text:
    Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Sección Primera, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Primera, denegando la ins-cripción de una escritura de préstamo con hipoteca.
    No. 232.
    Resuelto en junio 21, 1915.
    Otorgamiento de Escritura — Testigos Instrumentales — Firmas de los Otor-gantes Cuando no Pueden Hacerlo. — De acuerdo con la sección 14 de la Ley Notarial de marzo 8, 1906, únicamente puede firmar a nombre de uu otorgante que no sepa o no pueda hacerlo, uno de los testigos instrumentales, que pueden ser más de dos. Un tercero que no está incluido en la escritura como testigo de su otorgamiento, no puede firmar por un otorgante que no sabe hacerlo.
    Id. — Firmas de las Pastes y Testigos — Nulidad de Instrumentos Públicos.— Si la firma de uno de los otorgantes de un documento público no consta en la forma exigida por el estatuto, como sucede‘en este caso, es lo mismo que si no existiera, y el documento debe, en tal virtud, considerarse como nulo, de acuerdo con lo prescrito en la seeeión 20, No. 3, de la Ley Notarial citada...
    Id. — Ley Notarial — Reglamento Notarial de Octubre 29, 1873 — Real Orden de 25 de Junio de 1868 — Tratado de Notaría. — La forma ordenada por la ley actualmente en vigor en Puerto Rico, es la misma que la fijada por el Reglamento Notarial de octubre 29, 1873, y está en armonía con la Real Orden de 25 de junio de 1868, citada en el Tratado de Notaría, por Manuel Fer-nández Casado, tomo 1, página 569.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Juan de Guzmán Benitez.

    El registrador recurrido, Sr. José S. Belaval, compare-ció por escrito por medio de su sustituto Sr. Emigdio S. Gri-norio.
   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 10 de septiembre de 1914 comparecieron ante notario público Don Fermín Ramos y su esposa Doña Luisa Martí-nez, de una parte, y de otra, El Banco Territorial y Agrí-cola de Puerto Rico, y otorgaron una escritura pública de préstamo, con hipoteca. La escritura termina así:

“En este estado hacen constar Don Fermín Ramos y su esposa Doña Luisa Martínez que no saben firmar y con tal motivo les acom-paña y comparece en este acto su hijo Don José Ramos Martínez, mayor de edad, casado, comerciante, vecino de Trujillo Alto y al cual doy fe conocer, a cuyo Don José Ramos otorgan en este acto los comparecientes Don Fermín Ramos y Doña Luisa Martínez poder especial para que concurra a fin de firmar por ellos.
“Leída por mí el notario esta escritura a los otorgantes y al apo-derado para firmar a nombre de Don Fermín Ramos y Doña Luisa Martínez y a los testigos, la hallaron conforme, firmándola todos, entre ellos Don José Ramos a nombre de los prestatarios; y de cuanto en este instrumento público se contiene, así como de las circunstan-cias personales de los otorgantes, yo el notario autorizante doy fe. Firmado. José Ramos. R. Castro Gonzalez. Jaime Yilaseea. L. Abella Blanco. Signado y firmado. Juan de- Guzman Benitez. Hay un sello de rentas internas del valor de un dollar cancelado por el de la notaría.”

Presentado el documento en el registro de la propiedad, sección Ia., el registrador se negó a inscribirlo,- por medio-de la siguiente nota, contra la cual se interpuso el presente recurso gubernativo. La nota dice así:

“Denegada la inscripción del precedente documento, escritura número 122, de fecha 10 del corriente, ante el notario Don Juan de Guzmán Benitez, porque los otorgantes Don Fermín Bamos y Doña Luisa Martínez no saben firmar y a nombre de ellos lo veri-fica Don José Ramos Martínez que no es testigo instrumental, sin que las palabras con que han expresado su autorización dichos otor-gantes modifiquen la naturaleza del acto; cuyo.. defecto anulá el documento con arreglo a las secciones 14a. y 20a. de la Ley NotariaL y a la sentencia del Hon. Tribunal Supremo de Puerto Rico, fecha 23 de octubre 1912; habiéndose tomado anotación preventiva por el término legal al folio 186 vto. tomo 3°. de Trujillo Alto, finca nú-mero 173, anotación letra A, en la que además se ha consignado el defecto subsanable de no acreditarse que Doña Luisa Martínez fuera, la esposa del deudor cuando éste adquirió la -finca, no constando el nombre y apellido de ella en el registro. San Juan, P. R., 24 de septiembre de 1914. El registrador, José S. Belaval.”

La sección 14 de la Ley Notarial vigente, Leyes 1906,. p. 143, dice:

“Si los otorgantes o algunos de ellos no supiere o no pudiere firmar, lo expresará así el notario, debiendo firmar uno de los tes-tigos, escribiendo de su puño, en ante firma, que lo hace por sí come testigo, y a nombre del otorgante que no sepa o no pueda verificarlo. ’r

Y la sección 20, No. 3, en lo pertinente, expresa:

“Serán nulos los instrumentos públicos: 1°. * * *; 2o. * * * 3°. * * * o en que no aparezcan las firmas de las partes y tes-tigos cuando deban hacerlo. # *

Ante preceptos tan claros, no cabe ni siquiera discutir-la nota. Su confirmación se impone. Además, el caso noes nuevo en esta corte. En 1908, en el de Rodríguez v. El Registrador de Ponce, 14 D. P. R., 738, el tribunal resolvió qne “de acuerdo con la sección 14 de la Ley Notarial de marzo 8, 1906, únicamente puede firmar a nombre de nn otor-gante qne no sepa o no pneda hacerlo, nno de los testigos instrumentales, qne pueden ser más de dos” y qne “nn ter-cero qne no está incluido en la escritura como testigo de sn otorgamiento,, no pnede firmar por nn otorgante qne no sabe hacerlo.” T en 1912, en el de Villanueva et al. v. El Registrador de Arecibo, 18 D. P. R., 831, se confirmó en nn todo la doctrina sentada en el de Rodríguez, supra.

La forma ordenada por la ley, actualmente en vigor én Puerto Rico, es la misma qne la fijada por el Reglamento Notarial de octubre 29 de 1873, y está en armonía con la Real Orden de 25 de junio de 1868, citada en el “Tratado de Nota-ría” por Manuel Fernández Casado, tomo 1, p. 569. ' Se trata, pues, no sólo de una forma impuesta claramente por la ley, sino consagrada por los años.

Aleg’a el recurrente qne si bien el estatuto contiene nn medio de subsanar la dificultad qne resulta cuando nno de los otorgantes no sabe firmar, eso no excluye la adopción de cualquier otro que no sea contrario a la ley.

Si se aceptara tal teoría como buena, volvería a sancio-narse el estado de confusión que prevaleció en tiempos anti-guos y que trató precisamente de corregir y corrigió el legis-lador prescribiendo una regla fija que debe seguirse en todos los casos.

T alega además el recurrente que su caso es distinto al de Villanueva, supra, porque en el documento a que se refe-ría la resolución en el de Villanueva no aparecía, como en la escritura de 10 de septiembre de 1914, que la persona que firmaba lo hacía en concepto de apoderado y representando por tanto al otorgante y no en calidad de un testigo rogado para firmar por ignorancia de la parte. ■

Suponiendo que así fuera y aceptando que la escritura de préstamo con hipoteca pudiera considerarse también como de mandato especial .para firmar, ¿no sería necesario que constara la firma del mandante?

En el fondo se trata seguramente en este caso de un acto legal, de una transacción correcta. La dificultad lia surgido por haberse separado el notario del método sencillo y seguro fijado por la ley. T la consecuencia es clara: Si la firma de uno de los otorgantes no consta en la forma exigida por el estatuto, es lo mismo que si no existiera, y en tal virtud se incurre en la nulidad a que se refiere la sección 20, número 3, de la Ley Notarial antes citada.

Debe confirmarse -la nota recurrida.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. Wole,

license: Public Domain

text:
    Zarat, Demandante y Apelante, v. Sociedad de Socorros Mutuos “Los Amigos del Bien Público,” Demandada y Apelada.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en causa sobre incumplimiento de con-trato y daños y perjuicios.
    No. 1254.
    Resuelto en junio 21, 1915.
    Sociedades — Cargos en una Sociedad. — Las personas que solieitan cargos en una sociedad están obligados por las reglas interiores de la misma.
    Id. — Reconsideración de Votaciones o Acuerdos — Facultades del Presi-dente. — Cuando por las reglas de una sociedad se confiere amplia discreción al presidente para ordenar o permitir la reconsideración de cualquier votación o acuerdo' dentro de cierto período de tiempo, tal votación o acuerdo no queda consumado sino hasta después de expirar dicho tiempo.
    Id.- — Contrato por Servicios — Nombramiento o Elección para Cargos — Acep-tación. — El mero hecho de que una persona o sociedad llegue a una con-clusión con respecto a la elección o nombramiento de determinada persona para un cargo, generalmente no perfecciona el contrato, sino que es nece-sario además que la elección o nombramiento sea comunicado al interesado por persona facultada para ello.

      Id. — Irregularidad en el Nombramiento o Elección para Oargos. — Guando existe irregularidad en el nombramiento o eleeeión de una determinada persona para un cargo en una sociedad y tal nombramiento o elección no ba sido comunicado aim al interesado, las únicas personas con derecho a oponerse a la irregularidad de la acción de la sociedad son los miembros de ella.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Eduardo E. F. Dottín.

    Abogado de la apelada: Sr. Jacinto Texidor.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Los siguientes hechos aparecen sustancialmente en la opi-nión de la corte inferior. En los días 18 de noviembre y diciembre de 1913, la Sociedad de Socorros Mutuos, “Los Amigos del Bien Público,” publicó dos convocatorias, invi-tando a los médicos residentes y con derecho a ejercer en esta isla para que tomasen parte en un concurso que dicha demandada celebraría con el fin de cubrir una vacante de médico auxiliar de la referida sociedad en Santurce. Con-currió el demandante, Dr. Jacinto Zarat, al concurso, y en la noche de diciembre 23, 1913, su solicitud en unión de la de otros cinco aspirantes' fue sometida a votación secreta por la junta directiva de la demandada. Según se hace constar qn el acta de la sesión, levantada por el secretario de la socie-dad, se procedió a la votación, obteniendo cinco votos el Dr. Zarat, tres el Dr. Salvador Ros, y uno el Dr. Arsenio Valle-cilio, quedando designado por mayoría de votos el Dr. Zarat para ocupar la plaza de médico auxiliar en Santurce desde el primero de enero del año 1914. Con la misma fecha, 23 de diciembre de 1913, tres de los vocales de la directiva, Ma-rrero, Lora y Naranjo, presentaron al presidente una peti-ción solicitando la celebración de una sesión extraordinaria por el cuerpo directivo para reconsiderar el acuerdo tomado por la junta relativo al nombramiento de médico auxiliar de Santurce. En virtud de esta petición el presidente sus-pendió el acuerdo y citó a la junta directiva para el siguiente día, 24 dé diciembre de 1913. Respondiendo a esa convoca-toria reunióse la junta directiva y decretada la reconsidera-ción del acuerdo, puesto de nuevo a votación el nombramiento de médico auxiliar, obtuvo el Dr. Zarat cinco votos y cinco el Dr. Eos. Eepetida la votación, resultó nuevamente empa-tada y se decidió el empate por el presidente que votó en favor del Dr. Eos a.quien se dió posesión del cargo. Alegó el demandante que en la sesión celebrada en 23 de diciembre de 1913, quedó definitivamente nombrado médico auxiliar de dicha sociedad, debiendo comenzar a prestar sus servicios desde el día 1 de enero de 1914, e insistió en que la socie-dad demandada al rescindir violenta e injustamente el con-trato, sin autorización de dicho demandante le causó daños que estima en la cantidad de $1,720, y solicitó una sentencia a su favor por esa suma, con las costas, gastos y honorarios de abogado.

La demandada sostuvo que no llegó a consumarse el con-trato por hallarse el acuerdo sobre la elección del deman-dante para el cargo indicado sujeto a que los socios pudie-ran pedir su reconsideración y porque el presidente de. la Junta Directiva tenía 24 horas para poder cumplimentarlo o admitir la petición de reconsideración que pudiera presen-tarse y citó la demandada los artículos 46, 86 y 87 del regla-mento de la sociedad.

La corte inferior fué de opinión que al presentar el ape-lante su solicitud en virtud de la convocatoria publicada quedó sometido a las-reglas interiores por las cuales se gobierna la sociedad incluyendo el derecho que tiene la sociedad para reconsiderar cualquier elección. La corte fué, además, de parecer de que no llegó a consumarse contrato alguno en este caso, puesto que la oferta hecha por el D:r. Zarat nunca fué debidamente aceptada por la sociedad y por consiguiente no existió el consentimiento que exige la ley para la existencia de un contrato. Sostiene el apelante que el contrato quedó perfeccionado por virtud de, la acción tomada por la socie-dad en la primera noche y que la reconsideración era com-pletamente irregular y nula. Sostiene al parecer' que tres de los miembros de la sociedad que votaron con la minoría no tenían derecho a solicitar la reconsideración. Pero las reglas 86 y 87 del reglamento de la sociedad confirieron am-plia discreción al presidente para ordenar o permitir que fuera reconsiderada cualquier cuestión dentro de las veinte y cuatro horas de haber tenido lugar una votación, y cree-mos que el presidente tenía derecho a permitir dicha recon-sideración sin que fuera o no solicitada la misma.

Alega el apelante que como él no tenía conocimiento de las regias de la sociedad y como éstas no habían sido publi-cadas en la convocatoria no podía aceptarlas. Creemos que es un hecho conocido por todo el mundo qué cualquier persona que solicita un cargo de una sociedad está obligada por sus regias interiores. También dice el apelante que tal vez la sociedad tenía derecho a reconsiderar simplemente sus acuerdos pero no a anular un contrato. Pero de observarse las regias resulta evidente que el contrato no queda consu-mado sino hasta después de veinte y cuatro horas de cele-brada cualquier votación.

También insistió el apelante en que la acción adoptada posteriormente por la junta era nula y1 sin ningún valor, pues el contrato quedó perfeccionado en la primera sección y sostiene que la segunda votación fué nula por haber votado dos veces el presidente. Se ve que según las regias el presi-dente está autorizado no solamente para votar en primér término sino también para dar su voto en casos de empate; pero aun cuando estemos equivocados con respecto a esta regia es evidente que la decisión del presidente anunciando que el Dr. Eos fué alegido no se impugnó en la misma sesión.

Y esto nos lleva a otro aspecto de la cuestión. El mero hecho de que una persona o sociedad llegue a una conclusión de que ha de elegir o nombrar determinada persona gene-ralmente no perfecciona un contrato. Por lo general se nece-sita algo más. Si una persona le dice a su taquígrafo que' está resuelto a aceptar cierta oferta y éste comunica el hecho a la parte interesáda el contrato no- se ha consumado puesto que la aceptación debe ser comunicada por uno que tenga facultad para ello. En el presente caso no existió jamás comunicación alguna de haber aceptado la sociedad al Dr. Zarat. La sociedad tenía el derecho, com'o creemos, aún apar-tándose de sus reglas para demorar la comunicación. En, cualquier momento antes de comunicárselo al Dr. Zarat la sociedad pudo haber tenido el derecho de cambiar de pare-cer bien mediante el voto unánime de los asociados o quizás con menos votos. La cuestión de la comunicación de cual-quier intención de celebrar un contrato ha sido considerada de modo interesante en el tomo 9 de Cyc., páginas 246-272.

Debe notarse otra cosa en este caso. Ni siquiera se ha sugerido que ninguno de los socios votantes creyera que fuera ilegal la acción tomada por la sociedad al elegir al Dr. Eos. Ellos estaban presentes y aceptaron el anuncio de la elección sin que al parecer entonces o después se formulara alguna protesta. Creemos que no habiéndose dirigido comunicación alguna al Dr. Zarat aceptando su oferta, las únicas personas que tenían derecho a oponerse a la irregularidad de la acción de la sociedad eran los mismos miembros.

Debe confirmarse la sentencia.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Picart, Demandante y Apelante, v. De León, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en causa sobre reivindicación de finca rústica1 y daños y perjuicios.
    No. 1280.
    Resuelto en junio 22, 1915.
    Venta Judicial' — Otorgamiento .de Escritura — Requisito Esencial — Nulidad de la Transacción. — En una venta judicial de bienes inmuebles llevada a efecto de acuerdo con lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil antigua, para que el título del comprador quedara perfeccionado, era requisito indispensable el otorgamiento de escritura pública, pero el hecho de que la escri-tura no se otorgara, no implica necesariamente que la transacción en su origen, estuviera viciada de* nulidad.
    Prescripción — Dominio—Derechos Remes Sobre Bienes Inmuebles — Pose-sión. — El dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles, se pres-criben por la posesión durante diez años entre presentes y veinte entre ausentes; con buena fe y justo título, de acuerdo con el artículo 1858 del Código Civil Revisado. Igual disposición contenía el artículo 1957 del Código Civil antiguo.
    Reivindicación — Pruebas—Título por Compra — Justo Título. — Cuando un de-mandado prueba en una acción reivindicatoría que la persona que ]e vendió' la finca la adquirió por título de compra, tal título es bastante para transferir el dominio y por tanto justo; dentro de las exigencias del artículo 1853 del Código Civil Revisado y 1952 del Código Civil antiguo.
    Id. — Posesión Material — Prescripción del Dominio Entre Presentes. — Desde-1893, en que la persona que vendió al demandado en este caso adquirió-por compra la finca y tomó posesión material de ella, hasta la feeha de la. interposición de la demanda, transcurrieron con exceso los diez años nece-sarios para adquirir el dominio por prescripción entre presentes, y se resolvió:-Que el transcurso de diez años perfeccionó el primitivo título de compra. Lo que dejaron de hacer el primer dueño conocido de la finca, el demandante, o en su lugar el juez que ordenó el remate, lo hicieron diez años de posesión material en concepto de dueño, basada la posesión en un justo título y dis-frutada de buena fé, públicamente, entre presentes y sin interrupción de nadie. . .
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Francisco González.
    Abogado del apelado: Sr. Juan B. Huyke.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn recurso de apelación interpuesto contra sentencia de la Corte de Distrito de Hnmacao, por vir-tud de lá cual se declaró sin lugar cierta demanda sobre rei-vindicación de finca rústica y daños y perjuicios.

El demandante alegó, substancialmente, en su demanda', que es dueño, en la jurisdicción de' Mannabo, P. B., de tín predio de terreno de 29 cuerdas, que describe debidamente, por haberlo adquirido en la siguiente forma: 17 cuerdas, en 1886, -por compra ■ a Encarnación Bivera, ■ hecha -constar en escritura pública, y el resto, en 1890,' por compra de pala-bra a Concepción Baerga y Juan Angel de. León, r.Y. que..el--demandado se llallaactualmente y desde hace seis años, sin derecho alguno, en posesión de dicho, predio, habiéndole oca • sionado con tal motivo perjuicios que fija en setecientos veinte pesos.

El demandado, negó en su contestación las alegaciones de la demanda y a su vez alegó como materia nueva, que es dueño del predio en cuestión por haberlo adquirido por compra a Boque Stella en 1908, hallándose su títuio inscrito en el registro de la propiedad. T que Boque Stella a su vez lo adquirió en la siguiente forma: 24 cuerdas el 28 de sep-tiembre de 1893 en pública subasta y las restantes por com-pra de palabra a Félix Picárt, habiendo inscrito su derecho en el registro de la propiedad en 1894, desde cuya.fecha po-seyó la finca quieta y pacíficamente y sin ser jamás interrum-pido. También alegó el demandado que la acción que pudiera tener el demandante había prescrito de acuerdo con los artícu-los 1858 y 1859 del Código Civil. ♦

, En el acto de la vista el demandante presentó la siguiente prueba:

1. Escritura pública otorgada el 6 de marzo de 1886 por virtud de la cual el demandante aparece adquiriendo de En-carnación Bivera una finca de 17 cuerdas que se describe debidamente. Dicha escritura no fué inscrita en el regis-tro de la propiedad.

2. Declaración del propio demandante, en la que ratifica la escritura y expresa que compró el resto de la finca unos tres años más tarde de. Concepción Baerga y Juan de León, sin que éstos le otorgaran documento alguno; que no ha vendido la finca a nadie, ni consentido que persona alguna la posea; que dejó de estar en la finca hacía el espacio de diez y nueve años más o menos “porque Don Boque Stella y un curial que había en Maunabo se presentaron en su casa .con guardias civiles a echarlo fuera porque le habían; echado dos meses y un día de cárcel sin hacer nada y al salir de la ■cárcel apareció eso.”

3. Declaración del testigo Eafael Laboy quien manifestó qne conoce la finca qne posee el demandado, qne antes de éste la poseía Eoqne Stella, y antes el demandante; y

4. Declaración del testigo Antonio Fantauzzi, quien dijo qne conoció al demandante en posesión de la finca de qne se trata fiará nnos diez y siete años, y • después a Stella y • después al demandado.

Esa fue, en resumen, toda la prueba del demandante. La del demandado, también en resumen, es como sigue:

1.Escritura piíblica otorgada el 13 de octubre de 1908, por virtud de la cual el demandado compró la finca descrita en la demanda a Eoque Stella. Está inscrita en el Eegistro de la Propiedad de Humacao.

2.Certificación del registrador de la propiedad creditiva de que Eoque Stella acreditó ante el Juzgado Municipal de Maunabo la posesión de la finca de que se trata, en la que se bailaba desde el 28 de septiempre de 1893, habiéndola ad-quirido así: “24 cuerdas y una casa por compra en remate que se le fiizo a Félix Picart y cinco cuerdas por compra extrajudicial en el mismo día al referido Picart,” habiéndose ins-crito la dicha posesión en el registro a favor de Stella, sin perjuicio de tercero de mejor derecho.

3. Declaración del demandado que explica su derecho y refiere que presenció la subasta én la cual Stella adquirió parte de la finca, recordando que otro de los otros postores que intervinieron fué Miguel Navarro.

4. Declaración del testigo Francisco Eodríguez, quien manifestó que hacía unos veinte años había visto en pose-sión de la finca al demandante, que luego pasó a Stella y final-mente al demandado, y

5. Certificación expedida por el secretario del Juzgado de Instrucción de Guayama de la cual resulta:

“* # * que en el incidente de embargos de bienes relativo a la causa criminal seguida contra Félix Picart por el delito de lesio-nes, aparecen las actuaciones siguientes: Acta de remate: En Mau-nabo el día veinte y cinco de noviembre de 1892 ante el Juez Aurelio Ortiz y su secretario, se procedió al remate de los bienes embar-gados a Félix Picart el día'primero del mismo mes, habiéndose fijado edicto en los estrados del juzgado, desde el día tres del propio mes y eú el periódico oficial, y consisten los bienes en una estancia com-puesta de veinte y cuatro cuerdas radicadas en el barrio “Lizas” de Maunabo, con una casa de maderas techada de yaguas, colin-dantes por el este, con Carmen León, por el norte, con Juan Angel León y Concepción Baerga, por el oeste la sucesión de Don Ramón García y por el sur, Genaro Rodríguez, y obtuvo la buena pró en dicha subasta Don Roque Stella, por la suma de trescientos pesos mejicanos. Auto aprobatorio. Con fecha veinte de septiembre de 1893 el Juez de Instrucción de Guayama Don Eduardo Ibáñez y Domenech dictó un auto aprobando dicha subasta y ordenando - que se otorgara escritura de venta a favor de dicho Don Roque Stella. Acta de posesión. Con fecha veinte y ocho de septiembre de 1893 el Alguacil del Juzgado Municipal de Maunabo asistido del secre-tario de dicho juzgado y de una pareja de guardia civil dió pose-sión de la finca rematada a Don Roque Stella.”

La, corte de distrito analizó las alegaciones y las prue-bas y llegó a las siguientes conclusiones, base de la senten-cia a que nos referimos al principio de esta opinión. Las conclusiones son así:

“Io. Que si bien el demandante tuvo el dominio de la finca a que se refiere la demanda, tal dominio lo perdió cuando fué legal-mente desposeído del inmueble ya descrito, en virtud de público re-mate que de su finca se hiciera para responder de cierta responsabi-lidad a que fué sujeto por una sentencia dictada en su contra.
“2o. Que Don Roque Stella causante del demandado en este caso adquirió con buena fe y justo título, y su posesión fué de tal índole, que era suficiente a consolidar en él, el dominio transcurrido diez años de posesión no interrumpida.
■ “3o. Que el demandado en esta acción reivindicatoría ostenta un. título inscrito .que le ampara en la posesión de la cosa reclamada., sin que de este título se haya declarado ni pedido la nulidad.
“4o. Que computada la posesión del demandado con la de su causante Stella, en dicho demandado se ha consolidado el dominio sobre la finca que era del demandante y éste pretende.
“5o. Que si alguna acción hubiera podido tener el demandante ésta ha prescrito de acuerdo con el artículo 1858 del Código Civil de Puerto Rico.”

El apelante sostiene qne la corte sentenciadora erró:

1, al declarar probado qne Don Roque Stella,' cansante del demandado, adquirió la finca con buena fe y justo título, y

2, al declarar qne la acción del demandante babía pres-crito de acuerdo con el artículo 1858 del Código Civil.

Examinemos el primer error. Como puede verse, no existe en este caso cuestión alguna con respecto a la identidad del predio reclamado en la demanda. Ambas partes están conformes en qne la finca que lioy posee el demandado, es la misma que poseyó en 1893 el demandante. El- demandado acepta que el demandante fue dueño y alega que precisamente de él adquirió su derecho su cansante inmediato, Stella. Pero el apelante alega y en esto consiste el primero de los errores señalados, qne el remate en el cual se adjudicó la finca a Stella, no quedó perfeccionado por no haberse otorgado la escritura prevista y ordenada por la ley. El apelante no impugna la realidad del remate y de la compra. Tampoco ataca la jurisdicción de la corte que decretó el remate.

Estamos conformes con el apelante en que el requisito del otorgamiento de la escritura, era indispensable para que el título del comprador quedara en aquel momento mismo perfeccionado. El demandado lo acepta así en cierto modo, pero sostiene que, en todo caso, ha adquirido nn título bueno y suficiente por prescripción.

La prueba demuestra que el remate se llevó a efecto, que en él obtuvo la buena pró Roque Stella, quien fué puesto en posesión de la finca en 1893 y comenzó a poseerla desde entonces como dueño. Es más, la prueba tiende a demos-trar que el mismo día en que se celebró el remate de 24 de las 29 cuerdas que componen el predio, Stella compró direc-tamente al propio demandante cinco cuerdas más. El deman-dante declaró en el acto de la vista y nada dijo en concreto con respecto a este último particular.

Nada en los autos demuestra que Stella actuara de mala fe. El hecho de que no se otorgara la escritura, no implica necesariamente que la transacción en sn origen estuviera vi-ciada de nulidad. Si lo estaba, el perjudicado, el deman-dante, debió haber reclamado en tiempo y forma. No lo hizo así y Stella continuó poseyendo, y acreditó su posesión en un expediente tramitado de acuerdo con la ley, y la ins-cribió en el registro y siguió en ella quieta y pacíficamente y sin ser interrumpido por el demandante, ni por ninguna otra persona, hasta 1908, en que vendió la finca al demandado.

El dominio y demás derechos reales sobre bienes inmue-bles, dispone el artículo 1858 del Código Civil Revisado, se prescriben por la posesión durante diez años entre presentes y veinte entre ausentes,. con buena fe y justo título. Igual disposición contenía el artículo 1957 del Código Civil antiguo.

El demandado probó que la persona que le vendió la finca la adquirió por compra, que es un título bastante para trans-ferir el dominio y por tanto justo, dentro de las exigencias de la ley. Artículo 1853 del Código Civil Revisado y 1952 del Código Civil antiguo.

Desde 1893 en que la persona que vendió al demandado ad-quirió la finca y tomó posesión material de ella, hasta la fecha de la interposición de la demanda, transcurrieron con exceso los diez años necesarios para adquirir el dominio por prescripción entre presentes. El transcurso de diez años perfeccionó el título de compra. Lo que dejaron de hacer el dueño primitivo de la finca, el. demandante, o en su lugar el juez que ordenó el remate, lo hicieron diez años de pose-sión material en concepto de dueño, basada en un justo título y disfrutada de buena fe, públicamente, entre presentes, y sin interrupción de nadie.

En tal virtud debe declararse sin lugar el recurso y con-firmarse la sentencia apelada.

Confirmada, la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: En Juez Asociado Sr. "Wolf.,

text:
    Martínez, Peticionario, v. Soto Nussa, Juez de Distrito, Demandado.
    Solicitud para que- se expida un auto de mandamus al Hon. Isidoro Soto Nussa, Juez de la Corte de Distrito de Agua-dillo, para que apruebe una exposición del caso.
    No. 148.
    Resuelto en junio 22, 1915.
    Mandamus — Exposición del Caso — Aprobación y Eirma de un Pliego de Expo-sición del Caso. — Carece este tribunal de facultades para ordenar por medio de un auto de mandamus a un juez de distrito que apruebe y firme un pliego de exposición del caso en determinada forma, MI Pueblo v. Hernández, 13 D. P. R., 145, pues es el juez de la corte inferior quien debe ultimar el caso (settle the case). La corte puede, sin embargo, ordenar a un juez que ultime (settle) una exposición del caso..
    Exposición del Caso — Notas del Taquígrafo — Enmiendas o Correcciones a un Pliego de Exposición del Caso. — La corte sentenciadora tiene derecho'' a utilizar las notas del taquígrafo para refrescar su memoria respecto a los hechos ocurridos durante el juicio, a los efectos de ultimar una exposición del caso, pero no está facultada sin especificación para ordenar a una parte que haga correcciones o enmiendas, usando para ello las referidas notas.
    Notas del Taquígrafo — Deber del Taquígrafo — Compra de las Notas del Taquígrafo. — De acuerdo con el artículo 5 de la Ley de marzo 10, 1904, el taquígrafo tiene el deber de proporcionar a cualquiera de las partes en un pleito copia de sus notas al ser requerido para ello mediante el pago de los derechos correspondientes, pero dicho artículo no impone a ninguna de las partes la obligación de comprarlas.
    Exposición del Caso — Notas del 'Taquígrafo — Uso de las Notas del Taquí-grafo por el Abogado.' — Si bien en el caso de López v. American Bailroad Company, 11 D. P. R., 154, se expresa que las notas del taquígrafo deben usarse por el abogado al preparar el pliego de excepciones o exposición del caso por ser ese quizás el medio más fácil de conocer la verdad, ello no quiere decir que exista algún deber legal por parte del apelante de usar tales notas. El abogado puede probar la verdad de sus manifestaciones de igual modo que se prueba que son verdaderas otras narraciones, por medio de su affidavit, por el affidavit de otros taquígrafos, y a veces por el affidavit-de los circunstantes. ;
    Notas del Taquígrafo — Minutas de la Corte — Interpretación de Ley. — Las minutas de la corte nunca han comprendido en su significado las declara-ciones de los testigos sino las órdenes o medidas adoptadas por la corte al resolver las mociones o indicaciones de los abogados de las partes’ durante el curso de un juicio, y al expresar la Ley de 10 de marzo de 1904, que las notas del taquígrafo constituirán las minutas de la corte, sólo debe enten-derse que las constituyen cuando dichas notas fueren reproducidas en las minutas.
    Minutas de la Corte — Examen de las Mismas. — La corte, los abogados y el público en general tienen derecho a examinar las minutas de la corte.

      Exposición del Oaso — Pliego de Excepciones — Representación Bona Eide de los Hechos del Juicio — Deber de la Corte. — Cuando la exposición del caso o pliego de excepciones presentada es una representación bona, fide de los hechos del juicio que el apelante considera necesarios, aun cuando sea incompleta o esté equivocada en algunos de sus particulares, la corte debe proceder a ultimar (settle) el caso. Si, por el contrario, dicha representa-ción no es bona fide, esto es, si es una en que solamente se ha escogido lo que. pueda ser favorable y no constituye una expresión fiel de los hechos, entonces la corte está justificada en negarse a aprobar la exposición.
    Td. — Enmienda o Eliminación — Ultimar (Settle) una 'Exposición del Caso.— Ultimar (settle) una exposición del caso no quiere decir que la corte deba hacerla por sí sino que deberá indicar al apelante con claridad razonable cuáles son las enmiendas o eliminaciones que ha de hacer para ajustarse a la' verdad de los hechos. Es buena práctica indicar los defectos que hay en la exposición y las enmiendas específicas que deban hacerse.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    El peticionario Sr. Víctor P. Martínez compareció en nom-bre propio.
    El Juez demandado Sr. Isidoro Soto Nussa compareció también en nombre propio.
   En Juez Asociado Sr. "Wolf.,

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión envuelta en este caso es la aprobación de una exposición del caso en el pleito seguido por Cecilia Méndez en representación de dos de sus hijos contra Víctor P. Mar-tínez. Esta es la segunda vez que la cuestión relativa a la aprobación de esta exposición del caso ha sido sometida a nuestra consideración; la primer vez con motivo de una solicitud que fué presentada interesando la expedición de un mandamiento de certiorari. ■ Al considerar ese auto anula-mos el procedimiento de la Corte de Distrito de Aguadilla •en el cual se había declarado que la exposición del caso pre-sentada por el peticionario en dicho caso de certiorari era nulu, siendo uno de los conceptos erróneos del juez de la corte inferior, que el apelante al preparar una exposición del caso o.pliego de excepciones tiene que valerse d'e las notas taqui-gráficas.

Al ser devuelto el caso a la Corte de Distrito de Agua-dilla el juez de dicha corte oyó a las partes y ordenó al ape-lante que enmendara su exposición del caso en varios par-ticulares, e. insistió entre otras cosas en el hecho de que este tribunal no quiso expresar en su resolución del caso de cer-tiorari que la corte no podría usar las notas del taquígrafo para llegar a conocer el verdadero estado de los hechos; y por tanto la Corte de Distrito ele Aguadilla ordenó al ape-lante que enmendara su exposición en cuanto a las declara-ciones de ciertos testigos para ajustarlas a las notas del taquí-grafo que habían sido examinadas por la corte y que ésta manifestó estaban conformes con la verdad de los hechos del juicio. En vista de esto el peticionario estableció estos pro-cedimientos de mandamus en los que interesa de este tribunal que ordene al juez de la corte de distrito que apruebe y firme la exposición del caso que le fué sometida por el refe-rido peticionario. Aparece- también fie la petición que la corte dispuso que se hicieran otras enmiendas que luego dis-cutiremos; pero la cuestión principal de este caso se refiere al uso de las notas taquigráficas. De la contestación que ha sido formulada por la corte inferior y de los affidavits fiel demandado aparece que al ir a .buscar éste las notas taqui-gráficas no se había radicado ninguna copia de éstas, teniendo al parecer el juez de la corte inferior la idea de que el peti-cionario estaba en la obligación de comprar dichas notas.

El peticionario solicita de este tribunal que ordene a la corte inferior que apruebe y firme la exposición del caso como fué presentada por el peticionario, pero no tenemos facul-tades para hacer esto por medio de un auto de mandamus, .aun cuando estuviésemos convencidos dé que la exposición fiel caso era una expresión verdadera de los hechos del jui-cio. Es el juez de la corte inferior quien debe ultimar el caso (settle the case) y este tribunal carece de autoridad para ordenarle que lo ultime (settle) en forma determinada, por medio de un auto de mandamus. Podemos, sin embargo, .ordenar a un juez que “ultime” (settle) una exposición.

Convenimos con la corte inferior en que ella tiene dere-cho a valerse de las notas taquigráficas para refrescar su me-moria respecto a los hechos ocurridos durante el juicio, pero también estamos convencidos de que la corte no tiene dere-cho para ordenar que se hagan correcciones y enmiendas, a menos que la corte ponga al apelante -en condiciones de-hacer tales correcciones; y para que el apelante haga dichas correcciones la corte no tiene derecho a insistir en que éste use las notas taquigráficas. No hay precepto alguno en la ley por el cual esté obligado el apelante a comprar o usar la copia de las notas taquigráficas.. Una gran parte de la difieültad que presenta este caso. proviene de los conceptos erróneos de la corte con respecto a qué es lo que constituye las minutas de la .corte y cuál es el papel que desempeña el taquígrafo y sus notas.

El artículo 5 de la Ley de marzo 10 de 1904, prescribe lo siguiente: ■

“Será deber del taquígrafo, al ser requerido por el Attorney General, el Fiscal de distrito, o por cualquier persona parte en un pleito en que se hayan tomado notas taquigráficas, proporcionar copia escrita en máquina de los autos (records), o de cualquier parte de los mismos, por la cual tendrá derecho a recibir, adeinás de su sueldo, diez centavos como honorario por cada cien palabras, que habrá de satisfacer la parte que solicite aquélla, cuya suma habrá de cargarse como costas de la causa a la parte vencida en juicio; Disponiéndoser que cuando la referida copia sea requerida a nombre del Pueblo-de Puerto'Pico o por un acusado en una causa criminal, o su abo-gado, en los casos en que después de una convicción el acusado en una causa criminal pruebe al tribunal por medio de una declara-ción jurada o por otro medio, que él no está en condiciones por razón de su pobreza de pagar por la referida copia, requerida como queda dicho, por él o por su abogado, el taquígrafo expedirá, gratis tales copias. Y en todos los casos civiles en que una .persona parte en la acción, presente una declaración jurada donde conste estar impo-sibilitado para satisfacer las costas requeridas por la ley, dicha persona tendrá. derecho a los servicios gratuitos del taquígrafo del tribunal, en los mismos términos en que éste presta sus servicios a los pobre indigentes en las causas criminales y los derechos del taquí-grafo se incluirán en las costas cuando fueren impuestas a la parte que pudiese pagarlas. Dicha copia del récord constituirá prima jacie la del acta del juicio y podrá usarse al hacerse cualquier moción para la celebración de nn nuevo juicio, revisión o apelación del mismo, en los casos en que el acta del tribunal sea necesaria.”

De acuerdo con este artículo el taquígrafo tiene el deber de proporcionar a cualquiera de las partes copia de las notas taquigráficas al ser requerido para ello y en ella se fijan los derechos que ban de cobrarse por las referidas notas; pero dicho artículo no pone a ninguna de las partes en la obliga-ción de tener que comprar las indicadas notas. És verdad que en el caso de López v. American Railroad Company, 11 D. P. R., 154, este tribunal se expresó en los términos si-guientes :

"Por supuesto, las notas taquigráficas deben usarse por el abogado al preparar el pliego de excepciones; ese es el fin para el cual se. hicieron. Ni tales notas ni las copias de ellas deben enviarse a esta corte. Si durante el juicio han surgido algunas cuestiones de dere-cho pueden expresarse como aparezcan en el pliego de excepciones, junto con la resolución tomada por la corte con respecto a las mis-mas, y deben también expresarse las objeciones presentadas por la parte que prepara el pliego de excepciones, así como la resolución de la corte con respecto a las mismas.”

Pero precisamente la corte acababa de expresar que las notas taquigráficas que no hayan sido extractadas no debe-rán ser remitidas a esta corte, sino solamente la prueba en forma narrativa. Lo que la corte quiso expresar fué que el abogado debía o podría, o debió .quizás haber hecho uso de las notas del taquígrafo por.ser el medio más fácil de cono-cer la verdad, pero este tribunal no quiso decir y no dijo que existía algún deber legal por parte del apelante para usar tales notas. Si de acuerdo con sus notas o -hasta de memoria un abogado puede presentar una relación corriente de los hechos del juicio-o de las declaraciones de los testi-gos que sea sustancialmente correcta, la corte inferior .deberá' aprobarla y firmarla; y un abogado puede' probar la verdad de sus manifestaciones de igual modo que se prueba que son verdaderas otras narraciones por medio de su affidavit, por el affidavit de otros taquígrafos, o a veces por el affidavit de los circunstantes. 3 Oye., 34-35-36. La exposición del caso y el pliego de excepciones existían con anterioridad al taquígrafo de la corte.

La corte incurre en error al expresar o indicar que las declaraciones de los testigos y las' notas taquigráficas for-man las minutas del juicio. En el caso de El Pueblo v. Eligier et al., 9 D. P. R., 396, se explica con claridad lo que cons-tituyen las minutas de la corte y el objeto de las mismas, caso que fia sido citado por el apelado con otro fin. Las minutas de la corte nunca se componen de las declaraciones de los testigos, sino que son las órdenes o medidas adopta-das por la corte al resolver las mociones o indicaciones del abogado durante el curso de un juicio. Las minutas de la corte podrían ser cualquier otra cosa menos la prueba, obje-ciones y razonamientos del abogado. Al expresar la ley que las notas taquigráficas constituirán las minutas de la corte, quiere dar a eptender que tales notas deben constituir las minutas en tanto en cuanto éstas fueran reproducidas en ellas. Dichas notas anteriormente las preparaba el secre-tario, o la corte misma. La ley de 1904 no tuvo la intención de dar un significando más lato a la palabra “minutas,” aunque fácilmente puede verse por la forma en que está redac-tada la ley cómo fué que la Corte de Distrito de Aguadilla cometió el error en que incurrió. La corte, sin embargo, a juzgar por sus actos más bien que por sus razonamientos, no tomó en consideración las notas taquigráficas eomo las minutas de la corte para todos los fines, pues de lo contrario seguramente que hubiera hecho que las mismas fueran inclui-das en los autos de la corte inferior. La corte, los abogados y el .público generalmente tienen el derecho, de examinar las minutas de la corte.

Sentado este precedente disentiremos la cuestión relativa a cuándo es que se expide ordinariamente el mandamus para obligar a la corte a que ultime (settle) la exposición del caso o pliego de excepciones. La regia es que si la exposición o pliego es una representación bona fide de los hechos del juicio que el apelante considera necesaria para la presenta-ción de su exposición del caso o pliego de excepciones aun cuando sea incompleta o esté equivocada en algunos de sus particulares, la corte debe proceder a ultimar (settle) el caso. Sansome v. Myers, 77 Cal., 353; Sansome v. Myers, 80 Cal., 483; Cohen v. Wallace, 107 Cal., 133-37-40; Walkerley v. Green, 104 Cal., 208-212; Winters v. Buck, 121 Cal., 281; City of Santa Ana v. Ballard, 126 Cal., 677; Montana Lumber and Produce Co. v. Howard, 10 Mont., 297; Pacific Land Ass’n. et al. v. Hunt, 38 Pac., 235. Las mismas autoridades sostienen la proposición de que si dicha presen-tación no es bona fide, en otras palabras, si es una en que solamente se ha escogido lo que puede ser favorable y no constituye una exposición fiel de los hechos, la corte está jus-tificada en negarse a aprobar dicha exposición. Ultimar (settle) una-exposición del caso no quiere decir que la corte deba hacerla sino que deberá indicar al apelante con claridad razo-nable cuáles son las enmiendas o eliminaciones que ha de hacer para ajustarse a la verdad de los hechos. No estamos en condiciones de expresar en este caso si la exposición que presentó el apelante en realidad fué o nó una representación bona fide, pero sí sabemos que la corte ordenó o indicó que el apelante podría hacer ciertas enmiendas para ajustarse a las notas taquigráficas. Existen bastantes constancias en los autos que han sido sometidos a nuestra consideración que demuestran que dichas notas no fueron radicadas con los expedientes o documentos de la corte inferior o que no hubieran podido ser obtenidas por el apelante en alguna otra forma que no fuera mediante compra de las mismas al taquígrafo.

Jamás insistiremos en el hecho de que la corte práctica-mente debe preparar la exposición al apelante y en este caso si la corte después de considerar la cuestión se hubiera limi-tado a negarse a aprobar el pliego por haberse suprimido gran parte de la prueba que era esencial especificando la misma, no hubiéramos expedido el auto de mandamus para obligar a la corte inferior a “ultimar” (settle) dicha expo-sición sin alguna prueba más adecuada por parte del peti-cionario que demostrara que su “pliego o exposición” fué presentado bona fide. Los affidavits y prueba del peticio-nario son meramente al efecto de demostrar que la exposi-ción del caso había sido preparada con las notas tomadas por su taquígrafo y por él mismo. El se basaba en parte en el hecho de que la contraria no había presentado enmiendas. No existía verdadera constancia de que el “pliego o expo-sición” se -ajustara en realidad a los hechos del juicio. Pero la corte inferior de acuerdo con su criterio y procediendo con liberalidad, como debe hacerlo dicha corte cuando se trata de un pliego de excepciones o exposición del caso, ordenó al peticionario que radicara un nuevo pliego de acuerdo con las notas taquigráficas que la corte había examinado'y admi-tido como comprensivos de toda la verdad. Si la corte hu-biera entregado al peticionario al propio tiempo la copia de las notas taquigráficas la que parece que estaba en poder de la corte, indicando la prueba que había sido omitida, qui-zás no habría objección contra la acción de la corte. Es mejor práctica indicar los defectos que hay en la exposición y las enmiendas específicas que han de hacerse.

No hay peligro alguno de que en un caso corriente las partes dejen de solicitar la copia de las notas taquigráficas. Generalmente las partes tienen gran interés en obtener las notas para hacer más fácil la presentación de sus argumen-tos ante la corte, sus mociones de nuevo juicio, y la prepa-ración de sus apelaciones.

. Durante la celebración del juicio del caso principal fueron presentadas como prueba ciertas cartas de las cuáles el ape-lante hizo extractos para la supuesta exposición del caso. La corte inferior entiende por varias razones que estas cartas debieron ser remitidas como comprobantes a este tribunal, pues existe cierta discusión relativa al cotejo de firmas y hay además alguna duda respecto a si no debió haber sido trans-crito todo su contenido. Creemos qne la corte y las partes •contrarias tenían el derecho de alegar qne las cartas marcadas A. B. C. etc., debieron haber sido remitidas a este tribunal •como tales comprobantes.

En todos los demás particulares creemos qne en este caso ■el peticionario debió ajustarse a las enmiendas e indicaciones de la corte.

No es sino con bastante desagrado qne este tribunal or-dena a la corte inferior qne. ultime (settle) la exposición del-•caso. El peticionario con nn gasto relativamente pequeño pudo haber ahorrado a la corte inferior y a este tribunal la pérdida ele nn tiempo muy grande y un trabajo innece-sario. Además, algunas de nuestras decisiones menos satis-factorias y más dificultosas tienen lugar en los casos en qne las partes insisten en asumir su representación sin la ayuda de abogado. La situación ráramente se presenta mejor por el hecho de ser abogado el apelante. Sus intereses privados •casi siempre sirven de obstáculo al conocimiento y compren-sión del caso. Una parte puede comparecer por sí pero rara-mente. es el procedimiento que debe adoptarse. Sin embargo, estas consideraciones no pueden afectar al hecho de haber ordenado la corte al peticionario que hiciera las enmiendas teniendo en cuenta las notas taquigráficas sin más aclara-ción, actitud que era errónea para ser asumida por la corte.

Debe expedirse el auto perentorio de mandamus orde-nando a la corte que proceda a ultimar (settle) la exposi-ción del caso, de acuerdo con los principios enumerados en esta opinión.

Concedida la solicitud y. ordenada la expedi-ción de un auto perentorio de mandamus contra el demandado para que ultime la ex-posición del caso.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sb. Wolf,

text:
    Simonds, Recurrente, v. El Registrador de Humacao, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Humacao, denegando la inscripción de una es-critura de cesión de canon de arrendamiento.
    No. 226.
    Resuelto en junio 23, 1915.
    Arrendamiento — Cesión de Cánones — Obligación Personal — Derecho Real.— El derecho que tiene un arrendador para recobrar las rentas o cánones del arrendatario es puramente una obligación personal entre dicho arrendador y el arrendatario y no un derecho real y por consiguiente no es inscribible' en el registro de la propiedad la cesión o traspaso de tales rentas o cánones del arrendamiento. Véase Banco Territorial y Agrícola et al. v. El Ee'gislra-dor de Oaguas, 19 D. P. R., 1037.
    Id. — Derecho Coneerido por el Párrafo 5o., Artículo 2o. de la Ley Hipote-caria. — El derecho conferido por el párrafo 5o. del artículo 2o. de la Ley Hipotecaria es el de "salvar los intereses de los arrendatarios" y no crea derechos en el arrendador. „
    Id. — Inscripción del Contrato de Arrendamiento — Derechos del Arrendador— Terceros.' — Por la inscripción del contrato de arrendamiento el propietario no adquiere ningún derecho que antes no tuviera.
    Derecho Real de Posesión — Cesión del Derecho — Derecho a Percibir un Pago Determinado. — La cesión de un derecho real de posesión debe ser-expresa y no nace del derecho a percibir un pago determinado.
    Arrendamientos — Cesión de Cánones — Derechos del Cesionario — Inscripción del Arrendamiento. — El' derecho de un cesionario de cánones de arrenda-miento para protegerse contra otros cesionarios de dichos cánones no jaaee directamente de la Ley Hipotecaria, y no puede ser conferido por el hecho de estar inscrito el arrendamiento. Un cesionario puede, sin embargo, pro-tegerse haciendo que el dueño le otorgue escritura ya por medio de una cesión de todos los derechos reales del dueño por tiempo determinado, o por hipoteca, o en otra forma.
    Id. — Riesgos del Cesionario — Incumplimiento de Contrato. — El cesionario de cánones de arrendamiento siempre debe asumir el riesgo de que termine el arrendamiento por incumplimiento de la condición.
    Los liecbos están expresados. en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sres. Muñoz y Brown.

    El registrador recurrido, Sr. Miguel Planellas, no com-pareció.
   El Juez Asociado Sb. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso el registrador denegó la inscripción de una cesión de canon de arrendamiento de una finca, fundándose sustancialmente en que el derecho que tiene el arrendador para cobrar las rentas de su arrendatario, es puramente una obligación personal entre dicho arrendador y el arrendatario y no un contrato o derecho real, y por consiguiente no es inscribible en el registro de la propiedad. El registrador se basa en parte en la resolución dictada por este tribunal en el caso de Banco Territorial y Agrícola v. El Registrador de Caguas, 19 D. P. R., 1037.

Harold I. Sewall, dueño de la finca “San Antonio,” arrendó ésta a la Borinquen Sugar Company. El contrato de arrendamiento fué constituido en documento público otor-gado en 29 de marzo de 1911, por un término de 15 años . y precio de $5,000 anuales, pagaderos -por semestres venci- . dos el 30 de junio y 31 de diciembre de cada año. En el documento a que se contrae este recurso el referido Harold I. Sewall hace cesión o traspaso del canon de arrendamiento que vencerá el día 30 de junio de 1915.

En el caso de Banco Territorial y Agrícola v. El Registrador de Caguas, supra, esta corte resolvió que la cesión hecha al banco del defecho de cobrar cánones de arrenda-miento, era un contrato de carácter puramente personal y no un derecho real comprendido en la Ley Hipotecaria. El recurrente trata en primer lugar de establecer una diferen-cia entre dicho caso y el presente, alegando al efecto que en el primero no existía en el registro de la propiedad la ins-cripción del arrendamiento como sucede en este caso. Pro-mueve la cuestión de si la inscripción de un contrato de arren-damiento en el registro puede tomar el carácter de derecho real en lo que respecta a una de las' partes y no en cuanto a la otra. Podemos prescindir por el momento de la confu-sión en que está el recurrente acerca del derecho que tiene el cesionario de un' solo canon de arrendamiento y todos los derechos de- propiedad que el dueño o propietario pueda tener, y consideraremos en primer término cuál es el dereclio con-ferido por el párrafo 5o. del artículo 2 de la Ley Hipotecaria.

Los Señores Galindo y Escosnra al comentar dicho pre-cepto legal se expresan como sigue:

“Eli la exposición de motivos se consignan los que tuvo la comi-sión para establecer este precepto, y que pueden resumirse en una' frase: salvar los intereses de los arrendatarios.”

Las resoluciones de la Dirección General de los Regis-tros de España se pronuncian en igual sentido,, o sea, que el contrato de arrendamiento puede dar lugar a un derecho xeal, siempre favorable para el arrendatario. Resoluciones ■de abril 6, 1891, y diciembre 28, 1892. Odriozola, páginas 102-103. La cita que hace el recurrente de la resolución' 'de mayo 20, 1879, no milita en contra de la teoría que sus-tenta el registrador, pues dicha resolución revela que la ins-cripción constituía una limitación en perjuicio de los sucesi-vos adquirentes. Esto no es sino el modo inverso de expre-sar que el derecho está en favor del arrendatario. También la resolución de agosto 30, 1893, (Odriozola, página 104) demuestra que la inscripción es una limitación, pues una madre que tiene la administración d§ los bienes de su hijo :no puede crear semejante .derecho real mediante un con-trato de arrendamiento que pueda resultar en perjuicio del hijo, a menos que sea con la previa aprobación de la corte.

Por la inscripción del arrendamiento el propietario no ¡adquiere en absoluto ningún derecho que antes no tuviera. No tiene ningún derecho-mayor de reversión, posesión, o para recibir el precio estipulado para el arrendamiento tal como éste se define en el artículo 1446 del Código Civil, ni nece-sita protección contra terceros. Su derecho a recobrar la posesión por infracción del contrato de arrendamiento es tan válido antes como lo es después de verificada la inscripción. La inscripción en nada le protege o favorece. Creemos que-e.s claro .que el párrafo fi0. del artículo 2 dé la Ley Hipoteca-ria no solamente no crea ningún derecho real en el dueño, sino que no crea ningún derecho.

El recurrente cita el artículo 30 del Reglamento* de la Ley Hipotecaria, el cual es como sigue:

“Lo dispuesto en el párrafo quinto del artículo 2o. de la- ley res-pecto a la inscripción de los contratos de'arrendamiento será tam- • bién aplicable a, los de sub-arriendo, subrogaciones, cesiones y retro-cesiones de arrendamiento, siempre que tengan las circunstancias ex-presadas en dicho párrafo; pero debiendo hacerse en tales casos, no una inscripción nueva, sino un asiento de nota marginal a la inscrip-ción que ya estuviese hecha del arrendamiento primitivo.”

Como puede verse, ese artículo simplemente hace refe-rencia a los sucesivos traspasos del arrendamiento y protege esencialmente al arrendatario o arrendatarios subsi-guientes.

Debe observarse de paso, aun cuando dicho artículo 30 fuera de aplicación, que el mismo requiere que los contratos a que se refiere tengan todas las 'circunstancias expresadas en el párrafo 5o. La cesión verificada en este caso no es por seis años, ni existe tampoco ninguin convenio para' su inscrip-ción, ni ningún otro elemento por el que pueda inscribirse un contrato de arrendamiento. No hay sino una cesión de un solo, canon de. arrendamiento.

Sostiene el recurrente que el cesionario está subrogado en todos los derechos del arrendador en cuanto al canon de arrendamiento cedido. Cita el artículo 1431 del Código Civil el cual meramente confiere al cesionario el beneficio de cual-quier ' garantía que tenía el primitivo dueño. También nos llama la atención, y creemos que erróneamente, hacia el caso de Godehaux v. Bannon, 44 La. Ann., 253. En ese caso sólo se resuelve que el comprador de bienes inmuebles tiene un derecho igual al que tenía su primitivo dueño. El artículo 1459 del Código Civil que ha sido citado no tiene relación alguna con la cancelación de inscripciones como alega el re-currente. Se hacen otras varias citas del Código Civil y de la Ley Hipotecaria en todas las cuales se trata de sostener la teoría de que el cesionario de cánones de arrendamiento está subrogado en todos los derechos del primitivo arren-dador*para todos sus efectos.

Las palabras pertinentes del contrato que ha sido some-tido a nuestra consideración son las siguientes: “Mr. Harold Sewall cede y traspasa a favor del otro compareciente Mr. Walter-A. Simonds, todos los derechos y acciones que como dueño arrendador le corresponden para recibir de la arren-dataria, Borinquen Sugar Company, el semestre de arrenda-miento de la finca que se ha descrito y que vence el día 30 de junio del corriente año 1915, subrogando al cesionario en su- propio lugar y grado' para el cobro del mencionado canon de arrendamiento, y para el otorgamiento del corres-pendiente recibo.” Las palabras no confieren al Sr. Simonds el 'derecho de posesión por incumplimiento dé condición que correspondía al Sr. Sewall. Con ellas meramente se cede el derecho personal a recobrar que tenía Sewall. Sewall no ha renunciado a ninguno de sus demás derechos como dueño. La cesión de un derecho real de posesión debe ser expresa y no nace del derecho a percibir un pago determinado.

También sostiene el recurrente que desde el momento que la Ley Hipotecaria se apartó de la doctrina del Derecho Bo-mano en cuanto al contrato de arrendamiento deben aceptarse las consecuencias y alcance de la doctrina de la Ley Común y conceptuar las rentas derivadas de dicho arrendamiento como un derecho incorporal (incorporeal hereditament) de carácter real. Hemos hecho esfuerzos por determinar con precisión lo que se quiso expresar por derecho incorporal (■incorporeal hereditament) de arrendamiento, aunque sin éxito alguno. Pero un derecho incorporal es uno que nace de una cosa corpórea, ya sea ésta real o personal. 32 Cyc., 659, donde se cita el tomo 2 de los Comentarios de Blackstone, página 20. Los oficios, dignidades, franquicias, pensiones,' todos serían' probablemente de naturaleza personal. Tam-bién podrían -serlo así las rentas, pues nada nos consta en contrario. El derecho incorporal ordinario surgió debido a la forma de la herencia, de acuerdo con la ley relativa a los bienes inmuebles más bien qne la ley sobre propiedad mueble. Además, los casos reportados parecen demostrar qne cuando se creaban rentas con independencia de la pro-piedad de los bienes, el dueño traspasaba todo el período del arrendamiento y sólo retenía sus derechos a volver a la posesión cuando se termine el arrendamiento. Van Wicklen v. Paulson, 14 Barbour, 654; Swan v. Inderlied, 187 N. Y., 372; Iowa Savings Bank v. Frink, 92 N. W., 916; Trulock et al. v. Donohue, 40 N. W., 696; 24 Cyc., 126, 128. De todos modos el presente caso no se regula por la doctrina de la Ley Común sino por la del Código Civil y de la Ley Hipo-tecaria.

El recurrente sugiere otra dificultad. Puede hacerse una cesión de cánones de arrendamiento por virtud de un arren-damiento inscrito y no saber nunca el subsiguiente adqui-rente nada acerca de dicho traspaso y no tener derecho a cobrar rentas por el término que ha sido inscrito. No tene-mos necesidad de considerar extensamente cuáles serían los derechos de dicho adquirente, pero asumiendo que el recu-rrente está en lo cierto, entonces dicho comprador tiene los mismos derechos y obligaciones qne cualquier comprador de bienes inmuebles en los Estados Unidos.' Allí el comprador adquiere con sujeción al arrendamiento y está obligado a tomar informes en cuanto a la existencia y condiciones de dichos arrendamientos. El remedio que tiene por cualquier falsedad relativa a la condición del arrendamiento es contra el primitivo dueño o el de pedir la rescisión. En tales circuns-tancias el comprador debe tomar precauciones. Si tiene ra-zón el recurrente él como cesionario no tiene que temer por los futuros compradores. En verdad, sin embargo, que el verdadero objeto de un cesionario sería el de protegerse contra los subsiguientes traspasos del mismo canon de arren-damiento. El derecho de un cesionario de cánones de arren-damiento a protegerse contra otros cesionarios de dichos cá-nones no nace directamente de la Ley Hipotecaria y no pnede ser conferido por el hedió de estar inscrito el arrendamiento. Un cesionario puede, sin embargo, protegerse haciendo que el dueño le otorgue escritura ya por medio de una cesión de todos, los derechos reales del dueño por tiempo determinado o por hipoteca o en otra forma.

¿Cuál sería la situación estando inscrito el arrendamiento si la renta fuera pagadera a plazos, como en esto caso, y cada uno de los cánones se vendiera o traspasara a una persona distinta? La alegación del recurrente es al parecer que cada una de ellas tendría derecho a recobrar la posesión por in-cumplimiento de la condición. Iíay otras hipótesis posibles. El síndico de la Borinquen Sugar Company podría resolver hacer cesión de su arrendamiento y el dueño, el Sr. Sewall, aceptar la cesión estando pendiente cualquier canon de arren-damiento. El verdadero dueño y arrendatario de un arren-damiento inscrito siempre podían convenir en terminar el con-trato. El cesionario de cánones de arrendamiento siempre debe asumir el riesgo de que termine el arrendamiento por incumplimiento de la condición.

No es necesario poner más ejemplos. Creemos que en la escritura que fué sometida a nuestra consideración úni-camente se confería un derecho personal a un solo canon de arrendamiento y que el caso no puede diferenciarse del de el Banco Territorial y Agrícola v. El Registrador de Caguas. Debe confirmarse la nota.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciado Aldrey.

Jueces disidentes: Sres. del Toro y Hutchison.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Pérez, Peticionario, v. Rossy, Juez de Distrito, Demandado.
    Solicitud para que se expida mandamiento de certiorari al Juez de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en una causa sobre infracción del artículo 553 del Código Penal.
    No. 143.
    Resuelto en junio 23, 1915.
    Cierre de Establecimientos — -Apelaciones de los Juzgados de Paz — Deroga-ción Tácita del Artículo 556 del Código Penal. — La Ley de marzo 12, 1903, que trata de las apelaciones contra sentencias de los juzgados de paz, en su artículo 3 deroga todas las leyes en conflicto con ella, estando por tanto derogado el artículo 556 del Código Penal por ser incompatible eon aquella ley en cuanto se refiere a apelaciones en casos de condena por dejar de cerrar establecimientos los domingos. Véase Collazo v. Juez de Paz, 15 D. P. R., 500.
    Id. — Apelaciones de las Cortes Municipales. — La anterior doctrina en cuanto a apelaciones contra sentencias dictadas por los juzgados de paz, debe enten-derse aplicable a iguales recursos contra sentencias de las cortes municipales al conocer de las infracciones de los preceptos del Código Penal en su artíeuio 553 tal como fué enmendado por la Ley No. 24 de marzo 28, 1914, sobre cierre de establecimientos los domingos.
    Los .becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del peticionario: Sr. M. Romany.

    El demandado no compareció.
   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Con ÍQcba 20 de abril del corriente año 1915, fué presen-tada denuncia a la Corte Municipal de Río Piedras contra Tomás Pérez por infracción del artículo 553 del Código Penal, tal como fué enmendado por la Ley No. 24 de 28 de marzo-de 1914, consistiendo dicba infracción en que el denunciado Pérez, maliciosa, voluntaria e ilegalmente., en día domingo, 18 de abril citado, tenía abierto su, establecimiento de pul-pería a las dos y quince minutos post meridium, en el barrio de Río, de Gruaynabo, del distrito judicial de dicba corte municipal.

•Celebrado el juicio, la Corte Municipal de Río Piedras por sentencia de 28 de abril de 1915 declaró a Pérez culpable del delito de que era acusado y lo condenó a $10 de multa y al pago de los g'astos del juicio, o en su defecto a sufrir pena de cárcel en la municipal de Eío Piedras a razón de un día por cada dollar de multa y costas que dejare de pagar.

Contra la anterior sentencia interpuso el acusado recurso de apelación para ante la ‘Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, la que por resolución de 29 de mayo, a peti-ción del Fiscal, ordenó que la causa fuera devuelta a la corte inferior para que proceda a hacer lo que en justicia corres-ponda, por carecer aquélla de jurisdicción.

Los hechos expuestos han sido alegados por Tomás Pérez en solicitud de auto de certiorari contra el Hon. Jesús María Rossy, Juez de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., para que se anule la expresada resolución de 29 de mayo de 1915, y se ordene la celebración de un nuevo juicio de acuerdo con la ley, estando esos hechos además comproba-dos por el examen que hemos hecho de los autos que tene-mos a la vista en virtud del mandamiento de certiorari expe-dido en 4 del corriente junio.

La única cuestión legal a discutir en el presente recurso de certiorari es si el Juez Hon. Jesús María. Rossy, tiene jurisdicción para conocer del recurso de apelación contra la sentencia que dictó el Juez Municipal de Río Piedras, o si carece de dicha jurisdicción por no otorgar tal recurso el artículo 556 del Código.

.. Tal cuestión no.se levanta por primera vez ante esta corte y ya ha sido considerada al resolver el caso de Collazo v. El Juez de Paz, 15 D. P. R., 500. Entonces, dijimos:

“La cuestión que se nos presenta para su discusión es sobre si el artículo .556 del Código Penal fué enmendado por la ley de 12 de marzo de 1903, leyes de 1903, página 43. El Fiscal alega que el ar-tículo 556 contiene todo lo relativo a apelaciones con respecto al cierre de establecimientos los domingos y que es una cuestión de ley substantiva; pero evidentemente también incluye una cuestión de procedimiento tal como la de una apelación cuando la multa excede de diez dollars. La cuestión relativa a apelaciones está contenida •en la ley de 12 de marzo de 1903. Bn dicha ley el artículo 48 del Código de Enjuiciamiento Criminal fué enmendado y la misma cuestión fué tratada en el artículo 29, según está enmendado por dicha ley. El texto de dicho artículo tiene un sentido general y concede el derecho dq apelación contra toda sentencia de los jue-ces de paz. El artículo 3 de la misma ley de 12 de marzo de 1903, página 46, deroga todas las leyes o partes de leyes incompatibles con dicha ley, y no vemos motivos para exceptuar de sus efectos la ley especial respecto al cierre los domingos. El artículo 556 del Código Penal es hoy incompatible con la ley posterior creando un sistema algo diferente dé apelaciones contra sentencias de los jueces de paz.”

Lo que elejamos dicho acerca de apelaciones contra sen-tencias dictadas por los jueces de paz, debe entenderse de iguales recursos contra sentencias de las cortes municipales al conocer de las infracciones de los preceptos del Código Penal sobre cierre de establecimientos. los domingos.

La pena' señalada a la infracción del artículo 553 del Có-digo Penal tal como estaba primitivamente redactado, era la de multa no menor de $5 ni superior a $10 por la primera falta, y por cada falta subsiguiente, la de multa no menor ■de $10 ni mayor de $25, con recurso de alzada para el corres-pondiente tribunal de distrito en todos los casos en que la multa impuesta, incluyendo las costas, excediera de $10. Esas penas fueron modificadas primeramente por la Ley No. 131 de 9 de agosto de 1913, que al enmendar por su sección Ia. el artículo 553 del Código Penal dispuso que toda infracción de ese artículo constituiría delito y se castigaría con multa que no excediera de $50. La ley actualmente en vigor, o sea, la No. 24 aprobada en 28 de marzo de 1914 para enmen-dar el artículo 553 y restablecer el 554 del Código Penal, modi-ficó también la anterior penalidad en el sentido de que toda infracción a dicha ley sería castigada con una multa no mayor de $100 ni menor de $10, o cárcel por un término máximo de treinta días.

Las leyes a que acabamos de hacer referencia no estable-cen limitación alguna al recurso 'de apelación contra senten-cías que dicten las cortes municipales en casos sobre cierre de establecimientos.

La sentencia que en 28 de abril de 1915 dictó la Corte Municipal de Río Piedras es apelable para ante la Corte de Distrito de San Juan, y el juez de lá sección 2a. de esa, corte incurrió en error al estimar que carecía de jurisdic-ción para conocer del recurso que contra aquélla interpuse el acusado Tomás Pérez.

Procede anular la resolución dictada por el Juez de la Corte de Distrito de San Juan, - Sección 2a., en 29 de mayo de 1915, devolviéndosele los autos para que proceda de acuerdo con los principios que dejamos establecidos.

0 Declarada con lugar la solicitud de certiorari y anulada la resolución de 29 de mayo de 1915..

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y ITutcMsoil.


text:
    Rosario, Peticionario, v. Rossy, Juez de Distrito, Demandado.
    Solicitud para que se expida mandamiento, de certiorari al Juez de la Corte de Distrito de San Juan, Sección ,2a.,. en una causa sobre infracción del artículo 553 del Código' Penal.
    No. 144.
    Resuelto en junio 23, 1915.
    Resuelto por los fundamentos de la opinión emitida en el caso No. 143 de Pérez v. Bossy, Jues de Dstrito, página 615.
    Abogado del peticionario: Sr. M. Romany.

    El demandado no compareció.
   Declarada con lugar la solicitud de certiorari y anudada la resolución de 29 de mayo de ■ .1915.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutcliison.


author: El' Juez Presidente Se. Hernández,

text:
    González, Demandante y Apelado, v. Collazo, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en cansa sobre mejor derecho a la propiedad y posesión de finca rústica.
    No. 1321.
    Resuelto en junio 26, 1915.
    Alegaciones — -Alegaciones no Impugnadas — Conformidad de las Partes. — Se-gún el artículo 132 clel Código de Enjuiciamiento Civil, toda alegación esencial de la demanda no impugnada en la contestación debe tenerse por cierta para los efectos de la acción.
    Id. — Alegaciones no Impugnadas — Errores—Sentencia—Doble Venta. — Apli-cando a este caso el anterior precepto legal, resolvióse que la corte inferior cometió error al consignar como uno de los fundamentos de su sentencia que el demandado no había presentado prueba alguna del contrato privado de compraventa, cuando la existencia de ese contrato había sido alegada por el demandante y aceptada por el demandado, sin que tal error traiga como consecuencia la revocación de la sentencia porque ésta se sostiene mediante la aplicación al caso del artículo 1376 del Código Civil, resolutorio del pro-blema jurídieo planteado sobre efectos de la doble venta.
    Posesión — Apreciación de la Prueba — Prueba Contradictoria — Pasión, Pre-juicio o Parcialidad — Error de Derecho. — Cuando sobre el hecho de la posesión material de cierta propiedad inmueble ha habido conflicto de prueba, y ese conflicto ha sido decidido por el juez a favor del demandante al ordenar que el demandado se abstenga por sí o por medio de sus agentes o empleados de penetrar en la finca y de perturbar al demandante en el quieto y pacífico disfrute de la misma, esa conclusión se sostendrá en apelación mientras no se demuestre que hubo pasión, prejuicio o parcialidad o manifiesto error de derecho.
    Doble Venta de Propiedad Inmueble — Posesión—Inscripción en el Registro— Buena Ee. — Con^ arreglo al apartado 3o. del artículo 1376 del Código Civil, cuando la propiedad inmueble vendida a diferentes compradores no haya sido inscrita en el registro pertenecerá a quien de buena fe sea el primero en la posesión.
    Posesión — Buena Ee — Mala Ee — -Presunción.—La buena fe se presume (artículo 437 del Código Civil) y al que afirma la mala fe de un poseedor corresponde la prueba.
    Sentencia — Sentencia Ajustada a Derecho — -Errores en Cuanto a la Ley y los Hechos. — Cualquiera que sea la opinión sustentada por la corte senten-ciadora en cuanto a la ley y los hechos sometidos a su decisión, si el resultado alcanzado es correcto, puede hácerse caso omiso de las razones en que se fundó, pues la sentencia contra la cual se ha interpuesto la apelación es la que debe considerarse.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Juan B. Soto.

      Abogados del apelado: Sres. Reichard y Reichard.

   El' Juez Presidente Se. Hernández,

emitió la opinión del •tribunal.

Se trata ele recurso de apelación interpuesto por el de-mandado José Collazo Bracero, contra sentencia de la Corte de Distrito de Aguadilla declarando con lugar la demanda interpuesta contra aquél en 18 de noviembre de 1914 por José Francisco G-onzález Segarra.

En dicha demanda alega el demandante:

Io. Que demandante y demandado son mayores de edad, vecinos de Lares y legalmente capacitados para demandar y ser demandados.

2o. Que por escritura otorgada en Lares a 24 de febrero de 1912, el demandante adquirió por compra a Hipólito Co-llazo Bracero una finca rústica sita en el barrio de la Torre de dicho pueblo, con cabida de cuatro' cuerdas de terreno más o menos, conteniendo una casa y un bohío bajo los lindes que expresa; habiendo hecho el vendedor entrega, y dado posesión de dicha finca al demandante.

3o. Que el demandante acreditó la posesión del expresado inmueble en expediente tramitado ante la Corte Municipal de Lares y aprobado por el juez de la misma en 7 de junio de 1913, cuyo expediente fué inscrito debidamente en el regis-tro de la propiedad.

4o. Que en diciembre de 1911, Hipólito Collazo Bracero, .por medio ele documento privado, vendió al demandado la misma finca, sin que el comprador tomara posesión de ella.

5o. Que el demandante siempre ha tenido la posesión de la finca y protestado de los actos de dominio que ha tratado de ejecutar en ella el demandado, no obstante lo cual el deman-dado y sus agentes y empleados han penetrado ilegalmente en la misma tratando primero de tomar posesión violenta de ella y luego subrepticiamente cogiendo el café y destru-yendo plantaciones, con gran perjuicio de los intereses del demandante.

La demanda concluye con la súplica de que se dicte sen-tencia a favor del demandante y contra el demandado, decre-tando que el título del demandante a la propiedad y pose-sión de la finca es mejor que el del demandado, declarando nulo y sin ningún efecto el título del demandado en cuanto al demandante, prohibiendo al demandado, sus agentes o em-pleados que penetren en la finca y perturben al demandante en el disfrute quieto y pacífico de la misma, y condenandoal demandado al pago de todas las costas, gastos y honora-rios de abogado, con los demás pronunciamientos de ley.

El demandado al contestar la demanda admitió los hechos alegados bajo los números 1, 2 y 3; admitió también los he-chos comprendidos bajo el número 4, con excepción del rela-tivo a que el demandado no tomara posesión de la finca; y en cuanto al hecho número 5 niega que el demandante haya tenido jamás la posesión de la mencionada finca y que el de-mandado y sus agentes o cualquier otra persona bajo sus órdenes hayan penetrado ilegalmente en ella en la forma y manera que se alega en la demanda.

Como materia nueva de oposición a la demanda, alega el demandado que al seide vendida la mencionada finca por el referido Hipólito Collazo, según se alega en el hecho nú-mero 4 de la demanda, el demandado en diciembre, 1911, tomó posesión de la finca vendida según se describe en la demanda, en cuya posesión ha continuado y continúa desde la mencio-nada fecha, sin interrupción alguna.

Celebrado el juicio la corte dictó sentencia en 16 de febrero de 1915, por la que “resuelve que los hechos y la ley están a favor de la parte demandante y por tanto se declara que el título de dicho demandante consistente en un expediente posesorio de la finca que se describe en la demanda, debida-mente inscrito en el registro de la propiedad del distrito, es mejor que el del demandado, y que el demandante tiene mejor y preferente derecho a la propiedad y posesión del referido inmueble, siendo nulo y sin ningún valor ni efica-cia el del demandado. Se ordena además a dicho demandado. que se abstenga por sí o por medio de sus agentes y emplea-dos, de penetrar en la finca relacionada, y perturbar al deman-dante en el quieto y pacífico disfrute de la misma, con las costas, gastos y honorarios del abogado del demandante.”

Fúndase la sentencia en que el demandado carece en abso-luto de título en que fundar su contestación para los efec-tos de contradecir la acción del demandante, por no haber unido a su contestación o insertado en ella el documento privado de compraventa, ni presentádolo como prueba, sin que tampoco haya alegado ni probado que 'el demandante tuviera conocimiento de la venta hecha por Hipólito Collazo Bracero a favor de dicho demandado, mientras que el deman-dante ha presentado escritura pública de venta de la finca y el posesorio del inmueble inscrito en el.registro a su nom-bre, sin perjuicio de tercero de mejor o preferente derecho, siendo por tanto el único y verdadero dueño a título pose-sorio de la expresada finca bon derecho a la posesión, uso y disfrute de la misma en contra del demandado que no tiene título alguno. Como derecho aplicable al caso cita el juez los artículos 447 y 1376 del Código Civil, con la jurispru-dencia establecida 'por esta Corte Suprema en varias deci-siones.

Contra la sentencia pronunciada, interpuso el demandado recurso de apelación para ante esta Corte Suprema.

Alega la parte apelante como motivo de su recurso:

(a) Que la corte cometió error al consignar como uno de los fundamentos de su sentencia que el demandado no había presentado prueba alguna de la compra hecha a Hipó-lito Collazo Bracero, cuando ese hecho había sido alegado por el demandante y aceptado por el demandado.

(b) Que también cometió error al aplicar al presente caso el artículo 1376 del Código Civil, pues dicho artículo se refiere al comprador, que inscribe la propiedad y no la posesión, y al comprador que adquiere de un vendedor que tiene título de propiedad inscrito en el registro, circunstancias que no ocurren en el presente caso.

Ciertamente que el demandado no presentó en el juicio documento privado ni prueba alguna de haber comprado la finca a Hipólito Collazo Bracero en diciembre de 1911, o sea con anterioridad a la fecha en que la compró el demandante al mismo Collazo Bracero; pero como esa fué una alegación que hizo el demandante y que aceptó el demandado, no vemos que tuviera necesidad de suministrar sobre ella prueba al-guna. Por la conformidad de las partes no era materia a discutir en el juicio, pues según el artículo 132 del Código de Enjuiciamiento Civil, toda alegación esencial de la de-manda no impugnada-en la contestación, se tendrá por cierta para los efectos de la acción. La materia nueva de oposi-ción a la demanda no consistió propiamente en que al deman-dado le había vendido Plipóiito Collazo Bracero la finca de •que 'se trata en diciembre, 1911, según alegó el demandante y aceptó el demandado, sino en que en virtud de la referida venta el demandado tomó posesión de la finca y continuaba •en posesión de ella contra lo alegado por la parte deman-dante. '

La corte cometió, pues, el primer error apuntado; pero ese error no puede traer como consecuencia la revocación de la sentencia, pues ésta se sostiene mediante la aplicación atinente al caso del artículo 1376 del Código Civil, resolu-torio del problema jurídico planteado sobre efectos de la doble venta.

El artículo citado dice así:

“Artículo 1376.- — Si una misma cosa se hubiese vendido a dife-rentes compradores, la propiedad se transferirá a lá persona que primero haya tomado posesión de ella con buena fe, si fuere mueble.
“Si fuere inmueble, la propiedad pertenecerá al adquirente que antes la haya inscrito en el registro.
“Cuando no haya inscripción, pertenecerá la propiedad a quien •de buena fe sea primero en la posesión; y faltando ésta, a quien presente título d'e fecha más antigua, siempre que haya buena fe.”

De la prueba documental aportada al juicio por el deman-dante, resulta que la finca de que se trata fué vendida me-diante escritura pública por Hipólito Collazo Bracero al de-.mandante en 24 de febrero de 1912, y que el demandante ins-cribió su posesión en el registro de la propiedad, acreditada en expediente posesorio aprobado por la Corte Municipal de Lares en 7 de junio de 1913. Sobre la posesión material de ella que demandante y- demandado alegan haber tenido desde las respectivas fechas de compra, declaran a favor de la posesión por parte del demandante los testigos José Francisco González, Hipólito Collazo Bracero, que fué el vende-dor de la finca, Ernesto Collazo y Antonio Seg’arra, con manifestaciones además de que el demandado ha perturbado en la posesión al demandante, aprovechándose de los frutos de la finca, mientras que los testigos José Irizarry; Cayetano Román, Manuel Pérez, Francisco la Torre y José Collazo Bracero están por la posesión a favor del demandado.

Ha habido “sobre dicha posesión material verdadero con-flicto de prueba, y ese conflicto' fué decidido por el juez a favor del demandante al ordenar al demandado que se abs-tenga por sí o por medio de sus agentes o empleados, de pene-trar en la finca y de perturbar al demandante en el quieto y pacífico disfrute de la misma.

Ya hemos dicho repetidas veces que cuando las declara-ciones de los testigos son contradictorias, está dentro de las atribuciones del jurado o en su defecto dentro de las del juez sentenciador, armonizar esas declaraciones si fuere posible o de lo contrario decidir y llegar a la conclusión que estime procedente, por supuesto, con discreción jurídica y sujeción a las reglas de evidencia, según el artículo 62 de la ley sobre la materia, sin que vayamos contra dicha conclusión, a no ser que se nos demuestre que la corte inferior ha procedido con pasión, prejuicio o parcialidad o manifiesto error de derecho, lo que no ocurre en el presente caso.

Debemos, pues, aceptar como hecho probado que el deman-dante es el que ha estado en posesión de la finca y no el de-mandado, y en su consecuencia, sea o nó aplicable a la deci-sión del caso el apartado 2o. del artículo 1376 por faltar ins-cripción ele propiedad y haberla únicamente de posesión a favor del demandante, y ni una ni otra a favor del común cansante, siempre tendríamos que con arreglo al apartado 3o. ele dicho artículo, la propiedad de la finca pertenecería al demandante por haber sido éste el primero en la posesión, la qne debe reputarse ele buena fe-, pues en contra de ella nada se ha alegado por el demandado, y con arreglo al artículo 437 del Código Civil, la buena fe se presume siempre y al que afirma la mala fe de un poseedor corresponde la prueba. El hecho aceptado por ambas partes de que el demandado compró, antes que el demandante no entraña por parte de éste la admisión de que al comprar lo hiciera con conocimiento de la compra anterior hecha por el demandado.

‘ ‘ Cualquiera que baya sido la opinión sustentada por la corte sen-eiadora en cuanto a la ley y a la prueba que ha sido impugnada por la apelante en su señalamiento de errores, si el resultado alcanzado» fue correcto, podemos hacer caso omiso de las razones en que se fundó.. La sentencia contra la cual se ha interpuesto apelación es lo que: tenemos que considerar, y si fué errónea, corregirla, y no podemos! regirnos enteramente por los razonamientos a que ha llegado el juez; sentenciador con respecto a la ley y a los hechos que fueron some-tidos a su. consideración.”

Pellicier v. Fernández, 19 D. P. R., 117.

Como jurisprudencia aplicable a la doble venta, podemos citar la ya establecida por esta Corte Suprema en los siguien-tes casos:

Manrique de Lar a et al. v. Morales, 9 D. P. R., 123; Pesante v. Sucesión Manrique de Lara, 9 D. P. R., 144; Ramos v. Orcasitas, 14 D. P. R., 68; Abella v. Antuñano et al., 14 D. P. R., 498; Morales et al. v. Landrau et al., 15 D. P. R., 782; y Amadeo v. Sucesión Castro et al., 16 D. P. R., 368.

Es do confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. del Toeo,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Quiñones, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Jnan, Sección 2a., en cansa por delito de acometimiento y agre-sión con circunstancias agravantes.
    No. 835.
    Resuelto en junio 26, 1915.
    Apreciación be la Prueba — Prueba Contradictoria. — Guando existe conflicto en la prueba, corresponde dirimirlo al juez sentenciador, y a menos que baya un motivo poderoso que lleve al Tribunal Supremo a una conclusión contraria, la resolución del juez sentenciador debe prevalecer.
    Acometimiento t Agresión con Circunstancias Agravantes — Pena—Bebaja de la Pena.' — Bajo las circunstancias que concurren en este caso, la corte resolvió que no estaba justificada la imposición del máximum de la pena seña-lada por el estatuto, o sea la de dos años de cárcel, y modificó la sentencia apelada condenando al acusado a sufrir sólo seis meses de cárcel.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados,del apelante: Sres. Tisol & Campillo.

    Abogado del Pueblo: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. del Toeo,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación interpuesto contra sentencia de la .Corte de Distrito de San Juan por vir-tud de la cual Catalino Quiñones fué condenado, como autor de

■ un delito de acometimiento y agresión grave, a sufrir la pena de dos años de cárcel y al pago de las costas del proceso.

La acusación imputa a Quiñones el becbo de ñaber aco- ■ metido y agredido con uña hoja de sable a Felicita Solís, con el fin de causarle daño, produciéndole en efecto una con-tusión, siendo Quiñones un varón adulto y la Solís una mujér de noventa años.

La prueba de cargo' consistió en la declaración de Feli-cita Solís y -el único fundamento en que descansa el .recurso consiste en la alegación de que lo dicho por Felicita Solís es inverosímil y contradictorio y no puede servir 'de base a una sentencia condenatoria. La declaración de Felicita Solís, fué como sigue:

“Felicita Solís, debidamente juramentada y a preguntas del Fiscal declaró: Que es del barrio Monacillos de Río Piedras, que conoce a Catalino Quiñones, que con este señor casi no le pasó .nada, que estaba parada en el batey con los brazos cruzados mirando a lo lejos, y vino y le dió un cantazo, que no sabe por qué le dió, que fué con una boja de sable; que no es pariente suyo, que es amigo, cuando que de muchacho le ayudaba a cargar, que se crió en su casa; que ‘no sabe por qué le dió el cantazo, que no tuvo negocio ni disgusto con él, que no es novio de sus hijas, que no tiene hijas, que no lo in-sultó, que no tuvo nada con él. Que le dió bastante fuerte, y que se puso la mano y tenía un guabucho, que está segura que fué Cata-lino, que no se cayó.
“A preguntas del abogado declaró: Que no sabe a qué hora suce-dió eso, que estaba todo en silencio, que la tienda estaba cerrada y ella estaba acostada, que al salir sólo estaba Sisito en la casa, que se levantó y se tiró abajo y se puso a mirar lejos, que él estaba en la carretera cuando vino y le soltó el cantazo y ella dijo “¡ay, mi madre, ya me mataron!” Que se levantó porque estaba, aquello en silencio, que no había nadie, que en su casa no pasó nada, que el muchacho le preguntó si iba para abajo y le contestó que la dejara ir a ver mundo y se quedó parada mirando lejos.. Que en aquellos momentos al tirarse abajo Sisito no estaba peleando con Catalino, que si peleó sería antes, que ella no sabía nada. Que no es verdad que ella se tiró de la cama porque vió o sintió el alboroto que tenía Sisito con Catalino, porque Sisito llegó del pueblo con Rosario y el guardia, que lo sabe porque vino Sisito, que no lo vió llegar, que cuando vió a Catalino no lo vió si estaba herido porque no le vió la cara cuando le dió, sabe que es él porque estaba en la carretera, pero que no lo conoció cuando le dió, pero sabe que es él porque estaba , conversando solo. Que estaba acostada, que vió a Catalino, que estaba en la carretera cuando vino y le dió, que no estaba Sisito allí, que Sisito tendría la pelea pero de eso no da cuenta, que no fué por esa causa que se levantó, que en su casa no había hierro, que Sisito no haló por ningún sable, que él no andaba ni con cortaplumas; que si ellos tuvieron su pelea, la tendrían, pero ella no sabe nada de eso, Que está segura que Catalino le dió ese golpe.
“Contestando a preguntas del Fiscal: Al juez, que Sisito es nieto suyo, que no puede decir los años que tiene, que no lo sabe, pero que para la tormenta de Nuestra Señora de los Angeles su padre le decía que tenía diez años.
"Al defensor: Que Eosario Ayala llegó con Sisito.”

La prueba de descargo consistió en las declaraciones de Eosario Ayala y del propio acusado. Ambos dijeron que el acusado tuvo un disgusto con Sisito Solís, nieto de Felicita; que Sisito atacó al acusado con una hoja de sable; que Feli-cita se interpuso y Sisito le dió entonces el sablazo que le causó el daño' de que se queja en esta causa.

Existe, pues, un conflicto en la prueba practicada que fué dirimido por el juez sentenciador en contra del acusado. Pero éste sostiene que aun aceptando en toda su integridad la declaración de Felicita Solís, dicha declaración no es bas-tante para fundar en ella únicamente la sentencia por vir-tud de la cual fué condenado a dos años de cárcel.

Es bien cierto que se nota al analizar la declaración de Felicita Solís, alguna vaguedad y que no podemos deducir claramente de ella los móviles que indujeron al acusado a cometer el delito que se le imputa, pero no es menos cierto que desde el principio basta el fin de su declaración, Feli-cita, la mujer de noventa años, sostiene que fué el acusado y no otra persona, el que le acometió y le agredió en la noche del 1 de mayo de 1914. Además, el juez de distrito que tuvo la oportunidad de observarla mientras declaraba, quedó' con-vencido dé que decía la verdad, y a menos que existiera un motivo poderoso que nos llevara a la conclusión contraria, debemos aceptar la resolución del juez sentenciador como la justa y procedente. Lo que sí nos parece excesiva es la pena impuesta al acusado. G-rave es en verdad el delito de acometer y agredir a una mujer, y mucho más a una mujer de noventa años, pero las circunstancias que concurren en este caso no justifican que se imponga el máximum de la pena señalada por el estatuto. A nuestro juicio, seis meses de cárcel son suficientes.

Debe modificarse la sentencia apelada en tal sentido.

Confirmada ¡la sentencia apelada aunque modi-ficada en el sentido de que el acusado sufra seis meses de cárcel y el pago de las costas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.