author: El Juez Asociado Señoe Hutchison,

text:
    Martir, Demandante y Apelante, v. Pérez, Demandado y Apelado
    No. 3200.

    Visto: Abril 4, 1924.

      Resuelto: Agosto 2, 1924.
    Oobiüo de Dinero — Da®os y Perjuicios — Precio Aplazado — Causa de Acción.— Estando subordinado el pago del precio aplazado, según el contrato, al otorgamiento de una escritura libre de gravámenes, el vendedor carece de acción para reclamar dicho precio y daños y perjuicios antes de otorgar la escritura como quedó obligado.
    Gompraventa de Finca que Resultó Hipotecada — Rescisión del Contrato- - Causa de Acción. — No especificando el contrato de compraventa que la finca estuviera libre de gravámenes, ni demostrando la prueba que el vendedor ocultó al comprador la existencia de una hipoteca sobre la finca, ni que la hipoteca no estuviera inscrita al otorgarse la venta; y no apareciendo, finalmente, que el contrato dependiera de que la propiedad estuviera libre del gravamen que más tarde fué cancelado, y no siendo tampoco satisfactoria' la prueba de los perjuicios alegados en la eontrademanda, es preciso concluir que el comprador no tenía causa de acción para pedir la rescisión y daños, amparado en el artículo 1091 del Código Civil.

      Sentencia de Tomás Bryan, J. (Ag’uadilla), declarando sin lugar la demanda, con costas.

      Confirmada y revocada en parte.

      E. Negrón Benitez, abogado del apelante; B. Estoves, abogado del - apelado.
   El Juez Asociado Señoe Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso el demandante, estableció demanda en cobro de dinero y daños y perjuicios, por falta de pago de ciertos plazos del precio de venta envuelto en una negociación de una propiedad inmueble, y por' el alegado incumplimiento en pagar dichos plazos a su vencimiento.

El demandado con su contestación archivó una contra - demanda, y la corte después de celebrar un juicio sobre los méritos dictó sentencia a favor del demandado y contrade-mandante que en substancia es como sigue:

"Por tanto, se declara sin lugar la demanda y se condena al de-mandante al pago de las costas, desembolsos y honorarios de abogado-,
"En cuanto a la contrademanda, la corte resuelve declararla con lugar y, en su consecuencia, decreta la resolución del contrato de venta a que se refiere esta acción, el cual aparece copiado en la de-manda y que es el mismo en que se basa la contrademanda ordenán-dose, que el contrademandado Agustín Mártir Vientos devuelva al contrademañdante . Leocadio Pérez los $400 que recibió de éste a cuenta del precio de la venta objeto del referido contrato, con sus intereses legales desde el 31 de diciembre de 1920, y que el contra-demandante entregue al contrademandado la finca rústica de diez y seis y media cuerdas de terreno (describiéndola), entregándole ade-más los frutos de dicha finca, de acuerdo con las disposiciones del Código Civil (artículos 1091 y 1262). Se condena, además, al de-mandante y contrademandado a pagar al demandado y contrade-mandante la< suma de doscientos ($200) como indemnización de perjuicios, de acuerdo con la cláusula 5 del contrato celebrado entre ellos.”

De la opinión emitida por el jnez sentenciador hacemos la siguiente cita:

"Después de un estudio detenido de las alegaciones de una y otra parte y de la evidencia aportada en el acto del juicio, la corte establece las siguientes conclusiones:
“(a) Que don Agustín Mártir Vientos y don Ricardo Ríos ce-lebraron en San Sebastián, allá en enero de 1920, un contrato de venta de una finca rústica, bajo las siguientes cláusulas y condi-ciones :
“ ‘1. Don Agustín Mártir asegura ser dueño en pleno dominio» de la siguiente finca: (describiéndose). El señor Mártir asegura además, tener los títulos de propiedad debidamente inscritos a su nombre.
“ ‘2. Que ña convenido vender al otro compareciente señor Río la parcela anteriormente descrita con todo cuanto contiene y le es inherente, por la cantidad .estipulada y convenida de $200, abora, a la mano, y el resto de $1,000, con sus intereses correspondientes al 5 por ciento anual, en tres plazos: uno de trescientos dólares el día 31 de diciembre del corriente año 1920; uno de trescientos cin-cuenta dólares, el 31 de diciembre del año venidero 1921, y otro de trescientos cincuenta dólares, el día 31 dé diciembre del año 1922, agregando a cada uno de estos plazos lo que corresponda al tipo de interés fijado de cinco por ciento, de acuerdo con lo convenido;
“ ‘ 3. El señor Agustín Mártir, queda comprometido a otorgar al señor Río la escritura pública correspondiente de la compraventa de la finca que ya se ha descrito, en cualquiera de los días del mes. de diciembre del corriente año 1920, libre de toda carga y gravamen.
“ ‘4. El señor Ricardo Río queda comprometido a otorgar tan pronto reciba la escritura de venta, pagarés a favor del señor Már-tir por la suma que se ha estipulado en la cláusula segunda de este contrato.
“ ‘5. Es convenido que cualquiera de las partes contratantes que se arrepintiere, en el futuro, de cumplir debidamente lo estipulado» en el presente contrato, indemnizará a la otra parte los daños y per-juicios que sufriere en sus intereses, por falta de cumplimiento/
“ (Z>) Que dos o tres meses después, don Ricardo Ríe hizo cesión de sus derechos y obligaciones sobre la finca predescrita por dicho contrato, en favor de don Leocadio Pérez, el aquí demandado y con-trademandante, quien quedó subrogado en la persona del compra-dor con el conocimiento y conformidad del vendedor.
“(o) Que don Leocadio Pérez pagó y don Agustín Mártir re-cibió, a cuenta del precio de dicha venta, la suma de cuatrocientos dollares, o sean $200 al hacer el negocio y los otros $200 a cuenta del primer plazo, dos o tres días antes del vencimiento.
(el) Que don Agustín Mártir no otorgó la escritura de com-praventa a que se obligó, en el año 1920, ni después.
“ (e) Que la finca objeto del contrato soportaba una hipoteca por la suma de $540.34 constituida por Agustín Mártir a favor de un tal José González, hecho que ignoraba Leocadio Pérez al hacer el negocio y que averiguó en marzo de 1921, por lo cual y por no habérsele otorgado la escritura de compraventa, suspendió el pago del precio aplazado;' y que dicha hipoteca fué cancelada en 30 de enero de 1922 por escritura número 11 otorgada en San Sebastián, ante el Notario don Eduardo Negrón Benitez, la cual no aparece inscrita.
“ (/) Que don Leocadio Pérez estuvo siempre dispuesto a cum-plir la parte que le incumbía en el contrato de referencia, y que don Agustín Mártir obró de mala fe y con manifiesta temeridad, al no otorgar la escritura de compraventa y al dejar subsistente el gravamen hipotecario que soportaba la finca, el cual además, no aparece que estuviera inscrito en el registro.
“ (g) Que don Leocadio Pérez .perdió la suma de doscientos dollars al querer revender la finca que 'había adquirido del deman-dante y no poder efectuar su negocio por estar dicha finca hipote-cada.
“El demandante basa su acción en el artículo 1091 del Código Civil Revisado, según expresa en el alegato escrito que radicó des-pués del juicio. La corte entiende, que dicho artículo no tiene apli-cación a la demanda y que los hechos’ en ésta contenidos son más bien los de una acción ordinaria en cobro de dinero, cuyos hechos no fueron probados a satisfacción del juez que suscribe.
“Si examinamos detenidamente la prueba del demandante vere-mos que éste pretendió que el demandado le pagara la totalidad del importe del primer plazo antes del vencimiento, y que no obstante ésto, no otorgó nunca la escritura a que se obligó en el contrato. Pretende el demandante explicar esto diciendo que fué a la casa del demandado con un tal Rafael García, con el fin de otorgar dicha escritura y de cancelar la hipoteca que pesaba sobre la finca (de la cual no tenía noticias todavía el demandado) y que el demandado se negó a ello; pero la corte no ha dado crédito alguno a estas mani-festaciones. Después de diciembre de 1920 no hay por parte del demandante ninguna otra gestión de cobro, hasta junio o julio en que, según el testigo Salvador García, encuentra al demandado en la carretera cargando unos cascajos y le invita a arreglar el asunto. Sin embargo, es extraño que a esta fecha todavía no hubiera el demandante otorgado la escritura de compraventa ni cancelado el gravamen que pesaba sobre la finca. Más bien podría decirse, que estaba ‘sacándole el cuerpo’, como se dice vulgarmente, por más ■que ya el demandado se le había quejado de haber perdido un ne-gocio de reventa por culpa de estar la finca hipotecada.
“No podemos pasar por alto el hecho de que el demandado se había ido a residir a Santurce (San Juan) desde agosto de 1921 y que después de esta fecha volvió a San Sebastián en octubre del mismo año con el fin de ver a su familia, regresando a Santurce a los dos días; y que luego volvió en febrero de 1922, cuando le em-plazaron y le notificaron el embargo de sus bienes, en esta acción, •diligencias que aparecen hechas y firmadas, (según los autos) por •el marshal de la corte de distrito de San Juan, Primer Distrito, el día 16 de febrero de 1922 a las 2 de la tarde, en Santurce, calle de Cerra No. 63, personalmente a don Leocadio Pérez. Aceptando esto ■como cierto, no es posible que el demandante requiriera de pago al demandado el 31 de diciembre de 1921. Y es después que recibe una carta del abogado del demandado (en enero de 1922) cuando el señor Mártir se mueve otra vez en el asunto y concluye por llevar a los tribunales a Leocadio Pérez, quien, a pesar de todo, parecía ganoso de evitar este paso.
“La corte no abriga la menor duda de la temeraria actitud dél ■demandante.- Y está plenamente convencida de que éste no cum-plió sus obligaciones en el contrato sobre que se funda esta acción. Siendo esto así, no tiene derecho a exigir el 'pago del precio apla-zado y carece de acción para obligar al demandado.
“Los términos del contrato (que hemos transcrito) son bien cla-ros y no hay duda alguna respecto a la intención de las partes. La cláusula 3 dice:
“ ‘El señor Agustín Mártir, queda comprometido a otorgar al ■señor Río la escritura pública correspondiente de la compraventa de la finca que ya se ha descrito, en cualquiera de los-días del mes de ■diciembre del corriente año 1920, libre de toda carga y gravamen.’
“Y la cláusula 4 dice:
“ ‘El señor Ricardo Río queda comprometido a otorgar, tan pronto reciba la escritura de venta, pagarés- a favor del señor Mártir por la suma que se ha estipulado en la cláusula segunda de ■este contrato. ’ ’
‘ ‘ Como se ve, don’ Agustín Mártir tenía la obligación de otor-gar la escritura de compraventa libre de toda carga o gravamen, ■en cualquiera de los días de diciembre de 1920. No tenía que es-perar a que el comprador le hiciera el pago del primer plazo. Y es después de cumplida esta condición por el señor Mártir cuando surge en el señor Pérez la obligación de otorgar los pagarés por el importe del precio aplazado. ¿Era posible para el señor Mártir otorgar dicha escritura en la forma convenida estando la finca hi-potecada, sin que lo supiera el señor Pérez?
“Entendemos,-que los términos del contrato referido son perfec-tamente claros y que no dejan duda sobre la intención de los con-tratantes, por lo que tenemos que sujetarnos al sentido literal de-sús cláusulas. (Art. 1248 del Código Civil.)
“ “ (Yéase a este respecto lo que dice Manresa comentando este-artículo, que corresponde al 1281 del Código Civil Español, en su obra Comentarios al Código Civil, tomo 8, página 704; y las sen-tencias del Tribunal Supremo de España de 15 de diciembre de-1871; 21 de junio de 1872 y 30 de junio de 1890.)
“En su contestación el demandado alega que nunca fue reque-rido por el demandante para el otorgamiento de la escritura a que-se obligó en el contrato; que al vencer el primer plazo entregó al demandante $200 a cuenta de los $300 y le requirió para que le en-tregara la escritura de venta, según contrato, libre de toda carga,, reteniendo en su poder $100 hasta que se otorgara dicha, escritura ^ que el demandante no canceló un gravamen que apareció luego en. la finca durante el año 1921, por cuyo motivo el demandado se negó-a seguir haciendo pagos, hasta tanto desapareciera el gravamen re-ferido, etc.
“Se funda esta defensa del demandado en el artículo 1405 del Código Civil Revisado que- dice-:
“ ‘Art. 1405. — Si el comprador fuere perturbado en la posesión, o dominio de la cosa adquirida, o tuviere- fundado temor de serlo-por una acción réivindieatoria o hipotecaria, podrá suspender el pago del precio hasta que el vendedor haya hecho cesar la pertur-bación o el peligro, a no ser que afiance la devolución del precio en su caso, o se haya estipulado que, no obstante cualquiera continr gencia de aquella clase, el comprador estará obligado a verificar el. pago. ’
“No se trata en este caso de una hipoteca inscrita, ni se -hizo-constar en el contrato que la finca estuviera gravada, ni se le in-formó a don Leocadio Pérez. Es en marzo de 1921 cuando, coq motivo de tratar de verificar una reventa de la finca, descubre el gravamen y se queja entonces el señor Mártir por haberle hecho-fracasar un negocio en que se hubiera ganado doscientos dollars..
“Aplicando a este- caso los claros preceptos del art. 1405, pre-copiado, no hay duda de que don Leocadio Pérez procedió correcta-mente al suspender el pago del precio aplazado de la finca en cues-tión, por temor a ser perturbado en .su posesión con una acción hi-potecaria.
“Por tales motivos, y especialmente, por no liaber el deman-dante cumplido sus • obligaciones en el contrato, cree la corte que procede justamente desestimando la demanda e imponiendo al de-mandante las costas y honorarios de abogado. Y, en cuanto a la acción de daños y perjuicios establecida por el demandante, cree la corté que no hay base para declararla con lugar y ha resuelto también desestimarla.
“Consideremos ahora la contrademanda. Pide en ella el contra-demandante que se decrete la resolución del contrato de. venta a que se refiere esta acción, por no haber cumplido el contrademan-dado lo-que le incumbía de acuerdo con los términos de dicho con-trato, y que se proceda según las disposiciones del art. 1262 del Có-digo Civil Revisado y, además, que se condene al contrademandado a .pagar al contrademandante la suma de doscientos dólares por da-ños y perjuicios.
“'Se funda esta acción en-las disposiciones de los artículos 1386 y 1091 del Código Civil Revisado.
“Dudamos si en este caso son de aplicación las disposiciones del artículo 1386, pues según su último apartado, la acción rescisoria podrá ejercitarla el comprador durante un año, a contar desde el otorgamiento de la escritura; y como en este caso no se ha otor-gado la escritura falta base para computar el término a que se re-fiere dicho artículo.
“Pero no hay duda alguna, que es de aplicación el artículo 1091 que corresponde al 1.124 del Código Civil Español.
“ ‘Art. 1091: — La facultad de resolver las obligaciones se en-tiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe.
“ ‘El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. También podrá pedir la resolución, aún después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste re-sultare imposible.’
“Ya hemos dicho, que don Agustín Mártir no cumplió sus obli-gaciones en el contrato y, por tanto, don Leocadio podía escoger entre exigirle el cumplimiento o pedir la resolución de la venta, con el resarcimiento de daños y abono de intereses.”

Para los fines de esta opinión puede admitirse que el de-mandado no estaba obligado a pagar antes del ofrecimiento de una escritura de venta de la finca en cuestión libre de gravámenes; y que no existe un error tan manifiesto en la apreciación de la prueba en este sentido que justifique lá revocación de la sentencia en lo que respecta a la desesti-mación de la demanda presentada por el actor. Pero no po-demos convenir con la conclusión de que el demandante debe ser condenado al pago de costas, desembolsos y honorarios de abogado.

Ni tampoco encontramos ninguna ventaja que pueda apre-ciarse en favor del demandado en cuanto a la buena fe, hon-radez y móviles, o condición para cumplir con las estipula-ciones y condiciones del contrato.

El contrato de compraventa no especifica el hecho de que la finca estaba ya libre de gravámenes, ni tampoco ve-mos nada que justifique tal cosa. No hay la más leve prueba que demuestre que se ocultó a Ríos la existencia de una hi-poteca, o que él no lo supiera. Su única manifestación en cuanto a esto, hecha como testigo del demandante, dice así:

“Cuando le cedí la finca a Leocadio Pérez, el traspaso que le hice fué de acuerdo con las condiciones del contrato con que le compré a Mártir. Yo no le informé a Leocadio Pérez que la finca estaba hipotecada a favor de González porque yo le vendí con las mismas condiciones con que compré, pues según compré vendí, y el señor Pérez se conformó con aceptar el mismo negocio que yo hi-ciera con Mártir.”

Dicho testigo no fué repreguntado sobre este punto ni tampoco de modo alguno por el demandado.

La cancelación de la hipoteca expresa que estaba ins-crita, citando el tomo y la página pero no la fecha del asiento. No hay nada que demuestre que no estuviere ins-crita al otorgarse el contrato de compraventa celebrado por Ríos, pero si lo fué o nó, o si el demandado en este caso te-nía o nó conocimiento de su existencia es cuestión sin impor-tancia toda vez que el contrato de compraventa, como ya se ha indicado, no dependía, ya por inferencia, o de otro modo, del hecho de que la propiedad estuviera libre de gravamen al' tiempo de celebrarse el contrato.

La prueba de los daños y perjuicios que se alegan ban sido sufridos por el demandado con motivo de la pérdida de una reventa es muy poco satisfactoria. La declaración del demandado en cuanto a este punto es como sigue:

“Averigüé que la finca estaba hipotecada en marzo de 1921, cuando tenía proyecto un negocio de venta de la finca con mi hermano. No pude vender la finca porque estaba hipotecada. Mi hermano Juan Bta. Pérez me daba $1,400.00 por la finca, $400 en el acto de la venta y el resto eñ dos plazos de $500.00 cada uno en cada uno de los meses de diciembre de 3921 y 1922. Dicho negocio no pude hacerlo porque no tenía la escritura y fui donde el Sr. Mártir para que me la diera y éste me dijo que la escritura la te-nía José González que esperaba el sábado para hacérmela, que José González sólo se encontraba en el pueblo de 'San Sebastián de vier-nes a lunes de cada semana. Entonces le dije a mi hermano Juan Bta. Pérez que si podía aguardar al sábado para efectuar el nego-cio de la venta de la finca y éste, mi hermano, me dijo que no po-día aguardar.
«*#***«
“Averigüé que la finca estaba hipotecada cuando fui a pedirle la escritura a Mártir y éste me dijo que la finca tenía una hipoteca a favor de José González, que aguardara al sábado para darme la escritura que sería cuando González se encontraría en San Sebas-tián. Yo estaba dispuesto a cumplir con el contrato en cuestión en diciembre de 1920 y a principio de 1921, porque no sabía que la finca estaba hipotecada.
* # =» # # * *
“Exigí de Agustín Mártir en marzo de 1920, cuando tenía el negocio con mi hermano Juan Bta. Pérez con la finca, que me en-tregara la escritura. El negocio de venta que hice con mi hermano de finca fué por el precio de $1,400.00, $400.00 en el acto de reali-zarse el negocio y los $1,000.00 restantes en dos plazos, y por causa de no tener la escritura no llevé a efecto el negocio con mi hermano Juan Bta. Pérez.
“Supe que la finca estaba hipotecada, porque Mártir me lo dijo cuando fui a su casa para que me la diera (la escritura), y éste me dijo que aguardara hasta fines de semana que viniera José González a quien tenía hipotecada la finca. Esto fué en marzo de 1920, y entonces mi hermano se arrepintió del negocio.”

La manifestación del hermano es así:

“Mi hermano Leocadio Pérez y yo hemos tenido varios negocios de fincas, le he comprado varias fincas. Ahora teníamos nn nego-cio con esa finca 16% cuerdas del barrio de Piedras Blancas. Digo que el negocio fué ahora porque fué el último que hemos hecho. El referido negocio fué en enero de 1921, en marzo de 1921. Fué en marzo del 21. Ese negocio consistió en que él me vendió la finca por $1,400.00 pagáhdole yo $400.00 de pronto y $1,000.00 en dos pagos de $500.00. El negocio se efectuó, pero a los dos o tres días' supe que la finca estaba hipotecada y desistí del negocio. Luego le compre otra finca porque no podía hacer el negocio con esa. Mi hermano estaba vendienclo la finca para irse para Santurce. El se fué en agosto de 1921.
“A las repreguntas del abogado del contrademandado contesta:
“ ‘Volteé la finca antes de comprarla, en marzo de 1921, con mi hermano Leocadio Pérez y un peón que el tenía allí arrimado que yo no se si era Ramón Mercado o Juan o Pedro. Ese peón o arri-mado no era Ramón Mercado, era otro que mi hermano tenía allí/
“Desistí del negocio con mi hermano porque me dijeron que la finca estaba hipotecada y yo, mis chavos cuando los meto los meto limpios. El peligro que había en eso es que yo fincas que están hipotecadas no las quiero, el peligro que había en eso es que yo no expongo mis chavos nunca.”

Resulta, pues que el impedimento no era la petición de una prórroga por dos o tres' días, en tanto tratamos del ale-gado cambio de parecer del hermano, sino la existencia de la hipoteca que el vendedor ofreció cancelar como incidental al cumplimiento de su obligación.

La esencia de la contrademanda es esta omisión a otorgar una escritura inmediatamente que se pidiera en marzo de 1921. Todas las anteriores omisiones y faltas, de existir al-gunas, fueron y son renunciadas para todos los fines prác-ticos. El requerimiento del demandante en diciembre de 1921, de acuerdo con su misma declaración fué hecho por carta después de dos o más conversaciones con la esposa del demandado en San Sebastián de quien el demandante obtuvo la dirección del demandado en Santurce. No hubo ninguna alegación acerca de una entrevista personal entonces con el 'demandado. El demandado admite el recibo de la carta que refirió a su abogado. Este entonces dirigió una comunica-•ción al demandante , y la radicación de la demanda siguió a •esto.

El arrendatario del demandado, en posesión aparente-mente desde una fecha anterior a la alegada negociación fracasada con el hermano, dice que éste nunca visitó ni exa-minó la propiedad como afirmó en su declaración: Todas las circunstancias indican el propósito deliberado, que parece haber sido confesado • por el demandado en junio de 1921, •de sacar de la propiedad lo que le había costado y que lo demás se lo llevara el diablo.

No consta que el demandado en ningún momento antes de la radicación de la demanda ofreciera entregar la pose-sión o de otro modo restablecer el statu quo. El tiempo den-tro del cual el demandante había de otorgar una escritura apenas si puede considerarse como la parte esencial del con-trato ; y el incumplimiento técnico, si alguno hubo por parte del demandante no era uno que afectaba a la base del con-trato. De todos modos el único incumplimiento de que se queja el apelante, si no por la subsiguiente conducta, y que no fué renunciado anteriormente, fué a lo sumo damnum •absque injuria. El demandante nunca se ha negado, sino por el contrario lo menos que podemos decir es que ha es-tado tan dispuesto como lo estuvo el demandado a cumplir •con su parte del contrato.

Atendidas todas las circunstancias no encontramos nada peculiar en la mera omisión'en cancelar la hipoteca o entre-gar una escritura con anterioridad al requerimiento hecho •en. junio, 1921; y prescindiendo de la calificación de esta omisión como “rara” no existe ningún comentario por parte ■del juez sentenciador respecto a la prueba en relación con el esfuerzo hecho por el demandante para obtener el cumpli-miento mutuo de las obligaciones entonces existentes.

Dentro de las circunstancias y asumiendo como lo hace-mos, que la corte inferior estaba justificada al no aceptar como cierta en todo sentido la prueba testifical del deman-dante, el caso parece ser especialmente uno en el cual laa partes deben quedar en la misma situación en que estaban al tiempo de radicarse la demanda, debiendo cada una pa-gar sus propias costas; y de paso puede decirse que si Ios-abogados deben ser compensados debidamente por el tiempoy el trabajo ya empleado, sus honorarios probablemente ex-cederían de la suma en controversia.

Debe confirmarse la sentencia apelada en tanto se trata de la desestimación de la demanda del actor, y en todos sus-demás pronunciamientos revocarse; y en lugar de tales pro-nunciamientos debe dictarse sentencia por este tribunal de-sestimando la contrademanda y ordenando que cada una de las partes pague sus propias costas, desembolsos y honora-rios de abogado.


source: Caselaw Access Project

author: JUEZ ASOCIADO SR. ALDREY. JUEZ ASOCIADO SR. FRANCO SOTO.

license: Public Domain

text:
    Roberto H. Todd, como nominado de Republicanos Puros de Puerto Rico para Comisionado Residente a los Estados Unidos, peticionario, v. Eduardo J. Saldaña, como Secretario Ejecutivo de Puerto Rico, demandado.
    No. 223.

    Visto: Julio 30, 1924.

      Resuelto: Agosto 2, 1924.
    Mandamus — Cuestiones Sujetas a Mandamus y Propósitos del Remedio — Ac-tos y Procedimientos de Funcionarios Públicos, Juntas y Municipalida-des1 — Cuestiones Electorales — Envío de Nombres de Candidatos Nomina-dos a la Junta Insular de Elecciones. — Un contestación a una petición de mandamus se alegó la existencia de dos candidaturas para un cargo y que se seguiría el curso marcado en la ley para tales casos; el peticionario puso en tela de juicio la aplieabilidad de la ley alegada. S& resolvió: que no estando el Supremo en condiciones de resolver categóricamente que dicha ley no era aplicable, se anulaba la orden expedida y se declaraba sin lugar la petición sin perjuicio del derecho del peticionario a acudir nuevamente a los tribunales.
    Petición de mandamus solicitando se,librara orden contra el deman-dado para que expusiera las razones que tuviera para que no se expidiera auto de mandamus ordenándole recibir la nominación del peticionario y el envío de ésta a la Junta Insular de Elec-ciones.

      Sin lugar.

      Willis Sweet, B. H. Todd y B. Martínez Nadal, abogados del peti-cionario; Hon. Attorney General, Miguel A. Muñoz, A. Fernández Diez y Carlos Llauger, abogados del demandado.
   RESOLUCIÓN'.

Poe cuanto, en contestación a la petición archivada en este caso, el Secretario Ejecutivo ha alegado el hecho de la existencia de dos candidaturas para el mismo cargo por el mismo partido y ha manifestado que seguirá el curso mar-cado por la sección 36 de la Ley Electoral;

Por cuanto, el peticionario puso en tela de juicio la apli-cabilidad de tal precepto, y

Por cuanto, la corte, en, el tiempo de que ha podido dis-poner para considerar la cuestión, no está preparada, bajo Ids hechos y la jurisprudencia que han estado a su alcance, para resolver categóricamente que dicha ley no es aplicable;

Por tanto, se anida la orden expedida y se declara sin lugar la petición sin perjuicio del derecho del peticionario a acudir nuevamente a las cortes según sea aconsejado.

El Juez Asociado- Sr. Aldrey firmó, conforme con la reso-lución, pero no con sus fundamentos.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto disintió.

OPINIÓN CONCURRENTE BEL

JUEZ ASOCIADO SR. ALDREY.

Don Roberto Ií. Todd presentó en este tribunal el.día 19 de julio último una petición de mandamus contra don Eduardo J. Saldaña, Secretario Ejecutivo de Puerto Rico alegando en lo substancial que el día 11 del mismo mes pre-sentó al Sr. Saldaña un certificado creditivo de que ha sido nominado candidato por convención celebrada los días 28 y 29 de junio del mes anterior por el Partido Republicano Puertorriqueño para Comisionado Residente en los Estados "Unidos para la elección general que habrá de tener lugar en esta isla el próximo mes de noviembre, certificado que está suscrito por Manuel F. Rossy y por Fernando G-éigel ante un notario ante quien reconocen solamente las certezas de sus firmas, y solicitó que se librara una orden contra dicho Sr. Saldaña para que expusiera las razones que tuviera para que no se expidiera un auto de mandamus contra él ordenán-dole que recibiera la nominación del Sr. Todd y la envíe a la Junta Insular de Elecciones con instrucciones de ser co-locada en la papeleta electoral para las elecciones como la candidatura del .Partido Republicano de Puerto Rico con el emblema de dicho partido, el águila.

Este tribunal libró la orden solicitada de la que disentí porque no alegándose en esa petición que el Secretario Eje-cutivo, Sr. Saldaña, se hubiese negado a recibir la candida-tura del Sr. Todd, no procedía tomar acción alguna contra él para obligarle a realizar un acto que no se alega que él se está negando a ejecutar, y porque si bien se decía en la solicitud que el peticionario tenía informes de que el Sr. Sal-daña se negaría a recibir esa candidatura, estimé que esto no es suficiente para autorizar el procedimiento de mandamus por no alegarse expresamente que el demandado se niega a realizar acto alguno que por la ley tenga obligación de eje-cutar sin que los pocos días transcurridos entre la presenta-ción de la candidatura y la petición de mandamus sean por sí mismos demostración inequívoca de una negativa del se-cretario.

El día señalado por el tribunal compareció el Sr. Sal-daña al solo efecto de impugnar la jurisdicción de este tribunal porque no había sido citado personalmente y presentó una declaración suya suscrita y jurada según la cual a él no le fué presentada la candidatura del Sr. Todcl, como se alega en la petición, ni se ha negado a recibirla, pues en las fe-chas que se expresan en la solicitud de mandamus él estaba ausente en los Estados Unidos disfrutando de vacaciones que terminarían a fines del mes de julio, a cuyo vencimiento se encargaría nuevamente de su oficina.

El tribunal anuló la orden expedida contra Saldaña y días después, el 29 de julio, se presentó otra petición enmen-dada de mandamus por el Sr. Todd y se ordenó por este tribunal que al día siguiente compareciera el Sr. Saldaña a exponer las razones que tuviera para no recibir y archivar la nominación del peticionario como candidato de una con-vención del Partido Republicano Puertorriqueño para Oomi-sionado Besidente en los Estados Unidos y para no enviar esa candidatura a la Junta Insular de Elecciones con ins-trucciones de colocarla en el debido sitio en la papeleta electoral como la candidatura del Partido Republicano Puerto-rriqueño con el emblema del mismo, el águila.

Nuevamente compareció el Sr. Saldaña ante nosotros y presentó una declaración jurada en la que expone que hace suyas todas las actuaciones del Secretario Ejecutivo Interino de Puerto Rico Sr. Herrero, en relación con la cuestión que se ventila, y alega que de dichas actuaciones se desprende que el certificado de nominación del Sr. Roberto H*. Todd para Comisionado Residente en los Estados Unidos fue re-cibido en la Secretaría Ejecutiva de Puerto Rico en la fecha de su presentación, que dicho certificado consta actualmente en los archivos de dicha secretaría y forma parte de la do-cumentación oficial de la misma, y que estos hechos apare-cen expuestos bajo juramento por el compareciente en el ■affidavit que acompaña y que hace parte de su comparecen-cia. También alegó contestando al otro particular del re-querimiento que de acuerdo con el artículo 41 de la ley nú-mero 79 para establecer la ley de inscripciones y elecciones •de 1919, según fué enmendada en julio 30 de 1923 (p. 587), no ha existido ni existe en la actualidad obligación o deber .algunos de parte del demandado de enviar a la Junta Insular de Elecciones el nombre de ningún candidato cuya nomina-ción se haya radicado en la oficina del Secretario Ejecutivo de Puerto Rico para ser electo en las elecciones que han de celebrarse el día 4 de noviembre de este año; y que dicha •obligación no existirá hasta el día primero de octubre de 1924, en cuya fecha el Secretario Ejecutivo tiene el deber de enviar todos los candidatos en el mismo día, por medio de listas certificadas, y que no tiene el demandado obliga-ción alguna impuesta por la ley de remitir a la Junta Insular de Elecciones separadamente el nombre de candidato al-guno para ningún puesto a ser cubierto por el voto popular •en las próximas elecciones. También alegó el demandado como fundamento que impide en absoluto la expedición del auto de mandamus en el presente caso que en la tarde del día 29 de julio último se le entregó personalmente un cer-tificado de nominación suscrito por José Tous Soto y Eugenio Lecompte, como presidente y secretario, respectivamente, de una convención celebrada por el Partido Republicano Puertorriqueño en la ciudad de San Juan el día 25 del mes de julio, por el cual se nomina como candidato de dicbo par-tido para el cargo de Comisionado Residente de los Esta-dos Unidos al Hon. Félix Córdova Dávila; que dicbo certi-ficado de nominación, al igual que el certificado presentado a nombre del señor Todd, ba sido también recibido en la Secretaría Ejecutiva de Puerto Rico y consta en los archi-vos de la misma formando parte de la documentación oficial dé dicha secretaría, que estos hechos aparecen expresados bajo juramento en el affidavit que acompaña y que se hace parte de la comparecencia, y que toda vez que el certificado de nominación presentado a nombre del señor Todd ha sido hecho a nombre del Partido Republicano Puertorriqueño, se-gún aparece del certificado que acompaña, y que el certificado de nominación hecho a nombre y a favor del Hon. Félix Córdova Dávila aparece también hecho a nombre del Partido Republicano Puertorriqueño, o sea, el mismo partido que se alega nominó al peticionario en este caso, las actuacio-nes del Secretario Ejecutivo de Puerto Rico están expresa y textualmente demarcadas en la sección 36 de la Ley Electoral de Puerto Rico, y que de acuerdo con el párrafo se-gundo de la misma las funciones del demandado bajo las ac-tuales circunstancias, después que son radicados estos dos certificados de nominación, se limitan a dar aviso de este hecho al comité central del partido a nombre del cual se ban presentado esos dos certificados de nominación, y que la fa-cultad de determinar cuál de esos certificados de nominación representa la candidatura oficial de dicho partido ha sido expresamente conferida por dicha sección 36 al citado co-mité central. También alegó el demandado que habiéndose presentado en su oficina el día anterior el certificado de no-minación del señor Félix Córdova Dávila no lia tenido tiempo material para dar cumplimiento a lo que expresamente le ordena la ley que Raga en estas circunstancias pero que a la mayor brevedad posible se propone cumplir estrictamente eop lo dispuesto en el estatuto.

A esa contestación se hicieron parte de ella varias decla-raciones suscritas y juradas que comprueban los hechos ple-gados, entre ellos que la. nominación del Sr. Todd ha sido recibida en la Secretaría Ejecutiva de Puerto Rico y está entre los documentos de su archivo; que se acusó recibo al señor Todd de su candidatura; que el 14 de julio último don José Tous Soto, como presidente del Partido Republi-cano Puertorriqueño, entregó en la misma oficina una decla-ración escrita y jurada, en la que consigna que dicho Par-tido Republicano Puertorriqueño no ha celebrado convención alguna hasta esa fecha para elegir candidatos para las elec-ciones de este año; y que el 21 de julio el Secretario Eje-cutivo solicitó por escrito del Sr. Todd le pruebe que la convención que lo eligió fué convocada debidamente. Nin-guno de los hechos expuestos en esas declaraciones juradas ha sido negado por el peticionario.

Dispone la sección 36 de la Ley Electoral, según quedó enmendada el 30 de junio de 1923, que cualquier partido po-lítico que hubiere depositado más del 20 por ciento del voto total de la isla para Comisionado a Washington en las. pre-cedentes elecciones generales tendrá derecho a nombrar can-didatos por medio de convenciones debidamente convocadas, que se celebrarán a más tardar el 5 de septiembre; y que el presidente y el secretario de las mismas certificarán al Se-cretario Ejecutivo, a más tardar a las doce del día 10 de septiembre los nombres de los candidatos designados por la convención.

En. este caso el día 11 de julio último fué presentado al Secretario Ejecutivo de Puerto Rico Interino el certificado de nominación del peticionario, y como el Secretario propie-tario demandado, Sr. Saldaña, alega bajo, juramento que dicho certificado fia sido recibido en sn oficina en la fecfia de su presentación y que consta en sus archivos y forma parte de la documentación oficial de la misma, no procede librar un auto de mandamus para obligarle a hacer lo que él reconoce y acepta que ha hecho, o sea, recibir y archivar con los de-más documentos oficiales de su oficina la petición del Sr. Todd, aceptación y archivo que aparece más claramente de la declaración jurada que acompañó con su contestación, por lo que en vista de esos hechos aceptados por el actual secre-tario demandado no tenemos que decidir respecto a la con-ducta de su antecesor interino solicitando del Sr. Todd cierta comprobación de su designación.

La pretensión del peticionario de que el Secretario Eje-cutivo envíe su nombre a la Junta Insular de Elecciones para ser impreso en la papeleta oficial como la candidatura del Partido Republicano Puertorriqueño para Comisionado en Washington es improcedente por ser contraria a la ley, pues ésta dispone en el artículo 41 que el Secretario Ejecu-tivo enviará el primero de octubre a la Junta Insular de Elecciones listas certificadas con los nombres de todos dos candidatos presentados en su oficina, y cómo ese día no ha llegado no puede el peticionario exigir ni puede obligarse al demandado que envíe el nombre del peticionario como tal candidato a dicha Junta Insular de Elecciones y, además, porque el secretario no tiene obligación de enviar a la junta separadamente los nombres de los candidatos según se le vayan presentando sino que es el día primero de octubre que deberá enviar listas de todos los candidatos.

La petición de mandamus es también improcedente por-que dispone la ley en el párrafo segundo del artículo 36 ci-tado que ningún partido político presentará más de una can-didatura para cada cargo, y pudiendo presentarse los certifi-cados de candidaturas hasta el día 10 de septiembre, hasta esta fecha no puede saber el secretario si la candidatura que se le ha presentado es la que habrá de certificar el día pii-mero de octubre a la Junta Insular de Elecciones para que figure en la papeleta electoral, pues preveyendo nuestra ley en el párrafo segundo del artículo 36 citado que pueda pre-sentarse más de una candidatura como las candidaturas acor-dadas por dos o más convenciones del'mismo partido, como ocurre en este caso en que se lian presentado 'dos candida-tos para Comisionado Residente en los Estados Unidos como las' del Partido Republicano Puertorriqueño, lia dispuesto para casos como el presente que el Secretario Ejecutivo dé aviso del hecho al comité central de dicho partido, el cual estará facultado para determinar cuál es la candidatura ofi-cial de aquél, cuya decisión deberá ser presentada al Secre-tario Ejecutivo antes de las doce del día 20 de septiembre, debiendo dicho secretario regirse por dicha decisión a me-nos que en 30 de septiembre, o antes, un tribunal de justicia ordenare lo contrario; y en caso de que el comité central del partido dejare de presentar su decisión antes de las doce del día 20 de septiembre, se considerará como candida-tura oficial del partido la presentada en primer término al Secretario Ejecutivo y' todas las demás candidaturas del mismo partido para el mismo cargo serán consideradas nu-las y sin valor.

Puesto que nuestra ley prohíbe que haya más de una candidatura por cada partido político y puesto que ha pre-visto el caso de que se presenten dos o más candidaturas como las de un mismo partido, y ha establecido claramente lo que ha de hacerse en tal caso, y puesto que el secretario afirma bajo juramento que está dispuesto a cumplir a la mayor brevedad eon la ley y no se ha determinado cuál de las dos candidaturas presentadas, es la oficiál, no podemos ordenar al Secretario Ejecutivo que considere la del peticio-nario como la candidatura oficial que ha de figurar en ]a papeleta electoral. Eso es lo que dispone el estatuto y no-sotros no somos legisladores para alterarlo disponiendo una cosa contraria o distinta a la establecida en él.

Es cierto que la Corte Suprema de Nebraska, en el caso de Phelps v. Piper, 48 Neb. 724, y la de Michigan en el de Stephenson v. Board of Election, 118 Mich. 396, han resuelto que en caso de dos candidaturas de un mismo partido am-bas deben figurar en la papeleta electoral, pero esas reso-luciones no son aplicables al caso que estamos considerando porque ambas descansan en la base de que la legislatura de aquellos estados no ha previsto lo que ha de hacerse en tal situación, y al efecto en el primero de esos casos se dice terminantemente que “La legislatura no ha dispuesto me-dio alguno para la determinación de tales controversias; ’ ’ y en la segunda resolución se dice “Aquí tenemos qué con-siderar las dos convenciones, cada una alega tener el dere-cho de representar al mismo partido político. La propia ley será examinada en vano en busca de un precepto que trate tal contingencia. No fue tenida en cuenta, por la le-gislatura y por tanto nada se legisló sobre el particular. No debe ser cosa que cause sorpresa que la ley, como fué aprobada originalmente, no sea perfecta en todos sus parti-culares.”

Nuestra legislatura ha previsto el caso que no tuvieron en cuenta esos dos Estados y por consiguiente el secretario tiene que seguir los trámites dispuestos por ella y está dis-puesto a cumplirlos.

Por las razones expuestas no debe librarse el auto de mandamus que se solicita y estoy conforme con la resolu-ción del tribunal solamente en cuanto niega la expedición del auto solicitado.

OPINION DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SR. FRANCO SOTO.

Siento disentir del resultado a que han llegado los otros jueces en la resolución de este caso. La conclusión de la mayoría es la negación del mandamus, si bien es de adver-tir que no ha habido uniformidad en los motivos para adop-tar la negativa. De todos modos esta acción no se ha re-suelto sobre los méritos y existiendo elementos suficientes de la petición y documentos que se acompañan, así como de la contestación del demandado, me parece qne éste es el error qne se lia cometido. Yo dndo mucho qne podamos dejar de fallar nn asnnto porqne no se lia demostrado ca-tegóricamente la no aplicación de la ley. Me parece qne es cnestión qne podemos resolver nosotros mismos por ser quizá nn deber qne nos impone el artículo 7 del Código Civil.

Mi inconformidad consiste en que el artículo 36 de la Ley de Inscripciones y Elecciones, según fné enmendado en .julio 30, 1923, no tiene aplicación a los lieclios de este caso. Y no existiendo estatuto en Puerto Rico que baya previsto una situación como la presentada en este caso, no quedan más medios que. los de acudir y aplicar los principios y la jurisprudencia que, en casos semejantes, se lian aplicado en «diversos Estados, como así pasamos a examinar y discutir.

En aquellos Estados en que el estatuto no le da juris-dicción expresa a las cortes para intervenir y zanjar las diferencias que surjan dentro de las organizaciones de los par-tidos políticos, la cuestión se deja para que se dirima por •el voto del pueblo en las elecciones generales que ban de «celebrarse.

“En algunas jurisdicciones, sin embargo, las cortes han rehusado •determinar cuál de las dos facciones rivales de convenciones repre-senta el partido político y se sostiene que cuando dos candidaturas ban sido hechas que los dos tickets deben ser colocados en la papeleta •ofieial de votantes.” Stephenson v. Election Com’rs, 118 Mich. 396, 76 N. W. 914; Phelps v. Piper, 48 Neb. 724, 67 N. W. 755; State v. Piper, 50 Neb. 42, 69 N. W. 384. 21 Ann. Cases 298.

Én otros Estados, por ejemplo, Montana, Wisconsin, Mas-' nacbusetts, New York, etc., el estatuto da poder a las cortes para determinar y juzgar las contiendas que ocurran dentro de cada partido político, pero las autoridades varían en sen-tido de si el fallo de un comité político puede o nó 'obligar a las cortes sobre el conflicto o rivalidad de las facciones que reclaman al mismo tiempo ser la legítima o regular re-presentación del partido. Pero cualquiera que sean las va-riaciones de las autoridades en estos Estados, si bien el ofi-cial encargado de recibir y archivar las candidaturas tiene ciertas facultades para inquirir acerca de la regularidad de las candidaturas, no así ocurre lo mismo en los Estados pri-meramente citados y otros que siguen la misma pauta, en los cuales no existiendo estatuto que dé jurisdicción a las cortes para investigar la regularidad de convenciones riva-les dentro del mismo partido político, el funcionario encar-gado de recibir y archivar las candidaturas no tiene en ab-soluto facultad discrecional o cuasi judicial para investigar la regularidad o nó de una convención política ni menos tra-tar de determinar cuál representa la legítima o genuina re-presentación del partido. Su deber de recibir y archivar nominaciones es ministerial; su autoridad no alcanza para resolver cuál de los dos tickets debía ser colocado en la pa-peleta oficial y su función sólo se limita exclusivamente a que se corrijan irregularidades que se puedan desprender del certificado para asegurarse de la autenticidad del docu-mento.

Y ya entrando en los méritos del caso, aparece de la con-testación del Secretario Ejecutivo que la candidatura del peticionario Roberto H. Todd para Comisionado Residente en los Estados Unidos, nominado según el certificado en una convención del Partido Republicano Puertorriqueño el 29 de junio de 1924, fué presentada en la oficina del secretario el 11 de julio de 1924 con el fin de que se recibiera y archivara de acuerdo con la ley. La certificación prima facie llena todas las formalidades externas. Las firmas del presidente y secretario de la convención en. que se afirma que tuvo lu-gar la nominación están autenticadas ante notario. Esta es una de las formalidades, por ejemplo, que dentro del de-ber ministerial que tiene el Secretario Ejecutivo puede in-vestigar en caso que. dichas firmas no hubieran sido recono-cidas ante un funcionario depositario de la fe pública. Tam-bién podía cerciorarse por sí mismo si de hecho se había ve-rificado tal convención, pero nada más podía inquirir dicho oficial y mucho menos intentar investigar la regularidad o irregularidad de la convención que nominó al peticionario, De suerte que el Secretario Ejecutivo, inspirado, como así se desprende de su contestación por el consejo legal del Attorney G-eneral de Puerto Rico, exigiendo al peticionario prueba aliunde que demostrase la regularidad de la conven-ción, se excedió en sus facultades y fué una manera indi-recta de negarse a recibir y archivar en su oficina dicha can-didatura, cuando su deber era, una vez que no existían in-formalidades que corregir, de recibirla y archivarla para que fuera enviada en su oportunidad a la Junta Insular de Elec-ciones para ser impresa en el sitio correspondiente en i a papeleta oficial de votantes, sin parar mientes en la legiti-midad del partido que represente.

Si días después de recibida la candidatura del. peticiona-rio el Secretario Ejecutivo recibe una certificación suscrita por José Tous Soto y Eugenio Lecompte, en su carácter de presidente y secretario del mismo Partido Republicano, con-signándose que en la fecha a que se refiere la nominación del peticionario no se había celebrado convención alguna que nominara el candidato de Comisionado Residente en los Es-tados Unidos y más tarde recibió un certificado suscrito por las personas antes nombradas, como presidente y secretario, respectivamente, de una convención celebrada por el Partido Republicano Puertorriqueño en la ciudad de San Juan el día 25 de julio de 1924 por el cual se nomina, como candi-dato de dicho partido para el cargo de Comisionado Resi-dente en los Estados Unidos a Félix Córdova Dávila, todos esos hechos corroboran, conforme se alega en la petición de mandamus y resulta de los affidavits que se acompañan, que el Partido Republicano Puertorriqueño se dividió en dos ban-dos; que se trata de una verdadera escisión en la masa del partido y que no es cuestión de meras disenciones locales o diferencias en organismos inferiores del partido, que es lo que única y realmente quiso prever la ley de inscripciones y elecciones en su art. 36, tal como fué enmendado en julio 29, 1923. Esta disposición de la ley es, pues, solamente aplica-ble a disensiones como las que pueden resultar en la nomi-nación de candidatos locales como las que surgen en las can-didaturas para tickets municipales, representantes de dis-trito, distritos senatoriales, etc., y las que materialmente pueden ser dirimidas por un comité central, tal como dis-pone el artículo 36; pero tratándose de la división o dislo-cación de un partido en lo que pudiera llamarse en su eje central, no cabe bajo ningún razonamiento sostener que existe una cuestión parcial que dirimir sino una magna contienda que afecta a la pureza y a la vida misma del partido que se divide en dos alas. En vano puede buscarse un precepto en la Ley Electoral vigente que trate tal contingencia y es por-que clama a la razón que la Legislatura Portorriqueña no tuvo en contemplación sucesos que ban ocurrido después. El mismo artículo 36 no puede ser más claro en sus términos: en él se legisló para casos ordinarios pero no para becbos extraordinarios. No podemos forzar su interpretación so pena de excedernos en nuestras propias funciones como jue-ces para interpretar la ley. Y para mayor claridad es bueno que copiemos dicho artículo 36, que textualmente dice:

“Cualquier partido político que hubiere depositado más del veinte (20) por ciento del voto total de la Isla para Comisionado a Washington en las precedentes elecciones generales, tendrá derecho a nombrar candidatos por medio de convenciones debidamente convo-cadas. Dichas convenciones se celebrarán a más tardar el cinco de septiembre y el presidente y el secretario de las mismas certificarán al Secretario Ejecutivo, a más tardar a las doce del día del diez de septiembre los nombres de los candidatos designados por la conven-ción. Si cualquiera de los partidos dejare de presentar al Secreta-rio Ejecutivo, el diez de septiembre a las doce del día, o antes, el nombre de algún candidato para algún cargo, entonces el partido que así faltare, perderá el derecho a la presentación de candidatos para tal cargo o cargos.
“Ningún partido político presentará más de una candidatura para cada cargo. Si se presentare para su inscripción más de una candidatura como las candidaturas acordadas por dos o más con-venciones del mismo partido, el Secretario Ejecutiyo dará aviso del hecho al comité central de dicho partido, el cual estará facultado para determinar cuál es la candidatura oficial de aquél. La decisión de dicho comité central deberá presentarse al Secretario Ejecutivo antes de las doce del día del veinte de septiembre. El Secretario Ejecutivo deberá regirse por dicha decisión a menos que en treinta de septiembre, o antes, un tribunal de justicia ordenare lo contrario. •En caso de que el comité central del partido interesado dejare de presentar su decisión antes de las doce del día del veinte de septiem-bre, se considerará como candidatura oficial de dicho partido la candidatura presentada en primer término al Secretario Ejecutivo y todas las demás candidaturas del mismo partido para el mismo cargo serán consideradas nulas y sin valor.”

No podemos, pues, liacer uso de esta disposición de la ley y no existiendo por' consiguiente ningún precepto en nuestra ley para una condición tal como aparece de los autos, o no existiendo estatuto que confronte una situación igual a la presente, tenemos que acudir necesariamente al medio más en armonía que resulta en consonancia con las prácticas democráticas que rigen en un gobierno libre en donde su fuerza y poder nace de la voluntad del pueblo. Este es el principio en que descansa la abrumadora juris-prudencia de todos aquellos Estados donde se lia resuelto' que las candidaturas rivales se imprimirán en la papeleta electoral para que el pueblo sea el que decida.

Uno de los casos que ilustran mejor esta materia y en eí que el lenguaje de la Corte Suprema de Nebraska es real-mente sugestivo, es el de Phelps v. Piper, 48 Neb. 724. En este caso en parte se dice:

“La legislatura no ha dispuesto medio alguno para la determi-nación de tales controversias. Los partidos políticos son asociacio-nes voluntarias constituidas para fines políticos. Ellos establecen sus propias reglas, y se gobiernan de acuerdo con sus propios prece-dentes. L.os electores pueden formarlos, reorganizarlos, y disolver-los a voluntad. Los electores son los llamados a determinar final-mente todas las cuestiones de esa. índole. Los electores que consti-tuyen un partido son ciertamente el único núcleo que puede final-mente dictaminar entre facciones u organizaciones contendientes. La cuestión es esencialmente política y no judicial, por su naturaleza. Sería igualmente peligroso para la independencia de las elecciones, la libertad de los votantes y la dignidad y respeto que deben mante-nerse respecto a los tribunales, que las cbrtes intentaran en algún caso investigar el gobierno, usos o doctrinas de los partidos políticos y excluir de las papeletas oficiales los nombres de candidatos nomi-nados por una organización que una parte, o quizás una inmensa mayoría, de los electores afiliados al partido de que se trata, cree ser la que representa sus doctrinas políticas y el gobierno del par-tido. Aún dudamos que la legislatura tenga poder para conferir a las cortes tal autoridad. Es indudable, sin embargo, que la legis-latura no ha tratado de hacerlo. No nos extenderemos en conside-raciones sobre el ci’iterio que hemos expuesto. Si fuera necesario ci-tar autoridades en apoyo del mismo, creemos que los principios fun-damentales son aquellos que guiaron a las cortes en los casos de People v. District Court, 18 Colo. 26, 31 Pac. 339; Shields v. Jacob, 88 Mich. 164, 50 N. W. 105; así como también en State v. Alien, supra.”

Otro caso de excepcional importancia es el de Stephenson v. Board of Election Com’rs., 118 Mich. 396, confirmando prácticamente los principios políticos sustentados en los ca-sos anteriores. Y en él se dice:

“Se ha resuelto en este Estado que cuando facciones rivales de una convención regularmente convocada de un partido nominan y certifican diferentes tickets, los comisionados de elección no tienen ninguna autoridad para aceptar una, con exclusión de la otra; y se resolvió además que bajo tales circunstancias, ambos tickets de-bían de ser impresos en las papeletas; y se dijo en relación con esto que el nombre de un partido como había sido certificado debía ponerse sobre el ticket sin .más adición o designación distintiva que la que aparecía en los certificados entregados. Véase el caso de Shields v. Jacob, 88 Mich. 164, 50 N. W. 105. Ese caso surgió bajo la ley núm. 190, Pub. Acts 1891, la cual disponía respecto a lo que generalmente se conoce por ‘Papeleta Australiana/' que exige la adopción de una viñeta por cada partido, bajo la cual el ticket del partido debía ser impreso.
“Una cuestión semejante surgió en Colorado el año próximo pa-sado bajo una ley de índole semejante que prescribía que el funció-' nario a quien se entregaba el certificado debía resolver- al formulár-sele las oportunas objeciones. En una convención convocada regu-larmente surgió un desacuerdo, que dió por resultado una división y dos tickets; cada facción alegaba representar al partido, y cada una archivaba el certificado prescrito por el estatuto. Se alegó que el secretario de estado tenía autoridad para resolver cuál de los dos tickets debía ser colocado en la papeleta pero la corte resolvió.lo contrario. Se dijo que su facultad sólo alcanzaba al hecho de co-rregir informalidades. La corte se expresó así: ‘Respecto a cuáles eran los deberes del secretario de estado bajo las circunstancias de este caso, es cosa que todavía está por resolverse.- Aquí tenemos que considerar las dos convenciones, cada una alega tener el derecho de representar al mismo partido político. La propia ley será exami-nada en vano en busca de un precepto que trate de tal contingen-cia. No fué tenido en cuenta por la legislatura y por tanto nada se legisló sobre el particular. * * * ’ ”

En este caso se hace referencia a algunos Estados que contienen estatutos dando jurisdicción a las cortes para de-terminar las diferencias de facciones rivales y determinar cuál pueda tener la genuina representación del partido y en él se llama especialmente la atención del- Estado de New York en donde una facción política rebelde triunfó sobre los derechos judicialmente determinados por la corte en favor-de la otra facción y comentando el caso de New York, se dice en la opinión:

“Así, pues, se verá que la política de Mongin triunfó sobre los derechos judicialmente determinados de Patterson. No puede encon-trarse en la historia de la jurisprudencia de este país un capítulo más humillante y todo se debe a la tentativa mal dirigida de imponer a la corte el deber de presidir convenciones políticas y asambleas por los medios y acciones o procedimientos de la ley, impropios para el objeto. * * * ”

No podemos estar conformes que se pueda afirmar para darle cierta aplicación al artículo 36, supra, que en la peti-ción no se alega que no exista un comité central del Partido Republicano Puertorriqueño. Si se alega que en una con-vención celebrada el 3 de mayo de 1924 dicho partido acordó coaligarse al partido Unión de Puerto Rico y una parte de los delegados se retiraron y alegan que constituyen el ver-dadero Partido Republicano Puertorriqueño, es obvio decir que* no pudo sobrevivir a la división del partido un comité central que pueda dirimir semejante disidencia. Sería con-trario al buen sentido, a las regias de enjuiciar y a la pura razón presentar la cuestión al comité central de cualquiera de las dos facciones rivales, porque el resultado sería que fallarían su propia causa. Nemo debet esse judex in propia causa.

Tal vez pudiera creerse que dos tickets llevaran cierta confusión al electorado y que eso pueda inducir mal al elector al marcar la papeleta. En relación con esta' aparente dificultad, en el caso de Stephenson v. Board of Election Gom’rs supra, se trata esta parte de la cuestión y el razo-namiento de la corte es tan fuerte que nos parece que él destruye toda objeción. Dicha corte en ese extremo dice:

“Poca consideración debe darse al razonamiento de que pueden ser engañados los votantes teniendo dos tickets demócratas en la contienda. Una vez sin duda los votantes fueron frecuentemente inducidos a error por el hecho de existir nombres impresos baja ciertos determinados encabezamientos que propiamente no pertene-cían a ellos. Pero este engaño sólo se llevó a cabo en secreto y por la tardanza de la hora en la cual tales tickets irregulares fueron distribuidos, generalmente sólo el día de la elección. Pero bajo la ley actual, el peligro de engaño en la forma indicada queda redu-cido a su mínima expresión. El secretario de estado está en el de-ber de certificar estos tickets a los secretarios de condado, y los se-cretarios de condado deben a su vez hacer que los mismos se publi-quen por varios días antes de la elección. * * * ”

En conclusión, si el Secretario Ejecutivo ha intentado y persiste seguir la vía que señala el artículo 36, su actuación es equivocada. Su deber, por las razones que han sido ex-puestas, es ministerial y soy de opinión que un mandamus de carácter perentorio debe ser expedido para que reciba y archive el certificado del peticionario dándole el curso ulterior que se expresa en esta opinión.


author: Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Rafael Martínez Nadal y Fernando J. Géigel, Presidente y Secretario, respectivamente, del Partido Constitucional Histórico, peticionarios, v. Eduardo J. Saldaña, Secretario Ejecutivo de Puerto Rico, demandado.
    No. 224.

    Visto: Agosto 15, 1924.

      Resuelto: Agosto 22, 1924.
    1. Mandamus — Cuestiones Sujetas a Mandamus y Propósitos del Remedio— Actos y Procedimientos de Puncionariós Públicos, Juntas y Municipios— Elecciones — Restricción del Sufragio. — Conferido por nuestra Carta Orgá-, nica a los electores capacitados de la Isla el derecho de votar, la Legislatura sólo puede regular pero no anular el derecho constitucional de dichos elec-tores, y el requisito del 10 por ciento de firmas que, para nombrar candidatos por petición, requiere la Ley No. 2 de 1924' (p. 37) es irrazonable, priva al electorado de su derecho a votar, y es inconstitucional y nulo. (Opinión del Juez Asociado Señor Wolf, actuando en funciones de Juez de turno.)
    2. Mandamus — Jurisdicción, Procedimientos y Remedio — Petición de Mandamus — Alegación en Cuanto al Requerimiento y Negativa del Funcionario .Demandado. — Cuando el derecho que se alega es de carácter público, puede solicitarse un auto de mandamus sin necesidad de alegar en la petición el requerimiento ni la negativa del funcionario contra quien va dirigido. .(Opi-nión del Juez Asociado Señor "Wolf, actuando en funciones de Juez de turno.)
    3. Mandamus — Jurisdicción, Procedimientos y Remedio — Petición de Manda- ’ mus — Mayor Especificación en las Alegaciones. — -Alegándose en- una peti-ción de ma/ndamms que determinada ley infringe nuestra Oarta Orgánica y restringe el derecho al voto, y existiendo en ésta varias disposiciones que confieren tal derecho, no es necesario mayor especificación en cuanto a' los preceptos en particular que se suponen infringidos. (Opinión, dejvJqaz .Aso,-eiado Señor Wp-lf, actuando en funciones de Juez de turno.)
    4. Mandamus — Jurisdicción, Procedimientos y Remedio — Jurisdicción' en Ca-sos Extraordinarios. — Como en el caso de autos, las cortes conocerán de un procedimiento de mandamus para resolver cuestiones antes de que se haya requerido o rehusado el cumplimiento de algún acto sólo en casos muy excep-cionales y extraordinarios, cuando la negativa a conocer de dicho procedi-miento podría -y probablemente resultaría en que la resolución de la porte no tenga fin práctico alguno. (Opinión del Juez Asociado Señor Wolf, ac-tuando en funciones de turno.)
    Solicitud de auto de mandamus al Hon. Adolph. G. Wolf, Juez Aso-ciado, en funciones de juez de turno, a fin de que la inscripción de las candidaturas de los partidos políticos se efectúe de acuerdo con las prescripciones de la Ley No. 79 de junio 25, 1919 (p¿ 531), y no de la Ley No. 2 de la sesión extraordinaria de junio 18, 1924 (p. 37), y para que se declare la nulidad de esta última.
    Expedido el mandamiento alternativo en agosto 22, 1924 se señaló el 27 del mismo mes para oir a las partes y para que el' demandado alegara las razones que tuviera para no expedir un auto perentorio.

      En la comparecencia celebrada el 27 de agosto el secretario del tribunal informó al Sr. Juez habérsele entregado en ese mo-mento por el abogado del demandado una contestación al auto alternativo, y expresándose dicho abogado de acuerdo con dicha contestación, en el sentido de que el caso debía ser conocido por el tribunal en pleno, solicitó del Sr. Juez que así lo ordenara. Entendiendo el Hon. Juez en vista de la contestación, que no tenía facultad para seguir por sí mismo conociendo -del caso, re-solvió que se diera cuenta al tribunal en la próxima sesión.

      Cayetano Coll y Cuchí, abogado de los peticionarios; Hon. Attorney General, Miguel A. Muñoz, C. Llauger Díaz y J. A. Fernández, abogados del demandado.
   Opinión emitida poR el

Juez Asociado Señor Wolf,

ac-tuando en funciones de juez de turno.

El objeto fundamental de esta petición, como fue enmen-dada, es obtener para el “Partido Constitucional Histórico” el derecho a nominar candidatos por petición. Sostienen los peticionarios que la Ley No. 2 de la Sesión Extraordinaria de la Legislatura de 1924 titulada “Ley para enmendar la sección 37 de la ‘Ley de Inscripciones y Elecciones-,’ . . . .” es anticonstitucional y nula. La súplica de la petición es que se ordene al Secretario Ejecutivo de Puerto Rico que haga caso omiso de dicha Ley y proceda a hacer las inscrip-ciones de los partidos políticos de acuerdo con la Ley No. '74 de julio 30, 1923. Las dos cuestiones substanciales pre-sentadas en esta petición, dejando a un lado momentánea-mente todas las cuestiones de forma o de procedimiento, son las siguientes:

Si existe algo en la ley fundamental de Puerto Rico que impida a la legislatura limitar el derecho del sufragio en Puerto Rico; y

Si la Ley de 1924 constituye una invasión injustificada de los derechos del electorado y por tanto es anticonstitu-cional.

1.

Antes de discutir cualquiera de las cuestiones fundamen-tales o subsidiarias envueltas en esta petición, parece con-veniente mencionar primero la cuestión de jurisdicción. La tradición de esta corte era que si bien un juez asociado in-dividualmente podría expedir un auto de mandamus para :ser devuelto diligenciado a la corte, dicho juez no tenía por sí mismo derecho a resolver las cuestiones envueltas en una petición de mandamus o para dictar el auto perentorio. El razonamiento de los peticionarios acerca de la presentación de la petición y el nuevo examen de la ley, algo me hizo dudar. De un examen en conjunto me inclino a volver a mi idea original de este auto, aunque en la expedición del mandamiento que acompaña a esta opinión dejaré la cues-tión abierta a discusión: en otras palabras, dispondré que el auto sea devuelto diligenciado a “la corte,” lo que puede interpretarse que significa, según sea el caso, ya el juez individual o la corte en pleno.

. El argumento principal de los peticionarios en este sen-tido fué que si un juez tenía derecho a expedir el auto, tam-bién lo tenía para resolverlo. Sin embargo, sin detenerme .ahora a comprobar la cuestión en los libros, estoy entera-mente seguro de que varios autos pueden ser expedidos por una corte de apelación por jueces individuales y devueltos •diligenciados ante el tribunal en pleno. Por mi misma ex-periencia o lectura sé que jueces individuales de la Corte Suprema de los Estados Unidos han expedido de este modo .autos de error, procedimientos en bancarrota y, si no estoy •equivocado,, autos de 'habeas corpus. En muchos casos, ne-cesariamente, y en época de vacaciones, tales facultades pueden fácilmente dejarse a jueces individuales y es un modo •conveniente de evitar que se tome todo el tiempo de la corte. La duda que tengo en favor de los peticionarios es el texto literal de la ley de mandamus, el hecho de que esta corte ■ está en vacaciones, y que la ley requiere, con cierto fin que no se revela enteramente, que uno de los jueces de la Corte Suprema de Puerto Rico permanecerá siempre en la capital.

Las razones por las cuales me inclino a convenir con el Fiscal General de que un juez individual no debe dictar una resolución definitiva, son, primera, que el artículo 1 de la ley de mandamus ordena que el auto sea dictado por el Tribunal Supremo o por las cortes de distrito de Puerto Eico. Un juez individual no es la Corte Suprema y en la fecha en que fué aprobada la ley de mandamus en el año 1903 el juez de distrito no era la corte de distrito. En 1903 las cortes de distrito estaban constituidas por tres jueces. En toda la ley es de la “corte” de la-que se habla en general, y si bien las palabras “la corte” podrían significar un juez individual si tuviera facultad para compeler al demandado, sin embargo, cuando se usa de tal modo en la ley la palabra “corte,” creo que debe considerarse en oposición a un juez en particular que tiene el derecho a expedir el auto en primer término.

Sería un corolario de esta proposición que un juez individual no tuviera derecho a castigar por desacato. El lo tendría si ha de considerársele como la corte.

Acerca de la omisión en prescribir la ley algún recurso para ante el.tribunal en pleno en el caso de que un juez individual de la Corte Suprema dicte un auto perentorio de mandamus. En la ley de habeas corpus se prescribe sobre una apelación contra la resolución de un juez individual. Nada se dispone en la ley de mandamus. Las apelaciones en Puerto Eico o se fijan directamente por la ley contra las cortes de distrito, o expresamente se autorizan como en la ley de habeas corpus. En manera alguna es un juez de la Corte Suprema, al expedir el auto, un funcionario de una corte inferior contra el cual pudiera interponerse apelación a la Corte Suprema. • Difícilmente hubiera sido la intención de la legislatura haber conferido a los jueces individuales tal facultad completa sin prescribir acerca de una apelación.

Si yo hubiera estado enteramente satisfecho de la anti-constitucionalidad de la Ley de 1924, hubiera ordenado la expedición de un auto alternativo primeramente para que fuera devuelto diligenciado a la corte, pero como la pri-mera parte del auto alternativo es mandatoria en su forma y de este modo es algo semejante a una expresión prelimi-nar de opinión por el juez que lo expide, no quise librar el auto en dicha forma alternativa sin oir primero a las par-tes con respecto a la constitucionalidad de la indicada ley. Las partes comparecieron ante mí el .día 15 de agosto de 3924 y discutieron las varias cuestiones envueltas.

2.

Los artículos 26, 27, 28, 29, 35 y 36 de la Ley Orgánica, en tanto son pertinentes, prescriben lo siguiente:

“Art. 26. — El Senado de Puerto Rico se compondrá de diez y nueve miembros elegidos, por el término de cuatro años, por los elec-tores capacitados de Puerto Rico. Cada uno de los siete distritos senatoriales definidos más adelante, tendrá el derecho de elegir dos senadores, y además de ese número se elegirán cinco senadores at large.
“Art. 27. — La Cámara de Representantes de Puerto Rico cons-tará de treinta y nueve miembros elegidos cada cuatro años por los electores capacitados de Puerto Rico, según más adelante se dispone. Cada uno de los distritos representativos que más adelante se pro-veen, tendrá el derecho de elegir un representante, y además de ese número se elegirán cuatro representantes at large.
“Art. 28. — Para los efectos en lo futuro de las elecciones para miembros de la Asamblea Legislativa, se dividirá la isla de Puerto Rico en treinta y cinco distritos representativos, compuestos de te-rritorios contiguos y compactos, y establecidos, hasta donde sea practicable, sobre la base de igualdad de población. La división y de-marcación de tales distritos se harán por el Consejo Ejecutivo de Puerto Rico.
“Art. 29. — Las próximas elecciones en Puerto Rico se celebrarán el año mil novecientos diez y siete, el día 16 de julio. En ellas se elegirán los senadores y representantes, un Comisionado Residente :en los Estados Unidos y dos Comisionados de Servicio Público, se-gún se provee en esta Ley. Después de esas elecciones, las sucesivas tendrán efecto el primer martes después del primer lunes de no-viembre, a contar desde el año 1920, y cada cuatro años después, y el término del cargo de todos los funcionarios municipales que ha-•yan sido elegidos antes de ahora, y el cual de otro modo expira-ría al principio del año 1919, se prorroga por la presente basta que los funcionarios que se eligieren para cubrir dichos cargos en 1920 tomen posesión debidamente; ....
“Art. 35. — En las primeras elecciones que se celebren de acuerdo con esta Ley, los electores capacitados serán aquellos que tengan las condiciones de electores con arreglo a la ley actual. Después de esas elecciones los electores deberán ser ciudadanos de los Estados Unidos, que hayan cumplido veintiún años de edad, y tengan las de-más condiciones que se prescribieren por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico; Disponiéndose, que no se impondrá ni exigirá en ningún tiempo a ningún elector condición alguna que envuelva la posesión de propiedad. '
“Art. 36. — Los electores capacitados de Puerto Rico elegirán, en las próximas elecciones generales un Comisionado Residente en los’ Estados Unidos, por un término que comenzará en la fecha en que se le expida su certificado de elección, y continuará hasta el cuatro de marzo de 1921. En cada elección subsiguiente, a contar desde el año 1920, los electores capacitados de Puerto Rico elegirán un Comisionado Residente en los Estados Unidos por el término d'e cuatro años, que se contarán desde el cuatro dé marzo siguiente' a dichas elecciones generales, y quien tendrá derecho a reconocimiento oficial como tal Comisionado por -todos los departamentos del Go-bierno de los Estados Unidos, previa presentación, por conducto del Departamento- de Estado, de un certificado de elección extendido por el Gobernador de Puerto Rico.”

En la vista de este caso hubo alguna discusión respecto a si el derecho a votar era un derecho natural o inherente de los ciudadanos de los Estados Unidos, y se hizo alguna mención de las decisiones en el caso de Morales v. Junta Local de Inscripciones, de abril 25, 1924, (pág. 79) donde se re-solvió que éste no era un derecho inherente. Aquí, sin embargo, estamos considerando un alegado precepto constitu-cional. En algunos estados no existen disposiciones en la constitución acerca del derecho al sufragio. La cuestión de elección está grandemente en manos de lá legislatura. En Puerto Rico, sin embargo, el derecho a votar por el Comi-sionado Residente, senadores y representantes se confiere a los electores capacitados de Puerto Rico por la Ley Orgá-nica. En mi opinión, por tanto, una ley.que obstaculice se-ñámente el derecho de los electores capacitados de Puerto a emitir sus votos, sería anticonstitucional.

Guando xma constitución guarda silencio sobre el particular, la legislatura de. un Estado tiene absoluto control de las elecciones y puede conceder o restringir el sufragio, se-gún lo crea conveniente. En otras palabras, como se ba dicho, la legislatura entonces es la suprema. expresión de la. voluntad del pueblo para conferir o restringir el voto más o menos, según lo estime conveniente, limitada principal-mente por la Constitución de los Estados Unidos. Puede haber excepciones, pero ellas no afectan a la cuestión en este caso. Por supuesto que podría entonces argüirse que la le-gislatura podía pasar una ley electoral que regulara la elec-ción de funcionarios que no sean los mencionados en la Ley Orgánica. En ese caso si la Ley No. 2 era anticonstitucio-nal con respecto a los funcionarios en particular nombrados, probablemente no sería susceptible de división para conser-var su constitucionalidad, considerada toda la naturaleza de las leyes de elecciones.

Sin embargo, creo que puede inferirse de la Ley Orgá-nica y especialmente de los artículos que he citado, que fue la intención del Congreso conferir a los electores capacita-dos de Puerto Rico el derecho a votar en todas las eleccio-nes y para todos los cargos. La lectura de la Ley Orgánica me lleva a esta conclusión y esta idea está robustecida por las palabras con que concluye el artículo 35, que son que no se impondrá ni exigirá en ningún tiempo a ningún elector condición alguna que envuelva la posesión de propiedad. Aunque la legislatura está autorizada para poner un límite a los electores capacitados, por otra parte la intención reve-lada por el Congreso es que los electores capacitados deben tener el derecho a votar en las elecciones.

El propósito del Congreso fué hacer soberano al pueblo por medio de sus electores capacitados. Esta corte, por conducto del juez que suscribe, llamó la atención a este fin en el caso de Torres v. Asamblea Municipal de Guánica, de junio 19, 1924, (pág. 349). Allí dijimos lo siguiente: “A Puerto Rico se le ha dado lo mismo que a cualquier estado de la Unión una forma representativa de gobierno. Funda-mentalmente el pueblo gobierna y elige sus representantes. Los representantes son elegidos por los electores capacita-dos.” Que una legislatura puede regular pero no anular el derecho constitucional de los electores capacitados, ha sido resuelto repetidas veces y no me detendré en citar las decisiones.

3.

La verdadera cuestión principal en este caso es si la Ley No. 2 de 1924 obstaculiza el derecho de los electores capaci-tados de Puerto Rico a votar en las elecciones.

Se admite que había alrededor de 250,000 votantes en Puerto Rico en la última elección. La parte de la ley de junio 18, 1924, a la cual se ha hecho la mayor objeción es como sigue:

"Una petición para el nombramiento de un candidato para cual-quier cargo que hubiere de votarse en un precinto, municipio, dis-tinto, o en toda la Isla, deberá firmarse por peticionarios, igual en número al diez por ciento del voto total depositado para todos los candidatos para Comisionado a los Estados Unidos, en dicho pre-cinto, municipio, distrito o Isla, en las elecciones precedentes respec-tivamente, y deberá haber por lo menos doscientos peticionarios en el caso de todos y cada uno de esos nombramientos.”

, De modo que para obtener el derecho a votar como par-tido para un Comisionado Residente, el partido político que hace la petición debe obtener 25,000 firmantes y proporcio-nalmente con respecto a los senadores, representantes y otros funcionarios. Este parece un número exorbitante. Los pe-ticionarios mismos manifestaron estar satisfechos con la ley anterior por la cual deben obtener 200 firmantes en 20 mu-nicipalidades distintas, o, en otras palabras, por lo menos 4,000 firmas. Este era ya, en mi opinión, un número considerable. Si bien convengo'en que no deben formarse in-numerables pequeños partidos, me inclino.a la vez al pare-cer' de que 4,000 firmas en Puerto Rico es un número considerable, aunque si la legislatura en una ley regular de pri-marias hubiera fijado un número algo mayor, tal vez una ■corte no hubiera tenido nada que decir. Se insistió en la vista, y esto ha sido observado en el alegato del de-mandado, que exigir el 10 por ciento de los votantes de Puerto Rico no era cosa irrazonable. El demandado su-giere que hay un número de municipalidades en Puerto Rico, 21 por todas, donde el requisito de un 10 por ciento sería menor de 200 votos y que en otras variaría de 200 en ade-lante; que mil peticionarios sólo serían requeridos en las ciudades mayores de la Isla y para senadores en ningún si-tio tantos como 4,000. La teoría del Secretario Ejecutivo fue aparentemente que no debe ser una injusticia exigir el 10 por ciento del voto total para formar un nuevo partido. A mí- me parece lo contrario, dado el principio y origen de muchos partidos políticos. Dudo si alguno de los partidos precursores del Partido Republicano en los Estados Unidos jamás hubieran reunido en los varios estados el 10 por ciento ■del voto total, y esto es así hoy en cuanto a otros partidos .cuyos candidatos han aparecido en papeletas oficiales en tales Estados.

Prácticamente en todos los Estados Unidos y en Puerto Rico las papeletas son secretas. Un nuevo partido o cual-quier partido no puede reunir toda su fuerza en una peti-ción o en las primarias. Se dudó algo en un caso si el exi-gir que fuera emitido un voto del 30 por ciento de la fuerza de un partido en unas primarias, no era una disposición legal irrazonable. La prescripción fué sostenida por la corte por ser una ley de primarias y no de elección. State v. Anderson, 118 N. W. 22. En otras palabras, se reconoció que sería muy difícil hacer que un partido en unas prima-rias reúna tanto como un 30 por ciento de su fuerza total. La cuestión es que un nuevo partido que puede obtener 25,000 votos probablemente, en un caso normal, tiene 50,000 o más electores. Puede admitirse que mediante gestiones activas los líderes de un partido pudieran mover un número mayor para firmar una petición, que el que normalmente-iría a las elecciones primarias. Sin embargo, un gran nú-mero de personas no tendrían deseo en firmar una petición para un nuevo partido aunque podrían votar secretamente-por él. Los hombres rechazarían el confesar quizá en la primera elección que ellos habían abandonado sus filiaciones anteriores. Algunos pueden temer a sus jefes de partido y otros a sus asociados o principales. Puede presumirse que un partido que finalmente reunió 50,000 firmas en las urnas--encontrara dificultad en obtener 25,000 firmas. El requisito-de que para que un viejo partido tenga sitio en la papeleta electoral debe emitir un 20 por ciento del voto total en la. elección anterior, se refiere a un hecho pasado. El viejo-partido entonces no está en la obligación de hacer nada para, la próxima elección. Cuando, sin embargo, un partido cla-ramente nuevo se forma que podría tener derecho a esperar-sacar adeptos de todos los partidos más viejos en las urnas,, .el requerir un 10' por ciento para su formación es general-mente negarle su existencia y ponerlo en una situación más; crítica de la exigida a cualquier partido existente. En efecto,, soy de opinión que exigir el 10 por ciento de firmantes para, la formación de un nuevo partido en Puerto Rico es entera-mente irrazonable.

. En el caso de People of the State of New York ex rel. Hotchkiss v. Smith et al., constituting a Board of Election of Putnam Country, etc., 206 N. Y. 231, la corte de apela-ciones del Estado de New York resolvió que una disposición-.legal que requería más de 500 firmas para las nominaciones-, en distritos de asambleas u otras divisiones políticas del estado, mayores que un pueblo o barrio de una ciudad, era-anticonstitucional. Era una cuestión de número. El de-mandado distingue este caso toda vez que el número total de votos requerido era excesivo para algunos distritos o mu-nicipalidades, pero sostiene que el voto del 10 por ciento no-.-puede producir tales injusticias. El demandado mantiene que un tanto por ciento de votos es enteramente justo, trata' de demostrar que tipos altos de por ciento semejantes al que consideramos lian sido sostenidos en varias cortes de los Estados Unidos. A este efecto se citan leyes de prima-rias. McGrael et al. v. Phelps et al., 35 L.R.A. (N.S.) 353; State v. Anderson, 118 N.W., 22, 29, supra.

Una elección de primarias, por sí, no constituye guía. Una ley tal no es la Ley de Elecciones. La gran corriente de autoridades se pronuncia en el sentido de que para im-pedir el fraude y producir la fuerza del partido la legisla-tura puede exigir que el diez, veinte o treinta por ciento de los votantes de un partido aparezca el día de la elección primaria. Una de las razones para el número alto es •estar seguro de que los candidatos son verdadera expresión del partido y que la selección primaria no es el resultado par-cial obtenido por los votos de un partido contrario. Hay una hábil discusión en el caso de Ledgerwood v. Pitts, 125 S.W. 1036. Las cortes han expresado que la Legislatura, dentro de límites razonables, puede regular las leyes de pri-marias y por tanto el número de personas que pueda reque-rirse para votar en tales primarias. Sin embargo, no puedo ver la analogía que existe entre estas leyes de elección pri-maria y el número de votos requerido para formar un nuevo partido. Una ley de elección de primarias es sin duda o generalmente para la manifestación de partidos ya forma-dos y algunas de estas leyes de primarias también prescri-beji la manera en que los nuevos partidos pueden tener un sitio en un ticket impreso. Existen por supuesto disposi-ciones como aquí de que para que un partido pueda tener de-recho a un sitio regular en la papeleta electoral dicho par-tido debe haber depositado el diez, quince o veinte por ciento, según sea el caso, de la totalidad de los votos en la última elección para algún cargo particular. No puede indicarse demasiado enfáticamente que el exigir que un determinado promedio de un partido anteriormente organizado esté pre-sente en las urnas, nunca es otra cosa que una expresión de la fuerza del partido y por tanto siempre una posibilidad. Los líderes de partido con estos por cientos de todos sus miembros en un caso de emergencia pueden hallar las per-sonas que van a las urnas.

En . el caso de State v. Blaisdell (N.D.) 127 N.W. 720, la corte se expresa así:

“Predomina gran error y mala inteligencia acerca de la ley de elección primaria. El infrascrito ha oido decir muchas veces que los votantes deben tener el privilegio de votar para miembros de cualquier partido o para miembros de ningún partido en las prima-rias y que un voto depositado para los demócratas por los republi-canos debe contarse a favor de la nominación de candidatos para el ■partido demócrata. Todas estas ideas están fuera del caso. La ley de primarias no tiene por objeto y no prescribe sobre nominaciones que no son del partido. Su único fin es prescribir y regular la no-minación de candidatos por partidos políticos. Aquellos que no per-tenecen a ningún partido o a partidos que no depositan el por ciento de votos necesario para quedar comprendidos en los términos de la ley de elección primaria, como partes, pueden proceder en otra forma como lo dispone el estatuto y sus derechos a llegar a ser candidatos o hacer nominaciones dentro de sus respectivos partidos o círculos políticos no han sido infringidos.”

Es evidente que en North Dakota como en otros sitios la ley de primarias es para la reglamentación de partidos que alcanzan a cierto número en las elecciones anteriores y no se refiere a partidos que están precisamente formándose. El fiscal general cita a North Dakota como uno de los luga-res donde el requisito de un diez por ciento para nuevos candidatos es favorecido. Según yo creo, el estatuto de ese Estado aplicaba el diez por ciento a favor de comunidades cuya totalidad no podía llegar a 300, pero limitaba el nú-mero en cualquier caso a 300 firmas. El fiscal general tam-bién citó un caso de Nevada, el de State v. Harmon, 127 Pac. 221. La población total de Nevada en el año 1920 era 77,407. La fuerza de votantes varones era por tanto alre-dedor de 15,000 votos. El voto total en el Estado por petir ción al diez por ciento Rubiera por tanto requerido sola-mente 1,500 firmas. La probabilidad es que un requisito del diez por ciento en Nevada era necesario para obtener un número razonable de firmas en cada condado del Estado. No había envuelta ninguna cuestión constitucional en el caso de Harmon ni en el de State v. Brodigan, 126 Pac. 680, también de Nevada.

Steward v. Cartwright, 118 S.E. fué un caso en el cual-se exigía a un candidato individual para alcalde de la ciudad de Savannah, Georgia, obtener una tercera parte de los vo-tantes inscritos. Parece que la obtuvo y fué su opositor quien recurrió a un auto de mandamus. La validez del re-quisito de la tercera parte no estaba envuelta. No se ex-tendía. a todo el Estado sino que se limitaba, al pare.ce'r, a la ciudad en particular. La cuestión principal es que el requi-sito no afectaba a la vida de un partido en absoluto sino únicamente a una persona que pretendía ser nominada in-dependientemente de un partido. Para que una persona aparezca en una papeleta electoral independientemente de cualquier partido el voto de un tercio era necesario. -La corte sostuvo el derecho a emitir el voto independiente.

Los peticionarios también citaron una ley de elección pri-maria de California que fué declarada anticonstitucional,-pero fuera de California las leyes primarias generalmente han sido sostenidas como justas, pues a falta de un precepto constitucional las leyes de elección han sido sostenidas.

De. lo dicho anteriormente, si tengo razón, al sostener que el requisito de un diez por ciento es irrazonable, se segui-ría entonces que tal disposición priva a una parte considerable del electorado de su derecho a votar y por tanto que es inconstitucional y nula.

4.

Examinando la ley de elecciones para Puerto Rico es evidente, en vista de los artículos 36, 31, 42 y 63 que la idea o fin nominal de las elecciones en Puerto Rico es uno de partido. En toda la ley no existe ningún precepto para vo-tar por alguien que no sea ya un candidato de un partido político. En casi todos los Estados y de acuerdo con casi todas las leyes de votación australianas que existen en los Estados se prescribe en cuanto a la forma para depositar votos independientes o para candidatos que no están nom-brados en la papeleta impresa u oficial. Se sugiere firme-mente en numerosas decisiones que la ley de votación aus-traliana en los respectivos Estados sería nula e ineficaz a no ser que hiciera -tal disposición, o a menos que el votante tuviera derecho a votar por quien él desee, haciendo una in-dicación en la papeleta final o borrando algún nombre y po-niendo otro en su lugar.

Hablando del derecho de todo individuo a votar según crea conveniente, se dice en el tomo 9 de Ruling Case Law, pág. 1054, que la omisión en conferir este derecho era una seria obstaculización del libre ejercicio de la franquicia electoral; que si bien la Legislatura podría limitar el número dé nombres impresos en la papeleta oficial el votante debe éstar libre para votar por los candidatos de su propio gusto. En el caso de Cole v. Tucker, 164 Mass. 488, la corte llamó la atención de que las llamadas leyes de votación australia-nas en las varias formas que han sido establecidas en mu-chos de los Estados han sido sostenidas con tal qué las le-yes permitan al votante votar por aquellas personas que él elija. El caso de Stewart v. Cartwright, 118 S.E. 861, ci-tado por el Attorney General, demuestra el amplio alcance del mismo precepto. Véase también a 91 A.S.R. 862; 20 Corpus Juris, pág. 840 y siguientes. Véase también espe-cialmente el caso In re City Clerk of Paterson, 88 Atl. 694, 695.

La ley de Puerto Rico parece hacer imposible o a lo me-nos impracticable para cualquier votante hacer una selec-ción independiente en • la elección. En otras palabras, en Puerto Rico la regla es que un votante debe depositar su papeleta para los candidatos ya nombrados, y sometidos a la junta de elecciones por el secretario ejecutivo. No pre-tenderé ahora discutir el efecto de tal omisión en Puerto Rico. Estoy dando por sentado que la legislatura tenía el derecho de establecer un sistema de partidos para Puerto Rico. Asumiendo esta facultad en la Legislatura de Puerto Rico y encontrando que el único medio por el cual todos los •electores capacitados de Puerto Rico pueden depositar sus votos como prescriben las varias secciones de la Ley Orgá-nica es votando por uno de los partidos políticos ya recono-cidos u organizados o, de no ser así, obteniendo un derecho ■de petición, resultaría que cualquier ley que hiciera gravoso para un número considerable de electores emitir sus votos sería anticonstitucional. Debe hacerse énfasis en el hecho de que en Puerto Rico por la Ley Orgánica todo elector ca-pacitado tiene el derecho de votar. No puede obligársele a votar por un partido al cual no esté afiliado. La Ley de Elección debe ser una expresión liberal que cumpla con la intención del Congreso de que todo elector capacitado pueda votar, y cualquier ley que indebidamente restrinja este de-recho es anticonstitucional y nula, como sostengo que lo es la Ley No. 2 de la Sesión Extraordinaria del año 1924, o a lo menos en parte.

5.

Contestando a la orden para mostrar causa, el secretario ejecutivo, por conducto del fiscal general, opuso que la petición de mandamus no mostraba ningún requerimiento hecho a dicho secretario ejecutivo y que no había nada en la petición que indicara que el secretario ejecutivo dejaría de' cumplir con el objeto de la petición. Los peticionarios entonces obtuvieron permiso para enmendar su petición al efecto de expresar que estaban informados y creían que el secretario de Puerto Rico cumpliría con la ley como fue aprobada por la Legislatura y ésta es la presunción. Casi podría convertirse en una presunción legal el hecho de que el secretario ejecutivo, a falta de una decisión de la corté o ele alguna fuerte indicación por parte del fiscal general ob-servaría o trataría de observar la ley como fué decretada por la legislatura. El caso de People ex rel. Hotchkiss v. Smith, 206 N.Y. 231, supra, parece mostrar que en un caso como éste, tal indicación de la falta de cumplimiento por parte del demandado es innecesaria, y algo como esto pa-rece inferirse de dieba opinión. El fiscal general, sin embargo, llamó la atención bacia el hecbo de que cuando fué presentado el caso de Hotchkiss en las cortes inferiores existían indicaciones de que la elección de funcionarios cum-pliría con la ley existente subsiguientemente declarada antír constitucional. Soy firmemente de opinión de que los peti-cionarios en un caso como el presente donde una legislatura había precisamente decretado y aprobado una ley, tienen el derecho a presumir que el secretario cumplirá con ella. No-sólo es esto cierto sino que el fiscal general está aquí en re-presentación del. secretario ejecutivo sosteniendo la constitq-cionalidad de esta ley. Supongo que todos estamos deseo-sos de que se resuelva la cuestión y el único efecto al insis-tir en este punto, si estoy equivocado, sería que los peticio-narios tendrían que presentar otra petición después de ha-ber archivado finalmente sus papeles electorales.

En cuanto a un requerimiento previo, en un asunto de gran interés público como éste las decisiones indican que tal requerimiento es innecesario. Los casos citados por el fiscal general en contrario no fueron realmente cuestiones' dé interés público, ni siquiera el caso de Negrón v. El Superintendente de Elecciones, 11 D.P.R., 366.

Por las siguientes autoridades se ha resuelto que existe una distinción entre los deberes de’ carácter público y los deberes de naturaleza particular que afectan solamente a los derechos de individuos. En tales casos la misma ley substituye al requerimiento y la omisión en cumplir el de-ber requerido es equivalente a una negativa. Torres v. Asamblea Municipal de Guánica, de junio 13, 1924 (pág. 349); State ex rel. Morris v. Wrightson, 22 L.R.A. 548, 561; People ex rel. O’Brien v. Cruger, 12 App. Div. 536; Matter of Hopper, 73 Misc. Rep. 369, 376.

En el caso de Torres sugerimos que la expedición de una orden para mostrar causa o el auto alternativo era suficiente aviso.

6.

También se afirma que la petición es informal al no exponer los preceptos en particular de la Constitución que se supone fian sido infringidos. Los peticionarios sí alegaron que la ley No. 2 infringía la Ley Orgánica, y donde existen tantas secciones de la misma que confieren al elector capacitado el derecho a votar por varios funcionarios, parece innecesaria mayor especificación. En la vista ante mí se hizo mención de las secciones 35 y 36. El secretario ejecutivo sabrá por esta opinión cuáles son las secciones citadas y si el asunto es de alguna importancia se concederá a los peticionarios permiso para enmendar.

7.

Otra forma de objeción fue que nada ha sido presentado al secretario ejecutivo que requiera su actuación. Me basta para • contestar a esto como lo hizo la Corte de Apelaciones de New York en el caso de Hotchkiss v. Smith, 206 N.Y., 231, supra:

“En este caso una negativa a conocer del procedimiento podría y probablemente resultaría en que la resolución de la corte no ten-dría ningún fin práctico. Resulta que la organización representada por los peticionarios no ha existido lo suficiente para que pueda te-ner una posición fija como organización de partido dentro ,de los términos del estatuto. La organización pretende hacer nominacio-nes independientes y uno de los demandados ha expresado que la junta de elección cumplirá con los términos de las enmiendas a la ley electoral hechas en 1911. Si este procedimiento no se sigue puede resultar en impedir que se hagan tales nominaciones independientes. La situación es excepcional y extraordinaria. El procedimiento debe seguirse aunque no se pretenda que sea un precedente en pasos en-tre individuos como tales o en cualquier caso excepto cuando los he-dios y circunstancias son igualmente excepcionales y extraordinarios. (Véase la resolución de esta Corte In the Matter of Hopper v. Britt, 203 N. Y. 144 Matter of Hopper v. Britt, 204 N. Y. 524, y también de la Corte en el caso de State ex rel. Morris v. Wrightson, 56 N. J. L. 126.)”

8.

El secretario ejecutivo también llamó la atención al he-cho de que los peticionarios habían procedido de acuerdo con la nueva ley con respecto a la ciudad de Moca. Sin embargo, el tratar de cumplirla no coarta el derecho de los peticionarios. Puede ser que no obtengan las firmas de-seadas en otra parte. Es una cuestión de mi derecho de los peticionarios a proceder independientemente de la ley do 1924.

Como sucede casi invariablemente en casos de elecciones, el tiempo que tiene un juez para hacer un análisis y desa-rrollo del asunto es corto. Como lo es, la opinión demues-tra la premura con la cual ha sido preparada pero estoy seguro razonablemente, sin embargo, de que una ley electoral que se niega en una comunidad tan poblada como es Puerto Rico a reconocer a un partido a no ser que pueda presentar por petición el diez por ciento del electorado en la elección anterior, niega el derecho al sufragio a un nú-mero considerable de electores capacitados y es anticonsti-tucional y nula. Si otras partes de la ley son también nulas es cosa que dejo para ulterior discusión.

Aun cuando estuviera convencido de que tenía la facul-tad para espedir un auto perentorio, resultaría, después, de sostener que la ley era al menos en parte anticonstitucional, que al secretario ejecutivo debe darse la oportunidad de cumplir con este criterio. No estando convencido de mi au-toridad para librar un auto perentorio, se expedirá un auto alternativo requiriendo al secretario ejecutivo que haga caso omiso de toda aquella parte que en la ley de junio 18 de 1924 requiera la certificación del diez por ciento de los vo-tantes en la elección anterior, debiendo proceder de acnerdo ■con las leyes anteriores.