author: EJl Juez Asociado Señor HutchisoN,

text:
    Monserrate Quijano y Tellado, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido
    No. 710.

    Sometido: Marzo 2, 1928.

      Resuelto: Marzo 23, 1928.
    1. Notarios — Enmiendas o Reformas de Documentos — Poder para Ello. — Un notario no tiene poder para, en ausencia de las partes otorgantes y sin el consentimiento de ellas, alterar, enmendar y reformar un documento notarial por virtud de un documento formal, cualquiera que sea su forma, y menos por uno en el cual él comparece en su capacidad individual, ante sí mismo como notario.
    2. Vendedor y Comprador — Requisitos y Validez del .Contrato — Contrato Consignado en Escritura Pública — Inscripción—Defectos Insubsana-bles — En G-eneral. — Cuando los heelios y circunstancias revelados por una escritura de compra-venta son suficientes de por sí para demostrar que lo que tuvieron en mente las partes que la otorgaron fué un traspaso o venta de uno a favor de su anterior y no de su segunda esposa, y que la subs-titución del nombre y apellido de la primera por la segunda esposa en la cláusula de venta es un error de pluma (clerical error) el mero hecho do que tal error de parte del que escribió el documento, no pueda ser corregido sin el consentimiento de las partes contratantes, no transforma un error que es claramente susceptible de ser corregido en un defecto insubsanable.
    Nota de Luis Capó Matres, B,. (San Germán), denegando inscrip-ción de una escritura de compraventa.

      Revocada.

      J. A. Suris A grait, abogado del recurrente; el registrador recurrido no compareció.
   EJl Juez Asociado Señor HutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

El registrador de la propiedad se negó a inscribir una escritura de enajenación por el fundamento de que el do-cumento pretende ser un contrato de compraventa entre marido y mujer, y que un documento notarial posterior pre-sentado en unión a la escritura es inadecuado para corre-gir el defecto.

Las partes mencionadas en el párrafo inicial de la es-critura de enajenación son don Andrés Emilio Alvarez y Mercado y doña Monserrate Quijano y Tellado. Se describe a Alvarez como casado y se da el nombre de su es-posa, doña Emilia Lugo. Doña Monserrate Quijano y Te-llado, la parte de la segunda parte, es identificada como una mujer divorciada. El notario da fe de conocer personal-mente a las partes.

Entqnces, el vendedor Alvarez dice que es dueño de cierta finca descrita en la escritura e identificada como una parcela de terreno que le fué adjudicada a dicho Alvarez en la división de los bienes habidos al disolverse una so-ciedad de gananciales anterior existente entre Alvarez y su ex-esposa, la parte de la segunda parte, doña Monserrate Quijano y Tellado. A este respecto se hace también refe-rencia a otra escritura de igual fecha, otorgada ante el mismo notario. La escritura de enajenación está suscrita por Alvarez, doña Monserrate Quijano y Tellado, los testi-gos y el notario. La segunda esposa, doña Emilia Lugo, no compareció ante el notario en carácter alguno, y nada hay en la escritura que indique que ella estuviera presente al tiempo del otorgamiento.

Sin embargo, la cláusula de venta empieza con la mani-festación de que “don Andrés Emilio Alvarez y Mercado, vende, y doña Emilia Lugo compra, la finca anteriormente descrita. .

La escritura de enajenación fué entonces presentada en el registro de la propiedad, junta con lo que pretende ser otro documento formal titulado: “Acta Aclaratoria.” En este documento sumamente raro, el notario ante quien se otorgó la escritura original comparece en su capacidad individual, ante sí mismo como notario, y en. forma de una declaración jurada narra los hechos y circunstancias relati-vos al otorgamiento de dicha escritura original, incluyendo la substitución inadvertida del nombre y apellido en la cláusula de venta. Entonces se trata de corregir el error, enmendando la cláusula en cuestión en el sentido de que la misma refleje la verdad.

Estamos muy de acuerdo con el registrador en que un notario no tiene poder para alterar, enmendar o reformar un documento notarial en ausencia de las partes otorgantes y sin el consentimiento de ellas. Para cualquier fin de esa naturaleza, e independientemente de cualquier cuestión de forma, el documento ulterior carecía por completo de valor. La mayoría de este tribunal es claramente de opinión que el escrito posterior en absoluto carece de valor para cualquier fin. La minoría, incluyendo al que suscribe, se inclina a sostener el criterio de que' el escrito últimamente mencionado, a pesar de todos los defectos de forma y de la futilidad manifiesta del esfuerzo realizado para subsanar el defecto de referencia, tiene algún valor probatorio, por leve que fuere, como evidencia acumulativa. Sin embargo, nuestra decisión no depende de si la relación de los hechos por el notario, quien evidentemente tuvo la intención de hacer por medio de la misma una solemne declaración escrita bajo su firma y autenticada por su rúbrica y sello notarial, puede o no considerarse como que indica su modo de ver la transacción, y, hasta ese punto, como corroborativa de la evidencia intrínseca contenida en la escritura original de enajenación.

Los hechos y circunstancias revelados por la escritura original que arriba se bosquejan son suficientes de por sí para demostrar que lo que tuvieron en mente las partes que otorgaron el documento en cuestión fué un traspaso por Andrés Emilio Alvarez a favor de su anterior esposa, doña Monserrate Qnijano y Tellado, la parte de la segunda parte, y no a favor de la segunda esposa, doña Emilia Lugo; y que la substitución de nombre y apellido en la cláusula de venta fue un error de pluma (clerical error). El mero becbo de que tal error de parte del que escribió el documento no pueda ser corregido sin el consentimiento formal de las partes contratantes no transforma un error que es claramente susceptible de ser corregido en un de-fecto insubsanable.

Bebe revocarse la nota recurrida,.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Texidor,

license: Public Domain

text:
    I. Martín S. en C., demandante-apelada, v. North British & Mercantile, demandada-apelante.
    No. 4523.

    Visto: Marzo 5, 1928.

      Resuelto: Marzo 23, 1928.
    1. Apelación t Error — Decisiones Sujetas a Revisión — Finalidad de la Re-solución — Sentencia Dejada sin Efecto — Ordenes Posteriores. — Cuando-se deja sin efecto una sentencia de archivo por abandono, dicha sentencia no puede considerarse como una sentencia definitiva para derivar de ella un derecho de apelación.
    2. Apelación y Error — Desestimación, Retiro y Abandono — En General.— Dejada sin efecto una sentencia de archivo por abandono, procede desesti-mar una apelación interpuesta contra resolución posterior declarando sin lugar moción del demandado para que el caso se archive, por no ser esta apelable dentro del inciso 3 del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento-Civil.
    MooiÓN sobre desestimación de apelación, interpuesta ésta contra-sentencia de Domingo' Sepulveda, J. (San Juan), denegando mo-ción sobre archivo del caso por abandono.

      No ha lugar.

      O. B. Frazer y B. Castro Fernández, abogados del apelante; De la Torres <& Ramírez y J. Martínez Dávila, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

I. Martín, S. en C. presentó ante la Corte de Distrito- . de San Juan, en 25 de abril de 1924, una demanda contra North British & Mercantile, sobre cobro de póliza. La de-mandada, en 5 de mayo de 1924 presentó una excepción pre-via a la demanda. Desde esa fecha no se practicó gestión alguna por las partes; y en 30 de diciembre de 1927, la corte dictó una resolución, que dice:

“Habiendo transcurrido más de un año, sin que las partes en este caso -hayan hecho gestión alguna, se ordena su archivo por aban-dono. Notifíquese a las partes.”

La demandante pidió la reinstalación del caso, alegando' razones que la corte consideró suficientes, después de oir a ambas partes acerca de a moción por lo que en resolución de 17 de enero de 1928, dejó sin efecto la sentencia de ar-chivo por abandono, y declaró el caso abierto para conti-nuación de sus trámites.

La demandada presentó en 7 de febrero de 1928 una moción para que se archivara este caso. Oída esta moción con asistencia de ambas partes, la corte, en fecha 14 de fe-brero de 1928, declaró la misma sin lugar. Contra esta re-solución interpuso apelación la demandada.

Ahora la demandante y apelada solicita se desestime la apelación, por razón de no ser apelable la resolución de fe-cha 14 de febrero, de que aquí se trata; y alega que tal re-solución no se halla comprendida en el artículo 295 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil. La demandada apelante, en su oposición escrita, y en la vista de la moción, sostiene que la resolución apelada es una dictada después de sen-tencia definitiva, y comprendida en el número 3 del artículo-295, antes citado.

Cuando, por cualquier razón legal, se deja sin efecto una resolución judicial, de cualquier clase que sea, no puede invocarse como existente y eficaz tal resolución para derivar de ella un derecho a la apelación. En este caso la sentencia de archivo por abandono fué expresamente dejada sin efecto y no puede considerarse, después de la resolución en tal sentido, como una sentencia definitiva.

El caso no está comprendido en el número 3 del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil.

La apelación debe ser desestimada.


text:
    Secundino Cruz Rosado, et al., demandantes y apelados, v. Antonio Rodríguez, demandado y apelante.
    No. 4532.

    Visto: Marzo 19, 1928.

      Resuelto: Marzo 23, 1928.
    Apelación y Error — Récord y Procedimientos que no Están en Récord— Contenido, Preparación t Aprobación del Oaso o la Relación de He-chos — Transcripción de la Evidencia — Término para Prepararla y Pre-sentarla — Prórroga.—Una prórroga para la preparación y radicación de la transcripción de la evidencia solicitada y concedida después de liaber vencido el término de veinte días que, según la sección 2 de la Ley No. 27 de 1917, tiene el taquígrafo para preparar dicha transcripción, no produce efecto alguno.
    Mooión sobre- desestimación de apelación, interpuesta ésta contra sentencia de Gabriel■ Castejón, J. (Humaeao), en acción reivin-dicatoría.

      Con lugar.

      Antonio Rodríguez, abogado del apelante; R. A. Arroyo Ríos, V. Ortiz León y Francisco González, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso se ba solicitado la desestimación de la ape-lación interpuesta por el demandado Antonio Rodríguez -contra sentencia de la Corte de Distrito de Humaeao en noviembre 2, 1927.

El apelante Antonio Rodríguez presentó su escrito de apelación el 7 de diciembre de 1927 y el 14 de los mismos mes y año solicitó se ordenara al taquígrafo que preparara la transcripción de la evidencia, decretándolo así la corte y notificándose la orden al taquígrafo el mismo día 14 de diciembre de 1927. En 5 de enero de 1928 el demandado Antonio Rodríguez solicitó y obtuvo de la corte una pri-mera prórroga de treinta días para presentar la transcrip-ción de la evidencia, sin que aparezca que se baya solicitado ninguna otra prórroga.

La prórroga obtenida en 5 de enero de 1928 fue solici-tada y concedida después de baber vencido el término de veinte días que según la sección 2 de la Ley No. 27 de 1917 tiene el taquígrafo para preparar la transcripción; por lo que tal prórroga no produce efecto alguno.

La apelación en este caso debe ser desestimada.


author: El Juez Asociado Señor Aldbey,

text:
    José A. Surís Agrait, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    No. 716.

    Sometido: Marzo 21, 1928.

      Resuelto: Marzo 26, 1928.
    Hipotecas — Pago o Cumplimiento de Condición, Cancelación y Carta de Pago Cancelación — Inscripción—Dación en Pago. — Cuando el deudor y acree-dor hipotecario otorgan un documento en el cual ambos hacen constar haber . convenido en la adjudicación al acreedor ciertos condominios en pago de su crédito y consiguiente cancelación de la hipoteca que lo garantizaba y cumplimentan tal convenio adjudicando la deudora al acreedor en pago sus condominios en dos fincas, manifestando el acreedor que cancela la hipoteca que tenía sobre las fincas hipotecadas, de tal escritura aparece suficiente-mente la conformidad del acreedor en reeibir los expresados condominios en pago de su crédito, por lo que, el contrato de dación en pago, quedó perfeccionado y es inscribible.
    Nota de Luis Capó Matres, R. (San Germán), denegando inscrip-ción de escritura de venta de condominio (adjudicación en pago) y cancelación de hipoteca.

      Revocada.

      Nazario <& García Méndez, abogados del recurrente: el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

Doña Monserrate Ortiz y don José A. Suris Agrait com-parecieron ante un notario y otorgaron escritura pública en la que después de manifestar la Sra. Ortiz ser dueña del condominio de una mitad en cada una de las tres fin-cas que describió bajo las letras A, B y O; que esas tres fincas están gravadas con una hipoteca para garantizar el pago de ciertos pagarés y que esos pagarés los posee don José A. Suris Agrait por haberles sido transferidos por endoso, los comparecientes expusieron que han liquidado de mutuo acuerdo la hipoteca que grava esas fincas y que han convenido los dos la adjudicación en pago de condominios de la Sra. Ortiz y la consiguiente cancelación de dicha hi-poteca; y para llevar a efecto ese convenio la Sra. Ortiz adjudicó en pago y traspasó al otro compareciente Suris Agrait el condominio de una mitad que le corresponde en las fincas A y B, siendo el precio de tal adjudicación en pago el importe de la hipoteca; y manifestó el Sr. Suris Agrait que cancela la hipoteca dicha por la confusión de derechos en esas dos fincas cuyos- condominios le han sido adjudica-dos por la otra compareciente y que cancela totalmente la hipoteca que grava las tres fincas, consintiendo en que así se haga constar en el registro de la propiedad.

El registrador de la propiedad se negó a inscribir ese documento por lo siguiente:

“DeNbgado el documento que precede, en cuanto a la adjudica-ción en pago de- los condominios de las fincas letras A y B que com-prende, y la consiguiente cancelación de hipoteca en dichas fincas, por observarse que de la escritura no consta que el acreedor José A. Suris Agrait haya justificado de una manera clara y terminante su conformidad en recibir en pago de su crédito lo que le ha sido adjudicado, lo que es requisito indispensable para la perfección del contrato de dación en pago, en virtud de lo dispuesto por el Honorable Tribunal 'Supremo de Puerto Rico en el caso de Méndez v. El Registrador, 7 D.P.R. 478; y Denegado asimismo en cuanto a la cancelación de dicho hipoteca sobre la finca letra B por haber quedado pendiente de inscripción a virtud leí defecto insubsanable de que adolece la escritura según antes se expresa, los condominios adjudicados en pago del importe de la hipoteca, así como la cance-lación por confusión de derechos solicitada, tomando en su lugar anotación preventiva, etc.”

Contra esa negativa ha interpuesto el Sr. Suris este re-curso gubernativo con súplica de que la revoquemos y or-denemos la inscripción.

Es cierto que es requisito indispensable para la perfec-ción de un contrato de dación en pago la conformidad del acreedor para recibir en pago de su crédito lo que se le ad-judica, como dijo este tribunal en el caso citado por el re-gistrador recurrido, en cuyo caso nada demostraba la confor-midad del acreedor pues no intervino en el documento en que se le adjudicó un condominio para pagarle su crédito: pero en el caso presente la conformidad del acreedor en recibir en pago de su crédito los condominios que se le adjudicaron aparece clara y terminante, aunque no ha usado palabras específicas de conformidad con la adjudicación que se le hace, pues no sólo ha intervenido el acreedor como parte en el documento sino que ambas partes del mismo hicieron constar haber convenido en que fueran adjudicados al acree-dor ciertos condominios en pago de su crédito y en la con-siguiente cancelación de la hipoteca que lo garantizaba, con-venio que cumplimentaron adjudicando la deudora al acree-dor en pago de su crédito sus condominios en dos fincas y manifestando, consiguientemente, el acreedor que cancelaba la hipoteca que tenía sobre las tres fincas. Dados los tér-minos de esa escritura entendemos que aparece suficiente-mente la conformidad del acreedor en recibir los expresa-dos condominios como pago de su crédito, por lo que la nota recurrida debe ser revocada y ordenarse la inscripción.


author: El Juez Asociado Señoe Aldeey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Facundo Lozada, acusado y apelante.
    No. 3433.

    Visto: Marzo 20, 1928.

      Resuelto: Marzo 26, 1928.
    Homicidio — Juicio—Veredicto—En Generad. — El derecho a la defensa propia en ningún caso se extiende a la inflicción de más daño que el necesario al objeto, y cuando la prueba demuestra que uno que es atacado por otro con una espuela, antes de coger el acometido un machete que luego utiliza, de-rriba al suelo a su agresor y lo tira de dentro de una casa al batey — lo que parece demostrar que el agredido era más fuerte que el agresor — y cuando continuando después el ataque con la espuela el agredido coge un machete y le infiere muchas heridas, algunas graves y que le causan la muerte, dos en la parte posterior del cuerpo — lo que hace pensar que no siempre lo hirió de frente — , no cabe sostener que el veredicto es contrario a las pruebas por no declarar exento de responsabilidad al acusado por haber obrado en defensa propia.
    SENTENCIA de Gabriel Gaste jón, J. (Humacao), condenando al acu-sado por delito de homicidio voluntario.

      Confirmada.

      F. Cervoni Gely, abogado del apelante; José F. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señoe Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

Facundo Lozada fué acusado de asesinato en segundo grado por haber dado muerte a Fermín González asestándole varias heridas con nn machete en circunstancias qne demues-tran tener mi corazón pervertido y maligno.

Celebrado el juicio ante un jurado éste rindió veredicto-de culpabilidad por delito de homicidio voluntario, y dic-tada sentencia por la corte condenando al acusado a tres años de presidio interpuso esta apelación cuyo único motivo tivo se funda en ser el veredicto contrario a la prueba, por entender el apelante que se demostró un caso de defensa propia que le exime de responsabilidad.

La prueba presentada por el fiscal en el juicio'consistió en las declaraciones de tres testigos y de un perito médico. El acusado no presentó prueba alguna.

Según la exposición del caso que tenemos ante nosotros^ el testigo Faustino Rivera Medina declaró bajo juramento lo siguiente: “Que en la mañana del día 4 de Enero,de 1926, en el barrio Jácana de Tabucoa, Facundo Lozada se en-contraba en su casa de visita, cuando llegó Fermín González; y entró en la sala con una espuela en la mano, acometiendo a Facundo con la espuela. Que Facundo se escapaba de los golpes y empujó a Fermín que cayó al suelo. Facundo se tiró abajo por la puerta como para irse, pero Fermín se tiró también por la puerta y se le fué detrás tirándole con la espuela. Que Facundo reculaba y se acercó a la puerta de la casa, donde había un machete pegado al seto, cuyo machete cogió Facundo y se le escapaba con él de los golpes que con la espuela le tiraba Fermín. Que Facundo hería a Fermín cada vez que éste se le iba encima y le decía: ‘Por Dios, estate quieto.’ ” Cruz Rivera Medina declaró sustancialmente igual al anterior testigo con la sola dife-rencia de que cuando Fermín cayó al suelo por haberlo em-pujado Facundo, éste logró echarle abajo, al batey. El otro testigo, que era el juez municipal, se limitó a decir que Facundo le manifestó que había matado a Fermín porque le entró a golpes con una espuela cuando estaba de visita en casa de un amigo.

De la declaración del perito médico resulta que el cuerpo de Fermín González tenía trece heridas qne fueron descri-tas por él, siendo algunas de ellas las siguientes: una he-rida incisa como de cuatro centímetros de longitud que in-teresaba el hueso de la región parietal, grave: otra herida igual en la región occipital presentando erosiones en la re-gión frontal y en la parietal izquierda con escisión com-pleta de la oreja, queriendo decir con esto que el machete o instrumento con el cual fueron producidas las heridas le cogió todo balano (sic) de la oreja y se la separó: otra herida incisa superficial, como de seis centímetros de longi-tud, que se extendía desde el ángulo del ojo izquierdo al ángulo izquierdo de la boca: otra herida como de seis cen-tímetros de longitud, incisa-profunda, en la región infra-escapular, en la espalda, entre los dos omoplatos; otra en el antebrazo derecho, como de cinco centímetros de longitud, profunda, hacia el lado interno del antebrazo derecho, en el tercio superior, que interesaba la masa muscular: otra herida en el tercio superior del antebrazo izquierdo como tres pulgadas abajo del codo, que se extendía hacia el lado interno del antebrazo y hasta la pared posterior, la cual interesó el hueso, los bazos internos y músculos del hueso cubito y seccionó también los bazos; siendo la herida más grave la que recibió en el brazo derecho, como de diez cen-tímetros de longitud, extendiéndose desde tres pulgadas bajo del codo por su parte interior hasta el lado interno, hasta llegar a la superficie posterior del tercio superior, interesando la piel, la masa muscular y seccionando la ar-teria, la vena urnal y el hueso cubito, la que le ocasionó una profunda hemorragia y causó la muerte a Fermín Gon-zález.

El derecho a la propia defensa según el artículo 54 del Código Penal, en ningún caso se extiende a la inflicción de más daño que el necesario al objeto, debiendo ser de tal naturaleza las circunstancias que lleven al ánimo de una persona de moderada prudencia el convencimiento de ha-llarse el acusado en peligro inminente de muerte o de grave .daño corporal; no significando fundado temor el de un co-barde sino el temor de una persona de moderado valor. ^Teniendo estas reglas por guía examinaremos la prueba de ;este caso.

Es cierto, según las declaraciones de los dos testigos . oídas por el jurado, que mientras el apelante estaba en la -■casa de un amigo fue atacado por Fermín González al lle-..gar a ella, tirándole golpes con una espuela, pero también ,1o es que en la sala de la casa, sin tener entonces el ape-lante el machete que luego utilizó, pudo derribar al suelo -■a su agresor y basta tirarlo al batey, según uno de los tes-tigos, lo que parece demostrar que el acometido era más fuerte que su agresor. Después, y cuando continuaba el ■ataque con la espuela, el apelante usaba un machete que co-gió y hería a Fermín cada vez que éste se le. iba encima, causándole muchas heridas, algunas de ellas de gravedad .y tan profundas que le causaron la muerte, siendo una de ¡ ellas en la región occipital y otra en la espalda entre los - omoplatos, las que nos hacen pensar que no siempre lo hi- . rió de frente y posiblemente sin ser atacado da,da la situa- . ción de esas dos heridas, por lo que en vista de la manera ; como ocurrieron los hechos en este caso no estamos dispues- . tos a declarar que el veredicto del jurado sea contrario a : la prueba por no haber declarado exento de responsabilidad al apelante por haber obrado en defensa propia, y debemos . .confirmar la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Hutchison está conforme con el resultado.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Vélez Ruiz, acusado y apelante.
    No. 3224.

    Visto: Noviembre 10, 1927.

      Resuelto: Marzo 27, 1928.
    ,ÍX. Armas — Ventas, Permutas, Donación o Entrega. — Cualquiera persona que, dedicada o no regularmente a la venta de armas de fuego, venda a otra un arma prohibida, como lo es un revólver, comete el delito previsto y castigado '■ • -por el artículo 3 de la Ley No. 14 de 1924 (pág. 115).

      2. Armas — Portar Armas Prohibidas — LICENCIA para Portarla. — Castigando la ley la venta de armas a persona que carezca de autorización legal para portarla, el hecho de que el arma se adquiera para portarla de acuerdo con la ley, aunque no se tenga licencia para ello, es cuestión para ser apreciada de acuerdo con las circunstancias concurrentes en cada caso.
    SENTENCIA de Luis Samalea, J. (Areeibo), condenando al acusado por infracción a la sección 3 de la Ley No. 14 de 1924.
    Con-firmada.

      E. Martínez Aviles y Martínez Dávila, abogados del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

José Yélez Euiz fné acusado porque “ilegal, voluntaria y criminalmente, sin tener licencia para el expendio de ar-mas, vendió un revólver, que es un arma con la cual puede causarse daño corporal, a Esteban Cortés Colón, quien no tenía autorización para portarla.”

La prueba demostró que el acusado, que era un comer-ciante en frutos del país, vendió a Cortés un revólver viejo, que Cortés le compró, según dijo, “con la intención de lle-varlo al centro de su casa.”

La corte de distrito condenó'al acusado a sufrir un mes de prisión. No conforme el acusado apeló para ante esta Corte Suprema. Sostiene que la sentencia es errónea por-que “el espíritu de la ley es castigar al que ordinariamente se dedica a la venta de armas de fuego .... y no al que incidentalmente vende un revólver viejo,” y porque el com-prador adquirió el arma para usarla en el “centro de su casa,” donde tenía derecho para ello. El apelante no cita jurisprudencia alguna.

La ley aplicable está contenida en el artículo 3 de la Ley No. 14 de 1924. Es así:

“Tocia persona que vendiere, permutare, gravare, donare o en-tregare cualquier arma de las expresadas en el artículo primero de esta Ley, a otra persona que carezca de autorización legal para por-tarla, incurrirá en pena de prisión de un mes a seis meses. Excep-túanse las ventas que los comerciantes, debidamente autorizados al efecto, hicieren a otros comerciantes para la reventa.”

Basta leer el estatuto para concluir que no exige que el que venda se dedique regularmente al negocio. Cualquier persona que vendiere, permutare, donare o entregare por una sola vez a otra persona algún arma prohibida, como lo es un revólver, infringe la ley y comete el delito por ella pre-visto y castigado.

Examinemos la otra contención del apelante. Lo que la ley castiga es que la venta se baga a una persona que carezca de autorización legal para portar el arma. Aquí Cortés no tenía autorización legal. Luego el requisito existe. Pero la ley no considera que se comete un delito cuando el arma prohibida se porta dentro de la propia casa o finca. Siendo esto así, ¿qué influencia puede tener la circunstancia de que el arma se adquiera para portarla de acuerdo con la ley, aunque no se tenga licencia para ello?

La cuestión en verdad es una que "debe quedar abierta a la apreciación de las circunstancias concurrentes en cada caso porque en el comercio ordinario de los hombres se ce-lebran día tras día transacciones que envuelven armas pro-hibidas compradas con el único propósito de usarlas en las faenas domésticas o agrícolas, pero cuando se trata de un revólver si se admitiera como una completa defensa la de-claración del comprador en el sentido de que adquiría el revólver para usarlo dentro de su casa o finca, podría fácil-mente destruirse el precepto prohibitivo y de hecho queda-ría anulado el estatuto. Desde luego que si la corte está convencida de que la intención del acusado ha sido sola-mente llevar el arma a su propia casa, surgiría una situa-ción distinta, pero en el presente caso la prueba tiende a demostrar que el mismo comprador fué convicto del delito de portar armas prohibidas.

Además, las excepciones contenidas en el artículo 5 de dicha Ley No. 14 de 1924, y otras prescripciones que la misma ley contiene, son de tal naturaleza que interpretadas y aplicadas debidamente cubren cualquier situación justa que pueda presentarse.

A virtud de todo lo expuesto debe declararse sin. lugar el recurso y confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Lope Gely, acusado y apelante.
    No. 3432.

    Visto: Marzo 21, 1928.

      Resuelto: Marzo 27, 1928.
    1. Derecho Penal — Apelación^ Error t Certiorari — Revisión—Conclusiones de la Corte Inferior — Sobre las Pruebas. — La conclusión a que llegare un juez sentenciador después de apreciar la prueba aducida para demostrar la ausencia del mens rea, a menos que sea manifiestamente errónea, no será alterada en apelación.
    2. Armas — Portar Armas Prohibidas — Proceso y Castigo — Apelación—Revi-sión- — Conclusiones de la Corte Inferior. — En este caso el acusado de-claró que llevaba la navaja a la barbería donde acostumbraba ir a afilarla todos los sábados; tal declaración está ineontrovortida y suplementada por el día de la semana en que ocurrió el incidente. Se resolvió, por la forma en que la conducía así como por la ausencia absoluta de toda tentativa de usarla como tal arma, no obstante habérsele acometido y agredido, que todo ello demostraba ausencia .absoluta del mons rea y la sentencia condenatoria no podía sostenerse.
    SENTENCIA ele B. López Antongiorgi, J. (G-uayama), condenando al acusado por delito de portar armas.

      Revocada, absolviéndose al acusado.

      Antonio J. Amadeo, abogado del apelante; José E. Figueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Lope Grely, un ex-policía considerado anteriormente como de buen carácter y reputación, fué convicto de portar un arma y sentenciado a dos meses de cárcel.

Cfely fué acometido entre nueve y diez de la mañana mientras estaba sentado en la oficina del correo de Patillas esperando que se distribuyera la correspondencia.

Fué arrestado junto con el agresor y llevado al cuartel de la policía, donde, a instancias de dicho agresor, se le registró, encontrándosele en el bolsillo interior de la cha-queta, una navaja en su estuche, además de un periódico, varias cartas y otros papeles más. Gely no hizo esfuerzo alguno para sacar o usar la navaja. Su agresor admitió mientras declaraba como testigo que no había visto la na-vaja, pero que creía que Gely la tenía.

Gely declaró que se dirigía a una barbería donde acos-tumbraba ir a afilar su navaja todos los sábados, y que su agresor sabía que él tenía esta costumbre porque había usado la navaja en algunas ocasiones en que había estado en la barbería. El barbero Jesús Ildefonso fue llamado a declarar, pero es bastante curioso que no fuera examinado sobre estos particulares. Ni el barbero ni el testigo que había acometido a Gely fueron llamados a declarar en re-futación, y la declaración del acusado respecto al motivo por el cual portaba la navaja permanece incontrovertida en los autos. Su declaración está corroborada indirecta-mente, hasta cierto punto, por lo menos, por la circunstan-cia de que no hizo esfuerzo alguno para sacar o usar el arma en defensa propia al ser agredido.

Tal vez la omisión por parte del fiscal de ofrecer prueba de refutación se deba al hecho de que inmediatamente que se terminó de presentar la prueba del acusado la corte pro-cedió a declararlo culpable y a dictar sentencia. Al hacer esto, el juez sentenciador discutió el supuesto arresto ile-gal y el registro practicado a la llegada al cuartel de la policía, en relación con la cuestión del ataque colateral, pero no menciona en forma alguna, la prueba tendente a demostrar que el acusado se dirigía a una barbería con el fin de que le afilaran su navaja en el momento en que se hizo el arresto y en que, incidentalmente, se descubrió el arma. Este último aspecto del caso parece haber sido pa-sado enteramente por alto por la corte inferior, o de lo contrario se hizo caso omiso de él.

En el caso de El Pueblo v. Moll, 28 D.P.R. 783, se re-solvió, según se dice en el sumario, que:

“La intención de la ley que prohibe portar armas es castigar al que lleva consigo el arma prohibida, pero no al que incidentalmente pueda tomarla en sus manos.”

En el caso de El Pueblo v. Borges, 23 D.P.R. 486, refi-riéndose a un acusado que había matado en defensa propia’ a su agresor, se dijo que:

“Si en vez de enviar por la policía hubiera seguido él mismo con su revólver en el bolsillo hasta el puesto de policía más cercano para informar a las autoridades de lo que había ocurrido y entre-gar el arma, no hubiera sido culpable del delito que se le imputó.”'

El fiscal cita, entre otros, el caso de El Pueblo v. Acevedo, 34 D.P.R. 460, y recomienda la revocación.

Ordinariamente, desde luego, el que lleva una na-’ vaja a una barbería con un fin legítimo baria bien en nodetenerse por el camino, cerca del correo o en algún otrositio, sino que debe proseguir directamente bacia su destino. La conclusión a que llegare un juez sentenciador después de apreciar la prueba aducida para demostrar la ausencia del mens reg, a menos que sea manifiestamente errónea, no será alterada en apelación. Sin embargo, en el presente caso, según ya liemos indicado, la cuestión de la intención criminal no parece haber recibido sería consideración por parte de la corte inferior. Estamos convencidos de que la declaración del acusado, que permanece incontrovertida y sin impugnar, estando como está suplementada por el día de la semana en que ocurrió el incidente,, por la naturaleza del arma portada por él, por la forma en que la conducía y por la ausencia absoluta de toda tentativa de usarla como tal arma, no obstante habérsele acometido y agredido, basta para establecer prima facie una buena defensa.

Debe revocarse la sentencia recurrida.


text:
    Francisco, Margarita, Manuela y Antonia Oliver Cuveljé, demandantes y apelados, v. José González y esposa, Cleofe González, demandados y apelantes.
    No. 4304.

    Visto: Febrero 17, 1928.

      Resuelto: Marzo 28, 1928.
    1. Apelación y Error — Revisión—Cuestiones de Hecho, Veredictos y Con-clusiones — Conclusiones de la Corte Ineerior — Sobre Prueba Contra-dictoria. — Cuando la prueba es contradictoria o irreconciliable, y el juez inferior actuando discretamente, da mayor peso a la prueba de una de las partes, procede confirmar la apreciación de la evidencia hecha por él.
    2. Injunction — Materias Objeto de Protección y Remedio — Bienes, Tras-pasos y Gravámenes — Injunction para Recobrar o Retener Posesión— De la Demanda. — Una demanda que además de describir la finca principal así como la que fué objeto de actos de perturbación y despojo, expresando estos actos, alega que los demandantes por sí y por sus causantes vienen en posesión de la misma desde hace treinta años y lo están actualmente, ex-presa hechos suficientes para determinar una causa de acción.
    3. Injunction — Materias Objeto de Protección y Remedio — Bienes, Tras-pasos y Gravámenes — Injunction para Recobrar o Retener Posesión— De la Demanda — En General. — Palabras en alegaciones de la demanda al efecto de que los demandantes "desde hace más de cinco años” y "hace más do treinta años que están en posesión” suficientemente expresan que dichos demandantes han estado en posesión en el año anterior a dicha demanda.
    4. Injunction — Materias Objeto de Protección y Remedio — Bienes, Tras-pasos y Gravámenes — Injunction para Recobrar o Retener Posesión'— Revisión — Errores no Perjudiciales — Admisión de Pruebas. — La admi-sión, en procedimiento de injunction para retener, de una escritura parti-cional y planos de la finca como prueba del título del demandante, aún cuando innecesaria e impropia, no os perjudicial ni constituye error cuando nada hay que demuestre' que tal documento y planos han sido los determi-nantes do la resolución de la corte inferior.
    5. Injunction — Materias Objeto de Protección y Remedio — Bienes, Tras-pasos y Gravámenes — Injunction para Recobrar o Retener Posesión— Cuestiones a Considerar y Resolver. — En caso de interdicto o injunction para retener, lo único a discutir es la posesión, no el dominio, y aún ni el título a la posesión.
    6. Injunction — Materias Objeto de Protección y Remedio — Bienes, Tras- , pasos y Gravámenes — Injunction para Recobrar o Retener Posesión'— Cuestiones a Considerar y Resolver. — En caso do interdicto o injunction para retener, el hecho de la posesión, o aún de la tenencia, y no el título en que se basa la tenencia o posesión, es único a discutir.
    7. Injunction' — Materias Objeto de Protección y Remedio — Bienes, Tras-pasos y Gravámenes — Injunction para Recobrar o Retener Posesión— Cuestiones a Considerar y Resolver. — Cuando el demandado en su con-testación promueve la cuestión de título dominical por prescripción, la corte procodo correctamente al no considerar dicha alegación por sor una cuestión para ser presentada y discutida en juicio plenario acerca de la propiedad y no en el sumario de interdicto o injunction.

      SENTENCIA de Lids Samalea, J. (Arecibo), declarando con lugar la demanda, sin costas.

      Modificada, j así modificada, confirmada.

      A. Reyes Delgado j L. Mercader, ahogados del apelante; López de Tord & Zayas Pizarra, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Este caso se inició por demanda en injunction para re-tener la posesión, a nombre de Francisco, Margarita, Manuela y Antonia Oliver Ouveljé, y contra José González y su esposa Cleofe González. En la demanda se alegó que los demandantes son dueños de la finca rústica Gripiñas, en el barrio de Jayuya Arriba, término municipal de Utu-ado, la que se describe en una de las alegaciones, y de la que se alega fian estado en posesión material los demandan-tes desde hace más de cinco años, y lo estaban al tiempo de interponer la demanda, como legítimos dueños; que los demandantes lian sido perturbados por los demandados en la posesión y tenencia de una parcela de terreno de dicha finca, cuya parcela, que se conoce por la de Nuez Mosca-dos, y que tiene una medida de 40 cuerdas y 47 centésimas de otra, se describe en la alegación 4; que los demanda-dos viven en la finca Gripiñas como agregados de los de-mandantes, en una pequeña casa propiedad de éstos, y el demandado José González ha sido utilizado como peón de la finca, y que hace cuatro meses que esos demandados se introducen en la parte Los Nuez Moscados, o las 40 cuer-das, y, contra la voluntad de los demandantes, han recolec-tado café de las plantaciones allí existentes, e intentan po-sesionarse del terreno, a lo que se oponen los demandantes, quienes, con excepción de esos actos, por sí y por sus an-tecesores hace más de treinta años que están en posesión pública, material y no interrumpida de la finca Gripiñas y de la pieza Los Nuez Moscados, que los demandados han manifestado su intención de seguir perturbando a los de-mandantes en su posesión, y despojarles de ella. Y sobre esas alegaciones solicitaron sentencia prohibiendo a los de-mandados, por sí, o por otro, entrar en la finca Los Nuez Moscados, e interrumpir u obstaculizar en su posesión a los demandantes, con condena de costas y honorarios de abogado.

En su contestación alegaron los demandados así: Nega-ron la posesión y dominio de los demandantes en cuanto a la finca Gripiñas y a Los Nuez Moscados, y la perturba-ción en tal posesión, y que vivieran como agregados en la finca, y todas las demás alegaciones; y como defensa esta-blecieron que hace más de 40 años vienen poseyendo mate-rialmente la finca de 40 cuerdas y 47 centésimas que en la demanda se describe, quieta y públicamente y sin interrup-ción, sembrando y recolectando' café, y otros frutos, y pas-tos para crianza de ganado y su cuido, siendo la casa pro-piedad también exclusiva de los demandados, y teniendo la finca una extensión de 50 cuerdas, y otras colindancias, que fijan; y alegaron la prescripción, para el caso de que los demandantes tuvieran algún derecho.

En el juicio la prueba fué contradictoria. De parte de los demandantes declararon varios testigos, que habían sido empleados en la finca Gripiñas, unos como mayordomos, y otros en otras capacidades, y además Francisco Oliver, uno de los demandantes. Ellos dijeron, en resumen, que la finca Los Nuez Moscados es parte de la llamada Gripiñas, que es de los demandantes, quienes, por sí o sus antecesores han estado siempre en posesión de la misma, y lo están; que José González, el demandado, era jornalero de esa finca, y agregado de la misma, y lo mismo la demandada Cleofe González, y sus hijos; que por costumbre de los dueños, se facilitaban casas a los agregados, y en 1907 se permitió a José González y su familia que ocuparan una en la pieza o finca Los Nuez Moscados, cuya casa se recompuso con fondos de Oliver; que a los demandados, y por el adminis-trador de la finca se les facilitaron cerdos y ganado vacuno para cuidarlos a medias, y se les permitió tener su ganado en la finca; que en 1923 los demandantes construyeron otra casa en la finca para nn hijo de los demandados; que éstos y sus hijos dejaron de ser peones de la finca por más de un año, yendo a vivir a otra finca; que en octubre y noviembre de 1926, los demandados entraron en la finca Los Nuez Moscados, y recolectaron para ellos el café, contra la voluntad de los demandantes expresada por medio de su mayordomo, y que ellos han intentado e intentan po-sesionarse de la citada finca.

Los demandantes presentaron la partición de bienes de la herencia de don Jaime Oliver, y un plano de la finca.

Los demandados presentaron prueba testifical, y sus tes-tigos, en lo esencial, declararon que los demandados viven en esa parcela de terreno desde 1905 ó 1907, en que la here-daron de Pedro José González; que las casas fueron cons-truidas por los demandados con su peculio; que ellos te-nían en esa finca ganado de su propiedad, y tenían cuatro o cinco cuerdas de café suyas; que trabajaron en la finca Gripiñas como jornaleros, y lo mismo en otras fincas; y que continúan en la finca, porque les pertenece.

Evidentemente la prueba fué contradictoria, y, como ob-serva el juez sentenciador, irreconciliable. T en estas con-diciones, nadie mejor que el juez a quo podía apreciar exac-tamente la forma de producirse esa prueba; y nadie en mejores condiciones para determinar acerca de la credibili-dad y seguridad de los testigos. El Juez de Distrito de Arecibo dió mayor peso a la prueba de los demandantes; y decidió el caso a favor de los mismos.

Es cierto que la prueba del título no debió tenerse en gran consideración, ya que no es una cuestión de propie-dad la que en estos casos hay que decidir. Pero no parece que la corte le concedió gran importancia.

La sentencia fué dictada en 23 de marzo de 1927, a favor de los demandantes, sin especial condenación de cos-tas. Y contra ella se interpuso este recurso, por los de-mandados.

Se señalan por los apelantes varios errores.

En cnanto a los que afectan a la apreciación de la prueba, o sea los que aparecen bajo los números 2 y 6, no vemos corroboración alguna de que la corte actuara bajo prejuicio, o que incurriera en grave error. Nada bay en el récord que señale la más leve sombra de prejuicio por parte del juez. La parte apelante nos ofrece su interpretación de la prueba, y sus puntos de vista en cuanto a algunos testimonios; puntos de vista que no creemos acertados; y que nunca serían suficientes para fundar la alegación de prejuicio. Y en cuanto al supuesto error en la apreciación de la prueba, debemos decir que ésta fué contradictoria, y como el Juez indica, irreconciliable; y el juez dió mayor peso a la de los demandantes, actuando de una manera sumamente discreta. En esas condiciones, tenemos que afirmar la apreciación de la evidencia becba por el tribunal ante que se desarrolló la prueba, y que estaba en la mejor situación para juzgar de la actitud y seguridad de los testigos.

Se ba señalado como error el de que la corte no desestimó la demanda por falta de becbos suficientes para determinar la causa de acción, ejercitada.

La ley que rige estos casos exige dos alegaciones ele-mentales : la de posesión de la finca por el interesado que reclama, durante el año precedente a la demanda, y la de la perturbación o despojo, expresando los becbos en que con-sistió. Claro es que se precisa, por razones de procedi-miento, la descripción de la finca.

En esta demanda se describen la finca principal, Gripi-ñas, y la que fué objeto de los actos de perturbación y des-pojo, Nuez Moscados; se alega que los demandantes, por sí y por sus causantes vienen en posesión de la misma desde hace treinta años, y lo están actualmente; y se ex-presan los actos de perturbación y los propósitos de des-pojo.

Los apelantes entienden que se debe alegar que los demandantes ban estado en posesión en el año anterior a la demanda. Los demandantes en el número 3 de sn de-manda dicen:

“Que los aquí demandantes desde bace más de cinco años ban estado en posesión material de la finca, que se- acaba de describir, y actualmente están en posesión material y como legítimos dueños de diebo inmueble (Pag. 2 del récord.)

Y luego en la alegación 6:

“. ... los aquí demandantes y sus antecesores en título bace más de 30 años que están en posesión pública, material, pacífica y no interrumpida de la finca Gripiñas, y así mismo de la pieza de terreno denominada Los Nuez Moscados de 40 cuerdas 47 céntimos que forma parte de la finca Gripiñas.”

Las palabras “desde bace más de cinco años” y “bace más de treinta años que están en posesión” dan claro el con-cepto de la posesión no interrumpida, basta lo menos el momento en que se escriben. Los apelantes afirman que el inciso tercero de la demanda dice “que bace más de cinco años,” etc. No es así, por lo que aparece del récord. Las palabras son éstas “desde bace más de cinco años,” etc. Y el contexto general de la demanda, confirma que esas son las palabras en realidad escritas en la alegación, y que la copia que se nos ba presentado es fiel y correcta.

Bajo este mismo señalamiento de error se trata por los apelantes de la alegación de que los demandados viven como arrimados o agregados, en una casa en la finca, cuya casa es de los demandantes; y se arguye que- si ellos son agregados y tienen en la finca esa casa, es indudable que tienen el derecho de pasar por la finca para entrar en la casa;, y entonces el remedio para sacar a los demandados de allí, no es el aquí solicitado, que entonces tendría el al-cance de un desabucio en precario.

En la vista de esta apelación la representación de los apelados declaró que no se oponía que los apelantes pasa-ran por la finca para ir a la casa.

Pero el becbo es que en la demanda con que se inició este litigio, el fin que se perseguía era el de impedir per-turbación en la alegada posesión de la finca Nuez Mosca-dos. Y en ese sentido, la demanda contiene los elementos necesarios, y no adolece del defecto qne en la apelación se señala.

Como tercer error se señala la admisión por el tribunal a quo de la escritura particional de herencia de Oliver y esposa, y de los planos de la finca.

En realidad, era innecesaria la admisión de esa prueba, en un caso de interdicto o injunction para retener, ya que en este sumario procedimiento lo único a discutir es la po-sesión, no el dominio, y aún ni el título a la posesión. Pero examinando la opinión del juez, no encontramos que ese documento y ese plano hayan sido determinantes de su re-solución. Es verdad que en la opinión se dice que la prueba del título “ha contribuido a aclarar y robustecer el caso de los demandantes,” y luego, que “en este caso en que aparece que las fechas de las posesiones corren parejas, los demandantes han presentado título.” Pero, no vemos para qué fin se pueda decir esto, después de haber decla-rado la misma corte que siendo la prueba contradictoria e irreconciliable (refiriéndose a la testifical, que versó sobre la posesión) se da más peso a la de los demandantes. De-cidido el caso sobre esa base, no hay necesidad de tocar la prueba documental, que en estos pleitos tiene la gran ma-yoría de probabilidades de ser impropia. En el interdicto de retener y recobrar, de la Ley de Enjuiciamiento Civil de España, del que, a nuestro juicio, se tomó este injunction, existe la prohibición al juez de admitir cualquier prueba que no se refiera a la posesión o tenencia, y al acto, o actos, de despojo o de perturbación (artículos 1656 y 1652, ley citada). En nuestra ley no aparece esa prohibi-ción expresa, lo que ha ocasionado, en algunas ocasiones, una lenidad o tolerancia de parte de los tribunales, en la admisión de prueba; lenidad y tolerancia que quizá no hubiera existido si los tribunales en esos casos se ampara-ran en que la ley que establece estos injunctions exige como elementos de la demanda, los mismos de alegación de la posesión, y su época, y de acto de perturbación, o de des-pojo, y aplicando lo preceptuado en el artículo 34 de la Ley de Evidencia, sólo admitieran la prueba propia de esas alegaciones.

La admisión de esa prueba documental, si bien innece-saria, no fué de perjuicio para los demandados, y no cons-tituye error. En la decisión en el caso Alfaro v. Alonso, 27 D.P.R. 56, este tribunal declaró que no era necesario pro-bar el derecho por el que el demandante estaba en pose-sión; y por ello declaró innecesaria la presentación de la escritura. La opinión de este tribunal no debe ser inter-pretada extendiéndola más allá de lo que ella misma dice y contiene. Se declaró que esa prueba no era necesaria; y esto era lo lógico, ya que el tribunal reafirmaba la doctrina constante de que el hecho de la posesión, o aún, de la tenen-cia, y no el título en que se basa la tenencia o la posesión, era el objeto de este procedimiento; por lo que la prueba del derecho o la posesión no era necesaria.

Como cuarto error se señala la declaración de la corte de que los demandados están impedidos de alegar la prescripción.

Los demandados formularon esa alegación así:

“2o. Que si los demandantes tuvieran algún derecho a la por-ción indicada en el hecho 4o. de la demanda, estaría ya prescrito a virtud del art. 1860 del Código Civil de Puerto Rico.”

El artículo 1860 de nuestro Código Civil dice:

“Se prescriben también el dominio ,y demás derechos reales so-bre los bienes inmuebles por su posesión no interrumpida durante treinta años, sin necesidad de título ni de buena fe, y sin distinción entre presentes y ausentes, salvo la excepción determinada en el ar-tículo 546 de la segunda sección del Capítulo I, Título VII del Li-bro Segundo de este Código.”

Este artículo forma parte del Capítulo II, Título XVIII, Libro IV del Código.

De los dos aspectos de la prescripción, el uno, la pres-cripción adquisitiva, no es otra cosa que un modo de ad-quirir- el dominio y los derechos reales, como lo expresa el artículo 1831, primer párrafo, que dice:

“Por la prescripción se adquieren, de la manera y con las con-diciones determinadas en la ley, el dominio y demás derechos reales. ’ ’

T el artículo 1860 que se cita es precisamente, de los que tratan de la prescripción como título para adquirir el do-minio.

Los demandados, desde la contestación promueven la cuestión de título dominical, y se apartan de la esfera pro-pia del injunction o interdicto, que es la de la por los au-tores llamada “protección posesoria.”

La corte procedió con toda corrección y acierto al no dar consideración a esta alegación, que sería quizá para presentarla y discutirla en un juicio plenario acerca de la propiedad, pero no en el sumario de injunction o interdicto.

Este tribunal ha resuelto en el caso Ortiz v. Silva, 28 D.P.R. 384, que en estos casos sólo está envuelto el derecho inmediato a la posesión, eliminando la superioridad del tí-tulo.

Basta que se alegue y se pruebe la posesión en el pe-ríodo próximo a que la ley se refiere, para que el caso esté bien presentado, y pueda ser justamente decidido. Si el demandado alegara que la parte demandante no estuvo en posesión en el año próximo anterior a la demanda, y pro-bara ese hecho, esto sería bastante para destruir la fuerza de la demanda, aunque la parte demandante, antes de esa época, hubiera venido en constante posesión.

La alegación de prescripción en este caso no era de considerarse, y pudo ser eliminada.

El quinto error señalado, no es tal. La corte de dis-trito no juzgó el caso por el mejor título de los demandan-tes, sino por el peso de la prueba testifical referente a la posesión, dando más crédito a la de los demandantes.

En cuanto al señalado como sexto error, ya hemos tra-trado de él en esta opinión. No pedemos ver el elemento de prejuicio que se alega. Encontramos que el juez de distrito, hizo un detenido, imparcial, sereno, estudio de la prueba, y decidió de acuerdo con los buenos principios y ejerciendo sana discreción jurídica en la apreciación de la misma, de acuerdo con el artículo 162 de la Ley de Evi-dencia.

Como séptimo error se señala la admisión de nuevas de-claraciones de los testigos Oliver y Carreras.

■ El artículo 157 de la Ley de Evidencia dispone que una vez examinado un testigo no podrá volvérsele a examinar sobre el mismo asunto, sin consentimiento del tribunal.

Pero en este caso, del récord taquigráfico (página 172) aparece que el abogado de los demandados hizo oposición a que el testigo Carreras declarara respecto a algunos ex~ tremos, y el juez consintió que siguiera declarando, sin que la parte tomara excepción; y, por el contrario, la repre-sentación de los demandados, contra-interrogó al testigo» acerca de los mismos extremos objeto de ' su declaración (págs. 173 y 174, récord taquigráfico).

En cuanto a la segunda declaración del Sr. Oliver, (pá-ginas 37 y 38, récord taquigráfico) ella se refirió más bien a un plañó, y luego a extremos de que no se había tratado en la primera declaración. El abogado Sr. Mercader, por los demandados, hizo oposición a que declarara este testigo, pero el testigo siguió en su declaración, y la parte deman-dada no pidió regla expresa de la corte, ni tomó excepción. Y en cuanto a la segunda vez que compareció el testigo Ca-rreras en la prueba directa principal de los demandantes (páginas 40, 41 y 42, récord taquigráfico) más que para otra cosa fué para identificar un plano, a cuya admisión se opuso la representación de los demandados.

No encontramos error alguno en la admisión de estas declaraciones, ni vemos que la parte añora apelante prepa-rara, con su excepción, la formalizaeión de este supuesto error.

Con estos antecedentes entendemos qne no cabe revocar la sentencia de qne se trata; pero dada la manifestación de la parte apelada con respecto a qne no pretenda impedir qne los demandados pasen por la finca para entrar en la casa, debe modificarse la sentencia en el sentido de que ella no impide tal paso de los demandados, y, con esa modifica-ción confirmarse.


author: Eb Juez PbesideNte Señob del Tobo,

text:
    Ramón Banuchi, Alcalde de Isabela, peticionario y apelado, v. La Asamblea Municipal de Isabela, demandada y apelante.
    No. 4491.

    Visto: Febrero 24, 1928.

      Resuelto: Marzo 29, 1928.
    1. Certiorari —■ Naturaleza y Fundamentos — Término para Establecer el Procedimiento — Revisión de Actos Legislativos o Administrativos Mu-nicipales. — Radicada una petición de certiorari para anular ordenanza apro-bando un presupuesto municipal dentro de los treinta días siguientes a aquel en que es aprobada, no cabe sostener que la acción está prescrita.
    2. Certiorari — Naturaleza y Fundamentos — Personas con Derecho a Revi-sión por Certiorari' — Actos Legislativos Municipales. — Cuando una asam-blea municipal suprime en el presupuesto sueldos necesarios y asignaciones precisas para servicios públicos, el alcalde es parte perjudicada con derecho como tal a pedir, por medio del certiorari que autoriza el artículo 65 de la Ley Municipal, la revisión de la ordenanza.
    3. Certiorari — Naturaleza y Fundamentos — Actuaciones de Juntas y Muni-cipalidades — En General. — La supresión por una asamblea municipal de sueldos necesarios y asignaciones precisas para servicios públicos en el pre-supuesto, es contraria a la Ley Municipal y revisable por certiorari.

    4. Certiorari- — Naturaleza y Fundamentos — Actuaciones de Juntas y Muni-cipalidades — Ordenanzas Municipales. — La asamblea fué creada por la ley para tomar parte de acuerdo con la misma en la administración del municipio, no para obstaculizar y destruir la propia administración. Si así lo hace, se coloca fuera de la ley, la fuente de sus facultades se agota y es nulo cuanto realiee.
    5. Certiorari — Naturaleza y Fundamentos — Actuaciones de Juntas y Muni-cipalidades — Ordenanzas Municipales.- — Si bien a las asambleas munici-pales .corresponde la aprobación del presupuesto, y son ellas, finalmente, las que deben fijar los sueldos, sin embargo, cuando la fijación de sueldos se hace en tal forma que de hecho quedan abolidos los cargos, el derecho de las cortes para intervenir y declarar nulo lo hecho es elaro.
    SENTENCIA de E. 8. Mestre, J. (Aguadilla), declarando nula y sin ningún valor ni efecto una ordenanza municipal de Isabela apro-bando el presupuesto de ingresos y egresos de dicho municipio.

      Confirmada.

      B. Cuevas Zequeira, abogado de la apelante; V. M. Fernández y J. ValdejulU, abogados del apelado.
   Eb Juez PbesideNte Señob del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un procedimiento de certiorari instado de acuerdo con la sección 65 de la Ley Municipal vigente, Leyes de 1924, pág. 107, por Ramón Banucbi, como Alcalde de Isabela, contra la Asamblea Municipal de dicho pueblo.

La petición es larga y extensos los documentos acompa-ñados a la misma. Se presentó el 25 de junio de 1927. Los hechos pueden resumirse así:

Banuchi, como alcalde, preparó, de acuerdo con el teso-rero del municipio, el presupuesto para regir en el año eco-nómico de 1927 a 1928 y lo remitió a la asamblea. Esta en su sesión del 11 de mayo de 1927 lo tomó en considera-ción y después de introducir en él radicales modificaciones, lo aprobó y a su vez lo remitió al alcalde para su aproba-ción. El alcalde lo devolvió con su veto y la asamblea lo aprobó de nuevo por el voto de dos terceras partes de sus miembros, poniéndolo así en vigor. Fué entonces que el alcalde acudió a la vía judicial en demanda de justicia, sos-teniendo que la asamblea había actuado fuera de sus atri-bliciones al no limitarse a enmendar sino a variar de tal manera el presupuesto que de hecho anuló la intervención del alcalde y la posible de los contribuyentes; que la actua-ción de la asamblea era además contraria al Acta Orgánica de Puerto Rico porque rebajó sueldos a funcionarios du-rante el período de sus cargos, y que el presupuesto apro-bado definitivamente era nulo porque las variaciones en él introducidas no se habían inspirado en la necesidad o uti-lidad públicas, ni estaban de acuerdo con los ingresos y egresos de años económicos anteriores, ni permitían obte-ner, a virtud de los sueldos asignados para determinados cargos, personas competentes para servirlos, habiéndose además dejado de proveer para el pago de ciertas deudas contraídas por el municipio.

Las variaciones más importantes introducidas por la asamblea al presupuesto preparado por el alcalde, fueron:

En cuanto a los ingresos, se rebajaron: de $708.75 a $533.52 el ingreso por impuesto sobre carnes, de $2,651.68 a $1,836.48 los ingresos de la planta eléctrica, de $106.50 a $78.12 las entradas por multas de la corte de paz, y de $2,357.98 a $2,000 la partida de “intereses.”

Y en cuanto a los egresos, ocurrió lo que sigue:

La partida de $100 asignada para material del inspector de escuelas se aumentó a $150. La asignación para alqui-ler de casa de dicho inspector se elevó de $240 a $300 la de $50 para gastos de viaje del mismo se subió a $100 y a $100 se elevó la partida de $50 asignada para gastos de viaje del ayudante inspector. Los $300 asignados para material para las escuelas se elevaron a $400. El sueldo del primer conserje de las escuelas se ascendió de $240 a $300 y el del segundo de $150 a $200. En vez de $285 que figu-raban para adquisición y reparación de equipo escolar, se asignaron $600.

Por el contrario, el sueldo del director escolar se rebajó de $600 a $120 y la partida de $334.70 para imprevistos es-colares a $54.70

El sueldo del alcalde fijado en $900, se rebajó por la asamblea a $1, reduciéndose la partida de material de su oficina de $100 a $50.

La cantidad de $100 fijada para reparaciones de calles y plazas se rebajó a $10 y la de $100 para reparación de caminos a $1.

Se habían asignado por el alcalde $150 para limosnas a pobres y la asamblea redujo la partida a $50. En cambio aumentó a $100 la de $75 fijada para ataúdes a pobres.

En el presupuesto del alcalde aparecía lo que sigue: “Becas. Para estudiante en el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas de Mayagüez, $100.00.” La asamblea dis-puso : ‘ ‘ Que se enmiende el nombre de la partida señalada para una beca en el Colegio de Agricultura y Artes Ma-míales de Mayagiiez haciendo constar qne la cantidad de $100 señalada para tal fin sea para el joven Artnro Bio-llano de esta población.”

El sueldo del director de beneficencia se rebajó de $2,100 a $1,500.

El sueldo del escribiente del registro civil se redujo de $900 a $600.

La partida de $100 asignada para seguros contra incen-dios, fue eliminada.

El sueldo del operador auxiliar de la planta eléctrica se rebajó de $480 a $360. T la partida para combustible de dicha planta fijada en $1,372 se elevó a $2,000.

El sueldo del conserje del matadero se rebajó de $300 a $125 y el de conserje del cementerio se elevó de $300 a $360.

Por último, las partidas de $701.15, de $645.40, de $502.19 y de $29.25 fijadas en el presupuesto del alcalde para pa-gar deudas contraídas según él por el municipio respecti-vamente con la West India Oil Co., The Texas Co., Félix B. Hernández y Georgino Cortés, fueron eliminadas “por las mismas razones que adujo la asamblea al aprobar el presupuesto ordinario para el año económico de 1926-27 en que tampoco fueron reconocidas dichas deudas.”

Fuera del razonamiento que antecede, el acta no revela fundamento alguno para los acuerdos tomados en; relación con los egresos. Un asambleísta proponía sin explicar por qué; se secundaba su proposición; no había objeción, y se aprobaba por unanimidad o con el voto en contra de uno. Al fijarse el sueldo del alcalde en un dólar al año, el acta dice que ocurrió lo que sigue:

“3* Propone que se asigne un dólar como sueldo anual para el Alcalde. Secunda el Sr. Muñoz. Se somete a discusión y el Sr. Estrella se opone fundándose en que por tal cantidad no será posi-ble que un Alcalde desempeñe eficientemente los deberes de su cargo. No habiendo más oposición se somete a votación siendo así aprobado Con el voto en contra del Sr. Estrella.”

El auto solicitado por el alcalde fué expedido el 28 de junio de 1927. Los documentos que contiene el return con-firman en un todo los hechos que dejamos expuestos en re-lación con las actuaciones del alcalde y la asamblea sobre el presupuesto del municipio para el año económico de 1927 a 1928.

La asamblea por medio de su abogado presentó una moción de sobreseimiento, basándose en que el alcalde no tenía personalidad para iniciar como tal el certiorari, en que de la propia solicitud aparecía que la asamblea babía actuado de acuerdo con la ley; en que la rebaja de los suel-dos estaba dentro de la potestad de la asamblea; en que la petición no aducía hechos suficientes, y en que en todo caso el derecho que pudiera tener el peticionario había pres-crito cuando fué ejercitado.

El 15 de julio de 1927 quedó el asunto sometido a la corte de distrito que lo resolvió a favor del alcalde el 19 de octubre siguiente, exponiendo en una metódica y com-pleta opinión los fundamentos de su fallo. En su parte dispositiva la sentencia dictada declara:

“. . . . nula y sin ningún valor ni efecto la ordenanza votada por la Asamblea Municipal de Isabela el día 11 de mayo de 1927 aprobando un presupuesto de ingresos y egresos para regir durante el año económico 1927-1928 en dicho Municipio, y la cual ordenanza fué aprobada nuevamente en la sesión extraordinaria que celebrara dicha Asamblea el 26 del expresado mes y año, sin especial conde-nación de costas.”

Apeló la asamblea, celebrándose la vista del recurso el 24 de febrero último. Aunque el apelado informó en el acto de la vista por medio de su abogado, no presentó ale-gato por escrito, limitándose a archivar un memorándum, de acuerdo con el permiso que se le concediera, unos días después de celebrada la vista.

La primera cuestión que debemos considerar es la de prescripción. No tiene fundamento alguno. Según demuestran los autos, la petición se radicó en la Corte de Distrito de Aguadilla el 25 de junio de 1927 y no el 28 como sostiene la asamblea en sn moción de sobreseimiento, y a esa fecha no había transcurrido el plazo de treinta días que fija la sección 65 de la Ley Municipal, ya que la asam-blea aprobó el presupuesto finalmente el 26 de mayo de 1927.

La segunda cuestión que surge es la de si el peticionario en su capacidad de alcalde, ejercitando el recurso de certiorari, podía o no recurrir a las cortes de justicia en demanda de que se declarara nula la ordenanza.

La sección 65 de la Ley Municipal que autoriza el re-curso, copiada a la letra, es como sigue:

“Artículo 65. — Las cortes ele distrito tendrán jurisdicción a ins-tancia de parte perjudicada:
“(a) Para anular o revisar cualquier acto legislativo o admi-nistrativo de la asamblea municipal, del alcalde o de los demás fun-cionarios municipales que lesione derechos constitucionales de los querellantes o sea contrario a la Ley Orgánica o las leyes de Puerto Rico, mediante certiorari;
(b) Para suspender mediante injtmction la ejecución de cuaL quier ordenanza, acuerdo, resolución u orden que lesione derechos garantizados por la constitución o las leyes insulares;
“ (c) Para compeler, mediante auto de mandamus el cumpli-miento de deberes ministeriales por los funcionarios municipales;
“ (d) Para conceder, mediante juicio ordinario, conpensaeión de daños y perjuicios a los perjudicados por actos u omisiones de los funcionarios municipales, por malicia, negligencia o ignorancia in-excusables.
“En los dos plumeros casos la parte perjudicada podrá solamente establecer la demanda correspondiente dentro del plazo de 30 días, a contar de la fecha en que el acto ejecutivo o administrativo haya sido realizado o que la ordenanza, acuerdo, resolución u orden ha-yan sido publicados o comunicados a la parte querellante.”

La jurisdicción de la corte para conocer del caso, es clara. El derecho del peticionario depende de si puede con-siderársele o no como parte perjudicada.

El peticionario fué elegido Alcalde de Isabela por el pueblo en una' de las elecciones generales celebradas en Puerto Rico. El cargo de alcalde es remunerado. El mon-tante de la remuneración .debe fijarse como sueldo en pre-supuesto. Art. ¿5 de la Ley Municipal, Leyes de 1924, p. 95' También deben recibir sueldos los funcionarios ejecuti-vos y empleados del municipio. ' Se trata de servicios pres-tados por personas .que dedican a ellos todo, gran parte o parte de su tiempo y que usualmente viven del sueldo que 'por tal concepto perciben. Podría concebirse .que se desa-rrollara una situación económica tan desabogada y un espí-ritu público tan entusiasta, que no ya uno, sino todos los puestos de determinada administración municipal se sir-vieran gratuitamente. Pero ello sería un caso que por lo raro llamaría la atención. En nuestra isla regístrase al-guno que otro ejemplo de haberse desempeñado el cargo dé alcalde destinando el funcionario su sueldo a otras atencio-'nes públicas. Pero aún en ese caso el sueldo siempre exis-tió.

De lo dicho se concluye que para que una administra-ción municipal pueda realizar en nuestro actual estado de desarrollo social sus funciones, los funcionarios y empleados de la misma deben percibir una adecuada remuneración por sus servicios. Así además lo ordena la ley.

Prescindiendo del perjuicio material que individualmente sufra un alcalde a quien una asamblea señale como sueldo un dólar anual, no es posible dejar de reconocer que como alcalde responsable ante el pueblo de la buena marcha de la administración, se le perjudica también con tal medida, y su perjuicio sube de punto si no sólo se le priva de sueldo sino de los otros medios materiales necesarios para cum-plir sus deberes y se hace más o menos lo mismo con otro de los funcionarios de la administración y con varios de los empleados. Y si se ahonda un poco más en la situación creada por una asamblea que suprima sueldos necesarios y asignaciones precisas para servicios públicos, se podría con-cluir que la verdadera parte perjudicada era la comunidad en general y en particular la administración municipal ele-gida cuyo legítimo representante es el alcalde.

Bajo cualquier aspecto, pues, que el caso se considere, se concluye que el alcalde como tal tuvo personalidad para iniciar este procedimiento. Véase San Millán v. Asamblea Municipal de Arecibo, 32 D.P.R. 279. Copiamos del sílabo:

“En el presente caso el peticionario fué elegido para el cargo de comisionado de servicio público, policía y prisiones, por un voto de siete contra seis miembros de la asamblea municipal. Se descu-brió luego que uno de los asambleístas estaba incapacitado por razón de ciudadanía para desempeñar el cargo. Subsiguientemente se reunió la asamblea y se declaró nula la elección del peticionario y el cargo vacante, habiendo sido elegida otra persona en su lugar. El peticionario sostuvo que él nunca fué destituido legalmente y que continuó activamente en el desempeño de su cargo. Se resolvió: ■que el peticionario es parte perjudicada con derecho, como tal, a revisar por certiorari, al amparo del artículo 65 de la Ley Municipal, el acuerdo de la asamblea que declaró nula su elección.”

El recurso ele certiorari autorizado por la Ley Municipal lia sido considerado por esta corte en varios casos como de naturaleza especial, amplio y propio para que las cortes de una manera inmediata y efectiva puedan intervenir, re-visar y anular en su caso cualquier acto legislativo o admi-nistrativo de la asamblea municipal, del alcalde . o de los demás funcionarios municipales que lesione derechos consti-tucionales de los querellantes o sea contrario a la Ley Or-gánica o a los códigos de Puerto Rico. T los actos realiza-dos por la Asamblea Municipal de Isabela en este caso son por lo menos manifiestamente contrarios a la Ley Municipal que es una ley de Puerto Rico.

La anterior conclusión va a los méritos del asunto que es lo que falta por considerar separadamente.

Dejando a un lado lo becbo por la asamblea en la ordenanza en cuestión con el director escolar a quien se le fijó un sueldo de diez dólares al mes y se le redujo la partida de imprevistos de $334.70 a $54.70, cuando se aca-baban de elevar todas las partidas al inspector escolar, fun-cionario nombrado por el Departamento Insular de Educa-ción. Sin fijarnos en las otras rebajas de salarios y de asig-naciones para servicios y sin tratar de penetrar en los mo-tivos qne pudiera tener la asamblea para proceder en la forma en que lo hizo, ya que ello debe ser campo vedado para las cortes, (Piovanetti v. Asamblea Municipal de Yauco, 31 D.P.R. 522), bastará que nos detengamos en lo hecho en relación con el alcalde para concluir que la ordenanza cuya, nulidad se pide lo es, porque la ley dió facultades a la asam-blea para dar vida a la administración municipal y no para destruirla, porque la ley dió facultades a la asamblea para fijar sueldo del alcalde y no para destituirlo. Si se reco-nociera potestad a la asamblea para actuar como actuó en este caso, habría que reconocer que la tenía para paralizar la administración a su antojo, para separar de su cargo al alcalde por encima de lo preceptuado por el legislador, que no otra cosa significa fijar a dicho funcionario un dólar de sueldo anual y asignarle once dólares para atender a la plaza y a las calles y a los caminos del municipio durante un año, rebajando además en más de la mitad las partidas-asignadas, y usualmente gastadas bajo la dirección del al-calde, para material de oficina y socorros a indigentes.

No hay duda alguna que de acuerdo con la ley es a la asamblea a la que corresponde la aprobación final del pre-supuesto, siendo ella la que debe, por tanto, finalmente fi-jar los sueldos y las asignaciones, pero su poder no es ar-bitrario. Bajo el gobierno de ley en que vivimos y que-constituye una de las grandes conquistas de la civilización, la ley debe siempre prevalecer. La asamblea fué creada por la ley para tomar parte de acuerdo con la misma en la administración del municipio, no para obstaculizar y des-truir la propia administración. Si así lo hace, se coloca fuera de la ley, la fuente de sus facultades se agota y es nulo cuanto realice.

La jurisprudencia sobre la materia es abundante. Si-guiendo una cita de Ruling Case Law que hizo en su opinión-la corte sentenciadora y que dice: “Cuando la Asamblea Municipal haya fijado un sueldo, su decisión no es revisable, a menos que el sueldo sea tan bajo que ninguna persona competente pueda aceptar el puesto.” 22 R.C.L. 531, en-contramos en la nota el caso de De Merritt v. Weldon, de California, reportado además de en 154 Cal. 545, en 16 Arm. Cas. 955, y de la nota que al pie del mismo figura, toma-mos lo que sigue:

“Parece bien establecida la regla de que un organismo público que tiene la autoridad de regular la compensación correspondiente a determinado cargo, pero que no tiene autoridad para abolirlo, no puede eliminar esa compensación en forma tal que en efecto quede abolido el cargo. Reid vs. Smoulter, 128 Pa. St. 324, 18 Atl. 445, 5 L.R.A. 517; State vs. Nashville, 15 Lea (Tenn.) 697, 54 Am. Rep. 427. Véase además Morris vs. Glover, 121 Ga. 751, 49 S. E. 786; People vs. Howland, 17 App. Div. 165, 45 N.Y.S. 347, confir-mado en 155 N. Y. 270, 49 N. E. 775, 41 L.R.A. 838; White vs. Auditor, 126 N. C. 570, 36 S. E. 132.
“En el caso de State vs. Nashville, supra, la corte dijo: ‘Si el alcalde cumple con los deberes impuéstoles por la ley, no tendría tiempo para dedicarse activamente a ningún otro negocio. Si la asamblea municipal puede privar al alcalde y al negociado de obras públicas de toda remuneración, entonces tiene poder para enervar a esos departamentos del gobierno en tal forma que desaparecerán toda su eficiencia y vigor y el gobierno de la ciudad quedaría prác-ticamente en manos de la asamblea. En ese caso el sistema de go-bierno dispuesto por la carta orgánica sería aniquilado y la inten-ción de la Legislatura quedaría burlada. No puede haber tenido la intención de revestir a la asamblea de una autoridad tan peligrosa.
“El caso citado está de acuerdo con las otras decisiones sobre la materia de que cuando un organismo público tiene autoridad para fijar la remuneración correspondiente a determinado cargo, pero no para abolirlo, no puede reducir la remuneración en tal forma que en efecto quede abolido el cargo. Bugg vs. Sebastián County, 64 Ark. 515, 43 S. W. 506; State vs. Shreveport, 124 La. 178, 50 So. 3; De Soto Country vs. Westbrook, 64 Miss. 312, 1 So. 352. Véase además Powell vs. Durden, 61 Ark. 21, 31 S. W. 740.
“En el caso de State vs. Shreveport, supra, en el cual aparecía que la asamblea municipal de la ciudad demandada había rebajado la remuneración del auditor municipal, cargo establecido por su carta orgánica, de $1,500 a $300 anuales, la corte, al resolver que tal rebaja era nula, dijo: ‘Cuando la constitución crea un cargo, la Legislatura no puede abolirlo o anularlo ni por medios directos ni indirectos; y cuando la Legislatura crea un cargo, la asamblea municipal no puede abolirlo o anularlo por medios directos ni indi-rectos. Y si la Legislatura o una asamblea municipal tratan de hacer indirectamente lo que legalmente no podrían hacer directa-mente, el derecho de las cortes a intervenir sería enteramente claro.”

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Gerónimo Guevara, peticionario, v. La Corte de Distrito de Ponce, Hon. Angel Acosta Quintero, Juez, demandado.
    No. 594.

    Visto: Enero 23, 1928.

      Resuelto: Marzo 29, 1928.
    Certiorari — Naturaleza t Fundamentos — Existencia del Recurso de Apela-ción — Caso en que no Facilita un Remedio Rápido y Eficaz. — Cuando existiendo el recurso de apelación se hace uso del extraordinario de cer-tiorari y no se demuestra que la apelación no sea adecuada, rápida y eficaz para los fines de la justicia, no procedo el certiorari.

    CERTIORARI para revisar resolución de Angel Acosta Quintero, J. (Ponce), concediendo permiso para intervenir en un pleito.

      Anidado el auto-.

      Leopoldo Tonnes, abogado del peticionario; J. Tous Soto-, compare-ció a nombre de la interventora.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Gerónimo Guevara nos presentó una solicitud para que librásemos un auto de certiorari a la Corte de Distrito de Ponce en pleito que en ella sigue contra Eulalio Gómez en cobro de pesos, porque después de dictada sentencia en él y de ser firme lia permitido que una tercera persona inter-venga en el pleito presentando demanda de intervención. Accedimos a esa solicitud y recibidos los autos originales de ese pleito tuvo lugar la vista de la petición con asisten-cia de las partes.

Aparece del pleito que habiendo demandado Gerónimo Guevara a Eulalio Gómez en cobro de dinero el Secretario registró sentencia en rebeldía del demandado condenándole a pagar la cantidad reclamada, y qne cuatro meses después Margarita Biaggi, esposa del demandado, compareció en ese pleito solicitando de la corte qne anulase la anotación de la rebeldía del demandado, qne dejase sin efecto la sentencia dictada contra él y qne le permitiese presentar una de-manda de intervención, alegando qne la obligación recla-mada es simulada y producto de una confabulación entre su esposo y su hermano político el demandante hecho para perjudicarla en sus bienes y en las rentas de ellos; qne el pagaré base de la demanda fné otorgado por su esposo des-pués de existir un' pleito de divorcio establecido por la pe-ticionaria, que ha terminado por sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico declarando sin lugar la demanda y alegando otras cosas más. La corte de distrito accedió a todas las peticiones de la esposa por resolución de 29 de noviembre de 1927, que el mismo día fué notificada al de-mandante, quien interpuso contra ella este certiorari el 29 de diciembre siguiente, después de haberse presentado la demanda de intervención de la esposa y de haber formulado el demandante la excepción previa de no alegar la demanda hechos determinantes de causa de acción.

La resolución recurrida por este certiorari era apelable de acuerdo con el artículo. 295, No. 3, del Código de Enjui-ciamiento Civil dentro de los diez días de dictada, por ser resolución especial dictada después de sentencia, pero el demandante no estableció ese recurso ordinario que le da la ley y después de vencido el término para apelar ha uti-lizado en su lugar el extraordinario de certiorari para que decidamos las mismas cuestiones que pudieron ser materia de la apelación.

En repetidos casos hemos declarado que no es proce-dente el recurso extraordinario de certiorari cuando la ley concede el recurso ordinario de apelación, a menos que ésta no resulte en el caso adecuada, rápida y eficaz para los fines de la justicia, circunstancias que no se nos ha demos-trado que concurren en el presente caso, en el que posible-mente en la excepción previa que el peticionario ha alegado contra la demanda de intervención de la esposa podrá de-mostrar que ella no tiene derecho a intervenir en el pleito.

Por el motivo expresado el auto de certiorari que libra-mos en este caso debe ser anulado.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


author: El Juez Asociado Señok AldRey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Claudio Guzmán, acusado y apelante.
    No. 3337.

    Visto: Enero 12, 1928.

      Resuelto: Marzo 30, 1928.
    1. Akmas — Akmas Prohibidas — Navaja Barbera. — Una navaja barbera es nn arma.
    2. Armas — Portar Armas Prohibidas — Proceso y Castigo — Apelación—Revi-sión — Conclusión Sobre las Pruebas — Clase de Arma Portada. — Cuando la prueba os contradictoria en cuanto a la clase de arma portada por el acusado, la corte inferior decide el conflicto en su contra y no hay motivo para declarar errónea tal decisión, procede confirmar la sentencia.
    3. Armas — Portar Armas Prohibidas — Proceso y Castigo — Evidencia — En General. — Cuando se acusa a una persona de portar una navaja barbera y los testigos de cargo se concretan a decir 'que el acusado portaba una navaja, sin manifestar que fuera barbera, esto no impide que una corte llegue a la conclusión que se portaba una navaja barbera.
    SENTENCIA de Angel Acosta Quintero, J. (Ponce), condenando al acusado por delito de portar armas.

      Confirmada.

      Agustín IS. Font, abogado del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señok AldRey,

emitió la opinión del tribunal.

Claudio G-uzmán fué acusado de portar una navaja barbera en un baile y condenado por el delito de portar armas prohibidas interpuso esta apelación en la que alega como primer motivo de error que la acusación no le imputa el delito por el cual ha sido condenado porque una navaja barbera no es un arma. Esta cuestión ha sido resuelta por nosotros en contra de la contención del apelante en los casos de El Pueblo v. Acevedo y El Pueblo v. Santiago, 34 D.P.R. 460 y 801.

El otro motivo de error se funda en que la sentencia no está sostenida por la prueba porque de ésta no resulta que el apelante portara una navaja barbera.

Los testigos del fiscal declararon que estando bailando el acusado ecbó su pareja a un lado, metió la mano en un bolsillo trasero y sacó una navaja con la que hirió dos ve-ces a Francisco González. El acusado negó en el juicio que portara una navaja pero admitió que tenía un cortaplumita, que fué lo que sacó; habiendo declarado un testigo suyo ■que vió al acusado un cortaplumas.

Como se ve esa prueba fué contradictoria en cuanto a la clase de arma portada por el apelante en el baile, con-flicto que decidió la corte en contra del acusado sin que ten-gamos motivo para declarar que fuera errónea esa decisión; j si bien es cierto que los testigos de la acusación se eon--cretaron a decir que era una navaja lo que portaba y no -dijeron que era una navaja barbera, esto no impide que la •corte y nosotros lleguemos a la conclusión de que portaba una navaja barbera, ya que uno de los significados de la palabra navaja, según el Diccionario de la Academia Espa-ñola, es la de filo agudísimo, sin punta, hecho de acero muy templado, que puede girar libremente entre sus cachas y sirve para hacer la barba.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


text:
    Amy Ramú, Apelados-Apelantes v. Sucesión Eugenio M. Verges, Apelados-Apelantes.
    No. 3712.
    Resuelto en Julio 6, 1927.
    De acuerdo con la opinión del tribunal en este caso, del Hon. Juez Asociado Sr. Hutchison, (pág. 52) se inserta aquí lo que sigue como parte de la misma.
   “Petición. — Sr. Juez de Primera Instancia: Don Enrique, Amy y Parefió, vecino de esta Villa, casado, mayor de edad y propietario, ante V. S. en la forma que mejor proceda, comparezco y digo: Que mis menores hijos doña Josefina,j don Enrique, doña Dolores y doña Carmen, habidos en mi primer matrimonio con doña Juana Carlota Ramú y Moret, son dueños de cuarenta y tres cuerdas de terreno y veinte y ocho y medio centavo de otra, sitas en el barrio de Jobos y lugar de Río Seco, de este término, colindantes al norte y oeste, con rnáis terrenos, hoy de la Sucesión de doña Carmen ’ Moret y Calandrau; al sud, con otros de doña Juana Carlota Ramú y Moret, hoy los citados menores, y al este, el camino' de Dureño que los separa de don Jesús María Texidor y Vázquez; que obtuvieron por compra a don Antonio J. Alcaide y Hernández por escritura de dos de noviembre de ' mil ochocientos noventa, otorgada ante el Notario de esta Villa don José Mariano Capó, según la comprueba con ’ el testimonio que en unión de otro título del vendedor Alcaide, ritualmente acompaño. Esos terrenos, en la operación dé venta que tengo concertada de otras también pertenecientes a mis dichos hijos con don Eugenio Verges, para cuya venta solicité y obtuve autoridad de V. S. por auto fecha veinte y dos de julio de mil ochocientos noventa y tres, pueden alcanzar mayor valor del en que se adquirieron y como negociación que conviene o reporta utilidades a mis hijos, de los cuales conservo la patria potestad, estoy resuelto a llevarla a cabo, destinando su producido a la compra de otra propiedad inmediata o colindante a la qne poseo en el barrio de Aguamanil, dando así a ésta mayor mérito o valor del que en la actualidad tiene, con lo que evidentemente demostrado queda, que en su día, ese aumento de valor de dicha pro-piedad a nadie más que a ellos beneficia; pero como para consumar la venta, o llevarla a término es necesario la auto-rización judicial, atemperándome a lo que en el presente caso dispone la ley, a cuyos preceptos me acojo, promuevo infor-mación testifical, al extremo de justificar la utilidad de la enajenación, para que los que presentare declaren con arreglo ál siguiente interrogatorio. Ia. Por las generales de la ley. 2a. Digan cómo es cierto y les consta que el terreno descrito no vale más que' la suma en que se obtuvo por compra, y que boy, por virtud de la operación de venta que tengo pen-diente con D. Eugenio Verges, de otros terrenos de mis menores hijos, alcanzarán mayor valor, por cuya circuns-tancia consideran la venta del terreno ya mencionado, de utilidad para dichos menores. 3a. De público y notorio, etc., etc. Poe taNto, suplico a V. S. se sirva admitirme la infor-mación que ofrezco y en su virtud autorizarme, con audiencia ■del Ministerio Fiscal, para vender las expresadas cuarenta y tres cuerdas de terreno y veinte y ocho y medio centavos de otra, disponiendo se me compulse testimonio de esa auto-rización a los efectos procedentes.”

‘‘Resolución final. — Auto.—En la Villa de Gí-uayama, a veinte de diciembre de mil ochocientos noventa y cuatro, el señor don Eduardo Ibáñez y Domenech, Juez de Ia Instancia de la misma y su partido. — Vistos.—Resultando: Que D. Enrique Amy Pareñó, en su concepto de padre legítimo de sus hijos doña Josefina, D. Enrique, doña Dolores y doña Carmen Amy y Ramu, habidos en su primer matrimonio con doña Juana Ramú y Moret, compareció pidiendo autoriza-ción judicial para vender cuarenta y tres cuerda^ de terreno y veinte y ocho y medio centavos de otra, pertenecientes a sus referidos hijos por compra a don Antonio J. Alcaide y Hernández, por escritura pública de dos de noviembre de mil ochocientos noventa, otorgada ante el Notario de esta Villa don José Mariano Capó, visible en este expediente, folios del seis al nueve inclusive, cuyos terrenos están situa-dos en el barrio de Jobos, lugar de Eío Seco, de este término municipal, lindantes al norte y oeste con más terrenos boy de la sucesión de doña Carmen Moret Calandran; al snd, con otros de doña Juana Carlota Ramú; boy los citados menores y al este, el camino de Dureño que los separa de don Jesús María Texidor Vázquez, con objeto de comprar otros terrenos colindantes a la propiedad que el referido don Enrique Amy y Pareñó posee en el barrio de Aguamanil, a lo que así se le da mayor valor del que en la actualidad tiene, y que ese aumento en su día a nadie beneficia más que a sus mencio-nados bijos. Resultando: que por las declaraciones de los testigos suministrados en la información practicada, de cuyo conocimiento el actuario di'ó fe, se ba acreditado la certeza de conveniencia de la venta de que se trata por ser benefi-ciosa para los menores. — Resultando: que es favorable el parecer del representante del Ministerio Fiscal. Conside-rando: que la venta la ba solicitado el padre de dichos menores, que se ba expresado el motivo de la enajenación y el objeto a que debe aplicarse la suma que se obtenga, habiéndose justificado la utilidad de la venta y se ba oído sobre ella al representante del Ministerio Fiscal. Vistos los artículos 154 y 164 del Código Civil, Dijo: Que debía con-ceder y concedía a don Enrique Amy y Pareñó la autoriza-ción para vender las cuarenta y tres cuerdas de terreno y veinte y ocho y medio centavos de otra antes descritas que corresponde a sus bijos doña Josefina, don Enrique, doña Dolores y doña Carmen Amy y Ramú, por compra a don Antonio J. Alcaide, dándose al recurrente los testimonios que solicite de esta autorización a los efectos (digo) fines consi-guientes. . .”

“Auto: En la Villa de Gruayama a veinte y dos de julio de mil ochocientos noventa” y tres, el Sr. Don Eduardo Ibáñez y Domenech, Juez de Ia. Instancia de la misma y su partido. Vistos: Resultando: que don Enrique Amy y Pareñó, en su concepto de padre legítimo de sus hijos doña Josefina, don Eduardo Enrique, doña María Dolores Dominga y doña María Carmen Amy y Ramú habidos en su matrimonio con doña Juana Ramú y Moret, compareció pidiendo autorización judicial para vender cuarenta y tres cuerdas y un cuadro de terreno, pertenecientes a sus referidos hijos, por herencia de su madre, situados en el barrio de Jobos, de este término Municipal, colindantes al sud, con el camino que conduce a Ponce; al este, con terrenos de don Jesús María Texidor; al norte, con tierras de la Sucesión Crousset y al oeste con. terrenos de la Sucesión Carmen, Yda. de Conner, con objeto de comprar otros colindantes con la estancia de café deno-minada ‘ Trinidad, ’ de la propiedad del mencionado don Enrique Amy y Pareñó, y de esa manera afianzar lo que pertenece exclusivamente a sus citados hijos, con mucho más valor y aumento de los que hoy tienen los que pretenden vender. Resultando: Que por las declaraciones de los tes-tigos suministrados en la información practicada, de cuyo conocimiento el actuario dió fe, se ha acreditado la certeza de la conveniencia de la venta de que se trata. Resultando, de esta misma información, que las cuarenta y tres cuerdas y un cuadro de terreno pertenecientes a los menores hijos del citado don Enrique Amy y Pareñó no valen hoy más que la suma de mil quinientos pesos, y que por efecto de la negociación para la compra de otros colindantes a la hacienda de café ya mencionada alcanzarán un valor de tres mil qui-nientos pesos, siendo por consiguiente de utilidad para los menores la enajenación de que se trata, los cuales han sido declarados herederos por iguales partes de su finada madre, por auto de cuatro del corriente mes, dictado por este Juzgado de Primera Instancia. Resultando: que es favorable el parecer del representante del Ministerio Fiscal. Conside-raudo que la venta la lia solicitado el padre de dichos me-nores, que se ha expresado el motivo de la enajenación y el objeto a que debe aplicarse la suma que se obtenga, habién-dose justificado la utilidad de la venta y se ha oído sobre ello al representante del Ministerio Fiscal. Vistos los ar-tículos 154 y 164 del Código Civil, Dijo: Que debía conceder y concedía a don Enrique Amy y Pareñó, la autorización para vender las cuarenta y tres cuerdas y un cuadro de terreno, antes descritos, que corresponden a sus hijos doña Josefina, don Eduardo Enrique, doña María Dolores Dominga y doña María Carmen Amy y Bamú, por herencia de su finada madre doña Juana Bamú y Moret, dándose al recurrente los testi-monios que solicite de esta autorización a los fines consi-guientes. . .”


author: JUEZ ASOCIADO SR. WOLE.

text:
    Amy Ramú, Apelados-Apelantes v. Sucesión Eugenio M. Verges, Apelados-Apelantes.

    No. 3712.
    Resuelto en Julio 6, 1927.

       Véase la opinión del Tribunal en .la página 49.

   OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SR. WOLE.

No veo que los hechos desarrollados durante el juicio cambiaran fundamentalmente los aspectos legales del caso según se presentaron en la opinión dictada por esta Corte al resolver la excepción previa. Amy v. Verges, 33 D. P. R. 372. Verges no dió una'causa válida (valid consideration) a los hijos de Amy. Verges tenía conocimiento de que estaba cancelando una deuda de Amy y no importa cuán benévola pudiera haber sido la intención de Verges para con los hijos de su hermana, ésa fué toda la causa que realmente pasó de Verges a Amy. Debe darse énfasis al hecho de que Verges sabía, y estaba obligado a saber, que mientras Amy trataba de disponer de los bienes de sus hijos, en realidad estaba pagando su propia deuda.

La orden de la corte autorizando a Amy para efectuar' la venta de la propiedad de sus hijos, en mi opinión, no puede favorecer a Verges. Esa orden meramente dió suficiente autorización a Amy para efectuar la venta de dicha propiedad. Una analogía al presente caso puede hallarse en el de El Pueblo v. Rosaly, 227 U. S. 270, donde la Corte Suprema de los Estados Unidos resolvió que las palabras “para deman-dar y ser demandado ’ ’ meramente establecían la personalidad del cuerpo político. La orden en cuestión no autorizó a Amy a hacer otra cosa que a vender. No le autorizó para que pagara sus propias deudas o para que regalara los bienes de sus hijos. Aun si Verg’es le hubiese entregado dinero en efectivo a Amy por la propiedad, y éste hubiese utilizado ese dinero para pagar su deuda a Verges, una corte de equidad declararía que la transacción no transfería causa alguna a los hijos de Amy.

Tampoco veo que haya habido una ratificación o que exista algún impedimento por parte de los hijos de Amy. El hecho de que el padre, quien era deudor de sus hijos por muchos conceptos distintos, les hiciera una segunda hipoteca general de la cual ellos derivaron algún pequeño beneficio, no puede constituir una ratificación. Al igual que cualquier otro acreedor, ellos podían aplicar preferentemente cuales-quiera utilidades o beneficios que obtuvieran a cualquiera otra de las muchas deudas que su padre había contraído con ellos.


text:
    Hernández, Peticionario-Apelante v. Corte Municipal de Manatí, Apelado.

    No. 4238.
    Resuelto en Febrero 24, 1928.

       Véase la opinión del Tribunal en la página 786.

   'OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SR. WOLE.

El elemento esencial de una sentencia es el poder' de ejecutarla. Por tanto, aunque he tomado parte en decisiones que resuelven que la ejecución de una sentencia se suspende cuando se interpone nn recurso de apelación, siempre be tenido serias dudas de si las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil que suspenden los efectos de una sen-tencia sin que se preste fianza o se dé una garantía, equivalen a un debido procedimiento de ley. Habiendo tenido estas dudas, aun cuando se interponga la apelación, no puedo quedar convencido de que un litigante victorioso tenga que esperar para ejecutar su sentencia basta que baya trans-currido el término para apelar. Aunque la ley en este caso expresamente dice que se expedirá la orden de ejecución des-pués de transcurrido el término para apelar, por sus propios términos no probibe que se expida la orden de ejecución cuando tal apelación no ba sido interpuesta. Debería existir siempre el derecho a ejecutar la sentencia basta tanto la parte perdidosa hiciera realmente imposible que la parte victoriosa pudiera ejecutarla. La idea que tengo es que el litigante victorioso siempre puede ejecutar la sentencia con sujeción a cualquier consecuencia que pudiera surgir si la parte vencida apela. Es ésta la razón por la cual existe el recurso de Audita querela. Véase 6 C. J. 850, et seq.


text:
    El Pueblo, apelado, v. Gerónimo González, apelante.
    CORTE DE DISTRITO DE ARECIBO
    No. 3144.
    Visto: junio 21, 1927.
    Resuelto: julio 12, 1927.
   En el presente caso se reitera la doctrina de la constitu-cionalidad de la ley sobre armas prohibidas establecida en varios casos siendo uno de los más recientes el de El Pueblo v. Díaz Cintrón, 36 D.P.R. 571.

No encontrándose, por otra parte que la corte sentencia-dora cometiera error manifiesto al apreciar la prueba con-tradictoria, se confirmó la sentencia.

El Juez .Presidente Sr. del Toro, emitió la opinión del tribunal.


text:
    No. 4150.
    Méndez Vda. de Hermida, Aplda. v. Acevedo, Aplte.
    C. D. Aguadilla.

      Injunction■

    Julio 6, 1927.
   Por cuanto las únicas cuestiones suscitadas por el ape-lante son:

“1. — La Corte de Distrito erró al declarar sin lugar la excepción previa opuesta a la demanda.
“2. — La Corte de Distrito cometió manifiesto error en la apreciación de las pruebas y actuó apasionadamente al de-clarar con lugar la demanda de este caso.”

Por cuanto si bien es cierto que la demanda no alega específicamente la posesión material de la finca propiedad de la demandante durante el año anterior a la supuesta per-turbación de tal posesión, y la mejor práctica hubiera sido exigir una enmienda en este sentido, sin embargo, se des-prende por inferencia del conjunto de las alegaciones conte-nidas en dícba demanda el hecho de tal posesión, y apare-ciendo que en todo caso tal omisión ha sido suplida por la prueba practicada durante el juicio.

Por cuanto después de un cuidadoso estudio de la trans-cripción de la evidencia y de la relación del caso y la opinión archivada por el juez de la corte inferior no encontramos indicio alguno de pasión o prejuicio ni error tan manifiesto en la apreciación de la prueba que exija una revocación de la sentencia apelada.

Por tanto se confirma la sentencia apelada.


text:
    No. 4104.
    Royal Bank of Canada, Apdo., v. Buenahora, et al., Apltes.
    C. D. Ponce.
    Cobro de dinero.
    Julio 6, 1927.
   Confirmada la sentencia apelada por los fundamentos .del caso The Royal Bank of Canada v. Buenahora, resuelto en Mayo 26, 1927, (36 D.P.R. 849).


text:
    No. 685.
    Rondón Viera, Recurrente, v. Registrador de la Propiedad de Guayama, Recurrido.

    Recurso Gubernativo.
    Julio 7, 1927.
   Pos cuaNto Don Francisco Rodríguez y su esposa Doña Ana Taboada son condueños con otras personas de una finca de 72 cuerdas de terreno, en la que tienen una participación indivisa de 3/5 más 1/10 de terreno, equivalentes a 50 cuerdas con 40 centavos de otra.

Pos cuanto los expresados consortes celebraron con Don Julio Rondón un contrato de siembra' y refacción con garan-tía hipotecaria sobre diez cuerdas de terreno de esa finca.

Pos cuanto el Registrador de la Propiedad negó la ano-tación del referido contrato por no acreditarse en forma alguna el consentimiento de los otros condueños para' el con-trato cuya anotación se solicita; contra cuya negativa ba interpuesto Don Julio Rondón este recurso gubernativo.

Pos cuanto igual cuestión la fiemos resuelto en el caso de Cayey Sugar Company contra el Registrador, 26 D. P. R. 543; siendo análogo el de Hidalgo contra el Registrador, 32 D. P. R. 508.

Por tanto debemos confirmar y confirmamos la resolu-ción recurrida.