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      In re Comisión Revisora de Currículo del Programa de Educación Jurídica Continua y Nombramientos a la Junta de Educación Jurídica Continua.

      Número: ER-2017-5

      Resuelto: 2 de junio de 2017
   RESOLUCIÓN

Hoy, al amparo de nuestro poder inherente para regla-mentar la profesión legal, adoptamos mediante Resolución un nuevo Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua y derogamos el Reglamento de Educación Jurí-dica Continua de 1998, así como el Reglamento del Pro-grama de Educación Jurídica Continua de 2005 (Reglamento de 2005). Véase In re Aprobación Reglamento PEJC, 198 DPR 254 (2017) (ER-2017-4). En lo pertinente, según las disposiciones recién aprobadas, las funciones de revisión ejercidas por la Comisión Revisora de Currículo (Comisión) al amparo de la Regla 26 del Reglamento de 2005 se susti-tuyen por un proceso único de revisión ante el Director Eje-cutivo o Directora Ejecutiva del Programa de Educación Ju-rídica Continua y la Junta de Educación Jurídica Continua (Junta).

No obstante, reconocemos la labor excepcional realizada por los y las profesionales del Derecho que formaban parte de la Comisión y estamos convencidos de que pueden con-tinuar aportando activamente al Programa de Educación Jurídica Continua. Por lo tanto, debido a que existen va-cantes en la Junta y conforme lo dispuesto en la Regla 6 del nuevo Reglamento, se nombra a la Leda. Evelyn Ben-venutti Toro y al Ledo. Israel Santiago Lugo como miem-bros de la Junta. Estos profesionales del Derecho continua-rán rindiendo sus servicios ad honorem y desempeñarán sus cargos por el restante de los términos por los cuales fueron originalmente nombrados a la Comisión.

Esta Resolución tendrá vigencia inmediata. Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo.

(.Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo


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license: Public Domain

text:
    Desarrolladora Caribe, S.E., peticionaria, v. Ven-Lour Enterprises, Inc. et als., Antonio San Miguel Santos, Omayda Othet Hernández Santiago y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, recurridos.

      Número: CC-2015-0428

      Resuelto: 5 de junio de 2017

      Sonia S. Sierra Sepúlveda, de Bufete Barnés Rosich, C.S.P., abogada de la parte peticionaria; Félix A. Vilanueva Cruz, abogado de Antonio San Miguel Santos, Omayda Othet Hernández Santiago y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, parte recurrida.
   La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez

emitió la opi-nión del Tribunal.

En esta ocasión nos corresponde determinar si es nece-sario el consentimiento de un hipotecante que no suscribió un pagaré hipotecario para otorgar el pagaré como garan-tía mobiliaria de una transacción posterior.

I

A

Los hechos del presente caso, que no están en controver-sia, se remontan al 1998, cuando los esposos José Miguel Ventura Asilis y Josefina Abreu Cisneros (matrimonio Ven-tura-Abreu o los Ventura-Abreu), en conjunto con los espo-sos Juan Antonio San Miguel y Omayda Othet Hernández Santiago (matrimonio San Miguel-Hernández o los San Miguel-Hernández), otorgaron la escritura de hipoteca nú-mero 33 el 1 de diciembre de 1998 ante el notario Carmelo Campos Cruz. La hipoteca se constituyó sobre una finca que radica en los municipios de Ciales y Morovis, poseída en común proindiviso por los dos matrimonios. El matri-monio Ventura-Abreu era propietario en 2/3 partes, mien-tras que el matrimonio San Miguel-Hernández era propie-tario de la restante tercera parte de la propiedad.

De la escritura otorgada por los dos matrimonios surge que ésta se constituyó en garantía de un pagaré, pagadero a la presentación, a Doral Bank o a su orden, por $1,088,750, bajo el Afidávit Núm. 498 otorgado ante el no-tario Carmelo Campos Cruz (el pagaré). El pagaré en con-troversia fue emitido y suscrito por el matrimonio Ventura-Abreu; el matrimonio San Miguel-Hernández no formó parte de éste. El 21 de julio de 2004, Doral endosó el pa-garé de vuelta al matrimonio Ventura-Abreu.

Así las cosas, el 16 de marzo de 2005, el matrimonio Ven-tura-Abreu, mediante el Sr. Alfredo Cintrón Cintrón, man-datario debidamente apoderado del matrimonio, suscribió un acuerdo (Acuerdo) con Desarrolladora Caribe, S.E. (De-sarrolladora Caribe) para complementar otro acuerdo pac-tado el 28 de enero de 2005 entre Ven-Lour Enterprises, Inc. (Ven-Lour) y Desarrolladora Caribe. En el Acuerdo, Desa-rrolladora Caribe acordó efectuar ciertos préstamos y ade-lantos a Ven-Lour, para que este último pudiera desarrollar un proyecto de urbanización. Por su parte, los esposos del matrimonio Ventura-Abreu se obligaron solidariamente en su carácter personal al pago de las cantidades adeudadas por Ven-Lour a Desarrolladora Caribe, hasta la suma de $650,000.

Para garantizar la obligación del matrimonio Ventura-Abreu en el Acuerdo, el señor Cintrón Cintrón suscribió un contrato de garantía y prenda titulado Mortgage Note Pledge and Security Agreement. Como parte del contrato de garantía y prenda, el señor Cintrón Cintrón entregó a De-sarrolladora Caribe el pagaré que Doral Bank había endo-sado a favor de los esposos del matrimonio Ventura-Abreu el 21 de julio de 2004 y cedió a Desarrolladora Caribe el dere-cho de ejecutar los bienes que gravaba el pagaré para satis-facer su acreencia de surgir un evento de impago.

Pasados los años, Desarrolladora Caribe adelantó cier-tas sumas de dinero e incurrió en varios gastos relaciona-dos con las obligaciones de Ven-Lour según los acuerdos referidos. Luego de un proceso de negociación, Ven-Lour y Desarrolladora Caribe acordaron fijar la cantidad adeu-dada en $300,000, devengando intereses desde el 9 de ju-nio de 2008 hasta el saldo de la deuda.

B

Posteriormente, el 6 de noviembre de 2008, Desarrolla-dora Caribe presentó una demanda en el Tribunal de Pri-mera Instancia sobre cobro de dinero y ejecución de prenda e hipoteca por la vía ordinaria contra Ven-Lour y el matri-monio Ventura-Abreu. El 24 de abril de 2012, el foro de instancia notificó una Sentencia en la cual condenó a las partes demandadas a pagar solidariamente $286,357.90 a Desarrolladora Caribe, tomando en cuenta un abono hecho al principal de la deuda por Ven-Lour e intereses devengados. Asimismo, el tribunal ordenó la ejecución de la prenda y la hipoteca dada en garantía.

Unos meses después, el 4 de octubre de 2012, Desarro-lladora Caribe presentó una demanda enmendada para in-cluir al matrimonio San Miguel-Hernández. Ello puesto que, como dueños regístrales de la finca hipotecada, era necesario demandar al matrimonio San Miguel-Hernández acorde el procedimiento de ejecución de hipoteca en cum-plimiento según el Artículo 181.1 del Reglamento General para la Ejecución de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, Reglamento Núm. 2674 de 9 de julio de 1980, según enmendado (Reglamento Hipotecario). En atención a ello, el 18 de octubre de 2012, el foro de instancia notificó una Sentencia Parcial en la cual permitió la enmienda a la demanda y, como ya había resuelto, condenó a Ven-Lour y al matrimonio Ventura-Abreu al pago de $286,357.90. Ade-más, autorizó a Desarrolladora Caribe a emplazar y notifi-car al matrimonio San Miguel-Hernández acorde con el Re-glamento Hipotecario, quedando pendiente entonces la ejecución de la prenda y la hipoteca.

Ya notificados todos los titulares regístrales del inmue-ble objeto de demanda, el 2 de mayo de 2013 Desarrolla-dora Caribe presentó una solicitud de sentencia sumaria para que el tribunal ordenara la ejecución de la prenda y la hipoteca. A ésta se opuso el matrimonio San Miguel-Hernández. Dada la naturaleza accesoria de la hipoteca constituida en garantía del pagaré, el matrimonio San Miguel-Hernández adujo que ésta se extinguió cuando el ma-trimonio Ventura-Abreu saldó el préstamo con Doral, a saber, el 21 de julio de 2004. En atención a ello y a que el matrimonio San Miguel-Hernández no consintió los poste-riores negocios del matrimonio Ventura-Abreu, Ven-Lour y Desarrolladora Caribe, éste alegó que el contrato de prenda no era válido, pues era necesario el consentimiento de todos los condueños para dar en garantía la propiedad.

Recibidos los argumentos de las partes, el Tribunal de Primera Instancia notificó una Sentencia el 20 de junio de 2014 en la cual declaró “ha lugar” la solicitud de sentencia sumaria presentada por Desarrolladora Caribe. Ordenó, entre otras cosas, que se vendiera en subasta pública la finca cuya hipoteca garantizó el pagaré pignorado si no se efectuaba el pago de la suma adeudada.

Inconforme, el matrimonio San Miguel-Hernández acu-dió en revisión al Tribunal de Apelaciones. Mediante una resolución notificada el 13 de noviembre de 2014, el foro apelativo intermedio revocó al Tribunal de Primera Instancia. Éste razonó que, dado que el pagaré hipotecario pignorado se garantizó con un bien inmueble que no le per-tenecía exclusivamente a sus deudores pignoraticios, el contrato de prenda era nulo. Adicionalmente, indicó que si fuera a sostener la validez del contrato de prenda, éste no podría surtir efecto con relación al matrimonio San Miguel-Hernández, puesto que el contrato de prenda en cues-tión fue suscrito en un documento privado no autenticado por notario. Por su parte, una de las jueces que conformaba el panel —la jueza Domínguez Irizarry— disintió del crite-rio de la mayoría. Ésta sostuvo que Desarrolladora Caribe era tenedora de un instrumento negociable que cobijaba una obligación hipotecaria válida y que, por lo tanto, tenía facultad para exigir la ejecución de la hipoteca.

Oportunamente, Desarrolladora Caribe acudió ante este Foro mediante una solicitud de certiorari y presentó varios señalamientos de error. Argüyó lo siguiente: (1) erró el Tribunal de Apelaciones al interpretar el derecho sobre ins-trumentos negociables y el derecho hipotecario; (2) erró dicho tribunal al aplicar erróneamente las disposiciones del Código Civil sobre la prenda, y (3) erró asimismo el tribunal apelativo al ignorar que el matrimonio San Miguel-Hernández no se opuso adecuadamente a la solicitud de sentencia sumaria presentada por Desarrolladora Caribe. El 30 de octubre de 2015, examinada la petición de certio-rari, expedimos el auto. Con el beneficio de la comparecen-cia de las partes, procedemos a resolver.

K

A

1

Los instrumentos negociables son documentos de crédito que incorporan el derecho a cobrar una suma de dinero, a los cuales el derecho cambiario les confiere una facilidad de circulación especial. Cruz Consulting v. El Legado et al., 191 DPR 499, 509-510 (2014), citando a M.R. Garay Aubán, Derecho cambiario de Estados Unidos y Puerto Rico, Ponce, Ed. Rev. Der. Pur., 1999, pág. 1. Se caracterizan por su idoneidad para el tráfico comercial. Desde el origen de la letra de cambio hasta el pagaré mo-derno, el valor de los instrumentos negociables yace en su liquidez, que se debe a que el comprador de un instru-mento negociable solamente necesita verificar el contenido del instrumento mismo para cerciorar la autoridad del vendedor para transferirlo sin tener que preocuparse por restricciones u obligaciones exógenas. Consecuentemente, de ordinario un comprador de un instrumento negociable no enfrentaría problema alguno si quisiera intercambiarlo por dinero en efectivo. E. Renuart, Uneasy Intersections: The Right to Foreclose and the U.C.C., 48 Wake Forest L. Rev. 1205, 1215 (2013). En vista de lo anterior, la negocia-bilidad es la característica medular de los instrumentos negociables y la fuente de su importancia para nuestras relaciones económicas.

Nuestra Ley de Transacciones Comerciales define “instrumento negociable” como una promesa u orden incon-dicional de pago de una cantidad específica de dinero si: (1) es pagadero al portador o a la orden al momento de su emisión; (2) es pagadero a la presentación o en una fecha específica, y (3) no especifica otro compromiso o instrucción por parte de la persona que promete u ordena el pago que no sea el pago del dinero. Sec. 2-104 de la Ley de Transacciones Comerciales (LTC), Ley Núm. 208 de 17 de agosto de 1995, según enmendada, 19 LPRA sec. 504. Véase COSSEC et al. v. González López et al., 179 DPR 793, 803 (2010). Acorde con el tercer requisito, un pagaré que evi-dencie una promesa incondicional de pago debe ser como un “mensajero sin bagaje” para que se considere negociable. Overton v. Tyler et al., 3 Pa. 346, 347 (1846). No obstante, la promesa de pago puede contener un compro-miso adicional de dar colateral para garantizar el pago sin que esto afecte la negociabilidad del instrumento. 19 LPRA sec. 504(a)(3)(A). Por lo tanto, un pagaré garantizado por una hipoteca puede ser un instrumento negociable porque el compromiso de ofrecer como colateral la hipoteca para garantizar el pago no afecta su negociabilidad.

Un instrumento puede ser negociado de tenedor a tenedor sucesivamente. Incluso, la negociación del ins-trumento puede resultar en una readquisición por parte de un tenedor anterior o por el emisor, quien luego podría proceder a negociarlo. 19 LPRA sec. 557. Dada la natura-leza del instrumento negociable, “[e]l hecho de que el deu-dor [...] y el acreedor sean momentáneamente la misma persona, no activa automáticamente la institución de la confusión como causa de extinción de la obligación”. (Énfa-sis suprimido). M.R. Garay Aubán, Derecho cambiario, Ponce, Ed. Rev. Der. Pur., 1999, pág. 179. Como ya habíamos resuelto bajo la Ley de Instrumentos Negociables, reiteramos que “el pagaré no pierde su negociabilidad por un episodio temporero de confusión de derechos. Puesto en circulación nuevamente por el deudor [...] con su reingreso al cauce de corriente crediticia, el pagaré recuperfa] toda su validez y su valor de garantía de la obligación asegurada”. Calo Rivera v. Reyes, 115 DPR 123, 127 (1984).

Asimismo, la hipoteca que garantiza el pagaré no se extingue con la readquisición de este último si el pagaré no se cancela. Al contrario, en ausencia de la cancelación del pagaré que garantiza, la extinción de la hipoteca está sujeta a los términos de prescripción para ejercitar la ac-ción hipotecaria. La acción hipotecaria prescribe a los veinte años desde que vence el crédito garantizado si el pagaré tiene fecha cierta de vencimiento o a los veinte años desde que se inscribe la hipoteca en el Registro de la Pro-piedad si el pagaré es pagadero a la presentación. Westernbank v. Registradora, 174 DPR 779, 787—789 (2008).

ii

Cuando el tenedor de un pagaré hipotecario nego-cia el instrumento válidamente, la hipoteca queda automá-ticamente transferida al nuevo tenedor. Esto responde al principio en el derecho cambiario —vigente desde el siglo xrx— que establece que la hipoteca persigue al pagaré. Carpenter v. Longan, 83 US 271, 275-276 (1872) (“The transfer of the note carries with it the security, without any formal assignment or delivery, or even mention of the latter. [...] Accessorium non ducit, sequitur principóle”). Lo accesorio no conduce, sino que persigue al principal. Esta lógica encuentra arraigo en nuestra jurisdicción.

La hipoteca es “ ‘un derecho real [...] sobre los in-muebles del deudor o de un tercero, en virtud de cuyo de-recho [...] el acreedor adquiere la facultad de perseguir [los] [...] a fin de ser pagado con el precio de [los] mism[os] [...] ”. Liechty v. Descartes Saurí, 109 DPR 496, 501 (1980), citando a F. Puig Peña, Compendio de Derecho Civil, (ed. 1972) Vol. II, pág. 623. Ésta es una obligación inherente-mente accesoria, puesto que se constituye para asegurar el cumplimiento de una obligación principal, ya sea del hipotecante o de un tercero. Art. 1756 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5001.

La hipoteca persigue al pagaré precisamente por-que no se concibe una hipoteca sin la obligación principal que ésta garantice. Liechty, supra, pág. 502. Nuestro dere-cho registral inmobiliario recoge este principio concisa-mente al establecer que “[c]uando la hipoteca se hubiere constituido para garantizar títulos transferibles por en-doso o al portador, el derecho hipotecario se entenderá transferido [...] sin necesidad de dar de ello conocimiento al deudor, ni de hacerse constar la transferencia en el Registro”. (Énfasis suplido). Art. 195 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad de 1979 (Ley Hipotecaria de 1979), Ley Núm. 143 de 14 de junio de 1980, según enmendada, 30 LPRA sec. 2614 (ed. 2005).

B

i

Un tenedor de un instrumento negociable —acreedor en una relación crediticia— podría, a su vez, ofrecer ese instrumento como una garantía de otra tran-sacción en la cual él se desempeña como deudor. Esto se conoce como una “transacción garantizada”, donde el ins-trumento funge como la garantía mobiliaria.

El marco jurídico de las garantías mobiliarias en Puerto Rico cambió drásticamente tras la implementación del Ar-tículo 9 del Uniform Commercial Code como el “Capítulo 9—Transacciones Garantizadas” de la LTC en el 1996. Ley Núm. 208 de 17 de agosto de 1995, añadido por la Ley Núm. 241 de 19 de septiembre de 1996, según enmendada. La ley que implemento este régimen uni-forme para atender las garantías sobre propiedad mueble derogó múltiples leyes anteriores que atendían, cada una dentro de su temática particular, el mismo asunto. Sin-gularmente, de los antiguos modos de constituir una ga-rantía mobiliaria sobrevivió la prenda instituida en el Código Civil. 31 LPRA secs. 5001-5031.

Una garantía mobiliaria, acorde con la Sec. 9-203 del Capítulo 9—Transaccciones Garantizadas (Capítulo 9), requiere tres elementos para su constitución: (1) que se haya dado valor a cambio; (2) que el deudor tenga derechos sobre la propiedad gravada, y (3) que se cumpla con una de tres posibles condiciones:

a. Que la propiedad gravada esté en posesión del acree-dor garantizado en conformidad con un acuerdo.

b. Que la propiedad gravada sea inversiones y el acree-dor garantizado tenga el control a tenor de un acuerdo.

c. Que el deudor haya firmado un acuerdo de constitu-ción de gravamen mobiliario que contenga una descripción de la propiedad gravada. Sec. 9-203 de la Ley 208-1995, añadida por la Ley 241-1996 (1996 [Parte 2] Leyes de Puerto Rico 1422).

El Capítulo 9, a su vez, provee para que la pose-sión en ciertos casos también perfeccione el gravamen mo-biliario y así surta efectos frente a terceros. Específica-mente, un gravamen mobiliario sobre un instrumento negociable se perfeccionará mediante la toma de posesión de la propiedad gravada por el acreedor garantizado. See. 9-305 de la Ley 208-1995, añadido por la Ley 241-1996 (1996 [Parte 2] Leyes de Puerto Rico 1430). Por lo tanto, un instrumento negociable cuya posesión se otorga a un acree-dor garantizado en conformidad con un acuerdo constituye una garantía mobiliaria exigible que surte efectos contra terceros.

La posesión de la propiedad gravada como una de las posibilidades para la constitución del gravamen mobiliario no es más que la codificación en el Capítulo 9 de la antigua figura de la prenda. Por ende, ya que la figura de la prenda civilista no fue derogada, se torna necesario —para fines de resolver el presente caso— determinar su alcance den-tro del marco jurídico puertorriqueño en relación con las garantías mobiliarias sobre instrumentos que se constitu-yen mediante posesión.

n

De ordinario, el Código Civil es supletorio en las materias que se rigen por leyes especiales. Art. 12 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 12; Berrocales v. Tribunal Superior, 102 DPR 224, 226 (1974). Sin embargo, la Sección 9-102 del Capítulo 9 establece claramente que “[l]as disposiciones del Código Civil de Puerto Rico res-pecto a la prenda [...] no aplicarán a las transacciones regidas por esta Ley”. Ley Núm. 241-1996 (1996 [Parte 2] Leyes de Puerto Rico 1404). A tenor de esta disposición, para determinar el campo de aplicación de la prenda civi-lista es menester entonces auscultar qué transacciones ga-rantizadas se rigen por el Capítulo 9.

Sobre el particular, la referida Sección 9-102 nos indica que el Capítulo 9 aplicará a “toda transacción (indepen-dientemente de su forma) que tenga el propósito de crear un gravamen mobiliario sobre propiedad mueble o inmue-bles por su destino incluyendo bienes, documentos, instru-mentos, bienes incorporales, papel financiero o cuentas (Énfasis suplido) Sec. 9-102 de la Ley 208-1995, añadida por la Ley 241-1996 (1996 [Parte 2] Leyes de Puerto Rico 1404). Incluso, la sección indica específica-mente que “[e]ste Capítulo aplicará a gravámenes mobilia-rios creados por contrato incluyendo los de prenda [...] ”. Id.

Claro está, si bien la aplicación del Capítulo 9 y la subsiguiente exclusión de las disposiciones de la prenda civilista operan automáticamente, no por ello operan obligatoriamente. Máxime, entre las cualidades de la LTC es su flexibilidad. Por dicha razón, la Sección 1-102 de la LTC permite a los contratantes variar el efecto de las dis-posiciones de esta ley mediante acuerdo. 19 LPRAsec. 401. Consecuentemente, las partes podrían pactar la aplicación de las disposiciones de la prenda del Código Civil de ma-nera supletoria o, inclusive, de manera exclusiva del Capí-tulo 9 de la LTC. Ahora bien, ausente un acuerdo entre las partes sobre el particular, cuando aplique el Capítulo 9 so-bre garantías mobiliarias, éste excluirá la aplicación de las disposiciones sobre la prenda estatuidas en el Código Civil.

La figura de la prenda civilista es, en maneras diversas, más exigente para su constitución y efectividad contra terceros que la figura de la garantía mobiliaria constituida mediante posesión acorde con el Capítulo 9. De hecho, no es posible cumplir con los requisitos de la prenda civilista sin cumplir con los requisitos de la garantía mobi-liária del Capítulo 9. Consecuentemente, toda garantía mobiliaria sobre un instrumento que cumpla con los requi-sitos de la prenda civilista cumplirá también con los requi-sitos para la constitución y exigibilidad del gravamen mo-biliario acorde con el Capítulo 9. En vista de que la LTC desplaza la figura de la prenda civilista si la transacción se rige por sus disposiciones, el desenlace lógico de esta situa-ción es que —bajo la normativa vigente de la LTC— las disposiciones del Código Civil respecto a la prenda no pue-den aplicarse a las garantías mobiliarias constituidas so-bre instrumentos, a menos que las partes hayan acordado expresamente su aplicación

Resuelto que —salvo pacto en contrario— el derecho aplicable a una garantía mobiliaria sobre un instrumento en el caso de autos es el Artículo 9 del Uniform Commercial Code —legislado en nuestra jurisdicción como el antiguo Capítulo 9 de la LTC, que figuraba en 19 LPRA sees. 2001 a 2207—, excepto las disposiciones sobre la prenda inclui-das en el Código Civil, es menester evaluar el efecto de suscribir una garantía sobre un instrumento que a su vez está garantizado por una hipoteca.

iii

La Sección 9-104 del Capítulo 9 dispone para que ciertas transacciones de garantía queden excluidas de la aplicación del Capítulo. Sec. 9-104 de la Ley 208-1995, añadida por la Ley 241-1996 (1996 [Parte 2] Leyes de Puerto Rico 1409). Entre éstas se encuentra “la creación o transmisión de un derecho real o gravamen sobre bienes inmuebles, incluyendo un arrendamiento de bienes inmue-bles o las rentas producidas por el mismo [...] ”. Id., pág. 1410. Empero, si bien esto excluye las transacciones sobre bienes inmuebles de la aplicación del Capítulo 9, el mero hecho de estar garantizado por una hipoteca no derrota el carácter mueble de un pagaré hipotecario. Recordemos que “[u]na obligación para el cobro de dinero, como lo es un pagaré transmisible por endoso o por la mera entrega del documento, es por disposición de la ley un bien mueble aun cuando esté garantizada con hipoteca sobre bienes inmuebles”. Dávila v. Registrador, 59 DPR 130, 134 (1941). Véase Art. 268 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 1064.

Puntualmente, la Sección 9-102(3) del Capítulo 9 establece que “[l]a aplicabilidad de este Capítulo a un gravamen mobiliario no quedará afectada por el hecho de que la obligación principal esté a su vez garantizada por una transacción o un gravamen no sujeto a este Capítulo”. Sec. 9-104 de la Ley 208-1995, añadida por la Ley 241-1996 (1996 [Parte 2] Leyes de Puerto Rico 1404). Por ello, el Capítulo 9 aplicará a una transacción garantizada por un pagaré aunque éste, a su vez, esté garantizado por una hipoteca cuya constitución se rija por la ley hipotecaria.

iv

Establecido que un contrato de garantía sobre un pa-garé hipotecario se rige por la normativa relativa a las ga-rantías mobiliarias, específicamente por el Capítulo 9 de la LTC, la pregunta restante es si la garantía constituida so-bre el pagaré hipotecario también se extiende a los dere-chos sobre la hipoteca. Consideramos que sí.

Como ya discutimos con relación a la negociación de los pagarés hipotecarios que cumplan con los requisitos de “instrumento negociable” de acuerdo con la LTC, la hipoteca persigue al pagaré. Ello, pues como establece la ley y la jurisprudencia, la hipoteca es accesoria a la obligación principal que garantiza. Véanse: Art. 1756 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5001; Liechty, supra, pág. 502; D.J. Whaley, Mortgage Foreclosures, Promissory Notes, and the Uniform Commercial Code, 3 W. St. U.L. Rev. 313, 326 (2012) (“The common law was clear that the mortgage contract and the mortgage deed are mere ‘security’ for the payment of the promissory note (the ‘debt’). It is a common law maxim that ‘security follows the debt’ [...] The courts are more or less unanimous on this” [escolio omitido]). Consecuentemente, un corolario lógico de la na-turaleza accesoria de la hipoteca es que la transferencia o pignoración del pagaré que esté garantizado por la hipo-teca también afectará el derecho subyacente a la hipoteca. Gregory Shaw en: Nota, Security Interests in Notes and Mortgages: Determining the Applicable Law, 79 Colum. L. Rev. 1414, 1428-1429 (1979) (“[G]iven the [Uniform Commercial] Code’s intent to make [AJrticle 9 applicable to the security interest in the note, it follows that [A]rticle 9 must also apply to the security interest in the mortgage”). Incluso, como adelantamos en la primera parte de la opinión, la propia ley hipotecaria reconoce la transferencia automática del derecho de hipoteca cuando se transfiere el instrumento que ésta garantiza. Art. 195 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad de 1979, Ley Núm. 143 de 14 de junio de 1980, según enmendada, 30 LPRA sec. 2614 (ed. 2005). Por lo tanto, es forzoso concluir que la constitución de una garantía mobiliaria sobre un pagaré que a su vez está garantizado por un gravamen sobre pro-piedad inmueble, también incluye los derechos a ese gravamen sobre propiedad inmueble.

HH HH t-H

En el caso de autos, tanto el matrimonio San Miguel-Hernández como el matrimonio Ventura-Abreu otorgaron una escritura para constituir una hipoteca sobre la totali-dad de una finca, que les pertenecía en común pro indiviso, en garantía de un pagaré hipotecario que únicamente fue suscrito por el matrimonio Ventura-Abreu. Por lo tanto, los esposos San Miguel-Hernández hipotecaron su inmueble en garantía de una obligación principal perteneciente a terceros, a saber, los Ventura-Abreu.

El pagaré hipotecario suscrito por el matrimonio Ventu-ra-Abreu era pagadero a la presentación y a Doral Bank o a su orden. Además, era una promesa incondicional de pago, ya que no contenía ninguna otra promesa o compro-miso, salvo la garantía hipotecaria. Por lo tanto, el pagaré hipotecario era un instrumento negociable. Éste fue emi-tido por el matrimonio Ventura-Abreu a favor de Doral Bank. En el 2004, al saldo de la deuda con el banco, Doral Bank endosó el pagaré a favor de los Ventura-Abreu y les cedió la posesión del instrumento negociable. Esto consti-tuyó una negociación válida del instrumento y, a la vez, causó una readquisición del instrumento negociable por parte de los emisores, a saber, los Ventura-Abreu.

Los Ventura-Abreu, entonces tenedores del instrumento negociable, decidieron no cancelarlo. En vista de ello, y pese a la confusión momentánea de derechos, no se extin-guió la obligación de pago ni la garantía hipotecaria accesoria. Al contrario, los Ventura-Abreu decidieron poner el pagaré nuevamente en circulación mediante un acuerdo de constitución de garantía mobiliaria sobre el pagaré hi-potecario intitulado Mortgage Note Pledge and Security Agreement. En éste nada dispusieron para variar el dere-cho aplicable al acuerdo. Este acuerdo, a su vez, fue pac-tado como garantía de una obligación principal de Ven-Lour con Desarrolladora Caribe.

En la transacción garantizada concurrieron los tres ele-mentos para la constitución de una garantía mobiliaria mediante posesión según la LTC, a saber: (1) se dio valor por parte de Desarrolladora Caribe mediante los adelantos y préstamos que convino efectuar en el Acuerdo; (2) el ma-trimonio Ventura-Abreu tenía derechos sobre la propiedad gravada, y (3) a través de su apoderado, el matrimonio Ventura-Abreu puso a Desarrolladora Caribe en posesión del pagaré hipotecario a tenor de un acuerdo. La constitu-ción de la garantía mobiliaria sobre el instrumento nego-ciable mediante posesión también perfeccionó automática-mente la garantía mobiliaria, ocasionando que ésta surtiera efecto contra terceros desde cuando se cedió la po-sesión del instrumento a Desarrolladora Caribe. Debido a que las partes no pactaron disposición alguna sobre el de-recho aplicable, aplican automáticamente las disposiciones de la LTC sobre las garantías mobiliarias. Estas obran en exclusión de las disposiciones del Código Civil sobre la fi-gura de la prenda y, por lo tanto, no era necesario suscribir un acuerdo con fecha autenticada ante notario para que la garantía surtiera efecto contra terceros.

La actuación de los esposos Ventura-Abreu fue total-mente válida, puesto que éstos eran los únicos tenedores del pagaré hipotecario y tenían completa facultad para ne-gociarlo u otorgarlo en garantía. Para llevar a cabo cual-quier acto de administración o enajenación sobre el pagaré, como constituir una garantía sobre éste, el matrimonio Ventura-Abreu no necesitaba el consentimiento del matri-monio San Miguel-Hernández. Aún si los esposos San Miguel-Hernández constituyeron la hipoteca que garantiza el pagaré concernido, cualquier transacción posterior sobre el pagaré versará enteramente sobre éste. La hipoteca, en su función accesoria perseguirá al pagaré si éste se transfiere o se extinguirá si éste se cancela.

Puesto que ni la obligación principal representada en el pagaré ni la hipoteca que servía de garantía a ésta estaban extintas, la constitución de garantía mobiliaria sobre el pa-garé hipotecario también se extendió a los derechos a la hipoteca subyacente sobre la finca perteneciente en común pro indiviso al matrimonio Ventura-Abreu y el matrimonio San Miguel-Hernández. Consecuentemente, Desarrolla-dora Caribe estaba en su pleno derecho de ejecutar la ga-rantía mobiliaria y la hipoteca subyacente en ocasión de un impago por parte de Ven-Lour.

Erró el Tribunal de Apelaciones al razonar lo contrario debido a que el inmueble hipotecado no le pertenecía ex-clusivamente a los esposos Ventura-Abreu. Como bien ra-zonó la jueza Domínguez Irizarry en su opinión disidente, Desarrolladora Caribe tiene una garantía válida sobre un instrumento negociable que la faculta a ejecutar la garan-tía principal sobre el pagaré hipotecario, así como la garan-tía hipotecaria accesoria a ésta, en ocasión de un impago. Procede devolver el caso al foro primario para que se venda en pública subasta la finca concernida de no efectuarse el pago de la suma adeudada.

IV

En conformidad con lo anterior, se dictará sentencia que revoque la Sentencia del Tribunal de Apelaciones y confirme la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y el Juez Aso-ciado Señor Rivera García concurrieron sin opinión escrita.

       Véase M.R. Garay Aubán, Derecho cambiario, Ponce, Ed. Rev. Der. Pur., 1999, págs. 85-86, donde el tratadista usa el pagaré hipotecario como ejemplo de un instrumento negociable con un compromiso adicional de dar colateral en garantía de la promesa de pago.

       Para negociar un instrumento pagadero a la orden de una persona identifi-cada, se requerirá la cesión de la posesión del instrumento y el endoso por el tenedor presente a favor del cesionario. 19 LPRA sec. 551. La cesión de la posesión y el endoso son los únicos requisitos que impone la ley para la negociación de un instru-mento negociable pagadero a la orden. Debido a que el único requisito para la nego-ciación de un instrumento pagadero a la orden es la cesión de la posesión y su endoso por el tenedor, el pagaré hipotecario que cumpla con los requisitos de ser instru-mento negociable se podrá negociar sin el consentimiento de los hipotecantes.

       AI momento de los hechos de este caso aplicaba la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad de 1979. No obstante, este artículo es idéntico en la nueva Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Art. 91 de la Ley Núm. 210 de 8 de diciembre de 2015, según enmendada, 30 LPRA sec. 6118.

       Aunque el Artículo 9 ha sido remplazado por el Artículo 9 Revisado del Uniform Commercial Code —legislado en nuestra jurisdicción a través de la Ley Núm. 21 de 17 de enero de 2012, 19 LPRA secs. 2211-2409, y efectivo un año después de su aprobación—, el derecho de transacciones garantizadas en el presente caso se rige por el antiguo Artículo 9 de la Ley Núm. 208 de 17 de agosto de 1995 (1995 [Parte 1] Leyes de Puerto Rico 1012), según enmendada, puesto que la transacción concernida tuvo lugar previo a la vigencia del Artículo 9 Revisado en Puerto Rico.

       A modo de ejemplo, entre las leyes derogadas por la Ley Núm. 241 que adoptó el Artículo 9 del Uniform Commercial Code se encuentran: la Ley Hipotecaria de Propiedad Mueble, Ley Núm. 19 de 3 de junio de 1927, según enmendada; la ley sobre ventas condicionales, Ley Núm. 61 de 13 de abril de 1916, según enmendada; la Ley de Contratos de Refacción Industrial y Comercial, Ley Núm. 86 de 24 de junio de 1954, según enmendada, y la Ley de Cesión de Cuentas por Cobrar, Ley Núm. 8 de 8 de octubre de 1954, según enmendada, entre otras. Véase 1996 (Parte 2) Leyes de Puerto Rico 1326.

       Si bien la sección parece implicar que es necesario que el deudor de la obli-gación principal sea quien tenga derechos sobre la propiedad gravada, el Artículo 9 no impide que terceros ofrezcan en garantía mobiliaria su propiedad para garantizar la obligación principal de otra persona. La definición de “deudor” en el Capítulo 9— Transacciones Garantizadas (Capítulo 9) establece que “[cluando el deudor y el dueño de la propiedad gravada no sean la misma persona, el término ‘deudor’ signi-fica el dueño de la propiedad gravada bajo toda disposición de este Capítulo relacio-nada con la propiedad gravada, el obligado bajo toda disposición relacionada con la obligación y podrá incluir a ambos cuando el contexto así lo requiera [...] Sec. 9-105 de la Ley 208-1995, añadida por la Ley 241-1996 (1996 [Parte 2] Leyes de Puerto Rico 1411).

       El Artículo 9 Revisado del Uniform Commercial Code, que entró en vigor en nuestra jurisdicción como el nuevo Capítulo 9 de la Ley de Transacciones Comercia-les (LTC) el 17 de enero de 2013, tiene una disposición idéntica. Sec. 9-109 de la Ley 208-1995, añadida por la Ley Núm. 21 de 17 de enero de 2012, ley enmendadora efectiva un año después de su aprobación y codificada en 19 LPRA sec. 2219(e).

       En el Capítulo 9 se define “instrumento” como “un instrumento negociable (según definido en la Sección 2-104), o cualquier otro escrito que evidencie un dere-cho al pago de dinero, pero no sea de por sí un acuerdo de gravamen mobiliario o de arrendamiento y que sea de la clase que en el curso ordinario de los negocios se transfiere por la entrega y su endoso o cesión necesario. El término no incluye inversiones”. Sec. 9-105(k) de la Ley 208-1995, añadida por la Ley 241-1996 (1996 [Parte 2] Leyes de Puerto Rico 1411).

       Ésta solamente permite la constitución de la prenda sobre bienes muebles susceptibles de posesión. Art. 1763 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5022. Por otro lado, el Capítulo 9 de la LTC permite constituir garantías sobre cuen-tas y otros intangibles. Asimismo, en el contrato de prenda “es esencial la pre-existencia de una obligación para que sea válida la garantía”, mientras que la LTC “reconoce la efectividad de las garantías fundadas en obligaciones no prestadas”. A.C. Gómez Pérez, El conflicto entre tradiciones jurídicas en el derecho privado comercial puertorriqueño, 3 UPR Bus. L.J. 29, 37 y 38 (2012). El contrato de prenda requiere que la cosa pignorada pertenezca en propiedad al que la empeña y que éste tenga libre disposición de la cosa. Por su parte, el Capítulo 9 de la LTC solamente requiere que el deudor tenga derechos sobre la propiedad gravada. Art. 1756 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5001; Sec. 9-203 de la Ley 208-1995, añadida por la Ley 241-1996 (1996 [Parte 2] Leyes de Puerto Rico 1421). Para cons-tituir el contrato de prenda civilista es esencial que se ponga en posesión de la cosa dada en prenda al acreedor o a un tercero de común acuerdo. Art. 1762 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5021. Por el contrario, en la LTC, la posesión es solamente una de las múltiples maneras para constituir el gravamen mobiliario. Sec. 9-203 de la Ley 208-1995, añadida por la Ley 241-1996, supra. Por último, para que la prenda civilista surta efecto contra terceros, debe constar la certeza de la fecha mediante el documento auténtico, mientras que en la LTC la posesión es suficiente para que el gravamen mobiliario surta efectos contra terceros mediante su perfección. Art. 1764 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5023; Sec. 9-304 de la Ley 208-1995, añadida por la Ley 241-1996 (1996 [Parte 2] Leyes de Puerto Rico 1428). Todas las disposiciones aquí mencionadas del Capítulo 9 de la LTC tienen disposiciones análogas idénticas o casi idénticas en el Capítulo 9 Revisado, introducido por la Ley Núm. 21 de 17 de enero de 2012, 19 LPRA secs. 2211-2409.

       Una situación análoga ocurrió en Luisiana —estado con una tradición civi-lista similar a la nuestra, de estirpe francesa— tras la aprobación del Artículo 9 del Uniform Commercial Code en esa jurisdicción. Véase M.H. Rubin, Ruminations on the Louisiana Law of Pledge, 75 La. L. Rev. 697, 700 (2015). En específico, el comen-tario oficial a una de las disposiciones sobre la prenda civilista de Luisiana indica que “[ajunque este artículo requiere entrega de la cosa en el caso de la prenda de un bien mueble corporal, puede que no existan bienes muebles corporales a los cuales aplique esta regla, puesto que el Artículo 9 del Uniform Commercial Code puede que cubra todo bien mueble corporal sin excepción”. (Traducción nuestra). LSA-C.C. Art. 3149 Comment (c) (Revision Comments—2014) (cabe señalar que, contrario a nues-tra prenda civilista, la figura de la prenda del Código Civil de Luisiana permite dar en prenda bienes muebles incorporales no susceptibles de posesión).

       El Artículo Capítulo 9 Revisado contiene una disposición análoga en su Sección 9-109(b), 19 LPRA sec. 2219(b). Véase, además, Hawkland’s Uniform Commercial Code Series Sec. 9-104:11 (2001) (“A security interest in a secured obligation such as the pledge of a note that is itself secured by a real estate mortgage, is also a security interest in personal property”); S.E.C. v. Elliot, 953 F.2d 1560, 1580 (limo Cir. 1992) (“It is apparent that the drafters of the U.C.C. intended for Article 9 to apply to the creation of a security interest in a note secured by real estate”); O’Neil v. Carlson, 608 A.2d 858, 860 (1992) (“Although the mortgage ‘is itself secured by a transaction or interest to which this Article does not apply,’ the security interest in the mortgage is well within the ambit of the article” [énfasis en el original]).

       Posteriormente, con la adopción en nuestra jurisdicción del Artículo 9 Revi-sado, se dispuso expresamente que “[1] a constitución de una garantía mobiliaria sobre el derecho al pago o el cumplimiento de una obligación garantizada por la garantía mobiliaria u otro gravamen sobre propiedad mueble o inmueble también incluirá los derechos a la garantía mobiliaria, la hipoteca u otro gravamen”. 19 LPRA sec. 2233(g). En lo pertinente, el comentario oficial a esta sección del Artículo 9 Revisado del Uniform Commercial Code informa que lo que hace esta disposición nueva es meramente codificar “the common-law rule that a transfer of an obligation secured by a security interest or other lien on personal or real property also transfers the security interest or lien”. UCC Sec. 9-203, Comment 9 (2014). Asimismo, la nueva ley extiende automáticamente la perfección de la garantía mobiliaria a los derechos sobre una hipoteca en que subyace un pagaré, para que surta efecto en cuanto a terceros, como otros acreedores hipotecarios e hipotecantes no deudores. 19 LPRA sec. 2258.


author:
(.Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo
     Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez.

text:
    Josefina Zeda Batista, peticionaria, v. Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, recurrida.

      Número: CC-2017-0167

      Resuelto: 5 de junio de 2017

      Sala de Despacho integrada por la Jueza Presidenta Oronoz Rodrí-guez, la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y el Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón.
   RESOLUCIÓN

Atendida la Petición de Certiorari presentada por la parte peticionaria, se provee “no ha lugar”.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo.

La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez expe-diría y emitió un Voto particular disidente.

(.Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo

Voto particular disidente emitido por la

Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez.

¿Qué protección otorgan la Constitución de Puerto Rico y la Constitución de Estados Unidos a los contratistas in-dependientes cuyos contratos no son renovados por discri-men político? ¿Qué constituye una decisión adversa y a quién se puede responsabilizar por ella en este contexto? Estas son algunas de las controversias que el Tribunal tiene ante su consideración en este caso. Porque estoy con-vencida de que una Sala de este Tribunal desaprovechó la oportunidad de expresarnos sobre un asunto de alto inte-rés público al denegar el recurso, disiento. En su lugar, recomiendo expedir el auto de certiorari y estudiaría a fondo si procede revocar el dictamen recurrido.

La Sra. Josefina Zeda Batista (peticionaria) es psicóloga clínica. Adicional a su oficina privada, trabajó para la Admi-nistración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adic-ción (ASSMCA) desde el 2006 a través de varios contratos de servicios profesionales. En ese trabajo prestaba servicios a los clientes del Centro de Servicios Ambulatorios de Are-cibo del Programa de “Drug Court”. El último contrato otor-gado a la peticionaria venció en diciembre de 2010, pues no fue renovado a pesar de su desempeño excelente.

Lo anterior provocó que la peticionaria presentara una demanda sobre discrimen político y represalias contra ASSMCA. En esencia, alegó que no se renovó su contrato por ser miembro del Partido Independentista Puertorri-queño (PIP). El Tribunal de Primera Instancia declaró “ha lugar” la demanda. Razonó que la peticionaria probó un caso prima facie de discrimen político, ya que su afiliación política era conocida y que fue reemplazada por un psicó-logo que compartía la ideología política de la autoridad nominadora. Señaló que los testigos presentados por ASSMCA no le merecieron credibilidad ni pudieron expli-car la razón por la cual no se renovó el contrato de la peticionaria.

En cambio, el Tribunal de Apelaciones revocó el dicta-men recurrido. Entre otras cosas, entendió que la decisión adversa de no renovar el contrato la tomó el Secretario de la Gobernación, quien no es parte en el pleito, y destacó que ASSMCA solicitó la renovación del contrato, de modo que no actuó de forma discriminatoria. Por otro lado, tam-bién cuestionó algunos de los remedios concedidos por el foro primario.

La peticionaria acude ante nosotros y resalta, entre otras cosas, que el foro primario no creyó la teoría de que fue el Secretario de la Gobernación quien decidió no reno-var su contrato. Debido a los hechos particulares de este caso, me parece persuasiva su postura de que la no reno-vación de su contrato era imputable únicamente a ASSMCA. De entrada, considero que debemos examinar el contexto en que se emitieron las expresiones que el foro apelativo utilizó para atribuirle al Secretario de la Gober-nación la no renovación. Por lo tanto, expediría el certio-rari para determinar si la peticionaria probó su caso de discrimen político y aclarar qué constituye una determina-ción adversa.

Además, podíamos aprovechar esta ocasión para pro-fundizar sobre lo resuelto en este tema por el Tribunal Supremo federal en Board of County Comm’rs, Wabaunsee County, Kan. v. Umbehr, 518 US 668 (1996), en O’Hare Truck Service, Inc. v. City of Northlake, 518 US 712 (1996), así como su progenie en los Tribunales Federales de Apelaciones. Véase Aponte Burgos v. Aponte Silva, 154 DPR 117, 127 (2001) (“la prohibición del discrimen político en relación al empleo público de la Constitución federal es tan abarcadora que el Tribunal Supremo de Estados Uni-dos la ha extendido incluso a contratistas independientes, que no son técnicamente empleados públicos” [énfasis suprimido]). Además, no podemos negar que, lamentable-mente, en Puerto Rico abundan los casos de discrimen político. Véase A. Sabater Baerga y J.R. Santiago Cruz, A Spoiled Spoils System: Puerto Rico’s Epidemic of Political Discrimination and the Federal Courts, 85 (Núm. 4) Rev. Jur. UPR 1327, 1351 (2016) (“50.8% of all cases regarding political discrimination reviewed by the circuit courts have come from the District Court of Puerto Rico”). Le corres-ponde a este Tribunal velar por el cumplimiento de nues-tras garantías constitucionales en una situación que tanto perturba a nuestro país.


author: La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez Juez Asociado Señor Colón Pérez,

text:
    Manuel Correa Márquez, recurrido v. Carmen Juliá Rodríguez, peticionaria.

      Número: CC-2015-0977

      Resuelto: 7 de junio de 2017

      Carmen Juliá Rodríguez, pro se; Rosalinda Pesquera-Dávila, de Dávila & Pesquera, y Rubén Soto Rodríguez, abogados de la parte recurrida.
   La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez

emitió la opinión del Tribunal.

Nos corresponde determinar si una excónyuge que es propietaria en común proindiviso de un bien de valor sus-tancial junto a su excónyuge puede solicitar y recibir una pensión por parte de este último al amparo del Art. 109 del Código Civil, infra. Por los fundamentos expuestos a conti-nuación, respondemos en la afirmativa y establecemos como criterio aplicable el potencial del bien en cuestión de proveer sumas líquidas a la parte en necesidad económica al momento de reclamar la pensión.

HH

La Sra. Carmen Juliá Rodríguez (peticionaria) y el Sr. Manuel Correa Márquez (recurrido) contrajeron matrimo-nio el 23 de marzo de 1984. Casi veinticinco años después, esto es, el 19 de febrero de 2009, el recurrido presentó una petición de divorcio. Así las cosas, el matrimonio fue disuelto mediante sentencia del Tribunal de Primera Instan-cia del 2 de octubre de 2009, lo que suscitó una serie de reclamos de alimentos contra el recurrido, de los cuales el único pertinente a la controversia ante nuestra considera-ción es la pensión excónyuge que solicitó la peticionaria.

En particular, mediante una Urgente Moción Solici-tando que se Fije Pensión Ex cónyuge, la peticionaria ar-güyó que carecía de bienes para cubrir sus necesidades, por lo que tenía derecho a una pensión excónyuge en virtud del Art. 109 del Código Civil, 31 LPRAsec. 385. Señaló que su necesidad surgía porque carece de experiencia profesio-nal porque se dedicó a su familia durante el matrimonio y sufría una serie de condiciones médicas que le aquejaban y le impedían trabajar. Además, sostuvo que una vez disuelto su matrimonio, quedó sin efecto una pensión familiar otorgada a la peticionaria y a sus hijos como remedio provisional, lo que la dejó desprovista de ingreso alguno. El recurrido, por su parte, se opuso a que se hallara a la pe-ticionaria en necesidad económica y, en la alternativa, sos-tuvo que cualquier pensión atribuida a ésta debía conside-rarse un anticipo de su participación en los bienes gananciales una vez se liquidara la sociedad ganancial.

Tras varios incidentes procesales, la peticionaria pre-sentó prueba documental y testifical. Evaluada la prueba, el Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia y declaró “con lugar” la pensión excónyuge solicitada. Entre las de-terminaciones de hechos del foro primario se encuentran las siguientes:

5. La [peticionaria] tiene 54 años de edad y es ama de casa. Su preparación académica incluye un grado asociado en comuni-caciones; esta no terminó el grado de bachillerato.
6. Al presente esta reside con sus hijos [...] en una propiedad ganancial localizada en la Urb. Sierra del Río, Calle 9 B-l, San Juan, Puerto Rico. Dicha propiedad tiene 4 cuartos, piscina, gazebo y planta eléctrica.
7. Durante el tiempo en que las partes convivieron como espo-sos la [peticionaria] se dedicó al cuido de los hijos y del hogar, ya que así lo habían acordado las partes. Sobre este particular, el [recurrido] negó que hubiera prohibido a su esposa trabajar cuando estaban casados, y que el no trabajar era razonable cuando los hijos eran menores de edad, pero no después.
8. No obstante lo anterior, la [peticionaria] realizó trabajos esporádicamente y a tiempo parcial. Entre 1995 y 1998 realizó trabajos a tiempo parcial con la Sra. Tere Bravo, y en un banco por un período de 2 años y para Universal Insurance en o alrededor de 1982. Nunca ha trabajado en el área de comunicaciones.
9. Cuando los hijos de las partes estaban en la escuela, la [peticionaria] realizó trabajos con una pareja de amigos “brokers”, pero el acuerdo entre las partes fue que dicho trabajo no podría quitarle tiempo para atender al [recurrido] y el hogar. Posteriormente, la [peticionaria] dejó el trabajo a tiempo par-cial porque su padre se enfermó del corazón y se dedicó a cui-darlo hasta su fallecimiento en el año 2000.
10. Aunque posteriormente la [peticionaria] realizó trabajos de artesanía [...] para la venta de accesorios y prendas, esta tuvo que dejar dicha actividad debido a que desarrolló una condición de artritis.
11. Al presente^] la [peticionaria] padece de varias condiciones de salud, que incluyen dolor en las articulaciones compatibles con la condición de artritis reumatoide, fibromialgia u osteoar-tritis, padece de asma bronquial crónica, presenta lesiones en la piel y recibe tratamiento siquiátrico por depresión mayor. Debido a dichas condiciones, la [peticionaria] recibe trata-miento médico continuo e ingiere varios medicamentos pre-ventivos y de mantenimiento.
12. Conforme al testimonio del siquiatra!,] José E. Villanueva Arce, desde el año 1982 la [peticionaria] tiene un diagnóstico de depresión mayor, por lo que necesita medicación y sicotera-pia y tratamiento siquiátrico de seguimiento. A partir del año 2008, fecha en que el perito comenzó a atender mensualmente a la [peticionaria], su condición depresiva se agravó debido a las circunstancias que motivaron la ruptura del matrimonio de las partes.
13. El doctor Villanueva Arce opinó que la [peticionaria] con-fronta problemas de concentración y falta de tolerancia al “stress”, y que dicha condición le impide trabajar de forma constante, por hora o con otras personas. No obstante, señaló que esta podría realizar trabajos de artesanía, conducir auto, o realizar compras.
14. No obstante lo anterior, el doctor Villanueva Arce expresó que la demandada se encuentra en condición estable, aunque necesita continuar tratamiento por varios meses para mejorar su condición emocional. Su prognosis es de mejoría una vez se concluyan los procesos judiciales que le ocasionan stress.
16. Además de la condición emocional antes descrita, la [peticionaria] recibe tratamiento por una condición de dolor en las articulaciones, hombro[,] rodillas y caderas. Conforme al testimonio de la reumatólogaf,] Griselle Ríos Solá, la [peticionaria] presenta síntomas similares al de la artritis reu-matoide, la fibromialgia o la osteoartritis, aunque aún no tiene un diagnóstico claro y definitivo. Dicha condición le ocasiona dolor crónico y limitaciones de movimiento para subir escaleras, caminar largas distancias, hacer ejercicios y realizar activida-des en el hogar; tampoco debe levantar objetos de más de 15 libras.
17. Para aliviar la referida condición, la [peticionaria] tiene que ingerir varios medicamentos [...] y recibir tratamiento continuo en las clínicas de fisiatría, de ortopedia y dermatología. [...]
18. No obstante, en lo que respecta a las actividades que la demandada puede realizar, la doctora Ríos Solá opinó que esta puede conducir un auto, escribir, usar la computadora y hacer movimientos con las manos.
19. Debido a los problemas de salud que ha confrontado la [peticionaria], esta no ha trabajado durante los pasados 14 años.
20. Para atender la condición de asma[,] la [peticionaria] re-cibe tratamiento médico especial [...]
21. Mientras la [peticionaria] estuvo casada con el [recurrido], este era el que generaba los ingresos, producto de su trabajo como abogado en el bufete de su padre. De igual manera, el [recurrido] se encargaba del pago de todos los gastos del hogar y de los gastos personales de la [peticionaria]. Los gastos perso-nales incluían compra de ropa y maquillaje, salón de belleza, pago de servicios del jardinero, gasolina, reparaciones de auto, ropa de los hijos, compras de navidad, reparaciones del hogar, salidas al cine y a comer, mesada para almuerzo, gastos médi-cos, seguro de vida y dinero en efectivo para ella y sus hijos.
22. El único ingreso de la [peticionaria] es el que recibe por concepto de pensión alimentaria vigente, esto es, la suma de $4,017.00 mensuales. Esta no tiene bienes, aparte de la casa donde reside y los muebles y enseres del hogar.
24. La [peticionaria] no cualifica para los beneficios del Seguro Social. Cuando cumplió 50 años[,] la oficina del Seguro Social le certificó que ella trabajó del 1977 al 1982 y que no acumuló tiempo de trabajo suficiente para recibir beneficios.
25. Debido a la edad, la limitada preparación académica y experiencia laboral de la [peticionaria], así como las múlti-ples y severas condiciones médicas que la aquejan, esta no tiene la capacidad para trabajar y generar ingresos para su sostenimiento.
26. Al presente, la [peticionaria] tiene que pagar la hipoteca de la casa y el mantenimiento, además de los gastos de estudios y necesidades de los interventores, los cuales paga con la pen-sión alimentaria vigente.

A base de estas determinaciones, el foro primario consi-deró que la prueba traída por la señora Juliá Rodríguez demostró que estaban presentes las circunstancias del Art. 109 del Código Civil, supra, particularmente el criterio de necesidad económica. Así también, halló probada la capa-cidad económica del recurrido, cuyo ingreso bruto mensual fluctuaba en $11,000. Por esta razón, el tribunal concedió la pensión y la fijó en unas sumas variadas según los gas-tos atribuidos a la peticionaria y los remedios provisionales otorgados a ésta durante los procedimientos judiciales.

El recurrido acudió al Tribunal de Apelaciones e hizo múltiples señalamientos de error. En cuanto a lo que aquí concierne, planteó que el foro primario había errado al: (1) determinar que el recurrido tenía capacidad económica para pagar tanto la pensión de la peticionaria como la de sus hijos, (2) no especificar que la pensión otorgada a la peticionaria sería considerada un adelanto de su participa-ción en la liquidación de bienes gananciales entre las par-tes, y (3) no tomar en consideración el valor del hogar en el que residía la peticionaria al momento de fijar la pensión excónyuge.

Tras examinar los alegatos de ambas partes, el foro ape-lativo intermedio atendió en conjunto los reclamos sobre la pensión excónyuge que se le otorgó a la peticionaria. Según su interpretación de la jurisprudencia aplicable, el Tribunal de Apelaciones consideró que el foro primario erró al determinar que la peticionaria cumplía con el criterio de necesidad económica, a los efectos de ser acreedora de una pensión excónyuge. A su juicio, los hechos demostraban que ésta tenía una participación proindivisa en una propie-dad ganancial que en el 2008 tasó $760,000 y cuyo valor se mantenía en $648,000 luego de descontada la carga hipotecaria. Por esta razón, y por contar con “otros bie-nes muebles” no especificados, el foro intermedio concluyó mediante sentencia que era improcedente el reclamo de una pensión a favor de la peticionaria en virtud del Art. 109 del Código Civil, supra.

Inconforme, la peticionaria presentó un recurso de cer-tiorari ante este Tribunal. Señaló que el Tribunal de Ape-laciones erró al determinar que ella incumplió con la carga probatoria de su necesidad económica, esto es, que carecía de medios suficientes para vivir según lo requiere el Art. 109 del Código Civil, supra. Tras evaluar la controversia, decidimos expedir el recurso. Con el beneficio de los alega-tos de ambas partes, procedemos a resolver si, según el cuadro fáctico ante sí, el Tribunal de Apelaciones actuó co-rrectamente al eliminar la pensión a la peticionaria

HH HH

A. El caudal ganancial como fuente primaria de alimentos

Al momento de disolverse un matrimonio, el régi-men ganancial conformado por los cónyuges se extingue. Art. 105 del Código Civil, 31 LPRA sec. 381. Al ocurrir esto, “surge entonces una comunidad de bienes compuesta por todos los bienes del haber antes ganancial, en la cual cada partícipe posee una cuota independiente [y] alienable con el correspondiente derecho a intervenir en la administración de la comunidad y a pedir su división”. Montalván v. Rodríguez, 161 DPR 411, 421 (2004). Véase Calvo Mangas v. Aragonés Jiménez, 115 DPR 219, 228 (1984). La razón de ser de esta comunidad de bienes obedece a que, a pesar de que se ha disuelto el matrimonio, la liquidación de los bie-nes entre los excónyuges no siempre es contemporánea al divorcio. Montalván v. Rodríguez, supra. Es por eso que, en ese ínterin, existe una presunción controvertible de que cada excónyuge tiene derecho a la mitad de los bienes que antes eran gananciales. Torres Vélez v. Soto Hernández, 189 DPR 972, 992 (2013).

Esa masa común de bienes que surge de la extinta so-ciedad de gananciales constituye la fuente primaria para atender el interés económico de cualquiera de los cónyuges. Así lo dispone el Art. 1325 del Código Civil, cuyo lenguaje solo alude a casos de viudez pero por jurisprudencia se ha extendido también a casos de divorcio. 31 LPRA sec. 3700. Véase Janer Vilá v. Tribunal Superior, 90 DPR 281, 301 (1964). Desde esa perspectiva, el acceso de cada excónyuge a los bienes de dicha comunidad ocurre por de-recho propio y no como obligación independiente del otro cónyuge. Soto López v. Colón, 143 DPR 282, 288 (1997).

Por esta razón, antes de solicitar una pensión excónyuge, el comunero que interesa acceso a bienes con los cuales alimentarse debe recurrir a la comunidad de bienes. Soto López v. Colón, supra, pág. 292. Véase S. Torres Peralta, La Ley de Sustento de Menores y el derecho alimentario en Puerto Rico, San Juan, Publicaciones STP, Inc., 2007, págs. 6.50-6.51. El acceso a esos bienes en calidad de anticipos de la participación en una comunidad dependerá, en principio, de dos condiciones básicas: (1) que haya existido una sociedad legal de gananciales entre las partes, y (2) que dicha sociedad aún no se haya liquidado. Véase Anselmo García Dist. v. Sucn. Anselmo García, 153 DPR 427, 435 (2001), opinión de conformidad del Juez Presidente Señor Hernández Denton.

Ahora bien, es preciso aclarar que, para que un comunero pueda alimentarse de los bienes habidos en la comunidad que compone con su excónyuge mientras la misma permanece indivisa, es condición adicional que tales bienes sean rentables y que dicha rentabilidad sea susceptible de liquidez económica inmediata. Esa condición se desprende de la jurisprudencia previa de este Tribunal, en particular de lo resuelto en Soto López v. Colón, supra. En ese entonces, una señora le solicitaba una pensión alimen-taria a su exesposo puesto que éste controlaba con exclusi-vidad bienes de la extinta sociedad conyugal, incluyendo un negocio en funciones y un inmueble del cual se extraían rentas de alquiler. Tomando eso en cuenta, sostuvimos que no procedía una pensión sino el “disfrute de los bienes co-munes que [hasta entonces estaban] siendo controlados y utilizados exclusivamente por el copropietario”. íd., pág. 292. No obstante, advertimos que lo determinante en estas situaciones era darle acceso a la persona reclamante a una “suma líquida específica periódica de la comunidad que le permitiera] alimentarse [...] ”. íd. Dado que los bienes en cuestión producían frutos y rentas, consideramos que la comunidad era la fuente propicia de esa suma líquida.

En ese sentido, entendemos que la norma de Soto López v. Colón, supra, está condicionada a la rentabilidad inme-diata de los bienes disponibles en la comunidad compuesta por los excónyuges. Esto, pues, como expresa el tratadista español Zarraluqui sobre el caudal disponible entre excón-yuges, “parece lógico que la ponderación del capital tenga en cuenta la rentabilidad de los bienes, positiva y negativa [mente], los gastos que precise su mantenimiento y los impuestos y cargas que los graven, así como cuales-quiera otras circunstancias que su disfrute pueda proporcionar”. L. Zarraluqui Sánchez-Eznarriaga, Derecho de familia y de la persona, Barcelona, Ed. Bosch, 2007, T. VI, pág. 710. Esa realidad innegable sobre la incertidum-bre de un caudal común ha sido, a su vez, reconocida por este Tribunal al expresar que, una vez se pospone la liqui-dación de bienes tras un divorcio, coexisten activos y pasi-vos sobre los cuales pueden “producirse frutos, saldarse deudas, sufrirse pérdidas, obtenerse ganancias o incurrirse en gastos [...] ”. Montalván v. Rodríguez, supra, pág. 422.

Bajo este espectro, determinamos que el caudal disponible en una comunidad de bienes de una extinta so-ciedad ganancial será la fuente primaria de alimentos de excónyuges, siempre y cuando de los bienes en comunidad se pueda extraer una suma líquida específica y periódica que le permita al reclamante alimentarse. Si del análisis de la comunidad de bienes no se desprende que esta produce, o razonablemente producirá, tal rentabilidad en un futuro cercano, el excónyuge que reclama una partida lí-quida con la cual alimentarse tendrá disponible el recurso de la pensión excónyuge, una vez demuestre que cumple con los requisitos aplicables a ese derecho.

B. La pensión excónyuge en nuestro ordenamiento

Cuando un divorcio coloca en estado de necesidad económica a uno de los excónyuges, quien primero res-ponde por esa necesidad, luego de la comunidad de bienes, es el otro excónyuge. La base de esta pensión la provee el Art. 109 del Código Civil, supra, el cual establece que, una vez decretado un divorcio, el Tribunal de Primera Instan-cia podrá asignar a cualquiera de los excónyuges que no cuente con suficientes medios para vivir “alimentos discre-cionales de los ingresos, rentas, sueldos o bienes que sean de la propiedad del otro cónyuge”. 31 LPRA sec. 385. El derecho a solicitar alimentos al amparo de dicho artículo surge del “derecho fundamental de todo ser humano a exis-tir y a desarrollar plenamente su personalidad”. González v. Suárez Milán, 131 DPR 296, 301 (1992). En ese sentido, las pensiones alimentarias de ex cónyuges están revestidas del más alto interés público. Cortes Pagán v. González Colón, 184 DPR 807, 814 (2012).

El criterio principal al momento de conceder una pensión excónyuge es el binomio constituido entre la nece-sidad económica por parte del alimentista y la capacidad económica por parte del alimentante. Toppel v. Toppel, 114 DPR 16, 19-20 (1983). Establecidos esos elementos, y el hecho de que la carencia económica haya surgido como con-secuencia del divorcio, procede el derecho a la pensión. Morales v. Jaime, 166 DPR 282, 302 (2005). De ahí que, si bien el Art. 109 establece otros criterios a considerar al otorgar la pensión excónyuge, éstos solo se toman en cuenta para fijar el monto de la obligación y no como una carga probatoria adicional que deba suplir el reclamante, Íd., pág. 306.

Así, pues, al fijar el monto de la pensión excón-yuge, el tribunal también considerará lo siguiente: (1) acuerdos a los que hubiesen llegado los excónyuges; (2) la edad y el estado de salud; (3) la cualificación profesional y las probabilidades de obtener un empleo; (4) la dedicación pasada y futura a la familia; (5) la colaboración con las labores profesionales del otro cónyuge, (6) la duración de la relación conyugal; (7) el caudal y medios económicos, y las necesidades de uno y otro cónyuge, y (8) cualquier otro factor que considere apropiado dentro de las circunstancias del caso. 31 LPRA sec. 385. Ahora bien, considerando que estas y otras circunstancias pueden cambiar con el trans-curso del tiempo, también hemos dispuesto que los dictá-menes sobre pensiones excónyuges tienen un carácter dinámico, por lo que están sujetos a modificación según varíe la situación de necesidad del alimentista o la capacidad económica del alimentante. Cortés Pagán v. González Colón, supra, págs. 814-815.

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En el caso de autos, no cabe duda de que, según la de-terminación de hechos del foro primario, la peticionaria se encuentra en una situación de precariedad económica y el recurrido tiene capacidad económica para apoyarla. Desde esa perspectiva, la controversia ante nuestra consideración se reduce a si la propiedad residencial que obra en el caudal de las partes previo a la liquidación de los bienes es óbice para hallar a la peticionaria en necesidad económica de acuerdo con la normativa aplicable a alimentos de excónyuges.

En la sentencia recurrida, el Tribunal de Apelaciones determinó que la propiedad indivisa entre las partes había tasado $760,000 en el 2008. Debido a que tenía una deuda hipotecaria de $112,000, aproximadamente, el foro inter-medio concluyó que la peticionaria retenía un capital sus-tancial sobre el bien en cuestión en la medida en que el valor de la propiedad todavía rondaba los $648,000 al des-contarle la carga hipotecaria. Según el foro intermedio, la participación en la propiedad derrotaba el reclamo de ca-rencia de medios suficientes para vivir, por lo que consi-deró improcedente una pensión en virtud del Art. 109 del Código Civil, supra, eliminándola así de la sentencia emi-tida por el foro primario. Al igual que en Soto López, en-tendemos que “[t]al acción judicial fue conceptualmente correcta, pero [...] incompleta”. Soto López v. Colón, supra, pág. 291.

Según hemos expuesto, la fuente primaria de alimentos de excónyuges en casos de divorcio es la comunidad de bie-nes constituida por aquellos. El análisis del foro interme-dio, si bien no lo expone expresamente, hace bien en partir de esa premisa. No obstante, bajo esa lógica concluye que no procedía una pensión excónyuge porque la señora Juliá Rodríguez contaba con una participación indivisa de valor sustancial. Entendemos que el Tribunal de Apelaciones, dadas las circunstancias particulares de este caso, falló en proveer un remedio adecuado a base de la vulnerabilidad económica de la señora Juliá Rodríguez, la única propiedad de valor disponible en la comunidad de bienes y la capaci-dad económica del señor Correa Márquez.

Es importante reiterar que en nuestra labor adjudica-tiva no debemos aplicar mecánicamente los preceptos lega-les sin considerar los valores normativos y los casos espe-cíficos ante nuestra consideración. Candelario Vargas v. Muñiz Díaz, 171 DPR 530, 543-544 (2007). Esta noción debe aplicar con mayor ímpetu en casos de pensiones ali-mentarias, los cuales implican un interés apremiante del Estado en el derecho fundamental de todo ser humano a existir y desarrollarse plenamente. González v. Suárez Milán, supra, pág. 301. Por eso hemos expresado que, cuando de la institución de alimentos se trata, no debemos “ceñir [nos] a conceptos rígidos que impidan o dificulten lo-grar equitativamente [sus] propósitos [...] ”. Íd.

En este caso, el foro apelativo intermedio rechazó que la peticionaria se encontrara en una situación de ne-cesidad económica por razón de la propiedad que obraba en el caudal común del matrimonio disuelto, supuesto a ser liquidado. El recurrido, por su parte, coincide con el Tribunal de Apelaciones y plantea que la determinación de ne-cesidad económica no puede hacerse a base de la liquidez o la capacidad de contar con dinero en efectivo. Sin embargo, este Tribunal opina precisamente lo contrario, ya que, para concluir que un bien económico suple adecuadamente las necesidades alimentarias de una persona, se debe conside-rar el potencial real de ese bien de proveerle una suma líquida, inmediata y suficiente para alimentarse. Véase Soto López v. Colón, supra, pág. 292. Esto, pues, los bienes líquidos son “aquellas cantidades dinerarias de las que se puede disponer en el momento por tener la certeza de su monto”. (Énfasis suplido). Kantara Malty v. Castro Montañez, 135 DPR 1, 36 esc. 26 (1994), opinión concurrente de la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón.

En Soto López v. Colón, supra, la suma líquida la su-plían los frutos del negocio y los bienes que las partes po-seían, lo que ciertamente hacía improcedente una pensión excónyuge. En este caso, por el contrario, el único bien dis-ponible en el caudal es la propiedad residencial aludida, a la cual no se le puede atribuir rentabilidad pues en estos momentos más bien representa un gasto de vivienda para la peticionaria. Incluso, de venderse, la tangencia econó-mica de ese bien se postergaría y estaría sujeta a las fluc-tuaciones del mercado que incidan sobre el valor real de la propiedad, que en este caso se tasó previo a la caída del mercado de bienes raíces.

Si bien reconocemos que una comunidad de bie-nes puede contar con múltiples activos capaces de suplir las necesidades económicas de sus comuneros, la determi-nación de si, en efecto, así las suple, no debe hacerse en el abstracto. Como ya mencionamos, al tomar en cuenta la masa común de bienes de la extinta sociedad ganancial como fuente primaria de alimentos, se debe considerar la rentabilidad de esos bienes al momento del reclamo de ali-mentos o en un futuro cercano, con tal de no dejar al recla-mante sin sustento injustificadamente. Además, si una de-terminación judicial sugiere o implica que una transacción particular en torno a esos bienes sería capaz de suplir la necesidad del reclamante de alimentos, debe tomarse en cuenta la razonabilidad económica de esa transacción desde la perspectiva de las partes. Esto, de manera que la misma no resulte económicamente adversa a los intereses legítimos de estas últimas.

Es por esto que consideramos que erró el Tribunal de Apelaciones al concluir que la participación de la señora Juliá Rodríguez en la propiedad residencial de las partes implicaba que la peticionaria contaba con medios suficien-tes para vivir. Del expediente se desprende que la peticio-naria probó su precariedad económica, particularmente por su falta de experiencia profesional y sus condiciones de salud. Como hemos expuesto, el primer remedio que tenía disponible la peticionaria eran los bienes del caudal ganan-cial, pero el único bien con capacidad de suplirle alimentos era la propiedad residencial que ya habitaba, la cual más que un ingreso suponía un gasto para ella por los pagos hipotecarios y de mantenimiento.

Nuevamente, en un caso como éste, atribuirle rentabili-dad a ese bien implicaría forzar al reclamante a vender su propiedad residencial y posponer su provisión alimentaria hasta el momento en que la venta ocurra. A su vez, ignora las contingencias inherentes a una venta inmobiliaria, par-ticularmente en momentos de crisis económica con efectos considerables en la industria de bienes raíces. En cir-cunstancias como estas, no podemos avalar dicho proceder sobre un asunto tan sensible que vulnera la vida y salud de una persona.

Por esta razón, lo justo y legalmente correcto es otorgar a la peticionaria una pensión que le garantice liquidez eco-nómica para alimentarse, y disponer, a su vez que dicha pensión se conceda a cargo de su participación en la comu-nidad de bienes. De esta manera, se le restarán los pagos recibidos por razón de su pensión excónyuge al remanente de los bienes gananciales pertenecientes a la peticionaria una vez se liquide la comunidad. Así las cosas, tras li-quidarse la comunidad de bienes, las partes tendrán que comparecer ante el foro primario una vez más para diluci-dar si su saldo altera la situación económica de la alimen-tista de tal manera que se justifique revisar su pensión o si, por el contrario, la misma debe mantenerse.

Por los fundamentos esbozados, se revoca la sentencia del Tribunal de Apelaciones en cuanto a la eliminación de la pensión excónyuge y se devuelve el caso al Tribunal de

Primera Instancia para que proceda conforme a lo aquí resuelto.

Se dictará Sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Colón Pérez emitió una opinión de conformidad en parte y disidente en parte, a la cual se unió el Juez Asociado Señor Estrella Martínez. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no interviene. El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo no intervino.

Opinión de conformidad en parte y disidente en parte emi-tida por el

Juez Asociado Señor Colón Pérez,

a la cual se une el Juez Asociado Señor Estrella Martínez.

Por no albergar duda alguna de que, en escenarios como el de autos —en el que una de las partes, luego de un proceso de divorcio, es titular de un bien común proindiviso de valor sustancial— puede proceder una pensión excón-yuge, siempre que tal bien no sea rentable o que produzca cantidades líquidas que permitan el sustento del excón-yuge peticionario, estamos conformes con esa parte del re-sultado al que, en el presente caso, se llega hoy.

Ahora bien, respetuosamente disentimos de aquella parte del resultado en la que se ordena que, cuando exista el mencionado bien común proindiviso y se asigne una pen-sión excónyuge, los pagos realizados en concepto de dicha pensión se descuenten —es decir, que sean a cargo— de la participación que, al momento en que se liquide dicha co-munidad, le corresponda al alimentista. Veamos por qué.

I

Los hechos ante nos no están en controversia. Como co-rrectamente se señala en la opinión mayoritaria, luego de veinticinco años de casados, en el 2009, el señor Manuel Correa Márquez y la señora Carmen Juliá Rodríguez se divorciaron, creándose así entre ellos una comunidad de bienes postganancial. Posteriormente, la señora Juliá Ro-dríguez solicitó una pensión excónyuge. Adujo que sufría varias condiciones médicas y que carecía de experiencia profesional para obtener alguna oportunidad de empleo, puesto que durante la vigencia del matrimonio se dedicó al cuido de su familia. Según alegó, tales son las razones por las que carece de ingreso alguno para su sustento.

Así las cosas, luego de evaluar la petición presentada por la señora Juliá Rodriguez, y también la situación eco-nómica de ambas partes, el Tribunal de Primera Instancia declaró “con lugar” la referida solicitud y le ordenó al señor Correa Márquez el pago de una pensión excónyuge.

Inconforme con dicho proceder, el señor Correa Márquez presentó un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. Adujo que el foro primario erró al determinar que éste tenía capacidad económica, al no especificar que la pensión excónyuge debía ser considerada un adelanto de la participación en la liquidación de bienes gananciales y al no considerar que la peticionaria residía en una propie-dad en común proindiviso. A dicha solicitud, la señora Ju-liá Rodríguez se opuso.

Examinados los planteamientos de las partes, el foro ape-lativo intermedio revocó la decisión del Tribunal de Primera Instancia. Ello, pues concluyó que la señora Juliá Rodríguez era propietaria en común proindiviso de la propiedad donde residía con sus hijos, en ese momento valorada en $648,000. Así pues, dicho foro entendió que no cumplía con el requisito de necesidad económica, pues ésta tenía una participación proindivisa en una propiedad con valor sustancial, así como con otra serie bienes muebles que no fueron especificados, suficientes para poder mantenerse.

Insatisfecha, la señora Juliá Rodríguez acude ante nos mediante un recurso de certiorari. En esencia, señala que erró el foro apelativo intermedio al determinar que ésta no probó su necesidad económica y que carecía de medios su-ficientes para vivir. El señor Correa Márquez se opuso.

Contando con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, este Tribunal expidió el recurso ante nos. En esen-cia, resuelve que, si bien puede proceder la pensión excón-yuge en aquellos casos en que un alimentista sea propieta-rio en común proindiviso de un bien que no genere rentas líquidas, las cantidades otorgadas en concepto de dicha pensión —si se concede— deberán ser descontadas de la participación de dicho alimentista, una vez se liquide la comunidad de bienes.

Como mencionamos anteriormente, con la primera parte de ese resultado estamos conformes. Disentimos de aquella parte del resultado donde se establece que, en este tipo de caso, las cantidades otorgadas en concepto de pen-sión excónyuge deberán ser descontadas de la participa-ción de dicho alimentista, una vez se liquide la comunidad de bienes. Nos explicamos.

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Como se sabe, en materia de divorcio, es conocido que el origen de la pensión excónyuge surge de la obligación de los cónyuges de alimentarse y brindarse socorro mutuo. Véase Soto López v. Colón, 143 DPR 282, 288 (1997). Así pues, para que proceda la concesión de este tipo de pensión, es requisito indispensable que exista una necesidad económica de una de las partes y, además, que la misma sea a conse-cuencia del divorcio. Cuando ambas condiciones se encuen-tran, procede la reclamación de alimentos al excónyuge al amparo del Artículo 109 del Código Civil, 31 LPRA sec. 385. Véase Morales v. Jaime, 166 DPR 282 (2005).

Establecidas ambas condiciones, el Artículo 109 del Có-digo Civil, supra, establece aquellos criterios que deben considerarse para establecer la cuantía de la pensión, mas no para su concesión. Entre estos criterios, se encuentran los siguientes:

(a) Los acuerdos a que hubiesen llegado los [excónyuges].
(b) La edad y el estado de salud.
(c) La cualificación profesional y las probabilidades de ac-ceso a un empleo.
(d) La dedicación pasada y futura a la familia.
(e) La colaboración con su trabajo en las actividades mer-cantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge.
(f) La duración del matrimonio y de la convivencia conyugal.
(g) El caudal y medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge.
(h) Cualquier otro factor que considere apropiado dentro de las circunstancias del caso. Art. 109 del Código Civil, supra.

Por último, en cuanto a la figura de la pensión excón-yuge, es preciso señalar que la determinación del monto en alimentos a los cuales tendrá derecho el alimentista debe realizarse en proporcionalidad al caudal o medios del excónyuge alimentante y a las necesidades del excónyuge alimentista. Cortes Pagán v. González Colón, 184 DPR 807 (2012); Cantellops v. Cautiño Bird, 146 DPR 791 (1998); González v. Suárez Milán, 131 DPR 296 (1992).

Como se puede apreciar, la normativa antes expuesta, a todas luces, ata la concesión de una pensión excónyuge al requisito de establecer la necesidad económica de una de las partes como consecuencia de su divorcio. Es decir, si tal necesidad económica como consecuencia del divorcio no se logra demostrar, no hay derecho a una pensión excónyuge.

Lo anterior es necesario tenerlo muy presente, particu-larmente en casos como el de marras donde la figura jurí-dica de la pensión excónyuge comparte espacio con la fi-gura jurídica de la comunidad de bienes. Recordemos que este Tribunal claramente ha establecido que el concepto de alimentos entre excónyuges no es afín al régimen de la co-munidad de bienes. Soto López v. Colón, supra, pág. 288.

Al respecto, y según ha sido sentenciado por este Tribunal, el hecho de que las referidas figuras jurídicas no sean afines tiene su razón de ser en que los alimentos entre excónyuges tienen su fundamento en el deber jurídico esta-blecido en el Art. 109 del Código Civil, supra. Esto es, las partes tienen que prestarse mutuo socorro cuando no cuen-ten con medios suficientes para vivir. Dicha obligación está supeditada, claro está, a la existencia de una situación de necesidad económica. Mientras que, por otro lado, la parti-cipación de los comuneros en la administración y el disfrute de los bienes de la comunidad es un derecho propio y para hacerlo valer no hay que demostrar necesidad alguna. Soto López v. Colón, supra, pág. 288. En establecer esta diferencia es en lo que, a nuestro juicio, falla la opinión emitida por el Tribunal.

Al resolver que al momento de liquidar una comunidad de bienes postganancial, el dinero recibido en concepto de pensión excónyuge debe tratarse como un adelanto de la participación del excónyuge alimentista en la referida liqui-dación de bienes, lejos seguir los lineamientos establecidos en Soto López v. Colón, supra —donde se le da un trata-miento distinto a las figuras jurídicas de pensión excónyuge y comunidad de bienes—, este Tribunal opta por, de manera errónea y desacertada, entremezclarlas. Al así hacerlo, una mayoría de los Jueces y Juezas que forman parte de este Alto Foro derrotan el propósito de lo que es, en sí misma, una pensión excónyuge, pues al convertir el dinero que se brinda en concepto de este tipo de pensión en un mero ade-lanto de la participación en una comunidad de bienes post-gananciales, se desnaturaliza esta figura jurídica, que como vimos está atada al criterio de necesidad económica.

Si la pensión excónyuge, en casos como el de autos, debe considerarse como un mero adelanto de la participación en una comunidad de bienes postgananciales, ¿para qué la exi-gencia jurisprudencial de demostrar necesidad económica, como consecuencia del divorcio, al momento de solicitar una pensión excónyuge? ¿Para qué? Si, al final del día, según resuelve este Tribunal, la pensión excónyuge concedida sería con cargo a la propia alimentista en la medida en que los pagos en tal concepto serán descontados de su participación en la comunidad postganancial. Es decir, la pensión excón-yuge la terminaría pagando, con su propio pecunio, la ali-mentista que presuntamente la necesitaba. Lo anterior re-sulta en un contrasentido. Para ello no es necesario demostrar necesidad económica.

En fin, la interpretación que hoy hace una mayoría de este Tribunal sobre el alcance de las figuras jurídicas en controversia no nos convence. La misma no responde a los intereses que pretende proteger la normativa que gobierna los asuntos en el campo del derecho de familia.

Así pues, si bien estamos conformes con reconocer el derecho a una pensión excónyuge en aquellos escenarios en que existan bienes en común proindiviso, pero que no son rentables o brindan cantidades líquidas que permitan el sustento del excónyuge, en lugar de determinar que el dinero recibido en concepto de pensión excónyuge se trate como una adelanto de la participación del excónyuge ali-mentista en la comunidad de bienes postgananciales, hu-biéramos dado un trato por separado a las figuras jurídicas en controversia y, en consecuencia, hubiésemos resuelto que al momento en que se liquida una comunidad de bie-nes no puede tomarse en consideración lo recibido por un alimentista en concepto de una pensión excónyuge. Eso es lo más correcto. Eso es lo más justo.

       Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Apéndice del Certiorari, págs. 49-53.

       La propiedad constituye la residencia de la señora Correa Márquez, la cual en un litigio previo el foro apelativo intermedio rechazó que continuara cobijada por el derecho a hogar seguro. Véase Correa Márquez v. Juliá Rodríguez, KLAN201500278 (TA, 30 de abril de 2015).

       Enfatizamos que nuestra adjudicación del caso se basa en el cuadro fáctico que tuvo ante sí el foro apelativo intermedio, pues somos conscientes de que la pro-piedad en cuestión fue vendida previo a que se emitiera esta opinión. No obstante, entendemos que dicha realidad no dispone de la controversia ante nuestra conside-ración, entiéndase, si la peticionaria tenía derecho a una pensión excónyuge mien-tras la propiedad no se había vendido.

       “De la masa común de bienes se darán alimentos al cónyuge superviviente y a sus hijos mientras se haga la liquidación del caudal inventariado y hasta que se les entregue su haber; pero se les rebajarán de éste en la parte en que excedan de lo que les hubiese correspondido por razón de frutos o rentas”. Art. 1325 del Código Civil, 31 LPRA see. 3700.

       “[Mientras haya caudal proveniente de la extinta sociedad ganancial, ya en comunidad, radicada o no la demanda de liquidación de bienes, la excónyuge recla-mante tiene derecho a anticipos contra su participación en la comunidad [...] S. Torres Peralta, La Ley de Sustento de Menores y el derecho alimentario en Puerto Rico, San Juan, Publicaciones STP, Inc., 2007, pág. 6.52.

       La opinión de este Tribunal en Soto López v. Colón, 143 DPR 282, 292 esc. 8 (1997), reconoce que su norma estaba limitada al cuadro de hechos ante su conside-ración, que incluía frutos y rentas provenientes de los bienes en la comunidad que las partes conformaban (reconociendo que su determinación estaba “sujeta a ser modi-ficada si la situación fáctica así lo amerita[ba]”).

       Sentencia del Tribunal de Apelaciones, Apéndice del Certiorari, págs. 96-97.

       Véase I. Ramos Buonomo, Derecho de familia, 67 Rev. Jur. UPR 827, 831 (1998) (analizando el caso de Soto López v. Colón, supra, y mencionando que, por ejemplo, “[l]a división de la comunidad podría resultar en un suicidio económico, pues al recibir una cantidad específica de dinero, en vez de continuar como condueñ[o] de un [bien] que continúe produciendo ingresos[,] eventualmente [la parte] podría quedar desamparada económicamente”).

       Nuestro análisis no descarta que en casos como estos el uso de una vivienda constituya un valor susceptible de euantificación económica al momento de fijar la cuantía de una pensión, mas no a los efectos de negar en su totalidad la necesidad económica de la peticionaria ya probada ante un foro primario. Véase Candelario Vargas v. Muñiz Díaz, 171 DPR 530, 548 (2007).

       A diferencia de la Opinión de Conformidad en Parte y Disidente en Parte, consideramos que esta es la manera más adecuada de armonizar la normativa per-tinente a un caso como éste. Es decir, para no alterar el orden de remedios aplicable, según el cual la fuente primaria de alimentos debe ser la comunidad de bienes, en estos escenarios la pensión concedida se hará con cargo a la comunidad. Esto, claro está, siempre que la liquidación de la comunidad provea suficiente caudal para ello y sin descartar que, dependiendo de ese saldo, la parte alimentista pueda seguir siendo acreedora de una pensión excónyuge luego de la liquidación.