author: El Juez Asociado Señor Franco Soto,

text:
    Central Pasto Viejo, Inc., demandante y apelante, v. Arturo Aponte, Jr., demandado y apelado.
    No. 3367.

    Visto: Enero 22, 1925.

      Resuelto: Enero 29, 1926.
    .3. Interjss- — Derechos y Responsabilidades en General — Sobre Cuentas Co-rrientes. — No hay derecho a reclamar y cobrar intereses cuando no ha ha-bido pacto expreso alguno con respecto al pago de los mismos.
    2. Cuentas, Acciones Fundadas en — Cuentas .Corrientes — Evidencia—Eviden-cia Primaria y Secundaria. — Si bien existiendo un cargo en una cuenta corriente — por anticipo entregado en giro que se cobró en un banco con cargo al librador, — el giro sería la mejor evidencia para probar el cargo, perdido el giro, el aviso de'l banco al girador reclamando el pago unido a la entrada ’heeha en -los libros del librador es prueba meritoria y suficiente para probar dicho cargo, y más aún cuando no se ha impugnado el peso de dicha evidencia.
    .3. Cuentas, Acciones Fundadas en — Cuentas Corrientes — Evidencia—Evident- , cía Primaria y Secundaria. — Cargado en cuenta corriente una cantidad que la originó un cheque expedido, y extraviado éste, los libros llevados en el curso de las operaciones y de donde resulta el cargo, os prueba suficier.lo de éste, especialmente cuando no se ha negado la existencia de dicho cargo y las objeciones a su presentación se refieren a otros extremos relacionados con el mismo.
    4. Apelación y Erbor — Revisión—Cuestiones, de Hecho, Veredictos y Conclu-siones — Apreciación de las Pruebas — Prueba Contradictoria. — Cuando la propia conducta y actos de un apelante no convencen al tribunal de ape-lación que la prueba en conjunto no sostiene la conclusión a que llegó la corte inferior al dirimir el conflicto existente, en la misma, procede confirmar la sentencia apelada.
    5. Costas — Parte que Obtiene Sentencia a su Pavor — Sentencia Favorable en Parte. — Cuando una parte no obtiene sentencia favorable a todas sus peticiones, la corte inferior no comete abuso de discreción al dictar dichas sentencias sin especial condenación de costas.
    SentenCia de Pallo Berga, J. (Ilumacao), declarando con lugar la demanda solamente en cuanto a su primera causa de acción, y sin lugar la reconvención del demandado, sin costas.

      Revocada en cuanto a ciertos pronunciamientos y confirmada en cuanto a los demás.

      Henry G. Molina y González Fagundo & González, Jr., abogados de la apelante; Arturo Aponte, Jr., y Garlos Travecier y Fernando Gallardo, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

La Central Pasto Viejo, Inc., qne es nna corporación que se dedica a la fabricación de azúcar, instituyó este pleito para recobrar del demandado Arturo Aponte las dos canti-dades siguientes: una por $8,945.54 más intereses a razón del 9 por ciento anual como saldo de un contrato sobre refac-ción para la siembra y cultivo de cañas; y la otra, montante a $4,400, con intereses al 8 por ciento anual, cantidad que procede, según se alega, del precio de la finca “Fuentes” que la demandante vendió al demandado.

La corte inferior dictó sentencia y condenó al demandado a pagar la cantidad de $6,956 de la cuenta corriente, dese-chando dos cargos de $40 y $430.14, respectivamente, por no resultar comprobados, y el cargo de intereses por no apa-recer convenidos expresamente; y desestimó la partida de $4,400, llamada “cuenta especial,” aceptando la teoría del demandado en este punto, y por último declaró sin lugar cierta reconvención qne el demandado estableció contra la demandante.

Las cuestiones que en este caso levanta la demandante-apelante en dos extensos alegatos, se refieren a cada una de las partidas que fueron rechazadas por la corte inferior, y se apuntan, a saber:

'“1. La corte erró al resolver que la prueba no era bastante para justificar el cargo por la demandante en la cuenta de refacción del demandado de $40 en agosto 6, 1920.
“2. La corte erró al resolver que la prueba no era bastante para justificar el cargo por la demandante en la cuenta de refacción del demandado de $430.40 ($430.14) en junio 23, 1920.
“3. La corte erró al resolver que el demandado no era en deber a la demandante la suma de $4,400 e intereses, ni cantidad alguna como precio de la venta de ciertas cuerdas de la finca ‘Fuentes.’
“4. La corte erró al resolver que el demandado no estaba obli-gado a pagar a la demandante intereses algunos sobre los anticipos refaccionarios.
“5. La corte erró al no imponer al demandado el pago de las costas, incluyendo los honorarios de los abogados de la demandante-, ’ ’

I. Estudiaremos eu este número los errores 1, 2 y 4, pues la corte inferior resume la prueba y sus razonamientos en relación con ellos, del modo siguiente:

“Esta causa de acción se funda en una cuenta corriente que la demandante abrió al demandado, por convenio de ambas partes, allá el 25 de Enero de 1919, por cantidades de dinero y efectos suminis-trados, que implica el contrato de devolverlos y pagarlos, para la siembra y cultivo de caña de azúcar, cuyo hecho se ha admitido por el demandado, aun cuando alega que dicha cuenta jamás le ha sido liquidada o saldada, y que nunca ha existido conformidad en cuanto a la misma. Las cuentas corrientes se entienden siempre liquidadas, pues su liquidación depende de una simple operación aritmética. Blanco López y Ca. v. Torres, 25 D.P.R. 700; Jiménez v. Alfonso, 29 D.P.R. 322; Armstrong & Co. v. Irizarry, 29 D.P.R. 606. La demandante pasó al demandado estados de esta cuenta. A la de-manda se acompaña, Exhibit A, un estado de cuenta hasta Julio 13, 1921; y últimamente, después dé presentada la demanda, y a reque-rimiento del demandado la demandante le entregó estados generales de la cuenta, fechados Abril 7, 1919; Junio 14, 1919; Abril 28, 1920; Junio 30, 1920 y Diciembre 31, 1920. Rafael Baragaño en-tregó también personalmente al demandado en Julio de 1921, un es-tado de cuenta y en 7 de Septiembre de 1921, se le remitió asimismo otro estado, por correo certificado, que el demandado recibió. No puede decirse, por el resultado de la prueba que el demandado pres-tara su conformidad y aprobara los estados de cuentas pasádoles, excepto el que se le remitiera a su requerimiento, con carta de Abril 22, 1920, que arrojaba un saldo a favor de la demandante de $5,083.13. Y decimos que este estado de cuenta fué aceptado porque finalmente, en Mayo 26, 1920, el demandado hizo un abono de $5,000. Sin embargo, con respecto a los cargos sobre intereses, el demandado nunca ha estado conforme. La cuenta arroja un saldo a favor de la demandante de $8,945.54, incluyendo intereses.
“En el acto de la vista, la demandante solicitó eliminar de la cuenta el cargo de intereses sobre intereses (intereses compuestos) ascendente a $6.28 y dejó a la consideración del tribunal la cuestión del resto de los intereses (intereses simples) por entender que la central tiene derecho al cobro de los mismos, por ser costumbre en las cuentas por refacción agrícola. En la demanda no consta ale-gación alguna con respecto a intereses y la prueba tampoco ha de-mostrado que existiera entre las partes convenio alguno en cuanto al pago de los mismos. Las cuentas corrientes no producen interés, a falta de convenio entre las partes, sino desde la fecha en que se reclama su saldo judicialmente. Además, ‘no se deberán intereses sino cuando expresamente se hubiesen pactado.’ Artículo 1657, Có-digo Civil. Por tanto, esta corte estima que debe eliminar lo rela-tivo a intereses, o sea un total de $1,178.26, quedando así reducida la cuenta a $7,767.28.
“De esta misma causa de acción la demandante solicitó en corte abierta, durante el juicio, que se rebajase todo lo relativo a alma-cenaje y seguro de incendio, cuyas partidas ascienden a la suma de $107.16, quedando de este modo reducida la cuenta a $7,660.12.
“En el acto del juicio la demandante también renunció al cargo ‘Factura Central,’ de Junio 3, 1920, por la suma de $20.00, que apa-rece en la cuenta de Junio 30, 1920, y a las partidas cargadas en Agosto 31, 1920, por $112.35 y Enero 15, 1921, por $100.21, por co-rresponder éstas a otra cuenta. También debe ser abonado al de-mandado la suma de $1.00 que aparece cargada de más en la partida de Junio 5, 1920, según semanal 47 por $1,133.34, por cuanto los giros expedidos por $888.18 y $244.16 en pago del mismo, sólo mon-tan a $1,132.34. De modo que deduciendo estas cantidades, que su-man un total de $233.46, queda reducida la cuenta a $7,246.66.
“La prueba no ha sido bastante, a nuestro juicio, para justificar los siguientes cargos: $40.00, de la partida por $161.00, Agosto 6, 1920, según semanal No. 6, por cuanto la carta-orden o giro de Agosto 7, 1920, es sólo por la suma de $12.1.00; y $430.40 de la partida por $844.92, .Turnio 23, 1920, según semanal No. 50, por cuanto la carta orden o giro de Junio 12, 1920, es sólo por la suma de $414.78. Estas cantidades suman un total de $470.40, que también debe ser deducido de la suma de $7,426.66, quedando un saldo a favor de la demandante y en contra del demandado de $6,956.26 que no ha sido satisfecho y que ba quedado justificado por el resultado de toda la prueba practicada.”

Un análisis de la evidencia nos lleva en igual sentido a las mismas conclusiones del juez inferior, exceptuando, sin embargo, los cargos de $40 y $430.14. Empezaremos por el cargo sobre intereses.

(a) Las relaciones de íntima amistad que sostenía el demandado con José D. Riera, director y administrador de la Central, bien fuese debido principalmente a su carácter de abogado de la corporación, parece ser un dato importante para conocer el motivo de llevarse a efecto un contrato de refacción sin mediar, como dice la misma apelante, “carta o constancia alguna referente a lo convenido con el demandado cuando se le abrió la cuenta de refacción.” Generalmente se celebraban haciéndolos constar en las fórmulas impresas con espacios en blanco que tenía la central para todos sus colonos. No existe, pues, un pacto expreso sobre estipulación de intereses. La apelante sostiene, sin embargo, que el demandado admitió tácitamente el pago de intereses al remitirle las numerosas cartas que se enviaron con liquidaciones en las que figuraban el cargo de intereses, y además, expresamente, por sus admisiones en las conferencias que tuvo con el testigo Walker, vicepresidente de la corporación, requiriéndole el pago de la cuenta. El demandado negó tales admisiones y negó asimismo haber recibido en general dichas cartas y liquidaciones. Unicamente admitió haber recibido tres liquidaciones que datan de abril 22, 1919, julio 29, 1921, y septiembre 7, 1921, y declaró que por su situación especial con la administración de la central, no se le consideraba un colono común y corriente y que lejos de pasarle borderós y.cuentas para cobrarle, la demandante daba lugar a que el propio demandado fuera el que pidiera la nota de lo adeudado para poder pagar. En conexión con este extremo la prueba documental establece que el deman-dado escribió a la demandante en abril 19, 1919, una carta, que en parte dice: “A ese fin me permito rogarles den las oportunas órdenes respecto al particular y al mismo tiempo comunicarme el importe de lo que actualmente adeudo a la central a fin de enviarle un cheque por su montante.” La demandante contesta con fecha 22 de abril y remite un ex-tracto de la cuenta corriente en la que se hacía el cargo de intereses a razón del 9 por ciento anual. Aparece entonces la carta de abril 26, 1919, del demandado, en donde impugna la partida de intereses. La apelante analiza en sus detalles esta carta, pues alega que sin ella quedaba probado la acep-tación de intereses. Quizá la apelante tenga razón al seña-lar cierta inconsistencia del demandado al referirse a otros reparos de su cuenta, pero por las demás circunstancias con-currentes no es aventurado decir que el demandado pudo te-ner una impresión errónea al señalar dichos reparos. Y res-pecto a los extractos de cuenta de julio 29, 1921, entregado por Baragaño personalmente al demandadlo, y el de septiem-bre 7, 1921, que le fué enviado bajo pliego certificado, ya la cuenta era objeto de discusión y se produjeron para ser examinados por el demandado. Y por último, en septiem-bre 12, 1921, el demandado pedía un detalle de la cuenta, y sin que recibiera contestación, pocos días después fué pre-sentada la demanda.

La remisión de las varias liquidaciones y diferentes car- / tas a, que alude la apelante, se intenta sostener principal-mente con el testimonio del tenedor de libros de la central, Manuel Comas. Su declaración es muy extensa y la corte inferior, no obstante, no dió crédito a sus manifestaciones en ese punto. El declara que personalmente depositaba las cartas de colonos en el correo y escribía en'maquinilla las mismas. Otro testigo, Rafael Martínez Domínguez, uno de los directores de la central, dijo que liabía un mensajero que también llevaba cartas al correo y finalmente Comas admi-tió que existía otro oficinista que también escribía las car-tas en maquinilla. La declaración del testigo Comas en otros extremos, como veremos al examinar el tercero de los errores apuntados, se bace tan sospechosa, que no es posi-ble descansar en su testimonio. Asimismo no parece que puede ayudarnos lo que ocurriera en las dos conferencias que tuvo Walker y Baragaño con el demandado, intervi-niendo otros testigos de una y otra parte. La corte inferior resolvió el conflicto de evidencia sin deducir que el deman-dado hiciera la admisión de intereses y el récord nada dice claramente que no sostenga la acción de la corte. La ape-lante insiste fuertemente que el testigo Rafael Baragaño era un amigo íntimo del demandado y que éste no podía du-dar .de sus manifestaciones. Sin embargo, una vez que se examina su declaración se puede ver que su actitud es más bien hostil al demandado y que además encontramos un particular en la misma en que halagado el testigo bajo las cir-cunstancias en que parecía encontrarse con ciertas promesas que podían influenciar su ánimo, no era extraño que la corte no diera crédito del todo a este testigo. El era entonces ad-ministrador de la central, parece que estaba próximo a ce-sar en su cargo, y en el período de repreguntas se refiere el siguiente incidente:

“Sr. Baragaño, cuando usted firmó este documento al Sr. Molina en la oficina del Sr. Bertrán, usted era administrador de la Central Pasto Viejo todavía! — ‘Sí, señor.
“¿Recuerda el Sr. Baragaño, si el Sr. Walker en la casa del Sr. Fuertes, ofreció al Sr. Baragaño, defenderle como candidato a Ad-ministrador de la Central PastoWLjo y de la Yabucoa Sugar Company en combinación! — Esa es una cuestión personal que no tiene que ver nada con esto.
“lPero se habló de eso? — Yo no quisiera que se refiriera á nada de eso, porque es una cuestión personal. : 1
“¿Pero'el Sr. Walker dijo eso o nó, Sr. Baragaño? — Creo que sí.”

La apelante contiende además como cuestión legal, que es de' conocimiento judicial que casi todas las corporaciones azucareras tienen que levantar fondos en Ids bancos para cubrir la refacción, sosteniéndose también que ningún oficial tiene derecho a tomar el dinero de los accionistas y entre-garlo a cualquier persona, bien sea su abogado, sin cobrarle' intereses. Lo primero es una cuestión de hecho y hay qué probarlo. Y lo segundo puede depender del objeto ó nego-cio a que se dedique la corporación. En corporaciones ban-carias su negocio consiste solamente en el interés qué se ob-tiene sobre el dinero prestado. En las azucareras, á'démás de cobrar intereses sobre la refacción, si es que se pactan, se adquiere siempre el beneficio industrial, que á veces piíedé ser de mucho margen, según la condición de las cañas. Tal vez la demandante se conformara con el beneficio industrial, bien sea por las relaciones especiales que unía al .demandado con los primitivos administradores Riera y Baragaño de la central, o bien fuera por la condición de sus cañas, ‘pues- el récord descubre que el demandado tenía un cuarto más so--bre el precio que tenían todos los demás colonos de la central y que se le abonaba indirectamente “por arrimo de cañas,” para no suscitar el celo de los numerosos colonos exigiendo igual precio a sus cañas o reclamando el mismo privilegio que pudiera tener cualquier otro colono por razón de su contrato. No nos corresponde hacer la crítica o in-vestigar el derecho que podían tener los oficiales de la central para hacer tales concesiones, pues son materias de la competencia exclusiva de los directores y de cuidado y aten-ción, en último término, por los accionistas, pero'no’ es cosa que pueda sorprender que dichos oficiales hayan' sido igual-mente liberales al dispensar del pago de intereses al deman-dado. La corte inferior no cometió error, por' tanto, ál des-estimar tales intereses. "

(5) El cargo de $40 es un anticipo que aparece englobado en la suma total de $161 anotada en el libro semanal de entregas a colonos. La totalidad se entregó al demandado en dos partidas: una por $121, recibida por Elpi<dio Ramos por orden del demandado, y la restante de $40, cantidad en discusión, en un giro que el demandado cobró en el Banco Comercial de Puerto Rico con cargo a la demandante y reembolsado por esta parte a dicbo banco.

La mejor evidencia, sin duda, para probar el cargo hu-biera sido el giro mismo, pero se alegó que se había extra-viado el documento, después de recibido por la demandante, por lo- cual fué presentada prueba secundaria. Esta no con-sistió únicamente en la prueba oral del tenedor de libros, Manuel Comas, que dijo que lo vió y estuvo en sus manos. La corte inferior pudo no tener en cuenta por sí sola esa manifestación, pero no así era razonable desechar el valor probatorio del aviso del Banco Comercial a la demandante reclamando’el pago del giro, que dice así:

“Banco Comercial de Puerto Rico. — Depositarios del Gobierno.— Sucursal do Humacao. — Humacao, P. R., 2 de Agosto de 1920. — Sr. Central Pasto Viejo, Inc., Pasto Viejo. — Muy Sr. n/: Hemos reci-bido a su cargo los giros relacionados al pie, cuyo importe le roga-mos nos remese oportunamente. — De Uds. attos. S. S., (fdo.) F. Ro-dríguez, Súb-Gerente.
No. Girador Cantidad.
Julio 31 Arturo Aponte, Jr_$ 40. 00
31 Miguel A. Bustelo- 675.00
$715. 00”

Este es un principio de prueba escrito y si lo relaciona-mos con la entrada que se hizo en el libro semanal de la central, la prueba era meritoria y suficiente, pues sin nada que impugne el peso de esa evidencia su fuerza es tan pri-maria como si se tratara del giro mismo. La corte erró no apreciando que el cargo de $40 quedaba justificado.

Lo mismo podrá decirse del cargo de $430.14. Aparece unido a otra partida de $414.78 en el libro semana], ha-ciendo nn total las dos cantidades de $844.92. La segunda representaba nn giro qne libró el demandado al Banco Co-mercial con cargo a la demandante, y la primera de $430.14, cantidad en controversia, la originaba nn cbeqne qne la de-mandante expidió al demandado. Se. extravió el cbeqne y se practicó prneba secundaria. Se presentó el libro sema-nal No. 50, del 12 al 18 de junio, 1920, de donde resulta el cargo de $430.14 por nn cbeqne expedido con el No. 903 a favor del demandado. Esta prneba es cierto que fné admi-tida con oposición del demandado, pero no bay qne perder de vista qne la demandante no estaba en aptitud de ofrecer otra prneba mejor qne la admitida. Se trata de nn libro diario auxiliar qne se lleva en el curso de las operaciones y el demandado además no negó en absoluto la existencia del cargo sirio qne su oposición ’se concretó más bien a comba-tir tenazmente la partida de intereses, y las de almacenaje y seguro. Tampoco insiste el demandado en su alegato en disentir el mérito de las cantidades de $40 y $430.14, limi-tándose a sostener qne establecida una doble apelación, la segunda que se refiere a dichas cantidades, no es válida. La sentencia se dictó el 2 de diciembre de 1922. La ape-lante radicó el primer escrito de apelación en diciembre 6, 1922, y especificó en él los particulares de qne apelaba. Comprendía los intereses, una partida de $4,400 de una cuenta especial y costas. Un segundo escrito de apelación fué archivado con carácter suplementario en diciembre 30, 1922,. y se refería a las cantidades de $40 y $430.14. El se-gundo escrito fné presentado dentro del término qne señala la ley. El caso de Veve v. Fajardo Sugar Growers Association, 17 D.P.R. 1036, se funda en motivos distintos y los casos de California qne cita el apelado tampoco son aplica-bles, pues convenimos con la apelante qne se originaron de-bido al requisito de fianza qne no se exige en Puerto Rico para apelar.

Las cantidades de $40 y $430.14 deben ser, por tanto, su-madas al saldo de $6,956.26 qne aceptó la corte inferior en su sentencia, pues si bien en el curso de la prueba el deman-dado trató de impugnar cierta partida relativa a una can-tidad de azúcar por habérsele abonado un precio inferior al que alegó ser convenido, dicha corte resolvió el conflicto de evidencia en su contra y sostuvo el abono en la forma en que aparece acreditado.

Otra partida que fue desestimada por la corte inferior asciende a la suma de $4,400, asentada en los libros de la central bajo el nombre de “cuenta especial” y no en la cuenta corriente, alegando el apelante tal distinción por su carácter distinto a las partidas de refacción. La corte inferior hace un cuidadoso estudio de la prueba y resume sus conclusiones en ese punto, diciendo:

“Se alega que estados de esta cuenta especial se remitieron por correo al demandado en enero 7, 1921 y julio 11, 1921, pero no He-mos quedado convencidos, por el resultado de la prueba, que el de-mandado los recibiera, ni que se obligara en ningún momento a sa-tisfacer la cantidad que la cuenta representa, ni sus intereses, no Habiendo sido incluida dicha cantidad en el estado que personalmente' entregara Rafael Baragaño al demandado, ni en el que se le remi-tiera por correo certificado en 7 de septiembre de 1921, por lo que estimamos que la demandante no Ha establecido la alegación esencial en el hecho 4 de su demanda de la aceptación del estado de cuenta sin reparos por el demandado. No habiendo conformidad en esta cuenta, no existe el vínculo jurídico que sanciona el' artículo 1245 del Código Civil.
“Por otra parte, en la demanda se alega que el demandado no ha satisfecho a la demandante el importe de la venta, o sea el giro por $4,400, cuando en la escritura de venta se confiesa recibido el precio de manos del comprador antes de ese acto; y consideradas todas las circunstancias de cómo la negociación tuvo lugar; de no haberse nunca cargado.a la cuenta del demandado el giro por $5,900, a pesar de habérsele pagado y con su importe obtenido la finca de 52% cuerdas, lo que tuvo lugar el día 19 de julio de 1920, esto es, antes que la demandante pasara el acuerdo en 23 de julio de 1920 para la compra al demandado de la referida finca y la venta de las 32 cuerdas; de estar el giro por $4,400 expedido simplemente a favor de Rafael Baragaño, el representante entonces de la demandante, para que éste le pagase a él la cantidad; de no haberse incluido la suma que representa dicho giro en los estados de cuenta que le en-tregara al demandado el propio Rafael Baragaño y que se le remi-tiera por correo certificado días antes de la presentación de la de-manda; de tener la finca de 52y2 cuerdas en la fecha de la negocia-ción un valor mayor de $20,000, según la declaración no contradicha del testigo Francisco Buxó, y de interesar dicha finca la demandante para el desagüe y drenaje de sus poyales y fincas limítrofes, nos lle-van a la conclusión lógica de la certeza de la alegación del deman-dado, sostenida por su prueba, de qute la verdadera causa o conside-ración del traspaso fué la cesión que el demandado hizo a la deman-dante de los derechos que él tenía, o sea la opción,- sobre la referida finca de 52cuerdas, para lo cual se valoraron ambas fincas, la del demandado a $275 cuerda y la de la demandante a $150 el llano y $100 el cerro; y que el giro de $4,400 fué expedido para satisfacer a Rafael Baragaño, por aparecer en la escritura de venta el valor recibido; y por tanto que el demandado no es en deber a la deman-dante de cantidad alguna por el concepto alegado en la segunda causa de acción.”

El juez inferior no hizo otra cosa que dirimir un con-flicto de evidencia en favor del demandado. Si hay algo en este pleito que puede impresionar a una mente libre de todo prejuicio es primero, la omisión de no haberse incluido dicha partida en ninguno de los extractos de la cuenta corriente que la apelante alega haber remitido al demandado, y se-gundo, las razones que se aducen para justificar tal omisión. De un lado se hacen depender del orden de la contabilidad y de otro, se descansa en motivos de orden legal.

La parte pertinente en ese extremo del testigo Comas, tenedor de libros de la central, es como sigue:

“¿Si hay un deudor cualquiera de su señoría, y ese deudor in-curre en una nueva deuda, en una nueva partida, acostumbra usted cargar todas las partidas en esas cuentas? — No, no, según, depende; si la cuenta es por anticipo, por lo que sea, por anticipo se lo cargo en anticipo; pero si es por otro concepto no.
“¿En una cuenta corriente de colonos, o de cualquier clase, usted como profesional, usted acostumbra a abrirle a una misma persona tres o cuatro cuentas? — Si se da el caso, sí, señor.
“¿En estos libros hay muchos casos así? — No, el único caso que se ha dado es el suyo.
“¿ Quiere decir que el único caso que se ha dado es el mío entre todos los colonos de Pasto Viejo? — Sí, es el único caso que se ha dado.
"“¿Entonces es la única? — Es costumbre en Pasto Viejo, si no es costumbre en el sistema de teneduría de libros, que si usted tiene una cuenta de refacción, todos los negocios de refacción de cañas van en esa cuenta, y si usted abre otra cuenta por otro concepto, to-dos los otros cargos que se hacen que no sean por refacción, van a esa otra cuenta.
“¿En Pasto Viejo nada más se hace? — Le repito que es costum-bre de la Teneduría de Libros.
“¿Cuántos años está Pasto Viejo en existencia? — Desde el año quince.
“¿Y en ese lapso de tiempo es el único caso? — 'Siempre que ha-yan pasado por mis manos los libros es el único caso que se ha dado.
“¿Por qué usted abrió una cuenta para la finca ‘Fuentes’ si en el giro ese decía que se le cargáse a la cuenta de Arturo Aponte? —Porque eran los negocios completamente distintos.”

Y el abogado de la apelante para sostener al testigo, alega:

“Para nosotros resulta obvio que una operación de préstamo por $4,400 que representa el precio de ciertos terrenos vendidos por la demandante al demandado, en nada tiene que ver con otra operación completamente distinta por anticipos refaccionarios a cuenta de los gastos de las plantaciones de sus cañas. Esto en el sentido común o comercial. Ahora desde el punto de vista legal, los anticipos re-faccionarios tenían una categoría muy distinta al préstamo de $4,400 siendo privilegiados aquéllos en virtud de lo previsto en el artículo 1823, inciso 6, del Código Civil, mientras que el precio aplazado de la venta no tenía privilegio alguno desde el momento que no fué ga-rantizado mediante hipoteca ni de ninguna otra manera. Por con-siguiente, no debió haberle extrañado a la corte inferior, y segura-mente no afectará para nada en el ánimo de este Tribunal, el hecho de haberse abierto una nueva cuenta a nombre del demandado en los libros de la demandante con la partida de $4,400 en vez de ha-berla cargado a la cuenta de refacción.”

Si tuias y otras razones fueran la verdadera causa para haber hecho del cargo de $4,400 una “cuenta especial,” ¿qué razón puede justificar, pari materia, que un giro a cargo de la demandante y librado por el demandado para la compra de nn automóvil fuera cargado en la cnenta corriente de re-facción y no ser asimismo objeto de la cnenta especial? En otro pasaje de la declaración del tenedor de libros encon-tramos lo siguiente:

“¿Sabe Ud. si después de remitir dicha cuenta se le anticipó al señor Aponte algún dinero para la compra de un Packard? — Sí, se-ñor. — ¿Cómo lo sabe? — Lo sé porque vino un giro a cargo de la ofi-cina del Tesorero y a favor de la Packard Motor Dealers.”

Y del exhibit No. 3 aparece el asiento por $1,200 hecho en la cnenta corriente de refacción. Igualmente existe otra partida por “venta de 10 vagones de leña” cargada en la cnenta de refacción.

Todo esto lo que hace es levantar fuertes sospechas en cnanto a la existencia de la llamada “cnenta especial” y dar más apariencia a la contención del demandado, de que no debiéndose realmente, nunca fue objeto de cargo, en los libros de la central.

Se insiste, sin embargo, por la apelante que ella remitió al demandado copia de la “cnenta especial” en enero 7, 1921, y en julio 11, 1921. No consta en los autos ningún dato fehaciente que demuestre la remisión de tal copia en dichas fechas. Los testigos Comas y Walker no estuvieron contestes en cuanto a detalles esenciales de la de julio 11, 1921. Mientras el último afirma que tal copia estuvo en sus manos y estaba escrita en maquinilla, al menos las ci-fras, el primero declara que se hizo en manuscrito y que no se conservó la copia en carbón. De ahí el poco peso de esas declaraciones.

La prueba tendió a establecer que la finca “Janer” de 52% cuerdas, estaba arrendada al demandado con una op-ción de compra por precio convenido de $10,000 al final del arrendamiento. La finca colindaba con terrenos de la ape-lante y durante el arrendamiento esta parte con permiso revocable del demandado practicó un drenaje en la finca arren-dada que permitía el desagüe de otras fincas de la apelante. Tal drenaje según el testimonio del administrador Baragaño era importante. El demandado interesaba una porción de la finca “Fuentes” que colindaba a su vez con sus terrenos. Surgió el negocio y la apelante exigió que se le traspasara la opción, pero sostiene que el convenio consistió simple-mente en vender ella la porción de la finca “Fuentes” al de-mandado por precio de $4,400 y comprar independiente-mente la finca “Janer” por $10,000 y no como alega el de-mandado que la opción la cedió a la apelante a cambio de un pedazo1 de la finca “Fuentes,” la que tasada en $4,400 es la diferencia de $14,437.50, valor de tasación de la finca “Ja-ner,” después de cubierto el precio primitivo de opción ($10,000) y despreciarse la pequeña cantidad de $37.50. Du-rante'la negociación el primitivo dueño de la finca “Janer” la babía traspasado a un tercero. Sin detenernos a exami-nar los efectos de la opción en relación con ese traspaso, es lo cierto que el demandado adquirió no obstante la finca del tercero por valor de $10,900, que pagó reservándose $5,000 para aplicarlos a una hipoteca que por igual suma pesaba sobre el inmueble, y $5,900 restantes en un giro que libró el demandado y pagó el Banco Comercial con cargo a la ape-lante. De este giro no se hizo ninguna operación en los li-bros de la apelante. El hecho de que el demandado no ad-quirió para sí la finca “Janer”, pues cinco días después otorgó escritura de la misma a la apelante, es más bien apa-rente. Aun cuando dentro de un sistema de contabilidad más formal o estricto no excusaba a la corporación no darle entrada y salida a dicha suma en la cuenta del demandado, la razón verdadera de no hacerlo se debió á que realmente el demandado no era deudor de la misma. Parece inferirse lo mismo de la cantidad de $4,400. El mismo día que se otorgó la escritura de la finca “Janer,” 24 de julio de 192Q, la apelante aparece vendiendo subsiguientemente parte de la finca “Fuentes” al demandado por $4,400, valor recibido. El administrador Baragaño recibió, sin embargo, un giro a su nombre personal con cargo a la apelante. Salta a la vista que la forma elegida no era la más usual de hacerse el pago. Era más lógico que si la escritura no decía la verdad en cuanto a la confesión del recibo del precio por la apelante, un aviso o carta a la apelante hubiera sido un medio sufi-ciente para aclarar el punto, si es que otra. era la verdad y se convenía aplazar el pago. Esta es una circunstancia más a las ya discutidas que dan más colorido a la explicación del demandado cuando dice que el giro se expidió para satisfa-cer un escrúpulo personal del administrador Baragaño, pues como confesaba el recibo del precio a nombre de la apelante, deseaba tener un “resguardo” de lo que en contrario decía la escritura. A pesar de esto, Baragaño lo endosó a la ape-lante, diciéndose:

“Pagúese a la Central Pasto Viejo, Inc., de San Juan, P. R., con cargo al Sr. Arturo Aponte, Jr., y con abono a fincas rústicas, como importe de treinta y dos cuerdas de terreno que le fueron ven-didas de las fincas Fuentes, en esta misma fecha. — Humacao, P. R., Julio 24 de 1920. — (fdo.) Rafael Baragaño.”

Baragaño admite por otra parte que la fecha del endoso aparece con cierta corrección y no recuerda si el endoso fue puesto en la misma fecha que lleva el documento. En el li-bro de cuentas corrientes (loose leaves) aparece hecho el cargo en agosto 2, 1920, y la hoja con ese sólo asiento; pero en relación con el valor probatorio que pudiera tener dicho libro, el testigo Comas declara:

“Dígame, señor Comas, ¿a estos libros se le pueden sacar las hojas éstas o no? — Sí, señor.
“¿Se le pueden sacar las hojas? — Sí, señor.
“Cuando ustedes han cometido o han realizado equivocaciones, i cambian las hojas? — No, no se acostumbra, si me he equivocado hago el descargo, como hay una.partida ahí que hice el descargo y volvió y se le abonó.
“Yo no me refiero a eso, sino a una cuenta que hayan confun-dido de un individuo con otro, si se han equivocado, y han cam-biado las hojas?' — No, no. No ha habido eso.
“¿Y si lo hubiera habido? — Se saca la hoja.”

Dada esta prueba, se debió completar con el asiento que debió hacerse en el libro diario, para llevarlo al de cuenta corriente. Por lo menos el “diario” aunque no hubiera sido un dato que por sí solo demostrara la contención de la apelante, hubiera por lo menos quitado toda sospecha res-pecto a la posibilidad de hacerse un cambio de hojas en el “loose leaves” de cuentas corrientes.

El acuerdo de la junta de accionistas en que por ultimó-se apoya el apelante, no aparece tan claro ni bastante en sí mismo para justificar las alegaciones de la demanda. Ade-más, la junta de directores ya había acordado antes la ope-ración, y la consumación del convenio también se había ini-ciado con la compra por el demandado de la finca “ Janer.,r El presidente de la corporación, Rafael Fabián, confirma,, más o menos, ese extremo, expresándose así:

“Señor Fabián, usted bondadosamente podría decir a la corte si: cuando se pasó esta resolución aprobando o autorizando la venta-¿se había hecho ya la operación o no se había hecho? — Se había he-cho, siempre a reserva de aprobación de la junta de directores.”

Si el acuerdo de la junta de accionistas, única autoridad,, según se alegó, dentro de las cláusulas de la corporación fa-cultada para disponer de los bienes raíces, no es conforme con los actos de los agentes que intervinieron en la opera-ción, no es cuestión que ha sido sugerida ni es el issue de este pleito.

No hemos podido, por tanto, ser convencidos por la pro-pia conducta y actos de la apelante de que la prueba en con-junto no sostenga la conclusión de la corte inferior en sen-tido de que la cantidad de $4,400 representaba la considera-ción de la opción de compra de la finca “ Janer” que el de-mandado cedió a la apelante.

No encontramos motivos para sostener el error que se imputa por costas. La demandante no obtuvo una declaración favorable de todas sus peticiones y la corte inferior no cometió abuso de discreción al dictar la sentencia y de-clarar “sin especial condenación de costas.”

En resumen, la sentencia de la corte inferior debe revo-carse en cuanto declaró no haber lugar al pago de las parti-das de $40 y $430.14, ordenándose que la demandante reco-bre del demandado dichas sumas en adición a la de $6,956.26 ordenada por la referida sentencia, o sea, en junto, $7,426.40, y confirmarse en todos sus demás pronunciamientos apela-dos por la demandante.

El Juez Asociado Sr. Wolf firmó así: “Por creer que no se puede fraccionar o dividir una apelación en la forma que se hizo en este caso, lo que me reservo expresar en una opi-nión, no estoy conforme con la revocación.”


source: Caselaw Access Project

author: JUEZ ASOCIADO SR. WOLE.

license: Public Domain

text:
    El Pueblo, apelado, v. Alejandro Olivera Medina, apelante.
    No. 2249.

    Resuelto: Marzo 24, 1925.
    (La opinión del tribunal en la pág. 42.)
   OPINIÓN CONCURRENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SR. WOLE.

El proceso en este caso fué iniciado por virtud de una acusación presentada en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Pico por virtud de .una acusación for-mulada por Ira K. Wells, Fiscal de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico. No consta exacta-mente cómo fué que esta acusación de tal modo presentada se estaba tramitando en la Corte de Distrito de Ponce. Nin-guna de las leyes del Congreso que he visto prescriben los medios o reglas para el cambio del lugar del juicio o tras-lado de la Corte de Distrito de los Estados Unidos a toa corte local aun cuando las cortes -locales tienen por la ley de septiembre 21, 1922, jurisdicción concurrente con la Corte de Distrito de los Estados Unidos. Como el caso fué ini-ciado, según parece, en la Corte de Distrito de los Estados Unidos, era ésa la corte con jurisdicción. Ciertamente que ]a jurisdicción de la Corte de Distrito de Ponce nunca fué debidamente invocada y el acusado debió haber sido ab-suelto.


author: JUEZ ASOCIADO SR. FRANCO SOTO.

text:
    Francisca A. Matías y Lorenzo, apelada, v. Alfredo Raffuci Bayron, apelante.
    No. 3361.

    Resuelto: Abril 21, 1925.
    (La opinión del tribunal en la pág. 165.)
   OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SR. FRANCO SOTO.

Se trata de la aplicación del artículo 309 del Código Civil Revisado, tal como quedó enmendado segiín la ley de 8 de marzo de 1906 (Comp. sección 3379).

Dicho artículo dice:

“Art. 309. — El menor, sea varón o hembra, queda de derecho emancipado por el matrimonio.
“No obstante, para enajenar o hipotecar los bienes inmuebles o tomar dinero a préstamo necesitará el menor emancipado por razón del matrimonio el consentimiento de su padre, en su defecto, el de su njadre, y, en su caso, el de su tutor.” '

Esta disposición legal como está redactada es verdad que no formaba parte del artículo del Código Civil Español del cual en su totalidad, con pocas modificaciones, ha sido to-mado el Código Civil Revisado, aprobado en 1902; pero la limitación que contiene para la enajenación de inmuebles o tomar dinero a préstamo mediante los requisitos indicados, estaba incluida en la prescripción general del artículo 307 (Comp. see. 3377) que en su origen era una reproducción del artículo 317 del Código Civil Español.

El artículo 307 del Código Civil Revisado, tal como quedó enmendado por la ley de marzo 8, 1906, dice:

“Art. 307. — La emancipación habilita al menor para regir su persona y bienes como si fuera mayor; pero hasta que llegare a la mayor edad no podrá el emancipado contraer promesa u obligación alguna que exceda del importe de sus rentas por un año. Tampoco podrá gravar ni vender bienes inmuebles suyos sin consentimiento de su padre, en defecto de éste, sin el de su madre, y, en su caso, sin 'el de su tutor.
“Tampoco podrá comparecer en juicio sin la asistencia de dichas personas.”

Y el 317 del Código Civil Español prescribe:

“317.- — La emancipación habilita al menor para regir su persona y bienes como si fuera mayor; pero hasta que llegue a la mayor edad, no podrá el emancipado tomar dinero a préstamo, gravar ni vender bienes inmuebles sin consentimiento de su padre, en defecto de éste sin - el de su madre, y por falta de ambos, sin el de un tutor. Tam-poco podrá comparecer en juicio sin la asistencia de dichas personas.”

" Lá diferencia que se introduce por el nuevo Código Revi-sado se refiere a que los menores emancipados por el matri-monio pueden comparecer en las cortes de distrito represen-tando sus derechos, art. 310; y los menores emancipados por otras causas (art. 302) no pueden comparecer en juicio sin la asistencia de las personas que enumera el artículo 307, supra.

Aparece claro de las disposiciones citadas que én caso de ser necesaria la intervención de un tutor, hay que enten-der que no se trata de la tutela ordinaria que prescribe el art. 237 y siguientes del Código Civil Revisado sino de un tutor especial por referirse a determinados actos o contra-tos en que debe dar o nó su consentimiento, supliendo en el primer caso la falta de capacidad en que la ley presume que se encuentra el menor, no obstante estar emancipado por el matrimonio en el acto' singular y concreto en que se exige expresamente ese requisito.

La ley no determina específicamente la persona a quien haya de conferirse ese cargo de tutor especial, ni por quién ha de ser nombrado, pues aunque el artículo 76 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales aprobada en marzo 9, 1905, sección 1615 de la Compilación de 1911, página 335, prescribe que cualquier tutor puede ser habilitado por la córte para representar, sin prestación de fianza, a un menor o incapacitado en todos aquellos casos en que fuera necesa-ría su intervención, este precepto se refiere a todas luces al nombramiento de un tutor ordinario, pues en el mismo pre-cepto se dispone además que el tutor lia de llenar los requi-sitos del artículo 72 (Comp. sección 1611), “tan pronto tuviere precisión de hacerse cargo de la administración y custodia de los bienes de sus pupilos.” De modo que en estas reglas de procedimientos legales especiales no se tu-vieron en mente los artículos 307 y 309, supra, para el nom-bramiento de tutores especiales y se incurrió en la misma omisión de no establecer regla alguna a ese efecto en ese particular, teniendo, por tanto, la misma situación que. nos presenta Manresa en sus comentarios al Código Civil Espa-ñol, tomo 2, páginas 698 y 699, quien con la clara lógica con que generalmente sienta sus conclusiones en su valiosa obra, compara el tutor especial del artículo 317 del Código Civil Español (307 del Código Civil Revisado) al defensor de que trata el artículo 165 del Código Civil Español, equi-valente al 230 del Código Civil Revisado, encontrando en este último precepto la solución del problema, por ser regla de recta interpretación que lo dispuesto en una ley o código para un caso es aplicable a los demás casos análogos, cuando nada se dispone en contrario.

El citado artículo 230 prescribe:

“Art. 230. — Siempre que en algún asunto el padre o la madre tengan un interés opuesto al de sus hijos no emancipados, la corte de distrito nombrará a éstos un defensor que los represente en juicio y fuera de él.
“La corte de distrito, a petición del padre o de la madre, del mismo menor, del fiscal o de cualquiera persona capaz para compa-recer en juicio, conferirá el nombramiento de defensor al pariente del menor a quien en su caso correspondería la tutela legítima, y a falta de éste, a otro pariente o a un extraño.”

Este artículo indica que la corte inferior es quien pro-cede al discernimiento del cargo en la persona que fia de ser nombrada tutor y se fia de conferir el nombramiento al pariente del menor a quien en su caso correspondería la tu-tela legítima, y a falta de éste, a otro pariente oann extraño.

Manresa al comentar la Ley de Enjuiciamiento Civil Es-pañola, tomo 6, págs. 307 y 308, dice que se entiende por •discernimiento “el acto por el cual el juez confiere al tutor nombrado legalmente las facultades necesarias para repre-sentar al menor o incapacitado con arreglo a las leyes.” * * * “Esto equivale al poder que se da a todo manda-tario y se consigna en un acta, autorizada por el juez y el actuario del que se da testimonio al tutor para acreditar su representación. ’ ’

No podemos decir, sin embargo, que baya diferencia sus-tancial en el procedimiento. Hoy la orden del juez substi-tuye al acta (apud acta) de que hablaba la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil, artículo 1867.

Y esa orden es la que debemos tener a la vista para deter-minar si el poder o facultades conferidas al tutor están en armonía con la ley.

Sostenemos que no. La petición de la menor solicitando el nombramiento de tutor en nada se refiere a ningún acto o contrato de los que especifica el artículo 309 del Código Civil Revisado. Por el contrario, en la petición la menor hace la alegación esencial (No. 4) que desea “que se le nom-bre un tutor a pesar de estar emancipada, a fin de que dicho tutor le procure arreglar los asuntos y reclamaciones que tenga pendientes y salvarle todo lo posible de su caudal.” Era claro que la solicitud de la menor que no obs-tante estar emancipada por el matrimonio tenía por objeto el nombramiento de un tutor para actos de pura administra-ción de los cuales ya ella, de jure, estaba facultada para po-der ejercitar. El juez inferior no debió ignorar la ley y si así lo hizo dictando la orden en la forma que más adelante se verá, obraba sin jurisdicción. La orden dice:

se resuelve nombrar tutor dativo de dicha peticionaria a don Rafael Ferrer, vecino de esta Ciudad, casado, comerciante y •propietario, a fin de que represente a dicha menor, que es viuda y carece de padres, abuelos paternos y maternos y de hermanos mayo-res de edad que puedan llevar su representación, para que con arre-glo a la ley complete su personalidad en todos aquellos asuntos en que dicha menor no pueda hacerlo personalmente, en juicio y fuera de él, con las demás facultades en derecho necesarias, debiendo dicho tutor prestar fianza por la suma de 500 dollars y prestar el jura-mento de ley, y hecho todo, esto se resolverá lo demás que fuere pro-cedente. ’ ’

■ Salta a la vista que la orden no autoriza ningún acto o contrato a que se contrae el artículo 309 del Código Civil Revisado. Ella tenía que especificar el contrato que autori-zaba o indicarlo expresamente para que el tutor diera o nó su consentimiento al mismo. Sin embargo, la orden del jilez inferior más bien tuvo por único objeto el nombramiento de un tutor o defensor para representar a la menor en jui-cio, lo que no era necesario según el artículo 310 del Código Civil Revisado. La mejor indicación de que fué el pensa-miento de la corte inferior nombrar un tutor ordinario que solamente podía ejercitar actos de administración podemos fundarla en que en la orden se le señala una fianza por $500' al tutor, lo cual también era innecesario si lo que se deseaba era autorizar al tutor para consentir el contrato de compra-venta porque como lógicamente dice Manresa (vol. 2, p. 699)', el tutor “nada tiene que administrar ni tampoco recibir el precio de la venta, pues ha de limitarse a autorizar el acto dando su consentimiento, si lo cree útil o necesario para el menor.”

Y no es posible sostener que una orden judicial así de carácter general pueda comprender actos especiales que la ley prohíbe expresamente a menos que se llenen ciertos re-quisitos. Si la teoría del mandato es aplicable, como indica Manresa y como así creemos que lo es, en buena hermenéu-tica legal no se puede concluir que lo específico quede com-prendido en lo general justificado por el principio- de que lo menos cabe en lo más, pues es bien sabido que el mandato concebido en términos generales no comprende más que los' actos de administración. Para transigir, enajenar, hipóte-car o ejecutar cualquier otro acto de riguroso dominio se necesita mandato expreso. Art. 1615 del Código Civil Re-visado.

El precepto del art. 309 del Código Civil Revisado es ade-más prohibitivo y debe interpretarse restrictivamente. La interpretación liberal y extensiva que se le ha dado por la mayoría, creo que es errónea, en contrario al criterio de la corte inferior, el que nos parece correcto y que debió ser sostenido en esta apelación.


author: JUEZ ASOCIADO SR. WOLF.

text:
    Luce & Co., S. en C., recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Guayama, recurrido.
    No. 594.

    Resuelto: Julio 24, 1925.
    (La resolución del tribunal'en la pág. 952, post.)
   OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SR. WOLF.

Luce & Co. Sociedad en Comandita, solicitó de esta corta que admitiéramos una apelación y expidiéramos una citación de acuerdo con la ley. La pretendida apelación es contra una resolución de esta corte de febrero 20, 1925 (33 D.P.R.) por la que confirmamos la calificación del Registrador de Gua-yama de fecha abril 17, 1924. La facultad de esta corte para revisar la decisión del registrador es la conferida por la ley de marzo 1Q de 1902, (Comp. see. 2184). De acuerdo con la sección primera de esa ley, cuando el registrador de-niegue una inscripción expondrá los motivos legales de su negativa. La sección 2 prescribe lo siguiente:

“Si éste, dentro del segundo día no recogiere el documento, el registrador lo enviará por el correo más próximo al Tribunal Supremo, quien dentro de diez días decidirá si aprueba o revoca la ne-gativa del registrador, y al día siguiente se lo devolverá por correo al -registrador para que cumpla la resolución dictada acompañado de una copia de dicha resolución.
“Durante esos dos días el registrador, el interesado o su abogado, harán por escrito al tribunal las alegaciones pertinentes a su dere-cho. ’ ’

Al ser presentada esta petición de apelación ]a corte se-ñaló un día para oir a la apelante y al registrador. Este último presentó un memorándum por escrito. La apelante archivó también un memorándum por escrito y compareció por medio de abogado. El registrador sostuvo que la reso-lución de esta corte no era apelable de acuerdo con las sec-ciones 126 y 246 del Código Judicial toda vez que no había ninguna sentencia final o decreto dentro de las prescripcio-nes de dichas secciones. Creo que el registrador ha pene-trado en la verdadera razón que existe para denegar este recurso al decir que estos procedimientos se siguieron por virtud de leyes especiales autorizadas por un estatuto particular y que no tienen un carácter judicial. El registra-dor hace cita también de la obra de Corpus Juris al efecto de que ha sido sostenido frecuentemente en términos expre-sos o en efecto que una sentencia, orden o decreto no es final o apelable a no ser que resuelva los méritos de la con-troversia o los derechos de las partes sin dejar nada para una futura determinación. El artículo 66 de la Ley Hipo-tecaria y el 78 de su reglamento prescriben que ni la deci-sión del registrador ni una apelación contra la misma puede afectar a los derechos de personas a tener sus documentos debidamente admitidos en el registro por virtud de la pre-sentación de sus cuestiones ante una corte. Los artículos 67 y 101 de la ley y los 111, 112, 115 y 116 del Reglamento sostienen la misma conclusión. Aunque el registrador ha expresado tal vez la verdadera razón por la cual debe ser negada esta apelación, sin embargo me propongo considerar la cuestión desde un punto de vista algo diferente:

Las secciones 1 y 2 del artículo 3 de la Constitución de los Estados Unidos prescriben lo siguiente:

“Sección 1. — Se deposita el poder judicial de los Estados Uni-dos en una Suprema Corte, y en los tribunales inferiores que en lo sucesivo creare y estableciere el Congreso.
“Sección 2. — El poder judicial conocerá de todos los casos en Derecho y Equidad que dimanen de la Constitución y leyes de la federación, así como de los tratados ya celebrados o que puedan ce-lebrarse en lo sucesivo bajo su autoridad en todos los casos que afec-ten a los Embajadores, demás Ministros públicos, y a los Cónsules: de todos los casos de la jurisdicción de almirantazgo y marina; de las controversias en que la Federación fuere parte; de las que se siguieren entre dos o más Estados; entre un Estado y los ciudada-nos del mismo Estado que reclamen terrenos bajo concesiones hechas por diversos Estados y entre un Estado o sus ciudadanos, y Estados, ciudadanos, o súbditos extranjeros.”

Actuando de acuerdo con la facultad conferídale, el Con-greso lia definido y clasificado la jurisdicción .de las varias cortes de los Estados Unidos y de acuerdo con ella, lia dado jurisdicción a dichas cortes sobre ciertos casos. Los esta-tutos que definen la jurisdicción de las diferentes cortes ha-blan casi invariablemente de “casos”, lo cual es una con-secuencia natural de las limitaciones impuestas al poder judicial por la Constitución de los Estados Unidos.

Cita la apelante el artículo 43 de la Ley Orgánica, a saber:

“Artículo 43. — Los recursos por causa de error y las apelaciones contra las sentencias y decretos definitivos del Tribunal Supremo de Puerto Rico, podrán ser interpuestos y seguidos ante la Corte de Circuito de Apelación para el primer circuito y ante la Corte 'Su-prema de los Estados Unidos, de la manera como ahora está dis-puesto por ley.”

En vista de la Constitución de los Estados Unidos y de la jurisprudencia que luego consideraré no tengo duda al-guna de que las sentencias y decretos a los cuales se refiere el Congreso en el artículo 43, supra, eran en “casos”. El referido artículo hace referencia a la ley existente, o sea la sección 246 del Código Judicial, la cual prescribe lo si-guiente :

“Los recursos por causa de error y las apelaciones contra las sen-tencias y decretos definitivos de la Corte Suprema del Territorio de Hawaii y de la Corte Suprema de Puerto Rico podrán ser inter-puestos y llevados ante la Corte Suprema de los Estados Unidos den-tro del mismo término, en la misma forma, bajo las mismas reglas, y en los mismos casos en que los recursos por cansa de error y apela-ciones contra las sentencias y decretos finales de la más alta Corte de un Estado en que una sentencia en el pleito pueda ser obtenida, pueden ser interpuestos y llevados ante la Corte Suprema de los Estados Unidos de acuerdo con las disposiciones de la Sección dos-cientos treintisiete; y en todos los demás casos civiles o criminales de la Corte Suprema del Territorio de Hawaii y de la Corte Su-prema de Puerto Pico, tendrá competencia la Corte Suprema de los Estados Unidos para requerir por certiorari, a petición de cualquiera de las partes en los mismos, que el caso le sea certificado, después de haberse dictado una sentencia o decreto definitivo, con el objeto de ser revisado y resuelto, bajo el mismo poder y autoridad como si hubiese sido llevado a la Corte por medio de apelación o recurso por causa de error; pero no será concedido el certiorari en tal caso, a menos que se presente la petición con tal objeto a la Corte Suprema de los Estados Unidos dentro de los seis meses a partir de la fecha de dicha sentencia o decreto. Los recursos por causa de error y las apelaciones contra las sentencias y decretos finales de la Corte Su-prema del Territorio de Hawaii y de la de Puerto Rico, en los cua-les la suma en controversia, con exclusión de costas, cuyo importe habrá de determinarse por medio del juramento de cualquiera de las partes o de otros testigos competentes, exceda de cinco mil dólares, podrán ser interpuestos y llevados ante las Cortes de Circuito de apelación. ’ ’

Aunque en el último párrafo no se hace mención de “casos”, el resto de la sección demuestra que el Congreso estaba considerando únicamente “casos”. Si bien la ape-lante, si tenía un derecho de apelación, no sería afectada por la ley del Congreso de febrero 13 de 1925, sin embargo' esa ley, en tanto hace referencia a la cuestión que considera-mos, restablece meramente la naturaleza de la jurisdicción que el Congreso estaba confiriendo y que se íimita a “ca-sos.”

El artículo 128 (a) dice que las Cortes de Circuito de-Apelaciones tendrán jurisdicción de apelación para revisar por medio de apelación o recurso por causa de error, las-decisiones finales, — -primero, en las cortes de distrito en to-dos los casos excepto en que las apelaciones o recursos por-causa de error pueden ser interpuestos directamente a la Corte Suprema según se dispone en la sección 238; segundo, en las cortes de distrito de los Estados Unidos para Hawaii y Puerto Pico en todos los casos; tercero, .... Cuarto, en las Cortes Suprema^ del Territorio de Hawaii y de Puerto Rico en todos los casos civiles (sic), civiles o crimi-nales, en que esté envuelta la interpretación o aplicación de la Constitución o la validez de un Tratado de los Estados Unidos hecho bajo su autoridad; en todos los demás casos civiles en que la suma en controversia con exclusión de in-tereses y costas exceda de $5,000 y en todos los procedi-mientos de habeas corpus. El Congreso-, pues, hizo evidente que la jurisprudencia de las cortes federales está limitada en apelación a “casos”, como necesariamente debe ser bajo la Constitución de los Estados Unidos.

Paso, pues, a examinar si existe algún “caso” ante la corte en el sentido constitucional o estatutorio. En el- caso de Cohens v. Virginia, 6 Wheaton, 264, el Juez Presidente, Sr. Marshall, sostuvo, contestando al abogado, que si no podía traerse una cuestión ante una corte entonces no había ningún caso en ley o en equidad. El abogado había citado ejemplos para demostrar que no había ninguna jurisdicción cuando no existía ningún caso y el Juez Presidente conve-nía con él pero distinguiendo el caso ante su consideración.

En el de Robertson v. Baldwin, 161 U. S. 275, el Juez, Sr. Brown, revisó las decisiones y luego el artículo 3 de la Constitución, secciones 1 y 2. Entonces dijo que “la me-jor opinión es que la segunda sección tuvo por objeto una definición constitucional del poder judicial (Chisholm v. Georgia, 2 Dall. 419, 475) que la Constitución tenía por ob-jeto limitar a las cortes creadas por el Congreso; en otras palabras que tal facultad se extiende solamente al juicio y resolución de 'casos’ en las cortes de registro.” La corte pasó entonces a sostener que el Congreso podría conferir otras facultades a los funcionarios judiciales pero el poder resultante no era judicial y por consiguiente no fué un “caso.”

En el de Pacific Whaling Co. v. United States, 187 U. S. 450, el peticionario solicitó nna licencia protestando que no debía obligársele a sacarla. De acnerdo con la ley la li-cencia debía ser obtenida de la Corte de Distrito de Alaska para poder llevar a cabo ciertos negocios en ese territorio. Para poner a prneba la necesidad de la licencia el solici-tante presentó nna petición a la Corte de Distrito de Alaska y la notificó al fiscal de distrito. El Juez, Sr. Brewer, dijo lo siguiente:

“El procedimiento -en este caso es uno nuevo y la primera cues-tión es si había algún caso o pleito — algún caso dentro del precepto constitucional, artículo Til, sección 2, que extiende el poder judicial de los Estados Unidos a todos los casos en derecho y equidad, que dimanan de la Constitución- — en los cuales se dictaba sentencia final o decreto que daba derecho al peticionario a interponer una apela-ción. • ‘Un caso es un pleito en ley o equidad establecido de acuerdo con el curso regular de los procedimientos judiciales; y cuando en-vuelve cualquier cuestión que surge por virtud de la Constitución, leyes o tratados de los Estados Unidos, está dentro del poder judicial confiado a la Unión.’ 2 Story 'Sobre ,1a Constitución, sección 1646; Osborn v. United States Bank, 9 Wheat. 738, 819. Aquí se presentó una solicitud que en forma era una petición para una.li-cencia con la protesta de que el peticionario no debía ser compelido a sacarla. La solicitud fue concedida y el peticionario ciertamente que no podía apelar contra una orden que le concedía lo que pedía. La petición, es verdad, estaba acompañada de una protesta, pero ¿quién ha oído jamás que se haya admitido una apelación contra una protesta? No existía ningún pleito contra el secretario para impe-dirle recibir el dinero de la licencia. A él no se le hizo parte y no registró ninguna comparecencia, ni se dictó ningún decreto ni sen-tencia contra él.”

El caso de Douglas v. Hutchison, 53 N. E. 628, resuelve que las impugnaciones de una elección pueden ser fijadas en diferentes sitios; que la legislatura puede prescribir sobre una decisión final aliunde; Illinois prescribía una decisión y, según parece, una apelación a cierto tribunal especial. El apelante sostuvo que tenía derecho a recurrir a la Corte de Circuito por virtud del precepto de la ley que le confería jurisdicción de todos los casos en ley y en equidad. Se re-solvió que una impugnación de una elección no era tal caso.

En el caso de Barnett v. Pemiscot County Court, 111 Mo. App. 693, la negativa de una licencia para una cantina de licores por una corte no era un “caso”. Se resolvió que no procedía una apelación; que la apelación sólo se autorizaba en “casos”. La corte dijo, “Si el asunto no fuera judicial no cabe la apelación.” Hubo definiciones de lo que es un “caso”, citándose numerosas decisiones.

Varias decisiones también se examinan en el caso de United States v. Dolla, 177 Fed. 101, 21 Am. & Eng. Ann. Cases, 665, y las notas al último texto. Allí se resolvió que un procedimiento de naturalización no era un “caso”, y por tanto la Corte de Circuito de Apelaciones carecía de ju-risdicción en apelación. La nota expresa, resumiendo las decisiones:

“La palabra ‘caso’ generalmente se define en el sentido de que significa una cuestión ante una corte de justicia donde hay partes y materia objeto de la controversia entre ellas; un pleito o acción; una causa.”

El caso de United States v. Dolla, supra, no "fue obser-vado en la decisión de una corte de distrito sino únicamente por el buen fundamento de que una petición de naturaliza-ción requería el ejercicio de la facultad judicial y por tanto era un “caso”. United States v. Lenore, 207 Fed. 865. Esta última decisión también establece de modo claro que cuando una corte ejercita su facultad judicial sólo puede surgir la apelación en la Corte de los Estados Unidos cuando la corte inferior está conociendo de un caso.

En la obra “Words & Phrases Judicially Defined”, pri-mera y segunda edición, hay también numerosas definicio-nes respecto a la palabra “caso.”

La apelante Luce & Co. no discute formalmente que los procedimientos ante el registrador constituyen un “caso”. La apelante sostiene, sin embargo, que la ley que nos con-fiere el derecho de revisión de las ¡decisiones del registrador convierte la resolución final de esta corte en una decisión apelable.

La' contestación a esta alegación tal vez se anticipa por las anteriores consideraciones y decisiones de algunas de las opiniones que hemos citado. Probablemente la contestación más completa a esta contención puede encontrarse en el caso de Muskrat v. United States, 219 U. S. 346. El Con-greso confirió o trató de dar a la Corte de Reclamaciones jurisdicción para resolver sobre la constitucionalidad de cier-tos estatutos anteriores aprobados por el Congreso y que envuelven reclamaciones de indios y otras personas. La corte manifestó que el objeto y fin de la acción estaban en-teramente comprendidos en la determinación de la validez constitucional de ciertas leyes del Congreso. La corte re-solvió que esto era una tentativa a prescribir respecto a una determinación judicial y final en la Corte Suprema de la validez constitucional de una ley del Congreso. La corte preguntó si tal determinación estaba dentro de la facultad judicial conferida por la Constitución como había sido inter-pretada y definida en las autorizadas decisiones a las cuales se refería la corte, a saber: Marbury v. Madison, 1 Cranch, 137; Osborn v. Bank of the United States, 9 Wheat. 819; Cohens v. Virginia, 6 Wheat. 264, y otros. La corte creyó que no estaba y que la facultad judicial era el derecho de resolver verdaderas controversias que surgen entre litigan-tes adversos debidamente establecidas ante las cortes de ju-risdicción competente; que la tentativa a obtener una de-claración judicial sobre la validez de una ley del Congreso no se presentaba en un “caso” o controversia a la cual se-gún la.' Constitución de los Estados Unidos sólo alcanza el poder judicial. La corte se expresó así: “Es verdad que los Estados Unidos han sido hecho parte demandada en este caso pero no tienen ningún interés adverso a la recla-mación. Su objeto no es establecer un derecho de propie-dad en cuanto al gobierno o exigir una compensación por .alegados daños con motivo de la actuación por su parte.” Y además, “tal sentencia no será definitiva para las partes ■cuando el litigio real trae ante la corte la cuestión de la constitucionáHdad de dicha legislación

Lo mismo sucede con la cuestión ante nuestra considera-ción. El registrador resolvió que Luce & Co. no tiene de-recho a inscribir esta propiedad porque dicha sociedad no la había adquirido legalmente, estando impedido un manda-tario, por virtud del artículo 1362 del Código Civil de poder adquirir la propiedad de su mandante, el derecho de Luce >& Co. a ser dueña o poseer esta propiedad en manera al-guna está resuelto, ni tampoco la decisión del registrador y su confirmación por este tribunal impiden a la apelante po-der obtener una resolución en una corte competente que or-dene a dicho registrador hacer tal inscripción. Por su-puesto, después de citar a las partes necesarias y presentar un caso.

Lo que la legislatura ha hecho es conferir a la Corte Su-prema de Puerto Rico el derecho de ordenar que se ejecute lo que el registrador rehusó hacer. No se determinan de-rechos entre las partes excepto el derecho inmediato de la inscripción.

En el tomo segundo de R.C.L., pág. 30, párrafo 7, se dice lo siguiente:

“En un caso de tribunales estututorios especiales, cuyos procedi-mientos no son de acuerdo con la práctica de la ley común, no pro-cederá ninguna apelación contra sus sentencias y órdenes a menos que se confiera el derecho por el estatuto.”

La idea principal en que ha de insistirse es que no pro-cede ninguna apelación a la Corte de Circuito de Apelacio-nes contra una decisión fie esta corte en un recurso guber-nativo, porque ni el registrador ni esta corte está proce-diendo de acuerdo con el sistema de la ley común sino que tanto la decisión del registrador como de este tribunal se dictan por tribunales que proceden de acuerdo con la autori-dad especial del estatuto.

Los casos que sostienen el anterior principio o que son-más o menos aplicables a las consideraciones generales, supra, son los de Renaud v. State Court of Mediation and Arbitration, 124 Mich. 648, 83 N.W. 620, 51 L.R.A. 458; New Orleans City & L.R. Co. v. State Board of Arbitration, 47 La. 874; Sullivan v. Haug, 82 Mich. 548, 10 L.R.A. 265; Mohave County v. Stephens, 17 Ariz. 165, 149 Pac. 670; and Campbell v. United States, 224 U.S. 99.

Como ha llamado la atención la Corte Suprema de los Estados Unidos en varios de los anteriores casos, no existe ninguna parte adversa. El registrador necesariamente no tiene intereses adversos. Puede dudarse si podía en algún sentido ser considerado parte en un caso o controversia.

El recurso a esta corte siempre ha sido conocido como-uno administrativo. Un derecho semejante existía en el tribunal más alto de la Isla antes de que esta corte fuera orga-nizada. En tal fecha y en España tanto históricamente como lo muestra la Ley Hipotecaria, la revisión que tuvo-lugar no se consideraba como un ejercicio del poder judicial.

La apelante cita el caso de Bello et al. v. El Registrador de Arecibo, 31 D.P.R. 118. Allí se hizo cierta reclamación adversa, según parece, en cuanto al propuesto recurrente, tal vez dando al asunto cierto aspecto de “caso”. Sea esto como fuere, .el Juez Asociado de turno, Sr. Hutchison, or-denó que se expidiera la citación. En la moción subsiguiente para que se dejara sin efecto la apelación, consideramos que habiendo sido expedida la citación la cortesía entre cortes exigía que la Corte de Circuito de Apelaciones resolviera la cuestión. Tuvimos también duda en cuanto a que si ha-biendo sido librada la citación la jurisdicción para desesti-mar la apelación no había pasado a la Corte de Circuito de Apelaciones. En el presente caso, después de haber exami-nado minuciosamente la cuestión en ambas apelaciones es-toy convencido de que no procede la apelación.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Allende, apelado, v. Higuera & Besosa, apelantes.
    Corte de Distrito de San Juan, Distrito Primero.
    No. 3477.

    Visto: Abril 28, 1925.

      Resuelto: Junio 25, 1925.
   Se apela de una sentencia que condenó a la parte deman-dada a pagar a la demandante la suma reclamada en la de-manda.

Este es un caso sobre cobro de dinero y se deriva de un contrato que celebró el demandante con la sociedad deman-dada para el empañetado con mezcla de arena, cal y cemento de unos salones de la high school y otros trabajos adicio-nales.

El único error que señala la parte apelante es el come-tido a su juicio por la corte al apreciar la prueba.

Después de un estudio cuidadoso de la evidencia apor-tada por ambas partes, opinamos que debe confirmarse la sentencia recurrida.

Aunque la prueba fuera en absoluto contradictoria, es lo cierto que el juez de distrito dirimió el conflicto en contra de los demandados .apelantes y no habiendo éstos demos-trado que actuara el juez movido por pasión, prejuicio o parcialidad, o que cometiera error manifiesto, debe confir-marse la sentencia.

El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.'


author: El' Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Rivera, apelante, v. Comisión de Indemnizaciones a Obreros, apelada.
    Corte de Distrito de Arecibo.
    No. 3648.

    Visto: Junio 4, 1925.

      Resuelto: Julio 10, 1925.
   El 9 de marzo de 1922 José Rodríguez se cansó nna he-rida entre los dedos índice y pulgar de la mano izquierda mientras deshojaba matas de guineos en una finca de Soli-vellas & Cía. en Lares. El 19 de mayo murió y presentada reclamación ante la Comisión de Indemnizaciones a Obreros, ésta declaró sin lugar la reclamación por creer que no se probó que la muerte ocurriera a consecuencia de la herida.

La viuda demandó a la Comisión en la Corte de Distrito de Arecibo, y fué desestimada la demanda.

Examinada la transcripción de la evidencia, no está el Tribunal Supremo convencido de que la corte inferior co-metiera error al apreciarla. Si bien las declaraciones de los 'testigos de la demandante tienden a establecer un caso de tétano, no demuestran que el tétano fuera causado por lá herida y aunque tendieran a demostrarlo, existen otros deta-lles en la evidencia que pudieron servir de base al juez sen-tenciador para no dar crédito a dichas declaraciones. La muerte fué certificada por el Dr. Seín como producida por “enteritis”. T si bien el doctor dijo en el acto del juicio que no vió personalmente a Rodríguez, sostuvo que él expi-dió el certificado a virtud de los datos que le dieron y esos datos o síntomas eran enteramente distintos a los aportados por los testigos.

Dehe confirmarse la sentencia.

El' Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.


text:
    No. 2426.
    El Pueblo, apdo., v. Pagán, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Marzo 5, 1925.
    Portar armas.
   No habiéndose come tido por la corte inferior los dos errores que se le atribuyen, pues alegando la acusación que el delito fué cometido en la plaza del mercado de Arecibo, la declaración de nn testigo ante la Corte de Distrito de Arecibo de que el hecho ocurrió en la Plaza de Mercado es suficiente para probar la juris-dicción y también que dicho testigo imputa al apelante la comisión del delito, se confirma la sentencia apelada.


text:
    No. 3396.
    Pérez, aplte., v. La Sucesión desconocida de Emilio Díaz, aplda.
    C. D. Humacao.
    Filiación.
    Marzo 5, 1925.
   No habiendo cometido error la corte de distrito al considerar insuficiente la prueba aportada por el deman-dante para demostrar el concubinato de sus alegados padres ni la posesión constante del estado de hijo natural recono-cido de Emilio Díaz en que basa la acción de filiación ejer-citada, se declaró sin lugar el recurso establecido y se con-firmó la sentencia apelada.


text:
    No. 3587.
    Mendizábal, aplda., v. P. Gandía & Cía. et al., apltes.
    San Juan, Disto. 2º,

    Marzo 10, 1925.
    Tercería de dominio.
   Apareciendo que se interpuso apelación el 2 de ju-lio de 1923 y fué certificado el legajo de la sentencia por los abogados el 19 de octubre 1923 y que solicitada y preparada por el taquígrafo la transcripción de la evidencia ésta fué radicada en la secretaría de la corte inferior el 11 de agosto de 1923 sin que posteriormente en el- transcurso de 16 me-ses la apelante haya practicado ninguna otra gestión para perfeccionar la apelación interpuesta; vista la regla 59 y la jurisprudencia aplicable en los casos de Colón et al., v. Sampol et al., No. 3421 de dic, 15, 1924 (33 D.P.R.); 3094 Díaz Mor v. Porto Rico Railway, L. & P. Co., de mayo 31, 1924, (33 D.P.R. 289), y 2262 El Pueblo v. Figueroa, de jun. 12, 1924 (33 D.P.R. 340), se declara con lugar la moción y se desestima el recurso.


text:
    No. 3412.
    Banuchi, apldo., v. Cabán, y Rolán Tejedor & de Hostos, demandados y aplte el 2º.
    C. D. Aguadilla.
    Marzo 10, 1925.
    Tercería.
   No siendo pertinente en la im-pugnación de un memorándum de costas atacar uno de los pronunciamientos de una sentencia ya firme, según jurispru-dencia sentada en el caso No. 3448, Borinquen Trading Corporation v. Herederos desconocidos de O. García Salgado et al., de enero 13, 1925 (33 D.P.R.) y casos en él citados, no ha lu-gar a discutir la procedencia o improcedencia de la condena de honorarios, pero considerando que a virtud de las circuns-tancias concurrentes, es excesiva la suma de $300 a qué fué condenada la demandada y parece suficiente la suma de $100, se modifica la resolución apelada en tal sentido, o sea, condenando a la demandada a pagar $100 por honorarios de abogado y así modificada se confirma.


text:
    No. 475.
    Cerro Gordo Fruit Company et al., Nos. 476 y 478, Imperial Fruit Co. et al., No. 477, Plaza Fruit Company, peticionarios, v. Corte de Distrito de San Juan, Disto. 2º. Hon. M. Rodríguez Serra, Juez, demandado.

    Certiorari.
    Marzo 16, 1925.
   Apareciendo que si bien la corte puede se-ñalar la vista de juicios fuera de calendario, cuando lo hi-ciere debe dar a las partes la necesaria oportunidad para defenderse, lo que claramente no se hizo en este caso, en cuanto al demandante, deben por tanto, anularse y se anu-lan todos los procedimientos posteriores a la moción de 30 de enero último solicitando el señalamiento.


text:
    No. 228.
    Schaening, peticionario, v. La Corte de Distrito de San Juan, Disto. 2º. Hon. Manuel Rodríguez Serra, Juez, demandado.
    Mar. 16, 1925.
    Homicidio involun-tario.
   Por guaNto llamado hoy para vista el presente recurso de mandamus el demandado por conducto del Fiscal de este tribunal se a'llanó a la petición,-

Poe ouaNto el peticionario, visto el allanamiento del de-mandado, solicitó la expedición del anto perentorio;

Poe cuanto los méritos del caso así lo requieren; ■

Por tanto, expídase anto perentorio de mandamus .diri-gido al Hon. Manuel Rodríguez Serra, Juez del Segundo Distrito de la Corte de Distrito de San Juan, para que so-bresea inmediatamente el proceso que por homicidio involun-tario fué iniciado contra el peticionario, ya que la acusación fué radicada en dicha corte en junio 13 de 1924, después de sesenta días de haber sido arrestado, y el juicio no se ha se-ñalado dentro del término de ciento veinte días fijado por la ley, no demostrándose que exista justa causa para la dila-ción. Expedido el auto.


text:
    No. 3565.
    Merino, Sucesor de R. Seijo, apdo., v. City of New York Fire Insurance Co., aplte.
    C. D. San Juan, Disto. 2º.
    Marzo 16, 1925.
    Cobro de póliza de seguro.
   Por cuanto una orden dejando sin efecto una sentencia es una providencia especial dictada después de una senten-cia definitiva dentro del alcance del art. 295 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Por cuanto esta corte, en el caso de Merino v. Globe Rutgers Fire Ins. Company de junio 18, 1924, (33 D.P.R. 421) revocó la sentencia por el fundamento de que la corte de distrito podía ejercitar su facultad al amparo del artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Por cuanto en esta apelación está envuelta, quizás entre otras, la cuestión, que no se ha demostrado ser frívola, de si la ignorancia de un abogado durante un período de va-rios meses es suficiente para invocar la discreción de la corte.

Por cuanto de acuerdo con la Regla 59 la mera tardanza de más de noventa días para aprobar un pliego de excepcio-nes o exposición del caso no es motivo de desestimación pues debe demostrarse la negligencia del apelante.

Por cuanto no estamos convencidos de que hubiera tal negligencia.

Por tanto, la moción debe ser declarada sin lugar.


text:
    Nos. 3566.
    3567,
    3568,
    Merino, etc., apldo., v. Automobile Fire Ins. Co., aplte., Merino, etc., apdo., v. American Ins. Co., aplte.; Merino, etc., apdo., v. Camden Fire Ins. Co., aplte.
    Cobro de póliza de seguro.
    Marzo 16, 1925.
   Decla-rada sin lugar la moción para desestimar la apelación, re-solviéndose por los fundamentos del caso No. 3565 de Merino, Sucesor de R. Seijo v. City of New York Fire Ins. Co., de marzo 16, 1925.


text:
    No. 3422.
    Porto Rico Fertilizer Co., aplte., v. Gandía, apdo.
    C. D. San Juan, Disto. 1º.

    Mar. 19, 1925.
    Cobro de lo indebido.
   Vistos los razonamientos del caso de Gandía v. Corte de Distrito de San Juan, 31 D.P.R. 146: Apare-ciendo que cuando se cobró la cantidad a que se refiere la demanda ya liabía sido dictada la sentencia de este tribunal de julio 3, 1922, que confirmó la sentencia de la corte de distrito de 28 de octubre 1920 ordenando el pago de dicha cantidad, se declaró sin lugar el recurso y se confirmó la sentencia.


text:
    No. 2474.
    Gandía, apdo., v. Porto Rico Fertilizer Company, aplte.
    C. D. San Juan, Sección 1º.
    Mar. 19, 1925.
    Cobro de dividendos.
   Visto el mandato expedido por la Corte de Circuito de Apelaciones para el Primer Circuito-de los Estados Unidos en 14 de febrero 1925 en el caso arriba expresado y recibido en este tribunal el día 23 de febrero de 1925, se confirma la sentencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera en 28 de octubre 1920 en el referido caso; debiendo remitirse copia certificada del mandato a la corte inferior a los fines procedentes.


text:
    No. 3517.
    Andrades, aplte., v. Andrades, apdo.
    C. D. San Juan, Disto. 1º.

    Mar. 30, 1925.
    Nulidad de expediente de dominio.
   Siendo lá única cuestión resuelta por la corte inferior o necesariamente envuelta en esta apelación una de hecho y no apareciendo que se haya cometido error alguna tan manifiesto que requiera la revocación, se confirmó la sentencia apelada.


text:
    No. 3481.
    Brunet del Valle et al., apdos., v. Asamblea Municipal de Ponce et al., apltes.
    C. D. Ponce.
    Mar. 31, 1925.

      Tnjunction.

   No demostrándose la finalidad práctica de este recurso después de las elecciones generales qne tu-vieron lugar el 4 de noviembre último, siendo aplicable por razones análogas lo que declaramos en el caso de Gustavo v. Asamblea Municipal de Guánica, de mayo 31, 1924 (33. D.P.R. 273), se confirmó la sentencia apelada.


text:
    No. 3578.
    Ramírez, Representada por su Madre Santos Rolón, aplte. v. Ramírez et al., apdos.
    C. D. Humacao.
    marzo 31, 1925.
   Por cuaNto, una sentencia ordenando la concesión de ali-mentos provisionales no es cosa juzgada en el sentido en que lo son otras determinadas sentencias;

Por cuanto, la resolución que fija la cuantía de alimen-tos provisionales, como un injunction en ciertos casos es continua y fia de considerarse como- que procede de un día a otro, algo parecido a alimentos en un caso de divorcio;

Por cuanto, en el Código de Enjuiciamiento Civil nada existe que sea obstáculo para la corte poder enmendar una orden sobre alimentos provisionales a virtud de moción;

Vistos los casos de Alcaide v. Alcaide, 25 D.P.R. 310; Molinari v. López Acosta, 20 D.P.R. 510; Ríos v. Rosaly, 27 D.P.R. 537, debe confirmarse la sentencia.


text:
    No. 3599.
    Del Rosario, aplte., v. London Assurance Corporation, apda.
    C. D. Mayagüez.
    Mar. 31, 1925.
    Cobro de póliza de seguro.
   Desestimado el recurso a instancia de la apelada por baber el apelante dejado de gestionar la trami-tación de la apelación por más de seis meses sin excusa vá-lida para ello.


text:
    No. 3544.
    Cabanilla, aplte., v. Cabanilla et al., apdos.
    C. D. Mayagüez.
    Abril 1, 1925.
   Atendidas las circuns-tancias que concurren, se eliminan las dos partidas de $1 cada una por notificaciones de la excepción previa y del me-morándum que fueron impugnadas y no probadas y se reduce la partida de honorarios de abogado a trescientos dollars ($300) por estimar excesiva la de $500 concedida y así .modificada se confirma la résoinción apelada.


text:
    No. 3514.
    Toro, aplte., v. del Llano et al., apdos.
    C. D. Ponce.
    Abril 7, 1925.
    Nulidad de hipoteca.
   Sin resol-verse si hubo una estipulación entre los abogados sobre la radicación del alegato del apelante, la corte no tiene duda alguna de que dicha apelante tuvo la idea de que existía tal estipulación y la corte en el ejercicio de su amplia discreción y habiendo estado realmente enfermo el abogado de la ape-lante, declaró sin lugar la reconsideración.


text:
    No. 3501.
    Del Llano, apdo., v. Tossas, aplte.
    C. D. Mayagüez.
    Abril 7, 1925.
   Resuelto por los fundamentos del caso No. 3514, Toro v. del Llano et al., de abril 7, 1925, denegándose la reconsideración.


text:
    No. 2430.
    El Pueblo, apdo., v. Muñiz, aplte.
    C. D. Ponce.
    Abril 15, 1925.
   Apareciendo que la denuncia es bastante y la prueba suficiente porque la condición de dueño del depósito en que se vendía la leche adulterada resulta de la propia solicitud del acusado pidiendo permiso para esta-blecer el depósito, sin que pueda eximirlo de responsabilidad la circunstancia de hallarse enfermo, estando al frente del depósito un empleado cuando la leche fué ocupada, ni acep-tarse como buena la defensa de que el depósito en realidad pertenecía a otra persona; vistos los casos de El Pueblo v. Luccioni, 29 D.P.R. 49, y El Pueblo v. Ruiz, 30 D.P.R. 365, se confirma la sentencia recurrida.


text:
    No. 3492.
    El Pueblo de Puerto Rico ex rel. Miguel C. Godreau, demandante y apdo., v. Colón Díaz, demandado y aplte.
    C. D. Ponce.
    Abril 15, 1925.

      Quo warranto.

   De-sestimada la apelación a instancia del apelado por los funda-mentos de la opinión en el caso de El Pueblo ex rel. Juan de Mata Rubert, querellante y apelado, v. Bahamonde, querellado y apelante, resuelto en esta fecha, (pág. 132) por no tener finalidad práctica el recurso.


text:
    No. 3615.
    John Nuveen Company, aplte., v. Junta de Subastas, etc., de Las Marías, apdas.
    C. D. Mayagüez.

      Abril 17, 1925.

      Certiorari.

   Apareciendo que la apelación se estableció el 26 de enero último y no se ba radicado en la Secretaría de esta corte la transcripción de los antos, sin qne exista pendiente de aprobación exposición del caso al-guna en la corte de distrito, visto el artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil, y la repetida jurisprudencia de esta corte sobre la materia, se declara con lugar la moción y se desestima el recurso.


text:
    No. 3590.
    Roig Commercial Bank, apdo., v. Sucesión de E. Lugo Viña, aplte.
    C. D. San Juan, Disto. 1º.
    Abril 21, 1925.
    Cobró de dinero.
   Pon cuaNto se nos pide que desestimemos esta apelación porque el alegato del apelante no contiene una relación de la causa y porque no expone separadamente los errores en que se funda el recurso;

Por cuanto si bien esto es así, una mera inspección del alegato demuestra que puede haberse cometido algún error fundamental ;

Por tanto, vista la sección 43 del Eeglamento, la corte, en uso de su discreción, resuelve no haber lugar a desesti-mar la apelación interpuesta.


text:
    No. 3345.
    Weber, hoy José M. Suárez, aplte., v. Fernández Bellaflores, apdo.
    C. D. Mayagüez.
    Abril 23, 1925.
    División de comunidad.
   No existe el único motivo de error alegado contra la sentencia, fundado en que la corte inferior apreció indebidamente la prueba, pues encontramos que es suficiente para sostener que la escritura de venta con pacto de retro por la cual Consuelo Bellaflores vendió sus condominios en tres casas a Yíctor Honoré, de quien el ape-lante alega traer derecho para pedir que cese la comunidad con el' apelado y que se vendan las casas y se reparta su pre-cio, es de préstamo con hipoteca, según la ley No. 47 de 13 de abril de 1916. pues se probó que Honoré y las personas que de él adquirieron nunca han tomado posesión de tales condominios, habiendo disfrutado siempre sus rentas Consuelo Bellaflores y que el precio de tal venta es inadecuado al valor de dichos condominios. Confirmada.


text:
    No. 3404.
    Central Pasto Viejo, Inc., aplte.-apda., v. Aponte et al., apdos.-apltes.
    C. D. Humacao.
    Abril 23, 1925.
   A la moción de reconsideración del demandado, no habiendo dicho demandado — que dejó de archivar su alegato —levantado en tiempo la cuestión de la existencia y penden-cia del otro recurso por él establecido y no prejuzgando ne-cesariamente la decisión de abril 2, 1925, la que pueda re-caer en el recurso No. 3559 que será resuelto por sus pro-pios méritos, no ha lugar.


text:
    No. 229.
    Estrada, peticionario, v. Corte de Distrito de San Juan, Disto. 2º, Hon. M. Rodríguez Serra, J., demandado.

    Mandamus.
    Abril 27, 1925.
   Por cuanto, llamado hoy para vista el presente recurso de mandamus el demandado por conducto dól fiscal de este tribunal se allanó a la petición, exponiendo que la dilación en el juicio se debió al excesivo trabajo que pesa sobre la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Segundo;

Por cuanto, el peticionario no fué sometido a juicio en el término de ciento veinte días contados a partir del en que se presentó la acusación, sin que exista justa causa para ello;

Por cuanto, en tal caso de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 448 del Código de Enjuicia-miento Criminal y la constante jurisprudencia de esta Corte, procede el sobreseimiento del proceso;

Por tanto, expídase auto perentorio de. mandamus diri-gido al Hon. Manuel Rodríguez Serra, Juez de la Corte do Distrito de San Juan, Segundo Distrito, para que sobresea el proceso ante dicha corte seguido por El Pueblo de Puerto' Rico contra Severo Estrada, imputándole la comisión de un delito de infracción al Reglamento de la Comisión de Servi-cio Público para Vehículos de Motor (misdemeanor), que lleva el número 652 de dicha corte, a virtud de acusación del fiscal de distrito radicada en la secretaría de ese tribunal con fecha 22 de noviembre de 1924. Expedido el auto.


text:
    No. 2459.
    El Pueblo, apdo., v. Cora, aplte.
    C. D. Guayama.
    Abril 27, 1925.
    Portar armas.
   Apareciendo que el único error señalado se refiere a un conflicto en la prueba presentada en la corte sentenciadora sin que aparezca que dicha corte cometiera error al apreciarla, se confirma la sen-tencia apelada.


text:
    Nos. 3501.
    3514.
    Del Llano, apdo. v. Tossas, aplte. Toro, aplte., v. del Llano et al., apdos.
    C. D. Mayagüez.
    C. D. Ponce.
    Abril 30, 1925.
   No habiendo el apelante radi-cado su alegato dentro de la prórroga concedida por esta corte y no cumpliendo dicho alegato, que fué sometido algu-nos días después, con el Reglamento de este tribunal y no habiendo tampoco presentado el apelante excusa válida por este incumplimiento, se desestima la apelación.


text:
    No. 86.
    Ex parte B. Paniagua, peticionario, v. El Pueblo, opositor.

    Hateas Corpus.

    Mayo 1, 1925.
   Vista la mo-ción de desistimiento del peticionario, se le tiene por desis-tido de la apelación contra la sentencia de este tribunal para ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.


text:
    No. 3624.
    La Iglesia Católica Apostólica y Romana, aplte., v. Fournier, apdo.
    C. D. San Juan, Sección 2º.
    Mayo 1, 1925.
    Memorándum de costas.
   A la moción de reconsi-deración no ha lugar. De la misma moción del apelado consta que la estipulación a que se refiere fué la de someter el asunto “por mérito de los autos”, y de la certificación acompañada a la impugnación del apelante aparece que se archivó en tiempo una exposición, cuya naturaleza desconoce esta corte, que pende en la actualidad de la aprobación del tribunal sentenciador.


text:
    No. 3584.
    Carrión, aplte., v. Nadal et al., apdas.
    C. D. Mayagüez.
    Mayo 8, 1925.
   No estando en condiciones la corte de poder decir que sea exagerada la suma de honora-rios concedida, especialmente en ausencia de un récord com-pleto de la prueba, se confirma la resolución apelada.


text:
    No. 18.
    In re C. Marrero, querellado.

      Disbarment.

    Mayo 8, 1925.
   Por ctjaNto, Celestino Marrero Hernández, fué condenado como autor de un delito de abuso de confianza, que implica depravación moral, a' sufrir la pena de cuatro años de pre-sidio con trabajos forzados;

Por ouaNto, basándose en tal condena el Fiscal General archivó una querella pidiendo la separación del querellado del ejercicio de su profesión';

Por cuanto, notificado de la querella, el querellado no ha hecho manifestación alguna por escrito ni oralmente;

Por tanto, de acuerdo con la ley, se separa del ejercicio de su profesión al dicho querellado Celestino Marrero Her-nández, borrándose su nombre del registro de abogados de esta corte, y comunicándose esta resolución en la forma que determina el estatuto.


text:
    No. 17.
    In re. V. Martínez, querellado.

      Disbarment.

    Mayo 8, 1925.
   Por cuanto Víctor P. Martínez, un abogado y notario ad-mitido a ejercer en Puerto Rico, fué condenado a sufrir la pena de seis meses de cárcel como autor de un delito de falsa representación e impostura que implica depravación moral;

Por cuanto basándose en tal condena el Fiscal General de Puerto Rico archivó una querella pidiendo la separación del querellado del ejercicio de su profesión;

Por cuanto notificado el querellado, contestó alegando entre otras la circunstancia de haber sido indultado del de-lito de que fué convicto por el Gobernador y pidiendo que se desestimara la querella;

Por cuanto la sección 9 de la Ley creando la Comisión de Reputación de 1909, p. 97, Comp. see. 172, en lo pertinente dice: “La persona que siendo abogado fuere convicto de un delito grave {felony). cometido en conexión con la prác-tica de su profesión o que implique depravación moral, ce-sará convicto que fuere, de ser abogado o de ser competente para la práctica de su profesión. * * * Al ser revocada dicha sentencia, o mediante el perdón del Presidente de los Estados Unidos ó del Gobernador de Puerto Eico, la Corte Suprema estará facultada para dejar sin efecto o modificar la orden de suspensión (disbarment);

Y por ouaNto en la opinión de esta corte emitida para confirmar la sentencia por virtud de la cual fué condenado el querellado, aparecen las siguientes manifestaciones:

“El presente caso varía de las acciones civiles arriba menciona-das, sin embargo, en que no se ha ocasionado a otros ninguna verda-dera pérdida o grave daño,- y puede ser que la experiencia, que abarca un período de seis años, ya adquirida del presente procedi-miento, sea bastante para disuadir la repetición del delito sin la hu-millación adicional de un término de cárcel. Consideradas todas es-tas cosas, no parece sino razonable hacer mención de estas cuestio-nes por el valor que puedan tener en vista de la posibilidad de que el apelante pudiera desear acudir a la gracia ejecutiva.
"Por supuesto que no podemos revocar una sentencia por virtud de la teoría de que si hubiera estado el acusado representado por abogado en la corte inferior, algunos hechos, además del mero ab-surdo de los medios empleados, podrían haberse desarrollado ten-dentes'a destruir la presunción legal de que un hombre intenta ha-cer lo que en realidad hace.” 32 D.P.R. 160, 166.

Por tanto, la corte, apreciadas todas las circunstancias concurrentes, acuerda que en vez de separar para siempre debe suspender como suspende por término de seis meses, contado a partir de esta fecha, al dicho querellado Víctor P. Martínez, del ejercicio de la abogacía y notaría, debiendo comunicarse esta resolución en la forma que determina la ley.


text:
    No. 2363.
    El Pueblo, apdo., v. Ortiz, aplte.
    C. D. San Juan, Disto. 1º.
    Mayo 18, 1925.
    Portar armas.
   No ha-biendo el apelante elevado a esta corte ningún pliego de exposición del caso o excepciones,- visto el llamado alegato del apelante y la orden de esta corte de febrero 6, 1925, que no fué' cumplida por dicha parte apelante, y apareciendo además que la denuncia es suficiente, se confirmó la senten-cia. apelada.


text:
    No. 3390.
    Martínez, aplte., v. Méndez, apdo.
    C. D. de Aguadilla.
    Mayo 18, 1925.
   Examinados los autos a la lnz •del alegato del apelante no obstante no haber presentado un señalamiento de errores por separado; y no apareciendo qne se haya cometido error fundamental alguno ni abusado la corte sentenciadora de su discreción, se confirma la reso-lución apelada.


text:
    No. 3128.
    Mata Escobar, aplte., v. González, apdos.
    C. D. San Juan, Disto. 1º.
    Mayo 18, 1925.
    Entrega de pro- . piedad.
   Por cuanto, la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, dictó sentencia en este caso declarando sin lugar la demanda enmendada que contiene tres causas de acción, por falta de hechos suficientes para determinar las causas de acción ejercitadas;

Por cuanto, es innecesario considerar lo relativo a la pri-mera causa de acción, porque la misma parte apelante reco-noce en su alegato que es justa la sentencia por lo que a ella se refiere;

Por cuanto, analizando la segunda causa de acción re-sulta que la finca sobre que versa el litigio fue adquirida por los demandados Eduardo J. González y su esposa a virtud de venta primitivamente hecha por Agustina Casado viuda de Escobar, y vendida a su vez por los dichos esposos Gon-zález Géigel en 1906 al demandante Juan de Mata Escobar y Casado la venta fué anulada por sentencia dictada en 1913 en pleito seguido contra el dicho Juan de Mata Esco-bar y Casado, basado en que Agustina Casado viuda de Es-cobar no era dueña de la finca que pertenecía a los herederos de su esposo Juan de Mata Escobar y Cepeda, entre los cua-les se encontraba Juan de Mata Escobar y Casado, el de-mandante ;

Por cuanto, devuelto, a virtud de la sentencia de 1913, la finca a los herederos de Juan de Mata Escobar y Cepeda, procedieron dichos herederos en 1918 a liquidarla haciéndose adjudicación de cinco quince avas partes de la finca a la ■viuda Agustina Casado “en pago de su aportación al ma-trimonio con el causante,” de cuatro quince avas partes al •demandante, liijo de Juan de Mata, y del resto a los otros herederos que fueron los que promovieron el pleito;

Pok CUANTO, a virtud de diferentes transferencias hedías ' por la viuda y los herederos de Juan de Mata Escobar y Ce-peda de sus respectivos condominios a diferentes personas, los demandados Eduardo J. González y Enrique González se convirtieron finalmente en dueños de la finca;

Por cuanto, no es posible concluir como pretende el ape-lante que al adquirir de nuevo Eduardo J. González revi-viera el derecho del demandante adquirido a virtud de la •compra que hiciera en 1906 al dicho Eduardo J. González y su esposa, en cuanto al condominio que se adjudicó a la viuda ■en la partición de 1918, entre otras razones, porque en nin-guna parte de la demanda consta que la viuda fuera con-•dueña con anterioridad a 1918, pudiendo consistir la aporta-ción que se le pagó, en dinero en efectivo o en otros bienes distintos de la finca;

Por cuanto, la tercera causa de acción, o sea la división de comunidad, está basada en la segunda y ya hemos visto ■que la segunda- no existe;

Por cuanto, expresamente se consigna por la propia parte apelante en su alegato que no se ejercita en la demanda la acción de saneamiento que pudiera tener el demandante contra sus vendedores a virtud de la anulación de la venta, y

Por cuanto, debe estimarse que tampoco erró la corte al no conceder permiso para enmendar la demanda, ya que se tx*ataba de una demanda enmendada y el apelante no ha de-mostrado la forma concreta en que podría enmendarse de modo que adujera la causa de acción ejercitada:

Por tanto, no habiéndose cometido los errores señalados, procede declarar como se declara sin lugar el recurso y con-firmar como se confirma la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Hutchison disintió.

El Juez Asociado Sr. Wolf firmó conforme con la parte dispositiva de la sentencia.


text:
    No. 3407.
    Armstrong, aplte., v. Rivera, apdo.
    C. D. Ponce.
    Rescisión de contrato.
    Mayo 18, 1925.
   Siendo en el fondo la única cuestión envuelta en este caso una de hecho-resuelta' ya dos veces, primero en la corte municipal y luego en la de distrito; y no apareciendo que se haya cometido error fundamental alguno, se confirma la sentencia apelada..


text:
    No. 3608.
    Sosa Oliva, aplte., v. Sucesión de Manuel Sosa, apda.
    C. D. de San Juan, Disto. 1º.
    Mayo 20, 1925.
   A la moción del apelado solicitando la eliminación de la trans-cripción de la evidencia elevada, estando sujetos a la inspec-ción del juez sentenciador los autos todos del pleito a los efectos de graduar la cuantía de los honorarios, vista la ju-risprudencia establecida entre otros en los casos de Preston v. Vázquez, 31 D.P.R. 889, y Delgado et al. v. Bouillerce, 31 D.P.R. 334, no ha lugar.


text:
    No. 3647.
    Hernández, aplte., v. Soto, apdo.
    C. D.. Aguadilla.
    Mayo 20, 1925.
   Apareciendo que se trata de-una acción en cobro de dinero que se originó en la Corte Municipal de Aguadilla y la cuantía envuelta en la misma no-excede de $300; y no teniendo por tanto jurisdicción este-tribunal para conocer del pleito, se desestimó el recurso.


text:
    No. 3298.
    Gómez, apdo., v. Bravo, American Colonial Bank, y Royal Bank of Canada, demandados y apelante el 2º.
    C. D. Mayagüez.
    Mayo 20, 1925.
    Preferencia de cré-dito.
   Por cuanto se nos pide que reconsideremos nuestra sen-tencia en este caso por cuatro motivos sin que los tres pri-meros aduzcan razones suficientes para hacer variar los fun-damentos de nuestra sentencia;

Por cuanto en el cuarto motivo se aduce un nuevo error que no fue alegado en el señalamiento de errores hecho por el apelante en su alegato para sostener su apelación, ni apa-rece de las alegaciones que esa cuestión fuera suscitada, por lo que no procede considerarla.

Por taNto, no ha lugar a reconsiderar nuestra sentencia de abril 20, 1925.


text:
    No. 3601.
    Lizardi, tercerista-aplte., v. Körber & Cía., Inc., et al., apdos.
    C. D. San Juan, Disto. 1º.
    Mayo 22, 1925.
    Tercería.
   No habiéndose alegado motivo alguno de error contra la sentencia dictada en este pleito, que fué contra la que se interpuso esta apelación y sí contra resolución posterior de la corte inferior que no ha sido apelada, se desestima el recurso.