text:
      In re Marco Antonio Rigau Jiménez.

      Número: TS-3616

      Resuelto: 20 de octubre de 2009

      Marco A. Rigau Jiménez, pro se.

   RESOLUCIÓN

Mediante opinión per curiam de 16 de diciembre de 1986, suspendimos indefinidamente al Ledo. Marco A. Rigau Jiménez del ejercicio de la notaría por omisiones en el cumplimiento con su deber como notario. Véase In re Rigau, Jr., 118 D.P.R. 89 (1986).

El 14 de octubre de 2009, el licenciado Rigau Jiménez presentó una Moción de Reinstalación a la Práctica de la Notaría. Tras examinar dicha solicitud, en atención a que han transcurrido más de veintidós años desde su suspensión y en vista de que las omisiones imputadas fueron corregidas oportunamente, se reinstala al licenciado Rigau al ejercicio de la notaría. Ello con la condición de que cumpla con los requisitos establecidos en el Art. 7 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. see. 2011, y de que proceda a solicitar la devolución de su Protocolo, sello notarial y Registro de Testimonios, que actualmente se encuentran en poder del Archivo Notarial de San Juan.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo Interina. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

(Fdo.) Juliana Mosquera Soler

Secretaria del Tribunal Supremo Interina


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Mario J. García Incera, querellado.

      Número: AB-2008-283

      Resuelto: 21 de octubre de 2009

      Maribel López González, querellante; María J. García Incera, pro se.

   per curiam:

Nuevamente nos encontramos en la necesidad de ejercer nuestra facultad disciplinaria contra un miembro de la profesión legal por su incumplimiento con los requerimientos de este Tribunal. A pesar de las oportunidades concedidas, nos vemos en la obligación de imponer la más severa de las sanciones por una conducta que pudo haberse evitado.

I

El Ledo. Mario J. García Incera fue admitido al ejercicio de la abogacía el 25 de enero de 1999 y prestó juramento como notario el 4 de marzo de 1999.

El 14 de octubre de 2008 el Sr. Sandy Valentín Vélez y su esposa, la Sra. Maribel López González, presentaron una queja contra el licenciado García Incera, quien aceptó la representación legal de ambos en una demanda sobre daños y peijuicios presentada en el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico. Dicha demanda fue posteriormente desestimada sin que tal hecho fuese informado a sus clientes.

El 27 de octubre de ese año la Secretaria del Tribunal Supremo, Leda. Aida I. Oquendo Graulau, cursó una comunicación al licenciado García Incera en la que le notificó la queja en su contra y le concedió diez días para presentar su contestación. Mediante comunicación de 3 de diciembre de 2008, el licenciado García Incera solicitó una prórroga de sesenta días para examinar el expediente del caso en el Tribunal de Distrito Federal.

El 6 de febrero de 2009 se le concedió al licenciado García Incera un término improrrogable de cinco días para presentar su contestación a la queja de epígrafe. Ante la incomparecencia del licenciado García Incera, el 27 de mayo de 2009 se le concedió un término de diez días para presentar su contestación. Además, se le apercibió que su incumplimiento con esta resolución podría conllevar sanciones disciplinarias severas, incluyendo la suspensión al ejercicio de la abogacía. Hoy el licenciado García Incera no ha atendido nuestros requerimientos.

II

El Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, dispone que todo abogado deberá observar hacia los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto y diligencia. La naturaleza de la función de abogado requiere de una escrupulosa atención y obediencia a las órdenes de este Tribunal, particularmente cuando se trata de procedimientos sobre su conducta profesional. In re Colón Rivera, 170 D.P.R. 440 (2007).

Reiteradamente hemos señalado que desatender las órdenes judiciales constituye un serio agravio a la autoridad de los tribunales e infringe el Canon 9, supra. In re Maldonado Rivera, 147 D.P.R. 380 (1999). Anteriormente hemos advertido que procede la suspensión del ejercicio de la profesión cuando un abogado no atiende con diligencia nuestros requerimientos y se muestra indiferente ante nuestros apercibimientos de imponerle sanciones disciplinarias. In re Ríos Rodríguez, 172 D.P.R. Ap. (2007); In re Lloréns Sar, 170 D.P.R. 198 (2007).

Todo abogado tiene la ineludible obligación de responder diligentemente a los requerimientos de este Tribunal, independientemente de los méritos de la queja presentada en su contra. In re Rodríguez Bigas, 172 D.P.R. 345 (2007). Debemos enfatizar que desatender nuestros requerimientos configura una falta independiente de los méritos de la queja presentada. In re Colón Rivera, supra.

Hemos expresado que el compromiso de todo abogado de mantener y contribuir a un orden jurídico íntegro y eficaz, con el propósito de lograr la más completa confianza y apoyo de la ciudadanía, se extiende no sólo a la esfera de la litigación de causas, sino a la jurisdicción disciplinaria de este Tribunal. In re Colón Rivera, supra.

Ill

En el caso de epígrafe, el licenciado García Incera ha incumplido con nuestros requerimientos. A pesar de que se le concedieron prórrogas para presentar su contestación a la queja presentada por el señor Valentín Vélez y su esposa, el licenciado García Incera no atendió las órdenes de este Tribunal. Aunque en nuestra resolución fue apercibido de que podrían imponérsele sanciones disciplinarias severas, incluyendo la suspensión del ejercicio de la profesión, el licenciado García Incera no ha comparecido. Ello de por sí denota una falta de diligencia y un alto grado de indiferencia ante nuestros apercibimientos de sanciones disciplinarias. Su conducta representa una falta de respeto hacia los tribunales.

En vista de lo anterior, se suspende indefinidamente del ejercicio de la abogacía y la notaría al Ledo. Mario J. García Incera. Se le impone el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para continuar representándolos, devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar oportunamente de su suspénsión a los foros judiciales y administrativos. Además, tiene la obligación de acreditar ante este Tribunal, el cumplimiento con lo anterior dentro del término de treinta días a partir de la notificación de esta opinión per curiam y su sentencia. Finalmente, el Alguacil de este Tribunal deberá incautar la obra y el sello notarial del Ledo. Mario J. García Incera y entregarlos a la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías para la correspondiente investigación e informe.

Se dictará sentencia de conformidad.

       Ésta fue notificada personalmente a través de la Oficina del Alguacil de este Tribunal.


text:
      In re Elpidio Castro Colón, querellado.

      Número: CP-2007-1

      Resuelto: 22 de octubre de 2009

      Maite D. Oronoz Rodríguez, Mariana D. Negrón Vargas, subprocuradoras generales, Edna Evelyn Rodríguez Benitez, Minnie H. Rodríguez López, procuradoras generales auxiliares, e Ileana M. Oliver Falero, subprocuradora general interina, querellantes; Ángel L. Tapia Flores y F. Ariel Avilés Rodríguez, abogados del querellado; Cristina González Seda, comisionada especial.
   per curiam:

Nuevamente nos vemos forzados a disciplinar a un miembro de la profesión por haber actuado contrario al Canon 19 del Código de Etica Profesional. Por las razones que expondremos a continuación censuramos al Ledo. Elpidio Castro Colón por no realizar los esfuerzos necesarios para informar a su cliente, la Sra. Maribel Rovira Irizarry, de la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia en el caso José E. Basora Fagundo v. Maribel del Carmen Rovira Irizarry, KAC1998-0315, ni de la orden emitida por el tribunal para ejecutar la referida sentencia.

I

El 6 de julio de 2004 la señora Rovira Irizarry presentó una queja sobre conducta profesional en contra del licenciado Castro Colón. En la referida queja alegó que había contratado al licenciado Castro Colón para que la representara en el caso José E. Basora Fagundo v. Maribel del Carmen Rovira Irizarry, K AC1998-0315, y que no fue representada competentemente. También adujo que no fue informada de la sentencia final que dictó el Tribunal de Primera Instancia en dicho caso ni de la orden para ejecutarla.

Luego de los trámites de rigor, el 30 de enero de 2007 el Procurador General de Puerto Rico (Procurador General), presentó una “Querella sobre conducta profesional” contra el licenciado Castro Colón. En específico, el Procurador General imputó al licenciado Castro Colón los cargos siguientes:

CARGO I: El Licenciado Elpidio Castro Colón actuó en contravención a las disposiciones del Canon 19 de Ética [y Conducta] Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. EX C. 19, al no mantener informada a su cliente Maribel Rovira Irizarry!,] sobre el desarrollo y los asuntos importantes que surgían en el caso en que la representaba. No fue hasta el 23 de junio de 2004 cuando el abogado le notificó a su cliente Rovira Irizarry que desde el 9 de marzo de 2004 ... se había emitido sentencia en su contra. De igual forma!,] no le notificó que se había solicitado la ejecución de dicha sentencia, pese a que había sido notificado de tal solicitud desde el 3 de junio de 2004.
CARGO II: El Licenciado Elpidio Castro Colón actuó en contravención a las disposiciones del Canon 18 de Etica [y Conducta Profesional], 4 L.P.R.A. Ap. IX C.18, al aceptar la representación profesional de Maribel Rovira Irizarry y luego no demostrar competencia y diligencia en la defensa de los derechos e intereses de ésta. Querella del Procurador General, pág. 2.

Vista la querella formulada por el Procurador General y la contestación a ésta presentada por el licenciado Castro Colón, el 31 de marzo de 2008 emitimos una resolución en la que nombramos como Comisionada Especial a la Leda. Crisanta González Seda. En el descargo de sus funciones como Comisionada, la licenciada González Seda celebró varias vistas en las que recibió prueba de ambas partes.

El 11 de mayo de 2009 la Comisionada Especial rindió su informe final en donde incluyó las determinaciones de hechos que estimó probadas. A continuación, procedemos a reproducir tales determinaciones de hechos. Veamos.

El 19 de marzo de 1998 la señora Rovira Irizarry fue demandada por su ex esposo, el Sr. José E. Basora Fagundo, en un pleito sobre división y liquidación de bienes gananciales. En aquel momento su representación legal estuvo a cargo del Ledo. Felipe Castro Cruz.

Luego de varios trámites procesales, el 15 de abril de 1999 el licenciado Castro Cruz presentó una moción en la cual solicitó la renuncia a la representación legal de la señora Rovira Irizarry. Su solicitud de renuncia estuvo basada en que la señora Rovira Irizarry desobedecía continuamente las órdenes emitidas por el Tribunal de Primera Instancia, las cuales autorizaban la promoción y venta de un bien inmueble ganancial por un Corredor de Bienes Raíces. Además, la señora Rovira Irizarry no tenía una comunicación eficaz con el licenciado Castro Cruz, impidiendo así la preparación adecuada de su abogado. La renuncia del licenciado Castro Cruz fue aceptada por el foro primario el 7 de mayo de 1999.

Posteriormente, el 6 de julio de 1999 el Tribunal de Primera Instancia celebró una vista para atender el estado procesal del caso. En la referida vista, la señora Rovira Irizarry expresó que no tenía recursos para contratar a un abogado ni podía representarse por derecho propio. Debido a ello, el foro primario le concedió quince días finales para que compareciera representada por abogado y le reiteró que las órdenes sobre la venta de la propiedad ganancial no habían sido dejadas sin efecto.

El 20 de julio de 1999 el Tribunal de Primera Instancia celebró otra vista. En esta ocasión, la señora Rovira Irizarry compareció representada por el licenciado Castro Colón y se comprometió a desalojar la propiedad ganancial dentro de los treinta días siguientes.

Luego de celebrado el juicio en su fondo y de vendida la propiedad ganancial, el 9 de marzo de 2004 el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia. En ella esclareció los bienes y deudas de la extinta sociedad legal de gananciales e identificó los créditos a los cuales el demandante tenía derecho. Además, en la referida sentencia, el foro primario determinó que la señora Rovira Irizarry había sido temeraria durante el transcurso del pleito. Fundamentó su decisión en el comportamiento contumaz de la señora Rovira Irizarry y en su insistencia en alegar defensas frívolas.

Una vez la sentencia fue notificada, la secretaria legal del licenciado Castro Colón, Sra. Wanda Burgos, trató de informar a la señora Rovira Irizarry sobre dicha notificación. De igual forma, en varias ocasiones el licenciado Castro Colón también intentó conseguir a la señora Rovira Irizarry en los “lobbies” del Hotel San Juan y del Hotel Condado Plaza, lugares que ambos frecuentaban. Sin embargo, todos estos intentos fueron infructuosos. No fue hasta el 23 de junio de 2004 que el licenciado Castro Colón informó a su cliente que el Tribunal de Primera Instancia había dictado sentencia en su contra y emitido una orden para ejecutar la referida sentencia.

II

En innumerables ocasiones hemos expresado que los miembros de la profesión jurídica, por ser oficiales del Tribunal, ostentan una posición revestida de alto interés público. Por ello, su desempeño profesional está regido por los cánones de ética profesional.

Los cánones de ética profesional buscan promover el ejercicio profesional y personal del abogado a tono con los más altos principios de conducta decorosa, lo que redunda en beneficio de la profesión, de la ciudadanía y de las instituciones de justicia del país. Dos de los principios fundamentales que promueven esa conducta decorosa lo son, precisamente, los contenidos en los Cánones 18 y 19, supra. A saber: desempeño profesional competente y diligente, e información al cliente. Ambos principios constituyen elementos imprescindibles en toda relación abogado-cliente.

A. El Canon 18, supra, establece que todo abogado admitido a ejercer la profesión debe “defender los intereses de su cliente diligentemente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad, y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y responsable”. Así, todo abogado puede asumir cualquier representación legal, siempre que se prepare adecuadamente y no imponga gastos ni demoras irrazonables a su cliente y a la administración de la justicia.

No obstante, “hemos reiterado que el deber de diligencia profesional es incompatible con la desidia, despreocupación, inacción y displicencia”. Por ello, todo abogado cuyo desempeño profesional no sea uno adecuado, responsable, capaz y efectivo, incurrirá en una clara violación al Canon 18, supra.

B. El Canon 19, supra, impone a todo abogado el deber ineludible de mantener informado a su cliente de todo asunto importante que surja en el desarrollo del caso que le ha sido encomendado. Los casos pertenecen a los clientes y ellos tienen el derecho a estar informados de todos los trámites importantes que sucedan. No cumplir con este deber conlleva una clara violación ética al Canon 19, la cual es independiente al deber de diligencia impuesto por el Canon 18, supra. Por ello, en innumerables ocasiones hemos expresado que se viola el Canon 19 cuando no se atienden los reclamos de información del cliente, no se le informa del resultado adverso de la gestión encargada, la acción se desestima o se archiva, no se mantiene al cliente al tanto del estado o la situación procesal del caso, o simplemente se niega al cliente información del caso.

III

El primer cargo de la querella imputa al licenciado Castro Colón haber actuado contrario al Canon 19, supra, por no haberle informado a su cliente que el Tribunal de Primera Instancia había dictado sentencia en su contra y emitido una orden para ejecutarla. A esos efectos, el informe de la Comisionada Especial reveló que el licenciado Castro Colón, como también su secretaria legal, sí intentaron informar a la señora Rovira Irizarry sobre la referida sentencia. Sin embargo, sus intentos no fueron efectivos pues la información personal de la señora Rovira Irizarry que obraba en expediente no estaba actualizada. Tal información correspondía a la propiedad inmueble ganancial que se había vendido.

Agrava la situación el hecho de que durante todo el transcurso del pleito la señora Rovira Irizarry residió en múltiples lugares y nunca informó los cambios de dirección y teléfono. No obstante, a pesar que la señora Rovira Irizarry aportó a su propio estado de desinformación, el licenciado Castro Colón pudo haber desplegado un esfuerzo mayor para notificarle a su cliente de la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia y de la orden para ejecutarla. Así, luego de haberse vendido la propiedad inmueble ganancial, el licenciado Castro Colón pudo haberle pedido a la señora Rovira Irizarry su nueva dirección residencial y número telefónico. En la alternativa, pudo haber hecho un esfuerzo por conseguir la información a través de abogado de la parte demandante, Ledo. Juan J. Nolla Amado, pues dicha parte tenía la custodia de los niños me ñores y debía conocer el lugar de residencia de la señora Rovira Irizarry.

Vemos, pues, que las gestiones realizadas por el licenciado Castro Colón fueron insuficientes. No cumplen con los esfuerzos mínimos exigidos por este Tribunal y el Canon 19, supra. Poco importa si la señora Rovira Irizarry no le comunicó al licenciado Castro Colón su nueva dirección y número de teléfono; mucho menos si ésta estaba experimentando una fase de transición residencial inestable o si dejó de asistir a los lugares de entretenimiento nocturno que ambos frecuentaban. El deber de informar continuamente establecido en el Canon 19, supra, es del abogado para con el cliente, mas no del cliente para con el abogado Por ello, todo abogado debe actuar proactivamente y asegurarse de tener actualizada la información de contacto de su cliente, de modo que siempre pueda mantenerlo informado de todo asunto importante que surja durante el pleito que se le encomendó; específicamente de las sentencias dictadas por el Tribunal y de las órdenes para ejecutarlas. Este deber es independiente del mérito que tenga o no la presentación de un recurso de apelación.

El segundo cargo de la querella imputa al licenciado Castro Colón haber actuado contrario al Canon 18, supra, por no haber defendido competente y diligentemente los derechos e intereses de la señora Rovira Irizarry. Alegó la quejosa que el licenciado Castro Colón no presentó prueba a su favor como tampoco permitió que ella testificara durante el juicio. A esos efectos, el informe de la Comisionada Especial reveló qué el licenciado Castro Colón defendió los intereses de su cliente empleando su mayor capacidad, habilidad y responsabilidad.

Durante el transcurso del pleito, el licenciado Castro Colón presentó múltiples mociones e interrogatorios y formuló alegaciones tratando de justificar la conducta contumaz de su cliente. Además, en el juicio en su fondo, hizo objeciones oportunas y bien fundamentadas. Mientras contrainterrogaba a la parte demandante demostró preparación y conocimiento de toda la evidencia que dicha parte presentó para establecer los créditos que reclamaba.

Más importante aún, contrario a lo alegado por la señora Rovira Irizarry, el licenciado Castro Colón no le prohibió a ésta que testificara durante el juicio. Fue ella quien nunca estuvo interesada en ejercer tal derecho. De igual forma, las alegaciones referentes a la no presentación de prueba durante el juicio son inmeritorias. La señora Rovira Irizarry nunca produjo los documentos que sustentaban sus alegaciones sobre la naturaleza privativa del bien inmueble, como tampoco identificó persona alguna que pudiera testificar sobre ello.

Lo anterior nos lleva a concluir que la alegada falta al Canon 18, supra, no fue cometida. El desempeño del licenciado Castro Colón defendiendo los derechos e intereses de la señora Rovira Irizarry fue diligente y competente.

IV

Un análisis del expediente profesional del licenciado Castro Colón revela que éste no ha incurrido en ninguna falta disciplinaria anterior, como también refleja que goza de buena reputación profesional entre sus compañeros. Igualmente, el licenciado Castro Colón ex-presó su sincero arrepentimiento y aceptó que su conducta file contraria al Canon 19, supra, y que pudo haber hecho esfuerzos adicionales para informarle a la señora Rovira Irizarry de la sentencia dictada en su contra y de la orden para ejecutarla.

No obstante, no podemos obviar que la conducta del licenciado Castro Colón constituyó una clara violación al Canon 19, supra.

V

Por los fundamentos antes expuestos, censuramos enérgicamente al licenciado Castro Colón por haber incurrido en conducta contraria al Canon 19 de Ética Profesional, supra. Le apercibimos que si en el futuro incurre en conducta análoga podría ser disciplinado en forma más severa.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Hernández Denton disintió por entender que del Informe de la Comisionada Especial surge que no se presentó prueba clara, robusta y convincente para sostener las violaciones éticas imputadas al Ledo. Elpidio Castro Colón, razón por la cual se recomendó la desestimación de los cargos imputados. In re Caratini Alvarado, 153 D.P.R. 575 (2001). Específicamente, la Comisionada Especial determinó que la dienta del querellado, Sra. Maribel Rovira Irizarry, incurrió en una conducta recurrente de no dar seguimiento a su caso y no informar sus direcciones ni su número de teléfono, lo que contribuyó a que la sentencia no pudiera notificársele. Véase J.R.T. v. Marex Const. Co., Inc., 103 D.P.R. 135 (1974). Este patrón de conducta de la señora Rovira Irizarry ocurrió desde antes que el querellado asumiera su representación legal y fue precisamente lo que motivó que su abogado anterior solicitara renunciar al caso. En ausencia de pasión, prejuicio o parcialidad, estas determinaciones merecen deferencia, por lo que contrario al curso de acción seguido por el Tribunal de censurar enérgicamente al querellado, hubiera desestimado la querella. In re Morales Soto, 134 D.P.R. 1012 (1994). La Jueza Asociada Señora Fiol Matta y el Juez Asociado Señor Martínez Torres se unieron a las ex-presiones del Juez Presidente Señor Hernández Denton.

       4 L.P.R.A. Ap. IX.

       Surge del expediente que la señora Rovira Irizarry también utilizó, extrajudicialmente, los servicios de la Leda. Carmen Sonia Zayas, la Leda. Marisabel Raffucei Caro, la Leda. Wendy Lind Casado y la Leda. Pilar B. Pérez Rojas.

       La señora Rovira Irizarry contrató al licenciado Castro Colón a través de su vecino, el Ledo. José Rodríguez Aponte. Surge del expediente que, luego de concedidos los quince días finales para comparecer con representación legal, la señora Rovira Irizarry acudió donde el licenciado Rodríguez Aponte para ver si podía representarla. Este le respondió que le era imposible debido a su volumen de trabajo, pero que trataría de conseguirle a alguien. A esos efectos, el licenciado Rodríguez Aponte habló con el licenciado Castro Colón para que, a modo de favor, representara a la señora Rovira Irizarry.

       La señora Rovira Irizarry, finalmente desalojó la propiedad ganancial durante marzo de 2000.

       Esta sentencia fue notificada el 2 de abril de 2004.

       En específico, la señora Rovira Irizarry se negó a cooperar con la venta de la propiedad inmueble ganancial, como también adujo que dicha propiedad no podía ser vendida ya que constituía el Hogar Seguro. Esta alegación no tuvo mérito pues la señora Rovira Irizarry no tenía la custodia de los hijos menores. Más aún, cuando la señora Rovira Irizarry finalmente desalojó la propiedad, la dejó en un estado de deterioro.
      Posteriormente, durante la etapa de descubrimiento de prueba, la señora Rovira Irizarry negó haber firmado unos cheques que el demandante le había entregado. Como consecuencia de ello, el Tribunal de Primera Instancia tuvo que ordenar unas pruebas caligráficas cuyo resultado fue contrario a la posición de la señora Rovira Irizarry. Asimismo, la señora Rovira Irizarry nunca produjo los alegados documentos que sustentaban la naturaleza privativa de una propiedad inmueble, el cual realmente era de naturaleza ganancial. Tales documentos no existían, como tampoco había otra prueba que sustentara dichas alegaciones.

       La señora Burgos fue la secretaria legal del licenciado Castro Colón por diez años. Ella era la única secretaria del licenciado Castro Colón y la persona encargada de recibir las llamadas telefónicas y la correspondencia. Conocía a la señora Rovira Irizarry porque fue cliente del licenciado Castro Colón.

        In re Pujol Thompson, 171 D.P.R. 683 (2007); In re Meléndez La Fontaine, 167 D.P.R. 111, 120 (2006).

       4 L.P.R.A. Ap. IX.

        In re Izquierdo Stella, 154 D.P.R. 732, 737 (2001).

       Véase In re Alonso Santiago, 165 D.P.R. 555 (2005).

       Véanse, además: In re Rivera Lozada, 176 D.P.R. 215 (2009); In re Avilés Vega, 141 D.P.R. 627, 632 (1996); In re Acosta Grubb, 119 D.P.R. 595, 602 (1987).

       4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 18. Véase, además, In re Collazo I, 159 D.P.R. 141, 147 (2003).

        In re Collazo I, supra, pág. 146, citando a In re Padilla Pérez, 135 D.P.R. 770, 776 (1994); In re Pérez Santiago, 131 D.P.R. 676, 692 (1992). Véanse además: In re Mulero Fernández, 174 D.P.R. 18 (2008); In re Colón Morera, 172 D.P.R. 49 (2007); In re Hoffman Mouriño, 170 D.P.R. 968 (2007); In re Ortiz López, 169 D.P.R. 763 (2006).

        In re Collazo I, supra, pág. 147, citando a In re Román Rodríguez, 152 D.P.R. 520, 526 (2000).

        In re García Ortiz, 176 D.P.R. 123 (2009), citando a In re Álvarez Aponte, 158 D.P.R. 140, 149 (2002).

        In re Álvarez Aponte, 158 D.P.R. 140, 149 (2002).

        In re Rivera Lozada, supra, citando a In re Colón Morera, 172 D.P.R. 49 (2007).

       Id.

       Surge del informe de la Comisionada Especial que al momento de contestar la demanda, la señora Rovira Irizarry residía en la Calle Calderón de la Barca, W 47, Urbanización Húcares, Río Piedras. Luego de vendida la propiedad ganancial, la señora Rovira Irizarry vivió varios meses en Estados Unidos de América. Para el momento en que el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia, 9 de marzo de 2004, la señora Rovira Irizarry vivía en la Urbanización Patio Sevillano, localizada en el Municipio de Trujillo Alto. Meses después, el 29 de junio de 2004, la señora Rovira Irizarry presentó una moción por derecho propio en la que indicó que residía en el Edificio Golden Court II, Apt. M-101, Box 277, Ave. Arterial Hostos, Hato Rey. Finalmente, para el momento en que la queja objeto de éste procedimiento disciplinario fue presentada, la señora Rovira Irizarry indicó que residía en la Calle Guadalupe, E 16, Urbanización Los Álamos, Guaynabo.

       Somos conscientes de nuestros pronunciamientos en J.R.T. v. Marex Const. Co., Inc., 103 D.P.R. 135, 141 (1974), y entendemos que éstos son compatibles con lo aquí resuelto.

        In re Ayala Torres, 150 D.P.R. 288, 293 (2000). Véase, además, Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R. 232, 240 (1984).

       El 31 de marzo 2005 emitimos una resolución en donde ordenamos el archivo de la queja presentada por el Sr. José Lambert Figueroa en contra del licenciado Castro Colón. Durante el transcurso de la investigación, el señor Lambert Figueroa aceptó que su queja no estaba fundamentada en hechos de conocimiento personal, por lo que el Procurador solicitó el archivo y sobreseimiento de la queja.

       Véase In re Quiñones Ayala, 165 D.P.R. 138, 147 (2005).


author: El Juez Asociado Señor Martínez Torres

text:
    Santiago Rivera Figueroa, Olga María Carrasquillo Rodríguez y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, peticionarios, v. Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico y Aseguradora Equis, recurridas.

      Número: CC-2007-285

      Resuelto: 23 de octubre de 2009

      Rita M. Vélez González, abogada de la parte peticionaria; Maité Medero-Benítez y Yolanda V Toyos Olascoaga, abogadas de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Martínez Torres

emitió la opinión del Tribunal.

En este recurso debemos resolver si la reclamación del peticionario Santiago Rivera Figueroa cumplió con los requisitos esenciales de una causa de acción al amparo de la Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991, mejor conocida como Ley de Represalias, 29 L.RR.A. see. 194 et seq. La controversia principal gira en torno a si los hechos probados ante el Tribunal de Primera Instancia constituyen o no una actividad protegida bajo dicha disposición laboral, aunque la actividad fuera parte de las funciones del empleo del peticionario. Concluimos que se estableció una reclamación cobijada por la Ley de Represalias y por eso revocamos la sentencia recurrida.

I

El señor Rivera Figueroa, junto a su esposa y en representación de la sociedad de bienes gananciales compuestas por ambos, presentó una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). En la querella, los peticionarios solicitaron indemnización por los daños causados por un patrón de actos discriminatorios y en represalias contra el señor Rivera Figueroa en violación a la Ley Núm. 115. La esposa del querellante solicitó indemnización al amparo del Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5141.

El Tribunal de Primera Instancia consignó en su sentencia los hechos probados ante sí en quince sesiones públicas durante el período del 29 de octubre al 29 de noviembre de 2005. Los hechos pertinentes a este recurso de certiorari, que fueron determinados por el juzgador de hechos, son los siguientes:

La agencia federal Enviromental Protection Agency (EPA), como parte de su rol fiscalizador y de investigación, comenzó a multar a la AAA por el incumplimiento de esta última con la Ley Federal de Aguas Limpias (.Federal Water Pollution Control Act), 33 U.S.C.A. sec. 1251 et seq. Como secuela de esta investigación administrativa conducida por la EPA contra la AAA, la agencia federal acudió al Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico. La EPA alegó que la AAA operó inefectivamente por años las plantas de tratamiento, lo que provocó la contaminación de las aguas navegables de Puerto Rico. La AAA aceptó las alegaciones de la EPA, y el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico determinó que la AAA violó la referida ley ambiental federal. Como parte del proceso para corregir las violaciones, el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico nombró un monitor. Este monitor tenía el deber de visitar las instalaciones bajo observación de la AAA e inspeccionarlas para asegurar el cumplimiento con la orden judicial. El deber de evaluación del monitor era sobre las plantas de la AAA “arrestadas” por la orden judicial debido a su operación ineficiente. El monitor quedó facultado para someter reportes y recomendaciones al tribunal federal con el propósito de imponer penalidades.

Posteriormente, la EPA acudió nuevamente al Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico, al ale-gar que la AAA continuaba en violación de la orden de 28 de febrero de 1985. El tribunal federal encontró que las violaciones imputadas y la falta de esfuerzos por parte de la AAA para corregir la situación se encontraban sostenidas por la prueba y por las determinaciones hechas por el monitor. El dictamen judicial sostuvo la imposición de $32,032,600 como multa a la AAA, sujeta a ser modificada. La omisión por parte de la AAA de notificar y corregir las ocurrencias de desvíos y desbordes en sus estaciones la ex-ponía al pago de cuantiosas sanciones económicas. Véase United States v. Puerto Rico Aqueduct and Sewer Authority, 1987 U.S. Dist. LEXIS 8339.

Para facilitar el cumplimiento con la orden del Tribunal Federal, la AAA creó el puesto de Cotejador de Sistemas de Bombeo de Alcantarillados. El puesto tenía la responsabilidad de visitar cada una de las plantas de bombeo de alcantarillados, cumplimentar las bitácoras sitas en cada estación y rendir unos informes en los que se hacía constar el estado y funcionamiento de las plantas de bombeo, incluyendo averías en el sistema que causaran desvíos o desbordes de aguas usadas. Estos informes se utilizaban para cumplir con las órdenes del tribunal federal. De esta forma, se tenía que notificar al Tribunal Federal y a la EPA cualquier avería en las instalaciones de la AAA, los motivos para la avería y el plan de corrección. Por otra parte, el monitor facilitaba la revisión sobre el cumplimiento de la AAA con las órdenes del tribunal federal.

El peticionario Rivera Figueroa, quien laboraba desde el 1978 para la AAA, ocupó el puesto de Cotejador de Sistemas de Bombeo de Alcantarillados desde el 1988 para el área de Caguas y Gurabo. Le fue añadida el área de Juncos en 1996. El señor Rivera Figueroa ejerció dichas funciones hasta el 7 de febrero de 2001, fecha en que la Administración del Seguro Social lo declaró incapacitado. El peticionario tenía entre sus obligaciones: visitar las estaciones de bombeos a su cargo, notificar inmediatamente los desvíos ocurridos y examinar el estado de los paneles eléctricos y de las bombas. Además, el señor Rivera Figueroa tenía que anotar las condiciones de cada estación visitada, en una bitácora que permanecía en la estación. Para cumplir con la orden del tribunal federal, la AAA diseñó un formulario titulado Informe de Inspección de Estación de Bombeo Sanitario. En éste, el peticionario debía incluir la información producto de su visita. La información a incluirse en este reporte era similar a la contenida en la bitácora de la estación. Una vez el señor Rivera Figueroa terminaba este informe debía procurar la firma de un supervisor para dotarlo de credibilidad ante la EPA y el monitor.

Estos informes que cumplimentaba el peticionario llegaban a los inspectores de la EPA y al monitor. Esto es, los reportes y la información que declaraba el señor Rivera Figueroa en los informes pasaban a ser parte de los procesos ante la EPA y ante el tribunal federal. Por lo tanto, las declaraciones que el peticionario hacía para cumplir con las obligaciones de su puesto son la base de este caso.

El 21 de enero de 1999 el peticionario presentó una reclamación al amparo de la Ley Núm. 115 al Comité de Querellas de la AAA. El 21 de agosto de 2000 el Comité de Querellas se declaró sin jurisdicción para conceder el remedio solicitado. Entonces, el 22 de noviembre de 2000 el peticionario presentó ante el Tribunal de Primera Instancia el recurso que nos ocupa.

El 15 de diciembre de 2005 el foro primario emitió sentencia en la que declaró “con lugar” la querella presentada. En ésta el tribunal determinó que: (1) el señor Rivera Figueroa fue objeto de una serie de actos discriminatorios sin justificación válida; (2) estos actos discriminatorios en su peijuicio se debieron a las declaraciones que el peticionario hizo en cumplimiento de las funciones de su puesto (desde 1988 hasta su retiro por incapacidad en el 2001); (3) el peticionario acompañaba al personal de la EPA y al monitor en sus visitas a las instalaciones de la AAA a su cargo y en dichas visitas informaba verbalmente sobre el mal estado de las instalaciones; (4) el peticionario preparaba informes que eran revisados por funcionarios de la EPA y por el monitor; (5) las anotaciones del peticionario en las bitácoras también eran examinadas por los funcionarios de la EPA y por el monitor; (6) estas declaraciones del peticionario provocaban la ira de sus supervisores, quienes pretendían que el peticionario hiciera declaraciones falsas para evitarle responsabilidades monetarias a la AAA; (7) no había otra razón justificada para el trato discriminatorio que recibió el peticionario; (8) en ocasiones los supervisores de la AAA arrancaban páginas de las bitácoras que el peticionario había llenado, para evitar la revisión de estos documentos por parte del personal de la EPA; (9) el peticionario recibió atención médica y medicamentos antidepresivos por años para tratar los daños que esta situación causó, y (10) esto provocó el deterioro de la salud del peticionario, quien se incapacitó en el 2001.

Según las determinaciones del Tribunal de Primera Instancia, el trato discriminatorio contra el señor Rivera Figueroa consistió en: (1) la privación de equipo esencial para su puesto, a saber, vehículo y radio teléfono; (2) la negativa por parte de los supervisores a considerar y fir-mar sus informes, al extremo que en ocasiones hasta los echaban al zafacón; (3) la remoción de las bitácoras en sus estaciones y el cambio de los candados que limitaban el acceso del señor Rivera Figueroa al lugar de éstas; (4) el uso de palabras soeces y agresiones verbales en su contra; (5) el traslado involuntario e injustificado a otra plaza; (6) la negativa injustificada a autorizar el pago de las horas extras a las que tenía derecho el señor Rivera Figueroa, lo cual lo obligaba a acudir continuamente al proceso de arbitraje, y (7) la persecución contra el señor Rivera Figueroa para disciplinarlo injustificadamente.

Además, el foro primario determinó que las acciones de los superiores del peticionario Rivera Figueroa le ocasionaron a su esposa graves sufrimientos y profundas angustias mentales. Para esto, el foro primario concluyó que la condición que sufre el señor Rivera Figueroa (depresión mayor severa recurrente con rasgos sicóticos) agravó la condición nerviosa de su esposa.

Ante estos hechos, el Tribunal de Primera Instancia razonó que el peticionario Rivera Figueroa realizó una actividad protegida por la Ley Núm. 115 al hacer declaraciones que pasaban a ser parte de un proceso administrativo y judicial (información dada a inspectores de la EPA y al monitor), y que por estas declaraciones fue objeto de amenazas, persecución y discrimen en su empleo. Esta evidencia fue suficiente para que el foro primario determinara que el señor Rivera Figueroa presentó un caso prima facie al amparo de la Ley Núm. 115. Debido a la ausencia de razón legítima y no discriminatoria, el Tribunal de Primera Instancia declaró “con lugar” la querella contra la AAA.

Conforme a la Ley Núm. 115, el Tribunal de Primera Instancia le impuso a la AAA la responsabilidad de compensar al señor Rivera Figueroa por el doble de sus daños reales, angustias mentales y salarios dejados de percibir, más los honorarios de abogado. Art. 2 de la Ley Núm. 115 (29 L.P.R.A. sec. 194a(b)). Además, la sentencia impuso responsabilidad a la AAA frente a la esposa del querellante al amparo del Art. 1802 del Código Civil, supra.

El foro primario concedió al querellante un total de $262,389.56 como indemnización, lo que con la penalidad provista en la Ley Núm. 115 ascendió a $524,779.12. Las partidas concedidas se distribuyeron de la siguiente manera: (a) $102,400.65 por salarios dejados de percibir desde la fecha de su incapacidad hasta la sentencia (4 años y 11 meses), después del descuento de las sumas recibidas como pensión del seguro social; (b) $109,988.91 por el pago futuro de salarios, y (c) $50,000 por angustias mentales. Además, se le impuso a la AAA el pago del 25% de la cantidad concedida por honorarios de abogados.

En relación con la causa de acción de la esposa del querellante, el Tribunal de Primera Instancia ordenó el pago de $25,000 por sufrimientos y angustias mentales.

Inconforme con esta determinación, la AAA acudió al Tribunal de Apelaciones, el cual revocó la sentencia recurrida. Ese foro, con la prueba que constaba en el expediente, determinó que el señor Rivera Figueroa no presentó prueba suficiente para justificar una acción al amparo de la Ley Núm. 115. El tribunal intermedio cuestionó las determinaciones de hechos que efectuó el foro primario sobre las conversaciones del señor Rivera Figueroa con funcionarios de la EPA y el monitor. Además, contrario al dictamen del Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de Apelaciones concluyó que los informes preparados por el señor Rivera Figueroa no eran parte directa del proceso de cumplimiento con la orden judicial sino que servían de data para otros que sí eran parte. Ante esto, el Tribunal de Apelaciones concluyó que las funciones particulares del señor Rivera Figueroa como Cotejador de Sistemas de Bombeo de los Alcantarillados probadas en juicio (a saber, presentar informes) eran parte de las obligaciones de su puesto, por lo que no se estableció que Rivera Figueroa participó en una actividad protegida por la Ley Núm. 115.

El señor Rivera Figueroa y su esposa acuden ante nos y señalan que el Tribunal de Apelaciones incidió en su proceder. En síntesis, los peticionarios arguyen que ese tribunal erró al determinar que el señor Rivera Figueroa no participó en una actividad protegida al amparo de la Ley Núm. 115. Plantean los peticionarios que la referida legislación laboral protege al señor Rivera Figueroa, pues a su juicio, los hechos de este caso configuran una actividad protegida por dicha ley. Además, arguyen los peticionarios que el Tribunal de Apelaciones se equivocó al alegadamente intervenir con la apreciación de la prueba que realizó el foro primario.

El 11 de mayo de 2007 expedimos el auto de certiorari y el recurso quedó sometido en sus méritos con las comparecencias de las partes. Con el beneficio de éstas, procedemos a resolver la controversia.

HH HH

Para disponer de este recurso es preciso: (1) revisar la corrección de las determinaciones de hechos efectuadas por los foros de inferior jerarquía, y (2) delimitar el ámbito de aplicación de la Ley de Represalias. Esto es necesario para dilucidar si el querellante demostró que realizó una actividad protegida por dicho estatuto.

A. La Regia 43.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill, expresa que “[l]as determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no se dejarán sin efecto a menos que sean claramente erróneas, y se dará la debida consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador para juzgar la credibilidad de los testigos”. Por esto, los tribunales apelativos deben mostrar gran deferencia al juzgador de los hechos, pues éste se encuentra en mejor posición para evaluar la credibilidad de un testigo. Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 D.P.R. 799 (2009); Trinidad v. Chade, 153 D.P.R. 280, 291 (2001); Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 D.P.R. 721, 728 (1984). Ya que un foro apelativo cuenta solamente con “récords mudos e inexpresivos” se le debe respeto a la adjudicación de credibilidad realizada por el juzgador primario de los hechos. Trinidad v. Chade, supra, pág. 291; Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, supra, pág. 728. Los conflictos de prueba deben ser resueltos por el foro primario. Id.

Es norma fundamental que un tribunal apelativo no debe intervenir con las determinaciones de hechos ni con la adjudicación de credibilidad del foro primario a me-nos que este último haya incurrido en error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad. Flores v. Soc. de Gananciales, 146 D.P.R. 45, 49 (1998); Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 D.P.R. 49 (1991); Ortiz v. Cruz Pabón, 103 D.P.R. 939 (1975). La intervención de un foro apelativo con la evaluación de la prueba testifical procede “en casos en que un análisis integral de dicha prueba cause en nuestro ánimo una insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal que estremezca nuestro sentido básico de justicia”. Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645, 648 (1986). Para su revocación, el apelante tiene que señalar y demostrar la base para ello. Id. La parte que cuestione una determinación de hechos realizada por el foro primario debe señalar el error manifiesto o fundamentar la existencia de pasión, prejuicio o parcialidad. Flores v. Soc. de Gananciales, supra.

La evidencia directa de un testigo que le merezca entero crédito al juzgador de hechos es prueba suficiente de cualquier hecho. Regla 10(D) de Evidencia de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. IV, R. 10(D)); Trinidad v. Chade, supra. En casos en que se alega discrimen y existe controversia sobre el particular, la evaluación de los testimonios por el juzgador de hechos se vuelve esencial para la adjudicación de credibilidad ya que se determinan elementos subjetivos y de intención. Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, supra; López v. Miranda, 166 D.P.R. 546 (2005); Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 D.P.R. 294 (1994).

B. En vista de la deferencia que le debemos los tribunales apelativos a las determinaciones de hechos de los foros primarios, no podemos menospreciar la adjudicación de credibilidad que el Tribunal de Primera Instancia realizó en este caso. Después de un detenido examen del ex-pediente, tenemos que concluir que el Tribunal de Primera Instancia no erró en su apreciación de la prueba.

Para cumplir con las exigencias de la EPA y con la orden del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, la AAA estableció irnos procedimientos administrativos para notificar y corregir las fallas en sus instalaciones. Este proceso era de vital importancia para la AAA, pues no notificar o corregir las fallas provocaba la imposición de cuantiosas multas contra la agencia.

Para estos fines se creó el puesto de Cotejador de Sistemas de Bombeo de Alcantarillados (Cotejador). Además, se creó un formulario que debía ser llenado por el Cotejador. Dicha plaza tenía las funciones siguientes: (1) acudir a las estaciones asignadas para verificar el estado y funcionamiento del equipo de bombeo; (2) notificar inmediatamente los desvíos ocurridos en las instalaciones de la AAA; (3) anotar las condiciones observadas en las bitácoras que se mantenían en las estaciones (sobre funcionamiento de las bombas), y (4) llenar un formulario con información similar a la requerida para la bitácora (Informe de Inspección de Estación de Bombeo Sanitario). En 1988 se seleccionó para este puesto al peticionario, quien ya laboraba para la AAA desde el 1978. Éste ocupó el puesto hasta el 7 de febrero de 2001, cuando se incapacitó.

El peticionario Rivera Figueroa hacía anotaciones en las bitácoras y en sus informes. Estas anotaciones reflejaban deficiencias en las operaciones de la AAA. Las bitácoras en las estaciones eran examinadas por funcionarios de la EPA y por el monitor en sus visitas a las instalaciones. Los informes preparados por el señor Rivera Figueroa llegaban a manos del personal de la EPA y al monitor. El peticionario informaba verbalmente al personal de la EPA y al monitor el estado del equipo de bombeo y de los desvíos ocurridos. Esta información era provista por el señor Rivera Figueroa cuando el personal de la EPA y el monitor visitaban las instalaciones. Estas situaciones provocaron que sus supervisores tomaran represalias contra el señor Rivera Figueroa, lo que condujo a su posterior incapacidad. Estas conclusiones a las que llegó el foro primario se encuentran respaldadas por la prueba.

En el juicio el Ing. Luis Camacho Rivera, testigo de la AAA, expresó que ante la ocurrencia de un desvío había que hacer un plan de corrección para la falla que indicara el tiempo estimado de reparación. Esto era necesario para el cumplimiento de la orden judicial. De no cumplir con el plan suministrado, la AAA se exponía a la imposición de multas. Trascripción de la vista, Apéndice, págs. 1859-1868. Además, el ingeniero Camacho Rivera testificó que el monitor examinaba las bitácoras y que algunas de las anotaciones del peticionario le creaban a la AAA problemas con la EPA, pues reflejaban violaciones a la orden judicial. Ejemplo de esto fueron las anotaciones que exponían que las instalaciones no habían sido cotejadas en más de cinco días. Id., págs. 1940-1943. En síntesis, este testigo expresó que: (1) los informes preparados por el querellante eran parte del proceso para cumplir con la orden judicial; (2) las bitácoras eran documentos que el tribunal aceptaba, y (3) las anotaciones del querellante le causaban problemas a la AAA. íd., págs. 1811-1812 y 1924-1927.

En su testimonio, el señor Rivera Figueroa estableció que mantenía comunicación mensual con funcionarios de la EPA y con el monitor. En estas comunicaciones, el peticionario les indicaba verbalmente, entre otras cosas, las deficiencias operacionales de las instalaciones de la AAA. Además, el peticionario presentó evidencia oral sobre las multas que se imponían a la AAA por no corregir las fallas que éste señalaba en sus informes; que el monitor examinaba las bitácoras que el peticionario cumplimentaba; que los informes que éste preparaba llegaban a la EPA, y que la AAA actuó en su contra por proveer información que afectaba a la corporación pública. Apéndice, págs. 576-577, 580-589 y 857-861. El peticionario indicó que fue objeto de represalias por negarse a alterar las bitácoras e informes. Estas exigencias buscaban eliminar la constancia de fallas en las estaciones para evitar la imposición de multas. íd., págs. 1213-1221.

Además, el Ing. Juan Calderón García, testigo de la AAA, declaró que los informes realizados por el señor Rivera Figueroa debían ser firmados para que tuvieran mayor credibilidad ante la EPA y el monitor. Específicamente, este testigo manifestó que los informes preparados por el peticionario llegaban a la EPA y al monitor. Apéndice, págs. 2119 y 2183-2184.

De la declaración jurada del difunto Julio Flores González (quien en vida fue empleado de la AAA), la cual fue admitida en evidencia, surge: (1) que las bitácoras eran examinadas periódicamente por funcionarios de la EPA; (2) que se le imponían multas a la AAA por no corregir las fallas; (3) que algunos supervisores de la AAA arrancaban páginas de las bitácoras para evitar multas, y (4) que el peticionario fue hostigado por la información que brindó en las bitácoras e informes. Apéndice, págs. 71-72. Además, los testigos y ex compañeros de trabajo del peticionario, Carlos Figueroa Agosto y Gerardo González Rosario, prestaron testimonios similares. Véase íd., págs. 409-412, 1574-1583, 1644-1648 y 1658-1673.

En su testimonio, el señor González Rosario testificó sobre los pedidos hechos al peticionario por parte de sus supervisores para que omitiera incidentes y alterara sus informes. Este testigo relató el patrón de persecución contra el peticionario. En una ocasión, el testigo escuchó cuando el ingeniero Calderón García manifestó en una conversación que le avisaran de cualquier incidente con el peticionario Rivera Figueroa, para disciplinarlo. No obstante, al confrontar al ingeniero Calderón García con estas imputaciones, éste indicó no recordar “haber dicho una cosa como esa”. Apéndice, pág. 2120.

Surge de los testimonios de los peritos que las causas que incapacitaron al peticionario tienen relación directa con el patrón de represalias que éste sufrió en su trabajo. El Tribunal de Primera Instancia, después de considerar los testimonios periciales y de escuchar al señor Rivera Figueroa, encontró que la situación a la que se expuso al peticionario le creó gran decepción, ansiedad y una marcada alteración nerviosa. Esto provocó que tuviera que ser atendido por el Dr. Nicolás Besares Torres y por el siquiatra, Dr. José Alonso. El doctor Alonso testificó que el peticionario Rivera Figueroa sufría de depresión mayor severa recurrente con rasgos sicóticos. El señor Rivera Figueroa se sometió a tratamiento médico, lo que incluyó la administración de una serie de medicamentos para mejorar su estado anímico, los que hasta la fecha de la vista aún consumía. Esta situación provocó la incapacidad del peticionario en 2001 debido a problemas emocionales.

El foro primario se encuentra en mejor posición para resolver los conflictos de la prueba y para adjudicar credibilidad. Así lo hizo. La AAA no ha demostrado error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad. Ante tal pañorama, debemos colegir que no incidió el foro primario en sus determinaciones de hechos.

III

Ahora bien, para atender este recurso es necesario determinar si de acuerdo a los hechos esbozados, el querellante tiene una causa de acción al amparo de la Ley Núm. 115.

A. El Art. 2(a) de la Ley Núm. 115 (29 L.P.R.A. sec. 194a(a)), dispone:

Sec. 194a. Represalias contra empleado por ofrecer testimonio; causa de acción-Prohibición; violación; responsabilidad civil
(a) Ningún patrono podrá despedir, amenazar, o discriminar contra un empleado con relación a los términos, condiciones, compensación, ubicación, beneficios o privilegios del empleo porque el empleado ofrezca o intente ofrecer, verbalmente o por escrito, cualquier testimonio, expresión o información ante un foro legislativo, administrativo o judicial en Puerto Rico, cuando dichas expresiones no sean de carácter difamatorio ni constituyan divulgación de información privilegiada establecida por ley. (Énfasis suplido.)

Esta ley provee protección a empleados frente a represalias que puede tomar un patrono contra éstos por proveer testimonio, expresión o información a un foro judicial, legislativo o administrativo. Ocasio v. Kelly Servs., 163 D.P.R. 653 (2005). Se otorga una causa de acción al empleado que por realizar la actividad protegida es despedido, amenazado o discriminado en el empleo. Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, 170 D.P.R. 149 (2007).

Al hacer un balance de intereses, el legislador facilitó el onus probandi de esta causa de acción y creó una presunción una vez el obrero presenta su caso prima facie. Marín v. Fastening Systems, Inc., 142 D.P.R. 499 (1997). El esquema utilizado por el legislador es similar al establecido por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en McDonnell Douglas Corp. v. Green, 411 U.S. 792 (1973), para los casos al amparo del Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (42 U.S.C.A. sec. 2000e et seq.). Véase Texas Dept. of Community Affairs v. Burdine, 450 U.S. 248 (1981).

Según este esquema, el empleado tiene dos vías para establecer su caso: (a) probar la violación mediante evidencia directa o circunstancial, o (b) establecer la presunción juris tantum de la ley. Art. 2(c) de la Ley Núm. 115 (29 L.P.R.A. sec. 194a(c)).

Un empleado establece un caso prima facie o una presunción a su favor cuando prueba que: (1) participó en una actividad protegida por la ley y (2) subsiguientemente fue despedido, amenazado o discriminado en su empleo. Marín v. Fastening Systems, Inc., supra. Una vez el empleado prueba su caso prima facie, el patrono puede rebatir la presunción establecida si alega y fundamenta una razón legítima y no discriminatoria para la acción adversa. Si el patrono cumple con este segundo paso, el empleado debe demostrar que la razón alegada por el patrono es un mero pretexto para la acción adversa. Art. 2(c) de la Ley Núm. 115, supra. Véanse, además: Ocasio v. Kelly Servs., supra; Hernández v. Espinosa, 145 D.P.R. 248 (1998).

Cuando una ley es clara y libre de toda ambigüedad, su letra no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu. Art. 14 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 14. Véase Román v. Superintendente de la Policía, 93 D.P.R. 685 (1966). Cuando el legislador se ha manifestado en lenguaje claro e inequívoco, el texto de la ley es la ex-presión por excelencia de la intención legislativa. Alejandro Rivera v. E.L.A., 140 D.P.R. 538 (1996).

Si existe alguna ambigüedad en el texto de la ley, el tribunal debe asegurar el cumplimiento de los propósitos legislativos. En la interpretación específica de una ley es principio cardinal de hermenéutica considerar los propósitos perseguidos por la Asamblea Legislativa para asegurar el resultado originalmente querido. Vázquez v. A.R.Pe., 128 D.P.R. 513, 523 (1991); Chase Manhattan Bank v. Mun. de San Juan, 126 D.P.R. 759, 766 (1990). En la búsqueda de la intención legislativa no nos podemos limitar a la exposición de motivos de la ley sino que, además, debemos examinar su historial legislativo. Irizarry v. J & J Cons. Prods. Co., Inc., 150 D.P.R. 155 (2000).

También es principio de hermenéutica que las leyes laborales deben ser interpretadas liberalmente para conceder al trabajador la mayor protección de los derechos que el legislador estatuyó. Cintrón v. Ritz Carlton, 162 D.P.R. 32 (2004); Rosario v. Dist. Kikuet, Inc., 151 D.P.R. 634 (2000); Dorante v. Wrangler of P.R., 145 D.P.R. 408 (1998). Por eso, toda duda legítima sobre el alcance de la protección estatutaria debe ser resuelta a favor del obrero. Irizarry v. J & J Cons. Prods. Co., Inc., supra. Esta protección se debe a que los estatutos laborales tienen un fin reparador y social. Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, supra; C. Zeno Santiago y V.M. Bermúdez Pérez, Tratado de Derecho del Trabajo, San Juan, Publicaciones JTS, 2003, T. I, Sec. 4.1[1.5], pág. 94.

Remedial Statutes are liberally construed to suppress the evil and advance the remedy. The policy that a remedial statute should be liberally construed in order to effectuate the remedial purpose for which it was enacted is firmly established. Expressions of a rule to that effect appear over and over in judicial opinions. What is called a liberal constitution is ordinarily one which makes the statutory rule or principle apply to more things or in more situations that would be the case under a strict construction. (Enfasis en el original.) Zeno Santiago y Bermúdez Pérez, op. cit., pág. 94, citando a Sutherland, Statutory Construction, 5ta ed., 1992, Vol. 3, Sec. 60.01, págs. 147 y 866.

Una interpretación liberal no puede ser fundamento para ignorar el texto de la ley. La doctrina de interpretación liberal en las reclamaciones laborales tampoco descarta auscultar la intención legislativa cuando esto sea necesario. Ahora bien, cuando analizados el texto y la intención de la ley, persiste la duda en cuanto al alcance del estatuto, la interpretación debe favorecer al obrero.

La intención del legislador al aprobar la Ley Núm. 115 fue ampliar la protección que hasta entonces establecía la Ley Núm. 65 de 3 de julio de 1986 y que enmendó la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, mejor conocida como Ley de Despido Injustificado, 29 L.P.R.A. 185b. Véase Informe de la Comisión de Trabajo y Asuntos del Veterano para el P. del S. 987 de 25 de octubre de 1991, hoy Ley Núm. 115. Con esta ley se estableció en Puerto Rico una ley de represalias general que se convirtió en la piedra angular sobre este aspecto del derecho laboral. Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, supra; C. Zeno Santiago, Re-enfoque empresarial de las represalias en el empleo, 40 (Núm. 2) Rev. Jur. U.I.P.R. 245, 261-262 (2006).

Con la Ley Núm. 115, la Asamblea Legislativa reiteró la política pública a favor de los derechos de los trabajadores y amplió la protección legal de estos últimos cuando ofrecen información o testimonio en algún foro legislativo, administrativo o judicial. De esta manera, se reconoció el derecho del empleado en circunstancias en que la información no es privilegiada. Además, se ampliaron los remedios disponibles a un empleado protegido por la ley. Véanse: Exposición de Motivos de la Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991, (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 956; Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, supra; Irizarry v. J & J Cons. Prods. Co., Inc., supra.

En la jurisdicción federal, la ley principal sobre represalias es el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (42 U.S.C.A. sec. 2000e-3(a)). Esta ley federal tiene congruencias con nuestra Ley Núm. 115. La protección de la ley federal es más limitada en tanto no incluye como actividad protegida el intento de ofrecer información o testimonio, pero es más amplia al proteger al trabajador sin requerir que se presente la información o testimonio en un foro administrativo, legislativo o judicial. Zeno Santiago, supra, pág. 262.

En la esfera federal, una querella bajo esta disposición requiere cumplir con lo siguiente: (1) incurrir en una actividad o conducta protegida por ley; (2) haber sufrido una acción disciplinaria o adversa por parte del patrono, y (3) que exista nexo causal entre la conducta protegida y la acción disciplinaria o adversa del patrono. Hazel v. U.S. Postmaster General, 7 F.3d 1 (1er Cir. 1993); Zeno Santiago, supra, pág. 249; L. Cooney, Understanding and Preventing Workplace Retaliation, 88 Mass. L. Rev. 3, 5 (2003). Existen otras leyes federales que protegen “a los empleados de despidos o discriminación en el empleo si éstos presentan una querella, inician una investigación o cooperan con la agencia para poner en ejecución las disposiciones en esa área de negocios o industria”. Zeno Santiago, supra, pág. 254. Véase 5 U.S.C.A. sec. 2302(b).

En Puerto Rico, además de la Ley Núm. 115 y la Ley Núm. 80, existen otras leyes locales que protegen a los trabajadores de represalias por parte de sus patronos. Véanse: Art. 20 de la Ley Núm. 69 de 6 de julio de 1985 (29 L.P.R.A. see. 1340); Art. 3 de la Ley Núm. 17 de 22 de abril de 1988 (29 L.P.R.A. sec. 155b).

En Dorante v. Wrangler of Puerto Rico, supra, reconocimos que la disposición de represalias en la Ley Núm. 96 de 26 de junio de 1956, mejor conocida como Ley de Salario Mínimo, era extensiva a otras leyes laborales, sin limitarse a reclamaciones sobre salarios. En Irizarry v. J & J Cons. Prods. Co., Inc., supra, resolvimos que acudir al Fondo del Seguro del Estado es una actividad protegida por la Ley Núm. 115, aunque no pueda considerarse un testimonio en el curso de una investigación administrativa. Lo resuelto en este caso “amplifica sustancialmente la protección al trabajador”. D.M. Helfeld, Derecho Laboral, 70 (Núm. 2) Rev. Jur. U.P.R. 447, 456-459 (2001).

Más aim, en Cintrón v. Ritz Carlton, supra, le reconocimos protección al amparo de la disposición de represalias de la Ley Núm. 69 de 6 de julio de 1985 (29 L.RR.A. see. 1340), a dos empleados que acudieron al departamento de recursos humanos del patrono para querellarse de discrimen por razón de sexo. Para llegar a esta conclusión, aplicamos. el principio de interpretación liberal.

Conscientes de que la Ley Núm. 69 se deriva del Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, acudimos a la jurisprudencia federal para interpretar nuestra disposición local. Los tribunales federales se encontraban divididos en cuanto a si una queja o investigación interna constituía actividad protegida bajo el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, supra. En aquella ocasión, este Tribunal decidió que una queja en un departamento o división interna de la empresa es actividad protegida al amparo del Art. 20 de la Ley Núm. 69, supra.

B. Según el Art. 2(a) de la Ley Núm. 115, supra, actividad protegida significa que el empleado “ofrezca o intente ofrecer, verbalmente o por escrito, cualquier testimonio, expresión o información ante un foro legislativo, administrativo o judicial en Puerto Rico, cuando dichas ex-presiones no sean de carácter difamatorio ni constituyan divulgación de información privilegiada establecida por ley”. En lo que a este recurso respecta es preciso destacar que la protección cubre el acto de brindar cualquier información o expresión, ya sea de forma verbal o escrita, hecha para colaborar con un foro legislativo, administrativo o judicial. Claro está, esta disposición solamente protege estas actividades en cuanto no sean difamatorias ni revelen información privilegiada según la ley.

Nos parece claro que esta disposición no protege a un trabajador por el mero hecho de haber sido objeto de represalias en relación a cómo se desempefla en su empleo. Es decir, la Ley Nüm. 115 no protege a los trabajadores contra acciones disciplinarias motivadas por la manera en que éstos ejecutan las funciones de sus puestos. Ahora bien, el caso ante nuestra consideración, debido a sus particularidades, está a! amparo de la referida disposición legal. Aunque las expresiones del querellante eran parte de las funciones de su empleo, también eran parte de un proceso investigativo ante un ente judicial y otro administrativo.

No debe excluirse de la protección que brinda la Ley Nüm. 115 a un trabajador que realiza una actividad protegida, tan solo porque actuó dentro de los requerimientos de su puesto. De forma análoga, la Equal Employment Opportunity Commission ha establecido que la protección en contra de represalias del TItulo VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, supra, protege a un empleado cuando éste se opone a obedecer una orden como parte de su trabajo. Ello constituirIa una práctica discriminatoria sancionada por la ley. De ese modo se protege a un empleado que se niega a realizar sus fkmciones de manera contraria a los propósitos perseguidos por la ley. Véase Equal Employment Opportunity Commission, EEOC Compliance Manual, 1998, bttp:/Iwww.eeoc.gov/policy/docs/retal.html

En otras palabras, las particularidades de este caso van más allá de simplemente realizar las funciones de un puesto. El peticionario brindaba información escrita mediante las bitácoras y los informes que eran examinados por una agencia federal (EPA) y por un monitor nombrado por el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico. Además, el peticionario realizaba expresiones verbales a funcionarios de la EPA y al monitor, cuando éstos visitaban las instalaciones. Aunque estas actividades eran requeridas para el puesto que ocupaba el señor Rivera Figueroa, no podemos ignorar el hecho de que eran expresiones ante un foro administrativo y otro judicial. Ante estos hechos, no podemos crear una excepción que el legislador no contempló, en detrimento de la clara política pública a favor del trabajador.

Coincidimos, pues, con la conclusión del foro primario en cuanto a que el señor Rivera Figueroa demostró que participó en una actividad protegida. De esta manera, se aseguran los derechos de los trabajadores contra represalias y se sostiene la efectividad del proceso investigativo que la Asamblea Legislativa protegió con la Ley Núm. 115.

En resumen, la Ley Núm. 115 provee protección contra represalias por realizar una actividad protegida. La actividad protegida es brindar información ante los foros señalados. En juicio, se probó la actividad protegida que realizaba el señor Rivera Figueroa y los actos de discrimen que sufrió. La AAA no pudo demostrar una razón legítima que justificara el discrimen hacia el peticionario. No surge del expediente que las expresiones realizadas por el peticionario hayan sido de carácter difamatorio o una divulgación de información privilegiada. El que las expresiones del señor Rivera Figueroa se hicieran en el transcurso de las funciones de su empleo no altera lo antes señalado. Por lo tanto, ante este panorama, la AAA tiene la responsabilidad de compensar los daños ocasionados conforme al inciso (b) del Art. 2 de la Ley Núm. 115, supra.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y se reinstala la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas.

Se dictará sentencia de conformidad.

       Hizo esto después que presentó su reclamo al Tribunal de Primera Instancia el 13 de agosto de 1997. En esa ocasión, ese foro desestimó la querella porque no se agotó el procedimiento provisto en el Convenio Colectivo.

       “(a) Discrimination for making charges, testifying, assisting, or participating in enforcement proceedings
      “It shall be an unlawful employment practice for an employer to discriminate against any of his employees or applicants for employment, for an employment agency, or joint labor-management committee controlling apprenticeship or other training or retraining, including on-the-job training programs, to discriminate against any individual, or for a labor organization to discriminate against any member thereof or applicant for membership, because he has opposed any practice made an unlawful employment practice by this subchapter, or because he has made a charge, testified, assisted, or participated in any manner in an investigation, proceeding, or hearing under this subchapter.” 42 U.S.C.A. sec. 2000e-3(a)

       L. Cooney, Understanding and Preventing Workplace Retaliation, 88 Mass. L. Rev. 3, 7-8 (2003). Véase E.E.O.C. v. Total System Services, Inc., 221 F.3d 1171 (11mo Cir. 2000); Robbins v. Jefferson County School Dist. R-1, 186 F.3d 1253 (10mo Cir. 1999); Vasconcelos v. Meese, 907 F.2d 111 (9no Cir. 1990); Booker v. Brown & Williamson Tobacco Co., Inc., 879 F.2d 1304 (6to Cir. 1989); Sias v. City Demonstration Agency, 588 F.2d 692 (9no Cir. 1978).


text:
    Zaida L. Toro Avilés, demandante y recurrida, v. Puerto Rico Telephone Company, demandada y peticionaria.

      Número: CC-2005-379

      Resuelto: 23 de octubre de 2009

      Jeannette Marina Negrón Ramírez, de García & Fernández, abogada de la parte peticionaria; José R. López de Victoria Bras, abogado de la parte recurrida; Zaida Torres Avilés, pro se.

   El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo

emitió la opinión del Tribunal.

En esta ocasión nos corresponde resolver si un patrono está obligado a cumplir con una orden de embargo de salario emitida contra una de sus empleadas por una agencia administrativa del estado de Nueva York, bajo la autoridad de la ley federal “Higher Education Act”. Además, nos corresponde determinar si el procedimiento de exequátur aplica a dicha orden administrativa.

I

La demandante y recurrida, Sra. Zaida L. Toro Avilés, es empleada de la Puerto Rico Telephone Company (P.R.T.C.) en la ciudad de Mayagüez, Puerto Rico. El 15 de enero de 2003 la P.R.T.C. recibió una Orden de Retención de Salarios (“Order of Withholding from Earnings”) de la corporación estatal de Nueva York “New York State Higher Education Services Corporation” (H.E.S.C.), de 3 de enero de 2003. La referida orden, que fue emitida en virtud de la ley federal “Higher Education Act” (H.E.A.), establecía que P.R.T.C. tenía que retener del salario de la señora Toro Avilés una suma que no excediera el 10% del pago neto de la empleada en cada periodo de pago o la suma permitida conforme a la Ley Federal sobre Embargos de Salarios, que permite los embargos múltiples hasta un máximo de 25% del salario neto. Además, se autorizó al patrono a descontar una suma mayor sólo si el empleado consentía por escrito dicho descuento superior.

En la propia orden de retención remitida por la H.E.S.C. se señalaba que ésta era un mecanismo utilizado para cobrar deudas morosas de préstamos estudiantiles garantizados por la legislación federal antecedida. Según la orden, hasta el 31 de diciembre de 2002 la deuda ascendía a $6,616.01. En dicho documento se le ordenó al patrono a dirigir las sumas retenidas a la dirección postal de la H.E.S.C., la cual fue provista. Así pues, la P.R.T.C. procedió a hacer los descuentos del salario de la recurrida bisemanalmente en conformidad con este procedimiento. A la señora Toro Avilés se le descontó una primera suma de $51.21 y se le activó un descuento de $71.60 bisemanal hasta que se completara la cantidad adeudada de $6,616.01.

Así las cosas, el 15 de enero de 2004 la señora Toro Avilés presentó una demanda contra P.R.T.C., en la que alegó que desde diciembre de 2002 la P.R.T.C. le estaba haciendo descuentos de su salario sin notificación previa, sin evidencia y sin justificación ni autoridad alguna. Además, sostuvo que las actuaciones de su patrono se fundamentaban en una sentencia del estado de Nueva York que nunca le fue informada ni que fue registrada en Puerto Rico. Alegó que los descuentos estaban afectando su salario contraviniendo las disposiciones de ley y los derechos de ella como empleada. Por último, la demandante alegó que no existían documentos que le hayan sido entregados para justificar tal determinación y que las actuaciones de la P.R.T.C. eran totalmente opresivas e injustificadas.

Por su parte, el 22 de abril de 2004 la P.R.T.C. presentó una moción de sentencia sumaria. Atendida la solicitud, el tribunal mediante orden dispuso para la comparecencia de la parte demandante requiriéndole su posición. Transcurrido en exceso el término de veinte días concedido a la parte demandante para exponer su posición, ésta no compareció. El 21 de julio de 2004 el foro primario declaró “con lugar” la moción, desestimando en su totalidad la reclamación de la demandante. Dicho foro concluyó que la P.R.T.C. estaba obligada a cumplir con la orden de retención de salarios, conforme a las disposiciones de la H.E.A.

Inconforme, la señora Toro Avilés presentó un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones, el cual revocó la sentencia apelada. El foro apelativo intermedio determinó que: “[l]a sentencia extranjera en la que se fundamenta su decisión, no tiene vigencia automática e[x p]ropio vigore. Para que dicha sentencia tenga validez y efectividad en nuestra jurisdicción, se requiere que se cumpla con el procedimiento de Exequátur”. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 31.

Inconforme, la peticionaria P.R.T.C. acude ante nos mediante recurso de certiorari en el que señala la comisión, por parte del foro apelativo intermedio, de los errores siguientes:

Primero: Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al determinar que la orden de retención de salario emitida por la New York State Higher Education Services Corporation y con respecto a la deuda de la demandante-recurrida surge de una sentencia extranjera y/o norteamericana.
Segundo: Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al determinar que es necesario un procedimiento de Exequátur para dar validez a la orden de retención de salario que emana de una Ley Federal especial en lo sustantivo y en lo procesal. Tercero: Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al revocar la sentencia sumaria dictada correctamente por el Tribunal de Primera Instancia ante la inexistencia de controversias de hechos materiales y esenciales.
Cuarto: En la alternativa, erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al determinar que la sentencia sumaria no es un procedimiento legítimo para obtener el Exequátur.

Con el beneficio de las comparecencias de las partes, procedemos a resolver el recurso.

II

El exequátur es el procedimiento que se utiliza para reconocer y ejecutar sentencias de tribunales de los estados de Estados Unidos o de países extranjeros en nuestra jurisdicción. El propósito de este procedimiento es garantizar a las partes afectadas por una sentencia extranjera el debido proceso de ley, y así brindarles la oportunidad para ser escuchadas y presentar sus defensas.

A tales efectos, este Tribunal enumeró las normas de Derecho Internacional Privado que rigen, en ausencia de tratado o legislación especial, el reconocimiento y la convalidación de las sentencias extranjeras en Puerto Rico. Dichas normas, que hemos reconocido y ratificado a través de los años, se pueden resumir de la manera siguiente:

1. Que la sentencia extranjera haya sido dictada por un tribunal con jurisdicción sobre la persona y el asunto que sea objeto de ésta.

2. Que la sentencia haya sido dictada por un tribunal competente.

3. Que se haya observado el debido proceso de ley por el tribunal que emitió la sentencia.

4. Que el sistema según el cual se dictó la sentencia se distinga por su imparcialidad y ausencia de prejuicio contra los extranjeros.

5. Que la sentencia dictada en el extranjero no sea contraria al orden público del foro requerido o local, que no sea contraria a los principios básicos de la justicia y que no haya sido obtenida mediante fraude.

De estas normas se desprende que su aplicación corresponde solamente a las sentencias dictadas en otros países. En Márquez Estrella, Ex parte, 128 D.P.R. 243, 250 (1991), definimos, específicamente en el contexto y para efectos del recurso de exequátur, lo que constituye una sentencia de este tipo, señalando que se trata de cualquier sentencia dictada por un tribunal ajeno al Estado Libre Asociado, incluyendo los tribunales estatales de Estados Unidos.

Ahora bien, si se trata de una sentencia de un estado de Estados Unidos hemos reconocido que el procedimiento de exequátur es relativamente más sencillo. Por consiguiente, contrario a los casos de sentencias de otros países, el reconocimiento en Puerto Rico de las sentencias de algún estado de Estados Unidos está sujeto simplemente a las limitaciones de la cláusula de entera fe y crédito de la Constitución federal. En estos casos, los tribunales puertorriqueños sólo tienen que darle entera fe y crédito a dichas sentencias estatales, siempre y cuando éstas hayan sido dictadas por un tribunal con jurisdicción sobre la persona y la materia, mediante el debido proceso de ley y no hayan sido obtenidas por fraude. Así pues, el procedimiento de exequátur aplica sólo a situaciones relacionadas con sentencias dictadas por tribunales que no for-men parte de la jurisdicción puertorriqueña y, a su vez, los requisitos varían dependiendo de si la sentencia que se pretende validar es de un país extranjero, o de un estado de Estados Unidos.

En este caso, sólo en las alegaciones de la parte recurrida se hace mención de una sentencia del estado de Nueva York, y ni siquiera se especifica el tribunal que la emitió. Por consiguiente, luego de un riguroso análisis del expediente, entendemos que dichas expresiones son utilizadas erróneamente para hacer referencia a la orden administrativa de la corporación estatal neoyorquina. Por otro lado, es evidente que el Tribunal de Apelaciones fundamentó su decisión en dichas alegaciones sin verificar si verdaderamente existía una sentencia del estado de New York, la cual, en definitiva, no existe.

Al así actuar, el Tribunal de Apelaciones erró en su función revisora al determinar que la orden de retención de salario emitida por la corporación estatal “New York State Higher Education Services Corporation” surge de una sentencia del estado de New York. Es claramente palpable que dicha orden no fue emitida por un tribunal. Por lo tanto, el primer error fue cometido ya que el procedimiento de exequátur no es aplicable al caso de autos.

Ahora bien, en este caso nos enfrentamos a una orden administrativa estatal de un estado de Estados Unidos bajo la autoridad de una ley federal que ocupa el campo y permite la plena ejecución de dicha orden en nuestra jurisdicción sin necesidad de ir a los tribunales. Veamos.

III

El programa federal “Federal Family Education Loan Program” (F.F.E.L.P.), antes conocido como “Guaranteed Student Loan Program”, fue creado por la ley federal conocida como “Higher Education Act” (H.E.A.) como un esfuerzo para incentivar el uso de capital privado con el objetivo de financiar, a bajo interés, préstamos a largo plazo para la educación post-secundaria.

La H.E.A. permite que agencias garantizadoras (“guaranty agency”) manejen la administración del programa de préstamos a nivel estatal en nombre del gobierno federal. Este tipo de agencia garantiza el préstamo estudiantil realizado a un prestamista privado. Así pues, si un estudiante no paga dicho préstamo, la agencia garantizadora paga el balance (“out-standing loan balance”) al prestamista y toma el título del préstamo. Una vez paga, ésta puede comenzar a realizar esfuerzos para cobrar la deuda.

Cuando el prestatario falla en reembolsar el préstamo, uno de los métodos de cobrar el pago de estos préstamos F.F.E.L.P. en mora, es mediante el embargo administrativo de salario (“Administrative Wage Garnishment”). Este tipo de orden permite embargar salarios sin la necesidad de tener una orden judicial, ya que el Congreso entendió que no era costo-efectivo para el Departamento de Justicia perseguir a través del proceso judicial los préstamos en mora que envuelven pequeñas cantidades de dinero.

Con relación a este tipo de embargos, la H.E.A. dispone lo siguiente:

(a) Garnishment requirements.

Notwithstanding any provision of State law, a guaranty agency, or the Secretary in the case of loans made, insured or guaranteed under this subchapter and part C of subchapter I of Chapter 34 of Title 42 that are held by the Secretary, may garnish the disposable pay of an individual to collect the amount owed by the individual, if he or she is not currently making required repayment under a repayment agreement with the Secretary, or, in the case of a loan guaranteed under part B of this subchapter on which the guaranty agency received reimbursement from the Secretary under section 1078(c) of this title, with the guaranty agency holding the loan, as appropriate, provided that—

(1) the amount deducted for any pay period may not exceed 15 percent of disposable pay, except that a greater percentage may be deducted with the written consent of the individual involved;

(2) the individual shall be provided written notice, sent by mail to the individual’s last known address, a minimum of 30 days prior to the initiation of proceedings, from the guaranty agency or the Secretary, as appropriate, informing such individual of the nature and amount of the loan obligation to be collected, the intention of the guaranty agency or the Secretary, as appropriate, to initiate proceedings to collect the debt through deductions from pay, and an explanation of the rights of the individual under this section;

(3) the individual shall be provided an opportunity to inspect and copy records relating to the debt;’

(5) the individual shall be provided an opportunity for a hearing in accordance with subsection (b) of this section on the determination of the Secretary or the guaranty agency, as appropriate, concerning the existence or the amount of the debt ... concerning the terms of the repayment schedule;

(6) the employer shall pay to the Secretary or the guaranty agency as directed in the withholding order issued in this action, and shall be liable for, and the Secretary or the guaranty agency, as appropriate, may sue the employer in a State or Federal court of competent jurisdiction to recover, any amount that such employer fails to withhold from wages due an employee following receipt of such employer of notice of the withholding order, plus attorneys’ fees, costs, and, in the court’s discretion, punitive damages, but such employer shall not be required to vary the normal pay and disbursement cycles in order to comply with this paragraph;

(8) ... accordance with this section by reason of the fact that the individual’s wages have been subject to garnishment under this section, and such individual may sue in a State or Federal court of competent jurisdiction any employer who takes such action. The court shall award attorneys’ fees to a prevailing employee and, in its discretion, may order reinstatement of the individual, award punitive damages and back pay to the employee, or order such other remedy as may be reasonably necessary. 20 U.S.C.A. sec. 1095a(a).

De lo anterior, podemos colegir que este estatuto federal establece una serie de requisitos procesales con los cuales la agencia garantizadora deberá cumplir antes de emitir una orden de embargo de salario al patrono del deudor. Entre estos requisitos se encuentran el deber de notificación y el derecho que tiene el deudor a una vista, entre otros. Sin embargo, como veremos más adelante, el patrono no tiene discreción alguna para negarse a cumplir con la orden.

Las disposiciones legales de la ELE.A. permiten a una agencia garantizadora embargar el salario del prestatario moroso, emitiendo una orden de embargo dirigida a su patrono. La cantidad deducida en un periodo de pago no podrá exceder el 15% del salario neto. Dicha orden deberá contener la información necesaria para permitirle al patrono cumplir con ésta.

Ahora bien, el patrono de dicho prestatario moroso no está autorizado a impugnar o cuestionar si su empleado debe realmente los préstamos. De hecho, del texto de la disposición sobre el embargo de salario surge que el patrono no tiene defensa alguna contra la orden de embargo al disponer que, “the employer shall pay ... as directed in the withholding order”. Es decir, la H.E.A. per-mite que sólo el prestatario moroso, y no su patrono, pueda controvertir la deuda o el procedimiento.

Si luego de recibir la orden de embargo el patrono se negase a cumplirla, podría responder por dicha deuda. La H.E.A. permite a la agencia garantizadora demandar al patrono en los tribunales estatales y federales para recobrar no sólo la deuda del empleado sino, que en este tipo de situación, el patrono podría responder también por las costas y los honorarios de abogado así como por los daños punitivos. Así pues, el patrono no tiene discreción alguna para negarse a cumplir con la orden de embargo emitida por una agencia garantizadora al amparo de la H.E.A. Además, el patrono no tiene otras alternativas en la jurisdicción estatal, ya que la ley federal clara y expresamente ocupa el campo estatal.

Por consiguiente, un patrono en Puerto Rico al que una agencia administrativa de un estado le ha remitido una orden de embargo contra unos de sus empleados, actuando al amparo de la autoridad de una ley federal que ocupa el campo, está obligado a cumplir con ésta.

En el caso de autos, la P.R.T.C. recibió una orden de embargo de la corporación estatal neoyorquina H.E.S.C., el 15 de enero de 2003, en contra de su empleada Zaida L. Toro Avilés. Dicha orden ordenaba a la P.R.T.C. embargar el 10% del salario neto de ésta o la suma permitida por la ley federal. La orden contenía el nombre de la empleada, su seguro social, dirección y la cantidad que adeudaba. Además, señalaba la fuente de ley que le permitía a H.E.S.C. emitir la orden de embargo de salario. La orden incluía también la dirección a la cual la P.R.T.C. debía enviar las deducciones hechas, las cuales debían contener el nombre y seguro social de la deudora. Por lo tanto, ésta contenía la información necesaria para permitirle a la P.R.T.C. cumplir con ella.

Por su parte, la señora Toro Avilés expone en su alegato que la P.R.T.C. no tenía autoridad para retener parte de su salario y que no se había seguido el procedimiento de exequátur. Sin embargo, ambos planteamientos son inmeritorios. Ya hemos mencionado que el procedimiento de exequátur no es aplicable a las órdenes administrativas. Además, la actuación de la P.R.T.C. está respaldada por los estatutos federales previamente esbozados. Por tal razón, la actuación de dicho patrono no fue ultra vires, sino que actuó dentro del marco legal permitido. Al mismo tiempo, incumplir con dicha orden administrativa expone al patrono a responder judicialmente.

Por otro lado, la legislación federal no requiere un procedimiento especial para validar la orden de retención de salarios recibida por el patrono, en este caso P.R.T.C. Además, la señora Toro Avilés no impugnó la deuda, no entabló ningún procedimiento judicial en contra de “New York State Higher Education Services Corporation”, ni impugnó el proceso seguido por esta última. Claramente, por disposición federal, en este caso no se requiere un procedimiento especial para validar la orden recibida por la P.R.T.C., previo a darle cumplimiento al embargo de salarios.

Por lo tanto, erró el Tribunal de Apelaciones al determinar que era necesario un procedimiento de exequátur para dar validez a la orden de retención de salarios.

IV

La Regla 36 de Procedimiento Civil provee para que pueda dictarse una sentencia de forma sumaria. En reiteradas ocasiones, hemos expresado que la sentencia sumaria es un mecanismo procesal extraordinario cuyo propósito fundamental es agilizar la tramitación de los pleitos al eludir la celebración ordinaria de juicios en los méritos. Para que proceda la utilización de este mecanismo, el peticionario tiene que establecer su derecho con claridad y demostrar la inexistencia de una controversia real sustancial sobre hechos materiales.

Así pues, la sentencia solicitada se dictará sumariamente si de las alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas, si las hubiese, surge que no existe una controversia real sustancial en cuanto a ningún hecho material. Por lo que sólo restaría por resolver una controversia de derecho.

Por otro lado, la parte que se opone a la solicitud de sentencia sumaria no puede descansar exclusivamente en sus alegaciones ni tomar una actitud pasiva, ésta tiene que controvertir la prueba presentada por el peticionario. “No obstante, el mero hecho de que el promovido no se oponga con evidencia que contravenga la presentada por el solicitante de la sentencia sumaria, no implica necesariamente que ésta proceda.” Es indispensable demostrar que se tiene razón como cuestión de derecho.

De acuerdo con lo anterior, luego de analizar el expediente del caso de autos en su totalidad, concluimos que así como dictaminó el Tribunal de Primera Instancia, no queda ningún hecho material en controversia. Además, como cuestión de derecho procedía que se dictara sentencia sumaria. Por consiguiente, el tercer error señalado también fue cometido, ya que el Tribunal de Apelaciones erró al revocar la sentencia sumaria dictada correctamente por el Tribunal de Primera Instancia ante la inexistencia de controversias de hechos materiales y esenciales y que como cuestión de derecho también procedía.

V

En armonía con lo antes señalado, se revoca la sentencia del Tribunal de Apelaciones (Región Judicial de Mayagüez) y se reinstala la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rivera Pérez no intervino. El Juez Asociado Señor Martínez Torres no interviene.

       Higher Education Act, 20 U.S.C.A. sec. 1070 et seq.

       íd.

       Consumer Credit Protection Act, 15 U.S.C.A. sec. 1671 et seq.

       Véase Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 163.

       Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 31.

       Petición de certiorari, pág. 5.

        Mench v. Mangual, 161 D.P.R. 851, 856 (2004).

       íd., págs. 856-857; Márquez Estrella, Ex parte, 128 D.P.R. 243, 250 (1991); Silva Oliveras v. Durán Rodríguez, 119 D.P.R. 254, 259 (1987); Ef. Litográficos v. Nat. Paper & Type Co., 112 D.P.R. 389 (1982).

       íd.

        Márquez Estrella, Ex-parte, supra, págs. 255-256; Roseberry v. Registrador, 114 D.P.R. 743 (1983).

       íd.

        Márquez Estrella, Ex-parte, supra, págs. 255-256.

       La confusión sobre la existencia de la sentencia extranjera es tal, que el Tribunal de Apelaciones expresó que existía una sentencia de un tribunal de Nueva York y el Tribunal de Primera Instancia expresó que existía una de un tribunal de Minnesota. Sin embargo, al examinar el expediente surge que la sentencia de Minnesota a la que se hace alusión es la del caso Educational Credit Management v. Cherish Products, 247 F. Supp.2d 1132 (D. Minn. 2003), la cual fue incluida por P.R.T.C. en su moción de sentencia sumaria como fundamento legal para sustentar sus alegaciones y no estaba relacionada directamente con el caso de autos.

       20 U.S.C.A. sec. 1071 et seq.

         La H.E.A. define el término de “agencia garantizadora” de la forma siguiente:
      “The term ‘guaranty agency’ means any State or nonprofit private institution or organization with which the Secretary has an agreement under section 1078(b) of this title.” 20 U.S.C.A. sec. 1085(j).

       20 U.S.C.A. sec. 1095a(a).

       137 Cong. Rec. S7291-02, S7369.

       20 U.S.C.A. sec. 1095a(a)(l). Es importante señalar que al momento de los hechos el máximo permitido por la ley era de 10%. Además, en el escenario en el cual el empleado estuviese sujeto a múltiples embargos, la legislación federal establece que nunca se le podrá embargar al empleado más del 25% de su salario neto. 15 U.S.C.A. sec. 1673(a).

       20 U.S.C.A. sec. 1095a(c); 34 C.F.R. sec. 682.410(b)(9)(i)(I).

       20 U.S.C.A. sec. 1095a(a)(6).

       20 U.S.C.A. sec. 1095a(a)(5) y 1095a(b).

       20 U.S.C.A. sec. 1095a(a)(6); 34 C.F.R. sec. 682.410(b)(9)(i)(F).

       íd.

       Véase 20 U.S.C.A. sec. 1095a(a); esta sección claramente establece: “Notwithstanding any provision of State law, a guaranty agency ... may garnish the disposable pay of an individual ....”

       Con fines ilustrativos, véanse algunas decisiones similares a las que han llegado algunos tribunales de distrito federal en la interpretación de esta ley. Educational Credit Management Corporation v. Chuck Wilson, 2005 U.S. Dist. LEXIS 45334 (E.D.Tenn. May 27, 2005); Savage v. Scales, 310 F. Supp. 2d 122 (D. D.C. 2004); Educational Credit Management v. Cherish Products, supra.

       32 L.P.R.A. Ap. Ill, R. 36.

        González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 D.P.R. 127, 137 (2006); Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 D.P.R. 154, 184 (2005).

        González Aristud v. Hosp. Pavía, supra.

       32 L.P.R.A. Ap. III, R. 36.3.

       íd.

        González Aristud v. Hosp. Pavía, supra, pág. 138; Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R. 599 (2000).

        González Aristud v. Hosp. Pavía, supra, pág. 138; Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 D.P.R. 714, 721 (1986).

       Obviamos el argumento en la alternativa, señalado por el peticionario, en el cuarto error por considerarlo inmeritorio. Al aceptar la comisión de los primeros tres errores, el último no es aplicable por tratar sobre la utilización de una sentencia sumaria en un procedimiento de exequátur, algo que no se ajusta a los hechos del caso.