author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Laborde, Demandante y Apelado, v. López, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre indemnización.
    No. 2228.
    Resuelto en julio 23, 1920.
    Daños y Perjuicios por Incumplimiento de Contrato. — Alejandro Laborde de-mandó a Patricio López pidiéndole $2,695. 50 por indemnización de perjui-cios fundado en que habiéndose encargado aquél de cobrar de por mitad para ambos un crédito de $5,391 perteneciente ,a López, el contrato quedó incumplido por culpa- de éste. Estando conforme Laborde en que él ofreció el crédito al deudor por el 65 por ciento de su valor, es preciso concluir que los perjuicios sufridos por Laborde solo alcanzan al 15 por ciento del valor total del crédito, o sea a $808.65.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. J. B. Huyloe j F. González.

    Ahogado del apelado: SV. M. Tons Soto.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Patricio López suscribió una carta el 19 de abril de 1914' autorizando á Alejandro Laborde para que gestionase el co-bro de $5,391 que le debía la corporación “Borinquen Sugar Company” por arrendamiento de tierras comprometiéndose a aceptar como pag;o de esa cantidad el cincuenta por ciento de su crédito y manifestando que lo demás que cobrase La-borde sería para éste como compensación de los servicios y gestiones que hiciera para el cobro.

Posteriormente Laborde demandó a López para que le pagase la cantidad de $2,695.50 como indemnización de los perjuicios que alegó haber sufrido por haberle retirado el demandado la autorización que le había conferido en dicha carta después de haber comenzado las gestiones para el cobro. El demandado no negó la obligación contenida en dicha carta pero alegó que la entregó al demandante con la condición de que no hiciera uso de ella en tanto que Pedro Más firmara una carta igual autorizando al demandante Laborde para el cobro del crédito que también tenía contra la “Borinquen Sugar Company,” que tal carta no fué firmada por Pedro Más, quien no dió autorización de ninguna clase al deman-dante, y que al saber la noticia de que el demandante no había obtenido autorización de Más, indicó a Laborde que cesara en sus gestiones.

La cuestión de derecho en cuanto a la suficiencia de la demanda fué resuelta por nosotros en grado de apelación (Laborde v. López, 23 D. P. R. 99) por la opinión que se es-cribió en el caso de Laborde v. Toro, 23 D. P. R. 92. Decía-rada suficiente la demanda volvió el caso a la corte inferior donde se celebró el-juicio y recayó sentencia declarando con lugar la demanda; sentencia que revocamos, por estimar que' el juez inferior debió tomar en consideración para su fallo la evidencia presentada con respecto a la condición que alega el demandado en cuanto a la obligación que suscribió y de cuya prueba prescindió la corte inferior al dictar su senten-cia. Labórele v. López, 26 D. P. R. 534.

Vuelto otra vez el caso a la corte inferior las partes le sometieron para su decisión la misma prueba que antes ha-bían presentado y dictada nueva sentencia declarando con lugar la demanda y condenando al demandado a pagar al demandante la cantidad que le reclama más las costas, desem-bolsos y honorarios de abogado, interpuso el presente re-curso de apelación.

Para sostenerlo alega el apelante que la corte inferior cometió error al dictar sentencia que no está sostenida por la prueba, condenando al demandado al pago de la suma re-clamada, costas y honorarios de abogado, cuando se trata de una obligación condicional en que el actor no adquirió dere-cho alguno a percibir la remuneración concertada por falta de cumplimiento de la condición, infringiendo por tanto el artículo 1088 del Código Civil.

Este pleito está relacionado con otros que por la misma época inició el apelado contra otras personas, especialmente con el que siguió contra Celso • Lorenzo, a tal extremo que la prueba que en este último caso presentó el demandante fué admitida como prueba en el de Patricio López y las de-claraciones de los testigos se refieren casi siempre a que el apelante dió la autorización contenida en la carta con la misma condición que impuso Celso Lorenzo a dar su autori-zación a Laborde en iguales términos que la que motiva este pleito.

El demandado apelante presentó en el juicio a los testi-gos Celso Lorenzo, Francisco Noya y Jaime Alsina, así como una declaración escrita y jurada de Vidal Sánchez (affidavit) consentida por el demandante, tendente a probar que al fir-mar y entregar la repetida carta Patricio López puso a La-borde la misma condición que había impuesto a Celso Lorenzo, o sea la de que no podía hacer uso de ella si Pedro Más no firmaba también otra autorización igual a Laborde. Esas declaraciones fueron contradichas con la declaración de Alejandro Laborde. También declaró Patricio López.

La prueba respecto a la condición alegada por el deman-dado apelante resultó contradictoria y habiendo el juez re-suelto el conflicto de ella haciendo uso de la facultad discre-cional que le concede la ley no se nos ha demostrado ni ale-gado que obrara influido por pasión, prejuicio o parcialidad o con manifiesto error y hemos de sostener su decisión en este particular y no podemos, por tanto, declarar que ha co-metido el error que se alega.

El otro motivo del recurso se funda en que la prueba no sostiene la condena de pagar $2,695.50.

En verdad no se practicó prueba respecto a la cuantía de los perjuicios que^se alegan ser de $2,695.50 por ser, sin duda el cincuenta por ciento de la cantidad que correspondía a Laborde por los servicios que había de prestar y que em-pezó a prestar; y si bien Patricio López cobró íntegramente su crédito por mediación de otras personas también lo es que en las gestiones que por él practicó Laborde aceptó que se pagara solamente un sesenta y cinco por ciento del crédito, según su alegación décima de la demanda, por lo que el per-juicio que le ha causado su demandado es solo de un quince por ciento de los $5,391 debidos a. López, que es de $808.65.

La sentencia apelada debe ser confirmada aunque modi-ficándola en cuanto a la condena que será por la cantidad de $808.65.

Confirmada la sentencia apelada pero modifi-cándola en cuanto a la condena que será por * la cantidad de $808.65.

Jueces concurrentes: Sres.' Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Wole,

license: Public Domain

text:
    González, Demandante y Apelado, v. Ortiz, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Gorte de Distrito de Humacao en pleito sobre retracto legal.
    No. 2168.
    Resuelto en julio 23, 1920.
    Retracto de Colindantes — Finca Rústica. — Si una parcela de terreno se usa principalmente para fines agrícolas y no está, en los límites de un verdadero distrito urbano, dicha parcela no pierde el carácter de propiedad rústica mera-mente porque se haya construido sobre su superficie una vía férrea para transporte de piedra; y no estando el demandado en este caso comprendido en el segundo párrafo del artículo 1426 del Código Civil, no puede resistir el retracto de dicha parcela, cuya cabida no excede de una hectárea, ejer-citado por un colindante, aun cuando, como alega, la finca le hubiera sido vendida para que pudiera seguir en su negoeio de transporte de piedra.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    . Abogado del apelante: Sr. C. Travecier.

    Ahogado del apelado: Sr. A. Aponte, Jr.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

No existe disputa alguna en cuanto a los heclfos de este caso. Era una acción de retracto de una parcela de terreno adyacente a la finca del demandante. El artículo 1426 del Código Civil prescribe lo siguiente:

“Artículo 1426. — También tendrán el derecho de retracto los pro- . pietarios de las tierras colindantes cuando se trata de la venta de una finca rústica cuya cabida no exceda de una hectárea.
“El derecho a que se refiere el párrafo anterior no es aplicable a las tierras colindantes que estuvieran separadas por arroyo, ase--quías, barrancos, caminos y otras servidumbres aparentes en pro-vecho de otras fincas.
“Si dos o más colindantes usan el retracto al mismo tiempo será preferido el que de ellos sea dueño de la tierra ■ colindante de menor cabida y si las dos la tuvieren igual el que primero lo solicite.”

La faja de terreno en cuestión adyacente a la finca del demandante tiene un área que no excede de una hectárea y fúé vendida al demandado dentro de los 9 días anteriores a la radicación de la demanda. La primera cuestión es si debe o no ser considerada la referida faja de terreno como una finca rústica. La finca del demandante se describe como sigue:

“Predio en el barrio de Santiago y Lima del término municipal de Naguabo, compuesto de 20 cuerdas, en lindes por el Norte con tierras de don Fernando González; por el Este con Alejandro Da-vila; por el Sur con don Vicente Serra, y por el Oeste con la ca-rretera de Naguabo a Fajardo. Esta finca se baila dividida de Este a Oeste por una parcela de terreno que la atraviesa de un lado a otro y que luego será objeto de especial mención.”

T la del demandado se describe como sigue:

“Rústica, predio de terreno en el barrio de Santiago y Lima, compuesto de 2 cuerdas de terreno, equivalentes a 78 áreas y 80’ centiáreas, en lindes por el Este con el citado Alejandro Dávila; por el Oeste con' la carretera que de Naguabo conduce a Fajardo y por el Norte y Sur con la finca principal de donde se segregó o sea la del demandante en este caso,”

No existe discusión alguna de que la finca del demandante es enteramente rústica, dedicada a fines agrícolas y distante del pueblo de Naguabo y se lia admitido que la faja de te-rreno del demandado podía ser usada y se usa para los mis-mos fines, estando también situada fuera de las demarca-ciones del pueblo. La finca del demandado, sin embargo, se comunicaba con una cantera y en dicha propiedad se había establecido una vía férrea desde hace algunos años para transportar piedra triturada de dicha cantera a la carretera. El dueño inmediatamente anterior al demandado construyó dicha vía férrea con el fin de proporcionarse una salida de su cantera a la carretera. No -existe cuestión alguna de que este demandado necesita el terreno para usarlo como camino a otra finca poseída por él. Fue simplemente vendido a él sin reserva por el anterior dueño. El demandado apelante, sin embargo, sí sostiene qne con la construcción de la vía férrea en la faja de terreno se convertía ésta de propiedad rústica en industrial. La corte inferior después de referir los Lechos anteriores declaró qne la única división que hace el Código Civil al hablar de fincas, es la de propiedad ur-bana y rústica. Estamos de acuerdo con esta conclusión. Es claro que la faja de terreno del demandado puede usarse y se está usando para fines agrícolas en casi la misma forma que la propiedad del demandante. No es en manera alguna una propiedad urbana. Aunque dicha finca fué vendida al demandado para que pudiera seguir en su negocio de piedra, el convenio entre el anterior dueño y el demandado no puede afectar al derecho legal que tiene el demandante de acuerdo con el artículo 1426. El apelante hace también cita de va-rias decisiones de la Corte Suprema de España. Una de estas decisiones se cita como de fecha julio 18, 1903, pero no la encontramos en la Jurisprudencia Civil de esa fecha. La sentencia citada de 26 de noviembre de 1895 no la encon-tramos en lá biblioteca, pero hemos examinado la decisión de marzo 12 de 1902. De ella aparece que la finca en ese caso se encontraba claramente comprendida en una zona ur-bana muy poblada de acuerdo con la sentencia y el hecho de que fuera dedicada a fines agrícolas o para una huerta no establecía diferencia. No hemos visto el caso, en el cual, como ha alegado el apelante, la Corte Suprema de España resolviera que una parcela de terreno distante de un pueblo y dedicada a la venta de aguas minerales pierde su rusti-cidad, pero estamos satisfechos con la decisión que hemos podido examinar de que si una parcela de terreno como en este caso, se usa principalmente para fines agrícolas y no está en los límites de un verdadero distrito urbano, dicha parcela no pierde el referido carácter de propiedad rústica meramente porque se haya establecido en ella una vía de .ferrocarril para fines comerciales.

El apelante también sostiene que por razón de su contrato con el anterior dueño y debido a la existencia de una vía férrea él ha adquirido ciertos derechos. No está él compren-dido dentro del párrafo segundo del artículo 1426 porque la referida faja de terreno no esté separada por un arroyo, ase-quía o servidumbre en provecho de otra finca. El demandado en manera alguna es el dueño de un predio dominante y no puede reclamar una servidumbre sobre el terreno en oposi-ción al demandante, aun cuando tal cuestión pudiera propia-mente levantarse en una acción de retracto legal.

La sentencia debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. "Wole,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Ramos, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en causa por hurto.
    No. 1554.
    Resuelto en julio 23, 1920.
    Hueso — Valor de la Oosa Hurtada. — Habiéndose demostrado en este caso que el acusado sustrajo y vendió varios objetos que valían en junto más de $30 y menos de $100, no era necesario probar el valor exacto de cada’uno de los objetos hurtados.
    Id. — SusteagoióN—Prueba Suficiente. — Habiéndose probado que los objetos hur-tados pertenecían al municipio, que los mismos pasaron a manos del acusado y que éste los vendió, es preciso concluir que el acto de la sustracción quedó probado como una consecuencia necesaria de tales hechos.
    Id. — Acusación-—Enmiendas a la Acusación. — Quaere: Si presentada una acu-sación el fiscal puede enmendarla.
    Id. — Error Clerical — Incongruencias.—Sin embargo, si la enmienda es clerical y es meramente un cambio de fecha y se desprende de la prueba que el acusado tuviere conocimiento de la época, no hay error perjudicial, especial-mente dada la liberalidad del Código de Enjuiciamiento acerca de la fecha de la comisión cuando tal fecha no es de la esencia del delito.
    Id. — Prescripción—Acusación—Sobreseimiento por Prescripción de la Ac-ción.' — Una persona acusada de hurto de mayor cuantía y declarada por el jurado convicta de hurto de menor cuantía, tiene derecho al sobreseimiento del proceso si prueba que la acusación fué presentada después de haber transcurrido más de un año de la comisión del delito; pero al apelante no asiste tal dereeho en este caso en que la.prueba tiende a demostrar que el delito fué cometido dentro de los doce meses anteriores a la fecha de' la acusación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados del apelante: Sres. F. B. Fornaris y L. Formes.

    Ahogados del apelado: Sres. J. E. Figueras, Fiscal, .y O. Llauger Días.

   El Juez Asociado Se. "Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Esta fué una acusación presentada por el Giran. Jurado en la Corte de Distrito de Ponce contra José Ramos por el delito de hurto de mayor cuantía. El jurado, después de las debidas instrucciones de la corte, rindió un veredicto de hurto de menor cuantía y en virtud de dicho veredicto fué condenado el acusado a la pena de dos meses de cárcel.

Uno de los errores alegados por el apelante, es que no> se probó el delito, por cuanto que no quedó establecido ni la propiedad de los objetos robados, su valor, ni el acto de sustraerlos.

- El acto de la sustracción fué probado por prueba circuns-tancial, así como por prueba directa de testigos y especial-mente por la admisión y confesión del acusado.

Aunque no se probó el valor exacto de algún objeto de-terminado, la prueba, sin embargo, demostró que en o des-pués de octubre 1918, artículos que valían más de $30 y me-nos de $100 fueron sustraídos y vendidos por el acusado al testigo Napoleonis.

En cuanto al acto de la sustracción, éste fué consecuencia necesaria de la previa posesión de dichos objetos por el mu-nicipio, de haber pasado los mismos a manos del acusado y la venta hecha por él, como se ha demostrado por prueba cíirecta y por las admisiones del acusado. Y lo mismo deci-mos en cuanto a la propiedad de los efectos.

El apelante también ale^'a que fué errónea la resolución cíe la corté al permitir al fiscal enmendar la acusación ‘ en el acto del juicio., Esta fué una acusación presentada por el Gran Jurado y aunque nos inclinamos a creer que el fiscal de distrito en circunstancias adecuadas puede hacer enmien-das en el juicio, creemos, sin embargo, que no es necesario resolver la cuestión puesto que el acusado no ha aleg’ado nin-guna razón que sea satisfactoria sobre el particular y el fiscal de este tribunal estuvo impedido por enfermedad de pre-sentar un alegato. Lo que resolvemos, no obstante, es que la' enmienda en cuestión se hizo para subsanar una incon-gruencia -que no era esencial y que en manera alguna fué perjudicial a los derechos del acusado y apelante. La acu-sación imputaba el hecho de haber sido apropiados los efec-tos en octubre de 1919. La prueba tendía a demostrar que fueron apropiados en octubre ele 1918, o un mes más o menos ■después de esa fecha. El fiscal, alegando que la mención del ■año 1919 era un error clerical solicitó que mediante una en-mienda se le permitiera corregir la fecha, a fin de que dijera octubre 1918. El acusado alegó que hubo sorpresa y per-juicio, pero la corte manifestó que en la prueba constaba una confesión jurada del acusado hecha en septiembre de 1919, la que demostraba que los artículos debieron haber sido ro-bados en una fecha anterior, j de esa confesión y de otras cosas establecidas por la prueba, nosotros, con la corte inferior, estamos enteramente convencidos de que el apelante no fué sorprendido ni perjudicado por la prueba de que el hurto había sido cometido en el mes de octubre 1918, o uno o dos meses después.

El artículo 78 del Código de Enjuiciamiento Criminal de-termina que el momento preciso en que el delito fué come-tido no es necesario expresarlo en la acusación, pero puede alegarse que fué cometido en un momento cualquiera anterior a la averiguación sumaria o a la presentación de la acu-sación exceptuándose aquellos casos en los cuales es una cir-cunstancia esencial el momento en que se cometió el delito; y también en el artículo 82 se declara que una acusación es suficiente si de ella se deduce que el delito fué cometido en época anterior a la fecha de la presentación de la acusación. El espíritu que fundamenta a estos dos artículos tiende tam-bién a demostrar que el acusado no fué perjudicado por la inexactitud de la acusación.

El tercer error alegado ofrece un poco más de dificultad. Sostiene el apelante que puesto que únicamente fué declarado culpable del delito de liurto de menor cuantía, la acusación contra él fué presentada demasiado tarde. El artículo 80 del Código Penal prescribe que la acción penal por cualquier misdemeanor deberá entablarse dentro del año de su comi-sión. De acuerdo con un precepto algo semejante del Código de California la Corte Suprema de ese Estado resolvió en el caso de People v. Picetti, 57 Pac. 156, que cuando se inicia una acusación por el delito de hurto de mayor cuantía y se declara culpable al acusado de hurto de menor cuantía, dicho acusado puede, no obstante, valerse de la limitación esta-blecida por la ley, y que ésta es generalmente la ley aparece de la declaración que consta en el tomo 16 de Corpus Juris, página 224, párrafo 343. Por tanto, a menos que renunciara el apelante a su privilegio dejando de someter la cuestión a la corte inferior hubiera tenido derecho al sobreseimiento del proceso de probar que la acusación fué presentada después de haber transcurrido más de un año de la comisión del de-lito. Sin embargo, creemos que la prueba demuestra lo con-traído. La acusación es de fecha octubre 28, 1919. Los tes-tigos son algo vagos en cuanto a la fecha precisa en que fueron sustraídos los efectos^ pero toda la prueba tiende a establecer el hecho de que la venta de los objetos y su previa sustracción tuvieron lugar mediando poco tiempo entre una y otra cosa y que la venta en realidad se llevó a cabo algo después del terremoto de 1918. El testigo Napoleonis inte-rrogado por el acusado dice que esta venta tuvo lugar en diciembre de 1918. El testigo dió esta contestación porque el acusado trataba de demostrar que de los efectos que se alegó habían sido robados, todos los cuales tenían un valor de más de $100, algunos fueron apropiados en cierta fecha y otros en otra.

■ Puesto que la prueba tiende a mostrar que el delito por el cual fué declarado culpable el acusado se cometió dentro de los doce meses anteriores a octubre 28, 1919, somos de opinión de que la alegación de prescripción que ha sido ale-gada según parece por primera vez en esta corte no puede servirle al apelante.

La sentencia debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. del • Toro,

text:
    Arroyo, Demandante y Apelada, v. Vicario et al., Demandados y Apelante el Primero.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre tercería de dominio de bienes muebles e in-muebles.
    No. 2242.
    Resuelto en julio 27, 1920.
    Tercería de Dominio — Bienes Gananciales — Bienes Privativos — 'Embargo.— Los b’oucs adquiridos a título oneroso durante el matrimonio tienen la pre-sunción de gananciales. Para destruir esa presunción se necesita una prueba clara y robusta. Examinada la evidencia practicada en este caso, se con-cluyó que era suficiente para sostener la alegación de que ciertos bienes in-muebles embargados como de la sociedad de gananciales, pertenecían exclusi-vamente a la esposa, y por tanto que fué bien decretado el levantamiento del embargo, y que era insuficiente en cuanto a ciertos bienes muebles también embargados y por tanto que el embargo debía subsistir con respecto a .ellos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. J. Tons Soto.

    Abogado de los apelados: Sr. L. Tormes.

   El Juez Asociado Sr. del • Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una tercería de dominio de bienes muebles e inmuebles. Manuel Vicario inició un pleito contra los espo-sos José Camacho y María Justina Arroyo en cobro de pesos. Obtuvo sentencia favorable y para-hacerla efectiva' 'em-bargó nn. coche, varios efectos que había en nn pequeño co-mercio, nna finca urbana y otra rústica. María Justina Arroyo inició entonces este pleito de tercería alegando que los bienes embargados eran de su exclusiva propiedad. Con-testó oponiéndose, el demandado Vicario. Fné el pleito a juicio. Ambas partes presentaron pruebas. Y la corte, finah mente, dictó sentencia declarando la demanda con lugar. El demandado Vicario apeló entonces para ante esta Corte Su-prema.

La parte apelante señala la comisión ele ocho errores que pueden estudiarse y resolverse agrupándolos en cuatro.

1. Se sostiene por el apelante que.habiendo sido conde-nada María Justina Arroyo individualmente en el pleito en cobro de pesos, carece de acción para iniciar la tercería. En efecto, al dictar su sentencia en el pleito en cobro de pesos la corte de distrito condenó a los demandados José Camacho y María Justina Arroyo a pagar la suma adeudada'al deman-dante, La forma en que quedó redactada la sentencia era susceptible de interpretarse ep el sentido que lo hace la parte apelante, pero después la propia corte aclaró su fallo expre-sando que la cantidad mandada satisfacer lo sería con cargo a la sociedad de gananciales que tenían constituida, a virtud de su matrimonio, los demandados. Siendo esto así y ha-biendo reclamado la tercerista los bienes de que se trata como privativos, carece de fundamento el primer señalamiento de error.

2. E] cuarto, quinto y octavo señalamientos de error, se refieren a los cometidos, a juicio del apelante, por la corte de distrito al decidir que los bienes inmuebles embargados pertenecían exclusivamente a la demandante, prescindiendo de la presunción de gananciales que tienen tales bienes por haber sido adquiridos a título oneroso durante el matrimonio de la demandante con el demandado Camacho.

A nuestro juicio la corte no cometió los errores que se le atribuyen. Los bienes inmuebles embargados constan ins-critos en el régistro" de la propiedad como bienes privativos de la demandante. Es verdad que se adquirieron durante el matrimonio de la demandante con Camacho, pero es lo cierto también que en el título de adquisición se Mzo constar el origen del dinero y que la inscripción se verificó con vista de otra escritura creditiva de que la demandante había reci-bido $5,000 con motivo de una transacción sobre derechos hereditarios que puso fin a cierto pleito.

De la prueba en conjunto. resulta que Camacho y la de-mandante tenían establecido un pequeño comercio en uno de los barrios de la municipalidad de Tauco y sostenían rela-ciones de negocios con el demandado Vicario, originándose con motivo de ellas un crédito a favor de Vicario de unos $'1,300. No consta que los esposos tuvieran entonces otros bienes que aquel establecimiento que acabó con deudas.

. Así las cosas, la demandante inició un pleito de filiación que terminó con la transacción de que se deja hecho mérito, y fué con el dinero así obtenido por la demandante que ella adquirió las fincas embargadas cuyo valor es inferior a la suma recibida en la transacción.

Siendo esto así, atendida la naturaleza del pleito, claro es que el dinero con que se compraron los bienes no perte-necía a la sociedad de gananciales sino exclusivamente a la esposa, teniendo los bienes así adquiridos la condición de privativos de la demandante que le reconoció la corte sen-tenciadora, no viniendo obligados, por tanto, a responder de las deudas de la sociedad dé gananciales. Véanse los artícu-los 1314, No. 4o. 1316, 1322 y 1323 del Código Civil.

3. Los errores señalados con los números dos y tres le-vantan la misma cuestión qué acabamos de estudiar, pero con referencia a los bienes muebles que fueron embargados.

Hemos examinado la prueba practicada y encontramos que no es en verdad bastante para sostener que dichos bienes pertenezcan exclusivamente' a la mujer y, en tal virtud tene-mos que concluir que la presunción de gananciales que tienen tales bienes por haber sido adquiridos a título oneroso du-rante el matrimonio, quedó en pie.

Tal vez sea enteramente cierta la declaración de la de-mandante. Quizás la sentencia de la Corte de Distrito de Ponce sea también en este extremo; justa, pero repetimos que la prueba aportada no fue todo lo robusta que debió ser en casos de esta naturaleza.

Oamacho murió. En vida estuvo al frente del estableci-miento cuyos efectos fueron embargados y así se encontraba cuando se trabó el embargo. Dicho establecimiento no era en verdad el mismo en que se originó la deuda con Vicario. Aquel estaba situado en la municipalidad de Yauco y éste en la de Gruayanilla. La demandante dice que el comercio de Guayanilla se estableció a virtud de cierto' crédito que ella abrió a su esposo. Quizás fue así, pero es arriesgado llegar a conclusiones contrarias a presunciones sabiamente establecidas por la ley a virtud de prueba de esa naturaleza.

4. El sexto y séptimo señalamientos de error, aunque exis-tieran no serían perjudiciales. Se alega que la corte erró al admitir como prueba ciertos documentos privados para acre-ditar la donación de una casa hecha por Arturo Lluveras y su esposa a la demandante. Dicha casa no fné embargada y no es objeto de este pleito, y siendo ello así, es innecesario ahondar en el estudio de la cuestión suscitada.

Por virtud de todo lo expuesto, opinamos que la senten-cia apelada debe confirmarse en cuanto declaró que la pro-piedad de los bienes inmuebles embargados pertenecía ex-clusivamente a la demandante, y revocarse en cuanto al pro-nunciamiento hecho en relación con los bienes muebles, de-biendo quedar en cuanto a ellos subsistente el embargo prac-ticado.

Confirmada, la sentencia apelada en cuanto de-clara que la propiedad de los bienes inmue-bles embargados pertenecía exclusivamente a la demandante, y revocada en cuanto al pronunciamiento hecho en relation con los bienes muebles, debiendo quedar en cuanto a ellos subsistente el embargo practicado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernandez y Aso-ciados Wolf, Aldrey y HutcMson.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    Rivera, Demandante y Apelado, v. Medina et al., Demandados y Apelantes.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de G-uayama en pleito sobre tercería de bienes inmuebles.
    No. 2148.
    Resuelto en julio 29, 1920.
    Término para Apelar — Reconsideración de Sentencia. — Cuando iel término den-tro del cual debe interponerse la apelación ha vencido, el derecho a apelar no podrá ser revalidado por la radicación de una moción de reconsideración con el solo objeto de revivir cuestiones resueltas por sentencia definitiva.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. G. Domínguez Rubio.

    Abogado del apelado: Sr. M. Marcos Morales.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Monserrate y Bernabela Medina y Rodríguez en una ac-ción establecida contra John and Richard Doe, o sean, los herederos desconocidos de la sucesión de Marcos Rovira y Castaños y Micaela Colón, embargaron como bienes de dicha sucesión cierta propiedad inmueble.

Juan Delfín Rivera, en su carácter de dueño de la pro-piedad en cuestión estableció demanda contra el demandante y las demandadas en la acción arriba indicada para estable-cer su derecho como tal dueño y anular el embargo arriba descrito. En diciembre 6, 1918 la corte de distrito dictó sen-tencia a favor del demandante tercerista, resolviendo que la finca en cuestión es de la exclusiva propiedad del deman-dante, levantando el embargo trabado, con pronunciamiento ordinario relativo a costas, desembolsos y honorarios de abo-gado de conformidad con la súplica de la demanda de tercería.

En enero 7 de 1918 y después de expirado el término den-tro del cual las demandadas pudieron haber interpuesto re-curso de apelación contra la sentencia a que nos liemos refe-rido, Monserrate y Bernabela Medina y Bodríguez presenta-ron una moción de reconsideración de la sentencia así dic-tada, basada en las siguientes razones:

“Io. Consta de los autos que la finca que embargaron las deman-dadas al tratar de hacer efectiva la sentencia que se dictara por-V. H. con fecha 9 de junio de 1917 en el pleito que ellas seguían contra la sucesión desconocida de Juan y Ricardo Doe, o sea la su-cesión de Marcos Rovira y Castaños y Micaela Colón, de paradero desconocido, pertenecía al dicho Marcos Rovira Castaños a euyo favor estaba inscrita en el Registro de la Propiedad de Caguas, gra-vada con una mención por parte del precio aplazado.
“2o. V. H. no resuelve en la sentencia si la finca objeto del embargo es la misma de la tercería y que mejor derecho tiene sobre ella Juan Delfín Rivera ya que si bien se dice que el dominio de la misma consta inscrito a favor del dicho Juan Delfín Rivera, no es menos cierto que también consta dicha finca inscrita a favor de Marcos Rovira Castaños por venta que le hiciera Pedro Moderado Medina, sin que conste que el asiento de dominio a favor del Ro-vira hubiera sido cancelado.
“3o. Tampoco resuelve la cuestión de identidad ni de cuantía. Porque si bien se ha presentado un expediente de dominio por el Sr. Juan Delfín Rivera, es lo cierto que del mismo resulta que la finca la adquirió por compra a Micaela Colón esposa del Rovira sin que se justificara que él (el Rovira) hubiese fallecido y se hu-biese liquidado la sociedad de gananciales.
“Porque en todo caso en este asunto existe un conflicto de tí-tulos que la honorable corte no podía dirimir en una tercería y la sentencia debió ser sin perjuicio de los derechos de las demandadas a entablar cualquier recurso tendente a proteger su crédito por parte del precio aplazado en la venta hecha por Medina a Rovira.
“En lo que respecta a costas, gastos, desembolsos y honorarios de letrado:
“1. Las demandadas en este caso no son demandadas tereerarias ni de mala fe; ellas sólo ejecutaban una sentencia dictada por V. H. en junio 8 de 19.17, en el pleito ’que sobre cobro de dinero se-guían Monserrate y Bernabela Medina y Rodríguez v. Juan y Ricardo Doe, o sea la sucesión de Marcos Rovira Castaños y Micaela Colón, de paradero desconocido, en cuya sentencia dice Y. H. ‘de la- prueba, practicada aparecen probados todos los extremos .esen-cíales de la demanda, demostrando dicba prueba la existencia de la deuda y el no haber sido satisfecha;’ entre las alegaciones de la referida demanda que V. H. declaró probadas existen las siguientes:
“Io. Que por escritura número 44, otorgada ante don Luis Mu-ñoz Morales en Cayey el 28 de febrero de 1896, Pedro Moderado Medina, padre legítimo de las demandadas, vendió a don Marcos "Rovira y Castaños, mayor de edad, casado, la siguiente finca rús-tica :
“ ‘Predio radicado en el barrio de Honduras, Municipio de Ba-rranquitas, compuesto de 80 cuerdas de terreno, equivalentes a 31 hectáreas, 44 áreas y 32 eentiáreas, y colindante por el -Norte, si-guiendo una hoya con Ramón Benitez y Marcelino Rivera, digo Ro-dríguez, hoy Delfín Rivera, por el Sur, desde un tocón de Capá prieto con Marcelino Rodríguez, hoy Natividad González, por el Este por el lomo de una cuchilla con Mauricio Rolón, hoy Nativi-dad González y por el Oeste el ido de la Plata.’
“El precio de esta venta era la suma de 2,425 pesos, moneda especial corriente a la fecha de la venta, de los cuales recibió el ven-dedor 1,000 pesos y los 1,425 restantes se obligaba el comprador a satisfacerlos en 7 plazos anuales de $203.57 centavos cada uno, ven-ciendo el primero el día primero de febi’ero de 1897, y los demás en los años subsiguientes, siendo convenido que la finca objeto7 de este contrato, quedará afecta a la responsabilidad del pago de los plazos estipulados, y que esta condición sea mencionada en el re-gistro de la propiedad. En él consta inscrita dicha finca con men-ción del aplazado al folio 27 del tomo 7 de Barranquitas, finca 322, inscripción primera.
“5o. Que el citado Mareos Rovira Castaños falleció en Barran-quitas el día 20 de enero de 1898 estando casado con Micaela Colón, sin haber dejado hijos y sin haber otorgado testamento.
“2. En estas condiciones presentó el demandante su tercería sin que pudieran las demandadas abandonar la ejecución de su senten-cia, firme, dictada con todas las solemnidades de ley. Las deman-dadas sólo ejercían el derecho de legítima defensa cuando eran ata-cadas en un pleito cuyo objeto era impedir la ejecución de la sen-tencia.
“3. Las demandadas probaron todos los extremos de su contesta-ción a la demanda.”

En febrero 7 las demandadas, a las cuales acabamos de referirnos, interpusieron recurso de apelación contra la reso-Ilición de feclia enero 30 declarando sin lugar la solicitud de reconsideración, y alegan como errores los siguientes:

“Primero: Indebida apreciación de la prueba en conjunto e in-debida apreciación de la prueba de las demandadas hermanas Medina.
“Segundo: Indebida aplicación de los principios hipotecarios re-lacionados con la materia en controversia.
“Tercero: Falta de resolver en la sentencia cuestiones que fue-ron sometidas y sobre las cuales había prueba en los autos.
“Cuarto: Indebido pronunciamiento de costas, gastos, desembol-sos y honorarios de letrado.”

Resulta por sí evidente en vista de las mociones de refe-rencia, así como del señalamiento de errores que acabamos de citar que el objeto de dicha moción era, y lo es también el de la presente apelación, revisar cuestiones resueltas por la sentencia definitiva dictada en diciembre 6, 1918, contra la cual no se interpuso en tienlpo recurso de apelación y que por tanto llegó a ser firme y a tener autoridad de cosa juz-gada. Cuando el término dentro del cual debe interponerse la apelación lia vencido, el derecho a apelar no podrá ser reva-lidado por la radicación de una moción ele reconsideración.

Nota al caso de Conradt v. Lepper, 3 Ann. Cas. 630.

Debe desestimarse la apelación.

Desestimada la apelación.

Jueces' concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. IíutchisoN,

text:
    Fajardo, Demandante y Apelado, v. Fajardo, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en un procedimiento sobre mandamus.

    No. 2235.
    Resuelto en julio 29, 1920.
    Mandamus — Inspección deí Libros en Poder del Demandado — Apreciación de Prueba. — Existiendo prueba documental en el presente caso tendente a de-mostrar que el demandado tenía bajo su control en la fecha en que se notificó el auto de mandamus ciertos libros cuyo examen autorizó la corte al deman-dante, no procede la revocación de la sentencia bajo el fundamento de ser físi-camente imposible obedecer el auto por no estar dichos libros en la expresada fecha bajo la custodia del demandado.
    Id. — Costas Civiles — Discreción Judicial. — Cuando la prueba demuestra que la corte inferior estuvo justificada en creer que el procedimiento adoptado por el demandado era dilatorio y frívolo y no demostrativo de que éste hubiera heeho un verdadero esfuerzo para obedecer la orden de la corte autorizando la ins-pección de ciertos libros en poder de dicho demandado, no puede estimarse que la corte abusara de su discreción imponiéndole las costas causadas en el pro-cedimiento de mandamus.

    Los liecbos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. A. Arnaldo y E. Ramírez Nadal.

    Abogados del apelado: Sres. Feliú & Alemañy.

   El Juez Asociado Se. IíutchisoN,

emitió la opinión dél tribunal.

En marzo 25 de 1920 Luis A. Fajardo presentó una soli-citud interesando la expedición de un auto de mandamus para que se ordenara a Mateo Fajardo, Jr., en su carácter dd Presidente de la “Central Eureka, Inc.,” que permitiera la inspección que solicitaba el peticionario por conducto de su agente Vicente Roscana, o cualquier otra persona que el de-mandante tuviera a bien designar, de ciertos libros y records que se relacionaban, llevados por la referida corporación.

Se notificó el auto alternativo de mandamus al demandado eíi marzo 26 de 1920 en el cual se le ordenaba que permitiera dicha inspección, o de lo contrario compareciera a mostrar cansa el día seis de abri] de 1920, de no cumplir con dicha orden.

En m^rzo 29 la “Central Eureka,” por conducto de su presidente, demandado en este caso, escribió al peticionario en los siguientes términos:

“Se me notificó el mandmms con fecha 26 del actual.
“En cuanto se refiere a Ud. personalmente la solicitud de mandamus sobra porque en ninguna ocasión ni en ninguna parte ha dejado usted de tener a su disposición más absoluta todos los docu-mentos, libros y papeles de la corporación.
' “Creimos que IJd. no tenía derecho a nombrar agente o apode-rado que lo representara en ella y de acuerdo con ese criterio le escribí mi carta de 23 del actual.
“Inmediatamente de haber sido notificado del auto de mandamus consulté el caso con todos los otros directores de la corpora-ción presentes en esta ciudad y habiendo resuelto acceder a lo que se ordena, notifico a usted que durante las horas laborables de los días-siguientes al tercero del 26 del actual se permitirá al Sr. Bos-cana o la persona que usted indique la inspección de todos los li-bros de la “Céntrale Eureka, Inc. ” "
“En cuanto a ITd. no tenemos que autorizarlo para el examen de esos libros porque siempi*e los ha tenido a su disposición.
“Sin embargo, como se trata de un auto de mandamus pongo a disposición de Ud. todos los documentos y papeles de la corpora-ción que se indica en el auto de mandamus en el tiempo que usted señale.”

En abril 6 el demandado radicó una moción que es como sigue:

“A la honorable corte: El demandado en el caso que arriba se expresa ante la honorable corte respetuosamente expone:
“Que. con fecha 29 de mayo último dirigió al demandante la carta que acompaña bajo la letra A allanándose a cumplir el auto de mandamus; e inmediatamente ordenó a los empleados y funcio-nai’ios de la corporación que pusieran a la disposición de don Luis A. Fajardo, del Sr. Boscana y de las personas que vinieran con (dios, todos los libros que existieran en las oficinas y departamentos de la. Central Eureka en los días laborables.
“Que la semana del 28 de marzo al 3 de abril fue de vacaciones y durante ella no se abrieron las oficinas de la Corporación Central Eureka.
“Que don Mateo Fajardo Cardona embarcó para los Estados Unidos el 17 del mes de marzo para ultimar en nombre de la cor-poración la venta de ella a'una corporación americana. Y habiendo resuelto su viaje con precipitación no pudo llevarse certificaciones del secretario para mostrar al comprador las condiciones económicas de la Central Eureka.
“Ante la necesidad de su viaje en el que el señor Fajardo acom-pañó a Mr. Grief, financiero con cuya intervención entendió el señor Fajardo que podría facilitarse la venta de la Central Eureka y lá imposibilidad : de llevarse los documentos necesarios, don1 Mateo Fa-jardo, con el consentimiento de los otros directores y el conocimiento de todos se llevó los libros de la corporación necesarios para mostrar las condiciones económicas de la misma.
“Para cumplir el auto de mandamus el demandado puso un cable a don Mateo Fajardo cuya dirección cablegráfiea en New York es ‘Oetam,’ pidiéndole que remitiera todos los libros de la central que se había llevado y que tenía en su poder.
“De ese cable se acompaña una copia bajo la letra ‘b’ y un re-cibo por el importe de su transmisión bajo la letra ‘c.’
“El demandado ha puesto de manifiesto al demandante con ex-cepción del libro de actas, balances, colonias y mayores, con sus auxiliares que están en poder de don Mateo Fajardo, los de colonos, hipotecas, acciones, transferencias, cañas, contratos, escritura, hipo-tecas y papeles que tiene en su poder la compañía.
“El demandado está decididamente dispuesto a cumplir y cum-plió el decreto de mandamus.
“Don Mateo Fajardo llegará de un momento a otro a esta ciu-dad y traerá consigo todos los libros que se llevó; cuyos libros con todos los que existen se obliga a poner y pone a la disposición del' demandante para su inspección, estudio y examen.
“En su virtud,
“Suplica a la honorable corte se sirva tener por cumplido el auto de mandamus decretado en este caso rehusando dictar auto definitivo del condicional que se solicita por estar cumplida la orden. (Fdo.) M. Fajardo, Jr.
“Yo, Mateo Fajardo, Jr., declaro, después de prestar el debido juramento:
“Que soy la misma persona que se designa como demandado en este procedimiento de mandamus. Que he leído la alegación que precede y que los hechos que en ella se alegan son ciertos y me constan de propio conocimiento.— (Firmado) M. Fajardo, .Jr.”
“Suscrito y jurado ante mí por don Mateo Fajardo Jr., mayor de edad, soltero, propietario y vecino de esta ciudad a quien doy fe conocer en Mayagüez, hoy seis de abril de 1920. — (Firmado) Francisco Azúar, Secretario, por Narciso Cuevas, Sub-secretario. ”

Luego y por consentimiento de las partes se dictó una orden en la que se disponía que el auto de mandamus con-dicional ya expedido y notificado al demandado quedaría en vigor hasta el día 22 de abril, 1920, en cuya fecha el deman-dado debería comparecer y mostrar causa en caso de no cuna-plir en el Ínterin con lo dispuesto en dicho auto condicional. Esta orden expresa que el demandado manifestó oralmente en el acto de la vista que Mateo Fajardo a quien se había ordenado la remisión de dichos libros, embarcaría en los Es-tados Unidos el día 17 de abril y llegaría el 21.

En abril 22 el demandado radicó la siguiente moción:

“A la Honorable Corte: — El demandado en el caso que arriba' se expresa, por medio de su abogado que suscribe, ante la honorable corte respetuosamente expone:
“Que ratifica en todas sus partes las manifestaciones contenidas en la declaración jurada, o por mejor decir, en la moción jurada que presentó en el caso que arriba se expresa con fecha 6 del actual..
“Con posterioridad al 6 del mes que cursa el demandado escri-bió a don Mateo Fajardo, que está en New York, pidiéndole los li-bros de la Central Eureka existentes en su poder.
“Con fecha 9 de este mes me escribió una carta don Mateo Fa-jardo en la que me manifiesta que entregó los libros a un amigo que había de salir en el “Coamo” el sábado, para que me los trajera; pero con tan mala suerte que recibió luego recado anunciándole que se le habían quedado. Hubo un momento, me dice en su carta, en que temió que los libros se habían extraviado.
“Afortunadamente pudo recuperarlos y los tiene en su poder.
“Me anuncia que no se atreve mandarlos, y que los guarda para traerlos personalmente.
“El demandado acata en todas sus partes la orden de mandamus que está dispuesto a cumplir y ha cumplido exponiendo a dis-posición de don Luis Fajardo, el señor Boseana y personas que lo quieran acompañar los libros de la corporación que están en la ofi-cina de ella y que tiene a su disposición y bajo su control.
“Esos libros son los de colonos, hipotecas, acciones, transferencias, cañas, contratos, escrituras y papeles.
“En cuanto a los libros que don Mateo Fajardo tiene en New York, no le es posible hasta no haberlos recibido ponerlos a disposi-ción de los señores don Luis A. Fajardo, Boseana y demás personas que los puedan acompañar.
“Fundado en estas razones, suplica a la honorable corte se sirva denegar el auto de mandamus que se ha solicitado en este caso.
“Mayagüez, P. R., abril 22, 1920. — (Firmado:) Alfredo Arnaldo, Abogado del demandado.”
“Yo, Mateo Fajardo, Jr., mayor de edad, soltero, propietario y vecino de esta ciudad de Mayagüez, después de prestar el debido juramento expongo y declaro:
‘1 Que soy la misma persona que se designa como demandado en la moción que precede; que be leído esa moción; y que los becbos que en ella se alegan son ciertos y me constan de propio conocimiento.— (Firmado:) M. Fajardo, Jr.”
“Suscrito y jurado ante mí por-don Mateo Fajardo Jr., mayor d§' edad, soltero, propietario y vecino de esta ciudad a quien co-nozco .personalmente, certificando que sus circunstancias personales son las expresadas, en Mayagüez, boy día 22 de abril de 1920.— (Firmado:) Francisco Azúar, Secretario Corté Distrito, — Por Nar-ciso Cuevas, Sub-secretario. ’ ’

En la vista que tuvo lugar en la feelia últimamente citada el demandado también manifestó oralmente a la corte que Mateo Fajardo no había llegado ni llegaría en el vapor que se esperaba en esa fecha pero que el demandado creía que dicho Fajardo saldría1 en el próximo vapor y llegaría a la isla en la semana siguiente.

Después la corte libró un auto perentorio con costas al demandante y contra esta orden el demandado ha interpuesto recurso de apelación.

En mayo 1 el peticionario presentó una moción para que se desestimara la apelación por ser frívola y haber sido in-terpuesta únicamente con el objeto de demorar y entorpecer la administración de justicia.

'Esa moción fué resuelta en una opinión emitida por el Juez Asociado Sr. del Toro en mayo 28, 1920, (pág. 528). (Jomo en ella se dijo, el demandado alegaba en esa fecha que la apelación no era frívola, por lo menos en cuanto se trataba de.la cuestión de costas y teniendo' este tribunal alguna duda sobre este punto se negó a desestimar la apelación. -El ape-lante insiste ahora en que la corte cometió error, primero en ordenar al demandado que permitiera el examen de los libros y documentos que no estaban en su posesión y, segundo, al condenar al demandado al pago de las costas.

La teoría sustentada en el primer señalamiento, es- que la cp.rte, no; debió habey; prd.enado q1 cumplimiento de una. cosa que físicamente era imposible; y la del segundo señalamiento, es que un demandado que está conforme en cumplir en todo lo que sea posible con el auto de mandamus y que demuestra la razón por la cual no lia cumplido todo lo que fné ordenado, no debe ser condenado a pagar las costas.

La carta de marzo 29, supra, de ser cierta, demuestra cla-ramente que cuando fné escrita podían examinarse los libros. Si la moción suscrita y jurada por el demandado en abril 6 es cierta, entonces cuando la carta de referencia fné escrita el demandado y “todos los demás directores” que entonces resolvieron acceder a la solicitud del peticionario ya habían consentido en que se sacaran y trasladaran de la isla dichos libros y sabían que éstos no podían ser examinados en la fecha en que resolvieron someterse al auto condicional.

El demandado no hizo esfuerzo alguno para explicar esta incompatibilidad y la corte inferior estaba en libertad para resolver si la verdad de la cosa estaba en la carta que fné escrita tres días después de notificado el auto condicional, o en la moción radicada más de diez días después de tal noti-ficación. La moción de abril (i expresa bajo juramento sin restricción o reserva que Mateo Fajardo saldría el día 17 y llegaría el día 21. La moción de abril 22 alude a una carta escrita por Mateo Fajardo en abril 9 que contiene la vaga manifestación relativa a la entrega de los libros a un amigo que había de salir con él pero que por cierta razón que no lia sido explicada lo dejó. La carta no se acompañaba a la moción ni fné presentada como prueba y el nombre del amigo que dejó de cumplir el encargo y que al parecer pudo haber comparecido y declarado ni siquiera se mencionó. Hubiera sido más adecuado al ■ caso la declaración jurada de Mateo Fajardo y otra suscrita y jurada por el supuesto amigo ex-plicando en sus detalles este curioso incidente. Consta que los libros extraviados habían aparecido y que éstos se encon-traban todavía en poder de Mateo Fajardo. La única excusa presentada para no remitir los libros en cuestión por conducto de algún otro mensajero es la declaración de referencia en cuanto a la súbita timidez de Mateo Fajardo en asumir este riesgo.

Desde luego que es posible que todas estas manifesta-ciones sean verdaderas y que se hicieron con perfecta buena fé, pero las circunstancias en que fueron hechas requerían alguna explicación en cuanto a la incompatibilidad a que nos hemos referido en primer término y algo mucho más definido en cuanto a los detalles, que las aparatosas manifestaciones generales que se emplean en el record. Ante la faz de la prueba la corte inferior tenía bastante motivo para creer, y aparentemente así lo creyó que el procedimiento adoptado fue dilatorio y frívolo y no demostrativo de que se hubiera hecho un verdadero esfuerzo para obedecer la orden de la corte.

En vista de las circunstancias no podemos decir que la corte inferior abusó de su discreción en cuanto a la impo-sición de costas.

Si hubiese alguna verdadera razón substancial por la cual el demandado no ha cumplido hasta ahora con el auto peren-torio, amplia oportunidad puede tener para alegar todo lo que creyere conveniente en este sentido por virtud de una orden para mostrar causa por la cual no deba ser castigado por desacato.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro y Aldrev.

Los Jueces Sres. Presidente Hernández y Asociado Wolf no intervinieron en la vista de este caso.


author: El Juez Asociado Se. del Tobo,

text:
    Galip, Demandante y Apelado, v. Drag, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagiiez en pleito sobre divorcio.
    No. 2217.
    Resuelto en julio 29, 1920.
    Divorcio — Trato Orued e Injurias Graves — Intención.—Analizada la prueba practicada en este caso, la corto concluyó que el tribunal sentenciador í'ué de-masiado lejos al apreciar la gravedad de las injurias inferidas por la mujer al marido, y decidió que, atendidas todas las circunstancias que concurren y que se expresan en la opinión, tales injurias no constituyen el “trato cruel” ni las “injurias graves” que de acuerdo con la ley interpretada por la juris-prudencia, son caiisa do divorcio.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de la apelante: Sr. Angel A. Vázquez.

    Ahogados del apelado: Sres. Benet é Sou front.

   El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un caso de divorcio. Se alegó como causa el trato cruel y las injurias graves. El demandante eg el esposo. La esposa demandada se opuso. Fué el pleito a juicio. Ambas partes presentaron y practicaron pruebas y la corte dictó sentencia favorable al demandante. La de-mandada apeló para ante este tribunal.

Examinada la prueba de la parte demandante resulta que demandante y demandada estaban casados y tenían varios hijos; que el esposo vivía desde hacía más de un año sepa-rado de la esposa y que en un determinado día la mujer insultó al marido y le tiró piedras ayudada de una hija de ambos que amenazó al padre con una tranca. No hay prueba de que el marido recibiera lesión física alguna. Tampoco la hay de otros actos específicos de agresión por parte de la mujer, pero el marido, al contestar la siguiente pregunta: “¿qué le ha hecho ella a usted?” dijo: “pelear conmigo cada rato, cada vez que vengo a la casa está encima de mi, ella y la hija de ella, con piedras, palos }r todo eso.”

De la prueba de la parte demandada resulta que en efecto existían disgustos entre los esposos y que el marido le pegó a la mujer dándole una patada que le ocasionó una herida, le quitó las prendas y las ropas mejores a Ja hija, y fué de-nunciado por abandono de menores, habiéndose avenido en el acto del juicio a pasar una pensión semanal que se fijó en cuatro pesos para atender a la subsistencia de su esposa y de sus hijos, quedando entonces la causa criminal pendiente de que el acusado cumpliera o- no su promesa. Al terminar de declarar la demandada, dijo el demandante, por medio de su abogado, según aparece de la transcripción:

“Los heclios que ba alegado como materia nueva o que alega específicamente, lo ba beelio en tal forma que realmente constituye una causa de divorcio.”

Y entonces contestó la demandada por medio del intér-prete :

“Ella dice que siempre ba sufrido con paciencia por seguir vi-viendo con su esposo. Además ella dice que ba sufrido siempre por no separarse de su esposo.”

Ese es, a grandes rasgos, el resultado de- la prueba. Am-bos esposos son árabes de nacionalidad. No tienen una edu-cación esmerada. Al contrario, son personas enteramente rudas. Vendían objetos en la Plaza del Mercado de "Maya-güez y vivían en el “Patio de los árabes” de la indicada ciudad. Surgieron disgustos entre ellos el origen de los cua-les no consta perfectamente claro de Jos autos, pero una testigo presentada por el mismo demandante, dice que vi ó una vez a éste de rodillas, suplicando a su esposa y que ésta lo rechazó. El lieclio de que la hija se pusiera enteramente al lado de la madre, debe tomarse en consideración. MI ma-rido se bahía vuelto espiritista y, según la esposa, tenía otras mujeres.

Después de un estudio concienzudo de todas las circuus-tanciás que concurren en este caso, estamos convencido;.-, de que la corte de distrito fué demasiado lo jo al apreciar la gravedad del único acto específico de agresión y de injurias realizado por la mujer, ayudada de la hija, contra el esposo y padre. Ese acto fué seguramente el resultado de algún disgusto violento entre personas rudas, pero no revela la intención de injuriar gravemente al demandante, ni presenta el caso de trato cruel que fija la ley y' que ha explicado la jurisprudencia.

Siendo esto así, y haciendo aplicación a este caso de la jurisprudencia establecida por'esta misma corte, entre otros, en los de Figueroa v. Pierluisi, 25 D. P. R. 496; Axmayer v. Ortiz, 19 D. P. R. 501; y Fernández v. Hernández, 8 D. P. R. 237, estimamos que debe revocarse la sentencia ape-lada y en su lugar dictarse otra desestimando la demanda.

Revocada la sentencia apelada y desestimada la demanda, sin especial condenación de cos-tas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió.


author: El Juez Asociado Se. Hutchison,

text:
    Berríos, Demandante y Apelante, v. Dávila, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre otorgamiento de escritura.
    No. 2230.
    Resuelto en julio 29, 1920.
    Prescripción de Acciones — Otorgamiento de Escritura — Interrupción de da Prescripción. — Gomo una acción para obligar al otorgamiento de una escri-tura es una acción personal que no tiene señalado término especial de pres-cripción, el cual ha de contarse desde el día en que pudo ejercitarse, o sea, desde la fecha en que, interviniendo el consentimiento y demás requisitos para su validez, se efectuó el contrato objeto de la escritura, una acción de esa clase presentada después de transcurridos quince años, está prescrita; y una acción en que no se solicitó el otorgamiento de dicha escritura no inte-rrumpe la prescripción.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. F. González.

    Abogado de la apelada: Sr. R. L. Antongiorgi.

   El Juez Asociado Se. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

E! demandante estableció una acción contra la demandada para obligarla al otorgamiento de una escritura de traspaso de cierta propiedad inmueble que se alega fué adquirida por Anselmo Berríos, padre del demandante, en el año 1899, me-diante permuta de otra finca.

También se alegaba en la demanda que el demandante liabía estado en posesión de la finca así adquirida del de-mandado por más de diez años, por herencia de sn finado padre, permaneciendo aún inscrita en el registro a nombre de la demandada. El demandante asimismo alegó que en cierta acción reivindicatoría instituida por la demandada en esta acción como demandante, contra el ahora demandante como demandado, se dictó sentencia declarando sin lugar la demanda en julio 15 de 1913, por haberse probado los hechos alegados anteriormente.

En el presente casó la corte inferior declaró con lugar la excepción previa a la demanda basada en que ésta no contenía hechos suficientes para constituir una causa de ac-ción, por aparecer de la faz de dicha demanda que la acción que en ella se ejercita, era una acción personal y estaba prescrita por haber vencido el término que fija el estatuto de prescripción.

El demandante interpone apelación contra la sentencia que declara sin lugar su demanda e insiste en que la corte inferior cometió error al resolver que la acción había pres-crito.

El razonamiento es. que la causa de acción no arranca solamente del contrato de permuta de propiedades celebrado en el año 1,899, sino también del dominio y posesión del in-mueble; que el contrato de permuta celebrado entre la de-mandada y el padre del demandante origina el dominio y la posesión, lo cual, como ha sido admitido, constituye por . tanto el título del demandante, pero ineficaz, por cuanto no se consignó en un documento público; que la demanda se en-camina a consolidar ese título mediante el otorgamiento de una escritura de traspaso y la acción se funda no solamente en el contrato sino- en el estado de derecho creado en favor del demandante por su dominio y posesión durante el tiempo transcurrido, y al cual se ha hecho referencia; que la obli-gación por parte del vendedor de otorgar una escritura no surge del primitivo contrato sino del dominio y posesión del adquirente y que puede ejercitarla en cualquier tiempo sin contemplación al contrato ni a su feclia.

La única autoridad que ha sido citada para robustecer esta afirmación es el artículo 1246 en relación con los artícu-los 1865,'1872 y 1874 del Código Civil.

Se sostiene que puesto que el artículo 1246 no fija término alguno para exigir el otorgamiento de la escritura no es de aplicación a esta acción el artículo 1865; que la prescripción empezaría a correr desde la fecha en que se hubiese pedido tal otorgamiento y de acuerdo con las prescripciones de .los artículos 1872 y 1874, debía considerarse que dicho término había comenzado a correr en el presente caso, a partir y des-pués del día 13 de junio de 1913, fecha de la sentencia en la acción reivindicatoría.

El artículo 1246 del Código Civil prescribe lo siguiente:

“Si la ley exigiere el otorgamiento de escritura u otra forma especial para hacer efectivas las obligaciones propias de un contrato los contratantes podrán compelerse recíprocamente a llenar aquella forma desde que hubiese intervenido el consentimiento y demás re-quisitos necesarios para su validez.”

El texto citado no ofrece duda alguna en cuanto a su in-terpretación y determina claramente la fecha en la cual surge la obligación de otorgar la escritura u otro documento formal, a partir de cuya fecha y después de la cual puede esta-blecerse la acción para obligar a tal otorgamiento.

* El artículo 1862 del Código Civil prescribe que: “las ac-ciones prescriben por el mero lapso de tiempo fijado por la ley;” el artículo 1865 dispone que: “Las acciones personales que no tengan señalado término especial de prescripción, prescriben a los quince años;” y el 1870 determina que: “El tiempo para la prescripción de toda clase de acciones cuando no haya disposición especial que otra cosa determine, se con-tará desde el día en que pudieren ejercitarse.”

El caso presente cae de lleno dentro de las prescripciones de estos tres artículos y debe estar regulado por ellos. Los artículos 1872 y 1874 prescriben lo siguiente:

“Artículo 1872. — El tiempo de la prescripción de las acciones para exigir el cumplimiento de obligaciones declaradas pór senten-cia comienza desde que la sentencia quedó firme.”
“Artículo 1874. — La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los tribunales por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor.”

La contestación al razonamiento del demandante fundado en las disposiciones de estos dos artículos, descansa en el hecho de que la sentencia en la acción reivindicatoría no contenía pronunciamiento en (;uanío a la obligación del de-mandante en aquella acción, ahora demandado, de otorgar una escritura formal de traspaso y además en el hecho de que no se ha demostrado que el demandante en este caso, demandado en la referida acción reivindicatoría solicitara que se cumpliera con tal obligación en la expresada acción reivindicatoría ni de otro modo con anterioridad al estable-cimiento de esta acción.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia a.pelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la vista de este caso.


text:
    Porto Rico Benevolent Society, Demandante y Apelada, v. Municipio de Ponce et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en un pleito sobre interdicto de recobrar.
    No. 2081.
    Resuelto en julio 29, 1920.
    Demanda Jurada — Contestación—Negación Insuficiente. — Las reglas sobre ale-gaciones, bajo nuestro sistema, tienen por objeto evitar evasivas y exigir la negativa de cada alegación específica hecha en una demanda jurada en sus-tancia y en esencia, y no meramente una negativa de su veracidad' absoluta; y siempre que el demandado deje de hacer tal negativa, él admite las alega-ciones.
    Injunction para Recobrar la Posesión — Posesión del Arrendatario como Po-sesión del Arrendador — Reversión de la Propiedad por Abandono del Uso Público. — Habiendo la demandante arrendado las propiedades que intenta recobrar ahora por medio de vnjv/notion y que el Comisionado de Sanidad se incautó y ocupó en noviembre 26, 1918, por razones de salud pública hasta el 28 de enero de 1919 en que tomó posesión de ellas el demandado, al ser aban-donadas por la Sanidad, es preciso concluir que la demandante, por eondueto de su arrendataria y por reversión a virtud de tal abandono, disfrutó de la posesión de las fincas hasta el 28 de enero de 1919, por lo que no es errónea la sentencia que declaró con lugar el mjunction.

    Id. — Apelaciones.—Es un principio bien establecido que un apelante no puede asumir en apelación una actitud que sea incompatible con la asumida en la corte inferior.
    Id. — Alegaciones.—Las admisiones contenidas en una contestación subsanan cual-quier defecto de que pudiera adolecer la demanda.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado 'de los apelantes: Sr. G. Brunet.

    Ahogados del apelado: Sres. J. Tons Soto y A. Ortiz Toro.

   El Juez Asociado Se. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Los hechos declarados probados y la conclusión a que llegó la corte inferior son los siguientes:

“1. Que la demandante es una asociación sin fines pecuniarios constituida de acuerdo con las leyes de Puerto Rico y con capacidad para demandar y ser demandada; 2. Que la referida asociación por concesión del municipio de Ponee poseía realmente hasta el día 28 de enero de 1919 un solar ubicado en la ciudad de Ponce, con frente por el Sur a la calle de la Villa; por el Este con la prolongación de la calle del <£25 de Enero,” abierta recientemente; por el Norte con solares del municipio y por el Oeste con la calle Industrial,b conteniendo un edificio de madera destinado a escuela llamado “ Es-cuela Industrial de Ganas, ’ ’ y dos ranchones anexos destinados al mismo fin; 3. Que este solar y edificios fueron arrendados por la demandante a la Junta Escolar de Ponce, para ser dedicados a es-cuelas públicas y que a este fin venían dedicados hasta que el De-partamento de Sanidad con motivo de la epidemia de influenza ha-cia el día 26 de noviembre de 1918 tomó posesión de los mismos para dedicarlas a hospital; 4. Que al ser desocupado dicho edificio por el Departamento de Sanidad hacia el día 28 de enero de 1919 el Alcalde de Ponce, Rafael Rivera Esbrí, alegando que la demandante había perdido la concesión del solar que le había hecho el munici-pio y que los edificios por lo's términos de la concesión debían pasar a ser propiedad de la ciudad, se introdujo sin la voluntad de la de-mandante ni de la Junta Escolar de Ponce en el referido solar y edificios referidos e instaló en éstos un hospital para la asistencia de enfermos pobres. También aparece probado que “después de haberse incautado el Alcalde de Ponce de la referida propiedad que se deja descrita ha venido desde entonces utilizándose como hospital para los enfermos pobres del municipio, y que el alcalde ha hecho reparaciones y mejoras en los mencionados edificios ascendentes a más de $2,000 incluyendo mano de obra y materiales.” La corte, vista la Ley No. 43 de marzo de 1913, ya citada, y vistos además los artículos 443, 446, 448 y 462 del Código Civil, y la doctrina de la honorable Corte Suprema de Puerto Rico en los casos: Mattey v. Badillo, 21 D. P. R. 171, y Serrano v. Sucesión Santos, 24 D. P. R. 175, es de opinión que debe dictarse en este caso una sentencia declarando que la ley y los hechos están a favor de la demandante, Porto Rico Benevolent Society y en contra de los demandados, Mu-nicipio de Ponce y Rafael Rivera Esbrí, alcalde, y en consecuencia que debe ordenar como ordena la1 restitución a la demandante de su posesión en el solar y edificios objeto de este pleito, y que se descri-birán más adelante; decretando, como por la presente decreta, un injunction contra los demandados, municipio de Ponce y Rafael Rivera Esbrí, alcalde del mismo, sus empleados y agentes para que se abstengan en lo sucesivo de perturbar a la demandante, Porto Rico Benevolent Society en su posesión de la propiedad inmueble que se describe como sigue: ‘Solar ubicado en la ciudad de Ponce con frente por el Sur a la calle de la “Villa,” por el Este con la prolon-gación de la calle de “25 de Enero,” abierta recientemente, por el Norte con solares del municipio y por el Oeste con la calle “Industrial,” conteniendo un edificio de madera destinado a escuela, llamada “Escuela Industrial de Oanas,” y dos ranchones anexos des-tinados al mismo fin. — Apercibidos dichos demandados de que la de-sobediencia del injunction que por la presente se decreta, constituirá desacato a esta Corte. Y se reserva a los demandados cualquier de-recho que tuvieren en lo que se refiere a reparaciones y mejoras he-chas en la propiedad, para que lo ejerciten por la vía y forma co-rrespondiente. Todo ello eon imposición de costas a los demanda-dos.”

Los abogados de los apelantes, después de radicar un ale-gato, renunciaron la representación del caso, habiendo com-parecido otro abogado que radicó un alegato adicional.

En el primer alegato se alegan como cometidos los si-guientes errores:

1. La Corte de Distrito de P.onee erró al declarar pro-bado el segundo de los findings que la asociación “Porto Rico Benevolent Society” poseyó el solar y edificios de refe-rencia hasta el día 28 de enero de 1919, que es la época en que se incautó el Municipio de Ponce.

2. La Corte de Distrito de Ponce erró al considerar que al tomar posesión del solar y edificios de referencia, el Al-calde de Ponce, el 28 de enero de 1919, se perturbó con tal incautación la posesión de la asociación demandante, “Porto Rico Benevolent Society,” y ordenar en consecuencia que dicha asociación sea reintegrada en la posesión.

El segundo alegato no contiene señalamientos de error es-pecíficos, pero en él se sugiere que la demanda no determi-naba hechos suficientes para constituir una causa de acción y que la sentencia no está sostenida por la prueba.

En el primer señalamiento los apelantes tratan de de-mostrar que habiendo tomado posesión el Departamento de Sanidad de los edificios en cuestión en noviembre 26 de 1918, la demandante perdió la posesión en esa fecha y habiendo entrado los apelantes en posesión del hospital inmediata-mente después de ser desocupado por las autoridades insu-lares de sanidad en enero 28, tal ocupación por el municipio era una mera continuación en la posesión que tenía el Gro-bierno Insular; que esto aparece no solamente de la prueba sino de la demanda misma, en la cual se alegaba, entre otras cosas, “que el ser desocupado dicho edificio por el Departa-mento de Sanidad hacia el día 28 de enero de 1919,' el Alcalde de Ponce, Rafael Rivera Esbrí, alegando que la'demandante había perdido la concesión del solar tine le liabía hecho el municipio y que los edificios por los términos de la concesión debían pasar a ser propiedad de la ciudad, se introdujo, contra la voluntad de la demandante y de la Junta Escolar de Ponce en el referido solar y edificios referidos e instaló en éstos un hospital para la asistencia de enfermos pobres.

.EL razonamiento bajo el segundo señalamiento de error es una repetición del heclio en el primero con ligeros cam-bios. La alegación es que el Departamento de Sanidad, de acuerdo con el artículo 4 de la ley de marzo 9 de 1911 (Com-pilación de los Estatutos Revisados §967), tenía perfecto derecho a tomar posesión de la propiedad en cuestión; que la tenencia así adquirida era una posesión legal con exclu-sión de cualquier posesión, ya civil o natural (constructive) por joarte de la sociedad demandante y que solamente puede utilizarse el interdicto de recobrar cuando está envuelto el hedió de la posesión a diferencia del derecho a dicha po-sesión.

En la demanda jurada se alega que la demandante es la dueña y que hasta enero 28 de 1919 estuvo en posesión de la. propiedad descrita en la demanda.

Contestando a esta alegación en la contestación se dice lo siguiente:

“Negamos específicamente el becbo segundo de la demanda y añadimos en oposición al mismo que tanto el solar de referencia como los edificios en él contenidos son y eran del demandado, Mu-nicipio de Ponce desde hace muchos años, alegando especialmente que la demandante nunca ba tenido derecho alguno en el dominio ni ba sido dueña nunca del solar de referencia y que el demandado es dueño de los edificios contenidos en dicho solar desde hace va-rios años. ’ ’

Es casi innecesário decir que el adverbio “específica-mente” no convierte en negativa específica lo que claramente no es tal negativa.

“Si varios hechos esenciales se alegan conjuntamente en una de-manda jurada, la contestación en la cual se pretende negar estas alegaciones en totalidad presentadas conjuntamente, es evasiva y una .admisión de 1a. alegación que de tal modo se trata de negar. Las reglas sobre alegaciones, bajo nuestro sistema, tienen por objeto evi-tar evasivas y exigir la negativa de cada alegación específica becha en una demanda jurada en sustancia y en esencia, y no meramente una negativa de su veracidad absoluta; y siempre que el demandado deje de bacer tal negativa, él admite las alegaciones.” Pomeroy, p. 220, §437.

. Además, también se alega en la demanda que este solar y edificio fueron arrendados por la demandante a la Junta Escolar de Ponce para ser dedicados a escuelas públicas y que a este fin venían dedicados basta que el Departamento de Sanidad, con motivo ele la epidemia de influenza hacia el día 26 de noviembre de 1918, tomó posesión de los mismos para dedicarlos a hospital.

En la contestación se admite expresamente el hecho del arrendamiento a la junta escolar y la incautación por las au-toridades de sanidad en la fecha mencionada, pero se niega que la demandante tuviera algún derecho a hacer tal con-trato de arrendamiento y alega que el municipio tiene el dominio. El hecho es, pues, que la junta escolar poseía como arrendataria de la demandante y que como la posesión del arrendatario es la del arrendador, de aquí se sigue que la demandante estuvo en posesión hasta que fué privada de la misma por el Departamento de Sanidad.

El artículo 4 de la ley para proveer1 a Puerto Pico de una Ley de Sanidad, aprobada en marzo 9 de 1911, al hablar del director de sanidad prescribe que “tendrá facultades para ordenar la traslación, a los sitios que determinare la Junta Insular de Sanidad, de todas las personas que padezcan en-fermedades contagiosas o infecciosas, o cualquier otra do-lencia de propagación rápida en la forma que se prescribiere hasta que el peligro del contagio hubiera desaparecido. Ten-drá. a su cargo la inmediata direecióu e inspección do hospi-tales para el tratamiento de casos sujetos a cuarentena y ten-drá el derecho de convertir c-n hospitales provisionales las casas y edificios que se necesitaren, no siendo obstáculo para ello la indemnización que hubiera de pagarse al dueño de la propiedad, debiendo fijarse dicha indemnización en la forma que la ley dispone para esos casos.”

Tales estatutos se interpretan estrictamente y no se per-mite que confieran más derecho que el que ha sido expresa-mente autorizado, o pueda ser necesario para el fin público que se persigue. Neitzel v. Spokane International Railway Co., 36 L. R. A. (N. S.) 522.

Indudablemente que la ley arriba citada solo autoriza la ocupación temporal como medida de emergencia. Unicamente la existencia de tal emergencia podrá justificar la incauta-ción o impedir que la propiedad pase inmediatamente a su dueño por virtud de un procedimiento de esta clase. La in-cautación es una medida “provisional” para solucionar una necesidad momentánea. Todo derecho, condición, servidum-bre o interés que se adquiere por virtud de tal uso termina cuando la emergencia ha cesado; la propiedad vuelve a pa-sar al dueño y si entonces el director de sanidad se negara a desocupar, se convertiría en un mero usurpador. Si él, en tales circunstancias, entregó la propiedad al municipio, lo que no hizo, no vemos cómo podría haber puesto al munici-pio en mejor condición que la que él mismo disfrutaba.

En el caso de Porter v. International Bridge Company, 21 Am. & Eng. Ann. Cases 684, la corte dijo lo siguiente:

“Los primitivos dueños concedieron un derecho de servidumbre a la ciudad. La ciudad había renunciado ese derecho y traspasó la propiedad a terceras personas. Cuando el'derecho fué de tal modo y en realidad abandonado, los derechos de los primitivos dueños vinieron a quedar entonces precisamente como estaban antes de la dedicación. Ellos o sus sucesores en derecho pudieron luego dispo-ner de ella como dueños absolutos y fueron perjudicados por la ocupación en precario del terreno por la compañía de puentes y fe-rrocarriles. Ellos tratan en efecto por medio de esta acción de poner término a tal usurpación continuada a no ser que los usur-padores adquieran su título pagando un precio equitativo.”

Véase también la nota al caso de Bell v. Mattoon Waterworks Co., 19 Am. Cases 155; Markham v. Brown, 92 Am. Dec. 73; Jessop v. Loucks, 55 Pa. 350; Marietta Chair Co. v. Henderson, 21 Ga. 399.

Pero no solamente se puso el municipio en el lugar de las autoridades sanitarias. El alcalde, sin alegar siquiera ninguna facultad conferida por el estatuto y después de ce-rrado el hospital provisional, simplemente procedió a incau-tarse de los edificios desocupados'y abandonados por el De-partamento de Sanidad. El municipio no tenía más derecho ni autoridad para hacer esto en la forma en que lo hizo que el que tendría cualquier médico en ejercicio que necesitare un sanatorio particular para atender a sus enfermos. En vista de las circunstancias no estamos dispuestos a entrar en discusiones sobre distinciones sutiles entre la posesión y el derecho a la posesión en procedimientos de la clase a que ha recurrido la demandante en este caso.

La teoría sustentada en el alegato adicional respecto a la supuesta falta de hechos es que la demanda no alega la ratificación o aprobación por el concejo municipal de la ac-ción tomada por el alcalde y que tal acción parece estar fuera de sus atribuciones (ultra vires). Este argumento,no es muy compatible con la alegación que en el mismo alegato se liaee de que el alcaide actuó a nombre del municipio, tratando de poner en vig*or la cancelación de la primitiva concesión hecha por el municipio a la demandante, y que la demandante esta impedida por sus actos de poder negar el alegado derecho del municipio. La alegación es también incompatible con la actitud de los apelantes en cuanto a otras cosas qne no es necesario nombrar y qne se discuten en otras partes del mismo alegato. Es, asimismo contraria a la teoría de la defensa como consta en la contestación y a la teoría por virtud de la cual el caso fué juzgado en la corte inferior. Es ley muy conocida que un apelante no puede asumir en apelación una actitud qne sea incompatible con la asumida en la corte inferior. Será bastante con decir que el municipio compareció y se defendió en la acción contra él establecida y qne las ad-misiones contenidas en la contestación subsanaron cuales-quiera defectos de qne pudiera adolecer la demanda en este sentido.

El razonamiento relativo a la suficiencia de la prueba en tanto no quede resuelto por lo que ya liemos dicho envuelve una discusión de la alegada cancelación de la concesión original arriba citada, pasando entonces a discutir la validez del título por virtud del cual reclama la demandante, y no requiere seria consideración en un procedimiento de esta naturaleza.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia a/pélada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: En Juez Asociado Sr. dee Toro,

text:
    Torres, Recurrente, v. Registrador de Arecibo, Recurrido.
    Recurso gubernativo interpuesto contra nota del Registrador de la Propiedad de Arecibo denegatoria de la inscrip-ción de un expediente posesorio.
    No. 467.
    Resuelto en julio 30, 1920.
    Expediente Posesorio — Citación a El Pueblo de Puerto Rico — Citación a Colindantes. — Cuando El Pueblo de Puerto Rico en su calidad de colindante de una finca debe ser citado en un expediente posesorio, tal citación debe hacerse al Gobernador de la Isla, y si el expediente se tramita y se aprueba sin ciiarse al Gobernador, está justificado el registrador al 'negarse a inscri-bir el expediente.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del recurrente: Sr. V. Polanco de Jesús.

    El registrador recurrido no compareció.
   En Juez Asociado Sr. dee Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Sinforoso Torres inició en la Corte Municipal de Oiales un expediente para acreditar la posesión de una finca rústica situada en el barrio ele “Cordillera” del término municipal de Piales, colindante por el norte con terrenos de El Pueblo de Puerto Eico. Al citarse a los colindantes, se citó a El Pueblo de Puerto Rico en la persona del Fiscal del Distrito de Arecibo. El expediente fué finalmente aprobado y al lle-varse al registro para que se inscribiera en el mismo, el re-gistrador se negó por no aparecer debidamente citado el co-lindante del norte, o sea El Pueblo de Puerto Rico. No con-forme con la negativa, apeló Torres para ante esta Corte Suprema.

La Ley Hipotecaria vigente en Puerto Rico, en su ar-tículo 390 exige que los expedientes posesorios se tramiten con audiencia del Ministerio Fiscal y citación de los propie-tarios colindantes. “La intervención del Ministerio Fiscal,” según las propias palabras del legislador, “se limitará a pro-curar que se guarden en'el expediente las formas de la lev.” No es en ese sentido que se discute en este caso la perso-nalidad del fiscal del distrito. La cuestión a resolver es la de si diclio funcionario tiene o no la representación ele El Pueblo de Puerto Rico para aceptar una notificación cuando la ley exige que se notifique al propietario de un bien inmue-ble y el propietario es El Pueblo de Puerto Rico.

A. nuestro juicio no la tiene. En tal caso el verdadero representante de El Pueblo es el Gobernador asesorado de su “consejero legal,” el Fiscal General ele Puerto Rico. Vé-anse los artículos 12 y 14 del Acta Orgánica de 1917.

El artículo 93, No. 5 del Código de Enjuiciamiento Civil, dice : Que la citación se hará mediante entrega de una copia de la demanda, como sigue:

“Si contra el Gobierno de Puerto Rico, al Gobernador de Puerto Rico, o si contra cualquier municipio de la isla, al alcalde de dicho municipio. ’ ’

Y esta Corte Suprema, en el caso de 8 aun y Subirá, v. Sepulveda, hizo y aplicó la siguiente cita:

“En una acción seguida contra el Estado, o en la cual es parte nn Estado, las diligencias deben notificarse al Gobernador y al Attorney General del Estado; y a falta de disposiciones estatutorias especiales sobre la materia, parece ser suficiente con que la notifi-cación se haga a cualquiera de estos funcionarios.” Yéase 25 D. P. JR, 242-244.

>Se dirá que aquí no se trata de un pleito sino de un expe-diente de jurisdicción voluntaria. Sin embargo, la citación se hace a los propietarios de los predios colindantes para darles una oportunidad de oponerse si es que la solicitud ■del peticionario perjudica su derecho. Y en muchas ocasio-nes Jos propietarios se oponen y entonces el expediente se ■convierte en contencioso. De todos modos es más prudente y más eficaz, para los mismos interesados, que se exija en ■estos casos el extricto cumplimiento de la ley.

Hemos examinado el caso de González v. El Pueblor 10 D. P. R. 483. La jurisprudencia en él establecida no es apli-cable. Allí se trataba de expedientes de dominio y se resol-vió que no era necesario citar al Gobernador en todos los casos, bastando la intervención del fiscal. Aquí se trata de un expediente posesorio y la cita al Gobernador no se exige por el hecho de tramitarse el expediente, sino por la circuns-tancia especial de ser TB1 Pueblo de Puerto Bico uno de los propietarios colindantes.

Sostiene, por último, el recurrente, que a lo sumo debió calificarse el defecto como subsanable e inscribirse con el de-fecto el título. No estamos conformes. La falta de citación del colindante vicia de nulidad el expediente. La declaración final se dicta bajo la base de que el colindante fué citado y si en verdad no lo fué, eaé por su base la resolución.

Debe confirmarse la nota recurrida.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.