author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Ex Parte Arístides Castro López, peticionario.
    Núm. 115.

    Sometido: Marzo 23, 1939.

      Resuelto: Mayo 11, 1939.

      Sanios P. Amadeo, abogado del peticionario; B. A. Gomes, Fiscal, j Litis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados del Jefe de la Penitencia-ría Insular.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La Corte Juvenil de Ponce declaró al menor de diez y seis años Aristides Castro López culpable de un delito de homi-cidio voluntario y le impuso una condena de cinco años de reclusión en la Penitenciaría Insular de Río Piedras, con la recomendación de “mantener al mencionado menor ... en un lugar separado de los criminales adultos, en forma tal que resulte imposible que dicho Aristides Castro López, que es un niño menor de edad, se asocie con ellos o que éstos puedan ejercer influencia sobre aquél ...”

La sentencia se dictó el 25 de noviembre de 1938 y el 18 de marzo pasado el citado menor presentó en este Tribunal una solicitud de hábeas corpus en la que alega que la ameritada sentencia es nula y que en su consecuencia se halla ilegalmente privado de su libertad por las siguientes razones:

(a) Porque dicha sentencia está en violación a las secciones 21, 23, 25 y 33 de la Ley núm. 37 de 1915, que establece un sistema de cortes para niños, etc., conocida por la Ley de Cortes Juveniles de Puerto Rico.
“ (b) Porque dicha sentencia está en violación de la sabia polí-tica pública (‘public policy) que en relación con el tratamiento de delincuentes juveniles estableció la Legislatura de Puerto Rico al aprobar la ley antes mencionada y la cual consiste en no castigar a los delincuentes juveniles como criminales comunes, sino más bien en educarlos y reformarlos para que en el futuro sean buenos ciuda-danos.
“ (c) Porque la Corte Juvenil de Ponce al sentenciar al peti-cionario, que es un menor, de acuerdo con la Ley de Cortes Juveniles, abusó de su discreción al ejercer el poder de ‘parens patriae’, por-que la reclusión del peticionario en el Presidio Insular está en contra de su bienestar debido a que en dicha institución el peticionario está en contacto directo e indirecto con delincuentes adultos y además se hace imposible su reforma y su educación tal como lo dispone la sección 33 de la Ley de Cortes Juveniles.
“(el) Porque de acuerdo con las secciones antes mencionadas y la política pública (public policy) establecidas por la Legislatura de Puerto Rico en relación con el tratamiento de delincuentes juveniles, el peticionario debió haber sido recluido en la Escuela Correccional de Mayagüez, para que allí él pudiera corregirse, educarse y refor-marse, según fué la intención de los legisladores al establecer la Ley de Cortes Juveniles.”

Termina el peticionario suplicando a este tribunal que “de acuerdo con el artículo 483, inciso 5, del Código de Enjuiciamiento Criminal de Puerto Pico, anule la sentencia dictada por la Corte Juvenil de Ponce y en su lug’ar dicte otra sentencia en el sentido de recluir al peticionario en la Escuela Correccional de Mayagüez, y en caso de que no baya sitio en dieba escuela, lo recluya en la Sala de Niños Delincuentes, adscrita a la Corte Juvenil de Ponce, basta que su ingreso en la Escuela Correccional sea posible.”

Vista la indicada solicitud, debidamente jurada por el peticionario, y los artículos 469 y siguientes del Código de Enjuiciamiento Criminal, el 20 de marzo pasado expedimos un auto de babeas corpus dirigido a Sixto M. Saldaña, Jefe de la Penitenciaría Insular, ordenándole comparecer ante este tribunal el 23 del mismo mes, a las dos de la tarde, en su. sala de sesiones, trayendo consigo al peticionario, a fin de resolver sobre la legalidad de su prisión.

En la fecha indicada compareció el Jefe de la Peniten-ciaría Insular de Pío Piedras con el peticionario, estando este último asistido de su letrado Lie. Santos P. Amadeo. Del interrogatorio a que el peticionario sometió al Jefe de la Penitenciaría Insular, resulta que no obstante sus buenos deseos, no puede asegurar de manera absoluta que el menor, en un momento dado, no pueda venir en contacto con los confinados adultos, por no existir allí medios adecuados que permitan una separación absoluta mientras asisten a los talleres y a la escuela.

El caso quedó sometido a nuestra consideración con el informe oral del abogado del peticionario y el del Fiscal de este Tribunal, quien se allanó a la expedición del auto.

La norma de interpretación de la “Ley para establecer un sistema de cortes para niños, etc.,” aprobada el 11 de marzo de 1915 (Leyes de ese año, pág. 73), nos la da el legislador en la sección 33 de la misma, que literalmente dice así:

“Sección 33. — Esta Ley deberá interpretarse liberalmente con el fin de que se llaga posible llevar a cabo sus propósitos, siendo éstos la protección y el bienestar del niño y proporcionarle los medios de corregirse, educarse y vivir como ciudadano respetuoso de la ley.”

En el caso de Clemente v. Alvarez, Alcaide, etc., y El Pueblo, 50 D.P.R. 784, 787, este tribunal, por voz de su Juez Asociado Sr. Travieso, que a la vez es el autor de la citada Ley, hace una clara exposición de los principios fundamen-tales que la informan. Dijo entonces el tribunal:

“El propósito fundamental del sistema de cortes para delincuen-tes juveniles es el de tratar y considerar a los menores de diez y seis años no como criminales sino como pupilos del Estado, al que se impone la obligación de reformarlos y educarlos para impedir que continúen por el camino del crimen. Por eso la ley dispone que la vista del caso se celebrará en privado; que las penas impuestas por las leyes a las personas adultas serán aplicadas discrecionalmente en el caso de jóvenes delincuentes; que las cortes para niños tendrán facultad para dejar sin efecto o suspender la ejecución de las sen-tencias ; y que ninguna orden o sentencia dictada por la corte contra un niño podrá ser admitida como prueba en ningún procedimiento civil o criminal en contra del mismo niño.
“La mayor protección que la ley ofrece al niño delincuente es la contenida en su sección 23, la que dispone 'que ningún menor de 16 años será encarcelado en una cárcel común, en la compañía de criminales adultos confinados en la misma’, con el propósito evi-dente de evitar el daño irreparable que se causaría al menor como resultado de la convivencia y asociación con personas ya avezadas al crimen.

¿ Podía el Juez de la Corte Juvenil de Ponce, dentro de las circunstancias de este caso conforme resultan del récord, .condenar al peticionario a cumplir cinco años de presidio en la Penitenciaría Insular de Río Piedras, a pesar de la reco-mendación que contiene la sentencia respecto al aislamiento del niño? Ésa es la cuestión a resolver, a la luz de la letra y del espíritu de la ley especial sobre la materia,

La sección 23 de la ley prohíbe terminantemente que un niño menor de diez y seis años de edad sea encarcelado en una cárcel común, en la compañía de criminales adultos, y sólo lo permite, por vía de excepción, “en el caso de que su encarcelación se hiciese dbsólidamente necesaria.” Para ese caso excepcional de absoluta necesidad expresamente dis-pone la ley que la encarcelación se verifique “en un lugar separado de los criminales adultos, en forma tal que resulte imposible que el niño se asocie con ellos, o que éstos puedan ejercer influencia sobre aquél.”

En la Escuela Correccional, por prescripción de ley, no pueden ser recluidos los que hayan sido convictos de asesi-nato u homicidio. Excluida la Escuela Correccional, el Juez de la Corte Juvenil de Ponce no tuvo otra alternativa que la de recluir al peticionario en la galera de menores ads-crita a la Cárcel de Distrito de Ponce o confinarlo en la Penitenciaría Insular de Río Piedras. Conociendo, como indudablemente conoce, las condiciones en que se baila la galera de menores, estimó que la Penitenciaría Insular ofre-cía mayores ventajas por disponer esta institución de amplios y bien equipados talleres donde el menor podría adquirir un oficio y tener además escuela donde aprender los rudimentos de la instrucción primaria. Optó por esta última institución y ordenó que el menor fuera recluido en ella, no sin antes disponer que se tomasen todas las precauciones necesarias para impedir su contacto con los presos adultos.

Tratándose de que el peticionario es un menor y que por consiguiente pesa sobre nosotros la responsabilidad de parens patriae, creimos nuestro deber investigar personalmente y cerciorarnos de la verdadera situación en que el menor se bailaba y de las ventajas que realmente podría ofrecerle la Penitenciaría Insular. Llevando a efecto nuestro propósito, el Juez Sr. Travieso y el que suscribe, con el conocimiento y aquiescencia del tribunal, giramos una visita a la Peniten-ciaría Insular, pudiendo comprobar que existe allí una galera independiente del resto del edificio, dedicada exclusivamente a presos menores de veintiún años, en número que actual-mente excede de ochenta, y que entre éstos bay varios que aun no ban llegado a la edad de dieciséis años. Que estos menores asisten diariamente a la escuela durante ciertas boras del día y en otras van a los distintqs talleres, y que mientras se bailan en una u otros, como también asisten presos adultos, los menores son encargados al profesor o maestro del taller y a la vez van acompañados de presos de absoluta confianza cuya misión es impedir su contacto con los confinados adultos.

Es de conocimiento general que la Cárcel de Distrito de Ponce, como todas las de la isla, no disfruta de las como-didades, de los talleres y escuelas de que goza la Peniten-ciaría Insular. En estas condiciones, no abrigamos duda alguna que el Juez de la Corte Juvenil actuó correctamente. velando por el mayor bienestar del menor, en armonía con los fines y propósitos de la Ley de Cortes Juveniles antes enunciados, y siendo ello así, tenemos que concluir que la prisión del peticionario no es ilegal.

Procede, por lo expuesto, desestimar la solicitud de habeas corpus y ordenar que el peticionario permanezca confinado en la Penitenciaría Insular en la forma en que se halla actual-mente, hasta que expire su período de reclusión u otra cosa se disponga de acuerdo con la ley.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Del Toro

license: Public Domain

text:
    Antonio Rivera, demandante y apelado, v. Juan J. de Arce, demandado y apelante.
    Núm. 7768.

    Sometido: Abril 27, 1939.

      Resuelto: Mayo 12, 1939.

      A. García Veve, abogado del apelante; F. González Fagundo, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

En marzo 1, 1938, Antonio Rivera demandó a Juan J. de Arce ante la Corte de Distrito de Humacao pidiendo ser restablecido en la posesión “de la finca descrita en esta demanda.” Basó sn acción en los siguientes beclios:

“1. Que el demandante Antonio Rivera dentro del año prece-dente a la presentación de esta demanda estaba en la posesión real de la siguiente finca:
“ ‘RÚSTICA: Finca de tres cuerdas colindante por el Norte y por el Este con Valentín de Arce, y por el Oeste y Sur, con Sixto Antonio Rivera.’
“2. Que desde el año 1906 la referida finca ha estado poseída materialmente por Gregorio Brignoni, luego Sixto Antonio Rivera y dentro del año precedente a la presentación de esta demanda por Antonio Rivera.
‘ ‘ 3. Que allá por el día 12 de agosto de 1937 el demandado Juan J. de Arce penetró en la finca descrita en el hecho primero de esta demanda y amenazó a las personas encargadas de dicha finca, y el día 20 de agosto de 1937 penetró nuevamente en la finca y puso una cerca en la misma, tomando posesión material de ella y aún está en posesión material, negándose a entregarla al demandante.”

El 3 de marzo de 1938, la Corte, de acuerdo con la ley especial sobre la materia — Núm. 43 de mayo 13, 1913, Leyes de ese año, pág. 85 — señaló el 18 de marzo de 1938 para la vista, ordenando el emplazamiento del demandado con ocbo días de antelación.

Llamado eí pleito en el día señalado sólo compareció el demandante. Se procedió a la práctica de la prueba y la Corte se reservó su resolución que dictó cinco días después declarando la demanda con lugar. En su sentencia descri-bió la finca sobre cuya posesión versó el pleito, así:

“RÚSTICA: Finca ele 3 cuerdas colindante por el Norte y Este, con Valentín Arce, y por el Oeste y Sur, con Sixto Antonio Rivera. Sita en el barrio Puerto Real de Vieques.”

No conforme el demandado, apeló. Sostiene que la corte sentenciadora no adquirió jurisdicción porque el emplaza-miento del demandado es nulo, y sostiene además que la demanda no alega beclios suficientes para dar jurisdicción a la Corte y para basar la sentencia porque no describe la finca de modo tal que pueda identificarse.

La falta de hechos es tan clara que no necesitamos entrar en el examen del emplazamiento. No se dice en la' demanda dónde se encuentra la finca.

En el caso de Matanzo v. Vizcarrondo, 30 D.P.R. 282, 283, esta corte, por medio de su Juez Asociado Sr. Aldrey, se expresó así:

“Para que las alegaciones de una demanda de interdicto para recobrar la posesión sean suficientes para determinar una causa de acción es necesario que describa la porción de terreno de que ha sido desposeído por el demandado, de modo que pueda dictarse una sen-tencia de acuerdo con ella y que pueda ser cumplida por el oficial ejecutivo de la corte. Sin tal especificación urn podría saber dicho funcionario la porción de terreno cuya posesión debe restituir al de-mandante. Del Valle v. Rivera, 23 D.P.R. 634; Mejía v. Suárez, 27 D.P.R. 317. Tal alegación es también necesaria para que el de-mandado sepa de qué tiene que defenderse, pues si bien por ser en este caso pequeña la finca y por alegarse que el terreno lo ocupa el demandado con la casa que estaba fabricando pudiera saber el de-mandado la porción de terreno a que se refiere el demandante, sin embargo la regla debe ser la misma que si se tratara de una finca de gran extensión y de actos que no sean los de fabricar una casa.”

Y en el caso de Rodríguez v. Colón, 44 D.P.R. 458, 459, se reafirmó lo dicho, de suerte que es algo resuelto ya de modo terminante por este tribunal que' una demanda de injunction para recobrar la posesión que como la presente no describe la finca de modo tal que se sepa dónde está y pueda ser identificada al ejecutarse la sentencia que se dicte, no aduce causa de acción, ni puede por tanto servir de base a una sentencia válida, eficaz.

Admite la parte apelada que la descripción de la finca que contiene la demanda no es suficiente, pero sostiene que la evidencia suplió lo que faltaba y la Corte quedó colocada por tanto en condiciones suficientes para dictar como dictó su sentencia describiendo como describió correctamente la finca. Cita los siguientes casos de esta corte" en apoyo de su contención: El Pueblo v. Sucesión Valdés, 31 D.P.R. 223; Sucn. Franceschi v. González, 42 D.P.R. 944.

Si no se tratara de una sentencia en rebeldía y el deman-dado hubiera consentido en que la evidencia a que se refiere la parte apelada se practicara, tendría razón dicha parte porque entonces podría considerarse enmendada la demanda y el defecto subsanado por la prueba. Pero como de un jui-cio celebrado en rebeldía se trata, no pudiendo invocarse el consentimiento del demandado, la deficiencia subsiste y la sen-tencia fundada en la alegación insuficiente, cae necesaria-mente por su base por falta de uno de los requisitos esenciales indispensables para dictarla.

La Corte Suprema de Illinois, en el caso de Roe v. Cook County, 358 Ill. 568, 193 N.E. 472, resolvió que: “Una sen-tencia en rebeldía deberá revocarse cuando la demanda no aduce una causa de acción.”

En igual sentido se expresó la Corte de Apelaciones Civi-les de Texas en el caso de Morgan v. Davis (Tex. Civ. App.) 292 S.W. 610. Dijo: “Para que pueda confirmarse una sen-tencia en rebeldía, la demanda debe aducir una causa de acción con sustancial exactitud para así informar a la corte de la sentencia que debe dictar sin tener necesidad de buscar prueba fuera de las mismas alegaciones.”

“Si la demanda fuere sustancialmente enmendada, debe la misma notificarse a un demandado en rebeldía”, decidió la Corte Suprema de California en In Re Wiechers’’ Estate, 199 Cal. 523, 250 P. 397.

Y esta propia corte en el caso de Miranda v. Pesquera, 43 D.P.R. 45, sentó la siguiente doctrina:

‘1 Una demanda en cobro de honorarios profesionales que no alegue que los servicios cuyo pago se reclama fueron prestados a instancia del demandado es insuficiente para dictar sobre ella una sentencia en rebeldía a menos que se enmiende la demanda para incluir tal alegación, notificando al demandado con copia y dándole oportu-nidad de contestar. Si esto no se hace y el caso se ve en rebeldía, la omisión no queda subsanada por la prueba ni la demanda puede considerarse como enmendada.”

Por virtud de todo lo expuesto debe revocarse la sentencia recurrida y en su lugar dictarse otra desestimando la demanda, con costas.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Ramón Montaner, en su carácter de Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurrente, v. La Comisión Industrial de Puerto Rico, compuesta por los Sres. Manuel León Parra, Presidente, y F. Paz Granela y Juan M. Herrero, Comisionados Asociados, recurrida, y Paula Tirado Villot, peticionaria ante la Comisión.
    Núm. 154.

    Sometido: Enero 9, 1939.

      Resuelto: Mayo 12, 1939.

      Hon Procurador General B. Fernández Garda, Emilio de Aldrey, Procurador General Auxiliar, Víctor J. Vidal González, Asesor Legal del Fondo del Estado y G.. Atiles Moreu, Asesor Legal Auxi-liar, abogados del recurrente; M. León Parra, abogado de la re-currida; Ismael Soldevila, abogado de la peticionaria ante la Comisión Industrial.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Lorenzo Tirado, de 80 años de edad, padre de la peticio-naria, perdió su vida como consecuencia de lesiones que reci-biera al caerse de una carreta de bueyes en la que se dirigía a la Central “Rufina” con el objeto de cobrar allí una suma que semanalmente le pagaba dicha central. La caída de Tirado fue motivada por un choque entre la carreta y una máquina de la Central. El Administrador del Fondo del Seguro del Estado denegó la compensación: (a) por nó haber ocurrido el accidente en el curso ni como consecuencia de tra-bajo alguno que Tirado desempeñara para el patrono; y (6) por no ser Tirado un obrero a tenor de lo dispuesto en la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, de 18 de abril de 1935 (Ley núm. 45 de 1935 (1) pág. 251).

En 28 de abril de 1938 la Comisión Industrial revocó la decisión del Administrador del Fondo y resolvió que Lorenzo Tirado en el momento de su muerte era un obrero del patrono asegurado y que su hija de 60 años de edad, la peticionaria, era su beneficiaría. Solicitada la reconsideración ésta fue denegada. En agosto 30, 1938, el Administrador del Fondo radicó la .presente solicitud de revisión en la que alega que la Comisión erró:

1. Al negarse a admitir en evidencia una declaración jurada prestada por Tirado antes de su muerte, en la que hacía constar que él no trabajaba para la central y que lo que de ésta recibía era una mera gratificación.

2. Al declarar que Tirado era al tiempo de su muerte un trabajador del patrono.

3. Al resolver que la'peticionaria dependía para su sub-sistencia de lo que ganaba Lorenzo Tirado.

4. Al declarar a la peticionaria incapacitada para el tra-bajo en ausencia de prueba competente sobre tal extremo.

5. Al declarar que “lo que se exige a la persona mayor de 18 años para ser considerada como dependiente, es que no pueda subvenir a sus necesidades con su trabajo propio por incapacidad producida por la edad, o enfermedad, etc.”

6. Al resolver que la limitación expuesta en el párrafo 5, inciso 5, art. 3, de la Ley de Compensaciones, en relación con la suspensión de pagos a los beneficiarios, con excepción de la viuda o viudo, al llegar éstos a.la edad de 18 años, es aplicable exclusivamente a los beneficiarios menores de edad.

7. A.1 negarse a admitir en evidencia las declaraciones de dos testigos, relacionadas con lo que declarara antes de su muerte el lesionado Tirado, por entender que dichas decla-raciones son pruebas de referencia.

Discutiremos los alegados errores agrupando aquellos que se refieran a cuestiones similares.

1 y 7. En la declaración ofrecida en evidencia y rechazada por la Comisión, el declarante dice que en el momento en que ocurrió el accidente él iba a la central “a cobrar el importe de $1.50 con que me gratificaba la referida central cuando yo no trabajaba y en esa semana yo no había trabajado ni un solo día, pues hacía como dos meses que yo no trabajaba.” Y después de relatar cómo ocurrió el accidente, aparece el declarante insistiendo en hacer cons-tar enfáticamente que él no era empleado de la central, y dice: “Repito que yo no era trabajador de la Central Rufina porque yo no quiero trabajar voluntariamente.”

Sostuvo la Comisión que esa declaración, hecha por el lesionado dos meses después del accidente, no era admisible en evidencia como parte del res gestae y que tampoco lo era bajo la regia que establece el artículo 93, apartado 1, de la Ley de Evidencia, como declaración hecha por Tirado en per-juicio propio, porque no ha sido ofrecida en perjuicio de los intereses de Tirado, y sí en perjuicio de una tercera persona, su hija, “cuyo derecho a la compensación nace, no por ser heredera de Tirado, sino por hallarse en el grupo de per-sonas a quienes la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, protege del hecho de la dependencia.”

Es evidente que la declaración de Tirado ofrecida por el recurrente no era admisible como parte del res gestae, por no ser contemporánea con el acto del cnal se alega ser parte y ser la mera narración de hechos pasados. 22 C. J. 451, see. 543; Vicksburg & Meridian Railroad v. O’Brien, 119 U. S. 99, 30 L. ed. 299; Durkee v. Central Pacific R. R. Co., 69 Cal. 533; Frye v. St. Louis, etc. R. R. Co., 200 Mo. 377, 98 S. W. 566; Torres v. Domínguez Conde, 35 D.P.R. 267.

En el caso de Sullivan v. Henry Gut & Co., 148 Ill. App. 538, la Corte Suprema de Illinois se expresó así:

“Pero existen también excelentes autoridades para sostener la re-gla de que las declaraciones o admisiones del finado en una acción por su muerte — excepto cuando el estatuto permite y la acción se funda en la supervivencia de la acción que el finado hubiera tenido por el dolor y sufrimientos entre el momento de recibir la lesión y el momento de su muerte — no son admisibles contra el represen-tante legal o contra los deudos del finado, a menos que constituyan parte del res gesíae. (Eldredge v. Barton, 232 Mass. 183, 122 N. E. 272.) Así, en un caso reciente, se observa que la causa de acción 'es una no conocida en el derecho común, sino creada por estatuto, y los beneficiarios la adquieren, no por derecho de herencia o sucesión del finado, y sí solamente porque han sido mencionados en el esta-tuto como los recipientes del fondo recobrado por razón de la muerte causada por el acto negligente o torticero del demandado.’ Y sigue diciendo la corte: ‘La causa de acción nunca nació hasta que ocurrió la muerte del intestado, y no para beneficio de él y sí de aquellos designados por el estatuto para recibir el fondo recobrado’ .... (Dowell v. City of Raleigh, 173 N. C. 197, 91 S. E. 849; véase Marks v. Reissinger, 35 Cal. App. 44, 169 Pac. 243).”

Véase: 10 Cal. Jur. 1105, seo. 335; 2 Jones on Evidence (2d ed.) pág. 1691.

La peticionaria no basa su derecho a la compensación que solicita en el hecho de ser hija o heredera de Lorenzo Tirado, y sí en el hecho de que ella dependía del salario que ganaba el finado para su sostenimiento. No erró la Comisión al negarse a recibir en evidencia la declaración de Tirado ofre-cida por el recurrente.

2. El segundo señalamiento presenta una mera cuestión de hecho: ¿Era Lorenzo Tirado, en la fecha del accidente, un trabajador del patrono? La Comisión Industrial, después de considerar la prueba aducida por la peticionaria decidió la cuestión en la afirmativa. La prueba consistió en las declaraciones de José Antonio Rodríguez, empleado del departamento de contabilidad de la Central Rufina, de Zoilo Santos, maquinista de la locomotora que causó el accidente, de Eustaquio Torres Tirado, hijo del finado Lorenzo Tirado, y de la peticionaria, todas ellas al efecto de que el finado, antiguo empleado de la central, hasta el día del accidente estuvo empleado como celador de las piezas de cañas para evitar que alguien les pegara fuego y vigilar para que los muchachos no cogieran las cañas. Toda esa prueba, que nofué contradicha en manera alguna por el recurrente, es a nuestro juicio suficiente para sostener el fallo de la Comisión, el cual debemos respetar, pues -es a la Comisión a la que corresponde la función de apreciar y pesar la prueba y de juzgar sobre la credibilidad de los testigos.

3 y 4. Si la peticionaria dependía o no para su subsistencia de lo que ganaba el obrero fallecido o si dicha peticionaria estaba o no incapacitada para el trabajo, son también cuestiones de hecho que esta corte no está autorizada, para revisar a menos que hubiese una carencia absoluta de' prueba para sostener el fallo de la Comisión.

En la resolución recurrida la Comisión Industrial se expresó así:

“Paula Villot Tirado, hija del obrero occiso, declaró que su padre le daba semanalmente seis reales y en ocasiones basta un dólar, con lo que atendía a su subsistencia, y que cuando se le terminaba esta cantidad antes de concluir la semana, se ayudaba con lo que le paga-ban por el lavado que hacía de alguna ropa a sus vecinos, obteniendo! así 20 centavos semanales más o menos; que su padre le mandaba el auxilio dicho, unas veces con el hermano de la declarante, Eustaquio Torres Tirado, y otras personalmente se lo iba a llevar él mismo. Que ella es una mujer de 60 años, y en efecto tal es su apariencia,- que se encuentra débil para trabajar de un manera regular, encontrando además obstáculos para obtener trabajo por un descoloramiento que sufre del pigmento de la piel de sus manos, que siendo ella una mu-jer de color hace que éstas sean blancas; y por este motivo, en oca-siones en que ha ido a solicitar trabajo como cocinera, que es su oficio, en algunas casas ha sido rechazada su oferta.
“El extremo de que su padre Lorenzo Tirado cuando no iba per-sonalmente a llevarle el auxilio semanal que regularmente le enviaba, lo remitía con Eustaquio Torres, hermano de la declarante, fué con-firmado por éste.
“Es claro en nuestra opinión, que Paula Villot Tirado, dependía para su subsistencia de una manera substancial del trabajo de su padre, el obrero occiso Lorenzo Tirado . . .

Hemos examinado la transcripción de la evidencia y encon-tramos justificadas las conclusiones de la Comisión en cuanto al estado de dependencia e incapacidad de la peticionaria.

5 y fi. Estos dos señalamientos no ameritan una seria y detenida consideración. La mera lectura del estatuto bastará para dejar patente la frivolidad de las cuestiones levantadas en uno y otro señalamiento.

La “Ley de Compensaciones por Accidentes del Tra-bajo,” aprobada en 18 de abril de 1935 (Leyes de ese año, pág. 251), en su Artículo 3, inciso 5, párrafos 2, 5 y 6, dispone:

“COMPENSACIÓN EN CASOS DE M.UERTE
“5. — .
“Si el obrero o empleado dejare una viuda, padres, hijos, legíti-mos o ilegítimos, o hijos postumos, fueran éstos o no naturales o adoptivos, o nietos, cualquiera de los cuales dependiera total o par-cialmente para su subsistencia de lo que ganaba el obrero o empleado fallecido al tiempo de su muerte, recibirán una compensación de mil (1,000) dólares a tres mil (3,000) dólares que se graduará en aten-ción a la capacidad económica del obrero o empleado fallecido y sus probabilidades de vida, de acuerdo con las reglas que deberá pre-parar el Administrador del Fondo del Estado.
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“Al volver a casarse la viuda o viudo los pagos parciales concedí-dosle para su beneficio cesarán por completo; y cesarán igualmente al morir cualquiera otro de los beneficiarios a quien se estuviere ha-cienclo tales pagos parciales y en casos de menores cesarán igual-mente tales pagos al llegar éstos a la edad de 18 años, a menos que estuvieran incapacitados para el trabajo.
“Si los beneficiarios fueren menores de edad o incapacitados, el Administrador tomará, las medidas que crea de lugar y llevará a eabo aquellas gestiones que sean necesarias ante las cortes ...”

El lenguaje del estatuto es tan claro que no se necesita nn gran esfuerzo mental para darse cuenta del propósito del legislador. A nuestro juicio la intención legislativa puede expresarse así:

Si al fallecer un obrero deja un hijo mayor de 18 años de edad, incapacitado para el trabajo y dependiente total o parcialmente para su subsistencia de lo que ganaba su padre, ese Mjo tendrá derecho a recibir compensación en la forma provista por la ley, mientras dure su incapacidad y hasta que se haya agotado la suma concedida para ser pagada al beneficiario.

Si al fallecer el obrero el hijo que le sobrevive tiene menos de 18 años de edad, dicho hijo tendrá derecho a compensa-ción si dependía total o parcialmente para su subsistencia de lo que ganaba su padre, sin tener en cuenta su capacidad o incapacidad para el trabajo. Al llegar a la edad de 18 años, el menor perderá todo derecho a compensación, a menos que se demuestre que está incapacitado para el trabajo.

Habiéndose probado a satisfacción de la Comisión Industrial que la peticionaria dependía en parte para su subsis-tencia de lo que ganaba su padre Lorenzo Tirado y que dicha peticionaria estaba incapacitada para el trabajo, la Comisión no erró al sostener su derecho a recibir la compensación pro-vista por el estatuto.

La resolución recurrida debe ser confirmada.


author: El Jttez Asociado Señor De Jesús

text:
    The National City Bank of New York, demandante y apelado, v. Mercedes de la Torre, Francisco de la Torre y Arturo O’Neill, demandados y apelante el segundo.
    Núm. 7863.

    Sometido: Febrero 20, 1939.

      Resuelto: Mayo 12, 1939.

      L. Muñoz Morales y L. Lloréns Torres, abogados del apelante; Fiddler, Cordova & McConnell, abogados del apelado.
   El Jttez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

En la Corte de Distrito de San Juan se instituyó un pleito contra Mercedes y Francisco de la Torre en cobro de una obligación solidaria de pagar determinada cantidad de dinero consignada en un pagaré suscrito por los demandados. Se dictó sentencia contra Mercedes de la Torre. Francisco de la Torre excepcionó la demanda. Se desestimó la excep-ción y no habiendo contestado la demanda dentro del término que se le concedió, al resolver la excepción previa, el deman-dante solicitó la anotación de su rebeldía y que por el secre-tario se registrase la sentencia correspondiente.

Traducida de la versión inglesa que aparece en De la Torre v. National City Bank, 91 F. (2d) 399, 401, la senten-cia contra Francisco de la Torre dice así:

“Considerada la moción presentada por el demandante en que solicita la anotación de la rebeldía del demandado Francisco de la Torre y que se registre sentencia contra él por la suma principal más los intereses reclamados en la demanda y especificados en el em-plazamiento, más las costas de este litigio, y apareciendo de los antos que el demandado no lia radicado la contestación enmendada a la demanda dentro del término concedido por la orden de esta Corte de enero 30, 1933, y que no ha obtenido prórroga de dicho término, ha-biendo sido previamente anotada la rebeldía del demandado Francisco de la Torre, el Secretario que suscribe, de conformidad con las disposiciones del párrafo 1 del artículo 194 del Código de Enjuicia-miento Civil de Puerto Rico, registra la presente sentencia condenando al demandado Francisco de la Torre a pagar al demandante The National City Bank of New York la suma principal de $10,398.38. con intereses a razón de 9 por ciento anual desde y a partir del 12 de octubre de 1929 hasta su completo pago, más las costas, desembolsos J honorarios de abogado a que este pleito pueda dar lugar.
“Dada y registrada en San Juan, Puerto Rico, hoy 25 de abril de 1933.
(Fdo.) Jorge Ortiz Toro,
Secretario. ’ ’

Apeló el demandado para ante este tribunal, confirmán-dose la sentencia en rebeldía registrada por el secretario. Apeló nna vez más el Sr. de la Torre para ante la corte de Circuito de Apelaciones para el Primer Circuito. Este' último tribunal confirmó en todas sus partes la sentencia apelada, pero luego, en reconsideración, la modificó en cuanto a la condena de costas hecha por el secretario, por entender que no era este funcionario sino la corte de distrito quien tenía facultad para hacer tal pronunciamiento. Ordenó la Corte de Circuito que el caso fuese devuelto a la Corte de Distrito de San Juan para que ésta eliminase el pronuncia-miento de costas hecho por el secretario sin autoridad de ley y que en el ejercicio de su discreción determinase dicha corte si las costas y honorarios de abogado debían incluirse o no en la sentencia, y que en caso de incluirse estos últi-mos, fijase su cuantía de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 327, según ha sido enmendado, y 339 del Código de Enjuiciamiento Civil.

La sentencia de la Corte de Circuito fué dictada el pri-mero de junio de 1937 y modificada, como se.ha dicho, el 11 de agosto siguiente:

El demandante, por moción que radicó al efecto, solicitó de la corte inferior el pronunciamiento de costas y honora-rios en relación con dicha sentencia e incluyó en la misma moción su memorándum de costas. Radicó una oposición el demandado. Señalada la vista de la moción del demandante y luego de oír a las partes, la corte de distrito dictó una sentencia enmendando la registrada por el secretario, ante-riormente transcrita. Consistió la enmienda en eliminar de la sentencia en rebeldía la condena de costas y honorarios de abogado, haciendo la corte un nuevo pronunciamiento condenando al demandado al pago de las costas y $800 por concepto de honorarios de abogado. Desestimó, sin embargo, el memorándum de costas por estimar que había sido radi-cado prematuramente.

La sentencia, según fue modificada por la corte inferior, dice así:

“Por los fundamentos de su opinión unida a los autos de este caso, y en cumplimiento del mandato de la Corte de Circuito de Ape-laciones del Primer Circuito y la Resolución de la Corte Suprema de Puerto Rico de febrero 17 de 1938, esta Corte ordena que de la sentencia registrada por el secretario en este caso de fecha 25 de abril del 1938 contra el demandado Francisco de la Torre se eliminen las frases ‘más las costas, gastos y honorarios de abogado que este pleito origine’; insertándose en su lugar ‘más las costas y honorarios de abogados que se fijan en la cantidad de $800 ’; quedando por tanto dicha sentencia del 25 de abril del 1933 redactada en la forma si-guiente :
“ ‘Vista la moción presentada por la demandante, en la cual se solicita la anotación de la rebeldía del demandado Francisco de la Torre y que se registre sentencia contra él, por la cantidad de principal e intereses reclamados en la demanda y especificados en el em-plazamiento, más las costas de este caso, y apareciendo de los autos que el demandado no ha presentado contestación enmendada a la demanda dentro del término concedido por resolución de esta Corte, de 30 de enero de 1933, y que no ha obtenido prórroga de dicho tér-mino, y habiéndose anotado la rebeldía del demandado Francisco de la Torre, el Secretario que suscribe, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 194 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, Registra la presente, sentencia, condenando al demandado Francisco de la Torre a pagar al demandante, The National City Bank of New York, la suma principal de $10,398.38, con intereses al 9 por ciento anual desde octubre 12 de 1929, hasta su completo pago, más las costas y honorarios de abogado que se fijan en la cantidad de OCHOCIENTOS dóláRes ($800.00.) ’
“Dada en Cámara, en San Juan, P. R., hoy día 15 de julio de 1938.
(Fdo.) M. Romany,
Juez.”

Contra la sentencia así modificada interpuso el deman-dado el presente recurso, y luego de cinco prórrogas que soli-citó, radicó finalmente su alegato el 22 de diciembre de 1938, en el que imputa a la corte inferior dos errores, a saber:

“Primero: La Corte de Distrito en su sentencia de 15 de julio último cometió un error fundamental al condenar al demandado Francisco de la Torre al pago de costas y honorarios de abogado, por ser inconstitucional y nula la ley número 69 de la Legislatura de Puerto Rico aprobada en 11 de. mayo de 1936 en que dicha con-dena se funda.
“Segundo: La Corte de Distrito en su mencionada sentencia co-metió otro error fundamental al condenar solamente al demandado apelante Francisco de la Torre, individualmente, en vez de serlo soli-daria y maneomunadamente. ”

Bu el primer señalamiento de error se impugna la constitucionalidad de la Ley núm. 69, aprobada el 11 de mayo de 1936 (Leyes de 1936 (1) pág. 353), en que según el apelante fundó la corte inferior la condena de bonorarios de abogado. Sostiene que el título de dicba ley infringe el apartado 9 de la sección 34 del Acta Orgánica de Puerto Rico, que dice así:

“Ninguna ley será restablecida o enmendada, ni se dará mayor alcance a sus disposiciones, ni se conferirán las facultades en ella contenidas, haciendo referencia a su título solamente, sino que toda la parte de ella que sea restablecida, enmendada, extendida o confe-rida será decretada nuevamente y publicada en su totalidad.”

Según el apelante, el título de la Ley núm. 69, de 11 de mayo de 1936, supra, debió baber sido redactado así: “Ley para enmendar los artículos 327 y 339 del Código de Enjui-ciamiento Civil, tal como quedaron enmendados respectiva-mente por las leyes de 12 de marzo de 1908 y de 12 de abril y 19 de noviembre de 1917, y para otros fines.”

Al señalar y discutir el primer error, el apelante parte de una premisa falsa. Hemos tenido buen cuidado de con-signar que la sentencia de la Corte de Circuito de Apela-ciones fué dictada el 11 de agosto de 1937 y que la que es motivo de este recurso se dictó el 15 de julio de 1938. Abora bien, el 11 de mayo de 1937 fué aprobada la Ley núm. 94 de nuestra Asamblea Legislativa, que empezó a regir a los noventa días de su aprobación, y cuyo título literalmente dice así:

“LEY
"Para enmendar el artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, según quedó enmendado por la Ley núm. 69 ■de 11 de mayo de 1936, y para otros fines.”

Al dictar la Corte de Circuito de Apelaciones la senten-cia en reconsideración el 11 de agosto de 1937, habían trans-currido noventa y dos días desde que se aprobó la Ley núm. 94, supra. (Artículo 8, Código Civil, ed. 1930.) Por con-siguiente, la ley aplicada por la Corte de Circuito de Apelaciones y la de Distrito de San Juan en 11 de agosto de 1937 y 15 de julio de 1938 respectivamente, no fué otra que la que regía en esta isla desde el 9 de agosto de 1937, es decir, la núm. 94 de 11 de mayo de 1937 (Leyes de ese año, pág. 239), que no ha sido objeto de impugnación por el apelante y cuyo título, como hemos visto, no adolece del vicio que se le imputa.

El segundo señalamiento de error no merece seria consideración. Basta comparar la sentencia en rebeldía registrada por el secretario con la dictada' por la corte inferior el 15 de julio de 1938, para concluir que el juez que dictó esta última no hizo otra cosa que seguir estrictamente la norma que le fué señalada por la Corte de Circuito de Apelaciones, y al hacerlo así actuó correctamente, pues él no podía en manera alguna enmendar la sentencia del tribunal superior que constituye la ley del caso.

No existiendo ninguno de los dos errores señalados por él 'apelante, procede desestimar el recurso y confirmar la sen-tencia apelada.


text:
    Eulogio, Josefina, Alfonso, Luz María, Antonio, Lucía Mercedes y Rafael Angel Riera Bengoechea, demandantes y apelados, v. José Vega, demandado y apelante.
    Núm. 7480.

    Sometido: Marzo 8, 1939.

      Resuelto: Mayo 16, 1939.

      Susoni & Defendini, abogados del apelante; V. Gutiérrez Franquis, abogado de los apelados.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Éste es un caso sobre injunction para impedir la reparación de una casa, resuelto en contra del demandado por la Corte de Distrito de San Juan por sentencia de marzo 27, 1935.

Apeló el dicho demandado y su primera actuación ante esta Corte Suprema lo fuá en febrero, 8 1937, para pedir la concesión de un nuevo término para radicar en la secretaría de la corte de distrito “la exposición del caso y el pliego de excepciones” para dejar perfeccionado el recurso.

En marzo 10, 1937, esta corte negó la petición. Solicitó reconsideración el apelante y oídas ambas partes en abril 19 siguiente, la corte, ocho días después, dejó sin efecto su anterior resolución y concedió a la apelante un nuevo término de cinco días para radicar la documentación indicada.

Archivada la transcripción en la Secretaría de esta Corte Suprema en mayo 29, 1937, y los alegatos del apelante y del apelado en julio 12, 1937, y mayo 13, 1938, respectivamente, los demandantes apelados presentaron una moción alegando cierto error en la exposición del caso y pidiendo a esta corte que dictara una orden concediendo al demandado apelante un término razonable para corregirlo. El dicho demandado apelante se allanó y la corte en mayo 13, 1938, suspendió la vista que estaba señalada para ese día y ordenó la devo-lución de la exposición del caso al tribunal sentenciador a los fines procedentes.

En febrero 15, 1939, se señaló la vista del recurso para marzo 8 siguiente y el mismo día del señalamiento los deman-dantes apelados presentaron una moción notificada al deman-dado apelante pidiendo la desestimación del recurso por falta de diligencia en su tramitación consistente en no haber el apelante practicado gestión alguna para corregir y unir nuevamente a los autos la exposición del caso y por resultar académico el recurso por haber vendido los demandantes ape-lados al Pueblo de Puerto Pico el terreno en que estaba enclavada la casa en cuestión, haber cedido el demandado apelante a su esposa, al divorciarse de ella, la casa, y haber la esposa a su vez vendido la casa así adquirida al propio Pueblo de Puerto Pico, acompañando la documentación cre-ditiva de dichos extremos.

Al acto de la vista comparecieron los demandantes apela dos. El demandado apelante faltó en comparecer.

A nuestro juicio la falta de diligencia por parte del ape-lante en la tramitación del recurso es evidente. Si la propia parte apelante se allanó a la devolución de la exposición del caso a la corte de distrito a los efectos de que fuera per-feccionada y nada hizo después, faltó en colocar a esta Corte Suprema en condiciones de resolver en sns méritos su ape-lación, dentro de nn término razonable, y debe sufrir las consecuencias de sus actos.

En tal virtud y sin necesidad de tener que considerar el segundo de los motivos de desestimación por ser el primero suficiente, debe declararse con lugar la moción y en su conse-cuencia desestimarse el recurso con las costas.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wolf

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Andrés Avelino Correa Laugart, acusado y apelante.
    Núm. 7603.

    Sometido: Abril 27, 1939.

      Resuelto: Mayo 16, 1939.

      Garlos I). Vázquez, abogado del apelante; R. A. Gpmez, Fiscal, j Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf

emitió la opinión del tribunal.

Andrés Avelino Correa Laugart fué acusado del delito de extorsión ante la Corte de Distrito de San Juan. Su caso fué llamado el 13 de diciembre de 1938, él se declaró culpable y la corte lo sentenció a un año de presidio con trabajos for-zados. El acusado no estuvo representado por abogado durante la vista y no hallamos que él renunciara ese derecho.

En apelación se señalan los dos errores siguientes:

“1. La corte a quo cometió error al dictar sentencia condenando al acusado por la comisión del delito de extorsión, toda vez que la acusación formulada por el fiscal no imputa al acusado el expresado delito.
“2. La Iíon. Corte sentenciadora cometió error manifiesto y ac-tuó sin jurisdicción al condenar al acusado en este caso a virtud de que el acusado no fué advertido de su derecho a consultar y a estar representado por abogado.”

El fiscal está enteramente de acuerdo con el segundo seña-lamiento de error y conviene con una de las razones alega-das por el acusado sobre la insuficiencia de la acusación.

En un número de casos, siguiendo la opinión de Johnson v. Zerbst, 304 U. S. 458, liemos resuelto que cuando un caso es juzgado sin abogado, el acusado tiene derecho por lo menos a un nuevo juicio. Los siguientes casos son aplicables a los principios que rigen la posición del acusado: Pueblo v. Rodríguez (a) Garufa, Núm. 7618; Andino v. Corte de Distrito, Certiorari Núm. 1172; Pueblo v. Rosario Matta, Núm. 7550; Hernández Laureano v. Lugo, Núm. 114, Hábeas Corpus, ante, pág. 416, Pueblo v. Rivera, decidido en abril 14, 1939 (ante, pág. 611.)

La acusación en este caso lee esencialmente así:

“El referido Andrés Avelino Correa y Laugart, allá para el día 12 de diciembre de 1938 y en la municipalidad de San Juan, P. R., que forma parte del distrito judicial del mismo nombre, ilegal, vo-luntaria y maliciosamente y habiendo amenazado a Matilde Berrios con publicar en un periódico de .San Juan, hechos denigrantes que afectaban a su reputación, obtuvo de la referida Matilde Berrios que le entregara mediante dicha amenaza la suma de veinte dollars.”

Las supuestas deficiencias de la misma fueron las siguien-tes :

“(a) Que la persona dueña de la propiedad objeto del delito de extorsión se desprendió de la misma con su consentimiento, obtenido éste como consecuencia de la fuerza o del temor.
“(ó) Que los hechos denigrantes que el acusado amenazó con pu-blicar en el periódico fueran secretos.
“(o) En qué consisten los supuestos hechos denigrantes.

El fiscal está de acuerdo en que la acusación es insufi-ciente por el fundamento (a), pero no vemos muy claramente que las palabras “obtuvo de la referida Matilde Berrios que le entregara mediante dicha amenaza la suma de veinte dollars,” no imputen que la propiedad fue obtenida con el consentimiento de la víctima, mediante el uso ilegal de fuerza o temor o so color de. autoridad oficial. Para citas nos remi-timos a los alegatos de ambas partes. Podría suceder que se nos convenciera de lo contrario, mas ,no creemos prudente resolver definitivamente la cuestión puesto que la excepción perentoria a la acusación debe discutirse en primera instan-cia ante la corte de distrito estando un abogado presente.

Por tanto, siguiendo los precedentes citados, la sentencia debe ser revocada y devuelto el caso para ulteriores procedi-mientos no inconsistentes con esta opinión.


text:
    Ramón Montaner, en su carácter de Administrador del Fondo del Estado, recurrente, v. La Comisión Industrial de Puerto Rico, compuesta por los Sres. Manuel León Parra, Presidente, y F. Paz Granela y Juan M. Herrero, Comisionados Asociados, recurrida, y Sucn. de Rafael Díaz Ortiz, peticionaria ante la Comisión.
    Núm. 159.

    Sometido: Febrero 6, 1939.

      Resuelto: Mayo 16, 1939.

      Son. Procurador General B. Fernández García, Emilio de Aldrey, Procurador General Auxiliar, Víctor J. Vidal González, Asesor Legal del Fondo del Estado y G. Atiles Moréu, Asesor Legal Au-xiliar, abogados del recurrente; F. León Parra, abogado de la recurrida; Donald Dexter, abogado de la Sucn. Díaz, peticionaria ante la Comisión Industrial.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Rafael Díaz Ortiz trabajaba como conductor o chófer de nn truck perteneciente a Juan García, comerciante y patrono asegurado por el Fondo del Seguro del Estado. Además de hacer su trabajo de chófer, dicho empleado trabajaba ocasio-nalmente para su patrono, ayudando a los peones del truck a cargar, descargar y estibar la mercancía que él mismo transportaba. El 23 de septiembre de 1936, Rafael Díaz Ortiz falleció repentinamente en. el almacén de Martínez Hnos. y Cía. inmediatamente después de haber realizado esfuerzos para descargar y estibar un número de barriles cuyo peso individual excedía de 300 libras.

Del récord ante nos aparece que en 24 de mayo de 1937 la sucesión del finado radicó ante la Comisión Industrial una petición de compensación; que la Comisión se negó a darle curso por entender que “el caso debe primeramente radi-carse ante el Administrador y si fuere denegado por éste, entonces la Comisión podrá intervenir si fuere apelado”; que en 13 de junio de 1937 la Sucesión Díaz radicó una petición ante el Administrador del Fondo del Estado, haciendo cons-tar en ella, por un error seguramente involuntario, que Díaz había fallecido el 23 de febrero de 1936; que la única acción tomada por el Administrador en relación con dicha petición fué la de dirigir una carta al abogado de la sucesión peti-cionaria el 16 de junio de 1937 informándole “que en nues-tros archivos no aparece ningún caso de muerte radicado a nombre de este obrero”; y que cinco días después de reci-bir la comunicación del Administrador, el abogado de la peticionaria radicó su apelación ante la Comisión Industrial.

En el acto de la vista ante la Comisión, en 21 de diciem-bre, 1937, el abogado del Fondo del Estado hizo oposición a la continuación del procedimiento ante la Comisión alegando que nunca se presentó una petición formal al Fondo del Estado; que en la petición radicada en junio 3, 1937, sola-mente se mencionaba el nombra del obrero y el del patrono y la ocurrencia del accidente, sin hacer, una relación de lo sucedido ni hacer constar el sitio donde ocurrió el accidente; y que no habiendo hecho pronunciamiento alguno el Adminis-trador del Fondo, no había nada de qué pudiera apelarse para ante la Comisión. La Comisión resolvió seguir cono-ciendo del caso, oyó la prueba sometida por las partes y dictó una resolución, de la cual copiamos los siguientes pronunciamientos:

“La Comisión Industrial resolvió asumir jurisdicción en el caso y entrar en la vista del mismo por los siguientes fundamentos:
“1. Por creer que el Administrador del Fondo del Seguro del Estado debió proceder inmediatamente después de haber tenido noti-cia de la ocurrencia del accidente a practicar las investigaciones per-tinentes a los efectos de esclarecer la verdad de los hechos, ponién-dose en contacto ya con el patrono, ya con los beneficiarios, ya con el abogado de éstos.
“2. Por que al ser notificado por la Comisión Industrial que debía comparecer a la vista del caso el 21 de diciembre debió informar en-tonces a este organismo que el caso estaba bajo su consideración y estudio.
“3. Porque al comparecer a la vista pública con su prueba y habérsele dado amplia oportunidad de defender sus derechos no su-fría perjuicio alguno.
“4. Que el hecho de que el patrono no informara el caso al ase-gurador, faltando al cumplimiento de su deber, no impide a los bene-ficiarios reclamar sus derechos ni al asegurador o a la Comisión Industrial actuar tan pronto tienen conocimiento de la ocurrencia de un accidente; Silva v. Luce & Cía., S. en C., 44 D.P.R. 318.
“5. Porque la demora injustificada en la resolución de los casos lesiona los derechos de los obreros!”

Y después de hacer un examen de la evidencia, la Comi-sión llegó a las siguientes conclusiones de hecho:

“(a) Que la labor a que se dedicaba diariamente Rafael Díaz Ortiz era a la de conductor de truck, o sea de chauffeur.
“ (b) Que ocasionalmente cargaba, descarbaga y estibaba la mer-cancía que conducía ayudado por los peones del truck, pero que no era ésa su labor ordinaria.
“(o) Que el 23 de septiembre de 1936, en el curso del empleo y en el desempeño del mismo realizó un esfuerzo al descargar y estibar diez barriles cuyo peso excedía de 300 libras cada uno.
“(el) Que la opinión del perito médico del obrero es que aquel esfuerzo le produjo una congestión cerebral, que actuando sobre el nervio vago, paralizó el corazón y produjo la muerte.
“ (e) Que la conclusión a que llegó el perito médico de la Sucn. del obrero no fué controvertida por el Administrador.”

El Administrador recurrente basa su solicitud para la revisión y revocación de la resolución recurrida, en ocho seña-lamientos de error, los que pasamos a exponer y considerar.

1. Que la Comisión erró al considerar como válida la solicitud de compensación radicada por la sucesión peticionaria ante el .Administrador.

El recurrente ataca la suficiencia de la petición porque en ella se fijó como fecha del accidente el 23 de febrero en vez del 23 de septiembre de 1936 y no se describió el acci-dente ni se alegó el sitio y la bora en que ocurrió la muerte del obrero.

La equivocación en cuanto a la fecba de la muerte carece de importancia y en nada podía perjudicar los derechos del Administrador del Fondo. Del récord elevado a esta corte aparece que tan pronto como la peticionaria radicó su peti-ción original ante la Comisión, ésta se dirigió al Adminis-trador del Fondo, por carta de 25 de mayo, 1937, solicitando se le enviara copia certificada de la resolución dictada por el Administrador en el caso del obrero Rafael Díaz Ortiz, patrono Juan García; y que el Administrador contestó el mismo día informando a la Comisión “que en los archivos de esta Administración no aparece radicado el caso de muerte del obrero Rafael Díaz Ortiz, patrono Juan García, ocurrido en septiembre 23, 1936, a que se contrae su correspondencia.” Es evidente que el Administrador del Fondo tenía conoci-miento de la fecba exacta de la muerte del obrero, por lo menos desde el 25 de mayo de 1937, y antes de que se radi-cara ante él la petición de compensación.

ISTo erró a nuestro juicio la Comisión al considerar como válida y suficiente la solicitud radicada ante el Administra-dor. En ella se informaba a dicho funcionario que un obrero llamado Rafael Díaz Ortiz había muerto como consecuencia y durante el curso de su trabajo para el patrono Juan Gar-cía, quien estaba asegurado con el Fondo del Estado. Esos datos eran más que suficientes para que el Administrador,, cuyo deber es no solamente el de defender el fondo contra-reclamaciones injustas si que también el de emplearlo en el pronto pago de las que se ajusten a la ley, procediera sin dilación a investigar el caso.

2. Que la Comisión erró al concluir que el Administrador no consideró la petición radicada ante él y no practicó investigación del caso.

Como, excusa para sú inacción alega el recurrente que la apelación interpuesta por la sucesión peticionaria, ocho días después de radicada su solicitud de compensación, colocó el caso fuera de la jurisdicción del Administrador del Fondo del Estado e hizo imposible la investigación.

La apelación para ante la Comisión Industrial fue radi-cada y notificada al Administrador el 21 de julio de 1937. En el escrito de apelación se informaba a la Comisión que:

“3. Que con fecha junio 3, 1937, la sucesión mencionada radicó la correspondiente reclamación ante el Administrador del Fondo del Estado y éste con fecha junio 16, 1937, denegó dicha reclamación por el motivo de no aparecer en sus archivos ningún caso de muerte a nombre del mencionado obrero.”

No obstante haber sido informado de que su comunica-ción de 16 de junio de 1937, dirigida al abogado de la suce-sión peticionaria, había sido interpretada por éste como un rechazo de plano de la petición de compensación, el Adminis-trador recurrente.permaneció inactivo, sin explicar su posi-ción a la Comisión, sin investigar y sin resolver el caso, desde el 21 de junio hasta el 21 de diciembre de 1937. La alega-ción del abogado del recurrente, hecha en el acto de la vista ante la Comisión, al efecto de que como una obligación de cortesía para la Comisión el Administrador tan pronto como tuvo aviso de la apelación suspendió toda clase de activida-des oficiales sobre el caso, no justifica la inacción del Admi-nistrador. Éste, al enterarse de la justificada interpretación que se había dado a su carta, pudo y debió informar a la Comisión y al peticionario que el caso estaba aún pendiente de investigación y de resolución por el Administrador. Y seguramente la Comisión le hubie'ra dado amplia oportu-dad para poder cumplir los deberes que la ley le asigna.

No hubo error en la interpretación dada por la Comisión a la actitud del recurrente.

3. Que la Comisión erró al asumir jurisdicción en este caso y al resolverlo sin llenar los requisitos de ley.

El artículo 7 de la Ley de Compensaciones por Acciden-tes del Trabajo, aprobada en 18 de abril de 1935, en lo que es pertinente dice así:

“Artículo 7.' — En el caso ele que el Administrador del Fondo del Estado demorare por más de un mes, sin causa justificada, la de-cisión de un caso completo sometido a su consideración, el obrero o el patrono que sean partes necesarias en diebo caso, o cualquier parte interesada podrá recurrir en queja ante la Comisión Industrial y ob-tener una orden de dielia Comisión compeliendo al Administrador para que decida el caso; y si fuere necesario, la Comisión podrá también ordenar al Administrador que remita el expediente del caso a dieba Comisión con el objeto de asumir jurisdicción sobre el mismo y decidirlo; pero, antes de asumir jurisdicción en un caso y decidirlo, la Comisión dará al Administrador una oportunidad razonable para cerrar y decidir diebo caso.”

Teniendo en cuenta los becbos anteriormente expuestos, las razones que tuvo la Comisión para asumir jurisdicción (supra) y que el espíritu y propósito de esta sabia y humana legislación es proveer un procedimiento rápido, eficaz y libre de tecnicismos injustificados, para que las personas que dependían de un obrero muerto en el curso de su trabajo puedan recibir cuanto antes sea posible el auxilio pecuniario que la ley les concede, tenemos que lleg’ar a la conclusión de que la Comisión Industrial procedió correctamente. El Administrador del Fondo tuvo amplia y razonable oportu-nidad para conocer del caso. Si sostuviéramos lo contrario, como pretende el recurrente, nada ganaría con ello el Fondo del Estado; y los beneficiarios se verían obligados a conti-nuar esperando la compensación a que tienen derecho y que necesitan para su subsistencia, después de haberla esperado,, por causas de las que ellos no son responsables, por cerca de tres años.

Los cinco señalamientos restantes presentan cuestiones de hecho no revisables por este tribunal. Hemos examinado detenidamente la evidencia sometida en apoyo de la reclamación y opinamos que ella es suficiente para sostener todas y cada una de las conclusiones de hecho a que llegó la Comisión (supra).

El hecho de que el obrero en este caso padeciera de alguna enfermedad crónica — cosa que no se probó concluyentemente— que le hiciera más susceptible de sufrir una lesión que le oca-sionara la muerte, no sería por sí solo suficiente para privar de compensación a sus beneficiarios. Mowtaner, Administra-dor v. Comisión Industrial, 54 DIP.E. 121; Sum. París v. Co-misión Industrial, 52 D.P.E. 441; Bill v. Cassner Co., 188 Atl. 382; Clark v. Lehigh Valley R.B. Co., 264 Pa. 529, 107 Atl. 858; Lackner v. Pierre, 181 Atl. 845; Samoskie v. Philadelphia & R. C. ■& Iron Co., 124 Atl. 471; y Foster v. Borough of State College, 189 Atl. 786.

Se declara sin lugar el recurso y se confirma la resolución que dictó la Comisión Industrial en 18 de septiembre de 1938.


author: El Juez Asociado SeñoR De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, Ex Rel. Nemesio López, peticionario, v. Luis Pérez Peña, querellado y apelante.
    Núm. 7678.

    Sometido: Febrero 21, 1939.

      Resuelto: Mayo 16, 1939.

      Antonio Reyes Delgado, abogado del apelante; M. Orsini Martínez, abogado del peticionario; Hon. Procurador General B. Fernández García, abogado de El Pueblo de Puerto Rico.
   El Juez Asociado SeñoR De Jesús

emitió la'opinión del tribunal.

Previo permiso de la Corte de Distrito de San Juan, el 3 de noviembre de 1937 el Procurador General a instancias de Nemesio López presentó en dicto tribunal a nombre de El Pueblo de Puerto Rico, una información de la naturaleza del q%w warranto contra Luis Pérez Peña. Se alega en la infor-mación que el relator o querellante es mayor de edad, vecino de San Juan, ciudadano de los Estados Unidos, contribuyente de la Capital de Puerto Rico y se baila en. el pleno goce y uso de su capacidad civil y política, y que el demandado Luis Pérez Peña ocupaba en diclia fecta el cargo de Comisionado de la Capital, para el cual fué electo en las elecciones gene-rales de 1936. Que el referido Luis Pérez Peña ocupaba dicto cargo ilegalmente por las siguientes razones:

“(a) Porque está sufriendo interdicción civil por haber sido con-victo de un delito felony y cumplió la sentencia sin que haya sido indultado por autoridad competente alguna.
“(b) Porque fué excluido'de las listas electorales de la Isla de Puerto Rico y no fué elector capacitado, ni del Municipio de San Juan ni de ningún otro municipio o precinto electoral de Puerto Rico.
“(o) Porque el peticionario carece de todo recurso claro, eficaz y expedito en ley para poder privar a dicho Luis Pérez Peña del cargo de miembro de la Junta de Comisionados de San Juan, que ilegal-mente viene desempeñando, y sólo tiene el presente recurso de quo warranto que abora ejercita.”

Termina la información suplicando que se expida un auto de citación de quo warranto requiriendo al demandado para que comparezca en el salón de sesiones de dicho tribunal el día y hora que se señalare, “para que se allane a lo soli-citado por vuestro peticionario, o de lo contrario justifique que en virtud de autoridad competente está desempeñando el cargo de miembro de la Junta de Comisionados de San Juan y ejercitando los deberes de dicho cargo de acuerdo con la ley y con plena capacidad política y jurídica para ello, y en definitiva esta Hon. Corte dicte sentencia declarando que Luis Pérez Peña ocupa ilegalmente el cargo de miembro de la Junta de Comisionados de San Juan y que se declare, ade-más, que usurpa ilegalmente las funciones del mismo y que sea desposeído inmediatamente de dicho cargo, y que se abs-tenga de intervenir en las funciones del mismo y en el ejer-cicio de los deberes inherentes al mencionado cargo, impo-niéndole el pago de las costas, gastos y desembolsos y hono-rarios de abogado en esta acción.”

Se expidió la citación correspondiente y se concedió al demandado hasta el 12 de noviembre de 1937 para contestar los cargos. En dicha fecha radicó un escrito de excepciones • previas alegando que la información no aducía hechos consti-tutivos de causa de acción. Desestimada la excepción previa,, se radicó la contestación. Negó el demandado que el relator fuera ciudadano americano, que estuviera en el pleno goce y uso de su capacidad civil y política, y negó también su con-dición de contribuyente del Gobierno de la Capital de Puerto Rico. Aceptó estar en posesión del cargo de Comisionado de la Capital de Puerto Rico y que fue electo en las elecciones generales de noviembre de 1936. Alegó que no está ocupando ilegalmente el mencionado cargo; que no está sufriendo in-terdicción civil aún cuando hubiere sido convicto de un delito grave o hubiera extinguido la pena; que es elector capaci-tado del municipio de San Juan por no haber sido condenado por delito grave (felony) ni por delito electoral. Alegó afir-mativamente que contra él nunca se ha dictado sentencia vá-lida alguna, ya sea por delito grave (feloivy) o por delito electoral que lo incapacite para ser elector; que nunca ha sido sometido a juicio por delito grave ante un jurado im-parcial y que no ha tenido un justo juicio de acuerdo con la Constitución de los Estados Unidos, la Carta Orgánica y las leyes de Puerto Rico; que cualquier sentencia que exista contra el demandado es nula, inexistente y sin ningún valor, por no haberse observado los trámites legales. Finalmente alegó el demandado que el relator no tiene interés en este asunto y termina con súplica de que se desestime la información y se condene al relator en costas, gastos y honorarios de abo-gado. El 10 de diciembre de 1937 se celebró el juicio oral con asistencia de todas las partes y el 28 del mismo mes, por los fundamentos que expresó en la opinión que emitió al efecto, la Corte de Distrito de San Juan dictó la siguiente sentencia:

"Por los fundamentos expuestos en la relación de hechos y opinión, archivada en los autos y que se hace formar parte de esta sentencia, se falla este asunto declarando con lugar la petición, y se resuelve que Luis Pérez Peña está ocupando ilegalmente el cargo de miembro de la Junta "de Comisionados de San Juan y usurpando las funciones del mismo en el Gobierno de la Capital de Puerto Rico, y en su con-secuencia se ordena y decreta se le destituya de dicho cargo, debiendo cesar inmediatamente en el desempeño de sus funciones y abandonar el mismo. El Secretario notificará esta sentencia a la Junta de .Co-misionados de San Juan, por su Presidente, y al Procurador General de Puerto Rico para que tengan a dicho Luis Pérez Peña por desti-tuido del cargo que ejerce; y el márshal de esta Corte notificará per-sonalmente esta sentencia al querellado Luis Pérez Peña, apercibién-dole de que de no cesar inmediatamente en el ejercicio del cargo de miembro de la Junta de Comisionados de San Juan, podrá ser lan-zado del mismo. Se imponen las costas al querellado, en las que se incluye la suma de cien dólares ($100) como honorarios de abogado de la parte actora.”

No estando conforme el demandado con la sentencia pre-cedentemente transcrita, interpuso recurso de apelación para ante este tribunal, imputando a la corte sentenciadora la co-misión de los siguientes errores:

“Primero: La Corte de Distrito de San Juan cometió error al declarar sin lugar la excepción previa de falta de hechos, en la que-rella, eonstituvos de causa legal para motivar la destitución del que-rellado apelante.
“Segundo: La Corte de Distrito de San Juan cometió grave error al darle valor probatorio para demostrar que Luis Pérez Peña, el querellado apelante, fue convicto de un delito de incendio malicioso (felony) por la Corte de Distrito de Arecibo, a la certificación de sentencia que introdujo como prueba la parte querellante; y cometió más grave error aún la corte sentenciadora al resolver que dicha sen-tencia introducida en evidencia no puede ser atacada colateralmente en el procedimiento objeto de este recurso.
“Tercero: La corte sentenciadora cometió error al declarar que la Ley núm. 32 de 1933, enmendatoria de la ley creando el Gobierno de la Capital, no puede considerarse como enmendatoria de las dis-posiciones del artículo 183 del Código Político de Puerto Rico; y cometió error asimismo al declarar que una ley especial no puede tener el alcance de enmendar las disposiciones contenidas en una ley de carácter general anteriormente aprobada.
“Cuarto: La corte inferior cometió error al resolver que la Ley núm. 10, aprobada por la Legislatura en el año 1937 enmendando el artículo 50 de la Ley núm. 99 que crea el Gobierno Especial para la Capital, no curó el defecto o limitación que tuviera el querellado ape-lante Luis Pérez Peña, al ser electo en el año 1936 para el cargo del cual se le trata de destituir; y de igual manera cometió error la Corte de Distrito de San Juan al dictar sentencia en contra del que-rellado apelante ignorando el hecho de que las limitaciones o impe-dimentos que tuviera el querellado apelante antes de su nominación y elección, fueron subsanados al ser electo para dicho cargo del cual se le trata de destituir.
“Quinto: La Corte de Distrito de San Juan cometió grave error al declarar con lugar la solicitud de quo warranto en este caso, ha-biéndose demostrado que Pérez Peña, el querellado apelante, es un elector del municipio de San Juan y que votó en las elecciones de 1936, especialmente cuando antes de incoarse el recurso de quo war-ranto no se destruyó su condición de elector siguiendo los trámites que para tales impugnaciones fija la Ley Electoral vigente en Puerto Rico.
“Sexto: Finalmente, alegamos que la corte sentenciadora cometió error al declarar con lugar la solicitud de quo warranto, y que su fallo es contrario al derecho y a las pruebas.”

El apelado radicó una moción solicitando la desestimación del recurso por frívolo y, oídas las partes, la cuestión quedó definitivamente sometida a nuestra consideración el 21 de fe-brero último.

Señala el apelante como primer error el haber desestimado la corte inferior la excepción previa que impugna la suficiencia de la información.

Se alega en la información que el apelante ilegalmente ocupa el cargo de Comisionado de la Capital de Puerto Rico, por haber sido convicto y cumplido sentencia por un delito felony, cual es el de incendio malicioso, sin que hubiere sido indultado.

A este respecto el artículo 183 del Código Político dispone:

“Art. 183. Ninguna persona podrá ser elegida para cargo alguno insular o local, si no poseyere las condiciones exigidas para ser elector.”

Las condiciones a que se refiere el precepto anteriormente transcrito las encontramos en la sección 6 de la Ley número 79 de 25. de junio de 1919 (Leyes de ese año, pág. 531), que literalmente dice así:

“Sección 6. — No podrán inscribirse, y, si estuvieren inscritos vo-tar, (a) los declarados incapacitados judicialmente; (5) los condena-dos por delito electoral o delito grave (felony) salvo que hubieren sido indultados; (c) los que vivan de la caridad pública o estuvieren asilados en instituciones de beneficencia pública; (d) los que dejen de votar en cualquier elección general celebrada después de la apro-bación de esta Ley; pero este impedimento existirá solamente para las dos elecciones generales subsiguientes, y dejará de existir si, el elector demostrare que tuvo justa causa para no votar de acuerdo con lo que más adelante se dispone.”

Parece evidente qne siendo indispensable para ser elegible para nn cargo público poseer las condiciones exigidas para ser elector, y disponiendo la ley qne no pneden ser electores los condenados por delito electoral o delito grave (felony), salvo qne hnbieren sido indultados, al alegarse en la infor-mación qne el demandado no poseía los requisitos para ser elector por, haber sido condenado por un delito de incendio malicioso, qne es un felony, se exponen hechos demostrativos de que el demandante ocupa ilegalmente el cargo para el cual fné electo, procediendo por consiguiente su destitución.

Arguye el apelante, sin embargo, que la frase “los condenados por delito electoral o delito grave (felony) ”, que aparece en la sección 6 anteriormente mencionada, se refiere a los “condenados” (convicts) que estuvieren extinguiendo condena al celebrarse la elección y no a aquéllos que como el apelante se hallaban en libertad en dicha ocasión. A esta conclusión llega el apelante, comparando la frase “persona que hubiere sido condenada”, que aparece en la sección 6 de la ley de 8 de marzo de 1906, con la de “los condenados” que aparece en la vigente ley antes transcrita. Para nosotros no existe diferencia entre una y otra.frase, excepto que “los condenados” es una frase más breve que la anterior, sin variar en absoluto el significado de aquélla. Si interpretásemos esa frase como pretende el apelante, no sólo menospreciaríamos la letra clara e inequívoca de la ley, si que también tal interpretación conduciría al absurdo.

¿De dónde infiere el apelante que la frase “los condena-dos” está limitada exclusivamente a aquellos reos que están cumpliendo condena? Si la privación del sufragio estuviere limitada a los que extinguen condena por feloivy o delito electoral en la fecha de la elección, ¿para qué establecer la ex-cepción a favor de los condenados “que hubieren sido indul-tados”, si tan libres se hallan los que hubieren sido puestos en libertad por extinción de la pena como los que lo hubieren sido a virtud de un indulto ? Además, ¿ a qué limitar la pri-vación a los que estuvieren cumpliendo condena por felowy o delito electoral, si ninguna .persona que se encontrare en prisión el día de las elecciones tiene derecho a salir para ejer-citar el derecho de votar aunque su condena sea por infrac-ción a una simple ordenanza municipal?

La incapacidad del demandado para ser elector y, consiguientemente, para ser elegido para el cargo en controversia, es manifiesta, sin que su incapacidad haya sido removida por el hecho de que ilegalmente votara en las elecciones de 1936, pues sabido es que un acto fraudulento o ilegal no es generador de derechos.

Alega el apelante que aún aceptando que no fuera un elector capacitado del municipio de San Juan, su elección para el cargo de miembro de la Junta de Comisionados del Gobierno de la Capital es válida porque la ley especial que rige el Q-obierno de la Capital de Puerto Rico en ninguna de sus secciones fija los requisitos que deben reunirse para ser elegible para dicho cargo. No se olvida el apelante, sin embargo, de las terminantes disposiciones del artículo 183 del Código Político, supra, pero trata de evadirlas alegando que dicho Código es una ley de carácter general y que la núm. 99 de 1931 (Leyes de ese año, pág. 627) es de carácter especial, y que habiendo conflicto entre una y otra, la ley especial prevalece sobre la general.

Pero es que no existe conflicto entre una y otra ley. Pre-cisamente por guardar silencio la ley especial es que se aplica la ley general. Si la ley especial requiriese condiciones dis-tintas e incompatibles con las que exige el Código Político, o si expresara, asumiendo un absurdo, que ningún requisito era exigido para ser Comisionado de la Capital, en ese caso existiría un conflicto entre una y otra ley, prevaleciendo desde luego la especial sobre la general.

Tratando de demostrar que el artículo 183 del Código Político no es aplicable a los funcionarios del Gobierno de la Capital invoca el apelante el artículo 1 de la citada Ley núm. 99 de 1931 (pág. 627), según fué enmendado por la Ley núm. 32 de 1933 (Leyes de ese año, pág. 255), que literalmente dice así:

“Artículo 1. — El municipio de San Juan, Puerto Rico, tal como se encuentra constituido por la legislación vigente, queda por la pre-sente abolido. En lugar de dicho municipio, por la presente se crea una corporación política y jurídica de gobierno local que constituirá un distrito especial, con los mismos límites territoriales que pertene-cen actualmente al Gobierno de la Capital, cuyos organismos y fun-cionarios no tendrán otras facultades, restricciones, incompatibilida-des, ni impedimentos que los dispuestos en esta Ley, ni en la Ley Orgánica. ’ ’

Las palabras “facultades, restricciones, mcompatibilida-des ni impedimentos” naturalmente se refieren a la jurisdic-ción o facultades de los funcionarios y no a su capacidad para ser elegibles. Quiso el legislador establecer una ley especial para la Capital de Puerto Rico, distinta de la que existía para los demás municipios de la Isla y por eso tuvo el cuidado de evitar que por aplicación de preceptos análogos de la ley municipal vigente en los demás municipios se restringiesen, im-pidiesen u obstaculizasen en alguna forma los deberes y fa-cultades impuestos o conferidos por dicha ley. No se con-cibe que fuera la intención del legislador no exigir condicio-nes de idoneidad y moralidad para aquéllos que han de tener en sus manos las riendas del gobierno de la primera y más rica ciudad de la Isla, y en cambio las exija a los miembros de la asamblea municipal del último de los municipios. Si adoptásemos esa interpretación, podría darse el caso insólito de que un menor de edad, un extranjero, y lo que es peor, los convictos de los crímenes más infamantes, serían elegibles para miembros de la Junta de Comisionados de la Capital, y en cambio no lo serían para la asamblea municipal de cual-quier municipio sea cual fuere su importancia.' La mera ex-posición de tan rara teoría es su mejor refutación y procede descartarla. Armstrong Paint .& Varnish Works v. Nu-Enamel Corporation, 83 U. S. (L. ed.) 183, 305 U. S. 315.

Por último debemos considerar, en relación con la excepción previa, la falta de interés o capacidad legal del relator para instituir este procedimiento. Es verdad que esta cuestión no ha sido discutida en el alegato del apelante, pero la levantó en sus alegaciones y la discutió en la corte inferior, y como de existir tal incapacidad, afectaría la suficiencia de la información, es nuestro deber discutirla.

El artículo 2 de la Ley estableciendo el procedimiento de quo warranto, que. es el artículo 641 del Código de Enjuicia-miento Civil (ed. 1933), según quedó enmendado por la Ley núm. 47 de 7 de agosto de 1935 (Sesión extraordinaria, pág. 531), en lo pertinente dice así:

“Cuando alguna persona usurpare o ilegabnente ejerciere o des-empeñare funciones de algún cargo público ... o cuando cualquier funcionario público baya cometido o permitido alguna acción que de acuerdo con las disposiciones de la ley envuelva la pérdida de su cargo; ... el Fiscal General o cualquier fiscal de la respectiva Corte de Distrito, ya obrando por su propia iniciativa, ya a instancias de otra persona, podrá radicar ante cualquier Corte de Distrito de Puerto Rico una solicitud para que se instruya información de la naturaleza del quo warranto a nombre de El Pueblo de Puerto Rico; . . . . ” (Bastardillas nuestras.)

Mny parecido a nuestro estatuto es el artículo 803 del Código de Enjuiciamiento Civil de California, que en lo per-tinente dice así:

“Artículo 803.. — El Procurador General puede instituir una ac-ción a nombre de El Pueblo de este estado, de su propia iniciativa o a instancias de una persona particular, contra cualquier persona que usurpare o ilegalmente ocupare o ejerciere cualquier cargo público, civil oo militar, o cualquier franquicia dentro de este estado ...”

El Estado, a nombre del cual se instituye este procedi-miento, es la única parte demandante en el mismo. Como el procurador general puede actuar de su propia iniciativa, el carácter del relator, cuando éste no reclama el derecho a ocupar un cargo público desempeñado por otra persona, es similar al de un testigo de cargo en un procedimiento criminal. Por consiguiente, no es necesario que tenga interés especial alguno en el cargo en cuestión. Así lo ha resuelto el Tribunal Supremo de California repetidamente, entre otros en los casos de The People of the State of California, -ex reí. John M. Cage, relator, v. Petroleum Rectifying Co., 21 Cal. App. (2d) 289; People v. Reclamation District No. 108, 169 Cal. 786, 147 P. 1176; People v. Sutter Street R-aikv-ay Co., 117 Cal. 604, 612, 49 P. 736; People v. Milli Proveers Ass’n, 60 Cal. App. 439, 442, y finalmente el de People v. California Protective Corporation, (1926) 76 Cal. App. 354, 361, de cuya opinión tomamos el siguiente párrafo:

‘'En apoyo de su contención de que el apelado no tiene capacidad legal para demandar, arguye el apelante que el relator, la Asociación de Abogados de Los Angeles, no es una corporación y por consiguiente carece de capacidad para demandar a nombre de la Asociación. Esta contención revela un inexplicable desconocimiento de la naturaleza de este procedimiento y de la relación que con el mismo tiene El Pueblo como demandante. El mal que se ataca es de naturaleza pública y no de interés particular. La única relación del Colegio de Abogados se indica al principio de la demanda, que dice: ‘El Pueblo, por su Procurador General, por información y querella de Los Angeles Bar Association, se querella del demandado y alega como causa de ac-ción . . . ’ La adición del nombre del Colegio de Abogados no con-vierte este procedimiento en una acción de carácter particular. Es innegable que el brazo de la ley se movió a virtud de la información que el Colegio de Abogados suministró al Procurador General, pero eso no convirtió al Colegio en demandante en esta acción.”

Conviene distinguir el caso de autos del de El Pueblo ex reí. Zapas v. Santiago, 38 D.P.R 699, 702, én que este tribunal, siguiendo el de Santiago v. Feuille, 10 D.P.R. 432, dijo:

“Como aquí está envuelto el derecho a cargos públicos, la verda-dera parte interesada es el relator ...”

Tanto en el caso de El Pueblo -ex reí. Z-ayas v. Santiago, como en el de Santiago y. F^euille, ubi supra, el relator recla-maba para sí un cargo para el cual alegaba haber sido legal-mente electo y que lo usurpaba otra persona. En tales cir-cunstancias su interés en el resultado del procedimiento es manifiesto. En el presente caso el relator no reclama para sí el cargo. Su interés en el asunto fué sencillamente el que tiene todo ciudadano de que los funcionarios que han de re-gir los destinos de la ciudad en que reside sean electos de acuerdo con la ley. Por eso se dijo en el caso de Santiago v. Feuitte:

‘ ‘ En los casos de quo warrcmto, cuando el procedimiento tiene por objeto la reclamación de un cargo o empleo, el promovente (relator) es la verdadera parte interesada, pero cuando el pleito versa sobre usurpación de una franquicia por alguna corporación, el Pueblo de de Puerto Rico es la única parte interesada y debe ser representada por el Attorney General o alguno de los fiscales de distrito.” (Bas-tardillas nuestras.)

El interés del relator en el caso de autos es similar al del relator en un pleito que versa sobre usurpación de franquicia por una corporación.

En su esfuerzo por demostrar que el demandado ocupa legalmente el cargo, alega el apelante que su elección fué convalidada y ratificada y que todos sus impedimentos fueron removidos por la Ley núm. 10, de 24 de marzo de 1937 (Leyes de 1936-37, pág. 138), enmendatoria del artículo 50 de la citada ley núm. 99, supra, que en lo pertinente dice así:

“Disponiéndose, que los cinco miembros de la Junta de Comisio-nados electos en las elecciones generales de 1936, continuarán en el desempeño de sus funciones hasta el fin de sus términos de elección, y dicha Junta de Comisionados será aumentada en la forma indicada tan pronto comience a regir la presente Ley.”

Tendría razón el apelante si la Asamblea Legislativa en alguna forma hubiera consignado expresamente su intención de remover la incapacidad de que pudieran adolecer todos o cualquiera de los Comisionados, o si, con conocimiento de tal incapacidad, manifestase su voluntad de que continuasen en sus puestos. Pero de la ley no surge la intención del legis-lador de ratificar o convalidar la ilegalidad de la elección del apelante, sino la de prorrogar el término, lo cual no conva-lida su elección. A los efectos de los requisitos necesarios para que exista ratificación o confirmación, véase el caso de Central Bocachica, Inc. v. Tesorero de P. B., ante, pág. 424, que aunque se refiere a la confirmación de los contratos, sus principios son igualmente aplicables a confirmación o ratifi-cación de un acto nulo por medio de estatuto.

A nuestro juicio, procedió correctamente la corte inferior al desestimar la excepción previa. No existe, pues, el primer señalamiento de error.

Consideremos añora el siguiente.

Consiste el segundo señalamiento de eror en que la corte, para demostrar que el apelante fué convicto de incendio ma-licioso, dió valor probatorio a una certificación de sentencia admitida en evidencia, que en lo pertinente dice así:

“Corte de Distrito del Distrito Judicial de Arecibo, P. R.— El Pueblo de Puerto Rico contra Luis Pérez Peña, Jorge Pelet y José Colón Marrero. — Número de la Causa 1073. — Delito : In-cendio Malicioso. — Sentencia.—Dictada en 10 de marzo de 1921.
“En vista del veredicto del Jurado dictado en contra de dichos acusados, el día 2 del corriente mes de marzo, declarando a dichos Luis Pérez Peña, Jorge Pelet y José Colón Marrero, culpables del delito de Incendio Malicioso, la Corte los declara a su vez convictos como autores de dicho delito, y condena a cada uno de dichos acu-sados Luis Pérez Peña, Jorge Pelet y José Colón Marrero, a la pena de seis años de prisión, en el presidio Departamental de la Isla, con trabajos forzados y a pagar las costas de esta causa. (Fdo.) Enrique Lloreda, Juez. — (Fdo.) Manuel L. Corbet, Secretario.
“Juan Ramírez Yega, Secretario de la Corte de Distrito del. Distrito Judioial de Areoibo, Puerto Rico. — Certifico : Que la que-antecede es una copia fiel y exacta de la sentencia dictada por la referida Corte, en la causa criminal arriba expresada, que fué vista ante Jurado el día 2 de marzo de 1921, y cuya sentencia fué confir-mada por el Hon. Tribunal Supremo de Puerto Rico, por sentencia dictada con fecha 2 de junio de 1922. Y a petición del abogado Mario Orsini Martínez, expido la presente bajo mi firma y el sello oficial de la corte, en la ciudad de Arecibo, P. R., a diez de noviembre de 1937. — (Fdo.) Juan Ramírez Yega, See. Corte de Distrito de Are-cibo. ’ ’

Argumentando este segundo señalamiento de error, sos-tiene el apelante que la ameritada sentencia es inexistente porque de la misma no aparece que en el acto de dictarla el tribunal, o el secretario bajo la dirección de aquél, informara al acusado de la naturaleza del cargo contra él, de las alega-ciones de su defensa, del veredicto del jurado, ni le pregun-tase si tenía alguna causa legal para demostrar que no pro-cedía pronunciarse sentencia contra él.

Invoca el apelante en su apoyo la jurisprudencia de este Tribunal establecida en los casos de El Pueblo v. Lizardi, 7 D.P.R. 22, y El Pueblo v. Muñoz, 9 D.P.R. 537, así como el artículo 318 del Código de Enjuiciamiento Criminal, que dice .así:

"Cuando el acusado comparezca para oír la sentencia, debe ser informado por el tribunal, o bajo la dirección de éste por el secre-tario, de la naturaleza del cargo que se le hace, así como de las ale-gaciones de su defensa y del veredicto, si hubiere recaído alguno, y debe preguntársele si tiene alguna causa legal para demostrar que no procede dictar sentencia contra él.”

Los casos de El Pueblo v. Lizardi, supra, resuelto el 18 de mayo de 1901, y El Pueblo v. Muñoz, supra, resuelto en 12 de diciembre de 1905, no sostienen en'forma, alguna que la sentencia en que no aparezca expresamente que se ba dado cumplimiento al artículo 318 del Código de Enjuiciamiento Criminal es inexistente. Lo que se dijo en el primero de dichos casos por el Jiiez Asociado Sr. Hernández fué lo si-guiente :

"No se ha presentado pliego de excepciones que demuestre que el tribunal sentenciador dejó de cumplir el precepto del artículo 318 del Código de Enjuiciamiento Criminal; pero como en el acta del juicio se consigna que terminadas las pruebas el Fiscal solicitó del Tribunal un veredicto de culpabilidad y el letrado del acusado la absolución de éste, habiendo declarado el Tribunal culpable al acu-sado del delito de abuso de confianza que le imputaba el Ministerio Fiscal, imponiéndole la pena de 3 años de presidio, sin que se haga la más ligera indicación de que se diera cumplimiento a las preven-ciones que'contiene el artículo 318 del Código de Enjuiciamiento Criminal, lógico es presumir que a dicho artículo no se dió aplicación pues si la hubiera tenido se hubiera hecho constar en acta, y los tér-minos en que ésta aparece redactada más bien revelan el incumpli-miento del artículo citado privándose con ello al acusado de un medio importante de defensa.”
“Por las razones expuestas somos de opinión que debe revocarse la sentencia apelada que dictó el Tribunal de Distrito de Humacao en 23 de septiembre del año próximo pasado, debiendo dicho Tribunal celebrar un nuevo juicio o dictar cualquier otra resolución que autorice la ley, con las costas del recurso de oficio.”

No es de extrañar que en el año 1904, en el período de transición en que empezaba a aplicarse en esta Isla un nuevo sistema de procedimiento criminal, se incurriera en el error de sostener, tratándose de una corte de récord como lo era la de Humacao en el caso de Lizardi, que el hecho de no cons-tar en el acta del juicio que se hubiese dado cumplimiento al artículo 318 del Código de Enjuiciamiento Criminal creaba la presunción de que en realidad no se había cumplido con dicha disposición legal. Este error ha sido subsanado poste-riormente en los casos de Goll et al. v. Higo, 16 D.P.R. 319;, Gastello et al. v. Pérez et al., 21 D.P.R. 203; y Paniagua v. El Pueblo, 33 D.P.R. 902, donde se ha resuelto que siendo las cortes de distrito cortes de récord, se presume que han ac-tuado con jurisdicción sobro las personas y sobre la materia a menos que claramente aparezca lo contrario.

En California, donde el artículo 1200 del Código Penal es igual al 318 de nuestro Código de Enjuiciamiento Criminal, se ha resuelto que concediendo que el acusado debe ser in-formado por la corte o bajo su dirección de la naturaleza del cargo que se le hace, de las alegaciones y del veredicto y que tal información no forma parte de la sentencia pronunciada, aunque del récord debe aparecer que tales manifestaciones fueron hechas, si del mismo no aparecieren se presume que fueron hechas, a menos que el acusado demuestre lo contrario. People v. Barton, 88 Cal. 176, 178, 25 Pac. 1117; People v. Ebanks, 117 Cal. 652, 665; People v. Mack, 115 Cal. App. 588, 591.

Y sobre el efecto que en la sentencia produce la omisión de tales advertencias, se ha resuelto en California que la omi-sión de preguntar al acusado si tiene alguna razón legal que impida dictar sentencia en su contra no es suficiente para convertirla en una sentencia absolutamente nula (■absolutely void) cuando la corte tenía jurisdicción sobre la materia y .sobre la persona acusada. Ex parte Gibson, 31 Cal. 619, 627, 91 Am. Dec. 546; In re Bouchard, 38 Cal. App. 441, 443. Más recientemente, en el año 1934, la misma Corte de California, en el caso de People v. Swift, 140 Cal. App. 7, 34 P. (2d) 1041, sostuvo que la omisión de tales advertencias por parte de la corte sentenciadora, si bien constituye error, no produce la revocación de la sentencia a menos que el acusado demuestre que sufrió algún perjuicio. Véase también al mismo efecto la monografía sobre la materia que aparece en 113 A.L.R. 821.

Lo expuesto nos lleva a la conclusión de que en el su-puesto de que la corte no diera cumplimiento a las disposi-ciones del artículo 318 del Código de Enjuiciamiento Criminal, tal defecto no hizo la sentencia absolutamente nula o inexistente.

Tampoco existe el segundo de los errores señalados.

Los señalamientos de error tercero y cuarto han sidcf^su-ficientemente discutidos al considerar el primero. Tampoco existen.

El quinto señalamiento de error sostiene que la corte inferior debió desestimar la solicitud al probar el apelante que es elector y que votó en las elecciones de 1936 en el municipio de San Juan.

Después de conocer las disposiciones del artículo 183 del Código Político antes transcrito, el error señalado por el apelante no merece seria consideración. Lo que exige la ley para que una persona sea elegible para un cargo insular o municipal no es que haya votado legal o ilegalmente en las últimas elecciones, sino que reúna las condiciones exigidas para ser elector. La prueba concluyentemente demuestra que el peticionario no las posee, pnes fné convicto y cumplió con-'dena por un delito felony y aunque alega que fué indultado, la prueba demuestra que se le conmutó la pena solamente, lo que no conlleva la restitución de los derechos civiles. El efecto legal de la conmutación de la pena es hacer menos se-vera la sentencia impuesta y nada más. 39 'Harvard Law Review 112 y casos citados. El hecho de que ilegalmente vo-tara el peticionario en las elecciones de 1936 no afecta sus derechos, pues, como dijimos al considerar el primer señala-miento de error, los actos realizados en contravención de la ley no pueden ser fuente de derechos.

Réstanos ahora considerar el sexto y último de los erro-res señalados por el apelante. Alega que la corte sentencia-dora cometió error al declarar con lugar la solicitud de quo warranto y que su fallo es contrario al derecho y a las prue-bas. Después de la discusión que hemos hecho de los errores anteriores, muy poco tendremos que agregar al considerar éste. Sólo es necesario expresar que de acuerdo con la evi-dencia resulta concluyentemente probado que el apelante ha sido convicto y cumplió sentencia por un delito de incendio malicioso, que es un felony, y que aunque se le conmutó la pena, tal conmutación no conlleva la restitución de los dere-chos civiles.

No existe el sexto y último de los errores señalados y <en su consecuencia procede declarar con lugar la moción del •apelado y desestimar el recurso por frívolo.