author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Humberto L. Nieva, demandante y apelado, v. E. Solé & Co., S. en C., y Orlando Palmer, Márshal de la Corte de Distrito de Mayagüez, demandados y apelante la primera.
    Núm. 8928.

    Sometido: Enero 16, 1945.

      Resuelto: Abril 12, 1945.

      Miranda & Miranda E sieve, abogados de la apelante; José Rosario Gelpí, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Esta apelación se estableció contra una sentencia dictando un auto de injunction permanente contra la apelante y el márshal de la Corte de Distrito de Mayagüez, a virtud del cual se paralizó un procedimiento judicial seguido por la apelante E. Solé & Co., S. en C., contra el apelado para la ejecución de una hipoteca de bienes muebles. La apelante vendió al apelado el 25 de mayo de 1942 un automóvil por la cantidad de $578. Como evidencia del precio aplazado el apelado suscribió once pagarés por $52.62 cada uno a la or-den de la apelante, venciendo el primero el 15 de junio de 1942 y los demás el día 15 de cada mes sucesivo. Para ga-rantizar los pagarés y un crédito adicional de $165 para cos-tas, gastos y honorarios de abogado, el apelado constituyó sobre el automóvil una hipoteca de bienes muebles a favor de la apelante, que fue debidamente inscrita en el registro de la propiedad.

Conforme alega la apelante, el apelado pagó regularmente los plazos vencidos hasta el día 15 de septiembre de 1942. Posteriormente el apelado mandó a pagar en San Juan el plazo que venció el 15 de octubre de 1942, y habiendo reci-bido el pago el gerente de la compañía, entregó a la persona que hizo el pago por cuenta del apelado el pagaré correspon-diente al 15 de octubre de 1942. Pero cuando el gerente en-tregó el dinero al empleado correspondiente de la fuma, no encontrando este último el pagaré que venció el 15 de octu-bre — el cual había sido entregado por el gerente — , creyó que la cantidad entregádale correspondía al pagaré del 15 de noviembre, y lo envió por correo al apelado a su dirección en Mayagiiez. El 15 de diciembre el apelado, en vez de pa-gar directamente el plazo correspondiente al mes de noviem-bre en la oficina de la apelante en San Juan, fué donde sus agentes en Mayagiiez y, mostrándoles el pagaré cancelado correspondiente al 15 de noviembre, les indicó que deseaba •pagar el plazo correspondiente al 15 de diciembre, y al efecto les entregó la cantidad de $52.62. Como los agentes no te-nían en su poder los pagarés, extendieron y entregaron al apelado un recibo provisional por dicha cantidad. Notificada la apelante del pago verificado por el apelado en la oficina de sus agentes en Mayagiiez, acreditó la suma pagada el 15 de diciembre de 1942 al pagaré vencido el 15 de noviembre del mismo año, que según la apelante no había sido pagado y el cual estaba en posesión del apelado con motivo del ale-gado error. El 30 de diciembre de 1942 la apelante requirió al apelado para que satisficiera el pagaré vencido el 15 de diciembre de 1942 en el plazo de cinco días, y el 15 de enero de 1943 el apelado envió un giro postal por $52.62, habién-dosele remitido entonces el pagaré correspondiente al 15 de diciembre de 1942- El 8 de febrero de 1943 fué nuevamente requerido el apelado para que satisficiera el pagaré vencido el 15 de enero, a lo cual se negó alegando haberlo pagado con el giro postal antes indicado y requiriendo a la apelante que le enviase el referido pagaré. No habiendo enviado la apelante el pagaré correspondiente al 15 de enero por en-tender que no había sido satisfecho, y no habiendo pagado tampoco el apelado los correspondientes al 15 de febrero y 15 de marzo de 1943, la apelante en el mes de marzo, ha-ciendo uso de lo dispuesto en la sección 14 de la Ley Hipo-tecaria de Propiedad Mueble, Ley- núm. 19 de 1927, págs.. 491, 501, solicitó del márshal de la corte de distrito la venta del automóvil en pública subasta. En el escrito dirigido al márshal se hizo constar que la. reclamación era por el im-porte de tres pagarés, o sea, los correspondientes a febrero, marzo y abril, pues la apelante renunciaba a cobrar el pa-garé vencido en el mes de enero con el fin, según alegó, de no complicar innecesariamente el procedimiento; y reclamó además la suma de $165 estipulada en el contrato para cos-tas, gastos y honorarios de abogado en caso de ejecución. A los efectos de la incautación y venta del automóvil por el márshal, la apelante entregó a dicho funcionario una fianza de seiscientos dólares a que se refiere la sección 14 antes ci-tada. Incautado el márshal del automóvil y notificado del procedimiento el apelado, radicó éste en la corte de distrito-la solicitud de injunction de este caso, alegando en síntesis que había satisfecho a la apelante todos los plazos corres-pondientes hasta la fecha de la institución del procedimiento ante el márshal, y depositó en la secretaría de la corte los plazos correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril de 1943, que completaban el montante de los pagarés que vencieron con posterioridad al 15 de enero de 1943; y solicitó de la corte que se dictase un auto de injunction diri-gido contra la apelante y el márshal ordenándoles que se abstuviesen de vender el automóvil en cuestión. Alegó entre otras cosas que la fianza prestada por la apelante era nula porque no había sido fijada por el márshal, sino que había 'Sido aceptada por éste por la cantidad qne fijó la apelante, y alegó también qne la declaración jurada qne la ■ apelante presentó al marshal era nula por haber sido suscrita ante la subsecretaría de la Corte de Distrito de San Juan, quien se-;gún el apelado carece de facultades para autorizar el affidavit, que alega es un documento privado, y asimismo por no haberse fijado a dicho documento el correspondiente sello de rentas internas de veinticinco centavos ni haberse ano-tado en el registro de affidavits. Alegó en su demanda que dada la rapidez del procedimiento que establece la ley para la ejecución de hipotecas sobre bienes muebles, se le causa-rían daños irreparables al venderse el automóvil de su pro-piedad. La corte de distrito, sin oír a los demandados, ex-pidió un auto de injunction preliminar exigiendo al deman-dante una fianza de ciento cincuenta dólares, y luego de ha-ber sido denegada su moción, para que se disolviese el injunction, la demandada excepcionó y contestó la demanda. Celebrado el juicio, la corte el 22 de diciembre de 1943 dictó un auto permanente de injunction contra la apelante y el marshal, ordenándoles que se abstuviesen de vender el au-tomóvil del apelado en el procedimiento de ejecución de hi-poteca de bienes muebles, pudiendo el secretario de la corte entregar a la apelante la cantidad de $157.86 depositada por el apelado a favor de ella, imponiendo a ésta el pago de cos-tas, sin incluir honorarios de abogado.

La sección 678 del Código de Enjuiciamiento Civil en lo pertinente dispone:

"No podrá otorgarse un injunction:
“1. Para suspender un procedimiento judicial que se estuviere tramitando al instituirse la acción en que se solicita el injunction, a menos que la restricción fuere necesaria para impedir una mul-tiplicidad de tales procedimientos.
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En ninguna parte de la demanda se alegó ni tampoco se probó que el auto de injunction solicitado por el apelado era necesario para impedir nna multiplicidad de procedimientos. Tampoco se especificaron en la demanda ni se probaron en el juicio los daños irreparables qne en términos generales alegó el apelado le serían cansados de no concederse el injunction solicitado. Proveyendo la Ley Hipotecaria de Pro-piedad Mueble un procedimiento rápido y sumario para el cobro de la hipoteca, la apelante tenía derecho a acogerse a ese procedimiento, el cual aceptó el apelado al celebrar el contrato de hipoteca de bienes muebles. Giménez et al. v. Brenes, 10 D.P.R. 128, 133. En su opinión que sirvió de base a la expedición del auto de injunction permanente, la corte entre otras cosas dijo:

“La solicitud hecha por dicha demandada al márshal de esta corte para que tomase posesión y Vendiese dicho automóvil, fué jurada ante la subsecretaría de la Corte de Distrito de San Juan sin que apa-rezca anotado dicho juramento en un registro de affidavits, ni nume-rado, ni adherido al mismo un sello de rentas internas de 25 centavos y sin que tal juramento hubiese sido tomado en asuntos de interés público, apareciendo todo eso también de la fianza prestada y sometida al mismo márshal de esta corte, cuya cuantía no fué fijada por el expresado funcionario.”

Los defectos que el demandado y la corte de distrito imputan a la fianza y declaración jurada que la apelante presentó al márshal, no existen. El hecho de que el márshal aceptara la fianza por la cantidad en que fué ex-tendida, equivale a que él hubiese fijado su montante. En cuanto a la incapacidad de la subsecretaria de la Corte de Distrito de San Juan para administrar el juramento en la declaración que se presentó al márshal, y demás defectos de la declaración jurada señalados por el juez de la corte inferior, no existen, pues ya en el caso de Soto v. Tesorero de Puerto Rico (1938), 53 D.P.R. 950,- se resolvieron todas las cuestiones, con excepción de la que se refiere al registro de affidavits, adversamente a lo expresado en su opinión por la corte inferior, y en cuanto a no aparecer de la faz de la de-claración jurada el número correlativo del affidavit, ese hecho no implica necesariamente que el mismo no haya sido ano-tado en el registro. Se presume que todo funcionario cum-ple con su deber, y el no aparecer dicha cifra puede atri-buirse a una inadvertencia o distracción del funcionario, por lo que mientras no se demuestre afirmativamente con la cer-tificación correspondiente que el affidavit no fué inscrito, de-bemos presumir, de acuerdo con el art.' 102(15) de la Ley de Evidencia que el funcionario cumplió con su deber anotán-dolo en el registro. Véase por analogía Franzeen v. Johnston (1940), 111 F. (2d) 817, 820.

Prohibiendo el artículo 678 del Código de Enjuiciamiento Civil que el auto de injunction sea expedido para paralizar un procedimiento judicial cuando el injunction no sea necesario para impedir multiplicidad de procedimientos, y no habiéndose probado además por el apelado que la venta del automóvil pueda causarle daños irreparables, somos de opinión — sin entrar a considerar los méritos del caso sobre la ejecución de la hipoteca, por no estar ante nos dicho procedimiento — que la corte erró en el presente caso al dictar el auto de injunction, impidiendo así que la apelante hiciera uso del procedimiento especial que le concede la ley.

Procede por lo expuesto revocar la sentencia apelada y en su lugar dictar otra declarando sin lugar la solicitud de injunction, con costas al demandante. sin incluir honorarios de ahogado.

      (1)De acuerdo con el contrato, vencido'un pagaré y no satisfecho, se enten-dían vencidos todos los posteriores.

      (2)La sección 14 de la Ley Hipotecaria de Propiedad Mueble, Compilación de los Estatutos Revisados y Códigos de Puerto Rico, 1941, pág. 1283, prescribe:
      "El acreedor hipotecario puede, después de diez días desde el incumpli-miento de la condición, hacer que la propiedad hipotecada, o cualquiera parte de la misma, sea vendida, en pública subasta por el márshal del distrito en el cual residiere el deudor hipotecario, o en donde se encontrare la propiedad, siem-pre que se hubiere fijado al público un aviso, por diez días por lo menos, respecto a la fecha, lugar y fines de dicha venta, en dos o más sitios públicos en el distrito en el cual el márshal tuviere su oficina, y el acreedor hipotecario notificará al deudor hipotecario, o a la persona en posesión o a cargo de la propiedad, y tam-bién a las personas que tuvieren hipotecas subsiguientes que consten inscritas en la oficina del registrador de la propie'dad del distrito en el cual estuviere inscrita la hipoteca original, de la fecha y lugar de la venta, ya sea mediante notificación por escrito, dirigida al deudor hipotecario o dejada en su residencia si estuviere en el municipio, o enviada por correo, si no residiere en tal munici-pio, por lo menos diez días antes de la venta.
      "El márshal podrá ser el de una corte municipal o el de una eorte de dis-trito, según fuere la cantidad jurisdiccional, según se disp'one actualmente por la ley, y la venta tendrá que haeerse en la oficina del márshal. El márshal a requerimiento del acreedor hipotecario, cuando viniere acompañada de una copia certificada de la hipoteca con una nota del registrador de la propiedad haciendo constar su inscripción en el registro, tomará inmediatamente posesión de la pro-piedad hipotecada y la venderá según se dispone en esta Ley, hubiérese o no expedido auto alguno de ejecución o procedimiento judicial, pero si no se hubiere expedido auto alguno de ejecución, el márshal puede exigir, para su propia protección una fianza al acreedor hipotecario por la suma que el márshal estimare conveniente sin que, en ningún caso, exceda del doble del importe de la propie-dad que haya de venderse, y el márshal quedará libre de toda responsabilidad por cualquier acto realizado por él en relación con dicha venta. Licha fianza será nula y no tendrá efecto después de sesenta días contados desde la fecha de la venta, a menos que el deudor hipotecario, dentro del antedicho período de sesenta día" instituyere una acción contra el márshal por cualquier acto de éste en relación con dicha venta, pero la responsabilidad del márshal en ningún caso excederá del valor de la propiedad según conste en la hipoteca.
      "El márshal que hiciere la venta deberá, dentro de los diez días siguientes, librar una constancia del procedimiento que hubiere seguido y la archivará en la oficina del registro en el cual estuviere inscrita la hipoteca. El registrador de la propiedad inscribirá dicha constancia, y si se hubiere hecho la venta a vir-tud do una orden de ejecución expedida por una corte, entonces una copia del diligeneiamiento del márshal se tendrá en cuenta como parte de las costas de la venta, los cuales honorarios pagará el márshal al registrador de la propiedad. El diligenciamiento describirá detalladamente la propiedad vendida, y expresará la cantidad recibida por cada artículo y surtirá el efecto de la liberación del gravamen creado por la hipoteca sobre dicha propiedad. El producido de la venta se aplicará al pago, en primer término, de las costas y gastos de depósito y venta, y, después, al pago de la demanda u obligación garantizada por la hi-poteca, el residuo se pagará a las personas que tuvieren inscritas subsiguientes hipotecas, por su orden, y el balance se pagará al deudor hipotecario, a petición


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr-,

license: Public Domain

text:
    Angel M. Villamil, demandante y apelante, v. José Camacho, Dolores Burgos y José Vélez Cruz, demandados y apelados.
    Núm. 8977.

    Sometido: Diciembre 12, 1944.

      Resuelto: Abril 12, 1945.

      Angel M, Villamil, pro se y Pedro Juan Alcalá, abogado del ape-lante ; JS. Or'Hz Reyes, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr-,

emitió la opinión del tribunal.

Al adquirir por compra Angel M. Villamil una parcela de terreno en Santurce de 1,454.59 metros, encontró en uno de los solares de dicho terreno dos pequeñas edificaciones de madera con techo de zinc, propidad de José Camacho y Dolores Burgos, quienes las habían edificado con el consenti-miento de los anteriores dueños del terreno. Villamil radicó demanda de desahucio en precario contra ellos y contra José Vélez Cruz, a quien le tenían dadas en arrendamiento las mencionadas edificaciones, alegando que poseían el solar sin pagar canon o merced alguna.

Llamado el caso para la vista de la primera comparecen-cia, por estipulación de las partes la corte señaló tanto la primera como la segunda comparecencia para el día 10 de diciembre de 1943, en cuyo día no comparecieron los deman-dados. Al manifestar el abogado del demandante que iba a solicitar sentencia, la corte preguntó a éste si quería decla-rar, procediendo Yillamil a prestar testimonio.

El día 16 de diciembre de 1948 la Corte de Distrito de San Juan dictó sentencia declarando sin lugar la demanda. Hizo constar en su opinión que la prueba demostró “que las edificaciones .... fueron construidas en .el solar;.de. buena fe y con el consentimiento del anterior: dueño. ” El demandante pidió la reconsideración de la sentencia, por el fundamento de que, al declarar en el caso, ofreció a la corte pagar la suma de $300 como indemnización. por las edifica-ciones, o, de no estar conformes los demandados con dicha cantidad, “ a que se nombrasen tasadores de acuerdo con los preceptos de ley y a satisfacer el importe que así se adjudicase a los demandados, antes de que se ejecutara la sentencia que se pudiera dictar en: contra de. ellos.” La corte de distrito declaró sin lugar la reconsideración y el demandante apeló. ; .

La única cuestión a resolver es si dentro del procedimiento de desahucio en precario puede y debe resolverse el importe de las edificaciones pertenecientes a un demandado y construidas de buena fe, cuando el demandante. no alega un derecho de propiedad sobre'tales-edificaciones, en contra del demandado, sino que por el contrario reconoce el derecho de éste y ofrece satisfacer el importe de las mismas. Sostiene el apelante que esta cuestión es nueva en nuestra jurisdicción, y claramente distinguible de la doctrina-sentada por la jurisprudencia de este tribunal.

El- ratio decidendi de los casos de Rivera v. Santiago, 56 D.P.R. 381, Carrasquillo v. Ripoll y Maldonado, Int., 56 D.P.R. 395, Palermo v. Corte, 58 D.P.R. 189, y Aybar v. Jiménez, 60 D.P.R. 745, es que las edificaciones levantadas de buena fe en terreno ajeno ceden por derecho, de accesión a favor de los dueños del terreno, siempre .que éstos,paguen previamente tanto el importe de los materiales como el costo de la mano de obra, y que, por consiguiente, ñó procede el desahucio en precario contra el edificante de buena fe, a me-nos que exista un pacto que regule los derechos de los liti-gantes.

Siguiendo esta doctrina, en el caso de Reyes v. Vázquez, 58 D.P.R. 786, 791, se resolvió que “La demanda en el pre-sente caso no alega que el demandante haya hecho ese pago <con anterioridad a la radicación de la demanda y por tanto no aduce hechos suficientes para que el demandante pueda "basar en ellos una acción de desahucio en precario.” (Bas-tardillas nuestras-)

En-el caso de autos los únicos hechos alegados en la de-manda son que el demandante, en unión de su esposa, posee y es dueño del solar que se describe; que en el referido solar hay dos casas, propiedad de los demandados, dadas en arrendamiento a José Vélez Cruz; que los demandados po-seen el mencionado solar en precario, sin pagar canon o merced alguna, y en contra de la voluntad del demandante, todo ello acompañado de la petición de sentencia. Bajo la doctrina del caso de Reyes v. Vázquez, esta demanda es in-•suficiente.

No podemos resolver en apelación que la declaración del demandante tuvo el efecto de enmendar la demanda. Si bien en Viñas v. Hernández, 60 D.P.R. 276, ratificando lo resuelto en Pueblo v. Sucn. Valdés, 31 D.P.R. 223 y Maniscalco & Nuccio v. Sancho Bonet, Tes., 51 D.P.R. 515, resolvimos que las demandas podrán considerarse como enmendadas por la prueba que se presentó sin oposición en el juicio, en el presente caso la prueba fué presentada en ausencia de la parte contraria, y por tanto no puede decirse que ésta tuvo oportunidad para objetar ese extremo. Empero, aun cuando la considerásémos como enmendada, no se subsanaría su deficiencia, pues al interpretar el artículo 297 del Código Civil los casos mencionados requieren previa indem-nizaeión, y no previo ofrecimiento de pago. La razón es ob-via: si la oferta no es aceptada, es necesario el juicio de-clarativo para qne, de acnerdo con las reclamaciones, se pneda establecer la indemnización.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

      (1)Artículo 297. — El dueño del terreno en que se edificare, sembrare o plan-tare de buena fe, tendrá derecho a hacer suya la obra, siembra o plantación, previa la indemnización establecida en los artículos 382 y 383 de este código, o a obligar al que fabricó o plantó, a pagar el precio del terreno, y al que sembró, la renta correspondiente.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Eduardo Meléndez Reyes, acusado y apelante.
    Núm. 10712.

    Sometido: Marzo 6, 1945.

      Resuelto: Abril 12, 1945.

      William Luyando Cha,meco, abogado del apelante; B. A. Gomes, Fiscal del Tribunal Stcpremo, abogado de El Pueblo, apelado,
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fue convicto de dos delitos de hurto de mayor cuantía y en este recurso el único error que señala es que en las dos acusaciones se dejó de alegar un elemento indispensable del delito' imputado, a saber, la intención criminal de privar “absoluta y permanentemente” al dueño de la- propiedad hurtada. Las acusaciones se formularon contra el apelante y otro acusado y, en lo pertinente,' una de ellas alega que los acusados “ilegal, voluntaria y maliciosamente, con la intención criminal de cometer hurto y privar a su dueño de su legítima pertenencia, sustrajeron de la casa residencia de la Sra. Carmen Colón Clinchard, nn automóvil marca Buiclc, valorado en la suma de $1,000 perteneciente a y de la propiedad del Teniente Carlos E. Lugo, teniendo los acusados allí y entonces la intención de apropiarse Gomo se apropiaron de dicho automóvil.”

La otra acusación es sustancialmente igual excepto que imputa el hurto de otro automóvil en fecha distinta. Aun cuando el aquí apelante al leérsele la acusación hizo alega-ción de inocencia y solicitó juicio por jurado, el día señalado para el juicio renunció al juicio por jurado, solicitó juicio por tribunal de derecho y, al serle concedido, hizo alegación de culpabilidad en ambos casos.

El error señalado carece de méritos. El caso de Pueblo v. Acevedo, 43 D.P.R. 340, citado por el apelante, es cierto que en su primer sumario dice que “La intención criminal de privar permanentemente al dueño de la propiedad hur-tada es un elemento indispensable del delito de hurto,” pero si se examina la opinión en su totalidad no se encontrará en ella nada que justifique la conclusión a que llega el apelante en cuanto a que sea un requisito indispensable usar la pa-labra “permanentemente” en la denuncia o acusación para que ésta sea suficiente para imputar el delito de hurto. Por el contrario analizando la denuncia después de citar el ar-tículo 426 del Código Penal y jurisprudencia de California interpretando el artículo 484 equivalente al nuestro, en dicho caso se dijo a la página 345:

“A la luz de la ley y la jurisprudencia citada, examinemos ahora la denuncia presentada en este. caso. En ella se alega que el acu-sado 'voluntaria, maliciosa e ilegalmente sustrajo... una gallina... que tenía un valor de $3 la que negoció . . . privando de esa mtaera la propiedad de su legítimo dueño el denunciante’.
“La palabra ‘voluntariamente’ aplicada a la intención con que se ejecute un acto, implica el propósito o voluntad de cometer el acto y el vocablo ‘maliciosamente’ denota ‘la comisión de nn aéto dañoso, intencionalmente, sin justa causa o escusa, la eseiente infrac-ción de la ley, en perjuicio de otro.’ (Artículo 559 del Código Penal). ‘Ilegalmente’, significa lo que es contrario a la ley y ‘sus-trajo’ tiene en español la significación de ‘steal’ en inglés. Dice el Diccionario de la Academia Española,:^ ‘Substraer ... 2. Hurtar, robar fraudulentamente. . .’
‘ ‘ Siendo ello así, tenemos una sustracción, esto es, un burto, come-tí do en contra de la ley, en este caso el artículo 426 del Código Penal, con la voluntad de cometerlo, y actuando dañosamente, inten-eionalinente, sin justa causa o excusa. Y si a ello se agrega que en la denuncia se dice además. que el acusado negoció la gallina que sustrajo, privando así de su propiedad a su dueño el denunciante, puede y debe concluirse que la falta cometida al no alegarse expre-samente la ‘intención criminal’ que exige el estatuto, quedó subsa-nada por el uso de otras palabras que implican que el acto imputado se realizó con dicha intención.”

Las acusaciones en los casos objeto de este recurso son más completas que la denuncia en el caso de Acevedo, supra, pues se alega en ellas que los acusados “ilegal, voluntaria y maliciosamente, con la intención criminal de cometer hurto y privar a su dueño de su legítima pertenencia, sustrajeron ... un automóvil ... de la propiedad del Teniente Carlos E. Lugo, teniendo los acusados ... la intención de apro-piarse como se apropió de dicho automóvil.”

En el caso de El Pueblo v. Arroyo, 29 D.P.R. 628, rati-ficando lo resuelto en el año 1903 en el de Pueblo v. Martínez, 5 D.P.R. 23, se resolvió que cuando en la denuncia— siguiendo las palabras del estatuto — se alega que el acusado sustrajo, con intención criminal, bienes pertenecientes a otra persona, la misma es suficiente.

La intención criminal de privar permanentemente al dueño de la propiedad hurtada es un elemento del delito de hurto que si bien debe ser probado no es necesario que lo sea con prueba afirmativa y directa ya que, como todo elemento que depende de la intención criminal hay que deducirlo de las circunstancias concurrentes. Como se dice en 32 Am. Jur. 1048, sec. 137: “La intención criminal no tiene que ser probada por prueba positiva sino que puede ser in-ferida de las circunstancias. La sustracción ilegal de la pro-piedad de otro sin su consentimiento y sin ningún propósito aparente de devolverla es, en ausencia de circunstancias que la expliquen, prueba de una intención de privar al dueño to-talmente de su propiedad; pero una intención de devolverla puede ser demostrada por otra prueba.”

Conteniendo las acusaciones en estos casos alegaciones suficientes, no se cometió el único error señalado y en su consecuencia procede la confirmación de las sentencias ape.-ladas.

"Rl Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.

      §426.-(484 Cal.) Hurto, Definición. — Hurto (laroeny) es el acto de sustraer, con intención criminal, bienes muebles o semovientes, pertenecientes a otra persona.


text:
    Pyramid Products, Inc., demandante y apelada, v. Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante.
    Núm. 8952.

    Sometido: Diciembre 1, 1944.

      Resuelto: Abril 19, 1945.

      ¡Ion. Procurador General Interino Jesús A. González, Fernando B. Fornaris, Procurador General Auxiliar, y Árcilio Alvarado, Ase-sor Legal del Tesorero de Puerjo Rico, abogados del apelante; Hartzell, Kelley é Hartzell y Rafael O. Fernández, abogados de la apelada; James R. Beverley, R. Castro Fernández y José López Baralt, como amici curiae.

   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La apelada instituyó este pleito para recobrar la canti-dad de $94,188.22 que el Tesorero, basándose en la Ley núm. 217 de 12 de mayo de 1942 ((1) pág. 1151) le cobró por con-cepto de impuestos, recargos e intereses, y la apelada pagó bajo protesta, por gasolina importada por ella durante los años 1930, 1931, 1932 y 1933 y enviada a sus almacenes de Santo Domingo para ser allí vendida.

Desde el primero de julio de 1930 basta el 23 de julio de . 1931 rigió en Puerto Rico la Ley núm. 12 de 21 de abril de 1930 (pág. 159), a virtud de la cual se impuso por una sola vez un arbitrio de rentas internas de seis centavos por cada galón de gasolina “que se venda o consuma en Puerto Rico”. Esa ley fue derogada por la núm. 40 de 24 de abril de 1931, (pág. 361), que empezó a regir el 24 de julio de 1931 e im-puso por una sola vez una contribución de siete centavos por cada galón de gasolina “que se introduzca, fabrique, venda o consuma, o que de otro modo se disponga para él consumo en Puerto Rico.” (Bastardillas nuestras.) Disponía ade-más la ley que el impuesto tendría el carácter de renta in-terna, por lo cual debía ser uniforme y general tanto para el artículo que se produjera en el exterior y sé trajera a Puerto Rico como para el que se produjera en esta Isla, y que el cobro de ese impuesto debería hacerse “con sujeción a las disposiciones de la Ley de Rentas Internas, tan pronto como la gasolina sea fabricada, producida o introducida en Puerto Rico.”

Antes de empezar a regir la citada ley de 1931 el enton-ces gerente de la apelada inquirió del Tesorero de Puerto Rico cuál sería la norma a seguir por el Departamento de Hacienda en lo que respecta a gasolina introducida después de la vigencia de la Ley núm. 40 y luego exportada. Res-pondiendo a la consulta, el Tesorero el 23 de julio de 1931 le dirigió una carta exponiendo la práctica que habría de se-guir el Departamento en relación con el cobro del impuesto. En consonancia con lo expresado en la referida carta y ba-sándose en la facultad que le confiere la sección 39 de la Ley de Rentas Internas de Puerto Rico, Ley núm. 85 de 20 de agosto de 1925 (pág. 585), según fue enmendada por la Ley núm. 83 de 6 de mayo de 1931 (pág. 505), el 24 de julio de 1931 el Tesorero promulgó un Beglamento de Bentas Inter-nas para regir desde el 4 de agosto de 1931, cuya sección 30 dice así:

“Los artículos que se introduzcan o fabriquen para ser exportados y que fueren exportados dentro de. un plazo razonable, estarán exen-tos del pago de los impuestos si dentro del término de diez días fueren declarados, pero para ello será menester comprobar que ban sido fabricados o introducidos para la exportación y que en efecto han sido exportados. Se considerarán como artículos introducidos o fabricados^ para la export ación todos aquellos cuyo fabricante o im-portador los tuviere en su poder cuando hiciere el embarque o exten-dí ere la orden o contrato de exportación o documento relacionado con dicha exportación en virtud del cual se pruebe que dicho fabri-cante o importador ha de exportar dicho artículo y embarcarlo antes de que sea vendido o fuere vendido en Puerto Rico para ser usado o embarcado por otra persona. Pruebas a ese efecto deberán pre-sentarse siempre que lo exija el Tesorero de Puerto Rico.”

AI empezar a regir la Ley núm. 40 de 1931 la apelada tenía en existencia 51,300 galones de gasolina introducida bajo la ley anterior, y después de empezar a regir la ley de 1931, en dicho año y en 1932 y 1933 introdujo en Puerto Bico gasolina en diferentes cantidades, sobre la cual, lo mismo que sobre los 51,300 galones que tenía en existencia al em-pezar a regir la ley de 1931, pagó la contribución de siete centavos por galón. Del total de dicha gasolina, durante los años mencionados exportó para sus establecimientos en Santo Domingo la cantidad de 547,236 galones. La gasolina no era vendida desde Puerto Bico, sino que la operación constituía un simple traslado de existencias de los tanques de la ape-lada en Puerto Bico a los que tenía en Santo Domingo. Allá era recibida a consignación y vendida por los agentes de la apelada por cuenta de ella, y al fijar el precio de venta en Santo Domingo no se tomaba en consideración el impuesto que previamente había sido pagado en Puerto Bico al intro-ducirse la gasolina en esta Isla, toda vez que dicho impuesto •le era devuelto de acuerdo con la sección 30 del Beglamento del Tesorero tan pronto la apelada acreditaba el hecho de la exportación y demás circunstancias exigidas por el Regla-mento. La devolución del impuesto se hacía mediante libra-mientos firmados y aprobados por el Tesorero, por el Auditor y por el Gobernador de Puerto Rico Esa práctica ad-ministrativa se aplicaba a todas las personas y entidades que introducían gasolina y más tarde la exportaban sin rea-lizar operación alguna en Puerto Rico, y no fue abandonada —según admite el actual Tesorero en su alegato — hasta el mes de febrero de 1942, poco antes de aprobarse la Ley núm. 217 de 1942. Esta Ley, por su sección 2, enmendó la sec-ción 1 de la Ley núm. 40 de 1931, así:

“Por la presente Ley se impone y se cobrará y pagará por una sola vez, como impuesto de Rentas Internas, la suma de siete (7) centavos por cada galón de gasolina que se introduzca, fabrique, venda, traspase, use, consuma, o produzca en Puerto Rico; ...”

Y por su sección 4 adicionó, entre otras, la siguiente sec-ción a la citada ley de 1931:

‘ ‘ Sección 4a. — Cuando una persona obligada por esta Ley a pagar un arbitrio sobre los artículos manufacturados, producidos, vendidos, traspasadas, usados, consumidos o introducidos en Puerto Rico, no lo luciere en el tiempo y en la forma establecidos por esta Ley, además de ser culpable de delito menos grave (misdemeanor) pagará en adi-ción a dicha contribución y como parte de ella en concepto de pena-lidad, un cinco (5) por ciento de la cantidad adeudada e intereses a Tazón del uno (1) por ciento mensual, computables desde la fecha en que debió haberse efectuado el pago conforme a lo dispuesto por esta Ley.”

Dispuso además la Ley núm. 217 de 1942 lo siguiente:

“Sección 5.- — La contribución impuesta, así como la contribución impuesta y ya cobrada sobre cada galón de gasolina o de cualquier mezcla, solución o combinación que contenga o en la cual se use gasolina, que se hubiera introducido, fabricado, vendido, traspasado, usado, consumido o producido en Puerto Rico . . . desde el primero de julio de 1931, hasta la fecha de la vigencia de la presente Ley, impuestas o impuestas y ya cobradas en virtud de la Ley Núm. 40, aprobada el 24 de abril de 19#1, según fué enmendada por la Ley 2s mu. 15 del 24 de agosto de 1933 y por la Ley Núm. 68 de 13 de mayo de 1934, quedan y por la presente son reimpuestas, legalizadas, convalidadas y ratificadas y la imposición y la imposición y cobro de dielias contribuciones en virtud de las disposiciones contenidas en las leyes expresadas, así como e incluyendo la imíposición y la impo-sición y cobro de la contribución impuesta por virtud de la pre-sente Ley, sobre cada galón de gasolina, o de cualquier mezcla, solu-ción o combinación que contenga o en la cual se use gasolina, que se hubiera introducido, fabricado, vendido, traspasado, usado, con-sumido o producido en Puerto Rico . . . desde el primero de julio de 1931, hasta la fecha de la'presente Ley, quedan y por la presente son reimpuestas, legalizadas, convalidadas y ratificadas, a los mismos efectos y con igual fuerza, eficacia y vigor como si la presente Ley hubiera estado en vigor desde el primero de julio de 1931, a la cual fecha se retrotraen todos los efectos y disposiciones de la presente Ley sin ninguna limitación.
“V se ordena al Tesorero de Puerto Rico, proceda inmediata-mente al cobro de dichas contribuciones, con sus recargos e intereses si ya no so hubiere efectuado el pago do las mismas o si habiendo sido verificado éste, se hubieren devuelto las cantidades cobradas al deudor o contribuyente por cualquier causa; . . . Disponiéndose, que el Tesorero cumplirá con esta obligación de cobrar y el contribuyente! vendrá obligado a pagar dichas contribuciones aún *fen aquellos casos en que éstas hubieren sido pagadas 'por el contribuyente y reinte-.gradas por el Tesoréro en el período comprendido entre el 1 de julio de 1931 y la fecha de la vigencia de esta Ley.
“Sección 6. — La Sección 4 de. la Ley Núm. 170 de 13 de mayo de 1941, queda por la presente derogada; declarándose expresamente que la intención y el propósito de la Legislatura de Puerto Rico al aprobar la Ley Núm. 170 de 13 de mayo de 1941 no fué eximir da imposición o de imposición y cobro de la contribución sobre cada galón de gasolina o de cualquiera mezcla, solución o combinación que contenga o en la cual se use gasolina, o de la contribución sobre cada galón de gas oil o diesel oil según origin almente_ se imponía la refer rida contribución por la mencionada Ley Núm. 40 de 24 de abril de 1931, según quedó enmendada por la Ley Núm. 15 de 24 de agosto de 1933 y por la Ley Núm. 68 de 13 de mayo de 1934, la gasolina o cualquiera mezcla, solución o combinación que contenga o en la cual se use gasolina . . . que se. hubiere introducido, fabricado,' ven-dido, traspasado, usado, consumido o producido en Puerto Rico desde el primero de julio do 1931 hasta la fecha de la vigencia de la presente Ley.
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“Sección 8. — Todas las disposiciones penales contenidas en las secciones 4a, 4Z> y 4c que han sido adicionadas por virtud de la presente Ley, solamente serán efectivas prospectivamente, -y en nin-gún caso dichas disposiciones penales se aplicarán retrospectivamente por razón de actos u omisiones incurridos en fecha anterior a la de la vigencia de esta Ley.”

Invocando esta ley, el Tesorero exigió a la apelada el pago del impuesto de siete centavos por galón sobre la ga-solina exportada por ella a Santo Domingo, ascendiendo la cantidad cobrada a $94,048.39, que se descompone en las si-guientes partidas: ■

Impuesto de siete centavos por galón $41, 943. 30

Recargos___ 2, 097.17

Intereses_ 50,007. 92

Total_$94, 048. 39

La teoría del Tesorero apelante es que de acuerdo con la ley de 193.1, una vez que la gasolina ha sido introducida en Puerto Eico, recae sobre ella el impuesto de renta in-terna; que la devolución de los impuestos que por el con-cepto indicado pagó la apelada durante los años 1931, 1932 y 1933 no estaba autorizada por ley; y que el Tesorero Do-menech carecía de facultad para aprobar el -reglamento pro-mulgado el mismo día en que empezó a regir la ley de 1931 porque su autoridad para promulgar reglamentos estaba li-mitada a la Ley de Eentas Internas y no a la Ley creando el impuesto sobre la gasolina aprobada en 1931. Finalmente arguye el Tesorero que la Ley de 1942, al enmendar la ley de 1931 con efecto retroactivo de suerte que se entienda que la ley de 1931 siempre ha sido como quedó enmendada en 1942, no impuso una nueva contribución con efecto retroac-tivo, sino que reimpuso el arbitrio que había fijado la ley de 1931, que no fué satisfecho por la apelada sobre la gasolina en cuestión toda vez que le fué devuelto por el Tesorero.

La decisión emitida por la Corte Suprema de los Estados Unidos el 12 de noviembre de 1940 en el caso, de West India Oil Co. v. Domenech, 311 U. S. 20, disipó la duda sobre la facultad de la Asamblea Legislativa de Puerto Eico bajo la sección 3 de la Ley Orgánica — según fué enmendada por la Ley Butler en 1927 — para imponer arbitrios a los artículos importados de los Estados Unidos o de países ex-tranjeros tan pronto eran introducidos en Puerto Eico. En aquel caso no estaba envuelta la Ley núm. 40 de 1931 que ahora nos ocupa. Se impugnaba allí la autoridad del Tesorero para exigir y cobrar la contribución de dos por ciento (Ley de Eentas Internas, artículo 62, según fué enmendado por la Ley núm. 17 de 3 de junio de 1927, pág. 458) sobre el aceite de combustible que la allí demandante había importado en Puerto Eico y depositaba en tanques de adeudo (bonded tanks) bajo el control del Servicio de Aduanas, de los cuales era extraído bajo la supervisión de los agentes federales, para entregarlo a virtud de contratos de venta, a vapores que lo consumían como combustible en sus viajes en el comercio extranjero. Se resolvió por la Corte Suprema de los Estados Unidos qne a virtnd de la Enmienda Bntler el Congreso autorizó a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a imponer arbitrios sobre artículos importados de los Estados Unidos o de países extranjeros tan pronto son in-troducidos en Puerto Rico, siempre que no se discrimine entre los artículos importados y los producidos en la Isla; que esa facultad se extendía no sólo a los artículos que se bailaban en el paquete original, si que también a los que no lo estuvieren, y por consiguiente la contribución de dos por ciento sobre la venta en las condiciones descritas era válida.

Pero el hecho de que nuestra Asamblea Legislativa esté autorizada para imponer contribución de rentas internas tan pronto el artículo es introducido en Puerto Rico procedente de los Estados Unidos o de países extranjeros, no implica que al aprobar la Ley núm. 40 de 1931 ejercitara ese poder imponiendo el arbitrio de siete centavos por galón de gaso-lina tan pronto era introducida independientemente de que fuera para el consumo de Puerto Rico.

La norma (policy) de la Asamblea Legislativa en legis-lación contemporánea con, y anterior y posterior a, la Ley núm. 40 de 1931, fue la de no gravar artículos introducidos de los Estados Unidos o del extranjero, a menos que dichos artículos fuesen introducidos para la venta o consumo en Puerto Rico.. Esa práctica cesó, según admite el apelante, en febrero 1942, después de conocerse la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de West India Oil Co. v. Domenech, supra, y cuando se hallaba en gesta-ción la Ley núm. 217 de 1942 — por la cual se enmendó la Ley núm. 40 de 1931 — imponiendo tributo a la gasolina in-troducida de países extranjeros o de los Estados Unidos, indepedientemente de que dicha gasolina fuese destinada al consumo en Puerto Rico. Así vemos que por la Ley núm-12 de 1930, a pesar de que hacía tres años había sido apro-bada la Enmienda Butler, la Asamblea Legislativa al en-mendar la sección 2 de la Ley núm. 8 de 11 de mayo de 1927 (pág. 421),- dispuso: “Se impondrá, cobrará y pagará como impuesto de Rentas Internas por una sola vez la suma de seis (6) centavos por cada galón de gasolina que se venda o consuma en Puerto Rico; ...” (Bastardillas nuestras.)

Y en la sección 38 de la Ley de Rentas Internas, según fué enmendada por la Ley núm. 83 de 6 de mayo de 1931 (pógs. 505, 521) — es decir, aprobada doce días después de la Ley núm. 40 de 1931 — , al gravar ciertos artículos, prescribió:

‘ ‘ La persona que use o consuma el artículo tributable será res-ponsable? del pago del impuesto al introducir o poseer el artículo para liso o consumo en Puerto Rico, o al traspasar el mismo a otra persona, cea cual fuero su propósito.” (Bastardillas nuestras.)

Posteriormente, la Ley núm. 267 de 15 de mayo de 1938 (pág. 516), interpretada en el caso de Mayagüez Sugar Co. v. Carreras, Tes. (1942), 59 D.P.R. 720, en su sección pri-mera estableció:

“Por la presente Ley se impondrá, cobrará y pagará como im-puesto de rentas internas por una sola vez la sumía de un cuarto (lú) de centavo por cada galón de miel que se fabrique, venda, con-suma, re introduzca o de otro modo se clisponga para, el consumo en Pv-crto Rico: ...” (Bastardillas nuestras.)

Finalmente, en la Ley núm. 171 de 13 de mayo de 1941 ((1) pág. 1033) al enmendar la sección 1 de la Ley núm. 267 de 1938 se usó el lenguaje siguiente:

“Se impondrá, cobrará y pagará como impuesto de rentas inter-nas, una contribución de un cuarto (%) de centavo por cada galón (ie miel de caña que- en cualquier forma se produzca, use, venda o consuma en Puerto Rico, o se introduzca para su venta, uso o con-sumo en Puerto Pico. ...” (Bastardillas nuestras.)

Queda, pues, demostrada la norma de la Asamblea Le-gislativa de no gravar aquellos artículos introducidos en Puerto Rico a menos que la introducción fuese para el con-sumo en la Isla.

Ha Ley núm. 40 de 1931 impone una contribución de siete centavos “por cada galón de gasolina que se introduzca, fa-brique, venda o consuma, o que de otro modo se disponga para el ■consimio en Puerto Rico.” (Bastardillas nuestras.) La frase “que de otro modo se disponga” después de los verbos “introduzca, fabrique, venda o consuma,” indica otra forma de disponer del artículo, como por ejemplo, tra?s-pasar, usar o donar. Y si la gasolina de que de otro modo se dispone, o sea mediante traspaso, uso o donación, sola-mente es tributable cuando de ella se dispone en cualquiera de esas' formas para el consumo en Puerto Rico, no mo-tivo para creer que fue la intención de la Asamblea Legis-lativa no imponer a la venta, que no es otra cosa que una forma de disponer, la misma condición de que para que sea tributable debe hacerse para el consumo en Puerto Rico. Y si la venta, uso, consumo, traspaso o donación de la gasolina sólo son tributables cuando son para el consumo en Puerto Rico, tenemos que concluir que la intención del legislador no fue gravar la introducción de la gasolina cuando se hace para otros fines que no sea disponer de ella en cualquiera de las formas indicadas “para el consumo en Puerto Rico.”

Que la intención legislativa fue que la frase “para el consumo en Puerto Rico” modificara las distintas formas de disponer del artículo, lo demuestra la propia Asamblea Le-gislativa, la cual, cuando se propuso gravar la mera intro-ducción de la gasolina, enmendó por la Ley núm. 217 de 1942 la sección primera de la Ley núm. 40 de 1931, elimi-nando por completo la frase “o que de otro modo se dis-ponga para el consumo en Puerto Rico,” y redactándola así:

“Por la presente Ley se impone y se cobrará y pagará por una sola vez, como impuesto de Rentas Internas, la suma de siete (7) centavos por cada galón de gasolina que se introduzca, fabrique, venda, traspase, use, consuma, o produzca en Puerto Rico; ...”

El Tesorero, quien por razón de su cargo estaba espe-cialmente informado de las necesidades y conveniencias ad-ministrativas, Estate of Sanford v. Comm’r., 308 U. S. 39 (1939), al poner en ejecución la ley de 1931 la interpretó, como bemos visto, en el sentido de que la introducción de la gasolina sólo era tributable cuando el artículo era intro-ducido para el consumo, venta o traspaso, o cuando en cual-quiera otra forma se disponía del mismo para el consumo en Puerto Rico. Y durante los once años comprendidos en-tre el 1931, en que empezó la práctica, y el 1942, en que se abandonó, los distintos auditores y gobernadores de Puerto Rico aceptaron esa interpretación como correcta, al firmar en unión del Tesorero los libramientos de pago para el re-embolso del arbitrio cobrado al introducir la gasolina que era luego exportada.

Y no fueron sólo los referidos funcionarios los que así in-terpretaron la ley. El Procurador General Interino Sr. Enrique Campos del Toro, en su opinión de 6 de noviembre de 1939 dirigida al Tesorero de Puerto Rico, interpretó de la misma manera aquella parte de la sección 1 de la Ley núm.. 40 de 1931 referente al gas oil y diesel oil — adicionada por la Ley núm. 68 de 1934 — que dice así:

“. . . Al Gas Oil y Diesel Oil por la presente se le impone, se le cobrará y pagará por una sola vez una contribución de cuatro (4) centavos por galón que se introduzca, fabrique, use o consuma o que de otro modo se disponga de ellos para el consumo en Puerto Meo, cuyo impuesto se impondrá y cobrará en igual forma que se establece anteriormente para la gasolina y sus productos combina-dos.” (Bastardillas nuestras.)

La opinión del Procurador General Interino Sr. Campos del Toro en lo pertinente dice:

“Su consulta envuelve la interpretación del precepto legal trans-crito. . . .
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“La letra del estatuto es clara y libre de ambigüedades. De ella resulta que se impondrá una contribución de 4$S por galón al 'gas oil’ y ‘diesel oil’ que se introduzca, fabrique, use, consuma o que de otro modo so disponga de ellos para el consimo en Puerto Pico. Las palabras ‘introducir’, ‘fabricar’, ‘usar’, ‘consumir’ o ‘disponer’ están seguidas por la frase ‘para el consumo en Puerto Rico’. De modo que la frase ‘para el consumo en Puerto Rico’, intercalada por el legislador al final de la sentencia y después de las palabras “intro-ducir’, fabricar’, ‘usar’, ‘consumir’ o ‘disponer’, completan y condi-cionan el concepto o significado de los cinco Acerbos que preceden al uso de dicha frase.
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“Consideramos, pires, que la contribución no se impone tan sólo por el hecho de la introducción, sino por la introducción para el consumo en Puerto Rico, resultando de la letra de la misma ley que el legislador exige la concurrencia de los dos requisitos o elementos, a saber, el de la introducción del artículo y que el mismo sea para consumo en Puerto Rico, para que pueda ser tributable.
“El caso de West india Oil Co. v. Rafael Sancho Bonet, resuelto en mayo 10 del año en curso [54 D.P.R. 732], se distingue del pre-sente. En dicho caso se trataba de la contribución del dos por ciento sobre ventas y nuestra Corte Suprema resolvió que. si bien el contrato de venta se perfeccionó en Nueva York, dicho contrato se consumó en Puerto Rico, lugar de la entrega de la mercancía y, por lo tanto debería entenderse, a los efectos de la imposición de la contribución del dos por ciento sobre ventas, que la venta se hizo en el lugar de la entrega; pero en el caso de la American Mineral Spirit Go. [objeto de la consulta] no se trata de una contribución sobre venta, sino de un arbitrio que impone la sección 1 de la Ley Núm. 40 de 1981, según lia si.do enmendada, y que lia de pagarse por el contribuyente que introduzca ‘gas oil’ o ‘diesel oil’ para consumo en Puerto Rico. Según se desprende de los hechos envueltos en el caso de West India Oil Co. v. Sancho Bonet, y el caso que estamos considerando, ambos pueden fácilmente distinguirse.”

Es de conocimiento público que las leyes de rentas ge-neralmente surgen en el Departamento de Hacienda, y las que no se originan allí, antes de ser aprobadas son enviadas al Tesorero para su estudio e informe, de suerte que no hay razón para creer que el Tesorero Domenech, quien ocupó el cargo desde antes de la aprobación de la Ley núm. 40 de 1931 y algún tiempo después de su vigencia, no conociese la intención legislativa. Es significativo también que sus suce-sores en el cargo y los distintos gobernadores y auditores tampoco hubiesen estado informados del propósito perse-guido por el legislador al aprobar una ley tan importante para el fisco como la que nos ocupa.

Esta corte, en el caso de De Castro v. Junta Comisionados (1942), 59 D.P.R. 676, 683, citó entre otros los siguien-tes párrafos del de Smith v. Bryan (Va. 1902), 40 S. E. 652, 654:

“Es una regla de hermenéutica legal que cuando un estatuto es de dudosa interpretación, la corte considerará la que se le hubiere dado cuando empezó a regir, y esa interpretación no variada, bien por la asamblea legislativa o por decisiones judiciales, con el transcurso del tiempo será considerada como la correcta. Suth. St. Const. párrafo 307; Anable v. Com., 24 Grat. 563-566; Lewis v. Whittle, 77 Va. 415, 422; Mangus v. McClellamd, 93 Va. 786, 789, 22 S. E. 364.
“Así también, la interpretación que. en la práctica se haya dado a un estatuto por los funcionarios públicos y a base de la cual el público en general haya actuado, no solamente debe ser tenida en cuenta, sino que en casos de duda se considerará como decisiva. Se le concede el mismo efecto que a una serie de decisiones judiciales. Se presume que la asamblea legislativa está enterada de dicha inter-pretación, y cuando ha sido seguida por largo tiempo, en ausencia de legislación contraria que demuestre que debe se,r descartada, las cortes la adoptarán.”

Y la Corte Suprema de los Estados Unidos en De Castro v. Board of Comm’rs. (1944), 322 U. S. 451, citó con apro-bación el caso de Smith v. Bryan, supra, y confirmó lo dicho por el Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre la influencia que en la interpretación judicial de un estatuto ejerce la que le ha dado el publicó y las personas por él afectadas.

En el caso de United States v. Alabama Railroad Co. (1892), 142 U. S. 615, se interpretaba la sección 13 de la Ley del Congreso de 12 de julio de 1876, que decía “que las compañías de ferrocarriles cuyas vías fueron construidas en todo o en parte por una concesión de tierra hecha, por el Congreso bajo la condición de que el correo sea transpor-tado en sus trenes al precio que el Congreso disponga por ley, recibirán solamente ochenta por ciento de la compensa-ción autorizada por esta ley.” (Bastardillas nuestras.) El Administrador General de Correos y los oficiales conta-dores del Tesoro de los Estados Unidos, en la fecha en que la ley fné aprobada, la interpretaron en el sentido de que la reducción en el precio a qne se refiere el estatuto en aque-llos casos en que las vías del ferrocarril se extendían sólo en parte sobre terrenos concedidos por el Congreso, sola-mente debía- aplicarse en proporción a la .parte del trayecto total construido sobre los terrenos cedidos, y que en cuanto al resto del trayecto debía pagarse la compensación com-pleta. Esta interpretación, que no solamente fue dada por el Administrador General de Correos y los funcionarios antes mencionados, si que también fue aceptada por la apelada Alabama and Chattanooga Railroad Company y sus suceso-res, fue seguida desde el año 1876 hasta 1885 por seis admi-nistradores generales de correos, hasta que en 1885 el en-tonces Tesorero revocó la regla de sus predecesores, y no solamente aplicó la tarifa reducida a toda la línea del tra-yecto, sino que le dió efecto retroactivo a su interpretación, y exigió el reembolso de lo que, según él, la compañía por espacio de nueve años indebidamente había recibido de con-formidad con la interpretación anterior. Resolviendo la cuestión, el tribunal se expresó así:

“Somos de opinión que la interpretación contemporánea que el departamento ejecutivo del Gobierno dió al estatuto y que preva-leció por espacio de nueve áños durante seis diferentes administra-ciones de dicho departamento — interpretación que, aunque inconsis-tente con la letra de la -ley, ciertamente armoniza con la equidad del caso — debe considerarse como decisiva en este pleito. Es doctrina bien establecida en está corte que en caso de ambigüedad, el depar-tamento judicial se inclinará en favor de la interpretación dada al estatuto por el departamento encargado de su ejecución, y si a base de esa- interpretación se ha actuado por un número de años, no favorecerá un cambio repentino, por el cual las partes que han con-tratado con el gobierno confiando en esa interpretación puedan ser perjudicadas. Es especialmente censurable que una interpretación de un estatuto favorable al ciudadano particular sea variada en tal forma que se convierta en retroactiva, y requiera de él el pago de dine.ro a que él se creía con derecho a retener y que en esa creencia había hecho- su contrato con el gobierno. Estos principios fueron enunciados desde el año 1827 . . . [Citas.] ”

Y por último, en el caso de Estate of Sanford v. Comm’r., supra, pág. 52, se expone la misma doctrina en los siguien-tes términos:

“La práctica administrativa puede tener gran peso para deter-minar la interpretación de un estatuto de significación dudosa cuando esa práctica no está en conflicto con otras disposiciones del estatuto y no es tan inconsistente con las decisiones judiciales aplicables que produzca inconsistencia y confusión en la administración de la ley. Tal elección en la práctica de una de dos posibles interpretaciones de un estatuto por aquellos que son expertos en el campo y se hallan especialmente informados de las necesidades y conveniencias admi-nistrativas, tiende a la sabia y justa administración de las leyes. Esto es tanto más así cuando las personas afectadas por la práctica han actuado de acuerdo con ella.”

Al mismo efecto, véanse además las Monografías, Effect of Practical or Administrative Construction of a Statute on Subsequent Judicial Construction, 73 L. Ed. 322; Administrative or Practical Construction of Statute as Precedent for Judicial Construction, 84 L. Ed. 28.

La propia Asamblea Legislativa, que se presume conocía la interpretación que a la ley habían dado al Tesorero y los demás funcionarios antes mencionados (Smith v. Bryan, supra; 2 Sutherland, Statutory Construction, tercera edición, sec. 5109, pág. 523, y casos citados), la ratificó desde el mo-mento en que al enmendarla en el año 1933 no varió sustan-cialmente su redacción de forma que la interpretación que le había dado la administración tuviese que ser variada (véase Ley núm. 15 de 24 de agosto de 1933, Primera Sesión Extraordinaria, pág. 81). Fue más lejos aún en el año si-guiente cuando por la Ley núm. 68 de 13 de mayo de 1934 (pág. 471), al enmendar de nuevo la sección 1 de la Ley núm. 40 de 1931, separó por una coma la frase “o que de otro modo se disponga de ella” de la que le sigue, “para el con-sumo en Puerto Rico,” de ese modo indicando más clara-mente su intención de que la frase “para el consumo en Puerto Rico” se aplicase a las distintas formas de dispo-ner. Podríamos aún agregar que las enmiendas introduci-das por las Leyes núms. 15 de 1933 y 68 de 1934 tienen un alcance de mayores consecuencias. En una serie de casos el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha sostenido que cuando una ley ha recibido una interpretación administra-tiva, al reenactarse la ley posteriormente sin variar sustan-cialmente su redacción, se entiende que la interpretación ad-ministrativa ha sido adoptada por el poder legislativo y ad-quiere fuerza de ley. Helvering v. Reynolds Co., 306 U. S. 110, 115 (1939); Helvering v. Winmill, 305 U. S. 79, 83 (1938); Hartley v. Commissioner, 295 U. S. 216, 220 (1935); U. S. v. Dakota-Montana Oil Co., 288 U. S. 459, 466 (1933); United States v. Cerecedo Hermanos y Compañía, 209 U. S. 337, 339 (1908); 2 Sutherland, Statutory Construction, supra. Al mismo efecto, Helvering v. Griffiths, 318 U. S. 371, 395 (1943); Comm’n v. Broadcasting System. 311 U. S. 132, 137 (1940).

Atacando la práctica administrativa, sostiene el apelante que los tesoreros anteriores no tenían facultad para devolver la contribución por ellos cobrada, ni' para aprobar el Reglamento que aprobó el Tesorero Domenech el 24 de julio de 1931, en el cual se disponía el procedimiento para el reembolso de los impuestos cobrados sobre gasolina que era luego exportada. La facultad para promulgar el Reglamento en cuestión, si bien no surge expresamente de la Ley núm. 40 de 1931, aparece en la Ley núm. 83 de' 1931 antes citada, la cual lo autoriza para promulgar reglamentos en relación con la Ley de Rentas Internas. Como la Ley núm. 40 de 1931, en su sección primera, expresamente dispone qne el arbitrio impuesto por esa ley tendrá el carácter de renta interna y que “será cobrado por el Tesorero de Puerto Rico, con sujeción a las disposiciones de la Ley de Rentas Inter-nas,” preciso es concluir que la facultad para promulgar reglamentos es extensiva a la Ley núm. 40 de 1931.

Y en cnanto a la autoridad para devolver dicha contribución, la encontramos en la Ley aprobada el 12 de febrero de 1904 (pág. 167), contenida en las secciones 2365, 2366 y 2367 de los Estatutos Revisados de Puerto Rico, Compilación de 1911, pág. 480. La sección 2365 dice así:

“Siempre que resultare,, ya fuere a solicitud hecha por mi con-tribuyente a satisfacción del Tesorero, o bien por investigación prac-ticada por el Tesorero o por el Auditor, al hacer la revisión y corrección de los recibos de contribuciones, que se han cobrado cantidades de dinero por el Tesorero de Puerto Rico indebidamente o en exceso de la cantidad debida, el Auditor queda autorizado, mediante la aprobación del Gobernador, para librar una orden de pago a favor del contribuyente por la cantidad de dicho exceso o por la cantidad que se. hubiere pagado indebidamente.”

Partiendo de la falsa premisa de que la Ley núm. 40 de 1931 impuso tributo a la gasolina introducida en Puerto Rico independientemente de que lo fuera para el consumo en la Isla, sostiene el apelante que la Ley núm. 217 de 1942 no impuso una nueva contribución, sino que reimpuso la que ya existía bajo la Ley núm. 40 de 1931. Como hemos demostrado que la ley de 1931 no impuso contribución alguna a gasolina importada que no habría de ser consumida en esta Isla, la contribución impuesta por la Ley núm. 217 de 1942 a la gasolina “que se introduzca, fabrique, venda, traspase, use, consuma, o produzca en Puerto Rico,” es una nueva contribución, y como tal distinta de la de radio más estrecho que imponía la ley de 1931. La Ley núm. 217 de 1942, aprobada después de conocerse la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de West India Oil Co. v. Domenech, supra, sí grava- la introducción de gasolina inde-pendientemente del uso que luego pueda dársele.

Arguye el apelante — como para el caso de que no prospere su contención al efecto de que la Ley núm. 217 de 1942 no impone ninguna otra contribución que no hubiere sido impuesta por la Ley núm. 40 de 1931 — que, suponiendo que la primera impusiera la contribución con efecto retroactivo, la retroaetividad es válida porque su propósito es subsanar el alegado error del Departamento de Hacienda al interpretar la Ley núm. 40 de' 1931 en la forma en que lo hizo.

Los llamados curative o remedial statutes con efecto re-troactivo no son contrarios a la Constitución federal ni a nuestra Ley Orgánica, siempre que el estatuto pueda apli-carse sin producir injusticia. Como dijera el Juez Brandéis en su opinión disidente en el caso de Untermyer v. Anderson (1928), 276 U. S. 440, 449, “La necesidad de rentas que tiene el gobierno se ha considerado hasta ahora como una justificación suficiente para imponer tributos con efecto re-troactivo siempre- que la imposición parezca estar en consonan-cia con la justicia, y las circunstancias fueren tales que or-dinariamente no residtare opresiva.” (Bastardillas nues-tras.) Una buena ilustración del principio expuesto la en-contramos en el caso de Graham & Foster v. Goodcell, 282 U. S. 409 (1931), citado por el apelante. En ese caso los contribuyentes habían sido obligados a pagar una contribu-ción que realmente debían, pero su cobro había prescrito por un error de derecho del funcionario encargado de cobrarla. El Congreso pasó una ley a virtud de la cual se impedía a los Contribuyentes recobrar las cantidades que habían tenido que pagar por concepto de la contribución prescrita. La Corte Suprema de los Estados Unidos sostuvo la validez del esta-tuto curativo, por estimarlo consistente con el debido proce-dimiento de ley, por la razón de que su propósito era subsa-nar el error cometido por el encargado de cobrar la contri-bución y las circunstancias eran tales que no se cometía nin-guna injusticia con los contribuyentes, puesto que como he-mos dicho ellos realmente debían la contribución y sólo que-rían aprovecharse del error del funcionario para librarse de su pago.

Parámino Co. v. Marshall, 309 U. S. 370 (1940), es otro caso típico de esta clase de legislación. Allí el apelado Clark sufrió una caída el 17 de enero de 1931 mientras trabajaba como estibador para la apelante en aguas navegables de los Estados Unidos. La otra apelante, la Union Insurance Company of Canton, Ltd., era la aseguradora de la Paramino Lumber Co. bajo la Ley de Compensaciones. Habiendo sido Clark incapacitado como consecuencia de la caída, las ape-lantes voluntariamente le pagaron compensación, y a solici-tud de Clark se celebraron audiencias bajo la Ley de Com-pensaciones. De la prueba resultó que Clark había sido tra-tado por el médico de su patrono, quien lo operó de la duo-décima costilla, e informó que un examen de la undécima de-mostraba que el sitio de la fractura en esta última había sol-dado firmemente. A base de esa evidencia, el Comisionado Auxiliar declaró el 26 de agosto de 1931 que Clark había estado totalmente incapacitado a consecuencia de su caída desde la fecha de la misma hasta el 4 de julio de 1931, en cuya fecha había quedado curado, y que le había sido pagada por las apelantes toda la compensación a que tenía derecho. No se estableció procedimiento alguno para revisar esta de-cisión, la cual fué firme treinta días después de dictada. Pero el dolor de Clark continuó, y cuatro meses después de la orden del Comisionado Auxiliar cerrando el caso, una ra-diografía tomada por otro médico reveló que la fractura de la undécima costilla no estaba soldada y que para propor-cionar alivio a Clark era necesaria una nueva operación para unir los fragmentos de huesos. Después de esta operación la costilla unió, pero en marzo 1935 el médico que practicó la segunda operación informó que Clark todavía sentía dolor en el área de su lesión. Como el Comisionado Auxiliar no-' tenía jurisdicción sobre el caso después, que lo había cerrado ■ y como el término para una revisión judicial había expirado con anterioridad al tiempo de la operación de la undécima, costilla, Clark no tenía oportunidad dentro de la ley para obtener el reajuste de su compensación. A base de estos hechos, el Congreso pasó una ley especial (private act) en la que se ordenaba a la Comisión de Compensaciones que revisara el caso de Clark y que expidiese una nueva orden, no obstante haber prescrito el término para la revisión de la decisión de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Compensaciones. A virtud de la ley especial el caso fué lle-vado a la corte. Las apelantes atacaron el decreto de la corte inferior -alegando que la ley especial violaba la cláu-sula del debido procedimiento de ley contenida en la Quinta Enmienda de la Constitución federal. El argumento de las apelantes se basaba en que la compensación original era una adjudicación, que ya no podía ser revisada cuando se pasó-la ley especial; y que por lo tanto los derechos y obliga-ciones de las partes habían sido definitivamente determina-dos y que se les privaba del derecho adquirido a virtud de-la decisión del Comisionado Auxiliar, que garantizaba a las-apelantes inmunidad contra otras reclamaciones por parte de Clark. Resolviendo la cuestión, dijo la Corte Suprema que la decisión bajo la Ley de Compensaciones de Estibado-res y Trabajadores de Puertos determina la responsabilidad del patrono para con el empleado, pero que no podían con-venir en que la inmunidad obtenida por el lapso del tiempo-para revisar la decisión es el tipo de inmunidad que protege a sus beneficiados contra legislación retroactiva por la qne se autorice revisar la reclamación. La ley especial no dejó sin efecto nna sentencia, ni creó un'nuevo derecho de -acción ni ordenó que se concediese una nueva compensación. La audiencia provista por la ley especial estaba sujeta a las ■disposiciones de la ley general de compensaciones. No tiene la ley especial el efecto de crear una nueva obligación donde antes ninguna existía. Es una ley para subsanar un defecto en la administración que se ocasionó al resolver la reclama-ción de compensación. Si la lesión que siempre persistió hubiera sido conocida antes de concederse la compensación, los mismos pagos que se hicieron posteriormente a virtud de la nueva vista concedida por la ley especial le hubieran sido concedidos al obrero como resultado de la primera audiencia. En tales circunstancias, dijo la corte que no veía violación alguna de la cláusula del debido procedimiento de ley. Véanse al mismo efecto también Illinois Cent. R. Co. v. Minnesota, 309 U. S. 157 (1940); McFaddin v. Evans-Snider Fuel Co., 185 U. S. 505 (1902); Wheeler v. Commissioner of Internal Revenue, 143 F. (2d) 162, 166 (1944); Cooley, The Law of Taxation (cuarta edición), vol. 4, sec. 1594, pág. 3152, y vol. 1, sec. 59, pág. 156; Frederick A; Ballard, Retroactive Federal Taxation, 48 Harv. L. Rev. 592, 596, 597.

Aún concediendo que la Ley núm, 217 de 1942 sea un estatuto curativo, en el présente caso, si diéramos efecto -retroactivo a la enmienda verificada por esa ley, tendríamos que concluir que en cuanto a su retroactividad la ley es in-constitucional porque el cobrar a la apelada la contribución con efecto retroactivo por las transacciones consumadas en los años 1931, 1932 y 1933, la privaría de su propiedad sin el debido procedimiento de ley. Esto es así porque como hemos visto la ley de 1931 no imponía contribución alguna a la gasolina que introducida en Puerto Pico era después exportada, y al amparo de esta ley la apelada exportó la gasolina envuelta en este pleito v al venderla en Santo Domingo no incluyó en el precio el impuesto qne había pagado en Puerto Eico y le había sido reembolsado a virtud de la ley entonces en vigor. De suerte qne si se le obligase a pa-gar ese impuesto con efecto retroactivo la apelada no ten-dría medio alguno de cobrar el impuesto por la gasolina que vendió hace once años y por consiguiente tendría que pa-garlo de su propio peculio, lo cual equivaldría a privarla de la cantidad que se le reclama sin el debido procedimiento de ley. Nichols v. Coolidge, 274 U.S. 531 (1927); Coolidge v. Lang, 282 U. S. 582 (1931); P. R. Tobacco Corp. v. Buscaglia, Tes., 62 D.P.R. 811 (1944). Cf. Ballester v. Tribunal de Apelación, 61 D.P.R. 474 (1943).

Habiendo llegado a la conclusión de que la Ley núm. 40 de 1931 no impuso contribución alguna sobre la gasolina im-portada y luego exportada, y que la Ley núm. 217 de 1942 en tanto en cuanto trata de imponer contribución con efecto retroactivo a la gasolina importada por la apelada y expor-tada por ella durante los años 1931, 1932 y 1933 es incons-titucional, es innecesario considerar las demás cuestiones suscitadas por el apelante.

Procede por lo expuesto la confirmación de la sentencia apelada.

      (1)La sección 4 de la Ley núm. 170 de 13 de mayo de 1941 ((1) págs. 1025, 1029) dispone:
      “A todos los efectos, la vigencia de esta Ley se retrotrae al 1 de julio de 1931, tal y como si la referida Ley No. 40, aprobada el 24 de abril de 1931 Rubiera sido aprobada en esta última fecha en la forma en que por la presente Ley queda enmendada; Disponiéndose, que a partir de la fecha en que comience a regir la presente Ley se cobrarán las respectivas contribuciones de siete (7) centavos y cuatro (4) centavos sobre todo galón de gasolina, ‘gas oil’ o ‘diesel oil’ fabricado, vendido, usado o consumido en Puerto Rico, o introducido para su venta, uso o consumo en esta Isla, sobre el cual no se hubiere cobrado la contribución correspondiente; Disponiéndose, además, que no se devolverá con-tribución alguna cobrada con posterioridad al primero de julio de 1931, por al-guno de los conceptos que quedan descritos, cuya devolución se solicite por el fundamento de que la Ley No. 40 de 24 de abril de 1931 no impone contribución por la fabricación, venta, uso, consumo o introducción para la venta, uso o con-sumo de gasolina, ‘gas oil’, o ‘diesel oil’, en Puerto Rico.”

      (2)Las secciones 4-6' y 4-e no se transcriben por no ser pertinentes.

      (3)La cantidad que reclama la apelada es $94,188.22 debido a que al veri-ficarse el pago bajo protesta se habían acumulado intereses adicionales por la cantidad de $139.83.

      (4) Conviene notar que en.el caso de Mayagüez Sugar Co. v. Cabreras, Tes., supra, lo que estuvo ante la corte fué si la miel que se fabricaba en Puerto Bieo sólo estaba sujeta a tributo cuando la fabricación se hacía para el consumo en Puerto Bieo. Se resolvió quo la frase “para el consumo en Puerto Bieo” no era aplicable al antecedente “fabrique,” porque lo impedía el antecedente “con-suma,” al cual no podía unirse la frase “para el consumo en Puerto Bieo” por resultar redundante, teniéndose en cuenta muy especialmente la exposición de motivos de la ley y la circunstancia de que, siendo la miel de caña un producto de exportación, la contribución que se intentó imponer quedaría derrotada ai se interpretase que la fabricación sólo era tributable cuando el producto fabricado había de consumirse en Puerto Bieo. La cuestión de introducción de artículos procedentes de Estados Unidos o de países extranjeros no estaba envuelta en dicho caso. Se observará, sin embargo, que la Ley núm. 267 de 1938 no ofrece duda alguna de que para que fuera tributable la introducción de las mieles era indispensable que fuera para el consumo en Puerto Bieo.

      (4a)Si la Asamblea Legislativa tiene poder para imponer contribución sobre la mera introducción de la gasolina en Puerto Bico, es materia que expresamente dejamos sin resolver por ser innecesario a los efectos de este caso.

      (5) Aunque esta opinión no aparece publicada en los tomos de Opiniones del Procurador General de Puerto Bico, tenemos a la vista copia certificada de ella.

      (6) Como podrá verse, la disposición transcrita al imponer la contribución sobre todo galón de gas oil o diesel oil “que se introduzca, fabrique, use o consuma o que de otro modo se disponga de ellos para el consumo en Puerto Rico,’’ usa un lenguaje sustaneialmente igual al de la disposición de la misma seeción 1 de la Ley núm. 40 de 1931 relativa a la gasolina.

      (7) Es digno de notarse que la interpretación .que le dio el Tesorero a la Ley núm. 40 no fué algo a posteriori, sino que ya se liabía estudiado desde antes de entrar en vigor la Ley, toda vez que el Reglamento fué aprobado por el Tesorero el mismo día en que entró a regir la Ley. Norwegian Nitrogen Co. v. U. S. (1933), 288 U. S. 294, 315.

      (8)E1 estatuto interpretado era la Ley núm. 99 de 15 de mayo de 1931 (pág. 627), “Para Establecer un Gobierno Especial para la Capital do Puerto Rico y para otros fines,” cuyo artículo 21 dice:
      “El Administrador de la Capital será el jefe ejecutivo de la misma, será nombrado por la Junta de Comisionados que se crea por esta Ley y desempe-ñará su cargo mientras observe buena conducta.” (Bastardillas nuestras.)
      Se sostuvo por este Tribunal, aplicando la interpretación práctica que le habían dado el electorado, los partidos políticos y el propio De Castro, que el término del cargo era de cuatro años, que era el mismo que tenían los comisio-nados autorizados para nombrarlo, en vez de “mientras observe buena conduc-ta,” como sostenía el apelante.

      (D)E1 texto inglés del estatuto dice:
      “That railroad companies whose railroad was constructed in whole or in part by a land grant made by Congress on the condition that the mails should be transported over their road at such priee as Congress should by law direct, shall receive only eighty per centum of the compensation authorized by this act.”

      (10)La sección, según fué enmendada por la ley de 1934, en lo pertinente está redactada así:
      "En virtud de esta Ley se impone, se cobrará y se pagará por una vez solamente, una contribución de rentas internas en la suma de siete (7) centavos por cada galón de gasolina que se introduzca, fabrique, venda o consuma, o que de otro modo se disponga de ella, para el consumo en Puerto Bico; . . . ”

      (11)En relación con la norma que liasta el 1942 había seguido la Asamblea Legislativa de Puerto Rico de no imponer tributo sobre gasolina que no sea introducida para la venta o consumo en Puerto Rico, es do notarse que a virtud de la Ley núm. 1 de 22 de junio de 1942 (Segunda Sesión Extraordinaria, pág ’3) se eximió do la imposición y cobro de todo arbitrio a productos de pe-tróleo que sean distribuidos desde Puerto Rico para uso fuera de la Isla, hasta noventa días después de terminarse las hostilidades por parte de los Estados Unidos.


author: El Juez Presidente Señor Travieso

text:
    Luis Colón Medina, demandante y apelado, v. Santiago Iglesias, Jr., en su carácter de Comisionado Interino del Trabajo, demandado y apelante.
    Núm. 9000.

    Sometido: Diciembre 11, 1945.

      Resuelto: Abril 20, 1945.

      Eon. Procurador General Interino Jesús A. González, Fernmdo B. Pornaris y G. Benitez Gautier, Procuradores Generales Auxiliares, abogados del apelante; Bené Benitez, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En la petición radicada ante la Corte de Distrito de San Jnan se alega que el peticionario fue nombrado en abril 22 I de 1936, con carácter permanente, para el cargo de “Inspector de Higiene y Seguridad Industrial” del Servicio de Su-pervisión Industrial del Departamento del Trabajo, comr prendido dentro del Servicio Civil Clasificado; que en junio 22 de 1942, el demandado notificó al peticionario que a par-tir del día 30 del mismo mes quedaría cesante, por no apa-recer el mencionado cargo en la Ley de Presupuesto para el año 1942-43; que si bien en la Ley de Presupuesto no se consignó el cargo que ocupaba el peticionario, en ella se au-mentó la partida consignada en el presupuesto anterior 'para los cargos de “Supervisores de Distrito” y se crearon quince plazas adicionales con esa misma denominación; que los de-beres, responsabilidades y autoridad correspondientes al cargo que ocupaba el peticionario, son iguales a los de las j nuevas plazas de supervisores de distrito; que la elimina-I eión del cargo del peticionario fué hecha con el propósito del evadir las leyes y reglamentos del Servicio Civil; que aúnl cuando las nuevas plazas no fueran idénticas a la que ocu-1 paba el peticionario, éste tiene derecho a ser restituido yi nombrado “Supervisor de Distrito”, de conformidad con lol dispuesto por la Ley del Servicio Civil; que en julio 7 del 1942 el peticionario se dirigió al Comisionado del Trabajo, solicitando se le nombrara para nna de las nuevas plazas y el Comisionado se negó y se niega a acceder a lo solicitado; y que el peticionario se ha visto* privado del sueldo corres-pondiente al cargo de que fué ilegalmente separado. Soli-citó el peticionario se expidiese auto de mandamus ordenando al Comisionado que inmediatamente le diese posesión del cargo de Supervisor de Distrito y expidiese las nóminas co-rrespondientes desde junio 30 de 1942 hasta la fecha en que el peticionario tomara posesión de su nuevo cargo.

Expedido el auto en forma condicional, compareció el demandado y radicó una contestación en la cual negó especí-ficamente, por falta de información, las alegaciones esencia-les de la petición. Y como defensas especiales, alegó: (o) que los deberes de la plaza que ocupaba el peticionario, son enteramente distintos a los de las nuevas plazas de Super-' visores de Distrito; (b) que el peticionario fué separado de su cargo por acción legislativa, al dejarse de consignar en el Presupuesto la plaza que antes ocupaba; (c) que la petición no aduce hechos suficientes para que la corte pueda ejerce-r su jurisdicción, pues no se alega que el peticionario hubiese tomado y aprobado el examen requerido por la ley para po-der ser incluido dentro del Servicio Civil Clasificado; y (d) que la corte no debe intervenir hasta que el peticionario haya agotado los remedios que le concede la Ley del Servi-cio Civil.

El Comisionado del Trabajo ha apelado de la sentencia por la cual se le ordena que dé posesión al peticionario del cargo de Supervisor de Distrito y se le condena al pago de las costas.

Alega el apelante que la corte inferior erró al determinar que la abolición de los cargos de Supervisores de Higiene y Seguridad Industrial, la' creación de los cargos adicionales de Supervisores de Distrito, y el nombramiento de empleados temporeros para dichos nuevos cargos, constituye una destitución ilegal del peticionario.

La evidencia admitida por la corte inferior demuestra fuera de toda duda qne el peticionario fue nombrado con carácter permanente para el cargo de Inspector de Seguri-dad Industrial e Higiene, después de haber aprobado el exa-men requerido por la ley; y que en la fecha en que se ce-lebró la vista, los nuevos cargos de Supervisores de Distrito estaban ocupados por empleados temporeros, quienes fueron nombrados el primero de julio de 1942, fecha en que empezó a regir el presupuesto para el año 1942-43.

Declaró el peticionario, que el trabajo que él realizaba como inspector de seguridad industrial e higiene era el de investigar las construcciones, establecimientos comerciales e industriales, para hacer que los patronos cumplieran con las leyes sobre andamios, horas y salarios y demás leyes para la protección de los obreros; que durante agosto y septiem-bre de 1941 estuvo en Ponee, actuando como Supervisor de Distrito, y que el trabajo que realizaba como tal supervisor era idéntico al que acostumbraba hacer en el cargo perma-nente que ocupaba. Las copias de los informes diarios ren-didos por el peticionario, como Inspector de Seguridad Industrial e Higiene y por los nuevos Supervisores de Distrito establecen claramente la identidad entre las funciones des-empeñadas por todos ellos. El testigo. Tomás Medina Benet, director del Servicio de Supervisión Industrial, declaró que el trabajo que ahora realizan los nuevos Supervisores de Distrito es el mismo que antes hacían los Inspectores de Higiene y Seguridad Industrial, o sea velar por el cumpli-miento de las leyes obreras. El testigo Nicolás Lecározj Subcomisionado del Trabajo, hizo esfuerzos para' estableced distinciones, entre las funciones dé unos y otros cargos, percl terminó admitiendo que las que antes desempeñaban los Ins-J pectores de Higiene y Seguridad Industrial son desempeña! das ahora por los Supervisores de Distrito, quienes deseml peñan algunas funciones adicionales de menos importancia!

Tras un detenido estudio de toda la prueba opinamos que la corte inferior no erró al resolver que las obligaciones de los cargos abolidos y las de los de nueva creación son iguales, pues todas ellas conducen a un mismo fin, que es el de proteger los derechos de los obreros y ver- que los esta-tutos promulgados para su protección sean cumplidos. Con-venimos con la corte inferior en que si una persona reúne las calificaciones necesarias para poder determinar si las leyes sanitarias y las de seguridad industrial han sido cum-plidas, esa persona debe estar capacitada para investigar cuestiones más fáciles, tales como si los obreros trabajan más de ocho horas, si reciben el salario legal mínimo o si hay menores trabajando en contra de la ley. Véase: Ackerman v. Kern, 22 N. E. (2d) 247.

Habiendo llegado a la conclusión de que la diferencia entre el cargo abolido y el nuevo está más bien en la deno-minación que entre las funciones, deberes y atribuciones de uno y otro, nos toca ahora considerar y resolver qué derecho, si alguno, tiene el peticionario a que se le designe preferen-temente para una de las nuevas plazas de supervisor de dis-trito.

La sección 18 de la Ley del Servicio Civil de Puerto Rico, dispone que “Siempre que cualquier empleado del servicio clasificado, quien haya desempeñado satisfactoriamente sus deberes . . . cese a causa de falta de fondos ... y esté dis-puesto a presentarse a rendir servicios en una plaza dispo-nible, ... o si hubiere sido separado por cualquier motivo-salvo la comisión de algún delito o mala conducta, podrá con-seguir, mediante consentimiento de la Comisión de Servicio-Civil y del departamento en que estuvo colocado, que su nom-bre sea incluido en el registro de reposiciones de la correspon-diente clase, a los fines de la consiguiente reposición cuando ocurran vacantes en la mencionada clase”. La sección 22 de la misma ley, dispone que ‘ ‘ Siempre que vacare un cargo en el servicio - clasificado, la autoridad nominadora, si deseare cubrir dicha vacante, enviará petición de terna a la Comi-sión de Servicio Civil”; y que “la Comisión certificará no más de los tres primeros nombres de personas qne estén dispuestas a aceptar nombramiento, de la correspondiente lista de reposición para la clase a que haya sido asignado reí cargo vacante”. Es cuando no existe una lista de repo-sición que la Comisión puede certificar una terna de perso-nas en la lista de elegibles para una clase determinada. La sección 24 de la Ley, provee que solamente cuando sea ne-cesario para evitar la paralización de servicios públicos o para no ocasionar inconvenientes al público, “pero no bajo ninguna otra circunstancia”, la Comisión podrá hacer nom-bramientos temporeros, “ínterin se establece un registro de reposiciones o de elegibles”.

Esta Corte Suprema ha reconocido y sostenido en varias de sus decisiones el derecho de todo empleado comprendido dentro del servicio civil clasificado, a no ser separado del servicio bajo el pretexto de que el nombre del cargo que ocupaba ha sido cambiado en el presupuesto. Géigel Polanco v. Rivera, Comisionado, 48 D.P.R. 124; Rosario v. Cuevas, 60 D.P.R. 470; Ernesto Cruz Andréu v. Buscaglia, 61 D.P.R. 737.

En People v. Williams, 107 N. E. 49, la Corte de Apela-ciones de Nueva York, al confirmar una sentencia de mandamus ordenando la reposición de un empleado, por voz del Juez Sr. Cardozo, se expresó así:

“. . . La Regla 19 de la Comisión de Servicio Civil municipal dispone que cuando la terminación de un empleo se debe a una .reducción del número de empleados, la persona afectada, si ha es-tado empleada por un período mayor de un mes, ‘se considerará como suspendida de tal empleo, y será incluida en una lista preferente para su reposición, si sus servicios fueren necesitados de nuevo.’ Creemos que si una nueva plaza, similar a la del peticionario, fue' creada al mismo tiempo en que la del peticionario fué abolida, el Comisionado está obligado, al cubrir la nueva plaza, a preferir al peticionario sobre todos los demás. La ley no le permitirá que, con el proposito ele remover al peticionario para colocar a otro en su lugar, reduzca las plazas con una mano y las aumente con la otra.

En el caso de autos no se trata de una reducción en el número de empleados y sí de un mero cambio del nombre de una plaza ocupada por un empleado permanente y de la creación de quince plazas nuevas, con los mismos deberes, facultades y responsabilidades del cargo anterior. El pro-pósito fundamental de las leyes de Servicio Civil es asegu-rar la permanencia en el servicio público de funcionarios, fieles y competentes, sin exponerlos a ser separados de sus cargos, sin causa justa y suficiente, para ser sustituidos por otros en obediencia a las exigencias de la política. Ya he-mos resuelto en Rosario v. Cuevas, Comisionado, supra, que cuando se suprime un cargo y en seguida se crea otro bajo una nueva designación, pero con iguales deberes que el anterior, las cortes deben amparar al funcionario o empleado perjudicado. State v. Seattle, 83 Washington 91, 145 Pac. 61.

La sentencia recurrida debe se.r confirmada.


text:
    Rosendo Medina, demandante y apelante, v. Dr. Antonio Fernós Isern, Comisionado de Sanidad, demandado y apelado.
    Núm. 9038.

    Sometido: Marzo 5, 1945.

      Resuelto: Abril 20, 1945

      Celestino Iriarte, F. Fernández Cuyar y H. González Blanes, abo-gados del apelante; Hon. Procurador General Interino Jesús A. González y J. Rivera Barreras, Procurador Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

La única cuestión envuelta en este recurso es si la corte inferior erró al declarar con lugar la excepción previa pre-sentada por el demandado y en su consecuencia desestimar la petición de mandamus por el Lecho de que en la misma no se alegó que el peticionario había requerido al demandado para que lo repusiera en su cargo y ordenara el pago de su sueldo y que el demandado se había negado.

En síntesis, el demandante alegó en su demanda que fué separado de su cargo permanente de Inspector de Sanidad por el demandado sin que se le formularan cargos y sin cele-bración de audiencia; que la razón aducida por el deman-dado para justificar su actuación fué la de que el jefe inme-diato del peticionario utilizaba a éste como chófer durante las horas laborables por lo que éste no realizaba la labor correspondiente a su cargo.

El demandado excepcionó la demanda por insuficiente porque: 1, no aparece de la misma que el peticionario soli-citara del demandado su reposición en el cargo y 2, no se alega por el demandante que él no tenga un remedio ade-cuado en ley; y en su contestación alegó entre otras cosas, que el demandante ocupaba el cargo de Inspector de Sanidad como temporero y por tanto no tenía obligación de formu-larle cargos ni de celebrar audiencia para destituirlo. Al declarar con lugar la excepción previa por el primer funda-mento la corte inferior dijo en su opinión lo siguiente:

“De la petición no aparece alegación alguna en el-sentido de.que el peticionario requiriera al demandado para que éste lo repusiera en su cargo y ordenara el pago de su compensación y como conse-cuencia de dicba omisión, tampoco aparece que el demandado se negara a efectuar tales actos.
“En este caso el requerimiento .previo al demandado para que repusiera al peticionario en su empleo y ordenara la tramitación para el pago de su compensación era un requisito indispensable y, no apareciendo de la solicitud de mandamus que se hiciera tal reque-rimiento, dicha petición deberá ser desestimada. Zavala et al. v. Consejo Ejecutivo, 9 D.P.R. 211; Negrón v. Superintendente de Elecciones, 11 D.P.R. 366; Morales v. Wilson, 16 D.P.R. 751; Alemañy v. Gómez, Registrador, 39 D.P.R. 635; Sucrs, de A. Mayol & Co., Inc. Y. McLeod, 44 D.P.R. 34; Feliciano v. López, 48 D.P.R. 530; Colón v. Comisión Industrial, 55 D.P.R. 14; 16 Cal. Jur. (mandamus) párrafo 10, pág. 771.
‘ ‘ Tampoco se demostró por la prueba que tal requerimiento hubiera sido hecho con anterioridad a la radicación de la petición de mandamus.
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“Si, como es de inferirse, no hubo en este caso el requerimiento ni la negativa previos, lo procedente sería que desestimáramos la peti-ción de mandamus, pero como tales hechos pudieron haber ocurrido y no haberse alegado por cualquier motivo, vamos a conceder al demandante diez días para enmendar su petición, si pudiere hacerlo. ’ ’

No obstante esta oportunidad concedida el demandante se negó a enmendar sn demanda y solicitó se dictara sentencia. Al hacerlo la corte inferior emitió otra opinión más extensa citando otras autoridades y jurisprudencia en la que se ex-pone la regla que establece el requisito previo del requeri-miento al demandado y la necesidad de que este hecho se alegue para que una petición de mandamus sea suficiente.

Somos de opinión que la corte inferior no cometió el único error alegado. En el caso de Urdaz v. Padín, Comisionado, 48 D.P.R. 306, 309, se resolvió que: “ ... El haber dejado la peticionaria de exponer más ampliamente la naturaleza del requerimiento hecho por ella al Comisionado de Instrucción y las razones por éste aducidas para su negativa a acceder a tal requerimiento hubiesen bastado para que el juez de distrito se negara a expedir nn arito contra el Comisionado.”

Y en el de Colón v. Comisión Industrial, 55 D.P.R. 14, citando del snmario, que: “Una solicitad de mandamus para compeler a la Comisión Industrial al pago de nna in-demnización qne ella ordenó fuera suspendido, que no alegue o no contenga indicio alguno de que la Comisión se negó a revocar la orden para la suspensión del pago ni que el pe-ticionario hubiese hecho solicitud a ese efecto luego de dic-tada tal orden, es insuficiente-.”

Es cierto que existe una excepción a la regla general expuesta, en el sentido de que “Un requerimiento es también generalmente innecesario cuando aparece que hubiera sido denegado si se hubiera hecho. Así, cuando la actitud del funcionario hacia la cuestión ha sido oficialmente declarada en tal forma que un requerimiento que se le hiciera sería inútil e infructuoso, la razón para la regla de que se haga el requerimiento cesa.” 16 Cal. Jur. 772-3.

Nada hay en las alegaciones de la demanda y de la con-testación que justifique considerar este caso como compren-dido en la excepción expuesta. Que esto debe aparecer -de las alegaciones ha sido resuelto entre otros, en los casos de Wilson v. Board of Directors, 138 Cal. 67; Christ v. Superior Court, 211 Cal. 593. Y véase 16 Cal. Jur. 771-2.

Tampoco es éste un caso que cae bajo la doctrina de que cuando se trata de asunto de interés público el requerimiento previo es innecesario. Al efecto en el caso de Martinez Nadal v. Saldaña, 33 D.P.R. 721 en opinión emitida por el Juez Asociado Sr. Wolf, actuando en funciones de juez de turno, se dijo lo siguiente:

“Por las siguientes autoridades se ha resuelto que existe'una dis-tinción entre los deberes de carácter público y los deberes de natu-raleza particular que afectan solamente a los derechos de individuos. En tales casos la misma ley substituye al requerimiento y la omisión en cumplir el deber requerido es equivalente a una negativa. Torres v. Asamblea Municipal de Guánica, de junio 13, 1924 (pág. 349); State ex rel. Morris v. Wrightson, 22 L.R.A. 548, 561; People ex rel. O’Brien v. Cruger, 12 App. Div. 536; Matter of Hopper, 73 Misc. Rep. 369, 376.”

Al mismo efecto véase Martínez Nadal v. Saldaña, 38 D.P.R. 446.

De-be confirmarse la sentencia apelada.