text:
    No. 4313.
    Sotera Morales, Aplte. v. Marcos Ramos, Apdo.
    C. D. Ponce.
    Reconocimiento de título.
    Julio 12, 1927.
   Habiéndose solicitado por la apelante varias prórrogas para preparar la transcripción de la evidencia y habiendo vencido la última prórroga el 10 de junio último, sin que se pidiera nueva prórroga, y transcurrido en exceso el término de 30 días sin haberse archivado en esta Corte la transcripción del récord, se declara con lugar la moción del apelado y se desestima el recurso.


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text:
    No. 4321.
    Carmelo Rodríguez, Aplte. v. Fernando Beiró González, Apdo.
    C. D. Guayama.
    Expediente de dominio.

      Julio 12, 1927.
   Celebrada la vista de la moción para deses-timar a la cual no comparecieron las partes; apareciendo de la certificación acompañada que la apelación en este caso se radicó en mayo 4, 1927; que en mayo 7, 1927 el apelante obtuvo una prórroga de 30 días para radicar la exposición del caso y que a la fecha de la certificación o sea en junio 21, 1927 no se había radicado dicha exposición del caso ni solicitado nueva prórroga para hacerlo; apareciendo que tampoco ha sido radicada la transcripción en la secretaría de esta corte, se declara con lugar la moción y por tanto se desestima la apelación.


text:
    No. 4320.
    Banco Masónico de Puerto Rico, Apdo., v. Hernández, Carazo y Díaz, Apltes.
    C. D. San Juan.
    Julio 12, 1927.
   Cobro de dinero. Apareciendo de la moción de desestimación, vista el 11 de Julio actual con la sola asis-tencia de la apelada, y de la certificación acompañada que la sentencia se notificó el 12 de Mayo de 1927 archivándose en dicho día copia de la notificación con los autos, y qué no fue hasta el 14 de Junio siguiente que se interpuso el recurso; es necesario concluir que esta Corte Suprema no ha adquirido jurisdicción por haberse establecido la apelación después de vencido el término de ley. Desestimada.


text:
    No. 4205.
    Lloveras Soler, Apldo., v. Rodríguez, Aplte.
    C. D. San Juan.
    Desahucio.
    Julio 12, 1927.
   Desestimado el recurso a instancia del apelado por aparecer que la sen-tencia apelada se dictó el' 3 de noviembre de 1926, que se apeló de ella el 8 de noviembre siguiente y que finalmente se aprobó la exposición del caso el 24 de mayo de 1927, sin que a la fecha de la moción, junio 27, 1927, ni aún se hayan archivado los autos en esta Corte Suprema, siendo necesario concluir que ha vencido el término de ley sin que la parte adelante haya elevado los autos.


text:
    No. 3907.
    Marxuach Plumey, Aplte., v. Agosta et al., Apldas.
    C. D. San Juan.
    Inexistencia de actos y contratos y reconocimiento del carácter privado de ciertos bienes.
    Julio 12, 1927.
   Por ouANTo la transcripción elevada a esta Corte Supre-ma a .los efectos de la apelación interpuesta contra la senten-cia, no contiene las pruebas practicadas, y,

Por cuanto de las alegaciones se desprende que se tra-baron controversias de becho y de la relación del caso y opinión del juez de distrito se deduce que el fallo se basa tanto en la prueba como en las alegaciones;

Por tanto no habiendo colocado el apelante a esta Corte Suprema en las mismas condiciones en que estaba la corte sentenciadora, como era su deber, se declara sin lugar el recurso y se confirma la sentencia apelada.


text:
    No. 4074.
    Castro y García, Apltes., v. Fournier, Apldo.
    C. D. San Juan.
    Daños y perjuicios.
    Julio 14, 1927.
   Confirmada la sentencia apelada por los fundamentos del caso de Franceschi v. Fournier, resuelto en julio 14, 1927 (pág. 161).


text:
    No. 8.
    In re: Francisco Figueroa Maestre, Querellado.

    Disbarment.
    Julio 14, 1927.
   A la solicitud de reha-bilitación firmada por el peticionario y sus abogados Jacinto Texidor y Juan B. Huyke archivada el 6 de julio corriente y que es exactamente igual a la presentada y declarada sin lugar en enero de 1926, no desprendiéndose de los hechos alegados que el peticionario se haya reformado y actuado en forma tal que justifique a esta corte para decretar su admisión de nuevo al ejercicio de la abogacía, dada la natu-raleza de los cargos que sirvieron de base a su separación y las circunstancias que mediaron en la investigación de los mismos; vistos los casos In re Torregrosa 34 D. P. R. 311 y Ex Parte Casablanca, 32 D. P. R. 667; no ha lugar.


text:
    No. 4306.
    Solís Martinó, Apldo., v. Castro Oriazabala, Aplte.
    C. D. Humacao.

      Injunction.

    Julio 19, 1927.
   Sien-do uno de los motivos de la moción solicitando la desestima-ción de la apelación contra la aprobación de un memorándum de costas, que los autos no contienen la sentencia final que impuso la condena de costas, y no constando, en efecto, diclia sentencia en la transcripción que se lia elevado ante esta corte, y vistos los casos de Compañía Azucarera del Toa v. Galán et al., 30 D. P. R. 199, y M. Santini & Co. v. Santini, 32 D. P. R. 718, se declaró con lugar la moción y se desestimó el recurso-


text:
    No. 4331.
    Burgos, Aplte., v. Asamblea Municipal de Santa Isabel, Aplda.
    C. D. Guayama.

      Certiorari.

    Julio 20, 1927.
   Celebrada la vista de la moción para desestimar, con la sola asistencia de la parte apelada. Apareciendo de la moción y de la certificación acompañada que la sen-tencia apelada se dictó en octubre 4, 1926, habiéndose radi-cado el escrito de apelación en noviembre 3, 1926, a partir de cuya fecba la parte apelante no ha hecho gestión alguna tendente a perfeccionar el recurso. Y' apareciendo además que tampoco ha sido radicada en esta corte la transcripción, se declai’a con lugar dicha moción y en su consecuencia se deses-tima la apelación.


text:
    No. 4293.
    Vega Bermúdez, Aplte., v. Blasco, Juez Municipal de Yauco, Apldo.
    C. D. Ponce.

      Certiorari.

    Julio 20, 1927.
   Siendo el fundamento de la moción de la apelada, solicitando la desestimación del recurso, haberse notificado el escrito de apelación a la parte recurrida y no al abogado que le representa, vista la jurisprudencia establecida en el caso de Zaragoza et al. v. López, 16 D. P. R. 828, se declaró con lugar la moción y se desestimó el recurso.


text:
    No. 4337.
    Hernández et al., Apldos., v. Otero, Aplte.
    C. D. San Juan.
    Cobro de dinero.
    Julio 20, 1927.
   Oídas las partes sobre la moción del apelado para que desesti-memos esta apelación porque se han concedido al taquígrafo muchas prórrogas para presentar la transcripción de la evi-dencia, habiendo transcurrido más de noventa días desde que la apelación fué interpuesta; apareciendo que la corte inferior estuvo justificada al conceder dichas prórrogas fundadas en el excesivo trabajo del taquígrafo y que la transcripción de la evidencia ya está presentada en la corte inferior para su aprobación, no ha lugar a desestimar la apelación.


text:
    No. 252.
    Cruz, Peticionario, v. Comisión de Indemnizaciones a Obrebos, Demandada.

      Mandamus.

    Julio 22, 1927.
   Vista la precedente solicitud para que expidamos un auto de Mandamus y la regla 69 de las de este Tribunal; no expo-niéndose por el peticionario razón alguna que baga necesario que expidamos originalmente dicho auto, no ha lugar a lo que se interesa.


text:
    No. 4343.
    Blanco, Apldo., v. Blanco Vda. Díaz Hellin, Aplte.
    C. D. San Juan.
    Julio 28, 1927.
   No habiéndose archivado, en tiempo la transcripción de los autos ni alegado •motivo alguno que explique la falta del archivo se declara con Vagar la moción del apelado y se desestima el recurso.


text:
    Nos. 4324 y 4325.
    Gracia, Apldo., v. Guardiola et al., Demandados.
    C. D. San Juan.
    Daños y perjuicios.
    Julio 30, 1927.
   En estos casos la transcripción se archivó el 30 de junio último y el alegato fué presentado el 19 de julio siguiente, o sea con anterioridad a la vista de la moción de desestimación, aunque después de presentada ésta, el Tribunal, en el ejercicio de su discreción, resolvió no haber lugar a desestimar los recursos.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino.


text:
    No. 4354.
    Latorre y Rojas, Apltes. v. Nogueras, Apdo.
    C. D. Ponce.
    Nov. 9, 1927.
   Desestimada la apelación por. no haberse radicado por los apelantes la transcripción de autos dentro del término legal.


text:
    No. 3265.
    El Pueblo, Apldo., v. Vélez, Aplte.
    C. D. San Juan.
    Nov. 9, 1927.
   Habiéndose acompañado las notas taquigráficas debidamente aprobadas por el Juez sentencia-dor y atendidas las circunstancias que en el caso concurren, téngase por corregida la transcripción agregando a ella las indicadas notas taquigráficas.


text:
    No. 3079.
    El Pueblo, Apldo., v. Plata, Aplte.
    C. D. San Juan.
    Nov. 10, 1927.
   Examinada la evidencia que filé-presentada en el juicio y encontrando que es suficiente para sostener la culpabilidad del apelante y que no existe ni se alega infracción de ley, debemos confirmar y confirmamos la sentencia apelada, devolviéndose a la Corte inferior los ob-jetos que remitió.


text:
    No. 4339.
    Crédito y Ahorro Popular, Apldo., v. Ruiz, Aplte.
    C. D. Ponce.
    Nov. 22, 1927.
   Solicitóse por el apelado la desestimación del recurso fundado en que trans-currió el término de 30 días contados a partir de la aproba-ción de la transcripción de la evidencia sin baber radicado los autos en la Secretaría de este Tribunal. Se resolvió: que;

Por cuaNTo el 7 de noviembre el apelante se opuso a esa solicitud alegando no baber presentado en este Tribunal la transcripción de la apelación dentro del. término legal a causa de una grave enfermedad de un bijo suyo; que el apelado no ba sufrido perjuicio porque esta apelación no podía ser vista antes de las vacaciones de este Tribunal y que presentó la transcripción de la apelación y su alegato para sostenerla;

Por cuanto la Ley.No. 81 de 1919 dispone que cuando.se hubiere aprobado'una transcripción de la evidencia el récord de la apelación será presentado en este Tribunal dentro de los 30 días siguientes a la aprobación de la misma;

Pob cuanto la transcripción de la apelación, que se com-pone de muy pocas páginas, ba sido presentada en este Tribunal seis meses después de baber sido aprobada la trans-cripción de la evidencia y a los cuatro meses de solicitada la desestimación de la apelación, lo que ba retardado grande-mente la tramitación del caso, perjudicando así los derechos del apelado.

Por tanto, en vista de esas circunstancias procede de-clarar con lugar la moción de desestimación a pesar de las razones expuestas en contrarío por el apelante.


text:
    No. 4340.
    Crédito y Ahorro Popular, Apldo., v. Ruiz, Aplte.
    C. D. Ponce.
    Fijación de vencimiento y cobro de dinero.
    Nov. 22, 1927.
   Resuelto por los fundamentos del caso No. 4339 del mismo título y fecba desestimándose el recurso.


text:
    No. 4360.
    Nitrate Agencies Co., Aplda., v. Díaz, Aplte.
    C. D. San Juan.
    Nov. 22, 1927.
   Apareciendo que la transcripción de la evidencia fué aprobada por el Juez de la Corte de Distrito el día 24 de junio último, sin que basta ía fecba se baya radicado en la corte de distrito o en la Secre-taría de este tribunal el legajo de la sentencia o la transcrip-ción, ni se baya solicitado prórroga alguna para ello, no siendo necesaria la notificación de la aprobación de la trans-cripción, vista la Ley No. 81 de 1919, se declara con lugar la moción de desestimación presentada por la parte apelada y en su consecuencia se desestima el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que dictó la Corte de Distrito de San Juan en febrero 5, 1927, en el caso arriba expresado.'


text:
    No. 4361.
    Vázquez, Apldo., v. The P. R. Racing Corporation et al., Aplte.
    C. D. San Juan.
    Nov. 22, 1927.
   Apareciendo de la moción de la parte apelada y de la certifica-ción acompañada a la misma que la apelación se interpuso el 2 de julio último, que habiendo optado la parte apelante por la transcripción de la evidencia- preparada por el taquígrafo, se concedió a éste' un término que venció sin que la transcrip-ción se presentara y sin que se practicara gestión alguna más en el asunto, y no habiéndose radicado aún los autos en este tribunal, se declara con lugar la moción y en su consecuencia se desestima él recurso.-


text:
    No. 4383.
    Oliver, Apldo., v. Román, Aplte.
    C. D. San Juan.
    Nov. 22, 1927.
   Apareciendo de estos autos que han transcurrido más de treinta días desde que el apelante fué notificado en 17 de agosto último de haber sido aprobada la transcripción de la evidencia para sn apelación sin que haya presentado en este Tribunal la transcripción' de los autos debemos desestimarla y la desestimamos.


text:
    No. 4396.
    Alcaraz, Apldo., v. D’Azizi, Aplte.
    C. D. San Juan.
    Nov. 22, 1927.
   En este caso se concluyó que la. apelación es enteramente frívola e interpuesta para fines de-demora u otros, por lo cual se desestimó el recurso.


text:
    No. 4401.
    Torres, Aplte., v. Menéndez et al., Apldos.
    C. D. San Juan.
    Tercería de Bienes muebles.
    Nov. 22, 1927.
   Habiéndose interpuesto la apelación en este caso fuera de tiempo por lo cual el Tribunal Supremo no adquirió juris-dicción, se desestimó él recurso. ..


text:
    No. 4411.
    Abella, Apldo., v. Sucn. Sabalier et al., Apltes.
    C. D. San Juan.
    Nov. 22, 1927.
   Se desestimó, el recurso en este caso por aparecer que el apelante no radicó en tiempo transcripción alguna de evidencia o de autos.


text:
    No. 4412.
    Aranda et al., Apldos., v. Acosta et al., Apltes.
    C. D. Ponce.
    Nov. 22, 1927.
   Apareciendo en este caso que la transcripción de la evidencia fue aprobada desde 19 de septiembre último sin que aún se hayan archivado los autos en la Secretaría de este tribunal, se desestimó el re-curso.


text:
    No. 3299.
    El Pueblo, Apldo., v. Santiago, Aplte.
    C. D. San Juan.
    Nov. 22, 1927.
   Apareciendo que el único error señalado por el apelante en su alegato se refiere a la apreciación de la prueba por el Juez sentenciador y no exis-tiendo en los autos exposición del caso ni transcripción de evidencia alguna, se confirma la, sentencia apelada.


text:
    No. 3396.
    El Pueblo, Apldo., v. Torres, Aplte.
    C. D. Ponce.
    Nov. 30, 1927.
   En este caso se desestimó el recurso a petición del fiscal por fallecimiento del acusado y a petición del que fue abogado del apelante se devolvió el caso para que se solicite el sobreseimiento y archivo en la corte inferior.


text:
    No. 3206.
    El Pueblo, Apldo., v. Rodríguez, Aplte.
    Abuso de confianza.
    C. D. Humacao.
    Nov. 30, 1927.
   Por los motivos consignados en la opinión emitida hoy en el caso :No. 3205, (pág. 443) se revocó la sentencia apelada en este caso y en los recursos números 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213 y 3214 y se absolvió al acusado apelante en cada uno de dichos casos.


text:
    No. 4421.
    J. Ochoa & Hno., Apldo., v. Meléndez, Aplte.
    C. D. Humacao.
    Dic. 1, 1927.
   Se desestimó el recurso en este caso porque de la moción para desestimar y certificación acompañada aparece que no se radicó en la corte inferior la exposición del caso o transcripción de evidencia dentro de la última prórroga concedida y porque tampoco se radicó la. transcripción en la Secretaría del Tribunal Supremo.


text:
    No. 4099.
    Goico et al., Apltes., v. The Royal Bank of Canada, Apldo.
    C. D. Ponce.
    Dic. 1, 1927.
   Siendo -éste un caso en que la sentencia dictada era enteramente nula y no meramente anulable, se declara 'sin lugar la moción de ¡reconsideración presentada por él demandado y apelado.


text:
    No. 4439.
    Del Valle, Aplte., v. Llompart, Apldo.
    C. D. San Juan.
    Dic. 6, 1927.
   Poli cuanto dictada sentencia en una corte municipal condenando al demandado a pagar al demandante la cantidad de $400 fue interpuesta apelación para ante una corte de distrito.

Por cuanto la corte de distrito que había de conocer de novo del caso se negó a desestimar la apelación mencionada, contra cuya resolución interpuso el demandante el presente recurso de apelación.

Por cuanto el apelado nos pide que desestimemos esta apelación porque carecemos de jurisdicción para resolverla.

Por cuanto en los asuntos de que conocen las cortes de distrito en grado de apelación sólo concede el artículo 295, •húmero 2, del Código de Enjuiciamiento Civil apelación para ante nosotros en materia civil contra la sentencia que 'aquéllas dictaren.

Por ouaNto esta apelación no lia sido interpuesta contra sentencia definitiva de la corte de distrito.

Por tanto, debemos desestimar y desestimamos la pre-sente apelación.


text:
    No. 4428.
    Martínez, Tercerista Aplte., v. Ortiz, Demandante Apldo. y Umpierre, Demandado Apldo.
    C. D. San Juan.
    Dic. 6, 1927.
   La última prórroga concedida al apelante en este caso para presentar la transcripción de la evidencia venció en 7 de noviembre último sin que fuera radi-cada; no habiéndose radicado tampoco la transcripción del récord, se desestimó el recurso. Cruz v. Luiña, 33 D. P. R. 1008.


text:
    No. 4434.
    Rego, Aplte., v. Quintero, Apldo.
    Cobro de dinero.
    C. D. San Juan.
    Dic. 8, 1927.
   Apareciendo de la moción y certificación acompañada la frivolidad del recurso, fué desestimado.


text:
    No. 4116.
    Axtmayer et al., Apltes., v. Körber & Co., Inc., et. al., Apldos.
    C. D. San Juan.
    Dic. 12, 1927.
   Por cuanto el apelante ha dejado de proseguir la apelación con diligencia y ha dejado transcurrir más de noventa días desde la fecha de la apelación sin haber traído la transcrip-ción del récord o de otro modo cumplido con la Regla 59 del Reglamento de este tribunal, se desestima la apelación entablada contra resolución de la Corte de Distrito de San Juan de noviembre 2, 1926, y en su consecuencia se deja sin efecto la orden de este tribunal de diciembre 4, 1926, por la cual se ordenó la suspensión de la ejecución del remate de las fincas objeto de--la tercería.


text:
    No. 4332.
    Browne, Apldo., v. Pereira, Aplte.
    C. D. Humacao.
    Dic. 12, 1927.
   Apareciendo que la transcripción del record fué radicada en julio 6, 1927 y que el apelante no ha radicado alegato ni pedido prórroga, se declaró con lugar la moción en que se solicita la desestimación.


text:
    No. -.
    Ex Parte Gonzalo González González.
    Admisión al ejercicio de la Abogacía.
    Dic. 12, 1927.
   Por cuanto, ia moción del peticionario, radicada el día 6 del corriente mes de diciembre, solicitando que se corrija, con el fin de ajustar a la ley y a la justicia la resolución de esta corte de noviembre 30 de 1927, ha sido presentada eon-dicionalmente y para ser retirada en caso de ser admitida una nueva solicitud enmendada, radicada en el mismo día 6 de diciembre; '

Por oxtaNto, asumiendo para los fines de esta resolución, que el peticionario esté amparado por la disposición de la ley dé 1916 que exige únicamente un promedio de 75 por ciento en cada curso, no estamos conformes con la teoría del peticionario en su nueva solicitud de que los 74.833 por ciento obtenidos por él como promedio en el primer curso, puede considerarse como un cumplimiento sustancial de diclio re-quisito legal;

Por cuanto, no estamos conformes tampoco con el se-gundo fundamento de dicha nueva petición, o sea, que la Resolución Conjunta No. 46, de 16 de mayo de 1927, pág. 381, “enmienda la ley de 1916 en cuanto al mínimum de tanto por ciento que se requiere para aprobar un curso, omitiendo fijar dicho por ciento y dejando su fijación al criterio del tribunal de exámenes, de manera implicada, en la facultad de conceder los exámenes concedida expresamente.”

Por tanto, se da por retirada la moción solicitando que se inspeccione y corrija con el fin de ajustarla a la ley y a la justicia la resolución de esta corte de noviembre 30, 1927; se declara con lugar una moción radicada el día 6 del mes en curso, y titulada “Moción pidiendo permiso para pre-sentar una petición de nuevo al Honorable Tribunal Supremo en solicitud de admisión a exámenes de reválida, después de negada por resolución una solicitud primera con el mismo propósito, fundada esta moción en error' de derecho come-tido en la primera petición por haber omitido alegaciones esenciales en la primera petición,” y sin lugar la susodicha nueva petición.


text:
    No. 3310.
    El Pueblo, Apldo., v. Cameron, Aplte.
    C. D. San Juan.
    Dic. 15, 1927.
   Por ouaNto el señalamiento de errores está basado única y exclusivamente en una relación de hechos contenida en el alegato del apelante y en la ley aplicable a tales supuestos hechos, y,

Por cuanto no existe entre los autos exposición de hechos o transcripción de evidencia alguna que ponga a este Tribunal en condiciones de revisar lo actuado en la corte inferior,

Por tanto, se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan en 14 de marzo de 1927 en el caso arriba expresado.


text:
    No. 4450.
    Matos, Aplte., v. Caraballo, Aplda.
    C. D. San Juan.
    Dic. 19, 1927.
   Se declaró con lugar la moción para desestimar por el fundamento de que la transcripción de la evidencia no fue radicada a pesar de haber transcurrido la última prórroga concedida al efecto y por no haber sido tampoco radicados los autos en la Secretaría del Tribunal Supremo a pesar de haber transcurrido el término legal.


text:
    No. 4437.
    Santini Fertilizer Co., Inc. Aplda., v. González, Aplte.
    C. D. San Juan.
    Dic. 22, 1927.
   Apareciendo que aprobado el memorándum de costas en este caso el 29 de junio de 1927, se apeló de la resolución aprobatoria el 7 de julio siguiente y se fueron solicitando y concediendo pró-rrogas para preparar la exposición del caso que habría de servir de base a la apelación hasta que vencida la última el 10 de noviembre siguiente no se practicó ninguna otra ges-tión, ni se han archivado los autos en este tribunal; se de-clara con lugar la moción de la1 parte apelada.vista sin asis-tencia de las partes el 5 de diciembre actual, y en su conse-cuencia se desestima el recurso.


text:
    No. 3388.
    El Pueblo, Apldo., v. Rodríguez, Aplte.
    Infracción Art. 553 Cod. Penal.
    C. D. Guayama.
    Enero 12, 1928.
   Por los fundamentos consignados en la opinión emi-tida en el caso No. 3382, El Pueblo v. Rodríguez, resuelto en esta misma feolia, (pág. 584) se revoca la sentencia apelada qne dictó la Corte de Distrito de Guayama en septiembre 19, 1927; en el caso de epígrafe, y se absuelve al acusado.


text:
    No. 4247.
    El Pueblo, Apldo., v. Santiago, Aplte.
    C. D. Arecibo.
    Enero 20, 1928.
   Celebrada la vista de esta apelación en pléito sobre expropiación forzosa para las obras del riego público de Isabela en el qne la corte inferior dictó sentencia decretando la expropiación y fijando la can-tidad de tres mil dollars como precio de ella y por indemni-zación de daños y perjuicios de la misma, con la qne no está conforme el apelante por entender, según dice en sn alegato, qne deben concedérsele seis mil dollars por el valor de la finca y nna indemnización razonable por los perjuicios; y apareciendo qne la evidencia fné contradictoria en esos par-ticulares y que ese conflicto fné decidido por la corte en favor del demandante sin manifiesto error, debemos confirmar y confirmamos la sentencia apelada.


text:
    No. 691.
    Martínez, Recurrente, v. Registrador de la Propiedad de Mayagüez, Recurrido.
    Enero 23, 1928.
   Apa-reciendo qne la única cnestión envuelta en el presente recurso es si procede o no la inscripción en un registro- de la pro-piedad, como título traslativo del dominio de bienes radi-cados en Puerto Pico, la copia certificada de un auto de declaratoria de herederos dictado por el Juzgado de Pri-mera Instancia del Distrito de Chamberí, Madrid, España; y visto el caso de Godet v. El Registrador 31 D.P.R. 716, se confirma la nota del Registrador.


text:
    No. 3399.
    El Pueblo, Apldo., v. Jorge, Aplte.
    C. D. San Juan.
    Enero 23, 1928.
   Apareciendo que el apelante fué acusado de infracción al artículo 328 del Código Penal y convicto de una infracción de la Ley de Automóviles: no habiéndose elevado exposición del caso alguna ni encontrán-dose -en los autos otra base adecuada para fundamentar una modificación de la sentencia apelada; y, visto el caso de El Pueblo v. Quevedo, 15 D. P. R. 73, se revoca la sentencia apelada qne dictó la Corte de Distrito de San Juan con fecha 4 de febrero de 1927, y ¿e absuelve al acusado.


text:
    No. 20.
    In re. E. Flores Colón, Querellado.

    Disbarment.

    Enero 26, 1928.
   Siendo esta corte de opinión qne la intención del abogado querellado en los actos imputádoles aparece suficientemente, y resolviendo además que como funcionario de la corte el querellado tiene suficiente conoci-miento de la naturaleza de los cargos presentados contra él, se declara sin lugar la excepción previa presentada.


text:
    No. 3178.
    El Pueblo, Apldo., v. Alvarez, Aplte.
    C. D. Aguadilla.
    Infracción Art. 328 Código Penal.
    Enero 26, 1928.
   No ba lugar a la reconsideración del caso sobre los méritos, porque es una cuestión ya resuelta que en esta clase de delitos no es necesario hacer una especificación mejor.

En cuanto a la. pena, tampoco ba lugar a la reconsidera-ción porque no se ba demostrado que la corte al imponerla abusara de su discreción.


text:
    No. 4478.
    Bocanegra, Apldo., v. De Jesús et al., Apltes.
    C. D. San Juan.
    Enero 31, 1928.
   Habiéndose negado una prórroga al apelante para radicar la transcripción de la evidencia por haberla pedido fuera de tiempo y apareciendo que tampoco se radicó en la Secretaría del Tribunal Supremo la transcripción del récord, se declaró con lugar la moción • de desestimación presentada en este caso.


text:
    No. 4473.
    Central Coloso, Incorporada, Aplda. v. La Asamblea Municipal de Aguada, Aplte.

    Cértiorari.
    Febrero 3, 1928.
   Vista la moción sobre desestimación que ante-cede, el escrito de oposición a la misma, la certificación y el legajo de la sentencia, debidamente certificada por el secre-tario de la corte de distrito, acompañados a dicho escrito, y apareciendo que la sentencia apelada fué dictada en mayo 24, 1927, que el mismo día se solicitó que se perfeccionara la apelación por medio de una transcripción de la evidencia preparada por el taquígrafo y se presentó dentro del tér-mino concedido por la corte, que la Corte de Distrito de A'guadilla entró en vacaciones el primero de agosto de 1927, que el día 15 de octubre de 1927, cuando se celebró la vista para tratar sobre la aprobación de la transcripción, el abo-gado de la apelada solicitó quince días para introducir en-miendas a la transcripción, a lo que accedió la corte, y el 10 de enero próximo pasado se señaló nuevamente la vista para tratar sobre la aprobación de la transcripción, que entonces fue que por primera vez y cuando ya se babía pre-sentado la moción de desestimación de apelación ante esta, corte, se promovió la cuestión de que la corte no debía aprobar la transcripción por no proceder en estos casos, que el legajo de la sentencia ba sido ya preparado y radicado por el ape-lante, que el procedimiento primeramente adoptado por la apelante está) de acuerdo con la práctica sancionada por el ■caso de Rodríguez v. La Asamblea Municipal de Guánica, 51 D. P. R. 133, y que el caso más reciente, Asamblea Municipal v. Corte de Distrito de Guayama, 36 D. P. R. 723, invocado por el abogado de la apelada, fue resuelto en mayo 10, 1927;

Por taNto, esta Corte, en el ejercicio de su discreción y •accediendo a la petición de la parte apelante, resuelve per-mitir, como permite, que el legajo de la sentencia ya presen-tado quede archivado y surta todos .sus efectos legales en la apelación, y en consecuencia declarar, como por la presente -declara, sin lugar la moción sobre desestimación de la ape-lación en el presente caso.


text:
    No. 3429.
    El Pueblo, Apldo., v. Vargas, Aplte.
    C. D. Ponce.
    Portar armas.
    Feb. 9, 1928.
   Se confirmó la senten-cia por haber concluido el Tribunal que la prueba contiene imputaciones directas que sostienen el cargo de El Pueblo, sin que pueda aceptarse la teoría que al parecer sostiene el apelante de que porque un tío declare en contra de un sobrino quede no sólo su declaración sino toda la evidencia en-Igual sentido aportada viciada de nulidad.


text:
    No. 3055.
    El Pueblo, Apldo., v. Fantauzzi, Aplte.
    C. D. San Juan.
    Acometimiento y agresión grave.
    Febrero 9, 1928.
   Confirmada la sentencia por no haberse demostrado que la corte inferior cometiera error al apreciar la prueba contradictoria, único error imputado.


text:
    No. 2985.
    El Pueblo, Apldo., v. Alamo, Aplte.
    C. D. San Juan.
    Mutilación.
    Feb. 13, 1928.
   No habiendo conven-cido el apelante a esta corte de que el jurado cometiera error al resolver el conflicto de la prueba contradictoria en la forma en que lo hizo, se confirmó la sentencia.


text:
    No. 3428.
    El Pueblo, Apldo., v. Torres, Aplte.
    C. D. Ponce.
    Alterar la paz pública.
    Feb. 13, 1928.
   Siendo la prueba contradictoria y no apareciendo que al resolver el conflicto la corte sentenciadora obrara con pasión, prejuicio ni con el manifiesto error que le imputa el apelante, se con-firmó la sentencia.


text:
    No. 3427.
    El Pueblo, Apldo., v. Torres, Aplte.
    C. D. Ponce.
    Alterar la paz pública.
    Feb. 14, 1928.
   De acuerdo con el Art. 320 del Código Penal no constituye error el oír prueba, en un caso de confesión de culpabilidad, a los fines de juzgar las circunstancias concurrentes para la imposición de la pena; y demostrando un examen de los autos en este caso que la corte hizo buen uso de su discreción al imponer el máximun de la pena, Se confirmó la sentencia.


text:
    No. 3259.
    El Pueblo, Apldo., v. Torres, Aplte.
    C. D. Arecibo.
    Turbar la paz pública.
    Feb. 23, 1928.
   El único error 'imputado en este caso es que la corte denegó una moción de - non suit. El Tribunal estudió la prueba y ha-biendo encontrado que es suficiente, confirmó la sentencia.


text:
    No. 3154.
    El Pueblo, Apldo., v. Ríos et al., Apltes.
    C. D. Aguadilla.
    Infracción Ley Prohibición.
    Feb. 23, 1928.
   En lo pertinente, el tribunal dijo en este caso lo siguiente:

Por cuaNto examinada la prueba a la luz de la jurispru-dencia, especialmente de la establecida por la Corte de Cir-cuito de Apelaciones del Primer Circuito en el caso de El Pueblo v. Lino Castro, resuelto el 27 de Diciembre último, 23 Fed. (2nd) 263 los licores que se presentaron y admitieron como prueba, fueron ocupados ilegalmente y por tanto m> pudieron servir de evidencia en contra de los acusados, y

Bou CUANTO descartada dicha prueba no hay base para una sentencia condenatoria:

Por tanto, de acuerdo con los hechos y la ley , se revoca la sentencia apelada.


text:
    No. 3395.
    El Pueblo, Apldo., v. Morales, Aplte.
    C. D. San Juan.
    Homicidio voluntario.
    Feb. 25, 1928.
   Exami-nada la moción de reconsideración de febrero 23 y las de-claraciones juradas acompañadas a la misma, apareciendo' que el abogado de la acusada apelante quedó como tal desde el 4 de junio de 1927, surgiendo desde entonces en él el deber de atender por sí mismo y sin esperar .notificación a la trami-tación del recurso de apelación ya interpuesto, sin que nada hiciera ni haya alegado causa alguna que pueda justamente excusar su negligencia, y ahora, cuando se dirige al tribunal pidiéndole que reinstale el recurso que fué desestimado desde1 noviembre 30, 1927, no acompaña a su solicitud de 18 de febrero actual, ni a su moción de reconsideración, argumenta-ción alguna que prima facie demuestre que está envuelta en-la apelación alguna cuestión de tal modo meritoria que lleve consigo la revocación de la sentencia apelada: no ha lugar a la reconsideración que se pide.


text:
    No. 4498.
    Cruz et al., Apldos., v. Rodríguez, Aplte.
    C. D. Humacao.
    Marzo 6, 1928.
   Se desestimó el recurso ' porque demostrando la certificación que acompaña a la mo-ción para desestimar que la apelación se interpuso el 7 de diciembre de 1927 y' nada más gestionó desde entonces el apelante, circunstancia que es suficiente por sí sola para declarar con lugar la moción.


text:
    No. 4515.
    Amadeo, Aplte., v. Municipio de Vega Baja, Apldo.
    C. D. San. Juan.
    Marzo 6, 1928.
   Yista la moción que antecede sobre desestimación de la presente apelación, y apareciendo de la certificación acompañada a dicha moción que se dictó sentencia en la corte inferior con fecha 28 de noviembre de 1925; que el demandante interpuso apelación con fecha 4 de enero de 1926; que con fecha 14 de enero de 1926 la corte dictó resolución denegando la transcripción de la evidencia solicitada por el apelante, siendo esta resolu-ción notificada a las partes el día 16 de enero; y que desde esa fecha el apelante no ha practicado gestión alguna para continuar el tráimite de apelación, ni se ha presentado expo-sición del caso, y no habiendo el apelante radicado en la Secretaría de esta corte hasta la fecha la transcripción de autos, se declara con lugar la moción y sé desestima el re-curso de apelación interpuesto por el apelante en este caso.


text:
    No. 4508.
    Rullán, Aplte., v. Méndez et al., Apldos.
    C. D. Aguadilla.
    Marzo 8, 1928.
   Pon cuaNto uno de los motivos alegados por los apelados para que desestimemos la apelación interpuesta en este caso por el demandante contra la sentencia que declaró sin lugar su demanda, dictada por la Corte de Distrito de Aguadilla en grado de apelación de una sentencia de la Corte Municipal de Lares es que dicha sentencia no es apelable.

Pob cuanto la demanda en este pleito tiene por objeto que se anule la venta judicial de una finca que por doscientos dollars fué hecha en otro pleito en el que no fué parte el demandante, por alegar éste que esa finca es de su propiedad, sin alegar en su demanda cuál sea su valor.

Pob cuanto al impugnar el apelante la moción para deses-timar su apelación dice que dicha finca vale más de trescientos dollars y que en el pleito en el cual fué vendida se condenó al pago de $420.80.

Pob cuanto la sola manifestación del apelante no es sufi-ciente para estimar nosotros que la finca vale más de tres-cientos dollars.

Por cxjaNto la cantidad objeto del pleito en que fué ven-dida la finca no es la qne ba de servir para determinar la cuantía de la reclamación en este pleito.

Por cuanto el artículo 295, número segundo, del Código de Enjuiciamiento Civil sólo' permite apelación contra sen-tencias de las cortes de distinto dictadas en apelación de una corte inferior cuando el valor de la cosa reclamada o cuantía de la sentencia excediera de trescientos dollars.

Por tanto, debemos declarar que la sentencia en este caso no es apelable y desestimar la apelación interpuesta por el demandante.


text:
    No. 3420.
    El Pueblo, Apldo., v. Roldán, Aplte.
    C. D. Guayama.
    Hurto menor.
    Marzo 14, 1928.
   Al confirmar la sentencia en este caso, el tribunal dijo: “un cuidadoso examen de la prueba practicada no revela ningún error en la apreciación de la misma por la corte inferior, tan mani-fiesto que exija la revocación de la sentencia apelada.


text:
    No. 3301.
    El Pueblo, Apldo., v. Maldonado, Aplte.
    C. D. Ponce.
    Portar armas.
    Marzo 15, 1928.
   Por cuanto el único error alegado en esta apelación se refiere a la prueba presentada en el juicio; •

Por cuanto la transcripción de la evidencia que se ba pre-sentado en estos autos, becba por el taquígrafo de la corte inferior, no ba sido aprobada por la corte que conoció del juicio;

Por cuanto tal aprobación la exige para casos criminales la Ley No. 4 de 1925, página 109, y sin ese requisito no po-demos tenerla como auténtica;

Por tanto, se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Ponce, con fecba 7 de julio de 1927, en el caso arriba expresado.


text:
    No. 715.
    Porto Rican Leaf Tobbacco Co., Recurrente v. El Registrador de Guayama, Recurrido.
    Marzo 16, 1928.
   Yista la moción de allanamiento radicada por el registrador se declara la misma con lugar y en sn consecuencia se revoca la nota denegatoria de enero 26,1928 que dió origen al recurso.


text:
    No. 4527.
    Sucesión de Carmelo Vega, Aplte., v. Municipio de San Juan, Apldo.
    C. D. San Juan.
    Marzo 20, 1928.
   Apareciendo que la apelación se interpuso el día 21 de septiembre, 1927, y desde el día 10 de diciembre de 1927, en que venció la última prórroga concedida a la apelante para radicar la exposición del caso, ba dejado de practicar gestión alguna en el mismo, se declara con lugar la moción ' y se desestima el recufs'o.


text:
    No. 4529.
    Román, Apldo. v. Genzaní y Antero Lugo, Apltes.
    Desahucio en precario.
    Marzo 20, 1928.
   Vistas la moción que antecede, la sección 12 de la ley para establecer el procedimiento para el desahucio y fijando reglas para ape-laciones en esta clase de juicios, sección 1636 de los estatutos compilados de la compilación de 1911, la sección 299 del Código de Enjuiciamiento Civil y la regla 40 de este tribunal, y apareciendo de la certificación acompañada a dicha moción que. la exposición del caso fué aprobada por el juez de la corte de distrito en diciembre 19, 1927, sin que los demandados .hayan radicado fianza alguna en este caso a los efectos de su apelación y sfn que hayan radicado en la Secretaría de este Tribunal transcripción alguna hasta el día de hoy, a pesar del tiempo transcurrido, se declara con lugar la referida moción y se desestima la apelación interpuesta contra la sen-tencia de noviembre de 1927 en el caso arriba expresado.


text:
    No. 4524.
    I. Martín, S. en C., Aplda., v. Guardian Assurance Co., Ltd., Aplte.
    C. D. San Juan.
    Marzo 23, 1928.
   Por las razones y fundamentos de nuestra decisión en el caso No. 4523, 1. Martín S. en C., v. North British & Mercantile, resuelto en el día de hoy, (pág. 922) y que se reproducen a los fines del presente, se desestima la apela-ción interpuesta en este caso.


text:
    No. 255.
    Fernández, Peticionario, v. Llauger, Juez de la Corte de Distrito de San Juan, Demandado.

      McmdamUS.

    Marzo 26, 1928.
   Por cnanto el peticionario no nos ha demostrado que haya presentado en la corte de distrito nna moción debida-mente jurada solicitando específicamente el archivo y sobre-seimiento de la acusación por no habérsele sometido a juicio en el término de 120 días a contar de la presentación de dicha - acusación, no bastando para ello que se haya presentado una moción de reconsideración envolviendo cuestiones distintas;

Por cuanto ni los hechos alegados en la petición ni la cita de autoridades que se hace nos convencen de que un acusado a quien se imputa haber coadyuvado en la comisión de un delito tiene derecho a que se sobresea la acusación presentada contra él, meramente porque el acusado principal haya sido absuelto por' un jurado, ya que pueden desarro-llarse otros hechos u otro jurado podría tomar un punto de vista distinto del asunto;

Por tanto, no ha lugar a expedir el auto solicitado.


text:
    No. 3506.
    Pueblo, Apldo. v. Morales, Aplte.
    C. D. Mayagüez.
    Marzo 26, 1928.
   Desestimada la apelación a instancia del fiscal por no haberse presentado la exposición del caso.


text:
    No. 3506.
    No. 3510.
    No. 3509.
    No. 3511.
    El Pueblo, Apldo., v. Morales, Aplte. El Pueblo, Apldo., v. Quintana, Aplte. El Pueblo, Apldo., v. Rosario, Aplte. El Pueblo, Apldo., v. Ortiz, Aplte.
    C. D. Mayagüez.
    C. D. Mayagüez.
    C. D.Mayagüez.
    C. D. Mayagüez.
    Portar Armas.
    Atentado a la vida.
    Acometimiento y agresión grave.
    Violación.
    Marzo 26, 1928.
   Desestimados estos casos a petición de El Pueblo, por falta de gestión de parte de los apelantes.


text:
    No. 4526.
    Behn Brothers, Inc., Aplda., v. Porrata et al. Apltes.
    C. D. San Juan.
    Marzo 28, 1928.
   Apareciendo que la última prórroga para radicar la exposición del caso venció en octubre 19,1927, sin qne fuera radicada; no habién-dose radicado tampoco la transcripción en esta corte, se de-claró con lugar la moción de desestimación de la parte ape-lada.


author: El Juez Asociado Señor Texidor,

text:
    Sucrs. de Abarca, demandante y apelada, v. Iturregui Hnos., compuesta de los socios José y Santiago Iturregui, demandados y apelantes.
    No. 4536.

    Visto: Abril 2, 1928.

      Resuelto: Abril 11, 1928.

      Luis Llorens Torres, abogado del apelante; Besosa & Besosa, abo-gados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

En pleito seguido ante la Corte de Distrito de San Jnan por Sucesores de Abarca contra Iturregui Hermanos, la corte dictó en 21 de diciembre de 1927, nna sentencia qne en su parte dispositiva dice así:

“Y la corte, en el día de boy, después de estudiar debidamente el caso, y por los fundamentos de sn opinión, unida a los autos y que se bace formar parte de esta sentencia, declara sin lugar la de-manda en su primera causa de acción, sin perjuicio de que la de-mandante pueda repetir su acción contra José y Santiago Iturre-gui como suscribientes solidarios de los pagarés por quinientos quince dólares setentidós centavos ($515.72) cada uno, y con lugar dicha demanda en su segunda causa de acción y en su consecuencia, con-dena a Iturregui Hermanos, por sus socios José y Santiago Iturre-gui, a pagar a la demandante Sucesores de Abarca, la suma de ochocientos treintidós dólares cincuentisiete centavos ($832.57), inte-reses legales de esta suma desde la interposición de la demanda en julio 11, 1927, y las costas.”

Iturregui Hermanos apeló de la sentencia en su totalidad.

Y ahora, la apelada nos pide que declaremos desestimada la apelación, en cuanto a la parte de ella en que se declara sin lugar la demanda, o sea la parte de ella en favor de la demandada, que no parece pueda apelar de lo que se ajusta •a sus pretensiones en el pleito.

La forma en que se ha redactado la apelación, no es se-guramente, la más clara, en un caso como éste. Se apela de la totalidad de la sentencia; es decir, de lo que favorece y de lo que perjudica a la parte apelante; y como la apariencia de tal apelación no es la de la mejor lógica, de aquí que se pueda originar confusión y dificultad para saber qué es lo que desea la parte apelante.

Notamos que en la sentencia, de una manera general, se imponen las costas a Iturregui Hermanos. Y éste es quizá el motivo de la apelación contra toda la sentencia, ya que en -cuanto a las costas se refiere, tiene Iturregui Hermanos el carácter de parte agraviada, como lo tiene en cuanto a la condena por razón de la segunda causa de acción de la de-manda. . Las costas, en este caso, pudieron ser las de las dos ■causas de acción, por más que parece ilógico; pero la sen-tencia las impone en general, y puede ser una interpretación -sostenible la de que son impuestas todas las costas causadas -en el litigio.

En esas condiciones no podemos resolver de acuerdo con la moción de desestimación, que dele ser denegada.


author: El Juez Asociado Señob Texidor,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Celso López, acusado y apelante.
    No. 3426.

    Visto: Marzo 23, 1928.

      Resuelto: Abril 11, 1928.

      Rafael 8. Vidal, abogado del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señob Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Celso López fue denunciado ante la Corte Municipal de Yabucoa en la siguiente forma:

“Yo, M. "Vega Riollano, Jefe Distrito, P. I., vecino de Yabucoa, •calle Baldorioty No. 15, mayor de edad, formulo denuncia contra Celso López por delito de Paisa Representación e Impostura (Art. 470 del C. P.), cometido de la manera siguiente: Que en 15 de abril de 1927, y en el barrio Juan Martín, Central Mercedita de Yabucoa, del Distrito Judicial Municipal de Yabucoa, que forma parte del Distrito Judicial de Humaeao, P. R., el citado acusado ile-gal, intencionalmente y a sabiendas, valiéndose de falsas y fraudu-lentas simulaciones, se hizo pasar como Agente del Hipódromo Quin-tana en este Municipio, y bajo ese carácter usurpado le tomó a Domingo Mattey la cantidad de- tres dollars veinte centavos ($3.20) para combinarle un cuadro para el Pool del Hipódromo Quintana, para las carreras que se celebraban en dicho Hipódromo el Domingo de Pascua de, Resurrección, 17 de Abril del corriente año, no ha-biendo combinado dicho cuadro ni habiéndole entregado a Domingo Mattey la cantidad de $3.20 importe del mismo; y defraudando a Domingo Mattey en la cantidad expresada. 'Se adjunta como evi-dencia una nota que el acusado entregó al Sr. Mattey. Los hechos denunciados me constan por investigación practicada. Este hecho es contrario a la ley para tal caso hecha y prevista y a la paz y dig-nidad del Pueblo de Puerto Rico.”

Condenado por aquella corte, apeló ante la de Distrito de Humacao. Se siguió el juicio ante ésta, que dictó sentencia declarándole culpable de falsa representación e impostura, y le impuso tres meses de cárcel, y las costas. De esta sen-tencia se ha apelado ante este tribunal.

Los errores alegados son los que siguen:

Se alega por el apelante que la Corte de Distrito de Humacao erró al declarar sin lugar la moción del acusado para que se sobreseyera el caso porque la denuncia, como está redactada, no imputa delito alguno.

La parte, ¿pelante sostiene que los requisitos que a acusa-ciones de falsai representación se exigen por ley y por juris-prudencia, faltan en esta denuncia.

Aunque no sea ella, ni puede pedir en casos como éste, que lo sea, un modelo de redacción, la denuncia contiene todos ios elementos necesarios para informar al acusado del cargo que se le hace y para presentar la prueba y dictar sobre ella una sentencia. Se expresa en la misma que el acusado inten-cionalmente y a sabiendas, e ilegalmente, valiéndose de falsas y fraudulentas simulaciones-, haciéndose pasar como agente del hipódromo Quintana, tomó a Domingo Mattey tres dólares y veinte centavos para combinarle nn cuadro para el pool del mismo hipódromo, y que no hizo la combinación, ni de-volvió el dinero a Mattey. En esta expresión se encuentran los elementos de ilegalidad, intención consciente y maliciosa, simulación de una personalidad que no era correcta, recep-ción del dinero, incumplimiento del fin para el que el dinero fué entregado, y no devolución de la suma, que en realidad, se resumen en los elementos expresados por la jurisprudencia de Puerto Eico y de California. .No es necesario que en las denuncias se usen determinadas palabras, y que ellas, sean redactadas con el extremo de detalle que las hagan a primera vista • sencillas de entender para un niño, o cualquiera otra persona de capacidad incompleta. De la forma en que la denuncia está! redactada no puede en manera alguna decirse que Mattey se desprendiera de los tres pesos y veinte centavos por ninguna otra causa que no fuera para darlos a aquél que se fingió agente del hipódromo, y para que le pusiera ese dinero en un cuadro de apuestas, y que el acusado no hizo tal apuesta, ni' devolvió el dinero.

El segundo error, consiste, según el apelante, en haber admitido la corte prueba sobre los- elementos esenciales del delito, que no se alegaban en la acusación.

Se alega que la corte permitió que se hiciera al testigo Manuel "Vega Bi'ollano la siguiente pregunta:

“¿Él le habló o le dijo algo acerca de si era agente del hipó-dromo? — Él decía que era autorizado por el agente de Humacao.
“Mire esas papeletas que se encuentran aquí.”

La pregunta se ajusta a los elementos de la denuncia, de una manera substancial. No puede exigirse que se ajuste a la denuncia literalmente.

Asimismo se alega que se permitió por la corte una pregunta sugestiva como ésta:

“¿El no le dijo que era agente del hipódromo'?”

Verdaderamente la pregunta puede ser sugestiva. Pero bay que tener presente que el lieelio sobre que versa, babía sido ya objeto de prueba, y estaba afirmado en la declaración de otro testigo, Manuel Vega Riollano; y de lo que dijera el testigo a quien la pregunta se bacía no babía de sugerir nada nuevo en contra de derecho alguno esencial del acusado. En cuanto a esta pregunta, la defensa pidió la eliminación, que fué denegada, y tomó excepción, que fundamentó soste-niendo que la pregunta era sugestiva. En los demás casos, por regia, no fundamentó la defensa su excepción, sistema que no es el propio para someterla luego a la corte de apela-ción.

Se alega que la corte cometió error al denegar la moción de nonsuit.

La corte no podía proceder de otro modo, dado que en verdad el fundamento de la moción de nonsuit fué el mismo de la excepción, que se denegó.

Aparte de esto, la defensa, después de denegarse la moción de nonsuit continuó el caso presentando su prueba, lo que envuelve la renuncia a tal moción, según se ba declarado por este Tribunal en las decisiones El Pueblo v. González, 24 D.P.R. 713, El Pueblo v. Alvarado, 19 D.P.R. 870, y El Pueblo v. Ojeda, 26 D.P.R. 438.

Se señala como error que la corte no dió al acusado el beneficio de la duda razonable.

No existe tal error. La corte pesó la prueba, y de su conjunto, que es como racional y lógicamente debe estimarse una prueba, y no de detalles de escasa importancia, formó la conciencia de los beclios ocurridos. No puede pedirse otra cosa al juzgador.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Hutcbison está conforme con el resultado.


text:
    Ocasio González & Co., S. en C., peticionario, v. La Corte de Distrito de San Juan, Hon. Domingo Sepúlveda, Juez, demandado.
    No. 609.

    Visto: Marzo 26, 1928.

      Resuelto: Abril 17, 1928.

      Miguel García Méndez, abogado del peticionario.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión • del tribunal.

Este es nn caso de certiorari, promovido a nombre. de Ocasio González & Go. Sociedad en Comandita, para solicitar la revocación de una resolución de la Corte de Distrito de San Juan, Juez Hon. Domingo Sepulveda, con respecto a.una fianza prestada por la promovente en procedimiento sobre tercería.

En un pleito seguido ante la Corte de Distrito de San Juan, P. R.., por Agustín Hernández Mena contra Alfonso Ocasio, el demandante, en vía de aseguramiento de sentencia, embargó con otros bienes, ciertas mercancías, zapatos y trajes, del establecimiento de Ocasio González y Compañía, S. en C., según aparece del diligenciami'ento del embargo, fechado en 22 de diciembre de 1927.

Ocasio González y Compañía, S. en C. presentó al Marshal de la Corte de Distrito de San Juan, una declaración bajo juramento, de acuerdo con lo preceptuado en la ley que esta-blece el procedimiento de tercería en relación a bienes muebles, o sea de fecha 14 de marzo de' 1907; y acompañó una fianza, tomando la fórmula de la misma de la Sección 6 de la misma ley. Esta 'fianza fué impugnada por el demandante y la corte, al resolver tal impugnación, declaró nula la fianza fundándose en que el artículo 355 del Código de Enjuicia-miento Civil, tal como fué enmendado en 12 de mayo de 1908, exige en la fianza el requisito de una declaración jurada de los fiadores, exponiendo en ella su residencia, condición de ser cabeza de familia, y la de ser propietario en Puerto Rico, con bienes por la cantidad señalada en la fianza, des-contadas las deudas. La corte declaró que, siendo este ar-tículo 355 enmendado, posterior en su aprobación (12 de marzo de 1908) a la ley sobre tercerías (14 de marzo de 1907), y bailándose la ley de tercerías incorporada al Código de Enjuiciamiento Civil, la fianza como se prestó, era nula. T contra esta resolución, de fecba 27 de febrero de 1928, se bá pedido el auto de certiorari.

No estamos conformes con la teoría de la Corte de Distrito de San Juan, acerca de que la ley de tercería 'está incorporada al Código de Enjuiciamiento .Civil y es parte' del mismo. Es verdad que aparece en el tomo impreso de los Estatutos revisados de Puerto Rico, dentro del Código de Enjuiciamiento Civil; pero no vemos con qué autoridad legal se ba becbo esto. Si es cierto que bubo la facultad de compilar, no lo es que tal facultad traiga consigo la de fundir dos leyes cuyos preceptos pueden ser distintos. La forma de fianza autorizada por la ley sobre tercerías está muy lejos de ser un modelo; pero es ley, y como tal debe ser aceptada.

En cuanto al artículo 355 del Código de Enjuiciamiento Civil, en él se especifican los requisitos de las fianzas, para todos los casos en que, con arreglo a ese Código (itálicas nuestras) deba constituirse fianza personal. Pero si la ley de tercerías no es parte del Código la forma especial de fianza que en ella aparece, es suficiente para los fines de la misma lev.

El recurso debe declararse con lugar, y suficiente, para sus fines, la fianza prestada por el tercerista.


author: El Juez Asociado SeñoR Texidoe,

text:
    María Eugenia Carrión, peticionaria-apelante, y El Pueblo de Puerto Rico, opositor-apelado.
    No. 3439.

    Visto: Febrero 24, 1928.

      Resuelto: Abril 17, 1928.

      José E. Díaz, abogado del apelante; José E. Eigueras, abogado de' El Pueblo, opositor y apelado.
   El Juez Asociado SeñoR Texidoe,

emitió la opinión del tribunal.

María Engenia Carrión presentó ante el Jnez Presidente de este tribunal nn recurso de habeas corpus, en, el que recayó resolución denegatoria en 20 de diciembre de 1927.

La peticionaria fué sentenciada por la Corte de Distrito de Arecibo, en proceso por adulteración de leche, a sufrir una pena de cárcel y pagar una multa. Este tribunal en grado de apelación modificó la sentencia, e impuso a la acu-sada una multa de cien dólares. La Corte de Distrito de Arecibo, a petición del Fiscal, y por no pagar la multa la aquí peticionaria, ordenó se la encarcelara por nn término' que no ha de exceder de noventa días; fné ella encarcelada, y presentó la petición de habeas corpus de que antes se hace mención. T ahora acude ante el tribunal en pleno.

No tenemos duda alguna de que la corte de distrito no •puede modificar, para ningún fin, las sentencias que dicte este tribunal. Pero tampoco creemos que éste es el caso' ante nuestra consideración.

El artículo 54 del Código de Enjuiciamiento Criminal, tal y como quedó enmendado en 8 de abril, 1916, Leyes de ese-año página 45, dispone que “Cuando en cualquier tribunal se dicte sentencia condenando a un acusado al pago de una, multa y dejare de satisfacer inmediatamente dicba multa, será encarcelado por falta de dicbo pago y permanecerá en reclusión un día por cada dollar que baya dejado de pagar.”'

El cumplimiento de la sentencia de este tribunal se ba ajustado al precitado artículo 54, Código de Enjuiciamiento-Criminal. No es este caso como el de People y. Brown, llfi Cal. 35, en el que la pena fue de prisión y multa.

La resolución dictada por el Sr. Presidente de este tribunal debe ser confirmada, como resolución del Tribual en pleno.

El Juez Presidente Sr. del Toro no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Angel Arroyo Rivera, promovente, v. La Corte de Distrito de San Juan, Hon. Pablo Berga, Juez, y Rafael Santiago, litigante, demandados.
    No. 42.

    Visto: Febrero 13, 1928.

      Resuelto: Abril 18, 1928.

      Angel Arroyo Rivera, abogado del promovente; José Gómez Aguayo, abogado del demandado Santiago.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El Banco de San Juan vendió nna finca a Rafael Santiago por $1,232. Rafael Santiago pagó $100 de contado y cons-tituyó hipoteca por $1,132, saldo del precio de la compra. El crédito hipotecario establecido fné cedido o traspasado a Angel Arroyo Rivera el 27 de diciembre de 1926. Angel Arroyo Rivera es el peticionario en este caso.

El crédito hipotecario no fné pagado a sn vencimiento, y se entabló un procedimiento sumario de ejecución de hipoteca para cobrarlo. La finca le fué adjudicada al peticionario, quien se disponía a tomar posesión de ella dentro de los treinta días de la fecha de la subasta, de acuerdo con la ley, cuando Rafael Santiago presentó un pleito en la Corte de Distrito de San Juan reclamando el derecho del hogar seguro. La Corte de Distrito de San Juan, de conformidad con la ley para asegurar la efectividad de las sentencias, prohibió al peticionario que desalojara a Rafael Santiago de la finca adjudicada a dicho peticionario.

La solicitud en este caso es para que se expida un auto inhibitorio, en unión de otro de certiorari. La corte expidió el auto inhibitorio, y se negó de momento a expedir el de certiorari. Con pocas excepciones, todos los hechos esen-ciales a considerar por este tribunal han sido substancial-mente admitidos.

Tenemos la idea de que en una demanda en que se reclama el derecho del hogar seguro, deben alegarse- claramente los hechos esenciales de acuerdo con el estatuto, o sea, que la persona que reclama tal clereclio es cabeza de familia y qne ocupa la finca como sn residencia. En la demanda en este caso no se alega la fecha en que comenzó tal derecho de hogar seguro. La petición, que no ha sido propiamente con-trovertida a este respecto, alega que el supuesto reclamante del derecho del hogar seguro se trasladó a la finca después que surgió el derecho hipotecario del peticionario. De suerte que el deudor dejó de demostrar claramente que tenía derecho al hogar seguró al tiempo de otorgarse la hipoteca. Si esta cuestión se hallara sola, sería propiamente revisable en apelación, en vista de que la demanda podría ser enmendada.

El verdadero fundamento para anular las actuaciones de la Corte de Distrito de San Juan es que actuó sin jurisdicción, toda vez que la cantidad envuelta en el derecho de hogar seguro no puede exceder de $500. El juez de distrito dice en su contestación que puede considerar la demanda, en vista de la jurisdicción general de las cortes de distrito; que la Legislatura demostró su intención disponiendo que en caso de divorcio la corte podrá disponer del hogar seguro según la equidad del caso, y que algunos de los recursos de injunction, conocidos anteriormente con el nombre de interdictos, nos presentan un caso análogo.

En los casos de injunction, generalmente no hay cuantía envuelta, dependiendo frecuentemente los casos de equidad de lo inadecuado de la indemnización o de otras razones que el peticionario ha discutido. En lo que concierne a casos de divorcio, es evidente que la Legislatura ha concedido auto-ridad a las cortes de distrito para que en un decreto de divorcio determinen a quién debe concederse el derecho al hogar seguro, pero no se demuestra ninguna otra intención. En términos generales, un pleito que envuelve una suma de $500 o menos debe ser entablado en una corte municipal.

Al revisar los hechos de este caso hallamos que se alegó y admitió que la hipoteca otorgada por Rafael Santiago fué por el saldo de la venta, y el artículo Io. de la Ley del Hogar Seguro, sección 1,000 de los Estatutos Revisados, excluye del derecho de hogar seguro “el valor de la compra” {purchase price) de la propiedad. Por tanto, parecería que no surgió ningún derecho de hogar seguro en este caso. Tratamos esta cuestión con alguna reserva, en vista de que las partes no la han discutido.

Tanto el juez de la corte de distrito como Rafael Santiago han sostenido que los derechos del peticionario son revisables debidamente por medio de apelación. La ley sobre autos inhibitorios, de marzo 10, 1904, dice que no podrá expedirse un auto inhibitorio para impedir cualquier resolución de tribunales inferiores que fuere revisable propiamente por medio de apelación. En general, nos hemos sorprendido de la amplia negación contenida en el estatuto. En ciertos casos, interpretando las palabras literalmente tal vez se destruiría la clara intención de la Legislatura. Creemos que las palabras “que fuere revisable propiamente por medio de apelación” deben tener un significado similar, áunque posiblemente no tan fuerte, como las palabras “que fuere revisable adecuadamente por medio de apelación,” usadas tan frecuentemente al considerar casos de certiorari. Sin embargo, convenimos con el peticionario en que cuando está envuelta una cuestión clara de jurisdicción, si la corte de distrito no tiene jurisdicción, esta corte tampoco la tiene por medio de apelación, y, por consiguiente, la cuestión envuelta no es propiamente revisable por medio de apelación. Además, la petición en este caso no solamente lo era para que se expidiera un auto inhibitorio, sino ■ también, de ser necesario, uno de certiorari, y como todos los hechos están ante nuestra consideración, no vacilaríamos en considerar esta solicitud como una petición de certiorari.

También se ha sostenido que el peticionario debió haberse dirigido primeramente a la Corte de Distrito de San Juan para que corrigiera sus propios procedimientos. Esta indudablemente hubiese sido la mejor práctica, pero cuando la cuestión de jurisdicción es tan fundamental como en este caso, no nos sentimos justificados en negar la expedición del auto por ese motivo.

Las partes fian levantado otras cuestiones con respecto a la Ley Hipotecaria, la posibilidad de interrumpir los pro-cedimientos hipotecarios, los derechos de las distintas partes de acuerdo con la Ley para asegurar la efectividad de las sentencias, y la preferencia o prelación que defie darse a las distintas actuaciones, conjuntamente con otras cuestiones, pero hallamos que las anteriores consideraciones son funda-mentales, y, por tanto, no consideraremos las otras intere-santes cuestiones envueltas.

Debe expedirse el auto inhibitorio y anularse los proce-dimientos contra el peticionario en este caso.


text:
    José Ducheny, Jr., como padre con patria potestad sobre sus hijos menores, peticionario, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. Pablo Berga, Juez, demandado.
    No. 592.

    Visto: Febrero 15, 1928.

      Resuelto: Abril 18, 1928.

      Ewrique Campillo, abogado del peticionario; M .Rivera de la Vega j Carlos M. Pesquera, abogados del demandante en el pleito principal, como interventores.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El peticionario había comenzado un procedimiento hipo-tecario contra varios deudores, había obtenido sentencia, y estaba en vías de ejecutarla cuando los deudores radicaron un pleito en la Corte de Distrito de San Juan, en el cual hacían la reclamación del hogar seguro. Para asegurar la efectividad de la sentencia dichos deudores obtuvieron de la Corte de Distrito de San Juan una resolución prohibiendo el lanzamiento de ellos de la propiedad sobre la cual se había hecho la reclamación del hogar seguro. Entonces se radicó esta petición de certiorari.

La reclamación del hogar seguro, de acuerdo con la sec-ción 1,000 de los Estatutos Revisados, está limitada a la cantidad de $500., Por tanto, resolvemos que la corte de distrito no tenía jurisdicción para considerar el pleito. Bajo ningún punto de vista desde el cual hemos considerado la cuestión, está envuelta una suma mayor de $500. Arroyo v. Corte de Distrito etc., ante, (pág. 10).

Por tanto, debe anularse la orden de embargo y declararse sin lugar la demanda.


author: El Juez Asociado Señoe Wole,

text:
    Villar & Co., Inc., demandante-apelante-apelada, v. Carlos Conde Casariego, demandado-apelado-apelante.
    No. 3901.

    Resuelto en reconsideración: Abril 18, 1928.

      J. Texidor y R. Cuevas Zequeira, abogados del demandante; F. Soto Oras, abogado del demandado.
   El Juez Asociado Señoe Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso la Corte de Distrito de San Juan, después de considerar toda la prueba, resolvió que Carlos Conde Casariego tenía derecho a recibir la suma de $17,500 por. haber sido despedido de su empleo. Este Tribunal confirmó esa conclusión (37 D.P.R. 706), y ahora se solicita la reconsi-deración por dos fundamentos.

El primero de ellos es que en Puerto. Rico un empleado que es destituido sólo tiene derecho a ser indemnizado por daños y perjuicios, de acuerdo con varias disposiciones de ley. Ya se funde la acción en quebrantamiento de contrato o en un acto torticero, el demandante tiene derecho a que se le indemnice por los daños sufridos. El montante de la indemnización en caso de que se destituya a un empleado, consiste prima, facie en las ganancias que tal empleado hubiese podido recibir. En nuestra opinión principal discutimos esta cuestión, citando autoridades de ésta y otras cortes.

El otro fundamento de la reconsideración es que los autos demuestran que en el trámite de repreguntas Conde admitió que él era agente de otra compañía, si no de varias.

La cuestión que ahora se levanta no fue presentada en absoluto a la consideración de la corte inferior. Nunca se intentó probar que Villar & Co. tenían derecho por vía de rebaja a los sueldos o ganancias obtenidos por. Conde con posterioridad a la fecha de su destitución. Los hechos traídos a la luz durante la repregunta fueron casuales-, y no se fundaban en ninguna teoría de rebaja o mitigación de los daños. El único propósito y la sola teoría de Villar & Co. durante el juicio fueron demostrar que Conde no tenía de-recho a indemnización alguna; que Villar & Co. tuvieron suficientes motivos para despedirlo de su empleo. El caso fué juzgado cuidadosamente, y Villar & Co-, fundaron toda esta parte de su caso en las numerosas faltas supuestas cometidas por Conde, las que, según ellos, justificaban su destitución. Esta controversia y la teoría de la corte sen-tenciadora serían suficiente motivo para no alterar la con-clusión a que llegó la corte de distrito, aun si se admitiese que cuando un empleado confiesa haber ocupado otros cargos, el peso de la prueba recae sobre él para demostrar que per-cibía un' sueldo inferior al que hubiese recibido en caso de que su suerte fuese distinta.

En lo que se refiere al traslado de un caso a este tribunal,, hay razones adicionales por las cuales Villar & Co. no tiene-derecho a que se varíe nuestra sentencia confirmatoria. El. señalamiento de errores, cuidadosamente examinado, deja dé-demostrar que se llamara la atención de esta corte hacia eli extremo de que ahora se queja la demandante. Es cierto que durante la vista Villar & Co. obtuvieron, mediante el voto dividido del tribunal, permiso para discutir en un nuevo alegato la cuestión de daños y perjuicios. El nuevo ¿legato fué radicado, pero contenía solamente una alusión sumaria sobre la cuestión de mitigación de daños y perjuicios que, ahora se levanta claramente por primera vez. Por sus pro-pios términos, el alegato radicado no sugería una rebaja, ni tampoco se ofreció radicar un nuevo señalamiento de error o enmendar el que ya se había hecho.

La regla general en una corte de apelación es negarse a tomar en consideración errores que no han sido señalados, Martínez v. García, 18 D.P.R. 2; 3 C. J. 1329 et seq.; 3 C. J. 1347 et seq.; 3 C. J. 1412. Nuestras reglas expresan este principio en la siguiente forma:

“42. Dentro de diez días después de haberse presentado a este Tribunal la copia de los autos, el Letrado defensor del recurrente, presentará al Tribunal un alegato por duplicado, impreso o escrito en maquinilla, que' contendrá una relación fiel y concisa de la c'au'sa tal como conste en los autos; así como una exposición de los errores en que funda su recurso, y además de esto, cumplirá con la Ley de Enjuiciamiento actualmente en vigor.
“43. Esa exposición indicará separadamente cada error que se alegue haberse cometido por el tribunal inferior; y, al resolver el ca'so, esta Corte podrá dejar de tomar en consideración aquellos errores que no se hayan señalado, a no ser que sean fundamen-tales. ”

Aun si el error que ahora se alega pudiera considerarse-corno fundamental, o aun si se hubiese insistido debidamente en él en la corte inferior, es claro que una moción de recon-sideración es algo demasiado tardío para levantar una. cues-tión de esta naturaleza. El apelado se presentó a la corte acompañado de su letrado, listo para, enfrentarse con todas las cuestiones que fuesen debidamenté levantadas. Las par-tes tuvieron una vista ante esta corte. Interest reipublicae -ut finish sit litium.

También debe tenerse en mente a este tribunal. El nú-mero de litigios que nos abruma es enorme. Nuestra prác-tica ha sido celebrar la vista de los casos prontamente, 'después de haber sido radicados en esta corte y tan pronto como están listos para ser resueltos. Las decisiones impre-cas demuestran el gran número de casos resueltos cada año. No obstante, la práctica de celebrar las vistas de los casos prontamente ha tenido por resultado la aglomeración de mi número de casos sin resolver. Con el fin de establecer un precedente hemos dedicado un tiempo considerable a la resolución de esta moción, consumiendo así un tiempo que roas propiamente corresponde a la consideración de los casos de otros litigantes.

Sin embargo, no hallamos que el error sea fundamental, según se usa esa frase. Para que el error sea fundamental on este caso, debería aparecer claramente de los autos que Conde tenía derecho a recibir menos de lo que la corte le concedió. Al decir esto, no queremos excluir la idea de que hubiera una posibilidad, o aun una probabilidad, de que él pudiese haber obtenido menos; pero para que el error sea fundamental, los autos deben revelar, en nuestro criterio, que Conde en realidad no tenía derecho a recibir la cantidad que la corte le concedió. No hubo prueba tendente a demos-trar que él recibiera utilidad alguna de su nueva represen-tación y de los autos se desprende que aún existe la proba-bilidad de que, con conocimiento de Villar & Co., Conde dedicaba parte de su tiempo a la nueva representación, y de que tal vez percibía algún provecho de ella. Además, Conde no era un empleado corriente. El vendió sn negocio indu-cido, en parte, por la oferta de Villar & Co. de emplearlo durante cinco años. Ese empleo durante cinco años formaba jjarte de la causa (consideration) de la venta de sus agencias. El tal vez pudo demostrar que si no se hubiese empleado con Villar & Co. sus ganancias durante todo el tiempo hubiesen sido mayores, y que la venta y el contrato de arren-damiento de servicios lo demoraron en establecer su negocio. En realidad, en su alegato complementario Villar & Co. también trataron de demostrar en términos generales que ellos habían beneficiado a Conde despidiéndolo de su empleo y permitiéndole que obtuviera otras agencias. No damos gran peso a ninguna de estas cuestiones especulativas, pero las exponemos para demostrar que no hallamos ningún error fundamental.

Dadas estas circunstancias, no nos es posible decir que se cometió un error fundamental, y debe declararse sin lugar la moción de reconsideración.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    José Ramírez Muñoz, demandante y apelado, v. Jacinto Muñoz; la mercantil J. Muñoz & Co., compuesta por sus socios gestores Jacinto Muñoz, Pedro Solá Colón y por el socio industrial Francisco Ortiz; y Joaquín Moreno y Luis Méndez, demandados y apelantes.
    No. 4069.

    Visto: Enero 27, 1927.

      Resuelto: Abril 18, 1928.

      A. L. Lopes, abogado del apelante Moreno; González Fagundo y González Jr., abogados de los apelantes J. Muñoz y J. Muñoz & Co.; Rafael Arce Rollet, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

José Ramírez Muñoz, dneño de una casa de manipostería y azotea radicada, en Caguas en las calles de Gautier Benitez, y de Vizcarrondo, mareada con el No. 19, la dió en arrenda-miento en 1919 a Jacinto Muñoz por precio de $70 mensuales y término de dos años que vencían el 31 de octubre de 1921, comprometiéndose el arrendatario a conservarla en buen estado. Antes del primero de junio de 1921 Jacinto Muñoz había 'subarrendado una parte de esa casa a la sociedad Mercantil J. Muñoz y Compañía, compuesta por Jacinto Muñoz, Pedro Sola Colón y Francisco Ortiz, para un esta-blecimiento de pulpería; -otra parte a Joaquín Moreno para almacén de tabaco y el resto de ella a Luis Méndez. Unos meses antes de vencer el término del arrendamiento, en la noche del sábado 4 de junio de 1921, de doce a doce y media de la misma, se desarrolló un incendio en esa casa que cansó daños en ella quemando alguna de sus puertas, parte del maderamen de la azotea y tabiques interiores de madera, deteriorando también el enlucido de sus paredes y otros daños más. Como consecuencia de ese incendio y del seguro contra incendio de las provisiones de J. Muñoz y Compañía por $6,000 y de igual seguro de Joaquín Moreno por $3,000 fueron vendidas las existencias que no fueron destruidas por el fuego y los demandados dejaron de ocupar la casa. Nada diremos del otro subarrendatario por lo que luqgo se expresará. Así quedaron las cosas y algún tiempo después el dueño José Ramírez Muñoz demandó a su arrendatario y a los subarrendatarios y dictada sentencia declarando sin lugar la demanda fué revocada por nosotros y devuelto el caso a la corte inferior para ulteriores' procedimientos. Ramírez v. Muñoz, 33 D.P.R. 362.

Después de nuestra decisión el demandante presentó de-manda enmendada contra Jacinto Muñoz, contra la mercantil J. Muñoz y Compañía, compuesta por los tres socios antes mencionados, contra Joaquín Moreno y contra Luis Méndez alegando dos causas de acción, una para que Jacinto Muñoz le pague los arrendamientos de dicba casa desde el primero de junio de 1921 en adelante, fundada en que no le ña entre-gado la casa y continúa en su posesión: siendo la segunda contra Jacinto Muñoz y contra los otros demandados para que le devuelvan la casa en el buen estado en que él la en-tregó o para que en defecto de esto le paguen $3,500 que importan sus reparaciones, en la proporción que para cada uno de los demandados determine la corte, pagándole además , Jacinto Muñoz el canon de arrendamiento durante todo el tiempo que duren esas obras.

El demandado Luis Méndez había muerto cuando fué presentada esa demanda enmendada y el demandante desis-tió de ella en cuanto a él. Los otros demandados se opusieron a la demanda, y celebrado el juicio fué dictada sentencia con-denando a Jacinto Muñoz por la primera causa de acción a pagar el canon de arrendamiento de $70 mensuales desde el primero de junio de 1921 basta que se entregue la casa al demandante o basta que se pague el importe de sus repara-ciones, y condenando a Jacinto Muñoz, a J. Muñoz y Com-pañía y a Joaquín Moreno a devolver la casa en.las mismas condiciones en qne fné entregada a Jacinto Muñoz en 1919 y en su defecto a que la mercantil J. Muñoz y Compañía pague al demandante la cantidad de $1,000 y Joaqnín Moreno $500 que importan el poner la casa en condiciones de uso, debiendo además pagar Jacinto Muñoz el canon dicho de arrendamiento por el tiempo que dure la ejecución de esas reparaciones, no excediendo de dos meses: declaró sin lugar la demanda en cuanto a Luis Méndez e impuso las costas a J. Muñoz y Compañía y a Joaquín Moreno.

Contra esa sentencia interpuso apelación Joaquín Moreno bajo la dirección de un abogado y también Jacinto Muñoz y J. Muñoz y Compañía por otro letrado, presentando cada parte apelante sus respectivos motivos de error contra la sentencia, siendo común en ambos recurrentes el motivo de que la evidencia no justifica la sentencia condenatoria en cuanto a pagar las reparaciones de la casa; motivo que con-sideraremos en seguida porque si es cierto resolverá el caso definitivamente y fiará innecesario el considerar los otros' motivos de error aducidos.

La prueba del demandante consistió en seis testigos, dos de ellos para especificar los daños sufridos por la casa a consecuencia del incendio y para valorar el importe de sus reparaciones, siendo los otros cuatro el demandante José Ramírez Muñoz, Juan R. Lugo, cabo de la Policía Insular, Francisco Ortiz y Joaquín Moreno, los dos últimos demandados.

El testigo demandante se enteró del incendio de la casa al día siguiente de ocurrido, siendo esto lo substancial de su declaración con respecto al fuego. El cabo de la policía fué a la casa cuando oyó los toques de cometa de los bomberos, vió cuando éstos derribaron una puerta para meter la man-guera y apagar el incendio: después de, apagado entró en la casa para investigar: vió tabaco quemado y provisiones y le dió olor a gas (petróleo) e investigando supo que allí fiabía una tienda que vendía petróleo, encontrando latas de gas (petróleo) sin abrir y sin quemar, enteras: que- el fuego era interno, originado en el edificio, y como nada había que pu-diera demostrar que el fuego fué intencional supuso que sería ocasionado por la luz eléctrica o algo así: que en Caguas han ocurrido otros incendios por la luz eléctrica, especifi-cando uno ocurrido por la noche y otro por la tarde: que la casa estaba cerrada: que cuando estaba en el incendio llegaron los inquilinos, Joaquín Moreno'y Pedro Sola: que al día siguiente del fuego volvió a la casa por la mañana y notó que había cajas de gas sin quemar: que los tabiques se carbonizaron por arriba y también el plafón: que cuando entró en la casa ardían las provisiones y las tablas: que las llamas eran de arriba para abajo en todo aquello: que para esa época hubo varios incendios en Caguas, antes y después, por lo que puso un policía en. la calle Gautier Benitez para vigilancia, y había además un sereno pagado por el comercio, que desempeñaba las mismas funciones que el policía. El testigo Francisco Ortiz, socio industrial de la tienda, estaba enfermo la noche del fuego y dijo que en la tienda no se quedaba nadie por las noches: no sabe cómo ocurrió el incendio: que el negocio era de venta de provi-siones: y que tenían un sereno del comercio, que pagaban. Joaquín Moreno tenía tabaco en esa casa, parte que había comprado ese año y que tenía asegurado por $3,000 y otra parte no asegurada producido en sus fincas, que unos días antes del incendio almacenó allí.: algún tabaco no se quemó y fué vendido, pagándole la compañía de seguro $2,700: él vivía en otra casa: fué al sitio del suceso cuando llegaban allí otras personas: no sabe cómo ocurrió el incendio, aunque investigó su causa, pudiendo ser la luz eléctrica porque por ella han ocurrido otros incendios en Caguas: que él iba a ese almacén un rato todos los días y lo tenía entregado a Marcelino Rivera: que de noche custodiaba un sereno que pagaban entre todos los del comercio: que en el departamento que él tenía en esa casa había instalación eléctrica y que nunca se trabajaba allí de noche.

Esa fué toda la prueba del demandante y una inspección ocular de la casa sin que su resultado conste en los autos.

La prueba de los demandados consistió en las declara-ciones de varios testigos. Uno de ellos, Pedro Solá, socio de J. Muñoz y Ca., dijo que la pulpería trabajaba hasta las seis de la tarde los días laborables y que los sábados la cerraban a las diez de la noche y se iban a sus casas después de registrarla bien, dejándola cerrada con llave: que tenían un sereno del comercio que pagaban y cuya misión era vigilar las tiendas de la calle de los que les pagaban: que esa noche quedó cerrada la tienda después de registrada y estando durmiendo en su casa fué avisado del incendio, saliendo en ■seguida y dirigiéndose al parque de bomberos, ayudando a transportar la bomba al sitio del suceso: que entonces tenían ena existencia de siete mil y pico de pesos sin contar una ■caja registradora que les costó un mil pesos, una caja de sumar ■cuyo valor es de $275, una caja de hierro de unos setenta pesos, un escritorio que valía $150, y los aparadores que valían de 600 a 700 pesos, cuyos objetos no estaban asegu-rados : que al ocurrir el incendio estaba cerrada toda la ■casa: que atribuye el incendio a la luz eléctrica porque por -ella han ocurrido otros incendios en Cagmas, habiendo él visto quemarse un poste de la luz eléctrica y caerse al suelo •quemado: que en su tienda vendían gas (petróleo) y tenían veinticinco cajas que la compañía de seguros realizó, algunas rotas porque los bomberos entraron allí y destrozaron muchas provisiones: que el gas no se incendió porque no hubo fuego •en la parte en que estaba: que se derramó por allí, y que había cajas rotas y latas que se abrían con la precipitación y se regó por el piso: que la compañía de seguros liquidó siete mil y pico de pesos: citó incendios ocurridos en Oaguas por la luz eléctrica: que antes del incendio tenían también allí un puesto para vender gasolina con su tanque a prueba de fuego y cuando lo vió el dueño de la casa le dijo que si no pagaban un seguro de la casa quitara esa venta por io que suprimieron ese negocio: que después del incendio quedó desocupada toda la casa inmediatamente, desde el 4 de junio de 1921 y le llevó un cheque a don José Ramírez por el arrendamiento, menos cuatro días de junio: que después no ha sido requerido para pagar el arrendamiento: que era quien pagaba el arrendamiento de toda la casa, lo que sabía Ramírez quien mandaba un hijo suyo a cobrarle: que en la tienda había luz eléctrica, que esa noche, como en todas, dejaron apagada: que la compañía de 'seguros les pagó casi $6,000 que les sirvieron para pagar y además tuvo que vender-una casa suya que le costó $3,000 y su socio tuvo que dar $2,000 más porque las mercancías valían más que sus pólizas: que cuando el alza del azúcar en 1920 ganó mucho dinero y cuando 1a. baja no perdió nada porque suspendió las com-pras cuando estaba a ocho o diez pesos; y que cuando- el incendio vendían por valor de siete u ocho mil pesos men-suales. Marcelino Rivera' dijo que era quien atendía un ne-gocio que tenía con Joaquín Moreno para comprar tabaco: que a las seis de la tarde cerraba el almacén, en el que nadie vivía: tenía instalación eléctrica: que antes de acostarse-■solía pasar por el almacén y mover las puertas para saber •si estaban bien cerradas: que en la noche del fuego había en el almacén el tabaco que compraba y otra cantidad que llegó dos o tres días antes de la finca de Moreno.

Se presentó también como última prueba la investigación -que por ese incendio practicó el fiscal, la que nada nuevo •aporta a lo ya expuesto.

La prueba en este juicio no fué contradictoria pues la del demandante es para probar el hecho del incendio y log daños ocasionados, y la de los demandados no niega esos hechos y su único alcance es probar que el deterioro sufrido por la casa arrendada ha sido ocasionada sin culpa de ellos.

Según el artículo 1466 del Código Civil el arrendatario es responsable del deterioro o pérdida que tuviera la cosa arrendada, a no ser que pruebe haberse ocasionado sin culpa suya: y en nuestra anterior sentencia en este caso declaramos que el artículo 1454 impone también esa responsabilidad a los subarrendatarios.

El conjunto y resumen de 1a. prueba de los demandados-es que ellos observaban la conducta de hombres prudentesen el uso de la casa en la parte que cada uno tenía subarren-dada pues cerraban por las noches las puertas de la casa después de hacer registro en ella, contribuían a pagar un sereno del comercio para que vigilase de noche sus estable-cimientos, vigilancia que también hacía un policía insular, probaron que la casa tenía instalaciones eléctricas en Ios-departamentos ocupados por ellos; que en Caguas habían ocurrido algunos incendios en otras casas producidos por las instalaciones eléctricas; que J. Muñoz y Oa. había qui-tado un depósito que había tenido para venta de gasolina porque así se lo ordenó el dueño de la casa si no aseguraba, ésta contra incendio, y que si bien tenía en su pulpería algunas cajas con latas de petróleo la venta de este artículo-formaba parte de su negocio de pulpería. En vista de esta "prueba no contradicha opinamos que los demandados pro-baron que el incendio productor del deterioro de la casa ocurrió sin culpa suya, por lo que no están obligados Ios-demandados al pago de las reparaciones de la casa.

En vista de la anterior conclusión nos resta examinar si el arrendatario Jacinto Muñoz está obligado a pagar el precio del arrendamiento de dicha casa desde el primero de jimio de-1921.

Después del incendio la. casa quedó 'inservible para Ios-fines a que se la destinaba. Desde entonces el arrendatario y los subarrendatarios no han tenido su disfrute ni su pose-sión y lo que ha ocurrido es que el dueño de ella tampoco ha querido tomar posesión material de la misma por en-tender que debía serle devuelta en las mismas condicionesen. que la entregó, deber que liemos elidió no tiene el arrenda-tario y subarrendatarios por haber ocurrido el fuego sin culpa de ellos; y como según el artículo 1457, No. 2°.,'del Código antes citado el arrendador está obligado a hacer en la cosa durante el arrendamiento todas las reparaciones nece-sarias a fin de conservarla en estado de servir para el uso a que ha sido destinada, no habiendo hecho dichas repara-ciones no tiene derecho a cobrar arrendamiento desde que la casa quedó inservible para el fin que se la destinaba.

Por lo expuesto la sentencia apelada debe ser revocada y declarada sin Vagar la demanda, sin especial condena de costas.

El Juez Asociado Señor Hutchison está conforme con el resultado. El Juez Asociado señor Texldor no intervino.


text:
    Manuel Hedilla Blanco, demandante y apelado, v. Ramona Monagas de Colón y Domingo Colón Surís, demandados y apelantes.
    No. 4188.

    Visto: Noviembre 22, 1927 y Febrero 15, 1928.

      Resuelto: Abril 19, 1928.

      R. Fernández Matos y R: Arjona Siaca, abogados de la apelante Ramona Monagas; Felipe Colón Díaz, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Originalmente, éste era un procedimiento sumario de ejecución de hipoteca, de acuerdo con la Ley Hipotecaria. La propiedad fué ofrecida en pública subasta, y, no habiendo otros postores, fué vendida, por lo menos nominalmente, a un acreedor hipotecario por la suma de $1,500, incluyendo intereses y costas. Lo que en verdad sucedió fué que se hizo un abono a cuenta de la deuda hipotecaria. La venta se efectuó el 17 de diciembre de 1926. El 18. de enero de 1927 Ramona Monag’as compareció en el pleito e hizo la recla-mación del hogar seguro (homestead). Según aparece de su petición, alegó, entre otras cosas, que ella fué lanzada de la propiedad a instancias del marshal, por virtud de una orden librada en el procedimiento ejecutivo hipotecario. En otras palabras, ella no dió paso alguno en este procedimiento para reclamar su derecho al hogar seguro no sólo para la fecha en que se ordenó la venta de ia propiedad, sino hasta después que se vendió, ejecutó y entregó la misma al acreedor hipotecario.

La Corte de Distrito de Ponce, al resolver la moción, declaró que el hogar seguro no había sido constituido o ins-crito debidamente, y, además, que el procedimiento ejecutivo hipotecario no podía ser interrumpido en esta forma.

Por el voto, dividido de este Tribunal hemos resuelto que por regla general el procedimiento ejecutivo no puede ser interrumpido. Cueto v. Corte de Distrito, 37 D.P.R. 244. También hemos resuelto por el voto dividido de esta corte que puede reclamarse el derecho al hogar seguro sin que esté constituido con alguna otra formalidad que la fijada por la misma ley del hogar seguro, secciones 1000 et seq. de los Estatutos Revisados de Puerto Rico, y que no se necesita la inscripción específica de tal derecho. Dávila v. Sotomayor, 35 D.P.R. 794.

En la súplica de la petición reclamando el derecho del hogar seguro en el presente caso se solicitaba la expedición de una orden dirigida al marshal de la corte y al acreedor hipotecario para mostrar causa por la cual no'debían entregar a la demandada la suma de $500 en pago de su derecho de hogar seguro, y que se ordenara a dicho marshal y al citado acreedor hipotecario que pagaran solidariamente la suma de $500; y que, si tal procedimiento no era posible, se declarara que ella tenía un gravamen preferente de $500 sobre la referida propiedad.

Desde luego, si la peticionaria tiene un gravamen de $500 sobre la propiedad concedídole por la ley, ella no necesita ninguna, orden especial de la corte decretándolo, a menos que al mismo tiempo solicite una ejecución específica de su derecho.

Respecto a la contención principal, nos sentimos obligados a resolver que después que una persona con derecho al hogar seguro es lanzada de la propiedad mediante el pro-cedimiento sumario de la Ley Hipotecaria, no tiene derecho a comparecer en ese procedimiento hipotecario para reclamar la distribución de los $500 que le pertenecen. El procedi-miento hipotecario en el presente caso fue enteramente completo y resuelto. Por supuesto, no surgió cuestión alguna de interrupción, en vista de que los procedimientos fueron completos, y creemos que no puede haber cuestión en cuanto a. si se debe o no retroceder a considerar la reclamación de la peticionaria. La reclamación del pago de los $500 es ahora una de dinero, a pesar de que existe un gravamen sobre la propiedad. Debe radicarse un pleito independiente contra la persona que corresponda, para recobrar la cantidad reclamada.

El apelado sostiene que la Corte de Distrito de Ponce no tenía jurisdicción sobre la reclamación, por no exceder de $500. No creemos necesario considerar esta cuestión, toda vez que no se lia radicado pleito alguno.

La resolución apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Aldrey está conforme con el resultado.