author: El Juez Asociado Se. Aldbey

text:
    Hermida & Palos, Demandantes y Apelados, v. Gestera, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en cansa sobre cobro de pesos.
    No. 1297.
    Resuelto en julio 28, 1915.
    Deposiciones — Examen por la Parte Contraria — Tiempo Oportuno para Ha-cerlo — Objeciones.—Antes de presentarse en evideneia una deposición no es necesario mostrarla a la parte contraria, porque el momento en que se presenta por la parte es el oportuno para que la contraria la examine y for-mule contra ella todas las objeciones que tenga para que no se admita como prueba.
    Id. — Certificación de Deposición. — Es suficiente certificación de una deposición cuando al pie de ésta consta que fué leída por el comisionado al testigo antes que la firmara.
    Id. — Remisión por Correo Bajo Sobre Cerrado — Sello del Comisionado — Meras • Irregularidades.' — Si la deposición se remite al secretario del tribunal bajo sobre cerrado por correo, certificando el comisionado su identidad, aunque el sobre no contenga el sello del comisionado, este no es motivo bastante para rechazarla, pues sería una mera irregularidad en ausencia de cualquier sos-pecha de su alteración.
    Id. — Ealta de Expresar por Quién Fué Escrita — Presunción.—Cuando la deposición no expresa por quién fué escrita, la presunción, salvo prueba en contrario, es de que lo fué por el mismo comisionado.
    Id. — Letra de la Deposición — Exclusión.—El mero hecho de que la letra de la deposición no se parezca a la del comisionado, sin que exista prueba para rebatir la regularidad de su conducta, es insuficiente para excluirla.
    Id. — Comparecencia Ante el Comisionado — Presunción.—Cuando el comisionado certifica que el testigo compareció ante él, que le tomó juramento, que le ley) la declaración y que la ratificó, la presunción es de que la deposición se tomó ante él en ausencia de prueba en contrario. .
    Id. — Envío de la Deposición al Secretario de la Corte — Comisionado.—Si el comisionado envía la deposición al secretario del tribunal, ello es suficiente para demostrar que para él (el tribunal) la tomó, con mayor motivo cuando de ella consta que obraba como comisionado suyo.
    Id. — Contestaciones Dadas por Otro Testigo. — Aunque lo más regular es tomar las deposiciones separadamente cuando se trata de dos o más testigos, sin embargo no es impropio el permitir que un testigo adopte la contestación de otro.

      Cobro de Dinero — Pruebas—Carta Presentada Como Prueba para Demostrar Gestiones en el Cobro. — Cuando una carta se presenta para justificar que en diferentes ocasiones el demandante exigió al demandado el pago de la deuda, sin que se demuestre que se refería a cualquiera otra reclamación entre las partes, es admisible como prueba.
    Affidavit — Objeto de los Affidavits. — El objeto de los affidavits no es el de contener declaraciones para surtir efecto en los juicios. Los testigos han de declarar oralmente o por medio de deposiciones a fin de que la parte con-traria como el juez, tengan oportunidad de aquilatar sus manifestaciones.
    Id. — Presentación en Juicio — Manifestaciones Contrarias. — La presentación de un affidavit que contenga manifestaciones de un testigo será buena para demostrar que en otras ocasiones ha dicho cosa contraria, pero nó cuando «c le pregunta por hechos o manifestaciones que le constan.
    Id. — Admisiones Orales — Documento Público. — Las admisiones orales son per-mitidas como evidencia primaria contra la parte que las hace, aunque envuel-van lo que necesariamente esté contenido en un documento público.
    Id — Admisiones del Desmandado Bajo Juramento. — Cuando un demandado ad-mite en su declaración oral ante la corte que en cierta fecha había mani-festado bajo juramento que debía determinada cantidad al demandante justificando así una alegación de éste, a menos que se demuestre que tal reconocimiento se refería a otra deuda distinta de la reclamada, estaba el juez justificado para considerarla como una admisión.
    Prueba Contradictoria — Examen de la Prueba. — Cuando existe conflicto en la evidencia corresponde dirimirlo al juez inferior.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogados- del apelante: Sres. Bosch & Boto.

    Abogado de los apelados: Sr. Antonio J. Amadeo.

   El Juez Asociado Se. Aldbey

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes en este caso alegaron ante la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., ser vecino de New York, que durante el año 1907 prestaron al demandado Teótimo Gestera varias cantidades de dinero que sumaron $800 que el demandado confesó deberles y se comprometió a pagarles, lo que no lia verificado en todo ni en parte a pesar de estar vencido el plazo para la devolución y baberle exigido el pago en diferentes ocasiones desde enero de 1908, y concluyeron con la súplica de que lo condenase a pagarles esos $800, el interés legal desde enero de 1908 y $250 para honorarios de abogado y gastos del juicio.

La demanda fué contestada negándola, exponiendo que ni durante el año 1907 ni en ninguna otra fecha los deman-clantes le lian prestado cantidades de dinero montante a $800, que no ha confesado deber esa cantidad ni que se comprome-tiera a devolverla y que nunca ha sido requerido de pago. Como materia nueva expuso la contestación que durante su estadía en New York los demandantes le facilitaron dinero en distintas ocasiones, pero que todas le fueron pag’adas de tal manera que nada les adeuda y que nunca llegaron a for-mar una sola deuda de $800.

Celebrado el juicio.la corte dictó sentencia declarando con lugar la demanda y contra ella interpuso el demandado el presente recurso de apelación.

Los motivos en que se funda para pedir la revocación de la sentencia son que la corte inferior cometió los siguientes errores:

“Io. La admisión de las deposiciones do los demandantes.
“2o. La admisión, de la carta del demandado dirigida a los de mandantes.
“3o. Admitir en evidencia, apreciar y darle la fuerza legal de una admisión a las manifestaciones del testigo Gestera de haber ex-presado en otra ocasión que debía a los demandantes la cantidad de ochocientos dollars.
“4o. Admitir preguntas sobre el contenido de un documento es-crito sin antes ser ofrecido y presentado en evidencia y determinada su pertinencia y admisibilidad.
“5o. Declarar probada la acción de los demandantes y condenar al demandado a pagar ochocientos dollars de capital, intereses legales desde enero de 1908, y las costas, gastos y honorarios de abogado.”

Para, probar su acción los demandantes presentaron sus propias deposiciones tomadas en Nueva York, una carta a ellos dirigida por el demandado, varios cheques librados por los demandantes a la orden del demandado, por él endo-sados y pagados por el banco girado, así como la declaración del propio demandado.

Son varios los motivos porque se sostiene que la corte sentenciadora cometió el primero de los errores que se le im-putan, reproducción de las objeciones que hizo en el juicio a que se leyeran esas deposiciones. Tal como está redactado el pliego de exposición del caso y de excepciones no sabemos si estaban o nó admitidas las deposiciones como prueba cuando el demandado se opuso a su lectura, pero de todos modos aparece que las hizo antes de que fueran leídas en el juicio y tenían por objeto que no se tomaran en consideración como pruebas.

Uno de ellos es que antes de ofrecerse como evidencia y de discutirse su validez debía permitirse al demandado que las examinara para poder formular sus objeciones contra ellas respecto a su admisibilidad, o sea en cuanto a si cum-plían o nó los requisitos legales.

No cita el apelante precepto alguno en apoyo de su pre-tensión.' Nosotros no creemos que antes de presentarse en evidencia sea necesario mostrarlas a la parte contraria por-que el momento en que se presentan por la parte es el opor-tuno para que la contraria los examine y formule contra ella todas las objeciones que tenga para que no se admitan como prueba.

Pero no hay duda que la parte las examinó y tuvo opor-tunidad de oponerse a su admisión porque alegó distintas objeciones que la corte resolvió en su contra. Estas obje-ciones fueron que la comisión que se expidió al comisionado ni la remisión de las deposiciones a la corte se ajustaron a los preceptos del artículo 140 de la Ley de Evidencia, porque aquella no especifica que las deposiciones deban ser certifica-das por el comisionado y que sean devueltas al secretario del tribunal bajo sobre sellado ni fueron devueltas de' esta manera.

Las deposiciones fueron certificadas por el comisionado porque al pie de ellas consta que fueron leídas a los testigos antes q'ue las firmaran, siendo esto suficiente según se declaró en el caso de Williams v. Chadbourne, 6 Cal., 559.

Las deposiciones fueron remitidas al secretario del tribunal bajo sobre cerrado por correo, y aunque el apelante sostiene que el.sobre debía contener el sello del comisionado, de todos modos esto no sería motivo para rechazar las depo-siciones cuando el comisionado certifica su identidad y sería una mera irregularidad en ausencia de cualquiera 'sospecha de que las deposiciones fueron alteradas. Chadwick v. Chadwick, 59 Mich.., 87, 26 N. W., 288. 13 Cyc., 959.

Con respecto a que: (a) no aparece de las deposiciones que fueron escritas por el comisionado o por persona a su ruego; (&) que no consta quién las escribió; (c) si se pres-taron en presencia del comisionado; (d) que éste no las cer-tifica-para el tribunal; (e) que de su faz no aparece que fueran tomadas independientemente, sino que parece lo con-trario, diremos que si bien las que se presentaron en este caso no dicen por quién fueron escritas, a pesar de esa omisión la corte tiene discreción para admitirlas y salvo prueba en contrario, bay que suponer que si el Comisionado no expre-só que facultó a otra persona para escribirlas es porque él mismo las escribió. El mero hecho de que la letra de la depo-sición no se parezca a la del comisionado, sin prueba para rebatir, la regularidad de su conducta es insuficiente para excluirla. State v. Kimbal, 50 Me., 409; Piper v. White, 56, Pa. St., 90.

. La misma, regia es aplicable al hecho de no consignarse en las deposiciones que se tomaron ante el comisionado, con mayor razón en este caso en- que certifica que los testigos comparecieron ante él, que les tomó juramento, que les leyó las declaraciones y que las ratificaron.

El haber enviado las deposiciones al secretario deb tribunal es suficiente para demostrar que para él las tomó con mayor motivo cuando de ellas consta que obraba como comi-sionado suyo.

. En cuanto al último extremo de que no aparece ‘que se tomaran independientemente porque las deposiciones son iguales, aunque lo más regular es tomar las deposiciones separadamente cuando se trata de dos o más testigos, sin embargo, no es impropio el permitir que un testigo adopte la contestación del otro. 13 Cyc., 937 y casos que cita.

• El segundo error alegado es por haberse admitido como prueba una carta que el demandado escribió y envió a los demandantes en 24 de febrero de 1911, la cual, según el ape-lante, no puede probar ningún hecho esencial de la contro-versia y que sólo por conjeturas o deducciones arriesgadas podría relacionarse con la materia en litigig.

Los demandantes alegan que en diferentes ocasiones, desde enero de 1908, han exigido del demandado el pago de la deuda que ahora les exigen judicialmente y creemos que con la carta tratan de justificar esa alegación. El contenido de ella es para explicarles por-qué no les han contestado antes, las causas por las cuales no tiene dinero y para decirles que tan pronto mejore de situación se acordará de ellos; y nos parece que su conjunto es pa'ra justificar por qué no atiende alguna reclamación de dinero que le hacen, y como no se ha demostrado que hubiera entre' las partes otra reclamación que la presente no nos parece lógica la explicación que dió el demandado de que se refería a -una invitación que le habían hecho para que fuera a Nueva York, pues na hay en la carta una sola palabra que se refiera a tal asunto directa ni indi-rectamente, y entendemos que tal carta era admisible como prueba.

Los errores tercero y cuarto podemos tratarlos conjun-tamente.

Declarando el demandado como testigo de los demandan-tes expuso que allá por marzo de 1908 residía en Nueva York, era de estado casado y que por esa fecha prestó declaración jurada ante un tribunal, y al pedirle el abogado que explicara los pormenores se opuso el abogado del testigo fundándose en que primero debía investigarse si fué por escrito o no, y habiendo la corte desestimado esa objeción preguntó de nuevo el abogado si no era cierto que en ese affidavit que firmó confesó deber a los demandantes la suma de $800, a cuya pregunta también se opuso el abogado contrario porque no debía hacerse ninguna pregunta respecto a documento que puede ser presentado en prueba. Desestimada' también esa objeción declaró el testigo ser cierto que en 30 de marzo de 1908 hizo esa manifestación bajo juramento de deber $800 a Hermida y Palos porque en aquella época debía a varios, incluso los demandantes.

Sostiene el apelante que se cometieron los errores que alega porque la’ mejor prueba era el mismo documento y porque la manifestación del testigo no constituye una admi-sión.

Respecto al primer extremo tenemos que declarar que la corte inferior no cometió el error'que se le atribuye.

El objeto de los affidavits no es el de contener declara-ciones para surtir efecto en los juicios. Los testigos lian de declarar oralmente o por medio de deposiciones a fin de que tanto las partes contrarias como el juez, tengan la oportuni-dad de aquilatar sus manifestaciones. La presentación de un affidavit que contenga manifestaciones de un testigo será buena para demostrar que en otras ocasiones ha dicho cosa contraria pero no cuándo se le pregunta por hechos o mani-festaciones que le constan. En el caso de Etchemende v. Stearns, 44 Cal., 583, la corte revocó una sentencia porque se admitieron affidavits prestados en otra ocasión para pro-bar que los demandados tenían una sociedad y con esa ocasión dijo la corte: “de lo que aparece en el caso, todas las per-sonas que hicieron los affidavits vivían en la jurisdicción de la corte y en todos sentidos eran testigos competentes en el pleito.” En 17 Cyc., 510, encontramos que en muchas juris-dicciones se permiten admisiones orales como evidencia pri-maria contra la parte que las hace aunque envuelvan lo que necesariamente esté contenido en un documento público.

Otra alegación es que la manifestación que el testigo hizo en 1908 no constituye una- admisión de la deuda que «se le cobra en este pleito porque-no se probó el origen de la deuda que se reconoció.

Desde el momento en que el demandado declaró en el juicio que en 1908 hizo la manifestación jurada de que debía $800 a los demandantes y teniendo en cuanto que ella justi-ficaba la alegación de sus contrarios de que en esa feclia les debía esa misma suma, a menos que él explicara., lo que no hizo babiendo tenido oportunidad para ello, que tal recono-cimiento de deuda se refería a otra distinta de la reclamada, estaba el Juez justificado para considerarla como una admi-sión, con mayor motivo cuanto que él negó en su contestación que en ninguna fecha anterior o posterior a 1907 les baya de-bido tal cantidad por préstamo ni por ningún otro concepto, ni que confesara deberla.

El quinto y último error que se alega se refiere a la sufi-ciencia de la prueba para justificar la sentencia condenatoria.

La demanda no alegó que la deuda se contrajera exclu-sivamente por medio de cheques y por tanto no existe dis-crepancia' entre la prueba y las alegaciones.

Los demandantes declararon que habían facilitado al. de-mandado en calidad de préstamo la suma de $800 de los cuales le entregaron $609.74 en diferentes fechas por medio de cheques cuyos números relacionan y $190.26 en dinero efectivo y aun cuando no presentaron en el juicio sino cheques por valor de $433.74 esto no justifica que solo por esa cantidad pueda ser condenado pues la prueba de la obligación recla-mada podía hacerse con la declaración de los demandantes y la presentación de los cheques no es otra cosa que una corroboración de aquellas.

Además de esas declaraciones y de los cheques existían como prueba la carta y la admisión de que hicimos referencia, y la cuestión quedó planteada en el tribunal a resolver si era cierto lo que decían los demandantes o lo que sostenía el demandado de que si bien había recibido varios cheques de aquellos era en cambio de dinero que les entregaba, siendo ese conflicto de la evidencia resuelto en su contra.

En vista de estas consideraciones debemos confirmar la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. Aldeey

license: Public Domain

text:
    Alicea, Demandante y Apelante, v. Aboy, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Hnmaeao en cansa sobre daños y perjuicios.
    No. 1303.
    Resuelto en julio 28, 1915.
    Automóvil Particular — Culpa o Negligencia del Chauffeur — Responsabilidad del Dueño del Automóvil — Ocupación del Automóvil por el Dueño en el Momento del Accidente — Actos u Omisiones Propios. — El dueño de un automóvil o de otro vehículo no es responsable de los actos de culpa o negli-gencia de su empleado como chauffeur, si dicho automóvil no forma parte de una empresa, Vélez v. Llavina, 18 D. P. R., 656, aun cuando el dueño viaje en el automóvil o vehículo en el momento de ocurrir el acto negligente o culpable de su empleado, porque la ley no le ha impuesto esa obligación en las excepciones específicas establecidas a la regla general de que se es respon-sable de los actos u omisiones propios.
    ,Los liecbos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. José Tous Soto y Manuel Tous Soto.

    Abogados del apelado: Sres. Charles Hartzell y F. Ramí-rez de Arellano.

   El Juez Asociado Se. Aldeey

emitió la opinión del tribunal.

Después de detenida consideración resolvimos en el caso de Vélez v. Llavina, 18 D. P. R., 657 que el dueño de un auto-móvil o de un vehículo no es responsable de los actos de culpa o negligencia de su empleado como chauffeur, si dicho auto-móvil no forma parte de una empresa.

En la apelación interpuesta en el caso presente contra la sentencia de la Corte de Distrito de Humacao que absolvió al demandado Ramón Aboy Benitez por no existir cansa de ac-ción contra él, no se impugna la anterior doctrina del caso de Vélez v. Llavina pero se sostiene que no es aplicable porque el- apelado Aboy viajaba en el automóvil que guiaba su chauffeur cuando éste negligentemente causó eJ daño por el cual se reclaman perjuicios al dueño del automóvil.

Este caso en nacía se diferencia del de Véles v. Llavina, supra, porque Haciendo la ley responsable al dueño de un automóvil de la culpa o negligencia de su empleado como chauffeur solamente cuando el vehículo se utiliza en una em-presa o negocio, no es responsable el dueño aunque viaje en él en el momento de ocurrir el acto negligente o culpable de su empleado porque la ley no le ha impuesto esa obligación en las excepciones específicamente establecidas a la regla general de que se responde de los actos u omisiones propios.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.

El Juez Asociado Sr. Hutchison disintió.


text:
    Echavarría et al., Demandantes y Apelados, v. Alers et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en causa sobre rescisión de partición: moción sobre can-celación de inscripciones.
    No. 1330.
    Resuelto en julio 29, 1915.
    Jurisdicción — Presunción de Remisión de Pleito al Distrito Donde Puf; In-corporado el Pueblo Donde Radican las Pingas. — Presentada en la Corte de Distrito de Aguadilla la moción para cumplimiento de una sentencia dic-tada por la de Mayagiiez en 1903 con respecto a fincas radicadas en el pueblo de San Sebastián, el cual fué incorporado a la primera de dichas cortes por la ley de 1904 para reorganizar el sistema judicial, debe presumirse que el pleito fué remitido a la Corte de Distrito de Aguadilla y por tanto que ésta tiene jurisdicción para actuar en él.
    Id.' — Actuaciones y Documentos Obrantes en el Pleito — Ejecución de la Sentencia — Conocimiento Judicial. — Un juez puede tomar conocimiento judicial de las actuaciones y de los documentos obrantes en el pleito ante sí, sin que sea necesario que se presente prueba de ellos, ni que se entregue copia á la parte contraria, al resolver una moción para el debido cumplimiento de la sentencia dictada.
    Subrogación de Derechos — Presunción.—Cuando un juez resuelve una moción en que los peticionarios aparecen subrogados en los derechos de una parte en un pleito, la presunción es de que de los autos constaba la subrogación.

      Tercero — Acción Rescisoria — Inscripción en el Registro — Enajenación í'rau-dulenta. — El artículo 37 de la Ley Hipotecaria no dispone que la acción res-eisovia no perjudica a tercero cuando su inscripción tiene un año de vigencia, sino cuando la acción no se entabla dentro de un año contado desde el día-de la enajenación fraudulenta.
    Id. — Rescisión de Partición — Cancelación de Inscripción. — No tienen el carác-ter de terceros las personas que aparecen recibiendo bienes en una partición que fué rescindida y cuyas inscripciones se mandan cancelar.
    Ejecución de Sentencia — Notificación de la Moción para su Cumplimiento.— No puede sostenerse que una persona, que alega ser tercero no ha sido oída y vencida en juicio cuando para hacer cumplir una sentencia se le notificó la moción en que se interesaba la cancelación de una inscripción en el registro de la propiedad y tomó parte activa en oposición a ella, con mayor motivo si del pleito consta que hiso la compra cuya inscripción se manda cancelar cuando liafcía fido anotada en el registro la demanda de íeseisión de una paitición por la cual adquirió su vendedor.
    Id. — Cumplimiento de la Sentencia Después de Transcurridos Cinco Años de Registrada — Discreción Judicial. — Si bien'el artículo 239 del Código do Enjuiciamiento Civil limita a cinco años el tiempo para pedir el cumplimiento de una'sentencia, como el artículo 243 del propio texto autorisa a la corte para llevar a cumplimiento una sentencia que no sea para cobro de dinero después de los cinco años de haber sido registrada, al ordenar el juez trans-curridos dichos cinco años que la sentencia se cumpla qn el particular que se interesa, la piesunqión es de que hilo uso de esa facultad discrecional.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: iSr. Víctor P. Martines y Gon-zález.

    Abogado de los apelados: Sr. Enrique González Mena.

   El Juez Asociado Se. Aldbey

emitió la opinión del tribunal.

José, Herminia e Ignacia Echavarría Maisonave presen-taron moción a la Corte de Distrito de Aguadilla el 24 de marzo de 1915 exponiendo: que los herederos y algunos acreedores de don Venancio Esteves practicaron en 28 de oc-tubre de 1897 la división de los bienes relictos y se los adjudi-caron entre sí con perjuicio del acreedor hipotecario clon Félix Echavarría, partición que la heredera de éste doña Felicita Maisonave impugnó ante la Corte de Distrito de Mayagüez y se dictó sentencia en 24 ele diciembre de mil novecientos tres declarándola rescindida, la que fué confirmada por este Tribunal Supremo; que practicada nueva partición en el año 1907 como consecuencia de esa sentencia, se adjudicaron en ella a los peticionarios, como cesionarios de doña Felicita Mais onave, ciertas fincas que no pneclen inscribir en el regis-tro de la propiedad porque aún subsisten en él las inscrip-ciones que en virtud de la partición rescindida se hicieron a favor de doña Isabel Alers Beauchamps, de doña' Mercedes, doña Monserrate y doña Rafaela Esteves Alers, de doña María Santoni, viuda de Aramburu, de don Víctor Martínez que por su muerte está-representado por su heredero don Víctor P. Martínez y G-onzález, y de la mercantil L. Orfila y Compañía, representada por don Lorenzo Orfila hoy difunto, y cuya sucesión representa su viuda doña Carmen Iturrino, por lo que después de reseñar las fincas a que las inscripciones se refieren concluyeron con la súplica de que se librase man-damiento al registrador ordenándole la cancelación de esas inscripciones.

A esa moción se opusieron doña Isabel Alers Beauchamps, doña Rafaela, doña Monserrate y doña Mercedes Esteves Alers, doña Carmen Iturrino y doña María Santoni, viuda de Aramburu, y celebrada la vista, en la que estuvieron defen-didas por el abogado don Víctor P. Martínez y González, el juez,, después de consignar que la moción fué debidamente notificada a las personas en ella nombradas, dictó resolución ordenando las cancelaciones que se interesan y contra ella interpusieron los opositores el presente recurso de apelación que han sostenido por medio de su abogado don-Víctor P. Martínez y González.

En los primeros cuatro motivos del recurso se alega como fundamento para que revoquemos la resolución apelada que no aparece de la moción que la Corte de Distrito de Aguadilla tenga jurisdicción para resolverla porque se refiere a un pleito tramitado en la de Mayagüez sin que se haga constar •que ha sido trasladado a la de Aguadilla; que no resulta de la moción que los peticionarios hayan sido subrogados en los derechos de doña Felicita Maisonave por alguna de esas cor-tes y que tampoco aparece que hayan ofrecido prueba de los documentos a que se hace referencia, que se entregara copia de ello a los opositores, ni el permiso de la corte para que los peticionarios queden subrogados en los derechos de la señora Maisonave.

Aunque en la moción se consigna que el pleito 'se tramitó en-Mayagüez, sin embargo, como las fincas a que el se refiere radican en el pueblo de San Sebastián, el cual fue incorporado a la demarcación judicial del distrito de Aguadilla por la Ley de 1904 para reorganizar el sistema judicial, debemos suponer que dicho pleito fué remitido debidamente a la Corte de Dis-trito de Aguadilla por formar parte de él el pueblo de San Sebastián.

Teniendo pues, la corte ante sí el pleito, tiene jurisdicción para resolverlo y habiendo sido presentada en el mismo la moción que tiene por objeto llevar a debido cumplimiento la sentencia que se dictó, el juez pudo tomar conocimiento judicial de sus actuaciones y de los documentos en él' obrantes, por lo que no era necesario que se presentara prueba de ellos ni que se entregara copia a los demandados. 16 Cyc., 917 y 918.

Al resolver el juez la moción de los hermanos Eohavarría, debemos suponer 'también que en los autos constaba su subro-gación en los derechos de doña Felicita Maisonave.

Por igual razón no es sostenible el 5o. motivo del recurso referente a que habiendo hecho los opositores una negación general de las alegaciones contenidas en la moción estaban los peticionarios en el deber de probarlos.

Se .alega en el 6o. motivo del recurso, que la mayor parte de los demandados, sin que se diga cuáles, son terceros y que bajo ningún concepto puede perjudicarles la sentencia de 24 de diciembre de 1903 desde el momento en que las inscripcio-nes cuya cancelación se interesa tienen más de un año de vigencia.

El artículo 37 de la Ley Hipotecaria no dispone, como alegan los apelantes, que la acción reseisoria no perjudique a tercero cuando sn inscripción tiene nn año de vigencia, sino cnando la acción no se entabla dentro de nn año contado desde el día de la enajenación fraudulenta.

Además todas las personas cuyas inscripciones se mandan cancelar aparecen, según la moción, recibiendo bienes en la partición que fué rescindida, excepto don Víctor P. Martí-nez y G-onzález y no tienen el concepto de terceros.

Con respecto a don Víctor P. Martínez y González, quien según la moción tiene inscrita a su nombre por título de com-pra la adjudicación que se bizo a don Víctor Martínez en la partición rescindida, se alega en el 7o. motivo del recurso que no le perjudica la sentencia de 24 de diciembre de 1903, ni la orden apelada, porque no puede ser privado de sus bienes sin liaber sido oído y vencido en juicio.

Dicho señor no solamente fué notificado de la moción,, según se consigna en la resolución del- juez, sino que ha sido el abogado de los opositores y el que alega especialmente en este recurso que no puede ordenarse la cancelación respecto de él; y aunque es cierto que según la moción él adquirió por compra la participación que en el registro estaba inscrita a favor de don Víctor Martínez por adjudicación que se le hizo a este señor en la partición rescindida, no puede sostener que no ha sido oído y vencido en juicio, y que no le perjudica la mencionada sentencia, pues habiendo sido notificado de la moción y habiendo tomado una parte activa en la oposición a ella, debemos suponer que el juez resolvió en contra suya la cuestión de que aunque aparecía su inscripción por título de compra a don Víctor Martínez, debía perjudicarle la sen-tencia de 24 de diciembre de 1903 y en su consecuencia que debía ordenarse la cancelación de su inscripción si del pleito en que se dictó dicha sentencia resulta como sostienen los ape-lados que don Víctor P. Martínez y González compró la parti-cipación adjudicada a don Víctor Martínez después que en el registro de la propiedad se había tomado anotación de la demanda de rescisión.

El último motivo que se alega por los apelantes es que el cumplimiento de la sentencia está prescrito de acuerdo con el artículo 239 del Código de Enjuiciamiento Civil. Es cierto que el artículo que se cita limita a cinco años el tiempo para pedir el cumplimiento de una sentencia, pero como el artículo 243 del propio texto autoriza a la corte para llevar a cumplimiento una sentencia, que no sea para cobro de dine-ro, después de los cinco años de haber sido registrada, al ordenar el juez transcurridos dichos cinco años que la senten-cia se cumpla en el particular que se interesa, debemos supo-ner que hizo uso de esa facultad discrecional.

No siendo, pues, sostenibles los motivos que se alegan para la revocación de la resolución apelada, debemos con-firmarla.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Hutchisojst,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado v. López, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en causa sobre calumnia e injuria.
    No. 872.
    Resuelto en julio 29, 1915.

    Calumnia e Injuria — Crítica de Funcionarios Públicos — Libertad de Pala-bra.' — Se imputó al acusado el Lecho de que maliciosa y públicamente desde la tribuna de un mitin obrero que se celebraba en la plaza de liostos de Bayamón, y con el fin de menospreciar a Arthur Yager, Gobernador de Puerto Kieo, dijo que era un imbécil, estúpido y bruto y que lo que estaba haciendo eran canalladas. Se resolvió: que el lenguaje ofensivo usado cae de lleno dentro del principio sentado por esta corte en el caso de M Pueblo v. García, 21 D. P. K., 1631, siendo revocada la sentencia condenatoria y absuelto él acusado.
    Id. — Estatutos Penales — Conducta Groseramente Ofensiva a la Moral y Decoro Público. — Los preceptos de los estatutos penales no son elásticos o susceptibles de ser conformados, y la extensión o alcance que les den las cortes de justicia hasta hacerlos comprender conducta que es groseramente ofensiva a la moral y decoro público, puede dar lugar a resultados muchos más perniciosos que aquellos que pudieran ocasionarse con la absolución del delincuente.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José L. Pesquera,.

    Abogado de El Pueblo: Sr. Salvador Mestre, fiscal.

   El Juez Asociado Se. Hutchisojst,

emitió la opinión del tribunal.

El, acusado y apelante fné declarado culpable primera-mente en la Corte Municipal de Bayamón, y luego al cele-brarse el juicio de novo en la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., por un delito de calumnia e injuria que le fué imputado en una denuncia formulada contra él por el jefe de distrito de la Policía Insular, cometido como sigue:

‘‘Que en febrero 22 de 1915, entre 7 y 8 p. m., y en la Plaza Hostos de Bayamón, del Distrito Judicial Municipal de Bayamón, P. R., que forma parte del Distrito Judicial de San Juan, P. R., el acusado Luis López Muñiz, maliciosa y públicamente desde la tribuna de un mitin obrero que se celebraba en dicha plaza y con el fin de menospreciar al Hon. Arthur Yager, Gobernador de Puerto Rico, dijo de él que era un imbécil, estúpido y. bruto, y que lo que estaba haciendo eran canalladas.”

Es una curiosa coincidencia que el lenguaje ofensivo que ha sido imputado al acusado caiga tan de lleno dentro del principio sentado por esta corte en el caso de El Pueblo v. García, 21 D. P. R., 163, citado por el acusado, que sugiere la intención deliberada y malicioso propósito de ir tan lejos en el uso de este lenguaje como fuere posible hacerlo sin peli-gro alguno, contando para ello con la protección de la inter-pretación que fué dada a estas cuestiones en dicho caso. Pero no es de la incumbencia de las cortes prescribir el remedio para cualquier tendencia maligna aun cuándo los síntomas indiquen una asimilación defectuosa de los principios fun-damentales proclamados judicialmente. Ni tenemos necesi-dad de considerar extensamente los hechos expresados en la denuncia. Las palabras que fueron imputadas al acusado,. pronunciadas en nn momento tan crítico y bajo circunstan-cias qne son conocidas de todos, de notoriedad pública e his-toria contemporánea, de las cuales tomamos conocimiento judicial sin hacer mención de detalles, caracterizan suficiente-mente tanto al orador como al acto suyo de expresarlas, siendo superfino todo comentario respecto a tal conducta. Y si él no hablaba meramente a nombre propio sino también en una capacidad representativa, entonces el estigma que de tal modo se imprime sobre sus representados es a su vez una cuestión en la cual no debemos sentir ningún interés. La du-ra escuela de la experiencia es la única esperanza de salvación para aquellos que toleran tales intérpretes.

En el caso de El Pueblo v. García, supra, citamos con apro-bación el lenguaje del Juez lio oh en el caso de Demolli v. United States, el cual es como sigue:

“Los preceptos de los estatutos penales no son elásticos o sus-ceptibles de ser conformados, y la extensión o alcance que les den las cortes de justicia hasta hacerlos comprender conducta que es groseramente ofensiva a la moral y decoro público, como fue la de Demolli, puede dar lugar a resultados mucho más perniciosos que aquellos que pudieran ocasionarse con la absolución del delincuente.” 6 L. R. A. (N. S.) 424.

El principio así enunciado debe prevalecer en todo país libre a pesar de los casos esporádicos en que deliberadamente ocurren desbordamientos ofensivos rayanos en abuso de la libertad de la palabra que de tal modo se garantiza a todos los ciudadanos.

Debe revocarse la sentencia apelada y absolverse al acu-sado.

Revocada la sentencia apelada y absuelto el acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison

text:
    Abril, Demandante y Apelada, v. Saavedra et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en cansa sobre injunction para recobrar la posesión material de propiedad inmueble.
    No. 1256.
    Resuelto en julio 29, 1915.
    INJUNCTION PARA RECOBRAR LA POSESIÓN MATERIAL DE PROPIEDAD INMUEBLE — • Prueba Contradictoria — Pasión o Prejuicio — Confirmación de la Sen-tencia. — En este caso el único fundamento del recurso es que la corte inferior incurrió en error ál declarar que los hechos están en favor de la deman-dante y se resolvió: que, aunque, existe contradicción en la prueba, no puede decirse que la sentencia no esté sostenida por la misma, y que, no existiendo ningún indicio de pasión o prejuicio por parte del juez sentenciador, debo confirmarse la sentencia.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Garlos Franco Soto.

    Abogados de la apelada: Sres. Enrique González Mena, y Juan B. Soto.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

En la Corte de Distrito de Arecibo y en una petición de “injunction para recobrar la posesión material de propiedad inmueble” que evidentemente fné establecida de acnerdo con la “Ley proveyendo procedimientos para recobrar la posesión de propiedad inmueble”, aprobada en 13 de marzo de 1913, la peticionaria-apelada alegó snstancialmente lo siguiente:

Que es dueña en pleno dominio de nna finca compuesta de cuarenta y tres cuerdas y un cuadro de terreno la cual se describe en la solicitud y que adquirió dicba finca por compra a Julio Osvaldo Abril y está inscrita en el registro de la pro-piedad; que tomó posesión de la finca en la fecba en que se bizo la compraventa, dejándola arrendada a Quintín Saa-vedra Soler; que posteriormente el referido arrendatario fue lanzado del predio en virtud de juicio de desahucio estable-cido' por la demandante que ocupó entonces la posesión material ele la finca y la dejó al cuidado de Carmelo Piquet; que subsiguientemente los' demandados Francisco y Bartolomé Saavedra Soler a la fuerza y contra' la voluntad de Avelino Mercado que a su vez había sido encargado de la finca por Piquet, cercaron con alambre una parte de la referida finca, o sea el predio compuesto de treinta y cuatro cuerdas tres cuadros de terreno, segregando así mediante actos violentos y fraudulentos dicha porción de los demás terrenos de la de-mandante y privándola de la posesión material y acceso a la misma; que dicha parcela está sembrada de cañas habiéndose apoderado de ella los referidos demandados por medios vio-lentos y fraudulentos, aplicándolos a su propio uso y benefi-cio.

Concluye la petición con- la súplica de que se expida un injunction mandatorio ordenando que la demandante sea res-tablecida a la posesión real de la parcela de terreno de trein-ta y cuatro cuerdas y tres cuadros de que ha sido' privada por los demandados, y que se les requiera para que se absten-gan de cometer nuevos u otros actos semejantes tendentes a perturbar a la demandante en dicha posesión.

El demandado Francisco Saavedra formuló su contestación y se celebró el juicio que terminó con la sentencia de la corte a favor de la demandante.

El único señalamiento' de error que ha sido alegado es que la corte incurrió en error al declarar que los hechos están a favor de la demandante.

Aunque existe cierta contradicción en la prueba no pode-mos decir que la sentencia no esté sostenida por la misma, y no existe ningún indicio de pasión o prejuicio por parte del juez sentenciador.

Debe confirmarse la sentencia.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces' concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: JUEZ ASOCIADO SB. WOLE.

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. López, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humaeao en cansa por alterar la paz pública.
    No. 875.
    Resuelto en julio 29, 1915.
    Celebrada el 16 de julio de 1915 la vista del presente recurso, este tribunal, examinada la transcripción de autos en la que no existe exposición del caso ni pliego de excepciones, y, no habiendo aparecido que se hubiera cometido ni alegado error fundamental alguno, dictó sentencia confirmando la apelada de la Corte de Distrito de Humaeao de 17 de noviembre, 1914.
    El apelante no compareció.
    Abogado del apelado: Salvador Mester, Fiscal.

    Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro Alclrey y Hutchison.
    ,E1 Juez Asociado Sr. Wolf disintió.
   OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SB. WOLE.

Disiento de la sentencia que ha sido dictada por la Corte en este caso.

Expresa la denuncia “que en 9 de agosto de 1914, a las 8.30' p. m., en la calle Falcón de San Lorenzo, P. B., del Dis-trito Judicial de San Lorenzo, que forma parte del Distrito Judicial de Humaeao, P. B., el acusado voluntaria y malicio-samente y en momentos en que una manifestación que reco-rría las calles de esta población,, dió mueras a Muñoz Bivera, con cuyas frases alteró la paz de las personas de dicha ma-nifestación”.

Se admite que las palabras “dió mueras a Muñoz Bivera” por sí solas no constituyen una alteración de la paz, pero se alega por el fiscal que la frase “con cuyas frases alteró la paz de las personas en dicha manifestación” considerada en rela-ción con el hecho de que tenía lugar una manifestación, es una exposición de hecho de que estos “mueras” resultaron en una alteración de la paz de las personas que iban en la manifesta-ción, siendo Muñoz Bivera el Comisionado de Puerto Bico en 'Washington y nn jefe político prominente. Centenares de denuncias diferentes podrían citarse en lap que se emplean palabras como, éstas en su parte final que son meramente con-clusiones formales en las cuales se menciona el delito por el cual fue denunciado el acusado. De todos modos, las palabras finales constituyen una conclusión legal y en una alegación deben exponerse hechos. Si hay una alteración de la paz de-ben traerse a la consideración de la corte por medio de la de-nuncia los elementos <Jue la constituyen. De otro modo una denuncia en la que se alegue que un acusado alteró la paz de Juan González sería una denuncia suficiente. La denuncia es además defectuosa por no acreditarse en ella la naturaleza de la manifestación o las personas cuya paz fué alterada.

La sentencia debió haber sido revocada, y absuelto el acu-sado.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro

text:
    Hernández, Demandante, Apelante y Apelado, v. Loubriel, Demandado, Apelado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en causa sobre reivindicación y daños y per-juicios..
    No. 1239.
    Resuelto en julio 30, 1915.
    Reivindicación — DaSos y Perjuicios — Examen de las Pruebas — Pasión, Pre-juicio o Parcialidad — Error Manifiesto. — Examinadas las pruebas practi-t cadas en este caso consistentes en.planos, peritos, escrituras y declaraciones de testigos, se resolvió: que existe un verdadero conflicto en cuanto al ex-tremo de la reivindicación; que los daños y perjuicios no lian sido suficiente-mente probados, conclusión a que también había llegado el juez inferior, y que no habiéndose demostrado que el juez de distrito actuara movido por pasión, prejuicio o parcialidad, o que cometiera algún error manifiesto, su sentencia debe confirmarse.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del demandante: Sr. José E. Benedicto.

    Abogado del demandado: Sr. Enrique Lefebre.

   El Juez Asociado Sr. del Toro

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn pleito sobre reivindicación de nna faja de terreno e indemnización de daños y perjnicios.

La demanda en lo pertinente, dice así:

“2. Que el demandante es dueño de la siguiente finca:
“ ‘Urbana: Solar sito en el barrio de Puerta de Tierra de esta ciudad, marcado con el número 87, en colindaneias por el norte en 22 metros con el solar número 86 de Angela Ayuso, Dolores Ramos y la Sucesión Iglesias; por el sur en 22 metros con la calle de San Agustín; por el este en 25 metros con terrenos del Estado y por el oeste en 25 metros con parte que fué del mismo solar número 87 de Irene Nogueras, lioy de Rafael Loubriel Cueto. Es de forma rectangular y-mide quinientos cincuenta metros cuadrados.’
“3. Que adquirió.el descrito solar por compra a don Julio César González y su esposa doña Carmen Da.ubón, el 17 de noviembre de 1911, según escritura pública debidamente inscrita en el registro de la propiedad.
“4. Que hasta hace siete meses más o menos, el demandante y los anteriores dueños de la descrita finca la han poseído quieta, pública y pacíficamente, sin interrupción de nadie por más de treinta años, a título de dueños.
“5. Que el demandado Rafael Loubriel Cueto es asimismo dueño de un solar en el barrio de Puerta de Tierra de esta ciudad, situado al oeste del solar del demandante, con el que colinda por dicho lado.
“6. Que la línea divisoria de ambos solares existía una cerca puesta desde hace más de veinte años, la que ha sido destruida por el tiempo, no existiendo en la actualidad, pero quedan aún restos de la misma, indicando el verdadero límite o línea divisoria entre ambos solares.
“7. Que el demandado sin la autorización del demandante y en contra de la voluntad de éste, levantó una cerca dentro del solar del demandante a una distancia de un metro treinta-centímetros del sitio en que estaba la antigua cerca; separando de la finca del deman-dante una faja de terreno, situada en la colindaneia oeste de aquélla, de un metro treinta centímetros de frente por veinte y cinco metros de fondo, situada o comprendida entre la finca del demandado y el resto del solar del demandante; la que para mayor claridad se describe en la siguiente forma:
“ ‘Faja de terreno en el barrio de Puerta de Tierra de esta ciudad de un metro treinta centímetros de frente por 25 metros de fondo,' colindante por el sur con la calle de San Agustín; por el norte con solar número 86 de Angela Ayuso; por el este con terrenos de Guillermo Hernández y por el oeste con solar del demandado Rafael Loubriel' Cueto.’
“8. Qtue desde hace siete meses más o menos en que el deman-dado levantó la indicada cerca, está poseyendo la faja de terreno antes referida, sin título alguno para ello, en contra de la voluntad del demandante, y negándose a reconocerle como su único y legítimo dueño.
“9. Que el demandante empezó a edificar en el descrito solar de su propiedad una casa para vivienda, cuya obra le ha hecho suspender el demandado, considerándose como dueño de la descrita faja de terreno.
“10. Que la paralización de la obra antes referida, ha ocasionado al demandante daños y perjuicios en la pérdida de materiales, des-trucción o pérdida de .las obras ya realizadas, demora en la termi-nación de la fábrica y pérdida de los alquileres de 3a misma casa durante el tiempo en que la obra h,a sido paralizada.
“11. Que el demandante estima en la suma de ochocientos dollars ($800) los daños y perjuicios que le ha originado el demandado por los conceptos antes expresados.
“12. Que el demandado sabía perfectamente que la aludida faja de terreno era de la exclusiva pertenencia del demandante, pues desde los primeros momentos en que pretendió tener derecho alguno sobre ella, el demandante, con conocimiento del demandado hizo prac-ticar por un ingeniero una mensura y deslinde de su solar, de las cuales resultó que el indicado terreno era del demandante; y el de-mandado a pesar de conocer perfectamente el resultado de dicho deslinde y mensura, realizó los actos antes expresados.”

El demandado contestó en la siguiente forma:

“Io. Admite los hechos 1°., 2o., 3o. y 5o. de la demanda.
“2o. Niega el hecho 4o. en lo que se refiere a que haya sido per-turbado en su posesión por el demandado.
,“3°. Niega los hechos 6, 7 y 8.
“4o. En cuanto a los hechos 9, 10, 11 y 12, el demandado alega que la obra a que alude el demandante, que fué paralizada, no es la obra en construcción, sino la parte de trabajos que ejecutaba en el solar propiedad del demandado, y que lo fué, no por el demandado, sino por una — de la corte, sólo referente a lo que el demandante hiciera dentro de la propiedad del demandado.”

Como materia nueva alegó el demandado, en resumen, qne en 28 de marzo de 1910, adquirió por compra a su abuelo don José Reyes"Rivera, la siguiente finca:

“Urbana: Solar, sito en el barrio de Puerta de Tierra, de esta ciudad, que tiene catorce metros de frente por veinte y nueve de fondo, colindando por el norte, con doña Irene Nogueras; por el sur, con la calle de San Agustín; por el este, con solar de don Guillermo Hernández, el demandante; y por el oeste, con doña Belén Dávila de Rengel. ”

Que desde que compró, los límites de su solar se encuen-tran demarcados y el- demandado nunca fia corrido la cerca que'separa su solar del del demandante.

Que hace más de treinta años que la cerca entre ambos so-lares existe en el mismo sitio en que boy está, habiéndose construido en el solar del demandante una casa bace siete años cuya escalera ocupa algo de la faja reclamada por el deman-dante, y

Que por razón de la existencia de la cerca, la acción del demandante para reivindicar está prescrita.

Celebrada la vista, la corte dictó sentencia declarando con lugar la demanda en cuanto a la reivindicación y sin .lugar en cuanto a los daños y perjuicios. Ambas partes apelaron para ante esta Corte Suprema.

Examinaremos primero la apelación del demandado, que envuelve la cuestión fundamental de reivindicación, y luego la apelación del demandante, que se limita a la materia de daños y perjuicios.

La prueba del demandante consistió en documentos, pla-nos, peritos, y testigos, y la del demandado también en docu-mentos, planos, peritos y testigos. Además, el juez sentencia-dor practicó una inspección ocular del lugar en que se encuen-tran situados los solares del demandante y del demandado.

Apreciando dicba prueba, el juez ¡sentenciador al emitir la opinión que sirvió de base a su sentencia, se expresó así:

“Después de un detenido estudio de la prueba practicada y de un examen del lugar en donde estos solares están radicados, no cabe ninguna duda de que la eolindaneia este. del solar del demandado está dentro del solar del demandante, pero la razón de ésto está en que la casa situada'en el ángulo sud-oeste del plano del Departa-mento del Interior, haciendo esquina con las calles de San Agustín y de San Juan Bautista, no ocupa su verdadero sitio, sino que está construida un metro treinta centímetros más- hacia el este del punto exacto sud-oeste marcado en el dicho plano del Departamento del Interior; y tomando como base para la medición de toda esa línea sud de solares, frente a la calle de San Agustín hacia el este, la es-quina de la casa construida en el ángulo sud-oeste del plano del Departamento del Interior, antes dicho, es claro que al solar del de-mandado le falte un metro treinta centímetros que pretende él en-contrar en el solar del demandante; pero no es en el ángulo sud-oeste de la casa construida en la esquina de las calles de San Agustín y de San Juan Bautista en donde debe empezarse la medida, lineal de todos esos solares que dan frente a la calle de San Agustín, sino en el punto marcado en el plano del Departamento del Interior, o sea el ángulo sudíoeste del solar marcado en dicho plano con el número 81, y haciéndose así, no hay ninguna diferencia entre las medidas que expresan los títulos de cada uno de los propietarios de solares colindantes con la calle de San Agustín.”

Hemos examinado también cuidadosamente la prueba practicada y en ella liemos encontrado tres elementos dis-tintos por virtud de los cuales puede llegarse a la solución del problema planteado, a saber: 1, los planos y los peritos; 2, las escrituras,<y 3, las manifestaciones de los testigos.

Veamos los planos y lo dicho por los peritos. Así el solar del demandante como el del demandado pertenecieron a la hacienda y están situados en el barrio extramuro de Puerta de Tierra entre las líneas 2a y 3a defensiva de la plaza de San Juan. Allá por el año de 1879 se levantó un plano de dicho barrio, copia del cual, proporcionada por el Departamento del Interior e introducida como prueba, tenemos a la vista. El solar del demandante es parte del marcado en dicho plano con el número 87 y ocupa el extremo oriental con frente al Sur. El solar del demandado se formó con parte del solar número 87 y del contiguo marcado con el número 85 también con frente a la calle de San Agustín, y con parte de otros de los solares cuyo frente da a la Carretera Central. De acuerdo con este plano explicado por los peritos, es evidente que en vez de diez metros de frente por veinte y cinco de fondo que fueron los vendidos por el dueño del solar número 87 al ante-cesor del demandado, el demandado ocupa en la actualidad once metros treinta centímetros de frente por veinte y cinco de fondo. . La anterior conclusión se confirma además por el examen de los otros planos presentados como prueba.

Examinemos las escrituras. Las del demandante expre-san que al demandante corresponden veinte y dos 'metros de frente por veinte y cinco de fondo. Esto no es conforme con la realidad actual. Aceptando como punto de partida la cerca divisoria de los solares del demandante y del demandado tal como, se encontraba al comenzar este pleito, el demandante tiene un metro treinta centímetros menos de lo que indican sus títulos. Las del demandado asignan al solar de que es dueño, catorce metros-de frente por veinte y nueve de fondo. Esto es conforme con la realidad. Partiendo de la cerca que ac-tualmente divide los solares del demandante y del demandado, éste sólo tiene lo que le marcan sus títulos. ¿Dónde está, pues, el metro treinta centímetros que falta? Volviendo al examen de los planos y de la prueba pericial, la pregunta se contesta afirmando que esa diferencia viene desde el extremo occidental de la manzana de que los solares del demandante y del demandado forman parte. Veamos lo que dice el inge-niero Enrique Castro González con respecto al deslinde que, a instancia del demandante y con autorización de la Corte, practicara:

“Teniendo a la vista los títulos de ambos propietarios así como también el plano parcelario de esos terrenos levantado por el Gobierno Español para la venta de dichos solares a particulares, llegó al cono-cimiento de que para poder localizar con toda precisión la línea divi-soria entre el solar del señor Hernández y el del señor Loubriel, era de todo punto indispensable empezar la mensura desde la esquina de esa cuadra que queda al oeste de los referidos solares; lo que efectuó de la siguiente manera :•
“Esta cuadra se compone de los solares números 81, 83, 85 y 87, el 87 (debe decir 81), es el que forma la esquina oeste de ella y tiene un frente a la calle de San Agustín de 20 metros; el 83 y el 85 tienen 30 metros cada uno y el 87 tiene 32 metros, de suerte que la suma de las dimensiones de los cuatro solares por la calle de San Agustín arroja un total de 112 metros; como el solar del señor Her-nández consta de 22 metros de frente a esa calle y constituye la parte oriental del sola,r número 87, que es el último, debe encontrarse la línea divisoria de este solar con el del señor Loubriel a 90 íiietros de la esquina.
“El punto de partida de la esquina está perfectamente definido, pues este solar número 81 está cercado por el lado de la calle que corre de norte a sur con un muro de manipostería y comprobada su situación con relación a la prolongación de esa calle al norte de la carretera, resultó perfectamente en línea con ella.
“Partiendo de la mensura de este punto de la esquina de la cuadra, se llegó a la cerca que actualmente existe como divisoria entre el solar del señor Hernández y el del señor Loubriel con una distancia de 91.30 metros, y como la distancia que debe existir es de 90 metros, resulta que el señor Loubriel ocupa del solar del señor Hernández una zona de terreno de 1 m. 30 cents, de ancho.
“Colocado el taquímetro en este punto se levantó una perpendicular a la 'línea del frente del solar para trazar su fondo, midiéndose en 25 metros, y se vió que la cerca continuó invadiendo la propiedad del señor Hernández en toda su extensión, resultando así la zona invadida de 1.30 metros de ancho por 25 metros de fondo.
“Los puntos que determina la verdadera línea divisoria entre ambos solares quedaron marcados sobre el terreno.
“Un dato que sirvió como comprobación de la eficiencia del pro-cedimiento usado, es que al colocarse el taquímetro en el ángulo sud-este del solar del señor Hernández, en la colindaneia con ‘El Pueblo de Puerto Rico, ’ para trazar el lado este de dicho solar, la línea pasó a una distancia de quince centímetros hacia el oeste del lado este del solar número 86 que es el que le queda al norte.”

Estudiemos la prueba de testigos. Es completamente contradictoria. Si creemos a los del demandante, tendremos que concluir que existió una cerca antigua que daba al solar del demandante las exactas dimensiones que le asignan las escrituras y los planos, existiendo aún vestigios de dicha cerca; que no sólo existió la cerca, sino que al lado de ella, dentro del metro treinta centímetros que se reclaman, se levantaba un ranchón del demandante qne fué luego destruido, y que el demandado en una fecha que no se precisa con toda exactitud pero que desde luego puede asegurarse que no fué anterior al 1894, corrió la cerca desde el sitio en donde se encontraba, hasta introducirse nn metro treinta centímetros en el solar del demandante.

Por el contrario, si damos crédito a los testigos del deman-dado, tendremos qne concluir que éste no' corrió la cerca; qne la cerca se encontró siempre donde se encuentra ahora y por tanto qne el demandado y sus antecesores habían veni-do disfrutando de la posesión, del solar qne hoy tienen por nn período de tiempo suficiente tal vez para adquirir por prescripción.

Alguien tuvo que faltar a la verdad. No pueden ser cier-tas a la vez las declaraciones de los testigos del demandante y las de los del demandado sobre el extremo de la cerca. Existe, pues, un verdadero conflicto que fué resuelto por el juez de distrito en su sentencia en pro del demandante.

Se ha dicho que el juez sentenciador no dió a la cuestión' de posesión en este caso la atención debida. Hemos leído cuidadosamente su dictamen y aunque en verdad parece que el juez consideró las resultancias del plano de urbanización con arreglo al cual se vendieron por el primitivo dueño, la hacienda, los solares, como decisivas tal vez de la contienda ante él suscitada, no puede asegurarse que no tomara en con-sideración las declaraciones de los testigos.

Es este un pleito que no deja-satisfecho, ciertamente, al juzgador. Pero es necesario decidirlo y en el estado en que se encuentra ante nosotros, atendidas todas las circunstancias concurrentes, tiene que merecernos crédito la apreciación del •juez que lo falló en primera instancia, oyendo personalmente declarar a los testigos y personalmente también inspeccionan-do el lugar donde la faja de terreno en disputa se encuentra situada.

No se ha demostrado que el juez de distrito actuara movi-do por pasión, prejuicio o parcialidad, o que cometiera algún error manifiesto, y la sentencia apelada, en cnanto al extremo de la reivindicación, debe confirmarse.

También debe confirmarse a nuestro juicio en cuanto al extremo de los daños y perjuicios. El juez sentenciador, en su opinión, se expresa así: “Los daños y perjuicios que el demandante alega haber sufrido, no han sido suficientemente demostrados.” Hemqs examinado la prueba y tampoco he-mos encontrado una demostración cumplida.

Deben declararse sin lugar los recursos interpuestos y confirmarse en todas sus partes la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Freire, Demandante y Apelado, v. Quintero y The National Surety Company, Demandados y Apelante el Primero; Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en causa sobre daños y perjuicios; Moción del demandante y apelado para que se desestime la apelación.
    No. 1335.
    Resuelto en julio 30, 1915.
    Apelación- — Parte Agraviada por la Sentencia. — De acuerdo con la ley, artículo 294 del Código de Enjuiciamiento Civil, sólo puede apelar contra una reso-lución judicial, la parte agraviada por diclia. resolución.
    Sentencia- — Exclusión de Demandados — Parte Agraviada. — Cuando un juez, al dictar su sentencia, excluye de los efectos de ésta a una parte demandada, no la agravia con sus pronunciamientos.
    Apelación — Interés Moral en una Sentencia — Apelación por una Parte no Agraviada. — El interés moral que pueda tener un demandado en la sentencia que se dicte en el caso, no es el'interés que la ley y la jurisprudencia re-quieren para que una persona no condenada expresamente por la sentencia pueda establecer contra ésta recurso de apelación.
    Prueba Contradictoria — Apreciación de las Pruebas — Pasión, Prejuicio o Parcialidad o Manifiesto Error — Apelación Frívola. — Cuando se trata de un caso de evidencia contradictoria en que el único fundamento de impug-nación de la sentencia es el de error en la apreciación de las pruebas, sin que se demuestre que el juez de distrito actuara movido por pasión, prejuicio o parcialidad o que cometiera algún error manifiesto, la apelación es frívola.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del demandado Jnan Quintero: Sres. Rafael López Landrón y Juan Gregory.

    Abogados del apelado: Sres. E. Ramírez Nadal y Pascasio Fajardo.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un caso sobre daños y perjuicios. La de-manda se entabló ante la Corte de Distrito de Mayagüez contra Juan Quintero y The National Surety Company en recla-mación de $1,467.00. Juan Quintero es un notario que ejerce su profesión en Mayagüez y The National Surety Company una corporación que fió al notario garantizando el fiel cum-plimiento de los deberes de su cargo. En la demanda se alega que el demandante creyendo que ciertas firmas habían sido puestas, como aparecía de la faz de los documentos, por deter-minada persona ante el notario Quintero, prestó varias canti-dades de dinero que luego no pudo recobrar porque resultó que las firmas no habían sido puestas ante el dicho notario, como el notario aseguraba. Celebrado el juicio, la prueba fue contradictoria y el juez decidió el conflicto en favor del demandante y dictó sentencia condenando únicamente a la fiadora The National Surety Company.

El demandado Quintero sin hacer gestión alguna para que se le incluyera en la sentencia y sin exponer los hechos por virtud de los cuales se consideraba como parte agraviada por la misma, apeló de ella para ante este tribunal en cuya secretaría se archivó la transcripción de los autos el 25 de mayo de 1915.

Así las cosas, el apelado presentó una moción para que se desestimara el recurso, por no haber el apelante archivado su alegato dentro del término que las reglas de esta corte le concede y por ser frívola la apelación. A la vista de la mo-ción acudieron los abogados represéntantes del demandante Freire y del demandado Quintero.

Al estudiar los autos para decidir las cuestiones plantea-das por el apelado, advertimos lo dicbo anteriormente, a saber > que la apelación se había interpuesto por úna persona no condenada por la sentencia.

De acuerdo con la ley, art. '294 del Código de Enjuiciamien-to Civil, sólo puede apelar contra una resolución judicial la parte agraviada por dicha resolución. No importa que el Notario "Quintero fuera parte demandada en el pleito en el cual se dictó la sentencia apelada. Cuando el juez dictó la sentencia, lo excluyó de sus efectos, y, por tanto, no lo agravió con sus pronunciamientos. No se nos oculta, el interés moral que pueda tener el demandado Quintero en la sentencia de que se trata, pero tal interés no es el que la ley y la juris-prudencia requieren para que una persona no condenada expresamente por la sentencia, pueda establecer contra ella recurso de apelación. Véase 2 E. C. L. 31, 32, 33, 34 y 35.

Por virtud de lo expuesto, es necesario concluir que la apelación debe desestimarse. Esto no obstanteideseamos con-signar que también hubiéramos llegado a igual conclusión en el caso de resolver por sus méritos la moción del apelado. A nuestro juicio la apelación es frívola. Se trata de un caso de evidencia contradictoria y el único motivo de impugnación de la sentencia es en verdad el de error en la apreciación de las pruebas, sin que se demuestre que el juez de distrito ac-tuara movido por pasión, prejuicio o’ parcialidad o cometiera algún error manifiesto. La jurisprudencia de este Tribunal en casos de tal naturaleza es tan repetida y constante, • que bien puede calificarse de frívola una apelación que sólo podría prosperar en -el caso de que esta corte desautorizara sus ante-riores decisiones.

Debe desestimarse el recurso.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández, y Aso-ciados Wolf, y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no intervino en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Pbesidentb Sb. Iíebnández,

text:
    Rosso, Demandante y Apelante v. Rosso, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en causa sobre reivindicación.
    No. 1187.
    Resuelto en julio 30, 1915.
    Reivindicación — Posesión pob el Demandado de la'Cosa Reclamada — Daños y Perjuicios. — En la acción reivindicatoría la posesión por el demandado de la cosa que se reclama es un requisito de indispensable alegación y prueba, y cuando en la demanda no bay alegación alguna que muestre dicba posesión, es fatalmente defectuosa.
    Id. — Daños y Perjuicios — Demanda Defectuosa en Cuanto a lo Principal.— Cuando en una demanda sobre reivindicación el pronunciamiento de daños y perjuicios está subordinado a otro principal, o sea al relativo a la devolución y restitución de la cosa, si este no puede prosperar, atendidos los hechos con-signados en la demanda, igual suerte tiene que correr aquél.
    Daños y 'Perjuicios — Restitución de Bienes — Alegaciones Esenciales de la Demanda. — Para poder apreciar si ha lugar o no a la indemnií ación de daños y perjuicios cuando los bienes reclamados no pueden ser restituidos, debe alegaise cuales son esos bienes, la razón de su inexistencia y el valor de los mismos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados dél apelante: Sres. Rafael Lopes Landrón y Juan Gregory.

    Abogado del apelado: Sr. Félix Santoni.

   El Juez Pbesidentb Sb. Iíebnández,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, Pedro Alfonzo Bosso,.contra sentencia que en 30 de julio de 1914 dictó la Corte de Distrito de Arecibo declaran-do sin lugar la demanda con las costas a cargo del deman-dante.

En esa demanda alega el demandante en síntesis los si-guientes hechos:

Io. Que la sucesión demandada de Eduardo Eosso y Gil de Lamadrid se compone de su viuda Magdalena Goicuría y de sus hijos adoptivos Pedro y María Eosso;

2o. Que durante el año 1898. el demandante tenía en arren-damiento dos fincas rústicas de Eduardo Eosso y Gil de La-madrid, una de ellas radicada en el barrio de Eío Arriba, sitio de Bacupey del término municipal'de Arecibo, y la otra denominada El Jaguar dentro del mismo término municipal.

3o. Que en dichas fincas tenía el demandante bienes in-muebles, muebles y semovientes, según se especifican en la demanda, los cuales representaban un valor de $6,947.

4o. Que el arrendador y el arrendatario rescindieron de común acuerdo el contrato de arrendamiento hacia el 15 de diciembre de 1899, quedando las dos fincas arrendadas en poder de Eduardo Eosso y Gil de Lamadrid y de sus mayor-domos o empleados, bajo cuya guarda, custodia y conserva-ción quedaron los bienes que en ellas había dejado el deman-dante.

5o. Que pocos días después reclamó el demandante dichos bienes a Eduardo Eosso y Gil de Lamadrid, quien se negó a devolvérselos reteniéndolos en su poder por su sola auto-ridad, ilegal y fraudulentamente, so pretesto de que el arren-datario Pedro Alfonzo Eosso tenía con él por liquidar una cuenta. corriente de carácter comercial;

6o. Que Eduardo Eosso y Gil de Lamadrid desde la resci-sión 'del contrato de arrendamiento ha venido utilizando dichos bienes, disfrutándolos y disponiendo de ellos a su arbitrio, no obstante saber como sabía que eran de la propiedad del arrendatario, habiéndolos detentado como también el valor o precio de los que vendiera, sin concepto alguno de dueño, hasta su fallecimiento en el año 1910.

7o. Que Eduardo Eosso y Gil de Lamadrid poco después de rescindido el contrato de arrendamiento enajenó o traspasó los bienes de que se trata, incluso el disfrute de la máqui-na de vapor que el arrendatario había empotrado en el fundo y demás inmuebles que instaló en la finca del Jaguar.

8o. Que habiendo reclamado privadamente el demandante a Eduardo Rosso y Gil de Lamadrid año por año hasta su fa-llecimiento, la devolución de los bienes y el importe en su caso, no consiguió esa devolución.

9o. Que algún tiempo después de ocurrido el fallecimien-to de Eduardo Rosso y Gil de Lamadrid, el demandante hizo igual reclamación a su viuda y heredera Magdalena Goicuría obteniendo sólo por respuesta evasivas y pretextos despro-vistos de toda razón legal.

La demanda concluye con la súplica de que se dicte sen-tencia condenando a la sucesión del finado Eduardo Rosso y Gil de Lamadrid a la devolución y restitución de los bie-nes a que .se refiere la demanda, en cuanto existieren en su poder, con todos sus frutos producidos o podidos producir, y del total importe en metálico de cuantos no pudieren ser res-tituidos en buen estado de conservación, con intereses lega-les y costas del litigio.

A la anterior demanda opusieron Magdalena Goicuría y Pedro Rosso las excepciones previas de que la demanda no alega hechos suficientes para determinar una causa de acción, la de que si alguna acción tuviera el demandante, hubiera prescrito, y la de que los demandados han adquirido por pres-cripción los bienes que se les reclaman, en el caso de que el demandante hubiera tenido algún derecho sobre ellos, de acuerdo con los artículos 1856 y 1858 del Código Civil.

La corte dictó resolución en 20 de julio de 1914 declaran-do con lugar las tres excepciones alegadas, y pronunció senten-cia el día 30 del propio mes, declarando sin lugar la demanda con las costas a cargo del demandante.

Esa sentencia ha sido apelada para ante esta Corte Supre-ma por la parte demandante, según dejamos dicho; y después de haber examinado las alegaciones de las partes apelante y apelada, opinamos que procede su confirmación por el fun-damento de que los hechos consignados en la demanda no de-terminan nna cansa de acción.

Las alegaciones de la- parte demandante relativas a si Eduardo Rosso y Gil de Lamadrid estuvo en posesión de los bienes que- hoy se reclaman a su sucesión hasta su falleci-miento en el año de 1910 o si perdió esa posesión poco tiempo después de haberse rescindido el- contrato de arrendamiento hacia el 15 de diciembre de 1899, son contradictorias, pues el demandante primeramente afirma que Eduardo Rosso y Gil de Lamadrid detentó los bienes reclamados y el valor o precio de los que vendiera hasta su fallecimiento en el año de 1910, y luego dice que Rosso y Gil de Lamadrid poco tiem-po después de rescindido el contrato de arrendamiento enaje-nó o traspasó dichos bienes, sin que se exprese a favor de quién verificara la enajenación o traspaso. Como la demanda no ha sido excepcionada bajo el fundamento de ser ambigua, ininteligible y dudosa, tenemos que considerarla tal como es-tá redactada para resolver si los hechos en ella consigna-dos determinan una causa de acción. No podemos dar pre-ferencia a una alegación' sobre la otra y tenemos que aceptar la contradicción tal como se presenta. Eduardo Rosso y Gil de Lamadrid pudo poseer hasta su fallecimiento los bienes de que se trata y pudo no poseerlos, según que demos crédito a una u otra alegación.

Pero ese hecho no ha de influir en la resolución de la ex-cepción previa de si los hechos determinan una causa de ac-ción, pues lo que propiamente nos interesa saber es si la demanda muestra que la sucesión demandada está en posesión de los bienes que se le reclaman. La acción reivindicatoría ha de establecerse contra el que possee la cosa objeto de la demanda y puede por consiguiente restituirla. En la ac-ción reivindicatoria la posesión por el demandado de la co-sa que se reclama es un requisito de'indispensable alegación y prueba, según jurisprudencia constante tanto del Tribunal Supremo de España como de esta Corte Suprema.

No hay en la demanda alegación alguna que muestre que la sucesión de Eduardo Bosso y Gil de Lamadrid esté en pose-sión de los bienes que se le reclaman y por ese fundamento la demanda es fatalmente defectuosa, en cuanto en ella se ejer-cita una acción reivindicatoria.

Es cierto que también se pide en la demanda la devolución y restitución del total importe en metálico de cuantos bienes reclamados no pudieren ser restituidos en buen estado de conservación; pero no por ello puede decirse que los hechos expuestos en la demanda determinan una acción de daños y perjuicios. Ese pronunciamiento está subordinado al principal o sea al relativo a la devolución y restitución de los bienes, y si éste no puede prosperar atendidos los hechos consignados en la demanda, igual suerte tiene que correr aquél. En ésta no se expresa cuáles son los bienes de los reclamados que ac-tualmente no existen, ni la razón de su inexistencia, ni el valor de los mismos, requisitos necesarios para poder apreciar si ha lugar o nó a la indemnización de daños y perjuicios.

Como la sentencia se sostiene por el fundamento de que los hechos de la demanda no determinan causa de acción, se hace innecesario considerar las otras dos excepciones de prescripción extintiva y adquisitiva.

Procede la confirmación de la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.