author: El Juez Presidente Se. Hernández,

text:
    Behn, Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Sección Primera, Recurrido.
    Becurso gubernativo contra nota del Begistrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Ia., inscribiendo con defectos snbsanables una escritura de venta, cesión y entrega de bienes.
    No. 350.
    Resuelto en febrero 19, 1918.
    Recurso Gubernativo — Inscripción oon Defectos Subsanables — Discusión en CUANTO A LA VALIDEZ DEL DOCUMENTO-JVÜATERIA AJENA AL RECURSO.-Cuando un documento sobre venta, cesión y entrega de bienes, ha sido cali-ficado de válido por el registrador e inscrito aunque con defectos subsana-bles, pues de estimar que adoleciera de alguna falta que produjera necesa-riamente la nulidad de la obligación hubiera denegado la inscripción cum-pliendo el deber que le impone el artículo 65 de la Ley Hipotecaria, en el recurso respecto de los defectos apuntados no puede discutirse la validez del documento por ser materia ajena al recurso, cuyo estudio debe limitarse a considerar y resolver si verificada la inscripción proeede la anotación de dichos defeetos.
    Compraventa — Precio Cierto — Convenios Estipulados — Defectos Subsana-bles. — Cuando en una escritura de venta, cesión y entrega de bienes se hace constar por modo claro que no existe preeio alguno de venta a devolver y que el único recibido por el vendedor del comprador como causa o considera-ción del contrato consiste en los convenios estipulados en la escritura, pero el registrador, eso no obstante, y el texto del artículo 1348 del Código Civil, según el cual en el contrato de compraventa uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a dar por ella un preeio cierto en dinero o signo que lo represente, estima que las partes habían celebrado un contrato de compraventa, está impedido al verificar la inscripción, de exigir que se consignara un preeio distinto del que entendió que las partes habían fijado como tal.
    Id.- — Nombre de la Esposa del Adquirente — Defecto Subsanable. — La falta de expresión en la escritura del nombre de la esposa del adquirente consti-tuye un defecto subsanable.
    Los liecbos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Oscar B. Frazer.

    El registrador interino recurrido, Sr. Manuel Paz Urdaz, compareció en nombre propio. •
   El Juez Presidente Se. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública otorgada en la ciudad de New York a 24 de agosto de 1917 ante el notario Edward E. Miller, por los abogados Edward S. Paine y Francis E. Neagle, como apo-dérad'os respectivamente de Sostienes Bebn, soltero, y Her-nand Bebn, casado, sin que conste el nombre de sn esposa, el primero vende, cede y entrega al segundo varios bienes, de sn propiedad qne especifica, entre ellos los siguientes: A,' la mitad proindiviso de la finca denominada El Condado, ubi-cado en los sitios de El Condado y Bayola, sección norte del barrio de Santuree de esta ciudad; C, una casa de dos plantas, de mampostería y azotea, en la calle de Tetuán; D, un solar, radicado en el sitio El Condado ya expresado; E, otro solar también ubicado en el propio sitio El Condado : cuyas fincas todas se describen en la escritura.

En dicbo documento se bace constar por ambas partes contratantes qne el único precio recibido por Sostbenes Bebn de Hernand Bebn como causa o consideración de la venta consiste en los convenios estipulados, y que por consiguiente no existe precio alguno de venta a devolver. Los convenios, principales son los que expresamos a continuación: Io. Sos-tbenes Bebn se reserva para sí y para sus herederos, repre-sentantes o cesionarios el derecho de redimir todos o cual-quiera parte de los bienes traspasados, por un término de diez años a contar de la fecha del documento, pagando Sos-tbenes Bebn, sus herederos, representantes o cesionarios, en el caso de que se ejercite el derecho de redención, los gastos del contrato celebrado y los del. retracto, todos los pagos le-gítimos qne se hicieren por razón de la venta, y los gastot útiles y necesarios en que se incurra por las cosas dadas en venta; 2°. En caso de qne Sostbenes Bebn, sus herederos, re-presentantes o cesionarios ejerciten el derecho de redención se obliga Hernand Bebn por sí y por sus herederos, repre-sentantes o cesionarios, a pagar al redimente el importe de de todas las entradas, rentas, frutos y mejoras de cualquier naturaleza, con deducción de los gastos y cargas debidas, otorgando además todos los documentos públicos o privados que fueren necesarios o prudentes a evidenciar o efectuar la redención de los bienes; 3o. Hernand Bebn, sus herederos, representantes o cesionarios tendrán en cualquier tiempo anterior a la feelia en qne Raya de ejercitarse el derecho de redención, el derecho a vender o permutar en todo o en parte los bienes traspasados, con sns frutos o productos, libres de cualquier derecho de redención, cuyo derecho para tal caso queda renunciado y cancelado. ‘Los productos, dineros o bienes recibidos de alguna venta o permuta con deducción de los gastos debidos en que efectivamente se incurriere, que-darán sujetos al derecho de redención y en caso de que tal derecho llegare a ejercitarse o en caso de requerimiento por parte de Sosthenes Behn, sus herederos, representantes o cesionarios, se verificará a éstos la correspondiente entrega: 4o. Hernand Behn, sus herederos, representantes o cesiona-rios, tendrán el derecho de arrendar por cualquier período de tiempo, en parte o en todo, los bienes traspasados, sus frutos o productos o bienes por ellos sustituidos, quedando los derechos de Sosthenes Behn y de sus causahabientes afec-tos a los términos y condiciones de los arrendamientos que se hagan; 5o. Hernand Behn, sus herederos, representantes o cesionarios, tendrán derecho a hipotecar, pignorar o gravar en cualquiera otra forma, parcial o totalmente, los bienes transferidos, sus frutos o productos o bienes con que fueren sustituidos, quedando sujetos los derechos y dominio de Sos-thenes Behn a las obligaciones y derechos así creados; 6o. Hernand Behn, sus herederos, representantes o cesionarios, rendirán cuentas en caso de que se ejercitare el derecho de redención, a Sosthenes Behn o sus causahabientes, de cual-quiera de las sumas de dinero o bienes recibidos con arreglo a la anterior estipulación; 7o. Sosthenes Behn o sus causaha-bientes no responderán de garantía alguna espresa o implí-cita en virtud de precepto de ley,, con relación a cualquiera de los bienes transferidos; 8o. Hernand Behn, en caso de destrucción o pérdida de cualquiera de los bienes traspasa-dos o de cualesquiera entradas, rentas, frutos o producto de los mismos, no será responsable, con excepción del caso en que la destrucción o pérdida sea debida a mala conducta o grave negligencia.

Presentada en el Registro de la Propiedad de San Juan, Sección Ia., la escritura de que se trata para su inscripción en cnanto a las fincas A, C, D y E, el registrador verificó la inscripción con fecha 28 de noviembre de 1917 en cnanto a las fincas descritas bajo las letras A, C, y D, y la denegó en cnanto a la finca letra E por no estar inscrita a nombre del vendedor, tomando en sn lugar anotación preventiva por el término legal, y consignando tanto en las inscripciones como en la anotación “los defectos snbsanables de no estar clara-mente determinado el precio fijado para la venta y no cons-tar el nombre de la esposa del adquirente Hernand Bebn. ’ ’

Dicha nota ba sido recurrida para ante esta Corte Su-prema por la representación de Hernand Bebn, que solicita su revocación en cuanto a los dos defectos subsanables apun-tados.

El documento de 24 de agosto de 1917 ba sido calificado de válido por el registrador, pues de estimar que adoleciera de alguna falta que produjera necesariamente la nulidad de la obligación hubiera denegado la inscripción cumpliendo el deber que le impone el artículo 65 de la Ley Hipotecaria. No podemos boy discutir la validez del documento por ser materia ajena al presente recurso, cuyo estudio debe limi-tarse a considerar y resolver si verificada como ba sido la inscripción procede la anotación de los dos defectos anotados por el registrador.

En la escritura se hace constar por modo claro que no existe precio alguno de venta a devolver y que el único re-cibido por el vendedor del comprador como causa o conside-ración del contrato consiste en los convenios estipulados en la escritura. Habiendo estimado el registrador, no obstante las anteriores manifestaciones y el texto del artículo 1348 del Código Civil, según el cual en el contrato de compraventa uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa deter-minada y el otro a dar por ella un precio cierto en dinero o signo que lo represente, que las partes habían celebrado un contrato de compraventa, estaba impedido de exigir que se consignara nn precio distinto del qne él entendió qne las partes habían fijado como tal. Dada la calificación del contrato he-cha por el registrador, no existe el primer defecto subsana-ble apuntado.

En cnanto al segundo defecto nos referimos a nuestras decisiones en los casos de Ortiz y de Delgado v. El Registrador de San Germán, 23 D. P. R. 702 y 704, respectivamente, qne sostienen ser snbsanable el mencionado defecto.

Nuestras decisiones en los casos de Ramos v. El Registrador, 16 D. P. R. 60, y Vega v. El Registrador, 23 D. P. R. 799, no son de aplicación, pues no se refieren a "Inscripciones de escrituras públicas sino de sentencias dictadas en expedien-tes de dominio.

Es de revocarse la nota recurrida en cuanto al defecto subsanable de no estar claramente determinado el precio fi-jado para la venta, y confirmarse en cuanto al otro defecto subsanable de no constar el nombre de la esposa del compra-dor Hernand Behn.

Revocada la nota recurrida en cuanto al primer defecto y confirmoAa en cuanto el se-gundo.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados "Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

license: Public Domain

text:
    Pescay et al., Peticionarios, v. Texidor, Juez de Distrito, et al., Demandados.
    Solicitud para que se expida un auto de certiorari al Juez de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en un pleito sobre rescisión de contrato y daños y perjuicios.
    No. 217.
    Resuelto en febrero 26, 1918.
    Certiorari — Apelación contra Orden Dejando sin Efecto una Rebeldía — Sen-tencia Condenatoria — Embargo sin Pianza. — De acuerdo eon el artículo 297 del Código de Enjuiciamiento Civil, la apelación establecida contra una resolución que dejó sin efecto una sentencia la mantiene subsistente mien-tras se resuelve la apelación, y no puede por tanto declararse que carezca de base el embargo que como consecuencia de la sentencia se decretó sin fianza, según la ley No. 27 de 1916.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados de los peticionarios: Sres. Guerra y Guerra.

    Abogado de los demandados: Sr. Enrique Rincón Plume;i.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Los peticionarios en este reqnrso de certiorari fneron con-denados en rebeldía por la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., a la rescisión de cierto contrato y a pagar por-daños y perjuicios la cantidad de tres mil quinientos pesos. .Después de la sentencia pidió el demandante y la corte de-cretó, sin exigirle fianza, el embargo de bienes de los deman-dados para asegurar el pago de dicha cantidad.

Trabado el embargo los demandados pidieron de la corte que dejara sin efecto la rebeldía en que se hallaban y tam-bién la sentencia que había dictado sin oírlos. Así lo acordó la corte sentenciadora, siendo apelada esta resolución por la parte demandante. En tal estado el pleito los demandados solicitaron que se levantase' el embargo por haber quedado sin efecto la sentencia que sirvió de base a la orden decre-tándolo sin fianza y aunque así fué acordado prontamente volvió el juez sobre su acuerdo y resolvió que el embargo quedase subsistente. Esta resolución es la que motiva la queja de los peticionarios en este recurso.

Opinamos que el juez inferior no infringió con dicha re-solución la ley de procedimientos referente a aseguramiento de sentencias.

La sección 3a. de tal ley, según quedó enmendada por la No. 27 de 13 de abril de 1916 faculta a los jueces para decre-tar el embargo de bienes, sin necesidad de que el demandante preste fianza, cuando se solicita después de dictada sentencia condenatoria. En este caso existía tal clase de sentencia cuando el embargo fué decretado sin fianza, y .si bien es cierto que más tarde dicha sentencia quedó sin efecto por haberse concedido a los demandados el beneficio de ser oídos en el juicio, cancelándoles la rebeldía en que habían incurrido, como tal orden fué apelada por la parte demandante queda-ron en suspenso sus efectos de acuerdo con el artículo 297 del Código de Enjuiciamiento Civil según el cual la inter-posición de una apelación suspende todo procedimiento res-pecto de la sentencia y orden apelada y por consiguiente es insostenible la argumentación de los peticionarios de que la orden dejando sin efecto su rebeldía y la sentencia que fué dictada, sustituyó desde luego la anterior sentencia y que por tanto no existe por abora una sentencia .condenato-ria que justifique un embargo sin fianza.

El auto librado debe ser anulado.

Anulado el auto expedido.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    Salgado, Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Sección Primera, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Ia., denegando la inscripción de un certificado de venta en pública subasta.
    No. 351.
    Resuelto en febrero 26, 1918.
    Recurso Gubernativo — Venta de Inmuebles en Pago de Contribuciones — Cer-tificado del Colector de Rentas Internas — Certificado Adicional — Sub-sanación de Defecto. — Un certificado adicional librado por un colector de rentas internas no es la manera propia de subsanar los defectos que aparezcan en el certificado original expedido por el propio colector sobre venta en pública subasta de cierta propiedad sujeta al pago de contribuciones y que fué presentado al registro para su inscripción.
    Id. — Id. — Poseedores de Hipotecas t Embargos Anotados — Notificación.— En un certificado de venta de bienes raíces para el pago de contribuciones, hecho por un colector de rentas internas, es necesario que aparezca, con-forme al artículo 315 del Código Político, que los respectivos poseedores de una hipoteca y de embargos anotados sobre la propiedad fueron notifi-cados de la venta de la misma.
    Id. — Id. — Presunción en el Cumplimiento de Deberes Oficiales. — El com-prador cuyo título origina de una venta por falta de pago de contribuciones debe mostrar que se ban dado todos los pasos preliminares prescritos por la ley, y generalmente no puede confiar en la presunción de que un funcionario público ha cumplido con la ley.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del recurrente: Sr, Enrique Rincón Plumey.

    El registrador interino recurrido, Sr. Manuel Paz Urdaz, no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El colector de rentas internas de San Juan expidió un certificado, fechado julio 21, 1916, en donde hacía constar que el mismo día 21 de julio de 1916, José Salgado Jiménez compró en pública subasta, previo embargo y venta para el pago de contribuciones montantes á $9.63, cierta propiedad; que dicha propiedad fué vendida al referido José Salgado Jiménez por la suma de $9.63, que fué la mejor oferta. La propiedad fué descrita en el certificado como perteneciente a Pedro Figueroa y con determinadas colindancias; que la referida propiedad no estaba inscrita en el registro, pero que el embargo fué debidamente anotado en el “Libro de Embargos” a favor de El Pueblo de Puerto Rico en la mu-nicipalidad de San Juan.

Cuando este certificado fué presentado en el Registro de San Juan, se denegó su inscripción por el fundamento de que la propiedad no aparecía inscrita según la descripción hecha en el certificado ni a nombre del deudor Pedro Figueroa, ni de persona alguna.

Entonces el recurrente presentó un certificado adicional del colector de rentas internas donde se expresaba que de una investigación hecha por él resultaba que la parcela des-crita en el certificado original era la misma que aparecía ins-crita en el registro de la propiedad a nombre de Pedro Figueroa Boisson. En efecto, la descripción que aparece en el certificado original y la descripción que aparece en el cer-tificado adicional como transcrita del registro de la propie-dad, son sustancialmente idénticas en sus colindancias, dife-rendándose únicamente en • que la propiedad descrita en el primer certificado dícese que es de 3,371 metros cuadrados, en tanto que en el segundo certificado se mencionan 3,365 metros cuadrados.

De paso, diremos que por el expediente que tenemos a la vista sólo sabemos lo que del registro aparece por razón del contenido del certificado adicional. A pesar del certifi-cado adicional, se denegó la inscripción del título por medio de la siguiente nota:

“Denegada la inscripción de los documentos que preceden, porque la finca referida en el certificado de venta nbf se identifica con la del registro, presumiéndose, en el supuesto dé no resultar inscrita ni gravada, que no fué necesario que por la Colecturía de Rentas Inter-nas de San Juan se hiciera notificación del procedimiento a personas interesadas en la redención de la finca, y.que, expresándose en el cer-tificado adicional que la finca rematada es la que resulta inscrita, que aparece gravada con una hipoteca por mil dollars a favor de Don Ignacio T. Peñagarícano y Umpierre, un embargo a instancia de Don Paulino Pumarada y otro a favor de Lucas Méndez, no resulta que tales acreedores hayan sido notificados del procedimiento; requi-sito que, en este último caso, se estima necesario que se exprese, por haberse modificado el certificado de venta en el particular referente a la descripción de la finca rematada, e implicar la inscripción que de tal certificado se practicara la cancelación de dichos gravámenes; y tomada en su lugar anotación preventiva por el término legal, al folio 121, tomo 20 de Santurce Norte, finca número 876, anotación letra C. En cuanto a un solar compuesto de 200 metros cuadrados, que según el registro fué segregado de dicha finca, también se deniega la inscripción por resultar inscrito a favor de-persona distinta del deudor, habiéndose tomado anotación por dicho término legal en el mismo asiento. Se ha consignado el defecto subsanable de no cons-tar las circunstancias personales del adquirente. San Juan, Puerto Rico,_de noviembre de 1917.”

Alaora bien, aunque esta nota no sea tan clara como pu-diera serlo, de ella aparece que el registrador insistía aún ea que la propiedad no estaba identificada por el certificado original de venta. Quizás el registrador quiso decir que un (certificado adicional posterior no era la manera de subsanar im defecto del certificado original, que describía la propiedad como no inscrita. ..Un certificado adicional no es la manera propia de subsanar un defecto, y dudamos si el colector tiene facultades para certificar aquello que no aparece de sus pro-pios archivos. La duda toma mayores proporciones por el -hecho de que el certificado adicional fue extendido en octubre 23 de 1917, o sea, catorce meses después de haberlo sido el certificado original. Abrigamos también alguna duda con respecto al hecho de que el registrador no tuviera en sus ar-chivos datos suficientes para identificar la propiedad, pero las .partes aceptaron la primera denegatoria sin recurriría. Si el defecto fuera subsanable en manera alguna, no podría serlo mediante un certificado adicional. Nos inclinamos a la ■idea .de qiie él colector debió haber hecho un certificado en-teramente nuevo.

El recurrente sostiene ser innecesario que apareciera que los poseedores respectivos de una hipoteca y de un embargo anotados habían sido notificados de la venta de los terrenos, puesto que la ley presume que> se ha cumplido' ese deber ofi-cial. Es innecesario examinar detenidamente el alcance de esta supuesta presunción ni tampoco hasta dónde puede una presunción hacer innecesaria la presentación de prueba en el registro. Generalmente un hecho debe quedar establecido y nunca sujeto a prueba en contrario, si es que los títulos han de ser estables.' Es dé nótáfsé‘"qiie 'las presunciones, como aquella de que los bienes son gananciales, van contra el tí-tulo personal, que requiere prueba auténtica. En el regis-tro no existe prueba opuesta. Como quiera que esto sea, la presunción de que se ha cumplido con el deber oficial es apli-cable más particularmente a los incidentes de un hecho de-terminado y no puede .ser utilizada para establecer determi-nado hecho positivo. 16 Oye. 1078. Se ha resuelto que ja-más se presumirá que un funcionario, actuando bajo meras facultades estatutorias y con el fin de despojar a un ciuda-dano de su título por virtud de ciertas eventualidades, ha cumplido con su deber y con la ley; el comprador que se 'apoye en el desempeño del poder debe demostrar que se ban dado todos los pasos preliminares prescritos por la ley. Keane v. Connovan, 21 Cal. 291, 82 A. D. 738, (opinión del Juez Sr. Field en’un caso sobre contribuciones); 10 R. C. L. 881; Emeric v. Alvarado, 90 Cal. 444; Hannah v. Chase, 4 N. D. 351, 50 A. S. R. 656; Telfener v. Dillard, 70 Tex. 139.

El precepto de ley en que se apoya el registrador es el artículo 315 del Código Político, el cual en sus frases finales es como sigue:

“En todos los casos en que se embargaren y vendieren bienes raíces para el pago de contribuciones, el Tesorero de Puerto Rico no-tificará la inscripción de dicha venta a todas las personas que tuvie-ren una hipoteca o gravamen sobre dicha propiedad, consignando en la notificación la fecha de la venta, la suma en que se hubiere vendido la propiedad y los demás datos que estimare oportunos.”

Para que el comprador quedara investido con el título mediante venta por contribuciones, era necesario demostrar que se habían dado esos pasos.

La nota del registrador debe ser confirmada.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez'Asociado Se. del Tobo,

text:
    López, Demandante y Apelante, v. Central Vannina, Demandada y Apelada.

    Apelación procedente de la Corte de Distrito «de San Juan, Sección Ia., en pleito sobre desahucio.
    No. 1702.
    Resuelto en febrero 26, 1918.
    Arrendamiento — Lugar del Pago de los' CInones- — Obligación del Arrenda-tario. — Cuando en un contrato de arrendamiento no se fija expresamente el lugar donde se lia de verificar el pago de los cánones, debe concluirse, de acuerdo con el artículo 1139 del Código Civil, que el lugar del pago es el del domicilio del arrendatario. Tal conclusión no implica que el arrendata-rio no está obligado a pagar basta que sea requerido por el arrendador. Su obligación es independiente y debe cumplirse sin necesidad de gestión de la otra parte contratante, reeurriéndose si fuere necesario al medio de la con-signación previsto y regulado por la ley.
    Desahucio — Falta de Pago. — Puede el arrendador desahuciar al arrendatario, cuando éste deja de pagar el canon del arrendamiento en los términos con-venidos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Muñoz & Brown.

    Abogado de la apelada: Sr.- Damián Monserrat, Jr.

       Resuelto en reconsideración en julio 19, 1918. Véase pág. 180.

   El Juez'Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un pleito sobre desahucio. Demandante y de-mandada celebraron un contrato de arrendamiento que con-tiene esta cláusula: “El canon de este arrendamiento es de ciento veinte dollars mensuales, que la corporación arrendata-ria le pagará a la arrendadora dueña de las fincas por men-sualidades vencidas.” No se fijó en el contrato el lugar en donde debía verificarse el pago.

Como primera cansa de acción alegó la parte deman-dante que la demandada a la fecha de la demanda — agosto 24, 1916 — no le había pagado la mensualidad correspondiente al pasado mes de julio. La demandada aceptó en su contesta-ción de 28 de agosto de 1916 que no había pagado la mensua-lidad de julio, alegando como defensa especial que no había sido requerida de pago en forma alguna, ni por la d.eman-dante ni por ninguna otra persona en su nombre.

La corte de distrito resolvió el caso en favor de la deman-dada. Su criterio está condensado en el párrafo de su opi-nión que dice así-:

“La prueba aportada demuestra que la demandante en este caso no tiene ningún representante residente en San Juan, donde tiene sus oficinas la corporación demandada, a quien pueda hacerse el pago,de los cánones. La parte autora-no ha hecho gestión alguna para el cobro de la mensualidad que venció-en los meses de julio y agosto. De acuerdo con el contrato la corporación demandada está obligada a pagar por mensualidades vencidas; pero esta obligación debe cumplirse en,el domicilio de la Central Vannina, según deter-mina el artículo 1139 del Código Civil Revisado. La arrendataria tiene la obligación de pagar, una vez vencido el canon; pero no tiene necesidad de moverse de su domicilio y si la parte arrendadora desea que se le pague puntualmente sin inconveniente de ninguna clase, debe autorizar a una persona para que reciba a su nombre el pago de los cánones vencidos en el domicilio de la corporación demandada. Mientras no se ofrezca a la arrendataria la oportunidad de realizar el pago, no puede decirse que ésta ha faltado a las condiciones esti-puladas en el contrato sobre el pago de las mensualidades vencidas.1 ’

Después de un examen cuidadoso de las alegaciones y las pruebas, estamos enteramente conformes con la corte de dis-trito en que no habiéndose señalado expresamente en el con-trato, debe concluirse de acuerdo con lo prescrito en el artículo 1139 del Código Civil, que el lugar del pago es el del domicilio de la corporación demandada. Pero esta conclusión no nos lleva al extremo de sostener, como sostiene dicha corte, que la arrendataria no está obligada a pagar mientras la arren-dadora no designe una persona en el domicilio de la arren-dataria que reciba el precio del arrendamiento.

Según el artículo 1458 del Código Civil, el arrendatario está obligado a pagar el precio del arrendamiento en los tér-minos convenidos. Su obligación es independiente y debe cumplirse sin necesidad de gestión alguna por la otra parte contratante. Ya en la Partida 5, título XIV, ley 8a., dijo el Rey Sabio: "Plazos e días ciertos ponen los homes entre sí, a que prometen de dar, o fazer algunas cosas, Amos a otros, E por ende dezimos, que cada vno es tenudo de dar o de fazer lo quel prometió, al plazo quel fue puesto para ello. E non se puede excusar que lo non faga, maguer el otro, non gelo demande. ’ ’

Es cierto, como sostiene la corte sentenciadora, que la arrendataria no tenía que moverse de su domicilio para verifi-car el pago, pero sin moverse de su domicilio pudo y debió ve-rificarlo aun en el caso de no presentarse nadie a demandarlo, recurriendo a las claras prescripciones del artículo 1144 y siguientes del Códig’o Civil.

Comentando Manresa el artículo 1176 del Código Civil es-pañol, igual al 1144 del nuestro, se expresa así;

“El Código enumera en los dos párrafos de este artículo cinco casos: uno en que ha de preceder el ofrecimiento al caso de negativa a admitir el pago por parte del acreedor, y cuatro en que la consig-nación. puede hacerse desde luego, que son: el de ausencia del acree-dor; el de incapacidad del mismo; el en que pretendan tener aquel carácter varias personas, y el de que se haya extraviado el título de la obligación.
“A estos cinco casos suelen añadirse por los autores tres más: el de ser el acreedor desconocido; el de negarse aquél a dar recibo o carta de pago, y el de no presentarse a su debido tiempo en el lugar convenido o designado por la ley para proceder al cobro. Este último caso está comprendido sin violencia en los preceptos del Código, ya atendido el fundamento de aquellos, que es dar medios al deudor para que no se prolonguen indebidamente los cuidados y cargos que la obligación lleva consigo, ya porque tal hipótesis puede decirse que expresamente la admite la ley, en cuanto se refiere a la ausencia del acreedor, y no en un sentido preciso que equivale a la situación legal de que el Código se ocupa en su libro 1°., sino en una acepción general, que equivale a la falta de presencia en el lugar y tiempo que la obligación exigía. No será necesario, por lo general, en estos casos el ofrecimiento previo, a no ser que el deudor conozca la resi-dencia del acreedor y pueda fácilmente hacerle el ofrecimiento; pero como estas circunstancias no se presumen, su prueba corresponderá a éste si se impugna por defectos de forma la consignación hecha.” 8 Manresa, Código Civil español, 317.

No habiendo, pues, la arrendataria cumplido con la obli-gación de pagar el precio del arrendamiento en los términos convenidos, es innegable el derecho de la arrendadora para ejercitar la acción de desahucio. Art. 1472, No. 2°., del Có-' digo Civil. See. 9 de la ley sobre desahucio de 1905. Finlay v. R. Fabián & Cía., 24 D. P. R. 152. En tal virtud, sin nece-sidad de entrar a considerar la otra causa de acción en que se basa la demanda, debe declararse con lugar el recurso, revo-carse la sentencia apelada y dictarse otra decretando el desá-lmelo que se solicita, sin especial condenación de costas.

Revocada la sentencia apelada y dictada otra decretando el desahucio, sin especial conde- ' nación de costas.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf y HutcMson.

Los Jueces Sres. Presidente Hernández y Asociado Al-drey no intervinieron.


author: El Juez Asociado Se., del Tobo, JUEZ PRESIDENTE SR. HERNÁNDEZ.

text:
    López, Demandante y Apelante, v. Central Vannina, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en pleito sobre desahucio.
    Moción de reconsideración.
    No. 1702.
    Resuelto en julio 19, 1918.
    Reconsideración de Sentencia. — Solicitada en el presente caso por la demandada la reconsideración de la sentencia dictada por esta corte en 26 de febrero último, invocando en su auxilio la sentencia del Tribunal Supremo de Es-paña de 12 de abril 1879 y estableciendo, como nuevo fundamento, el heebo de que • dieba demandada había venido consignando en la secretaría de la corte las mensualidades vencidas y que la parte demandante había retirado para sí el importe de dichas consignaciones, se acordó la reconsideración, y, celebrada una nueva vista, el tribunal dictó la misma sentencia que había previamente pronunciado, ratificando su primitiva opinión y resolviendo que la jurisprudencia invocada no era aplicable y que no podía tomar en cuenta el hecho nuevo relativo a la consignación, porque ello sería variar los tér-minos bajo los cuales el recurso fué sometido por ambas partes al tribunal Jde apelación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Muñoz <& Brown.

    Abogado de la apelada: Sr. Damián Monserrat, Jr.

   El Juez Asociado Se., del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Este caso fné resuelto por esta Corte Suprema el 26 de febrero último revocando la sentencia apelada. La deman-dada, Central Vannina, pidió reconsideración y se ordenó la celebración de nna nneva vista. Ambas partes comparecie-ron y el recnrso quedó, con las nnevas alegaciones, sometido otra vez a nuestra consideración y resolución.

Después de nn cuidadoso estudio de todas las circunstan-cias concurrentes, sostenemos la primera opinión que emi-timos para fundar muestra sentencia de 26 de febrero.

' Invoca en su auxilio la Central Vannina la sentencia del Tribunal Supremo de España de 12 de abril de 1879, en la cual se resolvió lo que sigue:

“Al declarar la sentencia recurrida que no ha lugar al desahucio pretendido por los propietarios contra el demandado por no tener éste pagado el día 12 de abril, fecha de la demanda, el segundo se-mestre de la renta estipulada que había principiado el Io. del ex-presado mes, no infringe las cláusulas Ia. y 2a. ni otra alguna, por-que . aún cuando es cierto que el demandado se obligó a pagar la renta de 34,000 reales capitulada por semestres adelantados, como, sin embargo, no se pactó en dónde ni a quién se había de hacer el pago; como, por otra parte, es costumbre en Madrid que el dueño o su administrador pase a la casa del inquilino a pedirla y recogerla, cuando otra cosa no se estipule, y como, en fin, al demandado nadie le pidió el importe del referido semestre, no se puede, por lo mismo, asegurar que haya el arrendatario negádose a pagar, especialmente después de haber hecho la consignación que el Juzgado admitió.”

El caso resuelto por el Supremo de España, es distinto. Allí “admitida la demanda, se convocó a las partes a juicio verbal, emplazándose por cédula al demandado el 18 de abril, y en el siguiente día presentó un escrito D. Francisco Morales manifestando que no habiéndose presentado nadie a cobrar el semestre de alquileres adelantados que empezaba el 1°. de aquel mes, y no sabiendo donde entregarlo, por ser tres'los dueños y no haber parecido ninguno de ellos ni el administrador, a pesar de ser costumbre de esta Corte el pasar a cobrar a casa del inquilino, no quería aguardar más y consignaba los 17,000 reales correspondientes a dicho se-mestre; cuya consignación fué admitida por el Juzgado.”

Aquí se trata de ana sola persona y no se alegó en forma debida la costumbre del lugar. El laecbo de que la deman-dante enviara a cobrar machas veces después de vencidas las mensualidades, no puede entenderse sino como un acto de mera tolerancia que no modifica el contrato en el cual cla-ramente se estableció que el pago debía verificarse por men-sualidades vencidas, esto es, que el canon se debía el día último de cada mes, como así fué bien entendido por ambas partes contratantes. Además aquí en vez de adoptar la de-mandada la actitud que adoptó la misma parte en el pleito resuelto por el Supremo de España en cuanto a la consigna-ción inmediata, alegó en su contestación que no estaba obli-gada a pagar bastá que no fuera requerida para ello y esto es precisamente lo que bemos resuelto en su contra.

Otro de los motivos que alega la Central Vannina para pedir que se resuelva en su favor el pleito, es que ella ba venido consignando las mensualidades vencidas en la Secre-taría de la Corte de Distrito y que al fin la parte demandante ba retirado para sí el importe de dichas consignaciones. Según la moción de reconsideración la demanda original se interpuso el 15 de agosto y según la certificación acompañada a la misma la primera consignación se hizo el 26 del propio mes. Este hecho no se alegó por la parte demandada y no consta de la transcripción de los autos. Sólo aparece de la moción de reconsideración y de la certificación acompañada a la misma. Siendo ello así, no podemos tomarlo en cuenta, porque sería variar los términos bajo los cuales el recurso fué sometido por ambas partes a este tribunal.

Solicita por último la demandada que en el caso de que este tribunal resuelva la primera causa de acción de la de-mandante en contra de la demandada, estudie y resuelva también la segunda causa de acción alegada en la demanda. Tal vez de entrar a considerar dicha segunda causa de ac-ción también resolveríamos que debía revocarse la sentencia de la corte de distrito, pero ni estamos obligados a ello, ni lo consideramos necesario n oportuno para los intereses de la justicia en el presente caso. .

Revocada la sentencia apelada y dictada otra decretando él lanzamiento de la demandada.

Jueces concurrentes:- Sres.' Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.

El Juez Presidente Sr. Hernández disintió en la resolu-ción de este caso.

OPINIÓN DISIDENTE EMITIDA POR EL

JUEZ PRESIDENTE SR. HERNÁNDEZ.

Siento disentir de la opinión de mis ilustrados compañe-ros, pues estoy conforme con la teoría que sirvió de base a la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., para estimar que no hubo falta de pago del precio del canon del arrenda-miento de fincas rústicas celebrado por Teresa López con la Central Vannina, según se alegaba en la demanda como pri-mera causa de acción.

Dicha teoría aparece condensada en la opinión de la ex-presada corte que fundamenta la sentencia, declarando sin lugar el desahucio, en los siguientes términos:

“La prueba aportada demuestra que la demandante en este caso no tiene ningún representante residente en San Juan, donde tiene sus oficinas la corporación demandada, a quien pueda hacerse el pago de los cánones. La parte actora no ha hecho gestión alguna para el cobro de la mensualidad que venció en los meses de julio y agosto. De acuerdo con el contrato la corporación demandada está obligada a pagar por mensualidades vencidas; pero esta obligación debe cum-plirse en el domicilio de la Central Vannina, según determina el ar-tículo 1139 del Código Civil Revisado. La arrendataria tiene la obli-gación de pagar, una vez vencido el canon; pero no tiene necesidad de moverse de su domicilio y si la parte arrendadora desea que se le pague puntualmente sin inconvenientes de ninguna clase, debe au-torizar a una persona para que reciba a su nombre el pago de los cánones vencidos en el domicilio de la corporación demandada. Mientras no se ofrezca a la arrendataria la oportunidad de realizar el pago, no puede decirse que ésta ha faltado a las condiciones esti-puladas en el contrato sobre el pago de las mensualidades vencidas.”

No habiéndose estipulado en el contrato de arrendamiento el lngar del pago de su precio, debía éste hacerse en el domi-cilio de la corporación arrendataria, de acuerdo con el artí-culo 1139 del Código Civil Revisado, y siendo otro el domi-cilio de la demandante arrendadora, es claro que como sos-tiene esta Corte Suprema en su opinión, siguiendo el crite-rio de la corte inferior, la arrendataria no tenía que moverse de su domicilio para verificar el pago.

Los preceptos legales comprendidos en los artículos 1144 y siguientes del Código Civil, sobre ofrecimiento del pago y de la consignación, no son aplicables. Ciertamente que en el contrato de arrendamiento se estipuló que la Central "Van-nina pagaría los cánones del arrendamiento a la arrendadora por mensualidades vencidas, y de esa estipulación se des-prende que la obligación de pagar estaría vencida y sería por tanto exigible al vencer cada mensualidad; pero ello no significa fuera convenido que los cánones de arrendamiento se pagaran el mismo día de su vencimiento sino que el acree-dor podía reclamar el pago desde ese momento sin que el deudor tuviera que buscar al acreedor para pagarle o con-signar el canon si el acreedor no se presentaba a cobrar. Se estipuló día para el vencimiento de la obligación pero no se fijó día para verificar el pago, como sucedió en los casos de García v. Fernández, 8 D. P. R. 106 y Finlay v. Fabián & Cía., 24 D. P. R. 152. Imponer al deudor la obligación de con-signar el importe de los cánones de arrendamiento si el acree-dor no se presentaba oportunamente a cobrarlos sería agra-var la situación de aquél, pues tendría que ir al domicilio del acreedor para ofrecerle el pago o para notificarle la consig-nación para que ésta fuera eficaz en derecho según el artículo 1145 del Código Civil, pues como dice Manresa y esta Corte Suprema acepta, el ofrecimiento previo de pago será nece-sario cuando el deudor conozca la residencia del acreedor y pueda fácilmente hacerle el ofrecimiento. En un caso como el presente en que concurren esas circunstancias se obligaría a la sociedad arrendataria a buscar a la parte arrendadora para hacerle el ofrecimiento de pago y en todo caso para anunciarle la consignación. Y no filé esa la intención de las partes contratantes según las pruebas aportadas al juicio, las cuales muestran que el recibo del mes de diciembre de 1915 se pagó el 18 de enero de 1916, el de enero 30, 1916, en febrero 2, el de 31 de marzo, 1916, en 14 de abril siguiente, el de abril 30 en 13 de mayo siguiente, y el de 30 de junio de 1916 el 26 del mismo mes. • La intención de las partes fué que los cánones fueran satisfechos al gestionar el acreedor su cobro sin constituir al deudor en el deber de hacer el ofre-cimiento de pago de los cánones o de verificar su consigna-ción al vencimiento de las mensualidades. Para juzgar de la intención de los contratantes debe atenderse principal-mente a los actos de éstos coetáneos y posteriores al con-trato, según el artículo 1249 del Código Civil.

La obligación de consignar los cánones vencidos del arren-damiento que el acreedor no se presentara a cobrar en el domicilio del deudor, no se deriva del contrato y tampoco puede derivarse de la ley, atendido el precepto del artículo 1057 del Código Civil, el cual estatuye que las obligaciones derivadas de la ley no se presumen, siendo sólo exigióles las expresamente determinadas en dicho código o en leyes espe-ciales. Véase el caso de Franco Oins et al. y Jones, Obispo de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, v. Caneja, decidido en junio 29 de 1918.

Como la demandante ni por sí ni por medio de tercera persona pidió a la demandada el importe de los cánones de arrendamiento cuya falta de pago sirvió de primera causa de acción a la demanda de desahucio, no se puede asegurar que la arrendataria se haya negado a pagar. Sentencia del Tribunal Supremo de España de 12 de abril de 1879, 41 J. C. 435.

Por las razones expuestas, es de llegarse a la conclusión de que procede declarar sin lugar la demanda de desahucio en cuanto se funda en la falta de pago del precio del arren-damiento.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Rivera, Peticionario y Apelante, v. El Pueblo, Opositor y Apelado.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce en nn recurso de habeas corpus.

    No. 1228.
    Resuelto en marzo 1, 1918.
    Habeas Corpus — Certiorari—Recursos Distintos en su Naturaleza. — El re-curso de certiorari y el de hateas corpus son distintos en su naturaleza, en sus procedimientos y en los fines que por ellos se persiguen, como lo demues-tra la simple lectura de las disposiciones que los regulan. El auto de hateas corpus tiene por único fin libertar al peticionario que está sufriendo prisión ilegal y nunca puede hacer las veces de un recurso de certiorari. Por lo que una corte no esté facultada para desnaturalizar el remedio de hateas corpus sacándolo de su propia esfera para darle carácter de certiorari y hacerlo sur-tir los efectos de éste.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. C. del Toro Fernández.

    Ahogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Ante la Corte de Distrito de Ponce Delfín Rivera, preso en la cárcel nxunicipal de Yanco, presentó solicitud de habeas corpus para obtener su libertad por el fundamento de que es-taba ilegalmente privado de ella con motivo de sentencia que dictó la corte municipal de dicho pueblo condenándolo por delito de acometimiento y agresión con circunstancias agra-vantes al pago de $60 de multa o a sufrir un día de prisión por cada dólar que dejara de satisfacer, a pesar de haber re-clamado el derecho 'de ser juzgado por un jurado de acuerdo con la Enmienda Sexta a la Constitución de los Estados Unidos.

Expedido el auto de habeas corpus y tramitado en la forma correspondiente, la corte de Ponce dictó resolución en 14 de noviembre del año próximo pasado resolviéndolo como recurso de certiorari y anulando todos los procedimientos habidos en la Corte Municipal de Yauco desde la orden dictada por el juez de dicha corte denegando el derecho del acusado a ser juzgado por un jurado, y ordenó que el acusado fuera puesto inme-diatamente en libertad en lo que se refiere al cumplimiento de la sentencia dictada por la expresada corte municipal, si no estuviera preso por otro motivo, y quedando subsistente cualquier fianza provisional prestada por el acusado al ini-ciarse el procedimiento y antes de dictarse la sentencia.

Esa resolución ha sido apelada para ante esta Corte Su-prema.

El recurso de certiorari y el de habeas corpus son dis-tintos- en su naturaleza, en sus procedimientos y en los fines que por ellos se persiguen, como lo demuestra la simple lec-tura de las disposiciones que los regulan. El auto de habeas Corpus tiene por único fin libertar al peticionario que está sufriendo prisión ilegal y nunca puede hacer las veces de un recurso de certiorari.

La Corte de Distrito de Ponce estaba en el deber de resolver la cuestión legal sometida a su decisión, y no estaba fa-cultada para desnaturalizar el remedio de. habeas corpus sa-cándolo de su propia esfera para darle carácter de certiorari y hacerlo surtir los efectos de éste.

Es de revocarse la resolución apelada, debiendo el juez dictar la que estime procedente sobre la solicitud de habeas corpus sometida a su consideración.

Revocada la resolución apelada, debiendo el juez dictar la que estime procedente sobre la solicitud de habeas corpus sometida a su consideración.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    Wolkers, Demandante y Apelante, v. Masson, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en nn incidente sobre costas y honora-rios de abogado.
    No. 1775.
    Resuelto en marzo 1, 1918.
    Apelación — Ordenes Apelables. — La Corte Suprema tiene jurisdicción en apela-ción sobre todos los casos iniciados en una corte de distrito, cualquiera que sea su cuantía, siempre que la corte inferior tuviera jurisdicción para dictar la sentencia u orden apelada. Es sólo en los pleitos comenzados en una corte municipal en donde se aplica el límite de trescientos dólares.
    Alimentos "Pendente Lite" — Sentencias Piñales. — Las órdenes concediendo alimentos pendente lite tienen el carácter de sentencias para el pago de dinero, que son de inmediata ejecución, considerándolas como sentencias finales de-terminantes de un dereebo cierto entre las partes, que no quedan afectadas por la sentencia que recaiga en el pleito principal.
    Id. — Honorarios de Abosado — Ordenes Inapelables. — Las disposiciones del Ca-pítulo III del Título V del Libro Primero del Código Civil, artículos 166 al 170 inclusive, regulan la práctica sobre concesión de alimentos provisionales, y son los honorarios de abogado en un pleito de divorcio parte de la manten-ción de la mujer, o cuando menos muy similares a ésta, por lo que conforme el artículo 170 del Código Civil, las resoluciones con motivo de ese capítulo son inapelables.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la parte apelante: Sres. Enrique Campillo y José Martines, Dávila.

    Abogados de la parte apelada: Sres. Francisco Soto Gras y José Ramón Quiñones.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La presente apelación es contra nna orden concediendo costas y honorarios de abogado a nna esposa durante el co-mienzo de un pleito de divorcio. El apelado pide la deses-timación por dos fundamentos.

Carece de mérito el primer fundamento consistente en que esta corte no tiene jurisdicción porque la cantidad con-cedida por la orden es menor de trescientos dólares. Esta corte tiene jurisdicción en apelación sobre todos los casos ini-ciados en una corte de distrito, cualquiera que sea su cuantía, siempre que la corte inferior tuviera jurisdicción para dictar la sentencia u orden apelada.

Es sólo en los pleitos comenzados en una corte municipal en donde se aplica el límite de trescientos dólares.

El otro fundamento es que la orden, por su naturaleza, no está comprendida en ninguna de las disposiciones del ar-tículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil. Según la prác-tica en California se considera que las órdenes concediendo alimentos pendente lite tienen el carácter de sentencias para el pago de dinero, que son de inmediata ejecución; en otras palabras, se les considera como sentencias finales determi-nantes de un derecho cierto entre las partes, que no quedan afectadas por la sentencia que recaiga en el pleito principal. Sharon v. Sharon, 67 Cal. 185, 7 Pac. 456, id. 635; 8 Pac. 709; Kessler v. Kessler, 2 Cal. App. 509, 83 Pac. 257; Loveren v. Loveren, 100 Cal. 493; 35 Pac. 87. La práctica general pa-rece ser idéntica a la de California. 3 C. J. 511, nota 98; 14 Cyc. 802. Existe un caso de Idaho que establece doctrina contraria. Wyatt v. Wyatt, 2 id. 230, 10 Pac. 228. Sin embargo, creemos que nuestra práctica está completamente re-gulada por las disposiciones del Capítulo III del Título Y del Libro Primero del Código Civil, artículos 166 al 170 inclusive. Ese capítulo trata “De las medidas provisionales a que puede dar lugar el juicio por divorcio.”

El artículo 168 es como sigue:

“Si la mujer no contase con suficientes recursos propios para vivir durante el juicio, la corte de distrito ordenará al marido que le pase una pensión alimenticia en proporción a los bienes de éste.”

Los honorarios de abogado en el pleito son parte de su manutención, o cuando menos muy -similares a ésta. 14 Cyc. 751.

El artículo 170 dispone lo siguiente:

“Las resoluciones del tribunal de distrito con motivo de este capítulo serán inapelables y se enmendarán por el tribunal cuando lo exijan las circunstancias de cada caso.”

Por tanto, la apelación 'debe ser desestimada.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro y Hutchi-son.

El Juez Presidente Sr. Hernández y Asociado Sr. Aldrey no intervinieron.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    Sein, Demandante y Apelante, v. Gronzález et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corto de Distrito de Aguadilla en incidente sobre memorándum de costas y desembolsos.
    No, 1715.
    Resuelto en marzo 5, 1918.
    .Juramento — Objeción—Falta de los Requisitos de Let. — Un juramento en el que se omiten por completo todos y cada uno de los detalles prescritos por la ley respecto a la 'identidad del declarante, no debe recibir, como regla general, la sanción de una corte sentenciadora si se llega a hacer oportuna ob-jeción.
    Id. — Identificación del Juramento. — El que un abogado como funcionario de la corte presentara un affidavit dando a entender que lo hizo por él mismo, como abogado en el caso, y que lleva su firma, de no ser en sí mismo técnica-mente suficiente para suplir la falta de la debida indentifieación en el jura-mento, fué cuando menos suficiente para satisfacer al juez sentenciador, como cuestión de hecho y fuera de toda duda razonable en cuanto a la autentici-dad en la forma. *
    Leyes — Diferencia entre el Texto Inglés t el Español — Registro de Affidavits. — La versión española de la ley de 1908 ampliando el artículo 2 de la ley estableciendo un registro de affidavits o declaraciones ante notario y otros funcionarios, de mayo 2, 1906, por estar más de acuerdo con el desenvolvi-miento histórico del concepto allí expresado, y porque no violenta en forma alguna la ley de 1903 enmendada en 1910, debe prevalecer sobre el texto inglés.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José D. Rodríguez.

    Abogados de los apelados: Sres. Francis & Soto.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Contra un memorándum de costas y desembolsos se for-mulo oposición en la corte de distrito fundada en los siguientes motivos:

“1. Que dicho memorándum de costas y desembolsos es nulo, por no ajustarse a ley.
“(a) Porque el juramento no se ajusta a lo prescrito en la sec-ción 3 de la ley sobre affidavits, aprobada en 12 de marzo de 1908.
“(6) Porque los abogados del reclamante en este caso son Francis & Soto, siendo dicha sociedad de abogados compuesta por Juan B. Soto y Hugh R. Francis, y el memorándum ha sido jurado por el señor Soto ante el señor Francis o sea, los abogados de los deman-dados han jurado ante sí mismos, lo cual vicia de nulidad dicho jura-mento.
“2. Que los honorarios para abogado en dicho memorándum son excesivos.
“(a) Que la tercería interpuesta por el demandante lo fué para anular un embargo para asegurar Jesús María González una suma de seiscientos cuarenta dollars que le adeudaba Rafael García Soler. Que los demandados alegaron una excepción previa que fué declarada sin lugar y que posteriormente contestó la demanda y asistió al juicio, el que se celebró sin dificultad y rápidamente.
“ (b) Que los honorarios cargados son doscientos dollars o sea casi una tercera parte de la suma defendida por los Sres. Francis & Soto y por tal motivo la estimamos excesiva.”

La objeción hecha bajo la primera subdivisión del primer frmdamento está bien fundada. El juramento en cues-tión dice así:

‘ ‘ Suscrito y jurado ante mí hoy día seis de julio de 1917, ■ en San Juan, P. R. (Firmado) Hugh R. Francis. — Notario Público. ”

La sección 3 de la ley de 1908 prescribe una forma sencilla, fácil de seguirse y que contiene ciertas salvaguardias esen-ciales respecto a la identidad del declarante y aunque quizás sería suficiente si se cumple sustancialmente con el estatuto, un juramento en el que se omiten por completo todos y cada uno de los detalles prescritos por la ley no debe recibir la san-ción de una corte sentenciadora si se llega a hacer oportuna objección. 2 C. J. 360; 1 R. C. L. p. 769, sec. 14.

En el presente caso, sin embargo, el declarante era nn abo-gado bien conocido que representaba a una de las partes, y el que él como funcionario de la corte presentase un affidavit dando a entender que lo hizo él mismo como abogado en el caso y que lleva su firma, de no ser en sí mismo técnicamente suficiente para suplir la falta de la debida identificación en el juramento, fue cuando menos suficiente para satisfacer al juez sentenciador, como cuestión de becbo y fuera de toda duda razonable, en cuanto a la autenticidad de la firma. Además el memorándum sólo contenía dos partidas, a saber, por de-rechos del secretario, $5, y por honorarios de abogado, $200, respecto de las cuales ni el demandante ni la corte podían haber sido descaminados o engañados. Dadas las circuns-tancias del caso el error no era perjudicial.

Los autos no nos revelan hechos suficientes para que esta corte pueda entrar a considerar lá segunda subdivisión del primer fundamento de oposición. Sugerimos, sin embargo, que esta cuestión muy bien puede evitarse en la práctica. Respecto a la conveniencia de adoptar la sugerida línea de conducta, véase 2 C. J. 330; 1 R. C. L. 763, seo. 6.

El abogado del apelado niega la afirmación que se contiene en el segundo fundamento de oposición en cuanto al importe de la reclamación envuelta e insiste en que la suma cuyo cobro se interesa y que el montante para cuya efectividad de la sentencia se trabó'embargo es de $3,000. Solamente estas manifestaciones contradictorias es lo que tenemos ante nos-otros para basar una opinión en cuanto a si es o no razonable la suma concedida por conceptos de honorarios de abogados y por tanto no podemos decir que la corte inferior abusó de su discreción.

El apelante insiste también en que el affidavit otorgado ante un notario es nulo.

“El notario es, según lo define el artículo Io. de la Ley Notarial Española, el funcionario público autorizado para dar fe, conforme a las leyes, de los contratos y demás actos extra-judiciales.”

La sección 16' de la propia ley disponía “que el ejercicio del cargo de notario era incompatible con todo otro cargo que llevara aneja jurisdicción, * * V’

Históricamente estos dos artículos no sólo sirvieron para limitar el alcance y extensión de las facultades notariales sino que representan una tendencia claramente definida para relevar a ciertos funcionarios judiciales o cuasi-judiciales, de diversas funciones ministeriales, el ejercicio de las cuales se estimaba como si se traspasara la órbita del notario “contractual” para distinguirlo del “gubernativo” y del “judicial”. Fernández Casado, tomo 1, de su Tratado de No-taría, Títulos I al III.

Esta tendencia hacia una jurisdicción exclusiva en favor del notario parece haber sobrevivido al cambio de soberanía y ha quedado acentuada por la palabra “único” adicionada en la sección primera de la “Ley para regular el ejercicio de la Profesión Notarial en Puerto Bico.” (Leyes de 1906, p. 142), la que reza como sigue, (la bastardilla es nuestra):

“El notario es el único funcionario autorizado para dar autenticidad, conforme a las leyes, a los contratos y demás actos extra-judiciales que ante su presencia se realicen.”

Antiguapaente, al igual que ahora por disposición expresa del Código Civil estaban prohibidos los juramentos en los contratos y los notarios carecían de facultades para admi-nistrarlos, así como para tomar affidavits; pero aquí también se halla una disposición para insistir en la ampliación de fa-cultades en este sentido, mediante la intentada eliminación •del juramento en los procedimientos judiciales al igual que en la ley referente a los contratos, acompañada por la ulterior innovación de reducir a escritura pública las declara-ciones de los testigos o de aquellos que pueden llegar a serlo en una causa en forma de “información testifical” ante no-tario. Fernández Casado, Tratado de Notaría, tomo 1, p. 600, sección 703.

En. el 1903, (véase Leyes de 1903, p. 38 y 39) la Legis-latura expresamente confirió a los notarios la facultad de administrar “todo juramento, declaración jurada, o afirma-ción que sea necesaria o que la ley requiera.”

Como lo indicamos en el caso de Lópes v. Meléndez, 22 D. P. R. 156, 166, la sección 4 de la “Ley estableciendo'un registro de affidavits o declaraciones ante notarios y otros funciona-rios” aprobada en marzo 12 de 1908, p. 39 (sec. 18 de la Compi-lación, p. 6), después de bacer constar que “los notarios, los jueces del Tribunal Supremo, los jueces de las cortes de dis-trito, y de las cortes municipales, y jueces de paz, el Secretario de Puerto Eico y los otros jefes de los departamentos ejecu-tivos, podrán autorizar los affidavits o declaraciones, añade una cláusula en la que se dispone en inglés (la bastardilla es nuestra), que “los notarios, sin embargo, podrán autorizar diclios affidavits o declaraciones solamente cuando se refieren a hechos, actos o contratos de mero interés particular,” y en español, que “solamente los notarios podrán autorizarlos cuando se refieren a becbos, actos o contratos de mero interés particular. ’ ’ ■

Pero, como también se indicó en el caso de López v. Meléndez, en el 1910 la legislatura mediante una enmienda al efecto amplió y volvió a redactar el artículo 2 de la ley de 1903, la que, en todo cuanto sea pertinente a la cuestión en-vuelta en este caso, se transcribe a continuación:

“Artículo 2. — Todo juramento, declaración jurada o afirmación que sea necesaria o conveniente o que la ley requiera, podrá pres-tarse en Puerto Rico y expedirse una certificación al efecto, ante cual-quier magistrado de la Corte Suprema, o ante cualquier juez de una corte de distrito o ante cualquier secretario de cualesquiera de las cortes antes dichas o ante cualquier juez de paz o municipal, o ante cualquier notario, o ante cualquier Comisionado de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico; * *

En el caso que se acaba de citar sostuvimos que la ley de 1910, en cuanto a la facultad de un juez municipal para to-mar nn affidavit de diligenciamiento de una citación, como la última palabra de la Legislatura sobre esta materia, era la ley a que liabía que atenerse para resolver cualquier duda que surgiera de la discrepancia existente entre el texto in-glés y el texto español de la ley de 1908.

La versión española de la ley está más de acuerdo con el desenvolvimiento bistórico del concepto allí expresado y no violenta en forma alguna la ley de 1903 según fué enmen-dada en el 1910. La cláusula tal como se lee en inglés, mu-tilaría la ley últimamente mencionada en cuanto se refiere a los notarios y basta ese extremo burlaría de una vez el evi-dente propósito de la Legislatura tal cual fué expresado tanto con anterioridad, como con posterioridad a la citada ley de 1908, propósito que por cierto está de acuerdo con. la prác-tica americana moderna y con las aspiraciones de la profesión notarial dentro del derecho español. Cualquiera que fuera el motivo o la verdadera significación de la cláusula en cues-tión, en cuanto a este respecto no tenemos necesidad de ex-cogitar por abora, es difícil de concebir que, por el hecho de que continúe en pleno vigor y efectos la ley de 1908, con la sección 4 de la misma inclusive, la Legislatura tuviera la in-tención en 1910 de negarle al notario, basta el extremo indi-cado en el texto inglés, de esa sección, las amplias facultades expresamente conferídasle.-

Es de confirmarse la orden recurrida.

Confirmada la orden recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf y del Toro.

El Juez Presidente Sr. Hernández y el Asociado Sr. Al-drey no intervinieron.


author: El Juez Asociado Sb. del Tobo,

text:
    Quintana et al., Peticionarios y Apelantes, v. Aponte, Juez Municipal de Cayey, Demandado-Apelado, y Centeno, Interventor.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Guayama en nn recurso de certiorari.

    No. 1704.
    Resuelto en marzo 6, 1918.
    Emplazamiento — Edad del que Verieioó el Emplazamiento — Diligenciamiento Nulo — ’Enmienda “Nunc pro Tuno” — Palta de Jurisdicción Sobre la Persona del Demandado. — Cuando como en este easo del diligenciado del emplazamiento hecho por persona que no es el marshal, no consta que tal persona fuera mayor de 18 años, ni se ha solicitado la enmienda de dicho diligenciado nuno pro tuno para hacerlo así constar, ni en ninguno de los procedimientos seguidos para oponerse a la nulidad del emplazamiento se sos-tiene que la persona que lo hizo era en realidad de verdad mayor de 18 años, no puede sostenerse que la corte adquirió jurisdicción sobre la persona del . demandado.
    Los hechos están expresados en la opinión. ■
    Abogados de los apelantes: Sres. G. Domínguez Rubio y Francisco Navarro Ortiz.

      . Abogado del apelado: Sr. M. A. Martínez Dávila.

    Abogado del interventor: 8r. M. Guzmán Texidor.

   El Juez Asociado Sb. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación contra una sen-tencia de la Corte de Distrito de Guayama declarando sin lu-gar cierta solicitud de certiorari.

De la transcripción aparece que Lorenzo Camuñas de-mandó en la Corte Municipal de Cayey a Jesús Centeno, en cobro de pesos. Archivada la demanda, se expidió el em-plazamiento el 10 de octubre de 1908. El diligenciado de dicho emplazamiento, copiado a la letra, es como sigue:

“CERTIFICADO DE DILIGENCIAMIENTO DEL MARSHAL.
“Certifico: que recibí el presente emplazamiento a las ocho de la mañana del día once de octubre de 1908, y que notifiqué el mismo, personalmente el día quince de octubre de 1908 a Jesús Centeno de-mandado mencionado en dicho emplazamiento, entregando a dicho demandado y dejando en su poder personalmente en esta población. una copia de dicho emplazamiento y en su poder, del demandado Jesú.s Centeno, una copia fiel y exacta de la demanda en el pleito mencio-nado en dicho emplazamiento. — Fechado hoy día 9 de noviembre de 1908. — Firmado por J. R. Vázquez, Encargado de la notificación.— Jurada ante mí hoy 9 de noviembre de 1908. — Joaquín Colón.”

El 9 de noviembre de 1908, el demandante pidió la ano-tación de la rebeldía del demandado y el 13 del mismo mes y año, que se dictara sentencia en contra del dicho demandado. Así lo hizo la corte, habiéndose subastado para ejecutar la sen-tencia dictada una finca de ocho cuerdas de la propiedad del démandado, el día 9 de febrero de 1909'.

Transcurrieron varios años y el 13 de abril de 1917 el de-mandado presentó una moción en la dicha Corte Municipal de Cayey solicitando que se declarara nula y sin ningún valor la sentencia en rebeldía dictada en contra suya, porque el emplazamiento no fué diligenciado por el márshal sino por persona distinta de dicho funcionario y esa persona dejó de prestar el juramento que para tales casos requiere la ley, no habiendo por tanto llegado a adquirir jurisdicción la corte sobre la persona del demandado.

La corte señaló día para la discusión de la moción orde-nando además que se citara a las partes. En el día señalado solo compareció la parte demandada que argumentó su peti-ción. La corte tomó bajo su consideración el caso y el 24 de abril de 1917, basándose en el artículo 92 del Código de Enjuiciamiento Civil y on las decisiones de esta Corte Su-prema en los casos de Andino v. Knight, 20 D. P. R. 198, y Torres y Enseñat v. Alfaro, 24 D. P. R. 731, declaró nula y sin ningún valor la sentencia en rebeldía que había dictado el 13 de noviembre de 1908 y la subasta de los bienes del de-mandado, sin especial condenación de costas.

Así las cosas, Pedro Quintana Vázquez y Nazaria Ortiz Collazo, pidieron a la Corte de Distrito de Guayama que ex-pidiera un auto de certiorari para revisar los procedimientos de la Corte Municipal de Cayey y en definitiva que dejara sin efecto la sentencia de 24 de abril de 1917 de que se ha hecho mérito. Los peticionarios fueron dueños de la finca rema-tada y en una acción reivindicatoría entablada por Jesús Centeno contra el actual dueño de la misma, fueron citados de evicción.

Expedido el auto, la corte oyó a las partes interesadas, y el 21 de junio de 1917 resolvió el caso definitivamente deses-timando la solicitud. “Si examinamos — dijo la corte de dis-trito — el diligenciamiento del emplazamiento efectuado el 9 de noviembre de 1908 tendremos que éste no se ajusta a los requisitos que exige la Ley de Enjuiciamiento Civil, tal cual regía en dicha fecha, pues en el diligenciamiento no se hace constar (a) que el encargado de la citación era mayor de 18 años; (6) que no tenía interés en el asunto o no era parte en el mismo; (c) el juramento no llena los requisitos que exige la sección tercera de la Ley de 12 de marzo de 1908, sobre de-claraciones juradas; (d) de la faz del juramento no aparece que el mismo se haya prestado ante un funcionario autori-zado para tomarlo, pues si bien apax-ece la firma de Joaquín Colón no se dice cuál es el cargo que dicha persona desem-peñaba; (e) que dicho juramento o declaración no fue sus-crita ante el funcionario que tomó el juramento.”

Los apelantes reconocen que él diligenciado del em-plazamiento es defectuoso, pero sostienen que se trata cíe meras irregularidades que, dado el tiempo transcurrido, no pueden invocarse para anular la sentencia que dictó la Corte Municipal de Cayey.

La cuestión a estudiar y a resolver es la de si el legajo de la sentencia demuestra o no demuestra que la corte municipal adquirió jurisdicción sobre la persona del demandado. Limitaremos nuestro estudio al primero de los defectos apun-tados.

El emplazamiento no se hizo por el marshal. Esto está admitido. Siendo ello 'así, sólo pudo llevarlo a efecto otra persona que reuniera las condiciones expresamente exigidas por la ley. Una de esas condiciones es la de que tal persona fuera mayor de diez y ocho años. No consta del diligencia-do que lo fuera. No se ha. solicitado la enmienda de .dicho diligenciado nunc pro tune para hacerlo así constar. (Woodward v. Brown, 119. Cal. 299.) Cuando se celebró la vista de la moción del demandado solicitando la nulidad de la'sen-tencia en la corte municipal, el demandante faltó en com-parecer. T examinada la propia solicitud de certiorari se observa que en ninguna parte de la misma se sostiene que la persona que hizo el emplazamiento era en realidad de ver-dad mayor de diez y ocho años. Bajo tales circunstancias ¿puede sostenerse que la corte adquirió jurisdicción sobre el demandado? Una respuesta negativa se impone, a nuestro juicio.

En tal virtud y habiendo además en consideración los otros defectos apuntados cualquiera que sea su naturaleza, y la ju-risprudencia establecida por esta corte en los citados casos de Andino v. Knight, 20 D. P. R. 198, y Torres y Enseñat v. Alfaro, 24 D. P. R. 731, y en el de Serrano v. Berdiel et al., 22.D. P. R. 416, procede la confirmación de la sentencia re-currida. '

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf y Hutchison.

El Juez Presidente Sr. Hernández y el Asociado Sr. Al-drey no intervinieron.


author: El Juez Asociado Su. del Toro,

text:
    Santana, Demandante y Apelada, v. A. Gelabert, S. en C., et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en un procedimiento para que se deje sin efecto la senten-cia dictada en rebeldía.
    No. 1736.
    Resuelto en marzo 7, 1918.
    Sentencia en Rebeldía — -Discreción .Judicial.- — -Tiene que demostrarse claramente que la corte de distrito abusó de su poder discrecional, para que la Corte Su-prema pueda revocar una orden suya dejando sin efecto una sentencia en re-beldía.

      Id. — Apelaciones de las Cortes Municipales — Sentencia poe Abandono — Ejer-cicio de Discreción para Dejarla sin Efecto. — Si bien el artículo 3 de la ley reglamentando las apelaciones de las sentencias de las cortes municipales es imperativo, ello no impide el ejercicio de las facultades conferidas a las cortes de distrito por el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, para dejar sin efeeto, en bien de la justicia, una sentencia dictada por abandono de la acción, cuando la corte se convence de que tal abandono en verdad fué aparente y no real.
    Los lieohos están expresados en la opinión.
    Ahogados de los apelantes: Sr. Leopoldo Tormes y Sra. Herminia Tormos.

    Abogado de la apelada: Sr. Tomás Castillo.

   El Juez Asociado Su. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La menor Amparo de la Concepción Santana, asistida de su legítimo padre, presentó cierta demanda de tercería en la Corte Municipal de Ponce. Celebrada la vista, la corte dictó sentencia en favor de la tercerista. La parte contraria apeló para ante la corte de distrito y obtuvo que el pleito se inclu-yera en el calendario y que se señalara el juicio para el 26 de abril de 1917. En el día señalado se llamó en efecto el pleito y sólo compareció la parte demandada quien, basándose en la falta de comparecencia de la parte demandante, solicitó que se dictara sentencia desestimando, por abandono, la demanda, de acuerdo con lo prescrito en la sección 3.de la ley para re-glamentar las apelaciones contra sentencias de las cortes mu-nicipales en pleitos civiles. Comp. 1911, p. 901. La corte de distrito dictó la sentencia solicitada.

Así las cosas, el 16 de mayo de 1916, la tercerista, por me-dio de su abogado, pidió a la corte que usando de las facul-tades que le confería el artículo 140 del Código de Enjuicia-miento Civil, la exonerara de los efectos de la sentencia dic-tada, disponiendo la apertura del pleito para que fuera visto en su fondo. Se acompañó un affidavit de méritos. La parte contraria se opuso, archivando coxAr&-affidavits. T la corte, el 13 de junio de 1917, de acuerdo con el invocado artículo 140, en bien de la justicia, dejó sin efecto su sentencia a fin de que el pleito pudiera verse en su fondo y resolverse por sus méritos. Contra la resolución de 13 de junio, se interpuso el presente recurso de apelación..

Señala la parte apelante dos errores, primero, que la corte de distrito abusó • de su discreción, y segundo, que no cabe aplicar el artículo 140 del Códig’O de Enjuiciamiento Civil en atención a lo dispuesto en la sección 3 de la ley para re-glamentar las apelaciones de las sentencias dictadas por las cortes municipales en casos civiles.

1. En su affidavit de méritos el abogado de la tercerista expuso a la corte de distrito que por varias circunstancias que detalladamente se expresan no se enteró de la inclusión del pleito en el calendario, y que habiendo sabido del seña-lamiento, fué a la corte, el 25 de abril de 1917, y celebró una entrevista con el abogado de la parte contraria obteniendo su conformidad para la suspensión del juicio, que se retiró con-fiado y no compareció al día siguiente, enterándose luego de lo ocurrido. El abogado de la parte contraria presentó su propio affidavit, negando que .hubiese prestado tal conformi-dad, y los affidavits, de otras personas en corroboración de sus manifestaciones.

Aún cuando opinamos que puede deducirse de la misma solicitud de la tercerista que su abogado no fué todo lo dili-gente que debió haber sido, esto no obstante, creemos que no se ha demostrado claramente que la corte de distrito abu-sara de su poder discrecional al actuar en la forma en que lo hizo y por tanto que no se ha cometido el primero de los errores señalados. Véase el caso de Gutiérrez et al. v. Foix et al, 23 D. P. R. 73, y los en él citados.

2. Sostiene la parte apelante que lo dispuesto en la sec-ción 3 de la ley reglamentando las apelaciones de las senten-cias de las cortes municipales es imperativo y por tanto no puede aplicarse el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil. Estamos conformes en que el precepto es imperativo, pero no en que ello impida el ejercicio de las facultades con-feridas al juez por el artículo 140. Establecida y perfeccio-nada la apelación de una sentencia de una corte municipal, la corte de distrito adquiere plena jurisdicción sobre el caso. Y así como no se vacilaría en aplicar el artículo 140 para de-jar sin efecto, en bien de la justicia, una sentencia anotada por- el secretario a virtud del precepto imperativo del nú-mero 1 del artículo 194 del Código de Enjuiciamiento Civil, no debe vacilarse tampoco en aplicarlo para dejar sin efecto una sentencia dictada por abandono de la acción, en cumpli-miento de lo prescrito en la sección 3 de las tantas veces ci-tada ley reglamentando apelaciones, cuando la corte se con-vence de que el abandono en verdad fué aparente y no real,

Debe declararse sin lugar el recurso- y confirmarse la re-solución apelada.

Confirmada, la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Aldrey no intervino.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández

text:
    Vélez et al., Demandantes y Apelados, v. Roselló Hermanos Et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre injunction.

    No. 1741.
    Resuelto en marzo 8, 1918.
    Embargo — Segundo Embargo — Derechos de Preferencia — Custodia Legis. — Los derechos preferentes de los que fueron primeros en obtener que se embarga-ran por el márshal de una corte municipal determinadas existencias comercia-les para responder del pago de una deuda a su favor, son claros con relación a un tercero que obtuvo se reembargaran las mismas existencias por el már-shal de una corte de distrito, cuando media la circunstancia de que al practi-carse el reembargo quedaron las existencias en poder del depositario nom-brado por el márshal que practicó los embargos, estando por tanto dichas exis-tencias in custodia legis y bajo el control del márshal que lo nombró sin que el otro márshal pueda proceder a la subasta en caso semejante aunque reco-nozca la preferencia de derechos del primer embargante.

      MArshal — Poderes Ministeriales. — El marshal es un funcionario cuyos poderes son ministeriales y debe cumplir las órdenes de embargos expedidas por una corte sin resolver por sí sobre preferencia de derechos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sr. Leopoldo Tormes.

    Abogados de los apelados: Sr.José Q. Torres Sálaberry.

   El Juez Presidente Sr. Hernández

emitió la opinión del tribunal.

Con fecha 27 de .julio de 1917, José Yélez y Rufino Rivera, vecinos de Salinas, radicaron en la Corte de Distrito de Ponce nna petición de injunction contra Roselló Hermanos y Domingo Mattei, con súplica de que expidiera una orden al márshal de la Corte de Distrito de Guayama para que se abs-tuviera de llevar a efecto el remate de las mercancías em-bargadas en juicio seguido en dicha corte de distrito por la sociedad mercantil Roselló Hermanos contra Domingo Mattei en cobro de pesos, paralizando a la vez la publicación de los edictos anunciadores del remate basta que se terminaran los pleitos pendientes ante la Corte Municipal de Salinas, se-guidos por Vélez y Rivera contra el propio Mattei, en cuyos juicios se habían embargado antes las mismas mercancías; y a ese fin alegaron Yélez y Rivera entre otras cosas que de llevarse a cabo el remate tendrían que renunciar a un derecho adquirido con anterioridad al de Roselló Hermanos, hacién-dose ilusoria la sentencia que pudiera recaer a favor de am-bos en dichos pleitos y obligándoseles en todo caso a enta-blar una serie de litigios que perjudicarían sus intereses.

La corte de Ponce señaló día para que los demandados comparecieran ante ella a mostrar cansa por qué no debiera concederse el injunction preliminar solicitado y al mismo tiempo ordenó que previa prestación de fianza por los de-mandantes, la que prestaron, se pusiera a aquéllos en entre-dicho y también al márshal de la Corte de Distrito de Gua-yama previniéndoles que por sí o por otra persona se abstu-vieran de llevar adelante la ejecución de la sentencia y re-mate anunciados por dicho márshal para ejecutar la sentencia dictada en el caso entre Boselló Hermanos y Domingo Mattei en cobro de dinero.

La sociedad Boselló Hermanos se opnso a la petición de injunction y la corte de Ponce por orden de 3 de octubre de 1917 concedió el injunction preliminar solicitado en cnanto a las mercancías a qne se refiere, pudiendo ejecutarse la sen-tencia a favor de Boselló Hermanos en cualquiera otra clase de bienes del demandado Domingo Mattei, contra cuya or-den interpuso esa sociedad recurso de apelación para ante esta Corte Suprema.

La orden apelada se sostiene por los beehos alegados en la petición de injunction y los resultantes de la evidencia prac-ticada.

Esos beclios son los siguientes:

Ante la Corte Municipal de Salinas entabló 'demanda José Vélez en cobro de $378.80 contra Domingo Mattei y para ase-gurar la sentencia que recayera solicitó y obtuvo una orden de embargo en cumplimiento de la cual el marshal de dicha corte embargó al demandado las mercancías que tenía en un establecimiento mercantil situado en el mismo pueblo de Salinas.

Por el mismo tiempo Bufino Bivera presentó otra de-manda ante la propia Corte Municipal de Salinas en cobro de $150 también contra Domingo Mattei, y para el asegura-miento de la sentencia, por orden de la corte, el marshal de ella embargó en segundo término o reembargó las mercancías del establecimiento mercantil de Domingo Mattei.

En ambos juicios presentó demanda de intervención Bo-selló Hermanos.

Con posterioridad a las dos demandas de que se deja hecho mérito la sociedad mercantil Boselló Hermanos radicó de-manda ante la Corte de Distrito de Guayama contra el Domingo Mattei en reclamación de dinero, y celebrado el juicio en rebeldía del demandado la demandante solicitó de la corte la ejecución de la sentencia obteniendo una orden por la cual el márshal embargó a Domingo Mattei en tercer término las mismas mercancías que ya estaban embargadas en los jui-cios seguidos contra Mattei por Yélez y por Rivera.

En el diligenciado de la orden de embargo expedida en el caso de Roselló Hermanos contra Domingo Mattei, su fecha 27 de abril de 1917, hizo constar el márshal de la Corte de Distrito de Guayama que las mercancías embargadas se en-contraban depositadas en poder de José Yélez, uno de los'an-teriores demandantes, quien al ser requerido para que las entregara con el fin de depositarlas en poder de Guillermo Roselló, se negó en absoluto a entregarlas quedando por tanto en su poder dichas mercancías, y que habiendo notificado el reembargo al márshal de la Corte Municipal de Salinas, le hizo saber que el sobrante o remanente que resultara después de hecha la liquidación de los bienes embargados, si se lle-gaban a vender en pública subasta, habría de quedar a dis-posición de la Corte de Distrito de Guayama para ser entre-gado a Roselló Hermanos o a su abogado.

A virtud de moción presentada por Roselló Hermanos a la corte de Guayama solicitando la venta de los bienes em-bargados, dispuso dicha corte en 12 de mayo de 1917 que fuera notificada a Domingo Mattei y a sus acreedores José Yélez y Rufino Rivera que practicaron los embargos ante-riores a fin de qu.e dentro de cinco días Comparecieran a opo-nerse a la moción si lo estimaban oportuno, bien entendido que “en caso de no comparecer se procedería a acceder a lo solicitado ordenándose la venta en pública subasta de dichos bienes y depositando su importe en la corte a los efec-tos de ley.”

A la anterior moción se opusieron José Vélez y Rufino Rivera, alegando que los embargos a su instancia practicados en juicios seguidos ante la Corte Municipal de Salinas eran anteriores al de Roselló Hermanos en juicio seguido ante la Corte de Distrito de Guayama, que las mercancías embarga-das eran de tal naturaleza que no podían sufrir deterioro si se esperaba a la terminación de los litigios pendientes para la venta de ollas y que por el contrario los intereses de Yélez y Rivera sufrirían menoscabo con la venta pretendida.

No consta en los antos cuáles fueron los términos preci-sos en que la corte de Guayama resolvió la anterior moción, pero las alegaciones demuestran que la subasta fué ordenada y que para llevarla a efecto se expidió orden al marshal de la Corte de Distrito de Guayama, cuya orden quedó en sus-penso con motivo de la solicitud de injunction declarada con lugar por la Corte de Distrito de Ponce.

Alega la parte apelante tanto en su oposición al injunction como en su alegato escrito ante esta Corte Suprema que los intereses de José Yélez y Rufino Rivera no habrían de su-frir perjuicio alguno con la subasta de las mercancías re-embargadas a instancia de la referida sociedad ni dichos.de-rechos emanados de anteriores embargos habían de quedar ilusorios, pues el marshal de la Corte de Distrito de Guayama dejó las mercancías reembargadas en poder del mismo que las tenía, José Yélez; que en el mismo récord aparecen deter-minados los derechos que la ley reconoce a cada uno de los actores, y era obligación del márshal de Guayama reservar del importo que se obtuviera en la subasta la cantidad re-clamada por aquéllos, entregando el remanente que resultara a Roselló Hermanos, bien en pago total o bien en abono a su sentencia contra Mattei, según el resultado de la liquida-ción.

A la anterior alegación contesta la representación de José Yélez y Rufino Rivera que los edictos no contienen adverten-cia alguna de que el producto en venta de la subasta de las mercancías hubiera de aplicarse con preferencia a cubrir los créditos de Yélez y Rivera y que si así se hubiera hecho cons-tar hubiera sido ociosa la pretensión de injunction formulada ante la Corte de Distrito de Ponce.

Opinamos que los derechos preferentes de José Yélez y Rufino Rivera respecto de Roselló Hermanos con motivo de la prioridad de sus embargos, son claros dada la circunstancia de que al practicarse el reembargo de las mercancías a ins-tancia de Eoselló Hermanos quedaron éstas en poder del de-positario, a quien las había entregado el márshal de la Corte Municipal de Salinas, y por tanto vn custodia legis bajo el control de clicho márshal y no bajo el de la Corte de Distrito de G-uayama. Oronoz & Cía. v. Alvarez, 23 D. P. R. 536. Y esos derechos fueron reconocidos por el mismo márshal de la Corte de Distrito de Guayama cuando notificó al márshal de la Corte Municipal de Salinas que el sobrante o remanente que resultara después- de hecha la liquidación de las mercan-cías embargadas, si se llegaban a vender en pública subasta, quedaría a disposición de la Corte de Distrito de Guayama para ser entregado por el márshal de ésta a Eoselló Herma-nos o a su abogado.

Pero la subasta de las mercancías por el márshal de la Corte de Distrito de Guayama, sin tenerlas bajo su control, lesiona el derecho de Vélez y Eivera a que la subasta se lleve a efecto por el márshal de la Corte Municipal de Salinas y a que el producto de ella se destine con preferencia al pago de sus créditos, por más que deba reservarse el sobrante que resultare para cubrir en todo o en parte el crédito de Eoselló Hermanos.

De todos modos, como Eoselló Hermanos no ha probado que la subasta que había de efectuar el márshal de la Corte de Distrito de Guayama estaba sujeta a la condición de desti-narse su producto a cubrir con preferencia los créditos de Vélez y Eivera, siempre hubieran podido éstos ser perjudi-cados en sus intereses, pues el márshal es un funcionario cu-yos poderes son ministeriales y debe cumplir las órdenes de la corte sin resolver por sí sobre preferencia de derechos. Hubiera tenido que aplicar el producto de la venta a pagar con preferencia el crédito de Eoselló Hermanos, cuyo cobro era el que motivaba la subasta. La doctrina establecida en el caso de Auffant v. Sucesión Ramos, 23 D. P. R. 416, no es aplicable al presente, cuyas circunstancias son distintas de las de aquél.

Es de confirmarse la resolución apelada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.