text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Roberto O’Neill Román y José de la Rosa Santiago, recurridos.

      Número: CC-2004-923

      Resuelto: 5 de agosto de 2005

      Roberto J. Sánchez Ramos, procurador general, abogado de la Earte peticionaria; Neftalí Santiago Rodríguez y Héctor A. yeliz Barrera, abogados de la parte recurrida.
   La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez

emitió la opi-nión del Tribunal.

Se nos solicita en este recurso que ordenemos el sobre-seimiento de la causa criminal instada en contra de los recurridos, debido a que el delito por el cual fueron acusa-dos quedó derogado al aprobarse el Código Penal de 2004. Se invoca para ello el segundo párrafo del Art. 308 del nuevo Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4935, que trata sobre la aplicación temporal del Código Penal de 2004. Veamos.

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El 8 de octubre de 2004 el Procurador General presentó ante este Tribunal una petición de certiorari en el caso de epígrafe. En la petición se solicitó la revocación de una re-solución emitida por el Tribunal de Apelaciones, mediante la cual ese foro rehusó revisar una decisión del Tribunal de Primera Instancia que había desestimado las acusaciones presentadas contra los acusados de epígrafe. Ello por ha-berse infringido el término de juicio rápido contenido en la Regla 64(n)(4) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Los recurridos habían sido acusados de violación al Art. 165(a) del Código Penal de 1976 (33 L.P.R.A. sec. 4271a), que tipificaba el delito de apropiación ilegal de propiedad intelectual. Expedimos el auto.

Expedido el auto, tanto el Procurador General como los imputados presentaron sus respectivos alegatos, quedando así el caso sometido para su adjudicación. Así las cosas, el 5 de mayo de 2005 los acusados comparecieron ante este Tribunal y, mediante una moción informativa, solicitaron la desestimación del recurso instado y el sobreseimiento de la acción penal, porque al entrar en vigor el nuevo Código Penal quedó suprimido el delito imputado. Basaron su re-clamo en lo dispuesto en el Art. 308 del Código Penal de 2004, ante, donde se dispone, en lo pertinente, que de su-primirse en el nuevo Código Penal cualquier delito tipifi-cado bajo el anterior Código, debía sobreseerse cualquier acción en trámite relacionada con el delito suprimido. Le concedimos un término al Procurador General para que se expresara sobre la solicitud de la parte recurrida y éste compareció dentro del término concedido. Estando en posi-ción de resolver, pasamos a hacerlo.

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En marzo de 2001, el Senado de Puerto Rico inició un proceso de reforma del Código Penal, retomando un es-fuerzo que se había iniciado en 1992 mediante la aprobación, en aquel entonces, del P. del S. 1229. A esos efectos, se aprobó la R. del S. 2302, que ordenó a la Comisión de lo Jurídico del Senado llevar a cabo una revisión a fondo del Código Penal de Puerto Rico. Posteriormente, se presentó en el Senado el P. del S. 2302 con el propósito de promulgar un nuevo Código Penal para Puerto Rico.

En el Título II del proyecto presentado se enumeran los delitos contra la propiedad. En su Primer Capítulo, especí-ficamente, se incluyeron los delitos contra los bienes y de-rechos patrimoniales. La segunda sección de ese capítulo versaba sobre los delitos relacionados con la propiedad intelectual. Así, el Art. 194 propuesto tipificaba el delito de apropiación ilegal de la propiedad intelectual; el Art. 195 se refería a la alteración de datos que identifican obras artísticas, científicas o literarias, y el Art. 196 se refería a la violación de los mecanismos de protección de derechos patrimoniales.

El propuesto Art. 194 del P. del S. 2302 era esencial-mente idéntico al Art. 165(A) del Código Penal de 1976, que tipificaba el delito de apropiación ilegal de propiedad intelectual. Ahora bien, como resultado del proceso de vistas públicas y consultas que efectuó la Comisión de lo Ju-rídico para la aprobación del nuevo Código Penal, la Comi-sión de lo Jurídico recomendó que se eliminaran los delitos relacionados con la propiedad intelectual. Así, en el In-forme de la Comisión de lo Jurídico del Senado sobre el P. del S. 2302 de 22 de junio de 2003, pág. 54, se indicó lo siguiente sobre este asunto:

Esta Comisión recomienda suprimir la sección dedicada a la propiedad intelectual y renumerar los artículos siguientes. Luego de un análisis y asesoramiento del Dr. Pedro Salazar, se concluyó que, en cuanto a lo dispuesto en los propuestos Artículos 194 y 196 del P. del S. 2302, la legislación federal ocupó el campo.

Como resultado de lo anterior, los Arts. 194 a 196 del P. del S. 2302 fueron suprimidos al aprobarse el proyecto. Es claro, entonces, que la intención del legislador respecto al delito de apropiación ilegal de propiedad intelectual fue suprimirlo —como en efecto se hizo— porque entendió que la legislación federal ocupaba el campo sobre este asunto.

Por otro lado, el Art. 308 del Código Penal de 2004, ante, sobre la aplicación del Código en el tiempo, dispone, en lo pertinente, lo siguiente:

Si este Código suprime algún delito no deberá iniciarse el encausamiento, las acciones en trámite deberán sobreseerse, y las sentencias condenatorias deberán declararse nulas y libe-rar a la persona. (Énfasis nuestro.)

El Art. 44 del Código Político, 2 L.P.R.A. sec. 252, dispone también lo siguiente:

La revocación de una ley creando un delito, no constituye impedimento para acusar o perseguir y castigar un hecho ya cometido con infracción de la ley así revocada, a menos que no se declare expresamente en la ley (derogatoria el propósito de impedir tal persecución o castigo. (Énfasis nuestro.)

Reiteradamente hemos indicado que cuando el texto de la ley es claro, debemos atenernos a éste. Alonso García v. S.L.G., 155 D.P.R. 91 (2001); Lasalle v. Junta Dir. A.C.A.A., 140 D.P.R. 694 (1996); Silva v. Adm. Sistemas de Retiro, 128 D.P.R. 256 (1991). No hay duda que el mandato legislativo contenido en el segundo párrafo del Art. 308, ante, se refiere a que todo proceso en curso por un delito que fue suprimido en el Código Penal de 2004 deberá sobreseerse. Véase Pueblo v. García & Rahola, 35 D.P.R. 17 (1926); W.R. LaFave, Substantive Criminal Law, 2da ed., West Group, 2003, Vol. 1, See. 2.5, págs. 168-173. Tampoco hay duda de que el delito de apropiación ilegal de propiedad intelectual —por el cual fueron acusados los recurridos— quedó derogado con la aprobación del Código Penal de 2004. Procede entonces, por claro mandato legislativo, sobreseer la acción que pende contra los recurridos.

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Por los fundamentos que anteceden, se dicta sentencia desestimando el recurso de “certiorari” presentado por el Procurador General y se ordena el sobreseimiento de la causa penal pendiente contra los recurridos, Roberto O’ Neill Román y José de la Rosa Santiago.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rivera Pérez disintió sin opi-nión escrita. La Jueza Asociada Señora Fiol Matta se inhibió.


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license: Public Domain

text:
      In re Elba I. Santiago Rodríguez.

      Número: TS-6804

      Resuelto: 5 de agosto de 2005

      Elba I. Santiago Rodríguez, peticionaria.
    Sala de Verano integrada por el Juez Asociado Señor Rebollo López, como su Presidente, y las Juezas Asociadas Señora Fiol Matta y Señora Rodríguez Rodríguez.
   RESOLUCIÓN

Examinada la Moción Solicitando Status, presentada por la Lie. Elba I. Santiago Rodríguez el 14 de junio de 2005, se ordena la reinstalación de la referida abogada al ejercicio de la notaría.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re Enmienda a la Regla 5(5.7.1) del Reglamento para la Admisión de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría.

      Número: ER-2005-08

      Resuelto: 8 de agosto de 2005
   RESOLUCIÓN

Al amparo del poder inherente de este Tribunal para regular la admisión y el ejercicio de la práctica de la abo-gacía y la notaría, y conforme con lo dispuesto en la Regla 15.4 del Reglamento para la Admisión de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría de 1 de junio de 1998 (4 L.P.R.A. Ap. XVII-B), se enmienda la Regla 5(5.7.1) del citado reglamento, para que exprese lo siguiente:

(5.7.1) La solicitud de admisión al examen de reválida de Derecho General deberá ir acompañada de sellos de Rentas Internas por la cantidad de doscientos cincuenta dólares ($250) y la solicitud al examen de reválida de Derecho Notarial llevará sellos de rentas internas por la cantidad de dos-cientos dólares ($200).

Esta enmienda entrará en vigor inmediatamente.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. Los Jueces Asociados Señores Rebollo Ló-pez y Fuster Berlingeri no intervinieron.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo


text:
    Benny Tosado Cortés, recurrido, v. Autoridad de Energía Eléctrica, peticionaria.

      Número: CC-2003-675

      Resuelto: 12 de agosto de 2005

      Juan R. Ortiz Ramírez, abogado de la parte peticionaria; Michael Corona y Ana Luisa Díaz Pérez, abogados de la parte recurrida.
   El Juez Presidente Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

El presente recurso requiere que evaluemos el procedi-miento disciplinario interno mediante el cual se ventilan los cargos presentados contra los empleados gerenciales en la Autoridad de Energía Eléctrica (A.E.E.). En particular, debemos determinar si la resolución emitida por un Oficial Examinador como parte del mencionado procedimiento dis-ciplinario constituye la decisión final de la referida corpo-ración pública. Veamos.

H-í

Mientras el Sr. Benny Tosado Cortés (señor Tosado Cor-tés) se desempeñaba como supervisor de la A.E.E., se le formularon cargos por alegadamente infringir ciertas re-glas de conducta promulgadas por la mencionada corpora-ción pública. En vista de ello, la Oficina de Asuntos Labo-rales de la A.E.E. refirió el asunto a un Oficial Examinador, quien presidió la vista administrativa en la cual se dilucidaron los cargos contra el señor Tosado Cortés. Luego de los trámites pertinentes, el Oficial Exa-minador emitió una resolución en la cual concluyó que el señor Tosado Cortés no había violado las Reglas de Con-ducta, según se le imputó.()

Insatisfecha, la A.E.E. acudió ante el entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones. Sin embargo, dicho foro se de-claró sin jurisdicción sobre el recurso. Al interpretar el pro-cedimiento disciplinario llevado a cabo contra el señor To-sado Cortés junto con las disposiciones del Reglamento para los Procedimientos de Adjudicación de Querellas de la A.E.E.,() concluyó que la resolución emitida por el Oficial Examinador no era la decisión final de la agencia, por lo cual no era revisable judicialmente.

Inconforme aún, la A.E.E. presentó ante nos el recurso de certiorari. Aduce, en esencia, que la decisión emitida por el Oficial Examinador en el caso de autos no requiere de ningún otro trámite administrativo para hacerla valer, ra-zón por la cual constituye la decisión final de la A.E.E. Vista la petición, acordamos expedir. Concedimos un tér-mino al señor Tosado Cortés para que presentara su posición. Este compareció y repitió los argumentos esboza-dos por la A.E.E. de que la decisión administrativa en este caso es final. Contando con la comparecencia de ambas partes, resolvemos.

A. La Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994, vigente al momento de los hechos, confería competencia al antiguo Tribunal de Circuito de Apelaciones para revisar las resoluciones de cualquier agencia administrativa, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico (L.P.A.U.), 3 L.P.R.A. sec. 2101 et seq.( ) Por su parte, la L.P.A.U. dispone, en su Sec. 4.2, que

[u]na parte adversamente afectada por una orden o resolu-ción final de una agencia y que haya agotado todos los reme-dios provistos por la agencia o por el organismo administrativo apelativo correspondiente podrá presentar una solicitud de re-visión ante el Tribunal de Apelaciones, dentro de un término de treinta (30) días contados a partir de la fecha del archivo en autos de la copia de la notificación de la orden o resolución final de la agencia o a partir de la fecha aplicable de las dis-puestas en la see. 2165 de este título ....
Una orden o resolución interlocutoria de una agencia, inclu-yendo aquellas que se emitan en procesos que se desarrollen por etapas, no serán revisables directamente. La disposición interlocutoria de la agencia podrá ser objeto de un señala-miento de error en el recurso de revisión de la orden o resolu-ción final de la agencia. (Enfasis suplido.) 3 L.P.R.A. see. 2172.

En vista de lo pautado en la referida sección, una orden o resolución administrativa debe cumplir con dos requisitos para que sea revisable judicialmente, a saber: (1) que la resolución que se pretenda revisar sea final y no interlocutoria, y (2) que la parte adversamente afectada por la orden haya agotado los remedios provistos por la agencia. Procuradora Paciente v. MCS, 163 D.P.R. 21 (2004); J. Exam. Tec. Méd. v. Elías et al., 144 D.P.R. 483 (1997). Respecto a este asunto, nos señala el Prof. Demetrio Fernández Quiñones lo siguiente:

Una vez el organismo administrativo ha rendido su decisión en el caso y la “parte adversamente afectada” ha agotado todos los remedios administrativos disponibles dentro del organismo, se puede presentar la solicitud de la revisión judicial .... Para in-terponer el recurso, la decisión administrativa tiene que ser “final” y además debe ser revisable. La decisión administrativa es final cuando ha decidido todas las controversias y no deja pendiente ninguna para ser decidida en el futuro. Es revisable cuando la parte afectada por ella haya cumplido con todos los requisitos y haya agotado todos los remedios administrativos disponibles. D. Fernández Quiñones, Derecho administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da ed., Bogotá, Ed. Forum, 2001, Sec. 9.3, pág. 533.

La L.P.A.U., aunque no define el concepto “orden o resolución final”, nos ilustra sobre su contenido esencial. Así, una orden o resolución administrativa final “deberá incluir y exponer separadamente determinaciones de hecho”, además de las “conclusiones de derecho que fundamentan la adjudicación” y la disponibilidad del recurso de reconsideración o revisión según sea el caso. 3 L.P.R.A. sec. 2164. Igualmente, añade que “[l]a orden o resolución deberá ser firmada por el jefe de la agencia o cualquier otro funcionario autorizado por ley”. Íd.

Hemos expresado que la orden o resolución final es aquella que pone fin a todas las controversias dilucidadas ante la agencia y cuyo efecto es sustancial sobre las partes. Padilla Falú v. A.V.P., 155 D.P.R. 183 (2001); J. Exam. Tec. Méd. v. Elías et al., supra. Además, dicha determinación final debe ser emitida “por la última autoridad decisoria o adjudicativa de la agencia administrativa”. Bird Const. Corp. v. A.E.E., 152 D.P.R. 928, 936 (2000). Ello implica que debe contener la última posición asumida por el ente autorizado a emitir la decisión a nombre de la agencia, y no meras recomendaciones formuladas por un oficial examinador. Véase Padilla Falú v. A.V.P., supra.

Sobre esto último, resulta pertinente destacar lo dispuesto en la See. 3.3 de la L.P.A.U., la cual establece, en parte, que

[t]oda agencia podrá designar oficiales examinadores para presidir los procedimientos de adjudicación que se celebren en ella, los cuales no tendrán que ser necesariamente abogados, particularmente cuando el procedimiento en cuestión es uno informal.
El jefe de la agencia podrá delegar la autoridad de adjudicar a uno o más funcionarios o empleados de su agencia. A estos funcionarios o empleados se les designará con el título de jue-ces administrativos. 3 L.P.R.A. sec. 2153.

El objetivo que persigue esta sección descansa en consi-deraciones prácticas. Resulta básicamente imposible para el jefe de una agencia presidir todas las vistas y adjudicar todas las controversias presentadas ante la oficina bajo su dirección, razón por la cual necesita delegar esas funciones. Véanse: Fernández Quiñones, op. cit, Sec. 4.3, pág. 186; B. Schwartz, Administrative Law, 3ra ed., Boston, Little, Brown & Co., 1991, Sec. 6.11, pág. 324. Además, el jefe del organismo administrativo —al igual que el sis-tema adjudicativo— se beneficia de la experiencia, el cono-cimiento y la capacidad de aquellas personas a las cuales se les asignan dichas tareas. Con ello se logra, igualmente, que la agencia pueda manejar las querellas presentadas y, al mismo tiempo, mantener su capacidad para desarrollar la política pública que inspiró su creación. R. J. Pierce, Administrative Law Treatise, 4ta ed., Nueva York, Aspen Law & Business, 2002, Sec. 8.6, pág. 552.

Como se puede apreciar, la Sec. 3.3 de la L.P.A.U. supra, denomina dos tipos de agentes que intervienen en el procedimiento adjudicativo a nombre de la agencia, entiéndase, el oficial examinador y el juez administrativo. Según la redacción de la aludida disposición legal, sólo este último posee la facultad para adjudicar controversias, pues dicha autoridad le es delegada por el jefe de la agencia. Esta bifurcación de funciones surge igualmente de la See. 3.13(a) de la L.P.A.U., la cual preceptúa, en lo pertinente, que “el funcionario que presida la [vista] preparará un informe para la consideración de la agencia, o emitirá la decisión por escrito si le ha sido delegada la autoridad para ello”. 3 L.P.R.A. sec. 2163(a).

Ahora bien, al analizar la naturaleza de la decisión administrativa no podemos considerar, exclusivamente, la denominación que se le ha dado al funcionario o empleado que la emite dentro del esquema procesal administrativo. Es decir, el título de oficial examinador o juez administrativo, sin más, no define el carácter de sus funciones y, por lo tanto, del producto de su trabajo. Resulta imperativo, además, evaluar las facultades que le han sido delegadas y el tipo de decisión que éstos emiten. El alcance y las consecuencias de sus determinaciones de-penderán "de lo que disponga el estatuto, de la estructura procesal de la agencia y del poder que se le reconozca al examinador o juez”. Fernández Quiñones, op. cit., Sec. 4.4, pág. 190. Como consecuencia de lo anterior, es menester considerar con detenimiento estos elementos para determi-nar si, dado el estado de derecho vigente al momento del procedimiento administrativo, la decisión que se pretende revisar judicialmente constituye un informe o una reco-mendación que carece de finalidad o, por el contrario, con-figura la decisión final de la persona con autoridad para adjudicar la controversia.

Por ello, nos corresponde evaluar el procedimiento que aplica al caso de autos para determinar sobre quién recae la facultad de adjudicar la controversia.

B. La A.E.E. fue creada al amparo de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941() (22 L.P.R.A. sec. 191 et seq.) como una corporación pública e instrumentalidad gubernamen-tal autónoma del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Esta es controlada por una Junta de Gobierno que, a su vez, designa a un Director Ejecutivo, en el cual delega los poderes y deberes que estime propios. Este Director Ejecu-tivo, entre otras responsabilidades, tiene a su cargo la su-pervisión general de los funcionarios, empleados y agentes de la A.E.E. 22 L.P.R.A. sec. 194.

Como corolario de este poder de supervisión, la A.E.E. adoptó el Manual sobre Procedimientos Disciplinarios para Empleados Unionados y Gerenciales de la Autoridad de Energía Eléctrica (Manual de la A.E.E.). Éste contiene las pautas aplicables a la formulación de cargos y a la celebra-ción de vistas adjudicativas en casos de violaciones a las reglas de conducta promulgadas por la mencionada corpo-ración pública. Dicho compendio agrupa, entre otros, los procedimientos disciplinarios que aplican a los empleados gerenciales.()

De acuerdo con la Sec. Ill del Manual de la A.E.E. —la cual aplica tanto a empleados unionados como a empleados gerenciales— una vez se le notifica al empleado la formu-lación de los cargos, éste puede solicitar una vista adminis-trativa ante un oficial examinador. El empleado tiene de-recho a estar representado por su abogado, si así lo desea. Luego de culminada la vista, el oficial examinador “somete su decisión al Director Ejecutivo para ser puesta en vigor”. (Énfasis suplido.)() Sin embargo, “[e]n los casos de separa-ción definitiva, la decisión separando al empleado es aprobada por el Director Ejecutivo”. (Énfasis suplido.)()

En específico, el procedimiento disciplinario que aplica exclusivamente a los empleados gerenciales dispone que, una vez el empleado gerencial es notificado de los cargos formulados en su contra, éste puede solicitar a la Subdivi-sión de Relaciones Industriales de la A.E.E. la celebración de una vista administrativa. Esta vista se celebra ante un ex juez del Tribunal General de Justicia de Puerto Rico, quien actúa como oficial examinador. Culminada la vista administrativa,

[e]l Oficial Examinador somete su decisión del caso al Director Ejecutivo por conducto del Jefe de la Subdivisión de Relacio-nes Industriales a la Oficina de Procedimientos Especiales de la Subdivisión de Relaciones Industriales para ser puesta en vigor. Copia de esta decisión es remitida por el Oficial Exami-nador al empleado gerencial y al abogado de la Oficina de Procedimientos Especiales. En aquellos casos meritorios, el Director Ejecutivo puede ejercer clemencia administrativa al poner en vigor la decisión de dicho Oficial Examinador. (Enfa-sis suplido.) Sec. 152.2(M) del Manual de la A.E.E.

Al evaluar el contenido del referido manual, partimos de la premisa de que las partes no cuestionan su aplicabi-lidad al caso de autos ni la legitimidad de su adopción por parte de la A.E.E.() Sin embargo, entendemos meritorio expresarnos sobre esto último para aclarar los contornos que delimitan la adopción de este tipo de normas en el campo administrativo.

C. Conforme a la L.P.A.U., las agencias administrativas tienen que cumplir con ciertos requisitos al momento de formular y aprobar sus reglamentos. Estas formalidades se pueden resumir en las siguientes: (1) notificar al público la reglamentación que ha de aprobarse; (2) proveer una oportunidad para la participación ciudadana; (3) presentar la reglamentación ante el Departamento de Estado para su aprobación, y (4) publicar la reglamentación. 3 L.P.R.A. secs. 2121-2135; Mun. de San Juan v. J.C.A., 152 D.P.R. 673 (2000).

Sin embargo, no toda regulación está sujeta a este procedimiento de aprobación. La L.P.A.U. excluye ex-presamente de la definición de "regla” o “reglamento”, entre otras, a aquellas

[r]eglas relacionadas con la administración interna de la agencia que no afectan directa y sustancialmente los derechos o los procedimientos o prácticas disponibles para el público en general. 3 L.P.R.A. sec. 2102(l)(1).

Es decir, para fines de adopción de reglas y reglamentos, la propia L.P.A.U. reconoce dos clasificaciones generales, a saber, las reglas legislativas y las reglas no legislativas.

Anteriormente hemos definido "regla legislativa” como “aquella que crea derechos, impone obligaciones y establece un patrón de conducta que tiene fuerza de ley”. Asociación Maestros v. Comisión, 159 D.P.R. 81 (2003). Por definición, esta regla es la que impacta directamente a los ciudadanos en general y obliga con fuerza de ley a la agen-cia, quien no tiene discreción para rechazarla. Íd. Es por ello que las agencias deben adoptar las reglas legislativas en estricta observación de los requisitos mencionados, dándole oportunidad a la ciudadanía para conocerlas y expresar cualquier reparo a ellas antes de su aprobación final. Véase Asoc. Fcias. Com. v. Depto. de Salud, 156 D.P.R. 105 (2002).

Por otra parte, las reglas no legislativas agrupan varias normas administrativas que, por el propósito que persiguen, no requieren el cumplimiento de las formalidades establecidas en la L.P.A.U. Un ejemplo de ellas son las reglas interpretativas, las cuales se crean para aclarar la ley, las reglas o los reglamentos administrados por la agencia, para fijar directrices y para pautar la discreción administrativa. Agosto Serrano v. F.S.E., 132 D.P.R. 866 (1993).

Asimismo, existen otras reglas no legislativas que van dirigidas a la administración interna de la agencia y que, por no afectar directa ni sustancialmente los derechos de personas ajenas a la operación de la empresa gubernamental, no requieren su notificación a la ciudadanía ni la oportunidad de que ésta participe en el proceso de adopción. Esta doctrina es ampliamente reconocida en el derecho administrativo. Al igual que la L.P.A.U., el Administrative Procedure Act (A.P.A.) reconoce que, al aprobarse este tipo de norma, no se requiere su notificación al público ni que se le brinde oportunidad a la ciudadanía para presentar sus comentarios sobre el particular.() Igualmente, el Código Modelo de Procedimiento Administrativo Estatal instituye una excepción a los requisitos de adopción de reglas y reglamentos cuando se trata de lo siguiente:

... a rule concerning only the internal management of an agency which does not directly and substantially affect the procedural or substantive rights or duties of any segment of the public. Model State Administrative Procedure Act Sec. 3-116(1) (1981).

La inaplicabilidad de los requisitos de reglamentación a este tipo de norma constituye un reconocimiento expreso por parte de la Asamblea Legislativa de la flexibilidad que necesita la agencia al regular estos asuntos internos. Véase 3 Stein, Mitchell and Mezines, Administrative Law Sec. 15.02(4), pág. 15-9 (2004). No cabe duda del alto costo operacional —y de la disminución en la efectividad y en la. eficiencia— que implicaría para las agencias tener que formular sus reglamentos o instrucciones internas aplicables a sus empleados utilizando el proceso de reglamentación como si se tratara de reglas legislativas. A.E. Bonfield, State Administrative Rule Making, Boston, Ed. Little, Brown and Co., 1986, Sec. 6.17.2, pág. 400. Además, serían mínimos los beneficios que podría obtener el público en general si se les notificara de la propuesta reglamentación interna de la agencia y se les brindara la oportunidad de opinar sobre ésta. Bonfield, op. cit. Incluso, no nos parece adecuada la intervención de. la ciudadanía en la elaboración de las normas referentes a las relaciones de la corporación pública con sus empleados, asunto expresamente delegado a su Junta de Gobierno y a su Director Ejecutivo.

No obstante lo anterior, debe quedar claro que las reglas de gobierno interno aprobadas por la agencia no deben impactar “directa y sustancialmente” los derechos de la ciudadanía en general. Mientras estas normas estén dirigidas a las operaciones internas de la agencia y apliquen a sus empleados, funcionarios o agentes, podrán adoptarse con la flexibilidad que el derecho administrativo les reconoce. Bonfield, op. cit.; Stewart v. Smith, 673 F2d. 485 (D.C. Cir. 1982); United States v. Hayes, 325 F. 2d 307 (4to Cir. 1963). Ahora bien, esta excepción no aplica en la medida que la norma afecte directa y sustancialmente derechos de terceras personas ajenas a la operación de la agencia. 1 Koch, Administrative Law and Practice Sec. 3.34, pág. 163 (1985); J. O'Reilly, Administrative Rulemaking, Colorado, Shepard’s-McGraw-Hill, 1983, Sec. 3.06, págs. 47-48. Véanse, además: Tunik v. Merit Systems Protection Bd., 407 F. 3d. 1326 (Fed. Cir. 2005); Joseph v. United States Civil Service Commission, 554 F.2d 1140 (D.C. Cir. 1977).

En el caso de autos, la A.E.E. adoptó el Manual sobre Procedimientos Disciplinarios para Empleados limonados y Gerenciales. Éste contiene ciertas normas que han de regir los procedimientos disciplinarios de sus empleados, desde la investigación de los hechos que podrían configurar una violación a las Reglas de Conducta hasta la celebración de una vista administrativa para dilucidar los cargos presentados contra éstos. Sin embargo, dicho procedimiento no va dirigido a persona alguna fuera de la A.E.E. ni impacta directa y sustancialmente al público en general. Se trata, pues, del ejercicio legítimo de regular y controlar la conducta de los empleados de la agencia para mantener el or-den y lograr la efectividad necesaria para cumplir con la encomienda que propulsó la creación de la A.E.E. En vista de ello, somos del criterio que la A.E.E. podía reglamentar el procedimiento disciplinario aludido mediante el referido manual sin que ello se entienda como un subterfugio del procedimiento de reglamentación pautado en la L.P.A.U. Cf. Asociación Maestros v. Comisión, supra; Asoc. Fcias. Com. v. Depto. de Salud, supra.

Visto lo anterior, evaluemos los argumentos de las partes.

1 — H I — I

En el caso de autos, las partes están contestes en que la decisión emitida por el Oficial Examinador en el procedi-miento llevado a cabo contra el señor Tosado Cortés cons-tituye la decisión final de la agencia. Según éstos, no que-dan mayores trámites ante la A.E.E., por lo que dicha decisión resulta ser final. Les asiste la razón. Veamos.

La ley habilitadora de la A.E.E. confirió autoridad al Director Ejecutivo sobre todo asunto concerniente a la supervisión del personal que labora para dicha corporación. Ello necesariamente conlleva la supervisión y el control de los empleados gerenciales. Sin embargo, al adoptar el Manual de la A.E.E., y conforme a las disposiciones de la L.P.A.U., el Director Ejecutivo encomendó a otras personas algunas de las facultades que se derivan de dicho poder.

Según se desprende del referido manual, la facultad adjudicativa de la agencia fue delegada expresamente al oficial examinador que preside la vista administrativa en la cual se dilucidan las presuntas violaciones a las Reglas de Conducta. De acuerdo con lo establecido en este manual, la decisión del oficial examinador constituye la determinación final sobre los cargos formulados contra el empleado gerencial. Ello es así, ya que esta decisión requiere la aprobación del Director Ejecutivo, únicamente, cuando impone como sanción la separación definitiva del empleado de su puesto. De otra forma, el dictamen del oficial examinador se convierte en la última posición de la autoridad decisoria de la agencia en lo que respecta a este procedimiento disciplinario.

Como surge claramente del procedimiento disciplinario para empleados gerenciales, el oficial examinador que preside la vista emite la decisión del caso que ha de ser puesta en vigor y no una mera recomendación o un informe que será utilizado para guiar la discreción del Director Ejecutivo. Cf. Padilla Falú v. A.V.P., supra. Es decir, el procedimiento aludido no reservó discreción al Director Ejecutivo para alterar la determinación del Oficial Exami-nador, salvo en aquellos casos en que la sanción impuesta conlleve la separación definitiva del puesto. Fuera de esta excepción, la intervención del Director Ejecutivo en este procedimiento disciplinario se limita, exclusivamente, a imponer la decisión del Oficial Examinador.

De otra parte, el hecho de que el Director Ejecutivo conserve la facultad de ejercer clemencia admi-nistrativa al poner en vigor la decisión del Oficial Exami-nador no altera nuestra conclusión. La clemencia adminis-trativa —al igual que la clemencia ejecutiva— es un acto de gracia, enteramente discrecional, mediante el cual el facultado con dicho poder puede perdonar las faltas proba-das en un proceso y eliminar o reducir la sanción impuesta. Es decir, la clemencia administrativa no forma parte en sí del procedimiento adjudicativo ni es un derecho que le asiste a ninguna de las partes en éste.() Además, el ejer-cicio de esta facultad no incide en los trámites de reconsi-deración y revisión judicial, ya que éstos van esencial-mente dirigidos a cuestionar los méritos de la decisión, asunto que quedaría inalterado si se ejerciera la clemencia administrativa. En vista de ello, la decisión del Oficial Examinador no estaría sujeta a ser modificada por el Director Ejecutivo, sino que este último podría perdonar las faltas cometidas por el empleado en determinadas circuns-tancias, tomando como base las determinaciones de hecho y conclusiones de derecho del Oficial Examinador.

Dado que el señor Tosado Cortés fue sometido al procedi-miento aludido y el Oficial Examinador de la A.E.E. adju-dicó la controversia, concluyendo que dicho empleado geren-cial no incurrió en violaciones a las Reglas de Conducta, se entendió culminado el procedimiento disciplinario, restando únicamente que la parte afectada solicitara reconsideración o revisión judicial, de entenderlo necesario.

Ala luz de lo anterior, erró el foro apelativo intermedio al interpretar el referido procedimiento disciplinario junto con las disposiciones del Reglamento para los Procedimientos de Adjudicación de Querellas de la Autoridad de Energía Eléc-trica, Reglamento Núm. 4109 de 12 de febrero de 1990, y concluir que el Oficial Examinador no podía adjudicar la controversia. El procedimiento disciplinario llevado a cabo contra el señor Tosado Cortés está regulado por las normas contenidas en el Manual de la A.E.E. Estas normas son cla-ras en cuanto a los poderes y las facultades, delegadas al Oficial Examinador como parte del esquema procesal adop-tado por la agencia para atender problemas de conducta en-tre sus empleados.() El carácter especial de dicho procedi-miento y la claridad de sus disposiciones no justificaban acudir a otro reglamento de la A.E.E., aplicable a otros pro-cedimientos adjudicativos de la agencia, para interpretar el alcance de las funciones del Oficial Examinador en el caso ante nos. El utilizar otro reglamento de la A.E.E. para in-terpretar las facultades del Oficial Examinador dentro del procedimiento disciplinario de autos, desvirtúa la esencia del esquema particular adoptado por dicha corporación pú-blica para atender casos de indisciplina laboral, asunto que amerita especial consideración por parte del patrono.

Por otro lado, tampoco nos convence el razonamiento del foro apelativo intermedio a los efectos de que el Oficial Examinador no es un funcionario o empleado de la A.E.E., por lo que no se le pueden delegar facultades adjudicativas. No cabe duda de la autoridad que posee el Director Ejecutivo para delegar esta función en las personas que entiende poseen la experiencia, el conocimiento y la destreza para atender correctamente y con agilidad asuntos tan delicados como los relacionados a la conducta del personal gerencial de la agencia. En el ejercicio de dicha facultad, el Director Ejecutivo puede reclutar a un oficial examinador para que ejerza las prerrogativas que en el origen le correspondían ejecutar a dicho jefe de agencia. En vista de ello, somos del criterio que el oficial examinador, al descargar estas funciones propiamente administrativas, funge como un funcionario de la A.E.E.

En fin, erró el antiguo Tribunal de Circuito de Apelacio-nes al concluir que la determinación del oficial examina-dor, como parte del procedimiento disciplinario aplicable al señor Tosado Cortés, no era la decisión final de la A.E.E., razón por la cual no tenían jurisdicción para entender en el recurso de autos.

> hH

Por los fundamentos que anteceden, se revoca la resolu-ción emitida por el entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones. Se devuelve el caso al Tribunal de Apelaciones para la continuación de los procedimientos de forma compatible con lo aquí resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri concurrió con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

      (1) Dicha resolución contenía las advertencias legales pertinentes al derecho de solicitar una reconsideración y una revisión judicial, así como los términos para ello.

      (2) Reglamento Núm. 4109, en vigor desde el 12 de febrero de 1990.

      (3) La Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003 (4 L.P.R.A. see. 24 et seq.) concede igual competencia al Tribunal de Apelaciones, con la diferencia de que el recurso de revisión judicial se acoge como cuestión de derecho.

      (4) Originalmente, dicha entidad fue denominada como la Autoridad de la Fuentes Fluviales.

      (5) También contiene los procedimientos disciplinarios que aplican a los emplea-dos unionados, según se hayan estipulado en sus respectivos convenios colectivos.

      (6) Sec. 111(4) del Manual sobre Procedimientos Disciplinarios para Empleados Unionados y Gerenciales de la Autoridad de Energía Eléctrica (Manual de la A.E.E.).

      (7) Íd., Sec. 111(5).

      (8) De hecho, las partes aceptan que el mencionado procedimiento es el que aplica a la situación del señor Tosado Cortés.

      (9) El Administrative Procedure Act (A.P.A.) expresamente excluye de las dispo-siciones relativas a la notificación y participación de la ciudadanía en el proceso de adopción de reglas a todo asunto relacionado a la administración de la agencia y de su personal. 5 U.S.C.A. sec. 553(a)(2).

      (10) A modo comparativo y en la esfera de lo penal, en Reynolds v. Jefe Penitenciaría, 91 D.P.R. 303, 313 (1964), expresamos que el indulto, como acto de clemencia ejecutiva, no forma parte en sí del proceso penal que culmina en la condena de un acusado ni el convicto lo disfruta como un derecho concedido por el ordenamiento jurídico.

      (11) Como cuestión de hecho, el procedimiento disciplinario para empleados ge-renciales, incluyendo las facultades delegadas al Oficial Examinador, es sustancial-mente similar al procedimiento disciplinario para empleados unionados, según éstos han sido estipulados en los convenios colectivos.


text:
      In re Rigoberto Martínez Cruz.

      Número: TS-3041

      Resuelto: 19 de agosto de 2005

      José M. Montalvo Trías, director ejecutivo del Colegio de Abo-gados de Puerto Rico; Rigoberto Martínez Cruz, peticionario.
    Sala Especial de Verano integrada por el Juez Presidente Señor Hernández Denton y los Jueces Asociados Señores Fuster Berlingeri y Rivera Pérez.
   RESOLUCIÓN

Examinadas la Moción en Contestación a Resolución, del Colegio de Abogados de Puerto Rico, y la Moción Infor-mativa y Sometiendo Caso Finalmente, del peticionario Ledo. Rigoberto Martínez Cruz, el Tribunal declara “con lugar” la solicitud del licenciado Martínez Cruz de darse de baja voluntariamente del Colegio de Abogados.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo


author: PER CURIAM:

text:
    José Agosto Vázquez et als., demandantes y recurridos, v. Policía de Puerto Rico et als., demandados y peticionarios.

      Número: CC-2003-165

      Resuelto: 23 de agosto de 2005

      Roberto J. Sánchez Ramos, procurador general, abogado de la parte peticionaria.
   PER CURIAM:

rH

El 15 de abril de 1994 José Agosto Vázquez y otros 123 agentes adscritos a la Policía de Puertos solicitaron una sentencia declaratoria en el Tribunal de Primera Instancia.() Alegaron que pertenecían a una unidad espe-cializada de la Policía y que sus labores conllevaban un alto riesgo para sus vidas, factores que los cualificaban para recibir el pago suplementario de hasta tres pasos por mérito en la escala salarial dispuesto por el Art. 11 de la Ley Núm. 26 de 22 de agosto de 1974, según enmendada (Ley Núm. 26), 25 L.P.R.A. sec. 1011 (ed. 1979).() En su contestación a la demanda, la Policía negó que la unidad fuese especializada, ya que la responsabilidad impuesta a sus miembros era idéntica a la que recaía sobre los demás agentes del orden público.

El tribunal de instancia designó al Ledo. Guillermo Ga-rau Díaz como Comisionado Especial para que examinara las alegaciones de las partes y rindiera el informe correspondiente. Luego de recibir la prueba presentada por las partes, el Comisionado rindió su informe el 3 de febrero de 2002. Concluyó que la Policía de Puertos era una unidad especializada desde su creación en 1987 y que los agentes adscritos a ésta, de ordinario, no desempeñaban las labo-res rutinarias de los otros miembros de la Policía. El Co-misionado señaló que el reclutamiento de dichos agentes resultaba difícil por requerirse ciertos conocimientos espe-cializados, por lo que también se dificultaba su traslado o reemplazo. Indicó, además, que a los miembros de dicha unidad se les requería someterse a varios adiestramientos ofrecidos por la Administración Federal de Aviación (F.A.A., por sus siglas en inglés) y que también recibían adiestramientos relacionados a las funciones que desempe-ñaban, distinto a otros miembros de la Policía. Finalmente, el Comisionado señaló que la labor llevada a cabo por los agentes de Puertos, por su propia naturaleza, conllevaba un alto riesgo, ya que frecuentemente estaban expuestos a peligros. En consideración a lo anterior, determinó que los agentes recurridos eran acreedores al pago suplementario de por lo menos un paso por mérito, retroactivo a junio de 1991, fecha cuando se sometió la solicitud del pago ante la agencia.

Luego de varios incidentes procesales, el foro de instan-cia aceptó y adoptó las determinaciones de hecho y conclu-siones de derecho del Comisionado. Resolvió que los agen-tes tenían derecho a recibir un pago suplementario por llevar a cabo funciones especializadas. En consecuencia, ordenó al Superintendente de la Policía que encomendara a la unidad correspondiente dentro de dicha agencia reali-zar los cómputos necesarios de manera que se efectuaran los pagos dentro de un término de sesenta días. Los agen-tes presentaron entonces una moción de reconsideración y conclusiones de derecho adicionales donde adujeron que el pago debía ser retroactivo a 1987, fecha de la creación de la unidad de puertos, y no a 1991, como resolvió el foro sentenciador. El tribunal de instancia acogió las conclusio-nes de derecho solicitadas; no obstante, rehusó extender la retroactividad del pago a 1987. Los agentes solicitaron la reconsideración en lo referente a la retroactividad del pago, pero ésta fue denegada.

Del anterior dictamen recurrieron tanto la Policía como los agentes ante el Tribunal de Apelaciones. De una parte, los agentes plantearon que el pago debía ser retroactivo a 1987. De otra parte, la Policía adujo que el foro sentencia-dor erró al resolver que la unidad de Puertos fuese una unidad especializada, ya que dicha clasificación única-mente respondía a propósitos funcionales y organizativos, al igual que ocurría en las demás unidades de dicha agen-cia y, por lo tanto, los agentes no eran acreedores del pago suplementario solicitado. El tribunal apelativo intermedio confirmó la sentencia recurrida al resolver que la prueba presentada demostraba que, desde su creación, la Policía de Puertos fue clasificada como una unidad especializada, por lo cual sus miembros debían recibir el pago suplementario. Además, determinó que el pago debía ser retroactivo a 1987, de acuerdo con la Ley Núm. 26, supra. Sin embargo, indicó que la retroactividad del pago en cada caso en particular dependía de la fecha de ingreso de los agentes en la Policía de Puertos. Finalmente, devolvió el caso al foro de instancia para que éste celebrase una vista evidenciaría para determinar la cantidad de pasos que les correspondía a cada agente, la fecha de ingreso de cada uno en la Policía de Puertos y si la reclamación fue instada dentro del término prescriptivo.

Inconforme, la Policía acudió ante nos mediante un re-curso de certiorari y adujo que había incidido el Tribunal de Apelaciones

... al concluir que la unidad de puertos realiza funciones espe-cializadas y que, por ende, sus agentes son acreedores al pago suplementario dispuesto en el Artículo 11 de la Ley Núm. 26 de 22 de agosto de 1974 y la Orden General Núm. 75-8 [de] 15 de septiembre de 1975.
... al proveer que tal pago suplementario será retroactivo a la fecha de creación de la unidad de puertos, negándole discre-ción al Superintendente en tal determinación, así como al in-timar que procedería la concesión de más de un paso. Petición de certiorari, pág. 7.

En síntesis, el recurso ante nos requiere que determinemos si los agentes recurridos, adscritos a la Policía de Puertos, tienen derecho a percibir un pago suplementario por pertenecer a una unidad especializada de la Policía. De contestar esta interrogante en la afirmativa, será necesario resolver la fecha de efectividad de dicho pago.()

La Policía es un organismo civil de orden público con la obligación de proteger a las personas y a la propiedad, mantener el orden, prevenir los delitos y compeler a la observancia de las leyes y los reglamentos. Art. 3 de la Ley Núm. 26 (25 L.P.R.A. sec. 1003 (ed. 1974)). Para cumplir con los anteriores deberes, el legislador delegó en el Superintendente la facultad de determinar por reglamento “la organización y administración de la Policía, las obligaciones, responsabilidad y conducta de sus miembros y cualquier otro asunto neqesario para el funcionamiento del Cuerpo”. (Énfasis suplido.) Art. 7 de la Ley Núm. 26 (25 L.P.R.A. sec. 1007 (ed. 1979)). En el ejercicio de dicha facultad, éste creó la Policía de Puertos mediante la Orden General Núm. 87-15 de 3 de septiembre de 1987 (Orden General Núm. 87-15).

La mencionada Orden estableció: “Mediante esta Orden se organiza la Policía de Puertos. Esta será una unidad de trabajo especializada en la vigilancia de puertos marítimos y aeropuertos.” (Énfasis suplido.) Apéndice, pág. 196. Un examen de la referida orden revela que el propósito fue crear una unidad especializada de trabajo para proveer vi-gilancia veinticuatro horas al día en los aeropuertos y puertos marítimos del país, y mantener una estrecha coor-dinación con las agencias federales y estatales que también intervienen en las zonas portuarias para detectar la intro-ducción ilegal de sustancias controladas, personas indocu-mentadas, armas, explosivos ilegales y otros tipos de contrabando. Por su naturaleza, el funcionamiento de la unidad está estrechamente relacionado con la Autoridad de Puertos. Ambas agencias otorgaron un contrato de ser-vicios policíacos mediante el cual la Policía se obligó a asig-nar a ciertos agentes para ofrecer vigilancia portuaria. De acuerdo con los términos del contrato, la Autoridad de Puertos, por su parte, se obligó a sufragar los sueldos de los agentes, así como los aumentos anuales que fuesen concedidos.()

La Policía de Puertos, además de tener los mismos de-beres y las mismas responsabilidades que el resto de los agentes del orden público, tiene la obligación de intervenir en casos de desastres aéreos o marítimos, y de amenaza o localización de artefactos explosivos en las zonas portua-rias, entre otras funciones. Además de establecer expresa-mente dicha unidad como especializada, la Orden General Núm. 87-15 dispuso que “[l]os miembros de la Fuerza asig-nados a la Policía de Puertos, no podrán ser utilizados para prestar servicios en otros programas”. (Énfasis suplido.) Apéndice, pág. 201.

Se requiere a los integrantes de la mencionada unidad estar familiarizados con las leyes y los reglamentos de la Autoridad de los Puertos para cumplir con sus funciones y obligaciones. Además, algunos de sus miembros deben ser bilingües, por ofrecer sus servicios en zonas turísticas.() De otra parte, antes de integrarse a la unidad, los agentes deben asistir a un seminario de seguridad aeroportuaria, que ofrece la F.A.A. en coordinación con la Autoridad de Puertos, y a un adiestramiento conocido como Security Identification Display Area, el cual es indispensable para que los agentes puedan tener acceso al área operacional de los puertos. Los agentes también deben estar adiestrados en el área de manejo de pasajeros.() En lo concerniente al recurso ante nos, los agentes recurridos no sólo fueron so-metidos al adiestramiento descrito anteriormente previo a integrarse a la Policía de Puertos, sino que algunos de ellos, además, tomaron otros seminarios, tales como: Civil Aviation Security—Special Interest Seminar; Civil Aviation Security—Crisis; Airport Interdiction; Sistema de Data Móvil y Secuestro; Toma de Rehenes; Contrabando de Drogas y Explosivos.()

De lo anterior se puede colegir que, contrario a lo alegado por la Policía, la unidad de puertos es una unidad especializada por disposición expresa de la Orden General Núm. 87-15 y por el trato que han recibido sus integrantes, tanto en las funciones desempeñadas como en la preparación requerida, que incluye no solamente el adiestramiento ordinario a un miembro de la Policía, sino una capacitación en la que intervienen las agencias federales relacionadas con la vigilancia portuaria. Si bien es cierto que cada uni-dad de trabajo dentro del cuerpo policial ejerce una función particular para fines organizativos y funcionales, como alega la Policía, no es menos cierto que existen ciertas unidades que pueden considerarse especializadas por la naturaleza del trabajo que desempeñan, así como por su adiestramiento y funcionamiento interno. A la luz de lo anterior, actuó correctamente el foro apelativo intermedio al reconocer la naturaleza especializada de la Policía de Puertos.

HH HH HH

Luego de resolver que la Policía de Puertos es una uni-dad especializada, debemos determinar si sus miembros son acreedores a una compensación adicional por sus servicios.

El Art. 11(c) de la Ley Núm. 26 (25 L.P.R.A. sec. 1011(c) (ed. 1979)) establece, en lo pertinente, que “[e]l Superintendente tendrá facultad para conceder pagos suplementarios de sueldos a miembros de la Fuerza”. En lo pertinente al recurso ante nos, entre las condiciones que ameritan la concesión de un pago suplementario se encuentran: rendir servicios especiales o excepcionalmente meritorios, rendir servicios en funciones especiales y ofrecer servicios especiales que constituyen un riesgo adicional para la vida del agente. En tales casos el pago suplementario será de hasta tres pasos en la escala salarial. La ley dispuso que el pago sería descontinuado cuando no existiesen las razones que dieron lugar a su concesión.

En el ejercicio de la facultad que le fue conferida, el Superintendente aprobó la Orden General Núm. 75-8. La citada Orden estableció las condiciones de trabajo que jus-tifican la concesión del pago suplementario, que son idén-ticas a las mencionadas en el Art. 11(c) de la Ley Núm. 26, supra, por lo que incluye a los agentes que prestan servicios especiales.

Posteriormente, el Superintendente aprobó la Orden General Núm. 95-10 de 20 de septiembre de 1995 (Orden General Núm. 95-10). En ésta, permanecieron inalteradas las condiciones para recibir un pago suplementario men-cionadas previamente, entre las que se encuentra la pres-tación de servicios en funciones especiales.() Además, se incluyeron definiciones más específicas, que pueden ser ilustrativas para la adjudicación de la presente controversia. La referida Orden definió pago suplementario como “[l]a compensación adicional y separada del sueldo del miembro de la Policía que puede conceder el Su-perintendente, a tono con las disposiciones del Artículo 11, [ijnciso (c) de la Ley de la Policía, según enmendada”. (Én-fasis suplido.) Apéndice, pág. 223. De otra parte, dispuso que los servicios en funciones especiales son “[a]quellos que aunque tienen relación directa con los deberes y res-ponsabilidades de los miembros de la Fuerza, no son des-empeñados común y rutinariamente por todos éstos sino por grupos determinados”. (Énfasis suplido.) Apéndice, pág. 155.

De un examen en conjunto de la Ley Núm. 26 y de las órdenes aprobadas por el Superintendente se puede colegir con meridiana claridad que el propio Art. 11(c) confirió una compensación adicional como pago suplementario a aquellos agentes del orden público que prestan servicios en unidades especializadas. El Superintendente dispuso de igual forma en las órdenes a esos efectos. Este pago se fundamenta en que aunque dichos agentes ejercen las mismas funciones que el resto de los miembros de la Policía, desempeñan además tareas particulares para las cuales han recibido un adiestramiento especial. Incluso dicho pago podría servir como incentivo por tareas que únicamente llevan a cabo grupos específicos o unidades especializadas. Resolvemos que por constituir la Policía de Puertos una unidad especializada, los agentes recurridos son acreedores al pago suplementario establecido en el Art. 11(c) de la Ley Núm. 26, supra. En consecuencia, el primer error no fue cometido.

IV

En su segundo señalamiento la Policía alega que incidió el foro apelativo al resolver que el pago debe ser retroactivo a la fecha de la creación de la unidad de puertos, es decir, 1987. Este error tampoco fue cometido.

Como indicamos previamente, la Orden General Núm. 87-15, mediante la cual se estableció la Policía de Puertos en 1987, expresamente dispuso que ésta sería una unidad de trabajo especializada. Para entonces se encontraba en vigor el Art. 11(c) de la Ley Núm. 26, supra. En vista de lo anterior es forzoso concluir que desde que se organizó la Policía de Puertos 1987 sus integrantes son acreedores al pago suplementario por ofrecer servicios en funciones especiales. Resolvemos, pues, que los agentes recurridos deben recibir retroactivamente al 1987 los pagos suple-mentarios adeudados desde la fecha en que se presentó la demanda. Por supuesto, los agentes deberán acreditar que durante el tiempo referido anterior a la presentación de la demanda ellos, efectivamente, estuvieron adscritos a la Unidad de Puertos.

Con relación al número de pasos a los que tiene derecho cada agente en concepto de pago suplementario, el Art. 11(c) de la Ley Núm. 26, supra, no dispuso la cantidad específica que ha de concederse a los agentes que rindan servicios en funciones especiales, sino que estableció que éstos podrán recibir “hasta tres pasos” en la escala salarial. Lo mismo se indicó en las Ordenes Generales Núms. 75-8 y 95-10. De esta forma, tanto la legislación como las Órdenes de la agencia concedieron discreción al Superintendente para determinar la cantidad de pasos que ha de ser conce-dida, que nunca puede exceder de tres. Lo anterior permite que el Superintendente pueda conceder los beneficios de acuerdo con los recursos económicos del organismo, de las funciones particulares que lleva a cabo cada unidad y del desempeño de cada agente. Resolvemos, por lo tanto, que corresponde al Superintendente determinar la cantidad de pasos a la que es acreedor cada agente. Erró el foro inter-medio al ordenar la celebración de una vista evidenciaría sobre este particular.

La conclusión a la que hoy llegamos vindica y hace efec-tivo un beneficio económico adicional que el legislador con-cedió a los agentes del orden público que laboran en una unidad especializada y que arriesgan su propia seguridad por el bienestar de la ciudadanía y para mantener el orden en nuestra sociedad.

V

Por los fundamentos antes expuestos, se dictará senten-cia para modificar el dictamen emitido por el Tribunal de Apelaciones y devolver el caso a la agencia peticionaria para que el Superintendente determine la cantidad de pa-sos a la que cada agente tiene derecho en concepto de pago suplementario, y para que compute el total adeudado a cada uno de ellos, de acuerdo con lo aquí resuelto.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurrió sin opi-nión escrita. La Juez Asociada Señora Fiol Matta se inhibió.

      (1) La demanda fue enmendada en tres ocasiones para aumentar el número de codemandantes a un total de ciento veinticuatro policías.
      Es menester indicar que previo a solicitar la sentencia declaratoria en el tribunal de instancia, los agentes reclamaron el pago suplementario al entonces Superin-tendente de la Policía, Ledo. Ismael Betancourt Lebrón. El 11 de abril de 1991 el Tte. José Dávila Sánchez, entonces Coordinador de la Policía de Puertos y jefe de dicha unidad, cursó un memorando al entonces Superintendente, solicitándole que se les concediera el pago suplementario a los miembros de dicha unidad, conforme a la Orden General Núm. 75-8 de 15 de diciembre de 1975 (Orden General Núm. 75-8). En el memorando se indicó que por ser la Policía de Puertos una unidad especiali-zada, sus miembros tenían derecho a recibir dicho pago. Esta comunicación fue re-ferida al Cnel. Quirpa Pérez Collazo, comandante del área de Carolina, quien reco-mendó favorablemente la concesión del pago solicitado. El 15 de mayo de 1991 el teniente Dávila Sánchez sometió un informe en el cual recomendó la concesión del pago suplementario a los agentes adscritos a la Policía de Puertos, retroactivo a 1987, fecha en la que se creó dicha unidad.
      A pesar de contar con las recomendaciones favorables para autorizar los pagos, el Superintendente no contestó la solicitud de los agentes. En vista de ello, éstos acudieron en apelación ante la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal. Sin embargo, mediante Resolución de 17 de junio de 1993, dicho foro determinó que carecía de jurisdicción para atender el asunto.

      (2) La citada disposición fue derogada por la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996 (25 L.P.R.A. sec. 3101 et seq.). No obstante, haremos referencia a la Ley Núm. 26 (25 L.P.R.A. sec. 1001 et seq. (ed. 1979)), por ser la vigente al momento en que se pre-sentó la reclamación de marras.

      (3) Para vindicar su alegado derecho al pago suplementario, los agentes utiliza-ron el mecanismo procesal de la sentencia declaratoria. Conforme la Regla 59.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, “[e]l Tribunal de Primera Instancia tendrá autoridad para declarar derechos, estados y otras relaciones jurídicas aunque se inste o pueda instarse otro procedimiento”. “La sentencia declaratoria es un meca-nismo remedial y profiláctico que permite anticipar la dilucidación en los méritos de cualquier reclamación ante los tribunales, siempre y cuando exista un peligro poten-cial para el promovente.” Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al., 157 D.P.R. 360, 283-384 (2002). Al tomar en consideración que los agentes han alegado una violación a la Ley Núm. 26, supra, al no percibir la bonificación adicional dispuesta en dicho estatuto, y en atención al alto interés público del que están revestidas las reclama-ciones laborales, entendemos que la sentencia declaratoria es un vehículo adecuado para la vindicación de sus derechos.

      (4) Contrato de Servicios Policíacos, 8 de febrero de 1991, Cls. 1 y 6. Apéndice, págs. 383-384.

      (5) Íd., Cl. 13(c), pág. 385.

      (6) Véase Informe del Comisionado Especial, Apéndice, pág. 138.

      (7) Íd., págs. 138-139.

      (8) La referida Orden estableció también un pago diferencial, que fue definido como “la compensación especial, adicional y separada del sueldo regular, que se po-drá conceder cuando la ubicación geográfica del puesto, las condiciones especiales del trabajo, los conocimientos especiales requeridos o las dificultades extraordinarias en el reclutamiento y/o retención de personal para ciertos puestos lo justifiquen”. Apéndice, pág. 225.