author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Moringlane & Lledó, demandante y apelante, v. Ricardo Skerret, demandado y apelado.
    No. 5541.

      Sometido: Junio 15, 1932.

    Resuelto: Abril 7, 1933.

      B. V. Pérez Marchand, abogado de la apelante; López de Tord & Zayas Pizarro, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Dos causas de acción se formularon en la demanda en-mendada que sirve de base a este pleito. Por la primera se reclamaron $1,610 por el uso de cierto ancón y por la se-gunda la devolución del ancón debidamente reparado, o la devolución y el pago de los gastos que su reparación oca-sione, con más diez dólares diarios basta la entrega en forma y las costas del litigio.

Contestó el demandado oponiéndose a las reclamaciones de la demandante y alegando que entró en posesión del an-cón por habérselo cedido el municipio de Ponce para la me-jor realización de cierta obra en que el municipio estaba in-teresado.

Fué el pleito a juicio. Practicóse • una larga prueba do-cumental y testifical y la corte finalmente lo decidió por sen-tencia favorable al demandado con imposición de costas al actor.

Para fundar su sentencia la corte de distrito emitió una larga opinión. En ella aprecia la evidencia practicada en el sentido de que no demuestra que existiera contrato alguno entre demandante y demandado. A su juicio era al muni-cipio a quien el arrendatario debió reclamar la propiedad arrendada al no serle entregada a su debido tiempo y no al demandado, y era el municipio el que podía reclamar contra su alcalde si es que éste había autorizado indebidamente el uso del ancón y contra el demandado si es que éste había de-vuelto el ancón deteriorado o inservible. Sostuvo la corte que tampoco puede derivarse de la evidencia aportada exis-tencia de cuasi contrato alguno entre demandante y deman-dado.

No conforme con la sentencia, apeló la demandante, se-ñalando en su aleg’ato la comisión de cinco errores, cometidos a su juicio por la corte, 1°., al no reconocer que la acción ejer-citada se basa en los artículos 1056 y 1788 del Códig’o Civil; 2°., al declarar que los ancones “Evaristo” y “Número 21” no se incluyeron en el contrato de arrendamiento del muni-cipio con Moringlane, declarando que el “Número 21” estaba excluido del contrato por previa cesión del alcalde al deman-dado; 3°., al declarar que el demandado no estaba obligado para con la demandante no obstante reconocer que los anco-nes le habían sido cedidos sin autoridad por el alcalde; 4°., al no reconocer que el demandado venía obligado a pagar a la demandante el uso del ancón y a devolvérselo en las mis-mas condiciones en que lo recibió, y 5°., al dictar sentencia declarando la demanda sin lugar con costas.

La cuestión fundamental a estudiar y a resolver es una: la de si la demandante demostró la existencia de un cuasi contrato del que puedan derivarse los derechos que reclama.

Lo primero que por ella se probó en el juicio fué que el Municipio de Ponce por escritura de 2 de enero, 1929, a vir-tud de su Ordenanza No. 69, serie 1928, y mediante subasta, arrendó a Ernesto M. Moringlane los 56 ancones, 3 remol-cadores, botes, yolas y demás enseres de su sérmelo de alijo, por término de año y medio y precio de veinte y cuatro mil dólares anuales. Los 56 ancones se describen uno a uno en la escritura y entre ellos se encuentran los dos a que este pleito se refiere.

Seguidamente demostró la existencia de la sociedad Mo-ringlane y Lledó constituida por escritura pública de 23 de enero de 1929, inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Sur — Ponce. Su cláusula cuarta dice: “La Sociedad no aporta capital alguno; pero el socio señor Moringlane y Mar-tínez lleva a ella todos los bienes tomados en arrendamiento al Municipio de Ponce, y el señor Lledó, su trabajo personal.”

Dec-laró entonces su socio Agustín Lledó, refiriéndose al demandado, en parte, como sigue: Nosotros no le fiemos arrendado ningún ancón, es decir-, nosotros dejamos de per-cibir, en la entrega de los ancones, un ancón: no se nos en-tregó el ancón No. 21. . . . Sí, señor. Estaba incluso en el arrendamiento de los cincuenta y seis ancones. . . . Ese an-cón fué cedido por el alcalde. Estaba en posesión de don Ricardo Skerret.lo tenía ocupado con un martinete: es-taba trabajando con él. . . . Yo escribí una carta dieiéndole que fiabíamos arrendado los ancones que poseía el Municipio, y que estaban incluidos esos ancones, y que ese ancón le cos-taría diez pesos diarios. Cada mensualidad vencida, le pa-saba un borderó. ... Y don Ricardo me mandaba a decir que pasaría por mi oficina. ... Ni pasó por la oficina, ni de-volvió el ancón. El ancón está en poder de él. Está en te-rrenos donde están fabricando el malecón. . . . don Ricardo Skerret lo usó como seis meses, y después lo arrinconó allí,... Nunca fué llevado al varadero de Moringlane & Lledó. Pagan dos mil dólares mensuales de arrendamiento, por la to-talidad de los ancones. Tienen otros gastos.

Skerret usó en su negocio el ancón por seis meses. Du-rante ese tiempo yo le estaba pasando estados mensuales: le pasé cuatro mensualidades — borderós, y me estaba entrete-niendo — estuvo entreteniéndome y aplazándome, y para aquí y para allá, y nunca llegué a verle la cara en mi oficina eii relación a este asunto. Yo recibí una contestación cuando me mandó una razón de que fiabía desocupado el ancón. Des-pués de fiaberlo usado como seis meses, me mandó razón de que fiabía desocupado el ancón, y yo fui a presenciar el an-cón, y el ancón estaba imposibilitado para trabajar; el an-cón no podía trabajar, porque estaba lleno de agua, lleno de arena, y en malas condiciones. Y fui a tierra y fiable con el encargado del señor Skerret — no sé quién es — -nada más ... No hablé nunca personalmente con el señor Skerret. No quise recibir el ancón. Él trataba de entregármelo, pero yo no quise recibirlo. . . . Estaba en malas condiciones, y hoy está peor. . . . Está inservible. . . . No costará menos de mil dollars la reconstrucción; reconstruirlo para dejarlo en las mismas condiciones en que fué entregado.

No he recibido excusa o bonificación alguna por el daño de no tener el ancón. ... Ni del señor Skerret, ni del mu-nicipio. A la pregunta: ¿Usted se ha dirigido al municipio diciéndole que dado que ese ancón está inservible y no le ha sido entregado, no debe aparecer en el tonelaje que le arren-daron, que le paga usted al municipio, y que deben rebajarle el impórte de ese ancón? Contestó finalmente: No me he dirigido, porque el arrendador fué un municipio, y el que está hoy en posesión es otro municipio. Reclama en virtud de que al señor Moringlane se le adjudicaron los ancones en diciem-bre, en la subasta pública que se celebró aquí en Ponce. . . . No hizo ningún contrato con Skerret. ... Yo he arrendado ancones en otras ocasiones de esas dimensiones, y he cobrado eso mismo. . . . No dió cuenta al municipio de que el señor Skerret tenía ese ancón en su poder, y no se lo entregaba. No ha hecho ninguna petición al Municipio de Ponce con mo-tivo de eso.

Las cartas a que se refirió el testigo en su declaración dicen:

“Playa de Ponce, P. R., 4 de enero de 1929. Sr. Ricardo Skerret, Ingeniero Director del Malecón de Ponce, Playa Ponce, P. R. — Señor: Tengo a bien informarle que desde esta feeba me be becbo cargo de toda la propiedad concerniente al servicio de alijos del Municipio de Ponce, por haberme sido adjudicada la subasta que se llevó a cabo para el arrendamiento de la mencionada propiedad. Y al comuni-carlo así a usted, be de informarle a la vez que desde esta fecha le cargaré en cuenta, el alquiler de los dos ancones que tiene usted al servicio a razón de $10 diarios por uno de ellos y de $5 por el otro, montante que debe ser pagadero quincenalmente. Sírvase pues tomar nota para los efectos y sepa que estoy a la orden de usted en todo cuanto pueda darle servicio. Atentamente, E. M. Moringlane, PP. Agustín Lledó.”
“7 de enero de 1929. Sr. E. M. Moringlane, Playa de Ponee. Señor: Acuso recibo de su carta de enero. 4 recibida en ■ estos mo-mentos en la que me informa Ud. que cargará en cuenta el alquiler de dos ancones que tengo a servicio a razón de $10 diarios por uno de ellos y $5 diarios por el otro. Sirve la presente para informar a usted, que desde luego no estoy conforme con esto y he dado orden para que le sea devuelto inmediatamente el ancón por el .cual trata usted de cobrar $5 diarios y el otro le será devuelto inmediatamente que sea desprovisto del equipo que en la actualidad tiene a bordo. Estos dos ancones fueron cedidos por el Alcalde de Ponee al que sus-cribe con el entendido que no serían usados para fines comerciales y sí para el replanteo de las obras y trabajos preliminares de las obras del Malecón. Esperaba que esto se le hiciera saber así al que su-, bastaba este servicio. No habiéndose hecho en la forma que se es-peraba, por quien corresponda, como queda dicho, he resuelto devol-verlos. Atentamente, R. Skerret.”
“Playa de Ponce, P. R., 6 de junio de 1929. Sr. Don Ricardo Skerret, Ingeniero Director del Malecón de Ponee, Playa de Ponee, P. R. Muy señor n/ y amigo: Nos vamos a permitir recordarle que ya se han vencido cinco meses que tiene usted ocupado uno de n/ ancones sin que nos haya satisfecho todavía nq,da por concepto de alquiler del mismo. Deseamos se sirva tomar nota de que hemos de-bitado a su cuenta la cantidad de $1,470 o sea 147 días partiendo desde el 4 de enero ppdo. hasta el 31 de mayo, y le estimaremos nos informe para qué fecha podremos enviar a recoger este montante. Con gra-cias anticipadas por la atención que ésta le merezca, nos es grato sus-cribirnos de Ud. ss. attos. amigos y Ss. Ss., Moringlane & Lledó.”
“12 de junio de 1929, Sres. Moringlane & Lledó, Playa de Ponee, Ponce, P. R. — Atención Señor Lledó: Muy Sres. nuestros y amigos: En contestación a su carta de junio 6, que trata sobre el asunto de un ancón utilizado en las obras del replanteo del malecón, me permito informarle que dicho ancón fué cedido gratuitamente por el anterior Alcalde, Señor Guillermo Vivas Valdivieso, al que suscribe para ser utilizado en las obras del replanteo del malecón, trabajo que gratuita-mente también llevó a cabo el contratista que suscribe para el Muni-cipio de Ponce. Al salir el anterior Alcalde, señor Guillermo Vivas Valdivieso, nada me notificó sobre el asunto que estuviera yo obligado a pagar arrendamiento por el antes mencionado ancón, es más, a mí no se me ha notificado oficialmente que este ancón haya sido arren-dado a persona alguna. Sin embargo, no es mi intención que por el uso de este ancón vaya a salir nadie perjudicado y teniendo esto en cuenta le sugeriría que se dirigiera usted a la Administración actual haciendo las alegaciones que creyera usted prudente hacer por el uso de dicho ancón. Sin ningún otro .particular de momento, quedo de usted, Atto. S. S. y amigo, R. Skerret.”

Nos testigos más declararon por la parte demandante, Juan Barnés e Isaac Nethan. El primero, tenedor de libros de la demandante, dijo que a la fecha del juicio, la deman-dante llevaba gastados además de los dos mil dólares men-suales del arrendamiento, $3,152.25 en primas de seguiros, $6,284.02 en reparaciones, $6,599.30 en sueldos y $2,208.42 en gastos generales. El segundo, empleado de la demandante y antes del municipio, dijo que cuando el ancón “No. 21” fue entregado al demandado estaba en buenas condiciones y cuando fué por él devuelto se encontraba inservible y nece-sitado de una gran reparación.

Por la parte demandada declararon Guillermo Vivas, Víctor E. Auffant y el propio demandado Skerret.

El primero fue alcalde de Ponce en los años 1927 y .1928. Como tal cedió el ancón “No. 21” por un acto de cortesía para con los señores que habían rematado las obras del puerto de Ponce. Le avisó el señor Auffant que había que hacer el replanteo para empezar la obra. El señor Marxuach, inge-niero del Departamento del Interior, intervino para marcar los puntos, y entonces yo facilité el ancón para que ellos hi-cieran ese trabajo. Yo no podía ceder el ancón del munici-pio, porque la ley no lo permitía. Fué una cortesía nada más. Al rematista. Como se trataba de una obra del municipio, yo quería cooperar a ella. Por el trabajo de replanteo du-rante el tiempo en que yo fui alcalde, no se pagó nada.

Auffant es ingeniero civil. Trabajó con Skerret. Cuan-do se empezó el replanteo de las obras, del puerto de Ponce, el ingeniero Marxuach, representante del Comisionado del Interior que tenía la inspección directa de las mismas, quiso que el replanteo se hiciera por mar y no desde tierra. Para ello solicitó del alcalde una embarcación porque se trataba de una obra de cooperación por la cual no recibía el contratista remuneración alguna, y el alcalde no tuvo inconveniente en cederla. No fué mediante pago. Explica el uso que se dió al ancón “No 21” cedido. No fué superior a su capacidad. El uso del ancón aceleraba la obra beneficiándose tanto el contratista como el municipio, pero el trabajo que se Mzo no sirvió de nada porque fué desechado. El contratista actuó porque lo exigió el ing’eniero inspector.

El demandado, ingeniero contratista, declaró que se usó del ancón porque el ingeniero encargado de la obra quería que se hiciera el replanteo por el mar, dirigiéndose por me-dio de Auffant al alcalde, y lo consiguió para usarlo >en el replanteo solamente, sin pagar nada.

El ancón no sufrió por el uso a que se destinara. No hubo que hacerle reparaciones. Cuando se devolvió estaba en el mismo estado en que se entregó. Fué usado sólo en el trabajo del replanteo. Se entiende por replanteo tirar las líneas: para hacer las excavaciones, si fuera un edificio, o la hinca de pilotes, si fuera un puente o un malecón; esas líneas se pueden tirar desde tierra, de acuerdo con las estaciones que llamamos, en las cuales coloca el ingeniero sus instru-mentos. . . . Ese replanteo debía hacerlo la persona que tomó los datos para redactar el proyecto, y sobre el terreno debía haber dejado los puntos que debían seguirse después para la ejecución de la obra. Los ingenieros del .Departa-mento del Interior son los encargados de eso. A mí no me benefició; al ingeniero del Departamento del Interior. Yo lo que tuve fué gasto con eso, porque el trabajo de tierra me cuesta mil, y el trabajo en esa forma me cuesta tres mil.

Tal es el caso. La cuestión a resolver envuelta en el mismo no es fácil en verdad. En su estudio a veces nos ha parecido que asiste la razón a la demandante, pero al tratar de basar nuestra conclusión, no hemos podido establecer por completo el nexo jurídico por virtud del cual se encuentre obligado para con ella el demandado en el sentido en que la reclamación se interpone.

Nuestro Código Civil reconoce expresamente como fuente de obligaciones no sólo la ley y los contratos si que también los cuasi contratos, que define como “los hechos lícitos y pu-ramente voluntarios, de los que resulta obligado su autor para con un tercero y a veces una obligación recíproca entre los interesados”. Artículos 1042 y 1787 del Código Civil, Ed. 1930. Begula solamente dos, la gestión de negocios ajenos y el cobro de lo indebido, pero estamos conformes con la ape-lante en que el]o no quiere decir que sean esos dos los únicos cuasi contratos de que puedan derivarse obligaciones exigí-bles ante los tribunales de justicia. De suerte que aunque no se tratara como no se trata en este caso de gestión de ne-gocios ajenos o cobro de lo indebido, si de los hechos lícitos y voluntarios que sin previa convención realizaron las par-tes pudiera derivarse alguna responsabilidad del demandado para con la demandante exigible ante los tribunales, éstos vendrían obligados a reconocerla con todas sus consecuencias. Esto es sencillo. Lo difícil, repetimos, es decidir si surge o no de los hechos de este caso un cuasi contrato perfecto entre demandante y demandado.

A virtud del arrendamiento de que se ha hecho mérito, la demandante tenía derecho a que el municipio le entregara los ancones que le había arrendado. Dos estaban en posesión del demandado. La demandante decidió dirigirse directamente al demandado en vez de al municipio. Conocemos su carta de enero 4, 1929, y la contestación que le diera el demandado en la suya de enero 7.

Si el demandado' hubiera contestado el 7 de enero en la forma en que lo hizo el 12 de junio siguiente, no habría cues-tión, pero se avino a entenderse con la demandante y esa avenencia es la que parece iniciar la relación jurídica en que funda su reclamación la demandante.

Sin embargo,, aún siendo,- así, encontramos que en su pri-mera contestación el demandado de modo terminante se negó a pagar canon alguno de arrendamiento y alegó hallarse en posesión de los ancones del municipio por habérselos éste ce-dido eon anterioridad al arrendamiento, prometiendo única-mente devolverlos, nno de ellos en seguida y el otro en cnanto retirara de él el equipo que en él tenía colocado.

Cumplió con la devolución inmediata prometida. No con la condicionada. ¿ Cuál era el derecho de la demandante ante la falta de cumplimiento del demandado dentro de un tiempo razonable? A nuestro juicio debió continuar reclamando la devolución y si no la obtenía poner el hecho en conocimiento del arrendador que era con quien había celebrado el contrato fuente clara de derechos y obligaciones, a los fines consi-guientes. No lo hizo. Prefirió dejar el caso en lo incierto. T a nuestro juicio no tiene ahora un derecho claro y perfecto en que basar su reclamación directa contra el demandado, es-pecialmente cuando no surge diáfano de los autos que la ac-tuación del demandado le haya ocasionado algún perjuicio real y efectivo de que no pueda resarcirse entendiéndose con su arrendador.

Siendo ésas las circunstancias del caso, 'procede la confir-mación de la sentencia apelada, excepción hecha de su pro-nunciamiento de costas.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor del Tobo,

license: Public Domain

text:
    Carmen Sacarello, demandante y apelada, v. Ricardo Rubio, demandado y apelante.
    No. 6129.

    Sometido: Enero 12, 1933.

      Resuelto: Abril 18, 1933.

      González Bagundo & González Jr., abogados del apelante; B. H. Blondet, abogado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Versa este pleito sobre alimentos. Carmen Sacarello, ale-gando baber obtenido sentencia firme de divorcio y haber hecho gestiones cerca del que fné sn esposo, Ricardo Rubio, para que la proveyera de los medios necesarios para subsis-tir, sin resultado, y alegando además que Rubio contaba con medios de fortuna que le producían rentas líquidas por suma no menor de cuatrocientos dólares mensuales, pidió a la corte que dictara sentencia condenándolo a pasarle una pensión alimenticia de ciento cincuenta dólares cada mes.

Excepcionó el demandado la demanda y declaradas sin lugar las excepciones la contestó insistiendo en ellas y ne-gando que la demandante hubiera gestionado cerca de él la prestación de alimentos y que tuviera una renta de cuatro-cientos dólares mensuales. Afirmó que la renta que por con-cepto de toda su herencia materna recibía ascendía a $264.66 mensuales. Como defensas especiales reprodujo lo afirmado en cuanto a la renta que percibía y alegó que existían ac-tualmente pendientes varias acciones civiles contra él ante las Cortes de Distrito de Humacao y San Juan; que no ejercía profesión ni oficio lucrativo alguno y que la demandante era una mujer joven, fuerte y hábil para el trabajo, habiendo trabajado en distintas ocasiones como dependiente de comer-cio en San Juan.

Trabada de tal modo la contienda, la demandante pidió a la corte que incluyera el pleito en uñ calendario especial que había de leerse el 29 de enero, 1932. Así se hizo acordán-dose seguir el caso por los trámites del juicio de desahucio, celebrándose la primera comparecencia con asistencia de am-bas partes y señalándose la segunda para el 2 do febrero siguiente.

El demandado, por medio de nuevos abogados, pidió la suspensión de la vista señalada para febrero 2, mostrándose conforme con su petición la demandante. Hecho el nuevo se-ñalamiento, el demandado, el 17 de febrero, 1932, presentó una moción que en lo pertinente dice:

“Que en este caso se, presentó la demanda por el procedimiento ordinario señalado por el Código de Enjuiciamiento Civil, y a pesar de eso se señaló una primera comparecencia para el día 29 de enero en la cual comparecieron las partes y ofrecieron prueba.
“Que ahora se ha señalado este caso para el 19 del corriente, sin haber sido incluido en ei Calendario y sin cumplir las reglas vigentes en cuanto a esta materia.
“Que los alimentos en este caso se reclaman al amparo del artículo 109 del Código Civil (1930) y por lo tanto ésta es una cuestión que debe ventilarse dentro del pleito de divorcio, ya que de acuerdo con los artículos 142 y siguientes del Código Civ'il la demandante no ten-dría derecho a alimentos.
“Que por las consideraciones anteriormente expuestas esta Corte no tiene jurisdicción para oír y resolver este caso y menos en la forma en que se han llevado estos procedimientos.”

A esa moción se opuso la demandante como sigue:

“Que es cierto que en este caso se presentó la demanda por el pro-cedimiento ordinario señalado por el Código de Enjuiciamiento Civil, pero que por convenio del abogado de la demandante con los aboga-dos entonces del demandado, se señaló una primera comparecencia para la cuestión de la prueba y se señaló fecha para la segunda com-parecencia.
“Que dicha segunda comparecencia se dejó sin efecto por acuerdo de los abogados actuales del demandado y de la demandante.
“Que los abogados del demandado se sometieron al procedimiento sumario para resolver este caso, asistiendo a la primera comparecen-cia, ofrecieron prueba con el demandado también conjuntamente y de acuerdo con la demandante y no hicieron ninguna objeción legal en dicho momento, que era el momento oportuno, a que se les siguiera el procedimiento sumario.
“Que esta acción ha sido iniciada, tomando como base los precep-tos del Código Civil establecidos en los artículos 177, 212 E. y si-guiantes y la jurisprudencia de los casos Morales v. Rivera, 8 D.P.R. 466, Puigdollers vs. Monroig, 14 D.P.R. 782 y Capifali vs. Lloveras, 33 D.P.R. 804.”

La moción fue declarada sin lugar y el pleito resuelto fi-nalmente en contra del demandado por sentencia que lo con-denó a pagar a la demandante una pensión alimenticia men-sual de setenta y cinco dólares. Y es contra esa sentencia que se interpuso por el demandado el presente recurso de apelación, señalándose la comisión de cinco errores que es-tudiaremos y resolveremos conjuntamente. La principal ob-jeción que se hace es al procedimiento seguido. Se insiste en que debió haberse presentado una moción dentro del pleito de divorcio y no iniciarse una acción independiente.

Conocemos lo ocurrido. Se archivó una demanda y el demandado la excepcionó y contestó, sometiéndose a'la ju-risdicción de la corte. Se inició el pleito por la vía ordina-ria, pero antes del juicio se le llevó a los trámites del desa-hucio, señalándose la primera comparecencia a la que concu-rrieron las partes y formularon su prueba. .

A nuestro juicio no existió error. Lo que las partes y la corte hicieron fué ajustar la tramitación del asunto a lo que prescribe el Título VII, Capítulo único, Alimentos Provisio-nales, Artículo 84 de la Ley de Procedimientos Legales Es-peciales de 1905, a saber: “Toda reclamación sobre alimen-tos provisionales se tramitará en la forma prescrita para el juicio de desahucio.”

La circunstancia de que el título del pleito fuera el de “Alimentos Permanentes”, no era un obstáculo. El título no cambia la naturaleza de la cosa. Y la naturaleza de los alimentos es siempre provisional o transitoria, mientras sub-siste la situación que lleva a la corte a concederlos.

Parece que la parte apelante estima que en un caso como éste a no ser que la cuestión se suscite por moción dentro del pleito mismo de divorcio, la corte perdería su jurisdicción para alterar luego la sentencia que dictara, si lo exigieran las circunstancias que concurran. Basta lo dicho an-teriormente para resolver qne no es así. Bien se decida el caso por moción, ya siguiendo el trámite' del juicio de desa-hucio o el del procedimiento ordinario, la corte conserva su facultad para juzgar de nuevo el asunto a virtud de la nueva situación que puedan crear las circunstancias que surjan en el futuro.

Desde 1908 resolvió esta Corte Suprema en el caso de Puigdollers v. Monroig, 14 D.P.R. 782, copiando del resumen,-lo que sigue:

“La acción de alimentos provisionales debe regirse en su prin-cipio y presentación de pruebas por las reglas establecidas para la acción de desahucio, según lo dispone el artículo 84 de la Ley de Pro-cedimientos Especiales, de marzo 9 de 1905.
“La corte de distrito que asigna una pensión alimenticia tiene jurisdicción para revocarla o modificarla, cuando de acuerdo con el artículo 177 del Código Civil las circunstancias lo justifiquen, y esto puede pedirse por medio de una moción en el pleito principal, sin que' sea necesario entablar una demanda para ese objeto.
“La asignación de alimentos provisionales no produce nunca ex-cepción de ‘cosa juzgada' sino que la parte vencida en juicio puede siempre abrir de nuevo el caso.”

Diez años después el marido suscitó de nuevo la .cuestión en la corte de distrito y fué oído 'y se juzgó su caso de acuerdo con las circunstancias entonces concurrentes. No conforme apeló para ante esta Corte Suprema, que decidió el recurso,:' como sigue. Copiamos del resumen.

“Habiéndose solicitado por el demandado que se revocara la pen-' sión alimenticia a que fué obligado, por haber llegado a hacerse innece-saria, previo el estudio de la prueba aportada, se resolvió: que la suma señalada de $50 para alimentos a la demandante, no guarda pro-porción con los recursos del demandado y las necesidades de la que-fué su esposa, y, por tanto, que lejos de reducirse o dejarse sin efecto la pensión debe aumentarse hasta cubrir la suma de $75, la cual no excede de la tercera parte de la renta de los bienes del demandado.’'’ Puigdollers v. Monroig, 26 D.P.R. 310.

No es ya la jurisprudencia, es la propia ley la que ex-presamente determina la revocabilidad de la pensión alienen--ticia en estos casos. Párrafo segundo del artículo 109 del Código Civil, Ed. 3930.

Resuelta la cuestión de procedimiento, estudiemos la de fondo. La corte sentenciadora se basó para declarar con lugar la reclamación de la mujer divorciada en este caso en las alegaciones en las pruebas y en la ley.

La ley que regula la materia es terminante. Basta refe-rirse a ella sin comentario alguno. Está contenida en el ci-tado artículo 109 del Código Civil, Ed. 1930. Lee como sigue:

“Si la mujer que ha obtenido el divorcio no cuenta con suficientes medios para v'ivir, la corte de distrito puede asignarle alimentos dis-crecionales de los bienes que sean de la propiedad del marido sin que pueda, exceder la pensión alimenticia de la tercera parte de la renta de aquéllos.”
“La pensión alimenticia será revocada si llegase a hacerse inne-cesaria, o cuando la mujer divorciada contrajese segundo matrimo-nio.”

Hemos examinado la evidencia y demuestra claramente a nuestro juicio que la mujer no cuenta en este caso con su-ficientes medios para vivir y que el marido tiene bienes de fortuna, entre ellos tierras arrendadas que le producen una renta líquida de $264.76 mensuales, no excediendo, por tanto, la pensión alimenticia de $75 mensuales fijada por la corte de la tercera parte de la renta por ese solo concepto perci-bida.

Para ser más exactos parece conveniente agregar que el demandado asistió a la segunda comparecencia pero se abs-tuvo de practicar evidencia sosteniendo que la corte no tenía jurisdicción. Sus propias palabras al comenzar a introducir la demandante su evidencia presentando copia certificada de la sentencia de divorcio, fueron:

“Sr. González Fagundo: Serum Juez: Nosotros consecuentes con la cuestión que hemos levantado a la corte nos oponemos a la admisión de esa prueba porque entendemos que esta Corte no tiene jurisdic-ción para conocer de este pleito porque cualquier cuestión que surja después de la sentencia de divorcio, debe ventilarse dentro del pleito de divorcio.”

Ya hemos resuelto que la corte actuó con plena jurisdic-ción, y con el consentimiento expreso del demandado por sus primeros abogados que asistieron a la primera comparecen-cia y se avinieron a que el pleito se juzgara por los trámites del juicio de desahucio, agregaremos ahora. Además, aun-que en la segunda comparecencia el demandado por medio de sus nuevos ahogados adoptó la actitud que hemos indicado, que repitió cada vez que se introducía un documento o se presentaba un testigo, es lo cierto que intervino en el juicio varias veces. Citaremos una, copiando de la transcripción de evidencia:

“¿Dónde se encuentra su esposo en la actualidad? — En Colombia. —¿No está en Puerto Rico, — No, señor. — ¿Está en viaje de negocios? —Paseando.—Demandado: Eso es inmaterial. Pido la eliminación.— Juez: Se elimina.”

Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sen-tencia apelada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ricardo Rubio, acusado y apelante.
    No. 4784.

    Sometido: Noviembre 7, 1932.

      Resuelto: Abril 19, 1933.

      González Fagundo & González Jr., abogados del apelante; B. A. Gó-mez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El Fiscal de esta Corte Suprema solicitó la desestimación del recurso de apelación interpuesto en este casó por no ha-berse notificado el escrito estableciéndolo al Fiscal de la Corte de Distrito de Sari Juan en que se celebró el juicio y se dictó sentencia, y oídas ambas partes se accedió a lo solicitado.

No conforme el acusado apelante pidió la reconsideración y otra vez fueron oídas ambas partes por escrito y oralmente.

Todo lo que consta de los autos con respecto a la notificación de la apelación es lo que sigue:

“BsCRito de ApelaCión. — El Pueblo de Puerto Rico vs. Ricardo Rubio. — Crimina] No. 7339. — Abandono de Menores. — A Maroelino Riomaní, Fiscal de la Corte de Distrito de San Juan, y a Eduardo López Tizol, Secretario de la Corte de Distrito de San Juan, P. R.
“Atentamente notifico a. ustedes que el acusado no está conforme con la sentencia dictada en este caso con fecha 2 de febrero corriente apelando de dicha sentencia para, ante la Corte. Suprema de. Puerto Rico.
“Humaeao para San Juan, P. R„ a 6 de febrero de 1932. — (fdo.) R. García Cintrón.— (fdo.) Francisco González Fagunclo. — Abogados del acusado.
“Yo, Víctor Hernández Peña, debidamente juramentado declaro: Que soy mayor de edad, empleado y Vecino de Humaeao y que no soy parte ni tengo interés en este, asunto: Que entre San Juan y Hu-macao, P. R. existe un servicio regular de correos con comunicación diaria: Que en el día de hoy he depositado en la oficina de correos de esta ciudad un sobre, conteniendo copia fiel y exacta, de la moción que precede; cuyo sobre iba dirigido al Hon. Marcelino Romaní, Fiscal de la Corte de Distrito de San Juan, P. R., a su residencia en San Juan: Que el franqueo correspondiente a dicho sobre fué debida-mente satisfecho. Humaeao, P. R., febrero 6, 1932. (fdo.) Víctor Hernández Peña.
“Affif. No. 890. — Jurado y firmado ante mí por Víctor Hernández Peña, mayor de edad, casado, empleado y vecino de Humaeao, a quien conozco personalmente. Humaeao, P. R., a 6 de febrero de 1932. (Fdo.) Luis Pereyó, Notario. — Hay un sello de Rentas Internas por $0.25, cancelado.”

El Fiscal sostiene qne no es bastante. El acusado que lo es.

Con respecto a la necesidad de notificar al Fiscal debida-mente el escrito de apelación para que esta corte pueda co-nocer del recurso, no hay cuestión. Se ha decidido repetidas veces por esta misma Corte Suprema que si la notificación no se hace, no adquiere jurisdicción la corte y el recurso debe' ser desestimado sin oírse.

La cuestión a decidir es la de si en los casos criminales, puede, como en los civiles, recurrirse al correo para hacer la notificación.

Para los casos civiles la ley expresamente dispone que “la diligencia de una notificación o entrega de documentos deberá hacerse personalmente, a la parte o a su abogado, según pro-ceda, o podrá diligenciarse como sigue: ” Se expresan enton-ces los medios, uno de los cuales es el correo. Artículo 320 de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil. Los artículos 321 y 322 continúan tratando sobre la remisión por correo. Los tres preceptos equivalen a las secciones 1011, 1012 y 1013 del Código de Enjuiciamiento Civil de California.

Si se tratara, pues, de un caso civil, .habría que resolver la cuestión en favor del apelante, pero se trata de- un caso penal y el fiscal insiste en que se rige exclusivamente por las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Criminal que sólo autorizan dos formas de notificación, la personal y cuando ella no es posible la de publicación en los periódicos autori-zada por 'el juez.

Todo lo que en efecto dispone el Código de Enjuiciamiento Criminal sobre la materia está contenido en los artículos 350 y 351, equivalentes a las secciones 1240 y 1241 del Código Penal de California. Copiados a la letra dicen:

“Artículo 350. Se establece una apelación, presentando al secre-tario del tribunal en que estuviere archivada la sentencia o providencia apelada, el escrito de apelación, con entrega de las copias correspon-dientes al abogado de la parte contraria. '
“Artículo 351. Si no se pudiere hacer notificación personal de la apelación, el juez del tribunal- en que se haya sustanciado la causa, una vez convencido de esa imposibilidad, podrá dictar órdenes para que se publique dicha notificación en los periódicos por un plazo que no exceda de treinta días, equivaliendo dicha publicación a una noti-ficación personal.”

En el original inglés de nuestra ley se usa el verbo “to serve”, traducido al español correctamente por “entregar” que lleva implícita la idea de que la entrega lo sea a la persona. Eso en cuanto al artículo 350 examinado aisladamente, que en cuanto al 351 la palabra personal se usa expresamente en ambos textos, especificándose que si no pudiere hacerse personalmente, podrá el juez del tribunal en que se sustancia la causa, una vez convencido de la imposibilidad, dictar ór-denes para que se publique dicha notificación.

La parte apelante admite las anteriores conclusiones, pero parece sostener que las disposiciones del Código de Enjuicia-miento Civil son supletorias a las del Código de Enjuicia-miento Criminal y que en todo caso una notificación por co-rreo es una notificación personal.

Para sostener la primera proposición se limita a citar las siguientes palabras de Kerr’s Cyclopedic Codes of California que aparecen al pie de la sección 1241 del Código Penal de California: “Con respecto al servicio de la notificación en general, véase Kerr’s Cyc. Code Civ. Proc. párrafos 1010,1013 y notas.” 4 Kerr’s 1183. Es bien poco, en verdad.

Y para sostener la segunda se refiere al mismo autor 3 Kerr’s 1524, nota 17 al pie de la sección 1011 del Código de Enjuiciamiento Civil de California que dice:

“Notificación personal. — ‘La entrega’ que constituye notificación personal no necesita ser hecha por la persona que trata de hacer la notificación, sino que puede ser efectuada por conUucto de un ama-nuense o mensajero, o de cualquier agente que pueda realizar la en-trega, y cuando la notificación es entregada en esa forma se convierte en una notificación personal. El hecho de que la persona que va a ser notificada resida o tenga su oficina en lugar distinto al de la persona que hace la notificación no exige que la notificación sea hecha por correo ni excluye una notificación personal, y la persona que trata de efectuar la notificación puede valerse de un agente como la Wells Fargo & Co., o del correo, tan válidamente' como si hubiese empleado cualquier mensajero. La notificación becha por conducto de tal agente se convierte en personal, y prueba de la entrega en esa forma establece una notificación personal. — Heinlen v. Heilbron, 94 Cal. 636, 640, 30 Pac. Rep. 8.” 3 Kerr’s Cyclopedic Codes of California, Primera parte, 1524.

Si al suscitarse por el fiscal la cuestión, el apelante no se hubiera limitado a descansar en el récord sino que hubiera presentado prueba demostrativa de que el pliego enviado con-teniendo la notificación fue en efecto entregado, recibido y abierto por el fiscal del distrito dentro del término de ley quedando así enterado personalmente de la interposición del recurso, podría sostenerse que la notificación por correo ha-bía llegado a ser una personal, sin necesidad de la ayuda de ningún precepto estatutario específico. El apelante no debió descansar únicamente en la notificación por correo como si se tratara de un caso civil. En lo civil la ley autoriza ex-presamente ese medio y basta con la prueba de que se de-positó el pliego en el correo para que la entrega del mismo a la persona a quien va dirigido quede demostrada. No así en lo criminal en que no existe la autorización.

En el mismo caso citado por Kerr’s, Heinlen v. Heilbron, 94 Cal. 636, la opinión de la corte continúa así:

‘‘La notificación por correo provista por el artículo 1012 no tiene por miras la entrega como parte de la notificación, conforme se ve por las disposiciones del artículo 1013 al efecto de que ‘la notificación queda consumada al tiempo de depositarse’ en la oficina postal. Tal notificación es conocida con el nombre de notificación sustituta y el objeto es que ella sustituya y equivalga como cuestión de derecho y en sus efectos a una notificación personal. Sin embargo, como es re-gla general de que todos los procedimientos legales sean notificados personalmente y de que una notificación sustituta pueda hacerse tan sólo en los casos y en la forma dispuestos por el estatuto,' se desprende que incumbe a aquéllos que tratan de aprovecharse de esta clase de no-tificación hacer que aparezca claramente de los autos que el caso es uno en que tal notificación está permitida, y que la forma provista por el estatuto para la notificación ba sido seguida estrictamente.” Heinlen v. Heilbron, 94 Cal. Rep. 640.

No debe olvidarse que nos encontramos frente a un re-curso puramente estatutario y que por lo tanto es necesario el cumplimiento estricto de la ley para ejercitarlo. Citando el caso de City of Portland v. Nottingham, 58 Oregon 1, esta corte dijo en el de El Pueblo v. Dones, 18 D.P.R. 277, 279, “Una apelación no es una materia de derecho, sino un pri-vilegio estatutario, y aquél que ejercita el privilegio tiene el deber de hacerlo en la forma especificada por la ley.”

Ni las partes han citado ni hemos podido encontrar nos-otros casos que resuelvan la exacta cuestión aquí envuelta, pero nos parece oportuno transcribir a manera de ilustración lo dicho por la Corte Suprema de California en el caso de People v. Brown, 148 Cal. 743. Lo tomamos del alegato del fiscal. Es así:

“El acusado fue llevado a juicio y convicto de un delito de ase-sinato en primer grado y se le impuso la pena de muerte. Él apela de dicha sentencia y de una orden negando una moción de nuev'o juicio.
“El artículo 1240 del Código Penal provee que en un caso criminal se establece apelación radicando con el secretario de la corte en la cual se ha dictado la sentencia o la orden de que se ha apelado, un escrito de apelación de dicha sentencia u orden y entregando perso-nalmente una copia del mismo al abogado de la otra q>arte. En el caso de People v. Colón, 119 Cal. 668, se resolvió que el procedimiento especificado en la sección 1240 debe seguirse para que se pueda conferir jurisdicción a la corte toara oír y determinar la apelación. El caso de Colón cita y copia el caso de People v. Bell, 70 Cal. 35, donde se dijo: ‘El récord aquí no demuestra que la notificación de la apelación se haya entregado personalmente a nadie. La ley requiere que la misma sea entregada personalmente a los abogados de la otra parte (Cód. Penal, artículo 1240), y el récord debe demostrar eso. (People v. Phillips, 45 Cal. 44; People v. Clark, 49 Cal. 455). No siendo así el caso, la apelación no puede considerarse.’ Toda v'ez que de la omisión y del error cometido se llamó la atención al apelante por el alegato de la otra parte y no se ha hecho esfuerzo alguno para corregir tal omisión o error o demostrar que el servicio personal de la notificación fué he-cho, debemos llegar a la conclusión de que no existió tal servicio personal y que la corte nunca tuvo jurisdicción para conocer de la ape-lación. ’ ’

Parece conveniente agregar qne aunque no era ello nece-sario, para penetrarnos mejor de la justicia del caso, hemos examinado la transcripción y, a primera vista, creemos que de entrar en el fondo del asunto, la sentencia apelada debe-ría confirmarse.

Dos son las cuestiones que suscita el apelante en su alegato, la insuficiencia de la denuncia y la falta de prueba para sostener, la sentencia.

La sentencia se dictó en los siguientes términos:

“. . . .la Corte declara a Ricardo Rubio culpable de Abandono de Menores y le impone la pena de sufrir 90 días de cárcel con traba-jos forzados, dejándose en suspenso dicha sentencia de acuerdo con los preceptos en la Ley 35 de 1931, siempre que dicho acusado depo-site en la Secretaría de la Corte en los tres primeros días de cada mes, empezando desde este mes de febrero de 1932, la suma de $50.00 para ser dedicada a la alimentación de su hijo menor, pero si en cual-quier mes dejare de cumplir esta condición, entonces la sentencia de cárcel de 90 días, entrará en toda su fuerza y vigor, y deberá ser re-ducido a prisión el acusado.”

La denuncia, en lo pertinente, dice:

“Que desde el 13 de noviembre de 1931, y en la calle San José 28 de San Juan. P. R., del Distrito Judicial Municipal de San Juan. P. R., que a la vez forma parte del Distrito Judicial del mismo nom-bre el referido acusado Ricardo Rubio allí y entonces ilegal, volunta-ria, maliciosa y criminalmente y sin excusa legal que lo justifique tiene en completo estado de abandono a su hijo legítimo Ricardo Rubio Sacarello, de un año tres meses de edad, sin que lo provea de alimentos, vestuarios, medicinas y de todo aquello indispensable para la subsistencia del mismo.”

TC1 preceptp penal infringido es como sigue:

“Artículo 263. — Todo padre o madre de un hijo legítimo, legiti-mado, natural o ilegítimo reconocido y adoptivo que voluntariamente y sin excusa legal, dejare de cumplir cualesquiera de las obligaciones que la ley le impone, de proveerle del indispensable alimento, vestua-rio o asistencia médica, incurrirá en misdemeanor; ...”

Y de la declaración de Carmen Sacarello, nna de los tes-tigos qne presentó el fiscal, a la qne dió entero crédito la corte, surgen los siguientes hechos:

“P. — -¿Quién era su esposo?- — R. Ricardo Rubio. — ¿Dónde está él. — R. Aquel joven que está allí. — P. ¿El acusado? — R. Sí señor. —P. ¿Cuándo se casó usted con él? — R. El 23 de octubre de 1928. —P. ¿En su matrimonio tuvo usted algún hijo con el acusado?— R. Un niño. — P. ,¿Cómo se llama? — R. Ricardo Rubio.- — P. ¿Qué edad tiene? — R. Un año, cuatro meses . . . — P. Explíquele al señor Juez lo que usted sepa en este caso. — R. Que desde el 13 de noviembre él no me pasa a mí, a su hijo mejor dicho, y que le he requerido de todas maneras para que él me le dé bondadosamente y él nunca ha querido. Yo he tenido a mi hijo enfermo, y le he llamado para que le dé medicinas y él me ha dicho que no tiene que dar nada para su hijo. Yo lo he llamado a él de todas maneras diciéndole que su hijo estaba enfermo y me contesta que no tiene que dar nada. El día de Reyes lo llamé para ver si le ponía algo a su hijo y me dijo que no tenía que darle nada ... Yo le he dicho: ‘Mira, Ricardo, yo debo leche de mi hijo, me la han quitado.’ Y él me contestó que no tiene que darle nada. Además de la leche, que yo le mandé a mi hijo con los zapatitos rotos para que él le comprara unos zapatitos, y me dijo que sí que se los iba a traer, hasta la fecha. — P. ¿ Cuánto tiempo hace que no le da alimentos a su hijo? — R. Desde el 13 de noviembre.— P. ¿De qué año? — R. Del 1931.- — P. ¿Y vestido, cuánto tiempo hace que no le da al niño? — R. El mismo tiempo. — P. ¿Y medicinas? — R. Todo desde el 13 de noviembre. — P. ¿Dónde vive usted con su niño? —R. En San José 26. — P. ¿Aquí en San Juan? — R. Sí, señor. — P ¿Durante todo ese tiempo? — R. Sí, señor. — P. ¿Usted sabe en qué se ocupa el acusado ?• — R. El vive de rentas. — P. ¿ Qué rentas tiene ? • — R. Como cuatrocientos pesos mensuales. — P. ¿De dónde vienen esas rentas, si usted lo sabe? — R. De una finca que él tiene, una que se llama Finca Muías y otra Mambiche, y otras cuantas por ahí. — P. ¿ Cómo sabe usted que él tiene í’entas ? — R. • Porque cuando yo vivía con él, las tenía. — P. ¿ El ha vendido eso ? — R. Que yo sepa, no. La finca Las Muías está arrendada a la Central Pasto Viejo. — P. ¿ Cuánto paga de arrendamiento ? — R. Algunos nueve mil pesos para los tres . . . — La Corte: P. ¿ El hecho cierto es que el día 13 de noviem-bre el niño no recibió alimentos del padre? — R. Ninguno; solamente que al que pasa por allí por casa mi madre le dice que mi hijo llora de hambre y ella le pide pesetas para comprarle leche. — P. ¿ De modo que el niño llora de hambre? — R. Sí, señor.”

Las contenciones del apelante de qne existía pendiente una acción civil en reclamación de alimentos y de que por el he-cho del divorcio habiendo perdido el padre la custodia y pa-tria potestad del hijo no viene obligado a alimentarlo sino cuando se demuestre que la madre es insolvente, carecen de mérito.

Por virtud de todo lo expuesto, debe declararse no haber lugar a la reconsideración solicitada.

Los Jueces Asociados Señores Hutchison y Córdova Dá-vila están conformes con el resultado.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Enrique López Delgado, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    No. 885.

    Sometido: Febrero 10, 1933.

      Resuelto: Abril 19, 1933.

      R. del Toro Soler, abogado del recurrente; el Registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Este recurso ha sido interpuesto por haberse negado el Registrador de la Propiedad de San Germán a cancelar una inscripción de servidumbre que aparece en sus libros. .

Siendo dueño Julio P.. Castro Gravenhorst de una finca de cuarenta cuerdas de terreno segregó de ella y vendió en el año 1893 a Zenón Montalvo Avilés una parcela de trece cuerdas. Al ser inscrita esa escritura de venta en el regis-tro a favor de Montalvo, se hizo constar lo siguiente:

“Habiéndose convenido que el Sr. Castro podrá seguir utilizando y sirviéndose del camino que da paso por dentro del mismo terreno que se vende al Sr. Montalvo, quien consiente y reconoce ese derecho o servidumbre al vendedor. En su virtud don Zenón Montalvo y Avi-lés inscribe su título de compra con la servidumbre de paso mencio-nada.”

Montalvo agrupó después esa parcela a otra finca de mayor cabida de su propiedad y en 1924 segregó dichas trece cuerdas y las vendió a Enrique López Delgado, a cuyo nom-bre constan inscritas en el registro. En noviembre de 1932 López Delgado solicitó por escrito del registrador que can-celase la mencionada servidumbre de paso fundándose en que, según los documentos que le presentaba, Julio P. Castro Gravenhorst había renunciado a ella y en que dicho señor había fallecido. Esos documentos son, uno privado firmado por Julio P. Castro ante notario en el que renunció expre-samente a esa servidumbre; y el otro es una certificación del Registro Civil de Mayagüez creditiva de haber fallecido dicho Sr. Castro. El registrador se negó a cancelar la servi-dumbre.

Los motivos de la negativa constan en una extensa nota que puede resumirse así: porque tratándose de una servi-dumbre constituida en 1893 el derecho adquirido e inscrito hay que resolverlo de acuerdo con el Código Civil entonces vigente: porque se trata de una servidumbre real y no personal según el título de su constitución: porque dicha servi-dumbre seda quiere considerar como personal a pesar de que en el Código Civil entonces vigente no existían servidumbres de esa clase: porque habiéndose constituido la servidumbre en escritura pública su renuncia debe hacerse constar tam-bién en escritura pública: porque el documento privado en que consta la renuncia no es admisible para los efectos del registro, según el artículo 2, inciso segundo, y el artículo 3 dé la Ley Hipotecaria. Cita la sentencia del Tribunal Supremo de España de 4 de julio de 1899 en materia de ser-vidumbres, pero no tiene relación con el caso presente.

La diferencia fundamental en este caso entre el registra-dor y el recurrente es que el primero sostiene que la servi-dumbre que está inscrita en el registro es real mientras que para el segundo es personal.

El Código vigente cuando la servidumbre objeto de este recurso fué constituida, disponía lo siguiente:

“Art. 530. — La servidumbre es un gravamen impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente a distinto dueño.
“El inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre se llama predio dominante; el que la sufre, predio sirviente.
“Art. 531. — También pueden establecerse servidumbres en prove-cho de una o más personas, o de una comunidad, a quienes no perte-nezca la finca gravada.” i

Aunque se ha escrito mucho por los comentaristas del Código Civil español, del que procedía el código que aquí re-gía en 1893, con muy escasas modificaciones, y también por los de códigos similares al español de otras naciones sobre si existen servidumbres personales y si las así llamadas son meros derechos o gravámenes sobre la finca de otra persona como ocurre con la hipoteca y si los derechos de usufructo, uso y habitación son o no servidumbres personales, entende-mos que habiendo declarado el artículo 531 citado que pue-den establecerse servidumbres en provecho de una o más per-sonas o de una comunidad a quienes no pertenezca la finca gravada, hay que llegar forzosamente a la conclusión de que cuando fué constituida la servidumbre en el presente caso podía el comprador Montalvo constituir servidumbre personal de paso a favor del vendedor Castro. Sentado lo que precede se hace. necesario examinar lo que consta en el re-gistro para concluir si se trata de nna servidumbre real pre-dial o si es personal.

La constancia que de ella aparece del registro no demuestra una servidumbre de paso por el predio vendido de trece cuerdas a favor del resto de la finca de donde fueron segregadas ni a favor de ninguna otra. No se sabe por él que haya un predio dominante a favor del cual la servidumbre se haya constituido. Por el contrario, lo que de ella resulta es que el comprador consintió en que el Sr. Castro siguiera utilizando y sirviéndose del camino que atraviesa la finca de trece cuerdas y que el comprador consintió y reconoció ese derecho o servidumbre al vendedor. Si a lo dicho agregamos que cuando se trata de determinar si una servidumbre es predial o personal debe tenerse presente en la interpretación de la cláusula que la contiene que la ley favorece la libertad de las tierras y también que cuando se vende alguna finca reservándose el vendedor derecho en ella cualquier duda en cuanto a tal reserva debe resolverse en contra de tal limitación del dominio, tenemos que llegar a la conclusión de que la servidumbre que aparece en el registro es personal y no real.

Tratándose, pues, de una servidumbre personal constituida a favor del Sr. Castro tal derecho se extinguía con su vida y no es transmisible a sus herederos por ser un derecho personalísimo. La Iglesia Católica v. El Pueblo, 11 D.P.R. 478; Manresa, Comentarios al Código Civil, tomo 5, p. 322. En consecuencia, habiéndose acreditado en el registro con documento auténtico la muerte de Julio P. Castro Gravenhorst, su derecho quedó extinguido y la inscripción que produjo debe ser cancelada de acuerdo con los artículos 78, 79, No. segundo, y 82 de la Ley Hipotecaria, según quedaron enmendados los dos últimos en 1923, páginas 213 y 219.

Extinguida así la servidumbre inscrita, huelga resolver si el documento en que consta la renuncia es admisible o no en el registro.

La resolución recurrida debe ser revocada y ordenarse la cancelación interesada.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Luis Díaz Llenza, demandante y apelado, v. Hamburger Brothers & Co., demandada y apelante.
    No. 5682.

      Sometido: Mayo 26, 1932.

      Resuelto: Abril 19, 1933.

      F. Soto Gras y B. Díaz Collazo, abogados de la apelante; Angel M. Villamil, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En esta apelación aparece suficientemente que con motivo de un contrato de refacción agrícola, el demandante estaba obligado a entregar a la demandada cierta cantidad de tabaco.. El demandante originalmente debía a la demandada dinero anticipádole. Según los términos del contrato, el demandante no estaba obligado a vender el tabaco a la demandada sino que después de entregarlo, si no lo vendía a la demandada, pero sí a otra persona, él estaba obligado a pagar otros cargos en adición a la suma de dinero anticipádole. El tabaco fué depositado en Vega Baja de acuerdo con las cláusulas del contrato, mas aparentemente, sin que se le diera conocimiento al demandante, fué trasladado a Caguas.

Hubo prueba tendente a demostrar, y la corte así lo creyó, que el demandante trató varias veces de obtener una liquida-ción de su cuenta. Las partes no pudieron llegar a un acuer-do respecto al precio del tabaco y la demandada también insistía en que el demandante pagara por abnacenaje. El demandante, según indicó la prueba, trató de que el tabaco le fuese devuelto por no haberse hecho la liquidación. Del contrato se desprende claramente que la demandada no tenía derecho a hacer cargo alguno por almacenaje, ni sabemos nosotros de que haya costumbre alguna a este respecto. La demandada, en efecto, retuvo el tabaco.

La corte resolvió que la demandada solamente tenía de-recho a retener el tabaco hasta que se hiciera la liquidación. La conclusión general de la corte inferior fué que el deman-dante tenía derecho a una indemnización de $572.60 por la retención del tabaco, o sea, por el precio que según él pudo haber obtenido. Además, que el demandante tenía derecho a $15 por cada uno de los seis viajes que se había visto preci-sado a dar en automóvil de Vega Baja a Caguas con el pro-pósito dé tratar de obtener la liquidación.

En respuesta al primer señalamiento de error podemos decir en apelación que una reclamación por daños y perjuicios demasiado remotos no hace que una demanda sea defectuosa. Quizá los daños remotos pudieron ser eliminados pero cualquier supuesto defecto no es perjudicial.

Los señalamientos de error restantes se dirigen principalmente a la apreciación de la prueba. Si bien los testigos de la demandada negaron que el demandante hubiese hecho esfuerzos para lograr una liquidación y declararon que la demandada misma trató infructuosamente de obtenerla, sin embargo, la corte tenía derecho a creer la sola declaración del demandante y la lectura que hemos hecho de los autos no nos deja duda alguna. Desde luego, existe la posibilidad de que la corte cometiera error al aceptar la tasación del valor del tabaco por la sola declaración del demandante, mas no podemos hallar que la corte llegara a su conclusión erró-neamente.

Hemos tenido algunas dudas sobre el derecho del deman-dante a obtener indemnización por los viajes dados en auto-móvil, pero en conjunto resolvemos que éste fue un gasto legítimo.

Como cuestión de derecho convenimos con la corte inferior en que como la demandada retuvo el tabaco mediante un cargo o cargos no justificados por el contrato, el demandante tenía derecho a recibir daños y perjuicios.

Hemos tenido dudas sobre una cuestión. La apelante en su alegato dice que el demandante le adeudaba el dinero anti-cipádole para refacción, empero durante el juicio se halló que la demandada archivó un pleito independiente para recobrar dicha cantidad y embargó propiedad de Díaz, el aquí demandante. Este último declaró mientras se hallaba en la silla testifical, que él había estado dispuesto a que la deman-dada recobrara. Nada hallamos en los autos que demuestre que la demandada no estuviese protegida por su pleito inde-pendiente y como la controversia en este caso giró sobre el valor del tabaco y respecto al derecho del demandante a obtener daños y perjuicios, no existe razón alguna para que alteremos la sentencia. En otras palabras, la teoría de la corte setenciadora no giró sobre la cuantía así anticipada.

Debe confirmarse la sentencia.


text:
    Central Pasto Viejo, Inc., demandante y apelada, v. A. Pérez & Hno. y Mercedes Ojea, demandados y apelante el último.
    No. 5631.

    Sometido: Mayo 11, 1932.

      Resuelto: Abril 20, 1933.

      Arturo Aponte, abogado del apelante; J. Henri Brown, C. Ruiz Na-za-rio, G. W. González y G. Benitez Gmtier, abogados de la ape-lada.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Este es nn pleito qne según se desprende de sn título fue incoado por Central Pasto Yiejo contra A. Pérez & Hno. En su alegato, el apelante llama nuestra atención al techo de que la parte demandada original a veces se describía como A. Pérez & Hno., a veces en plural o en otra forma, mas la diferencia, para cualquier fin, carecía de importancia, y podría ser armonizada bajo la doctrina de idem sonans.

En Io de junio de 1926, Alberto Pérez,.a nombre de A. Pérez & Hno., otorgó escritura traspasando ciertos bueyes, caballos y algunos accesorios a la Central Pasto Viejo. Hubo prueba tendente a demostrar, y así lo halló la corte inferior, que la demandante Central Pasto Yiejo mareó el ganado con las iniciales C. P. Y. en el chifle derecho y que entonces dejó toda la propiedad a A. Pérez & Hno. para la recolección de la cosecha. En julio de 1927, Mercedes Ojea, fiador de A. Pérez & Hno. para con Sehliiter & Cía., conforme la prueba tendió a demostrar, pagó el importe de la fianza a Sehliiter & Cía. y tomó o recibió de A. Pérez & Hno. 24 bueyes.

La demanda en este caso se inició para recobrar los 24 bueyes, así como todos los otros animales o bienes personales descritos en la demanda. El márshal aparentemente no halló ninguna otra propiedad y finalmente tomó posesión de los 24 bueyes que se hallaban en aquel entonces en poder de Ojea o que por lo menos habían sido depositados por él en la finca de A. Eoig. Mas tarde, con motivo de una fianza, o por alguna otra causa, los bienes pasaron y permanecieron en poder de la Central Pasto Viejo.

Los autos demuestran que después que se inició el pleito, Mercedes Ojea alegó ser dueño de dichos bueyes. De confor-midad con los artículos 171 et seq. del Código de Enjuicia-miento Civil, archivó una moción para que se le permitiera intervenir en el caso como demandado. Solicitaba específica-mente que se le permitiera intervenir, uniéndose como de-mandado, y defender el litigio como tal demandado, tal cual si hubiese comparecido originalmente en el litigio y se hu-biese librado emplazamiento contra él.

A. Pérez & Hno. no dió pasó alguno en el caso y se dictó sentencia en rebeldía en su contra. Posteriormente la corte dictó sentencia a favor de la demandante Central Pasto Viejo sobre la cuestión de reclamación y entrega planteada por Ojea.

En apelación, la parte apelante, probablemente por inad-vertencia, dejó de archivar un señalamiento de errores sepa-rado, pero no obstante consideraremos algunas de las cues-tiones más importantes suscitadas por ella.

El primer señalamiento de error, según lo narra el apelante, fué que la demanda no aducía una causa de acción. El apelante admite no haber suscitado esta cuestión en la corte inferior, mas sostiene el privilegio otorgado por el artículo 109 del Código de Enjuiciamiento Civil y por la jurisprudencia de esta corte. Bajo estas circunstancias, y aun generalmente, nn señalamiento de error no debe limitarse a decir que no existía cansa de acción, sino que debe indicarse el defecto específico impugnado.

El supuesto defecto es que la demanda no alegaba que la demandante tenía derecho a la posesión de los bienes al tiempo de iniciarse la acción; que la legación de que estaba en posesión de ellos en época anterior no era suficiente, sino que el derecho a la posesión debe aparecer en la fecha en que se instituye el litigio. Cita los siguientes casos a ese efecto: Vanalstine v. Whelan, 135 Cal. 233; Affierbach v. McGovern, 79 Cal. 268; Fredericks v. Tracy, 98 Cal. 658; Truman v. Young, 121 Cal. 490 y Holly v. Heiskell, 112 Cal. 174.

Se verá que en uno de estos casos la corte dijo que la presunción de continuidad no era aplicable. En otras pala-bras, que la presunción sentada en el inciso 31 del artículo 102 de la Ley de Evidencia y en el artículo 461 del Código Civil, no tiene que ver nada con las alegaciones de una de-manda.

En uno o más de los casos citados, la demanda menciona específicamente determinada fecha y los casos podrían ser distinguidos en alguna otra forma, y no podemos resolver que ellos están en conflicto con la existencia de una cansa de acción en favor de la demandante.

La demanda alegaba que A. Pérez & Hno. vendió a la Central Pasto Viejo los siguientes bienes, (describiéndolos); que dicha demandante dejó los bienes en poder de ellos hasta qne finalizara la zafra de 1927. Cuando en una demanda se menciona una escritura de venta y en ella se alega que los bienes se dejaron en poder del vendedor, ésta aduce suficiente-mente el derecho del demandante a obtener posesión de los bienes reclamados y nada hallamos en. los casos de California o de esta corte que esté en conflicto con esta conclusión. Además, al terminar la descripción de los bienes, la deman-dante también dijo, “siendo todos estos bienes propiedad de la mencionada corporación.” Si bien la demanda no es tan técnica como podría serlo, todo el que la lea llegará a la conclusión de que la demandante alegaba tener la posesión de los bienes al iniciar su acción.

Además, y especialmente en un caso en que no se presentó excepción previa alguna en la corte inferior, la demanda podría ser considerada como enmendada en apelación. Ismert Hinke Milling Co. v. Muñoz, 37 D.P.R. 819; Merino v. Globe Rutgers Fire Insurance Co., 35 D.P.R. 397; El Pueblo v. Sucesión Valdés, 31 D.P.R. 224; y Heirs of Franceschi v. Gonzáles, 62 F. (2d) 748. Por otra parte, creemos más bien que cualquier duda que pudiera existir respecto a la suficiencia de la demanda, se esfumó en la controversia posterior sobre reclamación y entrega.

Los señalamientos segundo y tercero son insuficientes. En el primero de ellos, se dice que la Gorte de Distrito de Humacao erró al admitir cierta prueba en evidencia; y en el último, que la corte cometió error al dejar como evidencia cierta prueba inadmisible. Es muy probable que hubiera cierta cantidad de prueba de referencia que no debió haber sido admitida por sobre las objecciones del apelante, mas convenimos con la apelada en que el error no fue perjudicial y no le daremos ulterior consideración a falta del debido se-ñalamiento de errores.

El cuarto señalamiento de error es como sigue: “La corte inferior erró al resolver en su sentencia que so trata de un caso de doble venta y que a virtud de ella deben ser preferidos los demandantes.” La primera parte de este señalamiento de error se refiere a la identificación de los' bie-nes y a que en realidad no había habido una venta. Hemos examinado la prueba y la opinión de la corte inferior y es-tamos^ enteramente convencidos de que los bueyes fueron su-ficientemente identificados como parte de los vendidos origi-nalmente a la Central Pasto Viejo de acuerdo con la escri-tura. En verdad, según veremos, creemos que hubo clara-mente un cambio material de posesión.

La otra parte del cuarto señalamiento de error es quizá la más importante. El apelante alega que no hubo un tras-paso suficiente de posesión de A. Pérez & Hno. a la Central Pasto Viejo y cita el artículo 1376 del Código Civil a ese efecto, como sigue:

‘ ‘ Si una misma cosa se hubiese vendido a diferentes compradores, la propiedad se transferirá a la persona que primero haya tomado posesión de ella con buena fe, si fuere mueble.
“Si fuere inmueble, la propiedad pertenecerá al adquirente que antes la haya inscrito en el registro.
“Cuando no haya inscripción, pertenecerá la propiedad a quien de buena fe sea primero en la posesión; y faltando ésta, a quien pre-sente título de fecha más antigua, siempre que haya buena fe.”

Si se estuviese juzg-ando este caso en .los Estados Unidos continentales tal vez surgirían mayores dudas. Los hechos de este litigio en algunas jurisdicciones constituirían un frau-de per se, es decir, cuando el primer adquirente deja los bienes ostensiblemente en poder, del vendedor, un comprador inocente será protegido. Davis v. Bigler, 1 A. R. 396; Norton v. Doolittle, 32 Conn. 405; Flanigan v. Pomeroy, 85 Minn. 264; Webster v. Peck, 31 Conn. 495. Algunos Estados han adop-tado estatutos según los cuales es necesario que el cambio de posesión sea más o menos continuo u ostensible. La idea original de que lo ocurrido aquí era característico de un fraude per se, no ha sido seguida muy generalmente. Aun en el Con-tinente la regla en la mayoría de las jurisdicciones es hacer que la posesión continuada por parte del vendedor original suscite una presunción juris tantum solamente o dejar la cuestión de fraude vel non al jurado. En una nota que aparece en 5 English Ruling Cases, pág. 40, se hace un resumen de la ju-risprudencia americana, así:

“La doctrina moderna en Inglaterra fné aprobada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos allá para el año 1857 en el caso de Warner v. Norton, 20 Howard, 448, donde el juez McLean dijo (pág. 260): ‘Pocas son las cuestiones en derecho que han dado lugar a mayor conflicto de ley que la que está bajo nuestra consideración. Mas, por muchos años la tendencia ha sido, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, considerar la cuestión de fraude como un hecho que debe someterse al jurado de conformidad con las instrucciones de ]a corte. Y el peso de las autoridades parece ser abora en este país favorable a esa posición. Cuando la posesión de los efectos no acompaña la escritura, ésta es prima facie fraudulenta, pero está su-jeta a las circunstancias de la transacción, que puede tener un fin inocente.’ ”

Hemos examinado el caso de Warner v. Norton, 20 Howard 448, donde se exponen estos hechos, que son expresados en forma similar en 27 C. J. 574. Otras autoridades que de-muestran las reglas generalmente aplicables son: Thorndike v. Bath, 114 Mass. 116; Dodge v. Jones, 7 Mont. 121; Waldie v. Doll, 29 Cal. 556; Bullard v. Wait, 16 Gray (82 Mass.) 55; Benjamin on Sales, edición 17a., nota a la pág. 489; Wilson v. Walrath, 24 L.R.A. (N. S.) 1127 y nota; 27 C. J. 574; 12 R.C.L. 555.

Bn este caso hubo prueba de la cual la corte tenía dere-cho a creer que la demandante no solamente recibió una es-critura de compraventa, sino que también tomó posesión del ganado originalmente, y lo marcó con las iniciales O. P. Y. Esto probablemente hubiese bastado en el Continente para justificar la conclusión de la corte.

En la nota que aparece en Benjamm on Sales, en la pá-gina 176, hallamos lo que sigue:

“Mas siempre que se lia efectuado una venta bona, fide de efectos personales y se ba pagado el precio, bastan pocos actos para demos-trar una entrega válida, aun contra las reclamaciones interpuestas por terceros. ’ ’

Sin embargo, en Puerto Rico no tenemos la misma fuente histórica ni los precedentes relativos a la presunción de fraude. El artículo 1376 del Código Civil concede la propie-dad de los bienes a la persona que primero toma posesión. Cualquier conflicto existente entre dos compradores que ad-quieran del mismo vendedor se resuelve categóricamente en favor del primero que tome posesión. Por tanto, si la corte inferior estuvo en lo cierto al apreciar la prueba, la Central Pasto Viejo, al recibir la escritura de compraventa y marcar el ganado, fue la primera en tomar posesión.

Convenimos con el apelante y con las citas qne hace de Scaevola, segunda edición, Tomo 8, pág. 260, en que el mero traspaso simbólico provisto en el artículo 1365 del Código Civil, no podría subsistir ante las disposiciones más positivas del artículo 1376.

El quinto señalamiento de error se refiere a la aprecia-ción de la prueba hecha por la corte inferior. En parte de su alegato, el apelante pone seriamente en tela de juicio la cuestión de si los bueyes fueron marcados por la demandante con las iniciales C. P. Y. en el momento en que se supone tomó posesión originalmente. Empero, la corte, a instancias del apelante, hizo una inspección ocular del ganado. En la transcripción que tenemos ante nos, no aparece constancia de este examen ocular, mas en su opinión el juez dice: “. . . y a más como hecho de posesión material el que se refiere a haber marcado con sus propias iniciales el ganado en cues-tión, cuyo hecho pudimos observar al practicar la inspección ocular en la cual comprobamos tales marcas en los chifles, algunas casi imperceptibles con signos de haberse intentado borrar las mismas.” La sugestión de que la Central Pasto Viejo ordenó que estas marcas fuesen hechas después de ha-ber tomado posesión del ganado, una vez embargado .en el presente litigio, no merece seria consideración. De seguro la Central Pasto Viejo no hubiese tratado de borrar sus pro-pias marcas.

Durante la vista de este caso el apelante insistió mayormente en que los bueyes no habían sido identificados suficientemente. Él discute extensamente las varias marcas que las reses tenían y la falta del márshal o de la demandante de describir el ganado debidamente en sus respectivos escritos, diligenciamiento y demanda. Estamos de acuerdo con el apelante en que la descripción por lo menos en el diligenciamiento del márshal, tal vez pudo ser más específica, mas no tenemos dudas respecto a la identidad del ganado que en realidad fué transferido a la Central Pasto Viejo.

El sexto señalamiento de error es al efecto de que A. Pé-rez & Hno. no estaba en posesión del ganado en el momento en qne se inició este litigio y qne la demandante tenía cono-cimiento de ello. Es evidente qne el defecto de la demanda, de existir, fné subsanado por la comparecencia del deman-dado Ojea, qnien se bailaba en posesión de los bueyes y so-licitó se le hiciese' parte demandada.

La precursora del presente derecho de reclamación y entrega de bienes muebles fué la acción de replevin y las autoridades tienden a demostrar que en ese procedimiento podía iniciarse una acción contra una persona que originalmente estuviera en posesión de los bienes, y que éstos podían ser recobrados, en poder de un cesionario fraudulento. Colegimos de dichas autoridades que sólo es necesario mencionar en la demanda la persona que originalmente estaba en posesión. Sinnott v. Feiock, 165 N. Y. 444, 53 L.R.A. 565; Nichols v. Michael, 23 N. Y. 264.

Podríamos decir de paso que probablemente algunas de las manifestaciones de uno o más de los testigos no eran dig-nas de crédito, mas nada hay en los autos que demuestre que la corte diera a ellas un valor que no merecían. En realidad estamos bastante convencidos de que la corte inferior tenía derecho a creer que la Central Pasto Viejo tomó posesión de los bueyes y los marcó una vez efectuada la venta. No te-nemos duda alguna de la primera venta bona fide de parte de A. Pérez & Hno. a la Central Pasto Viejo.

En distintas partes de su alegato, el apelante da mucho énfasis al hecho de que en la demanda se admite que los bie-nes fueron dejados en poder de A. Pérez & Hno., así como que el administrador admitió que los bueyes se dejaron en poder de dichos A. Pérez & Hno. Entre la demandante v la demandada original era innecesario alegar todas las con-diciones bajo las cuales los bueyes se dejaron en poder de esta última. Las supuestas admisiones de la demanda y de la contestación fueron suficientemente explicadas cuando la cuestión respecto a quién tomó posesión primero, fué pre-sentada a la Corte de Distrito de Humacao, o sea, al tomar posesión del ganado y marcarle los cuernos, según resolvió la corte inferior.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señob Wolf,

text:
    Ramón Valcourt, demandante y apelante, v. María Torres y Marcelino Dávila, demandados y apelados.
    No. 6278.

    Sometido: Abril 10, 1933.

      Resuelto: Abril 20, 1933.

      L. Feliú, abogado del apelante; Martínez Nadal é Martines Rivera, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señob Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En oposición a una moción para desestimar por frívola la apelación interpuesta contra una resolución fijando costas, el apelante sostiene que el memorándum de costas no fue debidamente jurado; alega en efecto que no había jura-mento alguno. Que un juramento tomado ante un subsecre-tario es suficiente es jurisprudencia ya establecida. Pueblo v. Capre, 44 D.P.R. 112; Seín v. González, 26 D.P.R. 190; Pueblo v. Colón, 17 D.P.R. 1011. Esta jurisprudencia está sostenida por 11 C. J. 913.

El apelante ha radicado ahora un alegato adicional. Convenimos con .él en que el juramento en un memorándum de costas es indispensable y que igualmente el jurat puede considerarse como parte del juramento. Por supuesto, la parte principal del juramento es el hecho de que el declarante ha jurado él mismo, y toda falta de identificación en un jurat puede suplirse con prueba aliunde. Tal es nuestra decisión en'el caso de El Pueblo v. Capre, supra.

El juramento al memorándum de costas fué hecho por el letrado que intervino en el caso que era necesariamente la persona apropiada para prestarlo. El deponente se describe a sí mismo como tal letrado. Después de la firma del letrado aparecen las palabras “suscrito y jurado ante mí, hoy día 10 de agosto de 1932. — P. del Manzano, Subsecretario.” El apelante sostiene que no se identifica en debida forma al declarante en el jurat y que por ende el juramento no ha sido tomado debidamente. Una vez más es aplicable la jurisprudencia sentada en el caso de Capre, supra, pero creemos que podemos ir un poco más lejos.

Resolvemos que en general cuando una persona acude ante los atareados secretario o subsecretario de una corte de distrito para que se le tome el juramento, un jurat hecho en esta forma abreviada es suficiente. Podría presumirse, al no demostrarse lo contrario, que el funcionario conocía a la persona que acudió ante él y que estaba satisfecho de su identi-dad. La práctica en las cortes de distrito debe ser tal que el juramento pueda ser rápida y eficazmente hecho mediante dicho jurat. Cerium est quod cerium reddi potest. Creemos que esta forma de jurat está justificada por la práctica general a este respecto. La regia que estamos exponiendo es particularmente cierta cuando el funcionario que acude ante el subsecretario es un abogado y así se le describe.

Entrando en los méritos del recurso, no bay duda de que los honorarios de abogado forman parte de las costas. Luce & Co. v. Cintrón, 42 D.P.R. 921. Para esta corte la cuestión ba estado resuelta desde bace mucho tiempo.

Este fué un caso en que se levantó un embargo trabado contra la demandada y apelada y ella archivó un memorándum de costas, reclamando la suma de $250 por concepto de honorarios de abogado. La corte lo redujo a $200. No hallamos que se cometiera abuso de discreción al conceder esta suma y el apelante no nos convence de que hubiera tal abuso. Tampoco estamos convencidos de que costas ascendentes a $10 para el registro de la propiedad fueran ex-cesivas.

Debe desestimarse el recurso.


author: El Juez Asociado Señou Cóedoya Dávila,

text:
    Emilio Ghinaglia, demandante y apelado, v. Manuel V. Domenech, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante.
    No. 5897.

      Sometido: Marzo 9, 1933.

      Resuelto: Abril 20, 1933.

      Son. Procurador General Charles E. Winter y B. Cordones Arana, Subprocurador, abogados del apelante; Leopoldo Feliú, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señou Cóedoya Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Allá por el día 14 de agosto de 1930, Emilio Ghinaglia im-portó en esta isla, por la ciudad de San Juan, procedente de Venezuela, una partida de 12,622 libras de suela. Una vez desembarcada dicha mercancía el Departamento de Hacienda de Puerto Rico embargó la misma, alegando que tal mercancía estaba sujeta a un impuesto de ocho centavos por cada libra de acuerdo con el inciso 31-a del artículo 16 de la Ley de Rentas Internas, o sea la Ley No. 85, de 20 de agosto de 1925, y sus enmiendas, Autorizada la venta de la indicada mercancía, el demandante apelado procedió a venderla en distintas fechas y partidas, pagando en cada caso, bajo pro-testa, los arbitrios correspondientes de acuerdo con el inciso antes mencionado. Alega el demandante apelado que el in-ciso 31-a del artículo 16 de nuestra Ley de Rentas Internas anteriormente mencionado, es anticonstitucional, no estando por lo tanto obligado a satisfacer los referidos arbitrios que pagó bajo protesta al Tesorero de Puerto Rico. Según el demandante, el precepto legal citado es anticonstitucional porque viola el inciso 22 del artículo 2 de la Ley Orgánica y el último disponiéndose del artículo 3 de la mencionada ley. Se alegan otros motivos de inconstitucionalidad; pero como la corte inferior declaró nulo el inciso impugnado, basándose únicamente en no ser uniforme el impuesto que en el mismo se fija, nos limitamos a citar únicamente los preceptos de la Ley Orgánica que se relacionan con la uniformidad en la imposición de contribuciones.

Se alega por el apelante que la corte inferior erró al declarar la inconstitucionalidad del referido inciso porque impone una contribución que no es uniforme sobre la misma. clase de artículos y que la sentencia dictada es contraria a derecho por no resultar congruente con las alegaciones del pleito.

La sección 16 de la Ley No. 85 para proveer rentas para El Pueblo de Puerto Rico, etc., aprobada en 20 de agosto de 1925 (p. 591) y enmendada en 3 de junio de 1927 (Ley No. 17, p. 461), impone un derecho de rentas internas a ciertos artículos que se relacionan en la referida sección. No aparece en dicha sección así enmendada impuesto alguno sobre suela, pero en 1930 se adoptó una enmienda a la men-cionada sección 16 (Ley No. 74 de 1930, p. 457) en virtud de la cual se añadió el inciso 31-a que impone “a toda suela importada para ser vendida o usada en Puerto Rico un de-recho de ocho centavos por cada libra.”

La sección 62 de la misma ley, tal y como fue enmendada en 1927, dice así:

“Se impondrá y cobrará por una sola vez, sobre las ventas de cualesquier artículos objeto de comercio que no estén gravados en la sección 16 de esta ley o exentos de contribución según lo dispuesto en la sección 83 de la misma, al tiempo de verificarse la venta en Puerto Rico, una contribución del 2% sobre el precio o valor de las ventas diarias, bien de contado o bien a crédito, de dichos artículos, la cual contribución deberá pagar al final de cada mes la persona que haya efectuado dichas Ventas.”

De acuerdo con la sección 16, enmendada en 1930, la única suela gravada es la importada para ser vendida y usada en Puerto Rico. No grava, esta sección la suela producida en esta isla y como la sección 62 impone a los artículos objeto de comercio no gravados por la sección 16 o exentos de con-tribución por la sección 83 una contribución del 2 por ciento sobre el precio o valor de las ventas diarias, resulta que la suela producida en Puerto Rico debe pagar esta contribu-ción del 2 por ciento por no aparecer gravada en la sección 16. No creemos que la ley pueda ser objeto de otra interpre-tación. La suela importada, cualquiera que sea su precio, tiene que pagar ocho centavos por libra. Se fija una contri-bución por unidad de peso. La suela producida en el país paga sobre el precio o valor de la venta, que está sujeto a las fluctuaciones del mercado.

El artículo 3 de nuestra Ley Orgánica, enmendada en marzo 4 de 1927, al facultar a nuestra Legislatura para im-poner contribuciones de rentas internas dispone:

. que las contribuciones de rentas internas que de acuerdo con la facultad concedida por esta ley imponga la Asamblea Legis-lativa de Puerto Eico sobre cualesquiera artículos, efectos, mercade-rías o mercancías, podrá ser impuesta y cobrada sobre los artículos sujetos a dicha contribución, según determine la referida Asamblea Legislativa, tan pronto como los mismos hayan sido fabricados, ven-didos, usados o importados en la Isla; Disponiéndose, que no se hará distinción alguna entre los artículos importados de los Estados Uni-dos o de países extranjeros y los artículos similares producidos o ma-nufacturados en Puerto Eico. Por la presente se ordena a los ofi-ciales de aduanas y del servicio postal de Estados Unidos que ayuden a los debidos funcionarios del Gobierno de Puerto Eico en el cobro de estas contribuciones.”

No hay duda de que el inciso impugnado establece una diferencia clara entre' la suela producida aquí y la que se produce en el extranjero. En un caso se impone el tributo por unidad de peso; en el otro por el precio de la venta. Esta es la interpretación que surge de los preceptos claros y terminantes de la ley. Se establece una distinción que favo-rece un artículo producido en el país con perjuicio del mismo artículo importado del extranjero. La ley orgánica de Puerto Eico probibe expresamente estas distinciones discriminato-rias. En vista de la claridad de la ley, bien pudiéramos dis-pensarnos de citar precedentes. No es fácil encontrarlos tampoco en los estados de la Unión, donde no existen leyes idénticas o parecidas a la. ley nuestra que impone un derecho sobre ventas. Por analogía vamos a ilustrar esta opinión con algunas citas y casos en los cuales se discuten tributos impuestos a vendedores no residentes que indirectamente afectan el artículo que se destina a la venta. De la obra “Taxation”, de Cooley, tomo primero, pág. 768, copiamos lo que sigue:

“Igualmente una licencia o contribución sobre personas que ven-dan artículos no es válida si establece distinciones contra artículos no producidos o introducidos en el estado, en favor de artículos produ-cidos o manufacturados dentro del estado. Por ejemplo; una muni-cipalidad no puede diferenciar contra ventas de propiedad importada en la ciudad. De igual modo, una contribución sobre Vendedores am-bulantes viola el principio de la igual protección de las leyes cuando esta contribución se aplica solamente a los vendedores que ofrezcan en venta artículos manufacturados dentro del estado, puesto que esto favorece a los productos extranjeros.”

También es interesante el caso Ex parte Hines, 164 Pac. 339, resuelto por la Corte Suprema de California. No se trata en este caso de un derecho impuesto a un vendedor de determinado artículo, sino de una industria a la cual se quiso favorecer. En la ciudad de Venecia, California, en virtud de una ordenanza, se impuso un derecho de $12 al año a toda persona, firma o corporación que condujese, administrase o mantuviese un tren de lavado. En la misma ordenanza se impuso un derecho de $112 al año a toda persona, firma o corporación que fuese dueña, operase o mantuviese un vagón u otro vehículo para llevar a o traer ropa de un tren de lavado situado fuera de los límites de la ciudad. También se im-puso una contribución de $120 al año a toda persona, firma o corporación que condujese, operase o mantuviese una agencia para recoger o distribuir ropa en representación de cualquier tren de lavado situado fuera de los límites de la ciudad de Venecia.

La ordenanza declara ilegal emprender cualquier negocio descrito en la misma sin una licencia de la ciudad. La Corte Suprema de California resolvió que esta ordenanza era nula por considerarla discriminatoria. “Las disposiciones de la licencia”, dice la corte, “están plenamente caracterizadas como una tarifa protectora para el beneficio de los trenes de lavado situados en la ciudad de Venecia, o de vagones que hagan negocios con trenes de lavado dentro de la ciudad, y aparentemente no tienen otro propósito.”

En el caso de Spaulding v. Patterson, 104 Pac. 412, re-suelto por la Corte Suprema de Colorado, dice la referida corte:

“Un estado puede exigir una licencia para que se emprenda un negocio, pero tal licencia debe ser uniforme y no establecer dis-tinciones en fav'or de una clase contra otra ni en favor de sus propios ciudadanos contra acpiéllos de otros estados o requerir una licencia que constituya una regulación de] comercio interestadual; y un estatuto no uniforme en su operación, sino en favor de uno y contra otro, aunque cada uno esté conduciendo el mismo negocio y v'encliendo el mismo carácter de artículos en nna forma similar, es inconstitueiona I.' ’

En este caso se interpretaba un artículo de la ley de rentas de Colorado, en el cual se disponía que cuando una persona, firma o corporación introdujese o enviase, con pos-terioridad al primero de mayo de cada año, a cualquier con-dado, cualquier clase de artículos o mercancías para ser vendidos en un sitio de negocios temporalmente ocupado para su venta sin la intención de emprender permanentemente un negocio en dicho local, el dueño, consignatario o persona en-cargada de tales artículos o mercancías pagaría cierta con-tribución. Interpretando este artículo de la ley la Corte Su-prema de Colorado dice:

“A la luz de nuestra constitución y los preceptos que se deducen-de la ley, nosotros creemos que la ley carece de validez. Impone un derecho a artículos y mercancías traídos en cualquier condado con posterioridad al primero de mayo de cualquier año para almacena-miento y venta temporal, y por necesaria implicación releva a artículos de un carácter similar traídos al mismo condado al mismo tiempo, de la contribución si estos artículos no son ofrecidos a la venta. . Esta distinción priva a la ley del requisito indispensable de que las con-tribuciones deben ser uniformes sobre la propiedad dentro de la ju-risdicción del cuerpo que las impone. Si cierta clase de propiedad introducida en el condado para un propósito particular después del primero de mayo en cualquier año puede estar sujeta a una contribu-ción, entonces toda otra propiedad dentro de la misma jurisdicción, de un carácter similar, debe estar sujeta a la misma contribución, para satisfacer la disposición de nuestra constitución sobre el punto de la uniformidad de contribuciones.”

Examinado el inciso 31-a, cuya inconstitncionalidad se alega, a la luz de las disposiciones de la ley orgánica, que requiere uniformidad en la imposición de contribuciones y del precepto en qne terminantemente se dice qne no se bará distinción alguna entre los artículos importados de los Es-tados Unidos o de países extranjeros y los artículos similares producidos o manufacturados en Puerto Eico, se impone la conclusión de que el referido inciso carece de validez por constituir una violación de nuestra Ley Orgánica.

Se arguye además que la sentencia dictada no es con-gruente con las alegaciones. Es cierto que en la demanda se alega que la suela producida o manufacturada en Puerto Eico no está sujeta a contribución. Se ba probado, sin embargo, que paga una contribución distinta e inferior a la qne el inciso 31-a impone a la suela importada. Esta distin-ción, de conocimiento judicial, porque surge de la misma ley, es bastante para determinar la inconstitucionalidad del esta-tuto, sin que tenga importancia el becbo de que la suela doméstica pague alguna contribución y se baya alegado que no paga ninguna. La verdad es que la suela doméstica paga el 2 por ciento de contribución sobre el precio o valor de las ventas y la importada oebo centavos por cada libra.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado SeñoR Hutchison,

text:
    José R. Rivera, demandante, v. Bánco Industrial de Puerto Rico, demandado; Francisco Acevedo, interventor apelante.
    No. 5961.

      Sometido: Abril 4, 1933.

      Resuelto: Abril 25, 1933.

      Largó & Acevedo, abogado del interventor apelante; Gabriel de la Haba, abogado del demandante; H. Brown, O. Ruiz Na&ario, G. E. González y G. Benitez Gauiier; abogados del demandado.
   El Juez Asociado SeñoR Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Una corte de distrito declaró sin lugar una excepción previa a una demanda de intervención en lo que a la tercera causa de acción se refería, mas la sostuvo en lo concerniente a la primera y segunda causas de acción. Luego el interventor solicitó que se dictara sentencia y la corte declaró sin lugar la demanda en lo atinente a la primera y segunda causas de acción y concedió al síndico del banco demandado diez días para contestar a la tercera causa.

Como primera causa de acción, el interventor ale-gaba que en el procedimiento original la corte había nombrado nn síndico provisional a virtnd de nna estipulación suscrita por el demandante Rivera y el presidente del banco, E. F. Sehlüter; que en el tercer párrafo de la estipulación se decía que la junta directiva del banco había adoptado una resolu-ción autorizando a Sehlüter para que, a nombre y represen-tación del banco, prestara su consentimiento al nombramiento de un síndico provisional, que debería ser Manuel Martínez Casanova; que en el cuarto párrafo de la estipulación se estipuló y convino que el banco se allanaría a la petición del demandante para que se nombrara un síndico provisional y consintiera a la designación de Manuel Martínez Casanova como tal síndico; que a pesar de estas alegaciones y en con-tradicción con las mismas, en el hecho sexto de la estipulación las partes solicitaron que ésta fuera aprobada y se nom-brara síndico provisional a Antonio Hernández; que el nombre de Hernández aparece sobreborrado en. dicho hecho sexto sin haber sido salvado al final del documento; que a virtud de orden fechada 31 de julio de 1930, la corte había nombrado a Antonio Hernández como síndico provisional y que en tres ocasiones aparece sobreborrado su nombre en la orden, sin haberse salvado estas alteraciones al final de la misma; que el supuesto síndico provisional, sin notificar al demandante Rivera, ni al presidente del banco, ni a ningún accionista, había radicado una moción solicitando se enmen-dase la orden de julio 31, 1930, en que se le nombraba como tal síndico provisional, porque en ella se había insertado el nombre de Martínez Casanova en vez del suyo; que la corte había declarado con lugar esta moción y había dictado una nueva orden el día 6 de agosto de 1930, enmendando su orden anterior; que ni al tiempo de dictarse estas dos órdenes ni con anterioridad a la fecha en que las mismas se libraron, se había hecho alegación alguna en el sentido de enmendar la estipulación o la resolución del banco, ni había nada en los autos que demostrara qiíe la junta directiva hubiera adoptado resolución alguna autorizando al presidente del mismo o a cualquiera otra persona para que consintiera al nombramiento de Antonio Hernández como síndico provisional; y que con fecha 15 de octubre de 1930, Antonio Hernández había sido nombrado administrador judicial.

La súplica, en lo pertinente a la primera y segunda causas de acción, fue que el nombramiento de Hernández como sín-dico provisional y como administrador judicial fuese decla-rado nulo y sin ningún valor ni efecto legal.

El interventor no expone plenamente en su demanda la parte pertinente de la resolución adoptada por la junta direc-tiva. Ni siquiera copia en su demanda las citas que de dichas resoluciones contenía la estipulación. No se adhiere a la demanda como parte de la misma, ni la resolución ni la esti-pulación. La narración hecha por el interventor de lo que se dijo en el tercer párrafo de la estipulación acerca de lo que los directores habían autorizado en su resolución, no significa necesariamente que su consentimiento a que se nombrara un síndico yjrovisional dependía de quo se designara a Martínez Casanova. Mucho menos aparece del cuarto párrafo de la estipulación, tal cual ha sido copiado indirectamente por el interventor, que la aquiescencia del banco a la petición del demandante para que se nombrara un síndico, dependía de la contingencia de que se designara a Martínez Casanova. La sustitución del nombre de Martínez Casanova con el de Antonio Hernández en un párrafo posterior de la estipula-ción, de haber sido hecha por consentimiento mutuo antes de que el documento se firmara, no vició el mismo. El dejarse de salvar las alteraciones al final del documento antes de suscribirlo, no bastaba para destruir la presunción de buena fe. El interventor no alegó que la alteración se hizo después de firmado el documento o sin el consentimiento mutuo de las partes antes de ser suscrito el mismo. De todos modos, la corte no quedaba obligada por convenio alguno de las partes, respecto a quién debía designar. El hecho de que el nom-bramiento se hiciera “a virtud de” una estipulación suscrita por el demandante y por el presidente del banco en exceso de la autoridad conferídale por la junta directiva, de haberse objetado oportunamente por el banco, quizá hubiese sido sufi-ciente motivo para que la corte reconsiderara el asunto. No es base adecuada para la súplica del interventor de que se declare nulo e ineficaz el nombramiento. Mucho menos po-dría afectar la validez del nombramiento posterior de un síndico permanente- o de un “administrador judicial.” El hecho de que la corte, mediante moción ex parte de Hernández, enmendara su orden original, según es de presumirse, con el propósito de que contuviera la verdad y expresara lo que se intentó originalmente, no invalidó el nombramiento de Hernán-dez. El hecho de que de los autos no se desprenda ninguna enmienda a la resolución adoptada por la junta directiva, no es tan significativo como el hecho que puede ser inferido lógicamente de la demanda de intervención, de que los autos tampoco revelan protesta ulterior alguna por la junta direc-tiva a que se designara a Hernández.

La facultad y jurisdicción de la corte para designar a Hernández como síndico, no dependía del consentimiento de las partes. Estas no podían, mediante convenio, dar a la corte tal jurisdicción, ni podían privar a la corte de la misma sometiéndole para su aprobación una estipulación que no había sido debidamente autorizada por la junta directiva del banco. El nombramiento no fue nulo e írrito meramente por haber sido hecho “a virtud de” tal estipulación.

Como segunda causa de acción, el interventor alegó (en adición a un número de hechos aducidos en la primera causa de acción): que el banco no había sido disuelto y que no se había hecho tentativa alguna de disolverlo; que en su petición para que se designara un síndico, Eivera había manifestado que el banco era solvente y no había alegado ningún cargo de fraude o de mala administración imputable a los directores del mismo; y que ni Eivera ni persona alguna había presentado demanda en las cortes de la isla, solicitando la disolución del banco y en su consecuencia la liquidación del mismo.

El artículo 182 del Código de Enjuiciamiento Civil auto-riza el nombramiento de un síndico ‘ ‘ en los casos en que una corporación baya sido disuelta, o se bailare insolvente, o en inminente peligro de insolvencia, o hubiere perdido sus de-rechos como tal corporación.” El artículo 183 provee que “Al disolverse cualquiera corporación, la corte de distrito del distrito judicial en que verifique sus negocios o tuviere su oficina principal, a solicitud de cualquier acreedor de dicha corporación o de cualquiera de sus miembros o accionistas, podrá nombrar una o más personas como síndicos o deposi-tarios de la corporación, para encargarse de los bienes y efectos de la misma, cobrar los créditos a su favor y recoger sus pertenencias, satisfacer sus deudas pendientes, y repartir los fondos y demás propiedades entre los accionistas y socios.” Empero el artículo 182, en su inciso final, también autoriza el nombramiento de un síndico “en todos los demás casos en que como hasta el presente se han nombrado síndicos, conforme a los usos de las cortes de equidad.” A los hechos en que el interventor basa su segunda causa de acción, les falta mucho para demostrar que el caso ante la corte no fuera uno propio para la designación de un síndico “con-forme a los usos de las cortes de equidad.”

Para los fines de esta opinión podría admitirse que si (tal cual resolvió la corte de distrito) la tercera causa de acción era válida, la mejor práctica hubiese sido simplemente declarar sin lugar una excepción previa a la demanda en su totalidad. De ello no se desprende que la actuación de la corte al sostener la excepción previa respecto a la primera y segunda causas y al denegarla en cuanto a la tercera, fuera un error que dé lugar a la revocación.

El error, de haberse cometido, al conceder una prórroga para contestar a la tercera causa, después de declarar con lugar la excepción en lo atinente a la primera y segunda causas, fué inofensivo bajo las circunstancias del presente caso.

Cuanto hemos dicho resuelve la mayoría de las conten-eiones del apelante. No es necesario disentir las demás. Cualquier error que pudiera haber cometido la corte de dis-trito al exponer sus razones para resolver la excepción previa, no sería suficiente fundamento para justificar la revo-cación.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    José R. Rivera, demandante v. Banco Industrial de Puerto Rico, demandado; Francisco Acevedo, interventor apelante.
    No. 5989.

    Sometido: Abril 4, 1933.

      Resuelto: Abril 25, 1933.

      Largó & Acevedo, aboga¿los ¿leí interventor apelante; G. de la Haba, aboga¿lo ¿leí cleman¿lante; Henri Broiun, C. Ruiz Nazario, G. E. González y G. Benitez Gautier, abogados del demandado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una apelación interpuesta contra una resolución que declaró sin lugar una moción para que se eliminara una contestación archivada dentro del término especificado en la sentencia confirmada en el caso No. 5961, 43 D.P.R. 962, y antes de que se archivara escrito de apelación alguno contra dicha sentencia. El único fundamento de la moción fue la supuesta falta de jurisdicción para proceder ulteriormente en el caso mientras se resolvía la apelación interpuesta des-pués de radicada la contestación, pero antes de que se pre-sentara la moción. Admitiendo, sin resolverlo, que la reso-Ilición era apelable, el error, de haberse cometido, al declarar sin lugar la moción no fue perjudicial por el mismo funda-mento que el error, de haberlo, de conceder una prórroga para contestar tampoco fue perjudicial.

Debe confirmarse la resolución apelada.