author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Walter L. Bothwell, demandante, apelado y apelante, v. White Star Bus Line, Inc., demandada, apelante y apelada.
    Núm. 8301.

    Sometido: Noviembre 13, 1941.

      Resuelto: Noviembre 25, 1941.

      C. Triarte, F. Fernández Cuyar y IT. González Blanes, abogados de la apelante; Broiun, González & Neiusom, y F. Córdova Díaz, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

En la tarde del 2 de mayo de 1938 y frente a la entrada-de la Universidad de Puerto Rico, tomó el demandante, en calidad de pasajero, el ómnibus número P-276, propiedad de la compañía demandada, que a la sazón se dirigía de Río Piedras a la ciudad de San Juan. En el curso del viaje sufrió el demandante la fractura del brazo derecho y otras lesiones por la alegada culpa y negligencia del chófer de la demandada y contra la sentencia dictada en resarci-miento de los daños y perjuicios estableció la demandada el presente recurso.

Para aquella fecha el antiguo puente sobre el caño de Martín Peña había sido destruido y mientras se construía el que hoy lo sustituye, peatones y vehículos pasaban por el puente de hierro con piso de madera por el cual discurrían anteriormente los carros eléctricos de la Porto Rico Railway, Light & Power Co. Este puente es estrecho y aunque da paso a dos ómnibus que viajen en dirección contraria al mismo tiempo, precisa que cada vehículo sé aproxime bien su derecha para evitar una colisión.

En los momentos de aproximarse a dicho puente, el demandante traía sobre sus piernas dos libros y sobre éstos descansaba otro que leía mientras viajaba, apoyando su brazo derecho sobre la ventanilla correspondiente al asiento que ocupaba.

Conforme resulta de la prueba del demandante, el ómni-bus P-276 se detuvo antes de penetrar en el puente, pero inmediatamente prosiguió su marcha sin esperar a que saliese-otro ómnibus que viajaba en dirección contraria, bas-tante retirado del costado del puente, y al penetrar en el mismo, el vehículo P-276 se vió precisado a hacer un movi-miento rápido, una inclinación hacia su derecha, como dicen algunos testigos, y al hacer este movimiento, el brazo dere-cho del demandante proyectó fuera del ómnibus y chocó con la baranda del puente, declarando algunos testigos del demandante qne el costado derecho del ómnibus también rozó con la citada baranda.

La prueba de la demandada no niega las lesiones recibi-das por el demandante, pero trata de defenderse alegando que su ómnibus se detuvo, quemo penetró en el puente hasta no haber salido del mismo un camión y un automóvil que viajaban con dirección a Río Piedras. Niega que fuese otro vehículo de la demandada el que pasaba por el puente en aquellos momentos e invoca la doctrina de jolts, jerks and lurches, alegando que al penetrar en el puente, el ómnibus hizo una inclinación hacia la derecha, y fué así como al que-dar fuera del vehículo el brazo del demandante, recibió las lesiones que motivaron la sentencia apelada.

En su contestación a la Remanda negó la demandada haber incurrido en negligencia y alegó en contrario que la causa próxima del accidente fué la negligencia del propio demandante; interpuso la defensa de negligencia contribu-yente y por último excepcionó la demanda por insuficiencia de hechos constitutivos de causa de acción.

La teoría de la demandada, tanto en lo que respecta a la excepción previa como a su negativa de ser ella culpable de negligencia, está predicada en la doctrina de jolts, jerks and lurches (sacudidas, brincos o movimientos bruscos).

Se admite por la jurisprudencia que tales sacudidas . violentas, saltos de los vehículos y paradas súbitas en caso de emergencia, no siempre constituyen negligencia por parte del porteador, siendo motivados estos accidentes unas veces por el mal estado de las calles o caminos, y otras por accidentes imprevistos causados por imprudencia de terceras personas o por congestión del tránsito y en ocasiones por la negligencia inexcusable del conductor o por defecto del vehículo. Los dos primeros casos son a veces inevitables, a pesar de que el porteador ejercite el más alto grado de cuidado, y por eso generalmente se consideran como riesgos que asume el pasajero al montar en estos vehículos. Por esta razón no puede establecerse una regia fija aplicable a todos los casos que puedan surgir, siendo necesario resolver cada caso por sus propios méritos. Véase 10 American Jurisprudence, págs. 213 et seq.

En el caso de Louisville Ry. Co., v. Osborne, 163 S.W. 189, 191, citado por la demandada, la Corte de Apelaciones de Kentucky expone la doctrina con admirable claridad, así:

“Sostenemos que es regla bien establecida en este Estado que un porteador de pasajeros no es culpable de negligencia proveniente de un alegado movimiento peligroso del vehículo, a menos que dicho movimiento hubiese sido innecesario e inusitado y de tal violencia que indique negligencia en el manejo del vehículo. No es suficiente para que exista negligencia que haya habido un movimiento inusi-tado o un brinco o salto del vehículo. Un movimiento inusitado, bajo ciertas circunstancias, podría ser enteramente necesario aun ejerci-tando el mayor grado de cuidado en el manejo del vehículo, y por consiguiente cuando se alega que el movimiento fué inusitado deberá demostrarse que fué innecesario, y cuando sea inusitado e innece-sario y de suficiente violencia para causar daño a un pasajero, el jurado podrá inferir que el daño fué causado por negligencia en el manejo del vehículo.”

La mera exposición de la doctrina demuestra su inapli-cabiliclad al caso de autos. La situación difícil en que inne-cesariamente se colocó el chófer de la demandada y que dió lugar al movimiento que hiciera el vehículo con tal vio-lencia que echó fuera el brazo del demandante, dando lugar así al accidente, fué una situación provocada por el propio conductor, que pudo haberlo evitado si hubiese ejercitado la diligencia que demandaban las circunstancias.

Bajo cualquiera de las dos teorías, la del demandante o la de la demandada, surge inevitablemente la negligencia de esta última. Asumiendo sin aceptarlo que sea cierta su alegación de que el ómnibus P-276 se detuvo antes de entrar al puente y que no penetró hasta después de haber salido el camión y el automóvil antes aludidos, no vemos qué necesidad tenía el conductor del vehículo de apro-simarse tanto a su derecha que una mera inclinación o des-viación del ómnibus diera lugar a que el brazo del deman-dante, al proyectar fuera de la ventanilla, chocase con la baranda del puente, especialmente si se tiene en cuenta que en aquellos momentos no había ningún otro vehículo en dicho puente. Es verdad que la Ley de Automóviles preceptúa que en los caminos públicos los automóviles se aproximen a su derecha tanto como les sea posible, pero nadie dudará que es negligente el conductor de un vehículo que innecesa-riamente se aproxima tanto a la orilla del camino que da lugar a que dicho vehículo, en una de estas sacudidas, se deslice a la cuneta o por un precipicio, con el consiguiente daño a sus pasajeros. Si en verdad en el puente no había ningún otro vehículo, como asegura la demandada, era obli-gación del conductor marchar a una razonable distancia de la baranda, de forma que impidiese un accidente como el ocurrido en este caso. Si como sostiene el demandante, y esto nos parece lo más probable, en los momentos de entrar al puente trataba de salir del mismo otro ómnibus que no marchaba justamente por su derecha, también debió esperar el chófer de la demandada, conociendo el ancho del puente, a que acabase de salir el otro vehículo para entonces entrar el suyo, evitando así exponer la vida de los pasajeros, a los cuales como porteador público debía la demandada el más alto grado de cuidado y circunspección.

En una extensa monografía que aparece en 96 A.L.R. 727, sobre el deber y responsabilidad de los porteadores de pasa-jeros en automóvil, y a las páginas 755 y 756, se citan dos casos que aunque los consideramos extremos, ilustran nues-tro punto de vista, así como el extraordinario grado de cui-dado que la ley exige de los porteadores públicos en relación con sus pasajeros. En el primero de ellos, el de Dauplaise v. Yellow Taxicab Co., (1931), 204 Wis. 419, 235 N.W. 771, el demandante viajaba en un automóvil de la compa-ñía demandada en una noche clara, con las luces del vehículo en buenas condiciones, por una carretera de muy poco tránsito. En la cuneta se hallaba una muía, como a diez pies de la carretera, la que saltó frente al automóvil, y al chocar con éste produjo daños al demandante. Se sos-tuvo que existía evidencia en el caso de la que podía infe-rirse que si el chófer del vehículo lo hubiese guiado con la debida atención, hubiese visto la muía y en el ejercicio de ordinaria diligencia hubiera podido controlarlo y evitar el choque con el animal. El otro es el de Stevens v. Yellow Cab Co., (1932, La. App.) 142 So. 807. En dicho caso el demandante viajaba como pasajero en un automóvil que a la sazón marchaba entre otros en una línea de tránsito. Súbitamente un automóvil se colocó en la línea delante del carro en que viajaba el demandante e inmediatamente paró, de tal forma, que obligó al' conductor del vehículo en que viajaba el demandante a detenerse tan súbita e inesperada-mente que el demandante fue lanzado contra las ventanillas del cristal que separaban la parte de atrás del carro del sitio que ocupaba el chófer, y con motivo de ese choque el demandante se hirió la nariz. Se sostuvo que la deman-dada era responsable de los daños sufridos por el deman-dante, porque si el conductor del vehículo hubiera venido alerta, hubiera visto el otro automóvil y no lo hubiera seguido tan de cerca que necesitase parar súbitamente.

En la demanda se alega que entre el demandante y la demandada existió la relación de pasajero y porteador. Se alega también el acto de negligencia de la segunda, y que dicho acto fué la causa próxima del accidente, con el consiguiente daño al demandante. Siendo ello así, la demanda contiene los elementos necesarios constitutivos de la causa de acción ejercitada.

Réstanos ahora considerar si el demandante incurrió en negligencia contribuyente por el mero hecho de llevar su brazo apoyado sobre la ventanilla. Veamos lo que sobre el particular dice American Jurisprudence:

“Apoyar el brazo sobre la ventanilla. — Las autoridades están dé acuerdo en la proposición de que no constituye negligencia per se por parte de un pasajero, ya viaje en un ferrocarril o tranvía ur-bano, apoyar el brazo sobre la ventanilla abierta, siempre que dicho brazo quede totalmente dentro del vehículo. Por consiguiente, no está impedido de obtener indemnización al sufrir daños mientras va en esa posición o por el que resulte al proyectar el brazo fuera de la ventanilla impelido por un salto o sacudida del vehículo. ’ ’ Ob. eit., t. 10, pág. 296.

No existiendo controversia en cnanto a la cuantía de la sentencia, procede su confirmación.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señou Todd, Je.,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Cárlos García Badillo, acusado y apelante.
    Núm. 8790.

    Sometido: Noviembre 13, 1941.

      Resuelto: Noviembre 25, 1941.

      J. Valldejuli Rodrigues, abogado del apelante; I-Ion. Procurador General George A. Malcolm y R. A. Gomes, Fiscal del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señou Todd, Je.,

emitió la opinión del tribunal.

Carlos García Badillo apela de la sentencia que le con-denó a pagar un dólar de multa o en su defecto a sufrir un día de cárcel impuesta por la Corte de Distrito de San Juan por una infracción de la sección Ia. de la ley núm. 13 de 12 de abril de 1917 ((1) pág. 129) tal y como quedó enmen-dada por la ley núm. 25 de 11 de junio de 1921 (pág. 167) que dispone lo siguiente:

“Sección 1. — Un bollo de pan cuyo peso sea una libra ‘avoirdupois’ o 453 gramos, será la unidad o tipo modelo para los bollos de pan en Puerto Rico; Disponiéndose, que sólo podrán fabricarse para vender u ofrecer o exhibir para la venta bollos de pan de los pesos siguientes: de una libra ‘avoirdupois’ o 453 gramos y sus múltiplos, de media libra ‘avoirdupois’ o 226 gramos, y de un cuarto de libra ‘avoirdupois’ o 113 gramos.”

La denuncia imputa al acusado, dueño de una panadería en Puerta de Tierra el que:

. . . “voluntaria e ilegalmente, vendió, por medio de su empleado, administrador o encargado, Osvaldo García a Jesús María Castro, diez bollos de pan cuyo peso individual era menor de un cuarto de libra ‘avoirdupois’ o 113 gramos y también menor de 103 gramos que es el peso menor concedido a los bollos de pan que se fabriquen en Puerto Rico, después de descontada la tolerancia por defecto. . . ”

Dos son los errores que imputa en su alegato el apelante a la corte inferior, primero, por “haber dictado sentencia contraria a la evidencia en el caso” y, segundo, por “haber mal interpretado la letra y el espíritu de la ley núm. 25 aprobada por nuestra Legislatura en 11 de junio de 1921.”

Como bien dice el Fiscal de esta Corte en su alegato, el apelante, al discutir dichos errores, parte de una falsa premisa al afirmar que: “La intención y la letra de la denuncia en este caso es denunciar al apelante por vender pan falto de peso” (página 2 de su alegato al empezar a discutir el primer error), y más adelante: “No hay duda que la indicada ley núm. 25 de 1921 es una ley dirigida exclusivamente para evitar el fraude, esto es, que se venda pan o sus derivados falto de peso al público ” (Página 11 alegato, al empezar a discutir el segundo error.)

La denuncia no imputa al acusado el haber vendido pan falto de peso, sino el haber fabricado y vendido bollos de. pan de un peso o tipo cuya fabricación y venta no está auto-rizada por la sección Ia. de la ley núm. 25 de 1921, supra, que expresamente dispone que “sólo podrán fabricarse para vender u ofrecer o exhibir para la venta bollos de pan de una libra . . . media libra ... y de un cuarto de libra *avoirdupois’ o 113 gramos.”

La prueba de cargo demostró que un empleado del demandado le vendió a un Inspector de Pesas y Medidas diez bollos de pan, a centavo cada uno, y que cada uno de dichos bollos pesaba de 42 a 56 gramos o sea menos de 103 gramos, que es el peso mínimo (con los 10 gramos de tolerancia concedidos) que un bollo de un cuarto de libra puede tener, siendo éste el tamaño más pequeño autorizado por dicha ley; que la venta de estos panecillos no se persigue cuando se hace a los hoteles y fondas pero sí cuando se les vende directamente al público.

La de descargo demostró que estos panecillos los fabrica el acusado para venderlos a aquellos restaurantes y clubs que venden “hot dogs” y “hamburgers” y que el acusado no acostumbra vender dichos panecillos al detall sino al por mayor y no por libras sino por tantas unidades, cien, dos-cientas, mil; que se venden a los establecimientos que los encargan tales como El Eseambrón, el Coffee Shop del Con-dado, el Puesto de Buchanan y todos los “bares.”

No hay contradicción entre nna y otra prueba en cuanto al becbo de que el acusado al fabricar y vender estos pane-cillos al por mayor a distintos clubs y restaurantes para ser utilizados en la confección de los llamados “hot dogs” o “hamburgers” no ha sido denunciado ni perseguido. Es cuando vendió esos panecillos al detall, no ya para la con-fección de “hot dogs” o “hamburgers” sino para ser con-sumidos como pan, que fué denunciado por no constituir cada panecillo la unidad mínima autorizada por la ley. La actuación del Negociado de Pesas y Medidas al permitir la fabricación y venta de estos panecillos en grandes cantida-des, expresamente para la confección de “hot dogs” y “hamburgers”, demuestra que no se ha querido perjudicar esta nueva industria en Puerto Rico, con una interpretación estricta y técnica del estatuto y que ni el acusado, ni otros fabricantes de pan, han sido denunciados cuando han reali-zado esas ventas al por mayor. El motivo es obvio. El que compra un “hot dog” o un “hamburger” no lo compra como pan sino por lo que dicho pan contiene: salchicha o carne picada, junto con el pan. El precio que paga no es tomando en consideración lo que pueda pesar el panecillo sino por su contenido. Si los hoteles, restaurantes o clubs vendieran esos panecillos sueltos, como lo hizo el acusado, también violarían la ley, pues al que compra un bollo de pan, como tal, la ley ha querido protegerlo de manera que sepa el peso mínimo de la unidad que adquiere. Esta clase de legislación ha sido consistentemente sostenida como válida y constitucional. Véanse al efecto las anotaciones en 6 A. L. R. 429 y 90 A. L. R. 1290 de las que,citaremos algunos ejemplos:

En el caso de State v. McCool, (1910), 83 Kan. 428, 111 P. 477, el estatuto de Kansas dispone lo siguiente:

“Un bollo ele pan para la venta tendrá dos libras de peso. Pan, a menos que sea compuesto de gran parte de centeno o maíz, se ven-derá sólo en bollos enteros, medios bollos o cuartos de bollo y de nin-guna otra manera . . . excepto que esta sección no se aplicará a panecillos, ‘rolls’ o a pan de fantasía, ‘fancy bread’, que pese me-nos de un cuarto de libra.”

El acusado en dicho caso fué convicto de vender pan que pesaba 13% onzas cuando la ley sólo autorizaba la venta de bollos de 32, 16 u 8 onzas. Se confirmó la sen-tencia y sostuvo la ley como válida. Es de notarse que el estatuto expresamente exceptuaba los panecillos, “rolls” y pan de fantasía. Nuestra ley no contiene excepción alguna.

En el caso de Allion v. City of Toledo, (1919), 124 N. E. 237, se sostuvo que una ordenanza que fijaba el peso mínimo de cada bollo de pan en una libra era constitucional y válida, y las cortes, a menos que exista un claro y palpable abuso de poder, no sustituirán su criterio por el de la discreción legislativa.

La Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de Schmidinger v. Chicago, 226 U. S. 578, 57 L. ed. 364, sostuvo como válida una ordenanza aprobada por la ciudad de Chicago que sólo permitía la fabricación de bollos de pan de .% libra como mínimum y de 6 libras como máximum, y se expresó así:

“Las autoridades legislativas locales y no las cortes, son las lla-madas a juzgar las necesidades de situaciones locales que requieren reglamentación policíaca, y las cortes sólo pueden intervenir cuando tal reglamentación excede arbitrariamente el ejercicio razonable de autoridad. ’ ’

La ley núm. 25 de 11 de junio de .1921 cuya sección pri-mera se alega infringió el acusado, ya fué declarada válida y constitucional por esta Corte, en cuanto a su sección segunda, en el caso de Pueblo v. Cedeño, 42 D.P.R. 433 donde se dijo, según aparece del sumario que:

“No existiendo nada en las prescripciones y limitaciones consti-tucionales que probiba a la Legislatura actuar, como lo hizo al exigir por la sección 2 de la Ley Núm. 25 de 1921 (pág. 167) que el industrial pese el pan y fije en la envoltura los precios de la unidad tipo, y del bollo, según su peso, nada bay que justifique al poder judicial a declarar nula e inconstitucional tal ley.”

La misma doctrina es aplicable a la sección primera de la ley.

En cnanto a la argumentación del apelante en el sentido de que no se estableció “la agencia de la persona que vendió el pan ni que tuviera la tal persona la representación del dueño” ya esta corte ba resuelto, en el caso de El Pueblo v. Aponte, 54 D.P.R. 644, que el dueño de una panadería en que se expenda pan al público, es responsable de una infracción a esta ley, esté o no presente en dicho establecimiento al ocuparse un pan falto de peso. Igual responsabilidad le cubre si, no estando presente, se vende pan en violación de la sección primera de la ley.

Debe declararse el recurso sin hogar ■y confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    Pedro Pastrana Reyes, demandante y apelante, v. Isabel Díaz Díaz, demandada y apelada.
    Núm. 8290.

    Sometido: Noviembre 14, 1941.

      Resuelto: Noviembre 25, 1941.

      Francisco González Fagundo y Antonio L. López, abogados del ape-lante; P. Pérez Pimentel, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

El 17 de abril de 1941 resolvimos el caso de Guijarro v. Lluberas, 58 D.P.R. 464, en el que, al interpretar el artículo 164 del Código Civil, según quedó enmendado por la ley núm. 14, aprobada ©1 14 de marzo de 1939, dijimos, según aparece del sumario, que “el cónyuge que por sentencia de divorcio quede privado de la patria potestad sobre su liijo menor, no tiene acción para pedir que se declare extinguida la patria potestad del cónyuge inocente, cuando éste contrae nuevas nupcias” y que, “su único derecho . . . es el de intervenir y ser oído en cuanto a la selección del tutor para el menor.”

La sentencia en el caso de autos declarando sin lugar la demanda fué dictada por la corte inferior en octubre 17 de 1940, es decir, varios meses antes de ser resuelto el de Guijarro, supra, y en la opinión el juez hizo constar lo siguiente:

“No habiéndose colocado al tribunal en condiciones de poder resolver lo que estime conveniente para beneficio de la menor Ada Bisinia, por haber quedado huérfana de toda prueba la alegación séptima de la demanda, negada en la contestación, en cuanto a las condiciones a que está sometida dicha menor que requieran para be-neficio de la misma, el nombramiento de un tutor, procede que decla-remos sin lugar la demanda, por entender que de acuerdo con las disposiciones del artículo 164, supra, es necesaria la presentación de evidencia que nos ponga en condiciones de resolver en cuanto al bienestar de la menor, ya que el solo hecho de haber la demandada contraído segundas nupcias no es suficiente para privar a la misma de la patria potestad sobre su hija Ada Bisinia.”

Aun cuando la demanda pudo haber sido desestimada por carecer el demandante de acción, la sentencia dictada por la corte inferior se ajusta a lo resuelto en el mencionado caso de Guijarro, donde después de citar el artículo 164 del Código Civil, expusimos cuáles eran los requisitos que debían cum-plirse para que ocurra la pérdida de la patria potestad del cónyuge inocente que contrae segundas nupcias, al expre-sarnos así:

“El propósito del legislador ha sido a nuestro juicio claramente expresado. Velando por el bienestar y felicidad del menor y teme-roso de que éste pudiese verse obligado en contra de su deseo a vivir con un padrastro o madrastra que pudiera maltratarle, dispuso el legislador que el cónyuge que por sentencia de divorcio conservó la patria potestad sobre sus hijos menores, la perderá si contrajere se-gundas nupcias y mientras duren éstas. Esa pérdida de la patria potestad no tiene lugar automáticamente al efectuarse las segundas nupcias. Es necesario que se cumplan dos requisitos esenciales para que ocurra la pérdida de la patria potestad: (a) que se promueva acción en juicio declarativo por alguna de las personas llamadas a ejercer la tutela legítima; y (b) que el tribunal, después de oír la prueba, estime que es conveniente y beneficioso para el menor decretar la pérdida de la patria potestad que se solicita. Mientras no se cum-plan esos dos requisitos, el cónyuge inocente continuará, no obstante haber contraído segundas nupcias, ejerciendo la patria potestad que le fué conferida por la sentencia de divorcio.” (Itálicas nuestras.)

No obstante la insistencia del apelante en su informe oral no nos ha convencido de que debemos variar en forma alguna la interpretación que dimos al artículo 164 del Código Civil en el caso de Guijarro, supra, y, no habiendo el demandante presentado prueba alguna para sostener las alegaciones de su demanda, interpretó y aplicó bien la corte inferior el artículo 164, supra, y procede, como consecuencia, la confir-mación de la sentencia apelada.


text:
    Francisco Donato, demandante y apelante, v. Nicolás Cruz, demandado y apelado.
    Núm. 8311.

    Sometido: Noviembre 5, 1941.

      Resuelto: Noviembre 25, 1941.

      Francisco González Fagundo, abogado del apelante; Faustino B. Aponte, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una acción reivindieatoria en la que, tanto en la demanda original como en una complementaria, el deman-dante alegó que “las dos parcelas descritas . . . tienen un valor superior de $500.” Los demandados, al contestar ambas demandas, establecieron, entre otras, la defensa especial de que la finca objeto de litigio, tiene un valor inferior a $500 y por tanto que la Corte de Distrito de Humaeao care-cía de jurisdicción para conocer del caso. Al ser llamado éste para celebrarse el juicio señalado, al discutirse dicha defensa especial, el juez inferior preguntó:

“Entonces, la cuestión de la falta de jurisdicción, ^las partes la someten con la prueba?

A lo que contestó el abogado del demandante:

“Exacto.”

Diciendo entonces el juez:

“La Corte oirá la prueba y vista la prueba, resolverá la cuestión de falta de jurisdicción.”

Al efecto, después de presentada la prueba la corte inferior dictó la siguiente sentencia:

“La vista de este caso se llevó a efecto el día 12 de septiembre de 1939. Las partes comparecieron representadas por los Ledos. F. González Fagundo, F. R. Aponte y Rafael S. Vidal, respectivamente.
“La parte demandada levantó la cuestión de que la corte care-cía de jurisdicción porque el valor o precio de la finca envuelta en el litigio no era superior a $500. Esta cuestión de jurisdicción fue sometida al tribunal para ser resuelta después de practicada la prueba. Practicada ésta y examinada, tanto la prueba testifical como documental, arriba la corte a la conclusión de que la finca descrita no tiene un valor superior a $500 careciendo por tanto este tribunal de jurisdicción para conocer del mismo. Por esta sola cuestión y sin prejuzgar los méritos de las demás alegaciones y prueba de las par-tes, la corte declara sin lugar la demanda, condenando al demandante al pago de costas y a satisfacer a cada uno de los demandados la cantidad de $75 por concepto de honorarios de abogado.”

No conforme el demandante apeló y alega que la corte inferior cometió tres errores, a saber, primero, al apreciar la prueba para llegar a la conclusión de que la finca en litigio no vale más de quinientos dólares; segundo, al declarar que no tiene jurisdicción y tercero al condenar al demandante a pagar $75 por concepto de honorarios de abogado a cada uno de los demandados.

En relación con el primer error alegado, liemos leído la transcripción de la evidencia y de ella surge un conflicto entre la prueba del demandante y la de los demandados en cuanto al valor de las dos parcelas reclamadas en la demanda. Se trata de una parcela de cinco cuerdas y otra de odio cuerdas, en total 13 cuerdas, en las que según la declaración del demandante lo único que se sembraba y cosechaba eran yau-tías, ñames, batatas, plátanos y guineos (T. de E. 25) y las que fueron adquiridas por el demandado Sanabria por $300. (T. de E. 84). La corte inferior estuvo justificada en dar crédito a la prueba de los demandados y no habiéndose ale-gado que actuara movida por pasión, prejuicio o parcialidad, el primer error no fué cometido.

Es a la discusión del segundo error alegado que el apelante dedica la mayor parte de su alegato citando la conocida línea de casos resueltos por esta corte al efecto de que “generalmente lo que determina la jurisdicción por la cuantía envuelta es la suma reclamada en la demanda o la cantidad por la cual, en el aspecto más favorable para el demandante puede dictarse sentencia sobre los hechos expues-tos en la demanda.” Véanse, entre otros, Turner v. Concejo Municipal de San Juan, 24 D.P.R. 594; Körber & Co. v. López, 33 D.P.R. 30; Méndez v. Casino Hijos de Borinquen, 35 D.P.R. 270; Hamilton v. Boerman, 35 D.P.R. 542; Nazario v. Muñiz, 54 D.P.R. 54.

La doctrina expuesta en dichos casos no es aplicable al de autos. El demandante, al solicitar la reivindicación de las dos parcelas de terreno de trece cuerdas, alegó que valían, más ele $500. Ambos demandados, al contestar la demanda original y la complementaria, alegaron como defensa especial que la corte inferior carecía de jurisdicción por razón de la cuantía ya que dichas parcelas valían menos de la suma jurisdiccional. Como hemos visto, al llamarse el caso para juicio, las partes estipularon que la corte resolvería dicha defensa por la prueba y en efecto, así lo hizo. La cuestión previa en controversia en este caso lo fué, en todo momento la de jurisdicción y el propio demandante así lo aceptó al estipular que la misma fuera resuelta posteriormente por la prueba que presentaron las partes.

Se distingue este caso de los citados anteriormente por el hecho de que en aquéllos la cuestión de jurisdicción no fué planteada previamente y además de que en su mayoría se trataba de reclamaciones de una suma determinada de dinero, bien por deuda o en concepto de daños y perjuicios. Cuando estos son los conceptos de la reclamación la cuantía expuesta en la demanda es la que da jurisdicción a la corte aun cuando, por la prueba, luego se rebaje a una suma inferior a la jurisdiccional. La doctrina general está expuesta en 14 Am. Jur. 408 así:

“Se ba sostenido casi umversalmente que la suma reclamada por el demandante en la cláusula ad damnum de su declaración, petición o demanda, o la especificada en el emplazamiento, es la que deter-mina la cuestión relativa a la jurisdicción de una corte para conocer de una acción original, y no el valor de la propiedad envuelta en la controversia, según quedó establecido por la evidencia presentada en el juicio, ni tampoco la cantidad que fué declarada probada por el jurado, o que en definitiva sea probada.”

La misma regla impera eu California, donde la Corte Suprema del Estado declaró en el caso de Rodley v. Curry, 120 Cal. 541, que:

“Está tan sólidamente establecido que la suma reclamada en la demanda determina la jurisdicción de la corte, que no hay que citar autoridades. Cualquier otra regla estaría preñada de incertidumbres y complicaciones imposibles de prever.

Esta es la misma doctrina que aplicó esta corte en los casos antes citados.

Sin embargo, en el caso de autos no se reclama suma alguna en la demanda sino que, en forma genérica, se alegó que la. propiedad valía más de $500 y la alegación fué con-trovertida por la defensa especial y, por estipulación de las partes, se convino en que la corte inferior determinaría el valor de la propiedad de acuerdo con la prueba y resolvería entonces la cuestión jurisdiccional planteada. Ese fué en realidad, el único issue o materia en controversia en el caso, y la corte no erró al resolverlo en la forma en que lo hizo.

Se queja el apelante, por el tercer error, de haber sido condenado a pagar $75 como honorarios de abogado a cada uno de los demandados, y al argumentarlo sostiene que en este caso no actuó con temeridad pues la corte inferior no ha resuelto sobre el derecho de las partes y que si la propiedad vale menos de $500 la condena en $150 es alta-mente excesiva si se toma en consideración además el poco trabajo realizado por los abogados ya que el juicio fué muy corto practicándose poca prueba testifical.

Somos de opinión que el apelante tiene razón en cuanto a que la cantidad concedida, bajo todas las circunstancias del caso, es excesiva y que debe ser rebajada a la suma de $25 como honorarios de abogado para cada uno de los deman-dados, y así modificada, se confirma la sentencia apelada.


author: El Juez PresideNte Señor Del Toro

text:
    Angel Ortiz, demandante y apelante, v. Lorenzo Dragoni, demandado y apelado.
    Núms. 8349 y 8412.

    Sometidos: Noviembre 18, 1941.

      Resueltos: Diciembre 2, 1941.

      Fernando Zapater, abogado del apelante; R. Hernández Matos, abo-gado del apelado.
   El Juez PresideNte Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Éste es un pleito sobre interdicto para recobrar la pose-sión de una parcela de terreno de 507.20 metros que se alega que es parte de ana finca de 4.32 cuerdas radicada en el barrio de Montes Llanos del término municipal de Ponce.

La corte dictó sentencia en febrero 28, 1941, declarando la demanda sin lugar, con costas sin incluir honorarios de abogado. Ocho días después presentó su memorándum la parte demandada, reclamando $124. La parte demandante se opuso, y seguidos los trámites que marca la ley, el juez, finalmente, en mayo 28, 1941, fijó las costas en $26.48.

El demandante apeló de la sentencia de febrero 28 y de la resolución de mayo 28, 1941, tramitando sus recursos separadamente. Eso no obstante se vieron conjuntamente el 18 de noviembre actual y serán estudiados en esta sola opinión que servirá de base a las sentencias resolutorias de los mismos.

En su relación del caso y opinión, dijo el juez de distrito, en parte, lo que sigue:

"... .La prueba de^ la parte demandante no es suficientemente robusta y clara para que lleguemos al convencimiento de que el actor posee la parcela objeto de este pleito. La prueba de la parte demandada tampoco es lo suficientemente robusta, clara y convincente para que lleguemos a la conclusión de que el demandado está en la posesión material de la referida parcela. Ambos litigantes alegan que están y ban estado, dentro del año con anterioridad a la inter-posición de la demanda, en la posesión material de la parcela, pero la prueba presentada por ellos no sostiene tal alegación. Lo que sí no tenemos duda es que entre el demandante y el demandado ba existido una lucha por la posesión del terreno en cuestión; pero lo fundamental, el nervio de la contención, cual es, la posesión material de la parcela, no está claramente sostenida por la prueba. Las ca-racterísticas de este caso son más bien de una acción de deslinde o de reivindicación. No creemos juicioso que en un procedimiento extraordinario como el que nos ocupa, resolvamos una cuestión en la que tenemos serias dudas, ya que la prueba de una y otra parte, en lo que a la posesión material respecta, es débil en extremo. Muy poco crédito le bemos dado a esa prueba.”

Hemos estudiado la transcripción y coincidimos con el juicio de la corte sentenciadora en cuanto a la insuficiencia de la evidencia aportada por el demandante. Y como es al actor a quien incumbe la prueba, esta sola conclusión sería bastante para desestimar el recurso y confirmar la sentencia.

Pero bay más, el demandado no se limitó a negar que la parcela reclamada estuviera en posesión del demandante, si que alegó que él estaba en posesión de la misma desde bacía más de cinco años, y un examen de la evidencia que aportara nos lleva a concluir que dicba evidencia es más fuerte que la aportada por el demandante en apoyo de su contención.

No es necesario, pues, entrar en el examen de las varias cuestiones incidentales que se levantan en los alegatos reve-ladoras lo mismo que el juicio del encono de las partes, carac-terístico de esta clase de litigios. Aunque el demandante tuviera razón en todas ellas, siempre resultaría que no probó su caso y que por tal motivo tendría que ser declarada su demanda sin lugar. Actori inmmbit probatio.

Examinemos abora el recurso sobre costas. El único error que señala el apelante lo formula así:

“La Corte de Distrito de Ponce cometió gravísimo error de de-recho al aprobar las partidas diez y once del memorándum de cos-tas del demandado, ya que mediante dicha aprobación, concede compensación (fees) y millaje (mileage) a nueve testigos del de-mandado, cuando meramente declararon tres, sin que se hubiera establecido la buena fe del demandado al citar nueve testigos, ni la necesidad de esa citación, ni se hubiera puesto a la corte en condi-ciones de apreciar las razones que tuviera el demandado, si algunas tuviera, para prescindir de las declaraciones de seis de los nueve testigos que dice haber citado, y sin haberse probado la materialidad de esas seis declaraciones no producidas, o la finalidad de las mis-mas. ’ ’

Fija luego los hechos tales como surgen del récord, citando lo que sigue del testimonio del demandado:

‘1 ¿ El día en que se celebró el juicio, o sea, el nueve de diciembre, todos esos testigos declararon?
"No declararon todos, pero fué porque era tarde, y el abogado creía que era prueba acumulativa.
‘ ‘ i Quiénes declararon %
"Pedro Maldonado; declaró Caraballo y Francisco Vázquez.
"¿Es verdad que no declararon nada más que tres testigos y usted ?
"Sí, señor, porque los demás eran prueba acumulativa.
" (Pág. 8 T. de la E. Incidente de Costas.)”

Pone énfasis en que al terminar de declarar el último de sus testigos, el demandado dijo, "Ése es nuestro caso”, sin que hiciera renuncia expresa de sus otros testigos, ni los pusiera a disposición del demandante, ni los reservara, ni usara, como rebuttal.

T cita entonces la ley y lo resuelto por las cortes en gran número de casos sobre la materia en cuestión.

La corte de distrito después de resolver que el deman-dante no venía obligado a pagar las dietas y milla je de testi-gos en las cuatro ocasiones en que dejó de celebrarse el juicio, a virtud de las circunstancias que habían concurrido en cada caso, dijo:

"... La asistencia a la corte de que nos habla el inciso 3 del art. 327 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra, es aquella que comienza desde el momento en que los testigos son juramentados y puestos bajo la regla de la corte. Mientras el testigo esté bajo las reglas de la corte, tiene derecho a percibir las costas que determina la ley. No estamos conformes con la teoría del demandante en el sentido de'que solamente tres testigos del demandado pueden per-cibir costas, porque ellos fueron los únicos que declararon. Somos de opinión que todos los testigos, debidamente juramentados y pues-tos bajo la regla de la corte, declaren o no, tienen derecho a perci-bir costas. En el caso de Iglesia Católica, etc. v. Puig, 55 D.P.R. 34, 36, 37, se lee: ‘En cuanto a la impugnación hecha a la indem-nización de testigos, aparece claramente del récord que los mismos comparecieron ante la corte, y siendo de conocimiento judicial que la suma de $2.07 es lo que devenga cada testigo desde Caguas a Hu-macao, y que cuatro fueron los testigos que concurrieron al juicio, la partida de $8.28 que se carga en diebo memorándum es "proce-dente.’ En el presente caso aparece claramente del récord que los testigos comparecieron ante la corte, y que nueve fueron los testigos que concurrieron al juicio, aunque solamente declararon tres testigos. Siendo ello así, el demandante viene obligado a pagar las costas y el millaje de los nueve testigos del demandado que comparecieron a la corte en 9 de diciembre de 1940.”

Al impugnar el error, el demandado descansa en la juris-prudencia sentada recientemente por esta corte en el caso de Acha v. Nevares, 59 D.P.R. 235, 247, a saber:

“La corte concedió una indemnización de dos dólares a cada uno de los siete testigos del demandante que comparecieron y el apelante sostiene que como'sólo declararon cinco la indemnización concedida a dos no está autorizada por la ley, . . .
“En cuanto al primer extremo consta del récord que el abogado renunció a la declaración de dos de sus testigos por tratarse de prueba acumulativa. Todos comparecieron por la mañana y por la tarde y estuvieron sujetos a las reglas de la corte.
“La ley aplicable — la 94 de 1937, pág. 239, enmendatoria del artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil — dispone que se pagarán ‘dos (2) dólares por cada testigo y por cada día de asis-tencia a la corte, más millaje para ida y vuelta a su residencia’, apartado tres del artículo como enmendado, de suerte que la compa-recencia es la que debe tomarse en consideración. No erró, pues, la corte, al así resolverlo.
“Claro es que si abusivamente una parte llevara a la corte un gran número de testigos innecesarios para no llamarlos luego a de-clarar y con el único propósito de reclamar después la indemnización de ley, surgiría un caso distinto. Aquí la actitud previsora de la parte está justificada. Pudo haber necesitado las declaraciones que no usó, si aquellas de que se valió le hubieran fallado o no hubieren sido del todo suficientes.”

Esa jurisprudencia coincide con la de los tribunales del continente. Bastará que citemos el siguiente párrafo de 20 C. J. S. (pág. 477), Costas, párr. 242. Dice:

“Las cortes pueden ejercer su discreción en cuanto a fijar el nTimp.ro de testigos por quienes la parte victoriosa podrá ser autori-zada a reclamar costas. La parte viene obligada a ejercer una sana discreción al fijar el número de sus testigos; no puedé llamar un número ilimitado y luego cargar los gastos a la parte adversaria, y se le concederá como costas y gastos el importe del examen de sólo aquel número de testigos que la corte estime razonable. Si ha llamado un número innecesario podrá requerírsele, aun cuando sea la parte victo-riosa, a pagar los honorarios de todos los que no eran necesarios. Generalmente, las cortes no intervendrán, a menos que exista una evidente disparidad entre el fin perseguido por la evidencia y los medios empleados para obtener tal fin, o a menos que se ofrezca evidencia de perjuicio a la otra parte.”

No obstante, pues, el precepto legal que concede el dere-cho al cobro por cada testigo y por cada día de asistencia a la corte, ésta tiene discreción para fijar su número cuando lo pagado por la parte se reclama en concepto de costas de la contraria que perdió el litigio.

Aquí parece que la corte se sintió obligada por la letra de la ley y no entró en la apreciación de las circunstancias con-currentes a los fines del ejercicio de su discreción, y exami-nadas esas circunstancias se encuentra que no fueron en verdad las mismas que las que concurrieron en el caso de Acha v. Nevares, supra, ya que allí se trataba de siete tes-tigos comparecientes de los cuales declararon cinco, renun-ciando el abogado a dos por tratarse de prueba acumulativa y aquí se trata de nueve testigos, de los cuales sólo declara-ron cuatro, sin que el demandado hiciera manifestación alguna con respecto al testimonio de los cinco restantes. Además, entre los cuatro que declararon figura el pro-pio demandado que por regla general, a menos que lo auto-rice expresamente el estatuto, como parte que era en el litigio no tiene derecho a cobrar. Véase 20 C.J.S., Costas, párr. 222.

Ante esa situación de hecho y de derecho, nos parece que la solución más apropiada es la de declarar con lugar el recurso contra la resolución de mayo 28, 1941, revocando dicha resolución y devolviendo el asunto a la corte de su origen para qne aprecie las circunstancias que concurren y decida en el ejercicio de su discreción lo que fuere pertinente.

En virtud, de todo lo expuesto el recurso núm. 8349 será declarado sin lugar, 'confirmándose la sentencia apelada, % con lugar el 8412, revocándose la resolución recurrida.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Juan de Jesús Montalvo, peticionario, v. Corte de Distrito de Arecibo, Hon. R. Agraít Aldea, Juez, demandada.
    Núm. 362.

    Sometido: Noviembre 24, 1941.

      Resuelto: Diciembre 2, 1941.

      Diego E. Ramos, abogado del peticionario; el Juez demandado com-pareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En la petición radicada en este caso se solicita se dicte un auto de mandamus dirigido a la Corte de Distrito de Are-cibo, Hon. R. Agraít Aldea, juez, ordenándole proceda a archivar y sobreseer las causas criminales núms. 7366 y 7368, incoadas ante dicha corte por el Pueblo de Puerto Rico contra Juan de Jesús Montalvo, por infracciones de la sec-ción 5, párrafo 3, subdivisión “B,” y de la sección 4 de la ley núm. 3 de 1935 (Ley de Café), por haber transcurrido con exceso el término de 120 días fijado por el artículo 448, inciso 2, del Código de Enjuiciamiento Criminal, sin que •dichas causas fuesen llevadas a juicio.

En su contestación al auto alternativo de mandamus, «legó el juez de la corte inferior que las dos causas cuyo sobreseimiento se solicita fueron radicadas el 17 de marzo de 1941; que la vista de ambos casos fué señalada para junio 11, 1941, fecha comprendida dentro de los 120 días que fija el estatuto; que al ser llamados dichos casos para juicio, en la fecha ya indicada, la corte dió lectura a un telegrama oficial del Subcomisionado de Agricultura, en el que informaba a la corte que el Sr. F. Luis Calderón, único testigo de cargo en ambos casos estaba bajo orden del juez de distrito de San Juan para continuar declarando ante la corte de distrito, en un caso comenzado el día 10 y suspen-dido .para continuarlo el 11 de junio de 1941; que conside-rando que dicho Sr. Calderón era el único testigo y creyendo que era innecesario que se presentara prueba para demostrar que su declaración era indispensable, la corte creyó que exis-tía un motivo claro y justificado para decretar la suspensión, y en uso de su discreción así lo hizo; que los dos casos fue-ron señalados nuevamente para el 3 de septiembre de 1941, en cuya fecha se vió, antes de la celebración del juicio, la moción formulada pocos días antes por el acusado, solici-tando el archivo y sobreseimiento de ambas causas, la cual fué denegada; que el mismo día 3 de septiembre se celebró la vista, siendo convicto el acusado en ambas causas; que en la misma fecba en que fueron dictadas las sentencias, el acusado apeló; y que estando dichas causas pendientes ante la Corte Suprema, la corte de distrito carece de jurisdicción para ordenar el archivo y sobreseimiento que se solicita.

El peticionario ha radicado una moción para que se declare nulo el juramento de la contestación y para que se dicte sentencia sobre las alegaciones. Se alega como causa de nulidad que el juramento prestado ante el Secretario de la corte de distrito es nulo, “porque dicho secretario carece de facultad para tomar juramentos en procedimientos seguidos ante este Hon. Tribunal Supremo.” Dicha moción carece en absoluto de méritos y debe ser desestimada. El artículo 2 de la “Ley autorizando a determinados funcionarios para que tomen declaraciones juradas, juramentos y afirmaciones en Puerto Rico, etc.,” aprobada en marzo 12, 1903, según lué enmendado por la ley de 9 de marzo de 1910, pág. 78, lee así:

“Artículo 2. — Todo juramento, declaración jurada o afirmación que sea necesaria o conveniente o que la ley requiera, podrá prestarse en Puerto Rico y expedirse una certificación al efecto, ante cualquier Magistrado de la Corte Suprema, o ante cualquier Juez de una Corte de Distrito, o ante cualquier Secretario de cualesquiera de las Cortes antedichas, o ante cualquier Juez de Paz o Municipal o ante cualquier Notario Público ...” (Bastardillas nuestras.)

Como se ve, los Secretarios de las cortes de distrito están facultados para tomar cualquier declaración jurada o jura-mento requeridos por la ley. La única limitación de esa facultad la encontramos en la sección 4 de la “Ley esta-bleciendo un registro de affidavits o declaraciones ante Nota-rios y otros funcionarios,” aprobada en marzo 12, 1908, que dispone que solamente los notarios podrán autorizar los “affidavits” o declaraciones, “cuando se refieran a hechos, actos o contratos de mero interés particular.” Tratándose en el caso de autos de un asunto de interés público y no de mero interés particular, debemos resolver que el Secretario de la Corte de Distrito de Areoibo está legalmente facul-tado para administrar y autorizar el juramento de cualquier alegación o escrito que de acuerdo con la ley deba ser for-mulado para su radicación ante esta Corte Suprema, y que por lo tanto, el juramento de la contestación del juez quere-llado es válido. El caso de Pérez v. López, Juez, 18 D.P.R. 651, citado por el peticionario, no es de. aplicación al de autos. Véase: Soto v. Tesorero de P. R., 53 D.P.R. 950.

La única cuestión a resolver es si la corte de distrito tuvo suficiente justificación para posponer la celebración de la vista que había sido señalada para el día 11 de junio de 1941. De la copia certificada del acta de esa fecha, que obra en autos, aparece que P. Luis Calderón era un testigo esencial y el único con que contaba el fiscal para, sostener sus acusaciones. A la corte le constaba, por habérselo comunicado oficialmente el Subcomisionado de Agricultura, que a dicho testigo le sería imposible comparecer en la fecha señalada para el juicio por haber sido citado previamente por otra corte de distrito para declarar en un juicio comenzado el día antes. Los hechos que hemos expuesto, y que fueron ampliamente sostenidos por la evidencia practicada el 2 de septiembre de 1941, justificad, a nuestro juicio la suspensión decretada por la corte. Véanse: artículo 449 del Código de Enjuiciamiento Criminal y Pueblo v. Calderón, 46 D.P.R. 887.

Por las razones expuestas debe desestimarse la petición de maoidamus.


author: El Juez Asociado Señok Todo, JA,

text:
    Domingo Fernández Martínez y José Fernández, demandantes y apelantes, v. María Teresa Martínez, demandada y apelada.
    Núm. 8357.

    Sometido: Noviembre 26, 1941.

      Resuelto: Diciembre 2, 1941.

      F. Prieto Azúar, abogado de los apelantes; F. García Quiñones, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señok Todo, JA,

emitió la opinión del tribunal.

José Fernández casó, en terceras nupcias, con María ■Teresa Martínez, de 18 años de edad, en diciembre de 1934. Nació un hijo, al que llamaron Edgardo, y cuando éste tenía un año de edad allá para mayo de 1936, la madre se vió obligada a demandar a su esposo en reclamación de alimen-tos para su hijo por tenerlos aquél abandonados. Fué con-denado Fernández a pasarle a su hijo una pensión de $40 mensuales y la reconsideración de dicha sentencia le fue denegada. Posteriormente María Teresa Martínez obtuvo sentencia de divorcio en contra de José Fernández y como consecuencia le fué concedida la patria potestad y custodia del hijo habido en el matrimonio.

El día 3 de octubre de 1940 María Teresa Martínez radicó en la corte inferior una moción solicitando se citara a su es esposo para que expusiera las razones por las cuales no debía ser condenado por desacato por no haber cumplido con los términos de la sentencia sobre alimentos, alegándose en dicha moción que Fernández había rebajado la pensión a $30, $25 y $20 en distintas fechas. Citado el demandado, antes de la comparecencia las partes sometieron una estipu-lación a la aprobación de la corte a virtud de la cual Fer-nández se comprometió a seguir pasándole a su Mjo $30 mensuales, en partidas de $15 quincenales. La estipulación fué aprobada el día 10 de octubre de 1940.

El día 1ro. de noviembre de 1940 José Fernández, uniendo a su padre Domingo Fernández como demandante, radicó en la corte inferior una petición solicitando se expidiera un auto de bábeas corpus contra María Teresa Martínez con el fin, según se dice en la súplica, de “que muestre causa, si alguna tuviere, por la cual no deba ser privada de la patria potestad sobre” su hijo “de conformidad con el artículo 166 del Código Civil de Puerto Rico, y por la cual no deba reintegrar dicbo menor a la custodia de su abuelo paterno” ... y “en definitiva que el referido menor quede bajo la custodia y el cuidado del demandante Domingo Fer-nández Martínez.” Se funda la petición primordialmente en la alegación de que la demandada se baila viviendo en concubinato con otro hombre en la misma casa en que vive con su hijo Edgardo, y que la demandada en abril de 1940 dió a luz .una hija natural la que inscribió como tal en el Registro Demográfico, siendo éstos ejemplos corruptores para el menor. Se alegó además en la petición que la demandada se muda de un lugar a otro con frecuencia, viviendo con el menor en habitaciones pequeñas y cerradas, antihigiénicas y de poca ventilación, como consecuencia de lo cual dicho menor se halla pálido y enfermizo y va con irre-gularidad a la escuela o no va a la misma de un todo. Se alegó además que el codemandante Domingo Fernández Mar-tínez como abuelo paterno del menor es persona sobria y circunspecta y posee condiciones físicas, morales y econó-micas para mejor atender y cuidar al referido menor.

La demandada en su contestación negó que al presente se halle viviendo en concubinato con otro hombre, pero aceptó que había dado a luz a una hija natural, la que ins-cribió en el Registro Demográfico. Negó asimismo las demás alegaciones de la petición.

Celebrado el juicio correspondiente la corte inferior declaró sin Ingar la petición y contra esa sentencia los deman-dantes establecieron el presente recurso imputando a dicha corte los siguientes errores:

“Primer error. — La corte a quo, al entender en el presente caso, actuó con pasión, prejuicio y parcialidad desfavorables a los deman-dantes apelantes, al basar conclusiones en hechos no probados, tales como que el peticionario José Fernández actuó movido por el inte-rés de evadir el pago de alimentos al menor, y al basar sus conjeturas en actuales o probables investigaciones fuera del tribunal, sin dar a los apelantes una oportunidad para intervenir en las mismas.
“Segundo error.- — La corte a quo cometió manifiesto error de derecho al permitir, contra la objeción de los demandantes apelantes, que la demandada apelada hiciese la grave acusación contra el padre peticionario de que éste había repudiado su paternidad sobre el me-nor, basándose en una supuesta carta que no fué presentada en evidencia, lo cual influyó singularmente en el ánimo del juez senten-ciador para denegar el recurso.
“Tercer error. — La corte a quo cometió grave error al desestimar la petición del presente caso, no obstante la conducta inmoral de la demandada apelada, obviamente perjudicial al bienestar del menor, y no obstante la oportunidad que se le brinda de vivir en un- hogar sano y moral.
“Cuarto y último error. — El tribunal inferior erró, y abusó de su discreción al condenar a los peticionarios al pago de las costas, y, especialmente, al pago de honorarios de abogado.”

Se basa el primer error en un incidente que ocurrió al comenzar la vista del caso en la corte inferior y solicitar la demandada que se citara para otra fecha a uno de sus testigos que no había podido comparecer. Ocurrió lo siguiente según aparece de la página dos de la Transcripción de Evidencia:

‘' Sr. Juez: Entonces oiremos el testimonio de esa señora el lunes a las 9 de la mañana.
"Demandante: Con derecho nosotros a presentar prueba con respecto a la declaración de ella.
' ‘ Sr. Juez: Sí, y la corte, en estos casos, está autorizada para ha-cer investigaciones fuera del tribunal. Vamos a oír la prueba de los demandantes.” (Bastardillas nuestras.)

Sostienen los apelantes que, debido a esa frase que apa-rece en bastardillas, supra, la corte inferior resolvió el caso de 'acuerdo con investigaciones que hizo fuera del tribunal y que, por tanto, la cláusula del debido proceso de ley (due process of lato) de la Enmienda 14 de la Constitución Federal y el artículo 2 de la Ley Orgánica de Puerto Rico que-daron infringidos por la corte a quo.

Es cierto que la corte inferior se expresó en la forma ya expuesta, pero nada bay en la relación del caso y opinión que emitió en apoyo de su sentencia que indique que en realidad realizara investigación alguna fuera del tribunal. Desde luego que aun cuando los poderes y discreción que por ley y por la jurisprudencia se reconocen a las cortes en el ejercicio de parens patries son amplísimos y no están ellas obligadas a seguir estrictamente las regias de evidencia en la tramitación de estos casos, esa discreción y poderes no pueden ejercitarse en violación de los derechos constitucio-nales reconocidos a todas las partes en un litigio. En 46 C. J. 1252, sec. 30, bajo el tópico “Parent and Child”, se expone la doctrina general aplicable, en esta forma:

“Aunque las reglas generales sobre admisibilidad de evidencia son ordinariamente aplicables en procedimientos para determinar la custodia de un niño, una amplia latitud en el examen es permitida sobre la cuestión de la capacidad del padre para tener la custodia del niño.”

Y más adelante en la sección 32 se dice lo siguiente:

“La corte que oye el caso debe quedar-satisfecha de si el niño está impropiamente retenido y si su comodidad y educación son atendidas debidamente. La corte no está restringida a las fórmulas ordinarias de juicio o sujeta a ninguna forma particular de proce-dimiento; puede ordenar que el niño sea traído ante ella y puede examinarlo privadamente y puede también valerse de affidavits o de otros medios razonables y propios de información.”

En la nota 54 en esta misma página se cita el caso de State v. Thompson, 117 La. 102, 41 So. 367, en el que se resolvió que en un pleito sobre la custodia de un niño menor de edad la sentencia de divorcio que se babía alegado en la petición pero que no fué objeto de prueba, no podía tomarse en consideración al determinar la controversia.

En el caso de Cooke v. Cooke, 248 P. 83, citado por la corte inferior para otro fin, se resolvió que no era admisible como prueba en un caso de esta naturaleza y de acuerdo con la ley de evidencia de Utab, la transcripción de eviden-cia y una opinión del juez en relación con un decreto o sen-tencia dictado por una corte de Canadá, cuando no estaban debidamente autenticados ni formaban parte del legajo de la sentencia en dicho caso. Dijo la corte:

“La opinión del juez o corte así ofrecida en evidencia no está incluida en la transcripción ni certificada por el registrador (registrar)} ni hay referencia a ella ni se radicó con el registrador ni en su oficina, ni llegó a formar parte del récord de la corte, ni fué certificada por él ni tiene el sello de la corte. Esto es así también en cuanto a la transcripción de evidencia que sólo aparece certificada por el taquígrafo oficial . . .
“Somos por lo tanto de opinión que el ‘referee1 excluyó correc-tamente esta evidencia ofrecida y que nosotros no debemos con pro-piedad considerarla y que todo lo que está debidamente ante nosotros para ser considerado es el . . . legajo de la sentencia certificado por el registrador a que nos hemos referido.”

A nuestro juicio la regla que debe prevalecer es la de que no obstante reconocer que las cortes de distrito tienen una amplia discreción para investigar todo lo que al mejor bienestar de un menor convenga y que deben interpretar libe-ralmente las regias de evidencia para llegar a dicho fin, esto no quiere decir que puedan hacer investigaciones particulares a. espalda de las partes interesadas y sin darles la oportu-nidad de intervenir en dichas investigaciones, interrogar y contrainterrogar a los testigos y de presentar cualquier prueba que deseen. Puede surgir un caso en que ciertos hechos lleguen a conocimiento de la corte que deban ser inves-tigados antes de resolverse en definitiva sobre la custodia del menor. Esa investigación puede y debe realizarse pero con la intervención que la ley reconoce a las partes en litigio.

Las razones que tnvo la corte inferior para denegar la petición aparecen expuestas en la relación del caso y opinión así:

"Está firmemente establecido que en esta clase de procedimien-tos la única cuestión a determinar es el bienestar del menor—Llo-part v. Mesorana, 49 D.P.R. 250; Chabert v. Sánchez, 29 D.P.R. 241 y cuando se trata de niños de tiernos años como en este caso circunstancias verdaderamente excepcionales y extraordinarias deben alegarse y probarse para quitar la custodia de ellos a la madre, máxime cuando por sentencia firme, ella tiene la patria potestad del hijo en controversia. Véase Re Pryse, 41 L. R. A. (N. S.) páginas 575 a la 578.
"La prueba no demostró en absoluto que el niño viviera en ha-bitaciones pequeñas y cerradas, antihigiénicas y de poca ventilación y mucho menos que estuviera pálido y enfermizo. En cuanto a no ir a la escuela es de conocimiento judicial que los niños no son ad-mitidos en las escuelas hasta que no arriban a la edad de siete años.
"Aunque es un hecho admitido por la demandada que vivió en concubinato con otro hombre y tuvo con él una hija, es lo cierto que a la fecha del juicio vivía honestamente y ya había roto sus relacio-nes ilícitas, la propia hermana de su ex-marido, con quien vivía la demandada declaró que nada tenía que reprocharle y que ella cui-daba y atendía mucho al niño.
"Aunque no aprobamos la conducta de la demandada creemos que dadas todas las circunstancias que rodean este caso, el bienestar del menor requiere que éste continúe bajo el cuidado y calor de la madre, a pesar de sus relaciones ilícitas.

Además estamos convencidos que las relaciones ilícitas cesaron y que la demandada, de acuerdo con la propia declaración de la hermana del ex-esposo peticionario, observa ahora una buena conducta, y atiende y cuida al hijo a quien profesa afecto y cariño.

"Bajo estas condiciones, debemos mantener el statu quo y no entregar el niño a persona que aunque familiares no ocupan una mejor posición que la de un extraño. El propio padre para pasarles alimentos, ha tenido que ser obligado a ello por procedimientos ju-diciales y la madre cuya declaración creemos ha manifestado que nunca lo visita. Los abuelos paternos, bajo cuya custodia se in-tenta poner al niño, no conocen a éste y jamás le ban becbo demos-traciones de cariño. Además estamos convencidos de que este pro-cedimiento de babeas corpus ha sido instituido con el propósito único de evadir la condena por alimentos recaída en el caso civil número 25,237. Obsérvese que en Oct. de 1940 la demandante ra-dica una moción en dicho caso para castigar al ahora peticionario por desacato por no haber cumplido con la orden de la corte obli-gándole a pasar alimentos; la orden para mostrar causa es dejada sin efecto a virtud de una estipulación de las partes hecha en 9 de Oct. de 1940 y antes de transcurrir un mes se presenta esta petición de hábeas corpus a pesar de que la demandada hacía ocho meses que había tenido el hijo y cuando ya sus relaciones amorosas habían ter-minado. Está firmemente resuelto que cuando motivos impropios, y no el cariño al hijo, impulsaron la presentación del hábeas corpus éste debe denegarse, no vamos tampoco a alterar el statu quo y embarcar al niño en una aventura nueva entregándoselo a personas desconocidas que no pueden tenerle el cariño y afecto que hasta ahora le han demostrado la madre y sus tías, donde ocasionalmente pasa sus temporadas.”

Hemos examinado detenidamente toda la prueba presen-tada en el juicio y las conclusiones a que llegó la corte inferior están. ampliamente sostenidas por ella, sin que pueda sostenerse que obtuviera ninguna prueba adicional fuera del tribunal. La corte inferior, de acuerdo con los becbos pro-bados y que bemos expuesto al principio en esta opinión, estuvo justificada en llegar a la conclusión de que José Fer-nández al presentar la petición de babeas corpus actuó movido por el interés de evadir el pago de los alimentos al menor. Esos becbos son susceptibles de esa inferencia o interpreta-ción sin necesidad de investigaciones fuera del tribunal. No se cometió el primer error.

Tampoco el segundo, pues la corte inferior no basó su sentencia, como bemos visto de la opinión antes transcrita, en el becbo de que el padre babía repudiado su paternidad sobre el menor. Nada bay en el caso que indique que el baber permitido a la demandada declarar en relación con la carta que dijo se le babía extraviado, influyeran en el ánimo del juez sentenciador para denegar la petición.

El tercer señalamiento ataca, desde otro ángulo, la apreciación qne de la prueba hizo la corte inferior al deses-timar la petición y al ejercitar su discreción como parens patrim dejando al menor al cuidado de su madre, no obstante haber ésta admitido las relaciones ilícitas que tuvo y que dieron lugar al nacimiento de su hija natural.

La prueba demostró que esas relaciones ilícitas habían terminado muchos meses antes de presentarse la petición y que la hermana de su ex-marido, con quien vivía la deman-dada a la fecha del juicio, declaró que observaba una buena conducta y cuidaba y atendía a su hijo. Es cierto que el marido de esta testigo la contradijo, pero la corte inferior no dio crédito a su declaración. Además, convenimos con la conclusión a que llegó dicha corte en cuanto a que, de acuerdo con la prueba, “los abuelos paternos, bajo cuya cus-todia se intenta poner al niño, no conocen a éste y jamás le han hecho demostraciones de cariño” y que bajo estas cir-cunstancias no debe “alterarse el statu quo y embarcar al niño en una aventura nueva entregándoselo a personas desconocidas que no pueden tenerle el cariño y afecto que hasta ahora le han demostrado* la madre y sus tías, donde ocasionalmente pasa sus temporadas.”

Somos de opinión que la corte inferior, después de con-siderar toda la prueba y las circunstancias del caso, hizo buen uso de su discreción al mantener el statu quo y dejar al menor bajo la custodia de la madre y asimismo al con-denar a los demandantes al pago de $50 en concepto de honorarios de abogado y que procede, por tanto, confirmar la sentencia apelada.


text:
    En Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Enrique Gelpí y Ramona Ortiz Oquendo, acusados y apelantes.
    Núm. 8906.

    Sometido: Noviembre 17, 1941.

      Resuelto: Diciembre 3, 1941.

      J. Ramírez Viñas, abogado de los apelantes; Hon. Procurador General George A. Malcolm, R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Los apelantes fueron acusados y convictos del delito de tener establecida en Santurce una casa de lenocinio, en vio-lación de las disposiciones del artículo 287 del Código Penal vigente. Sentenciados al pago de una multa de $50 cada uno o en su defecto a la prisión subsidiaria, interpusieron el presente recurso, y para sostenerlo alegan: (a) que la evi-dencia no es suficiente para constituir una infracción al artículo 287 del Código Penal, y (b) que la corte inferior erró al admitir prueba de referencia perjudicial al acusado.

El precepto legal que se alega ha sido infringido, lee así:

“Artículo 287. — Toda persona que estableciere o tuviere estable-cida en Puerto Rico una casa de lenocinio, frecuentada para la pros-titución y lascivia, o que voluntariamente residiere en ella, será reo de misdemeanor.”

Hagamos un resumen de la prueba para que podamos determinar si ella es suficiente para sostener la sentencia recurrida.

El detective Alfredo Matos declaró: que en la noche del 29 de septiembre de 1940, él y los detectives Julio González y Angel Medina se personaron en la casa hospedaje de Enrique G-elpí, practicaron allí un registro y encontraron cuatro o cinco parejas de hombres y mujeres, cada pareja en una sola habitación; y los condujeron a todos al cuartel de la policía; que el acusado Gelpí no estaba en la casa en ese momento, pero la acusada Ramona Ortiz alegó que el negocio era de Gelpí y que ella lo representaba, por ser su esposa o querida; que los detectives tuvieron que esperar que los que estaban en las habitaciones se vistieran; que en una casa pequeña en el patio había una pareja en ropas menores, en la cama, acostados; que todo eso ocurrió como a las 9:30 de la noche; que las parejas que allí encontraron no eran marido y mujer; que las referidas parejas dijeron en pre-sencia del acusado que ellos no eran marido y mujer, que llevaban relaciones ocultas y que iban a esa casa a tener un rato de placer; que una llamada Engracia dijo que ella frecuentaba ese sitio para realizar actos carnales; y que la acusada Ramona Ortiz no protestó de tales manifestacio-nes, hechas en su presencia.

Angel Medina, detective, corroboró lo declarado por su compañero Alfredo Matos y añadió: que cuando le pregun-taron a la acusada Ramona Ortiz qué hacía aquella gente que habían encontrado allí, ella les dijo que esa gente paga-ban 50 centavos por adelantado por estar allí un rato teniendo actos carnales; que al día siguiente vió a Gelpí y que éste le dijo que aquella casa era un hospedaje y que él se iba a defender en la corte; que es cierto que la acusada le dijo que el dueño de esa casa era el acusado Gelpí; que ellos habían recibido quejas con respecto a dicha casa y la habían observado; que al sorprender en las habitaciones a las per-sonas en ropas menores, él les preguntó si eran casadas y dijeron que no, que ellos no vivían allí y que sólo venían a dicha casa a tener actos carnales y que la acusada les cobraba por adelantado 50 centavos por usar la cama; que todas esas manifestaciones fueron hechas en presencia de la acusada Ramona Ortiz y que ésta no protestó.

Declarada sin lugar la moción para la absolución peren-toria de los acusados, ocupó la silla testifical el acusado G-elpí, y declaró: que vive en el mismo edificio donde tiene estable-cido el negocio por el cual ha sido denunciado; que su negocio es de hotel, en el que cobra $1.25 diarios por casa y comida; que las comidas las proporciona la acusada; que tienen habi-taciones “y cuando llega un matrimonio firma y mandamos el récord al cuartel y le preguntamos si es su esposa y dicen que sí”; que lleva 10 años ahí y nunca ha habido ningún desorden en su casa; que cuando llegaron esas parejas que fueron sorprendidas, él estaba en Mayagüez; que la costum-bre establecida es cogerles el nombre y ellos mismos firman el libro; que él es el dueño de esa casa y la acusada es su representante.

Declaró la acusada Ramona Ortiz, y dijo: que el negocio es de hotel; que cuando llega un matrimonio se le toma el nombre y apellido; que ellos dicen siempre que son casados y toman un cuarto para toda la noche y pagan medio peso y los que se quedan a almorzar al otro día pagan $1.25.

La prueba es a nuestro juicio suficiente para sostener la acusación y la sentencia. Todos los hechos y circunstancias del caso tienden a probar que el llamado hospedaje estable-cido por el acusado Gelpí y administrado por su esposa o concubina Ramona Ortiz- no era otra cosa sino una casa de lenocinio frecuentada para fines de prostitución y lascivia. Véanse: Pueblo v. Zayas, 26 D.P.R. 551, y Pueblo v. Avilés, 30 D.P.R. 841.

Las manifestaciones hechas por las personas que se encontraban en dicha casa, en el momento en que fueron sorprendidas y en presencia de la acusada Ortiz, sin que ésta las negara o impugnara en manera alguna, son admisibles en su contra y no erró la corte inferior al admitirlas. 16 C. J. 631, párr. 1256. Dichas manifestaciones eran también admi-sibles contra el acusado Grelpí, como parte del res gestm, especialmente si se tiene en cuenta que dicho acusado admitió expresamente en su declaración que él era el dueño de la ale-gada casa de lenocinio.

La sentencia debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.


text:
    Filardi Hermanos, demandante y apelada, v. Juan Arbona Frontera, demandado y apelante.
    Núm. 8305.

    Sometido: Noviembre 17, 1941.

      Resuelto: Diciembre 3, 1941.

      Tomás Paz, abogado del apelante; Luis López de Victoria, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La sociedad Filardi Hermanos, que se dedica al negocio de distribución de energía eléctrica en Tauco, demandó ante la corte municipal de dicho pueblo a Juan Arbona Frontera, reclamándole el pago de la suma de $499, como importe de energía eléctrica que le había sido suministrada en cuenta corriente. Contestó el demandado negando todos los becbos esenciales de la demanda, y celebrado el juicio la corte municipal dictó sentencia condenando al demandado al pago de la suma de $278.55, intereses legales desde la fecba de inter-posición de la demanda y costas. Apelada dicba sentencia, y visto el caso de novo, la Corte de Distrito de Ponce, con-siderando que en la suma de $499 que se reclamaba • iba. incluida la de $243.25, por concepto de intereses al 10 por ciento y 9 por ciento anual, sin que se probara que el deman-dado se hubiese obligado al pago de intereses, dedujo de la suma reclamada el importe de los intereses y dictó sentencia a favor de la demandante por $255.75, más intereses legales y costas sin incluir honorarios de abogado.

No conforme, el demandado Arbona interpuso el presente recurso. La demandante apelada solicita la desestimación por el alegado fundamento de que esta Corte Suprema carece de jurisdicción para conocer del mismo, por no exceder de $300 la cuantía de la sentencia recurrida.

El artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, que es el que enumera los casos en que podrá establecerse apelación para ante el Tribunal Supremo contra las resoluciones de las cortes de distrito, dispone:

“2. De una sentencia de una corte de distrito dictada en ape-lación interpuesta contra resolución de una corte inferior, dentro de los quince días después de registrada dicha sentencia, si el valor de la cosa reclamada o cuantía de la sentencia sin comprender frutos o intereses, excediera de trescientos dólares.”

Insiste el apelante en que habiendo Filardi Hermanos reclamado en la corte municipal la suma de $499, es ésa la cuantía determinante de la jurisdicción y no la de la sen-tencia que dictara la corte de distrito en grado de apelación.

La misma cuestión planteada por la parte ¿pelante fue resuelta en su contra en Nadal v. American R. R. Co., 19 D.P.R. 1080, y en Arzuaga v. Muñoz, 55 D.P.R. 106. En este último caso, después de citar y confirmar lo resuelto en Nadal v. American R. R. Co., supra, este Tribunal, por voz. de su Juez Presidente, Sr. Del Toro, se expresó así:

"Aplicada esa jurisprudencia a los hechos de este caso, lo resuelve en favor de la moción. El demandante reclamó $460. La corte municipal condenó a los demandados a pagárselos. Apelaron los demandados para ante la corte de distrito. Ésta juzgó el caso de nuevo y dictó sentencia por $150. El demandante se conformó. ¿Pueden los demandados continuar apelando para ante este tribunal? No, porque dada la actitud asumida por el demandante la única cuantía finalmente envuelta en el litigio ha llegado a ser la ■de la sentencia, que es inferior a la suma jurisdiccional. La situa-ción ahora es la misma que si se hubiera establecido originalmente la reclamación por ciento cincuenta dólares.
"Debe desestimarse el recurso por falta de jurisdicción.”

Los casos citados por la apelante, en oposición a la deses-timación (2 Cal. Jur. 199, 204 y 205; Dashiell v. Slingerland, 60 Cal. 653; People v. Madden, 134 Cal. 611, y Rubio Cañón Land & W. Assn. v. Everett, 154 Cal. 29) no son aplicables. El lenguaje de la Constitución y del estatuto de California, que se interpreta en los citados casos, es subs-tancialmente distinto al del artículo 295, párrafo 2, del Código de Enjuiciamiento Civil.

El recurso debe ser desestimado por falta de jurisdicción.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Luis Pérez Peña, acusado y apelante.
    Núm. 8851.

    Resuelto: Diciembre 4, 1941.

      Pedro Santos Borges, abogado del apelante; I-Ion. Procurador General George A. Malcolm, B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Ltiis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   EN MOCIÓN DE RECONSIDERACION

El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Este caso fué resuelto por sentencia de esta corte de noviembre 10 último, confirmatoria de la de la corte de dis-trito apelada. En noviembre 12 se notificó al acusado en la persona de su abogado y al fiscal y como transcurrieron los diez días que fijan nuestras reglas sin que se solicitara recon-sideración o se hiciera petición alguna en relación con la sentencia, el 24 de dicho mes el mandato fué remitido a la corte de distrito.

Así las cosas, en noviembre 27 se presentó una moción de reconsideración por el acusado representado por otro abo-gado, limitándose a alegar, en cuanto a la remisión del man-dato se refiere, lo que sigue:

"El mandato de esta Hon. Corte para que la Corte de Distrito de San Juan proceda a ejecutar la sentencia, ya ha sido enviado al tribunal inferior, y está para ordenarse la ejecución de la sentencia confirmada.
"La resolución de esta Hon. Corte fué notificada al abogado de récord del acusado apelante, y éste no tuvo oportunidad de enterarse del fallo rendido por esta Suprema Corte hasta el día de hoy, y por tanto no pudo solicitar la reconsideración de la decisión de este Supremo Tribunal, antes del envío del mandato a la corte inferior.”

No ba mucho esta corte, en el caso de Serrallés v. Sancho Bonet, Tesorero, 55 D.P.R. 142, 143, se expresó así:

“De modo consistente esta Corte Suprema lia aplicado la regla de que una vez que el mandato ba sido remitido a la corte senten-ciadora, en ausencia de fraude, accidente, inadvertencia o error, no puede ser reclamado, negándose a reconsiderar sentencias ya comu-nicadas a las cortes que las dictaron. Véanse los casos de Falcó v. Sucesión Suau, 18 D.P.R. 744, Royal Bank of Canada v. Goico, et al., 35 D.P.R. 1056, González v. Sociedad Civil ‘Peña y Balbás’, 38 D.P.R. 1042, Schlüter & Cía., Sucr. v. González et al., 38 D.P.R. 249, Manrique v. Ramírez González, 38 D.P.R. 540 y Mojica v. Corte, 49 D.P.R. 535, especialmente los dos últimos en los que se estudia la cuestión con alguna amplitud y se cita jurisprudencia de las cortes del continente.”

Bastaría lo expuesto para negar la reconsideración, pero como en la moción se suscita una cuestión constitucional que no fue levantada anteriormente en el recurso, ni tratada en su opinión por esta corte, y se insinúa una apelación para ante la Corte de Circuito de Apelaciones del Primer Circuito, hemos estudiado dicha cuestión y estamos convencidos de que carece de mérito.

Se sostiene que la ley número 14 de julio 8, 1936 ((2) pág. 129), por infringir la cual se condenó al acusado, no tenía virtualidad al tiempo de la acusación y la condena — año de 1940 — porque la ley núm. 95, de mayo 12 de 1937 (Leyes de 1936-37, pág. 240) que pretendió darle vida no cumple con el requisito constitucional fijado en el párrafo noveno de la sección 34 de nuestra Ley Orgánica.

En ese rumbo alega el acusado que la ley núm. 14 de julio 8, 1936, fue un estatuto de carácter experimental para regir solamente por el período de dos años y un día, y que si bien por la ley núm. 95 de mayo 12, 1937, se pretendió darle carácter permanente, como no se cumplió con el requi-sito constitucional exigido por la Ley Orgánica, no se logró lo intentado.

No estamos conformes. Lo que la Ley Orgánica prescribe en el párrafo noveno de su sección 34 es:

“Ninguna ley será restablecida o enmendada, ni se dará mayor alcance a sus disposiciones, ni se conferirán las facultades en ella contenidas, haciendo referencia a su título solamente, sino que toda la parte de ella que sea restablecida, enmendada, extendida o confe-rida será decretada nuevamente y publicada en su totalidad.” (Itá-licas nuestras.)

Y aquí el legislador cumplió con el precepto constitucional. La ley núm. 95 de 1937 no enmienda la núm. 14 de 1936 haciendo referencia al título de ésta solamente, si que en su título expresa que lo es “Para enmendar los artículos 7, 9 y 13 de la ley núm. 14, titulada ...” y luego en su texto comienza decretando que “Los artículos . . . quedan por la presente redactados y enmendados de manera que lean y rijan como sigue:”. Y entonces toda la parte de la ley núm. 14 de 1936 que se enmienda, esto es sus artículos 7, 9 y 13, se redacta y publica de nuevo en su totalidad. La otra parte de la ley que no se enmienda no es necesario publicarla de nuevo.

La circunstancia de que se tratara de una ley experimental para regir solamente durante dos años, no altera la situa-ción si la voluntad legislativa queda como quedó en este caso claramente expresada en la forma que determina la ley.

Prescribía la sección 13 de la ley núm. 14 de 1936: •

“Por la presente se declara que esta Ley es de carácter experimental y, por tanto, sus disposiciones estarán en vigor solamente por el período de dos años y un día, a partir de la fecha en que entre en vigor; y se declara, además, que esta Ley, por ser de carácter urgente y necesario, empezará a regir inmediatamente después de su aprobación.”

Y ahora, tal como fué enmendada y redactada y publicada de nuevo en la ley núm. 95 de 1937, prescribe:

“La ley que por la presente se enmienda en la forma aquí en-mendada tendrá carácter permanente, y toda ley o parte de ley que a ella se oponga queda por ésta derogada.”

Y ello es suficiente para que todas las prescripciones de la ley núm. 14 de 1936 que no se enmendaron, continúen rigiendo como fueron originalmente redactadas, porque lo que se enmendó no fueron ellas sino las secciones 7, 9 y 13 que se redactaron y publicaron de nuevo, consistiendo pre-cisamente la enmienda de la 13 en dar carácter permanente a la ley que antes lo tenía transitorio.

Aunque pudiéramos, pues, entrar en la consideración de los méritos de la moción, siempre tendríamos que declararla sin llagar.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Luis Cedeño, acusado y apelante.
    Núm. 8854.

    Sometido: Noviembre 21, 1941.

      Resuelto: Diciembre 4, 1941.

      José R. Fournier, abogado del apelante; Ilon. Procurador General George A. Malcolm, R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En la vista ante la Corte de Distrito de Bayamón del caso de El Pueblo v. Casimiro Velásques y otro, por aco-metimiento y agresión grave, el aquí apelante, José Luis Cedeño, fué llamado a declarar como testigo de El Pueblo, y después de prestar el juramento de ley declaró como cierto: “que no vió en ningún momento que el individuo Casimiro Velázquez agrediera a Hipólito Pizarro; que en la galera de la cárcel se formó un revolú, pero que él no vió nada por-que se escondió.” De los autos del caso aparece que la ale-gada agresión a Pizarro fué cometida en la galera de la cárcel municipal de Bayamón en donde se encontraban recluidos, entre otros, el agredido, sus supuestos agresores y el tes-tigo Cedeño.

En la orden expedida en noviembre 25, 1940, por la Corte de Distrito de Bayamón, requiriendo al testigo Cedeño para que compareciera a mostrar causas o razones por las cuales no se le deba castigar por desacato, se dice en síntesis que lo declarado por Cedeño es un becbo esencial y sustancial en la causa contra Velázquez; que al tiempo de declarar, el testigo Cedeño sabía que lo declarado por él es falso, cons-tándole por el contrario de propio conocimiento que Hipólito Pizarro fué agredido por Casimiro Velázquez y otros indi-viduos más, como así lo manifestó el propio Cedeño a los poli-cías Francisco E. Eíos y Francisco P. Matos, la misma noebe en que ocurrieron los becbos, cuando dichos policías practi-caban una investigación del suceso.

En noviembre 27, 1940, la Corte de Distrito de Bayamón dictó sentencia declarando a Cedeño culpable del delito de desacato por perjurio e imponiéndole la pena de diez días de cárcel y las costas.

El apelante sostiene que la sentencia es contraria a la evidencia y a la ley, y que la corte sentenciadora cometió error al apreciar la prueba practicada. Examinemos la prueba.

El policía insular Francisco E. Eíos declaró que él fué quien presentó la denuncia contra Casimiro Velazquez y otros; que el mismo día que se originó el motín en la cárcel, él y otros policías fueron a la cárcel y allí hablaron con varios de los acusados; que el acusado José Luis Cedeño le mani-festó “que allí un- tal Eafael, Casimiro Velázquez y un tal Pepe Tun, les habían entrado a palos, entre ellos a un tal Hipólito” y “que salieron varios heridos, entre ellos uno de los heridos es Hipólito Pizarro; que él habló con Cedeño un el patio, en la galera; que los policías hicieron una inves-tigación y llevaron los testigos a la fiscalía; que Cedeño le dijo que había visto a Cachire, Pepe Tun y un tal Bafael, que le habían entrado a palos y le habían dado a los presos, entre ellos a Hipólito Pizarro.”

El taquígrafo de la corte de distrito dió lectura a las notas taquigráficas tomadas por él de la declaración dada por José Luis Cedeño en el juicio contra Casimiro Velazquez. Cedeño declaró: que el día 23 de julio se encontraba en la cárcel municipal y vió allí a Casimiro Velázquez y a Hipólito Pizarro ; que no vió que Casimiro le hiciera nada a Hipólito; que cuando se armó el revolú a ellos los metieron en la galera; que no vió que el acusado Velázquez le pegara a Pizarro; que en ningún momento vió que Velázquez le pegase a alguna otra persona; que cuando ocurrió la pelea él se escondió. A preguntas de la corte contestó que él estaba en la galera con los presos; que no vió allí al acusado Velazquez; que vió a Velázquez en el patio; que los cabos los metieron a la galera y a Pizarro también; que estando ya metidos en la galera se formó un revolú, pero no vió quién lo armó; que abrieron la puerta y no sabe quién la abrió; que dicen que le dieron palos; que no vió que pasara nada; que él se escondió y cuando salió vió al guardia Bíos y también a Hipólito Pizarro y a todos los presos; que Pepe Cruz estaba golpeado y lo vió golpeado después cuando llegó el policía; que no vió golpeado a Hipólito Pizarro y que a la vista lo vió sano y no se quejaba de nada; que declaró eso mismo en la corte municipal.

La defensa ofreció en evidencia la declaración prestada por Cedeño, ante el fiscal del distrito, el 23 de julio de 1940'. Declaró Cedeño, que encontrándose en la cárcel, los cabos Bafael del Valle, Casimiro Velázquez y José Vázquez man-daron a los presos entrar a galeras; “nos mandaron a entrar en la galera y hacer una fila y ya cuando hicimos la fila a este muchacho le cayeron a palos; se formó un revolú de palos.”

La corte sentenciadora, después de examinar la prueba ofrecida por una y otra parte, llegó a las siguientes con-clusiones :

. . El requerido sin ninguna explicación o exposición de motivos de su parte contra la referida orden, presentó como su sola prueba la declaración jurada que él mismo prestó ante el fiscal en la investigación de los sucesos ocurridos en la cárcel municipal el día 23 de julio de 1940, cuya declaración carece de beclios eximentes y más bien es adversa a su defensa.
“La convicción moral formada por la mente serena del juez al respecto de que el testigo José Luis Cedeño mintió abiertamente y a sabiendas a través de su testimonio, se la inspiró la manera contur-bada e imprecisa de declarar el testigo, y especialmente los testi-monios que la corte creyó ciertos del agredido Hipólito Pizarro y del policía insular Francisco R. Ríos, también testigos de cargo en el dicbo juicio contra Casimiro Velázquez.”

Opinamos que las precedentes conclusiones están amplia-mente sostenidas por la evidencia y que la sentencia recurrida debe ser confirmada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Salvador Cruz Alvarez, acusado y apelante.
    Núm. 8801.

    Sometido: Noviembre 12, 1941.

      Resuelto: Diciembre 4, 1941.

      C. Triarte, F. Fernández Cuyar, TI. González Flanes y F. Alvarado Jr., abogados del apelante; IT on. Procurador General George A. Malcolm, R„ A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Ne-gron Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El 13 de agosto de 1939 mientras el apelante se dirigía de San Juan a Mayagüez en compañía de otros obreros, arrolló con el automóvil que manejaba al niño de tres años de edad Ramón Maldonado, que caminaba en esos momentos con su hermano de diez y siete años de edad, Luis Maído-nado, por la carretera que conduce de Manatí a Arecibo. A consecuencia de las lesiones recibidas el infortunado niño murió poco después en el Hospital Municipal de Arecibo. En la acusación por homicidio involuntario presentada contra el apelante, se le imputó como causa próxima del accidente, negligencia temeraria al guiar el vehículo a excesiva velo-cidad, sin guardar la debida prudencia y circunspección y sin tocar bocina o aparato de aviso de clase alguna.

El apelante fué convicto por un jurado y sentenciado a cinco meses de cárcel y las costas. En este recurso, inter-puesto contra dicha sentencia, sostiene el apelante que el veredicto es contrario a derecho y que erró la corte a quo al denegarle la moción de nuevo juicio.

La evidencia del fiscal tendió a demostrar que el día de autos y como a las 3:30 de la tarde, el niño Ramón Maldonado era conducido por su hermano Luis a la casa de su abuela, que distaba como un hectómetro del sitio del accidente. El mayor de los hermanos caminaba por el paseo del lado derecho de la carretera, con dirección a Arecibo, y el menor iba a su lado sobre la orilla del pavimento. Al aproximarse a estos niños, el vehículo que conducía el acu-sado y que venía en la misma dirección marchaba a una velo-cidad excesiva, no tocó -aparato de alarma y se aproximó tanto a su derecha que arrolló al niño, arrastrándolo en una distancia de veinte yardas y lanzándolo finalmente hacia la orilla izquierda de la carretera. No venía ningún otro vehículo ni persona por aquel sitio en los momentos del accidente.

La del acusado tendió a demostrar que al tiempo del acci-dente la velocidad no excedía de quince millas; que al lado izquierdo de la carretera caminaba una mujer conduciendo una cabra; que en dirección contraria venía una guagua; que en esos precisos momentos la cabra se soltó y trató de cruzar al lado opuesto del camino; que el niño súbitamente corrió hacia la izquierda para coger el animal y fué entonces arrollado por el automóvil, a pesar de los esfuerzos que para evitarlo hiciera el apelante.

La prueba de cargo niega que viniese automóvil alguno en dirección opuesta, que si bien la cabra caminaba delante de su dueña, que en efecto iba por el lado izquierdo de la carretera como a dos metros detrás de los niños, el animal en ningún momento trató de cruzar la carretera, sino que por el contrario penetró en el cercado donde acostumbraba pastar diariamente, el cual queda por el mismo lado én que caminaba el animal; que el niño no se desvió de la direc-ción que llevaba y que fué el acusado el culpable del accidente al conducir su automóvil a gran velocidad, tan. cerca del niño que lo arrolló.

La evidencia es claramente contradictoria, pero el jurado, que vió y oyó declarar los testigos de una y otra parte y pudo mejor que nosotros apreciar sus gestos, vacilaciones y contradicciones, dirimió el conflicto en contra del acusado y su veredicto no deberá ser alterado por este tribunal a menos que se demuestre satisfactoriamente que el jurado actuó movido por pasión, prejuicio o parcialidad, o que incurriera en error manifiesto en la apreciación de la prueba. No se imputa al jurado pasión, prejuicio o parcialidad, pero sí error manifiesto en la apreciación de la prueba, porque nin-guno de los testigos de cargo pudo apreciar en millas o kiló-metros la velocidad a que marchaba el vehículo, declarando, por ejemplo, la testigo Rafaela Figueroa, quien conducía la cabra, que pasó a miocha velocidad; que venía a una veloci-dad bastante ligera, etc. Como se dijera por este Tribunal en el caso de Pueblo v. Pereira, 49 D.P.R. 891, 897, 899, en que la prueba de velocidad consistió en expresiones seme-jantes'a las usadas por la citada testigo:

“Podrá argüirse que este testimonio así producido adolece de vaguedad y falta de precisión. Ésta es la prueba, sin embargo, que puede producirse en muchos casos de responsabilidad criminal en que los testigos, que no son peritos, no saben de otro modo apreciar la velocidad.
“El peso de esta prueba es una cuestión de la incumbencia ex-clusiva del jurado, cuyo juicio debemos respetar. Si el jurado creyó el testimonio del testigo Julián Machuca, y, teniendo en cuenta to-das las circunstancias del caso, consideró al acusado culpable de negligencia criminal, nosotros no nos sentimos autorizados para in-tervenir, dejando sin efecto su veredicto.”

Véase además 15-16 Iiuddy, “Cyclopedia of Automobile Law,” 342, sec. 176.

En el caso de Smith v. Doyle, (1938, C.C.A.), 98 F. (2d) 341, 342, tratando sobre esta misma materia, se dijo por el tribunal:

“Aunque los apelantes no se refirieron a esta cuestión en su ale-gato, tomaron excepción a la admisión de la declaración del único testigo ocular, quien declaró que el automóvil se estaba moviendo ligero {ivas moving fast). Tal evidencia es generalmente admitida. En 1 Wigmore 'Evidence’ (2da. ecl., 1923), see. 571, 4 id. 1977, se coleccionan los casos sobre la materia. Las personas normales frecuentemente forman impresiones de esta naturaleza con respecto a los automóviles que pasan y estas impresiones tienen significado y valor. Sería arbitrario excluirlas, por lo menos cuando como aquí no se dispone de lectura del velocímetro (speedometer)

Sin duda debió influir considerablemente en el jurado el lieclio de que el automóvil paró como a veinte yardas del sitio del accidente y que durante ese trayecto arrastró con-sigo al niño, no obstante baber aplicado los frenos en el pre-ciso instante de alcanzarlo, dejando una marca de la enfre-nada, bastante fuerte, en la carretera, según declara el testigo Luis Maldonado.

Es indudable que si el automóvil hubiese marchado a una velocidad de quince millas, como sostiene la prueba de des-cargo, no hubiera necesitado caminar una distancia de veinte yardas para detenerse, a pesar de la fuerte refrenada a que se refirió el testigo Luis Maldonado.

Sostiene además el apelante que la prueba de cargo con respecto a velocidad era inadmisible, porque los testigos manifestaron que se dieron cuenta de la presencia del automóvil en el momento del accidente y que por consiguiente no estaban ellos en condiciones de apreciar debidamente su velocidad. Si el automóvil hubiese parado instantáneamente, es claro que los testigos de cargo no hubieran tenido oportunidad de apreciar la velocidad, pero, como hemos visto, el automóvil continuó por espacio de veinte yardas, a pesar de la refrenada de que fue objeto, y la testigo Figueroa, que venía como dos metros detrás de los niños, vió el automóvil antes de que éste alcanzara al interfecto, y lo siguió con la vista hasta después que hubo detenido la marcha. En tales circunstancias, no abrigamos duda que tuvo ella una oportunidad de apreciar si el automóvil venía a una velocidad corriente o a una excesiva velocidad.

A nuestro juicio el veredicto no es contrario a derecho como sostiene el apelante ni erró la corte al denegarle la moción de mievo juicio, moción que fué predicada en las mismas cuestiones que acabamos de discutir.

Por lo expuesto, procede la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia apelada.