author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Ernest V. S. Richardson, demandante y apelante, v. Francisco Martínez, demandado y apelado.
    No. 3822.

    Visto: Mayo 26, 1926.

      Resuelto: Julio 31, 1926
    1. Injunction — Injunction para Recobrar. Posesión — Evidencia—Su Suficien-cia — en General. — Atendida la prueba en el caso de autos, se resolvió que ella justificaba y sostenía la sentencia apelada.
    1. Injunction — -Injunction para Recobrar Posesión — Cuestiones a Conside-rar t Resolver. — Cuando la verdadera cuestión envuelta entre las partes en acción de injunction para recobrar la posesión es una de fijación de colin-daneias, tal cuestión no es propia para ser considerada y resuelta en dicho procedimiento especial.
    & Injunction — Injunction para Recobrar Posesión — Limitación de la Ac-ción. — Cuando en pleito de mjunation para recobrar la posesión se prueba que la ocupación del demandado de los terrenos cuya posesión trata de re-cobrar el demandante tiene' más de un año a la fecha en que se presentó la acción, dicho período de tiempo impide el ejercicio de la aceión.
    SENTENCIA de M. 'Rodrigues 8erra, J. (San Juan Segundo Distrito), declarando sin lugar solicitud de injunction con costas.

      Con-firmada.

      Enrique Rincón, abogado del demandante; Campillo & Campillo, abogados del demandado.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un pleito sobre injunction para recobrar la po-sesión de parte de una finca rústica en el que se alega que el demandante Mr. Ernest V. S. Richardson compró en 8 de diciembre de 1922 en subasta judicial para ejecución de una hipoteca constituida por Mr. Albert Thyboe una finca de 27 cuerdas en el barrio de Candelaria de la jurisdicción de Toa Baja de la cual le dió posesión el márshal en dicha fecha y que allá por septiembre u octubre de 1924, unos siete meses antes de presentarse la demanda de injunction, el demandado Francisco Martínez penetró en ella y ocupó en la parte Este de la misma en colindancia con el río Hondo un perímetro como de 7 u 8 metros dice la demanda, pero un testigo dijo ser de 5 ó 6 cuerdas, que cercó con alambre, en el que tiene acondicionadas cañas y ha tumbado árboles y hecho carbón.

Se opuso el demandado a esa reclamación negando que en fecha alguna haya penetrado en esa finca y alegó que si bien en 19 de febrero vendió a Mr. Albert Thyboe una finca con 31 cuerdas de terreno en dicho barrio su comprador le vendió por escritura pública de 24 de mayo de 1919 una porción de cinco cuerdas de esa finca en la parte Este de la misma y en colindancia por dicho punto con el río Hondo.

Celebrado el juicio recayó sentencia declarando sin lugar la demanda y se interpuso este recurso de apelación por el demandante.

Hemos examinado la evidencia y justifica la sentencia apelada, pues de ella resulta que si bien en febrero 1919 el demandado Francisco Martínez vendió a Mr. Albert Thyboe una finca de 31 cuerdas en el barrio de la Cande-laria de Toa Baja que colindaba por el Este con el río Hondo y otros colindantes el mismo año vendió Thyboe a Francisco Martínez una porción de esa finca de cinco cuer-das de terreno en el lado Este y en colindancia con el río Hondo; que habiendo presentado Mr. Albert Thyboe de-manda de injunction contra Francisco Martínez para reco-brar la posesión de parte de la finca de 27 cuerdas fué de-clarada desistida esa demanda por sentencia de la Corte de Distrito de San Juan de 29 de mayo de 1922; que desde entonces Francisco Martínez está ocupando la tierra en la .que Mr. Ernest V. S. Richardson alega ha ocupado y tiene sembradas cañas y que ha cercado, sin que nadie desde entonces lo haya molestado en esa ocupación que él dice ser del terreno que compró a Thyboe y que desde diciem-bre de- 1922 en que el demandante Richardson compró en subasta la finca de 27 cuerdas de Mr. Albert Thyboe y se le dio posesión de ella, el comprador ha residido en San Juan sin ocuparse de la finca en la que solamente tiene como encargado para su venta a un hombre que no vive en la finca, aunque sí en sus cercanías.

En vista de esa prueba que se alega no sostiene la sen-tencia llegamos a la conclusión de que la verdadera cues-tión entre las partes es de fijación de colindancias, que no es propia de este procedimiento especial y que si el deman-dado está ocupando terrenos del demandante tal ocupación tenía más de un año cuando se presentó la demanda de injunction para recobrar la posesión, período de tiempo que impide el ejercicio de la acción en este procedimiento y que es motivo bastante para confirmar la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Hutchison no intervino en la resolución de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Aldret,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Faustino Pérez, acusado y apelante.
    No. 2744.

    Visto: Junio 15, 1926.

      Resuelto: Julio 31, 1926.
    1. Incendio Malicioso (Arson) — Del "Indictment” o Acusación — Alegación de Malicia — Necesidad de que se Alegue la Existencia de Malicia. — Una acusación bajo el artículo 398 del Código Penal que no alega que existiera malicia en el acto imputado al acusado no imputa el delito de incendio de-finido en dicho artículo.
    2. Incendio Malicioso — del "Indictment” o Acusación — su Suficiencia- — en General. — En acusación bajo el artículo 3'98 del Código Penal, la alegación de que el acusado pegó fuego a la casa de otra persona es suficiente sin que haya que alegar que la incendió o quemó ya que aquella alegación imputa al acusado que él incendió o quemó la casa de otro.
    Sentencia de B. Díaz Cintrón, J. (Ponce), condenando al acusado por delito de incendio malicioso, sin costas.

      Revocada y devuelto el caso.

      Felipe Colón Díaz y Leopoldo Tormes, abogados del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldret,

emitió la opinión del tribunal.

Al terminar el fiscal la presentación de sn prueba en el juicio en la corte inferior solicitó de ella el acusado que ordenase al jurado un veredicto perentorio de absolución porque la prueba que había sido presentada no era sufi-ciente para un veredicto de culpabilidad y porque la acusa-ción no le imputa el delito de incendio por el que se le es-taba juzgando. Negó la corte inferior esa petición y alega abora el acusado como uno de los motivos para sostener su apelación contra la sentencia condenatoria dictada contra él que la corte inferior cometió error al declarar sin lugar la excepción perentoria que alegó contra la acusación.

La acusación dice que el acusado durante las boras de la nocbe del 8 de enero de 1925 voluntariamente y con in-tención de destruirla pegó fuego a una casa sita en una calle de la ciudad de Ponce, propiedad de otras personas, que estaba habitada por inquilinos; y alega el apelante que no le imputa el delito de incendio porque no alega malicia.

El texto inglés del Código Penal en su artículo 398 dice lo siguiente: “Arson is the wilful and malicious burning of a building of another with intent to destroy it,” cuya traducción en el texto español es “Constituye el delito de incendio malicioso el acto voluntario de pegar fuego a un edificio ajeno con intención de destruirlo.” Tanto el texto inglés como el español requieren para que exista el delito de incendio que el acto de pegar fuego a un edificio ajeno sea voluntario y malicioso y no accidental porque no constituiría el delito grave de incendio sino un daño: Los términos “voluntaria y maliciosamente” denotan distintas ideas y los tribunales recalcan la necesidad de la existencia de malicia en adición a la de voluntariedad. 5 C. J. pág. 541. Para que exista el delito de incendio debe haber el fuego voluntario y malicioso de un edificio con intención de destruirlo. 3 Cal. Jurisp. 162. Por consiguiente, no alegando la acusación que existiera malicia en el acto imputado al acusado, no le imputó el delito de incendio definido en el artículo 398 del Código Penal.

También alega el apelante que no basta alegar en la acusación que pegó fuego a la casa de otra persona sino que debió decir que la incendió o quemó por ser burning la palabra usada en el texto inglés. To burn significa incendiar y de esta palabra se dice en el diccionario enciclopédico de la lengua castellana de Zerolo lo siguiente: “Incendiar: Poner o pegar fuego a una cosa,” por lo que la traducción de la palabra burning del texto inglés por pegar fuego en el texto español es correcta y por tanto al decir la acusación que el acusado pegó fuego a la casa de otro le imputó que incendió o quemó la casa de otro.

Por lo expuesto, por no alegar malicia la acusación, no se imputó al apelante un delito de incendio, debe ser revo-cada la sentencia apelada y devolverse el caso para los ul-teriores procedimientos que pudieren ser procedentes.

El Juez Asociado Señor Hutchison, no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Salvador García Díaz y Ambrosio Machuca Rodríguez, como liquidador de “Machuca y Compañía S. en C. en Liquidación,” recurrentes, v. El Registrador de la Propiedad de Caguas, recurrido.
    No. 637.

    Sometido: Abril 28, 1926.

      Resuelto: Julio 31, 1926.
    Menores — Bienes y Traspasos — Autorización Judicial para Enajenar o Gra-tar Bienes Inmuebles — Necesidad de la Autorización — Aportación de In-muebles a una Sociedad- — Inmuebles en Sociedad Disuelta en los que Menores Tienen Participación. — -Disuelta una sociedad mercantil, existiendo menores y bienes inmuebles, la formación de una nueva sociedad y la apor-tación a ella de esos bienes inmuebles en los cuales los menores tienen una participación constituye una disposición para realizar la cual necesitan los padres autorización judicial.
    Nota de Lemuel Marqués, R. (Caguas), denegando inscripción de escritura sobre prórroga de sociedad mercantil por no haberse prorrogado durante el término del contrato y porque, de dársele a dicha escritura el carácter de nueva sociedad, se aportaron a ella inmuebles, en los que tenían participación unos menores, sin la previa autorización judicial.

      Confirmada.

      Andrés Mena, abogado del recurrente; el recurrido compareció por escrito.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 15 de octubre de 1918 comparecieron ante notario pú-blico Ambrosio Machuca Nieves, Ambrosio Machuca Rodrí-guez y Salvador García y otorgaron una escritura por virtud de la cual dieron por terminada la sociedad que bajo la razón de A. Machuca e Hijo y Compañía tenían constituida desde 1911 y constituyeron otra sociedad mercantil en co-mandita para girar bajo la razón de Machuca y Compañía, S. en C., siendo socios gestores Ambrosio Machuca Rodrí-guez y Salvador García y comanditario Ambrosio Machuca Nieves. El capital de la nueva sociedad se formó con $27,700.20 — balance aceptado de la extinguida — correspon-diendo a Ambrosio Machuca Nieves $9,700.20, a Ambrosio Machuca Rodríguez $9,000 y a Salvador García $ 9,000. No se expresó cómo estaba invertido el capital. Se fijó el tér-mino de dos años a partir del 29 de septiembre como dura-ción del contrato y se acordó que la muerte de cualquiera de los socios durante su vigencia no sería causa de disolu-ción de la sociedad.

El 27 de octubre de 1920 Ambrosio Machuca Rodríguez, por sí y en representación de Carmen Rodríguez viuda de Machuca y de tres hijos menores de ésta y Ambrosio Ma-chuca Nieves; Salvador García, por sí, y Félix Machuca, hijo de Ambrosio Machuca Nieves, por sí, comparecieron ante notario público y haciendo constar el fallecimiento de Ambrosio Machuca Nieves que dejó como sus únicos here-deros a su viuda Carmen Rodríguez y a sus cuatro hijos in-dicados, tres menores y uno mayor, 'prorrogaron el término de duración de la mercantil Machuca y Compañía, S. en C., por dos años.

Así las cosas, el 4 de febrero de 1924, comparecieron ante notario público Carmen Rodríguez por su propio de-recho y como madre con patria potestad de sus tres menores hijos habidos, en su matrimonio con Ambrosio Machuca Nieves, Juana Rodríguez, como madre con patria potestad de sus tres menores hijos' naturales reconocidos habidos con Félix Machuca, difunto, Salvador Díaz, por sí y Ambrosio Machuca Rodríguez, por sí, y otorgaron una escritura acla-ratoria complementaria de las escrituras de 15 de octubre de 1918 y 27 de octubre de 1920 de que se ha hecho refe-rencia.

Se trata de un largo documento en el que se consigna que el capital de $27,700.20 de la sociedad Machuca y Com-pañía,' S. en C., constituida por escritura de octubre, 1918 estaba formada por varias fincas urbanas y créditos' hipo-tecarios que se describen en debida forma y se pacta que. siendo for soso concluir que no pudo prorrogarse en 27 de octubre de 1920 la sociedad Machuca y Compañía, S. en C., •por. haber vencido el -término por el que fué constituida, se considerara dicha escritura de prórroga como de constitu-ción de una nueva sociedad pudiendo y debiendo así inscri-birse a nombre de esa nueva sociedad los bienes inmuebles de la otra quedando a cargo de la liquidación los socios Am-brosio Machuca Rodríguez y Salvador G-arcía y ratificán-dose todos los actos realizados por los gestores durante el curso de los negocios.

Esas tres escrituras acompañadas de otros documen-tos a los cuales no es necesario referirse, se presentaron en el registro de la propiedad de (raguas a los efectos de que cierta casa inscrita a nombre de A. Machuca e Hijo y Com-pañía, que en la escritura aclaratoria de 1924 se incluye en-tre los bienes constitutivos del capital social, lo fuera a nombre de Machuca y Compañía, S. en C., a los efectos de poder inscribir luego cierta hipoteca constituida en 1920 a favor de The Royal Bank of Canada.

El registrador se negó a hacer la inscripción solicitada por los siguientes motivos:

“1®. — Que si se tomara la escritura número 724 de 27 de octubre de 1920 que motivó la presente nota, por lo que verdaderamente es o sea de prórroga de la sociedad mercantil Machuca & Compañía S. en C. que fué constituida por la escritura número 176 de 15 de octubre de 1918, en este caso dicha escritura es nula, porque ha-biéndose extinguido la indicada mercantil por vencimiento del tér-mino por el que fué constituida o sea desde el día 29 de septiem-bre de 1920 no fué prorrogada durante el término del contrato a virtud de lo dispuesto en los artículos 223 y 221 Párrafo l9 del Có-digo de Comercio; y, 29, porque, si pudiera dársele a dicha escri-tura de prórroga el’carácter de nueva sociedad independiente de la extinguida aunque constituida con un capital representado por los bienes de 'la extinguida, tenemos que se han aportado a dicha so-ciedad bienes inmuebles en los que tienen participación menores de edad representados por su madre con patria potestad como los son Enrique, Francisco y Arturo Machuca Rodríguez, hijos de doña Carmen Rodríguez y del que fué su esposo Ambrosio Machuca Nieves, socio comanditario de la extinguida mercantil Machuca & Com-pañía, S. en C., y siendo el acto de imponer .o aportar bienes in-muebles y derechos reales a una sociedad mercantil el de una ver-dadera enajenación, la madre con patria potestad sobre sus hijos menores de edad, necesita autorización judicial de acuerdo con lo prescrito en el artículo 80 de la Ley sobre Procedimientos Legales Especiales Sección 1619 de los Estatutos Revisados de 1911; y tam-poco se podría considerar a la nueva sociedad, si se admitiera este carácter de nueva sociedad, como liquidadora de la anterior, pues de acuerdo con el artículo 229 del Código de Comercio, extinguida la sociedad, quedarán como liquidadores los socios administradores, y si no hubiere conformidad, dicho artículo fija la forma en que ha de procederse. ’ ’

No conformes los llamados liquidadores de Machuca y Cía., S. en C., o -sean Salvador García y Ambrosio Machuca Rodríguez, interpusieron el presente recurso gubernativo.

Es el segundo motivo de los consignados en su nota por el registrador el que será objeto de nuestro estudio, ya que los recurrentes admiten que de acuerdo con los preceptos terminantes del Código de Comercio (arts. 221 y 223) no era posible prorrogar en 27 de octubre de 1920 la sociedad constituida en 15 de octubre de 1918 por término de dos años que empezaría a correr el 29 de septiembre anterior.

Sostiene el apelante que no existió aquí acto alguno de enajenación de bienes inmuebles de menores qne requiriera autorización judicial e invoca las decisiones de esta corte en .los casos de González v. Méndez, 8 D.P.R. 258, Quintana Hermanos y Cía. v. I. Ramírez & Co., 22 D.P.R. 761 y Blanco v. Registrador, 28 D.P.R. 172.

No bay duda alguna de que mientras la sociedad sub-siste, sus bienes inmuebles no pertenecen a los socios indi-vidualmente, sino a la sociedad. Si los bienes inmuebles pertenecientes a la primera sociedad — Machuca y- Oía., S. en C., constituida por escritura de 1918 — se hubieran gra-vado o enajenado en el curso ordinario de los negocios de la sociedad, mientras la sociedad existía, aunque hubiera muerto uno de sus socios dejando hijos menores, dadas las cláusulas del contrato social, no se hubiera necesitado auto-rización judicial alguna para ello. La duda surge cuando se considera que el acto de la disposición de los bienes in-muebles de Machuca y Co., 8. en O., se hizo cuando ya la sociedad estaba disuelta por ministerio de la ley.

Esta corte en el caso de Joglar v. El Registrador, 17 D.P.R. 278, que el registrador recurrido invoca como funda-mento de su nota, decidió que “los derechos sobre propie-dad inmueble tienen el concepto de bienes inmuebles, y por consiguiente, los derechos- que, aún indeterminados, pueda tener un menor en una sociedad mercantil, por lo que res-pecta a las propiedades inmuebles de ésta, tienen el concepto de bienes inmuebles y para su enajenación o gravamen se necesita la autorización judicial, sin cuyo requisito no puede inscribirse en el registro.”

Los hechos del caso de Joglar, supra, son algo distintos, pero el principio envuelto es igual. La Sociedad Machuca y Cía., S. en C., quedó disuelta por virtud de su propio con-trato y por ministerio de la ley. Existían menores y bie-nes inmuebles. La formación de una nueva sociedad y la aportación a ella de esos bienes inmuebles en los cuales los menores tenían una participación, constituye una disposi-ción para realizar la cual necesitan los padres autorización de la corte. No es un acto de administración. Participa de la naturaleza de un acto de enajenación.

Hemos examinado el caso a la luz del artículo 5 del Có-digo de Comercio que autoriza, a los menores a continuar el comercio que hubieren ejercido sus padres o causantes y de la jurisprudencia establecida por esta Corte Suprema en el caso de Vidal v. Ballester, 34 D.P.R. 381 en el sen-tido de que una madre no necesita autorización judicial •.para continuar por sus hijos menores de edad el comercio que ejercía su padre, pero tampoco pueden convalidarse de tal modo los actos realizados a nombre de los menores. Existe una laguna que no es posible llenar. No se trata de una continuación, sino de la constitución de una nueva so-ciedad.

Debe confirmarse la nota recurrida.

El Juez Asociado Señor Hutchison no intervino en la resolución de este caso.


author: JUEZ ASOCIADO, SR. WOLF,

text:
    Jorge V. Domínguez et al., demandantes y apelantes, v. Rafael Fabián y Fabián, demandado y apelado.
    No. 3839.

    Resuelto: abril 19, 1926.
    (La opinión del tribunal en la pág. 314.)
   OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO, SR. WOLF,

CON LA CUAL ESTÁ CONFORME EL JUEZ ASOCIADO SR. FRANCO SOTO.

Lo que causó mi mayor duda al disentir de la liberal in-terpretación dada por esta corte a los pasos tomados por los apelantes fue el acto del abogado del apelado al consen-tir la orden de noviembre 20, 1925. El abogado regular es-taba ausente pero el récord me convenció de que su aso-ciado estaba completamente autorizado para hacer cualquier cosa que pudiera hacer aquél. No solamente debía presu-mirse concluyentemente tal autorización de la mera compa-recencia del abogado asociado sino que éste había compare-cido anteriormente en el caso en otras gestiones;

Sin embargo opino que tal consentimiento no pudo pro-píamente convertir nna moción manifiestamente inefectiva en nna válida. De acnerdo con varias decisiones de esta corte el artícnlo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil no es de aplicación. Días v. P. R. Railway, Light and Power Co. 32 D.P.R. 89; el mismo caso 32 D.P.R. 99 y casos cita-dos. La mayoría de la corte no basa sn decisión en tal ar-tículo. Desde luego, nada importaría que al dictar la or-den de noviembre 20, 1925, se descansara indebidamente en el artículo 140 si la corte' de distrito hubiera tenido autori-dad de acuerdo con el inciso 89 del artículo 7 del Código de Enj. Civil para corregir la moción de septiembre 22, 1925 y la orden a que dió origen. Dicho artículo, sin embargo, no tiene mayor fuerza que el artículo 140 del Código de. Enjuiciamiento Civil si los apelantes nunca utilizaron debi-damente el privilegio de las leyes especiales de 1917 y 1919 por los cuales los apelantes pueden recurrir ,,a las notas ta-quigráficas en substitución del pliego de excepciones y ex-posición del caso.

La dificultad era, en mi opinión, que los apelantes nunca demostraron su intención de utilizar las leyes de 1917 y 1919 hasta el 16 de noviembre 1925 cuando ya su privile-gio había expirado. Los apelantes alegan que las palabras “transcripción del récord” contenidas en la moción de sep-tiembre 22, 1925 en la práctica no son usadas para indicar una transcripción del récord sino que con tal fin se usan las palabras “transcripción de autos”. Sin embargo la pa-labra inglesa “record” ha sido adoptada en castellano y yo no tengo duda de que si cualquier abogado hubiera de-seado en realidad una transcripción del récord podría con éxito haber confiado en los términos de la moción de sep-tiembre 22, 1925. Paréceme que dicha moción no es susceptible de otra interpretación. Lo que hizo la corte de dis-trito fué asumir en su dictamen que en dicha moción los apelantes habían pedido tiempo para preparar las notas ta-quigráficas, cuando en realidad no hay absolutamente nada en dicha moción que demuestre qne los apelantes estaban invocando las actividades del taquígrafo. En dicha moción no íaparece la palabra “taquígrafo” ni otra poí el estilo. Por el contrario, como la corte y todas las partes sabían, la manera de hacer que el taquígrafo comience a.reproducir sus notas es pidiendo a la corte que dicte una orden a dicho taquígrafo.

Yo no puedo concebir que la moción de septiembre 22, 1925 fuera meramente informal o defectuosa. No contenía nada que demostrara la más mínima intención de utilizar las notas taquigráficas como medio de elevar la evidencia a esta corte. Una “transcripción del récord” podía dudosa pero posiblemente incluir- un pliego de excepciones o expo-sición del caso; ya que cualquiera de ellos puede formar parte del legajo de sentencia. Pero hemos resuelto al efecto de sostener la constitucionalidad de las leyes de 1917 y 1919, que dichas leyes no son meras enmiendas ál Código de Enjuiciamiento Civil, sino que autorizan un método sus-tituto para elevar la evidencia a esta corte. Por tanto la intención de utilizar este sistema en cierto modo extraño al Código de Enjuiciamiento Civil debe ser claramente indi-cada. La manera normal de incorporar la evidencia es me-diante un pliego de excepciones o exposición del caso. Me parece que en noviembre de 1925, aunque esta corte hubiera quizás podido en su discreción autorizar la incorporación de la evidencia mediante un pliego de excepciones, ninguna corte tenía ya poder para permitir la inclusión en el caso de las notas taquigráficas.

Estoy facultado para decir que el Juez Asociado Sr. Franco Soto está conforme con esta disidencia.


author: .El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Lebrón et al., apelantes, v. Farraró, apelado.
    Corte de Distrito de Guayama.
    No. 3773.

    Visto: Enero 27, 1926.

      Resuelto: Mayo 18, 1926.
   •Trátase en este caso de una acción en cobro de dinero originada de nn contrato de compraventa de finca rústica otorgada por escritura pública por precio de $250, siendo la contención qne si bien se hizo constar dicho precio én la escritura, el verdadero precio fné de $1,000 según doeu-' mentó privado suscrito por las partes un día antes del otor-gamiento de la escritura.

La corte inferior sostuvo la imputación de falsedad he-cha al documento privado y, haciendo aplicación del caso de Hernández v. Fernández, 17 D.P.R. 112-117, declaró sin lugar la demanda, con costas.

Después de un examen de los autos y del. documento ta-chado de falso, el Tribunal Supremo resolvió que no hay base para concluir que fue errónea la apreciación de la prueba ni la imposición de costas, como pretendía la ape-lante.

Confirmada la sentencia apelada.

.El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la.opinión del tribunal.


author: El Juez PkesideNte Señor del Toro,

text:
    El Pueblo, apelado, v. Rosa, apelante.
    Corte de Distrito de Arecibo.
    No. 2718.

    Visto: Mayo 20, 1926.

      Resuelto: Junio 2, 1926.
   Pascual Rosa, coacusado con Demetrio Rosa, quien se declaró culpable ■ de delito contra la salud pública, imputa a la corte sentenciadora ."el error de haberle condenado to-mando por base, únicamente, la declaración no corroborada de un cómplice.

Que la leche adulterada procedía de la vaquería de Pas-cual Eosa se demostró en el juicio, no sólo por el testimonio del coacusado Demetrio Eosa, sino por la marca que tenían los envases en que estaba contenida, por lo cual no existe el único error asignado.

Confirmada la sentencia apelada.

El Juez PkesideNte Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.


author: El Juez Asociado Señor Franco Soto,

text:
    El Pueblo, apelado, v. Figueroa, apelante.
    Corte de Distrito de Guayama.
    No. 2740

    Visto: Mayo 25, 1926.

      Resuelto: Junio 8, 1926.
   En el presente caso por portar armas se concluye: que si bien la corte inferior resolvió’el conflicto de evidencia en cuanto a la portación del arma, cometió error, sin embargo, al apreciar la circunstancia del sitio en que fué ocupada, pues mientras la prueba de cargo tiende a establecer que el acusado vino a provocar a uno de los testigos frente a su casa (y dicho testigo declara que la riña ocurrió cerca de la tienda del acusado), la cual aparece enclavada en la finca de éste, la de descargo establece claramente que la riña tuvo lugar en la finca del acusado.

Revocada, la sentencia y absuelto el acusado.

El Juez Asociado Señor Franco Soto,

émitió la opinión del tribunal.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    El Pueblo, apelado, v. Andújar, apelante.
    Corte de Distrito de Arecibo.
    No. 2719.

    Visto: Mayo 9, 1926.

      Resuelto: Junio 9, 1926.
   El apelante en este caso fué acusado por abuso de con-fianza' consistente en haberse apropiado la suma de $45, importe del valor de nn caballo' -que se alega le fné con-fiado para la venta. Después de analizar la prueba, el tribunal concluye que no bay evidencia de la entrega de pro-piedad alguna al acusado para ser vendida por él. La prueba tiende a demostrar no la apropiación de dinero al-guno perteneciente al denunciante tal como se imputa en la denuncia, sino más bien en la apropiación por el acusado para su uso, de un caballo confiádole no para venderlo sino para entregarlo a un comprador en perspectiva de confor-midad con un proyectado convenio ya negociado entre el vendedor y dicho comprador. A este respecto el apelante cita 9 R.C.L. 1297, sección* 43. Sin embargo, como el fiscal no discute la cuestión de discrepancia, no es necesario que resolvamos definitivamente el punto de derecho envuelto. La prueba, tomada en conjunto, puede muy difícilmente considerarse suficiente papa sostener una sentencia condena-toria.

Revocada la sentencia.

El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Hernández, apelante, v. Beauchamp y Félix Ramírez, demandados y apelados.
    Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 3821.

    Visto: Marzo 17, 1926.

      Resuelto: Julio 31, 1926.
   Los dos motivos alegados por el tercerista en este caso para sostener su recurso contra la sentencia dictada en apelación por la corte de distrito, pueden reducirse a uno: que la corte inferior cometió error al estimar qiie la prueba fue contradictoria, que los testigos del tercerista no identi-ficaran los animales embargados, al no dar crédito a dichos testigos y al actuar con pasión, prejuicio y manifiesto error. Se resolvió: que no solo fué contradictoria la prueba, sino que fué además fuertemente preponderante en contra del tercerista, sin que aparezca, por otra parte, ni pueda dedu-cirse de los autos, la alegada pasión y prejuicio ni el mani-fiesto error.

Confirmada la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.


text:
    DE FEBRERO 3, 1926,
    A JULIO 30, 1926
    No. 3324.
    Gandía Córdova, aplte., v. Stubbe, apldo.
    C. D. San Juan, Disto. Ú.
   Apelación a la Corte de Circuito de Apelaciones para el Primer Circuito. Feb. 1, 1926. Ad-mitida la apelación interpuesta por el demandante y ape-lante Pedro Gandía para ante la Corte de Circuito de Ape-laciones para el Primer Circuito de los Estados Unidos, contra la sentencia dictada por este tribunal el día 20 de enero de 1926 en el caso arriba expresado; se fija la fianza que ba de prestar dicbo apelante dentro del término legal para responder de las costas que pueda ocasionar tal ape-lación a la parte contraria en la suma de $300; y se concede al apelante un término de sesenta días para la prepa-ración y traducción del récord que ba de ser remitido a dicha Corte de Circuito.


text:
    No. 2643.
    Pueblo, apldo., v. Cardona, Esquilín, Martínez, Vega, acusados y apltes. el 2° y 3°.
    C. D. Humacao.
    Feb. 1, 1926.
   Examinadas las cartas del apelante, el in-forme del fiscal y demás documentos, no habiéndose archi-vado ningún pliego de excepciones y no apareciendo que la corte sentenciadora haya cometido error fundamental alguno, se confirmó la sentencia apelada.


text:
    No. 2615.
    Pueblo, apldo., v. Arrocho, aplte.
    C. D. San Juan, Disto. 2g.

    Feb. 8, 1926.
   Por la presente se concede

el auto de error solicitado en este caso por el acusado Carlos Arrocho; y habiendo éste acreditado que es insolvente, se declara con lugar su solicitud para que el recurso sea tra-mitado m forma pauperis por lo que a esta corte respecta, a cuyo fin obtendrá libre de derechos los servicios de los oficiales de esta corte, debiendo ser remitidos los autos, den-tro del término legal, a la Corte de Circuito de Apelaciones. Reclámese el mandato enviado oportunamente a la corte sen-tenciadora a la cual se ordenará qne suspenda hasta nueva orden la ejecución de la sentencia que origina este recurso.


text:
    No. 3844.
    Pastrana et al., apltes., v. Central Pasto Viejo, Inc.
    C. D. Humacao.
    Feb. 8, 1926.
   A la moción de la parte apelada solicitando la desestimación del recurso, apareciendo de la certificación presentada por el apelante que si bien es cierto que la tramitación del recurso fia tar-dado en exceso del término razonable, ello se fia debido a la situación anormal por que la Corte de Distrito de Huma-cao atraviesa en relación con el trabajo del taquígrafo y que éste se encuentra dedicado a ultimar la exposición del caso y asegura que la presentará el día 6 de febrero actual, no ha lugar.


text:
    Ex parte Lucien Longchamp.
    Feb. 9, 1926.
   Habiendo probado el peticionario finalmente haber practicado activa-mente su profesión en la corte Federal por el período de dos años que requiere la Ley No. 17 aprobada en mayo 20, 1925, para enmendar la sección 4* de la Ley No. 38, deter-minando reglas para el ejercicio de la profesión de abogado, etc., aprobada en abril 13, 1916, se admitió al peticionario al ejercicio de la abogacía sin examen.


text:
    No. 3602.
    Santiago, apldo., v. Hernández, aplte.
    C. D. Humacao.
    Feb. 9, 1926.
   Habiendo sido presentada el 16 de marzo de 1925 la transcripción de los autos para esta apelación sin que desde entonces el apelante haya presen-tado su alegato escrito dentro de los diez días siguientes a la radicación de la transcripción, como dispone la regla 42 de este tribunal, ni solicitado prórroga para presentarlo, se desestimó esta apelación a instancia del apelado.


text:
    No. 3842.
    Asociación Fondo de Ahorro y Préstamos de los Empleados del Gobierno Insular, aplda., v. Santiago Carmona et al., apltes.
    C. D. San Juan.
    Feb. 9, 1926.
   Siendo el presente un caso procedente de la corte municipal y apelado a la de distrito, y no habiéndose interpuesto el recurso contra la sentencia de la corte de distrito dentro de los 15 días a que se refiere el estatuto, se desestimó la apelación.


text:
    No. 628.
    Moscoso Hermanos & Co., S. en C., recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Humacao, recurrido.
    Recurso Gubernativo.
    Feb. 10, 1926.
   Por los fundamentos de los casos de Villamil v. El Registrador, 32 D.P.R. 545, y Armstrong v. El Registrador, 34, D.P.R. 267, se revoca la nota del Registrador de la Propiedad de Humacao de fe-cha diciembre 15, 1925, y se ordena la anotación de embargo solicitada con el defecto subsanable de no estar inscrita la finca embargada.


text:
    No. 3820.
    Viejo & Rodríguez, Sociedad Civil en Liquidación, demandante y aplte., v. Juan Ignacio Caloca et al., demandados y apldos.
    C. D. San Juan.
    Feb. 15, 1926.
   A la moción para intervenir como amicus curiae presentada por el abogado Angel Arroyo Rivera, se admite dicha in-tervención y se le concede el término de diez días para pre-sentar su alegato del que deberá entregar copia a ambas partes quienes tendrán otros diez días para hacer las ale-gaciones que estimen pertinentes a su derecho.


text:
    No. 3849.
    Rossy, apldo., v. del Valle Zeno, aplte.
    C. D. San Juan.
    Desahucio.
    Feb. 15, 1926.
   Habiéndose ale-gado en la demanda como uno de los motivos del desahucio la falta de pago de parte del canon de arrendamiento corres-pondiente al mes de junio de 1924 y habiéndose declarado por la corte que dicho pago no se hizo en debida forma, pro-cede desestimar como se desestima el recurso por no ha-berse dado cumplimiento a lo expresamente exigido por la ley de desahucio para poder apelar, al dejarse de consignar la indicada suma.


text:
    No. 3768.
    Córdova Dávila, aplte., v. Carmoega, apldo.
    C. D. San Juan, Disto. 29.
    Feb. 17, 1926.
   Refiriéndose los errores alegados a la apreciación de la prueba la que es con-tradictoria en cuanto a la manera como ocurrió el accidente, y habiendo la corte inferior dirimido el conflicto en favor del demandado sin que se haya demostrado que el juez sen-tenciador abusara de su discreción en la apreciación de los hechos o que se cpmetió error" fundamental, se confirmó lá sentencia apelada.


text:
    Ex parte Salvador Vilella Llovet, peticionario.
    Admisión al ejercicio de la abogacía.
    Feb. 17, 1926.
   Habiendo probado el peticionario que la Universidad de Baltimore era una universidad acreditada en el año 1903 en que dicha uni-versidad expidió el diploma de abogado al peticionario, re-quisito exigido por la Ley No. 17, aprobada en abril 13, 1925, se admitió al peticionario al ejercicio de la abogacía sin examen.


text:
    No. 3849.
    Rossy, apldo., v. del Valle Zeno, aplte.
    C. D. San Juan.
    Desahucio.
    Feb. 25, 1926.
   Denegada la mo-ción de reconsideración presentada, vistos, entre otros, los casos de Figueroa et al. v. Sepúlveda, 24 D.P.R. 690, Ramírez v. Pérez, 25 D.P.R. 231, y Barbosa et al. v. Fernández, 28 D.P.R. 305, y la sentencia de la Corte Suprema de España de 22 de marzo de 1907, 106 J. C. 684.


text:
    No. 3793.
    Padró, apldo., v. Diego Agüeros & Co. et al., aplte.
    C. D. San Juan.
    Feb. 26, 1926.
   Apareciendo que el procedimiento seguido -en este caso es el especial de ter-cería, es necesario concluir que el memorándum de costas se presentó fuera de término y por tanto, que no pudo ser con-siderado por la Corte; se. revocó la orden apelada y se desestimó el memorándum presentado.


text:
    No. 2660.
    El Pueblo, apldo., v. Velázquez, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Abuso de confianza.
    Marzo 4, 1926.
   Alegándose como error el no haberse probado en el acto de la vista el sitio en que se cometió el delito y por tanto que la corte sen-tenciadora adquiriera jurisdicción para conocer de la causa, apareciendo de. los autos que tiene razón el apelante y vista la conformidad del fiscal; de acuerdo con la ley y la juris-prudencia establecida y reafirmada entre otros en los casos de El Pueblo v. Canales, 34 D.P.R. 395 y El Pueblo v. Martínez, 35 D.P.R. 52, se revoca la sentencia recurrida.


text:
    No. 3324.
    Gandía Córdova, aplte., v. Stubbe, apldo.
    C. D. San Juan, Disto. 1Q.
    Nulidad de contrato.
    Mar. 9, 1926.
   Siendo la única cuestión resuelta en verdad de modo defini-tivo por la corte de distrito y esta Corte Suprema, la elec-ción de remedio; no ha lugar a la remisión de los exhibits de que se trata.


text:
    No. 3655.
    Royal Bank of Canada, aplda., v. Goico et al., apltes.
    C. D. Ponce.
    Mar. 10, 1926.
   Vista la moción levan-tando la cuestión de falta de jurisdicción presentada por la demandante-apelada y apareciendo de la certificación acom-pañada y de los autos que la moción sobre reconsideración de los apelantes fuá radicada más de 10 días después de dic-tada la sentencia cuya reconsideración se solicita y después-de archivada la sentencia en la corte de distrito y de pre-sentado por la apelada un memorándum de costas que fu© impugnado por los apelantes, y visto además el tomo 2 de Ruling Case Law, página 175, párrafo 150, se deja sin efecto la resolución de esta corte de julio 22, 1925, y se confirma la sentencia apelada.


text:
    No. 2669.
    El Pueblo, apldo., v. Cortés, aplte.
    C. D-Aguadilla.
    Infracción art. 553 del Código Penal.
    Mar. 10, 1926.
   Revocada la sentencia apelada y absuelto el acusad© por no ser suficiente la prueba de cargo aportada para decla-rar su culpabilidad.


text:
    No. 2680.
    El Pueblo, apldo., v. Ceferino, aplte.
    C. D-Humacao.
    Delito contra natura:
    Mar. 10, 1926.
   Siendo el único error alegado que la acusación no contiene hechos sufi-cientes para determinar un delito público, apareciendo que dicha acusación sigue las palabras del estatuto siendo por tanto suficiente y que en ella se alega haberse cometido' un delito en la persona de Julio Rosa que es nombre de va-rón; visto el caso de People v. Carroll, 1 Cal. App. 2, y los de People v. Terry, 127 Cal. 99, Louis v. State, 36 Texas Criminal Rep. 37; 61 Am. St. Rep. 831, 35 S. W. 372, y People v. Williams, 59 Cal. 397; y apareciendo que no se ha cometido error fundamental alguno, se confirma la sentencia apelada.


text:
    No. 3838.
    Rosario Calderón, aplte., v. Reyes, apldo.
    C. D. San Juan.
    Memorándum de costas.
    Mar. 10, 1926.
   Es-timando el tribunal qne la cuestión qne se levanta en el primer señalamiento de error se presenta demasiado tarde y qne no es excesiva la cantidad concedida por la corte inferior, se confirmó la resolución apelada.


text:
    Ex parte Rafael Atiles Moreu, peticionario.
    Mar. 11, 1926.
   No apareciendo de la prueba presentada qne el tra-bajo hedió como abogado por el peticionario comprenda el período de dos años como requiere la ley, no ha lngar a admitirlo sin examen al ejercicio de la abogacía.


text:
    Ex parte Rafael Atiles Moreu.
    Mar. 17, 1926.
   No de-mostrando la nneva solicitud del peticionario y la prueba acompañada qne el dicho peticionario practicara activamente durante el año 1924; visto el caso Ex parte Días Collazo, 20 D.P.R. 448 no ha lugar.

El Juez Asociado Sr. "Wolf, disintió.


text:
    No. 3319.
    Durán Gallardo, aplte., v. Coll y Soler y sus hijos legítimos nombrados Francisco y Rosa Coll y Riera, apldos.
    O. D. Ponce.
    Mar. 17, 1926.
   No habiendo la parte apelante demostrado en su “moción de reconside-ración” que tenga razones suficientes para sostener su ape-lación sin la exposición del caso y por tanto no habiendo destruido los efectos de su propia admisión en el acto de la vista; estése a lo dispuesto


text:
    No. 2677.
    El Pueblo, apldo., v. Cardona, aplte.
    C. D. Ponce, Sala Segunda.
    Portar armas.
    Mar. 18, 1926.
   Esti-mando que dos de los motivos de error alegados por el ape-lante se. refieren a la prueba, cuyo conflicto fué resuelto en contra del acusado, sin que se haya demostrado que existiera pasión, prejuicio ni error manifiesto en esa decisión; y que el otro motivo de error por infracción del artículo 10 de la ley de 1924 prohibiendo portar armas descansa también en la prueba, apareciendo de la evidencia creída por la corte inferior que el revólver que portaba el acusado le fué ocu-pado en sus manos, se confirmó la sentencia apelada.


text:
    No. 3829.
    De la Torre & Ramírez, apldos., v. Navajas Dávila, apltes.
    C. D. San Juan.
    Cobro de dinero.
    Mar. 25, 1926.
   Celebrada la vista de esta apelación interpuesta contra resolución de la corte inferior que aprobó un memo-rándum con una partida de $200 para honorarios de abo-gado y toda vez que solamente con la sentencia que condenó al pago de la cantidad de mil dólares, sus interefees legales y las costas, con el memorándum de costas y con el escrito en que se impugna, que son los documentos que nos han sido presentados para resolver este recurso, no estamos en con-diciones de resolver que la corte inferior cometió error al fijar la cantidad de $200 como honorarios del abogado dé-la parte victoriosa, que es el único motivo de la apelación, se confirma la resolución apelada.


text:
    Ex parte Pedro Rivera Vélez, peticionario.
    Mar. 26, 1926.
   Admisión al ejercicio de la abogacía sin examen. Ha-biendo probado el peticionario Pedro Rivera Vélez que es graduado de abogado en una universidad acreditada de Es-tados Unidos con diez años de anterioridad a la aprobación de la Ley No. 17 de 1925 y que ha practicado durante cinco años por lo menos en un bufete de un abogado autorizado para ejercer su profesión por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, se declara con lugar su petición y en su consecuencia admítese al peticionario al ejercicio de la abogacía sin examen tan luego haya sido favorablemente recomendado por la Comisión de Reputación a la cual deberán remitirse los pa-peles correspondientes, y haya prestado el juramento de ley.


text:
    No. 3450.
    Cividanes Alonso, apldo., v. Oben et al., apltes., y Luce & Co., S. en C., interventora-apelante.
    C. D. G-uayama.
    Injunction para recobrar la posesión.
    Mar. 31, 1926.
   A la moción sobre reconsideración, oídas las partes sobre la procedencia de la modificación de la sentencia ape-lada en el sentido indicado en la resolución de esta corte fe-chada marzo 3, 1926, se declara con lugar dicha moción en tanto en cuanto sea necesaria para tal modificación, se re-considera y deja sin efecto nuestra sentencia dictada en 23 de diciembre, 1925, y en su lugar se dicta la siguiente: “Sentencia. — Por los fundamentos consignados en la ante-. rior opinión, dadas las circunstancias especiales de este caso y visto el caso de Barreiro v. Porto Rico Railway, Light & Power Co., de febrero 19, 1926 (pág. 79), se modi-fica la sentencia dictada por la Corte de Distrito de Grua-yama en mayo 29, 1924, en su parte dispositiva, a fin de que lea como sigue: ‘dicta sentencia declarando con lugar la demanda y ordenando que se expida un auto definitivo de injunction dirigido a Marcelo Oben y Jesús Vázquez, de-mandados y a la interventora Luce and Company, S. en C., para que procedan a levantar las casas edificadas en el pre-dio de terreno denominado factoría de la hacienda Merced sito en el barrio Jobos del término municipal de Gruayama, según se expresa en la demanda tan pronto como comience a funcionar el molino de fabricar azúcar de la Sucesión de Rufina Molinaris, debiendo abstenerse en lo sucesivo de le-vantar otras nuevas que puedan obstaculizar las operacio-nes de molienda de dicha factoría o ejecutar cualquier acto de perturbación de dichas operaciones dentro del perímetro de terreno ya mencionado, bajo apercibimiento de desacato por la desobediencia del auto de injunction, sin especial condenación de costas.


text:
    No. 2613.
    El Pueblo, apldo., v. Delgado, aplte.
    C. D. Ponce.
    Portar armas.
    Mar. 31, 1926.
   Apareciendo que la prueba es contradictoria por cuanto si bien los testigos del acusado declararon que el arma prohibida no se halló en la posesión de éste, sin embargo, la del gobierno, a la cual dió crédito la corte, demostró que el acusado la portaba; no habiéndose demostrado prejuicio, ni manifiesto error en la apreciación de la evidencia, se confirma la sentencia apelada.


text:
    No. 3678.
    García Donis, apldo., v. Orellanes Rodríguez et al., apltes.
    C. D. San Juan, Disto. 2".
    Cobro de dinero.
    Abr. 5, 1926.
   Vista la moción para desestimar radicada por la apelada y la moción sometiendo la cuestión de la desesti-mación radicada por los apelantes, se desestima por aban-dono la apelación entablada.


text:
    No. 3855.
    Nadal Carrión, aplda., v. Carrión, aplte.
    -C. D. Mayagüez.
    Abril 6, 1926.
   Habiendo pedido la parte ape-lada qne se desestime la apelación por el fundamento de que habían transcurrido los treinta días dentro de los cuales de-bía elevarse el transcript a esta corte, siempre y cuando no esté pendiente la aprobación de un pliego de excepciones; y aunque la parte apelante en su escrito de oposición ha dicho que ante la Corte de Distrito de Mayagüez ha pre-sentado una moción para restablecer un procedimiento apa-rentemente caducado para aprobar la exposición del caso, en el día de la vista no constando que el apelante ha hecho alguna otra gestión para indicar la certeza o el resultado de su moción ante la corte inferior, se desestimó la apela-ción interpuesta contra la sentencia apelada.


text:
    Ex parte Rafael Atiles Moreu, peticionario.
    Admisión al ejercicio de la abogacía.
    Abr. 9, 1926.
   Por ouaNto el once de marzo último esta corte dictó úha resolución que dice: “No apareciendo de la prueba presen-tada que el trabajo hecho como abogado por el peticionario comprenda el período de dos años como requiere la ley, no lia lugar a admitirlo sin examen al ejercicio de su profesión de abogado.”

Por cuanto el diez y siete del propio mes de marzo con-siderando el tribunal la nueva solicitud y los nuevos docu-mentos presentados por el peticionario, decidió que: “No demostrando la nueva solicitud del peticionario y la prueba acompañada que el dicho peticionario practicara activa-mente durante el año 1924, visto el caso Ex parte Días Collazo, 20 D.P.R. 448, no ha lugar,” y

Por cuanto los nuevos documentos archivados por el peti-cionario sólo revelan, liberalmente apreciados, un ejercicio activo por parte del peticionario de la profesión de abogado en la Corte Federal a partir de diciembre de 1924.

Por taNto, ratificando las resoluciones anteriores, se de-clara no haber lngar a admitir al peticionario al ejercicio de su profesión de abogado sin examen.

El Jnez Asociado Sr. Wolf disintió.


text:
    No. 3893.
    Vargas, aplte., v. Sucesión de J. Serrallés, aplda.
    C. D. Ponce.
    Daños y perjuicios.
    Abr. 13, 1926.
   Al escrito de los abogados de ambas partes sometiendo la aprobación de la transcripción de la evidencia a esta Corte Suprema, no ba lugar, no apareciendo que el juez que inter-vino en el caso baya dejado de o se baya negado a actuar, vista la regla 64 de las de esta corte y la jurisprudencia es-tablecida en los casos de El Pueblo v. Collado, 33 D.P.R. 118; El Pueblo v. Coll, 18 D.P.R. 361, y Pérez v. Corte de Distrito de Ponce, Hon. Angel Acosta Quintero, Juez, 34 D.P.R. 846.


text:
    No. 3876.
    Lebrón González, aplda., v. Iglesias Silva, aplte.
    C. D. Humacao.
    Daños y perjuicios.
    Abr. 14, 1926.
   No habiéndose presentado en la corte inferior la transcrip-ción de la evidencia para tramitar esta apelación dentro del término concedido; no habiéndose solicitado tampoco pró-rroga alguna para ello y estando radicado solamente el le-gajo de la sentencia a virtud de cuyo examen la corte queda convencida de la frivolidad del recurso; se declara la mo-ción con lugar y en su consecuencia se desestima la apela-ción.


text:
    No. 2708.
    El Pueblo, apldo., v. Escribano, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Portar armas.
    Abr. 14, 1926.
   No podemos decla-rar que la sentencia no está sostenida por la prueba, como alega el apelante en el único motivo de su recurso, pues aunque la prueba fué contradictoria la corte inferior resol-vió ese conflicto dando crédito a la declaración de Luis Francisco Jovet según la cual el revólver ocupado al acusado era de éste y no se lo quitó al testigo en una lucha.


text:
    No. 2697.
    El Pueblo, apldo., v. Nieves, aplte.
    C. D. Aguadilla.
    Alterar la paz.
    Abr. 20, 1926.
   Confirmada la sentencia apelada por aparecer qne el apelante no hace nn señalamiento de errores, limitando sn argumentación a la apreciación qne el juez inferior hizo de la prueba de cargo, pues no hubo prueba de descargo y además porque los ac-tos imputados al acusado, que por su naturaleza especial no relatamos, constituyen el delito de alterar la .paz siendo la prueba suficiente.


text:
    Nos. 3880 y 3887.
    Banco Comercial de Puerto Rico, apldo., v. M. González, aplte. Banco Comercial de Puerto Rico, apldo., v. Hernández et al., apltes.
    C. D. Humacao.
    Abr. 26, 1926.
   Por cuaNto, en el juicio, el demandante presentó un pa-garé cuya autenticidad y otorgamiento fueron admitidos ya que no se negó su existencia bajo juramento, como exige el artículo 119 del Código de Enjuiciamiento Civil;

Por cuanto, la presentación en un juicio de un pagaré cuya autenticidad y otorgamiento son admitidos establece un caso prima facie en favor del demandante. Banco Comercial v. Rodrígues, 20 D.P.R. 282; Cochón v. Correa, 32 D.P.R. 734.

Por cuanto, los demandados no presentaron prueba y se dictó sentencia contra ellos.

Por tanto, la apelación es frívola y por la présente se desestima la moción del apelado.


text:
    No. 3888.
    García, aplte., v. García et al., apldos.
    C. D. Humacao.
    Liquidación de Sociedad Mercantil.
    Abr. 26, 1926.
   No habiéndose en este caso presentado en la corte inferior la transcripción de la evidencia para tramitar esta apelación dentro del término concedido, ni prorrogado dicho término, ni radicado hasta' ahora en esta Corte Suprema, el legajo de la sentencia, se desestima la apelación.


text:
    No. 3879.
    Roig Commercial Bank, apldo., v. González et al., apltes.
    C. D. Humacao.
    Cobro de dinero.
    Abr. 26, 1926.
   Moción de desestimación. Apareciendo de los autos que el pagaré se transcribe en la demanda y que en la con-testación se admite la autenticidad y otorgamiento del mismo, haciéndose una negativa general de los demás hechos alega-dos; que la única prueba practicada en la vista fué la del demandante; que los apelantes a pesar de haber sido debi-damente notificados de la moción de desestimación no han comparecido ni hecho alegación alguna por escrito; y no habiendo archivado la transcripción de autos dentro de la prórroga concedida para tal fin, siendo, por tanto, comple-tamente frívola la apelación, se declara con lugar la moción y se desestima la apelación.


text:
    No. 2724.
    El Pueblo, apldo., v. Ocasio, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Alterar la paz.
    Abr. 30, 1926.
   Siendo el único error señalado el de que la corte de distrito movida por pa-sión o prejuicio ha impuesto una pena excesiva, existiendo un conflicto grande en la prueba practicada; resultando la pena impuesta dentro del límite prescrito por la ley y no encontrando la misma excesiva considerada a la luz de la prueba de cargo aceptada por el juez juzgador como la ex-presión verídica de lo ocurrido y no apareciendo indicios de pasión o prejuicio que justifiquen una modificación de la sentencia apelada, se confirma la misma.


text:
    No. 3899.
    López Nieves, apldo., v. Santiago Rivera, aplte.
    C. D. San Juan.
    Divorcio.
    Abr. 30, 1926.
   Pon cuaNto el 19 de abril actual la parte apelada solicitó la desestimación del recurso interpuesto en este caso por no haberse radicado en tiempo la transcripción de los autos;

Pon cuanto la apelación se interpuso el 16 de marzo de 1926 y si bien en el libro registro de asuntos civiles de la corte sentenciadora se consignó que se había radicado el 17 aparece de una certificación presentada por la propia parte apelante que el asiento se corrigió armonizándolo con la nota que aparece al pie del escrito de apelación al lado del sello de rentas internas;

Pon cuanto el día 15 de abril en que vencía el término de treinta días que concede la ley no se radicó la transcrip-ción, ni se solicitó prórroga para ello;

Por cctaNto pedida prórroga el 17, fue negada por haber vencido el 15 el término, y

Por cuanto si bien se archivó finalmente la transcripción de los autos lo fue el 20 de abril o sea un día después del archivo de la moción de desestimación notificada a la parte apelante:

Por tanto, vistos los preceptos de la ley y del regla-mento aplicables y la repetida jurisprudencia de este Tribunal, se desestima la apelación interpuesta.


text:
    No. 2683.
    El Pueblo, apldo., v. Oliver Cuveljé, aplte.
    C. D. Ponce, Sala Segunda.
    Mayo 3, 1926.
   Confirmada la sentencia apelada por estimarse que no existen los errores alegados por el apelante, pues la denuncia es bastante, y no habiendo dado crédito la corte inferior a la prueba de -la defensa, la de la acusación es suficiente para sostener la sentencia.


text:
    No. 2676.
    El Pueblo, apldo., v. Ferrer, aplte.
    C. D. Ponce, Sala Segunda.
    Adulteración de leche.
    Mayo 3, 1926.
   Revocada la sentencia apelada por aparecer que la apelante fué acusada de haber vendido leche adulterada y condenada por el delito de adulteración de leche, no constando en la transcripción del récord taquigráfico prueba alguna tendente a demostrar el hecho de la venta que se imputa a la apelante.


text:
    No. 2725.
    El Pueblo, apldo., v. González Barrios, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Juegos prohibidos.
    Mayo 7, 1926.
   Por cuanto no consta de'la denuncia presentada en este caso que nadie estuviera dirigiendo un juego como dueño o empleado, en la forma prevista en el artículo 299 del Código Penal;

Por cuanto el hecho de que el juego se llevaba a cabo en la carretera no excluye el caso de la doctrina sentada en los de El Pueblo v. Domínguez, 32 D.P.R. 316, El Pueblo v. Marcano, 24 D.P.R. 476, y El Pueblo v. Benítez, 19 D.P.R. 246;

Por tanto, debe revocarse la sentencia condenatoria y absolverse al acusado.

El Juez Presidente Sr. del Toro y el Juez Asociado Sr. HntcMson disintieron.


text:
    Ex parte Antonio Moreno Calderón, Peticionario.
    Re-conocimiento de nna Escuela de Derecho.
    Mayo 18, 1926.
   No habiéndosenos impuesto por la ley el deber de declarar por anticipado cuáles son las Universidades y Escuelas acre-ditadas de Derecho, sino solamente el de admitir al examen de reválida como abogados a los que presenten títulos expe-didos por universidades o escuelas de los Estados Unidos que sean acreditadas, no ha lugar a hacer la declaración que interesa el peticionario respecto a que su “Academia de Derecho de Puerto Rico” es una escuela de derecho acre-ditada.


text:
    No 2696.
    El Pueblo, apldo., v. Fernés, aplte.
    C. D. Ponce, Sala Segunda.
    Mayo 26, 1926.
   Celebrada la vista de este caso con la comparecencia del fiscal quien manifestó en moción escrita que la cuestión envuelta es exactamente igual a la resuelta por esta corte en el caso No. 92, Ex parte Lorenzo Rivera, 34 D.P.R. 773, y apareciendo que ello es así, por los motivos consignados en dicho caso se revoca la sentencia apelada y se absuelve al acusado.


text:
    No. 2689.
    El Pueblo, apldo., v. Acevedo, aplte.
    C. D. Ponee, Sala Segunda.
    Mayo 26, 1926.
   Celebrada la vista de este caso con la comparecencia del fiscal quien manifestó en moción escrita que la cuestión envuelta es exactamente igual a la resuelta por esta corte en el caso No. 92, Ex parte Lorenzo Rivera, 34 D.P.R. 773, y apareciendo que ello es así, por los motivos consignados en dicho caso, se revoca la sentencia apelada y se absuelve al acusado.


text:
    No. 3626.
    Laviena et al., apltes., v. Ramos, apldo.
    C. D. Humacao.
    Mayo 26, 1926.
   Moción sobre reconsideración. No apareciendo que la prueba erróneamente admitida, si hubo error alguno en tal sentido, haya contribuido en grado apreciable al resultado en la corte inferior, o que su exclu-sión al momento de oponerse la parte demandante hubiera afectado tal resultado, ni por tanto qne el mero hecho de ha-berse incurrido en un error técnico de tal naturaleza fuera motivo suficiente para la revocación de la sentencia apelada, no ha lugar.


text:
    No. 639.
    Guzmán Texidor, recurrente, v. Registrador de la Propiedad de Guayama, recurrido.
    Mayo 27, 1926.
   Por ctjaNto para la inscripción de un certificado de venta para cobro de contribuciones el. registrador de la propiedad exigió que se le acreditase baber sido cumplidos los artículos 334, 336 y 342 del Código Político, por lo que el comprador interpuso este recurso gubernativo.

Por cuanto en el caso de Dieppa v. El Registrador, 33 D.P.R. 880, fueron considerados los artículos citados y fue resuelto que antes de que una finca vendida pudiera ser ins-crita debía aparecer que la notificación al dueño requerida por el artículo 342 babía sido becha.

Por cuanto la cuestión propuesta en este recurso ba sido resuelta por nosotros en el caso citado, sin que el recurrente haga referencia a él.

Por tanto debemos confirmar y confirmamos la negativa del registrador.


text:
    No. 2734.
    El Pueblo, apldo., v. Garriga, aplte.
    C. D. Humaeao.
    Infracción del art. 553 del Código Penal.
    Mayo 27, 1926.
   Siendo la única cuestión levantada la suficiencia y apreciación de la prueba por la corte sentenciadora, y re-sultando suficientes las circunstancias expresadas por los tes-tigos de cargo para sostener la conclusión a que llegó la corte inferior, en ausencia de explicación adecuada y ha-biendo el juez de distrito tácitamente rechazado la explica-ción de dichas circunstancias manifestada por el acusado y otro testigo de la defensa, y no existiendo error tan mani-fiesto que requiera la revocación, se confirmó la sentencia apelada.


text:
    No. 2747.
    El Pueblo, apldo., v. Velázquez, aplte.
    C. D. Guayama.
    Portar armas.
    Mayo 27, 1926.
   Confirmada la sentencia apelada porque existiendo un conflicto en la prueba no aparece que baya sido apreciada indebidamente por la corte sentenciadora.


text:
    Ex Parte Luis C. Trigo, peticionario.
    Admisión al ejer-cicio de la abogacía.
    Mayo 27, 1926.
   Vista la solicitud y examinada la Ley No. 17, aprobada én mayo 20, 1925, para enmendar la sección cuarta de la Ley No. 38 determinando reglas para el ejercicio de la profesión de abogado en Puerto Pico, etc., aprobada en 13 de abril, 1916, admítese al peticio-nario al ejercicio de la abogacía sin examen tan luego baya sido favorablemente recomendado por la Comisión de Repu-tación a la cual deberán remitirse los papeles correspondien-tes, y baya prestado el juramento de ley.


text:
    No. 3914.
    Farinacci et al., apldos., v. Niagara Fire Insurance Co., aplte.
    C. D. Ponce.
    Cobro de Póliza.
    Mayo 28, 1926.
   Vistos la moción de desestimación de apelación, el escrito de oposición a la misma, examinados los autos, y apareciendo que la transcripción de la evidencia fué radi-cada en la corte inferior el día 20 de octubre de 1925, no ha-biendo el apelante gestionado su aprobación basta después del día 15 de febrero 3926, en que el juez propietario a ini-ciativa propia dictó una orden inhibiéndose de impartir su aprobación a la referida transcripción por no haber inter-venido en el juicio del caso; que el día L de marzo 1926 el secretario de la corte de distrito trasmitió al ex-júez que ha-bía presidido durante el juicio varias mociones en distintos casos inclusive el presente solicitando que se señalase un día para la aprobación a los fines de la apelación de las transcripciones de la evidencia radicadas en dichos casos; que en 16 de marzo 1926 reprodujo el apelante su moción a dicho ex-juez pidiendo que se señalase día para la apro-bación de la transcripción de la evidencia en este caso sin constancia alguna de que tal moción fuera trasmitida a dicho ex-juez, o que el apelante haya practicado otra gestión o diligencia hasta la fecha, para obtener la aprobación de la referida transcripción de la evidencia; y visto el caso de Fernández Náter v. Aponte, 35 D.P.R. 49, se declara con lugar la moción y se desestima la apelación.


text:
    No. 3914.
    Farinacci et al., apldos., v. The Niagara Fire Insurance Co., aplte.
    C. D. Ponce.
    Jun. 22, 1926.
   Exami-nados la “Moción sobre reconsideración,” el escrito de opo-sición a la misma, así como las declaraciones juradas y cer-tificaciones .expedidas por el secretario de la corte de dis-trito, presentadas por ambas partes, y considerando en con-junto los datos adicionales suministrados, los cuales, si bien no demuestran error alguno cometido por esta corte, al dictar su resolución de mayo 28 ordenando la desestimación de la apelación, revelan ciertas circunstancias atenuantes y una negligencia más o menos excusable, cambiando así Fasta cierto punto el aspecto de abandono que presentaba el caso en la vista anterior, la corte en el ejercicio de su discreción y en bien de la justicia deja sin efecto su resolución de 28 de mayo desestimando la apelación en el presente caso y por la presente declara sin lugar la moción sobre desesti-mación quedando así restablecido el caso en el calendario de esta corte para los fines procedentes.


text:
    No. 3917.
    Alfredo Campos, demandante y apldo., v. The Lancashire Insurance Co., demandada y aplte.
    Mayo 28, 1926.
    C. D. Ponce.
   Examinada la moción de desestimación presentada en este caso y los Fechos en relación con la misma, por los motivos consignados en la resolución de la corte que acaba de dictarse en el recurso No. 3914, Luis Farinacci et al. v. The Niagara Fire Insurance Co., se deses-tima la apelación interpuesta.


text:
    No. 3923.
    Antonio M. Bird, representado por su padre con patria potestad Antonio M. Bird, apldo., v. Porto Rico Railway, Light & Power Co., aplte.
    C. D. San Juan, Disto. 29.
    Memorándum de costas.
    Jun. 2, 1926.
   Desestimada la apelación por no Faberse presentado la exposición del caso dentro del término legal, no habiendo tampoco el apelante practicado gestión alguna para perfeccionar su apelación.


text:
    Ex parte Daniel Pellón Lafuente, peticionario.
    Admi-sión al ejercicio de la abogacía.
    Jun. 3, 1926.
   Habiendo la Comisión de Reputación rendido al Tribunal Supremo el in-forme favorable en cuanto a la reputación de Daniel Pellón Lafuente, comparezca el interesado a prestar juramento ante este tribunal en cualquiera de sus sesiones, después de lo cual deberá firmar el libro registro de abogados y expedirse por el secretario el correspondiente certificado de admisión.


text:
    Ex parte Lucien Longchamps, peticionario.
    Admisión al ejercicio del notariado.
    Jun. 8, 1926.
   Vista la sección 2 de la Ley No. 15 de 1914, y apareciendo que no fia transcurrido un período de dos años desde que el peticionario fue admi-tido por esta corte a la práctica de la abogacía, no ha lugar a admitirlo al ejercicio del notariado.


text:
    No. 3775.
    Muñoz Vázquez, apldo., v. Santana, vda. de Bonilla et al., apltes.
    C. D. San Juan, Disto. 19.
    Cobro de pagaré.
    Jun. 9, 1926.
   No encontrándose en el alegato del apelante ningún señalamiento de error referente a la eliminación por la corte inferior de la defensa de prescrip-ción como añora da por sentado dicño apelante; no ha-biendo citado jurisprudencia o autoridad alguna para de-mostrar que el artículo 1739 del Código Civil añora invo-cado por primera vez es aplicable, ni tampoco en apoyo de la teoría de que la acción entablada por el fiador que ña pagado la obligación de su principal está prescrita por el transcurso del período de tres años cuando dicña obligación fuera evidenciada por un pagaré a la orden; y tomando en cuenta la cantidad envuelta en relación con la circunstancia de que la sentencia apelada no especifica el tipo de los inte-reses concedidos, no ha lugar a la moción sobre reconside-ración.


text:
    Nos. 2759 y 2760.
    El Pueblo, apldo., v. Ríos, aplte.
    C. D. Aguadilla.
    Infracción al art. 553 del Código Penal.
    Jun. 9, 1926.
   Resuelto por los fundamentos del caso No. 2761. El Pueblo v. Gerardo Gonzales, resuelto en esta misma fecha (pág. 558), se revoca la sentencia apelada y se absuelve al acusado.


text:
    In re Carlos Rodríguez Ortiz, peticionario.
    Jun. 9, 1926.
   No alegándose en la solicitud que el diploma que se acom-paña no fue adquirido por correspondencia y no cumpliendo tampoco el peticionario con los requisitos que señala la Ley No. 38 de 1916, inciso 1, no lia lugar a admitirle al examen de reválida.


text:
    No. 2765.
    El Pueblo, apldo., v. Solla, aplte.
    C. D. San Juan.
    Infracción Ley de Automóviles.
    Jun. 10, 1926.
   Es-tando conforme el fiscal con los dos fundamentos alegados por el apelante como motivo para la revocación de la sen-tencia apelada, o sea, que los hechos relacionados en la de-nuncia no constituyen delito alguno y que la sentencia es contraria a la prueba; y apareciendo de la exposición del caso que la prueba practicada es claramente insuficiente para sostener dicha sentencia, se revocó la misma.


text:
    No. 3941.
    Díaz Gerena, aplte., v. Pastrana et al., apldos.
    C. D. San Juan, Disto. 2°.

    Administración Judicial.
    Jun. 15, 1926.
   Apareciendo que la última prórroga para radicar la exposición del caso venció el 2 de marzo último, sin que desde entonces se haya hecho otra gestión por el apelante, se desestimó el recurso.


text:
    No. 3915.
    Saurí et al., apldos. v. William W. Wollard, Thomas G. Wollard, Anna Belle Rolings, Clara Upton, Pedro Juan Serrallés Galiano y Juan Quesada, apltes. los dos últimos.
    C. D. Guayama.
    Cumplimiento de contrato.
    Jun. 15, 1926.
   Moción sobre desestimación de apelación. Siendo dos' las partes demandadas, quienes han apelado se-paradamente por sus respectivos abogados, y apareciendo que a una de ellas no se le ha notificado el escrito sobre des-estimación, y en cuanto a la otra, el servicio de la notifica-ción del escrito no cumple estrictamente con el estatuto, se declara sin lugar la moción.


text:
    No. 3940.
    P. González & Co., S. en C., aplda. v. Contreras, aplte.
    C. D. San Juan.
    Cobro de dinero.
    Jun. 15, 1926.
   Apareciendo que la última prórroga concedida para radicar la exposición del caso venció el 31 de mayo último, sin que desde entonces se haya hecho otra gestión por el apelante, se desestimó el recurso.


text:
    No. 3875.
    López, apldo., v. Soler, aplte.
    C. D. Ponce.
    Nulidad de contrato.
    Jun. 16, 1926.

   Vista la moción sobre eliminación de la transcripción de la evidencia y sobre des-estimación de la apelación, sin asistencia de las partes; no habiendo el apelante radicado escrito de oposición alguno a dicha moción; apareciendo que el señalamiento de errores está basado única y exclusivamente en la transcripción de la evidencia y que algunas de las prórrogas para la presenta-ción de dicha transcripción en la corte inferior fueron con-cedidas sin jurisdicción para ello por haber transcurrido con exceso los plazos anteriores; y visto también el caso de Ana Inés Durán Gallardo v. Juan Coll y Soler et al., 35 D.P.R. 113, se declara con lugar la moción, eliminando la transcripción de la evidencia y se desestima la apelación.


text:
    No. 2825.
    El Pueblo, apldo., v. González, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Jun. 17, 1926.
   Por ouaNto, de acuerdo con el artículo 298 del Código de Enjuiciamiento Criminal, esta corte en ausencia del juez que conoció del caso, tiene facultad para aprobar un pliego de excepciones;

Por cuanto, el apelante ha obtenido una transcripción de la evidencia de conformidad con-la Ley No. 4 de 1925, leyes de ese año, página 109;

Por cuanto, el juez de distrito de Arecibo ante quien se celebró el juicio se halla ausente;

Por cuanto, la transcripción está certificada por el ta-quígrafo oficial y es correcta según estipulación de las par-tes;

Por tanto, en virtud de nuestro poder judicial general y también por analogía, del artículo 298 del Código de Enjui-ciamiento Criminal, se aprueba la dicba transcripción de la evidencia.


text:
    Ex parte Lucien Longchamps, peticionario.
    Admisión al ejercicio del notariado.
    Jun. 17, 1926.
   Exigiéndose por nuestras leyes a los notarios conocimientos especiales que se enseñan en la Universidad de Puerto Rico y no en otras fuera de esta Isla, no encontramos que sea contraria a nues-tra Carta Orgánica la Ley No. 15 de 12 de marzo de 1914 permitiendo a los abogados que hayan obtenido su diploma en la Universidad de Puerto Rico el que puedan una vez admitidos al ejercicio de la abogacía ejercer también como notarios y requiera por otra parte de los abogados con diploma de otras universidades un término de dos años des-pués de haber sido admitidos al ejercicio de la profesión de abogado para ejercer como notarios; no ha lugar a recon-siderar nuestra resolución de ocho de junio corriente.


text:
    No. 3935.
    Díaz Hermanos, demandantes y apelantes, v. Ignacio Sánchez & Co., S. en C., demandada y apelada.
    C. D. Humacao.
    Cobro de dinero.
    Junio 18, 1926.
   Apare-ciendo de la moción para desestimar y de la certificación ex-pedida en mayo 25, 1926 por el secretario de la corte sen-tenciadora que en marzo 9, 1923 se concedió al apelante una prórroga de 30 días para presentar la exposición del caso, lo que no ha hecho hasta la fecha de la citada certificación; no habiéndose radicado el transcript en esta corte, se de-clara con lugar la moción y en su consecuencia se desestima la apelación.


text:
    No. 3943.
    Suau Hermanos, aplte., v. Fidel Gerena, defensor de la menor María Eladia González y Bartolo Suau, demandados y apelada la primera.
    C. D. Aguadilla.
    Ter-cería de bienes muebles.
    Jun. 21, 1926.
   Por cuanto la parte demandada y apelada como único fundamento de su moción sobre desestimación alega (a) que han transcurrido más de treinta días desde la apelación de este caso, o sea, desde el 30 de abril de 1926, sin que la parte demandante haya radicado ante este tribunal la certifica-ción de los documentos qne constituyen los. autos de apela-, ción, y (ó) que habiendo sido la sentencia de este caso dic-tada en virtud de una estipulación de las partes por some-timiento de cuestiones de hecho y de derecho, la única do-cumentación que se puede elevar a este tribunal es una cer-, tifieaeión de la demanda, alegaciones del demandado, sen-tencia y escrito de apelación, y esa documentación no ha sido -elevada a este tribunal en el término de treinta días siguientes a la interposición del recurso de apelación, ni se ha solicitado prórroga a este tribunal;

Pos, guaNto la demandante fué notificada de dicha mo-ción el día 3 de junio de 1926 por la vía de comunicación diaria de correos que existe entre Aguadilla y Lares;

Pon cuaNto el legajo de la sentencia comprensivo de la documentación indicada en la moción sobre desestimación pero sin haberse incluido la exposición del caso y certificado por el secretario de la corte de distrito con fecha 4 de junio,. fué debidamente radicado en la secretaría de este tribunal el día 5 de junio simultáneamente con la “Moción sobre, desestimación; ’ ’

Por cuanto se acompaña a la moción sobre desestima-ción como parte de la misma una certificación defectuosa e incompleta sin la debida notificación a la parte contraria.

Por cuanto de los datos suministrados por los deman-dantes y apelantes en oposición a la moción sobre desestima-ción y en apoyo de una moción sobre prórroga y permiso para presentar una exposición del caso, se desprende que' la corte inferior al dictar su sentencia apelada se fundó no sólo en la estipulación de las partes sino también en la prueba testifical practicada en la vista del caso; que la re-ferida “Exposición del caso” fué debidamente presentada en la corte inferior y señalado el día 17 de mayo para la vista y discusión de dicha “Exposición” la parte deman-dada solicitó y obtuvo la suspensión de dicha vista fundada en la ausencia de la isla de uno de los abogados de la parte apelada, siendo dicho abogado el que había asistido al jui-cio;- y que tal “Exposición del caso” aún está pendiente de la aprobación del juez sentenciador en el tribunal inferior.

Por tanto,- se declara sin lugar la moción sobre desesti-mación y con lugar .la moción solicitando permiso para agre-gar a los autos la “Exposición del caso” una vez aprobada por el juez de distrito y se concede a los apelantes para tal fin -y para presentar su alegato, una prórroga de treinta días a contar desde el día 21 de junio de 1926.”


text:
    No. 3896.
    Arcadio Reyes, demandante y apelante, v. Central Pasto Viejo, Inc., demandada y apelada.
    Daños y perjuicios..
    C. D. Iíumacao.
    Jun. 21, 1926.
   Vistas la mo-ción sobre desestimación y las reglas 42 y 58 de este tribunal, apareciendo que los autos de apelación fueron radica-dos en la secretaría de este tribunal el día 12 de abril, 1926, sin que el apelante hasta la fecha haya presentado su ale-gato o solicitado prórroga alguna para ello, y no habiendo comparecido por escrito o en la vista de dicha moción para oponerse a la misma, se declara con lugar la referida mo-ción y se desestima el recurso.


text:
    No. 3917.
    Campos, apldo., v. The Lancashire Insurance Co., aplte.
    C. D. Ponce.
    Cobro de póliza.
    Jun. 22, 1926.
   Por los fundamentos del caso No. 3914 de Farinacci v. Niagara Fire Insurance Co. de jun. 22, 1926, (p. 1068) se deja sin efecto la resolución de mayo 28, 1926 entre las mismas partes desestimando la apelación y se declara sin lugar la moción de desestimación, quedando así restablecido el caso en el calendario de esta corte para los fines procedentes.


text:
    No. 3926.
    Costas Purcell, aplte., v. Gobierno Municipal de Las Marías (Municipio de Las Marías), apldo.
    C. D. Mayagüez.
    Cobro de dinero.
    Jun. 23, 1926.
   Por cuanto después de la vista de la moción para deses-timar por no haberse cumplido con las reglas 42 y 43 de esta corte, la parte apelante ha presentado nuevo' alegato y pide que se le releve de los efectos de la moción para desestimar;

• Por ottaNto -aparece de una inspección del nuevo alegato que han sido subsanados los defectos de que se quejaba la parte apelada;

Por tanto, se declara sin lugar la moción de desestima-ción y se admite el nuevo alegato sin perjuicio de que el apelado pueda renovar su moción para desestimar si en-cuentra que el nuevo alegato no cumple con las reglas de esta corte.


text:
    No. 93.
    Ex parte Valentín Tufiño Quiles, peticionario.

      Habeas corpus.

    Jun. 26, 1926.
   Examinada la solicitud de habeas corpus presentada en este caso y la prueba apor-tada, y apareciendo que en la acusación no sólo no se imputa la comisión de un delito de asesinato en primer grado, sino que ni siquiera se imputa la comisión de un delito de muti-lación ya que se omite alegar que el acto se realizó malicio-samente como el estatuto exige, se declara con lugar la so-licitud y se ordena la libertad del peticionario siempre que preste una afianza de $3,000.


text:
    No. 3916.
    Alfredo Campos, demandante y apelado, v. The Great American Insurance Co., demandada y apelante.
    Cobro de póliza.
    C. D. Ponce.
    Jun. 26, 1926.
   Examina-dos la moción de desestimación presentada en este caso, la oposición a la misma y los documentos acompañados a la una y a la otra, por los motivos consignados en la resolu-ción de junio 22 actual dictada en el caso de Farinacci v. The Niagara Fire Ins. Co., (pág. 1068) y visto además lo re-suelto en el día de hoy en el caso No. 517, Alfredo Campos v. La Corte de Distrito de Ponce, sobre certiorari, (página 621), se declara no haber lugar a la desestimación del re-curso.


text:
    No. 3932.
    Alfredo Campos, demandante y apelado, v. The Phoenix Ins. Co., demandada y apelante.
    Cobro de póliza.
    Jun. 26, 1926.
    C. D. Ponce.
   Examinados la mo-ción de desestimación presentada en este caso, la oposición a la misma y los documentos acompañados a la una y a la otra, por los motivos consignados en la resolución de jumo 22 actual dictada en el caso de Farinacci v. The Niagara Fire Ins. Co., y visto además lo resuelto en el día de hoy en el caso No. 517, Alfredo Campos v. La Corte de Distrito de Ponce, sobre certiorari, (página 621), se declara no haber lu-gar a la desestimación del recurso.


text:
    Ex parte, James R. Beverley, peticionario.
    Admisión al ejercicio de la abogacía sin examen.
    Jul. 8, 1926.
   Exami-nados los hechos alegados por el peticionario a la luz de la sección 10 de la Ley No. 38 de 1916 invocada por el mismo, no ha lugar a admitirlo al ejercicio de la abogacía sin pre-vio examen.


text:
    No. 2793.
    El Pueblo, apldo., v. López Vélez, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Julio 8, 1926.
   Por cuanto, de acuerdo con el artículo 298 del Código de Enjuiciamiento Criminal, esta corte, en ausencia del juez que conoció del caso, tiene facultad para aprobar un pliego de excepciones;

. Por cuanto, el apelante ha obtenido una transcripción, de la evidencia de conformidad con la Ley No. 4 de 1925, leyes de ese año, página 109;

Por cuanto, el Juez de Distrito de Arecibo ante quien se celebró el juicio se halla ausente;

Por cuanto, la transcripción está certificada por el ta-quígrafo oficial y en la vista del procedimiento sobre apro-bación celebrada el día 6 del corriente el Fiscal manifestó que no tenía objeción alguna que hacer a la aprobación;

Por tanto, en virtud de nuestro poder judicial general y también, por' analogía, del artículo 298 del Código de En-juiciamiento Criminal, se aprueba la dicha transcripción de evidencia.


text:
    No. 3947.
    Pagán, aplte., v. F. Fresno y Co., S. en C., et al., apldos.
    C. D. Humacao.
    Tercería de bienes inmue-bles.
    Jul. 9, 1926.
   Denegada la desestimación de la apela-, eión solicitada por la parte apelada, por los fundamentos del caso No. 3946 de Lebrón v. F. Fresno y Co., S. en C., et al. de julio 9, 1926 (pág. 700,).


text:
    No. 3869.
    Central Pasto Viejo, Inc., aplte., v. Roig et al., apldos.
    C. D. Hnmacao.
    Retracto legal.
    Jul. 9, 1926.
   Apareciendo que en 30 de noviembre, 1925, la corte inferior "dictó nna orden para la consignación dentro de tres días de la cantidad de doce mil dólares que Rabia retirado la demandante en 29 de enero de 1924; que la demandante fue notificada de dicha orden en el mismo día; que en el día 14 de diciembre' de 1925 y después de vencido el término para apelar, la demandante radicó una moción para que se, reconsidere y deje sin efecto la orden de 30 de noviembre por motivos que afectan los méritos de dicha orden; que dicha moción fué declarada sin lugar con fecha 12 de fe-brero de 1926; y que en 16 de febrero de 1926 la' deman-dante radicó su escrito de apelación de dicha orden de 12 de febrero del mismo año; y vistos- también los casos de Rivera v. Medina, 28 D.P.R. 808, Hartman v. Cividanes, 28 D.P.R. 32, Ex parte Boardman, 28 D.P.R. 83, Días v. Pastor, 29 D.P.R. 95, Rexach v. Comisión de Indemnizaciones a Obreros, 31 D.P.R. 17, se declara con lugar la moción y se desestima la apelación interpuesta en este caso.


text:
    No. 3603.
    Juan Rodríguez, etc., demandante y apelante, v. The National Cash Register Co., demandada y apelada.
    Daños y perjuicios.
    C. D. Mayagüez.
    Jul. 9, 1926.
   Siendo la cuestión que se ventila en esta apelación la fija-ción de la cuantía de los daños solicitados por el demandante y habiendo quedado resuelta la misma en el caso No. 3651, seguido entre las mismas partes y resuelto en el día de hoy, se declara sin lugar el recurso y se confirma la sen-tencia.


text:
    Ex parte Rafael F. Marchand, peticionario.
    Admisión al ejercicio de la abogacía.
    Jul. 12, 1926.
   Habiendo pro-bado finalmente el peticionario Rafael F. Marchand que es graduado de abogado en una universidad acreditada de Es-tados Unidos con diez años de anterioridad a la aprobación .de la Ley No. 17 de 1925 y-que ha practicado durante cinco años por lo menos en el bufete de un abogado autorizado para ejercer su profesión por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, se declara con lugar su petición y en su consecuencia admítase al peticionario al ejercicio de la abogacía sin- exa-men tan luego haya sido favorablemente recomendado por la Comisión de Reputación a la cual deberán remitirse los papeles correspondientes, y haya prestado el juramento de ley.


text:
    No. 3965. No. 3966. No. 3967. No. 3968.
    Frank O. Rivera, apldo., v. Carmen Lange, Sucn., aplte. Edelmiro Cabán, apldo., v. Carmen Lange, Sucn., aplte. Luis F. Santos, apldo., v. Carmen Lange, Sucn., aplte. María Teresa Mora, aplda., v. Carmen Lange, Sucn., aplte.
    C. D. Maya-güez.
    Jul. 13, 1926.
   Fundándose la desestimación solicitada en estos casos en no haberse elevado en tiempo la transcrip-ción de los autos a este Tribunal Supremo y apareciendo que el término legal fue prorrogado a instancia de los demanda-dos-apelantes sin que haya vencido aún la prórroga, no ha lugar a desestimar la apelación.


text:
    No. 2728.
    El Pueblo, apldo., v. Pagán, aplte.
    C. D. Guayama.
    Portar armas.
    Jul. 15, 1926.
   Siendo la acusa-ción suficiente en este caso por imputar al acusado que en determinada fecha “ilegal y voluntariamente portaba y con-ducía un revólver, siendo éste un arma con la cual se puede producir daño corporal;” no’ siendo necesario que en la acusación se expresase la manera como el arma fué ocupada y siendo suficiente la evidencia cuyo conflicto resolvió la corte sentenciadora en contra del apelante, debemos confir-mar y confirmamos la sentencia recurrida.


text:
    No. 3959.
    Micaela Ramírez, demandante y apelada v. Antonio Rosa Suárez, demandado y apelante.
    Liquidación de gananciales.
    C. D. Aguadilla.
    Jul. 16, 1926.
   Vista !la moción sobre desestimación, vistos también los artículos 387 y 389 del Código Político, apareciendo qne el escrito de ape-lación fné archivado en la Corte de Distrito de Aguadilla el día 15 de diciembre de 1925; que la moción solicitando .una orden al taquígrafo para la transcripción de la eviden-cia fué radicada el día 26. del mes y año; que las prórrogas subsiguientes fueron debidamente concedidas a pesar de la interpretación liberal de una de las solicitudes envueltas y consideradas por la corte inferior, y habiendo radicado en la secretaría de esta corte la dicha transcripción de eviden-cia debidamente aprobada por el juez de distrito, como parte del legajo de la sentencia que se acompaña en el mismo día y. antes de la vista de la moción sobre desestimación: se declara ésta sin lugar.


text:
    No. 2798.
    El Pueblo, apldo., v. Padilla, aplte.
    C. D. G-uayama.
    Infracción a la Ley de Automóviles.
    Jul. 19, 1926.
   Apareciendo que el delito que se imputa al acusado consiste en permitir que Eafael Vega guiara una guagua propiedad del acusado sin antes éste cerciorarse que aquél estaba autorizado por el Comisionado del Interior para ma-nejar automóviles y que poseía una licencia adecuada, y resultando de la evidencia”que Vega accidentalmente repa-raba un desperfecto de la maquinaria y que sin autoriza-ción del acusado salió guiando la guagua después de com-puesta con el solo objeto de probarla, y no siendo suficiente para implicar al principal y acusado la simple manifesta-ción de un policía que refirió que Vega le dijo que era chauffeur del acusado, no teniendo placa ni licencia para guiar automóviles, se revoca la sentencia apelada y se ab-suelve al acusado.


text:
    No. 3681.
    The Porto Rican & American Ins. Co., aplte., v. Ortiz, apldo.
    C. D. Humacao;
    Daños y perjuicios.
    Jul. 19, 1926.
   Por cuanto la apelación interpuesta se basa en' que la corte sentenciadora ’cometió error al admitir como prueba la certificación, de la sentencia dictada por la Corte Municipal de Mannabo absolviendo al acusado de una denuncia for-mulada contra él con motivo del accidente origen de este pleito y en que la dicba corte erró al apreciar la prueba en general;

Pon cuaNto si bien la admisión de la certificación indi-cada fué errónea, es lo cierto que la corte sentenciadora no basó su juicio en el juicio de la corte municipal y por tanto el error cometido no puede estimarse como perjudicial en tal grado que lleve consigo la revocación de la sentencia •apelada, y

Por cuanto analizada la prueba a la luz de los alegatos escritos de los abogados de ambas partes, no estamos con-vencidos de que la corte sentenciadora errara al apreciarla en general, ya que de aquella parte de la misma que la dicba corte sentenciadora creyó puede concluirse que. el de-mandado no fué negligente, habiéndole sido imposible, evi-tar el choque causante del daño sufrido por Cristóbal Colón, dueño del auto;

Por tanto, no apareciendo claro, además que la deman-dante tenga causa de acción alguna contra el demandado directamente, se confirma la sentencia recurrida. .


text:
    No. 2746.
    El Pueblo, apldo., v. Hernández Betancourt et al., apltes.
    C. D. Arecibo.
    Infracción a la Ley de Pro-hibición.
    Jul. 20, 1926.
   Examinada la denuncia, base de esta causa y los alegatos del abogado defensor del acusado y del fiscal, en los cuales se pide la revocación de la senten-cia, porque la denuncia no imputa la comisión de delito al-guno, por los fundamentos del caso No. 2738 de El Pueblo v. Rodrígues, de julio 20, 1926, (pág. 811), se revoca la sen-tencia recurrida y se absuelve a los acusados.


text:
    No. 2884.
    El Pueblo, apldo., v. Rosa, aplte.
    C. D. Humacao.
    Portar armas.
    Jul. 29, 1926.
   El apelante sólo dis-cute la' apreciación de la prueba que hizo el juez inferior, y apareciendo que no se ha elevado una exposición del caso o •transcripción de la evidencia, no habiendo base para consi-derar las cuestiones levantadas, y no apareciendo que se baya cometido error fundamental alguno, se confirma la sen-tencia apelada.


text:
    No. 3963.
    Arroyo, aplte., v. Cuebas Padilla, apldo.
    C. D. San Juan.
    Daños y perjuicios.
    Jul. 30, 1926.
   Apare-ciendo de los autos que la apelación se interpuso el 19 de mayo de 1926, sin que a la fecha de la moción y de su noti-ficación a la parte contraria — julio 1, 1926 — se hubiera ar-chivado la transcripción de las autos en este tribunal, sin que estuviera pendiente de tramitación en la corte senten-ciadora exposición del caso, pliego de excepciones o trans-cripción de evidencia algunos, ni se hubiera solicitado pró-rroga de este tribunal, habiendo vencido con exceso el tér-mino de treinta días fijado por la ley, se declara con lugar la moción y en su consecuencia se desestima- el recurso.


text:
    No. 3965. No. 3966. No. 3967. No. 3968.
    Dr. Frank O. Rivera, apldo., v. Lange, aplte. Cabán, apldo., v. Lange, aplte. Santos, apldo., v. Lange, aplte. Mola, aplda., v. Lange, aplte.
    C. D. Mayagüez.
    Cobro de honorarios.
    Jul. 30, 1926.
   Apareciendo que la sentencia recurrida se dictó con el consentimiento de la parte apelante; de acuerdo con la jurisprudencia establecida en los casos de Sanders Philippi, S. en C., v. Viuda de Baigés e Hijos, 32 D.P.R. 855 y Carrión v. Nadal, 34 D.P.R. 305, se declara con lugar la moción y en su consecuencia se desestima el recurso.


text:
    No. 3977.
    Sosa Escobar, aplte. v. Aviñó, Juez de la Coste Municipal de San Juan, Sección Segunda, apldo., y Carmen Escobar, Interventora, aplda.
    C. D. San Juan.

      Certiorari.

    Jul. 30, 1926.
   A la moción de la apelada sobre desestimación del recurso alegando como único fundamento que la apelación es frívola y apareciendo que la cuestión levantada y resuelta por la corte inferior es una que pone en tela de juicio la jurisdicción de la Corte Municipal de San Juan, Sección Segunda, que fué la que entendió en el procedimiento de desahucio seguido por la apelada contra el apelante, y no pudiendo sostenerse a primera vista la frivolidad de la cuestión suscitada, la que va a los méritos del caso y es el nervio del recurso de certiorari que es ob-jeto de esta apelación, cuestión que además podemos consi-derar ampliamente dentro del mismo recurso, se declara sin lugar la moción.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no intervino en la reso-lución de este caso.


text:
    Nos. 2843 y 2844.
    El Pueblo, apldo., v. Cortés, aplte.
    C. D. San. Juan.
    Sala de lo Criminal. Infracción al Re-glamento de la Com. Serv. Púb.
    Jul. 30, 1926.
   Habiendo el propio Fiscal solicitado la revocación de la sentencia en este caso de acuerdo con lo resuelto por esta Corte Suprema en el caso de Ex parte Lorenzo Rivera, 34 D.P.R. 773; exa-minada la acusación y apareciendo que en efecto la senten-cia es nula porque la infracción al Reglamento de la Comi-sión de Servicio Público perseguida sólo puede castigarse administrativamente y no por la vía penal, de conformidad con la ley tal como fue interpretada en el caso invocado por el Fiscal, se revoca la sentencia apelada y se absuelve al acu-sado. El Juez Asociado Sr. Hutchison no tomó parte en la resolución de estos casos.


text:
    Nos. 3917 y 3932.
    Campos, apldo., v. The Phoenix Insurance Co., aplte. Campos, apldo., v. The Lancashire Ins. Co., aplte.
    C. D. Ponce.
    Jul. 30, 1926.
   Resueltos por los fundamentos del caso No. 3916 de Campos v. The Great American, Insurance Co. de julio 30, 1926 (pág. 1021), se declararon con lugar las mociones de la apelada y se deses-timaron los recursos establecidos.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no tomó parte en la re-solución de estos casos.


author: El Juez Asociado Señor Aldrev,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Angel Erazo, acusado y apelante.
    No. 2895.
    Visto: Noviembre 5, 1926.

      Resuelto: Noviembre 8, 1926.

      >¡ Derecho Penal — Evidencia—Peso t Suficiencia — Prueba del Sitio en que el Delito se Cometió. — Bajo acusación que imputa la comisión de un delito en determinado pueblo, 'la jurisdicción del tribunal sentenciador queda sufi-cientemente probada mediante evidencia de que el hecho imputado ocurrió en un, sitio dentro de un barrio de dicho pueblo.
    2. Derecho Penal — Apelación y Error, r Certiorari — Resolución y Disposi-ción del Caso — Confirmación de la Sentencia Apelada. — Resuelto un con-flicto existeute en la prueba, si por los autos del caso¡ el' Supremo no tiene motivos para estimar que la corte inferior resolvió aquél impropiamente, pro-cede confirmar la sentencia apelada.
    SENTENCIA de Pablo Berga, J. (San Juan), condenando al acusado por delito de Portar Armas Prohibidas.

      Confirmada.

      Juan Valldejuly Rodríguez, abogado del apelante; José E. Figue-ras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrev,

emitió la opinión del tribunal.

Dos motivos alega el apelante para que revoquemos la sentencia que lo condena por portar armas prohibidas, a saber: l9, que no se probó el sitio del suceso por lo que la corte inferior no tuvo jurisdicción para condenarlo: 29, que la sentencia es contraria a la evidencia habiendo sido ésta apreciada erróneamente.

En la acusación se imputó al acusado que portaba el arma en Naranjito, y en el juicio se probó que el hecho ocurrió en la casa de María Villanueva que está a orillas del Río Grande en el barrio de Guadiana de Naranjito, quedando así probada la jurisdicción del tribunal sentenciador fuera de duda razonable.

Con respecto al segundo motivo del recurso nos bastará decir que si bien el acusado y otro testigo dijeron que María Villanueva, novia de aquél, se disparó un tiro con un revólver y que cuando cayó al suelo el acusado cogió el revólver de ella y se disparó otro tiro, la testigo María Villanueva negó toda ésa versión declarando que el acusado la llamó fuera de su casa y' que cuando ella bajó le disparó ■con un revólver que él tenía; contradicción que la corte inferior resolvió en contra del acusado sin que por los autos tengamos motivos para estimar que resolvió impropiamente el conflicto de la evidencia.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no intervino en la re-solución de este caso.


author: El Juez Presidente Señob del Tobo,

text:
    Antonia Collado Heredia, demandante y apelante, v. La Sucesión Intestada de Víctor Honoré y Garau, demandada y apelada.
    No. 3942.
    Visto: Noviembre 5, 1926.

      Resuelto: Noviembre 15, 1926.
    1. Vendedor y Comprador — Requisitos y Validez del .Contrato — Nulidad o Inexistencia. — Cuando ha existido un contrato de préstamo que falsamente se hizo aparecen como de venta con pacto de rotro, las partes han estado conformes ’en la simulación y se ha consentido en la consumación de la venta, no cabe calificar dicho contrato de inexistente sino de anulable.
    2. Limitaoióni de A'cciones — Estatutos de Limitación — Limitaciones Aplica-bles a Determinadas Acciones — Nulidad de Contratos — Venta con Pacto de Retro. — La acción para amular una venta con pacto de retro bajo la teoría de que no era tal sino nn préstamo con hipoteca prescribe a los cua-tro años contados desde la fecha del vencimiento del plazo para ejercitar el retracto {Molina v. Hernández, 33: 182, seguido).
    Sentencia de Charles F. Foote, J. (Mayagtiez), desestimando la de-manda á virtud de excepción previa por falta de hechos para constituir una causa de acción, con costas.

      Confirmada.

      E. Forestier Gregory, abogado de la apelante; Alfredo Arnaldo Se-villa, abogado de la sucesión apelada.
   El Juez Presidente Señob del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

La sentencia en este caso se dictó sobre las alegaciones y la cuestión a estudiar y a resolver es la de si la acción ejercitada Rabia prescrito cuando la demanda se interpuso.

Se alega en la demanda, radicada el 11 de marzo de 1926, en resumen, que la demandante tomó a préstamo a Víctor Honoré, causante de la sucesión demandada, la suma de quinientos dólares y convino en garantizarla con una hipoteca que constituiría sobre una casa de su propiedad que valía mil quinientos dólares; que al ir a otorgar la es-critura Honoré sugirió y a ello se avino la demandante por la situación de necesidad en que se encontraba, que se hi-ciera aparecer que se vendía la casa con pacto de retro; que así se hizo otorgándose la escritura el 9 de' agosto de 1913; que en 1917 Honoré solicitó y obtuvo en el registro de la propiedad la anotación de la consumación de la venta, pero diciendo a la demandante que lo hacía sólo para me-jor garantizar su crédito; que en 1918 Honoré se hizo cargo de la casa para alquilarla, cobrando los $7.50 de intereses del préstamo y dedicando el resto a amortizarlo; que la casa producía $20 mensuales llegando a cobrar Honoré y luego su sucesión unos $1,920, debiendo, por tanto, reinte-grar la demandada a la demandante alrededor de $700.

La demandada excepcionó la demanda en el sentido de no aducir hechos suficientes para determinar una causa de acción, ya que aceptando que fuera cierto todo lo que en ella se decía, la prescripción había convalidado el contrato de 1913 consumado en 1917, por ministerio del artículo 1268 del Código Civil Revisado que fija la duración de la acción de nulidad en cuatro años.

La corte declaró con lugar la excepción registrándose su resolución como sentencia a petición de la demandante a los efectos de la interposición de este recurso.

Sostiene la apelante en su alegato que no se trata de un contrato anulable, sino inexistente, y en tal virtud que no es aplicable el precepto de ley invocado. No estamos conformes. Aquí existió una transacción verdadera de préstamo que falsamente fué calificada de venta con pacto de retro. Nmbas partes estuvieron conformes en la simula-ción, .con la circunstancia de que la demandante consintió además en la consumación del contrato cuando el plazo se venció y no pudo pagar su deuda. Siendo ello así, el con-trato no puede calificarse de inexistente, sino de anulable.

Además, la cuestión quedó terminantemente resuelta en contra de la apelante en el' caso de Molina v. Hernández, 33 D.P.R. 182, en el que se estableció la siguiente doctrina:

“El término de prescripción de la acción para anular una venta con pacto de retro bajo la teoría de que no era tal sino un préstamo con bip oteca, empieza a contarse desde que venció el término dentro del cual el vendedor podía retraer y no desde que el comprador ob-tuvo inscripción de la consumación de la venta en el registro.”

En este caso que resolvemos transcurrió el término de cuatro años, aun contado desde la anotación de la consuma-ción en el registro, fecha necesariamente posterior a la del vencimiento del plazo para ejercitar el retracto.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no intervino en la re-solución de este caso.