author: El Juez Asociado Señor "Wole,

text:
    Juan Velázquez, Juan Cádiz, Atanasio Cruz y Juan Monserrate, peticionarios, v. La Corte de Distrito de Humacao, Hon. Gabriel Castejón, Juez, demandado.
    No. 508.

    Visto: Febrero 19, 1926.

      Resuelto: Abril 28, 1926.
    1. Derecho Penal. — -Lectura de Acusación (Arraignment) y Alegaciones (Pleas), Nolle Prosequi y Sobreseimiento — -Sobreseimiento del Proceso— Facultad para Sobreseer, en Quién Radica. — Un fiscal de distrito no tiene facultad para sobreseer voluntariamente un proceso; la concesión de esa fa-cultad por ley en la corte es una exclusión de poder en algún otro funcio-nario.
    '2. Derecho Penal — Lectura de Acusación (Arraignment) y Alegaciones (Pleas), Nolle Prosequi y Sobreseimiento — Radicación de un Nolle Pro-sequi — Radicación por el Fiscal de Distrito. — Mientras un proceso no sea sobreseído por la corte el mismo está pendiente, y la acción del fiscal de distrito en tratar de radicar un nolle prosequi es nula y sin ningún valor.
    CERTIORARI para revisar resolución, de Gabriel Castejón, J. (Huma-cao), sancionando actuación del fiscal del distrito sobreseyendo y archivando- voluntariamente un proceso en fiscalía.

      Anulada.

      F. Cervoni Gely, abogado de los peticionarios; José E. Figueras, abogado del demandado.
   El Juez Asociado Señor "Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Juan Velázquez, Juan Cádiz, Atanasio Cruz y Juan Mon-serrate ban presentado a esta corte una petición de certio-rari, número 508. El día 14 de diciembre de 1925 uno de los actuales peticionarios llamado Juan Monserrate, solicitó de la Corte de Distrito de Humacao que decretara una or-den de sobreseimiento de conformidad con el artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal toda vez que no se babía presentado la debida acusación contra él. La corte declaró sin lugar la moción y Juan Monserrate acudió a esta corte en solicitud de un auto de certiorari, número 503. Mientras este certiorari se encontraba pendiente los peticio-narios incluyendo a Juan Monserrate fueron citados por la corte para contestar una acusación. Todos los peticiona-rios pidieron el sobreseimiento por virtud del artículo 448 toda vez que no se babía celebrado un juicio dentro de 120 días. En la vista apareció que el fiscal el día 12 de enero de 1926 sobreseyó los anteriores procedimientos y el 13 de enero de 1926 presentó una nueva acusación. La corte de-sestimó la moción y los acusados presentaron la petición de certiorari número 508.

Hemos tenido algunas dudas respecto de si el fiscal po-día presentar una nueva acusación sin exonerar a los acusa-dos, pero o dichos acusados renunciaron a esa cuestión o volvieron a ser arrestados. La única cuestión levantada en el presente recurso de certiorari es si el fiscal tenía facul-tad para sobreseer voluntariamente un proceso y comenzar uno nuevo, y por consiguiente si la corte debió baber con-cedido la moción de sobreseimiento.

Cuando un gran jurado presenta un cargo (indictment) contra una persona carece de facultad para retirar el cargo presentado. Al aprobarse el Código de Enjuiciamiento Criminal en Puerto Rico el fiscal ejercía las funciones que luego pasaron al gran jurado y esto también sucede abora. En la ley común y de acuerdo con la práctica federal un fiscal tiene facultad para sobreseer un proceso conocido por un “nolle prosequi,” U.S. v. Merrit et al., 1 Fed. 203, opinión interesante del Juez Holt; 16 C. J. 432 et' seq., 35 L.R.A. 701, caso y notas, y esta facultad existe generalmente donde no bay estatuto. En Puerto Rico tenemos un precepto de ley que dice lo siguiente:

“Artículo 451. — El tribunal, ya por su propio acuerdo o ya'a petición del fiscal y en pro de la justicia, puede decretar el sobre-seimiento de una causa o de una acusación. Las causas del sobre-seimiento deben exponerse en el auto que al efecto se dicte, el cual se insertará en el acta.del proceso.”

Otros artículos del Código de Enjuiciamiento Criminal tienden a mostrar que en general es la corte la que tiene el control de los sobreseimientos y nuevos procesos. Artícu-los 148, 157, 158, 159 y 308 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

De acuerdo con el artículo 145 el acusado puede pedir que se desestime una acusación entre otros motivos por no estar firmada y jurada por el fiscal, y según el artículo 148 es la corte la que dispone que se formule una acusación. De conformidad con los artículos 157 y 158 después de una ex-cepción perentoria, el acusado debe ser puesto en libertad a menos que la corte ordene o permita la presentación de una nueva acusación. Después de declarada con lugar una moción sobre suspensión de la sentencia es la corte la que debe ordenar nna. nueva o diferente acusación. Art. 308. Y según el artículo 99 del propio código después de oir las declaraciones de los testigos el fiscal recomienda que el acu-sado sea puesto en libertad.

La sección 136, 7 Jurisprudencia de California, página 1001, dice lo siguiente:

“El Código Penal designa los casos en los cuales y los procedi-mientos por los que un proceso puede ser sobreseído y puesto en li-bertad el acusado sin la celebración de un juicio, y debe entenderse que excluye todos los demás casos en los cuales tal sobreseimiento puede ser ordenado. El Código exige un sobreseimiento, a menos que se demuestre una buena razón en contrario para la demora en archivar un cargo o acusación o en traer a un acusado a juicio, y prescribe además lo siguiente:
“ ‘La corte puede, bien a moción propia o a solicitud del fiscal del distrito, y en pro de la justicia, ordenar el sobreseimiento de una acción, o acusación. La razón del sobreseimiento debe ser mostrada en una resolución registrada en las minutas.
“ ‘El registro de un “nolle prosequi” está abolido, y ni el attorney general ni el fiscal de distrito puede suspender o abandonar un proceso por un delito público excepto en la forma dispuesta en la última sección.’
“La legislatura no ha tratado de definir la expresión ‘en pro de la justicia,’ empleada en la sección 1385 del Código Penal, y por tanto se deja a la discreción judicial que se ejercita teniendo en cuenta los derechos constitucionales del acusado y los intereses de la sociedad que determine cuáles son los fundamentos particulares para ordenar un sobreseimiento. La corte puede, por ejemplo, con-ceder un sobreseimiento debido a los defectos en el cargo (indictment) o acusación, o por la negativa de un fiscal de distrito a pro-porcionar al acusado un pliego de particulares. Pero el mero hecho de que la suspensión de un proceso agotara al tesoro del condado no autoriza un sobreseimiento. Ni tampoco está obligada la corte a sobreseer un proceso simplemente porque ha sido solicitado por el fiscal del distrito.”

El fiscal de esta corte expresa que el párrafo que pro-híbe el registro de un “nolle prosequi” no ha sido trans-crito en nuestro código, que no hay ningún precepto que prohíba tal registro en Puerto Rico. Los peticionarios con-testan diciendo qne no existe autoridad alguna para ello. Igual a lo que dice el comentarista en la jurisprudencia de California refiriéndose al momento en que una causa puede ser sobreseída, creemos que la concesión de la facultad para sobreseer en la corte es una exclusión de poder en algún otro funcionario. Véase también 14 Jurisprudencia de California, página 75, sección 58.

Las razones para el sobreseimiento deben expresarse en una resolución registrada en las minutas. Las minutas de la corte deben mostrar el sobreseimiento. El fiscal no tiene minutas. Si la Legislatura de Puerto Rico no aludió a la supresión del “nolle prosequi” en Puerto Rico probable-mente fué debido a que aquel sistema de sobreseimientos no había existido nunca aquí.

Si un fiscal para sobreseer un caso tiene que comparecer ante la corte solemnemente para alegar sus razones, un ciudadano no será molestado con procesos frecuentes para evadir el efecto de la sección 448, como sucede, según pa-rece, en el caso ante nos. Si se alegara que en casos de de-litos graves (felonies), el fiscal tiene todavía el derecho de empezar de nuevo después de un sobreseimiento, sin embargo, el acusado temporalmente está libre, sus fiadores han sido relevados de su obligación si él está bajo fianza, y es al fiscal de distrito al que se urge que acelere el juicio. En muchos casos el fiscal de distrito puede estar convencido de que el acusado es inocente o que un proceso sería inútil.

Como alegan los peticionarios no fué la intención de la legislatura que los procesos deban quedar pendientes a vo-luntad del fiscal sino que la corte debe tener la debida in-tervención. El fiscal sólo recomienda que el acusado sea puesto en libertad. .

Bajo estas circunstancias, estando convencidos de que la facultad para sobreseer un proceso sólo la tiene la corte, la acusación debe ser anulada y los prisioneros puestos en li-bertad en lo que concierne a la nueva acusación. El efecto de esta resolución es dejar intactos los anteriores procedi-mientos.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Wolf,

license: Public Domain

text:
    Juan Monserrate, Peticionario, v. La Corte de Distrito de Humacao, Hon. Gabriel Castejón, Juez, demandado.
    No. 503.

    Visto: Febrero 15, 1926.

      Resuelto: Abril 28, 1926.
    Derecho Penal — Fecha del Juicio t Suspensión — Sobreseimiento del Pro-ceso — Tardanza en Celebrar el Juicio o en Presentar la Acusación— Acusación no Presentada Dentro del Término. — Un detenido que tiene derecho a hacer uso del artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal no necesita recurrir a un remedio extraordinario pero puede obtener su li-bertad mediante moción a la corte de distrito.
    CeRtioeaRI para revisar resolución de Gabriel Castejón, J. (Huma-cao), declarando sin lugar moción de sobreseimiento.

      Anulada la resolución y sobreseído el caso.

      F. Cervoni Gely, abogado del peticionario; José E. Figueras, abo-gado del demandado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La decisión de este caso estaba pendiente de nuestra sentencia en el de Velázquez et al. v. Corte de Distrito de Humacao, resuelto en esta misma fecha, No. 508. Allí re-solvimos que el anterior proceso aún estaba pendiente y que la acción del fiscal en tratar de radicar un nolle prosequi era nula y sin ningún valor. Los hechos ante nos son que el acusado fue arrestado el día 9 de agosto de 1925. En diciembre 14, 1925, solicitó el archivo y sobreseimiento del proceso por virtud del artículo 448 del Código de Enjuicia-miento Criminal, fundándose en haber transcurrido más de 120 días desde la fecha de su detención sin haberse presen-tado lina acusación contra él. La Corte de Distrito de Hu-macao en 15 de diciembre de 1925 dictó la siguiente reso-lución :

“Considerando la moción de sobreseimiento presentada por el Ledo. F. Cervoni Gely, solicitando el archivo del caso por no haber sido visto el mismo dentro del término de 120 días desde que el aou-sado fue detenido.
“La Corte entiende que carece de jurisdicción sobre el asunto, toda vez que la acusación, base del mismo, no ha sido aún radicada en la Secretaría de esta Corte, y además, vista la jurisprudencia en el caso de Dyer v. Rossy, 23 D.P.R. 781, en el cual se establece la doctrina de que el procedimiento adecuado para estos casos es única y verdaderamente el remedio de mandamus.
“No ha lugar a proveer a lo que en dicha moción se interesa.”

Ahora bien, aunque puede proceder quizás el auto de mandamus, ése es el remedio extraordinario. El artículo 448 prescribe lo siguiente:

“A menos que exista justa causa contraria, el tribunal decretará el sobreseimiento del proceso en los casos siguientes:
“1. — 'Cuando una persona haya sido detenida para responder por la comisión de un delito público, siempre que no se haya pre-sentado acusación contra ella en el término de sesenta días desde su detención.
“2. — Cuando un acusado, cuyo juicio no haya sido transferido-a petición suya, no sea sometido a juicio en el término de ciento veinte días, a contar desde la presentación de la acusación.”

De una simple lectura de ese estatuto se ve que la acu-sación debe presentarse dentro de 60 días, o de otro moda la corte ordenará el sobreseimiento del proceso. La forma rápida y corriente es mediante moción a la corte. En el. caso de Dyer v. Rossy, el mandamus fué librado por esta corte. No puede suponerse que la corte inferior expedirá, un auto de mandamus contra ella misma, ni que un acusado-deba venir a esta corte en busca de un remedio. El peticio-nario tenía derecho a un sobreseimiento, debidamente lo so-licitó y la resolución de diciembre 15 debe ser anulada y so-breseídos los procedimientos seguidos contra él sin perjui-cio del derecho del fiscal para comensar de nuevo.


text:
    Borinquen Marrero Rios, demandante y apelado, v. Gustav L. Muller, demandado y apelante
    No. 3817.

    Visto: Marzo 11, 1926.

      Resuelto: Abril 28, 1926.
    1. CORTES-CORTES DE DISTRITO — APELACIÓN DE LAS OORTES MUNICIPALES-CASOS Civiles — Calendario — Inclusión — Omisión de Incluirlos y Efecto.— Cuando los documentos de apelación llegan a la corte de distrito antes de la fecha en que se lee un calendario y el apelante tiene la oportunidad de hacer que se incluya- y no lo hace, procede desestimar la apelación inter-puesta aún cuando a la fecha de la desestimación el caso se haya incluido en otro calendario leído con posterioridad a aquél.
    2. Cortes — Cortes de Distrito — Apelación de las Cortes Municipales — Casos Civiles — Calendario—Lectura del Mismo — Notificación al Apelante.-— El secretario de la corte de distrito no tiene el deber de notificar al apelante de una corte municipal qne habrá nna lectura de calendario en determinado día.
    3. Cortes — Cortes de Distrito — Apelaciones de las Cortes Municipales — Ca-sos Civiles — Calendario—Inclusión—Preceptos Estatutarios e Inter-pretación. — La inclusión de nn caso apelado a la corte de distrito en el calendario es una- de las gestiones necesarias por las cuales un apelante per-fecciona su apelación.
    SENTENCIA de Miguel A. Muñoz, J. (San Juan), desestimando" ape-lación procedente de la Corte Municipal, con costas.

      Confirmada,

      Rafael Sanchó Bonet, abogado del apelante; Sebastián Carda Díaz, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Un apéndice a las leyes de 1917, promulgadas en virtud de una resolución de esta corte de fecha 11 de marzo, 1919, al tratar de las apelaciones de las cortes municipales a las de distrito, prescribe lo siguiente:

“Sección 3.— (a) El Secretario.de la Corte anotará la causa en el registro de acciones civiles, notificándolo a las partes interesadas. El apelante deberá solicitar la inclusión del pleito en el calendario o lista de señalamientos civiles, en la primera lectura que del mismo baya de celebrarse, subsiguientemente a la radicación del caso, etc.
“ (b) Si el apelante dejase de solicitar la inclusión del pleito en el calendario, el Juez de Distrito declarará desierto el recurso, imponiéndole las costas; y el Secretario remitirá inmediatamente la causa a la córte inferior para la ejecución de la,sentencia apelada.”

En el presente caso la apelación interpuesta por el de-mandado fué desestimada por la Corte de Distrito de San Juan por no haberse cumplido con la anterior sección.

Cuando el caso fué desestimado ya había sido incluido en el calendario de octubre 5, 1925, pero la teoría de la corte y del apelado era que debió haberse incluido en el calendario que se leyó en agosto 13, 1925. No hay duda alguna de que los documentos de la apelación llegaron a la corte de distrito antes de dicha fecha en agosto y que el apelante tuvo la oportunidad en cuanto al tiempo de hacer que este caso fuera incluido en dicho calendario de agosto 13.

Uno de los fundamentos de queja es que el demandado-apelante en la corte de distrito no fué notificado por el Secretario de la misma que habría una lectura del calendario. La regla de una corte de registro es que los abogados deben enterarse por sí mismos de las sesiones y actuaciones públicas de la corte, así como de la lectura del calendario. Las excepciones que indica la ley son las sentencias y ciertas mociones, pero en un caso corriente no se ha impuesto ningún deber al secretario de notificar al apelante de la corte municipal que habrá una lectura del calendario en determinado día.

Insiste también el apelante en que como el caso había sido incluido en el calendario de octubre por el acto del secretario y la corte, el defecto original, si alguno hubo, quedó subsanado. Hemos tenido cierta duda respecto a si las prescripciones de esta ley de 1917 eran enteramente mandatorias, y a la vez si no permitían alguna discreción a la corte de distrito, pero en conjunto estamos convencidos de que la idea de la Legislatura fué que la inclusión en el calendario era una de las gestiones necesarias por las cuales un apelante perfeccionaba su apelación. El apelante no duda de que es el deber de la corte desestimar una apelación si el caso en realidad no ha sido incluido por no hacer el apelante tal solicitud. Por la teoría de tal deber imperativo de parte del apelante él estaba obligado a actuar inmediatamente. El pudo haber evitado toda cuestión pi-diendo al secretario que incluyera su caso en la primera lectura del calendario, o tomando alguna otra medida ade-cuada. Sentimos la necesidad que había para la actuación en este caso, pero parece ser cuestión de lex scripta, una determinación específica de la Legislatura.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    José Muñoz Vázquez, demandante y apelado, v. Marcelina Santana Vda. de Bonilla y Carmen Flores, demandadas y apelantes.
    No. 3775.

    Visto: Enero 28, 1926.

      Resuelto: Abril 28, 1926.
    1. Principal y Piador (Principal and Surely) — Derechos y Remedios del Pia-dor — En Cuanto al Principal — Piado» que Hace Efectiva la Obligación del Principal — Derecho a Recabar el Importe Pagado. — Endosado un pa-garé después de su vencimiento a favor de uno que, habiéndolo suscrito como deudor solidario siendo en realidad fiador hizo efectiva la obligación de su principal mediante un primer abono y luego el saldo, dicha persona no es mero cesionario o endosatario y tiene derecho a recabar del principal o de sus herederos legales el importe total del mencionado pagaré.
    2. Apelación y Error — Resolución y Disposición del Caso — Confirmación— En General. — Cuando la proposición de que una demanda no aduce hechos suficientes para constituir una causa de acción se funda indistintamente en dos teorías ninguna de las cuales es la del caso de que se trata, procede confirmar la sentencia apelada.
    SENTENCIA de Charles E. Foote, J. (Primer Distrito, San Juan), declarando con lugar la demanda, con costas.

      Confirmada.

      Luis Mendín Sabat, abogado de las apelantes; B. H. Blondet, y Luis Campillo, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

José Muñoz Vázquez estableció demanda en cobro del importe de un pagaré satisfecho por él. El pagaré estaba suscrito por Muñoz Vázquez y Lorenzo Bonilla Flores como deudores solidarios, aunque Muñoz Vázquez en realidad era sólo un fiador.

Alegan ahora los apelantes que al dictar sentencia la corte inferior a favor del demandante, incurrió en los si-guientes errores:

“I. Declarar eliminada la defensa de los demandados sobre pres-cripción de la acción, cuando la misma Corte inferior al resolver la moción del demandante sobre eliminación, dejó dicha defensa sub-sistente.
“II. Declarar con lugar la demanda por el total importe del pa-garé, cuando se habían abonado cien dólares y además que el último endoso de dicho pagaré se hizo después de su vencimiento y en favor de uno de los deudores.
“III. Que la demanda no aduce hechos suficientes para determi-nar una causa de acción.”

El razonamiento sometido en la primera proposición tiende a crear cierta confusión sobre lo que realmente ocu-rrió en la corte inferior. El texto de la orden, resolviendo la moción de eliminación no es tan definido y claro como pu-diera esperarse, pero en conjunto deja poco lugar a duda sobre si la corte quiso eliminar la moción que se hizo. Ni consta tampoco que los demandados en verdad y de hecho interpretaron mal tal resolución o fueron de algún modo in-ducidos a su perjuicio.

La resolución debe ser interpretada en relación con la moción para eliminar que comprendía varios diferentes por-menores y fué declarada con lugar en parte y sin lugar en otros particulares. Sería suficiente contestación al razona-miento de los apelantes sobre este punto decir que la mo-ción misma.no fué incluida en la transcripción.

En apoyo de la segunda proposición, los apelantes citan el caso de Martínez, cesionario de Fajardo v. García, et al., 18 D.P.R. 733. El ahogado, sin embargo, pasó por alto el hecho de que los $100 así como el saldo, fueron satisfechos por Muñoz, que demanda no como mero cesionario del primitivo acreedor, sino como fiador que ha satisfecho el pagaré de su principal.

La tercera proposición de los apelantes parece fundarse más o menos indistintamente en la teoría de una acción por virtud de un pagaré mercantil prescrito y en la idea de un pleito seguido por un deudor mancomunado para recobrar de su codeudor la cantidad proporcional de la obli-gaeión qne debió haber sido satisfecha por él. Pero, como ya hemos indicado, ninguna de estas teorías es la del pre-sente caso.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    Rafaela Santiago, demandante y apelada, v. Ulises Jiménez, demandado y apelante.
    No. 3790.

    Visto: Febrero 19, 1926.

      Resuelto: Abril 28, 1926.
    1. Divorcio — De las Causas de Divorcio — Trato Cruel e Injurias Graves— Severidad de Temperamento, Mal Genio, Rudeza de Lenguaje — Circuns-tancias a Considerar y Apreciar. — Si los actos imputados a un deman-dado son o nó constitutivos de trato cruel es cuestión que depende en gran parte del grado de educación, cultura y refinamiento de la esposa.

      2. Divorcio — Jurisdicción, Procedimientos y Remedios — Apelación—Revisión • — Cuestiones de Hecho y Conclusiones — Conclusiones de la Corte Inferior. — Estando la corte inferior en mejores condiciones que el Supremo para juzgar el grado de educación, cultura y refinamiento de la esposa a los efectos de determinar si los actos imputados por ésta al esposo constituyen o nó trato cruel, atendidas las circunstancias del caso, no se varió la conclu-sión a que llegó la corte inferior sobre esa cuestión.
    3. Divorcio — Defensas—Recriminación—Admisiones de Culpabilidad. — En el caso de autos, atendidas las admisiones de culpabilidad que resultan de una carta de la demandante, se resolvió: que dichas admisiones, interpretadas en relación con la explicación contenida en su contexto, no pueden conside-rarse como suficiente por sí para constituir sin más una defensa fundada en la teoría de recriminación..
    Sentencia de M. Rodríguez Sorra, J. (Segundo Distrito, San Juan), declarando con lugar demanda de divorcio, con costas.

      Confir-mada.

      Juan B. Soto, abogado del apelante; Román Díaz Collazo, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La demandante obtuvo sentencia de divorcio a su favor y el demandado alega que la corte inferior cometió los si-guientes errores:

“Primero: — La Corte erró al declarar con lugar la demanda, y en su consecuencia probadas todas sus alegaciones, cuando en reali-
dad de verdad éstas no solamente dejaron de probarse, sino que fue-ron eontradiebas y desvirtuadas por la prueba del demandado.
“Segundo: — La Corte erró al declarar con lugar la demanda y al no desestimar la misma, habida consideración de no aparecer de la prueba presentada, ser ella el cónyuge inocente en cuanto a los hechos que motivaron la acción de divorcio, y al haber admitido su culpabilidad en cuanto a los mismos.”

El divorcio fué decretado por el fundamento de trato cruel. La demandante declaró sobre un acometimiento grave por parte del demandado al regreso de la demandante después de baber salido de la casa a una diligencia desatendiendo las órdenes anteriores del demandado.

El demandado negó la agresión pero admitió al declarar como testigo que mientras la demandante estaba en la igle-sia el demandado registró su baúl y encontró una carta de su madre; que luego al llevar a cabo el plan que cuidado-samente había concebido, el demandado logró sorprender a la demandante cuando estaba contestando la carta de refe-rencia; y al negarse dicha demandante a entregar tal con-testación el demandado la obtuvo mediante violencia.

Estas dos cartas fueron presentadas como prueba por el demandado. La primera es completamente laudatoria para el demandado, contiene muchos sanos consejos y parece ha-ber sido escrita por una suegra excepcionalmente discreta, así como por una inteligente y afectuosa madre. Desgra-ciadamente para la demandante, sin embargo, resulta tam-bién muy claro que dicha carta fué escrita en contestación a una queja que a su madre le hiciera la demandante.

La contestación a esta carta que fué cogida por el de-mandado, contiene un relato de la violencia y el lenguaje abusivo del demandado; y el demandado admitió que des-pués del incidente arriba referido mandó a la demandante a donde su madre.

La demandante en la fecha de los anteriores sucesos era una mujer joven de 20 años y estaba encinta.

La edad precisa del demandado no consta, pero los autos revelan que era el padre de seis hijos habidos con la anterior esposa, de quien se había divorciado poco antes del matrimonio con la demandante.

La prueba testifical del demandado tiende también a co-rroborar la de la demandante en cuanto a otro suceso más o menos violento que ocurrió inmediatamente de la llegada del demandado a la casa de la suegra y su hija, poco tiempo después del nacimiento del niño. Aquí también admite el demandado que al negarse la esposa a permitir que él viera al niño la amenazó con llevárselo, e hizo ver que iba a cum-plir su amenaza.

El alcalde del pueblo, testigo del demandado, declaró que fué informado del suceso y llegó al sitio a tiempo en que pudo ver a la esposa desaparecer por la esquina de la calle con su niño. También dijo que encontró al deman-dado en un estado de excitación nerviosa y le persuadió a que regresara a su hotel.

La prueba en conjunto, incluyendo la del demandado, no deja lugar a duda en cuanto a que la demandante recibió una fuerte impresión.

El juez sentenciador evidentemente aceptó como cierta la versión que hace la demandante acerca de las palabras fuer-tes empleadas por el demandado y varios cargos de infideli-dad y mala conducta que se dice fueron hechos por él en este caso.

Si los actos imputados al demandado por la demandante que comprendían un período de varios meses eran o nó constitutivos necesariamente de trato cruel, es cuestión que depende en gran parte del grado de educación, cultura y refinamiento de la esposa. Sobre estas cosas la corte inferior estaba en»mejores condiciones para poderlas juzgar en vista de la apariencia general y el comportamiento de la demandante como testigo que este tribunal mediante una lec-tura del récord taquigráfico. Atendidas todas las circuns-tancias, no estamos dispuestos a variar la conclusión a que llegó la corte inferior sobre esta cuestión.

La segunda proposición contenida en el señalamiento de errores se funda en ciertas admisiones de culpabilidad que aparecen en una carta a la cual ya se ba becbo mención y en admisiones semejantes becbas por la demandante en el interrogatorio de repreguntas.

Del récord taquigráfico hacemos la siguiente cita:

“Dmclo. — P.—¿Ud. ha dicho que no sabe las razones que tiene el demandado para estar incomodado con Ud? — R.—No señor. — P. —¿No es verdad que Ud. le manifestó al demandado, en Aguas Bue-nas, varias veces, que lo odiaba, que no lo quería, que no quería re-laciones con él? — R.—Sí señor, como estaba siempre peleando con-migo, no me podía asomar a una ventana; hasta la lavandera que le lavaba tenía que traer la ropa por una ventana, porque todo era malo; tenía que andar derechita, todo eran celos, no podía vivir con él. — P.—¿Él la celaba a Ud? — R.—Diario, diario. — P.—¿Eso ha-cía que no lo quisiera? — R.—Seguro, y como me calumniaba tantas veces; a principios me calumniaba muchísimo. Figúrese. — P.— .¿Por qué adoptaba esa actitud, por culpa de él o de Ud? — (Dte.) —Me opongo a la pregunta. Es imposible que le conteste eso.— (Juez) :■ — -Puede contestar a qué obedecía eso, si lo sabe.— (Dmdo.) —P.—Fíjese en esta carta. — R.—Esa carta la escribí yo. — P.—Va-mos a ofrecerla en su oportunidad. Quiero que se marque como Exhibit 1 del demandado para ser presentada en su oportunidad. ¿ Esa carta, cuando' la escribió a su mamá, la escribió en contesta-ción a otra carta de ella? — R.—No señor, yo no recuerdo. Me es-cribió tantas veces! — -P.—Para refrescar su memoria, mire esa carta. — R.—Sí señor, es una carta de mamá. — P.—¿Una carta que ella le escribió a Ud? — R.—Sí señor. — P.—¿En contestación a esta carta le escribió ésta? — R.—No sé; ella me escribió muchísimas.— P. — ¿No sabe si fué contestando ésa? — R.—Eso fué al principio que me fui para allá. Un mes y pico que estuve allá. Esa carta que él tiene mía, la escribí yo como una semana antes de haber pasado eso. Un domingo, por la tarde. Un sábado salió al corral, y yo estaba sentada en un sillón y él también, y salió al corral y cuando subió me dijo, sin tener nada, que era una puta; sin hablar; no sé que tendría él; él me tenía tipo de tener capacidad y entonces yo le contesté ‘que Dios quisiera que la hija mayor de él le saliera lo que él me decía’; ahí se paró y me dió una garnatada y como me eché a gritar cogió una silla para darme; eso fué un sábado en la tarde, le dije que se lo iba a decir a mam'á, y estaba pendiente de que- es-cribiera, y cuando subió estaba escribiendo y me cogió la carta, do-mingo por la noche; no me dijo nada, peleó conmigo, y así estuvo viviendo una semana; después de la semana entonces fué que me pegó, porque salí al teléfono a preguntarle a mamá cómo estaba ella; él le había dicho a mamá que la iba a llevar para allá, como le es-cribí si iba o no y no contestaba, le pregunté por teléfono si iba a ir o no.”

La carta en cuestión es como sigue:

“Aguas Buenas, P. R. — Enero 21, 1924. — Querida Yoyo: — Des-pués de saludarte y pedirte la bendición, paso a contestar tu carta. —Yoyo, Honoria no quiso quedarse; pero te contará. Yo sé que yo tengo la culpa de todo esto; pero me es imposible seguir esta vida. — Yoyo, tú sabes que yo no quiero este hombre; prefiero vivir más mal en casa y estar tranquila que vivir aquí. Yoyo, si supieras que este hombre; Honoria se fué para Caguas el sábado, y se puso a pelear conmigo y se puso a decirme que yo no era nada más que una puta, y yo le dije, que la esperanza era que lo viera por una hija de las dél; y se levantó de donde estaba y me dio dos garnatás y como fué la primera vez que me da, ahora sigue dándome y como yo no puedo vivir con él, porque no lo quiero. Yoyo, he hecho todo me se imposible. Qué triste es vivir al lado de un hombre que uno no quiere! ¡ Me costará la vida! ¡ Seguir esta vida me es imposible vivir así! Yoyo, tú sabes lo malo que es no querer una persona? morirse de sentimiento, espero vengas a buscarme. Honoria te con-tará, y te dirá que yo tengo la culpa; pero yo no se la echo a nadie. Yo no sé; pero es una cosa que me empuja a dejarlo y no puedo estar un momento tranquila, haz todo lo que puedas por mí; si sigo esto me mataré, por que no puedo estar un momento contenta al lado de él. Espero me oigas. Tu hija,-Rafa. ”

Tales admisiones, interpretadas en relación con la expli-cación contenida en sn contexto no pueden ser consideradas como suficientes para constituir sin más una defensa fun-dada en la teoría de recriminación. Kennerly v. Kennerly, 29 D.P.R. 777.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Ramón Torres, demandante y apelante, v. Corte Municipal de San Juan, Sección 2a Pedro Manzano Aviñó, Juez, demandado y apelado.
    No. 3831.

    Visto: Febrero 17, 1926.

      Resuelto: Abril 28, 1926.
    1. Embargos — Bienes Sujetos a Embargo — Sueldos de Funcionarios o Em-pleados Públicos. — Notificado el Auditor de un embargo para que descuente parte del sueldo de un demandado' — empleado público — y la remita cada mes a la corte, si él entiende que no tiene obligación legal de bacer tales deduc-ciones, tiene derecho a comparecer dentro del procedimiento para que se le releve de la misma.
    2. Certiorari — Procedimientos y Resolución — Revisión por Certiorari y sú Alcance — Cuestiones a Tratar t Resolver — Cuestiones que Envuelven la Jurisdicción de un Tribunal. — Anulado un embargo — trabado sobre el sueldo de un demandado funcionario público — a solicitud del Auditor fun-dada en no estar él obligado a deducir mensualmente parte del sueldo por no haber ley que autorice el embargo de los mismos, e interpuesto reeurso de certiorari contra la resolución que anuló dicho embargo, la corte puede, dentro de dicho procedimiento, tratar y resolver si los sueldos de los em-plados públicos son o nó embargables.
    3. Apelación y Error — Revisión—Alcance y Extensión en General — Cues-tiones no Planteadas por el Apelante. — El Supremo no resolverá una cuestión no planteada por el apelante. •
    SENTENCIA de Pablo Berga, J. (San Juan), declarando sin lugar so-licitud de certiorari, sin costas.

      Confirmad,a.

      Arturo O’Neill, abogado del apelante; Hon. George O. Butte, Attorney General, C. Llauger Díaz j Emilio Aldrey, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

En pleito seguido en una de las cortes municipales de esta ciudad para cobro de dinero fué decretado el asegura-miento de la sentencia y el embargo de bienes del deman-dado, que es un empleado del Gobierno Insular, disponién-dose que el Auditor de Puerto Rico dedujese cada mes la cuarta parte del sueldo del demandado y la remitiese a la Secretaría de la corte basta que se completase la cantidad reclamada, lo que le fué notificado.

No habiendo comparecido el demandado a contestar la demanda el secretario registró sentencia por su rebeldía y pocos días después el Auditor Interino de Puerto Rico pre-sentó escrito a la corte solicitando le permitiera intervenir especialmente y presentar moción para qne se anulase dicho embargo, exponiendo que la orden de embargo que se le no-tificó tiende a interrumpir y menoscabar el buen funciona-miento de su oficina, que lo es del Pueblo de Puerto Eico: que no existe ley que de modo expreso autorice el embargo de los sueldos de los funcionarios y empleados del Gobierno Insular o la deducción de los haberes que devenguen mien-tras se encuentran en poder del Tesorero de Puerto Eico y que dicho embargo es contrario al interés público.

Se opuso el demandante a esa intervención pero la corte municipal la permitió y después de oir a las partes sobre la nulidad solicitada resolvió declarando nulo el embargo veri-ficado. Contra e$as resoluciones interpuso el demandante recurso de certiorari ante la Corte de Distrito de San Juan la que expidió el auto y después de oir a ambas partes lo dejó sin efecto fundándose en que el Auditor Interino tenía derecho para intervenir y en que los sueldos de los emplea-dos públicos no pueden ser embargados, resolución que mo-tiva esta apelación interpuesta por la parte a quien perju-dica.

Cuatro son los motivos alegados por el apelante para que revoquemos esa resolución pero pueden concretarse en los dos siguientes: que la corte inferior no debió permitir la intervención del Auditor Interino de Puerto Eico decla-rando que tenía interés para intervenir y permitirla des-pués de dictada sentencia: que no debió resolver si el sueldo de los empleados públicos puede ser embargado o nó, con-fundiendo el derecho a ser oído con el de una resolución favorable.

Alega el apelante en apoyo del primer motivo que el artículo 72 del Código de Enjuiciamiento Civil sólo permite intervenir en los pleitos antes de la celebración del juicio a las personas que tuvieren interés en el asunto en litigio, en el éxito de cualquiera de las partes o algún derecho en contra de ambas y que como el Auditor Interino de Puerto Eico no se Ralla en ninguna de esas condiciones y como el pleito está terminado entre las partes por sentencia no debió per-mitirse esa intervención.

Es cierto que el Auditor de Puerto Rico no tiene inte-rés material en el pleito en el sentido de que no le afecta la cuestión de si el demandado debe o nó la cantidad que se le reclama por lo que no Rizo alegación alguna en ese res-pecto en su solicitud para que se le permitiera intervenir y que el pleito Ra terminado por sentencia contra el deman-dado por lo que claramente la intervención solicitada no puede fundarse en el precepto legal citado, pero como el Auditor fué notificado para que descontase una cuarta parte del sueldo del demandado como empleado público y la remi-tiera cada mes a la Secretaría de la corte municipal, si él no tiene obligación legal de Racer tales deducciones tenía derecRo a ser relevado de la obligación que se le impuso y por esto podía solicitar de la corte que lo librase de ella. Por esto su solicitud aunque llamada de intervención no es la que autoriza el artículo 72 citado sino sencillamente una petición de que se le relevara de la obligación impuesta y por esto no tenía que reunir los requisitos exigidos para aquélla por lo que la corte inferior no cometió error al de-clarar que el Auditor Interino de Puerto Rico pudo interve-nir en ese pleito en la corte municipal en la forma especial en que lo Rizo.

La segunda cuestión propuesta por el apelante la funda en que en los autos de certiorari sólo pueden revisarse cuestiones de procedimiento o de jurisdicción, - por lo que la corte inferior no podía resolver en el certiorari que se le presentó si los sueldos de los empleados públicos son embargables o nó. Sin embargo, como el Auditor Interino alega que no está obligado a deducir una parte del sueldo del demandado para entregarlo al secretario de la corte municipal porque no existe ley que autorice expresamente el embargo de los sueldos de los empleados públicos, tal cuestión envuelve la de jurisdicción de la corte para decre-tar el embargo del sueldo del demandado y para ordenar al Auditor que deduzca una parte de ese sueldo por lo que no cometió error la corte inferior al tratar y decidir esa cues-tión en el certiorari que motiva esta apelación.

A pesar de que el apelante no alega que sea errónea la decisión de la corte inferior al declarar que los sueldos de los empleados públicos no pueden ser embargados, quizás porque él ba sostenido ante nosotros que esa cuestión no debió ser resuelta en ningún sentido en el recurso de certiorari, la parte apelada nos pide que la resolvamos por el interés público que tiene el asunto en vista del crecido número de embargos que bay pendientes de que esa cuestión sea decidida definitivamente. No nos creemos autorizados para resolver esa cuestión no planteada por el apelante pues esto equivaldría a decidirla sin oirlo.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Audrey, JUEZ ASOCIADO SR. WOLE.

text:
    Clemente J. Rodríguez Carlo, demandante y apelante, v. Jacinto García Ramírez y Pedro Nieves, Auditor y Tesorero Municipal de Guánica, Respectivamente, y Juan B. Huyke, Comisionado de Instrucción de Puerto Rico, demandados y apelados.
    No. 3595.

    Visto: Abril 29, 1925.

      Resuelto: Abril 28, 1926.
    1. Mandamus — Materias y Objeto del Remedio — Actos o Procedimientos db Funcionarios Públicos, Juntas y Municipios — Deber Requerido que es Discrecional. — La disposición contenida en el artículo 17 de la Ley Orgá-nica referente a que todo desembolso propuesto por instrucción pública en la Isla deberá ser aprobado por el Comisionado de Instrucción Pública im-pone a éste un deber discrecional y no ministerial.
    2. Mandamus — Naturaleza y -Fundamentos del Remedio — Naturaleza del Acto Requerido. — El mandamus no procede para obligar el cumplimiento de un deber que es discrecional y no ministerial.
    SentenCia de Rafael Díaz Gintrón, J. (Ponce), declarando sin lugar solicitud de mandamus, sin costas.

      Confirmada.

      Francisco Parra Capó y Leopoldo Tormos, abogados del apelante; Don. D. P. Coats, y C. Llauger Díaz, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante don Clemente J. Rodríguez Cario solicitó de la corte inferior que librara un auto de mandamus contra don Jacinto G-arcía Ramírez, como contador del municipio de Guánica, contra don Pedro Nieves, como tesorero de dicho municipio, y contra don Juan B. Huyke, como Comisio-nado de Instrucción de Puerto Rico, para que se ordene a los dos primeros extiendan un cheque por $1,533.33 a favor del peticionario y para que el último lo apruebe, alegando que esa cantidad está acordada pagar al peticionario por la Asamblea Municipal de Guánica y figura en el presupuesto con cargo a instrucción pública por sueldos que no le fueron pagados como comisionado municipal de instrucción de Guá-nica.

El contador y el tesorero municipal se allanaron a la petición pero habiéndose opuesto a ella el Comisionado de Instrucción de Puerto Rico Sr. Huyke alegando como ex-cepción previa que los hechos expuestos en la petición de mandamus no justifican la expedición del auto porque, se-gún se expresó oralmente, el deber requerido del Comisio-nado de Instrucción de Puerto Rico es discrecional y no ministerial, la corte inferior res'olvió el asunto declarando sin lugar la expedición del auto de mandamus perentorio, fun-dada en que no era procedente por no ser ministerial sino discrecional la facultad concedida por la ley al Comisionado de Instrucción Pública de Puerto Rico al aprobar dicho gasto. T en el recurso de apelación que ha interpuesto el peticionario contra esa sentencia alega que es errónea por-que la facultad de aprobación concedida por la ley al Co-misionado de Instrucción de Puerto Rico es ministerial y no discrecional, por lo que debió ser dictada sentencia a favor del peticionario.

Dispone el artículo 17 de nuestra actual Ley Orgánica que el Comisionado de Instrucción de Puerto Rico dirigirá la instrucción pública en toda la Isla y que todo desembolso propuesto por cuenta de la misma deberá ser aprobado por él: y el artículo 44 de la Ley Municipal en uno de sus “dis-poniéndose” dice que el contador municipal no expedirá ningún libramiento a cuenta del presupuesto de instrucción pública sin que el desembolso hubiere sido aprobado previa-mente por el Comisionado de Instrucción de Puerto Pico según se dispone en la Ley Orgánica.

En vista de esas disposiciones toda la cuestión en este asunto versa sobre si la disposición que contiene la Ley Or-gánica referente a que todo desembolso propuesto por cuenta de instrucción pública en la Isla deberá ser aprobado por el Comisionado de Instrucción Pública le impone un deber ministerial o si tal deber es discrecional.

Los casos de San Millán v. Asamblea Municipal de Arecibo, 32 D.P.R. 279; Axtmayer v. Kessinger, 32 D.P.R. 915, y el de Buitrago v. Medina, resuelto por este tribunal el 25 de junio de 1924 (33 D.P.R. 433), que el apelante cita en apoyo de su recurso, nó nos dan luz alguna sobre la cues-tión a resolver en este asunto, p.ues el primero no tiene re-lación con la cuestión que ha de ser decidida en el caso presente, ya que ni remotamente fué tratada en él: en el segundo la cuestión resuelta por la mayoría del tribunal fué que teniendo la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico la facultad por la ley de nombrar a los profe-sores y de determinar la cuantía de sus sueldos era deber del Auditor de Puerto Rico el expedir los necesarios docu-mentos para que el pago se realizase, caso que tampoco tiene relación con el presente porque la sección 20 de la Ley Orgánica sólo confiere' facultad al Auditor para inter-venir y liquidar los gastos y fondqs o propiedades pertene-cientes al gobierno, habiendo recurso contra su decisión: y en el caso de Buitrago v. Medina tampoco fué tratada la cuestión fundamental de este recurso.

Puesto que el Comisionado de Instrucción Pública de Puerto Rico tiene impuesta por la ley la obligación de diri-gir la instrucción en la Isla, correlativamente le ha sido concedida la facultad de aprobar los desembolsos que se ori-ginen en la instrucción pública, facultad que necesariamente lia de ser discrecional porque si no fuera así entonces no sería él quien dirigiera la instrucción sino las personas que le sometieran los gastos para su aprobación. La facultad de aprobar envuelve el uso de discreción, y así lia sido re-suelto en el caso de State v. Smith, 24 Montana 44, 57 Pac. 449 (1899), en el que se dijo: “La expresión ‘estará su-jeto a la ‘aprobación’ significa que puede haber una desa-probación. La palabra ‘aprobar’ significa ‘resolver bien,’ ‘pensar o resolver bien una cosa.’ ” La facultad de apro-bar envuelve la idea de discreción y de resolución,, según se dice en Cosme v. Colusa County, 58 Cal. 274.

Siendo, pues, discrecional la facultad concedida al Comi-sionado de Instrucción Pública para aprobar los gastos que por ese concepto se le sometan, no cometió la corte inferior el error alegado por el apelante por no haber dictado sen-tencia a su favor, ya que el auto de 'mandamus no es proce-dente para obligar al cumplimiento de un deber que es dis-crecional y no ministerial. De todos modos, el peticionario no está sin remedio porque existiendo sentencia que condena al municipio a pagar al peticionario los sueldos que devengó como comisionado de instrucción del municipio durante el tiempo que la asamblea municipal lo separó ilegalmente de su cargo, el municipio es el qué debe pagarle esas cantida-des de sus fondos generales y no de los especiales de ins-trucción pública, que para nada intervino en esa separación ilegal.

La sentencia apelada dehe ser confirmada.

Los Jueces Asociados señores Wolf y Franco Soto disintieron.

OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SR. WOLE.

Hubo poca o ninguna cuestión en cuanto a que la canti-dad que se trató de obtener, le era debida al peticionario. La facultad del Contador para revisaf cuentas es, si es algo, mayor que la del Comisionado de Instrucción. Si en Axtmayer v. Kessinger, 32 D.P.R. 915, el peticionario tenía un remedio y el deber del demandado era ministerial, el mismo derecho sino mayor existía aquí y la obligación era del mismo modo ministerial. Aunque en él caso de Kes-singer yo hube de disentir, fué sólo por el fundamento de que el peticionario allí no había agotado sus remedios ad-ministrativos apelando al Gobernador.


author: El Juez Asociado Señor Aldret,

text:
    Sucesión de Eduardo Rijos, recurrente, v. El Registrador de San Juan, Sección 1a, recurrido.
    No. 634.

    Sometido: Abril 5, 1926.

      Resuelto: Abril 28, 1926.
    1. Co-wunidad de Bienes — Gravámenes Sobre la Oosa Común — Su Liberación por Uno de los Condueños o Partícipes — Efecto.—El hecho de que un; condueño de finca la libere de un gravamen — hipoteca—que tenía por haber reconocido esa deuda en una finca de su propiedad no crea en él un derecho1 de condominio por el importe de dicho gravamen que deba considerarse com® inscrito a su favor.
    2. Comunidad de Bienes — Gravámenes Sobre la Cosa Común — Su Liberación por Unos de los Condueños o Partícipes — Derechos de Estos. — Un con-dueño de finca que la libera de un gravamen no tiene más derecho que el que le reconoce el artículo 1126 de! Código Civil.
    Nota de De Jesús, R. (San Juan), denegando inscripción de una es-critura de testamento en cuanto a cierto condominio.

      Revocada.

      Enrique Díaz Viera, abogado de la recurrente; el registrador com-pareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Aldret,

emitió la opinión del tribunal.

La casa No. 21 de la calle de San José en esta ciudad de San Juan fué inscrita por primera vez en el registro de la propiedad el año 1889 a favor de seis hermanos de ape-llido Folgueras Rijos como herederos de Da. Mariana Rijos Correa en cuanto a ciertas participaciones en el valor de 9,051 pesos 75 centavos que manifestaron tener la casa, -que estaba gravada con un censo por 7,760 pesos macuquinos, todo lo que resultaba de un expediente posesorio que trami-taron y fué aprobado judicialmente. Esa inscripción fué rectificada el año Í890 por la inscripción segunda de la finca hecha como consecuencia de otro expediente posesorio que dichos hermanos Folgueras Rijos y otras personas como herederos de Dn. Juan Rijos Correa tramitaron y en el que manifestaron estar poseyendo todos ellos condominios indi-visos en la expresada casa ascendentes en total a 1,281 pesos 75 centavos en el valor de 9,051 pesos 75 centavos que tenía la finca, practicándose la inscripción en cuanto a dichos condominios. En 1908 y por la inscripción undécima fué trasladado al registro de la propiedad un asiento obrante en el registro antiguo según el cual la finca estaba afecta a una hipoteca para garantizar un censo que por 7,760 pesos macuquinos constituyó Don Juan Rijos Teduche en el año 1835; inscripción que tiene nota marginal de haber sido cancelado ese gravamen por la inscripción vigésima practi-cada en el año 1921.

En 1926, noventa años después de la muerte de Dn. Juan Rijos Teduche, fué presentado su testamento en el registro por la sucesión de Dn. Eduardo Rijos para ser inscrita la casa a favor de sus siete hijos legítimos habidos en su matrimonio con Da. Rafaela Nicolasa Correa a quie-nes instituyó por herederos según su cláusula 25% apare-ciendo de la 8* que la casa a que venimos refiriéndonos era uno de sus bienes. Con el testamento se acompañó escrito solicitando del registrador que inscribiera a favor- de dichos siete herederos testamentarios el 85 por ciento con 88 centésimas del valor de 9,051 pesos 75 centavos que no está inscrito a favor de Dn. Francisco López Sánchez y de Da. Eustaquia Rijos Lara a cuyo favor están-inscritos los con-dominios a que se refiere la inscripción segunda, pero el registrador negó lo que se le pedía por los motivos que cons-tan de la nota puesta al pie del testamento, la que dice así:

“Denegada la inscripción de este documento con vista de otros, en cuanto al condominio que se solicita, por las razones siguientes: l9, Que un condominio total de la finca se halla inscrito actualmente a favor de D. Francisco López Sánchez y Doña Eustaquia Rijos Lara, o sea el que ascendente a la suma de $1,281.75 pesos, se inscri-bió originariamente a favor de varios condueños en la inscripción 2^ de la misma. 29, Que la finca total reportaba según el Registro y los títulos un gravamen ascendente a 7,760 pesos, el cual, habién-dose levantado por el condueño López Sánchez a su costa según la inscripción 20?, mediante traslado que de él hizo a otro inmueble de su propiedad, ha originado a favor de ese condueño y de la otra— Eustaquia Rijos Lara — un derecho más de condominio, libre, equiva-lente en esa finca a la ascendencia del indicado gravamen, pues se desprende del Registro que los traspasos e inscripciones originarias, y los posteriores se referían a la totalidad del inmueble, si bien ha-bía sido rebajado su valor de $9,051.75 pesos, 'a $1,281.75, por dedu-cir el- importe de la carga. 39, Que debiéndose considerar el condo-minio que constituye la diferencia entre ambos valores, cuya inscrip-ción se pide ahora, como correspondiente e inscrito a nombre de personas distintas del causante Don Juan Rijos Teduche, no procede la inscripción de ese derecho a favor de sus herederos — art. 20 Ley Hipot. Y en su lugar se ha tomado anotación preventiva por el término legal.”

Contra esa negativa se interpuso este recurso guberna-tivo.

En vista de las constancias del registro la cuestión a de-cidir de si por haber liberado el condueño Dn. Francisco López Sánchez la expresada casa del gravamen que sobre ella pesaba por haberlo trasladado a otra finca de su pro-piedad se ha originado a su favor, y también de la otra condueña Da. Eustaquia Rijos Lara, como expone el regis-trador, un derecho más de condominio libre equivalente al importe de dicho gravamen por desprenderse del registro que las inscripciones hechas en él se refieren a la totalidad del inmueble y que debiéndose considerar el condominio que constituye la diferencia entre los 1,281 pesos 75 centavos y los 9,051 pesos 75 centavos como inscrito a nombre de per-sonas distintas a Dn. Juan Rijos Teduche no procede la ins-cripción a favor de sus herederos, o si, como sostienen los recurrentes no tiene Dn. Francisco López Sánchez condo-minio alguno sobre esa diferencia y que por tanto puede ser inscrita a favor de dichos herederos.

Claramente se ve que Dn. Francisco López Sánchez y Da. Eustaquia Rijos Lara solamente tienen inscritos en el registro condominios por 1,281 pesos 75 centavos en el valor de 9,051 pesos 75 centavos, que son los que inscribieron los herederos a cuyo favor se hizo la inscripción segunda, y que la diferencia de 7,770 pesos no fue inscrita entonces ni después a favor de persona alguna, quizás porque fue deducida por el gravamen que tenía la casa, sin que en vista de las claras constancias del registro podamos concluir que los primitivos condueños que inscribieron y los posteriores tuvieron inscrito a su favor todo el valor de la finca ni que por haber librado el condueño López Sánchez a la casa de la hipoteca que tenía por haber reconocido esa deuda en una finca de su propiedad se creó en él un derecho de condominio que debe considerarse como inscrito a su favor, pues lo que tiene por esa liberación es el derecho que le reconoce el artículo 1126 del Código Civil de reclamar de los demás condueños la cantidad proporcional que les corresponda en la obligación pagada por él.

Por consiguiente, no estando inscrita a favor de persona alguna la cantidad de 7,770 pesos en el valor de 9,051 pesos 75 centavos debió ser inscrito en cuanto a esa cantidad la finca a favor de los herederos testamentarios de Dn. Juan Rijos Teduche.

La nota recurrida debe ser revocada y ordenarse la ins-cripción solicitada por los recurrentes.


author: El Juez Asociado Señor Fb.aNco Soto,

text:
    Julio Rojo Fabián, recurrente, v. El Registrador de Guayama, recurrido.
    No. 636.

    Sometido: Abril 8, 1926.

      Resuelto: Abril 29, 1926.
    1. Hipotecas — Registro e Inscripción — Hipotecas Inscribibles — Su Inscrip-ción Después de Fallecido el Hipotecante — Heredero que ha Adquirido e Inscrito Participaciones en el Inmueble Hipotecado — Tercero.—Un adquirente a título oneroso de participaciones en inmuebles hipotecados por su causante no es tercero dentro de la Ley Hipotecaria.
    2. Hipotecas — Registro e Inscripción — Hipotecas Inscribibles — Su Tnscrip-ción Después de Fallecido el Hipotecante — Heredero que ha Adquirido e Inscrito Participaciones en el Inmueble Hipotecado — En General.— Inscrita una finca a favor do unos herederos asi como la venta de partieioa-eiones de algunos de éstos a favor de otro eo-heredero, la hipoteca consti-tuida sobre dicha finca por el causante de aquellos, que se presente a ins-cripción después de verificadas dielias inscripciones, es inscribible.
    3. Hipotecas — Registro e Inscripción — Hipotecas Inscribibles — Inscripción Después de Fallecido el Hipotecante — Heredero que ha Adquirido e Inscrito Participaciones en el Inmueble Hipotecado — Adquisición Du-rante el Matrimonio y Efecto. — Compradas por un co-heredero, durante su matrimonio, participaciones que otros herederos tenían en finca que, hipo-tecada por su causante, no se solicitó la inscripción de la hipoteca hasta después de inscrita la finca a favor de los herederos así como la venta de las participaciones mencionadas, la sociedad legal de gananciales constituida por el adquirente de dichas participaciones no es una entidad distinta al Hipotecante a los efectos de impedir la inscripción de la hipoteca sobre la totalidad de la finca mencionada.
    Nota de Pérez Mercado, R. (Guayama), denegando inscripción de una hipoteca en cuanto a ciertas participaciones.

      Revocada.

      Francisco Navarro Ortiz, abogado del recurrente; el registrador compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Fb.aNco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública otorgada en diciembre 27, 1921, Baltasar de Jesús Colón constituyó hipoteca voluntaria por $2,500, gravando dos fincas de sn propiedad, a favor de Julio Rojo Fabián. La escritura fue presentada al registro de la propiedad para sn inscripción después de baber falle-cido el hipotecante y de haberse inscrito dichas fincas pro-indiviso a favor de los herederos y de la venta de las parti-cipaciones de dos herederos al coheredero Aguedo de Jesús Ortiz.

El registrador negó la inscripción de la hipoteca en cnanto a esas dos participaciones, mediante los motivos que hace constar en sn nota, diciendo:

. . . Denegada la inscripción del propio documento y en lo que respecta a los dos condominios o participaciones indeterminadas que en dichas fincas posee don Aguedo de Jesús y Ortiz, que hubo por compra a sus hermanos doña Benita de Jesús Ortiz y don Francisco de Jesús y Berrios estando casado aquél con doña Serafina Ló-pez, por considerarse como tercero dicha sociedad de gananciales. y persona distinta del deudor hipotecario don Baltasar de Jesús Co-lón, de acuerdo con los arts. 17 y 27 de la Ley Hipotecaria.”

El caso de Roig v. El Registrador, 17 D.P.R. 954, interpreta el artículo 17 de la Ley Hipotecaria y declara que el heredero como continuador de la persona del causante, no es tercero. Luego siguen fundados en este caso los de Lopes v. El Registrador, 29 D.P.R. 1; Saldaña v. El Registrador, 23 D.P.R. 471, y Fajardo Sugar Growers’ Association v. El Registrador, 25 D.P.R. 317, sancionando igual doctrina.

El registrador analizando la jurisprudencia de esta Corte Suprema, se expresa así:

“En el caso de Roig vs. Reg. citado, que es, según nuestra me-jor información, el leading case de nuestra jurisprudencia por ser el primero resuelto en lo que a esta doctrina se refiere, se dijo tex-tualmente lo que sigue:
“ ‘y el haber inscrito su dominio por título de herencia no es obs-táculo para que una enajenación o un gravamen de fecha anterior a su inscripción, otorgado por su causante, pueda ser inscrito aun-que se presente después de la inscripción dél heredero) porque no pudiendo su causante oponerse a la inscripción, tampoco pueden ha-cerlo sus herederos, ya que siendo sus representantes, tienen la misma obligación que él tenía de consentir la inscripción.’
“Del transcrito párrafo se desprende con toda claridad que el título de herencia es lo que da margen y abre paso a la inscripción. Una vez que no existe título de herencia, la cuestión es distinta y no puede aplicarse la misma, doctrina, aun cuando la persona ad-quirente siga siendo heredero por otros conceptos, o en otras pala-bras y con relación, a los bienes, aun cuando subsista en él la condi-ción, pero no el título de heredero.
“Por las anteriores razones el Registrador limitó' la denegación a los condominios adquiridos por título de compra, e inscribió la hi-poteca en cuanto al adquirido por título de herencia.”

La tesis, que como nueva parece plantear el registrador, podíamos resumirla con estas palabras: que la condición de heredero desaparece en lo que respecta a bienes que ad-quiere a título oneroso, aunque procedan del causante,-- que-dando el heredero no como tal, sino como tercero bajo la protección de los artícnlos 17, 27 y 34 de la Ley Hipotecaria.

Tenemos qne convenir qne la cnestión suscitada no se presenta bajo el mismo aspecto qne lo fné en los casos re-sueltos por esta Corte Suprema, pues si- bien el heredero Agnedo de Jesús Ortiz tiene una participación en las fincas hipotecadas a título de herencia, las dos participaciones ob-jeto de este recurso las hubo por compra a otros coherede-ros. Aun así la situación, su efecto es aparente, sin cam-biar el resultado. El artículo 34 es un precepto que por su carácter de excepción a la regla que establece el artículo 33, su fuerza y vigor descansa en la buena fe y por esa razón aun cuando no resultan del registro las causas o signos apa-rentes que puedan afectar al adquirente de un inmueble, si aparecen por otro lado las circunstancias especiales o he-chos demostrativos de tales causas, defectos o cargas del inmueble, la teoría de inocencia para ser tercero cae por su base. Y éste es el recto sentido que repetidamente se le ha dado por la jurisprudencia al artículo 34. El Tribunal Supremo de España, en sus sentencias de septiembre 29, 1897, y de diciembre 31 1897, interpretando el mismo precepto, dice como sigue:

"Si bien el sentido y espíritu del art. 34 de la Ley Hipotecaria no es tan absoluto, que autorice, según repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo, para considerar como tercero a quien adquiere un inmueble a sabiendas de las cargas que sobre él pesan, aun cuando del Registro no aparezcan, porque en este supuesto falta el funda-mento y razón de la ley, para que a este conocimiento se le pueda atribuir dicha trascendencia legal sin desvirtuar el precepto termi-nante de la Ley Hipotecaria, es preciso que se revele en actos pro-pios del adquirente o en hechos cuya significación no pueda desco-nocerse, demostrativos de su asentimiento. (Sent, de 29 de 'Septiem-bre 1897.)
"Por regla general del art. 27 de la Ley Hipotecaria, es tercero quien no ha intervenido en el acto o contrato inscrito, y si bien la inscripción no convalida, según el 33, los actos o contratos nulos con arreglo a las leyes, el 34 establece para seguridad de los que hubie-sen contratado de buena fe a título oneroso, bajo la garantía del Registro de la Propiedad, y sin que por signos aparentes o por cir-cunstancias especiales tuviesen la certeza contraria que sus contra-tos no se invalidarán, aunque por título anterior no inscrito o por causas que no consten claramente en el Registro, se anule o resuelva el derecho del que lo transmitió. (Sent, de 9 de Diciembre 1897.)” Odriozola, Diccionario de Jurisprudencia Hipotecaria, págs. 642, 643.

Aguedo de Jesús Ortiz, a pesar de ser un adquirente por título oneroso de las dos participaciones en los inmuebles hipotecados por su causante, él no podía separar de su per-sonalidad su cualidad de heredero y sustraerse a la ficción legal que le encadena a dicho causante como continuador de su persona y cuya circunstancia en sí es significativa de su conocimiento de las cargas impuestas a los inmuebles per-tenecientes a la herencia.

El caso que imaginan G-alindo y Escosura en sus comen-tarios al artículo 27 de la Ley Hipotecaria definiendo lo que se entiende por tercero y en que se apoya el registrador, en nada le es favorable. Se supone un heredero que acepta la herencia a beneficio de inventario, y que incluido en éste la finca, se le adjudica y paga las deudas y después se pre-senta un comprador que no inscribió a su tiempo la finca, y sostienen que el comprador se hallaría, contra el here-dero adjudicatario, en el mismo caso que si la finca se hu-biera adjudicado a otro acreedor, es decir, sin derecho contra él por no haber inscrito su compra. El ejemplo indica que las excepciones siempre confirman la regla general, y la buena fe, o la ausencia de todo fraude, es lo que sosten-dría el derecho del heredero en ese caso. Pero la ley ade-más es la que marca la diferencia cuando un heredero acepta pura y simplemente una herencia o lo hace a benefi-cio de inventario. Los efectos són distintos. Manresa a este respecto dice lo siguiente:

“La aceptación propiamente dicha es en la ley la aceptación pura, que viene a confundir la personalidad jurídica del sucesor con la del causante. Existe, ademas, una aceptación especial, lia-mada a beneficio de inventario, por la que el heredero demuestra su voluntad, pero con ciertas restricciones que impiden esa confu-sión de personalidades y esa sucesión en todas las obligaciones del causante, mediante la separación de patrimonios. El heredero en tal caso conserva su independiente personalidad, vi de las cargas de la herencia responden solamente los bienes y derechos que el cau-sante dejó a su fallecimiento.1 ’ Manresa, tomo 7, pág. 311.

Y nada se desprende del récord de este recurso ni se alega por el registrador que el heredero Aguedo de Jesús Ortiz haya aceptado la herencia a beneficio de inventario.

Queda un punto todavía que el registrador considera decisivo y que se refiere a que Aguedo de Jesús Ortiz adquirió los dos condominios siendo casado, y por tanto que dichos condominios pertenecen a la sociedad de gananciales, entidad distinta al hipotecante.

Cualquiera que sea la naturaleza del matrimonio como sociedad, el marido designado por la Ley como administra-dor de la misma (art. 1327 del Código Civil) actúa como agente de la misma y el conocimiento del agente es el cono-cimiento de la sociedad en virtud de la regla respondeat superior. Además, el marido como tal administrador de la sociedad de gananciales en relación con terceros es la so-ciedad misma y no hay tal distinción.

Por todo lo expuesto debe revocarse la nota y ordenarse la inscripción solicitada.


author: El Juez Asociado Señor Franco Soto,

text:
    Cipriano Manrique Gil, demandante y apelado, v. Carlos Aguayo Martí, como único sucesor de Aguayo Hermanos y Co., S. en C., y Augusto y Constant Goppinet, demandados y apelantes.
    Nos. 3749 y 3863.

    Vistos: Marzo 18, 1926.

      Resueltos: Abril 29, 1926.
    1. Embargos — Eliminación, Anulación, Disolución y Abandono — Personas con Derecho a Solicitarla. — Obligado uno por sentencia a devolver deter-minada suma a otra para ser entregada por ésta a su vez a un tercero, y demandados éstos por aquél se obtiene orden do embargo disponiendo que el primero de éstos se abstenga de ejecutar dicha sentencia, el eausahabiente del tercero mencionado tiene derecho a pedir la nulidad de aquella parte de la orden de embargo que suspende la ejecución de la referida sentencia.
    2. Prelación de Oréditos — Acción—Naturaleza de la Acción. — La demanda sobre prelación de créditos es una acción sobre cobro de dinero.
    3. Aseguramiento de Sentencia — Adopción de Medidas no Provistas por el Estatuto — Discreción Judicial — Requisitos para Poder Ejercitar la Discreción. — Para acudir a lo establecido en la letra (%) de la sección 2 de la Ley de marzo 1, 1902 (Oomp. 5234) deben aparecer las circunstancias que puedan servir de base a la corte para ejercitar su discreción y adoptar las medidas procedentes para asegurar la efectividad de las sentencias.
    Resolución de Pablo Porga y Gabriel Castejón, J. (Humacao), de-clarando sin lugar, respectivamente, moción sobre nulidad de or-den de aseguramiento de sentencia, y moción sobre nulidad de prohibición previamente decretada.

      Revocadas.

      Leopoldo Feliú y Henry G. Molina, abogados de los apelantes; Gon-zález Fagundo & González, Jr., abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Cipriano Manrique Gil interpuso demanda sobre prela-ción de créditos contra los demandados Carlos Aguayo Martí, como sucesor de la mercantil Aguayo Hermanos & Co., S. en C., y Augusto y Constant Goffinet, reclamando el pago preferente de la suma de $7,262.60; y para asegurar la efec-tividad de la sentencia, a moción del demandante, la corte inferior dictó una orden de embargo en julio 29, 1925, dis-poniendo el embargo de bienes de los demandados Goffinet en cantidad suficiente a cubrir la suma reclamada y costas, y disponiéndose además que dichos demandados Goffinet se abstuvieran de ejecutar la sentencia que obligaba a Manri-que devolver a los demandados Goffinet la suma de $788.49 para entregar a Aguayo Hermanos & Co., S. en C. (34 D. P.R. 507), basta tanto se resuelva en definitiva la nueva de-manda sobre prelación.

El demandado Carlos Aguayo Martí, como tal sucesor de Aguayo Hermanos & Co., S. en C., pidió la nulidad de aquella parte de la orden de embargo que suspendía la eje-cición de la sentencia, alegando que la corte inferior actuó sin jurisdicción ni facultad para hacerlo.

La corte inferior desestimó la moción del apelante por-que “la orden de aseguramiento de sentencia no alcanza a dicho demandado, pues no se ha decretado el embargo de sus bienes, y si bien los $788.49 son para él como sucesor de Aguayo Hermanos & Co., S. en C., la sentencia ordena que se devuelva a Augusto y Constant G-offinet, que son los de-mandantes en dicho pleito No. 8959, y a quienes se les im-pide, mediante fianza, que se abstengan de cobrarlos de Ci-priano Manrique.”

Si atendemos, sin embargo, que en el anterior pleito, 34 D.P.R. 507, el importe de la sentencia era para entregarlo en definitiva a Aguayo Hermanos & Co., S. en C., y que por esta razón Aguayo Martí fue incluido como demandado en la segunda acción en su carácter de único causahabiente de dicha mercantil, aparece evidente su derecho a intervenir en ese extremo, como parte realmente interesada, a quien podía afectar y afectaba la orden de embargo.

El apelante sostiene además que la corte inferior señalando como único motivo que el embargo no alcanzaba a Aguayo, evadió resolver el punto relativo a su falta de jurisdicción para dictar la orden de embargo en ese particular.

La ley para asegurar la efectividad de sentencias, apro-bada en marzo 1, 1902, dispone en la sección 2 las reglas a que deberá ajustarse el aseguramiento de sentencia. La so-licitud de embargo se funda en los apartados, letras (b) y (h), de dicha sección. El primero establece que “si la obli-gación fuere de pagar una suma de dinero, el aseguramiento consistirá en el embargo de bienes bastantes del deudor para responder de las sumas reclamadas;” y el segundo, que “en lo no previsto en las reglas precedentes,.el tribunal dis-crecional y equitativamente adoptará las medidas proceden-tes para asegurar la efectividad de la sentencia.”

La demanda sobre prelación de créditos es una acción en cobro de dinero y el embargo fué decretado embargándose bienes bastantes de los demandados Augusto y Constant G-offinet para cubrir la suma reclamada y costas. No vemos, sin embargo, nada que no estuviera previsto por la letra (b) si la obligación en definitiva es la de pagar una suma de dinero. Para acudir a Ío establecido en la letra (Ti) deben aparecer las circunstancias que puedan servir de base a la corte para ejercitar su discreción y adoptar las medidas procedentes para asegurar la efectividad de la sen-tencia. No se alega en la solicitud para asegurar la senten-cia, que se trata de un caso imprevisto o las circunstancias que impidan al demandante para lracer efectivo su embargo en los $788.49 al tiempo de ejecutarse la sentencia que con-dena al demandante a devolver dicha cantidad a los deman-dados Augusto y Constant Groffinet. El producto de la eje-cución quedaría sujeto a las resultancias del nuevo pleito y teniendo el apelado este remedio a su disposición, no vemos que pueda sostener que su demanda en ese particular resul-taría puramente académica si se dejase sin efecto la prohi-bición impuesta a los demandados de abstenerse de cobrar el importe de la sentencia. El efecto más bien sería privar al demandado Aguayo del derecho que tiene todo deman-dado de afianzar el embargo, si así lo deseare, conforme dis-pone la sección 15 de la ley sobre efectividad de sentencias, que dice:

“See. 15. — El pago, consignación o afianzamiento de las sumas reclamadas al demandado, suspenderá el embargo decretado para se-guridad de dichas sumas, o dejará sin efecto el embargo ya practi-cado.”

El apelado alude además al caso de Goffinet v. Polanco, 30 D.P.R. 826, pero este caso se distingue porque en él. se expresaron todas las circunstancias concurrentes, y tomán-dolas en consideración se resolvió que la medida del injunction solicitado para suspender la ejecución de la sentencia en dicho caso particular no era la procedente, por existir el remedio adecuado en la ley sobre efectividad de sentencias, aprobada en marzo 1, 1902.

Independientemente de la petición de Carlos Aguayo Martí, los demandados Augusto y Constant Goffinet también solicitaron la nulidad de la orden de embargo en el mismo ex-tremo que se lia discutido. Su petición fué denegada y ellos apelaron.

Es innecesario, sin embargo, en vista de las conclusiones a que antes liemos llegado, que nos detengamos a considerar los méritos de esta otra apelación, pues la cuestión fundamental suscitada es la misma.

Por todo lo expuesto deben revocarse las resoluciones dictadas por la Corte de Distrito de Eumacao en agosto 20, 1925, y febrero 10, 1926, respectivamente, y anularse la se-gunda parte de la orden de embargo dictada por la referida corte en julio 29, 1925, que dispone que los demandados Augusto y Constant Goffinet se abstengan de ejecutar la sentencia dictada en el caso de Goffinet v. Manrique, 34 D.P.R. 507.