text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Bautista Galarza, Crescencio Martínez y Faustino Devara, demandados y apelantes.
    No. 4883.

    Sometido: Abril 26, 1930.

      Resuelto: Diciembre 12, 1930.

      B. Atiles Moreu y Guillermo 8. Pierluissi, abogados de los apelantes; Attorney General James B. Beverley y Arturo Ortiz Toro, Primer Procurador AuxiUar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

La forma en que se presenta en este caso el más disentido de los señalamientos de error, y la confusión que puede producirse al leer los argumentos de las partes, nos fuerzan a insertar las alegaciones de la demanda y la contestación. De la demanda son las que sigue:

“1. — Que El Pueblo de Puerto Rico es una entidad política y social constituida como tal en virtud del Acta Jones, y tiene capaci-dad para demandar, y los demandados Juan Bautista Galarza, Crescendo Martínez y Faustino Devara son mayores de 21 años, y vecinos de Barros, con capacidad para demandar, y ser demandados.
“2. — Que el demandante, o sea El Pueblo de Puerto Rico, dentro del año precedente a la presentación de esta demanda estaba en po-sesión real y material en carácter de dueño, y lo está actualmente, excepto de la pequeña parcela que se describe en la segunda Causa de acción, de la finca que se describe como sigue: ‘finoa Rústica, ubicada en el barrio Ala de Piedra (sitio “Guineo”) del término municipal de Barros, con cabida de 96.95 cuerdas, equivalentes a 38 hec-táreas, diez áreas y 34 centiáreas. Colinda por el norte con el río Bauta, también nombrado Toro Negro; por el sur, con la cuchilla divisoria de Juana Díaz y Barros, que separa terreno de la Hacienda Guindaleza,, propiedad de José Oliver y Francisco Luna; por el este, con Emilio Esteban, y por el oeste, con Juan Bautista Galarza.’
“3.- — -Que allá para el día 17 de marzo de 1928, el demandado Juan Bautista Galarza, por sí y por medio de sus peones y especialmente por conducto de los otros codemandados, se introdujo en la finca des-crita, cortando en la misma más de doscientos cincuenta árboles, tales como mesa, mantequero y camasey, continuando el corte sin interrup-ción, y alegando ser dueño del predio descrito, ba prohibido al guar-dián de El Pueblo de Puerto Rico en la finca descrita, Sr. Dolores Cosme, el corte de árboles y cultivo de la finca, amenazándolo con sa-carlo de la misma a viva fuerza.
‘‘4. — El demandado Juan Bautista Galarza, por sí o por conducto de sus subalternos y peones y especialmente por mediación de los otros codemandados, intenta perturbar al demandante en la posesión y dis-frute de la finca de 96.95 cuerdas anteriormente descrita, amenazando proseguir en el corte de árboles.
“Segunda Causa de Aooión:
“1. Se reproducen los hechos primero y segundo de la PRIMERA CAUSA DE ACCIÓN.
‘ ‘ 2. Que el demandado Juan Bautista Galarza, por sí y por medio de sus peones, especialmente los otros codemandados, allá para el día 17 de marzo de 1928, despojó al demandante de una parcela de te-rreno ubicada dentro de la finca que se describe en la primera oausa de acciÓN y de la cual forma parte integrante, teniendo dicha parcela una extensión aproximada de quinientos metros cuadrados, formando un polígono rectangular de 25 metros de frente por 20 de fondo, que se miden de punto a punto, constituidos éstos por cuatro estacones de mesa. La parcela descrita queda hacia la parte norte de la finca que se describe en la primera causa de aoción y como a treinta y seis metros de la casa donde reside el guardián del demandante, Sr. Dolores Cosme.
“3. Que sobre la parcela de quinientos metros cuadrados des-crita, el demandado Juan Bautista Galarza por sí y por medio .de sus subalternos, especialmente los codemandados, ha principiado a cons-truir tres casas, una de 6.64 metros por 4.98 metros, otra de 4.98 metros por 3.32 metros; la otra de 4.15 metros por 2.90 metros, encla-vando los zocos de las mismas y construyendo el armazón.”

Y de la contestación, éstas:

‘ ‘ Primero: Admiten el hecho primero de la demanda.
‘ ‘ Segundo: Niegan específicamente que El Pueblo de Puerto Rico,, dentro del año precedente a la presentación de esta demanda, o en cualquier otra fecha, estuviera en posesión real y material, en carác-ter de dueño, o en cualquier otro concepto, o que lo esté actualmente, de la finca que se describe, o de cualquier parte de ella: ‘pinga rús-TICA ubicada en el barrio Ala ele Piedra, sitio “Guineo”, del término municipal de Barros, con cabida de 96.95 cuerdas, equivalentes a 38 hectáreas, diez áreas, y 34 eentiáreas, colinda por el norte con el río Bauta, también nombrado Toro Negro; por el sur, con la cuchilla divisoria de Juana Díaz y Barros, que separa terreno de la Hacienda Guindalera, propiedad de José Oliver y. Francisco Luna: por el este con Emilio Esteban; y por el oeste, con Ju.an Bautista Galarza.’
“TbRcbro: Niegan específicamente, que, allá para el día 17 de marzo de 1928, o en cualquier otra fecha, el demandado Juan Bau-tista Galarza por sí y por medio de sus peones y especialmente por conducto de los otros codemandados, o por conducto de cualquier persona, se introdujera en la finca descrita, cortando en la misma más de doscientos cincuenta árboles, o cualquier cantidad de árboles, tales como mesa, mantequero, y camasey, o cualquier otra clase de árbol; niegan asimismo que, en caso de que hubiera habido corte, éste con-tinuara sin interrupción; niegan asimismo que alegando ser dueño del predio descrito, haya prohibido al guardián de El Pueblo de Puerto Rico, Sr. Dolores Cosme, el corte de árboles y cultivo de la finca; nie-gan asimismo que le hayan amenazado en cualquier momento o tiempo de sacarle de la finca descrita a viva fuerza. Alegan en contrario, que en caso de que Juan Bautista Galarza, o sus empleados hayan cor-tado árboles, o ejercitado cualquier acto de dominio, lo han hecho dentro de una finca de 93 cuerdas, que colinda por el norte con Emilio Esteban hoy; por el sur con Francisco Figueroa y Flor Galarza y Torres; por el este con Casimiro Figueroa; y don Domingo Olivieri; y por el oeste con el río Toro Negro y Sucesión de Julio Olivieri. Esta finca está sita en el barrio Ala de la Piedra de Barros, Puerto Rico, y es dueño en pleno dominio de la misma, el demandado Juan Bautista Galarza y Torres.
“Cuarto: Niegan específicamente que el demandado Juan Bau-tista Galarza, por sí, o por conducto de sus subalternos y peones, o es-pecialmente por mediación de los otros codemandados, o por conducto o mediación de cualquiera otra persona o personas, intente perturbar al demandante, en la posesión o disfrute de la finca de 96.95 cuerdas anteriormente descrita, y asimismo niegan que estén amenazando pro-seguir el corte de árboles; alegan en contrario que niegan específica-mente y de modo terminante, que El Pueblo de Puerto Rico sea dueño de la parcela de 96.95 cuerdas anteriormente descrita en la demanda, y en el hecho segundo de la contestación; sosteniendo que si ha habido corte de árboles, ha sido en la finca de 93 cuerdas descrita en el hecho tercero de esta contestación, de la cual es dueño en pleno dominio, el demandado Juan Bautista Galarza y Torres.
“CONTESTACIÓN A LA SEGUNDA CAUSA DE ACCIÓN
“PRIMERO: Admiten el becbo primero de la segunda causa de acción:
“Segundo : Niegan específicamente que El Pueblo de Puerto Rico, -dentro del año precedente a la presentación de esta demanda, o en cualquier otra fecba, estuviera en posesión real y material, en carác-ter de dueño, o en cualquier otro carácter, o que lo esté actualmente, •de la finca que pasamos a copiar: ‘ Finca rústica ubicada en el barrio .Ala de la Piedra, sitio “Guineo” del término municipal de Barros, ■con cabida de 96.95 cuerdas, equivalentes a 38 hectáreas, diez áreas y 34 eentiáreas, colinda por el norte con el río Bauta, también nom-brado Toro Negro; por el sur, con la cuchilla divisoria de Juana Díaz y Barros, que separa terrenos de la hacienda Guindalera, pro-piedad de José Oliver y Francisco Luna. Por el este con Emilio Esteban ; y por el oeste con Juan Bautista Galarza. ’
“Tercero: Niegan específicamente que el demandado Juan Bau-tista Galarza, por sí y por medio de sus peones, especialmente los otros codemandados, o por conducto o mediación de persona alguna, allá para.el día 17 de marzo de 1928, o en cualquier otra fecha, des-pojara al demandante de una parcela de terreno ubicada dentro de la finca que se describe en la primera causa de acción, y de la cual forma parte integrante; negando específicamente que dicha parcela, si existe, forme parte de la aludida finca; niega específicamente que hayan despojado al demandante de la aludida parcela o de parte al-guna de la misma; niegan que la supuesta parcela tenga una exten-sión aproximada de quinientos metros cuadrados; o que la susodicha parcela forme un polígono rectangular, o polígono alguno, de 25 metros de frente por 20 de fondo, o con cualquier otra medida; niegan que las susodichas medidas se midan de punto a punto; y niegan que estén constituidos éstos por cuatro estacones de mesa, o de cualquier otro género.. Niegan específicamente que la parcela descrita quede hacia la parte norte de la finca que se describe en la primera causa de acción, o en cualquier otra parte; o que quede como a treinta y seis metros de la casa donde reside el guardián del demandante, Sr. Dolores Cosme, o en cualquier otra distancia o dirección.
“Cuarto: Niegan específicamente, que sobre la parcela de qui-nientos metros cuadrados descrita, o sobre cualquier otra parcela, el demandado Juan Bautista Galarza Torres, por sí y por medio de sus subalternos, especialmente los codemandados, o por mediación o con-ducto de cualquier otra persona, haya principiado a construir tres casas, una de 6.64 metros por 4.98 metros; otra de 4.98 metros por 3.32 metros, la otra de 4.15 metros por 2.90 metros, o cualesquiera otras casas de cualesquiera otras dimensiones; niegan que estén en-clavando los zocos de las mismas, y estén construyendo el armazón.
“En contrario alegan y sostienen que, en caso de que se estén construyendo casas, están siendo construidas, o lo han sido, dentro de la finca de 93 cuerdas, propiedad del demandado Juan Bautista Ga-larza y Torres, que se describe en el hecho tercero de la contestación a la primera causa de acción, y nunca en terrenos algunos del de-mandante.”

La contestación aparece jurada en esta forma:

“JURAMENTO DE LA CONTESTACIÓN
“Comparece Juan Bautista Galarza y Torres, y jura: que es el demandado en la presente acción, o sea uno de los demandados en la misma; que es mayor de 21 años de edad, propietario, vecino de Juana Diaz, P. R.; que ha leído cuidadosamente la contestación de epígrafe, y la misma ha sido redactada tomando por base sus instruc-ciones dadas a su abogado; que todos los hechos expuestos le cons-tan de propio y personal conocimiento ser ciertos, y los hechos nega-dos le constan no ciertos de propio y personal conocimiento, en cuanto a la negación de los mismos, y los niega específicamente de propio y personal conocimiento.
“Ponce, P. R., junio 20, 1928.
“(Fdo.) Juan B. Galarza.”

La demanda a que nos referimos fné presentada en la Corte de Distrito de Ponce, y a ella se opuso la contestación que hemos copiado. El Pueblo de Puerto Pico pidió en este interdicto para retener y recobrar la posesión que se le amparara en la que tenía y se le restituyera la de que se le había despojado.

A la contestación se opuso por el demandante una moción eliminatoria con relación al hecho 3o. de la contestación a la primera causa, y al hecho 4o. de la segunda causa, en cuanto en ellos se alegaba el dominio del demandante sobre la finca. La corte declaró con lugar la moción.

El Pueblo pidió luego sentencia sobre las alegaciones, incluyendo en su moción la alegación de ser defectuoso el juramento de la contestación. La parte demandada solicitó.

que se le permitiera enmendar el juramento, a lo que accedió la corte; pero el demandante presentó una moción oponién-dose a la enmienda.

En 27 de noviembre de 1928, la corte dictó una resolución declarando con lugar la petición del demandante para que se dictara sentencia por las alegaciones; y así se hizo en el sentido- de procedencia de la demanda. Contra esta sentencia se ba interpuesto el recurso de apelación que resolvemos.

Interesa disponer primero de aquellos señalamientos de error cuya solución es evidentemente sencilla.

El cuarto señalamiento se refiere al supuesto error de la corte al eliminar las frases de la contestación que presentaban la alegación de dominio de la finca por el demandado G-alarza.

Se ba repetido por este tribunal, y se venía repitiendo por el Supremo de España, que en los interdictos posesorios, injunctions de retención y recuperación en nuestro derecho, no cabe discutir el título de dominio. Desde su origen, romano y remoto, los interdictos no ban sido otra cosa que el medio procesal de conservación y amparo del estado posesorio, o en otros términos usados por los autores, la protección posesoria. Del especial estado de derecho a que se aplican, y de la necesidad social y jurídica de proteger la posesión, nace la rapidez del procedimiento, y basta la elimi-nación de trámites y términos que no se justificaría en los juicios ordinarios.

Se ba dicho en muchas ocasiones por este tribunal que en los casos de injunction relativo a posesión, no es el dominio materia propia de discusión o de prueba. Entró otros casos, véanse Ortiz v. Silva, 28 D.P.R. 384; Solis v. Castro, 36 D.P.R. 105; Oliver Cuveljé v. González, 37 D.P.R. 936, y Vicente v. Ortiz, Comisionado, 38 D.P.R. 106. No es el dominio lo que está en contienda, sino el hecho material de la posesión. Para discutir el derecho a ésta, para aquilatar el título, no basta un procedimiento sumario y rápido, ni bastaría una sentencia como la que recae en esos casos.

Por esa razón, la alegación del título, general y yaga, o específica y precisa, no sólo no es necesaria, sino perjudicial y peligrosa, ya qne puede dar pie a que se pretenda esta-blecer prueba, acerca de ella. Y así, en este caso, el remedio propio fué la eliminación, correctamente resuelta por la corte.

Bajo el número “Primero” se señala como error que la corte dictó sentencia sobre las alegaciones a base de una demanda que no expone becbos suficientes para determinar causa de acción.

La demanda alega posesión por parte del demandante sobre determinado inmueble; actos de perturbación, y de despojo, por parte de los. demandados, que talan árboles en la finca, amenazan al guarda, y ocupan parte de la finca construyendo sobre ella casas. No puede pedirse que en las alegaciones aparezca el detalle meticuloso y quizá redundante que se pretende exigir. La- demanda tiene que ser redactada de acuerdo con las exigencias de la ley, pero sin olvidar que va a ser leída, contestada, y últimamente juzgada por hombres qne a más de ser versados en la ley, tienen el necesario conocimiento para no sentir la necesidad de que se les ex-pliquen las alegaciones como se explica una lección en las escuelas. Esto que decimos no autoriza el uso de alegaciones vagas, indefinidas, o anfibológicas; basta con sostener que una manera de alegar clara, sencilla, y sin conflicto con la ley, es suficiente.

Las alegaciones de la demanda contienen los becbos esen-ciales requeridos por la ley que rige este procedimiento.

Sobre el carácter de evasiva en la contestación, aplicación de la doctrina de este tribunal en Somonte v. Mimoso, 27 D.P.R. 398 y beoho de dictarse sentencia sobre las alegaciones sin permitir la enmienda de la contestación, versan los señalamientos de error números “Segundo,” “Tercero” y “Quinto.”

Se argumenta largamente sobre si la contestación fué o no evasiva.

Hemos copiado las alegaciones, que no pueden ser cali-ficadas como perfectas. Necesitamos sentar los principios generales y, a sn luz, ver si pueden admitirse como base de una contienda judicial, y de una resolución final.

La ley es ésta (artículo 110, Código de Enjuiciamiento Civil):

“La contestación del demandado contendrá:
“1. Una negación general o especial de los Lechos esenciales de la demanda con los cuales no esté conforme el demandado.
“2. Una exposición de cualquiera materia nueva constitutiva de oposición a la demanda o de reconvención. Si se jurare la demanda, la negación de cada alegación impugnada deberá ser específica, y ha-cerse por afirmación absoluta o según información o creencia del de-mandado. Si el demandado no tuviere suficiente información o creen-cia respecto del asunto para poder contestar a una alegación de la demanda, podrá manifestarlo así en su contestación, y formular de este modo su negación. Si la demanda no se jurare, será suficiente una negación general de los hechos, quedando sólo en contienda los hechos esenciales de la demanda.”

Como primer extremo importante aparece la exigencia de que cada alegación de la demanda jurada fia de negarse es-pecíficamente, y lia de hacerse la negación de manera absoluta o por información y creencia del demandado. La jurispru-dencia ha interpretado este precepto legal de manera uni-forme y constante. El fin que se persigue es que el litigio verse sobre hechos realmente controvertidos. Todo propó-sito de evadir una franca y completa controversia, debe quedar relegado a la categoría de irrealizable. Pero esto no quiere decir que la regla sea tal que se haga imposible redactar una contestación que no sea susceptible de obje-ciones. Esencialmente lo que se exige por ella es que se produzca una negación franca e inteligible.

La exageración al aplicar esta regla lleva a algo que no es permisible en derecho: al absurdo. Y para no dejar paso al absurdo están los tribunales de justicia.

Conviene aquí citar, de nuestra propia jurisprudencia, algo que debe ser tenido como guía en la resolución de este problema.

Ed el caso Guzmán v. American Railroad Co., 29 D.P.R. 402, se lia citado con aprobación, la doctrina siguiente:

“La regla que probibe las negativas que constituyen una admisión, sin embargo, ba sido afectada por las reglas liberales de interpreta-ción y enmienda a las alegaciones que generalmente prevalecen de acuerdo con el código.”

Y asimismo, la que sigue:

“Cuando una negativa que constituye una admisión niega la ale-gación a que se refiere, el defecto puede ser considerado como de forma solamente y renunciarse a él si no se ba beebo objeción antes del juicio. Elton v. Markham, 20 Barb. (N. Y.) 343; Armstrong v. Danahy, 75 Hun. 405, 27 N. Y. S. 60. Especialmente como se in-dica en el caso anotado el defecto no será considerado como fatal cuando no aparece que la parte contraria ba sido inducida por ello a su perjuicio. Pigeon v. Osborn, 4 Per. & Dav. (Eng.) 345, 9 Dowl, 511; Hershey v. O’Neill, 36 Fed. 168. First Bank of Texola v. Terrel, anotado enteramente después de este tomo, en la página 681.”

En, el caso de Aguayo v. Vázquez, 33 D.P.R. 913, la regla de liberalidad en la interpretación se ba sostenido por este tribunal.

Todavía en una forma más decidida, se sostuvo esta doctrina en el caso Mazarredo v. Echevarría et al., 32 D.P.R. 502, siguiéndose asimismo en Aguayo v. Vázquez, 33 D.P.R. 913.

La dificultad para contestar una demanda jurada, sería casi insuperable, si la doctrina que se acaba de citar no pre-valeciera. Es fácil encontrar textos y autoridades que de-claren cuándo es defectuosa y basta fatalmente defectuosa, una contestación; pero no se encuentra, en autoridades, comentaristas y tratadistas, la fórmula de una buena con-testación. Es entendido que no .nos-referimos a aquellos casos en que aparece más o menos claramente el carácter evasivo de las alegaciones contestando, sino a aquéllos en que se ba querido negar, y la expresión de la negativa es defectuosa.

En las alegaciones de la contestación en este caso apa-rece la negativa específica de los hechos ofrecidos por el demandante, salvo en el extremo a qne nos referiremos más adelante. Por ejemplo, en el lieclio “Segundo” se niega que El Pueblo de Puerto Rico dentro del año precedente a la demanda, o en cualquier otra época, tuviera la posesión material, como dueño o en cualquier otro concepto, de la finca descrita. Realmente es difícil negar de otra manera.

Es verdad que al tratarse del corte de árboles, y después de negar que los. demandados, por sí o por otros, lo Payan becbo, se alega que en caso. de que ellos hubieran cortado árboles, o realizado actos de dominio, lo hicieron dentro de una finca de 93 cuerdas, de su propiedad. Esta parte de la alegación no es buena; pero la negación se ha hecho anteriormente, en forma suficiente.

En cuanto a la segunda causa de acción, los demandados “admiten el hecho primero de la segunda causa de acción.” Y resulta que el- hecho primero a que se refieren, se formuló así en la demanda:

“1. Se reproducen los hechos primero y segundo de la primera causa de acción.”

El hecho segundo así reproducido, es el relativo a la pose-sión material de la finca de 96 cuerdas y 95 centésimas, de que se trata en este caso.

Se hace mucha fuerza por el apelado en esta admisión. Pero basta ver cómo al contestar lá primera causa de acción se niega tal posesión, para entender que al redactar la con-testación a la segunda, se ha incurrido en un error que es de fácil enmienda. Una equivocación de esta clase no puede dar lugar a una sentencia que decida los derechos de las partes. En esos casos, el permiso para enmendar, aun no solicitado, es el mejor camino, para llegar a una buena solución. No es que las cortes tengan que cuidar de la actuación de los abogados de las partes, sino del caso que ante ellas se presenta, y de la completa solución del problema de hechos y de derecho que a ellas se ofrece; y para esto una discreta y prudente liberalidad es siempre aconsejable.

Está bien señalado el error, y como tal error lo decla-ramos.

No es necesario entrar en otros extremos de la apelación, si con la resolución acerca del error de que acabamos de tratar ha de bastar para revocar la sentencia.

Debe revocarse la sentencia apelada, devolviéndose el caso a la Corte de Distrito de Ponce para que se permita at de-mandado enmendar. su contestación en un término de diez dias a contar desde la fecha en que sea recibida la sentencia de esta Corte en la de Distrito de Ponce.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Wole,

license: Public Domain

text:
    Quintana & Borges, demandante y apelante, v. Rafael Porras y Juana Martín, demandados y apelados.
    No. 5130.

    Sometido: Diciembre 10, 1930.

      Resuelto: Diciembre 16, 1930.

      Angel Arroyo Rivera, E. Rincón Plumey, abogados del apelante; L. Toro Catanas j Luis Ríos Algarín, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión, del tribunal.

Se trata de la apelación de una resolución dictada des-pués de sentencia. Según se desprende de la opinión emitida por la corte inferior, la demandante Quintana &¡ Borges, una sociedad civil, trató de exigir el cumplimiento de un contrato sobre entrega de un truck y realmente embargó el mismo. La teoría del caso era que dicho truck pertenecía a Rafael Porras. En realidad, según demuestra la opinión, la pro-piedad pertenecía a Juana Martín, quien había estado vi-viendo con Porras; La acción contra Rafael Porras y Juana Martín fracasó en vista de que nunca había habido una venta del truck.

Después de dictada la sentencia, Rafael Porras compa-reció ante la corte y solicitó que el vehículo fuese devuelto a los demandados y que se les indemnizara por la retención del mismo. La corte inferior ordenó la devolución del truck, así como que la demandante pagara a los demandados la cuantía que éstos pudieran reclamar en el pleito contra la demandante en relación con. el aludido truck. La orden de la corte fué dictada ex parte. La demandante acudió a la corte y por varias razones trató de anular la resolución y la corte se negó a ello. Se apeló.

Uno de los motivos principales del recurso es que la sentencia misma resolvió que la propiedad pertenecía a Juana Martín y no a Rafael Porras y que por tanto la corte carecía de autoridad para ordenar la devolución. Entonces se hizo necesario a este tribunal examinar las alegaciones para determinar realmente cuál era la relación existente entre las partes. Al examinar los autos no hallamos copia de la demanda, de la contestación, ni del embargo. Por tanto, no tenemos ante nos unos autos adecuados sobre los cuales considerar ésta y otras cuestiones suscitadas por la apelante. La opinión y sentencia de la corte copiadas en los autos no son suficientes antecedentes.

Sin embargo, si los autos fuesen suficientes y pudiéramos descansar en la opinión de la corte solamente, no obstante, se demostró que la resolución meramente ordenaba la devo-lución del vehículo a los demandados. Non constat que el truck fuera o pudiera ser devuelto a Juana Martín.

Creemos que la insuficiencia de los autos es aplicable a los otros señalamientos de error presentados por la apelante. Sin unos antos qne lo demuestren, no podemos decir qne fuera necesaria una notificación, y, de todos modos, la corte cyó al apelante sobre la moción para dejar sin efecto la resolución. liemos tenido algunas dndas respecto a una cues-tión, a saber, que la corte dijo que los demandados podrían recobrar de la demandante cualquier suma que les fuera con-cedida en otro pleito. Esto tal vez estaba fuera de cualquier jurisdicción concebible de la corte. Empero, como a este respecto la resolución fue real y substancialmente nula y no podía obligar a la demandante en otro pleito, el error, de taberse cometido, no fué perjudicial.

Debe confirmarse la resolución apelada.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Pedro Miranda González, peticionario, v. La Corte de Distrito de San Juan, Hon. Carlos Llauger Díaz, Juez, demandada.
    No. 676.

    Sometido: Diciembre 2, 1929.

      Resuelto: Diciembre 17, 1930.

      J. Henri Brown, G. Ruiz Nazario y G. E. González, abogados del peticionario; Juan B. Soto, abogado del interventor.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Ramón Lloverás Soler cedió en arrendamiento un teatro a Francisco Rodríguez, a condición de que éste diera una garantía para el cumplimiento de su contrato por la suma de $2,500 en forma de una fianza de compañía de seguros, de un depósito en efectivo, o de una fianza hipotecaria.

Un instrumento titulado “Fianza Hipotecaria” otorgado posteriormente por el peticionario en el presente caso, des-pués de exponer la condición del contrato de arrendamiento lee en parte como sigue:

“Fianza
“PriMera: El señor Pedro Miranda González, por derecho pro-pio, y como apoderado de su esposa doña Raquel Quevedo v Géigel, para garantizar al señor Lloverás del cumplimiento del contrato de Arrendamiento que este señor ha hecho al señor Rodríguez del Tea-tro Cine ‘Puerto Rioo’, entrega en este acto y a mi presencia, al pro-pio señor Lloverás, la cantidad de Quinientos Dólares, y como apo-derado de su esposa la señora Raquel Quevedo y Géigel, constituye Fianza Hipotecaria a favor del mencionado señor Ramón Lloverás, por la suma de Dos Mil dólares de capital, y de la suma de Dosoien-tos dólares para costas y honorarios de abogado, en caso de reclama-ción judicial, sobre la siguiente: . . . . ”

Posteriormente, Lloverás instó un pleito contra Rodrí-guez, sobre rescisión del contrato de arrendamiento y daños y perjucios. Una sentencia a favor de Lloverás por daños y perjuicios en la suma de $4,500' y costas expresa que Rodrí-guez compareció en el juicio representado por su abogado y manifestó que babía cedido sus derechos en el contrato de arrendamiento a la Santurce Theater Company, y que no tenía interés en el asunto. No adujo defensa alguna, y la sentencia se basó en la prueba practicada por el demandante.

Lloverás entonces instituyó un procedimiento sumario de ejecución de hipoteca. En unión a otros documentos, acom-pañó a su petición original como exhibits, copias certificadas de la “fianza hipotecaria,” de la relación del caso y opinión, y de la sentencia.

Basado en esa documentación, el juez de distrito autorizó la expedición de un requerimiento de pago que fué notificado a Miranda, demandado en el procedimiento sumario y peti-cionario en el presente recurso.

Miranda, quien no se ha demostrado tuviera conocimiento previo del litigio entablado por Lloverás contra Rodríguez ni de la sentencia que en el mismo recayó, compareció en el procedimiento ejecutivo sumario y solicitó la reconsideración de la orden autorizando el requerimiento de pago.

En apoyo de la resolución declarando sin lugar la moción de Miranda, el juez de distrito cita los artículos 170 y 175 del Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria, y los casos de Jiménez v. Brenes, 10 D.P.R. 128; American Trading Co. v. Monserrat, 18 D.P.R. 273; y Blondet v. Benitez, 33 D.P.R. 413.

Los artículos 170 y 175 del Reglamento leen en parte como sigue:

“Artículo 170. — El juez examinará el escrito y los documentos que lo instruyan, y si considera cumplidos los requisitos legales, sin más trámites, dictará auto, mandando requerir a los que, según la cer-tificación del registro, estuvieren en posesión de los bienes hipoteca-dos, ora los conserve el deudor, ora se hayan transmitido a tercero en todo o en parte, para que dentro de treinta días verifiquen el pago de la suma reclamada con las costas, si también estuviesen hipoteca-riamente garantidas, bajo apercibimiento de proeederse a la subasta de los bienes hipotecados.
“Cuando el juez no considere cumplidos dichos requisitos, dene-gará también por medio de auto, en este caso apelable en ambos efec-tos, el requerimiento solicitado ...”
“Artículo 175. — Los procedimientos sumarios a que se refiere esta sección, no podrán suspenderse por medio de incidentes ni por otro alguno, a instancia del deudor, del tercer poseedor, ni de ningún otro que se presente como interesado, salvo en los casos siguientes: ...”

La versión inglesa del artículo 175 es incorrecta. Las palabras or any other issues raised by the debtor deberían leer or any other proceeding at the instance of the debtor.

Evidentemente, la orden que un juez debe dictar de acuerdo con la fraseología del artículo 170, si bailare que no se ban cumplido las disposiciones de la ley, no es una cuestión incidental ni otro procedimiento, dentro del significado del artículo 175. La naturaleza de la cuestión jurisdiccional preliminar es la misma, ora se determine esa cuestión después de una ligera ojeada de la petición y de los documentos instruyéndola, o después de la reconsideración de una orden ya dictada y luego de haberse examinado nuevamente los documentos ofrecidos. Tampoco puede la naturaleza de esa cuestión ser afectada por el beebo de que una reconsideración fuera solicitada por una parte en el procedimiento. Esa es una cuestión que debe ser resuelta por el juez de distrito, y una orden dejando sin efecto una providencia anterior para la expedición de un emplazamiento o de un requerimiento de pago y declarando sin lugar la petición, no es más interrupción del procedimiento ejecutivo sumario que lo hubiera sido una orden desestimando tal petición inmediatamente después de ser presentada.

En Llompart v. La Corte de Distrito de Humacao, 28 D.P.R. 226, este tribunal resolvió que una resolución dictada a moción de un demandado en un procedimiento ejecutivo dejando sin efecto una resolución anterior ordenando el requerimiento de pago, “equivale a la orden que originaria-mente hubiera denegado el requerimiento de pago.” Si después de autorizar el requerimiento de pago el juez de distrito descubriere, al practicar un examen ulterior de los documentos acompañados a la petición, que la hipoteca había sido cancelada en el registro de la propiedad, o que el acreedor hipotecario había concedido una prórroga, difícilmente po-dría sostenerse que una resolución dejando sin efecto la orden anterior sobre requerimiento de pago caería dentro de la prohibición del artículo 17'5. La corte no agota su facultad al autorizar el requerimiento de pago, ni pierde todo dominio sobre tal procedimiento, sino que, al descubrir cualquier defecto jurisdiccional que es aparente de la faz de la petición o de los documentos unidos a la misma, puede dejar sin efecto su resolución original, bien a iniciativa propia o a instancia de una de las partes en el procedimiento.

Los casos citados por el juez de distrito no van al grano, y los fundamentos por los cuales la moción del demandado fue denegada, son insostenibles.

Si al otorgar la fianza hipotecaria, Miranda asumió o no alguna obligación personal, es cuestión de intención, y depende de la interpretación que se dé a ese documento. Esa es cuestión que no es necesario- decidir ahora. De todas formas, la suma especificada en el documento no es una pena-lidad ni una indemnización líquida. La existencia misma del gravamen está sujeta a la condición, por necesaria inferencia, de que Eodríguez no cumpliera su obligación personal. Si el mismo Rodríguez hubiese otorgado tal instrumento afec-tando sus propios bienes para garantizar el cumplimiento por parte suya de su contrato con Lloverás, el establecimiento de dos hechos habría sido un requisito previo indispensable para instituir el procedimiento ejecutivo sumario. El gravamen así creado no habría podido ejecutarse hasta que se demostrara que Rodríguez había quebrantado su contrato y hasta que se probara que se había fijado la cantidad adeudada bajo tal contrato o la indemnización por el quebrantamiento del mismo. Tampoco se habría podido determinar el alcance de su responsabilidad, ni mediante las alegaciones de la peti-ción en el procedimiento ejecutivo sumario, ni a virtud de ningún procedimiento judicial del que no se hubiera notificado a Rodríguez. No hay razón alguna para que el mismo de-recho le sea negado al aquí demandado.

Puede admitirse, sin resolverlo, que Miranda no era una parte necesaria en el pleito contra Rodríguez. El punto es que no puede determinarse la suma de que responden los bienes de Miranda, por la obligación de Rodríguez o por los daños provenientes del quebrantamiento por parte de Rodrí-guez de esa obligación en un pleito del que Miranda no tenía conocimiento; y hasta que el alcance de tal responsabilidad haya sido fijado, los bienes de Miranda no pueden ser embar-gados y vendidos en un procedimiento ejecutivo sumario.

Debe revocarse ila resolución de la corte de distrito decla-rando sin lugar la moción de reconsideración del demandado.


author: El Juez Presidente Señor del Tobo,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelante, v. Angel B. Falcón, acusado apelado.
    No. 4126.

    Sometido: Diciembre 2, 1930.

      Resuelto: Diciembre 18, 1930.

      B. A. Gómez y E. Pérez Casaldue, fiscales del Tribunal Supremo y de la Corte de Distrito de Arecibo, respectivamente, abogados de El Pueblo, apelante; Antonio Beyes Delgado, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

La apelación en este caso la interpuso el Pueblo por su Fiscal del Distrito de Arecibo.

Formulada acusación contra Angel B. Falcón, por infrac-ción al artículo 372 del Código Penal, el acusado- la excep-cionó, alegando que los techos que se le imputaban no eran constitutivos del delito previsto y castigado en el citado artículo. Oídas ambas partes, la corte dió la razón al acusado y ordenó que se sobreseyera en la causa. No conforme el fiscal, apeló para ante esta Corte Suprema.

La acusación dice, en lo pertinente, así:

"El referido acusado, Angel B. Falcón, allá por el mes de mayo de 1928 . . . siendo Auditor Municipal del municipio de Jayuya, P. B.., y viniendo encargado, por virtud de su mencionado cargo . . . de traspasar o desembolsar los fondos públicos o dineros pertenecien-tes al municipio de Jayuya, por medio de las correspondientes órde-nes de pago, allí y entonces, actuando en tal carácter, y a sabiendas, ilegal, maliciosa y fraudulentamente y sin autoridad legal para ello, se apropió, para su uso particular y beneficio, una parte de dichos fondos municipales, o sea la suma de $83.36 ordenando el pago y ha-ciendo expedir un cheque a su nombre por dicha cantidad, pretex-tando el pago de su haber como empleado municipal por el mes de junio de 1926, que le había sido satisfecho ya con anterioridad ...”

Y el artículo 372, es como sigue:

“Artículo 372. Todo funcionario de Puerto Rico o de cualquier municipio o distrito local y toda persona encargada de recibir, guar-dar, traspasar o desembolsar fondos públicos que (1) sin autoridad legal los apropiare del todo o en parte, para su uso particular o el de otra persona; o (2) los prestare, o cualquiera porción de ellos; o que especulare con ellos o los utilizare para cualquier objeto no au-torizado por la ley; o (3) no los conservare en su poder hasta desem-bolsarlos, o entregarlos por autorización de la ley; o (4) depositare ilegalmente, todo o parte de ellos en algún banco, o en poder de algún banquero u otra persona; o (5) canjeare- o convirtiere cualquiera porción de ellos, bien papel en metálico o metálico en papel u otra moneda corriente, sin autoridad legal para ello; o (6) a sabiendas llevare alguna cuenta falsa, o hiciere- algún asiento falso, o raspadura en alguna cuenta de dichos fondos, o que se relacionare con los mis-mos; o (7) fraudulentamente alterare, falsificare, ocultare, destru-yere o tachare cualquier cuenta o documento que se relacione con ellos; o (8) voluntariamente se negare o dejare de pagar a su pre-sentación cualquiera letra, orden o libramiento girado por autoridad competente contra los fondos públicos en su poder; o (9) voluntaria-mente dejare de traspasar los mismos, en los casos que en la ley exige dicho traspaso; o (10) voluntariamente dejare o se negare a entre-gar a algún funcionario u otra persona autorizada por la ley para su recepción, cualquiera cantidad de dinero que por la ley estuviere en la obligación de entregar como queda dicho, incurrirá en pena de pre-sidio por uno a diez años, quedando además incapacitado para ejercer cargo público.”

En el caso de Moore v. State, de Nebraska, reportado en 74 N. W. 319, se resolvió:

“Cuando un estatuto penal se hace aplicable sólo a cierta clase de personas, la mención de esa clase describe hasta ese punto el de-lito, y el hecho de que la persona acusada caiga dentro de esa clase es un elemento substantivo del delito mismo.
“El artículo 124 del Código Penal, referente a malversación de fondos públicos, sólo se aplica a funcionarios o a personas encargadas por la ley de cobrar, recibir, guardar, traspasar, o desembolsar fon-dos públicos, y a aquéllos que ayudan o instigan a tales funcionarios o personas.
‘ ‘ El auditor de cuentas públicas no está, como tal funcionario, en-cargado de cobrar, recibir, guardar, traspasar o desembolsar cualquiera parte de los fondos públicos, y no se halla dentro de los términos des-criptivos del artículo 124 del Código Penal.
“A fin de castigar a una persona por un delito, éste debe caer den-tro del significado claro de la fraseología del estatuto creando o defi-niendo el delito. Una ofensa que no está comprendida por tal fraseo-logía no puede declararse como delito por caer dentro de la razón o espíritu de la ley; y no puede evadirse este principio resolviendo que uno que ejecute actos denunciados como delictivos al ser cometi-dos por determinada clase de personas, está impedido de negar que cae dentro de esa clase.”

Y en el de Ex parte Huston, de Idaho, reportado en 147 Pac. 1064, se decidió:

“Para justificar una convicción de acuerdo con el artículo 6975 de los Códigos Revisados, debe llegarse a la conclusión de que el fun-cionario acusado está, de conformidad con la fraseología del estatuto, ‘encargado de recibir, guardar, traspasar o desembolsar fondos pú-blicos. ’
“El auditor del estado en su capacidad oficial como tal funciona-rio no es el guardador de fondos públicos dentro del significado del artículo 6975 de los Códigos Revisados, y no está propiamente clasi-ficado dentro de aquellos funcionarios públicos que reciben fondos públicos o que están encargados de guardarlos, traspasarlos, o desem-bolsarlos, con relación a sus deberes oficiales al expedir comprobantes contra fondos públicos.
“El artículo 6975 de los Códigos Revisados fué promulgado con la intención de castigar aquella clase particular de funcionarios públi-cos, que estando encargados de la custodia de fondos públicos, frau-dulentamente se apropian, para su uso particular, o para el de un tercero, de una porción de tales fondos en violación de los deberes de su cargo.”

Interpretando el artículo 372 de nuestro Código Penal a la luz de esas decisiones, para que el acusado Falcón, Auditor Municipal de Jayuya, Rubiera cometido el delito previsto y castigado en el mismo, tendría que ser el funcionario o persona encargada de recibir, guardar, traspasar o desembolsar los fondos públicos del dicho municipio. ■

Sostiene el fiscal que lo era, invocando en su apoyo, 1, el artículo 3 de la Ley Municipal, en la parte que dice:

“. . . El auditor tendrá todas las facultades, funciones y debe-res, con respecto al municipio, que corresponden al Auditor de Puerto Rico, con respecto al Gobierno Insular, con sujeción a las disposicio-nes de la Ley Orgánica y a los reglamentos que dictare dicho Auditor de Puerto Rico y firmará los libramientos y órdenes de pago que ha-yan de efectuarse de los fondos municipales.”

2, El párrafo 21 de la sección 2a. de la Ley Orgánica, que ordena que

“No se pagará dinero alguno del Tesoro a no ser en virtud de una asignación hecha por ley, y mediante libramiento expedido por el funcionario correspondiente de acuerdo con dicha ley.”

Y, 3, El “Reglamento para el Régimen de la Contabilidad Municipal,” que en sus secciones 17 (a) y 19 (a) y (d), prescribe:

“Sección 17. (a) El Auditor Municipal emitirá libramiento para el pago de atenciones municipales, solamente cuando baya crédito no agotado o comprometido en presupuesto o transferido legalmente, y cuando el gasto esté debidamente comprobado por los documentos que presente el interesado o solicite el Auditor Municipal,- y cuando, además, baya fondos disponibles de acuerdo con la distribución de la existencia de caja y exista la certeza de que dicbo libramiento puede ser pagado el mismo día en que se expida.”
“Sección 19. (a) Los libramientos (modelo No. 12) son manda-tos escritos al Tesorero Municipal para el pago a los acreedores 'bona fide’ de sumas determinadas por materiales o servicios especificados, excepto en aquellos casos en que no baya fondos disponibles para el pago de la cuenta según la clasificación de la existencia.”
“ (d) El Auditor Municipal llenará y firmará el modelo de che-que adherido al libramiento y que forma parte de éste, cuidando de que en el espacio destinado al efecto aparezca la explicación exacta, amplia e inequívoca del objeto para el cual se hace el pago, de tal manera que sin necesidad de recurrir a comprobantes u otros docu-mentos" justificativos, se conozca claramente el concepto del pago.”

Por más esfuerzos que hace el fiscal, su argumentación se estrella contra las palabras de la ley, cuyo significado y uso constante ha sido fijado por la jurisprudencia y es bien conocido.

Sea cual fuere la intervención que tenga el auditor en los pagos del ¡municipio, por imprescindible que resulte su ac-tuación, no es él el funcionario encargado de recibir, guardar, traspasar, o desembolsar los fondos públicos municipales a que se refiere el artículo 372 del Código Penal, o como dice su texto inglés, “charged with the receipt, safe-keeping, transfer or disbursement.” Claramente se ve que el pro-pósito de la ley es referirse al funcionario que tiene la actual o directa custodia de los fondos y verifica finalmente lá entrega, por ejemplo, el tesorero.

El argumento de que de no interpretarse la ley en el sentido que sostiene el fiscal, actos criminales como el que se imputa al acusado, quedarían impunes, no es de peso ante las cortes.

Aparte de que no estamos convencidos de que el acto, de haberse cometido, no pueda, perseguirse en otra forma, bastará decir que el argumento sólo valdría ante el poder legislativo.

Debe confirmarse la resolución apelada.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Juan José Peña, peticionario y apelado, v. La Asamblea Municipal de Santa Isabel, demandada y apelante.
    No. 5069.

    Resuelto: Diciembre 18, 1930.

      L. Tornes, abogado de la apelante; T. ,Bernarclim ele la Huerta, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Nos pide el apelante qne reconsideremos la sentencia qne dictamos en este casó el 28 de noviembre último confir-mando la del tribunal inferior aprobando nn memorándum de costas.

Ese memorándum fué presentado en la corte inferior el 2 de julio liltimo y la cuestión fundamental era si la presentación se hizo después de los diez días qne con tal objeto concede la ley. Esta dice que si la sentencia de la corte de distrito hubiere sido apelada la presentación de dicho memorándum deberá hacerse dentro de los diez días siguientes al en que se hubiere recibido en la corte sentenciadora en primera'instancia el aviso oficial de la resolución dictada; y nuestra sentencia confirmatoria se fundó con respecto a esta cuestión en que no constaba de los papeles que teníamos ante nosotros cuándo se recibió en la corte inferior el aviso oficial de nuestra sentencia y que por eso no podíamos declarar que la corte inferior había cometido error al no eliminar el expresado memorándum como presentado fuera del tiempo legal.

En la moción de. reconsideración se nos dice que esa creencia nuestra es equivocada porque en la transcripción de los autos para esta apelación consta que la sentencia fue recibida en la corte inferior el 18 de junio y se nos cita la página 8 de' ella.

Presentando su caso en la corte inferior el peticionario de las costas recitó el contenido de la ley respecto a cuándo debe ser presentado el memorándum de costas y después agregó: “Presentamos a este respecto el libro de minutas.” Después de eso aparece lo siguiente: “Juez. Certifica que la anterior es copia exacta del original, o sea, la sentencia en apelación procedente de la Corte Suprema de Puerto Pico en junio 18 de 1927.” Entonces el demandante dijo: “Pero había vacaciones y no se dió cuenta a la corte, eso consta en el libro de minutas.” De ese libro aparece que el 1 de julio, terminado el período de vacaciones de la corte, el se-cretario dió cuenta a la corte de varias sentencias recibidas de este Tribunal Supremo, entre ellas la dictada en este caso, sin que del mismo aparezca la fecha en que fue reci-bida.

Aun admitiendo que el juez de la corte inferior pudiera certificar verbalmente “que la anterior es copia exacta del original, o sea, la sentencia en apelación procedente de la Corte Suprema de Puerto Eico en junio 18 de 1927,” tal certificación no probaría la fecha en que fue recibida en dicha corte sino a lo sumo que procedía de nuestra corte en 18 de junio de 1927, pero no que ese día, ni cuándo, fue re-cibida en la corte de Guayama, por lo que los autos no de-muestran la fecha del recibo de dicha sentencia, ni aun con la manifestación del demandante de que había vacaciones y no se dió cuenta a la corte, porque esa certificación ha po-dido llegar a ella en fecha posterior al 18 de junio y anterior al 1 de julio en que la corte comenzó sus sesiones des-pués de las vacaciones.

También se refiere el peticionario en reconsideración a cierta constancia de un récord de este tribunal, diciendo al argumentar su primer motivo de error que el Secretario de la Corte de Distrito de Guayama acusó recibo de nuestra sentencia a nuestra secretaría en carta de junio 21, 1927, según consta en el récord No. 4078 de esta corte, o sea del pleito principal, y que estaba haciendo uso de la regla 40 de nuestro reglamento, suplicándonos lo utilizásemos por haberse referido el apelado a él en la corte inferior.

En la corte inferior hizo el apelado referencia a nuestras constancias en apelación a los efectos de los trabajos profe-sionales que su abogado había prestado, pues lo que dijo fue que aparecen actuaciones en el Tribunal Supremo de Puerto Rico con intervención de sn letrado y qne presentaba como prueba todas las actuaciones de la Corte Suprema. De modo que se limitó al trabajo como abogado y no hizo men-ción de los demás particulares de esas diligencias o rollo de esa apelación. Si fuera de esas palabras del apelado nues-tras diligencias fueron presentadas en la corte inferior ori-ginales o en certificación, no consta de la transcripción que tenemos ante nosotros ni, por consiguiente, su contenido.'

En cuanto a la regla 40(c), dice así:

“En la apelación de una resolución aprobando un memorándum de costas en que la prueba y otros procedimientos en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que dió origen al memo-rándum, hubieren sido elevados previamente a este Tribunal me-diante pliego de excepciones, exposición del caso, transcripción de la. evidencia, o en otra forma debida, las partes para probar sus res-pectivas alegaciones pueden referirse a los dichos autos del pleito que dió origen al memorándum y archivar cualquier otra evidencia debidamente autenticada que el juez inferior hubiera tenido ante sí al resolver el memorándum.”

El valor de los honorarios de abogado en un memorán-dum de costas se justifica demostrando el trabajo realizado por él en el pleito, y para evitar que en caso de apelación en los memorándum de costas esas actuaciones tengan que hacerse constar otra vez en una exposición del caso cuando constan ante nosotros en una apelación anterior, fue que se dictó dicha regla. A eso está limitada y no se -refiere a otras actuaciones que obren en este tribunal, como la carta a que se refiere el apelante, que por no ser conocida de la corte inferior no puede servir de base para revocar su re-solución apelada. Además, habiendo sido aprobada una ex-posición del caso para esta apelación no es aplicable la re-gla 40(c) porque estaba hecho el trabajo que por ella se quiere evitar. Por otra parte, cuando un apelante quiere acogerse a los beneficios de esa regia, no basta con que lo diga así en su alegato sino que debe hacer una solicitud in-dependiente en tal sentido para que la parte contraria tenga oportunidad de oponerse a esa solicitud o de llamar la aten-ción a cualquier otro particular relacionado con ella.

Aunque en la transcripción que tenemos ante nosotros se hace referencia a la petición de certiorari, a la compare-cencia en juicio, a la impugnación a una excepción previa, a una moción eliminatoria y a las diligencias para la aproba-ción del caso en la anterior apelación, no se han hecho figu-rar en el presente recurso los términos de la petición d.e certiorari, de la excepción previa ni de la moción eliminato-ria para poder comprender la importancia de sus cuestiones y por tanto del valor de esos trabajos. Pero dice el recu-rrente que él se acogió en su alegato a la citada regla de esta corte y que por esto tenemos en nuestros autos las constan-cias que echamos de menos. Sin embargo, antes hemos dicho que esa regia no podemos tenerla en cuenta en el caso presente.

La moción de reconsideración debe ser negada.


text:
    José Frontera Maristany, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    No. 817.

    Sometido: Noviembre 3, 1930.

      Resuelto: Diciembre 18, 1930.
    O. Souffront, abogado del recurrente; el registrador recurrido com-pareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

José Frontera Maristany trató de obtener ciertas canee-Liciones a virtud de la ley de agosto 29, 1923, según fue enmendada en 1924, que lee como sigue:

“Sección 1. — Los registradores de la propiedad a instancia escrita de parte o de su representante, autenticada ante notario, procederán a cancelar en el respectivo registro:
“(a) Las menciones de hipotecas o de precio aplazado de la compraventa de inmuebles, ya consten en los antiguos y modernos libros del registro, si hubieren transcurrido más de (20) veinte años desde que se verificó la respectiva mención, cuando la parte intere-sada no hubiere solicitado la inscripción del derecho mencionado den-tro del plazo de un año siguiente al día 29 de agosto de 1923, o hu-biere promovido, dentro de ese período, demanda en reclamación -de su derecho, anotándola en el registro. Las menciones de censo no se cancelarán de los antiguos o modernos libros del registro cuando la parte interesada solicite la traslación del asiento o mención del de-recho mencionado a los modernos libros del registro dentro del plazo de dos años a contar desde el día en que empiece a regir esta Ley o promueva dentro de ese período, demanda en reclamación de su de-recho, anotándola en el registro; Disponiéndose, además, que dichos registradores de la propiedad a instancia escrita' de parte o de su re-presentante, autenticada ante notario, procederán a cancelar también en el respectivo registro' cualesquiera otras menciones de derechos para pago de dinero, que no se refieran al precio aplazado de la com-praventa de inmuebles, cuando no se fije plazo, o no se indique en el título que motiva la mención que se constituye un gravamen sobre el inmueble, si hubieren transcurrido más de cinco años.”

La naturaleza, de las cancelaciones que se trataban de obtener era así: con relación a cierta finca conocida con el nombre de “F”, Juliana Yélez, aparentemente dueña anterior, inscribió un traspaso según el cual ella pagó cierta suma en efectivo y tenía que pagar ciertas otras cantidades por las que convino en otorgar hipoteca, y se hizo una mención similar con respecto a una finca conocida por “Gr”. Al solicitar estas cancelaciones, el recurrente también llamó la atención hacia la decisión de esta corte en el caso de Viuda de Quiñones v. Registrador de Mayagüez, 39 D.P.R. 833. En el presente caso, al igual que en aquél, la hipoteca nunca fue realmente otorgada y es difícil distinguir un caso del otro. El registrador, sin embargo, alega que en el presente la mención qne se hizo de la hipoteca qne debía otorgar Juliana Vélez fné nn gravamen definitivo sobre la propiedad y qne estaba excluida de la ley de 1923; qne surgiría la presunción de que Juliana Vélez otorgó la hipoteca. El recurrente llama nuestra atención hacia el caso de Vega v. Ponce, 34 D.P.R. 9, al efecto de que aclara algunas de las dudas del registrador; pero preferimos basar nuestra decisión entera-mente en el hecho de que el caso no puede distinguirse del de Quiñones v. Registrador, supra. Quizá puede decirse qne la mención de deudas en el registro no participa de naturaleza real hasta que se otorga e inscribe formalmente la hipoteca.

Debe revocarse la nota recurrida y efectuarse %as cance-laciones.


author: El Juez Asociado Señor Texidor, Juez Asociado Señor Texidor.

text:
    Julia Stella Viuda de Ortiz, peticionaria, v. La Corte de Distrito de Humacao, Hon. R. Arroda, Juez, demandada.
    No. 741.

    Sometido: Diciembre 1, 1930.

      Resuelto: Diciembre 19, 1930.

      Arturo Aponte, abogado de la peticionaria; Luis Toro Cabañas, abogado de la demandante en el pleito principal, interventora.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Se nos ha pedido un auto de certiorari' contra la Corte de Distrito de Humacao, Juez el Honorable Bafael Arjona Siaca, fundándose la peticionaria Julia Stella, viuda de Ortiz, esencialmente en los hechos siguientes:

En la Corte de Distrito de Humacao se radicó una acción sobre alimentos provisionales, contra Julia Stella, viuda de Ortiz, y a nombre de Monserrate Carrasquillo, como madre con potestad sobre los menores Nilda Monserrate y Francisco Juan Ortiz Carra'squillo. Se solicitaba una pensión mensual de $200. Se aleg’a que el juez dictó una resolución que se copia, y por la que se ordenó la primera comparecencia de las partes, previa citación a la demandada con entrega de copia de la demanda; que la corte, sin que la demandada fuera citada ni ¡notificada con entrega de copia de la demanda, celebró la vista del caso, sin jurisdicción, y dictó sentencia condenando a la aquí peticionaria, con sólq tener a la vista el diligenciamiento de la citación, que copia, y en el que no se dice que se citó personalmente a la demandada, ni que sd le entregara copia de la demanda; y que si bien la demandada tiene el derecho de apelar, la apelación no sería un remedio adecuado y eficaz, ya que no suspendería los efectos de la sentencia.

Se expidió el mandamiento, y vinieron a este tribunal los autos.

Interviene en el procedimiento la demandante, que se ha opuesto a la resolución que se solicita, alegando: que niega que Julia Stella viuda de Ortiz haya dejado de ser citada y notificada en el procedimiento, y que la citación en forma aparece del certificado de diligenciamiento original, y del adicional que se encuentra' en los autos del pleito; que niega los demás extremos de la petición; y que el caso no es uno propio de certiorari, por tener la peticionaria remedio eficaz y rápido en ley, por faltar en la petición hechos suficientes y por pretenderse obtener una suspensión en los procedi-mientos, en forma indirecta.

Se oyó el caso por este tribunal.

Del return, aparecen como los extremos raás interesantes, éstos:

(a) Resolución de la corte en fecha 20 de octubre de 1930.

(I) “Vista la demanda jurada presentada por la demandante en el pleito arriba titulado, solicitando que, como madre con patria po-testad sobre sus hijos menores de edad nombrados Hilda Monserrate y Francisco Juan Ortiz Carrasquillo, se le concedan a dichos menores alimentos provisionales en la cantidad de $2,400.00 anuales, pagaderos por la demandada como abuela de dichos menores, por meses antici-pados, a razón de $200.00 cada mes, mientras dichos menores residan en Humacao y lleguen a su mayoridad, y que esa pensión se le satis-faga en dinero que deberá ser depositado por la demandada por me-ses anticipados en la Secretaría de esta Corte, donde quedará a la disposición de la actora y para sus citados hijos, y vista también la solicitud contenida en dicha demanda para que este Tribunal señale una primera comparecencia de las partes en este pleito, ahora la Corte, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 84 de la Ley sobre Proce-dimientos Legales Especiales, y en las secciones 4 y 5 de la Ley sobre desahucio, ordena que las partes en este caso comparezcan en primera comparecencia ante este Tribunal, el día 3 de noviembre de 1930, a las 9 A.M., para que aleguen lo que a sus respectivos derechos estimen convenirles, debiendo entregársele a la demandada copia de la de-manda radicada por la actora en este litigio, apercibiendo a dicha demandada de que, de no comparecer por sí o por legítimo apoderado en el día y hora antes indicados, se concederán a los referidos me-nores los alimentos provisionales solicitados por ellos, sin más citar ni oír a dicha demandada, de acuerdo con la petición de la actora.
“El Secretario expedirá el correspondiente mandamiento para el cumplimiento de esta orden.”

(b) Certificado de dilig’enciamiento de la citación.

(II) “Yo, Luis Ríos Algarín, bajo juramento declaro: que mi nombre es el indicado y que soy mayor de 21 años de edad y vecino de San Juan; que no soy parte ni tengo interés en el pleito indicado al dorso de este diligenciamiento; que el día 20 de octubre de 1930, a las 10 A.M., recibí el mandamiento original contenido al dorso de este diligenciamiento, y que el mismo día a las 12:30 P. M., notifiqué dicho mandamiento a don Julio Ortiz Stella, quien reside y se en-contraba en dicho día y hora en la casa residencia de la demandada doña Julia Stella Yda. de Ortiz, en Humacao, Puerto Rico, habién-dole entregado a dicho señor Ortiz Stella, una copia fiel y exacta del referido mandamiento, cuya copia dejé en poder suyo para que se la entregase a la demandada, a quien no me fué permitido ver ni noti-ficar dicho mandamiento, porque el referido Sr. Ortiz Stella reitera-damente me aseguró que dicha demandada se hallaba enferma en cama y que no podía recibirme, habiéndome prometido él que le daría a ella la referida copia que le acababa yo de entregar en ese momento.
“Y para que así conste, suscribo y juro la presente en San Juan, Puerto Rico, hoy día 1 de noviembre de 1930.”

(c) Certificado adicional o complementario de diligencia-miento.

(III) “Yo, Luis Ríos Algarín, bajo juramento declaro.- Que mi nombre es el indicado y que soy mayor de 21 años de edad y ve-cino de San Juan, Puerto Rico; que no soy parte ni tengo interés en el pleito de epígrafe; que el día 20 de octubre de 1930, a las 10 A.M., recibí el mandamiento original expedido por esta Corte sobre primera comparecencia en el caso de epígrafe y citando a las partes para la celebración de la misma; y que el mismo día 20 de octubre de 1930, a las 12:30 P. M., notifiqué dicho mandamiento a don Julio Ortiz Stella, quien es mayor de edad y reside y se encontraba en dicho día y hora en la casa residencia de la demandada doña Julia Stella vda. de Ortiz, en Humacao, Puerto Rico, como encargado de la misma o representando a dicha demandada, habiéndole entregado a dicho Sr. Ortiz Stella una copia fiel y exacta del referido mandamiento y de la demanda presentada en el caso arriba titulado, cuyas copias dejó en poder suyo allí y entonces, para que se las entregase a la aludida demandada, a quien no me fué permitido ver ni notificar personal-mente dicho mandamiento, con copia de la referida demanda, porque 'el mencionado Sr. Ortiz Stella, hijo de la demandada, en reiteradas veces me aseguró que ella se hallaba enferma en cama y que no podía recibirme, habiéndome prometido él que le daría a ella las referidas copias que yo le acababa de entregar en su nombre y para ella; que me fué materialmente imposible ver personalmente a la citada de-mandada, debido a su enfermedad y por no habérmelo permitido su aludido hijo, y representante en aquel momento, don Julio Ortiz Stella; que lo expuesto es la verdad y nada más que la verdad de los becbos acaecidos en este caso, y que si no fueron así expuestos en el diligenciamiento original que radiqué en este pleito, se debió todo a una mera omisión involuntaria e inadvertida de mi parte, por la prisa con que preparé dicho diligenciamiento; y para subsanar esa omisión y a fin de ajustar los hechos a la verdad de lo sucedido, hago y juro ahora este diligenciamiento enmendado en Humacao, P. R., a los 24 días del mes de noviembre de 1930.”

Se lia discutido en este caso si la citación debe hacerse personalmente, y si cabe hacerla en otra persona que la de-mandada.

En la ley sobre procedimientos legales especiales de fecha 9 de marzo de 1905, el Título VII provee, si así puede decirse, el procedimiento en reclamaciones sobre alimentos provi-sionales. El artículo 84 de dicha ley es como sigue:

“Art. 84. — Toda reclamación sobre alimentos provisionales se tra-mitará en la forma prescrita para el juicio de desahucio. Contra la sentencia que se dicte en esta clase de juicio se podrá utilizar el re-curso de apelación, sin que ésta obstaculice la ejecución de aquélla.”

En la misma fecha 9 de marzo de 1905, se aprobó la ley que establece el procedimiento para el desahucio, en la que en-contramos los siguientes artículos :

“Sección 4. — Se promoverá el juicio por medio de demanda re-dactada conforme a lo prescrito para el juicio ordinario en el código de Enjuiciamiento Civil, y presentada aquélla, se mandará convocar al actor y al demandado para una comparecencia que deberá cele-brarse dentro de los diez días siguientes al en que se presente la re- * clamación.
“Sección 5. — Si no se encontrase el demandado en el lugar del juicio o no tuviere en él su domicilio se entenderá la citación con la persona que en cualquier forma estuviere encargada en su nombre del cuidado de la finca en dicho lugar.
“Al citarse al demandado se le apercibirá de que no compare-ciendo por sí o por legítimo apoderado se decretará el desahucio sin más citarlo ni oírlo.”

El procedimiento es aplicable al caso de reclamación de alimentos provisionales, que es quizá de mayor urgencia que el de desahucio, y en el que se justifica mejor la posibilidad de acortar términos y prescindir de algún trámite no esencial.

No es necesario acudir a los preceptos de la antigua ley de procedimientos civiles de España, ya que el procedimiento se halla definido en nuestra legislación vigente.

La citación, en la forma en que se hizo,' es correcta; y la corte, por virtud de la misma,, adquirió jurisdicción sobre el caso.

Del primitivo diligenciamiento de la citación, no aparecía que se hubiera entregado a la demandada la copia de la de-manda. Pero del return en este caso aparece radicado en £4 de noviembre de 1930 un certificado enmendado de dili-genciamiento, en el que se hace constar que a don Julio Ortia Stella, mayor de edad, quien se encontraba en la casa de la demandada doña Julia Stella viuda de Ortiz, “como encar-gado de la misma o representando a dicha demandada” y quien aseguró al diligenciante que la demandada se hallaba enferma en cama y no podía recibirle, se entregaron por el diligenciante las copias de mandamiento y demanda, que pro-metió el Don Julio entregar a la demandada. Esta certifi-cación se halla suscrita bajo juramento por Luis Ríos Algarín, que diligenció la citación. Es cierto que es posterior en fecha a la petición de certiorari; pero esto no sería una! razón para negarle credibilidad.

Es de aplicación a este caso la doctrina general sentada en Puigdoller v. Monroig, 14 D.P.R. 782, que sostiene que la ’ acción de alimentos provisionales debe regirse en su principie y presentación de pruebas por las reglas establecidas para la acción de desahucio.

Debe m%ularse el auto expedido.

EN RECONSIDERACION.

14 ele enero de 1931.

Opinión del tribunal emitida por el

Juez Asociado Señor Texidor.

Se nos pide reconsideración de la resolución de 19. de diciembre de 1930.

Se alega por la peticionaria que el único diligenciamiento que tuvo presente la Corte de Distrito de Humacao fue el primitivo, en el que no se hizo constar que se había hecho entrega de copia de la demanda; y que este tribunal no puede tener en cuenta otro para resolver el caso de cer-tiorari; que la Corte de Distrito de Humacao perdió toda jurisdicción, por haber sido apelada su resolución, y por haberse expedido el auto de certiorari; que, apelada la reso-lución, y expedido el auto, ni la corte inferior, ni las partes, tienen derecho a desvirtuar la sentencia mediante un nuevo diligenciamiento; que el único récord que podemos tener en cuenta es el que existía en el momento de dictarse la sentencia, y en él no aparece diligenciamiento que diera jurisdicción a la corte. Y alega además que el nuevo dili-genciamiento no contiene los requisitos del estatuto, y que en él no se consigna que don Julio Ortiz fuera el encargado' de la finca en nombre de la demandada, ni en qué forma lo esté, y que lejos de decirse que la demandada no se encontraba en la finca, se afirma que sí lo estaba, y que se hallaba enferma. Y, en apoyo de esas alegaciones, se nos cita la decisión de este tribunal, en el caso Hernández v. Rosado,, 22 D.P.R. 387, en donde se dijo, interpretando la sección quinta de la ley de desahucio, que en los casos en que el emplazamiento no se hace personalmente al demandado debe hacerse constar que se hace a la persona encargada “en su. nombre del cuidado de la finca,” a fin de que la corte pueda adquirir jurisdicción.

La interpretación que se pretende por la peticionaria, tendría, desde luego, el efecto de destruir la letra, el espíritu. y la finalidad del precepto del artículo 84 de la ley de proce-dimientos especiales. Siguiendo tal interpretación, allí donde no baya finca, o encargado de ella en nombre del ocupante, no cabe baeer citación alguna.

No podemos crear para el procedimiento judicial, un mundo, no ya aparte del en que vivimos, sino contradictorio y antagónico al mismo; un léxico y un vocabulario de mis-terioso sentido, inaccesibles a los. profanos, y en pugna con las realidades de la vida; ni podemos sacrificar, en aras de un tecnicismo exagerado, la verdad, y con ella la realidad y la justicia. Esto no quiere en modo alguno significar que pueda o deba prescindirse de las reglas de procedimiento y de los requisitos exigidos por la ley para la administración de la justicia. Se trata, en los procedimientos civiles y en los penales, de estados anormales en la vida del derecho, en cuyos estados no se realiza aquél en la forma usual, y es claro que el Estado, como tal, tiene que ordenar la forma de pedir, el trámite, la forma de enjuiciar, y de probar, para intervenir en la realización del derecho: esto origina el pro-cedimiento y sus reglas. Pero es de necesidad no olvidar que el derecho vive en la realidad, con la que está en con-tacto permanente.

No podemos regresar a las primitivas fórmulas romanas, y menos a las consecuencias de esas fórmulas, y someter a un simple error de palabra algo tan trascendental como la realización del derecho, y el imperio de la ley. Por eso se ha llegado a escribir en la ley, algo como los artículos 122, 140 y 142 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Pico, cuyo texto es como sigue:

“Artículo 122. Al considerar una alegación para determinar sus efectos, deberá interpretarse con liberalidad, a fin de asegurar abso-luta justicia entre las partes.”
• “Artículo 140. Podrá la corte, en bien de la justicia, y en los términos que fuesen adecuados, permitir a una de las partes enmen-dar cualquier alegación o procedimiento, bien añadiendo o eliminando el'nombre de alguna parte o corrigiendo un error en el nombre de la misma, o en cualquier otro particular, y en igual forma, prorrogar el término para la contestación o excepción previa. La corte puede también, a su arbitrio, después de notificada la parte contraria, per-mitir en la forma que estimare justa, una enmienda a cualquier ale-gación o procedimiento en otros particulares, y puede, en igual forma, permitir que se formule una contestación después del término pres-crito por este Código, y también eximir a alguna persona o a sus re-presentantes legales, de los efectos de una sentencia, orden n otro procedimiento que se hubiese dictado contra ella, por causa de equi-vocación, inadvertencia, sorpresa o excusable negligencia; y cuando por cualquier razón que la corte o el juez de la misma estime satis-factorio, la parte agraviada hubiese dejado de solicitar algún recurso legal, durante el período judicial en que se dictó dicha sentencia, orden o procedimiento objeto de la queja, dicha corte o juez en Va-caciones, podrá conceder el remedio, mediante solicitud presentada dentro de un plazo razonable que no excederá de seis meses, contados desde la expiración del período judicial. Cuando por cualquier causa la citación en una demanda no se hubiese hecho al demandado en persona, podrá la corte, en la forma que estimare justa, permitir que dicho demandado o su representante legal, en cualquier tiempo den-tro del año de pronunciado el fallo en ella, la conteste tal como se in-terpuso. Cuando en una acción para recobrar la posesión de bienes muebles, la persona que hizo la declaración escrita y jurada no ex-puso con verdad el valor de la propiedad, y el funcionario que se in-cautó de ella o el fiador fuese demandado por haberse apoderado de dicha propiedad, el funcionario o fiador, podrá alegar en su contes-tación el verdadero valor de la propiedad y que la persona en cuyo nombre se hizo la declaración escrita y jurada tenía derecho a la po-sesión de aquélla cuando se hizo dicha declaración escrita y jurada o que el valor consignado en ésta estaba equivocado, la corte prescin-dirá del valor consignado en la declaración escrita y jurada, y fallará de acuerdo con el derecho de posesión a dicha propiedad como existía cuando se hizo dicha declaración escrita y jurada.”
“Artículo 142. En cualquier estado de un pleito la corte no to-mará en cuenta algún error o defecto en las alegaciones o procedi-mientos que no afecten a lo esencial de los derechos de las partes, y no se revocará o invalidará ningún fallo por razón de dicho error o de-fecto. ’ ’

Este espíritu de liberalidad, que no puede en forma alguna considerarse como de abandono de los preceptos de procedi-miento, impone el triunfo del sentido humano de la ley. Y en. cuanto a la jurisprudencia de Puerto Rico, podemos, sin temor, afirmar que .ésa es la tendencia de nuestras decisiones.

En el caso Rodríguez et al., v. Cuevas Zegueira, Juez, 25 D.P.R. 806, se lia dicho por este Tribunal:

“A los demandados se les notificó en realidad de los procedimien-tos y se les previno de las consecuencias de la rebeldía, mas sin embargo optaron por circunscribirse a técnicas cuestiones de detalles en la forma del emplazamiento y no han mostrado siquiera ante esta corte de que sufrieran per juicio, alguno en absoluto o de que tuvieran jamás defensa alguna sobre los méritos del caso. El presente proce-dimiento no es sino sencillamente un esfuerzo para dilatar la ejecu-ción de la sentencia dictada por la corte de distrito y los hechos que aparecen del récord no revelan un caso propio para obtener algún remedio por vía de certiorari. ’ ’

Y luego se citó, del caso Addison v. Burt, 42 N. W. 278, lo que sigue:

“No encontramos ningún fundamento para la revocación hecha por la corte inferior. Aun cuando hubiera habido irregularidades de forma, la ley requiere que en certiorari no habrá revocaciones, sino sólo por materias sustanciales que afectan la justicia de la causa. Nada encontramos fuera de lugar en el juicio celebrado ante el juez de paz, mientras que el récord claramente nos muestra un gravoso mal héehole a Mr. Burt por el que él debiera tener alguna reparación. La de-fensa estaba en absoluto destituida de todo mérito, y si la corte de circuito hubiera confirmado la sentencia, y Addison la hubiera traído aquí, nosotros no hubiéramos vacilado un momento en hacerle sentir las consecuencias de una penosa apelación. El auto de certiorari no debe prostituirse con tales propósitos. La sentencia de la corte de circuito debe ser revocada, y confirmada la del juez de paz, con las costas ocasionadas en todas las cortes.”

La ley ha requerido dar a los procedimientos para obten-ción de alimentos provisionales una facilidad y una rapidez, en consonancia con su fin y objeto, y con la urgencia de la necesidad a satisfacer; para ello los ha equiparado a los casos de desahucio; pero esto no quiere significar que esos procedimientos se calquen en los del juicio de desahucio en tal forma que si no hay una finca, y un encargado en nombre del dueño, sea imposible la citación.

En este caso concreto, aparece qne la persona que hace la citación, va al domicilio de la demandada, a la que no en-cuentra, y sí a don Julio Ortiz, quien manifiesta que aquella señora está enferma, y es imposible verla, e impide al diligen-ciante que la vea y se hace cargo de los documentos prome-tiendo entregarlos a la interesada. No creemos que quepa ha-cer más, ni pueda exigirse otra cosa. Si se tratara de un caso de desahucio, la situación sería otra; entonces el que se en-trevista con la persona que diligencia la citación tendría que ser el que esté en la finca, en nombre del ocupante, que en tal carácter de ocupante de una finca es citado, y por ese ca-rácter, y por su relación con la finca, se le trae al juicio.

La decisión de este Tribunal, que se cita por la peticio-naria (Hernández v. Rosado, 22 D.P.R. 387), se refiere a un caso de desahucio, y en ella se hace estricta aplicación del pre-cepto de la ley especial, que exige que la persona a quien se comunique la citación, en caso de no hallarse en la finca el demandado, sea la que en su nombre se halla encargada de la finca. Ya hemos dicho que esta condición es exigible en los casos de desahucio, en que hay, necesariamente, una finca, y debe haber alguien que, en ausencia del dueño, le represente en ella. Pero esto no puede exigirse como indispensable, en otros casos, como los de alimentos provisionales, lo mismo que en ellos no cabe, en la ejecución, un lanzamiento.

En lo que toca a la naturaleza del diligenciamiento enmen-dado, la parte peticionaria está en error. Ese diligencia-miento prueba un hecho; el de que se entregó la copia de la demanda; y ese hecho existió desde que se realizó, esto es, desde que se llevó a cabo el diligenciamiento original; esto es lo realmente interesante en el caso, la verdad del hecho. No concebimos cómo podríamos llegar, después de leer el diligenciamiento enmendado, a decir que no se llevó a efecto con entrega de la copia de la demanda; esto ni puede pedír-senos, ni podríamos concederlo.

La misma parte peticionaria, que nos indica que no de-bemos tener en cuenta nada que no haya ocurrido antes de dictarse la resolución cuya enmienda pide, no tiene otra so-lución- que acudir a hechos que se produjeron con posterio-ridad a dicha resolución, como lo es su apelación de 22 de no-viembre de 1930. T es que en el procedimiento no puede llegarse a aislar, de modo absoluto, un hecho, prescindiendo de origen, antecedentes, ambiente y consecuencias, como no puede llegarse a eso en ninguno de los aspectos de la vida.

No desvirtúa la sentencia lo que la peticionaria llama un nuevo diligenciamiento. Ante todo, porque no es nuevo, sino la enmienda del antiguo; y luego, porque en la realidad, no produce cambio en la declaración de la sentencia.

Por lo que debe declararse sin lugar la moción de recon-sideración.


author: El Juez Asociado Señor Texidob,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v Joaquín Zayas, acusado y apelante.
    No. 4187.

    Sometido: Noviembre 18, 1930.

      Resuelto: Diciembre 19, 1930.

      Guillermo S. Pierluisi y R. Atiles Moreu, abogados del apelante; R. A. Gomes, abogado de El Pueblo, apelado.

      Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Texidob,

emitió la opinión del tribunal.

La denuncia por la que se empezó el procedimiento en este caso, es como sigue:

“Corte Municipal de Juana Díaz, P. R. — Estados Unidos de América,' — El Presidente de los Estados Unidos, — SS:—El Pueblo de Puerto Rico v. Joaquín Layas, residente en Caonilla, Juana Díaz, P. R. — Yo, Ramón Robles, Gdia. P. I. No. 475, vecino de Juana Díaz, P. R., calle de La Yida, número_, mayor de edad, formulo denuncia contra Joaquín Zayas, por delito de Infracción a la Ley de Prohibición Nacional vigente, cometido de la manera siguiente: Que en 31 de octubre, 6 A. M., de 1929, y en el barrio Caonilla de Villalba, P. R., del Distrito Judicial Municipal de Juana Díaz, P. R., que a la vez forma parte del Distrito Judicial de Ponce, P. R., el referido acusado Joaquín Zayas, allí .y entonces, de una manera ilegal, voluntaria y maliciosa, violó las disposiciones de la ley de prohibición nacional, aplicable a Puerto Rico de acuerdo con la enmienda 18 de la Constitución de los Estados Unidos, y por una ley del Congreso Americano aprobada en septiembre 22 de 1921, también enmendada en marzo 2 de 1929, dicho acusado tenía bajo su posesión y custodia como dueño o guardián, puesto al fuego y desti-lando ron cañita que es una bebida embriagante propia para beber que contiene más del medio del uno por ciento de alcohol por volu-men, dos alambiques completos, los que le fueron ocupados y se po-nen a disposición de la Honorable Corte como materia de prueba.”

La Corte de Distrito de Ponce, ante la que fue el caso en apelación, después de oír la prueba, condenó al acusado al pago de una multa de sesenta dólares, y costas, y en defecto de aquel pago un día de cárcel por cada dólar. Y contra este sentencia se apela por el acusado.

Se han señalado por la parte apelante seis errores. Pero no creemos necesario entrar en el estudio y discusión de los mismos por las circunstancias siguientes:

En el seno del tribunal se suscita de nuevo la cuestión propuesta y resuelta por mayoría en el caso El Pueblo de Puerto Rico v. Rodríguez, 33 D.P.R. 393, y que aparece con-cretamente en el syllabus en el referido caso. Allí se lee:

“Una denuncia por infracción a la Ley Federal' de Prohibición presentada en la corte municipal, en la cual se establezca la acción a nombre de los Estados Unidos, incluyendo además El Pueblo de Puerto Rico, cumple con los requisitos exigidos por la sección 10 del Acta Jones.”

El extremo en discusión en aquel caso fué la suficiencia de la denuncia o acusación presentada no en nombre de los Estados Unidos directa y exclusivamente, y por un fiscal de los Estados Unidos, sino en la forma que sigue:

‘ ‘ Corte Municipal de Humaeao, P. R. Estados Unidos de América, El Presidente de los Estados Unidos, SS. El Pueblo de Puerto Rico vs. Ramón Rodríguez, José Cápele, Santos Rodríguez, Isidoro Car-dona, Narciso Rodríguez. — Yo, Rafael Alarcon, Cabo, P. I., vecino de , Las Piedras, P. R., calle principal, mayor de edad, formulo denuncia contra los acusados arriba expresados por delito de infracción a la Ley de Prohibición Nacional, cometido de la manera siguiente . . . . ”

Se resolvió que la denuncia era suficiente disintiendo los Jueces Asociados Sres. Wolf y Hutchison.

No hay duda alguna acerca del poder del Congreso de los Estados Unidos para hacer extensiva a los territorios una ley nacional; ni la hay tampoco acerca del poder del mismo ■cuerpo legislativo para dar jurisdicción a las cortes territo- ■ ríales para intervenir concurrentemente con las federales en el conocimiento y castigo de ciertos delitos e infracciones. Y así tenemos que partir de la perfecta constitucionalidad 'de las leyes que pasamos a citar:

1. Artículo o Sección 3 de la ley de 23 de noviembre de 1921, aprobada por el Congreso de los Estados Unidos. Texto:

‘ ‘ Que esta ley y la de Prohibición. Nacional serán aplicables no sólo a los Estados Unidos, sino a todo aquel territorio que esté bajo su ju-risdicción, incluyendo el territorio de Hawaii, y las Islas Vírgenes; a las cortes del Territorio de Hawaii y de las Islas Vírgenes se confiere jurisdicción para obligar el cumplimiento de esta Ley y de la Ley de Prohibición Nacional en dicho territorio e islas.”

Ley del Congreso de los Estados Unidos, de 21 de sep-tiembre de 1922. Texto:

"Decrétese por el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, en Congreso reunidos, que se confiera como por la presente se confiere, a los jueces y cortes territoriales de Puerto Rico, jurisdicción concurrente con los comisionados y cortes de los Estados Unidos en aquel territorio, sobre toda infracción de la ley de octubre 28 de 1919, conocida con el nombre de Ley de Prohibi-ción Nacional, y de cualquier ley enmendatoria y supletoria de la misma, siendo la jurisdicción de los referidos jueces y cortes, territo-riales en los casos de dichas infracciones la misma que en la actuali-dad tienen sobre otros delitos de su jurisdicción.”

La Ley de Prohibición Nacional fue extendida a Puerto Pico como ley federal. Esta fné la situación jurídica creada por la ley del Congreso, de 1921, que hemos copiado parcial-mente. Y ése fué también el poder ejercido por el Congreso; el de extensión de la ley y sus efectos a determinados terri-torios. Pero no el de convertir en ley local la que por su esencia, su naturaleza, y aun por su nombre conservado en la ley de extensión, era y es, ley nacional y federal.

¿Quiso el Congreso, por la ley de 1922, que hemos co-piado, dar a la Nacional de Prohibición el carácter de local? ¿Hubo necesidad de ello? Estos son dos problemas cuya resolución envuelve dificultad más aparente que real.

En primer término: para que la Ley Nacional de Prohi-bición surtiera efectos en Puerto Pico, no era necesaria la ley de 1922, ya que por la de 1921, se había, por el Congreso, hecho la extensión de tal ley a los territorios bajo la jurisdic-ción de los Estados Unidos. Luego el fin o propósito de la ley de 1922 no era el de traer a Puerto Rico la Ley Nacional, porque ya estaba esa ley en Puerto Rico.

¿Era necesario convertir en ley local en Puerto Rico la Ley Nacional de Prohibición? Evidentemente, no; ya que sin esa conversión, regía aquí, y aquí producía sus efectos.

A través de esas dos leyes del Congreso pasó la ley de prohibición sin perder su carácter de nacional. Lo único a que se proveyó con la segunda fué sencillamente a crear en las cortes de Puerto Rico la jurisdicción concurrente y

“siendo la jurisdicción de los referidos jueces y cortes territoriales en los casos de dichas infracciones la misma que en la actualidad tie-nen sobre otros delitos de su jurisdicción.”

Si el poder federal se desprendió, por alguna forma, o delegó en alguna manera, cualquier parte de sus funciones, la interpretación de la ley en que así lo hiciera, sólo puede ser restringida. Se dió a los jueces y cortes de Puerto Rico una jurisdicción de que carecían: eso fué todo lo que hizo la ley, que no habla de procedimientos, forma de enjuiciar y casti-gar, y manera de adquirir la jurisdicción en cada caso.

Pero la ley citada no quitó a las infracciones de la Nacio-nal de Prohibición el carácter de delitos federales, ni a los Estados Unidos el derecho y el deber de perseguir y prose-guir en esos casos. La ley citada no ha trasladado a El Pueblo de Puerto Rico el poder de los Estados Unidos de América para acusar y perseguir en los casos de esas infrac-ciones. Y por ello, ninguna denuncia o acusación en un caso de esa naturaleza puede hacerse en nombre de El Pueblo de Puerto Rico, sino que debe hacerse en nombre de los Estados Unidos.

¿Salva esta dificultad la fórmula usada en las acusaciones y denuncias, de que se habla en el caso de El Pueblo v. Rodríguez, antes citado? No la salva. Veamos por qué.

El artículo o sección 10 de nuestra Ley Orgánica, es como sigue:

“Art. 10. — Todas las diligencias judiciales se harán a nombre de ‘ Estados Unidos de América, SS el Presidente de los Estados Unidos, ’ y todas las acciones criminales o penales en los tribunales locales se instruirán a nombre y por autoridad de ‘ El Pueblo de Puerto Rico ’; y todos los funcionarios deberán ser ciudadanos de los Estados Unidos, y, antes de entrar- en el desempeño de sus respectivas funciones, pres-tarán juramento de sostener la Constitución de los Estados Unidos y las leyes de Puerto Rico.”

Nótese cómo frente a la expresión general “Todas las diligencias judiciales se liarán a nombre de los Estados Uni-dos de América” aparece la especial “las acciones criminales o penales en los tribunales locales se instruirán (shall he conducted) a nombre y por autoridad de El Pueblo de Puerto Rico”; expresión ésta que cubre los casos de infracciones de leyes locales, pero no las de leyes federales. Tratándose de ac-ción penal en tribunales de Puerto Rico, es indudable que ‘ ‘ a nombre y por autoridad de El Pueblo de Puerto Rico” se sigue. La fórmula que se apunta para las diligencias judi-ciales en general, no es suficiente a establecer una justifica-ción para que las cortes locales procedan en casos de juris-dicción federal.

La denuncia o la acusación en lo que se refiere a ofensas, delitos, o infracciones de leyes federales, no puede formularse más que a nombre y por la autoridad de los Estados Unidos de América.

La denuncia en este caso concreto, no es suficiente para que la corte adquiriese jurisdicción.

Por las razones que preceden dehe revocarse la sentencia apelada, dictándose otra absolviendo al acusado.

Los Jueces, Presidente Señor del Toro y Asociado Señor Aldrey, disintieron.

EN EE OON SIDEE ACION.

Enero 30, 1931.

Por El Pueblo de Puerto Rico, se nos pide reconsidera-ción de nuestra sentencia en este caso.

En uno de los primeros párrafos de la moción, que se baila suscrita por el fiscal de este tribunal y el de la Corte de.Distrito de Arecibo, se dice:

"Antes de señalar los errores que, en nuestra opinión, ha come-tido el Hon. Tribunal al resolver este caso, queremos decir que el mayor interés de El Pueblo es el de conseguir que se nos oiga sobre la cuestión que se resolvió sin baber sido levantada por ninguna de las partes, es decir, que la acusación no era suficiente por haberse en-tablado la acción a nombre de El Pueblo de Puerto Rico y no de los Estados Unidos, y que esta cuestión quede aún bajo la consideración del Tribunal, hasta que se resuelva la otra cuestión planteada en el caso de El Pueblo v. Luciano Fuertes, íntimamente relacionada con aquélla, a saber: si la venta de bebidas alcohólicas, constituye, en Puerto Rico, un delito ‘felony’ o ‘misdemeanor’} de acuerdo con la Ley Nacional de Prohibición tal como fué enmendada últimamente. Para ser más claros aún, deseamos que el Tribunal tenga por no resuelto este caso, y al resolver el otro- de El Pueblo v. Fuertes, reafirme o re-voque la decisión dada en el presente y resuelva a la vez la cuestión planteada en aquél.”

La cuestión de jurisdicción se lia levantado por este tribunal, en uso de un derecho constantemente reconocido, y de antiguo consagrado, a proponer y resolver esa cuestión, pres-cindiendo de si las partes quisieron, pudieron, o supieron, proponerla. Bastaría, si no hubiera copiosa jurisprudencia sobre este particular, recordar la sección 1141 de los Esta-tutos de Puerto Rico (Ley de 12 de marzo de 1903) que dice así:

"Que el Tribunal Supremo de Puerto Rico constituirá de aquí en adelante un Tribunal de Aid elación y no un Tribunal de Casación. En sus deliberaciones y fallos en todos los asuntos, tanto en lo civil como en lo criminal, dicho Tribunal no se limitará solamente a infrac-ciones de ley o quebrantamientos de forma, según fueren señalados, alegados o salvados por los litigantes, o 'según se hiciera constar en sus exposiciones y excepciones sino que con el más alto fin de justicia, el Tribunal puede también entender en todos los hechos y tramitaciones en la causa tal como aparecieren en autos, considerando en igual forma sus méritos, para la mejor administración 'de justicia y del derecho, y evitar injusticias y demoras. ’ ’

Leyendo este texto legal, se penetra el que lo estudia de que al crearse un tribunal, no se le sujeta exclusivamente a las proposiciones legales que las partes presenten, sino que se le faculta para que estudie y resuelva las cuestiones que-encuentre.

Por poco detenimiento con que se estudie la jurispruden-cia de este tribunal, se encontrará que la cuestión atora re-suelta, no es nueva. El caso El Pueblo v. Rodrigues, 33 D.P.R. 393, resuelto en 1924, no puede ser fácilmente inad-vertido, máxime cuando lo citamos en la opinión de este caso. Allí surgió en el tribunal una diferencia de opinión, en va-rios extremos de importancia, de los que no es el menor el de la forma de presentarse la acusación. La opinión o voto disidente mantuvo que la acusación debe establecerse en nom-bre de los Estados Unidos, y señaló claramente el alcance de la ley extendiendo la Nacional de prohibición a territorios y posesiones. Tomamos de la opinión disidente, redactada por el Juez Asociado Sr. Wolf, los párrafos que siguen:

“Con arreglo a la sección 3 de la ley de 1921, supra, es evidente que la Ley Nacional de Prohibición fué extendida a Puerto Rico como ley federal, y la ley de 1922 no trata por sus términos de convertir en una ley local a la Ley Nacional de Prohibición, como ha sido sos-tenido, sino meramente conferir a las cortes locales jurisdicción sobre los delitos enumerados en la Ley Nacional de Prohibición. Sin embargo, se ha sostenido fuertemente que la intención del Congreso por la ley de 1922 fué hacer la Ley Nacional de Prohibición una ley local. Como hemos visto, la referida ley no habla de la Ley Nacio-nal de Prohibición sino solamente de los delitos por virtud de la misma. La Ley Nacional de Prohibición confiere a las cortes cierta otra jurisdicción civil y de equidad que en manera alguna ha sido conferida a las cortes locales de Puerto Rico.
“De la facultad del Congreso de hacer distintamente la Ley Na-cional una ley local, no tengo, por supuesto, duda alguna. La cues-tión es si el Congreso así lo hizo o trató de hacerlo. Si mi memoria no me es infiel, el Congreso una vez hizo el Código Penal del Estado de Kansas, o algún otro estado, un Código Penal para el Territorio Indio, y desde luego que el Congreso tenía esta facultad y lo mani-festó en lenguaje inequívoco. En la ley de septiembre 21 dé 1922, supra, no hay manifestación de la intención de hacer una ley local de la Ley Nacional de Prohibición. Que toda la ley no tuvo por ob-jeto ser una ley local, es un pensamiento eliminado por el hecho de que sólo los delitos mencionados en la Ley Nacional de Prohibición deben caer dentro de la jurisdicción de las cortes locales.”

No es necesario estudiar aquí la forma eficaz de hacer local una ley nacional. Desde luego, afirmamos que la exten-sión de la ley a un territorio no quita a esa ley su carácter de nacional. La infracción, o la ofensa, con relación a cual-quiera de sus preceptos, disposiciones o prohibiciones, es una infracción de una ley nacional; la extensión de ésta a un territorio no cambia en nada la naturaleza de la ofensa.

Sin que seamos demasiado restringidos en la interpreta-ción, podemos decir que la ley del Congreso de 21 de sep-tiembre de 1922, no hizo otra cosa que extender la jurisdic-ción de las cortes territoriales de Puerto Rico, para el cono-cimiento de infracciones y delitos que no estaban antes den-tro de tal jurisdicción. Y no podemos ir más allá de lo que fue el poder legislativo. El poder o autoridad de las cortes del territorio para imponer la pena y hacerla cumplir, no se discute en nuestra opinión. La forma legal y válida de obte-ner la jurisdicción, es algo distinto. La autoridad en cuyo nombre debe perseguirse la infracción, es también otra ma-teria de resolución; y cuanto más se estudie, más firme es en nosotros el convencimiento de que sólo en el nombre y por la autoridad de los Estados Unidos de América, y no en el nombre ni por la autoridad del Pueblo de Estado o Terri-torio alguno, puede perseguirse una infracción a una ley nacional, y llevar a los infractores ante un tribunal, federal o de Estado, con jurisdicción original y propia, o con jurisdicción concurrente, según el caso.

La alegación de que todo delito o infracción de leyes locales o federales, es siempre contra el gobierno y la digni-dad de El Pueblo de los Estados Unidos, nos parece acadé-mica y de pura especulación científica, aunque para estable-cerla se olvida la especial condición política de las federa-ciones, en las que las esferas de actividad política y jurídica del Gobierno Federal y de los Estados federales se conservan independientes basta donde el pacto y la Constitución fede-rales lo permiten, y aun teniendo quizá el mismo centro, tie-nen un desarrollo distinto en determinadas actividades.

El apelante en este caso formuló y presentó su oposición; y en ella se suscita una cuestión interesante, que no es pre-ciso resolver abora; pero de la que también se trata de forma incidental, en la moción de El Pueblo de Puerto Rico. Este dice:

“Una vez concedida jurisdicción a las cortes insulares para cono-cer de infracciones a la Ley Nacional de Prohibición, corresponde a los fiscales de esas cortes el perseguir esos delitos en las mismas, y no al fiscal federal, que ha sido nombrado única y exclusivamente para servir en la Corte Federal. Es principio generalmente aceptado que cuando a una corte se le concede jurisdicción para conocer de determinada materia esto lleva consigo los medios para hacer efectiva dicha jurisdicción. De prevalecer la opinión de este Hon. Tribunal puede asegurarse que los delitos por infracción a la Ley Nacional de Prohibición no podrían perseguirse ante nuestras Cortes de Distrito, toda vez que un fiscal federal no podría comparecer ante ellas porque, de acuerdo con la sección 41 de nuestra Acta Orgánica, ellos sola-mente tienen derecho a comparecer ante la Corte Federal.”

El comentario becbo por la parte que pide la reconside-ración con respecto a cuál fuera el punto de vista de la ma-yoría de este tribunal, y que éste considerase que existen en Puerto Rico dos soberanías o jurisdicciones, es difícil de en-tender, ya que en él se confunden los términos “soberanía” y “jurisdicción”, que no tienen el mismo significado en el léxico jurídico. Aparte de que querer penetrar en ese te-rreno es arriesgado, ir tan lejos como lo bace la representa-ción de El Pueblo de Puerto Rico, sobrepasa los límites del riesgo, para ponerse en los de un desconocimiento de los res-petos que los representantes de las partes deben a los tribu-nales. Todos sabemos que en el concepto de soberanía, no bay aquí otra que la de los Estados Unidos de América. En cambio, en cuanto a la jurisdicción de las cortes, para los que tengan un mediano conocimiento de lo que “jurisdicción” significa, el caso es tan distinto, que el Congreso de los Esta-dos Unidos lia considerado necesario en el Acta Orgánica de Puerto Rico establecer y definir la diversa jurisdicción de la Corte de los Estados Unidos para Puerto Rico, y la de las cortes del territorio; y en la ley de 21 de septiembre de 1922, creó la jurisdicción concurrente en los tribunales de Puerto Rico, que no la tenían.

Para nosotros sigue siendo perfectamente claro que las infracciones de una ley nacional o federal, sólo en nombre del poder soberano y nacional, Estados Unidos de América, pueden ser perseguidas. De la facultad de iniciar el caso no se ba desprendido la nación, en la ley que antes se cita. Cuando el Congreso ba querido dar esa facultad, en alguna medida, en alguna forma, o a un funcionario no federal, lo ba becbo de una manera inequívoca. A este propósito puede citarse la sección 4, Título I, de la Ley Nacional de Prohibición, que en su primer párrafo dice así:

“El fiscal de los Estados Unidos para el distrito donde exista un estorbo tal como el que se define en esta Ley, o cualquier funcionario designado por él,’ o el fiscal general de los Estados Unidos, podrá en-tablar una acción en equidad en nombre de los Estados Unidos para abatir o restringir el mismo. Las acciones en equidad para abatir o restringir tales estorbos podrán ser iniciadas en cualquier corte que tenga jurisdicción para oír y resolver casos en equidad. La juris-dicción de las cortes de los Estados Unidos bajo esta sección será con-currente con la de las cortes de los varios Estados.”

Y en la Sección 22, Título II, de la misma Ley, leemos:

“Una acción para abatir cualquier estorbo definido en este título podrá iniciarse a nombre de los Estados Unidos por el fiscal general de los Estados Unidos, o por cualquier fiscal de los Estados Unidos, o cualquier fiscal de cualquier Estado o cualquier subdivisión del mismo o por el Comisionado o sus agentes o auxiliares.”

Por las razones apuntadas, se declara sin lugar la moción de reconsideración.

Los Jueces, Presidente Señor del Toro y Asociado Señor Aldrey, disintieron.

      Nota: Véase el prefacio.