text:
    Núm. 51.

    In re Mas.
    Abril 22, 1940.
   Por cuanto, en un procedimiento de disbarment radicado por el fiscal de este tribunal, por delegación del Attorney General de Puerto Rico, se imputó al querellado Félix C. Mas la comisión de varios actos delictivos en relación con el ejercicio de la profesión de abogado-notario, consistentes en dejar de adherir las correspon-dientes estampillas de rentas internas a algunas escrituras matrices que se relacionan en la querella, con la intención de defraudar al Tesoro Insular;

Por cuanto, el querellado Félix C. Mas en el acto de la vista admitió que no había adherido las correspondientes estampillas de rentas internas, según se alega en la querella, si bien solicitó clemencia del tribunal por varias razones, ninguna de las cuales establece una excepción a la jurisprudencia sentada en los casos In re Figueroa Maestre, 20 D.P.R. 425 y 466, In re Angel Torregrosa, 25 D.P.R. 637, y otros resueltos posteriormente;

Por tanto, vistas la ley, la jurisprudencia y la admisión de cul-pabilidad del querellado, la corte se siente obligada a declarar con lugar la petición a cuyo fin ordena que el querellado Félix C. Mas cese inmediatamente y quede separado del ejercicio de la profesión de abogado-notario, que su nombre como tal abogado-notario sea borrado de los registros correspondientes obrantes en la Secretaría de este tribunal y que esta resolución sea notificada al Tesorero y al Secretario Ejecutivo de Puerto Rico, así como a las cortes do distrito de la Isla, las que a su vez notificarán a las cortes munici-pales de sus respectivos distritos.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Núm. 8116.
    Ex parte Banuchi.
    C. D. San Juan.
    Abril 22, 1940.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Travieso.)
   Visto el recurso de apelación interpuesto por el peticionario ape-lante contra la sentencia de la Corte de Distrito de San Juan, decla-rando sin lugar la petición de habeas corpus por él formulada;

PoR Cuanto, de la solicitud radicada por el peticionario y de la evidencia ofrecida en su apoyo aparece que el peticionario se encuen-tra recluido en la Penitenciaría Insular cumpliendo ocbo sentencias de un año de presidio cada una, las que le fueron impuestas en 13 de agosto de 1937 por la Corte de Distrito de San Juan, a virtud de ocho acusaciones distintas por el delito de escalamiento en primer grado; que en el acto de serle leída al acusado cada una de dichas acusaciones, la corte no le nombró abogado defensor, ni le advirtió de su derecho a estar representado y defendido por abogado, ni le hizo advertencia alguna al acusado en cuanto a la naturaleza de los delitos que se le imputaban; y que el acusado se declaró culpable de cada uno de dichos delitos, sin que en ningún momento estuviese representado por abogado;

Pob cuanto del informe (return) presentado por el Jefe de la Penitenciaría, en el que aparecen transcritas las ocho sentencias dic-tadas en contra del acusado, no aparece que el acusado fuese adver-tido de su derecho a estar representado por abogado o que voluntaria e inteligentemente renunciara tal derecho;

PoR CUANTO, el peticionario ha cumplido ya las dos primeras sentencias que le fueron impuestas y se encuentra ahora cumpliendo las dictadas en las causas criminales números 3231, 3232, 3233, 3234, 3235 y 3236 de la Corte de Distrito de San Juan.

PoR Cuanto, el fiscal de esta Corte Suprema ha radicado un informe allanándose a la revocación de la sentencia recurrida y recomendando que el caso sea remandado a la corte inferior;

Bor taNto, vistas las decisiones en los casos de Johnson v. Zerbst, 304 U. S. 458, 82 L. Ed. 1461; Erwin v. Sandford, Warden, 27 Fed. Supp. 692; Ex Parte Hernández Laureano, 54 D.P.R. 416, y Ex Parte Resto, 55 D.P.R. 725, se revoca la sentencia que dictó la Corte de Distrito de San Juan en 16 de octubre de 1939 y se devuelve el caso a dicha corte para que proceda a librar el auto de hábeas corpus solicitado, si de la investigación que deberá practicarse resul-tase que el acusado no fué advertido de sus derechos constitucionales ni los renunció voluntaria e inteligentemente; y para que en caso de que el auto fuere librado, se siga cualquier procedimiento ulterior no inconsistente con esta sentencia.


text:
    Núm. 4.
    Pueblo, querellante, v. South P. R. Sugar Co., Etc., demandadas.
    Abril 24, 1940.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. De Jesús.)
   Vistas las mociones radicadas separadamente por cada una de las demandadas Eussell & Co., Sucesores, y South P. E. Sugar Co. (P.R.), por las que solicitan la eliminación de ciertas alegaciones de la querella en este caso presentada, y examinados los alegatos some-tidos a favor y en contra de dichas eliminaciones, se resuelve:

En cuanto a la moción de una y otra demandada, se elimina del apartado d-3 del párrafo 9 de la querella, aquella parte que dice así:

“suma que resulta desproporcionadamente baja cuando se tiene en cuenta el valor de las tierras de labrantío que le fueron traspasadas por South Porto Rico de New Jersey y subsidiarias, las cuales tierras tenían y tienen un valor que monta a millones de dólares.”

Del mismo apartado d-3 del párrafo 9, página 10, aquella parte de las líneas 2, 3 y 4, que dice así:

“se supone aportado por unos socios comanditarios que no tenían voz alguna en la administración, manejo y gestiones de la sociedad;”

Se ordena la eliminación a que se refieren los dos párrafos pre-cedentes, por tratarse de materia argumentativa y no ser la exposi-ción de hechos (ultimate facts).

Se deniega la eliminación de los demás particulares a que se refiere la moción de las demandadas.

Se concede al querellante un término de quince días para enmen-dar su querella en armonía con lo ordenado en esta resolución, y a cada una de estas dos demandadas veinte días para excepcionar o contestar la querella enmendada, dehiendo contarse el término a partir de las fechas en que dichas demandadas, por sus ahogados, fueren notificadas con copia de la querella enmendada.

El Juez Asociado Sr. Wolf está conforme con. esta resolución, excepto en cuanto a la negativa a eliminar en todo o en parte el párrafo 17°. de la querella con sus incisos (1), (2), y (3).


text:
    Núm. 50.
    In re Rivera.
    Abril 26, 1940.
   PoR cuanto, en un procedimiento de disbarment radicado por el fiscal de este tribunal, por delegación del Attorney General de Puerto Rico, se imputó al querellado, Ramón Rivera Viñas, la comisión de varios actos delictivos en relación con el ejercicio de la profesión de ahogado-notario, consistentes en dejar de adherir las correspon-dientes estampillas de rentas internas a algunas escrituras matrices que se relacionan en la querella resultando así defraudado el Pueblo de Puerto Rico en la suma total de cuarenta y cinco ($45.25) dólares, veinticinco centavos.

Por cuanto, ele la misma querella se desprende:

"Que el querellado Ramón Rivera Viñas en 8 de noviembre de 1939, o sea, más de un año después de haber entregado por orden de este.. .Tribunal sus protocolos al Archivero General de Protocolos Notariales del Distrito de Arecibo, Ledo. Ulpiano Crespo, Jr., y a reiteradas instancias de éste, entregó a dicho Archivero General la referida suma de cuarenta y cinco ($45.25) dólares, veinte y cinco centavos, con cuya suma dicho archivero general adhirió los sellos de rentas internas que faltaban en todas las escrituras mencionadas en los hechos de esta querella."

PoR cuanto, si bien el querellado, Ramón Rivera Viñas, en el acto de la vista por conducto de sus abogados, Ledos. E. Pérez Casalduc y E. Martínez Avilés, admitió que no había adherido las correspondientes estampillas de rentas internas, existen ciertas cir-cunstancias atenuantes que distinguen el presente caso de otros recientes, tales como el de In re Félix C. Más e In re Alfonso Rey González, resueltos en abril 22, 1940 y febrero 21, 1940, respecti-vamente (ante. págs. 940 y 936), las cuales constan en el récord taquigráfico del acto de la vista del modo siguiente:

"Sr. Presidente:
"¿Qué dicen los abogados del querellado?
"Ledo. Pérez Casalduc:
"Señores Jueces, vamos a solicitar del tribunal.. .porque no hemos tenido tiempo de ver la querella... En realidad de verdad, señores Jueces, nuestro representado no niega que él dejase de adherir a los .protocolos que se mencionan en la querella, estos sellos de rentas internas, pero se nos ha dicho, y así se desprende de la propia querella, que estos sellos fueron después adheridos a los protocolos.. .la cantidad a que ascienden los sellos es '$45.00. En realidad de verdad en estas circunstancias el compañero Martínez Avilés y yo queremos soli-citar del Hon. Tribunal que sea benévolo en la imposición de cualquier castigo que le imponga al joven abogado por esta falta. Podemos informar al Tribunal que durante todo el tiempo que él ha estado en Arecibo y allí ocupé el cargo de fiscal por nueve años, he tenido oportunidad de conocer a Rivera Viñas. Cuando yo llegué a Arecibo él no era abogado todavía. Era maestro. Lo es aún. Es maestro de uno de mis hijos. Realmente goza en Arecibo de la reputación de hombre honrado, laborioso, serio, de un hombre bueno. Ha cometido esta falta quizá por ignorancia.. .él mismo no se ha dado cuenta de ello. Él no se dedica activamente al ejercicio de la profesión de abogado. Quizá no ha tenido el valor de...como nosotros, dedicarse de lleno al ejercicio de su profesión. Sigue siendo maestro. Cuando tiene tiempo ejerce la abogacía. Y continúa con el escaso sueldo de que goza un maestro de instrucción pública manteniendo una esposa y tres hijos. Es un padre ejemplar. Por todo ello solicitamos del tribunal, que los Honorables Jueces sean lo más benévolos posible en la imposi-ción de cualquier castigo que hayan de imponerle.
"Sr. Fiscal:
"En estas condiciones, aceptados los hechos de la querella, y sometido el querellado a la benevolencia y a la clemencia de este tribunal, es al tribunal a’ quien corresponde actuar y darle el castigo que merezca la falta cometida. No tenemos nada que alegar ni tenemos ninguna objeción.. .ninguna objeción que hacer a que el tribunal ejerza hasta donde crea conveniente su discreción en cuanto al castigo que deba imponer al querellado. Eso es todo.
“Ledo. Martínez Avilés:
“Honorables Jueces, para abundar en las declaraciones del compañero Pérez Oasalduc. Yo he conocido al querellado a través de veinte años. Es un hombre bueno, honrado, honesto. Lo he conocido como maestro de instrucción pública, más que como abogado y realmente quizá se deba este hecho al motivo de no estar él en el ejercicio de la profesión activamente. Yo deseo suplicarle al Tribunal, según le suplicó mi compañero, que sea benévolo en la imposición de la pena al querellado.”

BoR TANTO, vistas la ley, la jurisprudencia y la admisión de cul-pabilidad del querellado, se le suspende por el término de dos años a partir de esta feeba, en el ejercicio de su profesión de abogado así como en el de la de notario público que ejerce, borrándose su nombre, por dicho término de suspensión, de los registros de abo-gados y notarios obrantes en la Secretaría de este tribunal; y noti-fíquese esta resolución al Tesorero y al Secretario Ejecutivo de Puerto Rico, así como a las cortes de distrito de la Isla, las que a su vez notificarán a las cortes municipales y de paz de sus res-pectivos distritos.


text:
    Núm. 7964.
    García & González, aplda. v. Tesorero de Puerto Rico, aplte.
    C. D. San Juan.
    Mayo 21, 1940.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Travieso.)
   Vista la moción radicada por la demandante apelada en la que solicita se modifique la sentencia dictada por esta corte el día 30 de abril de 1940, en el sentido de conceder a la demandante apelada una exención o crédito de $3,000 al hacerse la reliquidación de la planilla de la demandante para el año que terminó el.31 de diciem-bre, 1929;

Vista la contestación a la demanda, radicada por el Tesorero demandado, en la que se alega específicamente:

“que la demandante no reclamó la referida exención en su declaración de ingresos correspondiente al año 1929; que a pesar de ello el demandado, al comprobar la mencionada planilla, concedió a la demandante una exención espe-cífica de $3,000; .... y que la demandante no tenía ni tiene derecho a exención o crédito por la suma de $5,000 y sí únicamente por la cantidad de $3,000, tal como le fué concedida por el demandado; ”

Por cuanto, en la opinión que sirvió de base a la sentencia del 30 de abril de 1940 reconocimos el derecho de la demandante apelada a un crédito específico de $3,000 de acuerdo con la sección 34(b) de la Ley núm. 74 de 1925, según fné enmendada por la Ley núm. 18 de 1927;

Por no TANTO, se declara con lugar la moción de la demandante apelada, disponiéndose que si no se hubiese concedido ya a la deman-dante apelada el crédito específico de $3,000 por ella reclamado, el Tesorero demandado deberá proceder a reliquidar la planilla de ia demandante para el año que terminó el 31 de diciembre de 1929, concediendo el referido crédito y reintegrando a la demandante' cualquier cantidad que le hubiese sido erróneamente cobrada, con intereses desde la fecha en que se hizo el pago bajo protesta.


text:
    Núm. 7858.
    Resto, aplte. v. MacLeod et al. apldos.
    Mayo 22, 1940.
   C. D. San Juan. Mandamus.


text:
    Núm. 7859.
    Martínez, aplte. v. MacLeod et al., apldos.
    Mayo 22, 1940.
   C. D. San Juan. Mandamus.


text:
    Núm. 7860.
    Veve, aplte. v. MacLeod et al., apldos.
    C. D. San Juan.
    Mayo 22, 1940.
   Por los fundamentos consignados en la opinión emitida en el caso' núm. 7857, Antonio Soto Zaragoza v. Leslie A. MacLeod et al., resuelto en el día de hoy, (ante, pág. 807) se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan, el día 10 de junio de 1938.

El Juez Asociado Sr. Hutchison está conforme con el resultado.


text:
    Núm. 8012.
    Pérez, aplte. v. MacLeod et al., apldos.
    C. D. San Juan.
    Mayo 22, 1940.
   Por los motivos consignados en la opinión emitida con fecha de hoy en el caso civil núm. 8011, Eduardo Ugarte, demandante y apelante, v. Leslie A. MacLeod y R. Sancho Bonet, etc., demandados y apelados, sobre Mandamus (ante, pág. 842), se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan con fecha 28 de marzo de 1939, en el caso arriba indicado.


text:
    Núm. 1211.
    Nieves, peticionario, v. Corte, dmdada.
    Abril 4 1940.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. De Jesús.)
   No apareciendo de la petición que el juez de la corte inferior baya tenido una oportunidad de pasar sobre los errores que se le imputan, se deniega la expedición del auto.


text:
    Núm. 1200.
    Baetjer, et als., peticionarios, v. Corte, dmdada.
    Abril 26, 1940.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Travieso.)
   Visto el recurso de certiorari interpuesto en el caso de epígrafe.

Por las razones expuestas en la opinión emitida en el recurso núm. 1199, entre las mismas partes y sobre las mismas cuestiones legales, resuelto en esta misma fecha (ante, pág. 596), se anula el auto expedido y se devuelve el caso y el récord original del mismo ,-a la Corte de Distrito de San Juan para que ésta proceda a con-.•siderar y resolver el recurso de apelación ante ella pendiente.

En los, siguientes casos, a propuesta de sus distintos Jueces, c:e ..declaró no haber lugar a la solicitud:

.Núms. 1202, 1204 1206, 1212, 1213, 1214 y 1215.

Habeas Corpus: Núm. 125.

Mandamus: Núm. 341.


text:
    Núm. 1204.
    Porto Rico Railway, Light & Power Co., peticionaria, v. Corte, dmdada.
    Febrero 23, 1940.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   Por cuanto, el juez de distrito en su relación de hechos, opinión y resolución absolviendo a los querellados del supuesto desacato irnpu-tádoles ha expresado la absoluta certeza en que estaba de que los editoriales que dieron lugar al procedimiento de desacato no habían tenido en el ánimo de la corte el efecto que les atribuyó la peticio-naria, sin que tengamos motivo alguno para dudar de la veracidad y sinceridad de tal manifestación.

Por cuanto, la verdadera cuestión en el procedimiento de desa-cato, como acertadamente arguye la peticionaria en el alegato acom-pañado a su solicitud para que se expida un auto de certiorari, no se refiere al efecto que hayan producido en la mente del juez de distrito los dos editoriales de que se queja la peticionaria, sino más ■bien la tendencia que tenían o podían tener a influir en la menta del juez, atendida la posibilidad de obstaculizar la debida adminis-tración de justicia, pero aparte e independientemente de cualquier resultado de hecho producido o no en el caso principal y en tal virtud nos parece insostenible la teoría de la peticionaria de que una vez resuelto el pleito principal en su fondo sería académica la cuestión envuelta en el procedimiento de certiorari.

Por Cuanto, en todo caso, no podemos asumir con la peticio-naria que una resolución definitiva por esta corte, confirmando o revocando la resolución de la corte de distrito en el procedimiento do desacato, tendría el efecto de cambiar sustancialmente el efecto, sea cual fuere, ya producido en la mente del juez de distrito por los referidos editoriales.

Por Cuanto, no aparece que hasta ahora durante el mes que ha transcurrido desde la fecha de la resolución del juez de distrito en el procedimiento de desacato dictada en enero 24, los querellad-dos en dicho procedimiento hayan seguido publicando editoriales de la misma naturaleza, ni podemos asumir con la peticionaria que dichos querellados seguirán publicando semejantes editoriales durante el curso del pleito principal y .pendiente la tramitación y posible resultado de una apelación de la referida resolución de la corte de distrito.

Por Cuanto, por otro lado, si los querellados persisten en la publicación de tales editoriales quedarán expuestos a otros tantos procedimientos de desacato, en los cuales la peticionaria tendría motivos más poderosos para solicitar un auto de certiorari o tantos autos de certiorari como fuesen necesarios en el caso de una o más resoluciones adversas en la corte de distrito.

Por Cuanto, examinada la documentación acompañada a la petición de certiorari, nos parece razonable concluir que si la peti-cionaria hubiera apelado inmediatamente de la resolución de la corte de distrito y hubiera gestionado activamente la tramitación de dicha apelación, habría podido dentro del período de tiempo ya trans-currido desde la fecha de la referida resolución, radicar en la Secretaría de este tribunal la transcripción de autos acompañada de su alegato, y fundándose en los mismos motivos en que se basa para pedir un auto de certiorari, solicitar del tribunal el señalamiento inmediato del caso, dándosele así al mismo preferencia sobre otros casos de menos urgencia si es que el recurso merece tal preferencia.

Por cuanto, la verdadera importancia del caso estriba, a nues-tro juicio, no tanto en el resultado dudoso que nuestra decisión pudiera producir en el pleito de expropiación forzosa, sino en el precedente que quedaría establecido, y siendo como es la cuestión envuelta una que exige cuidadosa consideración, estando como está e] pleito principal listo ya para juicio y siendo como es este tribunal uno colegiado, — aunque asumiéramos con la peticionaria que los querellados tienen el propósito de continuar y continuarán publi-cando editoriales tendentes a influir en el ánimo del juez de distrito, y además que si fuese expedido un auto de certiorari, el resultado sería favorable a la peticionaria — sería difícil e improbable que este tribunal, con o sin abandonar el estudio de otros casos ya vistos y sometidos, pudiera dictar sentencia inmediatamente después de la vista o dentro de un período suficientemente corto después de dicba vista, para impedir que los querellados siguiesen publicando tales editoriales, pendiente la decisión del juez de distrito en dicho pleito principal.

Por TANTO, no ba lugar a la reconsideración solicitada.

En los siguientes casos, a propuesta de sus distintos Jueces, se declaró no haber lugar a las reconsideraciones interesadas:

Núrns. 188, 190, 337, 1204, 1213, 7785, 7807, 7828, 7832, 7877, 7906, 7932, 7950, 7994, 7998, 8025, 8055, 8057, 8115, 8129, 8138. 8139, 8170 y 8171.

         Recurso <Zc Revisión.

        Mandamus.

        Certiorari.


text:
    Núm. 8051.
    Caguas Company, Inc., aplda. v. Mombille, aplte.
    C. D. Guayama.
    Febrero 13, 1940.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. De Jesús.)
   Por Cuanto, el demandado apelante radicó la exposición del caso en noviembre 24 de 1939;

Por cuanto, la demandante apelada radicó una moción de deses-timación el 19 de enero de 1940 basada en que el demandado ape-lante había dejado de elevar el legajo de sentencia para completar el récord de la apelación;

Por cuanto, el demandado apelante, por moción de 8 de febrero del año en curso solicitó de esta corte permiso para incorporar el legajo de sentencia a la exposición del caso;

Por cuanto, por resolución de febrero 10 de 1940 se accedió a lo solicitado en dicha moción del demandado apelante de febrero S del corriente;

Por tanto, no ha lugar a la moción de desestimación de la deman-dante apelada.


text:
    Núm. 7947.
    Rexach, apldo. v. Sucn. Rexach, dmdada. y Rossel Interventora.
    C. D. San Juan.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   Vista la moción que antecede con la sola asistencia de la parte apelante, por los motivos expresados en la opinión emitida en el caso Civil Núm. 8138, Rivera v. Rivera y Santiago, Interventor, resuelto en el día de hoy (ante, pág. 205) se desestima la apelación interpuesta contra la resolución que dictó el juez de la corte de distrito en marzo 15, 1939, por ser inapelable tal resolución.


text:
    Núm. 8139.
    Malgor & Cía., aplda. v. Sancho Bonet, Tes., aplte.
    C. D. San Juan.
    Marzo 19, 1940.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Wolf.)
   Por CUANTO, esta corte negó anteriormente la desestimación de la apelación establecida en este caso por no haberse acompañado con la moción las debidas certificaciones;

Por Cuanto, la parte apelada presenta ahora un nuevo escrito que titula “Moción solicitando la reconsideración de resolución,” el cual si bien trae algunas certificaciones, es más bien una nuev i moción para desestimar y no una de reconsideración, motivo por el cual ha debido notificarse a la parte apelante;

Por Cuanto, la apelada puede levantar las debidas cuestiones cuando se celebre la vista del recurso;

Por tanto, no ha lugar a la desestimación.


text:
    Núm. 8138.
    Rivera, aplte. v. Rivera, dmdado. y Santiago, Interventor.
    C. D. Guayama.
    Marzo 26, 1940.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   Por cuanto, en 23 de febrero de 1940 la Corte de Distrito de Guayama dictó una orden, la parte dispositiva de la cual lee como sigue:

“Por Tanto: Se declara con lugar la moción del interventor Piedad Santiago para radicar una demanda complementaria de intervención y en su consecuencia se ordena al secretario de esta corte proceda a radicar inmediatamente dicha demanda complementaria, concediéndose un término de diez días a Antonio Rivera y a Plor Rivera para formular alegaciones contra dicha demanda complementaria de intervención, el cual término de diez días empezará a contarse desde la fecha en que sean notificados de esta orden; se declara asimismo con lugar la moción de aseguramiento de sentencia del mencionado interventor y en su consecuencia se ordena que la ejecución de la sentencia en rebeldía dictada por el secretario de esta corte en 8 de diciembre de 1939 quede en suspenso en su totalidad hasta que por esta corte se resuelvan la demanda original y la demanda complementaria de intervención o hasta que otra cosa se disponga en contrario.”

PoR cuanto, el dicho interventor ha solicitado la desestimación de una apelación interpuesta por el demandante Antonio Rivera en el pleito original, fundado en que dicha orden es inapelable.

PiOR cuanto, los hechos en este caso son distintos de los del caso de Carle Dubois v. Benítez, 44 D.P.R. 401, citado por el apelante, siendo la suspensión de la ejecución de la sentencia un mero inci-dente de la intervención concedida.

PoR tanto, y por los motivos expresados en la opinión emitida por voz del Juez Presidente de este tribunal el día 5 del mes en curso, resolviendo otra cuestión más o menos igual surgida' en este mismo pleito (ante pág. 205), se declara con lugar la moción de la parte interventora, y se desestima el recurso.


text:
    Núm. 8033.
    Delgado, apldo. v. Roger, etc., apltes.
    C. D. San Juan.
    Abril 24, 1940.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. De Jesús.)
   Resultando de la certificación del Secretario de la Corte de Dis-trito de San Juan de fecha 19 del actual que para dicha fecha se había radicado en secretaría y sometido a la aprobación de dicha corte la transcripción de evidencia, se deniega la moción para deses-timar la apelación y se concede a la parte apelante un término improrrogable de quince días para radicar en la secretaría de este tribunal la transcripción de evidencia y el legajo de sentencia, aper-cibido de que de no perfeccionarse la apelación para dicha fecha se entenderá desestimado el recurso.


text:
    Núm. 8179.
    Muñoz apldo. v. Mangual, etc., apltes.
    C. D. Humacao.
    Mayo 7, 1940.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Presidente Sr. Del Toroi)
   Por cuanto, dictada sentencia decretando el desahucio en marzo 20, 1940, los demandados apelaron para ante este tribunal sin que prestaran la fianza que la ley exige, motivo por el cual la parte apelada solicitó la desestimación del recurso por moción de abril 20 último notificada a la parte contraria; y

Por cuanto, los apelantes nada han manifestado por escrito ni comparecieron al acto de la vista de la moción celebrada el seis de mayo en curso:

Por tanto, vista la ley, el reglamento y la jurisprudencia apli-cables, se declara con lugar la moción y en su consecuencia se deses-tima el recurso.


text:
    Núm. 8184.
    Oronoz, Alcalde, apldo. v. Torres, aplte.
    C. D. Aguadilla.
    Mayo 28, 1940.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   Vista la moción que antecede con la sola asistencia de la parte apelada, apareciendo que desde el 9 de abril de 1940, fecha en que se radicó el escrito de apelación en la Corte de Distrito de Agua-1 dilla, hasta el 3 de mayo, fecha de una certificación expedida por el secretario de dicha corte, el apelante no había otorgado la fianza para responder de los daños y perjuicios que puedan irrogarse al demandante y de las costas de la apelación, fianza exigida por la Ley de Desahucio como requisito indispensable para ejercitar el recurso de apelación, y examinada la moción del apelante solici-tando prórroga para presentación de alegato, no ha lugar a la prórroga solicitada y por la presente se desestima el recurso.


text:
    Núm. 8181.
    Morales, etc., apldos. v. López et al., apltes.
    C. D. San Juan.
    Mayo 29, 1940.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. De Jesús.)
   Por CUANTO, en el caso arriba expresado los demandantes ape-lados han solicitado la desestimación del recurso por los siguientes fundamentos:

(а) Porque el escrito de apelación no filé notificado a la codemandada Se-veriana López;
(б) Por no haber sido proseguido con la debida diligencia;
(e) Por haberse concedido prórrogas para la radicación de la transcripción de evidencia después de vencido el término; y
(d) Porque el recurso es frívolo;

Por Cuanto, examinados los autos de este caso, resulta que contra la codemandada Severiana López, contra la cual se dictó sen-tencia en rebeldía, no se hace ningún pronunciamiento en la sentencia ni podría ella ser perjudicada en forma alguna por la que pudiéramos dictar en apelación; resultando además que si bien es verdad que este recurso no ha sido proseguido por los apelantes con la debida diligencia, de los autos aparece una certificación expedida por el secretario de la corte sentenciadora con fecha 17 del actual que acredita que en la citada fecha la corte inferior les concedió un nuevo término para radicar la transcripción de evidencia, la que en la misma fecha radicaron, señalándose el día de hoy a las 9 A. M. para la vista relativa a su aprobación;

Por cuanto, si bien es verdad que de los autos aparece que cier-tas prórrogas fueron concedidas fuera de término, como la juris-prudencia últimamente establecida por este tribunal declara que las cortes de distrito tienen facultad para conceder nuevos términos, al conceder las prórrogas después de expirado un plazo debe entenderse que se ha concedido un nuevo término y por consiguiente las prórro-gas posteriormente solicitadas y concedidas por la corte inferior lo han sido en tiempo;

Por cuanto, aunque un estudio de los autos demuestra que las cuestiones de derecho suscitadas en este recurso han sido ya resuel-tas adversamente a los demandados apelantes en el caso de Ayala v. Flores, 50 D.P.R. 873, sin embargo entre los pronunciamientos de la sentencia se halla uno condenando a los demandados apelantes a la devolución de los frutos producidos por la finca urbana del demandante apelado, sin que podamos determinar si dicho pronun-ciamiento en cuanto a la cuantía está sostenido por la prueba, toda vez que no disponemos de una transcripción de evidencia que nbs permita verificarlo, no pudiendo declarar por ese motivo que el recurso sea del todo frív'olo;

PoR TANTO, procede desestimar la moción de los demandantes apelados, sin perjuicio de que una vez radicada la transcripción de evidencia, puedan reproducirla si lo estiman conveniente.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió.


text:
    Núm. 8127.
    Pueblo ex rel Ramírez apldo. v. Cordero, aplte.
    C. D. Mayagüez.
    Febrero 7, 1940.
    (Por la Corte, a. propuesta del Juez Presidente Sr. Del Toro.)
   Por Cuanto, de la moción jurada solicitando la desestimación del recurso cuya vista se celebró el 5 de febrero actual sin asistencia de las partes y de la certificación acompañada a la misma resulta que dictada sentencia declarando la querella con lugar el querellado apeló en junio 14, 1939, concediéndosele por la corte sentenciadora varias prórrogas para perfeccionar su apelación, la última de las cuales venció en diciembre 13, 1939, sin que el apelante haya hecho ninguna otra gestión:

Por tanto, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia aplicable, se declara la moción con lugar y en su consecuencia se desestima, por abandono, el recurso.


text:
    Núm. 8091.
    Vélez, aplda. v. Orozco, aplte.
    C. D. San Juan.
    Febrero 14, 1940.
    ’ (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. De Jesús.)
   PoR Cuanto en este caso la demandante apelada lia radicado una segunda moción interesando la desestimación del recurso;

PoR Cuanto, los motivos que ahora alega en apoyo de su moción consisten en que la apelación es frívola y en que la demandada ape-lante no ha sometido aún a la consideración de la corte inferior la transcripción de evidencia;

PiOR Cuanto, por resolución de esta corte de fecha' 9 del mes pasado se sostuvo que no había motivos suficientes para decidir sobre la cuestión de frivolidad que suscitaba entonces la apelada, sin que la situación haya variado en ese respecto, y aparecen ahora de los autos certificaciones del Secretario de la Corte de Distrito de San Juan creditivas de haberse radicado en su oficina la transcripción completa de la evidencia en este caso, estando pendiente de apro-bación por la corte inferior;

Por tanto, no existiendo motivos que justifiquen la desestima-ción del recurso, se desestima la moción de la demandante apelada.


text:
    Núm. 8163.
    Santiago, aplda. v. López et als., apltes.
    C. D. Ponce.
    Abril 9, 1940.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Presidente Sr. Del Toro.)
   . Por cuanto, la parte apelada en marzo 27, 1940, por moción notificada a la parte contraria solicitó la desestimación de esta ape-lación por abandono y por ser frívola; y

Por cuanto, señalada la vista de la moción para abril 8 actual, la apelante faltó en comparecer y la apelada insistió en su solici-tud; y

Por cuanto, la apelación se interpuso en enero 5, 1940, y la apelante dejó de perfeccionarla dentro del término de ley; y

Por cuanto, examinado además el legajo de la sentencia acom-pañado por la parte apelada a su moción a los únicos fines de la misma, es aparente la frivolidad del recurso:

Por tanto, se declara la moción con lugar y se .desestima la apelación por abandono y por ser frívola.


text:
    Núm. 8166.
    Stella, apldo. v. López et als., apltes.
    C. D. Ponce.
    Abril 18, 1940.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Travieso.)
   Vista la moción del demandante apelado para que desestimemos los recursos de apelación interpuestos por los demandados apelantes en 11 y 17 de febrero de 1938, y apareciendo de ella y de la cer-tificación expedida por el Secretario de la Corte de Distrito de Ponce que aun cuando la sentencia y la resolución apeladas fueron die-tadas y notificadas el 12 de enero y el 10 de febrero de 1938, res-pectivamente, los • apelantes no han radicado todavía en la corte inferior la transcripción de la evidencia, se desestiman dichos recursos por no haber sido proseguidos con la diligencia debida.


text:
    Núm. 8150.
    Barrios, apldo. v. Sancho Bonet, Tes., et als., apltes.
    C. D. San Juan.
    Abril 26, 1940.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Wolf.)
   Por Cuanto, la parte apelada ha radicado moción solicitando la desestimación del presente recurso, cuyos autos fueron radicados por la apelante;

Por CUANTO, la opinión y sentencia en este caso se basaron' en lo resuelto por este tribunal en Arjona v. Winship, 49 D.P.R. 53; 87 F. (2d) 205; Durand v. Sancho Bonet, 50 D.P.R. 940; Samalea v. Winship, 51 D.P.R. 240; Ponsa Parés v. Winship, 51 D.P.R. 160; 53 D.P.R. 915; y 55 D.P.R. 16;

Por CUANTO, la contienda litigiosa resuelta en Ponsa v. Winship, supra, era que el sueldo del fiscal no se podía reducir durante su incumbencia;

Por Cuanto, la única diferencia entre este caso y el de Ponsa v. Winship citado es que el peticionario en la corte inferior desem-peña el cargo de marshal y en dicho caso de Ponsa v. Winship el peticionario era fiscal de la Corte de Distrito de Bayamón;

Por Cuanto, desde el día primero de marzo, fecha en que se radicaron los autos en esta corte, el apelante no ha presentado ale-gato ni hecho ninguna otra gestión para perfeccionar su recurso;

Por tanto, se declara con lugar la mo.ción de desestimación presentada por la parte apelada y en su consecuencia se desestima el recurso de apelación establecido en este caso contra sentencia dic-tada por la Corte de Distrito de San Juan en enero 3, 1940.


text:
    Núm. 8182.
    Martínez, aplte. v. Corte Municipal, dmdada. y Vidal, Interventor.
    C. D. Ponce.
    Mayo 27, 1940.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Wolf.)
   Por Cuanto, el interventor apelado ha presentado moción para que se desestime la apelación;

Por Cuanto, en la moción se alega que este procedimiento fué iniciado por demanda radicada en la Corte Mjunicipal de Ponce, sec-ción segunda/ por el interventor apelado contra la peticionaria ape-lante; que la apelante solicitó de la referida corte municipal se declarara sin jurisdicción y que ésta, en 29 de diciembre de 1939, denegó tal solicitud; que 1a. demandada entabló recurso de certiorari en la Corte de Distrito de Ponce, solicitando se revisara la actuación de la corte municipal, y que la corte de distrito, después de oír a las partes, anuló el auto expedido y devolvió el caso a la corte municipal con feeba 7 de marzo de 1940; que en 15 de marzo la peticionaria radicó escrito de apelación contra la resolución recaída en el recurso de certiorari; y que el plazo para perfeccionar su apelación venció en abril 15, 1940, sin que la apelante haya prac-ticado diligencia alguna;

PoR CUANTO a la moción de desestimación se acompañó certifi-cación expedida por el Secretario de la Corte de Distrito de Ponce, creditiva de haberse radicado el escrito de apelación en este caso el día 15 de marzo, y de que a la fecha de la certificación la peticio-naria no había perfeccionado su apelación ni había solicitado pró-rroga para hacerlo;

PoR Cuanto, la certificación del secretario lleva fecha abril 22, 1940, y en dicha fecha había expirado el término que la ley concede a la apelante para radicar el legajo de sentencia;

Por cuaNto, notificada la apelante de la moción de desestima-ción y de la vista de la misma, tampoco ha radicado oposición ni ha comparecido a la vista;

Por tanto, se declara con lugar la moción y se desestima el recurso.


text:
    Núm. 8188.
    Suau, aplte. v. U. S. Rubber Export Co., Ltd., et al., apldas.
    C. D. Aguadilla.
    Mayo 28, 1940.
    (Por la Corte a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   Vista la moción que antecede sin la asistencia de las partes y apareciendo que la parte apelante no ha hecho gestión ninguna en la tramitación de su apelación desde el 16 de febrero de 1939, feche, en que la corte de distrito concedió una prórroga de 60 días a contar de dicha fecha para radicar una transcripción de la evidencia, se desestima por abandono la apelación interpuesta contra la sentencia que dictó la Corte de Distrito de Aguadiila en 7 de enero de 1939.


text:
    Núm. 8120.
    Andino, etc., apldos. v. Central Victoria, Inc., aplte.
    C. D. San Juan.
    Enero 31, 1940.
    (Por la Corte a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   Vista la moción que antecede con la asistencia de ambas partes, examinada dicha moción así como el escrito de oposición a la misma, los autos y el alegato del apelante, no apareciendo claramente frí-vola la apelación interpuesta contra la sentencia que dictó la Corte de Distrito de San Juan en abril 26 1939, y atendida la situación existente en el momento del acto de la vista y demás circunstancias del caso, no ha lugar a la desestimación solicitada.


text:
    Núm. 8130.
    Cartagena, apldos. v. Rodríguez et al., apltes.
    C. D. Humacao.
    Febrero 20, 1940.
    (Por la Corte a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   Vista la moción para desestimar que antecede con la sola asis-tencia de la parte apelada, examinadas las certificaciones a la misma acompañadas y el escrito de oposición de los apelantes, no apare-ciendo claramente frívola la apelación interpuesta contra la senten-cia que dictó la Corte de Distrito de Humaeao el 21 de septiembre de 1939, y siendo preferible que se discutan y resuelvan en primera instancia en la corte de distrito las otras cuestiones envueltas (Báez v. Honoré, decidido en febrero 1, 1940, 56 D.P.R. 31, y Municipio de Aguas Buenas v. Esteban de la Fuente, resuelto en febrero 13, 1940, 56 D.P.R. 105), no ha lugar a la desestimación solicitada.

El Juez Asociado Sr. Wolf está conforme con la no desestimación.


text:
    Núm. 8170.
    Federal Land Bank, apldo. v. León, aplte.
    C. D. Guayama.
    Abril 24, 1940.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. De Jesús.) •
   Pob cuanto, en el caso arriba expresado el apelado ha solicitado la desestimación del recurso por frívolo, fundándose en que las defen-sas alegadas en la acción de desahucio que motivó este recurso son insostenibles;

Por Cuanto, el apelado no ha acompañado su moción de una transcripción de evidencia o exposición del caso de la cual podamos apreciar la prueba que ante sí tuvo la corte sentenciadora;

Por Cuanto, entre las defensas alegadas por el demandado ape-lante se halla la de que el título del demandante es nulo por haber sido adquirido a virtud de una venta en pública subasta ordenada en un procedimiento ejecutivo, en la cual el márshal no publicó los edictos anunciando la subasta, como determina la ley;

Por Cuanto, de no haberse publicado los edictos conforme alega el demandado en su contestación, no podríamos sostener que el recurso del apelante es frívolo;

Por tanto, se deniega la moción de desestimación sin perjuicio de que el apelado pueda reproducirla acompañando una transcrip-eión de evidencia o exposición del caso que nos ponga en condiciones de resolver sobre la frivolidad del recurso.


text:
    Núm. 8130.
    Cartagena, apldos. v. Rodríguez et al., apltes.
    C. D. Humacao.
    Abril 25, 1940.
    (Por la Corte a propuesta del Juez Asociado Sr. Huteliison.)
   Vista, con la sola asistencia de la parte apelada, la moción que (antecede sobre desestimación del presente recurso por frívolo; habiéndose radicado ya en la secretaría de este tribunal el legajo de la sentencia, inclusive de una transcripción de la evidencia; estando pendiente de la presentación de un alegato por los deman-dados apelantes y no habiéndosenos convencido de que el recurso carece de todo mérito, a pesar de las deficiencias del escrito de oposición radicado por dichos demandados apelantes, no ha lugar por ahora a la desestimación solicitada, debiendo los demandados ape-lantes radicar su referido alegato a la mayor brevedad posible sin solicitar prórrogas innecesarias o carentes de motivos extraordinarios y bien justificados.

En los siguientes casos, a propuesta de sus distintos Jueces, el tribunal se negó a desestimar los recursos, por no aparecer o resultar claramente frívolos;

Núms. 8030, 8128, 8148 y 8152.


text:
    Núm. 8092.
    Ruiz, aplte. v. Orta, aplda.
    C. D. Humacao.
    Febrero 2, 1940.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. De Jesús.)
   Por Cuanto, en el caso arriba expresado el apelante radicó en esta corte la transcripción de evidencia con fecha 9 de noviembre último, sin que hasta la fecha haya radicado su alegato o solicitado prórroga para ello;

Por cuanto, con fecha 5 de enero último la apelada radicó una moción solicitando la desestimación del recurso por el defecto apun-tado;

Por Cuanto, dicha moción fué debidamente notificada al ape-lante, señalándose la vista de la misma para el 29 de enero, pasado, la que se celebró con la sola asistencia e informe del abogado de la apelada;

Por tanto, vistos los autos de este caso, se declara con lugar la moción y se desestima .el recurso.


text:
    Núm. 8077.
    Rodríguez, aplda. v. Ell Tee, Inc. et als., apltes.
    C. D. Arecibo.
    Abril 17, 1940.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Travieso.)
   PoR cuanto, la demandante apelada en el presente caso solicita que se desestime el recurso de apelación interpuesto por las deman-dadas apelantes, alegando, primero, que habiéndose dictado y noti-ficado la sentencia el día 4 de noviembre de 1938, y radicado el escrito de apelación el 28 de enero de 1989, la apelación ha sido interpuesta fuera de tiempo, y segundo, porque la apelación es enteramente frívola;

PoR cuanto, lio se dice en la moción de desestimación ni ello aparece tampoco del legajo, la fecha en que la notificación de la sentencia quedó archivada en la corte de distrito de donde este caso procede;

Por cuanto, de un estudio detenido que hemos hecho de los autos de este caso no aparece que el recurso sea enteramente frív'olo;

Por tanto, se declara sin lugar la moción de desestimación, sin perjuicio del derecho que la demandante apelada tiene a solicitar nuevamente la desestimación si el recurso realmente ha sido inter-puesto fuera de término.


text:
    Núms. 7987 y 8010.
    Pueblo, apldo. v. Montañez y Lorenzano, apltes.
    C. D. San Juan.
    Febrero 9, 1940.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Wolf.)
   Por cuanto, estos dos casos se vieron conjuntamente en la Corte de Distrito de San Juan y en ellos se acusó a Justo Montañez Medina, Pedro Lorenzano y Cándido Rubio Colón de delitos de falsa repre-sentación e impostura;

PiOR cuanto, en la causa 13421 se condenó a Justo Montañez Medina y a Pedro Lorenzano a cumplir cuatro meses de cárcel cada, uno y a pagar las costas, y se absolvió a Cándido Rubio Colón; y en la causa 13420 los tres acusados fueron convictos y condenados a cumplir tres meses de cárcel y a pagar las costas;

PoR cuanto, los acusados lian apelado todos de las respectivas sentencias, pero apareciendo que Cándido Rubio Colón no ha ele-vado la transcripción de evidencia, están pendientes únicamente las apelaciones de las sentencias dictadas contra Montañez y Lorenzano;

P>OR cuanto, examinados Jos autos de ambos casos y compro-bado que Lorenzano fué juzgado sin la asistencia de abogado, sin que se le nombrara uno, sin que se le advirtiera de tal derecho y sin que lo renunciara inteligentemente;

Pon cuanto, de los autos aparece que el acusado apelante Mon-tañez Medina compareció a la vista de ambos casos representado por su abogado Lie. Díaz Collazo;

PoR cuanto, visto el alegato del apelante Montañez, escrito por él mismo, y estudiado cuidadosamente el récord no aparece razón para-revocar la sentencia por el motivo aducido, o sea error en la apre-ciación de la prueba, ni por ningún otro;

_ PoR tanto, y siguiendo la regla sentada en el caso de Ex parte Emiliano Rodríguez Reyes, 55 D.P.R. 415, se revoca la sentencia en cuanto al acusado Pedro Lorenzano, y se declaran nulos todos los procedimientos seguidos contra dicho acusado en la Corte de Dis-trito de San Juan, debiendo quedar en pie únicamente la acusación; y se devuelve el caso para ulteriores procedimientos consistentes con esta sentencia. En cuanto al otro apelante Justo Montañez Medina deben confirmarse las sentencias apeladas en los casos de epígrafe.


text:
    Núm. 7969.
    Pueblo, apldo. v. Nieves, aplte.
    C. D. Bayamón.
    Febrero 13, 1940.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. De Jesús.)
   P-or cuanto, la acusación de este caso trata de imputar al acu-sado una infracción al artículo 7 de la Ley núm. 14 de 8 de julio de 1936 (Tercera Legislatura Extraordinaria, pág. 129), consistente en que el día 29 de abril de 1939 y en el barrio Calato, de Toa Alta, Puerto Rico, “ilegal y Voluntariamente tenía en su poder sin declararlo por escrito al Jefe de la Policía Insular de Toa Alta, un revólver, siendo dicho revólver un arma de fuego, con la cual puede causarse grave daño corporal;”

PoR cuanto, de la acusación no aparece cuál era la residencia del acusado en la fecha últimamente indicada, requisito éste indispensable para que una acusación por el delito arriba expresado impute la comisión de un delito público, conforme se resolvió por este tribunal en el caso de El Pueblo v. Díaz, 55 D.P.R. 629;

Poe cuanto, celebrada la vista de este recurso en el día de ayer, con la sola asistencia del fiscal, solicitó éste la revocación de la sen-tencia por el defecto apuntado;

PoR tanto, vista la acusación y la jurisprudencia establecida en el citado caso, se declara con lugar el recurso, se revoca la sentencia y se absuelve al acusado.


text:
    Núm. 7968.
    Pueblo, apldo. v. Falcón, aplte.
    C. D. Bayamón.
    Febrero 14, 1940.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Presidente Sr. Del Toro.)
   PoR cuanto, el acusado apelante fué condenado como autor de una infracción a la Ley para reglamentar la venta de armas de fuego, etc., Ley núm. 14 de julio 8, 1936, artículo 7; y

PoR cuanto, de acuerdo con la jurisprudencia sentada por esta corte en el caso de El Pueblo v. Díaz Ocasio, 55 D.P.R. 629, ratifi-cada en otros decididos posteriormente, la denuncia que sirve de base a la sentencia es fatalmente defectuosa porque se limita a alegar que el acusado no declaró por escrito la posesión que tenía de un arma de fuego al Jefe de la Policía de Toa Alta sin expresar que resi-diera en dicho pueblo:

Por tanto, se declara con lugar el recurso, se revoca la senten-cia apelada que dictó la Corte de Distrito de Bayamón en octubre 10, 1939, y se absuelve al acusado.


text:
    Núm. 8012.
    Pueblo, apldo. v. Rivera, aplte.
    C. D. San Juan.
    Febrero 16, 1940.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   Visto el presente recurso con la asistencia de ambas partes, tra-tándose como se trata de una supuesta violación del artículo 7 de la Ley núm. 14 aprobada en 8 de julio de 1936, no alegándose en la acusación la residencia o pueblo de la acusada donde venía ésta obligada a registrar el arma, omisión que hace a dicha acusación fatalmente defectuosa, como ya ha sido resuelto por este tribunal en varios casos, entre otros, el de Pueblo v. Díaz Ocasio, criminal núm. 7478, 55 D.P.R. 629 y atendida la conformidad del Pisca! de esta corte, se revoca la sentencia dictada por la Corte de Dis-trito de San Juan en mayo 31, 1939, y se absuelve a la acusada.


text:
    Núm. 7973.
    Pueblo, apldo. v. Rijos (a) Tasí, aplte.
    C. D. Bayamón.
    Febrero 19, 1940.
   , Llamado este caso para vista compareció tan sólo el fiscal auxi-liar Luis Janer quien admitió que la denuncia es fatalmente defec-tuosa por no alegarse en ella que el acusado reside en el distrito policíaco en donde se alega que omitió registrar el arma ocupádale. El tribunal, por la autoridad del caso de El Pueblo v. Díaz Ocasio, 55 D.P.R. 629 y otros revoca !a sentencia apelada que dictó la Corte/ de Distrito de Bayamón en octubre 10, 1939, y absuelve al acusado.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


text:
    Núm. 7998.
    Pueblo, apldo. v. Torres, aplte.
    C. D. Mayagüez.
    Febrero 20, 1940.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Wolf.)
   Por cuanto, el apelante José Ramón Torres, convicto de un delito de violación, apela ante esta corte;

Por cuanto, aunque la acusación dice sustaneialmente que el acusado yació con la niña Felicita Ruiz, una niña menor de catorce años de edad, dejó de expresar que la ofendida no era la esposa del acusado;

Por cuanto, sin esa alegación esencial la acusación carece de Pechos suficientes;

Por tanto, visto el caso de El Pueblo v. Cortés, 24 D.P.R. 208, se revoca la sentencia apelada y se absuelve al acusado.


text:
    Núms. 7952 y 7953.
    Pueblo, apldo. v. Cortés, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Febrero 21, 1940.
   Por los motivos consignados en la opinión emitida en el día de lioy en el cago criminal núm. 7951, El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Alejo Cortés, apelante, (ante pág. 164), sobre Hurto Menor, se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Areeibo con fecha 21 de febrero de 1939, en el caso arriba indicado.


text:
    Núm. 7962.
    Pueblo, apldo. v. Morales, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Marzo 14, 1940.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Travieso.)
   PoR CUANTO, el día 31 de octubre de 1939 el acusado apeló para ante esta Corte Suprema de una sentencia dictada por la Corte de Distrito de Arecibo condenándole a cinco meses de cárcel por el delito de portar armas;

Por Cuanto, el referido acusado no radicó dentro de los diez días siguientes al archivo del escrito de apelación el pliego a que se refiere el artículo 356 del Código de Enjuiciamiento Criminal, ha-ciendo constar las objeciones tomadas durante el curso del caso y una exposición de éste, habiéndole este tribunal declarado sin lugar en 17 de noviembre de 1939 una moción de nuevo término;

Poe cuanto, en los autos no aparece ni la transcripción de la evidencia, ni la exposición del caso, ni alegato alguno del apelante en que conste la exposición de los errores en que funda su recurso, ■según lo requiere el artículo' 42 del Reglamento de este Tribunal .Supremo;

Poe Cuanto, de la copia de los documentos que constituyen el .legajo de la sentencia, elevado a este tribunal, no aparece que la corte inferior cometiera error manifiesto alguno;

Por tanto, se confirma la sentencia dictada por la Córte de Distrito de Arecibo el día 31 de octubre de 1939 en el caso de autos.


text:
    Núm. 8067.
    Pueblo, apldo. v. Cruz, aplte.
    C. D. Bayamón.
    Marzo 30, 1940.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Travieso.)
   Yista la moción del acusado apelante en la que solicita se revo-que la sentencia dictada por la Corte de Distrito de Bayamón el día 10 de octubre de 1939 y se le absuelva libremente; vistos asimismo los autos del caso y el informe del Fiscal de esta Corte Suprema, y apareciendo que en la denuncia por portar armas formulada contra el acusado apelante no se alega el pueblo de la residencia de éste, se revoca la referida sentencia de la Corte de Distrito de Baya-món y se absuelv'e al acusado libremente, de acuerdo con lo resuelto por esta corte en el caso de El Pueblo v. Díaz, 55 D.P.R. 629.


text:
    Núm. 8229.
    Pueblo, apldo. v. Cardona, aplte.
    C. D. Mayagüez.
    Abril 8, 1940.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Travieso.)
   Vista la petición del acusado Baldomero Cardona solicitando que este Tribunal Supremo ordene enmiendas a la transcripción de evi-dencia en el caso de autos, y no habiéndose probado a nuestra entera satisfacción que los hechos ocurrieran en forma distinta a como lo certifica el taquígrafo de la corte inferior en la transcripción de la evidencia y el juez de dicha corte en su resolución del día 29 de febrero de 1940, se declara no haber lugar a ordenar las enmien-das solicitadas.


text:
    Núm. 7942.
    Pueblo, apldo. v. Ramos, aplte.
    C. D. San Juan.
    Abril 17, 1940.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   Por CUANTO, en el caso arriba indicado los únicos señalamientos de error son:

“1. La Corte de Distrito de San Juan cometió error al no trasmitir al ju-rado instrucciones sobre el delito de homicidio voluntario sostenidas por la evi-dencia.
"2. La Corte de Distrito de San Juan cometió error al declarar sin lugar la moción de nuevo juicio presentada por el acusado y que se basaba en lo si-guiente: Que a pesar de la evidencia justificativa de una instrucción al jurado sobre homicidio voluntario, el Hon. Marcelino Romany, Juez de la Corte de Distrito de San Juan, erróneamente informó a dicho tribunal de hechos acerca de los veredictos que de acuerdo con la evidencia producida en el caso podía rendir, informándole que solamente podia rendir un veredicto de culpabilidad de asesinato en primer grado o de culpabilidad de asesinato en segundo grado, negándose dicho juez a informar a dicho cuerpo, que podía rendir un veredicto de culpabilidad de homicidio voluntario, no obstante el hecho de existir evidencia en el caso para sostener dicha instrucción sobre homicidio voluntario. (Págs. 4, 5 y 6 del Legajo de Sentencia.)
“3. La Corte de Distrito de San Juan cometió error al imponer al acusado la pena excesiva de treinta años de presidio con trabajos forzados.”

PoR cuanto, la única prueba relativa al supuesto homicidio voluntario consiste en la declaración del acusado, una síntesis de la cual, hecha en el alegato del. apelante, reza como sigue:

"De acuerdo con su declaración, el acusado y apelante Santiago Ramos es puertorriqueño, marino desde 1935, casado y con dos hijos. Su madre y cinco hermanos viven en Puerto Rico, y su esposa e hijos en Nueva York. Ganaba de marino $55 mensuales aparte de $35 o $40 mensuales de propinas. Tiene apro-bado el primer año de escuela superior. Es la primera vez que lo procesan.
"En el vapor Borinquen en que últimamente trabajaba, Víctor Clements, el interfecto, era el mayordomo segundo y su jefe inmediato. Éste era natural de Curazao y desde que se inició en el puesto mencionado le dió con despedir por nimiedades a los marinos puertorriqueños sustituyéndolos por curazaeños, lo cual motivó una huelga de los marinos puertorriqueños la que fué ganada por éstos obteniendo en consecuencia un mejor trato y consideración del mencionado Víctor Clements, el interfecto. A raiz de dicha huelga, que ocurrió a fines del año 1936, el acusado solicitó y obtuvo una plaza de camarero, en la cual no duró mucho tiempo porque el interfecto lo despidió injustamente. No obstante, consiguió, por su buena conducta y disciplina, ser repuesto en su cargo de camarero. En el último viaje a Nueva York y en ocasión de preguntarle al interfecto que si él, el acusado, "estaba supuesto a vender las sillas-de cubierta”, tal pregunta le valió que el interfecto le formulara cargos. Una vez llegado el barco a Nueva York, se le acercó el interfecto para decirle que por el asunto de las sillas sobre cubierta quedaba cesante. Se querelló ante el primer mayordomo, pero éste, por razones de ética no quiso intervenir cerca del interfecto para que retirara los cargos contra el acusado. El interfecto,' a quien el acusado habló para que re-tirara los cargos, le replicó a éste que arreglara el asunto como pudiera porque él no retiraría aquéllos. Recurrió entonces a un delegado de la Unión de Ma-rinos para que ejerciera sus buenos oficios en el asunto, y al enterarse de ello el interfecto le advirtió al acusado que el caso era uno de vida o muerte y tan pronto se encontrasen en tierra vería a ver si era ‘ ‘ hombre suficiente Los cargos no llegaron a ventilarse ante el delegado de la unión el día fijado para la vista porque no se presentó el interfecto y además porque cuando el acusado resolvió dejar el vapor e irse a su casa en Nueva York, el delegado consiguió que lo dejaran trabajar de lavaplatos en -el último viaje del vapor a Puerto Kieo. Cuando llegó a la isla, el acusado bajó a tierra con ciertos objetos personales y una pistola. Dicha arma no era de su propiedad y sí de un amigo, que se la empeñó en $8; tenía el propósito de dejarla en casa de su madre y devolverla a su dueño oportunamente.
‘1 Andando hacia la casa de su madre, entró a un café a tomarse un refresco. Cuando se hubo tomado éste, volvió la cara y vio al interfecto sentado en una mesa acompañado de dos o tres amigos. En este momento notó que el interfecto lo miró y ambos se miraron durante cinco segundos. Eué en ese instante que le llegó "un estado de cólera y de protección” contra el hombre que lo había ame-nazado en el vapor advirtiéndole que el caso entre ellos dos era uno de vida o muerte que arreglaría como hombre tan pronto se encontrasen en tierra, que "pensando en mi familia y en la protección mía misma”, sacó la pistola y lo mató, en un arrebato de cólera.”

Pob cuanto, dicha declaración, sin más si bien explica el móvil del asesinato y expone ciertas circunstancias atenuantes, no puede considerarse como prueba tendiente a.reducir el asesinato estable-cido por la prueba de cargo a homicidio voluntario, y en tal virtud la corte inferior no cometió los errores imputádosle en el primero y segundo de los referidos errores, al no trasmitir al jurado las instrucciones sobre homicidio voluntario ni al declarar sin lugar la moción sobre nuevo juicio, basada en los mismos motivos. Pueblo v. Villanueva, 49 D.P.R. 63.

PoR cuanto, atendidas las circunstancias especiales del caso, la declaración no contradicha del acusado en cuanto a los anteceden-tes y móvil del delito, el hecho de no haber sido procesado antes por delito alguno, y la prueba en cuanto a su buena reputación, nos inclinamos a creer que Ja pena máxima de treinta años con trabajos forzados impuéstale al acusado es algo excesiva, y sería más justo un castigo menos severo.

BoR TANTO, este tribunal en el ejercicio de su discreción, y visto el caso de Pueblo v. Fernández, 50 D.P.R. 896, por la presente modi-fica la sentencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan, con fecha 27 de febrero de 1939, rebajando, como por la presente rebaja, la pena impuesta al acusado a quince años de presidio con trabajos forzados, en vez de treinta años con trabajos forzados, y así modi-ficada, se confirma dicha sentencia en unión de la resolución decla-rando sin lugar la moción de nuevo juicio.


text:
    Núm. 8066.
    Pueblo, apldo. v. Navedo, aplte.
    C. D. Bayamón.
    Abril 18 1940.
   Llamado hoy este caso para vista sólo compareció el Fiscal, quien admitió que la denuncia es insuficiente por no alegarse que el acu-sado tiene su residencia en el distrito policíaco en que se alega que no está inscrita el arma ocupada. El tribunal, visto el caso de El Pueblo v. Díaz, 55 D.P.R. 629, revoca la sentencia apelada y absuelve al acusado.


text:
    Núm. 8034.
    Pueblo, apldo. v. Balzac, aplte.
    C. D. Mayagüez.
    Abril 30, 1940.
   Por los fundamentos expuestos en la opinión emitida en el día de hoy en el caso criminal número 8033, El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Balzac Báez, acusado y apelante, (ante, pág. 649) acometimiento y agresión grave, se revoca la sen-tencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Mayagüez en el presente caso con fecha 28 de febrero, 1939, y se absuelve al acusado.


text:
    Núm. 7991.
    Pueblo, apldo. v. Díaz, aplte.
    C. D. Humacao.
    Mayo 21, 1940.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Presidente Sr. Del Toro.)
   Roe Cuanto,' denunciado Rogelio Díaz en la Corte Municipal de Fajardo por abandono de menores, apeló para ante la corte del dis-trito y fué por ella declarado culpable y condenado a sufrir tres meses de cárcel y a pagar doscientos dólares de multa; y

Por Cuanto, en mayo 10, 1939, apeló para ante este tribunal, radicándose la transcripción en diciembre siete, solicitando el ape-lante cinco prórrogas para presentar su alegato la última de las cuales fué denegada en marzo 8, 1940, por haberse pedido vencido ya el término de la anterior; y

Por cuanto, el propio día ocho de marzo último se señaló la vista del recurso para abril 26 siguiente concediéndose de hecho un nuevo término dentro del cual pudo el acusado apelante archivar su alegato; y

PiOR cuanto; llamado el recurso el 26 de abril, sólo compareció el Fiscal quien solicitó la confirmación de la sentencia, como ya lo había hecho en su informe escrito uno de cuyos párrafos lee así: “No obstante no haberse radicado alegato alguno por el acusado apelante a causa de su propia negligencia, como hemos expuesto, hemos estudiado cuidadosamente la transcripción de evidencia radi-cada en este caso, a los fines de cerciorarnos si algún error perju-dicial al acusado hubiera podido cometerse por la corte inferior. Después de dicho estudio minucioso hemos llegado a la conclusión de que no so cometió error alguno de derecho por la corte inferior que pudiera motivar la revocación de la sentencia, así como tampoco hemos encontrado ningún manifiesto error cometido por la corte inferior en la apreciación de la prueba. Esta, por el contrario, es una categórica y terminante en cuanto a los elementos esenciales del delito imputado al acusado, o sea, la paternidad de los menores y el abandono y descuido en que dejó a dichos menores el acusado durante un largo período de tiempo. Dicha prueba fué apreciada concienzudamente por el juez de la corte inferior, quien al dictar su sentencia rindió una extensa opinión haciendo un resumen deta-llado de dicha prueba y de los fundamentos en que basó su sentencia, opinión y sentencia que encontrará este Hon. Tribunal de la página 172 a la 186 de la transcripción de evidencia, a las que llamamos poderosamente la atención de este Hon. Tribunal”; y

Pior cuanto examinados los autos se concluye que tiene razón e" Fiscal:

Por tanto, vistas la ley y la jurisprudencia aplicables, debe desestimarse como se desestima el recurso y confirmarse como se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Humacao en mayo 10, 1939.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió por tratarse de hijos ilegítimos y no haberse probado la paternidad como hecho anterior a la denuncia.


text:
    Núm. 8068.
    Pueblo, apldo. v. Navarro, aplte.
    C. D. Humacao.
    Mayo 22, 1940.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Travieso.)
   Por cuanto, el apelante Patricio Navarro fué convicto por la Corte de Distrito de Humacao del delito de abandono de menores y condenado a pagar una multa de $20 o en su defecto a prisión subsidiaria;

Por CUANTO, ¡avista de este recurso se celebró el día 3 de mayo de 1940 con la sola asistencia e informe del fiscal' de esta corte y sin que el apelante haya radicado alegato o señalado en manera alguna los errores que a su juicio cometiera la corte inferior;

Por cuanto, por el examen de la evidencia que hemos practi-cado opinamos que ésta es ampliamente suficiente para justificar la convicción y sentencia del acusado;

Por do tanto, debe confirmarse y por la presente se confirma la sentencia que dictó la Corte de Distrito de Humacao el día 11 de agosto de 1939.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió.


text:
    Núm. 8076.
    Pueblo, apldo. v. Rivera, aplte.
    C. D. San Juan.
    Marzo 5, 1940.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Presidente Sr. Del Toro.)
   Por cuanto, el Fiscal solicitó la desestimación del recurso inter-puesto en este caso porque desde el día 4 de abril de 1939 en que fue establecido, el apelante, que se encontraba en libertad bajo fianza, lo había abandonado por completo; y

Por cuanto, notificada la moción al apelante éste se opuso por escrito a la desestimación alegando que su falta de gestión se debió a su desconocimiento de las leyes y reglas aplicables y al hecho de no haber tenido abogado que lo defendiera en el juicio, acompañando una transcripción de la evidencia que no está aprobada por el juez sentenciador; y

Por cuanto, de la certificación unida a la moción de desesti-mación aparece que el escrito de apelación fué interpuesto por al acusado por su abogado J. Ramírez Viñas y que por tanto en cuanto a la tramitación del recurso contó el apelante con el auxilio de abogado y eso no obstante han transcurrido no ya uno ni tres meses si que once sin que una transcripción que podrá tener alrededor de diez páginaé' a máquina se haya elevado para perfeccionarlo, habiendo permanecido durante todo ese período la sentencia sin ejecutarse y el acusado en libertad:

PoR tanto, siendo clara la falta de gestión dentro de los tér-minos marcados por la ley y las reglas y no pndiendo aceptarse como buena la excusa alegada, debe la moción declararse con lugar y en su consecuencia desestimarse como se desestima el recurso.


text:
    Núm. 7579.
    Pueblo, apldo. v. Lorenzano, aplte.
    C. D. San Juan.
    Marzo 26, 1940.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Travieso.)
   Yista la moción de desestimación radicada por el Fiscal de esta Corte Suprema y la certificación expedida por el Secretario de la Corte de. Distrito de San Juan en que se acredita que desde el día .6 de febrero de 1939 en que el acusado apeló de una sentencia con-denándolo a tres años de presidio por el delito de falsa representa-ción, no ha radicado en la corte inferior pliego de excepciones, transcripción de evidencia o exposición del caso, ni ha solicitado prórroga alguna para hacerlo, y apareciendo además de la moción de oposición radicada por el acusado que éste no tiene defensa meri-toria alguna, se accede a lo solicitado por el Fiscal y se desestima el recurso.


text:
    Núm. 8159.
    Pueblo, apldo. v. García, aplte.
    C. D. San Juan.
    Abril 9, 1940.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Presidente Sr. Del Toro.)
   PiOR cuanto, en enero 25, 1940, el Fiscal solicitó que se deses-timara este recurso por abandono; y

Por cuanto, notificado de la moción, el acusado en febrero 28, 1940, se opuso a la desestimación alegando que había presentado en la corte de distrito una moción, copia de la cual acompañó, en solicitud de un nuevo término para tramitar su apelación; y

Por cuanto, señalada la vista de la moción para abril 8, 1940, el acusado no compareció ni ha explicado en forma alguna la suerte que ha corrido su solicitud de nuevo término; y

Por cuanto, la sentencia contra el acusado apelante se dictó desde el once de octubre de 1938 y la apelación se interpuso desde igual fecha sin que se practicara gestión alguna para perfeccionarla hasta más de un año después cuando el apelante fué notificado de la moción del Fiscal y desde esa única gestión hasta la fecha de la vista de la moción había transcurrido más de un mes sin que el apelante compareciera o explicara en forma alguna lo ocurrido:

Por tanto, vista la ley y la jurisprudencia aplicable, se declara la moción con lugar y en su consecuencia se desestima, por abandono, el recurso.


text:
    Núm. 8060.
    Pueblo, apldo. v. Pabón, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Abril 11, 1940.
   Llamado para vista este caso, radicado en enero, 1940, solamente compareció El Pueblo por su fiscal. Aparece que el apelante no radicó alegato a pesar de que al notificársele la fecha de radicación se llamó su atención al deber de radicarlo en el término de veinte días; oído el fiscal en cuanto a la moción de suspensión radicada hoy a las 2.13 p. m. y atendidas todas las circunstancias concurren-tes, se declara sin lugar la moción y se desestima el recurso.

Llamadas para vista las causas que a continuación se expresan, compareció El Pueblo de Puerto Rico por su fiscal, y apareciendo que el apelante no presentó alegato y no obstante habérsele notifi-cado el señalamiento no compareció al acto de la vista, se deses-timaron por abandono los recursos.

Núms. 7922, 7933, 7937, 7940, 7949, 7950, 7954, 7955, 7964, 7966, 7970, 7972, 7974, 7980, 7982, 7985, 7989, 7992, 7993, 7994, 8008, 8009, 8011, 8014, 8018, 8020, 8021, 8027, 8030, 8031, 8036, 8037, 8040, 8041, 8042, 8044, 8046, 8047, 8049, 8052, 8058, 8061, 8062, 8094, 8095, 8097, 8098, 8100, 8109, 8110, 8111, 8112, 8113, 8114, 8115, 8119, 8130, 8132, 8133, 8134, 8135, 8138, 8142, 8143, 8145, 8149, 8150, 8151, 8152, 8156, 8157, 8159, 8160, 8161, 8162, 8163, 8164, 8165, 8166, 8167, 8168, 8169, 8170, 8171, 8172, 8173, 8174, 8175, 8176, 8177, 8178, 8182, 8188, 8190, 8201, 8205, 8206, 8209 y 8213.

Llamadas las causas que a continuación se expresan para la vista de la moción de la parte apelada solicitando la desestimación del recurso por abandono, sólo compareció dicha parte por su fiscal, y habiendo informado el secretario que el apelante fué notificado de la moción y del señalamiento, sin que haya impugnado la moción en forma alguna, y apareciendo de la certificación acompañada que el apelante dejó transcurrir el término de ley sin perfeccionar el recurso y no habiéndose elevado aún los autos a este tribuna], se declaró con lugar la moción y en su consecuencia se desestimaron los recursos.

Núms. 8070, 8071, 8072 8073,. 8074, 8075, 8077, 8078, 8079, 8080, 8081, 8082, 8083, 8085, 8086, 8087, 8088, 8089, 8091, 8092, 8093, 8106. 8107, 8108, 8122, 8123, 8124, 8125, 8126, 8127, 8215, 8216, 8217, 8218, 8219, 8220, 8221, 8222, 8223, 8224, 8225, 8226, 8233, 8234, 8235 8236, 8237, 8238, 8239, 8240, 8241, 8242, 8243, 8244, 8245, 8246, 8263, 8264, 8290, 8291, 8292 y 8293.


text:
    Núm. 8069.
    Pueblo, apldo. v. Torres, aplte.
    C. D. Ponce.
    Marzo 26, 1940.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. De Jesús.)
   Por CUANTO, en el caso arriba expresado el Fiscal de este tribunal presentó una moción solicitando se desestime el recurso por no haberse notificado el escrito de apelación al fiscal del distrito;

Por CUANTO, señalada la vista de dicha moción se celebró la misma con la sola asistencia e informe del fiscal;

Por CUANTO, examinado el escrito de apelación no resulta del mismo que hubiera sido notificado al fiscal del distrito, apareciendo del párrafo segundo de dicho escrito lo siguiente:

“Que se notifique al Hon. Fiscal con lo dispuesto en el artículo 350 del Código Penal para cumplimentar la misma”.

sin que en manera alguna apareciere que se cumplió con el deseo del apelante de notificar al fiscal del distrito;

Por cuanto, el artículo 350 del Código de Enjuiciamiento Criminal, conforme ha sido interpretado por este tribunal repetidas veces, especialmente en el caso de El Pueblo v. Rubio, 44 D.P.R. 889, y el más reciente de El Pueblo v. Martínez, 53 D.P.R. 578, exige, como requisito jurisdiccional que el escrito de apelación sea notificado personalmente al fiscal,

Por tanto, se desestima el recurso por falta de jurisdicción.


text:
    Núm. 8189.
    Pueblo, apldo. v. Reyes (a) Cantinero, aplte.
    C. D. Ponce.
    Mayo 20, 1940.
   Llamado este caso para vista, compareció El Pueblo de Puerto Rico por su fiscal, y si bien el propio acusado y apelante ha radi-cado su alegato no obstante, apareciendo que el escrito de apelación no fué notificado a la parte apelada, debe desestimarse como se deses-tima el recurso por falta de jurisdicción.

Llamadas las causas que a continuación se expresan para la vista de la moción de desestimación presentada por el apelado, El Pueblo de Puerto Rico, sólo compareció éste por su fiscal, y apareciendo que el escrito de apelación no fué notificado a la parte apelada, se declaró con lugar la moción y se desestimaron los recursos.

Núms. 7871, 7944, 7945, 7947, 7948, 7963, 7977, 7978, 7979, 7981, 7995, 7996, 7997, 8005, 8006, 8007, 8019, 8024 8026, 8028, 8038, 8039, 8043, 8055, 8063, 8099, 8102 8103, 8118, 8131, 8146, 8147, 8158, 8181, 8199, 8200, 8207, 8208 y 8287.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Aurea Elena F. Fleming, haciendo negocios bajo la razón de “Planta Eléctrica de Yauco”, peticionaria y apelada, v. Comisión de Servicio Público de Puerto Rico, recurrida y apelante.
    Núm. 7994.
    Sometido: Noviembre 15, 1939.

      Resuelto: Junio 5, 1940.

      Tomás Torres Pérez, abogado de la apelante;

      Miguel A. Muñoz, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Aurea Elena F. Fleming, haciendo negocios con el nom-bre de “Planta Eléctrica de Yauco,” interpuso, al amparo del artículo 78 de la Ley núm. 70 de 1917 (Leyes de ese año, vol. 2, pág. 527) recurso de apelación para ante la Corte, de Distrito de San Juan, contra el fallo que en 2 de junio de 1938 dictara por mayoría la Comisión de Servicio Público, declarándose sin jurisdicción para entender en el asunto de la querella de Aurea Elena F. Fleming, haciendo negocios bajo la razón de “Planta Eléctrica de Yauco,” contra Filardi Hermanos, haciendo negocios bajo la razón de “Planta Hidroeléctrica de Duey.”

lia Corte de Distrito de San Juan resolvió que la orden o resolución de la Comisión era irrazonable y 110 estaba de acuerdo con la ley, y como consecuencia, la revocó, devol-viendo los autos con instrucciones de que se reconsiderara el asunto y se dictara entonces la orden razonable que en derecho procediera de acuerdo con los hechos probados.

No conforme con lo resuelto, la Comisión de Servicio Público apeló para ante esta Corte Suprema.

Aurea Elena F. Fleming alegó en la querella ser dueña de una franquicia y negocio de suministro de corriente eléc-trica para fines de alumbrado y uso doméstico en las pobla-ciones de Yauco y G-uayanilla que opera con el nombre de Planta Eléctrica de Yauco, y que la comercial Filardi Her-manos explota en la actualidad la Planta Hidroeléctrica de Duey a virtud de una franquicia que le autoriza a distribuir corriente eléctrica para fuerza, dentro del munici-pio de Yauco. Que a pesar de la prohibición expresa con-tenida en la franquicia de Filardi Hermanos “de que dicha corriente pudiera venderse, directa o indirectamente o faci-litarse, directa o indirectamente al municipio de Yauco, o venderse o entregarse ... a persona alguna para fines de alumbrado en la residencia o habitación de persona alguna, que estuviere situada dentro de la zona urbana de Yauco,’5 la Planta Hidroeléctrica de Duey ha vendido y entregado energía eléctrica a numerosos parroquianos para uso de alumbrado. En mérito de lo anterior la querellante solicitó de la Comisión que requiriera a la querellada para que mos-trara causa por la cual no debían dictarse aquellas órdenes que fueren oportunas con el fin de corregir el mal que se apuntaba y de impedir que la querellada continuara violando las disposiciones de su franquicia, y para que en definitiva1, advirtiera a los querellados que en caso de que tal situación persistiere y no se corrigiere, entonces se decretaría la can-celación de su franquicia.

Las querelladas contestaron la querella. Se celebró entonces una vista ante la Comisión en la que ambas partes ofrecieron la evidencia que a su derecho mejor convino. En 2 de junio de 1938 la Comisión, con el voto en contra de uno de los comisionados asociados, hizo suyo el informe de su oficial jurídico recomendando que se desestimara la que-rella, por entender que el asunto era judicial y que dehería de resolverse en los tribunales de justicia.

La Comisión señala como único error de la corte de dis-trito el haber dictado una sentencia irrazonable, arbitraria y contraria a la ley. Esto nos conduce al examen y estudio del informe sometido a la Comisión por su oficial jurídico. Dice éste así:

“INFORME
“La Planta Eléctrica de Yauco, por su abogado Miguel A. Muñoz, se querella contra Filardi Hermanos, dueños de la Planta Hidro-eléctrica de Duey, porque dice que Filardi Hermanos está violando las disposiciones de la franquicia núm. 346, vendiendo corriente eléc-trica para fines de alumbrado, cuando la autoridad que le ha conce-dido dicha franquicia es para vender corriente eléctrica para fines de fuerza.
“La Planta Eléctrica de Yauco tiene la franquicia núm. 485, otorgada el 24 de agosto de 1920, en que fué aprobada por el Gober-nador de Puerto Rico, y luego ha sido enmendada, para la venta a las calles, parques y edificios públicos en Guayanilla y Yauco, así como para cualquier otro fin público, y para distribuir y vender al público, para alumbrado, corriente eléctrica, y también para usar todo el caudal del río Guayanilla para generar corriente eléctrica.
“Se imputa a Filardi Hermanos la violación de la franquicia núm. 346, o sea de su franquicia; pero las alegaciones contenidas en la querella son constitutivas de violaciones a la franquicia otorgada a la Planta Eléctrica de Yauco, o lo que es lo mismo, se imputa a Filardi Hermanos que está llevando a cabo actos y ejerciendo pri-vilegios y concesiones que le han sido otorgadas a la Planta Eléctrica de Yauco, por su franquicia núm. 485, y esos actos y ejercicios de privilegios y concesiones le causan daños materiales a la Planta Eléctrica de Yauco.
“A los fines de este informe se acepta ser ciertas y haber sido sostenidas por la evidencia las alegaciones contenidas en la querella, y así aparecería justificado que se ha causado daño material a la Planta Eléctrica de Yauco, mermándole sus ingresos en sentido de tomarle sus clientes e- impedirle por tanto ejercer su franquicia. El asunto está comprendido dentro de lo decidido en Compañía Popular de Transporte v. Suárez, 52 D.P.R. 250, resuelto en noviembre 5 de 1937, o sea algún tiempo después de sometido este asunto. Ahí se dice que el injunction es el remedio adecuado cuando bay invasión por parte de un individuo o corporación de los derechos de la otra, para impedir que se cause daño y además reclamar los daños causados.
“La competencia que hace Filardi Hermanos a la Planta Eléc-trica de Yauco, es a los fines de este informe, completamente ilegal, porque la franquicia de Filardi Hermanos es para la venta de corriente eléctrica para fuerza, y la de la Planta Eléctrica de Yauco para alumbrado, de modo que esa franquicia es en cuanto al ejercicio de ella por la Planta Eléctrica de Yauco, un derecho (vested right) que tiene la protección constitucional de propiedad, la cual puede ser protegida contra toda otra persona, por ser exclusivo tal derecho, contra toda persona que sin franquicia atente contra su ejercicio. Véanse: Frost v. Oklahoma Corp. Comm. 278 U. S. 515, 73 L. Ed. 483; P.U.R. 1929 B, 634, 49 S. Ct. 235, y Oklahoma Corp. Comm. v. Lowe, 281 U. S. 431, 435, 74 L. Ed. 945; P.U.R. 1930 C, 321, 50 S. Ct. 397. Los actos alegados no constituirían violación a la fran-quicia de Filardi Hermanos y sí una violación a la franquicia de la Planta Eléctrica de Yauco.
“Entiendo que el asunto es plenamente judicial, y la decisión que rinda la Comisión de Servicio Público declarando probados esos actos, como se alegan en la querella, carecería de efectividad práctica en reparación de los daños que se dicen causados a la Planta Eléc-trica de Yauco, porque como se resuelve en el caso de Compañía Popular de Transporte v. Suárez, supra, la Comisión de Servicio Público carece de poderes coercitivos para hacer cumplir sus órdenes.
“Debe resolverse que el asunto ha de llevarse a los tribunales judiciales.
“(Fdo.) Tomás Torres Pérez,
“Oficial Jurídico, Comisión de Servicio Público.”

Como puede verse, el informe se basa en el caso de Compañía Popular de Transporte v. Suárez, 52 D.P.R. 250. Pero la aplicación que de dicho caso se hace es a nuestro juicio equivocada. En el caso de Suárez la Corte de Distrito de Bayamón castigó a los apelantes por haber violado una orden de injunction preliminar en que se les prohibía cobrar menos de 15 centavos por transportar pasajeros entre Bayamón y San Juan. Apelado el caso para ante esta Corte Suprema, sostuvieron los apelantes que la de Distrito carecía de . . jurisdicción para conocer del caso por tener los deman-dantes un remedio adecuado ante la Comisión de Servicio Piíblico, que es el organismo al cual compete el conocimiento de toda querella relacionada con la concesión de franquicias y otros privilegios de carácter público semejantes.” Esta corte resolvió que la de distrito babía actuado con jurisdic-ción porque el remedio que los demandantes apelados tenían al amparo de la Ley de Servicio Público de Puerto Rico, no era exclusivo del que podían ejercitar mediante injunction ante los tribunales'de justicia. Comodice en su opinión la corte de distrito en el caso de autos: “. . . se reconoce un derecho de acción doble: el de la parte perjudicada direc-tamente y el de la Comisión por conducto del Procurador General.” Sostener que la doctrina del caso de Suárez deja a la Comisión impotente para actuar en casos de flagrantes violaciones de los términos de una franquicia, equivaldría a decir que esta Corte Suprema se ha apartado no sólo de sus propios precedentes sino también de los de la Corte Suprema de la Nación que les son tan obligatorios como los propios, pues en Public Service Commission v. Havemeyer, 296 U. S. 506, la Corte Suprema de los Estados Unidos al confirmar la sentencia de esta corte en el referido caso 45 D.P.R. 698 y revocar la dictada por la de circuito para el primer circuito, dijo:

“Implícita en toda concesión de franquicia existe la condición de que puede perderse por mal uso. Todo privilegio especial está sujeto a terminar por infracción de alguna condición, ya sea expresa o tácita, sobre la cual se base la concesión. Puede ser cancelado o retirado mediante cualquier procedimiento que no esté en pugna con los principios de justicia establecidos. El paso inicial no tiene que ser necesariamente el mandamus, quo xuarranto, injunction u otro semejante. Los requisitos esenciales quedan cumplidos si la cancelación del privilegio, declarada por autoridad legislativa o eje-cutiva, puede ser revisada por apelación ante una corte de jurisdic-ción competente ante la cual los derechos de los concesionarios puedan ser adjudicados.” (Citas.)

La Comisión cita en su alegato los casos de Tennessee Power Co. v. T.V.A., 306 U. S. 118, y Alabama Power Co. v. Ickes, 302 U. S. 464, afirmando que en ellos se sostiene su teoría. En ambos casos citados se sostiene que es contra la competencia ilegal y no contra la competencia legal que dan protección las cortes, pero en ninguno de ellos se excluye la jurisdicción de la Comisión. En el caso de autos, según el propio informe del oficial jurídico de la Comisión, que ésta por mayoría hizo suyo, “La competencia que hace Filardi Hermanos a la Planta Eléctrica de Tauco es a los fines de este informe, simplemente ilegal, porque . . .” Véase supra. Y si dé acuerdo con los casos citados por la apelante la Planta Eléctrica de Yauco podía invocar la pro-tección de los tribunales de justicia por tratarse de una com-petencia ilegal que le bacía Filardi Hermanos, también puede invocar la protección de la Comisión porque como hemos dicho antes ésta tiene jurisdicción concurrente en estos casos, con los tribunales, en la forma establecida por las secciones 93 y 94 de la Ley núm. 70 de 1917.

En mérito de lo cual debe confirmarse la sentencia recurrida.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Eusebio Morales, Etc., demandantes y apelados, v. Severiana López Lao Flores Salazar, José Dolores Flores, Cosme López Negrón, Antonio Quirós Méndez, Rafael Rivera Zayas y Puerto Rico House Improvement and Building Co., demandados y apelantes.
    Núm. 8181.

    Resuelto: Junio 5, 1940.

      R. Rivera Zagas y José E. Segarra, abogados de los apelantes;

      A. Rivas, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

EN MOCION DE RECONSIDERACION

La parte apelada solicitó la desestimación de este recurso por dos distintos fundamentos, a saber: (a) por ser-frívolo, y (b) por no haber sido proseguido con la debida diligencia.

Por resolución del 29 del mes pasado denegamos la deses-timación: en cuanto al primer fundamento, por estimar que las constancias de los autos no nos ponían en condiciones de resolver que el recurso fuese del todo frívolo, ya que entre los pronunciamientos de la sentencia apelada se baila uno que condena a los apelantes a pagar a los apelados deter-minada suma por concepto de frutos o rentas percibidos o debidos producir; y no disponíamos de una transcripción de evidencia que nos permitiera determinar si la cantidad con-cedida por tal concepto al demandante estaba o no justificada por la prueba.

En cuanto al segundo fundamento, resolvimos que si bien no dudábamos que el recurso no había sido proseguido con -la debida diligencia, sin embargo como de los autos aparecía qué ya se había radicado la transcripción de evidencia y que la corte a quo había señalado fecha para la vista relativa a su aprobación, siguiendo la muy laudable práctica de los tribunales de resolver por sus méritos los asuntos siempre que sea posible hacerlo sin detrimento de la justicia, haciendo uso de la discreción que el artículo 59 del Reglamento de este tribunal nos concede, denegamos la moción de desestimación en cuanto a uno y otro fundamentos “sin perjuicio de que una vez radicada la transcripción de evidencia puedan repro-ducirla si lo estiman conveniente.”

El 4 del actual radicaron los apelados una moción en la que acompañan una certificación del taquígrafo sobre la prueba aducida en relación con la condena a la devolución de frutos y rentas, e insistiendo en que al declarar en nues-tra resolución de mayo 29 que los apelantes no habían proseguido el recurso con la debida diligencia, debimos deses-timarlo, solicitando ahora reconsideremos la ameritada resolución, o de lo contrario dictemos otra decretando la desestimación del recurso.

El derecho que a obtener la desestimación de un recurso que no ha sido proseguido con la debida diligencia concede a la parte apelada el artículo 59 del Reglamento de este tribunal, no es un derecho absoluto, siendo como es discre-cional en esta corte el conceder o negar la desestimación de acuerdo con las circunstancias del caso.

El artículo 59 del citado Reglamento en lo pertinente dice así:

"Expirado el término de noventa días desde la fecha en que se presentare el escrito de apelación y no obstante las prórrogas conce-didas por la corte inferior, el Tribunal a discreción, podrá desestimar una apelación... si se probare satisfactoriamente que el apelante no ha proseguido su apelación con la debida diligencia, o de buena fe, o que tal apelación es frívola.”

En la tarde de ayer se present-ó una moción adicional de los apelados, incluyendo una certificación del secretario de la corte a quo, en la que acredita que los apelantes solici-taron con fecha de ayer una prórroga para preparar la trans-cripción enmendada, que les fue denegada el mismo día. Tal evidencia no justifica la reconsideración de la orden ante-riormente dictada, puesto que es una prueba que no tuvo ante sí este tribunal al dictar la ameritada resolución de 29 de mayo; pero ello no impide que los apelados puedan presentar una nueva moción de desestimación acompañando la prueba que ahora nos han presentado por primera vez, y notificada n la parte contraria, se procederá a oír a las partes y dictar la providencia que proceda.

No procede, por lo expuesto, la reconsideración solicitada.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.