text:
    Carmen Amanda Capestany, representada por su madre con patria potestad Asunción Almodóvar, demandante y apelada, v. Maximino Capestany, demandado y apelante.
    Núm. 9373.

    Sometido: Noviembre 4, 1946.

      Resuelto: Diciembre 16, 1946.

      A. Ramírez Silva, abogado del apelante; Oscar Souffront, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Carmen Amanda Capestany, representada por su madre con patria potestad, obtuvo en la 'Corte de Distrito de Ma-yagüez sentencia de alimentos en contra de su abuelo, Maxi-mino Capestany, consistente en una pensión mensual de $35, pagadera por mensualidades adelantadas. Apeló el de-mandado, y la demandante solicitó y obtuvo de la corte el aseguramiento de la efectividad de la sentencia, mediante embargo de una finca urbana del demandado valorada en la cantidad de $3,000. El demandado solicitó se dejara sin efecto el embargo y se decretara su nulidad, pero la corte sostuvo su actuación. De esta resolución apeló el demandado y sostiene que la corte cometió error al ordenar el embargo de bienes por un valor de $3,000 para garantizar las men-sualidades de la pensión concedida y al declarar sin lugar su moción para que se dejara sin efecto y se decretara su nulidad.

Las dos cuestiones envueltas en este recurso, o sea, 1ro., si procede un embargo, para asegurar la efectividad de la sentencia recaída y de resolverse este punto en la afirmativa, 2do., la cuantía de diebo embargo, fian sido ya resueltas por este Tribunal Supremo desde el año 1909 en el caso de Meléndez v. La Corte de Distrito, 15 D.P.R. 312. Los hechos en dicho caso son similares a los del caso de autos. En aquél la demandante solicitó se condenara al demandado a pagar a su hijo ilegítimo $25 mensuales en concepto de pensión alimenticia, la cual debería ser satisfecha por mensualidades anticipadas. Solicitó entonces el aseguramiento de la sentencia mediante embargo de bienes del demandado valorados en $3,900 alegando que dicha suma comprendía los alimentos del menor durante trece años, o sea, hasta que cumpliera diez y ocho años de edad. La corte denegó el aseguramiento en su totalidad y esta Corte resolvió lo siguiente:

“Hemos examinado la ley aprobada en 1 de marzo de 1902 para asegurar la efectividad de sentencias, y entendemos que, reclamándose como se reclama en la demanda el cumplimiento de una obligación consistente en el pago de veinte y cinco ($25) dollars mensuales a la demandante en concepto de pensión alimenticia por meses anti-cipados y a partir de la fecha de la interposición de la demanda, no puede negarse en absoluto el aseguramiento de la sentencia, teniendo en cuenta para ello la regla b de la scción 2 de la ley sobre la materia, en relación con la sección 1 de la misma ley.
“La duda puede surgir al fijar la cuantía del aseguramiento y para desvanecerla debemos fijarnos en la cantidad cuyo pago obli-gatorio puede exigirse al demandado.
“El pago que se exige al demandado-es el de veinte y cinco ($25) dollars mensuales, a satisfacer por adelantado desde la fecha de la interposición de la demanda, y ésa debe ser la cuantía que ha de regular el aseguramiento de la sentencia.
“Podemos equiparar el pago al de una obligación exigible a plazos. Si se demandara el pago de un plazo vencido, el asegura-miento de la sentencia debería limitarse al mismo, y no al de los demás plazos por vencer, por más que la causa de deber fuera la misma. La pensión alimenticia que se reclama a Pedro de Diego es por mensualidades anticipadas, y. en la fecha en que se pidió el aseguramiento de la sentencia, sólo había una mensualidad ven-cida, pues el pago debía entenderse desde la fecha de la interpo-sición de la demanda.
“Por las razones expuestas, opinamos que la Corte de Distrito de G-uayama cometió error al denegar en términos absolutos el ase-guramiento de sentencia solicitada por la parte demandante, pues procedía concederlo para asegurar el pago de la primera men-sualidad de veinte y cinco dollars sin perjuicio de ampliar dicho ase-guramiento, por razón de otras mensualidades que fueran vencién-dose en el curso del juicio.”

Bn el caso de antos la sentencia condenó al demandado a pagar $35 mensuales por mensualidades adelantadas. Las demandantes tienen derecho a asegurar la efectividad de dicha sentencia (la cual fue apelada) por la cuantía de la misma. Fijar otra cualquiera sería especulativo y en contra de los propios términos de la sentencia. Al igual que en el caso de Meléndez, supra, no procedía un embargo de $3,900 para cubrir trece años de pensiones, tampoco en el de autos procedía un embargo de $3,000 para garantizar el pago de $35.

La doctrina establecida en el caso de Meléndez no ha sido variada por este Tribunal y la corte inferior erró al decir en su resolución que “no viene obligada por la autoridad del cáso de Meléndez v. Corte,” Mientras esta Corte Suprema no revoque o modifique una doctrina establecida en sus decisiones las cortes y organismos inferiores están obligados a seguirla en la resolución de los casos en que sea aplicable. A. Cuesta & Cía., Sucrs. v. Sancho Bonet, Tes., 54 D.P.R. 87; Central Cambalache, Inc. v. Cordero, Admor., 61 D.P.R. 8.

No estamos convencidos de que debamos variar la doc-trina sentada. Hemos resuelto en repetidas ocasiones que:

“Una vez que una cuestión ha sido deliberadamente resuelta luego de argumentos solemnes, no debe ser variada a menos que sea tan manifiestamente errónea que no pueda sostenerse sin violen-tar la razón y la justicia.” García Fernández, Ex Parte, 44 D.P.R. 296; Banco de Ponce v. Iriarte, 60 D.P.R. 72, 79; San Miguel & Cía. v. Guevara, 64 D.P.R. 966, 974.

No creemos que el caso de Meléndez, supra, esté en pugna con la razón y la justicia sino más bien está a tono con la doctrina posteriormente expuesta en el de National City Bank of N. Y. v. De la Torre, 45 D.P.R., 626, al resolverse que en casos de embargos “Se debe garantizar al demandante, pero no oprimir al demandado o causarle innecesarias dificul-tades en sus negocios.” Véase además Carlo v. Corte, 58 D.P.R. 889.

Debe revocarse la resolución apelada y devolverse el caso para ulteriores procedimientos.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.

      (1) El inciso i del art. 2 de la ley dispone: "Si la obligación fuere de pagar una suma de dinero, el aseguramiento consistirá en el embargo de bienes bastantes del deudor para responder de las sumas reclamadas.' ’


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor de Jesús

license: Public Domain

text:
    Arturo E. Quintero, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Bayamón, recurrido.
    Núm. 1191.

    Sometido: Noviembre 4, 1946.

      Resuelto: Diciembre 20, 1946.

      Damián Monserrat, Jr., y Gabriel de la Haba, abogados del re-currente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor de Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión a resolver en este recurso gubernativo es: Vendidas dos fincas agrupadas por la vendedora- en la misma escritura en que se formalizó la venta, ¿procede la incripción de la compraventa sin que previamente se inscriba la agru-pación? De los autos resulta que por escritura núm. 98 de 20 de mayo último, ante el notario Rafael Baragaño Diez, Josefina Ramírez, de estado soltera, declaró ser -dueña de dos fincas urbanas, las cuales agrupó. En el mismo docu-mento vendió a Arturo E. Quintero la finca agrupada. Se presentó al Registro la escritura, pero los sellos de rentas internas consignados no eran suficientes para inscribir el acto de la agrupación y el contrato de compraventa. El Registrador procedió a inscribir la agrupación, pero como el comprador rehusó consignar los sellos correspondientes a la inscripción de la venta, suspendió la inscripción de ésta. El recurrente sostiene que él no había solicitado la inscrip-ción de la agrupación y que el Registrador debió inscribir la venta empleando para ello los sellos que el comprador había consignando al presentar el documento. El Registrador sos-tiene que del asiento de presentación aparece que se solicitó inscripción de la agrupación y de la compraventa.

Cuando el vendedor agrupó las dos fincas formó una distinta de las que la componen, debiendo la agrupación inscribirse como una nueva finca que por primera vez se inscribe en el Registro de la Propiedad. Como de conformidad, con el art. 20 de la Ley Hipotecaria para inscribir o anotar los títulos en que se transfiere o grave el dominio o la posesión de bienes inmuebles o derechos reales, precisa que el derecho de la persona que haga la transmisión conste inscrito, era imprescindible en el presente caso inscribir previamente a nombre de la vendedora la nueva finca objeto de la venta. Como muy bien dice el Registrador, de no haberse inscrito previamente la agrupación, hubiera procedido denegar la inscripción de la venta por no aparecer inscrita la finca a nombre de la vendedora.

La previa inscripción de la agrupación no significa que sea necesario verificar dos asientos: uno comprensivo de la agrupación y otro de la compraventa. Las dos operaciones pueden verificarse en un solo asiento cobrándose, desde luego, los honorarios que fija el arancel para cada una de dichas operaciones.

Como la inscripción de la agrupación devenga honorarios, actuó correctamente el Registrador al cancelar, de los se-llos consignados, los correspondientes a dicha operación. P. R. Leaf Tobacco Co. v. Registrador de la Propiedad, 20 D.P.R. 398.

Procede confirmar la nota recurrida.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.

       El art. 60 del Reglamento General para la Ejecución de la Ley Hipo-tecaria, en lo pertinente prescribe:
      "Cuando se reúnan dos fincas para formar una sola, se inscribirá ésta con un nuevo número, haciéndose mención de ello al margen de cada una de las inscripciones anteriores relativas al dominio de las fincas que se reúnan. En la nueva inscripción se hará también referencia de dichas inscripciones, así como de los gravámenes que las mismas fincas reunidas tuvieren con ante-rioridad. ’ ’


text:
    Autoridad de Tierras de Puerto Rico, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Bayamón, recurrido.
    Núm. 1193.

    Sometido: Noviembre 4, 1946.

      Resuelto: Diciembre 20, 1946.

      Antonio Riera, A. Rivas Rosario, A. Picó Santiago y Raúl Trujillo Santiago, abogados de la recurrente; el registrador recurrido com-pareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor de Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión fundamental envuelta en este recurso fué resuelta en el día de boy adversamente a la recurrente en el caso de Arturo E. Quintero v. Registrador de la Propiedad de Bayamón, a saber: Permutadas dos fincas agrupadas por su transmitente en la misma escritura en que se formalizó la permuta, ¿procede la inscripción de la permuta sin que previamente se inscriba la agrupación? A lo que allí dijimos en relación con la escritura de compraventa nada tenemos que agregar aquí.

Sólo nos resta resolver si tratándose de que la Autoridad de Tierras dé Puerto Rico es la adquirente, viene ella obligada a pagar los honorarios que' devenga la inscripción de la agrupación. Ningún interés personal puede tener el transmitente en agrupar fincas que en el mismo acto enajena. Como la agrupación se verifica con el consentimiento de la adquirente, quien de no estar conforme con la agrupación hubiera podido no aceptar la permuta, el acto del transmitente al agrupar equivale y puede considerarse como el acto de la adquirente. Surís v. Registrador, 55 D.P.R. 540.

Establecido este principio, es de aplicación el art. 1 de la Ley núm. 30 de 29 de abril de 1943 (pág. 79) que dice así:

“La Autoridad de Tierras de Puerto Rico y su Director Ejecutivo quedan por la presente exentos del pago de toda clase de derechos proscritos por las leyes vigentes para la tramitación de procedi-mientos judiciales, la expedición de certificaciones en todos los cen-tros del gobierno insular y para el otorgamiento de documentos públi-cos y su inscripción en cualquier registro público de Puerto Rico.”

Por los motivos expuestos, procede revocar la nota recu-rrida y se ordena la inscripción libre de derechos de la agru-pación y permuta de- la finca que por la escritura núm. 6 de 1ro. de julio de 1946, ante el notario Alberto Picó Santiago, adquirió la Autoridad de Tierras de Puerto Rico.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


author: El Juez Presideute Señor Travieso El Juez Asociado Señor de Jesús

text:
    Carmelo Rodríguez Crespo, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Caguas, recurrido.
    Núm. 1200.

    Sometido: Diciembre 16, 1946.

      Resuelto: Diciembre 21, 1946.

      Andrés Mena, abogado del recurrente; el registrador recurrido no compareció.
   El Juez Presideute Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura otorgada el 10 de marzo de 1941, doña Cruz A. Medina adquirió por compra a doña Felicita Lozano un predio de terreno situado en el barrio Tomás de Castro, de Caguas, compuesto de 3,730.40 metros cuadrados. Dicha escritura fue inscrita en el registro, así como también Ios-edificios allí construidos por la señora Medina. Con pos-terioridad a la fecha en que adquirió dicha finca, la señora Medina segregó y vendió a varias personas un total de 900 metros cuadrados, quedando reducida la cabida de la finca a 2,830.40 metros cuadrados. Las referidas segregaciones fueron debidamente inscritas.

Por escritura de fecha 7 de octubre de 1946, la señora Medina vendió el predio de 2,830.40 metros cuadrados a don Carmelo Rodríguez Crespo, el aquí recurrente. Negóse el Registrador a practicar la inscripción solicitada, “por no haberse cumplido con lo dispuesto en el último párrafo del artículo primero del Reglamento de la Junta de Planificación, Urbanización y Zonificación de Puerto Rico, que ordena al Registrador de la Propiedad antes de proceder a aceptar tales divisiones o segregaciones para registrarlas, requerir de la parte interesada la certificación expedida por dicha Junta, aprobando las mismas”.

Alega el recurrente que el Reglamento de la Junta de Planificación, base de la nota denegatoria recurrida, no es aplicable a este caso por cuanto la Ley no tiene efecto retro-activo, por haberse inscrito desde el año 1941 la propiedad vendida por Cruz A. Medina al recurrente.

jTiene razón el recurrente. El Reglamento de Lotificación adoptado por la Junta de Planificación fué promulgado por el G-obernador de Puerto Rico el 29 de junio de 1944 y publicado el 4 de agosto del mismo año, empezando a regir, por consiguiente, el 4 de septiembre de 1944. Habiendo sido hechas e inscritas en el año 1941 las segregaciones por virtud de las cuales la finca en controversia quedó reducida a 2,830.40 metros cuadrados, el Reglamento citado por el Registrador no puede ser aplicado retroactivamente para requerir la aprobación por la Junta de Planificación de una segregación o lotificación consumada tres años antes de la promulgación y vigencia del Reglamento. Véanse: Sepúlveda v. Registrador, 64 D.P.R. 449 y Matos v. Junta de Planificación, 66 D.P.R. 439.

En la escritura de 7 de octubre de 1946, presentada al registro y cuya inscripción fué denegada, no se bace división o segregación alguna. Se trata simplemente de la venta del remanente de una finca después de varias segregaciones he-chas e inscritas con anterioridad a la fecha en que empezó a regir el Reglamento de Lotificación. El dueño de ese rema-nente tiene derecho a venderlo en su totalidad sin tener que solicitar permiso alguno de la Junta de Planificación.

La nota recurrida debe ser revocada, debiendo el Regis-trador practicar la inscripción solicitada.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.

EN RECONSIDERACION

Enero 20, 1947

El Juez Asociado Señor de Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura de 7 de otcubre de 1946 el recurrente com-pró a Cruz A. Medina un solar de 2830.40 metros con ciertas edificaciones. En la escritura se consignó que el solar lo había adquirido la vendedora por compra a Felicita Lozano; que cuando lo compró su superficie era de 3730.40 metros, pero que a virtud de segregaciones que ascendieron a 900 metros, los 3730.40 metros habían quedado reducidos a los 2830.40 metros objeto de la venta. Presentada la escritura al Registro de la Propiedad el Registrador denegó la inscrip-ción por no haberse cumplido con el Reglamento de Lotifica-ción que requiere, como condición previa a la inscripción de una división o segregación de terrenos de cierta cabida, que se acompañe con el documento el plano aprobado por la Junta de Planificación de Puerto Rico, o de una certificación acre-ditativa de que la Junta dispensó la preparación del plano.

En el alegato que presentó el recurrente en apoyo del recurso que interpuso contra la' nota, expresó que se trataba de la venta del remanente que había quedado del solar de 3730.40 metros después de haberse verificado las segregaciones montantes a 900 metros, las cuales habían sido previamente inscritas. El Registrador no presentó alegato alguno en apoyo de su nota, y considerando este Tribunal que se trataba de la venta de un remanente y que como aseguraba el recurrente las segregaciones habían sido previamente inscritas, revocó la nota del Registrador.

Empero, dicho funcionario, que como hemos dicho no había presentado alegato en apoyo de su nota, radicó enton-ces una moción de reconsideración, la qiie acompañó de una certificación acreditativa de que, según las constancias del Registro, la finca vendida consistía originalmente de una cuerda de terreno, o sea, 3930.40 metros y que del total de los 3930.40 metros constaban inscritas segregaciones que ascendían a 900 metros, o sea 200 metros que había segregado Felicita Lozano y vendidos por ella a G-uadalupe Ramos con anteriordad a la venta que hizo, a Cruz A. Medina, más 700 metros que fueron segregados por ésta en la siguiente forma: 200 metros que vendió a Luciano Lozano por escritura de 7 de mayo de 1942; 195 metros que segregó y vendió a Pío Ramos por escritura de 22 de septiembre de 1941; 105 metros que segregó y vendió a Luis Aponte por escritura de 22 de septiembre de 1941 y 200 metros que segregó y vendió a Monserrate Mulero el 3 de julio de 1944.

Si como resulta del Eegistro, de los 3930.40 metros de que originalmente se componía la finca, según la inscripción pri-mera, se lian segregado 900 metros, el remanente, que según el Eegistro posee Cruz A. Medina, debe tener una superficie de 3030.40 metros y no 2830.40 metros como se dice en la escritura objeto del recurso. De estos hechos racionalmente puede inferirse que Cruz A. Medina ha segregado 200 metros de terreno que no han sido inscritos en el Eegistro. Como esa segregación pudo haberse hecho con posterioridad al 29 de junio de 1944, fecha en que fué promulgado el Eeglamento de Notificación, de ser ello así, al segregarse esos 200 metros que no constan inscritos, debió haberse hecho un plano y sometido a la Junta de Planificación para su aprobación u obtenerse la correspondiente certificación acreditativa de ha-berse dispensado su presentación.

En el supuesto de que el comprador de esos 200 metros no hubiera tenido a bien inscribir su título, debió entonces el recurrente presentar el indicado plano o certificación de dis-pensa para que, acreditado en esa forma que se había cum-plido con la ley al segregar los 200 metros, el Eegistrador pudiese inscribir la venta del remanente.

El recurrente radicó una moción oponiéndose a la recon-sideración solicitada por el Eegistrador, pero no controvierte satisfactoriamente los hechos expuestos en la moción de re-consideración. El recurrente erróneamente alega que de los 3730.40 metros comprados por Cruz A. Medina, ésta había segregado 900 metros, cuando es lo cierto que las segregacio-nes hechas por.ella sólo ascendieron a 700 metros. Como hemos visto, cuando Cruz A. Medina compró, la anterior dueña había ya segregado 200 metros de los 3930.40 de que originalmente se componía la finca, según la inscripción pri-mera.

El recurrente atribuye la diferencia de 200 metros al hecho de que nuestro sistema de registro no está calcado en una triangulación o cubicación de la tierra de Puerto Rico. Ten-dría razón el recurrente si Rubiera acreditado, mediante la correspondiente certificación de mensura, que la cabida que se atribuyó a la finca en su inscripción primera, era errónea y que la mensura revelaba que la verdadera superficie era de 3730.40 metros; pero tal certificación de mensura no ba sido presentada y debemos aceptar como correctas las constancias del Registro, mientras no se demuestre lo contrario.

Procede reconsiderar nuestra resolución de 21 de diciem-bre de 1946 y confirmar la nota recurrida.

      Repetidas veces hemos llamado la atención do‘los Registradores hacia su deber de presentar alegatos en los recursos gubernativos. En estos recursos es muy necesaria la presentación de alegatos, toda vez que se resuelven sin vista.


author: El Jttez Presidente Señor Travieso Per Curiam :

text:
    José Nine, peticionario y apelante, v. Jorge A. Ortiz y L. A. Mattei Ramos, Alcalde-Director de Obras Públicas y Secretario-Auditor de Lajas, respectivamente, demandados y apelados.
    Núm. 9357.

    Sometido: Noviembre 29, 1946.

      Resuelto: Diciembre 21, 1946.

      Enrique Báez García, abogado del apelante; José Rafael Gelpí, abo-gado de los apelados.
   El Jttez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Los demandados apelados solicitan la desestimación del recurso, alegando que la transcripción de la evidencia y la de documentos, radicadas por el apelante en la secretaría de este Tribunal, fueron aprobadas por el juez en propiedad de la Corte de Distrito de Mayagüez y no por el juez “que en-tendió y resolvió el caso”; y sostienen que de acuerdo con la Ley núm. 111 de 5 de mayo de 1939 ((1) pág. 575), dichas transcripciones sólo pueden ser aprobadas por el juez que entendió y resolvió el caso.

Se opone el apelante a la desestimación, alegando que las transcripciones fueron radicadas ante la corte inferior cuando ya el juez sustituto había cesado en sus funciones y ocupaba el cargo el juez en propiedad; que al someter las transcrip-ciones a la corte para su aprobación, el apelante hizo constar que no tenía enmienda alguna que proponer; que estando pendiente la aprobación de dichas transcripciones, el abogado del apelante pidió al Procurador General que expidiese la correspondiente comisión al juez sustituto que conoció del caso, para que pudiese aprobar las transcripciones, respon-diéndole el Procurador General que de acuerdo con la deci-sión dictada en Pueblo v. Cruz, 65 D.P.R. 172 no era necesario expedir dicha comisión; que el abogado de los demandados apelados asistió a la vista celebrada para la aprobación de la transcripción de evidencia, no propuso enmiendas y estuvo conforme con que el juez Ramírez Pabón le impartiera su aprobación en la forma en que había sido presentada por el taquígrafo.

El artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil, según fue enmendado por la Ley núm. 111 de mayo 5 de 1939, después de disponer que el taquígrafo “deberá preparar y radicar una transcripción de las notas taquigráficas del juicio, incluyendo en dicha transcripción copia de todos los docu-mentes ofrecidos y admitidos como prueba, ... y entregará ésta al secretario de la referida corte”, provee además, “que cuando se trate de prueba documental, ... la parte apelante puede preparar una transcripción del documento, si fuere factible de transcripción, ... y radiearlo en la secretaría de la corte dentro del término concedido al taquígrafo para preparar la transcripción, . . . siendo deber del secretario dar cuenta al juez que entendió y resolvió el caso de esa trans-cripción de documentos al mismo tiempo que dé cuenta de la transcripción que prepare el taquígrafo, a fin de que el juez proceda a aprobarla y certifique su corrección juntamente con la transcripción de evidencia.” (Bastardillas nuestras.)

Dispone, además, el citado artículo 299:

‘ ‘ El día fijado para su aprobación, el juez la examinará y cuidará de que la misma sea una copia exacta, verdadera y justa de los procedimientos que tuvieron lugar durante el juicio, de las declara-ciones ofrecidas y tomadas, de las pruebas ofrecidas y practicadas, actos y manifestaciones de la corte, así como de todas las objeciones y excepciones de los letrados y de la materia a que las mismas se refieren. ... El juez entonces certificará la fidelidad y corrección de dicha transcripción, y cuando sea así aprobada, constituirá y formará paite del legajo de la sentencia.” (Bastardillas nuestras.)

El lenguaje del estatuto es tan claro que basta leer las disposiciones transcritas para comprender que la intención del legislador ha sido la de exigir que tanto la transcripción de las notas taquigráficas preparada por el taquígrafo, como la transcripción de la prueba documental, preparada por el mismo taquígrafo o por la parte apelante, sean certificadas en cuanto a su fidelidad y corrección por ‘ ‘ el juez que enten-dió y resolvió el caso”. Empero, como la ley no contiene disposición alguna sobre cuál juez es el que debe aprobar la transcripción de la evidencia cuando el juez ante quien sé celebró la vista del caso ha muerto o.ha quedado incapacitado para actuar o se ha ausentado de Puerto Rico, el Reglamento del Tribunal Supremo dispone en su Regla 10, párrafo (d) lo siguiente:

“Cuando un juez o funcionario judicial, ante quien se haya cele-brado el juicio de una causa muera, o quedare incapacitado, o se ausentare d.e Puerto Rico, o cuando por cualquier otra razón la ley no prescriba el modo cómo ha de resolverse o aprobarse la trans-cripción de evidencia o exposición del caso y pliego de excepciones, o moción interesando nuevo juicio, la persona que suceda en su puesto a dicho juez o funcionario judicial, o el juez de distrito contiguo más próximo, puede aprobar y certificar dicha transcrip-ción de evidencia, exposición del caso y pliego de excepciones, o moción interesando nnevo juicio, y al aprobar cualquiera de ellas dicho juez o funcionario puede a discreción permitir que por cual-quiera de las partes se dé lectura a declaraciones juradas que pue-dan ayudarle en la resolución de los puntos que sean objeto de discusión. ’ ’

Resultando de los hechos de este caso que el juez sustituto que presidió la vista del caso quedó incapacitado para actuar como juez, antes de que las transcripciones pudieran ser so-metidas a su aprobación, por haber espirado el término de su nombramiento, el juez de distrito que le sucedió en el cargo, o sea el juez de distrito de Mayagüez, tenía jurisdicción y facultad para aprobar, como aprobó, dichas transcripciones, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición del Reglamento de este Tribunal arriba transcrita.

La moción de desestimación debe ser declarada sin lugar.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.

EN MOCION DE RECONSIDERACION

Enero 13, 1947

Per Curiam :

En su moción de reconsideración alegan los apelados que la frase “quedare incapacitado”, contenida en la Regia 30(d) de este Tribunal, no contempla la situación, como ocurre aquí, en que el juez que oyó y resolvió el caso actuó como juez sustituto, a tenor con un nombramiento ex-pirado ya. Suponiendo, sin decidirlo, que tal juez no esté comprendido por dicha frase, esto no altera la conclusión a que hemos llegado. El art. 299, como hemos visto, no tiene disposición alguna para obtener la aprobación de la trans-cripción de evidencia en tales casos. En su consecuencia, es de aplicación al caso la Regla 10(d), por el motitvo de que comprende no solamente la situación en que el juez ante quien se celebre el juicio “quedare incapacitado” si que tam-bién ‘ ‘ cuando por cualquier otra razón la ley no prescriba el modo cómo ha de resolverse o aprobarse la transcripción de evidencia . . .”.

Se declarará sin lugar la moción de reconsideración.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    Juan y Manuel Rodríguez Pérez y José, Mercedes y Dolores Serrano Rodríguez, como únicos herederos de José Rodríguez Pérez, demandantes y apelantes, v. Banco Popular de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núm. 9293.

    Sometido: Noviembre 4, 1946.

      Resuelto: Diciembre 21, 1946.

      Luis E. Bubón y Félix Ochoieco, Jr., abogados de los apelantes; Gabriel de. la Haba, Bamiián Monserrat, Jr., y Rafael Baragaño, Jr., abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

En un supuesto testamento oral José Manuel Rodríguez fué declarado único y universal heredero de José Rodríguez Pérez, quien falleció en el hospital del Auxilio Mutuo sin dejar descendientes ni ascendientes. El heredero solicitó de la Corte de Distrito de Bayamón la protocolización de dicho testamento y así lo ordenó la corte. El supuesto heredero presentó al Banco Popular de Puerto Rico la resolución de la corte, así como la minuta del testamento y de la escritura de protocolización, procediendo éste a entregarle el importe de dos cuentas que el causante tenía en dicha institución y que ascendían a un total de $41,628.96. Posteriormente un hermano del testador residente en España impugnó la reso-lución dictada y visto el caso ante la Corte de Distrito de San Juan, fué declarado nulo el testamento. Apelada dicha sentencia fué confirmada por este Tribunal. Rodriguez v. Rodriguez, 62 D.P.R. 885.

Los demandantes en el presente caso, declarados únicos y universales herederos de José Rodríguez Pérez, iniciaron acción contra el Banco Popular solicitando la devolución de las cantidades depositadas sosteniendo que el pago que hi-ciera dicho banco al supuesto heredero no exoneró a- dicha entidad de su obligación para con los herederos del deposi-tante finado, por las siguientes razones: (a) Por no haber autorizado los herederos legítimos del aludido causante a dicho demandado apelado para que dispusiera del referido saldo; (fe) porque habiendo el banco demandado verificado el pago a virtud de la resolución de la Corte de Distrito de Bayamón que ordenó la protocolización del aludido testa-mento y expresándose en la misma que se declaraba a José Manuel Bodríguez heredero de José Bodríguez Pérez, sin perjuicio de tercero, siendo terceros los demandantes y ape-lantes, tal pago no podía perjudicarles; (c) porque consig-nándose expresamente en la resolución sobre protocolización del citado testamento que el causante había fallecido sin de-jar testamento, que el causante había fallecido sin dejar as-cendientes o descendientes, el Banco Popular de Puerto Bico sabía cuando hizo el citado pago que lo estaba haciendo sin perjuicio de tercero; (d) por aparecer de la faz de la ame-ritada resolución que la persona a quien el apelado le estaba haciendo tal pago no era uno- forzoso y por lo tanto su ins-titución lo era sin perjuicio de tercero; (e) porque de la evi-dencia aportada por el peticionario y que dió lugar se dic-tara la citada resolución también aparecía que los testigos que habían intervenido en el expresado testamento no eran idóneos por no ser vecinos, ni domiciliados del lugar donde se decía otorgado el mencionado acto de última voluntad; y por último, (/) por no haber sido aún satisfecha la contri-bución de herencia a la fecha en que el banco demandado apelado efectuó el pago. Los demandantes solicitaron que se condenara al demandado' a pagarles el importe de las cuentas del causante menos determinadas deducciones que consideraron correctas.

Ante la corte de distrito el demandado formuló moción para que se desestimara la demanda por no alegar hechos suficientes constitutivos de una causa de, acción. Dicha mo-ción fué declarada con lugar y se enmendó la demanda. A esta demanda enmendada se le opuso otra moción de deses-limación que también fué sostenida por la corte. Entonces los demandantes solicitaron se dictara sentencia sobre las ale-gaciones y contra la dictada desestimando la demanda inter-pusieron el presente recurso de apelación y alegan que la corte inferior cometió cuatro errores los cuales se basan vir-tualmente en los mismos fundamentos expuestos anterior-mente bajo las letras (a) a (/). Los marcados con las letras (a) a (e) pueden resolverse conjuntamente.

Sostienen los apelantes que las relaciones existentes entre José Rodríguez Pérez, luego su Sucesión, y el Banco Popular era una de acreedor y deudor y que la única forma en que el banco deudor podía haber quedado relevado de su obligación era mediante el pago a dicha sucesión de acuerdo con el artículo 1116 del Código Civil dispositivo de que “El pago deberá hacerse a la persona en cuyo favor estuviese constituíd'a la obligación, o a otra autorizada para recibirlo en su nombre.” Tienen razón los apelantes al establecer esta primera alegación, empero, ¿a quién fué que el Banco Popular hizo el pago? ¿No fué precisamente a persona “autorizada para recibirlo en su nombre,” es decir, a José Manuel Rodríguez, declarado heredero del acreedor por una corte? Pero es más: el artículo 1118 del Código Civil dispone que “El pago hecho de buena fe al que estuviere en posesión del crédito, liberará al deudor.”

Comentando Manresa el artículo 1164 del Código Civil Español, concordante con el 1118 del nuestro, establece en el volumen 8, edición 1901, página 259, de su obra que: “Se-rán casos de aplicación del art. 1164 y consiguiente eficacia del pago: el hecho al acreedor primitivo por un deudor que no conozca la cesión del crédito ni la incapacidad sobrevenida a aquél; el que se verifique en favor de un cesionario, reco-nocido como tal, aunque después se declare la rescisión o nu-lidad, de la transmisión, y el que se haga a los que, como he-rederos, posean la del acreedor. En estos casos, ni puede perjudicar al deudor que aquéllos a quienes pague sean luego vencidos en juicio, ni a los que en éste triunfen quedará otro medio que reclamar al que cobró indebidamente.” (Bastar-dillas nuestras.)

Scaevola también se manifiesta de acnerdo con esta doc-trina en sn obra Comentarios al Código Civil, tomo 19, pá-gina 897, diciendo:

“El más típico ejemplo de estas posesiones está en el heredero aparente, de que hemos hecho mérito en la materia sucesoria], a manos del que llega la herencia con presunto pleno derecho, sin que real y efectivamente lo tenga; pues, como es sabido, especialmente en las sucesiones de la línea colateral ocurre con frecuencia que el derecho del supuesto heredero ab intestato se desvanezca fácilmente.
“El heredero aparente, y en general el acreedor aparente, pueden obrar de buena fe o sin ella en la reclamación de los derechos de que al parecer se encuentran investidos. A veces sospechan y a veces des-conocen la nulidad del título con que les ha sido concedida la facul-tad. Pero en este punto, para la ley es indiferente la buena o la mala fe del acreedor, pues como se trata solamente de apreciar la validez del pago y, en su consecuencia, la posibilidad de una segunda recla-mación contra el deudor, el Código prescinde de toda otra conside-ración, para estos efectos, que la de la buena o mala fe de la persona que verifique el pago.” (Bastardillas nuestras.)

En la demanda en este caso no se alegó mala fe por parte del banco demandado y no pndiendo ésta presumirse, es de aplicación, por tanto, el artículo 1118 del Código Civil, supra. El Banco tuvo ante sí no sólo al poseeclor del crédito sino a la persona revestida de las condiciones externas de acreedor verdadero. Según Scaevola (Yol. 19, pág. 899) éste es el requisito necesario para que el pago hecho libere al deudor. A este mismo efecto el Tribunal Supremo de Es-paña dictó sus sentencias de 6 de diciembre de 1895 (78 J. C. 508) y 28 de febrero de 1896 (79 J. C. 394).

Comentando dichas sentencias Martínez Ruiz, en su obra Código Civil? vol. 7, pág. 249, nos dice: “El precepto del artículo 1.164, según el cual, el pago hecho de buena fe al que estuviere en posesión del crédito, liberará al deudor, lo aclaran las sentencias de 6 de Diciembre de 1895 y 28 de Febrero de 1896, que a continuación pueden consultarse. Se-gún ellas, además de la buena fe con que se realice el pago, ha de concurrir en el que lo reciba, no la posesión del docu-mento en que el crédito conste„ sino la posesión del crédito mismo, es decir, la cualidad aparente de acreedor, que haga presumir racionalmente al deudor que el pago es legítimo y debe surtir los efectos legales. . , (Bastardillas nuestras.)

El' banco no hizo otra cosa que pagar de buena fe a la persona que había sido declarada heredera por una corte, y no tenía facultad para desatender lo resuelto ni le competía ir a la corte a alegar que la resolución dictada estaba viciada de nulidad. José Manuel Rodríguez, para el banco, tenía la cualidad aparente de acreedor suyo por haber sido declarado por la corte heredero de José Rodríguez Pérez, dueño anterior del crédito. Toda presunción es a favor de la legalidad de una sentencia dictada por un tribunal competente, Moral & Co. v. Diez et al., 16 D.P.R. 332, y no puede presumirse que el banco en este caso actuara de mala fe, ya que, como hemos dicho antes, dicha mala fe no fué alegada ni probada por los demandantes.

. Los casos citados por los apelantes no son aplicables a la situación de hechos que presenta el de autos. En el de Kansas Milling Co. v. Royal Bank of Canada, 52 D.P.R. 101, lo que resolvimos fué que un banco que aceptó para su co-bro unos giros acompañados de instrucciones específicas de que no debían entregarse a ninguna otra persona que al li-brado, si los entrega a otro banco para su cobro y éste cierra sus puertas después de cobrarlos, el banco es responsable al librador, de lo giros por su importe. Como puede verse la cuestión envuelta no tiene relación alguna con la que esta-mos considerando. Tampoco son aplicables los casos de Pérez Casalduc v. Díaz Mediavilla, 41 D.P.R. 349, y Anaud v. Martínez, 40 D.P.R. 669, por estar envueltas en ellos cues-tiones relativas al tercero hipotecario.

A nuestro juicio, no se cometieron los errores que coin-ciden con los fundamentos marcados con las letras (a) a la (<?)•

El último señalamiento es al efecto de que no habiéndose pagado la contribución de herencia a la fecha en que el banco demandado hizo el pago el mismo es nulo y no puede perjudicar a los apelantes. Basta una lectura de la sección 12 de la Ley núm. 99 de 29 de agosto de 1925 para concluir que el error señalado carece de méritos. La ley no prohíbe al deudor pagar su deuda al heredero sin que antes haya éste satisfecho la contribución de herencia, y si la ley no lo exige no podemos judicialmente agregar dicho requisito al estatuto.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.

      Esta sección, en lo pertinente, dispone: "Ningún tribunal aprobará la división o distribución de los bienes de ningún fallecido, ni permitirá la liquida-ción final de las cuentas de ningún albacea, administrador, fideicomisario o persona que administre cualesquiera bienes, a menos de haberse presentado y exhiban el recibo o los recibos especiales, según lo dispuesto en el artículo 11 de esta Ley; y ningún notario expedirá, autorizará o certificará instrumento alguno de sentencia, división, o distribución, enajenación o hipoteca de bienes, a menos de haberse presentado dicho recibo o recibos, expedido por el Tesorero; y ningún registrador inscribirá en ningún registro a su cargo, instrumento alguno ni fallo, sentencia o auto judicial autorizado, dictado o emitido en relación con la división, distribución o entrega de dichos bienes, a menos de haberse presentado el recibo o recibos expedidos por el Tesorero; y las personas que infrinjan las prescrip-ciones de este artículo serán responsables por todas las contribuciones no satis-fechas, . .


author: El Juez Presidente Señor Travieso

text:
    Félix Nieves Peluyera, demandante y apelante, v. Angel, Dolores y Gabriela Ayala Falcón y Felipa Nieves, demandados y apelados.
    Núm. 9360.

    Sometido: Noviembre 14, 1946.

      Resuelto: Enero 13, 1947.

      Luis Mendín, abogado del apelante; J. Calasanz Rivera, abogado de los apelados.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Félix Nieves Peluyera, demandante y apelante, adquirió en enero 29 de 1940, por la cantidad de $54.56, una finca que fue subastada para el cobro de contribuciones atrasadas y adeudadas por José Ayala Falcón, su anterior propietario. Éste, gil igual que su esposa,. María Nieves Falcón, murie-ron ; y los herederos de ambos, aquí demandados, alegan ser dueños en común proindiviso de la finca en cuestión. Ale-gan también que, aunque es cierto que la finca fué vendida en pública subasta y adjudicada al demandante, también es cierto que toda esta transacción fue consumada puestos de común acuerdo el demandante y María Nieves,, causante de los demandados, actuando el demandante por instrucciones y con dinero ($25 en efectivo) que le entregara María Nieves para que comprara la finca, pero entendiéndose que el demandante pasaría el título a María Nieves y a la sucesión tan pronto le fuese reembolsada la cantidad de dinero ade-lantada por él en la subasta, y conviniendo, además, en que el demandante sembraría 2% cuerdas de tabaco con la con-dición de que, del producto de dicha cosecha, correspondería a María Nieves el 25 por ciento, del cual el demandante se reembolsaría la cantidad de dinero que había adelantado eñ el remate, más sus intereses legales; que el demandante sem-bró y cosechó el tabaco, apropiándose $96, o sea el 25 por ciento que le pertenecía a María Nieves, como habían con-venido, para reembolsarse la cantidad adelantada en el re-mate y para el pago de contribuciones futuras; que a pesar de haber sido reembolsado con creces, el demandante se niega a traspasar la finca a la sucesión como había sido con-venido.

Celebrada la vista, la corte inferior llegó a la conclusión de que aun cuando es cierto que el demandante adquirió la-finca por compra en pública subasta por la suma de $54.56, los demandados han establecido y probado la existencia de un legítimo y genuino conflicto de título sobre la finca; que habiendo una reclamación tona fide, opuesta de título, ésta no puede ser juzgada ni resuelta en un procedimiento de de-sahucio. La corte procedió a dictar sentencia desestimando y declarando sin lugar la demanda de desahucio, imponién-dole las costas al demandante sin incluir honorarios de abo-gados. De esta sentencia apela el demandante alegando que la corte inferior cometió los errores que a continuación se discuten.

'Alega el apelante que la corte inferior erró al considerar alegado, establecido y probado a su juicio la existencia de un legítimo y genuino conflicto de títulos sobre la finca.

El título de compra o adjudicación en subasta para el pago de contribuciones transmite la propiedad al comprador o adjudicatario y es inscribible, a pesar del derecho de re-dención que la ley concede al deudor. The National City Bank of N. Y. v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, 44 D.P.R. 431. Entendemos que el demandante, al ob-tener el certificado de compra de bienes inmuebles, expedido por el Colector de Rentas Internas de Aguas Bunas, adqui-rió desde ese momento el derecho de propiedad sobre la finca. Empero, habiendo revisado la prueba presentada ante la corte inferior, tenemos que concurrir con ella y admitir que si bien es cierto que el demandante posee tal certificado de compra, también es cierto que lo posee, según lo alegado, como garantía del dinero adelantado por él a María Nieves al comprar la finca en subasta pública, y que está obligado, de ser cierto lo alegado, a traspasar el títplo a la sucesión de acuerdo con el convenio entre él y María Nieves, puesto que fué reembolsado con creces por el dinero adelantado en el remate. Si el demandante es dueño único y absoluto de la finca en controversia o si es meramente un fiduciario (trustee), quien posee el título que ostenta para beneficio de los demandados, como herederos de José Ayala y María Nieves, es una cuestión que envuelve un conflicto de títulos que no debe ni puede dilucidarse en una acción de desahucio. En distintas ocasiones, este Tribunal ha dicho que reclamacio-nes opuestas de título, si son bona fide, no pueden ser juz-gadas y resueltas en un procedimiento de desahucio. Un pre-texto baladí a ese respecto será pasado por alto. Una cues-tión aparentemente bona fide, sostenida por prueba que sea suficiente para demostrar algún color de la existencia de un derecho, evidencia suficiente para presentar una cuestión ge-nuina de título, justificará y requerirá la desestimación del procedimiento. Sucesión Pedroza v. Martínez, 64 D.P.R. 5; Colón v. Colón, 51 D.P.R. 97; Porto Rican Leaf Tobacco Co. v. Colón, 50 D.P.R. 303. A nuestro juicio no erró la corte al considerar alegada, establecida y probada .la existencia de un legítimo y. genuino conflicto de títulos sobre la finca.

Por las razones expuestas creemos que la sentencia de la corte inferior debe ser confirmada.


author: El Juez Presidente Señoe Teavieso

text:
    Guillermo Atiles Moréu, Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., demandada; Fortunato Delgado Osorio, obrero occiso.
    Núm. 366.

    Sometido: Diciembre 12, 1946.

      Resuelto: Enero 13, 1947.

      A. de Jesús Matos, A. Sand'ím. del Manzanoi e Ismael Marrero, aboga-dos del recurrente; Diego O. Marrero, abogado de los beneficia-rios del obrero occiso.
   El Juez Presidente Señoe Teavieso

emitió la opinión del tribunal.

Fortunato Delgado Osorio trabajaba para el Programa de Emergencia de Guerra, en calidad de “laborer” en la reparación de nna escnela pública en el pneblo de Carolina. El día 8 de octubre de 1945 se retiró a sn bogar a las 4:00 de la tarde, al terminar sn jornada de trabajo. Cinco_ días más tarde fué conducido enfermo al Hospital, en donde fa-lleció minutos después de sn llegada.

El Administrador del Fondo del Estado ordenó' el cierre y archivo del caso, basándose en que por la investigación practicada no quedó comprobada la ocurrencia de accidente alguno, ni tampoco que la muerte del obrero fuera ocasio-nada por una enfermedad ocupacional reconocida por la ley y adquirida con motivo del trabajo. Recurrieron los benefi-ciarios del obrero ante la Comisión Industrial y ésta, en ju-lio 15 de 1946, dictó su resolución declarando que el obrero había muerto a consecuencia de una pulmonía contraída por habérsele agravado su condición idiopática (monga), en el curso de su trabajo y como consecuencia del mismo. La Co-misión revocó la decisión del Administrador y ordenó el pago de la compensación correspondiente a los beneficiarios. De-negada la reconsideración solicitada por el Administrador, interpuso éste el presente recurso.

Alega el recurrente quo la Comisión Industrial erró al declarar compensable un caso en el cual no resultó probado un accidente de acuerdo con los preceptos de la Ley de Com-pensaciones por Accidentes del Trabajo.

De acuerdo con la prueba practicada en la vista ante la Comisión, el trabajo que hacía el obrero el día 8 de octubre consistía en repicar las paredes para cortar el empañetado viejo, usando para ello un cortafrío y un marrón que pesaba aproximadamente dos libras. En ese trabajo se levantaba mucho polvo, lo que hacía que el obrero estornudara mucho y se soplara la nariz con frecuencia. El obrero, quien era un hombre joven, fuerte y saludable, se quejaba ese día de un fuerte dolor de cabeza y sudaba mucho y como hacía mucho sol en el sitio donde trabajaba, el maestro de obras lo cambió para que trabajara a la sombra. En ese mismo día faltaron al trabajo cuatro obreros por estar todos ellos su-friendo de monga. El día 8 de octubre, cuando salió para el trabajo, el obrero tenía una fuerte gripe, tosía y tenía la nariz tupida; y cuando regresó a su casa por la tarde llegó con fiebre. Al día siguiente siguió con la fiebre y escupía sangre. El doctor le recetó dos veces, sin verlo. El día 13 de octubre se empeoró, lo llevaron, adonde el Dr. González y cuando éste fue a examinarlo encontró que ya había muerto.

Declaró el Dr. González que cuando vió al obrero en el cuarto de operaciones ya estaba muerto; que le dijeron que el enfermo hacía cinco días que tenía gripe, con mucha fa-tiga, dolor en el pecho, especialmente sobre el corazón; que tuvo que firmar la defunción “y supuse que fuera angina de pecho, creyendo que eso no excluye que fuera pulmonía”; que una pulmonía puede producir un dolor muy fuerte sobre la región del corazón; y que dados los antecedentes de este caso, existe una fuerte posibilidad de que la causa de la muerte fuera una pulmonía.

El Dr. Yadi, después de oír toda la prueba presentada, declaró que en su opinión “lo más probable es que el obrero haya muerto de una pulmonía”; que una persona que está en un estado físico de gripe, trabajando al sol, sudando y aspirando polvo tiene la resistencia por debajo de lo normal y está expuesto a una complicación; que una gripe no mata a nadie y que hasta ahora no se ha visto un caso que se haya muerto de monga; que para que una monga mate a uno, tiene que darle una complicación, una pulmonía, bronconeu-monia o pulmonía doble; que la complicación más probable en un caso de gripe es la pulmonía.

Declaró el Dr. García Estrada que todo lo que se diga con respecto a este caso es meramente especulativo; que lo correcto hubiera sido practicar una autopsia para determi-nar la verdadera causa de la muerte; que un médico no puede llegar a una conclusión exacta de qué murió este hombre; que cree posible que el obrero muriera de un ataque de angina de pecho; y que para que se establezca definitivamente que el obrero murió de pulmonía, debió haberse practicado una autopsia.

Declaró extensamente el Dr. Cordero, llegando a la con-clusión de que en su opinión el obrero no murió de una angina de pecho. Dijo, además, que “cualquiera de los proce-sos neumónicos pueden producirse como complicación de una influenza; como pudo haber una bronconeumonia, como una neumonia lobular.”

La Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo núm. 45 de 18 de abril de 1935, Comp. 1941, pág. 376, dis-pone en su sección 1:

“§2. Las disposiciones de esta Ley serán aplicables a todos los obreros y empleados que trabajen para los patronos a quienes se re-fiere el párrafo siguiente, que sufran lesiones o se inutilicen, o que pierdan la vida por accidentes que provengan de cualquier acto o función inherente a su trabajo o empleo y que ocurran en el curso de éste, y como consecuencia del mismo o por enfermedades o muerte derivadas de la ocupación, según se especifican en la sección si-guiente. ’ ’

Las conclusiones de la Comisión en cuanto a la causa de la muerte del obrero están sostenidas por la prueba testifical y por la pericial. No podemos decir que la Comisión errara al sostener que el polvo que el obrero inhalaba durante el curso de su trabajo fué la causa próxima de la complicación que le produjo la muerte. Es nuestro deber respetar dichas conclusiones. Montaner v. Comisión Industrial, 54 D.P.R. 722.

No hay duda alguna en cuanto a que si el obrero, debido a su condición idiopática en el día 8 de octubre, se hubiese caído mientras trabajaba y perdido la vida como consecuencia de esa caída, sus beneficiarios tendrían derecho a la compensación concedida por la ley. En Montaner, Administrador, v. Comisión Industrial, 55 D.P.R. 900, al confirmar la decisión de la Comisión a favor de los beneficiarios de un obrero que mientras abría una zanja en una colonia de caña, sufrió un ataque epiléptico, cayó dentro de la zanja y se ahogó, dijimos:

,“Si la caída del obrero Juan Matos hubiese sido motivada por su propia negligencia, seguramente el Fondo del Seguro del Estado no hubiera podido interponer la defensa de negligencia contribuyente en oposición a la reclamación. No vemos razón alguna que nos obli-gue a establecer una diferencia entre la negligencia contribuyente y la condición idiopátiea del obrero, como causas determinantes de. un accidente, cuando ni una ni otra aparecen incluidas.entre las circuns-tancias que de acuerdo con la Sección 4 de la ley (supra) impiden la concesión de una compensación.”

Véanse: Montaner v. Comisión y Sucesión Santiago, 54 D.P.R. 121; Montaner v. Comisión, 55 D.P.R. 985 y Montaner v. Comisión, 54 D.P.R. 797.

En el caso de autos el obrero se encontraba enfermo en el momento en que comenzó a trabajar el día 8 de octubre de 1945. Se quejaba de dolor de cabeza, tosía y estornudaba con frecuencia, síntomas indicativos de que sufría de la en-fermedad conocida por la monga, campo fértil para el desa-rrollo de un proceso neumónico que pudiera costarle la vida* No obstante el conocimiento que tenía de la condición idio-pátiea del obrero, el patrono no solamente le permitió que siguiera trabajando, si que le asignó un trabajo que además de tener que hacerse al sol y de requerir un grande y con-tinuo esfuerzo físico, levantaba gran cantidad de polvo, que inhalada por el trabajador no podía menos que agravar- su condición idiopátiea, disminuyendo su resistencia, hasta ha-cerle víctima del proceso neumónico que le causó la muerte.

El tratadista Horowitz, en su obra titulada “Injury and Death Under Workmen’s Compensation Laivs”, Ed. 1944, pág. 147, dice:

“Las enfermedades no surgen necesariamente del empleo. Pero cuando se demuestra una relación causal entre, la enfermedad y el empleo, y hay evidencia de repetidos aunque pequeños traumas sobre el cuerpo o el daño corporal resulta de la exposición a la intemperie o de un esfuerzo, aun durante un período de meses más bien que en un momento específico, la enfermedad es compensable, bien como una enfermedad enteramente nueva o como una enfermedad preexistente que ha sido agravada. Así, la inhalación de polvo de arena es con-siderada como un trauma repetido sobre los pulmones, y si agrava una tuberculosis durmiente, o produce una silicosis, estas enferme-dades, estando casualmente relacionadas con el empleo surgen del mismo. La agravación de muchas enfermedades, tanto las de tipos usuales como las no usuales, es claramente compensable. Así, en muchos estados se han concedido compensaciones basadas en que un cáncer o tumor maligno (cuya causa es generalmente desconocida) ha sido agravado y su propagación acelerada . . . Cuando la adju-dicación de compensación se basa en testimonio médico de que existe una relación causal, el fallo será sostenido, no importa la opinión privada de la corte en cuanto al cáncer. ’ ’

Véase: Dupre v. Atlantic Refining Co., 98 Conn. 646, 120 Atl. 288.

Apareciendo de la prueba pericial practicada que existe la posibilidad de que el obrero muriera como consecuencia de una pulmonía y que la causa de ésta fuera la inhalación del polvo levantado durante el curso del trabajo, opinamos que la Comisión Industrial no erró al dictar la resolución recu-rrida, la cuál debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


author: El Juez PresideNte Señor Travieso

text:
    Elisa Pacheco, demandante y apelada, v. Sucesión de Antonio Pacheco Rodríguez, etc., demandada y apelante.
    Núm. 9383.

    Sometido: Diciembre 12, 1946.

      Resuelto: Enero 13, 1947.

      Erneslo Ramos Antonini, abogado de los apelantes; Carlos E. Colón, abogado de la apelada.
   El Juez PresideNte Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Elisa Pacheco, hija y heredera forzosa de Antonio Pacheco Rodríguez, alega en su demanda que el testamento abierto otorgado por su padre en 23 de diciembre de 1940 y consignado en la escritura pública número diez autorizada por el notario público Licenciado Ernesto Ramos Antonini, es nulo y sin valor legal alguno “porque el notario autori-zante de la escritura- no expresa la.hora del otorgamiento del acto testamentario que encierra la misma, según requiere expresamente el artículo 645 del Código Civil, Edición 1930.”

No existe controversia alguna en cuanto a los hechos. La escritura contentiva del testamento impugnado aparece otorgada “En Yauco, Puerto Rico, a los veinte y tres días del mes de diciembre de mil novecientos cuarenta”, sin que en parte alguna del instrumento se haya hecho constar la hora en que el mismo fue otorgado por el testador. -

Contestaron algunos de los demandados admitiendo los hechos expuestos en la demanda y alegando como defensa especial que en la misma fecha del otorgamiento del testa-mento el notario autorizante, cumpliendo con' las disposicio-nes de la ley, remitió al Secretario Repórter del Tribunal Supremo una certificación en la que hizo constar lo siguiente:

“Certifico por la presente que en el día de hoy, 23 de diciembre de 1940, a las ocho y media ele la noche, en la ciudad de Yauco y ante los testigos instrumentales Dr. Arquelio Ramírez Marini, Antonio J. Battistini y Domingo J. Olivieri Grau ha otorgado testa-mento abierto don Antonio Pacheco Rodríguez, mayor de edad, sol-tero, propietario, natural de Guayanilla y vecino de Yauco, P. R.”

• La. única cuestión planteada ante la corte inferior fue la siguiente: ¿Es nulo en Puerto Rico un testamento abierto en el cual no se consigne expresamente la hora de su otorga-miento? El fallo fue adverso a los demandados, quienes in-terpusieron el presente recurso. Alegan que la corte senten-ciadora cometió error al interpretar el art. 645 del Código Civil y arguyen que el hecho de que no se exprese la hora , del otorgamiento en el testamento no produce su nulidad; y, además, que en caso de que la omisión de la hora sea un de-fecto, el mismo fué subsanado cuando el notario remitió al Secretario del Tribunal Supremo la certificación arriba trans-crita, en la cual se expresa específicamente la hora en que se otorgó el testamento, uniendo una copia de dicha certifi-cación a la escritura original.

El artículo 636 del Código Civil (Ed. de 1930) dis-pone, en lenguaje claro y terminante, que “Será nulo el testamento en cuyo otorgamiento no "se hayan observado las formalidades respectivamente establecidas en este capítulo”. Las formalidades que deberán observarse en el otorgamiento de un testamento abierto son las prescritas por el art. 645 del mismo Código, que dice:

Artículo S45. El testador expresará su última vpluntad al no-tario y a los testigos. Redactado el testamento con arreglo a ella y con expresión del lugar, año, mes, día y hora de su otorgamiento, se leerá en alta voz, para que el testador manifieste si está conforme con su voluntad. Tanto el testador como los testigos podrán leer por sí mismos el testamento, debiendo el notario advertirles de este su de-recho.” (Bastardillas nuestras.)

En sus Comentarios sobre el artículo 695 del Código Civil Español, equivalente al 645 de nuestro Código, supra, dice Manresa (Tomo V, 5ta. Ed., págs. 514-515):

“En el deseo de rodear al testamento abierto del mayor número de precauciones posibles, el legislador, terminantemente previene que en el testamento se exprese el lugar, el año, el mes, el día y la hora del otorgamiento, como otros tantos datos que pueden contribuir a depurar la eficacia y autenticidad del mismo.
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“Exige también el artículo la expresión de la fecha con el detalle indicado para poder determinar si el testador tenía o no en el acto del otorgamiento la capacidad legal necesaria para ello, y además para poder apreciar, en el caso de existir varios testamentos de una misma fecha otorgados por el testador, cuál de ellos es anterior o posterior para los efectos de su derogación o subsistencia.”

Y el mismo autor en sus Comentarios al artículo 687 del Código Español, idéntico al 636 del nuestro, dice (Tomo Y, págs. 471-472, 5ta. Ed.):

‘1 En efecto; la validez del testamento, como la de todos los actos jurídicos, depende de la observancia de la ley que lo regule, y ha-biéndose establecido en el presente capítulo los requisitos que deben observarse en cada una de las diversas formas admitidas para la ordenación de las últimas voluntades, es de todo punto evidente que la falta de cumplimiento de sus respectivas prescripciones ha de pro-ducir neeesai’iamente, por ministerio de la ley, la nulidad del acto ejecutado con infracción de las disposiciones legales que le regulen.
‘‘La prescripción de este artículo es una lógica consecuencia del criterio adoptado on el 4°., y con arreglo a él, sólo en el caso de que el Código así lo estableciera expresamente por vía de excepción, sería cuando podría prosperar el testamento en cuyo otorgamiento no se hubieran observado las formalidades exigidas para los de su clase.
“Aunque el artículo que examinamos habla sólo de formalidades, no debe entenderse circunscrito su precepto a las meras ritualidades de forma, sino que se ha empleado dicha palabra en el concepto de las solemnidades todas del testamento, pues, como tiene declarado el Tribunal Supremo, el Código no distingue entre unas y otras, sino que indistintamente usa ambas denominaciones como sinónimas, por referirse las dos a la forma o modo de hacer el otorgamiento.”

Vicente Sancho Tello, en su obra “Instrumentos Públi-cos”, Yol. 1, pág. 92, Tercera Edición, comentando los ya citados artículos del Código Civil, dice:

“No sólo por la revocabilidad del testamento sino para comprobar la capacidad del testador, es indispensable, la fijación de la hora, no bastando expresarla aproximadamente, sino con la precisión posible.”

El caso de Velasco v. López, 1 Jurisprudencia Filipina, pág. 750, presentó al Tribunal Supremo de las Filipinas he-chos idénticos a los del caso que estamos considerando. La fecha del testamento impugnado se había consignado en los siguientes términos: “En San Fernando 22 de Diciembre de 1893.” El testamento fué declarado nulo, expresándose el Tribunal así:

“No se expresa la hora, y se alega que esta omisión hace nulo el testamento. El lugar y la fecha en que se ejecuta determinado acto jurídico son a menudo circunstancias importantes para determinar su validez o consecuencias. Ordinariamente el tiempo de la ejecución de un acto queda suficientemente expresado consignado el año, mes y día. El artículo 695 dispone que en los testamentos abiertos el acto del otorgamiento deberá fijarse consignando no solamente estos detalles sino también la hora. La Ley define así explícitamente con respecto a los testamentos abiertos, en qué ha de consistir esta for-malidad particular. No cabe hacer deducciones como ocurriría por ejemplo, si lo dispuesto fuera simplemente que el testamento deba estar fechado. No hay lugar a interpretación.
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í£La sanción del artículo 687 es general. No se reconoce en él, excepciones de ningún género. Su texto excluye la idea de toda distinción entre formalidades esenciales y no esenciales. Todas las formalidades prescritas son de la misma manera esenciales, y para que la expresión de la voluntad testamentaria pueda surtir el efecto de un testamento y producir consecuencias legales como tal, debe estar revestida de todas estas formalidades, por insignificantes que sean en sí, o por inútiles que sean al considerarlas, con relación a las cir-cunstancias del caso concreto.
“Tal es indudablemente el efecto del artículo 687 considerado in-dependientemente, y nosotros no hallamos nada en las demás dispo-siciones del Código sobre testamentos que modifique de manera directa el significado de este artículo o que por inferencia indique distinta intención legislativa.
“TTn testamento abierto en que no se haga-constar la hora de su otorgamiento, además del día, mes y año del mismo, es nulo y de ningún valor.
“La observancia de todas las formalidades prescritas para el otor-gamiento de un testamento, es esencial a su validez.”

Estamos de acuerdo con las autoridades citadas en que la expresión en el testamento abierto de la hora en que el mismo fué otorgado es un requisito esencial e indispensable para su validez. Al exigir que en la escritura se baga cons-tar no solamente al año, el mes y el día si que también la hora de su otorgamiento, el legislador pensó seguramente en la posibilidad de que el testador otorgase dos o más testa-mentos en un mismo día, en cuyo caso la fijación de la hora en que cada uno de ellos fué otorgado sería el modo más se-guro para poder determinar cuál de los testamentos debía ser considerado como la última voluntad del testador; y, sin duda alguna, el legislador debió pensar también en que si el art. 615 del Código Civil dispone que “para apreciar la ca-pacidad del testador se atenderá únicamente al estado en que se baile al tiempo de otorgar el testamento”, y el art. 645 del mismo Código exige que en el testamento abierto “el notario bará siempre constar que, a su juicio, se halla el testador con la capacidad legal necesaria para otorgar tes-tamento”, debía exigirse como requisito esencial e indispensable para la eficacia y validez de un testamento la consig-nación en el mismo de la hora de su otorgamiento. Es en ese momento — la hora del otorgamiento — que el notario puede y debe dar fe de que, a su juicio, el testador se halla con la capacidad legal necesaria para testar.

¿ Quedó subsanado el defecto, por la certificación de la hora del otorgamiento enviada por el notario al Secretario del Tribunal Supremo? Opinamos que no. Las decisiones de esta Corte Suprema en Bardeguez v. Registrador, 27 D.P.R. 214 y en Morales v. Registrador, 35 D.P.R. 905; la dictada por el Tribunal Supremo de Cuba en 21 de febrero de 1903, 17 Jur. Civil, Cuba, 445; y la resolución de la Dirección General de los Registros de España, de 26 de mayo de 1899 (Tomo VI, pág. 810), no sostienen la contención de los apelantes. Si se examinan cuidadosamente dichas decisiones se verá que en ellas se establece una clara distinción entre las omisiones que pueden ser subsanadas y aquéllas que por no serlo producen inevitablemente la nulidad del testamento. Si lo omitido por el notario es algo que la ley no exige que se consigne expresamente en el testamento, bastará que el notario dé fe de haberse observado “todas las prescripciones exigidas por el Código Civil vigente respecto a los testamentos abiertos”. Por eso se resolvió en los casos de Bardeguez y de Morales, supra, que el no expresarse en un testamento que los testigos conocían a la testadora no con-vierte el testamento en una mera nulidad y qne tampoco es nnlo el testamento cnando el notario ha dejado de consignar expresamente en el mismo qne los testigos procuraron ase-gurarse de qne a sn jnicio el testador tenía la capacidad legal necesaria para testar. Empero, cnando el Código ordena qne se haga constar expresamente algún requisito en el tes-tamento mismo, la omisión de ese reqnisito es fatal para la validez del acto y no puede ser subsanada por la certifica-ción de haberse observado todas las prescripciones legales. Ya hemos visto qne la ley exige qne se consigne expresa-mente en el testamento mismo la hora del otorgamiento. La certificación de la hora del otorgamiento, librada a posteriori por el notario autorizante, no puede ni debe tener el efecto de convalidar un testamento qne de acuerdo con la ley es nulo ab initio.

La sentencia recurrida debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


author: El Juez Presidente Señoe Tbavieso

text:
    Ramón Fernández Santana, Zacarías Santana Rosa, Félix Villafañe Burgos y Juan Mercado Arce, demandantes y apelados, v. Tomás Santana, demandado y apelante.
    Núm. 9328.

    Sometido: Noviembre 14, 1945.

      Resuelto: Enero 14, 1947.

      Francisco González, Jr., abogado del apelante; E. Cornier Martínez, abogado de los apelados.
   El Juez Presidente Señoe Tbavieso

emitió la opinión del tribunal.

En la demanda original radicada ante la- Corte Municipal de Humacao, los demandantes reclamaban compensación por las horas extras trabajadas por ellos como dependientes en el establecimiento “Victory Bar”, propiedad del quere-llado. Los querellantes radicaron más tarde una querella enmendada, alegando una segunda causa de acción, en la que reclamaban compensación por días de descanso. La corte eliminó de la querella la segunda causa de acción,' porque entendía que no podía introducirse una nueva causa de ac-ción en una querella enmendada.

Los querellantes presentaron pruebas, pero no así el que-rellado. Este alegó que la prueba presentada por los de--mandantes era insuficiente. La corte dictó sentencia en favor de los querellantes y condenó al querellado a pagar a aquéllos las siguientes cantidades: a Ramón Fernández Santana, $192.50; a Zacarías Santana Rosa, $743; a Félix Villa-fañe Burgos, $353.26; y a Juan Mercado Arce, $461.25.

De esta sentencia apeló el querellado para ante la Corte de Distrito de Humacao.

Alegan los demandantes, en síntesis, que el demandado les adeuda, por concepto de horas extras trabajadas como de-pendientes en su establecimiento “Victory Bar”, las canti-dades que a continuación se enumeran: a Ramón Fernández Santana,.$1,067.66; a Zacarías Santana Rosa, $765; a Félix Villafañe Burgos, $376.26; y a Juan Mercado Arce, $1,283; que el querellado convino con los querellantes en que el día de trabajo sería de ocho horas, el salario por semanas de siete días; que les pagaría el importe de las horas extras trabajadas en exceso de las ocho horas de que se compone un día de trabajo, siendo dicho convenio por un período in-determinado; que el querellado no ha cumplido con el con-venio y que por tal motivo les adeuda las cantidades arriba enumeradas.

En su contestación el demandado aceptó que es dueño del establecimiento “Victory Bar”; que los demandantes tra-bajaron en su establecimiento; que el día de trabajo conve-nido con los querellantes fué de ocho horas y el salario de Ramón Fernández Santana, Zacarías Santana y Juan Mer-cado era de $7 y el de Félix Villafañe de $6 por semanas de siete días con derecho a un día de descanso por semana, del cual gozaron siempre; que satisfizo a todos y cada uno de ellos el importe total de sus respectivos salarios y que no le adeuda a los querellantes dinero alguno, por ningún con-cepto, y mucho menos por horas extras trabajadas.

En la vista del caso ambas partes presentaron abundante prueba, consistente en: por los demandantes, el testimonio de ellos mismos y el de Jesús Santiago Rivera, agente del Trabajo; y por el demandado, su testimonio y además el de otras personas que en distintas ocasiones habían trabajado con el querellado.

La corte, practicada la prueba, llegó a las siguientes con-clusiones de hecho:

Ramón Fernández Santana trabajó los siete días de la semana desde el 14 de octubre de 1941 hasta el 7 de octubre de 1942, sujeto al siguiente horario: de 8 a 12 por la ma-ñana, de 2 a 6 por la tarde y de 8 a 12 por la noche. Faltó 20 días por enfermedad que no le fueron pagados y por las horas extras no recibió pago adicional. Trabajó 338 días, a 4 horas extras por día, total 1,352 horas que se descompo-nen en 338 novenas y 1,014 regulares, éstas últimas a $0.10725 y las primeras a $0.2145, por lo cual condenp al querellado a pagar a Ramón Fernández la cantidad de $181.25.

Zacarías Santana trabajó los siete días de la semana desde julio 10, 1939 hasta octubre 10, 1942, sujeto al siguiente horario: de 8 a 12 por la mañana, de 1 a 6 por la .tarde y de 7 a 11 por la noche. Faltó 25 días por enfermedad, que fueron pagados por el querellado y por las horas extras no recibió pago adicional. Trabajó 1,163 días, a 5 horas extras por día, total 5,815 horas, que se descomponen en 1,163 novenas y 4,652 regulares, éstas últimas a $0.125 y las pri-meras a $0.25, por lo cual condenó al querellado a pagar a Zacarías Santana la cantidad de $872.25.

Félix Villafañe Burgos trabajó desde enero 3, 1940 al 19 de octubre de 1942, los siete días de la semana, sujeto al si-guiente horario: por la mañana de 7 a 11 y por la tarde de 2 a 7. Faltó, sin paga, 23 días y por las horas extras tra-bajadas no recibió paga adicional. Trabajó 995 días a una hora extra por día que son 995 horas extras, todas nonas, a $0.2145 por unidad, y el querellado fué condenado a pagar a Félix Villafañe la cantidad de $213.43.

Juan Mercado Arce trabajó desde el 10 de julio de 1939 hasta octubre 12 de 1942, los siete días de la semana dentro del siguiente horario: por la mañana de 8 a 12, por la tarde de 1 a 6 y por la noche de 7 a 11. Faltó 14 días sin paga y por las horas extras no recibió compensación.. Trabajó 1,175 días, a 5 horas extras por día, total 5,875 horas, de las cua-les 1,175 son novenas y 4,700 regulares, éstas últimas a $0.125 y las primeras a $0.25. Se condenó al querellado a pagar a Juan Mercado la cantidad de $881.25. - ‘

De esta sentencia justificada por las conclusiones de he-cho mencionadas, a que llegó la corte inferior, apela el de-mandado y alega que la corte inferior cometió los errores que a continuación se discuten.

“La sentencia dictada.por la Corte de Distrito de Humacao en este caso no está sostenida por y es contraria a la prueba practicada; cometiendo la Corte de Distrito de Humacao error manifiesto en su apreciación.”

En este caso se probó y fué admitido por el demandado, que los demandantes fueron sus empleados en distintas oca-siones, que existía un convenio entre las partes para traba-jar ocho horas diarias. Los demandantes ofrecieron abun-dante prueba de que trabajaban en exceso de ocho horas dia-rias. Es cierto que el demandado ofreció prueba controvir-tiendo este hecho, pero la corte inferior dió crédito a las de-claraciones de los querellantes y concluyó que los hechos y la ley estaban a favor de los demandantes. Repetidas ve-ces ha sostenido este Tribunal el principio de que no revi-sará las conclusiones de hecho a que llegue la corte inferior, a menos que se pruebe que cometió error manifiesto en su apreciación. Como dijo este Tribunal en el caso de Torres v. Perea, 66 D.P.R. 171:

“Consideremos en primer término el error que imputan los ape-lantes a la corte inferior al dirimir el conflicto de la prueba respecto a las horas trabajadas por las apeladas. En cuanto al contrato de trabajo no hubo conflicto: se convino expresamente que las apeladas trabajarían ocho horas diarias. Pero las apeladas declaran que tra-bajaban diez horas, o diez horas y media, al día; y la prueba de los apelantes es al efecto de que sólo trabajaban ocho horas al día. La lectura de la transcripción de evidencia nos deja la impresión de que la prueba de los apelantes es más sólida y digna de crédito que la de las apeladas. Pero no hemos tenido la oportunidad que tuvo la corte inferior, de ver y oír los testigos, circunstancia que en un caso como el de autos puede tener decisiva influencia en la apreciación de la prueba. No podemos, por lo tanto, decir que errara la corte inferior al dirimir el conflicto de la prueba a favor de las apeladas. ’ ’

Y en El Piueblo de Puerto Rico v. Pérez, 65 D.P.R. 592, se estableció que “ siendo la apreciación de la prueba misión encomendada por la ley al tribunal inferior, no debemos in-tervenir con su discreción; a menos que se pruebe error ma-nifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad al apreciarla”.

Otras decisiones a este mismo efecto son: Graniela v. Yolande, 65 D.P.R. 107; López v. Alvarez, 64 D.P.R. 404; Rivera v. Rossi, 64 D.P.R. 718.

Por las razones expuestas creemos que la corte inferior no cometió error al apreciar la prueba.

“A pesar de decretar la corte inferior la eliminación de la segunda cansa de acción de la querella enmendada, qne se refería al día de descanso, sin embargo en sns pronunciamientos condena al demandado a pagar horas extras por siete días que incluyen el día de descanso eliminado.”

Como expusimos anteriormente, la corte inferior eliminó de la querella la segunda causa de acción que era una de re-clamaciones por el día de descanso. La corte no tuvo el día de descanso en mente para dictar su sentencia. Lo que re-solyió fue que los peticionarios probaron que habían traba-jado los siete días de la semana. Toda vez que los deman-dantes alegaron y la corte resolvió que el contrato fué por una semana de siete días, de ocho horas el día, el salario por hora se calculó dividiendo el salario semanal entre 56 horas. Véase Jiménez v. Corte, 65 D.P.R. 37. Cubriendo el se-manal estipulado las horas ordinarias trabajadas por los pe-ticionarios durante estos siete días, no erró la corte al con-ceder compensación a los peticionarios por las horas extras trabajadas durante los siete días.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Honorio Ramírez Sola, acusado y apelante.
    Núm. 11342.

    Sometido: Junio 10, 1946.

      Resuelto: Enero 14, 1947.

      Eduardo Ortiz Beyes, abogado del apelante; Ron. Procurador General Interino Luis Negrón Fernández (F. Campos del Toro, ex Procurador General, en el alegato) y Joaquín Correa Suárez, Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, ape-lado.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fue convicto y condenado a pagar una multa de cincuenta dólares por un delito de acometimiento grave consistente en haber acometido con los puños a una mujer, siendo el acusado un varón adulto y fuerte.

Como primer señalamiento se alega que la corte sentenciadora erró al admitir como prueba de refutación el testimonio del policía Miguel A. Vázquez.

En la denuncia formulada contra el acusado se dice que éste le tiró dos bofetadas a la denunciante, no logrando agre-dirla por la pronta intervención del Sr. Juan Díaz Quintana. Y al pie de la denuncia se cita como testigo a Juan Díaz Quintana y a Miguel A. Vázquez como “testigo de sub-rebuttal”.

En el acto de la vista, el fiscal ofreció el testimonio de Hortensia McCormick de Gutiérrez, quien declaró; que des-empeñaba el cargo de Administradora del Caserío “José Mercado”, en Caguas; que el día de autos, como entre doce y una de la noche, la señora del dueño de un cine vino a llamarla, pidiéndole que fuera a su casa porque el inquilino Honorio Ramírez, el acusado, estaba rompiendo el circo; que fué al sitio indicado y encontró allí al acusado; que con ese motivo surgió una discusión entre ella y el acusado, dicién-dole éste a ella cosas desagradables; que ella siguió para su casa y el acusado siguió detrás de ella; que al llegar frente a su casa, el vecino de enfrente se levantó y vino a oír la discusión; que al decirle el acusado que ella era “una mu-jer parada”, a ella le dió coraje y le dijo que él era un char-latán; que entonces el acusado se enfureció y le tiró y el vecino lo agarró y le dijo: “tú estás loco., no ves que es la administradora, te estás metiendo en un lío”; que el acu-sado siguió diciéndole cosas y cuando ella le dijo que estaba abusando porque era una mujer sola y no tenía quien la de-fendiera y le repitió que él era un charlatán, el acusado por segunda vez le tiró una bofetada y no le dió porque el ve-cino se metió. Al terminar la declaración de la denunciante, la defensa presentó una “moción de nonsuit”, basándola en que apareciendo de la denuncia que Juan Díaz Quintana fué quien impidió la agresión, el fiscal estaba obligado a presen-tar el testimonio de ese testigo para probar el elemento esen-cial del delito. La moción fué declarada sin lugar y enton-ces el abogado defensor dijo: “Como el fiscal no ha utili-zado al testigo Juan Díaz Quintana, lo voy a utilizar”.

Llamado a declarar por la defensa, Juan Díaz Quintana declaró haber presenciado y oído la discusión habida entre la denunciante y el acusado; que no vió en momento alguno que el acusado le tirase bofetadas a la denunciante; que no recuerda haberle dicho al policía Vázquez que el acusado le había tirado a la señora; que en ningún momento pudo de-cirle que le tirara “porque estaban discutiendo tan de cerca que si llega a tirarle la coge”; que no es verdad que el acu-sado acometiera con los puños violentamente a la denunciante y que no logró agredirla por haber intervenido el testigo.

Declaró el acusado admitiendo haber tenido una discusión con la denunciante, pero negó haber hecho gestos amenazan-tes o que tratase de agredir en forma alguna a dicha señora. Llamado por el fiscal, el policía Miguel A. Vázquez declaró: Que en la noche de autos practicó una investigación de lo ocurrido entre el acusado y la señora McCormick; que el testigo Juan Díaz Quintana le dijo, en presencia del acusado, que éste, después de tener una discusión con dicha señora le había tirado dos bofetadas y que a no ser porque él inter-vino una de las bofetadas -hubiese alcanzado a la señora. Repreguntado por la defensa contestó que las manifestacio-nes de Díaz Quintana no fueron hechas en presencia del acu-sado.

No conocemos regla alguna que obligue al fiscal a presen-tar en el acto de la vista el testimonio de todos y cada uno de los testigos mencionados en la denuncia o acusación. Siendo el testimonio de un solo testigo, creído por la corte, suficiente para sostener una acusación, salvo en aquellos ca-sos en que lá ley exige corroboración, el fiscal puede, como lo hizo en el caso de autos, presentar un solo testigo para probar su caso.

El hecho de que el fiscal no usase el testimonio del po-licía Vázquez al principio. y que lo ofreciera más tarde como rebuttal, de ser un error no sería por sí solo suficiente para justificar la revocación de la sentencia. Ya hemos resuelto en Pueblo v. Noemí Rodríguez de Escobar, por sentencia de 21 de junio de 1946 (ante, pág. 317), que la corte ante la cual se celebra el juicio tiene la facultad discrecional necesaria para admitir la declaración de un testigo fuera de orden, siempre que la parte contraria tenga la oportunidad de re-preguntar al testigo. Esa oportunidad la tuvo el acusado en el presente caso. No hubo abuso de discreción.

Las contradicciones resultantes de la prueba fueron resueltas en contra del acusado. La corte dió entero crédito a la declaración de la denunciante y no así a la del acusado. No podemos decir que la corte errara en la apreciación de la prueba. Y siendo la de cargo suficiente para justificar la sentencia, ésta debe ser confirmada.