source: Caselaw Access Project

author: Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo. Juez Asociado Señor Rivera García. Juez Presidente Señor Hernández Denton. Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

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text:
    AAR, Ex parte, peticionaria.

      Número: CC-2008-1010

      Resuelto: 10 de abril de 2013

      Nora Vargas Acosta y María L. Jiménez Colón, de la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico; Norma I. Figueroa Morales, Joan Hernández, Camelia S. Ramos Freese, Noelia D. Rodríguez Rivera y Arleene M. Rodríguez Serrano, estudiantes de la Sección de Discrimen por Orientación Sexual e Identidad de Género de la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico, abogadas de la peticionaria.
   RESOLUCIÓN

Examinada la Primera Moción de Reconsideración presentada por la parte peticionaria, se provee “no ha lugar.”

Vistas la Moción para Presentar Alegato de LAMBDA Legal Defense and Education Fund y la Fundación Artículo II como Amigos del Tribunal; la Moción Solicitando Autorización para Comparecer como Amicus Curiae, del Ledo. Roberto García Cabrera; la Moción Solicitando Autorización para Comparecer como Amicus Curiae, del Ledo. Jorge A. Irizarry Rodríguez, y la Moción Solicitando Autorización para Comparecer como Amicus Curiae, del Dr. Wilkins Román Samot, se provee a todas “no ha lugar.”

Atendida como una moción de reconsideración la Moción Informativa en Respuesta a Moción de Reconsideración y Solicitud de Autorización y Término para Presentar Postura del Estado en Relación a la Moción de Reconsideración de la Parte Peticionaria, presentada por la Procuradora General de Puerto Rico el 18 de marzo de 2013, se provee “no ha lugar” por falta de jurisdicción al haberse presentado fuera del término jurisdiccional de diez días laborables que provee la Regla 45 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXI-B.

Notifíquese inmediatamente a las partes por teléfono, correo electrónico, fax y por la vía ordinaria.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Martínez Torres hizo constar la expresión siguiente, a la cual se unió el Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón:

Estoy conforme con la decisión del Tribunal y hago constar que el Estado habrá cambiado de parecer, pero la ley no. En vez de gastar tinta y tiempo en tratar de convencernos de que la Constitución dice lo que no dice, sería prudente y más provechoso para su nueva postura que el Estado dirigiera sus esfuerzos a enmendar la ley.

El Juez Asociado Señor Rivera García emitió un voto particular de conformidad. El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo emitió un voto particular de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Fiol Matta reconsideraría e hizo constar la expresión siguiente:

Reitero lo expuesto en mi voto disidente de 20 de febrero de 2013 en el caso de epígrafe. Por ello, considero que el Tribunal debería reconsiderar la decisión que se tomó en el caso y acogería la moción de reconsideración presentada por la peticionaria AAR. Como explica el Juez Presidente Señor Hernández Denton en su voto disidente en esta ocasión, es lamentable que el Tribunal desaproveche la oportunidad de estudiar los nuevos fundamentos expuestos por la peticionaria en su Moción de Reconsideración, así como de analizar los planteamientos sobre el cambio de política pública del Estado que expone la Moción Informativa de la Oficina de la Procuradora General. Tal como indica la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez en su voto particular disidente, no se debe descartar lo manifestado por la Procuradora General en su moción informativa —que no es una moción de reconsideración y se rige por otros términos— cuando se utilizó la postura de su Oficina para justificar la Opinión del Tribunal certificada anteriormente. Tampoco debe perderse de vista que el deber de la Procuradora General es defender la Constitución de Puerto Rico por encima de cualquier ley del País que la contravenga y eso es lo que intenta esta funcionaría con su escrito ante este Tribunal. Asimismo, cabe advertir que, independientemente de las posturas de cada cual sobre una controversia, no se deben tratar de forma despectiva las ideas que presentan las partes para fundamentar sus solicitudes ni el trabajo que realizan los funcionarios públicos en cumplimiento de lo que entienden que es su deber.

El Juez Presidente Señor Hernández Denton emitió un voto particular disidente. La Jueza Asociada Señora Rodríguez Rodríguez emitió un voto particular disidente. El Juez Asociado Señor Estrella Martínez reconsideraría.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Voto particular de conformidad emitido por el

Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo.

I

Existen verdades absolutas. Son verdades perennes, inmutables, algunas insondables, pero todas ineludibles. Las verdades absolutas, por definición, no están sujetas a núestra razón. Por medio de la razón las reconocemos, pero no las podemos hacer más o menos ciertas; si las reconocemos son verdad y si no las reconocemos no dejan de serlo.

El popular o populista relativismo cultural ejerce su influencia sobre toda verdad y oblitera la existencia de las verdades absolutas. Sin embargo, el Derecho, como reflejo del ser racional e instrumento de la justicia, no puede negar tales verdades. El que la tierra gira sobre su propio eje y que tal realidad marca las horas del día, son verdades absolutas y el Derecho no puede pretender obviarlas. El que la existencia del hombre es finita es otra verdad absoluta, sin la cual no tendría sentido todo el milenario derecho sucesorio. El que el ser humano nace, envejece y muere en un ciclo extraordinario de existencia, es otra verdad absoluta que exige una pena para aquel que troncha intencional y maliciosamente ese derecho natural e inalienable a la vida.

La clasificación del sexo, como condición orgánica de la raza humana, es otra verdad absoluta. El ser humano nace sexualmente varón o hembra, masculino o femenino. Podemos intentar negar tal verdad ajustando nuestra conducta y preferencias sexuales a lo que pensamos o sentimos, pero tal decisión no hace menos cierto lo que por naturaleza realmente somos. ¿Debe entonces el Derecho obviar tal axioma haciendo abstracción de lo que es el orden natural? Tal es la pregunta que con relación a este tipo de controversias debe hacerse todo pensador de la justicia como instrumento del orden social.

II

En su voto disidente, el distinguido Juez Presidente de este Tribunal, Hon. Federico Hernández Denton, inicia su ponencia señalando que “la decisión de esta Curia contraviene el mejor bienestar de una menor que ha sido amada y protegida por sus dos madres desde antes de su nacimiento”. Con relación a esta expresión, es menester señalar que la decisión tomada en este caso por una mayoría de esta Curia no ordena cambio alguno en lo que ha sido la relación filial que incuestionablemente existe entre la peticionaria y la menor objeto de esta controversia. Esto es, el amor y los cuidados que conforme a la prueba presentada le han sido dispensados a esta niña, así como la amalgama de disposiciones legales y recursos notariales que siempre han estado a su disposición, en nada se verán afectados por nuestra decisión.

III

Por último, la Oficina de la Procuradora General ha comparecido ante este Tribunal y mediante una moción informativa nos anuncia que el Estado apoya la adopción solicitada por las peticionarias. Si eso es así y considerando que la Rama Legislativa se encuentra en sesión, conviene entonces que en un ejercicio saludable de separación de poderes y balance democrático, sean las ramas democráticamente electas las que aprueben un proyecto de ley que resuelva de una vez la controversia. De esa manera servimos todos mucho mejor al extremadamente importante balance de poderes, que es piedra angular de nuestra democracia constitucional. Huelga decir que, si en el sano ejercicio de sus prerrogativas constitucionales las ramas electas por el Pueblo aprueban tal proyecto, este Tribunal nada tendría que decir, pues el poder no está en nosotros sino en el Pueblo. Dejemos entonces que el Pueblo actúe.

Por lo tanto, reitero mi conformidad con la Resolución de este tribunal que declara “no ha lugar” la moción de reconsideración de la parte peticionaria.

Voto particular de conformidad emitido por el

Juez Asociado Señor Rivera García.

Estoy conforme con la Resolución que deniega la solicitud de reconsideración de la peticionaria AAR. Asimismo, difiero con el mayor respeto del disenso por estar convencido de que sus razonamientos se distancian de los cimientos jurídicos que enunciamos en la Opinión mayoritaria y por consiguiente, del estado de derecho. En ese contexto, nuevamente me veo precisado a emitir unas expresiones en torno a la controversia que nos ocupa. Ello, no con el interés de convencer a los que ya han asumido una postura y se niegan a observar los datos y la evidencia que ofrece la realidad y la experiencia humana sobre la filiación natural, la cual reiteramos, debe ser imitada por la filiación adoptiva. Más bien, me pronuncio por el imperativo de adherirme a los postulados que rigen mi conciencia judicial.

Partiendo de que no existe un derecho fundamental a adoptar y de que la institución de adopción consiste en dar unos padres a un hijo y no un hijo a unos padres, me pregunto desde cuándo proteger el derecho de nuestra niñez a crecer en una familia diversa, es decir, conformada por madre y padre —personas de distinto sexo— imitando la naturaleza, es un discrimen para el adulto. ¿Cuándo perdimos el norte de que la institución de la adopción gira en torno al bienestar del menor y no en torno al deseo del adulto?

Es oportuno invocar que en mi Opinión de conformidad sobre el caso de autos enfaticé que en la jerarquía de reconocimiento de derechos de la persona, mi balanza se inclina hacia los niños, población que no tiene la conciencia, ni la capacidad legal ni personal de defenderse de los graves daños que la voluntad adulta puede causarles si se materializa su pretensión de convertirlos en objeto o en el botín de sus conflagraciones personales. En consecuencia, ante el supuesto cambio de política pública que la Procuradora General enuncia en su tardía moción de reconsideración, me reafirmo en que la balanza de mi conciencia seguirá inclinada a favor de nuestra niñez.

Debo llamar la atención a que en el título de la referida moción el Estado omite la realidad de lo que peticiona, que en contenido y sustancia no es otra cosa que una reconsideración de la Opinión mayoritaria que emitió esta Curia el 20 de febrero de 2013. Además de solicitar que le permitamos expresarse nuevamente sobre la controversia, la Procuradora General ha alterado todos sus argumentos para que obren a favor de la parte peticionaria. Ese proceder denota una desviación de su deber de defender la constitucionalidad del Art. 138 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA see. 539, que expresamente prescribe la política pública actual. Por el contrario, opta por unirse a la solicitud de reconsideración de la peticionaria.

En torno a ese extremo, es prudente señalar que en nuestro ordenamiento jurídico “[l]a moción de reconsideración funge como mecanismo para que el tribunal sentenciador pueda modificar su fallo siempre y cuando tenga jurisdicción para eso”. Febles v. Romar, 159 DPR 714, 719 (2003). A su vez, los elementos de vital importancia en los que se fundamentan las normas procesales que rigen la solicitud de reconsideración son: “(1) evitar la utilización de tácticas dilatorias por parte de litigantes perdidosos y (2) ofrecer cierta estabilidad jurisdiccional en los casos, esto es, tener más seguridad de cuándo verdaderamente un término jurisdiccional, como es el de la revisión, está próximo a vencer”. Id., pág. 719.

Como es sabido, un término jurisdiccional es “fatal, improrrogable e insubsanable, rasgos que explican por qué no puede acortarse, como tampoco es susceptible de extenderse”. (Énfasis en el original). Martínez, Inc. v. Abi joe Realty Corp, 151 DPR 1, 7 (2000). Precisa enfatizar que el término para presentar una moción de reconsideración es de carácter jurisdiccional y su transcurso tiene el efecto de impedir que el tribunal pueda considerarla. Insular Highway v. A.I.I.Co., 174 DPR 793 (2008); J.P. v. Frente Unido I, 165 DPR 445 (2005).

Por su parte, en relación con la moción de reconsideración, la Regla 45 del Reglamento de este Tribunal dispone, en lo pertinente, que

(b) [t]oda moción de reconsideración deberá presentarse dentro del plazo jurisdiccional de diez días laborables mencionado en el inciso (a) de esta regla y no deberá exceder de diez páginas. No se aceptará un memorando de autoridades por separado ni una petición de prórroga para fundamentar una reconsideración presentada. Las citas de autoridades deberán discutirse en el cuerpo de la moción. El Secretario o la Secretaria denegará de plano cualquier moción de prórroga para presentar una moción de reconsideración o un escrito en apoyo a ésta. Si el tribunal deniega la moción de reconsideración,, el mandato se enviará cuatro días laborables después de la fecha cuando se envió a las partes la copia de la resolución, a menos que se haya presentado una segunda moción de reconsideración conforme a lo dispuesto en el inciso (c) de esta regla. (Enfasis suplido). 4 LPRAAp. XXI-B.

Al interpretar la citada norma, es forzoso colegir que la acción de la Procuradora General está a destiempo y es equívoca en derecho. Constituye un manifiesto desacierto por parte del Estado desatender los términos jurisdiccionales para la presentación de una solicitud de reconsideración e intentar interceder en el proceso, en artificio de otros propósitos. Además, por medio del documento intitulado Moción Informativa en Respuesta a Moción de Reconsideración y Solicitud de Autorización y Término para Presentar Postura del Estado en Relación a la Moción de Reconsideración de la Parte Peticionaria, presentado el 18 de marzo de 2013, el Estado nos incita a que adoptemos por vía jurisprudencial un supuesto de política pública que aún no se ha materializado por la vía legislativa. En ese proceder, se pretende adelantar visiones contrarias a la política pública vigente y en contravención a la norma que pautamos en la Opinión de este Tribunal.

Más aún, la moción de reconsideración del Estado va más allá e invita a esta Curia a asumir el rol que no le compete. Para ello, se basa en la “posibilidad” de que el Tribunal Supremo federal decida que la Defense of Marriage Act (“DOMA”), Ley Núm. 104, 110 Stat. 2419 y que la Proposition 8 del estado de California son inconstitucionales según la tesis de que ambas piezas de ley son contrarias a la igual protección de las leyes.

Ante esas circunstancias, es ineludible puntualizar que la especulación no es un criterio que debe estar presente en las determinaciones judiciales. En específico, no podemos decidir controversias que irrevocablemente afectarán la vida de todo un pueblo fundamentando nuestro proceder en la “posibilidad” de un cambio de política pública. Más que conjeturas, tenemos ante nos evidencia concreta y abundante que es persuasiva y nos lleva a concluir que el interés de la niñez se adelanta reconociéndole su derecho a tener una madre y un padre. Ello a pesar de lo que puedan sostener algunos que rechazan a priori el sentido de la maternidad y la paternidad.

En ese contexto, es inaceptable seguir aludiendo o to-mar por cierto el estribillo de la discriminación e igualdad para evadir lo que revelan confiables estudios y literatura sobre que un menor necesita idóneamente ambas figuras, madre y padre, para su formación y desarrollo. Cónsono con lo anterior y según analizamos en nuestra Opinión de conformidad, las distinciones son necesarias y no existe la prerrogativa de tener o poseer un niño como derecho. En vista de ello, concibo que la institución de la adopción que modelará y será decisiva para el desarrollo de los menores, no está exenta de las regulaciones y las distinciones necesarias para imitar la naturaleza de la filiación y así propender hacia el bienestar del menor.

Ahora bien, concurro con que la maternidad y la paternidad son una experiencia humana. Entonces, en la amplitud de esta experiencia, los factores biológicos necesarios para realizarla y el bienestar de la niñez a la luz de todas sus necesidades integrales: ¿por qué debemos soslayar la realidad de que un menor precisará las figuras materna y paterna en su desarrollo? ¿Qué tiene que ver el alegado discrimen por orientación sexual con que afirmemos la realidad natural y demos prioridad a la niñez sobre el deseo adulto? Nada. ¿Se le está despojando a esta pareja de la posibilidad de convivir y llevar a cabo su vida íntima? Contestamos en la negativa.

Los argumentos aducidos en la tardía solicitud de reconsideración no constituyen una razón válida que nos incline a ignorar los hechos irrevocables e innegables de la realidad reproductiva y filial adoptiva. Si ahora el Estado pretende alterar el esquema jurídico para negar esta realidad por encima del bienestar del menor y su derecho a tener madre y padre, tal decisión no le compete a esta rama constitucional. Esto, pues un cambio de esa magnitud sobre la política pública y en los estatutos que reconocen la naturaleza de la familia le corresponden a la Asamblea Legislativa. Precisamente de eso trata el principio de separación de poderes discutido a cabalidad en la Opinión de la hermana Jueza Asociada Señora Pabón Charneco.

En fin, reitero mi conformidad con la Resolución de la mayoría de esta Curia que declara “no ha lugar” a la moción de reconsideración de la peticionaria. En ese aspecto, concibo que “[n]o es que la verdad sea demasiado difícil de hallar, muchas veces está en la superficie [plasmada en la propia naturaleza humana]. Pero es más cómodo y fácil buscar [y adelantar] una idea que concuerde con nuestros deseos, [que son] sobre todo egoístas”.

Voto disidente emitido por el

Juez Presidente Señor Hernández Denton.

Lamentablemente, por el escaso margen de un voto, este Tribunal desaprovecha la oportunidad de corregir una postura que es contraria al principio de igualdad garantizado en nuestra Constitución. Al denegar la bien fundamentada moción de reconsideración presentada por la parte peticionaria, la decisión de esta Curia contraviene el mejor bienestar de una menor que ha sido amada y protegida por sus dos madres desde antes de su nacimiento. Con profundo pesar, disiento nuevamente.

Reitero que el Art. 138 del Código Civil, 31 LPRA see. 539, es inconstitucional al discriminar por razón de sexo. Descartada esta disposición, es evidente que el expediente judicial demuestra que la Sra. AAR cumple con todos los requisitos para adoptar a quien ha sido su hija de facto por más de doce años. Por ello, coincido con lo expuesto por la compañera Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez en que no debemos minimizar el valor del expediente judicial para desviar la atención a argumentos extrajurídicos y morales, como lo ha hecho una mayoría de este Tribunal. Por ende, proveería “ha lugar” a la moción de reconsideración que nos ocupa y concedería la adopción según solicitada.

De hecho, en su moción, la parte peticionaria señala que una mayoría de este Tribunal erró al razonar que el Art. 138 del Código Civil, supra, no discrimina por razón de sexo porque trata por igual a hombres y mujeres. Al respecto, destaca que el Tribunal Supremo federal rechazó este tipo de razonamiento en Loving v. Virginia, 388 US 1 (1967), decisión sin la cual los integrantes de los matrimonios interraciales hoy podrían estar tras las rejas. En ese caso el máximo foro federal expresó lo siguiente:

“[T]he State contends that, because its miscegenation statutes punish equally both the white and the Negro participants in an interracial marriage, these statutes, despite their reliance on racial classifications do not constitute an invidious discrimination based upon race [...] In the case at bar, however, we deal with statutes containing racial classifications, and the fact of equal application does not immunize the statute from the very heavy burden of justification which the Fourteenth Amendment has traditionally required of state statutes drawn according to race”. (Énfasis y corchetes en el original). Caso Núm. CC-2008-1010, Pieza 4, Moción de reconsideración, pág. 8, citando a Loving v. Virginia, supra, págs. 8-9.

Al aplicar lo anterior al caso ante nos, la parte peticionaria sostiene correctamente que el hecho de que un estatuto que crea categorías basadas en sexo aplique por igual a hombres y mujeres no es suficiente para sostener su validez constitucional, la cual debe evaluarse mediante el escrutinio estricto en nuestra jurisdicción. Pérez, Román v. Proc. Esp. Rel. de Fam., 148 DPR 201, 212-213 (1999); Wackenhut Corp. v. Rodríguez Aponte, 100 DPR 518, 531 (1972).

En mi disenso anterior destaqué que la Opinión mayoritaria aplicó erróneamente el escrutinio mínimo racional a la clasificación inherentemente sospechosa que establece el Art. 138 del Código Civil, supra. Así, descansó en el interés que el Procurador General alegó en sus comparecencias iniciales: que la clasificación impugnada pretendía proteger los valores arraigados en la institución de la familia tradicional. Repito que esa alegación generalizada es insuficiente para que el Art. 138 del Código Civil, supra, sobreviva el escrutinio estricto. Peor aún, el Estado retiró esa alegación. Actualmente, la Procuradora General sostiene que el Art. 138 del Código Civil, supra, es inconstitucional.

Luego de certificada la Opinión sobre este caso, que todavía no es final y firme, la Oficina de la Procuradora General compareció ante este Tribunal mediante una moción informativa para puntualizar que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Gobierno de Estados Unidos han adoptado como política pública erradicar el discrimen por razón de sexo, orientación sexual y género para atemperar el ordenamiento jurídico a la garantía constitucional de igualdad. Moción Informativa en Respuesta a Moción de Reconsideración y Solicitud de Autorización y Término para Presentar Postura del Estado en Relación a la Moción de Reconsideración de la Parte Peticionaria, págs. 2-3. Como bien señala la compañera Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez, esta moción debe ser atendida como una para expresarse sobre la moción de reconsideración presentada por la peticionaria y no como una moción de reconsideración independiente. Según la Regla 31 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXI-B, la Procuradora General contaba con un término de diez días desde la notificación de la moción de reconsideración presentada por AAR para expresarse. Así lo hizo. Por tal razón, la moción fue presentada oportunamente.

Precisamente, la Procuradora General señala que es posible que el Tribunal Supremo de Estados Unidos evalúe la constitucionalidad de leyes que contienen clasificaciones por orientación sexual en los casos Hollingsworth v. Perry, Núm. 12-144, y United States v. Windsor, Núm. 12-307. Moción informativa, supra. Por ello, nos advierte que la determinación que tome el máximo foro federal en los próximos meses podría afectar directamente el reclamo de la Sra. AAR. íd., pág. 4. Amerita destacar que el Tribunal Supremo federal celebró vistas orales en ambos casos el 26 y 27 de marzo de 2013.

Por otra parte, la Procuradora General afirma que el Art. 138 del Código Civil, supra, es inconstitucional porque discrimina por razón de orientación sexual y no sobrevive el escrutinio estricto. Moción informativa, supra, pág. 5. Por eso, se unió a la moción de reconsideración presentada por la peticionaria. Id.

Sin embargo, cinco de los nueve jueces de esta Curia dejan a un lado la realidad de que el propio Estado mediante la Procuradora General apoya la adopción solicitada y de que, en unos meses, el Tribunal Supremo federal podría resolver en los méritos dos casos que impactarían la decisión cuya reconsideración se solicita. Asimismo, además de rehusarse a reconocer que el Art. 138 del Código Civil, supra, es inconstitucional porque discrimina por razón de sexo, la mayoría no da adecuada importancia y reconocimiento a la amalgama de fundamentos jurídicos adicionales que sostienen su inconstitucionalidad. Veamos unos cuantos, sin ánimo de ser exhaustivos.

Primero, este Tribunal pudo haber declarado inconstitucional el Art. 138 del Código Civil, supra, por este discriminar por razón de nacimiento contra JMAV. Segundo, este Tribunal pudo haber declarado inconstitucional el referido artículo por este infringir el derecho de CW y AAR a tener hijos, criarlos y educarlos, proveniente del derecho a la intimidad garantizado expresamente en nuestra Constitución y el cual es de factura más ancha que su homólogo federal. Tercero, la inconstitucionalidad del artículo en cuestión pudo haberse fundamentado reconociendo que la orientación sexual es una característica inmutable del ser humano, fundamental para su identidad. Cuarto, este Tribunal pudo haber decretado su inconstitucionalidad incluso mediante el escrutinio racional, pues la clasificación impugnada es arbitraria y caprichosa. Quinto, este Tribunal tenía la obligación de declarar inconstitucional el Art. 138 del Código Civil, supra, por este violar la dignidad de AAR, CW y JMAV, al tratarlas como ciudadanas de segunda clase por ser parte de una familia encabezada por dos mujeres.

Es harto sabido que Puerto Rico no puede reconocer me-nos derechos constitucionales que los reconocidos a nivel federal. Pueblo v. Yip Berríos, 142 DPR 386, 397-398 (1997); Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 DPR 250, 258-259 (1978). Si la Opinión emitida el 20 de febrero de 2013 adviene final y firme y el máximo foro federal invalida las clasificaciones por orientación sexual, ¿obligaremos a la parte peticionaria a sufrir y costear un nuevo procedimiento judicial idéntico al que ha sufrido y costeado desde el 7 de junio de 2005? Véase Apéndice, pág. 77. ¿Por qué no podemos esperar unos meses para disponer de un caso que lleva ante esta Curia desde el 13 de noviembre de 2008?

Lo peor es que, fuera del escenario judicial, este Tribunal deja desprotegida a una menor que seguirá viviendo con sus dos madres, independientemente del juicio moral que cinco de los nueve jueces de esta Curia indirecta o directamente hace de su familia. Los tres seres humanos que comparecieron ante este Tribunal en búsqueda del remedio que les garantiza nuestra Constitución merecen, como mínimo, sensibilidad, respeto y consideración de parte de cada uno de los integrantes de esta Curia.

A la luz de lo expuesto anteriormente, la prudencia aconseja que este Tribunal posponga la consideración de la moción de reconsideración presentada por la parte peticionaria. No obstante, como una mayoría de este Tribunal ha decidido denegar la misma, disiento del curso de acción propuesto y reitero los criterios expuestos en mi Opinión disidente del 20 de febrero de 2013.

Voto particular disidente emitido por la

Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

On the other hand, there is an immediate legal injury or legal—what could be a legal injury, and that’s the voice of these children. There are some 40,000 children in California, according to the Red Brief, that live with same-sex parents, and they want their parents to have foil recognition and foil status. The voice of those children is important in this case, don’t you think?

Ante la moción de reconsideración presentada por la peticionaria, reafirmo mi postura desde la disidencia ante la denegatoria de una mayoría del Tribunal de reconocerle jurídicamente a AAR su relación de amor y afecto maternal hacia su hija JMAV. Aun así, aprovecho estas páginas para hacer otras expresiones, pues los folios de nuestros escritos jamás serán suficientes para denunciar el proceder errado de esta Curia ni la injusticia que aquí se comete.

En el caso de autos todos los jueces y juezas de este Tribunal nos referimos a la peticionaria y a su familia mediante las iniciales de sus nombres por motivos de proteger la identidad de ellas y la confidencialidad de los procesos. Sin embargo, detrás de esas iniciales hay sujetos, hay seres humanos que sufren y padecen los resultados de nuestras decisiones. A pesar de que este Tribunal tuvo ante sí múltiples y variados enfoques o mecanismos hábiles en Derecho para facultar la adopción solicitada, la mayoría del Foro enfocó su atención en argumentos jurídicos y morales que abstrajeron la subjetividad y humanismo de las personas a quienes iba dirigida nuestra decisión. Esto, a su vez, en contravención del mejor interés de la menor JMAV según quedó evidenciado en el propio expediente, mas no mediante informes o estudios ajenos al expediente mismo.

Si bien es cierto que nuestros pronunciamientos deben “explicit [ar] los fundamentos jurídicos” de las decisiones emitidas, igual de cierto es que nuestra función como último foro de justicia en el País no debe ejercerse en aislamiento de las personas que confían sus esperanzas en el expediente judicial con que trabajamos. Por ello, no debemos soslayar que “[e]l expediente judicial es una permanente conexión humana. E ingresa en la historia de la persona, porque ésta es su protagonista”. N.A. Cipriano, La humanidad del expediente judicial y otros ensayos jurídicos, Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1976, págs. 26-27.

El expediente judicial de un caso ante nuestra consideración es la herramienta base de nuestra función adjudicadora, pero las personas cuyos problemas están depositados en él son el motor impulsor de nuestra gestión judicial. En palabras de Néstor Amílcar Cipriano, debemos ser conscientes de que

[e]l expediente judicial vive pleno de humanidad. Inquietudes, ansiedades, esperanzas laten sin cesar en cada una de sus hojas. Es el trámite cierto hacia una decisión. Una persona, una familia, un grupo pueden estar pendientes del desarrollo, que conduce a un resultado. Momentos tensionales dominan los ánimos de quienes esperan. Naturalmente, mucho dependerá de la importancia del problema juzgado. Pero, por mínimo que fuere, nunca se ausentarán las humanas inquietudes.
La carátula, el nombre, el número catalogador, la clase de asunto, los escritos, las decisiones parciales, la sentencia final, son imanes dominantes de la conformación vivencial.
El expediente judicial es el corpus que recibe ansiedades, esperanzas, inquietudes. Su conformación física —que alguna vez puede aparentar frialdades— no anula ni desvanece su verdadero contenido. Al contrario, vive rezumante de humanidad, con la esencia puesta en la meta de la justicia. Cipriano, op. cit, págs. 19 y 27.

El valor del expediente judicial de un caso no debe minimizarse; mucho menos debe desviarse la atención hacia propósitos exógenos que no disponen de la controversia, como los argumentos extrajurídicos y morales de la mayoría de este Foro en esta controversia. Frente al expediente judicial el juez debe conservar la humildad, poseer virtud, no juzgar con arbitrariedad, ser compasivo, proteger la dignidad humana y buscar la verdad y la equidad más allá de las concepciones morales y subjetivas que pueda tener. Véanse: M. de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha II, Ed. del IV Centenario, Madrid, Real Academia Española, 2004, Cap. XLII, págs. 868-870; Jaime B. Fuster Berlingeri, La solidaridad en el proceso judicial, 41 Rev. Der. Pur. 1 (2002). Ante todo, el juez debe ser consciente de las peripecias que cargan las personas dentro de un expediente y debe vivirse el caso. Cipriano, op. cit, pág. 26. En ocasiones, según reflejado en este caso por medio de la mayoría del Tribunal, a los jueces se les olvida esto último y se presentan con una actitud flemática e impasible ante la humanización del expediente.

Además de lo anterior, coincido con las expresiones del Juez Presidente Señor Hernández Denton en su voto disidente en cuanto a que debemos ser prudentes en este caso y posponer la resolución de la moción de reconsideración hasta tanto el Tribunal Supremo de Estados Unidos resuelva los casos United States v. Windsor, Docket No. 12-307, y Hollingsworth v. Perry, Docket No. 12-144. No hay duda de que nuestra opinión se da a destiempo ante la inminencia de unos dictámenes “que podrían alterar muy pronto el escenario constitucional y que, dependiendo del resultado, podrían requerir que el Tribunal Supremo de Puerto Rico tenga que revisar este asunto”. H. Meléndez Juarbe, Ex Parte AAR y el TSEU, en derechoalderecho, http://derechoalderecho.org/2013/03/27/ex-parte-aar-y-eltseu/ (última visita, 10 de abril de 2013). Es ante ese trasfondo que la Procuradora General en su moción en respuesta a la moción de reconsideración presentada por AAR, señala que el máximo foro federal tiene ante sí asuntos donde está en controversia el escrutinio aplicable a estatutos que contienen clasificaciones por orientación sexual en su aplicación a parejas del mismo sexo, tal cual el caso ante nuestra consideración. Oficina de la Procuradora General, Moción Informativa en Respuesta a Moción de Reconsideración y Solicitud de Autorización y Término para Presentar Postura del Estado en Relación a la Moción de Reconsideración de la Parte Peticionaria, 18 de marzo de 2013, pág. 3.

En la moción mencionada, el Estado libre Asociado de Puerto Rico, por representación de la Oficina de la Procuradora General, nos indica que en su comparecencia mediante alegato en octubre de 2009 “reconoció que el Artículo 138 contiene una clasificación por preferencia sexual”. (Énfasis en el original). íd., pág. 1. Sin embargo, en aquella ocasión el Estado invocó las reglas de autolimitación judicial para no profundizar en el tema, además que descansó en señalar que no se configura un discrimen por razón de sexo, género u orientación sexual porque la prohibición del Artículo 138 del Código Civil, 31 LPRA see. 539, le aplica por igual a familias compuestas por dos hombres como por dos mujeres. Alegato de la Procuradora General, 30 de octubre de 2009, pág. 25.

Tras transcurrir poco más de tres años desde aquella comparecencia, la Oficina de la Procuradora General ahora señala correctamente que “el panorama del derecho constitucional a nivel federal sobre discrimen por orientación sexual ha cambiado y ello amerita revaluar los plantéamientos de este caso”. Procuradora General, Moción informativa en respuesta a moción de reconsideración, pág. 2. Es precisamente basado en los cambios que ha sufrido el derecho constitucional a la igual protección de las leyes y la protección contra el discrimen por razón de orientación sexual, que la Procuradora General ahora nos solicita que le concedamos un término para presentar de forma más extensiva un alegato o comparecencia suplementaria para expresarse sobre el análisis constitucional aplicable a clasificaciones basadas en orientación sexual.

En la Resolución que hoy emite este Tribunal se rechaza la solicitud de la Oficina de la Procuradora General según el supuesto de falta de jurisdicción porque el escrito se presentó fuera del término de diez días laborables que provee la Regla 45 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B. La Regla 45 de nuestro Reglamento (sobre mociones de reconsideración) establece un término jurisdiccional de diez días para presentar una moción de reconsideración y, además, señala que se “denegará de plano cualquier solicitud de prórroga para presentar una moción de reconsideración o un escrito en apoyo de ésta”. Id. Yerra la mayoría de este Foro al rechazar la petición, puesto que el escrito de la Procuradora General no es una moción de reconsideración ni solicita una prórroga para presentar moción en apoyo a una moción de reconsideración. Su escrito, aunque manifiesta su apoyo a la moción de reconsideración presentada por AAR, trata sobre la solicitud de un término para presentar suplementariamente la postura del Estado en torno al escrutinio aplicable en controversias de discrimen por razón de orientación sexual.

La petición de la Procuradora General debe catalogarse como una moción para expresarse a favor o en contra de una moción para algún remedio, por lo que tenía un término de presentación de diez días desde la notificación de la moción de reconsideración presentada por AAR. Véase Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B R. 31. Debido a que la moción de la Procuradora General se presentó dentro de los diez días de presentada la moción de reconsideración de AAR, conservamos jurisdicción sobre tal escrito.

En la alternativa de aplicar la mencionada Regla 31, la moción de la Procuradora General debe considerarse como una comparecencia especial o sui géneris (única en su clase) para lo que el Reglamento del Tribunal no tiene previsto un término o procedimiento particular. En tal circunstancia, por vía de la Regla 50 nuestro Reglamento faculta a encauzar el trámite de lo solicitado según “los mejores intereses de todas las partes [...] para así lograr el más justo y eficiente despacho del caso o del asunto de que se trate”. Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B, R. 50. Salvo quien se persigne ante una justicia tuca, lo más justo y razonable para atender la comparecencia de la Procuradora General llevaría a un juez a facultar lo solicitado.

Más aún, cuando quien acude es el Estado Libre Asociado de Puerto Rico para expresarse en torno a un asunto de alto interés público, no debemos tomar a la ligera ni superfinamente su comparecencia. Así como la mayoría del Tribunal le dio un peso significativo a la comparecencia de 2009 de la Procuradora General para definir el interés legítimo del Artículo 138 del Código Civil de no permitir que una persona adopte al hijo de su pareja del mismo sexo, cuando la propia Ley Núm. 8 de 19 de enero de 1995 no lo definía, así también esa mayoría debe dar el mismo trato sin distinción del tiempo transcurrido ni la política pública actual de erradicación del discrimen contra un ser humano en cualquiera de sus modalidades. Véase Procuradora General, Moción Informativa en Respuesta a Moción de Reconsideración, pág. 2 (donde se aborda sobre la política pública actual del Estado en materia de discrímenes y su interés en atemperar el ordenamiento jurídico al mandato de igualdad dispuesto en nuestra Constitución).

Previo a concluir, conviene puntualizar que el cambio de política pública que señala la Procuradora General en su escrito no constituye “una desviación de su deber de defender la constitucionalidad del Art. 138 del Código Civil [...]” AAR, Ex parte I, 188 DPR 380, 386 (2013). La Sección 4 del Artículo IV de la Constitución de Puerto Rico impone a la Rama Ejecutiva la función de cumplir y hacer cumplir las leyes, mas no el deber de defender la constitucionalidad de éstas ante los tribunales. Por eso nada impide que esa rama de gobierno desista de defender la constitucionalidad de una ley cuando, en su prerrogativa de interpretar la Constitución, concluye que la ley en cuestión es inconstitucional. En vista de que la tarea de un funcionario en el cargo de Procuradora General es defender la Constitución antes que una ley inferior que esté en contravención de la primera, y de que la determinación de validez constitucional del Artículo 138 de este Poro aún no es final y firme, la Oficina de la Procuradora General no se desvía en ejercer la función a la que juró: de defender nuestra Carta Magna contra cualquier ley que promueva el discrimen, atente contra la dignidad humana y los demás derechos allí consagrados.

Además, reconocer que un dictamen de un tribunal es erróneo, aunque ello sea en un caso en que inicialmente se ha prevalecido, es cónsono con la responsabilidad de esa Oficina para con este Tribunal. Sobre esta práctica de parte de la Oficina del Procurador General, el profesor Archibald Cox, Procurador General de Estados Unidos (1961-1965), señala lo siguiente:

It tests the strength of our belief that the office has a peculiar responsibility to the Court. It affects the way all our other cases are presented. If we are willing to take a somewhat disinterested and wholly candid position even when it means surrendering a victory, then all our other cases will be presented with a greater degree of restraint, with a greater degree of candor, and with a longer view, perhaps, than otherwise. Citado en Lincoln Caplan, The Tenth Justice: The Solicitor General and the Rule of Law, Nueva York, Knopf, 1987, pág. 10.

Y es que, quienes hemos ceñido ese sombrero sabemos “que[,] habida cuenta de la confianza que el pueblo deposita en los funcionarios encargados de velar por que se cumplan las leyes, [nosotros] tenemos una obligación moral de actuar afirmativamente cuando lo contrario conllevaría un extravío de la justicia”. A. Rodríguez Rodríguez, Abogando ante el Tribunal Supremo: deberes y obligaciones de la Oficina del Procurador General, 62 Rev. Jur. UPR 87, 93-94 (1993). El Estado Libre Asociado de Puerto Rico gana en cada ocasión en que se hace justicia a sus ciudadanos en los tribunales y se les protege y defiende del discrimen. No podría ser de otra forma.

En atención a lo antes mencionado, pospondría la consideración de la moción de reconsideración presentada por AAR. En vista de que la mayoría no toma ese curso de acción, disiento nuevamente del proceder mayoritario y reafirmo mis expresiones anteriores en ARR, Ex Parte, 187 DPR 835, 1000 (2013) (Rodríguez Rodríguez, J., Op. disidente).

       Estas mociones no cumplen con la Regla 43 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRAAp. XXI-B.

       Voto disidente del Juez Presidente Señor Hernández Denton, pág. 391.

       X. Lacroix, La confusion des genres: réponses á certaines demandes homosamelles sur le manage et l’adoption, Paris, Ed. Bayard, 2005.

        “Children need a mother and a father

      “There are significant innate differences between male and female that are mediated by genes and hormones and go well beyond basic anatomy. These biochemical differences are evident in the development of male and female brain anatomy, psyche, and even learning styles. Consequently, mothers and fathers parent differently and make unique contributions to the overall development of the child. Psychological theory of child development has always recognized the critical role that mothers play in the healthy development of children. More recent research reveals that when fathers are absent, children suffer as well. Girls without fathers perform more poorly in school, are more likely to be sexually active and become pregnant as teenagers. Boys without fathers have higher rates of delinquency, violence, and aggression.
      “Gender-linked differences in child rearing styles between parents are complementary and protective for children. Erik Erikson was among the first to note that mother-love and father-love are qualitatively different. Mothers are nurturing, expressive, and more unconditional in their love for their children. Father-love, by contrast, often comes with certain expectations of achievement. Subsequent research has consistently revealed that parenting is most effective when it is both highly expressive and highly demanding. This approach to parenting ‘provides children with a kind of communion characterized by inclusiveness and connectedness, as well as the drive for independence and individuality [which is] virtually impossible for a man or woman alone to combine effectively’.
      “Gender differences are also reflected in the way mothers and fathers use touch with their children. Mothers frequently soothe, calm, and comfort with touch. Fathers are more likely to use touch to stimulate or excite their children during play. Mothers tend to engage with children on their level providing opportunities for children to take charge and proceed at their own pace. As fathers engage in rough and tumble play, they take on a teaching role like that of a coach. Roughhousing between fathers and sons is associated with the development of greater self-control in adolescent boys.
      “Gender-linked diversity is also observed in parental approaches to discipline. ‘The disciplinary approaches of fathers tend toward firmness, relying on rules and principles. The approach of mothers tends toward more responsiveness, involving more bargaining, more adjustment toward the child’s mood and context, and is more often based on an intuitive understanding of the child’s needs and emotions of the moment’. Consequently, being reared by a mother and a father helps sons and daughters moderate their own gender-linked inclinations. Boys generally embrace reason over emotion, rules over relationships, risk-taking over caution, and standards over compassion. Girls generally place greater emphasis on emotional ties, relationships, caution, and compassion. Over time opposite-sexed parents demonstrate to their children the value of opposing tendencies”. (Escolios omitidos). M. Cretella, MD, FCP, and D. Trumbull, MD, FCP, Homosexual Parenting: Is It Time For Change?, American College of Pediatricians, 2012. Disponible en: http://www. acpeds.org/wp-content/uploads/Homosexual_Parenting_is_it_time_for_change.pdf (última visita el 8 de abril de 2013).

       Íd. Véase A.D. Byrd, Gender Complementarity and Child-rearing: Where Tradition and Science Agree, 6 (Núm. 2) J.L. & Fam. 213 (2005), donde se hace la pertinente afirmación siguiente: “[t]here is no fact that has been established by social science literature more convincingly than the following: all variables considered, children are best served when reared in a home with a married mother and father.” Disponible en http://narth.com/docs/gendercomplementarity.html (última visita, 8 de abril de 2013). Véanse: B. Schneider, A. Atteberry y A. Owens, Family Matters: Family Structure and Child Outcomes, Birmingham, Alabama Policy Institute, 2005, págs. 1-42, disponible en: http://www.alabamapolicy.org/wp_content/uploads/API_ Research_Current_Family_ Structure.pdf (última visita, 8 de abril de 2013); L. Sax, Why Gender Matters: What Parents and Teachers Need to Know About the Emerging Science of Sex Differences, Nueva York, Doubleday, 2005; D. Blankenhorn, Fatherless America, Nueva York, Basic Books, 1995.

       A. Solzhenitsyn, Peace and Violence, New York Times, 15 de septiembre de 1973.

        Hollingsworth v. Perry, Docket No. 12-144 (Anthony M. Kennedy, J., Vista Oral), pág. 21, http://www.supremecourt.gov/ oral_arguments/argument_transcripts/ 12-144.pdf.

       De la variedad de herramientas jurídicas para atender esta controversia, la disidencia proveyó tres mecanismos o teorías separadas que también fueron ignoradas por la mayoría del Tribunal. Véase AAR, Ex parte, 187 DPR 835, 963 (2013), opinión disidente del Juez Presidente Señor Hernández Denton (aplicación de un escrutinio estricto para decretar la inconstitucionalidad del Artículo 138 del Código Civil de Puerto Rico); opinión disidente de la Jueza Asociada Señora Fiol Matta (aplicación de la figura del second parent adoption)', opinión disidente de la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez (incorporación de la figura del second parent adoption y, en la alternativa, la aplicación de un escrutinio intermedio para decretar la inconstitucionalidad del Artículo 138 del Código Civil); opinión disidente del Juez Asociado Señor Estrella Martínez (aplicación de la figura del second parent adoption).

      Véanse, además, los distintos fundamentos jurídicos para facultar la adopción provistos por el Juez Presidente Señor Hernández Denton en su voto disidente sobre la denegatoria de la mayoría del Tribunal a reconsiderar su decisión en AAR, Ex parte I, 188 DPR 380 (2013).

       É. Pontánez Torres, Antesala: observando a los jueces y juezas como operadores del Derecho, 80 Rev. Jur. UPR 1, 3 (2011).

       Citamos del escrito del Juez Asociádo Señor Fuster Berlingeri:
      “El juez ha de ser sensible particularmente a la necesidad de conjurar los discrímenes que históricamente han sufrido las minorías, los trabajadores, los encarcelados, los acusados, las mujeres, los indigentes, los emigrantes y otros desfavorecidos y desamparados. Ha de estar consciente de que el reto mayor de la justicia es el de proteger la dignidad humana y procurar el desarrollo pleno precisamente de aquéllos que más lo necesitan, de los desvalidos, y de aquéllos que han sufrido cualquier forma de opresión o injusticia”. (Enfasis suplido). J.B. Fuster Berlingeri, La solidaridad en el proceso judicial, 41 Rev. Der. UPR 1, 17 (2002).

       Con la posposición de la resolución de la moción de reconsideración ante nosotros hasta tanto el Tribunal Supremo de Estados Unidos resuelva dos casos ante sí que ineludiblemente incidirán sobre nuestro pronunciamiento en el caso de autos, precisamente se busca paralizar procesalmente el efecto de una decisión con tal de reducir el espectro de especulación que gravita a su alrededor.

       No se justifica cuestionar la actuación o motivaciones de la Procuradora General y atribuirle a ésta que su proceder no es más que un mero “artificio” que persigue “otros propósitos”, sin identificar de qué propósitos se habla.

       La Regla 21.3 de Procedimiento Civil faculta al Estado Libre Asociado de Puerto Rico a intervenir en un pleito en que se cuestione la constitucionalidad de una ley. No obstante, su intervención no es obligatoria, salvo que el tribunal lo ordene. Además, la regla no le impone al Estado ningún deber ministerial de defender la constitucionalidad de la ley impugnada. 32 LPRA Ap. V R. 21.3.

       Ese mismo proceder asumió el Presidente de Estados Unidos y el Departamento de Justica federal, por voz de su Secretario E.H. Holder, Jr., al remitirle una carta a John A. Boehner, “Speaker” de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en donde se informó que la Rama Ejecutiva federal desistiría de defender la constitucionalidad de la Sección 3 del Defense of Marriage Act (DOMA) ante los tribunales. E.H. Holder, Jr., Letter from, the Attorney General to Congress on Litigation Involving the Defense of Marriage Act, disponible en http://www.justice.gov/opa/ pr/2011/February/ll-ag-223.html (“ ‘[Different cases can raise very different issues with respect to statutes of doubtful constitutional validity’, and thus there are ‘a variety of factors that bear on whether the Department will defend the constitutionality of a statute’ [...] This is the rare case where the proper course is to forgo the defense of this statute. Moreover, the Department has declined to defend a statute ‘in cases in which it is manifest that the President has concluded that the statute is unconstitutional’, as is the case here”).


author: Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo, a la cual se unen la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y el Juez Asociado Señor Rivera García. Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez, al cual se unen el Juez Presidente Señor Hernández Denton, la Jueza Asociada Señora Fiol Matta y el Juez Asociado Señor Estrella Martínez.

text:
    Josette Machargo Olivella, peticionaria, v. Fernando Martínez Schmidt, recurrido.

      Número: CC-2013-2

      Resuelto: 17 de abril de 2013

      Rafael J. Machargo Olivella, abogado de la peticionaria.
   RESOLUCIÓN

Atendida la solicitud de certiorari presentada por la parte peticionaria de epígrafe, se provee “no ha lugar”.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo emitió una opinión de conformidad, a la que se unieron la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y el Juez Asociado Señor Rivera García. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez emitió un voto particular disidente, al que se unen el Juez Presidente Señor Hernández Denton, la Jueza Asociada Señora Fiol Matta y el Juez Asociado Señor Estrella Martínez.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Opinión de conformidad emitida por el

Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo, a la cual se unen la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y el Juez Asociado Señor Rivera García.

Ciertamente es correcta la decisión tomada por la mayoría de este Tribunal en el presente caso. Entiendo sabio y correcto en Derecho que, al igual que determinó el Tribunal de Apelaciones, nos abstengamos de intervenir con la determinación del Tribunal de Primera Instancia (TPI).

I

Los hechos concernientes a esta controversia se detallan a continuación, conforme surgen del expediente y de la Sentencia que con relación a esta controversia emitimos el 30 de junio de 2011.

El 23 de diciembre de 2009, en el contexto de un pleito de divorcio, la peticionaria, Sra. Jossette Machargo Olivella, y el recurrido, Sr. Fernando Martínez Schmidt, suscribieron una Estipulación de Custodia, Patria Potestad y Relaciones Paterno Filiales para sus dos hijas gemelas menores de edad. En ese momento, las menores tenían siete años de edad. No obstante, aproximadamente un mes y medio después, la peticionaria instó una solicitud para que se suspendieran las relaciones paterno-filiales. Alegó que, por disposición del tribunal, las menores estaban recibiendo terapia educativa con la Dra. Jeannette RossellÓ y señaló que el recurrido, quien originalmente participo en el proceso terapéutico, había abandonado las terapias en noviembre de 2009. Además, la peticionaria adujo que tras varios incidentes suscitados durante las relaciones paterno-filiales, las menores estaban renuentes a relacionarse con su padre, cuya conducta iba presuntamente en detrimento del bienestar de las niñas. Así, pues, solicitó al tribunal que suspendiera temporalmente las relaciones paterno-filiales hasta tanto el recurrido se integrara a las terapias de las niñas y la terapeuta determinase que éstas estaban preparadas para relacionarse con él.

Como resultado de esta petición, las representantes legales de ambas partes y la Procuradora de Asuntos de Familia, como defensora judicial de las menores, acordaron reunirse con la doctora Rosselló, terapeuta de las niñas, para que ésta expresara su opinión profesional sobre las referidas relaciones paterno-filiales. Según surge de una moción informativa presentada por la Procuradora de Asuntos de Familia, la doctora Rosselló resaltó la importancia de que las menores se relacionasen con su padre. No obstante, recomendó que, previo a ello, se celebraran urnas relaciones terapéuticas iniciales entre las niñas y su padre en un ambiente neutral. Estas relaciones terapéuticas tendrían el propósito de restablecer el plan de relaciones paterno-filiales que las partes estipularon. Así las cosas, las partes acogieron las recomendaciones de la doctora Rosselló y estuvieron de acuerdo con que fuera ella quien dirigiera las referidas reuniones terapéuticas.

Posteriormente, luego de que se celebrara la primera reunión terapéutica, el recurrido presentó urna moción urgente ante el foro de instancia en la que expresó su incomodidad con el trabajo realizado por la doctora Rosselló. Cuestionó tanto su profesionalismo como su metodología, y alegó que el proceso terapéutico, en vez de ayudar a mejorar, había empeorado la situación. Además, expuso que no se relacionaba con sus hijas desde enero de 2010. Así, pues, solicitó al foro primario que: (1) ordenara el restablecimiento de las relaciones paterno-filiales según estipuladas originalmente; (2) ordenara que a las menores se le hiciera una evaluación con un psiquiatra pediátrico y, de entenderlo necesario, comenzaran terapias; (3) cambiara a la terapeuta de las menores ya que el proceso terapéutico con esta no estaba siendo efectivo.

En oposición, la peticionaria señaló que si bien era cierto que las menores no se habían relacionado con su padre desde enero de 2010, esto se debía a la negativa de este a someterse al proceso de terapia de las niñas. De igual forma, insistió en la necesidad de que se celebraran las relaciones terapéuticas sugeridas por la doctora Rosselló y se reafirmó en su petición de que el tribunal suspendiera temporalmente las relaciones paterno-filiales hasta tanto la terapeuta determinara que las niñas estaban preparadas para relacionarse con su padre.

Examinados los escritos de ambas partes, el foro de instancia ordenó a la Procuradora de Asuntos de Familia que expresara su posición. Esta señaló que se le debía permitir a la doctora Rosselló llevar a cabo las sesiones terapéuticas conforme a su criterio profesional. Asimismo, señaló que hasta tanto la terapeuta no estableciera lo contrario, no recomendaba que las relaciones paterno-filiales se reanudaran sin la celebración previa de las sesiones terapéuticas.

El 1 de junio de 2010, el TPI, amparándose en los argumentos de la Defensora Judicial en el Informe Fiscal, denegó la solicitud del recurrido. Posteriormente, y reiterando su insatisfacción respecto a la gestión profesional de la doctora Rosselló, el recurrido le solicitó al TPI que lo autorizara a someter a las menores a una nueva evaluación psicológica, esta vez, ante un perito sometido por él. El TPI también denegó esta nueva solicitud del recurrido.

Inconforme, el recurrido acudió al foro apelativo intermedio, el cual confirmó las determinaciones del TPI. Sin embargo, aduciendo que el aquí recurrido había perdido la confianza profesional en la doctora Rosselló, el Tribunal de Apelaciones ordenó que las terapias dirigidas a restablecer las relaciones paterno-filiales se condujeran, no por la doctora Rosselló, sino por un perito designado por el TPI. Inconforme con la determinación del tribunal apelativo intermedio, la peticionaria acudió por primera vez ante nos mediante certiorari (CC-11-0913), el cual acogimos.

Así las cosas, el 30 de junio de 2011 revocamos al Tribunal de Apelaciones. Ordenamos que se celebrara una vista en la que se dilucidaran los méritos de la solicitud del aquí recurrido para que se sustituyera a la doctora Rosselló y se nombrara a un nuevo terapeuta que condujera las reuniones terapéuticas dirigidas a restablecer las relaciones paterno-filiales. En cumplimiento con lo ordenado, el TPI señaló una vista para el 24 de octubre de 2011. No obstante, en esa vista, las partes desistieron de la presentación de prueba y estipularon encomendar el proceso terapéutico de reanudación de las relaciones paterno-filiales a una trabajadora social privada, la Sra. Silvia Burgos. Esta, sin embargo, finalmente no estuvo disponible, por lo que el TPI designó al trabajador social Sr. Jari R. Moreno Sánchez (señor Moreno Sánchez).

Según surge de un Informe de 13 de enero de 2012, suscrito por el señor Moreno Sánchez, el 6 de enero de 2012 se celebró una reunión entre las menores y el padre. El señor Moreno Sánchez describió esta reunión como una en la cual las niñas compartieron con el padre satisfactoriamente. Sobre este particular, el Trabajador Social expresó que al inicio de la sesión las menores se mostraron muy apegadas a mamá —sujetándola fuertemente y abrazándola—, pero luego que la mamá salió de la sala de terapia, las niñas poco a poco se relacionaron con su padre de forma más abierta y espontánea. En el Informe se señaló, además, que las niñas conversaron con el padre, e incluso le preguntaron sobre unos peces que estaban en su casa; que recibieron regalos del padre y se tomaron fotos con él. Sin embargo, indicó que al finalizar la sesión, las niñas volvieron a asumir un comportamiento poco expresivo y se observaron calladas o distanciadas hacia la figura paterna.

En el mencionado Informe se reportó, además, que en la segunda cita, programada para el 13 de enero de 2012, las menores se negaron a bajarse del auto de la madre, a entrar a la oficina del señor Moreno Sánchez y a relacionarse con el recurrido. Al describir lo sucedido en dicha ocasión, el Trabajador Social enfatizó en la importancia de la colaboración de la peticionaria en el proceso. Señaló el rol ejecutivo que esta asumió de forma pasiva y que esperaba que asumiera un rol activo, más enérgico del que había empleado hasta ese momento, en la dirección de restablecer las relaciones paterno-filiales. También el Trabajador Social resaltó que la peticionaria, por ser la madre custodia, tiene una responsabilidad mayor para que las relaciones con otros familiares se den y se lleven a cabo de una forma saludable.

A consecuencia de la situación surgida en la segunda reunión programada por el señor Moreno Sánchez, este y la doctora Rosselló presentaron un Informe conjunto el 16 de abril de 2012. En el mismo, ambos recomendaron que se detuviera el proceso de reanudar las relaciones paternofiliales; hicieron referencia a la necesidad de que los padres resolvieran mediante terapia los graves problemas de comunicación que confrontan, y que fueran estos quienes manejaran el proceso de reanudar las relaciones paternofiliales. Sobre este particular, en el último párrafo de su Informe, ambos profesionales señalaron que ante la indisposición de las menores, entendían que no era apropiado continuar con el proceso, pues las niñas se observan afectadas por la situación.

Así, el señor Moreno Sánchez y la doctora Rosselló informaron que habían determinado detener momentáneamente las relaciones paterno-filiales, y recomendaron que se brindara un seguimiento en el área emocional de las niñas para que se trabajara con este asunto y con el trauma que todo esto pudiera estar ocasionando a las niñas. Por último, señalaron que esperaban que con el tiempo las niñas pudieran llegar a comprender la importancia que tiene mantener una relación saludable con su padre, y que estén en disposición positiva para verlo.

Como consecuencia de todo esto, el 1 de mayo de 2012, el TPI celebró una vista en la que señaló que había leído y analizado los informes presentados por los peritos; que se había reunido con los abogados de las partes en cámara; que había escuchado a las partes y había hecho un análisis exhaustivo del caso. Señaló que no habían propuestas concretas para resolver el impasse entre las partes y que la mejor manera de trabajar el problema era salir del escenario terapéutico para dar paso a un escenario relajado, con la presencia de algún recurso familiar aceptable para ambas partes y que permitiera el contacto inicial con el padre.

Por todo lo anterior, el 15 de junio de 2012, el TPI se trasladó y se constituyó en el área comedor del centro comercial San Patricio Plaza donde celebró una vista para observar un encuentro casual entre el recurrido y sus hijas. Como resultado de esa vista, el foro de primera instancia emitió una extensa y bien fundamentada Resolución en la que, entre otras cosas, describió lo ocurrido en el centro comercial. Señaló la juez de instancia que tan pronto las menores vieron a su padre se aferraron fuertemente al cuerpo de su madre y comenzaron a llorar, resistiéndose a hablar con el padre o a estar a su lado. Incluso, las menores no quisieron siquiera que el peticionario las tocara. Ninguna de las menores accedió a acercarse o permitir que el padre se les acercara o les hablara, a pesar de que ambas partes intentaron convencerlas. Así, y en lo pertinente, el TPI concluyó en su Resolución lo siguiente, lo que citamos in extenso por su importancia:

A la luz de los hechos antes reseñados y del análisis doctrinal aplicable al caso de autos, resulta claro que desde el punto de vista estrictamente jurídico aquí no existe impedimento legal alguno para que el demandante pueda compartir con sus hijas en la forma en que originalmente [fue] estipulada por las partes. Así se desprende del hecho de que en ninguna instancia del trámite del caso se ha alegado ni demostrado que existan circunstancias de peligro o riesgo a la salud o seguridad de las niñas por razón de llevarse a cabo las relaciones patemofiliales. Sin embargo, es también un hecho innegable la resistencia o rechazo que las menores han presentado a dicha relación, y que esta situación ha ido “in crescendo” con el transcurso del tiempo, a pesar de las numerosas sesiones de terapia recibidas por las niñas con el propósito de reanudar las mismas.
Como puede apreciarse del historial del caso, estamos ante una muy penosa situación en la cual la relación de apego que existía entre el demandado y sus hijas, (que todos los expertos identificaron en la etapa temprana de este litigio) se ha ido transforma[n]do en una actitud de total rechazo y desvinculación de las menores con su padre, ello como resultado de la sucesión de disputas entre las partes durante y después del divorcio.
Contrario a lo que fuera la intención original de las partes de buscar ayuda profesional para que ellos y sus hijas pudieran lidiar con el ajuste al proceso de separación, lo cierto es que además de la naturaleza de la controversia, su duración, las actitudes desplegadas por las partes, el resultado de la intervención terapéutica se convirtió en una fuente adicional de conflicto. Dicha situación no solo ha impedido que se lograra un entendimiento entre las partes para poner fin al litigio, sino que ha ocasionado grave daño emocional a las menores. De ahí que el resultado neto del proceso haya sido que la prolongación de la ausencia de la relación paterno-filial ha producido un rechazo mayor de las niñas hacia el padre, la cual ha ido a la par con una mayor identificación, apego y hasta dependencia de las menores con la madre.
Según se desprende del resumen que hicimos del historial terapéutico familiar en este caso las hijas menores de las partes han sido sometidas a un largo y agobiante proceso terapéutico, en el cual han participado de numerosas entrevistas e intervenciones. Sin embargo, los resultados del mismo en la conducta de las niñas y de las partes revelan que el proceso se ha tornado cuando menos inefectivo, si no contraproducente. Como cuestión de hecho, a pesar de que ha habido amplia y plena oportunidad para que las terapias rindieran frutos positivos, el proceso de reunificación familiar se encuentra estancado, y las reacciones y la conducta de las menores evidencian que no hay progreso. Resulta claro además, que el comportamiento de las menores refleja que no están manejando adecuadamente el proceso.
A nuestro juicio, la situación de estancamiento e inefectividad de este proceso obedece a varios factores, a saber: (1) la incapacidad de las partes para superar sus desavenencias personales y mantener a sus hijas fuera de la contienda; (2) la falta de un compromiso auténtico y proactivo de las partes para promover y facilitar las relaciones entre sí y las relaciones de las niñas con ambos padres; (3) la falta de cooperación de los miembros del núcleo familiar de una y otra parte no promueve ni facilita el logro de la meta de reunificación familiar; (4) la ausencia de un plan terapéutico individualizado y personalizado para atender las diferencias en personalidad de las niñas y su relación de hermanas, así como la conducta y la respuesta de cada una de ellas hacia la relación con el padre y la familia paterna; y (5) la ausencia de un plan que en algún momento incluyera actividades concretas dirigidas a la reanudación de las relaciones paterno-fíliales. Aunque todos estos elementos inciden en el resultado que hoy tenemos, no hay duda de que según han señalado los peritos en trabajo social, sicología y siquiatría que han intervenido en este caso, el factor de mayor peso y perjuicio ha sido la ausencia total de una comunicación respetuosa y responsable entre los padres durante todo el proceso de separación y de litigio. Apéndice del recurso, págs. 130-132.

Por esto, el foro de instancia determinó lo siguiente:

En consideración a lo anterior, en protección de los mejores intereses de las menores y como alternativa para la solución de esta compleja situación familiar, resolvemos lo siguiente:
1. Por entender que el extenso proceso terapéutico con la Dra. Jeannette Roselló se ha detenido y tomado inefectivo, y que al presente la relación del padre con las menores se ha deteriorado en lugar de progresar, ordenamos el cese de intervenciones de las menores con dicha terapeuta. Disponemos además, el cese de toda intervención pericial, ya sea evaluativa o terapéutica, con las menores, así como el proceso de reanudación de relaciones paterno-filiales en este momento y hasta tanto otra cosa disponga el Tribunal.
2. Se ordena a las partes iniciar de inmediato un proceso de terapia dirigido a capacitarlos para establecer un proceso de diálogo efectivo que les ayude a derribar las barreras de comunicación que les afectan en el plano individual y en la relación con sus hijas.
3. Como parte del proceso terapéutico aquí ordenado, las partes prepararán un plan paulatino y escalonado de encuentros familiares dirigido a promover, facilitar y reanudar las relaciones paterno-filiales, sin intervención o interferencia de terceros.
A los efectos antes señalados, y para evitar controversias ulteriores entre partes con relación a la selección del profesional que conducirá el proceso terapéutico aquí dispuesto, se ordena a la Procuradora de Relaciones de Familia, que en el plazo de 5 días provea un listado de entre (3) y (5) posibles recursos para ofrecer dichos servicios, de los cuales el Tribunal seleccionará el (la) terapeuta. La Procuradora se asegurará de que los recursos sugeridos no tengan vínculo personal o profesional alguno con las partes.
Se señalará vista de seguimiento en [un] plazo de cuatro (4) meses para evaluar el progreso de las terapias entre las partes.
Cumplan las partes con lo ordenado por el Tribunal en el mejor interés y bienestar de sus hijas. (Énfasis suprimido). Apéndice del recurso, págs. 132-133.

II

La pregunta que tuvo ante sí esta Curia al evaluar la expedición de este recurso se resume en lo siguiente: ¿abusó de su discreción el foro inferior al ordenar el cese de toda intervención de la Dra. Jeannette Rosselló con las menores en este caso?

Es claro que, ante una controversia, impasse o circunstancia real, los tribunales de justicia, en su obligación de parens patriae y en la búsqueda del imperativo del “mejor bienestar” de un menor, tienen el poder no sólo de tomar la acción que tomó la honorable juez de instancia en este caso, sino, incluso, de imponer la asignación de un terapeuta en particular; decidir a qué escuela asistirá finalmente el menor; suspender provisional o permanentemente relaciones paterno o materno-filiales; remover menores de la custodia de sus padres; decidir sobre la adopción o no adopción de mi menor; privar de la custodia a uno o a ambos padres, y hasta privarlos de patria potestad.

En fin, nuestra jurisprudencia ha sido consecuente en sostener que en nuestra jurisdicción el interés del menor está revestido del más alto interés público y que los tribunales, en protección de ese interés y en el ejercicio del poder de parens patriae, tienen amplias facultades y discreción. Ahora bien, de igual manera hemos establecido que ese poder no es irrestricto. Es menester entonces, al evaluar la determinación de un tribunal de primera instancia en el uso de su poder de parens patriae, determinar si según las circunstancias o la prueba presentada, este no abusó de su discreción.

Los asuntos que se atienden en nuestras salas de familia son, sin duda, particulares y, de ordinario, complicados. Sin embargo, las complicaciones a las que se enfrenta un juez de familia son, en un sentido, muy diferentes a las que se consideran en otras salas de justicia. Esto, porque distinto en gran manera a los asuntos que se atienden en otras ramas del Derecho, los casos de familia envuelven derechos que se enmarcan en profundas emociones y sentimientos, que requieren del juez de familia, además de un fino conocimiento del Derecho, una gran sensibilidad humana y empatia. Controversias que requieren del o la juez la capacidad de mantener en todo tiempo el control de su caso, pero salvaguardando, a su vez, los derechos de las partes que llegan a su sala buscando la mayoría de las veces, además de justicia, el desahogo de un torrente de emociones, muchas de ellas negativas. En un sinnúmero de ocasiones, las partes llegan a la sala del juez sin saber siquiera qué es lo que realmente quieren, o cuál es la verdadera motivación de su causa de acción. Entonces, le corresponde al juez discernir con fineza tal intención y enmarcarla dentro de lo que el Derecho provee. Cuando, para completar el cuadro, en medio de ese barrunto de emociones y sentires yace el mejor bienestar de uno o más menores, se requiere, además, del juez de familia, temple y sabiduría para escuchar a todos los recursos a su disposición, y actuar de manera firme pero sosegada.

Por otro lado, recordemos que en un sentido pragmático, las decisiones de un juez de familia casi siempre son “interlocutorias”, pues la mayoría de sus determinaciones nunca se constituyen en cosa juzgada. Esto es, debido a los cambios en circunstancias, actuaciones o actitudes de las partes en un caso, un juez se puede mantener por años tomando decisiones sobre un mismo asunto. Así, con el tiempo, el juez de familia aprende a discernir con meridiana claridad no solo lo que encierran las controversias en cada caso, sino los personajes de cada drama de la vida real que tiene ante sí. Eso, difícilmente ocurre en otras salas de nuestra augusta Rama.

III

Al estudiar detenidamente el expediente del caso de autos, no albergo dudas con relación a que el TPI actuó en conformidad con el principio del mejor bienestar de las dos menores, y dentro de los parámetros de una sana discreción. Sin embargo, y como sabemos, la evaluación de lo que constituye el “mejor bienestar” de un menor parece ser un aspecto en lo que dos juzgadores rara vez puedan ponerse cien por ciento de acuerdo. Al contrario, en ocasiones encontramos tantas opiniones como juzgadores intervengan. Esto, a mi manera de ver, obedece, en parte, precisamente a la carga emocional y la responsabilidad que conlleva para un juez decidir qué es lo mejor para una criatura que carece de la capacidad para valerse por sí misma, en contraposición con los intereses y sentimientos de las personas más cercanas. Sobre todo, cuando el juez discierne que esas personas cercanas, a pesar de sus ofuscaciones, realmente aman al menor.

En situaciones como las del caso de autos, la discreción ejercida por el juez de instancia debe ser aquilatada de acuerdo con las circunstancias y dentro del contexto de lo que es razonable. O dicho de otro modo, los foros apelativos debemos analizar si, dentro de las circunstancias, la actuación del foro de instancia fue irrazonable. Ahora bien, para poder determinar si es irrazonable la acción tomada por un Tribunal de Primera Instancia, debemos tener claro cuál fue realmente la determinación tomada, y evaluarla, no aisladamente, sino en su contexto.

En la controversia del caso ante nuestra consideración, nótese que la decisión relacionada a la doctora Rosselló no fue la única tomada por la honorable juez de instancia. Ante una situación en la que —según el criterio de la juez que ha venido trabajando con diligencia el caso por largos meses o años— la situación de las menores lucía en un terrible deterioro, ésta decide detenerlo todo, incluso las relaciones paterno-ñliales. De manera que, según se puede interpretar de la Resolución en cuestión y de la totalidad del expediente, lo que la juez de primera instancia intenta hacer es lograr una composición de lugar.

Surge de la Resolución de la Juez que, aparentemente, las disputas entre los propios padres son las principales responsables del deterioro de la actitud de las niñas hacia su padre, y no necesariamente las terapias particulares que la doctora Rosselló les ha venido ofreciendo. ¿Debió entonces la juez de instancia permitir que continuaran esas terapias que “nada” tenían que ver con el proceso para mejorar las relaciones paterno-filiales?

En primer lugar, no me parece real segmentar el proceso terapéutico de las menores al grado que podamos concluir que las terapias ofrecidas por la doctora Rosselló en nada se relacionan o tuvieran injerencia o efecto alguno —ya sea positivo o negativo— sobre las actitudes recientes de las menores para con el recurrido. Después de todo, y como lo señala la propia peticionaria, la intervención de la doctora Rosselló con las niñas se inicia como secuela de los serios problemas sobrevenidos por la separación de la pareja antes del divorcio. Siendo así, es lógico pensar que uno de los aspectos que trabajaría cualquier terapeuta en esas circunstancias es la relación de las menores con el padre ausente del hogar (relación patemo-filial), haciéndole en-tender que, aunque mamá y papá se han separado, ninguno de los dos se ha separado de ellas. Además, del expediente no surge que los servicios de la doctora Rosselló contratados inicialmente por la peticionaria tengan su génesis en alguna otra necesidad especial prexistente en las menores. Más bien, todo se ha relacionado siempre con el cuidado de la salud emocional de las niñas, luego de los conflictos surgidos con la separación de sus padres.

Por otro lado, consideremos, además, que en este caso el TPI no ha dado indicio de pasión, prejuicio o parcialidad con relación a la evaluación de los servicios o de las intervenciones de la doctora Rosselló en el caso. Al contrario, recordemos que en una ocasión, y antes de surgir esta nueva controversia, el recurrido le pidió a la honorable juez de instancia que sacara a la doctora Rosselló, y la juez se negó rotundamente. Entonces, el recurrido acude al Tribunal de Apelaciones y éste revoca la determinación del TPI, y deja fuera del caso a la doctora Rosselló. Inconforme, la peticionaria acude ante nos por primera vez y este Tribunal revoca al Tribunal de Apelaciones.

En fin, ¿puede este Tribunal, a base del expediente de autos, determinar que la actuación de TPI fue producto de la pasión, el prejuicio, la parcialidad o un de error manifiesto? Entiendo que no. De acuerdo con las circunstancias, ¿tenemos base para determinar que la actuación del foro de instancia fue irrazonable? Nuevamente respondo en la negativa. Ciertamente, en este caso cabe decir lo siguiente:

Ese juez de instancia es, precisamente, el que ha estado por largo tiempo lidiando con esas dos personas, tratando de resolver esa impermisible e incomprensible situación. Dicho de otra forma, ese magistrado es el miembro de la Judicatura puertorriqueña que está en mejor posición de saber cuál es el mejor bienestar de ese menor, víctima inocente de esa situación de terquedad. No sabemos, a ciencia cierta, si la decisión que tomó el juez de instancia es la más correcta. Lo que sí sabemos es que está en mejor posición que cualquiera de los integrantes de este Tribunal para formar juicio al respecto. Dicho de otra manera, las intervenciones y el contacto que, personal y directamente este magistrado de instancia ha tenido con las partes le han permitido ir formando gradualmente una opinión sobre cuál es el curso de acción más beneficioso para el menor. (Enfasis en el original).

Por todo lo anterior, estoy conforme con la decisión de este Tribunal.

Voto particular disidente emitido por la

Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez, al cual se unen el Juez Presidente Señor Hernández Denton, la Jueza Asociada Señora Fiol Matta y el Juez Asociado Señor Estrella Martínez.

Disiento del curso seguido por una mayoría de este Tribunal por entender que, nuevamente, queda rezagada la doctrina del mejor bienestar del menor. Además, al negarnos a expedir actuaríamos contrario a lo expresado anteriormente en esta controversia.

HH

En el contexto de un pleito de divorcio, la Sra. Jossette Machargo Olivella y el Sr. Fernando Martínez Schmidt suscribieron una Estipulación de Custodia, Patria Potestad y Relaciones Paterno-Filiales sobre las dos hijas menores habidas en matrimonio. Debido a dificultades en la implementación de las relaciones paterno-filiales, las partes acordaron que la Dra. Jeannette Rosselló, psicóloga y terapeuta de las menores, fuera la encargada de dirigir las terapias conducentes a restablecer las relaciones entre el padre y las menores.

En ocasión anterior, este Tribunal tuvo la oportunidad de evaluar la solicitud del padre de la menor para que removieran a la doctora Rosselló de su función como terapeuta encargada de conducir las terapias para restablecer las relaciones entre el padre y las menores. Véase Apéndice de la Petición de certiorari en el caso CC-2011-0193, págs. 289-302. En aquel entonces, el Tribunal de Apelaciones había confirmado la determinación del Tribunal de Primera Instancia de remover a la doctora Rosselló como terapeuta de las menores por entender, sin más, que el padre había perdido la confianza en la doctora. A tales efectos, este Tribunal modificó la determinación del foro apelativo intermedio y determinó que, al remover a la doctora Rosselló, no se consideraron los posibles efectos adversos que el cambio de terapeuta podría tener en las menores.

Por tal razón, ordenamos la celebración de una vista para que se dilucidaran los posibles efectos del cambio de terapeuta. La vista fue señalada para el 24 de octubre de 2011. No obstante, las partes optaron por estipular que la trabajadora social Silvia Burgos fuese la persona a cargo del proceso de reanudación de las relaciones paternofiliales. Ante la indisponibilidad de la señora Burgos, y en ausencia de un acuerdo entre las partes, el 30 de noviembre de 2011, el foro primario designó al trabajador social Jari R. Moreno Sánchez para que éste se encargara del proceso de reanudar de las relaciones paterno-filiales. Las partes estipularon que el señor Moreno Sánchez trabajaría en coordinación con la doctora Rosselló y la Procuradora de Asuntos de la Familia. Sin embargo, se acordó que en lo sucesivo la doctora Rosselló sólo atendería a las menores. Es decir, ésta no estaría a cargo del proceso de restablecer las relaciones paterno-filiales.

Luego de las primeras dos citas terapéuticas con las menores, el 13 de enero de 2012, el señor Moreno Sánchez suscribió un informe en el que detalló el distanciamiento de las menores con la figura paterna. Debido a la negativa de las menores en relacionarse con su padre, el 16 de abril de 2012, el señor Moreno Sánchez y la doctora Rosselló presentaron un informe conjunto en el que recomendaron que se detuviera el proceso de reanudación de las relaciones paterno-filiales. Fundamentaron su recomendación en los graves problemas de comunicación entre el padre y la madre de las menores, y el efecto de esta relación negativa en las menores. Contrario a la recomendación suscrita en el informe conjunto, el 1 de mayo de 2012, el foro primario celebró una vista en la que ordenó a las partes que entablaran un diálogo para hacer viable las relaciones paterno-filiales. Además, advirtió que de no lograrse un acuerdo se reanudarían las relaciones paterno-filiales supervisadas por la trabajadora social del tribunal.

El Tribunal de Primera Instancia citó a las partes a una vista a celebrarse el 15 de junio de 2012. El día de la vista, el tribunal, súbitamente, se trasladó y constituyó en el área del comedor del centro comercial de San Patricio Plaza para evaluar la interacción de las menores con sus progenitores. Nuevamente, las menores presentaron renuencia a relacionarse con su padre. Luego de la vista, el 2 de julio de 2012, el foro primario emitió una resolución en la que, entre otras cosas, resolvió lo siguiente:

Por entender que el extenso proceso terapéutico con la Dra. Jeannette Ros [s] ello se ha detenido y tornado inefectivo, y que al presente la relación del padre con las menores se ha deteriorado en lugar de progresar, ordenamos el cese de intervenciones de las menores con dicha terapeuta. Disponemos [,] además, el cese de toda intervención pericial, ya sea evaluativa o terapéutica, con las menores, así como el proceso de reanudación de relaciones paterno-filiales en este momento y hasta tanto otra cosa disponga este Tribunal. (Énfasis suprimido). Véase Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 132.

La señora Machargo Olivella solicitó reconsideración, la cual fue declarada “sin lugar” por el foro primario. Inconforme, acudió ante el Tribunal de Apelaciones y alegó, en lo pertinente, que erró el foro primario por privar arbitrariamente a las niñas de continuar recibiendo las terapias con la doctora Rosselló. Mediante Resolución de 25 de octubre de 2012, el foro apelativo intermedio confirmó la determinación del Tribunal de Primera Instancia. Insatisfecha, la señora Machargo Olivella acude ante nuestra consideración mediante Petición de certiorari.

f—I h—I

En nuestro ordenamiento jurídico, la institución de las relaciones paterno-filiales está revestida de un alto interés público y social. Rexach v. Ramírez, 162 DPR 130 (2004). Corolario del poder de parens patriae, el Estado deba velar por que dentro de esta relación cada menor se desarrolle en un entorno adecuado. Pena v. Pena, 164 DPR 949 (2005). Si bien el derecho de un padre o de una madre a relacionarse con el menor es de alta jerarquía, este derecho cede ante la facultad parens patriae con la cual se inviste al Estado. Id., pág. 959.

El Estado no debe ejercer tal facultad en el vacío o fundamentado en concepciones filosóficas sobre cuál es el bienestar óptimo de un menor en el abstracto. Al contrario, cada controversia se debe mirar atendiendo las particularidades y los hechos materiales que le rodean para determinar, conforme a los hechos, cuál es el mejor bienestar del menor. Particularmente, cuando el proceso de las relaciones paterno-filiales usualmente se enmarca en una relación emocionalmente conflictiva entre los progenitores. Dentro de este contexto, debe mirarse con detalle el posible efecto de nuestras determinaciones en la cotidianidad de los menores.

La controversia ante nuestra consideración es simple: si procede la remoción de la doctora Rosselló como terapeuta de las menores por ésta no haber sido efectiva en el restablecimiento de las relaciones paterno-filiales. Para fundamentar esta determinación, el foro primario repasó aritméticamente la cantidad de visitas de las menores a la oficina de la doctora Rosselló. Ante el cuantioso número de visitas y la falta de un progreso en el restablecimiento de las relaciones paterno-filiales, el tribunal concluyó que las terapias con la doctora Rosselló se habían tornado ineficaces.

Disiento del proceder seguido por el foro primario y avalado por una mayoría de este Tribunal. El tribunal sentenciador abusó de su discreción al no considerar los posibles efectos adversos de remover a la doctora Rosselló con quien, por los pasados cuatro años, las menores han desarrollado lazos de afecto y confianza. Máxime cuando del expediente del caso surge que la doctora Rosselló no estaba a cargo de dirigir las terapias conducentes al restablecimiento de las relaciones paterno-filiales. Además, aun considerando que la doctora estuviese a cargo de las terapias conducentes al restablecimiento de las relaciones paternofiliales, el derecho del padre a relacionarse con las menores se debe evaluar en relación con el mejor bienestar de éstas. Recordemos que “cualquier conflicto que un tribunal perciba entre intereses ajenos y el mejor interés de un menor se debe resolver a favor del menor”. Ortiz v. Meléndez, 164 DPR 16, 28 (2005).

Anteriormente, en ocasión de evaluar la petición del señor Martínez Schmidt de que se removiera a la doctora Rosselló como terapeuta de las menores, señalamos que:

No nos parece razonable [...] que tal determinación se haga sin antes considerar el posible efecto adverso que podría tener dicho cambio en el bienestar de las menores en este caso, sobre todo cuando existen alegaciones de que la Dra. Ros [s] ello goza de la confianza de las menores.
Entendemos que un cambio de terapeuta como el solicitado por el señor Martínez Schmidt debe ordenarse sólo si las circunstancias lo ameritan. [L]o deseable es minimizar cualquier efecto perjudicial que los cambios en el proceso terapéutico puedan tener sobre las menores. Véase Apéndice de la Petición de certiorari en el caso CC-2011-0193, págs. 299-300.

A su vez, señalamos que:

[E]l tribunal debe tomar en cuenta, entre otras cosas: las razones por las cuales el proceso terapéutico está detenido; el grado de la cooperación de las partes; las oportunidades que ha tenido la terapeuta para llevar a cabo su encomienda; y el nivel de comodidad que sienten las menores respecto al proceso. íd., pág. 300.

Entendemos que el foro primario, en su determinación, hizo caso omiso a nuestros pronunciamientos anteriores. Ante tales circunstancias, no vemos por qué hemos de vanar los fundamentos en nuestra expresión anterior y resolver contrario a los mismos.

I—i 1—1 H-i

Por todo lo anterior, expediría el recurso de certiorari y modificaría la resolución del Tribunal de Apelaciones para que, conforme a nuestros pronunciamientos anteriores, se celebre una vista en la que se diluciden los posibles efectos adversos de remover a la doctora Rosselló como terapeuta de las menores.

       Según las propias alegaciones de la peticionaria, quien en el cuarto señalamiento de error del recurso que presentó ante este Tribunal el 2 de enero- de 2013 alegó que la doctora Rosselló ha sido la terapeuta de las menores “por más de cuatro (4) años” y, según surge del expediente, la intervención inicial de la doctora Rosselló con las menores fue prácticamente contemporánea con la orden del Tribunal de Primera Instancia en la cual se le designó como terapista de las menores. Dicha Orden se dictó el 24 de octubre de 2008. Véase Apéndice del Recurso de certiorari, pág. 146. Es evidente, entonces, que en cualquiera que sea la capacidad que la doctora Rosselló ha intervenido con las menores, objeto de la controversia en este caso, la inmensa mayoría del tiempo lo ha hecho como recurso del Tribunal y bajo su jurisdicción.

       Cabe destacar que el recurrido es psiquiatra de profesión.

        Rivera Ríos, Ex parte, 173 DPR 678 (2008) (Sentencia); Rivera Báez, Ex parte, 170 DPR 678 (2007); Pena v. Pena, 164 DPR 949 (2005); Martínez v. Ramírez Tió, 133 DPR 219 (1993); Sterzinger v. Ramírez, 116 DPR 762 (1985); Nudelman v. Ferrer Bolívar, 107 DPR 495 (1978); Ortiz v. Vega, 107 DPR 831 (1978); Centeno Alicea v. Ortiz, 105 DPR 523 (1977); Marrero Reyes v. García Ramírez, 105 DPR 90 (1976); Rodríguez v. Gerena, 75 DPR 900 (1954); Fernández v. Martínez, 59 DPR 548 (1941); Picó v. Mejía, 52 DPR 728 (1938).

        Martínez v. Ramírez Tió, supra; Sterzinger v. Ramírez, supra; Ortiz v. Vega, supra.

        Pueblo v. Hernández Villanueva, 179 DPR 872 (2010); Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203 (1990); Pueblo v. Sánchez González, 90 DPR 197, 200 (1964).

        Santana Medrano v. Acevedo Osorio, 116 DPR 298 (1985); Negrón v. Lugo, 59 DPR 870 (1942).

        Pueblo v. Hernández Villanueva, supra; Pueblo v. Ortega Santiago, supra; Pueblo v. Sánchez González, supra.

        Rivera Ríos, Ex parte, supra, págs. 686-687, Opinión disidente del Juez Asociado Señor Rebollo López.

       Las partes se divorciaron el 30 de enero de 2009 por la causal de separación.

       La doctora Kosselló ha sido la psicóloga de las menores por más de cuatro años y desde antes del pleito de divorcio.

       Las terapias iban dirigidas a atender la renuencia de las menores en relacionarse con su padre.

       En las terapias, el señor Moreno Sánchez evaluó el comportamiento y la relación de las menores con su padre. Según el informe suscrito por el señor Moreno Sánchez, en la primera terapia las niñas mostraron apego a su madre pero, luego de ésta salir de la sala de terapia, las niñas poco a poco se relacionaron más abiertamente con su padre. No obstante, al finalizar la sesión de terapia, las niñas se mostraron calladas y distantes de su padre. En la segunda cita de terapia, las niñas se negaron a bajarse del carro de su madre.

       Las menores, tan pronto vieron a su padre en el centro comercial, se aferraron a su madre, comenzaron a llorar y resistieron acercarse a su padre. Véase Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 123.