author: En Juez; PresideNte Se. Hernández,

text:
    González, Demandado y Apelado, v. Collazo, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en procedimiento sobre aprobación de memorándum ele costas en pleito sobre indemnización de daños y perjuicios.
    No. 1599.
    Resuelto en abril 17, 1917.
    Costas t Desembolsos — Impugnación al Memorándum — Contestación a la Impugnación. — No exige el artículo 339 del Código de Enjuiciamiento Civil que la impugnación al memorándum de costas deba ser contestada dentro del término de cinco días que dicho artículo señala, pues éste claramente esta-blece que en caso de una impugnación la parte contraria podrá contestarla, o como dice el texto inglés, the adverse party may -file his reply, y siendo, por tanto, un derecho, puede ejercitarse o no, cuya falta de ejercicio nunca perjudicaría al que hace la impugnación.
    Id. — Honorarios de Abogado — Prueba Sobre las Partidas del Memorándum.— Nuestro estatuto no exige por modo imperativo que la parte con derecho al cobro de costas, desembolsos y honorarios de abogado esté siempre en el deber de ofrecer y practicar prueba sobro todas y cada una de las partidas del memorándum cuando hubiere impugnación, porque esa prueba ordinariamente se encontrará en el mismo juicio en que se han originado las costas, y el juez la tendrá a su vista y consideración al resolver el incidente, no habiendo muchas veces necesidad de que se practique.
    Id. — Memorándum Jurado — Presunción.—El memorándum de costas tiene a su favor la garantía del juramento que lo acompaña y la presunción de que se ajusta a la verdad de los hechos, y cuando la corte inferior lo estima correcto no puede irse contra su apreciación a menos que se demuestre que fué errónea.

      Honorarios de Abogado: Impugnación por Indebidos y Excesivos — Prueba— Discreción Judicial. — A la parte que impugna por indebida y excesiva una partida de honorarios de abogado consignada en un memorándum jurado corresponde probar la impugnación, pues la mera inclusión de una suma por honorarios muestra prima facie que eran debidos, y no puede resolverse en apelación que sea excesiva, yendo contra la apreciación de la corte inferior cuando no se demuestra abuso de discreción.
    Abogados del apelante: Sres. Francis & Soto.

    Ahogados del apelado: Sres. Beichard & Beichard.

   Los hechos están expresados en la opinión.

En Juez; PresideNte Se. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

En pleito seguido ante la Corte de Distrito de Aguadilla por José Francisco González Segarra contra José Collazo Bracero sobre indemnización de daños y perjuicios, ascen-dentes a la suma de $780, se dictó sentencia en 14 de octubre de 1916 declarando con lugar la demanda y condenando al demandado al pago de la suma reclamada con sus intereses legales desde la fecha de la radicación de la demanda, costas, gastos y honorarios de abogado.

Presentó el abogado del demandante un memorándum de costas y desembolsos comprensivo de las siguientes parti-das : Honorarios del secretario, $10; Indemnización de tes-tigos, $15. Certificaciones registro ($2.20) y corte ($3), $5.20. Honorarios de abogado, $125. Total, $155.20. Y al calce de dicho memorándum se hizo constar por el abogado, bajo ju-ramento, que las partidas en él consignadas eran exactas y que todos los desembolsos habían sido necesarios.

La representación del demandado impugnó el memorán-dum alegando que la suma de $125 por honorarios de abogado, además de ser indebida, era excesiva, y porque los demás gastos y desembolsos no habían sido hechos por el demandante y en caso de haberlo sido eran innecesarios y ajenos a la ac-ción ejercitada.

Celebrada la vista correspondiente comparecieron ambas partes por medio de sus respectivos abogados, exponiendo cuanto estimaron conducente en apoyo de sus respectivas pre-tensiones, y la corte, por resolución ele 15 de noviembre de 1916, declaró sin lugar la impugnación y aprobó en todas sus partes el memorándum de costas, contra cuya resolución in-terpuso la representación del demandado recurso de apelación para ante esta Corte Suprema.

Alega la parte apelante como motivos del recurso que la corte cometió error al dictar la resolución apelada: 1°., por-que el demandante no contestó la impugnación dentro de los cinco días de baber sido presentada según estaba en el deber de hacerlo con arreglo al artículo 339 del Código de Enjui-ciamiento Civil, enmendado por una ley de 12- de marzo de 1908; 2°., porque el demandante debió presentar evidencia para acreditar las partidas del memorándum relativas a indem-nizaciones de testigos y certificaciones, y 3°., porque el deman-dante no alegó y probó que la suma reclamada en concepto de honorarios fuera debida {due), como así lo exige el texto inglés del artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil enmendado por la ley citada al disponer que en todos los casos en que las costas sean concedidas a una parte en una acción o procedimiento, si la materia litigiosa excede de $500, dicha parte tendrá derecho a recibir de la parte vencida el montante de los honorarios debidos al abogado de la parte vencedora.

No exige el artículo 339 del Código de Enjuiciamiento Civil que la impugnación al memorándum de costas deba ser con-testada dentro del término de cinco días que dicho artículo señala, pues éste claramente establece que en caso de una impugnación la parte contraria podrá contestarla, o como dice el texto inglés, the adverse party may file his reply, y siendo por tanto un derecho puede ejercitarse o no, cuya falta de ejercicio nunca perjudicaría al que hace la impugnación.

Por lo que atañe a las partidas de indemnizaciones de tes-tigos y certificaciones, de las cuales, según alega el apelante, debió suministrar prueba el apelado, ya dijimos al resolver el caso de Torres v. Irizarry, 19 D. P. R. 361, cuya doctrina ratificamos en los casos de Sucesión Collado v. Pérez et al., 19 D. P. R. 368, y Finlay v. Fabián, (pág. 52) que nuestro es-tatuto no exige por modo imperativo que la parte con derecho al cobro de costas, desembolsos y honorarios de abog’ado esté siempre en el deber de ofrecer y practicar prueba sobre todas y cada una de las partidas del memorándum cuando hubiere impugnación; que esa prueba ordinariamente se encontrará, en el mismo juicio en que se han originado las costas; que el juez la tendrá a su vista y consideración al resolver el inci-dente y que muchas veces no habrá necesidad de que se prac-tique.

La Corte de Aguadilla, que tenía a su vista el pleito en que se originó el memorándum de costas, pudo tener conoci-miento del número de testigos que declararon en el juicio y de las certificaciones, bien del registro, bien de la corte, queen él se presentaran. El memorándum de costas tiene ade-más a su favor la garantía del juramento que lo acompaña y la presunción de que se ajusta a la verdad de los hechos. La. corte inferior lo estimó correcto y no podemos ir contra su. apreciación por no habérsenos demostrado en forma alguna que sea errónea.

En cuanto a la partida de honorarios de abogado que se impugna por indebida y excesiva, a la parte opositora incum-bía demostrar que eran indebidos tales honorarios, pues el abogado de la parte contraria había jurado que las partidas-del memorándum eran exactas y la mera inclusión en dicho-memorándum de la suma de $125 por honorarios de abogado-muestra prima facie que éstos eran debidos. No podemos apreciar que fueran excesivos, yendo contra la apreciación de la Corte de Aguadilla, pues esa corte al fijarlos ejercitó-su discreción y no se nos ha demostrado que abusara de ella.

Por las razones expuestas es de confirmarse la resolución apelada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro,. Aldroy y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Wole,

license: Public Domain

text:
    Espada Demandante y Apelada, v. Herederos Desconocidos de Rivera, Demandados y Cervony, Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre filiación (incidente sobre sustitución de abo-gado.)
    No. 1623.
    Resuelto en abril 20, 1917.
    Abogado y Cliente — Sustitución de Abogados — Compensación—Cuota Litis— Interés en la Causa de Acción. — TJn cliente tiene derecho a dar por ter-minadas las relaciones existentes entre él y su abogado, cuando le conviniere, mediando o no causa, sujeto únicamente al derecho del abogado a percibir su compensación, no pndiendo ser afectado este dereeho por un contrato previo de cuota litis.

    Id. — Id.—Apelación.—Una resolución de una corto de distrito sustituyendo un abogado por otro, en una acción pendiente ante ella, no está comprendida entre las enumeradas en el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, no siendo por tanto apelable.
    El apelante compareció en nombre propio.
    La apelada no compareció.
   Los beclios están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Hasta el día cuatro ele mayo de 1916, el apelante fué el abogado de récord de Estefanía' Espada, o sea la apelada en este incidente. En esa fecba la corte dictó una resolución teniendo al abogado Señor Parra Capó como abogado en sus-titución del que lo era, siendo el fundamento de esta apela-ción el beclio de si hubo o no razón para decretar esa susti-tución. La apelada comunicó por carta al apelante que no quería que continuara representándola y que des'eaba que su abogado fuera Francisco Parra. El apelante contestó la carta dudando si dicha carta había sido escrita con autoriza-ción de ella, haciendo constar sus servicios, su contrato de cuota litis, y manifestando además que sus honorarios var lían dos mil dólares que habían de pagársele, pero sin reti-rarse del caso o prometer que así lo haría. La apelada al efecto fundándose en las varias cartas que escribió a su abo-gado radicó una moción en la Corte de Distrito de Ponce pi-diendo la sustitución de su abogado por el Sr. Parra Capó, y la corte expidió una orden al objeto de que el apelante mos-trara las razones que tuviera para no decretarse la sustitu-ción, orden que fué contestada por el apelante y la corte, des-pués de oir al interesado, resolvió el incidente a favor de la apelada.

Alega el apelante, en primer lugar, que su representación como tal abogado de récord le fué retirada sin haberse acre-ditado otra cosa más que ese era el deseo de la cliente, y sostiene que si la voluntad de la apelada era absoluta no ha-bía razón para que se le citara a mostrar causa. Pero en una larga carta el mismo apelante tuvo dudas de si esa era la voluntad de su cliente y tenía derecho a ser oído sobre ese particular y en cuanto a otros, a ser notificado para saber a qué ajustar su línea de conducta en lo sucesivo, y a que .se le pruebe que iba a darse por terminado el contrato.

Creemos que el derecho de un cliente para sustituir a sus abogados es un derecho absoluto. La ley sobre este punto está resumida en el tomo 2 de Euling Case Law, página 957, como sigue:

“En todas partes reconocen las autoridades el derecho que tiene un cliente para dar por concluidas sus relaciones con su abogado cuando le conviniere, mediando o no causa, y la existencia o inexis-tencia de una causa válida para retirar al abogado sólo guarda rela-ción con su derecho a una compensación. Esta facultad no puede ser menoscabada por ningún convenio que las partes hayan celebrado anteriormente, como por ejemplo, por un contrato de cuota litis. El derecho de un cliente a sustituir a su abogado cuando le plazca des-cansa en la necesidad y obedece tanto a la índole delicada de la relación que entre ellos existe, como al peligro que pueda surgir por razonamientos o desconfianza. De acuerdo con algunas decisiones parece existir una excepción a la regla general en lo que respecta a la facultad del cliente para retirar a su voluntad al abogado, cuando éste, además de su representación, tiene algún interés en la causa de acción.” Véanse también los casos de Louque v. Dejan, 129 La. 519, 56 So. 427, 38 L. R. A. (N. S.) 389.

Eu este caso la apelada no ha formulado alegato v las consideraciones que hemos hecho anteriormente son para con-testar al alegato presentado por el apelante. La apelación debe ser desestimada por falta de jurisdicción. La resolu-ción apelada no está comprendida entre las enumeradas en el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil. Como el apelante podría, sin embargo, alegar de algún modo dudoso que la resolución era una sentencia definitiva en cuanto a sus derechos como abogado, fiemos considerado los méritos del caso.

La apelación debe ser desestimada.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sit. Aldbey,

text:
    García, Demandante y Apelante, v. Juncos Central Company, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre nulidad de escritura.
    No. 1488.
    Resuelto en abril 20, 1917.
    Nulidad de Escritura — Venta de Einca — Dieerencia de Cabida — Causa de la Obligación. — La demandante vendió por precio alzado y por linderos una finca, determinando su cabida. Otro posterior comprador por unidad de medida la hizo mensurar resultando tener menor cabida y suscribieron enton-ces el último comprador y la primitiva dueña un acta notarial en la que se consignó que, para evitar litigios, ésta consentía en que se mensurara nuevamente por el ingeniero que ella indicase y que si resultaba alguna dife-rencia se descontase del precio aplazado que con hipoteca sobre la misma finca estaba adeudando el actual dueño, teniendo en euentp, el precio en que ella vendió. Se resolvió: que ésta fué la causa de la obligación, sin que la desvirtuara el hecho de que cuando firmó la demandante el acta notarial no existiera por tal motivo pleito alguno contra ella ni que equivoca-damente creyera que tenía el deber legal de indemnizar por la diferencia entre las cuerdas que dijo tenía la finca y las que resultaren en' la mensura que se practicase porque no podía aprovecharse de tal error de derecho para conseguir la nulidad de la obligación que libremente contrajo, pues la igno-rancia de la ley a nadie excusa ni favorece.
    Abogado de la apelante: Sr. Eugenio Benitez Castaño.

   Los hechos están expresados en la opinión.

Abogados de la apelada: Señores Charles llartzell y F.. Ramírez de Arellano.

El Juez Asociado Sit. Aldbey,

emitió la opinión del tri bnnal.

Doña Natividad García vendió a la Sociedad Agrícola de Gurabo por precio alzado de $50,000 y por linderos una linca con cabida de 162 cuerdas 28 céntimos de otra. Dos años des-pués dicha sociedad la traspasó en venta a The Juncos Central Company con la misma cabida y a razón-de $225 la cuerda de terreno. Medida luego por la última dueña resultó tener solamente 154 cuerdas y 40 céntimos de otra, y una entre-vista que con tal motivo tuvieron los representantes de esas dos sociedades y la primitiva dueña terminó con el otorga-miento de un acta notarial que suscribieron la .Señora Gar-cía y el representante de The Juncos Central Company, en la que se consignó la mensura que ésta había hecho de la finca y su resultado, que para evitar litigios convenían las partes en que fuera mensurada nuevamente por el ingeniero que indicase Doña Natividad García y que si resultaba alguna diferencia se descontase del precio aplazado que con hipoteca sobre la misma finca estaba adeudando la actual dueña de ella a dicha señora, teniendo en cuenta para hacer la deducción el precio por el cual ella vendió a la Sociedad Agrícola de Gurabo y reservándose The Juncos Central Company los de-rechos que tenga contra la sociedad que le vendió sin que se entienda que renuncia a ellos por esa transacción.

Algún tiempo después de otorgarse ese documento Doña Natividad García presentó demanda contra The Juncos Central Company en la que solicitó que se declarase la nulidad de dicha acta notarial alegando para ello que fué fraudulenta y obtenida mediante engaño y en que no medió causa para la obligación que contrajo la demandante por no existir antes ni entonces pleito pendiente contra ella. ^ .

Seguido el pleito por sus trámites recayó sentencia de-clarando sin lugar la demanda contra la que interpuso la de-mandante este recurso de apelación.

Podemos ele jar a nn laclo la cuestión del fraude y del en-gaño porque no se demostró ya que el juez sentenciador no dió crédito en este particular a la demandante, única prueba que se presentó sobre ese extremo. Además la apelante no da importancia a esta cuestión pues ba dirigido su argumen-tación casi exclusivamente a demostrar que no existió causa para la obligación que contrajo por lo que debe declararse su nulidad y revocarse la sentencia apelada.

¿Existió causa para la obligación que aceptó la apelante, contenida en el documento que suscribió1? Tal es la verda-dera cuestión que tenemos que resolver abora.

En el documento se bizo constar que la mensura de la finca dió una cabida menor de la que dijo Doña Natividad que tenía cuando la vendió, aunque la enajenación se bizo por precio alzado y por linderos, y se consignó también que para evitar litigios consentía en que de lo que se le debía con hipoteca sobre la finca se descontase lo que faltase en ella teniendo en cuenta el precio en que se vendió. Temió, pues, la deman-dante apelante que por la diferencia de cabida se le pusieran pleitos y quiso evitarlos renunciando a parte del crédito que por el precio se le debe con hipoteca por The Juncos Central Company. Esta fué la causa de su obligación sin que la des-virtúe el hecho de que entonces no existiera por tal motivo pleito contra ella, pues la causa de su obligación no fué po-ner término a pleito pendiente, ni tampoco el que, según ella, no hubiera causa de acción para establecerlo por haber en-tregado todo lo comprendido dentro de los linderos y ser la venta por precio alzado, porque si ella equivocadamente creyó que tenía el deber legal de indemnizar por la diferencia entre las cuerdas que dijo que tenía la finca y las que resultaren en la mensura que se practicase por un ingeniero, no puede aprovecharse de tal error de derecho para conseguir la nuli-dad de la obligación que libremente contrajo pues la igno-rancia de la ley a nadie excusa ni favorece.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Sucesión Landrau, Demandante y Apelante, v. Sucesión Landrau et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en pleito sobre división de finca rústica y otros extremos.
    No. 1664.
    Resuelto en abril 23, 1917.
    Desestimación de Apelación — Transcripción de Autos — Término para Radi-carla — Exposición del Caso — Enmiendas a la Misma. — Una transcripción de autos debe ser archivada en la secretaría de la Corte Suprema dentro de los treinta días siguientes al en que se haya aprobado la' exposición del caso, debiendo ser desestimada la apelación cuando se dejare de presentar dentro de término y sin haberse obtenido prórroga para ello (artículo 299 y 303 del Código de Enjuiciamiento Civil en relación con las secciones 40, 58 y 60 del Reglamento del Tribunal Supremo). Y no servirá de excusa al apelante para dejar incumplida la ley el hecho de que el apelado pidiera señalamiento para vista de enmiendas a la exposición del caso y ésta fuera aprobada sin haberse hecho aquel señalamiento, dejando transcurrir desde entonces el tér-mino legal para radicar los autos'de la apelación, sin practicar gestión alguna para que se dejara sin efecto la orden aprobatoria de la exposición del caso, hasta que el apelado presentó su moción sobre desestimación del recurso.
    Id. — Exposición del Caso — Ignorancia o Descuido — Notificación de Ordenes— Abogados — Funcionarios de la Corte. — No puede alegar una parte apelante su ignorancia o descuido de la orden" aprobatoria de una exposición del caso por falta de notificación por el secretario, pues dicha orden no es de las comprendidas dentro de las excepciones a la regla contenidas en las leyes No. 70 de 1911 y 33 de 1915. El abogado, en cuanto al particular respecta, es tan funcionario de la corte como lo es el secretario, y se presume que asiste a la corte, siendo deber suyo enterarse de la marcha de sus casos.
    Abogado de la apelante: Sr. Sandalio Torres Monje.

    Abogados de la sucesión apelada: Sres. Alvares Nava & Domínguez.

    Los otros apelados no comparecieron
   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

La Sucesión de Gerónimo Landrau, parte demandada y apelada en el caso arriba expresado, presentó moción ante esta Corte Suprema en 5 de abril corriente, notificada en ese mismo día a la parte contraria, Sucesión de Maximino Lan-drau, para que se desestimara el recurso de apelación por ella interpuesto en noviembre 22, 1912, contra la sentencia de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., dictada en 6 del propio mes, y alega como fundamento de su petición que la exposición del caso fue aprobada en 19 de febrero de 1917 sin que en la feeba de la moción se hubiera radicado en la Secretaría de esta Corte Suprema la transcripción del ré-cord ni solicitado prórroga para hacerlo.

A la moción se acompañó certificación del secretario de la expresada corte de distrito, justificativa de los hechos en que la moción se funda.

La sucesión demandante y apelante en oposición a la mo-ción alega y justifica: 1°. Qne en 20 de enero de 1917 se le no-tificó con copia una moción, fecha del día anterior, de la su-cesión de Gerónimo Landrau, pidiendo a la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., se señalara día para la discusión de la exposición del caso enmendada y presentada por la parte' apelante; 2°. Que no aparece haberse radicado en los autos la moción de que se deja hecho mérito; 3°. Que tampoco aparece que con anterioridad al 20 de enero de 1917 ni pos-teriormente, se haya notificado señalamiento alguno ai abo-gado de la sucesión apelante para la'vista de las enmiendas al escrito de exposición del caso; 4°. Que en 10* de abril co-rriente la sucesión apelante presentó moción a la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., para que enmendara y de-jara sin efecto la orden aprobatoria de la exposición del caso de 19 de febrero de 1917, reponiendo el procedimiento al estado en que se hallaba en 19 de enero, fecha de la moción en que el demandado pidió señalamiento de día para la dis-cusión de las enmiendas a la exposición del caso.

La cuestión legal sobre procedencia o improcedencia de la -'desestimación del recurso, se resuelve por el articule 299: del Código de Enjuiciamiento Civil tal como quedó enmen-dado por la Ley No. 70 aprobada en marzo 9, 1911, y por el artículo 303 del Código de Enjuiciamiento Civil y las sec-ciones 40, 58 y 60 del Reglamento de esta Corte Suprema.

El artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil, en-mendado por la Ley No. 70 de 1911, prescribe en su último apartado que el récord de la apelación debe ser archivado en la Secretaría de la Corte Suprema dentro de los 30 días siguientes al en que se haya aprobado el pliego de excepciones y exposición del caso,' con la constancia de haberse entregado a los abogados de las partes apeladas una copia literal del mismo certificada por el abogado del apelante. Y el artículo 303 del Código de Enjuiciamiento Civil con el cual concuerdan los 40, 58 y 60 del Reglamento .ele esta corte, estatuye que si el apelante dejare de presentar los documentos requeridos la apelación deberá ser desestimada sin oirse.

Los preceptos legales anteriormente citados son tan cla-ros y-terminantes que no necesitan explicación alguna.

La parte apelante dejó de presentar dentro del término de 30 días que la ley señala, sin pedir prórroga alguna para hacerlo, el récord de la apelación y procede por tanto que el recurso sea desestimado.

No favoi'ece la oposición hecha a la moción por la suce-sión apelante, la alegación de que la parte apelada, sucesión de (xerónimo Landráu, pidiera el señalamiento de día para la vista de las enmiendas a la exposición del caso y que ésta fuera aprobada sin haberse hecho aquel señalamiento, pues siempre resalta como indiscutible el hecho de que la exposi-ción del caso fué aprobada con o sin las formalidades debidas por la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en 19-de febrero de 1917, y que la parte apelante dejó transcurrir el término de treinta días señalado por la ley sin presentar el récord de la apelación en la .Secretaría de esta Corte Suprema y sin practicar gestión alguna para que se dejara sin efecto la orden aprobatoria de la exposición del caso hasta que la parte apelada presentó su moción para la desestimación del recurso.

Y no puede alegar la parte apelante ignorancia o deseo nocimiento de la orden aprobatoria de la exposición del caso por falta de notificación, pues ya dijimos al resolver el caso de certiorari de Guardian Assurance Company, Ltd., v. López Acosta, Juez de Distrito, 24 D. P. R. 637: “El Secretario por virtud de estatutos específicos (Leyes de 1911, No. 70, y Leyes de 1915, No. 33) está en el deber de notificar las sentencias a la parte perjudicada, y las resoluciones en que se declara con o sin lugar una moción para eliminar o una excepción previa para cualquiera alegación, y no se anunciare la decisión en presencia de las partes o de sus abogados, pero este deber es la excepción que señala la regla. No tiene ninguna otra obligación de notificar órdenes a un apelante. El abogado en cuanto al particular respecta, es tan funcionario de la corte como lo es el secretario. Se presume que dicho abogado asiste a la corte y es su deber el enterarse de la marcha de sus casos.”

Por las razones expuestas procede declarar con lugar la moción de la parte apelada y desestimar el recurso.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: En Juez Asociado Sk. del Tobo,

text:
    Batista, Demandante y Apelado, v. Rivera et al., Demandados, y Santini, Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre tercería de bienes muebles.
    No. 1546.
    Resuelto en abril 24, 1917.
    Apelaciones de las Cortes Municipales — Ralta de Radicación de la Trans-cripción de Autos — Desestimación de Apelación — Justa Causa para la No Remisión. — Cuando existe justa causa para la no remisión, dentro del término fijado por la ley, de los autos de una corte municipal a la de dis-trito, a los efectos de la apelación interpuesta para ante la segunda contra una sentencia dictada por la primera, no cabe la desestimación del recurso.

      Permuta — Precio a las Cosas Permutadas. — Para probar la existencia de he contrato de permuta, no es necesario demostrar que se diera precio a las cosas permutadas.
    Id. — Traspaso de Automóviles — Reoistro de Automóviles en el Departamento del Interior. — Es inadmisible la doctrina de que en esta isla no puede con-siderarse válido ningún traspaso de automóviles basta que ha sido debida-mente registrado en el Departamento del Interior. El registro establece una presunción prima fado de que la propiedad pertenece a la persona indicada en el mismo, pero si esa persona lo permuta el adquirente obtiene la propiedad en el momento mismo en que se celebra el contrato, y puede demostrar la existencia de éste y exigir todos los derechos derivados de la misma, aun cuando el automóvil permutado continúe inscrito a nombre de su antiguo dueño en dicho departamento.
    Abogado del apelante: Sr. Garlos B. Buiirago.

    Abogado del apelado: Sr. Luis Abella Blanco.

   Los hechos están expresados en la opinión.

En Juez Asociado Sk. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un caso de tercería. Embargado nn auto-móvil como de la propiedad de Juan Manuel Santini, en pleito que contra él seguía en la Corte Municipal de Caguas Pru-dencio Rivera, Pedro R. Batista presentó una demanda re-clamando como suyo el automóvil embargado. Luego, ai exponer en qué fundaba su reclamación, alegó el tercerista, que el automóvil le pertenecía por haberlo adquirido en un contrato de permuta que celebró con Juan Manuel Santini. Este y Prudencio Rivera comparecieron y en oposición a las alegaciones del tercerista sostuvieron que el automóvil ora de Santini. Se celebró la vista y la corte municipal dictó sentencia declarando sin lugar la demanda de tercería. No conforme con la sentencia, el tercerista apeló de ella para ante la corte de distrito. Con motivo de la interposición y tramitación del recurso, ocurrieron varios incidentes que ex-pondremos luego. Y celebrado el juicio de nuevo en la corte de distrito, ésta resolvió el caso en favor del tercerista orde-nando que el automóvil' en cuestión quedara exceptuado del embargo decretado por la Corte Municipal de Caguas en el pleito seguido por Prudencio Rivera contra Juan Manuel San-tini, por ser de la propiedad de Pedro R. Batista, a quien lo debía entregar el marshal, e imponiendo las costas, y des-embolsos a los demandados. Uno de éstos, Santini, interpuso, entonces, él presente recurso de apelación.

El apelante alega que la Corte de Distrito de Humacao erró:

1, al anular todo lo actuado por la Corte Municipal de Caguas,' desde la fecha de la notificación del escrito de ape-lación a fin de que surtiera efecto la apelación interpuesta por Pedro R. Batista;

2, al declarar que no había precepto alguno para deses-timar una apelación de una corte municipal a otra de distrito, cuando el secretario de la corte municipal no remitía los autos en tiempo;

3, al apreciar la prueba en pro del tercerista, y

4, al no reconocer la debida eficacia a la certificación de registro del automóvil.

1. Los autos contienen ciertos documentos indicativos de que cuando el tercerista apeló de la sentencia contra él dic-tada por la corto municipal, uno de los demandados en el pleito de tercería, Juan Manuel Santini, pidió a la dicha corte municipal que de acuerdo con la sección 2 de la ley para regla-mentar apelaciones contra sentencias de las cortes munici-pales, declarara nulo el'escrito de apelación por no haberle sido notificado. La corte municipal oyó a las partes y declaró nulo el escrito. Entonces el tercerista estableció un recurso de certiorari en la corte de distrito y ésta anuló lo actuado por la corte municipal. No consta que la resolución de la corte de distrito dictada en el procedimiento de certiorari, fuera apelada, y la apelación interpuesta contra la sentencia de la corte municipal dictada en el pleito de tercería, siguió su curso.

Entonces aparece que dentro de esta última apelación sus-citó de nueve Santini la misma cuestión, alegando ademas que la transcripción de los autos había sido remitida por el secretario de la corte inferior después de vencido el tér-mino de veinte días que la ley señala, y pidiendo por ambos motivos que se desestimara el recurso.

En el acto de la vista de la moción convinieron las partes en que se entendiera basada en que: “la transcripción de los autos que forman el legajo del pleito lia sido enviada a esta honorable corte por el secretario de la Corte Municipal de Caguas luego de transcurrir con exceso el término de veinte días que la ley señala a este respecto.” La corte oyó a las partes y desestimó la moción.

Puede verse, pues, que el fundamento del primer error que ahora se alega ante esta Corte Suprema, fue descartado al someterse el asunto finalmente a la corte de distrito, y jjor tanto que no se encuentra debidamente ante nosotros.

2. Para declarar sin lugar la moción de desestimación del recurso, la corte de distrito tuvo en verdad un fundamento erróneo, a saber: la no existencia de precepto alguno que autorice la desestimación de una apelación procedente de una corte municipal cuando el secretario envía los autos fuera de término. “Opinamos,” dijo esta Corte Suprema por me-dio de su Presidente Señor Hernández, en el caso de Cividanes v. Lópes Acosta, 22 D. P. R. 79, 82, “que es aplicable aún después de estar vigente la ley para reglamentar las apelaciones contra sentencias de las cortes municipales en pleitos civiles, la doctrina que dejamos establecida en el caso de Lópes Zárate v. Villavaso, 12 D. P. R. 53, en la que, inter-pretando la regla 34 que “reglamentaba las apelaciones de las cortes municipales, dijimos que si bien no existe una dis-posición legal que expresamente autorice la desestimación de la apelación cuando la transcripción de autos no era elevada a la corte de distrito dentro de los diez días siguientes al per-feccionamiento de la apelación las disposiciones del artículo 7 del Código Civil, que tienen aplicación no sólo a cuestiones de derecho sustantivo, sino también a las de derecho adje-tivo, y especialmente, las del artículo 36 del Código de Enjui-ciamiento Civil, son suficientes para justificar la desestima-ción de la apelación cuando no se radicare el récord dentro de aquel término. La acción del juez de la corte de distrito desestimando la apelación por resolución de 5 de noviembre, está justificada, siendo como es aplicable al caso por analo-gía, segiin la doctrina que dejamos consignada, el artículo 303 del Código de Enjuiciamiento Civil sobre apelaciones para ante el Tribunal Supremo, preceptivo de que la apelación debe ser desestimada cuando el apelante deja de presentar los documentos requeridos por la ley.”

Pero si bien esto es así, es lo cierto que los autos demues-tran que el apelante no fué negligente en este caso. Como bemos visto, la apelación que interpuso fué declarada nula por la corte municipal, viéndose entonces obligado a iniciar en'la corte de distrito un procedimiento de certiorari, y cuando dicho procedimiento quedó debidamente terminado, fué que el secretario de la corte municipal se encontró de nuevo en condiciones de elevar las copias prescritas por la ley, y así se explica que habiéndose archivado la apelación el 12 de ju-nio, no se expidieran dichas copias hasta el 25 de julio si-guiente. Hubo, pues, una causa justa para la dilación, y no procedía, por tanto, la desestimación del recurso.

3. Apreciando !a prueba practicada en el acto de la vista, la corte declaró probados los siguientes hechos:

“En virtud de la evidencia practicada, la corte entiende pro-bado, que entre Pedro R. Batista y Juan Manuel Santini se celebró allá para el mes de febrero de 1914, un contrato de permuta por el cual cedió Batista un automóvil marea ‘Thomas’ y una casa a cambio del automóvil ‘Buick’ cedido por Santini a Batista. Este extremo ha quedado a juicio de esta corte claramente establecido por la declara-ción del tercerista y de varios testigos que presenciaron la transacción y cuyas declaraciones no fueron afectadas durante la vista del caso.
“Resulta probado así también que en un pleito sobre cobro de dinero que siguiera Prudencio Rivera contra Juan Manuel Santini, ante la Corte Municipal de Caguas, fué embargado como de la pro-piedad de Santini, el automóvil ameritado que realmente no perte-necía a Santini y sí a Batista, toda vez que dicho Santini lo cedió al tercerista en este caso, en poder del cual fué hallado cuando el marshal procedió a su embargo.”

liemos examinado la prueba practicada, contradictoria en algunos extremos, y no podemos concluir con el apelante que la corte cometiera al apreciarla en la forma en que lo hizo, ningún error que lleve consigo la revocación de la sentencia.

Al argumentar este error se sostiene además en el ale-gato que no pudo declararse probada la existencia de un con-trato de permuta, porque no se demostró que se diera pre-cio a las cosas permutadas.

No tiene razón el apelante. La permuta, según el Código Civil, artículo 1441, es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa para recibir otra. Y Manresa, estudiando las relaciones entre dicho contrato y el de compraventa, dice:

“La compra y venta y la permuta, ya lo hemos dicho, son mam-testaciones de un mismo hecho fundamental, que es el cambio. La diferencia entre uno y otro contrato está en que en el primero inter-viene un elemento que en el segundo no se da: este elemento es el precio, de cuyo concepto y requisitos ya hemos hablado. No existiendo más que esta diferencia entre la compra y venta y la permuta dedú-cese que en el fondo y contenido de ambos contratos tiene que haber forzosamente mucho de común, puesto que los dos son formas del cambio y los dos son de los llamados traslativos de dominio. La razón diferencial estriba en el precio, en la intervención del dinero o signo que lo represente.” 10 Manresa, Código Civil Español, 424.

4. Refiriéndose a. la circunstancia de haber presentado el demandado y apelante Santini como prueba de la propiedad del automóvil, una certificación creditiva de que constaba re-gistrado a su nombre en el Departamento del Interior, la corle sentenciadora se expresó así:

“Claro está que la certificación del registro de automóviles esta-blece una presunción prima facie sobre la propiedad del vehículo; pero tal presunción queda destruida cuando, como en el presente caso, se demuestra de una manera clara y satisfactoria, que la persona que aparece en el registro de automóviles como dueño del vehículo, lo ha enajenado y tal vehículo se encuentra en la posesión del adquirente. ’ ’

La corte de distrito no cometió, pues, tampoco, el último ele los errores señalados.

Parece que el apelante pretende sostener qxie en esta isla no puede considerarse como válido ningún traspaso de auto-móviles, hasta que ha sido debidamente registrado en el De-partamento del Interior. Tal doctrina es inadmisible. Es cierto, como sostuvo la corte sentenciadora, que el registro establece una presunción prima facie de que la propiedad pertenece a la persona indicada en el mismo, pero si esa persona lo permuta, como en este caso, el adquirente adquiere la propiedad en el momento mismo en que se celebra el con-trato, y puede demostrar la existencia de éste y exigir todos los derechos derivados de la misma, aun cuando el automó-vil permutado continúe inscrito a nombre de su antiguo dueño en el Departamento del Interior.

• Por virtud de todo lo expuesto, debe confirmarse la sen-tencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez PebsideNte Se. HeeNÁNDez,

text:
    Bird, Demandante y Apelante, v. Nogueras et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre tercería de bienes muebles.
    No. 1559.
    Resuelto en abril 24, 1917.
    Tercería de Dominio — Prueba Contradictoria — Apreciación de las Pruebas— Pasión, Prejuicio, Parcialidad — Error Manifiesto. — Cuando en demanda de tercería de dominio existe contradicción entre la evidencia aportada por las partes, y la corte, que es la llamada a dirimir el conflicto, lo resuelve en contra del demandante, sin que se demuestre que baya procedido en la apreciación de las pruebas con pasión, prejuicio, parcialidad o manifiesto error, únicos casos en que el Tribunal Supremo se apartaría de la aprecia-ción hecha por la corte que originariamente conoció del caso, la sentencia apelada debe ser confirmada.
    Abogados del apelante: Sres. T exid or y Martínez Alvarez.

    Abogados del apelado Juan Nogueras: Sres. José y Manuel Tous Soto.

    El otro apelado no compareció.
   Los hechos están expresados en ]a opinión.

El Juez PebsideNte Se. HeeNÁNDez,

emitió la opinión del tribunal.

En pleito seguido ante la Corte de Distrito de Ifumacao por Juan Nogueras Pedraza contra Juan Canell en co-bro de dinero, por virtud de orden de dicha corte de 20 de octubre de 1914, para asegurar la efectividad de la sentencia, íué embargado como de la propiedad de Canell un automó-vil “Mercedes,” número de la licencia 772, y con tal motivo-Francisco Bird Quiñones, previa la fianza que ordena la ley sobre la materia de 14 de marzo de 1907, enmendada en 12 de marzo de 1908, radicó ante aquella corte en 28 de noviem-bre de 1914 demanda de tercería de dominio contra Nogueras y Canell en reclamación de la propiedad del automóvil, ale-gando ser suyo antes y en la fecha del embargo, pues si bien al practicarse éste se encontraba el carro en poder de Ca-nell, no lo estaba en concepto de dueño sino de simple posee-dor.

A la demanda del tercerista se opuso el demandado No-gueras alegando que el automóvil embargado es de la pro-piedad del co-demandado Juan Canell, a quien en época muy anterior a la del embargo lo había vendido el tercerista Francisco Bird Quiñones por precio de $700, $300 pagados de con-tado y $400 a plazos sin fecha determinada de pago, pues-éste dependía, del producto del trabajo de Canell, habiendo-conservado Bird Quiñones el automóvil en su poder y a su nombre la licencia del mismo para operar en Puerto Pico,, en garantía del pago del precio aplazado. Alega además-Nogueras que su reclamación a Canell era por la suma de-$789.73, intereses legales al % por ciento mensualmente a contar desde el día 23 de mayo de .1911, costas, desembolsos, y honorarios de abogado, y qne en ese sentido se había regis-trado una sentencia contra Juan Canell.

Celebrado el juicio la corte dictó- sentencia en 21. de junio. de 1916 declarando sin lugar la demanda de tercería, orde-nando qne subsista el embargo trabado sobre el automóvil' por ser éste de la propiedad de Juan Canell, y condenando a Francisco Bird Quiñones y a su fiadores a pagar a Nogue-ras, demandante en el pleito principal, la cantidad de $789.63.

Contra esa sentencia interpuso Bird Quiñones recurso de apelación para ante esta Corte Suprema y lo funda en que la Corte de Distrito de Iíumacao cometió manifiesto error en la apreciación de las pruebas.

La Corte de Distrito de Humacao, después de establecer en su opinión que al tiempo de practicarse el embargo la li-cencia del automóvil aparecía a nombre del tercerista, pero que ya éste lo había vendido a Juan Canell por precio de $700, $300 pagados de contado y el resto a pagar a plazos, sirvién-dose Canell del vehículo, se expresa en los siguientes, tér-minos :

“Es cierto que la prueba ha sido contradictoria, pues sí bien el tercerista Bird Quiñones y sus testigos han tratado de demostrar que la operación realizada entre dicho tercerista y Juan Canell fué-simplemente la de un contrato de arrendamiento, la corte ha conside-rado preponderante la evidencia aportada por la representación de Juran Nogueras Pedraza, tendente a establecer el hecho fundamental' de la venta del automóvil que Francisco Bird Quiñones luciera a Juan Canell.”

Existe en efecto contradicción entre la evidencia del de-mandante y la del demandado Nogueras; y la corte, que era la llamada a dirimir el conflicto, lo ha resuelto en coutra del demandante, sin que se nos haya demostrado que haya pro-cedido eu la apreciación de las pruebas con pasión, prejui-cio, parcialidad o manifiesto error, únicos casos en que nos-apartaríamos de la apreciación de las pruebas hecha por la. corte que originariamente lia conocido del caso, según juris-prudencia repetida de esta Corte Suprema.

Al demandante Francisco Bird Quiñones, que reclama la propiedad del automóvil, incumbía la prueba de su acción, según el artículo 108 de la Ley de Evidencia, y no siendo sa-tisfactoria la evidencia aportada sobre el particular en re-lación con la del demandado, la demanda no puede prosperar.

Por las razones expuestas es de confirmarse la sentencia, apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Síes. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Asociado S'R. Hutchison,

text:
    Panzardi, Recurrente, v. El Registrador de Mayagüez, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Mayagüez denegando la inscripción de un ex-pediente posesorio.
    No. 304.
    Resuelto en abril 24, 1917.
    Expediente Posesorio — Identidad de Eincas. — Si denegada la inscripción de un expediente posesorio de un solar, por existir duda de que fuera parte de otro inscrito y por considerar el registrador que inscribiéndolo podría quedar cancelada parcialmente aquella inscripción, resulta que la posible identidad de las fincas es demasiado remota para justificar la negativa del registrador a verificar la inscripción del expediente, que lo es sin perjui-cio de tercero de mejor derecho, procede revocar la nota recurrida.
    Id. — Id.—Asiento Contradictorio no Cancelado — Jurisdicción del Tribunal Supremo. — La ley sobre recursos contra las resoluciones de los registrado-res de la propiedad, aprobada en marzo 1, 1902, no está en oposición con el artículo 393 de la Ley Hipotecaria, y por tanto el Tribunal Supremo tiene jurisdicción para revisar una nota en que se deniega la inscripción de un expediente posesorio y considerar si el registrador procedió o no con razón derecha al denegar la inscripción ordenada, sin perjuicio de que se sigan los procedimientos establecidos por dicho artículo si procediere la con-firmación de la nota, pues revocada y ordenada la inscripción huelgan tales procedimientos. Esta doctrina no se aparta de la establecida en Lugo v. M Registrador de Sumacao, 22 D. P. R. 352.
   Los hechos están expresados en la opinión.

Abogado del recurrente: Sr. José Sabater.

El registrador recurrido, Sr. R. Tirado Verrier, no com-pareció.

El Juez Asociado S'R. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El recurrente presentó en el Registro de la Propiedad de Mayagüez una resolución de la corte de distrito mandando inscribir a su nombre la posesión de cierta finca, cuya descrip-ción es la siguiente:

“Solar sito en la calle del Doctor Basora de esta ciudad, de una extensión superficial de setenta y dos metros treinta y ocho centí-metros cuadrados; colinda al Norte, con solar de Don Pablo Gonce; al Sur, con casa de Doña Antonia Pino; al este, con propiedad de Doña Aurora de la Rosa, viuda de Giménez; y al Oeste, o sea a su frente, la calle del Doctor Basora, por donde mide nueve metros.”

El registrador denegó la inscripción de este documento por existir la duda de que la finca a que el mismo se contrae sea parte de otra finca registrada con el número 1219 y en cuanto a un condominio de tres quintas partes al folio 29 vuelto del tomo 35 de este Ayuntamiento, inscripción 6a., a nombre de Don Salvador Mestre y Mora; ■ y por considerar que, inscribiendo la finca descrita en este documento podría quedar cancelada parcialmente la inscripción de aquella otra.

La finca número 1219, se describe en las inscripciones pri-mera y subsiguientes de dicha finca, como sigue:

“URbana. Solar radicado en la calle de la Rosa, de esta ciudad, esquina a la de los Jardines, de veinte metros ochenta centímetros de frente por veintinueve con veintiséis de fondo, y linda por su frente Norte la calle de la Rosa, por el Sud o espalda, casa de la Su-cesión de Don Fernando Lloreda, izquierda entrando, o sea Este, casa de Don Félix García de la Torre y María Petra Libran, y por el Oeste derecha, la calle de los Jardines.”

En la inscripción séptima se hace constar que dicha finca colinda al este, o izquierda, con Don José Félix García de la Torre, y por la espalda con casa de Don Salvador Mestre v de la Sucesión "de Doña Rosalía Lloreda.

Dicha finca se describe también de modo muy diferente en cierta nota marginal, en la siguiente forma :

“ÜRbana. — Solar sito en la calle de los Jardines de esta ciudad cuya descripción consta de las inscripciones anteriores, repitiéndose, no obstante, la descripción por las diferencias que se observan en el documento ahora presentado. Según éste linda al frente con la calle de los Jardines, por la izquierda entrando y por la espalda con casa y patio de la Sucesión del Doctor Mestre y de Don Fernando L1 oreda y por la derecha con una casa de Doña Amalia Lassise. ”

El recurrente admite el hecho de que la calle que ahora se llama del Doctor Basora se conocía anteriormente por calle de los Jardines.

Consta del auto aprobatorio o resolución de la corte, de que se ha hecho mención, que la finca objeto del expediente posesorio la adquirió el recurrente de Salvador Mestre Ca-parros. Puede que ésta sea o no la misma casa que en parte pertenece a “Salvador Mestre,” y a que se hace referencia en la séptima inscripción, supra, como que colinda con la pro-piedad número 1219 por el sur, y en la nota marginal, que es enteramente imposible entenderla por su confusión, como que linda con la misma propiedad “por la izquierda entrando y por la espalda” y que pertenece en parte “a la Sucesión del Doctor Mestre.” Pero bajo ninguna de estas hipótesis puede considerarse que la finca forma parte del solar de la esquina. La finca número 1219 tiene de frente veinte metros ochenta centímetros por la calle de Basora por veinte y nueve metros veinte y seis centímetros de fondo por la calle de Rosa, mien-tras que la finca del recurrente tiene un frente de nueve metros por la calle de Basora, y admitiendo que sea rectangular no puede tener sino ocho metros de fondo y una fracción.

El registrador no ha presentado alegato y la única ra-zón en que parece fundarse la duda a que se refiere su nota es la semejanza en los nombres, lo que indica cierto paren-tesco entre el causante del recurrente y el dueño con dere-cho inscrito del solar de la esquina, además del hecho de co-lindar ambos solares por el oeste con la calle de Basora. Pero prescindiendo de esta sugestión del posible parentesco y de la vaga referencia que se hace en la inscripción séptima del solar de la esquina con la casa que en parte pertenece a ‘ Salvador Mestre” como finca que colinda por el sur, no existe absolutamente nada que indique ni siquiera que los dos so-lares se encuentran en la misma cuadra.

• Los preceptos contenidos en los apartados Io., 2o. y 3o. del artículo 393 de la Ley Hipotecaria, reguladores del pro-cedimiento que lia de seguirse en el caso de que apareciere en el registro algún asiento de adquisición, de dominio o de posesión no cancelado que esté en contradicción con el liecbo de la posesión justificada por la información judicial, no im-pide que en virtud del recurso interpuesto por Panzardi contra la nota del Registrador de Mayagüez, consideremos y resolvamos si el registrador procedió o nó con razón dere-cha al denegar la inscripción ordenada.

La ley sobre recursos contra las resoluciones de los re-gistradores de la propiedad, aprobada en marzo 1°., 1902, reconoce el derecho de recurrir a esta Corte Suprema contra las resoluciones del registrador siempre que éste denie-gue o suspenda alguna inscripción, anotación o cancelación, y en el presente caso, con arreglo a esa ley, que no está en oposición con el artículo 393 de la Ley Hipotecaria, esta corte tiene jurisdicción para revisar la nota apelada, sin per-juicio de que se sigan los procedimientos establecidos por el artículo 393 de la Ley Hipotecaria si procediere la confirma-ción de la nota recurrida, pues revocada dicha nota y orde-nada la inscripción huelgan tales procedimientos. Y la anterior doctrina no se aparta de nuestra resolución en el caso de Lugo v. El Registrador de Humacao, 22 D, P. R. 352, en la que expresamente dejamos consignado no haberse levan-tado cuestión alguna sobre la identidad del terreno y haberse interpuesto oportunamente por Lugo el recurso que la ley le otorgaba contra la nota del registrador. Si se hubiera levan-tado entonces alguna cuestión sobre la identidad del terreno,-hubiéramos, sin embargo, ejercitado nuestra discreción para determinar si fue o no correcta la nota del registrador.

En vista de las circunstancias del presente caso, opina-mos que la posible identidad entre la finca cuya inscripción ha sido denegada y la otra finca inscrita en el registro es de masiado remota para justificar la negativa del registrador a verificar la inscripción del título posesorio del apelante, la cual, como cuestión legal y como expresamente se ha hecho constar en la resolución de la corte, es, por supuesto, sin per-juicio de tercero de mejor derecho, debiendo, por tanto, re-vocarse la nota recurrida.

Revocada la nota recurrida y ordenada la ins-cripción del expediente de que se trata.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. del Toro disintió.


author: El Juez Peesidente Se. Heenandez,

text:
    Rubio, Peticionario y Apelante, v. Rodríguez, Juez Municipal, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en recurso de certiorari.

    No. 1635.
    Resuelto en abril 26, 1917.
    Certiorari — Desahucio — Nulidad de Emplazamiento — Falta de Finalidad Práctica.- — Carece de finalidad práctica y no existe causa alguna especial que exija su expedición, un auto de certiorari para revisar una resolución dictada en un juicio de desahucio por la que se declara nulo el emplazamiento del demandado y se ordena un nuevo emplazamiento, porque la continuación del procedimiento depende del mismo demandante que habrá en todo caso de practicar un nuevo emplazamiento para poder hacer un nuevo señalamiento dentro de los diez días siguientes, y porque la práctica del nuevo emplaza-miento ningún perjuicio causa al demandante, pues, aunque se anulara la resolución, siempre tendría que ser citado el demandado para la nueva com-parecencia que se ordenara.
    Id. — Errores de Procedimiento — Discreción Judicial. — A menos que así se dis-ponga por estatuto el auto de certiorari cuando se usa para corregir los pro-cedimientos de una corte inferior, no es de procedencia obligatoria (writ of right), sino que debe expedirse sólo cuando se demuestra a la corte una causa especial para ello y la corte está investida de discreción judicial para con-, cederlo o rehusarlo según lo requiera la justicia en- cada caso.
    Id.- — Desahucio—Nulidad de Emplazamiento — Petición Insuficiente. — Es in-suficiente una petición de certiorari para que se revise una resolución dictada en un juicio de desahucio por la que se declara nulo el emplazamiento del demandado y se ordena un nuevo emplazamiento, cuando no se alega que al diligenciarse la citación se apercibiera al demandado de que no compare-ciendo por sí o por medio de legítimo apoderado se decretaría el desahucio sin más citarlo ni oirlo, según previene la sección 5“. de la ley sobre la mate-ria, aprobada en 9 de marzo de 1905.
    Abogado del peticionario: Sr. Luis Mercader.

    El apelado no compareció.
   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Peesidente Se. Heenandez,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación interpuesto por Ernesto Rubio López contra resolución de la Corte de Dis-trito de Arecibo de 27 de febrero del corriente año, declarando no haber lugar a expedir el auto de certiorari solicitado por Rubio López para revisar procedimientos de la Corte Municipal de Camay en juicio de desahucio iniciado por el peticionario contra Manuel Pérez y obtener la nulidad de la urden que dictó dicha corte municipal en 14 de febrero citado declarando nulo y sin efecto legal el emplazamiento del demandado y ordenando que fuera emplazado nuevamente para que la corte pudiera adquirir jurisdicción sobre el mismo.

En la petición de certiorari aléganse como motivos deter-minantes de ella que Ernesto Rubio López radicó en 6 de fe-brero último demanda de desahucio en la Corte Municipal de Camuy contra Manuel Pérez, vecino de Quebradillas, y que la citación del demandado se expidió con arreglo a la fór-mula corriente, ordenando a las partes en el pleito que efec-tuaran la primera comparecencia a las dos de la tarde del día 14 de febrero; que la citación del demandado fué hecha per-sonalmente en 9 de febrero, en Quebradillas. por Francisco Maymone, que es mayor de edad y no era parte en el juicio, dejando en su poder copia del emplazamiento y escribiendo al dorso de éste la fecha de su recibo y entrega, habiendo ür-mado además el diligenciante la aludida copia; que el original del emplazamiento debidamente diligenciado por May-inone de acuerdo con el ártículo 92 del Código de Enjuicia-miento ( ivil tal como fué enmendado por la Ley No. 8 de 1915, fué devuelto a la Corte Municipal de Camuy antes de la liora señalada para la comparecencia de las partes, y la Corre Municipal de Camuy adquirió jurisdicción sobre la persona del demandado; que a nombre del demandado Manuel Pérez com-pareció su abogado con el solo fin de solicitar que la corte declarara nulo y sin efecto legal el emplazamiento expedido por no llenar los requisitos exigidos por el estatuto, y que la corte estimó que el emplazamiento no había sido diligen-ciado de acuerdo con la ley y ordenó al demandante citara o emplazara nuevamente al demandado para que la corte pu-diera adquirir jurisdicción.

Entiende el peticionario Ernesto Rubio López que la Corte Municipal de Camuy, anulando la citación beclia de acuerdo con la ley, cometió un grave error de procedimiento, para-lizando erróneamente y con perjuicio de la justicia, la tra-mitación del juicio de desahucio por lo que a falta de otro recurso adecuado para obtener reparación de su derecho ejer-cita el recurso de certiorari.

Funda la Corte de Distrito de Arecibo su resolución de-negatoria del libramiento del auto de certiorari, entre otras razones, en que el recurso carece de finalidad práctica.

Estamos conformes con la apreciación de la Corte de Dis-trito de Arecibo, pues la continuación del procedimiento, se-gún expresa, depende del mismo demandante que habrá en todo caso de practicar un nuevo emplazamiento para poder hacer un nuevo señalamiento dentro de los diez días siguien-tes, toda vez que el demandado nunca podría ser privado de este derecho.

Pero aún hay más, y es que “a menos que así se disponga por estatuto, el auto de certiorari cuando se usa para corre-gir los procedimientos de una corte inferior, no es de proce-dencia obligatoria {loril of right), sino que debe expedirse sólo cuando se demuestra a la corte una cansa especial para ello y la corte está investida de discreción judicial para con-cederlo o rehusarlo según lo requiera la justicia en cada caso.” Espada v. Sepúlveda, Juez de Distrito, 20 D. P. R. 134, y casos allí citados.

No vemos causa alguna especial en virtud de la cual los intereses de la justicia exigieran la expedición del auto ele certiorari. La práctica del nuevo emplazamiento ningún per-juicio causa al apelante, pues aunque se anulara la orden del Juez Municipal de Canxuy, siempre tendría que ser citado el demandado para la nueva comparecencia que se señalara. La interposición del recurso de certiorari ha causado mayor demora en el procedimiento que la resolución del Juez Municipal de Canxuy de que se queja el peticionario.

Finalmente, en la petición no se alega que al diligenciarse la citación se apercibiera al demandado de que no compare-ciendo por sí o por legítimo apoderado se decretaría el de-sahucio sin más citarlo ni oirlo, según previene la sección 5a. de la ley sobre la materia, aprobada en 9 de marzo de 1905, y por tanto no aparece que en la citación, según afirma el ape-lante, se llenaran todas las formalidades prevenidas por la ley.

Es de confilmarse la resolución apelada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado SR. Wolf,

text:
    Julián et al., Demandantes y Apelantes, v. McCormick et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de G-uayama en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 1575.
    Resuelto en abril 27, 1917.
    Mandatos — -Muerte del Mandante — Extinción del Poder. — En este caso, A," siendo apoderado de B, tres meses después de haber muerto éste, obtuvo y cobró ele C, como, tal apoderado do B, determinada cantidad que se debía a su poderdante. Tres años después, pero antes de prescribir la acción, los herederos de B demandaron a C para el pago de la deuda. C alegó haber pagado de buena fe y que al tiempo del pago ignoraba la muerte de B. Se resolvió: Que A no estaba autorizado a hacer el cobro, pues el poder había' quedado extinguido al morir B, y que no importaba que el deudor ignorara la muerte del poderdante.
    Id. — Muerte del Mandante o del Mandatario — Excepción de Ignorancia. — El contrato de mandato es personalísimo y ?e extingue por ia muerte de cuales-quiera de los contratantes según el artículo 1634 del Código Civil, siendo la única excepción de ignorancia de esta regla, la que expresa el artículo 1640 del mismo código, establecida para beneficiar al mandatario y a los terceros que hubieren contratado con él de buena fe.
    Abogado de los apelantes: Sr. Manuel A. Martínez Dávila.

    Ahogado del apelado: Sr. Rafael Cintrón Lastra.

   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado SR. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Lucas Julián era apoderado de sn madre Gregoria Ro-dríguez en vida de ésta. Ocurrida su muerte el referido Ju-lián entró en negociaciones con Juan Carlos McCormick para el pago de la suma de $2,000 que el referido McCormick de-bía a Gregoria Rodríguez y a sus hijos. McCormick pagó la cantidad al mencionado Julián quien otorgó a McCormick carta de pago por dicha suma. La prueba demuestra que este pago se hizo unos tres meses después de morir Grego-ria Rodríguez y tiende también a acreditar que McCormick nada sabía acerca de su muerte. Después de tres años, pero antes de que la acción hubiera prescrito, Cornelio Julián por sí y como defensor de sus hermanos menores, herederos to-dos de Gregoria Rodríguez, estableció una acción para co-brar la suma de $1,633.33, con sus intereses, excluyendo la participación de Lucas Julián. Este último fue incluido en la demanda como parte demandada y la prueba tendió a es-tablecer que él había malg-astado la cantidad en “rutas y bachatas. ’ ’

Nos vemos obligados a convenir con el apelante, al decir que en este caso el poder había quedado extinguido por la muerte de la poderdante. No importaba que el deudor ig-norara la muerte ele la poderdante. El artículo 1634 del Có digo Civil prescribe lo siguiente:

“El mandato se acaba:
“1. Por su revocación.
“2. Por la renuncia del mandatario.
“3. Por muerte, interdicción, quiebra o insolvencia del mandante o del mandatario.”

Y dice el comentarista Manresa en el tomo 11, página 575 (segunda edición) de sus Comentarios al Código Civil, que:

"El Tribunal Supremo ba declarado reiteradamente antes y después de la publicación del código, que el contrato de mandato es personalísimo y que se extingue desde el momento en que deja de existir cualquiera de los contratantes. (Sentencia de 9 de noviem-bre de 1875.) ”

La única excepción de ignorancia es la que se expresa en el artículo 1640, el cual prescribe lo siguiente:

"Lo beeho por el mandatario ignorando la muerte del mandante u otra cualquiera de las causas que baeen cesar el mandato, es válido y surtirá 'todos sus efectos respecto a los terceros que hayan con-tratado con él de buena fe.”

Y en relación con este punto dice también Manresa en el tomo 11, página 576 (segunda edición), lo que sigue:

"La norma establecida por el artículo 1738, constituye a no dudar, una excepción a los principios generales a tenor de los que el error invalida de derecho el consentimiento, mas hállase justificada, como tantas otras, por los principios de equidad para evitar que el summum jus sea la summum injuria. Es esta validez una verdadera ficción jurídica establecida por la ley para beneficiar al mandatario y a los terceros de buena fe, validez que acaba con el conocimiento por el mandatario a los terceros del fin del mandato. En el caso de que la mala fe radicara en el mandatario y no en los terceros, aquél sería responsable del dolo y podrían éstos ejercitar contra él las correspon-dientes acciones.”

Es duro que el apelado tenga que verse en el caso de te-ner que ejercitar su acción contra Lucas Julián por quien fué eng'añado, pero también sería muy triste que el mandante, o sus herederos, tuvieran que sufrir las consecuencias de un acto realizado por un mandatario irresponsable, cuando el poder conferido a éste había quedado extinguido, bien por la muerte, o por otra de las causas por las cuales termina. La ley concede a la parte perjudicada el derecho a estable-cer una acción contra la persona que le ocasionó el perjuicio. Aunque el derecho de acción podría ser ilusorio en el presente caso, los principios de ley no pueden ser alterados para fa-vorecer casos especiales. El hecho de que Oornelio Julián dejara transcurrir tres años para establecer esta acción puede haber sido y probablemente fué un acto desprovisto de mo-ralidad, o tal vez si lo hizo así para impedir una acción criminal contra su hermano Lucas, pero su determinación en demorar la acción estaba dentro de sus atribuciones lega-les, y en este caso no se ha alegado prescripción alguna. Y no importa que los verdaderos dueños de una parte de la deuda de $2,000 fueran los hijos, demandantes en esta ac-ción. La madre otorgó el poder en su nombre y en el de sus hijos. Ella era la persona responsable y autorizada para otorgarlo, pero con su muerte quedó extinguido su derecho a representarlos y el poder que de ella procedía quedó ex-tinguido o revocado.

Sentimos la situación en que se encuentra el apelado, pero en este caso se presume que los herederos son inocentes y están protegidos por la ley. La sentencia apelada debe ser revocada y dictarse en su lugar otra a favor de los apelan-tes, pero sin costas u honorarios de abogados.

Revocada la sentencia a.pelada y dictada otra declarando con lugar la demanda sin especial condenación de costas y honora-rios de ahogado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-mados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Fajardo Sugar Company, Recurrente, v. El Registrador de Humacao, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Humacao denegando la anotación de un con-trato de refacción agrícola y molienda de caña.
    No. 307.
    Resuelto en abril 30, 1917.
    Refacción Agrícola — Molienda de Cañas — Contratos sobre Bienes de la So-ciedad de Gananciales — Consentimiento Expreso de Ambos Cónyuges.— En este caso un marido sin el consentimiento de su mujer celebró un con-trato de refacción agrícola y molienda de cañas por virtud del cual recibió cierta suma de dinero, con carácter' devolutivo, y se comprometió a sembrar determinadas cuerdas de cañas por varias cosechas en varias fincas, dos de las cuales pertenecían a la sociedad de gananciales, debiendo inscribirse el contrato en el registro y quedando gravados los frutos de las dichas fincas al pago de las cantidades recibidas. Se resolvió: Que para que dicho con-trato fuese válido, se necesitaba el consentimiento expreso de la mujer.
    Abogado de la recurrente: Sr. Luis Muñoz Morales.

    El registrador recurrido, Sr. Francisco Socorro, compa-reció en nombre propio.
   Los lieelios están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 27 de diciembre de 1916 comparecieron ante el nota-rio público Luis Muñoz Morales, de una parte, Juan Nogue-ras Peclraza, por sí y en representación, como apoderado, de su esposa Cristina Alvarez Garriga, y de otra, The Fa-jardo Sugar Company, una corporación organizada bajo las leyes del Estado de Nueva York, con oficinas en el pueblo de Fajardo, P. R., y otorgaron un contrato de siembra y mo-lienda de cañas y refacción que comprendía cuatro fincas dis-tintas, dos de ellas pertenecientes a la sociedad de ganancia-les que tiene constituida Nogueras con su diqlia esposa, una de la propiedad exclusiva de la esposa y otra arrendada por Nogueras. Este, por sí y en representación de su esposa, se obligó a sembrar y cultivar en las fincas de la sociedad de gananciales cien cuerdas de caña durante las zafras de 1917 a 1926, ambas inclusives; en la de la esposa veinte y cinco cnerdas, durante el mismo tiempo, y en la arrendada setenta y cinco cnerdas durante la zafra de 1918 a 1919; y a entre-gar a The Fajardo Sugar Company las cañas cultivadas para ser molidas, en la forma que detalladamente se expresa en el documento. A su vez The Fajardo Sugar Company se obligó a comprar las cañas y a refaccionar a Nogueras del modo especificado en la escritura. Nogueras se reservó el derecho de no continuar el contrato después de terminada la zafra de 1921, y para el caso de que esto sucediera, The Fajardo Sugar Company se obligó a tomar en arrendamiento las fincas de la sociedad de gananciales por los cinco años restantes, o sea hasta el año de 1926, bajo las condiciones que estipularon en la misma escritura. Ambas partes con-vinieron en que el contrato se inscribiera en el Registro de Contratos Agrícolas, de acuerdo con la ley No. 37 de 10 de marzo de 1910, enmendada por la de 9 de marzo de 1911.

Presentada la escritura de- que se ha hecho mérito en el Registro de la Propiedad de Humacao, el registrador se negó a inscribirla por medio de la siguiente nota:

“Denegada la anotación solicitada por no constar en el precedente documento el consentimiento de la esposa del Señor Nogueras, Cristina Alvarez G-arriga, y por no relacionarse tampoco ni insertarse en el mismo el poder de dicha señora a favor de su citado esposo, sin que tampoco se haya acompañado dicho poder; tomándose en su lugar anotación preventiva por el término legal a favor de ‘The Fajardo Sugar Company’ a los folios * * *. Humacao, enero 18 de 1917.”

No conforme The Fajardo Sugar Company con la anterior calificación, interpuso el presente recurso gubernativo alegando, en resumen, que era innecesario el consentimiento de la esposa porque el contrato celebrado por el marido cons-tituía simplemente un acto de administración para realizar el cual estaba plenamente autorizado por la ley.

A nuestro juicio el contrato celebrado rebasó los límites de un acto de administración y lleva envuelto el gravamen de bienes que tienen e] carácter de inmuebles y que pertene-cen a una sociedad de gananciales. De allí que sea necesa-rio el consentimiento de la esposa, de acuerdo con la ley.

El contrato celebrado por Juan Nogueras Pedraza y The Fajardo Sugar Company, lo fué de acuerdo con lo prescrito en la ley sobre contratos de refacción agrícola y molienda de cañas, y para otros fines, o sea la No. 37 de 1910 que de-jamos citada. La sección 1 de esa ley dice así:

4‘Sección 1. — Entiéndese por contrato de refacción agrícola aquél mediante el cual una de las partes entrega y la otra recibe, con carác-ter devolutivo, determinadas cantidades en dinero efectivo o en espe-cies, bien de una sola vez o en sucesivas ocasiones, para atender a la administración, sostenimiento, cultivo o mejoramiento de fincas rústicas, quedando afectos y gravados los frutos de las mismas fincas al pago de las cantidades recibidas, con los intereses acor-dados * *

De suerte que por virtud del contrato celebrado queda-ron gravados los frutos de las fincas al pago de las cantida-des recibidas, y como los frutos en este caso tienen el carác-ter de bienes inmuebles pertenecientes a la sociedad de ga-nanciales constituida por Juan Nogueras Pedraza y su es-posa Cristina" Alvarez G-arriga, es inevitable la conclusión de que el esposo no pudo celebrar válidamente el contrato de que se trata sin el consentimiento expreso de la esposa.

Tienen la condición de gananciales, entre otros, según el artículo 1316 del Código Civil, “los frutos, rentas o intere-ses percibidos o devengados durante el matrimonio, proce-dentes de los bienes comunes o de los peculiares de cada uno de los cónyuges”; considéranse inmuebles, según el artículo 335, No. 2, del propio código, “los árboles y plantas y los frutos pendientes, mientras estuvieren unidos a la tierra o formando parte integrante de un inmueble,” y “los bienes inmuebles de la sociedad conyugal no podrán ser enajenados o gravados, bajo pena de nulidad, sino mediante el consen-timiento expreso de ambos cónyuges,” prescribe en su úl-timo párrafo el artículo 159 del propio cuerpo legal. Véase además, la jurisprudencia establecida por esta corte en el caso de la Compañía Azucarera “El Ejemplo” contra el Be-gistrador de la propiedad de Iiumacao, 23 D. P. B. 283.

Debe confirmarse la nota recurrida.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. del Toeo,

text:
    Maymón, Demandante y Apelado, v. Victoria & Co., Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre indemnización de daños y perjuicios.
    No. 1541.
    Resuelto en mayo 1, 1917.
    Pruebas — Falta de Objeción. — Es una regla bien establecida que cuando la prueba se admite en sentido general sin objeción y no se liace tentativa al-guna en la corte inferior para limitar o restringir su efecto, queda admitida para todos los fines y debe ser considerada y concedérsele todo su valor.
    Caítos y Perjuicios — Examen de las Alegaciones y las Pruebas — Falta de Errores. — Examinadas las alegaciones y las pruebas en este caso, se resolvió: que no se habían cometido los errores alegados por la parte apelante y, por tanto, quo debía confirmarse la sentencia apelada.
    Abogados de la apelante: Sres. Pascasio Fajardo Mar- . Unes y E. Ramírez Nadal.

    Abogado del apelado: Sr. Amadeo Nasario Lugo.

   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Se. del Toeo,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un caso sobre daños y perjuicios. En la demanda se alegó, en resumen, 1, que el demandante es un industrial dedicado en Mayagüez, P. B., a la exhibición de cin-tas cinematográficas, cuyo negocio ha extendido a la Bepú-bliea Dominicana; 2, que la demandada es y era en 14 de abril de 1915 una empresa naviera dedicada al transporte do carga y pasajeros entre Puerto Bico y Santo Domingo j 3, que Gualberto Soler es sub-agente en Mayagüez del agente de la demandada en Puerto Eico; 4, que en abril de 1914 el demandante entregó a la demandada, por conducto de su sub-agente, para embarque a Santo’Domingo una caja conteniendo 15 películas, cuya caja fué aceptada por la demandada para su embarque por cuenta y riesgo de la misma; 5, que las pelí-culas valían $941.75; 6, que iban consignadas al agente del demandante para que éste las exhibiera en Santo Domingo; 7, que entregadas al sub-agente de la demandada, éste las entregó a su vez al marino Cumpiano para que las llevara abordo del vapor de la demandada ‘Macaguas,” surto en el puerto de Mayagüez; 8, que al llegar Cumpiano al costado del vapor y al ser interrogado al efecto por un marinero, con-' testó que la caja iba a ser embarcada; 9, que el marinero, empleado de la demandada, bajó al bote de Cumpiano y ape-sar de qne éste le manifestó qne la caja por su peso debía, izarse con la maqninilla, se empeñó en subirla a mano; 10, (pie al tratar de subirla así entre Cumpiano y el marinero, ésto resbaló y se fué al agua con la caja; 11, qne puesta a flote la caja fué devuelta a tierra y depositada en la adnana, sin darle aviso al demandante; 12, que avisado particularmente el demandante, se personó en la aduana y, encontró qne to-cias las películas estaban dañadas; 13, que como consecuen-cia de no haber podido exhibir el demandante las películas en Ganto Domingo, ha perdido $3,000; 14, que también a conse-cuencia de ello le fueron cancelados contratos que allí tenía y que representaban un valor de $4,000. El demandante termina, suplicando que se dicte sentencia a su favor por la suma de $7,941.75, costas, desembolsos y honorarios de abogado.

La demandada contestó aceptando los tres primeros he-chos de la demanda con cierta salvedad respecto del primero, negando que el demandante entregara para su embarque al sub-agente de la demandada las películas y alegando que el sub-agente de la demandada y el demandante celebraron; un contrato para' trasladar desde el puerto de Mayagüez .al de yanto Domingo una caja de películas, conviniendo el d eman-fiante en llevarla por su cuenta y riesgo a bordo del vapor “ Jacagugs,” llegando todos los demás beclios de la demanda y alegando como materia nueva, 1, que en abril de 1915 el de-mandante solicitó de la compañía demandada el transporte de una caja conteniendo películas firmando al efecto un cono-cimiento que en una de sus cláusulas dice: “la carga se re-cibe y entrega al costado del buque,” 2, que firmado el cono-cimiento, el demandante entregó la caja al botero Cumpiano liara que la llevara al “Jacaguas”; 3, que Cumpiano no lia sido nunca empleado de la demandada; 4, que Cumpiano quiso subir él mismo la caja abordo y se fué con ella al agua; 5. que debido a la negligencia de su propio agente Cumpiano, fué que el demandante recibió el daño. La demandada final-mente alega en su contestación que la demanda no aduce lie-olios suficientes para determinar una causa de acción y ter-mina suplicando que se declare sin lugar la demanda, impo-niendo al demandante las costas, gastos, desembolsos y ho-norarios de abogado.

Trabada así la contienda, se celebró la vista practicando ambas partes sil prueba y argumentando luego por escrito. La corte consideró las alegaciones, la evidencia y los infor-mes, y dictó sentencia en favor del demandante por la suma de $1,118.75, y las costas desembolsos y honorarios de abo-gado, declarando probados los siguientes hechos:

“A. Los hechos primero, segundo,' tercero de la demanda. Por haber sido admitidos por la demandada en su contestación, así como el extremo del liecbo primero, que fué negado por la demandada por falta de información y creencia, pero que corroboró el deman-dante Maymón, sin que su declaración fuera contrarrestada.
“B. Que por el mes de abril de 1915 el demandante entregó a G-ualberto Soler, en su carácter éste de agente de la compañía deman-dada la caja contentiva de las catorce películas que se alegan en la ■ demanda y que dicho agente, que lo era en dicha fecha un agente de la compañía demandada, la aceptó para su embarque por cuenta y riesgo de la repetida compañía demandada, y no como agente especial del demandante Maymón.
“C. Que dichas catorce películas tenían a la fecha de tal entrega mi valor de novecientos cuarenta y un dollars, setenta y cinco centavos y que iban consignadas al agente del demandante Maymón en Santo Domingo para su exhibición en la República.
££D. Que la caja de las películas en cuestión fué entregada por Gualberto Soler, en su calidad de agente de la compañía demandada para su embarque en el vapor Jácaguas’ el día que se cayó al agua, dañándose completamente su contenido, por negligencia de los em-pleados de la compañía demandada y nó por la del demandante Maymón, quien tampoco fué culpable de la negligencia contributiva en dicha ocurrencia.
££E. Entiende además probado la corte que el demandante May-món como consecuencia de la pérdida ele dichas películas por la negligencia de la compañía demandada al no poder exhibirlas en los teatros de Santo Domingo, sufrió daños montantes a la suma de ciento sesenta y siete dollars, ninguna ele cuya suma ha sido satis-fecha en todo ni en parte por la compañía demandada al demandante Maymón. ’ ’

Alega la apelante que la corte ele distrito erró porque dió por probado un contrato de fletamento sin que se presentara el documento creditivo de su celebración que debió liaberse otorgado de acuerdo con lo prescrito en el Código de Comercio.

bin el acto de la vista no se presentó en efecto el documento otorgado, pero sí prueba oral de las condiciones del contrato, sin que la demandada luciera objeción alguna a la práctica de diclia prueba, y sabido es que ££es una regla bien estable-cida que cuando la prueba es admitida en sentido general, sin objeción, y no se hace tentativa alguna en la corte inferior para limitar o restringir su efecto, queda admitida para todos los fines, y debe ser considerada y concedérsele todo su valor.” 2 Jones Commentaries on Evidence, 188, y casos citados. Tomando la cita del -caso de Falero v. Falero, 15 D. P. R. 122, dijimos en el de Coto v. Rafas et al., 18 D. P. R. 508, 511, £íEs un principio de derecho que cualquier testimo-nio probatorio pueda ser considerado por la corte, si no se presenta objeción alguna a la admisión del mismo. (Burton v. Driggs, 20 Wall. 133; District of Columbia v. Woodbury, 136 U. S., 450, 472; Patrick v. Graham, 132 U. S. 627; Cam den v. Doremus, 3 How. 515.) Esta es una aplicación de la máxima Consensus tollit errorem.”

Como segundo error, alega la apelante que la corte no piído reconocer a las películas el valor de $941,75, cuando el mismo demandante las Labia valorado a los efectos de em-barque en $253.26. Al sostener este error, consigna la ape-lante que fué el propio demandante el que introdujo como prueba el “shipper manifest” en donde se olió a las pelícu-las el valor de $253.26. El apelado sostiene en su alegato que diclio valor fué puramente nominal, que en nada afectaba a la operación de embarque, y que el verdadero valor se de-mostró por la prueba practicada en el acto de la vista. He-mos examinado la relación del caso preparada por la ape-lante y por más que encontramos que, en dos ocasiones, el demandante declarando como testigo se refiere a esta cues-tión, el documento en que se dice que se dió a las películas el valor de $253.26, al parecer para el pago de los derechos de aduana, no se transcribe en ella, ni consta con toda claridad que se presentara como prueba. Bajo estas circunstancias, no esta-mos en condiciones de resolver en debida forma la cuestión planteada. Sin conocer con toda exactitud los términos del in-dicado documento, no podemos fijar su alcance, ni resolver si el demandante quedó o no impedido, después de firmarlo, de alegar y probar que era mayor en realidad el valor de la, mercancía. Prescindiendo de esta cuestión, la prueba prac-ticada sostiene ampliamente la conclusión ele la corte.

Alega también la apelante que la corte erró al declarar probado que Soler actuó como agente de la compañía deman-dada. Para concluir que la corte no cometió el error alegado, no es necesario analizar la prueba; basta examinar la con-testación de la misma demandada.

El siguiente error alegado es el de que la prueba no de-muestra que el demandante sufriera daños montantes a la suma de $167, por no poder exhibir las películas en Santo Domingo.. La prueba del demandante tendió a demostrar ium suma mayor. La evidencia sostiene, pues, ampliamente la conclusión de la corte en este extremo.

Alega la apelante que no lmbo prueba de la negligencia de la demandada. La evidencia fué contradictoria. Los tes-tigos del demandante demuestran que fué el marino del “Ja-caguas” el que, no obstante habérsele advertido el peso de la caja y la necesidad de hacer uso de la maquinilla para su-birla, se empeñó en hacerlo a pulso. Los testigos de la de-mandada ponen toda la culpa en el botero Cumpiano. El juez resolvió el conflicto, correctamente a nuestro juicio, en favor de los testigos del demandante.

Y sostiene por último' la apelante que la corte erró al de-cidir que la demandante sufrió la pérdida absoluta de las pe-lículas. La evidencia fué completa en este extremo. Mo-jadas con agua del mar las películas y abandonadas luego en tal estado por tres días en la aduana, quedaron inservi-bles.

Por virtud de todo lo expuesto, debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse en todas sus partes la sentencia ape-lada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    Rivera et al., Peticionarios, v. Sepúlveda, Juez de Distrito, Demandado.
    Solicitud para que se expida un auto de mandamus al Juez de la Corte de Distrito de Ponce en causa por cons-piración.
    No. 158.
    Resuelto en mayo 4, 1917.
    Exposición- del Caso — Pliego de Excepciones — Reglas de las Cortes de Dis-trito. — Es el propósito de la regla .17 del reglamento de las cortes de distrito en causas criminales considerar idénticos los pliegos do excepciones y de exposición del caso a los efectos del término dentro del cual deben presen-tarse, pues es evidente que si diez días es un término razonable para la radicación de un pliego de excepciones, lo es también para la presentación del de exposición del caso cuando no existe solicitud pidiendo que se pro-rrogue.
    Id. — Id.—Discreción Judicial — Facultades de las Cortes de Distrito. — Las cortes de distrito tienen facultad discrecional piara permitir que un apelante en causa criminal piresente los poliegos de excepciones y exposición del caso después de vencido el término prescrito por el estatuto, piues dicho término es de carácter precepitivo.
    Id. — Id. — Falta de Radicarlos en Término — Diligencia del Acusado. — La situación de un acusado en una causa criminal en que está envuelta su vida o libertad es muy distinta a un caso en que meramente están envueltos derechos de propiedad, y las cortes se inclinan a ser liberales cuando el ape-lante, al dejar de cumplir el requisito de radicar en término el piliego de excepciones o de exposición del caso, demuestra ser en algo merecedor de la indulgencia de la. corte.
    Apelación — Abuso de Discreción. — Las cortes do apelación son completamente refractarias a revocar un caso q>or el fundamento de haber habido abuso de discreción a menos que se demuestre un mal motivo o cuando está envuelto un derecho fundamental y la corte de revisión está en la misma situación que la corte sentenciadora y tiene prácticamente la misma oportunidad piara juzgar la situación.
    Td.' — Revisión Sopee los Méritos — Diligencia del Acusado. — Guando claramente apjarece que un acusado quedaría pirivado de que se revisara su' causa sobre los méritos, que su abogado trató de algún modo de cumplir con las reglas de procedimiento y que aceleró su caso, no demostrando ningún deseo en demorar la apielación, la concurrencia de tales elementos demuestra de modo suficiente la diligencia del acusado.
    Ahogado de los peticionarios: Sr. Cayetano Coll Cuchí.

    Abogado del demandado: Sr. Jaime Sifre, Jr.} Fiscal especial.

   Los üieclios están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El objeto de esta petición de mandamus es que se ordene a la Corte de Distrito de Ponce que apruebe una exposición del caso en una cansa criminal. Los peticionarios fueron declarados culpables por un delito, el día 29 de julio de 1916. En 11 de agosto los peticionarios solicitaron y obtuvieron de la corte una prórroga de veinte días para presentar la expo-sición del caso, documento que fue radicado en secretaría en 24 de agosto, 1916. La corte señaló el día 29 de agosto para sn examen, fecha que fué pospuesta para el 6 de septiembre de 1916, a petición de los apelantes. En dielio día 6 de sep-tiembre, 1916, el fiscal presentó una moción solicitando que el pliego de excepciones y la exposición del caso fueran elimi-nados de los autos porque la prórroga de veinte días conce-dida en agosto 11 lo fue después de haber vencido los prime-ros diez días permitidos por la ley. La corte concedió la moción del fiscal por las siguientes razones: (a) porque una exposición del caso en causas criminales debe prepararse y radicarse en secretaría dentro de los diez días subsiguientes al de dictarse la sentencia o dentro de-la prórroga legalmente concedida para ello; (b) porque una prórroga solicitada y concedida después de haber expirado el término de diez días fijado por la leji para presentar la exposición del caso o pliego de excepciones, es nula; (c) porque si bien una corte de dis-trito tiene poder, autoridad y discreción para aprobar un pliego de excepciones o exposición del caso presentado fuera de tiempo, ello es cuando se demuestra que la misma no ha sido presentada por negligencia inevitable, lo cual no ha sucedido en este caso.

Los peticionarios presentaron entonces una moción de re-consideración de dicha resolución, la cual fué declarada sin lugar e interpusieron apelación, pero no es necesario que con-sideremos ninguna de estas medidas adoptadas por los peti-cionarios.

Los peticionarios sostienen en primer término, que la ley exige que el pliego de excepciones sea radicado dentro de diez días, pero qtie no fija término alguno para la exposición del caso como tal exposición. Hemos considerado siempre como idénticos el pliego de excepciones y exposición del caso para fines de esta naturaleza, y esa es también la tendencia en California, como lo demuestra el caso de People v. Lee, 14 Cal. 510. Es evidente que si diez días es un término razona-ble para la radicación de un pliego ele- excepciones asimismo es razonable dicho término para la presentación de una ex-posición cuando no se presenta debidamente una solicitud pidiendo que se prorrogue el referido término. Tal es el propósito de la regia 17 del reglamento de las cortes de distrito en cansas criminales.

Según aparece de las razones que tuvo la corte para con-ceder la moción hecha por el fiscal, en una apelación criminal 3a corte tiene discreción para permitir que sea presentada una exposición de caso o pliego de excepciones después que fia vencido el término prescrito por el estatuto. En otras palabras, las cortes de distrito pueden ejercitar su discreción para librar a un apelante de las consecuencias a que puede dar lugar su omisión en presentar a tiempo dicto documento. En este caso la corte se negó a ejercitar su discreción por haber llegado a la conclusión de que los apelantes no ejer-citaron la debida diligencia y porque no se demostró que la negligencia fué excusable.

Al celebrarse la vista de la moción en la corte de dis-trito, se liizo manifiesto el beclio. de que el primitivo abogado de los apelantes residía en San Juan. En agosto 8, precisa-mente cuando iban a vencer los diez días concedidos por la ley, envió dicto abogado un telegrama a Ponce dirigido al abogado Rivera Zayas, manifestándole que solicitara una prórroga. El telegrama llegó a las 8:45 de la nocte. El señor Rivera Zayas estaba fuera de la ciudad y no pudo, por tanto, entregársele el telegrama. Según parece fué notificado de esto el remitente del telegrama, quien indicó a la estación de-telégrafos que entregara el telegrama a Rivera Esbrí, que es uno de los apelantes en este caso. Siguiendo estas instruc-ciones en 9 de agosto la estación de telégrafos trató de en-tregar el telegrama a Rafael Rivera Esbrí, pero como en el sobre se dejó la palabra “Ledo.”, al ser mostrado diclio te-legrama al apelante éste creyó que liabía habido una„equivoca-eión y que era para el señor Zayas, pero cuando trató de bus-carlo supo que estaba fuera de la población. Al ser llamada la estación de telégrafos ésta informó al apelante que el tele-grama era para él. En vista de esto en la tarde del día 9 de agosto el apelante llamó a la oficina del abogado Lastra' Obarriez donde le informaron que diolio abogado no estaba cm la población. Por último en 10 de agosto de 1916, y a las cuatro y media de la tarde, el apelante y el Señor Lastra tu-vieron nna entrevista redactándose entonces la moción de prórroga, y siendo demasiado tarde a juicio de .éstos para presentarla a la secretaría la dejaron para el día siguiente (pie fué radicada y la corte concedió diclia prórroga como ya liemos diclio.

La alegación principal de los apelantes es que la corte al proceder así, negándose a tomar acción o a admitir el pliego de excepciones y la exposición, dentro de las circunstancias del caso, abusó de sn discreción. Las palabras “abuso de discreción” snenan algo duras cuando se pide a una corte de revisión que revoque la sentencia por tal fundamento.

' En el caso de Murray v. Buell, 41 N. W. 1011, la corte se expresó en estos términos:

“La frase ‘abuso de discreción’ ejercitada en cualquier caso por la corte sentenciadora como lia sido usada en las decisiones y en los libros y que en el lenguaje corriente denota un mal motivo o pro-pósito equivoeádo, no es la más adecuada.”

Las cortes son completamente refractarias a revocar un caso por el fundamento de haber habido abuso de discreción y cuando un asunto está peculiarmente dentro de las facul-tades de la corte sentenciadora y envuelve el peso de la prueba u otro conflicto sobre los. hechos entre las partes que se en-cuentran ante la misma, los casos de revocaciones que han sido publicados son muy- pocos. Los incidentes que ocurren durante el juicio, o sea, los relativos al peso de la prueba, orden de ésta, preguntas sugestivas, repreguntas y otras se-mejantes, son cuestiones acerca de las cuales la corte sen-tenciadora necesariamente está en mejores condiciones para resolver cualquier problema que se presente que aquella en (pie pudiera estar la corte de apelación. Y ese sería con fre-cuencia el caso tratándose de la debida diligencia. Por con-siguiente, las cortes han dicho frecuentemente que no revoca-rán una sentencia a menos que se demuestre algo que sea pa-reciclo a un mal motivo. Sin embargo, este tribunal y otros algunas veces lian revocado por abuso de discreción cuando ia corte de revisión está precisamente en la misma situación que la corte sentenciadora y tiene prácticamente las mismas oportunidades para juzgar la situación. Los casos son casi invariablemente sobre cuestiones que envuelven derechos fun-damentales.

En el caso de Mas v. Borinquen Sugar Co., 18 D. P. R. 304, la acción de la corte fue equivalente a privar al acusado de ser oído ante la corte.

En el caso de Gutiérrez et al., v. Foix et al., 23 D. P. R. 73, fue la negativa a modificar una sentencia, aunque en ambos de estos casos también se negó la corte a ejercitar su dis-creción.

En el caso de Dyer v. Rossy, 23 D. P. R. 772, estaba en-vuelto el derecho del peticionario a un juicio rápido.

En el de Trelles et al., v. Rossy, 22 D. P. R. 258, la acción de la corte negándose a permitir una intervención en el proce-dimiento para proteger derechos de propiedad, constituyó un abuso de discreción.

Había un derecho fundamental envuelto en este caso y este tribunal está sustancialmente en la misma situación para juzgar los hechos que lo estuvo la corte sentenciadora. La facultad de la corte para recibir la exposición del caso des-pués de haber expirado el término era amplia, pues se sos-tiene que la limitación de diez días es de carácter preceptivo como aparece de los casos que pasamos a citar. Las cortes de California, particularmente en casos criminales, se han inclinado a ser liberales cuando el apelante demuestra ser en algo merecedor a la indulgencia de la corte. People v. Woppner, 14 Cal. 437; People v. Lee, 14 Cal. 510; People v. White, 34 Cal. 183; Brown v. Prewett, 94 Cal. 502; People v. Almendares, 136 Cal. 661. 'En un sentido no estamos entera-mente en igual situación que la corte sentenciadora, puesto que los peticionarios no nos han demostrado la naturaleza del caso por el cual fueron declarados culpables. Sin embargo, so admite, según parece, que el delito imputado fué un delito importante.

La corte examinó la ley que concede al apelante diez días a partir de la fecha de la sentencia y llegó a la conclusión de que el abogado de los apelantes no ejercitó ninguna diligencia dentro de ese término. Esta es una consideración que no puede ser negada. El proceder del abogado de los apelantes esperando hasta casi el último día para solicitar una prórroga del término fué inexcusable. En un caso civil simpatizaría-mos muy poco con un abogado que procediera en forma pa-recida. En este caso el abogado debió haber icio a Ponce personalmente o haberse convencido de que sus compañeros abogados estaban atendiendo al asunto por él. Varias veces hemos comentado acerca del hecho de que los abogados que postulan en un distrito deben estar al tanto y proteger sus intereses en otro distrito, y no deben confiar en que otras per-sonas atiendan a sus trabajos. Sin embargo, la situación de un acusado en una causa criminal en que está envuelta su vida o libertad es muy distinta a un caso en que meramente es-tán envueltos derechos de propiedad. El deber de obtener una prórroga dentro de tiempo es un deber imperativo y podemos fácilmente imaginarnos casos en los cuales no debemos ha-cer nada para intervenir con la discreción de la corte inferior cuando ésta se niega a admitir una exposición después de ex-pirar el término fijado por el estatuto.

Por otra parte en este caso la corte concedió una prórroga de veinte días y como todos sabemos una primera prórroga como ésta se concede principalmente como cosa corriente. Los apelantes interpusieron una apelación el mismo día en que fué dictada la sentencia. No demostraron ningún deseo en demorar la apelación. Por el contrario, la exposición del caso estaba en poder del juez para su aprobación, el día 24 de agostó, 1916, o sea antes del mes a partir de la fecha de la sentencia que fué dictada el día 29 de julio, 1916. Esto fué un buen progreso en la apelación criminal y debió haber sido tomado en consideración por la corte inferior. Quizás si el abogado de los peticionarios esperaba obtener esta pró-rroga como cosa corriente. No hubo falta de diligencia en el sentido de acelerar el caso, pero se dejó de cumplir for-malmente con los requisitos de ley.

Las principales consideraciones que nos hacen conceder la petición de mandamus son que ésta es una apelación en causa criminal, que los peticionarios quedarían privados de una revisión de su causa sobre los méritos, que por lo menos el abogado de los apelantes trató de algún modo de cumplir con las regias de procedimiento, y que por otro lado los pe-ticionarios aceleraban su .caso. Sin la concurrencia de todos estos elementos la cuestión relativa a la expedición del auto sería dudosa, pero después de considerar todos los hechos creemos quedó demostrado de modo suficiente la diligencia para hacernos creer que la negativa de la corte a permitir que sean revisados los hechos sería injusta. La.cuestión está en parte dentro de nuestras peculiares atribuciones, pues en-vuelve el perfeccionamiento de cierta apelación pendiente ante nosotros. Deseamos agregar que la corte inferior pudo ha-ber sido inducida a error debido a algunas de nuestras deci-siones en apelaciones civiles en las cuales la cuestión envuelta es la aprobación de exposiciones. De todos modos creemos que la corte con el fin de facilitar una revisión de un juicio y de una sentencia dictada tan recientemente, pudo haber ejercitado liberahnente su discreción.

Debe expedirse el auto de mandamus.

Con lugar la solicitud y ordenada la expe-dición de un auto perentorio de mandamus.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-dos del Toro, Aldrey y Hutchison.