author: El Juez Presidente Sr. Hernandez, juez asociado señor wolf.

text:
    Sucesión del Toro, Demandante y Apelante, v. Zambrana, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre restitución de finca y daños y perjuicios.
    No. 1826.
    Resuelto en mayo 31, 1919.
    Pruebas — Veracidad de los Testigos Sobre Ciertos Particulares — Inspección Ocular. — Cuando la corte inferior da crédito a los testigos de una parte con respecto a ciertos particulares de sus declaraciones, comete error al negárselo con respecto a otros particulares en que sus declaraciones están contestes y no fueron impugnadas por la prueba de la parte contraria; sin que para apoyar esa resolución de la corte inferior en apelación, pueda ale-garse que la misma fué el resultado de una inspección ocular practicada por la corte, cuando del récord no aparece que esa inspección fuera prac-ticada.
    Honorarios de Abogado — Diferencia Entre, lo Pedido y lo Concedido — Teme-ridad — Discreción.—No abusa de su discreción la corte inferior al no con-denar ál demandado al pago de honorarios de abogado, cuando hay dife-rencia entre lo pedido en la demanda y lo concedido en la sentencia, por la que se concede menos que lo pedido, pues en ese caso no puede haber te-meridad por parte del demandado al defenderse.
    Dos hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Ricardo del Toro Soler.

      Abogados del- apelado :• Sres. José Sabater y Juan Vai-de jutty.

   El Juez Presidente Sr. Hernandez,

emitió la opinión del tribunal.

Con fecba 3 de mayo de 1917 la Sucesión de Juan Miguel del Toro y Torres, representanda por las personas que se designan en la demanda, promovió juicio ante la Corte. de Distrito dé Mayagüez contra Alberto Zambrana e Irizarry para obtener la restitución de cierta finca rústica con indem-nización de perjuicios, aleg’ando para fundamentar su acción ser dueños, por herencia de su padre Juan Miguel del Toro y Torres, fallecido en 25 de enero de 1917, de una finca sali-nera o salina llamada “Caborrojeña” en el barrio de Boque-rón; municipio de Cabo Boj o, de la que forma parte una por-ción de cuerda y media de terreno colindante por el sur y por el oeste con terrenos del demandado Alberto Zambrana e Iri-zarry, y que estando su causante en posesión.de esa parcela de terreno, el demandado en 6 de junio de 1916 maliciosa y fraudulentamente se la apropió destruyendo la cerca que la separaba de sus terrenos y poniendo otra cerca para .se-parar como separó de la finca salinera la expresada cuerda y media de terreno, desde cuya fecha venía cultivándola y utilizando sus productos. Alegan además los .demandantes que por consecuencia del despojo verificado por el deman-dado se ven privados de la posesión material de la cuerda y media de terreno, desde cuya fecha venían cultivándola y utilizando sus productos. ‘Alegan, además los demandantes, que por consecuencia del despojo verificado por el deman-dado se ven "privados de la posesión material de la cuerda y media de terreno, habiendo sufrido los perjuicios siguientes:

(a) Valor de los frutos dejados de. sembrar, $40.

(b) Daños sufridos en los cristalizadores y salitrales de la salina, consistentes en haberse ensuciado una gran parte de ellos con las aguas corrientes de las lluvias, por conse-cuencia de haber quitado Zambrana las mayas de cerca de la finca, $300.

(c) Sal dejada de sacar en esos cristalizadores ensucia-dos como consecuencia de los hechos expuestos bajo la letra (&), $960.

(d) Valor de las cercas destruidas por el demandado, $100.

(e) Valor de los árboles cortados y destruidos por el de-mandado, $5.

Esas partidas hacen un total de $1,315.

La demanda concluye con la súplica de que el demandado sea condenado a restituirles la parcela de cuerda y media de terreno de que han sido despojados, a indemnizarles to-dos los frutos que están obligados a restituir los poseedores de mala fe o su importe, y a pagarles la cantidad de $1,315 como indemnización de daños y perjuicios, así como los hono-rarios de abogado y las costas y gastos del litigio.

El demandado además de negar en su contestación las alegaciones de la demanda, adujo materia nueva y formuló contrademanda para obtener indemnización de perjuicios que había sufrido por valor de $261.

Celebrado el juicio la corte dictó sentencia en 17 de enero de 1918 por la que declara con lugar la demanda y ordena que el demandado Alberto Zambrana e Irizarry restituya a la sucesión demandante en la porción de cuerda y media de terreno, parte integrante de la salina denominada “Caborro-jeña,” ordenando, además, que los demandantes obtengan y recobren del demandado la suma de $15, con. costas, gastos y desembolsos a cargo de dicho demandado.

Contra la anterior sentencia interpusieron los demandantes recurso de apelación para ante esta Corte Suprema en cuanto sólo les otorga el derecho de recobrar del demandado la suma de $15 y no les concede los honorarios de abogado.

Fundan los apelantes su recurso en dos motivos, a saber: Primero. Que la corte inferior erró al no dar a las pruebas de los demandantes el valor qne tienen por sí y por no haber sido contradichas, invocando al efecto los artículos 4, 16 y 162 de la Ley de Evidencia en sns párrafos 6º. y 7º. Segundo. Que la corte inferior erró al no conceder a los de-mandantes los daños punitivos o ejemplares y los honorarios de abogado que determina la ley, sosteniendo, además, que con arreglo al artículo 281 del Código de Enjuiciamiento Civil tienen derecho a obtener una sentencia por el total del importe de los daños causados.

Examinemos la prueba aportada al juicio por los deman-dantes en apoyo de la indemnización pretendida en su de-manda.

Esa prueba consistió en las declaraciones de los testigos Juan del Carmen Montero, Lorenzo Montero, y Guillermo del Toro, que en la parte pertinente transcribimos a continuación.

TESTIGO JUAN DEL CARMEN MONTERO.
“* # # ^Ahora, está en posesión del terreno don Alberto Zam-brana, quien quitó la cerca que tenían los Sres. Toro, porque eso y que era de él, puso unos alambres por donde babía las mayas a la orilla del camino, * * * eso ocurrió del seis al siete de junio de 1916, desde entonces Zambrana ha cultivado esa porción de terreno, la sembró de maíz que le produjo cuarenta y cinco (púntales * * * que como consecuencia de haber quitado Alberto'Zambrana la cerca y haberse apropiado ese terreno, los dueños de las Salinas sufrieron daños y perjuicios, porque la cerca era muy tupida, y al ser quitada y venir la lluvia, las aguas entraron a los cristalizadores y los da-ñaron; eran aguas con fango, aguas sucias que venían con fuerza desde la parte alta de la costa; cuando estaba la maya, las aguas se regaban y venían lentamente, pero quitada lá maya, como no había qué la detuviera, el chorro de agua se introdujo en los cristalizadores, cuando estaba la maya no pasaba eso, porque la maya era una de-fensa. Hubo que limpiar los cristalizadores, que botarles el agua, porque no se pueden limpiar con agua, luego dejarlos un tiempo para que el fango se seque, para entonces limpiarlos con palas; em-plearon en ese trabajo setenta días, y como después no pudieron dar ningún resultado, vinieron a estar en condiciones de producir sal, como a los seis meses; * * trabajaron seis peones, entre ellos el declarante, ganando ochenta centavos cada uno, durante 70 días. Que en esos tres meses es costumbre sacar la sal, lo que depende del tiempo; que en ese tiempo babía seca; sólo cayó un cbubasco, pero pronto despejó. En concreto, de no baber pasado lo que pasó, y con el tiempo que hubo, se pudo baber sacado de seis a siete mil fanegas de sal en los cinco cristalizadores, de la parte del frente, que fueron dañados. Que el declarante ha estado y está ahora encargado de la venta de sal y en esa época el año pasado, vendieron la sal al precio de quince y a veinte y cinco centavos el quintal; el quintal tiene de gastos nueve centavos y la fanega tiene tres quintales. Las cercas destruidas por Zambrana tenían un valor de veinte reales cuerda y eran de una longitud de cuatro cuerdas; en la fracción de terreno había árboles, los que tumbó Zambrana y los hizo leña, producién-dole tres toneladas; la tonelada de leña en esa. época valía tres pesos, teniendo un peso de gastos; en la misma porción de terreno que se apropió Zambrana pudo haberse obtenido sembrando maíz, un pro-ducto de 45 quintales, los,que valían en esa época a $3.80 el quin-tal, con un gasto cada uno de 15 centavos entre escogida y desgrane, pudiendo calcularse en totalidad un gasto en la cuerda y media como de $10, incluyendo arado y siembra.”
TESTIGO LORENZO MONTERO.
“* * * Esa porción de terreno tiene una extensión de cuerda y media. * * * Puede valer como $60. * * * Ahora este año pasado fué que ocurrió que el Sr. Zambrana compró la porción de veinte cuerdas de terreno y quiso hacerse dueño de esa otra porción quitando los deslindes o colindancias que tenían los Sres. del Toro al frente; las quitó y cercó poniendo alambre a la otra maya que no le pertenecía. * * Quitó la colindancia, que cercaba a ellos y dejó unida la porción de terreno a las veinte cuerdas. * '* Don Miguel del Toro quitó la cerca que puso Zambrana; éste la mandó a poner al día siguiente y desde entonces está esa cuerda y media en posesión d'e don Alberto Zambrana. Que como consecuencia de esos actos de Zambrana, los dueños de las salinas sufrieron perjuicios pues por haberse quitado la maya esa que' se tenía allí, como represa de las aguas que bajaban; y vino una gran lluvia, desembocó la corriente, rompió los malecones y se entró dentro de las salinas el lodo y todas las aguas que había, causando un gran daño * * antes de quitar las mayas, las aguas no se metían porque las mayas las detenían y en lugar de venir directas pasaban con cautela; los cristalizadores se dañaron por el fango que bajó, traído por- el agua, y era imposible hacer sal con ese fango; entonces para reparar el daño empezaron por desaguar los' cristalizadores y estuvieron desa-guándolos como veinte o veinte y cinco días porque hubo que esperar que el fango se secara; entonces metieron seis peones que estuvieron trabajando unos setenta días y los pagaban a 80 centavos dia-rios * * Desde que ocurrió esa inundación y la rotura de la cerca por Zambrana basta que estuvieron los cristalizadores en con-diciones de sacarse sal transcurrieron tres meses; en esos tres meses no habiendo ocurrido lo que ocurrió, esos cristalizadores hubieran estado en condiciones de sacar sal, siendo costumbre que produzcan esos cristalizadores en los meses de julio, agosto y septiembre de seis a siete mil fanegas de sal; esos tres meses son propios para la sosecha de sal. * * * En la cuerda y media de terreno se acostumbra a sembrar maíz; las cercas destruidas por Zambrana eran cuatro cuer-das de maya y valen a veinte reales cuerda; con respecto a árboles, i ?-mora¡5;> destruyó los que allí había, los hizo leña y carbón, que sacó de 8 a 9 toneladas de leña, valiendo la tonelada limpia a dos . “ * * Recuerda que Zambrana quitó la maya del 6 al 7 del mes de junio, cuyo aguacero grande de que hablaba fué del 16 al 18 de julio; ya antes había llovido pero el aguacero más grande fué en esa fecha. La inundación fué un mes y días después de ha-berse quitado la maya, pero ya había llovido y el agua entrado en los cristalizadores; entonces se empezó a bañarlos, no con un agua-cero pequeño, que fué bastante regular. Después del 7 de junio cayó uno y en el mes de julio cayó el otro; con respecto al aguacero grande no puedo precisar cuándo fué, más o menos fué del 16 al 18 de julio, el grandísimo, el que-hizo la inundación * Cuando se quitó esa maya, para evitar que viniera la inundación, para evitar la corriente estaban preparando el alza del malecón del frente, pero no dió lugar a alzarlo por completo; estuvieron trabajando más o menos entre los cristalizadores y el malecón unos setenta días; antes de entrar el agua estuvieron trabajando de 15 a 16 días; no puedo precisarlo con seguridad, no pudieron terminar el trabajo, porque la lluvia no dejó * Que la porción que ocupa Zambrana tiene cuerda y media y es por allí por donde viene una avenida más fuerte * * * habiendo sido la causa de que se metieran las aguas. el haber Zambrana quitado las mayas, porque la avenida era fuerte y las mayas detenían las aguas.”
TESTIGO GUILLERMO DEL TORO.
“Es administrador y condueño de las salinas. * '* * Que -el día 6 de junio del año pasado, o sea el 1916, Alberto Zambrana por sí y ante sí quemó las colindancias que tenían ellos (los de-mandantes) o sea juntó esa porción de terreno con las veinte cuer-das de él, y* cercó la parte ahajo del camino incluyendo en su linea ese pedazo de terreno; que ellos tenían una maya, y él puso una maya más pequeña y alambre. * * * Que la destruyeron y se la echaron .abajo porque el pedazo de terreno era de ellos; después Zambrana volvió a poner la cerca. * * '* Que como consecuencia de haber quitado Zambrana la maya de arriba que colinda con él, como allí hace una hondonada el terreno, las aguas vienen con más precipitación y se desparraman por encima del malecón, a los cinco cristalizadores que quedan al frente, * * * los ensuciaron y no se pudo fabricar sal con ellos en ese estado; para poder tener las salinas en condiciones de producir sal le costó a' los pocos días desa-guar los cristalizadores, esperar que se secara el fango y proceder a la limpieza, en la que g'astó $336, tardando en ponerlos otra vez en condiciones de hacer sal más o menos setenta días de trabajo; que acostumbra a sacar en años anteriores en esos tres meses, en los 5 cristalizadores, 7,000 fanegas, las que le daban un promedio de 50 centavos fanega; que una fanega tiene tres quintales y veinte libras, (fue la fanega tiene de gasto 9 centavos, o sea' 1 centavo en la elabo-ración, 5 de saca y 3 de embarque; que la cerca destruida por Zam-brana valía $10 más o menos; que Zambrana tumbó los árboles, -hizo leña, más o menos cuatro toneladas, y la vendió, valiendo la tone-lada en esa época $3 y cada tonelada tenía $1 de gasto. * * * Que todos los años los cristalizadores cuajan sal en tiempo de seca, segúa. sea la seca, con un promedio cada cristalizador de dos cuajes por mes desde mayo en adelante hasta septiembrq en que empiezan las lluvias; en esa época es que hacen los cuajes pues aunque caen sus chubascos y aguaceros duros también, impiden poco tiempo el sacar sal; que esos 5 cristalizadores pueden contener alrededor de 7,000 fanegas de sal en los dos cuajes que dejaron de sacar; si llueve y está cuajado un cristalizador y es duro el aguacero se deshace la sal, entonces se deja más tiempo para que se evapore y cuando se eva-poran las aguas dulces', si continúa la seca vuelve, a cuajar, pero sí no continúa la seca no cuaja; si el cristalizador está cuajado ya para sacar y el agua no es muy fuerte, so le baja la compuerta y se puede sacar la sal, pero si es duro se deshace y entonces se pierde quince o veinte días o un mes para volver a cuajar; que a los pocos días de haber quitado Zambrana la cerca llovió fuerte y del 16 al 18 de julio cayeron ligeros aguaceros; que lo que han dicho los dos testigos anteriores respecto a que a mediados del mes de julio cayó un fuerte aguacero, ha sido equivocación de ellos, siendo el aguacero ese que cayó el que causó que se ensuciaran los cristalizadores; que un aguacero que cae encima de los cristalizadores estando cuajados suspende el cuaje, pero un aguacero como el que cayó que ensució los cristalizadores fué lo que determinó que no pudieran sacar sal durante tres meses. Si cae agua del cielo evita el cuaje pero por poco tiempo. Que acostumbra a pagar a los peones allí por sacar sal cinco centavos por fanega, por la limpieza de los cristalizadores pagan ochenta o noventa centavos diarios.”
Prueba del Demandado.
TESTIGO ALBERTO ZAMBRANA.
‘‘Beside en Boquerón,-de Cabo Bojo, en donde tiene una finca como de 180 cuerdas, conoce las salinas Caborrojeñas de los Sres. Toro las que colindan con dos fincas del declarante, una de ellas de 20 cuerdas de extensión. * * Está en posesión de esa finca desde el día 3 de febrero en que la compró; al llegar a la finca había allí unos mogotes de maya en el medio de la finca, les pegó fuego, los arrancó y los botó de allí, había unas cuautas. malezas, limpió todo eso poniéndolo en condiciones; que el 7 de julio de 1916 vino don Miguel del Toro acompañado por su hijo, un policía y varios peones; que el testigo no estaba allí sino su encargado que lo fué a buscar y cuando él llegó ya ellos no estaban allí y encontró las em-palizadas en el suelo, todos los estacones quitados y las mayas arran-cadas, esos.estacones habían sido puestos por él, que él repuso en se-guida la empalizada, porque no podía dejar la finca exenta, porque había ganado, que puso esa empalizada al lado de los salitrales. * * * Becuerda que cuando se destruyó la cerca por don Miguel del Toro, en junio del año pasado, allí no llovía, los meses de junio son meses secos y allí viene a llover del 15 de agosto en adelante; ese año en los meses de julio no llovió, algún chubasco; allí llueve del 15 de agosto en adelante.”

Han declarado otros testigos por parte del demandado pero sus declaraciones se encaminan principalmente a sos-tener el derecho de propiedad de Zambrana sobre la parcela de terreno de cuerda y media de que se trata y no a des-virtuar la prueba testifical del demandante.

De la declaración del testigo Juan del Carmen Montero se desprende que la cuerda y media de terreno produjo al demandado Zambrana 45 quintales de maíz que a razón de $3.80 el quintal, después de deducir un gasto de 15 centavos por quintal y $10 por gastos de arado y siembra, dan un producto líquido de $154.25; que el trabajo de 6 peones en 70 días para poner las salinas en condiciones de producir sal, con jornal de 80 centavos cada uno, produjo el desem-bolso de $336; que 6,000 fanegas de sal que se dejaron de sacar en los cinco cristalizadores, equivalentes a 18,000 quin-tales con un producto en venta de 6 centavos quintal, dan un total de $1,080; que las cuatro cuerdas de cerca destrui-das, a razón de $2.50 la cuerda, representaban la suma de $10; y que 3 toneladas de leña que le produjeron al deman-dado los árboles que echó a tierra, a $3 la tonelada, después de deducido $1 de gastos por tonelada daban un total líquido de $6. Todas las partidas expresadas ascienden a la suma de $1,586.25.

Según el testigo Lorenzo Montero, 6 peones que estu-vieron trabajando unos 70 días en las salinas, con jornal de 80 centavos .diarios, costaron $336; las cuatro cuerdas de maya destruidas por el demandado a razón de $2.50 la cuerda, representaban $10, y 8 toneladas de leña que utilizó Zam-brana de los árboles destruidos, siendo $2 el producto líquido de cada tonelada, dan el valor de $16. Por más que ese tes-tigo afirma que en la cuerda y media de terreno podía sem-brarse maíz j que si los cristalizadores hubieran estado en condiciones de sacar sal en los meses de julio, agosto y sep-tiembre hubieran producido de 6,000 a 7,000 fanegas, no ex-plica el valor de dichas fanegas.

Según el testigo Guillermo del Toro, el-trabajo para poner las salinas en condiciones de producir sal costó $336; las 7,000 fanegas de sal que dejaron de sacarse, teniendo cada fanega 9 centavos de gastos, importando cada fanega con esa de-ducción 41 centavos, dan la suma de $2,870; 4 toneladas de leña que sacó Zambrana de los’ árboles cortados, a $3 la to-nelada, pero deduciendo $1 por gastos, representan $8; y el valor de la cerca destruida era de $10. Esas partidas dan el total de $3,224.

Al ordenar la corte sentenciadora que los demandantes recobren del demandado la suma de $15, indudablemente se funda en el valor que dieron los testigos del demandante a las cercas destruidas por el demandado y a los árboles que cortó, que son las partidas d y c de la demanda.

En cuanto a la indemnización reclamada por el deman-dante por los daños sufridos en las cristalizadoras de las salinas (partida b) no vemos motivo para que la corte inferior no creyera la declaración de los testigos en tal ex-tremo en que resultaron contestes y sin impugnación, toda vez que les dió crédito en otros particulares como fueron en el de la apropiación del terreno por el demandado, en el de la destrucción de las cercas y árboles y en el de la valoración de estos daños, y, por tanto, entendemos que los testigos Juan del Carmen, Lorenzo Montero y Guillermo del Toro dijeron la verdad al declarar que los daños causados en las cristalizadoras de las salinas por los actos del deman-dado ascendieron a $336, por lo que el demandante tiene derecho a recobrar los $300 que por tal concepto reclamó en su demanda. Esa partida está suficientemente justificada y la corte inferior incurrió en manifiesto error al denegar su pago.

No ocurre lo mismo con respecto a la indemnización re-clamada en.la partida letra c por las 6,000 fanegas de sal que según esos testigos dejaron de sacarse de las cristali-zadoras durante el término de tres meses, pues bien pudo la corte no creer en la realidad de su existencia en vista de la gran discrepancia de los testigos sobre el valor de esa sal, toda vez que mientras Juan del Carmen Montero lo valora en $1,080, Guillermo del' Toro hace ascender su im-porte a casi el triple, o sean $2,870, sin que el otro testigo declarara respecto de ese particular. En igual caso se halla la reclamación de la letra a pues los testigos Lorenzo Mon-tero y Guillermo del Toro no declararon respecto de ella, haciéndolo solamente Juan del Carmen Montero quien la valoró en $154.25 cuando la demanda alegaba importar sola-mente $40.

El apelado en su alegato escrito llama la atención de esta Corte Suprema acerca de que la corte inferior prac-ticó una inspección ocular del terreno y de las salinas de los demandantes en unión de los abogados de ambas partes y sostiene que como consecuencia de dicha inspección la corte llegó a la conclusión de que no podía ser cierto que de los terrenos ocupados por el demandado debido a un aguacero se precipitara un caudal de agua dañando los salitrales de las salinas del demandante, por ser físicamente imposible, y que como consecuencia de ello tampoco fue cierto que tu-vieran que emplear sesenta días en limpiar los cristaliza-dores ni que estuvieran éstos como seis meses sin producir sal, ni que existieran los daños sobre que declaraban los tes-tigos empleados de las mismas salinas, entendiendo, por tanto, que sería una injusticia condenar al demandado a pagar una fuerte indemnización por daños que no existieron.

Ni del escrito de exposición del caso ni de ninguna otra parte del récord aparece que tal inspección ocular fuera prac-ticada, y, por tanto, no puede invocarse para contradecir la prueba testifical ministrada por la parte demandante.

Nos abstenemos de dar consideración a la cuestión legal levantada por la parte apelante sobre falta de aplicación del artículo 281 del Código de Enjuiciamiento Civil, pues la de-manda no fue presentada bajo la teoría que envuelve dicho artículo, como lo revelan los hechos y súplica de la misma, y no cabe alterar en grado de apelación los términos del debate judicial.

Por lo que toca a los honorarios de abogado no vemos que la corte inferior abusara de su discreción al no condenar al pago de ellos al demandado si tenemos en cuenta la dife-rencia que hay entre lo pedido en la demanda y lo concedido en la sentencia. Martinez v. Padilla, 19 D. P. R. 582.

Por las razones expuestas es de confirmarse la sentencia apelada, pero modificándola en el sentido de qne el deman-dado debe pagar a la parte demandante, y se le condena a pagarle la suma de trescientos dollars, además de los quince dollars a cuyo pago viene condenado.

Confirmada la sentencia apelada-, modificada en el sentido de que se condena al deman-dado a pagar al demandante la suma de $300 además de los $15 a cuyo pago viene conde- . nado.

Jueces concnrrentes: Sres. Asociados Aldrey y Hutchison.

Jaez disidente: Sr. Wolf.

El Jaez Asociado Sr. Toro no intervino en la resolución de este caso.

opinión disidente del

juez asociado señor wolf.

Disiento por el fundamento de qae no existe base alguna para ir contra la conclusión general beclia por la corte inferior de qae no existen daños y perjuicios excepto los espe-cíficos declarados probados. La corte inferior evidentemente no creyó a los testigos en cnanto a los demás daños gene-rales lo mismo qae este tribanal, según* parece, no creyó qae los daños fueron tan extensos como alegaron algunos de los testigos. No encuentro en los autos razón alguna para esta distinción.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Sr. HerNÁNDez,

license: Public Domain

text:
    Bestard et al., Demandantes y Apelantes, v. Serrallés, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito, de Ponce en pleito sobre extinción y cancelación de hipoteca, y otros . extremos.
    No. 1810.
    Resuelto en mayo 31, 1919.
    Causa de Acción — Nulidad del Procedimiento Sumario — Adjudicación Anterior en Oobro de Crédito Preferente. — Aduce hechos suficientes para de-terminar una causa de acción, una demanda en que se alega que el deman-dado ha cobrado' un segundo, crédito hipotecario en proeedimíéiito sumario seguido contra una finca que el demandante había adquirido por título .de-rivado de quien la había habido mediante adjudicación en pago de un primer crédito hipotecario, pues esas alegaciones establecen la nulidad de tal procedimiento sumario; no siendo necesario que la demanda contenga la alegación de que el segundo acreedor había sido hecho parte demandada 'en el procedimiento seguido para el cobro del primer crédito, porque pre-cisamente por no haberlo sido es que se hace necesario entablar el pleito ordinario para la cancelación de la segunda hipoteca, pues de lo contraríe ésta podría cancelarse sin necesidad de juicio.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. G. Lopes de Tord.

    Abogados del apelado: Sres. José y Manuel Tous Soto.

   El Juez Presidente Sr. HerNÁNDez,

emitió la opinión del tribunal.

Dueño Pedro Nadal Sureda, por derecho de cesión, de un crédito de $5,500 constituido originariamente en escritura pública de 19 de abril de 1902 por Calixta Ruíz y Pérez, como madre con patria potestad sobre su entonces menor hijo Aurelio Quiñones Ruíz, a favor de Manuel León Parra con hipoteca sobre una finca rústica de 141 cuerdas, radi-cada en el barrio del Anón, término municipal de Ponce, presentó demanda ante la Corte de Distrito de Ponce en eje-cución de- dicha hipoteca contra el deudor, y seguido el pleito por todos sus trámites se verificó la subasta de la expresada finca sin concurrencia de postor alguno, adjudicándose al acreedor hipotecario Pedro Nadal Sureda en pago de la suma adeudada por escritura pública de 12 de mayo de 1906, que fué inscrita en el registro de la propiedad.

La finca tenía entonces un valor inferior a $5,500 y en la actualidad su valor es inferior a $3,000.

De la finca adjudicada a Pedro Nadal Sureda vinieron a ser dueños en virtud de sucesivos traspasos, José Bestard Cabellas, Carlos López de Tord y Carlos -M. Boermañ, en la-proporción de una mitad para el primero y la otra mitad por partes iguales para los dos últimos, a virtud de escri-tura pública de 18 de septiembre de 1914 otorgada a favor de aquéllos" por el anterior dueño Tomás Sbert y Mezquiada.

Habiendo fallecido el condueño Carlos M. Boernian suce-diéronle como sus únicos y universales herederos testamen-tarios los codemandantes Mrs. Charles M. Boerman y Mrs. Esther Bessie Boerman, viuda y madre respectivamente del finado, siendo ellas en unión de José Bestard Cañellas y Carlos López de Tord los demandantes en este pleito.

Dueño por cesión Pedro Juan Serrallés de un segundo crédito hipotecario de $8,000 constituido sobre la misma finca por Calixta Ruíz Pérez, en representación de su hijo Aurelio Quiñones Ruíz, por escritura pública del mes de abril de 1902, también inscrita en el registro de la propiedad, esta-bleció aquél en marzo' de 1916 para su cobro el procedimiento sumario establecido por la Ley Plipotecaria, habiéndose ad-judicado la finca en pago a Pedro Juan Serrallés, deman-dado en el presente caso.

En dicho procedimiento sumario no fué requerida per-sonalmente de pago, ni en la persona de apoderado o arren-datario, ni mediante publicación de edictos, Mrs. Esther Bessie Boerman, ni en la demanda inicial del procedimiento se alegaron las razones jurídicas determinantes de la cer-teza, la subsistencia y la exigibilidad del crédito y de la .competencia del tribunal.

Bajo los anteriores hechos que en síntesis dejamos ex-puestos, los demandantes, causahabientes de Pedro Nadal Sureda, formularon demanda contra Pedro Juan Serrallés, poseedor de la finca adjudicádale en pago de la segunda hipo-teca, con súplica de que se dictara sentencia con los siguientes pronunciamientos: 1º. que se ha extinguido y debe cance-larse por defecto de garantía la segunda hipoteca cedida al demandado Pedro Juan Serrallés; 2º. -que es nulo el pro-cedimiento sumario ejecutivo seguido por Pedro Juan Serra-llés para hacer efectivo el segundo crédito hipotecario cedí-dole; 3º. que se condene al demandado Serrallés a entregar a los demandantes la finca de que se trata con los frutos per-cibidos, y a pagar las costas, gastos y desembolsos del pleito, incluyendo honorarios de abogado.

A la anterior demanda opnso el demandado Pedro Juan Serrallés, la excepción previa de no exponer lieclios suficientes para constituir una buena causa de acción, cuya excepción fué declarada con lugar por resolución de 22 de diciembre de 1917; y habiendo solicitado los demandantes el pronun-ciamiento de sentencia fué ésta dictada en 30 de enero de 1918 desestimando la demanda por no aducir hechos bastantes para constituir una buena causa de acción, sin especial con-denación de costas.

Contra esa sentencia interpusieron los demandantes re-curso de apelación para ante esta Corte Suprema.

La única cuestión a discutir y resolver en el presente re-curso es la de si la demanda aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción, que es la excepción 6ª. de las comprendidas en el artículo 105 del Código de Enjuicia-miento Civil.

Atendidas las alegaciones de la demanda que debemos aceptar como ciertas para los efectos de la excepción previa sometida a nuestro examen, el demandado Pedro Juan Se-rrallés cobró un segundo crédito hipotecario en procedimiento sumarísimo seguido contra la finca que los demandantes har bían adquirido por título derivado de quien la hubo mediante adjudicación, en pago de un primer crédito hipotecario.

El artículo 175 del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, después de enumerar taxativamente las causas - que pueden dar lugar a la suspensión del procedi-miento sumario, cuales son la existencia de un procedimiento criminal por falsedad del título hipotecario en cuya virtud •se proceda, la interposición de una demanda de tercería de dominio con título inscrito a favor del tercerista en fecha anterior a la inscripción del crédito del ejecutante,.y certifi-cación del registrador de estar cancelada la hipoteca en vir-tud de la cual se procede o copia auténtica de la escritura pública de cancelación de la hipoteca, consigna en su noveno apartado el siguiente precepto:

“Todas las demás reclamaciones que puedan formular, así el deudor como los terceros poseedores y los demás interesados, incluso las que versaren sobre nulidad del título o de las actuaciones, o sobre vencimiento, certeza, extinción o cuantía de la deuda, se ventilarán en el juicio plenario que corresponda, sin producir nunca el efecto, de suspender ni entorpecer el procedimiento ejecutivo.”

Los demandantes en el presente caso eran terceros po-seedores de la finca que en procedimiento sumario seguido para el cobro de una segunda hipoteca, fue subastada y ad-judicada al boy demandado Pedro Juan Serrallés y en virtud del precepto legal transcrito les estaba reservado el derecho a formular reclamación en juicio declarativo para obtener la nulidad de dicho procedimiento sumario por cualquier mo-tivo que lo invalidara.

Las alegaciones de la demanda muestran esa nulidad.

Pedro Juan Serrallés como segundo acreedor hipotecario no podía en concepto alguno cobrar la totalidad de su cré-dito, postergando y dejando insoluto el crédito preferente de Pedro Nadal Sureda.

El artículo 1828 del Código Civil dice así:

“Los créditos que gozan de preferencia con relación a determi-nados bienes o. derechos reales, excluyen a todos los demás por su importe hasta donde alcance el valor del inmueble o derecho real a que la preferencia se refiera.”

El Tribunal Supremo de España en sentencia de 11 de octubre de 1899, 88 Jur. Civ. 65-71, decidiendo un caso en que se discutía si por virtud de la demanda entablada, sin otra reclamación ni formalidad previa, podía obtener un acreedor con tercera hipoteca .que se le abonara íntegramente su crédito por los poseedores actuales de la finca hipotecada como causahabientes de un acreedor a cuyo favor fué ena-jenada por el deudor, no judicial sino extra judicialmente, para el pago de créditos que tenía asegurados con primera y segunda hipoteca, estableció la siguiente doctrina:

“Que si bien es cierto que la hipoteca sujeta directa e inmediata-mente los bienes sobre que se impone, cualquiera que sea su posee-dor, al cumplimiento de la obligación que garantiza, no lo es menos que cuando se trata de varios gravámenes hipotecarios constituidos en una finca la prelación o preferencia de los mismos se determina-, .según terminantes disposiciones legales, por' el orden de antigüedad de las respectivas inscripciones en el registro; y que con arreglo a este precepto de necesaria aplicación siempre que exista concurrencia de créditos de la expresada clase, el derecho del demandante, hoy recurrente, está limitado a poder reclamar y percibir por medio del procedimiento correspondiente lo que del valor real y positivo del inmueble, no de lo que prudencial o arbitrariamente se le asignara, sobrare después de pagados los créditos hipotecarios inscritos con anterioridad al suyo.” • '

La anterior doctrina concuerda con el precepto del articulo 1828 de nuestro Código Civil, que es el 1927 del español, y ña sido reproducida por esta Corte Suprema en el caso de Henna et al., v. Saurí, 22 D. P. R. 852. Y con mayor razón es aplicable al, presente caso, en que la adjudicación se bizo en procedimiento judicial y no por convenio del deudor, y del primer acreedor hipotecario consignado en escritura pu-blica, como en el caso resuelto por él tribunal español.

El procedimiento sumario hipotecario seguido por Pedro Juan Serrallés no era el adecuado para reclamar y perci-bir lo que del valor real y positivo del. inmueble sobráse después de pagado el primer crédito hipotecario.

. Ciertamente que el crédito preferente de Pedro Nadal Sureda quedó extinguido por la adjudicación de la finca,, en virtud de la cual se hizo dueño de la misma; pero esa extin-ción no origina la conclusión de que la finca adjudicada que-dara sujeta al pago total del segundo crédito hipotecario con postergación, absoluta, de los derechos del primer acreedor hipotecario y conculcación manifiesta de los preceptos del Código Civil y de la. Ley Hipotecaria que le reconocen la preferencia de pago.- Si así fuera, resultaría, como dice la parte recuríente, que el segundo acreedor hipotecario por .arte, Je magia • cobraría íntegro su crédito mientras que el primer acreedor hipotecario habría perdido todo su derecho y su crédito por entero. T a nadie le es dable enriquecerse a costa de otro.

Aun más, Pedro Juan Serrallés sabía, pues así aparecía del registro, que la finca que le fué adjudicada en pag’o de un segundo crédito hipotecario había sido adjudicada ante-riormente a Pedro Nadal Sureda en pago de una acreencia preferente, y, por tanto, al ‘obtener la adjudicación en los términos en que la obtuvo, sin reconocer derecho alguno al primer acreedor hipotecario, y dejando insoluto su crédito, obró con infracción consciente de la prelación que la ley re-conoce al primer acreedor hipotecario sobre los posteriores.

Y no era necesario alegar en la demanda, como pretende la parte apelada, que el segundo acreedor hipotecario fuera hecho parte demandada en el procedimiento en. que fué ad-judicada la finca a Pedro Nadal Sureda, primer acreedor hipotecario, pues precisamente por no habérsele dado • inter-vención alguna en dicho procedimiento es que ha sido promo-vido el pleito ordinario para obtener sentencia en que se or-dene la cancelación de la segunda hipoteca. De haber habido aquella intervención la segunda hipoteca podría cancelarse sin necesidad de juicio,-de conformidad con el artículo 82 de la Ley Hipotecaria. Peña v. Annoni, 7 D. P. R. 200.

Según el artículo 79 de la Ley Hipotecaria, podrá pedirse y deberá ordenarse la cancelación total de las inscripciones y anotaciones preventivas, entre otros casos cuando se ex-tinga por completo el derecho inscrito, y según el artículo 132 del Reglamento para la ejecución de dicha ley, se con-siderará extinguido el derecho real inscrito, entre otros casos, •cuando vendida judicialmente la finca y pagado el primer acreedor hipotecario no quedare residuo para aplicar a los •demás créditos posteriormente inscritos, conforme a lo dis-puesto en el artículo 125 de. la ley.

.Ese artículo 125.,dice-:

* * En los casos de que sobre una o varias fincas gravi-ten créditos hipotecarios de varios acreedores y lleguen a venderse o adjudicarse para el pago al primer acreedor, en términos de que el valor de lo vendido o adjudicado o no iguale o no supere al cré-dito hipotecario que se realice, los créditos restantes se entenderán de hecho y de derecho cancelados, y se cancelarán en el registro, previa presentación del oportuno mandamiento judicial en que conste la venta o la adjudicación y sus causas, con expresión del acto que constituya la solvencia del crédito preferido, todas las inscripciones posteriores de censos e hipotecas y las anotaciones de embargo he-chas también con posterioridad, dejando libres de todo gravamen por estos conceptos la finca o fincas enajenadas o adjudicadas.”

Los preceptos legales citados confirman lo que liemos diclio acerca de ser innecesaria la alegación a que se refiere la parte apelada.

A los efectos perseguidos en la demanda bastaba la ale-gación lieclia por la parte demandante de que al venderse la finca para el pago de la primera hipoteca tenía un valor inferior a $5,500 y en la actualidad su valor es inferior a $3,000. Nuestra decisión en el caso de Montes de Oca v. Báez et al., 23 D. P. R. 707, no favorece la contención de la parte ape-lada y por el contrario revela la necesidad de un juicio de-clarativo cuando se trata de la cancelación de una hipoteca posterior, en el caso de que el acreedor hipotecario no hu-biese sido notificado del procedimiento para el cobro de una primera hipoteca.

El recurso se sostiene por las razones expuestas, y se hace innecesario traer a examen otras cuestiones legales envuel-tas en el mismo.

Es de revocarse la sentencia apelada, devolviéndose el caso al juez para ulteriores procedimientos no inconsistentes con los principios que dejamos establecidos.

jRevocada la sentencia apelada y devuelto el caso para ulteriores procedimientos.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados "Wolf y Aldrey.

- Los Jueces Asociados Sres. del Toro y Hutchison firma-ron conformes con la sentencia.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    Suc. Orcasitas et al., Demandantes v. A. M. Somoza & Co., Demandada, y Orcasitas, Interventora y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en pleito sobre entrega de cantidad.
    No. 1850.
    Resuelto en junio 3, 1919.
    Alegaciones — Intervención—Interés del Interventor — Su Definición. — El in-terés “directo’’ e “inmediato,” que, según la jurisprudencia, deberá tener un interventor en el asunto principal, como regla general, ‘'debe ser de tal naturaleza, que de no haberse incoado la acción original, y de haberla in-coado el interventor desde el principio como único demandante, hubiera éste podido obtener sentencia en su favor cuando menos en parte del remedio perseguido; o de haberse entablado el pleito desde el principio en su contra como demandado, hubiera podido derrotar, cuando menos en parte, las pretenciones del demandante.”
    Id. — Id.—Interventor como Verdadero Demandado. — Cuando como en el pre-sente caso los hechos alegados, y que deberán tenerse como ciertos para los fines de determinar el interés de un interventor en nn pleito, no sólo hubie-ran constituido una buena defensa de haberse incoado el pleito desde el principio en contra de la interventora solamente, sino que concluyentemente demuestran que, dadas las circunstancias alegadas, la interventora es en rea-lidad de verdad la única y verdadera demandada, es de estimarse que quien solicita permiso para presentar y radica su demanda de intervención tiene el interés “directo” e “inmediato” a que se refiere la jurisprudencia.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la interventora: Sr. Francisco Soto Gras.

    Abogado del apelado: Sr. Eduardo López Tizol.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La corte inferior desestimó una demanda de intervención, por lo que la interventora interpuso recurso de apelación.

En la demanda, tal como quedó enmendada, se alegó que José Orcasitas, en sn testamento abierto otorgado en marzo 2 de 1896, reconoció adeudar a sn hermano José Ramón Or-casitas la suma de 1,500 pesos, disponiendo que esa cantidad fuera pagada de sus bienes, si antes de su fallecimiento no hubiera sido solventada por el testador; que habiendo falle-cido José Orcasitas en el 1898 sin haber satisfecho los ex-presados 1,500 pesos, Josefa Orcasitas, como única y universal heredera testamentaria, depositó la expresada suma de 1,500 pesos provinciales (equivalentes a $900 moneda ame-ricana) en la mercantil “Sucesores de Orcasitas y Compa-ñía” a la disposición de José Eamón Orcasitas, qnien aceptó la expresada cantidad habiendo convenido con la mercantil “Sucesores de Orcasitas y Compañía” en que la misma con-tinuaría en dicho establecimiento mercantil a disposición dé José Eamón Orcasitas y devengando intereses a razón del 6 por ciento anual, los que serían capitalizados anualmente y se acumularían en el balance anual de la expresada so-ciedad mercantil; que la expresada sociedad fué disuelta en enero de 1910 habiéndose nombrado sucesora, liquidadora y continuadora de la misma a la mercantil A. M. Somoza y Cía.,; que José Eamón Orcasitas falleció bajo testamento en el que instituyó por sus únicos y universales herederos a sus legítimos hijos aquí demandantes; que los demandantes gi-raron contra A. M. Somoza y Cía. en su carácter de liqui-dadora y sucesora de Orcasitas y Cía. a cuenta de la refe-rida cantidad, habiéndose negado dicha mercantil a aceptar el giro, manifestando, lio obstante, estar dispuesta a pagar la totalidad, mediante la correspondiente carta de pago; y que los demandantes han requerido repetidas veces a la-, de-mandada para que satisfaga la cantidad reclamada y sus in-tereses en la forma convenida y reciba la correspondiente carta de pago y .saldo total de la obligación.

Después de desestimar una excepción previa, presentó la. mercantil A. M. Somoza su contestación admitiendo ciertos hechos en una forma más o menos modificada, pero negando que los 1,500 pesos no fueron pagados ni debidos por José Orcasitas al tiempo de su fallecimiento, ni que Josefa Or-casitas hubiese depositado según .lo .alega la parte deman-dante; ni que José Eamón Orcasitas aceptara dicho depósito, ni que. celebrara convenio alguno con los demandados sobre ese particular, ni que los demandados reconocieran jamás deuda alguna en favor de los demandantes, ni que los de-mandantes hubiesen jamás requerido a los demandados para el pago de dicha suma o de sus correspondientes intereses. Como suplemento y explicación de estas admisiones y nega-ciones, los demandados afirman que Josefa Oreasitas dió ins-trucciones a los demandados para que de los fondos dispo-nibles que estaban en poder de éstos y que pertenecían a la sucesión, — esto es, a Josefa Oreasitas, — se hiciera una trans-ferencia y consignación de la suma de 1,500- pesos provin-ciales, cargando dicha consignación a la cuenta de dichos fon-dos con el fin de cubrir la cantidad que José Oreasitas en su testamento manifestó hallarse adeudando a su hermano José Bamón Oreasitas; que la transferencia así ordenada se asentó .en los libros de los demandados; que José Ramón Oreasitas nunca aceptó ni reclamó dicha consignación, ni celebró con-venio de ninguna clase relacionado con lá misma, ni con los demandados o sus antecesores; que el interés del 6 por ciento, . se abonaba al expresado capital, pero debido, no como alega la parte demandante, sino por indicación de uno de los socios de la firma hecha algunos años después de -haberse hecho'la consignación, porque,-no habiendo José-Ramón Oreasitas,- a quien constaba perfectamente que la deuda estaba pagada, reclamado ni. aceptado el principal,’ la consignación perma-neció en poder de la parte demandada, como una operación privada entre ella y la Sucesión de José -Oreasitas y hasta tánto fuera entregada era justo que devengara interés etí contra de la demandada; que no todos los demandados estuh vieron representados en el supuesto giro y que la carta-dé-pago fué exigida como demostración', del derecho á cobrar de las personas que la otorgaran, pero s'in constituir admí-' sión del pretendido derecho' al cobro;- ' ’ ■ ’ -1

Como materia nueva Tos demandados alegan-que no ha-biendo nunca reclamado ni don José Ramón Oreasitas-ni. su sucesión, la mencionada transferencia o su consignación, allá-por el mes de abril de 1914, doña Josefa-Oreasitas ordenó a la demandada la devolución de dicha cantidad- y Tsus' inp tereses devengados, y la anulación consiguiente de la trans-ferencia o consignación efectuada en febrero de 1901, reinte-grándose en su virtud a dicta doña Josefa Orcasitas de la expresada cantidad, que desde entonces está en su poder.

La demanda de intervención sigue sustancialmente las admisiones, negativas y alegaciones afirmativas de la con-testación, describiendo con un poco de más exactitud la na-turaleza de la transferencia que tizo la interventora se efec-tuara en la cuenta corriente que llevaba con los demandados, señalando así de una manera más directa que se trataba de una mera cuestión de teneduría de libros más bien que de una “consignación a la orden de José Bamón Orcasitas.”

Luego alega como materia nueva lo siguiente:

Que Casiano Orcasitas y Ortiz falleció en San Juan en el 1878 sin dejar herederos forzosos y bajo testamento en que instituye por sus únicos y universales herederos a sus hermanos José, Pedro y José Bamón, y a su hermana Teresa Orcasitas, y dejó y legó al primero la mitad de sus bienes y a los tres restantes la otra mitad, todos sujetos a las cláu-sulas 5, 6 y 7 de dicho testamento (las cuales se insertan) ; que en 1881 José Orcasitas, como albacea y contador-parti-dor de la herencia, liquidó la mercantil Orcasitas y Cía. y distribuyó el caudal hereditario, adjudicándose en la escri-tura de partición a José Bamón Orcasitas la suma de 3,925 pesos, 45 centavos, que correspondía a la tercera parte de la mitad del caudal hereditario; que en agosto de 1879 José Bamón Orcasitas recibió del albacea José Orcasitas la suma de 38,000 reales, o sea; 1,900 pesos españoles, de lo que pu-diera corresponderle en la testamentaría, después del resul-tado de la liquidación que se estaba practicando; que en julio de 1883, José Orcasitas entregó a José Bamón Orcasitas por cuenta de' la herencia expresada la suma de 524 pesos 45 centavos, resultando, por tanto, un total de 2,424 pesos 45 centavos, que recibió hasta esa fecha José Bamón Orcasitas de José del propio apellido a cuenta de la herencia de 3,924 pesos 45 centavos procedente de la herencia de sn hermano Casiano, quedando, por tanto, nn balance a su favor de 1,500 pesos ($900 oro americano); que en 1895 José Orcasitas otorgó testamento en el que reconoció adeudar a José Ra-món Orcasitas la suma de 1,500 pesos (esto es, el balance antes mencionado procedente de la herencia expresada) y ordenó que dicha cantidad fuera pagada por sus herederos, si antes no lo hubiere hecho el testador; que José Orcasitas dentro de los dos años y nueve meses que transcurrieron desde la fecha de otorgado el testamento hasta su fallecimiento, que ocurrió en diciembre de 1898, pagó a José Ramón Orea-sitas en distintos plazos la suma de 1,358 pesos 44 centavos, quedando por satisfacer al tiempo del fallecimiento de José Orcasitas por cuenta de la expresada herencia un balance por la suma de 141 pesos, 51 centavos; que con posterioridad al fallecimiento de José Orcasitas, o sea, en febrero de 1901, la interventora, en cumplimiento de lo mandado por él en el' testamento, hizo la transferencia o consignación de 1,500 pesos ($900 oro americano) objeto de este litigio, en previ-sión de que tal deuda no hubiese sido satisfecha por el tes-tador antes de fallecer, pero que con posterioridad a la con-signación expresada vino a su conocimiento de un examen detenido de la documentación del finado que por virtud de los pagos relacionados anteriormente su causante sólo adeu-daba por el concepto mencionado en su testamento la suma de 141 pesos 56 centavos, por lo que, ordenó a Somoza y Compañía, sucesora de Sucesores de Orcasitas & Cía. la anu-lación de la transferencia o consignación de los 1,500 pesos ($900 oro americano) repetida, que fueron entregados a la interventora; que en octubre de 1914, los aquí demandantes, Sucesión de José Ramón Orcasitas, entablaron una demanda en contra de la interventora como constituyente de la suce-sión de su padre José Orcasitas atacando de nulidad la par-tición efectuada por su causante de la herencia relicta por Casiano Orcasitas de conformidad con las cláusulas del tes-tamento antes mencionadas, demanda que fue declarada sin lugar por sentencia de la Corte de Distrito de San Juan, Sec-ción Primera, la que es firme en la actualidad; que la Su-cesión de José Orcasitas, compuesta por la aquí interven-tora, contestó y se opuso a la demanda últimamente expre-sada y formuló una contra-demanda contra los allí deman-dantes, la propia Sucesión de José Ramón Orcasitas que atora también es demandante, y en dicta contra-demanda alegó los pagos efectuados por su causante a José Ramón Or-casitas por cuenta de la terencia de Casiano Orcasitas, as-cendentes a. 3,782 pesos 89 centavos (o sea, la propia canti-dad que lia sido alegada anteriormente taberse pagado por' José Orcasitas a su hermano José Ramón Orcasitas) y su-plicó por virtud de dicta contra-demanda que los deman-dantes, que lo fueron en igual concepto en aquella acción, fue-ran condenados a restituir a la aquí interventora las canti-dades así pagadas por su causante, toda vez que ellos ha-bían sido satisfechos en pago del haber hereditario de José Ramón Orcasitas en la herencia de don Casiano, conforme a la partición efectuada por José Orcasitas de acuerdo con el testamento, según el cual perdería la herencia el don José Ra-món Orcasitas si impugnaba o no se conformaba con la par-tición que efectuara José Orcasitas, como en efecto la impug-naron los herederos de José Ramón Orcasitas, aquí deman-dantes, en el pleito antes, mencionado; que la sucesión de Jóse Ramón Orcasitas, ahora demandante, contestó la contra-de-manda mencionada' pero dejó de proponer la reconvención a su favor para el cobro de los 900 dollars. (1,500 pesos) men-cionados como debidos en el testamento de José Orcasitas y consignados por la interventora en la mercantil ‘ ‘ Sucesores de Orcasitas &' Cía.”,' en la forma anteriormente expuesta^ no obstante derivarse' dicha reconvención de la transacción aducida en la contra-demanda, se relacionaba con el objeto de la misma, sé derivaba dé un contrato existente al tiempo de' establecerse la contra-demanda, era a favor de los contra-demandados y en contra de la contra-demandante y podía dictarse respecto de ello en el juicio, sentencia separada sobre dicha reconvención; que José Ramón Orcasitas y sn sncesión, por razón de haber impugnado la partición efectuada por José Orcasitas, han perdido los derechos hereditarios otor-gádosles por el testamento de Casiano Orcasitas, según sus expresas disposiciones, y que la deuda de los 900 dollars (1,500 pesos) que se reclama tiene como único origen y pro-cedencia los derecho a la herencia del expresado don Casiano Orcasitas.

La interventora alega además la prescripción a tenor de lo dispuesto en el artículo 1865 del Código Civil,. así como el haber dejado de proponer a su debido tiempo una recon-vención por la que, con arreglo al artículo 112 del Código de Enjuiciamiento Civil, no podrá un demandado o sus cesio-narios entablar posteriormente una causa de acción.

“Cualquiera persona antes de la celebración del juicio podrá in-tervenir en' una acción o procedimiento, si tuviere interés en él asunto en litigio, en el éxito de cualquiera de las partes, o algún de-recho en contra de ambas. Esta intervención tiene lugar cuando a un tercero se le permite ser parte en la acción o procedimiento .se-guido entre otras personas, ya asociándose al demandante para re-clamar lo que se pretenda en la demanda, o yá uniéndose al deman-dado para oponerse a las pretensiones del demandante, o pidiendo algoen sentido adverso a las reclamaciones de demandante y deman-dado, cuya intervención se efectúa por medio de demanda, expo-niendo en ella los motivos en que se funda, presentada con permiso de la corte, y notificada a las .partes que no hubieren, comparecido y a los abogados de las comparecidas, quienes podrán contestar o alegar una excepción a ella,'como si fuese una.demanda ordinaria.”
Art. 72 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Se ha dicho que—

“■* * * el interés del interventor debe ser de tal naturaleza, que de no haberse incoado la acción original, y de habéfíá incoado el interventor desde el principio como único demandante, hubiera éste podido obtener sentencia en su favor cuando menos en- parte del remedio perseguido; o de haberse entablado el pleito desde el principio en sn contra como demandado, hubiera podido derrotar cuando menos en parte las pretensiones del demandante. Su inte-rés puede ser de derecho o de equidad. Si fuere de equidad, debe ser de tal naturaleza, que constituyese base para su reclamación o de defensa, según el caso, en un pleito independiente en que se le hubiese nombrado como parte original.” Pomeroy, Code Remedies, (4ª. ed.), p. 427, § 324.

Es posible que la definición que se deja transcrita sea en parte algo amplia, pero como regia general, sujeta quizás como la mayor parte de este género de reglas, a posibles ex-cepciones, bastará para caracterizar o distinguir el interés “directo” e “inmediato” de que hablan los casos ya deci-didos. No necesitamos por ahora entrar a discutir respecto de si las peculiares circunstancias de alguno que otro caso imaginable en lo futuro habrá o no de exigir un análisis más escrupuloso de los términos empleados por el Profesor Po-meroy al expresar sus ideas.

En el caso de autos los hechos propuestos por la inter-ventora en su demanda, que para los fines de esta opinión han de ser tenidos por ciertos, no sólo hubieran constituido una buena defensa de haberse incoado desde el principio la acción en contra suya, sino que concluyentemente demues-tran que, como única representante superviviente de su finado padre, deudor primitivo, y como la persona en cuya posesión se hallan en efecto los propios fondos de los cuales se pre-tendía obtener la suma reclamada, la interventora es en rea-lidad de verdad la única j verdadera demandada. En este respecto el presente caso es análogo al de González, Calderón & Cía. v. Córdova Dávila, 25 D. P. R. 674.

Es de revocarse la sentencia recurrida.

Revocada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. del ToRo,

text:
    Pescay, Demandante y Apelado, v. Fernández, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Jnan, Sección Primera, en pleito sobre rescisión de contrato e indemnización de daños y perjuicios.
    No. 1994.
    Resuelto en junio 5, 1919.
    Desestimación de Apelación ■— Alegato del Apelante Radicado Fuera de Tiempo. — No procede desestimar una apelación por el fundamento' de que el apelante dejara de radicar en tiempo su alegato, cuando si Men ello es así, tamMén lo es que el alegato quedó radicado antes de pedirse la deses-timación.
    Daños y Perjuicios — Alegación de Daños — Excepción Previa a la Demanda.— Si los hechos alegados autorizan al demandante aunque sea a recobrar da-ños nominales, no procede una excepción general a la demanda por más que no se aleguen daños especiales. Si los hechos que se imputan al de-mandado son tales que puede deducirse como una consecuencia natural y necesaria de ellos el perjuicio del demandante) una alegación de daños ge-nerales es suficiente, y la falta de alegar daños especiales no sujeta la alegación a un ataque por medio de excepción previa.
    Id. — Especificación de los Daños y Perjuicios — Excepción Previa. — Si la de-manda expresa los hechos relativos al daño que se causa y en la misma se hace una reclamación general de los daños y perjuicios sin especificación de su naturaleza o sin particularizarlos, no cabe formular contra ella la excepción previa general de que no aduee hechos suficientes para determinar una causa de acción. Si el demandado desea que se haga una especifica-ción mayor de cualquier elemento constitutivo de daño, puede obtenerla en debida forma si, a juicio de la corte, para formular su contestación o pro-bar su caso, tiene derecho a ello.
    Los beebos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Enrique Rincón.

    Abogado del apelado: Sr. Miguel Guerra.

   El Juez Asociado Se. del ToRo,

emitió la opinión del tribunal.

Simón Pescay estableció una demanda contra Cándido Fernández sobre rescisión de contrato e indemnización de daños y perjuicios. El demandado alegó la excepción general de que la demanda no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción. La corte declaró la excep-ción sin lugar y concedió al demandado diez días para con-' testar la demanda. El demandado no contestó y pidió que se dictara sentencia, y así lo hizo la corte. . Apeló entonces el demandado y dejó transcurrir el término reglamentario sin presentar sn alegato. Después de transcurrido dicho tér-mino, archivó el alegato, y señalado día para la vista del re-curso, faltó en comparecer. El demandante estuvo presente en el acto de la vista y solicitó que el recurso fuera deses-timado por no haberse presentado el alegato en tiempo, y si a .ello no hubiere lugar, que fuera el caso estudiado en •su fondo y confirmada la sentencia recurrida.

1. No procede la desestimación del recurso por el mo-tivo invocado, porque si bien el alegato no se presentó den-tro del término reglamentario, se archivó antes de la soli-citud del apelado, circunstancia que constituye una contes-tación eficaz a la solicitud; aplicando el principio consig-nado en la regla 58 del Reglamento de este Tribunal. Véase también la regla 62 que establece que todas las mociones ó solicitudes en que se interese la desestimación de una ape-lación, deben hacerse antes de la vista.

'2. Sostiene la parte apelante en su alegato que la corte de distrito erró al declarar sin lugar su excepción previa por-que levantada por ésta la cuestión de que en la demanda nó se especificaba en qué consistían las pérdidas sufridas por el demandante por cada uno de los diferentes actos impu-tados al demandado, y siendo ello en verdad así, el deman-dado no venía obligado a contestarla. Esa es la única cues-tión envuelta, según el propio demandado y apelante, en el recurso.

Hemos examinado la demanda y en ella se consignan con toda claridad los hechos determinantes de la rescisión y los productores de los daños y perjuicios. La cantidad que como indemnización se reclama se calcula en globo. No vemos que la corte errara al actuar en la forma en que lo hizo.

“Si los hechos alegados,” dice Cyc, “autorizan al deman-dante aunque sea a recobrar daños nominales, no procede una •excepción general a la demanda por más que no se aleguen daños especiales. Si los lieclios que se imputan al deman-dado son tales que puede deducirse como una consecuencia natural y necesaria, de ellos el perjuicio del demandante, una alegación de daños generales es suficiente, y la falta de ale-gar especiales no sujeta la alegación a un ataque por medio de excepción previa”. 31 Cyc. 109.

Una cuestión de igual naturaleza se estudió cuidadosa-mente por esta corte en el caso de Torres v. Ramírez, 22 D. P. R. 450. Después de revisar las autoridades, el Juez Sr. Wolf, Rallando por la corte, se expresó así:

“De las anteriores consideraciones se desprende que si una de-manda expresa los heclios relativos al daño que' se causa y én ella se hace una reclamación general de los daños y perjuicios sin espe-cificación de su naturaleza o sin - particularizar los mismos, dicha demanda no puede ser excepcionada. Si el demandante desea probar daños especiales en el juicio, así como la pérdida de reputación, negocio, etc., tiene que alegarlos. Si el demandado desea que se haga una especificación mayor de cualquier elemento constitutivo de daño, puede obtenerla en debida forma si a discreción de la corte, para formular su contestación o probar su caso él tiene derecho a ello. Las cortes proceden con cuidado al exigir al demandante que especifique los daños sin que el demandado acredite suficientemente la razón que hay para ello. En casos como el presénte raramente se exige mayor especificación.” 22 D. P. R. 454.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

Declarado sin lugar él recurso y confirmada lá sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y HutcRison,


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Avilés, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en cansa por infracción de la Ley de Rentas Internas.
    No. 1310.
    Resuelto en junio 6, 1919.
    Sobreseimiento de la Causa — Juicio RApido. — Apelado este caso, la corte de distrito, como antes lo había hecho la corte municipal,, desestimó una mo-ción en la que el acusado pedía el sobreseimiento de la causa por el funda-mento, acreditado por medio de certificación, de haberse celebrado el juicio en la corte municipal después de transcurridos los 120 días a que se refiere el No. 2 del artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal sin quo el acusado hubiera solicitado la suspensión. Fundó su negativa la corte de distrito en que no tenía a su' alcance los elementos para saber si en la corte inferior hubo o no hubo justa causa para que no se celebrara el juicio dentro del tiempo marcado por la ley, y a falta de prueba en contrario, tenía que presumir que los procedimientos se habían seguido legalmente y que existió justa causa para la dilación. Excepcionada la resolución y ape-lada la sentencia, se resolvió: que era al Fiscal, y no al acusado, a quien incumbía probar la existencia de la justa causa, si es que la hubo, para la dilación.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Leopoldo. Tor mes.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Está envuelta en este recurso la interpretación y aplica-ción del artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

La exposición del caso dice así:

“Habiendo anunciado ambas partes- estar listas para juicio, la defensa reproduce una moción que en su oportunidad sometió a la corte inferior. La defensa alega lo siguiente: ‘ Que ésta es una ape-lación procedente de la Corte Municipal de Ponce; que la denuncia se radicó el día 6 de noviembre- de 1917 y el acusado fué llamado a juicio el día 21 de marzo de 1918, esto es, mucho más de los 120 días que señala la ley; que presentó allá, en la corte municipal, una mo-ción de sobreseimiento para que se sobreseyera esta denuncia fundado en esas razones, cuya moción consta en el récord; que dicha moción fué entonces declarada sin lugar, por lo que el acusado ha apelado del procedimiento, y, en su consecuencia, reproduciendo en este mo-mento su moción de sobreseimiento, suplica a la corte se sirva so-breseer y archivar el caso por haber transcurrido más de los 120 días que señala la ley para que el acusado hubiera sido llamado a juicio.’ En apoyo de su moción ofrece a la corte en evidencia una certifica-ción del Secretario de la Corte Municipal de Ponce creditiva de que este caso fué llamado a juicio el 21 de marzo de 1918, y que nunca,, desde su radicación, se suspendió a petición del acusado, ni por nin-gún otro procedimiento.
“Alega el fiscal que no tiene información ninguna de la corte municipal; que esos casos son enviados antes a la oficina del Attorney General y del Tesorero de Puerto Rico, y que tendría que hacer una investigación preliminar para poder llegar a la conclusión de que si ha habido o no alguna negligencia o alguna causa justa para la suspensión de este caso.
“La corte resuelve la moción de la defensa en la siguiente forma-. '‘Esta es una moción que se presentó ante la Corte Municipal de Ponce el día de la vista, o sea el 21 de marzo de 1918. La moción se fundó en que habían transcurrido más de .120 días desde la fecha en que fué radicada la denuncia en este caso hasta el día en que fué sometido a juicio el acusado, sin que el acusado hubiere renunciado su derecho a un juicio rápido. La moción no está jurada. Aparece al calce de la misma la resolución del Juez de la Corte Municipal de Ponce, desestimando en todas sus partes la moción, después de ha-berla oído. No aparece del récord, ni se ha traído ninguna otra prueba que demuestre que no ha habido justa causa por parte de la corte municipal para no haber celebrado ese juicio antes de ]a fecha en que se celebró. Sólo hay una certificación del secretario de la corte municipal que se presenta ahora en este acto, por el apelante, y tiene fecha 19 de junio de 1918, en la que sustancialmente hace constar que este caso fué llamado para ser visto en juicio el 21 de marzo de 1918, y que nunca, desde su radicación, este caso fué sus-pendido a petición del acusado ni por iniciativa de orden alguna de la corte. De modo que esta certificación es tan ambigua que no dice nada. De modo que la corte vislumbra que aquí ha habido alguna circunstancia que ha impedido a la corte municipal razonablemente celebrar esta vista dentro de los 120 días. La corte ño tiene a su vista prueba de que no haya habido tal circunstancia. El juez que resuelve no tiene a su alcance los elementos para saber si en la corte inferior hubo o no hubo justa causa para que esta causa no .se cele-brara antes, y esta corte, a falta de prueba en contrario, tiene que presumir que los procedimientos de la corte han tenido que seguirse legalmente y que cuando allá no se celebró el juicio dentro de los 120 días el juez tendría justa causa para hacerlo así, y por esta ra-zón deniega la moción, y ordena se una esta resolución al récord.’
“El acusado, por medio de su abogado defensor, hizo anotar su excepción. ’ ’

El Fiscal de.esta Corte Suprema sostiene en su alegato que no hay base para aplicar el artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal invocado por el apelante, porque no consta la fecha en que fué presentada la denuncia, ni tam-poco que el acusado fuera reducido a prisión.

En efecto si se examinan los autos no se encuentra en ellos constancia alguna directa de la fecha en que la denuncia se radicara en la corte municipal, pero sí aparece que dicha denuncia fué jurada ante el secretario de la expresada corte el 6 de noviembre de 1917; que en su moción el acusado alegó que la denuncia se radicó el 6 de noviembre de 1917, o sea el mismo día en que fué jurada, y que tal alegación no fué impugnada por el Fiscal del distrito.

• Aunque el hecho de que la denuncia se jurara el 6 de no-viembre no es prueba concluyente de que' se presentara el mismo día, el orden natural en que se desarrollan estos trá-mites y la práctica generalmente seguida inducen a concluir que sucedió así, y si a esto se agrega la implícita admisión del Fiscal del distrito ■ en la corte inferior, nos parece que por lo menos es necesario resolver que es ya demasiado tarde para que el punto pueda ser suscitado por el Fiscal del' Supremo.

No consta en verdad de los autos que el acusado fuera reducido a prisión. Y basándose en ello y en la jurispruden-cia establecida en los casos de Hammon v. State, de Nebrasca, y State v. Williams, de la Carolina del Sur, alega el fiscal, como hemos dicho, que no hay base para aplicar el artículo 448 invocado.

En el primer caso, o sea el de Hammon v. State, 58 N. W. 92, se estableció la siguiente doctrina: “Un acusado en un proceso criminal que nunca ha sido puesto en prisión o detenido de otro modo, no tiene derecho a ser absuelto por razón de no haber sido llevado a juicio dentro del período que especifica la ley”, pero la ley en Nebrasca es distinta a la ley en Puerto Pico. Allí el estatuto, transcrito en la misma opinión de la corte, comienza diciendo: “Si una persona acu-sada por un delito y puesta en prisión * * * , ” mientras que aquí la ley dice simplemente: ‘ ‘ Cuando un acusado, cuyo juicio no liaya sido transferido a petición suya, no sea some-tido a juicio en el término de ciento veinte días, a contar desde la presentación de la acusación,” se decretará el sobre-seimiento del proceso. La jurisprudencia no es, pues, apli-cable.

Tampoco lo es la establecida en el otro caso de Williams v. State, 14 S. E. 309, por la misma razón. “El párrafo 2323 de los Estatutos Generales disponiendo que cuando una persona es encarcelada por traición o delito grave, y pide en corte abierta ser llevada a juicio, y no se le formula acu-sación ni se le celebra el juicio en el segundo término de se-siones después de su encarcelamiento, será puesto en libertad, es aplicable” dice el resumen, “sólo a las personas que están realmente encarceladas. ’ ’

Besta sólo por considerar el motivo consignado en su resolución por la propia corte de distrito, a. saber, en resu-men, que el acusado no demostró que la decisión de la corte municipal no estaba basada en una causa justa.

Decidido ya por esta Corte Suprema en Ochoa v. Manzano, 24 D. P. R. 843, que el precepto contenido en el ar-tículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal rige tam-bién para las cortes municipales, entendemos que lo único que estaba obligado a alegar y , probar el acusado en este caso era que no había sido sometido a juicio dentro del tér-mino de ciento veinte días contado a partir de la presenta-ción de la denuncia, término que no había sido interrumpido a su solicitud. Era al Fiscal al que correspondía probar la existencia de la justa causa,' si es que la hubo, para la dilación. Si el Fiscal no' estaba enterado en el momento en que se presentó la moción del acusado, pudo pedir un tér-mino razonable para investigar lo ocurrido y actuar dentro de la ley y la justicia.

“El estatuto es imperativo,” dice la Corte Suprema de California interpretando un estatuto similar al nuestro en El Pueblo v. Merino, 85 Cal. 516, “ ‘La corte, a menos que se le presente una buena razón en sentido contrario, debe or-denar el sobreseimiento de la causa.’ En el presente caso no se lia demostrado causa alguna que justifique la demora. Era suficiente para el acusado probar que el término fijado por el estatuto después de baber sido presentada la acusa-ción había vencido y que el caso no había sido suspendido por solicitud del dicho acusado. Si había alguna razón su-ficiente para tenerle tanto tiempo sin que se celebrara el jui-cio, al Fiscal incumbía probarla. La corte no.podía presu-mirla.” Véase también el caso de El Pueblo v. Ayala, 19 D. P. R. 936.

Por virtud de lo expuesto debe revocarse la sentencia re-currida y decretarse el sobreseimiento de la causa, que-dando extinguida la fianza que haya prestado el acusado.

Revocada la sentencia recurrida y decretado él sobreseimiento de la causa., quedando ex-tinguida la fianza que haya prestado el acu-sado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


text:
    Agostini, Demandante y Apelada, v. Agostini, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre alimentos provisionales en caso de divorcio.
    No. 1989.
    Resuelto en junio 9, 1919.
    Divorcio — -Alimentos Provisionales Pendente Lite — Apreciación de la Prueba. — En el presente caso la corte de distrito condenó al esposo deman-dado en divorcio, a pagar a la esposa una pensión alimenticia pendente lite, de $50 mensuales. Quizás la cantidad asignada sea subida atendidos los escasos medios de fortuna-del demandado, pero como el asunto queda siempre abierto ante la corte de jurisdicción original j no se ha demostrado un claro abuso de discreción, procede la confirmación de la sentencia recurrida.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. Garlos del Toro Fernández.

    Abog’ado de la apelada: Sr. Libertad Torres Gran.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Clara Providencia Agostini, neé López Antonmattei, en-tabló demanda de divorcio contra su esposo Angel Agostini, y solicitó alimentos provisionales siguiendo.para ello el pro-cedimiento marcado por la ley.

En su petición de alimentos alegó, en resumen, que es-taba casada con Agostini y había procreado hijos en su ma-trimonio ; que carecía de bienes privativos para su sustento y su esposo se negaba a pagar su alimentación y la de sus hijos; que vivía en la actualidad en la casa de su padre, cons-tituyendo una carga para éste; que como bienes del matri-monio sólo existe un automóvil que Agostini pretende vender.

Agostini excepcionó la demanda. Su excepción fue de-clarada sin lugar y contestó entonces aceptando algunos he-chos y negando otros. En esencia lo que alega el demandado es su inhabilidad para dar los alimentos a causa de no po-seer bienes de fortuna y de encontrarse imposibilitado para trabajar.

El caso fue a juicio, se practicaron pruebas y la corte resolvió que Agostini debía pagar mensualmente a su esposa una pensión alimenticia pendente lite de cincuenta pesos. El demandado estableció entonces el presente recurso de apelación.

Insiste el apelante en su alegato en que la petición no contiene hechos bastantes para determinar una causa de acción. La petición es en verdad deficiente, pero no de tal modo que debiera rechazarse por completo. Proporcionó base bastante a la corte que conocía también del pleito principal de divorcio, para resolver la cuestión de alimentos provisio-nales.

La prueba practicada no deja duda alguna con respecto a la necesidad de la esposa. Esta vive separada de su ma-rido con dos hijos pequeños a su cargo en la casa' de su padre que es pobre y sólo gana setenta pesos mensuales con los cuales tiene que sostener a su familia.

La prueba es dudosa con respecto a la habilidad del ma-rido para prestar los alimentos. Se demostró que tenía una pequeña finca y un viejo automóvil. Se aportó prueba con la idea de demostrar que había recibido cierta suma de dinero, pero el mismo padre de la demandante, que fue el tes-tigo que declaró sobre ese extremo, admitió que el pagaré origen del recibo estaba a nombre de las hermanas de Agos-tini. Se insinuó que Agostini había traspasado sus bienes a sus hermanas, pero no se presentó prueba convincente de ello. T, por último, se demostró que Agostini tenía deudas y se hallaba en la casa.de sus hermanas sufriendo a conse-cuencia de ciertas heridas que le habían inferido, según su propia declaración, a causa de “supuestos díceres con res-pecto a una hermana del agresor, a quien criticaban de que-rerse conmigo.”

Están obligados recíprocamente a darse alimentos en primer término los cónyuges y en segundo los ascendientes y descendientes legítimos. Véase el artículo 213 del Código Civil.

La obligación es, pues, recíproca. En este caso la esposa ha demostrado que no tiene bienes de fortuna, ni ganancias, y que vive con dos hijos en el hogar de su padre, que apenas gana para sostenerse y sostener a los que dependen de él directamente. La obligación claramente recae sobre el es-poso y padre. Ahora bien, la ley no exige imposibles. Un marido sin bienes dé fortuna e imposibilitado de trabajar, aunque esté lleno de los mejores sentimientos, no podrá cum-plir con el deber de alimentar a su esposa y a sus bijos. Su desgracia más bien lo habría llevado a la triste condición de recibir en vez de dar. ¿Es éste el caso de autos? Hemos diebo que la prueba es dudosa, pero es lo cierto que fue apre-ciada por el juez sentenciador en el sentido de que el marido cuenta con suficientes recursos para pagar la pensión, y sólo estando convencidos de que el juez babía abusado de su dis-creción, estaríamos justificados para sustituir por el suyo nuestro criterio. No tenemos tal convencimiento.

Quizás la cantidad asignada sea subida en atención a los escasos bienes del esposo y a las condiciones en que éste se encuentra en la actualidad, pero como la cuestión de alimen-tos queda siempre abierta ante la corte que tiene jurisdic-'ción original, preferimos no alterar su resolución. Si en ver-dad no se trata de eludir el cumplimiento de un deber, sino de un caso de verdadera imposibilidad, absoluta o relativa, medios tiene el demandado de demostrarlo a la corte. La misma ley (artículo 220 del Código Civil), prevé los casos en que cesa la obligación de alimentar, y sabido es que la pensión puede aumentarse o reducirse de acuerdo con las exigencias de la realidad.

Atendidas las circunstancias concurrentes, creemos que se cumplen mejor los fines de la justicia dejando' subsistente la resolución apelada y a las partes sometidas al buen juicio y desinteresada dirección de la corte de distrito.

La resolución apelada debe ser confirmada.

Confirmada la resolución ajelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutcbison.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Sánchez, Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Sección Segunda, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección 2ª., denegando la inscripción de expediente de dominio.
    No. 415.
    Resuelto en junio 12, 1919.
    Inscripción de Dominio — Identificación de la Finca- — Artículo 63 del Regla-mento Hipotecario. — A una declaración judicial de dominio que desorille 1a. finca urbana objeto de la instancia por sus cuatro eolindaneias expresando en cuanto a la del este que ‘'colinda con la carretera que conduce de Baya-món a Comerlo, ” no puede imputársele el defecto de no expresarse el nom-bre de la calle o lugar donde radica el inmueble como exige la regla 3ª. del artículo 63 del Reglamento Hipotecario, y menos cuando se acompañó a la declaración judicial de dominio una certificación de las declaraciones prestadas por los testigos de la información quienes depusieron que la finca radica “a la salida del pueblo de Comerlo.”
    Inscripción de Finca Urbana — Bienes Privativos — Bienes Gananciales. — La doctrina contenida en 20 y 25 D. P. R. 148 y 842, en que se trata de agru-pación de solares o fincas diversas pertenecientes -a distintos dueños no es de aplicación, pues el solar y casa a que se refiere la nota recurrida no lian sido materia de agrupación, cuya inscripción se solicite, sino que son partes físicamente unidas de un solo todo, aunque el solar deba reputarse de la sociedad conyugal y la casa sea de la propiedad exclusiva del esposo. No hay perjuicio alguno para terceros ni para el cumplimiento d-e la ley en que solar y casa se inscriban bajo una sola finea, pues en la inscripción '• ha de constar claramente que la casa, del exclusivo dominio del esposo, lia sido levantada sobre solar que por no expresarse el estado del esposo en la fecha de su adquisición está afectado por la presunción de ser bien ga-nancial, habiendo sido adquirido como lo fue a título oneroso.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Ismael Soldevila.

    El registrador recurrido, Sr. José Marcial López, no com-pareció.
   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Por resolución de 9 de agosto de 1918 la Corte de Dis-trito de San Juan, Sección Primera, declaró justificado a favor de Luis Pío Sánchez, de estado casado, el dominio pleno de un solar y casa; y presentada copia certificada de dicha resolución con otro documento, en el registro de la propie-dad para su inscripción, el registrador denegó ésta por me-dio de nota que dice así:

“Inscrito el precedente documento, con vista de otro, en cuanto al solar * * con los defectos de no haberse expresado en éste ni en el otro documento, el nombre de la calle o lugar donde radica, como lo preceptúa la regla 3a. del artículo 63 del Reglamento Hipo-tecario, ni tampoco el estado que don Luis Pío Sánchez tenía en la fecha en que adquirió dicho solar, de acuerdo con lo establecido por el Hon. Tribunal Supremo en el caso de Rivera v. Registrador de Guayama, resuelto el 23 de julio de 1918; y denegada la inscripción de la casa, porque habiendo sido construida por don Luis Pío Sán-chez con dinero de su propio peculio, según confesión del mismo señor, constituye ella un bien privativo de él, y perteneciendo el solar en que dicha casa enclava a la sociedad conyugal, por haber sido adquirido a título oneroso, no pueden inscribirse ainbos cuerpos bajo una sola finca por ser distinta la personalidad de un cónyuge de la entidad sociedad de gananciales, como lo ha declarado el propio Tribunal Supremo en sentencias de 6 de marzo de 1914 y 16 de noviembre de 1917, tomos 20 y 25 de las Decisiones de Puerto Rico, páginas 148 y 842.”

La nota transcrita, que lleva fecha de 20 de marzo de 1919; ha sido recurrida para ante esta Corte Suprema en la parte relativa al defecto subsanable de no constar el nombre de la calle o lugar donde radica el solar, y en cuanto deniega la inscripción de la casa, pues entiende el recurrente Luis Pío Sánchez que procede la inscripción de solar y casa con el defecto de no haberse consignado el estado de Luis Pío Sán-chez a la fecha de la adquisición del solar.

Según la certificación de la resolución judicial de agosto 9, 1918 “el solar mide 26 metros 66 centímetros por 18 metros 33 centímetros, equivalentes a 4 áreas, 86.8 centiáreas, y colinda por el norte con terrenos de don Artemio Um-pierre, por el sur con los de Filomena Rivera, por el este con la carretera que conduce de Bayamón a Comerío, y por el oeste con Carlos León y Salomón Hernández.” Y en el otro documento, que es una certificación de las declaraciones prestadas por los testigos en el expediente de dominio, consta que casa y solar están situados a la salida del pueblo de Comerío.

El solar y la casa están suficientemente identificados pues radican a la salida del pueblo de Comerío para Baya-món y se expresan sus cuatro colindancias, siendo una de ellas la carretera que conduce de Bayamón a Comerío. La regia 3ª. del artículo 63 del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria ba tenido debido cumplimiento.

Por lo que atañe a la denegatoria de inscripción de la casa carece de sólido fundamento. Las decisiones de esta Corte Suprema invocadas por el registrador, en que se trata dé agrupación de solares o fincas diversas pertenecientes a distintos dueños no son de aplicación al presente caso. El solar by casa a que se refiere la nota recurrida no ban sido materia de agrupación, cuya inscripción se solicite, sino que son partes físicamente unidas de un solo todo aunque el solar es de reputarse de la sociedad legal constituida por Luis Pío Sánchez y su esposa, y la casa es de la propiedad exclusiva de Luis Pío- Sánchez. No hay perjuicio alguno para terceros ni para el cumplimiento de la ley en que solar y casa se inscriban bajo una sola finca, pues en la inscrip-ción ha de constar claramente que la casa, del exclusivo do-minio de Luis Pío Sánchez, ha sido levantada sobre solar que por no expresarse el estado de Luis Pío Sánchez en la fecha de su adquisición está afectado por la presunción de ser bien ganancial, habiendo sido adquirido como lo fué a título oneroso.

Nos limitamos a considerar y resolver las cuestiones le-gales, materia del recurso, sin prestar atención a otras que no han sido levantadas.

Por las razones expuestas es de revocarse la nota recu* »’rida en cuanto al defecto subsanable de no haberse expre sado el nombre de la calle o lugar donde radica el solar, y en cuanto deniega la inscripción de la casa sobre él edificada.

Revocada la nota en cuanto se lia hecho la ins-cripción del solar con el defecto subsanable de no expresarse él nombre de la calle o lu-gar donde radica, y en cuanto deniega la ins-cripción de la casa sobre él edificada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutcbison.


author: El Juez A sootado Sr. del Toro,

text:
    Morales, Administrador Judicial, Demandante y Apelante, v. Dessús, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 1913.
    Resuelto en junio 13, 1919.
    Testamento — Heredero—Pago de Servicios — El hecho de que una persona declare heredero a un extraño de la tercera parte de sus bienes, no impide que el mismo testador, on otro .documento, traspase a dicho extraño cierto cré-dito en pago de servicios que el extraño le prestara.
    Servicios Personales — Importe Razonable y Pago de los Mismos. — A. soltero sin herederos forzosos, dueño de. cuantiosos bienes de fortuna de los cuales dejó una buena parte a sus sobrinos, tuvo a su servicio, sin pagarle sueldo, a B. durante cincuenta años, finalmente resolvió liquidar con él y le tras-pasó un crédito de treinta mil pesos. B. aceptó y percibió el importe del crédito. Muerto A., el administrador judicial de su herencia impugnó el traspaso. Las pruebas demostraron la existencia real de los servicios y se decidió que el traspaso era válido.
    Intervención. — El simple heeho de que una persona inicie un pleito para que se le reconozca como hijo natural de otra, no autoriza al demandante para intervenir como tal hijo en otro pleito iniciado por el administrador judicial nombrado a la muerte del alegado padre, porque su condición de hijo no consta aun reconocida en forma auténtica y fehaciente.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José Tous Soto.

    Abogados del apelado.: Sres. Parra y Pérez Marchand.

   El Juez A sootado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Antonio Morales Lebrón, como administrador judicial de la herencia de don Angel Franceschi, entabló una demanda en la Corte de Distrito de Ponce contra José Leopoldo Des-sús en cobro de treinta mil dólares. En la demanda se ale-garon snbstancialmente los siguientes hechos: que Frances-chi era acreedor de la Sucesión Serrallés por la suma de $30,000; que vencida la deuda, el acreedor concedió un nuevo plazo al deudor y pidió y obtuvo que en el nuevo documento otorgado apareciera como acreedor Dessús “con el fin de que éste se entendiera en el cobro del citado pagaré, a su vencimiento, y le entregara el montante del mismo”; que Franceschi murió, y que prevalido Dessús de la sustitución indicada, cobró y aplicó a su propio beneficio los treinta mil dólares.

El demandado admitió en su contestación que Franceschi fué acreedor de la Sucesión Serrallés por la suma especifi-cada, pero negó que la sustitución se hiciera en la forma alegada por el demandante, y a su vez alegó que con ante-rioridad al vencimiento de la obligación, Franceschi y el demandado convinieron en que el primero cedería al segundo el valor y montante de dicha obligación en pago de servicios prestados por el demandado a Franceschi, y que dueño del crédito, lo cobró en efecto para sí a su vencimiento.

Trabada de tal modo la contienda, se celebró la vista en la que ambas partes presentaron prueba, y la corte dictó finalmente sentencia declarando la demanda sin lugar. Y contra esa sentencia fué que se interpuso el presente recurso de apelación.

Todo se reduce en este pleito a una cuestión de prueba. No hay discusión con respecto a la existencia del crédito y al hecho de que fué cobrado por Dessús. Tampoco la hay con respecto a que la deuda constaba en un pagaré expedido a favor de Dessús. La controversia consiste en que el deman-dante sostiene que Franceschi siguió siendo dueño del crédito hasta su muerte, correspondiendo hoy su propiedad a sus herederos, y el demandado sostiene que Franceschi le tras-mitió legalmente la propiedad del crédito en pago de servicios que le Rabia prestado.

Hemos examinado cuidadosamente la prueba y a nuestro juicio justifica la sentencia dictada.

En el acto de la vista presentó el demandante dos testa-mentos ológrafos otorgados por Franceschi, uno en 1877 y otro en 1895 con una nota aclaratoria puesta en 1898. Fran-cesehi murió en Juana Díaz, P. R., en 1916. El primer testa-mento es muy interesante para penetrar en la verdad de este caso. Es corto y copiado textualmente dice así:

“Yo, el abajo firmado, declaro que a ini muerte la casa material cue poseo en el vecino pueblo de Juana Díaz como también la tienda de mercería que hay en ella, y que se halla al frente el joven Leopoldo Dessús, quiero que se le adjudique como propiedad legítima sin tener que darle cuenta a nadie pues se halla desempeñada com-pletamente, encargo también a todas las autoridades y a mis her-manos en particular que bajo ningún pretexto tengan que molestar ni pedir cuenta al joven Leopoldo Dessús, poseedor de la casa y tienda, pues religiosamente le soy deudor de esa cantidad y mucho más pues hace muchos años que se halla a mis servicios. Y para que tenga el competente valor como si fuese hecho por Escribano Real, 'firmo el presente en la Ciudad de Ponce, a los veinte días del mes de octubre de mil ochocientos setenta y siete.— (Firmado) Angel Franceschi.”

Dicho testamento fué sustituido por el de 1895, bajo el cual murió Franceschi. En él el testador expresa su volun-tad de que sus bienes sean divididos en tres partes iguales y así repartidos entre sus herederos que nombra, a saber: José Leopoldo Dessús, y sus sobrinos Juan y José María Franceschi, residentes en Córcega, Francia.

Por medio de documentos solemnes otorgados por Fran-ceschi conocemos, pues, en cuánto apreciaba los servicios que le había prestado el demandado. Hace más de cuarenta años consignó que religiosamente le era deudor de las' sumas que representaban los bienes especificados en el primer testa-mento “y mucho más pues hace muchos años” (esto se es-cribía en 1877), “que se halla a mis servicios.”

De la prueba testifical aportada por el mismo demandado se deduce que mientras subsistió el establecimiento mercan-til, Dessús continuó de dependiente en él, y cuando Frances-chi ya viejo y medio ciego se retiró a su bogar, a su lado constantemente estuvo el demandado asistiéndole y sirvién-dole basta el momento de su muerte.

También presentó el demandante cierta prueba documen-tal que demuestra que requerido Dessús para que entregara al administrador judicial los bienes dejados a su falleci-miento por Franceschi, entre otros entregó treinta mil dó-lares en efectivo que existían en la caja del finado.

La prueba del demandado es convincente. Consiste en la declaración de tres testigos, Francisco María Franceschi, hermano de Angel, Ermelindo Zalazar, Director Gerente del Crédito y Ahorro Ponceño, y el propio demandado. El her-mano se muestra perfectamente enterado del traspaso del crédito y el traspaso se hizo con la intervención del gerente de la indicada institución bancaria. Dessús, bajo juramento, en la silla del testigo, sostiene lo alegado en la demanda y lo explica.

Se argumenta por el apelante que desprendiéndose de la evidencia que Franceschi era un avaro, no se concibe su liberalidad para con Dessús. No estamos conformes. Fran-ceschi acumuló un capital y al parecer vivía muy modesta-mente. Nunca contrajo matrimonio. No tenía herederos forzosos. Dessús vivió con él, trabajó con él, fué su em-pleado, su sirviente, su amigo. No tuvo nunca asignado un sueldo fijo por su trabajo. Sus servicios duraron alrede-dor de cincuenta años. Nada reclamó. Nadie estaba en me-jores condiciones que Franceschi para apreciar el justo valor de aquella dedicación completa de lo mejor de una vida al beneficio suyo. Y Franceschi procedió correctamente. El traspaso del pagaré representa el pago de los servicios ma-teriales. La declaración de heredero y la asignación de la tercera parte • de su herencia, representa la gratitud y el aprecio no ya de servicios materiales, sino de acciones bon-dadosas. La prueba de nna simpatía sentida, el ejercicio vo-luntario de una facultad que no hay derecho ni a investigar, ni a coartar en un caso como el presente. No vemos que exista incompatibilidad alguna entre ambos actos.

Hemos dicho que Franceschi no tenía herederos forzosos. Sin embargo, deseamos hacer constar que forma parte de los autos una solicitud de intervención presentada a nombre de la menor Eosalina Eicci, que fue denegada por la corte de distrito. La solicitud se basaba en que se había iniciado un pleito a nombre de la dicha menor pidiendo que fuera declarada hija natural reconocida de Angel Franceschi. La demanda en dicho pleito se presentó en enero de 1917 y fue excepcionada y contestada solicitando que fuera declarada sin lugar. No consta qué sentencia se dictó, si alguna se ha dictado en el asunto, pero es conveniente hacer notar que éste pleito sobre cobro de dinero no se falló hasta abril de 1918 y no aparece que la menor volviera a gestionar su in-tervención en el mismo.

• La resolución de la corte fué correcta porque habiéndose simplemente entablado una demanda pidiendo el reconoci-miento, no constando- éste en forma auténtica y fehaciente, no podía otorgarse a la menor el derecho a intervenir con el carácter de hija natural reconocida en este pleito. Ricci v. Sepúlveda, Juez de Distrito, Ponce. 25 D. P. R. 911.

No tiene fuerza alguna, a nuestro juicio, la contención del apelante de que la corte de distrito infringió el artículo 1247 del Código Civil que, en su último párrafo dice:

“También deberán hacerse constar por escrito, aunque sea pri-vado, los demás contratos en que la cuantía de las prestaciones de uno o de los dos contratantes exceda de 300 dollars.”

En este caso existe el pagaré. Tal documento, hablando por sí mismo, dice que los treinta mil pesos de que se trata se debían al demandado. T a los efectos de penetrar en el origen del traspaso, pudo presentarse y admitirse prueba testifical sin violar el precepto contenido en el artículo 1247. Para así sostenerlo nos basta referirnos a la jurisprudencia sentada por esta corte en el caso de Cintrón v. Fernández, 22 D. P. R. 483.

Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sen-tencia apelada.

Declarado sin lugar el recurso, y confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutcbison.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    La Iglesia Católica de Manatí, Demandante y Apelante, v. Arroyo, Demandado y Apelado.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en pleito sobre acción reivindicatoria.
    No. 2006.
    Resuelto en junio 13, 1919.
    Desestimación poe la Oobte — Abandono del Pleito.- — Resultando de la trans-cripción de los autos que desde el 16 de mayo de 1917 estaba en condiciones de celebrarse el juicio y que desde entonces hasta la fecha de la resolución apelada habían transcurrido veinte meses y algunos días sin celebrarse; se resolvió: que el tiempo transcurrido es suficiente para justificar a la corte inferior en su resolución desestimando la acción por abandono, pues si bien existe un escrito de ambas partes pidiendo la suspensión del juicio señalado para el día 13 de noviembre de 1918 no puede tenerse en cuenta por no sa-i berse si fué presentado antes del día del juicio y la resolución que a él recayera.
    Los hechos están expresados' en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. José Martines Dávila.

    Abogado del apelado: Sr. Pedro González.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Todo lo que conocemos de este pleito por la transcrip-ción que del mismo nos ha sido presentada es que iniciado en 26 de abril de 1917, contestada la demanda en 16 de. mayo siguiente y comparecido la sucesión del demandado en octu-bre del mismo año por la muerte de su causante, en 2 de noviembre de 1918, ambas partes suscribieron un escrito en el que, alegando que el juicio estaba, señalado para el día 13 de dicho mes y año y que el abogado del demandante no podría concurrir a él, a causa de sus ocupaciones, pidieron de común acuerdo que fuera suspendido. No consta la fecha de presentación de ese escrito ni hay en la transcripción nin-guna otra actuación con excepción de la resolución de la corte inferior de fecha 14 de febrero de 1919 desestimando-el pleito por abandono de la acción, y el escrito del deman-dante apelando de ella.

Según la resolución apelada el día en que se dictó estaba señalado el juicio y no compareció ninguna de las partes, habían tenido lugar diversas suspensiones en todos los tér-minos desde octubre de 1918 y en noviembre de 1918 se había dictado sentencia de desistimiento por abandono de la ac-ción por no haber concurrido al juicio las partes, sentencia que luego se dejó sin efecto.

Ateniéndonos solamente a las constancias que se nos han presentado del pleito resulta de ellas que desde el 16 de mayo de 1917 estaba en condiciones de celebrarse el juicio y que desde entonces hasta la fecha de la resolución apelada ha-bían transcurrido veinte meses y. algunos días sin celebrarse, tiempo suficiente para justificar a la corte inferior en su re-solución desestimando la acción por abandono, pues si bien existe un escrito de ambas partes pidiendo la suspensión del juicio señalado para el día 13 de noviembre de 1918 no po-demos tenerlo en cuenta porque ignoramos si fué presen-tado antes del día del juicio y la resolución que a él re-cayera.

La parte apelante hubiera debido presentarnos las actua-ciones necesarias para demostrarnos que el pleito no estuvo abandonado por tanto tiempo como aparece de la transcrip-ción y que en octubre de 1918 no se había dictado sentencia por abandono por incomparecencia al juicio del demandante ni tuvo diversas suspensiones en todos los términos desde octubre de 1918 en adelante, como expone el juez inferior como fundamento de su resolución objeto de la apelación.

Por tales razones debemos confirmar la resolución apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Hutcbison.

El Juez Presidente Sr. Hernández no intervino en la reso-lución de este caso.