author: El Juez PREsidente SeñoR Del Tubo

text:
    Angeles Jiménez, demandante y apelante, v. Máximo Sánchez, demandado y apelado.
    Núm. 8378.

    Sometido: Diciembre 4, 1941.

      Resuelto : Febrero 6, 1942.

      Francisco González Fagundo y A. García Veve, abogados del ape-lante; B. Fernández García, abogado del apelado.
   El Juez PREsidente SeñoR Del Tubo

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una reclamación de daños y perjuicios por perse-cución maliciosa.

En la demanda se ejercitaron dos causas de-acción. Por vía de excepción previa, el demandado alegó que los hechos expuestos no eran suficientes para determinarlas, y la corte le dió la razón, dictando sentencia sobre las alegaciones de-clarando la demanda sin lugar, con las costas al demandante.

⅜ Denegada la medón de reconsideración en el caso en mayo 19, 1942.

Éste apeló. Señala en su alegato un solo error, el come-tido, a su juicio, por la corte al desestimar la demanda por falta de hechos suficientes determinantes de la acción ejer-citada.

Al comenzar a argumentar el error, hace constar que de-sistió de la segunda causa de acción, quedando reducida la ■cuestión envuelta a resolver sobre la suficiencia de la de-manda en cuanto a la primera, que se expuso así:

“1. Que el demandante es vecino de Fajardo, agricultor, viudo, y de más de veinte y un años de edad y el demandado es también vecino de Fajardo, propietario y de más de veinte y un años de edad.
“2. Que allá por el mes de marzo de 1937 el demandado Máximo Sánchez maliciosamente y a sabiendas de que no existía causa probable para ello y con fin premeditado de dañar la reputación y hom-bría de bien del demandante, acusó falsamente a dicho demandante Angeles Jiménez, imputándole el haberlo agredido con un revólver, y con tal motivo se expidió orden de arresto contra el demandante, quien fué encarcelado y privado de su libertad, teniendo que prestar fianza para permanecer en libertad provisional.
“3. Que en virtud de la acusación maliciosa y falsa del deman-dado eontra el demandante, se inició contra éste por el Hon. Fiscal de Distrito de Humaeao un proceso criminal por Atentado a la Yida, y celebrada la vista de dicho caso, el jurado que actuó en el mismo absolvió libremente al demandante.
“4. Que dicho proceso se celebró mediante juicio oral, y público ante la Corte de Distrito de Humaeao, habiéndose enterado el pú-blico del mismo y de los hechos falsos imputados por el demandado al demandante.
“5. Que el demandante con motivo del proceso criminal a que fué sometido en virtud de la denuncia presentada por Máximo Sán-chez, sufrió daños y perjuicios que por lo bajo pueden estimarse en la suma de diez mil dollars.”

Para fundar su sentencia el juez de distrito emitió una elaborada opinión de la cual transcribimos lo que sigue:

“Tomando como ciertos los hechos alegados en la demanda en-mendada, a los fines de la excepción interpuesta, no hay duda alguna que la imputación que se le hace al demandado, es la de haber infor-mado al funcionario encargado por los arts. 95 al 109 de nuestro Código de Enjuiciamiento Criminal de perseguir y acusar a los infractores de la ley, de la comisión de un delito, cual es, el de aten-tado a la vida, por el aquí demandante contra la persona del deman-dado, y hecha la investigación correspondiente por dicho funcionario, éste procedió a acusar al demandante y llevarlo a juicio, creyendo, como tuvo que creerlo, a tenor de lo dispuesto en el art. 72 del cuerpo legal antes citado, que existía justa causa para ello. En otras pa-labras, el demandado, no acusó ni denunció formalmente al deman-dante, sino que, a tenor del art. 98 del cuerpo legal antes citado, el fiscal inició este proceso y al hacerlo así y proseguir adelante con el caso, hay que admitir como cierto que existieron motivos verosímiles para creer en la culpabilidad del acusado, a tenor del texto español del artículo comentado, y causa probable para el proceso, a tenor del texto inglés de dicho artículo.
“■Sentadas las anteriores premisas, queda perfectamente distin-guido este caso de los citados por el demandante, cuales son: Benet v. Hernández, 22 D.P.R. 494, 498; Torres v. Ramírez, 22 D.P.R. 450; por entrañar los hechos en ellos alegados situaciones distintas a las concurrentes, en el de autos, para determinar la suficiencia de la demanda, cuando ésta es atacada por una excepción previa de falta de causa de acción, y en cuanto al caso dominante en acciones de esta naturaleza (leading case), citado por ambas partes, cual es, Parés v. Ruiz, 19 D.P.R. 342; aún cuando los hechos alegados en la demanda que sirvió de base a dicho litigio, difieren bastante de los alegados en el presente caso, a los efectos de la excepción en éste interpuesta, sin embargo, creemos que la doctrina en el mismo sen-tada, conjuntamente con la otra jurisprudencia citada por el de-mandado, es suficiente a sostener la contención de éste.
“En primer término, esta acción no es favorecida por los tribu-nales, especialmente cuando ella dimana de la institución de un pro-ceso criminal contra el demandante, por la sencilla razón qúe ella tiende a debilitar la persecución del delito. 18'R.C.L. 11; 3 R.O.L. Supp. 774, y muy especialmente cuando se trata de un crimen que esencialmente afecta al público, 38 C. J. 385-86. Howell, Malicious Prosecution, par. 13; National Surety Co. v. Page, 58 F. (2d) 145.
“En segundo término, el informar la comisión de un crimen, lo que aquí hizo el demandado, a las autoridades correspondientes, no equivale a instigar un proceso criminal, a menos que la acusación se base en hechos falsamente imputados para inducir a una acción, 127 So. 188; porque los meros informantes de violaciones de la ley, no pueden quedar sujetos a responsabilidad alguna, por procesos origi-nados como consecuencia de una investigación practicada por el fun-cionario correspondiente. 156 N.E. 182; Am. Surety Co. v. Pujor, 115 So. 176.
“En tercer término, nuestro sistema criminal de enjuiciar es acusatorio, estableciéndolo así los arts. 95 al 109 de nuestro Código de Enjuiciamiento Criminal, en relación con los artículos 71 al 72 de dicho cuerpo legal . . . Quiñones v. Rosado, 28 D.P.R. 491.
“En cuarto término, el elemento malicia, tan esencial en estos casos, no puede confundirse con una mera negligencia, toda vez que la característica de ésta es la ‘inadvertencia’, o ausencia completa de una intención de perjudicar, mientras que la característica de la malicia es el propósito indebido de vejar, perjudicar, dañar, injuriar y este elemento debe quedar perfectamente alegado con hechos, y nunca con meras conclusiones de derecho, sin establecerse siquiera los hechos de que se-derivan. 18 R.O.L. 28.
“Una simple lectura de la demanda radicada en este caso revela ausencia completa de alegación de tan importante elemento. Código Penal de Puerto Rico, art. 559, par. 4. Smith v. Liverpool Insurance Co., 107 Cal. 432. Parés v. Ruiz, 19 D.P.R. 342.
“En quinto término, de una simple lectura de la demanda, se nota ausencia absoluta de hechos justificativos de falta de causa probable, surgiendo, por el contrario, una fuerte presunción de su exis-tencia, y en acciones de esta naturaleza, este elemento debemos con-siderarlo como principal (Bull v. Rowles, 93 Cal. 322), al extremo de que, faltando el mismo, aun cuando se alegue malicia, sería insu-ficiente la demanda.”

Se citan al efecto párrafos de las decisiones de esta corte en Parés v. Ruiz, 19 D.P.R. 342; Paganacci v. Lebrón, 24 D.P.R. 796; Torres v. Ramírez, 24 D.P.R. 876; Fuentes v. Martínez, 25 D.P.R. 84, y Rosado v. Rosado, 51 D.P.R. 115.

Estamos conformes con la corte sentenciadora en que la acción de persecución maliciosa no es favorecida por los tribunales, en que el informar la comisión de un crimen a las autoridades competentes no equivale, por sí solo, a ins-tigar un proceso criminal, en que nuestro sistema de enjui-ciamiento es acusatorio y en que el elemento malicia, esen-cial en estos casos, no pnede confundirse con la mera negli-gencia, pero no lo estamos en qne de una simple lectura de la demanda se nota la “ ausencia absoluta de hechos justifi-cativos de falta de causa probable,” ni en que se deduzca de la misma que la actuación del demandado fué meramente la de informar el funcionario encargado de perseguir a los in-fractores de la Ley la comisión de un delito, sin acusar ni denunciar al demandante, ni proceder con malicia.

En el caso de Parés v. Ruiz, 19 D.P.R. 342, 346, ci-tado con aprobación y aplicado en los de Benet v. Hernández, 22 D.P.R. 494, 503, y Rosado v. Rosado, 51 D.P.R. 115, 117, esta corte hablando por su Juez Asociado Sr. Mac Leary, dijo:

“En Jas acciones por persecución maliciosa, cuatro son los ele-mentos esenciales que deben alegarse y probarse, a saber:
“1. Que el demandante ha sido denunciado por el demandado.
“2. Que la causa terminó de modo favorable para el demandante.
“3. Que fué seguida maliciosamente y sin que existiera causa probable.
“4. Que el demandante sufrió daños.y perjuicios como conse-cuencia de ello. Field on Damages, artículo 686, pág. 544; 26 Cye. 8; Breneman v. West, 21 Tex. Civ. App. 21, 50 S.W. Rep. 471; Collins v. Campbell, 18 R.I. 738, 31 Atl. Rep. 832.”

Siguiendo esa pauta trazada desde hace cerca de treinta años y aplicada en 1915 y 1937, examinemos la demanda para ver si contiene los elementos esenciales integrantes de la acción.

El primero, o sea., que el demandante ha sido denunciado por el demandado, se alega en cuatro de los cinco hechos de que consta la demanda.

El segundo, esto es, que la causa terminó de modo favorable para el demandante, consta también alegado en el he-cho tercero de la misma.

El tercero, o sea que la causa fué seguida maliciosamente y sin que existiera causa probable, aparece repetidamente alegado, así: “el demandado . . . maliciosamente y a sabien-das de que no existía cansa probable para ello y con el fin premeditado de dañar la reputación y hombría de bien del demandante, acusó falsamente al dicho demandante . . ., im-putándole el haberlo agredido con un revólver . . . hecho dos, “en virtud de la acusación maliciosa y falsa del deman-dado contra el demandante, se inició . . . hecho tres.

Y, por último, que el demandante sufrió daños y perjui-cios, cuarto requisito, aparece alegado en el hecho quinto de la demanda.

Quizá ésta pudo ser más específica en algunos detalles pero tal como está la consideramos suficiente. No se trata de poner en conocimiento de las autoridades competentes el hecho de que un crimen fué cometido. [6] Fué el propio demandado, según la demanda, el que dijo haber sido agre-dido con un revólver — acto criminal en sí — y el que acusó como autor de la agresión al demandante actuando en la forma y con el propósito que en la demanda se expresan.

La circunstancia de- que el fiscal una vez practicada la investigación, formulara acusación basándose en declaracio-nes juradas de testigos, creyendo que existía justa causa para ello, no implica necesariamente que la declaración, acu-sación o denuncia del demandado no fuera el factor decisivo de su actuación.

Tenía el fiscal ciertamente el control del proceso, pero lo ■que lo llevó a instruirlo y a formular acusación, fué la de-nuncia del delito por el demandado y la- imputación que éste hizo contra el demandante. Ello surge de la demanda y si, como se dice en la misma, el demandado actuó maliciosa-mente, con el fin premeditado de dañar al demandante, im-putándole falsamente, a sabiendas de que no existía causa probable, la comisión del crimen, logrando que se le persi-guiera como se le persiguió formulándose en su contra acu-sación por el único funcionario que podía hacerlo de acuerdo con la ley, sometiéndosele a un juicio en el que' se le absolvió, causándosele los daños y perjuicios consiguientes, no vemos cómo pueda sostenerse que de la demanda no surja qne es responsable de los dichos daños, resultado de su conducta culpable.

“El medio para determinar la responsabilidad en una ac-ción por persecución maliciosa es: ¿Tuvo el demandado una participación.directa en poner la ley en vigor? Para que la acción pueda prosperar debe aparecer en forma afirmativa, como un elemento integrante del caso de la parte que reclama daños, que la parte a quien se pretende imputárseles fue la causa próxima y eficiente de que maliciosamente se pusiera la ley en movimiento. — Aquél que pone la maquinaria de la justicia en acción, motiva la ‘persecución,’ según se emplea ese término en la ley de persecución maliciosa. Eastman v. Leiser Co., 148 Minn. 96, 181 N. W. 109.” 38 C. J. 395.

Debe, en tal virtud, revocarse la sentencia apelada, decla-rarse sin lugar la excepción previa y concederse al deman-dado un término de diez días contado a partir del en que la sentencia de esta corte sea inscrita en la inferior, para que conteste la demanda.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Travieso

license: Public Domain

text:
    The Great American Indemnity Co., Néstor C. Colón y Francisco A. Santini, peticionarios y apelantes, v. Hon. José G. Bloise, en su carácter de Comisionado del Interior, Interino, et al., demandados y apelados.
    Núm. 8368.

    Sometido: Marzo 10, 1942.

      Resuelto: Mayo 19, 1942.

      Francis & Belaval, abogados de los apelantes; Hon. Procurador General George A. Malcolm y Angel C. Calderón, abogados del ape-lado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Los hechos alegados en la petición son, en síntesis los si-guientes :

En enero 29 de 1941, el Departamento del Interior del Gobierno de Puerto ■ Rico publicó un anuncio de subasta en el que solicitaba proposiciones para la adjudicación en pú-blica subasta de ciertas obras de construcción de un camino. El anuncio, en lo que es pertinente, decía;

“Toda proposición vendrá acompañada ele una fianza pagadera al Comisionado del Interior en metálico, cheque certificado, o por compañía de seguro por la suma de ochocientos dólares ($800).
“Cuando la fianza incluida con la proposición sea en forma de fianza por la compañía de seguro, la compañía aseguradora será res-ponsable por el montante total de la fianza expresando claramente esta condición en los documentos de la misma.”

En febrero 12, 1941 los peticionarios Colón y Santini ra-dicaron lina proposición en pliego cerrado, acompañada de una fianza otorgada por Great American Indemnity. Company, por la cual los licitadores y la compañía fiadora se obligan a favor del Comisionado del Interior por la suma penal de $800 — “in the penal sum of eight hundred ($800) Dollars”. La obligación que ofrecieron contraer los otor-gantes de dicha fianza, lee así:

“Ahora, por lo tanto, la condición de esta obligación es al efecto de que si a dicho principal le fuere adjudicado el mencionado con-trato, y dentro de los requeridos ( — ) días después de haber recibido aviso de tal adjudicación celebrare un contrato y constituyere fianza para el fiel cumplimiento del mismo, entonces esta obligación que-dará nula y sin efecto, de lo contrario, el principal y la fiadora pa-garán al beneficiario de esta obligación la diferencia en dinero entre el montante de la proposición del principal y la cantidad por la cual el beneficiario pueda contratar legalmente con otra persona para la ejecución de la obra, si esta última cantidad fuese mayor que la pri-mera; pero la responsabilidad de la fiadora no excederá en ningún caso de la suma penal aquí fijada.” (Itálicas nuestras.)

Alegan los peticionarios que la Junta de Subasta, des-pués de abrir la proposición por ellos sometida la rechazó y se negó a considerarla, alegando que la fianza es insuficiente y no se ajusta a los términos del anuncio publicado; que los peticionarios han hecho todas las gestiones posibles para conseguir que los demandados reconsideren su decisión, pero dichas gestiones han resultado infructuosas; que la propo-sición de lós peticionarios fué la más baja de todas las pre-sentadas a dicha subasta, estuvo hecha a tiempo y fué acom-pañada de fianza suficiente; que entre las. obligaciones im-puestas por la ley a los demandados está la de considerar toda proposición que cumpla con los requisitos de los anun-cios de subasta publicados por el Departamento del Interior; y que la proposición de los peticionarios fué rechazada injus-tamente, no obstante la clara obligación legal de los deman-dados de considerarla. Piden los peticionarios que se dicte auto de mandamus, ordenando a los demandados qne proce-dan a dar por presentada y a considerar la proposición “como recibida en debido tiempo de ley para la adjudicación de dicha subasta a los peticionarios”.

En sn contestación, los demandados niegan qne la propo-sición de los peticionarios fuera rechazada por el fundamento de insuficiencia de la fianza, alegando en contrario qne el verdadero fundamento para la no aceptación de la proposi-ción fue que la fianza no estaba prestada de acuerdo con los términos del anuncio de subasta;. niegan que la proposición de los peticionarios fuera la más baja de todas las presen-tadas a la subasta; y niegan, además, que ellos estén legal-mente obligados a considerar una proposición, cuando la fianza que la acompaña no se ajusta a los requisitos del anuncio. Y como defensas especiales los demandados alega-ron que el mandamus no procede a menos que vaya dirigido a hacer cumplir un específico y claro deber legal; que no existe un deber ministerial, impuesto por la ley, de ejecutar el acto cuyo cumplimiento se exige; que existiendo poder dis-crecional' en los demandados para ejecutar el acto, no debe librarse el auto que se solicita; y que no apareciendo claro el derecho de los peticionarios, no procede decretar el mandamus.

Declarada sin lugar la petición por sentencia de 27 de marzo de 1941, los peticionarios establecieron el presente re-curso, señalando como errores cometidos, a su juicio, por la corte inferior (1) haber resuelto que la fianza requerida por las leyes de Puerto Rico para poder acudir a una subasta de una obra pública, es confiscable en su totalidad por incumpli-miento, como si se tratara de un pacto sobre daños liquida-dos (liquidated damages), en vez de una fianza penal (penal bond) para responder de los daños realmente sufridos por el Gobierno por incumplimiento, y (2) haber resuelto que la Junta de Subasta tenía facultad o discreción para cambiar los términos o condiciones de una fianza estatutaria..

Es indudable que la fianza prestada por los peticionarios no se ajusta a los términos y condiciones del anuncio de su-basta. De acuerdo con éste, la fianza debía ser pagadera al Comisionado del Interior y podía ser constituida en dinero efectivo, en un cheque certificado o en forma de obligación suscrita por una compañía fiadora, debiendo hacerse cons-tar expresamente en el documento que la compañía fiadora se hace responsable por el montante total de la fianza. Los peticionarios en este caso optaron por la fianza corporativa, pero, prescindiendo de los términos y condiciones del anun-cio de subasta, ellos y la compañía fiadora se comprometie-ron a pagar al Comisionado del Interior de Puerto Rico, no la suma de $800, montante total de la fianza exigida, y sí “la diferencia en dinero entre el montante de la proposición del principal y la cantidad por la cual el beneficiario pueda con-tratar legalmente con otra persona para la ejecución de la obra”.

La primera cuestión que debemos considerar y resolver es si la Junta de Subasta y el Comisionado del Interior están legalmente facultados para exigir a los lieitadores la prestación de una fianza de acuerdo con las condiciones expuestas en el anuncio de fianza, supra.

El artículo 426 del Código Político (Comp. E. R. pág. 629) autorizó al Comisionado del Interior para formular un pliego de condiciones generales para la contratación de las obras públicas insulares, el cual habría de sustituir al decretado por el Gobierno de España, con fuerza y efecto de ley des-pués de ser publicado en la Gaceta Oficial y copia del mismo sometida a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.

La sección 7 del “Pliego de Condiciones Generales para la Contratación de Obras' Públicas Insulares”, formulado, publicado y sometido de 'acuerdo con las disposiciones del citado artículo 426 del Código Político, dispone lo siguiente:

“GARANTÍA QUE DEBERÁ ACOMPAÑAR A LAS PROPOSICIONES.-La ga-rantía que deberá acompañarse a las proposiciones especificadas en las condiciones particulares para la obra anunciada, será no más del 5 por ciento ni menos del¿£ por ciento del valor estimado de la obra. Será presentada en forma de un cheque certificado pagadero al Su-perintendente de Obras Púbicas', para ser renunciado en favor de El Pueblo de Puerto Rico (to be forfeited to the People of Puerto Rico) si el lieitador triunfante no cumple con la condición de celebrar un contrato por escrito con el Superintendente de Obras Públicas para comenzar la obra dentro del plazo señalado en las condiciones gene-rales de la obra adjudicada, cuyo p’azo no excederá en ningún caso de treinta días. ’ ’

⅞ Cuáles son las diferencias esenciales entre una es-tipulación para el pago de daños líquidos, “liquidated damages”, y una para el pago de una penalidad, “penalty”, en caso de incumplimiento de un contrato?

“§ 240. GeneRAlmente. — El término “liquidated damages” sig-nifica el montante de los daños que las partes contratantes, al cele-brar el contrato, se comprometen y convienen pagar en el caso de incumplimiento. Está bien sentado que las partes en un contrato pueden estipular por anticipado la cantidad que deberá pagarse por las pérdidas o perjuicios que puedan resultar del incumplimiento del contrato. Una estipulación de esta clase es válida y obligatoria, por lo menos en aquellos casos en que los daños resultantes de un incumplimiento del contrato no están fijados por ley o son por su naturaleza inciertos y cuando la cantidad estipulada no excede, ma-nifiestamente del daño que será sufrido. Ordinariamente, una corte de equidad no concederá remedio alguno contra una estipulación para el pago de daños liquidados.” 15 Am. Jur. 671.
‘ ‘ § 241. Distinción entre damos liquidados y penalidades (penalties). En cuanto se distingue de los daños liquidados, una pena-lidad es una suma que se fija en un contrato, no como la medida de compensación, sino más bien como un castigo por su quebrantamiento, o a manera de garantía por los daños reabnente sufridos como conse-cuencia del incumplimiento, y en ella va envuelta la idea del castigo. Es el pago de una suma convenida por el incumplimiento de un con-trato, independientemente del daño sufrido. Su esencia es un pago de dinero convenido como castigo impuesto a la parte que ha fal-tado, mientras que la esencia de los daños liquidados es una genuina y convenida preestimación de los daños. Se ha dicho que la dis-tinción entre una penalidad y los daños liquidados es que la primera es una garantía del acto que ha de realizarse, y los segundos deberán ser pagados en el caso de incumplimiento del mismo. Las partes están obligadas por una estipulación de daños liquidados. La can-tidad es fija y no está sujeta a cambios. Pero si la estipulación se considera como una penalidad, la parte que no fia cumplido puede ser releyada de su pago. Las cortes investigarán para poder deter-minar si es injusta o excesiva.” (Itálicas nuestras). 15 Am. Jur. 672.

Creemos innecesario resolver dentro del presente proce-dimiento si la fianza exigida por el anuncio de subasta es una de garantía de pago de los daños realmente sufridos (penal bond) o si es una fianza para el pago de daños líqui-dos. Lo que sí resolvemos' es que la fianza exigida por el anuncio de subasta en el presente caso se ajusta a los requi-sitos de la sección 7 del “Pliego de Condiciones G-enerales para la Contratación de Obras Públicas Insulares”, supra.

Aceptando, sin resolverlo, que la fianza exigida por la ley y por el anuncio de subasta debe ser de carácter penal, o sea para garantizar el pago de los daños que real-mente pueda causar el postor al negarse a celebrar el con-trato, debemos ahora considerar y resolver si la fianza ofre-cida por los peticionarios cumple con los requisitos legales-necesarios para que pueda ser considerada como una fianza de carácter penal.

Los peticionarios dicen en su alegato:

“No tenemos que recordarle a este ilustrado Tribunal la diferen-cia fundamental que existe en cuanto a una penalidad que sólo res-ponde de los daños realmente causados (“actual damages”) y una imposición de daños líquidos que independientemente de los daños causados puede ser confiscada en su totalidad.” (Itálicas nuestras.)

¿Responde la fianza ofrecida por los peticionarios ape-lantes de los daños que realmente pudiera causarle al Comi-sionado del Interior, la negativa del postor a celebrar un contrato, después de habérsele adjudicado la subasta? No. El principal y la fiadora se comprometen a pagar solamente la diferencia que pueda existir entre el montante de la pro-posición sometida por el peticionario y la cantidad por la cnal el Comisionado del Interior pueda contratar legalmente con otra persona para la ejecución de la obra, siempre que esa diferencia no exceda de la suma de $800. Estando limi-tada la fianza al pago de la indicada diferencia, en caso de que la hubiere, el Comisionado del Interior no tendría dere-cho a reclamar el pago de cualesquiera otros daños que pu-dieran serle realmente causados por el incumplimiento de la obligación. Debemos, pues, resolver y resolvemos que la fianza sometida por los peticionarios apelantes no tiene el carácter de un “penal bond” y que no cumple con los requi-sitos de la ley y del anuncio de subasta.- Los demandados no estaban ministerialmente obligados a aceptar cualquier clase de fianza que les fuera ofrecida por los peticionarios.

La sentencia recurrida debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado SeñoR Snyder

text:
    Rosa Dávila, demandante y apelada, v. Sucesión de Juan González Cruz, etc., demandados y apelantes.
    Núm. 8442.

    Sometido: Abril 17, 1942.

      Resuelto: Mayo 19, 1942.

      C. Domínguez Bubio, abogado. de los apelantes; Víctor M. Pons, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado SeñoR Snyder

emitió la opinión del tribunal.

Ésta es una apelación de una sentencia a favor de la demandante en un pleito en cobro de un pagaré. Éste estaba escrito a máquina originalmente y leía como sigue:

“Aibonito, Agosto 30, 1923. — Debo y pagaré a doña Rosa Dávila o a sus herederos forzosos la cantidad de dos mil dólares ($2,000) eon intereses al diez por ciento anual (10%), estipulando el 30 de Junio de cada año para el pago de intereses y para hacer efectivo el montante de este pagaré en cualquier año y para los meses de Mayo o Junio siempre que así lo deseare la acreedora. (Firmado) Juan González. ’ ’

Posteriormente los siguientes cambios fueron hechos con tinta en la faz del pagaré: un signo de intercalación fué puesto entre “mil” y “dólares”, la palabra “doscientos” fué escrita en el espacio interlineal sobre las palabras “dos mil”, y “ ($2,000) ” fué cambiado para que leyera “ ($2,200) ”.

Los apelantes se opusieron a que el pagaré fuera admi-tido en evidencia por el fundamento de que había sido alte-rado. La corte inferior resolvió que los apelantes, al no jurar .su contestación, habían admitido la autenticidad y otor-gamiento del pagaré. Artículo 119, Código de Enjuiciamiento Civil (ed. 1933). Pero dicho artículo no es aplicable a este caso, toda vez que la supuesta copia del pagaré contenida en la demanda no mostraba los cambios arriba indicados. Se-gún sé transcribe en la demanda, el pagaré leía como si se hubiera escrito a máquina originalmente por $2,200. El ar-tículo 119 no puede invocarse contra los apelantes para es-tablecer una admisión de la autenticidad de un documento diferente a aquél transcrito en la demanda.

No es necesario que consideremos qué efecto tiene una alteración en un instrumento negociable bajo la Ley Uniforme de Instrumentos Negociables (artículos 477-y 478, Código de Comercio, ed. 1932). En primer lugar, este pa-garé fué otorgado en 1923, y dicha ley, aprobada en Puerto Rico en 1930, específicamente dispone que “Las disposiciones de este título no son aplicables a los docnmentos negociables extendidos y entregados con anterioridad a sn vigencia.” (Artículo 547, Código de Comercio, ed. 1932.) Además, nn pagaré pagadero, como en el presente caso, a “Rosa Dávila o a sus herederos forzosos,” no cumple con la disposición del artículo 354 de la misma ley al efecto de qne “Para que sea negociable nn docnmento . . . será pagadero a la orden o al portador . . . ”. Véanse First Nat. Bank v. Mayor and City Council, 108 F. (2) 600; Kerr v. Smith, 142 N.Y.S. 57.

Sin embargo, aún en nn pleito basado en nn instru-mento escrito que no es negociable, la parte qne reclama bajo> el instrumento deberá explicar una alteración material que aparezca, en la faz del instrumento. Artículo 471, Código de Enjuiciamiento Civil, (ed. 1933). Dicho artículo dispone lo siguiente:

“La parte que presentare un escrita como auténtico, el cual hu-biere sido alterado, o pareciere haberlo sido después de su otorga-miento, en alguna parte que fuere material a la cuestión en contro-versia, deberá’explicar la alteración o su apariencia. Podrá probar que la alteración fué hecha sin su concurso por otra persona con quien no estaba en inteligencia, o que se hizo con el consentimiento' de las partes afectadas por ella, o de modo conveniente o sin malicia,, o que la alteración no variaba el sentido o efecto del instrumento.. Si esto hiciere, podrá presentar el escrito en evidencia, pero de lo contrario no le será permitido.” (Bastardillas nuestras.)

Una interlineación en tinta aumentando el importe de un pagaré escrito a máquina constituye una alteración material del mismo. Restatement, Contracts, sección 435; Williston on Contracts, edición revisada, vol. 6, secciones 1901, 1902; 86 American State Reports 96. El artículo 471 requiere una explicación satisfactoria de tal alteración aun cuando dicha alteración se haga antes de entregarse el instrumento. King v. Tarabino, 199 P. 890 (Cal.). Véanse también, Smith v. United States, 69 U. S. 219, 231; Ofenstein v. Bryan, 20 App. D. C. 1; Restatement, Contracts, sección 434, comentario a; Wigmore on Evidence, tercera edición, volumen IX, sección 2525; Williston, supra, secciones 1891-1917, inclnyendo el Suplemento Acumulativo de 1941. Cf. Stubbe Bros. Inc. v. Díaz, 43 D.P.R. 79, 81.

El otorgante del pagaré murió con anterioridad a la ra-dicación de este pleito. La demandante era su ex esposa, de quien él se había divorciado antes de otorgar el pagaré. La apelada declaró en su deposición que éste era “un pleito de $2,000 que le presté y $200 sin intereses” y que su yerno ha-bía escrito a máquina el pagaré original. El yerno estaba ■en corte durante el juicio y aunque el abogado de la apelada .indicó que él estaba allí con el fin de explicar la alteración ¡si la corte lo creía necesario, en realidad no se dió tal expli-cación. La declaración de la corte de que la alteración sólo afectaba el peso de la prueba fué claramente errónea. En vista de las circunstancias y en consonancia con el artículo 471 del Código de Enjuiciamiento Civil, la corte no debió ha-ber admitido en evidencia el pagaré alterado sin una expli-cación de su alteración, y por tanto debemos revocar la sen-tencia por ese fundamento.

Como será necesario un nuevo juicio, creemos conve-niente discutir algunas de las otras cuestiones suscitadas en este caso. La corte de distrito no erró al declarar sin lugar la moción de nonsuit por el fundamento de que el pleito, ra-dicado en 1932, era prematuro. Como indicó la corte inferior, “Hay prueba al efecto de que la demandante requirió de pago al causante de los demandados después de septiem-bre de 1928 y por consiguiente el deudor venía obligado a satisfacer su deuda en mayo o junio de 1929. Desde enton-ces la obligación está vencida y era exigible, pudiendo la de-mandante exigir su pago mediante la acción judicial en cual-quier tiempo, sin necesidad de un nuevo requerimiento.”

La principal defensa de los apelantes fué que la obligación representada por el pagaré había sido saldada me-diante el pago hecho por el otorgante mientras estaba vivo. Para establecer esta defensa, los apelantes ofrecieron pri-meramente el testimonio de nn banquero y el de la segunda esposa del otorgante, al efecto de que el otorgante les había dicho en fechas no especificadas que él había satisfecho el pagaré en cuestión en 1927, dándole al yerno de la apelada la cantidad de $2,100 con el fin de que construyera una casa para la apelada. Esas declaraciones eran testimonios de re-ferencia y la corte inferior no cometió error al excluirlos.

De igual manera la corte de distrito correctamente re-husó admitir en evidencia un pagaré en el cual el otorgante había hecho la siguiente anotación:

“Ago constar en este pagaré que esta obligasión fué pagando una obligasión que tiene Doña Rosa dabila la cual no melan entregado la cogió Maner de Jesús Melendre para eontrusión déla casa que tiene en la caretera der Guarter la cantida era de dos mil dolares la que dejo esqurita con mi firma. (Firmado) Juan González Cruz.”

Las declaraciones fueron al efecto de que la anotación fué hecha después que el pagaré mismo había sido otorgado y pagado, y fué hecho siguiendo el consejo de su banquero con el fin de evitarse un pleito contra la apelada para obte-ner y cancelar el pagaré en cuestión por el fundamento de que había sido pagado. Éste era un escrito en beneficio pro-pio (self serving) hecho deliberadamente con el fin de pro-veer evidencia, por lo menos ocho meses después del suceso. Apenas puede ser caracterizado como parte del res gestae. Montaner v. Comisión Industrial, 54 D.P.R. 781, 783; Pueblo v. Calventy, 34 D.P.R. 390; Chaffee, The Progress of the Law, 1919-1922, Evidence, 35 Harvard Law Review 428, 447, 448; Morgan, A Suggested Classification of Utterances Admissible as Bes Gestae, 31 Yale-Law Journal 229; Wigmore on Evidence, tercera edición, vol. VI, secciones 1747, 1750, 1753, 1756.

Sin embargo, había una parte del testimonio que de-bió haber sido admitida. Algunas veces un acto puede ser susceptible de más de una interpretación, y la intención de la parte que realiza, el acto viene a ser esencial. En dicho caso es admisible una declaración contemporánea escrita n oral de la intención del actor. Lee v. Mitcham, 98 F. (2) 298 (C.C.A. D. C.); Mutual Life Insurance Co. v. Hillmon, 145 U. S. 285.

En el presente caso la corte inferior impropiamente ex-cluyó el testimonio de la viuda del otorgante al efecto de que él le había dicho a ella que iba al banco ese día a tomar a préstamo $2,100 para dárselos a su yerno en pago del pa-garé en cuestión. Ésta fué una declaración contemporánea de su intención al realizar un acto ambiguo (la entrega de $2,100 a su yerno) que era susceptible de diversas interpre-taciones. El hecho de que la declaración fuera hecha antes del acto no afecta la aplicación de la regla. En verdad, la mayor parte de las declaraciones contemporáneas son hechas inmediatamente antes o después, en vez de durante el acto.

No podemos determinar si esta misma regla- puede ser invocada en favor de una declaración similar hecha al ban-quero en la fecha en que el otorgante solicitó el préstamo de $2,100. Eso depende en gran parte en cuánto tiempo des-pués los $2,100 fueron entregados al yerno. El récord no demuestra el tiempo que transcurrió entre estos dos hechos. Si esas fechas son establecidas en el nuevo juicio, la corte de distrito se verá en la necesidad de determinar si la anterior declaración hecha al banquero fué una declaración con-temporánea dentro de la regla.

La corte de distrito declaró como hechos probados que el otorgante cogió a préstamo $2,100 y que los ingresó en la cuenta de banco de su yerno, y los cuales éste usó para construir una casa en la cual la apelada, su hija y su yerno han vivido desde aquella fecha. La corte de distrito, sin embargo, resolvió que no se había demostrado que el yerno fuera el agente de la apelada para recibir el pago a nombre de ella o de que la apelada había ratificado tal agencia al aceptar sus beneficios. Convenimos con la corte de distrito en que los apelantes deben establecer mediante evidencia competente una de estas alternativas para que prevalezca su defensa de pago. Schweitzer v. Bank of America N. T. and S. A., 109 P. (2d) 441, 445 (Cal.); Restatement, Agency, sec-ciones 98, 99. Los apelantes no cumplirán con esta obliga-ción si descansan, como lo ban hecho en esta apelación, en la mera residencia de la apelada en la casa en cuestión.

Este pleito fué radicado en 1932 a base de una obliga-ción que se alegaba estaba vencida en 1929. No se celebró el juicio hasta 1938. La corte de distrito tuvo bajo su con-sideración la moción de nonsuit hasta 1940. El caso se de-cidió en sus méritos en 1941. No intentamos fijar la respon-sabilidad de esta situación en la corte de distrito o en cual-quiera de las partes, pero creemos conveniente invocar la tantas veces repetida admonición de que “Justicia demorada, es justicia denegada” (Justice delayed, is 'justice denied.). Éste es un caso sencillo en el cual el testimonio debe ser comparativamente corto. Debe ser resuelto prontamente me-diante nuevo juicio.

La sentencia de la corte de distrito será revocada y de-vuelto el caso para nuevo juicio, y procedimientos ulteriores no inconsistentes con esta opinión.


author: El Juez Presidente Señor Del Turo

text:
    Eugenio Rodríguez Suárez, demandante, apelado y apelante, v. The San Juan Fruit Co., demandada, apelante y apelada.
    Núm. 8310.

    Sometido: Marzo 25, 1942.

      Resuelto: Mayo 20, 1942.

      Damián Monserrat, Jr., Gabriel de la Haba y Bafael Baragaño, Ir., abogados del apelado y apelante; B. H. F. Dottin, abogado de la apelante y apelada.
   El Juez Presidente Señor Del Turo

emitió la opinión del tribunal.

Titulóse este pleito en un principio de “Bescisión de contrato y daños y perjuicios.” Alegó la demandada que la demanda no aducía cansa de acción, y la corte declaró sn excepción con lugar.

Enmendó el demandante sn demanda, titulando su acción de “Resolución de contrato de compraventa, saneamiento y daños.” Pidió la demandada la eliminación de la demanda enmendada y la corte desestimó su petición. Excepcionó en-tonces la demanda, y sus excepciones se declararon sin lugar. Contestó.

Trabada la contienda, fné el pleito a juicio, quedando re-suelto por sentencia de marzo 27, 1940 que declaró “resuelto el contrato de compraventa celebrado el 20 de diciembre de 1920 entre el demandante y la demandada” y condenó a ésta a devolver a aqnél “seiscientos dólares, importe del precio de dicho contrato, con intereses al 6 por ciento anual y, ade-más, $1,100 que tuvo que pagar el demandante al Sr. Ruiz de Porras y $600 de gastos y honorarios de ahogados incu-rridos por el demandante en los pleitos anteriores, con cos-tas y honorarios de ahogado que se fijan en $200.”

Contra esa sentencia apelaron ambas partes, la deman-dada de su totalidad y el demandante porque le negó su ale-gado derecho a recobrar el importe de las cañas sembradas en la finca de que se trata. Ambos recursos se tramitaron conjuntamente y serán considerados en esta opinión, comen-zándose por el de la demandada, y resueltos por una sola sentencia.

Cuatro errores señala en su alegato la apelante como cometidos por la corte sentenciadora (a), al permitir al de-mandante variar su causa de acción; (b), al no declarar prescrita la acción ejercitada; (c), al resolver que la deman-dada fue suficientemente notificada de la existencia del pleito en que se resolvió que la finca de que se trata pertenecía a la Star Fruit Company, y (d), al no declarar culpable de negligencia al demandante y al no desestimar su acción por tal motivo.

⅜Varió su causa de acción el demandante? Ya dijimos que la tituló primero “de rescisión de contrato y da-ños y perjuicios” y luego “de resolución de contrato de com-praventa, saneamiento y daños.” Aparentemente hubo, pues, un cambio, pero para saber si en verdad la causa fué variada o siguió siendo la misma que desde un principio surgía, aun-que de modo imperfecto, de los hechos alegados, precisa co-nocer las dos demandas.

En la primera el demandante alegó en resumen que la demandada The San Juan Fruit Co., una corporación del Estado de Nueva York, con su oficina principal en Dunkirk, Nueva York, que hacía negocios en esta isla, donde tenía su representante, le vendió en $600 por escritura pública otor-gada en diciembre 20, 1920, la finca de diez cuerdas que describe; que tomó posesión de la misma y la cultivó de cañas de azúcar, vendiéndola en $1,200 a F. Ruiz de Porras, cuya venta fué rescindida por sentencia, teniendo el demandante que devolver a Ruiz de Porras el precio que le pagara; que al ir a tomar posesión de nuevo de la finca, no pudo hacerlo porque The Star Fruit Company, una corporación extranjera que hacía negocios en la isla, se había posesionado de la misma y se negó a entregársela, motivo por el cual inició contra ella un pleito de reivindicación que fué fallado en contra suya por entender la corte que la finca era propiedad de The Star Fruit Company y no de su vendedora, The San Juan Fruit Company, demandada en este pleito.

Excepcionada la demanda por falta de hechos determi-nantes de la acción ejercitada, la corte declaró la excepción con lugar, por no alegarse’ninguno de los vicios que especi-fica el artículo 1243 del Código Civil, ed. 1930, como deter-minantes de la rescisión de los contratos. En su orden la corte llamó la atención a la frecuencia con que se confunden los términos rescisión y resolución y concedió permiso par.a enmendar.

La enmienda fue presentada con el título que conocemos. Permanecieron en ella las alegaciones básicas de la primera demanda que dejamos resumidas, alegándose además que el demandante puso en conocimiento de la demandada por me-dio de su apoderado en esta isla el hecho de que Ruiz de Po-rras lo había demandado pidiendo la resolución del contrato por haber sido molestado en la posesión de la finca, y el de que fallado el pleito a favor de Ruiz de Porras, no pudo po-sesionarse de nuevo de la finca por ocuparla The Star Fruit Company, a quien había demandado en reivindicación, pidién-dole en tiempo ayuda para esclarecer los hechos, limitándose la demandada a prestarle un plano de las fincas de su pro-piedad de las cuales se había segregado la vendida al de-mandante; que siguió con toda diligencia el pleito de reivin-dicación, que se falló en su contra por sentencia que quedó firme, perdiendo en su consecuencia todo derech.0 a recobrar la finca que le vendió la demandada haciendo ostentación de ser su dueña y obligándose al saneamiento en caso de evic-ción.

Siendo ése el caso, creemos que tuvo razón la corte sen-tenciadora al resolver que la causa de acción no fue variada. Aunque se tituló de rescisión en la demanda original, nunca lo fue, siéndolo desde entonces, en caso de existir, de resolu-ción, y es bien sabido que son los hechos alegados y no el título los que constituyen la base determinante de la existen-cia de la causa de acción. The Juncos Central Co. v. Rodríguez, 16 D.P.R. 302, 308.

Y a esa conclusión llegaríamos siempre aunque existiera duda sobre si la acción ejercitada era la típica de resolución o más bien la especial de saneamiento, porque sus hechos básicos continuarían siendo iguales en las dos demandas, per-feccionada la segunda a virtud de la enmienda consistente en las adiciones a que acabamos de referirnos. No fué, pues, cometido el primero de los errores señalados.

Alterando el orden del señalamiento de errores, pa-saremos ahora al estudio del tercero.

Sostiene la apelante que no habiendo su comprador, el demandante, cumplido con lo ordenado expresamente por la ley en cuanto a la notificación de la demanda de evicción, no viene ella, la vendedora, obligada al saneamiento, y a pri-mera vista parece que le asiste la razón, mas no así si se es-tudia detenidamente el caso.

Dispone el artículo 1350 del Código Civil, ed. 1930, que el vendedor está obligado a la entrega y saneamiento de la cosa objeto de la venta, y seguidamente el 1351 que se en-tenderá entregada la cosa vendida cuando se ponga en poder y posesión del comprador, equivaliendo el otorgamiento de la escritura pública a la entrega cuando se haga la venta por ese medio.

No hay cuestión en este pleito sohre la entrega de la cosa vendida. No sólo se celebró el contrato mediante escritura pública si que el comprador de hecho se posesionó de la finca y la cultivó, vendiéndola a su vez a otra persona.

Pero sucedió que esa otra persona fué inquietada en la posesión y pidió y obtuvo ante las cortes la resolución del contrato y al ir el demandante a tomar posesión de nuevo, encontró la finca ocupada por The Star Fruit Company que se negó a entregársela, y ante esa situación la demandó, per-diendo el pleito por sentencia basada en que la verdadera dueña lo era la ocupante y no el demandante ni su vende-dora The San Juan Fruit Company. Y fué entonces que surgió el deber de sanear que la ley y el contrato impusie-ron de consuno a la demandada.

Tendrá lugar la evicción cuando se prive al comprador, por sentencia firme y a virtud de un derecho anterior a la compra, de toda o parte de la cosa comprada, dice el artículo 1364 del Código Civil, ed. 1930, y agrega el 1370 que el ven-dedor sólo estará obligado al saneamiento que corresponda, cuando resulte probado que se le notificó la demanda de evic-ción a instancias del comprador.

Sobre el hecho de haber quedado privado el comprador en este caso de la cosa comprada por sentencia firme y a virtud de un derecho anterior a la compra, nos parece tan claro que así sucedió, que no nos detendremos en discutirlo. La peculiaridad de este caso consiste en que en él no pudo ser citada de evicción la vendedora porque el demandante comprador no fué demandado, si que no hallándose en po-sesión de la cosa vendídale, se vió obligado a demandar al que se posesionó de la misma. Y sería injusto privar a un comprador en situación semejante de su derecho al sanea-miento.

Con el pensamiento puesto en situación semejante, co-mentando Manresa disposiciones del Código Civil español iguales a las del nuestro, se expresa como sigue:

“Por último, la sentencia firme que determina el hecho de la evieeión, ¿ es menester que recaiga en un procedimiento en el cual el comprador sea precisamente demandado? Así parece deducirse de la letra de los artículos 1,481 y 1,482, que hacen depender el derecho al saneamiento del hecho de la notificación de la demanda que contra el comprador se dirija.
“Supongamos, sin embargo, el siguiente caso: Un comprador es víctima de una perturbación de hecho; como tiene acción directa contra el perturbador, interpone el correspondiente interdicto; pero el Tribunal no da lugar a él, reservándole el ejercicio de la acción reivindieatoria si estima que le asiste. Otro caso: un tercero pro-mueve contra el comprador interdicto de retener o de recobrar la posesión, y obtiene resolución en su favor. El comprador entonces pretende reivindicar el objeto o finca o derecho que se le ha arreba-tado, y para ello notifica oportunamente al vendedor. .Si seguido el juicio se declara que la propiedad pertenecía en el primer caso al que aparece como perturbador y que en realidad resulta no serlo, o en el segundo al que interpuso el interdicto, ¿puede interponerse contra el vendedor la acción de evieeión para obtener el saneamiento ?
“En nuestra opinión, sí. ¿Qué importa que el comprador haya sido demandante o demandado en ese pleito? Lo cierto es que en el procedimiento adecuado, por mandato del Juez competente y en vir-tud de causa anterior a la compra (lo cual se supone en el ejemplo propuesto), el comprador se ha visto desposeído de la cosa comprada. Estos hechos, y no otros, son los que dan lugar al saneamiento, y a ellos hay que atender: el que el comprador sea demandante o de-mandado es cuestión puramente circunstancial que nada puede influir en la efectividad de los derechos. Debe exigirse al comprador desde luego que antes de interponer el juicio ordinario requiera al ven-dedor para que le defienda o le suministre medios de defensa; pero una vez cumplido este requisito, que viene a ser en este caso lo que la notificación de la demanda en el caso de que el comprador sea demandado, el derecho de éste al saneamiento es para nosotros in-dudable.
“Pero la acción reivindieatoria ¿podrá entablarla el comprador? ¿No será más bien un derecho, o, si se quiere, hasta una obligación del mismo vendedor, que responde de la evieeión? Para nosotros, la acción reivindieatoria es inseparable del dominio, y como el dueño, mediante la tradición, es el comprador, a él corresponde entablar la acción, aunque el vendedor le preste ayuda y defensa.” 10 Man-resa, Comentarios al Código Civil, 4ta. ed., 1931, Editorial Reus, pág. 169.

Parece propio llamar la atención hacia el hecho de que la alegación de notificación a la vendedora quedó comprobada en el juicio al demostrarse que el demandante puso en cono-cimiento de la demandada mediante cartas la existencia del pleito de reivindicación que se vió obligado a iniciar contra The Star Fruit Company; que requirió la ayuda de dicha demandada, notificándola en tiempo del señalamiento del jui-cio y advirtiéndole de que lo que fuera a hacer debía hacerlo en seguida, limitándose la demandada a prestarle un plano y a que su agente fuera a declarar como declaró en el juicio. Las anteriores dificultades que tuvo el comprador también demuestra la evidencia que fueron puestas en conocimiento de la vendedora. Todo ello constituye, a nuestro juicio, un cumplimiento sustancial de la ley, no habiendo en su conse-cuencia cometido la corte el tercero de los errores que se le atribuyen.

Veamos ahora si erró o no al declarar que la ac-ción ejercitada no había prescrito.

Ambas partes están conformes en que el término de pres-cripción aplicable es el de quince años, pero difieren en el punto de partida para su computación. Para la demandada ese punto es el de la fecha de la consumación del contrato de compraventa, o sea, aquella en que el demandante entró en posesión de la cosa vendida, en este caso diciembre 20, 1920. Para el demandante el término no empieza a correr hasta la fecha en que se resuelve por sentencia que la finca no per-tenecía al comprador a virtud de un derecho anterior a la compra, en este caso noviembre 28, 1934.

A nuestro juicio, disponiendo como dispone el artículo 1369 del Código Civil, ed. 1930, que el saneamiento no podrá exigirse hasta que haya recaído sentencia firme por la que se condene al comprador a la pérdida de la cosa adquirida o de parte de la misma, el término no comienza a correr hasta el momento en qne la obligación es exigible, no ha-biendo por tanto errado la corte de distrito al así resolverlo.

Tampoco erró dicha corte al declarar sin lagar la, de-fensa de negligencia {laches).

En su relación del caso y opinión dijo la corte sentencia-dora: “Se ha probado, además, qne el demandante se dilató .en la tramitación de sns pleitos debido' a qne tuvo qne cam-biar de abogados dos veces y además por falta de recursos.” Y así fue en efecto. No obstante lo largo de este proceso de contratos, dificultades y pleitos se advierte a través del mismo que el demandante personalmente hizo cuanto pudo por defender la propiedad que había comprado, perdiéndola al fin de modo definitivo porque falló el título de su ven-dedor.

Se insiste por la demandada apelante en que el deman-dante pudo y debió apelar de la sentencia que declaró- sin lugar su demanda de reivindicación y no lo hizo.

No estamos conformes en que la apelación fuera un de-ber ineludible. Si el demandante quedó convencido de la justicia del fallo, no tenía la obligación de apelar. Y al to-mar esa actitud' no perjudicó su derecho al saneamiento. Como dice Manresa en sus ya citados comentarios:

“¿Podrá el vendedor negarse a la obligación de sanear alegando qne si bien bay nna sentencia firme qne condena al comprador, tal sentencia es firme por la voluntad de éste? Entendemos que no, y que el derecho del comprador no sufre el más mínimo perjuicio por no haber apelado.
“La razón es clara, en nuestra opinión: en primer lugar, el Có-digo exige una sentencia firme, y como uno de los modos por los que puede quedar legalmente firme una sentencia es por el consentimiento de los litigantes, y esto no se le podía ocultar al Código, es visto que en existiendo una sentencia firme, sea cual fuese el origen (siempre origen legal) de su firmeza, se debe entender satisfecha la exigencia de la ley. E11 segundo lugar, el vendedor ha sido notificado de la demanda, ha podido muy bien seguir el pleito y hacer uso de todos los recursos posibles; si no lo ha verificado, impútese las consecuen-cias de su omisión. No tiene en realidad derecho a pedir del compra-dor una diligencia que él no ha tenido y que estaba más obligado a observar, puesto que la causa de la evicción ha de ser anterior a la compra, como después veremos.” 10 Manresa, Comentarios al Có-digo Civil, 4ta. ed., 1931, Editorial Reus, pág. 166.

No es este caso en verdad un modelo de gestión legal por parte de un comprador que se encuentre en la situación en que se encontró el demandante. Mucho de deficiente se ad-vierte en él desde un principio, pero por encima de todas las deficiencias surge el hecho fundamental de la pérdida de la propiedad vendídale porque su vendedor no era dueño de la misma. Y es ese hecho el que debe predominar para impar-tir justicia en el mismo de acuerdo con las claras prescrip-ciones de la ley.

Procederemos ahora al estudio del recurso interpuesto por el demandante. Un solo error señala, el que imputa como cometido por la corte al declarar que el importe de las cañas que el demandante sembró y cultivó, no puede determinarse, por no existir prueba específica a ese respecto.

• Al discutirlo, el apelante transcribe en su alegato la prueba que a su juicio existe y que consiste en su propia declaración. La hemos leído y pesado y la encontramos im-precisa, contradictoria a veces. Además, ella misma pone de manifiesto la existencia de otra prueba concreta sobre el particular — las cuentas de la Central Yannina — que no fué presentada. La conclusión a que llegó la corte está, pues, justificada. No hubo error.

Deben desestimarse ambos recursos y confirmarse en to-das sus partes la sentencia apelada.

Los Jueces Asociados señores De Jesús y Todd, Jr., no intervinieron.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Salvador R. Quiñones, patrono, peticionario ante la Comisión Industrial, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., demandada y El Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurridos.
    Núm. 240.

    Sometido: Abril 6, 1942.

      Resuelto: Mayo 20, 1942.

      Jorge Benitez Gautier, abogado del recurrente; Hon. Procurador General George A. Malcolm, M. Rodriguez Ramos, Procurador General Auxiliare y Guillermo Atiles Moréu, Angel de Jesús Ma-tos y Joaquín Correa, abogados los tres últimos del Fondo del Seguro del Estado, abogados del Administrador del Fondo.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

El recurrente Salvador Quiñones, ingeniero civil, alega que en abril de 1937 contrató la instalación en las calles de Mayagüez de una tubería para el desagüe de aguas negras y que al asegurarse en el Fondo del Estado, el Administra-dor clasificó la obra bajo la clave 6306, prima $11.15 por cada cien de jornales.

No conforme, apeló para, ante la Comisión Industrial, ale-gando que la clave aplicable era la 6319, prima $5.75 por cada cien de jornales. La Comisión le dió la razón y llevado el asunto al Tribunal Supremo, éste confirmó a la Comisión por sentencia de marzo 11, 1938, 52 D.P.R. 826.

El trabajo ejecutado por el recurrente en Mayagüez duró basta julio 14,1988, fecba en que el Fondo del Estado liquidó su póliza, tomando como base la clave 6319, más no la prima del año económico inicial 1936-37, pues en vez de hacerlo a razón de $5.75 por ciento, aplicó el tipo según fué aumentado a principios de cada año económico siguiente, a saber: mayo 17 a junio 30, 1937, $5.75 por ciento; julio 1, 1937, a junio 30, 1938, $10.51 por ciento, y julio 1 a julio 14, 1938, $9.75 por ciento.

Aunque el Administrador del Fondo consideraba al recu-rrente como un patrono ocasional, aumentó y cobró los tipos del seguro según su interpretación unilateral del estatuto conforme a la práctica seguida basta febrero 14, 1940, en que la Corte Suprema resolvió el caso de Miró v. Comisión Industrial, 56 D.P.R. 127, y así desde abril 30, 1937 en que se expidió la póliza basta la liquidación final, el Administrador practicó varias liquidaciones semestrales, pagando siempre el recurrente bajo protesta las primas que se le cobraron.

Después de la liquidación final como resultado de la cual el Administrador le cobró de más $3,340.85, el recurrente le pidió una rectificación aplicando un solo tipo, el de-$5.75 por ciento, y el Administrador se negó por entender que la ley le confería autoridad para variar anualmente los tipos de prima fijados en el contrato de seguro original aun cuando se tratara de patronos ocasionales, criterio contrario a lo re-suelto por el Tribunal Supremo en Miró v. Comisión Industrial, supra.

El recurrente apeló de la resolución del Administrador para ante la Comisión Industrial y ésta resolvió el caso en su contra. Pidió reconsideración y le fué negada. Interpuso entonces el presente recurso de revisión ante este tribunal.

Los hechos alegados por el recurrente pueden to-marse como ciertos excepción hecha del relativo al pago bajo protesta que no fué comprobado y con la aclaración de que la gestión sobre devolución de lo pagado de más conforme a la regla establecida en la decisión de Miró v. Comisión Industrial, supra, se hizo despnés de febrero 14, 1940, fecha de dicha decisión.

La cnestión a resolver es, pnes, la de si interpretada por esta Corte Suprema en febrero 14, 1940, la ley aplicable en el sentido de qne cnando se trata de patronos ocasionales la prima qne debe cobrarse es la fijada al otorgarse la póliza annqne la obra dnre varios años, está el Fondo del Seguro del Estado obligado a devolver primas cobradas y pagadas sin protesta en los años 1937 y 1938 de acuerdo con la prác-tica entonces seguida que era la de cobrar las primas fijadas anualmente por el Administrador aunque fueran mayores o menores que las del año en que la póliza se otorgara.

La Comisión decidió que no existía tal obligación porque si bien se pagó algo indebido de conformidad con la ley tal como quedó interpretada por este tribunal, el pago se hizo por error de derecho y no de hecho, en cuyo caso no procede la devolución de lo pagado. Parece justo transcribir el ra-zonamiento de la propia Comisión por su ponente el Sr. M. León Parra. En lo pertinente dice:

“No hay duda, con vista de la resolución de nuestro Hon. Tribunal Supremo de 14 de febrero de 1940, dictada en el caso del pa-trono Sr. Manuel Miró, que el del caso del epígrafe Sr. Salvador Quiñones, incurrió en error al pagar al Administrador del Pondo del Estado, primas distintas a la de 5.75 por ciento, durante los dos años subsiguientes al año económico 1936-37 en que tuvo necesidad de tener asegurado a sus obreros para el riesgo ‘extensión de tube-rías.’ Pero ello supone la comisión por su parte de un error de derecho al interpretar equivocadamente el alcance de una ley, y el efecto de esta clase de error, según resolvimos en el caso de Soller Sugar Co., peticionario, sobre ‘Cobro indebido de recargos de pri-mas atrasadas’ dictada por esta Comisión con fecha 14 de julio de 1937, que aparece en la página 333 y siguientes del Yol. Núm. 5 de las Decisiones de esta Comisión Industrial de Puerto Rico ‘la ley y la jurisprudencia entienden que al pagar el patrono (Quiñones) lo hizo por ignorancia de la Ley en vigor, en cuyo caso cometió error de derecho y la ley no lo ampara para pedir la devolución de lo pagado.’
“Transcribimos allí el comentario que el tratadista Sr. Manresa y Navarro hace del artículo 1895 del Código Civil Español, equiva-lente al 1795 del nuestro que dice así:
“ ‘1. Concepto jurídico del cuasicontrato del cobro de lo inde-bido ... es preciso, en primer término, que el que recibe en pago la cosa objeto del mismo no tenga derecho a percibirla o a cobrar, pues de lo contrario, no sería indebido el cobro hecho por él. Es también condición indispensable de este cuasicontrato, que el pago ;se haga por error, pues de faltar éste no habría sido indebidamente entregada la cosa con que se realizó . . .
“ ‘Pero aunque el artículo no determina la clase de error que ha de concurrir en el pago, desde luego se comprende que éste ha de ser el de hecho, porque el de derecho no aprovecha a nadie, y no puede, por lo tanto, originar dicho cuasicontrato.
“ ‘Así resulta no sólo del espíritu del Código, sino también hasta de la letra del mismo, pues, como ha dicho el Sr. Pedregal, recta-mente estudiando el art. 1901 (1801 C. C. de P. R.), dentro de su precepto está el ‘ ‘ que la devolución de lo cobrado, y la indemnización de perjuicios en su caso, procede sólo cuando ha habido error de hecho en el pago; porque si se entregare una cosa en propiedad sa-biendo que no se debe, se revela tácitamente la intención de realizar un acto de liberalidad que en nada debe obligar al que la recibe, porque a nadie pueden imponérsele obligaciones en el orden civil sin su libre consentimiento.”
“ ‘De la misma opinión son el Sr. Sánchez Román y el Sr. Falcon, el cual afirma que si la paga se hizo por error de derecho, ni existe el cuasicontrato, ni está obligado <a la restitución el que cobró, aunque no se debiera lo que se pagó.
“ ‘Esta era también la regla de derecho reconocida en la legis-lación anterior al Código, según la que era igualmente requisito indispensable del cuasicontrato mencionado el error de hecho por parte del que paga, pues si pagó indebidamente a sabiendas de que no debía, o si lo hizo con certeza en el hecho, pero con error en el de-recho por no ser exigible civilmente la deuda, como, por ejemplo, si lo debido lo era en virtud de una obligación natural, entonces no existía dicho cuasicontrato, y, en su virtud, no podía reclamarse la devolución, reputándose en tal caso que tuvo intención de donar lo entregado en dicho concepto.’ (Bastardillas nuestras.)
“Y continuamos diciendo en esa sentencia:
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“ ‘Este principio no es exclusivo de nuestra Legislación Civil Común de origen romano y contextura francesa; y así tenemos que en los Estados Unidos de Norte América, se sustenta un principio igual, según vamos a ver: Se lee en 30 CYC 1313 como sigue:
“ ‘H Mistake. — Of Law. 9 a. General Rule. — Except where it is otherwise provided by statute, the general rule is that a voluntary payment made under a mistake or in ignorance of the law, but with full knowledge of all the facts, and not induced by any fraud or improper conduct on the part of the payee, cannot be recovered back. And in so far as this rule is concerned, there is no difference between ignorance and mistake of law. It applies to a corporation as well as to a natural person, and in equity as well as in law.
“ ‘En un caso de la Corte de Apelaciones del Estado de Nueva 'York, el de Neiuburg Sav. Bank v. Town of Woodbury, 173 N. Y. 55-1903, se desarrolló con gran claridad este principio invocándose en el cuerpo de la opinión, copiosa jurisprudencia en refuerzo de la resolución.
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“ ‘La Corte de Apelaciones . . . dijo:
“ ‘ “Creemos que la regla general de que dinero pagado bajo un error de derecho no puede ser recuperado, la cual fué expuesta y aplicada en estos casos, es aplicable al que pende antes nos ... El demandante adelantó dinero al pueblo sobre sus bonos con el pro-pósito específico de hacer posible que el pueblo cumpliese con lo que supone era su obligación hacia los soldados conscriptos y estos últi-mos recibieron el dinero por virtud de la Ley tal como existía, bajo reclamación de un derecho. Todas las partes suponían en aquella fecha que los* soldados conscriptos tenían derecho al dinero y que era su derecho luego el recibirlo. Ahora resulta que todos estaban equivocados; pero la equivocación fué una de Ley, por lo tanto, los soldados conscriptos que recibieron el dinero bajo esas circunstan-cias no están en obligación hacia el demandante de devolver lo que han recibido.” ’ ”

Ésa ha sido la constante jurisprudencia de este propio Tribunal Supremo. Véanse los casos de Arandes v. Báez, 20 D.P.R. 388; Am. R. R. Co. of P. R. v. Wolkers, 22 D.P.R. 283; Sucesión Marín v. Municipio de Arecibo, 28 D.P.R. 515, y Silva v. Sucn. Caratini, 51 D.P.R. 778.

Pero el recurrente insiste en que a su caso no es aplicable la doctrina general del pago de lo indebido, si que su pago, dadas las circunstancias que en él concurrieron, debe consi-derarse como involuntario, siendo en su consecuencia claro su derecho al reintegro una vez que quedó establecida su ile-galidad por la sentencia de esta corte que aunque posterior al mismo constituye la ley desde un principio. A. Cuesta & Cía. v. Sancho Bonet, Tes., 54 D.P.R. 87.

Para sostener su contención cita el recurrente parte del párrafo 181 del tratado sobre “Payment” de Ruling Case Law. Todo el párrafo expresa:

“La regla general al efecto de que un pago voluntario hecho mediante error de derecho mutuo no puede ser recobrado, ha sido invocada frecuentemente como una defensa en recursos instituidos contra funcionarios públicos con el fin de recobrar supuestos dere-chos (fees) ilegales exigidos por ellos. Pero las cortes generalmente favorecen el punto de que si se hace una reclamación ilegal por cual-quiera persona que desempeña un cargo oficial, so color de autoridad para exigirla, y tal reclamación constituye una restricción del ejer-cicio de un derecho o privilegio indubitado, y en su ejecución no hay oportunidad de impugnar su validez, el pago de la reclamación con el fin de eliminar tal restricción, es obligatorio y no voluntario. De este modo, está firmemente establecido que cuando se exige dinero por un funcionario público en exceso de sus derechos legales, y le es pagado, para obtener el cumplimiento de un deber oficial, al cual la parte tiene derecho sin efectuar tal pago, procede una acción para recobrar el dinero, como pagado involuntariamente. Por ende, la exigencia por un oficinista o cualquier funcionario, con la oposición de una parte, de derechos ilegales como condición para radicar un documento en su oficina-, a la radicación del cual la parte tiene de-recho, hace obligatorio el pago de tales derechos. De igual manera, un comisionado de embarques que exige y recibe derechos no auto-rizados por reembarcar miembros de la tripulación de una embarca-ción para el próximo viaje, puede ser obligado a reemboisar las sumas exigidas, en una acción iniciada a tal fin. Pero el pago de un dere-cho ilega] por licencia, no se considerará compulsorio cuando la li-cencia no es exigible como un derecho. La razón que sostiene la regla es que el funcionario y el público que tiene negocios que hacer con él no se encuentran en el mismo nivel. Es el deber principal del funcionario conocer a fondo la ley bajo la cual actúa y saber precisamente cuánto él está autorizado a exigir por sus servicios; pero con el público es diferente. No tiene ni el tiempo ni la opor-tunidad de adquirir la información necesaria que le permita saber si el funcionario está o no exigiendo demasiado, y como regla general, confiando en su honradez e integridad, accede a sus demandas. De ahí es que para la injusticia del funcionario al cobrar derechos ile-gales, se provee una penalidad estatutaria a favor de la parte per-judicada. En verdad, esta clase de pagos descansa sobre una base diferente a la de cualquiera otra clase de pagos involuntarios, y un reembolso se concederá más rápidamente, no sólo debido a la desi-gualdad de la posición de las partes, si que también por razones de política pública para evitar la extorsión por parte de los funciona-rios. La distinción que debe observarse es entre un pago hecho con el propósito de proteger o asegurar el actual disfrute de un privile-gio, al cual la persona tiene derecho inmediato, y un pago hecho para evitar la violación, mediante amenaza, de tal derecho, cuando no hay autoridad para intervenir con su disfrute, hasta que el de-recho de la parte que amenaza sea establecido en un procedimiento judicial en el cual los derechos de las respectivas partes puedan ser presentados y determinados. En el último caso, un pago hecho para evitar tal alteración mediante amenaza, se considera como volunta-rio, mientras que en el primero es compulsorio.” 21 R.O.L. 156.

Sin recurrir al examen minucioso de las decisiones en que el texto de la obra se basa, por el texto mismo se infiere que se trata de situaciones distintas a la de este caso.

Aquí no sólo el recurrente tenía un claro derecho a ape-lar de la regla del Administrador para ante la Comisión y para ante esta Corte Suprema en su día, si que supo ejerci-tar ese derecho cuando el Administrador le aplicó la clave 6306 en vez de la 6319 en relación con la misma póliza de que se trata. Además, no es éste un caso de “illegal fees”; lo que hizo el Administrador del Seguro del Estado fué aplicar al recurrente la regla uniforme que venía aplicando con apa-rente autoridad a todas las personas que se encontraban en su misma situación y que fué revocada cuando una de ellas la impugnó dentro del procedimiento de ley.

Siendo ello así, nos parece qne no hay motivo justificado para resolver que erró la Comisión al decidir el caso de acuerdo con la regla general sobre pago de lo indebido y por consiguiente que debe declararse no haber lugar a la revi-sión de sus resoluciones de marzo 20, 1941 y febrero 6, 1942, quedando las mismas confirmadas.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.

text:
    Miguel Noriega, peticionario, v. Corte de Distrito de Arecibo, Hon. R. Agraít Aldea, Juez, demandada.
    Núm. 1291.

    Sometido: Mayo 8, 1942.

      Resuelto: Mayo 20, 1942.

      A. Beyes Delgado y P. Santos Borges, abogados del peticionario; J. Cérdova Rivera, abogado de la interventora, María Batista, demandada en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.

emitió la opinión del tribunal.

En una acción de desahucio en precario iniciado por Miguel Noriega contra Juan Cortés, Petra Girau, Miguel Bo-rrero y María Batista, la Corte de Distrito de Arecibo dictó sentencia declarando con lugar la demanda y ordenando el lanzamiento de los demandados de la casa objeto del desa-hucio pero condicionó la sentencia y su ejecución en esta forma:

“pero se dispone además que para tener efecto la sentencia y para poder ejecutar la misma el demandante Miguel Noriega deberá de-positar en esta corte la suma de $50 para María Batista, para ser entregados por el Secretario de la corte a la misma, tan pronto sea firme esta sentencia.”

Solicitó el demandante la reconsideración de la sentencia y la corte después de oír a las partes la denegó expresán-dose, en parte, así:

“Tal como entendemos la situación en este asunto és la siguiente:
“María Batista vivía con Rafael Girau, como concubina. Rafael Girau compró la misma casa objeto del desahucio a Toribia Gi-rau. Necesitaba darle $50 y entonces hizo que su concubina, María Batista, vendiera una casita de ella y consiguió de ese modo los $50. Creyendo que era una garantía entregarle el documento que había conseguido de Toribia, le entregó la escritura a María Batista sin hacer ningún contrato de garantía o hipoteca.
“Rafael Girau murió y aparece el hecho raro de que Toribia hace una doble venta al demandante. Nos inclinamos a creer, aunque no aparece claro de la prueba, que Girau no satisfizo a Toribia el total de la compra, y que muerto éste, ella creyó que tenía el derecho de venderla a un tercero; aunque la escritura aparentemente demuestre una venta por valor recibido.
“Como María Batista no es heredera de Rafael Girau no puede discutir la cuestión de doble venta, mucho menos cuando la escritura a favor del demandante está inscrita y la otra no fué inscrita.
“Tampoco podía resolverse ese asunto en el pleito de desahucio, a no ser que declaráramos sin lugar la demanda por no haber de-mostrado que el demandante sea dueño de dicha propiedad.
El demandante Noriega tenía conocimiento de ese crédito de $50, que no deja de ser un interés que tiene María Batista en esa pro-piedad, •aunque no se haya hecho escritura alguna.
“La ley de desálmelo, en su artículo 637, dice que no será un obs-táculo para el lanzamiento el que un colono o inquilino reclame como suyo labores o plantíos o cualquier otra cosa que no se pueda separar de la finca.” (Bastardillas nuestras.)

Hace la corte inferior referencia al caso de Carrasquillo v. Ripoll y Montalvo, Int., 56 D.P.R. 318, y terminó diciendo:

“Por más que el juzgador quiera convencerse a sí mismo de que no habiendo hipoteca alguna a favor de María Batista por los $50 ella no tiene ningún derecho a reclamarlos para salir de allí, la razón y la conciencia le dice a uno todo lo contrario. Nuestra opinión es que en el juicio de desahucio pueden resolverse estas pequeñas cues-tiones que generalmente levantan personas humildes que tienen algún interés en la finca sin que tengan derecho a la posesión de la misma. El desahucio puede decretarse a la vez que se compensa la reclama-ción que sea justa. Obligar a otro litigio para que María Batista tenga que hacer gastos y pagar abogado es destruir su derecho y hacer ineficaz cualquier acción, cuando se trata de pequeñas canti-dades. Es imposible que la ley pueda preveer todos los casos que generalmente ocurren en Puerto Rico y que intervienen con la pose-sión de fincas rústicas y urbanas.”

Para revisar la actuación de la corte inferior, por ale-garse por el peticionario Miguel Noriega que la sentencia dictada en la forma expuesta es nula y viola el procedimiento establecido en la ley de desahucio, expedimos un auto de cer-tiorari y, remitidos los autos por la corte inferior se celebró la vista correspondiente con asistencia de las partes.

Nos damos cuenta de que la corte inferior, inspi-rada en los mejores propósitos de hacer completa justicia a la demandada María Batista, quiso hacer extensivos el ar-tículo 637 del Código de Enjuiciamiento Civil, artículo 18 de la ley de desahucio y lo resuelto en el caso de Carrasqiállo, supra, a los hechos de este caso, empero ni el precepto ni la decisión son aplicables. Dispone el artículo 637 en su primer párrafo lo siguiente:

“Artículo 637. — No será un obstáculo para el lanzamiento el que el colono o inquilino reclame como suyos labores, plantíos o cual-quiera otra cosa que no se pueda separar de la finca.”

Y en el caso de Garrasquillo, aparte de una cuestión de procedimiento relacionada con el'derecho de intervención, la cnestión fundamental envnelta era la interpretación del ar-tículo 1461 del Código Civil en relación con los derechos de nn arrendatario sobre los frutos de una finca vendida antes de terminar el arrendamiento.

Como puede verse no existe en el caso de autos hecho al-guno que justifique la sentencia dictada por la corte inferior a base del artículo 637 ni del caso de Garrasquillo. La de-mandada no tenía en la finca objeto del desahucio labores o plantíos, o cualquier otra cosa que no pudiera separarse de la finca. Tampoco disfrutaba la demandada de un contrato de arrendamiento que venciera a virtud de la venta de la finca y sobre la cual tuviera frutos pendientes de recolectar y de los cuales estuviera obligado a indemnizarla el compra-dor o sea el demandante en el desahucio y aquí peticionario, según se resolvió en el caso de Carrasquillo.

Del pago de la deuda de $50 que tenía la demandada Ma-ría Batista pendiente de cobro de su concubino primero y luego de su sucesión, no puede ser responsable el peticionario Miguel Noriega, pues el hecho de que él supiera que a la de-mandada se le debía dicha suma, según afirma la corte inferior, no es suficiente para obligarle a su pago. [2] Además, no es en el procedimiento especial de desahucio que puede y debe ventilarse y resolverse una reclamación en cobro de dinero por una persona que está poseyendo en precario una casa. [3] El hecho de que María Batista le prestara los $50 a su concubino para pagar parte del precio de la casa sin que éste constituyera gravamen alguno sobre la misma para garantizar dicho préstamo, no le concedió interés alguno so-bre dicha propiedad. En cuanto a que la cantidad envuelta es pequeña y obligar a María Batista a otro litigio en el que tenga que hacer gastos sería destruir su derecho, fué preci-samente para conceder un remedio adecuado y poco costoso para estas pequeñas reclamaciones que se aprobó la Ley núm. 10 de 1921 (pág. 113).

La sentencia condicionada de la corte inferior es clara-mente errónea y fné dictada sin adquirir jurisdicción sobre la materia objeto de la condición impuesta al aquí peticiona-rio y, en su consecuencia, se declara con lugar la petición, se anula la sentencia dictada por la Corte de Distrito de Are-cibo el 26 de marzo de 19á2, debiendo devolverse los autos originales del caso núm. 4059 a dicha corte para que dicte la sentencia que proceda de acuerdo con los hechos probados y la ley.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


text:
    Patricio R. Fermaint, demandante y apelante, v. Juan Pizá, demandado y apelado.
    Núm. 8421.

    Sometido: Mayo 7, 1942.

      Resuelto: Mayo 21, 1942.

      Enrique Báes Garda, abogado del apelante; Adolfo Garda Veve, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

La única cuestión a estudiar y a resolver en este caso es la de si su conocimiento corresponde a una corte de distrito o a una municipal.

La demanda titulada de “retracto” se presentó en la Corte de Distrito de San Juan en septiembre 17, 1940, ale-gándose en ella, en resumen, que “The Puerto Rico Advertising Company” era nna corporación doméstica dedicada al negocio de trasmisiones por radio a través de la estación “W.P.R.A.”, de Mayagüez, estando representado sn capital por acciones de nn valor nominal de cincuenta dólares;

Que dichas acciones de acuerdo con el inciso primero, sec-ción octava de sus cláusulas de incorporación “serán nomi-nativas y no se inscribirá la transferencia de las mismas a un segundo o posterior comprador, si no se ha notificado a la directiva de la corporación y accionistas el propósito de la venta de ellas con treinta días de antelación a la fecha de la venta, o, por mejor decir, al día en que se haga la venta,” disponiendo el inciso segundo de dichas sección y cláusulas que “Si alguna-acción fuese vendida sin este requisito cual-quier accionista podrá retrotraerla dentro de un término de noventa días a contar desde aquélla en que se haya presen-tado la inscripción de la transferencia en el Registro de la Corporación”;

Que Manuel Marín era dueño de dos de dichas acciones y el demandante es dueño de otra, habiendo transferido Marín las suyas en julio 30, 1940, al demandado Pizá sin cumplir lo estipulado en el inciso primero, sección octava de las cláu-sulas de incorporación, limitándose a comunicarlo a la cor-poración por carta de julio 31, 1940, y que habiendo pedido Pizá en agosto 29, 1940, la toma de razón de la transferencia en el registro de acciones de la corporación, los directores de ésta se negaron a verificarla por el motivo indicado;

Que el demandante se enteró del traspaso en agosto 29, 1940, y desea, como accionista, hacer uso del derecho de re-tracto que le concede la sección octava de las cláusulas de incorporación, subrogándose en lugar del demandado y que “si bien el valor nominal de dichas acciones es de cincuenta dólares cada una, el demandante ignora el precio cierto pa-gado por el Sr. Juan Pizá al Sr. Manuel Marín, por lo cual el demandante no consigna en corte suma alguna, pero está dispuesto a dar fianza para consignar dicho precio cuando sea conocido”;

Que el demandado es condueño de la estación de radio “W.N.E.L.”, entidad competidora de la Puerto Eico Advertising Company, y tiene interés en intervenir en los negocios de ésta fiscalizando las gestiones de sus competidores y en-torpeciendo su marcha, en beneficio de su corporación, y

Que el demandante “se compromete a cumplir solemne-mente con el inciso quinto del artículo 1618 del Código de Enjuiciamiento Civil español, a conservar las acciones re-traídas del Sr. Juan Pizá durante el término de cuatro años, y, muy especialmente a no transferir dichas acciones sin cumplir antes con las disposiciones de la sección octava de las cláusulas de incorporación de la Puerto Pico Advertising Company. ’ ’

Emplazado el demandado, presentó en septiembre 19, 1940, un escrito titulado “excepción previa,” alegando que la corte no tenía jurisdicción y que la demanda no aducía hechos sufi-cientes para exponer una causa de acción.

La corte declaró que carecía de jurisdicción para conocer del pleito por razón de la cuantía. No entró a considerar si la demanda aducía o no hechos suficientes para determinar una causa de acción. Concedió diez días para enmendar, y como el demandante no presentara enmienda ni pidiera pró-rroga del término, el demandado solicitó que se dictara sen-tencia. La corte accedió, dictándola en efecto el 30 de junio de 1941, declarando la demanda sin lugar, con las costas. Y es contra esa sentencia que se interpuso el presente recurso de apelación.

Tres errores señala y discute el apelante en su alegato, sosteniendo que la corte erró al declararse sin jurisdicción, (1) porque la acción de retracto es de la jurisdicción exclusiva de la corte de distrito; (2) porque en las acciones de re-tracto no se discute la cuantía, sino el derecho a subrogarse el condueño o comunero en lugar del comprador o cesionario extraño; y (3) porque en una acción en que se ignora la suma envuelta, la jurisdicción corresponde a la corte de distrito.

Como puede verse, el apelante al presentar sn caso parte de la base exclusiva de haber ejercitado nna acción de re-tracto conforme a lo preceptuado en el Código Civil, ajus-tándose a los trámites establecidos por la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil.

Es dudoso que su caso caiga dentro de los rígidos moldes de la institución del retracto regulada actualmente por los artículos 1396 al 1415 del Código Civil, ed. 1930, pero admi-tiendo que pudiera comprenderse en ella, no estamos confor-mes en que por ese solo hecho, esto es, por tratarse de un retracto, la jurisdicción corresponda a la corte del distrito con - exclusión de la municipal.

En la decisión de este tribunal en el caso de Pujals Carlo v. Corte, 40 D.P.R. 92, se hizo un estudio de la ley que de-termina la jurisdicción de las cortes municipales y de la ju-risprudencia interpretativa de la misma y se concluyó que dichas cortes tienen jurisdicción en todos los asuntos civiles que se promuevan en su distrito en que la cuantía de la re-clamación llegue a quinientos dólares o el interés envuelto sea valuable o tasable y no exceda de dicha suma, con las excepciones ya establecidas por la jurisprudencia, entre las cuales no se encuentran los casos de retracto.

Fue basándose en los hechos del caso y en lo resuelto por esta corte, que la corte de distrito dijo en su resolución lo que sigue:

“De la demanda-sólo aparece que las acciones objeto del litigio tienen un valor nominal de $100. Cierto es que el valor nominal de una acción no siempre guarda relación con su verdadero valor, pero en ausencia de alguna alegación contraria no podemos presumir que las acciones valgan más de $100, ni que el demandado pagara por ellas más de $100.
“Si el verdadero valor de las acciones, o el precio pagado por o] demandado al adquirirlas, fuese distinto del único valor que a las acciones se le da en la demanda, y excediere de $500, entonces ten-dríamos un asunto que cabría dentro de nuestra jurisdicción.”

Estamos conformes en qne aqní no se trata de nna recla-mación de dinero, pero no lo estamos en qne no sea valuable la cosa reclamada. Las acciones tienen nn valor. Conoce-mos el único que se da, el nominal, cien dólares, y regulada la jurisdicción tomándolo como base, corresponde el conoci-miento de la reclamación a la corte municipal de modo ex-clusivo.

¿Surge de la demanda otro valor? En su argumentación sostiene el apelante que sí y que es suficiente su alegación de que ignora el precio cierto pagado por el demandado a Marín en relación con su otra alegación sobre el interés del demandado en la adquisición para los fines que se indican, que permite suponer que el precio pagado pasara de quinien-tos dólares.

Ello no es suficiente a nuestro juicio. En primer lugar no bay alegación concreta alguna en la demanda sobre el particular. Ni siquiera se dice en ella que requeridos Ma-rín y Pizá, se negaran a comunicar el precio de la transfe-rencia al demandante. En segundo lugar la excepción de la demandada alegada cuando no habían transcurrido los no-venta días de la opción, implícitamente parte de la base de un valor menor de quinientos dólares. Y en tercer lugar la parte demandante que tuvo la oportunidad de enmendar su demanda esclareciendo sus alegaciones después de conocida la conclusión a que llegó la corte de distrito, no lo hizo. Véanse Motex Oil Corporation v. Taylor, 233 S. W. 520 (Tex.); Childs et al. v. Brown, 151 S. W. 1154 (Tex.). Pre-firió descansar sobre su teoría de tratarse de una acción cuyo conocimiento correspondía exclusivamente a la corte de dis-trito, irrespectivamente de la cuantía que pudiera estar en-vuelta, y fiemos concluido que esa teoría, que pudo estar bien fundada dentro del sistema de cortes que funcionaba con an-terioridad al 1904, no lo está en la actualidad.

Bebe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sen-tencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Autoridad Sobre Hogares de la Capital de Puerto Rico, demandante y apelada, v. William A. Hutton, John Doe y Richard Roe, demandados y apelante el primero.
    Núm. 8391.

    Sometido: Abril 9, 1942.

      Rsuelto: Mayo 21, 1942.

      JE. S. F. Dottin, abogado del apelante; James B. Beverley, B. Castro Fernández y José López Baralt, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Este recurso se estableció contra la sentencia que ordenó la expropiación de una parcela de terreno compuesta de 11,494.29 metros cuadrados, previa indemnización de su valor en el mercado, que la corte fijó en $68,965.74, o sea a ra-zón de $6 por metro cuadrado.

Al solicitar la revocación de la sentencia, el apelante alega que la corte a quo cometió error manifiesto al justipre-ciar el terreno expropiado a razón de $6 por metro cuadrado y que igualmente erró al imponer las costas al demandado.

En su demanda la demandante valoró el terreno en la cantidad de $4.49 por metro cuadrado, o sea en un total de $51,609.33, mientras el demandado en su contestación alega que su valor es de $229,900, o sea a razón de $20 por metro cuadrado, reclamando además ana indemnización de daños en la cantidad de $100,000.

Existiendo como existe un marcado conflicto en la prueba, precisa determinar si la conclusión a que llegara el juez sen-tenciador está sostenida por la evidencia. A ese fin nos pro-ponemos bacer una síntesis de la prueba de una y otra parte y expondremos luego los fundamentos que sirvieron de base a las conclusiones a que llegara el juez sentenciador.

Por la parte demandante fueron llamados los testigos Vicente A. Tejera, Gonzalo Diago, Jorge E. Saldaña, E. W. Panelee y A. W. Fernández.

El primero de dichos testigos, el Sr. Tejera, declaró que es tasador general en el Departamento de Hacienda y que teniendo en cuenta los valores de las demás propiedades ra-dicadas en la misma zona — vendidas en Puerta de Tierra en las mismas condiciones en que se halla la propiedad del de-mandado y existiendo en la actualidad en dicho sitio un arra-bal de 112 ó 114 casas — valoró el terreno de dicho demandado a razón de $4 el metro cuadrado.

Gonzalo Diago, Presidente de la Autoridad sobre Hoga-res de la Capital, declaró que los Sres. José P. y Antonio Miranda ofrecieron en venta dichos terrenos al demandado Sr. Hutton a razón de $4 el metro cuadrado; que los terre-nos de la sucesión Riera los compró el Pueblo de Puerto Rico a razón de $3.49 por metro cuadrado, vendiéndolos a la Au-toridad sobre Hogares de la Capital a razón de $5 por metro cuadrado.

Jorge E. Saldaña tasó los terrenos en cuestión a razón de $4.20⅜ por metro cuadrado, informando además que el Sr. Cloy vendió a la West India Oil Co., hace como año y medio, terrenos en la misma zona a razón de $5.05 por metro cua-drado, y que en el Paseo de Covadonga, por donde está la planta de hielo del Sr. Llamas, la sucesión de Eduardo Cro-sas y el Banco Comercial de Puerto Rico habían vendido, alrededor de la fecha en que se celebró el juicio en este caso, que lo fue el 28 de noviembre de 1940, a razón de $8 el metro cuadrado, estando entonces pendiente de firmarse las es-crituras; que el Sr. Casals vendió un terreno frente a la calle San Agustín, terreno limpio y seco, a $10 por metro cuadrado, y que la parcela de Hutton no tiene calles de clase alguna.

Los peritos E. W. Rancke y A. W. Fernández valoraron el terreno del demandado en $54,344.22. El Sr. Gilberto Font, Secretario de la Autoridad demandante, lo valoró en $4.50 por metro cuadrado. En el curso de su declaración ma-nifestó el Sr. Font que el relleno del terreno costaría por lo' menos a razón de $1.50 por metro cuadrado, y que tendría que pagarse por la adquisición de las casas y por su destruc-ción, y dársele algún dinero a la gente para que se mudase de las mismas, en total alrededor de $3.40 por metro de su-perficie; que al Pueblo de Puerto Rico le costó mudar las casas al sur de la Avenida Fernández Juncos, en los terre-nos vendidos por la sucesión Riera, un promedio de $3 por metro cuadrado. Declaró también el Sr. Font que en los re-feridos terrenos precisa construir sobre pilotes de madera, que por unidad de vivienda costarían como $260, o sea a ra-zón de $3.50 por metro cuadrado, y si los pilotes fueran de concreto, costarían de un 15 a 20 por ciento más. Agregó el Sr. Font que los terrenos que compró la West India Oil Co.. son altos y secos y fueron vendidos a razón de $5.05.

Por la parte demandada declararon los testigos Bernar-dino del Corral y el-ingeni ero José M. Canals.

El primero valoró la parte del terreno que da frente a la Avenida Fernández Juncos a razón de $10 el metro cua-drado y el resto a razón de $5. El segundo, o sea el Sr. Canals, los valoró a razón de $9 por metro, agregando que el relleno del terreno costaría alrededor de $5,000 y que toma-ría como ocho mil metros cúbicos de tierra para rellenarlo, a un costo de $0.60 ó $0.65 el metro cúbico.

Después de un ligero análisis de la prueba de una y otra parte, el juez sentenciador se expresó así en su opinión:

“Tuvimos la oportunidad de practicar una inspección ocular en los terrenos del demandado y en los que la demandante compró al Pueblo de Puerto Rico, siendo nuestra conclusión que no existe diferencia de clase alguna entre unos y otros, a excepción de que en los adquiridos por la demandante existen calles que más bien parecen canales venecianos, debido a la cantidad de agua que en las mismas se encuentra estancada. En dicha inspección pudimos observar que todos los terrenos y solares que dan frente a la parcela del deman-dado están rellenos, completamente secos y se están construyendo en los mismos edificios para fines comerciales.
“De acuerdo con la declaración del Secretario de la demandante, Sr. Pont, rellenar los terrenos del demandado para que queden igua-les al solar de la Texas Co. (P.R.) Inc., que fue vendido a $9 ó $10 metro cuadrado, y a los otros solares valorados entre $10 y $12 metro cuadrado, costaría $1.50 metro cuadrado, y la compra y destruc-ción de las casas existentes en los mismos, incluyendo la mudanza de sus habitantes, alrededor de $3.40 metro cuadrado, en total $4.90.
“Los testigos del demandado declararon que los terrenos del mismo tenían un valor promedio entre $9 y $10 metro. cuadrado, y suponiendo que ese fuese el valor del metro cuadrado, tendría la parcela del demandado un valor de $114,940, pero nunca valdría la misma $329,900 (sic) como alega el demandado.
“Es un principio reconocido por todos los tribunales que cuando el Estado -ejercita su derecho de expropiar la propiedad particular para uso público, debe pagarse al expropiado el precio razonable que los bienes tienen en el mercado, pero ello no autoriza a los propie-tarios a que, aprovechándose de las necesidades públicas, exijan que el Estado pague por sus propiedades más de lo que las mismas valen. Tan ilegal y arbitrario resultaría que el Estado se apropiase de bie-nes particulares sin pagar por los mismos su valor razonable, como que pagara por dichos bienes al propietario lo que no valen.
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“Analizada toda la prueba practicada por las partes a la luz de la ley y la jurisprudencia aplicables a casos de esta naturaleza, lle-gamos a la conclusión de que la cantidad de $51,609.33, consignada por la demandante, no es el valor justo y razonable de la parcela del demandado "William A. Hutton, y que teniendo en cuenta su si-tuación, dimensiones, el valor de los solares ubicados en la zona donde se encuentra la misma, y los usos a que puede ser destinada por encontrarse en una zona comercial, dicha parcela tiene un valor en el mercado, y lo tenía en febrero del próximo pasado año, de $68,965.74, o sea, a razón de $6 metro cuadrado, suma que estimamos es una justa compensación e indemnización al demandado por la pri-vación de la misma.”

Como podrá verse por la síntesis que hemos hecho de la prueba de una y otra parte, existe un marcado conflicto, y el juez, que practicó una inspección ocular y que vió y oyó de-clarar los peritos, estimó que el valor señalado por unos y otros no era exactamente el justo valor del terreno, y llegó a la conclusión de que debía justipreciarlo a razón de $6 el metro cuadrado, o sea algo más del precio que ofreció la de-mandante y mucho menos de la cantidad exigida por el de-mandado, que a nuestro juicio es claramente exagerada.

No se nos ha demostrado satisfactoriamente que el juez sentenciador cometiese manifiesto error al justipreciar la propiedad en la forma en que lo hizo, y siendo ello así y no disponiendo nosotros de las oportunidades que él tuviera a los efectos de apreciar las declaraciones de los peritos, no sólo por haberlos oído y visto declarar, si que también por haber practicado una inspección ocular, no vemos cómo po-damos declarar que la conclusión a que llegara el juez sen-tenciador es errónea, y siendo ello así no debemos alterarla.

En cuanto a la segunda cuestión, o sea la relativa al pronunciamiento de costas, habiéndose dictado la sentencia de este caso el 14 de enero de 1941, cuando ya estaba en vigor la enmienda de que fué objeto el artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil, que hace imperativo en la corte conce-der las costas a la parte a cuyo favor se dicte la sentencia, y habida cuenta de que el demandado impugnó el derecho de la demandante a establecer el procedimiento de expropiación, no cabe otra conclusión que su concesión a favor de la de-mandante se ajusta a derecho.

Por lo expuesto, procede la confirmación de la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


author: El Juez Asociado Seítoe Suydeb

text:
    Higinio Segarra Pérez, conocido también por Pedro Bocanegra, peticionario, v. Hon. Jorge L. Córdova, Juez de la Corte de Distrito de San Juan, demandado.
    Núm. 375.

    Sometido: Mayo 20, 1942.

      Resuelto: Mayo 23, 1942.

      C. del Todo Fernández, abogado del peticionario.
   El Juez Asociado Seítoe Suydeb

emitió la opinión del tribunal.

El 30 de abril, 1942, Higinio Segarra Pérez radicó una “moción de sobreseimiento” en la Corte de Distrito de San Juan, alegando qne el 15 de diciembre, 1941, el fiscal de dis-trito ordenó sn arresto por infracción al estatuto qne prohíbe la posesión de nn arma ele fuego sin haberla registrado; qne una fianza de $500 fué exigida por el fiscal de distrito, la cual prestó, por lo cual se le pnso en libertad; qne el artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal, edición 1935, lee en parte como signe:

“A menos que exista justa causa contraria, el tribunal decretará el sobreseimiento del proceso en los casos siguientes:
“1. Cuando una persona baya sido detenida para responder por la comisión de un delito público, siempre que no se haya presentado acusación contra ella en el término de sesenta días desde su deten-ción. ’ ’;

que han transcurrido 132 días desde su arresto, sin que se haya radicado acusación contra él imputándole el delito arriba mencionado. La moción por lo tanto, suplica el sobresei-miento “del presente caso”.

La corte de distrito en la misma fecha dictó la siguiente orden:

“No aparece causa alguna en esta Corte contra el peticionario, por lo que se declara sin lugar la moción.”

El 20 de mayo, 1942, Segarra radicó en esta corte nna petición original solicitando nn anto de mandamus para qne se requiera a la corte de distrito qne convoque al fiscal de distrito y a Segarra con el objeto de determinar si existe jnsta cansa por la cual no se ha radicado nna acusación contra él dentro de los 60 días de sn arresto, y qne si no se de-mostrare tal cansa, se sobresean las diligencias practicadas por el fiscal de distrito.

No abrigamos 'duda de que el peticionario tiene derecho a ser oído respecto a su contención y a menos que se demuestre justa causa para la dilación, a que se ordene el sobreseimiento del proceso en armonía con el número 1 del citado artícnlo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal. No obstante, la corte de distrito actnó con propiedad al denegar nna “moción de sobreseimiento” de nn caso criminal del cual no había nn récord ante la corte de distrito. No puede comenzarse ningún caso a través de una moción de sobreseimiento. Si el peticionario radica nna petición de mandamus eu la corte de distrito contra el fiscal de distrito alegando los hechos arriba expuestos, tendrá derecho a qne se decida su caso en sus méritos.

La petición interesando la expedición de un auto de mandamus será denegada.