author: El Juez Asociado Sk. Wole,

text:
    González v. Ortiz.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 680.
    Resuelto en mayo 9, 1911.
    Nulidad de Contratos — Defensa no ’Planteada en las Alegaciones. — La nuli-dad de nn contrato no puede ser planteada como materia de defensa cuando tal nulidad no ha sido consignada en las alegaciones, según la sentencia del Tribunal Supremo de España de noviembre 26, 1873, y otras sentencias análogas.
    Deeensas no Alegadas por el Demandado. — Es regla general de procedimiento que un demandado no puede establecer defensas en el acto del juicio, de las cuales no tenga conocimiento el demandante.

      'Depósito de Dinero — Derechos del Depositante — Supuesta Procedencia ' Ilícita del Dinero.; — Cuando una persona recibe una cantidad de dinero y la deposita en poder de otra, aun en el supuesto alegado de que el dinero procede y tal vez haya procedido de una transacción ilícita con una tercera persona, el depositante tiene legítimo derecho a dicha cantidad de dinero contra todo el mundo excepto la persona defraudada, y la máxima in pari delicio potior est conditio defendeniis no es aplicable a este caso.
    Id. — Causa de Acción del Depositante. — Cuando una persona deposita una cantidad de dinero en poder de otra, tiene causa de acción para que se le restituya dicha cantidad, sin que sea óbice el que se haya alegado en el acto del juicio, que dicho dinero fué obtenido con fraude, de un tercero.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Luis Llorens Torres.

    Ahogado del apelado : 8r. Felipe Casalcluc.

   El Juez Asociado Sk. Wole,

emitió la opinión del tribunal. La presente es una apelación interpuesta por Ramón Ortiz Quintana, contra sentencia dictada por la Corte de Dis-trito de Ponce. El municipio dé Ponce adjudicó al apelado Guillermo Gonzalo González, un contrato para la construc-ción de un trozo del camino que conduce de dicha ciudad al barrio de “Los Pámpanos.” Como pago parcial, se le en-tregó un cheque, pagadero a su orden, por la suma de $740.28. Por razones que él mismo sabe mejor que nadie, depositó dicho cheque en manos del apelante Ramón Ortiz Quintana, quien pidió al apelado endosase el cheque, y subsecuente-mente obtuvo el importe del mismo. Cuando el apelado trató de conseguir del apelante Ortiz, el montante del referido cheque, dicho apelante se negó a pagarle cantidad alguna, diciendo que el importe del cheque le pertenecía a él.

Al contestar la demanda en la corte inferior, el apelante expuso que el apelado le debía $750 como saldo de las cuen-tas que tenía con él. En el juicio se vino en conocimiento de que el apelante y el apelado estaban secretamente asociados en la ejecución de los trabajos, para los cuales González había obtenido el contrato. El apelante no probó en manera al-guna- que González le adeudara la suma de $750, ni ninguna otra cantidad. Sin embargo al terminarse la prueba soli-citó del tribunal el sobreseimiento del caso, alegando que él, Ortiz, era concejal del ayuntamiento, y qne, por consiguiente, el contrato celebrado por González con el municipio, estaba mancillado de fraude, y qne, por lo tanto, el dicho González no tenía derecho a recobrar nada del citado apelante. La corte desestimó la moción, fundándose en qne no se había hecho esta alegación, como - defensa, en la contestación dé dicho Ortiz. En el tribunal inferior, el apelante estableció la defensa, alegando que el demandante se había equivocado en cuanto a su causa de acción, al entablar demanda en recla-mación de un “depósito” cuando su verdadera causa de ac-ción, si era que la hubo, era por un saldo de cuentas. Más bien que probarse claramente, se indicó también en el jui-cio, que el apelante y el apelado esperaban obtener contra-' tos ulteriores con el municipio.

Nosotros creemos que la resolución del tribunal, negán-dose a considerar la moción para que se sobreseyera el caso estaba enteramente justificada, porque la cuestión sobre nuli-dad de un contrato, no puede ser resuelta en un caso en que no ha sido planteada por las alegaciones.

Sentencias del Tribunal Supremo de España, de 26 de noviembre de 1873, 10 de julio de 1885, 26 de abril de 1861 y 14 de febrero de 1860. Es regla de alegación bien 'cono-cida, que no se puede establecer en el juicio, defensa alguna, de la cual no tenga el demandante aviso. (Hughes on Procedure, Yol. 2, pág. 768.) Sin embargo, el apelante alega que el carácter ilícito del contrato solo fué descubierto a conse-cuencia de la prueba practicada. Pero la cuestión sometida al tribunal, no fué si el contrato celebrado entre el munici-pio y González, era o nó ilícito; sino, si este último tenía derecho a recobrar de Ortiz, la suma que le había confiado absolutamente, o con la esperanza de que el municipio les adjudicara contratos ulteriores. El contrato que se alega ser ilícito, había sido consumado cuando González entregó el cheque a Ortiz, y la cuestión de que se trata en el presente caso, es si Ortiz tiene la obligación legal de devolver el dinero que en esta forma fué depositado en su manos.

No creemos que sea necesario examinar la cnestión de si quedó demostrada la existencia de algnn contrato ilícito; por-que, como liemos indicado, cualquiera que fuera el origen de dicho dinero, el derecho que González tenía al mismo, era bueno para todo el mundo, a excepción de alguien que tu-viera el derecho de anular el contrato que en el presente caso, es el mismo municipio. En este caso no es aplicable la má-xima de “in pari delicto potior est conditio defendentis,” porque no hubo fraude en la acción de González de depositar el dinero en manos de Ortiz.

En cuanto a la alegación del apelante, de que el apelado se equivocó con respecto a su causa de acción, basta decir que era suficiente la prueba de que el apelado en efecto había depositado el dinero en manos del apelante.

No encontramos en los autos error alguno, y la senten-cia debe ser confirmada.

Confirmada.

. Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, del Toro y Aldrey.


source: Caselaw Access Project

author: El Jijez Asociado Su. Aldrey

license: Public Domain

text:
    Inchausti v. El Registrador de la Propiedad.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Propiedad de Guayama.
    No. 95.
    Resuelto en mayo 11, 1911.
    Expediente de- Dominio — Promovente con Título Escrito de Dominio — Es-crituras Públicas. — Aunque la regla 395 de la Ley Hipotecaria sólo auto-riza el expediente de dominio para los propietarios que carecieron de título escrito de dominio, esto debe entenderse de los que carezcan de título de domi-nio inscribible en el registro de la propiedad.
    Id. — Calificación de Títulos — Facultades del Registrador — Resoluciones Judiciales en Expediente de Dominio. — Promovido expediente de domi-nio por quien adquirió la finca mediante escritura pública, si a pesar de ello el tribunal declara justificado el dominio, es porque entiende que tai título no era inscribible, y como el registrador carece de facultades para calificar los fundamentos de las resoluciones judiciales, no puede negar la inscripción por el motivo de que en la adquisición medió título escrito. .
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recnrre'nte: Sr. G. Domínguez Rubio.

   El Jijez Asociado Su. Aldrey

emitió la opinión del tribunal.

Los recurrentes presentaron en el Registro de la Pro-piedad de Gruayama una certificación librada por el Secre-tario de la Corte de Distrito de Guayama, comprensiva de que por el juez de dicha corte se dictó resolución declarando con lugar el informativo de dominio de la finca que en la misma se describe, y se ordenó-que se inscribiera el dominio de ella a nombre de los promoventes en la proporción que ella expresa.

El registrador denegó la inscripción en los siguientes términos:

“Denegada la inscripción del precedente documento por el defecto insubsanable de que los bienes objeto de la información de dominio fueron adquiridos por los promoventes en virtud de escrituras públicas que en ningún tiempo han sido presentadas en el registro de la propie- ■ dad, ignorándose si dichas escrituras son o nó inscribibles. Y de acuerdo en la ley de Io. de marzo de 1902 se tomó anotación preventiva de la denegación por término de 120 días al folio 211 del tomo 32 de Guayama, finca número 1640 anotación letra A. Guayama, abril trece de mil novecientos once. El Registrador, Felipe Cuchí Arnau.”

Por esa denegatoria de inscripción se ve que el único fun-damento de ella es, porque los recurrentes adquirieron la finca en virtud d’e escrituras públicas no presentadas al regis-tro, hecho que indudablemente conoce porque en la resolu-ción objeto del recurso, se dice que ambos promoventes ad-quirieron por escrituras.

Aunque el artículo 395 de la Ley Hipotecaria sólo auto-riza el expediente de dominio para los propietarios que care-cieren de título escrito de dominio, esto debe entenderse de los que carezcan de título de dominio inscribible en el regis-tro de la propiedad. (Ex parte Berlanga, 18 marzo, 1904.)

El tener escritura de nna finca, no es obstáculo para tra-mitar nn expediente de dominio, si no resulta título inscri-bible; y cuando el juez aprobó en esas condiciones el expe-diente fue por que entendió que esas escrituras o título es-crito no eran inscribibles.

Además, en un caso idéntico al presente, en que el regis-trador sustituto de Ponce denegó la inscripción de un expe-diente de dominio' por el mismo motivo de liaber sido ad-quirida la finca mediante título escrito, resolvió esta Corte Suprema que los registradores de la propiedad no están auto-rizados por el artículo 18 de la Ley Hipotecaria para calificar los fundamentos de las resoluciones judiciales, y que no te-niendo otro fin la negativa a inscribir el informativo de que se trata, debe revocarse por carecer de competencia dicho fun-cionario para impugnar la resolución del tribunal que aprobó .el informativo y lo mandó inscribir. Teodoro Santiago Rivera v. El Registrador de la Propiedad de Ponce, resuelto en 25 de marzo de 1908.

Por las razones consignadas, la nota denegatoria de ins-cripción en el presente caso, debe revocarse y ordenar que se inscriba el documento presentado.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y del Toro.


author: El Juez Asociado Sb. Aldbey emitió

text:
    Brenes v. Hartman & Co.
    ApblaciÓN procedente de la Corte de Distrito de G-uayama.
    No. 687.
    Resuelto en mayo 15, 1911.
    Costas Devengadas bajo la Antigua Lev de Enjuiciamiento Civil — Oedenes Apelables — Providencia Especial Después de una Sentencia Defini-tiva. — Una resolución denegando una moción para que los autos se envíen nuevamente a dos abogados para que emitan dictamen sobre la minuta de honorarios y costas devengados "bajo la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil, y ordenando que el asunto se archive, es apelable por tener el carácter de providencia especial dictada después de una sentencia definitiva y cae dentro del párrafo tercero del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil. „
    Id. — Término para Cobrar Costas — Ejecución de Sentencia. — Los preceptos del artículo 239 del nuevo Código de Enjuiciamiento Civil son aplicables en cuanto a la limitación del tiempo dentro del cual pueden cobrarse las costas y honorarios de abogados devengados antes del Io. de julio de 1904 y cons-tituyendo el cobro de costas una ejecución de parte de la sentencia, no puede verificarse dicho cobro después de transcurridos cinco años a contar desde la fecha en que se dicte la sentencia en virtud de la cual se interesa el cobro de costas.
    Aplicación del Nuevo Código de Enjuiciamiento Civil a Procedimientos Pen-dientes al Empezar a Begir — Cobro de Costas. — Las leyes de procedi-miento son de carácter público y sus disposiciones rigen tan luego entran en vigor aunque los pleitos hubieran comenzado bajo una ley distinta, á menos que dispusieran lo contrario; y si tal ley contiene alguna disposición respecto al tiempo en que una sentencia debe cumplirse, ella es aplicable á las obtenidas bajo una ley anterior, aunque en ésta fuera distinta o no es-tuviera consignada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Rafael López Landrón.

    Abogado del apelado: Sr. Tomás Bernardini de la Huerta.

   El Juez Asociado Sb. Aldbey emitió

la opinión del tribunal.

En el Tribunal de Distrito de Humacao se siguió un pleito por José Brenes v. A. Hartman y Cía. sobre nulidad de con-trato e indemnización, que fué fallado por dicho tribunal- en 28 de marzo de 1904 en contra del demandante, cuya senten-cia confirmó la Corte Suprema en 2 de mayo de 1905, con im-posición de las costas al apelante Brenes.

Trasladado ese asunto a la Corte de Distrito de Guayama, el abogado de A. Hartman y Cía., fundándose en que la mayor parte de las costas habían sido causadas antes de empezar a regir en Io. de julio de 1904 el Código de Enjuiciamiento Civil, y en lo resuelto en el caso de María Ríos, Vda. de Rubio v. Patricia Ríos de Noy a, decidido por este Tribunal Supremo, pidió que las costas fueran tasadas de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Civil antigua, y al mismo tiempo presentó una - petición de injunction para que a Brenes se le prohibiera dis-poner de sus bienes.

La solicitud de injunction fué negada, y apelada la resolu-ción la confirmó este Tribunal Supremo en 19 de febrero de 1906.

Presentada impugnación a la minuta de honorarios del abogado de A. Hartman y Cía., se ordenó por la corte de dis-trito en 14 de septiembre de 1905, que los autos originales se remitiesen a dos abogados de San Juan para que emitieran su dictamen de acuerdo con el artículo 426 de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil. Los autos fueron realmente envia-dos y devueltos á la corte, pero no existe en ellos dictamen de de los abogados. Desde entonces nada nuevo se hizo en ese pleito basta que en 26 de diciembre de 1910 se presentó por A. Hartman y Cía. por medio de su abogado la siguiente mo-ción:

AXi HON. JUEZ DE DICHA CORTE.

Comparecen A, Hartmann & Cía., demandados en este caso por el abogado que suscribe, en el incidente que motiva el cobro de costas por ejecutoria y alegan:
1. Que con fecha 16 de septiembre de 1905 y por virtud de senten-cia superior firme, y ejecutoria, el abogado de los demandados presentó su minuta de honorarios y costas causadas en el procedimiento arriba intitulado, cuyo exacción debía tener lugar con arreglo al antiguo procedimiento de enjuiciar y cuya ascendencia era de $12.87, la de costas ,y $1,626 la de honorarios.
“2. Que impugnadas dichas minutas por el Sr. José Brenes La-rroche, parte contraria, la honorable corte dictó una orden con fecha 6 de octubre de 1905, disponiendo pasaran los autos a los letrados Don Juan Hernández López y Don Jacinto Texidor de San Juan, para su examen e informe.
“3. Que dichos letrados rindieron su informe en sentido favorable para vuestros peticionarios toda vez que encontraron justos y razona-bles los. honorarios fijados, y ese informe no aparece del record, pero consta el escrito de esta parte de fecha 16 de octubre de 1905, en que se acompañaba.
“4. Que los peticionarios por virtud de dicho extravío se les hace necesario vuelvan los autos originales nuevamente a poder de dichos peritos con objeto de que los examinen y rindan nuevo informe.
“Por lo que, suplican se sirva dictar una orden para que el secre-tario de la corte remita dichos autos a los letrados peritos _Sres. Her-nández López y Texidor con el indicado fin de emitir su informe sobre dichas minutas'de costas y honorarios.
“San Juan de Puerto Rico, diciembre 24 de 1910. Firmado. Rafael López Landrón.
“No. 101. Jurado y suscrito ante mí por Rafael López Landrón, vecino de San Juan, abogado en ejercicio, a quien conozco, en San Juan, hoy 24 de diciembre de 1910. E. de J. López Gaztambide, Notario Público. Recibida en Secretaría el día 26 de diciembre de 1910. Mestre, Secretario.”

La resolución de la corte a esa moción, fné desestimán-dola y ordenando el archivo del asunto, y contra ella se esta-bleció en Io. de marzo siguiente recurso' de apelación para ante esta Corte Suprema, donde se ha presentado una trans-cripción de los autos que contiene la moción, la resolución de la córte con sus fundamentos y el escrito de apelación.

Los hechos que hemos consignado y que no aparecen de la moción de la parte apelante, han sido tomados de los que relaciona el juez inferior para basar su resolución y que el ■apelante en su alegato acepta como ciertos, pues le sirven de base para su discusión.

Entendemos que contra la resolución apelada puede es-tablecerse el recurso interpuesto, porque el número 3o. del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil concede ape-lación contra una providencia especial dictada después de una sentencia definitiva, cuyo carácter indudablemente tiene la re-solución recurrida, porque al negar que los autos se envíen nuevamente a dos abogados para que emitan dictamen sobre la minuta de honorarios y costas, y ordenar que el asunto se archive, pone término al asunto de si pueden cobrarse o nó las costas en ese pleito.

La cuestión planteada es, si habiendo quedado paraliza-dos los autos para cumplir la sentencia, desde 16 de septiem-bre de 1905 basta que se presentó en 26 de diciembre de 1910 la moción que motiva este recurso, pueden abora continuarse los procedimientos para el cobro de costas, y también si la paralización de los autos ba de contarse desde la primera fe-cha citada, o desde el 19 de febrero de 1906 en que el Tribunal Supremo confirmó la resolución de la corte inferior que negó una petición de injunction del demandado A. Hartman y Cía. para que se prohibiera a Brenes enajenar sus bienes.

Es cierto que este Tribunal Supremo tiene resuelto en el caso antes citado y en otros, que el cobro de las costas, anterio-res a Io. de julio de 1904 en que empezó a regir el actual Có-digo de Enjuiciamiento Civil ba de hacerse por los trámites de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil, doctrina que aplicó la corte inferior cuando en 14 de septiembre de 1905 ordenó que los autos se remitieran, y en efecto se enviaron a dos abo-gados para que emitiesen informe de acuerdo con el artículo 426 de la ley antigua de procedimientos civiles, informe que no existe en los autos.

La corte inferior en su resolución apelada no desconoció esa doctrina y el motivo de ella fue de muy distinta índole, cual es, que después del tiempo transcurrido no pueden co-brarse las costas provenientes de la sentencia.

Este Tribunal Supremo en los casos de María Ríos v. Petronila Ríos, y Sobrinos de Portilla v. Quiñones, decidido respectivamente en 25 de marzo de 1905 y 19 de febrero de 1906, resolvió que los honorarios de los abogados, devengados con anterioridad al Código de Enjuiciamiento Civil, están sujetos a las prescripciones de la antigua ley procesal en cuanto a la tasación de costas se refiere.

■ Estas resoluciones no tienen más alcance que, como ellas dicen, la regulación de las costas se baga por la ley vigente cuando se devengaron, pero no que las disposiciones del actual Código de Enjuiciamiento Civil dejen de ser aplicables en cuanto a la limitación del tiempo dentro del cual pueden cobrarse.

Después de la Ley de Enjuiciamiento Civil antigua, el nue-yo Código sobre la materia dispone en sn artículo 239, que la parte a cuyo favor se hubiera dictado una sentencia, podrá en cualquier tiempo, dentro de los cinco años de registrada, ob-tener una orden de ejecución para su cumplimiento. Y en realidad lo que pretende el apelante es cumplir la sentencia en cuanto a costas se refiere, que es una parte de ella, y en donde su derecho está reconocido; de suerte que el tratar de cobrar las costas, es tratar de cumplir esa sentencia, y la pretensión de que dos abogados dictaminen respecto a las cos-tas, indudablemente es dar un paso para determinar su cuan-tía para cobrarlas. No otro alcance tiene la moción del ape-lante.

Las leyes de procedimientos son de carácter público y sus disposiciones rigen tan luego entran en vigor, aunque los pleitos hubieran comenzado bajo una ley distinta, a menos que dispusieren lo contrario; y si tal ley ’contiene alguna dis-posición respecto al tiempo en que una sentencia puede cum-plirse, ella es aplicable a las obtenidas bajo una ley anterior, aunque en ésta fuere distinto o nó estuviere consignado. Po-dría entonces considerarse como un término de prescripción o de duración de un derecho, que la Legislatura tiene facultad para establecer, siempre que conceda un término razonable para su ejercicio. Respecto de este punto nos referimos al caso de Rijos v. Folgueras, decidido en 21 de junio de 1910 y en el que se citan numerosas sentencias sobre el particular.

Por consiguiente, el término durante el cual puede cum-plirse la sentencia dictada en este caso, debe regularse por las disposiciones del actual Código de Enjuiciamiento Civil.

El artículo 239 citado antes, autoriza la ejecución dentro de los cinco años de dictada, que es un término bastante ra-zonable, y el 243 permite sin embargo, que cuando no se trate de sentencias en cobro de dinero, aun después de los cinco años, puede ejecutarse la sentencia si la corte la autoriza.

Ahora bien, la sentencia- que .quedó firme en este pleito, es de 2 de mayo de 1905, desde cuya fecha pudo cumplirse y desde ella deben contarse los cinco años de la ley, y no desde el 19 de febrero de 1906, en que se resolvió definitiva-mente un injunction del demandado y en su contra, porque no siendo esta la sentencia que trata de ejecutarse, sino la otra de mayo de 1905, no bay para que tenerla en cuenta sino la que ba de ser objeto de la ejecución.

No apreciaremos tampoco las gestiones que para cumplir-la se bicieron en septiembre y octubre de 1905, porque contán-dose el término, según la ley, desde que se hubiere dictado la sentencia, este y no otro ba de ser el punto de partida para contar los cinco años, a parte de que en este caso, no es esa cuestión importante, porque aunque de ellos se partiera para contar los cinco años, también estos habrían transcurrido.

En consecuencia, habiendo pasado más de cinco años de la sentencia cuando se presentó la moción de 26 de diciembre de 1910, que tiende a ejecutarla, el juez de la corte no cometió error al desestimarla y al ordenar el archivo de-los autos.

Y que tal moción era sencillamente para ejecutar el fallo y no de petición de permiso para extensión del término de ejecución, lo comprueba su redacción, a parte de que habiendo declarado la sentencia sin lugar la nulidad del contrato y la indemnización que se pedía, quedó limitada a una sentencia por las costas o sea en cobro de dinero, que según la excepción del artículo 243 no puede nunca cumplirse pasados cinco años.

Por estas razones, la resolución apelada debe ser confir-mada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y del Toro.


author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    Meléndez v. El Registrador de la Propiedad.
    Recueso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de G-uayama.
    No. 93.
    Resuelto en mayo 17, 1911.
    Expedientes Posesorios — Modo de Presentar la Prueba — Declaraciones Ju-radas. — De acuerdo' con los artículos 390 y 391 de la Ley Hipotecaria, no derogados por ninguna ley posterior, la manera de presentar la prueba en los expedientes posesorios es compareciendo personalmente los testigos ante-la corte que ha de dictar resolución en el expediente, única que tiene juris-dicción para recibir las declaraciones de los testigos, siendo ineficaces como* medio de prueba las declaraciones juradas o affidavits.

    Los becbos están expresados en la opinión.
    El recurrente compareció en nombre propio.
   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El artículo 390 de la Ley Hipotecaria prescribe lo siguien-te: “Para facilitar el cumplimiento del artículo anterior a los. propietarios que carecieren de título escrito de dominio cual-quiera que sea la época en que hubiera tenido lugar la ad-quisición, se les concede la facultad de inscribir su derecho, justificando previamente su posesión ante el juez de primera, instancia del lugar en que estén situados los bienes, con audiencia del Ministerio Fiscal y citación de los propietarios, colindantes, si trataren de inscribir el dominio pleno de al-guna finca, y con la del propietario o la de los demás partí-cipes en el dominio, si pretendieren inscribir un derecho real etc.’ ’

“El artículo 391, prescribe: “En la instrucción del expe-diente a que se refiere el precedente artículo se observarán las siguientes reglas:

“Primera. El escrito en que se pida la admisión de la in-formación expresará: 1. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, nombres y cargas reales de la finca cuya posesión se trate de acreditar. 2. La especie legal, valor, con-diciones y cargas del derecho real de cuya posesión se trate, y la naturaleza, situación, linderos y nombre, si lo tuviere, de la finca sobre la cual estuviere aquél impuesto. 3. El nombre y apellidos de la persona de quien se baya adquirido el inmue-ble o derecho. 4. El tiempo que se .llevase de posesión. 5. La circumstancia de no existir título escrito, o de no ser fácil bailarlo en el casó de que exista.

“Segunda. La información se verificará con dos o más tes-tigos, vecinos propietarios del' pueblo o término municipal en que estuviesen situados los bienes.”

Siendo ese el estado de la ley, Lucas Meléndez Alboy pre-sentó el día 9 de febrero de 1911, al Registrador de la Propie-dad de G-uayama una orden de la corte municipal de Cayey en una información posesoria a que se refieren los artículos 390 y 391. Los documentos presentados en el procedimiento muestran que ningún testigo compareció en persona ante el juez municipal de Cayey, pero en cambio, se presentaron tres declaraciones juradas que fueron juradas ante el juez de paz de Cidra. No bubo discusión alguna con respecto a la sufi-ciencia de la cuestión expresada en las declaraciones juradas, pero al ser presentada la orden al Registrador de la Propie-dad de Guayama, denegó la inscripción de la misma por no haberse cumplido en el procedimiento con las disposiciones de la ley hipotecaria a que se ha hecho referencia y porque la fa-cultad del juez municipal para recibir la prueba, es una qu.e no puede delegarse.

Creemos que la resolución adoptada por el registrador está completamente de acuerdo con la ley. Se alega que las disposiciones de la ley hipotecaria han sido derogadas por el cambio de procedimiento y especialmente por los artículos 123 y siguientes de la Ley de Evidencia. El artículo 123, es cierto, expresa que hay tres modos de tomar declaración a los testigos, a saber: 1. Por affidavit, o declaración jurada; 2. Por deposición; 3. Por examen oral. Pero los artículos 128 y 133, definen los casos en que puede hacerse uso de los affidavits. Según el artículo 128 resulta claro que un affidavit es generalmente un procedimiento secundario ó algo que sirve de apoyo o comprobación para otros documentos o procedi-mientos o “expresamente permitido por alguna otra prescrip-ción de esta ley o de cualquiera otra en Puerto Rico.” Ex-pressio unius est exclusio alterius. No existe ninguna pres-cripción legal referente a la presentación de una declaración jurada en informaciones posesorias.

No es necesario tratar de las disposiciones de la ley de evidencia porque entendemos que los artículos 390 y 391 de la Ley Hipotecaria resuelven la cuestión. Estos artículos nunca han sido derogados. ' Es la corte que ha de expedir la orden de la información posesoria la que debe recibir las de-claraciones de los testigos. Ninguna otra corte tiene juris-dicción sobre la materia. No es bastante con que se diga que la corte municipal no tiene taquígrafo. Él juez de esa corte puede no obstante escribir y archivar una exposición en la que manifieste que comparecieron ante él los testigos, presen-tando prueba de los hechos de acuerdo con la ley. Es otra garantía para la seguridad de los bienes, el hacer que los tes-tigos comparezcan ante el funcionario que es responsable de la expedición de la orden en una información posesoria. Debe confirmarse la orden apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    El Pueblo v. Silva.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 347.
    Resuelto en mayo 18, 1911.
    Derecho Penal — Adulteración de Leche — Prueba de Referencia — Objeciones por Primera vez en Apelación. — Cuando un acusado permite la presenta-ción de una prueba que pudiera ser excluida si se hiciera la debida objeción en la corte de distrito, no ¡puede permitírsele que objete dicha prueba por primera vez en el tribunal de apelación. (Falero v.Falero, resuelto en febrero' 19, 1909; 15 Dee. de P. R., 118.)
    Id. — Efecto de la Prueba — Presunción de su Efecto — Admisión de Prueba Indebida. — La admisión de prueba indebida, sin objeción del acusado, sur-tirá efeeto contra él, y cuando es declaración de referencia, únicamente afec-tará al peso de la misma. Cuando el caso es juzgado por un tribunal de de-recho, la admisión de prueba indebida lleva consigo la presunción de que no afectará al resultado del mismo. , (Better v. Calvo, resuelto en mayo 19, 1910; 16 Dec. de P. R., 360.)
    Los hechos están expresados en ,1a opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Tomás Cantillo.

    Abogado del apelado: Sr. Jesús M. Bossy, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En la Corte de Distrito de Ponce se presentó en 7 de diciembre de 1910 nna acusación contra José Silva por haber ofrecido en venta como pura, leche que estaba adulterada. El juicio se celebró en 21 de enero de 1911, y fue declarado culpable del delito que se le imputaba y condenado a sufrir trein-ta días de cárcel y las costas. Dos son los fundamentos de la apelación, a saber: que las pruebas son insuficientes para fun-dar en ellas un veredicto de culpabilidad, y que la sentencia es .contraria a la prueba.

Dos de los Policías que sospechaban que José Silva vendía leche sin licencia se pusieron en observación. Declaran estos policías que vieron a varias personas saliendo del depósito del acusado con cacharros y examinaron el cacharro de un muchacho el cual contenía leche; que también consiguieron según éstos refieren, que'un hombre fuera a comprar dos centavos de leche con la que ellos se quedaron. Declaran tam-bién que fueron a la tienda después, cogieron parte de la leche y tomaron tres muestras de la misma, dejando una de dichas muestras al acusado, conservando ellos una, y la otra entre-gándosela al inspector de sanidad.

Se ha admitido que la leche estaba adulterada. Alega el apelante, entre otras cosas, que gran parte de las declaracio-nes de los policías son de referencia. No se formuló objeción alguna en la corte inferior por ese fundamente. Cuando un acusado permite la presentación de una prueba que pudiera ser excluida si se hiciera la debida objeción, no puede permi-tírsele qpe objete dicha prueba por primera vez en el tribunal de apelación. (Falero v. Falero, sentencia de 19 de febrero, de 1909.) Por ejemplo, ambas partes pueden estar conformes en que se presente cierta prueba con el fin de evitar el tener que citar a algunos testigos. Si la prueba que pueda obje-tarse es de carácter probatorio, surtirá su efecto contra el acusado si este no hubiere formulado objeción contra la mis-ma. Si no se presenta ninguna objeción, el que sea la declara-ción de referencia afecta únicamente al peso de la prueba. Se presume que cuando un caso se celebra ante la corte, la ad-misión de prueba indebida no afecta al resultado del mismo. (Belber v. Calvo, sentencia de 19 de mayo, de 1910.) El ape-lante presentó prueba tendente a mostrar que la leche que últimamente le fue tomada no se ofrecía en venta y que era para su propio consumo. Ante el hecho de que el acusado era dueño de un establecimiento en que se vendía leche y se veía salir a la gente de allí con jarros en los que generalmente se lleva leche y habiéndose examinado uno de estos cacharros, y habiéndose luego encontrado leche adulterada en su estable-cimiento, todos estos hechos demuestran prima facie la culpa-bilidad del acusado. La corte no estaba obligada a dar -cré-dito a la manifestación del apelante de que la leche era para su uso propio. Hemos estado discutiendo la cuestión referen-te a la suficiencia de la prueba, pero también la cuestión sobre conflicto de prueba está envuelta en la discusión. Alegó ade-más el apelante, entre otras cosas, que el hombre a quien la policía comisionó para buscar los dos centavos de leche, mani-festó que la había- conseguido en otro sitio. Hubo bastante prueba tanto de referencia como de otra clase, que permitiera a la corte no dar crédito a esta declaración. Sin embargo, se presentó prueba independiente según hemos dicho, con la que se trataba de mostrar que el apelante tenía leche adulte-rada en su establecimiento y la ofrecía en venta.

No encontramos en los antos ningún error y debe confir-marse la sentencia.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, del Toro y Aldrey.


text:
    Hernández v. Pérez et al.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 651.
    Resuelto en mayo 19, 1911.
    Cobro de Varias Deudas contra Varios Demandados — Deuda Menor de Qui-nientos Dollars — Jurisdicción de las Cortes de Distrito. — Cuando en una misma demanda se cobran deudas contra varios demandados sin que exista relación alguna de interés entre ellos, y una de las redamaciones es menor de quinientos dollars, la corte de distrito carece de jurisdicción para dictar sen-tencia en cuanto a ese demandado.
    Prescripción — Alegación del Artículo de la Ley Relativa a la Prescripción— Exposición de Hechos que Constituyen la Prescripción. — Cuando los he-chos alegados por un demandado constituyen una defensa de prescripción es innecesario expresar el artículo de la ley aplicable a ese caso de prescripción, aunque es mejor práctica hacerlo.
    Id. — Acción Personal en Cobro de Deuda. — La acción personal en cobro de una deuda líquida prescribe a los quince años de acuerdo con las disposiciones del artículo 1865 del Código Civil que son las aplicables y no las del 1868.'
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Cayetano Coll Cuchí. ■

    Abogado del apelado : Sr. José Ramón Freyre..

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La presente es tina apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez. En pública subasta efectuada en 10 de noviembre de 1909, en pleito seguido por el apelado contra Fernández y Compañía, el márshal de la Corte de Dis-trito de Mayagüez, vendió un crédito contra dichos deudo-res, y el apelado, Agustín Hernández Mena, fné el compra7 dor del mismo. La propiedad en litigio así comprada, era una deuda o deudas, que los demandados y apelantes debían a la referida mercantil Fernández y Compañía. Esa deuda o deudas tuvieron su origen en una venta o ventas becbas por dicba mercantil a los demandados. Fueron cuatro las defensas alegadas contra la acción. Primera, que la Corte de Distrito de Mayagüez no tenía jurisdicción, porque cada una de las sumas debidas por las diferentes demandadas era menor de quinientos dollars; segunda, que el demandante y apelado no babía probado suficientemente su derecho; ter-cera, que la acción babía prescrito por el hecho de que la venta o ventas efectuadas por Fernández y Compañía, ha-bían sido véntas de mercancías.

Con respecto a esta tercera defensa, las demandadas no citaron el artículo del Código Civil, en que se fundaban; pero alegaron ante este tribunal, que los hechos demostraban que la acción había prescrito. La cuarta defensa era de que la acción había prescrito por el hecho de que las demandadas estuvieron en condiciones de pagar la deuda a Fernández y Ca. en 18 de diciembre de 1901.

En la contestación se admite la existencia de las deudas, con motivo de las cuales el demandante interpuso la demanda. Hay cinco demandadas, y, en la época en que se entabló la demanda, cuatro de las mismas, debía respectivamente, su-mas que pasaban de quinientos dollars. La quinta demanda-da, o sea Elvira Fernández Blanco, sólo debía, al entablarse la demanda, la suma de $480.48, y, por tanto, la Corte de Distrito de Mayagüez, carecía de jurisdicción en cuanto a ella. Es un hecho curioso en el presente caso, que, a pesar de que las sumas que se tratan de recobrar parecen ser su-mas liquidadas, de las cuales las demandadas son respon-sables individualmente, y no solidariamente, todas ellas fue-ron unidas en una misma acción, y no se hizo objeción al-guna por ese motivo. Sin embargo, no hay nada en los autos, que demuestre que existiera dependencia mutua alguna entre las demandadas, y por esta razón habrá que revocar la sentencia contra Elvira Fernández Blanco, como ya se ha indicado.

Con respecto a la suficiencia de la prueba, basta decir que se confiesan las deudas en la contestación, y el demandante presentó como prueba el documento de venta expedido a su favor por el marshal; así como una escritura del 18 de diciem-bre de 1901, en la cual las apelantes respectivamente reco-nocieron deber á Fernández y Ca. las respectivas sumas men-cionadas en dicha escritura. En virtud de las alegaciones y pruebas sometidas, la corte estaba. justificada en dictar sentencia contra las demandadas sobre las cuales tenía juris-dicción. En cuanto a la defensa de prescripción por razón de la clase de las mercancías vendidas por Fernández y Ca. a las demandadas y apelantes, estas últimas alegaron que el artículo 1868 del Código Civil limita el período de prescrip-ción a' tres años. Sin embargo, no hubo en el juicio prueba alguna del origen de las deudas de los apelantes. La escri-tura presentada como prueba, demuestra que en cada caso, la suma con motivo de la cual se entabló la demanda, era una suma liquidada. Estamos de acuerdo con las apelantes en que, si los hechos consignados, constituyen una defensa de prescripción, no es necesario hacer referencia al artículo del Código Civil, con arreglo al cual reclamaban las demandadas y apelantes. El artículo 128 del Código de Enjuiciamiento Civil confiere a un demandado el privilegio de invocar la ley de prescripción, citando al hacer referencia a la misma el número del artículo del Código en que se funda. Pero si ex-pone los hechos de la prescripción, no es necesario que cite el artículo, aunque sería mejor práctica citarlo.

En cuanto a la cuarta defensa, o sea la de que la escri-tura otorgada por las apelantes a favor de Fernández y Ca. llevaba la fecha del 18 de diciembre de 1901, y que, por lo tanto, las acciones habían prescrito, aparece claramente el hecho dé que esas acciones son de carácter personal, puesto que las demandadas reconocieron individualmente deber can-tidades determinadas y liquidadas. Por consiguiente el artí-culo del Código Civil aplicable a esas acciones de prescrip-ción, sería el 1865 en vez del 1868. Por lo tanto las acciones no lian prescrito, pues el término de la sección anterior es de quince años.

Con respecto a la demandada y apelante, Elvira Fernán-dez Blanco, debe revocarse la sentencia, y confirmarse la misma en cnanto a las demás demandadas.

Resuelto de conformidad.

' Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados, MacLeary, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. del Tobó,

text:
    Martínez v. Pagán López & Co.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    Moción para la decisión de las costas.
    No. 615.
    Resuelto en mayo 19, 1911.
    'Costas — Interpretación de las Leyes de Costas. — El derecho a las costas se considera como totalmente de origen estatutorio. Para poder reclamar cos-tas en procedimientos legales, debe existir una ley en que basar la reclamación. Las disposiciones legales sobre costas deben interpretarse restrictivamente.
    Costas y Honorarios en el Tribunal Supremo. — No existe ninguna ley vigente en Puerto Rico que expresamente prescriba que puedan recobrarse las costas, incluyendo honorarios de abogados, causadas en las apelaciones que se tra-miten en la Corte Suprema de esta Isla.
    ■Costas y Honorarios én las Cortes de Distrito y Municipales. — Pero de acuerdo con la ley vigente, la Corte Suprema al resolver el recurso tiene la • facultad de imponer las costas, incluyendo honorarios de abogados si la ma-teria litigiosa excede de" $500, causadas en la tramitación del pleito en la corte de distrito y municipal en su caso.
    Los liecños están expresados en la opinión.
    Abogados de la parte promovente: Sres. N. B. K. Pettin-gill y Fernando Vázquez.

    Abogado de la parte contraria: Sr: Pascasio Fajardo.

   El Juez Asociado Se. del Tobó,

emitió la opinión del tribunal.

Dictada sentencia por esta Corte Suprema en este caso, el- demandante y apelante presentó una moción sobre tasa-ción de costas acompañada de una “minuta de honorarios devengados por los abogados defensores del demandante en la Corte- Suprema de San Juan y otros gastos.”

Al resolver el recurso interpuesto, esta Corte Suprema, de acuerdo con la ley, procedió a dictar la sentencia que a su juicio debió haber dictado la corte inferior, e impuso a la demandada y apelada las costas de primera instancia. Sien-do esto así, es bien claro que los honorarios de los abogados defensores del apelante por servicios prestados en esta Corte Suprema, no pueden incluirse en las costas impuestas, y que, en tal virtud, la moción del demandante y apelante debe de-clararse sin lugar.

Ya en el caso de Vázquez v. Vázquez, decidido por esta Corte Suprema el 20 de mayo de 1909, este tribunal se ex-presó con respecto a esta cuestión en los siguientes térmi-nos: “Y la partida de honorarios por servicios prestados en este tribunal, debe.ser negada por la razón adicional de que no había autoridad para imponerla. Nadie excepto este tribunal, tiene tal derecho, y solamente podría tenerlo en virtud de una disposición legal directa. Parece que por el artículo 8 del Código ele Enjuiciamiento Civil, se establece el princi-pio contrario cuando dicho artículo prohíbe al Tribunal Supremo, imponer, mediante-su reglamento, contribución o gravamen alguno sobre ningún procedimiento legal. Debe re-vocarse la orden y devolverse la causa, con instrucciones de negar la relación ele costas.”

“El derecho a las costas se considera como totalmente de origen estatutorio. (Supervisors, etc., v. Briggs, 3 Denio, 173; State v. Kinns, 41 N. H., 238.) Para poder recobrar costas en procedimientos legales, la parte que las reclama debe mostrar una ley en su favor. (Stoddard v. Clarke, 9 Abb. Pr. N. S., 310; Kilburn v. Lowe, 37 Hun. 237, 240; Dow v. Updike, 11 Neb. 95, 98; Jeffrey v. Hursh, 58 Mich., 246, 258.) Las cuestiones que afectan el cobro ele costas surgen princi-palmente bajo las disposiciones legales qne existen con refe-rencia á las mismas. (Véase Fisher v. Hunter, 15 How Pr., 156; Burnet v. Westfall, 15 Id., 420; Scudder v. Gori, 28 Id., 155; S. C., 18 Abb. Pr. 207.) Y tales disposiciones legales, deben ser interpretadas estrictamente. (Shed v. Railroad Co., 67 Mo., 687; Crofut v. Brandt, 58 N. Y., 108; Stanton County v. Madison County, 10 Neb., 308.) ”

88 Am. Dec., 181.

No existe ninguna ley vigente en Puerto Rico que expre-samente decrete que pueden recobrarse las costas, incluyendo honorarios de abogados, causadas en las apelaciones trami-tadas en y resueltas por esta Corte Suprema.

Cuando comenzó a regir en Puerto Rico el Código de En-juiciamiento Civil vigente, la cuantía y forma de pago de los honorarios de los abogados, se dejó al convenio expreso o tácito de las partes, teniendo éstas derecho a las costas y desembolsos, según lo dispuesto en el mismo Código.

Luego, en 1908, se modificó tal disposición y se decretó que en todos los casos en que en un pleito o procedimiento se concedan las costas a una parte, si la materia litigiosa excede de quinientos dollars, tendrá ésta el derecho de- que se le abone por la parte condenada el importe de los honorarios que haya devengado el abogado de la primera por sus servL cios. Pero esta modificación se refiere, en opinión de esta Corte Suprema, sólo a los pleitos y procedimientos trami-tados en y resueltos por las cortes de jurisdicción original.

Es cierto que esta Corte Suprema puede imponer costas, debiendo entenderse incluidos en ellas los honorarios de los abogados, de acuerdo con la ley vigente, pero tales costas son únicamente las causadas en la Corte de Distrito y Municipal en su caso, como así se desprende del artículo 340 del Código de EnjuiciamienN Civil, que marca con toda precisión el pro-cedimiento que debe seguirse para hacer efectivas las dichas costas impuestas por esta Corte Suprema.

Denegada la moción.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Torres v. Calaf.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda.
    No. 694.
    Resuelto en mayo 19, 1911.
    Resoluciones Inapelables — Excepciones Previas. — Las resoluciones de las cortes decidiendo excepciones previas no ponen término al asunto,’ siendo necesario que se registren como sentencias para que produzcan ese efecto y también el de que el Tribunal Supremo pueda conocer de ellas en grado de apelación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Rafael López Landrón.

    Abogados del apelado: Sres. Alvarez Nava y Domínguez.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

En el presente caso, la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., resolvió en 9 de marzo de 1911, de acuerdo con la excepción alegada contra la demanda, que ésta no aducía hechos bastantes para determinar una causa de acción, por estar prescrita la que en ella se ejercita.

Algunos días después, la demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada en este caso el día 9 de marzo de este año, que declara cón lugar la excepción del demandado, sin que conste del récord traído ante este tribunal, que la resolución mencionada fuera registrada como •sentencia.

Ya hemos resuelto en varios casos, y últimamente en los de Jimenez v. Olmedo, 13 diciembre, 1907; Cintrón v. Figueroa, 16 diciembre, 1907; Rijos v. Peña, 23 diciembre, 1907; Comunidad de Regantes del “Bucaná,” v. Casalduc, 17 febrero, 1908; Otero v. Monroig, 23 febrero, 1909; Vega y otros v. Rodríguez y otros, 6 marzo, 1911; y The American R. R. Co. of P. R. v. J. Quiñones. 10 marzo, 1911, que las resolu-ciones de las cortes decidiendo excepciones, no ponen término al asunto y que es necesario que se registren como senten-cias para que produzcan ese efecto y también el de que este Tribunal Supremo pueda conocer de ellas en grado de ape-lación.

Por los motivos consignados la apelación debe ser deses-timada.

Desestimada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y del Toro.


author: El Juez PeesideNte Se. HeeNÁNdez,

text:
    Rosado v. Hernández et al.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 663.
    Resuelto en mayo 22, 1911.
    ■Costas — Honorarios de Abogados — Facultad Discrecional del Juez Sen-tenciador — Grado de Culpabilidad de la Parte Condenada por la Senten-cia. — De acuerdo con el artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil en-mendado por ley de marzo 12 de 1908, el tribunal sentenciador tiene la facultad de conceder los honorarios de abogados y costas discrecionalmente, teniendo en cuenta el grado de culpabilidad de la parte condenada por la sentencia, y contra la apreciación que haga dicha corte de ese grado de culpabilidad, no irá este tribunal a menos que se demuestre que se cometió abuso -en el ejer-cicio de dicha facultad discrecional.
    Id. — Memorandum de Costas — Prueba de las Partidas. — Constando de los autos que sé prestaron los servicios a que se refieren las partidas de un memorandum de costas, no puede impugnarse con, éxito dicho memorandum por no haberse presentado prueba para justificarlo.
    Los hechos están expresados en la opinión.

      Abogando del apelante: Sr, Juan Quintero González de Quijano.

    Abogado de los apelados: Sr. Angel A. Vázquez.

   El Juez PeesideNte Se. HeeNÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

A virtud de orden de ejecución expedida por la Corte de Distrito de Mayagüez al marshal de la misma, para el cum-plimiento de sentencia dictada á favor de Agustín Hernán-dez Mena, en pleito seguido contra Julio Medina González en cobro de dinero, dicho márshal embargó, como de la propie-dad de Medina, una parcela de doce cnerdas de terreno con casa vivienda, radicada en el barrio de “Sábalos” del mu-nicipio de Mayagüez, cuya venta en publica subasta se señaló' para el día 24 de noviembre del año próximo pasado.

Antes de verificarse la subasta anunciada, presentó Arturo-Eosaclo Fussá ante la referida corte, demanda de tercería de dominio contra Agustín Hernández Mena y Julio Medina. González, para que por sentencia se declarara ser de su pro-piedad el terreno embargado, que había adquirido del Medina González mediante escritura pública de venta otorgada en 12 de enero de 1910, condenando además a Hernández Mena, a pagar al demandante doscientos cincuenta dollars en concepto de indemnización de daños y perjuicios, y las cos-tas.

En la misma demanda solicitó Rosado Fussá se expidiera, una orden de injunction preliminar contra Agustín Hernán-dez Mena, Julio Medina González y Ramón Irizarry Ursulich,, márshal de la Corte de Distrito de Mayagüez, para que se abstuvieran de proceder a la venta de la finca embargada, y la corte señaló día para discutir la solicitud, poniendo a la vez a las partes en entredicho mediante fianza por la suma de ochocientos dollars, que había de prestar y prestó el peti-cionario Rosado Fussá.

Al contestar Hernández Mena la demanda, estuvo con-forme en que se declarara con lugar en cuanto a la acción de tercería, sin especial condenación de costas, y pidió fuera de-sestimada en cuanto a la acción de daños y perjuicios, que alegaba haber sufrido el demandante.

Por lo que toca a la solicitud de injunction, se opuso a ella Hernández Mena, y pidió se revocara la orden de entre-dicho que había sido expedida.

La corte después de oídas las alegaciones de las partes concedió el injunction preliminar solicitado, quedando en en-tredicho las partes en la forma en que se había dispuesto.

Celebrado el juicio, fué dictada sentencia que, copiada a la letra, dice así:

“Esta causa fué llamada para juicio el día nueve de diciembre de 1910, compareciendo el demandante por su abogado Sr. Angel A. Vázquez y el demandado Agustín Hernández Mena en persona, sin que compareciera el otro demandado cuya rebeldía consta anotada en el récord. La corte, después de oir los alegatos, la prueba practicada y los argumentos de las partes comparecientes, reservó su decisión basta el día de hoy en que declara que la ley y los hechos están a favor del demandante, en cuanto a su demanda de tercería y solicitud de injunction. En cuanto a la indemnización que pide el deman-dante, la corte es de opinión que no se ha probado que el demandado Agustín Hernández haya trabado de mala fe el embargo a que se refiere la demanda, ni se ha demostrado claramente la cuantía de los perjuicios sufridos por el demandante, pero, sí aparece de la prueba que el demandado Hernández, no levantó el embargo después de tener aviso expreso del traspaso de la propiedad y obligó al demandante a acudir a los tribunales, por lo que debe condenársele en costas a dicho demandado Agustín Hernández. En su consecuencia, la corte declara con lugar la demanda de tercería de bienes inmuebles, ordena que se levante y cancele el embargo .practicado a instancia del demandado Agustín Hernández Mena sobre la finca referida en la demanda y la cual se describe en' esta forma:
“ ‘Fracción de terreno, radicada en el barrio de Sábalos de este municipio, a pastos, frutos menores y cañas dulces, con su casa habi-tación de madera, terrera, compuesta de doce cuerdas, o sean 4 hec-táreas, 61 áreas, 64 centiáreas; lindando al norte con un camino veci-nal y al saliente terrenos de Don Francisco Ramírez. ’
“Y declara, que ninguno de los demandados tiene derecho real ni personal, título o interés alguno sobre la referida finca y que ésta pertenece, al demandante Arturo Rosado Fussá. Se hace definitivo y perpetuo el injunction preliminar librado en esta causa y se imponen al demandado Agustín Hernández Mena -las costas causadas en este litigio.
“Regístrese esta sentencia en el libro correspondiente de esta corte y líbrese mandamiento al marshal para su cumplimiento.
“Mayagüez, P. R., diciembre 12 de 1910. (Firmado) Otto Schoen-rich, Juez del Distrito.”

Contra esa sentencia interpuso Agustín Hernández Mena recurso de apelación para ante esta Corte Suprema, en cuan-to decreta el injunction definitivo y le condena en costas.

Así las cosas, el demandante Rosado Fussá presentó en la corte inferior memorandum de los desembolsos que debía reintegrarle Hernández Mena, consistentes en las siguien-tes partidas: Una, de $8.70, por honorarios del secretario; otra, de $3 pagados a Juan Arroyo y Mestre por emplazar a los demandados; la tercera, de $200 que había percibido por sus servicios profesionales en el caso el abogado Angel A. Váz-quez ; y- la última, de 50 centavos pagados a Americo Puig y Rosario por servir a Hernández Mena una copia del memorandum de costas; total, $212.20.

Todas esas partidas, con excepción de la primera, fueron impugnadas por Hernández Mena; y habiendo convenido las partes en someter memorandum e impugnación a la consi-deración de la corte sin otro requisito, la - corte, por orden de 9 de enero último aprobó dicho memorandum, con la sola modificación de fijar la partida de honorarios de abogado en la suma de $125 contla cuya orden también interpus'o Her-nández Mena recurso de apelación para ante, esta Corte Su-prema.

Como se ve, dos son los recursos sometidos a nuestra consideración; uno de ellos, contra la sentencia que dictó la Corte de Distrito de Mayagüez en 12 de diciembre del año próximo pasado, en cuanto decreta el injunction definitivo y condena en costas a Agustín Hernández Mena; y el otro, contra la orden aprobando el memorandum de costas en la forma expresada.

Por lo que toca al primer recurso, el artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil, tal como lia quedado en-mendado por ley aprobada en 12 de marzo de 1908, dispone que los honorarios y costas serán concedidos discrecional-mente por el juez que entienda en el pleito o procedimiento, teniendo en cuenta el grado de culpabilidad si lo hubiere, de la parte condenada por la sentencia.

La corte inferior estimó en vista del resultado de las pruebas, que Agustín Hernández Mena no levantó el embargo después de haber tenido aviso expreso del traspaso de la propiedad, obligando así al demandante a establecer el pre-sente juicio de tercería; y nada hay en el escrito de exposi-ción del caso que nos demuestre que la corte inferior incu-rrió en manifiesto error al hacer semejante apreciación. Siendo ello así, no puede afirmarse bajo concepto alguno que dicha corte abusara de la facultad discrecional que la ley le otorga para conceder honorarios y costas.

No habiéndose interpuesto recurso de apelación contra la sentencia en cuanto declara con lugar la demanda de ter-cería con la que se conformó Hernández Mena, reconociendo al contestarla el derecho que asiste a la parte demandante, carece de finalidad el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia en cuanto decreta el injunction definitivo, pues éste tiene por objeto-impedir la venta judicial de la finca em-bargada, y aunque se dejara sin efecto, la sentencia impediría que dicha venta se llevara a cabo para satisfacer un crédito de Julio Medina González con el producto de una finca que se de-clara ser de la propiedad de Arturo Rosado Fussá. Huelga, pues, discutir los motivos en que se funda el recurso para la revocación del injunction perpetuo decretado.

En cuanto a la orden recurrida aprobando el memorandum de costas con la modificación que hizo el juez inferior, las alegaciones que ha hecho por escrito ante esta Corta Suprema la representación de Agustín Hernández Mena, se encaminan a demostrar que en el presente caso no procedía condena especial de costas, y que no habiéndose suminis-trado pruebas para demostrar que Bosado Pussá había pa-gado las partidas incluidas en el memorandum de costas, no ha podido Hernández Mena ser condenado a su reintegro.

Ta hemos dicho que la corte inferior no cometió abuso de discreción al condenar en costas a Agustín Hernández Mena, y como del record consta que Juan Arroyo Mestre prestó el el servicio de emplazamiento de los demandados, que el abo-gado Angel A. Vázquez llevó en el pleito la defensa de Juan Bosado Pussá y que la entrega del memorandum de costas se hizo a Agustín Hernández Mena, no hay duda de que las partidas del memorandum de costas, en la forma en que fue aprobado por el Juez, son realmente debidas a Bosado Pussá.

Por las razones expuestas, entendemos que procede la con-firmación de la sentencia de la corte de Mayagüez de 12 de diciembre del año último, en la parte.en que ha sido recurrida, y también la de la orden apelada ele 9 de enero del corriente año.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, Wolf, del Toro y Aldrey.


text:
    Salguero v. American Railroad Co. of P. R.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla.
    No. 679.
    Resuelto en mayo 22, 1911.
    Daños y Perjuicios — Palta de Prueba — Daños Nominales. — Cuando en una ac-ción de indemnización de daños y perjuicios el demandante no prueba la exis-tencia real de los mismos, no comete error el tribunal que falla en contra del demandante, aun cuando en determinados casos pueda concederle daños no-' minales.
    Ocupación de un Terreno — Acción en Cobro de Canon. — No existiendo con-trato alguno de arrendamiento de una parcela de terreno ocupada de buena fe por el demandado, bajo la creencia de que pertenecía a El Pueblo de Puerto Rico y no al demandante, no puede éste reclamar el pago de un canon de arrendamiento.

      Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Reichard y Reichard.

    Abogados del apelado: Sres. N. R. K. Pettingill y Fernando Vázquez.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Alfredo Salguero obtuvo en la Corte Municipal de Agua-■dilla, una sentencia contra la “American R." E. Co.” por la :suma de $390, y costas. Contra esta sentencia se interpuso por la compañía ferroviaria, recurso de apelación; y el día •22 de diciembre de 1910, después de celebrado el juicio, el juez de la corte de distrito pronunció un fallo a favor de la compañía demandada.

Antonio Salguero es el apelante ante este tribunal. La “American R. R. Co.” utilizó el terreno del demandante, ocu-pándolo con una placa giratoria, y la vía necesaria para llegar a la misma. El apelante alega que frecuentemente notificó a .la compañía, para qu.e quitase la vía y la placa giratoria, pero que dicha compañía nunca quiso atender a su súplica. Sin embargo, la prueba demuestra que sólo uno o dos años antes de entablarse este pleito, el demandante dirigió a la ■compañía, una comunicación formal, y a esa comunicación iba unida una oferta de venta.

El apelante demostró que la compañía había ocupado el citado terreno durante seis años y medio, sin pagarle nada por su uso y ocupación. La demandada, en caúibio, dice que lo venía ocupando en la equivocada creencia de que pertene-cía a la propiedad de El Pueblo de Puerto Rico, y que ella tenía derecho a utilizar dicho terreno, en virtud de algún con-venio celebrado con El Pueblo de Puerto Rico; y se probó también que la compañía no había utilizado dicha placa gira-toria durante unos dos años. En la vista del presente caso, hubo alguna discusión sobre si la compañía apelada había o no ocupado el terreno de buena fe. Nos inclinamos a creer que la prueba demuestra que dicha compañía lo ocupaba de buena fe. Sea como fuere, nosotros estimamos que la senten-cia de la Corte de Distrito de Aguadilla debe ser confirmada. El apelante no demostró la existencia de contrato algnno con la compañía ferroviaria, y, por consiguiente, no tenía derecho' a recuperar nada por concepto de alquileres. El pudiera ha-ber obtenido un fallo a su favor, con motivo del uso y ocupa-ción de dicho terreno, si hubiera demostrado la existencia de daños y perjuicios realmente sufridos; pero no se demostró tales daños y perjuicios. Cuando no se demuestra la existen-cia de daños y perjuicios realmente sufridos — aunque en un caso adecuado, el tribunal podría adjudicar al demandante una indemnización nominal — no hay error alguno en fallar en contra del demandante, cuando éste deja de probar su derecho, como ha sucedido en el presente caso. (Palou et al. v. Dueño et al., decidido en 25 de junio de 1909; Quiñones v. American R. R. Co. of R. R., marzo 10, de 1911.)

No encontramos, en la sentencia, error alguno, y la misma debe ser confirmada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. Wolf,

text:
    Aponte et al. v. Ramírez et al.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 626.
    Resuelto en mayo 22, 1911.
    Acción Reivindicatoría — Venta de Bienes Inmuebles — Consumación del Con- , trato.' — Desde el momento en que un contrato de venta de finca rústica queda perfeccionado por el consentimiento de las partes, unido a la posesión de la finca vendida, dicho contrato surte efectos legales entre las partes, herederos y eausahabientes, sin que influya para nada en la eficacia de tal contrato el no haberse otorgado documento público ni privado de dicha venta.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Pascasio Fajardo.

    Abogados de los apelados: Sres. Alfredo Amoldo y Juan Quintero Gonzales de Quijano.

   El Juez Asociado Se. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El día siete de marzo de 1892, Juan Bianclii Pagán tras-pasó la finca objeto de este pleito a. Doña María Saturnina Eamírez. La' demandante y apelante, casada y menor de edad, es la bija y heredera por testamento de Doña María Saturnina Eamírez. El demandado y apelado Eamón Eamí-rez Eodrígnez está en posesión de la finca y alegq tener el tí-tulo de propiedad de la misma por compra a su padre, por escritura que fué debidamente inscrita. El demandante niega la posesión y título del demandado Eamírez, y termina soli-citando que la finca sea devuelta a la menor demandante y se cancele la hipoteca que constituyó el demandado a favor de la sociedad demandada Diez y Pérez.

Los demandados admiten que la finca perteneció a la ma-dre de la apelante en el año 1892, pero alegan y prueban que a la fecha de la muerte de la referida testadora ésta tenía una una deuda que ascendía a $3,600, habiendo entregado la finca y vendídola a su padre el mencionado José Monserrate Ea-mírez, con el fin de que éste pagara las expresadas deudas. En 26 de enero de 1899, obtuvo un expediente posesorio en lá Corte Municipal de Añasco, otorgando al siguiente día a favor de su hijo la escritura de que se ha hecho mérito.

Alega el apelante que su madre tenía el título del que nun-ca fué privado legalmente. Se refiere también a actos del consejo de familia de la menor demandante, de cuyo consejo eran miembros su abuelo José Monserrate Eamírez y su tío Eamón Eamírez Eodríguez, como para sugerir que esa cir-cunstancia hubiera podido influir para privarla de la finca perteneciente a su madre; pero no se ha imputado o alegado de una manera formal la existencia de confabulación o fraude para perjudicar a dicha menor, aparte de que tal imputación o alegación hubiera resultado incompatible con el hecho de que la finca fué vendida como hemos dicho antes, por Da. Ma-ría Saturnina Eamírez antes del fallecimiento de aquélla, con el fin de que pagara deudas que tenía contraídas. Poco im-porta que en la venta expresada no mediara documento pú-blico ni privado, pues perfeccionada como quedó por consen-timiento de las partes, unido a la posesión del terreno vendido, tenía que producir efectos legales entre éstos, y hoy la deman-dante, -que 'es la continuación de la personalidad de su madre, no puede ir contra los actos de ésta.

Bajo las circunstancias expuestas creemos que concurrie-ron todos los elementos necesarios de un contrato y los requi-sitos para un título en lo que respecta a las partes entre sí.

Si fué válido el traspaso hecho por Da. María Saturnina Ramírez a su padre José Monserrate Ramírez, careciendo és-te como carecía de título escrito inscribible, bien pudo inscri-bir a su favor en el registro de la propiedad la posesión de la finca, y con este título venderla a su hijo el demandado Ra-món Ramírez Rodríguez, encontrándose éste así en condi-ciones legales para hipotecarla a favor de la sociedad deman-dada, Díaz y Pérez.

No encontramos que se haya cometido error en la senten-cia que dictó la Corte de Distrito de Mayagüez en 15 de agosto del año próximo pasado, declarando sin lugar la demanda con las costas a la parte demandante, y debe confirmarse.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. del Tobo,

text:
    García v. San Juan Light & Transit Co.
    ApblaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera.
    No. 662.
    Resuelto en mayo 23, 1911.
    Opinión del Juez Sentenciador — Transcripción de Autos. — La opinión del juez sentenciador no es parte necesaria del récord, pero si existe, es buena práetiea incluirla en la transcripción de autos que se eleva a esta Oorte Su-prema, para mayor ilustración de la misma.

      Negligencia del’ Demandado — Daños y Perjuicios. — En reclamaciones sobre daños y perjuicios basadas en la negligencia del demandado, no basta demos-trar que el demandado ha sido de algún modo negligente, sino que .es necesario demostrar además, que esa negligencia fué la causa verdadera del accidente.
    Negligencia Contribuíosla — Daños t Perjuicios — Accidente.—Alegado por el demandado que el accidente se debió a la propia negligencia del demandante y demostrando la prueba que tal negligencia existió en efecto en tal grado que sin ella no pudo ocurrir el accidente} el demandante no tiene derecho a per-cibir indemnización alguna por los daños y perjuicios que sufriera.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados del apelante: Sres. Borsch y Soto.

    Abogado del apelado: Sr. Henry F. Hord.

   El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn recurso de apelación interpuesto contra sentencia de la Corte de Distrito de San Juan, sección pri-mera, declarando sin lugar la demanda entablada por Esteban García Cabrera contra,The San Juan Light and Transit Co., sobre indemnización por daños y perjuicios. En la demanda se alega que el 9 de octubre de 1909 como a las once de la no-che, el demandante que ejerce la profesión de médico, regre-saba de Guayama e hizo parar su automóvil entre las'paradas 17' y 18, con el fin de visitar un paciente. Que en el momento en que se disponía a cruzar la distancia entre el automóvil y la verja de la casa a^donde se dirigía, fué violentamente lan-zado contra la carretera por uno de los carros eléctricos de la demandada que, conducido por los agentes de la misma, hacía el recorrido entre San Juan y el Parque, causándole lesiones en el brazo y pierna derecha que le retuvieron en cama y le privaron de dedicarse a su trabajo profesional por espacio de quince días, habiendo sufrido además moral y mentalmente. Que los agentes de la demandada omitieron negligentemente dar las señales de campana acostumbradas, y tan negligente y descuidada era la velocidad dada por dichos agentes a la marcha de dicho carro, que no le fué posible detenerlo hasta una distancia considerable del sitio del accidente, causando con su negligencia y descuido las lesiones recibidas por el de-mandante. Y que el demandánte ha sufrido perjuicios que estima en la cantidad de novecientos dollars más o menos.

La Compañía demandada contestó negando específica-mente los hechos esenciales de la demanda y alegando como primera defensa especial qne si el demandante recibió algu-nos o todos los perjuicios, alegados, los recibió por razón de su propia culpa y negligencia y no, por la culpa y negligencia de la demandada ni de sus empleados, y como segunda defen-sa especial, que si algo ocurrió al demandante de lo alegado por él en la demanda, fué casual e inevitable por parte de la demandada.

La prueba del demandante consistió en su propia declara-ción y en las declaraciones de los testigos Evaristo Freiría, pasajero del automóvil, Luis Torruellas, chauffeur, Wenceslao Bosch y Manuel G-uillermety, pasajeros del carro eléctrico, y Luis Pagani, motorista. Y la prueba de la demandada con-sistió en la inspección judicial del sitio en donde ocurrió el accidente.

La corte de distrito tomó en consideración las alegaciones, las pruebas y las argumentaciones de los abogados de las partes y dictó sentencia en contra del demandante y a favor de la demandada. Para fundar su sentencia, la corte de dis-trito emitió una opinión que no se ha incluido en la transcrip-ción de los autos. Aun cuando no puecleMecirse que el récord no está completo por tal motivo, ya que se ha resuelto por esta misma Corte Suprema que la opinión del tribunal senten-ciador no es parte necesaria del récord, hubiera sido mejor práctica incluirla para nuestra mayor ilustración. -

Los actos negligentes que el demandante imputa a la de-mandada son dos, a saber: 1°., no haber tocado la campana, y 2°., conducir el carro a gran velocidad.

Con respecto al primero nada dicen ni el demandante, ni el motorista; el testigo Bosch declara “que no puede recordar si antes del choque tocó señal de campana el motorista”; el testigo Freiría manifiesta ‘ ‘ que el troly venía sin tocar el timbre, que ni sintieron campana alguna ni aviso porque esto les hubiera llamado la atención”; el testigo Torruellas expuso, “que no vió venir el carro ni oyó sonido de campana,” y, por último, el testigo Gfuillermety depuso que “puede asegurar categóricamente qué el troly no tocó campana antes del acci-dente. ’ ’

Y con respecto al segundo, nada dice tampoco el deman-dante, y los demás testigos declaran en la siguiente forma: Freiría, que el troly venía ‘‘ con mucha velocidad, ” “ que pa-recía un relámpago” y que “paró a una distancia larga del sitio donde cogió al doctor”; Bosch, que el troly “iba con bastante velocidad, puesto que .corrió después del choque lo menos doscientos metros”; Torruellas, “que el carro iba a mucha velocidad”; Guillermety “que el troly venía muy li-gero,” y Pagani “que el carro venía con bastante velocidad; que salió el testigo de la parada 15 y que no habiendo ningún pasajero por allí, siguió con la velocidad correspondiente, lo que se le tenía ordenado como motorista.”

Apreciando en conjunto dicha prueba, se puede concluir, 1°., que el motorista dejó dé tocar la campana, pudiendo apre-ciarse éste, bajo las circunstancias del caso, como un acto de negligencia imputable a la demandada, y 2°., que el carro ■eléctrico marchaba rápidamente, sin que existan elementos bastantes para determinar su velocidad.

Pero en casos de esta naturaleza no basta demostrar que la demandada es culpable de negligencia, sino que es nece-sario demostrar además que esa negligencia fué la causa ver-dadera del accidente.

De la misma prueba del demandante se deduce que el auto-móvil caminaba en dirección a San Juan y el carro eléctrico en dirección a Río Piedras; que si bien era de noche,-había luz eléctrica en la carretera y además que el automóvil tenía encendidos sus focos; que el automóvil paró como a dos metros de la vía y al bajar de él y al dar el primer paso para diri-girse a la casa del paciente, el doctor fué lanzado por el carro eléctrico a la carretera.

La prueba de la demandada consistió únicamente en la inspección del sitio del suceso. Como resultado de dicha inspección, el juez sentenciador hizo constar en el récord lo siguiente: “que se constituyó en la parada 17 de los carros eléctricos en la carretera de Santurce, la que está frente a la calle del Condado. Desde este punto hasta la casa que iba a visitar el Dr. G-arcía Cabrera, demandante, en la fecha del accidente por el que reclama, hay una distancia de unos cin-cuenta metros en dirección hacia la parada 18. Colocado el juez y los abogados como a dos metros de la vía y frente a la puerta de esta casa, mirando hacia San Juan, se distingue un carro eléctrico a una distancia de 250 a 300 metros y desde la parada 17 hacia la 18 hay una pequeña pendiente que sube ha-cia la parada 18. Como a unos 20 metros de la puerta de la citada casa y en la carretera, hay un foco eléctrico.”

Apreciando la prueba con respecto a los actos del deman-dante, se concluye fácilmente que si el dicho demandante hu-biera mirado a lado y lado de la vía, hubiera visto necesaria-mente el tren eléctrico y no hubiera ocurrido el accidente, y? además, que siendo súbita la aparición del demandante en la vía, no estaba en poder del motorista evitar el accidente.

Bien se estime, pues, que hubo negligencia contributoria por parte del demandante, de tal naturaleza que sin ella no pudo ocurrir el accidente, ya se aprecie éste como un acto casual que no pudo evitar la demandada, no puede recono-cerse al demandante derecho a recobrar de la demandada can-tidad alguna por los daños y perjuicios que sufriera, y, al apreciarlo así, la corte sentenciadora no cometió ningún error y en tal virtud su sentencia debe confirmarse.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary y Wolf.

El Juez Asociado Sr. Aldrey, no tomó parte en la resolu-ción de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Burgos v. Báez.
    . ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Jnan.
    No. 646.
    Resuelto en mayo 23, 1911.
    Prueba Subsidiaria — Documento Original Perdido — Copia de Documentos.— En el acto de la vista el demandante presentó prueba para demostrar que el original de cierto acto de conciliación alegado en la demanda, se había perdido, e introdujo una copia simple del mismo. El demandado se opuso y la corte no obstante creer que se había demostrado la pérdida del original, se negó a admitir la copia porque de ella no' resultaba que el demandado, que también como tal demandado aparecía compareciendo en el acto de conciliación, hu-biera firmado, o que no sabiendo firmal-, lo hubiera hecho a su ruego un testigo; se resolvió,- que al no admitir la prueba subsidiaria, la corte de distrito infrin-gió el artículo 24 de la ley de evidencia.
    Actos de Conciliación — Antigua Ley de Enjuiciamiento Civil — Derogación.— Puesta en vigor la orden general número 118, serie de 1899, que varió funda-mentalmente el procedimiento civil, los “actos de conciliación’’ dejaron de ser necesarios para el ejercicio de las acciones civiles y las prescripciones de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil sobre la materia, quedaron virtualmente derogados.
    Reconocimiento de Deuda — Acción Personal — Prescripción.—Reconocida una deuda después de la vigencia de la orden general número 118, serie de 1899, ante un juez municipal, hallándose presentes el secretario del juzgado y dos llamados “hombres buenos,” y hecho constar tal reconocimiento por escrito, no es posible impedir que se presente prueba sobre la existencia de dicho acto, cuyo valor apreciará luego el juez al- dictar la sentencia.. La acción que compete al acreedor para reclamar el pago de una deuda así reconocida, es la personal que sólo prescribe a los 15 años.
    Los hechos están, expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Manuel F. Bossy.

    Abogado del apelado: Sr. Joseph Anderson, Jr.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente caso es un recurso de apelación contra una sen-tencia de la Corte de Distrito de San Juan, sección segunda, que declaró sin lugar una demanda establecida por Rafael Burgos contra Andrés Báez, sobre cobro de pesos. En la de-manda se alega' que Báez debía y debe a Burgos la suma de $5Jl.70 procedente de diversas cantidades de dinero que le prestara en distintas épocas y de algunas provisiones que le diera para el sostenimiento de su familia. Que a conse-cuencia de esa deuda el demandante y el demandado celebra-ron un acto de conciliación ante el juez municipal de Baya-món el 18 de abril, y en ese acto reconoció Báez deber a Bur-gos la expresada cantidad y ofreció pagarle con cierta estan-cia que posee en Bayamón, que se tasaría por peritos y con su importe se cobraría Burgos su deuda y devolvería la diferencia a Báez. Que no pudo cumplirse tal convenio, porque el demandado no designó perito tasador; y que el demandante no lia podido aún cobrar su crédito en forma alguna, habiendo sólo recibido del demandado 32 almudes de café, que valen $22.16, a cuenta de la deuda.

La demanda termina suplicando que se dicte sentencia or-denando al demandado que entregue la finca descrita en la demanda para el pago de la deuda en la forma convenida, o bien que pague al demandante en metálico la deuda recla-mada, intereses y costas.

El demandado opuso a la demanda excepciones previas que fueron declaradas sin lugar y entonces archivó su contes-tación alegando, en resumen, que la corte de distrito no tenía jurisdicción; que “si alguna vez debía al demandante, ha mu-cho tiempo que le ha pagado tocio lo que le debía”; “que si es verdad que el demandante y él celebraron un acto de concilia-ción ante el juez municipal de Bayamón el 18 de abril de 1901, desde entonces el demandado no ha hecho nada para hacer efectivo dicho acto de conciliación, y, que por lo tanto, no tiene ahora ningún derecho,” y que la finca a que se refiere la demanda, pertenecía a la sociedad conyugal y ahora ha-biendo muerto su esposa, una hija suya tiene interés en la misma.

La cuestión de jurisdicción alegada por el demandado ca-rece de fundamento. En la demanda se reclama 541 dollars y en tal virtud la jurisdicción original de la corte de distrito para conocer del caso, quedó establecida claramente de acuer-do con la ley. i

Resuelta esta cuestión previa, procederemos a considerar y resolver una de las excepciones del demandante y apelante, que, a nuestro juicio, levanta la cuestión fundamental envuel-ta en este recurso.

En el acto de la vista, el demandante presentó prueba para olemostrar que el original del acto de conciliación alegado en la demanda, se había perdido, e introdujo entonces una copia .simple del mismo. La parte demandada se opuso a la admi-sión de la prueba y la corte se negó a admitirla no obstante creer que se había probado la pérdida del original, por que de la copia no resultaba que el demandado, que también como demandado aparecía interviniendo en el acto de conciliación, hubiera firmado, o que no sabiendo firmar, lo hubiera hecho a su ruego un testigo, tal como disponía el artículo 471 de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil.

La admisión de esta prueba era y es de gran importancia para el demandante y apelante, dada la alegación de pres-cripción hecha por el demandado y apelado, y habiendo lle-gado a la conclusión de que el original del acto de conciliación se había perdido, al no admitir prueba subsidiaria de dicho acto, es evidente que la corte de distrito infringió el artículo 24 de la ley de evidencia.

En 18 de abril de 1901, fecha en que se alega celebrado el acto de conciliación, ya estaba en todo su vigor la orden general número 118, serie de 1899, que había variado fundamental-mente el procedimiento civil en Puerto Rico. Los actos pre-vios de conciliación dejaron de ser necesarios para el ejerci-cio de las acciones civiles y las prescripciones de la antigua ley de enjuiciamiento civil sobre la materia, quedaron virtual-mente derogadas.

Siendo esto así, el acto de conciliación que se alega cele-brado en este caso, carece de fuerza como tal y no es necesario investigar si se celebró o nó con todas las solemnidades que la ley exigía; pero si se demuestra que es cierto que dos per-sonas acudieron ante un juez, hallándose además presentes el secretario del juzgado y dos llamados hombres huenos, y una de dichas personas reconoció deber a la otra una determinada cantidad de dinero y tal reconocimiento se consignó por es-crito, no es posible impedir que se presente prueba sobre tal acto, prueba cuyo valor apreciará luego el juez al dictar la. sentencia que proceda en justicia.

El acto no tendrá la fuerza de un convenio hecho constaren documento público, pero si su realidad se demuestra cum-plidamente, constituirá a lo menos el reconocimiento de una. deuda líquida hecha constar en documento privado, y la acción que compete al acreedor para cobrar la deuda, será clara-mente la personal que sólo prescribe a los quince años. (Art.. 1963 del Código Civil antiguo y 1865 del Código Civil revi-sado.)

En tal virtud y habiendo examinado cuidadosamente la. forma en que aparece redactada la contestación y las demás circunstancias de este caso, opinamos que debe revocarse la. sentencia apelada y ordenarse la celebración de un nuevo jui-cio, en el cual se permita a las partes probar sus alegaciones, con entera amplitud y de acuerdo con la ley.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary y Wolf.

El Juez Asociado Sr. Aldrey, no tomó parte en la resolu-ción dé este caso.


author: El Juez Asociado Su. Wolp,

text:
    El Pueblo v. Sierra.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan. Moción sobre corrección de autos.
    No. 340.
    Resuelto en mayo 23, 1911.
    Derecho Penal — Corrección de Autos — Actos Ooram non Judice — Facultad Para Alterar, Modificar o Ampliar los Autos. — El réeord de una apelación criminal no puede ser aumentado por medio de una moción sobre corrección de autos fundada en el artículo 55 del Reglamento de esta corte, con una certificación comprensiva de varias constancias de otra causa criminal seguida contra este mismo apelado, sin que conste que se presentaron como prueba al tribunal inferior, ni que las tuviera presente al resolver este caso, ni que fue-ron mostradas al acusado, ni que fueron incluidas en el pliego de. excepciones que certificado por el juez forma parte del récord de esta apelación. Tampoco viene acompañada la certificación referida de una declaración jurada que jus-tifique esos extremos.- Este tribunal no tiene facultad para alterar, modificar o ampliar los autos presentados en una forma determinada. El hacerlo sería un acto Goram Non Judioe. Yéase Galaf et al. v. Galaf, resuelto en enero 25, 1910; 16 Decisiones de Puerto Eico, 835.
    Id. — Begla 55 de Esta Corte — Su Interpretación. — -La regla 55 de esta corte solamente se refiere a aquellas partes de los autos que por inadvertencia o cualquier otro motivo, no han sido debidamente insertadas en la transcripción.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del promovente: Sr. Jesús M. Bossy, Fiscal.

    Abogado de la parte contraria: Sr. Pedro Gomes Lasserre.

   El Juez Asociado Su. Wolp,

emitió la opinión del tribunal.

El día 2 de mayo de 1911, el Fiscal de esta corte presentó una moción sobre corrección de autos en el caso de El Pueblo de Puerto Rico v. Francisco Sierra, en apelación de la Corte de Distrito de San Juan, cuya corte había conocido del caso •en grado de apelación, en debido tiempo, procedente de la corte municipal de Bayamón. Se alega que la corrección de los autos que trata de hacerse, se funda en la regla 55 de esta corte. El caso que está en apelación en este tribunal es el nú-mero 1697. El documento que se nos ha presentado y que tra-ta de agregarse a los autos, es una certificación expedida por el subsecretario de la Corte de Distrito de San Juan, en el que se especifican los procedimientos de la causa criminal No. 1446 seguidos contra el acusado Sierra y otros. La certifica-ción comprende una copia de la acusación/lectura de la misma al acusado, señalamiento del caso, minutas del juicio, resolu-ción, señalamiento del caso para un término subsiguiente, una minuta del segundo .juicio, la que muestra que el jurado no pudo llegar a un acuerdo con respecto al acusado Francisco' Sierra, y un sobreseimiento de los procedimientos seguidos-contra el mismo en dicho caso, autorizándose al Fiscal para iniciar los procedimientos en la corte municipal contra dicho-Sierra.

La certificación no está acompañada de ninguna declara-ción jurada y no hay nada que muestre que los procedimien-tos con relación a los cuales se certifica del caso No. 1446, se presentaron alguna vez a la corte en el caso No. 1697, que ahora pende ante este tribunal; no aparece nada en dicha certificación o en los autos de donde se vea que la corte tuvie-ra presente los procedimientos del caso No. 1446 al considerar el No. 1697. Tampoco existe la más ligera indicación en los autos que han sido remitidos a este tribunal que demuestre que al acusado en la cansa No. 1697 se le pusieran de mani-fiesto los procedimientos del No. 1446. Los autos del caso No. 1697, muestran ciertamente que el acusado presentó la alegación de haber estado dos veces expuesto, pero no existe nada en los autos que manifieste que él ofreciera alguna prue-ba con respecto a la cuestión propuesta en esa alegación. Muy bien pudiera ser que el acusado hiciera la alegación para contrarrestar una prueba en la corte de distrito del carácter de la que trata de presentarse ahora en este tribunal; pero no es necesario que analicemos detenidamente esta clase de suposiciones.

En esta apelación el pliego de excepciones está certificado por el juez de distrito y antes de esta certificación aparece otra de Luis Campillo, Fiscal de la corte de distrito, expre-sando en ella que aprueba el pliego que ha sido sometido a la consideración de-la corte de distrito, cuyo pliego así aprobado y certificado formó parte de los autos.

Este tribunal no tiene facultad para agregar a los autos la certificación propuesta. Es una cuestión coram non judice ante este tribunal, y sin una moción en debida forma o indica-ción hecha a la corte y al acusado por las que fueran inclui-das en la prueba del caso No. 1697 los procedimientos del caso No. 1446, también sería una cuestión coram non judice, ante la corte de distrito. Aun cuando estos procedimientos se hubieran presentado y admitido en el juicio de la causa No. 1697 no podríamos ahora incluirlos en los autos remitidos a este tribunal. La prueba del juicio no forma parte de los autos hasta que la misma ha sido incluida en un pliego de ex-cepciones o relación de hechos. El pliego de excepciones o relación de hechos forman parte de los antos al quedar certi-ficados por el juez de la corte inferior. No tenemos facultad para alterar, modificar o ampliar los autos que de tal manera han sido preparados. (3 Cyc., 153; Resolución de este tribunal en el caso de Calaf et al. v. Calaf, No. 471, resuelto en 25 de enero de 1910.) La regla 55 se refiere solamente a aquellas partes de los autos que por inadvertencia o algún otro motivo, no han sido debidamente insertadas en la transcripción.

Como estos procedimientos no formaban parte de los autos y al parecer no fueron presentados como prueba en la corte de distrito, ninguna de las partes tiene derecho a invocar las disposiciones de la regla 55 de esta corte, por lo que debe de-sestimarse la moción presentada por el Fiscal.

Denegada la moción.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández, y Aso-ciados MacLeary, del Toro y Aldrey.