source: Caselaw Access Project

author: La Jueza Asociada Señora Fiol Matta

license: Public Domain

text:
    Comisionado de Seguros de Puerto Rico, peticionario, v. Puerto Rican Insurance Agency, Inc., recurrida.

      Número: CC-2005-282

      Resuelto: 18 de agosto de 2006

      Leila Alvarado González y Yadira Rivera Cintrón, abogadas de la parte peticionaria' Gloria Medina Valladares, abogado de la parte recurrida.
   La Jueza Asociada Señora Fiol Matta

emitió la opinión del Tribunal.

Nos corresponde resolver si las multas administrativas impuestas por el Comisionado de Seguros a un corredor de líneas excedentes por violaciones al Capítulo 27 del Código de Seguros de Puerto Rico (Código de Seguros), 26 L.P.R.A. sec. 2701 et seq., están sujetas a los límites que dispone el Art. 9.480 de dicho código, 26 L.P.R.A. see. 948.

H-í

Puerto Rican Insurance Agency, Inc. (PRIA) es un corredor de líneas excedentes autorizado por la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico.

El 9 de marzo de 2001 la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico (OCS) notificó a PRIA la intención de llevar a cabo una investigación conforme al Art. 2.150 del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. sec. 215. El propósito era evaluar el cumplimiento de PRIA, como corredor de líneas excedentes, con las disposiciones del Capítulo 10 del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. sec. 1001 et seq., la Regla XXVIII del Reglamento del Código de Seguros, 26 R.P.R. sees. 800.1901-800.1907, y la Carta Normativa E-N-12-1275-95 de 9 de enero de 1996. El examen practicado comprendió el período del 1 de octubre de 1994 al 31 de diciembre de 2000.

En cumplimiento con las disposiciones del Art. 2.180 del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. see. 218, el 17 de agosto de 2001 la OCS envió a PRIA copia del informe de la investigación realizada. Mediante una comunicación escrita de 14 de septiembre de 2001, PRIA presentó sus objeciones al informe de la OCS. Luego de una serie de trámites procesales, el 30 de abril de 2004 la OCS finalmente dictó una resolución. La OCS ordenó a PRIA que tomara las medidas necesarias para corregir las deficiencias señaladas y pagar $21,275 por concepto de multas administrativas, que se desglosan de la manera siguiente:

1. $250 por violación a la Carta Normativa Núm. E-N-12-1275-95 de 9 de enero de 1996 relacionada a la elección y uso del método de presentación del informe sobre los seguros de líneas excedentes.

2. $250 por la violación al Artículo 5 de la Regla XXVIII del Reglamento del Código de Seguros de Puerto Rico por no haber presentado el Informe Anual de Primas y Pérdidas de Seguros de Líneas Excedentes.

3. $250 por la violación a la Carta Normativa Núm. E-[N-] 12-1275-95 de 9 de enero de 1996 relacionada al registro y archivo de los modelos de circulación de riesgo.

4. $8,600 por incurrir en 43 ocasiones en violación a los Artículos 1(a) y 2 de la Regla XXVIII del Reglamento del Código de Seguros de Puerto Rico, al gestionar la colocación del riesgo con el asegurador elegible de líneas excedentes, antes de circularlo o durante el periodo de circulación.

5. $8,925 por incurrir en 16 casos, en un atraso total de 357 días en el pago de la contribución requerida por el Artículo 10.130 del Código de Seguros de Puerto Rico, supra.

6. $1,500 por infringir el Artículo 27.160(1) y (2) del Código de Seguros de Puerto Rico, supra.

7. $1,500 por el incumplimiento con el Artículo 1(b) de la Regla XXVIII relacionada a dejar de proveer el modelo de circulación debidamente completado, por no circular el riesgo y por no haber puesto a los aseguradores en la posición de hacer una evaluación adecuada de los riesgos. Apéndice, pág. 169.

Inconforme con la decisión administrativa, PRIA presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones, en el cual impugnó las determinaciones de hechos y conclusiones de derecho de la OCS y alegó que la OCS impuso multas en exceso a los límites establecidos en el Código de Seguros. El Tribunal de Apelaciones dictó sentencia el 27 de diciembre de 2004 confirmando la resolución de la OCS, pero modificando las cuantías de las multas impuestas. Dicho foro entendió que las determinaciones de hechos y conclusiones de derecho de la OCS estuvieron apoyadas en evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo y sostuvo la multa de $8,925 por violaciones al Art. 10.130 del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. see. 1013. Sin embargo, redujo las multas para las demás violaciones a $5,000 (para un total de $13,925) por entender que, con excepción de la violación al Art. 10.130 del Código de Seguros, supra, las demás violaciones imputadas no pueden exceder del límite de $5,000 impuesto por el Art. 9.480 del Código de Seguros, supra.

A raíz de esta sentencia, la OCS presentó un recurso de certiorari el 31 de marzo de 2005, en el cual alegó como único error que el foro apelativo intermedio se equivocó al “determinar que la única excepción al tope de $5,000 que impone el Artículo 9.480 del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. see. 948, es la multa por violación al Artículo 10.130 del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. [see.] 1013”.

Expedimos el auto de certiorari el 10 de junio de 2005 y procedemos a resolver con la comparecencia de todas las partes. Por los fundamentos que explicamos a continuación, modificamos la sentencia recurrida.

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Rige nuestra decisión, primeramente, la norma de deferencia y respeto a las decisiones administrativas desarrollada a través de los años por la jurisprudencia y estatuida en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (L.P.A.U.). Por su fuerte arraigo en nuestro ordenamiento, no es necesario abundar demasiado en sus fundamentos. Basta recordar que el poder del que goza un organismo administrativo para actuar está delimitado por el estatuto orgánico o la ley habilitadora aprobada por la Asamblea Legislativa. Esa delimitación precisa la acción administrativa y las circunstancias en que puede actuar la agencia. D. Fernández Quiñones, Derecho administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da ed., Bogotá, Ed. Forum, 2001, pág. 517. Es por esta razón que la función central de la revisión judicial es asegurarse que las agencias actúen dentro del poder delegado y de manera compatible con la política legislativa. íd. Sin embargo, la revisión judicial de las determinaciones administrativas no es ilimitada, sino que está matizada por el reconocimiento de la experiencia y el conocimiento de las agencias sobre la materia con la que trabajan día tras día. Comisionado v. Prime Life, 162 D.P.R. 334 (2004). A esos efectos, la L.P.A.U. establece que las determinaciones de hechos de las agencias administrativas serán sostenidas si están apoyadas en evidencia sustancial que obre en el expediente administrativo y las conclusiones de derecho se revisarán en todos sus aspectos. 3 L.P.R.A. see. 2175.

Respecto a la revisión de la facultad administrativa para imponer sanciones, los tribunales también le han reconocido mucha discreción a las agencias en la selección de las medidas que les ayuden a cumplir los objetivos de las leyes cuya administración e implantación se les ha delegado, siempre que actúen dentro del marco de su conocimiento especializado y de la ley. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 D.P.R. 425, 438 (1997). En estos casos, la revisión judicial no será para determinar si la sanción impuesta guarda proporción con la conducta por la cual se impone la sanción ni para determinar si la sanción es demasiado fuerte. Esta evaluación le corresponde a la propia agencia, que por su experiencia especializada es quien está en mejor posición para conocer los efectos de una violación a los intereses protegidos. De esa forma se asegura también cierto grado de uniformidad y coherencia en la imposición de sanciones. La revisión judicial, por lo tanto, se limitará a evitar que las agencias actúen en forma ilegal, arbitraria, en exceso de lo permitido por ley o en ausencia de evidencia sustancial que justifique la medida impuesta; en otras palabras, a evitar que éstas actúen movidas por el capricho o en abuso de su discreción. Com. Seg. P.R. v. Antilles Ins. Co., 145 D.P.R. 226, 234 (1998).

HH h-H HH

En el caso de autos no existe controversia en cuanto a que las faltas imputadas por la OCS se cometieron. El Tribunal de Apelaciones confirmó esta determinación y PRIA no la cuestiona ante este Tribunal. La OCS, por el contrario, alega que el foro apelativo intermedio cometió error al modificar la multa impuesta a PRIA. Según la OCS, el Tribunal de Apelaciones erró al resolver que, con excepción de la penalidad impuesta al amparo del Art. 10.130 del Código de Seguros, supra, la totalidad de las multas no podía exceder los límites que dispone el Art. 9.480 de este código, supra.

Resolvemos que el Tribunal de Apelaciones actuó correctamente al confirmar la multa de $8,925 por la infracción al Art. 10.130 del Código de Seguros, supra, y al ajustar las multas impuestas por la infracción a la Carta Normativa E-N-12-1275-9, supra, y a los Arts. 1(a), 1(b), 2, 3 y 5 de la Regla XXVIII del Reglamento del Código de Seguros, 26 R.P.R. sees. 800.1901, 800.1902, 800.1903 y 800.1905, al límite máximo de cinco mil dólares que dispone el Art. 9.480 del referido código, supra. Dicha determinación se ajusta a lo resuelto en Comisionado v. Prime Life, supra. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones erró al aplicar el referido Art. 9.480 a la multa impuesta por infracción al Capítulo 27 del Código de Seguros, supra. Veamos.

A. La OCS le impuso a PRIA un total de $10,850 en multas administrativas por infracción a las disposiciones siguientes: Carta Normativa Núm. E-N-12-1275-95, supra, relacionada con la elección y el uso del método de presentación del informe sobre los seguros de líneas excedentes y al registro y archivo de los modelos de circulación riesgo; Art. 5 de la Regla XXVIII del Reglamento del Código de Seguros, supra, por no haber presentado el Informe Anual de Primas y Pérdidas de Seguros de Líneas Excedentes; Art. 1(A) y 2 de la Regla XXVIII del Reglamento, supra, por gestionar la colocación del riesgo con el asegurador elegible de líneas excedentes antes de circularlo o durante el periodo de circulación; Art. 1(B) de la Regla XXVIII, supra, relacionada con dejar de proveer el modelo de circulación debidamente completado, por no circular el riesgo y por no haber puesto a los aseguradores en la posición de hacer una evaluación adecuada de los riesgos.

El Tribunal de Apelaciones modificó la determinación de la OCS por entender que las penalidades impuestas por infracción a estas disposiciones están sujetas a los límites que dispone el Art. 9.480 del Código de Seguros, supra. El Art. 9.480 señala:

(1) En adición a la denegación, revocación o suspensión de la licencia o en lugar de las mismas, a cualquier tenedor de licencia que violare una disposición de este título podrá imponérsele cualquiera de los siguientes castigos:

(a) Denegación de la licencia en cualquier capacidad autorizada con arreglo a este título por un término que no excederá de cinco años.

(b) Multa administrativa que no excederá de quinientos (500) dólares por cada falta; disponiéndose, que el total de multas impuestas por diferentes faltas no excederá de cinco mil (5,000) dólares.

(c) Al ser convicto de dicha violación por sentencia firme de un tribunal, con multa no menor de cincuenta (50) ni mayor de cinco mil (5,000) dólares.

(2) Cualesquiera de dichas penalidades^ podrán ser en adición a cualquier otra provista por ley. (Énfasis suplido.) 26 L.P.R.A. see. 948.

Por otro lado, la OCS impuso una multa de $8,925 a PRIA por incurrir en dieciséis ocasiones en un atraso total de trescientos cincuenta y siete días en el pago de la contribución requerida por el Art. 10.130 del Código de Seguros, supra. Esta disposición impone la obligación a los corredores de líneas excedentes de pagar al Secretario de Hacienda una contribución equivalente al nueve por ciento de la prima total cobrada. En casos de incumplimiento con esta disposición, el Art. 10.131 señala:

Todo corredor de líneas excedentes que dejare de presentar su informe sobre la cubierta de seguro de líneas excedentes y dejare de pagar la contribución especificada dentro del término establecido en la see. 1013 de este título, estará sujeto a una multa administrativa de veinticinco (25) dólares por cada día de atraso, sujeto al derecho del Comisionado de conceder una prórroga razonable para presentación y pago. 26 L.P.R.A. sec. 1013(a).

El Tribunal de Apelaciones confirmó la multa impuesta por la OCS respecto a las violaciones al referido Art. 10.130.

Ambas determinaciones del Tribunal de Apelaciones son correctas según lo resuelto en Comisionado v. Prime Life, supra. Allí resolvimos que las multas impuestas a un corredor de líneas excedentes por violación del Art. 1(A) y 2 de la Regla XXVIII del Reglamento del Código de Seguros, supra, estaban sujetas a los límites de quinientos dólares por cada falta y cinco mil dólares en total de multas impuestas por las diferentes faltas, según dispone el Art. 9.480(l)(b) del Código de Seguros, 26 L.RR.A. see. 948(l)(b), “en vista de que a los corredores de líneas excedentes les aplican las disposiciones de los Capítulos IX y X del Código, referentes a corredores y a aseguradores no autorizados, respectivamente”. Sin embargo, excluimos las infracciones al Art. 10.130, supra, de dicho límite. Respecto a éstas señalamos que

[p]or tratarse de una obligación contributiva, el Código impone una penalidad distinta a la correspondiente por violaciones a la ley o al Reglamento. ...
De esta forma, el legislador determinó la sanción específica a ser impuesta en casos de atraso en el pago de contribuciones, en aras de proteger el interés legítimo del Estado en su política fiscal y de evitar la evasión contributiva. (Enfasis en el original.) Comisionado v. Prime Life, supra, pág. 344.

B. Por último, debemos resolver si las multas impuestas por la OCS a un corredor de líneas excedentes por infracciones al Capítulo 27 del Código de Seguros, supra, también están sujetas a los límites que dispone el Art. 9.480 del Código de Seguros, supra. Resolvemos que el Tribunal de Apelaciones se equivocó al resolver en la afirmativa.

Según el historial legislativo del Código de Seguros, uno de los objetivos de esta legislación fue ampliar y fortalecer los poderes del Comisionado. Con relación a las prácticas desleales, el Código buscaba reglamentar enérgicamente las actividades competitivas de las compañías de seguros a fin de que ciertos tenedores de pólizas no recibieran mejor tratamiento que otros tenedores de pólizas, debido a las circunstancias de sus relaciones personales o económicas, y para que los agentes no usaran sus franquicias para rebajar primas o conceder otras ventajas indebidas. Informe Conjunto de las Comisiones de Hacienda y de lo Jurídico de la Cámara de Representantes sobre el P. de la C. 85 de 12 de marzo de 1957, en 2 (Vol. 9) Diario de Sesiones 562 (1957). Para hacer cumplir este objetivo, la Asamblea Legislativa le delegó al Comisionado de Seguros la facultad de imponer penalidades adicionales por infracciones a las disposiciones del Capítulo 27 del Código de Seguros, supra. Al respecto, el Art. 27.300 del Código de Seguros señala:

En adición a cualquier penalidad provista o en lugar de la misma, a cualquier persona que violare una disposición de este capítulo podrá imponérsele una multa administrativa que no excederá de diez mil (10,000) dólares. (Enfasis suplido.) 26 L.P.R.A. see. 2730.

Al amparo de esta disposición, la OCS le impuso a PRIA la penalidad de mil quinientos dólares por infringir en tres ocasiones el primer y segundo inciso del Art. 27.160 del Código de Seguros, que señala, en lo pertinente:

(1) Ninguna persona voluntariamente cobrará ninguna cantidad como prima o cargo por un seguro que no haya sido ya provista o que no esté en vías de proveerse (sujeto a la aceptación del riesgo por el asegurador) mediante una póliza de seguro expedida por un asegurador, según se autoriza en este título.

(2) Ninguna persona voluntariamente cobrará como prima o cargo por seguro suma alguna en exceso de la cantidad realmente gastada o en vías de gastarse para el seguro aplicable al objeto por el cual se ha cobrado o cargado dicha prima. 26 L.P.R.A. see. 2716.

Según mencionáramos, en Comisionado v. Prime Life, supra, razonamos que la Legislatura le otorgó al Comisionado de Seguros la facultad de imponer una penalidad adicional por infracciones al Art. 10.131, supra, que no están sujetas a los límites del Art. 9.480, supra, con la intención de “proteger el interés legítimo del Estado en su política fiscal y de evitar la evasión contributiva”. Comisionado v. Prime Life, supra, pág. 344. De igual forma, existe un interés legítimo en prohibir las prácticas desleales y fraudulentas. El Código de Seguros expresamente dispone que el propósito del Capítulo 27, supra, es “regular las prácticas comerciales en el negocio de seguros, definiendo o disponiendo para la determinación de todas las prácticas en Puerto Rico que constituyen métodos desleales de competencia, o actos o prácticas engañosas, y prohibiendo las prácticas comerciales que así se definan o determinen”. (Énfasis suplido.) 26 L.P.R.A. see. 2701. Resulta forzoso concluir que al incluir la penalidad adicional que dispone el Art. 27.300, supra, el legislador tuvo la intención de proveerle al Comisionado de Seguros las herramientas necesarias para disuadir de este tipo de práctica. Como sabemos, “[e]s principio cardinal de interpretación estatutaria el que al lenguaje de la ley debe dársele el significado que valide el propósito que tuvo el legislador al aprobarla”. R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 1987, Vol. 1, pág. 245. Esta decisión resulta cónsona con la clara intención legislativa y fortalece los poderes del Comisionado de Seguros. Según hemos expresado antes, la complejidad del negocio de seguros y su efecto en la economía y en la sociedad lo han convertido en una actividad económica revestida de gran interés público, que requiere una reglamentación extensa y compleja: “Se requiere, por ende, un ente reglamentador de gran conocimiento y experiencia en el campo a quien se le reconozca su autoridad. De ahí la razón del peritaje y el amplio poder de sanciones que la Legislatura le delegó al Comisionado.” Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., supra, págs. 446-447.

Por lo tanto, resolvemos que la OCS no abusó de su discreción al imponer la penalidad adicional de $1,500 dólares por violaciones al Capítulo 27 del Código de Seguros, supra. El legislador expresamente le delegó dicho poder y el interés involucrado así lo requiere.

Por todo lo antes expuesto, modificamos la sentencia recurrida respecto a la cuantía de las multas administrativas impuestas. Por lo tanto, ordenamos a PRIA pagar quince mil cuatrocientos veinticinco dólares por concepto de multas administrativas impuestas por el Comisionado de Seguro en el ejercicio de sus facultades.

Se dictará sentencia de conformidad.

       El Art. 2.150 del Código de Seguros de Puerto Rico (Código de Seguros) dispone:
      “Con el fin de determinar su situación o constatar las contribuciones, según se requiere por ley, o determinar si se cumple con este título, el Comisionado podrá, tan frecuentemente como lo considere prudente, inspeccionar las cuentas, archivos, documentos, negocios y operaciones relacionadas con seguros de:
      “(1) Un agente de seguros, agente general, corredor, corredor de seguros excedentes (surplus line broker), ajustador o solicitador.

      “(2) La persona que tenga un contrato con arreglo al cual de hecho disfrute del derecho exclusivo o predominante de administrar a un asegurador o tener dominio sobre éste.
      “(3) La persona que posea las acciones del capital social o la delegación de tenedores de pólizas de un asegurador del país con el fin de tener dominio sobre su administración, bien como síndico votante o de otro modo.
      “(4) La persona que en Puerto Rico se dedique o intente dedicarse o ayude a la promoción o formación de un asegurador o de una corporación dominatriz de acciones de seguros, o a la solvencia comercial de un asegurador.” (Énfasis suplido.) 26 L.P.R.A. see. 215.

       La Sec. 7.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (L.P.A.U.) señala:
      “Toda violación a las leyes que administran las agencias o a los reglamentos emitidos al amparo de las mismas podrá ser penalizada con multas administrativas que no excederán de cinco mil (5,000) dólares por cada violación.
      “En caso de que la ley especial de que se trate sólo provea penalidades criminales, el jefe de la agencia, a su opción, podrá radicar una querella administrativa al amparo de esta sección para procesar el caso por la vía administrativa.
      “Si la ley especial de que se trate dispone una penalidad administrativa mayor a la que se establece en esta sección, la agencia podrá imponer la penalidad mayor.” 3 L.P.U.A. see. 2201.

       El Art. 10.130 del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. see. 1013, señala, en lo pertinente:
      “Dentro de sesenta (60) días después de obtenida una cubierta de seguro de líneas excedentes, el corredor deberá presentar al Comisionado un informe de la misma para fines contributivos, expresando los nombres y direcciones del asegurador y del asegurado, el número de la póliza y la fecha de expedición, la cantidad recibida por concepto de prima y el cómputo e importe de la contribución adeudada. El informe deberá acompañarse de cheque certificado pagadero al Secretario de Hacienda por el importe de la contribución a pagarse por concepto de la cubierta informada.”


author: La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri, a la cual se une la Juez Asociada Señora Fiol Matta.

text:
    Unión General de Trabajadores, recurrida, v. Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, peticionaria.

      Número: CC-2003-579

      Resuelto: 23 de agosto de 2006

      George E. Green Rodríguez, abogado de la parte peticionaria; Andrés Montañez Coss y Edwin Rivera Cintrón, abogados de la parte recurrida.
   La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez

emitió la opinión del Tribunal.

En este caso debemos revisar un laudo de arbitraje en el que se determinó que la querella presentada por la unión no era arbitrable procesalmente por no haberse presentado dentro del término convenido en el procedimiento de quejas y agravios del contrato laboral, frente al planteamiento de la unión de que el agravio o violación al convenio era de carácter continuo, por lo que el referido término no se había infringido.

I

Los hechos en el presente caso no están en controversia. La Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (Corporación) suscribió un convenio colectivo (Convenio Colectivo) con la Unión General de Trabajadores (U.G.T.), el cual regiría las relaciones obrero-patronales a partir del 1 de enero de 1995 hasta el 31 de diciembre de 1998.

El 8 de julio de 1996 la Corporación nombró al Sr. Miguel Hernández Flores al puesto de operador de equipo de televisión con un salario ascendente a $1,425 mensuales. Dicho nombramiento fue notificado a la U.G.T. el 12 de julio de 1996, mediante copia de la hoja de informe sobre empleados nuevos de la unidad apropiada. Transcurrido casi un año, el 27 de junio de 1997 la U.G.T. solicitó de la Corporación un desglose de todos los empleados pertenecientes a la unidad apropiada, incluyendo el puesto que ocupaban, el salario que devengaban y la fecha de reclutamiento. La información requerida fue provista el 17 de julio de 1997, mediante una carta del Subdirector de Recursos Humanos de la Corporación.

A raíz de recibir dicha información, el 4 de agosto de 1997 la U.G.T. —por conducto de su oficial, el Sr. Osvaldo Romero Pizarro— inquirió del patrono sobre la disparidad en salarios entre los operadores de equipo de televisión nombrados con anterioridad al señor Hernández Flores y éste. Ello, en virtud de que todos tenían funciones similares. En contestación a las alegaciones de la U.G.T., la Corporación indicó que la diferencia obedecía a factores tales como mayor experiencia o mayor preparación académica.

Insatisfecho con las razones expresadas, la U.G.T. inició el 18 de septiembre de 1997 el procedimiento de quejas, agravios y arbitraje que proveía el Convenio Colectivo. Véase Art. VIII, Sec. 2 del Convenio Colectivo. La U.G.T. alegó que el patrono incurrió en un trato discriminatorio y violentó varias disposiciones del convenio al reclutar al señor Hernández Flores con un salario básico mayor al de otros empleados en la misma área de trabajo. El 29 septiembre de 1997 el Vicepresidente del Departamento de Ingeniería de la Corporación, el Ing. Manuel Collazo, replicó a la unión e indicó que la querella no era arbitrable procesalmente, ya que ésta fue instada fuera del término de siete días laborables —contados desde la ocurrencia del hecho que dio margen al agravio— dispuesto por el Art. VIII del Convenio Colectivo.

Inconforme con la determinación del supervisor, la U.G.T. procedió a la segunda etapa de la querella y acudió al Departamento de Recursos Humanos de la Corporación. El subdirector de dicho departamento se reafirmó en lo expuesto anteriormente por la Corporación; es decir, entendió que la querella no era arbitrable por haberse presentado tardíamente.

Luego del trámite interno para ventilar la reclamación, la U.G.T. invocó el proceso de arbitraje ante el Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Las partes seleccionaron al árbitra Sra. Elizabeth Guzmán Rodríguez para que resolviera la controversia. El acuerdo de sumisión convenido fue el siguiente:

Que la Honorable Árbitro determine si la querella es o no arbitrable procesalmente, esto es, si se radicó dentro de los términos provistos por el Convenio Colectivo entre las partes.
De determinarse que es arbitrable procesalmente, que la árbitro señale fecha para la vista en los méritos de la presente querella. Apéndice, pág. 96.

Como hemos indicado, la Corporación argumentó que la U.G.T. había incumplido con los términos provistos por el Art. VIII del Convenio Colectivo, pues tuvo conocimiento del nombramiento del señor Hernández Flores y su respectivo salario desde el 12 de julio de 1996, por lo que la querella debió presentarse dentro del término de siete días laborables contados a partir de dicha fecha. En la alternativa, si se toma como punto de partida el 17 de julio de 1997, fecha en que se le proveyó la información a la U.G.T. sobre los empleados unionistas, la acción instada era igualmente tardía.

Por su parte, la U.G.T. sostuvo que la controversia no se materializó sino hasta el 9 de septiembre de 1997, fecha cuando se conoció la posición de la Corporación en torno a la posible disparidad de salarios señalada por la unión.

Atendidos los argumentos de ambas partes, la árbitra concluyó que la U.G.T. había incumplido con los términos dispuestos por el Art. VIII del Convenio Colectivo y, por lo tanto, la querella no era arbitrable procesalmente. Entendió que a partir del 17 de julio de 1997 la U.G.T. tenía la lista de empleados que le había remitido la Corporación, de la cual se desprendía claramente que el señor Hernández Flores recibía una remuneración superior a la de otros empleados de la unidad apropiada. No obstante, la U.G.T. esperó dos meses para presentar la querella, por lo que ésta se presentó tardíamente.

Inconforme con el laudo de arbitraje, la U.G.T. acudió al Tribunal de Primera Instancia donde invocó por primera vez la doctrina de violación o agravio continuo como defensa, frente al señalamiento de que la querella no era arbitrable procesalmente por no haberse cumplido con los términos dispuestos en el Convenio Colectivo. El foro de instancia resolvió que la queja se presentó fuera de término y que la doctrina de violación continua no aplicaba; por lo tanto, confirmó la determinación de la árbitra.

Insatisfecha nuevamente, la U.G.T. recurrió en revisión ante el entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones. Dicho foro acogió el argumento de violación continua. El tribunal determinó que el Convenio Colectivo suscrito entre las partes proveía para la concesión de un salario básico a los unionistas y que Hernández Flores recibía un salario mayor a ese básico. Por lo tanto, cada vez que la Corporación le pagaba a Hernández Flores una cantidad superior a la que le pagaba a los otros unionistas, violaba el principio de retribución uniforme del Convenio Colectivo y surgía una nueva causa de acción. En atención a lo cual no estaba prescrita la reclamación de la unión. Procedió entonces a revocar el laudo emitido.

De dicha determinación acudió ante nosotros la Corporación mediante un recurso de certiorari. La Corporación señaló los errores siguientes:

Erró el Honorable Tribunal de Circuito de Apelaciones al revocar el laudo porque el árbitro no aplicó la doctrina de daño continuo al determinar que la querella no era procesalmente aplicable.
Erró el Honorable Tribunal de Circuito de Apelaciones al Tribunal de Primera Instancia porque no debió fundamentar su adjudicación en una sentencia del Tribunal Supremo. Petición de certiorari, pág. 7.

Expedimos el auto solicitado. Ambas partes han comparecido por lo que estamos en posición de resolver y pasamos a hacerlo.

I—I

A. Una evaluación de nuestra trayectoria en materia de arbitraje obrero-patronal nos revela una marcada deferencia hacia los laudos de arbitraje, ante la clara política pública a favor del arbitraje como mecanismo para dilucidar las controversias obrero-patronales. J.R.T. v. Corp. Crédito Agrícola, 124 D.P.R. 846, 849 (1989). Tal deferencia se debe, entre otras cosas, a que el arbitraje es el medio más apropiado y deseable para resolver las disputas que surgen de la aplicación e interpretación de los convenios colectivos. Es un mecanismo rápido y menos costoso que los procedimientos judiciales, a la vez que ofrece mayor flexibilidad a las partes. Pérez v. Autoridad de Fuentes Fluviales, 87 D.P.R. 118, 127 (1963). Éste contribuye a promover la paz industrial.

A tono con lo anterior, hemos reiterado nuestra norma de autorrestricción judicial, por lo que un laudo basado en una sumisión voluntaria está sujeto a la revisión judicial sólo si las partes convienen que la controversia sometida al árbitro sea resuelta conforme a derecho. Con- dado Plaza v. Asoc. Emp. Casino P.R., 149 D.P.R. 347, 359 (1999); J.R.T v. Hato Rey Psychiatric Hosp., 119 D.P.R. 62, 68 (1987); Junta de Relaciones del Trabajo v. N.Y. & P.R. S/S. Co., 69 D.P.R. 782 (1949). No obstante, aun cuando sea permisible la revisión judicial del laudo, no debemos inclinarnos fácilmente a decretar la nulidad de la decisión arbitral a menos que el árbitro haga caso omiso al derecho aplicable. Rivera v. Samaritano & Co., 108 D.P.R. 604, 609 (1979). A tales efectos, no hemos vacilado en enfatizar que “no puede hacerse impunemente caso omiso del procedimiento de arbitraje prescrito en el convenio”. J.R.T. v. A.F.F., 111 D.P.R. 837, 840 (1982).

La autoridad del árbitro para atender una controversia queda definida por el lenguaje del convenio colectivo o por el acuerdo de sumisión sometido por las partes. López v. Destilería Serrallés, 90 D.P.R. 245, 256 (1964). Entre los asuntos que el convenio puede encomendar al árbitro está la determinación de su propia jurisdicción, conforme a los términos mismos del convenio. Junta Relaciones del Trabajo v. N.Y. & P.R. S/S. Co., supra. Véanse, además: J.R.T. v. Central Mercedita, Inc., 94 D.P.R. 502, 507—508 (1967); W.R. Grace & Co. v. Rubber Workers, 461 U.S. 757, 765 (1983) (“Because the authority of arbitrators is a subject of collective bargaining, just as is any other contractual provision, the scope of the arbitrator’s authority is itself a question of contract interpretation that the parties have delegated to the arbitrator”); F. Elkouri y E.A. Elkouri, How Arbitration Works, 6ta ed., Washington, ABA, 2003, pág. 284.

De otra parte, en un convenio colectivo tanto la unión como el patrono se comprometen a someter las querelias, quejas y otras reclamaciones que suijan sobre la interpretación, implementation y aplicación del contrato laboral al procedimiento establecido para atender querellas y dentro del los términos fijados para ello en el convenio. D.M. Helfeld, La jurisprudencia creadora: Factor determinante en el desarrollo del Derecho de arbitraje en Puerto Rico, 70 (Núm. 1) Rev. Jur. U.P.R. 1 (2001).

B. En el campo laboral, el concepto de arbitrabilidad se refiere al "derecho del quejoso a que su agravio lo determine el árbitro", asI como cualquier impedimento que se interponga en el disfrute de ese derecho. D. Fernández Quinones, El arbitraje obrero-patronal, Bogota, Ed. Forum, 2000, Sec. 4.6B, pág. 236. La arbitrabilidad tiene dos vertientes: la sustantiva y la procesal.

La arbitrabilidad sustantiva se refiere a la in.. terrogante de si conforme a los términos del convenio colectivo, las partes han decidido someter a arbitraje una controversia o agravio en particular. En otras palabras, si la disputa surgida debe ser dilucidada en el proceso de arbitraje. De ordinario y salvo que el convenio colectivo disponga otra cosa, los asuntos de arbitrabilidad sustantiva deben ser resueltos por los tribunales, pues nadie está obligado a someter a arbitraje una controversia si no lo ha consentido previamente. En estos casos, la función del tribunal se limita a determinar silas partes pactaron que la controversia fuera resuelta a través del mecanismo de arbitraje y no a resolver la controversia en sus méritos. Junta Relaciones de Trabajo v. N.Y & P.R. S / S. Co., supra, pág. 803 ("Compete a las cortes y no al árbitro interpretar el convenio de arbitraje con el fin de determinar qué cuestiones fueron sometidas a arbitraje por las partes"). Véanse: Atkinson v. Sinclair Refining Co., 370 U.S. 238, 241 (1962); Steelworkers v. Warrior & Gulf Co., 363 U.S. 574, 582 (1960).

Por otro lado, cuando la controversia que se suscita se relaciona con el procedimiento o mecanismo establecido en el convenio para atender un agravio o controversia, nos encontramos ante un asunto de arbitrabilidad procesal. El profesor Fernández Quiñones señala que la arbitrabilidad procesal, en esencia, plantea “si el agravio está maduro para arbitraje conforme los procedimientos establecidos contractualmente”. Fernández Quiñones, op. cit, Sec. 4.6B, pág. 236. Una cuestión típica de arbitrabilidad procesal es si el agravio se presentó dentro del término provisto en el convenio colectivo. Id. Los asuntos de arbitrabilidad procesal son de la ingerencia del árbitro.

En el caso seminal John Wiley & Sons v. Livingston, 376 U.S. 543 (1964), el Tribunal Supremo federal indicó que una vez se determina que, sustantivamente, el agravio o controversia es arbitrable, el asunto de si éste se presentó dentro del término provisto en el acuerdo es de la incumbencia del árbitro. EspecIficamente se indicO: "Once it is determined ... that the parties are obligated to submit the subject matter of a dispute to arbitration, `procedural' questions which grow out of the dispute and bear on its final disposition should be left to the arbitrator." Id., pág. 557. En J.R.T v. A.F.F., supra, pág. 841, citando a John Wiley & Sons v. Livingston, supra, seflalamos que "[sli la fase sustantiva de una disputa es arbitrable, la regla general es que las cuestiones procesales relacionadas con ella se resuelvan también por el árbitro".

No tan solo es de la ingerencia del árbitro la determinación de si una queja o controversia se presentó a tiempo conforme a los términos del acuerdo laboral, sino también cualquier defensa o asunto colateral relacionado o que incida precisamente con ese planteamiento. E.g., John Wiley & Sons v. Livingston, supra, pág. 557 (["Procedural questions include,] whether grievance procedures or some part of them apply to a particular dispute, whether these procedures have been followed or excused, or whether the unexcused failure to follow them avoids the duty to arbitrate”); Local Union No. 370 v. Morrison-Knudsen Co., 786 F.2d 1356, 1358 (9no Cir. 1986) (“Even matters that are ‘extrinsic’ to the process of interpreting the collective bargaining agreement, such as defenses of collateral estoppel and equitable estoppel, are subject to arbitration”); McKesson Corp. v. Local 150 IBT, 969 F.2d 831, 834 (9no Cir. 1992); Denhardt v. Trailways, Inc., 767 F.2d 687, 689 (10mo Cir. 1985); Retail Delivery Drivers, etc. v. Servomation Corp., 717 F.2d 475, 477 (9no Cir. 1983); Chauffeurs, Teamsters & Helpers v. Stroehmann Bros., 625 F.2d 1092 (3er Cir. 1980). En igual sentido, véase Crone, The Continuing Battle Over Procedural Issues: Is it a Decision for the Courts or the Arbitrator?, 20 Mem. St. U.L. Rev. 145, 152 (1989) (“Once the court makes the decision that the dispute is arbitrable, the arbitrator is to decide any ‘procedural’ questions arising from the dispute that are intertwined with the substantive issues and bear on the disposition of those issues”). De ordinario, no habremos de intervenir con asuntos relacionados con la arbitrabilidad procesal de una controversia, así como con aquellos planteamientos colaterales que incidan sobre ésta.

Por tiltimo, es menester indicar que, generalmente, el incumplimiento con los términos y el procedimiento establecido en el convenio conileva la desestimación de la querella en cumplimiento con la norma que pretende tramitar las querellas con celeridad y diligencia. AsI, el tratadista 0. Fairweather, en Practice and Procedure in Labor Arbitration, 2da ed., Washington, BNA, 1983, pág. 101, indica:

When a grievance has not been filed within the time limits set forth in the collective bargaining agreement, the arbitrator generally will dismiss the claim as nonarbitrable unless the opposing party has waived this procedural defect. Since the parties have limited the cases which they agree to arbitrate according to the terms of their agreement, the arbitrator has no authority to hear a claim presented too late, because it has not properly entered the procedure and hence has not reached the arbitration “step”. Arbitrators have supported the dismissal not only on the ground that the arbitrator must receive authority to hear the grievance claim from the agreement, but also on the ground that the establishment of a time limit reflects the parties’ recognition that the grievance matters should be heard promptly and not allowed to fester for long periods permitting evidence to be lost and recollections to be dimmed. (Escolios omitidos y énfasis nuestro.)

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Como mencionáramos en la relación fáctica anterior, el Art. VIII del Convenio Colectivo establece el procedimiento por seguir para el trámite de las quejas y agravios, así como para someter la queja al proceso de arbitraje. La primera etapa del proceso se inicia mediante la presentación de una queja ante el supervisor inmediato del empleado por sí mismo o a través del delegado de la U.G.T., dentro del término de siete días laborables desde la ocurrencia de los hechos que dieron margen al agravio. El supervisor tiene, a su vez, la obligación de emitir su contestación a la queja dentro de siete días laborables.

El término antes mencionado es improrrogable y jurisdiccional para todas las partes, excepto que la Corporación o la U.G.T., mediante un acuerdo suscrito por ambos, decidan extender cualquier plazo, en cuyo caso deberán especificar el nuevo término acordado conforme dispone el propio Art. VIII, Sec. 7 del Convenio Colectivo.

De otra parte, el Convenio Colectivo provee que las decisiones en el laudo del árbitro para resolver la controversia o asunto será conforme a derecho, final y obligatoria para ambas partes. Art. VIII, Sec. 6, Convenio Colectivo.

Basándose en las disposiciones anteriores, la Corporación alegó que le notificó a la U.G.T., desde el 12 de julio de 1996, de manera clara y evidente, el nuevo nombramiento del señor Hernández Flores y su salario. Consecuentemente, la unión debió someter su queja dentro de siete días, a partir de esa fecha en que supo de las diferencias de salarios.

Según consta en el expediente, las partes acordaron so-meter al árbitro la controversia de si la querella era arbitrable procesalmente, esto es, si se presentó dentro de los términos provistos por el Convenio Colectivo. Con ello, confirieron expresamente al tercero imparcial la facultad para dirimir tal controversia y el resultado al cual llegue el árbitro tiene la característica fundamental de ser final y obligatorio para las partes que acordaron someterse a arbitraje.

En el presente caso, el laudo resolvió que la U.G.T., indudablemente, tuvo conocimiento de la disparidad en salarios entre los operadores de equipo de televisión desde la notificación del nombramiento del señor Hernández Flores, el 12 de julio de 1996. La unión no actuó en ese momento para impugnar la actuación del patrono. Posteriormente, la Corporación le entregó a la unión otra información que evidenciaba la diferencia en paga y tampoco procedió a presentar su queja al patrono dentro del término de siete días.

A base de lo anterior, no hay duda de que la unión incumplió con el término pactado con el patrono para iniciar el procedimiento de quejas y agravios por lo que, de ordinario, la queja no sería arbitrable procesalmente, tal y como resolvió la árbitra.

Antes bien, la unión planteó por primera vez ante el foro judicial la aplicabilidad a este caso de la doctrina de violación o agravio continuo. Con dicho planteamiento se pretende evitar el resultado antes mencionado. Habida cuenta que el Convenio Colectivo entre las partes exige que todo laudo sea conforme a derecho, debemos expresarnos a continuación sobre la referida doctrina.

IV

A pesar de nuestra marcada inclinación a dejar los asuntos relacionados a la arbitrabilidad procesal en manos del árbitro, somos conscientes de que no siempre podemos desligar dicha controversia de cuestiones puramente de derecho, en las que sí debemos intervenir, cuando el convenio o el acuerdo de sumisión ordenan que el laudo sea conforme a derecho. Como ya apuntamos, éste es uno de esos casos.

Sólo en una ocasión anterior hemos hecho referencia a la doctrina de violación continua en el ámbito laboral. En J.R.T. v. A.E.E., 113 D.P.R. 564, 567 (1982), se cuestionó la jurisdicción del árbitro por haber caducado la reclamación al transcurrir más de seis meses desde que el empleado era merecedor de un aumento de sueldo por años de servicio. En aquella ocasión, el árbitro resolvió a favor de la arbitrabilidad y, posteriormente, avalamos esa determinación. Al resolver, expresamos, sin mayor exposición, que el incumplimiento con un aumento de salario por mérito dispuesto en el convenio, era una reclamación de carácter continuo, por lo que cada vez que el patrono pagaba el salario sin incluir el referido incremento, se configuraba una nueva violación al convenio colectivo.

En Estados Unidos, varios tratadistas en campo laboral reconocen la existencia de violaciones continuas a un convenio, cuyo efecto es renovar el término provisto en el convenio para reclamar bajo el procedimiento de quejas y agravios. Los tratadistas Elkouri observan lo siguiente:

Many arbitrators have held that “continuing” violations of the agreements (as opposed to a single isolated and completed transaction) give rise to “continuing” grievances in the sense that the act complained of may be said to be repeated from day to day, with each day treated as a new “occurrence”. These arbitrators permit the filing of such grievances at any time, although any back pay would ordinarily accrued only from the date of filing. For example, where the agreement provided for filing “within ten working days of the occurrence,” it was held that where employees were erroneously denied work, each day lost was to be considered an “occurrence” and that a grievance presented within 10 working days of any such day lost would be timely. (Escolios omitidos.) Elkouri y Elkouri, op. cit., págs. 218-219.

Así también, el profesor Fairweather señala:

If the alleged violation can be considered to impose a continuing injury to the grievant, the arbitrator may find that the grievance is a continuing one and that the time limit on the filing of grievance recommences each day and hence, a filing of a grievance is never precluded. ... The most frequent use of the “continuing violation” doctrine occurs in claims for damages as a result of the employer’s failure to pay an employee at the rate established for the classification to which the employee is assigned or the failure to grant a merit increase. Fairweather, op. cit., págs. 103-104.

La tarea de decidir cuándo el agravio es de naturaleza continua es delicada. La limitación temporal dispuesta en un convenio colectivo para iniciar un proceso de quejas y agravios es, de suyo, de suma importancia. Ésta tiene como objetivo ponerle fin a las disputas obrero-patronales rápidamente para de esa forma propiciar la paz industrial. Por lo tanto, los plazos dispuestos en los convenios colectivos obedecen a un evidente interés público. De ordinario, entonces hay que cumplir con éstos rigurosamente.

La doctrina de violación continua se configura como una excepción a la norma general que presupone el cumplimiento específico de los términos negociados por las partes y recogidos en el convenio colectivo. Como ya indicamos, una violación de carácter continuo hace que el agravio surja o se renueve periódicamente y, por lo tanto, que se pueda presentar la querella en cualquier momento mientras persista la violación. Para establecer si la querella es de naturaleza continua lo determinante no es la continuidad del agravio, sino más bien, si al momento de presentar la querella correspondiente la violación persiste. United Air Lines, Inc. v. Evans, 431 U.S. 553, 558 (1977) (“But the emphasis should not be placed on mere continuity; the critical question is whether any present violation exists” (énfasis en original)).

Así, para establecer si aplica la doctrina a una situación en particular es necesario evaluar, únicamente, el acto que motivó la queja del empleado, sin considerar los efectos continuos de la violación pasada. Véase R.I. Bloch, Arbitration: Time Limits and Continuing Violations, 96 (Núm. 8) Mich. L. Rev. 2384-2398 (1998).

La pregunta que debemos hacernos es ¿cómo podemos satisfactoriamente distinguir entre violaciones que son, en efecto, nuevos agravios y aquellas que son meras manifestaciones de la violación original? Sólo las primeras configuran una verdadera violación continua con su evidente efecto interruptor.

Para ello debemos enfocarnos en actuaciones nuevas e independientes que podrían ser violatorias del contrato laboral sin ningún nexo o referencia a eventos pasados. Véanse: Monee Nursery & Landscaping v. Local 150, 348 F.3d 671, 676 (7mo Cir. 2003) (“This court, when determining whether a subsequent incident was properly part of a continuing violation, has asked whether it was ‘based upon’ the earlier action”); Calloway v. Partners Nat. Health Plans, 986 F.2d 446 (11mo Cir. 1993); Metz v. Tootsie Roll Industries, Inc., 715 F.2d 299, 305 (7mo Cir. 1983).

En el ámbito del derecho laboral norteamericano se ha reconocido que la doctrina de violación continua aplica cuando se reclama por los daños causados como resultado de la negativa patronal de remunerar al empleado en la proporción establecida en la clasificación a la que fue asignado y a la cual tiene derecho según el convenio; o, cuando no se le otorga un aumento de salario por mérito conforme dispone el convenio. Fairweather, op. cit., pág. 104. Es de notar que en ambas situaciones el trabajador tiene derecho a que se le pague dicha remuneración. Por lo tanto, se entiende que cada vez que recibe un pago que no refleje el salario a que tiene derecho se configura una nueva violación por la cual puede reclamar. Véanse: In re Dept. of Air Force, 115 L.A. 1684, 1688 (Nolan 2001) (“[I]n the case of an erroneous pay dispute, a new grievance may arise with each pay period”); In re Ind. School Dist. No. 23, 110 L.A. 1117 (Daly 1998); In re Harding Galesburg Markets, Inc., 103 L.A. 1158 (Daniel 1994). De ahí que en J.R.T. v. A.E.E., ante, aplicáramos la doctrina de violación continua, pues conforme al convenio colectivo aplicable en ese caso, el empleado tenía derecho a recibir un aumento de salario automático por años de servicio.

En el campo laboral, la doctrina de violación continua no opera automáticamente, pues se exige lo siguiente: primero, que el tiempo transcurrido entre el momento en que expiró el plazo y cuando en efecto se presentó la correspondiente queja o agravio, no haya sido excesivo; segundo, que haya justa causa para la dilación y así lo demuestre el querellante, y tercero, que la tardanza no perjudique al patrono al dificultar severamente su capacidad para defenderse de la querella presentada. En tal sentido se ha resuelto lo siguiente:

Ordinarily, arbitration provides a limited form of forgiveness in the case of recurring or continuing grievance by permitting the dispute to be heard on the merits, but restricting any remedy plea to the actual date of filing .... The continuing grievance exception to a late filing is not automatic however. The exception requires that the grievance meet the following conditions:
1. The time elapse between the expiration of the filing deadline and actually filing is no unreasonably protracted.
2. The grievant offers a good and sufficient reason for the late filing.
3. The late filing poses no undue burden or prejudice to the employer in defending against the grievance. (Enfasis nuestro.) In re Ind. School Dist. No. 23, ante, pág. 1120. En igual sentido, véase In re Aramark Services, 115 L.A. 401, 406 (Hoh 2000).

Ateniéndonos a las normas legales antes expuestas, analicemos las cláusulas aplicables del Convenio Colectivo suscrito por las partes y los hechos del presente caso.

V

A. En este caso, la U.G.T. objetó el salario que le fue otorgado al señor Hernández Flores cuando se le reclutó para un puesto de operador de equipo de radio y televisión en la Corporación, por ser dicho salario superior al de otros empleados en su misma clasificación. La U.G.T. indicó que la acción de la Corporación era discriminatoria y en violación del Convenio Colectivo. Señaló que debido a ello, los demás empleados tenían derecho a que sus salarios se nivelaran de suerte que estuvieran a la par con el del señor Hernández Flores. Sostuvo, al igual que el foro apelativo intermedio, que cada vez que la Corporación le paga al señor Hernández Flores su salario “surgfía] nuevamente una causa de acción en beneficio de los empleados unionados que no están retrubiodos (sic) uniformemente”, por lo que aplicaba en este caso la doctrina de violación continua.

La Corporación, por su parte, negó que su actuación violara el Convenio Colectivo. Indicó que éste nada proveía respecto el salario de nuevos reclutamientos; que el asunto del salario del señor Hernández Flores era un asunto de orden administrativo y que como tal, y a tenor con el Convenio Colectivo, de su exclusiva incumbencia. Adujo que a la fecha de su reclutamiento, el señor Hernández Flores tenía vasta experiencia, ya que había trabajado para otra cadena televisiva por espacio de nueve años, por lo que superaba en experiencia a los otros empleados. En resumen, concluyó indicando que el reclutamiento del señor Hernández Flores redundaba en beneficios para la Corporación y el servicio público que ésta presta. Apuntó que no aplicaba la doctrina de violación continua, ya que la concesión de un salario de reclutamiento no era un asunto cobijado por el Convenio Colectivo.

El fundamento medular del reclamo de la unión en este casos es que cada vez que el señor Hernández Flores recibe su salario en exceso, alegadamente, de lo permitido por el Convenio Colectivo, surge una nueva causa de acción a favor de los otros empleados por éstos no recibir la misma retribución. Esta alegación supone que, de determinarse que en efecto el salario concedido al señor Hernández Flores fue violatorio del Convenio Colectivo, los demás empleados tienen un derecho a que se nivele sus salarios al que ostenta el señor Hernández Flores. Sólo de esta forma cabe hablar que se les violó un derecho que ellos tenían bajo el convenio, el cual se renueva cada vez que no reciben lo que tenían derecho a recibir, o cuando el señor Hernández Flores recibe el de él.

Hemos estudiado detenidamente el Convenio Colectivo, prestando particular atención a las cláusulas invocadas por la unión, y no hemos encontramos nada que nos permita inferir que las partes pactaron que en situaciones de esta naturaleza, operaría el derecho a nivelar y como tal, se igualarían los salarios. Por lo tanto, no cabe hablar de que se ha violado derecho alguno reconocido en el Convenio Colectivo por el cual tengan derecho a reclamar. Adviértase que, en última instancia, el reclamo de los otros empleados depende del derecho que pueda o no pueda tener el señor Hernández Flores a su salario.

B. La unión invocó, de forma general, el derecho a retribución uniforme como base para su reclamación, indicando que el salario mayor del señor Hernández Flores violaba ese principio. Veamos brevemente.

El Art. XXXII del Convenio Colectivo dispone que la Corporación preparará un Plan de Clasificación de Puestos y de Retribución Uniforme sobre los puestos unionistas en la Corporación. Un plan de clasificación, en términos generales, constituye un sistema de valoración de puestos y se utiliza para valorar equitativa y sistemáticamente todos los puestos en una organización. De esta forma se propicia que éstos puedan ser compensados de forma justa y equitativa. Véanse, para una amplia discusión: S.W. Hays y R.C. Kearney, Public Personnel Administration: Problems and Proposals, New Jersey, Prentice Hall, 2003; H. Risher y C. Fay, New Stratergies for Public Pay: Rethinking Government Compensation Programs, San Francisco, Jossey-Bass, 1997.

El plan de retribución, por su parte, constituye el mecanismo que utiliza la organización para fijar y administrar los salarios, bonos e incentivos económicos que se le conceden al empleado. La estructura salarial o escalas de sueldo y las normas que se aplican son parte de dicho plan. La asignación de las clases a las distintas escalas salariales entrelaza el plan de clasificación con el plan de retribución.

Como norma general, cada escala salarial tiene un tipo retributivo mínimo y uno máximo. Ello implica que todos los empelados en puestos de una misma clase reciben el mismo salario, excepto cuando hayan recibido aumentos por motivo de antigüedad o por méritos, o algún incentivo especial, como por ejemplo, por estudios o por años de experiencia.

Por lo tanto, el hecho de que un empleado en una clase reciba un salario mayor que otro empleado de su misma clase no significa que automáticamente se ha violado el principio de retribución uniforme.

C. Por otro lado, e independientemente de lo previamente señalado, la actuación de la Corporación que ocasionó la alegada disparidad de salarios entre los operadores de equipo de televisión se llevó a cabo el 8 de julio de 1996 cuando reclutó al señor Hernández Flores y le fijó una remuneración mayor. La U.G.T. no puede invocar actuaciones discriminatorias de la Corporación, sin necesariamente referirse al hecho único del nombramiento. Esto es, la alegada desigualdad en el pago de salarios es el efecto incidental que creó la actuación del patrono al nombrar al señor Hernández Flores con un salario base mayor al de otros en igual puesto. La doctrina invocada por la unión no protege las manifestaciones continuas que surjan del acto alegadamente ilegal.

Diferente sería si nos encontráramos ante un empleado con derecho a recibir un aumento de sueldo por mérito, el cual cada vez que recibe su cheque tiene una acción independiente para recibir el incremento en salario, ello sin necesidad de hacer alusión a los pagos anteriores. Tampoco ha alegado la unión que la referida heterogeneidad constituye un discrimen por razón de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ideas políticas o religiosas, a tenor con la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En virtud de lo anterior, corresponde que deneguemos la aplicación de la doctrina de violación continua a la presente situación de hechos.

VI

En virtud de lo anterior, y conforme discutimos previamente, la reclamación de la unión se instó fuera del término dispuesto en el Convenio Colectivo, por lo que no era arbitrable procesalmente. Procede entonces revocar la determinación del Tribunal de Apelaciones y confirmar al Tribunal de Primera Instancia.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri disintió con una opinión escrita, a la cual se unió la Jueza Asociada Señora Fiol Matta.

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri, a la cual se une la Juez Asociada Señora Fiol Matta.

Como muy bien señala la mayoría del Tribunal en su opinión, el término fijado en un convenio colectivo para iniciar un proceso de quejas y agravios persigue el fundamental objetivo de “ponerle fin a las disputas obrero patronales rápidamente para de esa forma propiciar la paz industrial”.

No cabe duda de que en nuestro país la política pública imperante desde hace muchas décadas en el campo de las relaciones obrero-patronales ha sido la de propiciar “una razonablemente pacífica y fructífera paz industrial, ... cosa que se considera deseable por ser útil y justa”. Nazario v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 846, 851 (1970). Véanse, además: J.R.T. v. Junta Adm. Muelle Mun. de Ponce, 122 D.P.R. 318, 333 (1988); U.I.L. de Ponce v. Dest. Serrallés, Inc., 116 D.P.R. 348, 352 (1985); Pérez v. Autoridad de Fuentes Fluviales, 87 D.P.R. 118, 124 (1963); P.R. Tele phone v. Junta Rel. Trabajo, 86 D.P.R. 382, 395-396 (1962). Se ha procurado sobre todo “eliminar en lo posible las disputas obreras” —Morales González v. J.R.T., 121 D.P.R. 249, 270 (1988)— por estimarse que tienen el potencial de “pone[r] en peligro la vida misma de la comunidad por sus efectos nocivos en la estructura básica de su economía ...”. Junta de Rel. del Trabajo v. I.L.A., 73 D.P.R. 616, 644 (1952).

En el caso de autos, encaramos la acción de una unión que evidentemente procuró honrar la fundamental política pública aludida antes. La Unión General de Trabajadores (U.G.T.) actuó conforme a lo requerido para mantener la paz industrial: no se precipitó a fraguar una disputa laboral. Sin embargo, la mayoría del Tribunal en su decisión en el caso de autos falla en apreciar correctamente el referido proceder de la unión. Veamos.

La U.G.T. se enteró del nombramiento por el patrono, la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, de un operador de equipo de televisión a quien se le concedió un salario superior al que tenían otros operadores de tal equipo nombrados anteriormente por dicho patrono. La unión procedió entonces a preguntar al patrono sobre la justificación para tal disparidad salarial. Inquirió por qué, si todos los operadores referidos tenían funciones similares, se le había otorgado al último operador que la compañía había contratado un salario superior al de los otros operadores que ésta ya empleaba. La compañía contestó el cuestionamiento referido y dio sus razones para la disparidad salarial referida el 9 de septiembre de 1997. El 18 de septiembre de 1997, sólo siete días laborables después de que la compañía contestara la indagación de la unión, la U.G.T. presentó la correspondiente queja sobre el particular, e inició así el procedimiento de arbitraje provisto en el convenio colectivo existente entre la compañía y la unión.

Hoy una mayoría del Tribunal resuelve que la queja en cuestión se presentó tardíamente y que por ello no era arbitrable. Decreta la mayoría del Tribunal que la queja referida tenía que ser presentada dentro del término de siete días laborables, contados a partir del momento en que a U.G.T. se enteró de la disparidad salarial en sí.

Este dictamen me resulta enteramente incomprensible. Troncha la ingente política pública mencionada antes que preconiza el logro de la paz industrial. Impone una interpretación al término para presentar quejas e iniciar el arbitraje del convenio colectivo que da al traste con la evidente razonabilidad de la conducta de la unión en este caso.

Nótese que en el momento cuando la U.G.T. se enteró de la disparidad salarial existente entre los operadores de equipo de televisión empleados por la compañía, todavía no existía ninguna controversia ente la unión y el patrono. El asunto no había madurado aún porque la U.G.T. desconocía qué motivos había tenido la compañía para pagar al último operador que había contratado un sueldo superior al que le pagaba a los operadores que ya empleaba. Es sólo al enterarse la unión de las razones ofrecidas por la compañía para justificar la disparidad salarial que surge la disputa laboral. Y lógicamente es sólo en ese momento que empieza a transcurrir el término en cuestión. No podía comenzar a transcurrir dicho término antes sencillamente porque aún la U.G.T. no tenía motivo para diferir del patrono. No fue la mera disparidad salarial lo que provocó la disputa laboral, sino la justificación que ofreció el patrono para tal disparidad.

Es evidente que hubiese sido un grave desmán que la unión protestase la disparidad salarial efectuada por el patrono sin antes indagar qué razones tuvo el patrono para hacer lo que hizo. La unión, pues, actuó razonablemente al indagar sobre el asunto antes de formular su querella. Hoy una mayoría del Tribunal castiga la acción eminentemente legítima de la U.G.T., decretando erróneamente que la unión violó en este caso el término que fija el convenio colectivo para presentar querellas. Se trata de un decreto por puro fíat de este Foro, que en nada promueve la paz industrial. Por todo ello, yo DISIENTO.

       El Art. VIII, Sec. 2 del Convenio Colectivo disponía los pasos a seguir para la presentación de una queja o agravio. A esos efectos, disponía lo siguiente:
      “Primer paso:
      “Cualquier empleado o grupo de empleados a través del delegado de la Unión u Oficial de Servicio de la Unión o por el mismo que se considere perjudicado por alguna acción de la Corporación, deberá presentar su queja a su supervisor inmediato dentro de siete (7) días laborables de la ocurrencia del hecho que dio margen al agravio. El supervisor deberá dar su contestación al asunto, presentado ante su consideración, en el término de siete (7) días laborables a partir de la fecha en que se le presentó el asunto.
      “Segundo paso:
      “En caso de que el supervisor inmediato no conteste dicha queja, agravio o reclamación, o si habiendo contestado ajuicio del empleado o la Unión, dicha contestación no es satisfactoria, el empleado o grupo de empleados, a través del Delegado u Oficial de la Unión radicará por escrito su agravio al Director (a) de Recursos Humanos, dentro del término de diez (10) días laborables a partir de la fecha en que recibió o debió haber recibido la contestación del primer paso. El Director de Recursos Humanos deberá dar su contestación por escrito no más tarde de diez (10) días laborables de habérsele radicado el agravio.” (Énfasis nuestro.) Apéndice, pág. 29.

         De ordinario, el laudo de arbitraje puede ser impugnado únicamente si se demuestra la existencia de fraude, conducta impropia del árbitro, violación al debido proceso de ley, ausencia de jurisdicción, omisión en resolver todas las cuestiones en controversia que se sometieron o que éste resulte contrario a la política pública.
        J.R.T. v. Junta Adm. Muelle Mun. de Ponce, 122 D.P.R. 318 (1988); J.R.T. v. Hato Rey Psychiatric Hosp., 119 D.P.R. 62 (1987); Junta de Relaciones del Trabajo v. N.Y. & P.R. S/S. Co., 69 D.P.R. 782, 800 (1949). Salvo, claro está, exista una disposición expresa en el convenio colectivo o el acuerdo de sumisión en la que se disponga que el laudo deberá emitirse conforme a derecho.

       Como indicamos en la relación de hechos que antecede, la defensa de violación o agravio continuo fue presentada por vez primera ante el foro judicial, lo que de ordinario implicaría la renuncia de tal defensa por no haber sido levantada oportunamente durante el proceso de arbitraje. No obstante, el tribunal de instancia y el tribunal apelativo intermedio atendieron en sus méritos ese asunto. Por no presentarse ante nosotros argumentación alguna a los efectos de que la defensa de violación continua fue renunciada por la parte recurrida, y ya que ésta constituyó el fundamento de los foros judiciales inferiores, en esta ocasión procederemos a analizar el asunto.

       En casos relacionados a la responsabilidad civil extracontractual, hemos admitido la existencia de daños continuados y sucesivos, que pueden afectar el transcurso del término prescriptivo para este tipo de acción. Véanse: Santiago v. Ríos Alonso, 156 D.P.R. 181 (2002); Galib Frangie v. El Vocero de P.R., 138 D.P.R. 560 (1995); Rivera Encarnación v. E.L.A., 113 D.P.R. 383, 386 (1982); Arcelay v. Sánchez, 77 D.P.R. 824, 838 (1955).

       A manera de ejemplo, el juzgador en un caso sobre despido se fija en el acto mismo de la cesantía, mas no en que cada mes dicho empleado deja de recibir su salario.