author: El Juez Asociado Señor Rivera García

text:
    Lifescan Products, LLC, peticionaria, v. Centro de Recaudación de Ingresos Municipales y Gloria Santos Rosado, en su carácter oficial como Directora Ejecutiva del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, recurridos.

      Número: CC-2014-0321

      Resuelto: 19 de agosto de 2015

      Manuel Moreda Toledo, Rubén Muñiz Bonilla y Britt E. Arrieta, del bufete McConnell Valdés, LLC, abogados de Lifescan Products, parte peticionaria; Ángel X. Viera Vargas, del bufete Casillas Santiago & Torres, LLC, abogado del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales y de su director ejecutivo Víctor J. Falcón Dávila, parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rivera García

emitió la opinión del Tribunal.

El Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) notificó una deuda de una contribución sobre una propiedad inmueble. El contribuyente, conforme únicamente con una parte de la deuda notificada por discrepancias con el método utilizado por el CRIM para valorar la propiedad en controversia, presentó una solicitud de revisión administrativa. Para ello, pagó el 100% de la cantidad notificada que estimó correcta y el 40% del restante con el cual estaba inconforme. En ese contexto, nos corresponde determinar lo siguiente: ¿está obligado un contribuyente a pagar el 100% de la deuda que exige el Art. 3.48 de la Ley de Contribuciones de Ingresos Municipales sobre la Propiedad, Ley Núm. 83-1991 (Ley Núm. 83) dependiendo del fundamento que utilice para impugnar? Hoy contestamos negativamente esa interrogante.

En el contexto particular de este caso y para efectos de la intención legislativa bajo el referido Art. 3.48 de la Ley Núm. 83 (21 LPRA sec. 5098a), la impugnación del método utilizado por el CRIM para valorar la propiedad no constituye una impugnación de la totalidad de la deuda contributiva notificada. El cuestionamiento del método utilizado por el CRIM corresponde más bien al fundamento por el cual el contribuyente estima que solo una parte de la deuda notificada es correcta. Pagado el 100% de esa parte que estima correcta y el 40% del restante, no hay duda de que el contribuyente cumplió con el requisito de pago previo establecido en el Art. 3.48, conforme a nuestros pronunciamientos previos en Lilly del Caribe v. CRIM, 185 DPR 239 (2012). Como consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia tiene jurisdicción sobre la materia para atender la demanda de impugnación de contribución sobre la propiedad.

Cónsono con ello, revocamos parcialmente la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos. A continuación exponemos los hechos esenciales a la controversia que atendemos, así como el derecho aplicable a esta.

I

Antes de hacer una relación de hechos, debemos aclarar que durante los años contributivos 2008-2009, 2009-2010, y 2010-2011 el CRIM emitió unas notificaciones de contribuciones sobre la propiedad las cuales fueron impugnadas por la compañía Lifescan Products, LLC (Lifescan). No obstante, la controversia que este Tribunal debe atender se circunscribe exclusivamente a la notificación correspondiente al año contributivo 2010-2011. Veamos.

Lifescan es una compañía subsidiaria de Johnson & Johnson dedicada a la manufactura y es dueña de ciertos inmuebles, incluyendo maquinaria y equipo en el municipio de Aguadilla. El 1 de julio de 2010 el CRIM le cursó una notificación de contribución sobre propiedad inmueble para el año fiscal 2010-2011 por la cantidad de $343,551.42.

Conforme únicamente con una parte de la contribución impuesta, Lifescan presentó ante el CRIM una petición de revisión administrativa. Con su solicitud acompañó un pago por $187,443.01 desglosado de la forma siguiente: $83,370.79 por la cantidad que Lifescan estimó correcta y con la cual estuvo conforme, más $104,072.22 equivalente al 40% de la contribución restante y con la cual estaba inconforme, según lo dispuesto en el Art. 3.48 de la Ley Núm. 83. El CRIM no contestó el petitorio de revisión administrativa dentro del término de 60 días establecido en el referido Art. 3.48(a), supra.

Ante la inacción administrativa, el 28 de octubre de 2010 Lifescan presentó una demanda de impugnación ante el Tribunal de Primera Instancia. Argumentó, entre otras cosas, que el método de tasación utilizado por el CRIM para valorar la propiedad es contrario al principio constitucional de uniformidad en la imposición tributaria. Esto debido a que incorpora un factor de modificación estático de 0.65 que no se ajusta a la realidad económica actual y al paso del tiempo y que además contraviene el Art. 3.08 de la Ley Núm. 83 (21 LPRA sec. 5058).

En respuesta a ello, el 21 de enero de 2011 el CRIM presentó una moción de desestimación. Sostuvo, entre otras cosas, que al cuestionar la fórmula de valoración de la propiedad se está impugnando la totalidad de la contribución impuesta. Por tal razón, afirmó que al pagar solo una parte de la contribución impuesta, Lifescan incumplió con el requisito jurisdiccional dispuesto en la ley para poder solicitar revisión administrativa e impugnación judicial. Por su parte, Lifescan se opuso a la desestimación y planteó que dado que solo estaba inconforme con una parte de la contribución impuesta no tenía que pagar la totalidad notificada.

El 26 de abril de 2011 el foro primario le ordenó al CRIM contestar ciertas interrogantes que ayudarían a resolver la moción presentada. El CRIM incumplió con la orden judicial por lo que el tribunal mediante resolución de 5 de octubre de 2011 declaró “no ha lugar” la moción de desestimación presentada por este.

Luego de varios trámites procesales, el 25 de septiembre de 2012 el Tribunal de Primera Instancia, en reconsideración, declaró “con lugar” la petición de desestimación. Insatisfecho con ese dictamen, el 26 de noviembre de 2012 Lifescan acudió al Tribunal de Apelaciones. Así las cosas, el 10 de diciembre de 2013 el foro apelativo determinó que Lifescan no cumplió con el requerimiento de pagar la totalidad de la contribución impugnada.

Oportunamente, Lifescan presentó una solicitud de reconsideración parcial ante el Tribunal de Apelaciones la cual fue denegada. No conteste con el dictamen del foro apelativo, el 22 de abril de 2014, acudió ante nos mediante un recurso de certiorari y señaló la comisión de los errores siguientes:

Primero: Erró el [Tribunal de Apelaciones] al concluir que Lifescan impugna la totalidad de la contribución impuesta por el CRIM con relación al año fiscal 2010-11 y que por ello, conforme a Lilly del Caribe v. CRIM, supra, venía obligada a pa-gar la totalidad de la contribución impuesta como requisito jurisdiccional para poder impugnarla. Lifescan no impugna la totalidad de la contribución impuesta y notificada, sino que no está conforme con una parte de la misma.
Segundo: Erró el [Tribunal de Apelaciones] al no revocar totalmente la Sentencia del [Tribunal de Primera Instancia] que ordena la desestimación. Conforme a las doctrinas de cosa juzgada e impedimento colateral por sentencia, las decisiones finales y firmes del [Tribunal de Primera Instancia] y el [Tribunal de Apelaciones] en el Segundo y Tercer Caso, denegando los mismos fundamentos del CRIM para solicitar la desestimación en el presente caso, le impiden litigarlos nuevamente. Petición de certiorari, pág. 17.

El 31 de octubre de 2014 ordenamos al CRIM y a su Director Ejecutivo, en su carácter oficial, mostrar causa por la cual no debiéramos expedir el auto solicitado. El 15 de diciembre de 2014 el CRIM compareció e invocó los mismos fundamentos que había presentado ante el Tribunal de Apelaciones. Tras la comparecencia de ambas partes, expedimos el recurso de certiorari y con el beneficio de los alegatos de ambas partes, resolvemos.

II

A. Reiteradamente hemos reconocido que los tribunales, al ejercer su función de interpretar una ley, debemos considerar el propósito o la intención de la Asamblea Legislativa al aprobarla. Así, como intérpretes finales de las leyes, tenemos la obligación de lograr un resultado que se ajuste al propósito y a la política pública que inspiró a la Asamblea Legislativa al momento de su promulgación, de manera que se haga viable el más fiel cumplimiento de la finalidad de la medida. Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 126-127 (2012). Véanse, además: IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 738 (2012); Consejo Titulares v. DACo, 181 DPR 945, 958 (2011).

En este renglón, y en el contexto particular de las leyes de carácter contributivo, hemos enfatizado que deben interpretarse restrictivamente. Es decir, sus disposiciones deben acogerse “ ‘de una forma justa y conforme a sus propios y expresos términos’ ”. Lukoil Pan Americas v. Mun. Guayanilla, 192 DPR 879, 888 (2015). Véanse, además: Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, 186 DPR 713, 738 (2012); Lilly del Caribe v. CRIM, supra, pág. 251; Yiyi Motors, Inc. v. E.L.A., 177 DPR 230, 250 (2009). Ahora bien, hemos advertido que tal ejercicio restrictivo de interpretación no puede conllevar como resultado la evasión del pago del impuesto que la Asamblea Legislativa ha establecido mediante ley. COSVI v. CRIM, 193 DPR 281 (2015); Lilly del Caribe v. CRIM, supra, pág. 252; West India Oil Co. (P.R.) v. Sancho Bonet, Tes, 54 DPR 732, 744-745 (1939). Lo importante es armonizar hasta donde sea posible las disposiciones de ley aplicables al caso con miras a lograr un resultado sensato, lógico y razonable que preserve la intención del legislador. Ello, enmarcado en un reconocimiento de la utilidad de cada una de las disposiciones de ley. ASG v. Mun. San Juan, 168 DPR 337, 348 (2006); Talcott Inter-Amer. Corp. v. Registrador, 104 DPR 254 (1975). Con este marco interpretativo como norte, veamos las disposiciones de la Ley Núm. 83 pertinentes a la controversia que nos presenta el recurso de autos.

B. La Ley Núm. 83 confirió a los municipios el poder y la facultad de tasar, imponer, notificar, determinar y cobrar las contribuciones sobre la propiedad. A esos fines, el legislador le transfirió al CRIM todos los poderes, las facultades y las funciones relacionadas con las contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble en Puerto Rico.

Posteriormente, mediante la Ley Núm. 135 de 11 de julio de 1998 (Ley Núm. 135), el legislador incluyó el Art. 3.48 al cuerpo de la Ley Núm. 83, supra, para establecer el procedimiento de revisión administrativa e impugnación judicial. Este, en lo pertinente, disponía lo siguiente:

(a) Revisión administrativa. Si el contribuyente no estuviere conforme con la notificación de la imposición contributiva emitida por el Centro de conformidad con las sees. 5076 y 5077 [Arts. 3.26 y 3.27] de este título, podrá solicitar por escrito una revisión administrativa donde se expresen las razones para su objeción, la cantidad que estime correcta e incluir, si lo entiende necesario, la evidencia o documentos correspondientes, dentro del término de treinta (30) días calendarios, a partir de la fecha de depósito en el correo de la notificación provista por las sees. 5076 y 5077 de este título, siempre y cuando el contribuyente, dentro del citado término:

(1) Pague al Centro de Recaudación la parte de la contribución con la cual estuviere conforme y un cuarenta por ciento (40%) de la parte de la contribución con la cual no estuviere conforme, o;

(2) pague al Centro de Recaudación la totalidad de la contribución impuesta.

El contribuyente que solicite una revisión administrativa, según se dispone en esta sección, no podrá acogerse al descuento por pronto pago dispuesto en la see. 5093 de este título, excepto cuando pague la totalidad de la contribución impuesta dentro de los términos prescritos por ley para tener derecho al descuento.

[...] Cuando la decisión sea favorable [al contribuyente], el Centro vendrá obligado a devolver al contribuyente la parte de la contribución cobrada en exceso, con los intereses correspondientes desde la fecha de pago de la contribución revisada.

El procedimiento de revisión administrativa deberá completarse como requisito previo para que un contribuyente que no estuviere conforme con la decisión sobre imposición contributiva la impugne, según lo dispone el inciso (b) de esta sección.

(b) Impugnación judicial. Si el contribuyente no estuviere conforme con la notificación de la imposición contributiva realizada por el Centro, de conformidad con las sees. 5076 y 5077 [Arts. 3.26 y 3.27] de este título y el inciso (a) de esta sección, podrá impugnar la misma ante el Tribunal de Primera Instancia dentro del término de treinta (30) días calendarios, a partir de la fecha de depósito en el correo de la notificación provista por las sees. 5076 y 5077 [Arts. 3.26 y 3.27] de este título, siempre y cuando dicho contribuyente, dentro del citado término:

(1) Pague al Centro de Recaudación la parte de la contribución con la cual estuviere conforme y cuarenta por ciento (40%) de la parte de la contribución con la cual no estuviere conforme, o;

(2) pague al Centro de Recaudación la totalidad de la contribución impuesta.

Tanto la presentación de la impugnación, como el pago de la contribución impuesta, ya sea en su totalidad o en la parte con la cual se estuviere conforme, así como el pago del cuarenta por ciento (40%) de la parte de la contribución con la cual no se estuviere conforme, dentro del término dispuesto, se considerarán de carácter jurisdiccional.

[...] Si la decisión del tribunal fiiere favorable al contribuyente y éste hubiere pagado la contribución impugnada en o con posterioridad a lo establecido en esta sección, dicha decisión dispondrá que se devuelva a dicho contribuyente la contribución o la parte de ella que estimare el tribunal fue cobrada en exceso, con los intereses correspondientes por ley, computados desde la fecha de pago de la contribución impugnada.

[Ahora bien,] el contribuyente que desee impugnar la imposición contributiva, según se dispone en esta sección, no podrá acogerse al descuento por pronto pago dispuesto en la see. 5093 [Art. 3.43] de este título, excepto que pague la totalidad de la contribución impuesta e impugnada dentro de los términos prescritos por ley para tener derecho al descuento. (Enfasis nuestro). 21 LPRA sec. 5098a (ed. 2005).

El propósito de esta enmienda fue proveer un proceso dirigido a “disuadir que un contribuyente impugníe] la totalidad del tributo, aunque realmente solo estuviera en desacuerdo con parte”. (Énfasis suplido). El legislador señaló expresamente el efecto negativo que tiene en las arcas públicas el que los contribuyentes “intenten dilatar y evadir el pago de las contribuciones inmuebles mediante revisiones administrativas e impugnaciones judiciales”.

Un examen del historial legislativo de la Ley Núm. 135 que incorporó el Art. 3.48 así lo confirma. Específicamente, el Informe sobre el P. de la C. 1543, explica el propósito del requisito jurisdiccional de pago previo de la contribución inmueble anual. Este expresa lo siguiente:

[...] Además se establece que durante ese término, el contribuyente deberá pagar la parte de la contribución con la cual estuviere conforme y un cuarenta por ciento (40%) de la parte de la contribución con la cual no estuviere de acuerdo o, en su lugar, la totalidad de la contribución impuesta garantizándosele el rembolso total de la misma, en caso de prevalecer en su reclamación. También se dispone que cuando se pague parte de la contribución, el contribuyente no se podrá acoger al descuento por pronto pago dispuesto en el Artículo 3.43.
Estas disposiciones uniforman el procedimiento de cobro de las contribuciones a los establecidos en el caso de impugnación ante el Tribunal de Primera Instancia, para que el CRIM pueda cumplir con su deber ministerial de distribuir a los municipios la parte cobrada. Esto es necesario, ya que en la práctica los contribuyentes obvian el proceso de revisión administrativo, recurriendo directamente a los Tribunales y dejando de pagar la contribución impuesta hasta tanto el Tribunal emita su decisión sobre el caso. Lo anterior afecta los ingresos que reciben los municipios por este concepto sobre todo, cuando conscientes del proceso de revisión administrativa [el] contribuyente acude al Tribunal como subterfugio para dejar de pagar sus contribuciones. Por tanto, se establece un remedio administrativo que el contribuyente deberá agotar antes de proceder a la impugnación de la imposición contributiva ante un Tribunal.

Nótese que el Art. 3.48 establece dos escenarios. Primero, cuando el contribuyente tiene que pagar la totalidad de la contribución notificada al no estar de acuerdo con esta. Segundo, si el contribuyente está en desacuerdo parcialmente con la deuda notificada, debe pagar la cantidad que estima correcta más el 40% de la cantidad restante. Si el ciudadano no paga la contribución en su totalidad no puede acogerse al 10% de “pronto pago” que contempla el Art. 3.43 de la Ley Núm. 83 (21 LPRA see. 5093). Así lo aclaramos en Lilly del Caribe v. CRIM, supra, pág. 253, y en Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 128 (2012).

Tal y como señaláramos en Lilly del Caribe v. CRIM, supra, la Asamblea Legislativa creó un mecanismo de carácter jurisdiccional para que un contribuyente promueva su acción impugnatoria solo cuando tiene bases sólidas. Además, concedió un proceso administrativo que cumple con el debido proceso de ley al permitirle a este ejercer su derecho a ser oído y presentar evidencia. Es decir, del texto de la ley no se desprende que el contribuyente tenga que presentar un fundamento concreto para ejercer su derecho de impugnar la notificación de la imposición de la contribución. Así pues, expuesto el derecho aplicable pasemos a resolver la controversia que nos ocupa.

III

En esencia, la posición de la peticionaria es que cuestionar la metodología de valoración utilizada por el CRIM, no significa que impugna la totalidad de la contribución impuesta, sino que solicita una revaloración de la propiedad y que su valor sea reducido para fines tributarios, ya que el método de valoración no sigue la norma de uniformidad ni se sigue la revisión periódica de los valores de las propiedades requerida por ley. Por su parte, la posición del CRIM es que el cuestionamiento de la fórmula para valorar la propiedad implica cuestionar la totalidad de la contribución impuesta. Por lo tanto, aduce que para poder impugnar la contribución impuesta Lifescan estaba obligada a pagar la totalidad y no una parte.

Como observamos, Lifescan está conforme parcialmente con la contribución notificada por el CRIM, porque entiende que este último utilizó una metodología incorrecta y contraria a la ley para calcular el valor de su propiedad. A raíz de ello, presentó una solicitud de revisión administrativa junto a la cual pagó el 100% de la parte de la deuda con la cual estaba conforme y el 40% de la cantidad restante que entendía era incorrecta. Ello, conforme a los requisitos establecidos en el Art. 3.48 de la Ley Núm. 83, supra. Transcurrido el término para que el CRIM atendiera el referido petitorio de revisión administrativa, Lifescan acudió al Tribunal de Apelaciones mediante una demanda de impugnación de contribución.

Así las cosas, el CRIM sostiene que el foro primario no tiene jurisdicción para atender la mencionada demanda de impugnación, ya que Lifescan incumplió con el requisito de pago previo establecido en el Art. 3.48 de la Ley Núm. 83, supra. De acuerdo a la entidad administrativa, el cuestionamiento de Lifescan sobre su método de valoración de la propiedad equivale a una impugnación de la totalidad de la deuda contributiva notificada, por lo que le correspondía pagar el 100% de esta para entonces tener derecho a solicitar una revisión administrativa y eventualmente presentar una demanda de impugnación ante los tribunales. Ciertamente, esta última interpretación no es sostenible a la luz de las disposiciones de la Ley Núm. 83 y nuestros pronunciamientos anteriores.

Según reseñáramos en la sección anterior, la Ley Núm. 83 establece específicamente qué opciones tiene el contribuyente cuando no está conforme con la deuda contributiva notificada por el CRIM e interesa solicitar una revisión administrativa. Ahora bien, es importante notar que las disposiciones de esta legislación expresamente establecen que tal inconformidad por parte del contribuyente puede reflejarse de dos maneras. El contribuyente bien podría estar inconforme con parte de la deuda notificada, o bien podría estar inconforme con la totalidad de la deuda. Bajo cualquiera de esos escenarios, la ley establece un requisito de pago previo cuya cantidad va a depender de si el contribuyente está inconforme con una parte o con la totalidad de la deuda.

En ese sentido, reiteradamente hemos establecido que si el contribuyente está inconforme con la totalidad de la contribución notificada, deberá pagar el 100% de esta como requisito previo para la aceptación de la revisión administrativa. No obstante, si este está inconforme únicamente con parte de la deuda notificada, su pago previo a la solicitud de revisión administrativa corresponderá al 100% de la parte de la deuda con que esté conforme y el 40% del restante de la deuda con la cual está inconforme.

Este segundo escenario fue lo que, precisamente, aconteció en el presente caso. El CRIM le notificó a Lifescan una deuda contributiva sobre su propiedad inmueble para el año fiscal 2010-2011 por la cantidad de $343,551.42. Lifescan estuvo conforme parcialmente con esa deuda porque entendía que el CRIM había utilizado un método incorrecto para valorar su propiedad. En ese sentido, entendió que la contribución sobre su propiedad inmueble para ese año fiscal debía ser de $83,370.79. Siendo así, presentó una solicitud de revisión administrativa, la cual acompañó con un pago por $187,443.01 que correspondían a los $83,370.79 que Lifescan entendía que era la cantidad correcta a pagar, más $104,072.22 equivalentes al 40% de la cantidad restante notificada por el CRIM y con la cual Lifescan no estaba conforme (40% de $260,180.63). El único argumento que nos presenta el CRIM para impugnar ese pago emitido por Lifescan es que este es insuficiente, ya que le correspondía pagar la totalidad, es decir, los $343,551.42. Esto porque, según arguye, el cuestionamiento del método de valoración constituye una impugnación de la totalidad de la deuda notificada.

En este punto es importante aclarar varios asuntos. En primer lugar, y en abstracción del contenido de la Ley Núm. 83, toda impugnación de una deuda contributiva notificada por el CRIM, técnica e inevitablemente, conlleva un cuestionamiento del número total impuesto. Esto porque ya sea que el contribuyente esté inconforme con la cantidad total en sí o ya sea que el contribuyente esté inconforme con parte, ambos escenarios reflejan inconformidad con la totalidad. Es decir, el contribuyente entiende que la cuantía que notificó el CRIM no es la correcta.

Ahora bien, las disposiciones específicas de la Ley Núm. 83 no brindan espacio para esta simple y llana explicación, puesto que ello convertiría en letra muerta una de las opciones incluidas por el legislador. Después de todo, la Asamblea Legislativa fue clara en su intención de brindar al contribuyente dos opciones: una opción si estaba impugnando la totalidad de la deuda y otra opción si estaba impugnando únicamente parte de esta; y acogerse al beneficio del descuento dependiendo de la opción elegida.

En segundo lugar, contrario a lo ocurrido en el caso de Lilly del Caribe v. CRIM, supra, y Shell v. Srio. Hacienda, supra, Lifescan no ha expresado que está inconforme con toda la deuda contributiva impuesta por el CRIM, sino todo lo contrario. La compañía reconoce que parte de esa deuda es correcta y, de hecho, emitió un pago correspondiente a esa cantidad. Empero, impugna el resto de la deuda notificada porque entiende que el método de valoración utilizado por el CRIM es incorrecto y contrario a la ley. En ese sentido, debe quedar claro que el método de valoración que utiliza el CRIM para tasar las propiedades no está en controversia ante nuestra consideración. Lo que debemos resolver en este caso es si un contribuyente que impugna solo una parte de la contribución está obligado a pagar la totalidad por el hecho de que la razón por la cual está inconforme es por el método que se utilizó para valorar la propiedad.

Al examinar las disposiciones legales pertinentes, podemos concluir que, en el contexto particular de la Ley Núm. 83, un contribuyente que esté en desacuerdo con el método de valoración no significa que esté inconforme con la totalidad de la contribución impuesta. El Art. 3.48 de la Ley Núm. 83, supra, le da dos opciones al contribuyente que desee impugnar la contribución impuesta. Dentro del contexto de esa disposición legal, cuando un contribuyente está inconforme únicamente con una parte de la contribución, tiene la opción de pagar la parte con la cual está conforme más el 40% para los efectos de iniciar el proceso de revisión administrativa. Esto independientemente del fundamento por el cual esté inconforme con la porción contributiva que impugna.

Como es sabido, el cobro de contribuciones por el Estado no es irrestricto. Carazo v. Srio de Hacienda, 118 DPR 306, 310 (1987). Es evidente que el Art. 3.48 de la Ley Núm. 83, supra, no comprende la interpretación que pretende establecer el CRIM en cuanto a que para impugnar el método de valoración tenía que pagar la totalidad de la contribución impuesta. Como hemos visto, Lifescan no está cuestionando la imposición de la contribución por parte del CRIM, su contención es que no está conforme con parte de la deuda porque el método que utilizaron para valorar su propiedad no es el correcto.

Luego de armonizar las distintas disposiciones tributarias podemos colegir que el propósito de la legislación que incorpora el Art. 3.48 a la Ley Núm. 83, supra, responde al deseo de la Asamblea Legislativa de establecer un procedimiento de impugnación de las contribuciones sobre la propiedad inmueble y que el contribuyente tuviera un medio para solicitar una revisión de la contribución impuesta.

En este sentido razonamos que impugnar el método de valoración utilizado por el CRIM para imponer contribuciones sobre la propiedad inmueble no implica estar en desacuerdo con la totalidad de la contribución impuesta. Es decir, lo que se cuestiona es la fórmula de la valoración y no la imposición de la contribución. Por consiguiente, resolvemos que Lifescan no evadió su responsabilidad de pa-gar la contribución que entendió correcta más el 40% de la contribución con la cual no estaba de acuerdo tal y como lo exige la legislación vigente.

Finalmente, por entender que no es pertinente al caso, no entraremos a dirimir la controversia sobre cosa juzgada bajo la modalidad de impedimento colateral por sentencia.

IV

Por los fundamentos que anteceden, resolvemos que erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar la sentencia apelada en lo que respecta a la reclamación del año contributivo 2010-2011. En consecuencia, resolvemos que no procedía la desestimación de la reclamación, ya que Lifescan cumplió con los requisitos jurisdiccionales dispuestos en el Art. 3.48 de la Ley Núm. 83, supra, al presentar su reclamación a tiempo y pagar la totalidad de la contribución con la cual estaba conforme y el 40% de la parte con la que no estaba de acuerdo, según lo establece la Ley Núm. 83. Por consiguiente, se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos de conformidad con lo aquí pautado.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Presidenta Señora Fiol Matta concurrió sin opinión escrita. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez disintió sin opinión escrita.

       21 LPRA sec. 5098a.

       En la demanda se presentaron dos reclamaciones, una concerniente al año contributivo 2009-2010 y otra relacionada al año 2010-2011. La reclamación del año contributivo 2009-2010 fue adjudicada por el Tribunal de Apelaciones y no forma parte de la revisión solicitada ante nos.

       Véase Caso Núm. CC-2014-0321, Parte 1, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 33—42.

       El Art. 3.08 de la Ley Núm. 83 (21 LPRA see. 5058) dispone que la clasificación y la tasación de la propiedad inmueble descrita en dicho artículo se efectuarán conforme a las normas de exactitud y detalles científicos de valoración adoptados por el Secretario de Hacienda. Además, que el CRIM procederá a hacer un plan que permita la revisión constante de la propiedad inmueble, a fin de mantenerla al día.

       Véase Apéndice, supra, Parte 3, de la Petición de certiorari, págs. 732-750.

       Véase, además, R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, San Juan, Pubs. JTS, 1987, pág. 464.

       Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 83 (1991 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 689).

       Véase Art. 1.02 de la Ley Núm. 83 (21 LPRA see. 5001 n.).

       13 LPRA sec. 10101 et seq.

       Este artículo fue enmendado posteriormente mediante la Ley Núm. 71-2010. Para una mayor discusión sobre las implicaciones de esta enmienda, véase COSVI v. CRIM, 193 DPR 281 (2015).

       Cónsono con lo anterior, el Reglamento 7221 de 19 de septiembre de 2006, en su Artículo IX, dispone lo siguiente:
      “Conforme lo dispuesto en el Artículo 3.48 de la Ley 83, el Contribuyente que no estuviere conforme con la notificación de la imposición de la contribución o la notificación de cambio en la valoración según los Artículos 3.26 y 3.27 de la Ley Núm. 83, podrá solicitar por escrito al Centro Regional del CRIM correspondiente al municipio donde ubique la propiedad inmueble que contiene la solicitud de revisión o, en los casos correspondientes, a la Oficina Central del CRIM, conforme lo contemplan los Artículos V, XII, XV y XVI de este Reglamento, una revisión administrativa dentro del término jurisdiccional de treinta (30) días calendarios, contados a partir de la fecha de depósito en el correo de la referida notificación siempre y cuando el Contribuyente, dentro del referido término de treinta (30) días:
      “1. pague al CRIM la parte de la contribución anual con la cual estuviere conforme y un cuarenta por ciento (40%) de la parte de la contribución anual con la cual no estuviere conforme; o
      “2. pague al CRIM la totalidad de la contribución anual impuesta para el referido año fiscal, según dispone el Artículo 3.48a de la Ley Núm. 83.
      “El pago de la contribución del modo aquí dispuesto constituirá un requisito jurisdiccional para la presentación de una solicitud de revisión administrativa, según dispuesto por la Ley Núm. 83 y este Reglamento.
      “Solicitudes presentadas fuera del término provisto por la Ley 83 y el presente Reglamento o sin que se hubiese efectuado el pago de contribución requerido por el Artículo 3.48 de la Ley 83 y este Artículo, se entenderán denegadas de plano, sin que para ello se requiera notificación al Contribuyente al respecto”.

        Lilly del Caribe v. CRIM, supra, pág. 251.

       íd.

       Véase Informe de la Comisión de Asuntos Municipales y de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes sobre el R de la C. 1543, 13ra Asamblea Legislativa, 3ra Sesión Ordinaria, 12 de jimio de 1998, pág. 2.

        Lilly del Caribe v. CRIM, supra, pág. 253.

       Recientemente, en COSVI v. CRIM, supra, reiteramos que el procedimiento de revisión administrativa, incluyendo el pago correspondiente, constituye un requisito jurisdiccional, aim luego de las enmiendas introducidas al Art. 3.48 mediante la Ley Núm. 71-2010.

       Del Informe de la Comisión de Asuntos Municipales y de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes sobre el P. de la C. 1543 se infiere que el propósito de la Ley Núm. 135 fue salvaguardar los derechos de los contribuyentes.

       Véase el Informe sobre el P. de la C. 1543 de 12 de junio de 1998.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam: Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez, a la cual se une la Jueza Asociada Oronoz Rodríguez.

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    Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Adalberto Quiles Negrón, Claudia E. Hernández Cohen, Freddie L. Menéndez Rivera, recurridos, y Hon. Nelson J. Canabal Pérez, peticionario.

      Número: MC-2015-0004

      Resuelto: 24 de agosto de 2015

      Nelson Javier Canabal Pérez, juez administrador de la Región Judicial de Arecibo, en petición urgente y comparecencia especial; Federico Rentas Rodríguez, director ejecutivo de la Sociedad para Asistencia Legal, y Víctor A. Meléndez Lugo, director de la División de Apelaciones de la Sociedad para Asistencia Legal, en comparecencia especial y breve comparecencia; Virgilio Mainardi Peralta y José Angel Rivera Rodríguez, de Mainardi & Rivera, P.S.C., Margarita Carrillo Iturrino, William Marini Román y Neftalí Soto Santiago, abogados de Rafael Capella Angueira.
   per curiam:

En esta ocasión, nos corresponde ejercer nuestra jurisdicción disciplinaria para evaluar la conducta del Ledo. Rafael Capella Angueira. Específicamente, debemos determinar si las acciones que éste tomó en calidad de Director de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) de la Oficina de Arecibo violaron los Cánones 1, 9, 12 y 18 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, y, de ser así, las medidas disciplinarias que proceden.

I

El Ledo. Rafael Capella Angueira fue admitido al ejercicio de la abogacía el 30 de noviembre de 1982 y al ejercicio de la notaría el 3 de agosto de 1983. El 13 de enero de 2015, el honorable juez Nelson Canabal Pérez, juez administrador de la Región Judicial de Arecibo, presentó una Petición Urgente al Honorable Tribunal Supremo. En ésta, el Juez Canabal Pérez nos refirió una situación preocupante que se había desarrollado en el Salón de Sesiones 204 de la mencionada región judicial, presuntamente producto de una serie de actuaciones del licenciado Capella Angueira, director de la Oficina de la SAL en Arecibo. La presentación de la Petición Urgente fue, a su vez, precedida y motivada por una resolución emitida el 31 de diciembre de 2014 por la honorable juez Isabel Lugo Báez —quien entonces presidía el Salón de Sesiones 204— en Pueblo de Puerto Rico v. Adalberto Quiles Negrón, Pueblo de Puerto Rico v. Claudia E. Hernández Cohen y Pueblo de Puerto Rico v. Freddie L. Menéndez Rivera, VP2014-2688 al 2693, AR2014CR01248 y AR2014CR01264-1, respectivamente, mediante la cual solicitó la intervención de este Tribunal.

En síntesis, el juez Canabal Pérez señaló en su Petición Urgente ante este Tribunal que el 3 de diciembre de 2014 el licenciado Capella Angueira, en calidad de Director de la oficina de la SAL de Arecibo, emitió una directriz administrativa a su personal a los efectos de que, hasta nuevo aviso, no aceptarían representar clientes cuyos casos fuesen asignados al salón de sesiones presidido por la juez Lugo Báez. Según el juez Canabal Pérez, estas instrucciones constituían un ataque colateral a su decisión de denegar, mediante resolución emitida el 24 de noviembre de 2014, una segunda solicitud de inhibición presentada por el licenciado Capella Angueira en contra de la juez Lugo Báez en Pueblo de Puerto Rico v. José Cuadro Morales, VPA2014-0227. El licenciado Capella Angueira fundamentó su solicitud de inhibición en ese caso en el hecho de que había presentado una queja en contra de la juez Lugo Báez ante la Oficina de Asuntos Legales de la Oficina de Administración de los Tribunales (Asuntos Legales de la OAT). En la solicitud de inhibición, el licenciado Capella Angueira adujo que, estando pendiente dicha queja, la juez Lugo Báez se debía inhibir de todos los casos en que mediara representación legal de la SAL.

Luego de declarar la solicitud “no ha lugar”, el juez Canabal Pérez recibió una carta del licenciado Capella Angueira el 3 de diciembre de 2014. En ésta, el licenciado le informó de la directriz que emitió ese día y las razones que lo llevaron a tomar ese curso de acción.

Como consecuencia de la directriz del licenciado Capella Angueira, tres imputados, para quienes la SAL había realizado la correspondiente determinación de indigencia, no recibieron representación legal por parte de ésta. Esto, porque sus casos fueron asignados al salón de sesiones presidido por la juez Lugo Báez. Para estos casos, el licenciado Capella Angueira presentó mociones informativas en las cuales indicó que los imputados habían sido entrevistados y certificados como indigentes. No obstante, informó que la SAL no asumiría su representación legal. Esto, sin hacer constar las razones detrás de tal denegatoria. La juez Lugo Báez, por su parte, ordenó al licenciado Capella Angueira exponer las razones por las cuales la SAL no asumiría la representación legal de los imputados indigentes. El licenciado Capella Angueira, en una Moción en Cumplimiento de Orden, explicó “que las mismas fueron notificadas previamente en la comunicación del 3 de diciembre de 2014 [...]”.

Además, según inicialmente alegó la juez Lugo Báez y posteriormente corroboró la Oficina de la Procuradora General, durante otro ciclo de conferencias en preparación para vistas preliminares, la alguacil Johanna Piñero Sánchez, Supervisora de la Unidad de Confinados del Centro Judicial de Arecibo, escuchó al licenciado Capella Angueira recomendarle a otros imputados, cuyos casos habían sido asignados al salón de sesiones presidido por la juez Lugo Báez, que solicitaran que un juez distinto atendiera sus casos o que requirieran que se les nombrara un abogado de oficio.

Conforme a los hechos reseñados, en su Petición Urgente, el juez Canabal Pérez nos solicitó que ordenáramos al licenciado Capella Angueira: (1) cesar y desistir de no aceptar casos de personas indigentes asignados al Salón de Sesiones 204; (2) atenerse a lo dispuesto en su Resolución de 24 de noviembre de 2014 o que, en la alternativa, procediera con el remedio judicial adecuado; (3) atenerse a las disposiciones pertinentes de las Reglas de Disciplina Judicial, 4 LPRA Ap. XV-B, y el Reglamento para la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio en Procedimientos de Naturaleza Penal, y finalmente, (4) cumplir con los deberes éticos impuestos por los Cánones 1, 9,12 y 18 del Código de Etica Profesional, supra.

Examinada la Petición Urgente del juez Canabal Pérez, y ante la presunta evasión reiterada por parte del licenciado Capella Angueira de proveer representación legal a imputados indigentes asignados a un salón de sesiones en particular, el 20 de enero de 2015 este Tribunal emitió una resolución para ordenar a este licenciado que se expresara dentro de un término de cinco días en torno a la Petición Urgente presentada. Específicamente, ordenamos que el licenciado Capella Angueira indicara cómo su conducta no constituía una violación a los Cánones 1, 9, 12 y 18 del Código de Ética Profesional, supra, y no contravenía las normas, los principios y los preceptos constitucionales que conforman nuestro sistema de justicia criminal. Oportunamente, el licenciado Capella Angueira compareció mediante una Moción Asumiendo Representación Legal, de Reconsideración y sobre Otros Extremos, y entre otras cosas, solicitó que dejáramos sin efecto la resolución emitida. Esto, bajo el fundamento de que la misma representaba el comienzo de un proceso disciplinario por la vía sumaria. Por otra parte, el licenciado nos informó que a partir de ese día, “los abogados que laboran para la Sociedad para Asistencia Legal en la Oficina de Arecibo han estado compareciendo y continuarán compareciendo a la Sala 204 del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo en representación de los acusados indigentes que son elegibles para recibir los servicios de esta entidad”. (Enfasis suplido).

No obstante, en su comparecencia, el licenciado Capella Angueira no atendió las cuestiones sobre las cuales se le ordenó que se expresara. Así las cosas, referimos el asunto a la Oficina de la Procuradora General para que, dentro de un término de quince días, nos rindiera el informe correspondiente.

El 17 de febrero de 2015, el licenciado Capella Angueira compareció nuevamente mediante Contestación a “Petición Urgente al Honorable Tribunal Supremo”. En ésta, expuso su posición con respecto a las alegaciones hechas en su contra. Es decir, dio cumplimiento, si bien tardíamente, a lo previamente ordenado. En su Contestación, el letrado no negó la conducta que el juez Canabal Pérez y la juez Lugo Báez le imputaron. En vez, explicó que su proceder estuvo en todo momento motivado por su interés en garantizar los derechos de los clientes indigentes representados por la SAL, a quienes, además, ha dedicado más de treinta años de labor profesional. Rechazó, pues, que sus acciones hayan formado parte de una maniobra para lograr por vía de coacción lo que no pudo a través del trámite judicial —es decir, la inhibición de un juez—, y negó que su intención haya sido atacar colateralmente una determinación judicial o menospreciar la autoridad del tribunal.

El 24 de febrero de 2015, la Procuradora General presentó su Informe. En éste concluyó que el letrado incurrió en una conducta violatoria de los Cánones 1, 9, 12 y 18 del Código de Etica Profesional, supra.

Evaluado el Informe de la Procuradora General y la Contestación presentada previamente por el licenciado Capella Angueira, el 27 de febrero de 2015 emitimos una resolución para conceder a este último cinco días para que se expresara sobre las determinaciones y conclusiones presentadas por la Procuradora General. Oportunamente, el licenciado Capella Angueira presentó una Réplica al Informe de la Procuradora General y en Cumplimiento de Orden. Asimismo, la SAL y el juez Canabal Pérez presentaron comparecencias especiales el 9 y 26 de marzo y el 17 de marzo de 2015, respectivamente.

Contando con el beneficio del Informe de la Oficina de la Procuradora General y con la comparecencia de todas las partes concernidas, procedemos a evaluar las presuntas violaciones a los Cánones 1, 9, 12 y 18 del Código de Etica Profesional, supra, por parte del licenciado Capella Angueira.

II

El Canon 1 del Código de Etica Profesional impone a todo abogado y abogada el deber de luchar a favor de que toda persona tenga acceso a una representación legal que sea “capacitada, íntegra y diligente [...]”. 4 LPRA Ap. IX. Dispone el canon que, en la consecución de este objetivo, los profesionales del Derecho se deben esforzar por proveer servicios legales gratuitos a personas indigentes, “especialmente en lo que se refiere a la defensa de acusados y a la representación legal de personas insolventes”. íd. En el ámbito penal, este llamado adquiere mayor importancia. Ello, sin duda, en atención a los intereses implicados y las posibles consecuencias a las que está sujeto un imputado de delito una vez el Estado inicia un procedimiento criminal en su contra.

El Canon 1, además, está íntimamente relacionado con preceptos constitucionales y estatutarios de máxima envergadura en nuestro sistema de justicia. Particularmente, la obligación de aceptar casos de personas indigentes acusadas de delitos que encarna el Canon 1 responde a la garantía del derecho a asistencia de abogado en todos los procesos criminales dispuesta en la Sección 11 de la Carta de Derechos de nuestra Constitución. Véase Art. II, Sec. 11, Const. ELA, LPRA, Tomo l. Asimismo, distintos preceptos estatutarios hacen viable el cumplimiento con este mandato constitucional. Además, lo resuelto por este Tribunal en Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, 133 DPR 599 (1993), y la posterior adopción del Reglamento para la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio en Procedimientos de Naturaleza Penal, representaron pasos firmes en dirección a garantizar el acceso a representación legal para personas indigentes.

Precisamente, en atención a este andamiaje constitucional y legislativo, este Tribunal ha afirmado que “[1] a obligación de los abogados de brindar representación legal gratuita a las personas de escasos recursos, en la esfera penal, surge de la Constitución del Estado. Libre Asociado y, en términos más específicos, de las Reglas de Procedimiento Criminal y del Canon 1 [...]”. In re Rodríguez Santiago, 157 DPR 26, 30 (2002). De la misma manera, hemos señalado que esta obligación es un corolario de la naturaleza y función eminentemente pública de la profesión legal, y se deriva del hecho de que todo abogado y abogada es un oficial del tribunal. íd., pág. 31. Constituye, pues, conducta no sólo reprochable, sino además sancionable, el que un letrado o letrada se niegue a ofrecer sus servicios profesionales a una persona indigente a quien se le encausa criminalmente, sin aducir una razón legítima que pueda anteponerse ante el interés apremiante de garantizarle su derecho constitucional a contar con representación legal, íd., pág. 36. Véase, además, In re Roldós Matos, 161 DPR 373 (2004).

En este sentido, no se puede olvidar que, además de tener la responsabilidad de defender honesta y competentemente los intereses de su cliente, los abogados y abogadas desempeñan una función social a través de su aportación imprescindible a la materialización de la Justicia. In re Marini Román, 165 DPR 801, 807 (2005). Al desempeñar esta función, todo profesional de Derecho tiene, pues, el deber de conformar su conducta a aquellos principios dirigidos a asegurar el justo y buen funcionamiento de nuestro sistema de Justicia.

Conforme a lo anterior, el Canon 9 del Código de Etica Profesional, supra, obliga a todo abogado y abogada a “observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto”. En numerosas ocasiones hemos señalado que esta norma exige que los profesionales del Derecho sean diligentes en el trámite de los casos de sus clientes y, particularmente, en lo que respecta a obedecer y responder prontamente las órdenes emitidas por los tribunales. In re Hoffman Mouriño, 170 DPR 968 (2007). Desatender esas órdenes representa un grave menosprecio a la autoridad del tribunal y constituye, por lo tanto, una clara violación al Canon 9. Por otro lado, el canon también requiere que cuando profesionales del Derecho se dirijan al tribunal o a uno de sus funcionarios lo hagan con respeto y deferencia. Véase In re Crespo Enríquez, 147 DPR 656, 662-663 (1999).

En resumen, podemos colegir que el deber de respeto que surge del Canon 9 tiene dos vertientes. La primera implica el deber de respetar las órdenes y directrices emitidas por los tribunales, las cuales, a su vez, solamente pueden ser impugnadas por medio de los cauces apelativos apropiados. S. Steidel Figueroa, Etica y responsabilidad disciplinaria del abogado, San Juan, Pubs. JTS, 2010, pág. 312. La segunda enuncia el deber de los abogados y abogadas de respetar a “jueces, empleados y funcionarios del tribunal, tanto en comparecencias formales, personales o por escrito, como cuando interactúa[n] informalmente con éstos [...]”. Id. Si bien este Tribunal ha reconocido la crítica judicial sana y oportuna como “ ‘un medio necesario y efectivo para mantener a los jueces alertas y atentos al estricto cumplimiento de sus funciones’ ” —In re Crespo Enríquez, supra, pág. 663—, claramente ello no significa que los profesionales del Derecho “ ‘tiene [n] licencia absoluta en el uso del lenguaje para poner en entredicho o mancillar la dignidad de los jueces’ ”. In re Rochet Santoro, 174 DPR 123, 131 (2008) (citando a In re López de Victoria I, 163 DPR 1, 8 (2004)). En cuanto a la primera vertiente del Canon 9, he-mos enfatizado lo siguiente:

Ante determinaciones adversas, los abogados poseen las herramientas que el propio ordenamiento les provee para que éstas puedan ser revisadas. Como bien dijimos en Pueblo v. Susoni, 81 DPR 124, 154 (1959), “[e]l comportamiento judicial que de alguna manera afecta los derechos de un acusado o litigante, puede llevarse al récord para la acción correctiva que proceda por un tribunal superior a tenor con lo que deba ser un juicio imparcial y justo”. In re Crespo Enríquez, supra, pág. 663.

En otras palabras, nuestro ordenamiento provee los remedios adecuados para aquellas situaciones en las que un abogado o abogada entienda que los intereses de su cliente, o los suyos, han sido perjudicados. En atención a la autoridad que poseen los tribunales de justicia y a la deferencia y respeto que merecen, es a esos remedios a los que los profesionales del Derecho están obligados a recurrir para vindicar sus reclamos.

Con relación al deber de respeto para con los tribunales, el Canon 12 de Ética Profesional, supra, complementa lo dispuesto en el Canon 9 al establecer que

[e]s deber del abogado hacia el tribunal, sus compañeros, las partes y testigos el ser puntual en su asistencia y conciso y exacto en el trámite y presentación de las causas. Ello implica el desplegar todas las diligencias necesarias para asegurar que no se causen indebidas dilaciones en su tramitación y solución. (Énfasis suplido).

Este deber de puntualidad y diligencia aplica en todas las etapas de un litigio y, en la práctica, exige que los abogados y abogadas adopten toda medida a su alcance para evitar que se entorpezca y dilate innecesaria e injustificadamente la tramitación de los procedimientos judiciales. Véase In re Nieves Nieves, 181 DPR 25 (2011). Esta obligación no solamente se debe al tribunal, sino también a los compañeros abogados y abogadas, y, por supuesto, al cliente mismo. In re Roldós Matos, supra, pág. 384. Al igual que surge del Canon 9, esta norma “requiere que los abogados presten atención minuciosa, sean diligentes y cumplan con las órdenes del tribunal [...]”. In re García Ortiz, 187 DPR 507, 517 (2012).

Por otra parte, el deber que todo profesional del Derecho tiene de “defender los intereses de su cliente con el compromiso de emplear ‘la mayor capacidad, lealtad, responsabilidad, efectividad y la más completa honradez’ ” constituye una piedra angular de nuestro sistema de Justicia. In re Rivera Ramos, 178 DPR 651, 664 (2010) (citando a In re Cuevas Velázquez, 174 DPR 433, 442 (2008)). Por ello, el Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, establece que los abogados y abogadas están llamados a “defender los intereses del cliente diligentemente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y responsable”. Ser diligente implica “reali[zar] las gestiones que le fueron encomendadas en momento oportuno, en forma adecuada y sin dilaciones que puedan afectar la pronta solución de [la] controversia”. Steidel Figueroa, op. cit., pág. 179. Esencialmente, “todo abogado cuyo desempeño profesional no sea adecuado, responsable, capaz y efectivo incurrirá en una violación al Canon 18 [...]”. In re Pérez Riveiro, 180 DPR 193, 202 (2010).

III

Como anticipamos, en el presente caso, la Procuradora General determinó en su Informe que el licenciado Capella Angueira incumplió con los Cánones 1, 9, 12 y 18 de Ética Profesional, supra, al negar representación legal a indigentes imputados debido a que sus casos estaban asignados al Salón de Sesiones 204 que presidía la juez Lugo Báez, contra quien el letrado había presentado una queja ante la OAT. Luego de evaluar los hechos pertinentes, coincidimos con la apreciación de la Procuradora General.

Según señaló el propio licenciado Capella Angueira en la directriz que emitió el 3 de diciembre de 2014, la orden que originó la presente acción respondió a que, estando una queja pendiente contra la referida juez, entendía que no era propio que los abogados y abogadas de la SAL aceptaran casos asignados al salón que presidía. Anejo 11 de la Resolución de 31 de diciembre de 2014. Alegó, además, que, toda vez que “administrativamente no se ha hecho nada para salvaguardar los derechos de nuestros representados”, se vio obligado a tomar esa determinación. En sus comparecencias ante este Tribunal, el licenciado Capella Angueira ha reiterado que, dentro de las circunstancias, consideró la medida como necesaria para garantizar los derechos de los clientes de la SAL y que, contrario a lo alegado tanto por el juez Canabal Pérez en la Petición Urgente como por la juez Lugo Báez en la resolución que emitió el 31 de diciembre de 2014, nunca pretendió que se sustituyera a la referida juez por un magistrado que fuera de su beneplácito.

A pesar de que el licenciado Capella Angueira alega haber actuado conforme a lo que entendía eran los mejores intereses de los imputados indigentes cuya representación la SAL suele asumir, el curso de acción seguido en la defensa de esos intereses fue, a todas luces, errado y en clara contravención de los postulados que informan nuestro ordenamiento procesal criminal. Asimismo, las actuaciones del licenciado Capella Angueira transgreden los deberes éticos profesionales que recogen los Cánones 1, 9, 12 y 18. Veamos.

En primer lugar, la decisión del licenciado Capella Angueira de emitir la directriz en controversia tuvo el efecto real de negarle a un grupo de imputados indigentes su derecho constitucional y estatutario a representación legal en un procedimiento criminal iniciado en su contra. No existe controversia con respecto a que los imputados en los casos Pueblo v. Adalberto Quiles Negrón, Pueblo v. Claudia Hernández Cohen, y Pueblo v. Freddie L. Menéndez Rivera, fueron certificados por representantes de la SAL como indigentes, conforme a las disposiciones reglamentarias pertinentes. Sin embargo, debido a una determinación administrativa sin apoyo legal tomada por el licenciado Capella Angueira, éstos terminaron compareciendo a sus vistas preliminares sin la debida asistencia legal. Lo que es peor, la directriz del licenciado Capella Angueira obligó a los subalternos de éste en la oficina de la SAL de Arecibo a incurrir en violaciones éticas al negarse a asumir la representación legal de indigentes cuyos casos fueran asignados a la sala de la juez Lugo Báez.

Asimismo, la directriz del licenciado Capella Angueira representó la asunción de una actitud evidentemente desafiante ante la autoridad del tribunal. Al arrogarse la facultad de determinar en qué casos la SAL asumiría representación legal y en cuáles no, todo en función del magistrado, que presidirá la vista correspondiente, el licenciado Capella Angueira obstruyó de manera directa el buen funcionamiento de nuestro sistema de justicia criminal. Ello, a su vez, generó dilaciones injustificadas en la tramitación de casos en el salón de sesiones correspondiente, ya que obligó a la juez Lugo Báez a reseñalar vistas y designar abogados de oficio en casos que, en circunstancias ordinarias, serían atendidos por el personal de la SAL. Esa actuación no solo demuestra una falta de respeto hacia el tribunal, sino también hacia los compañeros abogados y abogadas que tuvieron que asumir, innecesariamente, la representación legal de estos indigentes imputados.

El licenciado Capella Angueira agravó el panorama anterior al incumplir con el requisito de notificar las razones por las cuales la SAL no asumiría la representación legal de los imputados y luego desatender las órdenes del tribunal de cumplir con tal deber. Ciertamente, la denegatoria de una solicitud de inhibición no constituye, bajo ningún concepto, una razón legítima para negarse a comparecer ante un juez en particular y, consiguientemente, rechazar clientes para los cuales la SAL usualmente asumiría representación legal.

Además, la decisión de recomendar a los imputados entrevistados que solicitaran que otro juez atendiera sus casos o que requirieran que se les nombrara un abogado de oficio, constituye una afrenta a la autoridad judicial y al buen funcionamiento de nuestros tribunales.

Por todo lo anterior, este Tribunal no puede sino expresar su más profundo repudio hacia la conducta en que incurrió el licenciado Capella Angueira y la posición en la que éste colocó, tanto a los abogados y abogadas de la SAL que laboran bajo su dirección como a los imputados afectados por sus decisiones administrativas. Este abusó de su posición de poder para, sin base jurídica alguna, emitir una directriz administrativa que tuvo el efecto nefasto de negar a un grupo de imputados indigentes su derecho constitucional y estatutario a contar con asistencia legal en un procedimiento criminal, todo ello en contravención de varios postulados básicos de nuestro ordenamiento disciplinario.

IV

Tras haber determinado que el licenciado Capella Angueira incurrió en las violaciones éticas que se le imputan, resta por fijar la sanción que procede. Sabido es que, al determinar la sanción disciplinaria que se impondrá a un abogado o abogada que ha transgredido las normas que rigen el ejercicio de la profesión del Derecho en nuestra jurisdicción, este Tribunal puede tomar en consideración la presencia de circunstancias atenuantes. En ocasiones previas, hemos identificado algunas de ellas, a saber: (1) la buena reputación del abogado o abogada en la comunidad; (2) su historial previo; (3) si se trata de su primera falta disciplinaria; (4) el perjuicio, si alguno, que hayan sufrido las partes implicadas; (5) si se trata de un incidente aislado; (6) si medió ánimo de lucro, y (7) cualquier otra consideración que este Tribunal entienda pertinente al momento de evaluar la conducta imputada. In re Hernández González, 188 DPR 721, 729 (2013).

En el caso del licenciado Capella Angueira, ésta es la primera vez que determinamos que ha incurrido en conducta contraria a los cánones del Código de Etica Profesional y su expediente personal refleja que nunca ha sido objeto de una queja disciplinaria. Asimismo, su historial profesional refleja más de tres décadas de compromiso con las comunidades más vulnerables y desventajadas de nuestro País, trabajo que ha realizado con pasión y orgullo, según la misma Procuradora General también reconoce. A su vez, debemos destacar que el licenciado Capella Angueira revaluó su determinación y se retractó de la directriz que dio origen a esta controversia tan pronto fue apercibido por este Tribunal. Además, es importante notar que no medió ningún ánimo de lucro en su proceder y que, finalmente, en sus comparecencias, ha destacado que esta situación lamentosa ha sido aleccionadora para él.

De otro lado, es un hecho irrefutable que en el presente caso las partes más estrechamente implicadas —es decir, los indigentes imputados cuyos derechos a contar con representación legal fueron vulnerados— sufrieron un perjuicio sustancial como consecuencia directa de las faltas éticas del licenciado Capella Angueira. Asimismo, ya que el letrado desistió de sus pretensiones una vez fue advertido por este Tribunal, evitando así causarle aún mayores perjuicios a la comunidad a la que la SAL está llamada a servir y a nuestro sistema de justicia criminal en general, no puede tener el efecto de aminorar totalmente la gravedad de las violaciones éticas ya cometidas. No dudamos del licenciado Capella Angueira cuando asevera que el proceso de marras ha sido doloroso, difícil y aleccionador, y que en lo sucesivo habrá de ser más riguroso al momento de descargar sus funciones y responsabilidades. No obstante, en el balance final, este Tribunal no puede titubear al momento de ejercer su autoridad disciplinaria con el rigor que exige una controversia como ésta. Tampoco puede eludir su deber de transmitir un mensaje contundente e inequívoco a la profesión legal en cuanto a que este tipo de conducta no solamente no será permitida, sino que acarreará serias consecuencias. Así, por los fundamentos anteriormente reseñados, y en atención a la gravedad de las violaciones cometidas por el licenciado Capella Angueira en contravención a los Cánones 1, 9, 12 y 18 del Código de Ética Profesional, supra, se suspende al licenciado Capella Angueira del ejercicio de la abogacía y la notaría por un término de tres meses contado a partir de la notificación de la presente Opinión per curiam y Sentencia.

El licenciado Capella Angueira deberá notificar a sus clientes de su inhabilidad de poder continuar representándolos y devolverá a éstos los expedientes de todo caso que ya haya atendido o que esté pendiente de resolución y, además, todos los honorarios que haya percibido por trabajos no realizados. De igual manera, deberá informar su suspensión a cualquier foro judicial o administrativo en el que tenga algún caso pendiente. El letrado deberá acreditar y certificar el cumplimiento con todo lo anterior, dentro de un término de treinta días, contado a partir de la notificación de la presente Opinión per curiam y Sentencia. Por último, se le ordena al Alguacil de este Tribunal incautar inmediatamente la obra y el sello notarial del licenciado Capella Angueira, y entregarlos al Director de la Oficina de Inspección de Notarías para la correspondiente inspección e informe.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez emitió una Opinión concurrente en parte y disidente en parte, a la cual se unió la Jueza Asociada Oronoz Rodríguez. El Juez Asociado Señor Estrella Martínez concurrió sin opinión escrita. La Jueza Presidenta Señora Fiol Matta no intervino.

Opinión concurrente en parte y disidente en parte de la

Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez, a la cual se une la Jueza Asociada Oronoz Rodríguez.

Hoy se sanciona desmedidamente a un integrante de la profesión legal que, si bien incurrió en faltas éticas, cuenta con el beneficio de una trayectoria profesional laudable en el servicio público de nuestro País. Es por ello que disiento de la sanción impuesta.

Tras concluir que el Ledo. Rafael Capella Angueira incurrió en conducta contraria a las exigencias de los Cánones 1, 9, 12 y 18 del Código de Ética Profesional, 4 LPRAAp. IX, una mayoría de este Tribunal ordena suspenderlo del ejercicio de la abogacía por un término de tres meses. A pesar de que estoy de acuerdo con la determinación de que el licenciado Capella Angueira cometió las faltas éticas que se le imputan y que, por lo tanto, procede que este Tribunal le imponga una sanción disciplinaria, estimo que la medida adoptada por una mayoría de este Tribunal es, a la luz de los hechos y circunstancias del caso, y los intereses que el proceso disciplinario tutela, excesiva y, en última instancia, desproporcionada en comparación con la gravedad de las faltas cometidas.

No existe controversia en torno a los hechos que dieron origen al procedimiento disciplinario de marras. Tras la correspondiente evaluación de éstos y un análisis de los planteamientos elaborados por las partes implicadas en sus respectivas comparecencias, este Tribunal concluye que el licenciado Capella Angueira incurrió en violaciones a los deberes éticos contenidos en los Cánones 1, 9, 12 y 18 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Como indiqué, no existen mayores divergencias de criterio entre los miembros de este Tribunal con respecto a esta determinación. Lo que ha generado diferencias, y la razón por la cual me veo obligada a disentir, se limita a la sanción que corresponde imponer en atención a esas violaciones.

Contrario a otras jurisdicciones, nuestro ordenamiento disciplinario es silente con respecto al tipo de sanción que procede luego de una determinación de que un integrante de la profesión legal ha transgredido una, o varias, de las nor-mas que regulan el ejercicio de la abogacía. Dicho de otra manera, en nuestro Código de Ética Profesional, “las sanciones no están predeterminadas por tipos de infracción” y, por lo tanto, “[n]o existen categorías de faltas con las correspondientes categorías de sanciones aplicables”. S. Steidel Figueroa, Etica y responsabilidad disciplinaria del abogado, San Juan, Pubs. JTS, 2010, pág. 368. Lo cierto es que, al amparo de los preceptos sustantivos y procesales vigentes, este Tribunal goza de un alto grado de discreción al momento de determinar la sanción correspondiente a una violación de índole ética, asunto que algunos comentaristas lo tildarían de excesivo.

Ahora bien, en teoría, esta laguna se subsana mediante la aplicación sistemática y ponderada del precedente judicial. Así, “las sanciones pudieran considerarse como predeterminadas para casos futuros análogos a los previamente resueltos por el Tribunal”. Steidel Figueroa, op. cit, pág. 368. Lamentablemente, este Tribunal no ha sido consistente en el ejercicio de sus prerrogativas disciplinarias. Esta tendencia podría explicarse de dos maneras. Por una parte, la inconsistencia podría atribuirse a una falta de interés en atender con el rigor necesario los asuntos relacionados con conducta profesional. Esto podría explicar, a su vez, el hecho de que nuestro Código de Ética Profesional haya permanecido virtualmente inalterado por más de cuatro décadas. De otra parte, en la práctica hemos claudicado a nuestro deber de exteriorizar cabalmente el racionamiento colectivo o individual detrás de las adjudicaciones en los méritos de los asuntos disciplinarios ante nuestra consideración. Ciertamente, son pocas las instancias en las que este Tribunal ha llevado a cabo un análisis comparativo de conductas análogas evaluadas en casos anteriores.

Esta imprecisión e insuficiencia al momento de descargar nuestras funciones disciplinarias, por las que respondemos todos los integrantes de este Foro, afecta de manera directa a los miembros de la profesión legal y tiene graves consecuencias en nuestro ordenamiento disciplinario. La principal es que despoja a éste del grado de coherencia y consistencia que requiere para que sea plenamente efectivo. Si bien la consistencia en las decisiones dictadas por este Tribunal Supremo no constituye una garantía absoluta sobre su corrección, resulta ser un elemento de gran importancia, puesto que no solo confiere estabilidad, confiabilidad y credibilidad a nuestro sistema de justicia, sino que, desde un punto de vista institucional, asegura que todos sean juzgados de forma uniforme y según las mismas reglas. Después de todo, “[l]a estabilidad, la certeza, la eficacia y la reducción de arbitrariedad en la toma de decisiones judiciales son valores axiomáticos del Derecho y de un sistema de justicia objetivo y confiable”. Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 DPR 889, 927 (2012), opinión concurrente y disidente de la Juez Asociada Rodríguez Rodríguez.

La importancia de la consistencia adquiere mayor relevancia en el contexto disciplinario, puesto que, en casos de suspensiones y separaciones permanentes del ejercicio de la abogacía, éstas inciden directamente en la fuente de sustento de muchos profesionales del Derecho. Por esta razón, su determinación es un asunto que exige profunda atención y deliberación, y se rige por las garantías del debido proceso de ley. Asimismo, el ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria exige que indaguemos en torno al propósito de las sanciones que imponemos y su relación con la conducta que se quiere disuadir. Es decir, supone un juicio informado de proporcionalidad, el cual ha de tomar en consideración las múltiples circunstancias concomitantes a la conducta evaluada. No debemos pasar por alto, además, que las consecuencias de una sanción disciplinaria no son meramente económicas; el prestigio y la reputación del profesional del Derecho al que este Tribunal sanciona también se afectan significativamente.

II

Según se deduce de los hechos reseñados en la Opinión per curiam que antecede, la directriz emitida por el licenciado Capella Angueira representa el aspecto más significativo de la conducta que nos corresponde evaluar. Sin duda, la referida directriz constituyó un craso error de juicio por parte del licenciado Capella Angueira que no se justifica y que, por el contrario, merece nuestro más enérgico rechazo. No obstante, un entendimiento integral de los hechos y un estudio sosegado y sin ánimo prevenido del expediente profesional del licenciado, me hacen discrepar del criterio mayoritario en cuanto a la sanción impuesta, a saber: suspensión temporera del licenciado Capella Angueira del ejercicio de la profesión legal. Máxime, cuando hace menos de dos meses la mayoría que hoy suspende al licenciado Capella Angueira optó por meramente apercibir a una funcionaría que al día de hoy ocupa un puesto en la legislatura de nuestro País, de que en el futuro debía ser más “rigurosa” en su facturación por el trabajo rendido. Hoy, por el contrario, la mayoría opta por imponer la sanción más inclemente; la de suspender de la profesión legal a un verdadero servidor público quien, por más de tres décadas, ha provisto servicios legales de primer orden a los más necesitados. Y quien ha antepuesto, consecuentemente, los intereses de sus clientes a cualquier utilidad económica, profesional o política que pudiese derivar de sus funciones. La suspensión del licenciado Capella Angueira priva, además, a un sector marginado de nuestra población de un líder comprometido con garantizar el reconocimiento de sus derechos en todo procedimiento criminal.

Por los fundamentos esbozados anteriormente, disiento de la sanción que hoy se le impone al licenciado Capella Angueira. Esto, por entender que no es cónsona con la conducta que se le imputa y no refleja una evaluación ponderada de los atenuantes que obran a favor del licenciado. Por mi parte, hubiese circunscrito la sanción a una censura enérgica acompañada de un apercibimiento general a efectos de que, en lo sucesivo, una conducta de la naturaleza en la que incurrió el licenciado Capella Angueira acarreará sanciones más severas.

       El juez Canabal Pérez acompañó su Petición Urgente con esta resolución. En ésta, la juez Lugo Báez detalló los antecedentes fácticos y procesales que la llevaron a solicitar la intervención de este Tribunal y anejó la documentación que sustenta sus señalamientos con respecto a la alegada conducta del licenciado Capella Angueira. En lo pertinente, señaló que el licenciado Capella Angueira había denegado asumir la representación legal de los imputados indigentes en los tres casos señalados, había incumplido con disposiciones pertinentes del Reglamento para la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio en Procedimientos de Naturaleza Penal, 4 LPRA Ap. XXVIII-A, y había desatendido órdenes del tribunal, entre otras cosas.

       Es menester señalar que al momento de la presentación de la Petición Urgente, esta directriz continuaba en vigor.

       El licenciado Capella Angueira presentó la primera solicitud de inhibición el 5 de noviembre de 2014 ante la misma juez Lugo Báez. Esta la declaró “no ha lugar” el próximo día. Véanse los Anejos 1 y 2 de Resolución del 31 de diciembre de 2014.

       Es importante destacar que el contenido de la queja no incide en lo absoluto en nuestra evaluación de las actuaciones del licenciado Capella Angueira. Por lo tanto, y en deferencia al trámite investigativo ordinario mediante el cual se atenderá la referida queja, nos abstenemos de mencionar las alegaciones específicas hechas por el licenciado, las cuales serán evaluadas en su día.

       Esto a pesar de que el licenciado Capella Angueira había solicitado un término para recurrir al Tribunal de Apelaciones, lo que no hizo.

       Concretamente, el licenciado Capella Angueira informó que “[e]n vista de que administrativamente no se ha hecho nada para salvaguardar los derechos de nuestros representados y el buen funcionamiento que debe imperar en la sala de la [juez Lugo Báez,] nos vemos en el deber de tomar una determinación administrativa [y e]fectivo inmediatamente no estaremos aceptando la representación de casos o acusados que estuvieren señalados en la sala que preside la Honorable Isabel Lugo Báez”. El licenciado dirigió la carta al juez Canabal Pérez, con copia a la Hon. Heidi Kiess Rivera, Juez Coordinadora de los Asuntos de lo Criminal, y a la misma juez Lugo Báez. Véase Anejo 5 de Resolución de 31 de diciembre de 2014.

       Dada la negativa de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) de asumir la representación legal de los imputados en Pueblo de Puerto Rico v. Adalberto Quiles Negrón, AR2014CR00839-6; Pueblo de Puerto Rico v. Claudia E. Hernández Cohen, AR2014CR01248, y Pueblo de Puerto Rico v. Freddie L. Menéndez Rivera, AR2014CR01264-1, éstos comparecieron a su vista preliminar sin representación legal. Así, la juez Lugo Báez se vio obligada a tomar la medida cautelar de designar abogados de oficio para los tres imputados. Ello, a su vez, requirió reseñalar las vistas preliminares y generó una secuencia de complicaciones en el trámite de los correspondientes procedimientos criminales.

       Véanse los Anejos III, X y XVII del Informe de la Procuradora General.

       La Regla 13(a) del Reglamento para la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio en Procedimientos de Naturaleza Penal dispone que “[cjuando la Sociedad para Asistencia Legal o cualquier entidad análoga similar acepten representar a una persona imputada de delito, deberán notificar el nombre al tribunal mediante moción, el día en que asuman la representación legal o a más tardar al día siguiente. Asimismo, cuando denieguen representación legal a una persona imputada que asistió a una conferencia o entrevista, deberán notificar mediante moción el nombre y las razones para la denegación, el día en que la denieguen o a más tardar al día siguiente”. (Énfasis suplido). 4 LPRA Ap. XXVIII-A. La regla provee una sola excepción al requisito de proporcionar las razones detrás de la denegación de representación legal: que existe un conflicto de intereses entre personas coacusadas de delito. En estas circunstancias, bastará con indicar la existencia del mismo. íd.

       Moción en Cumplimiento de Orden. Véase Anejo 9 de la Resolución de 31 de diciembre de 2014.

       Como parte de su investigación, la Oficina de la Procuradora General se comunicó directamente con la señora Piñero Sánchez, quien nuevamente corroboró las expresiones hechas por el licenciado Capella Angueira. Véase Informe de la Procuradora General, pág. 5.

       Moción Asumiendo Representación Legal, de Reconsideración y sobre Otros Extremos, pág. 2. El licenciado Capella Angueira acompañó su moción con copia de una misiva, de 23 de enero de 2015, mediante la cual informaba al juez Canabal Pérez de su nueva determinación, la cual sería efectiva inmediatamente.

       Además, mediante la resolución certificada el 9 de febrero de 2015, este Tribunal declaró “no ha lugar” la moción de reconsideración presentada por el licenciado Capella Angueira y “ha lugar” a su solicitud de representación legal.

       El licenciado Capella Angueira, por su parte, compareció nuevamente el 1 de abril de 2015 mediante el Escrito en Relación a Comparecencia Especial del 17 de marzo de 2015, del Hon. Nelson Canabal Pérez.

       Destacamos que la misión de la SAL es, justamente, hacer efectivo este mandato constitucional.

       Concretamente, las Reglas 57 y 159 de Procedimiento Criminal, 34LPRA Ap. II, establecen que, de un acusado comparecer sin representación legal a una vista o a un juicio, el tribunal viene obligado a informarle sobre su derecho de contar con asistencia de un abogado o abogada defensor y, de ser necesario, nombrarle uno que, en adelante, le proveerá sus servicios sin costo para él.

       En Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, 133 DPR 599, 612 (1993), luego de reconocer que el derecho a tener representación legal en casos criminales forma parte fundamental del debido proceso de ley, expresamos que la obligación de pro-veer asistencia de abogado a los indigentes no recae exclusivamente en el Estado, sino que constituye “una obligación compartida con los abogados admitidos al ejercicio de la profesión”. (Enfasis suprimido).

       Véase Anejo 5 de Resolución de 31 de diciembre de 2014.

       Réplica al Informe de la Procuradora General y en Cumplimiento deOrden, págs. 10 y 12.

       Es necesario destacar que, en el pasado, nos hemos expresado con relación a la naturaleza y función del proceso disciplinario. Véanse: In re Sánchez Ramos, 174 DPR 453, 467 (2008) (“[E]l norte de todo procedimiento disciplinario es proteger al público y a la profesión legal, por lo que toda pretensión ajena a dicho propósito no será motivo para que este Foro emprenda la delicada encomienda de sancionar disciplinariamente a un abogado”); In re García Aguirre, 175 DPR 433, 441 (2009) (“El fin del procedimiento disciplinario no es castigar al abogado, sino proteger al público y a la profesión legal mediante una investigación de las condiciones morales del letrado para determinar si puede continuar ejerciendo la abogacía”).

       En sus comparecencias ante este Tribunal, el licenciado Capella Angueira tampoco refuta los hechos esenciales que provocaron que se iniciara un procedimiento disciplinario en su contra. En éstos, el letrado más bien intenta contextualizar los mismos en un esfuerzo por demostrar que su actuación no contravino los estándares mínimos de comportamiento profesional que exigen los cánones del Código de Ética Profesional. En la alternativa, plantea que la presencia de varios atenuantes justifica que no se le sancione.

       Convido a mis compañeros y compañeras a aprovechar la coyuntura que supone la actualización, adecuación y atemperación de nuestro Código de Ética Profesional para incluir estándares claros que guíen nuestra discreción al momento de imponer sanciones. Esto en aras de evitar actuaciones arbitrarias o que creen la impresión de arbitrariedad al momento de ejercer nuestra jurisdicción disciplinaria.

       Véanse: In re Rivera Ramos, 178 DPR 651 (2010); In re González Acevedo, 165 DPR 81 (2005).

       En cuanto a la relación entre un estándar adjudicativo consistente y el propósito de las sanciones disciplinarias, en otras jurisdicciones se ha afirmado:
      “Our purpose in imposing sanctions is to deter other lawyers from similar conduct; to assure the public that we will maintain the ethics of the profession; and to appropriately reflect our view of the attorney’s fitness to practice law. [...] The standard we apply tailors the circumstances of each case, giving respectful consideration to the recommendation of the commission and also taking into account our decisions in earlier similar cases”. Com. on Pro. Ethics & Conduct v. Baudino, 452 N.W.2d 455, 459 (Iowa 1990).

       En aquella ocasión, una mayoría de los integrantes de este Tribunal ordenó el archivo de una queja disciplinaria que involucraba imputaciones éticas serias, que consistían en irregularidades relacionadas con la facturación indebida a un municipio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Estas imputaciones fueron producto de los señalamientos contenidos en un informe de auditoría de las operaciones fiscales del Municipio de Canóvanas que rindió la Oficia del Contralor de Puerto Rico. Al así proceder, la mayoría se limitó a un mero apercibimiento a la letrada en cuestión a los efectos de que, en el futuro, debía ser “sumamente rigurosa para asegurarse de que el contenido de sus facturas revel [ara] con corrección los detalles que requiere el cobro de honorarios por servicios legales prestados”. In re Charbonier Laureano, 193 DPR 409 (2015). Esto, a pesar de que los fondos en controversia eran, propiamente, fondos públicos.
      Al valorar la severidad de la sanción que hoy se impone frente al archivo de la queja en el caso antes mencionado, parece acertada la crítica de que, en el ejercicio de nuestra jurisdicción sobre conducta profesional, “las sanciones disciplinarias parecen depender más de quién se trata y no de la conducta incurrida”. G. Figueroa Prieto, Conducta profesional, 74 Rev. Jur. UPR 495, 529 (2005).