author: La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez Juez Asociado Señor Rebollo López,

text:
    Juan Flores Berger, Miriam Jiménez Román y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, peticionarios, v. Lillybeth Colberg y otros, recurridos.

      Número: CC-2006-940

      Resuelto: 20 de mayo de 2008

      Gabriel García Maya, abogado de la parte peticionaria; Evelyn Benvenutti Toro, abogada de la parte recurrida.
   La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez

emitió la opi-nión del Tribunal.

Hoy nos corresponde atender una petición de injunction permanente en una acción de estorbo público al amparo del Art. 277 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. see. 2761.

I

No existe controversia en torno al hecho de que la Sra. Lillybeth Colberg (señora Colberg) mantiene en su propie-dad cincuenta y ocho perros y treinta gatos. Ante ello, el Sr. Juan Flores Berger y su esposa, la Sra. Miriam Jiménez Román (esposos Flores-Jiménez), quienes son dueños de una propiedad colindante a la residencia de la señora Col-berg, iniciaron una serie de trámites ante el Departamento de Salud dirigidos a remover los animales de la propiedad de la señora Colberg. Posteriormente, recurrieron al foro judicial mediante una demanda de injunction para obtener el cese de un estrobo público.

Según revelan los documentos que obran en autos y los hechos que el Tribunal de Primera Instancia encontró pro-bados, en junio de 2004 el señor Flores Berger presentó una querella ante la Oficina de Salud Ambiental del Dis-trito de San Germán, en la cual alegó que la señora Col-berg mantenía un gran número de perros en su residencia. Ante dicha querella, los Sres. Edwin Alvarado Torres (se-ñor Alvarado Torres), Inspector de Salud Ambiental, y Ra-món Medina Galindo, supervisor de distrito de la Oficina de Salud Ambiental (señor Medina Galindo), acudieron en varias ocasiones a inspeccionar la residencia de la señora Colberg. Conforme a la prueba que obra en autos y según demuestra el testimonio del señor Medina Galindo, luego de las visitas realizadas por los inspectores de Salud Am-biental se le cursó una notificación a la señora Colberg para que reubicara los perros que mantenía en su residen-cia, debido a alegadas violaciones al Reglamento General de Salud Ambiental, Reglamento Núm. 6090 de 31 de enero de 2000 (Reglamento de Salud Ambiental). Véanse: Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 63; Trascripción de la Prueba, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 111-112.

Por otro lado, en enero de 2005 se presentó una denun-cia ante el Tribunal de Primera Instancia por violaciones al Reglamento de Salud Ambiental. Véase Trascripción de la prueba, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 113 y 156. Dicho procedimiento judicial se instó al amparo de la Ley sobre Controversias y Estados Provisionales de Dere-cho, Ley Núm. 140 de 23 de julio de 1974 (32 L.P.R.A. sees. 2871-2877). Sin embargo, el tribunal archivó este proceso y se refirió al trámite administrativo ante el Departamento de Salud. Véase Trascripción de. la prueba, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 113. Tras dicha determinación judicial, el señor Medina Galindo suscribió una misiva de 17 de marzo de 2005, mediante la cual le solicitó a la re-presentante legal de la señora Colberg cierta documenta-ción sobre los permisos necesarios para operar un albergue de animales. Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 44-45.

Así las cosas, el 22 de junio de 2005, los esposos Flores-Jiménez presentaron una demanda de injunction contra la señora Colberg. En su demanda, invocaron las disposicio-nes del Art. 277 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. see. 2761, e indicaron que la señora Colberg man-tiene una gran cantidad de perros y gatos que constituyen un estorbo a su propiedad y a la propiedad pública, y que esta tenencia de animales les haya privado del uso y dis-frute de su propiedad, debido a los ladridos constantes de noche y de día, los malos olores y las amenazas de ataques. Además, los demandantes peticionarios alegaron que ha-bían recabado sin éxito la intervención de las autoridades públicas de sanidad, por lo que era necesario recurrir al foro judicial para detener el daño causado por el estorbo que la señora Colberg alegadamente mantiene en su hogar.

Oportunamente, la señora Colberg contestó la demanda y presentó una reconvención. Luego de celebrar una vista sobre injunction permanente que se extendió por varios días, el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia el 5 de agosto de 2005. En su dictamen, declaró “con lugar” la demanda y ordenó a la señora Colberg a desalojar los ani-males de su propiedad en un término de noventa días. También le ordenó pagar la cantidad de cinco mil dólares a cada demandante como compensación por los daños sufri-dos y le impuso el pago de dos mil quinientos dólares en concepto de honorarios de abogado.

La esencia de la determinación del foro primario fue que la señora Colberg mantiene “una cantidad irrazonable de perros y gatos los cuales con sus ruidos y malos olores im-piden que los demandantes disfruten tranquilamente de su hogar”. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 36. Por lo tanto, concluyó que los demandantes peticionarios te-nían el derecho al cese permanente de dicha perturbación. Además, el tribunal indicó que, transcurrido un año de presentada la querella sin que el Departamento de Salud realizara la vista administrativa, el proceso administrativo resultaba ineficaz, por lo que el procedimiento de injunction era la única vía que los demandantes peticionarios tenían disponible.

Inconforme, la señora Colberg recurrió al Tribunal de Apelaciones. Dicho foro apelativo intermedio revocó la sen-tencia del Tribunal de Primera Instancia y devolvió el caso al foro administrativo para que continuaran los procedi-mientos de rigor.

Oportunamente, los esposos Flores-Jiménez recurrieron a este Tribunal mediante un recurso de certiorari. Aducen que erró el Tribunal de Apelaciones al revocar el injunction permanente emitido por el tribunal de instancia según el fundamento del agotamiento de remedios administrativos. Arguyen, además, que el recurso de injunction para abatir un estorbo público no requiere el agotamiento de los reme-dios administrativos y que, antes de presentar su de-manda, le proveyeron al Departamento de Salud una opor-tunidad amplia para intervenir en el caso. En segundo lugar, indican que procede confirmar el injunction decre-tado por el tribunal de instancia, pues la prueba presen-tada en las vistas estableció que la señora Colberg tiene una situación descontrolada en su residencia que ocasiona malos olores, ruidos, la presencia de moscas y el riesgo de enfermedades que menoscaban la tranquilidad de su hogar y del vecindario.

El 12 de enero de 2007 expedimos el auto. Contando con la comparecencia de las partes, procedemos a resolver.

II

Como asunto prioritario, debemos examinar si los de-mandantes peticionarios tenían que agotar remedios admi-nistrativos como antesala a solicitar un injunction según las disposiciones del Art. 277 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra, sobre un estorbo público.

Comenzamos este análisis indicando que no tienen razón los peticionarios al argumentar que el Tribunal de Apelaciones erró al atender el asunto de agotamiento de remedios ante el hecho de que la señora Colberg no lo argumentó como error ante el foro apelativo intermedio. In-dependientemente de los méritos de la determinación del tribunal apelativo intermedio en cuanto al agotamiento de remedios administrativos, debemos recordar que un “tribunal apelativo tiene la facultad inherente de considerar y resolver errores patentes que surjan de un recurso aun cuando éstos no hayan sido presentados por las partes”. Hernández v. Espinosa, 145 D.P.R. 248, 264 (1998). Véanse, además: Hons. Castro, Cabán v. Depto. de Justicia, 153 D.P.R. 302, 312 (2001); Ab Intestato Marini Pabón, 107 D.P.R. 433, 439-440 (1978). En armonía con esta nor-mativa, el Tribunal de Apelaciones podía entrar a conside-rar si en este caso procedía requerir que las partes agota-ran los remedios administrativos ante el Departamento de Salud, máxime cuando de la trascripción de la vista y de la sentencia del tribunal de instancia surge que se realizaron ciertos trámites iniciales ante dicha agencia.

Aclarado lo anterior, procedemos a examinar la norma-tiva sobre el agotamiento de los remedios administrativos.

III

La doctrina del agotamiento de los remedios administrativos es una norma de autolimitación judicial que en varias ocasiones hemos interpretado y aplicado. En esencia, esta doctrina determina la etapa en que un tribunal de justicia debe intervenir en una controversia que se ha presentado inicialmente ante un foro administrativo. Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del Rey, 155 D.P.R. 906, 916-917 (2001); Mun. de Caguas v. AT & T, 154 D.P.R. 401, 407 (2001). Cuando aplica, requiere que los tribunales se abstengan de intervenir hasta tanto la agencia atienda el asunto. Por lo tanto, usualmente se invoca el agotamiento cuando una parte ante el foro administrativo solicita la intervención judicial previo a consumar el procedimiento administrativo. Mun. de Caguas v. AT & T, supra. Véanse, además: Guzmán y otros v. E.L.A., 156 D.P.R. 693, 712 (2002); Ortiz v. Panel F.E.I., 155 D.P.R. 219, 241 (2001).

No obstante, la utilidad de esta doctrina, que sin duda fomenta que las agencias utilicen y apliquen su conocimiento especializado, hemos clarificado que la exigencia del agotamiento de los remedios no es un principio de aplicación inexorable. En virtud de ello, la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dispone, entre otros supuestos, que se podrá eximir a una parte de agotar los remedios ante la agencia cuando el remedio administrativo sea inadecuado; cuando requerir el agotamiento resulte en un daño irreparable al promovente y, en el balance de intereses, no se justifiqúe agotar esos remedios, o cuando sea inútil agotar los remedios administrativos por la dilación excesiva de los procedimientos. Sec. 4.3 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988 (3 L.P.R.A. see. 2173). Véanse, además: Guzmán y otros v. E.L.A., supra, pág. 714; Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del Rey, supra, pág. 917.

Cónsono con estas excepciones al requisito de agotamiento de remedios, hemos expresado que cuando “el agravio sea uno de ‘patente intensidad .al derecho del individuo que reclame urgente reparación’, se puede utilizar el injunction para eludir el cauce administrativo”. (Citas omitidas.) Rivera v. E.L.A., 121 D.P.R. 582, 596 (1988). De igual modo, hemos enfatizado que para preterir el requisito de agotamiento “[n]o basta ... con que los remedios administrativos sean lentos. ... Se requiere también que éstos constituyan una gestión inútil e inefectiva o que produzcan un daño irreparable”. (Enfasis en el original.) Guadalupe v. Saldaña, Pres. U.P.R., 133 D.P.R. 42, 50 (1993).

IV

Al ordenar el agotamiento de remedios, el Tribunal de Apelaciones indicó que los peticionarios no le dieron una oportunidad adecuada al Departamento de Salud para atender a su reclamo, pues al momento de presentar la demanda de injunction, los inspectores de la agencia esta-ban recopilando información. El tribunal fundamentó su determinación en el hecho de qüe él Departamento de Sa-lud tiene la facultad en ley para entrar a una casa y “hacer remover o corregir con urgencia cualquier daño o estorbo público en la forma y modo prescritos en los reglamentos de sanidad”. Art. 30 de la Ley Núm. 81 de 14 de marzo de 1912 (3 L.P.R.A. see. 181).

No hay duda de que el Secretario de Salud tiene la fa-cultad delegada de atender los asuntos de salud y sanidad públicas (3 L.P.R.A. see. 171) y que, en aras de ejercer su responsabilidad, puede ordenar la remoción de un estorbo público, imponer multas (3 L.P.R.A. see. 181) o remover el estorbo si el dueño, agente o inquilino de la propiedad no lo hace en un plazo razonable (3 L.P.R.A. see. 182). Sin embargo, la dilación del Departamento de Salud en tramitar y finiquitar la querella presentada por los esposos Flores-Jiménez demuestra que el procedimiento administrativo en este caso fue inútil e ineficaz, pues no proveyó un reme-dio oportuno, expedito y adecuado a ios peticionarios.

Al recurrir al trámite administrativo ante el Departa-mento de Salud, los esposos Flores-Jiménéz pretendían que dicha agencia lidiara con una situación que ellos con-sideraban que amenazaba la salud pública. En junio de 2004, los oficiales del Departamento realizaron varias ins-pecciones a la propiedad y se comunicaron con la señora Colberg para resolver la situación de la cantidad de perros que ella mantiene en su residencia. Además, con el aval del Departamento de Salud, se inició un proceso judicial al amparo de la Ley sobre Controversias y Estados Provisio-nales de Derecho, en el cual se acordó tramitar el reclamo de los aquí peticionarios ante el Departamento de Salud. Sin embargo, transcurrido un año de haber sido presen-tada la querella ante el Departamento de Salud, nunca se tramitó un procedimiento para ordenar la remoción del es-torbo alegado ni se completó el procedimiento ante la agen-cia al amparo del Reglamento del Secretario de Salud para Regular los Procedimientos adjudicativos en el Departa-mento de Salud, Reglamento Núm. 5467. Véase la Tras-cripción de la Prueba, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 132-135 y 172.

Ante este cuadro de dilación en el procedimiento administrativo, es ineludible concluir que no se justifica requerir el agotamiento de un remedio administrativo que se revela ineficaz e inadecuado. De igual modo, pesa sobre nuestra decisión el hecho que estamos ante un reclamo de la existencia de un daño sustancial e inminente a los intereses de los peticionarios y del público en general que aumenta tras la dilación de la agencia. Adviértase que se trata de una alegación de un daño a la salud colectiva y a la tranquilidad de un vecindario. Por lo tanto, el balance de las conveniencias se inclina a prescindir de agotar los procedimientos ante el Departamento de Salud, para así finiquitar una controversia que involucra la salud pública.

Habiendo establecido que no procede aplicar en este caso la doctrina del agotamiento de los remedios adminis-trativos, entramos a examinar si, en efecto, nos encontra-mos ante un estorbo público que requiere, como dictaminó el Tribunal de Primera Instancia, la concesión de un injunction permanente.

V

En su Art. 277, el Código de Enjuiciamiento Civil concede a “cualquier persona, agencia pública o municipio cuyos bienes hubieren sido perjudicados o cuyo bienestar personal resulte menoscabado” por un estorbo público, la facultad de promover una acción para obtener el cese del estorbo. (Énfasis nuestro.) 32 L.P.R.A. see. 2761. Además, provee para la concesión de una compensación por los per-juicios que el promovente de la acción sufra por el estorbo. Un estorbo, a su vez, es

[t]odo lo que fuere perjudicial a la salud, indecente u ofen-sivo a los sentidos, o que interrumpa el libre uso de la propie-dad, de modo que impida el cómodo goce de la vida o de los bienes, o que estorbare el bienestar de todo un vecindario, o un gran número de personas o que ilegalmente obstruyere el libre tránsito, en la forma acostumbrada, por cualquier lago, río, bahía, corriente, canal o cuenca navegable, o por cualquier parque, plaza, calle, carretera pública y otras análogas. 32 L.P.R.A. see. 2761.

Como se observa, el Art. 277 no sólo dispone que el Es-tado inicie una acción de estorbo público, sino que autoriza a los particulares a proseguir una acción de estorbo público. En estos últimos casos se requiere que la persona haya sufrido un perjuicio en sus bienes o un menoscabo en su bienestar personal. Marín v. Herrera, 61 D.P.R. 646 (1943); Estela v. Mario Mercado e Hijos, 44 D.P.R. 563 (1933). De esta forma, el reclamante debe alegar y probar la existencia de un perjuicio especial.

Por otro lado, la disposición estatutaria sobre estorbo público autoriza la concesión de un injunction permanente y el resarcimiento de los daños ocasionados. Es decir, la acción de estorbo público tiene dos fines preeminentes: “reducir la perturbación hasta el punto que sea compatible con el cómodo disfrute de la propiedad y 2) compensar los daños ocasionados”. Casiano Sales v. Lozada Torres, 91 D.P.R. 488, 499 (1964). Véanse, además: Ortega Cabrera v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 612, 617 (1973); Fuentes v. Gulf, 91 D.P.R. 559, 565 (1964).

En el pasado hemos aplicado esta disposición estatutaria para abatir diversas perturbaciones que interfieren con el libre disfrute de la propiedad y que amenazan a la salud pública. Así, por ejemplo, hemos eliminado o controlado ruidos, emanaciones de humos y gases, malos olores y derrames de aguas sucias. Véanse: Figueroa Velázquez v. A.A.A., 99 D.P.R. 105 (1970); Fuentes v. Gulf, supra; Casiano Sales v. Lozada Torres, supra; Arcelay v. Sánchez, 77 D.P.R. 824 (1955).

Además, hemos enfatizado lo delicado de la función judicial de adjudicación en estos casos. La contraposición del interés al libre disfrute de la propiedad, frente al interés en la salud y seguridad públicas, exige el más delicado análisis de los derechos y las responsabilidades de las partes a los fines de armonizarlos en la medida posible. Es decir, en este balance es esencial tomar en cuenta los intereses de las partes en disfrutar libremente de su propiedad sin cargas irrazonables sobre éste. Véase Arcelay v. Sánchez, supra, pág. 832. En virtud de ello, es “fundamental... resolver ... si el uso que hace una persona de su propiedad, es o no razonable, tomando en cuenta el derecho de la otra a disfrutar la propiedad que es suya”. Id., pág. 833.

La medida de lo razonable en estos casos depende, en-tonces, de una serie de factores que los tribunales deben tomar en cuenta a la luz de los hechos sobre los cuales se fundamenta el reclamo. Aun cuando no existe una ecuación inmutable, hemos identificado una serie de criterios que se han de considerar. Por ejemplo, el lugar donde ocurre la actividad impugnada, la naturaleza, extensión, utilidad y el valor del uso, el carácter del daño alegadamente sufrido y la naturaleza del derecho o del uso afectado por el ale-gado estorbo. Arcelay v. Sánchez, supra.

De igual modo, es de importancia fundamental que los tribunales adopten un remedio adecuado para abatir el estorbo sin imponerle restricciones irrazonables a la parte promovida. Ante el hecho de que, en los casos como el que nos ocupa, se enfrentan los intereses de dos personas de disfrutar de su propiedad, en nuestros pronunciamien-tos hemos procurado adoptar los remedios judiciales que propendan a eliminar o aminorar una perturbación, siendo conscientes de que el disfrute a la propiedad puede conlle-var intromisiones moderadas y razonables.

Así, por ejemplo, en Arcelay v. Sánchez, validamos las medidas adoptadas, por el tribunal sentenciador para con-trolar la explotación de una planta de pasteurización y la venta de leche en una zona primordialmente residencial. Consideramos que la forma en que se explotaba la indus-tria constituía un estorbo a la parte allí demandante, por lo que entendimos adecuado permitir su funcionamiento, su-jéto a ciertas medidas en tomo al horario de trabajo y a que se realizaran cambios en la maquinaria y el equipo para evitar daños al vecindario. En modo análogo, validamos en Casiano Sales v. Lozada Torres, una sentencia que limitó las operaciones de una fábrica de construcción de ventanas y puertas de metal para aminorar el impacto de la industria en el disfrute de la propiedad de los allí demandantes.

Finalmente, en Figueroa Velázquez v. A.A.A., supra, determinamos que la orden del foro primario para remover una bomba de alcantarillado en una urbanización, por su cercanía a la residencia de los demandados, fue suma-mente drástica. También expresamos que “la sentencia de injunction debió limitarse a ordenar a la demandada para que en un término razonable realice las obras o reformas razonábles y adecuadas para eliminar o aminorar la perturbación”. Id., pág. 112.

En resumen, nuestros pronunciamientos revelan que en los casos como el que nos ocupa, el hecho de que proceda remover un estorbo, no conlleva en toda ocasión la supresión absoluta de la actividad o el uso impugnado. Los tribunales, por lo tanto, pueden optar por tomar medidas específicas para eliminar las causas de la perturbación sin prohibir absolutamente la conducta del demandado. Véase, además, H.A. Colón Cruz, Notas sobre recursos extraordinarios, certiorari, injunction, mandamus, 42 (Núm. 3) Rev. C. Abo. P.R. 445, 453 (1981).

VI

En este caso, los esposos Flores-Jiménez invocaron las disposiciones del Art. 277 del Código de Enjuiciamiento Civil, para abatir los ruidos, malos olores y riesgos de enfer-medades, alegadamente creados por los animales de la se-ñora Colberg. Estamos, por lo tanto, ante el ejercicio de la acción de estorbo público por personas privadas. Debemos examinar entonces si existe una perturbación en los inte-reses de los peticionarios que configure un daño especial a ellos, digno de protección judicial. De igual modo corres-ponde evaluar si la orden dictada por el tribunal de instan-cia, en la que se dispuso que la señora Colberg deberá remover todos sus animales y condenándola al pago de diez mil dólares por daños, es adecuada y razonable.

A. Surge de la prueba desfilada ante el Tribunal de Primera Instancia, que los esposos Flores-Jiménez residen en la ciudad de Nueva York y mantienen una propiedad en el Municipio de Cabo Rojo, la cual visitan entre cuatro y ocho veces al año. En general, se quejan de que no pueden disfrutar tranquilamente de su residencia, debido a los rui-dos que los animales de la señora Colberg emiten y a los malos olores que éstos producen.

En la vista celebrada, el señor Flores Berger testificó que escucha constantemente los ladridos de los perros y está expuesto a ello en su patio, por lo que no puede salir a pensar, escribir o conversar con sus amigos. También in-dicó que, a pesar de que la señora Colberg encierra los perros de noche, él los escucha ladrando. En cuanto a los malos olores, reconoció que el olor no se percibe todo el tiempo, pero que cuando sopla el viento es muy desagradable. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 201. Finalmente, el señor Flores Berger testificó que en-tran muchas moscas a su hogar. Aunque manifestó no es-tar seguro de dónde provienen, entiende que son producto de los malos olores de la casa de la señora Colberg. íd., pág. 203. Por su parte, la señora Jiménez Román testificó que los perros ladran durante muchas horas y que percibe el olor a excreta y a “perro mojado” en una esquina de su patio.

A los fines de sostener sus alegaciones, los esposos Flores-Jiménez también presentaron el testimonio del señor José Manuel Irizarry, amigo de éstos y quien visita la resi-dencia esporádicamente. Este testificó que, en una ocasión, los perros ladraron durante veinte minutos; que los ladri-dos son altos, aunque en la parte de atrás de la casa se oyen menos, y que cuando el viento sopla, se percibe el mal olor en el balcón.

En segundo lugar, los oficiales del Departamento de Sa-lud, los señores Medina Galindo y Alvarado Torres testifi-caron que, cuando visitaron la propiedad de la demandada recurrida, ella se encontraba limpiando el patio. Sin embargo, observaron montículos de excreta en algunas áreas e identificaron la presencia de moscas en el área de los recipientes de alimentos y donde la señora Colberg depo-sita los excrementos de los animales. Además, el inspector Alvarado Torres indicó que pudo percibir el mal olor.

En apoyo a su reclamo sobre los ruidos que emiten los animales, los demandantes peticionarios presentaron el testimonio del ingeniero Carlos Rosado, a quien contrata-ron para realizar un estudio de ruido. Su testimonio y su informe pericial reflejaron que, en los puntos de muestreo escogidos en la colindancia de las propiedades de las partes aquí en litigio, se registraron sonidos por encima de los permitidos por el Reglamento de la Junta de Calidad Am-biental para el Control de la Contaminación por Ruido, Reglamento Núm. 3418 de 25 de febrero de 1987. Según el perito, la fuente emisora de los sonidos fue la residencia de la señora Colberg. A raíz de ello, el ingeniero concluyó que los sonidos causan molestias e intranquilidad.

No empece a estas conclusiones, el ingeniero reconoció que el Reglamento de Ruidos de la Junta de Calidad Am-biental excluye los ruidos de animales. Sobre ello, el tribunal de instancia determinó que, aun cuando el reglamento no rige los niveles de ruido de los animales, se podía recu-rrir a este a modo comparativo, y a partir de ello, concluyó que el ruido en este caso afectaba la salud y la seguridad de los humanos.

Junto a la prueba detallada, el tribunal de instancia también contó con el testimonio del Sr. Carlos Ortiz, vecino de la señora Colberg, y cuya propiedad colinda por el lado norte con la de ésta. El señor Ortiz indicó que en muy pocas ocasiones siente el mal olor, aunque reconoció que se percibe mayormente cuando llueve. Indicó, además, que por lo general no siente el ladrido de los perros, mas reco-noció que en ocasiones ladran cuando pasan personas u animales por el lugar. Otra vecina del lugar, la Sra. Giselle López Robles, testificó a favor de la parte demandada, pero admitió que los perros ladran a veces.

Por su parte, la señora Colberg testificó que ha inver-tido más de veintiséis mil dólares para complacer a los demandantes, que cambió las ventanas y las puertas de la casa, e indicó que en una época mantenía los perros ence-rrados de siete de la noche a siete de la mañana. Como alternativa solicitó que se le permita construir un muro que elimine los sonidos. Finalmente, la señora Colberg pre-sentó los testimonios de sus hijos, el Ledo. Gualberto del Toro y el Dr. Rodolfo del Toro. Ambos testificaron que la señora Colberg mantiene la casa muy limpia.

Por otro lado, es menester resaltar que el lugar donde se encuentra la residencia de la señora Colberg está clasifi-cado como un “Distrito Turístico Selectivo” y en este dis-trito se permite la crianza de animales. Sec. 60.00 del Re-glamento de Zonificación de Puerto Rico, Reglamento Núm. 4 de Planificación. Además, la prueba vertida en el juicio, incluyendo las fotografías del lugar que obran en autos, demuestran que al momento del juicio existían unas cuantas residencias, algunos solares vacíos y se estaban construyendo unos apartamentos. Finalmente, en el lugar se pueden encontrar animales como caballos y vacas. Así, es menester tomar en cuenta que la prueba que obra en autos demuestra que nos encontramos ante un área semi-rural en la que predomina el uso residencial.

Tomando en consideración toda lá prueba detallada, el Tribunal de Primera Instancia determinó que la señora Colberg mantiene un estorbo público que se debe remover en su totalidad. En especial concluyó que los demandantes no pueden salir a su patio ni al balcón, porque: (1) los pe-rros comienzan a ladrar y se percibe un mal olor; (2) la cantidad de perros trasciende lo razonable; (3) los niveles de ruido durante los ladridos son en exceso del límite acep-table al oído humano; (4) cuando sopla el viento el olor es insoportable, y (5) la gran cantidad de perros no permite un buen control de la limpieza.

Coincidimos con la conclusión del Tribunal de Primera Instancia, a los efectos de que los animales de la señora Colberg —los cincuenta y ocho perros, y los treinta gatos— causan ruidos y malos olores que afectan a los peticiona-rios en el disfrute de su hogar, y que representan un es-torbo público. Tal y como concluyó el Tribunal de Primera Instancia, los demandantes peticionarios lograron estable-cer la existencia de una perturbación a la salud y al bien-estar público, que a su vez les afecta de forma particular, puesto que los ruidos de los perros les molestan de noche y los malos olores perturban el cabal disfrute de su propiedad. Además, la presencia de excrementos y de reci-pientes con alimentos y deshechos de los animales, confi-gura una situación lesiva a la higiene. Ello, en contraven-ción al Reglamento de Salud Ambiental, el cual dispone en su Art. IV, Secs. 1 y 10, que el dueño de una casa deberá mantener los patios y sus alrededores en estricta limpieza, libres de deshechos de animales y que los lugares donde se encuentren animales domésticos deberán mantenerse limpios.

No obstante, entendemos que la determinación de orde-nar la remoción de todos los animales es excesiva y drás-tica, pues el tribunal no examinó la magnitud de la pertur-bación, no consideró alternativas para aminorarla y tampoco le confirió la debida importancia que tienen las gestiones que la señora Colberg ha realizado para evitar las molestias que sus animales puedan causar. Veamos.

En primer término, aun cuando la prueba testifical y pericial que se desfiló en el juicio demuestra que los cin-cuenta y ocho perros ladran de noche y de día, y que los ladridos se pueden percibir en la residencia de los deman-dantes peticionarios, es menester conferirle importancia al hecho de que algunos vecinos testificaron que a éstos no les molestan en sus hogares. Véase, por ejemplo, testimonio del Sr. Carlos Ortiz, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 225-226.

De otra parte, no podemos minimizar el hecho que, a pesar de que en el lugar se puede percibir un mal olor a perro y que se observan moscas, la prueba también esta-bleció que la señora Colberg mantiene su hogar limpio, re-coge constantemente los excrementos de los perros y el olor se percibe particularmente cuando llueve. Por lo tanto, aun cuando podemos concluir que los demandantes peticiona-rios perciben malos olores en ciertas partes de su casa, dependiendo del día y de cómo sopla el viento, no podemos estar de acuerdo con la conclusión del tribunal de instancia de que el olor es de tal magnitud que justifique remover a todos los animales.

Finalmente, no existe prueba en el expediente que indi-que que los demandantes peticionarios han sufrido enfer-medades por causa de los animales ni que éstos amenacen la seguridad de los peticionarios o del vecindario. Obra en autos prueba de que los perros están esterilizados y que para julio de 2005 estaban vacunados. Apéndice de la Pe-tición de certiorari, pág. 73. Además, no se controvirtió el hecho de que la señora Colberg mantiene los animales en la primera planta de su propiedad y en el patio, por lo que permanecen encerrados.

A la luz de lo anterior, y luego de sopesar el interés de los esposos Flores-Jiménez de disfrutar de su propiedad sin ruidos ni malos olores, frente al interés de la señora Colberg de mantener a sus mascotas en su residencia, no procede ordenar la remoción de todos los animales. Al igual que determinó el foro primario, es indudable que las con-diciones actuales en las que la señora Colberg mantiene cincuenta y ocho perros y treinta gatos, son irrazonables. Sin embargo, debemos proveer un remedio que le permita mantener un número razonable de animales que no inter-fiera indebidamente con el derecho de los esposos Flores-Jiménez al cómodo disfrute de su propiedad. Ello, sobre todo, ante el hecho de que algunos vecinos cercanos de la señora Colberg no objetan la presencia de los perros.

Al determinar que procede conceder un remedio menos drástico al decretado por el Tribunal de Primera Instancia, también tomamos en consideración que la señora Colberg ha remodelado su casa para encerrar a los animales y evi-tar los ruidos. Además, ella testificó que está dispuesta a construir un muro que minimice los sonidos y presentó el testimonio de su hermano, el ingeniero Gustavo Colberg, quien habló sobre la posibilidad de construir un muro de diez pies a prueba de sonido. Consideramos, entonces, que el Tribunal de Primera Instancia debió evaluar esta op-ción, antes de escoger el remedio drástico que aplicó. De igual modo, debió explorar tanto la posibilidad de limitar la cantidad de perros y gatos que la señora Colberg pueda tener en el lugar a la luz de sus características, como la alternativa de limitar el horario en el que los perros pue-den estar en el patio, tomando en cuenta los días o las épocas del año cuando los demandantes peticionarios visi-tan su propiedad.

En vista de que las alternativas expuestas podrían eli-minar o minimizar sustancialmente los ruidos de los pe-rros y los malos olores, el Tribunal de Primera Instancia debe estructurar un remedio que garantice los derechos de todas las partes involucradas y que elimine o minimice sustancialmente el estorbo.

Procedemos, entonces, a pasar juicio sobre la partida de los daños que el tribunal de instancia concedió a los de-mandantes peticionarios y sobre la imposición de honora-rios de abogados.

B. Según establecimos, la causa de acción para abatir un estorbo público le permite al tribunal eliminar o aminorar la perturbación y confiere, además, la potestad de conceder una partida en concepto de los daños sufridos. Sobre el tipo de daño compensable en estos casos, hemos aclarado que el daño debe ser verdadero y perceptible a los sentidos, puesto que no existe un remedio cuando se trate de una inconveniencia ligera o una pequeña incomodidad. Casiano Sales v. Lozada Torres, supra, pág. 498. Véase, además, Arcelay v. Sánchez, supra, págs. 832-833. La magnitud del daño, entonces, incide en el monto que se deba otorgar como compensación monetaria. Casiano Sales v. Lozada Torres, supra.

De otra parte, en diversas ocasiones hemos reiterado que los tribunales apelativos no deben intervenir con la estimación de los daños que los tribunales de instan-cia realicen, salvo cuando la cuantía concedida advenga ridiculamente baja o exageradamente alta. Nieves Cruz v. U.P.R., 151 D.P.R. 150, 170 (2000). Esta norma, a su vez, está predicada en el hecho de que la valorización de los daños está sujeta a un cierto grado de especulación y conlleva “elementos subjetivos tales como la discreción y el sentido de justicia y conciencia humana del juzgador de los hechos”. S.L.G. Rodríguez v. Nationwide, 156 D.P.R. 614, 622 (2002).

Conforme a esta normativa, al modificar una cuantía, es menester tomar en cuenta la discreción de los tribunales de instancia al aquilatar la prueba presentada en torno a los daños. No obstante, la cautela qúe debe permear la re-visión de una cuantía por daños, ello no nos impide inter-venir con la discreción del foro primario en instancias de pasión, prejuicio, error manifiesto o parcialidad. S.L.G. Rodríguez v. Nationwide, supra. Es decir, en supuestos del abuso de discreción.

En el caso bajo análisis quedó establecido que la tenen-cia de cincuenta y ocho perros y treinta gatos constituye un estorbo público que afecta particularmente a los deman-dantes peticionarios. Según la prueba que obra en autos, los ladridos de los perros impiden a los esposos Flores-Jiménez disfrutar del patio y del balcón de su casa e inter-fieren con sus horas de descanso. Asimismo, los malos olo-res ocasionados por los animales perturban el disfrute de su propiedad. Estamos, por lo tanto, ante un reclamo por daños morales, derivados de un menoscabo al disfrute de su propiedad.

A la luz de la prueba presentada sobre los daños sufri-dos, entendemos que el tribunal abusó de su discreción al conceder una partida por daños a todas luces en excesiva extremo. No hay duda de que los esposos Flores-Jiménez han sufrido daños a raíz del hecho de que la señora Col-berg mantiene una cantidad irrazonable de perros y gatos en su hogar. Sin embargo, la cantidad de cinco mil dólares otorgada a cada demandante no guarda armonía con los hechos del caso. Adviértase que los daños probados por los demandantes peticionarios se contraen a la pérdida del disfrute de su propiedad por ruidos y malos olores, la cual visitan pocas veces al año. Procede entonces reducir la in-demnización a quinientos dólares por cada demandante.

Para culminar, entendemos que la señora Colberg no actuó con temeridad en el trámite del pleito, por lo que no procedía la imposición de dos mil quinientos dólares en concepto de honorarios de abogado.

Por mandato de la Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, el tribunal goza de la facultad de imponer honorarios de abogados a la parte que haya procedido con temeridad o frivolidad. Sobre las bases de esta disposición estatutaria hemos indicado que un litigante actúa con temeridad cuando con “terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte, innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajo e inconvenientes de un pleito”. Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 D.P.R. 695, 702 (1999). Véase, además, Domínguez v. G.A. Life, 157 D.P.R. 690, 706 (2002). Además, la determinación de temeridad es de índole discrecional, por lo que sólo debemos intervenir con ella cuando nos enfrentemos a un caso de abuso de discreción. Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. P.R., 173 D.P.R. 170 (2008); P.R. Oil v. Dayco, 164 D.P.R. 486 (2005).

Los hechos del caso demuestran que la señora Colberg ejerció su derecho a presentar prueba sobre la inexistencia del estorbo y sobre las medidas que ha tomado para evitar las perturbaciones de las cuales se quejan los peticionarios. Además, presentó alternativas para resolver la situación. Por lo tanto, no encontramos que las defensas presentadas por la demandada fueran infundadas o injustificadas, o que la señora Colberg se defendiera de forma obstinada. Tampoco encontramos indicios de que ella desplegara una conducta temeraria que obligara a los demandantes a per-seguir un pleito innecesario. Procede entonces, eliminar la partida de los honorarios de abogados.

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la sen-tencia del Tribunal de Apelaciones que ordenó a las partes agotar los remedios administrativos y modificamos, a su vez, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia en la medida que ordenó la remoción de todos los animales que la parte demandada recurrida mantiene en su propiedad. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que evalúe qué cantidad de animales es razonable mante-ner en el lugar donde vive la señora Colberg, examine la alternativa de construir un muro a prueba de sonido para remover el estorbo causado por los ladridos de los perros y explore la posibilidad de imponer medidas tendentes a ga-rantizar que la señora Colberg mantenga su hogar en con-diciones limpias y encierre a sus perros durante ciertas horas de la noche y de la mañana. Finalmente, se modifica la cuantía de daños a $500 por cada demandante y se elimina la partida de honorarios de abogado.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió una opi-nión disidente, a la cual se le unió el Juez Presidente Señor Hernández Denton.

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Rebollo López,

a la cual se une el Juez Presidente Señor Hernández Denton.

Estamos de acuerdo, y suscribimos la determinación central a la que se llega en la opinión mayoritaria, pág. 862, a los efectos de que “los animales de la [demandada recurrida], señora Colberg —los cincuenta y ocho perros y treinta gatos— causan ruidos y malos olores que afectan a los peticionarios en el disfrute de su hogar, y que represen-tan un estorbo público”. (Enfasis suplido.)

Realmente, no puede ser de otra manera. Resulta, cuando menos, extremadamente difícil imaginar que una cantidad tan excesiva de animales en un vecindario de nuestro país no se convierta en un estorbo público, afec-tando seriamente la tranquilidad y la salud de los vecinos. Ello, sencillamente, no se puede permitir.

Aquí reo se trata del afecto que una persona en particular pueda sentir por los animales y de la necesidad que pueda tener de su compañía, lo cual no sólo es loable, sino que debe ser fomentando en muchas ocasiones. Eso no se cuestiona. Esta situación, sin embargo, trasciende los lin-deros de la razonabilidad.

I

Disentimos por razón de que entendemos que la parte dispositiva de la opinión y sentencia, emitidas por la ma-yoría de los integrantes del Tribunal, no sólo es errónea sino que es inmanejable, creándose úna situación que nunca tendrá fin. Veamos.

Nos dice la Mayoría, en primer término, que la tenencia de cincuenta y ocho perros y treinta gatos, por parte de la señora Colberg, es “irrazonable”, por lo que concluye que dicha situación no puede subsistir. A renglón seguido, sin embargo, nos dice que “no procede ordenar la remoción de todos los animales”. Por último, nos informa la Mayoría que debe proveerse un remedio que le permita a la señora Colberg mantener un “número razonable de animales” que no constituya un estorbo público.

Ahí el problema. Nos preguntamos —lo que tendrá que, igualmente, cuestionarse el juez de instancia— cuál es ese “número razonable” de animales de que habla de Mayoría: ¿cincuenta perros y veinticinco gatos?;, ¿cuarenta y cinco perros y veinte gatos?; ¿cuarenta perros y diecisiete gatos?; ¿treinta y cinco perros y quince gatos?; ¿treinta perros y doce gatos?; ¿veinticinco perros y diez gatos?; ¿veinte pe-rros y siete gatos?; ¿quince perros y cinco gatos?, etc.

Pero, hay más. Procede que nos preguntemos: ¿ cómo se va a llegar a esa determinación? Asumimos que la Mayoría entiende que deberá fijarse, e irse reduciendo poco a poco, el número de perros y gatos. Además, tendrá que fijarse un periodo de tiempo durante el cual ese número de perros y gatos, en específico, permanecerán viviendo en la casa de la señora Colberg, con el propósito de que, luego, el tribunal de instancia celebre una vista, en la cual escuche, nue-vamente, el testimonio de los vecinos y los peritos, para tratar de determinar, nuevamente, si la situación, con ese número particular de perros y gatos, continúa siendo un estorbo público o, por el contrario, ya no lo es. Y así suce-sivamente, nos imaginamos, que se seguirán celebrando vistas ad infinitum con las distintas cantidades de perros y gatos.

Dicho de otra forma, este.es uno de esos casos que ten-drán “vida eterna” ante nuestros tribunales y en el cual las partes tendrán que gastar grandes sumas de dinero en ho-norarios de abogado, tratando de determinar cuál es el “nú-mero de razonable” de perros y gatos, según ordene el Tribunal.

¿Hay que expresar algo más? Nos parece que la conclu-sión, a los efectos de que el curso dispositivo del caso es erróneo e inmanejable, “se cae de la mata por sí sola”?

Es por ello que disentimos.

       A dicha misiva, la Leda. Evelyn Benvenutti Toro, representante legal de la señora Colberg, respondió que esta última no operaba un albergue de animales, que mantenía su residencia limpia y libre de malos olores, y que los perros no emitían ruidos excesivos entre las 6:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana.

       Como medida adicional, ordenamos a los demandados elevar la chimenea de su fábrica para evitar la circulación de sustancias nocivas en la propiedad de los demandantes.

       En su informe, el perito ingeniero comparó los niveles de ruido registrados en la colindancia entre las propiedades de las partes en litigio con los límites de niveles de sonido recogidos en el Reglamento para el Control de la Contaminación por Rui-dos de la Junta de Calidad Ambiental, Reglamento Núm. 3418 de 25 de febrero de 1987. Sin embargo, los niveles máximos de sonido, contenidos en el Reglamento, excluyen los sonidos causados por los animales. No empece a ello, entendemos que los hallazgos del perito y su testimonio establecieron que los perros ladran de noche y de día, y que nos permiten concluir, a la luz de toda la prueba desfilada, que sus ladridos se escuchan en la propiedad de los esposos Flores-Jiménez.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Rivera Pérez

license: Public Domain

text:
    Ivette García Reyes, peticionaria, v. Cruz Auto Corp. y Scotiabank de Puerto Rico, recurridos.

      Número: CC-2006-515

      Resuelto: 21 de mayo de 2008

      Carlos J. Vargas Ferrer, abogado de la parte peticionaria; Eli Galarza Rivera, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rivera Pérez

emitió la opinión del Tribunal.

Por medio de este recurso se nos solicita la revisión de una sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones. En ésta se revocó un dictamen del Departamento de Asuntos del Consumidor (D.A.Co.) que decretó la resolución del con-trato de compraventa de un vehículo de motor, al determi-nar la existencia de dolo en el consentimiento.

1 — I I — I

El 28 de septiembre de 2002, la aquí peticionaria, Sra. Ivette García Reyes (señora García Reyes o compradora), adquirió mediante una compraventa con Cruz Auto Corporation (Cruz Auto o vendedora) un vehículo de motor nuevo, marca Mitsubishi, modelo Nativa del 2001.

El precio de venta fue de $22,000, el cual se materializó mediante la firma del documento titulado “Descripción de Venta” y del “Contrato de venta al por menor a plazos y pagaré”.

En cuanto al pago del pronto y el balance financiado, existen versiones encontradas. Es la contención de la se-ñora García Reyes que al momento de la compraventa dio un pronto de $4,000 en efectivo y que financió los restantes $18,000 a través del Banco Scotiabank de Puerto Rico (Scotiabank). Según la versión ofrecida por la compra-dora, cuando ésta solicitó el recibo de pago correspon-diente, Cruz Auto le indicó que no era necesario, pues dicha información constaba en el “Contrato de venta al por menor a plazos y pagaré”. Además, realizó un pago en efectivo de $200 en concepto de la tablilla del vehículo, del cual Cruz Auto expidió un recibo.

Por otro lado, sürge del expediente que el Sr. Iván Ca-siano, vendedor de Cruz Auto, informó a la señora García Reyes antes de la venta que al vehículo se le había reem-plazado el guardalodos y eil parachoques (bumper) delantero. Se le explicó, además, que el frente del vehículo se había pintado, porque estaba rayado. Esta información consta por escrito en el documento de la “Descripción de venta”, el cual contiene tanto la firma de la señora García Reyes como la del vendedor de Cruz Auto, Sr. Iván Casiano.

Una vez la compradora tomó posesión del vehículo, éste comenzó a confrontar problemas mecáñicos. El primer día, mientras la señora García Reyes conducía su vehículo se le apagó y un técnico de Cruz Auto tuvo que recogerlo.

Más adelante, la señora García Reyes notó que, mien-tras conducía el vehículo, éste vibraba y se desviaba hacia el lado izquierdo. De esta manera, descubrió la existencia de un descuadre en la parrilla, el foco izquierdo y el para-choques (bumper) delantero de la unidad. Además, surgie-ron problemas con los frenos y la necesidad de alineamiento.

Para atender esa sitúación se comunicó telefónicamente con Cruz Auto, en donde le indicaron que llevara el vehículo al taller de servicios de Cruz Auto ubicado en Humacao. Luego de reiteradas gestiones para que acepta-ran el vehículo, pues el taller alegaba estar llenó, el 16 de enero de 2003 se aceptó el vehículo y se inició la reparación.

El 27 de enero de 2003, la compradora se personó a las instalaciones de Cruz Auto en Humacao para obtener in-formación sobre su vehículo o recogerlo. Mientras esperaba en el taller, alguien le comentó que el vehículo había sido chocado. Posteriormente, se le entregó una nota que conte-nía el mensaje siguiente:

Ivette García:
Nativa blanca no está lista, el trabajo es más fuerte de lo esperado, hay que centralizar el compacto.
Lista viernes, Gracias.

Ante esta situación, la señora García se molestó y exigió una conversación con personal gerencial de Cruz Auto. En dicha reunión reclamó la cancelación del negocio efectuado y el cambio de la unidad. Además, expresó que nunca le informaron que el vehículo tenía problemas con el compacto. El Sr. Iván Casiano atendió sus reclamaciones y le indicó que no tenía problema alguno en cambiarle la unidad por otra del mismo modelo. No obstante, le hizo saber que en ese caso tenía que pagar el pronto real de $4,000, que se le había rebajado como crédito en la unidad adquirida.

Insatisfecha, la señora García Reyes, envió una misiva a Scotiabank, institución bancaria que financió el vehículo, para informarle sobre los problemas que estaba confron-tando con la unidad y las gestiones habidas con Cruz Auto. Indicó, además, que el vehículo adolecía de vicios ocultos y que ello no se le había notificado al momento de la venta, razón por la cual interesaba cancelar el contrato y la devo-lución de las prestaciones.

Así las cosas, el 5 de febrero de 2004, la señora García Reyes presentó ante D.A.Co., Oficina Regional de Caguas, una querella contra Cruz Auto, Mitsubishi Motor Sales of Caribbean y Scotiabank. En ésta alegó que al momento de la compraventa no se le notificaron todos los daños que adolecía el vehículo, específicamente el hecho de que éste había recibido un fuerte impacto en la parte delantera cuando se bajaba de la grúa, en las instalaciones de Mitsubishi Motor Sales. Sostuvo que, de haber conocido este dato, no hubiese comprado el vehículo. Por tal motivo, so-licitó la cancelación del contrato y la devolución de su dinero.

El 5 de marzo de 2003, la compradora enmendó la que-rella para incluir en su reclamación que algunas piezas de su automóvil, el bonete y el guardalodos, no fueron regis-tradas en el Departamento de Transportación y Obras Pú-blicas (DTOP).

Cruz Auto contestó la querella, negando todas las alega-ciones de la compradora y aclaró que, al momento de la compraventa, ésta ofreció únicamente la cantidad de $200 para cubrir el costo de la tablilla. Explicó, además, que todas las reparaciones efectuadas al vehículo fueron infor-madas antes de la venta a la señora García Reyes y que, por esta razón, se le otorgó un crédito de $3,900 al precio total del vehículo.

Durante el proceso administrativo se realizaron tres inspecciones técnicas al vehículo: el 26 de febrero de 2003, el 2 de abril de 2003 y el 5 de marzo de 2004. La primera inspección fue realizada por el Sr. Luis E. Solá Giralt, téc-nico automotriz enviado por la Oficina Regional de Caguas. Su informe reflejó que el bonete, el guardalodos y el para-choques (bumper) de la unidad habían sido reemplazados. Además, indicó que el bonete estaba descuadrado y que le faltaban los sujetadores del guardafangos. El inspector hizo constar en la hoja de observaciones que las piezas re-emplazadas al vehículo fueron las originales.

El 2 de abril de 2003 se llevó a cabo la segunda inspec-ción realizada por el Sr. Luis H. Abrahante, técnico de DA.Co. En su informe expresó que el cubrefaltas del lado izquierdo se apreciaba nuevo, a diferencia del bonete, el cual aparentaba haber sido reemplazado. Señaló que las reparaciones realizadas al vehículo fueron superficiales, debido a que la magnitud del daño no precisaba mayores intervenciones. La tercera inspección estuvo a cargo del Sr. José Terrón, técnico de D.A.Co. En su informe confirmó las observaciones de las inspecciones anteriores e indicó que las piezas reemplazadas tenían el número de serie asig-nado por el DTOP.

La señora García Reyes objetó las tres evaluaciones rea-lizadas por los técnicos de D.A.Co. a su vehículo. Alegó, entre otras cosas, que las observaciones realizadas por el Sr. Carlos J. Rivera Arzuaga, perito contratado por la com-pradora, no coincidían con las observaciones realizadas por los técnicos de D.A.Co. Sostuvo que éstos no realizaron una prueba de carretera al vehículo, único modo que, a juicio del perito de la señora García Reyes, se podía apre-ciar el fuerte impacto que había recibido el compacto del vehículo. Cabe señalar que el perito de la señora García Reyes testificó que el examen del vehículo reflejó serios descuadres productos de un fuerte impacto.

El 30 de septiembre de 2003 Scotiabank anunció su re-presentante legal y el 16 de octubre de 2003, Mitsubishi Motor Sales of Caribbean, Inc. contestó su querella.

El 22 de octubre de 2003 la señora García Reyes solicitó el traslado de su caso de la Oficina Regional de Caguas de D.A.Co. a la división de San Juan, petición que fue concedida. En esa misma fecha Scotiabank presentó una moción de desestimación.

Posteriormente, la señora García Reyes solicitó a D.A.Co. que ordenara a Mitsubishi Motors someter toda la información que evidenciara el modo como Cruz Auto ha-bía adquirido el vehículo. A base de esta información se confirmó que Cruz Auto compró el vehículo por el precio de $14,500 a Mitsubishi Motors Sale of Caribbean.

El 2 de septiembre de 2004 se llevó a cabo la reunión entre abogados. En ésta, las partes acordaron relevar a Mitsubishi Motors de la reclamación. Por esta razón se or-denó el cierre y archivo de la querella en cuanto a éste último.

El 22 de noviembre de 2004, las. partes presentaron, de manera separada, su informe con antelación al juicio. La señora García Reyes alegó que: (1) al momento de la com-pra, Cruz Auto, de manera intencional, no le notificó que la unidad había sido adquirida mediante subasta pública de Mitsubishi Motor Sales ni que el vehículo había recibido un fuerte impacto en el frente; (2) no fue informada del reemplazo del bonete, y como consecuencia del golpe reci-bido, otras piezas habían sufrido daños considerables; (3) de habérsele informado debidamente estos daños, no hu-biese comprado la unidad. Por último, adujo en su querella la existencia de dolo grave.

Por su parte, Cruz Auto negó que el vehículo tuviera un defecto en el compacto y alegó que, según los documentos firmados por las partes al momento de la compraventa, surgía que la compradora aceptó una reducción al precio de venta, en consideración a las reparaciones efectuadas al vehículo.

El 30 de noviembre de 2004 se celebró la vista adminis-trativa, en la cual testificaron la señora García Reyes, el perito de la compradora, Sr. Carlos J. Rivera Arzuaga, el perito de Cruz Auto, Sr. Ramón González Gómez, el vende-dor de Cruz Auto, Sr. Iván Casiano Resto, el hojalatero a cargo de las reinstalaciones de la unidad y la reparación del vehículo, Sr. Héctor Rodríguez, y el Sr. Julio Cruz, em-pleado y representante de Mitsubishi en Cruz Auto.

Durante esta vista, el perito de la compradora declaró que según su experiencia, el vehículo había recibido un fuerte impacto por la parte delantera. El perito de Cruz Auto no estuvo de acuerdo en que el vehículo había sufrido un fuerte impacto, pero admitió que, en efecto, el vehículo fue impactado. Esto también fue confirmado por el testigo, Sr. Héctor Rodríguez, hojalatero que instaló el bonete nuevo y tapalodos.

El vendedor, Sr. Iván Casiano, testificó que no le in-formó a la vendedora que el vehículo había sido impactado, y que sólo le explicó que se había reemplazado el guarda-lodos y el parachoques (bumper) delantero por causa de unos rayazos. Alegó que ésta no cuestionó nada al respecto.

Con estos hechos, el 28 de enero de 2005, D.A.Co. emitió su resolución. En ella, concluyó que Cruz Auto incumplió con lo dispuesto en el Art. 22.1 del Reglamento de Garan-tías de Vehículos de Motor del Departamento de Asuntos del Consumidor, Reglamento Núm. 4797 del Departamento de Estado de 28 de septiembre de 1992 (Reglamento Núm. 4797), pág. 20. Dicho artículo impone a todo vendedor de un vehículo nuevo de motor la obligación de informar por escrito al comprador, previo a la venta, si ha sido objeto de alguna reparación cosmética significativa o mecánica estructural. Al ocultarle información a la señora García Reyes sobre el impacto recibido por la unidad, incurrió en dolo grave que daba lugar a la resolución del contrato entre las partes. Por tal razón, decretó la nulidad del contrato y ordenó a Cruz Auto y Scotiabank reembolsarle solidaria-mente a la señora García Reyes el pronto y las mensuali-dades pagadas, luego de lo cual la compradora tendría que devolver el vehículo a la vendedora.

El 15 de febrero de 2005, Cruz Auto y Scotiabank solici-taron oportunamente la reconsideración. En síntesis, ale-garon que no era procedente la resolución del contrato ni la restitución de los $4,000 alegadamente dados como pronto por la señora García Reyes. D.A.Co. declaró “no ha lugar” a la solicitud. Fundamentó su determinación en que el testi-monio de la señora García Reyes le mereció entera credibilidad.

Inconforme, Cruz Auto acudió mediante un recurso de revisión ante el foro intermedio apelativo. Adujo que la prueba desfilada ante el foro administrativo no fue sufi-ciente para decretar la resolución del contrato de compra-venta celebrado por las partes. Asimismo, expresó que D.A.Co. erró en la aplicación de la doctrina de saneamiento y resolución del contrato, al no aplicar la Ley Núm. 330 de 2 de septiembre de 2000, Ley Complementaria de Garantías de Vehículos de Motor, y al considerar como vicios ocultos unos daños que sufrió el vehículo dentro del taller de servicios. Scotiabank no recurrió ante el Tribunal de Apela-ciones ni se unió al recurso presentado por Cruz Auto.

El foro intermedio apelativo acogió el recurso y concluyó que del documento titulado “Descripción de venta”, presen-tado en evidencia ante D.A.Co., se podía constatar que los $3,900 que la señora García Reyes alegó haber ofrecido como pago del pronto fueron en realidad un descuento o crédito otorgado por Cruz Auto a la compradora.

Expresó que el documento de la “Descripción de venta” contenía la firma de la compradora y que en él aparecía la siguiente anotación del vendedor: “Cliente tiene conoci-miento que a la unidad se le reemplazó el guardalodo y bumpér delantero y luego se pintó al frente. 9/28/02.” Apén-dice de la Petición de certiorari, pág. 636.

Asimismo sostuvo que el “Contrato de ventas al por me-nor a plazos y pagaré” no podía considerarse una evidencia de un pago de pronto, según expresó D.A.Co. en su resolu-ción, ya que este documento no refleja necesariamente las negociaciones extrínsecas al documento entre el vendedor y el comprador.

En lo que respecta a 1'a resolución del contrato, el foro intermedio apelativo determinó que no procedía la resolu-ción del contrato, decisión emitida por D.A.Co., puesto que la compradora tenía conocimiento de los desperfectos de la unidad y los defectos presentes fueron corregidos. Dicho foro expresó en su sentencia que, conforme al Art. 21.3 del Reglamento Núm. 4797, supra, pág. 19, el vendedor o su representante tiene una oportunidad razonable de reparar los defectos presentes. Si no lo hace o no puede corregirlos, entonces procede la resolución del contrato de compra-venta o reducir proporcionalmente su precio de venta. Por estos fundamentos, el Tribunal de Apelaciones revocó la resolución emitida por D.A.Co.

De esta determinación, recurre ante nos la señora Gar-cía Reyes y plantea la comisión de los errores siguientes:

Erró el Tribunal de Apelaciones al determinar que la prueba desfilada ante el Departamento de Asuntos del Consumidor no era suficiente para decretar la resolución del contrato, y orde-nar la restitución de las prestaciones.
Erró el Tribunal de Apelaciones al sustituir el criterio del De-partamento de Asuntos del Consumidor aún cuando existe su-ficiente evidencia sustancial en el expediente administrativo para sostener las determinaciones de hechos y de derecho for-muladas en su resolución.
Erró el Tribunal de Apelaciones al intervenir con la determi-nación administrativa del Departamento de Asuntos del Con-sumidor y al no prestarle la debida deferencia. Petición de certiorari, pág. 14.

I — I HH I — i

En síntesis, la peticionaria plantea ante nosotros que el Tribunal de Apelaciones abusó de su discreción al interve-nir con las determinaciones de hecho del ibró administra-tivo especializado, sustituyendo arbitrariamente la apre-ciación de la prueba de dicho organismo por sus apreciaciones particulares. En vista de ello, examinaremos si la prueba desfilada ante D.A.Co. constituyó evidencia sustancial para decretar la resolución del contrato de com-praventa efectuado entre la García Reyes y Cruz Auto. Veamos.

A. El Art. 1213 de nuestro Código Civil, dispone que:

No hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguien-tes:
1. Consentimiento de los contratantes.
2. Objeto cierto que sea materia del contrato.
3. Causa de la obligación que se establezca.

Sabido es que en nuestro ordenamiento jurídico el consentimiento de las partes es uno de los elementos esenciales que debe concurrir para la existencia de todo contrato. El contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse respecto de otra u otras a dar alguna cosa o a prestar algún servicio. Ahora bien, dicho consentimiento supone la concurrencia de ciertos presupuestos necesarios para su validez y eficacia, entre ellos, la declaración de la voluntad libre de vicios.

Según el Art. 1217 del Código Civil, el consentimiento será nulo si éste fuese prestado por error, violencia, intimidación o dolo. Existe dolo cuando —con palabras o maquinaciones insidiosas por parte de uno de los contratantes— se induce a la otra parte a firmar un contrato que, sin ellas, no lo hubiera hecho. Además, constituye dolo callar sobre una circunstancia importante relacionada con el objeto del contrato. Sin embargo, no todo tipo de dolo produce la nulidad de un contrato. A tales efectos, el Art. 1222 del Código Civil, supra, dispone que “\p\ara que el dolo produzca la nulidad de los contratos, deberá ser grave y no haber sido empleado por las dos partes contratantes”. (Enfasis suplido.) Así, se afecta el con- sentimiento que inspira y persuade al contratante. Este dolo grave se ha denominado dolo causante.

Existe otra especie de dolo, denominado por el Art. 1222 del Código Civil, supra, como dolo incidental, cuya existencia no produce la nulidad del contrato. Este tipo de dolo no tiene una influencia decisiva en la esencia de la obligación, sino que facilita la celebración del contrato. En el dolo incidental, contrario al dolo causante, existe la voluntad de contratar del perjudicado, pero hay engaño en el modo como se celebra el contrato. Sin éste, el contrato de todas formas se hubiera celebrado pero no según las mismas condiciones. Cualquier engaño con respecto a esas condiciones no arranca por sí sólo el consentimiento en la totalidad de la obligación, sino en algún extremo o particularidad de ella. El dolo incidental sólo obliga a indemnizar en daños y perjuicios al que lo empleó.

En ocasiones pasadas hemos expresado que en la determinación de si existe dolo que anula el consentimiento se debe considerar, entre otras cosas, la preparación académica del perjudicado así como su condición social y económica, y las relaciones y el tipo de negocios en que se ocupa. Puede ser que en un caso, el dolo no surja de un simple hecho, sino del conjunto y la evolución de las circunstancias y los manejos engañosos.

Finalmente, el dolo, al igual que el fraude, no se presume, pero eso no significa necesariamente que tenga que probarse directamente. Puede establecerse mediante infe-rencia o por evidencia circunstancial

Una vez decretada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos y el precio con sus intereses.

B. En virtud de la Ley de Garantías de vehículos de Motor, D.A.Co. aprobó el Reglamento Núm. 4797. El. objetivo de este reglamento es proteger adecuadamente a los consumidores en Puerto Rico en la adquisición de vehículos de motor, asegurarles que estos vehículos sirvan al propósito para el cual fueron adquiridos y que reúnan las condiciones necesarias para garantizar al comprador la protección de la vida y propiedad. Por ende, éste se debe interpretar liberalmente a favor del consumidor.

Este reglamento aplica a toda persona natural o jurí-dica que sé dedique por sí misma, o por mediación de su representante o agente, o como agente o representante del fabricante, o como intermediario de otra persona, a la venta de vehículos de motor nuevos o usados en Puerto Rico.

El Reglamento Núm. 4797, supra, dispone en su Art. 22.1, pág. 20, lo siguiente:

Todo vendedor de un vehículo de motor nuevo notificará al comprador por escrito, si previo a la venta de dicho vehículo, éste ha sido objeto de alguna reparación cosmética sustantiva o mecánica estructural. (Enfasis suplido.)

También, el Art. 34 del Reglamento Núm. 4797, supra, pág. 31, advierte que:

Nada de lo dispuesto en este Reglamento limitará en forma alguna el derecho del consumidor a ejercer cualquier acción que le reconozcan las leyes generales o especiales del E.L.A., así como las acciones de saneamiento por evicción, saneamiento por vicios ocultos y la acción redhibitoria que reconoce el Có-digo Civil de Puerto Rico. (Enfasis suplido.)

Se desprende, por lo tanto, que las determinaciones de D.A.Co. relacionadas a estos asuntos deben ser cónsonas con los artículos del Código Civil sobre las acciones de sa-neamiento en la compraventa.

En lo qué respecta a la acción de saneamiento por vicios ocultos, entre las obligaciones que le impone nuestro Código Civil a un vendedor, se encuentra su responsabilidad ante los vicios o defectos ocultos que tuviere la cosa vendida. Esta obligación se denomina saneamiento por vicios o defectos ocultos. Estos vicios pueden ser de índole jurídica, en cuyo caso consistirían en una limitación al derecho transmitido, o pueden ser de hecho, como cuando se trata de defectos intrínsecos de la cósa vendida. A los vicios ocultos se les denomina redhibitorios, ya que pueden deshacer la venta.

En torno a la acción redhibitoria por vicios ocultos en la cosa vendida, el Art. 1373 del Código Civil, dispone lo siguiente:

El vendedor estará obligado al saneamiento por los defectos ocultos que tuviere la cosa vendida, si la hacen impropia para el uso a que se la destina o si disminuyen de tal modo este uso que, de haberlos conocido el comprador, no la habría adquirido o habría dado menos precio por ella', pero no será responsable de los defectos manifiestos o que estuvieren a la vista, ni tam-poco de los que no lo estén, si el comprador es un perito que, por razón de su oficio o profesión debía fácilmente reconocerlos. (Énfasis suplido.)

El Art. 1374 del Código Civil dispone lo siguiente:

El vendedor responde al comprador del saneamiento por los vicios o defectos ocultos en la cosa vendida aunque los ignorase.
Esta disposición no regirá cuando se haya estipulado lo con-trario, y el vendedor ignorara los vicios o defectos ocultos de lo vendido.

Siendo el propósito o la causa de la venta para el com-prador adquirir la cosa, el servirse de ella, dicho propósito dejaría de realizarse si una vez entregada la cosa, se ve privado de ésta o imposibilitado de aplicarla a los usos que le son propios.

Por lo tanto, conforme a las disposiciones de nuestro Código Civil, el comprador podrá optar entre desistir del contrato, abonándosele los gastos que pagó (“acción redhibitoria”) o podrá rebajar una cantidad proporcional del precio (“acción quanta minoris”). Además, si el vendedor conocía los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida y no los manifestó al comprador, se le indemnizará de los daños y perjuicios si opta por la rescisión.

Para que proceda una acción de saneamiento por vicios ocultos han de coincidir los requisitos siguientes: (1) no deben ser conocidos por el adquirente; (2) el defecto debe ser grave o suficientemente importante para hacer la cosa impropia para el uso a que se le destina o que disminuya de tal modo este uso que, de haberlo conocido el comprador, no la habría comprado o habría dado menos precio por ella; (3) que sea preexistente a la venta, y (4) que se ejercite la acción en el plazo legal, que es el de seis meses contados desde la entrega de la cosa vendida.

Cónsono con lo anterior, en Ford Motor Co. v. Benet, 106 D.P.R. 232, 238 (1977), sostuvimos lo siguiente:

Para llevar a cabo la acción redhibitoria por vicios ocultos en autos defectuosos, la jurisprudencia ha establecido que sola-mente compete al comprador probar que el automóvil que compró no funcionaba en forma normal y que el vendedor tuvo oportunidad de corregir los defectos y no pudo o no los corrigió.

Para establecer qué son vicios redhibitorios, he-mos adoptado el criterio de “aquellos defectos que exceden de las imperfecciones menores que cabe esperar normalmente en un producto determinado, no siendo necesario que dichos defectos imposibiliten el uso de la cosa vendida, siempre que mermen notablemente su valor”.

Sobre este particular, reiteramos el criterio generalmente aceptado por la doctrina de que, la apreciación de la importancia del defecto, para resolver la procedencia de la acción redhibitoria, es esencialmente una cuestión de hecho, justificándose, por lo tanto, nuestra intervención con la discreción del juzgador sólo en aquellos casos que acusen una ausencia de prueba adecuada o la comisión de error manifiesto en su apreciación.

C. La revisión judicial de las decisiones administrativas tiene como fin primordial limitar la discreción de las agencias y asegurarse de que éstas desempeñen sus funciones conforme a la ley. Debido a que las decisiones administrativas tienen a su favor la presunción de legali-dad y corrección, hemos sostenido reiteradamente que las conclusiones e interpretaciones de los organismos ad-ministrativos especializados merecen gran consideración y respeto. Por esta razón, debemos ser muy cautelosos al intervenir con estas determinaciones.

Al evaluar la decisión de una agencia, el tribunal debe determinar si ésta actuó de forma arbitraria, ilegal o irrazonable, constituyendo sus actuaciones un abuso de discreción. El criterio rector será la razonabilidad de la agencia recurrida. Así, pues, al realizar su función revisora, el tribunal está obligado a tener en cuenta la especialización y experiencia de la agencia sobre las cuestiones que tuviera ante sí. Esta labor revisoria exige distinguir entre cuestiones de interpretación estatutaria, en las que los tribunales son especialistas, y cuestiones propias para la discreción o pericia administrativa.

Cuando una agencia interpreta el estatuto que está lla-mado a poner en vigor, de forma tal que produce resultados contrarios al propósito de esa ley, dicha interpretación no prevalece.

La revisión de las determinaciones de hechos está limitada por lo establecido en la See. 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (L.P.A.U.), que dispone, en lo per-tinente, lo siguiente:

Sec. 2175. Alcance
El tribunal podrá conceder el remedio apropiado si deter-mina que el peticionario tiene derecho a un remedio.
Las determinaciones de hechos de las decisiones de las agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan en evi-dencia sustancial que obra en el.expediente administrativo. 3 L.P.R.A. see. 2175.

Siempre y cuando estén sustentadas por evidencia sus-tancial que obre en el expediente administrativo, serán sostenidas las determinaciones de hechos formuladas por la agencia. Esto es así, porque las decisiones de lás agencias administrativas tienen a su favor una presunción de legalidad y corrección, la cual debe ser respetada por los tribunales mientras la parte que la impugna no produzca suficiente evidencia como para derrotarla.

De ordinario, los tribunales no intervendrán en las de-terminaciones de hechos de las agencias si existe evidencia sustancial que las apoye. La norma de evidencia sustan-cial, aplicable a las determinaciones de hecho, persigue evitar la sustitución del criterio del tribunal revisor.

Para que un tribunal pueda decidir que la evidencia sustancial en el expediente administrativo no es sustancial, es necesario que la parte afectada demuestre que existe otra prueba en el expediente que razonable-mente reduzca o menoscabe el peso de tal evidencia.

En Chase Manhattan v. Emmanuelli Bauzá, 111 D.P.R. 708, 712-713 (1981), sostuvimos lo siguiente:

Cuando se trata, por último de organismos administrativos, como DACO., a los que se ha facultado para adjudicar quere-llas, la revisión judicial debe ser especialmente rigurosa para servir de contrapeso a la amplitud de la discreción administrativa.

No obstante, las conclusiones de derecho son revisables en todos sus aspectos. Esto no significa, sin embargo, que al ejercer su función revisora el tribunal pueda descartar libremente las conclusiones e interpretaciones de la agencia, sustituyendo el criterio de ésta por el propio. Al contrario, hemos reiterado constantemente antes y después de la vigencia de la L.P.A.U. que, de ordinario, los tribunales deben deferencia a las interpretaciones y conclusiones de los organismos administrativos. Si de la totalidad del expediente administrativo se sostienen las determinaciones adoptadas por el foro administrativo, los tribunales no deben sustituirlas por su propio criterio.

El proceso de revisión judicial comprende tres áreas: (1) la concesión del remedio, (2) la revisión de las determinaciones de hecho conforme al criterio de evidencia sustancial, y (3) la revisión de las conclusiones de derecho. El expediente administrativo constituirá la base exclusiva para la acción de la agencia en un procedimiento adjudicativo y para la revisión judicial ulterior.

Finalmente, sobre este tema, el foro judicial podrá sustituir el criterio de la agencia por el propio sólo en aquellas ocasiones cuando no encuentre una base racional que fundamente la actuación administrativa, No obstante, es axioma judicial que ante la prueba pericial y documental, el tribunal revisor se encuentra en igual posición que el foro recurrido y, por lo tanto, está facultado para apreciar la prueba apoyándose en su propio criterio.

IV

Teniendo en cuenta los principios reseñados, debemos resolver si erró el Tribunal de Apelaciones al revocar la determinación de D.A.Co. de ordenar la resolución del con-trato de compraventa. Conforme a la decisión emitida por D.A.Co., la prueba desfilada demostró que el consenti-miento de la compradora estuvo viciado por la actuación dolosa de Cruz Auto al ocultar que el vehículo había reci-bido un fuerte impacto por su parte delantera previo a la venta.

En su sentencia, el foro apelativo expresó que no proce-día la resolución del contrato, ya que la señora García Reyes tenía el conocimiento de los desperfectos y éstos fueron reparados. El fundamento de esta conclusión fue única-mente que la “Hoja de descripción de venta” contenía la anotación siguiente: “Cliente tiene conocimiento que la uni-dad se le reemplazó guardalodo y bumper delantero y luego se pintó el frente por unos rayasos [sic].” Diferimos.

D.A.Co. celebró una vista evidenciaria, en la cual las partes desfilaron prueba. En su resolución, formuló sus de-terminaciones de hechos y conclusiones de derecho las cuales fueron específicas y fundamentadas en la evidencia que surge del expediente.

Fue un hecho probado que Cruz Auto adquirió el vehí-culo a un precio menor, mediante compra a Mitsubishi Motors Sale. En ésta se venden aquellas unidades que, aun-que nuevas, han sufrido ciertos desperfectos. Por ende, es razonable concluir que Cruz Auto conocía que el frente del vehículo había recibido un fuerte impacto al caerse del car carrier. Debido a este accidente, Cruz Auto tuvo que reem-plazarle al vehículo el guardalodos, el parachoques delan-tero (bumper), el bonete y los bujes de la barra estabili-zadora.

Como bien expresó D.A.Co. en su resolución, el Art. 22.1 del Reglamento Núm. 4797, supra, impone a todo vendedor la obligación de notificar por escrito al comprador, previo a la venta, si ei vehículo ha sido objeto de alguna reparación cosmética significativa o mecánica estructural. Si un ven-dedor incumple con la disposición reglamentaria antes ci-tada, el consentimiento otorgado en un contrato de com-praventa sería nulo.

En sus conclusiones de derecho, D.A.Co. determinó que, conforme a dicha reglamentación, Cruz Auto estaba obli-gado a informar a la señora García Reyes que las repara-ciones efectuadas al vehículo se debían a que la unidad que deseaba adquirir había recibido un impacto en su parte delantera. De la “Hoja de descripción de venta” surge que tal circunstancia fue omitida. Además, el vendedor admitió en su declaración que no le informó a la compradora que el vehículo había sido impactado ni el cambio del bonete.

El lenguaje utilizado por Cruz Auto no fue claro ni es-pecifica por escrito que el vehículo fue impactado. Dicha anotación sólo alude a unos rayazos. El no ofrecerle la in-formación correcta a la señora García Reyes impidió que tuviese un conocimiento completo de todos los elementos relacionados con la unidad que adquiría. De este modo le privó de emitir un consentimiento informado. Tampoco Cruz Auto evidenció que informó verbalmente a la compra-dora de las circunstancias referidas.

La señora García Reyes demostró con su testimonio que actuó conforme a la creencia de que las reparaciones fue-ron por causa de unos rayazos y no producto de unos golpes significativos. D.A.Co. determinó correctamente que si al momento de la compraventa la señora García Reyes hu-biese tenido la información correcta con respecto al vehí-culo, no lo hubiese adquirido.

El accidente del vehículo era un elemento esencial que la peticionaria hubiese tomado en consideración al momento de contratar, de haberlo conocido. Ciertamente, la parte vendedora actuó de manera dolosa al ocultar esta informa-ción y vició el consentimiento de la compradora.

Por otro lado, una vez la señora García Reyes adquirió el vehículo, éste comenzó a presentar una serie de desperfectos. Conforme a las reparaciones mecánicas que obran en el expediente y las determinaciones de hechos formuladas por D.A.Co., el bonete y el parachoques esta-ban descuadrados, le faltaban los sujetadores del guarda-fangos, presentaba una vibración irregular y presentaba problemas dé alineamiento. Desde el primer momento, el vehículo se le apagó en ocasiones y presentó, además, pro-blemas en los frenos.

Finalmente, según consta por la nota que se le entregó en el taller, la reparación que el vehículo requería era mayor a la realizada, puesto que el compacto del vehículo estaba afectado como consecuencia del fuerte impacto recibido. La señora García Reyes nunca tuvo conocimiento de este daño.

En ocasiones anteriores hemos tenido oportunidad de expresarnos en torno a los vicios ocultos cuando el objeto de compraventa es un vehículo de motor. Sabemos que la reparación sustantiva o magnitud del defecto oculto es una cualidad relativa, ya que no se trata de que el defecto quede oculto en sentido literal, sino que lo sea para el com-prador atendiendo sus características individuales. Esto significa que no será responsable el vendedor por los vicios ocultos cuando el comprador sea un perito que debiera fá-cilmente conocer los defectos por razón de su ocupación u oficio.

Tras analizar los informes del personal especializado y la evidencia que consta en el expediente, quedó demos-trado que, verificada la entrega, Cruz Auto no cumplió con su deber de garantizar la plena posesión de la cosa vendida. El vehículo en cuestión tenía irnos vicios ocultos que hicieron el objeto de la venta impropio para su uso, de forma tal que de haberlos conocido la compradora no lo hubiese adquirido. Cruz Auto no llevó a cabo una repara-ción adecuada del vehículo previo a la venta. El daño reci-bido en su parte delantera y los problemas presentados en el compacto mermaron notablemente el valor de la unidad y fueron ocultados.

Como hemos expresado anteriormente, para la procedencia de una acción redhibitoria, la apreciación de la importancia de los defectos es una cuestión de hechos en la cual el foro administrativo, en este caso, está en mejor posición que el foro apelativo.

Al quedar evidenciada la existencia de vicios ocultos, a la señora García Beyes le asiste una acción redhibitoria al amparo del Código Civil y que, a su vez, está sostenida en el Art. 35 del Reglamento Núm. 4797, supra. La determi-nación de D.A.Co. al ordenar la resolución del contrato de compraventa fue dentro de sus prerrogativas adminis-trativas.

Por tal razón, entendemos que la credibilidad otorgada a los testigos merece nuestra deferencia y que el remedio concedido por la agencia fue adecuado. En adición, Cruz Auto no aportó evidencia ante el Tribunal de Apelaciones que derrotara la presunción de corrección que caracteriza la decisión del foro administrativo.

Erró el foro apelativo intermedio al intervenir con la determinación administrativa.

V

Por los fundamentos antes expuestos, procede la revoca-ción de la sentencia del Tribunal de Apelaciones y la reins-talación de la resolución de D.A.Co.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez concu-rrió sin opinión escrita. La Jueza Asociada Señora Fiol Matta no intervino.

       La señora García Reyes sostuvo que efectúo un pago de $4,000 dólares en efectivo. En el “Contrato de venta al por menor a plazos y pagaré” esa cantidad aparece en el espacio correspondiente a pronto en efectivo. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 633.
      .Por otra parte, Cruz Auto sostuvo que la señora García Reyes no pagó esa cantidad y que se le otorgó un crédito de $3,900, por las reparaciones efectuadas a la unidad. En la hoja de “Descripción de venta” la cantidad aparece en el espacio corres-pondiente a crédito otorgado. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 616.

       Testimonio vertido por la señora García Reyes durante la vista celebrada en el Departamento de Asuntos del Consumidor (D.A.Co.) el 30 de noviembre de 2004. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 633. Véase además, la Trascripción de 30 de noviembre de 2004, líneas 10-14.

       Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 616.

       No surge claramente del expediente el motivo por el cual el vehículo se apagó. La señora García Reyes declaró durante su testimonio que no recordaba la causa de este desperfecto. Sin embargo, el Sr. Iván Casiano, vendedor de Cruz Auto, declaró que creía recordar que se debió a problemas relacionados con la batería o el alternador. Ambos concurrieron en que el vehículo fue reparado en dos días.

       Surge de la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones que la señora García Reyes no recogió su vehículo del taller en el cual se estaba reparando hasta el 3 de febrero de 2005, luego de que el Departamento de Asuntos del Consumidor (D.A.Co.) emitiera su resolución en el caso.
      Esto a pesar de que el Sr. Félix D. Ríos, gerente del lote de Humacao, le remi-tiera dos cartas certificando que la unidad estaba reparada y en perfectas condiciones. Transcripción de 30 de noviembre de 2004, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 84-86.

       El compacto es una pieza ubicada al frente del vehículo la cual está cubierta por el tapalodo y el parachoques {bumper). Según la versión ofrecida por el perito de la compradora, para que se afecte el compacto, el golpe ha de ser de gran magnitud.

       Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 628.

       Testimonio vertido por el Sr. Iván Casiano durante el contrainterrogatorio realizado en la vista administrativa:
      “P. ¿Y ella le preguntó por qué le reemplazaron esas piezas?
      “R. Yo le expliqué que fue que la unidad tuvo un leve accidente bajándola de uno de los ‘car carriers’ y nosotros Mitsubishi nos dio un descuento a nosotros y el des-cuento se da para alante.
      “P. Okey, pero ... si yo voy a comprarle un carro a usted y usted me dice que le reemplazaron x piezas y yo le pregunto que qué fue lo que le pasó. ¿Qué palabras usted dijo?. Porque usted a preguntas de ambos compañeros especificó que le informó que había sido rallada bajándola del “car carriers” ... en la Mitsubishi. ¿Eso fue lo que se le informó?
      “R. Exacto.
      “P. ¿Y por qué no lo escribió aquí en este documento, no es necesario?

        “R. Bueno, si el cliente me lo exige, yo lo escribo. O sea, yo hice la anotación y el cliente me la firmó bajo su conocimiento en ese momento.” Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 378-379.

       Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 618-621.

       Sobre este particular cabe señalar que Cruz Auto vendió la unidad sin haber obtenido el número de identificación correspondiente del Departamento de Transpor-tación y Obras Publicas (DTOP) requerido cuando se reemplazan piezas a los vehículos. Posteriormente, Cruz Auto realizó las gestiones requeridas y lo obtuvo seis meses después de efectuada la venta.

       Esta alegación fue confrontada durante la vista administrativa. Se eviden-ció un aumento en el millaje del vehículo, luego de las evaluaciones realizadas por los peritos de D.A.Co.

       Al respecto, el Sr. Julio Cruz, empleado y representante de la línea Mitsubishi y Hyundai en Cruz Auto, declaró lo siguiente:
      “... Mitsubishi tiene unas unidades, varias unidades al año que tienen unos desperfectos como por ejemplo ... [rayazos], que hay que ponerle un tapalodo, un bonete, un “bumper” y cogen todas esas unidades y las lleva[n] a más gente, a los “dealers” Mitsubishi para vendérnoslas a nosotros, no es una subasta pública como se ha hablado aquí.... Eso es una subasta que se le da solamente a los concesionarios Mitsubishi, allí no puede ir el que vende Ford, el que vende Mazda, solamente es de nosotros.” Apéndice de la Petición de certiorari, Transcripción oral, pág. 381.

       Véase Apéndice de la Petición de certiorari, Transcripción de Vista Adminis-trativa de 24 de enero de 2004.

       10 L.P.R.A. see. 2066 et seq.

       “Evidencia sustancial” es aquella relevante que una mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener una conclusión.

       31 L.P.R.A. see. 3391.

       31 L.P.R.A. see. 3404.

       Se entiende por dolo “todo un complejo de malas artes, contrario a la hones-tidad e idóneo para sorprender la buena fe ajena, generalmente para beneficio pro-pio, en que viene a resumirse el estado de ánimo de aquel que no sólo ha querido el acto, sino qm , además, ha previsto y querido las consecuencias antijurídicas prove-nientes de él”. (Énfasis suplido.) Colón v. Promo Motors Imports, Inc., 144 D.P.R. 659, 666 (1997).

       Art. 1221 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3408.

        Bosques v. Echevarría, 162 D.P.R. 830 (2004).

       31 L.P.R.A. see. 3409.

        Colón v. Promo Motor Imports, Inc., supra.

        Rivera v. Sucn. Díaz Luzunaris, 70 D.P.R. 181, 185-186 (1949).

        Colón v. Promo Motor Imports, Inc., supra.

       Íd.

       31 L.P.R.A. sec. 3409.

        Citibank v. Dependable Ins. Co., Inc., 121 D.P.R. 503, 519 (1988).

        Acosta & Rodas, Inc. v. PRAICO, 112 D.P.R. 583, 616 (1982).

        Mayagüez Hilton Corp. v. Betancourt, 156 D.P.R. 234 (2002); Miranda Soto v. Mena Eró, 109 D.P.R. 473, 478 (1980).

       31 L.P.R.A. sec. 3514.

       Ley Núm. 7 de 24 de septiembre de 1979 (10 L.P.R.A. see. 2051 et seq.).

       Art. 2 del Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor, Departamento de Asuntos del Consumidor, Reglamento Núm. 4797 del Departamento de Estado, 28 de septiembre de 1992 (Reglamento Núm. 4797).

       Reglamento Núm. 4797, supra, Art. 4.

       Íd., Art. 3.

        Domínguez v. Caguas Expressway Motors, 148 D.P.R. 387(1999).

       Art. 1363 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3801.

        Ferrer v. General Motors Corp., 100 D.P.R. 246, 255 (1971).

       Íd.

       31 L.P.R.A. sec. 3841.

       31 L.P.R.A. see. 3842.

        Ferrer v. General Motors Corp., supra.

       La acción “redhibitoria” representa la restitución “in integrum”, ya que co-loca las partes en la misma condición en la que se hallaban antes de la compraventa.

       La acción quanti minoris, conlleva la restitución del precio percibido en proporción a la pérdida de valor de la cosa como consecuencia del defecto.

       31 L.P.R.A. see. 3843.

        García Viera v. Ciudad Chevrolet, Inc., 110 D.P.R. 158, 162 (1980); D.A.C.O. v. Marcelino Mercury, Inc., 105 D.P.R. 80, 84 (1976).

       Íd.

        Torres v. Junta Ingenieros, 161 D.P.R. 696 (2004); Miranda v. C.E.E., 141 D.P.R. 775, 786 (1996).

       Íd.

        Mun. de San Juan v. J.C.A., 152 D.P.R. 673, 688 (2000); Murphy Bernabe v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692, 699 (1975).

        Metropolitan S.E. v. A.R.Pe., 138 D.P.R. 200, 213, (1995); Fuertes y otros v. A.R.Pe. , 134 D.P.R. 947 (1993); Viajes Gallardo v. Clavell, 131 D.P.R. 275 (1992).

        Torres v. Junta de Ingenieros, supra; Franco v. Depto. de Educación, 148 D.P.R. 703, 710 (1999).

        Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69 (2004).

        Adorno Quiles v. Hernández, 126 D.P.R. 191, 195 (1990); Rebollo v. Yiyi Motors, supra.

        Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 D.P.R. 263, 279-280 (1999).

       Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 L.P.R.A. see. 2101 et seq.

        Torres v. Junta de Ingenieros, supra; O.E.G. v. Rodríguez, 159 D.P.R. 98 (2003); Rivera Concepción v. A.R.Pe., 152 D.P.R. 116, 121 (2000).

        Henríquez v. Consejo Educación Superior, 120 D.P.R. 194, 210 (1987); M. & B.S., Inc. v. Depto. de Agricultura, 118 D.P.R. 319 (1987).

        Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409, 432-433 (2003).

        Reyes Salcedo v. Policía de P.R., 143 D.P.R. 85, 95 (1997).

        Metropolitana S.E. v. A.R.Pe., supra.

        Torres v. Junta de Ingenieros, supra; O.E.G. v. Rodríguez, supra.

        Rebollo v. Yiyi Motors, supra.

       Íd.

        Torres v. Junta de Ingenieros, supra; Mun. de San Juan v. J.C.A, supra.

        Mun. de San Juan v. J.C.A., supra.

        Rebollo v. Yiyi Motors, supra.

       Íd. Véanse, además: Dye Tex P.R. Inc. v. Royal Ins. Co. P.R., 150 D.P.R. 658 (2000); Rodríguez Roldán v. Mun. de Caguas et al., 133 D.P.R. 694 (1993).

       J.M. Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1969, T. 10, Vol. 1, pág. 338.

       Íd.


text:
      In re Orlando Torres Trinidad.

      Número: AB-2007-112

      Resuelto: 21 de mayo de 2008

      Sylvia Juarbe, abogada del peticionario.
   RESOLUCIÓN

Evaluada la Moción Solicitando Reconsideración y Otros Extremos, presentada por la parte peticionaria, se reconsidera la suspensión decretada y se ordena continuar con el trámite disciplinario iniciado previamente.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodrí-guez no intervino.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo