author: El Juez Presidente Se. Hernández

text:
    Pomales, Recurrente, v. El Registrador, Recurrido.
    Reotjeso gubernativo contra resolución del Registrador de la Propiedad' de Guayama.
    No. 142.
    Resuelto en junio 2, 1913.
    Finca Inscrita a Nombre del Causante — Venta Judicial en Pública Subasta —Inscripción a Favor de los Herederos.- — Con excepción de los casos de herencia yacente, deben inscribirse a nombre de los herederos del deudor los bienes vendidos o adjudicados mediante procedimiento judicial para pago de deudas y que aparecen inscritos a nombre del causante, antes de hacerse la inscripción a favor del comprador o del adjudicatario.
    Descripción de la Finca — Defecto Subsanable — Discrepancia en las Colin-dancias. — Debe considerarse como defecto subsanable la falta de conformidad entre las colindaneias consignadas en la escritura y las que aparecen en el registro, cuando tanto el número de cuerdas como el término municipal y barrio en que está situada la finca son idénticos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. C. Domínguez Rubio.

    El recurrido no compareció.
   El Juez Presidente Se. Hernández

emitió la opinión del tribunal.

En juicio seguido ante la Corte Municipal de Salinas por Maximino Pomales contra la sucesión de Pedro García en cobro de la suma de $425 de que García era deudor al deman-dante, fue condenada al pago la expresada sucesión, y habién-dose librado orden al marshal de dicha corte para la ejecución de la sentencia, fué adjudicada a Pomales en pública subasta celebrada el 15 de marzo del'corriente año, una finca rústica de 28 cuerdas por precio de $100 en pago parcial de la suma reclamada otorgándosele en la misma fecha escritura de venta por el márshal ante el Notario Don Celestino Domín-guez.

Presentada la escritura de referencia en el Registro: de la Propiedad de Guayama para su inscripción, el registrador la denegó por medio de nota que copiada a la letra dice así:

“Denega-da la inscripción de este documento por no aparecer ins-crita la finca a nombre de la sucesión demandada, ni convenir las colin-daneias que se expresan en el título con las que figuran del registro, ■y tomada anotación de la denegación por término de 120 días de acuerdo con la ley de 1 de marzo de 1902 al folio cinco .vuelto del tomo cinco de Salinas, finca No. 213, anotación letra A, Guayama, y abril dos de mil novecientos trece.
“El Registrador,
“Felipe Cuchí Aiinau.”

Esa nota lia sido recurrida para ante esta Corte Suprema por la representación de Maximino Pomales.

Al resolver en 25 de marzo de 1904 recurso gubernativo de Paslacqua Hermanos y Cía. v. El Registrador de la Propiedad de Caguas, 6 P. R. R., 86, dijimos, “era doctrina y jurisprudencia de la Dirección General de los Registros de la Propiedad, sin más excepción que en los casos de la heren-cia yacente, que debían inscribirse a nombre de los herede-ros del deudor los bienes vendidos o adjudicados mediante procedimiento judicial para pago de deudas, antes de hacerse la inscripción a favor del comprador o del adjudicatario;” de esa doctrina hicimos aplicación al resolver el recurso gubernativo de Figueroa v. Registrador de la Propiedad, 18 D. P. R., 260.

De la escritura de que se deja hecho mérito no resulta si en la demanda se designaron los miembros componentes de la sucesión de Pedro García, ni en qué forma fueron citados para el juicio, ni si comparecieron a él, ni si la sentencia fue dictada o nó en rebeldía. No aparece que la reclamación; se dirigía contra una herencia yacente y por tanto la finca debe ser inscrita previamente a nombre de los herederos de García para serlo luego a favor del comprador.

La Real Orden de 22 de julio de 1896 dictada a instancia del gobernador del Banco Hipotecario de Madrid y comuni-cada directamente a la Dirección General de los Registros de la Propiedad, por la que se dispuso que en los casos de venta o adjudicación de inmuebles hipotecados a virtud de procedi-miento ejecutivo seguido a instancia del acreedor hipotecario contra los herederos del deudor o del tercer poseedor, no es precisa la previa inscripción a favor de los mismos, para que pueda inscribirse la escritura de venta o el testimonio de adjudicación, no es aplicable al presente caso por no con-currir, en él todas las circunstancias que dicha Real Orden' determina.

La resolución recurrida se sostiene por el primero de sus fundamentos.

En cuanto al segundo, en la escritura se describe la finca vendida en la forma siguiente:

“Predio compuesto de veinte y ocho cuerdas en el barrio de Quebrada Yeguas de esta municipalidad en linde al Norte, digo con Clemente Rodríguez y Nicolás Sanabria, y siendo sus actuales linderos los siguientes:
“Norte y Oeste tierras de Don Aristides Capó, por el Sur Don Tomás Bernardini de la Huerta y por el Este la quebrada y Juan Pomales. Esta finca figura inscrita al folio cinco del tomo cinco de Salinas, finca número doscientos trece, inscripción primera.”

Y la finca inscrita según certificación expedida por el registrador, figura en el, registro con el número doscientos trece, al folio 5o. del tomo 5o. de Salinas, a nombre de Don Pedro García, colindando por el Norte con Don Manuel Poma-les, hoy su Viuda Adela Navarro, por el Sur, Clemente Ro-dríguez, por el Este, Gabriel Sanabria, hoy Manuel Cintrón, y por el Oeste Tiburcio y Trinidad Rivera.

Hay que convenir en que las colindancias de la finca consignadas en la escritura son distintas de las que apare-cen en el registro, pero como tanto el número de cuerdas como el término municipal y barrio en que está situada son idénti-cos es de creerse que se trata de una misma finca, debiendo considerarse como defecto subsanable la falta de conformi-dad de colindancias.

Procede pues, la confirmación de la nota recurrida por la primera razón legal que la sirve de fundamento y no por la segunda.

Confirmada eñ parte.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Sr. Hernández

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text:
    Rivera, Apelante, v. López, Juez Municipal, Apelado.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Guayama en un caso de certiorari.

    No. 967.
    Resuelto en junio 2, 1913.
    ASEGURAMIENTO DE SENTENCIA-NULIDAD DE PERMUTA DE ANIMALES-OCUPACIÓN t Depósito. — En una acción sobre nulidad de un contrato de permuta de animales en la que también se solicita que se entregue al demandante el animal permutado, o en su defecto el valor del mismo, no comete error el juez que ordena la ocupación y depósito del animal en posesión del deman-dado para asegurar la efectividad de la sentencia, previa prestación de fianza por el demandante.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. F. Cervoni Gely.

    El apelado no compareció.
   El Juez Presidente Sr. Hernández

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un recurso de apelación interpuesto por Catalino Rivera contra resolución de la Corte de Distrito de Guayama de 4 de diciembre de 1912, declarando sin lugar solicitud de certiorari presentada por Rivera 'á dicha corté para revisar procedimientos de la Corté Municipal de Patillas, en diligencias sobre aseguramiento de sentencia.

Con fecha 7 de septiembre del año 1912, en la Corte Municipal' de Patillas presentó demanda Domingo Delfí contra Catálino Rivera' en acción redhibitoria, para que declarando nula la permuta, que ambas partes habían celebrado el 3 de septiembre citado de una yegua rucia blanca de la propiedad del demandante, por nn caballo y nna yegua rucios de la pro-piedad del demandado, fuera éste condenado a entregar al-demandante su referida yegua o en su defecto la suma de $80 con sus intereses legales y las costas del juicio.

Alega Delfí como fundamento de su acción que los ani-males del demandado, no obstante haber manifestado éste en el acto de la permuta que no padecían enfermedad infec-ciosa sino un catarro benigno, resultaron estar atacados de muermo y fueron puestos en cuarentena por los oficiales de sanidad, quienes se negaron a devolvérselos por tener males incurables ya de algún tiempo atrás y ser necesario sacrifi-carlos.

El demandante por medio de moción solicitó la ocupación y depósito en su poder de la yegua rucia blanca por vía de aseguramiento de sentencia y la corte municipal accedió a' ese pedimento bajo la responsabilidad del demandante y pre-via la correspondiente fianza que aquél prestó.

El demandado presentó moción para que se dejara sin efecto la orden judicial ya cumplida y la corte declaró sin lugar la moción sobre levantamiento de embargo.

Esos procedimientos dieron lugar al presente recurso de certiorari promovido originariamente ante la Corte de Dis-trito de Guayama y que ésta declaró sin lugar según deja-mos indicado, habiéndose interpuesto contra su resolución recurso de apelación para ante esta Corte Suprema sometido boy a nuestra consideración y decisión.

Invoca la parte apelante como único fundamento de su recurso la infracción de la sección Ia. de la ley para asegurar la efectividad de sentencias, puesto que en el juicio en que se originó el embargo de la yegua no se demandaba el cumpli-miento de una obligación sino la nulidad de un contrato de permuta, y siendo ello así no es aplicable dicba ley al pre-sente caso.

. • La sección Ia. de la ley de 1°. de marzo de 1902 para ase-gurar la efectividad de sentencias, según ba sido enmendada. por la ley posterior de 12 de marzo de 1903, establece que toda persona que demandare en juicio el cumplimiento de una obligación podrá obtener una resolución del tribunal que conociere de la demanda adoptando las’medidas procedentes, según los casos, para asegurar la efectividad de la sentencia que baya de dictarse en el caso de prosperar la acción ejer-citada.

La sección 2a. de la misma ley prescribe las reglas- a que ba de ajustarse el aseguramiento de la sentencia según los casos: (a) en que la obligación reclamada fuere de dar cosa determinada poseída por el demandado o por un tercero a su nombre, (b) en que la obligación fuere de pagar una suma de dinero, (c) en que la obligación fuere de bacer, (d) en que la obligación fuere de no bacer, (g) en que en los casos pre-cedentes se reclamaren, además, daños y'perjuicios, y (h) en que el caso no estuviere previsto en los ya relacionados.

Para el caso de que la obligación reclamada fuere de dar ■cosa determinada, se prohibirá al demandado o al tercero en :su caso, la enajenación o gravamen de la cosa reclamada basta la resolución del pleito. (Regia letra a.) Y en los casos no previstos en las regias letras a,b, c, dj g el tribunal, discrecional y equitativamente adoptará las medidas proce-dentes para asegurar la efectividad de la sentencia. (Letra h.)

Tomando por norte los preceptos legales que dejamos transcritos llegamos a la conclusión de que el juez de la Corte Municipal de Patillas no infringió la ley para asegurar la efectividad de sentencias al ordenar la ocupación y depósito de la yegua rucia blanca de que se trata y al sostener dicba orden contra la oposición del demandado, estando ajustada por tanto a derecho la resolución recurrida de la Corte de Distrito de Guayama.

Ciertamente que lo que se pide en la demanda como pro-nunciamiento principal es la nulidad del contrato de permuta y si no se pidiera más pronunciamiento que ese puede ser que el caso no estuviera comprendido en ninguno de los marca-dos con las letras a, b, c, d y g en la sección 2a. de la ley para asegurar la efectividad de sentencias; pero es que como con-secuencia de dicto pronunciamiento se. solicita también que se entregue al demandante la yegua rucia blanca que per-mutó por los dos animales del demandado, o en su defecto el valor de dicta yegua, y siendo ello así también se pide el cumplimiento de una obligación que si no es la de dar cosa determinada poseída por el demandado (a), es una de las comprendidas en la regia letra (h) que autoriza al tribunal para adoptar discrecional y equitativamente las medidas pro-cedentes para asegurar la efectividad de la sentencia.

El caso de Veve v. The Esperanza Central Sugar Company, 13 D. P. R., 258, no guarda analogía con el presente por tratarse de tectos completamente distintos.

No existiendo la única infracción de ley alegada por el apelante, procede la confirmación de la resolución apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf

text:
    Rodríguez, Apelante, v. Porto Rico Railway, Light and Power Co., Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia.
    No. 926.
    Resuelto en junio 4, 1913.
    Pruebas — Declaraciones Contradictorias de un Testigo Fallecido. — Después Jo la Investigación practicada por el juez municipal con motivo de la muerte del padre del demandante ocurrió el fallecimiento del único testigo ocular del accidente. La declaración que él prestó ante ese juez fué admitida como prueba sin oposición con el fin de demostrar la negligencia de la compañía demanda en este caso. La demandada presentó dos testigos cuyas declara-ciones fueron casi idénticas para demostrar que el testigo ocular fallecido les había heelio manifestaciones contrarias a lo que declaró ante el juez municipal y la demandante hizo objeción a uno solo de estos testigos por el único fundamento de que era de referencia. Se resolvió:
    1. Que la objeción fundada en ser de referencia la declaración tal vez se hubiera podido alegar con éxito por el apelante si se hubiera referido a ambos testigos y si el objeto no hubiera sido el de atacar la veracidad del testigo.
    2. Que de acuerdo con la doctrina sentada en el caso de El Pueblo v. Jtime, 7 D. P. R., 128, es admisible la prueba de referencia para demostrar que un testigo fallecido ha hecho declaraciones contradictorias.
    3. Para que puedan interponerse con éxito objeciones a la admisión de prueba es necesario que se puntualicen los fundamentos de la objeción, y si estos fundamentos no tienen eficacia legal no puede luego impugnarse con éxito en apelación la admisión de dicha prueba por fundamentos distintos a los alegados en la corte inferior.
    Los'lieelios están expresados en la opinión.
    Abogado de Francisca Rodríguez como madre de Armando Dávila: Sr. José E. Benedicto.

    Abogados de la apelada: Sres. J. Henri Brown y Luis Muñoz Morales.

   El Juez Asociado Sr. Wolf

emitió la opinión del tribunal.

La corte inferior, después de oir' la prueba practicada sobre las cuestiones debatidas entre el demandante y la de-mandada, dictó sentencia a favor de esta última. El apelante alegó tanto en el juicio como en su alegato que debe presu-mirse la negligencia de la compañía puesto que la muerte del padre del demandante se debió a la caída de un alambre con corriente eléctrica. La prueba fué contradictoria y el apelante en el acto de la vista ante este tribunal bizo caso omiso de la cuestión relativa a la negligencia y alegó única-mente que la corte inferior cometió error admitiendo cierta prueba testifical que dió origen' a dicha contradicción en la prueba.

Julián Dávila era el padre del demandante Armando Dá-vila. Su muerte se debió a la conmoción que recibió al poner una de sus manos en contacto con uno de los alambres con corriente eléctrica de la compañía demandada. Al hacerse la investigación preliminar ante el juez municipal el día en que ocurrió el accidente, investigación idéntica a la que en los Estados Unidos practica el coroner, Leonardo Rodríguez, único testigo presencial del accidente prestó una declaración jurada en la qne expresó qne la muerte de Julián Dávila tuvo lugar al poner éste su mano izquierda para evitar que un alambre qne se caía chocara con su cuerpo en momentos en que estaba en una posición encorvada. Leonardo Rodríguez falleció con anterioridad a la celebración del juicio reducién-dose a escrito su declaración, la que fué admitida como prueba sin objeción alguna a pesar de qne no era de una persona próxima a morir o la declaración de un testigo fallecido pres-tada en un pleito anterior seguido por las mismas partes y era claramente inadmisible si se hubiera formulado objeción contra la misma. La demandada ofreció luego la declaración de dos testigos con el fin de probar qne Leonardo Rodríguez había hecho manifestaciones enteramente distintas a las que hizo ante el juez municipal. El demandante se opuso a la admisión de dicha prueba o parte de ella por ser de refe-rencia, y habiéndola admitido la corte, el demandante tomó' excepción en cuanto a uno de los testigos pero no con res-pecto al otro. Estos testigos declararon con el objeto de' probar que Rodríguez les había dicho que Dávila se había acercado por curiosidad al alambre que colgaba de un poste y al alcanzarlo y cogerlo para quitarlo del poste, falleció por la conmoción que recibió. Hubo prueba clara de peritos y fotografías con las que se trató de mostrar que el alambre con corriente estaba a una distancia de dos metros por ló - menos del suelo en el sitio en que Dávila recibió el choque; que dicho alambre se había roto y que la única parte que, tenía corriente era un pedazo cuyo extremo, inferior distaba unos dos metros de la tierra.

Convenimos con el apelante en que las declaraciones de l.os dos testigos eran inadmisibles por ser de referencia si' fueron propuestas con el solo fin de mostrar la forma en que ocurrió el accidente. Los autos, sin embargo, muestran va-rias cosas. Primera, que si bien el demandante se oponía, no tomó excepción alguna a la declaración del primer testigo. Segunda, que la demandada expresó por medio de su abogado que había permitido que se presentara la declaración de Ro-dríguez porque podía ser impugnada con la de otros testigos. Tercera, que existe una duda muy- grande con respecto al hecho de si las declaraciones de los dos testigos de la deman-dada fueron ofrecidas con algún otro fin que no fuera el de impugnar la veracidad de la declaración de Rodríguez. Cuarta, liay además otras pruebas que' demuestran el carácter de inverosímil que lleva consigo la declaración de Leonardo Rodríguez.

Se ha sugerido sin embargo, aunque no por el apelante, que las declaraciones de los testigos eran inadmisibles por no haberse expresado con qué objeto se presentaban, pues es una regla de evidencia que para que pueda presentarse prueba con respecto a manifestaciones hechas por un testigo y que son incompatibles, deberá primeramente llamársele su aten-ción acerca de las mismas y dársele una oportunidad para que las explique. .Sería suficiente contestación a este argumento el expresar que Rodríguez no fué nunca testigo en ningún juicio seguido por las partes en este pleito y por la materia objeto de la acción en controversia. Además, Rodríguez había muerto y era imposible que se le diera una oportunidad para hacer alguna explicación. Aun cuando hubiera sido testigo en algún juicio seguido por las partes, hay conflicto en las autoridades acerca de si puede presentarse prueba de impug-nación, pero creemos que la cuestión ha quedado resuelta en cuanto a esta jurisdicción en el caso El Pueblo v. Ruiz, 7 D. P. R., 128, en el que se consideraron como admisibles manifestaciones idénticas a las de este caso.

Sin embargo, la contestación principal a este argumento es que la objeción que se hizo a que se presentara la prueba de impugnación, no se fundó en que no se hubiera alegado el objeto de dicha prueba. La objeción según la especifi-cación que en ella se hizo fué que la declaración era de referencia. Esta era completamente distinta ,de la objeción de que no se había alegado un verdadero motivo para su pre-sentación. Las objeciones deberán ser específicas para que puedan surtir efecto al apelante. Falero et al. v. Falero, 15 D. P. R., 118; El Pueblo v. Asencio, 16 D. P. R., 359; El Pueblo v. Silva, 17 D. P. R., 607; Surís v. Quiñones, 17 D. P. R., 670. Teniendo en cnenta estos hechos, no creemos qne la corte cometió error al admitir las declaraciones de los dos tes-tigos de la demandada.

No liemos disentido la cnestión de res ipsa loquihir qne ha 'sido planteada en los alegatos porqne dicha doctrina solamente sería de aplicación en todo caso, despnés de qne se presentara prueba de qne la muerte en realidad oenrrió por haberse caído el alambre; y no mereciendo crédito la declaración de Bodrígnez no hay nada qne demnestre qne la muerte del cansante del demandante hnbiera tenido lngar por la caída del referido alambre. Debe confirmarse la sen-tencia.

Confirmada.

Jneces concnrrentes: Sres. Presidente Hernández, y Aso-ciado Aldrey.

Jneces disidentes: Sres. Asociados MacLeary y del Toro.


author: El Juez Asociado del Tobo

text:
    Trinidad et al., Apelantes, v. Sucesión Trinidad et al., Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Jnan, Sección Ia,
    No. 906.
    Resuelto en junio 4, 1913.
    Institución de Heredero a Día que Indudablemente ha de Yenir — Trasmisión del Derecho Hereditario en Tal Caso a los Herederos de los Insti-tuidos — Cuándo Tiene Lugar. — Las instituciones de heredero a día cierto o que indudablemente ha de venir, por más que se ignore cuándo, son legales, se equiparan a las puras y crean derechos trasmisibles a los herederos de los instituidos desde el fallecimiento de los testadores, sin que obste que antes que uno de éstos, muera el heredero, propietario.
    Acción Reivindicatoría— Título de Heredero — Non Suit. — El título de heredero no es suficiente por sí solo para reclamar para sí una porción determinada y concreta de una finca correspondiente a una herencia indivisa sin haberse llevado antes a cabo la partición y adjudicación de los bienes hereditarios, y no comete error la corte que así lo declara, resolviendo una moción de non ■ sxdt presentada por la parte demandada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Manuel F. Bossy.

    Abogado de los apelados, José Navarro Monzón, José Al-bite, Antonio, Cristóbal y Domingo Trinidad y Diego Aynso: Sr. José G. Torres.

   El Juez Asociado del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

José, Juan y Francisco Trinidad, establecieron una demanda en la Corte de Distrito de San Juan contra las personas arriba indicadas, alegando, en resumen, lo que sigue:

1. María del Pilar Trinidad falleció en Río Piedras el 4 de junio de 1892 bajo testamento otorgado ante notario el 3 de abril de 1892, en el que nomibró heredera usufructuaria vitalicia de sus bienes a su hermana Petrona Trinidad, y herederos en pleno dominio de los mismos para después de la. muerte de la usufructuaria, a sus sobrinos Severiano Trinidad y Leandro Trinidad, y a Demetria Jorge casada con Valerio Villegas, y designó como albaceas a Petrona Trinidad en primer término y en segundo a Severiano Trinidad.

2. En su dicho testamento declaró la testadora que sus bienes consistían en una estancia de 30 cuerdas en el barrio del ‘£ Caimito, ’ ’ otra de 34 cuerdas en el barrio de £ ‘ Quebrada Arenas,” ambos barrios del municipio de Río Piedras, 14 cabezas de 'ganado en poder de Severiano Trinidad y 9 en poder de Valerio Villegas.

3. Petrona Trinidad murió hace años, ignorando los de-mandantes la fecha de su muerte.

4. Alejandro Trinidad, que es el mismo Leandro Trinidad heredero de María del Pilar Trinidad, falleció el 13 de mayo de 1895 dejando varios hijos, de los cuales sólo viven hoy los demandantes que son sus herederos, mayores de edad y con capacidad para establecer esta demanda.

5. .’Severiano Trinidad y Demetria Jorge junto con el marido de ésta Valerio Villegas, se apoderaron de los bienes de la testadora, y unidos a José Caynela Alcaraz, los manejaron y dispusieron de ellos, sin contar con la voluntad del otro heredero Leandro Trinidad, y realizaron las siguientes opera-ciones :

(a) Severiano Trinidad y Demetria Jorge con sn esposo Valerio Villegas, iniciaron nn expediente, que aprobó el Jnez Municipal de Río Piedras el 18 de febrero de 1897 para justi-ficar la posesión que tenían por herencia de Pilar Trinidad, de dos fincas rústicas, una de 30 cuerdas en el barrio del “Caimito” y otra de 34 cuerdas en el barrio de “Quebrada. Arenas,” ambos barrios de Río Piedras. Las dos fincas se describen debidamente.

(b) Los indicados Severiano Trinidad, y Demetria Jorge con su esposo Valerio Villegas, vendieron a José Cayuela y Alcaraz por escritura pública de 7 de junio de 1897 que se inscribió en el registro de la propiedad, 30 cuerdas de la finca del “Caimito,” y de la finca de “Quebrada Arenas” vendieron 17 cuerdas a José Navarro Monzón, por escritura pública de 7 de junio de 1897, que se inscribió en el registro de la propiedad. Demetria Jorge vendió por separado, sin título, diez cuerdas al dicho Navarro y éste formalizó un expe-diente para acreditar la posesión de ellas y lo inscribió én el registro de la propiedad. Luego Navarro agrupó los dos pedazos de terreno así adquiridos y formó una finca de 27 cuerdas, que se describe debidamente, y la vendió a Doña Angela Quiñones por escritura pública de 9 de enero de 1899. La Señora Quiñones vendió a su vez la finca, el 10 de febrero de 1902, a Pablo Ramón y Caballero; éste la vendió, el 16 de marzo de 1903, a Florencio García Nieves y éste, el 31 de enero de 1907, la vendió a Diego Ayuso. Todas las expresadas ventas constan inscritas en el registro de la propiedad.

6. Los demandantes tienen noticia de que la finca del “Caimito” comprende una extensión de 84 a 96 cuerdas y la de “ Quebrada Arenas ’ ’ es mayor de 34 cuerdas.

7. Severiano Trinidad y Valerio Villegas, dispusieron respectivamente del ganado qué quedó en poder de ambos.

8. El tercio de todas los bienes hereditarios corresponde a Leandro Trinidad y en sn representación a sns tres hijos los demandantes. Dicho tercio vale más de quinientos pesos y los terrenos están situados en la municipalidad de Eío Pie-dras del distrito judicial de San Juan.

9. Se alega el fallecimiento de Petrona Trinidad, de Seve-riano Trinidad y de José Cayuela y se consignan los nom-bres de sus sucesores y la residencia de todos los demandados.

Basándose en las anteriores alegaciones, los demandantes pidieron a la corte que se sirviera decretar:

1. Que Leonardo. Trinidad, heredero de María del Pilar Trinidad, es el mismo Alejandro Trinidad, padre de los de-mandantes.

2. Que los demandantes son dueños de la tercera parte proindivisa de los bienes dejados a su muerte por María del Pilar Trinidad.

3. Que en lo referente al dominio del tercio proindiviso de los demandantes, son nulos los expedientes posesorios y las ventas que se especifican en la demanda y se vuelven a especificar en la súplica.

4. Que son nulas también las inscripciones en el registro de los expresados expedientes posesorios y ventas de terreno.

5. Que los demandados (se nombran) entreguen a los de-mandantes la tercera parte de los indicados terrenos que poseen.

Declaradas sin lugar varias excepciones previas propues-tas, y contestada la demanda por algunos de los demandados, se procedió a la celebración del juicio. Consta anotada la rebeldía de los demandados José Cayuela 2°., José Albite, y Sucesiones de Petrona Trinidad, de Severiano Trinidad y de José Cayuela.

Presentada la prueba por los demandantes; los demanda-dos que comparecieron al juicio solicitaron que se desesti-mara la demanda por falta de prueba y la corte así lo deci-dió por sentencia de 7 de septiembre de 1911 contra la cual interpusieron los demandantes el presente recurso de apela-ción, cuya vista se celebró ante esta Corte .Suprema el 21 de febrero ele 1913 con la comparecencia de los demandantes y de los demandados Navarro, Albite, Aynso, y Antonio, Cristóbal y Domingo Trinidad, por medio de sus abogados.

Los apelados alegan qne los demandantes no tienen la con-dición de herederos de María del Pilar Trinidad. Fundan sn alegación en qne María del Pilar en sn testamento nombró heredera usufructuaria vitalicia a Petrona Trinidad y herede-ros para después de la muerte de Petrona, a Severiano y Alejandro Trinidad y a Demetria Jorge, y en que Alejandro Trinidad, padre de los demandantes, falleció antes que Petrona la heredera usufructuaria. Es decir que los apelados sos-tienen que el derecho de los herederos Severiano, Alejandro y Demetria, nacía no a la muerte de la testadora, sino a la muerte de la heredera usufructuaria.

La cuestión suscitada ha sido terminantemente resuelta en sentido contrario al sostenido por los apelados, por sen-tencia del Tribunal Supremo de España de 27 de abril de 1888, en la que se estableció la siguiente doctrina:

“Otorgado testamento por el que dos cónyuges se instituyeron mutuamente herederos usufructuarios y dejaron la propiedad de los bienes de ambos a una tercera persona, la voluntad de los testadores claramente significada en dicha cláusula, fue reservar para el cón-yuge supérstite el usufructo vitalicio del caudal común y trasmitir la propiedad del mismo a su. único y universal heredero, el cual, en vir-tud del fallecimiento del testador adquirió derecho perfecto e irrevocable a la porción de bienes hereditarios que a éste correspondía, de-recho que pudo transferir por su muerte a sus herederos, porque, según tiene declarado el Tribunal Supremo, las instituciones de heredero a día cierto o que indudablemente ha de venir, por más que se ignore cuándo, son legales, se equiparan a las puras y crean de-rechos trasmisibles a los herederos de los instituidos desde el falleci-miento de los testadores, sin que obste, que antes que uno de éstos muera el heredero propietario, porque el señalamiento de este suceso afectaría solamente al usufructo y marcaría la duración del mismo, una vez separado del derecho de propiedad.
“En el caso últimamente supuesto ha de entenderse que los de-rechos del heredero propietario nacieron con la institución, se hicieron efectivos y transmitieron en su día al fallecer el testador y se consoli-daron con el usufructo al terminar éste por fallecimiento del cónyuge supérstite.” 63 Jurisprudencia Civil, 696.

Decidida la cuestión suscitada por los apelados en tal sen-tido, procederemos a considerar el verdadero fundamento de la sentencia de non suit dictada, o sea el de que ejercitando los demandantes la acción reivindicatoria, no probaron ni el’ dominio, ni la identidad de las fincas reclamadas.

La prueba de los demandantes practicada en este caso consiste en: 1, copia de la declaración de herederos de Lean-dro Trinidad hecha por la corte a favor de los demandantes; 2, testimonio del testamento otorgado por María del Pilar Trinidad; 3, certificación de nacimiento del demandante Juan Trinidad; 4, certificación del registro de la propiedad com-prensiva de particulares referentes a las inscripciones indi-cadas en la demanda, y 5, declaraciones de los testigos San-dalio Benitez, Alejandro Molina, Juan Pío Delgado y José Navarro Monzón quienes depusieron sobre la muerte de María del Pilar, el testamento que otorgara, los bienes que dejara, la no entrega de su participación a los demandantes, etc. Los demandantes no presentaron prueba de ninguna especie que demostrara que, judicial o extrajudicialmente, se hubiera li-quidado y partido la herencia entre los herederos de María del Pilar Trinidad.

Estudiada cuidadosamente la demanda, se concluye que la acción ejercitada en este caso se dirige finalmente a obtener el reconocimiento a favor de los demandantes del dominio de úna tercera parte indivisa en determinados bienes inmuebles, procedentes de la herencia de María del Pilar Trinidad.

Los demandantes prescinden de todas las leyes, especia-les que existieron siempre y existen en la actualidad en Puerto Pico para liquidar las herencias y adjudicar su participación a cada heredero, y en un juicio declarativo pretenden solu-cionar todo el problema.

Ya en 1906, en el caso de Fernández v. Gutiérrez del Arroyo, esta Corte Suprema aceptó la siguiente doctrina:

“La acción encaminada a la división de bienes hereditarios perte-necientes a dos herencias testadas indivisas, debe ejercitarse en el juicio universal de testamentaría y no en un juicio declarativo, sin que sea lícito a las partes prescindir de los trámites especiales fijados por la ley para adoptar otros a sn arbitrio.” 10 D. P. R., 60.

Luego, en 1911, en el caso de Fernández et al. v. Velázguez, citó con aprobación la sentencia del Tribunal Supremo de España de 13 de junio de 1901, en la que se sostiene “que mientras no se baga la liquidación de la herencia, y por conse-cuencia de ella la correspondiente partición y adjudicación a cada heredero de lo que le corresponde, carecen éstos de ver-dadero título que les sirva para reivindicar los bienes con-cretos y determinados de la misma herencia, pues para tal acción no es título suficiente el testamento.” 17 D. P. R., 753.

Y en el propio año de 1911, en el caso de Vedilla v. Pizá et al., 17 D. P. R., 1116, 1117, opinó sigue:

“Es cierto que los artículos 657 y 661 del anterior Código Civil, con-cordantes con los 665 y 669 del vigente, establecen que los derechos a la sucesión de una persona se trasmiten desde el momento de su muerte y que los herederos suceden al difunto por el solo hecho de su muerte en todos sus derechos y obligaciones, y de acuerdo con esos artículos, el heredero o los herederos si hubiere más de uno, en su totalidad adquieren el derecho dominical del causante. El título de heredero transmite un derecho sobre el conjunto de los bienes hereditarios; por virtud de él todos los herederos por el hecho de la muerte de su causante, llegan a ser dueños en común; pero mientras no se practi-quen las diligencias de partición y adjudicación, mientras, en virtud de ellas no cese esa comunidad, ninguno puede decirse ni ser consi-derado como dueño único y exclusivo de una porción determinada o parte alícuota, fija y concreta de los bienes de la herencia, cuyo con-cepto es requisito qué debe justificarse para que pueda prosperar una acción reivindicatoría. Tales artículos confieren' un derecho sobre 'todos y cada uno de los bienes hereditarios, pero no un derecho con-creto en determinados bienes, lo que sólo se obtiene por la adjudica-ción hecha legalmente en las operaciones partieionales. ’ ’

Aplicando los anteriores principios al caso concreto qne resolvemos, es necesario concluir qne la corte de distrito estuvo justificada al resolver qne la parte demandante no probó un título de dominio con respecto a los bienes reclama-dos en su demanda, suficiente para reivindicarlos del poder y posesión de los demandados.

Declarar con lugar la demanda en este caso equivaldría a resolver, que se puede prescindir en absoluto de la ley de procedimientos.legales especiales de 1905 a voluntad de cual-quier litigante.

El legislador lia fijado reglas claras, precisas y comple-tas marcando el procedimiento qne debe seguirse en los casos de herencia testada o intestada. El Título I de la ley sobre la materia, (Leyes de 1905, pág. 213), se refiere a los juicios de testamentaría y abintestato y abarca trece capítulos que tratan: 1, del modo de elevar a escritura pública él testa-mento o codicilo hecho de palabra; 2, de la apertura y proto-colización de testamentos cerrados; 3, de la declaración de herederos; 4, de la administración de los bienes de finados sin parientes conocidos; 5, de la administración judicial de los bienes de un finado; 6, del inventario-; 7, de la adminis-tración de los bienes del finado; _ 8, de las acciones en que eran partes los finados; 9, de la remuneración de adminis-tradores y albaceas; 10, de la presentación de cuentas por los administradores y albaceas; 11, de los derechos de acree-dores y pago de deudas; 12, de la aceptación del cargo de albacea o administrador, y 13, de las acciones para determinar la validez de los testamentos. El Título II de dicha ley comprende un solo capítulo que trata de la división y parti-ción de la herencia.

De esos trámites, tan bien ideados y juiciosamente calcu-lados, se apartan los demandantes en el presente caso y pre-tenden, por la sola presentación de su demanda y de las pruebas a que nos hemos referido, que la corte declare que-les corresponde el dominio de la tercera parte indivisa de los bienes que especifican, bienes que casi en su totalidad han pasado, a virtud de contratos de venta inscritos en el registro de la propiedad, a poder y posesión de otras perso-nas distintas de los herederos de María del Pilar Trinidad.

Tal vez a los demandantes no se les haya entreg’ado en realidad de verdad lo qne legítimamente les corresponda, pero, si esto es así, el procedimiento qne eligieron no es el adecuado para obtener el reconocimiento de sus derechos.

En casos de esta naturaleza es necesario comenzar por establecer legalmente la verdadera personalidad continua-dora de la del difunto. Cuando la herencia es testada como sucede con la de que se trata en este pleito y se nombra alba-cea por el testador, corresponde al albacea ejecutar la volun-tad del testador. Si el albaceazgo termina antes de que la voluntad del testador se haya cumplido, (arts. 884 y 885 del Código Civil revisado), corresponde su ejecución a los herederos. Si éstos actúan de común acuerdo y tienen la capacidad civil necesaria, y proceden de buena fe, judicial o extrajudicialmente, el problema se soluciona justa y fácil-mente. Si no actúan de común acuerdo, si surgen dificultades, se debe acudir a la corte de distrito competente y ésta encau-zará los procedimientos, aplicando la ley reguladora del caso.

Los bienes de la herencia deben inventariarse y adminis-trarse tal como prescribe la ley. Si dichos bienes o alguno de ellos se encuentran0 en poder de personas que los disfru-tan sin derecho alguno, deben reclamarse para la herencia instituyéndose los pleitos que fueren necesarios, y cuando las deudas del difunto hayan sido investigadas suficiente-mente y pagadas en su caso o se hayan separado bienes bas-tantes para pagarlas, procede la partición de la herencia y la adjudicación a cada heredero de lo que legítimamente le corresponda.

La naturaleza misma de la herencia demuestra, pues, la necesidad de disposiciones especiales que la regulen, y cuando existen esas disposiciones especiales, deben complirse y no eludirse como trataron los demandantes de eludirlas en el presente pleito.

En tal virtud y por los motivos consignados, opinamos qne debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sentencia apelada, sin perjuicio de los derechos que puedan tener los demandantes a reclamar en debida forma la herencia que pueda corresponderles.

Confirmada sin perjuicio del derecho de los demandantes a reclamar en debida forma la parte de la herencia objeto de este pleito.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y Aldrey.


author: El Juez Asociado del Topo

text:
    El Pueblo, Apelado, v. El Municipio de San Juan, Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia.
    No. 886.
    Resuelto en junio 6, 1913.
    Tierras Públicas' — Corona de España — Tratado de París. — Todas aquellas tie-rras pertenecientes a la Corona de España y de las cuales no se había des-prendido válidamente el 10 de diciembre de 1898 en que se firmó el Tratado de París, pasaron a ser propiedad de los Estados Unidos de América con arreglo al artículo 8 de dicho Tratado.
    Id. — Política del Congreso de los Estados Unidos — Cesión al Pueblo de Puerto Rico. — De acuerdo con la política seguida por el Congreso de los Estados Unidos con respecto a los bienes públicos adquiridos por la nación americana de la nación española en la Isla de Puerto Rico, todas aquellas tierras así adquiridas y que por su naturaleza no corresponden al dominio nacional ni han sido expresamente reservadas para fines nacionales, han pasado a ser propiedad del Pueblo de Puerto Rico.
    Id. — Gobernador de Puerto Rico — Sus Facultades con Respecto a Cesión de Tierras Públicas — Constitución Autonómica. — Ni la Constitución Autonó-mica de Puerto Rico de 25 de noviembre de 1897, ni las leyes anteriores, autorizaban al Gobernador de Puerto Rico bajo la soberanía española para, ceder por su propio acuerdo las tierras reservadas por el gobierno nacional para alguno de sus ramos. Las concesiones y ventas de tierras públicas en Puerto Rico, se llevaron siempre a efecto bajo reglas establecidas en leyes debidamente promulgadas o se autorizaron por órdenes emanadas del poder real.

      Id. — Gobernados de Puerto Pico — Guerra Hispano-Americana. — El hecho ds la guerra hispano-americana no dio facultades extraordinarias al Gobernador-de Puerto Pico para ceder al Municipio de San Juan tierras del dominio-nacional que no se traspasaron con motivo de la guerra, ni eran necesarias; para los fines de la misma.
    Id. — Dominio—Prescripción.—Desde el comienzo de la soberanía americana nev puede adquirirse por prescripción el dominio sobre tierras pertenecientes al Gobierno Nacional o al Insular.
    Id. — Acción Peivindicatoria — Actos que no Impiden su Ejercicio — Renuncia de Derechos. — El hecho de que el Gobernador de Puerto Pico autorizara la imposición de una hipoteca sobre bienes poseídos por un municipio para garantir una deuda del mismo y el de que el Departamento de Marina de los Estados Unidos por medio de su representante en Puerto Pico iniciara ciertas negociaciones, que no llegaron a tener realidad práctica, para la compra de dichos terrenos, no .impiden al verdadero dueño de dichas tierras el ejercicio de la acción reivindicatoría. Ni el Gobernador de Puerto Rico, ni el De-partamento de Marina del Gobierno Nacional, sin autorización especial alguna, tienen facultades para renunciar un derecho que corresponde a la Legislatura de Puerto Pieo o al Congreso de los Estados, Unidos.
    Id. — Construcción de Buena ee en Suelo Ajeno. — Atendidas las circunstancias de este caso, el edificio contraído por el municipio demandado sobre el solar objeto de este pleito, lo fué de buena fe, siendo por tanto de aplicación lo preceptuado en el artículo 370 del Código Civil revisado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados del Pueblo: Sres. Wolcott H. Pititín, Jr., Attorney General, Charles E. Foote y Salvador Mestre, Fiscales.

    Abogados ¿[el apelante: Sres. Ramón Falcón y Adrián Agosto.

   El Juez Asociado del Topo

emitió la opinión del tribunal.

En el presente pleito se disente la propiedad de nna par-cela de terreno y de nn edificio constrnído en la misma. Am-bas partes, El Pneblo de Pnerto Pico y el Municipio de San Juan, alegan que son dueños de los dichos bienes. La contro-versia se decidió por la Corte de Distrito de San Jnan, Sección Ia., en favor de El Pneblo, y el municipio entonces enta-bló el presente recurso de apelación.

Es un hecho histórico el del derribo de las fortificaciones en el recinto del este de la ciudad de San Juan.

“Largo y tenaz había sido el empeño en pro de est-a reforma, cuyo primer intento acometiera en 1873 El General Primo de Rivera; al autorizar la apertura de la puerta de San Rafael y apoyara en 1894 Don Antonio Daban al derribar la puerta de San Justo, que modificó el vetusto aspecto de la ciudad en su entrada por la marina, obteniéndose al fin la.-orden del Ministerio de la Guerra, que en 18 de mayo de 1897 puso en práctica el General Marín, baciendo volar el revellín de Santiago y toda la serie' de baluartes desde el castillo de San Cristóbal basta la puerta de San Justo.” Historia de Puerto Rico por Salvador Brau, editada por D. Appleton y Compañía, página 291.

Nos hemos referido en primer término al derribo de las fortificaciones del recinto este de la ciudad de San Juan, por-que partiendo de él se entiende mejor cómo se desenvolvieron los hechos que originaron la cesión por parte del Gobernador de Puerto Rico al Municipio de San Juan, de las tierras y edificio cuya propiedad se dicute en este pleito.

El 26 de julio de 1897 el Ayuntamiento de San Juan fué informado por su presidente acerca de una conferencia que éste había tenido con el Gobernador General de la Isla. En <dicha conferencia el Gobernador manifestó que el pabellón que ocupaba temporalmente el cuerpo de orden público no pertenecía al derribo de las murallas, pero que él permitiría su demolición junto con aquéllas a condición de que el muni-cipio construyese una casa para cuartel de orden público y adosado al cuartel un pabellón para el Mayor de Plaza, y prometió además que influiría y haría que se cediese al ayunta-miento gratuitamente la aduana vieja con todos sus materia-les y el solar que ocupaba y asimismo el solar o solares que en el ensanche se necesitaran para ubicar el edificio que el ayuntamiento se comprometiera a construir con el objeto indicado.

El informe termina así: “Entiende, pues, la Presidencia, que debe pasar todo esto a informe del arquitecto que lo hará con presupuesto proporcionado de lo que puedan costar las obras que pide S. E. y los beneficios que reportarían a la ciudad, quitándonos de una y otra avenida semejantes estor-bos * * *. .’Si el municipio lleva a cabo estas obras es indu-dable que habrá terminado la Avenida Dabán de una manera completa, hermoseando todos aquellos alrededores y es indu-dable y seguro que obtendría los plácemes del vecindario.” .

El arquitecto formó el proyecto de las obras cuyo importe ascendía a $17,938.40, y entonces el municipio acordó elevarlo a la superioridad y si era aprobado comprometerse a cons-truir el expresado' edificio destinado a cuartel, recibiendo además el ayuntamiento la antigua aduana y los pabellones al este del Teatro y Plaza de Colón. El acuerdo se tomó en Ja sesión del 10 de septiembre de 1897.

El Gobernador aprobó el proyecto con ligeras modifica-ciones y así lo comunicó al alcalde el 7 de octubre de 1897. Las modificaciones fueron aceptadas por el ayuntamiento.

El 20 de octubre de 1897 los señores Don Ramón Poveda, Comisario de Guerra, en representación del Cuerpo Administrativo del Ejército, Don Armando Morales, Maestro de Obras Militares, por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, y Don Arturo Guerra, Arquitecto Municipal, por el ayuntamiento, se reunieron por disposición del Capitán General “para que se designe y demarque un solar del terreno reservado al ramo de guerra, adyacente por el norte a los del ensanche del este de esta ciudad, con destino a cuartel de orden público y se entregue al Excmo. Ayuntamiento sin otro carácter que el de los efectos de construcción de dicho edificio, volviendo, ejecutada ésta, a la propiedad del ramo de guerra,” y una vez allí constituidos procedieron a plantear el solar que quedó deslindado convenientemente. El solar medía 35 metros de frente por 44 de fondo. Así resulta del acta levantada que obra a los folios 9 y 10 de la transcripción, y que fué apro-bada por el ayuntamiento en su sesión de octubre 28, 1897.

Pasó cerca de un año y, el 22 de agosto de 1898, el alcalde de San Juan trasmitió al Gobernador de la Isla un acuerdo del ayuntamiento solicitando “autorización para trasladar los asilados municipales al edificio que para cuartel de orden público está construyendo dicha corporación en el barrio de Puerta de Tierra de la capital y que se le ceda en propie-dad el solar donde está enclavado dicho edificio, y éste, toda vez que con- motivo de los sucesos actuales no tiene razón de ser el objeto para que se destinó.” El Gobernador con-sideró la petición del ayuntamiento y ordenó que se llevara a cabo la cesión solicitada en la forma reglamentaria. Así se comunicó el 7 de septiembre de 1898 por B. Francia, al alcalde de San Juan. La entrega formal se verificó el 9 de septiembre de 1898.

En sesión extraordinaria celebrada por el ayuntamiento el 10 de septiembre de 1898 se leyó un oficio del Gobierno General de fecha 3 de septiembre, sobre cesión al municipio del edificio construido para cuartel de orden público y del solar en que el edificio está enclavado, con objeto de que se destinara a asilo municipal de caridad, y se acordó tributar “un expresivo voto de gracias a la Superior Autoridad de la Isla por tan valiosa cesión,” acordándose también soli-citar la cesión de dos zonas de terreno contiguas a la cedida, una de 65 metros de frente por 55 de fondo y otra de 35 metros de largo por 11 de ancho.

El 17 de septiembre de 1898 el Capitán General M. Macías comunicó al alcalde, que en vista del acuerdo de la corpora-ción municipal solicitando la cesión de las dos otras zonas de terreno indicadas, había “tenido a bien acceder a la peti-ción de dicha corporación, disponiendo con esta fecha se lleve a cabo la cesión de referencia en la forma reglamentaria.” El 21 de septiembre se verificó la entrega formal de las dos nuevas zonas cedidas.

Las propiedades así cedidas al municipio, fueron inscritas, a su nombre en el registro de la propiedad e hipotecadas luego, varias veces para responder de deudas contraídas por el muni-cipio. Para constituir alguna de dichas hipotecas, la corpo-ración municipal fué autorizada por el Gobernador interino' ‘W. H. Hunt. Las hipotecas se habían cancelado al tiempo de establecerse este pleito. Aparece, además, que el Departa-mento de Marina de los Estados Unidos trató de comprar al municipio los terrenos en cuestión, sin que se llegara a contra-tar nada en definitiva.

Expuestos los anteriores hechos cuya certeza consta de la prueba que figura en la transcripción del récord elevada a esta Corte Suprema, veamos si la parte demandante justificó o nó su derecho de propiedad sobre las tierras y el edificio cedidos al demandado en la forma indicada y poseídos por el mismo en la actualidad. Estudiaremos primero la cuestión relativa al dominio de las tierras y luego la referente al dominio del edificio.

Es indudable que las tierras de que se trata pertenecían a la reserva del ramo de guerra de la nación española y que no estaban incluidas dentro de las que se destinaron a ensan-che de la población de San Juan. Para mayor claridad debe-mos consignar, que en la misma R. O. de abril de 1897 en que se autorizó el derribo de las fortificaciones del recinto este, se trazó y acordó un plan de ensanche de la ciudad de San Juan hacia el este. También se acordó la venta de terrenos reservados al Ramo de Guerra situados en el barrio de la Marina. Todas dichas tierras debían entregarse para su ven-ta a la Hacienda y el producto de la venta depositarse en el Tesoro con destino exclusivo a las fortificaciones y edificios del Ramo de Guerra. Cuando la soberanía americana susti-tuyó a la soberanía española en la Isla de Puerto Rico, el plan de ensanche no se había llevado a la práctica.

Perteneciendo, pues, las tierras en disputa a la Corona de España, si ésta no se había desprendido válidamente de ellas el 10 de diciembre de 1898 en que se firmó el Tratado de París, es indudable que con arreglo al Art. VIII del Tra-tado, su propiedad pasó a los Estados Unidos de América.

La política seguida por el Congreso de los Estados Uni-dos con respecto a los bienes públicos adquiridos por la nación americana de la nación española en la Isla de Puerto Rico, ha sido la de ceder a ésta todos los dichos bienes, con excep-ción de aquellos que por su naturaleza corresponden al domi-nio nacional y de los expresamente reservados para fines nacionales. Ni en los unos, ni en los otros se encuentran com-prendidos los terrenos de que se trata en este pleito. Si algún título, pues, adquirieron sobre ellos Estados Unidos, dicbo títnlo pasó a El Pneblo de Pnerto Eieo. Véase la see. 13 de la Ley Orgánica de Pnerto Rico; las leyes de los Estados Unidos de julio 1,1902, 32 Stat. L., 731; de marzo 4, 1907, 34 Stat. L., 1410, y de junio 14, 1910, 36 Stat. L., 467; las leyes de Pnerto Rico de febrero 16, 1903, leyes de 1903, p. 112, y de marzo 14, 1907, leyes de 1907, p. 317; las Proclamas del Presidente de los Estados Unidos de marzo 29, 1899, 1 Compilation of Acts, etc., relating to Noncontiguous Territory, 391; de 17 de enero de 1903, tomo 1, pág. 400 de la misma compilación; de junio 26, 1903, torno 2, pág. 279, de la misma compilación; de junio 30, 1903, tomo 2, pág. 281 de la misma compilación; de agosto 4, 1908, tomo 4, pág. 605 de la misma compilación, y de enero 26 y julio 13 de 1912, Vol. IV, No. 4 de la Gaceta Oficial, pág 383, y el artículo 5 del Código Político.

Establecidas las anteriores conclusiones,- debemos entrar a considerar y a resolver la cuestión decisiva, a nuestro jui-cio, en este pleito: la de si el Gobernador de Puerto Rico tenía o nó facultades para ceder las tierras reservadas al ramo de guerra de España, al municipio de San Juan.

Las cesiones se verificaron, la primera, o sea la del solar de 35 metros de frente por 44 de fondo, en que estaba encla-vado el edificio, el 3 o el 7 de septiembre de 1898, y la segunda, o sea la de las zonas de terreno de 65 metros de frente por 55 de fondo y de 35 metros de largo por 11 de ancbo, el 17 de septiembre de 1898.

En el mes de septiembre de 1898 regía en Puerto Rico el Real Decreto referente a la Constitución Autonómica de la Isla de 25 de noviembre de 1897. Vol. 162 de la Colección Legislativa de España, p. 508 y siguientes. Por dieba ley el Gobernador General (art. 2) era el representante de la Metró-poli y ejercía en nombre de ésta la Autoridad Suprema. Le correspondían en tal concepto, (art. 41), como Vicerreal Pa-trono las facultades inherentes al patronato de Indias; el mando superior de todas las fuerzas armadas de mar y tierra existentes en la Isla; la delegación de los Ministerios de Estado, Guerra, Marina y Ultramar; le estaban subordinadas todas las demás autoridades de la Isla y era responsable del orden y de la seguridad de la colonia. “El Gobernador General, como representante de la Nación, dice el art. 42 de la expresada ley, ejercerá por sí, y auxiliado por su secretaría, todas las funciones indicadas en el artículo anterior y las que puedan corresponderle como Delegado directo del Rey en los asuntos de carácter nacional.” Luego se especifica en el mismo artículo lo que correspondía al Gobernador como re-presentante de la Metrópoli.

También especifica la ley (art. 43) lo que correspondía al Gobernador como autoridad superior de la colonia y jefe de su administración. Cuando actuaba en este carácter, para que su mandato pudiera llevarse a efecto (art. 44), debía refrendarse por un Secretario de Despacho, quien por tal acto se bacía de él responsable. Este aspecto de la cuestión no tiene importancia porque el acto realizado por el Gobernador no se refería a la administración colonial, sino a la nacional. Los bienes cedidos no pertenecían a la Colonia, sino a la Nación.

Hemos examinado cuidadosamente no sólo las disposicio-nes citadas sino el Decreto Autonómico en su totalidad y no encontramos en ninguna de sus prescripciones que se autorice al Gobernador para ceder por su propio acuerdo las tierras reservadas por el Gobierno nacional para algunos de sus ra-mos. Hemos examinado las leyes anteriores y tampoco fiemos podido encontrar precedente alguno que pudiera servir de fundamento a tal autoridad. Por el contrario, todos los prece-dentes demuestran que las concesiones y ventas de tierras públicas de Piierto Rico se llevaron a efecto bajo reglas esta-blecidas en leyes debidamente promulgadas o se autorizaron por órdenes emanadas del poder real. Claros ejemplos de esto último pueden encontrarse en la R. O. para la enajenación de fincas del Estado, de enero 24, 1857, 9 San Pedro, Legislación Ultramarina, 440; en la R. O. sobre enajenación de unos solares en el barrio de la Marina de la Capital de Puerto Rico, de abril 25, 1867, 10, San Pedro, Legislación Ultramarina, 750; y en la misma Real Orden relativa al derribo de las fortificaciones del recinto este y al ensanche de la ciudad de San Juan. Para un estudio general de la materia, puede consultarse la citada Legislación Ultramarina, tomo 4, págs. 666-689.

Siendo esto así, no habiéndose llevado a efecto las cesiones de acuerdo con ninguna ley general, ni en cumplimiento de orden especial alguna, y no teniendo el Gobernador autori-dad para verificarla por sí mismo, es necesario concluir que dichas cesiones son nulas, y que, en tal virtud, no pudo trans-ferirse por ellas la propiedad de las tierras al municipio, propiedad, que continuó en la Nación Española; que fue trans-mitida por ésta a la Nación Americana, y por la Nación Ame-ricana al Pueblo de Puerto Rico en la forma que dejamos indicada.

En el caso de Mumford v. Wardwell, 6 Wall., 435, la Corte Suprema de los Estados Unidos, se expresó en los siguientes términos: “El gobierno mejicano cesó en aquel departamento el día 7 de julio, 1846, en cuya fecha pasó éste al dominio de nuestras autoridades militares. También continuó en vigor el gobierno municipal por algún tiempo, al frente del cual quedaron los funcionarios subalternos nombrados por nues-tros jefes militares. Dicho jefe se conocía con el nombre de gobernador militar, quien por algún tiempo creyó estar investido de las mismas facultades civiles que había tenido anteriormente el gobernador mejicano del departamento. Por virtud de dicha pretendida autoridad el General S. N. Kearney en 10 de marzo, 1847, como gobernador militar del terri-torio, concedió a la ciudad de San Francisco todo el derecho, título e interés de los Estados Unidos a las riberas y super-ficies de terrenos cubiertas por las aguas, hacia el lado este, de la ciudad, comprendido entre ciertos puntos que han sido descritos, exceptuando aquellas superficies que pudieran ele-girse para uso del gobierno.” # * * “Pero la facultad para conceder terrenos o ratificar títulos jamás estuvo inves-tida en nuestros gobernadores militares, de donde resulta necesariamente que la concesión tal como se hizo primera-mente era nula y sin ningún valor. La ciudad nada adqui-rió por virtud de la concesión y por tanto los actos ejecuta-dos por el alcalde al vender los terrenos en cuestión, fueron meramente nulos.”

Véase también el caso de United States v. Vigil decidido por la misma corte y reportado en 13 Wall., 449, en el que se resolvió que cierta concesión de tierras hecha por una Asamblea Departamental de Méjico era nula por no estar dicha Asamblea investida de la facultad de disponer de los bienes del dominio público.

Hemos consultado muchos de los casos sobre concesiones mejicanas resueltos por la Corte Suprema de California y por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y opinamos que no son aplicables al presente. En los casos de Méjico los Gobernadores o Jefes Políticos de los Departamentos, de acuerdo con las Regias para la Colonización de los departa-mentos de la República, de 21 de noviembre de 1828, estaban autorizados expresamente para conceder las tierras baldías en sus respectivos territorios. 10 Cal., 636.

También hemos consultado el caso de Jover v. Insular Government, 221 U. S., 623, en el que la Corte Suprema de los Estados Unidos aceptó como válida cierta concesión de terrenos públicos bañados por el mar, hecha por el Gobernador de Filipinas en el año de 1859, y opinamos que tampoco es enteramente aplicable a este caso, pues el Gobernador de Puerto Rico no estaba en 1898 investido de las mismas extraordinarias facultades que el de Filipinas en 1859.

El 25 de abril de 1898 el Congreso de los Estados Unidos declaró la existencia de una guerra entre los Estados Unidos y España. El 25 de julio de 1898, desembarcó el ejército ame-ricano en Puerto Rico. El 12 de agosto de 1898, se firmó el protocolo de paz, por el cual se suspendieron las hostilida-des, y el 10 de diciembre de 1898 como hemos dicho se firmó el Tratado de París. El hecho de la guerra se aprecia de modo distinto por ambas partes en este pleito. Por el demandado, como fundamento para alegar que el Gobernador General de Puerto Pico tenía facultades extraordinarias dentro de las cuales estaba la de poder disponer de las tierras del domi-nio nacional. Por el demandante, para alegar la existencia de mala fe por parte del Gobernador, que conociendo que la soberanía española se iba a extinguir para siempre en Puerto Pico, trató de privar a la nueva soberanía del dominio de las tierras en cuestión.

Ninguna de las partes tiene razón en este punto a nues-tro juicio. La demandada, porque las cesiones no se hicieron con motivo de la guerra, ni eran necesarias para los fines de la guerra, habiéndose llevado a afecto, además, después de suspendidas las hostilidades entre España y los Estados Unidos, y la última de ellas, la del 17 de septiembre de 1898, después de la ley de 16 de septiembre de 1898 autorizando al Go-bierno para renunciar a los derechos de soberanía y ceder territorios en las provincias y posesiones de Ultramar, con-forme a lo estipulado en los preliminares de Paz con el Gobierno de los Estados Unidos. Vol. 2, año 1898. Colección Legislativa de España, p. 273. Y la demandante, porque nada en este caso revela la mala fe por parte del Gobernador ni por parte del municipio, sino más bien el deseo de dedicar un pedazo de las tierras nacionales situado fuera de las forti-ficaciones y al extremo de terrenos destinados a ensanche de la población, a una institución sostenida por una corporación pública para beneficio del pueblo.

.Se alega por el demandado que aun cuando el Gobernador no hubiera tenido autoridad para hacer las cesiones, el muni-cipio habría siempre adquirido por prescripción el dominio de las tierras. Las cesiones se verificaron en 1898 y en ese mis-mo año cesó la soberanía española en Puerto Pico. Cuando la nueva soberanía comenzó, es evidente que el demandado no había adquirido por prescripción derecho alguno, y, después de comenzada, dicho medio de adquisición de propiedad no estaba autorizado en contra de los Estados Unidos, ni en contra de Puerto Rico. Véase el caso de El Pueblo v. Dimas, 18 D. P. R., 1073 y 1081 y siguientes, en donde esta cuestión se trata con la extensión debida.

El hecho de qus el Departamento de la Armada de los Es-tados Unidos iniciara por medio de su representante en Puerto Bico, ciertas negociaciones que no llegaron a tener rea-lidad práctica, para la compra de los terrenos, y el de que el G-obernador de Puerto Bico autorizara la imposición de una hipoteca sobre los mismos para garantir una deuda del ayun-tamiento, no constituyen un impedimento para el ejercicio de su acción en este pleito por parte del demandante. El municipio se encontraba en posesión de los terrenos aparente-mente bajo un justo título y nada tiene de particular que se le considerara y tratara como al verdadero dueño. Pero esto no puede estimarse como suficiente para impedir que si in-vestigado el caso y averiguado que las cesiones del Gobernador se hicieron sin autoridad legal para ello, el verdadero dueño •ejercite la acción correspondiente para reivindicar su derecho. Además, aun cuando el Departamento de Marina de los Es-tados Unidos o el Gobernador de Puerto Bico hubieran re-conocido expresamente al demandado como dueño, esto no impediría a los Estados Unidos o a Puerto Bico el ejercicio de su derecho si en realidad de verdad lo tenían, porque ni los Departamentos del Gobierno Nacional, ni el Gobernador de Puerto Bico, actuando ambos por su propia autoridad y sin autorización especial alguna, tienen facultades para re-nunciar derechos que correspondan al Congreso de los Es-tados Unidos o a la Legislatura de Puerto Bico en su caso.

Decidiendo el pleito, pues, de acuerdo con la ley, se impone la confirmación de la sentencia apelada, en cuanto a la reivin-dicación de los terrenos cedidos por el Gobernador General de Puerto Bico al Municipio de San Juan.

Estudiaremos y resolveremos ahora la- cuestión relativa al edificio. Aparece de los hechos consignados con anterio-ridad que el Ayuntamiento de San Juan se comprometió a fabricar un cuartel de orden público para entregarlo al Go-bierno Insular, a cambio de que se derribara junto con las fortificaciones el pabellón que ocupaba temporalmente el dicho cuerpo de orden público y se cediera al ayuntamiento gratuitamente la aduana vieja y el solar'que ocupaba. Y aparece además que aun no se había terminado la construc-ción del cuartel, cuando fue cedido junto con las tierras por el Gobernador al ayuntamiento, y que el cuartel se construyó con fondos del municipio.

Siendo esto así, no alegándose en la demanda ni demos-trando la prueba que el viejo pabellón de orden público se hubiera derribado, ni que se hubiera entregado al ayunta-miento el solar y el edificio de la antigua aduana, y habiendo llegado a la conclusión de la falta de autoridad por parte del Gobernador para decidir por sí solo este asunto y a la de que tanto el Gobernador como el ayuntamiento actuaron de buena fe, es necesario aceptar que nos encontramos frente a un caso de fabricación de buena fe en suelo ajeno, y como consecuencia reconocer que el dueño del suelo por el solo hecho de serlo no es el dueño- legítimo y único de la fabrica-ción. Esta pertenece al que a su costa de buena fe la hizo, sujeto, desde luego, su derecho, a lo prescrito en la ley y especialmente en el artículo 370 del Código Civil revisado, igual al 361 del Código Civil español, que dice así:

“El dueño del terreno en que se edificare, sembrare o plantare de buena fe, tendrá derecho a hacer suya la obra, siembra o plantación, previa la indemnización establecida en los artículos 455 y 456 del Capítulo III, Título Y, o a obligar al que fabricó o plantó, a pagar el precio del terreno, y al que sembró, la renta correspondiente.”

En tal virtud la sentencia apelada debe confirmarse en cuanto por ella se declaró que las tierras de que se trata per-tenecen al demandante, y revocarse en cuanto por ella se declaró de igual modo que el edificio construido sobre dichas tierras pertenece también al demandante, debiendo regularse el caso del edificio de acuerdo con lo prescrito en el artículo 370 del Código Civil Devisado.

Confirmada en parte y revocada en cuanto al edificio construido sobre el solar en litigio.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. Aldeey

text:
    Froelich, Apelante, v. El Pueblo, Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 879.
    Resuelto en junio 6, 1913.
    Pruebas — Negligencia—Declaración del Demandante.' — Cuando el únieo tes-tigo presencial es el mismo demandante, es necesario considerar su declaración con gran cuidado.
    Negligencia — Precauciones—Automóvil.—Cuando una persona viaja en una noche obscura en automóvil por una carretera que ha recorrido varias veces, y sabe que existe una cortadura producida por haber destruido las lluvias torrenciales una alcantarilla, y que existe un desvío y junto a éste una cerca, todo lo cual contribuye a que el sitio sea sumamente peligroso, está en el • deber, para no ser culpable de negligencia contribuyente si sufre un accidente, de no caminar a la misma velocidad a que acostumbraba hacerlo corriente-mente y disminuir la marcha de su automóvil al paso de una persona, y aten-didas las circunstancias de este caso y la prueba practicada, la corte inferior no cometió error al estimar negligente al apelante.
    Id. — Causa Próxima del Accidente.' — Cuando como en el presente caso la causa próxima e inmediata del accidente es el descuido y negligencia del mismo demandante, el cual hubiera podido evitar si hubiera tomado las precauciones propias de un hombre prudente y razonable, no puede el demandante recobrar-los perjuicios derivados directamente de su propio descuido, aun cuando el demandado fuera también culpable de negligencia.
    Id. — Negligencia Contribuyente — Negligencia del Demandado. — El caso Vargas v. Monroig, 15 D. P. R., 27 y el de Bosado v. Ponce Bailway and Light Company, 18 D. P. R., 609, no son aplicables a este caso, ni sientan la doc-trina de que si' hubo negligencia contribuyente en el demandado, no está impedido el demandante de recobrar perjuicios aun cuando fuera también negligente y hubiera podido evitar el accidente ejercitando el debido cuidado y prudencia.
    Los hechos están expresados en la opinión.

      Abogado del apelante: Sr. José Tous Soto.

    Abogados del apelado: Sres. Wolcott H. Pitkin, Jr., Attorney General, Charles E. Foote, Fiscal, y Daniel F. Kelley.

   El Juez Asociado Se. Aldeey

emitió la opinión del tribunal.

El apelante, Henry Froelich, presentó demanda ante la Corte de Distrito de Ponce contra el Pueblo de Puerto Pico reclamándole determinada cantidad como indemnización de los perjuicios que sufrió por consecuencia de una caída con su automóvil por una cortadura que las aguas habían hecho en la carretera de Ponce a Guayama, cuyo cuidado y conser-vación está a cargo del ■ demandado. Negada la demanda y celebrado el correspondiente juicio, la expresada corte dictó sentencia absolviendo al demandado y contra ella interpuso el demandante el presente recurso de apelación.

El apelante funda su recurso, 1°., en que la corte erró al estimar culpable al apelante de negligencia contribuyente; y 2°., al considerar que tal negligencia le impide recobrar los perjuicios sufridos.

Como conclusiones de hechb formuló la corte inferior las siguientes:

“Primera. La corte estima probado que a consecuencia de lluvias torrenciales que ocurrieran en la costa sur de la isla, hacia el mes de noviembre de 1909, la carretera que de Ponce conduce a Guayama, y que pasa por los pueblos de Santa Isabel y Salinas, que es una carretera insular, perteneciente a El Pueblo de Puerto Rico a cuyo cargo está su mantenimiento y reparación, quedó cortada en un sitio lla-mado ‘Quebrada de Torres,’ próximo a Santa Isabel, por haber des-truido las fuerzas de las aguas una alcantarilla que en dicho sitio atravesaba la carretera, lo que hizo necesario la construcción de un desvío por el lado derecho de la carretera, en dirección de Ponce a Guayama, que partiendo de un punto cercano a dicha cortadura fuera por los terrenos colindantes, a empalmar al otro lado de la referida cortadura, a una distancia aproximada de veinte y siete metros en línea recta al punto de partida.
“Segunda. La corte estima probado que a raíz de la inundación y del derrumbe a que se refiere el hecho anterior, los agentes y empleados del Departamento del Interior, del Gobierno de Puerto Rico, levantaron nna valla en -cada lado de la expresada cortadura, la resistencia de la cual, estima esta corte satisfactoriamente probado, que no era suficiente para evitar la caída de vehículos y los peligros
'■o naturalmente habían de verse expuestos los viajeros.
‘ ‘ Tercero. La corte estima probado que la cortadura y vallas men-cionadas existían en dicho sitio en la noche del 30 o 31 de marzo de 1910, y que en la noche de uno de dichos días, el demandante Henry Froelich, que salió de Ponce por la expresada carretera y se dirigía en su automóvil a la Central Aguirre, manejando él mismo dicho vehículo y sin que lo acompañara ninguna otra persona, sufrió un accidente ocasionado por la caída del automóvil que se deslizó por la pared de la cortadura, hacia el lado izquierdo de la carretera (yendo con dirección a Guayama) estimando la corte satisfactoria-mente probado que la caída del automóvil tuvo lugar en un sitio del borde de la’ cortadura comprendido mire ambos lados del camino afirmado o carretera con ligera desviación hacia su lado izquierdo, y además que dicho automóvil arrastró en su caída la valla o parte de la valla colocada al borde de la expresada cortadura.
“Cuarta. La corte estima probado que a consecuencia del acci-dente descrito en el hecho anterior, el demandante Henry Froelich sufrió daños en su persona y en sus bienes, consistentes los primeros en lesiones-que recibiera y ruptura del hueso tibia, de una de sus piernas, que le obligaron a retirarse a un hospital y recibir auxilios facultativos por espacio de dos meses, y los segundos, en los gastos que los primeros le ocasionaran, pérdida de trabajos, y destrucción de varias piezas de su automóvil.
“Quinta. La corte estima probado que con anterioridad a la noche en que ocurriera el accidente que sufriera el demandante, éste tenía perfecto conocimiento del estado y condición en que se encontraba la carretera de Ponce a Guayama, en el sitio en que dicho accidente tuviera lugar, y, además, estima la corte - satisfactoriamente probado que dicho demandante no tomó las precauciones necesarias, ni ejercitó el debido cuidado y diligencia para evitar el peligro que ofrecía el estado de la carretera en dicho sitio y evitar asimismo el accidente que sufriera.
“Sexta. La corte estima satisfactoriamente probado que el deman-dante Henry Froelich es culpable de negligencia contribuyente y que ésta fué la causa próxima e inmediata del accidente que experimen-tara y de los daños que a consecuencia del mismo sufriera.
“Séptimo. La corte no estima satisfactoriamente probado que la insuficiencia de la resistencia que para evitar la caída de los vehículos podía oponer la valla levantada al borde de la referida cortadura, contribuyera de modo inmediato al accidente que sufriera el deman-dante, y que originara el establecimiento de esta acción, y estima pro-bado que la negligencia que por este concepto hay que atribuir a los agentes y empleados del demandado, o sea El Pueblo de Puerto Rico, y de que es responsable éste, es remota, y que, en todo caso, apare-ciendo los hechos en la forma más favorable al demandante, hay que estimar, que tanto la negligencia del demandado como la del deman-dante contribuyeron directamente a producir el accidente y que ambas combinadas constituyen la causa próxima e inmediata del daño.”

Para considerar el primer motivo de error examinaremos la evidencia a fin de determinar si sostiene la conclusión a que llegó la corte inferior respecto a la negligencia del apelante; mas como el demandante iba solo en su automóvil cuando ocurrió su caída por la cortadura y no hubo por tanto otro testigo presencial, fiemos de considerar su declaración con gran cuidado. Empezaremos, pues, consignando que si bien el apelante juró en su demanda que en la cortadura no se fiabía puesto barrera ni obstrucción alguna para precaver la caída' de vehículos, sin embargo, declaró en el juicio, también bajo juramento, que en el día de su accidente y con anterioridad, fiabía visto una valla o cerca en los bordes de la cortadura, extremo éste que también aparece justificado por otros tes-tigos.

De lo declarado por el apelante en el juicio resulta que fiabía viajado varias veces por esa carretera, sabía que existía la cortadura por donde cayó, que fiabía sido construido un desvío a la derecha yendo de Ponce a G-uayama y que inme-diata al desvío existía una cerca o valla: que esa nocfie salió de Ponce por esa carretera y seguía su camino sabiendo que existía tal sitio peligroso; ,que vió la luz de un coche tan cerca que podía tirar un cigarrillo sobre él, por lo que tocó su bocina e hizo un movimiento para virar a su derecha, cayendo enton-ces por la cortadura y que las precauciones que tomó fueron las de caminar a razón de ocho o diez millas, como hace siem-pre que camina de nocfie y mirar, aunque sin poder ver por la obscuridad que había, a pesar de que llevaba tres focos en su automóvil que cubrían un radio de cien a ciento cincuenta pies y por último que él no creía estar tan lejos. Esas fueron las únicas precauciones que tomó, según su declaración en el juicio.

En el coche a que hace referencia viajaba Julio López y su declaración puede darnos alguna luz en el asunto. Dicho testigo declaró que cuando llegaba a la alcantarilla destruida advirtió al cochero que tuviera cuidado con el desvío y cuando llegaban a éste, como dos metros antes, oyó la bocina de un au-tomóvil que iba detrás, como a quince o veinte metros, por lo que dijo al cochero que apurase para no ser alcanzado en el des-vío y hecho así, cuando lo concluían e iban a entrar otra vez en la carretera oyó caer el automóvil al que fueron a prestar auxi-lio. Según la declaración del cochero^ no supo hasta esa noche que existía tal desvío; de la diligencia de inspección ocular practicada por el juez resulta que la valla estaba levantada a un metro o metro y medio del desvío y que éste tendría entre la entrada y la salida unos veinte y siete metros en línea recta, y, por el conjunto de las declaraciones de los testigos, podemos estimar que por ese sitio habían unos seis metros del desvío a la cortadura.

Dada la proximidad del desvío al hueco dejado por la al-cantarilla rota y que la valla era de tal índole que no podía resistir el empuje de un automóvil, indudablemente que el sitio era sumamente peligroso, por lo que creemos que cono-ciendo el apelante esas circunstancias debió ser más precavido.

No hay reglas precisas de lo que en cada caso deba hacer una persona razonable y prudente, pero entendemos que en las circunstancias del presente, no hubiera caminado a la mismá velocidad que acostumbrada a hacerlo corrientemente-sino que, dada la obscuridad de esa noche y el peligro grande del sitio, hubiera disminuido la marcha de su automóvil, hasta llevarlo al paso de una persona a fin, no sólo de que le fuera, más fácil la visión, sino también de poder detener su carro-prontamente para no caer por la cortadura. Esto es lo que se le ocurre a cualquiera persona prudente y el no hacerlo de-muestra negligencia y descuido.

Además, no nos explicamos cómo, si caminaba a ocho o diez millas, que es casi la marcha de un coche, llevando focos que alcanzaban hasta ciento cincuenta pies, no vió el desvío y la valla, cuando el cochero que iba delante, con la luz de los faroles usuales en esos vehículos y que no conocía' el desvío, lo vió; con mayor razón cuanto que habiendo visto la luz del coche ha debido verlo dejar la carretera y entrar en el desvío, lo que tenía que servirle de guía y de aviso de que lo tenía inmediato, por lo que dudamos mucho, como también dudó la corte inferior, de que llevara la marcha expresada en atención también a que, si no creía estar tan lejos de Ponce, parece esto demostrar que caminaba de prisa.

En vista dé lo expuesto, entendemos que la corte inferior no cometió error al estimar negligente al apelante, por lo cual debemos .considerar ahora si por esa negligencia está impedido de recobrar los perjuicios que sufrió.

Tal como han ocurrido los hechos, podemos decir que a pesar de lo peligroso del sitio, el accidente no hubiera ocu-rrido si el apelante hubiera tomado las precauciones propias de un hombre prudente y razonable, por lo que debemos con-cluir que su descuido y negligencia, fúé la causa próxima e inmediata de su caída por la cortadura de la carretera. Si el demandado fué negligente en no poner una cerca capaz de detener cualquier vehículo que llegase hasta ella, como enten-dió la corte inferior, de todos modos, siendo la causa próxima del accidente la negligencia del apelante, ésta le impide reco-brar los perjuicios derivados directamente de su propio des-cuido. Para tener derecho a indemnización por daños y per-juicios por actos u omisiones en que intervenga culpa o negli-gencia, es necesario que el demandante pruebe que tal daño es la consecuencia inmediata y natural del acto culpable y negligente del demandado y no de la propia culpa o negligen-cia del demandante. Díaz v. San Juan Light and Transit Company, 17 D. P. R., 69.

Sostiene el apelante que en los casos de Vargas v. A. Monroig e Hijos, 15 D. P. R., 27, y Rosado v. Ponce Ry. & Light Co., 18 D. P. R., 609, se sostiene la doctrina de que si liiibo negligencia contribuyente en el demandado, no está impedido el deman-dante de recobrar perjuicios porque pudiera evitarlos ejerci-tando el debido cuidado y prudencia y que en consecuencia erró la corte al negarlos en este caso. Con respecto al primero de estos casos diremos que si bien en él se dijo que “hay muchos casos en que se resuelve que aunque un demandante podría, ejercitando cautela, haber evitado el accidente, sin embargo, dicho demandante puede, a pesar de esto, ser indem-nizado, si se prueba que el demandado pudo haber evitado el accidente ejercitando el debido cuidado,” sin embargo, la doctrina aceptada por la corte en ese caso, que había sido fallado resolviendo una moción de sobreseimiento del deman-dado y sin que éste llegara a presentar su prueba, no fué esa sino la de que “habiendo sido el demandante perjudicado por haberse izado la máquina, él tenía prima facie derecho a exigir indemnización por los daños y perjuicios efectivos a no ser que por la prueba se viera que había sido culpable-de negligencia contributoria;” doctrina reproducida más ampliamente en estos otros párrafos de la opinión: “Sin embargo, no creemos que la prueba que ha sido presentada de-muestre que ha habido negligencia contributoria por parte del apelante. Según se ha indicado anteriormente él no tenía motivos para creer que se encontraba en situación peligrosa. No podía preveer que por coger el garfio y las argollas es-tando en su carro iba a causarse daño, lo cual hizo en lá forma en qué se hacía ordinariamente. La causa próxima del acci-dente fué el alzamiento de la grúa y no la forma en que el demandante cogió el garfio. Cuando un demandante entra o cruza por un sitio de peligro, por ejemplo, por la vía de un tren, sitio que él debe saber que es peligroso, y aun así, entra en dicho lugar negligente o descuidadamente, en tal caso dicho demandante no puede ser indemnizado por el deman-dado. * * *

“La forma ordinaria, usual o conveniente ele hacer nna cosa, Gibando un demandante no tiene motivos para suponer que hay peligro, lo exoneraría del cargo qne se le hiciera con respecto a negligencia contributiva si entra en el trabajo en la forma ordinaria. * *

En cnanto al segundo caso citado, es cierto que reproduce la doctrina del primer párrafo' transcrito de la anterior opi-nión de- que, si bien no puede recobrarse daños cuando la causa próxima de ellos ha sido la negligencia del perjudicado, esto no obstante, la acción prevalece si se demuestra que el demandado pudo evitarlo usando de razonable cuidado; pero no fue ese el fundamento de la sentencia en ese caso sino el de que el perjudicado no era culpable de negligencia, porque la preponderancia de la prueba era en el sentido de que desde el sitio donde estaba no podía ver que unos alambres estaban descubiertos y porque no había prueba tendente a demostrar que él o cualquiera otra persona razonable pudiera suponer que por aquellos alambres pasara una corriente mortal, toda vez que siendo para el'alumbrado.de una casa debía ser ino-fensiva. Lo que propiamente resuelve ese caso no es que el-demandante fuera negligente y que a pesar de ello tenga dere-cho a recobrar porque la demandada no evitó el daño usando de un ordinario cuidado, sino que el perjudicado no era culpable de negligencia. Sus palabras son éstas: “Por tanto, bajo todas las circunstancias que aparecen de los hechos que han sido probados, no podemos resolver que el interfecto fué culpable de. negligencia contributoria.” De todos modos, en ambos casos se trataba de peligros desconocidos para el per-judicado y que no tenía derecho a esperar y no son, por tanto, aplicables al présente caso, en el que con anterioridad al acci-dente conocía el apelante el peligro que existía y que podía evitar con su diligencia.

Por las razones expuestas la corte inferior tampoco come-tió el segundo error que se le atribuye por el apelante.

La sentencia debe ser confirmada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández- y Aso-ciados MacLeary, Wolf y del Toro.


author: El Juez Asociado Sr. Aldret

text:
    Castro, Apelante, v. Solís et al., Apelados.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia.
    No. 776.
    Resuelto en junio 6, 1913.
    Hijos Naturales — Reconocimiento — Ley de Toro^ — Acción de Reconoci-miento. — Desde la vigencia de la Ley 11 de Toro no existe la presunción que existía en el derecho romano de que los hijos nacidos de concubina que viviera en la casa del eoncubinario eran hijos naturales de éste, y desde entonces es requisito indispensable para que el hijo nacido durante la vigencia de dicha ley tenga el concepto de hijo natural, que el padre lo reconozca expresa o tácitamente, sin que sea bastante para darle el concepto de hijo natural; el mero hecho -de haber nacido en la casa del padre cuando ésta tenía en la misma como concubina a su madre.
    Id. — Acción de Reconocimiento — Actos del Padre. — Cuando en una demanda se reclama una participación hereditaria' fundada en que la demandante fué reconocida tácitamente por el padre como hija natural, de acuerdo con la Ley 11 de Toro, tales hechos tienden a demostrar el reconocimiento tácito por actos y palabras del supuesto padre y la acción tiene el alcance de una acción de reconocimiento sujeta a prescripción aplicable a acciones de esta naturaleza. Id. — Acción de Reconocimiento. — -De acuerdo con el artículo 199 del Código Civil Revisado, habiendo la demandante alcanzado su mayor edad en el año 1907, esta acción estaba ya prescrita cuando fué iniciada en 1911.
    Id. — Acción de Reconocimiento — Prescriptibilidad.—La acción de filiación es prescriptible y- las disposiciones de los Códigos Civiles posteriores sobre pres-cripción son aplicables también a aquellas acciones de filiación nacidas bajo el imperio de las Leyes de Toro. 1
    Los heclios están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. Luis Llorens Torres.

    Abogado de los apelados: Sr. Martín Travieso, Jr.

   El Juez Asociado Sr. Aldret

emitió la opinión del tribunal.

La demanda en este caso contiene tres causas de acción, subordinadas las dos últimas a la primera. En ésta alega la demandante y apelante, Julia Domitila Castro, que nació en el año 1886 mientras su madre Lorenza Castro Cruz, vivía públicamente en concubinato desde el año 1884 con Joaquín Leandro Solís, cansante de los demandados, en la casa de éste, siendo sn sola y única concubina cuando ambos no tenían impedimento legal para contraer matrimonio y sin que ella entonces mantuviera trato o relaciones de clase alguna con otro hombre. También expone que en 1897 murió sin testa-mento dicho Joaquín Leandro Solís, habiendo sido los de-mandados declarados sus herederos abintestato por auto judicial de 1898 y que éstos están impedidos hoy de negar el estado de la demandante como hija natural de Joaquín Lean-dro Solís Kercado porque éste la consideró y trató siempre como hija, llamándola así públicamente, teniéndola en tal con-cepto, atendiendo a su sostenimiento y educación y despi-diéndose de ella como tal hija en los momentos de su muerte y en presencia de los demás hermanos; y además porque los demandados, pública y privadamente, de palabra y por escri-to han reconocido a la demandante como tal hija natural de Joaquín Leandro Solís Kercado. La segunda causa de ac-ción se funda en que a la muerte de Joaquín Leandro Solís Kercado, los demandados se posesionaron de sus bienes y, sin contar con la demandante, practicaron la partición y liqui-dación de ese caudal, que se repartieron, haciéndolo figurar con un montante de 63,816 pesos 8 centavos, cuando en reali-dad era de 150,000 pesos, el que en su mayor parte han ena-jenado, por lo que la demandante está impedida de obtener la rescisión de tal partición en cuanto los bienes han pasado a terceros, y se niegan a entregarle los 11,500 pesos que a ella correspondían por su legítima como hija natural. La tercera causa de acción está basada en que las rentas o pro-ductos de su cuota hereditaria asciende desde 1897 en que murió su padre, a la cantidad de 16,800 pesos que' los deman-dados se niegan a entregarle. Las peticiones que se hicieron a la corte fueron que declarase: que la demandante, en con-currencia con los hijos legítimos de Joaquín Leandro Solís Kercado, es heredera de éste, ascendiendo su participación a 11,500 pesos; que los demandados deben reintegrárselos y también pagarle 16,800 pesos como indemnización por las rentas o productos de su haber hereditario.

Los demandados excepcionaron la primera cansa de ac-ción por el fnndamento de no adncir hechos qne determinasen nna cansa de acción y también por la de prescripción de la acción qne se trata de ejercitar, de conformidad con los artí-culos 199 y 1840 del Código Civil vigente. Las segnnda y ter-cera causas de acción lo fueron por la de falta de hechos deter-minantes de cansa de acción.

La corte de distrito sostuvo la excepción de prescripción y en tal sentido se registró sentencia en contra de la deman-dante, con las costas, la que por ésta fué apelada para ante esta Corte Suprema.

Sostiene la parte apelante en su alegato, qne la corte inferior erró al estimar qne en la primera cansa de acción se ejercita la de filiación y por tanto que está prescrita, porque habiendo nacido la demandante durante el concubinato pú-blico de su madre con Joaquín Leandro Solís Kercado y en la casa de éste cuando ambos podían contraer matrimonio, adquirió el estado de hija natural reconocida de dicho señor y por consiguiente no ejercita ni necesita ejercitar la acción de filiación por lo que, estando ya reconocida, se limita a pedir su cuota hereditaria.

La ley que regula la condición de hija natural de la demandante es la 11 de Toro que regía en la fecha de su naci-miento, la que dice así:

“E porque no se pueda dubdar cuáles son fijos naturales, ordena-mos y mandamos que entonces se digan ser fijos naturales, cuando al tiempo que nacieren o fueren concebidos, sus padres podían casar con sus madres justamente sin dispensación; con tanto que el padre lo reconozca por su fijo, puesto que haya tenido la mujer de quien lo ovo en su casa, ni sea una sola. Ca concurriendo en el fijo las cualidades susodichas, mandamos que el fijo sea natural.”

1 Llamas y Molina 207, Comentario a las leyes de Toro.

Si bien en el derecho romano era indispensable que la con-cubina viviera en la casa del concubinario y por ello el hijo nacido en tales condiciones tenía la presunción de ser hijo natural del concabinario, requisito que las leyes de partidas no exigían expresamente, sin embargo, al extender la ley 11 de Toro el beneficio de la naturalidad a los hijos de mujeres que no fueran propiamente concubinas, borró la presunción que antes existía para los nacidos de concubinas y desde en-tonces es requisito indispensable para que el bijo tuviera el concepto de natural que el padre le réconociera, expresa o tácitamente. Por consiguiente, el mero hecho de que la de-mandante naciera en la casa de Joaquín Leandro Solís Ker-cado cuando éste tenía en su casa como, concubina a la madre de la apelante no es por sí solo bastante para darle el estado •de hija natural que aun en el derecho anterior' a la ley de Toro, sólo establecía una presunción, y por tanto sujeta a la prueba de que los hechos de que dimanaba fueran ciertos, por lo que aun entonces era necesario acreditarlos ante los tribunales, para que como consecuencia de ellos se hiciera la declaración de ser hijo natural, lo que equivalía a ejercitar la acción de filiación. En el derecho de la citada ley de Toro tales hechos implicarían un reconocimiento tácito del padre, pero sujetos al juicio de filiación. De todos modos, ya esos hechos se consideren como presunción del estado de hija natural, como entiende la apelante, o sirvan para probar el reconocimiento tácito, como entendemos nosotros, no tienen otra alcance que el de servir de prueba de la acción de filia-ción por lo que debemos concluir que la primera cansa de acción no tiene otro alcance que ese, demostrado además poi-que la demanda consigna hechos tendentes a demostrar el reconocimiento por actos y palabras del alegado padre. Si se sostiene que por la demanda sólo se ejercita la acción de participación hereditaria, no alegando la demandante que ha sido reconocida de una manera solemne y auténtica, no tendría causa de acción. Matienzo v. Morales, 16. D. P. R., 588; Calaf v. Calaf, 17 D. P. R., 198.

Ahora bien, cuando en 1897 murió Joaquín Leandro Solís Kercado, la demandante era menor de edad y tenía viva su acción de acuerdo con el artículo 137 del Código Civil Español, mas disponiéndose por el 199 del Código Civil Revisado que la acción sólo durase hasta dos años después de ser el hijo mayor de edad y habiéndola alcanzado la demandante en 1907, de acnerdo con el artículo 317 que la fija a los veinte y un años cumplidos, se habían extinguido ya esos dos años cuando en 1911 presentó su demanda y por tanto estaba pres-crita, por lo que no cometió error la corte inferior al declarar su prescripción.

Que la acción de filiación es prescriptible y que a las naci-das bajo el imperio de las leyes de Toro les son aplicables las disposiciones de los códigos posteriores sobre prescripción, son materias, tan ampliamente discutidas y resueltas en va-rias sentencia de este Tribunal Supremo, que nos basta remi-tirnos a ellas, con mayor razón cuando no es el punto discu-tido, por la parte apelante. Véanse los casos de Gual v. Bonafoux, 15 D. P. R., 559; Amsterdam v. Puente, 16 D. P. R., 554; Escobar v. Escobar, 16 D. P. R., 590; Rijos v. Folgueras, 16 D. P. R., 624, confirmada ésta en 24 de febrero de este año por la Corte Suprema de los Estados Unidos, 227 U. S., 375; Calaf v. Calaf, 17 D. P. R., 198.

Es innecesario considerar las otras dos causas de acción porque como están subordinadas a la primera, al estar pres-crita ésta, no tienen razón de ser.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y del Toro.