author: El Juez Asociado Sn. Wole,

text:
    Bertrán Carrasquillo, Demandante y Apelante, v. Alcaraz et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de ITumaeao en pleito sobre rescisión de contrato e indemnización de daños y perjuicios.
    No. 1798.
    Resuelto en julio 23, 1918.
    Rescisión de Contrato — Fraude o Dolo. — En el presente caso se sostiene por el demandante que la cosa objeto del contrato, tal como en el mismo se describe, no era lo que los demandados iban a traspasarle y fundándose en tales hechos solicita la rescisión del contrato. Considerado debidamente el caso, se resolvió: Que aún cuando quizás existe alguna prueba de la que pueda sacarse la inferencia de que los demandados sabían que el demandante-creía que compraba la totalidad de la casa, sin embargo, no puede deducirse de ello nada que equivalga a fraude o dolo por parte de los demandados, ya que las partes trataron siempre de la misma propiedad descrita y la cosa dada en venta era el pedazo especial de terreno en el.cual no se incluye la por-ción adicional que alega el demandante quien, además, tuvo la oportunidad da comprobar su extensión.
    Los lie dios están expresados en la opinión.
    Abogado del demandante: Sr. Francisco González.

    Abogado de los demandados: Sr. José de Gusmán Beni-tez.

   El Juez Asociado Sn. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso la decisión de la corte inferior reza como sigue:
“decisión.
“El demandante en la presente acción, estableció ante esta corte, una demanda sobre rescisión de contrato e indemnización de daños y perjuicios, con el propósito de que se declare rescindido cierto con-venio que con los demandados llevara a cabo.
“En la demanda se alega sustancialmente que, los demandados allá para el año de 1914, vendieron a Narciso Bassó y Oasañas, con pacto de retro, y por la suma de un mil quinientos dólares, una finca que se describe;' que quedó consumada la venta por no haberse redimido por los demandados a su debido tiempo la finca retroven-dida, si bien a pesar de la consumación de la venta, el mencionado Bassó convino con los demandados traspasar nuevamente el inmueble si pagaban la cantidad ameritada; que allá por el mes de noviembre de mil novecientos diez y seis, el demandante en el presente caso, ce-lebró con los demandados un contrato de compraventa de la finca a que se refiere la demanda, por el precio de cuatro mil trescientos dólares, pagaderos en la forma siguiente: dos mil quinientos dólares en un pagaré a favor de don Blas Maldonado, valor al treinta de diciembre de mil novecientos diez y seis; ochocientos dólares en un automóvil marca Hudson; y, mil dólares que el demandante debía satisfacer a Narciso Bassó en el acto de firmarse la escritura; que los demandados ordenaron al señor Bassó que traspasara la finca al de-mandante Wifredo Bertrán, y a ese fin Blas Maldonado, uno de los demandados, fué con el título donde el notario don Víctor Burset para el otorgamiento de la escritura, la cual fué redactada, y el de-mandante entregó él pagaré y el automóvil al señor Maldonado, que-dando pendiente el pago de los mil dólares al señor Bassó, para el momento de firmar la escritura. Alega asimismo el demandante: que compró la finca objeto de la demanda para venderla a Elpidio Agrait, obteniendo como beneficio la suma de quinientos dollars; que no pudo realizarse la venta al mencionado Agrait, porque rectificadas las medidas del solar y de la casa descritos en la demanda, encontró que parte de dicha casa ocupa una extensión como de diez metros cua-drados de un solar inmediato propiedad de los demandados, negán-dose con tal motivo el señor Agrait a adquirir el inmueble en tales condiciones.
“Los demandados por su parte, contestaron la demanda acep-tando algunos hechos de ella, negando otros, y estableciendo ciertas defensas. Así las cosas se celebró el juicio correspondiente, en el curso del cual ambas partes presentaron evidencia documental y de testigos en apoyo de sus respectivos puntos de vista; quedó el caso sometido por medio de alegatos escritos, y la corte reservó, resolución que dicta hoy después de un detenido estudio del caso.
“Resulta probado, que los demandados llevaron a cabo con el señor Bassó Casañas, la venta con pacto de retro a que se refiere la alegación tercera de la demanda, y la consumación de dicha venta por no haberse redimido el inmueble a su debido tiempo. Se ha probado asimismo, la celebración del contrato de compraventa de la finca objeto de la demanda por el demandante a los demandados, en las condiciones alegadas en el hecho quinto; y aparece también, que era el propósito del demandante al adquirir la finca en litigio, ven-derla a don Elpidio Agrait, a fin de obtener el beneficio de quinien-tos dólares, no pudiendo realizarse tal venta, porque Agrait se enteró de que la casa enclavada en el solar vendido, ocupa parte de un solar contiguo. Los demandados desde el otorgamiento de la escritura de venta con pacto de retro a don Narciso Bassó, quedaron en posesión del inmueble en concepto de arrendatarios del mismo pagando el canon de quince dólares mensuales.
• “De acuerdo con tales hechos establecidos por la prueba, no cree-mos estar en presencia de un contrato que deba ser rescindido a op-ción del demandante.
“El precepto legal en que la parte actora parece fundar su caso, está contenido en las disposiciones del artículo 1091 del Código Civil Revisado, que declara implícita la facultad de resolver las obligacio-nes de carácter recíproco cuando uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbiere. Y siendo ello así, precisa determinar cuáles eran las obligaciones de los demandados para con el demandante en relación con el contrato entre ellos celebrado.
“Fué convenido que Maldonado agenciara la venta de Bassó a Bertrán de la casa y solar descrito en el párrafo tercero de la de-manda, y que el comprador Bertrán entregara en pago a Maldonado el automóvil y pagaré estipulados, y Bassó mil quinientos dólares en el acto d'e la escritura.
“Esto fué cumplido por Maldonado en todas sus partes. El contrato en lo que atañe a Maldonado, quedó consumado: por parte de Bertrán, con la entrega del pagaré y del automóvil; por parte de Maldonado, con el consentimiento del vendedor Bassó y del compra-dor Bertrán, basta el punto de haberse redactado la escritura por el notario Burset, y quedar como quedó sólo pendiente de que Bertrán la firmara. La casa objeto de la venta de Maldonado a Bertrán, o sea, la finca en cuestión, era la misma que Maldonado había antes vendido a Bassó. Bertrán tuvo oportunidad de conocer la escritura mediante la cual adquiriera Bassó el inmueble; y no existe el más leve indicio ni en las alegaciones, ni en la prueba, de que el convenio celebrado entre Bias Maldonado y Wifredo Bertrán, o en la venta estipulada entre Bassó y Bertrán, se estableciera como condición la venta de la finca por Bertrán a Elpidio Agrait.
“Es cierto que, hecha la mensura del solar objeto de este litigio, apareció un extremo de la casa en él enclavada, ocupando parte de otro solar contiguo propiedad de los demandados; pero es de tenerse en cuenta, que el contrato versaba principalmente sobré la venta del fundo, y que éste ocupa el perímetro comprendido dentro de las co-lindancias con que se describe en la escritura de Maldonado a Bassó y de Bassó a Bertrán.
“No vemos que haya incumplimiento alguno de contrato, y a buen seguro, que si Agrait hubiera comprado el inmueble, nada hubiera objetado Bertrán, siendo así que la negativa de Agrait constituye el único motivo de rescisión invocado por el demandante.”

El apelante alega haberse cometido un error, el cual en su análisis final equivale a esto, a saber, que la prueba de-muestra que Maldonado le ofreció al apelante la totalidad de una casa que lo que Maldonado y su esposa trataron de enajenar en favor del apelante fué una sola parcela de te-rreno, que no contenía la casa en su totalidad. El apelante insiste que la cosa objeto del contrato no fué enajenada o no era lo qne se le iba a traspasar al apelante. El Código Civil (en sns artículos 1364, 1365 y 1377) dispone claramente qne la cosa objeto- del contrato debe ser entregada. Abora bien, aun cuando quizás existe alguna prueba de la que pueda sacarse la inferencia de que Maldonado sabía que Bertrán creía que compraba la totalidad de la casa, sin embargo ni la corte inferior ni nosotros mismos podemos encontrar nada que equivalga a fraude o dolo por parte del citado Maído-nado. Las partes en sus deliberaciones, según lo creyó la corte inferior y lo creemos nosotros, trataban siempre de la propiedad descrita en la venta con pacto de retro a Bassó, el tío del apelante. Hablaron de ella como de una bipoteca. La cosa dada en venta era aquel pedazo especial de terreno. En realidad de verdad la descripción contenida en la de-manda misma de la finca vendida es la finca enajenada en favor de Bassó. Esta-descripción no incluye la porción adi-cional de la casa. La finca se describió por sus puntos y colindancias y el apelante tenía la oportunidad de compro-bar su extensión, como lo bizo su propuesto comprador Agrait. En verdad la tendencia de la prueba es demostrar que Bertrán, el apelante o alguna otra persona en interés suyo, llevó los documentos de la finca que babía de enaje-narse al notario Sr. Burset. A veces se aclara una situa-ción legal invirtiendo las partes. Aquí habría de imaginarse un contrato un poco diferente. Si Bertrán conociendo la condición exacta de la finca babía ofrecido comprar a Maldonado todo el terreno, pie por pie,' qne se babía hipotecado o enajenado en favor de su tío y habiendo comprado los Maldonado la casa en su totalidad, creyeron que lo vendían todo, ellos no podían obligar a Bertrán a recibir lo qne no fué claramente objeto de las negociaciones.

Es de confirmarse la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Wole,

license: Public Domain

text:
    Carlos Cid & Cía., Demandante y Apelada, v. Porto Rico Construction Co., Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en pleito sobre resolución de venta y daños y perjuicios.
    No. 1766.
    Resuelto en julio 23, 1918.
    Contrato — Garantía—Agente—Principal.—De los hechos de este caso aparece evidentemente que para evitar responsabilidad en virtud de la garantía co-rrespondía al demandado probar claramente que estaba actuando como agente y no como principal, pues según la evidencia parece improbable que los tér-minos de un contrato que omana de un fabricante, no fueran expuestos más clara y técnicamente.
    Id. —■ Id. — Cuando un contrato garantiza que una bomba levanta mieles ven-ciendo una presión de cuarenta pies, es de'resolverse que la palabra “presión” (head) que es equivalente a poder o fuerza, se refiere a mieles y no a agua que es la norma corriente, especialmente cuando el demandado conocía las necesidades del demandante y se proponía remediarlas.
    Los beclios -están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: £'r. J. R. Brown. '

    Abogado de la apelada: Sr. Francisco Soto Gras.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En esta apelación se ban alegado dos errores, fundados en lo siguiente: 1. Que la demandante no contrató con la demandada. 2. Que no bubo falta de cumplimiento de la garantía que alega la demandante.

El apelante admite que sustancialmente todos los tratos de la parte demandante lo fueron con la citada apelante, Porto Rico Construction Company, pero ésta sostiene que actuaba solamente como agente de la P. H. & F. M. Roots Co. Nos inclinamos a convenir con el apelado en que, dado el becbo de que la persona que trató con la demandante era agente y oficial de la demandada, le incumbía a ésta el probar de una manera clara que la citada compañía actuaba como agente y no como principal, pero la prueba tiende a demos-trar por sí misma, que la Porto Rico Construction Co., actuó en su propio interés y que ésta y no la Roots Co. fué la que vendió la bomba en controversia a la demandante. No puede haber dada alguna de que la demandante sabía qne la deman-dada tenía una agencia de la Roots Co., pero sin embargo la demandante contrató con la demándada. El contrato bace constar “que la Porto Rico Construction Co. entregará a la demandante, etc.” Aparece firmada por E. P. Cbase, como agente de la demandada. La compañía Roots no se men-ciona en ninguna parte como tal. El pago del precio de la bomba se verificó a la Porto Rico Construction Co. y el recibo que se le dió al comprador procedía de dicba compañía. La prueba del demandante es de que compró a la Porto Rico Construction Company y, como lo bemos intimado, práctica-mente todos los tratos y negociaciones preliminares tuvieron lugar entre la demandante y la demandada. El beclio de que Carlos Cid inspeccionó una bomba o bombas de la Com-pañía Roots en la fábrica o en cualquier otro sitio, o tuvo tratos con’los fabricantes, no afecta la cuestión de quiénes fueron definitivamente las partes contratantes. Es muy se-mejante, como lo indica el apelado, a la compra de un auto-móvil que puede comprarse en fábrica, pero que se vende también por conducto de agentes, y éstos por lo general con-tratan directamente con el cliente. Que el contrato partía de la Porto Rico Construction Co. y no de la Roots Co. cree-mos lo patentizan los términos del propio contrato. Parece de lo más improbable de la prueba que en el contrato que partiese del propio fabricante la presión o fuerza de eleva-ción (head) que se “garantizaba” vencer no se hubiera ex-presado de una manera más clara o aun más técnica, de modo que dejase menos dudas respecto de los términos del men-cionado contrato.

Entremos ahora a considerar el segundo motivo de error. En la correspondencia preliminar la Roots Co., si bien ase-guraba que la bomba serviría particularmente para el tra-bajo de mieles, nunca dijo nada fuera de que la carga total .(total head) contra la cual trabajarían sus bombas era de 40. Pero en ninguna de las partes al parecer tenía noción alguna de que la palabra “head” empleada en el. contrato significara ninguna otra cosa que la altura, (height). Las palabras esenciales a interpretar son las siguientes:

"1 bomba rotativa de baja ascensión marea Roots (Roots low lift rotary pump) con un desplazamiento de 3.35 galones de uso en los Estados Unidos por revolución, corriendo a razón de 150 revoluciones por minuto garantizada para bombear (deliver) 2,500 galones (de los Estados Unidos) de mieles por hora, contra una carga de succión de _y una fuerza de descarga (discharge head) de 40 pies. Longitud horizontal de descarga 1,100 pies de tubería de 8 pulgadas.”

La bomba se probó en definitiva para una altura de 14 pies en combinación con una tubería de 1,037 pies con ciertos codos y cierta manera de descarga en un buque. Se ha ad-mitido que la bomba no dió resultado. La prueba es entera-mente convincente de que ambas partes pensaron y tuvieron la intención, antes de llegarse a firmar el contrato, de que la bomba serviría para llenar las necesidades de la deman-dante para embarcar mieles en los vapores. Sin embargo, la apelante sostiene que el contrato, habiéndose hecho por escrito, las partes están limitadas a la garantía en el mismo expresada y que la ley prohibe recurrir a una garantía implícita.

Los ingenieros o peritos de la parte apelante sostienen, conforme los hemos entendido, que la frase discharge head significa poder, fuerza o capacidad para bombear a cierta altura en contra de ciertas resistencias o fricciones tales como la longitud de la tubería, codos, viscosidad, temperatura y otras cualidades del líquido que se trate de bombear y quizás otras cosas. Declararon que la carga total (total head) da-das las condiciones en que se probó la bomba alcanzaba a 53.50 aproximadamente. Asimismo declararon que la carga total (total head) para bombear mieles por conducto de una tubería horizontal bajo las condiciones descritas en el con-trato de 1,100 pies alcanzaba a 36 pies. En otras palabras que la bomba vendida sólo podía elevar las mieles a cuatro pies del punto de descarga, sin deducir nada por los codos y otros elementos de resistencia de la misma índole.

En ausencia de alguna prueba de que el demandante fuese un perito, a las palabras del contrato se les debe dar su sig-nificación corriente. Puesta a prueba en este sentido la frase discharge head parecería significar la carga (head) al punto de descarga. Y la carga (head) debe referirse a las mieles y no al agua, como modelo. Decimos esto en parte porque de otro modo la introducción de las palabras “mieles” y “1,100 pies” en el contrato habrían carecido de significación alguna. Decimos esto también porque todo contrato debe interpretarse de la manera más fuerte en contra del fabricante o sus agentes, que es la parte que redacta dicho contrato. Las partes contrataban sobre mieles después de atravesar una distancia de 1,100 pies. Al contrato debe dársele este sentido, de lo contrario es completamente ambiguo para las partes.

Convenimos con la parte apelante que cuando existe una garantía expresa las partes no pueden recurrir a una garan-tía implícita. Sin embargo, somos de opinión que a menos qué el contrato tenga el sentido que pretende darle el apelado el mismo es totalmente ambiguo. Siendo ambigua la garantía y de aquí sin sentido alguno, las mencionadas partes han debido tener la intención de que la máquina vendida fuera razonablemente adecuada para los fines que se perseguían. Es absurdo suponer que el demandante compraba o que el demandado vendía una máquina que estaba garantizada sólo para levantar las mieles a cuatro pies de altura sin deducir los codos de la tubería y otras cosas por el estilo.

Cuando se llegó a la prueba apareció con mayor claridad la intención de las partes. Cada cual conocía los fines gene-rales del negocio de la demandante y la primera propuesta partió de la demandada o sus agentes para vender a la de-mandante una bomba que sirviera para los fines de ésta. En el curso de la correspondencia la demandada tradujo la pa-labra head por “altura” que era otra indicación que las partes esperaban que tuviese una áltura (height) de cua-renta pies con las deducciones corrientes debidas a circuns-tancias especiales. Existen poderosas indicaciones qne la demandada se asombró tanto como la demandante cuando la bomba no funcionaba e bizo todo lo mejor que pudo para probar que la citada bomba funcionaría bajo las condiciones de prueba. Los peritos de la parte apelante demuestran que su funcionamiento era imposible, de ser 40 la carga total (total head) de la bomba. Luego la demandada hubiera sido culpable de mala fe si la garantía significaba lo que ahora se alega ser, de la cual mala fe la absolvemos.

Nos ha llamado la atención el hecho de que la Boots Co. hable de carga total (total head). Por alguna razón fue la demandada la que introdujo en el contrato las palabras mieles y “1,100” pies. Creyeron lo que la Root Co. habría sabido era de otro modo, esto es, que la bomba podía levan-tar las mieles a cuarenta pies del punto de descarga.

El apelante hace algunos apuntes sobre los codos, man-gueras y la Y, etc. que formaban parte de la distribución el día de la prueba. Los peritos de la parte apelante decla-raron que la carga total (total head) en ese día era de 53.50 y según ellos la carga (head) que se describe en el contrato alcanzaba a 36. Por lo tanto las condiciones especiales mon-taron a la diferencia o sea 17.50. Y puesto que éstos 17.50 incluyen los 14 pies a que se trató de elevar el melado el día de la prueba, parecería si no se equivocan los peritos, que los ángulos, mangueras, etc. montan a 3Un hecho de alguna significación si seguimos suficientemente a los expertos. No pretendemos haber comprendido ni toda su terminología ni sus conclusiones.

El artículo 1251 del Código Civil dispone que “si alguna cláusula de los contratos admitiere diversos sentidos, deberá entenderse en el más adecuado para que produzca efecto.” A despecho de la opinión de los peritos ingenieros respecto al significado de la frase discharge head, técnicamente em-pleada, las cortes son necesariamente más peritas en la inter-pretación de las intenciones de las partes y nosotros estamos conformes con las conclusiones de la corte inferior.

Asimismo laibo conflicto de prueba en cuanto al sentido que debía dársele al contrato. Sin bacer hincapié sobre este punto en este caso se bace precisa la confirmación de la sen-tencia, a cuya conclusión bemos llegado.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, AJdrey y Plutchison.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Ortiz et al. Demandantes-Apelantes y Apelados v. Pasalacqua et al., Demandados-Apelados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre nulidad de adjudicación y reivindicación.
    No. 1637.
    Resuelto en julio 23, 1918.
    Sociedad de Gananciales — Nulidad de Adjudicación. — Es nula la adjudicación de un bien inmueble perteneciente a una sociedad de gananciales, hecha por el marido sin el consentimiento de la mujer en diciembre 3, 1902, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 159 y 1328 del Código Civil Revisado vi-gente en tal fecha.
    Sociedad de Gananciales — Liquidación—Partición—Reivindicación.—El título de heredero de uno de los cónyuges componentes de la sociedad conyugal no es suficiente para reivindicar la mitad de una finca que forma parte de los bienes de la sociedad de gananciales, cuando no se ha practicado la liquida-ción de dicha sociedad, pues hasta que tal liquidación se haga no puede afir-marse la existencia de un sobrante que corresponda por mitad a los cónyu-.ges.- Sucesión Morales v. Kieclcoefer, 17 D. P. R. 926.
    Palta de Causa de Acción. — Examinada la demanda y las pruebas, se resolvió: que los demandantes han actuado sin acción, debiendo apreciarse en contra de ellos- la excepción perentoria sine actione agis.

    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los demandantes: Sres. Ed. Flores Colón y :Antonio F. Castro.

    Abogados de los demandados: Sres. José y M. Tons Soto.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Rafael, Quintín, Pedro, Severiana, Leocadia y Nicolás Ortiz y Ortiz presentaron una demanda en la Corte de Dis-trito de Ponce, sobre “nulidad de adjudicación y reivindica-ción” y en ella alegaron lo que signe:

“Io. Que son mayores de edad y residentes en Barros y los de-mandados son todos mayores de edad y vecinos de Ooamo dentro de este distrito judicial.
“2o. Que en el mes de diciembre del año de mil novecientos dos, los esposos don José Dolores Ortiz y doña María Félix Ortiz eran dueños de la siguiente finca rústica: (se describe).
‘.‘3°. Que por escritura otorgada el tres de. diciembre de mil no-vecientos dos, ante el notario de Ooamo don Felipe Rodríguez, don José Dolores Ortiz, confesó deber en hipoteca sobre la finca descrita a los demandados Passalacqua, la suma de tres mil pesos provinciales, adjudicándoles en pago de dicha deuda la totalidad de la descrita finca.
“4o. Que la finca adjudicada por don José Dolores Ortiz a los demandados era de la sociedad de gananciales del adjudicante y su esposa doña María Félix Ortiz y dicha adjudicación se hizo sin la anuencia e intervención de dicha doña María Félix Ortiz.
“5o. Que desde la fecha de la adjudicación los demandados han estado en posesión de la finca mencionada percibiendo los frutos, ren-tas y utilidades de la misma en una suma no menor de quince mil dollars, sin buena fe ni justo título.
“6o. Que doña María Félix Ortiz falleció en el pueblo de Barros dejando como únicos y universales herederos a sus legítimos hijos nombrados Rafael, Quintín, Pedro, Severiana, Leocadia y Nicolás Ortiz y Ortiz a quienes le fué adjudicada en común proindiviso la partición que su madre doña María Félix Ortiz tenía en dicha finca, en virtud de partición extrajudicial efectuada entre ellos y.su padre don José Dolores Ortiz.”

Basándose en las anteriores alegaciones los demandantes suplicaron a la corte “que previos los trámites legales declare nula y sin ningún valor ni efecto la escritura de adju-dicación en pago relatada en el hecho tercero de lá demanda, otorgada por don José Dolores Ortiz sin la intervención de su esposa, y nula como consecuencia su inscripción en el registro de la propiedad, si dicha adjudicación ha podido ser registrada,” y “que se condene a los demandados a rein-tegrar a los demandantes como causantes (sic) de doña María Félix Ortiz, en la posesión de dicha finca, ordenándosele qne oportunamente se les rinda cuenta de los productos de la misma y en todo caso se condene a los demandados en costas, gastos, desembolsos y honorarios de abogado.”

Emplazados los demandados, no hicieron alegación alguna y su rebeldía fue anotada por el secretario. Señalado día para el juicio se celebró en efecto en ausencia de los deman-dados. Los demandantes introdujeron prueba documental y testifical. Entre la documental figura una certificación li-brada por el encargado del Registro Civil de Barros ere-ditiva de que María Félix Ortiz, madre de los demandantes, falleció el 14 de junio de 1913, y la copia de la escritura de adjudicación cuya nulidad se pide. De la escritura aparece que Ortiz, padre de los demandantes, hipotecó la finca de que se trata para garantir una deuda de tres mil pesos por docu-mento público otorgado el 20 de enero de 1900, y que na habiendo podido satisfacer el primer plazo de la dicha deuda,, se puso de acuerdo con su acreedor y le adjudicó la finca hipotecada en pago de su obligación. Consta también en la escritura lo que sigue: “Don José Dolores Ortiz manifiesta que esta adjudicación la hace con conocimiento y consenti-miento de su esposa doña María Félix Ortiz.” No se pre-sentó prueba alguna referente a la partición extrajudicial de que se habla en la demanda.

La corte de distrito dictó sentencia declarando nula la adjudicación y su inscripción en el registro y condenando a los demandados a reintegrar a los demandantes en la posesión de la finca, pagándoles ciento ochenta pesos como indemniza-ción por los productos percibidos después de interpuesta la demanda, todo sin especial condenación de costas. Contra esa sentencia apelaron ambas partes, los demandantes en cuanto a la no concesión de frutos a partir de la toma de posesión por los demandados en 1902, y los demandados en cuanto a la declaración de nulidad. Ambos recursos se tra-mitaron y vieron conjuntamente ante este tribunal.

Comenzaremos nuestro estudio por el recurso interpuesto por los demandados, pues, si se declara con lugar, será inne-cesario estudiar el establecido por los demandantes.

La cuestión de si es o no .nula una adjudicación de un bien inmueble perteneciente a una sociedad de gananciales hecba por-el marido sin el consentimiento expreso de la mujer el 3 de diciembre de 1902 en pago de una deuda, no ofrece ■dudas de ningún género. A esa fecba regía el Código Civil Revisado y de acuerdo con sus claras prescripciones conte-nidas en los artículos 159 y 1328, la cuestión queda resuelta ■en la afirmativa.

Se invocó por los demandados la ley de la Asamblea Le-gislativa de Puerto Rico “con respecto a la validez de ciertos contratos,” aprobada el 24 de febrero de 1903, (Comp, de 1911, p. 92), y con ese motivo se suscitó una interesante dis-cusión entre los ilustrados abogados de ambas partes, rela-tiva á si la ley invocada era o no constitucional. Según la opinión que del caso hemos formado, podemos prescindir de resolver por abora esa cuestión.

A nuestro juicio los becbos alegados en la demanda no determinan una causa de acción, y examinadas las alegaciones con vista del resultado de las pruebas aportadas por los mis-mos demandantes, también tenemos que llegar a la conclu-sión de que los demandantes ban actuado sin acción, debiendo apreciarse en contra de ellos la excepción perentoria sine actioni agis.

De la demanda y de la prueba aparece que los padres de los demandantes debían la cantidad de tres mil pesos a los demandados. Para garantir el pago de esa cantidad fué hi-potecada una finca. El contrato de hipoteca se ejecutó de acuerdo con la ley. Así las cosas y no habiendo podido pagar los padres de los demandantes, se adjudicó la finca a los acreedores en pago de la deuda, y a tal efecto acudió el padre ante un notario, otorgó el contrato y en él consignó que la madre, su esposa, tenía conocimiento y le había dado su con-sentimiento para actuar en la forma en que lo hizo. De acuerdo con el derecho histórico, el marido, administrador de la sociedad de gananciales, no tenía necesidad del con-sentimiento de la mujer para otorgar un contrato semejante. De acuerdo con una ley que había comenzado a regir el 1 de julio de 1902 y cuya publicación en forma impresa no se hizo hasta meses después, se necesitaba el consentimiento expreso de la mujer. El contrato se otorgó en 1902 y la mujer no murió hasta el 1913. Más de diez años transcu-rrieron y nada reclamó la esposa. Después aparecen reu-nidos el padre y los hijos celebrando una llamada partición extrajudicial en la cual se dice que se adjudicó a los deman-dantes la parte que correspondía a la madre. Eué el padre, el mismo que adjudicó, el mismo que aseguró que la madre estaba conforme, el que intervino en esa partición.

Bajo esas circunstancias, no teniendo la corte más cono-cimiento de la partición que la simple alegación en la de-manda que dejamos transcrita, esto es: “Que doña María Félix Ortiz falleció en el pueblo de Barros dejando como únicos y universales herederos a sus legítimos hijos nombrados Rafael, Quintín, Pedro, Severiana, Leocadia y Nicolás Ortiz y Ortiz a quienes le fué adjudicada en común proindiviso la participación que su madre doña María Félix Ortiz tenía en dicha finca, en virtud de partición extrajudicial efectuada entre ellos y su padre don José Dolores Ortiz,” ¿puede acaso sostenerse que los demandantes han presentado a la corte con la claridad y precisión debidas una reclamación que justi-fique una sentencia ordenando a los demandados que entre-guen a los demandantes la totalidad de la finca en cuestión con los frutos producidos por la misma por un espacio de más de catorce años?

Desde 1911 decidió esta corte que “el título de heredero de uno de los cónjuges componentes de la sociedad conyugal no es suficiente para reivindicar la mitad de una finca que forma parte de los bienes de la sociedad de gananciales, cuando no se ha practicado la liquidación de dicha sociedad conyugal, pues hasta que tal liquidación se haga, no puede afirmarse la existencia de un sobrante que corresponde por mitad a los cónyuges.” Sucesión Morales v. Kieckoefer et al., 17 D. P. R. 926, 927.

¿Dónde se alega en la demanda que la sociedad de ganan-ciales que formaron los padres de los demandantes y que se disolvió con motivo de la muerte de la madre, fue debida-mente liquidada?

Se dirá tal vez que se ha alegado una partición y que la partición presupone la liquidación de la sociedad de ga-nanciales ¡Pero en qué forma se ha alegado esa partición! La alegación constituye más bien una conclusión de ley que una narración de hechos. Se dice que se adjudicó a los de-mandantes la participación que correspondía a la madre y esto no obstante se reclama la totalidad de la finca. No se especifica a cuánto ascendió la partición. Pudo ser la mitad, pudo ser menos o más. Esta circustancia demuestra la nece-sidad de una liquidación. La finca estaba gravada con una hipoteca legalmente constituida. Nada alegan los deman-dantes con respecto al pago de esa hipoteca. Otra circuns-tancia demostrativa de la necesidad de la liquidación. No suponemos que los demandantes imaginen siquiera que el padre que hizo la adjudicación y aseguró que actuaba con el previo consentimiento de su esposa, pueda beneficiarse de la acción que ellos pretenden tener para anular la adjudicación por falta del consentimiento de la madre. Pues bien, la par-tición que se alega como base de la reclamación de los de-mandantes, es un simple acto extrajudicial realizado con la intervención y el concurso del padre, actuando éste en abierta oposición con su actuación en la escritura por virtud de la cual se adjudicó a los demandados la finca de que se trata desde 1902 y en cuya pacífica posesión han permanecido hasta la interposición de la demanda en este pleito.

Las cortes de justicia no pueden ver con buenos ojos esta clase de reclamaciones. De allí que deba exigirse con toda rigidez que las demandas en que se funden, contengan, ex-puestos con claridad y precisión, los Lechos de los cuales surja el derecho de los demandantes. En esto no tiene dis-creción el tribunal.

Por virtud de todo lo expuesto debe declararse con lugar el recurso de apelación de los demandados, sin lugar el de los demandantes y revocarse la sentencia apelada dictándose otra desestimando la demanda, sin especial condenación de costas.

Revocada la sentencia apelada desestimando la demanda sin especial condenación de cos-tas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison firmó conforme con la sentencia.


author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    Olavarría et al., Demandantes y Apelados, v. The Porto Rico Railway, Light & Power Company, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en pleito sobre daños y perjuicios.
    No. 1649.
    Resuelto en julio 24, 1918.
    Ferrocarriles Urbanos — Velocidad — Uso de Costumbre. — Una compañía de ferrocarriles urbanos debe dirigir (operate) sus carros a una velocidad tal, que bajo todas las circunstancias sea razonable y compatible con el uso de costumbre de la calle o camino público por parte de los viandantes y vehí-culos; pero a falta de alguna expresa reglamentación que limite la veloci-dad de los carros urbanos, el mero hecho de que un carro corra a una gran velo-cidad, no establece que se le corre de una manera negligente.
    Negligencia per se — -Causa Próxima del Accidente. — La mera gran velocidad para viajar no constituye negligencia per se sino que es preciso que concurra algún otro elemento, o cuando menos, debe justificarse que la excesiva ve-locidad fué la causa- próxima del accidente.
    Los hechos están expresados en la opinión.

      Abogados de la apelante: Sres. J. H. Brown y Pedro Amado Rivera.

    Abogados de los apelados: Sres. Torines & Honoré.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Estamos convencidos de que de las distintas alegaciones de negligencia propuestas en la demanda la única que la prueba tiende a sostener es la tercera, a saber, que el carro eléctrico iba a una gran velocidad. No se alegó, ni se probó de una manera clara, que el motorista viera al infortunado hombre a tiempo para detener su carro. La teoría de la corte, según se desprende de sus conclusiones de hecho, con-siste en que el sitio donde ocurrió el accidente era un sitio peligroso y que por tanto era deber del motorista correr su carro a una velocidad tal que evitase la posibilidad de causar daño a los viandantes. No.solamente dejó de hacerse men-ción alguna en la demanda de algún sitio particularmente peligroso, sino que los apelados no nos han citado jurispru-dencia alguna que declare ilegal el correr un carro urbano (,street Gar) rápidamente en un sitio peligroso, muy especial-mente cuando el sitio no es un cruce público. Una compañía de ferrocarriles urbanos debe dirigir (operate) sus carros a una velocidad tal que bajo todas las circunstancias sea razonable y compatible con el uso de costumbre de la calle o camino público por parte de los viandantes y vehículos; pero a falta de alguna expresa reglamentación que limite la velocidad de los carros urbanos el mero hecho de que un carro corra a una gran velocidad no establece que se le corre de una manera negligente. 36 Cyc. 1478, 1479. Y esto sin especial consideración a si el sitio donde el infortunado hombre estaba parado se hallaba o no dentro de la privativa servidumbre del carro eléctrico. La mera gran velocidad para viajar no constituye negligencia per se sino que es pre-ciso que concurra algún otro elemento, o cuando menos debe justificarse que la excesiva velocidad fué la causa próxima del accidente.

Es de revocarse la sentencia y devolverse el caso para ulteriores procedimientos.

Revocada la sentencia y devuelto el caso para ulteriores procedimientos.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    Méndez, Demandante y Apelante, v. El Banco Comercial, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en pleito sobre daños y perjuicios.
    No. 1837.
    Resuelto en julio 24, 1918.
    Caso Probado Prima Facie — Moción de Nonsuit.- — Cuando un demandante' prueba su caso prima faoie no es procedente una moción de nonsuit. De la ■única manera en que un demandado puede obtener que la corte entre a con-siderar el peso de la prueba es dando por concluso el caso.
    Los ‘hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. O. M. Wood y O. B. Fraser.

    Abogado del apelado: Sr. Antonio Sarmiento.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante inició un pleito por daños y perjuicios producido por haberse rehusado el pago de un cheque y ha apelado de una orden de sobreseimiento (nonsuit). Aunque quizás no muy fuerte se presentó prueba para justificar los daños y perjuicios puesto que algunos testigos se pronun-ciaron en sus declaraciones con tendencias a demostrar que el crédito del demandante estaba a la sazón afectado, y como de este modo se probó el caso prima facie surge la cuestión de si la corte podía resolver el caso declarando con lugar la moción de nonsuit. El demandado no ofreció someterse, sino que con radicar la moción de nonsuit descansaba en la supuesta falta de prueba. Hemos indicado que una moción de nonsuit es semejante a una excepción perentoria a la prueba. Vargas v. Monroig e Hijos, 15 D. P. R. 27; 38 Cyc. 155, et seq. Véase también Rivera v. Días, 19 D. P. R. 548. Por lo tanto, puesto que el demandante lia probado su caso prima facie no era procedente una moción de nonsuit. De la única manera en que un demandado puede obtener que la corte entre a considerar el peso de la prueba as dando por concluso el caso.

Es de revocarse la sentencia recurrida y ordenarse la celebración de un nuevo juicio.

Revocada la sentencia recurrida y ordenada la celebración de un nuevo juicio.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Martín, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en causa por delito de hurto de menor cuantía.
    No. 1238.
    Resuelto en julio 26, 1918.
    Hurto — Excepciones Previas. — Es jurisprudencia establecida por este Tribunal Supremo que aquellas cuestiones no privilegiadas que se levantan en forma de excepción previa el día del juicio, llegan demasiado tarde.
    Id.- — -Alegaciones no Esenciales. — En una denuncia por hurto de maderas no constituye error fundamental el dejar de describir detalladamente la natu-raleza, clase o valor de la madera hurtada ni omitir la feeha exacta de la alegada sustracción.
    Id. — Hurto Cometido por Conducto de Agente.- — La comisión del delito de hurto puede realizarse por agentes y depositarios.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Angel A. Vásques.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante corno primer motivo de error impugna la acu-sación. Si se examina la transcripción de autos se verá que no llegó a radicarse excepción previa alguna. Sin embargo, según nos lo revela la exposición del caso, en el momento del juicio el acusado presentó lo que él llama una excepción perentoria. Ya hemos decidido en el caso de El Pueblo v. París, 25 D. P. R. 111, que aquellas cuestiones no privile-giadas *que se levanten en forma de excepción previa el día del juicio llegan demasiado tarde. Véase también el caso de El Pueblo v. Ramírez de Arellano, 25 D. P. R. 263.

La corte, por lo tanto, sólo ha de entrar a considerar los errores fundamentales qué existan en la acusación, la que reza como sigue:

“El citado acusado Luis Martín, allá en o por el mes de julio de 1917, y en el barrio de ‘Boquerón,’ sitio el’‘Pasaje,’ del distrito judicial municipal de Cabo Rojo, que forma parte del territorio de la Corte de Distrito, del Distrito Judicial de Mayagüez, P. R., ilegal, voluntaria, maliciosamente y con la intención criminal de lucrarse, sustrajo madera de la propiedad del Pueblo de Puerto Rico, por un valor de setenta y un dollars ($71) y las que se apropió el acu-sado fraudulentamente, y privando de la propiedad de las mismas, al Pueblo de Puerto Rico. Dichas maderas sustraídas por el acusado, pertenecen a la finca rústica denominada ‘Morrillos de Cabo Rojo,’ un islote.”

No era preciso describir en detalles la naturaleza, clase o valor de la madera que se alega haberse tomado, ni era preciso se expresara la fecha exacta de la alegada sustrac-ción. La falta de no incluir estas materias no estaba ni aún siquiera sujeta a una alegación de error, y ciertamente su omisión no constituye un error fundamental. De ninguna manera constituye un error el describir los “Morrillos de Cabo Bojo” como islote y al propio tiempo como una finca sita en el sitio denominado “Pasaje” del barrio de Boquerón. No se alegó incongruencia alguna entre la acusación y la prueba. No necesitamos entrar a considerar otros errores ■de la misma índole que se han alegado.

Un error más grave es la cuestión de si el acusado con-virtió o no de hecho la madera a su propio uso de modo que sus actos caigan dentro de la definición del-delito de hurto. Los hechos en cuanto se refieren a la sustracción no están en discusión. El acusado era el primer jefe del faro del islote de los Morrillos de Cabo Eojo. Mandó a ciertos peo-nes a cortar leña con la que se hizo carbón que vendió el acu-sado. El apelante sostiene que estos actos de él constituyen un abuso de confianza. Que la comisión por un agente, depo-sitario o fideicomisario puede constituir hurto, lo demuestran los'siguientes casos: El Pueblo v. Poggi, 19 Cal. 600; El Pueblo v. Bilden, 37 Cal. 51; El Pueblo v. Johnson, 91 Cal. 265, 27 Pac. 663; El Pueblo v. Perini, 94 Cal. 573. Al man-dar el acusado a cortar la madera, convertirla en carbón y venderla, sus actos cayeron dentro del artículo 426 del Código Penal, que dice así:

“Hurto es el acto de sustraer, con intención criminal, bienes muebles o semovientes, pertenecientes a otra persona.”

No se puede concebir que El Pueblo de Puerto Rico hu-biera delegado la posesión de la propiedad nombrando un guardián.

Asimismo encontramos que hubo prueba suficiente que es-tablece que la madera sustraída pertenecía al Pueblo de Puerto Rico y que el acto imputado al acusado se realizó poco tiempo antes de presentarse la acusación, o alrededor de la fecha en que se practicó el arresto. *

Es de confirmarse la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Jijez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Korber & Compañía, Inc., Demandante y Apelante, v. Aboy, Vidal & Compañía, Inc., Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en pleito sobre daños y perjuicios por incum-plimiento de contrato.
    Moción solicitando la desestimación de la apelación.
    No. 1891.
    Resuelto en julio 26, 1918.
    Apelaciones — Término para Interponerlas. — El término para apelar de todas las sentencias y resoluciones comprendidas en el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, de acuerdo con lo estatuido en la ley de 1911 referente a la materia, (Comp. 1911, p. 902) empezará a correr desde la feelia del ar-chivo de la notificación de la sentencia o resolución con los autos.
    Eorma de Computar el Término. — El término de diez días fijado por el artículo 295, No. 3, del Código de Enjuiciamiento Civil, se computará excluyendo el primer día e incluyendo el último, según lo dispuesto en el artículo 388 del Código Político.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. Henry G. Molina.

    Abogado de la apelada: Sr. Manuel Benitez Flores.

   El Jijez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La parte apelada pidió la desestimación del recurso por-que habiéndose dictado la resolución recurrida por virtud de la cual se concedió la celebración de un nuevo juicio el 25 de junio de 1918, la apelación no se interpuso hasta el 6 de julio siguiente, esto es, cuando había ya transcurrido el término de ley.

La parte apelante acreditó con certificación expedida por el secretario de la corte de distrito que la copia del aviso de la resolución se había archivado el 26 de junio de 1918 y alegó que debiendo comenzar a contarse el término para ape-lar desde ese día, su recurso fué interpuesto dentro del pe-ríodo de tiempo fijado por la ley.

El artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, en su número 3, dispone que se podrá apelar de una providencia concediendo un nuevo juicio dentro de los diez días de dic-tada la providencia y de anotada en el libro de actas de la corte o de archivada en la secretaría. (Comp. 1911, p. 902).

En 1911 se aprobó nna ley por virtud de la cual se esta-tuyó “que en todos los casos en que se pueda establecer el recurso de apelación, según lo provisto en la sección 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, según fué enmendada en marzo 11 de 1908, será deber del secretario de la corte, enviar a la parte perjudicada, o a su abogado, al dictarse la sen-tencia, de la cual puede establecerse el recurso de apelación, una notificación escrita informándole que la sentencia ha sido dictada, o de la resolución de la corte, y una copia de esa notificación será archivada con los autos, y el término para establecer el recurso de apelación, empezará a correr desde la fecha del archivo de dicha notificación con los autos.” (Comp. 1911, p. 902).

Aún cuando la redacción del precepto de ley que dejamos transcrito es confusa, no puede negarse que el nuevo sistema que se establece, a saber, el de la notificación de las senten-cias y resoluciones apelables y el de que el término para apelar se cuente a partir del día en que se archive con los autos la notificación, abarca todas las sentencias y resolu-ciones comprendidas en el artículo 295 del Código de Enjui-ciamiento Civil y por consiguiente aquella de que se trata en el presente caso.

La notificación empezó a correr aquí el 26 de junio de 1917. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 388 del Código Político (Comp. 1911, p. 621), el término de diez días fijado por el artículo 295, No. 3, del Código de Enjuiciamiento Civil, se computará excluyendo el primer día e incluyendo el último. Comenzando, pues, a contar el 27 de junio, terminan los diez días precisamente el 6 de julio en que la apelación fue interpuesta.

En tal virtud, debe declararse sin lugar la moción de los apelados.

Declarada sin lugar la moción.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


text:
    Olivencia, Peticionario y Apelado, v. Irizarry, Opositora y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüex en pleito sobre administración judicial.
    No. 1825.
    Resuelto en julio 26, 1918.
    Herederos — División de Propiedad — Cesionario. — Cuándo una persona fallece dejando bienes, los herederos o cualquiera de ellos pueden insistir en que se practique la división de la herencia, y para tal fin generalmente se nom-bra un administrador. El derecho inherente en los herederos para pedir el nombramiento do un administrador radica asimismo en el cesionario de los herederos o de cualquiera de ellos.
    Id.' — Id.—Nombramiento—Preferencia—Discreción de la Corte. — Como el ce-cionario, que pidió el nombramiento de un administrador, era el dueño de la mayor participación en la herencia, el hecho de que su cedente, que era el cónyuge supérstite, tuviera preferencia sobre el apelante pero que esa cuestión de preferencia no fuera levantada en la corte inferior, no es razón para modificar la actuación discrecional de la corte al nombrar adminis-trador a un extraño.
    Los lieelios están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. Angel A. Vázquez.

    Abogados del apelado: Sres. E. Ramírez Nadal y Joa-quín Nazario Figueroa.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Cuando una persona muere y deja bienes hereditarios los herederos y cada uno de ellos tienen derecho a insistir sobre la división del caudal hereditario y con este fin se nombra por lo general un administrador judicial, lo cual es correcto. Artículos 19-23 de la Ley de Procedimientos Legales Espe-ciales de 1905. El derecho inherente a los herederos para pedir el nombramiento de un administrador judicial corres-ponde asimismo al cesionario de un heredero o herederos. Código Civil, art. 1414. El peticionario y apelado era tal cesionario.

La corte inferior nombró como administrador a un ex-traño a la herencia quien no era uno de los herederos y éste es el principal fundamento o motivo de error. Sin embargo, de los autos aparece que todos los interesados fueron citados a ana convocatoria, como requiere la ley, y no aparece que se hiciera oposición al nombramiento del administrador.

El apelado mantiene y así parece desprenderse de la orden de apelación, que el fundamento de la oposición era negar el derecho a que se nombrase administrador a persona al-guna. No se hizo petición alguna por parte de la apelante, suponiendo que ella tuviese preferencia, para que fuese ella la nombrada. Dado el hecho de que el cesionario era dueño de la mayor participación en la comunidad y solicitaba la administración judicial, el hecho de que su cedente, esposo de la finada, tenía preferencia sobre el apelante y que esa cuestión de preferencia no fué presentada a la corte inferior, no encontramos razón alguna para intervenir en la discre-ción judicial ejercitada por la corte, por lo que es de con-firmarse su sentencia.

Confirmada la sentencia.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Plernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. del Toeo,

text:
    Gelabert et al., Demandantes y Apelados, v. Sánchez, Demandado y Apelado, y Gelabert et al., Interventores-Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en pleito sobre restitución de depósito voluntario.
    No. 1754.
    Resuelto en julio 26, 1918.
    Contratos — Terceros—Estipulaciones en su Favor — Cumplimiento de las Mismas — Cuándo es Exigible. — Los contratos sólo producen efecto entre las partes que los otorgan y sus herederos, mas cuando en ellos se consigna alguna estipulación en favor ele un tercero, este podrá exigir su cumplimiento siempre quo hubiese hecho saber su aceptación al obligado antes de que haya sido aquélla revocada, lo que no hizo el tercero en el presente caso, razón por la cual debe desestimarse su demanda.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Antonio Suliveres.

      Abogados de los apelados: fires. Juan Z. Rodrigues, Luis Mercader y Félix Santoni.

   El Juez Asociado Se. del Toeo,

emitió la opinión del tribunal.

Pedro J. Gelabert e Isabel María Borrás por medio de su abogado establecieron una demanda en la Corte de Dis-trito de Arecibo contra Angel Sánchez sobre restitución de •depósito voluntario, basada en los siguientes hechos:

“I. Que los demandantes son vecinos de Alaró, Mallorca, Balea-res, España, y el demandado es vecino de Arecibo, P. R.
“II. Que el demandante Pedro J. Gelabert, en un día del mes ■de diciembre de 1914, bailándose de paso en esta ciudad, con el ob-jeto de vender una casa de la propiedad de su madre y poderdante, la doña Isabel María Borrás, vecina de la citada ciudad de Alaró, en-tregó en calidad de depósito privado a don Angel Sánchez, la suma de dos mil dollars para que los conservara colocándolos a renta del uno por ciento mensual, que remitiría todos los meses a doña Isabel María Borrás, dueña del dinero depositado por Gelabert, y para que cuando •esta señora falleciera, los entregara como gracia a los nietos de ella, nombrados, Melchor, Ramón, Isabel y Joaquín Gelabert, hijos de Joa-quín de dicho apellido; todo lo cual hecho y convenido, bajo la con-dición de que, al regresar el depositante Pedro J. Gelabert a Alaró, su' domicilio, la expresada doña Isabel María Borrás, propietaria de los dos mil dollars, aprobara la donación o regalo, que de motu 'propio proponía Gelabert.
“III. Que como la dueña del dinero no aprobó lo realizado sin su consentimiento, por el depositante Pedro J. Gelabert, éste resolvió restituir a su poder el depósito hecho en manos de don Angel Sán-chez, a quien hizo requerir al efecto negándose a devolver la can-tidad dicho Sánchez, por atribuirle distinta forma al acto del- citado depósito.”

El demandado Sánchez contestó la demanda alegando que en efecto Gelabert le había entregado los dos mil pesos para •que a su vez los entregara a la muerte de doña Isabel María Borrás a las personas indicadas, con la condición de que éstas terminaran un pleito que tenían establecido en Ma-llorca; que no. había hecho la restitución porque Melchor Gelabert se había opuesto, y “deseando actuar de una nía-ñera justa y legal” retenía el dinero hasta que la corte resol-viera, poniéndolo a disposición de la corte.

Melchor, Ramón e Isabel Gelabert Rotger y Florentina Rotger Roig, esta última por sn propio derecho y en repre-sentación de sn hijo menor Joaqnín Gelabert Rotger,- con permiso de la corte intervinieron en el pleito alegando qne el hecho de la entrega por Pedro Gelabert a Angel' Sánchez de los dos mil pesos se debía a cierto contrato de transacción celebrado entre ellos y Gelabert con motivo de un pleito establecido en España en relación con la herencia de Ramón Gelabert Borrás, habiéndose comprometido Pedro Gelabert a entregar además a los interventores nn pagaré por mil pesos. Los interventores alegan de igual modo qne los dos mil pesos no debían entregárselos a la muerte de doña Isabel María Borrás, sino en cnanto ellos demostraran qne la trans-acción había sido aprobada por el tribunal español, y en tal virtud pidieron a la corte qne dictara sentencia conde-nando a los demandantes a entregar al demandado Sánchez el pagaré a qne se refiere la demanda de intervención, de-biendo Sánchez entregar a sn vez a los interventores el 'pagaré y los dos mil pesos tan pronto como acreditaran qne el Juzgado de Inca había aprobado la transacción referida en la expresada demanda de intervención.

En el acto de la vista se practicó una amplia prueba tes-tifical y documental y sometido el pleito finalmente a la corte de distrito, ésta lo resolvió declarando con lugar la demanda y ordenando al demandado Sánchez qne restituyera a los demandantes Gelabert y Borrás los dos mil pesos qne le fueron entregados por Gelabert, sin especial condenación de costas. No conformes los interventores con esa sentencia, interpusieron el presente recurso de apelación. El deman-dado Sánchez no estableció recurso alguno.

Los apelantes señalan en su alegato la comisión de varios errores que imputan a la corte de distrito y los argumentan extensamente, pero a nuestro juicio no es necesario exami-narlos todos. La cuestión, reducida a sus últimos límites,. queda circunscrita al estudio de las alegaciones y de las prue-bas a la luz del artículo 1224 del Código Civil, que dice así:

“Los contratos sólo producen efecto entre las partes que los otor-. gan y sus herederos; salvo, en cuanto a éstos, el caso en que los derechos y obligaciones que proceden del contrato no sean transmi-sibles, o por su naturaleza, o por pacto, o por disposición de la ley.
“Si el contrato contuviere alguna estipulación en favor de un tercero, éste podrá exigir su cumplimiento, siempre que hubiese hecho saber su aceptación al obligado antes de que haya sido aquélla revocada. ’ ’

Comentando Manresa el artículo 1257 del Código Civil Español, igual al 1224 del nuestro, se expresa como sigue:

“Hasta el momento de la aceptación puede variarse lo estipulado y aún desistir de ello por el mutuo disenso de los verdaderos contra-tantes; desde que aquélla se verifica, ya una tercera persona so? mezcla en la relación y adquiere un derecho que sin su consenti-miento no puede modificarse ni extinguirse, adquiriendo también el de defender, aun contra los otros interesados, la validez del con-trato.” 8 Manresa, Código Civil Español, 616.

En el contrato celebrado entre G-elabert y Sánchez por virtud del cual el primero entregó al segundo la suma de dos mil pesos no tomaron parte los interventores, pero es lo cierto que se consignó algo que les favorecía. Gelabert de-sea retirar la cantidad que entregó a Sánchez, esto es, de-sistir de lo que intentó realizar. Sánchez en realidad de verdad no se opone pero sabiendo que existen intereses en-contrados, luchas de familia, pleitos, desea que una corte sea la que resuelva el asunto. La cuestión decisiva es, pues, la de si los interventores hicieron saber su aceptación al obli-gado antes de que éste hubiera revocado la estipulación que hizo en su favor.

Comprendiéndolo así los mismos apelantes dicen en su alegato:

“De todo ello resulta: un contrato celebrado entre Pedro J. Gelabert y Angel Sánchez, el que contiene una estipulación a favor de los terceros Melchor Gelabert y sus hermanos, a quienes Sánchez debe entregarles dos mil dollars luego de la muerte de otra persona y previa transacción de un pleito. Los terceros por medio de de-manda y antes de revocarse la estipulación, dieron aviso a los obli-gados de que aceptaban la entrega del dinero y transacción referida, impugnando el término fijado para tal entrega; y luego de esto, el mismo contratante Pedro J. Gelabert y su madre la señora Borras reclaman a Sánchez la devolución de la suma de dinero que éste recibió para en definitiva entregarlo a otra persona.”

Examinemos la prueba. El demandado Sánchez declaró nn el acto del juicio bajo juramento así:

■“Que antes de demandar Melchor Gelabert y otros, doña Mariana D’Elias le había requerido para que devolviera los dos mil pesos, a nombre de Pedro Gelabert, y que no recuerda si fué a nombre de otra persona más. Le entregó una carta para que entregara dicha suma.
“Que no se hizo constar eso en documento, no, señor, no se hizo documento.
“Que don Juan Zacarías Rodríguez fué donde él para que entre-gase dicha suma, y él le dijo, que no podía entregar dicha suma, porque sabía Melchor Gelabert que al embarcarse don Pedro Gela-bert le había dejado los dos mil pesos para ellos. Que ese don Juan Zacarías Rodríguez es el notario don Juan Zacarías Rodríguez.”

El testimonio de Sánchez está en contra de lo que afirman los apelantes en su alegato. Aunque pudiera tomarse como aceptación la interposición de la demanda que con autoridad a la intervención establecieron los interventores, cosa que no resolvemos, siempre resultaría que la actuación de Pedro Gelabert e Isabel María Borrás por medio de Mariana D’Elias, esposa de Gelabert, que vino expresamente de Las Baleares a Puerto Rico, para ello, según consta de las prue-bas, fué antes de la alegada aceptación.

Siendo esto así, es bien claro que los interventores no tienen derecho alguno para oponerse a que Sánchez devuelva a Gelabert los dos mil pesos que éste le entregara.

La relación contractual quedó circunscrita a Gelabert y a Sánchez. No llegó a extenderse a los interventores.

Debe confirmarse la sentencia recurrida;.

Confirmada la sentencia recurrida.

Jueces concnrrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Hutcbison.

El Juez Asociado Sr. Aldrey no intervino en la resolu-ción de este caso.


author: El Juez Asociado Sm del Toro,

text:
    Díaz, Demandante y Apelante, v. Sánchez Morales & Cía., Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre daños y perjuicios.
    No. 1880.
    Resuelto en julio 26, 1918.
    Daños y Perjuicios — Evidencia Contradictoria — Decisión de la Corte. — No procede revocar el fallo de una corte, en apelación, cuando la evidencia practicada ante la misma es contradictoria y la corte resolvió el conflicto, a no ser que se demuestre que el juez actuó movido por pasión, prejuicio o parcialidad, o que cometió algún error manifiesto.
    Los beclios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Leopoldo Tormes.

    La parte apelada no compareció.
   El Juez Asociado Sm del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Gregorio Díaz, mayor de edad, vecino de Ponce, demandó a Sánchez Morales y Oía., una sociedad mercantil que se dedica, entre otros negocios, a la venta de automóviles, en reclamación de dos mil pesos por daños y perjuicios que uno de sus empleados le causara del modo siguiente: El 15 de junio de 1917 Gregorio Díaz caminaba despacio mon-tado en una bicicleta por la calle Mayor de la ciudad de Ponce y al llegar a la esquina de la calle del Comercio fue arrollado por un automóvil de la demandada guiado por Oscar Alvarez Torres, su empleado, de una manera negligente y descuidada, siendo la negligencia y el descuido la causa del accidente, a consecuencia del cual sufrió Díaz graves golpes que le hicieron guardar cama durante un mes necesitando asistencia médica. Tal es, en resumen, la demanda.

La parte demandada aceptó el hecho del accidente pero negó que se debiera a la culpa y negligencia de su empleado y alegó que se debía a la culpa y negligencia del propio demandante.

Trabada así la contienda, se celebró la vista. El deman-dante y varios testigos declararon. La tendencia de sus declaraciones es la de demostrar que el auto caminaba veloz-mente por un sitio peligroso y que no tocó bocina. La prueba del demandado consistió en la declaración de su chauffeur y en la de su agente en la ciudad de Ponce. Oscar Alvarez Torres declaró que caminaba despacio por exigirlo así el sitio por donde iba y que tocó la bocina; “que iba a dar la vuelta como para la plaza 'Degetau’ pero al hacerlo notó que de allá para acá venía una bicicleta en sentido contrario a bas-tante velocidad; que el de la bicicleta venía por su izquierda, o sea la derecha del declarante, y al ver que venía por su derecha desvió el carro para darle paso por la izquierda, o sea por la derecha del declarante, pero en vista de que en-tonces quiso coger su derecha detuvo el carro y como iba tan despacio instantáneamente paró también el motor en se-guida; que el individuo parece que iba a tanta velocidad, o no era muy práctico en el manejo de la bicicleta, y además llevaba una lata de manteca en las manos, que no pudo tener el equilibrio necesario y por el lado derecho del carro tro-pezó con la rueda del frente derecho y se quedó recostado sobre el guardalodo, sentado en la misma bicicleta.” El agente se refirió a las buenas cualidades del chauffeur.

A petición del demandado a la cual se unió el demandante la corte de distrito practicó una inspección ocular de cuyo resultado no hay constancia en la exposición del caso. A ella se refiere el juez sentenciador, en su opinión, así:

“La inspección se practicó con asistencia de los abogados de las partes y las partes personalmente, sirviéndose para la demos-tración, del mismo auto ‘Overland’ de seis cilindros del año 1917 que causó el accidente.
“Se sacó en conclusión de la inspección personal que el accidente ocurrió al doblar el auto la calle Mayor siguiendo por la del Comercio hacia el oeste y viniendo la bicicleta del demandante, quien la mon-taba en aquel momento, en sentido contrario por la calle del Comercio.
“Se encontró que esta esquina y especialmente la calle del Co-mercio entre ‘El Día’ y el ‘Crédito y Ahorro Ponceño’ es muy es-trecha, midiendo solamente cuatro varas y media próximamente.
“De la inspección apareció también probado, sin temor alguno de duda, que la bicicleta no chocó con el frente del automóvil, sino que chocó con el lado derecho del bonete del mismo, lo que indica que el automóvil no había doblado todavía la esquina. Se probó sin duda alguna por la inspección, que doblando el automóvil por esa esquina ocupada casi todo el ancho de la calle en la doblada; tam-bién se examinó la bicicleta que montaba ese día el demandante, y que está depositada' en el Cuartel de la Policía Insular, y se encontró que tenía varios rayos rotos de la rueda delantera.”

Sometido finalmente el caso a la resolución de la corte, lo decidió en contra del demandante. En su opinión dijo el juez de distrito:

“La corte ha examinado detenidamente la evidencia que se ha presentado en este caso, que ha sido contradictoria, y después de un estudio detenido de la misma, no ha podido llegar a la conclusión de que el hecho ocurrió por negligencia de la demandada ni por su demostrador entonces y allí, Osear Alvarez Torres. Más bien se inclina a creer la corte que el choque que causó al demandante Gregorio Díaz las lesiones alegadas en la demanda fuera debido a un accidente desgraciado, pero del cual no aparece, como se deja dicho, responsable la demandada, porque no se ha demostrado satis-factoriamente negligencia de su parte.”

Sostiene el demandante y apelante en su alegato que la corte erró al consignar que la evidencia había sido contra-dictoria, al declarar que el becbo se debió a un accidente des-graciado, y al decidir que no babía habido negligencia por parte de la demandada.

Hemos examinado la evidencia y es a nuestro juicio con-tradictoria. No importa que se tratara del chauffeur. Al igual que el demandante declaró bajo juramento. Fué un testigo y la corte que escuchó la declaración de sus propios labios, que pudo observar la expresión de su rostro y su actitud mientras declaraba, lo mismo que con respecto al de-mandante y a sus testigos, decidió el conflicto en favor de la demandada.

No se ha demostrado que el juez actuara movido por pasión prejuicio o parcialidad, ni que cometiera error mani-fiesto alguno, y en tal virtud, de acuerdo con la repetida jurisprudencia de este tribunal, procede la confirmación de la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


text:
    Taboada, Recurrente, v. El Registrador de Guayama, Recurrido.
    Recurso gubernativo interpuesto contra nota del Registra-dor de la Propiedad de Guayama denegando la inscrip-ción de un expediente de dominio.
    No. 377.
    Resuelto en julio 26, 1918.
    Expediente de Dominio — Inscripción — Facultades del Registrador. — De acuerdo con la jurisprudencia establecida por esta Corte Suprema, los re-gistradores no están autorizados para examinar los fundamentos de las re-soluciones judiciales, ni para apoyarse en la apreciación que hagan de la le-galidad de esos fundamentos para denegar la inscripción de dichas resolu-ciones en el registro; pero esto no quiero decir que no tengan facultad para denegar la inscripción cuando de dichas resoluciones no consta que so hayan cumplido los requisitos exigidos por la ley como condición precedente para dictarlas.
    Negativa del Registrador — Citación de los Causahabientes y de las Per-sonas que Tengan un Derecho Real Sobre la EInca. — Es ajustada a de-recho ia negativa del registrador a inscribir el dominio de una finca cuando de la misma sentencia resulta que sobre el inmueble existía una hipoteca a favor de una persona que no consta que fuera citada como la ley exige, y cuando no aparece con toda claridad quiénes eran los causahabientes de aquel de quien procedía la finca a los efectos de cumplir el requisito de su citación, por haber su causante fallecido.

      Ley No. 20 de 11 de Marzo de 1918.- — No estando en vigor la ley No. 20 de la Asamblea Legislativa aprobada el 11 de marzo de 1918 cuando se dictó la sentencia en el presente caso, no es de aplieaeión al mismo según se resolvió en el de Rivera v. El Registrador de Cruaymna (pág. 625).
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Manuel A. Rivera.

    El registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Ana Taboada presentó para su inscripción en el Registro* de la Propiedad de Guayama copia auténtica de una sen-tencia de la corte de distrito declarando justificado a su favor el dominio de cierta finca, y el registrador negó la inscrip-ción solicitada — ■

“Porque no consta de la resolución que precede que haya sido citada la persona que en la misma aparece que tiene un derecho real sobre la finca descrita; así como tampoco consta que hayan sido citados todos los causahabientes de José Taboada y Bizozo padre de la promovente toda vez que en dicha sentencia no aparece que sea la única heredera de dicho causante, pues sólo se indica que fueron citados' los herederos, sucesores y causahabientes de los anteriores dueños de domicilio1 desconocido, sin que se exprese quiénes fueran éstos. Se hace constar el defecto subsanable de no ser firme la sen-tencia. Todo con arreglo a las reglas Ia. y 2a. del artículo 395 de la L. H., infringidas en este caso; Cruz v. Santiago, 24 D. P. R. 324.”

Convenimos eon el recurrente en que de acuerdo' con la jurisprudencia establecida por esta suprema corte, los re-gistradores no están autorizados para examinar los funda-mentos de las resoluciones judiciales, ni para apoyarse en la apreciación que bagan de la legalidad de esos fundamentos para denegar la inscripción de dichas resoluciones en el re-gistro, (véanse el caso de Medina v. El Registrador, 19 D. P. R. 1016 y los en él citados), pero esto no quiere dedi-que no tengan facultad para denegar la inscripción cuando de dichas resoluciones no consta que se hayan cumplido los requisitos exigidos por la ley como condición precedente para dictarlas, como sucede en el presente caso.

El artículo 395 de la Ley Hipotecaria dispone que en el escrito iniciando nn expediente de dominio se pedirá que se admitan las pruebas “con citación de aquel de quien pro-cedan los bienes, o de su causaliabiente y del ministerio fiscal,” disponiendo también que “El juez dará traslado de este escrito al ministerio fiscal, citará a aquel de quien procedan los bienes o a su causaliabiente, si fuere conocido, y a los que tengan en dichos bienes cualquier derecho real.”

Y en el caso de Cruz v. Santiago, 24 D. P. R. 324, esta corte estableció la doctrina de que “Las regias establecidas para la instrucción de los expedientes de dominio deben cum-plirse estrictamente por ser de interés público,” decidiendo además que adolecía “de defecto substancial la información practicada para acreditar el promovente de ella el dominio de bienes inmuebles adquiridos de sus padres por título here-ditario, sin alegar en el escrito inicial del procedimiento quiénes eran los causahabientes de sus padres ni que aquél era el único heredero, requisito indispensable para la citación de los causahabientes en el primer caso o para prescindir, de ella en el segundo.”

Aplicada la ley y la jurisprudencia a este caso concreto, es necesario concluir que el registrador tuvo razón en los dos motivos de su negativa. De la misma sentencia consta que sobre la finca tenía una hipoteca doña María Costa y Simidey y sin embargo no consta que fuera citada como la ley exige, y en cuanto a la citación del causante de la promo-vente, su padre, aparece que murió, pero no se sabe si la promovente fué su única heredera o en otro caso quiénes fueron sus causahabientes, a los efectos de cumplir el requi-sito de la citación, también exigido por la ley.

El defecto subsanable existe. Si bien la ley No. 20 de la Asamblea Legislativa aprobada el 11 de marzo de 1918, dispone que en todos los procedimientos ex parte seguidos en las cortes de distrito en los cuales no exista oposición u objeción, se considerará firme la resolución final que los de-cida, desde el momento en que se dicte, tal ley no estaba aun vigente cuando se dictó la sentencia de que se trata en el pre-.sente caso. Véase la decisión de esta corte en Rivera v. El Registrador de Guayama, (pág. 625.)

Llama la atención el recurrente en sn alegato Lacia la falta de cumplimiento por parte del registrador del artículo 19 de la Ley Hipotecaria. En efecto la sentencia de dominio se presentó en el registro el 14 de julio y el 17 consignó el registrador su nota definitiva. El artículo 19 prescribe que cuando el registrador notare alguna falta referente a la lega-lidad de las escrituras o a la capacidad de los otorgantes ■“la manifestará a los que pretendan su inscripción, para que, si quieren, recojan la escritura y subsanen la falta en el tér-mino que duran los efectos del asiento de presentación.” Puede verse que el espíritu de la ley es el de que el regis-trador dé a las partes contratantes el beneficio de su expe-riencia antes de que se tome ninguna acción definitiva. De este modo sólo se recurrirá para ante esta Corte Suprema cuando en realidad de verdad exista una disparidad de cri-terio entre la persona que solicita la inscripción y el regis-trador. En tal virtud llamamos en efecto la atención del Registrador de la Propiedad de Guayama hacia lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Hipotecaria y hacia sus comen-tarios por Galindo, página 145 del tomo 2 de la cuarta edición de su obra sobre la materia.

Con la anterior observación, opinamos que debe confir-marse la nota recurrida.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Hutchison,

text:
    Mari, Demandante y Apelante, v. Mari, Demandado, y The Royal Bank of Canada, Interventor y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 1791.
    Resuelto en julio 26, 1918.
    Intervención — Derecho de xjna Persona a Intervenir en un Litigio. — En el presente caso se alegó por el apelante que no procedía la demanda de Inter-vención porque el interventor no tenía ningún interés en el litigio, toda vez. que la materia del mismo era una deuda pendiente entre demandante y de-mandado en la que no tenía incumbencia el interventor y porque el embargo fué un mero incidente en el curso del pleito. Se resolvió: Que teniendo el demandado en la acción principal contraído con el interventor un préstamo agrícola, procedía la demanda de intervención, puesto que los estatutos re-ferentes a la materia deben interpretarse liberalmente y las personas que tengan gravámenes sobre las propiedades afectadas por el pleito o cuyos derechos puedan ser afectados por la sentencia, tienen derecho a intervenir.
    Alegaciones — Acción Preferente. — Apareciendo de la demanda del interventor que la fecha del vencimiento del préstamo era posterior a la de la presenta-ción de la demanda, no era preciso consignar en la misma ninguna alegación expresa sobre que, de acuerdo eon la ley, el interventor hizo uso de su de-recho preferente dentro de los veinte días después del vencimiento de la obligación.
    Custodia Legal de los Bienes — Venta Sumaria. — El hecho de que la contro-versia del interventor estaba pendiente en la misma corte que a la feeha del embargo trabado por el demandante-apelante ya tenía la custodia legal de los bienes muebles gravados como garantía del préstamo, relevó al interventor de la necesidad de iniciar procedimiento separado para la venta sumaria de dichos bienes.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: <Sr. Angel A. Vázquez.

    Abogado del demandado: Sr. José Sabater.

    Abogados del interventor: Sres. Horton & Janer y J. Válldejuli.

   El Juez Asociado Se. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El Royal Bank of Canada intervino en un pleito iniciado en la corte municipal por Ernesto Mari contra Juan Mari y entre otras cosas alegó lo siguiente:

“II. El demandado arriba mencionado otorgó a favor del inter-ventor, el día 31 de marzo de 1916, un préstamo agrícola por la suma de seis mil dollars, que recibió del interventor, a vencer el día 30 de octubre de 1916, quedando afectos en guarantía de dicha suma de dinero los siguientes productos agrícolas: (se describen).
“III. Que en julio 15 de 1916, el marshal de esta corte a instan-cias del demandante ha embargado como de la propiedad del deman-dado los productos y efectos que más adelante se especifican para responder y asegurar la efectividad de la sentencia que pueda recaer en este caso a favor del demandante en virtud de una demanda pre-sentada por dicho demandante en contra del demandado, cuyas prin-cipales alegaciones son como sigue:
“Io. Que tanto demandante y demandado son residentes de San Germán, y tienen capacidad para demandar y ser demandados:
“2o. Que el demandado tomó a la Caja de Economías y Prés-tamos en 15 de diciembre de 1915 la suma de $848 para pagarlos con sus intereses al 12 por ciento anual el día 15 de junio de 1916;
“3o. Que como memorándum de dicha obligación el demandado suscribió un pagaré, el cual se garantizaba con una nota de fianza mancomunada ei insolickom por tres fiadores, a saber: el Dr. Andrés Orsini, Delfín Llorens y el demandante;
“4o: Que el demandado no pagó a su vencimiento su pagaré, ni sus intereses, montantes a $7.06, que sumados a la suma principal ascendía a la cantidad de $855.06;
“5o. Que tanto el Dr. Orsini como el demandante fueron reque-ridos por la Caja de Economías y Préstamos, y que aquél pagó la mitad de la citada suma de $855.06, o sean $427.53; y que asimismo el demandante pagó otra suma igual de $427.53; y
“6o. Que por el concepto expresado el demandado adeuda al de-mandante la suma de $427.53, la que no le ha pagado al demandante hasta la fecha, ni en todo ni en parte.
“Y termina dicha demanda suplicando se dicte sentencia en favor del demandante por la citada suma de dinero, costas, desembolsos, e intereses legales correspondientes.
“IV. Alega ahora el interventor que no apareciendo de la faz de la demanda del demandante ninguna alegación que el demandado fuese insolvente el día 15 de junio de 1916, ni de que uno de los fiadores, o sea Delfín Llorens, fuera asimismo insolvente en la citada fecha, ni ninguna alegación de vencimiento de la obligación a repetir el demandante del demandado lo que haya pagado como fiador de éste, dicha demanda, en cuanto concierne a los derechos del inter-ventor, no aduce hechos suficientes a determinar una causa de acción contra el demandado en este caso.
“V. Alega ahora el interventor de que la obligación del deman-dado para con el demandante no ha vencido aun, y que la recla-mación del demandante es prematura.
# # .* * « # #
“VII. Que los bienes embargados por el demandante como de la propiedad del demandado están afectos al gravamen anteriormente relacionado, del préstamo agrícola, título No. 52, y que los bienes así gravados tienen preferencia especial en favor del interventor, eon exclusión de cualquier otro acreedor.
“VIII. Que los productos y efectos embargados por el deman-dante como de la propiedad del demandado son los siguientes: (se describen).
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“IX. Que los productos y efectos relacionados en la alegación anterior no alcanzan a un valor de más de tres mil dollars y que son insuficientes a cubrir el crédito preferente del interventor que as-ciende a seis mil dollars.”

El demandante, después de admitir algunos de los hechos alegados por el interventor y de negar otros, alegó, como materia nueva, lo que sigue:

“Los bienes embargados por el demandante, como propiedad del demandado, para asegurar la efectividad de la sentencia que pueda recaer en este pleito, no son los mismos que se reseñan en el hecho II de la demanda del interventor, sino que son bienes distintos en los cuales no tienen título ni interés el Royal Bank of Canada.” '

Y como defensa especial, el demandante alegó además:

“De la faz de la demanda no aparece que el interventor tenga interés en que se dicte sentencia en favor ni en contra del deman-dado, ni que, con referencia al asunto en litigio, tenga el interventor algún derecho en contra de ambas partes demandante y demandada.”

La sentencia de la corte municipal dispone—

“* * * que el demandante recobre del demandado la suma de cuatrocientos veinte y siete dollars cincuenta y tres centavos que adeuda el demandado a dicho demandante, y levantado el embargo trabado sobre los bienes del demandado a que hace referencia el inter-ventor en su demanda de intervención; y asimismo declara la corte preferente el crédito del interventor eon relación a los bienes em-bargados antes citados y quedando afectos al préstamo No. 52, otor-gado ante el Juez Municipal de San Germán en 30 de octubre de 1916.”

La corte de distrito a moción del demandante apelante desestimó la demanda de intervención por la teoría de que la misma no demostraba ningún interés en la materia del pleito ni aim en el resultado del mismo y más tarde la corte, a moción del interventor, citando las autoridades, reconsi-deró y dejó sin efecto la orden anterior admitiendo la de manda de intervención.

La sentencia definitiva reza en parte del siguiente modo:

“La corte después de oir la evidencia introducida por las partes comparecientes y sometido el caso a su consideración reservó su reso-lución hasta el día de hoy, y en este día después de considerar los alegatos escritos de los letrados concurrentes, es de opinión que la ley y los hechos están a favor de la parte demandante y en contra del demandado Juan Mari, y dicta sentencia por la que declara con lugar la demanda y decreta y ordena que el demandante Ernesto Mari, hoy Francisco Mariani y Colmenero obtenga y recobre del demandado Juan Mari la suma de cuatrocientos veinte y siete dollars cincuenta y tres centavos de principal, intereses al uno por ciento mensual desde la fecha del vencimiento de la obligación que se cobra en la demanda, hasta su completo pago, más las costas, gastos, desem-bolsos y honorarios de abogado.
“Y asimismo la corte es de opinión que la ley y los hechos están a favor del interventor y en contra del demandante, y por lo tanto declara preferente el crédito del interventor a cualquier otro cré-dito, y afectos los bienes embargados en este caso al pago de los seis mil dollars adeudados por el demandado a dicho interventor; y se ordena que el márshal encargado de llevar a efecto esta sen-tencia, satisfaga al interventor con preferencia a cualquier otro acree-dor el importe de su crédito, hasta donde alcance el total de lo que pueda obtenerse por la venta de los efectos embargados preventiva-mente en este caso por el demandante, y que están afectos al préstamo agrícola a que se contrae el título No. 52 de la Corte Municipal de San Germán, P. R., quedando pospuesto el cobro del crédito del demandante, hasta tanto que el interventor haya cobrado su crédito, garantido con los bienes embargados afectos al préstamo agrícola a que la demanda de intervención se contrae, con las costas, gastos y desembolsos causados por el interventor a cargo del demandante,

Se fian señalado los siguientes errores:

“1. La corte erró al reconsiderar la orden que había dictado eli-minando la demanda del interventor.
“2. La demanda del interventor es insuficiente para determinar una causa de acción.
“3. La corte erró en la apreciación de la prueba y ésta es com-pletamente insuficiente para sostener la sentencia.”

La teoría en que se funda el primer error alegado es que el interventor no tiene ningún interés en el litigio porque la materia del mismo es una deuda pendiente entre el deman-dante y demandado con la que no tiene incumbencia el inter-ventor y porque el embargo es un mero incidente en el curso del pleito.

La sección 72 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone:

“Cualquiera persona antes de la celebración del juicio podrá in-tervenir en una acción o procedimiento, si tuviere interés en el asunto en litigio, en el éxito de cualquiera de las partes, o algún derecho en contra de ambas. Esta intervención tiene lugar cuando a un tercero se le permita ser parte en la acción o procedimiento seguido entre otras personas, ya asociándose al demandante a reclamar lo que se pretenda en la demanda, o ya uniéndose al demandado para opo-nerse a las pretensiones del demandante o pidiendo algo en sentido adverso a las reclamaciones de demandante y demandado, cuya inter-vención se efectúa por medio de demanda exponiendo en ella los motivos en que se funde, presentada con permiso de la corte y noti-ficada a las partes que no hubieren comparecido y a los abogados de las comparecidas, quienes podrán contestar o alegar una excep-ción a ella como si fuese una demanda ordinaria.”
“Tales estatutos deben interpretarse liberalmente * ■* *. 20 R. C. L. 684, see. 22.
“Las personas que tengan gravámenes sobre las propiedades afec-tadas por el pleito o cuyos derechos puedan ser afectados por la sen-tencia tienen derecho a intervenir '* * *.” Id. p. 687, see. 25.
“Con el fin de facilitar a las personas la protección de sus dere-chos cuando están en peligro de ser perjudicados por medio de pro-cedimientos de embargo, los estatutos de un número de estados per-miten lo que se llama una ‘intervención.’ Este remedio no se conocía en la ley común pero parece ser un producto de la ley civil. Tuvo su origen en este país, en Louisiana de donde se llevó primeramente a California y hasta el momento actual ha sido adoptado principal-mente por los Estados del centro y los del oeste de la Unión.” 2 R. C. L. 879, see. 94.
# Las cortes de la ley común han visto con algún recelo la introducción en su sistema de estos hijos de la ley civil y al inter-pretar los estatutos no han revelado ninguna responsabilidad (libe-ralidad?). Por otra parte las cortes en las jurisdicciones en que prevalece la ley civil como regla general han interpretado la práctica de las intervenciones en el sentido de extender sus beneficios.” Id. p. 880, see. 94.
“No sólo existe el derecho de intervención en favor de personas que alegan el dominio o derecho de posesión de propiedades embar-gadas sino que según el peso de autoridades una petición de inter-vención puede presentarse por cualquiera que tenga algún gravamen sobre la cosa * * #. De acuerdo con esta doctrina toda persona que tenga un gravamen sobre una propiedad por virtud de una hipo-teca constituida por el demandado contra quien se hizo el embargo puede intervenir.” Id. p. 882-83, see. 98.

Véase también a Potlatch v. Runkel, 16 Idaho 192, anotado en 23 L. R. A. (N. S.) 536 y 18 Am. Cases 591; nota al caso de Walker v. Saunders, 123 Am. St. Rep. 280; Garland’s Rev. Code of Prac. (3d ed.) págs. 298-309, secs. 389-398, app. págs. 867-869; Brooklyn Cooperage Co. v. Cora Planting and Mfg. Co., 137 La. 807; Bank v. Levert, 133 La. 494; Wells v. Blackman, 121 La. 394; Brugier v. Miller, 114 La. 419, Claflin Co. v. Feibelman & Co., 44 La. Ann. 518; Gilkeson Sloss Com. Co. v. Bond & Williams, 44 Am. 841; Durnford v. Clark’s Estate, 3 La. 199; New Orleans Canal & Banking Co. v. Beard, 16 Ann. 345; Blackly v. Matlock, 3 Ann. 366; Horner v. Dennis, 34 Ann. 389; Goode v. Nelson, 29 Ann. 143; Fisher v. Gordy, 2 Ann. 763; Gil v. Gil, 10 Rob. 28; Estelle Garrigues Vanhille v. Her Husband, 5 Rob. 496.

Bajo el segundo error además de la alegación ya discutida el apelante arguye que la demanda debe alegar que “dentro de los veinte días siguientes al vencimiento del préstamo” el interventor solicitó de la corte municipal la venta en pú-blica subasta de los bienes muebles gravados para asegurar el préstamo.

La sección 8 de la ley en que se apoya el apelante dis-pone que: ,

“El tenedor de un título que debe transcurrir veinte días sin reclamar su pago después del vencimiento perderá la acción prefe-rente que por esta ley se le concede para cobrar, y sólo podrá cobrar después en el juicio correspondiente.”

En el presente caso, sin embargo, el préstamo agrícola se había otorgado en la misma corte municipal ante la cual se presentó toda esta controversia. La demanda del interventor fechada, julio 28, 1916, fijaba el 30 de octubre de 1916-como el día en que había de vencer el préstamo. Si la obli-gación no había vencido, el término de veinte días después, del vencimiento no pudo haber expirado.

En el argumento del tercer motivo de error se apunta tam-bién que la sentencia de la corte de distrito después del juicio-cié novo, se dictó unos ocho meses después del vencimiento del préstamo y que el interventor dejó de probar que él hu-biera solicitado de la corte municipal la orden para vender-los bienes afectos al préstamo agrícola dentro de los veinte-días después de dicho vencimiento. La sentencia de la corte municipal fué dictada sin embargo muy poco tiempo después del vencimiento aunque no dentro de los veinte días y el hecho de que esta controversia estaba pendiente en la misma corte que a la fecha del embargo trabado por el demandante-apelante ya tenía la custodia legal de los bienes muebles, gravados como garantía del préstamo, relevó al interventor de la necesidad de iniciar procedimientos separados para la venta sumaria de dichos bienes.

En cuanto a las demás cuestiones discutidas bajo el tercer señalamiento de errores, será bastante decir que no encon-tramos un error tan manifiesto que requiera una revocación..

La sentencia y la orden rehusando un nuevo juicio deben confirmarse.

Confirmada la sentencia y la orden recurridas.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Presidente Sr. Hernández no intervino.


text:
    Seín, Demandante y Apelante, v. González et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte do Distrito de Aguadilla en pleito sobre tercería.
    No. 1751.
    Resuelto en julio 27, 1918.
    Intervención — Subrogación Convencional — Asignación de Deuda.' — Entre el demandante en un pleito en que se embarga dinero que está en manos de un municipio como perteneciente a un contratista de obras públicas, y otro acreedor que interviene como cesionario del demandado primitivo, el traspaso hedió por dicho contratista a favor del interventor, de su derecho e interés en los plazos del contrato de construcción, no está viciado por la regla general do que la consumación de una subrogación convencional exige la par-ticipación y consentimiento en la misma de tres partes, a saber, el acreedor origina], la persona que lo substituye y el deudor.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. José D. Rodrigues y Abraham Peña.

    Abogados de los apelados: Sres. Francis & Soto.

   El Juez Asociado Se. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Juan B. Seín intervino como tercerista en nn pleito pen-diente en la Corte de Distrito de Aguadilla y en su demanda de tercería alegó:

“2. Que el demandado Jesús Ma. González, en un pleito enta-blado contra el otro demandado Rafael García Soler, ante esta Iíon. Corte en cobro de una suma mayor de seiscientos dollars embargó como de la propiedad del demandado el diez por ciento que a dicho Rafael García Soler adeuda el Municipio de Lares como contratista que dicho García Soler fué de la construcción del acueducto del pueblo de Lares; y que dicho embargo fué efectuado en 14 de abril de 1916.
“3. Que para la fecha del embargo y desde el 26 de enero de 1916, el demandante Juan Bautista Seín, era y es dueño’ ele esa suma del diez por ciento que el Municipio de Lares adeuda y el cual as-ciende a una suma superior a tres mil dollars, en virtud de haber sido subrogado por el contratista Rafael García Soler en su propio lugar y derecho para el cobro de dicha suma cuya transacción se efectuó para, cobrar el demandante una suma superior a ocho mil dollars que había adelantado para la construcción de las obras del referido acueducto y de las cantidades que desembolsó con poste-rioridad al 26 de enero de 1916.”

Después de un juicio sobre los méritos del caso se des-estimó la demanda del tercerista.

En una escritura firmada ante notario, de fecha enero 26, 1916, y presentada como-prueba, se hace constar:

“Primero. — Que don Rafael García Soler es el contratista de las obras del acueducto de esta población y que para la construcción del mismo se halla asociado con don Francisco Paralitici.
“Segundo. — Que como esta sociedad es privada los pagos se le hacen directamente al contratista don Rafael García mediante cer-tificados mensuales de las obras ejecutadas. Que además de acuerdo con el valor de la obra tienen un diez por ciento a fondo.
“Tercero. — Que han tomado a crédito materiales, efectos y dinero a diversos personas, adeudando actualmente lo siguiente:
“A F. Elizalde Lecaroz, trescientos tres dólares diez y seis centavos; a Sbert y Márquez doscientos veinte y ocho dólares noventa y siete centavos; a Aleover & Compañía, novecientos cincuenta dó-lares; a Adriano González, trescientos sesenta y nueve dólares ochenta y seis centavos; a Márquez y Compañía, quinientos treinta y cinco dólares; a Juan B. Seín, seis mil ochenta y seis dólares cuatro centavos.
■ "Que las sumas antes expresadas hacen un total de ocho mil cuatrocientos setenta y tres dólares tres centavos, de cuya suma total se ha hecho cargo el Sr. Seín, por lo que el compareciente don Rafael García Soler a nombre de la sociedad constructora reconoce ser deudor al Sr. Seín de dicha suma total.
“Guarió. — Que como aun hay que hacer varios pagos de-mate-riales y de peones, don Rafael García Soler autoriza por la presente a. don Juan Bautista Seín para que satisfaga las cantidades nece-sarias a tal objeto entregándolas al Sr. Paralitici previos compro-bantes aprobados por el Sr. García.
“Quinto. — Que para pagar a don Juan B. Seín la suma adeudada de ocho mil cuatrocientos setenta y tres dólares cuatro centavos y las cantidades que en el futuro desembolse don Rafael García Soler subroga a don Juan B. Seín en su propio lugar y derecho, para cobrar y percibir todas las cantidades que el Municipio de Lares haya de satisfacer al Sr. García como contratista de las obras del acue-ducto incluso el diez por ciento que ha de satisfacerle después de terminadas las obras. Al terminarse dichas obras se hará nna liqui-dación entre el Sr. García Soler en nombre de la sociedad construc-tora y el Sr. Seín, cobrando o pagando cada uno lo que en virtud de dicha liquidación le corresponda.
í:Con estos antecedentes otorgan la siguiente: cláusula única: Don Rafael García Soler subroga a don Juan B. Seín en su propio lugar y derecho para percibir los pagos de toda clase que en su carácter de contratista de las obras del acueducto de Lares, ha de hacerle el municipio de esta población dándole poder para poder endosar y firmar todos los cheques, los cuales el municipio entregará al Sr. Seín.

Esta prueba documental fué suplementacla por las decla-raciones de testigos sobre las mismas cuestiones, particular-mente la del alcalde de Lares en cuanto al aviso que se le liabía dado junto con la copia de la escritura que envió al Departamento del Interior en San Juan.

Del récord no aparece cuál era la teoría sustentada por la corte de distrito, pero en apoyo de la sentencia el apelado arguye:

1. Que no hubo subrogación por parte del tercerista en los derechos de los acreedores de García.

2. Que si tal. subrogación se hubiera demostrado Seín no hubiera podido adquirir otros derechos que los que conser-vaban los acreedores y ellos no podrían demandar en tercería.

3. Que el interventor o tercerista no puede presentar para sostener su teoría de subrogación una deuda originada directamente de García- Soler para con él porque el pago tenía que ser sobre la deuda de otro.” 37 Cyc. 374, 375.

4. Que no hubo tal- subrogación: (a) Porque de la prueba no aparece que Seín pagara a García la cantidad completa ■del diez por ciento en cuestión, necesaria para efectuar la dicha subrogación, pero que sólo establece una deuda de Gar-cía a Seín y una garantía de otras deudas pendientes de pago por García a varios acreedores; y (b) porque el convenio o contrato entre García y Seín era un mero poder y no una subrogación convencional.

Es contestación suficiente a las tres primeras proposi-ciones indicadas decir que en este caso la alegada subroga-ción es convencional y no legal y que el interventor sostiene haberse subrogado en los derechos de García y no en los de los demás acreedores.

El apelante lia omitido citar autoridad alguna en apoyo de la razón apuntada en primer lugar como base para la conclusión presentada en la cuarta proposición y no vemos por qué el dinero adelantado, la promesa de futuros abonos y el propósito de saldar ciertas deudas ya contraídas y ga-rantizadas por Seín no puedan constituir una causa válida para la cesión de los derechos de García en cuanto a los futuros créditos o pagos bajo las condiciones del contrato de obras celebrado con el ayuntamiento. También creemos que el documento notarial tiene más fuerza que la de un mero poder y que muestra muy claramente la intención de trans-mitir y ceder los derechos, títulos e intereses de García en todos los plazos pendientes de pago originados por los tér-minos del contrato de obras, incluyendo el diez por ciento pagadero a la terminación del trabajo. El convenio de de-volver a García por parte de Seín el sobrante, de existir alguno, sobre la cantidad necesaria y suficiente para reem-bolsar a Seín la cantidad completa no sólo parece ser ente-ramente compatible con esta teoría del contrato sino que muy bien puede estimarse como causa adicional de la cesión.

Aunque el apelado cita también del tomo 8 de Manresa, página 436, lo que sigue:

“La subrogación convencional salvo en caso especial, de que trata el artículo .1211, necesita la intervención y el consentimiento de tres personas: el acreedor primitivo, el que le substituye y el deudor.”

Sin embargo, el mismo autor en el párrafo siguiente dice:

‘ ‘ Lo dicho no excluye ni estorba la facultad que al acreedor asiste para transmitir su crédito a otra persona que lo acepta, sin el consen-timiento del deudor; pero en tal caso no hay novación ele coniralo y sí cesión de derechos entre cuyos actos hay una indudable diferencia teórica, que puede traducirse en distintos efectos prácticos. En la novación se extingue un crédito y aparece otro, que se invoca por el nuevo acreedor como propio; en la cesión éste representa un derecho que pertenecía a otro y que al transmitirse no se lia extinguido. En la cesión los efectos respecto del deudor arrancan de la notificación; en la subrogación convencional de que Rabiamos, desde el momento mismo de la novación.”

En el- mismo sentido se pronuncia Novoa Seoane en su obra “El Progreso del Instrumento Público-/’ 2a. edición, página 609, al decir: “3o. Subrogación a un tercero en los derechos del acreedor, lo cual debe hacerse con el consenti-miento del deudor pues de lo contrario no sería novación sino cesión de acciones

La sentencia apelada debe revocarse.

Revocada la sentencia apelada y dictada otra declarando con lugar la demanda del inter-ventor y nido el embargo a que la misma se refiere.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso - siados Wolf, del Toro y Aldrey.