text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Julio Cruz del Valle, acusado y apelante.
    No. 5783.

    Sometido: Diciembre 13, 1935.

      Resuelto: Febrero 28, 1936.

      Alfonso Lastra Charriez y Justo A. Casablanca, abogados del ape-lante; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliad, abo-gados de El Pueblo, apelado.

       Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El Fiscal de la Corte de Distrito de San Juan formuló acusación contra Julio Cruz del Valle imputándole la co-misión de un delito de asesinato consistente en baber dado muerte con malicia premeditada al ser bumano Rufino Bos-que el 18 de febrero de 1934, en Santurce, San Juan,, P. R.

Leídale la acusación alegó ser inocente y solicitó juicio por jurado. Celebrado el juicio, el jurado lo declaró culpable de asesinato en segundo grado en abril 24, 1934. Solicitó nuevo juicio. La corte negó su solicitud y dictó sentencia en junio 25, 1935, condenándolo a sufrir once años de presidio. Apeló y señala en su alegato dos errores cometidos por la corte al declarar sin lugar su moción de nuevo juicio y al negarse a trasmitir al jurado instrucciones sobre homicidio involuntario. _

La prueba del Pueblo comenzó con la declaración del Doctor Arsenio Comas que practicó la autopsia al cadáver de Rufino Bosque encontrando una herida de bala con orificio de entrada y salida en un brazo y otra también de bala en el quinto espacio intercostal derecho que penetró la cavidad torácica pasando por la base del pulmón izquierdo alojándose en los tejidos blandos al nivel de la décima costilla, produciendo una hemorragia interna que ocasionó la muerte. Las heridas pudieron ser causadas por el mismo proyectil.

Seguidamente declararon los testigos presenciales Enrique Luis de Jesús, Angel de la Rosa, Eladio Meléndez, Arturo Méndez y Amalio Paredes.

El primero, un piño de once años, dijo en resumen, que acabado un bautismo y un baile que se celebraban en una casa de “la zona”, lugar de Santurce, el dueño de la casa hablaba -con Saturnino López sobre la gente que se metía en las fiestas sin, ser convidada, cuando llegó el acusado “y dijo: ‘Aquí no bay guapo, yo soy el chévere, el terror de la zona ’ y sacó el revólver y disparó cuatro tiros y vuelve y carga el revól-ver y se vino para el tablero ... y disparaba para arriba y -disparaba para los lados y en el último tiro cogió a Rufino Bosque . . . que estaba en la esquina de una verja en la •calle.” Habría allí como doscientas personas. La defensa le hizo varias repreguntas. A la siguiente: “¿No le tiraba .a nadie?”, contestó: “Tiraba a como cogiera.”

Los otros testigos de la Rosa, Meléndez y Méndez deola-xaron más o menos en el mismo sentido y el último, Paredes, manifestó que el diez y ocho de febrero de 1935 “había un, bautismo y parece que hubo un sinsabor entre los que habían allí, entre dos de esos que habían allí en el bautismo pero pronto se terminó y se llevaron los del sinsabor; se llevaron upo para su casa y entonces llegó Julio Cruz y dijo: ‘¿Y qué es lo que pasa? Esto se va a acabar ya mismo’ y ahí hizo cuatro disparos pero luego volvió y cargó y entonces anduvo por el tablón y descargó tres tiros más y en el último de los disparos cogió a Rufino.” A la defensa contestó que Rufino Bosque era hombre bueno, amigo del acusado, que no había habido discusión con él. Que el acusado no tuvo discusión alguna allí. A su pregunta “¿Sabe si el tiro que mató a Ru-fino fué tirado de frente o de espalda?”, respondió: “Se le salió así. ’ ’

Contestó luego al fiscal que el acusado hizo siete dispa-nos y la defensa dijo: “Señor Juez: • El señor fiscal acepta que el testigo nuestro Talavera, declararía que este acusado .era guardia de los trabajos de la rehabilitadora y en cuanto •al resto de la teoría de la defensa hago prueba mía la prueba ‘del fiscal, y someto el caso sin argumentación. ”

Luego solicitó de la corte que instruyera al Jurado “so-bre Homicidio Involuntario, imprudencia temeraria, pruden-cia y circunspección y cuanto más se refiera al delito de Ho-micidio Involuntario incluyendo lo que constituye ' Sin la de-bida prudencia o circunspección,’ ” negándose la corte por entender que la instrucción no estaba justificada por la prueba..

Sabemos cuál fue el veredicto del jurado. La moción de-nuevo juicio se fundó en:

“Que el jurado que intervino en este caso, .... al estudiar la prueba para resolver sobre la culpabilidad o inocencia del acusada entendió que el delito cometido era de Homicidio involuntario, pere-que creído como estaba de que no podía dar dicho veredicto y pen-sando todos ellos que lo único que podían hacer era rendir el vere-dicto que rindieron de asesinato en segundo grado, así lo hicieron, perjudicando los derechos del acusado en este caso.”

Se acompañó una declaración jurada de tres jurados que-dice:

“Que el veredicto rendido de asesinato en segundo grado, lo dimos en la creencia de que no estábamos autorizados, o que estábamos-prohibidos por la ley, para dar ninguna otra clase de veredicto; pero-que, apreciando la prueba, todos los firmantes estuvimos conformes en que la misma no constituía necesariamente un veredicto de asesi-nato en segundo grado y sí de homicidio involuntario por la razón y causa de que, el acusado disparaba al aire habiendo accidentalmente-muerto a Rufino Bosque sin propósito ni intención de matarlo. Tam-bién declaramos que de haber creído que se podía dar un veredicto-de acuerdo con la prueba, lo hubiéramos rendido de homicidio invo-luntario. ’ ’

Al declarar la moción sin lug’ar la corte sentenciadora se expresó, en parte, como sigue:

“En el caso presente recordamos perfectamente que cuando Ips jurados regresaron del salón de deliberaciones y rindieron su vere-dicto, preguntamos repetidamente a los jurados si el veredicto ren-dido era la expresión unánime de los doce caballeros del jurado y la expresión particular de cada uno de ellos. Todos contestaron afir-mativamente. No hubo objeción al veredicto. No se pidió que se pasara lista al jurado para que éste individualmente expresara su ve-redicto. Debemos presumir que la ley se cumplió. Pero yendo -yin poco más al fondo de esta moción de nuevo juicio que estamos resol-viendo, la regla en cuanto al veredicto de un jurado y a la facultad de la corte para no' perturbarlo, la encontramos ampliamente discu-tida en 27 R.C.L. 897 y 898. Es una razón de política pública por la cual un tribunal de justicia conserva la autoridad de un veredicto si está convencido de que en su obtención no medió el azar o sor-presa, o cualquiera otra causa que lo pueda invalidar. Los casos de People v. Holmes, 118 Cal. 444; People v. Kloss, 115 Cal. 577 y People v. Kromphold, 172 Cal. 512, van directamente al punto. Hay otro caso que estudia la extensión del auto de error coram nobis, existente en California, y que sostiene la teoría que antes exponemos fundada en altas razones de policía pública y de moral social. So-lamente Lacemos referencia al mismo. People v. Reid, 36 A.L.R. 1435. El affidavit de tres de los caballeros que constituyeron el ju-rado en el que exponen su punto personal de vista, no nos Lace va-riar nuestro criterio ni ignorar la jurisprudencia.”

Creemos que la corte actuó derechamente bajo las circuns-tancias concurrentes al declarar sin lugar la moción de nuevo juicio. Esta Corte Suprema, por medio de su Juez Asociado Sr. Hutchison, en el caso de El Pueblo v. Lebrón, 47 D.P.R. 430, 431, se expresó así:

“Isidoro Lebrón fué convicto del delito de asesinato en segundo grado. Su moción de' nuevo juicio, basada en los incisos 4 y 6 del artículo 303 del Código de Enjuiciamiento Criminal, fué declarada sin lugar.
“El inciso 4 de dicho Artículo dispone la concesión de un nuevo juicio ‘ cuando el veredicto se hubiere obtenido por suerte o cualquier otro medio que no fuere una expresión verdadera de la opinión de todos los miembros del jurado.’ Unida a la moción de nuevo juicio estaba un affidavit de uno de los miembros del jurado al efecto de que en su creencia, opinión y criterio el acusado era culpable de ho-micidio voluntario, no de asesinato en segundo grado, pero que, con-trario a su creencia, opinión y criterio, por falta de experiencia, se sumó a los otros jurados para rendir veredicto de asesinato en se-gundo grado. No fué la intención de la Legislatura mediante el in-ciso 4 permitir que un miembro del jurado, con un affidavit de esa índole, impugnara el propio veredicto a que había llegado en forma ordinai’ia por consentimiento unánime, sin coerción o influencia ex-traña. -Tal veredicto es ‘expresión verdadera de la opinión de todos los miembros del jurado’, dentro del significado de ese inciso.”

No existe el primer error señalado. Tampoco el segundo.

Conocemos la prueba. Homicidio involuntario es dar muerte ilegal a un ser hermano sin, que medie malicia, cuando la muerte ocurre al realizarse un acto ilegal que no constituyere delito grave, o al realizarse un acto legal que pudiere ocasionar muerte en forma ilegal, o sin la debida prudencia o circunspección. Artículo 203 del Código Penal.

Homicidio involuntario según lo define Wharton en su obra sobre Homicidio, 3a. ed., párrafo 211, citado en Tharp v. State, 137 S. W. 1097, es la muerte accidental de un ser humano ocasionada al realizar algún, acto ilegal no constitu-tivo de delito grave o al realizar de modo impropio algún acto legal.

La definición es substancialmente igual a la contenida en nuestro estatuto y aplicada a los hechos de este caso, no los comprende en, verdad.

En todo delito deberá existir unión o simultaneidad entre el acto y la intención o negligencia. La intención se mani-fiesta por las circunstancias relacionadas con el delito, y el sano juicio y discreción del acusado, reputándose de sano jui-cio todos los que no sean idiotas, lunáticos o locos. Una in-tención maliciosa y criminal se presume por la manera y de-liberación con que se intente o cometa un acto ilegal con el propósito de perjudicar a otro. Artículos li y 12 del Código Penal.

Aquí el acusado llegó al sitio donde acababan de cele-brarse el bautizo y el baile cuando el disgusto que parece que ocurrió había pasado y sólo se hacían comentarios sobre el mismo. Todo estaba tranquilo. Nadie lo llamó. Ningún de-ber se demostró que tuviera que cumplir allí, y jactándose de ser el guapo, el chévere, el terror de la zona, comenzó a dis-parar su revólver, arma mortíferaj a diestro y siniestro, vien-do que estaba rodeado de personas.

No surge de sus actos una intención deliberada de matar a determinado ser humano, pero no es su caso el caso de una persona que altera la paz haciendo disparos al aire, sino el de una persona que dispara su arma mortífera de modo tal que tiene que saber que puede herir y matar a los seres hu-manos que lo rodean y que eso no obstante, sin provocación, sin justificación alguna, continúa en la realización de su acto criminal hasta que cae mortalmente herido un ser humano.

Ni menos es el caso de una persona que realiza un acto legal, el de guiar un automóvil por ejemplo, sin la debida pru-dencia o circunspección, y ocasiona la muerte de un seme-jante.

A menos que la defensa hubiere demostrado que el acu-sado era un idiota, un lunático o un loco, y tal situación no sólo no se demostró si que ni siquiera se alegó, debe presu-mírsele de sano juicio y bajo esa presunción sólo cabe llegar a la conclusión de que dándose cuenta de las consecuencias de sus actos, voluntariamente los llevó a cabo y es responsa-ble de la muerte maliciosa que causó.

En McClain “On Criminal Law” (vol. 1, sec. 323), citado en People v. Suesser, 142 Cal. 354, 366, se dice: “Al deter-minar la criminalidad del acto de matar es inmaterial si la intención fue la de matar la persona muerta o si la muerte de tal persona fue el resultado accidental o de otro modo no intencional de la intención de matar a otro — la criminalidad del acto será siempre la misma.”

Es cierto que aquí como ya dejamos dicho no sólo no se demostró el propósito de matar al ser humano que resultó muerto, si que tampoco se demostró la intención de matar a otro determinado ser humano, pero habiéndose demostrado que al disparar el acusado en la forma en que lo hizo rodeado de seres humanos, sabía que podía causar como causó la muerte de uno de ellos, la intención de matar deliberada y maliciosa es evidente.

Siendo ello así, no estaba obligado el juez sentenciador a trasmitir la instrucción solicitada.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Señor Hutchison disintió.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Del Toro,

license: Public Domain

text:
    Hernaiz, Targa & Co., en liquidación, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Ponce, recurrido.
    No. 971.

    Sometido: Febrero 25, 1936.

      Resuelto: Febrero 28, 1936.

      Garlos J. Teissonniere, abogado de la recurrente; el registrador re-currido no compareció.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión a resolver en este caso es la de si es aplicable o no a los hechos del mismo la Ley núm. 12 de agosto 29, 1923 (1923 (2) pág*. 37), tal como quedó enmendada en 1924, Leyes de 1924, p. 109, en la parte que dice:

“Los registradores de la propiedad a instancia escrita de parte o de su representante, autenticada ante notario, procederán a cancelar en el respectivo registro:
“ (a) Las menciones de hipotecas o de precio aplazado de la com-praventa de inmuebles, ya consten en los antiguos y modernos libros del registro, si hubieren transcurrido más de veinte (20) años desde que se verificó la respectiva mención, cuando la parte interesada no hubiere solicitado la inscripción del derecho mencionado' dentro del plazo de un año siguiente al día 29 de agosto de 1923, o hubiere promovido, dentro de ese período, demanda en reclamación de su derecho, anotándola en el registro.”

Basándose en ese precepto, Hernaiz, Targa & Co., en li-quidación, actuales dueños de cierta finca inscrita en el re-gistro de la propiedad de Ponce, pidieron la cancelación de ciertas menciones hechas en relación con la misma y el regis-trador considerando el precepto inaplicable negó la solicitad. De ahí este recurso.

De la documentación elevada aparece que en junio 21,1906, se inscribió en el registro de la propiedad de Ponce la venta hecha por Miguel Eosieh a José Zambrana de la finca de que se trata por precio de $2,800 que el comprador se obligó a pagar en, plazos anuales de $400. Al margen de la inscrip-ción hay una nota haciendo constar el pago del plazo de $400 vencido en 1907.

La inscripción a que acabamos de referirnos es la novena de la finca. Por la décima de fecha mayo 5, 1923, se inscribe la venta hecha por José Zambrana a Manuel Eodríguez por el precio de $100, haciéndose constar que el adquirente reconocía y se hacía cargo de los gravámenes que pesaban sobre la finca a favor de la Sucesión Eosieh, obligándose a satisfacer a dicha sucesión, los plazos de cuatrocientos dóla-res fijados en la escritura de venta de Eosieh a Zambrana. El traspaso se hizo por escritura de marzo 21, 1907, que no se presentó al registró para su inscripción hasta abril 20, 1923.

Al margen de la inscripción décima vuelve a anotarse el pago del plazo de 1907 y luego por otra anotación separada se hace constar que Eodríguez había satisfecho a los herede-ros de Eosieh $2,100 a cuenta del precio aplazado según re-sultaba de la escritura de cancelación parcial otorgada en marzo de 1913.

En el propio año de 1923 se presentó en el registro una escritura de cancelación del resto del precio aplazado otor-gada por Miguel Morell como apoderado de los menores Eo-sich, para que se hiciera constar el pago de los últimos tres-cientos dólares, negándose a ello el registrador por observar que no se había acreditado legalmente el carácter de apode-rado ostentado por Morell.

La parte interesada no solicitó la inscripción del derecho mencionado dentro de un año siguiente al día 29 de agosto de 1923, ni después, sin, que tampoco promoviera dentro de ese período, ni después, demanda en reclamación de su derecho, anotándola en el registro.

Así las cosas, fue que en diciembre 13, 1935, Hernaiz, Targa & Oo., en liquidación, se dirigieron al registrador por escrito pidiéndole la cancelación de la mención de precio apla-zado hecha en junio 21, 1906; las menciones de hipoteca y pago de $300 hechas en mayo 5, 1923, neg’ándose el registra-dor a acceder a lo solicitado porque ya constaba del registro la cancelación de la anotación de los $2,800 de precio apla-zado en cuanto a $2,500 y porque en cuanto al resto de $300, por la Corte de Distrito de Ponce por sentencia de abril 25, 1913, se había ordenado la cancelación y dicha cancelación había sido denegada en 1923.

En su alegato los recurrentes sostienen que a los efectos de computar los veinte años que fija la ley, no debe tomarse como punto de partida el año 1923 sino el 1906, ya que los asientos de 1923 son la consecuencia del de 1906.

No hemos tenido el beneficio de un alegato del registrador explicativo de su nota. La posición de los recurrentes nos parece lógica y justa, especialmente habido en, cuenta el es-píritu de la Ley núm. 12 de 1923, enmendada en 1924 (Ley núm. 12 de 1924, pág. 109).

No sólo aparece con toda claridad que el origen de las menciones de 1923 está en la de 1906, si que las potas de 1923 creditivas del pago de $400 y $2,100, en junto $2,500, de los $2,800 a que ascendía el precio aplazado mencionado ori-ginalmente en 1906, se basan en documentos auténticos otor-gados en 1907 y en 1913. De suerte que de modo fehaciente se sabe que desde 1913 o sea desde hace más de veinte años, sólo quedaban por satisfacer trescientos dólares.

Esos trescientos dólares se satisficieron según el docu-mento que dió lugar a la otra nota marginal de 1923, otor-gado como dice la propia nota recurrida a virtud de senten-cia judicial de 1913.

No se trata, pues, de menciones originales de 1923 en cuyo caso no sería aplicable la ley invocada, sino de una mención de 1906, repetida en 1923 a virtud de documentos otorgados en 1907 y en 1913. Siendo ello así, debe concluirse que ban transcurrido los veinte años necesarios para la cancelación de acuerdo con, la ley.

Abora bien, no quiere esto decir que resolvamos que toda la razón asiste a los recurrentes. Creemos que constando del registro las cancelaciones parciales de la mención primitiva de $2,800 basta la suma de $2,500, está bien fundada la nota recurrida en, cuanto a ese respecto. Lo que procede es can-celar las menciones en cuanto al resto de $300 con lo cual se consigue el propósito de los recurrentes, a saber, que surja del registro que su finca está libre de la carga que pudiera pesar afín sobre ella por haberse dejado de pagar el precio aplazado de la compra de 1906.

Debe revocarse la nota recurrida y los documentos devol-verse al registro de su origen para que se proceda de acuerdo con lo que se deja expresado en esta opinión.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Pbesidente Señoe Del Tobo,

text:
    Municipio de Adjuntas, representado por su Alcalde, Don Juan Cruz Bosch, demandante y apelado, v. Primo Delgado, demandado y apelante.
    No. 7199.

    Sometido: Marzo 9, 1936.

      Resuelto: Marzo 13, 1936.

      B. Muñoz Bamos, abogado del apelante; Agustín E. Font, abogado del apelado.
   El Juez Pbesidente Señoe Del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Se solicita la desestimación del recurso entablado en este caso entre otros motivos por ser frívolo. Y lo es, a nuestro juicio.

Se trata de un interdicto para recobrar la posesión. La demanda se interpuso en julio 1, 1935, por el Municipio de Adjuntas contra Primo Delgado. Diez y siete días después se enmendó describiéndose con mayor precisión la totalidad del terreno perteneciente al municipio y la porción del mismo que se alegaba que el demandado babía ocupado violentamente, contra la expresa voluntad de su dueño.

El 9 de agosto siguiente el demandado pidió que se elimi-nara de los autos la demanda enmendada por alegar una nueva causa de acción y excepcionó dicha demanda enmen-dada por falta de hechos básicos de la acción ejercitada. La corte resolvió ambas cuestiones en su contra.

Contestó entonces el demandado. (Su contestación no forma parte de la transcripción.) Hubo juicio en el que ambas partes presentaron evidencia. (La evidencia aportada tampoco se ha elevado ante este tribunal.) Y la corte, -el 27 de septiembre de 1935, basándose en las alegaciones y las pruebas dictó sentencia declarando la demanda con lugar.

Apeló el demandado, quedando radicada la transcripción en la secretaría de esta corte en noviembre 29, 1935. Solicitó varias prórrogas hasta que finalmente presentó su alegato en febrero 25, 1936. Dos días después la parte apelada archivó su moción de desestimación, celebrándose la vista el 9 de marzo actual con la asistencia de su abogado. La parte apelante se opuso por escrito a la desestimación.

En sn alegato el demandado apelante no hace referencia a la decisión del caso en sn fondo. Se limita a señalar qne la corte erró al desestimar sn excepción previa sin decir por qné y a sostener qne la corte también erró al declarar sin lugar sn moción eliminatoria. Argumenta este error y con-cluye qne la porción de terreno descrita en la demanda en-mendada no es la misma qne la descrita en la demanda original y por tanto qne debió eliminarse dicha demanda en-mendada por establecer una acción distinta de la qne dió origen al pleito.

Hemos examinado cuidadosamente las descripciones y a nuestro juicio se trata de la misma porción de terreno.

Tanto en la demanda original como en, la enmendada se describe primero la totalidad del terreno poseído por el municipio y luego la porción del mismo de qne se posesionó el demandado. Lo qne sucede es qne la descripción de la porción en controversia se hizo, en la demanda original sin referencia a los puntos cardinales y de manera confusa al citar las calles No. 1 y de Rodulfo G-onzález. En la demanda enmendada se fijan los puntos cardinales y el área superficial de la porción qne no llega a las calles No. 1 y de Rodulfo González que están al Norte y al Este de la totalidad del terreno. Las colindancias por el Sur con la calle Planta y al Oeste con el propio demandado permanecen.

Es tan claro que se trata de la misma porción de tierra, que sólo se concibe que pueda sostenerse que no es así para dilatar la ejecución de la sentencia. De ahí que dijéramos desde un principio que tenía razón el apelado al sostener la frivolidad del recurso.

Debe- declararse la moción con l/wga/r y en su consecuencia desestimarse la >apelación por frívola.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Peesidente Señoe Del Toeo,

text:
    Albert E. Lee, Receiver de la United Porto Rican Sugar Co. of Porto Rico, etc., demandante y apelante, v. The National City Bank of New York; Rosario y Matilde Garzot de Fernández y Angel y Faustino Fernández, demandado y apelante el primero; y demandados y apelados los segundos.
    No. 6728.

    Sometido: Enero 16, 1936.

      Resuelto: Marzo 13, 1936.

      Walter L. Newsom, abogado del demandante y apelante; Fiddler,. Córdova & McConnell, abogados del demandado y apelante;. Leopoldo Feliú, abogado de los demandados y apelados.
   El Juez Peesidente Señoe Del Toeo,

emitió la opinión del tribunal.

Albert E. Lee como Síndico de la United Porto Rican Sugar Co. nombrado por la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, presentó en la Corte de Distrito de Humacao una demanda de interpleader contra The National City Bank of New York y Rosario y Matilde Garzot y sus esposos Angel y Faustino Fernández.

Alegó en ella que como tal Síndico celebró con los demandados Garzot y Fernández en febrero 24,1934, cierto contrato de molienda de cañas y que estando en vigor ese contrato recibió una carta del National City Bank of New York comunicándole que tenía constituido a su favor un gravamen sobre las cañas de G-arzot y Fernández y de acuerdo con el mismolo requería para que le entregara su producto, recibiendotambién otra carta del abogado de las Garzot y los Fernán-dez oponiéndose a esa entrega; que bajo tales circunstancias pidió instrucciones a la Corte Federal que lo nombrara y dicha corte después de haber oído a las partes interesadas le “instruyó, autorizó y ordenó” la presentación de la de-manda; que no tiene interés en la controversia y lo que desea es relevarse de responsabilidad. Terminó suplicando que la corte obligara a los demandados a litigar entre sí, que le autorizara a comprar los azúcares producto de la molienda y a depositar su importe en la secretaría de la corte, impi-diendo a los demandados entablar reclamación alguna en su contra e imponiéndoles las costas.

Los demandados Rosario y Matilde G-arzot y Angel y Faustino Fernández pidieron a la corte que negara la tra-mitación de la demanda con imposición de las costas al de-mandante entre otros motivos porque de la propia demanda aparecía que existía ya una acción pendiente entre los de-mandados sobre el- mismo asunto, como así era en verdad. La corte oyó a las partes y resolvió el caso en contra del demandante, imponiéndole las costas.

Apeló el Síndico y los apelados Garzot y Fernández pidieron la desestimación del recurso, recayendo la siguiente resolución:

“Vista la moción sobre desestimación que antecede, apareciendo que el Síndico demandante y ahora apelante, al radicar su demanda de interpleader actuó de acuerdo con instrucciones recibidas del Juez de la Corte Federal, instrucciones dadas por dicho juez después de oídas todas las partes interesadas, y por tanto que la presente ape-lación, por lo menos en cuanto atañe al pronunciamiento de la sen-tencia apelada que condenó a dicho demandante en costas, no es tan claramente frívola que debamos anticipar el resultado de una vista del caso en su fondo, no ha lugar a la desestimación solicitada.”

Continuó el recurso tramitándose hasta verse en sus mé-ritos en enero 16 último.

No seguiremos a las partes en sus amplios alegatos. Bastará decir que del cuidadoso estudio que del caso hemos-hecho, llegamos a la conclusión de que es improcedente por innecesaria la demanda. ¿A qué un nuevo pleito si las partes demandadas habían ya suscitado la misma cuestión ante la misma corte de distrito? Véanse los casos de Garzot v. Garzot, etc., y National City Bank, Int., 48 D.P.R. 79; Garzot v. Garzot, etc., y National City Bank, Int., 49 D.P.R. 350, y National City Bank v. Arjona, Juez, 49 D.P.R. 355.

Ahora bien, atendida la razón expuesta en nuestra reso-lución declarando no haber lugar a la desestimación del re-curso, creemos que debe revocarse el pronunciamiento sobre costas que contiene la sentencia recurrida. No fue temerario el demandante. Creyó que se protegía mejor, que actuaba más correctamente pidiendo a la corte correspondiente que dirimiera de modo directo el conflicto existente entre ambos reclamantes, presentó su caso a la corte que lo nombró y autorizado por ella fue que actuó. En tal virtud la sentencia recurrida deberá modificarse eliminando su pronunciamiento de costas y así modificada, confirmarse.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    Ramón Aguilar, peticionario y apelante, v. El Pueblo de Puerto Rico, opositor y apelado.
    No. 7202.

    Sometido: Enero 28, 1936.

      Resuelto: Marzo 13, 1936.

      Gelpí & Gelpí, abogados del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de EÍ Pueblo, apelado.

         Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Ésta es una apelación interpuesta en un caso de babeas corpus.

Encontrándose Bamón Aguilar en prisión por orden del Fiscal del Distrito de Mayagiiez para responder del asesinato de José Abrabam Torres, se dirigió al Juez Sr. Foote de la corte del distrito, y alegando que se le tenía preso sin motivo, le pidió que, previa la investigación de ley, decretara su libertad.

Ordenó el juez la expedición del auto y en la vista del mismo el fiscal entre otras pruebas presentó la declaración bajo juramento prestada ante él por José Abrabam Torres hallándose moribundo. Se opuso el peticionario a su admi-sión y la corte declaró sin lugar su opiosición, anulando final-mente el auto expedido por entender que había causa sufi-ciente para la detención.

No conforme el peticionario, apeló para ante esta Corte Suprema. Sostiene en su alegato que la corte de distrito erró al admitir en evidencia un,a supuesta declaración in artículo mortis (dying declaration), al denegar su moción pidiendo que dicha declaración se eliminara del récord y al resolver que se había demostrado la existencia de causa probable para la detención.

Unida a la otra evidencia aportada por el fiscal, creemos que la declaración en artículo de muerte de que se trata cons-tituye base suficiente para la actuación del fiscal. El mori-bundo declaró que había tenido un disgusto con el acusado con motivo de cierta cuestión de “una guardarraya de unos terrenos suyos”; que se encontraba en G-uanajibo en la finca de la Sucesión Morales en la noche del suceso y sintió unos tiros; que se levantó y al salir al batey, el acusado le disparó hiriéndolo, y que pudo reconocer al acusado a la luz del “flashlight” que llevaba consigo.

Siendo ello así, la única cuestión a estudiar y a resolver y la única que en verdad motiva el recurso es la de si en Puerto Rico son o no admisibles las declaraciones en artículo de muerte.

Admite el apelante que dichas declaraciones han venido admitiéndose en nuestros tribunales desde hace muchos años, pero sostiene que nunca la cuestión que él ahora suscita ha sido debidamente presentada ante esta Corte Suprema. Alega que siendo contraria dicha práctica al precepto constitucional que garantiza al acusado el derecho a confrontarse con los testigos que se presenten en su contra, que no existiendo en nuestros códigos precepto alguno específico que la autorice y que no rigiendo en esta Isla la ley común de Inglaterra, debe decidirse que es ilegal.

No estamos conformes. La circunstancia de no contener nuestras leyes la autorización específica que contienen las de California — de cuyo estado se alega que se tomaron las nues-tras — sobre admisión de esa clase de declaraciones, no es decisiva. Es suficiente con que prescriban, como prescribe la de Evidencia en su artículo 35, apartados 1 y 13 que:

“De conformidad con las precedentes disposiciones podrá presen-tarse en un juicio evidencia de los hechos siguientes:
“1. El hecho exacto en controversia.
“13. Cualesquiera otros hechos de los cuales los hechos en con-troversia se presumieren o pudieren lógicamente inferirse.”

Y decimos que es suficiente porque desde tiempo inme-morial, dentro del sistema que en conjunto se implantó en Puerto Rico tanto -a virtud de la aprobación de los nuevos Códigos Penal y de Enjuiciamiento Criminal como de la nueva Ley de Evidencia, se ha venido resolviendo que las declaraciones in artículo mortis son admisibles en, casos de asesinato u homicidio como prueba directa del hecho de la muerte y de la forma en que ésta se produjo, o sea del hecho exacto en controversia, habiéndose segnido dicha práctica en ■esta Isla desde hace más de treinta años, a las claras, con la aprobación de esta corte y el conocimiento de la Legisla-tura Insular.

En el caso de El Pueblo v. Díaz, 35 D.P.R. 582, 587, dijo esta corte por medio de su Juez Asociado Sr. Aldrey:

“No funda este error el apelante en que no se hubiera demos-trado, como se demostró, que cuando el interfecto José Antonio Ro-dríguez hizo las manifestaciones que le- atribuyen los testigos no su-piera que estaba en inminente peligro de próxima muerte sino en que tal clase de prueba no es admisible, pero la admisibilidad de esa clase •de declaraciones en procesos criminales ha sido declarada por este tribunal en el caso de El Pueblo v. Morales, alias Yare Yare, 14 D.P.R. 234, en el de El Pueblo v. Barrios, 23 D.P.R. 831, y en otros; j la razón de tal admisibilidad se encuentra claramente explicada en Wharton’s Criminal Evidence, vol. 1, pág. 540.”

Y lo dicho en el de El Pueblo v. Barrios, por medio de su Juez Asociado Sr. Wolf, fué:

“El segundo señalamiento de error se refiere a la admisión en evidencia de la declaración hecha por una persona en artículo de muerte {dying declaration). El apelante parece fundarse principal-mente en su alegato, en el hecho de que existían otras pruebas ten-dientes a acreditar las mismas cuestiones referidas en dicha declara-ción. La corte tiene cierta discreción en la admisión de prueba acu-mulativa, pero una declaración prestada por un moribundo {dying ■declaration) jamás debe ser rechazada porque exista simplemente otra prueba directa. La necesidad de estas declaraciones a la cual hacen referencia las decisiones, se relaciona con el hecho de que la decla-ración de la persona en particular, del moribundo, no puede obtenerse -de otro modo y no depende de si otros testigos pueden prestar igual declaración o una parte de la misma. People v. Fong Ah Sing, 64 Cal. 253, 21 Pac. 233; 21 Cyc. 975. La declaración de una persona moribunda {dying declaration) forma parte del hecho consumado res gestae en cuanto a la admisión de pruebas y se rige por principios semejantes.” El Pueblo v. Barrios, 23 D.P.R. 831, 833.

Eel cuanto a que la práctica es contraria al precepto constitucional que garantiza al acusado su derecho a con-frontarse con los testigos que puedan presentarse en su contra, bastará citar lo resuelto por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de Mattox v. United States, 156 U. S. 237, 242. Es así:

“El objeto principal del precepto constitucional en cuestión fué impedir que deposiciones o declaraciones juradas (affidavits) ex parte, tales como las .que ocasionalmente se admitían en casos civiles, se usaran contra el acusado en vez del interrogatorio personal y contra-interrogatorio de los testigos, en los cuales el acusado tiene la opor-tunidad, no sólo de poner a prueba la memoria y de penetrar en la conciencia del testigo, sino de. obligarle a estar frente a frente ante el jurado a fin de que pueda verle y por su conducta en la silla de testigos y la forma o manera en que presta su testimonio juzgar si merece que se le crea o no. Sin duda hay razón para aseverar que el acusado nunca debe perder el beneficio de estas garantías aún con la muerte del testigo; y que, de permitirse la lectura de notas de su testimonio, se le privaría del beneficio de tal presencia personal del testigo ante el jurado que la ley ha provisto para su protección. Sin embargo, reglas generales de derecho de esta clase, no importa cuán beneficiosas sean sus efectos ni lo valiosas que resulten para el acusado, deben ocasionalmente ceder a consideraciones de política pública y a las necesidades del caso. El decir que una vez convicto mediante el testimonio de cierto testigo, el criminal debe escapar sencillamente porque la muerte ha sellado los labios de ese testigo, equivaldría a llevar la protección constitucional a su favor a un extremo injustificado. La ley en su sabiduría declara que los de-rechos del público no serán totalmente sacrificados para preservar al acusado un beneficio incidental.
“Venimos obligados a interpretar la Constitución a la luz de la ley según existía en la época en que se adoptó; no procurando alcanzar nuevas garantías de los derechos del ciudadano, sino ase-gurando a cada individuo aquellos derechos que ya tenía como súb-dito inglés — tales como los que sus progenitores heredaron y defen-dieron desde los días de la Magna Carta. Muchos de sus preceptos que participan de la naturaleza de una Declaración de Derechos, están sujetos a excepciones, reconocidas éstas mucho antes de adop-tarse la Constitución y que no interfieren en absoluto con su espíritu. La intención evidente fué que tales excepciones se respetaran. La adhesión técnica a la letra de un precepto constitucional puede ocasionalmente llevarse más allá de lo necesario para la justa protec-ción del acusado y más allá de lo que la seguridad del público justi-ficaría. Por ejemplo, nada habría más directamente opuesto a la letra del precepto de referencia, que la admisión de declaraciones in artículo mortis (dying declarations). Se hacen raras veces en presencia del acusado; son hechas sin oportunidad alguna de interro-gatorio o contrainterrogatorio; al testigo tampoco se le trae cara a cara con el jurado; sin embargo, desde tiempo inmemorial se han considerado como testimonio admisible y nadie tendría la osadía de poner ahora en tela de juicio su admisibilidad. Se admiten, no de conformidad con ninguna regla general relativa a la admisión de testimonio, sino como una excepción a tales reglas simplemente debido a las necesidades del caso y para evitar un manifiesto fracaso de la justicia. Como se dijo por el Juez Presidente cuando el easo de autos estuvo por vez primera ante nos a virtud de un recurso de error (146 U.S. 140, 152), el sentimiento de la muerte próxima se presume que aleja toda tentación a la mentira y que obliga a una adhesión tan estricta a la verdad como lo haría la obligación de un juramento. Si tales declaraciones se admiten por haberse hecho por una persona entonces muerta, bajo circunstancias que dan a sus manifestaciones el mismo peso que si se hubieran hecho bajo jura-mento, existe igual si no mayor razón para admitir testimonio de manifestaciones suyas hechas bajo juramento.”

Debe declararse sin kigar el recurso y confirmarse la resolución apelada.

El Juez Asociado Señor Wolf está conforme con el resul-tado.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Isidoro Santiago Rivera y Sergio Rivera Nieves, acusados y apelantes.
    No. 5788.

    Sometido: Enero 16, 1936.

      Resuelto: Marzo 13, 1936.

      Tomás Acosta Ramis y J. Martínez Juliá, abogados de los apelantes; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Peesidente Señoe Del Toeo,

emitió la opinión del tribunal.

El Fiscal del Distrito de San Juan formuló acusación contra Isidoro Santiago y Sergio Rivera imputándoles la comisión de un delito de asesinato cometido en febrero 12, 1934, en Río Piedras, al dar muerte ilegal con malicia pre-meditada al ser humano Cirilo Rivera.

Alegaron los acusados que eran inocentes y solicitaron juicio por jurado. Llamada la causa, practicada la prueba e instruido el jurado, rindió éste su veredicto declarándolos culpables de asesinato en primer grado, y la corte en su día los condenó a reclusión perpetua.

Apelaron para ante este tribunal. Sostienen que el vere-dicto y la sentencia son contrarios a las pruebas y a la ley.

Examinemos la evidencia.

Declararon por El Pueblo el Doctor Basilio Dávila, Víctor de la Paz, Carmen María Castro, Luis de la Paz, Inocencio Delgado, Francisco Orosco, Isaac Vélez, José Calderón Miró y José Manuel Ortiz, y por la defensa los propios acusados y Enrique Ledesma.

El doctor practicó la autopsia al cadáver de Cirilo Rivera, hombre como de cuarenta años de edad, robusto. Presentaba una herida de un extremo a otro de la mano derecha, seccio-nando los tendones y llegando hasta el hueso, otra en el codo derecho como de una pulgada pero profunda, otra en la espalda debajo del omoplato derecho y otra también en la espalda por debajo de la duodécima costilla que penetró en la cavidad abdominal hiriendo el páncreas que produjo la hemorragia determinante de la muerte. A preguntas de la defensa contestó que la herida de la mano pudo ser produ-cida con un machete y las de la espalda con un cuchillo, y que el interfecto era más fuerte físicamente que cualquiera de los acusados.

El testigo Víctor de la Paz declaró que por encargo del acusado Isidoro Santiago fué a buscar una leña y la llevó a su casa en la que se presentó Cirilo Rivera, el interfecto, diciendo que la leña era suya por haberla comprado en medio peso a Ledesma y se fué. Llegó entonces Santiago y le dijo: “Vete donde Cirilo y dile que venga acá.” Pué y al llegar Cirilo “Santiago le tiró en seguida con un machete y al momento le tiró Sergio, (el otro acusado) con un cuchillo.” Santiago le tiraba de frente. Sergio por detrás.

Carmen María Castro, describe los hechos como sigue: “Me encontré en el centro de mi casa y yo siento los gritos y al sentir los gritos que le decía: ‘Ay, no me mates’ yo me asomé por la ventana y vi que el señor Isidoro Santiago le dió una herida con un machete al señor Cirilo y vino el señor Sergio y le dió una puñalada por detrás y no oí nada más y me tiré a la calle.” T Bernardo de la Paz, así: “Vi al señor Cirilo lleno de sangre y vi al señor Lolo alante con un machete, con un mocho y al señor Sergio con un cuchillo por detrás. Uno le tiraba por detrás y otro por delante.”

Inocencio Delgado expresó: “Ese día yo estaba en una esquina cuando oí los gritos y voy para allá y cuando ya llegando al ranchón vi a Cirilo que venía andando para atrás, tapándose y venía Isidoro con un machete tirándole de frente y venía para atrás y yo lo vi que venía cortado y entonces vi a Sergio con el cuchillo levantado así.”

Francisco Orosco dijo: “Estando yo parado en la calle vi venir a Isidoro Santiago con un machete tirándole a Cirilo de frente y Sergio Rivera con un cuchillo tirándole”, y con-testó a un jurado como sigue:

“P- — ¿V Cirilo qué hacía? — R.—Huyendo para atrás. — P.—¿Se tapaba ? — R.—Sí, señor. — P.—¿ Con qué se tapaba ? — R.—Con las tu a-nos. — P.—¿A qué distancia estaba el testigo del sitio del suceso?— R. — Como a 20 metros.”

Isaac Vélez depuso: “El día a que se refiere el crimen se hallaba Cirilo Rivera jugando dómino en el ldosko que yo tengo y fué Víctor de la Paz y lo llamó y le dice: ‘Cirilo, Cirilo, dice Isidoro — Lolo, llamado Isidoro Santiago — que vaya allá’ y el muchacho se fué y momentos después me dice: ‘Voy a ir allá’ y se fué y cuatro minutos más o menos de haber salido de allí, oí un alboroto y me asomo a la calle y lo llevaban ya herido para el Hospital.”

José Calderón Miró, dueño de la planta de hielo de Río Piedras, declaró que tenía empleado a Cirilo Rivera y lo conoció por veinte años como hombre trabajador y cumplidor de sus deberes, pacífico.

Con esa declaración terminó la prueba de cargo. Fué a la silla testifical el acusado Santiago y dijo:

“Allí lo qne ocurrió el día 12 ele febrero fué que yo estando aten-diendo mi venta en la plaza del mercado, el señor Ledesma me mandó a buscar con Víctor de la Paz para que fuera a buscar una' leña a la casa y entonces fui donde el señor Ledesma a comprar la leña. Fui y traté la leña ... y entonces le dije: ‘Víctor, ve a casa, coge el carrito y me llevas la leña a casa. . . . Me quedé atendiendo la venta en la plaza del mercado de Río Piedras. Al poco rato llegó Víctor de la Paz a donde yo estaba y me dice: ‘Isidoro, que vayas allá, que allí está Cirilo Rivera armado allí en la casa.’ . . . fui para casa y estando el señor Cirilo frente a la puerta de mi casa . . . Me dijo: ‘Que esa leña es mía y me la voy a llevar’ y le dije: ‘Ten en cuenta que esa leña se la acabo de comprar a Ledesma abora.’ . . . Cuando yo le dije: ‘ten en cuenta que esa leña se la compré a Le-desma bará poco’, me dijo: ‘Yo no tengo que ver con Ledesma ni ocho cuartos, es mía y me la voy a llevar.’ Yo tenía un pie en el escalón y otro abajo y entonces trató de tirárseme encima y como era un hombre de más cuerpo que yo ... . Subí arriba y en la puerta de mi casa encontré un mocho y yo traté de defenderme con él. . . . Yo como quería entrar a mi casa le tiré con el mocho ... y cuando yo le tiré él se agarró conmigo. . . . Cuando yo sentí una voz que dijo: ‘Qué pasa? ... yo brinqué arriba. . . . Cirilo Rivera se em-borujó con Sergio Rivera. . . . Yo no sé si lo herí porque yo le tiré de azote cuando él se me tiró encima.”

Declaró también el otro acusado Sergio Rivera, como signe: Se dedicaba a vender por el pueblo alimentos de cerdo del otro acusado Santiago que llevaba en una ponchera, usando un cuchillo para la venta al detalle. Cuando llegó encontró “emborujados” a Santiago y Cirilo. Preguntó qué pasaba y Cirilo soltó a Santiago y se le tiró encima a quitarle el cuchillo para cortar a Santiago. Hubo una lucha. Cayó al suelo e hirió con el cuchillo a Cirilo por las costillas.

Enrique Ledesma manifestó que había vendido madera procedente de una casa vieja que tenía que derribar al acu-sado Santiago en veinte centavos y se la entregó al muchacho Víctor de la Paz. Siguió tras él y al pasar por frente a la tienda de Pedro Rodríguez donde estaba Cirilo Rivera, el interfecto, oyó cuando éste dijo al muchacho “Te doy un peso cincuenta centavos por esa leña” contestándole Víctor “Esa madera es de Lolo y no puedo venderla.”

El fiscal llamó entonces a declarar a José Manuel Ortiz de diez años de edad, hijastro del interfecto. Dijo que iba con su papá y “Ledesma le dijo que le vendía la madera a papá y papá le dijo que en cuánto se la vendía y Ledesma le dijo que $1.00 y papá le dijo que 50$ y le dijo: ‘bueno cógela en 50$’ y papá cogió el medio peso y se lo dió.”

Tal fué, en resumen, la prueba que sirvió de base al jurado para dictar su veredicto.

Isidoro Santiago por medio de sus abogados sostiene que no es suficiente para condenarlo como autor de la muerte de Cirilo Rivera porque sólo demuestra a lo sumo que él le causó la herida de la mano que n.o fué la que le ocasionó la muerte, sin que actuara en combinación con el otro acusado Sergio Rivera.

Su teoría es que habiendo actuado los dos acusados inde-pendientemente, sin que se pusieran de acuerdo para matar a Cirilo Rivera, cada uno de ellos es responsable solamente de lo que hizo. Cita en apoyo de la misma 12 A.L.R. 280; Givens v. State, 62 So. 1021; Scott v. State, 163 Pac. 553; State v. Reedy, 127 S.E. 27 y El Pueblo v. Alvarez, 37 D.P.R. 579.

No estamos conformes. No se acusó a los apelantes como autores de una conspiración sino como coautores de un asesi-nato, de acuerdo con el artículo 36 del Código Penal.

En el caso de Pueblo v. Márquez y Vázquez, 45 D.P.R. 333, en que ambos fueron acusados y condenados por mutila-ción, esta corte dijo:

“No creemos que se cometiera error fundamental alguno. Al discutir el señalamiento, admiten los acusados que si en la acusación se hubiera alegado que ellos ‘actuaron conjuntamente’ la instrucción sería correcta. No era necesario. La acusación es bastante para que de ella se desprenda que se acusa a Márquez y a Vázquez como co-autores o principales del hecho, responsables por igual.
“En nuestro actual sistema todas las personas complicadas en la comisión de un crimen (artículo 36 del Código Penal) y que direc-tamente cometieren el acto constitutivo del delito, o no hallándose presentes, hubieren aconsejado su comisión o incitado a ella; y todas las personas que aconsejaren o incitaren a menores de catorce años, lunáticos o idiotas a cometer algún crimen; o que, por medio de fraude, artificio, o violencia, ocasionaren la embriaguez de otra persona con el fin de hacerle cometer un crimen, son principales o au-tores en el crimen cometido. En él se califica de cómplices a los que en el sistema anterior se conocían como encubridores. El designio común o la actuación conjunta que tiene en mente la defensa, sólo se exige para determinados delitos como el de conspiración.”

Y en el caso de McCoy v. State, 44 So. 814, la Corte Suprema de Mississippi se expresó como sigue:

“Pero llegando a la conclusión específica que el ilustrado abogado de la defensa en ambos casos presenta, encontramos que en último análisis‘es la siguiente: Que nada de lo que hizo Jack Douglas al tiempo de la muerte, ha debido permitirse que fuera al jurado contra Henry McCoy en el juicio por separado de éste y que nada de lo que hizo Henry McCoy al momento del delito debió haberse per-mitido que fuera al jurado contra Jack Douglas en el juicio sepa-rado de éste, por la razón de que no se ha demostrado que existiera conspiración o confabulación entre ellos. Esta es la primera parte de la contención del acusado y apelante. V segundo, que a menos que la prueba demuestre que hubo tal conspiración, El Pueblo debe ser requerido a que demuestre por prueba, antes de que ninguno de ellos pueda ser convicto, que ése de ellos fué el que produjo la muerte. Nosotros expresamos ahora, en primer lugar, como contestación a la primera parte de la contención del acusado y apelante, que todo lo que fuera hecho por cualquiera de ellos en el momento en que ellos se encontraban sobre el interfecto, ambos atacándolo e hiriéndolo con instrumentos afilados, era prueba competente como parte • del Ves gestae. El caso de Purplus vs. State, 84 Mies. 49, citado por el acusado apelante, no es aplicable al de autos. El ilustrado abogado del acusado y apelante equivoca el verdadero propósito de aquel caso. Las partes en aquel ea'so que tenían bastones en sus manos, no tuvieron nada que ver con la muerte, ni participaron en la muerte en ningún modo ni forma. Ellos eran meros espectadores. En el caso de autos ambos coacusados estaban sobre el interfecto y ambos lo herían repetidamente con algún instrumento afilado que manifies-tamente produjo la muerte. Decidir en un caso como éste que lo que fué hecho por uno no podía ser admitido como prueba en el juicio contra el otro, sería equivalente a decidir que en un caso se-mejante ninguno de los dos podría ser convicto de asesinato en ab-soluto en ausencia de prueba de una conspiración o confabulación. Decir eso, es claramente demostrar un patente absurdo. En 12 Cyo. 437, se dice: ‘Las manifestaciones y actos de cualquier participante en un crimen que estaba presente cuando se cometió, son competentes y admisibles contra todos los allí presentes. Se ha dicho algunas ve-ces que declaraciones hechas bajo tales circunstancias son admisibles contra el acusado, por ser manifestaciones de un coconspirador; pero el verdadero fundamento de la regla es que tales declaraciones hechas por uno, son admisibles contra el otro, por razón de formar parte del res gestae. Esa es incuestionablemente la verdadera base y fun-damento para la admisibilidad de tales declaraciones.
“Pasando ahora a la segunda parte de la contención del acusado y apelante, o sea, que ninguno de los acusados puede ser declarado culpable ni aún de homicidio a menos que El Pueblo demuestre, fuera de toda duda razonable, por medio de prueba que tal específico acu-sado asestó el golpe fatal, expresamos, primero, que estamos perfec-tamente satisfechos que el jurado hubiera estado justificado al decla-rar, de acuerdo con la prueba de este caso, que ambos de estos abu-sados infligieron las heridas fatales; pero aparte del derecho del jurado para así declararlo, debemos expresar que no es la ley como la expresa el acusado y apelante, o sea, que ninguno podía ser con-victo a menos que el estado demostrara que él por su acto indepen-diente, realizó la muerte. Estos acusados estaban manifiestamente ayudándose y auxiliándose, uno a otro, en la comisión de este ho-micidio, ambos sobre el interfecto al mismo tiempo, ambos persiguién-dole durante algún trayecto al mismo tiempo, ambos saltando1 sobre él, juntos, e hiriéndole al mismo tiempo, hasta que habiendo sido1 le-vantado el interfecto, por 'William Mack, lo dejaron. Ante tales he-chos debe seguir la conclusión de la misma manera que la noche sigue al día, que cada uno de los acusados vió al otro, que cada uno de ellos sabía que el otro estaba tratando de matar al interfecto; que cada uno de ellos agredió con la tendencia de realizar el propósito común de matarlo, y si fué uno o fué el otro el que matp, ambos son culpables como principales bajo nuestro estatuto, habiendo ayu-dado y auxiliado cada uno el acto del otro.
“Estos principios que así expresamos, están abundantemente res-paldados por las autoridades. En el caso muy similar de State vs. White, 138 N. C. 723, 51 S. E. 50, donde dos hermanos habían dis-parado al mismo tiempo y matado a una tercera persona y donde se hizo el mismo argumento que se hace ahora en el caso de autos, la corte se expresó así: ‘La alegación de que si existe una duda razo-nable acerca de cuál disparó el tiro fatal, ambos deben ser absueltos, no puede ser sostenida. Estas personas pueden haber ido a la casa sin ningún propósito de matar o de realizar alguna violencia ilegal. Ellos tenían un propósito común y cuando sacaron sus armas, entra-ron de lleno en la realización de aquel propósito ilegal y estaban tan manifiestamente actuando juntos, uno en ayuda del otro, que una muerte realizada por cualquiera de los dos bajo tales circunstancias, los inculparía igualmente a los dos.’ Este es precisamente el prin-cipio que cubre el caso de autos. En el caso de Regina v. Price, donde, seis hombres asaltaron a otro y uno de los seis infirió una he-rida y mató a la persona asaltada y fueron acusados conjuntamente por asesinato, se decidió: primero, que el que infirió la herida era culpable de asesinato, hubiera intentado matar o no; segundo, que los otros cinco eran culpables de asesinato si participaron en el pro-pósito común de matar; tercero, si no hubo propósito común de-ma-tar, pero el cuchillo fué usado siguiendo un propósito común de usarlo, todos serían culpables de asesinato; cuarto, que si no hubo propó-sito común de usar el cuchillo y estando presentes al momento de producirse las heridas ellos asintieron y manifestaron su asentimiento por medio de su asistencia en el crimen, ellos eran culpables de ase-sinato.’ Lo resuelto en los puntos tercero y cuarto, es perfectamente aplicable al caso de autos. A ese mismo efecto, puede verse State vs. Prater, 43 S. E. 230; Vasser vs. State, 87 S. W. 635. En Wharton on Homicide, (3a. ed.) páginas 49 y 50, se dice: ‘Toda persona presente, consintiendo a la comisión de nn delito y llevando a cabo .algún acto qne es un ingrediente de ese delito, o que esté inmedia-tamente conectado con él o ayudando a su comisión es tanto un principal como si hubiera con sus propias manos cometido todo el delito.’ ‘Ayudar en la comisión de un homicidio convierte al que ayuda en tm principal. Para convertir a una persona en criminalmente res-ponsable como principal de una muerte, no es necesario que ella haya asestado el golpe mortal. Es suficiente que haya estado presente lle-vando a cabo algún acto o auxiliando en el acto; y esto es así aún cuando no haya habido designio común o previo acuerdo para matar o causar daño.’ ”

Las autoridades que los apelantes citan no sostienen su teoría aplicada a los hechos de este caso. Aunque se admi-tiera que la única herida que causara el acusado Santiago fuera la de la mano, la prueba de cargo que fué la que creyó el jurado demuestra que Santiago armado de un machete esperó al interfecto y lo acometió en seguida hiriéndolo y seguía aún acometiéndolo cuando se le acercó el otro acusado y le asestó por la espalda el golpe fatal. No es necesario el previo acuerdo. Surgió la unidad en la dañada intención de ambos acusados en el momento mismo de la comisión del delito. Lo que hizo Sergio Eivera fue sumarse al acto criminal iniciado por Santiago. Del asesinato perpetrado son responsables ambos.

En cuanto a Sergio Eivera sostienen sus abogados que el veredicto es contrario a la prueba y a derecho porque de la prueba no se desprende que existiera premeditación ni deliberación.

Tampoco estamos conformes. Cuando el acusado llegó, de acuerdo con la evidencia que creyó el jurado, encontró al otro acusado armado de un machete acometiendo al inter-fecto que aunque físicamente más fuerte estaba desarmado y retrocedía, ¿y qué hizo? Calladamente le clavó su cuchillo por la espalda y lo mató. Eápido fué su acto pero deliberado y alevoso, reuniendo así los elementos constitutivos del delito por el cual fué acusado y castigado.

Lo que aquí resolvemos no es contrario por supuesto al poder que tiene el jurado para declarar en propios casos a. varias personas acusadas de asesinato a alguna o a algunas-culpables de asesinato en primero o en segundo grado y a otra o a otras culpables de homicidio., de acuerdo con la doc-trina expuesta y establecida en el caso de El Pueblo v. Marrero, 48 D.P.R. 896, 912.

Debe, declararse, sin lugar el recurso y confirmarse la sen-tencia apelada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.