text:
    Alejandrina Montañez en representación de su menor hijo Fructuoso Montañez, demandante y apelada, v. Sucesión de Fructuoso García, compuesta de sus hijos Mariana, Josefina, Eugenia, Santos, Ramona y Luisa García, demandadas y apelantes.
    No. 3861.
    Visto: Mayo 20, 1926.

      Resuelto: Febrero 3, 1927.
    1. Hijos Naturales — Reconocimiento Obligatorio — Acción' be Reconocimiento o Filiación — De las Alegaciones — Demanda—Suficiencia de la Misma.— Posesión Continua del Estado de Hijo Natural. — En el caso de autos se resolvió que de los heehos contenidos en una de las alegaciones de la demanda surgía la posesión continua del estado de hijo natural del padre de los de-mandados.
    2. Hijos Naturales — Reconocimiento Obligatorio — Acción de Reconocimiento o Filiación — Adelación—Cuestiones de Hecho y Conclusiones.. — Exami-nada la prueba, se resolvió que fué bien apreciada por la corte inferior al concluir que la relativa al concubinato era insuficiente y suficiente la rela-tiva a la posesión continua; del estado de hijo natural sobre la cual basó su fallo favorable al demandante.
    SentenCia de Gabriel Castejón, J. (Guayama), declarando con lu-gar demanda de reconocimiento o filiación, sin costas.

      Confir-mada.

      Adolfo Porrata Doria, abogado de la apelada; C. Dominguez Ru-bio, abogado de la apelante.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un caso de filiación y reclamación de bienes hereditarios. La demanda fué establecida por la madre en representación de su hijo menor de edad y dirigida contra los herederos testamentarios del alegado padre. Se practicó una amplia prueba testifical y documental y la corte de dis-trito dictó finalmente sentencia declarando la demanda con lugar. No conformes los demandados apelaron alegando tres errores cometidos, a su juicio, por la corte al desesti-mar la excepción previa de falta de hechos determinantes de la causa de acción ejercitada, al apreciar la prueba y al de-jar de cumplir con lo preceptuado en la Ley No. 25 de 1925.

Examinemos el primer error. Sostienen los apelantes que el demandante confundiendo la ley aplicable al caso, que era la que estaba en vigor en 1911, con la que rigió an-teriormente, no alegó la posesión continua del estado «fe-hijo natural reconocido en debida forma.

La alegación dice:

“4. Que dicho Fructuoso García, desde el nacimiento del referid® menor, lo tuvo bajo su amparo suministrándole alimentos, asistencia médica y vestidos y llamándolo hijo suyo en público y en presencia de amigos y familiares y realizando con él actos de padre para con hijo, sin que tales relaciones fueran interrumpidas durante la vida de don Fructuoso García, o sea, hasta su muerte, ocurrida hace cerca-; de un año.”

La ley vigente, o sea, el artículo 193 del Código Civil Re-visado, tal como quedó enmendado por la Ley No. 73 de 1911, entre otras cosas expresa que el padre está obligad© a reconocer al hijo natural “cuando el hijo se halle en la posesión continua del estado de hijo natural del padre de-mandado, justificada por actos del mismo padre o de sin familia. ’ ’

La alegación no es un modelo de perfección pero de los-liechos que contiene surge clara la posesión continua del es-tado de hijo natural del padre de los demandados. Vega v. Sucesión Vega, 32 D.P.R. 595.

La verdadera lucha en este caso estuvo en la práctica de las pruebas.

Se alegó no sólo la posesión continua del estado de hijo-natural del padre de los demandados, sí que también el con-cubinato del dicho padre .con la madre del menor deman-dante, y se aportó prueba para sostener ambas alegaciones-

El juez sentenciador estudió cuidadosamente la prueba practicada en relación con el concubinato a la luz de la ley y la jurisprudencia y concluyó que no era suficiente. Su fallo favorable al demandante se basó únicamente en la po-, sesión continua del estado de hijo natural, analizando a ese-efecto la prueba, así:

“Tiende la prueba presentada a demostrar la existencia de actos por parte del alegado padre constitutivos del reconocimiento de su paternidad.
“Tal demuestra como ciertos los siguientes hechos:
“Que allá para los años de 1910 ó 1912 residía la demandante en la casa de don Eugenio García sita en el barrio de Marín de la jurisdicción de Patillas, donde desempeñaba el cargo de cocinera.
“Que en dicha casa habitaba también Fructuoso García, quien conquistó el afecto de la demandante haciendo vida marital con ella, saliendo en estado de embarazo como consecuencia de la misma y el cual fue notado por la esposa del Sr. Eugenio García y dió lugar a que la actora fuera despedida de su colocación.
‘1 Que entonces fué a vivir a una casita de la propia finca propie-dad de los hermanos Eugenio y Fructuoso García que le facilitara este último y en donde, asistida de su hermana Monserrate Montañez, y a, los tres meses próximamente de haber salido de la casa García dió a luz el niño Fructuoso, cuya filiación se interesa en esta de-manda.
“Que el Sr. Fructuoso García tenía a la vez otra querida nom-brada Eugenia Ruiz con la cual ha procreado varios hijos, habiendo, tenido otros dos más con una mujer ya fallecida de apellido Figueroa.
“Que don Fructuoso García ha atendido al citado menor, espe-cialmente a su educación, llevándolo a la escuela a matricularlo, firmando en distintas ocasiones la tarjeta o {pupil’s report) del niño Fructuoso García, figurando con este nombre en la misma y como hijo del citado padre Fructuoso García.
‘ ‘ Que en ocasiones ha recomendado a personas el cuidado ■ del niño Fructuoso Montañez como su hijo en pasos peligrosos de ríos, habiéndole llevado también como tal a confirmar, solicitando de Enrique Cruz fuera su padrino.
“Estos hechos han sido controvertidos por la prueba de los de-mandados en el sentido de que no hubo confirmaciones para la fe-cha en que se alega fué confirmado el niño Fructuoso Montañez y a más porque si bien el Sr. Fructuoso García firmó la tarjeta o récord del niño, eso mismo hacía con otros que no se alegaba fueran sus hijos, como son los niños Ignacio y Domingo Colón.
“En cuanto a la primera cuestión el Presbítero Sr. Gonzalo Noel no ha podido asegurar que entre el año 1910 y de 1920 no hu-biera habido confirmaciones en Patillas, y en cuanto al punto de tarjetas e informes escolares de los niños, cierto es que el Sr. García firmó la de los hermanos Colón en las cuales aparecen éstos con' el apellido de su padre, no sucediendo así en la del niño Fructuoso Montañez' que aparece allí no con este apellido y sí con el del pro-pio Sr. García, figurando además en ella como padre del men'or sin que hiciera objeción alguna a la usurpación de su apellido y a la imputación de tal paternidad sino que por el contrario consintió a todo ello firmando en distintas ocasiones el referido informe".
“Es éste un caso, especial en que a nuestro juicio no puede exi-girse' una prueba más robusta que la presentada.”

Hemos examinado los autos y el laborioso alegato de la. parte- apelante que analiza e impugna detallada e inteligen-, temente la prueba de la parte demandante, y no encontramos motivo alguno que justifique el error alegado. Todo induce a concluir que la prueba fué apreciada de modo concien-zudo por el juez sentenciador.

La ley que se dice infringida en el tercer error es la No. 25 de 1925. Por ella se enmienda el artículo 227 del Código de Enjuiciamiento Civil en la siguiente forma:

“En el juicio definitivo de cualquier caso en una corte de dis-trito, el juez de la misma, deberá’ hacer y archivar al mismo tiempo que dicte su sentencia, una opinión escrita, que se unirá a aquélla, en la que expondrá separadamente y de una manera breve, los he-chos que considere probados y las razones jurídicas en que funde su decisión. Cuando las resultancias de hecho se basaren en un con-flicto de la evidencia, el juez expondrá los motivos que haya tenido para dirimir el conflicto en la forma en que lo hiciere; y en caso de apelación, el Tribunal Supremo deberá analizar dicha evidencia y determinar si las resultancias estuvieron justificadas o no.”

Después de declarar los hechos probados y de hacer las consideraciones que conocemos, sigue el juez sentenciador en su opinión haciendo otras sobre las circunstancias del caso y el valor probatorio de la evidencia aportada, cumpliendo así substancialmente, a nuestro juicio, con lo exigido por el legislador.

El conflicto en este caso surgió entre afirmaciones positi-vas de la madre del menor demandante sosteniendo que el menor es hijo del padre de los demandados y que así lo re-conoció éste privada, pública y constantemente, y de otros testigos’ que afirman que el repetido padre reconoció al menor demandante como a sn hijo en diferentes ocasiones, encomendando a nno de ellos qne fnera sn padrino de con-firmación, y declaraciones de testigos qne sostienen qne nunca el padre les habló de la existencia de tal hijo, ni se en-teraron de qne lo tratara o reconociera como tal, y que ha-biendo otorgado testamento y reconocido otros hijos natu-rales, no hizo' mención alguna del demandante, y levantan fuertes dudas con respecto a si hubo o no confirmaciones en la época referida por los testigos del demandante.

Si para dirimir el conflicto se tiene en cuenta además la declaración de la profesora del menor y la firma del padre en la tarjeta en que el menor aparecía con su apellido y él como padre y la manera de ser del dicho padre, su con-ducta, y la circunstancia de que el padre dejó de reconocer en su testamento a otro niño que testigos de los propios de-mandados admitieron que lo era reconocido por el padre, se verá que las razones que tuvo el juez para actuar en la forma en que lo hizo no pudieron ser más justas.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

license: Public Domain

text:
    Luis Fontánez, demandante y apelante, v. La Sucesión de Juan Buxó Ocasio, compuesta de Dolores. Buxó Ocasio, demandada y apelada.
    No. 3748.
    Visto: Enero 27, 1927.

      Resuelto: Febrero 4, 1927.
    1. Hijos Naturales — Reconocimiento Obligatorio — Acción de Reconocimiento o Filiación — Evidencia—Suficiencia de la Misma — Actos del Padre De-mostrativos del Reconocimiento — Intención de Reconocer. — El hecho de que un padre putativo llame en algunas ocasiones hijo al demandante, lo bendiga y en una ocasión le dé dinero, no demuestra cumplidamente la in-tención de aquél de reconocer ni la posesión continua del estado de hijo natural.
    2. Hijos Naturales — Reconocimiento Obligatorio' — Acciones de Reconoci-miento o Filiación — Evidencia—Suficiencia de la Misma — Posesión del Estado de Hijo Natural. — La posesión continua del estado de hijo natural ha de revelarse por aetos que demuestren la voluntad del padre — o de su fami-lia en su caso — de tener como tal hijo natural al que pretenda ese reconoci-miento obligatorio y acrediten que el hijo mantiene, con aquel caráeter, rela-ciones constantes con el padre y, en su defecto, con el de la familia.

      SENTENCIA de Pablo Berga, J. (Humacao), declarando sin lugar de-manda de reconocimiento o filiación, sin costas.

      Confirmada.

      Bolívar Pagan, abogado del apelante; González Faguñdo & Gonzá-lez, Jr., abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante en nn pleito de filiación apela de una sen-tencia adversa, y dice que:

“La Corte de Distrito de Ilumacao cometió error al apreciar la prueba y declarar que era insuficiente para justificar cumplidamente la pretensión del demandante.”

La demanda parece fiaber sido radicada poco después del fallecimiento del padre putativo, aunque el demandante llegó a su mayoridad como siete años antes de tal aconteci-miento.

En el argumento del apelante se asume que el juez sen-tenciador aceptó como verídica la prueba del demandante; pero no bailamos base satisfactoria para esta presunción en la opinión que se bizo formar parte de la sentencia dictada por la corte inferior.

En su demanda enmendada, el demandante alegó, entre otras cosas, lo siguiente:

“Que durante el embarazo, y antes del embarazo, y al tiempo dol nacimiento de dicho demandante, y después del nacimiento de dicho demandante, Regina Fontánez Martínez fue conocida viviendo en concubinato con dicho Juan Buxó Ocasio; que dicho demandante, durante la vida de Juan Buxó Ocasio, se halló en la posesión continua del estado de hijo natural de Juan Buxó Ocasio; que dicho Juan Buxó Ocasio toro siempre, pública y privadamente, a dicho Luis Fontánez por hijo suyo, llamándole aquél ‘hijo’ a éste, y aquél contestando como tal al éste llamarle ‘papá’; que dicho Juan Buxó Ocasio siempre atendió y sufragó la vivienda, la educación, la asis-tencia módica y el sostenimiento de dicho Luis Fontanés y aquél le prodigaba a éste, pública y privadamente, afectos paternales; y que dicho Juan Buxó Ocasio, además, expresó reiteradas veces su volun-tad y su propósito de reconocer legalmente a dicho Luis Fontánez como su hijo.”

Con referencia a esta alegación y a la prueba presentada durante el juicio, el juez de distrito dijo:

“La prueba en este caso para sostener dicha alegación, no su-giere la presunción de que existiera concubinato entre Juan Buxó Ocasio y Regina Fontánez Martínez, ni la posesión continua del es-tado de hijo natural en el concepto público por actos del alegado padre demostrativos de un verdadero reconocimiento, perfectamente voluntario, libre y espontáneo; no siendo por otra parte dicha prueba lo suficientemente clara, robusta y convincente como la ley y la jurisprudencia exigen, vistos los casos de Sucesión Díaz v. Sucesión Díaz, 17 D.P.R. 253; Medina v. Sucesión Bird, 30 D.P.R. 158; Morales vs. Sucesión Cerame, 30 D.P.R. 843.
“Se ha demostrado en este caso que Juan Buxó Ocasio tenía una concubina o querida, que (no) es la madre del demandante, llamada Cruz Rodríguez o González, con la cual vivió maritalmente durante casi toda su vida, por unos 55 años, y que falleció mientras sufría una enfermedad conocida con el nombre de hipertrofia prostática, o sea una inflamación de la glándula prostática que puede producir estirilidad. No hay prueba de ninguna clase acerca de que Juan Buxó Ocasio se ocupara de la educación del demandante, a pesar de que éste declara de que asistió a la escuela y sabe leer y escribir. La madre del demandante, Regina Fontánez Martínez, declaró que las medicinas y alimentos que Juan Buxó Ocasio le suministraba para su hijo, las tomaba por orden de él en la tienda de Esteban Hernández, hasta que éste quitó su establecimiento y su hijo estuvo grande, pero dicho Esteban Hernández que fué traído como testigo por el propio demandante nada declaró sobre este particular, a pesar de que fué llamado por dos veces, y se presume que su declaración sobre este extremo le era adversa al demandante, teniéndose como prueba voluntariamente suprimida. Art. 169, Ley de Evidencia. Regina Fontánez Martínez declaró además que durante los 4 años que vivió en unión de Juan Buxó Ocasio, a pesar de que él tenía otra concubina en el pueblo, iba a pasar todas las noches, diariamente, en su compañía; sin embargo, la noche del nacimiento del hijo en que hay personas presentes y pueden corroborar su testimonio, él no se encontraba allí. Se alega que Juan Buxó Ocasio reiteradas veces expresó su voluntad y su propósito de reconocer a Luis Fon-tánez como hijo suyo. La madre del demandante declaró simple-mente que Juan Buxó Ocasio le prometió reconocer al hijo, que sería por su hijo. Pero de la declaración de Antonio Rotger aparece que Juan Buxó Ocasio le manifestó en distintas ocasiones que él nunca había tenido hijos, a lo que el testigo le replicaba, refiriéndose al demandante, que el hijo era de él, aunque lo negara, y si bien dicho testigo expresó además que después de ponerle algunos ejemplos él asintió en reconocerlo como hijo suyo, no fué esto un acto espon-táneo, libre y su no reconocimiento hasta su muerte demuestra que no tenía tal intención de reconocer. T dando como cierto que Juan Buxó Ocasio llamara en algunas ocasiones hijo al demandante, lo bendijera, y le diera dinero, en una ocasión la suma de $25.00 cuando se fué al campamento, estos actos tampoco demuestran cumplida-mente su intención de reconocer, ni la posesión continua del estado de hijo natural.”

Es lástima que la única cuestión realmente en controversia haya sido confundida con cuestión tan impertinente como lo es la de concubinato y la naturaleza de la enfermedad que ocasionó la muerte del padre putativo. Se admite que ninguna de estas cuestiones está envuelta en el presente caso. Pero habiendo alegado el mismo demandante que hubo tal concubinato durante la concepción y el nacimiento, no puede quejarse, ni se queja, de que la corte inferior notara la falta de prueba en relación con una alegación tan innecesaria.

También es cierto que el juez de distrito no parece ha-ber creído necesario discutir la prueba de la defensa, salvo el hecho probado del único verdadero estado de concubinato en el caso y la cuestión de la naturaleza de la última enfer-medad ya mencionada. Pero la mera referencia a estas cuestiones en relación con la suficiencia de la prueba adu-cida en apoyo de la quinta alegación, indica claramente que lo que la corte tuvo en mente fué la prueba en conjunto y no la prueba del demandante en particular.

El contexto que sigue inmediatamente a tal referencia igualmente deja poco lugar a dudas en cuanto a que si tan sólo se tomó en consideración la prueba del demandante, la misma no fue aceptada como cierta, sino qué por el contra-rio se consideró como contradictoria, poco satisfactoria y poco digna de crédito. Lo que el juez sentenciador admitió, aunque aparentemente sólo para los fines de la argumenta-ción, está claramente expuesto en la última oración del ex-tracto que liemos Recto, y la proposición envuelta sin duda está basada en y sostenida por la opinión de esta corte en el caso de Morales v. Sucesión Cerame, 30 D.P.E. 843.

Pero el apelante insiste en que los Rectos de este caso lo tacen caer dentro de la doctrina enunciada en los casos de Jesús v. Sucesión de Peres Villamil, 19 D.P.R. 893; Montalvo v. Montalvo, 25 D.P.R. 858; Vega v. Sucesión Vega, 32 D.P.R. 595; y Guadalupe v. González Cruz, 34 D.P.R. 669.

Copiamos del alegato del apelante lo suficiente para in-dicar la teoría sobre la cual parece haberse entablado la presente acción:

“Recuérdese que a la luz del estatuto al cual se acoge la presente acción, y a la luz del fundamento filosófico y social de dicho princi-pio legal, no es necesario en estos casos sino demostrar que el ale-gado padre natural realizó tales actos que llevan al ánimo de la córte la impresión de que en realidad aquél fué tal padre. La ley envuelta no dice qué actos es necesario probar. Deja todo ello, con un sentido sabio y humano, al criterio de los jueces, que son hombres y saben más o menos qué tratos ordinarios da un hombre a un hijo suyo.
“La investigación del acto genésico que determina la paternidad, por ser una investigación difícil y repulsiva, ha sido prohibida ex-presamente por la ley. Solamente dejó la ley, como para una pro-tección constante de los derechos del hijo natural, la investigación de los actos directos del alegado padre natural en relación con el presunto hijo natural.
“Es natural y lógico que la jurisprudencia, al determinar esos actos justificativos de paternidad, haya considerado aquellas obliga-ciones que la ley natural y la ley positiva impone a los padres para con sus hijos, tales como alimentarles, tenerles en casa, educarles. Pero además, los tratadistas y la jurisprudencia han considerado otros actos. Es natural y de sentido común, que la relación de pa-ternidad puede demostrarse por otros actos, aunque ninguno de esos otros actos fuera la alimentación, la vivienda ni la educación de la misma manera que es lógico que estos actos por sí solos no son ine-quívoca prueba de paternidad.
“No debe nunca olvidarse que lo que en estos casos la ley per-sigue, en cumplimiento de su profundo fundamento filosófico y social, es determinar si una persona es Rijo natural de otra. Cual-quier serie de actos que lleven al ánimo esa impresión de paternidad, es suficiente para que la corte, como un acto de justicia-, dé sanción y reconocimiento legal al estado de cosas que crearon los sentimien-tos e instintos de dos seres humanos al confundirse en un acto ge-nésico.
“No debe olvidarse que la letra de la ley ni el espíritu de esa ley envuelta en este pleito (art. 185, inciso 2, Código Civil Español), no es exigir que se pruebe si una persona alimentó, educó o vivió con otra; lo que exige la ley es que se demuestre si una persona en relación con otra realizó actos directos que justifiquen la condición de padre a hijo, sean ya esos actos los referidos, o sean otros. Lo fundamental es demostrar si esos actos directos, cualesquiera que ellos fueran, justifican esa relación de padre a hijo.
“Así, interpretando dicho precepto legal y comentando juris-prudencia al efecto del Tribunal Supremo de España, el eminente jurista Manresa se expresa de la siguiente manera:
“ ‘La posesión continua del estado de hijo natural, declara la sentencia de 7 de noviembre de 1896, ha de relevarse necesariamente por actos que demuestren con evidencia la voluntad del padre o de su familia, en su caso, de tener como tal hijo natural al que pre-tenda ese reconocimiento obligado, tales como tenerlo en casa, ali-mentarle, y educarle en tal concepto u otros análogos de tal valor y eficacia, que acreditan cumplidamente que el hijo mantiene con aquel carácter relaciones constantes con el autor de sus días, y en su defecto con la familia de éste.’ (Manresa, .Comentarios al Código Civil Español, Cuarta Edición, págs. 600 y 601).”

Estamos muy de acuerdo con Manresa, pero no pode-mos estar de acuerdo con la interpretación dada a la cita hecha por el apelante.

Manresa no discute la paternidad ni la manera de pro-barla, sino la posesión continua del estado de hijo natural definida por la Corte Suprema de España en su sentencia del 26 de junio de 1903, citada con aprobación y seguida por esta corte en el caso de Montalvo v. Montalvo y Vega v. Sucesión Vega, supra, así como la manera en que tal posesión debe probarse. Yéase además el caso de Alejandrina Montañés v. Fructuoso García, ante, (pág. 223.)

Un cuidadoso estudio de toda la prueba no revela nin-gún- fundamento adecuado para que se dude seriamente de la conclusión a que llegó el juez de distrito.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Rafael Marchán, acusado y apelante.
    No. 3001.
    Visto: Enero 25, 1927.

      Resuelto: Febrero 10, 1927.
    1. Derecho Penal — Apelación y Error y Certiorari — Revisión—Presunciones en Apelación — Cuestiones que no Aparecen o Surgen de los Autos — Su-ficiencia de las Pruebas. — Cuando en proceso por tener en venta carne en estado de putrefacción — bajo acusación quel alega este beeho — se insiste en apelación en que no se probó tal estado y no se eleva la prueba, debe pre-sumirse que dicho estado de putrefacción se probó debidamente.
    2. Alimentos (Food) — Reglamentos—Procesos Criminales por Infracción a los Mismos — Apelación—Revisión.—En apelación en este caso — proceso por tener en venta carne en estado de descomposición — se alegó, bajo teoría de que no fué examinada en un laboratorio, el que no se probó en el juicio tal estado de la carne. Se resolvió: que un inspector no necesitaba ser experto para poder ver que se está, ofreciendo en venta carne en estado de descom-posición.
    SENTENCIA de Luis Samalea Iglesias, J. (Arecibo), condenando- al ' ' acusado por infracción al Art. 8 del Reglamento de Sanidad .No. 53.

      Confirmada-.

      Rafael F. Marchan, abogado del apelante; José E. Figueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

■ • El acusado fué convicto de tener en venta para el con-sumo humano cierta cantidad de carne de ganado vacuno en estado de putrefacción, violando de este modo el Regla-mento de Sanidad No. 53, que prohibe tener carne en es-tado de descomposición.

En apelación se insistió en que no se probó en el juicio que la carne estuviese en estado de descomposición o putrefacción. La acusación alega este hecho, pero la prueba no ha sido elevada a esta corte, y bajo estas circunstancias estamos de acuerdo con el fiscal en que se debe presumir que el estado de putrefacción fué probado debidamente.

La teoría del apelante era que la carne debió haber sido examinada en un laboratorio. Igualmente convenimos con el fiscal en que un inspector no tiene que ser un perito para que en determinado caso pueda ver que se está ofreciendo a la venta carne en estado de descomposición.

La sentencia debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. La Central Boca Chica, Inc., acusada y apelante.
    No. 2964.
    Visto: Diciembre 22, 1926.

      Resuelto: Febrero 11, 1927.
    Licencias (Licenses) — Por Ocupaciones o Privilegios — Procesos por Delitos Oontra las Lbyes Sobre Licencias (License Laws) — Revisión.—No- cabe sostener tina convicción bajo las secciones 84 (inciso 36), 86 y 92 de la Ley-de Rentas de 1925 (p. 643) cuando! aparece que el acusado vendía al por mayor, en su fábrica, las mieles derivadas como desecho de los azúcares que elaboraba.
    Sentencia de Angel-Acosta Quintero, J. (Ponce), condenando a la acusada por infracción a los Artículos 84, 86 y 92 de la Ley da Rentas de 1925 (p. 643).

      Revocada, absolviéndose a la acusada.

      López de Tord <& Zayas Pizarro, abogado del apelante; José E. Fo-gueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

La Central Boca Chica Incorporada fué acusada y conde-nada por infracción de los artículos 84, 86 y 92 de la Ley de Rentas Internas de 1925 porque durante los trimestres comprendidos entre el l9 de octubre a diciembre 31 de 1925 y enero l9 a marzo 30 de 1926 se dedicaba a la venta de mie-les, obtenidas como desecho en el proceso de la elaboración de azúcar, sin estar provista de la licencia prescrita por dicha ley.

De la sentencia aparece .que el día del juicio la corpora-ción acusada aceptó los hechos alegados en la acusación como no constitutivos de delito y que ambas partes some-tieron el caso a la corte habiendo hecho una estipulación en la que el fiscal admitió que la central se dedicaba a la ela-boración de azúcar, teniendo como derivado mieles que vende al por mayor en su fábrica, las que son un derivado o dese-cho del azúcar, sin tener licencia para ello.

Aunque la corporación apelante alega como uno de los motivos de su recurso que la acusación no contiene hechos determinantes de delito por no. alegar que la acusada sea traficante en mieles ni que las venda al detall, sin embargo, en vista de la estipulación de las partes en el juicio, prefe-rimos resolver la cuestión por sus méritos teniendo en cuenta la acusación y la estipulación de las partes, de las que resulta que en los trimestres indicados la corporación vendió al por mayor en su fábrica las mieles, desecho de sus azúcares, sin tener licencia, quedando así reducida la cues-tión a resolver si tal hecho es constitutivo de delito.

La Ley No. 85 de 1925 de Rentas Internas, páginas 585 y siguientes, dispone en su sección 84 que cada tres meses toda persona dedicada a cualquiera de las ocupaciones o ne-gocios relacionados en dicha sección pagará por cada fá-brica, sitio, establecimiento comercial o industrial, la contri-bución por concepto de licencias respectivamente prescritas, a saber: .... “36. Traficantes en mieles obtenidas como desecho en el proceso de elaboración de azúcar, primera clase, treinta (30) dólares; segunda clase, veinte (20) dóla-res; tercera clase, diez (10) dólares.” En la sección 86 se dice que ninguna persona se dedicará a negocio alguno o in-dustria de las citadas en la ley mientras no haya pagado la licencia en la forma que en la misma se dispone: y la sec-ción 92, que es la otra sección citada en la acusación, cas-tiga como delito menos grave el emprender o continuar cual-quiera industria u ocupación sujeta a licencia por dicha ley sin proveerse de la correspondiente licencia o habiendo sido revocada. T la sección 12 de la misma ley en su párrafo 3° dispone qne los fabricantes qne dispongan de su producto al por mayor en su fábrica, no serán considerados como tra-ficantes.

Imponiéndose la obligación de obtener y pagar licencia para la venta de mieles obtenidas como desecho en el pro-ceso de elaboración de azúcar a los traficantes en dichas mieles; no siendo considerados como traficantes los que dis-pongan de su producto al por mayor en su fábrica; y apa-reciendo que la central apelante vendía al por mayor en sn fábrica las mieles derivadas como desecho de los azúcares que elaboraba, tenemos que llegar a la conclusión de que la apelante no era traficante en mieles y no tenía el deber de obtener y pagar licencia para vender dichas mieles en la forma expresada y por tanto que no cometió la infracción por la que fue acusada y condenada, por lo que debemos revocar la sentencia apelada y dictar otra en su lugar ab-solviéndola de la acusación que se le hizo.

El Juez Asociado Señor Hutchison no intervino.


author: El Juez Asociado Seño®, Aldrby,

text:
    Bautista Echevarría y Larrategui, demandante y apelado, v. María Brígida Torres, Juan Pérez Torres y María, Carmen, Leocadio y Luisa Pérez López, demandados y apelantes.
    No. 4036.
    Visto: Noviembre 4, 1926.

      Resuelto: Febrero 11, 1927.
    1. Desahucio — Desahucio en Precario — -Evidencia—Prueba del Carácter dm Heredero. — En pleito de desahucio, como en todo pleito, puede probarse la cualidad de herederos sin necesidad de acudir a la Ley de Procedimientos, Legales Especiales, si bien esa justificación sólo tiene alcance y eficacia en relación a las partes en el pleito concreto de que se trata.
    2. Desahucio — Desahucio en Precario — Procedencia del Mismo — Conflicto de Títulos — Título Aparente al Inmueble por Parte del Demandado. — En acción de desahucio, cuando el título del demandante procede de la persona) de quien los demandados son herederos, y éstos no fueron citados personal-mente en el pleito en que aquél compró el inmueble objeto'del desahucio, teniendo dichos demandados un título aparente a dicho inmueble, existe un conflicto de títulos que no puedo ser resuelto dentro de dicha acción.

      Sentencia de Luis Ramalea Iglesias, J. (Arecibo), declarando con lugar la demanda, con costas.

      Revocada, declarándose sin lugar la demanda.

      Luis Mercader, abogado del apelante; Large & Acevedo, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Seño®, Aldrby,

emitió la opinión, del tribunal.

Bautista Echevarría demandó en juicio de desahucio por precario a María Brígida Torres, a Juan Pérez Torres y a María, Carmen, Leocadio y Luisa Pérez López, alegando ser dueño de cierta finca que describió y que dichas perso-nas están ocupándola precariamente, sin pagar canon o mer-ced, por lo que pidió sentencia que los condenase a desalo-jarla. Se opusieron los demandados negando todos los he-chos de la demanda y alegando como defensa que son due-ños de la finca en pleno dominio y posesión por haberla he-redado de María Lorenza Vélez, que falleció en 1903 siendo dueña de ella. Celebrado el juicio fué declarada con lugar la demanda y se interpuso esta apelación por los demandados.

Resulta de las pruebas que María Lorenza Vélez, dueña de esa finca y a cuyo favor estaba inscrita en el Registro de la Propiedad, reconoció deber en el año 1900 a Leearoz y Compañía la cantidad de $470, cuyo pago les garantizó con hipoteca sobre esa finca: que la deudora falleció en el año 1903, según fué acreditado con certificación del registro civil: que veinte años después los liquidadores de dicha mercantil presentaron demanda en la Corte Municipal de Lares en cobro de $450 de esa deuda, dirigiendo -su acción contra los herederos desconocidos de María Lorenza Vélez, bajo los nombres supuestos de John Doe y Richard Doe, y que para cumplir la sentencia condenatoria que se dictó fué vendida la finca en pública subasta y adjudicada a Bautista Echevarría, a quien se otorgó escritura de venta en nom-bre de la sucesión desconocida y cuyo título fué inscrito en el registro de la propiedad en 19 de enero de 1926, algunos meses antes de ser presentada la demanda de desahucio que motiva esta apelación.

También resulta por declaraciones testificales que al morir María Lorenza Vélez dejó ocho hijos de los cuales vive en la actualidad la demandada María Brígida Torres, de quien es hijo el demandado Juan Pérez Torres, y que los otros cuatro demandados apellidados Pérez López son nietos de María Lorenza Vélez, pero la corte inferior no dió valor a esa prueba para acreditar el carácter de herederos que ellos alegan tener de María Lorenza Vélez por entender que tenían que presentar para tal fin el testamento de ella o la declaratoria judicial a favor de sus herederos. Sin embargo, en el caso de Morales v. Landrau, 15 D.P.R. 783, ratificado después en otros que luego citaremos, declaró este tribunal que en los pleitos se puede probar la cualidad de herederos sin necesidad de acudir a la Ley de Procedimientos Legales Especiales, si bien esa justificación sólo puede tener alcance y eficacia en relación a las partes en el caso concreto de que se trate, pues para fines generales o cuando se trate de obtener- declaratoria de herederos debe acudirse a la Ley de Procedimientos Legales Especiales. Véase también Soriano v. Rexach, 23 D.P.R. 573; Sucesión Rodríguez v. Peres, y Casanovas & Ca. v. Ramírez, 25 D.P.R. 82 y 627; Méndez v. Martínez, 26 D.P.R. 100; Sucesión Tórres Negrón v. Tórres, 29 D.P.R. 909, y Ex-parte Boerman v. Marrero, 34 D.P.R. 126. Por consiguiente, apreciando esa prueba hay que llegar a la conclusión de que los demandados probaron ser hijos y nietos de María Lorenza Vélez y por tanto que son sus herederos, ya directamente o por sus padres.

Como el título del demandante procede de María Lorenza Vélez; como los demandados son los herederos de esa señora: como han vivido siempre en la finca en tal carácter: y como no fueron citados personalmente en el juicio en que el demandante compró dicha finca, pues, eorno hemos dicho, el pleito se siguió contra la sucesión descono-cida de María Lorenza Yélez, entendemos que teniendo los demandados un título aparente a ese inmueble existe un conflicto de títulos, pues la cuestión de si el título de los de-mandados ha quedado destruido por el juicio y sentencia mencionados y ha pasado al demandante es cuestión que no puede ser resuelta en un procedimiento como el de desahu-ékft Los casos de Delgado v. Pimentel, 20 D.P.R. 557, y de León y. Alvarado, 24 D.P.R. 700, citados por la corte inferior y por el apelado para sostener que el título de los. de-mandados pasó al demandante y que por esto procede el desahucio no son aplicables al caso presente, pues en aqué-llos los demandados habían sido vencidos en el juicio que traspasó el título a los demandantes, lo que no ocurre en el caso presente.

Por lo expuesto la sentencia apelada debe ser revocada y dictarse otra declarando sin lugar la demanda sin especial condena de costas.

El Juez Asociado Señor Hutchison no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Medina, acusado y apelante.
    No. 3052.
    Visto: Febrero 10, 1927.

      Resuelto: Febrero 11, 1927.
    Deeeoho Penal — Apelación y Erbor, y Certiorabi — Récord y Procedimientos que no Están en Récord — Pena Impuesta — Pena Excesiva. — Cuando no se celebra juicio por la confesión del delito hecha por el acusado y la corte sen-tenciadora toma en consideración, para la imposición de la pena, prueba que se le presenta con tal fin, si ésta no se trae ante el Supremo, éste, no está en condiciones de declarar que la corte impuso una pena excesiva.
    SentenCia de R. H. Todd, Jr., J. (Poneej, condenando al acusado por delito de Homicidio voluntario.

      Confirmada.

      Felipe Colón, abogado del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué acusado de un delito de asesinato en primer grado y al quedar constituido el jurado que había de juzgarlo se confesó culpable del delito de homicidio volunta-rio, por cuya confesión el jurado lo declaró convicto de ese delito. Antes de ser impuesta la pena por la corte, ésta tuvo ante sí evidencia para los efectos de la imposición de la misma y después condenó al acusado a sufrir diez años de presidio con trabajos forzados por el delito de homici-dio voluntario, por estimar que a pesar de la prueba del acusado tendente a demostrar su buena conducta anterior la evidencia de su crimen demuestra que cometió el delito de asesinato, por lo menos en segundo grado, porque des-pués de terminada una cuestión que el acusado tuvo con la persona que luego murió, cuando dicha persona se retiraba por la carretera, el acusado a mansalva y por la espalda, sin que aquélla pudiera darse cuenta de la acometida, le echó una llave con la mano derecha al cuello y por detrás sacó una navaja con la mano izquierda y le cercenó el lado izquierdo del cuello, falleciendo dicha persona instantánea-mente.

El acusado apeló de esa sentencia alegando como tínico error de ella que la pena impuesta es excesiva.

Independientemente de cualquier cuestión .que no sea la suscitada por el apelante, nos limitaremos a decir que como no ha sido traída ante nosotros la evidencia que tuvo en cuenta la corte inferior para imponer la pena recurrida, la sentencia apelada debe ser confirmada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Felipe Escobar, acusado y apelante.
    No. 3070.
    Visto: Febrero 3, 1927.

      Resuelto: Febrero 11, 1927.
    Alteración de la Paz — Denuncia—Alegación Respecto a Haberse Perturbado-la Paz de un A^ecindario >o Persona — Cuándo es Innecesaria. — Sí bien es un requisito genérieo de todo delito de alterar la paz pública que sea pertur-bada la de algún vecindario o persona particular, no es necesaria esa alega-ción en las denuncias o acusaciones cuando tal perturbación o alteración salta del mismo techo imputado en aquellas.

      SENTENCIA de Pablo Berga, J. (San Juan), condenando al acusado por delito de Alterar la Paz (art. 371 del Código Penal).

      Con-firmada.

      Luden Longohamps, abogado del apelante; José E. Figueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

La denuncia en este caso imputa al apelante la comisión de un delito de alterar la paz pública especificado en el ar-tículo 371 del Código Penal porque en determinada fecha ilegal, voluntaria y maliciosamente penetró en forma vio-lenta en la casa habitación de María Isabel Ayala, tirando los muebles de ésta a la calle y cerrando después con un can-dado, todo hecho en contra de la voluntad de la referida María Isabel Ayala; y alega el apelante que esa denuncia no contiene hechos constitutivos de alterar la paz pública porque no dice que fué alterada la paz del vecindario o de alguna persona y que como esa alegación es genérica para todos los delitos de alterar la paz hay necesidad de hacerla en este caso.

Si bien es requisito genérico de todo delito de alterar la paz pública que haya sido perturbada la de algún vecindario, o persona particular, puesto que hay hechos que sin esa circunstancia no constituyen delito, sin embargo, no siem-pre es necesaria esa alegación en las denuncias o en las acu-saciones porque tal alteración de la paz de algún vecinda-rio o de alguna persona salta del mismo hecho imputado en la acusación, como ocurre en el presente caso en el que si bien no se dice expresamente que se turbó la paz de María Isabel Ayala, tal alegación surge del mismo hecho imputado, pues si el acusado en forma violenta penetró en la casa ha-bitación de ella tirando sus muebles a la calle, cerrando des-pués la casa con un candado y todo lo hizo contra la expresa voluntad ele María Isabel Ayala, es lógico deducir de esos hechos que su paz fué alterada por realizarse contra su vo-luntad.

Resuelto el único motivo en que se funda este recurso, debe ser confirmada la sentencia apelada.


author: •El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    María del Carmen Morales, demandante y apelante, v. Esperanza Cruz Vélez, demandada y apelada.
    No. 4016.
    Visto: Noviembre 9, 1926.

      Resuelto: Febrero 11, 1927.
    1. Lis Pendens — Aviso de Lis Pendens en el Registro — Cancelación del Mismo • — Acción Pendiente. — Estando una acción pendiente hasta tanto se dicte una sentencia que sea inapelable, si confirmada una sentencia por el Supremo se apela ésta a la Corte de Circuito de Boston, el aviso de Us pendens debe permanecer en el Registro hasta tanto no haya posibilidad de que se dicte una sentencia a favor del demandante.
    2. Apelación y Error — Decisiones Sujetas a Revisión — Naturaleza, Alcance y Efecto de la Decisión — Orden para Cancelar Aviso de Lis Pendens.— Confirmada en apelación una sentencia, y apelada ésta, una orden de la corte inferior para cancelar el aviso de litis pendencia a- favor del demandante y apelante es apelable.
    RESOLUCIÓN de Charles E. Foote, J. (Mayagüez), decretando cance-lación total de anotaciones de demanda practicada en el registro de la propiedad.

      Revocada.

      J. H. Brown y Clemente Ruis Nasario, abogados del apelante; José Sabater, abogado de la apelada.
   •El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La demandante en este caso, fundándose en el artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil, al radicar su de-manda obtuvo un aviso de lis pendens en los Registros de la Propiedad de Mayagüez y San Germán. El caso fue visto en la Corte de Distrito de Mayagüez y se dictó sen-tencia contra la demandante. Dicta sentencia fué confir-mada en apelación por esta corte.

Posteriormente la demandada y apelada solicitó de la Corte de Distrito de Mayagüez la cancelación de dichos avi-sos de lis pendens. La demandante y apelante compareció y se opuso a dicta moción. La corte ordenó la cancelación y se apeló de dicta resolución.

Al tiempo de presentar su oposición, la demandante y apelante demostró a la corte de distrito que se Rabia ape-lado para ante la Corte de Circuito de Apelaciones de la sentencia dictada por esta corte.

Los artículos 91 y 348 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone lo siguiente:

“Art. 91. Cuando en una acción que afecte al título o al dere-cho de posesión de una propiedad inmueble, el demandante al tiempo de presentar la demanda, y el demandado al tiempo de presentar la contestación o en cualquier tiempo después, pidieren se declare que lo que se reclama es suyo, podrán presentar para su anotación al re-gistrador del distrito en que radicare la propiedad o parte de ella un aviso de la cuestión litigiosa pendiente, el cual contendrá los nombres y apellidos de las partes, el objeto de la demanda o contes-tación, y la descripción de la propiedad en litigio. Sólo desde el día de la presentación del aviso para ser anotado se considerará que el comprador o la persona que adquiera un gravamen sobre la pro-piedad litigiosa, tiene conocimiento para los efectos legales, de la ac-ción pendiente contra las partes designadas por sus nombres verda-deros.
“Art. 348. TJn pleito se considera pendiente desde que principia hasta su resolución final en apelación, o hasta que haya expirado el tiempo para interponer el recurso de apelación, a menos que se haya cumplido el fallo con anterioridad.”

Interpretando los dos artículos conjuntamente, estamos obligados a resolver que una acción está pendiente basta que se dicta una sentencia que es inapelable. En Todd v. Romeu, 206 U. S. 358, la Corte Suprema de los Estados Uni-dos resolvió en efecto que la doctrina del derecho común sobre lis pendens no regía en Puerto Rico; que para notificar a compradores de buena fe era necesario una anotación preventiva en el registro de la propiedad. La intención de la legislatura al aprobar estos dos artículos fué bacer que un pleito pendiente debidamente anotado en el registro equivaliera al aviso constructivo a los compradores del derecho común. Un demandante ha cumplido con su deber hacia compradores de buena fe si hace registrar una anotación preventiva en el registro. El aviso debe permanecer hasta que no haya posibilidad de que se dicte una senten-cia a favor de un demandante.

El argumento de la apelada es que para impedir la can-celación de una sentencia que ha sido declarada final al ser confirmada por esta corte en apelación, la apelante debe prestar una fianza de supersedeas. Sin embargo, conveni-mos con la apelante que el efecto de una fianza de super-sedeas es suspender la ejecución. La continuación de una anotación preventiva no impide la ejecución. Nos inclina-mos a creer que la corte puede conceder costas y honorarios y expedir una orden de ejecución para el cobro de éstos; que para fijarse tales costas y honorarios la sentencia de esta corte debe considerarse como final. Baste decir que no conocemos forma alguna por la cual una fianza de super-sedeas podría aplicarse en sus términos a una anotación preventiva existente.

Además, no podemos convenir con la apelada en que la orden de cancelación no era apelable. La apelada creyó necesario obtener la cancelación y la actuación de la corte claramente era una providencia después de dictada sentencia y se refería a materias que no se habían resuelto específicamente en tal sentencia.

La resolución debe ser revocada.

El Juez Asociado Señor Hutchison no intervino.


author: Be Juez Asociado Señor Wore,

text:
    Emilio Ruiz, demandante y apelante v. Fermín Garayalde y Josá Garayalde, demandados y apelados.
    No. 4050.
    Visto: Enero 21, 1927.

      Resuelto: Febrero 11, 1927.
    3. Contratos — Cumplimiento o Quebrantamiento — Cumplimiento de Obligacio-nes de las Partes Bajo el Mismo — Incumplimiento por Una Parte de Sus Obligaciones y Efecto. — Cuando en acción en cobro de una comisión que se alega adeudada con motivo de la venta de ciertas fincas aparece que la venta se efectuó según determinó la corte inferior por la intervención y servicios y actividades de personas distintas al demandante, éste no rmede obtener sentencia a su favor.
    2. Testigos — Credibilidad, Impugnación, Contradicción y Corroboración — En General — Credibilidad de los Testigos en General. — En el caso de decía-ración jurada eontra declaración jurada, las cortes generalmente dejan al demandante en statu quo; aquéllas no están obligadas en todo caso a creer al demandante, sino que dada el resto de la prueba oral y los indicios del caso puede sentirse obligada a creer al demandado.
    3 Apelación y Error — Señalamiento de Errores — Errores Impropiamente Se-ñalados — Efecto.—El Supremo no discutirá errores que, además de no haber sido propiamente señalados, no son fundamentales.
    SenteNcia de Miguel A. Muñoz, J. (San Juan), declarando sin lugar la demanda, sin costas.

      Confirmada.

      Manuel Benitez Flores, abogado del apelante; Jacinto Texidor, abo-gado de los apelados.
   Be Juez Asociado Señor Wore,

emitió la opinión del tribunal.

Este es nn pleito en cobro de nna comisión de $2,000 que el demandante Emilio Ruiz alegó serle adeudada por Fermín Garayalde y José Garayalde con motivo de la venta 'de ciertas fincas rústicas. En la demanda se alegó qne Emilio Rniz, juntamente con Sebastián Bauzá y Sebastián Bauzá, Jr., y los hermanos del demandante, era condueño de las fincas descritas en dicha demanda, y que el demandado Fermín Garayalde, por sí y como apoderado de su hermano José Garayalde, propuso al demandante, como uno de los condueños de las fincas expresadas, que si le informaba y tenía al corriente de cualquier oferta que se hiciera por otros compradores, los demandados estarían dispuestos a pagar lo mismo que pagara cualquiera otra persona por las fincas. En efecto, la teoría de la demanda era que si Emilio Ruiz tenía al corriente a Fermín Garayalde de todas las ofertas hechas por las fincas en cuestión y ayudaba •a dicho Garayalde a convencer a los demás condueños de que debían vender, entonces dicho Garayalde pagaría a Ruiz la suma de $2,000 si ellos, los aquí demandados, conseguían adquirir las fincas.

Después de revisar la prueba presentada en el caso, la Corte de Distrito de San- Juan dijo:

“De la prueba aparece que el Sr .Garayalde ofreció al deman-dante Ruiz cierta cantidad de dinero con tal que éste hiciera gestio- nes para que se le vendieran las fincas y lo tuviera al tanto de las proposiciones que se hicieran, así como también que ejerciera su in-fluencia en cuanto a la venta. Pero entiendo que no se ha probado el becbo alegado en la demanda de que fué sólo por la intervención del demandante que los demás condueños dieron la preferencia al demandado; y por el contraído aparece de la declaración del Sr. Richardson que los condueños habían retirado su representación del Sr. Ruiz en cuanto a estas gestiones, y que éste no ejerció influencia alguna con los otros condueños en la venta de la finca. Tampoco se ha probado cuál sería el valor razonable de las gestiones llevadas a cabo por el Sr. Ruiz, es decir, hasta dónde éstas llegaron; y, teniendo en cuenta que cuando se exige- el cumplimiento de una obligación o contrato, la parte que exige el cumplimiento tiene que empezar por probar la existencia del contrato, y el cumplimiento de ella por su parte, de lo que le correspondía hacer; y no habiéndose probado esto, entiendo que procede declarar sin lugar la demanda, sin especial condenación de costas.”

El apelante se queja de que la corte.no estaba facultada para decir que era una condición del contrato que la venta habría de efectuarse por virtud exclusivamente de las ges-tiones de Emilio Ruiz, y alega que aunque el párrafo quinto de la demanda expresaba en efecto que la venta de las fin-cas se llevó a cabo debido sólo a las gestiones de Emilio Ruiz, dicho párrafo debe considerarse como una manifesta-ción secundaria y no como una descripción del verdadero contrato entre las partes.

Hasta cierto punto convenimos con el apelante en que el contrato principal no fué expuesto en dicho párrafo quinto, pero, sin embargo, creemos que lo que la corte de distrito tuvo en mente fué que si la venta fué hecha por y con la ayuda e intervención de otros — como en efecto sucedió en este caso — entonces, el demandante no podía obtener senten-cia porque había dejado de probar exactamente cuál había sido su intervención personal y cuánto valía ésta. Y en esto creemos que la corte tuvo razón.

La teoría de la defensa fué que los demandados no con-vinieron en remunerar al demandante en la forma descrita en la demanda, sino que el contrato era mucho más limi-tado, a saber: que si Emilio Buiz, en cierto modo en la forma descrita en la demanda, ayudaba a los demandados a adquirir la propiedad de las fincas dentro de las tres pri-meras semanas de agosto de 1924, o poco más o menos, ellos le pagarían la suma de $1,000; y que en un tiempo Emilio Buiz de hecho representaba a sus parientes y demás condueños, pero que cuando la venta se llevó a efecto él ha-bía cesado en su representación y que la venta finalmente se efectuó mediante la intervención y servicios y activida-des de otras personas. Estas cosas, según lo entendemos, eran las que estaban en la mente de la corte al expresar en su opinión lo siguiente: “Y, teniendo en cuenta que cuando se exige el cumplimiento de una obligación o contrato, la parte que exige el cumplimiento tiene que empezar por pro-bar la existencia del contrato y el cumplimiento de ella por su parte.” Incumbía al demandante probar que la venta en realidad se debió a sus actividades y convenimos con la corte inferior en que no lo demostró. Considerando la prueba del demandante en su sentido, más favorable, de-mostraría que durante un tiempo él tuvo a Fermín Gara-yalde al corriente de las ofertas hechas por otras perso-nas, pero la prueba fuertemente tiende a demostrar que él no hizo tal cosa en la época de la venta.

El apelante hacé mucho hincapié en el hecho de que la única persona que lo contradice es el demandado Fermín Garayalde. El apelante insiste en que las manifestaciones de dicho demandado, que es parte interesada, eran a veces inconsistentes; pero no encontramos que tales inconsistencias tuvieran suficiente fuerza para destruir la facultad de la corte de creer en la veracidad de su declaración.

El único testigo del demandante que contradice a Fer-mín Garayalde en cuanto al cumplimiento del contrato es el demandante Emilio Buiz. Los otros testigos del demandante meramente declaran sobre la naturaleza del contrato. De modo que, aúu aceptando hasta cierto punto el caso del de-mandante, sería una cuestión de declaración jurada contra declaración jurada. Generalmente en tales casos la corte deja a un demandante en statu quo, pues el peso de la prueba recae sobre él; pero en todo caso, la corte no está obligada a creer al demandante, sino que, especialmente, dado el resto de la prueba oral y los indicios del caso, puede sen-tirse obligada a creer al demandado.

La opinión de la corte contiene un resumen muy cuida-doso de la prueba testifical, entrando entonces a resolver el caso en el párrafo primeramente transcrito en esta opinión. Este extracto es obra del juez de una corte extremadamente ocupada, y no puede ser examinado muy minuciosamente.

Creemos que aparece claro de la opinión en su totalidad que la corte tomó en consideración toda la prueba y llegó a la conclusión de que el demandante había dejado de demos-trar el cumplimiento del contrato, y estamos de acuerdo con esa conclusión.

Al final de su alegato, el apelante señala otros errores. Como éstos no fueron propiamente señalados y no fueron fundamentales, no los discutiremos.

jDebe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Senos. Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Gerónimo González, Jr., acusado y apelante.
    No. 2906.
    Visto: Noviembre 12, 1926.

      Resuelto: Febrero 11, 1927.
    1. Armas — Facultad o Poder para Prohibir ¡el Portar Armas — Poder Legis-lativo Insular. — No conteniendo nuestra Oarta Orgánica, en las prohibicio-. nes que contiene, disposición alguna que impida el que se apruebe una ley prohibiendo portar armas peligrosas y habiéndosele conferido a Puerto Rico plenos poderes legislativos dentro de tal concesión tiene todos los poderes de policía razonablemente imaginables incluyendo el derecho de prohibir el portar tales armas.
    2. árimas — Estatuto Prohibiendo Portar Armas — Constitucionalidad del Mis-mo. — Si bien la 'Ley de Portar Armas Prohibidas quizás sería insostenible’ —como constitucional — en ciertos particulares bajo el precepto constitucional americano que concede a los ciudadanos el derecho de portar armas, supo-niendo la constitución aplicable a esta Isla, aquélla será sostenible, sin embargo, en tanto en cuanto trata de manoplas.
    Sentencia de Luis 8amalea Iglesias, J. (Arecibo), condenando al acusado por delito de portar armas prohibidas.

      Confirmada.

      Rafael Muñoz Ramos, abogado del apelante; José JE. Figueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Senos. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante alega que la Ley de 1924 prohibiendo por-tar armas es anticonstitucional. Algunas de las cuestiones levantadas ban sido ya resueltas en los casos de El Pueblo v. Vadi, 34 D.P.R. 562 y El Pueblo v. Acevedo, 34 D.P.R. 460.

La principal cuestión nueva levantada es que la Constitución de los Estados Unidos concede a los ciudadanos el derecho de portar armas, y que el Congreso, al concederle poderes a la Legislatura, no la autorizó a aprobar leyes prohibiendo portar armas. En los Estados Unidos, generalmente lo que se prohibe es portar armas ocultamente.

Se ha resuelto que la Constitución de los Estados Unidos como tal, no está en vigor en Puerto Rico. En cambio, te-nemos un Acta Orgánica en la cual se mencionan ciertas prohibiciones, pero la misma no contiene disposición alguna que impida que se apruebe una ley prohibiendo portar ar- > mas peligrosas. Desde el 1905, cuando se aprobó la pri-mera ley de portar armas, siempre se ha entendido que Puerto Rico, no estando dentro de la prohibición constitu-cional a que hemos hecho referencia, podía aprobar una ley prohibiendo el uso de tales armas peligrosas.

En cuanto a la cuestión de que el Congreso no podía autorizar a Puerto Rico a aprobar tal ley, estamos muy cqnvencidos de que a Puerto Rico se le han conferido ple-nos poderes legislativos, y que dentro de tal concesión tiene todos los poderes de policía razonablemente imaginables, in-cluyendo el derecho de prohibir el portar armas peligrosas.

Ann suponiendo que la disposición constitucional invo-cada fuera aplicable a Puerto Rico, dudamos que este acu-sado pudiera ampararse en ella. El fué sentenciado por portar una manopla. Tenemos dudas sobre si tal arma es-tuvo jamás en la mente de los redactores de la Constitución cuando dispusieron que no se coartaría a los ciudadanos el derecho de portar armas. Las manoplas no son distintiva-mente las armas usadas por los ciudadanos que la Consti-tución deseaba proteger. De modo que quizás la ley, aún siendo insostenible en otros particulares, pudiera sostenerse cuando se trata de manoplas.

No hallamos que se haya cometido error en la aprecia-ción de la prueba, y la sentencia apelada debe ser confir-mada.


author: El Juez Asociado Señoe Feaítoo Soto,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Agustín Rosa Quiñones, acusado y apelante
    No. 2817.
    Visto: Junio 18, 1926.

      Resuelto: Febrero 15, 1927.
    1. Médicos y Cirujanos — Ejercicio Ileg-al de la Medicina — Ejercicio Autori-zado por la Ley. — La exeepeión establecida por el disponiéndose del artículo 3 de la Ley No. 79 de 1911 (p. 260, Comp. 1713) como fué enmendada por la No. 43 de 1919 (p. 196) se limita a los médicos cirujanos que tienen un diploma facultativo, que por su reputación,y experiencia han sido considera-dos como tales por sus colegas de profesión y por el público en general.
    2. Médicos y'Cirujanos — Ejercicio Ilegal de la Medicina — Ejercicio Autori-zado bor la Ley — Prueba Necesaria. — Aquél que invoque estar investido de un diploma de médico cirujano y alegue estar dentro de la exeepeión establecida por el disponiéndose establecido en el artículo 3 de la Ley 79 de 1911 como fué enmendada por la.No. 43 de 1919 (p. 196) debe demos-trar, definiéndola, con prueba robusta y convincente — un conjunto de circuns-tancias y no hechos aislados — su condición de tal médico cirujano mediante - la experiencia o ejercicio por cinco años con anterioridad al1 1919.
    Sentencia de Domingo Sepulveda, J. (San Juan), condenando al acusado por infracción a la sección 9 de la Ley 73 de 1923, se-gún fué enmendada por la No. 15 de 1924.

      Confirmada.

      Luis Llorens, abogado del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señoe Feaítoo Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una apelación de una sentencia que impuso al acusado una multa de veinticinco dólares por ejercer ilegal-mente la profesión de médico-cirujano.

La corte inferior, refiriéndose a la prueba dice:

“ Al empezar la vista del caso, el Fiscal y la defensa hicieron la siguiente estipulación que consta en el récord:
“ !La' defensa acepta que el acusado Dr. Rosa Quiñones espidió las recetas que se ofrecen como prueba por el Fiscal sin estar auto-rizado a ejercer la profesión de médico por el Board de Médicos Examinadores de Puerto Rico, o sea sin licencia del expresado Board, ni estar inscrito en el Registro de Médicos Cirujanos del Departa-mento de Sanidad.
“ 'El Fiscal acepta que tiene un' diploma o título universitario de Doctor en Medicina expedido por la Universidad del Estado de Illinois, el cual título se presenta como prueba y acepta también que el acusado viene desde hace más de seis años practicando como mé-dico en Puerto Rico, y recibiendo compensación y honorarios como tal médico y usando las iniciales M. D. en sus recetas, todo ello am-parado en dicho título o diploma.
“ ‘La defensa acepta que en 21 de junio de 1925 en el poblado Palo Seco de Toa Baja, el acusado practicaba como médico en la forma anteriormente expresada y que con anterioridad a dicha fecha de la denuncia, estuvo practicando como tal médico y en las mismas .condiciones por espacio de más de seis años, lo cual admite el Fiscal.
“ ‘En adición a la estipulación, se ofrecen como prueba dos re-cetas por el Fiscal que están anexas al expediente.
“ ‘La defensa presenta como prueba el Diploma o título a que se refiere la estipulación, el cual aparece expedido por la Universidad de Medicina del Estado de Illinois, en 28 de mayo del año 1914, cuya prueba admite el Fiscal.
“ ‘Y la Corte aprobó dicha estipulación.’
“En Octubre 24 de 1925, compareció el acusado en Corte abierta y amplió su declaración ya prestada en esta forma:
“ ‘Que él está ejerciendo como Médico en Puerto Rico, desde la primera quincena del mes de Junio de 1914; que ha ejercido desde entonces continuamente en Puerto Rico; que no ha desempeñado cargos públicos como Médico; que ha trabajado en el bufete del Dr. Coll y Cuchí; que es ésta la primera vez que lo han denunciado mientras está ejerciendo la profesión de Médico.’
# «• * * * # #
“De los hechos probados, aparece que el acusado Sr. Rosa Qui-ñones obtuvo un título de Médico en el mes de Mayo de 1914 y desde esta fecha comenzó a ejercer su profesión, curando enfermos, despachando recetas firmadas con el título de Médico Cirujano, te-niendo un rótulo con tal título de Médico Cirujano, expuesto al pú-blico frente a su oficina, y practicando en fin, todas las demás actua-ciones propias del ejercicio de dicha profesión. Estos son los hechos probados. ’ ’

Después la corte estudia la jurisprudencia de esta Corte Suprema en los casos de El Pueblo v. Rodríguez Alberty, 33 D.P.R. 850, y El Pueblo v. Cabrera y Rincón, 34 D.P.R. 470, y concluye así:

“Entendemos que la doctrina en el .caso de Rodríguez Alberty no es aplicable en ninguna forma al caso de Agustín Rosa Quiñones que ahora estamos resolviendo, y llegamos a la conclusión de que Agustín Rosa Quiñones, a pesar de ostentar un título de médico ex-pedido por la Universidad del Estado de Illinois, no se halla com-prendido para los efectos de la Ley, dentro de los Médicos debida-mente autorizados que hubieran ejercido en Puerto Rico por un pe-ríodo de 5 años con anterioridad a la aprobación de la Ley No. 43 aprobada en 7 de junio de 1919.”

No se ha elevado una exposición del caso o transcripción de la evidencia, pero el apelante alega que no ha sido ne-cesario hacer una u otra cosa porque el recurso no se basa en ningún error cometido durante el juicio ni en una erró-nea apreciación de la prueba, sino en que no habiendo con-troversia en los hechos en virtud de la estipulación acor-dada, el fundamento consiste en un error en la interpreta-ción de la ley aplicable a tales hechos.

Asumiendo que pudiéramos prescindir de la exposición del caso o trascripción de la' evidencia, nos parece, sin embargo, que las admisiones contenidas en la estipulación no es la prueba robusta y convincente para dejar de: terminado el standard del acusado en su condición de mé-dico-cirujano, según quedó definido en el caso de El Pueblo v. Cabrera y Rincón, supra, diciéndose que “la situa-ción de hecho reconocida por el legislador fue la de un ver-dadero status de médico en el seno de la sociedad.” Y pe-netrando luego en su intención al referirse a la enmienda que se hizo en la sección 3 de la ley de 1903 en 1911, esta corte dijo además:

“Diferentes causas se expusieron en el informe oral de estos re-cursos. Alguna necesariamente tuvo que existir. Quizá al Legisla-dor constaba que había en la Isla ejerciendo la medicina cierta o ciertas personas que siendo perfectamente capacitadas para ello ca-recían de alguno o algunos de los requisitos académicos exigidos por la ley y quiso legalizar su situación. Siendo ello así sólo puede pensarse que estuvieron en la mente del legislador personas que en la comunidad asumían la posición de un médico, reconocidas en ella como doctores, desempeñando puestos públicos como tales, considera-dos como iguales por sus compañeros de profesión, en una palabra verdaderos médicos en abierto ejercicio de su profesión. Un farma-céutico, un practicante, un cirujano menor, un curandero, no puede pensarse que frieran los médicos-cirujanos de hecho que dieron mo-tivo al disponiéndose.”

Lo mismo la Ley No. 79 aprobada en marzo 9, 1911 (Comp. 1713), como su enmienda por la Ley No. 43 de ju-nio 7, 1919 (p. 196), tuvieron el mismo objeto para todas las personas, según la primera ley, y para “todos los mé-dicos debidamente autorizados,” según dispone la segunda, en sentido de que si no se demostraba la competencia y ha-bilidad mediante un examen de reválida ante una junta de médicos examinadores, la legislatura al permitir las excep-ciones a la regla general procedió sin duda bajo la teoría de exigir el requisito de la experiencia del que se dedica al ejercicio de la profesión médica por un período de cinco años. La sabiduría o las circunstancias que de momento pueden justificar una legislación de tal naturaleza entra dentro del radio de acción de las legislaturas, pero las cor-tes una vez llamadas a intervenir, a ellas es a quienes co-rresponde pesar y medir el alcance de la evidencia en tales casos. De todos modos nuestra legislatura en la ley de 1919 creyó más prudente exigir algo más de lo prescrito' por la de 1911 para los casos de excepción y modificó enton-ces la fraseología de la ley requiriendo un título universi-tario o diploma de una escuela de medicina que fue lo que quiso significar al referirse el disponiéndose de la sección 3 de la ley de 1919 “a todos los médicos debidamente autori-zados,” consistiendo en esto la enmienda.

Los centros de enseñanza al expedir un título o diploma declaran por ellos a la persona que lo obtiene que fia adqui-rido un caudal de conocimientos en el ramo del saber que fia elegido, pero la presunción de suficiencia que da el tí-tulo depende en mucbo de la vocación o disposición de aque-lla persona y del crédito o reputación de la universidad o escuela en donde lo baya ganado. La Legislatura segura-mente por tales razones quiso que se uniera a la presunción de capacidad que representa un diploma de médico-cirujano, la experiencia de la práctica por cinco años a todos aque-llos médicos que ban rehusado o temido demostrar la sufi-ciencia de sus conocimientos en las distintas materias que comprende la medicina, ante una junta examinadora de mé-dicos, creada expresamente para ese fin.' El propósito de la ley es de protección contra los riesgos de la impericia en una profesión de tan vital importancia en la vida de rela-ción, limitando el disponiéndose de la sección 3 a los médi-cos-cirujanos que por su reputación y experiencia ban sido considerados como tales por sus colegas de profesión y por el público en general. El mero becbo de expedir recetas no demuestra por sí solo la capacidad del acusado, pues existen ad hoc formularios prácticos de terapéutica y far-macopea que casuísticamente pueden copiarse. Debemos, por tanto, darle un efecto a la ley que responda a su objeto. Todo depende de un conjunto de circunstancias, y becbos aislados carecen de importancia. En tiempos como los ac-tuales en que la clase médica es numerosa y su crédito está al nivel de lo que exige la ciencia y su ejercicio está regla-mentado para asegurar en lo posible la competencia, es ra-zonable exigir de una persona, que invoca estar investida de un diploma de médico-cirujano pero que duda de su ca-pacidad no sometiéndose a un examen de reválida, la de-mostración fuerte y robusta de baber definido claramente su condición de tal mediante la experiencia o ejercicio por cinco años, lo cual no aparece de este caso.

Por todo lo expuesto, debe confirmarse la sentencia ape-lada.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino, y el Juez Asociado Señor Aldrey firmó: “conforme con la sen-tencia. ’ ’


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    José Delgado González, peticionario, v. La Corte de Distrito de Humacao, Hon. Gabriel Castejón, Juez, demandado.
    No. 528.
    Resuelto: Febrero 15, 1927.
    Apelación y Erric® — Vista y Nueva Vista — Reconsideración de Sentencia — Su Procedencia — En General. — No procede reconsiderar sentencia que sostuvo actuación de un tribunal inferior denegando reconsideración de orden que desestimó moción para dejar sin efeeto fallo dictado contra un tercerista y sus fiadores por haber dejado aquél, fundado en una creencia errónea, de proseguir su tercería, cuando las cuestiones levantadas en la moción de re-consideración, además de haber sido resueltas en la opinión principal, apa-rece que en las reconsideraciones solicitadas al juez inferior aquellas no le fueron presentadas ni se le invocó el artículo 140 del Código de Enjuicia-miento Civil, y especialmente cuando hay ■ el convencimiento de que el peti-cionario dejó de proseguir su tercería.
    Moción de reconsideración de sentencia.

      M. Rodríguez Serra, abogado del peticionario.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En esta moción de reconsideración, el peticionario fia le-vantado distintas cuestiones que resolvimos en nuestra opi-nión principal y que no bailamos fueran presentadas al juez de la corte de distrito en las varias súplicas para la reconsideración que le fné solicitada. El artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil no fué invocado por el peti-cionario en ninguna de sus súplicas al juez de distrito.

Tampoco hallamos que se llamara la atención del juez por haberse dejado de notificar al peticionario algunas de las órdenes o sentencias dictadas en su contra. En la corte inferior el peticionario descansaba principalmente en su creencia de que la orden de- archivo de la demanda original relevaba al peticionario de la necesidad de continuar el procedimiento.

La Corte de Distrito de Humacao dijo:

“En este caso que es una acción sobre tercería de bienes mue-bles, se dictó una orden en 21 de noviembre de 1924, ordenando el archivo por abandono por falta - de instancia, resolución que fué no-tificada en la propia fecha al abogado del tercerista Sr. Celestino Benitez.
“El 6 de mayo'de 1926, o sea un año cinco meses y quince días después, Avelino Márquez Díaz, alegando que no habiéndose de-vuelto por el tercerista la propiedad embargada, a pesar del tiempo transcurrido, procedía se dictase sentencia contra el demandante y sus fiadores por el valor de tal propiedad, con más los intereses a razón del 6%, desde el 30 de agosto de 1922, a cuya solicitud recayó resolución en 12 de mayo de 1926, de acuerdo con lo solicitado y fun-dada en las Secciones 14 y 15 de la Ley sobre Tercería, aprobada en 14 de marzo de 1907.”

El peticionario se queja de qué no se le notificara la resolución de 21 de noviembre de 1924, pero según nuestra opinión original (ante p. 6), es enteramente claro que tai resolución fué comunicada al abogado de récord, y la reso-lución de esa fecha demuestra que la moción fué debida-mente señalada para vista, siendo de presumirse que se notificó debidamente tal vista a los abogados.

El peticionario dice .que la verdadera sentencia en este caso fué la dictada en noviembre de 1924. Si esto es así, entonces es claro que el peticionario tenía conocimiento de dicha resolución, y que no tiene derecho a quejarse. Te-níamos la idea de que la Resolución de mayo 6 de 1926 era la sentencia final, y si estamos en lo cierto al suponer esto, nuestra presunción era favorable al peticionario, puesto que entonces, el tiempo que él dejó transcurrir sin dar paso al-guno parecería más corto.

De todos modos, estamos convencidos de que el peticio-nario, o lo que es lo mismo-, su abogado o abogados-; dejaron de continuar el caso de tercería, y debe declararse sin llegar la moción de reconsideración.


author: •El Juez Asociado Señor HutchisoN,

text:
    Guillermo Petterson, demandante y apelante, v. Juan Rodena y Miguel Ruiz Soler, demandados y apelados.
    No. 4089.
    Visto: Febrero 10, 1927.

      Resuelto: Febrero 18, 1927.
    1. Apelación y Error — -Presentación y Reserva en ea Oorte Inferior-he-los Fundamentos de- Revisión — Excepciones — Resoluciones' Respecto- a la Admisión o- Exclusión de Pruebas — Admisión de Pruebas. — Objetada en apelación la admisión de prueba sin haberse anotado excepción alguna a- la resolución de la corte admitiéndola, la objeción no exige sería consideración'..

      2: Contratos — Cumplimiento o' Quebrantamiento — De la Evidencxa en-- General — Prueba Admisible — Circunstancias Existentes a la Fecha- del-Con.-trato. — En acción en cumplimiento de contrato no es error el admitir prueba para ayudar la corte en la apreciación de la prueba en general y demostrar circunstancias existentes a la fecha del alegado contrato así como su- cum-plimiento por el demandante, especialmente cuando" dicha prueba corrobora, al apelante en cuanto a la situación que le impulsó a entrar en dicho con-trato, y por su naturaleza acumulativa difícilmente podría considerarse sufi-ciente como motivo de revocación.
    SENTENCIA ele Domingo Sepulveda, J. (San Juan), declarando sin lugar la demanda, con costas.

      Confirmada.

      B. F. Pacheco, abogado del apelante; B. Castro Fernández, abogado de los apelados.
   •El Juez Asociado Señor HutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante, un panadero, presentó demanda contra otros dos dueños de panadería, uno de ellos presidente de una asociación de tahoneros, para recobrar una cantidad de dinero que alegaba serle adeudada por los demandados de acuerdo con los términos de un convenio verbal, según el cual el demandante había sido inducido a destruir el horno de su panadería.

La corte inferior, después de celebrado el juicio sobre los méritos del caso, declaró sin lugar la demanda, por las siguientes razones:

“La evidencia testifical del demandante tendió a probar lo si-guiente :
‘ ‘ Que el día 5 de noviembre de 1924, fueron los demandados Juan Rodena y Miguel Ruiz Soler a la propia casa del demandante Guillermo Petterson y que entonces y allí se convino, de palabra, entre el demandante y los demandados que el demandante destruyera el horno y la panadería mencionados en la demanda y que en cambio los demandados Rodena y Ruiz Soler le pagarían al demandante Petterson la suma de setecientos dólares y que en consecuencia de lo convenido se destruyó el horno y hasta la fecha no le han pagado al demandante los setecientos dólares.
“Los demandados Juan Rodena y Miguel Ruiz Soler declaran negando en absoluto haber estado el día 5 de noviembre de 1924, ni antes ni después de esa fecha, en la casa del demandante, y negando ' especialmente haber verificado el referido contrato de destrucción del horno con el demandante.
“El testigo Juan Rodena (demandado), declara entre otras cosas las siguientes:
“Que él tenía arrendada la panadería, incluyendo el horno, por la suma de cincuenta dólares mensuales; que un día llegó Petterson donde el testigo dieiéndole que iban a rematar el edificio y que por tanto iba a rescindir el arrendamiento, y efectivamente, dicho arren-damiento quedó entonces rescindido. Y declara además dicho tes-tigo, que el horno de dicha panadería sólo tendría un valor de ciento cincuenta dólares.
“El demandante Petterson declara: que el tal contrato de des-trucción del horno se hizo de palabra, sin mediar escrito de ninguna clase. También declara el demandante Petterson, que el horno es-taba en el solar que fué rematado en pública subasta y que dicho solar es hoy de otra’persona distinta del demandado, y que algunos meses después el demandante Petterson reconstruyó el horno y la panadería en el mismo sitio que estaba entonces.
“En este caso existe un conflicto de evidencia entre las declara-ciones de los testigos del demandante y las declaraciones de los de-mandados Rodena y Ruiz Soler, y la corte, resolviéndolo, declara que no encuentra satisfactoriamente probados los hechos de la de-manda por las razones siguientes:
“Porque de acuerdo con el artículo 162 de la Ley de Evidencia, el tribunal o jurado no está obligado a decidir de conformidad con las declaraciones de cualquier número de testigos que no llevaran a su ánimo la convicción contra un número menor, o una presunción u otra evidencia que le convenciere.
“Y en este caso la corte no puede comprender qné interés po-dían tener los demandados Rodena y Ruiz Soler en que el deman-dante destruyera un horno en una propiedad que se iba a rematar como efectivamente se remató, en el pleito ejecutivo hipotecario No. 1163, cuya demanda fué radicada el día 26 del mismo mes de no-viembre de 1924.
“Otro hecho que llama la atención a la corte, es que tratándose de un contrato se hubiese celebrado simplemente de palabra y no se hubiese otorgado ni siquiera un simple pagaré por los demandados a favor del demandante Petterson. Y además la corte ha tomado en consideración la sana advertencia del artículo 1216 del Código Civil que lee como sigue:
“ ‘La fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos será apreciada por los tribunales conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, (hoy ley de evidencia); cuidando de evitar que por la simple coincidencia de algunos testimonios, a menos que su veracidad sea evidente, queden definitivamente resueltos los ne-gocios, en que de ordinario suelen intervenir escrituras, documentos privados o algún principio de prueba por escrito.”.

El señalamiento de errores especifica que:

“1. — La Corte de Distrito erró al admitir y darle valor probato-rio, con objeción del demandante, al expediente del caso civil No. 1163 sobre Procedimiento Ejecutivo de Miguel Contreras Puig contra Guillermo Petterson.
“2. — La Corte de Distrito apreció de tal manera la prueba, que incurrió en manifiesto error.
“3. — La Corte erró por infracción del Art. 1216 del Código Civil e indebida aplicación del Art. 162 de la Ley de Evidencia.”

Al terminar los demandados de practicar su prueba testifical ocurrió el siguiente incidente :

“Abogado de los demandados: Esa es nuestra prueba, señor: Ahora presentamos en evidencia el ejecutivo hipotecario No. 1163 de Miguel Contreras Puig vs. Guillermo Petterson para probar que en la fecha en que se estaba destruyendo el horno era parte de una finca que estaba en un ejecutivo hipotecario ante esta Honorable Corte.
"Abogado del demandante: En realidad yo pensaba hacerlo prueba mía, pero ahora veo que es inmaterial al caso porque aparece que la fecha de la demanda fué en 25 de noviembre del 24 y el con-trato que nos ocupa fué en 5 de noviembre del 1924.
"Juez: La Corte admite el expediente para darle el valor que tenga en conjunto con el resto de la prueba. Se marca Ex. A del demandado.
"Abogado de los demandados: Ese es nuestro caso.”

Evidentemente, una objeción hecha en esta forma, sin anotar excepción a la resolución de la corte, no exige seria consideración. Es igualmente claro que el expediente en cuestión fué ofrecido para ayudar a la corte en la aprecia-ción de la prueba, y que no fué impropio que se permitiera que los demandados demostraran en esa forma que estaba por entablarse el procedimiento ejecutivo hipotecario cuando se hizo el convenio verbal, así como el cumplimiento por parte del demandante de la obligación impuéstale por tal contrato.

Además, el mismo demandante, como primer testigo, co-menzó su declaración explicando que en octubre de 1925 se le notificó del proyectado procedimiento ejecutivo, y por primera vez llamó la atención de los demandados hacia la cuestión de reunir el dinero necesario para evitar este de-sastre inminente. Después este testigo en repetidas ocasio-nes se refirió en su declaración al hecho de que iba a ejecu-tarse la hipoteca. Esa circunstancia parece haber predomi-nado en la mente del demandante como un distintivo sobre-saliente de la situación que ,1o impulsó a entrar en el ale-gado convenio con los demandados. Se desprende que la presentación como prueba del expediente del procedimiento ejecutivo a lo sumo meramente corroboraba las declaracio-nes ya hechas por el demandante; y por la naturaleza acu-mulativa de la prueba en cuestión, difícilmente podría ser considerada como suficiente fundamento para la revocación.

El extracto que liemos hecho anteriormente de la opinión dictada por el juez sentenciador es suficiente para indicar que si la prueba del demandante era cierta, entonces la de los demandados era enteramente falsa, y vice-versa. La corte inferior se vió obligada a determinar entre las dos versiones contradictorias la verdad de los hechos alegados en la demanda, y después de un examen cuidadoso de toda la prueba no encontramos que se haya cometido error alguno que justifique la revocación ni en la conclusión a que llegó el juez de distrito ni en los razonamientos por él expuestos en apoyo de la misma.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Franco Soto,

text:
    Sucs. de F. Font & Cía., demandante y apelante, v. López Hermanos, demandados y apelados.
    No. 3913.
    Visto: Noviembre 10, 1926.

      Resuelto: Febrero 18, 1927.
    Marcas de Fábricas y Nombres .Comerciales (Trade Names), y Competencia Injusta (Unfair Competition) — Usurpación (Infringement) y Competencia Injusta — Acciones — Personas con Derecho a Ejercitar la Acción— Persona que no Tiene la Propiedad de las Marcas de Fábrica. — Una persona que no tiene la propiedad de unas mareas de fábrica cuyo uso trata de impedir mediante injunction, no tiene derecho al remedio solicitado.
    Sentencia de M. Rodríguez 8erra, J., (San Juan, Segundo Distrito), declarando sin lugar la demanda de injunction, con costas.

      Con-firmada, sin costas.

      J. Texidor y R. Castro Fernández, abogados del apelante; Monserrat é Monserrat, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una petición de injunction establecida por la de-mandante para impedir a la demandada el uso de ciertas marcas de fábrica.

La sociedad mercantil F. Font & Hno. se dedicó, según se alega en la demanda, desde el año de 1891 en que fue constituida, como uno de sns negocios principales, a la com-pra y venta de pastas alimenticias para sopas, “proceden-tes de las fábricas de Magin-Quer, de Barcelona, España,” en cnyo negocio ba seguido la sociedad demandante Sues, de F. Font & Hnos. como continuadora de las diversas so-ciedades relacionadas en la demanda y que se constituyeron y disolvieron después de la primitiva establecida en aque-lla fecba.

Desde 1900 y en relación con diebo negocio de pastas ali-menticias, la mercantil F. Font & Hno. y las sociedades que le siguieron, incluso la demandante, ban venido usando dos marcas de fábrica cuyas características principales y distin-tivas consisten en una Cruz Soja Griega o de Ginebra con fondo blanco, obteniéndose por la última en septiembre 25, 1923, el registro de tales marcas de fábrica en la oficina del Secretario Ejecutivo de Puerto Rico bajo los Nos. 1577 y 1578.

Alegó asimismo la demandante que desde bace años la sociedad demandada viene dedicándose en esta isla a nego-cios de confección y compraventa de pastas alimenticias para sopas, que son artículos de la misma clase y de las mismas propiedades que vende la demandante, y que desde bace algunos años la demandada viene usando en diebo negocio una marca de fábrica en que sus características esenciales y distintivas consisten en una Cruz Roja de Malta en fondo blanco, ocasionando de este modo confusión y equivocación en la mente del público y causando graves daños y perjui-cios al negocio de la demandante. También se ¡alega que la sociedad demandada maliciosamente y con el fin de de-fraudar los derechos adquiridos de la demandante, adoptó en relación con sus negocios de pastas la Cruz Roja Griega o de Ginebra como marca de fábrica y que en 20 de mayo de 1923 solicitaron del Secretario Ejecutivo el registro de dieba marca, lo cual le fué denegado, pero que más luego consiguieron el registro bajo el No. 1414, cambiando el sím-bolo de la Cruz Roja Griega o de Ginebra por la Cruz Roja de Malta.

La demandada excepcionó la demanda por falta de cansa de acción y declarada esta alegación sin lugar, contestó ne-gando los hechos esenciales de la demanda y alegó, entre otras defensas, la de qne la demandante no es la dneña de las marcas de fábrica qne ha venido nsando en conexión con sn negocio de compra y venta de pastas alimenticias, por ser dichas marcas o diseños de la propiedad de otra persona qne las ha nsado en sns negocios y las está nsando en la actnalidad.

La corte decidió finalmente el caso declarando sin lngar la demanda, siendo únicamente el fundamento de la corte inferior cierta diferencia qne encuentra existente entre las marcas de una y otra parte.

La demandante-apelante si bien señala en sn alegato la comisión de varios errores qne se refieren a la apreciación objetiva qne hizo el juez inferior al comparar uno y otros diseños de fábrica, a nuestro juicio existe una cuestión fundamental que levantó la demandada en sns alegaciones, y nos referimos a sn contención de qne la demandante no tiene la propiedad de las marcas de fábrica qne usa en los artícu-los que compra y vende de pastas alimenticias para sopa-.

La excepción de falta de cansa de acción qne descansaba en ese fundamento no parece qne fuera la excepción proce-dente. Si así resultaba de la demanda lo qne tendríamos entonces era más bien una falta de capacidad legal para demandar. La prueba, sin embargo, demuestra, como cues-tión de hecho, este aserto alegado en su defensa por la de-mandada.

Magin-Quer es el fabricante de las pastas para sopa qne vende la demandante. En el expediente qne se siguió ante el Secretario Ejecutivo de Puerto Rico para el registro dé la marca de fábrica usada por la demandante, aparece que hubo cierta dificultad para su inscripción debido a que se había producido un affidavit de mayo 6, 1922, del mismo fabricante, en el que refiriéndose a las mismas marcas de fábrica declaraba que era residente de la ciudad de Barcelona, España, donde tiene establecida una fábrica de pastas para sopa, y que las había adoptado para su producto, usándolas continuamente por treinta años. Esta declaración establecía inequívocamente el derecho de propiedad de Ma-gin-Quer, fabricante de las pastas, que había adoptado para identificar y acreditar su negocio, pero más luego se creyó haberse obviado la dificultad en cuanto a dejar establecida su propiedad la demandante a los fines del registro, me-diante otro affidavit otorgado por el propio Magin-Quer en abril 3, 1923, en el que hace constar que desde 1898 tenía relaciones comerciales con Suers, de F. Font & Hermano de la ciudad de San Juan, Puerto Rico; que desde esa fecha había exportado pastas para esta Isla, consignadas a Sucrs. de F. Font & Hermano y que éstos desde 1900 adoptaron para su uso los dos diseños comerciales que describe, o sea, iguales marcas que usaba el declarante, añadiéndose sola-mente debajo de las etiquetas, lo siguiente: “Fabricación especial para Sucesores de F. Font & Hermano, San Juan, Puerto Rico, net weight 400 grs. Made in Spain.” Este affidavit fue la base para que se registraran dichas marcas a nombre de la-demandante.

Si esta prueba no fuese realmente dudosa para que la demandante hubiese dejado establecido su derecho de propie-dad a las marcas de fábrica en discusión, toda duda que-daba disipada con la declaración de Agustín Peña Pacheco uno de los socios gestores de la sociedad demandante que, en lo pertinente, dice:

“P. — ¿Ud. sabe si esta marca se usa en toda la Isla, la de Magin-Quer? R. — Por lo general en 'San Juan. P. — -¿Bn Ponce y Maya-güez, la venden? R. — No, señor, nosotros somos los agentes y ven-demos aquí. P. — ¿La casa dueña de las .pastas, mandan para allá? R. — No, señor, nosotros tenemos la ageneia. P. — ¿No tienen mer-cado nada más que en San Juan. R. — Y en .los alrededores de San-torce. P. — ¿Sabe si en otros países se importan. R. — En Puerto Rico no, en otros países no sé. P. — ¿No sabe si ellos exportan para otros países ? R. — No lo sé; pero para Puerto ■ Rico, únicamente nosotros. ’'

La prueba en conjunto es clara en este punto; la de-mandante, así como las sociedades que le precedieron, eran solamente agentes generales del fabricante Magin-Quer para la introducción y venta de sus productos de pastas en Puerto Rico. Y siendo éste el único carácter de la deman-dante en relación con tales productos, de fabricación extraña, ella no tiene derecho al remedio solicitado y la sentencia apelada debe confirmarse,- sin especial condenación de costas.

El Juez Asociado Señor Hutchison no intervino.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Emilio Márquez, acusado y apelante.
    No. 2783.
    Visto: Diciembre 2, 1926.

      Resuelto: Febrero 18, 1927.
    1. Derecho Penal — Fecha del Juicio y Suspensión — Sobreseimiento de la Causa y del Proceso — Término para la Celebración del Juicio — Dila-ción de Más de 120 Días — Transcurso del Término por Inooímpaeeoen-CiAs de Acusados. — Estando los acusados obligados -a enterarse de los seña-lamientos en las cortes de distrito, éstas no cometen error alguno al dene-gar la moción de sobreseimiento por haber transcurrido más de los 120 días estatutorios, cuando poh virtud de posposiciones del juicio causadas por la no comparecencia de aquéllos ha transcurrido dicho término sin juicio.

      2.“ Indictment ’ ’ y Acusación — Requisitos y Suficiencia de la Acusación— De los Delitos Estatutorios — Excepciones y Provisos — Negación.—En acusación por violación a la Ley prohibiendo portar armas, no es necesario que se expongan los heehos que constituyen la alegada ilegalidad de la por-tación del arma ni aquellas excepciones pertinentes de las consignadas en los artículos .5 y 6 de dieha -ley,; siendo estas últimas independientes. de la definición del delito, son materia para ser alegada y probada por el acusado.
    3. Arresto — Bajo Cargos Criminales — Arresto sin Mandamiento — Autoridad de bos Agentes del Orden para Verificarlo — Delitos Cometidos en su Presencia. — Cuando una persona deje ver o descubrir un arma que porta a la vista de un policía que vigila y guarda el orden, tal hecho tiene el efecto de estar cometiéndose un delito en presencia de dicho policía y puede 'éste legalmente proceder al arresto de aquélla.
    4. Registros y Secuestros — Registros y Secuestros Ilegales — Actuaciones no Constitutivas de Registros y Secuestros Ilegales. — Cuando una persona descubre la existencia de un arma que porta porque la deja ver o des-cubrir a la vista de un policía que vigila y guarda el orden en un sitio, el ocupar el arma en la persona del acusado no es registro ilegal que prescribe la ley.
    5. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Revisión—Errores no Perjudiciales — Exclusión de Prueba Objetada — En General. — El error al no permitir a un testigo declarar sobre ciertas manifestaciones de unos policías al arrestar al acusado, de existir, no constituye tal error cuando dicho testigo no presenció el arresto y se refiere a un momento distinto, y especialmente cuando, referidas las manifestaciones a preguntas del juez, éstas están en conflicto con la prueba de cargo, laí corte resuelve dicho con-flicto en contra del acusado y no se demuestra hubo error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad en la apreciación de la prueba.
    Sentencia de M. Rodríguez Berra, J. (San Juan, Segundo Distrito), condenando al acusado por delito de Portar Armas Prohibidas.

      Confirmada.

      Hartnell, Kelley & Hartnell y Rafael O.'Fernández, abogados del ape-lante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fné sentenciado a cumplir nn mes de cárcel por portar una pistola en contravención a la Ley No. 14 prohibiendo la portación de armas, aprobada en junio 25, 1924.

Señala como primer error el apelante haber denegado la corte inferior la moción en que solicitaba el sobreseimiento por haber transcurrido más de 120 días sin celebrársele el juicio y sin que él en ningún momento solicitase la suspensión.

El fiscal de distrito se opuso a la moción alegando que el juicio se había señalado para abril 7, 1925, y por no com-parecer el acusado la corte pospuso la vista para abril 14, 1925, y que entonces por no comparecer tampoco el acusado se expidió contra él una orden de arresto.

La corte sostuvo al fiscal y denegó la moción, diciendo en sn resolución que “el acusado había sido citado en dos ocasiones, no habiendo sido encontrado y habiéndose expe-dido una orden de arresto.”

Sostuvo el apelante en su moción que él nunca había sido citado de los señalamientos indicados,- que en el récord constaba la dirección del acusado; que era un empleado de la New York & Porto Rico Steamship Co., un capataz cono-cido y que le hubieran podido encontrar preguntando en el sitio donde le fué ocupada el arma.

A pesar de estas alegaciones que implícitamente indican que el acusado estaba bajo fianza, el apelante no demuestra, señalando precepto alguno legal ni haciendo mención de au-toridades, que el acusado debía ser citado para los dos se-ñalamientos que se hicieron para el juicio. En los casos que se siguen ante las cortes municipales existe la disposi-ción del artículo 24, según quedó enmendado en marzo 12, 1903. En él se prescribe la obligación de citar al acusado para el juicio, pero nada hemos encontrado en relación con las acusaciones presentadas ante las cortes de distrito. Pa-rece, por consiguiente, que el acusado estaba obligado a en-terarse del señalamiento, y én tales condiciones no hubo error por la corte al denegar la moción.

Sostiene el apelante como segundo error la insuficiencia de la acusación, porque empleándose en la definición del delito, según contiene el artículo 1 de la ley prohibiendo portar armas, según quedó enmendada en junio 25, 1924, la palabra “ilegalmente,” entonces es necesario que en la acusación se expongan los hechos que constituyan la alegada ilegalidad, debiendo exponerse, en un caso como el presente que se trata de la portación de una pistola, aquellas excepciones que sean pertinentes de las consignadas en los artículos 5 y 6 de la ley.

Igual cuestión se presentó en el caso de El Pueblo v. Paniagua, 34 D.P.R. 105, con la diferencia que la doctrina que dejamos allí sentada fué interpretando la ley prohi-biendo portar armas que fué aprobada en marzo 9, 1905, según fué enmendada en marzo 12, 1908 (Comp. 1911, ,p. 922), pero ella no varía en su aplicación a la nueva ley. En aquel caso dijimos:

“La contención del apelante se resuelve por él caso de El Pue blo v. Rosenstadt & Waller, Inc., 28 D.P.R. 953, y casos en él cita-dos, diciéndose lo qne sigue:
“ ‘Cuando se incorpora una excepción en un estatuto penal de tal modo que forme parte de la definición del delito, tal excepción debe ser negada en cualquier acusación que se formule de acuerdo con dicho estatuto. El Pueblo v. Cortés, 24 D.P.R. 208. Si por el contrario se define primero el delito y éste contiene una excepción que luego se enumera, el beneficio de la excepción debe presentarse como defensa. U. S. vs. Cook, 17 Wall. 168; El Pueblo vs. Cortés, supra, 16 C. J. 353; Nesbit vs. State, 54 Pac. 326, 328; Rider vs. Lakewood Market Co., 88 A. 194, 196’".

Los restantes errores que levanta el apelante en sn alegato los disente conjuntamente y se refieren: a la negativa de la corte a resolver la moción del acusado sobre devolución de la pistola; admitir en evidencia el arma ocupada ilegalmente, y por último, no permitir al testigo José M. León declarar sobre manifestaciones hechas por los policías al arrestar al acusado.

Según se desprende de la prueba de cargo, el acusado trabajaba en el muelle de una compañía de vapores y mien-tras trabajaba haciendo movimientos que inclinaban su cuerpo, uno de los policías vió el cabo de una pistola que sobresalía de uno de sus bolsillos. El policía le requirió para que entregara el arma; el acusado se negó y fué en-tonces llevado a una de las oficinas del muelle, donde había otro policía, a quien voluntariamente hizo la entrega.

El hecho de que el acusado dejase ver o descubrir un arma a la vista de cualquiera que fijase involuntariamente su mirada hacia él, tenía, el efecto de estar cometiendo un delito en presencia de la policía que allí estaba vigilando y guardaba el orden y quien pudo percibir la comisión de un delito por el acusado, portando un arma de fuego ,en aquel sitio.

En el caso de El Pueblo v. Guzmán, 34 D.P.R. 121, citamos con aprobación del caso de U. S. v. Kaplan, 286 Fed. 973, lo siguiente:

“En el derecho común era siempre legal arrestar a nna persona sin mandamiento cuando el delito era cometido en presencia de un funcionario y entrar en un edificio en que tal delito se estuviera co-metiendo, también sin mandamiento. McBride v. United States (C.C.A. Fifth Cir.) 284 Fed. 416, 419; Vachina v. United States (C.C.A. Ninth Cir.) 283 Fed. 35. Este derecho no ha sido eliminado por disposiciones constitucionales ni estatutorias, y está tan bien es-tablecido, que es innecesario hacer más citas.”

Así es que los agentes del gobierno pudieron legalmente proceder al arresto del acusado, aún tratándose de un misdemeanor, por estarse cometiendo en su presencia. Del mismo modo descubriéndose, la existencia del arma en la forma en que se verificó, cuando la misma quedaba a la vista de tales agentes, el ocupar el arma en la persona del acusado no es realmente el registro ilegal que prohíbe la ley, sin estar provisto del correspondiente mandamiento a ese efecto.

La negativa de la corte no permitiendo que el testigo José M. León declarase sobre ciertas manifestaciones de los policías que arrestaron al acusado y tendentes a confirmar en ese extremo la declaración del acusado, no constituyó error, si lo hubo, toda vez que el testigo no presenció los hechos en el acto de ellos haber arrestado al acusado y requerirle para la entrega del arma, sino que él se refiere al momento en que el acusado fué traído a una de las oficinas del muelle, y a preguntas de la defensa y del juez, él refiere las manifestaciones que coinciden con la del acusado en ciertos extremos, pero todas estas manifestaciones están en contradicción con la prueba de cargo y la corte resolvió el conflicto en contra del acusado, no demostrándose que la corte al hacerlo así cometiera error manifiesto o que obrara con pasión, prejuicio o parcialidad al apreciar en conjunto la prueba.

Por todo lo cual, debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Hutchison no intervino.