author: El Juez Asociado Señoe Hutchison,

text:
    Angel Justiniano Estrada, peticionario y apelado, v. Corte Municipal de Ciales, Hon. Luis Martorell, Juez, recucurrida; José de Jesús Ortiz, interventor y apelante.
    Núm. 6811.

    Sometido: Marzo 5, 1936.

      Resuelto: Julio 28, 1936.

      V. Polanco de Jesús, abogado del apelante; Angel Rivera Colón, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señoe Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

.En 22 de marzo de 1934, José de Jesús Ortiz presentó demanda, ante la Corte Municipal contra Dolores Arvelo Colón para recobrar la suma de $100 que se alegaba era el saldo adeudado de un pagaré. Embargó entonces una pe-queña parcela de terreno como de la propiedad de Dolores Arvelo. El 30 de abril Angel Justiniano Estrada radicó una petición solicitando permiso para intervenir, en que alegaba que Dolores Arvelo por escritura notarial otorgada ante el Lie. Angel Eivera Colón, el 20 de octubre de 1931, le había traspasado el terreno posteriormente embargado por José de Jesús Ortiz, como perteneciente a Dolores Arvelo y qne el peticionario era dueño de la finca embargada. Acompa-ñaba a esta petición la supuesta demanda de intervención. El 4 de mayo el peticionario solicitó se señalara un día para oír su petición. Se fijó el 10 de mayo para ello y las partes fueron notificadas. A instancias del demandante se anotó la rebeldía de la demandada el 26 de mayo. En dicto día el demandante presentó su prueba y el juez municipal dictó sentencia contra la demandada Dolores Arvelo. El 4 de junio <el peticionario nuevamente solicitó se señalara su solicitud •de intervención y se señaló para ello el 14 del mismo mes. En este último día el demandante radicó una moción solicitando se librara mandamiento de ejecución y el juez municipal or-denó la expedición del mismo. El 2 de julio el peticionario solicitó se suspendiera una subasta que había sido anunciada para el 11 y se señaló el día 9 del referido mes para oír a las partes sobre esta moción. Al día siguiente la corte municipal desestimó la demanda de intervención en la teoría de que si Estrada tenía alguna reclamación que hacer sobre los bienes embargados, debía alegarlo por medio' de una tercería de mejor derecho. El juez municipal también indicó que Estrada con, fecha 14 de junio, mientras se oía su solicitud de intervención, no había presentado prueba en apoyo de su ale-gación do que Dolores Arvelo mediante escritura pública número 140, otorgada en Cíales, ante el Lie. Angel Bivera Colón, el 20 de octubre de 1931, le hubiera vendido el terreno posteriormente embargado por de Jesús. El mismo 10 de julio, la corte municipal declaró sin lugar la moción para que se suspendiera la subasta, fundándose en que Estrada debió haber presentado un injunction en vez de solicitar que se suspendiera la venta en ejecución de sentencia. La corte de distrito, mediante recurso de certiorari, dejó sin efecto todos los procedimientos habidos ante la corte municipal con poste-rioridad a la sentencia. De Jesús apela y sostiene:

“1. — Erró la Corte al declarar que la Corte Municipal no debió celebrar el juicio sin resolver antes si procedía o no la intervención, constando que la parte interventora tuvo tiempo suficiente para lo-grar que su intervención fuera vista, resuelta y caso afirmativo lle-vada a juicio.
“2. — Erró la Corte al resolver implícitamente que era necesario declarar abandonada la intervención por falta de diligencia del in-terventor y del demandante antes de que se pudiera celebrar el juicio en el pleito principal.
“3. — Erró la Corte al anular los procedimientos en el caso en la corte municipal de Cíales, No. 2150, posteriores a la sentencia por los cuales se bizo efectivo el fallo, tales como la orden de ejecución, señalamiento de remate y subasta celebrada; resolución negando la intervención y solicitud negando la suspensión de remate.”

La corte de distrito no alteró la sentencia dictada por el juez municipal. Si el juez de distrito cometió error, con-forme se alega en los dos primeros señalamientos, sus errores no fueron perjudiciales. En apoyo del tercer señalamiento el apelante se funda en el artículo 72 del Código de Enjui-ciamiento Civil que lee en parte como sigue (bastardillas nuestras):

“Cualquiera persona antes de la celebración del juicio podrá in-tervenir en una acción o procedimiento, si tuviere interés en el asunto en litigio, en el éxito de cualquiera de las partes, o algún derecho en contra de ambas. ...”

La única cuestión presentada en el caso de autos por la solicitud para intervenir o por la demanda de intervención, fué la cuestión relativa al dominio de los bienes embargados. Tal cosa nada tenía que ver con ninguna cuestión envuelta en la sentencia dictada por la corte municipal. La sentencia fué dictada el 26 de mayo. La petición se archivó el primero del mismo mes. A instancias del peticionario se fijó el 10 de mayo para oír a las 'partes y ambas fueron notificadas. En ausencia de algo que revele que el peticionario fué res-ponsable de que se dejara de oír y resolver la cuestión rela-tiva a la intervención antes del juicio, la sentencia dictada a favor del demandante sobre la cuestión principal no era óbice a una determinación posterior de los derechos del pe-ticionario. a intervenir ni a la cuestión de dominio. Véanse: Casanova v. Corte, 41 D.P.R. 850; Rodríguez & Hnos. v. Corte, 40 D.P.R. 875; 123 Am. St. Rep. 294, 295; Lester v. Ladrigan (Conn.) 98 Atl., 124, L.R.A. 1916 F.; Marcum v. Edwards (Ky.) 205 S. W. 798; Hunt v. Starks, 75 S. W. (2d) 787; Parham & Co. v. Potts-Thompson, etc. (Ga.), 56 S. E. 460; Petty v. Hayden (Iowa), 88 N.W. 393; 20 Ruling Case Law 688, sec. 27.

El juez municipal debió haber declarado con lugar la soli-citud de intervención del peticionario y debió haber resuelto prontamente la cuestión de dominio con anterioridad a la fecha de la subasta. No habiéndolo hecho así, la corte municipal debió haber concedido permiso para intervenir, y debió haber suspendido la subasta mientras se determinaba la cues-tión de dominio. Cermak v. Schaaf (Ill.) 139 N. E. 39, 37 A.L.R. 1398; Juilliard v. May (Ill.) 22 N. E. 477; Simmons Clothing Co. v. Davis (Ind.) 58 S. W. 655; Ebersbach v. Ringling Co., 131 So. 148. De ello se desprende que la corte de distrito no cometió error, contrario a lo que sostiene el apelante en el tercer señalamiento.

La resolución apelada debe ser confirmada.

Los Jueces Asociados Señores Córdova Dávila y Travieso no intervinieron.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Del Toro,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Emilio Cotis, acusado y apelante.
    Núm. 5875.

    Sometido: Mayo 5, 1936.

      Resuelto: Julio 28, 1936.

      Miguel A. García Méndez, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión, del tribunal.

Se acusó por el Fiscal del Distrito de Mayagiiez a Emilio Cotis y a Juan Casiano como autores de un delito de adulte-ración de leche cometido en San Germán, en noviembre 27, 1934, al transportar leche de vaca adulterada dedicada al consumo humano.

Alegó el acusado Cotis que no era culpable y celebrado el juicio, la corte, en marzo 7, 1935, lo condenó a pagar veinte y cinco dólares de multa. Apeló para ante este Tribunal Supremo y señala como errores la desestimación de su moción' de nonsuit y el pronunciamiento de la sentencia condenatoria sin prueba y en contra de la jurisprudencia de este Tribunal Supremo.

Al comenzar el juicio, ambas partes estipularon que si el químico del Departamento de Sanidad fuera llamado, “declararía que una muestra de leche que le fué remitida allá para el mes de noviembres diciembre del 1934, marcada con las iniciales A. B. número 47, fué examinada por dicho químico, y que la misma resultó adulterada con un 46 por ciento de agua añadida artificialmente.”

Luego se oyó el testimonio de Arturo Benavent. A pre-guntas del fiscal respondió que el 27 de noviembre de 1934 se dedicaba a tomar muestras de leche como empleado de Sani-dad en el municipio de San Germán y se dirigió al depósito de leche de doña Conchita Montalvo viendo llegar al acu-sado como de siete a ocho de la noche con la guagua pro-piedad de la Blue Bibb on Dairies, deteniéndolo al bajar los porrones de la guagua e informándole que necesitaba-algunas muestras de la leche para mandarlas al Departamento de Sanidad. Con su consentimiento rompió las amarras de los porrones y tomó tres muestras de leche una de las cuales le entregó, enviando otra al departamento, y conservando la restante, en su oficina, marcándolas A. B. nnm. 47.

Repreguntado por la defensa contestó que el acusado era el que manejaba la guagua, no recordando si había otra persona encargada de la transportación; que se paró frente al depósito;' que los porrones estaban completamente precin-tados en la tapa sin que sepa quién los precintó; que tenían la inscripción corriente de la vaquería de donde procedían;, que tenía la convicción de que nadie había abierto los porro-nes después de haber sido precintados; que los porrones pro-cedían de la vaquería de Antonio Olivieri.

Repreguntado si sabía que Juan Casiano había sido de-nunciado conjuntamente con Ortíz, intervino el fiscal y admitió-que Casiano que viajaba en la guagua, fue denunciado y sen-tenciado por el mismo delito.

A nuevas preguntas del fiscal contestó el testigo que el carro paró en la calle Parque, San Germán, frente al depó-sito de doña Conchita Montalvo, bajándose los porrones y en-trándose al depósito, tomándose las muestras dentro del de-pósito.

Esa fué toda la prueba de cargo presentada. Basándose en que era insuficiente para condenarlo el acusado pidió su absolución y la corte decidió su petición como sigue:

“Hon. Juez: Dentro de las condiciones la Corte no tiene más remedio que declarar sin lugar la moción. El delito de adulteración de leche es como la mayor parte de esos delitos que no requiere una intención. Lo que se necesita es el hecho. La ley es drástica pero* ésa es la ley. No hay duda ninguna, o mejor dicho, ha habido prueba suficiente para que la Corte entienda que hay un caso contra él. Se ha demostrado que él ha transportado leche adulterada; de manera que el hecho de que haya habido otra persona que se ha declarado culpable de haber adulterado esa leche, no revela a este acusado de responsabilidad. Este hombre transportó la leche adulterada esa; se condujo de un sitio a otro- leche adulterada. . . .
“Licdo. Baigés: Que no se ha probado que esa leche sea dedi-cada al consumo humano.
“Hon. Juez: Pero ba habido prueba aquí que ese carro de lecbe paró frente a un depósito y que esos porrones se apearon del carro y fueron llevados al depósito. Basta que una lecbe esté en un de-pósito público, para que sea para el consumo humano.”

Declaró entonces en su defensa el propio acusado. Dijo que era el chauffeur de una guagua de la Blue Ribbon Dairies que transportaba lecbe de G-uánica a Mayagüez, tomándola de distintas vaquerías en porrones precintados y lacrados con el nombre de la vaquería que eran colocados en la guagua por el peón de la misma; que no tiene autoridad para inves-tigar el contenido de los porrones; que las oficinas de la Blue Ribbon están en Mayagüez y que los porrones exami-nados se los entregaron precintados y lacrados en la vaquería de don Antonio Olivieri situada en el barrio de Palmare jo de Lajas. •

La prueba de descargo terminó con la presentación de un affidavit de Juan Casiano admitido sin oposición del fiscal, manifestando que fue él el que por una inadvertencia causó la adulteración de la lecbe transportada por Emilio Cotis en este caso.

Sostiene' el apelante en su alegato que no habiéndose pro-bado que cometiera el delito que se le imputa en ninguna de sus modalidades, debe revocarse la sentencia condenatoria que contra él se dictara y decretarse su absolución. Se funda principalmente en la jurisprudencia sentada por esta corte en los casos de El Pueblo v. Cedrés, 41 D.P.R. 112 y El Pueblo v. Vidal, 44 D.P.R. 519.

Se imputó al acusado Cotis el transporte de lecbe adulte-rada para el consumo humano, hecho constitutivo de delito de acuerdo con la ley. No había que demostrar que fuera él el que verificara la adulteración. [2] Y la circunstancia de que la otra persona que con él fuera acusada del transporte se declarara culpable de la adulteración, no lo exime de su responsabilidad por el transporte. Esto es claro.

La prueba de la transportación es evidente. Se ad-mite por el propio acusado apelante el hecho. Y que la leche se destinaba para el consumo humano,.se presume de haberse descargado los porrones que la contenían en el depósito de la señora Montalvo en San Germán. Pueblo v. Bauzá, 34 D.P.R. 331; Pueblo v. Pérez, 23 D.P.R. 877.

Se insiste en que el acusado apelante nada sabía ni podía sáber'yendo como iban precintados los porrones y es a ese respecto que se invocan los casos de Cedrés, supra, y de Vidal, supra.

: En el primero de dichos casos se hizo énfasis en que Gedrés no transportaba leche de las distintas vaquerías para dedicarla al consumo humano ‘ ‘ sino para entregarla a la per-dona a quien iba dirigida, la que podía hacer con ella el uso que mejor lé pareciera.” Aquí el acusado Cotis no sólo transportó la leche si que la dejó en un depósito destinado a la venta de leche para el consumo humano.

. Y en el caso de Vidal, supra, se resolvió qué: “Compra-dores de leche.que se limitan a transportarla del sitio en que la compran a un depósito, no son responsables de transportar leche adulterada para el consumo humano si en el camino se detiene al que fue por ella para traerla y, examinada la leche, se .encuentra adulterada.” (Itálicas nuestras.) La situación era distinta.

' La declaración del acusado apelante en vez de mejorar empeoró su situación. El fiscal sostiene en su alegato que lo que demuestra es que actuó fuera de su empleo convirtién-dose en cómplice de Casiano en la venta hecha por éste en el depósito de San Germán. Y quizás tenga razón.

Bebe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sen-tencia recurrida.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Travieso,

text:
    Francisco Font Manzano, Síndico del Banco Industrial de Puerto Rico y Rafael Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico, demandantes y apelados, v. Suau, Fiol & Cía., Pedro Antonio y Matías Suau Ballester, demandados y apelantes.
    Núm. 7242.

    Sometido: Julio 20, 1936.

      'Resuelto: Julio 30, 1936.

      Juan B. Soto, abogado de los apelantes; Don. Procurador General B. Fernández García y B. Gordovés Arana, Procurador General Auxiliar, abogados del Tesorero apelado; Garlos Santana Becerra, abogado del Síndico.
   El Juez Asociado Señor Travieso,

emitió la opinión del tribunal. ■

Los demandantes apelados han presentado una moción en la que solicitan se desestime por frívolo el presente recurso. Examinemos primeramente los hechos.

En 23 de febrero de 1929 la Sociedad Mercantil “Suau, Fiol y Compañía”, representada por su gestor, y los Señores Pedro Antonio Suau Ballester y Matías Suau Ballester, hi-cieron constar por escritura pública:

I. — Que la citada mercantil es dueña de una finca urbana, consis-tente en solar y edificio de dos plantas, con maquinarias para café, planta eléctrica, etc., valorado todo en $40,000.
2. — -Que los otros dos comparecientes son dueños, el primero, de tres-predios rústicos de 12, 8% y 8 cuerdas, respectivamente; y el segundo, de dos predios rústicos, uno de 53.83 y el otro de 9 cuerdas de terreno.
3. — Que la mencionada Sociedad ha tomado un préstamo al Banco-Industrial de Puerto Rico- de $30,000, por el importe del cual se otorgaron a favor del Banco acreedor dos pagarés suseritos-por Suau, Piol y Cía. y por los dos señores Suau Ballester. En el primer pagaré, los firmantes se comprometen a pagar-solidariamente al Banco o a su orden, $25,000, valor recibido en préstamo a nuestra entera satisfacción, y garantizan el cum-plimiento de la obligación hipotecando especialmente una finca urbana, propiedad de la Mercantil Piol, Suau y Cía. Al pie de dicho pagaré hace constar el Notario que la obligación pre-cedente está garantizada por hipoteca sobre una finca urbana radicada en Lares.
4. — El segundo pagaré es del mismo tenor que el primero y está sus-crito por las mismas partes, quienes se comprometen a pagar solidariamente al Banco $5,000, valor recibido en préstamo a nuestra entera satisfacción. El cumplimiento de la obligación! está garantizado por hipoteca especial de las cinco fincas rús-ticas pertenecientes a los señores Pedro Antonio y Matías Suau Ballester, según lo hace constar el Notario al pie del docu-mento.
5. — Los párrafos Quinto y Séptimo de la escritura de hipoteca leext^ así:'
“Quinto. — Que en garantía de la suma de veinticinco mil dólares, importe del pagaré hipotecario número uno, aquí trans-crito, sus intereses en la forma convenida en dicho pagaré, más-un crédito adicional de mil dólares para costas, gastos y ho-norarios de abogado en caso de reclamación judicial, la Mer-cantil Suau, Fiol y Compañía por su gestor el compareciente don Bernardo Piol Isem, constituye primera hipoteca volun-taria a favor de los tenedores del pagaré número uno aquí-transcrito, sobre la finca urbana que se describe en el hecho primero de esta escritura.” (Bastardillas nuestras.)
“Séptimo. — Que en garantía de la suma de cinco mil dó-lares, importe del pagaré número dos aquí descrito, sus inte-reses en la forma convenida en dicho pagaré, más un crédito-adicional de doscientos dólares para costas, gastos y honora-rios de abogado en caso de reclamación judicial, don Pedro Antonio Suam Ballester y don Matías Suau Ballester consti- tuyen hipoteca voluntaria a favo-r de los tenedores del pagaré; número dos aquí transcrito, sobre las fincas que se describen en los hechos segundo y tercero de esta escritura.”

El Banco Industrial de Puerto Rico cedió ambos pagarés al Tesorero de Puerto Rico, como garantía colateral, siendo-dicho funcionario el actual tenedor de dichas obligaciones. Y habiendo vencido ambos pagarés, el Síndico del Banco y el Tesorero presentaron demanda contra los tres firmantes de los pagarés. En dicha demanda se formulan dos distintas y separadas causas de acción.

Por la primera causa de acción se trata de ejecutar por la vía ordinaria la hipoteca constituida por Piol, Suau y Cía., sobre la finca urbana radicada en Lares, para garantizar el pago del pagaré de $25,000; y se pide sentencia por el mon-tante del pagaré, más la suma de $8,679.45 por intereses, más las costas, y que en caso de falta de pago de dichas sumas-se ordene la venta en pública subasta de la finca, urbana que garantiza el crédito.

Por la segunda causa de acción se ejercita la acción personal contra Pedro Antonio Suau Ballester y Matías Suau Ballester, como firmantes del pagaré de $5,000, para el cobro-de dicha obligación; y se pide sentencia por la suma de-$5,000, intereses, etc.

Desestimada la excepción previa de falta de causa de ac-ción, los demandados contestaron la demanda y alegaron:

1. — Que los $25,000 del pagaré núm. 1 son parte de un préstamo de-$30,000 hecho por el Banco a Suau, Fiol y Cía., en garantía del cual los demandados constituyeron hipoteca sobre la finca urbana en Lares y sobre los cinco predios rústicos, habiendo-ademas, suscrito dos pagarés, uno por $25,000 y otro por $5,000.
2. — Que ni en la escritura de constitución de hipoteca, ni en nin-guna otra parte se dividió la responsabilidad de las dichas; fincas, conviniéndose por él contrario en la escritura que res-ponderían todas y cada una de ellas de la totalidad del cré-dito o sea de los $30,000.
3. — Que los $5,000 que se consignan en el pagaré núm. 2 son parte: de un crédito de $30,000 en garantía del cual los demandados-constituyeron hipoteca sobre la finca urbana y sobre los cinco predios rústicos y suscribieron los dos pagarés.
4. — Que la inscripción de la hipoteca es nula por no haberse hecho constar en forma alguna la cuantía de que responde cada una de las fincas hipotecadas.

La corte de distrito dictó sentencia de acuerdo con la sú-plica de la demanda.' Los demandados apelaron.

Los demandantes apelados han formulado moción en la que solicitan la desestimación del recurso, por entender que de los autos del caso se desprende que el recurso es frívolo y que ha sido interpuesto con el único fin de demorar la ejecu-ción de la sentencia.

La frivolidad del recurso no salta a la vista, pero se descubre fácilmente al hacer un estudio crítico de los autos y del aleg-ato de la parte apelante. Hemos hecho ese estudio y él nos ha convencido de que el recurso interpuesto carece de méritos y es claramente frívolo.

La teoría que presenta el apelante es la de que hubo una sola operación de préstamo por $30,000; que ese préstamo fué garantizado con una hipoteca sobre seis fincas, una ur-bana y cinco rústicas, y que la hipoteca es nula, porque no solamente no se distribuyó la responsabilidad entre las seis fincas hipotecadas, según lo requiere la ley, sino que las partes acordaron expresamente que todas y cada una de las seis fincas hipotecadas habrían de responder del importe total del préstamo, en contravención de lo dispuesto en los artícu-los 119 de la Ley Hipotecaria, 164 del Reglamento y 1774 del Código Civil (edición de 1930). Y para sostener esa teoría, el apelante nos dice en su alegato (págs. 8 y 9) lo siguiente:

“ . . . Del examen de dicha escritura resulta:
“Que según lo expresado en el párrafo equivocadamente llamado ‘Trigésimo’ (debía ser décimotercero) de la escritura (véase página 61 de la transcripción de evidencia, empezando en la cuarta línea y •contando de abajo hacia arriba) se estipuló en dicha escritura que ‘no se dividirá entre las fincas hipotecadas la responsabilidad del gravamen constituido, sino qne todas y cada una de ellas responde-rán de la suma total incluyendo costas y cualquiera otra obligación’ de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en dicho ins-trumento. ’ ’

Copiaremos ahora a continuación el párrafo Decimotercero de la escritura, por equivocación denominado “Trigésimo”, tal como consta en la Transcripción de Evidencia, páginas 61 y 62.

“Trigésimo. — Queda estipulado que no se dividirá entre las fin-cas de don Pedro don Matías Suau Ballester aquí hipotecadas la res-ponsabilidad del gravamen constituido, sino que responderán todas y cada una de ellas de la suma total incluyendo intereses, costas y cualquier otra obligación de acuerdo con los términos y condiciones especificadas en esta escritura.” (Bastardillas nuestras.)

Cotejando los dos párrafos que acabamos de transcribir se descubre fácilmente el error en que se basa toda la argu-mentación del apelante. Ese error consiste en haber supri-mido, por equivocación o inadventeneia clerical, al copiar el párrafo Decimotercero de la escritura, las palabras “de don Pedro' don Matías Suau Ballester aquí,” con la supresión de las cuales se daba mayor alcance a la estipulación conte-nida en dicho párrafo, haciéndola extensiva a la finca urbana de Lares, que no fué ni pudo ser hipotecada por los señores Suau Ballester, por no ser dichos señores dueños de tal finca y sí de los cinco- predios rústicos hipotecados en garantía del pagaré por $5,000.

Explicado el error y reconstruido el párrafo Décimoter-cero, los hechos del caso pueden resumirse así:

Suau, Fiol & Cía. contratan un préstamo; de $30,000. Dicha mercantil y los señores Suau Ballester se obligan soli-dariamente a pagar la suma total representada por dos pagarés, uno de $25,000 y otro de $5,000. En garantía del primero, la citada sociedad constituye hipoteca sobre una finca urbana de su exclusiva propiedad; y los señores Suau Ballester se limitan a suscribir el pagaré como codeudores solidarios. En garantía del segundo, los señores Snan Ba-llester constituyen hipoteca sobrei cinco parcelas de terreno, estipulando como parte de esa hipoteca que no se dividirá entre dichas cinco parcelas la responsabilidad del gravamen, debiendo todas y cada una de ellas responder del pago de los $5,000 del pagaré. Y en cuanto a este segundo pagaré, Suau, Eiol & Cía. se obligaron solamente como codeudores solida-rios.

Es evidente que la finca urbana no quedó en manera alguna afecta a la responsabilidad del pagaré núm. 2; y que las cinco parcelas rústicas no quedaron gravadas en modo alguno para responder del pago de la obligación de $25,000 del pagaré núm. 1. Las dos hipotecas son distintas y separadas, pues garantizan obligaciones distintas y gravitan sobre propie-dades distintas, pertenecientes a diversos dueños.

La hipoteca constituida por los señores Suau Ballester- en garantía del pagaré de $5,000, sin duda alguna adolece del defecto que el apelante trata de hacer extensivo a la hipoteca que garantiza el otro pagaré. Esa es tal vez la razón por la cual los demandantes prescindieron de la garantía hipotecaria en cuanto al pagaré por $5,000 e iniciaron la acción personal para su cobro.

La cuestión sugerida y tan hábilmente presentada por el alegato del apelante carece de méritos y es a todas luces frívola.

Debe desestimarse, por frívolo, el recurso interpuesto.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Sbñoe Tkavieso,

text:
    Petra, Eugenio y Emilio Dávila y Nicolasa Marrero, demandantes y apelados, v. Ofelia Collazo, demandada y apelante.
    Núm. 7303.

    Sometido: Mayo 14, 1936.

      Resuelto: Julio 30, 1936.

      Joaquín Vendrell j A. Quirós Méndez, abogados de la apelante; L. A. García del Rosario j M. A. García del Rosario, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Sbñoe Tkavieso,

emitió la opinión del. tribunal.

En 22 de enero de 1936, la Corte de Distrito de Arecibo dictó sentencia a favor de los demandantes. La demandada fné notificada y el aviso archivado el día 23 del mismo ■mes.

En 19 de febrero de 1936, o sea tres días antes de expirar el término de treinta días para la apelación ante esta Corte Suprema, la demandada radicó una. moción sobre reconside-ración de la sentencia. Dicha moción fné declarada sin lugar el mismo día de sn radicación.

La resolución denegatoria de la reconsideración fné noti-ficada a la demandada apelante en 20 de febrero, 1936, o sea dos días antes de expirar el término original para apelar.

En 24 de febrero, 1936, el escrito de apelación fné notifi-cado a los demandantes, pero no fné radicado en la secreta-ría de la corte de distrito hasta marzo 17 del mismo año.

Los apelados solicitan la desestimación del recurso, ale-gando qne esta corte carece de jurisdicción por haberse radi-cado el escrito de apelación después de haber expirado el tér-mino de treinta días que concede el artículo 295 del Códig*o de Enjuiciamiento Civil, ed..de 1933; que dicho término no puede ser prorrogado por la presentación de una moción de reconsideración de sentencia, pues la ley escrita de Puerto Eico no autoriza, como cuestión de derecho, las mociones de reconsideración, las que van dirigidas a la discreción de la corte sentenciadora; que el término de treinta1 días que para apelar concede la ley es un término jurisdiccional y fatal,, fijado por acción legislativa, y que no puede ser extendido por decisión judicial; que las decisiones de este tribunal en Gran Logia de Distrito v. Logia Víctor Rojas, Inc., 48 D.P.R. 914, y Rodríguez v. Torres, 48 D.P.R. 917, son en efecto le-gislación judicial a guisa de interpretación estatutaria; que la regla establecida por los estatutos federales no deben ser aplicables a las cortes de distrito insulares, especialmente si se tiene en cuenta que en Puerto Eico la radicación de un escrito de apelación no priva al tribunal sentenciador de conocer y resolver una moción de reconsideración de la sen-tencia apelada; que la doctrina de Rodríguez v. Torres, supra, no es aplicable al presente caso, pues la moción de reconsi-deración en el caso de autos fué declarada sin lugar, de plano, el mismo día de su radicación, por considerar la corte que dicha moción carecía, de fundamento; y que la moción de reconsideración podría a lo sumo suspender o detener el tér-mino para apelar, pero no debe en ningún caso tener el efecto de renovar el término.

La parte apelante sostiene que esta corte tiene jurisdic-ción sobre el caso porque la apelación fue interpuesta dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se le notificó la resolución declarando sin lugar la moción de reconsidera-ción ; que el efecto legal de la radicación de una moción sobre reconsideración de una sentencia es quitar a ésta el carácter de definitiva y hacerla inapelable, no volviendo a adquirir la sentencia el carácter de definitiva y apelable hasta que la corte dicta su resolución concediendo o denegando la recon-sideración; y que la apelante en este caso tenía derecho a un nuevo término de treinta días, contado desde la fecha en que se le notificó la denegación de la reconsideración, o sea desde el 20 de febrero de 1936.

La única cuestión legal que se nos presenta lia sido ya considerada y resuelta por esta porte Suprema en varias de sus recientes decisiones, en las cuales los hechos eran idénticos o muy parecidos a los del presente caso.

Examinemos esas decisiones:

En el caso de Pérez Casalduc v. Díaz Mediavilla, 42 D.P.R. 357, se pidió la reconsideración de la sentencia de esta Corte Suprema que confirmaba la de la inferior. Después de radi-cada dicha moción los demandados apelaron para ante la Corte de Circuito. Después de admitido el recurso, los ape-lantes enmendaron su moción de reconsideración, y ésta fué declarada sin lugar. Los apelantes radicaron entonces un nuevo escrito de apelación. Los apelados se opusieron a la admisión del recurso. Esta corte admitió la apelación y dijo:

“En noviembre 26, 1930, la Corte de Circuito de Apelaciones tuvo ante sí el caso de Saurí v. Saurí, 45 Fed. (2d.) 90. La corte resolvió que una moción de reconsideración presentada ante este tribunal suspendía el término para apelar. Dicha corte citó el caso de Citizens Bank of Michigan City v. Opperman, 249 U. S. 448, al efecto de que hasta que se resuelva una moción de reconsideración no podía considerarse definitiva una sentencia. De ahí se desprende necesariamente que el término para apelar solamente comienza desde el momento en que se resuelve una moción de reconsideración.
“ • • • Que la apelación no suspendió el derecho de este tribunal a considerar la moción de reconsideración, fué el criterio de esta corte al decidir la moción de reconsideración. 41 D.P.R. 734.” (Bastar-dillas nuestras.)

En el de Municipio de Guanica v. García, 46 D.P.R. 397, esta corte se expresó así:

"Para los fines de esta opinión podría admitirse que el término dentro del cual debe establecerse recurso de apelación contra ‘una sentencia definitiva pronunciada en un pleito o procedimiento especial,’ a que se hace referencia en el inciso primero del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, empieza a correr, en caso de que se presente oportunamente una moción de reconsideración, tan sólo después de haberse resuelto tal moción y desde el momento en que el secretario archiva copia del aviso de tal resolución enviado a la parte perjudicada.”

Los hechos en Municipio de Guánica v. García, supra, eran algo distintos a los del caso de autos. Allí se dictó una re-solución denegando un injunction. Siete días después se pidió la reconsideración. Tres días más tarde, y antes de que se resolviera la moción de reconsideración, el deman-dante apeló. Los demandados solicitaron la desestimación del recurso por considerarlo prematuro, basándose en la de-cisión de este tribunal en Pérez Casalduc v. Díaz Mediavilla, supra. Esta corte declaró sin lugar la moción de desestima-ción y dijo:

La sentencia a que se hace referencia en el inciso primero es es-pecíficamente una sentencia final. . .

“Ni antes ni después de la ley de 1911 hallamos prueba satisfac-toria de intención legislativa al efecto de que una moción de recon-sideración pendiente debe ser resuelta antes de perfeccionarse una apelación contra las resoluciones enumeradas en el inciso 3 del Ar-tículo 395.”

Merece especial atención la decisión de esta Corte Su-prema en Saurí v. Saurí, 39 D.P.R. 511. Se trataba de una demanda sobre partición de bienes. La Corte de Distrito de Ponce decretó la venta de los inmuebles, para dividir el pro-ducto entre los condueños; y ordenó el nombramiento de ár-bitros para proceder a la división. La sentencia fué notifi-cada en octubre 25, 1924, a los demandados y éstos apelaron en 22 de noviembre de 1924, o sea 29 días después de la noti-ficación. El apelado solicitó la desestimación del recurso, alegando que la sentencia es interlocutoria en cuanto se re-fiere a la división de los bienes y que la apelación debió haber sido interpuesta dentro de diez días después de dictada y registrada la sentencia, según lo provisto por el inciso 3 del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil. Se resolvió que la sentencia era una “sentencia final” y como tal ape-lable dentro del término de treinta días, y se admitió el recurso. Visto éste, la corte confirmó la sentencia apelada, pero modificándola en algunos extremos. Y no conforme con dicha sentencia el demandante elevó el caso en apelación ante la Corte de Circuito de Apelaciones.

La Corte de Circuito al resolver el caso dijo:

“Este caso viene aquí en virtud de cuatro alegados errores. El primero y el segundo sostienen que la Corte Suprema erró al no de-cidir que la sentencia dictada por la Corte de Distrito era meramente interloeutoria y por tanto apelable solamente dentro de diez días. Esto puede ser resuelto brevemente. La sentencia de la Corte de Distrito fué dictada en octubre 24, 1924, pero se radicó una moción de reconsideración el 18 de noviembre de 1924, la que fué denegada el 21 de noviembre de 1924. La apelación fué interpuesta el día 22 de noviembre de 1924 y notificada el 24 de noviembre de 1924; de manera que, aun cuando la sentencia fuere interloeutoria, y no de-finitiva, la apelación fué interpuesta dentro de diez días. La mo-ción de reconsideración suspendió el transcurso del tiempo concedido para la apelación. Citizens Bank v. Opperman, 249 U. S. 448, 450, 63 L. Ed. 701. Los errores 1 y 2 carecen de méritos.” Véase: Saurí v. Saurí, 45 F. (2d) 90.

La Corte de Circuito, al considerar si la sentencia de la corte de distrito era definitiva como sostuvo esta Corte Su-prema o si era interloeutoria como sostenía el apelante Saurí, decidió considerarla como interloeutoria, no teniendo en cuenta que si la sentencia era realmente interloeutoria la apelación debió interponerse dentro de los diez días siguientes al de octubre 24 de 1924; que cuando se radicó la moción de recon-sideración, en noviembre 18, 1924, ya los diez días habían expirado; y que dicha moción de reconsideración no podía en ningún caso tener el efecto de revivir un término que había expirado quince días antes de la fecha de su radicación. En realidad, la apelación en Saurí v. Saurí, 39 D.P.R. 511, era sostenible solamente por tratarse de una sentencia definitiva, que había sido recurrida dentro de los treinta días que fija el inciso Io. del citado artículo 395 del Código de Enjuicia-miento Civil.

La decisión de la Corte de Circuito en Saurí v. Saurí, supra, que lia sido aceptada por esta Corte Suprema como-autoridad para sostener la doctrina de que la interposición de una moción de reconsideración de una sentencia, no sola-mente suspende o interrumpe el transcurso del tiempo fijado por la ley para apelar, sino que lo renueva para que empiece a contarse de nuevo desde la fecha en que se deniegue la reconsideración, está basada en dos decisiones de la Corte Su-prema de los Estados Unidos, que debemos examinar cuida-dosamente para fijar su' significación y alcance.

En Chicago G. W. R. R. Co. v. Basham, 249 U. S. 164, se interpuso demanda ante una Corte de Distrito del Estado de Iowa, para recobrar daños y perjuicios por la muerte de una persona. La compañía demandada apeló a la Corte Su-prema de dicbo estado, la que confirmó la sentencia en no-viembre 26,1915. Se presentó una moción de reconsideración, que fué considerada y declarada sin lugar en abril 7, 1916. Más tarde se presentó una segunda moción de reconsidera-ción, la que después de ser considerada, fué denegada en diciembre 18, 1916. El día 19 del mismo mes y año la deman-dada presentó una petición de apelación (w,rit of error) para, ante la Corte Suprema de Estados Unidos, alegando que la, orden y sentencia final que confirmó la de la corte de distrito, fué registrada por la Corte Suprema de Iowa el 18 de diciembre de 1916. La Corte Suprema federal dijo en su opi-nión:

“Creemos que ésta es una exposición correcta de la fecha efectiva, de la sentencia que se trata de revisar. La sección 237 del Código-Judicial, tanto antes como después de la enmienda de septiembre 6,. 1916, autoriza la revisión, por esta Corte solamente de la sentencia definitiva o decreto de la Corte más alta de un estado, en la que-podía obtenerse la decisión del pleito. Es solamente aquella senten-cia que marca el fin del curso del litigio en las cortes del Estado, la que está sujeta a nuestra revisión. Por consiguiente, sea cual fuere-su forma de finalidad, si una sentencia está de hecho sujeta a recon-sideración y revisión por la corte estadual de última instancia por-medio de una petición de reconsideración, y dicha petición es radi- cada y recibida y considerada por dicha corte, debemos aceptar que ■de acuerdo con la práctica prevaleciente en el Estado el pleito no ha sido llevado a una conclusión basta que dicha petición sea resuelta, y hasta entonces la. sentencia previamente rendida no puede ser con-siderada como una sentencia definitiva dentro del significado de la Ley del Congreso. Dijimos recientemente en un caso análogo: ‘Si no fuese así, una sentencia de una corte estadual que pueda ser re-visada por esta corte estaría, a pesar de ese deber, sujeta al mismo tiempo, a la facultad de la corte estadual para revisar y revocar.’ Andrews v. Virginia Ry. Co., 248 U. S. 272. Resulta que en el pre-sente caso la sentencia de la Corte Suprema de Iowa no adquirió el carácter de ‘sentencia definitiva’ (final judgment) hasta diciembre 18, 1916. . . ” (Bastardillas nuestras.)

La Corte Suprema Federal volvió a considerar nueva-mente está cuestión en el caso de Citizens Bunk v. Opperman, 249 U. S. 448, 63 L. Ed. 701. Y dijo:

“Cuando una petición de reconsideración es tomada en cuenta (entertained), la sentencia no se convierte en definitiva para los pro-pósitos de nuestra revisión hasta que dicha petición ha sido dene-gada o resuelta en cualquiera otra forma y el término de tres meses empieza a correr desde la fecha de tal denegación u otra resolución.”

Por lo que acabamos; de transcribir se ve que el más alto tribunal nacional ha llegado hasta el extremo de sostener, que una sentencia dictada por la corte más alta de un estad.o, •cuya reconsideración se ha solicitado, no adquiere el carácter de definitiva para los fines de una apelación ante la Corte Suprema federal, hasta que se haya resuelto en una forma u otra la moción de reconsideración; y que el efecto de la radicación de tal moción no es meramente el de suspender el transcurso del término de apelación, sino el de conceder al apelante un término nuevo y completo, que deberá con-tarse desde la fecha en que se resuelva la moción de recon-sideración.

Inspirándose en la decisión de la Corte de Circuito de Apelaciones en Saurí v. Saurí, supra, y en la doctrina esta-blecida por el Tribunal Supremo en Citizens Bank v. Opperman, supra, esta Corte Suprema resolvió recientemente en Gran Logia, etc., v. Logia Víctor Rojas, Inc., 48 D.P.R. 914, y en Rodríguez v. Torres, 48 D.P.R. 917, que cuando se pre-senta una moción de reconsideración, vigente aún el término para apelar, y la corte sentenciadora la toma en considera-ción y estudia sus méritos, el término para apelar queda en suspenso y comienza a correr de nuevo a partir de la reso-lución de la moción. El efecto que estas decisiones dan a la moción de reconsideración, no es meramente el de suspender o interrumpir el término para la apelación mientras la corte dicta una resolución, sino el de conceder al apelante un tér-mino nuevo y completo, que deberá contarse a partir de la fecha en que la decisión sobre la moción sea notificada al apelante.

Arguye la representación de los apelados que no existe precepto alguno en nuestras leyes procesales que autorice las mociones de reconsideración; que éstas han sido traídas a nuestra jurisdicción siguiendo la práctica de las Cortes de Equidad, que autoriza la moción para la reargumentación del caso •(rehearing); que en nuestras leyes locales la parte que no esté conforme con la sentencia tiene amplios remedios contra los errores que haya podido cometer la corte, tales como la apelación, la moción de nuevo juicio y los remedios autorizados por el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil; y que la revocación o concesión de un nuevo término para la apelación no está justificada, habida cuenta de que esta Corte Suprema ha sostenido en Pérez Casalduc v. Díaz Mediavilla, 41 D.P.R. 734, que una moción de reconsideración no priva a la corte inferior de jurisdicción para conocer de tal moción, aun después de radicado el escrito de apelación.

Conviene aclarar que en el caso de Pérez Casalduc v. Díaz Mediavilla los apelantes radicaron primero una moción para la reconsideración de la sentencia, y posteriormente, y antes de que esta Corte Suprema resolviera dicha moción, apelaron para ante la Corte de Circuito. Pué en esas condiciones que la misma Corte suscitó la cuestión sobre si una moción de reconsideración queda o no anulada por una apelación posterior. Y esta Corte dijo:

“Parecería evidente que cuando se radica la moción de reconsi-deración la corte inferior conserva la jurisdicción con el fin de re-solverla. Fué un asunto que llegó a este Tribunal antes de radi-carse el escrito de apelación. Estamos además bastante convencidos de que, bajo estas circunstancias, una corte inferior no pierde su ju-risdicción sobre una moción para reconsiderar por haberse concedido la apelación. Saldaña v. Comas, 41 D.P.R. 339.”

En el caso de Saldaña v. Comas, 41 D.P.R. 339, esta corte fué aún más allá cuando dijo:

“En cuanto al tercer señalamiento de error, en el sentido de que lo fué el que la corte reconsiderara su resolución de 9 de julio de 1927, y dictara otra distinta, cuando los opositores habían ya ape-lado de la primera, no encontramos que tal error exista.
“El amplísimo precepto del Artículo 140 del Código de Enjuicia-miento Civil, faculta a las cortes para determinaciones de esa clase.”

El objeto principal de una moción de reconsideración es dar una oportunidad a la corte que dictó la sentencia o reso-lución cuya reconsideración se pide, para que pueda enmen-dar o corregir los errores en que hubiere incurrido al dictarla. El artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil (Ed. 1933) concede a la corte la facultad de eximir a cualquier persona de los efectos de una sentencia u orden dictada contra ella por equivocación, inadvertencia, sorpresa o excusable negli-gencia; y es por medio de la moción de reconsideración que la parte perjudicada puede conseguir que la corte modifique su fallo.

Es cierto que el alcance y el efecto que se ha atribuido a la interposición de la moción para reconsiderar una sen-tencia, por la jurisprudencia que hemos citado, se presta a prácticas dilatorias por parte de los litigantes perdidosos, interesados en posponer indefinidamente la ejecución de la sentencia. Y es esta corte la.primera en reconocer la nece-sidad de alguna medida legislativa que corrija el mal que hemos señalado y que defina en términos inequívocos el pro-cedimieuto para obtener la reconsideración de las sentencias o resoluciones dictadas por los tribunales insulares y el efecto y alcance que debe tener la radicación de una moción de re-consideración.

Mientras la Legislatura no tome acción sobre el particular, esta Corte Suprema se considerará obligada a seguir la jurisprudencia sentada por la Corte de Circuito en Saurí v. Saurí, supra.

Habiéndose interpuesto el recurso en este caso, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se declaró sin lugar la moción de reconsideración, debemos declarar que fué interpuesto oportunamente y que la moción de desestimación debe ser declarada sin lugar.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: IEl Juez Asociado Señor Travieso,

text:
    María del Pilar Becerril, Vda. de Cerra, y Enrique y María del Carmen Cerra Becerril, demandantes y apelados, v. Domingo Cerra y The United Porto Rican Bank, demandados y apelantes.
    Núm. 6766.

    Sometido: Junio 2, 1936.

      Resuelto: Julio 30, 1936.

      ■Jorge L. Córdova, abogado del Banco apelante; Arturo Aponte, abo-gado de los apelados.

       Nota : Véase el prefacio.

   IEl Juez Asociado Señor Travieso,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura de 9 de mayo de 1930, los demandantes dieron en arrendamiento al demandado Domingo Cerra la íacienda “Convento”, del Municipio de Fajardo, por un término de cuatro años y medio que había de expirar el 30 ■de junio de 1934, fijándose como canon la suma de $10,000 anuales y comprometiéndose el arrendatario a pagar las ■contribuciones que se impusieren a la finca arrendada.

El demandado entró en posesión de las fincas, dedicán-dolas en parte al cultivo de cañas de azúcar; y en 6 de junio de 1930, dicho (demandado celebró un contrato de re-dacción con la otra parte demandada, The United Porto Pican Banli, por el que afectó y .gravó todas las plantaciones de cañas existentes en las fincas, y los azúcares que éstas produjeran, para garantizar al banco el pago de los anti-cipos refaccionarios. Dicha garantía se constituyó por el mismo término del arrendamiento.

El arrendatario Cerra dejó de pagar las contribuciones-impuestas a las fincas, desde qne se hizo cargo de ellas, por la suma de $7,135.86. El gobierno embargó las fincas em cobro de dichas contribuciones.

Habiendo también dejado de pagar dicho arrendatario-ios cánones de arrendamiento comprendidos desde julio 1,, 1931, a diciembre 21 de 1932, montantes a $15,000, la de-mandante notificó esa falta de pago al banco demandado,, requiriéndole para que como acreedor refaccionario pagase-dichos cánones por cuenta del arrendatario. El 'demandado Cerra no tiene otros bienes de - fortuna más que las cañas-sembradas en las fincas.

Basándose en los hechos que acabamos de exponer, los demandantes interpusieron demanda en la que pedían sen-tencia con los siguientes pronunciamientos:

1. Condenando a Domingo Cerra a pagar las cantidades, qne adeuda por contribuciota.es pendientes y cánones ven-cidos y las cantidades que se vayan venciendo por uno y otro concepto, hasta' la terminación del arrendamiento, más los intereses legales.

2. Declarando que dichas cantidades gozan de preferen-cia sobre cualquier suma que el banco demandado haya po-dido entregar a Domingo Cerra, ‘de acuerdo con el contrato-de refacción entre ambos,- y que las cañas están afectas al crédito de los demandantes, teniendo éstos derecho a ha-cerlo efectivo con preferencia al banco demandado, el quo no podrá cobrar nada de las cañas que existen en la finca hasta que los demandantes hayan cobrado íntegramente.

El banco demandado formuló excepción previa atacando la suficiencia de los hechos alegados en la demanda. Del récord ante nos no aparece que se haya dictado resolución, alguna sobre dicha excepción.

Los demandantes embargaron las plantaciones de cañas para asegurar la efectividad de la sentencia; y en junio 7 de 1933 la corte nombró un síndico con facultad para cui-dar, cultivar, administrar y moler las cañas.

En julio 7, 1933, los demandantes solicitaron de la corte una orden para que el síndico pagase inmediatamente de los fondos en su poder, provenientes de la molienda de ca-ñas, la suma de $9,728.51 reclamada por el Tesorero de Puerto Rico por contribuciones sobre la finca. Y en la misma feolia El Pueblo de Puerto Rico solicitó permiso para intervenir en el pleito, con el objeto de reclamar el pago de las contribuciones adeudadas por el inmueble. Se opuso a ambas mociones el banco demandado, alegando la preferencia del crédito refaccionario sobre la reclamación de El Pueblo de Puerto Rico por contribuciones, por las cuales tiene el gobierno un gravamen preferente sobre el inmueble.

La Corte de Distrito admitió la intervención del Pueblo de Puerto Rico, y en junio 14 de 1933 declaró con lugar su reclamación y dictó una orden para que el secretario de la corte pagara el importe de las contribuciones reclamadas, con cargo a los fondos depositados y procedentes de la venta de los azúcares embargados. La orden de pago fue cumplimentada. Y el banco demandado interpuso el pre-sente recurso, en el que no lian comparecido ni los deman-dantes ni el interventor.

La parte apelante lia señalado en su alegato la comisión de siete errores, de los cuales los seis últimos pueden re-fundirse en uno, pues en realidad envuelven una sola cues-tión. Dichos errores son los siguientes:

1. Que la Corte erró y actuó sin jurisdicción al ordenar que el pago de $9,728.51 por contribuciones se hiciera inmediatamente después de dictada la resolución de la Corte, a pesar de haber anunciado el abogado del Banco demandado que en el mismo momento habría de radicar un escrito de apelación en contra de dicha resolución.

De la transcripción 'de la evidencia aparece que inmedia-tamente después de dictar la corte la resolución recurrida, el abogado del banco demandado dijo:

“Queremos hacer constar que en este momento Tamos a radicar una apelación de la resolución de Y. H., y que, en vista de que esa apelación suspende la orden de Y. EL se ordene al Secretario que no expida el cheque.”

Y qua la corte respondió:

"A pesar de la apelación la Corte ordena al Secretario que ex-pida el cheque. El Pueblo de Puerto Pico tiene responsabilidad.”

El abogado del demandado hizo anotar su excepción. Y el mismo día en que se dictó la orden, pero después 'de ha-berse hecho el pago, se radicó el escrito de apelación.

No tenemos duda alguna de que la orden dictada por la corte inferior es apelable. Véanse: Santiago v. Benvenutti y Torres, 43 D.P.R. 358, y Becerril v. Cerra, 48 D.P.R. 87.

La cuestión que levanta el alegado error que discutimos es: ¿.Tenía facultad la corte sentenciadora para privar a la parte perjudicada por su resolución, del derecho de ape-lación, ordenando el cumplimiento inmediato de su orden, no obstante haber hecho constar en el récord dicha parte su propósito de apelar y no haber expirado el término legal para interponer el recurso?

El efecto que produce la interposición de un recurso de apelación es el de suspender todo procedimiento en la corte inferior respecto a la sentencia o resolución apelada, salvo en aquellos casos en que se ordene la venta de bienes que puedan perderse <y deteriorarse, en cuyos casos se puede proceder a realizar la venta ordenada, pero depositando su importe hasta que la apelación sea -resuelta. Artículos 297 y 298 del Código de Enjuiciamiento Civil.

La resolución de junio 14 de 1933, ordenando pagar de los fondos depositados en la corte el importe de las contri-buciones reclamadas, era apelable por ser una resolución que puso término a la única controversia o issue presen-tada por la demanda de intervención de El Pueblo de Puerto Báoo, lo que le daba el carácter de sentencia definitiva, y como tal es apelable dentro de los treinta días siguientes a la fecba de su notificación y registro, de acuerdo con lo dis-puesto por el inciso Io. del artículo 295 del Código de En-juiciamiento Civil y la jurisprudencia de esta Corte Su-prema definiendo qué es lo que se entiende por sentencia “definitiva.” Véanse: Santiago v. Benvenutti y Torres, supra; Standley v. Hendrie, 55 Pac. 723; Los Ángeles v. Los Ángeles Water Co., 134 Cal. 121; In re Welch, 106 Cal. 427, y Grant v. Superior Court, 106 Cal. 324.

La resolución dictada por la corte inferior no era firme y ejecutoria basta después que hubiese expirado el término para apelar. Y fué un error de la corte el negarse a detener la expedición del cheque para pagar las contribuciones, después de haber anunciado el abogado del banco apelante, inmediatamente después Ide dictada la resolución, que era su intención apelar para ante esta Superioridad. No encontramos justificación alguna para la rapidez con que se procedió a ordenar el pago y la expedición del cheque, sin dar siquiera una oportunidad a la parte agraviada por la resolución para formular, notificar y radicar su escrito de apelación.

Y no podemos aceptar como excusa válida la alegada por la corte sentenciadora, al negarse a detener la ex-pedición del cheque, o sea que El Pueblo de Puerto Pico tiene responsabilidad, pues la solvencia de un apelado, que no es excusa para justificar la ejecución de una sentencia apelable, lo es aun menos en el caso de El Pueblo de Puerto Rico, habida cuenta de que éste no podría ser demandado sin su consentimiento para recobrar cantidades que le fueran indebidamente pagadas.

2. Que la resolución apelada es errónea porque la Corte, por una simple moción, concedió la súplica final y el único objetivo que se perseguía por la demanda de intervención de El Pueblo de Puerto Rico; y porque concedió más de lo solicitado por los demandantes en la demanda principal.

En el caso de Becerril v. Cerra y United Porto Rican Bank, 48 D.P.R. 87, entre las mismas partes qne litigan en el presente recurso, los demandantes presentaron moción a la corte pidiéndole ordenase qne de los fondos existentes en secretaría se entregara a los demandantes $3,472.21 en con-cepto del valor razonable del uso de los terrenos por los cuatro meses qne dnró la molienda de las cañas qne pro--dujeron los fondos depositados en la secretaría y qne se bailan sometidos a la sindicatura. Se opuso a dieba mo-ción el banco refaceionista. La corte ordenó el pago solici-tado y el banco apeló. Y esta corte al revocar la orden apelada dijo:

“Las alegaciones de la demanda suscitan claramente ante la corte la cuestión de que los demandantes tienen derecho a cobrar con las cañas sembradas por su arrendatario lo que éste es en deberles como consecuencia del contrato de arrendamiento celebrado entre ellos, con preferencia a cualquier otro acreedor de su arrendatario inclusive The United Porto Rican Bank, que es un acreedor refaccionario, a quien la ley sobre contratos de refacción agrícola concede preferen-cia, desde la fecha de la inscripción de su contrato en el registro de contratos agrícolas, a los créditos posteriores de cualquier otra natu-raleza, con excepción de los créditos por contribuciones, en cuanto a los frutos objeto del gravamen refaccionario durante los años com-prendidos en el contrato y siempre hasta que el acreedor sea com-pletamente satisfecho del importe total de su crédito. Por consi-guiente, mientras no se decida por sentencia que los arrendadores pueden cobrar con el producto de las cañas sembradas en su finca por el arrendatario, con preferencia al banco refaceionista a quien la ley concede preferencia para el cobro de sus créditos contra cual-quier otro crédito posterior a la anotación en el registro de su con-trato de refacción, con excepción del cobro por contribuciones, no puede ordenarse que los actores cobren cantidad alguna del producto de las cañas objeto de la refacción por el uso de los terrenos por el síndico nombrado en este pleito.”

No vemos razón alguna para establecer diferencias sus-tanciales entre el caso anterior y el presente. Aquí se pre-tende, como se pretendió en el caso anterior, poner fin a la controversia entre las partes por la resolución de una sim-pie moción, dictando una orden y procediendo a ejecutarla sin dar a la parte perjudicada tina oportunidad para per-feccionar su apelación dentro del término que la ley le concede para ello.

Los demandantes reclamaron en su demanda la suma de $7,135.86 por contribuciones impuestas a la finca y no pa-gadas por el arrendatario. El Pueblo de Puerto Rico so-licitó en su demanda el pago de contribuciones impuestas a la finca, no sólo durante el período del arrendamiento hecho a Domingo Cerra, o sea de enero 1°., 1930 a junio 30, 1933, sino también las que habían sido impuestas por el período <de julio 1°., 1928, a diciembre 31 de 1929, cuando aún no se Rabia celebrado el contrato de arrendamiento entre los de-mandantes y el demandado Domingo Cerra; y pidió que se ordenase el pago con los fondos procedentes de las cañas ■cultivadas con dinero suministrado por el banco refaccio-nista. Éste se opuso a la moción, alegando, entre otras de-fensas, que la finca objeto del arrendamiento es la que debe responder exclusivamente del pago de las contribuciones, y que, a lo más que podría obligarse al banco refaccionista sería a pagar las contribuciones correspondientes al año 1932-33, en el que se cosecharon las cañas que produjeron los fondos depositados en la secretaría de la corte.

Como se ve, todas esas alegaciones contradictorias pre-sentaban issues o puntos de controversia entre las partes, que deben ser resueltos por sentencia y no de una manera sumaria, mediante resolución de una moción, como se ha Recho en el presente caso. Las partes litigantes tienen de-recho a que se siga el curso ordinario dé los procedimien-tos; y el hecho de que El Pueblo de Puerto Rico fuera la parte promovente, no justifica la actuación de la corte inferior, pues el G-obierno, al comparecer ante los tribunales «como litigante no tiene derecho a que se le mida con una vara distinta a la que se use para impartir justicia a cual-quier ciudadano.

Consideramos que los dos errores apuntados son sustan-ciales y perjudiciales a los intereses de la parte apelante ? y que la corte inferior no usó sabiamente su discreción al-dictar la resolución apelada y al negarse a suspender src ejecución basta la decisión del presente .recurso.

La resolución apelada debe ser- revocada y dictarse sen-tencia declarando sin lugar la moción que la motivara.

El Juez Asociado Señor Wolf disintió.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino»


author: El Juez Asociado Señok Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Enrique Belardo, acusado y apelante.
    Núm. 5824.

    Sometido: Enero 21, 1936.

      Resuelto: Julio 30, 1936.

      Faustino B. Aponte, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señok Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Enrique Belardo fué convicto del delito de asesinato en segundo grado por la Corte de Distrito de Humacao. En apelación para ante este Tribunal señala tres errores. Uno de ellos se basa en la conclusión de la corte de que hubo un verdadero conflicto entre la prueba ofrecida por El Pueblo y la presentada por la defensa. Otro se refiere a la exclusión de cierta evidencia por la corte, y el último, versa sobre la insuficiencia de la.s instrucciones.

Luego de examinar los autos y de leer las respectivas declaraciones de los ■ testigos en pro y en contra del acusado, podemos decir que se presentan dos versiones distintas.

El caso del Pueblo es que el acusado el día de los dis-paros estaba escondido y acechó al occiso en un lugar cerca de la playa. Cuando el interfecto caminaba por el lugar en que el acusado se ocultaba, este último le disparó con su revólver hiriéndole fatalmente en la cabeza, y producién-dole la^muerte instantáneamente.

El caso del acusado por otra parte, es que el día de los disparos Enrique Belardo fue a pastar su caballo, y a su .regreso fue inesperadamente atacado por el interfecto con una especie de sabio. Belardo entonces retrocedió varios |oasos hasta que se dio cuenta de que unos alambres po-nían fin a su retirada, y entonces recordando que portaba un revólver y creyendo razonablemente que su vida peli-graba, disparó y mató al occiso en 'defensa propia.

El primer señalamiento lee así:

“La Corte de Distrito de Humaeao erró al no anular el vere-dicto del jurado y al denegar la concesión de un nuevo juicio, toda vez que el conflicto de la prueba aportada por el Pueblo y el acusado es más bien aparente que real, apareciendo de la misma que el ho-micidio en este caso es justificable.”

El apelante está sencillamente equivocado. Dos testigos de cargo ofrecieron amplia evidencia que tendía a demos-trar que el acusado era culpable. Lo que los letrados del apelante realmente hacen en su alegato es tratar de demos-trar que los testigos del Pueblo se contradijeron en tal forma, por lo menos el testigo principal, que ninguna de la prueba de cargo debía ser creída. Es cierto que hallamos algunas inconsistencias pero no al extremo que podamos decir que el jurado no tenía derecho a creer, más allá de toda duda razonable, la evidencia que tendía a demostrar la culpabilidad del acusado.

El segundo error se refería a' la negativa de la corte a permitir al acusado que atacara la credibilidad de cierto testigo del Pueblo mediante prueba de convicción anterior por el delito de perjurio en corte abierta, que es un “misdemeanor” según la ley en Puerto Rico.

El artículo 244 del Código de Enjuiciamiento Criminal (edición de 1935) dice:

“Podrá -impugnarse la veracidad de un testigo por la parte en cuya contra haya sido llamado a declarar, bien mediante prueba con-tradictoria, bien demostrando que su reputación como persona ve-raz, honrada e íntegra, es mala; pero no por medio de prueba res-peeto de beebos especiales y penables cometidos por él, a menos que resulte del examen del testigo, o del registro de la sentencia, que dicbo testigo fué convicto de un delito grave (felony).”

El artículo 520 del Código de Enjuiciamiento' Civil (-.edi-ción de 1933) también dispone:

“Un testigo podrá ser tachado por la parte contra quien fuere llamado, mediante evidencia contradictoria, o de que su reputación en cuanto a veracidad, honradez o integridad es generalmente mala; pero no con evidencia de determinados actos reprobables, salvo que podrá probarse mediante el examen del testigo, o la anotación de la sentencia, que fué convicto de delito grave (felony).”

Bajo estas circunstancias, no habiéndose demostrado un delito grave, basta abora no estamos convencidos de que la corte inferior estuviera equivocada en la posición por ella asumida.

El tercer señalamiento dice así:

“La Corte de Distrito de Humacao erró al definir el delito de asesinato en segundo grado toda vez que excluyó en su definición del delito el elemento de premeditación.”

El pasaje citado de las instrucciones de la corte es como signe:

“La distinción entre los dos grados de este delito está en que en en el asesinato en primer grado la muerte tiene que ser deliberada y premeditada, a menos que haya sido cometida, al ejecutarse, o al intentarse ejecutar un incendio, como he dicho antes, una violación, un robo o escalamiento o una mutilación; mientras que en el asesi-nato en segundo grado la muerte no es ni deliberada ni premeditada, es la muerte ilegal con malicia, pero sin deliberación o premedita-ción. 5 ’

Lo que la corte realmente dijo fué que asesinato en se-gundo grado es la muerte ilegal con malicia, pero sin de-liberación o premeditación. Los tres artículos aplicables son:

“Artículo 199. — Asesinato es dar muerte ilegal, a un ser humano, con malicia y premeditación.”

El texto inglés dice:

“Section 199. — Murder is the unlawful killing of a human being,, with malice aforethought,”

pero debe .prevalecer el inglés.

“Artículo 200. — Dicha premeditación puede ser expresa o tácita. Es expresa cuando se manifiesta el propósito deliberado de quitar la. vida ilegalmente a un semejante. Es tácita, cuando no resulta notable provocación, o las circunstancias que concurren a la muerte de-muestran un corazón pervertido y maligno.
“Artículo 201. — Todo asesinato perpetrado por medio de veneno,, acecho, o tortura, y toda clase de muerte alevosa, deliberada y pre-meditada, o cometida al perpetrarse o intentarse algún incendio de morada, rapto, robo, asalto, o mutilación, constituye asesinato de primer grado; siendo de segundo grado todos los demás.”

De una lectura de estos artículos se verá claramente-que en todos los asesinatos es necesario que exista la ma-licia premeditada y la corte así lo Rizo constar al principiq de sus instrucciones. Ella es un requisito indispensable-para el delito de asesinato, mas en un número 'de casos, tanto de asesinato en primer grado como de asesinato en segundo grado, la muerte puede no haber sido premeditada, o deliberada, aunque la malicia fuera premeditada o deli-berada. Como la corte ya había dicho que la malicia debía ser premeditada, la parte de las instrucciones citadas sólo podía referirse al acto mismo de la muerte. Quizá podría decirse, conforme demostrarán las citas nuestras que hace-mos más tarde, que en el asesinato en segundo grado puede haber ausencia de una intención expresa de matar, más la intención se infiere de la naturaleza del acto que prodúce-la muerte.

Tomemos la definición de asesinato en primer grado-dada por el artículo 201 supra, cuando el asesinato se co-mete por medio de veneno, acecho o tortura, o al tratarse de cometer uno de los delitos graves allí enumerados; el acusado puede - no haber tenido idea consciente de matar o la muerte puede haberse cometido sin premeditación, y sin embargo cada imo de los actos fué realizado con malicia premeditada, y en la mayoría de los casos también delibe-rada. Cuando una persona tortura a otra, actúa con ma-licia premeditada; cuando le da veneno ocurre lo mismo. Igualmente sucede cuando trata de cometer cualquiera de los delitos graves 'descritos en el artículo 201.

Quizá un caso familiar de asesinato en segundo grado es aquél en que una persona dispara a otra con intención meramente de herirla, pero por razón.de algún descuido o debido a que la bala choca con otro objeto, mata a la víc-tima directamente, o la naturaleza de la herida produce su muerte, o se mata a un tercero. Al imputársele el delito' de asesinato en segundo grado el acusado sería culpable, aunque no hubiera tenido la intención definida de matar a nadie, toda vez que el acto por él realizado lo fué con ma-licia premeditada o ésta fué de tal naturaleza.

Estas consideraciones están sostenidas por los siguien-tes casos de California: People v. Long, 39 Cal. 694; People v. Foren, 25 Cal., 361; 13 Cal. Jur. 603, et seq.; 29 Corpus Juris, 1118, párr. 105, et seq. y algunos de los párrafos anteriores.

California Jurisprudence dice a este respecto (13 Cal. Jur. 603, párr. 18) :

“En General. — Todos los asesinatos que no sean de primer grado lo son de segundo grado. En su consecuencia, un asesinato es de segundo grado cuando no se perpetra por medio de veneno, acecho o tortura, ni- se produce la muerte alevosa, deliberada y premedita-damente, ni se comete al perpetrarse o intentarse algún incendio de morada, rapto, robo, asalto o mutilación. Mas, para que constituya asesinato de este grado el acto de la muerte debe ser cometido con un fin criminal y realizado por medios aviesos. Se ha dicho que si la muerte se realiza sin la provocación y sin el arrebato de cólera que reduce el delito a homicidio, o si se comete al realizarse un acto ilegal, cuyas consecuencias naturales son peligrosas a la vida, o si se comete al tratarse de perpetrar un delito grave distinto a los men-cionados en la definición de asesinato en primer grado o si las cir-cunstancias de la muerte demuestran un corazón pervertido y ma-ligno — el delito es asesinato en segundo grado, a menos que los he-chos demuestren la existencia en la mente del victimario de nna in-tención específica de privar de la vida a nn semejante. Asesinato en este grado es la muerte ilegal con malicia, pero sin deliberación o premeditación. Cualquier indicación de que en el delito de asesi-nato en segundo grado puede haber la intención de privar de la vida a un semejante, debe considerarse como que se refiere a la intención que la ley imputa por razón de un motivo corrupto del matador o por algún otro motivo, y no debido al designio preconcebido de pro-ducir la muerte.
“Para reducir un delito de asesinato en primer grado a asesinato en segundo grado, no es esencial que la muerte sea cometida en el preciso momento que ocurre la provocación, ni tan inmediatamente después que la sangre no baya tenido tiempo para enfriarse. Si en realidad se da muerte a un semejante sin deliberación ni premedita-ción, excepción becba de los casos especiales mencionados en el Có-digo, el delito tan sólo es asesinato en segundo grado. En uno u otro caso la intención de arrebatar la vida a un ser humano existe como cuestión de derecho. En el asesinato en primer grado la prueba debe demostrar que existía la intención deliberada de privar de la vida a una persona, mientras que en el asesinato en segundo grado la intención de producir la muerte no es necesario que se pruebe, y puede de hecho no existir. Ella se infiere del hecho de la existencia de una muerte ilegal.”

Véase también la nota al caso de Demato v. People, 35 L.R.A. (N. S.) 621; y algunos de los casos que figuran bajo el epígrafe de Homicidio, en el Tomo 10, Dec. Dig., Key number 23; Tomo 12, (2d) Dec. Dig., Key numbers 9 y 23; Tomo 14, (3d) Dec. Dig., Key numbers 9 y 23; State v. Tippet, 63 N. W. 445; People v. Hubbard, 220 Pac. 315.

Aunque no fueron discutidas tan directamente, bailamos apoyo para estas ideas en el caso de Pueblo v. Rodríguez, 34 D.P.R. 464.

El apelante cita nuestra decisión en el caso de Pueblo v. Roldán, 27 D.P.R. 786. Allí resolvimos que la corte estuvo equivocada al decir “que el asesinato en segundo grado existía cuando no había deliberación ni premeditación.” Si quisimos significar que la corte estuvo equivocada al ex-cluir el elemento de malicia premeditada, entonces podría subsistir la opinión y quizá sea susceptible de esa explica-ción, pero en tanto en cnanto dicho caso está en conflicto con la presente opinión, el mismo debe considerarse revo-cado en ese sentido. Además, tal manifestación fné hecha incidentalmente al disentirse otro error.

En los antos qne tenemos ante nos, se verá qne el apelante solicitó ciertas instrncciones especialmente respecto a homicidio voluntario y tomó excepción a algunas de las actuaciones de la corte. No solicitó qne se enmendara la definición de asesinato en segundo grado y ni siquiera ex-cepeionó las instrncciones en general, aunque, desde luego, las excepciones deben ser específicas. En el caso de Pueblo v. Cardona, 49 D.P.R. 108, hemos revisado las autoridades al efecto de que a la corte sentenciadora de ordinario debe dársele una oportunidad para corregir un error.

Oreemos conveniente, toda vez que la cuestión se repite con tanta frecuencia, citar el artículo aplicable de la ley así:

“Artículo 1. — Siempre que resultare de los autos, en alguna causa criminal apelada a la Corte Suprema, que cualquier requisito legal haya sido desatendido por el tribunal sentenciador, no se anulará la sentencia a menos que el error que de los autos resultare, tendiere a perjudicar los derechos de cualquiera de las partes, y se hubiere interpuesto la debida excepción en el tribunal sentenciador; Dispo-niéndose, sin embargo, que el tribunal de apelación podrá conocer de errores fundamentales que aparecieren en los autos, aun cuando no se hubiere interpuesto objeción a ellos, y fallar sobre los mismos con arreglo al derecho que de los hechos se desprendiere.” Ley aprobada el 30 de mayo, 1904, Leyes de 1905, pág. 16. (Véase el ar-tículo 362 del Código de Enjuiciamiento Criminal, edición de 1935.)

De suerte, pues, que una vez más se hace evidente que la regla es que debe tomarse excepción en la corte de dis-trito. En lo que a cualquier posibilidad de un error fundamental se refiere, tomamos nota de que la prueba tendía a probar más bien asesinato en primer grado que asesinato en segundo grado, y que el letrado del acusado puede no haber interesado que el jurado considerara la cuestión de asesinato en primer grado vel non, y que en su consecuen-cia no tratara de obtener una definición mejor de asesinato en segundo gradó. De esto se hace más evidente que las instrucciones deben ser objeto de excepciones.

La sentencia y la resolución declarando sin lugar la mo-ción -de nuevo juicio, deben ser confirmadas.

Los Jueces Asociados Señores Córdova Dávila y Tra-vieso no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Eloísa Annoni y sus hijas Margarita, Josefina y Berta Vila y Annoni, herederas testamentarias de Ernesto Patxot y Blanch, demandantes y apelantes, v. Sucn. de Blas Nadal y Cuebas, compuesta de sus hijos legítimos Ramón y Nelly Nadal y Mangual; la Sucn. de Salvador Nadal y Freyre, compuesta de su única hija y universal heredera Carmen María Nadal Carrión; y Juan Bianchi Rosafa y. Guillermo Cabrera Cuesta, demandados y apelados.
    Núm. 6370.

    Sometido: Abril 13, 1936.

      Resuelto: Julio 30, 1936.

      José Salater, abogado de las apelantes; Oscar Souffront, abogado de la Sucn. Nadal y Freyre; Frank Martínez y Frank BiancM, abogados de los apelados Señores Bianchi y Cabrera.

       Nota: Yéase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El primer señalamiento de error lee así:

“La Corte de Distrito de Mayagüez por su Juez Hon. Charles 33. Foote, que es el Juez regular de dicha corte, cometió error a’l abstenerse de resolver y al no resolver la moción presentada por la representación de las demandantes solicitando que por la corte se declarara nulo todo lo actuado por el Ledo. Tomás Torres Pérez por la razón de que éste no tenía autoridad para actuar.”

Sucede que el juez en propiedad de Mayagüez, Charles JE: Foote, originalmente se negó a presidir esta causa de-bido a su relaciones íntimas con la familia de uno de los demandados, o sea con la del Sr. Bianchi. A consecuencia de ello el Gobernador designó al Sr. Tomás Torres Pérez: para qne actuara como juez. El caso fué oído ante él y al presentarse una excepción previa resolvió la causa a. favor de los demandados. En el ínterin esta corte, en el caso de Saavedra v. Mestre, Juez de la Corte de Distrito de Aguadilla, 43 D.P.R. 288, resolvió que ésa no era la forma correcta para obtener un sustituto. Entonces las apelantes-acudieron ante el juez Poote y le pidieron que anulara Ios-procedimientos. El oyó la moción más no tomó acción al-guna, toda vez que anteriormente se babía inhibido.

Estamos bastante convencidos de que un mandamus sería el verdadero remedio en el presente caso, de proceder, pero-no es necesario que basemos nuestra decisión solamente en. ese fundamento. Todo lo que el Juez Poote hizo fué ne-garse a actuar.

De todos modos, no tenemos duda alguna de que Tomás Torres Pérez se convirtió en un juez de facto a virtud del consentimiento de las partes, y que las apelantes no pueden, suscitar error alguno por este motivo. No se planteó cues-tión alguna ante dicho juez respecto a su autoridad para actuar.

Además no se ha elevado a este tribunal escrito de ape-lación alguno contra la actuación del Juez Poote negándose a considerar la moción para anular, y dudamos tener ju-risdicción.

La demanda en este caso fué radicada el 25 de fe-brero de 1931. En ella se solicitaba la nulidad de cierto procedimiento judicial iniciado por Salvador Nadal ante la extinguida Corte de Primera Instancia de Mayagüez, contra Nadal & Co., como liquidadora de la sociedad de Nadal & Cuebas. Uno de lo fundamentos fué que el recurso era nulo e ineficaz bajo la ley entonces vigente. Otro fué que el procedimiento era nulo e ineficaz toda vez que el mismo era resultado de una conspiración fraguada por el referido Salvador Nadal y su primo Blas Nadal con el fin de de-fraudar a Ernesto Patxot y Blanch de su condominio en la hacienda Altagracia; que los demandantes son los here-deros del aludido Ernesto Patxot y dueños de una partici-pación de dicha finca y tienen derecho a poseerla en común con los demandados Juan Bianchi y Guillermo Cabrera. Esto es substancialmente copia de la primera parte del ale-gato de las apelantes, el que procede a exponer otras ale-gaciones de la demanda aduciendo otras nulidades y recla-maciones consiguientes de las apelantes por razón de dichas nulidades primordiales. Los demandados en el pleito lo eran Bamón y Nelly Nadal y Mangual como sucesores de Blas Nadal; Carmen Nadal, como única heredera de Salvador Nadal, y Juan Bianchi Bosafa y Guillermo Cabrera y Cuesta. Varios de lo demandados excepcionaron la de-manda por distintos fundamentos. La corte sostuvo algu-nas o todas las excepciones.

La relación del caso hecha en el alegato de las apelantes es deficiente al no exponer el origen del título de Bianchi y Cabrera (quienes alegan ser dueños de todo el título), a porque estos dos demandados eran copartícipes con las demandantes. El alegato no da color a las reclamaciones de estos dos demandados en oposición a las de las deman-dantes. La relación es igualmente deficiente al no exponer concisamente los hechos alegados en la demanda tendentes a demostrar la naturaleza de la supuesta conspiración entre Blas Nadal y Salvador Nadal, o el supuesto conocimiento-que este último tenía de la existencia de un título en Patxot independientemente del título de éste en la firma de Nadal & Co., o cuál era su participación, de tenerla, en dicha socie-dad. Según veremos la demanda no aducía una causa de acción debido a defectos similares.

Se presentaron excepciones previas por falta de hechos para determinar una causa de acción, indebida acumulación de acciones, indebida acumulación de partes demandadas, y prescripción. De la lectura que hemos hecho de la opinión vemos que la prescripción fue la cuestión principal alegada para sostener la excepción pero, al igual que hicieron los apelados hasta cierto punto, discutiremos - la suficiencia de la demanda. La prescripción se suponía aparecer de la faz de la demanda.

Los motivos de nulidad alegados fueron:

“(a) Que Salvador Nadal y Blas Nadal se habían confabulado para privar a Ernesto Patxot de ciertos derechos que tenía en la Hacienda Altagracia por virtud de un contrato privado que luego se elevó a escritura pública, (5) que Salvador Nadal ocultó al tribunal la verdad de los hechos y que no se citó a Ernesto Patxot, (c) que el crédito hipotecario por el cual ejecutó Salvador Nadal estaba ilíquido, sujeto a novaciones, se había cancelado por confusión de derechos y no se adeudaba por la Hacienda Altagracia, y (d) que, como consecuencia de los hechos anteriormente alegados la corte ca-recía de jurisdicción en el asunto.”

Ahora bien, sucede, y no hay duda de ello, que Salvador Nadal compró o adquirió un crédito hipotecario existente .contra la finca Altagracia y en su oportunidad lo ejecutó. La deudora, conforme se desprendía del registro, era sola y exclusivamente la sociedad de Nadal & Co. Así pues, ne-cesariamente, bajo la ley hipotecaria y su reglamento, el ■ acreedor tenía que proceder contra esa sociedad.

Aparece de la demanda que Patxot había adquirido un interés en la Hacienda Altagracia y que el mismo nunca fué inscrito. La falta de inscripción no fué ocasionada por Salvador Nadal ni tampoco por Blas Nadal. Salvador Nadal si su hipoteca estaba vencida, tenía derecho a eje-cutarla. No importa el conocimiento que tuviera, no estaba .obligado por los convenios celebrados por Blas Nadal y Patxot. De la demanda se desprende que Patxot perdió la razón y que se le nombró una tutora. Un acreedor que ejecute solamente tiene que prestar atención al déudor que figura en el Registro. Torres v. Lothrop, Luce & Co., et al., 16 D.P.R. 180; 231 U. S. 171.

Dudamos que el conocimiento de Salvador Nadal fuera alegado suficientemente, más ello no importa según ya he-mos dicho. Véase Calderón v. Auxilio Mutuo, 42 D.P.R. 414, 415, 417.

Las alegaciones de la demanda al efecto de que la hipoteca no había sido liquidada, que estaba sujeta a novaciones, y que surgió nna confusión de derecho, no son alegaciones últimas de hechos (ultimate statements of facts). Son conclusiones de derecho que deben ser resueltas por la corte. El hecho de si la deuda estaba vencida o no dependía de los hechos al igual que la cuestión de novación o confusión de derecho. Uno de los apelados sugiere que este pleito es un ataque colateral y resolvemos que tiene razón. Patxot no era el deudor a que se refiere el artículo 175 del reglamento de la Ley Hipotecaria. Él dejó de inscribir sus derechos y Salvador Nadal y los que de éste adquirieron, estaban protegidos por los artículos 33 y 34 de la ley hipotecaria. Estas consideraciones son especialmente ciertas en lo que a los supuestos dueños de la finca en la actualidad, Bianchi y Cabrera, se refieren.

Los apelados discuten la cuestión de prescripción y citan ciertos casos. Ta que Salvador Nadal adquirió la propiedad en 1903 y Cabrera y Bianchi en 1907 sin que apareciera defecto alguno en el registro, no solamente co-rrió la prescripción ordinaria, sino también la extraordina-ria si el título de Salvador Nadal puede agregarse al título adquirido por Bianchi y Cabrera, como así lo creemos. No podemos convenir con los apelantes en que el título de Salvador Nadal era enteramente inexistente. Esto sería ir contra la jurisprudencia citada.

La sentencia debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Hutchison disintió.

Los Jueces Presidente Señor Del Toro y Asociado Señor Córdova Dávila no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Gaspar Espada, demandante y apelante, v. Sucesión de Antonio Torres Colón, demandada y apelada.
    Núm. 7313.

    Sometido: Mayo 4, 1936.

      Resuelto: Julio 30, 1936.

      José F. Fernandes Segarra, abogado del apelante; Manuel A. Rivera, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Gaspar Espada solicitó el derecho de hogar seguro de la Sucesión de Antonio Torres. Su reclamación fué pre-sentada en la Corte Municipal de Coamo y decidida en su contra. En apelación para ante la Corte de Distrito de Ponce, al ser llamado el caso, el demandante no compare-ció y, podría decirse, se dictó una sentencia por abandono contra él, de conformidad con las disposiciones de la sección 3 de la ley de marzo 11, 1908, para “reglamentar las ape-laciones contra sentencias de las cortes municipales en pleitos civiles” (Leyes de ese año, pág. 124).

La sentencia por abandono fué dictada el 21 de enero de 1936. El demandante radicó una moción de reconside-ración que fué declarada sin lugar, el 13 de abril del mismo año. Se apeló tanto de la sentencia como de la orden decla-rando sin lugar la moción para reconsiderar.

La apelada solicita la desestimación del recurso fundándose, primero, en que la sentencia era firme e inapelable. El apelante replica que nunca se archivó en la corte de distrito la notificación de la sentencia. Examinando los au-ios no Rallamos nada en contrario a la contención del ape-lante, y el apelado no nos lia llamado la atención hacia mada. Por tanto, el recurso no puede ser desestimado por ■este motivo.

El segundo motivo de la moción para desestimar es ■que el recurso es frívolo, pero no estando la corte convencida de esto, la moción debe se/r declarada sin higar.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señoe, Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Emilia Avilés, acusada y apelante.
    Núm. 6126.

    Sometido: Mayo 26, 1936.

      Resuelto: Julio 30, 1936.

      Joaquín Velilla, abogado de la apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señoe, Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La apelante fué convicta del delito de hurto menor en la Corte Municipal de Bayamón e igualmente en apelación en la corte de distrito. Su abogado presenta ocho señala-mientos de errores y en ninguno de ellos se designa o su-giere la cuestión principal en que descansa la apelante. Los señalamientos quinto, séptimo y octavo meramente dicen o sugieren que la prueba que estaba ante la corte no justificó una condena de hurto menor. La apelante pudo fá-cilmente haber dicho que la prueba tendía exclusivamente a demostrar un delito, si acaso, de abuso de confianza y no de hurto menor. Sin embargo, si la prueba justificaba una condena por abuso de confianza solamente, los errores que se tratan de señalar serían fundamentales y por tanto los consideraremos. La apelante también trató de alegar que la propiedad sustraída le pertenecía, mas la corte no creyó su declaración y así lo hizo constar.

La evidencia tendió a probar que la acusada era una sirvienta en la casa de José N. Quiñones. Existe prueba de que la acusada era la querida o concubina de este último, pero la corte tenía derecho a no creer esa evidencia, y en realidad no le prestó atención alguna. Mientras estaba en la casa de Quiñones empleada como sirvienta, ella dispuso de o • se llevó varios artículos, tales como sábanas, toallas, pollos, y huevos por un valor que ascendía, según se ale-gaba, a $18.40. La defensa principal fué, suponiendo" que la sustracción fuese cierta, que la relación existente entre la acusada y Quiñones era tal que la constituía en un sir-viente, de conformidad con el artículo 450 del Código Penal, de tal modo que sus actos constituirían un abuso de con-fianza y ño un hurto.

Dicho artículo lee así:

“Artículo 450. — Todo dependiente, agente o sirviente de alguna persona, que fraudulentamente empleare en su propia utilidad, u ocultare con fraudulenta intención de apropiárselos, cualesquiera bie-nes confiados a sn custodia en virtud de su empleo como tal depen-diente, agente o sirviente, será culpable de abuso de confianza.”

Durante la vista teníamos, y aún ahora tenemos, algu-nas eludas respecto a si los actos imputados, de ser ciertos, no hubieran podido constituir el delito de hurto o el delito de abuso de confianza. Los dos delitos según parecería son mutuamente exclusivos en algunas jurisdicciones. So-bre esto hablaremos más adelante.

Podríamos dar entonces por sentado que la acusada era una sirvienta en la casa de Quiñones y que en una u otra época ella sustrajo ciertos artículos pertenecientes a dicho señor. Deducimos de las autoridades que la sirvienta de una casa tan sólo tiene la custodia de las cosas que se hallan en la misma; y la relación existente entre un sir-viente y su amo no cae dentro de la definición estatutaria de abuso de confianza, a menos que, desde luego, el amo, por razón de sus actos o de la naturaleza específica de los deberes del sirviente, le haga caer dentro del estatuto, como por ejemplo, cuando a instancias del amo recibe cosas de otras personas y su apropia de ellas.

Es cierto que Quiñones mientras ocupaba la silla testi-fical admitió claramente que la acusada tenía a su cargo la propiedad en cuestión, pero esta clase de cuidado o custo-dia por parte de un sirviente, a nuestro juicio, no cae dentro de los preceptos del estatuto. En nuestra opinión, el es-tatuto se refiere a alguna relación confidencial especial-mente impuesta a una persona o a un sirviente, distinta a los deberes ordinarios tradicionales de un sirviente domés-tico. Tomemos el caso extremo* de un amo que dice a .su sirviente: “Tráigame el reloj' que está en la tablilla superior de mi ropero,” y el sirviente sale de la casa con el reloj y lo vende. En ese caso creemos que el delito de hurto sería claro. No se creó relación fiduciaria de carác-ter especial. Nos parece que la relación que el sirviente tiene hacia todas las cosas que se hallan en la casa es casual y que no participa de la relación confidencial o de la agencia que el estatuto tiene por miras. Diríamos que la palabra “sirviente” que figura en el estatuto se usa en su acepción más general de la frase “amo y sirviente”, más un sirviente doméstico no está incluido necesariamente, a menos que se' le exija que haga algo fuera de sus deberes ordinarios como tal sirviente doméstico.

Tenemos alguna idea, pero es innecesario decidir la cuestión definitivamente1, de que en Puerto Rico, donde tanto el delito de hurto como el de abuso de confianza son puramente estatutarios, los casos marginales podrían ser proseguidos por uno u otro delito a opción del fiscal de distrito. Véase 9 Ruling Case Law 1267, nota 6.

Los otros cinco errores señalados no requieren mucha consideración. Suponiendo que se les señalara suficientemente, los mismos- se refieren a la falta por parte del denunciante de incluir el nombre de ciertos testigos en la denuncia, cuestión que caía dentro de la discreción de la corte; a ciertas tentativas de atacar la veracidad del denunciante por razón de ciertos cargos formulados contra él como juez ante el Gobernador de Puerto Rico; a la eliminación de cierto testimonio que tendía al mismo efecto; a la corrección del proceder de la corte al permitir a José N. Quiñones, el denunciante, que es abogado, que permaneciera en la sala de sesiones de la corte mientras desfilaban los testigos. En realidad, él permaneció en la sala del Tribunal después de haber declarado como primer testigo de cargo.

También se señala error por el motivo de que la corte no debió haber excluido ciertas manifestaciones hechas, por la acusada al llegar a la casa de otra persona, no cayendo dichas manifestaciones, ni siendo capaces de caer, dentro de la excepción a la regia que prohibe la presentación de prueba de referencia, como por ejemplo, las quejas de una mujer violada luego de realizado el acto.

La mayoría del tribunal sostiene qne debe reducirse la multa, mas el suscribiente no encuentra razón alguna para intervenir con la discreción de la corte inferior.

Depe modificarse la sentencia a/pelada reduciéndose la pena de la acusada a cinco dólares de multa y en defecto de pago a un dia de cárcel por cada dólar que deje de satisfacer, y así modificada, confirmarse.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Seños Wolf,

text:
    Drug Co. of Puerto Rico, Inc., demandante y apelada, v. Neftalí Miranda, demandado y apelante.
    Núm. 7255.

    Sometido: Marzo 2, 1936.

      Resuelto: Julio 30, 1936.

      Valentín Polanco de Jesús, abogado del apelante; J. Henri Brown. O. E. González y G. Benitez Gautier, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Seños Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Por la prueba no tenemos duda alguna de qne la corte tenía derecho a creer que la demandante vendió drogas al demandado y qne de tiempo en tiempo expidió giros contra éste, que fueron aceptados por él posteriormente. Al mo-mento de radicarse la demanda en este caso, existían varias letras de cambio aceptadas por el demandado. Cada uno de estos giros contenía ía condición de que si se dejaba de pagar alguno de ellos a su vencimiento todos los demás giros, obligaciones o cuentas adeudadas por el demandado se considerarían vencidos. La primera de esta serie de le-tras de'cambio venció y no fue pagada, y en su consecuen-cia la demandante inició litigio para recobrar el importe de todos los supuestos giros. También existía una cuenta corriente ascendente a $51.50, son respecto a la cual se adujo una causa de acción separada.

■Durante el juicio, y ante este tribunal, la única defensa semiseria presentada por el apelante es más o menos al efecto de que la demandante y el demandado tenían entre sí una relación que equivalía a una cuenta corriente, y que aun-que el demandado aceptó ciertas letras de cambio expedidas por la demandante, mensualmente cuando el demandado ha-cía ciertos depósitos y compraba más efectos, se libraban nuevos giros que representaban el verdadero estado de la .cuenta. El demandado -también sostuvo que la demandante instó este recurso sin notificarle o sin darle la oportunidad de pagar.

La Corte de Distrito de Arecibo halló que no se habían acreditado ciertos pagos, los dedujo del importe total adeu-dado y dictó sentencia por el remanente. La prueba sostenía plenamente la sentencia. La costumbre en que el demandado trataba de descansar no era obligatoria para la demandante y ésta podía cambiar de criterio en cualquier momento. La idea contraria se reduciría al absurdo de que una persona que tiene obligaciones vencidas que de tiempo en tiempo son renovadas al efectuarse el pago, podría hacer que la obliga-ción continuara pendiente por tiempo indefinido. No era. necesario tal aviso.

El apelante en su alegato dice que la corte consideró el caso como si se tratara de una cuenta corriente. No encon-tramos que esto sea cierto. Aun si lo fuera, ello sólo res-pondería a la contención misma del propio apelante. Si los-giros por alguna razón no eran válidos como tales, la de-mandante hubiera tenido derecho a demandar en cobro del importe de los efectos vendidos y entregados o sobre una •cuenta corriente por el dinero insoluto. Entonces la corte hubiera podido dictar sentencia a base de esta demanda. Después de todo, las letras de cambio únicamente son prueba de la existencia de una deuda.

El caso se halla ante nos mediante una moción para des-estimar el recurso por frívolo. Convenimos con la apelada y debe desestimarse el recurso.

Los Jueces Asociados Señores Córdova Dávila y Tra-vieso no intervinieron.