author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    M. J. y S. Cabrero, Sucrs., S. en C., demandante y apelante, v. Rafael Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núm. 8243.

    Sometido: Abril 18, 1941.

      Resuelto: Abril 22, 1941.

      García Méndez & García Méndez, abogados de la apelante; Ron. Procurador General George A. Malcolm y B. Rodríguez Ramos, Procurador General Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La demandante es una sociedad en comandita constituida por escritura de 31 de julio de 1920. Por otra escritura de 20 de noviembre de 1923, se fijaron a los tres socios gestores sueldos de $4,500, $3,000 y $3,000 anuales, respectivamente, expresándose en dicha escritura que esto se bacía a fin de que la compensación del trabajo de los gestores no dependiese de las contingencias del negocio. Posteriormente el sueldo de $4,500 fué reducido a $3,000, percibiendo todos los socios la misma compensación.

Al rendir la sociedad sus planillas de contribución sobre ingresos para los años contributivos 1931-32 y 1932-33, dedujo del ingreso tributable la cantidad de $9,000, por con-cepto de sueldos de los socios. Entendiendo el Tesorero de Puerto Bico que la contribuyente no tenía derecho a tal (¡'educción, la rechazó, y siendo su decisión confirmada por la Junta ele Bevisión e Igualamiento, la demandante pagó bajo protesta la contribución correspondiente a la deficiencia, y dentro del término legal instó este pleito para recobrar la cantidad así pagada, alegando que le había sido ilegalmente cobrada.

Mediante una estipulación en la que el demandado aceptó las alegaciones de la demanda, se dictó sentencia declarán-dola sin lugar y en armonía con dicha estipulación no se impu-sieron las costas a la demandante.

Sostiene la demandante apelante que la interpretación que el demandado y la corte inferior dieron al apartado a, inciso 1, de la sección 32 de la Ley núm. 74 de 6 de agosto de 1925 (Leyes de ese año, pág. 401), según fué enmendada por la núm. 18 de 3 de junio de 1927 (Leyes de ese año, pág. 487), es errónea, pues el socio a quien se asigna un sueldo en compensación de’ su trabajo, al recibirlo lo hace, según la apelante, en el concepto de “socio en funciones de empleado”, y no en su carácter de socio, y que en el supuesto de que fuese correcta la interpretación dél demandado, la ley así interpretada es inconstitucional porque establece un discrimen en contra de las sociedades (partnerships) y a favor de las corporaciones.

Planteada así la controversia, parece oportuno transcribir ahora el precepto legal alrededor del cual gira toda la cues-tión:

“Sección 32.— (a) (1) Todos los gastos ordinarios y necesarios pagados o incurridos durante el año contributivo en la explotación de cualquier industria o negocio, incluyendo una cantidad razonable para sueldos y compensación a empleados por servicios personales realmente prestados, e incluyendo cánones de arrendamiento u otros pagos que haya que hacer como condición para continuar usando o poseyendo propiedad sobre la cual la corporación o sociedad no ha adquirido o no está adquiriendo título, o en la cual no tiene partici-pación.” (Bastardillas nuestras.)

La ley transcrita, al permitir a las corporaciones o socie-dades deducir del ingreso tribulable “una cantidad razonadle para sueldos y compensación a empleados por servicios per-sonales realmente.prestados,” no se refiere a sueldos o com-pensación pagados a los socios por sus servicios a la sociedad. Esto es así porque el socio, por la naturaleza misma del contrato social, no puede ser, en momento alguno, empleado de la sociedad a que pertenece. Es verdad que la sociedad en el Derecho Civil es una persona jurídica distinta de sus socios, pero no es menos cierto que en la sociedad, contrario a lo que sucede respecto al accionista en la corporación, el socio es deudor a la sociedad de su actividad y de su industria, y por consiguiente al trabajar para la sociedad lo hace en cum-plimiento de su deber como socio. En la corporación, el accionista invierte su capital en el negocio y como evidencia de su inversión recibe acciones, pero no está obligado a tra-bajar para la corporación, la cual desarrolla sus negocios mediante empleados u oficiales que reciben una compensación por un trabajo que realizan independientemente de su calidad de accionistas, si es que lo son.

Comentando Manresa el artículo 1686 del Código Civil español, igual al 1577 del nuestro (ed. 1930), dispositivo de que “todo socio debe responder a la sociedad de los daños y perjuicios que ésta haya sufrido por culpa del mismo, y no puede compensarlos con los beneficios que por su industria le haya proporcionado”, dice:

“La responsabilidad establecida en el primero (se está refiriendo el autor a los dos preceptos contenidos en el- artículo que comenta), por razón de la culpa en que hubiere incurrido algún socio, es ley general para todos los contratos, y la prohibición impuesta en el se-gundo de compensar los daños y perjuicios ocasionados con los bene-ficios que por su industria hubiera podido proporcionar a la sociedad, es lógica y esencialmente jurídica, porque dichos beneficios pertene-cen de derecho a la sociedad, no por vía de indemnización, sino por ministerio de la ley y por precepto expreso de la misma, derivado de la propia naturaleza del contrato de sociedad; y, por lo tanto, no borran, ni pueden borrar, el efecto anterior de los daños y perjui-cios.” “Comentarios al Código Civil”, tomo 11, pág. 346.

Y en la página siguiente, continúa el comentarista:

“En su virtud, siendo deudor el socio a la sociedad de su activi-dad y de su industria, y debiendo, a la vez, a la misma el resarci-miento del daño que hubiera ocasionado por su culpa, no podrían en modo alguno compensarse ambas cosas, puesto que sólo son débitos de lo que se trata, y para que exista compensación es preciso que una misma persona resulte acreedora y deudora a la vez, con relación a la persona o entidad jurídica a quien haya de afectar dicha compen-sación.”

Es verdad que en algunas sociedades existen socios que no están obligados a trabajar para ella, y a veces son miem-bros de distintas sociedades y basta se dedican por su cuenta a negocios particulares, ajenos por completo a la sociedad, pero esto sucede cuando expresamente se conviene así en el contrato social.

El mismo principio legal existe en la Ley Común. A este efecto dice 20 R.C.L. 876:

“Deber de nos Somos de SeRvir a la FiRma. — Algunas veces, por los términos del contrato social, cada uno de los socios expresa y directamente se obliga a dedicarse a trabajar para la sociedad en be-neficio de sus mutuos intereses, ganancias o ventajas. Sin embargo, en defecto de un convenio expreso en contrario, un socio está implí-citamente obligado a dedicarse razonablemente a trabajar en bene-ficio de la sociedad de que es miembro y a dedicar su tiempo y su atención al manejo de síes asuntos hasta donde llegue su habilidad, sin tener en cuenta'los servicios de los demás socios,' y es también su deber tesar sus conocimientos, habilidad y actividad para fomentar el beneficio común de la firma.”

En la siguiente página, dice:

, “Derecho a Oompensaoión. — La regia general es que un socio no tiene derecho a más compensación por sus servicios en la dirección de los negocios de la sociedad, fuera de la participación en las ga-nancias, a menos que exista convenio a ese efecto. . . . Esta re-gla está basada en el hecho de que cada socio, al cuidar de la propie-dad social, prácticamente está cuidando de sus propios intereses y cumpliendo sus obligaciones y deberes que surgen del contrato de sociedad.”

En la conocida obra de Paul & Mertens, titulada “Law of Federal Income Taxation”, 1939 Cumulative Supplement, página 26, refiriéndose a los sueldos de los socios como mate-ria no deducible, dice:

“Salarios. — El hecho es que los salarios de socios no son otra cosa que una distribución de beneficios anticipados. Un convenio entre socios para pagar salarios ele los beneficios no es más que la determinación de una base para dividir las ganancias. Un socio no es un empleado de la firma en el sentido que lo sería si estuviese al servicio de otra persona; no puede pagársele un salario por la firma en el sentido de compensación por servicios rendidos a un principal.”

En el caso de Moscoso Hnos. & Co., S. en C., v. Domenech, Tesorero, 44 L.P.R. 11, aplicando el mismo precepto legal que ahora nos ocupa, resolvió este tribunal que los socios gestores de una sociedad en comandita no son empleados de la misma y que dicha sociedad no tiene derecho a deducción por salarios pagados a dichos socios por servicios prestados por ellos como tales a la sociedad.

La apelante trata de distinguir este caso del de Moscoso simplemente porque la compensación en este último fué acor-dada en una junta de socios celebrada con posterioridad a la constitución de la sociedad, mientras que en el que nos ocupa, la compensación se convino en una escritura pública en la que concurrieron todos los socios, tanto gestores como coman-ditarios. En realidad, no vemos qué materialidad pueda iener esa diferencia.

La cláusula constitucional relativa a la “igual pro-tección de las leyes”, no impide al Estado hacer una razo-nable clasificación de la propiedad, personas o corporaciones, para los efectos de imponer contribuciones, y cuando la cla-sificación no es arbitraria y descansa sobre una base razo-nable, no existe discrimen por el hecho de que se imponga contribución a una clase y se exonere a otra, se impongan distintos tipos contributivos o so concedan exenciones a unos y no a otros.

La Corte Suprema de los Estados Unidos, en el caso de Lindsley v. Natural Carbonic Gas Co. (1911), 220 U.S. 61, 78, establece en la siguiente forma las normas para deter-minar si una ley infringe la cláusula constitucional que garan-tiza la igual protección de las leyes:

“Las reglas por las cuales puede determinarse la cuestión, como lo demuestran repetidas decisiones de esta corte, son: 1. La cláusula sobre igual protección contenida en la Enmienda XIY, no priva a los Estados de la facultad de establecer clasificaciones en la adop-ción de leyes sobre política pública (police laws) y por el con-trario permite el ejercicio de una amplia discreción en ese sentido, anulando solamente lo que se baga sin una base razonable, y consi-guientemente de manera arbitraria. 2. Una clasificación que des-canse sobre una base razonable no infringe esa cláusula simplemente porque la clasificación no se haga con precisión matemática o porque en la práctica no resulte una exacta igualdad. 3. Cuando se impugne la clasificación en alguna ley, si puede razonablemente concebirse algún estado de hechos que la sostenga, la existencia de ese estado de hechos al tiempo de aprobarse la ley debe asumirse. 4. El que impugne la clasificación debe probar que no descansa sobre una base razonable, sino que es esencialmente arbitraria.”

En el caso que nos ocupa, ya hemos apuntado la diferen-cia esencial entre la relación del socio con la sociedad y la del accionista con la corporación. El primero, por razón de la naturaleza del contrato de sociedad, debe a ésta, como dice Manresa, su actividad y su industria, siendo los socios los que administran los negocios de la sociedad. En la corpo-ración, el accionista no tiene tal deber, siendo la corporación administrada frecuentemente por personas extrañas o por accionistas cuyo interés pecuniario en el negocio es a veces tan pequeño que los dividendos correspondientes a sus accio-nes no podrían nunca compensar los trabajos que por la corporación realizan. Por consiguiente, existe una base razo-nable para establecer diferencia, y no siendo ésta caprichosa o arbitraria, no puede sostenerse que la ley así interpretada infrinja la cláusula sobre la igual protección de las leyes.

El caso de Royster Guano Co. v. Virginia, 253 U.S. 412, invocado por la apelante, no tiene aplicación al de autos. Se interpretó allí una ley del Estado de Virginia, a virtud de la cual se eximía de contribución sobre ingresos a toda cor-poración doméstica que no Melera negocios en dicho Estado. La demandante era una corporación doméstica que hacía negocios dentro y fuera del Estado, y al rendir sus planillas de contribución sobre ingresos, dedujo del ingreso tributable el obtenido en negocios realizados fuera del Estado. La deducción no fue aceptada. Recurrió primero a la Corte de Corporaciones de la ciudad de Norfolk, sin éxito alguno, y después, con igual resultado, a la Corte Suprema de Ape-laciones del Estado de Virginia, viniendo entonces a la Corte Suprema de Estados Unidos, que revocó la sentencia fun-dándose en que no existía una base razonable para establecer diferencias entre los beneficios adquiridos por una corpora^ ción que hace todos sus negocios fuera del Estado y los derivados solamente de negocios realizados fuera de Virginia por corporaciones domésticas que trabajan dentro y fuera del Estado. Se sostuvo por la mayoría del tribunal que la interpretación dada a la ley creaba un discrimen a favor de corporaciones que hacían todos sus negocios fuera del Estado y en contra de aquéllas que trabajaban dentro y fuera de Virginia.

En una opinión disidente del Juez Brandéis, en la cual concurrió el Juez Holmes, se sostuvo que la clasificación no era arbitraria y que existía una base razonable para esta-blecer diferencias entre una y otra corporación. Se refirió la opinión de la minoría a la fuerte propaganda que hacen algunos Estados para que ciudadanos de los otros incorporen sus corporaciones en ellos aunque no hagan negocio alguno dentro del Estado de incorporación, obteniendo de ese modo el pago de derechos de incorporación y los otros que anual-mente pagan al Estado las corporaciones domésticas. Se dijo por la minoría que la legislatura, persiguiendo ese pro-, pósito, pudo establecer esa diferencia a favor de las cor-po-raciones que no hicieran negocios de clase algnna dentro del .Estado, y siendo ello así, existía nna base razonable para la clasificación, y por consiguiente la interpretación dada por los tribunales del Estado, no siendo caprichosa o arbitraria, no infringía la cláusula constitucional sobre igual portección de las leyes. Es de notarse que la opinión de la corte, al igual que la disidente, están predicadas en los principios enunciados en el caso de Lindsley v. Natural Carbonic Gas Co., supra.

Procede la confirmación de la sentencia.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Del Toro

license: Public Domain

text:
    En Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Vicente Pérez Díaz, acusado y apelante.
    Núm. 8562.

    Sometido: Marzo 7, 1941.

      Resuelto: Abril 23, 1941.

      Rafael y Guillermo Atiles Moréio, abogados del apelante; Son. Pro-curador General George A. Malcolm, R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abo-gados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

En febrero 16 de 1938 el Fiscal del Distrito de Areeibo formuló acusación contra Vicente Pérez Díaz imputándole la comisión de un delito de homicidio involuntario.

Alegó el acusado que era inocente y celebrado a su ins-tancia el juicio ante un jurado, fué declarado culpable. Soli-citó un nuevo juicio. Desestimó la corte su moción y dictó sentencia el 11 de marzo de 1940 imponiéndole cinco meses de cárcel.

Apeló Pérez Díaz y en su alegato señala cinco errores, como sigue: 1, la acusación no aduce hechos suficientes cons-titutivos del delito de homicidio involuntario; 2, bajo una acusación de acuerdo con el artículo 328 del Código Penal no cabe un veredicto de homicidio involuntario ni la consi-guiente sentencia; 3, la corte erró al desestimar la moción de nuevo juicio y al dictar inmediatamente su sentencia; 4, erró también al dar sus instrucciones al jurado a base de un delito de homicidio involuntario y al invadir las atribuciones del propio jurado sobre apreciación de la prueba, y 5, el veredicto es contrario a la evidencia practicada.

Argumentando su primer señalamiento de error sostiene el apelante que los hechos alegados en la acusación constituyen el delito previsto y castigado en el artículo 328 del Código Penal y no en el 203 del mismo y por tanto que cacha acusación no es suficiente para servir de base a un proceso de homicidio involuntario.

El artículo 328 citado, prescribe:

“Todo conductor, maquinista, guardafreno, guarda-aguja, u otra persona encargada del todo o en parte de cualquier vagón, locomo-tora, tren de ferrocarril, automóvil o embarcación y cualquier des-pachador de trenes (train dispatcher), telegrafista, jefe de estación o cualquier otra persona encargada del todo o en parte del deber de despachar o dirigir los movimientos de dicho vagón, locomotora, tren de ferrocarril, automóvil o embarcación, que, por imprudencia te-meraria o descuido, lo dejase o hiciese chocar con otro vagón, loco-motora, automóvil o embarcación, tren o cualquiera otro objeto o cosa, ocasionando de este modo la muerte de una persona, incurrirá en pena de presidio por un término máximo de cinco años.
“Si como consecuencia del choque resultase daño para alguna persona, dicho conductor, maquinista, guardafreno, guarda-aguja u otra persona, incurrirá en pena de cárcel por un término máximo de dos años, o multa máxima de mil dólares, o en ambas penas a dis-creción de la corte.”

Y el 203, dispone:

“IIomiCidio, DepinicióN. Homicidio .es dar muerte ilegal a un ser humano sin que medie malicia. Es de dos clases:
“1. Voluntario. Voluntario: cuando ocurre con ocasión de una súbita pendencia o arrebato de cólera.
“2. Involuntario. Involuntario: cuando ocurre al realizarse un acto ilegal, que no constituyere delito grave (felony) ; o al realizarse un acto legal que pudiere ocasionar muerte en forma ilegal, o sin la debida prudencia o circunspección.”

La acusación formulada es como signe:

“El Fiscal formula acusación contra Vicente Pérez Díaz, por el delito, de HoMioidio Involuntario (misdemeanor), cometido de la manera siguiente:
“El referido acusado, Vicente Pérez Díaz, con anterioridad a la •fecha de la presentación de esta acusación, o sea, el día 14 de diciem-bre de 1937, y en Manatí, P. R., que forma parte del distrito judicial de Areeibo, P. R., ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente, mien-tras manejaba como chauffeur los movimientos del carro marca Pontiac Núm. 11124. sin guardar la debida prudencia, cuidado y cir-eunspeceión, guiando a velocidad excesiva por un camino público, sin tocar klaxon, bocina o aparato de aviso de clase alguna, por negli-gencia y descuido y mientras trataba de pasarle a un caballo montado por el Sr. Pascual Bruno Meléndez, chocó con dicho caballo, haciendo que Pascual Bruno Meléndez se cayese del mismo, produciéndose va-rias heridas y contusiones, entre ellas, la fractura del cráneo, que le produjo una hemorragia intra-eraneal, siendo todo ello la causa de la muerte ilegal del referido Pascual Bruno Meléndez, ocurrida en el Hospital Municipal de Manatí, varias horas después.”

Examinada esa acusa,sión a la luz del último de los pre-ceptos transcritos, contiene a nuestro juicio todas las ale-gaciones necesarias para imputar el delito de homicidio involuntario.

Manejar un automóvil en la forma expuesta en la acusa-ción es un acto ilegal que no constituye un delito grave .(felony) sino menos grave (misdemeanor) y como la muerte ocurrió al realizarse dicho acto, es claro que se trata de un delito de homicidio involuntario.

En el caso de El Pueblo v. Benjamín, 44 D.P.R. 445, Benjamín fue acusado de homicidio involuntario. Celebrado el juicio por jurado, éste rindió veredicto de culpabilidad. La corte dictó sentencia condenatoria. Se apeló alegándose que la prueba era insuficiente y esta corte resolvió:

“Si de toda la evidencia practicada puede concluirse que el chauffeur que ocasionó con su automóvil la muerte que se le imputa ca-minaba a gran velocidad, por su izquierda, por una carretera recta, pudiendo haber visto perfectamente la persona eofí quien chocó que se encontraba ya en el centro del camino, no hay base para revocar la sentencia que de acuerdo con el veredicto del jurado condenó al chauffeur como autor de un delito de homicidio involuntario.”

Y en el caso del Pueblo v. Menéndez, 43 D.P.R. 438, se decidió:

“Prueba tendente a revelar que un acusado que conducía su auto-móvil con luces opacas, casi totalmente apagadas, en ocasión en que un automóvil venía detrás de su vehículo y otro en dirección opuesta, lo echó hacia la derecha sin dar señal ni aviso y ocasionó la muerte a un ser humano, es suficiente para someter el caso, con las debidas instrucciones, al jurado en proceso por homicidio involuntario.”

Jín 5 Am. Jur. 925, resumiendo la jurisprudencia sobre la materia, se dice:

“Bajo los estatutos que disponen que el causar la muerte de otra persona al llegar a efecto un acto ilegal que no envuelve un delito grave (felony) es homicidio, una persona que conduce un automóvil, en violación de un estatuto u ordenanza para regular la velocidad o prescribiendo precauciones a ser observadas por los conductores de automóviles, y como resultado de tal infracción mata a otra, es culpable de 'homicidio.’''

No bay duda de que examinada la acusación a la luz de lo prescrito en el artículo 328 del Código Penal, se encuentra que sería también suficiente para imputar el delito a que el mismo se refiere, pero no estamos conformes con el apelante en que porque ello sea así, el fiscal no pueda elegir y esté obligado a perseguir al culpable únicamente de acuerdo con el repetido artículo.

Para sostener su criterio cita el apelante algunos pasajes de la opinión de esta corte en el caso del Pueblo v. Padilla, 56 D.P.R. 144, 152. Ni siquiera dichos pasajes sostienen su contención, pues nada en definitiva resuelven. La decisión en sí le es adversa. Se resume como sigue:

“Un solo acto puede constituir una infracción de distintos esta-tutos. En tal caso, puede el Pueblo op.tar por procesar bajo uno n otro estatuto.”
“Los preceptos posteriores de un estatuto penal derogan los an-teriores cuando éstos son claramente irreconciliables con los más antiguos. En el caso de autos, los artículos 328 y 204 del Código Penal, como fueron enmendados en 1916 y 1933, respectivamente, se examinan para concluir que no habiendo conflicto alguno entre ellos, en su consecuencia, tampoco había derogación implícita del primero por el último.”

Tampoco contradicen lo que dejamos resuelto los otros casos de esta corte que invoca el apelante, a saber: Pueblo v. González, 24 D.P.R. 613, Pueblo v. Limardo, 29 D.P.R. 46, Pueblo v. Jorge, 37 D.P.R. 982, y Pueblo v. Quevedo, 15 D.P.R. 73.

Y lo resuelto encuentra apoyo en las siguientes decisiones de este propio tribunal, a saber: Pueblo v. Lebrón, 23 D.P.R. 658, Pueblo v. Irizarry, 57 D.P.R. 186, 191, Pueblo v. Alvarez, 56 D.P.R. 19, y Pueblo v. Jiménez, 31 D.P.R. 351.

El segundo señalamiento de error está predicado al primero. No existe, por consiguiente. Si la acusación imputa la comisión de un delito de homicidio involuntario y por ese delito fue el acusado perseguido por el fiscal, es claro que no erró el jurado al rendir su veredicto en la forma en que lo hizo, ni erró tampoco la corte al dictar su sentencia basada en el veredicto y en la ley.

Argumentando el tercer error el apelante sostiene que la corte de distrito violó lo dispuesto en el artículo 309 del Código de Enjuiciamiento Criminal al dictar sentencia antes de los dos días fijados por el estatuto.

La ley invocada prescribe:

“Después de una confesión o veredicto de culpabilidad, o después de dado un veredicto contra el acusado, en un caso en que se alegare haber sido éste anteriormente declarado convicto o absuelto, si no se suspende la sentencia o se concede un nuevo juicio, el tribunal se-ñalará día para dictar sentencia, que, en casos de felony (delito muy grave), será cuando menos dos días después del veredicto, si el tribunal se propone continuar en sesión, mientras tanto; pero si no fuese así, entonces será en fecha tan distante como pueda razonable-mente fijarse.”

Y todo lo que en los autos consta sobre el particular está contenido en la propia sentencia dictada por la corte, así:

“En el día de hoy y en corte abierta compareció el acusado Vicente Pérez Díaz asistido de su abogado Lie. Pedro Santos, a recibir su sentencia en' el proceso que por el delito de homicidio involuntario se le sigue y en el cual recayó veredicto del jurado declarándole con-victo de dicho delito, después de haber sido declarada sin lugar una moción de nuevo juicio en este mismo día. La corte le informó de la naturaleza del cargo que se le hace, de la alegación de su defensa, del veredicto recaído, así como del fallo de convicción dictado por esta corte el día 38 de diciembre de 1939. Y preguntado el reo si tenía alguna razón legal para impedir que se le dicte sentencia en. este acto, y habiendo manifestado que no, la corte procede a dictarla y al efecto condena a dicho acusado a sufrir la pena de CiNCO Meses de cárcel, con las costas.”

Gomo puede verse, el precepto se refiere a casos de delitos graves (felony) y el homicidio involuntario no lo es a virtud de la enmienda de mayo 4, 1933 (Leyes de 1932-33, pág. 265) al artículo 204 del Código Penal que lo castiga. Dicho artículo como enmendado, lee:

“El homicidio voluntario se castigará con pena de presidio por un término máximo de diez (10) años. El homicidio involuntario se castigará con pena de cárcel por un término máximo de tres (3) años o multa máxima de tres mil (3,000) dólares, o ambas penas a la vez, a discreción de la corte. Será considerado como un delito menos grave a todos los efectos de la ley y las cortes de distrito de Puerto Rico tendrán jurisdicción exclusiva original en los casos de homicidio involuntario y el acusado tendrá el derecho de solicitar ser juzgado por tribunal de derecho o por jurado.”

Kso aparte de que lo ocurrido según los autos demuestra una renuncia implícita por parte del acusado asistido de su abogado a su derecho, en el caso de que lo hubiera tenido. La decisión de esta corte en el caso de Pueblo v. Aquino, 50 D.P.R. 41, que se invoca, no es, pues, aplicable.

Los motivos que la corte sentenciadora tuvo para negar el nuevo juicio, cuestión que se incluye en el tercer señalamiento de error y que debió ser objeto de un señalamiento separado, se hacen constar en su resolución como sigue:

“(1) Gran parte de la prueba que se ofrece para el nuevo jui-cio, sería acumulativa.
“ (2) La prueba que se ofrece con respecto a que el .interfecto era sordo, no es esencial al caso, pues la teoría del Pueblo que el Jurado creyó, fué que el acusado pasó indebidamente entre el caballo en que iba montado el interfecto y una guagua, y además, aun aceptando que tuviera algún alcance en la evidencia del caso, hubo alguna prueba negativa con respecto a defecto físico del interfecto.
“(3) Tampoco podríamos fundar la concesión de un nuevo jui-cio, en que parte de los testigos trabajaban con familiares del inter-fecto, a no ser que se alegaren otros hechos para conectarlos con algún propósito de parcialidad o prejuicio.”

Hemos leído la larga argumentación contenida en el ale-gato del apelante y a nuestro juicio no destruye las conclu-siones de la corte que quedan en su consecuencia en pie.

El cuarto señalamiento se formula así:

“La corte cometió error fundamental al dictar las instrucciones al Jurado, a base de un homicidio involuntario, cuando los hechos alegados es una infracción del artículo 328 del Código Penal, sobre el cual no se instruyó al Jurado; y cometió error gravísimo en' aquella parte donde instruye al Jurado en el sentido de que el acusado pudo haber evitado el accidente, aun yendo a velocidad moderada, teniendo en cuenta que más adelante había una bifurcación de carreteras, y al otro lado una persona a caballo, cuando ésos son hechos a los que tenía que llegar el Jurado y no el Juez que los da por probados.”

Con respecto a la primera parte del señalamiento bastará decir que de conformidad con lo ya resuelto precisa concluir ■.que las instrucciones de la corté sobre homicidio involunta-rio se ajustaron a los hechos y a la ley. Y con respecto a la segunda, estando contestes tanto la prueba del fiscal como da de la defensa en la descripción del sitio, no vemos que la corte cometiera error al referirse al mismo en la forma en que lo hizo.

Por el quinto y último señalamiento de error como sabemos se sostiene que el veredicto es contrario a la prueba.

Según el fiscal la prueba del Pueblo tendió a establecer “que el día de los sucesos viajaba el acusado conduciendo un automóvil ‘Pontiac’ por la carretera y en dirección de Manatí a Arecibo; que en esa misma dirección viajaba a caballo el señor Pascual Bruno, por sn derecha, caminando despacio (caminando por el ‘pasillo’ de la carretera); que el acusado venía a bastante velocidad, ‘a todo escape’ y que no tocó klaxon; que en la intersección de la carretera de Ciales a Manatí con la de Manatí a Arecibo, estaba una guagua que venía de Ciales, la cual se detuvo al llegar a dicho sitio; que de Arecibo venía un truck, que se había detenido, a su dere-cha, antes de llegar a dicha intersección, porque esperaba que la guagua saliera para doblar por la carretera hacia Ciales; que estando tanto el truck como la guagua parados, y teniendo ésta parte del bonete en la carretera que conduce de Manatí a Arecibo, el acusado pasó por el espacio de carretera que quedaba entre la guagua y el caballo, que en esos momentos quedaba en la misma dirección de la guagua, sin dar aviso de alarma ni tocar klaxon, siendo dicho espacio un trecho muy pequeño para que pudiera pasar el carro del acusado, chocando entonces con el caballo y tumbando al jinete, quien sufrió la fractura del cráneo que .le produjo la muerte.”

Y “con sus testigos la defensa tendió a demostrar que el accidente ocurrió al tratar ele cruzar la carretera el jinete en su caballo, que ambos iban en la misma dirección, que el acusado tocó klaxon, que iba a una velocidad moderada, que la guagua de que hablaban los testigos de El Pueblo no ocu-paba ninguna parte de la carretera de Manatí a Arecibo, y que por consiguiente no estorbaba el tránsito por dicha carre-tera, y que el choque ocurrió al tratar de cruzar el jinete hacia el lado izquierdo. En todos los demás detalles, subs-tancialmente, concuerda esta teoría con la de El Pueblo, tanto en la forma como el carro chocó con el caballo, como en cuanto a la descripción de las carreteras donde ocurrió el accidente.”

Hemos leído la transcripción de la evidencia y encontra-mos que a ella se ajusta la condensación del fiscal y la ten-dencia de una y otra prueba, la de cargo y la de descargo. Dirimido el conflicto por el jurado en favor de la de cargo, no puede sostenerse que se encuentre sin base el veredicto. La comisión del acto ilegal — violación de la ley de automó-viles — imputada al acusado, quedó demostrada, y la muerte ocasionada por el acto demostrada fue también, de suerte que el veredicto se basa en la acusación, en la prueba y en la ley.

Bebe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Alberto Capriles Camacho y Ramón Ramírez Segarra, acusados y apelantes.
    Núm. 8582.

    Sometido: Abril 23, 1941.

      Resuelto: Abril 28, 1941.

      Andrés Ruiz, Jr., abogado del apelante Capriles; Non. Procurador General George A. Malcolm, R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Alberto Capriles Camaoho y Ramón Ramírez Segarra fue-ron convictos y sentenciados por la Corte Municipal de Maya,-gíiez por infracción a la Ley núm. 25 de 17 julio de 1935 (Leg. Ext., pág. 153), conocida por la Ley de la Bolita o Bolipool. Apelaron para ante la corte de distrito y antes de que se señalase la vista del juicio, radicaron una moción en la que después de alegar que cierta evidencia que contra ellos se proponía presentar el Fiscal, consistente en dinero en efectivo, tickets, listas y otros artefactos de dicho juego, había sido ilegalmente obtenida a virtud de una orden de allanamiento viciada de nulidad, solicitaron que dicha evi-dencia les fuese devuelta y no se permitiese su presentación en el juicio. En una vista quo se celebró al efecto, la corte inferior desestimó la moción y celebrado el juicio en fecha posterior, con la oposición de los acusados se admitió dicha evidencia, y habiendo sido éstos convictos, fueron sentencia-dos cada uno de ellos a pagar una multa de $200 o en su defecto a cumplir cuatro meses de cárcel.

Separadamente apelaron para ante este tribunal, pero habiéndose desestimado por abandono el recurso interpuesto por Ramírez, sólo queda en pie el establecido por Capriles, que ahora nos ocupa.

Señaló el apelante cinco errores, entre .ellos el haberse admitido la evidencia ilegalmente obtenida y el de ser insu-ficiente la prueba para sostener la sentencia impuesta.

Como el Fiscal de este tribunal levanta en su alegato una cuestión de derecho que de ser sostenida simplificaría consi-derablemente la resolución del recurso, ya que no sería nece-sario entrar a considerar si la evidencia de que se queja el acusado fue indebidamente admitida, procederemos a consi-derarla en primer término.

Según el fiscal, la moción para que se devuelva al acusado evidencia ilegalmente obtenida, debe presentarse al juez que expidió la orden de apañamiento. El fiscal resume así su proposición:

“Aplicando estas disposiciones de ley al presente caso (se re-fiere a los artículos 517 y 518 del Código de Enjuiciamiento Criminal), uno de infracción a la Ley de 'bolita (Ley Núm. 25, de julio 17, 1935), que es un misdemeanor- originado en la corte municipal, y habiéndose librado la orden de registro por el propio juez municipal, debemos llegar a la conclusión de que si el acusado Alberto Ca-priles consideraba ilegal la orden de registro, debió dar los'pasos que marcan los artículos 517 y 518, esto es, atacar o contradecir la orden tan pronto fué ejecutada y devuelta la misma, en ese procedimiento especial previo a, y separado de, la causa principal. Al no hacerlo así, no puede levantar objeción, y atacar dicha orden colateralmente en el presente caso contra él incoado, ni ofrecer prueba alguna sobre su moción de nulidad, pues dicho procedimiento debe seguirse tal como lo marea el estatuto, siendo el momento oportuno para ofrecer tal prueba, el que determina el artículo 517, ante el propio juéz que expidió la orden.” (Alegato, pág. 8.)

A continuación cita el fiscal el caso de Meegan v. Tracy, 220 App. Div. 600, 223 N.Y. Sup. 355, para sostener que la insuficiencia ele la declaración jurada y demás documentos que sirvieron de base a la orden de allanamiento no puede atacarse colateralmente. Los artículos 517 y 518 del Código de Enjuiciamiento Criminal, invocados por el fiscal, literal-mente dicen:

“Art. 517. Si los fundamentos sobre que se basara la orden de registro fueren objeto de controversia, el juez debe proceder a tomar las declaraciones que con el asunto se relacionen, poniéndose por es-crito las .deposiciones de cada testigo.
“Art. 518. Si resultare que la prenda o prendas incautadas no-son las mismas que se describen en la orden de registro o allana-miento, o que no bay causas justificadas para creer en la existencia de los fundamentos sobre que se basara dieba orden, el juez de paz debe ordenar la restitución de las prendas a la persona de quien fue-ren incautadas.”

Conviene aclarar que aunque dichos artículos-se refieren al juez de paz, la autoridad en ellos conferida a dicho fun-cionario dehe entenderse extensiva a los jueces municipales, toda vez que al crearse con posterioridad al Código de Enjui-ciamiento Criminal el cargo de juez municipal, se le confirió la jurisdicción que tenían los jueces de paz.

' Los artículos citados por el fiscal no obligan necesaria-mente al perjudicado por la orden de allanamiento a recurrir en primer término al juez municipal para que ordene la devo-lución de los efectos ilegalmento ocupados. Es más, la facul-tad de devolver dichos efectos cuando se intenta presentarlos en evidencia contra el acusado, sólo existe en dicho funcio-nario en aquellos casos en que el delito en relación con el cual puede usarse la evidencia sea de su jurisdicción, pues conforme dispone el artículo 514 del citado Código:

“. . . ’ si la prenda lia sido incautada en virtud de una orden de registro o allanamiento librada en vista de los fundamentos que se señalan en los números 2 y 3 del artículo 502, debe conservarla en su poder, sujeta a la orden del tribunal a quien deba el enviar el proceso por él incoado, o ala de cualquier otro tribunal en que puede ser juzgado el delito' con que se relaciona la prenda incautada (Bastardillas nuestras.)

Si el juicio, como en este caso, debía verse ante el juez municipal'que libró la orden de allanamiento, los acusados pudieron solicitar del juez la devolución de los efectos antes de su celebración. No solicitándolo en esa oportunidad, no podían atacar colateralmente la validez de la orden de allana-miento dentro del juicio que había de celebrarse en dicha corte municipal; pero esto no impedía que apelado el caso para ante la corte de distrito- — toda vez que allí se celebra nn juicio de novo — pudieran los acusados, mediante moción al efecto, radicada con antelación al día señalado para el jnicio, como se hizo en este caso, impugnar la validez de la orden de allanamiento, solicitar que los efectos ilegalmente ocupa-dos les fuesen devueltos y que no se permitiese su presen-tación en evidencia. No debemos perder de vista que en las apelaciones para ante las • cortes de distrito contra sen-tencias dictadas por las cortes municipales y de paz en casos criminales, no se revisan, como en las apelaciones civiles de las cortes municipales para ante las de distrito, las provi-dencias, resoluciones o autos por los cuales se creyere per-judicado el apelante. Así, pues, a los efectos del derecho del acusado a impugnar en la corte de distrito la validez de la orden de allanamiento, es inmaterial que la cuestión no se hubiera levantado en la corte municipal. Lo que exige la jurisprudencia tanto de las cortes nacionales como de la inmensa mayoría de los Estados, y la de esta misma corte, es que la moción se. presente en fecha anterior a la señalada para la vista del juicio, de suerte que no se interrumpa el procedimiento para recibir evidencia y resolver una cuestión colateral. Véanse los casos de Pueblo v. Cerecedo (1914) 21 D.P.R. 56 y 65 respectivamente; Pueblo v. Lebrón (1934) 46 D.P.R. 588, y el más reciente de Pueblo v. Santiago (1939) 55 D.P.R. 999. Véase también a este mismo efecto, el resu-men que se hace de la jurisprudencia americana sobre el particular en las monografías .que aparecen en 24 A.L.R. 1048; 32 A.L.R. 408; 41 A.L.R. 1145; 52 A.L.R. 477, y 88 A.L.R. 348. La constante jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos al mismo efecto, aparece en los casos de Boyd v. U. S., (1886) 116 U. S. 616; Weeks v. U. S., (1914) 232 U. S. 383, L.R.A. 1915-B 834; Silverthorne Limber Co. v. U. S., (1920 ) 251 U. S. 385; Gouled v. U. S., (1921) 255 U. S. 298; Burdeau v. McDowell, (1921) 256 U. S. 465; y finalmente Amos v. U. S., (1921) 255 U. S. 313.

Conviene aquí consignar que en el caso de Gouled v. U. S., supra, se sostuvo que la moción puede presentarse aun en el curso del juicio, siempre que se demuestre o surja de la prueba que el acusado se enteró en aquel momento de que tal evi-dencia estaba en poder del fiscal o que intentaba presentarse contra él. T en el de Burdeau v. McDowell, supra, se limitó la doctrina en el sentido de que no es aplicable a aquellos casos en que. la evidencia es ilegalmente obtenida por una persona particular, basándose en que la disposición de la Enmienda IV, que prohíbe los registros irrazonables, se refiere a actos realizados por agentes del Gobierno y no por particulares.

En California, de donde proceden los artículos 517 y 518 invocados por el fiscal, no liemos encontrado ningún caso en que se apliquen esos artículos. Existe allí, por el contrario, una regla que sólo impera en California y en muy pocos Estados, que sostiene que por ilegal que baya sido la obtención de la evidencia, ésta, si es material a la causa que se juzga, es admisible contra el acusado, reconociendo a éste el derecho de establecer la acción que proceda contra el funcionario que ilegalmente la obtuvo. Véase el caso de People v. Mayen, 188 Cal. 237, 24 A.L.R. 1385, 205 P. 435. Esta doctrina ha sido fuertemente criticada en 8 Cal. Law Review, 347.

Desde los tiempos más remotos se ha profesado un gran respeto por la inviolabilidad del domicilio. Para los roma-nos era un asilo sagrado la morada de un ciudadano. En la. Ley Común, donde se dice que el domicilio de una persona es su castillo, el principio tiene raíces muy hondas. En España, el artículo 215 del Código Penal imponía fuertes penas al funcionario público que no siendo autoridad judicial y no estando en suspenso las garantías constitucionales, entrase en el domicilio de un ciudadano español o extranjero sin su consentimiento, a no sei que cumpliese con los requi-sitos previstos en la Constitución, y era doble la pena qae se le imponía si no devolvía al dueño, inmediatamente des-pués del registro, los papeles y efectos registrados. La violación de este derecho causó muchos sufrimientos y humi-llaciones a los habitantes de las Trece Colonias, y, recordán-dolos, inmediatamente después de adoptada la Constitución Federal elevaron el principio a la categoría de precepto constitucional, consignándolo en la Enmienda IV y dándole sitio preferente en todas las instituciones estatales, como uno de los atributos del hombre libre. Reconociendo el inapre-ciable valor de este derecho, la Corte Suprema de los Estados Unidos, en Gouled v. U. S., supra, y en el caso más reciente de Grau v. U. S., (1932 ) 287 U. S. 124, ha dicho que la Eiimienda IV debe ser liberalmente interpretada a fin de preservar la inviolabilidad del domicilio contra registros irrazonables.

Volviendo ahora a la regla de California antes aludida, opinamos que la consecuencia lógica de dicha regla al per-mitir que evidencia ilegalmente obtenida sea en todo caso admisible como prueba, ofrece un incentivo a funcionarios poco escrupulosos para pasar sobre el precepto constitucional cada vez que deseen conseguir evidencia incriminátoria con-1ra una persona o lograr su convicción de un delito mediante evidencia así obtenida. En cambio, rechazando esa prueba, no sólo se reprimen esos abusos, si que la propia resolución de la corte al rechazarla constituye la mejor reprobación de la conducta ilegal del funcionario.

En Puerto Rico, si bien en los casos de Cerecedo, supra, se sigue la doctrina de la mayoría, en el de Pueblo v. Osorio, 34 D.P.R. 232, este tribunal se desvió un tanto al resolver que un revólver, aun cuando fuere ilegalmente ocupado por un policía, era admisible en evidencia contra el acusado; pero volvió- a alinearse con la mayoría en los casos de Pueblo v. Lebrón, supra, y Pueblo v. Santiago, supra.

Arguye también el fiscal que el incidente sobre ocupación ilegal de ’ evidencia, por ser una cuestión colateral ai caso criminal, no debe formar parte de los autos de éste en apelación.

Los procedimientos establecidos para reclamar o bacer valer nn derecho civil, como por ejemplo,,el de bábeas corpus para bacer valer el derecho a no ser ilegalmente privado de la libertad, y el mismo que nos ocupa — para que se devuelva evidencia ilegalmente obtenida en violación a la garantía constitucional antes indicada — , y cualquier otro procedi-miento de la misma índole, son procedimientos de naturaleza civil, pero cuando como en este caso, ese procedimiento civil constituye un incidente de un caso criminal, tan íntimamente relacionado con él que este último no puede resolverse sin tener presente los procedimientos y pruebas relativos a dicho incidente, este último puede y debe revisarse,dentro del caso criminal. En este caso no podría dictarse una sentencia en apelación sin tener a la vista el incidente, pues es preciso determinar si la evidencia cuya admisión impugna el acusado, fue o no correctamente admitida y para ello precisaría antes determinar si fue o no obtenida en violación del artículo 2 de nuestra Carta Orgánica y de las leyes insulares anterior-mente citadas. Ése es el prtícedimiento que en apelación se ha seguido en todos los casos que hemos podido examinar, tanto en los de Puaffto Rico anteriormente citados como en los de Weeks v. U.S., supra, Silverthorne Lumber Co. v. U.S., supra, y Amos v. U.S., supra.

En el caso de autos, no com-ta que el acusado impugnase Ja validez de la orden de allanamiento en.la corte municipal; pero como hemos dicho, esa omisión no le impidió promover la cuestión en la corte de distrito, siempre que lo hiciese, como lo hizo, con la suficiente antelación a la fecha señalada para el juicio.

Resuelta así la cuestión preliminar, pasaremos a conside-rar los méritos del recurso.

La cuestión primordial en este caso es determinar si erró o no la corte sentenciadora al denegar una moción de los acusados para que se anulase la orden de allanamiento, y al admitir en evidencia, con su oposición, los efectos que les fueron ocupados.

El derecho de las personas a estar garantidas contra regis-tros ilegales está asegurado en Puerto Pico por el artículo 2 de nuestra Carta Orgánica, que en lo pertinente dice así:

“No se violará el derecho de estar garantizado contra registros y embargos arbitrarios.
“No se expedirá mandamiento de arresto o registro sino por mo-tivo fundado (but upon probable cause) apoyado con juramento o afirmación y describiendo particularmente (detalladamente) el lugar que ha de registrarse y las personas que han de ser detenidas o las cosas que deben ser embargadas.” (Peréntesis nuestro.)

Nuestra Legislatura, desde el 27 de febrero de 1902 (Com-pilación 1911, pág. 64); aprobó la “Ley definiendo los dere-chos del pueblo”, que en su sección 2 prescribe:

“Sección 2. — El derecho del pueblo a estar garantido en sus per-sonas, documentos, hogares y efectos, contra registros o secuestros arbitrarios, no se violará, y no se librará ninguna orden de allana-miento ni de ocupar cosa alguna mueble, sin describir el local que ha de reconocerse o la persona que ha de ser registrada y el objeto de que han de incautarse, ni sin causa probable apoyada en el jura-mento o afirmación por escrito(Bastardillas nuestras.)

Además, en el Título XIII del Código de Enjuiciamiento Criminal, bajo el epígrafe “De las Órdenes de Allana-miento”, se reglamentó la materia, destacándose entre los artículos de que se compone dicho título, los 503, 504, 505 y 506, que literalmente dicen así:

“Art. 503. No se podrá librar orden de allanamiento sino en virtud de causa probable, apoyada en una declaración jurada citando el nombre o describiendo la persona, y especialmente la prenda sus-traída y el sitio que ha de ser reconocido.
“Art. 504. El juez de paz debe, antes de librar la orden de alla-namiento, examinar bajo juramento al querellante y a los testigos que éste presentare, tomando sus deposiciones por escrito, las cuales suscribirán.
“Art. 505. Las deposiciones expondrán los hechos que tiendan a demostrar los fundamentos de la petición, o las causas legítimas que haya para creer que existen tales fundamentos.
‘‘Art. 506. Si on vista de ellas el juez de paz quedare plenamente convencido de que hay fundamento para la petición, o causas legíti-mas para creer en la existencia de aqtiellos fundamentos, debe -librar una orden de allanamiento, que firmará con el nombre de sn cargo oficial y la dirigirá a un agente de orden público de su propio dis-trito, mandándole 'que proceda inmediatamente a registrar la persona o sitio que se indica, en busca de la propiedad especificada, la cual se traerá a presencia del juez de paz.”

Veamos aliora cuál fue la declaración jurada a virtud de la cual el Juez Municipal de Mayagüez quedó “plenamente convencido de que hay fundamento para la petición, o canosas legítimas para creer en la existencia de aqioellos fundamen-tos.”

La susodicha declaración dice así:

“Declaración jurada de Oscar Correa y Antonio Fratieelli, P. I.
- “En Mayagüez, P. B., a los 14 días de octubre de 1939, ante esta corte comparecen Oscar Correa y Antonio Fratieelli, casados y ma-yores de edad, vecinos de Mayagüez, P. B., y previo juramento con-forme a la ley, dicen:
“Que sus nombres y demás circunstancias personales son como quedan arriba expresadas.
“Que les consta de propio conocimiento y por confidencias obte-nidas de personas que les merecen entero crédito, de que Alberto Ca-priles y Bamón Bamírez, res. calle Buenavista, Bo. Buenavista, Ma-yagüez, P. B., en su casa residencia, que es de madera, techada de zinc, sin pintar, con balcón en forma de chalet y queda a la izquierda, yendo de .norte para sur, allí tienen boletos de boli-pool, libretas, lis-tas de números, lápices, dinero, gomas y otros utensilios utilizados para la manipulación y explotación de una lotería clandestina cono-cida por boli-pool, violando la ley núm. 25, aprobada por la Legis-latura de Puerto Bico en julio 17, 1935.
“Por lo que nos permitimos solicitar de Y. H. líos extienda una or-den de registro o allanamiento para registrar dicha residencia antes descrita.
“Que lo declarado es la verdad y nada más que la verdad, así lo juramos.
“(Fdo.) Oscar Correa, P. I. (Fdo.) Antonio Fratieelli.
“Jurada y suscrita ante mí hoy 14 de octubre de 1939.
“(Fdo.) A. Nazario Janer, Juez Municipal.”

Los declarantes sólo aseguran bajo juramento que “les consta de propio conocimiento y por confidencias obtenidas de personas que les merecen entero crédito, que Alberto Capriles y Ramón Ramírez, en su casa residencia ...” tie-nen boletos de boüpool, libretas, etc. ¿Dónde se exponen los hechos para que el juez municipal, sin descansar enteramente ,en la mera conclusión de los declarantes, pueda determinar por sí mismo si en efecto existe la causa probable! Ya fiemos visto que el artículo 505 del Códigó de Enjuiciamiento Criminal, supra, terminantemente exige que en las declaraciones “se expondrán los hechos (no conclusiones) que tienden a demostró/!" los fundamentos de la petición” y en esta decla-ración no se expone ningún fiecfio, sino la mera conclusión de los declarantes y una manifestación de confidencias qué aunque les pudieran merecer entero crédito, no podían mere-cerlo al juez municipal que ni siquiera conocía los nombres de tales confidentes.

En el caso de State v. District Court (Montana, 1921) 198 Pac. 362, se presentó un affidavit que en lo pertinente decía:

“R. B. Hayes, debidamente juramentado, depone y dice:
“Que tiene causa probable para creer y cree que el 5 de febrero de 1921 y desde esa fecha en adelante el relator (acusado) está en po-sesión de bebidas embriagantes, etc.”

Terminó con súplica de que se expidiese una orden de allana-miento.

Bajo un estatuto sustancialmente igual al nuestro, la C'orte Suprema de Montana, al anular la orden, de allanamiento, se expresó así:

“Bajo esta doctrina los hechos que sirven de tase a la solicitud deberán exponerse bajo juramento, y el magistrado a quien se le pre-senta la declaración debe determinar sU suficiencia sin tener que des-cansar en la opinión o creencia del solicitante. Una orden de alla-namiento expedida a base de una conclusión del solicitante, sin que en la solicitud se expongan hechos de los cuales el funcionario judicial a quien va dirigida pueda firmar su propia conclusión, no es una demostración de causa probable, basada en un juramento o afirmación dentro del significado de la garantía constitucional.”

E11 el caso de State v. District Court (Montana, 1926) 244 P. 280, se sostuvo qne la declaración jurada debe exponer los 3)echos suficientes para justificar la expedición de la orden de allanamiento y que un affidavit que sólo expone conclu-siones es insuficiente. Se dijo además que la regla está muy bien establecida en aquel Estado para que pueda ser con-trovertida. En la opinión disidente de ese caso, se dice que “causa probable es aquel estado de hechos y circunstancias que induzca a una persona cuidadosa y honrada a creer que el acusado es culpable.”

En el de U. S. v. Kelih, 272 P. 484, se sostuvo que “bajo 3a enmienda IY, dispositiva de que no se expedirán órdenes de allanamiento excepto por causa probable apoyada en jura-mento o afirmación, la determinación de la existencia de causa probable a base de los hechos expuestos, o la conclusión legal que justifique la orden, constituye una función judicial y no puede ser delegada por el juez al acusador.

Véanse al mismo efecto Gore v. State (Okla.) 218 P. 545; Taylor v. Commonwealth, (Ky.) 249 S.W. 1035; State v. Lock, (Mo.) 259 S.W. 116; State v. Baltes, 198 N.W. 282; y Smoot v. State, (Ga.) 128 S.E. 909.

Y por último, un comentarista de la reconocida autoridad del Juez Cooley, en su obra “Constitutional Limitations”, pág. 420, comenta esta cuestión en los siguientes términos:

“Para notificar un auto de una corte (process) en una causa criminal, puede apelarse a la violencia para penetrar en el domicilio particular de una persona, bajo las circunstancias que se explican detalladamente en los Tratados de Derecho Penal, que no es necesa-rio enumerar aquí. Hay también casos donde se permite expedir órdenes de registro bajo las cuales el funcionario que las diligencia está legalmente protegido. Pero una orden de allanamiento es una especie de auto (process) de naturaleza sumamente arbitraria y a la que no debe reeurrirse excepto cuando existan razones urgentes y satisfactorias, exigiéndose el más estricto cumplimiento de la ley que la regula; y si la parte que la diligencia espera estar protegida por dicha orden, es esencial que observe cuidadosamente las disposiciones legales. En primer término, estas órdenes sólo deberán concederse en los casos expresamente autorizados por la ley y no sin antes de-mostrar ante un funcionario judicial, bajo juramento, que se ba co-metido un delito y que el declarante tiene causa probable para sos-pechar que el infractor o la propiedad que fué objeto o instrumento del crimen se hallan ocultos en una casa o sitio especificado. La ley, al exigir una demostración de causa probable o razonable para tal sospecha, requiere que se -presente evidencia de hechos que satisfagan al magistrado de que la sospecha está bien fundada, pues la sospecha misma no es motivo ni puede constituir fundamento para la expedi-ción de la orden de allanamiento a menos que los hechos la justifi-quen

Siendo como es insuficiente la declaración jurada que se presentó en este caso, la orden de allanamiento expedida a virtud de ella es nula, por no estar basada en el affidavit que requiere la ley; siendo nula la orden, la evidencia a virtud de ella obtenida es ilegal, y el juez inferior debió declarar con lugar la moción de los acusados para que les fuese devuelta y no permitir su presentación en evidencia.

Si descartamos en este caso la evidencia suministrada por la orden de allanamiento, no existe prueba alguna contra los acusados.

Como fiemos consignado al principio de esta opinión, la corte a quo impuso a los acusados una multa de $200 o en su defecto de pago les condenó a cumplir cuatro meses de cárcel. Aunque este error no fia sido señalado ni discutido por la defensa ni por el fiscal, ni es necesario discutirlo a los efectos de esta opinión, a fin de evitar malas interpretaciones en lo sucesivo, consideramos nuestro deber llamar la atención del juez inferior a la Ley núm. 11 de 8 de abril de 1916 (Cód. Enj. Criminal, ed. 1935, pág. 231), dispositiva de que cuando, como en este caso, la sentencia consiste en una multa o en defecto de pago extinguir pena de cárcel, esta última en ningún caso deberá exceder de noventa días.

Procede revocar la sentencia objeto de este recurso, y absolver libremente al apelante Alberto Capriles, debiendo también devolvérsele la evidencia que ilegalmente le fué ocu-pada.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    Dolores Ginés, representada por su madre María Elena Ginés, demandante y apelada, v. José Dolores Escudero, demandado y apelante.
    Núm. 8193.

    Sometido: Abril 1, 1941.

      Resuelto: Abril 28, 1941.

      R. Soltero Peralta, abogado clel apelante; José E. Días■, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un caso de filiación en el que en la demanda presentada ante la Corte de Distrito de Areeibo, se alegó en síntesis lo siguiente:

Que siendo el demandado José Dolores Escudero soltero y mayor de veintiún años de edad, llevó relaciones amorosas en el barrio Coto de Manatí, con María Elena Cines, que también era soltera y mayor de veintiún años, y como resul-tado de dichas relaciones procrearon a la demandante Dolores Ginés que nació en dicho pueblo el 27 de noviembre de 1937; que en el acto de la concepción y en el del nacimiento de la demandante Dolores Ginés, sus padres eran hábiles para contraer matrimonio sin dispensa ni impedimento legal al-guno; que el demandado José Dolores Escudero desde que procreó a la demandante Dolores Ginés ha venido atendiendo a sus necesidades personales, suministrándole sus alimentos, vestidos y medicinas y dándole en público y en privado el nombre de hija suya, dispensándole el goce y disfrute de la posesión continua del estado de hija natural suya reconocida.

El demandado después de haber radicado una excepción previa de falta de hechos para constituir una causa de acción que fue declarada sin lugar, contestó la demanda negando general y específicamente todos los hechos alegados en la .misma por no estar jurada.

Celebrado el juicio correspondiente la corte inferior dictó "■sentencia declarando con lugar la demanda el 21 de octubre de 1939, contra la cual el demandado ha interpuesto el pre-sente recurso de apelación en el que alega que lá corte inferior cometió cinco errores, a saber: primero, al negarse a admitir evidencia de que la demandante tuvo relaciones carnales con otros hombres en la época en que la niña pudo ser concebida; segundo, al considerar la prueba testifical de la demandante como suficiente para sostener el reconocimiento; tercero, al no considerar que existe un conflicto de prueba que no sola-mente le quita el carácter de robusta y convincente a la pre-sentada p'or la demandante, sino que destruye su calidad de preponderante; cuarto, al declarar probado que el deman-dado reconoció por actos y palabras su paternidad sobre la niña; y quinto, al declarar con lugar la demanda.

La opinión que sirvió de base a la sentencia dictada por la corte inferior sólo consta de cuatro párrafos, y dice así:

“Del conjunto de la evidencia, llegamos a la conclusión de que José Dolores Escudero llevó relaciones amorosas con María Elena Ginés por algún tiempo, y que con motivo de las mismas fué conce-bida y nació la niña Dolores Ginés, sin qne al tiempo de la concep-ción y del nacimiento hubiera impedimento legal alguno para esas relaciones.
“Aparece, además, prueba que resulta convincente, en el sentido de que Escudero reconoció por actos y palabras su paternidad sobre la referida niña, cuyo reconocimiento hace innecesario resolver si en realidad vivía o no en concubinato público para la fecha del naei- ' miento.
“El demandado presentó alguna prueba con él propósito de dar la impresión de que la madre de la niña llevaba una vida de tal na-turaleza; que no podría concluirse sobre la paternidad de su hija, y que había otro hombre que era el verdadero padre de la niña; pero aparte de que hubo actos de reconocimiento por parte del demandado, la contestación no levantó cuestión alguna sobre la conducta de la madre y se limitó a negar los hechos de la demanda. A virtud de esa contestación, la parte demandada se colocó en tales condiciones, que sólo podía presentar evidencia tendiente a desvirtuar los hechos de la demanda, pues de haberse alegado que había otro hombre en rela-ciones con la demandante y que era el padre de la- niña, entonces, la demandante hubiese tenido la oportunidad de venir preparada para presentar prueba en contra de esa materia nueva.
“Por las razones expuestas, la corte declara con lugar la demanda y, en su virtud, declama hija natural reconocida del demandado José Dolores Escudero, a la demandante Dolores Ginés, con derecho a lle-var su apellido y demás atributos que le concede la legislación civil vigente, con las costas al demandado.” (Itálicas nuestras.)

.Consideremos el primer señalamiento que se refiere a que la corte inferior se negó a admitir evidencia de que la madre de la demandante tuvo relaciones carnales con otros hombres en la época en que la niña pudo ser concebida. El incidente que dió lugar a la resolución de la corte de que se queja el apelante ocurrió mientras declaraba María Elena G-inés, madre de la demandante, y lo citaremos tal como aparece a las páginas 6 y 7 de la transcripción de evidencia durante el contrainterrogatorio del abogado del demandado. Dice así:

“P. ¿Conoce a Horacio Vélezf — No, señor; no lo conozco.
“P. ¿Puede asegurar bajo juramento que no lo conoce? — En el sentido . . .
“Hon. Juez. Tenga calma declarando.
“Testigo. Yo conocí a Horacio . . .
“Hon. Juez. Él es un abogado y tiene que defender a su cliente y conteste diciendo la verdad y sin enojarse.
“P. ¿Acepta que conoce a Horacio Vélez? — De días'para acá.
“P. ¿Si lo conoce? — Lo conocí. Yo a ese hombre, llevé este caso por abandono de menores . . .
“Hon. Juez. Después que conteste puede dar la explicación.
“Abogado Sr. Muñoz Igártúa. Excepción.
“P. ¿Dijo que lo conoce? — Sí, señor.
“P. ¿Por qué no lo trajo como testigo a la corte? — Porque Horacio A^élez nunca ha sido nada mío.
“P. Pero sabe que nuestra'prueba consiste en eso . . .
“Abogado Sr. Díaz. Me opongo.
“P. ¿Ha visto a Horacio Vélez? — Sí, señor.
“P. ¿Cómo es?—
“Hon. Juez. He visto la contestación de la demanda y niega los hechos nada más. Debe haberlo alegado si quería levantar la cues-tión de que tenía amores con otro hombre. Debió haber alegado eso, pero no lo ha alegado. Negando que sea verdad puede traer prueba que no es verdad que sea padre.” (Itálicas nuestras.)

Es cierto que a pesar de esta resolución de la corte se permitió a los testigos del demandado declarar en cuanto a las relaciones de María Elena Crines con Horacio Vélez pero, como liemos visto, el juez al resolver el caso hace constar en su opinión que dicha prueba no era admisible y que el deman-dado “sólo podía presentar evidencia tendiente a desvirtuar los hechos de la demanda” pues en la contestación no levantó cuestión alguna sobre la conducta de la madre. Es obvio que la corte inferior descartó por completo dicha evidencia en la consideración y resolución del caso en sus méritos.

La cuestión no es nueva en esta jurisdicción y fué resuelta desde el año 1913 en sentido contrario, a como la resolvió la corte inferior. En el caso de Rivera v. Díaz, 19 D.P.R. 548, este tribunal revocó la sentencia precisamente por haberse eliminado evidencia de esta naturaleza, y se expresó así:

“En la opinión redactada por el juez de la corte inferior para fundamentar su sentencia condenatoria, se resuelve eliminar las de-elaraoiones de Juan Ortiz 7 Juan Santiago, testigos presentados por el demandado, porque en esta acción de filiación la cuestión a resolver es si el menor Ramón es hijo del demandado y no debe irse más allá de lo alegado, permitiendo evidencia tendente a justificar si tal niño pudo ser de otro padre, que para nada figuraba en las alegacio-nes del litigio.
“En verdad, esas declaraciones 110 debieron ser eliminadas, por-que en pleitos sobre reconocimiento de hijos, la evidencia de que la demandante tuvo relaciones carnales con otros hombres en la época en que el niño pudo ser concebido, es pertinente si se ofrece para de-mostrar las relaciones sexuales con esos hombres en la época de la concepción, 5 Cyc., 660, y cuya teoría se halla consignada también en Wigmore, vol. 1, pág. 195, sec. 133, y en innumerables casos resueltos por las cortes, entre ellos los de Bell v. State, 124 Ala. 94; Allred v. State, (Ala.), 44 So. 60; Short v. State, 4 Harr. (Del.), 568; Smith v. Yaryan, 69 Ind. 445; 35 Am. Rep., 232.
“Al eliminar esas dos declaraciones cometió el juez de la corte inferior un error fundamental que pudo influir en la apreciación de las pruebas, toda vez que las consideró bajo la idea equivocada de que no eran admisibles ni podía tenerlas en cuenta para resolver el caso.” (Itálicas nuestras.)

Nótese que expresamente se hace constar que la cuestión no había sido planteada en las alegaciones.

En el caso de Rico v. López, 21 D.P.R. 214 se ratificó esta doctrina pero aplicándola a un caso en el que se había plan-teado la cuestión por el demandado, y se dijo lo siguiente:

“En el caso presento es tanto más aplicable la anterior doctrina, cuanto 'que expresamente el demandado alegó, en la materia nueva .de su contestación, que la persona que reclamaba su filiación no era hija de la persona que se consignaba en la demanda, sino de otra cuyo nombre se indicaba.” (Itálicas nuestras.)

Hemos examinado los textos de autoridades y la juris-prudencia citada en el caso de Rivera v. Díaz, supra, y es cierto que todos sostienen que en los llamados “bastardy prosecutions” del derecho americano, la evidencia de que la demandante tuvo relaciones carnales con otros hombres en la época en que el niño pudo ser concebido es admisible y pertinente si se ofrece para demostrar las relaciones sexuales con esos hombres en la época de la concepción. No aparece, sin embargo, de los textos y. casos citados qué requisitos se exigieron en .cnanto a las alegaciones que debía, bacer el demandado para que dicba evidencia fuera admisible.

Así tenemos que la cita que se bace de 1 Wigmore on Evidence, 195, Sec. 133, lo que dice es lo siguiente:

“Bajo este principio (igual oportunidad de otros) es permisible demostrar, en un caso de filiación o ‘bastardy prosecution’, que la madre tuvo contacto con otro hombre alrededor del período de la gestación, pues esto tiende a demostrar una igual posibilidad de con-cepción debido al acto de otro.”

NI caso de Allred v. State, supra, fué uno de carácter criminal y lo que se le permitió al acusado fué en su contrain-terrogatorio a la demandante preguntarle si babía tenido contacto carnal con otro hombre durante el tiempo de la gestación.

El caso de Smith v. Yaryan, supra, fué uno en reclama-ción de daños y perjuicios como consecuencia de una seduc-ción. No se expone, en el curso de la opinión, qué alegaciones hizo el demandado en su contestación, pues después de exponer los hechos que se alegaron en la demanda sólo se dice: “issue was joined and the cause tried by a jury.” Fué en el con-frainterrogatorio de la demandante que se le preguntó si había tenido contacto carnal con otros hombres en la misma fecha en que lo tuvo con el demandado y la corte no admitió dicha evidencia. En apelación se revocó la sentencia soste-niéndose que las preguntas eran admisibles por tratarse de un caso en que el jurado tenía que determinar si el demandado era el padre del niño antes de peder condenarlo a pagar daños y perjuicios y que debía aplicarse la misma regla que en los casos de “bastardy prosecutions

Tenemos, por lo tanto, que los casos citados en el de Rivera v. Díaz, supra, en su mayoría de carácter criminal, lo único que resuelven es que la evidencia era admisible pero no son autoridad para sostener que no era necesario que el demandado en su contestación y como defensa afirmativa ale-gara que otros liom.bres tuvieron contacto carnal con la madre al tiempo de la concepción del niño. Por el contrario, aun en los “bastardy prosecutions or proceedings” del derecho americano la doctrina reconocida es que cuando el procedi-miento es de naturaleza civil, el demandado debe alegar cual-quier defensa afirmativa que desee oponer a la demanda.

En 10 C. J. S. 166, Sec. 776, se expone la regla así:

“Como regla general, si el demandado desea establecer una de-fensa afirmativa, a él le incumbe presentarla por una alegación que pueda ser controvertida en forma ordenada, de acuerdo con el pro-cedimiento en casos . civiles. ’ ’

Es cierto que la demanda en el caso de 'autos no estaba jurada y que era suficiente que el demandado en la contestation hiciera una negación general de los hechos, de acuerdo con el artículo 110 del Código de Enjuiciamiento Civil, que dispone, en lo pertinente:

“Artículo 11Q. — La contestación del demandado contendrá:
“1. Una negación general o especial de los hechos esenciales de la demanda con los cuales no esté conforme el demandado.
“2. Una exposición de cualquiera materia nueva constitutiva de oposición á la demanda o de reconvención.Si la demanda no se jurare, será suficiente una negación general de los hechos, que-dando sólo en contienda los hechos esenciales de la demanda.”

De manera, que cualquier materia nueva constitutiva de oposición a la demanda debe siempre alegarse en la contes-tación del demandado, pues cuando se hace una negación general sólo quedan en la contienda los hechos esenciales de la demanda.

Considerando la naturaleza y el alcance de la evidencia que podría presentarse en un caso de filiación, en el que se imputa por el demandado a la madre relaciones sexuales con otros hombres durante el período de la concepción, somos de opinión que constituiría una sorpresa e indefensión para la demandante el no exigir que, cuestión de tanta trascendencia, sea alegada como defensa afirmativa en la contestación antes de que al demandado se le permita presentar evidencia s.obre dichos extremos. El caso de Rivera v. Díaz, 19 D.P.R. 548 y cualquier otro posterior que sostenga una doctrina con-traria a la aquí expuesta, deben considerarse expresamente revocados.

Ahora bien, como el caso de autos se inició y tramitó bajo la situación de derecho existente a virtud de lo resuelto en el caso de Rivera v. Díaz, supra, el demandado no estaba obligado a hacer ninguna otra alegación que la que hizo, es decir, una contestación general a la demanda, para creer que la evidencia que trató de presentar era admisible. Habiéndose demostrado, además, que la corte inferior al resolver el caso no tomó en consideración toda la evidencia presentada por el demandado, somos de opinión que lo que procede, en justicia, es declarar con lugar el recurso y dejar sin efecto la sentencia dictada, con instrucciones a la corte inferior de que abra el caso de nuevo y conceda al demandado, si lo solicita, un término para radicar 'ana contestación enmendada y proceda a la celebración de un nuevo juicio, en el que las partes puedan presentar toda la evidencia pertinente a sus respectivas alegaciones.


author: El Juez Asociado Señor Todd. Je.,

text:
    Alicia Santana, peticionaria, v. Corte de Distrito de San Juan, P. R., Hon. Marcelino Romany, Juez, demandada.
    Núm. 1243.

    Sometido: Abril 21, 1941.

      Resuelto: Abril 28, 1941.

      Benigno Dávila Rodrigue», abogado ele la peticionaria; L. Vergne Ortiz, abogado del interventor, demandante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Todd. Je.,

emitió la opinión del tribunal.

Bernabé Sánchez Martínez demandó a Alicia Santana en la Corte Municipal de San Juan en cobro de un documento que dice así:

“Notas aclaratorias sobre pago contribuciones. — Por la presente hago constar que la venta verificada de la casa Núm. 165, propiedad de la Sra. Belén Vela de Trigo a la señorita A. Santana íué por la cantidad de $2,500 los cuales entregó dicha compradora en la siguiente forma. — $2,000 en mi chech certificado y el restante o sea $500 en efectivo, dejando en su poder de dichos quinientos dólares la suma de $173.71 para responder a las contribuciones que tiene vencidas según nota de la Colecturía de Rentas Internas, quedando aclarado que una vez sea firmada la ley por el Gobernador de condonación, dicha suma le será devuelta al Sr. Bernabé Sánchez Martínez, que es a quien le corresponde por orden del apoderado de la Sra. Yela, Sr. L. C.-Trigo. — Mayo 27, 1939. — Firmado: Alicia Santana.”

Alegó que el Gobernador firmó la ley condonando las con*-tribueiones atrasadas y que la demandada se ha negado a pagarle los $173.71 especificados en el documento.

La demandada exeepcionó ía demanda por falta de hechos y declarada sin lugar la contestó negando los hechos de la misma y como defensa especial alegó que había pagado $89.13 de contribuciones al gobierno sóbrela casa.

Celebrado el juicio en la corte municipal se dictó senten-cia declarando con lugar la demanda y la demandada apeló a la Corte de Distrito de San Juan en la que radicó una nueva excepción previa contra la demanda alegando que la corte no tenía jurisdicción, que la demandante no tenía capa-cidad para demandar y que la demanda no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción. Sin haberse visto ni resuelto la excepción previa, radicó la demandada una contestación enmendada complementaria y una contrade-manda.

En la contestación, como defensas especiales, alegó, entre otras, que el documento copiado en la demanda fué dejado sin efecto el mismo día de su otorgamiento el 27 de mayo de 1939 por la tarde, cuando se otorgó escritura de compra-venta de la casa ante el Notario Benigno Dávila Rodríguez; que dicho documento estuvo mal redactado y no expresaba lo realmente convenido entre las partes; que el demandante estuvo conforme con lo acordado con posterioridad al otor-gamiento del documento objeto de su- reclamación; que el demandante ha establecido una reclamación basada en un documento erróneo y doloso que nó se ajusta a lo convenido. En su contrademanda la demandada reproduce los hechos alegados en lai? defensas especiales y reclamó además del demandante el pago del agua que adeudaba la casa y el importe de unas rejas y closets que la demandada tuvo que pagar.

Celebrado el juicio de nuevo en la corte de distrito el 8 de enero de 1940, un año y un mes después, o sea el 7 de febrero de 1941 dictó sentencia el juez que intervino, Sr. Romany, declarando con lugar la demanda y sin lugar la contrademanda, con costas. No siendo apelable por la cuan-tía dicha sentencia, la demandada radicó una p'etición - de ■certiorari ante este tribunal alegando que la corte inferior había incurrido en varios errores de procedimiento, a saber: al declarar sin lugar la excepción previa presentada por la demandada; al resolver que la contrademanda fué presentada fuera de tiempo y cuando la demandada no tenía derecho a enmendar su contestación sin permiso de la corte; al no resolver todas las cuestiones de hecho y de derecho plantea-das y, al imponerle las costas a la demandada.

En cuanto al primer señalamiento, este tribúnal ha resuelto repetidamente que la resolución de excepciones previas en un sentido o en otro no puede alegarse como error de procedimiento revisable por certiorari. Rodríguez v. Sepúlveda, 19 D.P.R. 1169; Hull v. Corte, 42 D.P.R. 151, 153; Delgado v. Corte, 52 D.P.R. 961 y Smallwood v. Corte, 53 D.P.R. 742, 744.

En cuanto a la admisión de la contrademanda lo que resolvió'la corte inferior, según aparece de la relación de hechos y opinión, fué lo siguiente:

“En cuanto a la contrademanda, sería suficiente con decir que ella fué presentada fuera de tiempo, y cuando la demandada no tenía de-recho a enmendar, como cuestión de derepho, sino a virtud de permiso de la corte. Este es un caso apelado de la corte municipal. En el tribunal inferior la demandada simplemente se contentó con radicar una contestación. Fué en. la corte de distrito, cuando el caso hacía más de un mes que estaba radicado, que sin autorización de esta corte, radicó una contestación enmendada que incluía una contrádemanda. Ello no podía hacerlo de acuerdo con el Artículo 139 del Código de Enjuiciamiento Civil, equivalente al 472 de California, y según este último fué interpretado en Tingley v. Times Mirror Co., 151 Cal 1; esto es, que el derecho de un demandado a enmendar sin permiso de la corte se extingue al expirar los diez días que concede la ley al de-mandante para excepcional’ la contestación; ellos habían transcurrido con exceso al radicarse la contestación enmendada, por lo que este Tribunal, de acuerdo con Martínez v. Sucn. Arocena et al., 23 D.P.R. 371, tendría derecho a no considerarla como un documento de los autos. Sin embargo, aun resolviéndola en sus méritos, tendría que de-clararse sin lugar.
“Dándole entero crédito a la prueba de la demandada, el deman-dante se comprometió a transmitirle la casa libre de cargas o gravá-menes, e indiscutiblemente no lo constituyen las rejas y el closet cons-truido por ■ el arrendatario Barredo. En ausencia de pacto especial en contrario y en este caso no se probó ninguno, de acuerdo con el artículo 1463 del Código Civil en relación con el 416 del mismo cuerpo legal, el arrendatario no tiene derecho alguno a indemnización por las mejoras útiles o de recreo que hiciere en la finca arrendada; a todo lo que puede aspirar es .retirarlas si fuere posible hacerlo, sin detrimento de los bienes.
“Tampoco constituye una carga o gravamen sobre la finca la deuda por agua. La compradora no estaba obligada a pagarla. Frese v. Comisión de Servicio Público, 55 D.P.R. 222; Suau v. Capital de Puerto Rico, 50 D.P.R. 768.
“Sin lugar la eontrademanda.” (Itálicas nuestras.)

De manera que si bien el Juez Sr. Romany, de acnerdo con lo resuelto en el caso de Martínez v. Sucn. Arocena, supra, dijo que tendría derecho a no considerar la contestación enmendada, de hecho la consideró pues entró en la aprecia-ción de la prueba presentada por la demandada y en defini-tiva declaró sin lugar la contrademanda. El alegado error de procedimiento no fue cometido, además, porque en la ape-lación de una sentencia dictada por la corte municipal a la de distrito si bien se celebra un juicio de novo, las alega-ciones sólo pueden enmendarse con permiso de la corte, según lo dispone la sección 3(a) de la ley para reglamentar las apelaciones contra sentencias de las cortes municipales en pleitos civiles, tal y como quedó enmendada por la Ley núm. 31 aprobada el 11 de mayo de 1934 (Leyes de 1934, pág. 293), que, en lo pertinente dice así:

“Sección 3(a.). — El secretario de la corte de distrito anotará la causa en el registro de acciones civiles, notificándolo a las partes in-teresadas. El apelante deberá solicitar la inclusión del pleito en el calendario o lista de señalamientos civiles, en la primera lectura que del mismo haya de celebrarse subsiguientemente a la radicación del caso. Al anunciarse la vista de la apelación, el tribunal, a instancia .del apelante, revisará y tomará en consideración cualquiera provi-dencia, resolución, auto u orden por los cuales se creyere éste per-judicado. Resueltas estas cuestiones se procederá a la vista de la causa tal como resulte de las alegaciones, a no ser que en virtud de excepción previa, permitiese él juez que fueren enmendadas la de-manda o la contestación. Dispuesto así el pleito para la vista, se tramitará como nuevo juicio, rigiendo para el mismo todas las dis-posiciones y reglamentos judiciales aplicables a la vista de pleitos originalmente iniciados en la corte de distrito. ...” (Itálicas nues-tras.)

En el caso de Gelabert Hnos. v. Córdova, 17 D.P.R. 1200, aun cuando la cuestión envuelta era si podía desestimarse por la corte de distrito una apelación procedente de la corte municipal por la incomparecencia del apelante, después de citarse la sección 3, supra, tal y como regía originalmente y que en cuanto a la facultad de enmendar disponía substancialmente lo mismo que ahora, se dijo lo siguiente:

“Como se ve, la ley exige la comparecencia del apelante, sea éste demandante o demandado, para revisar y tomar en consideración a su instancia, cualesquiera providencias, resoluciones o autos por los cuales se creyere aquél perjudicado, y una vez resueltas tales cuestio-nes o después de enmendada la demanda o la contestación, cuando así se permitiere, debe tramitarse el pleito apelado como nuevo jui-cio.” (Itálicas nuestras.).

En el caso de Fernández v. Orcasitas, 51 D.P.R. 304, se citó el de Gelabert Hnos., supra, entre otros y se resolvió:

“El demandado apeló para ante la corte de distrito de una sen-tencia dictada a instancias suyas por una corte municipal luego de haber declarado sin lugar una excepción previa de falta de hechos para determinar una causa de acción.- El juez de distrito también desestimó la excepción previa. El demandado solicitó permiso para presentar una contestación. Se le denegó. Entonces de conformidad con los artículos 139 y 140 del Código de Enjuiciamiento Civil soli-citó permiso para contestar. La corte de distrito desestimó esta mo-ción y dictó sentencia a favor del demandante.
“El juicio que se celebra en la corte de distrito cuando se apela de una corte municipal es de novo. Nos inclinamos a convenir con el apelante en que él no perdió el derecho a contestar al solicitar la sentencia sobre las alegaciones en la- corte municipal. La corte de distrito .debió haber procedido al igual que lo hubiera hecho en un recurso debidamente iniciado ante ella. C0v. Corte, 48 D.P.R. 972; González v. Malgor, Luiña, & Co., 29 D.P.R. 105; Matos Hnos. & Co. v. Ortiz, 19 D.P.R. 77, 79; Fradera v. Morales, 19 D.P.R. 1122; Gelabert Hnos. v. Córdova, 17 D.P.R. 1200; Hernández v. Corte, 17 D.P.R. 454.
“La cuestión a resolver es si la negativa 'de permitir que se radi-que una contestación al solicitarse oportunamente luego de declararse sin lugar una excepción previa es un error que da lugar a la revo-cación. La concesión o negativa de tal solicitud es cuestión que des-cansa en gran izarte en la discreción de la corte sentenciadora. La regla es que debe concederse permiso para contestar en los términos que la corte considera justos a menos que se desprenda que la excep-ción era claramente frívola. Morales v. Iglesias Silva, 49 D.P.R. 235. Esto nos lleva a la cuestión de si en el presente caso la excepción pre-via era claramente frívola.” (Itálicas nuestras.)

De manera que no bay duda de que, tanto el demandante como el demandado, en un caso que procede en apelación de una corte municipal, pueden enmendar en la corte de dis-trito antes de celebrarse el juicio de nuevo, sus alegaciones, demanda o contestación, pero es a virtud de permiso conce-dido por el juez al haberse declarado con lugar una excepción previa a la demanda o a la contestación. De abí que no sea aplicable al caso de autos lo resuelto en el de Arocena, supra, citado por la corte inferior .en su opinión, ratificado en el de Busquets v. Nieto, 57 D.P.R. 835; pero, como, bemos dicbo antes, el error de procedimiento alegado no se cometió por-que la corte inferior, a pesar de su resolución, no dió por eliminadas la contestación enmendada y contrademanda radi-cadas por la demandada, sino que declaró sin lugar la contra-demanda por la apreciación que bizo de la evidencia presen-tada para sostenerlas.

De más trascendencia es el tercer error señalado que se refiere a no baber la corte inferior resuelto todas las cuestiones de becbo y de derecho que le fueron planteadas pues, como dice la peticionaria, al resolver el caso en su fondo ]a corte se limitó en su opinión a decir lo siguiente:

‘ ‘La corte en este caso cree la versión del demandante, esto es, que la demandada, Alicia Santana, retuvo del precio de la venta de la finca la cantidad de $173.71 para pagar las contribuciones que sobre ella pesaban en el entendido de que si el Gobernador firmaba la ley que las condonaba, ella entonces estaría obligada a devolver dicba suma. Por estas razones, la demanda debe declararse con lugar y dictarse una sentencia a favor del demandante, imponiendo las costas a la parte demandada.”

Acepta la peticionaria en su. alegato que por medio del recurso de certiorari no pueden revisarse los méritos de la prueba presentada durante el juicio, pero especificando las •cuestiones que la corte inferior debió resolver dice:

“Vea este Hon. Tribunal Supremo que no resuelve todas las cues-tiones planteadas, éntre ellas: 1. No resuelve si el convenio que exis-tió en el Auxilio Mutuo por la tarde del día 22 de mayo de 1939 al otorgarse el contrato de compraventa y la escritura por la cual se autorizó, substituyó y revocó todo otro convenio anterior, como lo fué el del documento éste de la demanda que se efectuó en el Banco Popular en la mañana del mismo día; y 2. Si la demandada Alicia Santana pagó la suma de $91.96 según aparece de los recibos de contri-buciones correspondientes al año 1938-39 y al primer semestre de 1939-40, dicha cantidad debía deducirse de la suma de $173.71 que reclama el demandante, ya que no hubo la condonación total de las contribuciones atrasadas sino de parte de las contribuciones, siendo imposible por consiguiente que la demandada Alicia Santana pudiese devolver el total de las contribuciones en caso de condonación si el Gobernador firmaba dicha ley como así la firmó.
“Estas cuestiones aparecieron claramente planteadas por las ale-gaciones y las pruebas especialmente por documentos que este Hon. Tribunal puede revisar a los efectos de ver si la corte inferior debía o no resolver estas cuestiones.”

Los artículos 188 y 193 del Código de Enjuiciamiento Civil (ed. 1933) disponen lo siguiente:

“Artículo 188. — Una sentencia es la decisión definitiva sobre los derechos de las partes en un pleito o procedimiento.”
“Artículo 193. — En todos los casos, fuera de los mencionados en el precedente artículo, deberá dictarse un fallo con arreglo a las re-sultancias del pleito.”

En el caso de Sucn. Fernández v. El Pueblo et al., 16 D.P.R. 574, se revocó una sentencia que era apelable a este tribunal, por no haber la corte inferior hecho pronuncia-miento alguno sobre el dominio pretendido y que era el eje cardinal del juicio, y aplicando los artículos 188 y 193 supra, se dijo lo siguiente a la página 581:

"El Código de Enjuiciamiento Civil que actualmente rige está conforme sustancialmente con los preceptos del antiguo, pues en su artículo 188 dice que una sentencia es la decisión definitiva sobre los derechos de las partes en un pleito o procedimiento y en el ar-tículo 193 prescribe que fuera de los casos de desistimiento de una demanda o de abandono de la misma, expresados en el artículo 192, deberá dictarse un fallo con arreglo a las resultancias del pleito.
"La corte inferior en el presente caso infringió abiertamente los artículos 188 y 193 ya citados del Código de Enjuiciamiento Civil, pues no hizo pronunciamiento alguno sobre el dominio reclamado, y si alguno hizo sobre posesión, fué ambiguo y dudoso.” (Itálicas nuestras.)

El caso de autos es más fuerte pues la sentencia dictada, por la cuantía envuelta, no es apelable ante este tribunal. Las cuestiones primordiales planteadas por las alegaciones conteuidas en la contestación enmendada y en la contrade-manda no fueron resueltas por la corte inferior. No hay pronunciamiento alguno en cuanto a si el documento objeto de la reclamación del demandante fué dejado sin efecto por la escritura pública otorgada posteriormente y tampoco si las contribuciones fueron condonadas parcialmente y la demandada tuvo que pagar el remanente. En los autos envia-dos por la corte inferior consta la prueba documental pre-sentada por la demandada tendente a sostener sus alegacio-nes. No estamos resolviendo,' en forma alguna, que dicha evidencia sea suficiente para probar dichas alegaciones sino que, la corte inferior debió, al no haber eliminado la contes-tación enmendada y la eontrademanda, resolver definitiva-mente los derechos de las partes, según exige el artículo 188 supra, y especialmente en un caso en que la parte perdidosa no podía ejercitar el recurso de apelación. Si las cuestiones planteadas por la demandada hubieran sido resueltas en su contra por sus méritos, no procedería considerar si se ápré-ciaron o no debidamente en este recurso de certiorari, según lo resuelto en el caso de García Soler v. Corte, 46 D.P.R. 540, pero al no resolverlas en forma alguna, somos de opi-nión que la corte inferior incurrió en error de procedimiento al infringir los artículos 188 y 193 del Código de Enjuicia-miento Civil, supra.

Por las razones exptíestas, procede anular la sentencia dictada por la corte inferior el día 7 de febrero de 1941 en el caso núm. 32887, de Bernabé Sánchez Martínez v. Alicia Santana, sobre cobro de dinero, y devolverse dicho caso para la celebración de un nuevo juicio.