text:
    Dr. Juan González Aristud, demandante y recurrido, v. Hospital Pavía y otros, demandados y peticionarios.

      Número: CC-2004-1147

      Resuelto: 13 de junio de 2006

      Marie L. Quiñones Tañón, abogada de la parte peticionaria; Demetrio Fernández Quiñones, abogado de la parte recurrida; Ernesto F. Rodríguez Suris, abogado de Dr. Manuel Arturo García Vergne, Dr. Raúl Silva Font y Dr. Jorge Negrón Casasnovas, parte interventora y peticionaria.
   El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri

emitió la opinión del Tribunal.

Tenemos la ocasión en el caso de autos, que trata sobre la suspensión de privilegios médicos de cortesía en las instalaciones de un hospital privado, de aclarar la naturaleza de un reclamo de debido proceso de ley.

I—i

El Dr. Juan González Aristud disfrutaba de privilegios de cortesía para la práctica de la ginecología y obstetricia como parte de la facultad médica del Hospital Pavía (Hospital). El 2 de octubre de 1996 el Comité Ejecutivo de la Facultad Médica del Hospital (Comité Ejecutivo) suspendió sumariamente dichos privilegios médicos mediante una carta suscrita por su Director. En la referida misiva se le informó al doctor González Aristud que las razones para la terminación de la relación contractual entre las partes era una combinación de los factores señalados en la See. 1(a) del Art. VII del Reglamento del Hospital {By-Laws), que contempla las acciones correctivas sumarias. Se le informó, además, que la decisión respondió a los resultados negativos de las evaluaciones realizadas por la Oficina de Programas Institucionales y Manejo de Riesgo del Hospital. Específicamente se le señaló en la comunicación lo siguiente:

Esta es una situación repetitiva, ya que en investigaciones de pacientes y expedientes suyos atendidos durante el 1992 y 1993, igual situación fue encontrada y fue debidamente advertido sobre el particular. En aquella época ... se le establecieron unos parámetros que tenía que observar en su práctica en el Hospital Pavía, en un genuino intento de ayudarlo a mantener el nivel de calidad médica que se exige en esta institución. Apéndice, pág. 274A.

Por último, mediante dicha carta se le informó sobre su derecho a solicitar una audiencia para cuestionar la suspensión sumaria y el término para hacerlo, según disponía el Reglamento del Hospital (Reglamento).

Oportunamente, el doctor González Aristud solicitó al Hospital la aludida audiencia. Informó además que, a su entender, la referida carta de 2 de octubre de 1996 no constituía una notificación adecuada de la suspensión de sus privilegios debido a que no especificaba las violaciones imputadas. González Aristud y la administración del Hospital se pusieron de acuerdo en que la audiencia ante un Comité Evaluador Ad Hoc integrado por tres miembros de la Facultad Médica del Hospital, según dispone el Art. VIII, Sec. 1(e) del Reglamento, sería celebrada el 7 de noviembre de 1996. A esos efectos, mediante una carta de 24 de octubre de 1996, el Director del Comité Ejecutivo informó a González Aristud las razones específicas para suspender sus privilegios.

Luego de celebrada la audiencia ante el Comité Evaluador Ad Hoc, éste revocó la determinación de suspender los privilegios del doctor González Aristud. En la notificación de dicha determinación no se expresaron las razones para revocar la decisión del Comité Ejecutivo.

Inconforme, el Comité Ejecutivo recurrió de dicha determinación ante la Junta Asesora del Hospital (Governing Body) (Junta Asesora), según dispone el procedimiento dispuesto en el Reglamento. La Junta Asesora acogió la apelación presentada y citó a las partes a una audiencia a principios de enero de 1997. Se apercibió a las partes de su derecho a presentar sus argumentos por escrito y el Comité Ejecutivo así lo hizo. Por su parte, el doctor González Aristud únicamente argumentó su posición de manera oral. A finales de enero de 1997, la Junta Asesora notificó a las partes su decisión de revocar al Comité Evaluador Ad Hoc y reafirmar la suspensión de los privilegios de González Aristud. En esta notificación tampoco se expresaron las razones para la determinación.

En vista de lo anterior, en febrero de 1998 el doctor González Aristud presentó un escrito titulado “Petición” ante el Tribunal de Primera Instancia en el que alegó, en síntesis, que al confirmar la suspensión sumaria dé sus privilegios el Hospital había violentado su derecho a un debido proceso de ley. Para fundamentar su reclamo, González Aristud argumentó que no había sido debidamente notificado de los cargos en su contra y que la decisión de la Junta Asesora del Hospital fue arbitraria, ya que carecía de de terminaciones de hechos y conclusiones de derecho. Reclamó una compensación en daños y perjuicios por pérdida de ingresos, daños a su reputación y angustias mentales, así como un interdicto mediante el cual se ordenara al Hospital que le restituyera los privilegios. En marzo de 1998 el Hospital contestó la demanda y adujo, entre otras cosas, que ésta no exponía hechos que justificaran la concesión de un remedio.

Así las cosas, en marzo de 1999 el Tribunal de Primera Instancia desestimó por académica la petición de interdicto basándose en que había expirado el término de vigencia del contrato entre las partes. Dicha determinación advino final y firme, y quedó pendiente la acción en daños y perjuicios por alegada violación al debido proceso de ley.

En octubre de 2003 el Hospital presentó una solicitud de sentencia sumaria en la que argumentó que procedía la desestimación de la acción en daños y perjuicios pendiente. Señaló que había cumplido con el procedimiento establecido en el Reglamento para la suspensión de los privilegios de cortesía de la facultad médica. Por su parte, el doctor González Aristud se opuso a la sentencia sumaria, argumentando que su suspensión no cumplió con el debido proceso de ley, porque no se le notificaron los hechos que dieron lugar a ésta y porque la determinación de la Junta Asesora no expresó los fundamentos por los cuales se apartó de la decisión del Comité Evaluador Ad Hoc. El Hospital replicó que desde el comienzo se le había indicado que la suspensión se debía a su falta de pericia y deficiente manejo y cuidado de los pacientes.

En junio de 2004 el Tribunal de Primera Instancia declaró “no ha lugar” la moción de sentencia sumaria al concluir que existía controversia sobre si el Hospital había cumplido con el procedimiento establecido por el Reglamento para apelar las suspensiones. Inconforme con dicha determinación, el Hospital solicitó oportunamente al Tribunal de Apelaciones que la revisara. Dicho foro rehusó expedir el auto de certiorari solicitado por entender que en efecto existía controversia sobre si el Hospital había incumplido con su Reglamento y, por ende, había violentado el debido proceso de ley al que alegadamente tenía derecho el doctor González Aristud.

Todavía inconforme, el Hospital acudió ante nos mediante un recurso de certiorari para cuestionar la decisión del Tribunal de Apelaciones. En reconsideración, expedimos el auto el 29 de abril de 2005, y con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver.

II

A. La garantía de que ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin un debido proceso de ley está consagrada tanto en el Art. II, Sec. 7 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, como en las Emdas. V y XIV de la Constitución de Estados Unidos. Como es sabido, el debido proceso de ley se manifiesta en dos modalidades: una sustantiva y otra procesal. Cuando un pleito gira en torno a que la interferencia con los intereses de libertad y propiedad de las personas se lleve a cabo mediante un procedimiento justo y equitativo, nos encontramos ante la vertiente procesal de la garantía constitucional sobre el debido proceso de ley. López Vives v. Policía de P.R., 118 D.P.R. 219 (1987). Por otra parte, cuando un pleito gira en torno a la validez constitucional de una ley o actuación estatal que afecte de manera irrazonable los intereses libertarios o propietarios de una persona, se trata de una controversia sobre la vertiente substantiva de la garantía constitucional sobre el debido proceso de ley. Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 D.P.R. 265 (1987).

Dejándose llevar por las alegaciones de la demanda, los foros a quo consideraron los reclamos del recurrido, doctor González Aristud, como un asunto relativo a la garantía constitucional de debido proceso de ley en su modalidad procesal. Erraron al así proceder.

El debido proceso de ley, al igual que la gran mayoría de las garantías constitucionales, protege a las personas esencialmente frente al Estado. Dicho de otro modo, por su propia naturaleza, la gran mayoría de los derechos individuales de origen constitucional integran limitaciones al ejercicio de los poderes del Estado y no a las actuaciones privadas. Por eso, para que proceda plantear judicialmente una alegada violación a un derecho constitucional, de ordinario es necesario que haya mediado una actuación del Estado, o como se le conoce más corrientemente, una acción del Estado o acción estatal. Véase R. Serrano Geyls, Derecho constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, San Juan, Ed. C. Abo. P.R., 1988, Vol. II, pág. 799. Véanse, además: DeShaney v. Winnebago Cty. Soc. Servs. Dept., 489 U.S. 189 (1989); NCAA v. Tarkanian, 488 U.S. 179, 191 (1988) (“Embedded in our Fourteenth Amendment jurisprudence is a dichotomy between state action, which is subject to scrutiny under the Amendment’s Due Process Clause, and private conduct, against which the Amendment affords no shield, no matter how unfair that conduct may be”, escolio omitido); Ponce v. Basketball Feder. of Com. of Puerto Rico, 760 F.2d 375 (1er Cir. 1985); Jackson v. Metropolitan Edison Co., 419 U.S. 345, 349 (1974); Burton v. Wilmington Pkg. Auth., 365 U.S. 715, 722 (1961)(“[As a general matter the protections of the Fourteenth Amendment do not extend to] private conduct abridging individual rights”); Shelley v. Kraemer, 334 U.S. 1, 13 (1948).

Lo anterior significa que en casos como el de autos, la acción estatal es un requisito indispensable para que proceda un reclamo constitucional sobre debido proceso de ley. El Hospital Pavía es un ente privado que rige mediante su Reglamento las relaciones de privilegios con los médicos que atienden pacientes en éste. Por ende, en el presente caso no ha mediado ninguna acción estatal; contrario al razonamiento de los foros recurridos, no estamos ante una posible violación al derecho constitucional a un debido proceso de ley.

En su alegato ante nos, el recurrido asume una posición contradictoria ya que, por un lado, reconoce que no está en controversia propiamente un asunto de derecho constitucional, pero continúa amparando su reclamo en la falta de debido proceso de ley por la ausencia de “determinaciones de hechos o conclusiones de derecho” en la notificación de la decisión de la Junta Asesora.

En el contexto del derecho administrativo, es doctrina claramente establecida que, como regla general, la persona afectada por una determinación gubernamental en un proceso adjudicativo tiene derecho —como cuestión de debido proceso de ley constitucional— a que se le provean determinaciones de hecho y conclusiones de derecho que justifiquen la decisión. Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, supra. Sin embargo, nunca hemos extendido dicho requisito como imperativo constitucional a controversias entre partes privadas.

El proceso debido en virtud de un contrato no es el debido proceso de ley garantizado constitucionalmente y cuyo quebrantamiento implica una violación a derechos fundamentales. Nuestras expresiones en Hernández v. Asoc. Hosp. del Maestro, 106 D.P.R. 72, 81 (1977), en torno a que los reglamentos de los hospitales privados deben cumplir con los “requisitos mínimos del debido proceso de ley”, deben ser entendidas como una referencia a los requisitos mínimos exigibles en virtud de una relación contractual. En tal caso, si uno de los contratantes incumple, el otro puede darla por resuelta sin necesidad de la intervención de los tribunales. Constructora Bauzá Inc. v. García López, 129 D.P.R. 579, 593 (1991). Esto es así debido a que los reglamentos de una organización son parte del contrato que regula la relación entre dicha entidad y sus miembros. En ese sentido, los reglamentos constituyen la ley entre las partes, en tanto no atenten contra el ordenamiento jurídico, la moral ni el orden público. Amador v. Conc. Igl. Univ. de Jesucristo, 150 D.P.R. 571 (2000).

A la luz de lo anterior, resulta evidente que la controversia ante nos se limita a determinar si en las circunstancias del caso de autos procede adjudicar mediante sentencia sumaria si el Hospital cumplió o no con su Reglamento al suspender los privilegios del doctor González Aristud. No están involucrados aquí derechos fundamentales que tengan su origen en la Constitución, sino derechos privados de origen reglamentario.

B. La sentencia sumaria es un mecanismo ex-traordinario para aligerar la tramitación de los pleitos al prescindir de la celebración de juicios en los méritos. Utilizada correctamente, contribuye a la importante labor de descongestionar los tribunales. Pilot Life Ins. Co. v. Crespo Martínez, 136 D.P.R. 624, 632 (1994). Véase, además, Piñero v. A.A.A., 146 D.P.R. 890 (1998).

Para que proceda dictar una sentencia sumaria la parte que la promueve tiene que establecer su derecho con claridad y tiene que demostrar que no existe controversia sustancial sobre ningún hecho material, es decir, sobre ningún componente de la causa de acción. El tribunal debe analizar además si hay alegaciones en la demanda que no han sido refutadas por la prueba que acompaña la moción de sentencia sumaria. Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 D.P.R. 714 (1986).

Cualquier duda sobre la existencia de una controversia de hechos bona fide debe ser resuelta contra la parte que solicita la sentencia sumaria. Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R. 599 (2000); Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 D.P.R. 714 (1986). No deben resolverse mediante dicho mecanismo los casos muy complejos, aquellos en que falte información sobre hechos pertinentes ni aquellos en los que esté involucrado el interés público.

Por otro lado, la parte que se oponga a la sentencia sumaria tiene que controvertir la prueba presentada por la parte solicitante. No debe cruzarse de brazos ni meramente oponerse descansando en sus alegaciones. Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 D.P.R. 652 (2000); Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., 144 D.P.R. 563 (1997). Debe tenerse presente “que en un procedimiento de sentencia sumaria las declaraciones juradas que contienen sólo conclusiones, sin hechos específicos que las apoyen, no tienen valor probatorio ...”. Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, supra, pág. 722.

No obstante, el mero hecho de que el promovido no se oponga con evidencia que contravenga la presentada por el solicitante de la sentencia sumaria, no implica necesariamente que ésta proceda. Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, supra, pág. 721. Es imprescindible que se demuestre tener razón como cuestión dé derecho.

III

En su Art. VII, Sec. 2(a), el Reglamento del Hospital regula las suspensiones sumarias y dispone:

[T]he Executive Director ... shall have the authority to suspend summarily the medical Staff membership status, or all or any portion of the clinical privileges, of a practitioner ... when a practitioner willfully disregards these By-Laws, or other Hospital policies, or whenever his conduct requires that immediate action be taken to protect the life of any patient(s), or to reduce the substantial likelihood of immediate injury or damage to the health or safety of any patient presently in the Hospital or likely to be admitted .... Such a summary suspension shall become effective immediately upon imposition. Thereafter, the Executive Director shall ... promptly give special notice thereof to the practitioner. (Énfasis suplido.) Apéndice, pág. 210.

Según argumenta el Hospital, el desempeño del doctor González Aristud durante los años en que tuvo privilegios de cortesía en el Hospital fue deficiente y redundó en perjuicio a la salud de varias pacientes y riesgos innecesarios a muchas otras. Del expediente del caso de autos se desprende evidencia más que suficiente para avalar esa conclusión. Dado que el Reglamento disponía que los privilegios médicos podían ser suspendidos a aquellos médicos que no demostraran competencia en su labor, y que de ordinario no intervenimos con los criterios adoptados por las juntas directivas de los hospitales en la reglamentación de sus facultades médicas —Hernández v. Asoc. Hosp. del Maestro, supra, pág. 81— es claro que la suspensión de los privilegios de González Aristud no constituyó un incumplimiento de la relación contractual entre las partes.

Tras examinar detenidamente el expediente del caso, llegamos a la conclusión de que no existen hechos materiales en controversia ni alegaciones de la parte demandante recurrida que no hayan sido debidamente refutadas por la peticionaria. Los únicos dos asuntos en controversia son: (1) si la notificación de los cargos en su contra, recibida por el doctor González Aristud —cuyo contenido no está en duda— fue adecuada, y (2) si la notificación de la determinación final de la Junta Asesora —cuyo contenido tampoco está en duda— fue adecuada. Ambas son cuestiones de derecho y, por ende, el hecho de si el Hospital cumplió o no con su reglamento es susceptible de ser adjudicado mediante una sentencia sumariad.

Veamos en primer lugar si la notificación de las razones por las cuales fueron suspendidos los privilegios médicos de González Aristud fue adecuada.

El Reglamento del Hospital, en su Art. VIII, Sec. 1(d), dispone los requisitos con los que debe cumplir la notificación de una vista en la que se cuestionará una suspensión de privilegios médicos. Dicha disposición señala, en lo pertinente, lo siguiente: “The notice of hearing shall state in concise language the acts, accusations, complaints or omissions with which the practitioner is charged.” (Énfasis suplido.) Apéndice, pág. 214.

Como vemos, lo que requiere el reglamento es que la notificación utilice un lenguaje conciso. Según señalamos anteriormente, además de citarle las disposiciones reglamentarias pertinentes, el Director Ejecutivo del Hospital le informó al doctor González Aristud que las razones específicas para suspender sus privilegios fueron las siguientes:

1. Incidencia alta de errores y complicaciones en casos rutinarios.

2. Ausencia de indicaciones clínicas justificadas y documentadas en los expedientes.

3. Pobre juicio clínico en manejo indicado para diagnóstico de complicaciones postoperatorias.

4. Ausencia de indicaciones concretas documentadas para realizar cesáreas de emergencia.

5. Ausencia en el expediente clínico de órdenes preoperatorias.

6. Ausencia de indicaciones en el expediente clínico que justifique el procedimiento realizado.

7. Ausencia de pruebas diagnósticas de laboratorio para diagnóstico de complicación. Apéndice, pág. 280.

Los referidos señalamientos no hacen referencia a casos específicos. Sin embargo, surge del expediente que dichas fallas habían sido señaladas repetidamente al doctor González Aristud a raíz de las evaluaciones periódicas a las que estaba sujeto. Además, el recurrido tuvo acceso a los pormenores de la prueba en la primera vista ante el Comité Evaluador Ad Hoc, cuya corrección no cuestiona. Por lo tanto, es inmeritoria la alegación de González Aristud en torno a que no ha sido debidamente notificado de los señalamientos en su contra.

En segundo lugar, debemos determinar si el Hospital violó su Reglamento —y, por ende, incumplió con su obligación contractual trente al recurrido— al no acompañar determinaciones de hecho y conclusiones de derecho con la notificación de la decisión de la Junta Asesora.

El Art. VIII, Sec. 3 del Reglamento regula las apelaciones de las decisiones del Comité Ejecutivo ante la Junta Asesora del Hospital, y dispone una serie de requisitos y garantías para que las partes puedan comparecer y participar efectivamente del proceso. De las alegaciones de las partes se desprende que el proceso en sí ante la Junta Asesora cumplió con dichos requisitos. Lo único que está en controversia es si la notificación de la determinación desfavorable al doctor González Aristud fue suficiente. En cuanto a esto, el inciso (f) del referido Art. VIII, Sec. 3, dispone:

Within ten (10) working days after the conclusion of the Appellate Review the Governing Body shall render a written final decision and shall deliver copies in person or by certified or registered mail thereof to the affected practitioner and to the Executive Committee. The final decision of the Governing Body following the appeal shall be effective immediately and shall not be subjected to further review. Apéndice, pág. 219.

Por ser esa la única cláusula del reglamento pertinente a la controversia de autos, resulta claro que el reclamo del doctor González Aristud es inmeritorio. El Hospital estaba obligado a tomar una decisión final y notificarla por escrito dentro de los próximos 10 días después de la vista. No está en duda que así lo hizo.

Dado que no surge de ninguna disposición reglamentaria el requisito de que la decisión final de la Junta Asesora contenga determinaciones de hecho y conclusiones de derecho, resolvemos que erró el Tribunal de Apelaciones al negarse a revisar la resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia que denegó la solicitud de sentencia sumaria presentada por el demandado y recurrente, Hospital Pavía.

Por los fundamentos expresados, procede que se revoque la sentencia recurrida y se desestime la reclamación en daños y perjuicios incoada por el doctor González Aristud.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Hernández Denton no intervino. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez se inhibió.

       La referida disposición lee como sigue:
      “Whenever the activities or professional conduct of any practitioner with clinical privileges are below the standards of the Medical Staff, detrimental to patient safety or to the delivery of quality patient care, disruptive to Hospital operations, a violation of or contrary to the By-Laws, Rules and Regulations of the Medical Staff, corrective action against such practitioner may be requested by any officer of the Medical Staff, by the Chief of any clinical service, by the Chairman of any standing committee of the Medical Staff, by the Medical Director, by the Executive Director or by the Governing Body.” Apéndice, pág. 209.

       Las evaluaciones fueron conducidas por sus pares, es decir, por otros médicos.

       Las razones fueron las siguientes:
      “1. Incidencia alta de errores y complicaciones en casos rutinarios.
      “2. Ausencia de indicaciones clínicas justificadas y documentadas en los expedientes.
      “3. Pobre juicio clínico en manejo indicado para diagnóstico de complicaciones postoperatorias.

        “4. Ausencia de indicaciones concretas documentadas para realizar cesáreas de emergencia.
      “5. Ausencia en el expediente clínico de órdenes pre-operatorias.
      “6. Ausencia de indicaciones en el expediente clínico que justifique el procedimiento realizado.
      “7. Ausencia de pruebas diagnósticas de laboratorio para diagnóstico de complicación.” Apéndice, pág. 280.

       La transcripción de los procedimientos ante el Comité Evaluador Ad Hoc no pudo ser presentada porque la grabación había sido robada del automóvil de la taquígrafa.

       Para una discusión más a fondo de este asunto, véase: H. Meléndez Juarbe, Derecho Administrativo, Parte VI (a publicarse en 74 (Núm. 3) Rev. Jur. U.P.R. 531 (2005)). El profesor Meléndez Juarbe distingue lúcidamente entre el “debido proceso de ley en el sentido constitucional” y el “proceso debido por ley en el sentido estatutario”, y señala:
      “Aunque en ocasiones una violación del proceso debido por la ley podría implicar una violación al debido proceso de ley, ello no siempre es así. De lo contrario, cualquier incumplimiento por [una] agencia [administrativa] de garantías procesales reglamentarias implicaría una violación constitucional y, concebiblemente, una acción en daños y perjuicios bajo el artículo 1802 del Código Civil, bajo la ley de derechos civiles federal, o ambas.” (Citas omitidas.)

       Cabe destacar que el caso de autos no es particularmente complejo ni plantea asuntos de alto interés público.


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text:
    Marilú Ramírez Quiñones, Juan Feliz Delgado et al., recurridos, v. Atilda Soto Padilla y Ferdinand Morales, peticionarios.

      Número: CC-2005-598

      Resuelto: 14 de junio de 2006

      José A. Morales Arroyo, abogado de la parte peticionaria; Luis E. Laguna Mimoso, abogado de la parte recurrida.
   La Jueza Asociada Señora Rodríguez Rodríguez

emitió la opinión del Tribunal.

El recurso de epígrafe nos brinda la oportunidad de examinar los Arts. 1358-1361 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sees. 3818-3821, en cuanto reglamentan el problema de la cabida en la compraventa inmobiliaria. Debemos precisar el alcance de dichos artículos y su relación con las acciones de reivindicación y deslinde.

Resolvemos, entre otras cosas, que estos Arts. 1358-1361 reglamentan la discrepancia debida al error entre la cabida de los inmuebles pactados en una compraventa y su real cabida. También aclaramos que la reducción del precio obtenida al amparo de dichos artículos no impide necesariamente la posterior acción reivindicatoría que pretenda el comprador.

H-1

Awilda Soto Padilla y Ferdinand Morales (Soto-Morales) solicitan una determinación de que cierta demanda presentada en su contra debió desestimarse sumariamente.

Los peticionarios y demandados, Soto-Morales, compraron y adquirieron de Salvatierra Development, el 25 de febrero de 1988 y mediante la Escritura Pública Núm. 59 otorgada ante el notario Rubén Rivera Vera, una residencia en el Núm. E-6 de la urbanización Salvatierra de San Lorenzo. Dicho instrumento contiene la descripción del inmueble siguiente:

URBANA: Solar Número Seis (6) del Bloque “E” de la urbanización SALVATIERRA ... compuesto de [450 metros cuadrados], en lindes por el Norte, con el solar número E~ Cinco (E-5) de la misma urbanización en una distancia de treinta metros lineales (30.00); por el Sur, con el solar E-Siete (E-7) de la misma urbanización, en una distancia de treinta metros lineales (30.00); por el Este, con la calle número dos (2) de la misma urbanización en una distancia de quince metros lineales (15.00); y por el Oeste, con el solar número E-Once (E-ll), en una distancia de quince metros lineales (15.00). CONSTA INSCRITO al folio 25 del tomo 227 de San Lorenzo, finca número 11,854.

El precio de compraventa fue $42,000. Apéndice de la Petición de Certiorari (Apéndice I), págs. 13-18.

Mediante escritura pública de 31 de enero de 1995, que fue la Núm. 45 otorgada ante el notario Benjamín Rodríguez Ramón, la recurrida Marilú Ramírez Quiñones compró y adquirió de Future Lands Developers, Inc. el referido solar E-5 de la urbanización Salvatierra. Se describió el inmueble así:

URBANA: Solar número Cinco (5) del Bloque “E” de la Urbanización Salvatierra ... compuesto de [450 metros cuadrados], en lindes por el Norte, con la calle Número dos (2), en una distancia de Quince Metros (15.00); por el Sur, con el Solar E-12, en una distancia de Quince Metros (15.00m.); por el Este, con el Solar E-6, en una distancia de Treinta Metros (30.00 m.); y por el Oeste, con el Solar E-4, en una distancia de Treinta Metros (30.00 m.).
Consta inscrito al folio 20 del tomo 22 de San Lorenzo, finca número 11,853. Apéndice I, pág. 44.

También surge de la escritura, inter alia, que la “compraventa se efectúa por el convenido y ajustado precio de ... $59,825.00”; que la propiedad se vendió y transmitió “con todo lo que le es anejo y le forme parte, con todos sus derechos, edificaciones y accesiones, y en las condiciones en que dicha propiedad se encuentra, o sea en ‘as-is conditions’ que la vendedora se obligó al saneamiento por eviction, y que la vendedora había adquirido el inmueble mediante una venta judicial. Apéndice del Memorando en oposición a expedición de certiorari (Apéndice II), págs. 36-41.

El mismo 31 de enero de 1995 la señora Ramírez Quiñones hizo una declaración jurada de los hechos siguientes: que había adquirido mediante compraventa la residencia E-5 de la Urbanización Salvatierra; que el precio pactado originalmente era $60,455, y que la vendedora le hizo una rebaja de $630, “por razón de que existe una merma en la cabida del solar de Veintiún Metros Cuadrados (21.00 m/c)”, por lo cual el precio de compraventa fue $59,825. Luego expresó que, debido a esta rebaja, no tenía reclamación que formular contra la vendedora por disminución de cabida, pero se reservó “el derecho a reclamar contra cualquier colindante que le haya usurpado el número de metros de terreno que representa la merma antes mencionada”. Apéndice I, pág. 20.

Así las cosas, Marilú Ramírez Quiñones, Juan Feliz Delgado y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta entre ellos (Ramírez-Delgado), presentaron una demanda contra los peticionarios, Soto-Morales, el 27 de mayo de 2004. Solicitaron que el tribunal “[o]rdene la remoción de la verja mal colocada y la construcción de la verja en la colindancia”. Apéndice I, págs. 56-57.

Los peticionarios contestaron la demanda y presentaron luego urna Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria. En ésta alegaron que no existía controversia con respecto a los hechos relevantes. Adujeron que, tratándose de una venta por unidad de medida o número, el Art. 1358 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 3818, impedía que la demandante Ramírez Quiñones recuperara de sus colindantes los 21 metros cuadrados, pues al aceptar una reducción en el precio pactado, la recurrida “pagó por los metros que tiene en su solar”. Apéndice I, págs. 8-11. Añadieron que, tratándose de una acción reivindicatoría, procedía su desestimación porque los demandantes carecen de título y los demandados “han poseído pública, pacífica y en concepto de dueño de terrenos dentro de sus linderos (verjas) por espacio de dieciséis (16) años”. Apéndice I, págs. 11-12.

El foro de instancia —con el beneficio de una réplica de los demandantes— declaró “no ha lugar” la referida moción. Destacó en su orden que la demandante Ramírez Quiñones se había reservado el derecho de reclamar contra los colindantes y que existía una controversia sustancial de hecho sobre “si le peijudica a la demandada o no, la disminución de la cabida para la demandante”. Apéndice I, pág. 7.

Tras una moción de reconsideración, los peticionarios y demandados acudieron oportunamente al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de certiorari. El foro a quo denegó la expedición del auto solicitado. Expresó en su resolución, entre otras cosas, que el tribunal de instancia no incurrió en un abuso de discreción, pues resolvió correctamente que “hay controversia sobre si la disminución de cabida de 21 metros cuadrados que pretende la parte recurrida sobre el terreno propiedad de Soto Padilla y Morales efectivamente les puede peijudicar o no”. Apéndice I, págs. 75-87.

Insatisfechos con la resolución del foro intermedio, los demandados acudieron ante nosotros mediante un recurso de certiorari. Señalaron que “[e]rró el foro de instancia al negarse a dictar sentencia sumaria a favor de los peticionarios en el presente caso”. Emitimos a la parte demandante y recurrida una orden de mostrar causa por la cual no debíamos expedir el auto solicitado y revocar la determinación del Tribunal de Apelaciones. Dicha parte compareció, por lo que estamos en posición de resolver y procedemos a hacerlo.

II

La controversia entre las partes se reduce a si los demandantes y recurridos tienen el dominio sobre determinado terreno. Su jurídica resolución exige un análisis del contrato de compraventa y de las acciones de deslinde y reivindicación. Comenzamos con la compraventa.

A. El dominio se adquiere de varias formas, entre ellas “por consecuencia de ciertos contratos mediante la tradición”. Art. 549 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 1931. Véase, también, el Art. 1048 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 3012. El Código Civil establece así la consabida doctrina de título y modo.

Si bien es título todo negocio jurídico obligacional que sirva de base para la transferencia de un derecho real, se destaca entre ellos la compraventa, que es un contrato consensual, oneroso y bilateral, cuyo propósito es servir de base para la transferencia del dominio sobre bienes muebles e inmuebles. Véanse: E. Vázquez Bote, Tratado teórico, práctico y crítico de derecho privado puertorriqueño, New Hampshire, Equity Publishing Company, 1992, T. IX, págs. 148-149; L. Díez-Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, 6ta.ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1989, Vol. II, pág. 280; J. Castán Tobeñas, Derecho Civil español, común y foral, 12ma ed., Madrid, Ed. Reus, 1985, T. 4, págs. 65-66; J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1982, T. II, Vol. 2, págs. 122-123. Por supuesto, la doctrina de título y modo implica que una compraventa perfeccionada no basta para transferir el dominio, sino que genera obligaciones de carácter personal: la obligación del comprador de pagar y la del vendedor de entregar y sanear la cosa objeto del contrato, según los Arts. 1350 y 1389 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sees. 3801 y 3871.

B. El propósito de la compraventa, que es la transferencia del dominio, puede verse frustrado por varias razones, entre ellas el problema que atienden los Arts. 1358-1361 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sees. 3818-3821 (Arts. 1358-1361). Éstos regulan, de forma dispositiva, la discrepancia debida al error entre la cabida o calidad pactada en una compraventa inmobiliaria y la cabida o calidad fáctica.

El propósito de los Arts. 1358-1361 es procurar la estabilidad de los contratos mediante reglas que suplen la intención de las partes. Hemos señalado, citando a Manresa, que dichos artículos responden a la función general de “procurar la estabilidad de los [contratos] sin merma de los derechos de nadie y sin invadir la esfera propia de la libre iniciativa de los contratantes”. (Énfasis suprimido.) B & W Investment v. Soc. de Gananciales, 104 D.P.R. 152, 159 (1975). Ello se logra mediante reglas cuyo contenido refleja una presunción sobre cuál hubiera sido la intención de los contratantes, presunción que deriva, en última instancia, de la equidad. íd. No empece la referencia al concepto de equidad, cabe subrayar que la tarea de los preceptos es remediar la ausencia de intención, no hacer equidad.

El texto de los Arts. 1358-1361 revela que atienden una discrepancia entre la cabida pactada y la que se ha entregado u ofrecido. Ahora bien, la doctrina española sugiere que dichos artículos aplican a una modalidad particular de esta discrepancia. Se trata de una divergencia entre la cabida pactada y la que realmente tiene el inmueble objeto del contrato. Tal discrepancia debe responder a un vicio del consentimiento por error y no, por ejemplo, a los cambios que pueda sufrir el objeto contractual debido al incumplimiento del vendedor. G. García Cantero, Artículos 1.469-1.472, en M. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, 2da ed., Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1991, T. XIX, págs. 237-238, 242, 259-260 (véase ahí también Artículo 1.468, pág. 230 n. 6); Diez-Picazo y Gullón, op. cit., págs. 293-294; Castán Tobeñas, op. cit., pág. 114; Q.M. Scaevola, Código Civil, 2da ed., Madrid, Ed. Reus, 1970, T. XXIII, Vol. 2, pág. 85; A. Madrid Parra, La cabida en la compraventa de bienes inmuebles, LIX (Núm. 554) Rev. Crít. Der. Inmob. 58, 65 (1983). De modo que se pretende suplir la intención de quien prestó su consentimiento pensando, erróneamente, que la cabida pactada coincidía con la cabida real del objeto contractual inmobiliario, vicio del consentimiento que se descubre, típicamente, a partir de la entrega hecha u ofrecida.

Dentro de su ámbito de aplicación, los Arts. 1358-1361 desplazan las normas generales del derecho contractual. Surten, así, tres principales efectos. En primer lugar, eliminan los requisitos generales del error que resulta capaz de afectar la validez de un contrato o sus consecuencias. En segundo lugar, hacen inaplicable las consecuencias generales del vicio del consentimiento, al colocar en su lugar las normas que enumeramos más adelante. Por último, el Art. 1361 establece un plazo de seis meses para los remedios establecidos en los Arts. 1358-1360.

Cabe destacar, finalmente, que los Arts. 1358-1361 son de carácter dispositivo y no imperativo. En B & W Investment v. Soc. de Gananciales, supra, pág. 159 esc. 3, citamos las expresiones del comentarista Badenes Gasset —El Contrato de Compraventa, Madrid, Ed. Tecnos, 1969, T. I, pág. 555— en cuanto a que estos artículos “ ‘pueden ser derogados por mutuo acuerdo de los contratantes, si bien el alcance de la derogación en caso de contienda será apreciado por los tribunales”. Véase J.M. Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1969, T. X, Vol. 1, pág. 246. Es preciso añadir que la facultad de modificar o eliminar la normativa de los Arts. 1358-1361 cede en determinadas circunstancias ante el interés tutelado, que es la estabilidad de los contratos. B & W Investment v. Soc. de Gananciales, supra, págs. 157-158.

C. El primer párrafo del Art. 1358, supra, dis-pone que la obligación de entregar el objeto vendido incluye la de poner en poder del comprador todo lo que ex-presa el contrato, “mediante las reglas siguientes”. Luego, los Arts. 1358-1360 reglamentan la discrepancia de cabida según el tipo de compraventa.

Tenemos, en primer lugar, la compraventa por unidad de medida o número. Ésta surge cuando las partes han establecido el precio total como consecuencia directa de la cabida, expresando el precio de cada unidad de medida o número así como la cabida total del inmueble delimitado. García Cantero, op. cit., pág. 245; Diez-Picazo y Gullón, op. cit., Vol. II, pág. 293; Manresa, op. cit., pág. 175; Madrid Parra, op. cit., pág. 64-65. Configurada este tipo de compraventa, las obligaciones de las partes quedan sujetas a los Arts. 1358 y 1359 del Código Civil de Puerto Rico, respectivamente. Establecen dichos preceptos, en apretada síntesis, que si al vendedor le resulta imposible entregar la cabida pactada, habrá una reducción o un aumento del precio, a menos que el comprador opte por rescindir el contrato debido a una merma igual o mayor de una décima parte de la cabida expresada o un aumento mayor de la vigésima parte de la cabida expresada. Puig Brutau, op. cit., T. II, Vol. 2, pág. 168; Manresa, op. cit., T. X, Vol. 1, págs. 240-244.

Existe, en segundo lugar, la venta a precio alzado. En ella “el comprador se obliga a pagar determinada cantidad de dinero por toda la cabida de un inmueble que resulte existir dentro de unos linderos ya establecidos en el contrato”. Rodríguez v. Pérez, 164 D.P.R. 368, 376 (2005). Véanse, además: Soc. de Gananciales v. Srio. de Justicia, 137 D.P.R. 70 (1994); Ruidíaz Barrios v. Salas, 103 D.P.R. 922 (1975). Con respecto a las consecuencias de este contrato, pautadas en el Art. 1360 del Código Civil de Puerto Rico, supra, hemos indicado:

“[En] la venta por precio alzado, el vendedor tiene que ‘entregar la cosa cierta, que es la finca individualizada mediante la descripción de sus linderos. Todo lo que estos comprendan ha de ser entregado a cambio del precio convenido’.... El fundamento son los linderos, no un tanto por unidad de medida. Cualquier diferencia entre la cabida expresada y la que efectivamente tiene la finca, no da margen a reclamación o indemnización alguna.” (Enfasis suprimido.) Rodríguez v. Pérez, supra, pág. 376, citando a Soc. de Gananciales v. Srio. de Justicia, supra, pág. 75.

III

Entre las acciones protectoras del dominio figuran la acción reivindicatoría y la de deslinde. Debemos explorar la distinción entre estas acciones y los criterios apropiados para realizar un deslinde.

A. Mediante la acción reivindicatoría, el propietario reclama su cosa de quien la tenga o posea. Debe identificar adecuadamente dicho objeto, probar que es suyo y probar que está indebidamente en posesión del demandado. Art. 280 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 1111; Pérez Cruz v. Fernández, 101 D.P.R. 365 (1973); Arce v. Díaz, 77 D.P.R. 624, 628-629 (1954). El segundo requisito implica que el demandante está obligado a probar su título y no puede descansar únicamente en los vicios que tenga el título del demandado. Castrillo v. Maldonado, 95 D.P.R. 885, 891-892 (1968); Sucn. Meléndez v. Almodóvar, 70 D.P.R. 527, 532 (1949). Cumplida esta obligación probatoria, corresponde al demandado señalar y probar su mejor título. Arce v. Díaz, supra, págs. 628-629, citando a Manresa y Navarro, op. cit, 1934, T. 3, pág. 138.

En cambio, la acción de deslinde tiene el propósito de determinar los linderos confundidos de dos heredades contiguas. Zalduondo v. Méndez, 74 D.P.R. 637, 641— 642 (1953). Es una acción disponible a “todos los propietarios cuyas propiedades limítrofes tienen confundidos sus linderos por causas naturales, accidentes fortuitos o actos voluntarios de tercero, debiendo concurrir todos a un solo juicio ...”. Arce v. Díaz, supra, págs. 627-628. Véase, además, el Art. 1319 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 1211. La acción es imprescriptible. Art. 1865 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 5295. Además, el hecho de haberse intentado o practicado una acción de deslinde no impide que se vuelva a hacer, si existen nuevas causas que lo justifiquen. Zayas v. Autoridad de Tierras, 73 D.P.R. 897, 901 (1952).

La distinción entre estas acciones ha suscitado varios criterios doctrinales. Ahora bien, nuestra jurisprudencia establece los siguientes principios. Una sentencia reivindicatoría declara el derecho dominical del demandante y ordena que el demandado le entregue la posesión del objeto. La sentencia de deslinde, en cambio, tiene el único efecto de precisar las colindancias de determinados inmuebles. Dicha sentencia “no da ni quita derechos”. Zalduondo v. Méndez, supra, pág. 644; Zayas v. Autoridad de Tierras, supra, pág. 901; La O v. Rodríguez, 28 D.P.R. 636, 638 (1920). Por eso es que no perjudica al demandado la norma que impide litigar en el procedimiento de deslinde la prescripción adquisitiva de las partes. Zalduondo v. Méndez, supra, pág. 644.

Los principios expuestos revelan que la acción de deslinde tiene dos características distintivas. Una de ellas resulta evidente: el deslinde pretende individualizar los inmuebles, sin determinar directamente quién es su dueño. Por otro lado, en esta acción no se discute la validez ni la eficacia de los títulos, sino que se dirime su interpretación. Es en virtud de estas características que el deslinde “no da ni quita derechos”. Cuando el tribunal debe examinar la validez o eficacia de los títulos, o cuando el demandante solicita la posesión que corresponde a su dominio, estamos ante una acción reivindicatoría.

Es menester señalar, por último, que las acciones de reivindicación y deslinde pueden acumularse o instarse sucesivamente. Por ejemplo, el propietario que desea recuperar un terreno de su colindante podría solicitar el deslinde para identificar precisamente el terreno.

B. Los criterios apropiados para dirimir una acción de deslinde se enumeran en los Arts. 320 y 321 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sees. 1212 y 1213. Resulta pertinente el primero de éstos, que dispone que “[e]l deslinde será en conformidad con los títulos de cada propietario, y a falta de títulos suficientes, por lo que resultare de la posesión en que estuvieren los colindantes”. 31 L.P.R.A. see. 1212. Roca Juan acata el tenor literal de este precepto al explicar que se trata de una jerarquía de métodos de prueba, pues “aplicar el criterio de la posesión depende de que no haya títulos, o de que, aún habiéndolos, sean insuficientes”. J. Roca Juan, Artículos 385 a 387, en Albaladejo, op. cit., pág. 506.

La preferencia por el deslinde según los títulos puntualiza el requisito de que sean “títulos suficientes”. Se discute en la doctrina española si la palabra “suficiente” exige un documento fehaciente. Indica Roca Juan que el Tribunal Supremo español ha rechazado tal condición y que exige únicamente que los títulos sean “suficientemente expresivos” para fijar la colindancia. Esto significa que deben contener datos capaces de determinar el límite o área perteneciente a cada propietario. Así, la insuficiencia de los títulos podría responder a que sus datos resultan incompletos o producen colindancias que son incompatibles con las circunstancias reales del terreno. Roca Juan, Artículos 385 a 387, en Albaladejo, op. cit., pág. 506.

C. La regla de que se practique el deslinde según los títulos luce más sencilla de lo que es, pues, evidentemente, los títulos de hoy reflejan las colindancias de ayer. Y es posible que un título haga referencia expresa o tácita a linderos de diferentes clases: accidentes naturales o artificiales, edificaciones o signos, líneas imaginarias contenidas en un documento, y las múltiples modalidades de todos éstos. Surge así la pregunta de cuál es el tipo de lindero, identificado en un título, que será determinante de éste.

Aquí nuestra jurisprudencia revela un criterio flexible. El caso Soc. de Gananciales v. Srio. de Justicia, supra, ilustra el énfasis en los linderos materiales. En 1924, el titular de una finca levantó e inscribió en el Registro de la Propiedad un plano que hacía constar su cabida de 243.639 cuerdas y colindancia sur con terrenos de la Guánica Céntrale. La finca tuvo otros dos titulares antes de llegar a los demandantes, en 1952, mediante una compraventa a precio alzado. Este contrato expresó que la finca contaba con 243.639 cuerdas y colindaba por el sur “con los [terrenos] de Guánica Céntrale antes, hoy Departamento Forestal de Puerto Rico”. Existía al perfeccionarse dicha compraventa una verja que marcaba la referida colindancia. No obstante, los demandantes realizaron una mensura en 1985 y descubrieron que, según la cabida ex-presada en el plano de 1924, la ubicación de dicha verja había causado una merma de 9.1365 cuerdas.

Trabada la controversia eventualmente como un pleito de reivindicación, el foro de instancia dio entera credibilidad al plano de 1924, con su método de mensura, y resolvió a favor de los demandantes. Al revocar, indicamos que el vendedor había entregado a los Negroni-Carlo “la totalidad del terreno incluido dentro de los lindes señalados en la compraventa”, ya que al perfeccionarse y consumarse el contrato, existía ya una verja que marcaba la colindancia. Soc. de Gananciales v. Srio. de Justicia, supra, pág. 76. Esto significaba que el inmueble objeto de dichos negocios jurídicos estaba delimitado en el sur por una colindancia material, circunstancia que privaba a los demandantes de título con respecto a las nueve cuerdas ubicadas al otro lado de la veija.

En cambio, el caso reciente Rodríguez v. Pérez, supra, ilustra la importancia de los linderos ideales. Pérez Torres había comprado un solar, donde sus arrendatarios edificaron ciertas estructuras. El vendedor y colindante, Rodríguez Medina, instó una acción de reivindicación alegando que las estructuras ocupaban un terreno dentro de su inmueble, dados los linderos del solar del demandado expresados en la escritura de compraventa. Este respondió que había comprado un terreno cercado a precio alzado y que, por ende, era suya toda el área así delimitada. Pero el foro de instancia había determinado que las partes tuvieron la intención de realizar un negocio cuyo objeto era la finca con sus linderos instrumentales, no con los que marcaba la cerca. Por no hallar una razón suficiente para rechazar esta determinación, resolvimos a favor del demandante.

Al destacar la importancia del factor intencional, nuestra opinión en Rodríguez v. Pérez, supra, revela por qué es necesario un criterio flexible con respecto a la determinación de los linderos según los títulos. La interpretación de los contratos procura determinar cuál fue la voluntad común de las partes al perfeccionarse el contrato. Marcial v. Tomé, 144 D.P.R. 522, 537 (1997); Unisys v. Ramallo Brothers, 128 D.P.R. 842, 852-853 (1991); Ramírez, Segal & Látimer v. Rojo Rigual, 123 D.P.R. 161, 173-174 (1989); Carrillo Norat v. Camejo, 107 D.P.R. 132, 138 (1978); Merle v. West Bend Co., 97 D.P.R. 403, 409-410 (1969). Por ende, la conexión que establece el Código Civil entre los linderos y los títulos produce una sutil reciprocidad entre ambas figuras, reciprocidad que milita contra la aplicación de reglas formales y precisas como, por ejemplo, la de que un lindero material siempre prevalece sobre un lindero inmaterial.

IV

En el caso de autos, los peticionarios sostienen que procedía desestimar sumariamente la demanda incoada en su contra, debido a que los demandantes carecen de derecho sobre el terreno que reclaman.

A. Comenzamos nuestro análisis con un vistazo a los aspectos procesales de esta controversia. Al evaluar una solicitud de sentencia sumaria, o al revisar su adjudicación, la evidencia por utilizarse consiste en las declaraciones juradas y la prueba documental admisible que obren en autos, así como las alegaciones no controvertidas del demandante. Los hechos que surjan sin controversia de dicha evidencia se consideran probados; los demás se consideran sólo para justificar la decisión de no dictar sentencia sumaria. Evaluada así la evidencia, el tribunal resolverá si procede dictar sentencia sumaria y, en tal caso, si la sentencia debe favorecer a la parte promovente o la opositora. Cabe recordar que se trata de un mecanismo discrecional y que ciertos litigios suelen ser inapropiados para éste, entre ellos los que exigen determinaciones de hechos sobre la intención de las partes. Véanse, e.g.: Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del Rey, 155 D.P.R. 906 (2001); Jusino et als. v. Walgreens, 155 D.P.R. 560 (2001); PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 881 (1994); Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 135 D.P.R. 716 (1994).

Los hechos alegados y la súplica de la demanda que instaron los recurridos, Ramírez-Delgado, configuran una acción de deslinde y reivindicación. Específicamente, solicitaron que el Tribunal “[o]rdene la remoción de la verja mal colocada y la construcción de la verja en la colindancia”. Apéndice I, pág. 57. Exigen así que se precise la colindancia entre los solares E-5 y E-6, remedio indicativo de una acción de deslinde. No obstante, los demandantes solicitan la reubicación de una verja, sin alegar más derecho que su dominio, y los demandados han impugnado el título de los demandantes. Son éstas las características de una reivindicación.

En mérito de lo anterior, procedería dictar sentencia sumaria desestimatoria si la prueba estableciera incontrovertiblemente el incumplimiento con los requisitos de las acciones de deslinde y reivindicación. Por otro lado, procedería resolver sumariamente a favor de los demandantes si la prueba estableciera incontrovertiblemente que se han configurado los requisitos de ambas acciones.

B. Visto el marco procesal de este recurso, es menester precisar las controversias sustantivas por dirimir. Acabamos de indicar que la determinación impugnada debe evaluarse con miras a las acciones de deslinde y reivindicación. Con respecto al deslinde, la demanda de epígrafe cumple con los requisitos pertinentes. Por ende, la primera interrogante es si el terreno reclamado ubica dentro del solar E-5, suponiéndose que son válidos y eficaces los títulos de las partes.

Con respecto a la acción de reivindicación, el único de los requisitos en controversia es el de titularidad. Ciertamente, la demandante Ramírez Quiñones es dueña del solar E-5. Pero sostienen los peticionarios que su título obligacional sobre los 21 metros cuadrados es inválido. Aducen que si Ramírez Quiñones aceptó una reducción del precio de su solar, en vez de exigir toda la cabida o desistir del contrato, mal puede pretender que su título obligacional incluya los 21 metros cuadrados que reclama. Son los méritos de este planteamiento la segunda controversia sustantiva por dirimir.

C. La primera pregunta es si los 21 metros reclamados pertenecen al solar E-5. Cabe subrayar, de entrada, que el criterio para dirimir la colindancia entre los solares E-5 y E-6 —en esta etapa de los procedimientos— es el de los títulos. El Art. 320 del Código Civil de Puerto Rico, supra, menciona dos modos de hacer el deslinde: según los títulos y según la posesión. Sin embargo, hemos visto que procede fijar los linderos según la posesión sólo cuando los títulos no son suficientemente expresivos. Resulta inapropiado hacer tal determinación en esta etapa de los procedimientos.

En virtud de lo anterior, debemos examinar si los 21 metros reclamados pertenecen al solar E-5, según los títulos. Los peticionarios sostienen que la demandante Ramírez Quiñones sabía, al adquirir el solar, que la cabida era de 429 en vez de 450 metros cuadrados. Citan la declaración jurada que prestó dicha demandante. Petición de certiorari, pág. 9. De ello se infiere la intención de celebrar un negocio cuyo objeto fue el solar E-5 delimitado del solar E-6 por la verja hoy existente.

Sin embargo, no estamos convencidos de que las expresiones de Ramírez Quiñones revelen incontrovertiblemente una intención de limitar el alcance de su negocio jurídico a los 429 metros cuadrados, ni de que ello implique la voluntad de utilizar una verja como lindero. La declaración jurada indica, por un lado, que existía una merma de 21 metros cuadrados en la cabida del solar, pero alude, por otro lado, a la posibilidad de reclamar contra el colindante que hubiera usurpado ese terreno. Una interpretación coherente de tales expresiones es que contemplan la posibilidad de que una reducción en la cabida fáctica del solar hubiera alterado sus linderos jurídicos, no la certeza de ello. Así interpretada, la declaración revela simplemente que Ramírez Quiñones asumió el riesgo y el costo de litigar la merma de cabida.

D. Llegamos entonces al argumento principal de los peticionarios. Sostienen que el título obligacional de la demandante Ramírez Quiñones es inválido, con relación al terreno reclamado, porque ella recibió una reducción en el precio de compraventa proporcional a la falta de cabida. Su planteamiento contiene dos premisas medulares: (1) la compraventa de la demandante está sujeta al Art. 1358; (2) éste no permite que el comprador reciba una reducción proporcional del precio y luego exija la cabida pactada de los colindantes. Veamos.

1. Conforme la prueba que consta en autos, no cabe resolver, en esta etapa, si la compraventa de la demandante Ramírez Quiñones está sujeta a los referidos Arts. 1358-1361. Dichos preceptos suplen la intención de quien prestó su consentimiento pensando, erróneamente, que la cabida pactada coincidía con la cabida real del objeto contractual inmobiliario. Veamos si se configuró tal situación.

Los autos no permiten la determinación de que hubo una discrepancia entre la cabida pactada y la real cabida. Estos sugieren que los solares E-5 y E-6 surgieron a la vida con 450 metros cuadrados. Véanse los documentos marcados “Plot Plan”, Apéndice I, págs. 72-73, y las escrituras de compraventa. No se ha probado incontrovertiblemente que la cabida del solar E-5 hubiera variado antes de la adquisición o durante el interinato de Future Land Developers, entidad que lo vendió a Ramírez Quiñones. Esto revela la posibilidad de que los 21 metros cuadrados reclamados eran parte del solar E-5 al perfeccionarse dicha compraventa, la cual, hemos indicado, posiblemente tuvo por objeto un solar cuyos linderos incluyen ese terreno. De ser así, no habría una discrepancia entre la cabida real y la cabida pactada.

Aún si hubiera una discrepancia, los autos no permiten la determinación de que hubo error. Por un lado, la declaración jurada de Ramírez Quiñones podría interpretarse en el sentido de que ésta conocía la discrepancia al otorgar la escritura de compraventa. Por otro lado, no está claro cuándo se perfeccionó el contrato de compraventa original, ni su relación jurídica con dicha escritura, ni los linderos del solar objeto de ese primer contrato, etc. Recuérdese que, según la declaración, aparentemente hubo un contrato perfeccionado con anterioridad al otorgamiento de la escritura pública. Tales interrogantes podrían afectar la determinación de si estamos ante un supuesto de error como vicio del consentimiento.

2. Los peticionarios sostienen que el comprador no puede recibir una reducción del precio, conforme el Art. 1358, y luego exigir de los colindantes la cabida pactada. Arguyen, en particular, que al aceptar una reducción del precio pactado, proporcional a la falta de cabida, la demandante y recurrida pagó por 429 metros cuadrados en vez de 450, y carece, así, de un negocio jurídico obligacional que justifique la transferencia de los restantes metros. No les asiste la razón.

Los peticionarios no citan autoridad jurídica alguna para apoyar su tesis de que una reducción del precio impide la posterior acción reivindicatoria. Y es que la tarea de los Arts. 1358-1361 no es hacer equidad, procurando una justa correspondencia entre lo pagado y lo recibido. Su función es suplir la falta de intención debida al vicio del consentimiento por error. De hecho, la normativa en cuestión es de carácter dispositivo —en vez de imperativo— siempre que no se menoscabe el interés social en la estabilidad de los contratos. Las circunstancias de este caso no sugieren que sería contrario a dicho interés un pacto entre Ramírez Quiñones y su vendedora mediante el cual ésta pagó $630 y aquélla aceptó el riesgo y el costo de reivindicar el terreno alegadamente usurpado.

V

Por los fundamentos antes expresados, expedimos el auto solicitado y confirmamos la resolución del Tribunal de Apelaciones. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para ulteriores procedimientos compatibles con esta opinión.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri concurrió con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rebollo López disintió sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rivera Pérez no intervino.

       Observamos que la copia en autos de la referida escritura está incompleta, pues falta su página 6 (de aparentemente siete páginas).

       Los demandantes alegaron, inter alia, que habían tenido problemas con la colindancia entre los dos solares; que la controversia había provocado innumerables vistas en los tribunales; que los demandantes habían denunciado a los demandados por alteración a la paz y amenaza; que dicho pleito terminó con una “transacción” para que las denuncias se dejaran sin efecto y se permitiera a los demandantes “medir y entonces levantar las veijas en el lugar donde correspondería la colindancia”; que hecha la agrimensura y al comenzar la remoción de la veija existente, comenzaron nuevamente los insultos, las amenazas y las visitas a los tribunales. Apéndice I, págs. 56-57.

       Específicamente, alegaron que no existía controversia sobre lo siguiente: la titularidad de las partes sobre los solares E-5 y E-6; sus descripciones regístrales; que la recurrida Ramírez Quiñones era consciente, al comprar el solar E-5, de que éste había sufrido una merma de 21 metros cuadrados en su cabida, y que dicha compradora aceptó y recibió del vendedor una reducción del precio de compraventa proporcional a la reducción de cabida. Estas aseveraciones las apoyaron con la referida declaración jurada de Ramírez Quiñones. Alegaron, también, que de “la propia descripción de la propiedad adquirida se desprende que la venta se realizó con ex-presión de la cabida del inmueble a razón de un precio por unidad de medida”.

       El título es un negocio jurídico obligacional que sirve de base para la transferencia de un derecho real. El modo o tradición es un traspaso posesorio cuya intención es transferir el dominio. L. Diez-Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, 2da ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1981, Vol. III, pág. 77; J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1971, T. Ill, Vol. 1, pág. 340.

       Aquí conviene recordar que “ [e]l vendedor deberá entregar la cosa vendida en el estado en que se hallaba al perfeccionarse el contrato”. Art. 1357 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 3817.

       Cabe enfatizar que el referido desplazamiento ocurre sólo cuando los Arts. 1358-Í361 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. secs. 3818-3821, rigen la cuestión. Por ejemplo, la doctrina no se expresa claramente sobre si los Arts. 1.469-1.472 del Código Civil español aplican a otros vicios del consentimiento, en particular al dolo. Véanse, e.g.: G. García Cantero, Artículos 1.469-1.472, en M. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, 2da ed., Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1991, T. XIX, págs. 238 y 242; L. Diez-Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, 6ta ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1989, Vol. II, págs. 293-294. Asimismo, dado que los Arts. 1.469-1.472 suplen la intención contractual, Diez-Picazo y Gullón sostienen que “no puede por menos de ser relevante una voluntad expresa o tácita de dar relevancia a la cabida indicada en el contrato y, por tanto, a su inexactitud”. íd., pág. 294. No examinamos hoy tales asuntos.

       Los comentaristas del Código Civil español discuten si el plazo es de prescripción o caducidad, cuestión que no consideramos en esta opinión. B & W Investment v. Soc. de Gananciales, 104 D.P.R. 152, 155-156 (1975); Díez-Picazo y Gullón, op. cit., pág. 295; G. García Cantero, Artículos 1.469-1.472, en M. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, 2da ed., Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1991, T. XIX, pág. 260.

       La controversia de marras no exige que determinemos cuáles son los remedios sujetos al plazo. Según García Cantero, op. cit., págs. 259-260, por ejemplo, se trata de las acciones de rescisión-anulación del contrato y reducción-aumento del precio, acciones éstas de carácter personal que competen a las partes o a sus herederos.

       A continuación se discuten las compraventas tipificadas en los Arts. 1358-1361 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sees. 3818-3821 (Arts.1358-1361). La doctrina ha identificado otras que no consideramos, tales como la compraventa a medida y la compraventa sobre plano. Véase, e.g., Madrid Parra, op. cit., págs. 108-117.

       García Cantero, op. cit., pág. 245, señala, siguiendo el criterio de Albaladejo, que es posible expresar la cabida implícitamente cuando se indican el precio total y el de cada unidad de medida o número.

       Obsérvese que la expresión de la cabida del inmueble objeto de la compraventa no impide que ésta sea a precio alzado. Rodríguez v. Pérez, 164 D.P.R. 368 (2005); Soc. de Gananciales v. Srio. de Justicia, 137 D.P.R. 70 (1994); Ruidíaz Barrios v. Salas, 103 D.P.R. 922 (1975); Velázquez v. Velázquez, 82 D.P.R. 619, 630 (1961); Colón v. Batis Olivera, 34 D.P.R. 648 (1925).

       Nótese que adjudicamos el recurso de epígrafe sin examinar el segundo párrafo del Art. 1360, supra, cuya infeliz redacción ha provocado desavenencias en la doctrina y la jurisprudencia. Véanse, e.g.: García Cantero, op. cit., págs. 257-258; Diez-Picazo y Gullón, op. cit., Yol. II, págs. 293-294; J. Castán Tobeñas, Derecho civil español, común y foral, 12ma ed., Madrid, Ed. Reus, 1985, T. 4, págs. Í16-117; Q.M. Scaevola, Código Civil, 2da ed., Madrid, Ed. Reus, Í970, T. XXIII, Vol. 2, págs. 81 y 88; J.M. Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1969, T. X, Vol. 1, págs. 248-252; Madrid Parra, op. cit., págs. 98-99 y 103-104; Soc. de Gananciales v. Srio. de Justicia, supra, pág. 76; Rosa Valentín v. Vázquez Lozada, 103 D.P.R. 796, 803-804 (1975).

       Indicamos en Zalduondo v. Méndez, 74 D.P.R. 637, 641 (1953), que una demanda de deslinde debía alegar: “(1) la descripción de la propiedad; (2) el interés que la parte reclame tener en ella; (3) [el] nombre de la persona en posesión de la propiedad; (4) la razón por la cual se solicita el deslinde; y (5) el requerimiento hecho a la otra parte y la negativa de ésta.” Obsérvese que estos requisitos surgían de la Regla 34(b) de las derogadas Reglas de Enjuiciamiento Civil. Ahora bien, los demandantes de epígrafe han cumplido con los requisitos enumerados —ello les confiere legitimación activa— y no se ha planteado que las Reglas de Procedimiento Civil de 1979 establecen requisitos distintos. Esto significa que no hay necesidad de precisar los requisitos especiales, si alguno, para solicitar el deslinde, más allá de los que surgen del Código Civil.

       Véanse: Diez-Picazo y Gullón, op. cit.; V.L. Montés Penadés, Artículos 348y 349, en M. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, 2da ed., Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1990, T. V, Vol. 1, págs. 221-226; J. Roca Juan, Artículo 384, en M. Albaladejo, op. cit., págs. 495-501.

       En La O v. Rodríguez, 28 D.P.R. 636, 638 (1920), explicamos: “El deslinde ... no da ni quita derechos; deja intactas las cuestiones de posesión y propiedad y sólo sirve para el fin a que se dirige, esto es, para aclarar y fijar la división y límites de las heredades, evitar que se confundan o desaparezcan los antiguos linderos y prevenir los pleitos que de tal confusión pudieran originarse en lo sucesivo.” (Cita omitida.)

       El concepto título aquí utilizado incluye tanto el título obligacional como la tradición. Sin embargo, el recurso de autos no presenta una controversia genuina con respecto al segundo elemento.

       Sobre los modos de delimitar los inmuebles, véase Roca Juan, Artículo 384, en Albaladejo, op. cit., págs. 479-480.

       Además de los casos discutidos a continuación, véanse, por ejemplo: Almodovar v. Nolla, 85 D.P.R. 771 (1962); Velázquez v. Velázquez, supra; Colón v. Batís Olivera, supra; King v. Fernández et al., 30 D.P.R. 592 (1922).

         Específicamente, se describen ios solares E-5 y E-6, se indica el interés que tienen los demandantes en dichos solares, se incluyen los nombres de quienes poseen el solar E-6, se explica que el deslinde resulta necesario debido a frecuentes disputas sobre la colindancia, y se alega que los demandados han desatendido los requerimientos de deslinde. Nada sugiere que haya controversia sobre estos hechos.

       La precisa identificación del terreno es innecesaria en esta etapa de los procedimientos; basta precisar la colindancia y solicitar el deslinde. Con relación al tercer requisito, nada sugiere que los peticionarios tengan derecho a poseer el terreno disputado, a no ser que les pertenezca (por ejemplo, no son arrendatarios).

       Los peticionarios también alegan su mejor título —aún suponiendo que el terreno reclamado ubique dentro del solar E-5— pues lo han adquirido mediante la usucapión. Sin embargo, no han probado incontrovertiblemente los requisitos pertinentes.

       La selección del criterio es medular. Los demandantes reclaman un terreno que alegadamente ubica en su solar. El terreno está en posesión civil de los demandados. Específicamente, surge de los autos que, por más de un año, ha existido una verja cuyo efecto es excluir ese terreno del solar E-5 e incorporarlo al solar E-6. Por ende, si el criterio determinante de la ubicación del terreno fuera la posesión, procedería desestimar sumariamente la demanda.

       El requisito aludido podría configurarse en el caso de autos. Obsérvese, por ejemplo, que resultan contradictorios los linderos expresados en las dos escrituras de compraventa. No obstante, la determinación de si los títulos son suficientemente expresivos podría verse afectada por la evidencia que en su día presenten las partes, dadas las interrogantes que luego identificaremos.

       Cabe observar que esta aseveración de los peticionarios resulta curiosa. La reducción en cabida de 21 metros cuadrados corresponde aproximadamente a 4.67% de los 450 metros cuadrados pactados, mientras que la rebaja de $630 corresponde aproximadamente a 1.04% de los $60,455 pactados.

       En virtud de este resultado, es innecesario examinar si el artículo aplicable a la controversia de autos sería el 1358 ó el 1360, supra.

       Nótese que esta tesis parte de una premisa cuyo mérito y alcance nos abstenemos de evaluar. Se aduce que Ramírez Quiñones no puede reivindicar porque recibió una reducción del precio. Esto nos da a entender que, según los peticionarios, la vendedora de Ramírez Quiñones podía instar una acción reivindicatoría. Pero los Arts. 1358-1361 aplican cuando surge por error una discrepancia entre la cabida pactada y la que realmente tiene el inmueble; además, sus remedios están condicionados a que el vendedor no pueda entregar lo pactado. Por ende, los peticionarios parten de una interpretación amplia con respecto a dicha discrepancia e imposibilidad, interpretación que permite su configuración aun cuando el vendedor era dueño, de todo lo que debía entregar.

       De hecho, la parte demandante en el caso Castrillo v. Maldonado, 95 D.P.R. 885 (1968), había adquirido el dominio de quien había otorgado un relevo más abarcador que el de autos. Sin embargo, no lo invocamos para sostener nuestra conclusión de que era improcedente la reivindicación.


author: PER CURIAM:

text:
      In re Rafael Rivera Vázquez.

      Número: TS-6353

      Resuelto: 16 de junio de 2006

      Harry Anduze Montaño, abogado de la parte peticionaria; Hon. Jay A. García Gregory, juez de distrito, Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico.
   PER CURIAM:

I—1

El Ledo. Rafael Rivera Vázquez (licenciado Rivera Vázquez) fue admitido al ejercicio de la abogacía el 20 de abril de 1979 y el 2 de enero de 1980 prestó su juramento como notario.

El 26 de mayo de 2006, el licenciado Rivera Vázquez se declaró culpable en el foro federal del delito de conspiración para defraudar al servicio postal (conspiracy to commit mail fraud). En esa misma fecha, el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico dictó una sentencia en la que condenó al abogado a doce meses de prisión, más tres años de libertad bajo supervisión electrónica. Se le impuso, además, una pena de restitución por la cantidad de $14,000.

Mediante carta de 25 de mayo de 2006, el representante legal del licenciado Rivera Vázquez nos informó sobre los hechos antes relatados y nos indicó que el licenciado Rivera Vázquez deseaba renunciar voluntariamente a su título como abogado y como notario. Nos solicitó que emitiéramos la determinación de separación correspondiente. Resolvemos.

I—I

Hemos resuelto reiteradamente que la separación del ejercicio de la abogacía, al igual que la admisión a ese ejercicio, es facultad inherente a este Tribunal. In re Peña Peña, 153 D.P.R. 642 (2001). Como parte de dicha autoridad, puede desaforar o suspender a aquellos miembros de la profesión legal que no sean aptos para desempeñar tal ministerio. In re González Díaz, 163 D.P.R. 648 (2005). No obstante, esta facultad no se limita a aquellas causas que surjan con motivo del ejercicio de la profesión; basta con que la conducta desplegada por el abogado afecte sus condiciones morales y, de esa forma, lo haga indigno de ser miembro de este foro. In re León Sánchez, 159 D.P.R. Ap. (2003); In re Calderón Nieves, 157 D.P.R. 299 (2002); In re Peña Peña, 153 D.P.R. 642 (2001); In re Rivera Cintrón, 114 D.P.R. 481 (1983).

Asimismo, la See. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909 (4 L.P.R.A. see. 735) dispone lo siguiente:

El abogado que fuere culpable de engaño, conducta inmoral {malpractice), delito grave (felony) o delito menos grave (misdemeanor), en conexión con el ejercicio de su profesión o que fuere culpable de cualquier delito que implicare depravación moral, podrá ser suspendido o destituido de su profesión por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. La persona que siendo abogado fuere convicta de un delito grave cometido en conexión con la práctica de su profesión o que implique depravación moral, cesará convicta que fuere, de ser abogado o de ser competente para la práctica de su profesión. A la presentación de una copia certificada de la sentencia dictada al Tribunal Supremo, el nombre de la persona convicta será borrado, por orden del Tribunal, del registro de abogados. Al ser revocada dicha sentencia, o mediante el perdón del Presidente de los Estados Unidos o del Gobernador de Puerto Rico, el Tribunal Supremo estará facultada [sic] para dejar sin efecto o modificar la orden de suspensión.

La referida disposición estatutaria claramente establece que este Foro podrá suspender o destituir de su profesión a cualquier abogado que: (1) sea convicto de un delito grave {felony), (2) haya sido convicto de delito menos grave {misdemeanor) en conexión con el ejercicio de su profesión, y (3) sea convicto de cualquier delito que implique depravación moral.

Por otro lado, el Canon 38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, establece, en lo aquí pertinente, lo siguiente:

El abogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia. ...
Por razón de la confianza en él depositada como miembro de la ilustre profesión legal, todo abogado, tanto en su vida privada como en el desempeño de su profesión, debe conducirse en forma digna y honorable.

El referido canon impone a todo abogado unas normas mínimas de conducta indispensables para preservar el honor y la dignidad de la profesión. Además, dicho canon ex-tiende la obligación de los abogados de conducirse en forma digna y honrada, a su vida privada. In re Quiñones Ayala, 165 D.P.R. 138 (2005). Ello en vista de que la apariencia de conducta impropia puede resultar muy perniciosa hacia el respeto que tiene la ciudadanía por sus instituciones de justicia y por la confianza que los clientes depositan en sus abogados. In re Vega Morales, 167 D.P.R. 331 (2005).

HH HH hH

El licenciado Rivera Vázquez fue sentenciado en el foro federal por un delito tipificado como grave. Conforme a lo dispuesto en la See. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909, supra, ello es motivo suficiente para suspenderlo del ejercicio de la abogacía y la notaría en Puerto Rico. Además, el abogado violó los deberes de preservación del honor y la dignidad en la profesión que le impone el referido Canon 38 del Código de Ética Profesional.

Por los fundamentos que anteceden, y dado que la sentencia condenatoria aún no es final y firme, decretamos la suspensión inmediata y provisional del Ledo. Rafael Rivera Vázquez del ejercicio de la profesión de la abogacía y de la notaría, hasta que otra cosa disponga este Tribunal. Le imponemos al licenciado Rivera Vázquez el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad de seguir representándolos, de devolver cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos del país. Además, deberá certificarnos dentro del término de treinta días, contados a partir de la notificación de esta resolución, el cumplimiento de estos deberes y notificar también de ello al Procurador General.

La oficina del Alguacil de este Tribunal procederá a incautar del sello y la obra notarial del licenciado Rivera Vázquez, y los entregará a la Oficina de Inspección de Notarías para su examen e informe a este Tribunal.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rivera Pérez no intervino.


author: per curiam:

text:
      In re José N. López Sánchez, querellado.

      Número: AB-2003-12

      Resuelto: 19 de junio de 2006

      Carmen H. Carlos, directora de la Oficina de Inspección de Notarías; Miguelina Velázquez, querellante; José M. López

      Sánchez, abogado querellado que comparece por derecho propio.
   per curiam:

Luego de estudiar el informe de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) y el expediente de la queja de autos, censuramos enérgicamente la conducta del Ledo. José N. López Sánchez por ser contraria a las normas que rigen el ejercicio de la notaría y al Código de Ética Profesional.

I

La Sra. Miguelina Velázquez presentó una queja contra el Ledo. José N. López Sánchez ante el Procurador General. Mediante carta de 1 de noviembre de 2002, el Procurador General notificó el archivo de la queja. Por consiguiente, el 21 de enero de 2003 la señora Velázquez decidió presentar una segunda queja contra el licenciado López Sánchez, esta vez, ante este Tribunal.

Expondremos los hechos según se desprenden del informe de ODIN y del escrito en reacción a dicho informe que presentó el licenciado López Sánchez por órdenes de este Tribunal. Veamos.

1. La quejosa, en o alrededor del 24 de agosto de 2002, solicitó los servicios del licenciado López Sánchez para redactar y autorizar una escritura sobre constitución de segunda hipoteca en garantía de un pagaré hipotecario. Dicha hipoteca garantizaría una suma de dinero que los esposos Eugene Vázquez Domínguez y Edith Olmedo Pérez le iban a deber a la quejosa por concepto de la compraventa de una propiedad localizada en el Barrio Mamey de Juncos.

2. En dicha ocasión, el querellado les advirtió que la escritura de segunda hipoteca no podía otorgarse hasta tanto se efectuara el cierre en el banco hipotecario y los compradores adquirieran la propiedad en cuestión.

3. Admite el querellado que no obstante redactó la escritura de segunda hipoteca y un pagaré por $31,642.39, dejando espacios en blanco para en su momento poner los datos de la escritura de compraventa cuando ésta se otorgara.

4. El cierre de la transacción se llevó a cabo en R & G el 30 de agosto de 2001. La compraventa se realizó por el precio de $290,000 mediante la escritura 156 autorizada por el notario Juan Carlos Goitía Rosa. En la misma fecha y ante el mismo notario se otorgó la Escritura Núm. 157 sobre Primera Hipoteca por la cantidad de $217,500.

5. De los aludidos instrumentos surge que los comparecientes en la escritura de compraventa lo fueron, como parte vendedora, Griselle Socorro Cifuentes Velázquez, y como compradores los esposos Eugene Vázquez Domínguez y Edith Olmedo Pérez. La quejosa no compareció en la escritura de compraventa número 156 antes mencionada.

6. El licenciado López Sánchez niega que autorizó la escritura de segunda hipoteca, así como que ante él se hubiera firmado el pagaré, debido a que los compradores rehusaron firmar los documentos como consecuencia de ciertos defectos de construcción de los que adolecía la propiedad adquirida.

7. Reconoce, sin embargo, que existía “el compromiso de los otorgantes de que tan pronto ocurriera el cierre volvieran a mi oficina para completar la escritura”.

8. Acepta el querellado, además, que continuó haciendo gestiones para que los compradores pasaran por su oficina para otorgar la escritura de segunda hipoteca.

9. La quejosa, con fecha 4 de septiembre de 2002, radicó en el Tribunal de Primera Instancia una acción en cobro de dinero contra los compradores Eugene Vázquez Domínguez y Edith Olmedo Pérez alegando que era tenedora de un pagaré hipotecario al portador suscrito por éstos por la suma de $31,642.39.

10. Acompañó a su demanda una fotocopia de un pagaré hipotecario suscrito el 27 de agosto de 2001 por la suma de $31,642.39 por Eugene Vázquez Domínguez y Edith Olmedo Pérez y firmado y sellado por el notario José N. López Sánchez bajo el affidavit número 2,097.

11. Los compradores demandados aceptaron la deuda, pero presentaron como defensa que el pagaré por ellos suscrito fue para completar el pronto de una propiedad que adquirieron, y que el mismo no fue presentado al Registro de la Propiedad por lo que la obligación era personal y no hipotecaria.

12. La acción instada culminó en sentencia por estipulación del 5 de agosto de 2003 a favor de la parte demandante, aquí quejosa, en la que se reconoce que la parte demandada le pagó una cantidad satisfactoria a ésta.

13. En los índices mensuales del querellado no aparecen notificados la notarización del alegado pagaré de fecha 27 de agosto de 2001, número 2,097, ni la autorización de la escritura sobre constitución de segunda hipoteca. (Enfasis nuestro.) Informe de ODIN, pág. 3.

Respecto a estos hechos, la Directora de ODIN enumeró en su informe una serie de interrogantes. En primera instancia señaló que del expediente no surge el interés propietario de la quejosa sobre la propiedad vendida. La señora Velázquez no compareció como parte vendedora en la escritura de compraventa, pero suscribió en su carácter personal como propietaria y vendedora el contrato de opción de compra promovido por la firma de bienes raíces Pol H. Realty and Investments. En segundo lugar, el licenciado López Sánchez negó categóricamente haber autorizado el pagaré y la escritura de segunda hipoteca el mismo día en que presentó dichos documentos. Sin embargo, la señora Velázquez presentó ante el foro de instancia una demanda para cobro de dinero junto con una fotocopia de un pagaré hipotecario, fechado el 27 de agosto de 2001 por la suma de $31,642.39 y suscrito por Eugene Vázquez Domínguez y Edith Olmedo Pérez, ante el notario José N. López Sánchez, mediante el affidávit Núm. 2,097. Dicho pagaré nunca fue notificado en el índice notarial correspondiente a agosto de 2001. Al respecto, la quejosa afirma que el 30 de agosto de 2001, luego del cierre, ella y los compradores fueron a las oficinas del licenciado López Sánchez a firmar la escritura de segunda hipoteca y el pagaré. Alegó que varios días después regresó a la oficina del notario a buscar el original del pagaré y que éste le entregó una copia. En ese momento se percató de que tenía fecha de 27 de agosto de 2001 y que el licenciado López Sánchez le había informado que no podía entregarle el pagaré debido a que los compradores tenían que volver a firmar porque la fecha estaba incorrecta.

A raíz de las interrogantes planteadas por la Directora de ODIN, el 17 de agosto de 2004 dictamos una resolución para ordenar al licenciado López Sánchez a expresarse sobre el informe. El 13 de septiembre de 2004, el licenciado López Sánchez reaccionó al informe y señaló lo siguiente:

1. El día 24 de agosto de 2001, fecha en que la querellante se personó a mi oficina en unión a los prospectos otorgantes de los documentos en [c]uestión, era viernes como a las cuatro o cinco de la tarde. Fueron los últimos clientes que atendí ese día y no volvería a abrir la oficina hasta el próximo limes 27 de agosto.

2. Por tal razón procedí a preparar los documentos, asignándoles el número que le correspondería el próximo lunes, advirtiéndoles claramente a los comparecientes que éstos serían válidos únicamente si el cierre se efectuaba el próximo lunes como lo tenían planeado.

3. Recordando la continua insistencia de la querellante, que quería que ese mismo día los prospectos compradores firmaran algún documento que los obligara, y habiendo visto la copia de dicho pagaré como anejo en el informe de la Directora, es forzoso aceptar que, aunque equivocadamente, fue autorizado por m[í¡ ese día.

4. El lunes siguient[e] al enterarme por la quejosa de que el cierre no se había llevado a cabo procedí a destruir las copias impresas de los documentos redactados y a informarle que tendrían que regresar a mi oficina tan pronto se efectuara el cierre para otorgar los instrumentos.

5. Por las razones expresadas en la comunicación antes aludida[,] los documentos finales nunca fueron otorgados. El número asignado al pagaré se le asignó a otro documento otorgado (el 31 de agosto, Anejo VII del Informe), por lo que éste no aparece en el índice notarial de ese mes. (Énfasis nuestro.) Reacción en tomo a Informe de la Directora de Inspección de Notarías, pág. 1.

II

El notario ejerce una función clave de inestimable importancia en los negocios jurídicos, porque es custodio de la fe pública. Es decir, al autorizar un documento, el notario presuntamente otorga la fe pública y asegura que ese documento cumple con todas las formalidades de ley (formal y sustantivamente), que el documento es legal y verdadero, y que se trata de una transacción válida y legítima. In re Feliciano Ruiz, 117 D.P.R. 269 (1986).

El Art. 2 de la Ley Notarial de Puerto Rico dis-pone:

El notario es el profesional del Derecho que ejerce una función pública, autorizado para dar fe y autenticidad conforme a las leyes de los negocios jurídicos y demás actos y hechos ex-trajudiciales que ante él se realicen, sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes especiales. Es su función recibir e interpretar la voluntad de las partes, dándole forma legal, redactar las escrituras y documentos notariales a tal fin y conferirle[s] autoridad a los mismos. La fe pública al notario es plena respecto a los hechos que, en el ejercicio de su función personalmente ejecute o compruebe y también respecto a la forma, lugar, día y hora del otorgamiento. 4 L.P.R.A. see. 2002.

De igual forma, la Regla 2 del Reglamento Notarial de Puerto Rico señala:

El notario es el profesional del derecho que ejerce una función pública que consiste en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, dar fe de hechos, redactar los instrumentos adecuados a ese fin, conferirles autenticidad, conservar los originales de éstos y expedir copias que den fe de su contenido.
En su función pública, ejerce la fe pública notarial que tiene y ampara un doble carácter:
(A) En la esfera de los hechos, la exactitud de lo que el notario ve, oye o percibe por sus sentidos, y
(B) en la esfera del Derecho, confiere autenticidad y fuerza probatoria a las declaraciones de voluntad de las partes en el instrumento público redactado conforme a su juicio sobre los preceptos del ordenamiento jurídico para la validez y eficacia del acto o contrato formalizado, y sobre la identidad y capacidad de las partes. 4 L.P.R.A. Ap. XXIV.

Por otro lado, la Ley Notarial de Puerto Rico requiere que los notarios envíen a ODIN

... un índice mensual sobre sus actividades notariales, no más tarde del décimo día calendario del mes siguiente al mes informado, en el que harán constar respecto a las escrituras matrices y los testimonios por ellos autorizados en el mes precedente, los números de orden de éstos, los nombres de los comparecientes, la fecha, el objeto del instrumento o del testimonio y el nombre de los testigos, de haber comparecido alguno. 4 L.P.R.A. see. 2023.

En innumerables ocasiones hemos expresado que la obligación de los notarios de rendir índices notariales es de estricto cumplimiento. El notario que incumple con esta obligación incurre en una conducta que acarrea la imposición de sanciones disciplinarias. In re Bray Leal, 137 D.P.R. 816 (1995).

Respecto a los testimonios de autenticidad, el Art. 60 de la Ley Notarial de Puerto Rico señala que “[s]erá nulo el testimonio no incluido en el índice, que no lleve la firma del notario autorizante o que no se haya inscrito en el Registro de Testimonios”. 4 L.P.R.A. see. 2095. La Regla 73 del Reglamento Notarial de Puerto Rico, sin embargo, aclara que la nulidad de la que habla dicho articulado “no es la radical o absoluta, sino la anulabilidad que subsistirá hasta que fuere demostrado fehacientemente que el defecto ha sido subsanado por el notario”. 4 L.P.R.A. Ap. XXIV.

III

En el caso de autos, aunque los hechos según transcritos anteriormente no revelan claramente lo ocurrido, es forzoso concluir que el licenciado López Sánchez violó el principio fundamental de la fe pública que rige la labor notarial. En la moción en reacción al informe de ODIN, el licenciado López Sánchez admite, para todos los efectos, haber autorizado no sólo el pagaré hipotecario, sino también la escritura de segunda hipoteca sobre una propiedad que aún no le pertenecía al deudor hipotecario. Dicho pro-ceder es contrario a las normas vigentes.

El Art. 1756 del Código Civil señala que un requisito esencial del contrato de hipoteca es que la cosa hipotecada pertenezca en propiedad al que la hipoteca. 31 L.P.R.A. see. 5001. En el caso de autos el licenciado López Sánchez autorizó una escritura de hipoteca a sabiendas de que los esposos Eugene Vázquez Domínguez y Edith Olmedo Pérez aún no eran dueños de la propiedad hipotecada. Además, el licenciado López Sánchez redactó y autorizó un pagaré hipotecario en el que hace constar que el pago de la deuda de $31,642.39 estaría garantizado mediante “hipoteca voluntaria sobre una finca de su propiedad, según se expresa en la escritura número quince (15) de esta misma fecha ante el notario que autoriza esta obligación”. Anejo VI del Informe de ODIN. El licenciado López Sánchez no registró ninguno de los documentos en su índice mensual. Es decir, rindió el índice mensual, pero no informó los documentos aquí en controversia.

Respecto al pagaré, el notario dio fe de la legitimación de las firmas de los suscribientes. La Regla 67 del Reglamento Notarial dispone que el testimonio de legitimación de firma es aquel que “acredita el hecho de que, en determinada fecha, una firma ha sido puesta en presencia del notario y por quien evidentemente es quien dice ser”. 4 L.RR.A. Ap. XXIV. Según se desprende del pagaré en controversia, el licenciado López Sánchez dio fe de haberse autorizado el 27 de agosto de 2001, cuando en realidad se autorizó el viernes 24 de agosto de 2001. Dicha actuación constituye una violación al principio de la fe pública notarial.

Por otro lado, debemos señalar que las actuaciones del licenciado López Sánchez, a su vez, constituyen violaciones al Canon 18 del Código de Ética Profesional, que dispone, en lo pertinente:

Es deber del abogado defender los intereses del cliente diligentemente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y responsable.
Este deber de desempeñarse en forma capaz y diligente no significa que el abogado puede realizar cualquier acto que sea conveniente con el propósito de salir triunfante en las causas del cliente. La misión del abogado no le permite que en defensa de un cliente viole las leyes del país o cometa algún engaño. Por consiguiente, al sostener las causas del cliente, debe actuar dentro de los límites de la ley, teniendo en cuenta no sólo la letra de ésta, sino el espíritu y los propósitos que la informan .... 4 L.P.R.A. Ap. IX.

Además, no podemos pasar por alto que el licenciado López Sánchez originalmente no aceptó haber autorizado los documentos en controversia. No fue hasta que la Directora de ODIN planteó en su informe una serie de interrogantes, que el licenciado López Sánchez finalmente aceptó, para todos los efectos, haber autorizado los documentos en controversia. Dicha conducta, al igual que la autorización de dichos documentos, infringió el deber de sinceridad y honradez que impone el Canon 35 del Código de Etica Profesional, que señala:

La conducta de cualquier miembro de la profesión legal ante los tribunales, para con sus representados y en las relaciones con sus compañeros debe ser sincera y honrada.
No es sincero ni honrado el utilizar medios que sean inconsistentes con la verdad ni se debe inducir al juzgador a error utilizando artificios o una falsa relación de los hechos o del derecho. Es impropio variar o distorsionar las citas jurídicas, suprimir parte de ellas para transmitir una idea contraria a la que el verdadero contexto establece u ocultar alguna que le es conocida.
El abogado debe ajustarse a la sinceridad de los hechos al examinar los testigos, al redactar affidávit u otros documentos, y al presentar causas. El destruir evidencia documental o facilitar la desaparición de evidencia testifical en un caso es también altamente reprochable. 4 L.P.R.A. Ap. IX.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, procede que sancionemos al licenciado López Sánchez por sus actuaciones contrarias a la ley, al reglamento notarial vigente y a los Cánones 18 y 35 del Código de Ética Profesional, supra. En la moción de 27 de abril de 2005, la Directora de ODIN correctamente concluyó que

... el licenciado López Sánchez intervino en la formación y asesoramiento de un contrato de segunda hipoteca ajeno a la transacción hipotecaria primaria. Todo parece indicar que cedió a presiones de los otorgantes, al redactar una escritura y un pagaré hipotecario que fueron firmados ante unas circunstancias no muy claras. Lo anterior, revela un proceder impropio y un negocio jurídico mal conformado desde sus orígenes, en lo que respecta a la validez del documento que lo sustenta. Moción en cumplimiento de orden.

Sin embargo, debemos tener presente que al determinar la sanción disciplinaria del abogado querellado podemos tomar en cuenta factores como la reputación del abogado en su comunidad, el historial previo de éste —si es su primera falta— la aceptación de la falta y su sincero arrepentimiento, si se trata de una conducta aislada, el ánimo de lucro que medió en su actuación, el resarcimiento al cliente y cualesquiera otras consideraciones que puedan considerarse como atenuantes o agravantes, según las circunstancias. Véase In re Padilla Rodríguez, 145 D.P.R. 536 (1998). En el caso de autos debemos aceptar como atenuante que la quejosa presentó una demanda civil en cobro de dinero contra los esposos que suscribieron el pagaré y el foro de instancia dictó sentencia mediante estipulación para terminar la controversia y ordenar la entrega de una suma de dinero satisfactoria para la señora Velázquez. Ala luz de las circunstancias particulares de este caso, limitamos la sanción del licenciado López Sánchez a una censura enérgica.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Hernández Denton no intervino.

       El licenciado López dio fe de la legitimación de las firmas en el pagaré mediante la afñdávit Núm. 2,097, al hacer constar bajo su firma y sello lo siguiente:
      “Suscrito ante mí por Don Eugene Raul Vázquez Domínguez y Doña Edith Olmedo Pérez, ... mayores de edad, casados entre sí, propietarios y vecinos de Juncos, Puerto Rico, a quienes conozco personalmente, en Caguas, Puerto Rico, el 27 de agosto de dos mil uno.” Anejo VI del Informe de ODIN.