author: El Juez Asociado Señob Cókdova Dávila,

text:
    Beatriz B. Villa, peticionaria, v. La Corte de Distrito de San Juan, Hon. Pablo Berga, Juez, demandada.
    No. 932.

    Sometido: Noviembre 27, 1933.

      Resuelto: Diciembre 11, 1933.

      V. Géigel Polanco, abogado de la peticionaria; W. P. Colberg, abo-gado del demandado en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señob Cókdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

En abril de 1932 la peticionaria Beatriz B. Villa inter-puso demanda contra su esposo Mariano Verdejo, ante la Corte de Distrito de San Juan, en solicitud de alimentos provisionales de acuerdo con la Ley sobre Procedimientos Legales Especiales de 9 de marzo de 1905. Se alegó en la demanda que el demandado voluntariamente abandonó a su esposa, la demandante, permaneciendo separado de ella desde el 18 de abril de 1928. Se alegó además que la demandante carece de bienes de fortuna y recursos económicos para su-fragar los gastos de sus alimentos. La corte inferior dictó sentencia declarando con lugar la demanda, y condenando al demandado Mariano Verdejo a pagar a la demandante la cantidad de $18 mensuales por vía de pensión alimenticia, que debería depositar en la secretaría de la corte dentro de los cinco primeros días de cada mes. El pronunciamiento de la corte inferior ha quedado hasta la fecha incumplido. El demandado no ha satisfecho ni en todo ni en parte el im-porte de la pensión alimenticia concedida por la sentencia. En vista de esta actitud, la demandante solicitó que la deso-bediencia del demandado al mandato judicial fuese castigada por desacato. Oídas las partes, la corte inferior se declaró sin autoridad para imponer un castigo al referido demandado, basándose en las siguientes razones:

(a) Porque el artículo 240, inciso 3°., del Código de En-juiciamiento Civil establece que cuando la sentencia condena al pago de una cantidad de dinero, el procedimiento para obtener sn efectividad es el de ejecución de los bienes del demandado, a cuyo efecto se expedirá el correspondiente man-damiento.

(6) Porque en ninguna de las disposiciones del Código Civil existe la menor indicación que autorice un castigo por desacato a la desobediencia de una sentencia por alimentos y en el sistema jurídico de que tal código formaba parte no existía el remedio que aquí se solicita.

(e) Porque no se trata de una orden concediendo ali-mentos en un pleito de divorcio, sino de una sentencia firme en un juicio sobre alimentos provisionales, que para su eje-cución tiene un procedimiento establecido en el mismo Código de Enjuiciamiento Civil.

(d) Porque si pudiera seguirse el procedimiento de desa-cato se estaría estableciendo un delito donde sólo existe una obligación civil.

Alega la peticionaria que la corte inferior cometió' error al dictar su resolución y al no obligar al demandado' Mariano Verdejo a cumplir la sentencia sobre alimentos pro-visionales mediante el procedimiento de desacato, entre otras razones porque los tribunales de distrito tienen facultad para castigar por desacato la desobediencia de una orden disponiendo el pago de una pensión alimenticia, tanto cuando la orden se dicta como incidencia de un pleito de divorcio como cuando se decreta en una acción independiente de alimentos, especialmente cuando esta última se establece de acuerdo con el procedimiento sumario y ejecutivo que la ley autoriza, como ocurre en el caso de autos.

Cita la peticionaria en apoyo de su contención el caso de López v. Corte de Distrito de Guayama, 31 D.P.R. 144 y 145, donde se establece el principio de que las cortes tienen facultades para castigar por desacato la desobediencia a una orden concediendo alimentos. En la opinión de la corte so cita una sentencia de la Corte de Distrito de Arecibo dic-tada en 1903. En dicho caso la corte de distrito dice que cuando el Congreso dió a Puerto Rico un sistema de leyes referente a matrimonio y divorcio, existió claramente la intención de que estas leyes se parecieran, en teoría y método, a las vigentes en los Estados Unidos, y que debieran ser administradas y llevadas a efecto de acuerdo con los prin-cipios de la jurisprudencia americana e interpretadas de la misma manera. También dijo la corte que según la juris-prudencia americana, el método más prominente de obligar al pago de la pensión alimenticia es mediante un proceso poi desacato. No aceptó esta Corte Suprema el criterio de la Corte de Distrito de Arecibo, cuya sentencia fue revocada en el caso de Frau v. Canals, 8 D.P.R. 120. Refiriéndose al criterio sostenido por la Corte de Distrito de Arecibo, dijo esta corte en el caso de López v. Corte de Distrito, supra:

“La teoría sustentada por la Corte de Distrito de Arecibo en 1903 pudo ser prematura, pero los principios siempre subsisten; y cuando se fundan en una teoría realmente humana, tienen que prevalecer. La ejecución para que se haga efectiva una orden sobre alimentos es más o menos dilatoria, su dilación traería graves injusticias, porque se trata de alimentos, y su negación,, como necesidad perentoria que no admite prórroga, afectaría la vida misma de las personas nece-sitadas ; lo cual sería tanto más lamentable y reprochable cuando en el matrimonio existe prole.”

Admite la representación de Mariano Verdejo que el cas-tigo por desacato procede cuando se trata de una orden con-cediendo alimentos dentro de un pleito de divorcio como ocurrió en el caso de López v. Corte de Distrito, supra, pero no en una acción independiente, ya que cuando se solicitan alimentos dentro de un pleito de divorcio la resolución de la corte concediéndolos es una orden y no una sentencia, que cae dentro de las disposiciones de los artículos 28 y 29 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Ciertamente, no se trata en este caso de una orden pen-dente lite en un pleito de divorcio. La acción promovida por la Sra. Villa se limita a reclamar alimentos, sin solicitar la disolución del vínculo matrimonial. La cuestión a decidir es si en vista de la naturaleza de la reclamación y de las innovaciones introducidas en la organización y estructura de nuestros tribunales de justicia, están estos tribunales auto-rizados para castigar por desacato la desobediencia a un de-creto concediendo alimentos en un procedimiento ajeno a la acción de divorcio. Es cosa sabida que desde el cambio de soberanía nuestros tribunales ban sufrido innovaciones tras-cendentales. En realidad los tribunales antiguos ban sido sustituidos por otros tribunales de nueva creación, con dife-rente estructura y diferente organización. Cuando ocurrió el cambio de soberanía regía en Puerto Rico la ley orgánica del poder judicial, a cuyo amparo estaban constituidos los tribunales del país. Estos tribunales continuaron funcio-nando bajo la misma organización, con sus juzgados de pri-mera instancia y la antigua Audiencia Territorial, con las funciones y poderes conferidos por las leyes entonces en vigor. La Orden General No. 19, autorizada por el General John R. Brooke, babla por primera vez de la suprema corte de justicia, compuesta de siete magistrados con facultades para oír todas las apelaciones pendientes y que pudieran es-tablecerse en el futuro bajo las leyes de procedimientos civiles y criminales y cuya decisión correspondía a la Corte Suprema de Madrid.

La Orden General No. 118, de 15 de agosto de 1899, re-organizando el sistema judicial de Puerto Rico, constituyó un Tribunal Supremo compuesto de un presidente y cuatro jueces asociados, que reunidos formaban su sala de justicia para conocer en grado de casación todos los asuntos civiles y criminales. La Isla quedó dividida en cinco distritos judi-ciales, estableciéndose una corte de distrito en cada uno, compuesta de tres jueces para decidir asuntos civiles y cri-minales. También se establecieron cortes municipales en cada distrito municipal. La Ley Orgánica de Puerto Rico, aprobada por el Congreso en 1900, dejó subsistentes las cortes creadas por la Orden General No. 118, concediendo a la Asamblea Legislativa autoridad para legislar de tiempo en tiempo, conforme tenga por conveniente, con referencia a dichas cortes, y cualesquiera otras que estimare oportuno establecer, su organización, el número de jueces y empleados para cada una, su jurisdicción, sus procedimientos, y demás asuntos que las afecten. Esta ley confirió al Presidente de los Estados Enidos la facultad de nombrar los jueces del Tribunal Supremo con el consentimiento del Senado nacional. En virtud de una ley aprobada en 12 de marzo de 1903, la Corte Suprema quedó convertida en un tribunal de apelación. Dispone esta ley que la corte, en sus deliberaciones y deci-siones en todos los casos civiles y criminales, no se limitará a errores de procedimiento o solamente de derecho, según fueren señalados o alegados por las partes, o según se hiciesen constar en sus exposiciones y excepciones, sino que en bien de la justicia dicha corte puede también entender en todos los hechos y procedimientos del caso tal como aparecen en autos, considerando en igual forma sus méritos para la mejor administración de la justicia y para evitar injusticias y de-moras.

En 10 de marzo de 1904 fué abolida la jurisdicción llamada conteneioso-administrativa, y derogada en todas sus partes la ley y reglamentos de lo contencioso-administrativo, dispo-niéndose que todas las reclamaciones que venían haciéndose con arreglo a dicha ley y reglamentos se llevasen a cabo en lo sucesivo utilizando la jurisdicción ordinaria y por los trá-mites establecidos en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, que fué aprobada en la misma fecha. También se aprobó con la misma fecha la ley reorganizando el sistema judicial que dividió la Isla en siete distritos judiciales, con una corte en cada distrito, presidida por un juez. La Ley de Enjuicia-miento Civil, en sus títulos I y II, determina las facultades de las cortes de justicia y de los funcionarios judiciales.

Basta lo dicho para demostrar que nuestros tribunales de justicia han sufrido alteraciones transcendentales desde el cambio de soberanía. Los antiguos juzgados de primera instancia e instrucción han sido sustituidos por las cortes de distrito, y la antigua Audiencia Territorial por esta Corte Suprema, El juicio oral y público se hizo extensivo a los casos civiles y los tribunales de jurisdicción general quedaron facultados para expedir autos de habeas corpus, certiorari, mjimction, inhibitorios y mandamus. En realidad se ha creado un nuevo sistema judicial, que en nada se parece al sistema abolido y que está calcado en el sistema norteameri-cano, con algunas variantes, como, por ejemplo, el juicio por jurado en casos civiles, que no ha sido establecido en Puerto Rico. En cuanto a facultades, nuestros tribunales tienen, además de las que expresamente les confiere la ley, aquéllas que son inherentes a un tribunal de justicia. Las cortes de distrito y la Corte Suprema son tribunales de récord. Los antiguos comentaristas del derecho común nos dicen que una corte de récord es aquélla que tiene poderes para castigar v encarcelar por desacato a su autoridad y donde los actos y procedimientos judiciales se hacen formar parte de un legajo que se conserva a perpetuidad.

De acuerdo con la ley definiendo el delito de desacato y disponiendo la pena correspondiente, aprobada en 1902, podrá castigarse por desacato a toda persona culpable, entre otras cosas, de obstinada desobediencia, u oposición inten-tada o realizada contra cualquier decreto, mandamiento u orden legal, expedido o dictado por algún tribunal en un pleito o proceso de que estuviere conociendo. El artículo 7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil expresamente determina las facultades de una corte, y en su inciso cuarto prescribe que toda corte tendrá poder para hacer cumplir sus senten-cias, órdenes y providencias. El artículo 28, en su inciso segundo, dice que todo funcionario judicial tiene facultad para obligar a la obediencia de sus órdenes legales, según se dispone en el código, y el artículo 29 dice que para el ejercicio efectivo de las facultades conferidas por el artículo 28 a un funcionario judicial, puede éste castigar por desacato en los casos previstos en el código. El artículo 36 del mismo cuerpo legal dice que cuando por este código o por otra ley se con-fiera jurisdicción, a una corte o funcionario judicial, se le confieren también todos los medios necesarios para hacerla efectiva; y en el ejercicio de ella, si el procedimiento no es-tuviere especialmente señalado en este código o en otra ley, podrá adoptarse cualquier otro procedimiento o modo ade-cuado que parezca estar más en armonía con el espíritu de este código.

La corte inferior nos dice en apoyo de su contención que la sentencia concediendo alimentos tiene un procedimiento establecido para su ejecución en el artículo 240 del Código de Enjuiciamiento Civil. La Corte Suprema de West Virginia, en el caso de Smith v. Smith, 95 S. E. 199, dice que aunque un decreto por alimentos constituye un gravamen en la propiedad inmueble de la parte contra quien se pronuncia y puede ser objeto de un procedimiento de ejecución, sin embargo este decreto, que no dispone simplemente el pago de dinero, sino el pago de una- suma en cumplimiento del alto deber marital de proporcionar alimentos, puede hacerse efec-tivo en un procedimiento por desacato.

Antiguamente la jurisdicción de las cortes de equidad se ejercía exclusivamente sobre la persona del demandado. Los decretos de la corte no tenían la solemnidad de una sentencia dictada por una corte de ley y los procedimientos del derecho común no estaban a su alcance para la ejecución de dichos decretos. El pago de dinero únicamente podía hacerse efec-tivo mediante un procedimiento de desacato. En Estados Unidos las cortes de equidad tienen hoy por estatuto facul-tades para ejecutar sus decretos del mismo modo que se ejecutan las sentencias dictadas por las cortes de ley. Estos estatutos que tales facultades conceden a las cortes de equi-dad, ordinariamente prohiben expresa o implícitamente que se hagan efectivos por medio de desacato los decretos u órdenes de una corte de equidad para el pago de dinero. El caso de Smith v. Smith, supra, sostiene que el estatuto de West Virginia, del cual surge necesariamente la negación implícita de que pueda hacerse efectivo un decreto de una corte de equidad para el cobro de dinero mediante nn proceso de desacato, no es aplicable a'nn decreto concediendo alimentos. ‘ ‘ Algunas veces se ba sostenido que cnando la ley dispone la ej ecnción n otro procedimiento para el cobro de la pensión de alimentos, no se puede acndir al remedio adicional de la prisión por desacato. Pero la correcta interpretación es qne el estatuto confiriendo los remedios adicionales no priva a las cortes de sn poder inherente para hacer efectiva tal orden.” Nelson, Divorce and Separation, párrafo 939.

Hasta qne se permitió la incautación de la propiedad, las cortes de equidad, para hacer efectivas sus órdenes en las varias etapas del litigio y finalmente sus decretos, utilizaban el procedimiento de desacato, actuando solamente m personam y no m rem. La incautación de la propiedad, sin embargo, no tuvo el propósito de sustituir los procedimientos de desa-cato, sino por el contrario ayudarlos, acudiéndose a la incau-tación cuando la parte no- podía ser arrestada, o cuando, veri-ficado el arresto, permanecía en prisión, sin prestar obedien-cia a la corte. O’Callaghan v. O’Callaghan, 69 Ill. 553.

En Nueva York, en el caso de Lansing v. Lansmg, 4 Lans. 377, se sostuvo que un fallo concediendo alimentos, siendo una sentencia en cobro de dinero que podía ser ejecutada, no autorizaba el procedimiento de desacato.para hacerla efec-tiva. La doctrina establecida en esta decisión fue puesta en tela de juicio en el caso de Park v. Park, 18 Hun. 466, resuelto en 1879; y en el caso de Strobridge v. Strobridge, 21 Hun. 288, resuelto en 1880, la corte sostuvo un procedimiento de desacato por haberse negado el demandado a cumplir con una orden requiriendo pagar una suma de dinero al abogado de su esposa para sufragar los gastos del litigio en una acción de divorcio. En este caso la corte cuestionó seria-mente la doctrina sentada en Lansing v. Lansing, supra, y dijo:

“La extensón del uso del auto de ejecución a las cortes de equi-dad no las priva de ningún remedio anteriormente empleado para hacer efectivos sus decretos.”

En el caso de Cain v. Miller, 191 N. W. 704, resuelto eu 1922, la Corte Suprema de Nebraska se expresó así:

“Xia contención de que no pueden utilizarse los procedimientos de desacato porque puede expedirse un auto de ejecución puede ser correcta bajo los estatutos de algunos estados, pero en este estado la ley de 1883, en su sección segunda, dispone que el remedio por ejecución y el gravamen previsto por la sección primera, serán acu-mulativos y no derogarán ningún poder subsistente de la corte para hacer efectivas sus sentencias y órdenes. Hemos visto que el re-medio para castigar por desacato por no pagar alimentos temporales es uno de los poderes inherentes de la corte en procedimientos de divorcio, según ha sido casi unánimemente sostenido.”

En el caso In re Cave, 66 Pac. 428, resuelto por la Corte Suprema de Washington, se ratifica la doctrina de que puede castigarse por desacato la desobediencia a una orden conce-diendo alimentos. De la opinión emitida por la corte en este caso copiamos lo siguiente:

"No podemos convenir con los letrados de la peticionaria en que el cumplimiento del remedio tal cual es decretado por las cortes de jurisdicción general de equidad debe estar definido por el estatuto. Cuando el estatuto guarda silencio respecto al remedio, la corte tiene facultad inherente para hacer* cumplir sus sentencias o decretos y órdenes de acuerdo con sus poderes de equidad. El silencio de un estatuto a este respecto no priva a la corte de ningún poder de que esté investida por su jurisdicción como corte de equidad. 3 Pom. Eq. Jur., párrafo 1318; 2 Daniell, Ch. Prac., sec. 1042 et seq.; 2 Bish. Mar., Div. & Sep., párrafo 1114; 1 Enc. Pl. & Prac., páginas 434, 437; O’Callaghan v. O’ Callaghan, 69 Ill. 552. En este estado el estatuto no dispone regla alguna en relación con el cumplimiento de tales decretos, mas el procedimiento de arresto ha sido general-mente seguido en la práctica y aprobado por esta corte. En el caso de State v. Smith, 17 Wash. 430, 50 Pac. 52, en que a la deman-dante se concedió por decreto final la suma de $25 mensuales ‘como pensión alimenticia y para la manutención de sus hijos,’ esta corte dijo: ‘Las cortes están en el deber de hacer cumplir sus órdenes, y al tener conocimiento de que tales órdenes no son obedecidas, deben exigir tal obediencia, castigando por desacato.’ En el caso de State de Ditmar, 19 Wash. 324, 53 Pac. 350, esta corte se expresó así: ‘Se admite que si a la persona contra quien se dicta el decreto le es imposible cumplir sus condiciones, y esto se le demuestra a la corte, ella será relevada del desacato. Más el caso citado sirve de auto-ridad respecto a la proposición de que los remedios son acumulativos y de que cuando existen otros remedios y la persona se ha negado contumazmente a obedecer el decreto de la corte, ella puede ser cas-tigada por desacato.’ No estamos dispuestos a desviarnos de la regla establecida en estos casos. El caso In re Van Alstine, 21 Wash. 194, 57 Pac. 348, es citado como preceptivo de una regla distinta. En dicho caso, sin embargo, la corte declaró que el de-creto se refería a dinero, ‘que se trataba de un decreto análogo a una sentencia en derecho condenando al pago de una suma de dinero que puede ser exigida mediante un procedimiento contra la propie-dad’, y que por esa razón se resolvió que la corte carecía de fa-cultad para exigir que el dinero fuese entregado a la corte y para obligar al pago de tal suma mediante encarcelación del obligado.”

En el caso de Van Dyke v. Van Dyke, 54 S. E. 537, la Corte Suprema de Georgia dijo:

“El punto suscitado por la excepción previa es que la disposi-ción contenida en el decreto final dictado en la causa de divorcio, relativo a honorarios de abogado, no puede ser exigido mediante arresto. Los honorarios concedidos fueron incidentales y formaban parte de la pensión alimenticia que debía pagarse a la esposa. El exigir mediante arresto el pago de la pensión alimenticia perma-nente decretada en el pleito de divorcio, no es cuestión que esté abierta a discusión en este estado. En el caso de Lewis v. Lewis, 80 Ga. 706, 6 S. E. 918, 12 Am. St. Rep. 281, la esposa obtuvo un veredicto y decreto concediéndole el divorcio absoluto y una suma específica por concepto de pensión alimenticia permanente in-cluyendo honorarios de abogado, y solicitó posteriormente qué se practicara el arresto del marido por desacato cometido al dejar de cumplir el decreto en favor de ella concediéndole pensión alimen-ticia, procedimiento de desacato al cual se opuso el marido fundado en que la corte carecía de facultad para librar la orden de arresto contra él por el desacato cometido al dejar de pagar la suma fijada en el veredicto del jurado. Aunque estos hechos no aparecen am-pliamente expuestos en la publicación oficial del caso, ellos se des-prenden de los autos que aparecen archivados5 en la secretaría de esta corte. En dicho caso se resolvió: ‘ Cuando una esposa ha ob-tenido un decreto final concediéndole pensión alimenticia y el marido deja de cumplir con el mismo y se demuestra suficientemente a la corte que esta falta no se debe a la incapacidad por parte del ma-rido de cumplirlo, la corte no incurre en error al obligarle a cum-plir con el mismo mediante una orden de arresto si continúa ha-ciendo caso omiso del decreto.’ Además, en un caso en que no haya un pleito de divorcio pendiente y el marido y la mujer estén sepa-rados de buena fe, y se ha concedido pensión alimenticia de con-formidad con lo dispuesto en el artículo 1895 del Código Civil, sección 2467, el pago de la misma puede ser exigido mediante arresto. Lester v. Lester, 63 Ga. 356; Briesnick v. Briesnick, 100 Ga. 57, 28 S. E. 154. El derecho a exigir el pago de pensión ali-menticia permanente mediante procedimiento de desacato corres-ponde inherentemente a una corte con jurisdicción en pleitos de divorcio, y la excepción fue debidamente desestimada.”

La corte inferior arguye que el castigo por desacato equi-valdría a establecer un delito donde sólo existe una obligación civil. También en el seno de la corte, durante la discusión de este caso, nos hemos formulado esta pregunta: Si se en-carcela a una persona que desobedece una orden concediendo alimentos, ¿tiene esta reclusión el alcance de constituir una prisión por deuda? Las decisiones que sostienen la negativa son numerosas. No sería aventurado decir que el único Estado de la Unión que sostiene la afirmativa es el Estado de Missouri. La Corte Suprema de Nebraska ha revocado recientemente la doctrina sentada por dicho tribunal en el pasado y se ha unido a la inmensa mayoría de los tribunales sosteniendo que el artículo de la Constitución que prohíbe la prisión de una persona por deuda no es aplicable a la voluntaria y obstinada desobediencia de una orden de la corte concediendo alimentos provisionales. Cain v. Miller, supra.

Los tribunales asignan diversas razones para sostener que la obligación de alimentar no es una deuda dentro de las disposiciones constitucionales que prohiben encarcela-miento por deuda. Una orden concediendo alimentos es sim-plemente un medio de hacer cumplir un deber que el marido tiene contraído tanto con el público como con su esposa. La prohibición constitucional se aplica únicamente a deudas que se derivan de contratos expresos o implícitos, o de respon-sabilidades por culpa y negligencia. La prisión se decreta en realidad por la resistencia a la orden de la corte, cnando la persona que desobedece tiene medios de cumplirla, y no simplemente por haber, dejado de pagar el dinero. Estas razones aparecen aducidas por los tribunales en los casos que pasamos a enumerar: Hurd v. Hurd, (1896) 63 Minn. 443, 65 N. W. 728; Ex parte Houtsen, (1908) 154 Cal. 540, 98 Pac. 391; Ex parte Perkins, 18 Cal. 64; Livingston v. Superior Ct., (1897) 117 Cal. 633, 38 L.R.A. 175, 49 Pac. 836; Bowman v. Wayne Circuit Judge, (1921) 214 Mich. 518, 183 N. W. 232; In Re Popejoy, (1899) 26 Colo. 32, 77 Am. St. Rep. 222, 55 Pac. 1083; Carlton v. Carlton, (1871) 44 Ga. 216; Lewis v. Lewis, (1888) 80 Ga. 706, 12 Am. St. Rep. 281, 6 S. E. 918; Barclay v. Barclay, (1900) 184 Ill. 375, 51 L.R.A. 351, 56 N.E. 636; Wightman v. Wightman, (1867) 45 Ill. 167; State ex rel. Huber v. King, (1897) 49 La. Ann. 1503, 22 So. 887; Adams v. Adams, (1912) 80 N. J. Eq. 175, 83 Atl. 190; Pain v. Pain, (1879) 80 N. C. 322; Mowry v. Bliss, (1907) 28 R. I. 114, 65 Atl. 616; Andrew v. Andrew, (1889) 62 Vt. 495, 20 Atl. 817; Lyon v. Lyon, (1850) 21 Conn. 185; West v. West, (1920) 126 Va. 696, 101 S. E. 876; Tolman v. Leonard, (1895) 6 App. D. C. 224; Bronk v. State, (1901) 43 Fla. 461, 99 Am. St. Rep. 119, 31 So. 248; Chase v. Ingalls, (1867) 97 Mass. 524; In Re Phillips, (1920) 43 Nev. 368, 187 Pac. 311; Sheafe v. Sheafe, (1857) 36 N. H. 156; Sheafe v. Laighton, (1858) 36 N. H. 240; Wood v. Wood, (1868) 61 N. C. (Phill. L.) 538; State ex rel. Cook v. Cook, (1902) 66 Ohio St. 566, 58 L.R.A. 625, 64 N.E. 567; State v. Latham, (1916) 136 Tenn. 30, 188 S. W. 534; Ex parte Davis, (1908) 101 Tex. 607, 17 L.R.A. (N. S.) 1140, 111 S. W. 394; Carnahan v. Carnahan, (1906) 143 Mich. 390, 114 Am. St. Rep. 660, 107 N. W. 73, 8 Ann. Cas. 53.

En el caso de Audubon v. Shufeldt, 181 U. S. 577, la Corte Suprema de los Estados Unidos dice que los alimentos (alimony) no surgen de ninguna transacción de negocio, sino de la relación del matrimonio. No están basados en un con-trato expreso o implícito, sino en el deber legal y natural del marido de sostener a su mujer. La obligación general de alimentarla se hace específica por el decreto de una corte de jurisdicción competente. Termina el alto tribunal diciendo que generalmente hablando los alimentos pueden ser altera-dos en cualquier tiempo por el tribunal según las circunstan-cias de las partes puedan requerirlo.

En el caso de Romaine v. Chauncey, 129 N. Y. 566, se sostuvo por la Corte de Apelaciones de Nueva York que los alimentos {alimo^vy) se concedían para sostener y mantener, en cumplimiento del deber general del marido de socorrer a la mujer, siendo éste su único propósito y no concediéndose para otro objeto.

En el caso de State v. King, supra (49 La. Ann. 1503), se citan los artículos 119 y 120 del Código Civil de Louisiana, según los cuales el marido y la mujer se deben mutua fide-lidad, sostenimiento y ayuda, estando el esposo obligado a proporcionar a su mujer lo que sea necesario para la con-veniencia de la vida en proporción a su condición y medios de fortuna. Estos artículos contienen idénticas obligaciones a las que se consignan en los artículos 88 y 89 de nuestro Código Civil (ed. 1930), según los cuales los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente, debiendo el marido proteger a la mujer y satis-facer sus necesidades en proporción a su condición y medios de fortuna. A raíz de copiar estos artículos dice la Corte Suprema de Louisiana:

“Las obligaciones así declaradas por el legislador, no son en nin-gún sentido deudas contraídas por el esposo; son simplemente de-beres legales reconocidos, y es de importancia suprema para el bienestar de la sociedad que sean no solamente reconocidos sino que se bagan cumplir por las cortes de justicia. Una orden concediendo alimentos en un divorcio no es otra cosa que la sanción judicial del deber del marido de apoyar a la mujer.”

Termina la Corte de Louisiana su opinión con estas palabras:

“Hemos llegado a la conclusión, después de una cuidadosa con-sideración de la cuestión ante nos, que el juez de distrito posee el poder en un caso adecuado, para castigar mediante prisión a un marido condenado a pagar alimentos a su esposa que continuamente se niega a obedecer la orden, disponiendo de los medios para hacerlo. La prisión puede, en un caso determinado, conducir indirectamente al resultado de pago del dinero. Pero la prisión misma se decreta como un castigo contra la desobediencia a la orden de la corte. ’ ’

Con este último razonamiento de la Corte Suprema de Louisiana y de otras muchas cortes no están conformes todos los tribunales. La Corte Suprema de los Estados TJnidos; por ejemplo, dice, en el caso de Gumpers v. Bucks Stove & Range Co., 221 U. S. 442, lo siguiente:

“Si se trata de desacatos civiles, la pena se dirige a conseguir un remedio para el beneficio del querellante. Pero si el desacato es criminal, la sentencia es punitiva para vindicar la autoridad de la corte. Es verdad que la pena por encarcelamiento puede perseguir un remedio, así como ser punitiva, y que muchos procedimientos por desacato de carácter civil han resultado no solamente en la imposi-ción de una multa pagadera al querellante, sino también en reducir al demandado a prisión. Pero la prisión por los desacatos civiles se ordena cuando el demandado se ha negado a ejecutar un acto afir-mativo requerido por las disposiciones de una orden que, en forma o sustancia, era mandatoria en su carácter. La prisión en t'ales ca-sos no se impone como una pena, sino más bien para obligar al de-mandado a ejecutar lo que se ha negado a hacer. El decreto en tales casos es que el demandado debe ser detenido hasta que ejecute el acto afirmativo requerido por la orden de la corte.
“Por ejemplo, si el demandado se niega a pagar alimentos (alimony) o a obedecer una orden para entregar bienes a un sín-dico, o a llevar a cabo una transmisión requerida por un decreto para hacer una cosa específica, él puede ser encarcelado hasta que cumpla con la orden. A menos que éstos sean elementos especiales de con-tumacia, la negativa a pagar o a cumplir con la orden se estima más bien como una resistencia a la parte contraria que en desacato a l'a corte. La orden de prisión en esta clase de casos, por lo tanto, no es para vindicar la autoridad de la ley, sino para procurar un re-medio, obligando al demandado a hacer la cosa requerida por la or-den para el beneficio del querellante. Si es encarcelado, como acer-tadamente se dijo en In re Nevitt, 117 Fed. Rep. 451, ‘él tiene las llaves de su prisión en su propio bolsillo’ y puede terminar la sen-tencia y exonerarse en cualquier momento, haciendo lo que previa-mente se ha negado a ejecutar.”

En el caso Ex parte Perkins, supra (18 Cal. 64), la Corte de California se expresó así:

“No es ésta una deuda, dentro del significado del artículo que prohíbe prisión por deuda. El marido está obligado a sostener a su mujer, pero este deber es una obligación imperfecta que no puede considerarse técnicamente como una deuda. Él no le debe a ella nin-guna cantidad específica de dinero, sino un deber que puede ser efec-tivo por l'a orden de una corte obligándole a pagar el dinero. Así, alimentos temporales o permanentes pueden ser decretados por la corte, y puede hacerse, no en una suma alzada o en una sola ocasión, sino en diferentes sumas y en diferentes fechas, a discreción del tribunal. Este poder no queda agotado por una orden que provea el sostenimiento de la esposa durante el litigio. La corte tiene además el poder de decretar el pago de los gastos de la demanda. Las ex-pensas legales pueden ser incluidas en esta disposición, así como los honorarios de abogado. No es ésta una deuda, según ha sido deci-dido por la Corte Suprema de Connecticut en el caso de Lyon v. Lyon, 21 Conn. 185.”

La Corte Suprema de Nebraska, al revocar sus decisiones anteriores, se expresa así:

“Somos refractarios a interponernos en el camino de anteriores decisiones. Pero cuando ellas no constituyen una regla de propie-dad, y pertenecen simplemente a una cuestión de práctica, y la corte no tuvo la valiosa ayuda de los abogados para presentar ambos la-dos de la cuestión antes de dictar su decisión básica, nosotros no titubeamos en adoptar la propia práctica y en revocar las decisio-nes erróneas. La regla de stare decisis no es tan obligatoria en sim-ples cuestiones de práctica como en decisiones de derecho sustan-tivo. A pesar de las ideas de algunos pretendidos reformadores, to-davía existe el deber legal del marido de socorrer a su mujer, y hasta que este deber haya sido abolido por la legislatura, debe ha-cerse cumplir. Cuando el incumplimiento de este deber se hace patente ante una corte de competente jurisdicción y una orden pendente life ha sido dictada para que se cumpla la obligación, la desobediencia voluntaria y contumaz de dicha orden por un esposo capaz de ganarse la vida o que dispone de otros medios, sin una causa justa y razonable, constituye en realidad un desacato a la corte y puede ser castigada como tal. Reducir a prisión es un remedio duro y drástico. Desde luego, si la negativa no es voluntaria, y si el marido en falta procede de buen fe y no tiene medios para pa-gar los alimentos y no se niega voluntariamente a la orden de la corte; teniendo una justa y razonable causa para dejar de cumplirla, él puede exonerarse del desacato previa prueba al efecto. Nosotros nos sentimos justificados en adoptar la posición ocupada por la ma-yoría de las cortes en este país, y en revocar Segear v. Segear, 23 Neb. 306, 36 N. W. 536, y Leeder v. State, 55 Neb. 133, 75 N. W. 541, y en sostener que el peticionario, habiendo sido legalmente con-denado por desacato por haber desobedecido voluntariamente la or-den de la corte, no tiene derecho a un auto de hábeas corpus.” Cain v. Miller, supra.

Es innecesario continuar copiando lo que han dicho los tribunales acerca de que la obligación de pagar alimentos no constituye una deuda. Todos los casos que hemos citado sostienen esta doctrina de una manera firme y decidida. La Ley Orgánica de Puerto Rico dispone que no se encarcelará por deuda a ninguna persona. Basándonos en la jurispru-dencia de los tribunales continentales, sostenemos que la obligación contraída por los cónyuges de socorrerse mutua-mente no constituye propiamente una deuda dentro del sig-nificado del precepto constitucional.

Se alega por la representación de Mariano Verdejo que no procede un castigo por desacato cuando se reclaman alimentos por un procedimiento independiente de la acción de divorcio. En términos generales puede decirse que las cortes no establecen diferencias entre una orden pendente lite y una sentencia concediendo alimentos permanentes en lo que respecta al medio de hacer efectivo el pronunciamiento del tribunal. Las decisiones que hemos citado cubren indis-tintamente unos casos y otros. El Tribunal Supremo de Nebraska, por ejemplo, en el caso de Cain v. Miller, supra, donde se trataba de alimentos temporales, pudo haber dis-tinguido sus anteriores decisiones sobre la base de que las mismas envolvían alimentos permanentes. La corte, sin embargo, no hace tal distinción y expresamente deroga dichos casos.

En Puerto Rico no Ray razón alguna para establecer dis-tinciones. Los artículos 88 y 89 del Código Civil (ed. 1930) imponen a los cónyuges el deber de socorrerse mutuamente, estando el marido obligado a proteger a la mujer y a satis-facer sus necesidades en proporción a su condición y medios de fortuna. El artículo 143 del mismo código dice que los cónyuges están obligados recíprocamente a darse alimentos. Estos alimentos pueden reclamarse por el cónyuge que los necesita lo mismo en el curso de una acción de divorcio que en un procedimiento separadamente interpuesto. Sobre este punto no puede haber duda alguna en Puerto Rico, puesto que el ejercicio de una acción separada en reclamación de alimentos está reconocido por la ley. La naturaleza de la reclamación no cambia por el hecho de que se ejercite una acción separada. La obligación es siempre la misma y los medios de hacerla efectiva son idénticos en uno y otro caso. Llámese orden o sentencia definitiva, hayase dictado en una acción de divorcio o en un pleito independiente, el auto de la corte no persigue otro propósito que hacer cumplir al de-mandado la obligación contraída.

Hemos visto que en Van Dyke v. Van Dyke, supra, se dice que en un caso en que no haya un pleito de divorcio pen-diente y el marido y la mujer estén separados de buena fe, se ha concedido pensión alimenticia de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil, y que el pago de la pensión puede ser exigido mediante arresto.

En el caso de Livingston v. Superior Court, supra, el marido promovió una acción contra su mujer en reclamación de alimentos de acuerdo con el artículo 176 del Código Civil de California. La pensión fué concedida. La esposa tras-pasó toda su propiedad a su hija el mismo día en que se decretó la concesión de alimentos, después de haberse orde-nado que se abstuviese de disponer de su propiedad. Fué castigada por desacato. La corte sostuvo que la obligación de pagar alimentos no es una deuda dentro de las disposi-ciones de la Constitución y que el poder de la corte para hacer efectiva la obligación de pagarlos no pnede ser dudado. De la opinión emitida por el tribunal de California copiamos lo que sigue:

“Está dentro de la facultad general de las cortes de equidad, en ausencia de un estatuto, conceder pensión alimenticia sin haberse solicitado el divorcio. La cuestión ba sido resuelta en diversas oca-siones en los Estados Unidos y se ba dicho que en Inglaterra las cortes de equidad no conceden tal remedio a no ser como un inci-dente en un pleito en que se solicita otro remedio. En el tomo 2 de Story’s Equity Jurisprudence, sección 1422, se dice, con respecto a la cuestión de si las cortes de equidad tienen autoridad general para conceder pensión alimenticia a la esposa cuando carece de otros medios de vida, que ‘difícilmente podría decirse que de acuerdo con el resultado de las autoridades pueda darse, en términos po-sitivos, una respuesta afirmativa.’ Sin embargo, este jurista dice además (sección 1423) que algunas de nuestras cortes de equidad han dado jurisdicción más amplia a esta cuestión y que se ba re-suelto que ‘una corte de equidad puede en todos los casos conceder-a la esposa pensión alimenticia adecuada de los bienes del esposo,, fundada precisamente en que no existe un remedio adecuado en. derecho para tal caso. Hay tanto sentido común y tanta, razón en. esta doctrina, que sería deseable que la misma fuese generalmente adoptada.’ La cuestión ba sido muy discutida y en muchos casos considerada con laboriosa' amplitud. Entre estos casos, Garland v. Garland, 56 Miss. 694, contiene una acertada revisión de los casos ingleses y demuestra que aun allí algunos casos apoyan la juris-dicción. Prather v. Prather, 4 Desaus. 33, contiene otra discusión am-plia de la cuestión, y como una cuestión de principio y autoridad, la jurisdicción de las cortes de equidad para decretar alimentos es mantenida. Milliron v. Milliron, (S. D. Aug. 5, 1896), 68 N. W. Rep. 286, es un caso posterior en el cual se mantiene la misma doc-trina.
“Siendo ésta la posición de las autoridades, no hay razón alguna que impida que nosotros nos asociemos a la doctrina enunciada en Galland, v. Galland, supra. Esta doctrina está de acuerdo con el principio general de que cuando existe un derecho y no hay un re-medio legal, la equidad debe actuar.
“Si independientemente de cualquier estatuto, las cortes de equi-dad tienen jurisdicción para decretar alimentos a una mujer aun-que no se haya solicitado divorcio, necesariamente se concluye que tienen también jurisdicción cuando es el marido quien solicita ali-mentos de la mujer. Bn cada caso el derecho surge del mismo ori-gen' — las obligaciones asumidas por el matrimonio según se expre-san en la sección 155 del Código Civil: ‘El marido y la mujer con-traen entre sí las obligaciones de mutuo respeto, fidelidad y mante-nimiento.’ ”

En el caso de Galland v. Galland, 38 Cal. 265, citado en la anterior opinión, la Corte Suprema de California escribió una laboriosa opinión, donde sostiene la facultad de las cortes de equidad para decretar alimentos en una acción separada-mente ejercitada. Esta facultad, dice la corte, ba sido sos-tenida y muy bien considerada en casos decididos por las Cortes Supremas de Virginia, Kentucky, North Carolina y South Carolina. Es claro que existe una poderosa obligación moral por parte del marido para sostener a su mujer. El contrato matrimonial y los principios lo obligan a esto. Dejar de hacerlo es un grave error reconocido por la ley común, aunque en esta ley no existe remedio, porque la mujer no puede demandar al marido. Pero en equidad la mujer puede perseguir al marido y descansa en las atribuciones de las cortes de equidad conceder un remedio cuando la conciencia y la ley reconocen un derecho pero no ofrecen un remedio. Aunque en Puerto Rico ésta es una cuestión que no ofrece duda, porque dentro de nuestras leyes puede ejercitarse sepa-radamente la acción de alimentos, vamos a copiar lo que dice la Corte Suprema de California en el citado caso:

“El estatuto de este estado regulando divorcio y alimentos, con-cederá la mujer el derecho de solicitar el divorcio de un esposo que la^ha abandonado por un período de dos años; y al radicar su demanda la corte está autorizada para concederle alimentos, pendente lite — y de una manera permanente si tiene éxito en su acción de divorcio. Pero no hay disposición alguna en la ley que autorice nna. solicitud de alimentos, excepto en conexión con una demanda de divorcio, y se alega en favor del demandado que puesto que la con-cesión de alimentos sólo procede en una demanda de divorcio, fué la intención de la Legislatura limitar el poder de la corte a con-ceder alimentos en estos casos. La máxima ‘expressio unius est exclusio alterius’ es invocada como aplicable a esta proposición. Pero, en mi opinión, no tiene aplicación al caso. El fundamento principal del estatuto fue la regulación del divorcio, y como una incidencia a esta cuestión el estatuto prescribe el poder de la corte con respecto a los alimentos en esa clase de casos. La Legislatura no consideró la cuestión general de alimentos como un objeto inde-pendiente de legislación, sino solamente como una incidencia de una acción de divorcio. Creyó el legislador conveniente definir el po-der de la corte sobre la concesión de alimentos en una solicitud de divorcio; pero no consideró el objeto de los alimentos en ninguna otra clase de casos. Si hubiera dispuesto que un auto de ne exeat o (Distringas podía expedirse contra un demandado en una acción de divorcio, difícilmente podría alegarse que esto sería equivalente a una declaración de que tales autos no podrían expedirse en otra clase de acciones. Por la misma razón una disposición autorizando alimentos en una demanda de divorcio no debe ser considerada como una declaración de que tales alimentos no han de permitirse en otras acciones. La máxima que se invoca no tiene aplicación a esta clase de casos.”

La obligación que tiene el marido con respecto a la mujer de satisfacer sus necesidades y alimentarla debe hacerse efectiva de algún modo. Cuando se acude a una corte soli-citando alimentos es porque la parte obligada a darlos se niega a cumplir este deber. No es extraño que esta resis-tencia continúe manifestándose después de haberse conce-dido alimentos por un tribunal de justicia, en cuyo caso la parte favorecida por la sentencia quedaría burlada en sus derechos si no dispone de medios para hacerlos efectivos. Cuando el marido tiene bienes, puede expedirse una orden de ejecución contra los mismos; pero si se trata de una pen-sión alimenticia pagadera por mensualidades ¿es justo y razonable obligar al cónyuge que obtuvo la sentencia a soli-citar una orden de ejecución todos los meses? La resistencia obstinada del marido daría lugar a una multiplicidad de órdenes de ejecución; y parece natural, que se adopten me-didas tendentes a evitar estas trabas y dificultades en la ad-ministración de justicia. Si, por el contrario, el marido carece de bienes, pero recibe periódicamente dinero como producto de su trabajo, ya porque esté colocado o porque tenga entradas de otra índole, el procedimiento de ejecución no resultaría un remedio adecuado. Lo mismo ocurriría cuando el esposo oculta sus bienes. En uno y otro caso fra-casarían los fines de la justicia y las disposiciones del Código Civil quedarían incumplidas, por falta de un remedio ade-cuado en la ley para hacerlas efectivas. Nuestros tribunales tienen por la ley jurisdicción para actuar, y deben disponer, y disponen por ministerio de la misma ley, de todos los me-dios necesarios para hacer efectiva su jurisdicción. Y aunque la ley no los dispusiese, sus deficiencias quedarían suplidas por las facultades inherentes de los tribunales y la razón natural conforme a equidad y los principios generales del derecho. Las actuaciones de los tribunales deben inspirarse en la equidad y la justicia.

En este caso nos limitamos a resolver la cuestión plan-teada. La corte inferior tiene facultades para castigar por desacato la desobediencia voluntaria y obstinada a una orden o sentencia concediendo alimentos. El tribunal a quo declara que carece de esas facultades. Nosotros resolvemos que las tiene y que puede hacer uso de ellas cuando las circunstancias del caso lo requieran. No penetramos en los méritos de la cuestión. Sí decimos que no debe encarcelarse a una persona condenada al pago de alimentos a menos que se demuestre una voluntaria y obstinada desobediencia a las órdenes de la corte. Si el cónyuge obligado por la sentencia demuestra que no puede pagar y ofrece una excusa justa y razonable, la corte debe exonerarle de toda culpa, ya que sus actos no revelan desobediencia al mandato judicial.

Debe anularse la resolución recurrida y devolverse el caso a la corte inferior para procedimientos ulteriores no incompatibles con esta opinión.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

license: Public Domain

text:
    María E. Brunet y José Avilés, peticionarios, v. La Corte de Distrito de Mayagüez, Hon. Charles E. Foote, Juez, demandada.
    No. 939.

    Sometido: Noviembre 27, 1933.

      Resuelto: Diciembre 13, 1933.

      Virgilio Brunet, abogado de los peticionarios; Pascasio Fajardo, abogado del demandante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

José Nine promovió ante la Corte Municipal de Mayagüez una acción de desahucio contra María Brunet y José Avilés, en la cual solicitó que los demandados peticionarios fuesen desalojados de una finca urbana que adquirió en 13 de julio de 1932. La acción ejercitada se basa en un contrato de arrendamiento verbal celebrado, según el demandante, con los peticionarios, y se alega que éstos se han negado a satis-facer los cánones convenidos a pesar de estar vencidos y de haber sido requeridos de pago. Los demandados negaron qne hubiesen celebrado el contrato verbal alegado por el de-mandante y adujeron en oposición que sus menores hijos Jesús María Avilés Brunet y José Avilés Brunet son los únicos dueños en pleno dominio de la casa objeto del desahu-cio, la cual han venido poseyendo y poseen en la actualidad y habitan en ella, en unión de sus legítimos padres los aquí peticionarios María E. Brunet y José Avilés. Se alega además que esta finca la adquirieron los menores por dona-ción que de la misma les hiciera don Maximino Brunet en 11 de abril de 1930, según consta en escritura pública otor-gada ante notario en la ciudad de Mayagüez.

La corte municipal dictó sentencia declarando sin lugar la demanda. Apeló el demandante y en la vista del caso ante la Corte de Distrito de Mayagüez se eliminaron, a peti-ción del mismo, todas las alegaciones y defensas especiales presentadas por los peticionarios con excepción de la parte en que los demandados negaban la existencia del contrato de arrendamiento. En vista de esta eliminación, la corte no tuvo la oportunidad de considerar la escritura de donación otorgada a favor de los menores que los demandados ofre-cieron como prueba en apoyo de las alegaciones de la con-testación que fueron eliminadas. Los demandados solicitaron de esta corte la expedición de un auto de certiorari, para re-visar los procedimientos de la Corte de Distrito de Maya-güez, y como fundamento de su solicitud sostiene que la corte cometió error al ordenar la eliminación de toda aquella parte de la contestación en la acción de desahucio en la cual los de-mandados alegan que los únicos dueños de la propiedad son sus menores hijos Jesús María Avilés Brunet y José Luis Avilés Brunet, y que dichos demandados han venido ocu-pando y actualmente ocupan dicha propiedad, por ser ellos los padres legítimos de los citados menores, quienes hubieron la descrita propiedad más de dos años antes de que el deman-dante ilegalmente la hubiera adquirido.

El artículo 9' de la Ley de Desahucio dice que cuando la demanda se funde en falta de pago del canon o precio convenido en un contrato, no se admitirá al -deman-dado otra prueba que la del recibo o cualquier otro docu-mento en que conste haberse el pago verificado. Las pruebas de ambas partes comprenderán los hechos fundamentales de la cuestión principal. Este precepto no tiene aplicación al presente caso, en que los demandados niegan haber celebrado contrato alguno de arrendamiento con el demandante, y por el contrario afirman que los menores han venido poseyendo y poseen actualmente la casa objeto de la acción que se ejer-cita, en unión de sus legítimos padres los aquí peticionarios María Brunet y José Aviles. Como se ve, los demandados alegan el título en virtud del cual están poseyendo la pro-piedad, y no debe discutírseles el derecho de sostener esta alegación y probar que su posesión no se basa en contrato alguno, sino en el título por ellos alegado. Claro es que los derechos del demandante no deben estar a merced de una alegación de título que no esté sostenida por la prueba; pero si después de aportada toda la evidencia se establece prima facie, real y efectivamente un conflicto de título, este conflicto debe dilucidarse en el juicio declarativo correspondiente y no en el procedimiento especial, rápido y sumario de la acción de resahucio.

En el caso de Mas et al. v. Borinquen Sugar Co., 18 D.P.R. 312, esta corte se expresó así:

“Nos inclinamos a convenir con el apelante en que una ley como ésta, que en los Estados Unidos en casos de acciones establecidas por falta de pago limitaran las defensas a la presentación en evi-dencia del recibo u otro documento que acredite el pago, no cons-tituiría debido procedimiento de ley. No es necesario discutir en este caso ninguna cuestión constitucional porque no creemos que la legislatura tuviera la intención de limitar el derecho. Resolver otra cosa sería proporcionar al propietario una oportunidad, ya ne-gándose a aceptar el canon cuando estuviera vencido, o estableciendo una acción prematura, para anular las defensas, terminando así, de modo arbitrario, el contrato que existía. Un extraño podría entrar en posesión de la propiedad de otra persona alegando simplemente la propiedad de la misma, el arrendamiento y falta de pago, y no podría el arrendatario negar el arrendamiento ni la propiedad. Cuando las palabras de un estatuto conducen a un absurdo como el presente al interpretarlas literalmente, y quizás a resultados anti-constitucionales, la corte está en el deber de resolver por cuales-quiera otros medios que tenga a su alcance, cuál fué la intención de la legislatura. (Church of the Holy Trinity v. U. S., 143 U. S. 457; Oates v. National Bank, 100 U. S. 239; Interstate Drainage & Investment Co. v. Board of Commissioners of Freeborn Co., Minn. 158 Fed. Rep. 270.)
“Creemos que las palabras de diebo artículo 9 se limitan sola-mente a los casos en que el demandado combate el becbo relativo a la falta de pago y funda su defensa en el becbo del pago. Esto parece resultar en parte de las palabras ‘en que conste haberse el pago verificado.’ A nada conduciría el tratar de probar el pago si la defensa fuera, por ejemplo, que el canon estipulado no estaba vencido, o que existía un estoppel o bien que el demandado babía sido relevado debidamente de su obligación. El artículo continúa como sigue: ‘Las pruebas de ambas partes comprenderán los becbos fundamentales de la cuestión principal.’ Cuando la defensa principal es alguna otra que no sea la del pago, los becbos fundamentales que ban de probarse no podrían fácilmente ser ni un recibo u otro documento en que conste que se lia becbo el pago.”

Alega el demandante que dentro de las circunstancias tal vez hubiera sido procedente para los menores hijos de los demandados haber presentado una demanda de interven-ción, previo permiso de la corte, alegando ser ellos los dueños de la propiedad en cuestión; pero que los demandados no pueden consignar defensa alguna que ataña a tercera persona y desvirtuar así el derecho de un demandante a desahu-ciar a quien no ostente título alguno de la propiedad a su favor. Convenimos en que los menores han podido presen-tar una demanda de intervención en este caso para defender ' directamente sus derechos. El padre, sin embargo, que tiene sobre sus hijos la patria potestad, alega que está poseyendo la finca en unión de sus hijos, quienes son dueños legítimos de la misma. De acuerdo con el artículo 155 del Código Civil, los bienes que el hijo no emancipado haya adquirido o adquiera con sn trabajo o industria, o por cualquier título lucrativo, pertenecen al bijo en propiedad y en usufructo a los padres que le tengan en su potestad y compañía. En la contestación se alega que los bijos habitan la casa en unión de sus padres. De manera que el Sr. Aviles, al alegar el dominio de la finca a favor de sus hijos, comparece también en su propio derecho, defendiendo la posesión de la cual de-riva el usufructo que tiene como padre sobre los bienes de sus hijos que están bajo su potestad y compañía. Las ale-gaciones de la contestación fueron indebidamente eliminadas, y no habiéndoseles permitido a los demandados alegar y pro-bar las defensas que propusieran, debe anularse la sentencia dictada.


author: El Juez Asociado Señoe Wolf,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Luis F. Velázquez, acusado y apelante.
    No. 4927.

    Sometido: Mayo 15, 1933.

      Resuelto: Diciembre 14, 1933.

      Pedro Albizu Campos, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señoe Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Luis F. Velázquez fué acusado en la Corte Municipal de San Juan de haber perpetrado nn acometimiento y agresión grave en la persona de Emilio del Toro, Juez Presidente de la Corte Suprema de Puerto Rico. En la acusación se ex-presa suficientemente que el supuesto delito tuvo lugar en San Juan y fué cometido mientras el Juez Presidente se hallaba en el desempeño de los deberes de sn cargo. Después de un juicio de novo en la Corte de Distrito de San Juan el acusado fué convicto del delito imputádole y sentenciado a nn año de cárcel.

En apelación al Tribunal Supremo de Puerto Rico, tanto el acusado como el fiscal de esta corte radicaron sus alegatos. Posteriormente, sin embargo, el apelante radicó una moción para desestimar el caso, alegando que El Pueblo de Puerto Rico no tenía jurisdicción sobre el delito ya que los hechos ocurrieron en un sitio que era de la propiedad exclusiva de los Estados Unidos. El caso fué señalado para vista y en el día fijado las partes comparecieron por sus respectivos abogados y únicamente discntieron la cnestión de jurisdicción. Entonces ambas partes pidieron tiempo para radicar alegatos. El apelante repetidamente solicitó prórrogas que, conside-rando la seriedad de la cnestión envuelta, nos sentimos obli-gados a conceder, de suerte que el caso no nos fue finalmente sometido basta el 15 de mayo de este año. En ese alegato el apelante se fundó exclusivamente en el caso de United States v. Iglesias, 13 P. R. Fed. 282. Intuitivamente puede decirse que la solución del problema no presentaba gran difi-cultad, pero según ocurre frecuentemente en lo judicial y aun en otras materias que ban de ser objeto de decisión, los pasos justificativos de la conclusión no son tan fáciles de relatar.

El apelante sostiene que el cuartel de Santo Domingo era de la propiedad exclusiva de los Estados Unidos. Se alegó que ese cuartel perteneció a la Corona de España, aunque la Iglesia Católica reclamó la misma propiedad. La contro-versia entre los Estados Unidos y la Iglesia fue arreglada por una transacción en virtud de la cual la referida propiedad fue cedida o dada a los Estados Unidos o al Pueblo de Puerto Eico, según sea el caso. Cuando el becbo denunciado tuvo lugar, el piso bajo del edificio lo ocupaba la Comisaría del regimiento local del ejército de los Estados Unidos. El se-gundo piso estaba ocupado por la Corte Suprema de Puerto Eico y por parte de la Corte de Distrito de San Juan. En tiempos de España, la Audiencia Territorial celebraba sus sesiones en el edificio de Santo Domingo. Al hacerse cargo de Puerto Eico las autoridades militares, a la Corte Suprema de Puerto Eico y la de Distrito de San Juan se les dió per-miso o se les dejó continuar con sus oficinas en el edificio de Santo Domingo. El Pueblo de Puerto Eico siguió ocu-pando el local, si no en virtud del permiso expreso de las autoridades militares, por lo menos en virtud de su tolerancia (sufferance) y consentimiento.

El artículo 33 de la Ley Orgánica de Puerto Rico-de abril 12 de 1900, conocida como la Ley Foraker, disponía:

“Que el poder judicial residirá en las Cortes y Tribunales de Puerto Rico ya establecidos y al presente en ejercicio, incluyendo los Juzgados Municipales creados en virtud de la Orden General, número ciento diez y ocho, promulgada por el Brigadier General Davis, Voluntarios de los Estados Unidos, el 16 de agosto de 1899, incluyendo también los tribunales de policía establecidos por la Orden General, número ciento noventa y cinco, promulgada el 29 de no-viembre de 1899 por el Brigadier General Davis, Voluntarios de los Estados Unidos, y las leyes y ordenanzas de Puerto Rico y sus muni-cipios que están en vigor, en todo lo que no se oponga a la presente, declarándose subsistentes por esta ley dichas Cortes y Tribunales. La jurisdicción de estas Cortes y los trámites seguidos en ellas, así como los distintos funcionarios y empleados de las mismas, respecti-vamente, serán los que se definen y prescriben en dichas leyes y orde-nanzas y las citadas Ordenes Generales, número ciento diez y ocho, y ciento noventa y cinco, mientras no se legisle otra cosa; Disponiéndose, sin embargo: que el Presidente y Jueces Asociados del Tribunal Supremo y el Márshal (Alguacil Mayor) del mismo, serán nombrados por el Presidente, con el concurso y consentimiento del Senado; y los Jueces de las Cortes de Distrito serán nombrados por el Gobernador, con el concurso y consentimiento del Consejo Ejecu-tivo, y todos los demás funcionarios y agregados de las demás cortes serán elegidos según disponga la Asamblea Legislativa, la cual tendrá autoridad para legislar de tiempo en tiempo, conforme tenga por conveniente, con referencia a dichas cortes, y cualesquiera otras que estime oportuno establecer; su organización, el número de jueces y funcionarios y agregados para cada una, su jurisdicción, sus proce-dimientos, y demás asuntos que las afecten.”

Por lo menos tácitamente, bay varias frases en este ar-tículo que demuestran que el estado de beebos existente con respecto a las cortes de Puerto Rico quedó en vigor por ministerio de esa Carta Orgánica. En la opinión del Juez de la Corte Federal, Sr. Odlin, se bace el comentario de que no bubo cesión alguna ni se pagó a los Estados Unidos com-pensación por el uso de ese local por El Pueblo de Puerto Rico. Sin embargo, la Corte Suprema de Puerto Rico se hallaba en completa ocupación del sitio referido, y ningún oficial de los Estados Unidos o de su ejército impugnó la posesión por dicha corte. Por tanto, la Corte Suprema de Puerto Rico tiene dereclio al beneficio de todas las presun-ciones que resultan de la posesión de una propiedad; como por ejemplo, que esa posesión es legal y al amparo de la de-bida autoridad. La Corte Suprema de Puerto Rico se ba-ilaba allí con la licencia y autoridad de los Estados Unidos, si no por otros motivos.

El Io. de julio de 1902 “el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley titulada ‘Ley para autorizar al Presidente a reservar terrenos y edificios públicos en la Isla de Puerto Rico para usos públicos, para conceder otros terrenos y edi-ficios públicos al G-obierno de Puerto Rico, y para otros fines,’ cuya sección primera lee como sigue: £E1 Presidente por la presente queda autorizado para, dentro de un año des-pués de la aprobación de esta Ley, hacer aquellas reservas de terrenos y edificios públicos pertenecientes a los Estados Unidos en la Isla de Puerto Rico para fines militares, navales, de faros, de hospitales para marinos, oficinas postales, adua-neros, para las Cortes de los Estados Unidos y para otros fines, que él crea necesarias, y todos los terrenos y edificios públicos (excluyendo superficies de puertos, ríos navegables, cuerpos de agua, y los terrenos sumergidos bajo los mismos) poseídos por los Estados Unidos en dicha Isla y que no hayan sido así reservados, por la presente se conceden al Gobierno de Puerto Rico para ser usados en beneficio del Pueblo de dicha Isla; Disponiéndose, que esta cesión se hace con la condición expresa de que el Gobierno de Puerto Rico por su autoridad correspondiente, ceda a los Estados Unidos cual-quier interés o participación que pudiera tener en los te-rrenos o edificios reservados por el Presidente, de acuerdo con las disposiciones de esta Ley; T disponiéndose, además, que nada de lo que aquí se contiene será interpretado en el sentido de afectar cualquier derecho legal o en equidad que hubiere adquirido el Gobierno de Puerto Rico u otra persona, a virtud de contrato, arriendo o licencia hechos por las autoridades de los Estados Unidos con anterioridad al primero de mayo de mil novecientos.’ (32 Stat. at L. 731, cap. 1383, Comp. Stat., sec. 3761, 7 Fed. Stat. Ann. Supp. p. 1281).” United States v. Iglesias, supra. Las palabras “qne nada de lo qne aqní se contiene será interpretado en el sentido de afectar cnalqnier derecho legal o en equidad qne hubiere adquirido el Gobierno de Puerto Rico u otra persona, a virtud de contrato, arriendo o licencia hechos por las auto-ridades de los Estados Unidos con anterioridad al primero de mayo del mil novecientos” eran un reconocimiento sufi-ciente de la posesión de la Corte Suprema de Puerto Rico o del Pueblo de Puerto Rico de la parte del edificio en cuestión.

Merced a esta tolerancia o licencia, la Corte Suprema de Puerto Rico continuó ocupando el segundo piso del mencio-nado edificio hasta la fecha del supuesto delito.

A virtud de la ley del Congreso de 1902 ya citada, el Presidente fue autorizado a hacer reservas de propiedades, pero, en lo que atañe al cuartel de Santo Domingo, no hizo la reserva hasta el 1903, cuando ya había transcurrido cerca de un año. Mientras tanto, y hasta que efectivamente se hiciera la reserva, imperaba la jurisdicción de Puerto Rico de acuerdo con la ley misma. Según se ha dicho, la reserva fue en 1903, pero no se trató de privar a la Corte Suprema de Puerto Rico o al Pueblo de Puerto Rico del territorio reconocido por la referida ley de 1902. Estados Unidos no hizo tentativa alguna de tomar posesión del segundo piso del edificio.

La Constitución de los Estados Unidos dispone en la cláusula decimoséptima de la sección 8, artículo 1, que el Congreso tendrá poder para “legislar exclusivamente en todas las materias concernientes al distrito que por cesión de uno o varios Estados y aceptación del Congreso, haya sido elegido para residencia del Gobierno Federal, distrito cuya área no podrá exceder de diez millas cuadradas, y ejercer la misma facultad sobre todos los demás lugares comprados, cod el consentimiento de las Legislaturas de los Estados a que pertenecen, para la construcción de fortalezas, alma-cenes, arsenales, astilleros y otros edificios que se necesi-taren.” A tenor de este precepto y de otras leyes del Con-greso promulgadas en cumplimiento del mismo, ha surgido un número de controversias entre los varios Estados de la Unión y el Gobierno de los Estados Unidos. Es incuestio-nable que cuando un estado cede una propiedad al Gobierno Federal, surge, por regla general, la jurisdicción de los Es-tados Unidos, según puede verse de las autoridades que cita-remos más adelante. Existen excepciones cuando el estado cedente hace ciertas reservas. Sin embargo, cuando un edi-ficio se usa para arsenal, oficina de correos, o algo por el estilo, por cesión de determinado estado, la jurisdicción ex-clusiva de los Estados Unidos generalmente impera, y un delito cometido en tal edificio debe, pues, ser perseguido por los funcionarios de los Estados Unidos como tales. Entonces los respectivos estados no tienen ulterior jurisdicción. Debe recordarse que la cuestión de si Puerto Rico puede conside-rarse como un estado en el sentido constitucional, depende del asunto de que se trate. Cabe decir ahora, y lo amplia-remos más adelante, que esencialmente no hay el mismo con-flicto de jurisdicción entre un territorio de los Estados Unidos y los Estados Unidos, como entre esta nación y un estado. Asumiendo, por el momento, que la jurisdicción local de Puerto Rico puede contrastarse a la de los Estados Unidos en la misma forma que la de un estado, hay varias cosas que deben ser tenidas en cuenta. Una es que a fin de obtener jurisdicción exclusiva al amparo del precepto constitucional, la cesión debe hacerse por el estado mismo. No estamos muy seguros de que se hiciera tal cesión, aunque fuese autorizada por la Legislatura. Sección 1673 de los Estatutos Revisados; People v. Fortuna Estates, 279 Fed. 500, 507.

Otra cosa que debe notarse es que cuando aun teniendo la jurisdicción exclusiva, los Estados Unidos permiten que un estado ocupe para fines locales la propiedad cedida, los Es-tados Unidos no alegan, ni pneden alegar tener, jurisdicción exclusiva.

El caso de Palmer v. Barret, 162 U. S. 399, es interesante, A decir verdad, el Estado de New York se reservó cierta juris-dicción. El estado hizo reserva de algunos derechos sobre los terrenos cedidos, pero el caso constituye autoridad para la teoría de que cuando hay dos gobiernos contratantes uno de ellos puede ceder, o puede no obtener, una jurisdicción exclusiva. En otras palabras, es potestativo de una de las altas partes contratantes no tomar jurisdicción exclusiva, aunque pudiera hacerlo. Otros casos sobre renuncia de juris-dicción por los Estados Unidos o por un estado, sobre e¡. efecto de la misma, o sobre la retención de jurisdicción, son los siguientes: United States v. Bateman, 34 Fed. 86; Exum v. State of Tennessee, 90 Tenn. 501, 15 L.R.A. 381; Fort Leavenworth R. R. Co. v. Lowe, 114 U. S. 525; Chicago & Pacific Railway Co. v. McGlinn, 114 U. S. 542; State v. Stevens, 199 Pac. 256, 260; State v. Frazier, 18 Pac. 523; People v. Burke, 126 N. W. 446.

En vista de este caso sugerimos a las partes el de In re Neagle, 135 U. S. 1. Allí el supuesto delito fué claramente cometido dentro del* Estado de California. Neagle fué en-causado por haber acometido y dado muerte a Terry cuando el referido Neagle acompañaba al Juez Asociado Sr. Field mientras éste se hallaba en ejercicio de sus deberes como juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos en circuito, habiendo Terry atacado al juez. La Corte Suprema de los Estados Unidos resolvió que un acometimiento a un juez de una corte de los Estados Unidos en el desempeño de sus de-beres oficiales es una perturbación del orden público de los Estados Unidos, a distinción del orden público del estado donde se realiza el acometimiento.

La Corte Suprema de Puerto Rico y su antecesora, ocu-paron el cuartel de Santo Domingo desde 1898 con el consen-timiento de las autoridades militares. El Pueblo de Puerto Rico es un quasi soberano creado por el Congreso de los Estados Unidos y sn poder judicial reside en la Corte Su-prema de Puerto Rico y otras cortes, a virtud de la Ley Foraker, la Ley Jones y aun de las órdenes militares. La jurisdicción de El Pueblo de Puerto Rico se extendió nece-sariamente a la Corte Suprema de Puerto Rico, que material-mente ocupaba parte del segundo piso del aludido edificio. Cuando a la Corte Suprema de Puerto Rico se le permitió ocupar el referido segundo piso por tantos años, el poder de policía de El Pueblo de Puerto Rico se extendió pro tanto a castigar delitos cometidos en esa parte del territorio ocupada con la aquiescencia de los Estados Unidos. Las leyes penales de Puerto Rico regían en cualquier sitio abarcado por el poder de policía de Puerto Rico. No podría decirse que los Estados Unidos tenían jurisdicción exclusiva sobre la tota-lidad del cuartel de Santo Domingo. La Corte Suprema de Puerto Rico, como una rama de El Pueblo de Puerto Rico, estaba en completa posesión de parte del segundo piso del edificio, y la corte de distrito tenía el resto del piso.

Según se fia indicado, hemos estado asumiendo que Puerto Rico puede considerarse localmente como un estado. En realidad de verdad no es así. No puede baber un posible conflicto fundamental de jurisdicción entre El Pueblo de los Estados Unidos y el de Puerto Rico. Estados Unidos es soberano en ambos casos. Nada fijaría esto con mayor cla-ridad que el caso de Grafton v. United States, 206 U. S. 333. Grafton había sido convicto de un delito contra las leyes mili-tares por una corte marcial en las Filipinas. El gobierno filipino trató de castigarle por el mismo acto cometido dentro del territorio de aquellas islas. La Corte Suprema de los Estados Unidos resolvió que esto sería exponerle dos veces a ser castigado por el mismo delito; que la prohibición de doble proceso (former jeopardy) es aplicable a todas las causas criminales en las Islas Pilipinas; que el mismo acto, al ser cometido en un estado, podría constituir dos delitos distintos, uno contra los Estados Unidos y otro contra el estado, pero que la regla no se aplicaba a actos cometidos en las Islas Filipinas. Los Estados Unidos o sus autoridades, civiles y militares, tienen derecho a permitir la ocupación de cualquier propiedad por el pueblo de un territorio. Y eso ocurrió en el caso presente. La jurisdicción de Puerto Rico, con el consentimiento de los Estados Unidos, se extendió al sitio en que fué cometido el delito. Para una paridad de razonamiento véase el caso de Rivera et al. v. Lawton, 35 F. (2d) 823.

No podemos convenir con el Juez de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico en que Estados Unidos tenía jurisdicción exclusiva sobre el cuartel de Santo Domingo, en yuxtaposición a la jurisdicción de Puerto Rico.

Entremos abora en los méritos del caso. Entre otras cosas el apelante sostiene que no bubo un acometimiento y agresión grave; que el Juez Presidente no estaba en el ejer-cicio de sus deberes oficiales, sino que la evidencia trató de demostrar que él acababa de almorzar y se estaba dando paseos por su despacho al ser acometido por el acusado apelante en este caso. Es demasiado claro para que lo ar-gumentemos ampliamente, que cuando un juez se halla en su corte, en el edificio en que desempeña sus deberes, descan-sando o pensando o leyendo, él está allí en ejercicio de sus funciones, a menos que y basta tanto se demuestre lo con-trario.

Un acometimiento y agresión grave existe “1. Cuando se cometa en la persona de un funcionario legal en el cumpli-miento de sus deberes, en caso de saberse o haberse hecho saber a la persona que cometiere el hecho, que la persona agredida era un funcionario en el desempeño de un deber oficial.” .Sección 5664 de los Estatutos Revisados de 1911. Pero también existe “2. Cuando se cometiere en un tribunal de justicia,” etc.

El apelante también sostiene que no hubo mens rea; que la agresión cometida por el acusado fué leve y con el mero propósito de exigir, de caballero a caballero, una satisfacción del Juez Presidente a cansa de ciertas manifestaciones hechas por éste en nn acto público; qne el acnsado hizo el ataque en justificación de sns propias ideas políticas. Sin embargo, nna mera diferencia de credo político no justifica un acometi-miento y agresión. El hecho de que lo que el acusado hizo fue un reto no lo coloca fuera de la regla general. La Cons-titución y las leyes de los Estados Unidos, en lo aplicables, así como las leyes de Puerto Eico, abarcan todo el territorio bajo la jurisdicción de Puerto Rico, y la intención (intent) emana del acto cometido y no queda afectada por el designio sugerido en este caso.

No hallamos motivo para intervenir en la discreción de la corte inferior al imponer la pena. ■

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ramón Maldonado García, acusado y apelante.
    No. 4902.

    Resuelto: Diciembre 14, 1933.

      Arturo Aponte, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   EN MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN

El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un caso en que por la prueba el jurado tenía pleno derecho a declarar al acusado culpable del delito de asesinato en segundo grado. En realidad si el caso fué debidamente sometido al jurado, no vimos ni vemos ahora cómo éste pudo llegar a un veredicto por un delito menor que el de asesinato en segundo grado.

Por consiguiente, si el letrado desea que notemos errores que no son fundamentales, deberá cumplir con .el re-glamento. De lo contrario no prestaremos atención a errores que no han sido debidamente señalados, especialmente cuando no se exponen los hechos en debida forma.

El letrado del apelante está bajo una impresión errónea. Definitivamente no deseamos que se haga una reca-pitulación de todos los hechos en el alegato, sino solamente de los que basten para demostrar las circunstancias esenciales del caso. En nuestra opinión demostramos la brevedad con que podían exponerse los hechos y sugerimos tal forma al letrado. El acusado no tiene necesariamente que adoptar el criterio a que ha llegado una corte sentenciadora, mas en este caso podía confesar haber hecho los disparos y entonces ale-gar los hechos finales (ultimate) que constituían defensa propia o que aminoraban el grado del delito. Enfáticamente no dijimos qne todos los hechos debían ser expuestos.

Algunos de los señalamientos de error debieron ser más específicos, pero no podemos recordar un caso criminal en qne hayamos confirmado una sentencia por este motivo, aunque en alguna ocasión podamos hacerlo así. Los letrados están en el deber de demostrar a la corte concisamente en sus señalamientos de error la cuestión planteada.

Por ejemplo, el letrado pudo haber dicho que la corte cometió error al transmitir su instrucción sobre fuga cuando no hubo prueba de ninguna fuga. El decir que la corte ins-truyó al jurado sobre una fuga imaginaria, aunque sea una aproximación, puede ser tan sólo una caracterización del apelante.

Uno de los motivos principales que tuvimos para confirmar la sentencia fue el haber dejado el apelante de anotarse excepciones a las instrucciones de la corte en tal forma que diera a ésta la oportunidad de corregir sus errores antes que el jurado se retirara. Está en interés del acusado mismo que el jurado sea adecuadamente informado de la ley que gobierna los hechos del caso. En un juicio, costoso como es, para evitar revocaciones, la corte debe tener ocasión de-bida de dar ál acusado una oportunidad razonable.

Leyendo la jurisprudencia contenida en los casos citados en 16 C. J. 1070, sección 2514, se hallará que en la gran ma-yoría de los estados deben' anotarse las excepciones antes de que el jurado se retire a deliberar. El Estado de Washington tiene una regla distinta, mas allí se da la oportunidad a la corte de llamar nuevamente al jurado para corregir errores. State v. Vance, 29 Wash. 435, 70 Pac. 34; State v. Coella, 8 Wash. 512, 36 Pac. 474; 16 C. J., supra. En ningún caso puede la excepción ser considerada únicamente en apelación. Además, es mejor para un acusado que las instrucciones sean corregidas antes que el jurado se retire a deliberar, a fin de •que éste no comience sus deliberaciones bajo una impresión errónea o desfavorable. Nuestro propio estatuto permite qne se anoten errores fundamentales.

Según la lectura que hemos hecho de los estatutos, en Puerto Rico la regla es que las excepciones deben ser ano-tadas antes de retirarse a deliberar el jurado. No vemos razón alguna para cambiar nuestro criterio de que de con-formidad con el artículo 300 del Código de Enjuiciamiento Criminal tan sólo las instrucciones solicitadas por el acusado y sometidas a la corte antes del jurado retirarse a deliberar deben ser consideradas como excepcionadas. La corte tiene la oportunidad de apreciar éstas.

Los comentarios que anteceden cubren el haberse dejado de dar instrucciones sobre el delito de homicidio, mas estamos convencidos de que no hubo una verdadera contro-versia en la corte inferior sobre homicidio vel non. El ape-lante suscitó allí la cuestión de defensa propia. Muy poco o casi nada hallamos que demuestre un arrebato de cólera o algo similar. Lo poco que existía podía caer dentro de la doctrina de que cuando toda la prueba tiende a demostrar un delito mayor, el dejar de instruir fundándose en un ápice de prueba favorable a la idea de homicidio, no sería perju-dicial y no justificaría la revocación.

Las otras cuestiones suscitadas en la moción caen dentro de las consideraciones generales de nuestra opinión original, así como de ésta, y no necesitan ulterior discusión.

Debe declararse sin lugar la moción.


author: El Jtjez Presidente Seño®, Del Toro,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Oscar Serrano, acusado y apelante. El Mismo v. El Mismo.
    Nos. 5240 y 5241.

    Sometidos: Diciembre 7, 1933.

      Resueltos: Diciembre 15, 1933.

      Lids A. Castro, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Jtjez Presidente Seño®, Del Toro,

emitió la opinión, del tribunal.

El Policía Insular Angel Borrero formuló denuncia contra Oscar Serrano imputándole la comisión de un delito de aco-metimiento grave consistente en haber acometido con inten-ción de causarle daño corporal a Francisco Iturrondo hacién-dole un disparo de revólver sin lograr herirlo. También formuló denuncia contra el propio Serrano imputándole la comisión de un delito de portar armas prohibidas. Ambos actos delictivos se realizaron en Santurce, San Juan, en abril 21, 1933.

Tramitados los procesos llegaron a la corte de distrito a virtud de apelaciones interpuestas por el acusado. Se prac-ticó la prueba en el de acometimiento y se estipuló por las partes que sirviera de base para el de portar armas. Apro-bada la estipulación, la corte declaró culpable al acusado en ambas causas y lo condenó a sufrir seis meses de cárcel por acometimiento grave y dos por portar un revólver, arma prohibida.

Recurrió Serrano para ante esta Corte Suprema y en un alegato común a los dos recursos sostiene que la corte erró al apreciar la prueba y al partir de la base de la existencia del delito de acometimiento grave.

Hemos examinado la evidencia practicada y es a nuestro juicio suficiente en ambos casos. No fue cometido el primer error.

Tampoco el segundo. De acuerdo con la ley existe el delito de acometimiento grave, “y que este delito existe,” se dijo en el caso de El Pueblo v. Méndez, 39 D.P.R. 653, 655,—

“fué resuelto claramente desde 1917 en que la cuestión fué susci-tada en este tribunal en el caso de Lange v. El Pueblo, 24 D.P.R. 854.
“La jurisprudencia quedó establecida así:
“ ‘Las secciones 1 a la 8 inclusive de la Ley de 10 de marzo de 1904 para determinar y castigar acometimiento, acometimiento y agresión, acometimiento con circunstancias agravantes, y acome-timiento y agresión con circunstancias agravantes y para derogar la sección 237 del Código Penal, ban sido copiadas literalmente de las secciones 587, 593, 594, 595, 601, 602 y 603 del Código Penal de Texas, con excepción de algunos cambios insignificantes.
“ ‘En la Ley de acometimiento y acometimiento y agresión de 10 de marzo de 1904 no se ha tratado de establecer un delito dis-tinto por separado con la mera enumeración en su sección 6* de las circunstancias agravantes y de la imposición de castigo mayor tanto al acometimiento como al acometimiento y agresión, pues demuestra la historia, contexto y propósito claramente expresado de la ley, que la legislatura, al prescribir que el “acometimiento y agresión” será considerado con circunstancias agravantes en los casos que menciona, quiso, decir “acometimiento o agresión;” interpretación que está en completa armonía con el espíritu y texto de los artículos 3 y 359 apartado 14 del Código Penal y no violenta el verdadero principio de interpretación rigurosa como ha sido considerado y aplicado por las mejores autoridades modernas que “sólo reconocen una regla como absolutamente invariable, o sea que debe descubrirse y hacerse cumplir la verdadera intención y deseo del poder legisla-tivo.” ’ ”

Y en el caso de El Pueblo v. Matos, 35 D.P.R. 859, se re-solvió :

“La apelante al citar el caso de El Pueblo v. Suárez 23 D.P.R. 243, dice que las alegaciones de la denuncia no son suficientes para demostrar un acometimiento hacia o sobre una persona; que el de-cir que un acusado acometió con un revólver, haciéndole un disparo a otra persona no constituye tal acometimiento. Es evidente que en la forma en que está redactada la denuncia imputa un acometi-miento criminal.
“La apelante sostiene que en la Lej'- de 10 de marzo de 1904 no se define ningún delito de acometimiento grave, de que se de-claró culpable al acusado. La ley define el delito de acometimiento y agresión y substancíalmeiíte dice que un acometimiento es la ten-tativa de cometer úna agresión, queriendo decir con esto lo que se definió primeramente como ‘acometimiento y agresión.’ Entonces en otra sección la ley dice que un acometimiento y agresión será con-siderado de carácter grave cuando se comete bajo ciertas circuns-tancias. Necesariamente un acometimiento cometido en esas circuns-tancias, es un acometimiento de carácter grave. Este punto se aclara más en la sección que fija la pena, la que dice así:
“ ‘Sección 8.' — La pena correspondiente al delito de acometi-miento. de carácter grave o al de acometimiento y agresión de la misma naturaleza, consistirá en multa que no bajará de $50 ni ex-cederá de $1,000 o de prisión en cárcel que no bajará de un mes ni excederá de dos años, o ambas penas, multa y prisión.’
“No podemos resolver que la corte inferior cometió error al im-poner una pena de seis meses de cárcel por este delito de acometi-miento con un arma peligrosa.”

Deben confirmarse las sentencias apeladas.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro,

text:
    Lorenzo Jiménez Soto y su esposa Natalia Solá Caballero, peticionarios, v. La Corte de Distrito de Humacao, Hon. Rafael Arjona Siaca, Juez, demandada.
    No. 909.

    Sometido: Mayo 29, 1933.

      Resuelto: Diciembre 15, 1933.

      González 'Fagundo & González, Jr. y Andrés Mena, abogados de los peticionarios; B. Cintrón Lastra, abogado del demandante en el pleito principal.

       Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Existe pendiente en la Corte de Distrito de Humacao un procedimiento sumario hipotecario iniciado por Miguel J. Arsuaga para ejecutar una hipoteca constituida por Lorenzo Jiménez y su esposa Natalia Solá en garantía de un préstamo de cinco mil dólares que Arsuaga les hiciera.

Requeridos los deudores comparecieron dentro del pro-cedimiento sumario alegando que el propio Miguel J. Ar-suaga siguió en la Corte de Distrito de San Juan contra los esposos Jiménez-Solá una acción por el procedimiento ordi-nario en cobro del mismo crédito hipotecario que se ha rela-cionado, habiéndose dictado sentencia a su favor que se eje-cutó por el Márshal de la Corte de Distrito de Humacao, vendiendo en pública subasta la finca hipotecada y adjudicán-dola al propio demandante Arsuaga por precio de dos mil dólares en pago parcial de su crédito; que después el refe-rido márshal puso a Arsuaga en posesión de la finca, en cuya posesión continúa, teniéndola actualmente dada en arrenda-miento; que a virtud del remate y adjudicación al deman-dante de la finca hipotecada, ha quedado de hecho y de derecho extinguida la hipoteca a su favor constituida sobre dicho in-mueble y por consiguiente no procede la continuación del procedimiento hipotecario instado en Humaeao, de acuerdo con lo que dispone el artículo 175 del Reglamento Hipotecario, considerando los hechos relatados comprendidos en el caso tercero de los' regulados por dicho artículo.

La corte oyó al acreedor y al deudor y resolvió la cuestión planteada por el último, como sigue:

“La acción ante la Corte de Distrito de San Juan en cobro de crédito hipotecario, aun cuando por la vía ordinaria, dirigida contra finca ubicada en Caguas, es absolutamente nula. También lo es la sentencia dictada en dicha ocasión por la expresada Corte, y la orden que ésta dió para su ejecución, así como el cumplimiento de la misma.
“Por esta razón, así como porque la misma tiende a interrumpir indebidamente, sin ser uno de los casos previstos al efecto por la ley, el procedimiento hipotecario de autos, se declara sin lugar la moción de los demandados ...”

No conforme el deudor recurrió en certiorari para ante esta Corte Suprema. Se expidió el auto y los procedimientos se encuentran ante nos.

Sostiene en primer término la Corte de Distrito de Humaeao que el pleito tramitado en la Corte de Distrito de San Juan es nulo en su totalidad.

Aunque no consta que se haya resuelto por esta Corte Suprema un caso exactamente igual al presente, existe juris-prudencia suya que sienta las bases para una decisión con-traria a la nulidad.

El caso de Porto Rican Leaf Tobacco Co. v. Ereño, 16 D.P.R. 100, fué uno en el que se demandó a Ereño ante la Corte de Distrito de Arecibo por la vía ordinaria en cobro de siete mil qninientos dólares garantizados con hipoteca, y en él, hablando por la corte, el Jnez Asociado Sr. Figneras se expresó así:

“No cabe eluda de que la corte de Arecibo tenía competencia para conocer de este litigio, según el artículo 170 del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria porque en su distrito radican todos los bienes hipotecados y en este caso no se admite sumisión en con-trario.
“Pero aun suponiendo de exclusiva aplicación en este punto el Código de Enjuiciamiento Civil- por no haberse seguido en este caso el procedimiento sumarísimo de la Ley Hipotecaria, tendremos que aplicar el artículo 77 de aquel Código y entonces hay que convenir en que los demandados se sometieron a la corte de Arecibo, toda vez que pidieron prórroga para contestar la demanda cuando su primera gestión debió ser que el juicio se celebrase en la corte que creían correspondiente.
“Aunque los otorgantes de la escritura de préstamo eligiesen la ciudad de San Juan y acordaran someterse a sus tribunales ordina-rios para todos los actos y reclamaciones que el contrato originase, esto no es óbice u obstáculo insuperable para que ellos se sometiesen espontáneamente a otra corte de jurisdicción como ha sucedido en este caso. ’ ’

Y en el caso de Carbonell v. Registrador, 17 D.P.R. 148, 151, la corte por medio de su Juez Presidente Sr. Hernández, dijo:

“En cuanto al segundo defecto consistente en no haberse acredi-tado que la Corte Municipal de San Germán adquiriera jurisdicción para conocer del pleito y dictar sentencia, opinamos que dicha corte, según el artículo 98 del Código de Enjuiciamiento Civil, desde que expiró el término de la publicación de edictos ordenando la citación del demandado, adquirió jurisdicción sobre ambas partes y quedó sometido a ella todo procedimiento subsiguiente.
“Con arreglo al artículo 75 del Código citado, los pleitos para recobrar la posesión de bienes raíces o de una propiedad o interés en la misma, o para determinar en cualquier forma dicho derecho o interés, como sucede en el pleito que motivó la escritura de 28 de abril de 1910, deben sustanciarse en el distrito en que radique el ob-jeto de la acción, que en el presente caso radica en Cabo Rojo y no en San German; pero como ci artlculo 82 preceptüa que si el distrito en que se estabiece la demanda no es ci en que deba seguirse ci juicio, podrá, sin embargo, continuarse en ~aquéi a menos que ci demandado al comparecer a contestar o a formular excepciones, presente una de-claración jurada y fundada y pida por escrito que ci j uicio se celebre en ci distrito correspondiente, no liabiéndose ilenado estos requisitos, debenios estimar que la corte de San German tuvo jurisdicción para conocer y sentenciar el pleito de que se trata. La de Cabo Rojo no podia separarse del conocimiento del asunto, de oficio y sin gestión dci dernandado."

Parece lo lógieo que si cabe recurrir al procedimiento ordinario para el cobro de una deuda garantizada con hipo-teca, rijan en un todo las reglas generales aplicables a tal procedimiento. La disposición del artIculo 170 del Regla-mento para la Ejecución de ia Ley Hipotecaria acerca de que será juez competente ci del lugar en qtie radiquen los bienes asegurados sin que se admita sumisión en contrario, se exphca perfectamente dada la naturaleza del procedimiento sumario a que se refiere, pero deja de tener efecto en cuanto diebo procedimiento se abandona como se abandonó por el acreedor en este caso cuando acudió a la Corte de Distrito de San Juan.

El otro fundamento de la resolución de la Corte de IDistrito ~que estamos revisando fu~ el de que ci procedimiento sumarlo no podia interrunipirse por la causa alegada.

Dice el artIculo 175 del Reglamento Hipotecario, en pertinente: I.

"Art. 175. Los procedimientos sumarios a que se refiere esta Seeción, no podrdn suspenderse por medio de incidentes ni por otro aiguno, a instancia dci deudor, dci tcrcer poseedor, ni dc ningthi otro que se presente como interesado, salvo en los siguientes casos:
Si se presentase certificado del Registrador, expresivo de quedar cancelada la hipoteca en virtud de la cual se proceda, o copia auténtica de la escritura püblica de canelación de la misnia, con la nota de presentación en alguno de los Registros en donde se haya de toinar razón do ella, otorgada por ci actor o por sus causantes, o causahabientes, acreditándose también docrunentalmente el título del transmitente en su caso.
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“En el caso tercero el Juez convocará a las partes a una compare-cencia, debiendo mediar cuatro días desde la citación; oirá a las par-tes, admitirá los documentos que presenten, y acordará en forma de auto lo que estime procedente dentro del segundo día.
“Será apelable en ambos efectos este auto cuando ordenare la sus-pensión. ’ ’

Es cierto que no le fue dable al deudor presentar a la corte de distrito el certificado del registrador expresivo de baber quedado cancelada la hipoteca, pero le presentó algo equivalente en verdad, ya que llevó a su conocimiento la escri-tura de venta judicial a favor de Arsuaga otorgada por el Márshal de la Corte de Distrito de Humacao en la ejecución de la sentencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan en el pleito que ante ella siguiera Arsuaga contra los esposos Jiménez Solá. La finca vendida es la misma hipotecada, quedando desde el momento de la venta confundidos en una sola persona los caracteres de acreedor y dueño. El derecho de hipoteca se esfumó así dentro del de dominio que es pleno, quedando extinguido.

Dice Morell en sus Comentarios a la Ley Hipotecaria, vol. 3, pág. 433:

“Así, cuando el deudor cede a su acreedor la finca hipotecada en pago del crédito, o se la vende, computando éste en el importe del precio, se refunden en una sola persona los caracteres de acreedor y deudor, de dueño de la finca y dueño de la hipoteca, extinguiéndose ésta, por tanto, por ministerio de la ley. A este caso, en forma más o menos variada, se refieren las Resoluciones de 31 de marlzo de 1879, 28 de marzo de 1889, 19 de julio de 1893, 6 de diciembre de 1897, 14 de diciembre de 1899 y 19 de enero de 1914.”

No hay duda, pues, de que al presentarse en el regis-tro la escritura de venta de que se trata, al inscribir el do-minio de la finca a favor de Arsuaga, deberá el registrador cancelar la hipoteca inscrita previamente a favor suyo, de acuerdo con lo que dispone el artículo 82, párrafo segundo, de la Ley Hipotecaria, tal como quedó enmendado en 1923, Leyes de 1923, pág. 219, a saber:

' “No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las inscripciones o anotaciones a que el mismo se refiere, podrán cancelarse sin los re-quisitos expresados, cuando quede extinguido el derecho inscrito por declaración de la ley, o resulte así de la misma escritura inscrita, ’1

A virtud de todo lo expuesto, debe, a nuestro juicio, anu-larse la orden de 29 de abril de 1933 de que se quejan los peticionarios y devolverse los autos reclamados a la corte de distrito de su origen para ulteriores procedimientos de con-formidad con la ley y los principios establecidos en esta opmión. ,

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Aldrey disintieron.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Pablo Pedraza, demandante y apelante, v. Jenaro González y Rodríguez y Zenona del Valle Rosario, demandados y apelados.
    No. 6182.

    Sometido: Diciembre 12, 1933.

      Resuelto: Diciembre 15, 1933.

      J. C. Rivera Morales, abogado del apelante; González Fagundo & González Jr., abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión de} tribunal.

Esta apelación se interpuso por el demandante porque la Corte de Distrito de Humacao dejó sin efecto la anotación de rebeldía de los demandados. Los apelados no han presen-tado alegato escrito ante nosotros ni asistieron a la vista de esta apelación.

Mientras se celebraba el jnicio en este caso en la corte inferior sin asistencia de los demandados, cnya rebeldía había sido anotada por el secretario, ellos comparecieron en el jnicio con moción solicitando qne se dejara sin efecto la anota-ción de sn rebeldía, y la corte suspendió el jnicio en el estad»; en qne estaba, decretando algún tiempo después qne esa re-beldía quedase sin efecto y admitiendo la contestación a la demanda qne fné presentada. En ese estado del procedi-miento se interpuso esta apelación contra esa resolución sirs que se baya dictado sentencia sobre los méritos del litigio.

Las cuestiones sobre apertura de rebeldía se ban susci-tado, generalmente, después de dictarse sentencia y la apela-ción que se ba interpuesto contra la resolución que en ese estado del pleito la concede o la niega se baila amparada por el artículo 295, No. 3, del Código de Enjuiciamiento Civil que autoriza apelación contra providencia especial dictada des-pués de sentencia definitiva. Este caso es distinto, porque como bemos dicbo antes la resolución apelada fué dictada sin que baya recaído sentencia en el pleito, pero es igual al caso de Dávila et al. v. Barreiro, 20 D.P.R. 45, en el que a instancia del demandado desestimamos la apelación por falta de juris-dicción para resolverla por no estar autorizado ese recurso en ninguno de los casos que especifica el artículo 295 citado. Véase también Figueroa Vda. de Arroyo v. Saldaña Realty Co., 44 D.P.R. 74. Casos como el presente ban sido decididos por nosotros a virtud de autos de certiorari que bemos li-brado en los casos de Franceschi et al. v. Sepúlveda, juez, 27 D.P.R. 120, y Porto Rico Ry., Lt. and P. Co. v. Campillo, juez, 28 D. P. R. 987.

No estando autorizados nosotros por la ley para resolver la apelación interpuesta en el caso presente, nos vemos cons-treñidos a desestimarla.


author: El Juez Asooiado Señor Hutchison,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Carmelo Burgos, acusado y apelante.
    No. 5502.

    Sometido: Diciembre 5, 1933.

      Resuelto: Diciembre 19, 1933.

      Leopoldo Tormes, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asooiado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Burgos fué convicto del delito de escalamiento. Alega que la acusación era insuficiente para sostener el veredicto. La acusación imputa una penetración forzosa con intención, de cometer violación. El apelante se funda en el caso de El Pueblo v. Wys, 25 D.P.R. 510, como autoridad para su. contención de que la acusación debió alegar el delito de viola-ción. La respuesta puede bailarse en los casos de El Pueblo v. Méndez, 34 D.P.R. 453, y El Pueblo v. Ramírez, 41 D.P.R. 747.

Otros señalamientos de error son al efecto de que el vere-dicto es contrario a derecho y a la prueba y que la corte de distrito cometió error al declarar sin lugar una moción de nuevo juicio. Ambos se dirigen a la suficiencia de la prueba. Ninguno de ellos, tal cual se desarrollan en el alegato, exige seria consideración.

La sentencia apelada debe ser confirmada.