text:
    Pablo Casasús, Juana Rivera de Casasús e Isabel Casanova Vda. de Casasús, demandantes y apelados, v. White Star Bus Line, Inc., demandada y apelada.
    Núm. 8352.

    Sometido: Mayo 26, 1941.

      Resuelto: Junio 11, 1941.

      C. Iriarte, F. Fernández Guyar, II. Gonzalez Blanes y F. Alvarado, Jr., abogados de la apelante; Géigel <& Silva, abogados de Isabel C. Vda. de Casasús, apelada; Ortiz Toro c6 Ortiz Toro, abogados de los otros apelados.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Los becbos incontrovertidos en este caso, según aparecen de una certificación expedida por el Secretario interino de la Corte de Distrito de San Juan, son los siguientes:

En la corte inferior Pablo Casasús y Juana Rivera de Casasús, como padres legítimos de su bijo Rogelio Casasús, e Isabel Casanova Vda. de (Rogelio) Casasús, radicaron una demanda de daños y perjuicios contra la White Star Bus Line, Inc., apareciendo suscrita dicba demanda por la firma profesional Ortiz Toro & Ortiz Toro, como abogados de los codemandantes Pablo Casasús y Juana Rivera de Casasús, y por la firma profesional Géigel & Silva, como abogados de la codemandante Isabel Casanova Vda. de Casasiís; que la "demanda estaba jurada tanto por Pablo Casasús como por Isabel Casanova Vda. de Casasús; que a través de todos los procedimientos subsiguientes en la tramitación del caso en la corte inferior los codemandantes continuaron siendo representados por las dos firmas profesionales antes men-cionadas y todas las notificaciones becbas por el secretario lo fueron a ambas partes y la demandada siempre los notificó .-separadamente de sus alegaciones; que celebrado el juicio '.correspondiente con asistencia de las partes y sus abogados respectivos la corte dictó sentencia declarando con lugar la demanda el día 26 de febrero de 1941 la que fué notificada por el secretario, separadamente, a los Lies. Géigel & Silva; Ortiz Toro & Ortiz Toro e Iriarte, Fernández Cuyar, Gon-zález Blanes y Alvarado, Jr., el día Io. de marzo de 1941 archivando en los autos, en esa misma fecha, copia de dicba notificación; que el día 29 de marzo de 1941 la demandada por sus abogados radicó en la secretaría de la corte inferior ■.un escrito de apelación el que notifico en igual fecba a los abogados Ortiz Toro & Ortiz Toro; que el día Io. de abril de 1941 los abogados de la demandada radicaron en dicta corte un escrito titulado “Notificación” dirigido a los abo-gados G-éigel & Silva, notificándoles con copia del escrito de apelación que el 29 de marzo de 1941 habían notificado a los otros abogados de los demandantes.

Basándose en estos hechos los codemandantes, por sus abogados respectivos, Géigel & Silva y Ortiz Toro & Ortiz Toro, radicaron dos mociones en este tribunal solicitando la desestimación del recurso por haberse notificado el escrito de apelación de la demandada a la codemandante Isabel Casanova Yda. de Casasús el día 1°. de abril de 1941 o sea des-pués de haber espirado el término que tenía la demandada apelante para interponer su recurso, por lo cual esta Corte Suprema carece de jurisdicción para considerarlo.

En un extenso escrito de oposición a la desestimación solicitada la demandada apelante termina diciendo:

“Finalmente, deseamos con gran énfasis reiterar ante esta Hon. Corte que lo que contendemos no es en forma o manera alguna que no debe exigirse notificación del escrito de apelación a la parte con-traria dentro del término dispuesto por el estatuto para apelar. Lo que contendemos, y deseamos hacernos lo más claro posible, es que se debe notificar el escrito de apelación dentro del término dispuesto por ley, pero que la omisión de hacer esta notificación dentro de dicho término no produce la falta de jurisdicción apelativa, sino que es un defecto de forma, una irregularidad, una infracción del estatuto, que puede o no ser motivo de desestimación de acuerdo con las circuns-tancias concurrentes en cada caso en particular. En otras palabras, de probarse que la demora en la notificación ha afectado los derechos sustanciales del apelado, que le ha inducido a su perjuicio a cambiar de posición o que en cualquier forma demostrable le ha perjudicado, procedería la desestimación del recurso debido al defecto de forma, a la irregularidad o a la infracción del estatuto, pero de quedar demostrado que tal demora en la notificación en forma alguna ha perjudicado a la parte que solicita la desestimación, la justicia sus-tancial imperativamente demanda que no se prive al apelante de su valioso derecho de apelación.” (Itálicas nuestras.)

Alega la representación de la demandada que “creyó que todos los abogados” de los demandantes “se representaban unos a otros y que tenían facultades cada uno de ellos para actuar en representación de todos los demandantes” porque el primer señalamiento del caso para juicio fué suspendido por convenio entre los abogados Ortiz Toro & Ortiz Toro y los abogados de la demandada para una fecha posterior, pero admite que dicho convenio se notificó a los abogados Géigel & Silva; que también el juez de la corte inférior citó para un “pre trial conference” a los Lies. Ortiz Toro & Ortiz Toro y a los abogados de la demandada sin incluir a los Lies. Géigel & Silva, pero también admite que a dicha conferencia asistieron todos los abogados interesados en el caso inclu-yendo a los Lies. Géigel & Silva, y que el convenio a que se llegó fué firmado por el Lie. Guillermo Silva en repre-sentación de todos los abogados de los demandantes; que durante el juicio actuó como “trial lawyer” el Lie. Jorge Ortiz Toro, pero admite que al juicio asistió también el Lie. Juan E. Géigel y los Lies. Ortiz Toro & Ortiz Toro al con-testar el escrito de oposición niegan que el Lie. Jorge Ortiz Toro actuara como “trial lawyer” y que el Lie. Géigel mera-mente asistiera al acto del juicio y en contrario alegan que este último intervino en el juicio interrogando a dos testigos y conferenciando constantemente durante el acto del juicio sobre el manejo del mismo; que después de dictada la sen-tencia todos los demandantes radicaron un memorándum de costas firmado exclusivamente por el Lie. Jorge Ortiz Toro en el que juró que era abogado de los demandantes y se dió por notificado de la impugnación al mismo.

Somos de opinión que los hechos alegados por la deman-dada apelante no justifican la conclusión a que llega de que los codemandantes en este caso estaban representados indis-tintamente por los Lies. Ortiz Toro & Ortiz Toro o por los Lies. Géigel & Silva. Todos están cualificados por admisio-nes que demuestran que siempre intervinieron las dos firmas profesionales en todos los trámites del caso representando a sus respectivos clientes. La última actuación del Lie. Jorge Ortiz Toro en relación 'cón el memorándum de costas no tiene el alcance que quiere darle la apelante. Su actua-ción, a espaldas de los Lies, (xéigel & Silva no puede per-judicar los derechos de la codemandante Isabel Casanova Vda. de Casasús.

Pasemos ahora a considerar el aspecto legal del caso. La sentencia fué notificada y se archivó copia en los autos de la notificación el día Io. de marzo de 1941, de manera que el mes que tenía la demandada para apelar de acuerdo con el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil vencía el día 31 de marzo, pues dicho término de un mes debe enten-derse de treinta días. Abril v. Moreno et al., 14 D.P.R. 7; Wolkers v. American Railroad Co., 20 D.P.R. 403; Luce & Co., S. en C. v. Cintrón, 42 D.P.R. 610; Ríos v. Díaz, 54 D.P.R. 697.

Habiendo vencido el 31 de marzo el término para apelar, la notificación que se hizo a la codemandante Isabel Casanova Vda. de Casasús el día Io. de abril lo fué cuando ya había expirado el término que para apelar tenía la demandada y por tanto en violación al artículo 296 del Código de Enjuiciamiento Civil, que dispone:

“Art. 296. — Una apelación se interpone entregando al secretario de la corte en que fué dictada o registrada la sentencia o providencia apelada, un escrito manifestando que se apela de ella, o de determi-nada parte de la misma, y presentando idéntica manifestación a la parte contraria o a su abogado.”

Bepetidamente ha resuelto este tribunal que la notifica-ción del escrito de apelación a una parte contraria interesada en la sentencia es un requisito necesario para que el recurso pueda estimarse interpuesto y que cuando no se le notifica este tribunal carece de jurisdicción para conocer del mismo y procede desestimarlo. Ríos v. Ríos, 15 D.P.R. 263; Melchor Armstrong, etc. v. Banco Comercial, 36 D.P.R. 91; Montero v. Sucn. Santoni, 55 D.P.R. 713; habiéndose resuelto, además, que la notificación es necesario hacerla no a una sino a todas las partes interesadas en el caso. Rivera Arroyo v. O’Ferral, 37 D.P.R. 167; Zálduondo Veve, Ex parte y P. R. Fertilizer Co., 47 D.P.R. 263.

También se lia resuelto ya por esta Corte que la notificación del escrito de apelación debe Pacerse dentro del término fijado para la interposición del recurso. En el caso de American Colonial Bank of P. R. v. Ramos, et al., 33 D.P.R. 890, aunque se desestimó por otro motivo, se dijo por medio del Juez Presidente Sr. Del Toro:

“Debiendo desestimarse el recurso por el primero de los funda-mentos de la moción, se liace innecesario resolver el segundo. Sin embargo, como envuelve una cuestión de práctica constante, diremos que tiene razón el apelado al sostener que la notificación a la parte contraria o a su abogado debe hacerse dentro del término fijado por el estatuto — artículo 296 del Código de Enjuiciamiento Civil y juris-prudencia sentada en Davey v. Schuerman, 93 P. 297, 7 Cal. App. 1 — , pero diremos también que si se acepta el liecbo que se ha inten-tado probar por el apelante por medio de un affidavit, a saber, que la- notificación se depositó en el correo el once de julio, la ley quedó cumplida entendiéndose hecha la notificación en tal día aunque el apelado la recibiera tres días después.” (Itálicas nuestras.)

Posteriormente se resolvió el caso de Seoane San Martín v. Cortés, 38 D.P.R. 874, cuyos hechos son muy similares a los del caso que resolvemos, y también por medio del Juez Presidente Sr. Del Toro, se dijo:

“Que Angel C. Cortés fué un demandado en el pleito y que es parte necesaria en la apelación, surge de modo evidente de los hechos. Y que cuando finalmente notificado de la interposición del recurso en la persona de su abogado, había transcurrido el término de ley, también surge de modo evidente de los hechos.
“Siendo ello, así, la desestimación solicitada se impone como consecuencia inevitable de acuerdo con la ley y la repetida jurispru-dencia de este tribunal.”

El artículo 296 de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil es igual al artículo 940 del de California, antes de ser enmen-dado en el año 1921, y la interpretación que las cortes de dicho estado le han dado es idéntica a la anteriormente expuesta. En 2 Cal. Jnr. 327, sección 116 se expone la doctrina así:

"La sección 940 del Código de“Enjuiciamiento Civil de California, que se refiere a apelaciones hechas por el método regular específica-mente requiere que se notifique el escrito de apelación a la parte contraria o a su abogado. Este precepto es igualmente mandatorio como el que se refiere al archivo de la notificación, y si ésta no se hace dentro del término estatutario y de acuerdo con los requisitos del estatuto para efectuar la notificación, la corte de apelación no adquiere jurisdicción efectiva del caso y desestimará la apelación a su propia moción o a moción del apelado.”

Más adelante, a la página 348, en la sección 129, se dice:

"Una apelación no se perfecciona hasta que todas las cosas reque-ridas por el estatuto sean realizadas; en otras palabras, hasta que la notificación de la apelación ha sido radicada y cumplimentada. El dejar de hacer cualquiera de estas cosas dentro del término que la parte tiene para apelar es fatal a la apelación, aunque la otra se haya realizado. Por tanto, el dejar de notificar hasta que haya expirado el término estatutario es fatal a la apelación, aunque la notificación se haya radicado dentro del término.” (Itálicas nues-tras.)

En apoyo de esta doctrina véanse los casos de Coker v. Superior Court, 58 Cal. 177; Dalzell v. Superior Court, 67 Cal. 453; San Francisco Law & Collection Co. v. State, 141 Cal. 354; Niles v. González, 152 Cal. 90; y Estate of Pendergast, 143 Cal. 135.

En el caso de Estate of Pendergasi, supra, la Corte Suprema de California fué más lejos aun en su interpreta-ción del artículo 940, supra, al resolver que:

"Pero-habiendo el apelante dirigido' la notificación a algunas de las partes, no puede ir más allá para demostrar que las otras partes interesadas tuvieron conocimiento efectivo (actual knowledge) del hecho de que el abogado que los representó también representaba a los peticionarios a quienes se notificó. Conocimiento efectivo (actual knowledge) no puede sustituir la notificación de la apelación.”

La Legislatura de California, dándose cuenta de la inter-pretación sumamente estricta que la Corte Suprema de dicho Estado le había dado al artículo 940 del Código de Enjuicia-miento Civil, lo enmendó en el año 1921, eliminando el requi-sito de la notificación del escrito de apelación a la parte contraria, y desde esa fecha la mera, radicación del escrito de apelación es suficiente para que el recurso quede debida-mente establecido. People v. Jackson, 190 Cal. 257. En Puerto Rico, sin embargo, el artículo 296 de nuestro Código de Enjuiciamiento’ Civil nunca ha sido enmendado, perma-neciendo redactado, por lo tanto, en la misma forma en que estaba su equivalente del Código de California cuando fué objeto por parte de la Corte Suprema de dicho Estado de la interpretación estricta a que hemos hecho referencia y que es igual a la interpretación que este tribunal le ha dado.

Sostiene la apelante, sin embargo, que disponiendo el artículo 350 del Código de Enjuiciamiento Criminal para las apelaciones en casos criminales sustancialmente lo mismo que lo que dispone el artículo 296, supra, para los casos civiles, esta Corte, en los casos de Pueblo v. Cruz, 57 D.P.R. 823 y Pueblo v. Varela, 41 D.P.R. 889, ha resuelto que no pro-cede desestimar un recurso, no empece no haberse notificado al fiscal, cuando surge claramente que el fiscal conocía la existencia del mismo, intervino en la aprobación de la trans-cripción de evidencia y que si hubo un cumplimiento sustan-cial de la ley no procedía la desestimación. No tiene razón la apelante. El caso de Pueblo v. Cruz, supra, se resolvió que caía dentro de la regla del de El Pueblo v. Loubriel, 54 D.P.R. 1010, resuelto per curiam y del que se copiaron los siguientes por cuantos:

“Por cuanto una copia certificada de la transcripción de la evi-dencia fué servida por el taquígrafo al fiscal de distrito en septiem-bre 6, 1938, y dicho fiscal en diciembre 1, 1938, dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la sentencia apelada, 'firmó el original de tal transcripción con la manifestación por escrito de no tener objeción alguna a la misma.
“Por cuanto la transcripción de autos fué radicada en la secre-taría de este Tribunal en marzo 14, 1939, y la moción sobre desesti-mación no fué radicada basta mayo 25, después de haber sido noti-ficado el fiscal de este Tribunal con copia del alegato del apelante el mismo día en que fué radicado dicho alegato, algunos seis meses después de haber el fiscal de distrito expresado su conformidad por escrito con la transcripción de la evidencia, y algunos ocho meses después de haber sido notificado con copia de dicha transcripción.” (Itálicas nuestras.)

Y se resolvió que:

“Examinada la jurisprudencia anterior; encontramos que si bien consagra el principio de la necesidad de la notificación para que la corte adquiera jurisdicción, tiende a que se tomen en cuenta actos demostrativos del conocimiento por parte del fiscal de la existencia del recurso, de su intervención en la tramitación del mismo y de su habilidad para defender a tiempo dentro de él los intereses que le están encomendados, a los fines de concluir-si hubo o no un cumpli-miento sustancial de la ley y en caso afirmativo que hay jurisdicción para conocer del recurso. El Pueblo v. Varela, 41 D.P.R. 889, El Pueblo v. Rubio, 44 D.P.R. 889, El Pueblo v. Mercado, 45 D.P.R. 750.”

Y en el caso de El Pueblo v. Varela, supra, después de citar el artículo 350 del Código de Enjuiciamiento Criminal, y refiriéndose al anterior, o sea al 349 que dispone que la apelación contra una sentencia debe entablarse dentro de los seis meses de pronunciada, se dijo:

“Dentro del término prescrito por el anterior artículo, se radicó en secretaría un escrito de apelación y el acusado fué puesto en libertad bajo fianza. Dentro de ese término el fiscal de distrito manifestó, en conversación, que el acusado había apelado de la sen-tencia dictada en este caso. Dentro de ese término él apelante noti-ficó una moción solicitando la transcripción taquigráfica de la evi-dencia, y radicó la moción. En el párrafo inicial de esa moción, el apelante manifestaba que había apelado para ante la Corte Suprema de la sentencia dictada en este caso. Posteriormente, el fiscal de dis-trito, junto con el abogado del apelante, firmó una estipulación sometiendo la transcripción de la evidencia al juez de distrito para su aprobación.
“El propósito del requisito estatutario respecto a la entrega de copia del escrito de apelación al fiscal de distrito es para informarle del primer paso dado por el apelante en la tramitación del recurso. Aquí, él fiscal de distrito tenía conocimiento efectivo y escrito de la apelación. El aviso contenido en el primer párrafo de la moción solicitando la transcripción de la evidencia era un cumplimiento substancial del estatuto. Al firmar la estipulación para que se apro-bara esa transcripción, el fiscal de distrito renunció cualquier defecto formal en el aviso así dado.”

De manera, que el tribunal no sólo tuvo en mente al resolver estos casos que el fiscal tenía conocimiento de la ape-lación y que se le había notificado la moción solicitando1 la transcripción de evidencia en la que se bacía constar que el acusado había apelado, sino que todo eso se hizo dentro del término que el acusado tenía para apelar o sea seis meses. De manera, que la notificación o cumplimiento sustancial con el estatuto se hizo dentro del término estatutario. Tanto en lo criminal como en lo civil la notificación de la parte con-traria debe hacerse dentro de! término para que esta Corte adquiera jurisdicción.

Habiéndose notificado la apelación en este caso a la co-demandante Isabel Casanova Vda. de Casasús después de haber vencido los treinta días que marca la ley, esta Corte carece de jurisdicción para conocer del mismo y como con-secuencia, se desestima el recurso.

EN MOCION DE RECONSIDERACION

Julio 14, 1941

La demandada apelante solicita reconsideremos la resolu-ción dictada en este caso el día 11 de junio de 1941 por la que desestimamos el recurso por haberse notificado el escrito de apelación a una de las demandantes después de haber ven-cido los treinta días que marca la ley, careciendo, por tanto, este tribunal de jurisdicción para conocer del mismo.

Insiste la apelante en sostener que aun cuando “debe notificarse el escrito de apelación dentro del término dis-puesto por la ley ... la omisión de hacer tal notificación dentro de dicho término no produce la falta de jurisdicción apelativa, sino que es un defecto de forma, una irregularidad, una infracción del estatuto, que pnede o no ser motivo de desestimación de acuerdo con los hechos concurrentes en cada caso particular”, y que en cnanto a esta contención suya nada resolvimos y que no hemos expuesto “la razón de la regla” establecida tanto por nuestra jurisprudencia como por la de California y otros estados, de que la falta de notificación dentro del término priva de jurisdicción a la Corte Suprema.

Nos parecía tan obvia lá razón de la regla que no con-sideramos necesario expresarla. Y es que la ley requiere ■que tanto la radicación del escrito de apelación con el secre-tario de la corte sentenciadora como la notificación de dicho escrito a la parte contraria o a su abogado, se hagan dentro del término de treinta días (artículos 295 y 296 Código Enjui-ciamiento Civil). La obligación que impone la ley al apelante no queda satisfecha con el cumplimiento de uno de los dos requisitos exigidos. Tiene que cumplir con ambos. Si pudié-ramos, por interpretación, establecer que hubo justificación para hacer la notificación del escrito de apelación, por algún motivo, un día después de vencido el término decretado por la ley, estableceríamos un precedente que traería como con-secuencia el que las notificaciones de dicho escrito podrían hacerse en cualquier fecha después del término, siempre que la parte apelante adujera las razones que a su juicio justifi-caban su negligencia. Sería poner a los apelados en una situación de incertidumbre en cuanto a si la sentencia que habían obtenido a su favor era firme y ejecutable o no.

En 4 C. J. S. 1040, sec. 574, se expresa la doctrina general aplicable a estos casos así:

“Los estatutos corrientemente exigen que se le sirva una citación, emplazamiento o notificación de la apelación al apelado, y el cum-plimiento del estatuto a este respecto es generalmente un requisito esencial para pocler apelar o invocar la jurisdicción de la corte de apelación, a menos que se renuncie a tal citación o notificación, según será explicado en detalle en la sección 595. El hecho de que el ape-lado tuviera conocimiento de la apelación entablada no releva al apelante de su deber de cumplir con los requisitos estatutarios, aun-que bay autoridad al efecto de que la corte puede prescindir de la notificación en ese caso. La Legislatura puede elimina,r el requisito de la citación o notificación de la apelación, y la citación o notifica-ción no es necesaria, a menos que sea exigida por estatuto.” (Itá-licas nuestras.)

En el caso de Pankey y. Hot Springs Nat. Bank, 84 P. (2d) 649, se hace la siguiente cita:

“Wade en su obra sobre Procedimientos Apelativos en Nuevo México dice que la citación es el procedimiento por el cual se notifica a una parte de haberse entablado apelación o de haberse solicitado la expedición de un auto de error. §262. Y que el propósito de la citación es el notificar a la parte contraria que el caso ha sido trasladado a un tribunal superior, para que pueda comparecer allí y defender sus derechos. Dice que ejecuta substancialmente la misma función que un emplazamiento expedido por una corte inferior. §263. Citando a Daily et al. v. Foster, 17 N. M. 377, 128 P. 71. En la sección 264, el Sr. Wade dice: ‘Aquellos actos exigidos por el esta-tuto para perfecciona\r una apelación son jurisdiccionales y deben ser estrictamente cumplidos para que la corte superior quede inves-tida con poder para conocer de la apelación. (Citando a Farmer’s Develapmeni Co. v. Rayado Land & Irrigation Co., 18 N. M. 138, 134 P. 216.) Por lo tanto, a menos que la citación sea expedida de acuerdo con el estatuto, la corte de apelación no tendrá jurisdicción sobre el apelado cuando venza el término para diligenciar la citación y se verá obligada a desestimar el recurso.’ ” (Itálicas nuestras.)

Según demuestra el caso de Pcmkey, supra, en el Estado de Nuevo México, por regia de la Corte Suprema se autoriza a la corte sentenciadora a relevar a la parte apelante de su negligencia en no haber notificado al apelado del escrito de apelación dentro de término, previa moción al efecto y den-tro de la sana discreción de la corte inferior. Pero esto se hace porque la Legislatura de Nuevo México en el año 1927 derogó todas las disposiciones relativas a la notificación del escrito de apelación dejando esta materia a ser cubierta por la Corte Suprema en sus reglas, como al efecto lo hizo al aprobar la Regla VII, cuya sección Is dice:

“Dentro de los quince días después de haber sido admitida una apelación o expedido un auto de error, el apelante deberá notificarlo a las partes contrarias, y radicar prueba de la notificación en la corte de distrito. Ninguna parte que no haya sido así notificada será considerada parte apelada a menos que sea traída a corte por orden del tribunal que admitió la apelación o expidió el auto de errop a moción del apelante o peticionario y dentro de un procedimiento con-tencioso, y siempre dentro de la discreción de la corte y bajo términos justos.”

Es cierto que la Corte Suprema de Nuevo México ha resuelto que la falta de notificación del escrito de apelación dentro del término no es jurisdiccional y que dicha corte puede extender el término, pero ello se debe, según se dice en el caso de Childers v. Lahann, 138 P. 202, citado en el de Pair-key, supra, a que ni el estatuto, reglas de la corte o los pro-cedimientos establecidos de dicho estado lo requieren “en términos claros y explícitos.”

En Puerto Rico el estatuto sí lo requiere, en términos cla-ros y explícitos y si bien el artículo 8 del Código de Enjui-ciamiento Civil concede a la Corte Suprema poder para dictar reglamentos, los mismos, expresamente se dispone, que no deben estar “en conflicto con las leyes” y al efecto nuestra Regla 60 dispone que:

“Si el apelante dejare ele cumplir cualquiera de los deberes o re-quisitos que las leyes o estas reglas le impongan, el Tribunal puede desestimar ele oficio la apelación en cualquier clía o a moción de la parte apelada, previa notificación al apelante.”

En el caso de autos la apelante dejó de cumplir con el requisito de la notificación que le imponía la ley y este tribunal cumpliendo con la ley, y su reglamento y siguiendo la jurisprudencia establecida, desestimó el recurso.

No ha hogar a la reconsideración solicitada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Travieso

license: Public Domain

text:
    Manuel Veguilla Vázquez; peticionario, v. Sixto M. Saldaña, Jefe del Presidio Insular, demandado.
    Núm. 150.

    Sometido: Junio 10, 1941.

      Resuelto: Junio 12, 1941.

      Manuel Veguilla Vázquez, por su propio derecho; Hon. Procurador General George A. Malcolm, R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados del demandado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En junio 29, 1933, Manuel Veguilla, el peticionario, fué acusado ante la Corte de Distrito de Guayama por un delito de asesinato genérico cometido, según se alegaba en la acu-sación, el 21 de mayo de 1933. La causa fué registrada bajo el número 8763. En el acto de la lectura de la acusación el fiscal rebajó la calificación a asesinato en segundo grado. El acusado bizo en el mismo acto alegación de culpabilidad y fué convicto de asesinato en segundo grado y condenado a la pena de quince años de presidio con trabajos forzados.

En 23 de agosto de 1939, el Juez Asociado de esta Corte Suprema, Sr. De Jesús, actuando en funciones de tumo, declaró con lugar una petición de bábeas corpus radicada bajo el núm. 111 por el confinado Veguilla y decretó su excar-celación, basando su decisión en que la corte sentenciadora babía actuado sin jurisdicción y en contravención de la doc-trina sentada por esta Corte Suprema en Ex parte Hernández Laureano, 54 D.P.R. 416.

El peticionario lia radicado ante esta corte una nueva solicitud de habeas corpus en la que alega que se encuentra detenido en la Penitenciaría Insular en virtud de una sen-tencia dictada por la Corte de Distrito de Gfuayama el día 12 de noviembre de 1940, declarándole convicto de homicidio voluntario y condenándole a la pena de ocbo años de presi-dio ; que la sentencia es nula por baber sido dictada después de baber transcurrido más de tres años desde la fecba de la comisión del delito; que la acusación que se le leyó en junio 29 de 1933 es la misma que le fué leída en junio 29 de 1940; y, por último, que la corte sentenciadora carecía de jurisdicción para condenarle por un delito que ya babía prescrito.

En el acto de la vista y como parte de su diligenciado, el Jefe de la Penitenciaría presentó copia de la sentencia por virtud de la cual él retiene al peticionario bajo su custodia. De ella aparece que en noviembre 12 de 1940 se llamó a juicio la causa número 11,915 seguida por El Pueblo de Puerto Rico contra Manuel Veguilla Vázquez (a) Alambique; que el acusado compareció personalmente y asistido de su abogado; que después de haberle sido leída la acusación, el acusado alegó ser culpable; que la corte le declaró convicto de homi-cidio voluntario y le' impuso ocbo años de reclusión en la Penitenciaría Insular “con abono de la preventiva sufrida basta el momento en que fué excarcelado a virtud de un auto de bábeas corpus.”

De los autos que hemos examinado no aparece claramente que la acusación a virtud de la cual se dictó la sentencia que abora cumple el peticionario sea la misma radicada en el caso núm. 8763 y que sirvió de base a la sentencia anulada) por auto expedido por el Juez de Turno de este tribunal. El peticionario alega que se trata en ambos casos de la misma acusación. El hecho delictivo que se le imputó en ambas causas, núms. 8763 y 11,915, es el mismo, a saber: “que allá para el 21 de mayo de 1933, en la Municipalidad de Aibonito, P. R., que forma parte del distrito judicial de Guayama, Puerto Rico, allí y entonces, dicho acusado, de manera ilegal y voluntaria, con malicia premeditada y pro-pósito firme y deliberado de matar, y demostrando tener un corazón pervertido y maligno, dió muerte ilegal al ser humano nombrado Alejandrino Ruiz, haciéndole un disparo de revól-ver, etc.”

Se trata, pues, de una acusación por un delito de ase-sinato. Los artículos 77 y 78 del Código Penal, disponen:

“Artículo 77. — Guando no Hay Limitación. — Podrá ejercitarse la acción penal en cualquier tiempo, sin limitación, por los delitos de asesinato o malversación de caudales del erario y falsificación de documentos públicos.
“Artículo 78. — Tres Años -en Caso de Delito Grave (Felo'ivy).— La acción penal por cualquier delito grave (felony) fuera asesinato, (sic) o falsificación de documentos públicos, deberá entablarse dentro de los tres años de su comisión.”

Anulada la primera convicción del acusado por asesinato en segundo grado y anulada también por falta de juris-dicción la sentencia de 15 años qué le fué impuesta en junio 29 de 1933, quedó el fiscal en libertad para seguir el proceso contra el acusado bajo la acusación originalmente formulada o bajo una nueva acusación, sin limitación alguna en cuanto al tiempo dentro del cual debía ejercitarse la acción penal, según lo previsto en los citados artículos 77 y 78 del Código Penal.

Además, de acuerdo con la jurisprudencia de esta jurisdicción, reafirmada en Manuel González (a) Rasquiña v. Saldaña, ante pág. 859, la defensa de prescripción no puede ser levantada mediante hábeas corpus. Debe ser presentada mediante excepción perentoria a la acusación o comodefensa en el acto del juicio.

Por las razones expuestas, debe anularse el auto expe-dido y declararse sin lugar la petición.


author: El Juez PresideNte Señor .Del Toro

text:
    Cristóbal Dávila, demandante y apelado, v. Francisco Torres, Jr., demandado y apelante.
    Núm. 8028.

    Sometido: Mayo 16, 1941.

      Resuelto: Junio 13, 1941.

      Leopoldo Tomes García, abogado del apelante; R. Hernández Matos, abogado del apelado.

       Nueva Vista del caso a virtud de haberse reconsiderado y dejado sin efecto la, sentencia de este tribunal de noviembre 12, 1940 (57 D.P.R. 606).

   El Juez PresideNte Señor .Del Toro

emitió i a opinión del tribunal.

Este recurso fue resuelto por sentencia de noviembre 12, 1940, revocando la apelada. Dávila v. Torres, 57 D.P.R. 606.

Presentada moción de reconsideración, se oyó a las par-tes sobre la procedencia de la misma. En febrero tres se dejó sin efecto la sentencia de noviembre doce, señalándose una nueva vista del recurso que se celebró en mayo 5 con la sola asistencia del apelante, concediéndose. al apelado quince días para contestar por escrito el alegato adicional del apelante, como en efecto lo hizo.

El pleito se originó por demanda radicada en la Corte Municipal de Ponce por Cristóbal Dávila, contentiva de las siguientes alegaciones:

“2o. — Que hace algún tiempo que el demandante vendió y entregó al demandado y éste compró y recibió, en cuenta corriente entre ambos, mercancías y efectos de comercio, y liquidada recientemente dicha cuenta corriente, la misma arrojó un saldo a favor del deman-dante montante a la suma de $421.06 el cual saldo fué servido al demandado y aprobado y aceptado por éste.
“3°. — Que a pesar de estar vencida dicha cuenta, el demandado no ha pagado el referido saldo de $421.06 al demandante ni en todo ni en parte y se niega a pagárselo a pesar de las gestiones de su cobro y de ser una deuda líquida, vencida y exigible.”

El demandado contestó:

“1. — Se acepta el hecho primero de la demanda, excepto que el demandante sea vecino de Ponce, y sí de Cayey.
“2. — El demandado acepta que el demandante Cristóbal Dávila de su almacén como traficante de provisiones al por mayor estable-cido en Cayey, vendió al demandado como traficante al detall de provisiones establecido también en Cayey, artículos de comercio du-rante un período de tiempo con anterioridad al 30 de diciembre de 1931, y que en esa misma fecha el saldo de esa cuenta de provisiones ••así vendidas por el demandante al demandado, ascendía a $421.06, .alegando como defensa el demandado que ese importe le fué pagado por el demandado al demandante, sin que este demandado adeude :nada por ningún concepto al demandante actualmente.
“3. — Se niega el hecho tercero de la demanda, y se sostiene en contrario que el demandado no adeuda nada al demandante por el concepto a que se refiere la demanda, ni por ningún otro concepto.”

T como defensas especiales alegó que la demanda no aducía hechos bastantes para constituir una buena causa de acción y en todo caso que la acción ejercitada en ella había prescrito de acuerdo con el apartado cuatro del artículo 1868 del Código Civil.

Fallado el pleito, fue en apelación a la corte del distrito. Celebrado el nuevo juicio que ordena la ley, dicha corte declaró la demanda con lugar y el demandado recurrió para ante este Tribunal Supremo.

La revocación de la sentencia apelada se decretó a base de la existencia de la prescripción. “La cuestión esencial en este caso es si el tráfico a que se dedica un comerciante al por mayor es distinto de aquél a que se dedica un tra-ficante al detall”, expusimos en aquel entonces, y transcri-biendo la ley, refiriéndonos a las definiciones de las palabras “tráfico” y “mercader” citadas por las partes y aplicando las máximas Interest republics ut sit finis litium y Ad ea qu<s frequentius accident jura adaptantur, dijimos: “Cree-mos que el negocio de un traficante al por mayor es distinto al de un detallista y que la prescripción de tres años debe cubrir el caso del demandado.” T siguiendo ese criterio resolvimos el pleito sin una convicción absoluta como puede deducirse de lo expresado antes de aplicar la última de las máximas, a saber: “Si el razonamiento aducido por una u otra parte es correcto como en un cincuenta por ciento . . . . ”

Al presentarse la moción de reconsideración dudamos seriamente de si la regia establecida estaba bien fundada y reabrimos el caso para una nueva argumentación. A virtud de ella hemos quedado convencidos de que en efecto no lo está, y siendo ello así, nuestro. claro deber consiste en revo-carla.

Los hechos quedaron establecidos por medio de estipulación. Cristóbal Dávila, el demandante, a la fecha en que vendió provisiones al demandado Francisco Torres, Jr. era un comerciante establecido en Cayey en el tráfico de provisiones en general, al por mayor y al detall, y Francisco Torres, Jr. era un traficante de provisiones al detall también establecido en Cayey. El negocio de compraventa de provisiones realizado lo fué entre el primero como traficante en provi- siones al por mayor y el segundo como traficante en provi-siones al detall.

La ley invocada por el demandado es el número 4 del artículo 1867 del Código Civil, ed. 1930. Ordena:

“Por el transcurso de tres años prescriben las acciones para el cumplimiento de las obligaciones siguientes:
“4. La de abonar a los posaderos la comida y habitación, y a los mercaderes el precio de los géneros vendidos a otros que no lo sean, o que siéndolo se dediquen á distinto tráfico.”

Que ambas partes eran mercaderes, esto es, comerciantes, no ofrece duda alguna, y que no se dedicaban a distinto trá-fico si que al mismo en diferente escala, es evidente.

Mercader equivale a comerciante que es la persona que con capacidad legal se dedica al ejercicio del comercio, o trata, bien al por mayor, o al por menor, sobre géneros vendibles, expresa la Enciclopedia Jurídica Española. Tomo XXII, pág. 235.

Y tráfico es la acción de traficar que, según la misma autoridad, consiste en comerciar o negociar con el dinero, comprando y vendiendo o haciendo otros tratos. Enciclopedia Jurídica Española, Tomo XXX, pág. 89.

¿Era distinto el tráfico a que se dedicaban demandante y demandado? Ya fiemos dicfio que no. Ambos se dedi-caban al tráfico de provisiones que en esta isla quiere decir comestibles, víveres, sólo que lo hacían en diferente escala y ello no implica distinción en la substancia del negocio. Lo mismo se trafica en un determinado artículo al por mayor que al detall, se dice en 63 C. J. 762. Y más específicamente a la página 760:

“Se entiende por ‘tráfico’ el traspaso de artículos o mercadería de una persona a otra a cambio de un equivalente en artículos o dinero;... Incluye necesariamente todos los incidentes de tal ne-gocio e industria, al por mayor o al detall, y la entrega del objeto del tráfico.”

Como bien razonó la corte de distrito en la opinión que sirvió de base a su sentencia:

“ 'Distinto tráfico’ es diferente comercio. Pero, ¿qué se entiende por distinto tráfico o diferente comercio? ¿Significa acaso que por el hecho de dos comerciantes dedicarse, uno, al comercio al por mayor y el otro al comercio al detall, ello sea suficiente para clasifi-carlos en diferentes campos comerciales? Entendemos que no. Un comerciante al por mayor en perfumería se encuentra en distinto tráfico a un comerciante al por mayor en pieles; un comerciante, mercader o traficante al detall en ferretería se encuentra en distinto tráfico o diferente comercio al comerciante al detall en productos farmacéuticos. El hecho que sea al por mayor o al detall no quiere decir ni significa que su comercio sea distinto o diferente.”

La cuestión en verdad había sido ya resuelta por esta propia corte en González v. Aldarondo, 47 D.P.R. 156, 158, aunque planteada por otro motivo y sin discutir si el nego-cio se realizaba al por mayor o al detall, en los siguientes términos:

“Sucede que tanto el cedente del demandante como el demandado eran comerciantes en provisiones que se dedicaban al mismo tráfico, y por ende, la prescripción de tres años no les es aplicable. Bajo estas circunstancias, convenimos con el apelado en que el Código Civil no fija término especial de prescripción alguno y que la causa de acción subsistiría durante un período de quince años.”

Lo prescrito en la Ley de Patentes de 1914 no tiene el alcance que le atribuye el demandado. El propósito de esa ley — núm. 26 de marzo 28, 1914 (Leyes 1913-14, pág. 181) — • fué el de individualizar los diferentes comercios a fin de gra-duar la cuantía de la patente en armonía con el volumen de sus negocios, no el de resolver que comerciantes en los mis-mos géneros se dedicaran a negocios substancialmente dife-rentes por el hecho de traficar al por mayor o al detall.

El porqué de la excepción, el motivo que tuvo el legis-lador para comprender en el período prescriptivo sólo el precio de los géneros vendidos por los comerciantes a otros que no lo fueron o que siéndolo se dedicaran a distinto trá-fico, surge del siguiente comentario de Manresa al precepto equivalente del Código Civil Español:

“Como resulta de la mera comparación de sus términos, se han ampliado en el Código los límites de esta regla de prescripción esta-blecidos en las leyes de la Novísima Recopilación que hemos indi-cado antes, extendiéndola a todas las ventas realizadas por todos los mercaderes en general, con excepción tan sólo de las hechas a los comerciantes que se dediquen a la misma clase de tráfico, cuya excep-ción se funda en una razón de conveniencia fácilmente apreciable en beneficio del comercio para facilitar el tráfico y él desenvolvimiento del mismo.” 12 Manresa, Comentarios al Código Civil, 791. (Bas-tardillas nuestras.)

No es igual la relación de confianza y continuidad que existe entre comerciantes dedicados al mismo tráfico que rea-lizan negocios entre sí, que la que surge de las transacciones que los comerciantes realizan con otras personas que no lo son o que trafican en ramos diferentes. De allí la distinción.

Además para que una regla de prescripción pueda aplicarse a determinada obligación, debe ésta estar claramente comprendida dentro de ella, ya que la aplicación produce el efecto de extinguirla en perjuicio de la parte en beneficio de la cual debía cumplirse. T por lo menos tendría que reconocerse en este caso que la aplicación de la regla a los beclios del mismo no es clara de acuerdo con su letra y con su espíritu.

“ ... Por otra parte, es un principio muy conocido que un esta-tuto de prescripción no debe ser aplicado a casos que no están clara-mente dentro de sus disposiciones; no debe ser ampliado mediante interpretación....” 37 C. J. 689, 691.

No obstante haber reconocido el demandado apelante en su alegato original que sirvió de base a la primera vista del recurso, que no le asistía la razón en su segundo señalamiento de error, ahora, en su alegato adicional sostiene que le asiste y levanta además una cuestión que no suscitó en la corte inferior, la de novación.

Como se recordará el demandado en su contestación alegó qne liabía pagado la deuda que se le reclamaba. Durante el juicio ambas partes estipularon que se diera por probado lo que sigue:

‘ ‘ Que los negocios de compra y venta de provisiones entre deman-dante y demandado, se llevaban en cuenta corriente, y que esa cuenta corriente fué cerrada en veintitrés... de diciembre de mil novecientos treinta y uno.por la suma de $421.06. Que por esa fecha, el demandado Francisco Torres, Jr., endosó a favor y orden del deman-dante don Cristóbal Dávila, y entregó al mismo, en pago de dicho saldo, dos obligaciones, la primera por $300 suscrita por Evaristo Ostolaza en agosto nueve de mil novecientos treinta y uno, a favor y orden del demandado Francisco Torres, Jr., y la segunda suscrita por Agustín y J. M. Aponte, en Cayey, Puerto Rico, en agosto veinticuatro de mil novecientos treinta y uno, por la suma de $200, ambas dirigidas a Tabacaleros de Cayey, Ine., en Cayey, Puerto Rico, y que dicen así:
‘ ‘ ‘ Tabacaleros de Cayey, Ine. — Cayey, P. R. — Señores: Sírvanse pagar a Francisco Torres, Jr., o a su orden en su domicilio de este pueblo, la cantidad de trescientos dólares ($300) del sobrante que pueda resultar a mi favor cuando se venda o liquide el tabaco que tengo depositado en sus almacenes. Atentamente, (Firmado) Eva-risto Ostolaza.’
“ 'Tabacaleros de Cayey, Inc., Cayey, P. R. — Señores: Sírvanse pagar a Francisco Torres, Jr., o a su orden en su domicilio de este pueblo, la cantidad de doscientos dólares del sobrante que pueda resultar a mi favor cuando se venda y liquide el tabaco que tengo depositado en sus almacenes. Atentamente, (Firmado) Agustín y J. M. Aponte.’
“Que Cristóbal Dávila no gestionó judicialmente el cobro del importe de dichas dos obligaciones, pero hizo gestiones administra-tivas para su cobro, extrajudicialmente y no cobró sus importes por la quiebra del girado.”

Luego se llamó a declarar al testigo Mario Torres. Be-preguntado por el demandado, contestó:

“¿Las obligaciones esas suscritas por Ostolaza y por Agustín y J. M. Aponte, en poder de quién se encuentran? — Deben estar en poder de la Corte Municipal. — ....—¿Cuando Torres endosó, el de-mandado, a Cristóbal Dávila las dos obligaciones, para qué lo fueron? — Para que tan pronto como fueran cobradas se abonaran a la cuenta. — ¿ Cristóbal Dávila negoció eso para alante? — No se nego-ciaron; no son documentos; no es un pagaré, fué una orden sola-mente. ”

T a preguntas del demandante, respondió:

“¿Usted sabe si el tabaco depositado por Evaristo Ostolaza fué vendido? — Fué vendido por Tabacaleros de Cayey. — ¿Le sobró algo a Evaristo Ostolaza? — Quedó a deber un pico. — ¿A Agustín y J. M. Aponte, sabe si les sobró algo? — A uno de ellos le sobró un pico muy pequeño; como veinticinco o treinta pesos. — ¿Y al otro? — No le sobró nada.”

El propio demandado declaró, en parte, como sigue:

“¿Sobre esas dos obligaciones; la suscrita por Evaristo Ostolaza y la de Agustín y J. M. Aponte, a favor suyo y traspasadas por usted a Cristóbal Dávila, usted tuvo algo que ver con Cristóbal Dávila en el treinta y uno? — En esa época el señor Cristóbal Dávila me llamó y me dijo que si podía conseguirle dos obligaciones de las que estaban con el Banco Tabacalero, para cubrir la cuenta que yo le debía. Entonces le dije al señor Cristóbal Dávila que si aceptaba esas órdenes en pago de lo que le debía, y entonces él me dijo que sí. Entonces yo le dije: ‘dentro de dos o tres días trataré de conse-guirle las órdenes.’ Entonces hablé con los señores Evaristo Osto-laza, que me debía una cuenta en mi establecimiento y con los señores Agustín Aponte y José M. Aponte y ellos me dieron dos obliga-ciones. — ...—¿Después de entregadas a don Cristóbal, volvió usted a hablar sobre esas obligaciones? — Entonces, cuando supe lo del Banco Tabacalero con el señor Evaristo Ostolaza y Agustín Aponte, de acuerdo con la liquidación de tabaco que esperaban, entonces hablé con el señor Cristóbal Dávila y le dije: ‘bien, don Cristóbal, vamos a ver qué gestión se puede hacer para el cobro de este dinero’, y entonces él me contestó: ‘tengo esas obligaciones con el Banco Territorial’, y al contestarme eso le dije: ‘bien, si las ha negociado al Banco Territorial, es que el Banco Territorial las ha aceptado’, y entonces no hablé nada más.”

La corte de distrito resolvió que la entrega de las órdenes de que se trata no podía considerarse como el pago definitivo de la deuda y que no habiendo podido hacerse efectivas, la obligación subsistía. Y tuvo razón a nuestro juicio.

La realidad es, como sostiene el demandante apelado en su alegato contestando el adicional del demandado apelante, que las órdenes no se tradujeron en dinero. Hablando por sí mismas, las órdenes dicen que lo que se cede es lo que sobre después de liquidar el tabaco que le correspondía a sus firmantes y sabemos, por la evidencia, lo ocurrido.

Tampoco existe la novación. Para que una obligación quede extinguida por otra que la sustituya, es preciso que así se declare terminantemente, o que la antigua y la nueva sean de todo punto incompatibles.

Por el hecho de que el demandante aceptara las dos órde-nes, no se produjo un cambio de deudor. El efecto de la entrega fue el de dejar en suspenso la acción del deman-dante para reclamar el saldo de su cuenta. Si las órdenes se hubieran cumplido, la obligación del deudor se hubiera extinguido. No lo fueron ni pudieron serlo y la obligación quedó en pie. Artículo 1124 del Código Civil, ed. 1930.

No habiendo cometido la corte de distrito ninguno de los errores que se le atribuyen, el recurso interpuesto contra su, sentencia debe ser declarado sin lugar, quedando la sentencia confirmada. '


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Simón Carlo, peticionario, v. Corte de Distrito de Aguadilla, Hon. Enrique S. Mestre, Juez, demandada.
    Núm. 1250.

    Sometido: Junio 9, 1941.

      Resuelto: Junio 16, 1941.

      Enrique Báez García, abogado del peticionario; Angel G. Hermida y Juan B. García Méndez, abogados del interventor, demandante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

En aseguramiento de la sentencia que pudiera recaer en el pleito seguido por Manuel A. G-arcía Méndez contra el ahora peticionario Simón Cario en reclamación de la cantidad de $2,799.85, la corte inferior, previa prestación de la fianza exigida, dictó el 21 de febrero último la siguiente orden;

"Vista la moción que precede, la corte decreta el embargo de bienes del demandado suficientes a cubrir las cantidades reclamadas, con prestación de fianza por la suma de $1,000 por no constar la deuda en documento auténtico.”

El mismo día el secretario de la corte inferior expidió el correspondiente mandamiento al márshal de la de distrito de Mayagüez, y en escrito que aparece fechado el 19 del indicado mes, los abogados del demandante instruyeron al márshal que “se sirva embargar cuanto derecho, título, acción o interés tenga el demandado Simón Cario en el taller o fundición ‘Simón Cario’, sito en Mayagüez, P. R., con todas sus existencias, cerrando el mismo y designando depositario a José Pascual Ortiz.”

El 21 de marzo último el márshal procedió a diligenciar dicho mandamiento, trabando embargo sobre los siguientes bienes en la forma y extensión que a continuación se expresa:

"Tocio derecho, título, acción o interés que tenga el demandado en el taller o fundición ‘Simón Cario’, sito en Mayagüez, calle Santiago Veve, con todas las existencias que el mismo contenga, cerrando el mismo, clavando todas las puertas y ventanas con trancas, en forma que para poder penetrar dentro del edificio hay que desclavar las trancas o romper las mismas.”

Siguiendo las instrucciones de los abogados del deman-dante, el marshal nombró al Sr. José Pascual Ortiz deposi-tario de los bienes embargados y notificó el embargo al demandado el 24 de marzo último, entregándole copia del mandamiento.

Así las cosas, el demandante, con fecha 28 de marzo, en moción jurada que presentó al tribunal inferior, comunicó a dicho tribunal que con posterioridad a la traba del embargo, el demandado, en violación del mismo, descerrajó y abrió el taller o fundición embargado, penetró en el establecimiento y reasumió sus trabajos, utilizando los efectos y artefactos embargados, haciendo caso omiso de la citada orden de ase-guramiento de sentencia; que el demandado fue requerido por el depositario para que abandonase el local, lo cerrase y se abstuviese de volver a él, a lo que se .negó, calificando el demandante esta conducta como tendente a obstruir la admi-nistración de la justicia, a desacreditar al tribunal y- a per-judicarle en la acción por él establecida.

El mismo día 28 de marzo el juez inferior dictó una orden cuya parte dispositiva dice así:

“Por TANTO, por la presente se ordena se libre por el Secretario mandamiento dirigido al Mársbal de la Corte de Distrito' de Maya-güez para que inmediatamente proceda a hacer efectiva la orden de esta corte de marzo 19 de 1941, cerrando e incomunicando el taller o fundición Simón Cario, en Mayagüez, P. R,., condenando sus puertas y procediendo a utilizar de la fuerza que necesite para el debido cumplimiento de la orden de referencia, y para que asimismo se cite al demandado Simón Cario para que comparezca ante esta corte a las 10 de la mañana del día 4 de abril de 1941 a exponer las razones por las cuales no deba ser condenado por desacato o desobediencia a la orden de este tribunal. Líbrese por el Secretario de esta corte al Marshal de la Corte de Distrito de Mayagüez manda-miento de acuerdo con lo aquí expuesto, insertándose esta orden íntegramente en.dicho mandamiento y procediéndose por el Márshal de la Corte de Distrito de Mayagüez a su inmediato cumplimiento.”

El 31 de marzo fué diligenciada la orden últimamente mencionada y el 4 de abril siguiente el demandado presentó una moción solicitando el traslado del pleito a la Corte de Distrito de Mayagüez, por tratarse de una acción personal y ser el de Mayagüez el distrito de sn residencia.

Contestando la orden para mostrar cansas por las cuales no debía ser castigado por desacato, el demandado, en moción fechada el 4 de abril, luego de exponer los antecedentes del caso, alegó:

“Que el demandado, para no desacatar la orden de esta Hon. corte, citándole para el día 4 de abril de 1941, y sin perjuicio de la moción de traslado presentada previamente, alega las siguientes razones por las cuales no se le puede castigar por desacato a esta Hon. corte:
“ (A) Porque habiendo pedido el demandado Simón Cario el tras-lado del presente caso para ante la Corte de Distrito de Mayagüez, que es la corte de su residencia, esta corte no tiene jurisdicción sobre el caso, hasta tanto se haya resuelto la moción de traslado.
“ (B) Porque la orden de la corte que se alega desacatada, y que fué dictada el 19 de marzo de 1941, se limitaba a decretar el embargo de bienes del demandado suficientes a cubrir las cantidades reclamadas, pero en ninguna forma ordenaba que se privara al demandado Simón Cario del derecho a entrar libremente en su pro-piedad y a atender a sus negocios de fundición, radicados en la ciudad de Mayagüez.
“ (C) Porque la orden de la corte de 28 de marzo de 1941, orde-nando que se cierre el establecimiento del demandado Simón Cario, incomunicando su fundición y condenando sus puertas, mediante fuerza, es una orden nula, dictada sin jurisdicción para ello, y en violación de las leyes de Puerto Rico, y por ser dicha orden nula, no está el demandado Simón Cario en la obligación de cumplirla, y dicha nulidad consiste en que el procedimiento de embargo seguido por el Márshal de la Corte de Distrito de Mayagüez, a petición del demandante Manuel A. García Méndez, es contrario a las disposi-ciones del Código de Enjuiciamiento Civil, que dispone cómo se efec-túan embargos en Puerto Rico.”

Celebrada la audiencia señalada para el 4 de abril y habiendo las partes consentido que la corte tomase todo el tiempo necesario para estudiar y resolver la cuestión, el 13 de mayo último dictó sentencia declarando al demandado culpable. de desacato, condenándole a pagar $3 de multa o en su defecto a cumplir un día de cárcel por cada dólar que dejare de pagar, y las costas, disponiendo además que por el márslial se proceda a mantener la orden de la corte en el embargo de referencia.

El mismo día el demandado radicó un escrito en la corte inferior en el que notificó al secretario y al demandante, por sus abogados, “que no estando conforme . . . con la senten-cia . . . que le declara culpable de desacato y le impone una multa de $3 o a una reclusión por 3 días en cárcel . . . apela de la sentencia dictada para ante la Hon. Corte Suprema de Puerto Eico . . .”, y tres días después radicó en este tribunal la solicitud de certiorari que nos ocupa, en la que luego de exponer los antecedentes que ya conocemos, termina con súplica de que se expida un auto definitivo de certiorari anulando todos los procedimientos llevados a cabo en el pre-sente caso.

Se expidió el' auto y a la vista sólo compareció la repre-sentación del demandado en el pleito principal, informando oralmente y por escrito.

El peticionario -había radicado su alegato desde el 6 del actual, en el que sostiene que los procedimientos seguidos por el Márshal de la Corte de Distrito de Mayagüez al embargar las existencias del establecimiento “Simón Cario”, cerrándolo y prohibiendo la entrada al demandado son nulos y que también es nula la resolución de la corte inferior que ordenó el cierre de dicho local y prohibió al peticionario la entrada a su fundición.

La sección 1 de la Ley para asegurar la efectividad de sentencias concede a todo el que demandare ■ en juicio el cumplimiento de una obligación, el derecho a obtener del tribunal que entendiere de la demanda, una orden para asegurar la efectividad de la sentencia que haya de dictarse en el caso de prosperar la acción ejercitada, y el artículo 2(b) de la misma ley dispone que si la obligación fuere, .como la de este caso, de pagar una suma de dinero, el aseguramiento consistirá en el embargo de bienes bastantes del deudor para responder de las sumas reclamadas.

La primitiva orden de 21 de febrero se limitó a disponer el embargo de bienes del demandado suficientes a cubrir las cantidades reclamadas en la demanda, o se'a $2,799.85, intereses, costas y honorarios, y al así actuar no erró el juez inferior, pues de acuerdo con la jurisprudencia de esta corte, no tenía obligación de especificar los bienes sobre los cuales debería trabarse el embargo. Clausells v. Salas, 50 D.P.R. 553, 561. Es el demandante quien generalmente señala al márshal los bienes que han de sujetarse al embargo y si dicho funcionario embarga por una cantidad mayor de la suficiente para responder de las sumas reclamadas, puede el demandado, sin perjuicio de reclamar el resarcimiento de cualquier daño que se le haya irrogado con esa actuación, solicitar del tribunal que se reduzca el embargo a la cantidad que sea suficiente al fin indicado.

No consta de los autos cuál sea el valor de los bienes embargados, pero aunque se probase que excede de lo sufi-ciente para responder de las sumas reclamadas en la demanda, esa sola circunstancia no viciaría de nulidad la actuación del márshal sino que sólo daría derecho al deman-dado, repetimos, a obtener la reducción del embargo y al resarcimiento de cualquier perjuicio realmente causádole. Pueblo v. Berrios, 43 D.P.R. 558, 561; National City Bank v. De la Torre, 45 D.P.R. 626.

Arguye el peticionario que el secretario de la corte inferior, sin una orden especial del juez a ese efecto, carecía de facultad para expedir el mandamiento de embargo directamente al Márshal de la Corte de Distrito de Mavagüez. No cita autoridad alguna que sostenga su proposición ni hemos podido encontrarla. Por el contrario, la Orden G-eneral núm. 100, de 12 de abril de 1900, que está en vigor según se sostuvo en Ochoa Fertilizer Co. v. Registrador, 43 D.P.R. 626, y López v. Martínes Hnos. & Co., S. en C., 45 D.P.R. 530, prescribe:

“Por recomendación de la Junta Judicial se dispone lo siguiente: I. Los tribunales se comunicarán entre sí sin sujetarse a la antigua subordinación de tribunales inferiores y superiores que establece el artículo 237 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. II. También podrán los tribunales dirigirse a cualquier oficina del Registro de la Pro-piedad o de otra clase para el cumplimiento de las resoluciones judi-ciales que dictaren;..

Siguiendo la misma pauta, el artículo 245 del vigente Código de Enjuiciamiento Civil, refiriéndose a la orden de ejecución, prescribe que cuando se quiera hacer efectiva sobre la propiedad del deudor declarado tal por sentencia, podrá librarse al márshal de cualquier distrito de la Isla.

De acuerdo con los dos preceptos legales que acabamos de citar, los tribunales pueden actuar respecto a otras oficinas o funcionarios que se hallen fuera de su jurisdicción territorial con la misma facultad con que lo hacen sobre los que se hallen dentro de sus respectivos distritos, y pudiendo el secretario expedir mandamiento para la ejecución de las órdenes del tribunal al márshal de su distrito sin una orden que expresamente lo autorice, de igual manera y con la misma autoridad puede hacerlo respecto a un márshal de otro dis-trito como se hizo en este caso.

Alega también el peticionario que el márshal no tenía facultad para cerrar el establecimiento e impedir que el demandado penetrase en el mismo. Convenimos con el peticionario en que ordinariamente no debe el márshal actuar en esa forma por resultar innecesariamente opresiva para el demandado, pero en el presente caso concurren circunstancias extraordinarias que justifican esa medida. Conforme aparece del alegato del propio peticionario, entre los bienes embargados se hallan hornos de fundir y otros implementos fuertemente adheridos al edificio y que por esa razón no podrían ser fácilmente retirados del local. Esa circunstancia, desde luego, no priva al demandante del derecho que le otorga la ley a asegurar la efectividad de su sentencia, y por consiguiente si el márshal había de dar cumplimiento a la orden de la corte como era su deber, no tenía otro modo de cumplirla que no fuera cerrando el local e impidiendo que el demandado tuviese acceso a los bienes embargados, ya que si los dejaba en su posesión el embargo era inexistente. Oronoz & Co. v. Alvarez, 23 D.P.R. 536, y especialmente Pérez Guerra v. Matos, 48 D.P.R. 599.

Puede que en el caso de autos, si en efecto existían en el local bienes en valor suficiente a responder de las sumas reclamadas, que ejercitando razonable diligencia podían reti-rarse del mismo, el cerrar el establecimiento dentro de esas circunstancias baya causado una innecesaria opresión al demandado; pero aun así, probada esa circunstancia, asistía al demandado el incuestionable derecho de levantar el embargo por los medios que prescribe la ley o solicitar de la corte que el gravamen se reduzca a la cantidad suficiente, y así la controversia hubiera sido resuelta tomando en cuenta los derechos de una y otra parte.

El hecho de cerrar el establecimiento no implica en manera alguna, como pretende el peticionario, que el edificio haya sido embargado, pues del diligenciado del marshal resulta que lo que él embargó fueron las existencias e implementos dlel negocio o industria. Si los bienes embargados hubiesen podido retirarse del edificio, y en efecto se hubieran retirado, habría sido necesario habilitar otro local donde guardarlos, seguramente mediante el pago de un canon razonable por el uso del nuevo local. Habiéndose cerrado el establecimiento, todo se reduce a pagar, con cargo a quien corresponda, una cantidad razonable por el uso del edificio. Aun en este caso,, si el.demandado interesa continuar usando el establecimiento,, nada le impide solicitar de la corte que dentro del tiempo más rápido en que razonablemente pueda hacerse, se desocupe.' y se deje a su expedita disposición.

Sobre la facultad de la corte para dictar la resolución de 28 de marzo que ordenó el cierre del establecimiento den-tro de las circunstancias de este caso, véase por analogía el de Colón Caballero v. Corte, 41 D.P.R. 845.

No tratándose en este caso de una orden dictada o cumplimentada sin jurisdicción, por errónea u opresiva que ella sea, el demandado no tiene derecho a desobedecerla, y por consiguiente no erró la corte inferior al sentenciarlo por desacato.

Por último, el mero hecho de que el demandado hubiese solicitado el traslado del caso al distrito de su residencia, no privó a la corte inferior de la facultad que le concede el inciso 4 del artículo 7 del Código de Enjuiciamiento Civil para hacer cumplir sus sentencias, órdenes y providencias.

Procede, por lo expuesto, anular el auto expedido y devol-ver el caso a la corle inferior para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

EN MOCION DE RECONSIDERACION

Julio 8, 1941

El peticionario solicita reconsideremos nuestra resolución del 16 del mes pasado que anuló el auto de certiorari expedido en este caso. Fundamentando su moción, alega el peticionario que entre los bienes embargados se hallan hornos de fundición, implementos y máquinas que considera bienes inmuebles, no pudiendo por consiguiente ser embargados .mediante el procedimiento establecido para el embargo de .bienes muebles como se hizo en el pleito principal.

De los autos no resulta claramente que los bienes aludidos tengan carácter de inmuebles, ni el número de cada uno de ellos existente en el taller. Conforme aparece del diligen-eiamiento de la orden de embargo, el Márshal de la Corte de Distrito de Mayagüez embargó los siguientes bienes:

“Todo derecho, título, acción o interés que tenga el demandado Simón Cario en el taller o fundición ‘Simón Cario’, sito en Maya-güez, P. R., calle Santiago Veve, con todas las existencias que el mismo contiene, cerrando el mismo, clavando todas las puertas y ventanas con trancas, en forma que para poder penetrar dentro del edificio hay que desclavar las trancas o romper las mismas.’’

Es en la página 14 del alegato del peticionario en apoyo de la solicitud de certiorari que por primera vez se dice que los hornos están adheridos a la casa y forman parte de la misma, y en un breve memorándum del interventor, radicado después de la vista de este recurso, aclara que los bienes embargados consisten:

... en máquinas desmontadas, máquinas atornilladas o que no estén permanentemente adheridas al suelo, marrones, martillos, poleas conectadas pero desmontables, lámparas de soldar, malacates, fraguas, piezas de hierro y acero, lingotes de hierro de gran peso y tamaño, y otros muchos efectos muebles, todo lo cual constituye la Fundición Simón Cario. La transportación de esos efectos, o su desorganiza-ción era costosa, no producía beneficio alguno al demandante y por el contrario hubiera podido causar perjuicios al demandado Simón Cario, lo que no estaba en mente ni era el objeto del demandante.”

En apoyo de su moción de reconsideración acompañó el peticionario su declaración jurada, tendente a sostener entre otras cosas que la maquinaria, hornos, etc., se hallan adheri-dos permanentemente al suelo y forman parte del edificio, y que este último, con todas dichas accesiones, ha sido hipo-tecado a favor del tenedor de varias obligaciones hipotecarias por la suma de $6,000.

Tal prueba es improcedente dentro de un recurso de cer-tiorari y desde luego no podemos considerarla a los efectos de la moción que nos ocupa.

En las circunstancias expuestas, no está este tribunal en condiciones de resolver dentro del procedimiento de certio-rari cuál sea en realidad la naturaleza de los bienes que fueron embargados en este caso mediante el .procedi-miento establecido para el embargo de bienes muebles. Parece lógico que el peticionario recurra a la corte inferior si es que desea impugnar la validez del embargo o que se reduzca a una cantidad que razonablemente responda de las sumas reclamadas en la demanda.

Por lo expuesto, no ha lugar a la reconsideración solici-tada.


author: El Juez Presidente Señor Del Tobo

text:
    Esperanza Nieves Rivera, recurrente, v. La Comisión Industrial de Puerto Rico, Etc., demandada; Administrador del Fondo del Seguro del Estado, asegurador.
    Núm. 211.

    Sometido: Mayo 19, 1911.

      Resuelto: Junio 17, 1941.

      Edelmiro Soldevila, abogado de la recurrente; J. Vidal González, Asesor Legal del Fondo del Seguro del Estado, abogado del Administrador del Fondo.
   El Juez Presidente Señor Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

Esperanza Nieves Rivera pidió a la Comisión Industrial de Puerto Rico que revisara cierta resolución que babía dic-tado en enero 31, 1940, y, previa audiencia de las partes interesadas, la dejara sin efecto.

Basó su petición en los siguientes hechos y considera-ciones: en abril 26, 1939, sufrió un accidente mientras desem-peñaba funciones inherentes a su empleo bajo el patronato de Miguel Barceló y como consecuencia quedó incapacitada en un veinticinco por ciento de las funciones fisiológicas de su pierna derecha más arriba de la rodilla, según resolución de la Comisión Industrial.

Al computar el Administrador del Pondo la compensación que le correspondía, pretendió hacerlo a base de un jornal diario de cuarenta y nueve centavos en vez de un dólar que era el que ganaba el día del accidente, y la recurrente le diri-gió mía comunicación exponiendo el hecho y alegando qne de acuerdo con la Ley Federal de Horas y Salarios su jornal era de veinticinco centavos la hora, siendo de acuerdo con ese tipo que debía computársele la compensación.

No accedió el asegurador, la recurrente acudió ante la comisión y “ésta se negó a oír siquiera a la recurrente”, declarando sin lug’ar su solicitud basada en una afirmación contenida en otro escrito. Solicitó reconsideración y le fue negada. Recurrió entonces para ante este tribunal y expe-dido el auto, presentó su alegato en marzo 17, 1941, cele-brándose la vista del recurso en mayo 19 último.

La cuestión á resolver consiste en si la comisión pudo decidir de plano como lo hizo el recurso para ante ella establecido.

De los autos originales que tenemos a la vista resulta que en el escrito de apelación de la resolución del adminis-trador fijando su incapacidad en un diez por ciento, presen-tado a la comisión por Esperanza Nieves, consignó ésta que ganaba cuarenta y nueve centavos al día. La comisión deci-dió el caso fijando el grado de incapacidad en un veinticinco por ciento. Volvió el asunto al Fondo y surgió la nueva discrepancia al fijarse la compensación. Acudió otra vez a la comisión y ésta dictó la resolución cuya revisión se pide, que lee así:

“Con fecha 27 de mayo de 1940, radica en los presentes autos la lesionada Esperanza Nieves Rivera, por conducto de su abogado E. Soldevila, moción de revisión, por el fundamento de que el Admi-nistrador del Fondo del Seguro del Estado computó la compensa-ción a que tiene derecho a base de un jornal diario de cuarenta y nueve centavos (49fí) en vez de un dólar al día, que era el jornal que ella efectivamente recibía el día que ocurrió el accidente.
“Examinado el escrito de apelación radicado por dicha lesionada ante esta Comisión Industrial, con fecha 29 de agosto de 1939, apa-rece que bajo su signo, estampado ante testigo, afirmó ella ‘que el salario que ganaba mientras trabajaba bajo el patronato de Miguel Barceló Romaguera era el de cuarenta y nueve centavos (49<í) diarios’. Con vista de lo antes expuesto declaramos sin lugar la solicitud de revisión de la obrera lesionada.”

¿Pudo actuar la comisión de tal modo o debió dar una oportunidad a la recurrente para probar su caso?

La ley sobre la materia — Ley núm. 45 de 1935, pág. 251— en su artículo diez, pág. 289, dispone que si el administrador y el obrero o empleado asegurado no llegaren a un acuerdo respecto a la compensación, como aquí sucedió, cualquiera de las partes podrá notificar a la comisión, la que señalará el caso para ser oído por la comisión o por un comisionado.

Nada dispone con respecto a cómo debe celebrarse la audiencia, pero tratándose como se trata de un organismo de funciones cuasi judiciales — see. 6 de la ley, pág. 281— parece lo propio que se sigan en todo lo posible las reglas que se aplican a las cortes de justicia en procedimientos similares.

Puede que baya algún caso tan claro que una vista sea innecesaria pero aquí si bien es cierto que la recurrente en el primer escrito que dirigiera a la comisión con un propó-sito distinto consignó entre los varios datos que contiene que su salario era el de cuarenta y nueve centavos diarios, también lo es que ese extremo fue puesto por lo menos en tela de juicio por la propia recurrente cuando luego afirmó que era el de un dólar diario, alegando además, cómo cues-tión de derecho, que el que debía servir de base para el cómputo era el aun mayor fijado por la Ley de Horas y Salarios.

Bajo esas circunstancias no creemos que estuviera auto-rizada la comisión para decidir el asunto en definitiva acep-tando como única base cierta lo consignado en el primer escrito sin dar oportunidad a la recurrente de demostrar que el dato era erróneo, aparte de que la comisión prescindió en absoluto de considerar y resolver, por lo menos de resolver, lá cuestión de derecho suscitada. La recurrente no tuvo ante la comisión el debido procedimiento de ley. Véase Santos v. Comisión Industrial, 58 D.P.R. 311.

En tal virtud procede declarar el recurso con lugar, anu-lar la resolución de la comisión de mayo SI, 1940, y devol-vérsele el caso para que lo tramite y decida de acuerdo con los hechos y la ley.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Andrés Negrón, acusado y apelante.
    Núm. 8723.

    Sometido: Junio 17, 1941.

      Resuelto: Junio 18, 1941.

      Federico García Veve, abogado del apelante; Son. Procurador General George A. Malcolm, R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la, opinión del tribunal.

Andrés Negrón fue declarado culpable por la Corte de Distrito de Bayamón de un delito de adulteración de lecbe y apela de la sentencia que le condenó a pagar una multa de treinta dólares y las costas, imputando a la corte inferior un solo error al apreciar la prueba y actuar movida por pasión, prejuicio y parcialidad.

Precisa, pues, que examinemos la prueba presentada para determinar si justifica la conclusión a que llegó la corte sentenciadora.

Para sostener la acusación el fiscal presentó las decla-raciones de los testigos Leopoldo Bomaní, José Miranda Alvarez, inspectores de sanidad y de Modesto Luzunaris, químico del Departamento de Sanidad. En síntesis, Bomaní declaró que el 14 de febrero de 1940 era inspector de sanidad en Vega Baja y a las siete de la mañana se personó acom-pañado de Miranda en el puesto de lecbe del acusado situado en la Calle Manuel Padilla; que tomó una muestra de lecbe de la que estaban vendiendo allí; que la lecbe estaba en el mostrador en un envase aporcelanado — una olla con tapa; que estaba para la venta porque babía gente comprando; que el puesto tenía licencia núm. i 118 de Sanidad; que tomó la muestra en tres botellas, las tapó, lacró, puso sus iniciales y le entregó una muestra al acusado. A repreguntas del abo-gado defensor, declaró que el acusado le despachaba leche a la gente que estaba a la parte de afuera comprándola en cacharros; que había dos o tres nada más y se les despa-chaba a través de un torno que da a la calle; que el acusado recibía el dinero pues vendía la leche a diez centavos y ade-más vendía dos y tres centavos de leche; que el acusado sacaba la leche de donde estaba él sacando la muestra; que dentro del puesto no había nadie más que el acusado, Miranda y él.

El inspector Miranda declaró sustancialmente lo mismo que el anterior testigo, excepto que a repreguntas del abo-gado defensor, negó que un muchacho llamado Rubén Torres entrara al puesto del acusado y vaciara leche de un garrafón 'que llevaba.

El químico Modesto Luzunaris declaró que analizada la muestra de leche tomada al acusado resultó adulterada con un 15 por ciento de agua añadida artificialmente.

La prueba de defensa consistió en las declaraciones de los testigos Prudencio Torres, Ramón Barreto y la del pro-pio acusado.

Prudencio Torres declaró que se dedica a vender leche por el pueblo de Vega Baja; que le compra la leche a doña María Pérez; que el 14 de febrero de 1940 se la compró a ella y cuando salía de su casa la Sanidad se echó detrás de él y él, medio asustado, entró al depósito del acusado y la soltó; que él acostumbraba venderle leche al acusado; que éste se opuso a que dejara la leche allí; que había gente esperando para comprar leche y ya se iban porque no había; que después llegó Romani y tomó muestras de la que él echó en una olla que acababa de fregar. A preguntas del juez inferior declaró que ya él estaba a la parte de afuera del puesto del acusado fregando el latón cuando llegaron los inspectores, aunque insistió en decir que lo venían persi-guiendo.

Ramón Barreto declaró que era el celador del acueducto de Vega Baja; que el día de los hechos fué a las siete de la mañana a comprar un litro de leche al puesto del acusado y ya se había terminado y se puso a conversar con él y vió venir a Torres, como huyendo y detrás de él los inspectores de Sanidad; que el muchacho entró al puesto y vació la leche enseguida y el acusado le dijo que no quería más ninguna y en eso llegó la Sanidad y cogió la muestra de la leche que vació el muchacho. A repreguntas del fiscal declaró que Romaní llegó casi junto con Torres y a preguntas del juez elijo que la Sanidad encontró al muchacho dentro del puesto, temblando, pero que no intervinieron con él.

El acusado declaró más o menos lo mismo que sus dos testigos, sosteniendo que la leche pertenecía a Torres y que él no tenía ninguna para la venta pues ya se le había ter-minado.

Hemos leído la transcripción de evidencia y nada hay en ella que indique que la corte inferior, según sostiene el ape-lante, actuara movida por pasión, prejuicio o parcialidad al apreciar la prueba de una y otra parte. Creyó a los testi-gos de El Pueblo y no a los del acusado, dirimió el conflicto que existe en la prueba y no hay duda de que, al hacerlo a favor de la de cargo, estuvo justificada en declarar culpable al acusado.

Se desestima el recurso y se confirma la sentencia.


author: El Juez PresideNte Señor Del Toro

text:
    Sotero León, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, Etc., demandada; Ramón Montaner, Administrador del Fondo del Estado, y Juan González Ortiz, obrero lesionado.
    Núm. 222.

    Sometido: Mayo 19, 1941.

      Resuelto: Junio 19, 1941.

      M. Guzmán Texidor, abogado del recurrente; Victor J. Vidal Gon-zález, Asesor Legal del Fondo del Seguro del Estado, abogado del Administrador del Fondo; José Soto Rivera, abogado del obrero.
   El Juez PresideNte Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Sotero León, patrono no asegurado, acudió a esta corte en solicitud de que se revise y anule una resolución de la Comi-sión Industrial dictada en febrero diez último, por virtud de la cual se acordó solicitar del Administrador del Fondo del Estado que trabara embargo en sus bienes en cantidad sufi-ciente para cubrir la compensación del obrero Juan Gonzá-lez Ortiz que fijó en mil cuatrocientos ochenta dólares.

Alegó que González Ortiz basándose en que en marzo 11, 1940, había sufrido un accidente del trabajo mientras guiaba una guagua del recurrente que chocó con un truck, sufriendo fuertes contusiones en el brazo izquierdo, se acogió al artículo 15 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo de 1935 ((1) pág. 251) y radicó ante la Comisión Industrial la correspondiente petición de'compensación, y que señalada una vista ante los Comisionados León Parra y Herrero a ella comparecieron el obrero y el patrono y los comisionados dictaron la resolución cuya revisión se pide.

Sostiene que la revisión procede porque la resolución es contraria a derecho, 1, porque los comisionados actuaron sin jurisdicción; 2, porque erraron al no permitir que declarara el Policía Julio Torres; 3, porque actuaron en contra de la ley cohibiendo la libre declaración de sus testigos; 4, porque dejaron de resolver la cuestión de rehabilitación o posible rehabilitación del obrero planteada y probada por el patrono, y 5, porque la indemnización concedida no se ajusta a la ley.

Expedido el auto, se elevó el expediente original a esta corte, celebrándose- la vista en mayo 19 último, compareciendo sólo el obrero por su abogado. El patrono recurrente había antes archivado un alegato en apoyo de su solicitud.

La falta de jurisdicción alegada se hace consistir en que la resolución de los comisionados ante quienes se vió el asunto no fué aprobada por la comisión. Se invoca la decisión de esta corte en Santini v. Comisión Industrial, 57 D.P.R. 412, en el sentido de que resuelve que un quorum qtuede entender en el caso, siempre que luego someta su decisión a la aprobación de la comisión en pleno.

No tiene razón el recurrente. Lo decidido por esta corte, tomado del resumen, fue:

"Los casos de patronos asegurados pueden verse indistintamente, a discreción de la Comisión Industrial, ante ésta o ante un Comisio-nado. Los de patronos no asegurados deben serlo exclusivamente ante la comisión como tal, constituida por sus tres comisionados o por un quorum.”

¿Violó la comisión la ley al no permitir que declarara el Policía Torres? Veámoslo.

El caso fué llamado para vista en septiembre 25 de 1940'. Comparecieron el obrero y el patrono en persona y por medio de sus abogados Soto y Gruzmán, respectivamente. Ambos con sus testigos. De los ocho que llevó el patrono, decla-raron siete y se estipuló que el octavo declararía como los dos últimos. Entonces su abogado dijo: “Hemos termi-nado.”

Se suscitó seguidamente la cuestión del examen pericial y tras una serie de manifestaciones ocurrió lo que sigue:

"Lie. Guzmán: Con la venia del Comisionado Sr. Herrero, yo voy a solicitar de Su Señoría que suspenda la admisión del informe del médico en este caso hasta que nosotros, hasta otro ■ día que la comisión señale para que nuestro médico pueda confrontarse con el médico de la comisión.
"Lie. Soto: No hay inconveniente.
‘ ‘ Sr. Herrero: Entonces la vista se suspende hasta nuevo señala-miento en que comparecerá el médico que tenga a bien traer la representación del patrono y el Asesor Médico de la Comisión Industrial para determinar e informar en cuanto al grado de incapa-cidad que tiene el obrero Juan González.”

Llamado de nuevo el caso en octubre 3, 1940, compare-cieron el obrero y el patrono también en persona y por sus abogados. Pidió el patrono que se le permitiera presentar como testigo al Policía Torres y la comisión manifestó que aunque el caso había quedado abierto solamente para la prueba pericial, accedería en el ejercicio de su discreción. Instó el obrero la reconsideración de la regla alegando que le era perjudicial. Surgió una larga discusión y finalmente la comisión la dejó sin efecto, con la protesta del patrono.

Como puede verse, se trata de una cuestión discrecional y aunque estamos inclinados a creer que la comisión hubiera actuado mejor sosteniendo su regla y en su consecuencia oyendo al testigo, no creemos que exista un abuso tal de discreción que' justifique la anulación de la resolución final recurrida. La pregunta que formuláramos debe, pues, con-testarse en la negativa.

El tercer motivo para pedir la revisión es la coacción que se dice ejercida por la comisión sobre los testigos del patrono. Hemos examinado el récord taquigráfico de las vistas que consta de noventa y seis páginas y no encontramos rastro alguno de coacción. Sólo se advierte el constante deseo de la comisión de llevar adelante con rapidez el procedimiento, sin dilaciones en preguntas inútiles o repetidas, pero sin intervenir en la libre expresión de los testigos. No bay mérito en el señalamiento de error.

La cuestión de rehabilitación o posible rehabilitación del obrero quedó implícitamente resuelta por la comisión al decidir el caso en la forma en que lo hizo. Ella no venía obligada a creer la declaración del perito del patrono Doctor Vadi en el sentido de que sometido el obrero a la nueva operación que explicó, quedaría si no perfectamente bien, bastante mejorado, y pudo decidirse por lo manifestado por su propio perito el Dr. Boneta, a saber, que era imposible restablecer el control de la mano del obrero.

Quizá el avance de la ciencia permita boy o permitirá algún día realizar con éxito la operación a que se refirió' el Doctor Vadi, pero, bajo las circunstancias concurrentes, no creemos que podamos calificar como de manifiestamente erró-nea o abusiva la actitud asumida por la comisión frente al conflicto de opiniones periciales diferentes.

El quinto y último motivo es el de que la indemnización concedida no se ajusta a la ley.

La comisión resolvió:

“ ... Como consecuencia del accidente, González recibió una seria lesión en el codo de su brazo izquierdo, que bizo preciso la amputa-ción de una porción de hueso de dicho brazo por el codo, extirpán-dose también el codo, y quedándole al obrero como consecuencia este antebrazo completamente 'mongo’, cual si fuera un antebrazo de goma que estuviera colgado a la parte superior del brazo por algún sustentáculo nada rígido; por consiguiente, el antebrazo éste se movía al impulso de su peso, sin sumisión alguna a la voluntad de su dueño. De más está decir que su mano estaba completamente inútil, sin movimiento de aprehensión alguna de sus dedos.
“El estado de incapacidad en que ha quedado el obrero, está comprendido en la tabla de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, bajo la clasificación de 'pérdida de un brazo en o más arriba del codo.’ Juan González Ortiz ganaba un semanal de $9.60; por consiguiente, de acuerdo con el provisto ele la ley en su parte antes mencionada, le corresponde en derecho cobrar por concepto de compensación la suma de $1,480.”

T para sostener la existencia del error el recurrente invoca el siguiente párrafo del número 4 del artículo 3 de la Ley-de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, núm. 45 de 1935, págs. 251, 265:

“Se considerará incapacidad total la pérdida total y permanente de la visión industrial de ambos ojos; la pérdida de ambos pies por el tobillo o más arriba; la pérdida de ambas manos por la muñeca o más arriba, la pérdida de una mano y un pie, y las lesiones que tengan por consecuencia la incapacidad total y permanente del obrero o empleado para hacer toda clase de trabajos en ocupaciones remu-nerativas. ’ ’

Creemos que constituye una buena y suficiente contesta-ción, lo consignado en el alegato del obrero, a saber:

“Éste no es el caso del obrero Juan González Ortiz. Su incapa-cidad no es de la clase que la ley menciona como totalmente per-manente, a la que se aplican las disposiciones anteriormente trans-critas. Es de la clase de incapacidad parcial permanente, como muy bien'resolvió la Hon. Comisión Industrial.
“El apartado 3 del artículo 2 de la ley citada, refiriéndose a la incapacidad parcial permanente, lee como sigue:
“ 'Se considerará incapacidad parcial permanente la pérdida de un pie o pierna, una mano, un brazo, un ojo, uno o más dedos, ya sea de los pies o de las manos y cualquiera anqnilosis o fractura o dislocación donde haya habido roturas de ligamentos y donde la restauración no haya sido completa. Por las incapacidades parciales permanentes especificadas a continuación, el obrero o empleado lesio-nado, recibirá compensación adicional consistente en el 50 por ciento del jornal que percibía el día del accidente, o que hubiera de per-cibir a no ser por la ocurrencia del accidente, durante el número de semanas según, se fija en la tabla que se inserta a continuación; Disponiéndose, que en ningún caso se pagará al obrero, o empleado más de diez (10) dólares ni menos de uno y medio (1i/o) dólares por semana; Y disponiéndose, además, que en ningún caso se pagará una suma mayor d.e dos mil (2,000) dólares.’ (Itálicas nuestras.)
“Tabla de Compensaciones. — Brazos: Por la pérdida de un brazo en o más arriba del codo_durante 300 semanas_
“Si el obrero ganaba $9.60 por semana, la mitad de su jornal equivale a $4.80, y si habiendo sufrido la pérdida de su brazo izquierdo por más arriba del codo, como se comprobó por la comi-sión, y la ley le concede compensación durante 300 semanas, un simple cálculo aritmético nos dice que el equivalente en dinero es de $1,440. El error existe, no como uno de derecho y sí como error en el cálculo de la indemnización, la que debe ser rebajada en la suma de $40, fijándola por tanto en $1,440.”

Termina el alegato que el recurrente presentara ante esta Corte Suprema, así:

“Último fundamento: el accidente sufrido por el obrero se debió al acto criminal de una tercera persona.
“Sólo citaremos la declaración del propio obrero tal como aparece del récord de este caso — pág. 4:
“ ‘Bueno viniendo de la carretera de Caguas para Río Piedras veníamos caminando para San Juan a buscar el periódico y en el trayecto de Caguas a Río Piedras nos cruzó un carro, un truck. El truck yo le puse el “dim” a la guagua porque era una guagua nueva y tenía mucha luz, el truck se me tiró encima y me rompió el brazo. ’ ” -

La cuestión que este motivo envuelve no fué suscitada ante la comisión. Consistente con su conducta en el juicio, dijo el patrono a la comisión en el último alegato que le presen-tara:

“La teoría del patrono en este caso es que el accidente no es uno compensable, porque al tiempo de sufrir dicho accidente, el obrero se encontraba en estado de embriaguez y que dicho estado fué la causa del accidente.”

No lia lugar en tal virtud a discutir siquiera el nuevo fundamento.

De acuerdo con la ley nos está vedado entrar en la apre-ciación de la prueba de testigos sobre la embriaguez del obrero en el momento en que actuando como chófer ocurrió e] accidente y como estudiados los errores de derecho alega-dos para pedir la revisión hemos resuelto que no existen, procedería anular el auto y devolver el expediente a la comi-sión. Sin embargo, como el mismo obrero reconoce en su alegato que hubo un error de $40 al calcularse la indemniza-ción, la resolución recurrida deberá revisarse y la indemni-zación fijarse en $1,440. Así modificada, quedará confirmada la resolución.