text:
    In Re Torregrosa, Querellado.
    Solicitud presentada por el Attorney General sobre separa-ción del querellado del ejercicio de la abogacía y del no-tariado.
    No. 9.
    Resuelto en julio 23, 1917.
    Abogados — Separación del Ejercicio de la Abogacía — Notarios Públicos — Testamento Ealso. — IJn abogado que usando de las facultades que le confiere su título para ejercer la notaría, consigna que un hombre otorgó ante él su última voluntad, cuando es lo cierto que aquel hombre se encontraba mori-bundo y no pudo expresar ni expresó cuál era esa voluntad, no debe conti-nuar siendo abogado.
    Evidencia — Presunción. — Toda evidencia voluntariamente suprimida por una parte, debe presumirse que de haberse producido resultaría adversa para dicha parte.
    Abogados del querellante: Sres. Salvador Mestre, fiscal del Supremo, y José E. Figueras, fiscal del Distrito.

    Abogados del querellado: Sres. Luis Llorens Torres y Nemesio R. Canales.

   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un caso de disbarment. Se imputó al abo-gado Angel N. Torregrosa el hecho de habér autorizado el 9 de marzo de 1915, en Agnadilla, como, notario publico,1 — cargo que ejercía de acuerdo con la ley por virtud de su título de abogado, — el testamento falso de Artemio Yergne Muñoz.

i.: Presentada' la, .querella, se suscitaron, varias cuestiones de derecho que fueron resueltas por la corte. .y se ■señaló’ día para la práctica de las pruebas. Estas • consistieron .en do-cumentos y declaraciones de testigos.

El testamento de que se trata, copiado a la letra, dice así:

“Número trece. Testamento abierto. En la ciudad dé Agua-'dilla a las tres de la tarde del día nueve dé marzo de mil novecien-tos quince. Ante mí, Licenciado Angel M. Torregrosa, abogado • y notario de Puerto Rico, con residencia, vecindad y estudio en Agua-dilla. Comparece. En esta su casa habitación,, donde me consti-tuí previo requerimiento, Don Artemio Vergne Muñoz, de cincuenta años de edad, soltero, comerciante, de esta vecindad e hijo legítimo de Don Guillermo y de Doña Soledad. Y hallándose en el pleno goce de sus facultades mentales habla expedita y capacidad legal necesaria para poder testar a juicio de los testigos y de mí el nota-rio y además de su médico de cabecera el Doctor Don Simón Moret Muñoz, el que le asiste y me asegura también que está el dicho Se-ñor Vergne en el pleno uso .de sus sentidos a pesar de la dolencia que le tiene en cama, ordena su testamento como sigue: El funeral o entierro lo deja a disposición de su albaeea para cuyo cargo nom-bra a Don Agustín Guevara y Santini. Declara que no tiene ascen-dientes ni descendientes legítimos ni naturales. Ordena que la de-claración de sus bienes la haga su albaeea de acuerdo con los inven-tarios, libros o papeles que se hallaren a su fallecimiento. Declara que tiene interés en la casa que gira en esta ciudad bajo la razón de ‘López y Vergne’ de la que es socio, que tiene algunas deudas en contra y otros a favor, las cuales quiere sean pagadas o cobradas religiosamente no p'udiendo por momento determinar el montante de unas y otras.’ En el remanente de sus bienes, después de satisfechos los gastos de su enfermedad y muerte y de satisfechas sus deudas y en atención de los buenos procederes que para con él ha tenido su parienta Doña Josefa Muñoz Rivera de Guevara de esta vecin-dad, elige y nombra a ésta por única y universal heredera. Revoca y anula toda otra disposición anterior que de palabra o 'por escrito haya hecho con arreglo a sus bienes. Así lo otorga y no firma por impedírselo la debilidad de su pulso, pero autoriza al primero de los testigos para que lo haga a su nombre. Son testigos que conozco presentes, vecinos, mayores de edad, Don Enrique Palcón, Don Rosendo Pérez y Don José V. Cintrón. Y yo, el notario, del conoci-miento del otorgante y testigos, de cuanto aquí se refiera y de ha- ¡ bersé.. cumplido las'; disposiciones del; Código ' Civil, yo el notario doy fe dándola también de aprobar el testador y testigos, el enmen-dado . ‘Y! que -vale. Por imposibilidad física del testador. Don Ar-temio- Yergne Muñoz y como testigo Enrique O. .Falcon. ' Rosendo Pérez. José Y. Cintron. Dr. Moret' Muñoz. Firmado' y signádo. Ángel M. Torregrosa.”

. La prueba de cargo tendió a demostrar que Artemio .Yergne Muñoz.venía padeciendo de una larga enfermedad; que. sufrió dos operaciones, y que desde unos días antes de morir se encontraba en tal estado de postración que no podía. físicamente ejecutar acto alguno que dependiera de su volun-tad, bailándose el día antes de su muerte en el período agónico, . sin que se diera cuenta de nada. Siendo esto así, es claro que Vergne no pudo otorgar el testamento. La prueba de descargo tendió' a demostrar que si bien Yergne se bailaba gravemente enfermo conservó siempre el dominio de sus fa-cultades y el día antes de morir, a su propio ruego, su médico llamó al notario Torregrosa y ante él Yergne otorgó su tes-tamento con todas las formalidades de la ley.

El conflicto es evidente y toca a este tribunal estudiarlo y resolverlo. El becbo es grave. Un abogado que usando de las facultades que le confiere su título para ejercer la notaría consigna que un hombre otorgó ante él su última voluntad, cuando es lo cierto que aquel hombre se encontraba moribundo y no pudo expresar ni expresó cuál era esa voluntad, no debe continuar siendo abogado. La misma gravedad del becbo y la circunstancia de que de ser falso él testamento las personas que se bailaban presentes cuando se otorgó tomaron parte más o menos directamente en el acto delictivo, dificulta la averiguación de la verdad.

Que Vergne se encontraba el <lía 9 de marzo de 1915 a las puertas de la muerte, está admitido por ambas partes. Tam-bién lo está que a su casa concurrieron el Abogado-Notario Torregrosa, el Doctor Moret y las otras personas que inter-vinieron en el testamento, y que allí, el dicho día 9 de marzo de 1915, se hizo el documento. ¿Contiene éste la última vo-Juntad de Vergne? ¿Se encontraba Vergne en condiciones de expresarla?

v Vergne era un comerciante establecido en Aguadilla, sol-tero, al parecer sin familia. Vivía solo. Antes babía tenido relaciones ilícitas con una mujer que murió. TJn mucbacbo hermano de ella, Diego González, siguió en la casa de Vergne a su servicio. Al tiempo de morir, Vergne llevaba relacio-nes amorosas lícitas con una joven de Mayagüez. Durante su enfermedad, sostenía correspondencia con ella escribiéndole sus cartas la nurse que lo asistía, Francisca Ramos, porque él estaba imposibilitado de hacerlo por sí mismo. Su inten-ción al operarse había sido la de recobrar su salud para con-traer matrimonio con su novia.

La enfermedad de Vergne fué larga y penosa. Lo operó dos veces y siguió asistiéndolo hasta que murió el Doctor Moret. Además de la nurse, estaba encargado de asistirlo de modo permanente Temístocles Vázquez. El muchacho Diego González tuvo un disgusto por haber faltado un dinero, pero volvió a lá casa y en ella permaneció durante los últimos días de la vida de su dueño.

Temístocles Vázquez dijo que' había hablado con Vergne como hasta nueve o diez días antes de su muerte, que después de esa fecha, le hablaba pero él no le contestaba, que Vergne estaba ‘ ‘ casi moribundo ’ ’ que ‘ £no se movía casi. ’ Francisco López, socio de Vergne, fué a verlo el día en que aparece otor-gado el testamento, y al acercarse a la puerta de la habita-ción se echó para atrás porque lo encontró para él tan grave, que estaba casi moribundo. El mismo día este testigo recibió encargo de la nurse de mandarle unas tazas y dinero para el velorio. Según Diego González, desde tres días antes de mo-rir, Vergne “estaba con la \dsta tirada para atrás, y no de-cía nada.” El testigo le habló y'no le contestaba. Daniel Quintana estuvo a ver a Vergne horas antes del otorgamiento del testamento y la nurse lo llevó hasta su cama, “levantó (la nurse) un paño que tenía en la cara, lo vi y creí que es-taba muerto, pero me fijé aquí (señalando la garganta) y vi que había vida.” Leopoldo Vázquez, que fué a la casa de Vergne comisionado por el socio de éste precisamente con objeto de explorar' sus deseos acerca de si quería o nó testar, manifestó: “Entré a su cuarto y llamé a Don Artemio. Lé dije: Don Artemio, dice su socio-que si quiere hacer testa-mento. El me miró y no me dijo nada.”

Leyendo las declaraciones completas de estos testigos, sus contestaciones a, las preguntas y a las repreguntas, pueden encontrarse en ellas datos que levantan la duda de si Vergne se encontraba en realidad de verdad en un estado de postra-ción tal que le era absolutamente imposible otorgar el testa-mento. Sin embargo, para el que conoce algo el corazón bu-. mano; para el que se fijó en la actitud de los testigos al de-clarar; para el que ha meditado en el plan de defensa del querellado, y en el largo tiempo transcurrido, la figura de Vergne, postrado, moribundo, sin el dominio de sus facul-tades, surge clara del dicho de esos testigos que son los que en ese extremo han merecido crédito a la corte. Además, lañ otras circunstancias que .analizaremos en seguida nos llevan a inclinar la balanza de nuestro juicio del lado de la verdad de los cargos formulados contra el querellado. :.

Según el testigo Francisco López, el Doctor Moret lo citó para una conferencia en su oficina y en ella “me dijo que iba a cobrar por sus honorarios $3,000, que si quería hacer 'el negocio de darle $1,000 y entonces él me daría un recibo pol-los $3,000.” López se negó a aquel engaño. Pues bien, ese' DoctorMoret, pariente de la persona a cuyo favor testó Vergne, fué el que mandó a buscar al querellado, que para aquel entonces llevaba relaciones amorosas con una hija de la dicha persona a cuyo favor testó Vergne, para que ait-torizara el testamento; el que envió a su oficina-cuando se iba a otorgar el documento a Temístocles Vázquez para que le dijera a una. señora, que nunca.llegó, que lo aguardara, y volvió' a - recomendarle al salir que le picara- una mesa qué estaba medio sucia; el que aseguró que. el- testador estaba en el .pleno, uso de sus. facultades, y el que pidió por telégrafo y por teléfono a Caguas con marcada insistencia los nombres de los padres de Yergne que aparecen consignados en el tes-tamento. Quiso. explicar el doctor su petición a Caguas del iuodo que sigue: que se encontraba en casa de la heredera y llegó el querellado y leyó el testamento y la heredera mani-festó que el consignado no era el nombre del padre de Yergne; que si esto era así Vergne no hubiera tenido su inteligencia clara como él había afirmado, pues ninguna 'persona de clara inteligencia se equivoca al nombrar a sus padres, y entonces quiso averiguar la verdad llevado de su exceso de honradez profesional, pero esa excesiva honradez profesional no se armoniza con la actitud del doctor en la conferencia que tuvo con Francisco López, cuyo testimonio nos merece crédito.

Existe además la circunstancia de que no se explica el por qué de la elección de heredero. El parentesco es dudoso ele que existiera. Las relaciones de amistad entre la here-«dera y el testador no eran ni siquiera conocidas por el socio, ■del testador. Por el contrario parece inexplicable que Yergne 'Olvidara por completo a su. novia. Y son otros indicios el que ■se dejara de llamar al socio que estaba allí al lado, ep la misma población, para que sirviera de testigo o presenciara el acto, y que, lo mismo que a Temístocles Vázquez, se enviara fuera de la casa al muchacho Diego Gronzález. Cuando éste regresaba de cumplir la comisión que se le había encomen-dado, encontró la casa cerrada, no pudo entrar. ¿A qué esa precaución?

Por último, existe una circunstancia que no puede dejar de pesar en nuestro juicio, a saber: la actitud de la defensa ‘en relación con el testigo presentado por el Fiscal, Enrique O. Falcón. De todo lo ocurrido resalta el hecho de que ese testigo del Fiscal estaba controlado por la defensa y que por indicaciones de la defensa y usando un papel escrito por ella invocó su privilegio de .no declarar,porque su testimonio po-día incriminarlo. Debe advertirse que dicho testigo, que es. él que aparece firmando el testamento a ruego del testador, había declarado antes ante el Fiscal sin invocar tal privilegio. Se ha querido explicar que la recomendación de la defensa se debió a que siendo muy nervioso el testigo, permitir que de-clarara era exponerlo a contradicciones. A juzgar por su presencia, no" parecía tan nervioso el testigo. Además, si él realmente Rabia intervenido y Rabia firmado a ruego del tes-tador, ¡era tan sencillo que así lo declarara! Bajo todas las circunstancias que concurren, no podemos menos que aplicar la regla que dice que toda evidencia voluntariamente supri-mida por una parte debe presumirse que de Raberse produ-, cido resultaría adversa para diclia parte. Y no se diga que al terminar la prueba, tratando de explicar el incidente,' la de-fensa manifestará: “Si la corte lo desea se puede traer al Sr. Falcón a declarar. El motivo porque Ra invocado el privi-legio personal para no declarar es que es muy tímido, tiene un tic aquí en la cara, un movimiento nervioso, que le impide (Rabiar delante de nadie.” No era la corte la que tenía que ex-presar su deseo. Era la defensa la que debía resolver por sí misma, y su última manifestación, si algo demostró,- fué aclarar aun más el RecRo de que él testigo Falcón estaba en-teramente controlado por ella.

Por virtud de todo lo expuesto, opinamos que debe de-clararse probado el cargo imputado al querellado y separár-sele del ejercicio de su profesión de abogado-notario, con los démás pronunciamientos de ley.

Separado el querellado del ejercicio de su pro-fesión dé abogado, así como del ejercicio del notariado:

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldr'ey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez PresideNte Sr. Hernández,

license: Public Domain

text:
    Collazo, Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Caguas denegando la consumación de una venta.
    No. 325.
    Resuelto en julio 24, 1917.
    Venta con Pacto de Retro — Retroventa — Usura — Derogación de Leyes — Efecto Retroactivo. — La Ley No. 47 para reprimir la usura, de 13 de abril de 1916, no contiene cláusula derogatoria alguna y por tanto no puede regu- • lar un acto ejecutado con anterioridad a su promulgación por impedirlo el artículo 3 del Código Civil, preceptivo de que las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren expresamente lo contrario, no pudiendo en caso alguno el efecto retroactivo de una ley perjudicar los derechos adquiridos al amparo de una legislación anterior.
    Id. — Id.—Inscripción en el Registro — Consumación-de la Venta — Préstamo con Garantía Hipotecaria. — Las inscripciones una vez hechas están al am-paro de los tribunales de justicia, únicos competentes para decidir sobre su nulidad, y por tanto, inscrita una venta con pacto de retro de una finca hecha con anterioridad a la promulgación de la Ley No. 47, para reprimir la usura, de 13 de abril de 1916, no puede luego denegarse la consumación de la venta, transcurrido el plazo concedido para retraer, fundada en que tiene la presunción de un contrato de préstamo con garantía hipotecaria de la finca vendida, por haber conservado la posesión material de ella el vendedor.
    Abogado del recurrente: Sr. Celestino Benitez.- .

    El registrador recurrido, Sr. Francisco Socorro, compa-reció en nombre propio. .
   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez PresideNte Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública de compraventa otorgada en 31 de diciembre de 1912 e inscrita en el Registro de la Propiedad de Caguas, Manuel I. Rivera adquirióde Rosa Collazo con pacto de retro a un año plazo, una finca urbana, la que por otra escritura de 5 de abril dé 1913 el comprador Rivera ven-dió a Bartolomé' Collazo Díaz con el mismo pacto de retro' a que estaba sujeta, la que también fué inscrita en el mencionado registro en 15 de abril de 1913. ■

Presentada dicha escritura de 5 de abril de 1913 al Re-gistrador de la Propiedad de Caguas para que pusiera la nota de' consumación de venta por haber vencido el plazo señalado para la redención de la finca, el registrador se negó a ello por medio de nota que dice así:

“Denegada la nota de consumación de la venta que comprende el precedente documento, que es la escritura número 3, otorgada en Juncos, en 5 de abril de 1913, ante el notario Celestino Benitez, porque dicha venta tiene la presunción legal de un contrato de prés-tamo por el montante de $250 con garantía hipotecaria de la finca vendida, toda vez que la posesión material de ésta la conservó el ven-dedor.; y que se han estipulado intereses a favor del comprador, con la denominación de canon de arrendamiento del inmueble ven-dido, al tipo del treinta y seis por ciento anual. (Ley No. 47 para reprimir la usura, d'e 13 de abril de 1916, pág. 103); tomando en su lugar anotación preventiva a favor de Bartolomé Collazo y Díaz, por el término legal en la nota puesta el margen de la inscripción 3a. de la finca 743, folio 161 vuelto, tomo 16 de G-urabo. Caguas, 28 de mayo de 1917. Francisco Socorro, Kegistrador. ”

Esa nota está sometida a nuestra consideración a virtud de recurso gubernativo contra ella interpuesto..

Nos parece la nota' recurrida abiertamente errónea por infringir el artículo 3 del Código Civil, preceptivo de que las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren expre-samente lo contrario, no pudiendo en caso alguno el efecto retroactivo de una ley perjudicar los derechos adquiridos al amparo de una legislación anterior. La Ley No. 47 de 13 de abril de 1916, invocada por. el registrador, no tiene cláusula retroactiva y por tanto no puede regular un acto anterior a ella o sea ejecutado en 31 de diciembre de 1912.

También se ha cometido la infracción del principio san-cionado ya por la Dirección General de los Begistros de Es-paña-y por repetidas decisiones de esta Corte Suprema, de que las inscripciones una vez hechas están al amparo de los tribunales de justicia, únicos competentes para decidir sobre su nulidad. Las dos escrituras de compraventa con pacto de retro de 31 de diciembre de 1912 y de 5 de abril de 1913, ha-bían sido inscritas en el Begistro de la Propiedad de Caguas; y como ya dijimos al resolver en 10 de julio corriente el caso de Pérez contra el mismo Registrador de la Propiedad de Oaguas, (pág. 557): “Habiendo presentado el recurrente en el registro de la propiedad la escritura de compra de la finca *. * * de la que aparece que lia transcurrido el plazo concedido a sus vendedores para retraer y la petición de que se hiciera constar la consumación de la venta, sin que conste en el registro que la finca fué redimida, debió el re-gistrador anotar en sus libros la consumación de tal venta, pues esto es todo lo necesario para extinguir la cláusula re-solutoria. Resolución de la Dirección G-eneral de los Regis-tros de España, de mayo 18, 1865.”

Es de revocarse la nota recurrida.

Revocada la nota recurrida y ordenada la con-stelación de la venta de que se trata.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al drey y Hutchison.


author: El Juez Asociado SR. ■ Aldrey,

text:
    Cothran, Recurrente, v. El Registrador de Arecibo, Recurrido.
    Recurso gubernativo- contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Arecibo denegando la inscripción de una escri-tura de compraventa con hipoteca.
    No. 323.
    Resuelto en julio 24, 1917.
    Matrimonio — Saciedad de Gananciales — Bienes Adquiridos en Puerto Rico por Ciudadano de Nueva York, Casado en este Estado. — Si un ciudadano del Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, donde no existe la sociedad legal de gananciales en el matrimonio y donde los bienes que du-rante él adquiera el marido, que no sean privativos de la mujer, le perte-necen, y son de su libre disposición, compra en Puerto Rico un bien inmue-ble, siendo casado, puede enajenarlo o gravarlo muerta su esposa sin ha- . berse liquidado la sociedad conyugal, por no ser de aplicación el artículo .1322 del Código Civil que lo reputa ganancial.
    Id. — Jd—Denegatoria de Inscripción por Fundamentos.Distintos de los Ale-gados en EL Recurso. — Para acreditar qup el recurrente es ciudadano' del Estado de Hueva York, donde se casó y reside, se presentaron al registra-dor tres declaraciones juradas (affidavits), pero no habiéndose expuesto en la nota recurrida como motivo para no inscribir que tal heeho no pueda pro-barse en esa forma, no puede ahora alegar' que no sea bastante esa prueba para acreditarlo.
    Ahogado del recurrente: Sr. Gustavo Zeno Sama.

    El registrador recurrido Sr. Raúl Benedicto, compareció en nombre propio.
   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado SR. ■ Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

John T. Cothran vendió por escritura de Io. de junio de-1917 a José Terrón y Riollano una finca que había comprado mientras vivió su esposa, presentó el documento con otros en el Registro de la Propiedad de Arecibo para su inscrip-ción, y el registrador se negó a inscribirlo poniendo al pie de la escritura la siguiente nota:'

“Denegada la inscripción de la compraventa y de la hipoteca que comprende el documento por aparecer del registro que el ven-dedor Mr. John T. Cothran adquirió la finca enajenada siendo de estado casado, y la vende ahora siendo viudo sin acreditarse en ma-nera alguna haber sido liquidada la sociedad conyugal, pues si bien de los affidavits presentados resulta que dicho vendedor contrajo ma-trimonio con Mrs.- Ella B. Mitchell en el Estado de Nueva York,-donde no existe la sociedad de gananciales, el Tribunal Supremo de Puerto Rico en resolución de Io. de febrero del corriente año, caso No. 292, de Bracons v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, dispone, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 10°. del Código Civil Revisado, que los bienes inmue-bles están sujetos a las leyes del país en que están sitos; y de corn formidad con lo prescrito en la sección 7a. de la Ley de Io. de marzo de 1902 se toma anotación preventiva por término de 120 días a los efectos ¡ legales, al'folio 17 vuelto, del tomo 15, Bareeloneta, finca No. 764, anotación letra A. Arecibo, 2 de junio de 1917.”

Si un'ciudadano del Estado de Nueva York, Estados Uni-dos de América, donde no existe la sociedad legal de ganan-ciales' en el matrimonio'y dónde todos los bienes que durante él adquiere el marido, que no sean privativos de la mujer, le pertenecen y son de su libre disposición, compra en Puerto Rico un bien inmueble siendo casado, ¿puede enajenarlo o gravarlo muerta su esposa sin haberse liquidado la socie-dad conyugal? Tal es la cuestión envuelta en este recurso por la negativa del registrador.

En el caso de Bartolomew v. Allen, 24 D. P. R. 370, de-claramos que el hecho de adquirirse bienes en un país, que como el nuestro reconoce la sociedad legal de gananciales, no crea esa sociedad entre los esposos casados en un Estado donde tal sociedad legal no existe, y que no habiendo tal so-ciedad en el Estado de Nueva York no tiene aplicación el ar-tículo 1322 del Código Civil que reputa gananciales todos los bienes del matrimonio, y por tanto desaparece la presun-ción que en este sentido crea.

De acuerdo con esa doctrina, no teniendo la finca a que se refiere este recurso la presunción de ser ganancial, no es necesario para que el marido que la adquirió pueda dispo-ner de ella después de muerta su esposa que se liquide la so-ciedad de gananciales porque no existiendo tal sociedad en aquel Estado, no puede ser liquidada. También dijimos en ese caso que la ley personal del individuo es la del país a que per-tenece, la que le sigue donde quiera que se traslade, princi-pio que también establece el Código Civil en su artículo 9o. para los ciudadanos de Puerto Rico, aunque residan en país •extranjero.-

A pesar de esto sostiene el registrador recurrido en su alegato que no procede la inscripción de la venta por el de-fecto que ha mencionado, porque adquirida la finca por el marido durante el matrimonio, a título oneroso, sin que en la adquisición se hiciera constar que la hubiera adquirido con dinero de su exclusiva propiedad, debe reputarse como ganancial.

Estaríamos conformes con esta manifestación si el regis-trador en su nota no aceptara que el vendedor se casó en el Estado de Nneva York y que allí no existe la sociedad de gananciales, pero después de reconocer esos hechos por su nota recurrida no puede sostener que la finca tiene la pre-sunción de ser un bien perteneciente al matrimonio y no al marido que la compró. Es cierto que para acreditar que el recurrente es ciudadano del Estado de Nueva York, donde se casó y reside se presentaron al registrador tres declara-ciones juradas {affidavits), pero no habiendo alegado en la nota recurrida como motivo para no inscribir que tal becbo no pueda probársele en esa forma, no puede abora alegar que no sea bastante esa prueba para acreditar esos hechos.

La cita que hace el registrador en apoyo de su negativa del caso de Bracons v. El Registrador de San Juan, 24 D. P. R. 753, al efecto de que es el estatuto real y no el personal el qué debe aplicarse en este caso, no tiene aplicación porque la doc-trina en él sentada es la de que es aplicable la ley de Puerto Rico tanto en cuanto a la contratación de bienes inmuebles radicados en esta isla como a la cuantía de los derechos here-ditarios; pero en este caso no es ésta la cuestión sino única-mente la de si no existiendo la sociedad de gananciales en el matrimonio del vendedor por ser ciudadano de un Estado donde no existe dicha sociedad la finca adquirida por el re-currente tenía o no la presunción de bien ganancial y por tanto sí podía disponer de ella libremente muerta su esposa.

La nota recurrida debe revocarse y ordenarse la inscrip-ción.

Revocada la nota recurrida y ordenada la ins- ■ cripción del documento presentado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Ald'bey,

text:
    González, Demandante y Apelante, v. N. Santini & Co. et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Hnmacao en pleito sobre tercería de bienes inmuebles.
    Moción de los demandados y apelados para que se desestime la apelación.'
    No. 1687.
    Resuelto en julio 24, 1917.
    Tercería de Bienes — Apelación.—El término para apelar en pleitos <le tercería es de diez días que rige por la ley sobre tercerías de 1907 ampliada en 1908 y no por el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil.
    Abogados del apelante: Sres. José Martínez Dávila y 'Fulgencio Pinero.

    Abogado de los apelados: Sr. Rafael Arce.

   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Se. Ald'bey,

emitió la opinión del tribunal.

En este pleito, que versa sobre tercería de bienes mue-bles, ha presentado el abogado de la parte apelada N. Santini & Co. moción con súplica de que-desestimemos el recurso de apelación establecido por la parte demandante contra la' sen-tencia que lo resolvió definitivamente, fundada en que ha-biéndose dictado la sentencia en 2 de marzo de 1917, siendo notificada el mismo día al demandante, éste dejó transcurrir el término, de diez días que para apelarla le concede-la sec-ción 19 de la Ley de 14 de marzo de 1907 promulgada ...para determinar el procedimiento en los casos de tercería sobre bienes muebles y para otros fines, y no estableció su apela-ción hasta el día 28 del mismo mes y año, después de trans-curridos dichos diez días. Estos hechos están justificados con certificaciones del secretario de la corte inferior.

La Ley de' 14 de marzo de' 1907 citada por el peticiona-rio reguló el procedimiento en los casos de tercería sobre bienes muebles, que fué aplicable a las tercerías de bienes inmuebles por la ley de 12 de marzo de 1908, y según la .see-ción 19 de, aquella ley “contra las sentencias dictadas en los juicios de tercería, podrá apelarse en el término de diez días, y en la forma dispuesta por el Código de Enjuiciamiento Civil, para las apelaciones en general.”

Según este precepto el término para apelar sentencias en casos de tercería es solamente de diez días y el Código de Enjuiciamiento Civil sólo es aplicable en estos pleitos en cuanto a la manera de formalizar la apelación, o sea entre-gando al secretario de la corte en que fué dictada la senten-cia un escrito manifestando que se apela de ella y presen-tando idéntica manifestación a la parte contraria o a su abo-gado (artículo 296 del Código de Enjuiciamiento Civil), y también en cuanto a los procedimientos subsiguientes.

El término para apelar sentencias en casos de tercerías está fijado por la ley antes citada y no por el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1904, enmendado 'en 1908 y por la ley No. 70 de 1911 para las apelaciones a que dicho artículo se refiere. '

Como la apelación en este caso se estableció después del término legal de diez días, debe ser desestimada.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Hutchison.

El Juez Presidente Sr. Hernández no intervino en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Aldbey,

text:
    Vázquez, Demandante y Apelada v. Muñoz, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Gfuayama, en pleito sobre- cobro de dinero.
    No. 1643.
    Resuelto en julio 24, 1917.
    Pruebas — Preponderancia de la Prueba — Cobro de Pesos. — Siendo- la, eontror versia éntre las partes si las mercancías cuyo importe reclama la demandante ingresaron en poder del demandado como de la propiedad de aquélla o de la del apoderado del demandado, se resolvió: que la preponderancia de la prueba está en favor de que fueron entregadas por la demandante.
    Abogado del apelante: Sr. Francisco Cervony Qely.

    Abogado de la apelada: Sr. Eugenio Benítes Castaño.

   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Se. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

Isabel Vázquez viuda de Texidor demandó a José Muñoz Vázquez cobrándole la cantidad de $2,411.24 que era en de-berle según dos documentos suscritos por su apoderado A. McCormick por mercancías recibidas de aquélla, que le serían pagadas en 31 de julio de 1915.

El demandado compareció y celebrado el juicio recayó sen-tencia condenándole a pagar a la demandante la cantidad de 1,911 dollars sin especial condena de costas, contra la cual interpuso el perjudicado- el presente recurso de apelación.

Entre los motivos de error alegados por el apelante se halla el siguiente:

“9o. y 10°. La corte cometió error declarando sin lugar la mo-ción de non suit y (2) en dictar sentencia contraria a la evidencia del caso.”

Aparece como un hecho cierto que en Guayama existía una corporación denominada “A. McCormick & Co.,” dedi-cada al comercio, de la cual era presidente Arturo McCormick y secretaria Isabel Vázquez, viuda de Texidor. Que sus bienes fueron embargados y rematados por Clementina Vázquez y adjudicados al abogado Cintrón Lastra, en mer-cancías por mil quinientos pesos, como sustituto del abogado de esa demandante, Señor Eamos.

Isabel Vázquez trató de comprar a su hija Clementina Vázquez esas provisiones para seguir trabajando con ellas y su hija se las regaló.

Por esos días, a fines de febrero de 1915, el demandado Muñoz Vázquez se estableció como comerciante para ayu-dar a su cuñado Arturo McCormick y le encargó de todos los negocios de su, establecimiento. En el comercio de Muñoz Vázquez ingresaron y fueron vendidas en su mayor parte, las provisiones que Clementina Vázquez adquirió por su abo-gado por mil quinientos pesos y otras de sucursales de A. McCormick & Co., por cuatrocientos once pesos veinte y cua-tro centavos, que donó a su madre. En esto no bay duda alguna y lo acepta el mismo demandado en su declaración por lo que la verdadera controversia de las partes en este litigio es si las ingresó Arturo McCormick por cuenta» suya, debiéndolas o nó a Isabel Vázquez viuda de Texidor o si se ingresaron por cuenta de esta última.

Aun cuando de los libros de la casa de Muñoz Vázquez, que llevaba Arturo McCormick, aparece que en 21 de marzo de 1915 ingresó la partida de mil quinientos pesos con un valor de dos mil por cuenta capital de Isabel Vázquez de Texi-dor, la verdad es que ella nunca fue socia de Muñoz Vázquez, pues como él dice, nunca quiso formar sociedad con mujeres. No siendo pues Isabel Vázquez socia de Muñoz, lo único que queda por determinar es si las adquirió el establecimiento de Muñoz Vázquez por conducto de Arturc McCormick o de Isabel Vázquez.

Hay alguna confusión en la prueba) pero sin embargo, creemos.que la preponderancia de ella está en el sentido de que Isabel Vázquez no vendió esas provisiones a Arturo McCormick sino que fueron aportadas al establecimiento de Mu-ñoz Vázquez para ser vendidas ón.él y pagarle su importe a la dueña, demandante ahora, después del 31 de julio de 1915'.

Con la- sola prueba de la demandante existe alguna duda de si Arturo' McCormick teñía poder de Muñoz Vázquez para la operación que llevó a cabo con la demandante, pero en vista de la declaración del demandado de que había autorizado a su cuñado para.toda clase de operaciones y que le había dado un poder notarial, que no presentó en el juicio , para poder sostener que no estaba facultado para dicha operación y para suscribir en su nombre los documentos en que se basa la de-manda, debemos concluir también, que Arturo McCormick es-taba autorizado para suscribir por Muñoz Vázquez los docu-mentos a que nos referimos, creditivos del negocio por el cual se le demanda. Entendemos pues que la' prueba fue su-ficiente para sostener la sentencia condenatoria.

Los otros errores alegados sobre admisión de pruebas no tienen importancia alguna en este recurso por lo que sin necesidad de considerarlos, terminaremos declarando sin lu-gar el recurso%y confirmando la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Asocia-dos Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Aldeey,

text:
    Román, Demandante y Apelante, v. Martínez, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 1663.
    Resuelto en julio 24, 1917.
    Pagabas a la Oblen — Documentos Negociables — Endosos—Abonos 'Antes del Vencimiento. — Cuando el demandante es un tenedor de buena fe mediante endoso por valor reeibido de un pagaré a la orden adquirido antes de su vencimiento, sin que hubiera tenido conocimiento de abonos heehos por el deudor al primitivo acreedor antes de que venciera, tiene derecho a recobrar la cantidad total del migmo, con los intereses estipulados, porque estando a la orden es un documento negociable mediante endoso, sin necesidad de poner el traspaso en conocimiento del deudor. El hecho de que al pie del pagaré fué que el deudor' expresé que era a la orden no es de importancia.
    Id. — Id.—Créditos Mercantiles. — El resultado de extender un pagaré a la or-den es hacerlo negociable sin necesidad de poner en conocimiento del deu-dor los traspasos o endosos que de él se hagan, porque este1 requisito sólo se exige eh los créditos mercantiles ho endosables ni al portador según el articulo 347 del Código de Comercio.
    Id. — Id.—Actos Mercantiles — .^DQUisídúN u® Buena Pe. — Reputándose acto mercantil un pagaré por estar' extendido a la orden y.con los requisitos"- de-terminados en el artículo 531 del Código de Comercio, le son aplicables las disposiciones de dicho código de acuerdo con el primer apartado del artículo 2 y no las del Código Civil, aunque se probara que no procedía de opera-ción de comercio, pues tal prueba, buena'entré- las partes contratantes del documento para destruir la presunción de ser comercial el pagaré, no puede deducirse contra el que _ de buena fe compra el documento que por sus tér-minos es comercial.
    Id. — Pagos al Tenedor Original. — La persona que suscribe un pagaré negocia-ble, no tiene derecho de asumir que no ha sido endosado o transferido y haciendo el deudor pagos de él al tenedor original, antes de que venza, des-truiría los derechos de un comprador de buena fe. Es el deber del que paga documentos ■ negociables antes de su vencimiento tomar precauciones para impedir que circule y si paga a uno que no es el dueño del pagaré en el momento del pago y solamente toma un recibo de dicho pago no estará pro-tegido por el pago contra el verdadero poseedor del documento; y aunque pague antes de ser transferido tampoeo estará protegido por esa forma dé pago porque el documento quedará íntegro por la deuda y lo deja en con-diciones de circular y ser adquirido de - buena fe por toda ella.
    Id. — Abonos o Pagos Parciales.- — -Los abonos o pagos parciales de un documento deben hacerse constar en el mismo pagaré para que el que lo adquiera sepa a cuánto está reducido.
    Id. — Defensa de Pago. — No es injusto el denegar la defensa de pago hecho antes del vencimiento de un pagaré a la orden que ha sido endosado porque si bien puede ocurrir que el acreedor transfiera el documento .en combinación con otra persona para que ésta reclame lo ya pagado, también puede suceder que el deudor se combine con el acreedor para simular pagos que no han existido.
    Ahogados del apelante1: Sres. R. Agrait Aldea, j Herminio Miranda.

    El apelado no compareció.
   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

Bemigio Martínez suscribió en 8 de febrero de 1913 un pagaré a la orden de Benito Machado por $3,000 que confesó haber recibido y se comprometió a pagar el 10 de febrero de 1915 con intereses al uno por ciento mensual pagaderos por mensualidades vencidas. En el documento se hizo cons-tar que si a ambas partes les conviniera reformarían el pa-garé a su vencimiento por mayor plazo.

Antes del vencimiento de la obligación el deudor .Martí-nez pagó a su acreedor Machado a cuenta del pagaré, mediante recibos y sin hacer constar los1 abonos al dorso del docu-mento, las siguientes cantidades: $112 en octubre 18 de 1913: $910 en mayo de 1914; $180 en noviembre 7 del mismo año y $1,105 en marzo 2 de 1915. En total $2,307.

Vencido el documento, Manuel Bomán demandó a Remi-gio Martínez en 19 de abril de 1915 para el pago de los $3,000 de dicbo pagaré y de sus intereses, alegando que le había sido endosado por Machado en 31 de diciembre de 1914; el demandado expuso como defensas los expresados pagos he-chos por él a Machado, que dejaban reducido su débito a $693, y que el demandante se había combinado con su acreedor Machado para, defraudarle' en los $2,307 que había pagado a cuenta de esa obligación. Celebrado el juicio la corte inferior dictó sentencia condenando al demandado a satisfacer al demandante solamente $693 con sus intereses al uno por ciento mensual convenidos, contra la cual interpuso el deman-dante el presente recurso de apelación alegando como fun-damento de él que la corte sentenciadora cometió error al no declarar con lugar la demanda en cuanto a toda la can-tidad reclamada y sus intereses, desconociendo los derechos del demandante Bomán, como cesionario de un pagaré a la orden, traspasado de buena'fe por valor recibido, antes de su vencimiento.

El demandante presentó en el juicio el pagaré con el en-doso fechado en 31 de diciembre de 1914 y, como testigo dei .demandado, declaró que el documento le fue endosado en la expresada fecha por compra -que de él hizo a Benito Machado por la cantidad de $2,700, pues le rebajó $300, los que le pagó con $200 que le debía Machado y entregándole los $2,500 res-tantes en efectivo y billetes. También declaró que cuando hizo la compra no sabía que el deudor hubiera hecho pago alguno a cuenta' de esa obligación y que el demandado .nada le ha pagado a él. ■

Creemos que esta declaración es bastante para probar esos extremos, toda vez- que no está contradicha ni resulta nada del resto de la prueba que pueda quitarle credibilidad, aun-que no haya declarado el endosante del documento.

La defensa del. demandado respecto .a combinación entre el demandante y su endosante para defraudarle en $2,307 que había pagado no fué probada y así lo declara el juez inferior en la opinión que escribió para fundamentar su sen-tencia.

Siendo por tanto el demandante-un tenedor de buena fe del documento adquirido antes de su vencimiento, y no habiendo tenido conocimiento de los pagos que su deudor hizo al pri-mitivo acreedor antes de que venciera la obligación, ¿tiene derecho el demandante a recobrar la cantidad total del pa-garé con los intereses estipulados? Tal es la cuestión pro-puesta por el apelante y que tenemos que resolver.

El pagaré cuyo pago se reclama está extendido a la or-den de Benito Machado. El. hecho de que al pie del docu-mento fué que el deudor expresó que era a la orden, no tiene importancia. Por estar extendido a la orden es que dicho documento es negociable mediante endoso sin necesidad de poner el traspaso en conocimiento del deudor. Serán repu-tados actos de comercio, dice el artículo 2 del Código de Co-mercio, los comprendidos en él y cualquiera otros de natu-raleza análoga; el artículo 531 menciona los requisitos que deberán contener las libranzas, vales y pagarés a la orden, los que reúne el pagaré que ahora se cobra; el 532 dispone que las libranzas a la orden entre comerciantes, y los vales o pagarés también a la orden, que procedan, de operaciones de comercio, producirán las mismas obligaciones • y efectos que las letras de cambio, excepto en la aceptación que es pri-vativa de éstas, y el artículo 490 que el que pague una letra-, de cambio antes de que haya vencido, no quedará libre de; satisfacer su importe, si resultare no haber pagado a persona, legítima. .

En el .caso de Vázquez v. Laíno, 23 D. P. R. 235, hemos-dicho que se presume que los pagarés a la orden son docu-mentos mercantiles, que surgen de operaciones de comercio,, salvo prueba en contrario; y en. el de Hernández v. Muñís, 10 D. R. P. 19, declaró este tribu-nal que ; el pagaré. a da ordep, es un. documento mercantil, de ,'acuepdp con el .Código . de, Ccu, mercio rigiéndose por sus disposiciones, y se hizo referencia a la sentencia del Tribunal Supremo de España de 25 de enero de 1898 en la que se consigna que los pagarés a la or-den y’ sus endosos deben reputarse actos mercantiles de .acuerdo con el artículo 2 del Código de Comercio, por ser de los expresamente definidos en ese cuerpo legal.

El resultado de extender un pagaré a la orden es hacerlo negociable sin necesidad de poner en conocimiento del deu-dor los traspasos o endosos que de él se bagan porque este requisito sólo se exige en los créditos mercantiles no endo-sables ni al portador según el artículo 347 del mismo código.

Reputándose en este caso mercantil el pagaré por estar extendido a la orden y con los requisitos determinados en «el artículo 531, extremo éste que no se discute, le son aplica-Mes las disposiciones del Código de Comercio de acuerdo con ' el primer apartado del artículo 2, y no las del Código Civil, <como erróneamente hizo la corte inferior, aunque se probara 'que no procedía de operación de comercio, extremo que no se probó ni. que Benito Machado no fuera comerciante, pues tal prueba, buena entre las partes contratantes del documento para destruir la presunción de ser comercial el pagaré, no puede aducirse contra el que de buena fe compra un docu-mento que por sus términos es comercial.

■ Es cierto que el demandado presentó recibos de varios pagos hechos a Benito Machado, su' primitivo acreedor, antes de que venciera el pagaré, pero fueron admitidos contra la objeción del demandante. El deudor no podía probar con . tales recibos contra un tenedor de buena fe del documento que s.u deuda había quedado reducida a $693. Su obligación era "la de pagar $3,000 el día 10 de febrero de 1915 y como •no tenía derecho ni obligación de pagarla antes de esa fecha, reí que compró de buena feel documento tenía derecho a creer •que.la deuda no estaba pagada en todo ni-en parte. La per-dona que suscribe-un pagaré negociable no tiene derecho de asumir. quemo ha sido endosado o transferido y haciendo . el deudor: pagos de él al-.tenedor original, antes de que venza, destruiría los derechos de un comprador de buena fe. Es el deber del que paga documentos negociables antes de su ven-cimiento tomar precauciones para impedir que circule y si paga a uno que no es el dueño del pagaré en el momento del pago y solamente toma un recibo de dicho pago no estará protegido por el pago contra el verdadero poseedor del docu-mento; y aunque pague antes de ser transferido tampoco estará protegido por esa forma de pago porque el documento quedará íntegro por la deuda y lo deja en condiciones de circular y ser adquirido de buena fe por toda ella. Los abonos o pagos parciales de un documento deben hacerse constar en el mismo pagaré para que el que lo adquiera sepa a cuánto está reducido. En el caso de Mobley v. Ryan, 14 Ill. 51, 56 Am. Dec. 490, se dijo: “El endosatario no queda afectado por cualquiera negociación entre las partes que intervinie-ron en el pagaré. No tiene que dar aviso del endoso al deu-dor. Este es quien debe asegurarse de quién es el tenedor .del documento y hacer el pago bien. Puede protegerse contra una reclamación del acreedor rehusando pagar si no se le presenta el documento. Si-sigue este camino no tendrá difi-cultades. El pago en cuestión fué hecho de una manera im-propia y debe sufrir las consecuencias de sus actos.” En la nota de este caso se cita el de Harrison v. Edwards, 36 Am. Dec. 364.

No es injusto, aunque lo parezca, el no permitir las de-fensas de pago hechas antes del vencimiento porque si bien puede ocurrir que el acreedor transfiera el documento en com-binación con otra persona para que ésta reclame lo ya pagado, lo que en este caso no se ha probado, también puede suceder que el deudor, se combine con el acreedor para simular pa-gos que no han existido. Si ha de pagar lo ya satisfecho será consecuencia de no hacer constar los pagos en el documento, que por ser comercial circulará de mano en mano sin constan-cia de pago, y de confiar en la honradez y en la responsabi-lidad del acreedor que recibió los pagos.

La sentencia apelada debe ser revocada y dictarse otra condenando al demandado a pagar los $3,000 consignados en sn pagaré más los intereses convenidos al nno por ciento mensual desde el 31 de diciembre de 1914, sin especial con-denación de costas.

Revocada la sentencia apelada y dictada otra condenando al demandado al pago de los $3,000 consignados en su pagaré e intereses, sin especial condenación de costas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Plutchison.


author: En Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Hernández et al., Acusados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en cansa por delito de asesinato en primero y segundo grados.
    No. 1089.
    Resuelto en julio 24, 1917.
    Asesinato en Primer Grado — Id. en Segundo Grado — Examen de los Hechos— Prueba Suficiente — Premeditación y Deliberación. — En este caso la prueba, tanto directa como circunstancial, demostró el hallazgo de un cadáver . malamente mutilado y devorado por los perros, el cual fué identificado; que la muerte fué violenta, producida por numerosas heridas de machete y puñal; que los acusados, uno de ellos hijo del interfecto, quien salió de su casa con dos armas y regresó con una sola y con la camisa ensangrentada, que fué lavada por su madre, fueron vistos en ocasión en que llevaban el cuerpo de la víctima, uno por la cabeza y otro por los pies, en estado desvalido y que- ■ jándose; que infirieron a la víctima heridas de machete y puñal, cargando luego su cuerpo al sitio donde fué encontrado; y que entonces limpiaron sus machetes en la orilla de una quebrada. También hubo prueba tendente a demostrar desavenencias entre padre e hijo y que con anterioridad a las agresiones referidas hubieron otras, así como que el día del suceso la víctima salió a hacer unas ventas y que los bolsillos de sus pantalones fueron encon-trados vueltos al revés. Se resolvió: Que toda esta prueba era suficiente a demostrar la premeditación y deliberación en el delito de asesinato en primero y segundo grado de que fueron convictos los acusados.
    Instrucciones al Jurado — Palta de Excepciones — Error Fundamental. — Nin-guna sentencia será revocada por supuestos errores en las instrucciones al jurado cuando no se ha tomado excepción, a menos que claramente aparezca que se ha cometido un error fundamental.

      Abogado de los apelantes. Sr. Juan B. Soto.

    Ahogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

    Cómplices — Atuda o Incitación — Mero Silencio. — El mero silencio' de un hombre, quien no ayuda o induce y que no tiene intento de ayudar al reo, no hace de él un cómplice.
   Los hechos están expresados en la opinión.

En Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una apelación contra sentencia de culpabilidad de dos hombres, José Hernández Pérez, convicto de asesi-nato en primer grado, y Juan Lallave, de asesinato en se-gundo grado. Además de la prueba del hallazgo de un cuerpo xhalamente mutilado y devorado por perros y de la identifi-cación del cuerpo como el del hombre que en vida era ■ cono-cido como Juan Hernández, padre de uno de los acusados, un perito prestó declaración tendente a demostrar que el dicho Juan Hernández había tenido una muerte violenta cau-sada por numerosas heridas producidas en su cuerpo y es-pecialmente en el pecho. La prueba principal tendente a la convicción de los acusados fué la declaración de Juan Her-nández, alias Maneme. El declaró que en diciembre 7, 1915, vió a José Hernández y Juan Lallave en el momento en que llevaban el cuerpo de Juan Hernández González, uno por los pies y el otro por la cabeza, y que cuando el testigo trató de huir, el acusado Juan Lallave lo detuvo cogiéndolo por el cuello, y llamando al otro acusado para que matara al testigo. Que ellos no le hicieren nada en vista de las súpli-cas que hizo, pero dejándolo •paralizado. Que entonces José Hernández pegó' a Juan Hernández González con su machete y después Juan Lallave le dió una puñalada a la víctima y que dicho José Hernández le dió otra herida, estando la víc-tima entonces con vida y'quejándose;, que los dos acusados dejaron el cuerpo un poco más ahajo del sitio en que se en-contró; que limpiaron sus machetes en la orilla de la que-brada, dejándolos allí; que ellos aterrorizaron al testigo y éste, bajo la acción del temor, guardó silencio por algún tiempo. Hubo prueba tendente a demostrar que la víctima era un hombre de carácter agrio, que vivía solo, y que no tenía nada que ver con su familia; que el día de la muerte él -fué al mercado a hacer algunas pequeñas ventas y tenía un poco de dinero en su bolsillo, y que los bolsillos de sus pan-’ talones se encontraron vueltos al revés. Hubo otra prueba tendente a demostrar un homicidio, ya que otro mozalbete declaró que el acusado José Hernández salió de su casa con dos armas' y regresó con una solamente y con manchas en la camisa que dijo el testigo ser de sangre; y que la madre de dicho acusado lavó una camisa ensangrentada que per-tenecía a dicho José Hernández. Hubo clara evidencia de numerosas heridas tendente a demostrar que, con anteriori-dad a las agresiones que Maneme declara, hubieron otros ataques y que los dos hombres estaban conduciendo su su-puesta víctima en un estado desvalido.

Consideremos la suficiencia de la prueba para demostrar la deliberación y premeditación que convierte el delito en un asesinato en primer grado. La declaración de Juan Maneme es lo principal que ha habido para demostrar la premedita-ción y deliberación. Su declaración ha sido atacada pero su testimonio está sostenido por las heridas de la víctima. El jurado tenía el derecho de creerlo. El está sostenido, en ver-dad, de otra manera curiosa. Juan Lallave ocupó la silla de testigos en su propia defensa y declaró que Juan Maneme y José Hernández cometieron el crimen, no en la arboleda donde el cuerpo fué encentrado, sino en la finca de Juan Her-nández, él interfecto. El acusado Lallave se colocó asimismo en la misma situación, con relación a los dos supuestos per-petradores del crimen, que Juan Maneme había ya alegado para sí, esto es, la de un espectador inocente. Pero el dicho acusado había hecho anteriormente manifestaciones al fiscal en las que no hizo en absoluto mención alguna de Maneme. Hubo entre estos dos hombres una contradicción que el ju-rado tenía el derecho de resolver, y encontramos que hubo prueba suficiente para que ellos así lo hicieran. No estamos convencidos de que el móvil del crimen fuera el robo. Pudo haber sido una reyerta. Existen en la prueba indicaciones de algo así como desavenencias de familia pero el hecho de encontrarse vueltos los bolsillos fué una circunstancia que el jurado tenía el derecho de considerar, para ver si se inten-taba ocultar un motivo más grave. Ni es necesario que el móvil apareciera claramente. Sea esto como sea, el continuo tajar del cuerpo de Juan Hernández González por su hijo, especialmente con ayuda de otra persona, era prueba sufi-ciente no sólo de un homicidio sino de un asesinato. ■ Con-siderando todo el caso la prueba tiende a demostrar que Juan Maneme y Juan Lallave estaban presentes mientras José Hernández tajaba a la víctima. Hay dos testigos que han declarado sobre su participación en el crimen.

Las instrucciones son impugnadas en este caso. En cuanto a la cuestión del grado .del delito las encontramos amplias. En otros respectos ellas son algo discursivas y quizás, si se tomaran párrafos aislados, se inclinen un poco contra los acusados. Por lo menos esto sería así, si fuera una cuestión de mera conexión de los acusados con el delito sin hacer re-ferencia al grado del mismo. Puede encontrarse en dichas instrucciones algo semejante a una suposición de que los acu-sados fueron los autores de la muerte de Juan Hernández González. De otra parte, ningunas excepciones fueron to-madas. No se hizo impugnación alguna al resumen hecho por la corte. En los casos de El Pueblo v. Lebrón, 23 D. P. R. 658 y El Pueblo v. Barrios, 23 D. P. R. 831, analizamos los casos y reafirmamos el principio de que no revocaremos por supuestos errores en las instrucciones, cuando no se ha to-mado excepción, a menos que estemos satisfechos de que se ha cometido un error fundamental, principio en que insis-timos de nuevo en el caso de El Pueblo v. Ramírez de Arellano, (pág. 263). Aquí se trata más bien de la actitud del juez que de un error específico. Pero las mismas instrucciones demuestran que el abogado de los acusados basó su defensa principalmente en el fundamento de que el delito, era un homicidio involuntario. Por tanto creemos, dado el ambiente de. la sala, que los acusados no tenían derecho a quejarse en este caso por cualquiera posible, suposición que existiera'de su conexión con el delito, y como hemos visto, la corte dió ins-trucciones muy cuidadosas y distintivas sobre los grados del delito, y sobre la duda razonable eran más favorables de lo que exige la ley. Tomando en conjunto las instrucciones y estando como estamos satisfechos de que hubo prueba sufi-ciente para la convicción, a falta de excepciones, no vemos que exista razón alguna que justifique una revocación.

Los' apelantes alegan que Juan Maneme debió haber sido corroborado porque él era un cómplice. El fué en verdad corroborado, pero no se demostró, ni fué admitido por él, que fuera un cómplice. El mero silencio de un hombre, quien no ayuda o induce y que no tiene intento de ayudar al reo, no hace de él un cómplice. 12 Cyc. 192-193. El paso adecuado que debieron haber dado los acusados fué el de pedir a la corte instruyera al efecto de que el jurado no diera crédito a la declaración no corroborada de Juan Maneme, si ellos creían que él era un cómplice.

En cuanto a la identificación del cuerpo, esto fué suficien-temente hecho por Juan Maneme, Juan Lallave y Wenceslao Gómez.

La sentencia debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison disintió.


author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. The South Atlantic Fruit Co., Acusada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en causa por delito de infracción al ar-tículo 353 del Código Político.
    No. 1144.
    Resuelto en julio 24, 1917.
    Corporaciones — Negocios—Licencia para Hacerlos — Derechos de Licencia— Acusación. — Toda la teoría del artículo 353 del Código Político consiste eu hacer negocios en Puerto Rico, y, por tanto, una acusación que sólo alega que una corporación dejó de pagar al Tesorero el derecho anual de licencia para un determinado año fiscal sin alegar que estaba haciendo negocios en Puerto Rico durante el año, no le imputa delito alguno.
    Id. — Id.—Rentas—Pastoreo de Ganado. — La mera recepción de rentas por una corporación por dejar pastar ganado, no constituye hacer negocios en Puerto Rico, a menos que se demuestre antes que el pastoreo de animales era uno de los objetos de los negocios particulares de la corporación.
    Id. — Agentes.—La mera declaración no corroborada de una persona de que él es el agente de una corporación, no es suficiente para obligar a ésta, especial-mente en una causa criminal.
    Ahogado del apelante: Sr. Oscar B. Fraser.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La acusación imputa una infracción al párrafo 3 del ar-tículo 353 del Código Político en relación con los párrafos 2, 4 y 6 del mismo artículo, alegando en sustancia, que The South Atlantic Fruit Company, a la que le fué concedida por el Tesorero de Puerto Rico una licencia para la tran-sacción de negocios en dicha isla, voluntaria y maliciosamente y sin excusa legal alguna, dejó de pagar al Tesorero de Puerto Rico la suma de veinte y cinco dollars que adeudaba por el año fiscal de 1915-1916 como requisito indispensable para poder hacer negocios en Puerto Rico. No se alega que la demandada o acusada estaba haciendo negocios en la isla durante ¿1 año fiscal de 1915-1916, ni que siquiera intentaba o se proponía ó pensaba en hacer negocios durante ese año. La acusada hizo su alegación de no culpable, se le celebró juicio y fué convicta del delito imputádole, después de lo cual estableció él presente recurso de apelación. Los párra-fos pertinentes de la ley son los que siguen:

“Artículo 353 (según quedó enmendado por la Ley de 10 de marzo de 1904, pág. 166). — (Párrafo 1.) Toda corporación, compa-ñía anónima de acciones o compañía limitada o asociación ya orga-nizada y constituida o incorporada bajo las Leyes de Puerto Pico, y toda asociación, corporación o compañía de éstas, que de ahora en adelante se estableciese con carta constitucional o fuese incor-porada en Puerto Rico, antes de proceder a la transacción de ne-gocios depositará, en la oficina del Tesorero de Puerto Rico, una copia auténtica de su carta constitucional o artículos de incorpora-ción, acompañada de una relación, corroborada con el juramento del presidente de dicha corporación y certificada por una mayoría de sus administradores o junta directiva, consignando el nombre o tí-tulo de dicha corporación, su domicilio, los negocios de que se ocupa, las sucursales que hayan sido establecidas y el registro comercial en el cual hayan sido registrados sus artículos de asociación o in-corporación.
(Párrafo 2), (según quedó enmendado por la Ley No. 11 de mayo 6 de 1913, pág. 56). “Será ilegal para toda corporación, com-pañía anónima de acciones o asociación que no esté organizada bajo las Leyes de Puerto Rico, excepto las asociaciones que no tengan por objeto un beneficio pecuniario, que proceda a hacer negocios, hasta que dicha corporación, compañía o asociación no haya ob-tenido del Tesorero de Puerto Rico una licencia formal para la tran-sacción de negocios en dicha isla; y no se expedirá semejante licen-cia por dicho Tesorero hasta que la corporación, compañía o asocia-ción no haya satisfecho, en concepto de derecho de- patente o de licen-cia la cantidad que se indica más adelante y no haya depositado en la oficina de dicho Tesorero una certificación bajo sello por el Se-cretario de Puerto Rico, probando que ha depositado en la oficina del Secretario una copia auténtica de su carta constitutiva y la de-claración y certificado de consentimiento requeridos por la ley; Dis-poniéndose, que una corporación extranjera sólo podrá hacer aque-llos negocios o tener aquellos poderes que una corporación domés-tica de naturaleza análoga haga y tenga en Puerto Rico, y en la extensión en que se autorice a esta última por las leyes locales; y la licencia que el Tesorero de Puerto Rico expidiere hará constar esta restricción en su contesto; Y disponiéndose, además, que será el deber del Tesorero de Puerto Rico dar cuenta al Attorney General, para la acción consiguiente de acuerdo con las disposiciones de la sección 40 de la Ley de Corporaciones Privadas, de cualquier corporación extranjera que estuviere haciendo negocios en Puerto Rico sin baber cumplido los requisitos que las leyes locales pres-criben y sin haber obtenido la licencia. Para ese fin, el Tesorero tomará la acción que fuere necesaria para obtener informes en todo caso en que alguna corporación extranjera estuviere haciendo nego-cios en esta isla, sin la autorización legal para ello.
(Párrafo 3.) “Será obligación de tales corporaciones, compañías o asociaciones renovar sus licencias anualmente el o antes del día primero de julio de cada año a contar del día primero de julio de mil novecientos uno; pero dicha renovación no será expedida por el Tesorero hasta que las citadas compañías, corporaciones o asocia-ciones no hayan pagado respectivamente los derechos de patente o licencia que más adelante se estipulan.
(Párrafo 4.) “Por la expedición y renovación de toda licen-cia, con arreglo a las prescripciones de este artículo, se -pagará la suma de veinte y cinco dollars al Tesorero de Puerto Rico.
if Vr w w w w
(Párrafo 6.) “El Tesorero dará cuenta de todas las infraccio-nes de este artículo al Fiscal de la corte respectiva, quien procederá inmediatamente a perseguir la corporación, compañía, asociación, em-pleado o agente que infrinja las mismas y al ser convictos de ello, dicha compañía, sus empleados o agentes pagarán a El Pueblo de Puerto Rico la suma de cuatrocientos dollars por cualquiera infrac-ción semejante.”

Es probablemente de mérito el.argumento de la apelante de que el artículo precedente ha sido derogado por la sec-ción 40 de la Ley de Corporaciones, según fue enmendada por la ley de abril 13, de 1916, página 84, que dice:

(Artículo 40. i) — “ Cualquier compañía por acciones o corpora-ción extranjera que haga negocios en esta isla, sin antes haber cum-plido con los requisitos exigidos en este Capítulo, y los representan-tes personales de la misma en Puerto Rico, incurrirán en delito me-nos grave (misdemeanor), y se les. castigará con una multa qüe no bajará de veinte y cinco dólares por cada día que dicha compa-ñía por acciones o corporaciones extranjeras o sus representantes per-sonales hayan dejado pasar sin cumplir con dichos requisitos.

“El Attorney General verá de qne las disposiciones de este ar-tículo sean cumplidas en todas sus partes y hará que las multas co-bradas ingresen en el Tesoro Insular.”

Las partes han discutido el punto más bien sumariamente y no nos satisface, nominalmente al menos, para revocar el caso por’este fundamento. No se ha citado autoridad alguna que sostenga el punto de que un estatuto penal caracteriza un delito ora como felony ora como misdemeanor. La ape-lante menciona la necesidad de tal caracterización para sos-tener que el párrafo 3o. del artículo 353 del Código Político no prescribe delito alguno, y que en caso contrario, dicho párrafo está derogado por la sección 40 de la Ley de Corpo-raciones Privadas. No se ha discutido ampliamente por el fiscal la cuestión de si estos dos estatutos penan el mismo delito. El alega que la convicción perseguida no es por hacer negocios sin licencia, sino por dejar de sacar una licencia para hacer negocios, diferencia sutilísima por cierto.

La apelante alega que no puede condenársele sin que se haya alegado y probado que estaba haciendo negocios sin licen-cia para ello. A simple vista el párrafo 3o. del artículo 353 del Código Político le exige a las corporaciones renovar sus licen-cias año por año. Tomado literalmente parecería que quiere decir que toda corporación debe renovar su licencia año por año, no importa haya seguido o no haciendo negocios en la isla. O lo que es lo mismo, que una corporación una vez autorizada para hacer negocios en Puerto Rico está obligada a pagar veinte y cinco dollars al año, indefinidamente.

Convenimos con la corporación apelante que toda la teo-ría del artículo' 353, antes citado, consiste en hacer negocios en Puerto Rico; más particularmente creemos que las pala-bras “tales corporaciones” del párrafo 3°., supra, se refie-ren a las corporaciones que hacen negocios eh'la isla. Es-tamos conformes con la apelante en que la acusación no im-puta delito alguno.

También convenimos con la compañía apelante en que la mera recepción de rentas por dejar pastar el ganado no constituye hacer negocios en la Isla, a menos que se demues-tre antes, que el pastoreo de animales era uno de los objetos de los negocios particulares de la corporación acusada.

Nos inclinamos también a creer que el Gobierno ha de - jado de probar que The South Atlantic Fruit Company estaba haciendo negocios de naturaleza alguna. En una finca particular se le permitió pastar a un ganado a un tanto por ca-beza y el Sr. W. F. Draper, presunto agente de la compañía admitió ese hecho. Pero su carácter de- agente no fue pro-bado. Su mera declaración respecto a su condición de agente no es suficiente para obligar a la demandada, especialmente en una causa criminal. De los artículos de incorporación aparece no que Draper, sino que una otra persona, era la que estaba autorizada para recibir notificaciones de procedimien-tos judiciales.

Las partes discutieron otras cuestiones que no hay nece-sidad de considerar.

La sentencia debe ser revocada y absuelta la acusada.

Revocada la sentencia apelada y absuelta la acusada.

Jueces concurrentes: S;res. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Wolf,

text:
    Mallen, Demandante y Apelante, v. Vidal et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre declaración judicial de patria potestad y nu- . lidad de nombramiento de tutores y otros extremos.
    No. 1560.
    Resuelto en julio 24, 1917.
    Patria Potestad — Divorcio—Pérdida de la Patria Potestad — Relaciones de Familia. — Roto y disuelto el matrimonio por virtud de sentencia de divorcio y concedida al cónyuge inocente la custodia y patria potestad de los.hijos menores conforme el artículo 234 del Código Civil, al fallecimiento de él el culpable no la recupera, pues la naturaleza de la custodia que se concede a la parte inocente es la de destruir la relación legal existente entre el cón-yuge culpable y los hijos aunque según el artículo 175 del mismo código, las relaciones de familia, consideradas aparte de la patria potestad, pueden con-tinuarse.
    Id. — Derechos de la Madee — Ausencia, Impedimento Legal o Muerte del Padre. — Siendo el dereeho a la patria' potestad natural e inherente a ambos padres, no fué la intención de la legislatura al modificar en 14 de maTzo de 1907 el artículo 222 del Código Civil que expresa que la patria potestad le corresponde al padre en primer término, el concederle un dereeho exclusivo sobre los hijos y de ab.olir el dereeho fundamental de la madre para que sola-mente surgiese en casos de ausencia, impedimento legal o muerte de aquél.
    Abogados de la apelante: Sres. José de Diego y Manuel Rodríguez Berra.

    Los apelados no comparecieron.
   Los Lechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Se. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La apelante buscaba una declaración judicial para obte-ner la patria potestad sobre su hijo menor y otros extremos. En vida de su marido se había divorciado y por virtud de la sentencia de divorcio la custodia del hijo se le había conce-dido al marido. Este falleció dejando tutores testamentarios para dicho hijo, y ella sostiene que a su muerte ha recuperado la patria potestad. Esta cuestión fué resuelta en contra de la demandante e'n la corte inferior al sostener una excepción previa interpuesta a su demanda.

La apelante admite que antes de marzo 14 de 1907, la sentencia de divorcio le habría privado definitivamente de su derecho a tener bajo su cuidado a su hijo por la razón de que antes 'de esa fecha el padre y la madre ejercían indistin-tamente la patria potestad sobre sus menores hijos, pero la ley fué modificada en marzo 14, 1907, en la siguiente forma:

“La patria potestad sobre los hijos ,legítimos no emancipados corresponde, en primer término, al padre, y en ausencia, impedi-mento legal o muerte de éste, a la madre.
“Los hijos ilegítimos, y los adoptivos menores de edad, estarán bajo la potestad del padre o de la madre que los haya reconocido o adoptado. Si ambos los hubieran reconocido o adoptado, será en ese caso aplicable lo dispuesto en el párrafo primero de este ar-tículo. ’ ’

La cuestión levantada por el apelante es la de que bajo la nueva redacción de la ley es que surge su derecho, y surge solamente en virtud de la muerte del padre, y que por lo tanto la sentencia de divorcio no podía afectar un derecho que nació después de la fecha en que se dictó la sentencia. 'En otras palabras, que aunque el artículo 234 del Código Civil dispone en efecto que el consorte culpable perderá la vpatria potestad cuando ]a custodia del hijo se le concede al otro cón-yuge, sin embargo una persona no puede perder lo que no tiene.

■ El argumento es de fuerza, pero no puede prevalecer en contra de la intención de la legislatura, según se evidencia por el artículo 222, según quedó enmendado, supra, y 234, y por la naturaleza general del divorcio. Una esposa tenía algo que perder en este respecto tanto' antes como después de marzo 14 de 1907. Ella tenía un derecho in potentia y en principio al dominio sobre su hijo, comparable a su derecho sobre los bienes gananciales. En verdad, respecto a los bie-nes gananciales durante la vida del matrimonio, sus derechos son dudosos y vagos, pero las cortes han resuelto que exis-ten. Según el artículo 222, enmendado, el marido tiene el derecho en primer término, pero no és un derecho exclusivo. Esto se prueba especialmente con el hecho de que pertenece a la esposa no sólo a la muerte de su marido sino que tam-bién en su ausencia. Siempre existe algún derecho aunque se encuentre acallado o dominado por el derecho del marido. Puesto que el derecho a la patria potestad es naturalmente inherente a ambos padres, no puede suponerse que la Le-gislatura, en 1907, iba a'abolir el derecho fundamental de la madre para que solamente surgiese en casos de muerte, incapacidad o ausencia del padre. Cierto que sea como ha dicho el apelante, al citar a- Sánchez Román, (Yol. II, Torn. V, pág. 1103), que la patria potestad es más bien una fun-ción natural que un derecho, pero además una relación ju-rídica existe necesariamente, como lo demuestra la misma naturaleza de este pleito. La patria potestad es una ins-titución jurídica. Creemos que la Legislatura mediante el artículo'234, quiso destruir dicha relación jurídica con el cón-yuge culpable, y la ley de 1907 supone la validez y subsisten-cia de dicha relación o función en cuanto a ambos padres. La naturaleza del divorcio es la de disolver el vínculo legal existente entre marido y mujer. La naturaleza de la custo-dia que se le concede a la parte inocente en un divorcio es la de disolver la relación legal que existe entre el padre culpable y el hijo. Esto está demostrado además por el artículo 175 del Código Civil, que dispone que:

“En todos los casos de divorcio, los hijos menores serán pues-tos bajo el cuidado y patria potestad de la parte que lo hubiese ob-tenido;' .pero el otro cónyuge tendrá derecho a continuar las rela-ciones de familia con sus hijos.”

Las relaciones de familia, consideradas aparte de la pa-tria potestad, pueden continuarse. La relación jurídica de la patria potestad es la que ha terminado.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez-Asociado Sr. Hutchison disintió.


author: El Juez demandado Sr. Félix Córdova Dávila, JUEZ ASOCIADO S.R. HUTCHISON, JUEZ ASOCIADO SR. ‘WOLE,

text:
    González Calderón y Compañía et al., Peticionarios, v. Córdova Dávila, Juez de Distrito, Demandado, y Asociación de Agricultores de Río Grande, Loíza y Carolina, Interventora.
    Solicitud para' que se espida un mandamiento de certiorari al Juez de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera,, en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 178.
    Resuelto en reconsideración en 24 de julio, 1917.
    SUMARIO de la opinión del tribunal, emitida por el juez asociado SR. HUTCHISON, EN jMXM) 22, 1917.
    Intervención — Asociación de Agricultores — Cobro de Dinero — Cuasi-Par-tes — Partes Interesadas — Certiorari.—Cuando una asociación de agricul-tores que no tiene un fin pecuniario entabla una demanda en cobro de pesos, no en su propio nombre, sino para beneficio de sus asociados, incluyendo, sin su consentimiento, a varios de ellos que representan una proporción mayor de la cantidad que se pretende recobrar, quienes tienen por tanto un . interés en la materia de la acción ejercitada, siendo ya no euasi-partes sino las verdaderas partes interesadas, y solicitan se les, permita intervenir como demandados alegando su interés en la acción y que el derecho exclusivo y personal que ellos tienen en el asunto no lo han transferido a la demandante, ni a ninguna otra persona, debe admitirse la intervención.
    Id. — Id. — Falta de Facultades para Representar a Asociados. — No existe principio alguno de ley que obligue a individuos que forman parte de una-asociación para favorecer la agricultura en general, prestando ayuda, de-fensa y protección a todos sus asociados en los casos en que éstos las hayan menester, y que tienen un interés en la misma, a elegir entre ser incluidos como demandantes o excluidos totalmente, o que se les" prohiba negar la ver-dad de las alegaciones hechas en su nombre o a su favor, si la asociación carece de facultades para representarlos-.
    Id. — Cuasi-Partes.—Aun en las Cortes Federales donde solamente puede permi-tirse la intervención en acciones de equidad y donde la regla es más rigurosa contra la admisión do partes que se encuentran en actitud hostil contra el primitivo demandante, la regla general que prohibe la presentación de nue-vas partes demandadas cuando se opone el demandante, no es aplicable con todo vigor, si la persona que desea comparecer pertenece a la clase conocida por euasi-partes, en cuyo término están comprendidas aquellas que ya están representadas en-la acción o que se presentan dentro de los límites del proce-dimiento pendente lite. Tales personas tienen derecho a ser oídas por la corte con respecto a cualquier cuestión que afecte a sus intereses; y la corte, los oirá bien mediante moción, o petición, o si fuese necesario, las reconocerá como partes litigantes activas. '

      SUMARIO DE LA OPINIÓN' DEL TRIBUNAL, EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SR.r WOLF, EN JULIO 24, 1917.
    Intervención — Derecho de Partes Interesadas a ser Oídas. — Una solicitud de ■ intervención debe generalmente demostrar un interés, pero cuando este apa-rece de la misma demanda, las partes que no desean que el pleito sea seguido en su nombre o representación tienen derecho a ser oídas, ya como deman-dantes o como demandadas, aunque no sea con otro objeto que el de renun-ciar o impedir la acción en su supuesto interés.
    Abogado de los peticionarios: Sr. Eduardo A cuña Aybar.

    Abogado de los interventores: Sr. José de Guzmán Benitez.

   Los hechos están expresados en las opiniones.

El Juez demandado Sr. Félix Córdova Dávila,

no compa-reció.

■ Los Jueces Asociados Sees. Hutchison y "Wole, emitieron .las opiniones del tribunal.

DPINIÓN DEL TRIBUNAL EMITIDA POE EL

JUEZ ASOCIADO S.R. HUTCHISON,

EN MAYO 22, 1917.

La Asociación de Agricultores de Río Grande, de Loíza y Carolina, qne en adelante se le llama Asociación, estableció una acción contra la Loíza Sugar Company, alegando én sus-tancia que la demandante es una Asociación, en el pleno ejer-cicio de su capacidad, domiciliada en el pueblo de Loíza del Distrito Judicial de San Juan, incorporada baj.o los precep-tos de la Ley No. 22 de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico “para la formación de asociaciones que no tengan por objeto un beneficio pecuniario,” aprobada en 9 de marzo de 1911, uno de cuyos propósitos es el de favorecer la agricul-tura en general, prestando ayuda, defensa y protección a todos sus asociados en los casos en que éstos las hayan menester; que todos los agricultores miembros de la Asociación deman-dante se dedican a la siembra y cultivo de la caña de azúcar y como colonos que son de la “Loíza Sugar Company,” han venido, desde el año 1911, vendiendo sus cosechas 'de dicho fruto a la corporación demandada, quien pesa las cañas en su romana y las recibe para molerlas en su factoría, obligán-dose a pagar a dichos colonos, como precio, seis libras de azú-car por cada cien libras de caña que de diclios' agricultores recibe, el cual precio les abona siempre en metálico, al tipo corriente a la sazón, en el mercado de azúcar de los Estados Unidos; que los colonos de la demandada, miembros aso-ciados de la demandante lian procedido siempre de buena fe y cumplido correcta y fielmente.su compromiso de sembrar, vender y entregar tocias sus cañas a la “Loíza Sugar Company,” lo que lian verificado confiando en la corrección de la compañía y en la exactitud de las liquidaciones que aquélla les lia presentado con nota del peso en su romana, de las cañas vendidas y del valor en efectivo del precio estipulado en especie, o sea de seis libras de azúcar por cada cien libras de caña recibidas por la Central; y al efecto, los miembros de la Asociación demandante ban venido entregando a la cor-poración > demandada, a tenor "del peso resultante de la ro-mana de la “Loíza Sugar Company,” ciertas cantidades de caña que se enumeran; que por su parte la corporación de-mandada no lia cumplido correctamente la obligación que se impuso de pagar a los mencionados agricultores, miembros de la Asociación demandante, el precio de las cañas comprádas-les- y recibidas de aquéllos, cual es el valor total de seis libras de azúcar por cada uno de los odio millones, trescientos mil cuatrocientos noventa y nueve quintales, cuarenta céntimos' de caña que dichos colonos agricultores le lian vendido y en-tregado durante las cosechas de mil novecientos once a mil no-vecientos catorce, inclusive; pues según han sido informados los susodichos agricultores, la compañía demandada les ha dejado de pagar, hasta octubre de mil novecientos catorce, la totalidad del precio estipulado, por haber ella eliminado del peso íntegro de todas las cañas que compraba, el uno y medio por ciento o sea una y media libra d.e caña, en cada quintal de este fruto; que con esa disminución de las cantidades que realmente importaban las cañas vendidas por los colonos de que se trata .a la corporación demandada, ésta ha perjudicado gravemente a dichos colonos reteniendo en su poder y de-jando de pagarles las sumas correspondientes a dicho seis por ciento desde 1911 a 1914, o sea el valor de siete mil ciento setenta quintales veinte y seis libras de azúcar que repre-senta dicho seis por ciento, los cuales importan veinte y dos mil, seiscientos sesenta y echo dollars, diez y siete centavos; que en octubre de mil novecientos catorce fue oficialmente contrastada por el Departamento de Pesas y Medidas la ro-mana de la “Loíza Sugar Company” y conocida que fué la anormalidad del peso de la misma, según se deja alegado, los colonos de la demandada y miembros de la Asociación de-mandante, enterados del perjuicio que venían recibiendo en el precio de sus cañas, acudieron a ésta para que los prote-giese y defendiese en sus derechos a percibir las sumas que la “Loíza Sugar Company” había dejado de pagarles por el concepto alegado y entonces, la Asociación demandante acordó autorizar al presidente para gestionar, en primer lugar amigablemente, con la demandada el cobro de dichas dife-rencias, y, en segundo lugar, para el caso de no obtener éxito' en sus gestiones privadas, acudir a los tribunales estable-ciendo, con ese objeto, las reclamaciones judiciales proce-dentes.

En la súplica se pide a la corte que dicte .sentencia con-denando a la corporación demandada, “Loíza Sugar Company,” a pagar a la asociación demandante, para sus asocia-dos los colonos de la demandada, la suma de veinte y dos mil seiscientos sesenta y ocho dólares, diez y siete centavos, más los, intereses, costas y honorarios de abogados.

La corte declaró sin lugar una excepción previa inter-puesta por la demandada en la que alegó, entre otras razones, que la demandante carece de capacidad legal para demandar en este pleito el pago del dinero que interesa en la demanda, en razón a que siendo dicha demandante una asociación que no tiene por objeto un beneficio pecuniario, no puede como tal asociación demandar lo que a sus asociados se adeude por razón de contratos celebrados individualmente con dichos aso-ciados sin consideración alguna a la Asociación, y que la demanda no adnce hechos suficientes para determinar nna cansa de acción.

Los peticionarios en este caso presentaron nna moción de intervención, alegando lo siguiente:

“Que los peticionarios todos son miembros activos de la Asocia-ción. de agricultores de Río Grande, Carolina y Loíza, demandante en este caso, que es una corporación organizada bajo las leyes de Puerto Rico, con fines no lucrativos, y se encuentran cubiertos en el pago de las cuotas que dicha asociación requiere para ser miembro activo de ella;
“Que los peticionarios han sido en los años de 1931 a 1914 y son en la actualidad, cultivadores de cañas de azúcar en terrenos que enclavan en los términos municipales de Río Grande, Loíza y Carolina'; y todas las cañas cultivadas y recolectadas en dichos terrenos bajo el control de los peticionarios en los expresados años, han sido molidas en la Central Canóvanas perteneciente a la Loíza Sugar Company, demandada en este caso a virtud de contratos celebrados entre dicha Loíza Sugar Company y los peticionarios; habiendo al-canzado la plantación de caña de los peticionarios próximamente a unas tres quintas partes del total de cañas molidas en dicha central en los años antes expresados;
“Que los peticionarios en su doble condición de miembros de la Asociación demandante y de colonos de la corporación demandada ‘Loíza Sugar Company,’ tienen en este pleito un interés directo e inmediato, por cuanto la acción en él ejercitada en cobro de diferen-cias, de precio de azúcar durante los años de 1911 al 1914 es y cons-tituye un derecho exclusivo y personal de los peticionarios que en ningún tiempo ni momento han transferido a la Asociación deman-dante; entendiendo los peticionarios bajo este concepto que dicha Asociación ■ demandante no está capacitada para reclamar judicial-mente, en cuanto a los peticionarios se refiere, las diferencias de precio de ázúcares que es objeto principal de esta demanda;
“Que basados en ese interés los peticionarios desean intervenir en este pleito, uniéndose a la corporación demandada en oposición a las pretensiones del demandante; y de acuerdo con el artículo 72 del Código de Enjuiciamiento Civil, solicitan de la corte el corres-pondiente permiso para presentar con el carácter de interventores, una contestación a la demanda en los términos que indica la copia que se adjunta.”

La corte de distrito al declarar sin lugar esta moción fue de opinión de que los hechos alegados por los peticio-narios demostraban que no tenían interés de ningún género en la materia de la acción ejercitada por la asociación deman-dante y que no era necesaria la intervención solicitada porque los fines de la justicia podían quedar suficientemente satis-fechos declarando dichos solicitantes como testigos en el acto del juicio, si a la parte demandada le interesara utilizar sus declaraciones en concepto de prueba.

La asociación no es una corporación que hace negocios ordinarios y no demanda en su propio nombre, sino en bene-ficio de sus asociados, incluyendo a los peticionarios quienes, admitiendo como debemos la verdad de los hechos por ellos alegados, representan las tres quintas partes de toda la caña molida por dicha compañía, demandada y por tanto, por lo menos una ■ proporción igual si no mayor de la cantidad que se pretende recobrar. Por consiguiente, difícilmente puede decirse que ellos no tienen interés en la materia de la acción ejercitada. Creemos qué resulta razonablemente claro que los peticionarios son ya quasi partes si no las verdaderas partes interesadas.

La asociación no alega tener ningún interés en los con-tratos de molienda de sus asociados como no sea el vago propósito general de su organización para “favorecer la agri-cultura en general, prestando ayuda, defensa y protección a todos sus asociados en los casos en que éstos las hayan me-nester”; y alegan solemnemente los peticionarios que, en lo que'a ellos respecta dicha asociación es una parte completa-mente ajena a los contratos en los cuales se funda la acción. Ciertamente que los colonos en particular que resulten ser miembros de dicha asociación, por lo menos prima facie tie-nen tanto interés como puede tener la asociación en el pro-ducto de los contratos de molienda celebrados directa, sola y exclusivamente entre ellos mismos y una central. T no demostrándose que hayan hecho algún traspaso o cesión de su derecho de acción, no podemos ver cómo puede ser que ppr la mera autorización de dicha asociación a su presidente para establecer tina acción a nombre y para uso y beneficio de sus miembros, incluyendo a dichos colonos en particular, sin su consentimiento, para recobrar un dinero que 'se alega deberse por virtud de tales contratos y la radicación de dicha demanda, puede producir el efecto de privarles de su derecho en el referido producto que asciende a más de la mitad en la materia objeto de la acción. Ni conocemos tampoco ningún principio de ley que obligue a individuos que tienen tal inte-rés a elegir entre ser incluidos como demandantes o excluidos totalmente, o que les prohíba negar la verdad de las alega-ciones hechas en su nombre, o a su favor, si como expresa-damente se alegó en la pretendida contestación, la asociación demandante carece de facultad para representarles.

Habiendo declarado la corte que la demanda original era suficiente por su faz, la capacidad de la asociación para repre-sentar a los colonos sólo puede ser atacada eficazmente por la contestación. Tal vez si en cuanto a este punto la contes-' tación presentada por los peticionarios no es'tan completa y explícita como debiera serlo, pero es tan específica como la demanda. Puede o no ser cierto que los peticionarios estén obligados por la supuesta resolución autorizando al presi-dente de la asociación a establecer la acción que ha sido insti-tuida, o que estén ellos impedidos por otros conceptos de poder, negar el derecho de la asociación a demandar en su nombre, pero ésta es una cuestión que puede ser resuelta de modo terminante y concluyente solamente después de oirse la prueba. Mientras tanto, si tal es la teoría de la demanda, que no es clara en absoluto, entonces debe considerarse que dicha teoría ha sido negada suficientemente en la contesta-ción que acompaña a la moción, y creemos que los peticio-narios ' tienen derecho a ser oídos sobre este punto.

Aun en las Cortes Federales donde solamente puede per* mitirse la intervención en acciones de equidad y donde la regla es más rigurosa contra la admisión de partes que se encuentran en actitud hostil contra' el primitivo demandante,

“La regla general que probibe la presentación de nuevas partes demandadas cuando se opone el demandante, no es aplicable con todo vigor si la persona que desea comparecer pertenece a la clase cono-cida por ¿cuasi partes, en cuyo término están comprendidas aquellas que ya están representadas en la acción, o que se presentan dentro de los límites del procedimiento pendente lite. Tales personas tienen derecho a ser oídas por la corte con respecto a cualquier cuestión que afecte a sus intereses; y la corte les-oirá bien mediante moción, o petición, o si fuese necesario, las reconocerá como partes litigantes activas. ’ ’

Y además,

“Los beneficiarios garantizados por virtud de una escritura de depósito y otros cestuis qui trusbenl en las acciones establecidas por o en contra de su depositario, están comprendidos en la clase de cuasi partes. Se reconoce que estas personas tienen cierto derecho en la acción por representación; y puede la corte, por cualquier buena razón que se alegue, admitirlas a tomar participación activa en el litigio a pesar de cualquier objeción que pueda hacer el deman-dante.” Am. Ann. Cas. 1913, D. 1036.

Yéase. también a 1 C. J., págs. 982, 983, párrafos 86, 87; 31 Cyc. 512; 1 Sutherland Code Pleading, Practice and Forms, 419, §§631 et seq.; 3 Estée’s Pleading, 146, §§4507 et seq.; 3 Kerr § 387, p. 431 et seq.

La orden de que se quejan los • peticionarios debe ser anulada.

OPINIÓN DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL

JUEZ ASOCIADO SR. ‘WOLE,

EN JULIO 24, 1917.

Este caso fue visto de nuevo en reconsideración por mo-tivo de no haber sido notificada de la vista la demandante en el pleito original, .habiendo sido notificado únicamente el .juez inferior. No vemos razón alguna para modificar lo que ya hemos dicho. Dicha demandante insiste en que los peti-eionarios según propia confesión no tienen interés alguno. De otra parte, la demandante en su demanda como una ale-gación general establece que lo tiene. Estableciendo la de-manda' tál interés • general por parte de los peticionarios, la. corte, podría sin embargo resolver que los peticionarios tenían el interés que ellos niegan y que diclia demandante tenía derecho a recobrar a pesar de que los peticionarios nie-guen o renuncien su interés. Una sentencia final tendría que afectarles necesariamente aunque fuera dictada en su favor. Nadie está obligado a tener sobre sí un beneficio que desea renunciar. El interés es alegado por una parte y negado por la otra. Convenimos con la dicha demandante en que una solicitud de intervención debe generalmente demostrar-un interés, pero cuando el interés aparece de la demanda, las partes que no desean que un pleito sea seguido en su nom-bre o en su representación, tienen derecho a ser oídas, ya como demandantes o como demandadas; aunque no sea con otro objeto que el de renunciar o impedir una acción en sú supuesto interés. Quizás los interventores deben ser oídos por la corte sólo para permitirles el presentar su renuncia, y no para, impedir que la acción sea seguida en nombre de otros. El caso en sí se ha hecho complicado y difícil a causa de la na-turaleza del pleito. En un sentido ninguno de los supuestos colonos estaría afectado por una sentencia, pues ésta, en nues-tra opinión, no obligaría a nadie excepto quizás remotamente por impedimento. Cualquier colono podía demandar otra vez y la sentencia, excepto por tal impedimento, no sería cosa juz-gada. Hacemos constar que nuestra opinión dictada en este procedimiento no es terminante para la corte o las partes en el pleito principal, pero la misma influyó sobre nuestro ánimo al revisar la cuestión del interés o el efecto de la sen-tencia, y un examen de esta opinión podría evitar a la de-mandante y a los colonos que ella dice representar considerable dilación y molestia.

La orden recurrida debe ser anulada.

Con lugar la solicitud y anulada la orden que ■ declaró sin lugar la intervención.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrev.