inscribirse; y sólo perjudicará a tercero desde la fecha de su inscripción en un registro público'de .conformidad con las disposiciones del artículo 1181 de este código!”

El artículo 844 de dicho código lee:"

“Se prohíben los fideicomisos secretos.”
"Cuando existen estatutos que regulen los fideicomisos, para que .un fideicomiso sea válido el mismo debe constituirse de conformidad con los términos del estatuto.” 65 C. J. (Trusts), Sec. 31, pág. 243.

: ■ La apelante cita, nxuclios casos en apoyo de sns puntos de vista, así como una monografía que aparece en 35 A.L.R. 288.

También sostiene que bajo los hechos de este caso no podía surgir un fideicomiso resultante o implícito.

Aunque la apelante estaba obligada a aceptar los hechos de la demanda, ella arguye que no está privada de su cali-dad de tercero en lo que al convenio celebrado por su causante se refiere; que las palabras de la demanda de que ella “tiene conocimiento del hecho de que la referida doña Josefa Eche-varría Navarro nunca fué la verdadera dueña de la descrita finca”, no le imputan conocimiento de la existencia del fidei-comiso.

También sostiene que si se trata de una acción para anu-lar un contrato, la misma está prescrita a tenor del artículo 1253 del Código Civil. Y que si se trata de una acción res-cisoria, también está prescrita por el artículo 1251 del mismo cuerpo legal, que provee:

"La acción para pedir la rescisión dura cuatro años.
"Para las personas sujetas a tutela y para las ausentes, los cua-tro años no empezarán basta que haya cesado la incapacidad de los primeros, o sea conocido el domicilio de los segundos.”

Arguye además que aunque Josefa otorgó el segundo tes-tamento el 20 de febrero de 1932, o sea unos tres años antes de iniciarse la acción, la demandante no hizo nada para pro-teger sus derechos; y que después de la muerte de la cesio-naria transcurrieron diez meses antes de entablarse la demanda. • Dice que aunque Echevarría falleció el 25 de febrero de .1931, es decir, dos años nueve meses antes de morir la supuesta fiduciaria, no se dió paso alguno por la demandante para hacer valer sus supuestos derechos; que ella tuvo tiempo para actuar, y no lo hizo así, y que su recia - máeión está extinguida por la prescripción.

La apelante cita el artículo 1257 del Código Civil en apoyo de su contención de que la demandante, habiendo sido culpable, está impedida de instruir este recurso.

La apelante sostiene que no debieron imponérsele las costas.

La apelada trata de afrontar la posición de la apelante con varios argumentos. Se funda en el caso de McCormick v. González Martínez et al., 49 D.P.R. 473, que cita exten-samente.

También cita 65 Corpus Juris 222, sección 13, sobre Fidei-comisos Resultantes (Resulting Trusts), y página 454, sección 215, sobre Fideicomisos Tácitos (Constructive Trusts).

Acepta que el fideicomiso de este caso no puede ser exi-gido como un fideicomiso expreso, mas sostiene que puede serlo como un fideicomiso resultante.

El caso puede ser resuelto bajo el artículo 7 del Código Civil, tomando las reglas sobre fideicomisos resultantes o tácitos de equidad y aplicándolas. En jurisdicciones en que existe la equidad surge un fideicomiso tácito en casos simi-lares al de autos. Para un estudio amplio de la cuestión en controversia véanse los dos artículos que aparecen en Harvard Law Review, intitulados “Constructive Trusts based upon the Breach of an Express Oral Trust of Land” (Fidei-comisos tácitos basados en el incumplimiento de un fidei-comiso verbal expreso de terrenos), 20 H.L.R. 549, y ■“Resulting Trusts Arising upon the Purchase of Land” (Fideicomisos resultantes provenientes de la adquisición de terrenos), 40 H.L.R. 669.

No obstante el hecho de que podemos basarnos en el caso de McCormick y en otros para la idea de que Frances Laloma y su causante poseían una propiedad en calidad de fideicomiso resultante o tácito, sin embargo, no creemos que necesitamos salimos del Código Civil para sostener la sentencia de la corte inferior.

A. nuestro juicio, es claro que Josefa Echevarría y sus: eesionarias, como lia indicado la corte inferior, fueron agen-tes tanto de Carmen Fernández como de Miguel Echevarría. Como tales mandatarias estaban obligadas, en caso de-pagarse la deuda, a traspasar la finca a Miguel Echevarría o sus herederos, y en caso de no pagarse, a transferir la propiedad a Carmen Fernández en pago del préstamo que Miguel Echevarría había obtenido de ésta para comprarle la casa al Sr. Lee.

Entonces potencialmente Josefa Echevarría tenía un man-dato alternativo.

El artículo 1612 del Código Civil (1601 de la edición de 1930) provee:

“En mandato puede ser expreso o tácito.
“El expreso puede darse por instrumento público o privado y aun de palabra.
“La aceptación puede ser también expresa o tácita, deducida esta última de los actos del mandatario.”

En seguida se hace evidente que el mandato de Josefa Echevarría era expreso. Que ella lo aceptó quedó probado por el primer testamento otorgado a favor de sus sobrinos, hijos de Miguel Echevarría. Aparentemente, como se tra-taba de un asunto de familia, todo el mundo entendió lo que debía hacerse, y los hechos que figuran en la demanda no -están en forma alguna controvertidos, especialmente el hecho de que Josefa Echevarría y Frances Laloma tenían cono-cimiento de los términos del contrato de mandato.

El artículo 1616 del Código Civil (1605 de la edición de 1930) dispone lo que sigue:

“El mandatario no puede traspasar los límites del mandato.”'

Da fuerza al criterio de que este caso puede ser resuelto bajo el principio de mandato el hecho de que no podamos suponernos que una condición de esta índole pudiera quedar sin remedio en tiempos de España, de haber ocurrido enton-ces hechos similares.

Frances Laloma pudo haber creído que ella tenía una espe-cie de reclamación n otra justificación para actuar en la forma en que lo hizo, mas no tenía reclamación alguna, ni se sugiere ninguna, contra Carmen Fernández. No importa que la escritura se otorgara e inscribiera a favor de Josefa Eche-varría sin estar sujeta a condición alguna. Podría imagi-narse cualquier número de casos en que un mandatario en quien su mandante confía ciegamente, recibe el título de una finca a su nombre, por ser más conveniente para todos que así ocurra. En el Código Civil se prohíbe que el manda-tario adquiera los bienes de su mandante, mas este princi-pio cede ante el pacto del mandante y del mandatario de que-así se baga. Modus et conventio vincimt legem.

A nuestro juicio, nada hay que demuestre que se defrau-dara a los acreedores de Echevarría. No creemos que Echevarría hubiera tenido una causa de acción. Mas indu-dablemente la demandante sí la tiene. No se ha demostrado-que ella tuviera acreedores, y, conforme dice la misma deman-dada, “la buena fe debe presumirse.”

La demandada apelante insiste en que ella es un tercero por ser heredera y no tener conocimiento de los hechos, del convenio ni haber sido parte en el mismo. Ella parece olvidar que en la demanda se alega que “la demandada tieneconocimiento del hecho de que la referida Josefa Echevarría Navarro nunca fue la verdadera dueña de la descrita finca, nunca entró en posesión de la misma, nunca tuvo interés, alguno en dicha propiedad, nunca invirtió suma alguna ni percibió renta o suma por el uso de la misma y que solamente retenía el título de dicha finca con el fin y objeto antes, alegado. ” "

Si el1 a sabía que su causante sólo retenía el título de la propiedad para el objeto y fin mencionados, entonces ella tenía conocimiento del mandato y su argumento es frívolo.. Además, ella no era un tercero por ser heredera y no adquirió-a título oneroso.

No estamos ante un pleito para rescindir o anular un contrato. Por el contrario, la corte inferior declaró válido el contrato como un fideicomiso resultante.

Mas como acción para recobrar la finca, la misma no fia prescrito. Según los beclios alegados en la demanda, Josefa Echevarría Navarro falleció el 13 de junio de 1934 sin haber traspasado el título a la demandante, a pesar de habérsele requerido para ello. (Demanda, párr. 14, legajo de senten-cia, pág. 4.) Y ella otorgó un nuevo testamento el 20 de febrero de 1932 “sin el consentimiento o conocimiento de la demandante”, y la demandante sólo supo de este hecho el 21 de mayo de 1935. La demanda está fechada el 23 y fué presentada el 24 de dicho mes y año.

En McCormick v. González Martínez et al., 49 D.P.R. 473, este Tribunal Supremo resolvió que un caso de esta natu-raleza está regulado por el artículo 1864 del Código Civil. Prescribe después de los quince años.

Los argumentos de la apelante en cuanto a impedimento (estoppel) son los ya discutidos. Nada hay que demuestre que hubiera una causa ilícita en el pacto original. Si la hubo, nada hay que revele que la demandante fuera la parte culpable. Por el contrario, ella aparece prestando una suma de dinero, sin intereses, sin término fijo de vencimiento y con una garantía leve: su confianza en la causante de la demandada. La tenedora del título quebrantó la confianza en ella depositada. No vemos razón válida alguna por la cual la demandante no deba recobrar o por qué la demandada deba enriquecerse injustificadamente.

La contención de la apelante de que la demandante está impedida de instruir este recurso porque si el contrato fué fraudulento, ella está in pari delicto, carece de mérito. El contrato no se celebró para defraudar al vendedor de la casa, puesto que a él se le pagó; ni para defraudar a los acreedores de Echevarría, ya que él no tenía “equidad” en la finca y nunca adquirió ninguna; y ciertamente tampoco para defraudar a Echevarría, a. Josefa Echevarría o a Carmen Fernández. El contrato resultó en la tentativa por parte de Josefa Echevarría de retener la propiedad qne sus man-dantes le habían confiado; pero las máximas in pari delicto potior est conditio defendentis y ex dolo malo non oritur actio, no son aplicables a este caso. Conforme dijimos en Saavedra v. Saavedra, 46 D.P.R. 232:

“Las máximas a que nos hemos referido pueden aplicarse mejor a casos en que la transacción inmediata entre las partes era frau-dulenta, y no a algún resultado colateral.”

En cuanto a las costas, no creemos que debemos inter-venir con la discreción de la corte inferior.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. D'e Jesús no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sbñob, De Jesús

license: Public Domain

text:
    José Rivera Velázquez y José A. Vergne, demandantes y apelantes, v. Zoilo Santiago, demandado y apelado. José Rivera Velázquez y José A. Vergne, demandantes y apelantes, v. Juan Torres Santiago, demandado y apelado.
    Núms. 7971 y 7972.

    Sometidos: Diciembre 1, 1939.

      Resueltos: Marzo 19, 1940.

      Luciano Colón y B. Hernández Matos, abogados de los apelantes; José I. Fernández Segarra, abogado de los apelados.

       3 Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Sbñob, De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Estos dos casos envuelven exactamente las mismas cues-tiones de hecho y de derecho, por lo que, por estipulación de las partes y con la aprobación de la corte inferior, fueron vistos y resueltos por la misma prueba. (T. de E., pág. 2.)

El 14 de septiembre de 1938 los demandantes presenta-ron las demandas de estos pleitos, en las que alegaron ser dueños de una finca rústica que describen, radicada en el término municipal de Ponce; que los demandados ocupan respectivamente dos porciones de terreno de dicha finca con dos casas de su propiedad; que no pagan canon o merced alguna por el terreno ocupado por dichas casas; que los demandados se niegan a desocupar dicho terreno trasladando las casas a otros sitios, a pesar de haber sido requeridos al efecto por los demandantes en diversas ocasiones; y termi-nan solicitando sentencia de desahucio contra cada uno de los demandados condenándoles a dejar a la libre y expedita disposición de los demandantes el terreno por ellos ocupado, con imposición de costas y honorarios de abogado.

Negaron los demandados todas las alegaciones de las demandas y al momento de llamarse los casos a juicio oral solicitaron permiso para adicionar a la contestación la defensa especial de que los demandados ocupan el terreno por título de prescripción de más de treinta años. Con la opo-sición de los demandantes se permitió la enmienda (T. de E., págs. 7 y 8.) Oída la prueba ofrecida por las partes, la Corte desestimó las demandas en ambos casos, basando sus sentencias en una opinión que en lo pertinente dice así:

“Del apartado 39. de cada una de las demandas aparece alegado, .y aparece probado por los testigos de los demandantes y también por los testigos de los demandados, fuera de toda duda razonable, •que cada uno de los demandados es dueño de una casa, enclavada ■desde hace varios años en la finca rústica de los demandantes.
“Así las cosas, entendemos que estos dos casos deben resolverse ■de acuerdo con la doctrina sentada por la Corte Suprema de Puerto Rico en el caso de Ermita de Nuestra Señora del Rosario v. Collazo, 41 D.P.R. 596, que es de perfecta aplicación a los que estamos re-solviendo. ’ ’

En apoyo de este recurso los demandantes imputan a la corte a quo los siguientes errores:

“1. La Corte de Distrito de Ponce erró, abusando de su discre-ción, al admitir la enmienda a la contestación de la demanda, presentada oralmente en el acto de la celebración del juicio en su segunda comparecencia, introduciendo defensa especial de prescrip-ción.
“2. La corte erró al resolver que este caso debía resolverse de acuerdo con la doctrina sentada por la Hon. Corte Suprema de Puerto Rico en el caso de Ermita de Nuestra Señora del Rosario v. Collazo, 41 D.P.R. 596.
“3. La corte erró al dictar sentencia declarando sin lugar la demanda, por no estar en armonía con la prueba ni con la jurispru-dencia. ’ ’

Un examen de la evidencia que tuvo ante sí la corte sen-tenciadora nos pondrá en condiciones de determinar si en efecto se cometieron los errores señalados por los apelantes.

Los apelantes adquirieron la finca rústica que se describe en la demanda por compra al Federal Land Bank of Baltimore, Puerto Rico Branch., por escritura núm. 103 de 15 de julio de 1938. Al tomar posesión de 'ella, encontraron allí a los demandados ocupando dos casas de madera, techadas de zinc,.construidas por ellos poco después del ciclón de San Felipe, precisamente en los mismos sitios que habían ocupado con otras casas construidas también por ellos allá por el año 1903 ó 1904, que fueron destruidas por el indicado ciclón.

La prueba de los demandados demuestra que ellos cons-truyeron sus casas originalmente en 1903 ó 1904, con el per-miso del entonces dueño de la finca José Joaquín Torres (T. de E., 34), para facilitar su trabajo en la finca como arri-mados o agregados, y que al ser destruidas por el ciclón de San Felipe en 1928, construyeron en los mismos sitios las que hoy existen.

Con estos hechos por .base, ¿procede una sentencia de desahucio? Los apelantes sostienen que sí y a ese efecto citan los sumarios de varios casos resueltos por este tribunal, donde se expone que la mera alegación de título sin prueba sustancial que la sostenga es insuficiente para esta-blecer el conflicto de títulos que impide la acción de desahucio. Los apelados descansan en el caso de Pesquera v. Fernández, 16 D.P.R. 235, y la corte a quo, como hemos visto, funda su sentencia en el de la Ermita de Nuestra Señora del Rosario v. Collazo, supra. Si como alegan los demandados apelados, son ellos dueños de las casas por haberlas edificado y son dueños también del terreno que ocupan a título de prescrip-ción extraordinaria, el caso de Pesquera v. Fernández es ente-ramente aplicable y no procede, por consiguiente, la acción de desahucio. Es por esa razón que debemos iniciar el estu-dio de esta cuestión determinando en primer término si en efecto los demandados tienen color de título, por lo menos, sobre los solares en controversia.

Hemos dejado establecido que los demandados ocuparon los dos solares con la autorización del dueño de la finca. Siendo ello así, son aplicables los artículos 376 y 1841 del Código Civil (ed. 1930) que dicen así:

“Art. 376. — Sólo la posesión que se adquiere y se disfruta en concepto de dueño puede servir de título para adquirir el dominio.
“Art. 1841.' — La posesión ha de ser en concepto de dueño, pública, pacífica y no interrumpida.

No 'poseyendo él terreno los demandados a título de due-ños, sólo podían poseerlo bajo dos formas: a virtud de con-trato o en precario. Si lo primero, claro es que no pueden adquirir el dominio por prescripción ni aun impugnar el título de su arrendador; si lo segundo, como parece suceder en este caso, tampoco pueden adquirir tal título, porque como dice la Enciclopedia Jurídica Española, tomo 25, pág. 339, el pre-carista adquiere y retiene la posesión natural y el que concede la cosa en precario conserva para sí la posesión civil. Eu armonía con este principio, la obra citada, en la página 340, refiriéndose a las acciones y excepciones de que puede hacer uso el precarista, dice:

“Contra el cedente, ninguna, ni aun la de prescripción, por el sencillo fundamento de que posee a nombre de otro, art. 1941 del Código; así que sea cualquiera el tiempo de su posesión, no podrá adquirir el derecho de propiedad.”

Por lo expuesto, forzoso es concluir que los demandados, a pesar de que poseen los solares respectivos por más de treinta años, no fian adquirido título de dominio sobre ellos, y por consiguiente sus casos se distinguen del de Pesquera v. Fernández, supra, en que en este último el demandado era dueño de la casa y dueño también del solar por prescripción extraordinaria.

Resueltas adversamente a los demandados sus pretensiones sobre los solares, sus casos son en principio iguales al de Ermita de Nuestra Señora del Rosario v. Collazo, que sirvió de base a la sentencia apelada, sin que la circunstancia de haberse inscrito en este último la casa en el Registro de la Propiedad pueda distinguirlo de los casos de autos, pues el hecho de la inscripción sólo tendió a robustecer el título que sobre la casa tenía la demandada, cosa que no se dis-cute y por el contrario se acepta expresamente por los demandantes, quienes alegan que las casas pertenecen a los demandados.

En el precitado caso de la Ermita de Nuestra Señora del Rosario v. Collazo, al revocar la sentencia apelada se dijo por este tribunal:

“Sentado lo que precede, tenemos qne llegar a la conclusión de que siendo dueño la apelante de la casa que está enclavada en el terreno de la apelada, según la sentencia, existe un conflicto de tí-tulos entre las partes, pues aunque la casa es un accesorio del terreno, nuestro Código Civil reconoce al que fabrica en suelo ajeno el de-recho de no ser privado de su propiedad sin la correspondiente indemnización si fabricó de buena fe, cuestiones éstas que no pue-den ser resueltas en un juicio sumario como el de desahucio.”

Si bien los demandados no pueden reputarse poseedores del terreno ocupado por sus casas, puesto que ellos sólo lian gozado de la posesión material del suelo, mientras los deman-dantes ban retenido la posesión civil, no por ello dejan de ser edificantes de buena fe, como los llama Sánchez Román, pues construyeron sus casas con el consentimiento de los dueños del suelo. El citado tratadista, al fijar los derechos del que edifica en suelo ajeno, se expresa en los siguientes términos:

“Edificación: Es una de las formas de realizarse el derecho de accesión cuando en la construcción de un edificio, el suelo, los mate-riales, o ambas cosas, no son de la propiedad del edificante.
“Existen reglas comunes a la edificación, plantación y siembra, que son: Ia., se reputa que todo lo incorporado al suelo cede car favor de éste por su calidad de principal, reservando la de accesoria para lo que se incorpora o agrega; 2a., que como nadie debe enri-quecerse en perjuicio de otro, ha de reintegrarse a su dueño el valor de los materiales, plantas o semillas y gastos de construcción, plan-tación o siembra que se justifiquen cumplidamente; 3a., que procede también la indemnización de daños y perjuicios cuando intervenga mala fe por parte del edificante o por la del que plantó o sembró, probados que sean dichos daños y perjuicios; y 4a., que la mala fe necesita justificación especial, puesto que la buena fe constituye una presunción juris tantum.
“Bajo estos principios, y concentrándonos ahora a la edificación, cabe distinguir, para mayor claridad, tres supuestos, únicos que pueden ofrecerse: que se edifique en suelo ajeno con materiales pro-pios; en suelo propio con materiales ajenos; o en suelo ajeno con materiales también ajenos.
“1°. Si se edifica de buena fe en suelo ajeno con materiales propios, el edificio cede siempre en favor del dueño del suelo, con derecho, por parte del de los materiales, para reclamar su importe y los gastos de construcción, pudiendo ejercitarse este derecho, por vía de excepción, cuando el dueño del suelo intentara reivindicar la accesión del edificio. Si no hubo buena fe, pierde el valor de los materiales el edificante. Conviene advertir que ésta es doctrina de los intérpretes más que de la ley; pues tanto las romanas como las de Partida, que son su fiel trasunto en esta materia, tenían en cuenta otra circunstancia, que era la de ser o no poseedor del suelo ajeno el edificante. Sólo cuando se reunían la posesión y la buena fe, es cuando asistía pleno derecho para reclamar el valor de los ma-teriales y el salario de los trabajos; pero, sin embargo, al poseedor que edificaba de mala fe, por equidad se le reconocía también dere-cho a ser indemnizado de los gastos necesarios o útiles, y aun el de reivindicar los materiales cuando se derribara el edificio, siempre que no se probase que tuvo intención de donarlos. Este último de-recho se declaraba también en la legislación romana a favor del edificante de buena fe, que no reunía la cualidad de poseedor.
“Después, la regla de Derecho en la materia concluyó con todas estas distinciones que la obscurecían, y por opinión común de los escritores, ya que no por precepto directo de legislación anterior al Código, está concebida en estos términos: ‘ Si el edificante en suelo ajeno con materiales propios, sea o no poseedor, obra con buena fe, tiene derecho al valor de los materiales y gastos de construcción; si obró de mala fe, pierde unos y otros; y, en ambos casos, lo edificado cede al suelo.’ ” Sánchez Román, “Derecho Civil”, tomo 3, págs. 93-95.

Aunque de acuerdo con las regias expuestas las casas que de buena fe edificaron los demandados ceden por derecho de accesión a favor de los demandantes como dueños del suelo, esta cesión no queda, consumada basta que los demandantes hayan cumplido la obligación recíproca que a ellos incumbe de pagar a los demandados tanto el importe de los materiales que invirtieron en la edificación como el montante de la mano de obra. Así lo disponen los artículos 287, 297 y 382 del Código Civil (ed. 1930), que literalmente dicen:

“Art. 287. — La propiedad de los bienes, ya sean muebles o in-muebles, lleva consigo el derecho por accesión, a todo lo que ellos pro-ducen, o se les une o incorpora, natural o artificialmente.
“Art. 297. — El dueño del terreno en que se edificare, sembrare o plantare de buena fe, tendrá derecho a hacer suya la obra, siembra o plantación, previa la indemnización establecida en los artículos 382 y 383 de este código, o a obligar al que fabricó o plantó, a pagar el precio del terreno, y al que sembró, la renta correspondiente.
“Art. 382. — Los gastos necesarios se abonan a todo poseedor; pero sólo el de buena fe podrá retener la cosa hasta que se los sa-tisfagan.
“Los gastos útiles se abonan al poseedor de buena fe, con el mismo derecho de retención, pudiendo optar el que le hubiese vencido en su posesión, por satisfacer el importe de los gastos o por abonar el aumento de valor que por ellos haya adquirido la cosa.”

Tratando sobre la obligación previa del dueño del suelo de indemnizar y del derecho recíproco del dueño del edificio a retener la posesión basta tanto el pago se verifique, dice el mismo tratadista:

“El artículo 361 se ocupa de otra hipótesis, cual es la del caso en que se edifique, siembre o plante de buena fe en terreno ajeno, declarando realizada la accesión en favor del dueño, a no ser que optara por exigir al que edificó o plantó el pago del precio del terreno, o al que sembró tan sólo la renta correspondiente, porque la siembra es un obstáculo transitorio y temporal, y la ley presume en este caso el arrendamiento, que es de menos violencia que la venta; pero adviértase que siempre que el dueño del terreno en que se edificó, sembró o plantó de buena fe por otro, optase por utilizar el derecho de hacer suya la obra, siembra o plantación, o sea porque la accesión se consume, tal resultado jurídico no se producirá sin la previa indemnización establecida en los artículos 453 y 454.” Id. pág. 149.
“Además, en el artículo 453, a la vez que se obliga al dueño o poseedor con mejor derecho al abono de dichos gastos, se concede al poseedor de buena fe vencido que los hiciera, un importante dere-cho, que es el de retención de la cosa- hasta que se le satisfagan aqué-llos ; así como al que ha de abonarlos se le reconoce derecho- alternativo a elegir entre la satisfacción de dichos gastos o el abono del ‘aumento de valor que por ellos haya adquirido la cosa’; y sobre ninguno de estos dos importantes extremos, que forman el contenido y totalidad del artículo 453, y que son aspectos recípro-cos e inseparables de estas indemnizaciones de gastos, debidas al poseedor de buena fe, resulta hecha la referencia por el artículo 361 para el caso de accesión por edificación, siembra o plantación de buena fe en terreno ajeno, en términos tan claros, precisos y sufi-cientes, como fuere necesario, para saber si la cita de dichos artícu-los y la indemnización previa a que viene obligado el dueño del terreno en que dicha accesión se verificó para poder utilizar el otro o hacer suya la obra, referida como está al artículo 453 citado, ha de entenderse acompañado del derecho de retención por "parte del que edificó, sembró o plantó de buena fe en terreno ajeno, lo cual pudiera resultar algo excesivo en buenos principios de justicia, y si el dueño del terreno podrá también optar por abonar, en vez de los gastos útiles, el aumento de valor que por ellos haya adquirido la cosa. Esto último nos parece indudable, porque es una de las dos formas de la indemnización establecida en el artículo 453; y en cuanto a lo primero, o sea al derecho de retención, en estos casos de accesión optamos también por la afirmativa, ya por la referen-cia terminante a aquel artículo que el 361 hace, ya por el valor que haya de atribuirse a la palabra previa, que precede a las de indem-nización establecidaId., págs. 150-151.

No es indispensable, a nuestro juicio, que se establezcan dos acciones sucesivas, una para fijar primero el montante de la indemnización y otra para reivindicar después el edi-ficio. Aplicando por analogía la jurisprudencia sentada en el caso de Nicorelli v. Ernesto López & Cía., 26 D.P.R. 55, rela-tiva al derecho de fijar en una sola acción la fecha de venci-miento de una obligación sin plazo fijo y exigir a la vez el pago de la misma, se podría en una sola acción reivindicar la edificación y a la vez fijar el montante de la indemnización previa a que hemos hecho referencia.

No resultando de los autos que las partes hayan llegado a un acuerdo sobre el montante de tales reclamaciones, y no pudiendo éstas determinarse dentro del procedimiento sumario del juicio de desahucio, es obvio que las demandas deben ser desestimadas, sin perjuicio de que se recurra a la acción ordinaria correspondiente dentro de la cual podrán dirimirse los derechos de una y otra parte.

Claro es que en este caso estamos partiendo de la base de que no ha existido pacto alguno entre las partes que regule los derechos de unos y otros con respecto a lo edificado. Si las partes, en previsión de situaciones como ésta, hubiesen esti-pulado de antemano sus derechos y obligaciones en lo que respecta a las edificaciones, tal estipulación -hubiese sido la ley entre ellas y a lo pactado entonces hubieran tenido que atenerse ahora. Es de esperar que ninguna persona media-namente previsora se arriesgará a edificar en suelo ajeno, ni el dueño de éste permitirá que otro edifique sobre el mismo, sin antes celebrar los pactos convenientes que determinarán en todo tiempo las diferencias que puedan surgir entre ellos.

Habiendo llegado a la conclusión de que los demandantes son dueños del suelo, el error de haber permitido la corte a los demandados adicionar su contestación alegando que adquirieron el suelo por prescripción, de haber existido, no perjudicó los derechos de los demandantes, y, por con-siguiente, no puede causar revocación.

Procede, por lo expuesto, desestimar los recursos y con-firmar las sentencias apeladas.

El Jtíez Asociado Sr. Wolf disintió.


author: El Juez Asociado Señob De Jesús

text:
    Natividad Santiago, demandante y apelante, v. Phillip El-Koury, demandado y apelado.
    Núm. 7663.

    Sometido: Marzo 13, 1940.

      Resuelto: Marzo 19, 1940.

      E. H. F. Dottin, abogado de la apelante; Joaquín Vendréll, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señob De Jesús

emitió la opinión, del tribunal.

Este es un pleito en que se reclaman daños y perjuicios por injuria y calumnia. La cuestión envuelta es una de simple apreciación de prueba. Si los Lechos ocurrieron conforme los relata la demandante, indudablemente su demanda debe prosperar, siendo entonces de aplicación la jurisprudencia establecida en el caso de Casanova v. Gonzáles Padín Co., 47 D.P.R. 488. Si por el contrario no cometió error mani-fiesto la corte inferior al dar crédito a la versión que de lo ocurrido Lace el demandado, no es de aplicación el citado caso y procede desestimar el recurso.

La sentencia que desestimó la demanda está basada en una opinión en la que concisa pero claramente el juez inferior expone la teoría de una y otra parte y las razones que tuvo para dirimir el conflicto de la prueba a favor del demandado. La opinión dice así:

“Se reclaman en este pleito $3,000 por vía de daños y perjuicios causados a la demandante por haber sido difamada maliciosamente por empleados del demandado al imputarle la comisión de un delito de robo. Se alega en la demanda que tal imputación le causó gran conmoción nerviosa y enfermedad. La prueba fué sumamente breve. Las partes la sometieron sin argumento. Y después de un estudio de toda la cuestión, decimos: éste es el caso tipo de prueba con-tradictoria. La demandante y sus testigos, sin discrepancia alguna, establecieron los hechos, sobre los que descansa la teoría de la acción, en la siguiente forma: el día 19 de junio de 1935, entre las 2 y las 3 de la tarde, la demandante .visitó el establecimiento ‘La Esperanza’, situado en el núm. 38 de la calle de Salvador Brau de esta Capital y propiedad del demandado. El establecimiento se dedica a lo que conocemos como una tienda de 5 y 10. El propósito de la demandante al hacer tal visita era comprar medias de mujer. Al acercarse al despacho donde se exhiben tales artículos, la de-mandante puso su cartera sobre el mostrador. Examinó las medias. No le gustaron. Recogió su cartera para marcharse. En-tonces la empleada que atiende al despacho la requirió para que le entregara la cartera que había cogido porque esa cartera era de otra persona que allí la había dejado y por tal actuación la deman-dante quería robársela. Protestó ésta. Se llamó a un empleado de mayor categoría y éste inquirió de la demandante el contenido de la cartera. Aquélla expuso los artículos que podían ser hallados en ésta, y entonces, al cerciorarse el empleado de la veracidad de las manifestaciones de la demandante, le devolvió la cartera. El inci-dente atrajo la atención de otros clientes que a la sazón estaban en la tienda. La imputación de robo hecha por la empleada del demandado fué pública y en voz alta. Tal cosa afectó el sistema nervioso de la demandante tan profundamente que el mismo día se fué para Naguabo y al día siguiente su hermano la trajo al pueblo de Juncos. Allí fué examinada por un médico y quedó recluida en la clínica particular de este facultativo por espacio de nueve días. Sufría una postración nerviosa de tal magnitud que estuvo bajo inmediato e incesante cuidado profesional. Pía quedado en-ferma de los nervios.
“Los testigos del demandado dan otra versión completamente distinta. Hela aquí: la demandante llegó ese día al departamento donde venden artículos para mujer en la tienda del demandado y allí solicitó unas medias. Para examinarlas dejó sobre el mostrador su cartera. No satisfecha con los artículos vistos, no realizó com-pra alguna. Se marchó del sitio; pero dejó olvidada su cartera sobre el mostrador. La empleada recogió la cartera y la envió a la oficina de la tienda. Minutos después llegó la demandante en busca del objeto perdido. La empleada entonces la envió donde el encargado de entregar los objetos encontrados en la tienda. Des-pués de identificada la cartera por la demandante, la misma le fué entregada y se marchó. No pasó más nada.
“Si la primera de las versiones es cierta, entonces tenemos que aplicar la doctrina del caso de Casanova v. González Padín Co., 47 D.P.R. 488; pero después de un estudio detenido y de un análisis razonable y justo de toda la evidencia, y examinada ésta desde todos sus puntos de vista, considerado el carácter de los testigos, la vera-cidad de sus testimonios y la naturaleza de la acción, llegamos a una conclusión: a que debemos dar crédito a la prueba del deman-dado. No importa que sus testigos sean sus propios empleados. No tiene otros. La veracidad de sus testimonios, su forma de decla-rar, y la seguridad de sus manifestaciones, nos dan mayor seguri-dad y plena confianza en el análisis que hemos hecho de toda la prueba. Las cosas no pudieron ocurrir, porque no suceden así en •la vida, como dicen la demandante y sus testigos que ocurrieron. Es inadmisible que los empleados del demandado pudieran actuar •en forma tan inconsulta como alega la prueba de la demandante ■que actuaron. La experiencia, que es la gran maestra de la vida, nos dice que es absurdo pensar que un empleado pueda conducirse ■en forma tan groseramente estúpida para con un cliente y hacer im-putaciones tan fuera de lugar. Los testigos presenciales de la ■demandante en contraste con los del demandado, no han podido llevar a nuestro ánimo aquella convicción, aquella certeza moral y ■aquella tranquilidad de conciencia que llevan siempre al ánimo del juzgador los testigos que dicen la verdad y nada más que la verdad.
“El abogado de la demandante explicó desde la silla testifical su .actuación.
“En conclusión, los hechos de este caso no pueden calcarse en los de Casanova, supra. Son distintos. No es, pues, de aplicación la doctrina allí establecida.
“Resolvemos que la preponderancia de la prueba está a favor del demandado. Se desestima la demanda absolviéndole de la misma. Se imponen las costas a la actora.”

El abogado de la apelante, tanto en su alegato escrito ■como en su brillante informe oral el día de la vista, al soste-ner que el juez sentenciador cometió manifiesto error en la apreciación de la prueba, pone gran énfasis en las siguientes frases de la opinión transcrita:

“Las cosas no pudieron ocurrir, porque no suceden así en la vida, como dicen la demandante y sus testigos que ocurrieron. Es inadmisible que los empleados del demandado pudieran actuar en forma tan inconsulta como alega la prueba de la demandante que actuaron. La experiencia, que es la gran maestra de la vida, nos •dice que es absurdo pensar que un empleado pueda conducirse en forma tan groseramente estúpida para con un cliente y hacer impu-taciones tan fuera de lugar.”

En verdad, al así expresarse, el juez no midió el alcance -de sus palabras. La teoría de la demandante y sus testigos no es físicamente imposible y por lo tanto no es exacto decir que los hechos no pudieron suceder como ellos los relatan. El hecho de que los hombres ordinariamente actúen en deter-minada forma no implica que en ocasiones no puedan actuar de manera distinta. La idea que sin duda pasó en aquellos momentos por la mente del juez fué la de que la teoría del demandado era más probable que la de la demandante, por estar más en armonía con la forma en que ordinariamente suceden las cosas, y siendo contradictoria la prueba, esta cir-cunstancia, unida a las otras que dice haber considerado en el estudio y análisis que hiciera de toda la evidencia, deter-minó que al pesar mentalmente la prueba toda, la balanza se inclinase a favor del demandado.

Es raro que la dependiente, una señorita, tratase de-ladrona a la demandante, una señora que indudablemente-tendrá el aspecto de ser una persona de consideración, por el solo hecho de tratar de coger la cartera que dice había puesto sobre el mostrador. Sería probable que ese lenguaje tan irrespetuoso lo usase tratándose de una persona de quien se supusiese en el establecimiento que acostumbraba robar, pero no tratándose de una señora desconocida. Mucho más improbable es ^.que el jefe auxiliar del dueño del estableci-miento, en quien debemos suponer por razón de su cargo alguna educación y tacto, gratuitamente repitiera a una señora la misma ofensa.

Arguye la apelante que en el caso de Casanova,., supra, los demandados fueron más lejos aún que el demandado eu éste. Así es en efecto; pero fué el caso de Casanova el primero y hasta ahora el único de esa índole que registran nuestras “Decisiones”; tuvo como éste su origen en un importante establecimiento de esta ciudad, y culminó en una sentencia contra la demandada por la respetable suma de $5,000, lo que, lejos de estimular la repetición de casos como éste, ha constituido una lección práctica del tacto y circuns-pección que deben adoptarse en situaciones análogas. Pro-bablemente el demandado y sus empleados conocían el caso de Casanova y sus consecuencias, por haber tenido gran publi-cidad la sentencia dictada y especialmente por afectar al comercio, y conociéndolo, es de presumir que no cometerían el error que en aquél cometió la demandada, circunstancia ésta que probablemente también consideró el juez inferior al dirimir el conflicto de la evidencia en este caso.

Por lo expuesto, procede desestimar el recttrso y confirmar la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señok De Jesús

text:
    Salvador Carrasquillo, demandante y apelante, v. Gabriel Ripoll, demandado, y Bernardino Maldonado, interventor y apelado.
    Núm. 8062.

    Sometido: Marzo 7, 1940.

      Resuelto: Marzo 19, 1940.

      Gaspar Gerena Bras, abogado del apelante; Diego E. Ramos, abo-gado del apelado.

      Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señok De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

En satisfacción de una sentencia que Salvador Carras-quillo obtuvo contra Gabriel Eipoll, se adjudicó .al primero una finca rústica de 31 cuerdas propiedad del segundo. Para obtener la posesión de la finca, instó Carrasquillo un proce-dimiento de desahucio en precario contra Eipoll en la Corte de Distrito de Arecibo, y firme la sentencia que se dictó a su favor, el 10 de agosto de 1938 fueron lanzados de ella no sólo el demandado Eipoll, si que también Bernardino Maldonado, que no fué parte en el pleito.

El 22 del mismo mes radicó Maldonado una moción solici-tando permiso para intervenir en el pleito de desahucio, acompañando su moción de un proyecto de demanda jurada. Después de oír a las partes y con la oposición de Carras-quillo, la corte, por resolución de 21 de septiembre de 1938, permitió la intervención.

La demanda enmendada de intervención, luego de refe-rirse al procedimiento de desahucio contra Eipoll y al lan-zamiento de que fué objeto el interventor, alega que por varios años antes de tener efecto el lanzamiento, el interventor se hallaba en la posesión material de una porción de la finca, de cinco cuerdas, que describe en la demanda, a virtud de contrato de aparcería celebrado con Eamón Larracuente, teniendo en dicha parcela ciertas plantaciones que describe; que no fué notificado ni tuvo conocimiento del pleito de desahucio instituido por Carrasquillo de que antes se ha hecho referencia; que el lanzamiento contra el interventor fué llevado a cabo por sorpresa, sin dársele oportunidad de ser oído en corte; que dicho lanzamiento es nulo toda vez que el interventor nunca lia estado unido al demandado Eipoll por vínculo alguno y además porque la finca en cuestión jamás fue de Eipoll, sino que por el contrario es y lia sido por más de veinte años consecutivos de la exclusiva propiedad de Eamón Larracuente, hoy su sucesión, la cual no lia sido parte en el pleito antes mencionado. Termina la demanda de inter-vención con súplica de que se declare nulo el lanzamiento del interventor; que se le restituya en la posesión material en que se hallaba de las cinco cuerdas mencionadas, y que se condene al demandante en el pleito de desahucio a pagar los. daños y perjuicios causados al interventor como resultado del lanzamiento de que fué objeto.

La contestación negó las alegaciones esenciales de la demanda que acabamos de reseñar y como “Materia Nueva” alegó Carrasquillo que la finca había sido de Eipoll; que el interventor poseía la parte de la finca que reclama por cuenta, de Eipoll y que tuvo conocimiento de dicho pleito con ante-rioridad al lanzamiento, “no habiendo intervenido para ale-gar derechos, si algunos tenía, a la finca en cuestión, por lo-que incurrió en negligencia inexcusable.” Concluye supli-cando se desestime la demanda de intervención, con impo-sición de costas, gastos y honorarios de abogado.

Por los méritos de la prueba la corte inferior dictó reso-lución ratificando el lanzamiento del interventor y condenando-a Salvador Carrasquillo a pagar la cantidad dé $100 como-precio de las plantaciones en cuestión, suma que debía con-signar Carrasquillo en la secretaría de la corte inferior dentro de los diez días siguientes a la fecha de dicha resolución,, disponiendo además que se permitiese al interventor retirar-de la finca la casa que habitaba, dentro de los diez días-siguientes a la consignación de la cantidad mencionada.

Fundamentando su resolución dice el, juez de la corte-inferior :

“En la vista del caso el interventor sostuvo una teoría distinta, a la que expuso en su demanda, pues declaró que estaba en posesión de las cinco cuerdas por haber comprado a Larracuente dos cuerdas y por haberle arrendado tres. Declaró también sobre todos los plantíos y sobre la casa que tiene en dicha parcela.
"No hemos quedado convencidos de que Larracuente vendiera al interventor porción alguna de esa finca, y sería dudoso que una venta verbal sobre una porción del inmueble pudiera ahora causar perjuicio a terceros adquirentes, con títulos inscritos y a virtud de subastas judiciales.
“Se desprende de la situación presentada que el demandante en este caso desahució al interventor por entender que era un agregado en la finca que dependía de la persona que fué demandada. No obstante, no aparece que Gabriel Ripoll, el demandado en el caso de desahucio, se entendiera y continuara las relaciones que existían entre el interventor y el anterior dueño o poseedor de la finca.
“Aun aceptando que el interventor Bernardino Maldonado es-tuvo bien lanzado, sería injusto que no se le abonara el importe de sus plantaciones y que perdiera la casita que tiene en la porción de terreno. Es verdad que él pudo utilizar el derecho que le concede la ley de desahucio para la valoración de esos plantíos en el momento del lanzamiento, pero teniendo en cuenta que no fué no-tificado en forma alguna oficial de la demanda de desahucio ni del lanzamiento y que pudo haber desconocido su derecho por no haber tenido oportunidad de consultar con expertos, pues no fué notificado previamente, la Corte entiende que habiéndose declarado sobre el valor de esos plantíos en la vista de la intervención, podemos en forma equitativa establecer un justiprecio para que se haga justi-cia completa en este caso.”

Apeló Carrasquillo para ante este tribunal y en el ale-gato que presentó en apoyo de su recurso imputa a la corte inferior haber incurrido en error, (1) al permitir la demanda de intervención; (2) al desestimar las excepciones previas de defecto de partes interventoras y de insuficiencia de hechos constitutivos de causa de acción; (3) al denegar la moción que eu el curso del juicio presentó la representación del ape-lante para que se desestimase la demanda de intervención por incongruencia (variance); y (4) al apreciar la prueba y con-ceder al interventor $100 por sus plantaciones y permitirle llevarse la casa.

Los dos primeros errores lian sido discutidos y declarados inexistentes en el caso de Carrasquillo v. Ripoll y Montalvo, interventor, ante, pág. 318, caso que se halla íntimamente relacionado con el de autos, y a lo qne allí dijimos nos remitimos ahora.

En la demanda de intervención, como hemos visto, el interventor alegó que poseía las cinco cuerdas en controversia a virtud de un contrato de aparcería celebrado con Ramón Larracuente, quien, según el interventor, era el dueño de la finca principal. Sin embargo, del examen directo del interventor resulta lo siguiente:

“P. ¿Cómo vino a vivir a esa finca?' — Por orden de Ramón Larra-cuente.
“P. ¿En virtud de qué? — Vine a trabajar, a sembrar matas.
“P. ¿Pero en qué forma? — Dos cuerdas compradas y tres arren-dadas.
“P. ¿De manera que Ud. tenía entonces qué extensión de terreno? —'Cinco cuerdas.
“P. ¿De las treinta y una cuerdas con veinticinco céntimos?— Sí, señor.” (T. de E., pág. 3.)
En el curso del examen de repreguntas, aparece el siguiente incidente:
“P. ¿Dice que está en posesión de esas cinco cuerdas a virtud de que compró dos cuerdas y arrendó tres? — Sí, señor.
“P. ¿A quién compró las dos cuerdas? — A Ramón Larracuente.
“P. ¿Y las otras tres cuerdas las arrendó? — A Ramón Larra-cuente.
“P. ¿No poseía esas cinco cuerdas a virtud de un contrato de aparcería, como medianero de Larracuente? ¿No es cierto eso?— Tengo dos cuerdas compradas y tres arrendadas.
“P. ¿No es cierto que es medianero de él? — Arrendadas.
“P. ¿Medianero no? — Arrendadas.
“Abogado Sr. G-erena. — Solicito que se desestime la demanda de intervención, fundándonos en que la demanda se basa en que este se-ñor poseía esas cinco cuerdas, a virtud de un contrato de aparcería con Ramón Larracuente, y ahora aparece que tenía compradas dos cuerdas y arrendadas tres.
“Hon.. Juez. — Quiero oír toda la prueba y tendré en cuenta lo-que ha dicho para resolver el caso, pero no lo voy a resolver ahora, La variación entre la declaración y la alegación no es suficiente para echar el caso abajo, a menos que dijera que no tenía nada, pero dice arrendó una parcela y aunque son cosas distintas no es una cosa tan absolutamente diferente para un campesino la aparcería que pueda constituir una incongruencia que hiciera a la Corte dictar sentencia inmediatamente.
“A preguntas del Ilon. Juez declaró:
“P. ¿Cuando hizo el trato con Larraeuente, cuáles fueron las palabras entre Ud. y Larraeuente? — A don Ramón Larraeuente le salí a comprar dos cuerdas de terreno y me dijo que sí y le di treinta pesos por dos cuerdas de terreno.
“P. ¿Se las vendió? — Sí, señor.
“P. ¿Le pagó treinta pesos? — Sí, señor.
“P. ¿Qué más? — Y le dije: ‘¿Quiere arrendarme tres cuerdas más?’, y dijo: ‘Se las arriendo’, y entonces me dijo: ‘Quedan arrendadas. ’
P. ¿Cómo fué el convenio de ese arrendamiento, a base de qué? ¿Qué daría Ud. por él? — Cinco pesos por año.
“P. ¿Por arriendo? — De las tres cuerdas, quince pesos.
“P. ¿Había comprado dos cuerdas? — Sí, señor.
“P. ¿Se las pagó? — Sí, señor.
“P. ¿Cuánto dió por ellas? — Treinta pesos.
“P. Y en cuanto a las otras tres cuerdas, ¿hizo un arrendamiento por cuánto tiempo? — Por el tiempo que las pudiera tener mientras estuviera cumpliendo.
“P. ¿Todo lo que se empleó en esas tres cuerdas hasta que lo-botaron y quien pagaba las semillas y todo y trabajo? — Yo.
“P. ¿Larraeuente no pagaba nada? — Nada.
“P. ¿Le pagó a Larraeuente todos los años por el arrendamiento? —Sí, señor.
“P. Y después que murió Larraeuente, ¿a quién le pagaba? — A la sucesión, a la viuda.
“P. ¿A qué persona? — A doña Vita.
“P. ¿Hasta cuándo pagó la última vez? — Hasta el año éste que se me cumplió. Hace tres meses que di el último pago.
“P. Cuando Carrasquillo adquirió esa finca, ¿en alguna oportu-nidad lo requirió para terminar el arrendamiento que tenía en esas tres cuerdas? — Eso nunca ha sido de él.
“Abogado Sr. Cereña: Tomamos excepción a la última resolu-ción de la Corte.
“Hon. Juez: Sin perjuicio de apreciar la cuestión cuando vaya a resolver el caso.” (T. de E., págs. 9-11.)

Los artículos 136, 137 y 138 del Código de Enjuiciamiento Civil, bajo el epígrafe “De las Incongruencias, Errores y Enmiendas en Juicio”, prescriben:

“Art. 136. — Ninguna incongruencia entre las alegaciones y las pruebas en un juicio se tendrá por esencial, a menos que por su índole y efectos dé lugar a que la otra parte incurra, en su perjuicio, en falsas apreciaciones al mantener su demanda o su contestación. Siempre que una de las partes resultare así equivocada, la corte po-drá disponer que se enmiende la alegación en los términos que esti-mare justos.
“Art. 137. — Cuando la incongruencia no fuere esencial según lo previsto en el precedente artículo, la corte podrá resolver que el hecho se admita de acuerdo con la prueba, o disponer una enmienda inmediata sin costas.
“Art. 138. — Sin embargo, cuando las alegaciones de la demanda, o contestación a que se refiera la prueba, queden sin probar, no en algún particular o particulares solamente, sino en su alcance y sig-nificación general, no deberá considerarse como un caso de incon-gruencia, con arreglo a los dos últimos artículos, sino como deficien-cia de la prueba.”

El fin de la ley es la justicia. Las reglas de procedimiento, como las de evidencia, no son otra cosa que el medio para llegar a ese fin. De allí que la infracción a una o más de estas reglas no produzca efecto legal alguno a menos que dicha infracción haya causado perjuicio a la parte que exige su cumplimiento. Inspirados en este principio y en la moderna tendencia a prescindir de la forma cuando lejos de facilitar obstaculiza la justicia, los tres artículos antes trans-critos requieren que para que una incongruencia entre las alegaciones y la prueba sea fatal, la incongruencia debe ser esencial, es decir, que “por su índole y efectos dé lugar a que la otra parte incurra, en su perjuicio, en falsas apreciaciones al mantener su demanda o su contestación.”

Interpretando el artículo 136 supra, se dijo por este tribunal en el caso de Guánica Centrale v. Colberg et al., 27 D.P.R. 684, 686:

“La verdadera intención de ese artículo es que a no ser que exista una diferencia muy esencial entre las alegaciones y la prueba deberá probarse en el juicio la esencialidad de una incongruencia.”

En el caso de Díaz et al v. Rosado et al., 30 D.P.R. 515, 530, se pronuncia este tribunal en igual sentido cuando dice:

“ ‘Y,’ se ba dicho, ‘que de acuerdo con tales estatutos no es bas-tante con que una parte alegue meramente que ha sido inducida a error, sino qu& debe probarse a satisfacción de la corte. General-mente debe presentarse un affidavit que muestre en qué particular ha sido sorprendida o inducida a error la parte.’ 31 Cyc. 703 y casos citados. s
“No hubo insinuación alguna en la corte inferior, ni sugiere tampoco el alegato de los apelantes, que en ninguna forma fueran sorprendidos o inducidos a error en su perjuicio estos demandantes.”

La contención del apelante es que el interventor poseía por cuenta de Ripoll. La del interventor, según su demanda, que poseía las cinco cuerdas a virtud de contrato de apar-cería celebrado con Ramón Larracuente. Su declaración, sin embargo, fué al efecto de que poseía dos cuerdas por haberlas comprado a Larracuente y las otras tres por haberlas arren-dado a la misma persona. En una u otra forma su título, tanto de acuerdo con su demanda de intervención como desde el punto de vista de su testimonio en el juicio, se deriva de Larracuente, y por consiguiente es adverso al de Ripoll, con-trovirtiendo así la contención del apelante. Además, el ape-lante, si bien quiso aprovecharse de la incongruencia, en ningún momento alegó ni probó que ella fuera esencial, es decir, que le hubiese sorprendido o inducido a error en su perjuicio. La corte inferior tampoco basó su resolución en el hecho de que el interventor fuera dueño, arrendatario o aparcero de las cinco cuerdas, sino en el de que era dueño de la casa de que fué lanzado, y de la plantación que recla-maba y estimó que era de justicia impedir que el apelante se enriqueciese a costa del interventor apropiándose ambas cosas sin la correspondiente indemnización.

La declaración del interventor en cuanto a las plantaciones sembradas por él y existentes en la finca al tiempo del lanzamiento, no fia sido impugnada en forma alguna. Tampoco se lia probado que él hubiera sembrado de mala fe, por lo que le favorece la presunción juris tantum de haber sembrado de buena fe. A lo menos que tiene él derecho, ya se considere aparcero, arrendatario o dueño, es a que se le indemnice el valor de sus plantaciones de que le privó el apelante al lanzarlo de la finca sin haberlo vencido en juicio. Asumiendo que el interventor no fuera más que un mero sembrador de buena fe, que es lo menos que podría concedérsele dentro de las circunstancias de este caso, no puede quejarse el apelante de la resolución de la Corte en lo que a las plantaciones concierne. A este efecto. dice Sánchez Román en su tratado de “Derecho Civil Español”:

“Existen reglas comunes a la edificación, plantación y siembra, que son: Ia., se reputa que todo lo incorporado al suelo cede en favor de éste por su calidad de principal, reservando la de accesoria para lo que se incorpora o agrega; 2a., que como nadie debe enri-quecerse en perjuicio de otro, ha de reintegrarse a su dueño del valor de los materiales, plantas o semillas y gastos de construcción, plantación o siembra que se justifiquen cumplidamente; 3a., que procede también la indemnización de daños y perjuicios cuando in-tervenga mala fe por parte del edificante o por la del que plantó o sembró, probados que sean dichos daños y perjuicios; y 4a., que la mala fe necesita justificación especial, puesto que la buena fe constituye una presunción juris tantum.” Ob. cit., tomo 3, pág. 94.

Más adelante, concretando su estudio al derecho del que planta o siembra en terreno ajeno, dice el citado autor:

“Son reglas generales para la plantación y siembra, las si-guientes :
“Ia. El que de bueña fe plantare o sembrare con plantas o semi-llas propias en heredad ajena, tendrá derecho, antes de devolver la heredad, a excepcionar que se le reintegre del importe de las plan-tas o semillas, descontando el valor de los frutos que de la finca haya tomado. Si el dueño no puede pagar las plantaciones o labores, será permitido sacar de la heredad, al que las hizo, aquello que M metió o labró. L. 41, tít. 28, Part. III.” (Pág. 96.)

El interventor no apeló de la resolución de la corte y por lo tanto la consiente; como en lo que a las plantaciones concierne el pronunciamiento no perjudica al apelante, puesto que considerándolo como un mero sembrador de buena fe en terreno ajeno, se le concedió aquello a que tenía derecho, la resolución en cuanto a este extremo no debe ser alterada.

En lo que sí es errónea es en cuanto condena al apelante a permitir al interventor sacar la casa que construyó en la finca. De acuerdo con la evidencia y con la conclusión a que llegó la corte, el interventor era un edificante de buena fe. Siendo ello así, conforme resolvimos en los casos de Rivera et al. v. Santiago, y Rivera et al. v. Torres Santiago, ante, pág. 381, el dueño del terreno adquiere lo edificado a título de accesión, pero previamente debe pagar al edificante el valor de los materiales y de la mano de obra. De suerte que el apelante tiene el derecho de hacer suya la casa pagando la citada indemnización o permitir al edificante que la retire, si no insistiendo éste en su derecho de ocuparla hasta que se le pague la indemnización, conviene con el dueño del terreno en llevársela.

Procede por lo expuesto, modificar la resolución apelada en el sentido de reconocer al apelante, dueño del terreno, su derecho a apoderarse de la casa pagando previamente al interventor el valor de la misma, o sea $30, qu,e es lo que resulta de la prueba (T. de E., pág. 16), o permitírsele que la retire de la finca, y así modificada, procede óonfirmarla en todos sus demás pronunciamientos.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Francisco Olmo Rodríguez, acusado y apelante.
    Núms. 8022 y 8023.

    Sometidos: Marzo 12, 1940.

      Resueltos: Marzo 27, 1940.

      Luis Mercader, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, y Litis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Estos dos recursos se vieron conjuntamente y serán estu-diados en una sola opinión.

El primero de abril de 1938 el Fiscal del Distrito de Are-cibo formuló acusaciones contra Francisco Olmo Rodríguez imputándole el hecho de la portación de un revólver, arma mortífera, el 9 de febrero de dicho año, en el barrio Santana del término municipal de Arecibo, en violación del artículo primero de la Ley Prohibiendo Portar Armas de 1924 (recurso número 8023) y el de no haber declarado dicha arma por escrito al jefe de la Policía Insular de Arecibo, lugar de su residencia, dentro del término legal, dejando así de cumplir e infringiendo el artículo 7 de la Ley núm. 14 de 1936, según fué enmendada por la. número 95 de 1937 (recurso número 8022).

Llamadas las causas para juicio el dos de mayo de 1939, dijo el abogado del acusado: “Tengo una moción para archivo del caso.” Y el juez contestó: “La Corte consi-dera tardía la moción.” Agregando luego: “Hay una moción en los autos en que pidió el acusado una vez la sus-pensión y renunció a todos los derechos. Dos veces suspen-dido a petición del abogado. El motivo principal de no acceder a la moción del abogado es que este caso ha sido suspendido dos veces a petición del acusado, según consta de los autos.”

Tomó excepción el acusado a la resolución de la corte y solicitó que se suspendiera la vista para “más oportunidad y más amplitud.” La corte no accedió a la solicitud y el juicio fué celebrado.

El Pueblo por su Fiscal llamó a declarar a Antonio Mon-teserín, Jefe de Distrito de la Policía Insular y a Rufo Rosa González y Juan J. Pía, Policías Insulares.

Dijo el primero que llevaba el Registro de Armas de Fuego de acuerdo con la ley y que tenía con él el índice, asegu-rando que examinado el libro no se encuentra registrado el revólver ocupado en este caso marca Smith & Wesson, nique-lado, calibre 38, con una cacha de pasta colorada y otra negra.

Rufo Rosa González manifestó que el nueve de febrero, 1938, el detective Santiago recibió una confidencia de que el acusado “portaba un arma por la carretera, por cierta dis-crepancia que había entre' él y otra persona y fuimos con él y nos pusimos a velarlo ... y el detective ... le quitó el revólver, un revólver sistema Smith, cañón largo y con una cacha negra y otra colorada, y no estaba registrado.”

La declaración del otro policía lo fué del mismo tenor.

El acusado no aportó evidencia, y la corte lo condenó a un mes de cárcel por el delito de portar armas y a seis por el de infracción a la ley sobre registro de armas de fuego.

Contra ambas sentencias apeló, señalando en su alegato cuatro errores cometidos a su juicio por la corte, al conde-narlo basada en un estatuto inconstitucional — el de registro de armas — , al no decretar el archivo de las causas, al no suspender la vista, de las mismas y al declararlo culpable de no tener registrada el arma sin alegarse en la acusación que el 9 de febrero fuera residente del distrito de Areeibo.

Como pudimos ver por la breve exposición que de la evi-dencia de cargo, fínica presentada, hicimos, quedó demostrado en el juicio que el acusado portaba un revólver y que ese revólver no estaba registrado. Sobre la suficiencia de la prueba no hay cuestión.

¿Es la Ley núm. 14 de 1936 enmendada por la núm. 95 de 1937, inconstitucional?

La pregunta debe contestarse en la negativa de acuerdo con lo resuelto por esta propia corte en el caso del Pueblo v. Avilés, 54 D.P.R. 272.

En dicho caso se estudió y decidió la exacta cuestión que levanta en éste el acusado, como sigue:

“Pasemos ahora al segundo fundamento de ineonstitucionalidad.
“El artículo 13 de la Ley núm. 14 de 1936 ((2) página 129) decía así:
“ ‘Art. 13. Por la presente se declara que esta ley es de carácter experimental y por tanto sus disposiciones estarán en vigor solamente por el período de dos años y un día a partir de la fecha en que entre en vigor.’
“La sección antes transcrita fué enmendada por la Ley número 95 de 1937 (Leyes de 1936-37, pág. 240) en el sentido de hacer la ley permanente. Sostiene el apelante que debió redactarse de nuevo toda la ley de 1936, cumpliendo así con lo prescrito en el párrafo 9 del artículo 34 de la Ley Orgánica, que dice así:
“ ‘Ninguna ley será restablecida o enmendada, ni se dará mayor alcance a sus disposiciones .... haciendo referencia a su título solamente, sino que toda la parte de ella que sea restablecida, en-mendada, extendida, o conferida, será decretada nuevamente y pu-blicada en» su totalidad. ’
“El objeto de esa cláusula constitucional es evitar confusiones, impidiendo que para conocer un artículo o sección de una ley haya que examinar dos o más tomos de leyes entre los cuales se halle fraccionado un determinado precepto legal. Por esa razón, inter-pretando esa cláusula se ha sostenido que es suficiente con que al enmendarse una ley, la disposición legal, tal y como ha sido enmen-dada, se transcriba literalmente en la ley enmendatoria. 59 Corpus Juris 880. Pero cuando, como en el presente caso, todos los artícu-los de la Ley de 1936, con excepción de los tres que fueron enmen-dados por la Ley núm. 95 de 1937, a saber, el 7, el 9 y el 13, no son alterados en forma alguna, ningún fin práctico se consigue trans-cribiendo de nuevo toda la ley, que aparece en el tomo de leyes de 1936, sesión extraordinaria.
“En el caso de Houston & T. C. Ry. Co. v. State, 39 S. W. 390, se suscitó una cuestión similar a la que ahora levanta el apelante.
“El Estado de Tejas hizo cierta concesión de tierras a la Houston & T. C. Ry. Co. por un período de diez años, y después de expirado dicho término se pasó una ley extendiéndolo a diez años más. En la ley enmendatoria no se transcribió la ley enmendada. Se alegó que la ley enmendatoria era inconstitucional por no cumplir con una cláusula constitucional del Estado de Tejas, igual a la que ahora invoca el apelante. La Corte Suprema de Tejas sostuvo la consti-tucionalidad de la ley.”

Discutiendo la cuestión del sobreseimiento, dice el apelante en su alegato:

“ . . . Contestamos al tribunal que según las constancias de los autos, la renuncia hecha por Mercado sin tomar el consenso de su cliente era contraria a la ley, porque es elemental que un letrado no puede renunciar derechos constitucionales básicos del denunciado sin el claro consentimiento de éste. El Ledo. Mercado no tuvo ese asentimiento del acusado. Su renuncia era nula en absoluto, y no afectó los derechos de Olmo Rodríguez. 6 C. J. 638 y 624 S. 146; Ronnifield v. Thorp, 71 Fed. 924.”

Es cierto que la jurisprudencia lia decidido que un cliente no queda oblig*ado por el acto de su abogado cuando tal acto no fué autorizado en modo alguno y se realizó fuera del radio de acción y del curso de su empleo. Pero la situación aquí es distinta. Nombrado el abogado defensor, la dirección del proceso le queda encomendada y la petición de suspensión de la vista con renuncia del derecho a un juicio rápido está dentro del círculo ^de sus atribuciones, debiendo presumirse que la petición se hizo para beneficio del acusado. Véase 7 Cal. Jur. 936, sec. 80, y 5 Am. Jur. 311, sec. 85.

Esto aceptando que la renuncia la hiciera el abogado, que lo' que del récord surge es que fué hecha por el propio acusado.

Los autos no demuestran que el acusado al pedir por medio de su abogado la suspensión del último señalamiento del juicio alegara motivo justificado alguno. Pedir la suspensión para “más oportunidad y más amplitud” sin más, es usar palabras de sentido general sin concretarlas en su aplicación a causa determinada alguna. Sobre todo cuando se trata de acusaciones formuladas desde hacía más de un año y la propia parte que pidió la suspensión se acababa de quejar de la dilación en la celebración de los juicios. La eorte actuó correctamente al negar la petición.

Tampoco erró la corte al condenar al acusado en la causa por violación de la ley sobre registro de armas de fuego, a base de la acusación formulada contra él por el fiscal.

Habiéndose consignado en dicha acusación lo que sigue: “. . . sin haber declarado dicha arma por escrito al Jefe de la Policía Insular de Arecibo, P. R., que es el distrito donde reside el acusado, ...” quedaron cumplidas la ley y la jurisprudencia sobre el particular.

En tal virtud no habiéndose cometido ninguno de los errores señalados, los recursos deben ser declarados sin lugar, confirmándose las sentencias apeladas.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison

text:
    Bernardo Fernández González, demandante y apelado, v. José Rodríguez Pérez, demandado y apelante.
    Núm. 7767.

    Sometido: Mayo 16, 1939.

      Resuelto: Marzo 27, 1940.

      G. Cruzado Silva, abogado del apelante; Monserrat & Monserrat, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

José Rodríguez Pérez, deudor hipotecario, pagó en noviembre 6 de 1930, o sea tres semanas antes del venci-miento de la hipoteca, el principal de la misma, mas no así los intereses desde abril a noviembre 5. El 13 de diciembre de 1930 aceptó un giro a sesenta días fecha por'$315 — inte-reses al 7 por ciento anual sobre la hipoteca desde abril 1 a noviembre 5. En febrero 19 de 1931 el acreedor hipo-tecario canceló la hipoteca. En la escritura de cancelación dicho acreedor reconoce el pago de la suma de $7,500 de principal y hace constar que no quedaban intereses pendien-tes de cobro. Más tarde inició el presente recurso para cobrar el giro, y obtuvo sentencia a su favor.

Rodríguez sostiene que la corte de distrito cometió error:

Al dictar sentencia por la suma de $315, más intereses legales y costas, a pesar de lo que consta en la escritura de cancelación.
Al dictar sentencia contra el demandado sobre la base de prueba extrínseca que contradecía y variaba los términos de la escritura de cancelación.

El giro fué identificado, ofrecido como prueba y admitido sin objeción alguna.

La médula del testimonio del demandado es como sigue:

José Méndez (mandatario y apoderado del acreedor hipotecario) habló con el testigo sobre la cancelación de la hipoteca antes de su vencimiento. La peseta española se cotizaba muy baja. Le dijo al testigo que si pagaba antes de su vencimiento, le rebajaría los intereses en descubierto. El testigo le contestó que haría esfuerzos para reunir el dinero lo antes posible. Tan pronto como el testigo consiguió el dinero, fué donde B. Fernández con un cheque. Mén-dez no estaba allí, estaba enfermo en el Auxilio Mutuo. Le había dado a entender al testigo que los intereses quedaban cancelados, toda vez que el acreedor ganaría mucho más cobrando la hipoteca antes de su vencimiento y cancelando los intereses. Por eso fué que el testigo pagó los $7,500 veintiún días antes de vencer la hi-poteca. El testigo aceptó el giro porque los empleados de la oficina insistían y le llamaban por teléfono. El testigo les dijo que tenía un convenio con Méndez. Le dijeron que aceptara el giro para ellos no tener que escribirle nuevamente hasta que Méndez regresara para entonces discutir con él el asunto. Después el testigo habló con Méndez por teléfono y el asunto quedó pendiente. El giro venció el 13 de febrero de 1931. La escritura de cancelación fué otorgada el 19 de febrero.

En la repregunta:

El testigo había sido comerciante y agricultor por espacio de 29 años. Cuando recibió la carta de B. Fernández & Hnos. el 25 de noviembre, él les dijo por teléfono que no les debía ese dinero. Que él había convenido en pagar el capital para aprovecharse del beneficio del cambio de moneda antes de que la peseta española subiera. Fué después de recibir esa carta que el testigo aceptó el giro el 13 de diciembre. Aceptó el giro después de recibir las dos cartas. El giro no estaba sujeto a condición alguna. No pagó el giro debido a su convenio con Méndez.

En el examen redirecto:

El giro venció el 13 de febrero de 1931. En vez de demandar al testigo, otorgaron la escritura de cancelación. Esto se hizo a virtud del convenio.

José Méndez, en refutación:

Cuando otorgó la escritura de cancelación en febrero 19 de 1931, Rodríguez les debía los $315 de intereses. El testigo tenía el giro aceptado por Rodríguez. Éste representaba el importe de los inte-reses adeudados por Rodríguez. ÍJl pagó los intereses con el giro. Cuando el testigo canceló la hipoteca, los intereses habían sido can-celados y el giro estaba pendiente.

El letrado del demandado se opuso a la admisión dn toda prueba tendente a controvertir los términos de la escritura de cancelación a menos que surgieran las circunstancias espe-cificadas en el artículo 25 de la Ley de Evidencia. La corte declaró sin lugar la objeción por entender que en manera alguna se trataba de una modificación. “Allí se decía que se cancelaban con los intereses, pero como los intereses se sumaron, como ya los intereses estaban en el giro, solamente había una causa de acción.” La única cuestión ante la corte era el crédito que debía darse a los testigos; si hubo conve-nio o no. El demandado no excepcionó esta resolución de la corte y, por el contrario, procedió inmediatamente a repre-guntar al testigo.

En el examen redirecto el testigo dijo que él nunca había convenido en cancelar los intereses; que jamás había sido autorizado por su poderdante para celebrar tal convenio.

Al ser repreguntado nuevamente, manifestó que había reconocido el pago porque ya se había aceptado el giro a sesenta días; que ésa era una cosa que el testigo no tuvo en cuenta. Había otorgado la escritura de cancelación porque el giro ya había sido firmado. También explicó que Rodrí-guez a principios no se había negado a pagar el giro, sino que repetidamente había presentado excusas y finalmente había rehusado pagarlo. Rodríguez ocupó nuevamente la silla de los testigos y contradijo esta parte del testimonio en refutación.

La conclusión de la corte de distrito fué adversa al deman-dado. No hallamos error manifiesto en la apreciación de la prueba. La explicación del demandado respecto a por qué aceptó el giro no obstante su supuesto convenio con Méndez, dista mucho de ser satisfactoria. La explicación ofrecida por Méndez sobre por qué hizo constar en la escritura de cancelación que no había intereses pendientes de cobro, es la tínica explicación lógica de esa aseveración, a menos que creamos la declaración del demandado en torno al acuerdo de que él no .tenía que pagar los intereses pendientes al tiempo de otorgarse la escritura de cancelación. Sin embargo, el juez de distrito no creyó ese testimonio y, por el contrario, aceptó como cierta la versión de Méndez. No nos es posible decir que la corte inferior debió haber rechazado como falso el testimonio de Méndez y aceptado como cierta la declara-ción de Rodríguez.

Méndez no hizo constar en la escritura de cancelación que se hubieran pagado los intereses en efectivo. Asumiendo, para los fines de la argumentación, que esa constancia nece-sariamente significaba que los intereses se hubieran pagado, no se especificaba la forma en que los mismos se hubieran satisfecho. Si esa constancia equivalía a un reconocimiento de pago, nada hay en la regla sobre prueba oral (parol evidence nde) que excluya evidencia que tienda a demostrar cómo el pago se había efectuado. El decir que se había reci-bido un giro aceptado en pago de los intereses no era incon-sistente con la manifestación de que no había intereses-pendientes de cobro. Nada hay en la regia sobre prueba oral que prohíba se revelen las circunstancias en que una mani-festación como la contenida en la escritura de cancelación fue hecha. Aun si.el demandado no hubiera esperado hasta que terminara el testimonio del demandante en refutación, la corte inferior no hubiera cometido error al declarar sin'lugar la objeción a que se admitiera prueba tendente a demostrar que el acreedor hipotecario había recibido el giro aceptado en pago y en sustitución de la obligación original contenida en la escritura de hipoteca y que por este motivo había hecho constar en la escritura de cancelación que no había intere-ses en descubierto.

No estamos ante el caso de un deudor que en un pleito' en cobro de una obligación original aduce una novación del contrato. Conforme ya se ha indicado, se trata de una acción en cobro de un giro aceptado.

El demandado alegó como defensa especial que había “satisfecho” no sólo el principal de la hipoteca, sino todos los intereses pendientes de pago al tiempo de otorgarse la escritura de cancelación y que no adeudaba al demandante suma alguna como principal ni como intereses; y que el importe del giro aceptado había sido incluido y pagado al tiempo de otorgarse la escritura de cancelación de hipoteca. Su testimonio durante el juicio tendió a demostrar que la cláusula en la escritura de cancelación no equivalía a un reconocimiento de pago en efectivo, sino que surgía más bien con motivo de un supuesto convenio anterior1 al giro aceptado, al efecto de que al pagarse el principal antes del vencimiento de la hipoteca, el deudor quedaría exonerado de pagar los intereses vencidos después del primero de abril. Al demandante se le permitió entonces que demostrara en refutación — sin que el demandado presentara la oportuna objeción — que la constancia en la escritura de cancelación nc se debía a un convenio como el descrito por el demandado en su declaración, sino más bien al hecho de que el acreedor había recibido el giro aceptado en pago y en sustitución de la obligación original. Esta prueba no varió, modificó o contradijo la aserción contenida en la escritura de cancela-ción. Meramente impugnó la teoría del demandado sobre el significado de esa combinación de palabras más o menos des-afortunada y ofreció en su lugar una teoría distinta que í'ué adoptada por el juez de distrito como la más plausible de las dos.

Debe confirmarse la sentencia apelada.