author: El Juez Asociado Señoe Aldeet,

text:
    Felipe Sánchez Osorio, demandante-apelante-apelado, v. Sofía de Vizcarrondo Mongrand et al., demandados-apelantes-apelados.
    No. 5138.

    Sometido: Diciembre 2, 1929.

      Resuelto: Diciembre 10, 1929.

      Feliú & La Costa, abogados de los demandados-apelantes-apelados; A. Marín Marión, abogado del demandante-apelante-apelado.
   El Juez Asociado Señoe Aldeet,

emitió la opinión del tribunal.

El juicio en este caso duró varios días siendo tomada por un taquígrafo parte de las pruebas y la otra por taquí-grafo distinto. Ambas partes apelaron de la sentencia que recayó y optaron por la transcripción taquigráfica de la evi-dencia para sus apelaciones a lo que la corte inferior acce-dió, concediendo después al demandante varias prórrogas para que esa transcripción fuese becba. Uno de los taquí-grafos presentó la transcripción de la evidencia tomada por él pero el otro no lo lia liecbo porque se ban perdido las li-bretas en que constaba la evidencia de la parte demandante.

En tal estado ese asunto nos pidieron los demandados que desestimemos la apelación del demandante porque una de las prórrogas expresadas le fué concedida después de estar vencida la anterior; y entonces nos pidió el demandante que por la imposibilidad de obtener la transcripción de toda la evidencia desestimemos ambas apelaciones sin perjuicio de los derechos que una y otra parte tengan en relación con este caso y dicba sentencia, que habrán de ges-tionar en la corte inferior; o para ulteriores procedimien-tos en la corte inferior, como dice en su moción. A ella se opusieron los demandados alegando que ellos pueden soste-ner su apelación con solo el legajo de la sentencia y que la cuestión de si la transcripción de la evidencia que lia sido presentada para la apelación por el demandante es suficiente o no, es cuestión para ser resuelta por la corte inferior cuando sea señalado día para aprobarla.

Una de las prórrogas de treinta días concedidas al de-mandante para que la transcripción de la evidencia sea he-cha fué obtenida el 20 de julio de 1929 por lo que vencía en 20 de agosto; y como la siguiente prórroga fué solicitada y obtenida el 26 de agosto resulta que había vencido la pró-rroga anterior y por tanto que la del 26 de agosto fué con-cedida sin jurisdicción por la corte sentenciadora, por cuyo motivo y por no haber radicado el demandante en tales cir-cunstancias los autos de su apelación en este tribunal dentro de los treinta días siguientes al 31 de mayo de 1929 en que interpuso su recurso debe ser desestimada su apelación.

En cuanto a la moción del demandante para que desesti-memos las apelaciones de ambas partes por el motivo en que la funda sin perjuicio de ulteriores procedimientos en la corte inferior, se declara sin lugar en cuanto a su apelación porque procede su desestimación por otro motivo; y tampoco es procedente en cuanto a los demandados porque éstos pueden sostener su recurso sin la transcripción de la evidencia.

Por lo expuesto la apelación del demandante debe ser de-sestimada, y no ha lugar a desestimar la de los demandados.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor del Toro,

license: Public Domain

text:
    Wenonah Military Academy, demandante y apelada, v. Frank Antonsanti, demandado y apelante.
    No. 4633.

    Sometido: Mayo 10, 1929.

      Resuelto: Diciembre 11, 1929.

      Feliú & La Costa, abogados del apelante; Besosa efe Besosa, aboga-dos de la apelada.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

The Wenonali Military Academy, una corporación de New Jersey, entabló demanda en la Corte de Distrito.de San Juan contra Frank Antonsanti en cobro de $2,170.74, inte-reses y costas.

En la demanda se alegó que el demandado residía en Puerto Rico y de acuerdo con la 'alegación se expidió el em-plazamiento. Al irlo a diligenciar, el mársbal fué informado de que el demandado se encontraba fuera de la Isla y así lo reportó a la corte.

Aparece luego una solicitud de aseguramiento de senten-cia y una orden de la corte decretando el embargo de bienes del demandado al efecto. Sigue una moción designando como bienes del demandado una porción de terreno situada den-tro del municipio de San Juan. Y luego el mandamiento de embargo diligenciado así:

‘ ‘ OERTiEico: Que en cumplimiento de la presente orden de embargo al dorso expresada y de acuerdo con la ‘Moción Designando Bienes’ hecha por el bufete de abogados Besosa & Besosa, procedí a embargar y embargué como de la propiedad del demandado Frank Antonsanti, lo siguiente:
“ ‘Rústica- — -Porción de terreno en el barrio de Santurce, San Juan, P. R., cuyo solar se dice se compone de 2,955 metros. Está ins-crita al folio 197 vto. tomo 58 de esta Capital, finca No. 2491, inscrip-ción tercera; de esta finca se ha embargado el resto de la misma después de excluir las segregaciones, y responderá a los efectos de este embargo, por la cantidad de $2,670.74.’
“A los efectos de sustanciar el presente embargo expedí manda-miento dirigido al Registrador de la Propiedad de San Juan, Sec-ción Primera, con fecha 20 de junio de 1927,' para que anotase en los libros de su registro el embargo sobre la finca arriba descrita, y ■entregué el referido Mandamiento al Ledo. Besosa Jr. para su pre-sentación al Registrador antes mencionado.
“San Juan, P. R., junio 21 de 1927.— (Pdo.) Eduardo Urrutia, Márshal, Corte de Distrito.
“Hay un sello de $3.00 cancelado, así como el sello del Márshal.”

Los anteriores actos tuvieron lugar el 20 y el 21 de junio de 1927. El 30 de junio de 1927 el demandante solicitó que se citara por edictos al demandado por medio de una peti-ción jurada de acuerdo con la ley en la que se consigna que la dirección actual del demandado es así: “c/o J. A. Rexach, 620 W. 116 St. New York City.” El l9 de julio la corte dictó la orden solicitada decretando que el demandado fuera citado por edictos, enviándose además la citación directamente a su actual residencia.

Consta que se dió debido cumplimiento a la orden de la corte publicándose los edictos en el periódico “El ¡Mundo’’ de San Juan en los días 5, 13, 21 y 29 de julio y 6 de agosto de 1927.

El 25 de agosto de 1927 habiendo transcurrido -el término concedido al demandado para bacer la gestión que estimara oportuna en el pleito sin que compareciera, el demandante Solicitó que se anotara su rebeldía y se registrara sentencia en su contra.

El 17 de marzo de 1928 se dictó la sentencia así:

“En 20 de diciembre de 1927 fué anotada rebeldía contra el de-mandado en este caso, cuya rebeldía fué debidamente anotada por el Secretario de esta Corte.
“En 16 de marzo de 1928 se llamó para vista ex-parte este caso y comparecieron los Ledos. Besosa & Besosa por la demandante.
“Leídas las alegaciones y practicada la prueba propuesta por la demandante, quedó el caso concluso para sentencia y la Corte, en el día de hoy, después de considerar debidamente el caso, y habiéndose demostrado satisfactoriamente todas las alegaciones de la demanda y que el demandado Frank Antonsanti, en realidad adeuda la suma de $2,170.74 a la demandante:
‘ ‘ Pon lo TANTO, se declara con lugar la demanda y en su conse-cuencia se condena al demandado Frank Antonsanti a pagar a la de-mandante Wenonah Military Academy, la cantidad de $2,170.74, más intereses legales de esta suma desde la interposición de la demanda y las costas, sin incluir honorarios de abogado.”

Así las cosas, el demandado el 13 de abril de 1928 pre-sentó una moción a la corte por conducto de sus abogados Feliú & La Costa con el solo y único fin de pedir como pidió la nulidad de la sentencia por no baber sido debidamente no-tificado. A la moción se opuso por escrito la demandante, y la corte después de oír a ambas partes y de aquilatar las re-sultancias de los autos completados con los documentos acom-pañados a la oposición de la demandante, en 27 del propio mes de abril dictó una resolución cuya parte dispositiva dice:

“Se declara sin lugar la moción sobre nulidad de la sentencia.”

Contra la anterior resolución de la corte es que se ba in-terpuesto el presente recurso de apelación.

Son becbos aceptados que se trata del ejercicio de una acción personal y que el demandado reside fuera de Puerto Rico, y es tan conocida la jurisprudencia que establece que en casos de acciones personales sólo puede adquirirse juris-dicción contra un demandado no residente citado por medio de edictos cuando se ba trabado embargo sobre sus bienes o ba ocurrido algún becbo semejante (Pennoyer v. Neff, 95 U.S. 714,) que ambas partes no lo discuten siquiera.

La controversia aquí se levanta sobre si es necesario que el embargo se encuentre ya trabado y conste la traba de los autos para que la orden de citación por edictos pueda librarse, y sobre si es necesario o no que el becbo del embargo se no-tifique también por edictos al demandado y ello conste del récord para que la corte pueda dictar válidamente sentencia contra él.

La parte apelante invoca en su alegato la siguiente juris-prudencia de esta Corte Suprema:

“Cuando se embargan bienes inmuebles el Marshal ha de recibir instrucciones de la parte haciéndose una reseña de los mismos, y su función se limitará a espedir el mandamiento por duplicado al Re-gistrador de la Propiedad del respectivo distrito para su anotación en el Registro, haciéndose la correspondiente notificación al deman-dado, etc. etc. Rodríguez v. Corte de Distrito de San Juan, 31 D.P.R. 696.
“En la expedición del embargo e imposición del mismo en pro-piedad radicada dentro de la jurisdicción de la Corte deben obser-varse estrictamente los estatutos, que regulan tales procedimientos para hacer efectivo el diligenciamiento. Huete v. Teillard, 17 D.P.R. 54.
“La prohibición especial que contiene la sección 9 de la Ley so-bre efectividad de sentencia que hemos transcrito regula también la notificación especial al dueño de la finca embargada. Oliver v. El Registrador, 22 D.P.R. 708.
“Ejercitada la acción personal contra un no residente y decre-tado el embargo de sus bienes para asegurar la efectividad de la sen-tencia hasta tanto no queda dicho embargo trabado en forma me-diante su anotación en el Registro y notificación al demandado y tal anotación aparezca de los autos, la Corte no adquirirá jurisdicción sobre la materia ni puede ordenar su citación por edietos y fundar en tal notificación su sentencia. Cosme v. Santi y González, 37 D.P.R. 763.”

En ninguno de los casos citados se resuelven las exactas cuestiones en éste levantadas.

En el primero (Rodriguez v. Corte de Distrito), se tra-taba de un embargo de frutos pendientes;, en el segundo (Huete v. Teillard), se resolvió que la corte no adquirió ju-risdicción porque no transcurrió el término de la publicación fijado por ella misma, y en el tercero (Oliver v. Registrador) se trataba principalmente de la prohibición de enajenar. Es el cuarto (Cosme v. Santi), el que guarda relación más es-trecha con éste, pero en él no obstante haberse levantado la cuestión de nulidad,. el demandante no probó que el embargo hubiera sido “siquiera anotado en el registro”, mientras que en éste el demandante probó al levantarse la cuestión de nulidad que el embargo se había anotado en el registro y se le había notificado al demandado por correo a su residencia de Nueva York por pliego certificado entregado al deman-dado.

Cuando la orden d¿ citación por edictos se expidió ya el embargo estaba decretado y anotado en el registro, anota-ción que constituye en sí misma una notificación a todo el mundo. Faltaba sin embargo la notificación directa al de-mandado.

Ningún caso en esas condiciones se cita por el apelante y apreciando las circunstancias por nosotros mismos nos in-clinamos a resolver que la corte tuvo jurisdicción para or-denar la citación del demandado por edictos.

Yeamos ahora la situación del caso a la fecha del juicio.

No hay duda alguna que para esa fecha el embargo se había decretado y anotado en el registro, se había expedido la orden de citación por edictos, éstos se habían publicado debidamente y el término concedido al demandado había transcurrido con exceso sin que hiciera gestión- alguna.

¿Había sido notificado del embargo el demandado? La ley exige que se le notifique. ¿Cómo? No lo dice. No hay duda alguna que sería una buena práctica incluir el hecho del embargo en la notificación por edictos cuando ésta puede hacerse, pero nos inclinamos a decidir que ello no es absolu-tamente necesario en un caso como éste cuyas circunstancias sobre el particular se expusieron bajo juramento por el abo-gado de la demandante, así:

‘ ‘ Que el embargo trabado en este caso es bueno y suficiente según lo requiere la ley y aunque de los datos posiblemente no aparezca el haberse notificado el mismo al demandado, el abogado que suscribe esta moción, jura que él fué el que envió copias de todas las alegacio-nes, órdenes y mandamientos en este pleito al iniciarse el mismo y afirma que envió a la dirección del demandado Frank Antonsanti, c/o J. A. Rexacli, 620 W. 116 St., New York City, cuya dirección facilitó al abogado que suscribe, el Ledo. Ricardo La Costa Jr., copia fiel y exacta de la demanda, citación de edictos, moción de asegura-miento de sentencia, orden de aseguramiento de sentencia, manda-miento de embargo y moción designando los bienes que fueron em-bargados en este caso, y copia de la notificación de dicho embargo al Registrador de la Propiedad por el Márslial igual al original que se adjunta a esta petición, teniendo la demandante en su poder el ‘return receipt’ en que consta el recibo de lo anterior por el demandado, cuyo recibo se adjunta y se hace formar parte de esta moción.”

Todo debió constar agregado a los autos cuando el pleito fué llamado para juicio, pero creemos que habiéndose com-probado durante el incidente que el embargo había sido de-cretado y trabado con anterioridad al juicio, se subsanó el defecto y quedó demostrado que la corte actuó durante la vista y cuando dictó la sentencia con plena jurisdicción sobre la parte demandada. Conviene recordar que la orden de embargo se decretó el 20 de junio, 1927, que el embargo se anotó en el registro el 21 de junio, 1927, que el pliego conte-niendo la notificación fué entregado a Antonsanti en Nueva York el 18 de julio de 1927, que los edictos se publicaron el 5, 13, 21 y 28 de julio y 6 de agosto de 1927, que el 20 de diciembre, 1927, se anotó la rebeldía y que no fué hasta el año siguiente, el 16 de marzo, que se celebró el juicio y- el 17 de marzo que se dictó la sentencia.

Siendo ésas las circunstancias peculiares del caso y re-velando ellas una situación muy distinta a la del de Cosme v. Santi, supra, creemos que estuvo justificada la corte de distrito al negarse a anular los procedimientos y la sentencia.

Bebe confirmarse la resolución apelada.


author: El Juez Asociado Señob. Texidob,

text:
    Angel Arroyo Rivera, demandante-apelante-apelado, v. Gabriel Zavala, demandado, y Petrona Cruz Viuda de Jacobs, interventora-apelada-apelante.
    No. 4715

    Sometido: Marzo 20, 1929.

      Resuelto: Diciembre 11, 1929.

      Angel Arroyo Rivera, abogado del demandante-apelante-apelado; Blondet <& Campillo, abogados de la interventora.
   El Juez Asociado Señob. Texidob,

emitió la opinión del tribunal.

Angel Arroyo Rivera siguió ante la Corte de Distrito de San Juan un procedimiento ejecutivo hipotecario contra Gabriel Zavala, en cobro de $679.46, intereses y costas, canti-dades garantizadas con hipoteca sobre una finca urbana en Santurce, P. R. Se libró el requerimiento al deudor, para el pago, en la forma legal, y se diligenció por el márshal; no pagó el deudor; y se dictó una sentencia de remate, orde-nándose la subasta de la finca hipotecada; se anunció en forma la subasta, y se llevó a cabo en la fecha anunciada, adjudicándose la finca al acreedor ejecutante. Pero el deu-dor que había sido requerido para el pago, durante el tér-mino del requerimiento, otorgó una escritura en la que apa-rece vendiendo a Petrona Cruz, viuda de Jacobs, la misma finca hipotecada para responder al crédito de Arroyo Rivera; la fecha de esa escritura es 13 de diciembre de 1927; la del requerimiento es 16 de noviembre de 1927. De esa escritura de venta no aparece haber tenido noticia el ejecutante. Este supo, después de la subasta, de la existencia de tal escritura, cuando aún el márshal no le había otorgado la suya, ni puesto en posesión de la finca; y acudió a la corte para que se no-tificara a Petrona Cruz, y se la apercibiera de que si en el plazo de diez días no pagaba el importe de la hipoteca y li-beraba la finca, se ordenaría la cancelación de su inscripción de compra de la misma; se ordenó así por la corte, se hizo la notificación, y transcurridos más de treinta días sin que la notificada pagara, el ejecutante pidió a la corte la orden y mandamiento de cancelación, que se concedió. Petrona Cruz, a los diez días de notificada, presentó a la corte una moción de intervención en el procedimiento, y cuando se dictó la orden de cancelación reprodujo tal moción con otra para que se dejara sin efecto la orden de cancelación; la corte declaró sin lugar la intervención, pero resolvió dejar sin efecto la orden de cancelación. De esta resolución, de 13 de julio de 1928, se ha apelado por el ejecutante. Apa-rece que Petrona Cruz apeló en cuanto a la negativa de in-tervención; pero no vemos que haya formalizado su ape-lación.

Una nota característica de nuestra Ley Hipote-caria, es la de previsión. Sería algo que se acercara a los límites de lo extraordinario que se hubiera dejado en la ley un vacío, que en un procedimiento en el que quizá se sacri-fican algunos principios en favor de la rapidez y la seguri-dad del cobro del crédito, produjera una multiplicidad de litigios. Esto ocurriría si el deudor pudiera vender, y otra persona comprar, sin riesgo alguno, la finca hipotecada* mientras se tramitara el procedimiento especial.

Para solucionar este problema, se hace necesario proce-der con riguroso método y cuidadoso análisis.

En primer término conviene examinar el concepto de ter-cero. Y desde luego, establecer la diferencia que bay entre el tercero civil, con arreglo al Derecho general, y el tercero puramente hipotecario cuya esfera de actividad se encierra en el registro de la propiedad.

El Tribunal Supremo de España en buen número de de-cisiones ha declarado que aquel que conoce la existencia de un gravamen, o la situación jurídica de un inmueble, no es en realidad un tercero, en cuanto a ese gravamen o a esa si-tuación. La ley no vive en un medio ambiente ficticio, sino en un conjunto de realidades. No basta, por sí solo, el ele-mento filosófico, el principio ético jurídico-, para dar vida a la ley; ésta necesita, como necesita el cuerpo humano el aire para respirar, de los elementos históricos y circunstanciales.. Por esa razón, el Tribunal Supremo de España en esas sen-tencias de que hablamos, ha puesto la mirada en las reali-dades de la vida; y si una persona ha venido percibiendo-con sus sentidos los signos evidentes de una servidumbre, no-puede, por una ficción legal, ser un tercero con respecto a ese gravamen. Aparte de ese punto de vista, muestran esas, decisiones la íntima relación entre el Derecho Civil, y su rama la Ley Hipotecaria, pese a los que pretenden independizar-ésta de aquél. Con relación al Derecho Civil, la Ley Hipo-tecaria es un menor que nunca alcanzará la mayoría de edad.

, En cuanto al tercero hipotecario éste es el que se define en el artículo 27 de la ley.

“Art. 27.- — Para los efectos de esta ley se considera como tercero aquel que no haya intervenido en el acto o contrato inscripto.”

Tiene la. definición una peligrosa sencillez, de la que han-nacido empeñadas discusiones, y dudas legales que han re-querido solución judicial. Pero conviene, ante todo, para. precisar conceptos, declarar que en este precepto la Ley hi-potecaria ha hecho amplio reconocimiento de la existencia de nn derecho superior a ella. Y así, el legislador ha em-pezado por declarar esto:

“Para los efectos de esta ley . . . .”

Es decir qne sin.rozar los principios del derecho común, sin herirlos, ni subvertirlos, la hipotecaria ha definido su tercero, requiriendo un acto o contrato inscripto, propia con-dición del registro de la propiedad, y especial fuero suyo. No ha hablado la ley, en este artículo, exclusivamente de los que no son partes en el acto o contrato, sino, en términos más precisos, de los que no han intervenido en el mismo. Y el precepto no nos ofrece al tercero en la acepción que vul-garmente se le atribuye, cuando se dice del perjuicio de ter-cero, sino que lo mismo puede referirse al tercero favorecido por el registro. Prueba esta doble acepción el artículo 25 de la misma ley que lee así:

“Art. 25. — Los títulos inscriptos no surtirán su efecto en cuanto a tercero sino desde la fecha de la inscripción.”

No se refiere, pues, a tercero a perjudicar solamente, sino a todo tercero.

Guando la ley ha querido establecer el efecto de la ins-cripción contra tercero ha sido explícita y terminante. Así, en el artículo 29, al tratar de dominio u otro derecho real inscrito o anotado, dice que ‘ ‘ surtirá efecto contra ter-cero. . .” Y en el artículo 35, al tratar de la prescripción, se repite la frase “no perjudicará a tercero.” Y en el ar-tículo 36, hablando de las acciones rescisorias y resolutorias, dice que “no se darán contra tercero que haya inscripto los títulos de sus respectivos derechos”, concepto que completan los artículo 37 y 38. Y en el artículo 114 de la misma ley, cuando habla de la garantía hipotecaria por los intereses “con perjuicio de tercero”. Y en el artículo 389, con re-lación a títulos inscribibles, y que no habiendo sido inscritos, no pueden ser admitidos para hacer efectivo el derecho no inscrito, “en perjuicio de tercero”.

En otros preceptos de la misma ley, ya no aparece el perjuicio de tercero, como exclusivo, sino que la aplicación del concepto de tercero puede ser para favorecer a éste, de una manera explícita o de una forma implícita, o lo mismo ■en favor, que en perjuicio de la persona que ostente aquella ■calidad. Así, encontramos el artículo 97, que define con-cretamente el campo de acción del registro, preceptuando que la cancelación, en cuanto a las partes, no extingue, por su propia y exclusiva virtud los derechos inscritos, pero en cuanto al tercero que por efecto de ella haya adquirido o ins-crito algún derecho, surte todos sus efectos: el mismo 36 .antes citado, que también ofrece un tercero protegido: y los 112, 113 y 116, que sin nombrarlo específicamente contienen el concepto del tercero protegido.

¿Puede el comprador de un inmueble hipotecado, con hi-poteca vencida según la inscripción lo indica, hacer valer el carácter de tercero, en lo que a la ejecución de la hipoteca afecta? ¿Puede ese comprador considerarse como una ter-cera persona, protegida por el precepto del artículo 17 o la del artículo 20 de la Ley Hipotecaria, y tener la inscripción a su favor la misma eficacia legal que en un caso corriente? Estos son los problemas más interesantes en este caso ante nosotros.

El artículo 17 de la Ley Hipotecaria dice:

“Art. 17. — Inscrito o anotado preventivamente en el Registro ■cualquier título traslativo del dominio o de la posesión de los inmue-bles o de los derechos reales impuestos sobre los mismos, no podrá inscribirse o anotarse ningún otro de igual o anterior fecha por el cual se transmita o grave la propiedad del mismo inmueble o derecho real.
“Si sólo se hubiera extendido el asiento de presentación del título traslativo del dominio o de la posesión, no podrá tampoco inscribirse o anotarse ningún otro título de la clase antes expresada durante el término de treinta días, contados desde el siguiente al de la fecha ■del mismo asiento. ’ ’

Y el artículo 20, como sigue:

“Art. 20. — Para inscribir o anotar los títulos en que se transfiera o grave el dominio o la posesión de bienes inínuebles o derechos reales, deberá constar previamente inscrito o anotado el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre se haga la transmisión o gravamen.
“Los Registradores denegarán la inscripción de dichos títulos mientras no se cumpla este requisito, siendo responsables directamente de los perjuicios que causen a un tercero por la infracción de este precepto.

Nótase a primera vista,'que el artículo 17 se refiere a tí-tulos de igual o anterior fecha al de cuya inscripción se trata: esto quizá nos releva de hacer un detenido análisis del precepto legal. Pero no ocurre lo mismo con el artículo 20. Podemos, ante todo, asegurar que este artículo se es-cribió para circunstancias y estados normales, que no son los de casos como el que estudiamos.

El comprador de un inmueble gravado con hipoteca, se subroga, para los fines de la Ley Hipotecaria, en el lugar y personalidad del deudor. La ley ha salvado ciertos de-rechos de este nuevo dueño; así en el artículo 112, pierde la hipoteca su extensibilidad en lo que se refiere a los mue-bles permanentemente colocados en los edificios por el ter-cero, a ciertas mejoras, y a determinados frutos; y la ex-cepción afirma y confirma la regla de responsabilidad del in-mueble en lo que no esté expresamente exceptuado.

La finca responde, por virtud del contrato accesorio de hipoteca; y responde con absoluta abstracción de quien sea el poseedor; éste es el principio del artículo 105 de la Ley Hipotecaria.

“Art. 105. — La hipoteca sujeta directa o inmediatamente los bienes sobre que se impone, cualquiera que sea su poseedor, al cum-plimiento de la obligación para cuya seguridad fué constituida.”

Principio que aparece del Código Civil (artículo 1777 del de Puerto Rico, igual al 1876 del Español).

El que compra una finca hipotecada, hallándose inscrita la hipoteca, sabe que el inmueble tiene un gravamen y una responsabilidad directa, y que ba de tener que bacer frente a esa responsabilidad en un momento determinado. Pero si compra cuando, según el registro, la obligación garanti-zada es exigible, acepta la consecuencia, y tiene inevitable-mente que cumplir aquella obligación, si ha de conservar el inmueble, lo mismo que la cumpliría el deudor, en cuya per-sonalidad se baila subrogado. Por virtud de la subrogación, nada de lo que ocurra con la obligación garantizada, le puede ser ajeno o extraño; la personalidad del primitivo deudor se ba fundido en la del comprador. ¿Puede éste ostentar el mismo carácter de verdadero tercero que tendría si hubiera adquirido una finca libre de gravámenes? ¿La inscripción a su favor, tiene el mismo carácter de excluyente que ten-dría la que produjera una compra o una adquisición limpia o exenta de aquellas responsabilidades? Evidentemente, no.

No puede decirse que este comprador ignoraba si la hi-poteca había sido prorrogada o variada en alguno de sus términos. Para evitar algo semejante se escribió el artículo 144 de la Ley Hipotecaria, cuyo texto es como sigue:

“Art. 144. — Todo hecho o convenio entre las partes que pueda mo-dificar o destruir la eficacia de una obligación hipotecaria anterior, como el pago, la compensación, la espera, el pacto o promesa de no pedir, la novación del contrato primitivo y la transacción o compro-miso, no surtirá efecto contra tercero como no se haga constar en el Registro por medio de una inscripción nueva, de una cancelación total o parcial, o de una nota marginal, según los casos. ’ ’

Si en el registro no aparece esa espera o prórroga, el subrogado se halla en el caso de pagar la obligación garan-tizada tan pronto como adquiere, si la obligación está ven-cida; es él el mismo deudor, y se halla en idénticas condi-ciones legales que el que le trasmitió. Y la inscripción que a su favor se baga, no tiene otra eficacia legal que la que tenía la a favor de su trasmútente y está sujeta a los mismos riesgos que aquélla, y entre ellos a ser destruida por la ad-judicación que se baga en el ejecutivo hipotecario. Podría-mos decir que si a las palabras “personas distintas”, que aparecen en el artículo 20 de la Ley Hipotecaria, se les da sil legitima acepción jurídica, ellas no son de aplicación al comprador subrogado en el lugar, obligaciones y derechos del deudor en un caso como el presente.

De que existe la subrogación da fe la redacción del pá-rrafo último del artículo 175 del Reglamento para ejecución de la Ley Hipotecaria, que dice:

“Si durante la sustaneiaeión del- expediente pasare la finca o al-guna de las fincas hipotecadas a manos de otro poseedor, éste, acre-ditando la inscripción de su título, podrá pedir que se le exhiban los autos en la escribanía, y el juez lo acordará, sin paralizar el curso del expediente, entendiéndose con él las diligencias ulteriores, como subrogado en el lugar del causante. ’ ’

El precepto del Reglamento armoniza y concuerda con el del artículo 129 de la Ley Hipotecaria, que es como sigue:

“Art. 129. — Si antes de que el acreedor haga efectivo su derecho sobre la finca hipotecada pasare ésta a manos de un tercer poseedor, se entenderán directamente con éste todas las diligencias prevenidas en el artículo anterior, como subrogado en la personalidad del deu-dor. ’3

Este concepto de la subrogación, trasmisora de derechos y obligaciones a quien antes no era parte en las mismas, es de puro Derecho Civil; y conforme a éste, el subrogado no es otra cosa que la continuación de aquél en cuyo lugar se puso por virtud de la subrogación; jurídicamente la perso-nalidad del deudor no ha variado.

Pero en estos casos hay algo más que apuntar. El com-prador de ese inmueble gravado con hipoteca, cuyo término de vencimiento, y de consiguiente exigibilidad aparece del registro, conoce esa situación. Y la sigue conociendo, por-que lá presentación de la reclamación ante la corte, es un acto público; y a más de la presentación, en estos procedi-mientos de ejecución hipotecaria hay una publicación de edic-tos, ordenada por la ley, y que hace conocida para todos, la existencia del proceso. ¿Qué puede alegar el que bajo esas circunstancias compra el inmueble?

En estricta Ley Hipotecaria, el comprador en esas con-diciones no tiene derecho a otra cosa qne a pedir que se le muestren las diligencias e intervenir, dentro de los límites que a tal intervención se marcan por la ley y su reglamento.

Quizá sea menos fuerte el caso del que, durante un litigio compra bienes anotados preventivamente (artículo 71 Ley Hipotecaria). T el derecho que le da la ley, es el de librar los bienes en el término de diez días a contar de la notifica-ción; y de no hacerlo se procede a cancelar la inscripción que a su favor aparece en el registro.

Pudiera darse la solución de Ley Hipotecaria estricta. Pero podemos llegar a otros términos, aun en la hipótesis que ese comprador tuviera algún derecho a ir contra las con-secuencias de la ejecución, y que pudiera alegar desconoci-miento de las circunstancias; y que en la Ley Hipotecaria no existiera nada que favorezca al que adquiera en la subasta.

¿Sería preciso que el que adquirió en remate tuviera que seguir un pleito contra el comprador que adquirió durante el procedimiento, y en el tiempo en que el inmueble estaba legalmente sujeto a la subasta y remate? La respuesta en la afirmativa conduciría a dos males graves: al absurdo, y a la injusticia de parte de la ley.

Si examinamos el artículo 71 de la Ley Hipotecaria, que en un caso análogo, da al que compró pendiente el litigio el derecho de liberar, pero previene que si no lo hace en el tiempo fijado, se cancele su inscripción; si tenemos presente que en la sección 2 de la Ley para ejecución de sentencias (sección 5296 Compilación de 1911) se ha dispuesto que la orden para la ejecución de la hipoteca “tendrá toda la fuerza y efecto de un auto ordenando la posesión, tanto entre las partes interesadas en dicho juicio como entre éstas y cuales-quiera otras personas que reclamasen en dicho juicio en vir-tud de cualquier derecho adquirido durante el mismo”; y si, en fin, recordamos la facultad que el artículo 36 del Código' de Enjuiciamiento Civil da al juez para adoptar un proce-dimiento por el que pueda cumplirse la ley; si vemos esto, podemos declarar que la solución de' un conflicto de esta clase aplicando el mismo procedimiento del artículo 71 de la Ley Hipotecaria, haciendo la notificación al comprador, y si en el término de diez días no libera la finca, y ordenando la cancelación de su inscripción en el registro es un procedi-miento legal, y equitativo.

La petición de la parte ejecutante en este caso, se ajusta a la teoría y al procedimiento que en términos generales he-mos expuesto.

Bajo la regla que enunciamos, y la doctrina legal en que se funda, se han de resolver, en cuanto quepa, los señala-mientos de error en esta apelación.

El primer error, según indica el apelante, consistió en permitir la intervención de Petrona Cruz. Creemos que el argumento del apelante es sólido. La intervención en el caso no era admisible, en cuanto ella entorpezca o detenga el procedimiento. El artículo 175 del Reglamento para la eje-cución de la Ley Hipotecaria es claro y correcto; las recla-maciones que tengan que interponer el deudor o los terceros poseedores, y los demás interesados (cursivas nuestras) son objeto de un juicio ordinario en el que ellos tienen todas las necesarias garantías. Y el procedimiento ejecutivo hipote-cario no termina con la subasta, sino con la posesión, la es-critura y su inscripción.

En cuanto al segundo señalamiento de error, es así:

“La corte inferior cometió error al estimar conclusos los procedi-mientos sumarios habidos en el expediente ejecutivo y darle fuerza de sentencia judicial a una mera resolución de un centro adminis-trativo de España, ignorada (overruled) por sentencias del Tribunal Supremo de España.”

Es muy difícil fundar la decisión en un caso resuelto por la Dirección General de los Registros, en 8 de abril de 1893. Debemos recordar que la Ley Hipotecaria para Cuba, Puerto Rico y Filipinas, que creó el procedimiento ejecutivo suma-rio, tiene fecha posterior a esa resolución: el Decreto es de 14 de junio de 1893. Y el caso que se cita por la corte no tiene las mismas circunstancias que el de autos. En aquél, el procedimiento fué el ejecutivo de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y hubo una demanda de tercería fundada en títulos de fecha anterior a la hipoteca, y esos títulos eran de dominio, mientras el en que se fundó la otra parte arrancaba de un expediente posesorio; no existía en la ley un precepto como el del artículo 71 de la nuestra, ni la autoridad que crea el artículo 36 de nuestro código procesal. De esa Resolución hay un “considerando” que tiene cierta importancia, aunque no vemos que se avenga perfectamente con la solución que se da al caso. Es el que sigue:

£ ‘ Considerando que la Ley Hipotecaria, atenta a consolidar el cré-dito territorial, ha tratado de simplificar los trámites judiciales que conducen a un acreedor hipotecario al pago de lo que se le adeuda; y por esto, cuando la finca ha salido de manos del deudor y se halla en las de un tercer poseedor, lejos de obligar al acreedor a seguir con éste un juicio declarativo, basta que le requiera de pago para que continúe el procedimiento ejecutivo, ora con el deudor, caso de desamparo, ora con él y el tercer poseedor, si éste se opusiese a la ejecución: ’'

La resolución, de la importancia que se le quiera dar para los registros, no tiene toda la fuerza que se le supone, para los tribunales de justicia. Estos han podido, y pueden, ha-cer declaraciones distintas, y aún contrarias, a las de cual-quier centro directivo o administrativo. Así, en sentencia de fecha 24 de diciembre de 1904, el Tribunal Supremo de España, dijo:

“Considerando que los preceptos di la Ley Hipotecaria tienden fundamentalmente al objeto de 'que quien contrate sobre inmuebles o derechos reales pueda conocer, con relación al Registro, la extensión del derecho que adquiere, basándose en este principio todas las dis-posiciones que regulan la materia de las hipotecas legales y volunta-rias, no siendo procedente que las anotaciones de embargo hechas por virtud de lo mandado en un juicio ejecutivo se equiparen a aquéllas para el efecto de restringir los derechos del acreedor cuando la finca embargada se enajena por el dueño a un tercero: primero, porque la ley no autoriza semejante identidad; segundo, porque determinado en el Registro el origen y procedencia del embargo, es manifiesto que resulta claramente conocido su alcance, trascendencia y extensión que no es ni puede ser otra que asegurar todas las resultas del juicio ejecutivo, en consonancia con lo determinado en la lejr de Enjuicia-miento civil; tercero, porque de otra suerte se ampararía, no el de-recho de un tercero, que resulta suficientemente amparado con el co-nocimiento de la anotación y de su naturaleza, sino la mala fe del deudor, que podría burlar por el procedimiento de una enajenación los derechos del acreedor, barrenando las reglas más cardinales del procedimiento ejecutivo; y cuarto, porque tales anotaciones de embargo tienen en realidad la mayor analogía con las anotaciones de las demandas qu.e se dirigen al objeto de reivindicar alguna finca o de-recho real constituido sobre la misma, sabiendo quien la adquiere pos-teriormente el riesgo que corre si prospera la demanda.”

Encontramos que se lia cometido el error que se señala en segundo lugar.

Con lo que antes liemos dicho, es suficiente para declarar la realidad del tercer error señalado en esta forma:

“La corte inferior erró al no estimar que Petrona Cruz era una adquirente pendent lite y que tenía conocimiento presunto del ven-cimiento de la hipoteca y de los procedimientos sumarios para su cobro. ’ ’

Y sentados esos precedentes, es claro que el ejecutante, o el comprador en la subasta, no tienep que acudir al juicio ordinario. Y el declarar en otro sentido constituye el error que el apelante señala en cuarto lugar.

Debe revocarse la resolución apelada, de 13 de julio de 1928.

El Juez Asociado Señor Hutchison disintió.

       Nota: Véase el prefacio.


author: El Juez Asociado Señor Texidor, -DEL JUEZ PRESIDENTE SEÑOR DEL TORO

text:
    Manuel Tous Soto, demandante y apelado, v. Municipio de Isabela, demandado y apelante.
    No. 4436.

    Sometido: Diciembre 19, 1928.

      Resuelto: Diciembre 12, 1929.

      O’Neill & O’Neill, abogado's del apelante; M. Tatos Soto, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante consiguió sentencia contra el municipio demandado por $5,000 como valor razonable de ciertos ser-vicios profesionales. El municipio apela y dice que la corte de distrito erró al llegar a la conclusión de que el deman-dado solicitó y obtuvo los servicios de que se trata, y al resolver que entre las partes bubo un contrato de locación de servicios profesionales.

En la opinión radicada por el juez de distrito éste indica que al tiempo de una entrevista que celebraron el deman-dante y el alcalde del municipio nada se dijo acerca del valor de los honorarios ni respecto a quién los pagaría. El apelante pretende que de este aserto deduzcamos que no me-dió una conjunción de voluntades, y, por ende, que no bubo contrato. También se bace algún hincapié en otro contrato habido previamente entre el municipio y Alejandro Laborde Quintero con respecto a las diligencias tendientes a obtener un préstamo para el municipio, por virtud del cual Laborde se comprometió a suministrar los servicios de un abogado en caso de litigio. Aquí el apelante arguye que Laborde, y no el municipio, es responsable de los servicios prestados.

El demandante nada tnvo que ver con el contrato entre el municipio y Laborde, y nada supo de él basta después que se babía dictado sentencia en la acción en que se rindie-ron los servicios de qne abora se trata, y después de haberse aprobado nn memorándum de costas y honorarios de abogado en el mismo. El demandante vió por primera vez copia del contrato en poder de Laborde, cuando éste entabló acción re-lativa al mismo en contra del municipio.

Laborde le presentó al demandante el alcalde, y desapa-reció. No se ha demostrado que tuviera alguna otra cone-xión con el litigio que dió lugar a la presente controversia. La primera entrevista del demandante fué con el alcalde, que entonces, y desde aquel momento, representó al munici-pio en todas sus relaciones con el demandante, y quien su-ministró todos los datos e información necesarios para la defensa que fué conducida a feliz término por eb demandante. Estos y otros hechos bosquejados por el juez sentenciador plenamente justifican las dos primeras conclusiones que ahora se señalan como error.

La corte inferior también resolvió que el contrato con Laborde no incluía la obligación de proporcionar un abogado en un procedimiento de la clase a que pertenecían los servi-cios prestados en este caso y cuyo valor se trata de recobrar aquí. No se señala como error esta conclusión.

La tercera contención del apelante es que los servicios de que se trata no valían razonablemente $5,000. En el pleito en que se rindieron estos servicios, la Corte de Distrito de Aguadilla aprobó un memorándum de costas y honorarios de abogado que incluía una partida de $5,000 como honorarios de abogado. Aparte de cualquier cuestión de res judicata o estoppel, la acción de la Corte de Distrito de Aguadilla al conceder esta partida tenía derecho a que se le acreditara al-gún valor. En el caso de autos hubo prueba testifical en torno a la naturaleza de las cuestiones envueltas en la deci-sión anterior y al carácter y cantidad del trabajo realizado por el abogado, aquí demandante.

Como abogado del municipio, el aquí demandante no sólo derrotó la acción anterior en la Corte de Distrito de Agua-dilla, si que también obtuvo la confirmación de esa sentencia en apelación. El presente pleito fué entablado con el fin de cobrar el valor razonable de los servicios rendidos en aquella apelación, así como en la corte inferior. El valor del tra-bajo realizado en aquella apelación no podía ser incluido en el memorándum de costas aprobado por la Corte de Distrito de Aguadilla, ni concedido por esa corte. Esta circunstan-cia, así como las declaraciones a que se refiere el párrafo anterior, parece haber sido pasada por alto por la corte de dis-trito en el presente caso. Empero, el juez sentenciador sí tomó en consideración el hecho de que los $5,000 concedidos por la Corte de Distrito de Aguadilla necesariamente no re-presentaban el valor total de los servicios que en realidad se prestaron en la corte de distrito. Según se indica en la relación del caso y opinión, el valor razonable de tales ser-vicios constituía un máximo.

La concesión que en efecto se hizo pudo haber represen-tado un cálculo conservador de tal valor, o cualquier parte del mismo, de acuerdo con circunstancias que no están rela-cionadas en forma alguna con la cuestión del valor.

Bajo el número quinto en la demanda en este caso, se alegó que en procedimiento para aprobación de memorándum de costas, el ahora demandante, por y en beneficio del munici-pio de Isabela, había presentado a la Corte de Distrito de Aguadilla un memorándum en el que figura la cantidad de $5,000 para honorarios de abogado, y al que dio su aproba-ción la dicha corte por resolución de julio 18, 1926, que es firme y ejecutoria; y tal alegación fué admitida por la parte demandada en este caso. Aparte de la situación en que se coloca la demandada, o sea, el municipio de Isabela, por tal admisión y por sus propios actos, no encontramos que la Corte de Distrito de San Juan, al juzgar del presente caso, y teniendo en cuenta esa resolución firme, baya procedido con error fijando la cantidad para honorarios de abogado en la misma forma que fue fijada por la dicha resolución, con la anuencia del municipio de Isabela. No creemos que en estas condiciones pueda establecerse modificación alguna en tal cuantía, dados los términos de la presente apelación.

No hallamos abuso de discreción respecto a la cantidad fijada en la sentencia recurrida, la que debe confirmarse.

Los Jueces Presidente Señor del Toro y Asociado Señor Hutchison disintieron.

OPINION DISIDENTE

-DEL JUEZ PRESIDENTE SEÑOR DEL TORO

Manuel Tons Soto, un abogado en ejercicio ante los tribunales de esta Isla, demandó al municipio de Isabela en re-clamación de cinco mil dólares, sus intereses legales y las costas del litigio. Contestó el demandado. Pué el pleito a juicio, y la corte de distrito finalmente dictó sentencia con-denando al demandado a pagar al demandante los cinco mil dólares reclamados.

No conforme el municipio de Isabela interpuso el presente recurso de apelación señalando tres errores, así:

“Primebo: La Corte erró al declarar probado el hecho cuarto de la demanda, o sea, que el Municipio de Isabela,, solicitó y obtuvo los servicios del abogado demandante.
“Segundo: La Corte cometió error al declarar que .hubo locación de servicios entre el Municipio de Isabela y Don Manuel Tous Soto.
“TERCERO: La Corte cometió error al declarar que aún habiendo locación de servicios, haya el demandante probado el inciso sexto de su demanda, o sea, que la cantidad de CiNco mil dólares consti-tuye una equitativa, justa y razonable compensación de sus servicios en el caso.”

En la demanda se alega lo que sigue:

“TerCero: — Ante la Corte de Distrito de Aguadilla del Distrito Judicial de Aguadilla, se promovió a fines del año 1924, por John Nuveen Company, el caso número cinco mil treinta y seis del re-gistro de causas civiles de la Secretaría, de dicho tribunal, en el cual se hicieron parte's demandadas a la Junta de Subasta del Munici-pio de Isabela y a la Asamblea Munieipl del mismo, y se solicitó se declarara nula y sin validez ni efectos legales la venta en pública subasta realizada, el 25 de septiembre de 1924, por la Junta del Municipio de Isabela y ratificada y aprobada, unos día's después, por la Asamblea Municipal de Isabela, de cuya venta en pública subasta fueron objeto los bonos emitidos en primero de enero del mismo año por el Municipio de Isabela al objeto de obtener un empréstito de cien mil ($100,000) dollars, que había sido aprobado por la Asamblea Municipal y ratificado por el Con'sejo Ejecutivo de Puerto Rico.
“CuaRto: — En dicho pleito, las entidades demandadas del Mu-nicipio de Isabela, representadas por sus respectivos presidentes y el alcalde del Municipio de Isabela, señor Ramón Ranuchi, 'solicita-ron y obtuvieron los servicios del abogado demandante, quien estu-dió el caso, contestó la demanda e intervino en todo's los procedimien-tos ante la Corte de Distrito de Aguadilla, cuyo tribunal dictó sen-tencia desestimando la demanda y habiendo apelado la demandante para ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, continuó dicho abo-gado representando a los demandados, hasta recaer en 20 de mayo ríe 1925, resolución final que convirtió en firme y ejecutiva aquella sentencia.
“Quinto: — Ante la Corte de Distrito registró entonces el abo-gado Manuel Tous Soto en representación de lo's demandados y para beneficio de éstos, un memorándum de costas y desembolsos que fué impugnado por John Nuveen Company, discutido y sometido a re-solución del Tribunal, quien en orden de 18 de julio del 1926, que tiene el carácter de firme y ejecutiva, fijó en cinco mil veinte ($5,020.00) dollars las costa's y desembolsos a pagar por la deman-dante, quien era y es una entidad jurídica del estado de Illinois, con residencia en Chicago, dedicada al negocio de banca y solvente.
“Sexto: — Con motivo de los actos anteriormente relacionados y su intervención en el litigio, el demandante tuvo que dedicar gran período de tiempo al estudio de las cuestiones legales envueltas en el litigio, así como de los documentos relacionados con la subasta impugnada de nulidad, realizar viajes al pueblo de Isabela y a la ciudad de Aguadilla y comparecer varias veces ante la Corte de Dis-trito de Aguadilla y Tribunal Supremo de Puerto Rico, devengando de esta manera honorarios profe’sionales que ha tasado en cantidad de cinco mil ($5,000) dollars, la cual constituye equitativa, justa y razonable compensación de sus servicios y ha reclamado del Muñí-cipio de Isabela, sin que éste baya hecbo efectivo su montante ni parte del mismo.”

En su. contestación el demandado aceptó el hecho tercero de la demanda anteriormente transcrito, negó el lieclio cuarto “por no haber contratado dicho municipio, los servicios del abogado demandante, en el presente caso, sino que solamente los aceptó. ’ ’ El hecho quinto fné aceptado y negado el sexto.

Como materia nueva constitutiva de oposición a la de-manda, alegó el demandado lo que sigue:

1 ‘ PRIMERO: — El Municipio de Isabela a los efectos de contrata.-ción del empréstito objeto del pleito de John Nuveen Company a que se refiere el párrafo tercero de la demanda, celebró con Alejandro Laborde Quintero, el contrato siguiente:
‘ ‘ ‘ OoNtrato : COMPARECEN el Municipio de Isabela, Puerto Rico, representado por su Comisionado Municipal de Servicio Público, Po-licía y Prisiones, Don Rámón Banuchi, de una parte, y Don Alejandro Laborde, por su propio derecho de la otra parte, y hacen constar que han hecho el siguiente contrato:
“ ‘Peimero: — El expresado Sr. Alejandro Laborde, por el pre-sente se obliga a encargarse de la tramitación de cierto empréstito por la suma de cten mil dollars ($100,000) autorizado por la Asam-blea Municipal de dicho Municipio, por medio de ordenanza de fe-cha 11 de febrero de 1924, hasta dejar terminada la tramitación del mencionado empréstito y al Municipio en poder de los fondos del mismo. El Sr. Laborde, como parte de la tramitación de dicho empréstito se obliga a suministrar al dicho municipio los siguiente's servicios y cosas que se puedan originar en la tramitación de dicho empréstito.
“ ‘Traducciones.
“ ‘Publicaciones en Puerto Rico.
“ ‘Publicaciones en New York.
“ ‘Servicióte de los abogados que aprueban la legalidad de los bo-nos en New York.
“ ‘Servicios de los abogados en caso de impugnación del emprés-tito en P. R.
“ ‘Bonos impresos.
“ ‘Seguro, cobro y cambio de los bonos.
“ ‘Cables y gastos de transportación y mantenimiento de las au-toridades Municipales y cualquier otro servicio o cosa que se rela-cione con dicho empréstito.
‘ ‘ Segundo : — Como compensación de los servicios y costas arriba mencionado's que el Sr. Laborde se obliga a suministrar, el Munici-pio de Isabela, Puerto Rico, por el presente se obliga a pagar a dicho Sr. Laborde, la suma de cinco mil dollaRS ($5,000.00).
“ ‘El pago de dicha compensación al Sr. Laborde se hará por el Comisionado Municipal de Servicio Público-, Policía y Prisiones de dicho Municipio, o por cualquier otro funcionario Municipal que corresponda, una vez terminado el empréstito y estando el Municipio en poder de los fondos producto del mismo.
“ ‘En testimonio de lo- cual, ’suscribimos . . . ’
‘ ‘ Segundo : — Dicho contrato era conocido por el demandante en la fecha en que prestó sus servicios al demandado Municipio de Isa-bela. ’ ’

Trabada así la contienda fue el pleito a juicio. Toda la evidencia introducida consistió en la declaración del deman-dante y en la deposición de Alejandro Laborde, por parte del demandante, limitándose la parte demandada a hacer de-clarar de nuevo al demandante.

Conocemos el contrato celebrado entre el municipio de Isabela y Laborde por virtud del cual Laborde, mediante el pago de cinco mil dólares, se obligó a encargarse de la tra-mitación de cierto empréstito de cien mil hasta dejar termi-nada la tramitación y al municipio en poder de los fondos, obligándose además a proporcionar los servicios de ahogada en caso de impugnación del empréstito en Puerto Eico.

Declarando como su propio testigo el demandante se ex-presó, en parte, así:

“Conocí a don Ramón Banuchi hacia fines del año 1924; enton-ces él era ya alcalde municipal de Isabela. Me fué presentado en el edificio de El Mundo por don Alejandro Laborde Quintero, quien en presencia del señor Banuchi me manifestó que la casa John Nuveeu Company, de Chicago, representada por el abogado María Figueroa del Ro'sario había interpuesto ante la Corte de Distrito de Aguadilla un Certiorari contra la Junta de Subasta de Isabela y la Asamblea Municipal de Isabela a fin de que se revisara por la Corte de Agua-dilla los procedimientos de la subasta de los bonos del empréstito-municipal de Isabela por un valor de cien mil peso's, que había sido admitido de acuerdo con una ordenanza debidamente aprobada por la Asamblea Municipal y Consejo Ejecutivo de Puerto Rico. Entonces se retiró el señor Alejandro Laborde y quedamos en conferencia don Ramón Banuchi y el que declara. El señor Banucbi me presentó la petición de Certiorari y la notificación de la misma. La leí y en-tendí que necesitaba estudiar todos los procedimientos y le indique que necesitaba esos documentos, y que al efecto me trasladaría a Isa-bela, para estudiarlos. No hablamos nada absolutamente respecto a bonorario's. Me dejó encargado del asunto y pocos días después me traladé desde San Juan a Isabela. Se me presentó por el señor Ba-nuchi y los empleados a sus órdenes en el Municipio, toda la docu-mentación original. Entonces estudié algunos en sus originales, de otro's solicité copia y procedí a estudiar si realmente la oferta hecha en el acto de la subasta, por la casa Silverman Company, de Chicago, a quien se le había adjudicado la buena pro de los bonos, era prefe-rente de acuerdo con el interés del Municipio, a la proposición hecha por John Nuveen Co., a quien se le había negado la buena pro, y presentaba el Certiorari bajo la cuestión de que era más conveniente su ofrecimiento al Municipio de Isabela que la formulada por la casa Silverman. Regre'sé a San Juan y continué el asunto. Para con-testar el Certiorari y preparar mi argumentación me fué necesario estudiar toda la ley Municipal, con la ley especial relativa a emprés-titos municipales; todo el expediente de tramitación del empréstito municipal, y entonces formulé mi contestación. Me trasladé a Agua-dilla, no recuerdo bien por qué circunstancia hubo que celebrar otra vista; se llegó a un acuerdo respecto a lós hechos substanciales del caso; quedó pendiente la resolución de la presentación de alegatos por una y otra parte; formulé ese alegato; después a requerimiento del juez de la Corte de Distrito de Aguadilla, señor Bryan, tuve una conferencia con él respecto a las cuestione's legales del asunto; se falló el asunto a favor del Municipio de Isabela.; apeló la casa Sil1 verman; continué la tramitación ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico; obtuve también resolución favorable del Tribunal Supremo dé Puerto Rico, y entonces, readquirida nuevamente la jurisdicción por la Corte de Distrito de Aguadilla, formulé a nombre del alcalde un memorándum de costas, incluyendo los gastos habido's en el pro1 cedimiento, incluyendo los honorarios de abogado. Se discutió el memorándum, y últimamente la Corte de Distrito de Aguadilla, aprobó el memorándum, fijando los gastos habidos por el Municipio y fijando en cinco mil dollars la cuantía de los honorarios del abo-gado del Municipio. Posteriormente indiqué la conveniencia de co-brar ese memorándum de costas; no se ha podido hacer' efectivo debido a que la Asamblea Municipal de Isabela, si el alcalde bace cualquier proposición por conveniente que sea para los intereses del Municipio, conte’sta que no, a la solicitud que le bace el alcalde. Basta que el alcalde encargue a un abogado para, representar un asunto del Municipio, para que la Asamblea Municipal no lo apruebe.
<< # # * « •» * #
“Dmdo. — P.—rDiee que no se babló nada de honorariosf — R.—No, iseñor. — P.—Desearía que explicara exactamente el alcance de esas palabras? — R.—Que entre el señor Banucbi y yo no se cruzó frase aiguna respecto de los honorarios que yo devengaría, de modo, que aceptaba yo un asunto, como se aceptan la mayor parte de los asun-tos, que el abogado se bace cargo de la tramitación, y con el cliente lo único que conviene es yo llevaré el asunto, lo éstudiaré y cum-•pliré con él.. — P.—No se babló nada de quién pagaría los honora-rios, ni de la cuantía de los honorarios? — R.—Absolutamente. Sobre gratificación o compensación del trabajo no hablamos absolutamente nada.’ ’

En su deposición Laborde, en parte, dice:

“Sr. Tous Soto: Intervino usted en alguna manera en ese certio-rari? Testigo: Yo no intervine en nada, 'solamente el Alcalde me pidió el nombre de un abogado que pudiera defenderlo y yo le se-ñalé al citado abogado señor Tous Soto.
<< # * * # * Hf «
(¡' “Sr. Tous Soto: Sabe usted si el señor Banucbi y el señor Tous Soto se conocían antes de ese acto? Testigo: Yo presenté al señor •Banucbi a la oficina, del señor Tous Soto, que ocupaba al lado de la mía, en el edificio ‘El Mundo.’ Sr. Tous Soto: La conferencia .entre el señor Banucbi y el señor Tous Soto, ¿fué en presencia de .usted o aparte? Testigo: Fué aparte porque aquel día estaba yo piuy ocupado y a lo único que me limité fué a presentarlo. Sr. Tous .Soto: El señor Banucbi le hizo saber a usted que los servicios del señor Tons Soto eran por cuenta de usted? Testigo.- No, no podía facérmelo comprender puesto que nuestro contrato era claro y ter-minante. Es, más, él me preguntó cuánto costaría la defen'sa de (esos honorarios y yo le dije que no podía de ninguna manera justi-preciar los honorarios puesto que esos casos así luego tenían dema-siado trabajo y mucho más éste que fué apelado al Tribunal Supremo también..
# # * * * 1 *
“Sr. Oneill: Decía usted que presentó el Alcalde de Isabela a don Mannel Tous? Testigo: Sí señor. Sr. Oneill: Qué le dijo? Sr. Testigo: Presentarle al Alcalde y decirle al señor Tous Soto que tenían un asunto para el cual necesitaba abogado. 'Sr. Oneill: Y el señor Banncbi ¿qué le dijo a usted? Testigo: Que se había, pre-sentado una demanda a la Junta de Subasta sosteniendo que debía haber dado la buena pro del empréstito al demandante porque su oferta era mejor que la aprobada. Sr. Oneill: Su oferta para qué? Testigo: Su oferta para obtener la buena pro del emprés-tito. 'Sr. Oneill: A qué atribuye usted que el Alcalde de Isa-bela le hiciera, esa consulta? Testigo: El Alcalde de Isabela consti-tuía al mismo tiempo el presidente de la Junta de Subasta y era quien tomaba la iniciativa en la ordenanza de ésta. Sr. Oneill: Y usted, quién era? Te'stigo: Yo era quien tramitaba el empréstito y me pidió mi opinión como perito en cuestión de empréstito pregun-tándome si había razón para la demanda, si era verdad lo que se decía por Nuveen de ser mejor su oferta y allí hicimos los cálculos y lo demostré que no era así. Sr. Oneill: El Alcalde le dijo a usted que estuviere el testigo en la obligación de defender la impugnación? Testigo: No, de ninguna manera. No podía decirme eso. Sr. Oneill: Está usted seguro? Testigo: Segurísimo.”

A mi juicio el contrato entre el municipio y Laborde es susceptible de ser interpretado en el sentido que alega el mu-nicipio. Laborde se comprometió a actuar basta que el dinero estuviera en poder del municipio, proporcionando los servicios de abogado en caso de impugnación del empréstito. Según su propia declaración, fue Laborde el que demostró al alcalde con los cálculos que hicieron que la proposición de Nuveen no era la mejor, actuando el alcalde, presidente de la junta de subastas, de conformidad, y fué Laborde el que llevó al alcalde al bufete del demandante, poniendo entonces el alcalde en manos del demandante el asunto sin que nada se hablara de honorarios.

Pero hay que reconocer que el contrato admite de igual modo la interpretación restrictiva que le dió la corte de dis-trito y como el alcalde faltó en declarar en el acto de la vista, no me siento justificado en ir tan lejos como decir que no se ha demostrado un contrato de prestación de servicios profe-sionales entre el demandante y el demandado. De ahí qne esté conforme con la primera parte de la opinión de la ma-yoría emitida por el Juez Asociado Sr. Texidor.

En lo qne no pnedo estar conforme es en qne se ordene el pago de cinco mil dólares por los servicios prestados.

El demandante no presentó a la corte de distrito los antos del certiorari para qne la corte tuviera oportunidad de juz-gar de su trabajo. Se limitó a declarar. A él le correspon-día la prueba. El hecho sexto de la demanda fué negado.

La corte parece que estimó que no se necesitaba en este caso más prueba que lo ocurrido en la Corte de Distrito de Aguadilla en relación con el memorándum de costas presen-tado en el recurso de certiorari. En su opinión dice:

“¿Qué alcance ha de darse a la tasación hecha por la Corte de-Distrito de Aguadilla? Entendemos que es tan concluyente entre el Municipio de Isabela y su ahogado como entre dicho Municipio y John Nuveen Company; e's final e inatacable. A virtud de ella el Municipio de Isabela le ha sido reconocido un derecho, de un mon-tante fijo, sin que sea susceptible de nueva impugnación por la parte deudora. El Municipio de Isabela no puede enriquecerse con el tra-bajo de su abogado. La adjudicación de esos cinc» mid ($5,000.00) dólares por el trabajo de su abogado, implica para el Municipio de Isabela la aceptación de ser é'se y no otro el valor razonable de los' servicios de su abogado y la consiguiente obligación de pagar éstos.”

A. mi juicio son erróneas las conclusiones que contiene el párrafo transcrito.

Conocemos por la propia declaración del demandante cómo fué que se presentó el memorándum, y sabemos tam-bién por él que las cantidades concedidas no han sido cobradas..

■ Se habla de que hubo impugnación por parte de John Nuveen Co., pero no se sabe en qué consistió. La Corte de Distrito de San Juan no tuvo a la vista ni siquiera los autos relativos al memorándum. En un caso de tal importancia y en que se da tanta fuerza a la resolución de la Corte de Dis-trito de Aguadilla, debió conocerse ésta mejor.

Es cierto que esta Corte Suprema ha decidido (Castro v. Societe Anonyme des Sucreries, 34 D.P.R. 575, 580) que el “valor de los servicios es la norma que debe seguirse para calcular el de los honorarios cuyo pago deba imponerse a la parte vencida,” pero antes dijo “que es a la parte victo-riosa y no a su abogado a la que se reconoce el derecho de percibir honorarios.”

Este* es un pleito independiente en el que está obligado el demandante a probar su caso no por lo que decidiera la Corte de Distrito de Aguadilla inducido por él mismo, sino a vir-tud de lo que realmente valen sus servicios. La Corte de Distrito de San Juan no estaba obligada a someterse al jui-cio de la de Aguadilla. Pudo y debió actuar por sí misma fijando la suma que estimara razonable como compensación de los servicios prestados.

Despejado este punto y yendo a la prueba, ¿qué demues-tra?

Un sencillo caso de certiorari en el que según repetida-mente se dice por la propia parte demandante no se ata-caba la tramitación del empréstito, ni la ordenanza, ni pro-cedimiento alguno, ni había cuestión de ley envuelta reco-nociéndose como se reconocía la validez de la proposición a la que se le había adjudicado la buena pro, alegándose única-mente que la proposición del peticionario era más ventajosa para los intereses del municipio. Siendo ello así, ¿qué otra cosa había que exponer ante la corte que no fueran las razo-nes que la junta de subasta tuvo para conceder la buena pro ?

Bajo los hechos y circunstancias del caso, me parece una enormidad ordenar a un pequeño municipio de esta Isla que pague los cinco mil dólares de honorarios que aquí se re-claman.

El argumento de que el municipio no debe enriquecerse con el trabajo de su abogado, carece de fuerza y puede ob-viarse como se verá en seguida. Hay una gran distancia en-tre obtener una resolución de una corte mandando pagar a mía corporación de Illinois cinco mil dólares por honorarios de abogado y el recibo de dicba cantidad.

A mi juicio la resolución justa de este caso es la siguiente:

Debe modificarse la sentencia recurrida en el sentido de condenar al municipio demandado a traspasar al deman-dante todos sus derechos y acciones al cobro de la suma que la Corte de Distrito de Aguadilla ordenó a John Nuveen Co. que pagara por honorarios de abogado devengados en el caso de certiorari al municipio de Isabela, o a satisfacer al de-mandante una suma igual a la líquida que pueda haber re-cibido el municipio por tal concepto, y si a esto no se avi-niere el demandante entonces que el municipio le pague la suma de quinientos dólares que es en la que atendidas las pruebas presentadas puede justipreciarse a mi juicio el valor de su trabajo.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Las Monjas Racing Corporation, peticionaria, v. La Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, Hon. Pablo Berga, Juez, demandada.
    No. 670.

    Sometido: Noviembre 10, 1929.

      Resuelto: Diciembre 13, 1929.

      FeUú c& La Costa, abogados de la peticionaria; <?. de la HaSba y B. Bivera Zayas, abogados del interventor.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El 24 de julio de 1929 se presentó ante este Tribunal nna petición de certiorari en la que se expusieron substancial-mente los siguientes becbos:

Que Ernesto D. Reyes presentó en la Corte de Distrito de San Juan una acción contra Las Monjas Racing Corporation, peticionaria en este caso; que el 23 de julio de 1929 la citada corte de distrito, en aseguramiento de la efectivi-dad de la sentencia, decretó lo que equivalía a una orden de interdicto prohibitorio (restraining order), en la que se re-quería a la susodicha peticionaria que se abstuviera de eje-cutar acto o dar paso alguno que perturbara el derecho del referido Ernesto D. Reyes a vender cuadros del pool, de acuerdo con el contrato que alegó estaba en vigor entre él y la peticionaria; que dicho Ernesto D. Reyes reclamó el derecho exclusivo de vender ciertos cuadros para el pool por el término de quince años, y que la Corte de Distrito de San Juan expidió la aludida orden después de exigir al mencio-nado Ernesto D. Reyes que prestara una fianza por $1,000.

La peticionaria alegó que la Corte de Distrito de San Juan no tenía poder o autoridad alguna para decretar esa orden, porque no se alegaba causa de acción alguna en la demanda, y porque, como dicha demanda no era susceptible de corrección o enmienda, la Corte de Distrito de San Juan carecía de jurisdicción para expedir la referida orden, ci-tando el caso de Armstrong v. Irizarry, 29 D.P.R. 606.

La peticionaria alegó además que no existía causa de ac-ción, toda vez que no podía decretarse el cumplimiento es-pecífico del contrato; y posteriormente se desprendió que la dicha petición se basaba en la teoría de que el contrato en cuestión era enteramente nulo por carecer de mutualidad.

En la petición entonces se alegaba que por virtud de una ley de la Legislatura, incumbía a la peticionaria Las Monjas Racing Corporation vender por sí misma los cuadros para el pool, y que esta disposición de ley empezaría a regir el 25 de julio de 1929. En la petición se decía, además, que si .bien podía obtenerse algún remedio mediante moción, sin .embargo, tal procedimiento no era adecuado, por estar este .tribunal próximo a entrar en vacaciones y no poder verse la apelación antes de noviembre, y que la peticionaria podía es-, .tar sujeta a alguna penalidad si no daba principio a la venta, según exigía la ley.

No trataremos de transcribir todos los motivos por los cuales la peticionaria acudió a esta corte. Baste decir que consideramos la petición de certiorari y libramos un auto de supersedeas para conservar el status' quo.

De conformidad con la Ley de marzo 10, 1904, este /Tribunal queda autorizado para librar autos de certiorari .en aquellos casos en que el procedimiento adoptado no está ¡de acuerdo con las prescripciones de la ley. La experiencia :y la costumbre ban demostrado que debe procederse parca■mente al expedirse el auto. Aún más parcamente debe in-' ¡yocarse nuestra facultad antes de que las cuestiones a dilu.cidar liayan sido sometidas libremente a la corte inferior para su fallo. Por regla general, aun cuando el procedi.miento adoptado no esté de acuerdo con las prescripciones de la ley, debe dársele oportunidad a la corte de distrito para corregir una actuación improcedente antes de recurrirse a .este Tribunal. En realidad, la peticionaria, según revelan ,los autos, presentó una moción para anular la orden de embargo, pero aparentemente la peticionaria asumió que la decisión de la corte inferior le sería adversa. Si la peticionaria tenía una defensa válida contra la orden de embargo, si qn realidad de verdad la corte no tenía jurisdicción, la presunción ordinaria sería que la corte de derecho fallaría a ,.su favor. Cuando, después de oír a ambas partes, una corte ha tomado una posición definida en un caso pendiente o en uno similar, hay alguna base; pero sin tal condición previa, por lo general debe denegarse un auto de certiorari cuando a la corte inferior no se le ba dado oportunidad de resolver la cuestión principal. Nunca podría asumirse que cuando la corte inferior carezca en absoluto de jurisdicción, un letrado Mbil no pueda convencerla de tal estado de cosas. Sin dar a la corte esa oportunidad de oír a las partes y fallar, podría dudarse seriamente que hubiera derecho a decidir que el procedimiento no se ajusta a las disposiciones de la ley. La regla es que las cuestiones en controversia deben someterse a la corte de primera instancia.

Sabemos, desde luego, que en el caso de El Municipio de Río Piedras v. Berga, emitimos una decisión per curiam, en julio 26, 1929, (ante, página 37), anulando un embargo, y •entramos a considerar la causa de acción, pero un examen de los autos de ese caso revelará que la situación exigía esa •actuación extraordinaria, y además, en aquel caso se radicó una moción sobre levantamiento de embargo que fue debida-mente oída y resuelta por la corte inferior.

El contrato, tal como se ha presentado en el caso, de-muestra que Ernesto D. Beyes obtuvo de la peticionaria el privilegio de vender al público en los terrenos del hipódromo los impresos o cuadros en que los apostadores en las carre-ras hacen una selección de los caballos que estiman como probables ganadores. El alegado contrato era por quince años.

La ley de la Legislatura, No. 44, de 1929, aprobada el 26 'de abril de este año, y que empezó a regir noventa días des-pués, contiene un disponiéndose en su artículo 15 que lee así:

“ . . . Disponiéndose, que los impresos para el juego de combi-naciones en el pool deberán venderse por las corporaciones explota-doras de los hipódromos a cinco (5) centavos cada uno, y el producto de la venta de tales impresos, después de descontar dos (2) centavos para ga'stos de impresión y venta de los mismos, por impreso, deberá ingresar en el Tesoro Insular para ser invertido por el Comisionado de Sanidad en la profilaxia de la tuberculosis en los niños.”

El referido disponiéndose de dicho artículo 15 fué supri-mido por la Ley No. 9 de la sesión extraordinaria, aprobada el primero de julio de 1929.

De manera que cualesquiera derechos que pudiera tener la peticionaria a causa de la existencia temporal de dicho disponiéndose, debieron haber sido determinados primera-mente por la corte inferior. En gran escala, la cuestión pa-rece ser académica.

A fortiori, la cuestión de mutualidad en el contrato, o de si el interventor tenía causa de acción, debió haberse re-suelto primeramente en igual forma.

La peticionaria hizo algún hincapié en nuestra decisión en el caso de El Municipio de Río Piedras v. Berga, supra, donde resolvimos que el propósito del aseguramiento de la efectividad de la sentencia no debía tener el efecto de una sentencia final, y que la ley de injunction también regía. Empero, no resolvimos, ni tuvimos la intención de resolver, que las medidas provisionales no podrían hasta cierto punto anticipar el efecto de una sentencia. En verdad, un examen más detenido del estado de la ley y de nuestras decisiones nos convence de que cuando un embargo procede, debe dársele preferencia sobre el remedio de injunction, que es más extraordinario. Goffinet v. Polanco 30 D.P.R. 826, 835; Rivera v. López, 19 D.P.R. 640; Hermida & Palos v. Cestera, 20 D.P.R. 452; Santiago v. Capó, 33 D.P.R. 358; Nadal v. Carrión, 35 D.P.R. 195, 198.

Por tanto, no hallamos motivo alguno para anular ahora el embargo, y mucho menos hasta que todas las cuestiones hayan sido debidamente consideradas por la corte de dis-trito.

El auto de “certiorari” y la orden de “supersedeas” deben ser anulados, y devolverse el caso a la Corte de Dis-trito de San Juan para ulteriores procedimientos no incon-sistentes con esta opinión.


author: El Juez Asociado Señor Audrey, JUEZ ASOCIADO SEÑOR TEXIDOR

text:
    Eduardo Arreche Cuevas, demandante y apelado, v. Porto Rico Railway, Light & Power Co., demandada y apelante.
    No. 4520

    Sometido: Noviembre 22, 1928.

      Resuelto: Diciembre 13, 1929.

      J. H. Brown, G. E. Gonzales y G. lluiz Nazario, abogados de la ape-lante; M. Benitez Plores, abogado del apelado.

       Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

La muerte violenta del niño de cuatro años de edad Salvador Arredre ocurrió el 15 de noviembre de 1917 entre las seis y media y las siete de la tarde en la calle del Parque del barrio de Santurce de esta ciudad de San Juan, y el pleito por indemnización de perjuicios que originó estuvo en apelación en este tribunal (31 D.P.R. 445). Después, a fines del año 1925, el padre del niño presentó demanda en-mendada alegando que su hijo fué muerto por un carro eléc-trico de la demandada por la negligencia de sus empleados, porque caminaba a una velocidad excesiva, sin toear cam-pana de aviso, sin tener encendido el foco eléctrico de la plataforma delantera y sin detenerse ni reducir la velocidad de su marcha antes de llegar a las calles transversales Ye-reda Estrecha y Avenida Antonsanti. Se opuso la deman-dada a esa reclamación y celebrado el juicio recayó senten-cia condenatoria contra la cual ha sido interpuesto este re-curso de apelación.

Para la mejor inteligencia de cómo tuvo lugar esa muerte será conveniente que hagamos ahora una breve descripción ■del sitio donde el suceso se desarrolló y de ciertos hechos resultantes de la prueba.

En el barrio de Santurce hay una calle que pone en comu-nicación el sitio llamado El Parque con la carretera central en el lugar conocido por parada 23. A esa calle se le llama del Parque o de Egozcue. Yendo del Parque para la parada 23 existen varias paradas para coger y dejar pasajeros mar-cadas con los números 44 al 41, ambos inclusives, estando la primera cerca del Parque y la última inmediata a la parada 23, habiendo entre las 41 y la 23 un desvío de la línea férrea para el cruce de los carros eléctricos. La vía férrea está colocada en esa dirección al lado izquierdo de la calle y muy cerca de las casas que están en dicho lado. La parada 42% ■es la más próxima anterior a la casa No. 21 en que al lado izquierdo vivía el apelado con su familia y al llegar a esa casa termina una pendiente que comienza en la. parada 44. Entre la vía férrea y la cerca o muro de dicha casa existe ima distancia como de un metro y después de ella comienza la Avenida Antonsanti a la derecha y muy poco después el callejón Vereda Estrecha, qne está a la izquierda. Después-se encuentra a alguna distancia el comienzo de la calle de San Mateo, que es la parada 41, siguiendo entonces el desvíoy la parada 23 de la carretera. Entre la vía férrea y las-casas del lado izquierdo no hay acera. La casa No. 21 está situada en un terreno alto y tiene una cerca o muro de mani-postería de algunos pies de elevación que está cortado para, una escalera de cinco escalones que da acceso a la casa, es-tando el primer escalón entre el muro que hace de cerca y la vía férrea. Un niño de poca edad que baje por esa esca-lera o que esté sentado en ella difícilmente puede ser visto-desde el carro eléctrico o por las personas que caminen por el lado izquierdo. La casa en que vivía 'el niño Salvador Arreche tiene halcón al frente de la calle en comunicación con otro lateral. Frente a la casa hay una escuela pública, y en aquel sitio había un foco eléctrico que alumbraba la calle.

En la tarde y hora expresadas, entre claro y oscuro, ca-minaba un carro eléctrico de la demandada desde el Parque-hacia la parada 23 subiendo la pendiente que hay en esa dirección, llevando sus luces interiores encendidas, habiéndose-detenido para coger dos pasajeros en la parada 42% donde, desemboca por su derecha la calle del Hospital, que está, como a unos cincuenta metros antes de llegar a la casa No.. 21. Prosiguió entonces su marcha, pasando por la Avenida. Antonsanti y el callejón Vereda Estrecha (parada 42) y por la calle San Mateo (parada 41) yendo a detenerse en el cruce-o desvío a que antes nos hemos referido, donde el motorista, el conductor y los pasajeros fueron enterados de que ese-carro eléctrico había arrollado al niño Salvador Arreche que murió poco después por fracturas que sufrió. Besulta tam-bién de la prueba que ese día y a la hora dicha no había mu-cho tránsito de viandantes en aquel sitio y que no había cla-ses en la escuela.

El tribunal inferior fundó su sentencia condenatoria en¡ que esa muerte se debió a la negligencia de los empleados de la demandada porque el carro eléctrico caminaba a una ve-locidad excesiva de nueve puntos al pasar frente a la casa del demandante sin que el motorista redujera la velocidad ni intentara reducirla; en que no bizo las paradas obligato-rias de la 42 y de la calle San Mateo; en que no bizo parada ni redujo la velocidad al cruzar las bocacalles de la Avenida Antonsanti y del Callejón Vereda Estrecha; en que no hizo sonar la campana del tranvía ni dió señal de su aproxima-ción; en que llevaba apagado el foco de la plataforma de-lantera, y en que en el momento de ocurrir el accidente y a pesar de los gritos de atención que dieron varias personas el motorista no detuvo su marcha hasta la parada 23. Dice también la corte inferior que el niño, que estaba con su her-mana y una sirvienta de doce años en el balcón de la casa, bajó la escalera hasta llegar a la vía y que si el carro hu-biera llevado luz el niño hubiese sido visto por el motorista y éste hubiera podido ejercer toda su buena diligencia para evitar el accidente. Esas conclusiones se alegan por la ape-lante como erróneas.

Por la prueba y por los fundamentos de la sentencia ape-lada hay que llegar a la conclusión de que el niño no fué-visto en la vía férrea ni cerca de ella al ocurrir el accidente que produjo su muerte, así como que el motorista no iba dis-traído de su ocupación.

Si el carro eléctrico llevaba encendido o apagado el foco de luz de la plataforma delantera fué un hecho que resultó contradictorio en las declaraciones de los testigos, pero como el tribunal que celebró el juicio resolvió ese conflicto en sen-tido negativo tenemos que aceptar como cierto que esa luz no estaba encendida, ya que no hay motivos suficientes para declarar que no fué así.

El hecho de que el carro eléctrico que causó la muerte del niño no llevara encendido ese foco no puede ser considerado por sí solo como la causa originaria de la desgracia que ocurrió, dadas las circunstancias concurrentes entonces, ya que el sitio donde tuvo lugar el accidente .estaba bien alum-brado por un foco eléctrico público que estaba encendido en aquella ocasión, que permitía ver con bastante claridad es-tando apagado el foco del carro eléctrico, sin que de la prueba resulte la intensidad de la luz del foco delantero cuando éste se baile encendido y sin que se nos baya demostrado que al-guna ley u ordenanza exija tal foco. En el caso de El Pueblo v. Vargas, 30 D.P.R. 513, bemos declarado que aunque la ley ordena que los automóviles que se dejan parados de noche en las calles, callejones o caminos sean dotados de luz, para evitar accidentes, su propósito queda cumplido aunque se dejen apagados si en el sitio bay luz bastante para hacerlos visibles.

Dado que el carro eléctrico se detuvo en la parada 42% para tomar dos pasajeros, como cincuenta metros antes de llegar a la casa donde vivía el niño; que iba subiendo una pendiente que termina cerca de dicha casa; y que según algunos testigos cuando un carro eléctrico sube una pendiente no puede caminar a mucha velocidad ni aun abriendo el regulador de la velocidad hasta nueve puntos, lo que parece natural que así sea, creemos que era más razonable para el tribunal inferior decidir que el carro eléctrico no caminaba entonces a gran velocidad; pero aceptaremos la conclusión a que llegó de que caminaba a una velocidad excesiva de nueve puntos para decidir la cuestión que de tal hecho surge, a pesar de que las declaraciones de los testigos diciendo que el carro iba bastante ligero, a mucha velocidad, y otras frases similares son meramente relativas y completamente inciertas y dudosas para servir de base a la conclusión de que era en exceso de la velocidad qué dicta y demanda la sana prudencia, según se dijo en el caso de Diamond v. Weverhaenser, 178 Cal. 540.

El caso de Olavarría v. P. R. Ry., Light & Power Co., 26 D.P.R. 645, es bastante análogo al presente, pues se trataba también de un carro eléctrico de la misma demandada cuya vía está tendida en la carretera pública muy cerca de las casas contiguas a ella, y en él declaramos que la mera gran velocidad para'viajar los carros eléctricos no constituye ne-gligencia per se sino que es preciso que concurra algún otra elemento, o que cuando menos debe justificarse que la exce-siva velocidad fué la causa próxima del accidente, y que a falta de una expresa reglamentación que limite la velocidad de los carros urbanos, el mero lieclio de que un carro corra a una gran velocidad no establece que se le corra negligen-temente.

En este caso no fue la velocidad del carro la causa próxima de la muerte del niño, pues como no fué visto por el motorista antes del accidente hubiera ocurrido de igual manera aunque no hubiera marchado a gran velocidad. Nada hay tampoco en la prueba en este asunto sobre expresa reglamentación de velocidad en aquel sitio. Por igual motivo de no haber sido visto el niño, el motorista no detuvo ni trató de detener el carro en aquel sitio. Tampoco hay que tener en cuenta que dejara de hacer la parada obligatoria 42 y que no redujera la velocidad al pasar por las bocacalles de la Avenida Antonsanti y Vereda Estrecha porque estando todos esos sitios después de la casa del niño, tal hecho no puede ser la causa de su muerte. Tampoco es causa de lo ocurrido que después del suceso no tratara de parar el carro cuando le gritó alguien que lo detuviera, pues ya había ocurrido la desgracia, en el supuesto de que oyera ese dicho.

Con respecto a que el motorista no tocó la campana de aviso, sobre lo cual fué también contradictoria la prueba, no aparece de ésta que tuviera el deber impuesto por ley o por ordenanza de tocar la campana en aquel sitio ni en el resto de la calle, en la que la mayor parte de las casas están muy cerca de la vía en ese lado, ni tampoco resulta que si la hubiese tocado no hubiera sido arrollado el niño por el carro, teniendo en cuenta la edad de esa criatura.

Lo que resulta de este pleito es que estando el niño Salvador Arreche en el balcón del frente de su casa momentos antes de su muerte jugando con una hermanita y al cui-dado de una sirvienta ésta lo dejó solo allí para ir en busca de la niña que se babía ido para el balcón lateral y que en-tonces el niño bajó a la calle, bien para ir donde dos berma-nos suyos que jugaban en la acera de la escuela, o por otro motivo propio de niños, en el preciso momento en que pasaba por allí el carro eléctrico de la apelante, sin ser visto por el motorista por la forma de la escalera que da a la calle y por la proximidad de la vía férrea y del carro a la cerca o muro de la casa; demostrando esos becbos que se trata de un accidente desgraciado que sin duda llorarán sus padres, en el que no tiene responsabilidad la apelante por no haber sido causada la muerte por culpa o negligencia de sus em-pleados.

Por todo lo expuesto la sentencia apelada debe ser revo-cada y dictarse otra declarando sin lugar la demanda, sin especial condena de costas.

El Juez Presidente Señor del Toro disintió.

OPINION CONCTJRRENTB DEL

JUEZ ASOCIADO SEÑOR TEXIDOR

Conforme con el resultado; pero no con algunos mo-tivos de la opinión.

En cuanto a que de la prueba no aparece que hubiera re-glamentación expresa en cuanto a velocidad en el sitió en que ocurrió el accidente, ni aparece deber impuesto por ley u ordenanza, con respecto a tocar la campana en aquel sitio, si las hubieren, la falta a tales reglas y ordenanzas, consti-tuiría culpa; y, de no haberlas, la falta cae dentro del-con-cepto de negligencia, u omisión de la prudencia ordinaria requerida para evitar accidentes.