source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Martínez Torres

license: Public Domain

text:
    Departamento de Educación, recurrido, v. Ricardo Díaz Maldonado, peticionario.

      Número: CC-2009-1014

      Resuelto: 2 de noviembre de 2011

      Ricardo Santos Ortiz, abogado de la parte peticionaria; Rosa E. Pérez Agosto, abogada de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Martínez Torres

emitió la opinión del Tribunal.

Este caso nos permite resolver, en primer lugar, si un recurso de impugnación del laudo arbitral fue notificado debidamente a las partes en el pleito. Así sabremos si el Tribunal de Primera Instancia tenía jurisdicción para emi-tir una sentencia. En segundo lugar, analizaremos si los años de servicio prestados como maestro mediante un con-trato transitorio en el Departamento de Educación deben honrarse como años de experiencia al considerar la elegi-bilidad para un aumento de salario.

Evaluada la controversia, resolvemos que el Tribunal de Primera Instancia actuó con jurisdicción al momento de emitir la sentencia. Asimismo, concluimos que nada en la Ley Núm. 34 de 13 de junio de 1966 (18 L.P.R.A. sees. 308 n., 308k y 309 n.-309j) impide que se computen los años de experiencia como maestro por contrato transitorio para propósitos de un aumento de salario una vez se obtiene un nombramiento de carrera. Por todo lo anterior, revocamos al Tribunal de Apelaciones.

I

El peticionario Ricardo Díaz Maldonado comenzó a tra-bajar como maestro de Educación Física en el Departa-mento de Educación (antes Departamento de Instrucción Pública) en agosto de 1998 por contrato y con un nombra-miento clasificado como transitorio elegible. Es decir, es-taba “nombrado por un término fijo en una plaza para la cual pose[ía] certificado regular de maestro para la catego-ría correspondiente.” Reglamento de Personal Docente del Departamento de Instrucción Pública, Reglamento Núm. 3083, Departamento de Instrucción Pública, 21 de marzo de 1984, pág. 109. En mayo de 1999 obtuvo el grado de maestría en Educación con concentración en Educación Especial, y otra especialidad en Currículo y Enseñanza. Ese mismo año, efectivo el 2 de agosto, se le concedió un nom-bramiento como maestro de carrera, con estatus probatorio y un salario mensual de $1,570. Ese era el salario que co-rrespondía a los maestros que poseían una maestría, pero que no tenían experiencia.

Al ubicar al peticionario Díaz Maldonado en la escala salarial que proveía la Ley Núm. 34, supra, el Departa-mentó de Educación no consideró el año en que este trabajó como maestro transitorio elegible. Ese año de experiencia habría hecho una diferencia de $25 adicionales por mes, para un salario total de $1,595 mensuales.

A través de los canales de quejas y agravios que proveía el convenio colectivo vigente para esa fecha, el señor Díaz Maldonado reclamó que se considerara el año en que tra-bajó como maestro transitorio elegible para ubicarlo en la escala superior. El 22 de febrero de 2008 la Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público (CRTSP) emitió un laudo de arbitraje que concedió la petición del maestro. Le reconoció como acreedor del salario mensual de $1,595, retroactivo al 1 de mayo de 2000.

Inconforme, el 13 de marzo de 2008 el Departamento de Educación impugnó el laudo de arbitraje en el Tribunal de Primera Instancia. Ese escrito no se notificó a la Federa-ción de Maestros de Puerto Rico (FMPR), que figuraba como representante exclusivo del peticionario al momento de iniciar la reclamación, pero que luego quedó descertifi-cada el 8 de enero de 2008 por una orden de la CRTSP. Por esos hechos, la FMPR presentó ante el Tribunal de Apela-ciones un recurso de revisión de la determinación de la CRTSP, acompañada de una solicitud en auxilio de jurisdicción. El foro apelativo intermedio, al amparo de las Reglas 61(A)(1) y 79 de su Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, paralizó temporalmente la decisión de la CRTSP hasta el 22 de febrero de 2008, fecha límite que se le con-cedió al Departamento de Educación para presentar su alegato. Finalmente, el 29 de febrero de 2008 el Tribunal de Apelaciones dictó sentencia en la que confirmó la deser-tificación de la FMPR (Caso Núm. KLRA200800115).

El 14 de mayo de 2008 el maestro Díaz Maldonado y la FMPR impugnaron la jurisdicción del tribunal en su caso. Alegaron una falta de notificación adecuada por parte del Departamento de Educación, por lo que solicitaron la des-estimación de la petición de impugnación de laudo. En la alternativa, pidieron que se les concediera un término de 20 días para responder a la impugnación del laudo.

El Tribunal de Primera Instancia, sin conceder el tiempo solicitado para responder ni emitir una orden o no-tificación al respecto, revocó el laudo de arbitraje el 6 de abril de 2009. Ese foro entendió que la controversia no fue resuelta conforme a derecho. Razonó que cuando el señor Díaz Maldonado “recibió su nombramiento en el puesto de carrera con status probatorio, no se configuró un ascenso. Esto es así debido a que el Recurrido tenía un año de ex-periencia, la cual fue adquirida en un puesto transitorio.” (Enfasis suprimido.) Apéndice del Certiorari, pág. 42. Aña-dió que

[e]l Recurrido ingresó al servicio público al recibir su nombra-miento en un puesto de carrera el 2 de agosto de 1999. Al ser nombrado a dicho puesto de carrera, se le asign[ó] al Recu-rrido el sueldo correspondiente al maestro con grado de maestría. Desde ese momento en que comienza a ocupar el puesto de carrera, es que comienza el término para contar la experiencia del Recurrido. El año que el Recurrido ocupó antes de ser nombrado a su puesto de carrera fue en un puesto tran-sitorio, el cual fue justificado por la necesidad del puesto du-rante el año que el Recurrido lo ocupaba. Apéndice del Certio-rari, pág. 44.

Inconforme, el peticionario Díaz Maldonado recurrió ante el Tribunal de Apelaciones, que denegó el certiorari el 26 de octubre de 2009. En su resolución, el foro apelativo intermedio repitió los mismos argumentos del Tribunal de Primera Instancia para concluir que “el año de servicio prestado por el peticionario [Díaz Maldonado] como em-pleado transitorio se justificó por la necesidad del servicio, y su nombramiento al puesto de carrera no constituyó un ascenso que pudiese justificar un sueldo mayor al corres-pondiente, para un maestro con salario básico y grado de maestría.” Apéndice del recurso, pág. 17.

Insatisfecho nuevamente, el maestro Díaz Maldonado recurre ante nos. Repite sus planteamientos de que el Tribunal de Primera Instancia actuó sin jurisdicción al aten-der la impugnación de un laudo que no se notificó a todas las partes involucradas en el caso a la fecha de su presentación. Además, aduce que el tribunal excedió su discreción al revocar el laudo de arbitraje que le reconoció una acreencia de $25 mensuales adicionales de salario, conforme a su interpretación de la Ley Núm. 34, supra. El 7 de mayo de 2010 expedimos el auto de certiorari.

II

A. La Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico (Ley de Relaciones del Trabajo), Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998 (3 L.P.R.A. sec. 1451 y ss.) creó la CRTSP. Este organismo tiene entre sus funciones

[i]nterpretar, aplicar y hacer cumplir las disposiciones de este capítulo en todo lo relativo a los procesos de organización, certificación, descertificación de organizaciones sindicales; en los procedimientos relacionados con la conciliación y arbitraje de negociaciones de convenios colectivos, en los procedimien-tos relacionados con prácticas ilícitas .... Art. 11, Sec. 11.15 (3 L.P.R.A. sec. 1452t(a).

La Sec. 10.1 del Art. 10 de la Ley de Relaciones del Trabajo, 3 L.P.R.A. sec. 1452d, especifica que el mecanismo de revisión de las órdenes y resoluciones finales de la CRTSP será la presentación de un recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones. Este recurso se atenderá discrecionalmente.

El término para esa revisión será el que dispone la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (L.P.A.U.), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988 (3 L.P.R.A. sec. 2101 y ss.). En lo pertinente, la Sec. 4.6 de la L.P.A.U., según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 2176, séñala que

[e]l Tribunal de Apelaciones revisará como cuestión de dere-cho las decisiones, órdenes y resoluciones finales de organis-mos o agencias administrativas. La mera presentación del re-curso no paralizará el trámite en el organismo o agencia administrativa, a menos que el Tribunal así lo determine.
El procedimiento a seguir para los recursos de revisión será de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Tribunal de Apelaciones aprobado por el Tribunal Supremo. ...

Términos iguales se expresan en la Regla 61 del Regla-mento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.RR.A. Ap. XXII-B, sobre los efectos de la presentación de un recurso de revi-sión administrativa. A solicitud de parte, se podrá emitir una orden para paralizar los efectos de una sentencia.

B. El peticionario Díaz Maldonado esboza que el Tribunal de Primera Instancia estaba impedido de ver el re-curso de impugnación del laudo de la CRTSP porque el Departamento de Educación no notificó a todas las partes, específicamente, a la FMPR. No tiene razón.

La organización sindical formó parte del caso ante la Comisión, pero quedó descertificada como representante exclusivo de los maestros de la agencia el 8 de enero de 2008. La orden de la CRTSP que descertificó a la Federa-ción establecía expresamente, entre otras cosas, que la or-ganización tenía que cesar inmediatamente de representar a los maestros del sistema público de enseñanza. Esa or-den se emitió el 8 de enero de 2008 y se enmendó el 1 de febrero de 2008. Conviene recordar que esa orden es una determinación administrativa, sujeta a revisión judicial en los términos que dispone la L.P.A.U., según la Ley de Re-laciones del Trabajo del Servicio Público.

Según la Regla 61 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, y la Sec. 4.3 de la L.P.A.U., supra, las órdenes sujetas a revisión administrativa no quedan paralizadas con la mera presentación de un recurso, a menos que el foro apelativo disponga otra cosa. Así pues, la orden que descertificó a la FMPR fue efectiva desde que se emitió.

Si bien es cierto que el Tribunal de Apelaciones emitió una orden de suspensión de los efectos de la orden admi-nistrativa de descertificación, esa orden judicial fue efec-tiva solo desde el 11 hasta el 22 de febrero de 2008. El laudo de la CRTSP se publicó el 22 de febrero de 2008 y se notificó a todas las partes.

Fue la impugnación del laudo en el caso del maestro Díaz Maldonado ante el Tribunal de Primera Instancia, presentada por el Departamento de Educación el 13 de marzo de 2008, lo que se dejó de notificar a la FMPR. Para esa fecha, la orden de paralización del Tribunal de Apela-ciones en el caso de la descertificación ya no estaba vi-gente, así que la descertificación de la FMPR estaba en plena efectividad.

El señor Díaz Maldonado plantea que se debió notificar a la FMPR porque la descertificación era final pero no firme, pues se encontraba en los canales apelativos. Alega que la FMPR debió ser parte en el pleito hasta el 27 de junio de 2008, fecha cuando la descertificación advino a ser una determinación final y firme, tras la disposición del caso de la descertificación ante este Tribunal.

No nos convence su posición. Reiteramos que en los ca-sos de decisiones administrativas, estas son efectivas desde que se emiten y sus efectos se paralizan solo por orden de los tribunales. La orden de paralización que emi-tió el Tribunal de Apelaciones en el caso de la descertifica-ción no estaba vigente cuando se impugnó el laudo en el caso del maestro Díaz Maldonado. Por ello, el Departa-mento de Educación no estaba obligado a notificar a la FMPR la impugnación del laudo en el caso del señor Díaz Maldonado porque esa federación había dejado de ser parte.

Aclarada la jurisdicción del Tribunal de Primera Instan-cia para emitir la sentencia, pasemos entonces a analizar la segunda controversia que nos ocupa.

III

Hemos expresado en reiteradas ocasiones que “[e]n Puerto Rico existe una vigorosa política pública a favor del arbitraje obrero-patronal. Se entiende que el arbitraje es el medio menos técnico, más flexible, menos oneroso y, por lo tanto, más apropiado para la resolución de las controversias que emanan de la relación laboral.” C.F.S.E. v. Unión de Médicos, 170 D.P.R. 443, 448-449 (2007). Véanse, además: HIETel v. PRTC, 182 D.P.R. 451 (2011); S.L.G. Méndez-Acevedo v. Nieves Rivera, 179 D.P.R. 359, 368 (2010); U.G.T. v. Corp. Difusión Púb., 168 D.P.R. 674, 682 (2006); Vélez v. Serv. Legales de P.R., Inc., 144 D.P.R. 673, 682 (1998); Martínez Rodríguez v. A.E.E., 133 D.P.R. 986, 995 (1993). Por ello, “cuando se acuerda el uso del arbitraje como mecanismo para ajustar las controversias, se crea un foro sustituto a los tribunales de justicia, cuya interpretación merece gran deferencia”. C.F.S.E. v. Unión de Médicos, supra, pág. 449. Véanse, además: HIETel v. PRTC, supra; López v. Destilería Serrallés, 90 D.P.R. 245, 256 (1964). Por ello, “un laudo basado en una sumisión voluntaria está sujeto a la revisión judicial sólo si las partes convienen que la controversia sometida al árbitro sea resuelta conforme a derecho”. U.G.T. v. Corp. Difusión Púb., supra, pág. 682. Véanse, además: Condado Plaza v. Asoc. Emp. Casinos P.R., 149 D.P.R. 347, 353 (1999); J.R.T. v. Hato Rey Psychiatric Hosp., 119 D.P.R. 62, 68 (1987); Junta Relaciones del Trabajo v. N.Y. & P.R. S/S Co., 69 D.P.R. 782, 801-802 (1949).

Así pues, en atención a esa deferencia, hemos establecido que la revisión de un laudo se circunscribirá, cuando no se ha especificado que sea conforme a derecho, “a la determinación de la existencia de fraude, conducta impropia, falta del debido proceso de ley, violación a la política pública, falta de jurisdicción o que el laudo no re-suelve todos los asuntos en controversia”. C.F.S.E. v. Unión de Médicos, supra, pág. 449. Véase, además, Aquino González v. A.E.E.L.A., 182 D.P.R. 1 (2011).

Ahora bien, cuando las partes acuerdan que el laudo se haga conforme a derecho, la facultad revisora de los tribunales es más amplia. Por ello, “podrán corregir errores jurídicos en atención al derecho aplicable. En tal supuesto, la revisión judicial de los laudos de arbitraje es análoga a la revisión judicial de las decisiones administrativas”. C.F.S.E. v. Unión de Médicos, supra, pág. 449. Véanse, además: Condado Plaza v. Asoc. Emp. Casinos P.R., supra, pág. 353; Rivera v. Dir. Adra. Trib., 144 D.P.R. 808, 821-822 (1998).

Por consiguiente, cuando en un laudo se determina que el árbitro deberá resolver conforme a derecho, “el árbitro no puede ignorar las normas de [d]erecho sustantivo en el campo del derecho laboral y debe resolver las controversias de acuerdo con las doctrinas legales prevalecientes”. C.F.S.E. v. Unión de Médicos, supra, pág. 449. Sin embargo, si en el convenio de arbitraje nada se dice en cuanto a que deberá resolverse conforme a derecho, “los árbitros pueden declarar cuál es la ley, haciendo caso omiso de las reglas de derecho sustantivo”. Id., págs. 449-450. Véase, además, Rivera v. Samaritano & Co., Inc., 108 D.P.R. 604, 609 (1979). Es decir, la facultad del árbitro para diseñar remedios sería amplia, “siempre y cuando tales remedios se derivaran de la esencia del convenio colec-tivo y del acuerdo de sumisión de acuerdo con el cual se actuaba”. (Énfasis en el original.) C.O.P.R. v. S.P.U., 181 D.P.R. 299, 347 (2011). Por eso, “cuando un laudo está con-dicionado a emitirse [conforme a derecho], el árbitro debe velar celosamente por que se cumplan las reglas jurídicas vigentes en nuestro ordenamiento legal y debe rendir su decisión según las doctrinas legales prevalecientes”. Id., págs. 345-346. Así pues, “[u]n laudo conforme a derecho confiere a las partes la certidumbre de que el resultado arbitral estará estrictamente aferrado a los límites de la ley, y que no se concederá un remedio más allá del provisto por nuestro andamiaje jurídico.” (Enfasis en el original.) Id., pág. 347. Por ello, “[c]onceder amplio margen a un ár-bitro para que diseñe remedios cuando el laudo está condi-cionado a emitirse conforme a derecho y las partes nada han dispuesto sobre los poderes del árbitro, socava princi-pios básicos de derecho contractual y lesiona el acuerdo de voluntades establecido en el convenio colectivo”. (Enfasis en el original.) Id., pág. 346.

No obstante, debe quedar claro que

... el tribunal de instancia no debe inclinarse fácilmente a decretar la nulidad del laudo a menos que efectivamente el mismo no haya resuelto la controversia con arreglo a derecho, según lo pactaran las partes. ... Debe tenerse presente que una discrepancia de criterio con el laudo no justifica la inter-vención judicial pues destruye los propósitos fundamentales del arbitraje de resolver las controversias rápidamente, sin los costos y demoras del proceso judicial. Rivera v. Samaritano Co., 108 D.P.R. 604, supra, pág. 609.

En el caso ante nos, las partes acordaron que el laudo de arbitraje se emitiera conforme a derecho. Por ende, pro-cede la revisión del laudo en toda su extensión.

IV

De entrada, es necesario puntualizar que cuando se sus-citó la controversia, al Departamento de Educación no le aplicaba la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico, Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmen-dada, 3 L.P.R.A. ant. sec. 1301 y ss. El departamento fue designado Administrador Individual por la Ley Núm. 49 de 7 de junio de 1977 (3 L.P.R.A. secs. 1333-1338). En virtud de lo anterior, el Departamento de Instrucción Pública pro-mulgó el Reglamento de Personal Docente del Departa-mento de Instrucción Pública (Reglamento de Personal Docente). Este respondió al

... propósito de cumplir [con] el mandato legal que dispon [ía] que los Administradores Individuales deb[ían] adoptar para sí un reglamento para las áreas esenciales del principio de mérito y otras disposiciones necesarias relativas a la Administración de personal, todo ello de conformidad con las disposiciones de las Secciones 5.7 y 5.13 de la referida Ley Número 5. Reglamento de Personal Docente, supra, pág. 1.

Sin embargo, con la aprobación de la Ley para la Admi-nistración de los Recursos Humanos en el Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 184-2004, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 1461 y ss., el De-partamento de Educación dejó de ser un Administrador Individual y volvió a formar parte del sistema de recursos humanos del servicio público del Gobierno de Puerto Rico. No obstante, al momento de suscitarse la controversia de este caso, el Departamento de Educación era un Adminis-trador Individual que se regía por el Reglamento de Personal Docente, para todo lo relacionado con el principio de mérito y la administración de personal.

Precisamente, el Art. 12 del Reglamento de Personal Docente, supra, pág. 69, disponía que “[e]l aspecto retributivo del personal docente del Departamento de Instrucción Pública se regir[ía] por las disposiciones contenidas en leyes especiales aplicables al efecto y los procedimientos internos aprobados”. (Enfasis suplido.) Por ello, procedemos a resolver esta controversia conforme a los principios de la ley especial aplicable: la Ley Núm. 34, supra.

A. La Ley Núm. 34, supra, respondió “a una profunda inquietud gubernamental por elevar la remune-ración de los maestros de conformidad con la realidad eco-nómica del momento y a tono con la aportación que estos servidores públicos han prestado al desarrollo económico de Puerto Rico así como a otros aspectos de nuestra vida colectiva”. Informe de la Comisión de Instrucción y Cultura de la Cámara de Representantes sobre el P. de la C. 438, 5ta Asamblea Legislativa, 2da Sesión Ordinaria, 21 de abril de 1966, pág. 3.

Luego de un estudio de la remuneración de los maestros en ese entonces, se encontró “(1) que el sueldo que recib[ían] los maestros afecta [ba] en proporción directa la eficiencia del funcionamiento del sistema y la calidad del producto educativo; [y] (2) que exist[ía] un desbalance en-tre los sueldos de los maestros y de los otros empleados públicos en posiciones de responsabilidad y preparación similares”. Id., pág. 3. Conforme a lo anterior, se creó la política de sueldos docentes dentro de tres normas básicas:

1) equiparar el sueldo básico de los maestros al de emplea-dos del Gobierno de preparación académica y responsabilidad comparable;
2) compensar la excelencia desarrollada por la experiencia en la enseñanza y aumentar los índices de retención en el servicio de los maestros; y
3) estimular a los maestros a que logren la más alta prepa-ración académica, estableciendo diferencias razonables en los sueldos básicos y en la compensación por experiencia, basados en la preparación académica del maestro. Informe de la Comi-sión de Hacienda de la Cámara de Representantes sobre el P. de la C. 438, 5ta Asamblea Legislativa, 2da Sesión Ordinaria, 27 de abril de 1966, pág. 3.

Con esta medida, el gobierno realizó un esfuerzo singular al dotar al país de un sistema educativo que facilitara a todos la oportunidad de obtener una mejor educación. Id., pág. 4. Esa encomienda tendría más éxito, evidentemente, si se remuneraba al personal docente de acuerdo con su preparación académica. De esta forma, se les “indue [ía] a alcanzar niveles superiores de preparación académica y [a] retenerlos en el servicio activo”. Id., pág. 5.

Así pues, el legislador creó una fórmula de aumentos en el sueldo de los maestros que dependía de su preparación académica y de los años de servicio. Esa fórmula se en-cuentra en el Art. 4 de la Ley Núm. 34 (18 L.P.R.A. sec. 309c). Ese artículo dispone:

La retribución de cada maestro se aumentará al siguiente tipo intermedio en la escala correspondiente al terminar un año de servicio hasta que alcance el sueldo máximo de la escala. Por “año de servicio” se entenderá cualquier período de nueve (9) meses, dentro de un año escolar en que el maestro haya estado bajo contrato o nombramiento, y la acumulación de cualquier perí odo de diez (10) meses de servicios prestados en diferentes años escolares; entendiéndose, que para los pro-pósitos de las sees. 309 a 309j de este título, el año escolar comprende los meses escolares de agosto a julio subsiguiente. Los aumentos por razón de años de servicio serán efectivos al empezar el año económico y en el caso de maestros que rein-gresan al servicio, en el mes en que el maestro empiece a tra-bajar durante el año económico. (Énfasis suplido.

Como vemos, se le aumentará la retribución al siguiente tipo intermedio en la escala correspondiente a todo maestro que al terminar un año de servicio esté bajo contrato o nombramiento. Así pues, primero es necesario analizar quién es el maestro cobijado por la Ley Núm. 34, supra.

El Art. 10 de la Ley Núm. 34 (18 L.P.R.A sec. 309i(b) y (c)), define como maestro de instrucción pública a “todo el personal docente, técnico y de supervisión del sistema escolar ...”. La definición incluye también a “[l]os maestros o principales contratados como tales por otros departamentos o agencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ...”. Id. Sin embargo, quedan excluidos de esta definición “los maestros de escuelas nocturnas y los profesores de la Universidad de Puerto Rico,” así como el “personal de oficina”. Id.

Ahora bien, el Art. 4, supra, reduce el año de servicio a cualquier periodo de nueve meses en un año escolar en el que un maestro haya estado bajo contrato o nombramiento. El año escolar comprende los meses de agosto a julio. Id. También, se considerará un año de ser-vicio la acumulación de cualquier periodo de diez meses de servicios prestados en diferentes años escolares. Id.

Finalmente, el referido Art. 4 menciona que le corres-ponderá el aumento a todo maestro elegible que esté “bajo contrato o nombramiento”. La Ley Núm. 34, supra, no brinda una definición de esos términos. Sin embargo, el Art. 18(35) del Reglamento de Personal Docente, supra, pág. 109, definía “nombramiento” como “la designación ofi-cial de una persona para realizar determinadas funciones”. Asimismo, definía al “maestro transitorio elegible” como “aquél nombrado por un término fijo en una plaza para la cual posee certificado regular de maestro para la categoría correspondiente”. Id., Art. 18(34).

V

Sin lugar a dudas, el señor Díaz Maldonado disfrutó de un nombramiento transitorio durante el año anterior a su nombramiento como maestro de carrera con estatus probatorio. Sobre ello coinciden ambas partes en el pleito. Durante el año escolar 1998-1999, estudió una maestría en Educación con concentración en Educación Especial. Sin embargo, al nombrársele en el puesto de carrera en 1999, ya con su maestría, se le adjudicó un sueldo que co-rrespondía al de un maestro con maestría pero sin experiencia. El árbitro resolvió que, conforme a la Ley Núm. 34, supra, correspondía al peticionario Díaz Maído-nado el sueldo de un maestro con maestría y un año de experiencia. Sin embargo, tanto el Tribunal de Primera Instancia como el Tribunal de Apelaciones, acogieron la postura de la agencia, que entendía que un año de servicio prestado como maestro transitorio no cuenta para propósi-tos de un aumento por años de servicios. Al concluir de esa forma, erraron ambos foros.

En primer lugar, el maestro Díaz Maldonado está dentro de la definición de “maestro” del Art. 10 de la Ley Núm. 34, supra. Es parte del personal docente del sistema escolar. No está incluido entre las excepciones del artículo. Por ende, tenemos que concluir que la categoría de “maestro transito-rio elegible” definida en el referido Art. 18(34) del Regla-mento de Personal Docente está comprendida dentro de la categoría general de “Maestro de Instrucción Pública” que se menciona en el Art. 10 de la Ley Núm. 34, supra. Se trata de dos disposiciones sobre el mismo asunto que “deben ser tra-tadas como un todo armónico, leyéndolas en conjunto, no interpretando aisladamente sus disposiciones”. Torres Santiago v. Mun. de Coamo, 170 D.P.R. 541, 560 (2007). Si el legislador hubiera querido excluir a los maestros transito-rios del aumento por años de servicio, lo habría hecho cons-tar palmariamente. Así lo hizo con los profesores de escuelas nocturnas, los profesores de la Universidad de Puerto Rico y el personal de oficina.

En segundo lugar, el señor Díaz Maldonado laboró como maestro transitorio durante el año escolar 1998-1999. Es decir, empezó en el sistema educativo en agosto de 1998 y durante ese año, hasta el 31 de mayo de 1999, ejerció sus funciones como maestro transitorio elegible. Por ende, el señor Díaz Maldonado laboró como maestro durante los nueve meses que constituyen un año escolar. Así pues, cumple con el segundo requisito que impone el Art. 4 de la Ley Núm. 34, supra.

En tercer y último lugar, el señor Díaz Maldonado laboró como maestro bajo contrato transitorio. El Tribunal de Ape-laciones no analizó directamente a qué se refería el legisla-dor al mencionar al maestro “bajo contrato o nombramiento” en el Art. 4 de la Ley Núm. 34, supra.. Por el contrario, ig-noró lo dispuesto en el Art. 12 del Reglamento de Personal Docente, supra, y resolvió la controversia al amparo de leyes que no aplicaban a los hechos. Específicamente, el foro ape-lativo intermedio utilizó el Art. 4 de la Ley Núm. 34, supra, y el Art. 6, Sec. 6.12 del Reglamento de Personal Docente, supra, la Ley de Retribución Uniforme, Ley Núm. 89 de 12 de julio de 1979 (3 L.P.R.A. sec. 760 y ss.), así como la juris-prudencia en cuanto a los nombramientos transitorios y de carrera en el contexto de la Ley de Personal de Servicio Público, supra, para concluir que “el año de servicio pres-tado por el peticionario como empleado transitorio se justi-ficó por la necesidad del servicio, y su nombramiento al puesto de carrera no constituyó un ascenso que pudiese jus-tificar un sueldo mayor al correspondiente, para un maestro con salario básico y grado de maestría”. Apéndice del Certio-rari, págs. 16-17. Esa conclusión es errada.

La educación de nuestro pueblo es de trascendental importancia para el desarrollo de nuestra sociedad. Los maestros y las maestras que componen el cuerpo docente del Departamento de Educación de Puerto Rico laboran a diario por el desarrollo intelectual, emocional y social de la niñez. Necesitamos profesionales del más alto calibre para ejercer tan importante labor. Por eso, el legislador concluyó que incentivar al profesorado por su preparación académica y experiencia repercute en un mejor funcionamiento laboral y en un deseo personal de superación.

La Ley Núm. 34, supra, no distingue entre contratos transitorios y nombramientos probatorios o permanentes, para propósitos de los aumentos salariales a los maestros. Como se aprecia del texto de la ley, esta dispone únicamente que los empleados docentes bajo contrato o nombramiento recibirán un aumento de sueldo conforme a su preparación y años de servicio. La ley no exige que los años de servicio se presten en calidad de empleado regular. Recordemos que el Art. 4 de la Ley Núm. 34, supra, dispone que el aumento corresponderá a todo empleado docente elegible que haya estado trabajando por contrato o nombramiento. De ahí que un empleado docente elegible tiene derecho al aumento salarial, independientemente de si ha estado trabajando por contrato como empleado transitorio o si tiene un nombramiento regular. Concluir de otra forma frustraría el propósito del legislador de incentivar la educación de nuestros maestros al remunerarles conforme a su preparación académica y a su experiencia en el salón de clase.

Por todo lo anterior, concluimos que corresponde compu-tar al peticionario Díaz Maldonado el año de servicio que prestó como maestro por contrato transitorio. Así pues, procede decretar el pago y ajuste al salario del señor Díaz Maldonado correspondiente a $25 mensuales en concepto de ajuste en la escala salarial al sueldo básico de un maestro con un año de experiencia que posee el grado de maes-tría, desde agosto de 1999 al presente.

VI

Por los fundamentos expuestos, se dictará Sentencia para revocar la del Tribunal de Apelaciones y ordenar la restitución del Laudo de Arbitraje L-08-020.

La Jueza Asociada Señora Piol Matta concurrió sin opi-nión escrita. El Juez Asociado Señor Rivera García no interviene.

       En 1990 el Departamento de Instrucción Pública fue renombrado como De-partamento de Educación en virtud de la Ley de Reforma Escolar, Ley Núm. 68 de 28 de agosto de 1990.

       Para el personal docente del programa regular del Departamento de Educa-ción, el Art. 1 de la Ley Núm. 34 (18 L.P.R.A. see. 309) estableció la siguiente escala retributiva a partir de julio de 1996:
      ESCALA DE SUELDOS QUE REGIRAN PARA EL PERSONAL DOCENTE DEL PROGRAMA REGULAR DE EDUCACION PUBLICA A PARTIR DE JULIO DE 1996:
      TIPOS INTERMEDIOS


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Miguel Bonilla Peña et al., peticionarios.

      Número: CC-2011-240

      Resuelto: 3 de noviembre de 2011

      Eva S. Soto Castelló, procuradora general auxiliar; Athos Vega, Jr., abogado de los peticionarios.
   El Juez Presidente Señor Hernández Denton

emitió la opi-nión del Tribunal.

Nos corresponde resolver, por primera vez, si no tomar el juramento definitivo a uno de los integrantes de un Ju-rado es causa suficiente para anular un juicio criminal y ordenar la celebración de un nuevo proceso. Para ello de-bemos analizar qué tipo de error se cometió cuando no se tomó el juramento definitivo a un Jurado y si este error podía impugnarse con objeciones oportunas de la defensa, de modo que se preserve el asunto en el expediente para la fase apelativa.

Por otro lado, una segunda controversia que debemos atender es si la pena que impuso el juez del Tribunal de Primera Instancia, quien consideró factores agravantes no analizados por el Jurado y se excedió de la pena fija dis-puesta por el estatuto penal, es contrario a lo resuelto por el Tribunal Supremo federal en Apprendi v. New Jersey, 530 U.S. 466 (2000), y por este Tribunal en Pueblo v. Santana Vélez, 177 D.P.R. 61 (2009).

I

Por hechos ocurridos en Santa Isabel en 2002, el Minis-terio Público acusó a cinco hombres —los aquí peticiona-rios— de asesinato en primer grado y varias violaciones a la Ley de Armas de Puerto Rico (Ley de Armas), Ley Núm. 404-2000, según enmendada, 25 L.P.R.A. sec. 455 et seq. Al quinteto se le acusó, específicamente, de abordar un vehí-culo alquilado con cuatro revólveres calibre .38, una pistola calibre .45 y una escopeta de cañón recortado, y disparar repetidas veces contra Alexis Conde Torres, con premedita-ción y deliberadamente, hasta causarle la muerte. Los cinco acusados —Miguel Bonilla Peña, Pedro Maldonado Matos, José Rodríguez Berrios, Francisco Rodríguez Herrera y Angel Pérez Rodríguez— ejercieron su derecho constitucional a ser juzgados por un Jurado compuesto por sus pares.

Tras el juicio celebrado en octubre de 2007, el Jurado, en votación nueve a tres, halló culpables a los cinco acusados por los cargos de asesinato en primer grado, tipificado en el Art. 83 del Código Penal de 1974 (33 L.P.R.A. ant. sec. 3001 et seq.). Asimismo, el Jurado halló culpable a cada uno por cinco cargos de violar el Art 5.04 de la Ley de Armas (“Por-tación y uso de armas de fuego sin licencia”), 25 L.P.R.A. sec. 458c, y por una infracción al Art. 5.07 de la Ley de Armas (“Posesión o uso ilegal de armas largas semiauto-máticas, automáticas o escopeta de cañón cortado”), 25 L.P.R.A. sec. 458f.

Dos meses después del juicio, la defensa solicitó que se dejara sin efecto el veredicto del Jurado porque, presunta-mente, no se le había tomado el juramento definitivo a uno de los integrantes de ese cuerpo, el Sr. Omar Alvarado Marrero. Según la defensa, la ausencia del juramento definitivo a uno de los integrantes del Jurado debe suponer la nulidad del juicio por error (“mistrial”), con la conse-cuencia de disolver al Jurado como lo permite la Regla 144 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. En la alter-nativa, lo que correspondía era ordenar un nuevo juicio al amparo de la Regla 188 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Específicamente, la defensa adujo en una moción que, “por el jurado no estar legalmente constituido no ten[í]a facultad para pasar juicio sobre la culpabilidad o no culpabilidad de los acusados de epígraf[e] y por tanto fue un veredicto contrario a derecho”. Apéndice de la Peti-ción de certiorari, pág. 0003.

El Tribunal de Primera Instancia reconoció que el plan-teamiento era novel en nuestra jurisdicción pero, mediante una resolución y orden, proveyó “no ha lugar” a la moción de la defensa y mantuvo en vigor el veredicto de culpabili-dad emitido por el Jurado. Fundamentó su decisión en que desde octubre de 2006 hasta octubre de 2007, hubo veinte vistas o eventos procesales en los cuales ninguna de las partes señaló al tribunal que uno de los jurados carecía del juramento definitivo. Más aún, destacó que en mayo de 2007, tras varias posposiciones del juicio, el Ministerio Pú-blico solicitó la disolución del Jurado y la defensa mani-festó que prefería continuar los procedimientos con el Ju-rado tal como estaba constituido en ese momento. El foro de primera instancia concluyó que el Sr. “Omar Alvarado Marrero entendió el espíritu del juramento, el propósito de la selección de un jurado y sus deberes como jurado, según le fue enfatizado en los procedimientos de desinsaculación del jurado, del voir dire y de las instrucciones al jurado”. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 0015.

El mismo día en que tomó la decisión de validar el juicio penal, el foro primario emitió una sentencia en la que le impuso una pena carcelaria de 204 años a cada uno de los peticionarios. Inconforme con la decisión, la defensa acudió al Tribunal de Apelaciones y planteó como error el vere-dicto de un Jurado indebidamente constituido. El foro ape-lativo intermedio confirmó al Tribunal de Primera Instan-cia en una sentencia emitida el 30 de noviembre de 2010. Aunque ambos foros llegaron al mismo resultado de vali-dar el veredicto del Jurado, el análisis del Tribunal de Ape-laciones en torno a la juramentación definitiva del jurado número dos fue distinto. Al citar el acta del proceso de desinsaculación, el Tribunal de Apelaciones resaltó que esta señala:

“El jurado queda constituido ... de la siguiente manera:
1. ...
2. Omar Alvarado Marrero ...
Se procede con la juramentación definitiva a los jurados seleccionados.” (Énfasis suprimido.) Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 0094.

El anterior fragmento de lo que aconteció en la desinsa-culación del Jurado conduce al Tribunal de Apelaciones a resolver que, “[a] pesar de que el Acta indica que el jurado Omar Alvarado Marrero no se encontraba inicialmente en sala, el tribunal recurrido indicó que éste se encontraba entre las personas que prestaron el juramento definitivo establecido en la Regla 125 de Procedimiento Criminal el 15 de septiembre de 2006”. (Énfasis en el original.) Id.

Aún inconforme con la decisión, la defensa solicitó la reconsideración ante el Tribunal de Apelaciones y entonces argumentó, por primera vez, que la sentencia estaba re-ñida con lo resuelto por este Tribunal en Pueblo v. Santana Vélez, supra, pues el juez de primera instancia tomó en cuenta factores no contemplados por el Jurado y dispuso penas carcelarias que excedían el término fijo dispuesto por el estatuto. El Tribunal de Apelaciones mantuvo su decisión original y no atendió los asuntos relacionados con la aplicabilidad de Pueblo v. Santana Vélez, supra, a esta controversia.

Tras ello, los peticionarios acuden ante nos. Sostienen que el foro intermedio erró al no revocar el veredicto de un Jurado que se constituyó indebidamente ante la posibili-dad de que uno de sus miembros no hubiese tomado el juramento definitivo. Asimismo, alegan que la norma que establecimos en Pueblo v. Santana Vélez, supra, tiene ca-rácter retroactivo a todos aquellos casos que no hayan ad-venido finales y firmes al día en que se emitió el dictamen, es decir, el 13 de octubre de 2009. Como el presente caso no había advenido final y firme para esa fecha, Pueblo v. Santana Vélez, supra, le aplica a esta controversia, según es-bozó la defensa en su comparecencia ante nos.

Mediante una Resolución emitida el 24 de junio de 2011 y notificada el 29 de junio de 2011, concedimos un término de veinte días a la Procuradora General para que mostrara causa por la cual, a la luz de Pueblo v. Santana Vélez, supra, este Tribunal no debiera modificar la sentencia dic-tada para atemperarla a nuestra jurisprudencia. La Procu-radora General compareció para reclamar que la defensa expuso por primera vez el error respecto al término de las sentencias en la fase de apelación. Esto, según la Procura-dora General, vicia el señalamiento, pues se debió haber hecho a nivel de primera instancia.

El recurso de certiorari se expidió y, tras examinar los escritos de ambas partes, procedemos a resolver. Analiza-mos en la Parte II de esta opinión los planteamientos sobre el juramento definitivo a un miembro del Jurado y, en la Parte III, pasamos juicio sobre la aplicabilidad de Pueblo v. Santana Vélez, supra, a esta controversia.

II

[1 ] A. Todos los miembros del Jurado que entienden en procesos criminales en nuestra jurisdicción están obli-gados a prestar dos juramentos. Primeramente, se les exige el juramento preliminar, que se toma previo a la desinsaculación del Jurado. En segundo lugar, está el jura-mento definitivo, que se toma una vez concluida la desin-saculación y previo al juicio propiamente. Así, el juramento preliminar que exige la Regla 119 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, es distinto y se requiere en una fase procesal diferente a la del juramento definitivo contem-plado por la Regla 125 (34 L.P.R.A. Ap. II).

La Regla 119 de Procedimiento Criminal, supra, exige un juramento preliminar que se toma individual o colecti-vamente, en el cual el miembro potencial del Jurado afirma o jura que contestará veraz y fielmente todas las preguntas que se le hagan respecto a su capacidad para actuar como jurado. Id. Es decir, el juramento preliminar se toma buscando garantizar que cierto individuo esté ca-pacitado para servir como jurado. Dicho juramento preli-minar se toma previo a la desinsaculación del Jurado, fase en la cual la defensa y la Fiscalía pueden excluir potencia-les miembros del Jurado mediante los mecanismos dis-puestos para ello. Si un individuo ha sido seleccionado para formar parte del Jurado que entenderá en los proce-dimientos criminales contra un acusado, se le requerirá entonces que preste otro juramento —el juramento defini-tivo exigido por la Regla 125 de Procedimiento Criminal, supra— que en esta ocasión busca garantizar que actuará de forma imparcial y con rectitud al oír a las partes y al deliberar.

Este Tribunal no ha resuelto, como tampoco lo ha hecho el Tribunal Supremo de Estados Unidos, qué consecuencias, si alguna, tiene la ausencia del juramento definitivo de un solo miembro del Jurado. Podemos colegir desde este momento, sin embargo, que el juramento definitivo no es un mero formalismo. La importancia del juramento definitivo del Jurado en nuestro ordenamiento penal es tal que ese evento procesal es precisamente el que activa la protección contra la doble exposición (“double jeopardy”). Lo anterior se debe a que ese juramento definitivo “marca el inicio del juicio o la exposición del acusado a riesgo de convicción”. E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1995, T. III, pág. 288.

Así, no podemos tomar a la ligera la posibilidad de que un miembro del Jurado no haya tomado juramento o afir-mado formalmente su respuesta afirmativa a la pregunta siguiente:

“Vosotros y cada uno de vosotros, ¿juráis solemnemente des-empeñar bien y fielmente vuestro cargo, juzgando con rectitud la causa que pende ante este tribunal y emitiendo un veredicto imparcial de conformidad con la prueba producida? Así os ayude Dios.” 32 L.P.R.A. Ap. II, R. 125.

A pesar de la importancia procesal del juramento definitivo, la jurisprudencia federal muestra una tendencia rígida de no declarar errores manifiestos o “plain errors” cuando la defensa reclama que hubo irregularidades respecto a la constitución del Jurado o su proceso deliberativo. Véase W.R. LaFave, Criminal Procedure, Estados Unidos, Ed. Thomson West, 2007, T. VII, págs. 89-90. Por ejemplo, el Tribunal Supremo federal resolvió que la decisión de un foro primario de permitir que estuvieran presentes jurados alternos en la deliberación final no constituye un error ma-nifiesto o “plain error” que pueda corregirse automática-mente a través de las Reglas de Evidencia federales. U.S. v. Olano, 507 U.S. 725 (1993). En otras palabras, el Tribunal Supremo federal mantuvo en vigor el veredicto a pesar de que en la deliberación estuvieron presentes jurados altemos ajenos a los que tomarían la decisión. Asimismo, el máximo foro federal resolvió que tampoco era un error manifiesto haber privado a un jurado de evaluar, en un procesamiento criminal por perjurio, si era esencial o no la naturaleza de la declaración bajo escrutinio. Johnson v. United States, 520 U.S. 461 (1997).

Los casos anteriormente discutidos tratan sobre la figura del jurado y el proceder del máximo foro judicial federal ante el reclamo de alguna irregularidad en el proceso deli-berativo de esa institución. A pesar de que, como dijimos anteriormente, no hay ningún caso del Tribunal Supremo federal que atienda puntualmente el asunto ante nos, es evidente la tendencia de analizar con reservas cualquier re-clamo de error manifiesto que se plantea para revertir au-tomáticamente la actuación del Jurado.

Por otro lado, los circuitos federales, así como los foros apelativos y supremos de otras jurisdicciones, han atendido situaciones en que los jurados no han juramentado hasta una etapa avanzada del juicio. Sin embargo, en todos los casos examinados se evalúa la ausencia de juramento de la totalidad del Jurado, no de uno solo de sus miembros. Más aún, se trata de casos en los cuales el juramento definitivo, aunque tardíamente, sí se tomó previo a la deliberación y veredicto final.

En Cooper v. Campbell, 597 F.2d 628 (1979), el Tribunal de Apelaciones federal para el Octavo Circuito se enfrentó a una solicitud de habeas corpus en la cual el peticionario alegó que el juramento tardío que se le tomó al jurado que lo juzgó en una corte de Arkansas violó sus derechos constitu-cionales a juicio por jurado, a un juicio justo e imparcial y a su debido proceso de ley. El Jurado había sido juramentado luego de los informes iniciales de las partes (“opening statements”), pero antes de la presentación de la evidencia. El circuito apelativo federal resolvió que “no hallamos eviden-cia alguna que la demora en la juramentación del jurado haya perjudicado los derechos del peticionario de tener un juicio por jurado, un juicio justo e imparcial, y su debido proceso de ley”. (Traducción suplida.) Id., pág. 629.

El Tribunal de Apelaciones federal para el Quinto Cir-cuito, por su parte, también tuvo que analizar un plantea-miento de que la juramentación tardía del Jurado era un error de tal naturaleza que ameritaba la revocación del ve-redicto; en otras palabras, que se trataba del llamado “reversible error” contemplado por las Reglas de Evidencia fe-derales y por las Reglas 104,105 y 106 de Evidencia de 2009 (32 L.R.R.A. Ap. VI). Véase In re Aprobación Reglas de Evidencia, 175 D.R.R. 478, 483-485 (2009). En United States v. Hopkins, 458 F.2d 1353 (5to Cir. 1972), el peticionario argu-mentó ante el quinto circuito apelativo federal que la toma del juramento al Jurado después de que la Fiscalía some-tiera su caso, equivalía a un error que acarreaba la revoca-ción del proceso criminal en su contra. No obstante, en el juicio en instancia, la defensa no hizo objeción alguna en tomo a la juramentación tardía del Jurado. El circuito ape-lativo federal manifestó en United States v. Hopkins, supra, que, al examinar las decisiones de otras jurisdicciones, se percató que esta situación solía tratarse como un error no perjudicial (“harmless error”). Al coincidir con las jurisdic-ciones estudiadas, el tribunal apelativo para el Quinto Cir-cuito resolvió:

No prejudice has been shown by the delayed swearing of the jury, no objection was made, and the oath was administered before the jury retired to begin its deliberations. Given all of these circumstances, any error was clearly harmless. United States v. Hopkins, supra, pág. 1354.

Por su parte, el foro apelativo intermedio de Nueva York —la División Apelativa de la Corte Suprema estatal— resolvió en un caso similar que, “en ausencia de perjuicio, la dilación en la toma de juramento no amerita la revoca-ción del veredicto”. (Traducción suplida.) People of the State of New York v. Morales, 168 A.D.2d 85 (1991). En ese caso, sin embargo, tanto la defensa como la Fiscalía advir-tieron al tribunal que no se había tomado juramento al Jurado. El tribunal lo tomó justo antes de que la defensa presentara sus argumentos, pero luego de que la Fiscalía sometiera su caso. Cuando se le cuestionó a la defensa si tenía alguna objeción, esta respondió: “Tenemos objeción al momento, eso es todo.” Id. No hubo una solicitud de la de-fensa para que se decretara un “mistrial”, se absolviera al Jurado ni se requirió otra instrucción al jurado.

La defensa, sin embargo, presentó el argumento en la fase apelativa, pero el foro intermedio de Nueva York re-solvió que, por la objeción incompleta anteriormente des-crita, el asunto no había sido preservado en el expediente. El foro apelativo neoyorquino concluyó que la tendencia de los casos estatales y federales sostiene que una dilación en la juramentación del Jurado es meramente una anomalía técnica y no es, de suyo, un error que amerite revertir el veredicto. People of the State of New York v. Morales, supra. La corte apelativa de Nuevo México también ha re-suelto este asunto de manera similar. Véase State v. Apodaca, 105 N.M. 650 (1987).

Asimismo, la Corte Suprema de Vermont determinó que era vital que la defensa objetara oportunamente una defi-ciencia en la juramentación del Jurado. State v. Roberge, 155 Vt. 121 (1990). Allí, luego de que el Ministerio Público sometió su caso y durante un receso del tribunal, el fiscal se percató de que el Jurado no había sido juramentado ese día al inicio del juicio. La defensa, de manera explícita, se negó a objetar la situación y el tribunal procedió al jura-mento tardío, por lo cual se desestimaron los planteamien-tos en las fases apelativas.

B. A pesar de que los casos estatales y de los circuitos federales anteriormente citados no son vinculantes para este Tribunal, arrojan luz sobre cómo otras jurisdicciones han atendido situaciones similares. No obstante, las cir-cunstancias ante nos son distintas de los casos citados por-que la controversia actual trata de un solo miembro del Jurado —no la totalidad del cuerpo institucional— que po-siblemente jamás juramentó oportuna ni tardíamente. Sin embargo, como vimos en la sección previa, la tendencia de otras jurisdicciones es que tratan la ausencia del jura-mento del Jurado como una situación en la cual es necesa-rio objetar oportuna, específica y correctamente. No se trata en estos casos, pues, de un error extraordinario como el contemplado por nuestra Regla 106 de Evidencia, supra, ni mucho menos de un error estructural que acarrea la revocación automática por haber lacerado los cimientos más básicos del proceso adversativo.

Se trata, más bien, de un error en el juicio gobernado por las Reglas 104 y 105 de Evidencia, supra. El inciso (a) de la Regla 104 de Evidencia, sobre “Admisión o exclusión errónea de evidencia”, dispone:

(a) Requisito de objeción. — La parte perjudicada por la ad-misión errónea de evidencia debe presentar una objeción opor-tuna, específica y correcta o una moción para que se elimine del récord evidencia erróneamente admitida cuando el funda-mento para objetar surge con posterioridad. Si el fundamento de la objeción surge claramente del contexto del ofrecimiento de la evidencia, no será necesario aludir a tal fundamento. (Énfasis suplido.)

Asimismo, la Regla 105 de Evidencia, supra, explica el efecto del error en la admisión o exclusión de la evidencia:

(a) Regla general.— No se dejará sin efecto una determina-ción de admisión o exclusión errónea de evidencia ni se revo-cará por ello sentencia o decisión alguna a menos que:
(1) La parte perjudicada con la admisión o exclusión de evidencia hubiere satisfecho los requisitos de objeción, funda-mento u oferta de prueba establecidos en la Regla 104, y
(2) el tribunal que considera el señalamiento estime que la evidencia admitida o excluida fue un factor decisivo o sus-tancial en la sentencia emitida o decisión cuya revocación se solicita.
(b) Error constitucional.— Si el error en la admisión o exclu-sión constituye una violación a un derecho constitucional de la persona acusada, el tribunal apelativo sólo confirmará la de-cisión si está convencido más allá de duda razonable que, de no haberse cometido el error, el resultado hubiera sido el mismo.

Por último, la Regla 106 de Evidencia, supra, dis-pone que, aun si no se satisfacen las exigencias explicadas en la citada Regla 104 de Evidencia de objetar oportunamente, un tribunal apelativo podrá considerar un señalamiento de error y revocar una sentencia o decisión. Se trata del llamado “error extraordinario” y solo procederá, según la Regla 106, cuando se satisfagan las condiciones siguientes: el error fue craso, ya que no cabe duda de que fue cometido; el error fue peijudicial porque tuvo un efecto decisivo o sustancial en la decisión cuya revocación se solicita, y el no corregirlo resultaría en un fracaso de la justicia.

Del expediente de este caso surge que el Tribunal de Primera Instancia le tomó el juramento definitivo al Ju-rado en septiembre de 2006. Sin embargo, de un examen hecho por el propio foro de primera instancia de la vista de desinsaculación del Jurado ante el honorable juez Roberto Angleró Ortiz, proceso celebrado el 10 de agosto y el 15 de septiembre de 2006, “surge que el jurado [número dos], Omar Alvarado Marrero [,] no se encontraba presente por razón de enfermedad cuando se torn [ó] el juramento defi-nitivo conforme la Regla 125 de Procedimiento Criminal”. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 0012. No obs-tante, el examen realizado por ese foro también arroja que, el mismo día en que se tomó el juramento definitivo, el señor Alvarado Marrero se integró a las labores del Jurado.

Los peticionarios reconocen que no hubo objeción alguna durante el juicio a la presunta irregularidad en el proceso de juramentación de un miembro del Jurado. Si tomamos en cuenta las Reglas de Evidencia anteriormente transcritas, así como los casos analizados en la sección previa, es evidente la importancia de que la defensa haga una objeción específica, oportuna y fundamentada sobre una irregularidad que detecta en la juramentación de un jurado o en cualquier otro asunto procesal del juicio. Es sabido que se puede renunciar a un derecho, incluso de naturaleza constitucional, en casos criminales si no se hace una defensa oportuna de ese derecho. Yakus v. United States, 321 U.S. 414, 444 (1944).

El foro primario destacó en su resolución que hubo veinte oportunidades, en las diferentes vistas y eventos procesales relacionados con este caso, para que la defensa hiciera planteamientos sobre este asunto; sin embargo, no los hizo. Más aún, es la propia defensa la que admite en su comparecencia ante nos que el asunto pasó desapercibido para ellos así como para la Fiscalía y el juez. La defensa arguye que no se les puede penalizar por ese desliz y que se percataron del asunto apenas dos días después de con-cluido el caso.

[7 — 8] No cabe duda que la juramentación definitiva del Jurado está fundamentada en los principios constitu-cionales enmarcados en la Sexta Enmienda de la Constitu-ción estadounidense (Enmda. VI, Const. EE. UU., L.P.R.A., Tomo 1) y en el Art. II, Sec. 11, de la Constitución del Es-tado Libre Asociado, L.P.R.A., Tomo 1, que establecen el derecho a que un acusado sea juzgado imparcialmente por sus pares constituidos como un Jurado. Por ello, resolve-mos hoy, por primera vez, que la ausencia de juramenta-ción de un miembro del Jurado debe analizarse como un error constitucional según lo dispuesto en la Regla 105(b) de Evidencia, supra. Así, la no juramentación de un miem-bro del Jurado constituye una violación a un derecho cons-titucional de la persona acusada que la defensa deberá ob-jetar oportunamente y que el juez de primera instancia estará obligado a remediar con la toma de juramento, aun-que sea de manera tardía en el proceso. Véanse: United States v. Hopkins, supra; Cooper v. Campbell, supra; People of the State of New York v. Morales, supra; State v. Apodaca, supra; State v. Roberge, supra.

Lo que resolvemos hoy es cónsono con Chapman v. California, 386 U.S. 18 (1967). Allí, el máximo Foro judicial de Estados Unidos sostuvo que, para que un tribunal ape-lativo federal mantenga en vigor una sentencia de instan-cia en la cual se haya cometido un error constitucional, el foro apelativo debe estar convencido, más allá de duda ra-zonable, que dicho error constitucional no contribuyó a la condena del acusado. Id., pág. 24. Véase, además, Fahy v. Connecticut, 375 U.S. 85 (1963).

Al aplicar la normativa anteriormente descrita, debe-mos evaluar primero, como cuestión de umbral, si la de-fensa objetó oportuna y específicamente, con el debido fun-damento, la irregularidad en el proceso de juramentación. En el supuesto de que tal objeción se haya dado de forma oportuna y de manera fundamentada, el tribunal deberá concluir, acorde con lo resuelto hoy, que tal error fue una violación al derecho constitucional de la persona acusada. El segundo paso analítico entonces será evaluar si, de no haberse cometido dicho error, el resultado hubiera sido el mismo. El quantum de prueba necesario para este último eslabón del análisis —si, de no haberse cometido el error constitucional, el resultado hubiera sido el mismo— será el de más allá de duda razonable, según lo dispuesto en la Regla 105(b) de Evidencia, supra, y lo establecido en Chapman v. California, supra.

Nuestra decisión en el presente caso, sin embargo, no requiere que alcancemos el segundo paso del análisis, pues, como cuestión de umbral, es necesario determinar si hubo una objeción adecuada en el momento oportuno. En este caso no hubo tal objeción. Así, no procede revocar el veredicto emitido por el Jurado porque la posible ausencia de juramentación de uno de sus miembros no fue objetada.

En conformidad con las Reglas de Evidencia y la mejor práctica litigiosa, lo que le correspondía a la defensa era objetar diligentemente, de modo que el asunto se corrigiera en la sala de instancia o, en caso de que eso no sucediera, se preservara el planteamiento en el expediente para la fase apelativa. Eso no ocurrió. Muy distinto hubiera sido nuestro análisis hoy si, luego de una objeción oportuna de la defensa al proceso de juramentación del Jurado, el juez de instancia la hubiera ignorado y proseguido con el juicio. Una vez más, ese no es el caso ante nos.

Por último, la defensa reclama que hizo el plantea-miento de la falla en la juramentación después del vere-dicto porque no se percató antes. No pasamos juicio sobre si lo anterior en efecto fue un desliz o una estrategia de litigación. Sin embargo, si se trató de una estrategia de litigación, las partes asumieron los riesgos que ello con-lleva y no pueden ahora pedir un “segundo tumo al bate” para relitigar algo que tuvieron ante sí en la fase del juicio. En el caso de que sea un desliz, como reclama la defensa, ello no cambia en forma alguna lo que aquí resolvemos, pues no se conservó en el expediente un argumento que la defensa debió proteger para la fase actual.

HH HH I — I

Por otra parte, la defensa argumenta que el foro prima-rio erró al imponer sentencias mayores a las dispuestas por el término fijo consignado en la ley penal, pues tomó en cuenta factores agravantes que no consideró el Jurado que emitió su veredicto de culpabilidad. Lo anterior, sostuvo la defensa, está reñido con lo resuelto por el Tribunal Supremo federal en Apprendi v. New Jersey, supra, y por este Tribunal en Pueblo v. Santana Vélez, supra. En este as-pecto, la defensa tiene razón.

La Procuradora General afirma, sin embargo, que no debemos evaluar este planteamiento, pues la defensa lo presentó por primera vez cuando solicitó la reconsideración al Tribunal de Apelaciones. Es decir, la Procuradora General indica que la defensa renunció a este argumento al no presentarlo ante el Tribunal de Primera Instancia ni du-rante su primera comparecencia ante el foro apelativo intermedio. La razón para ello, sin embargo, es que en esos momentos procesales no habíamos resuelto Pueblo v. Santana Vélez, supra, y, por ende, no estaba disponible ese planteamiento para la defensa. Al emitir nuestro dictamen el 13 de octubre de 2009 expresamos que, “por ser la norma que establecemos en este momento de carácter constitucio-nal aplicable a los procesos penales, tiene efecto retroactivo a todos aquellos casos que no hayan advenido finales y firmes al día de hoy”. Id., pág. 78. Por lo anterior, no hay duda de que lo decidido en Pueblo v. Santana Vélez, supra, aplica a la controversia ante nos. Veamos.

Tanto bajo el Código Penal de 1974 como bajo el actual, el delito de asesinato en primer grado conlleva una pena de 99 años de cárcel. Asimismo, la violación del Art. 5.04 de la Ley de Armas, supra, acarrea, en la modalidad imputada a los peticionarios, una pena de cárcel fija de diez años. Si hubiese circunstancias atenuantes en la violación del Art. 5.04 de la Ley de Armas, la pena podría reducirse a cinco años; si hubiese circunstancias agravantes, podría aumen-tar a una reclusión carcelaria de veinte años. El Art. 5.07 de la Ley de Armas, supra, por su parte, tiene una pena fija de veinticuatro años de prisión. Las circunstancias ate-nuantes pueden reducir la pena a dieciocho años, aunque las agravantes pueden incrementarla a 36 años. Las penas carcelarias dispuestas en la Ley de Armas se impondrán de forma consecutiva a cualquier otra sentencia. Art. 7.03 de la Ley de Armas, 25 L.P.R.A. sec. 460(b). En este caso, las sentencias por la Ley de Armas se cumplirán de manera consecutiva —no concurrente— con los 99 años de prisión dispuestos para el asesinato en primer grado.

No obstante lo anterior, en el caso ante nos el juez de instancia impuso una sentencia de 204 años de cárcel a cada uno de los cinco peticionarios. El desglose de la sen-tencia se hace de la forma siguiente: 99 años por el cargo asesinato en primer grado; quince años por cada uno de los cinco cargos del Art. 5.04 de la Ley de Armas, supra, para un total de 75 años en este renglón, y treinta años por el cargo de violación al Art. 5.07 de la Ley de Armas, supra.

Como se puede apreciar, la sentencia que impuso el juez en cada una de las infracciones al referido Art. 5.04 de la Ley de Armas excedió, por cinco años en cada cargo, la pena fija dispuesta en el estatuto. Del mismo modo, la pena en el cargo de violación al Art. 5.07 de la Ley de Ar-mas, supra, superó por seis años la pena fija establecida en ese estatuto.

De acuerdo con nuestra jurisprudencia y la del Tribunal Supremo federal, era al Jurado —y únicamente a él— a quien correspondía determinar, más allá de duda razonable, si había factores agravantes en la violación de los Arts. 5.04 y 5.07 de la Ley de Armas, supra, que ameritaran el incremento de la pena contemplada por el límite estatutario penal. Ese análisis del Jurado no se dio. Como bien señalamos en Pueblo v. Santana Vélez, supra, pág. 71, citando a Blakely v. Washington, 542 U.S. 296 (2004), “[e]l límite estatutario es aquella pena máxima que el juez puede imponer con el s[o]lo veredicto de culpabilidad del jurado, sin la necesidad de determinar hechos adicionales”. Al interpretar Apprendi v. New Jersey, supra, expusimos en Pueblo v. Santana Vélez, supra, pág. 71, que “[cjualquier hecho que agrave la pena de un acusado más allá del límite estatutario, salvo aquellos hechos relacionados con la reincidencia, debe ser determinado por un jurado más allá de duda razonable”.

El límite estatutario penal era diez años de prisión por cada violación al Art. 5.04 de la Ley de Armas, supra. Es decir, esa era la pena máxima que el juez podía imponer con el veredicto de culpabilidad del Jurado sin determinar hechos adicionales. Así, el juez de instancia se excedió por cinco años en cada uno de los cinco cargos de violación al Art. 5.04 de la Ley de Armas. Como las sentencias por vio-laciones a la Ley de Armas se imponen de manera conse-cutiva, el juez del Tribunal de Primera Instancia dictó un exceso de 25 años de pena por violaciones al Art. 5.04 del mencionado estatuto.

De igual manera, el Art. 5.07 de la Ley de Armas, supra, tiene una pena fija de 24 años de prisión. Las circunstan-cias agravantes pueden incrementar la pena a 36 años. El juez de instancia, tomando en cuenta factores agravantes que el Jurado no decidió más allá de duda razonable, im-puso una sentencia de treinta años, seis años por encima del límite estatutario que contempla el referido Art. 5.07 de la Ley de Armas. En total, los 25 años en exceso que dictó el juez por los cargos del Art. 5.04 de la Ley de Armas y los seis años que impuso por encima del límite estatuta-rio del Art. 5.07 de esta ley hacen que la sentencia carce-laria actual contra los peticionarios sea 31 años mayor de lo que corresponde en derecho.

IV

En resumen, resolvemos hoy que la falta de juramentación de un miembro del Jurado es un error constitucional que puede provocar la nulidad de un juicio criminal. Sin embargo, para que un acusado pueda reclamar a nivel apelativo que se le violó ese derecho constitucional durante su juicio, debe hacer una objeción oportuna y fundamentada en el Tribunal de Primera Instancia. En este caso no hubo esa objeción oportuna y fundamentada y, por ende, validamos el veredicto de culpabilidad emitido por el Jurado contra los peticionarios. Asimismo, reitera-mos la aplicabilidad retroactiva de Pueblo v. Santana Vélez, supra, a todo proceso penal que no haya advenido final y firme antes del día en que se emitió el dictamen, esto es, el 13 de octubre de 2009.

Por todo lo anterior, se modifica la sentencia del Tribunal de Apelaciones en cuanto a las penas carcelarias im-puestas a los peticionarios. Se ordena la devolución del presente caso al Tribunal de Primera Instancia para que, si así lo solicitar el Ministerio Público, se celebre una vista en que se establezca las circunstancias agravantes ante un Jurado y que estas sean probadas más allá de duda razonable. Tras ello, el juez del foro primario podrá impo-ner la sentencia con los agravantes probados. Por el con-trario, si el Ministerio Fiscal no solicita la referida vista, procede que los peticionarios sean resentenciados al tér-mino fijo de las penas de los delitos por los cuales fueron convictos. Así, las sentencias de los convictos reflejarán lo dispuesto en esta Opinión y en las exigencias explicadas en Apprendi v. New Jersey, supra, que adoptamos reciente-mente en esta jurisdicción en Pueblo v. Santana Vélez, supra. Asimismo, reiteramos que la disolución del Jurado que encuentra culpable a un acusado por la convicción de un delito no impide que se constituya otro Jurado que juz-gue los agravantes.

Por otra parte, resolvemos que es válido el veredicto de culpabilidad emitido por el Jurado, a pesar de la posible deficiencia en la juramentación de uno de sus integrantes, porque ese error constitucional no fue oportunamente ob-jetado por la defensa y, de esa manera, se renunció a ese argumento en la fase apelativa.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Fiol Matta concurrió con el resultado en este caso por entender que se incumplió cra-samente con nuestro mandato en Pueblo v. Santana Vélez. Por ello, devolvería el caso al Tribunal de Primera Instan-cia a los únicos efectos de resentenciar a los peticionarios de acuerdo con las penas fijas establecidas por ley. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez concurrió con el re-sultado sin opinión escrita. La Jueza Asociada Señora Pa-bón Charneco no interviene.

       El Código Penal de 1974 estaba en vigor al momento de los hechos —ocurri-dos en 2002— dos años antes de que entrara en efecto el actual Código Penal.

       En el expediente no hay constancia, ni debe haberla, de cómo votó el señor Alvarado Marrero tras su deliberación en este caso. Las deliberaciones del Jurado y la forma como votó cada integrante, son de carácter secreto. Como hemos dicho, el proceso de razonamiento individual o colectivo del Jurado no puede ser develado, ya que tal intromisión acarrearía la desaparición de la franqueza y libertad de discusión. Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, 128 D.P.R. 299, 338 (1991).


text:
    Justo Lozada Sánchez, Juan Camacho Moreno, Wanda I. González Vélez, Carmen I. Alvarado Rivas, Enrique J. Seguí Casalduc y Elba T. Escribano de Jesús, recurridos, v. Autoridad de Energía Eléctrica, agencia proponente y recurrida, y Junta de Calidad Ambiental, peticionaria; Autoridad de Energía Eléctrica, peticionaria, v. Junta de Calidad Ambiental, recurrida, Justo Lozada Sánchez, Juan Camacho Moreno, Wanda I. González Vélez, Carmen I. Alvarado Rivas, Enrique J. Seguí Casalduc y Elba T. Escribano de Jesús, recurridos.

      Números: CC-2011-718
    CC-2011-722

      Resueltos: 8 de noviembre de 2011

      Pedro J. Saadé Lloréns, de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, abogado de Justo Lozada Sánchez et al. y Juan Cortés et al.; Eliezer Aldarondo Ortiz, Rosa Campos Silva y Eliezer A. Aldarondo López, de Aldarondo & López Bras, abogados de la Autoridad de Energía Eléctrica.
   RESOLUCIÓN

La Junta de Calidad Ambiental (JCA) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) presentaron por separado dos re-cursos de certiorari ante este Tribunal. Junto con los recur-sos, la AEE y la JCA presentaron por separado dos solici-tudes de auxilio de jurisdicción con el propósito de que se paralizaran los procedimientos en el Tribunal de Apelaciones. Mediante Resolución de 9 de septiembre de 2011, declaramos “con lugar” esas mociones. Además, con-solidamos los recursos presentados por tratarse de la misma materia. Por último, le concedimos un término de 15 días a Juan Cortés Lugo y otros para que refutaran los recursos que presentaron la AEE y la JCA. Así lo hicieron.

Posteriormente, el 6 de octubre de 2011, la AEE y la JCA replicaron por separado al escrito que presentaron Juan Cortés Lugo y otros. Así las cosas, nuestra Secretaría recibió el 13 de octubre de 2011 una “Moción solicitando prórroga” que presentó Justo Lozada Sánchez y otros, quie-nes no forman parte del presente caso. Subsiguientemente, el 20 de octubre de 2011, Juan Cortés Lugo y otros, que sí forman parte del presente pleito, presentaron también una “Moción solicitando prórroga” en la que nos requieren 10 días para duplicar a las réplicas que presentaron la AEE y la JCA el 6 de octubre de 2011. La AEE se opuso.

La Regla 31 del Reglamento de este Foro, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, le concede 10 días a “[c]ualquier parte que desee expresarse a favor o en contra de una moción que solicite algún remedio ...”. Por otro lado, la Regla 48(b) del mismo cuerpo de reglas, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, establece, en lo pertinente: “Cualquier solicitud de prórroga deberá reci-birse en el tribunal no menos de tres (3) días laborables antes de expirar el plazo cuya prórroga se solicite. No se concederá ninguna moción de prórroga que no cumpla con este requisito ... .” La Regla 48, id., dispone de igual forma que “[l]as mociones de prórroga deben fundamentarse con hechos concretos y no con meras generalizaciones. Como norma general, el exceso de trabajo del (de la) abogado (a) no se considerará una razón adecuada para justificar una prórroga”.

En el caso que nos ocupa, la Moción de 13 de octubre de 2011 en la que se solicitó prórroga se presentó a tiempo. No obstante, la presentaron Justo Lozada Sánchez y otros, quienes no eran parte del caso. Basta recordar que el Tribunal de Apelaciones en su Resolución de 18 de agosto de 2011 solo le reconoció legitimación activa a Juan Cortés Lugo y otros. Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 856-861. En cuanto a Justo Lozada Sánchez y otros, deter-minó que estos no tenían legitimación activa. Id. De ese extremo de la resolución no se recurrió ante este Foro en los recursos consolidados que nos ocupan. La mención de Justo Lozada Sánchez y otros en el epígrafe responde a que se reproduce ante nos el epígrafe que el caso tenía en el foro intermedio. No hace parte a Lozada Sánchez y otros, y no los convierten en Juan Cortés Lugo y otros, la parte recurrida en este caso.

Con relación a la moción presentada el 20 de octubre de 2011, un simple cálculo aritmético demuestra que se pre-sentó a destiempo. El término para replicar vencía el 17 de octubre de 2011 (el 16 de octubre de 2011 era domingo), y el de solicitar prórroga vencía el 13 de octubre de 2011 (el 12 de octubre de 2011 era festivo).

Además, Juan Cortés Lugo y otros no nos presentan he-chos concretos que justifiquen la concesión de la prórroga. Valga señalar que en este caso Juan Cortés Lugo y otros ya presentaron su alegato en oposición a la expedición del re-curso de certiorari. Ante ese escenario, se declara “no ha lugar” la moción en solicitud de prórroga que presentó Justo Lozada Sánchez el 13 de octubre de 2011 y la “Mo-ción solicitando prórroga” que presentaron Juan Cortés Lugo y otros el 20 de octubre de 2011.

Todas las partes han comparecido ante nos y han pre-sentado múltiples escritos en este caso. Sus argumentos se considerarán de manera sosegada con el rigor que la Cons-titución impone. No se ha privado a ninguna parte de su oportunidad de ser oída.

Notifíquese inmediatamente a las partes por teléfono o fax, y por la vía ordinaria.

Lo acordó y ordena el Tribunal, y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada Señora Fiol Ma-tta disintió de la determinación del Tribunal por conside-rar que penaliza injustificadamente a la parte recurrida. Entiende que se le debe permitir al grupo de ciudadanos liderados por Juan Cortés presentar su dúplica a las répli-cas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Junta de Calidad Ambiental (JCA) de manera integrada en el caso consolidado ante el Tribunal, por varias razones: que la parte peticionaria ha cometido el mismo error en la identificación de la parte recurrida que se utiliza como fun-damento para denegar la solicitud de prórroga; que el error que han cometido ambas partes es excusable dado el con-fuso trasfondo procesal del caso y no afecta los méritos del recurso; que la parte recurrida justifica su petición de pró-rroga en el hecho de que la Oposición al Alegato de la Parte Recurrida presentada por la AEE es un documento ex-tenso, complejo y que discute por primera vez ciertos argu-mentos y estudios sobre los que no se ha podido expresar; que la parte recurrida señala que supo del escrito de la JCA más de una semana después de su fecha de presenta-ción, y, sobre todo, que este caso es de gran interés público y recibir los comentarios de todas las partes beneficiará al Tribunal al permitirle contar con un expediente más com-pleto para resolver la controversia. La Juez Asociada Se-ñora Rodríguez Rodríguez emitió un voto particular disi-dente, al cual se unió el Juez Presidente Señor Hernández Denton.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Voto particular disidente emitido por la

Juez Asociada Se-ñora Rodríguez Rodríguez,

al que se une el Juez Presi-dente Señor Hernández Denton.

Esta Curia hoy se niega a considerar los planteamientos de un grupo de vecinos y vecinas preocupados por su vida. Es inminente el paso de una línea kilométrica de gas natural por zonas aledañas a sus viviendas. No puedo permane-cer callada.

Por las razones que a continuación exponemos, entende-mos que la mayoría se ha equivocado al denegar las solici-tudes de prórroga presentadas por la parte recurrida. Con-sideramos que el denegarlas equivale a no reconocer a una parte el derecho que tiene a ser escuchada y privarle a este Tribunal de contar con todos los elementos de juicio nece-sarios para adjudicar la presente controversia. Una contro-versia del más alto interés público y que versa sobre la aprobación de una Declaración de Impacto Ambiental Final (DIA-F) de un enorme gasoducto.

I

A.

Es importante narrar los hechos de este caso. Esto, ya que está revestido del más alto interés público. Los aquí recurridos son personas naturales cuya seguridad personal e intereses y derechos propietarios, agrícolas, ambientales, estéticos, entre otros, se afectarán por la construcción de un enorme gasoducto que se promociona publicitariamente como “Vía Verde”. Lo anterior, de por sí, debe ser suficiente para que este Tribunal reciba y pondere todos los plantea-mientos y cuente con un expediente completo y amplio que le permita tomar una decisión reflexiva, concienzuda e informada. Esto, sin aferrarse a un formalismo extremo que termine cambiando nuestra función de impartir justi-cia por una aplicación mecánica de leyes, normas y reglamentos.

B.

Tenemos ante nuestra consideración unos recursos de certiorari que presentaran, el 6 de septiembre de 2011 y de forma separada, la Junta de Calidad Ambiental (JCA) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). En dichos recursos se nos pide que revisemos una Resolución que emitió el Tribunal de Apelaciones el 18 de agosto de 2011. Esta es el resultado de la presentación de tres recursos de revisión administrativa mediante los cuales se solicitó que el foro intermedio revisara la aprobación de la Declaración de Im-pacto Ambiental Final (DIA-F) que emitió la JCA en el pro-yecto de gasoducto “Vía Verde.” Esencialmente, los peticio-narios recurridos solicitaron al Tribunal de Apelaciones que dejara sin efecto la Resolución R-10-45-1 de la Junta de Calidad Ambiental mediante la cual se aprobó el In-forme del Subcomité y se determinó que la DIA-F presen-tada por la AEE para el proyecto de gasoducto cumplió con todos los requisitos de la Ley Núm. 416 de 22 de septiem-bre de 2004 (12 L.RR.A. sec. 801 et seq.), conocida como la Ley sobre la Política Ambiental.

Así las cosas, el Tribunal de Apelaciones, el 31 de marzo de 2011, emitió urna sentencia que desestimó, por falta de legitimación activa, los tres recursos de revisión administra-tiva presentados e identificados con los alfanuméricos KLRA201001238 (Justo Lozada Sánchez y otros), KLRA201001246 (Juan Cortés Lugo y otros) y el KLRA201001248 (Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego-UTIER). Sin embargo, luego de que opor-tunamente se solicitara reconsideración, el foro apelativo la acogió y dictó la Resolución ante nuestra consideración. En-tendió que Juan Cortés Lugo y otros (KLRA201001246) sí cumplían con los requisitos impuestos por la doctrina de legitimación activa y, por lo tanto, podían solicitar revisión de la DIA-F del proyecto de gasoducto.

Inconformes, la AEE y la JCA recurrieron ante este Tribunal la Resolución reseñada. El 6 de septiembre de 2011 presentaron ante esta Curia, de manera separada, mocio-nes urgentes en auxilio de jurisdicción, entre otros escritos. Adujeron que ese mismo día habían presentado sus recur-sos de certiorari para solicitar que revisáramos la Resolu-ción que hoy nos ocupa. La Procuradora General, en repre-sentación de la JCA, certificó haber notificado a las partes la moción en auxilio de jurisdicción mediante entrega personal y/o por correo certificado con acuse de recibo a las partes: Justo Lozada; Juan Camacho Moreno, Wanda I. González, Carmen I. Alvarado Rivas, Enrique J. Seguí Ca-salduc, Elba T. Escribano De Jesús, Ledo. Andrés Santos Ortiz, Ledo. Pedro Saadé Lloréns, Ledo. Luis José Torres Asencio; Ledo. Eliezer Aldarondo Ortiz, Hon. Pedro J. Nieves Miranda, Subcomité Interagencial de Cumplimiento Ambiental por Vía Acelerada, Leda. Dimarie Alicea Lozada. Por otra parte, los licenciados Eliezer Aldarondo Ortiz, Eliezer Aldarondo López y la licenciada Rosa Campos Silva, en representación de la AEE, certificaron haber notificado la moción en auxilio de jurisdicción a los licen-ciados Pedro Saadé Llórens y Luis José Torres Asencio a sus respectivas direcciones, al Sr. Pedro J. Nieves Miranda y a la licenciada Karla Pacheco Alvarez a sus direcciones postales. Tenemos que decir que ambas mociones llegaron con el epígrafe original del caso ante la consideración del Tribunal de Apelaciones, aun cuando este solo había reco-nocido legitimación activa a la parte compareciente en el recurso KLRA201001246 (Juan Cortés Lugo). Precisa-mente, en la moción que presentó la JCA el epígrafe dice: “Justo Lozada Sánchez, Juan Camacho Moreno, Wanda I. González Vélez, Carmen I. Alvarado Rivas, Enrique J. Se-guí Casalduc, Elba T. Escribano de Jesús, Parte con Inte-rés-Recurrentes In Re: Autoridad de Energía Eléctrica, Agencia Proponente-Recurrida, Junta de Calidad Ambien-tal, Agencia Recurrida.” De igual manera, aunque en orden diferente, lo hace el recurso que presentó la AEE.

Siendo esto así, oportunamente, la parte recurrida pre-sentó un escrito titulado “Alegato de las partes recurridas”, donde rebatió los argumentos de la parte peticionaria. En respuesta, el 6 de octubre la JCA presentó un escrito titu-lado “Réplica al alegato de las partes recurridas”. Cónsono con lo que señalara en la nota al calce número uno, se notificó este escrito a Justo Lozada Sánchez y no a Juan Cortés Lugo, quien era parte en el caso KLRA201001246. Según certifica la licenciada Karla Z. Pacheco Alvarez, Procuradora General Auxiliar, el mismo día se envió copia por correo certificado a, entre otras personas, los licencia-dos Pedro Saadé Lloréns y Luis José Torres Asencio, repre-sentantes legales de la parte recurrida. De igual manera, la AEE presentó el 6 de octubre un escrito titulado “Oposi-ción a Alegato de las Partes Recurridas”, y certificó haber notificado a las partes.

Debido a la presentación del escrito en oposición presen-tado por la parte peticionaria, el 13 de octubre compareció “la parte recurrida, Justo Lozada Sánchez et al”, por con-ducto de su representación legal y solicitó se le concediera una prórroga de diez (10) días para contestar el escrito en oposición presentado por la AEE. Asimismo, el 20 de oc-tubre de 2011 compareció ante este Foro la parte recurrida, Juan Cortés Lugo y otros, por conducto de su representa-ción legal y solicitó se le concediera una prórroga de diez (10) días para contestar el escrito en oposición presentado por la JCA.

Así las cosas, el 8 de noviembre de 2011, diecinueve (19) días después que la parte solicitara prórroga para contes-tar el escrito de la JCA y veintiséis (26) días después que la parte solicitara prórroga para contestar el escrito de la AEE, la mayoría de este Tribunal sostiene que procede de-clarar “no ha lugar” la moción presentada por Justo Lo-zada Sánchez y otros porque, aunque se presentó a tiempo, éste no es parte en el caso. Sin embargo no se menciona el hecho de que la JCA notificó a Justo Lozada Sánchez en lugar de notificar a Juan Cortés Lugo; más importante aún, tampoco se dice que quien compareció fue la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico, ins-titución a cargo de la representación legal de Juan Cortés Lugo. Por lo cual debe, obligatoriamente, colegirse que esto se debió a una confusión o inadvertencia que a todas luces debe ser excusable.

La mayoría entiende que “un simple cálculo aritmético demuestra que [la moción presentada el 20 de octubre] fue presentada a destiempo”. Resolución de 8 de noviembre de 2011. No obstante, no considera, siquiera, la alegación de la parte recurrida sobre que conoció del escrito el 19 de octubre de 2011.

No existe duda de que el caso de referencia es extenso y complejo. También se deduce del expediente que al conso-lidarse los tres casos ante el Tribunal de Apelaciones se mantuvo un epígrafe donde Justo Lozada Sánchez era el primer nombre; lo mismo se hizo ante este Foro. Tampoco hay dubitaciones de que la JCA notificó sus escritos y mo-ciones al señor Justo Lozada Sánchez en lugar de a Juan Cortés Lugo, aunque sí a su representación legal, y que esto pudo causar confusión entre las partes. Del mismo modo, se desprende del expediente que tanto la Sección Ambiental de la Clínica de Asistencia Legal de la Univer-sidad de Puerto Rico, dirigida por el licenciado Pedro Saadé LLoréns, como el licenciado Luis José Torres Asen-cio, participante del Programa de Práctica Compensada de Servicios Legales de Puerto Rico, representaron a Juan Cortés Lugo y otros, y no a Justo Lozada y otros ante el foro intermedio y ante esta Curia.

II

Los derechos afectados en el recurso ante nuestra con-sideración son de la más alta jerarquía. La cercanía del gasoducto “Vía Verde” a las viviendas de los demandantes, sumado a la posibilidad de ser expropiados, amerita que consideremos los recursos presentados de manera sose-gada y que escuchemos todos los planteamientos de las partes. Actualmente, no existen órdenes de paralización y el proyecto transcurre normalmente. Siendo esto así, nada nos impide que recibamos la dúplica de la parte recurrida y, por lo tanto, contar con un expediente más completo e informado.

Debemos recordar que el Reglamento de este Tribunal en su Regla 31(d) dispone que “[c]ualquier parte que desee expresarse a favor o en contra de una moción que solicite algún remedio deberá hacerlo dentro de los diez (10) días de la notificación antes dicha”. 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A. No obstante, dicho término no es jurisdiccional. Anterior-mente hemos señalado que la discreción es “[e]l más pode-roso instrumento ... reservado a los jueces ...”. Banco Metropolitano v. Berrios, 110 D.P.R. 721, 725 (1981). Además, hemos dispuesto que la “discreción es ‘una forma de razo-nabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera’ ”. Banco Popular de P.R. v. Municipio de Aguadilla, 144 D.P.R. 651, 657-658 (1997). Más aún, en León v. Rest. El Tropical, 154 D.P.R. 249, 259 (2001), dijimos que “[n]uestro deber principal es impartir justicia y no dejarnos llevar por tecnicismos”. En aquel en-tonces estaba ante nuestra consideración si un error en el epígrafe del emplazamiento viciaba la notificación. Contes-tamos en la negativa y agregamos que era meritorio un acercamiento menos formalista por ser este último el más justo. Véase León v. Rest. El Tropical, supra, pág. 258.

Por todo lo anterior, y por tratarse de un error no subs-tancial en el nombre de la parte compareciente, provocado por, entre otras cosas, el epígrafe del recurso, las notifica-ciones de la JCA y la complejidad de la controversia, pro-veería ha lugar a la moción presentada el 13 de octubre en la que se solicitaba una prórroga para contestar el escrito presentado por la AEE titulado “Oposición al alegato de las partes recurridas.” De igual manera, considerando que la Clínica de Asistencia Legal supo del escrito presentado por la JCA el 19 de octubre de 2011, proveería ha lugar a la solicitud de prórroga presentada el 20 de octubre para con-testar el escrito titulado “Réplica del alegato de las partes recurridas”. No hacerlo así equivaldría a privar a una parte de su derecho a ser escuchada y a esta Curia de con-tar con todos los elementos de juicio necesarios. Como se-ñalara el filósofo griego en su opus prima, La República, la justicia es dar a cada uno lo debido. En este caso, no hay duda que lo debido es permitirle a Juan Cortés Lugo y otros presentar su escrito en dúplica de la réplica presen-tada por la parte peticionaria.

       Igualmente notificaron a Justo Lozada Sánchez y otros la Moción Informa-tiva, y en cumplimiento con la Regla 39 del Reglamento de esto Honorable Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, la Réplica al Alegato de las Partes Recurridas, la petición de certiorari, la moción en solicitud de autorización para presentar recurso en exceso del límite de páginas permitidas.

       Moción solicitando prórroga suscrita por el licenciado Pedro J. Saadé Lloréns el 13 de octubre de 2011.

       Nótese que, hasta ese momento, a las partes peticionarias se les permitió presentar su alegato y una réplica al alegato de las partes recurridas.

       Quienes verdaderamente son parte en el pleito ante nuestra consideración son Juan Cortés Lugo y otros, no Justo Lozada. Sin embargo, la sección ambiental de la Clínica de Asistencia Legal representa a Juan Cortés. No es difícil colegir que el error en la comparecencia de la parte no era más que una inadvertencia de la repre-sentación legal de Juan Cortés Lugo y otros.


author: per curiam:

text:
      In re Edgardo Zapata Torres.

      Número: TS-9585

      Resuelto: 9 de noviembre de 2011

      Leticia Casalduc Rabell, subprocuradora general, peticionaria.
   per curiam:

Una vez más nos vemos obligados a suspender a un miembro de la profesión jurídica por incumplir con los requerimientos de este Tribunal como parte de un procedimiento disciplinario instado en su contra. Por los fundamentos que esbozamos a continuación, ordenamos la suspensión inmediata e indefinida del Ledo. Edgardo Zapata Torres del ejercicio de la abogacía, quien ya había sido suspendido del ejercicio de la notaría.

i — i

El Ledo. Edgardo Zapata Torres fue admitido al ejercicio de la abogacía el 8 de agosto de 1990. El 4 de septiembre de ese mismo año juramentó como notario. No obstante, el 18 de septiembre de 2009, fue suspendido por dos meses del ejercicio de la abogacía y de la notaría. Asimismo, en esa última fecha se ordenó la incautación de su obra y sello notarial para la inspección correspondiente. Luego, el li-cenciado Zapata Torres fue reinstalado solamente al ejer-cicio de la abogacía, el 18 de agosto de 2010.

Así las cosas, el Sr. Ramón Vázquez Rivera (quejoso) contrató los servicios profesionales del licenciado Zapata Torres para la preparación de una escritura de compraventa. Por esos servicios, el 30 de junio de 2006, alegadamente pagó la cantidad de $4,508. Esa cantidad comprendía la otorgación de la escritura de compraventa y los gastos de inscripción en el Registro de la Propiedad. Alega el quejoso que, al acudir al Registro de la Propiedad, el documento no aparecía ni inscrito ni presentado. Ante esa situación, el señor Vázquez Rivera alega que intentó comunicarse por teléfono con el licenciado Zapata Torres sin obtener contestación.

Por ello, el señor Vázquez Rivera presentó una queja ante la Oficina de la Procuradora General (O.P.G.) contra el licenciado Zapata Torres por alegada conducta profesio-nal impropia. Consecuentemente, la O.P.G. le notificó la queja al letrado en tres ocasiones, a saber: el 27 de sep-tiembre, el 9 de noviembre y el 15 de diciembre de 2010, para que expusiera su postura.

Esas notificaciones fueron enviadas a las direcciones que aparecen en el Registro de Abogados que mantiene la Secretaría de este Tribunal, así como a la lista publicada por el Colegio de Abogados. Finalmente, el 29 de octubre de 2010, el licenciado Zapata Torres se comunicó con la O.P.G. e indicó que enviaría su respuesta a la queja. Sin embargo, el licenciado no contestó.

A falta de una respuesta, la O.P.G. presentó ante este Tribunal una “moción informativa y en solicitud de orden” para que le ordenáramos al licenciado Zapata Torres a comparecer ante la agencia. En vista de eso, emitimos una resolución el 11 de abril de 2011, en el proceso de Queja Núm. AB-2011-069, concediéndole diez días, a partir de la notificación, para que compareciera ante la O.P.G. a responder los requerimientos de esta. Añadimos que, durante ese mismo término de diez días debía comparecer ante este Tribunal a exponer las razones por las cuales no debía ser disciplinado por no responder a los requerimientos de la O.P.G. Asimismo, se le apercibió al licenciado Zapata Torres de que el incumplimiento con esa resolución podía con-llevar sanciones disciplinarias severas, incluyendo la sus-pensión del ejercicio de la profesión.

El 9 de mayo de 2011, se le notificó personalmente la resolución al letrado mediante un alguacil de este Tribunal. No obstante, al día de hoy el licenciado Zapata Torres ha incumplido con nuestra Resolución y no ha com-parecido ante la O.P.G. ni ante este Tribunal.

Por otra parte, el letrado también enfrenta otra queja presentada ante este Foro por el Sr. Nelson García Flores por representación inadecuada. La Queja Núm. AB-2006-251 aún continúa bajo investigación por la O.P.G.

( — I

Como se sabe, todo abogado tiene la obligación de responder oportunamente a los requerimientos de este Tribunal. In re Arroyo Rivera, 182 D.P.R. 732 (2011); In re Feliciano Jiménez, 176 D.P.R. 234 (2009). Ello cobra mayor importancia cuando se trata de un proceso disciplinario sobre su conducta profesional. In re Borges Lebrón, 179 D.P.R. Ap. (2010).

Hemos reiterado que cuando un abogado incumple con el deber de responder nuestros requerimientos e ignora los apercibimientos de sanciones disciplinarias, pro-cede la suspensión inmediata del ejercicio de la profesión. In re Reyes, Rovira, 139 D.R.R. 42 (1995). Aun así, constantemente, nos vemos forzados a suspender a miembros de la profesión ante actitudes de indiferencia y menosprecio a nuestros señalamientos. In re Arroyo Rivera, supra.

Asimismo, hemos establecido que incumplir con los re-querimientos de esta Curia es, en sí mismo, una violación a los cánones del Código de Etica Profesional. In re Fiel Martínez, 180 D.P.R. 426 (2010). Véase, además, Canon 9 del Código de Etica Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, respecto a la exigencia de respeto hacia los tribunales. Con todo lo anterior, la falta de respeto y la inobservancia a los requeri-mientos de este Tribunal debe ser considerada como una conducta intolerable.

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En esta ocasión, nos enfrentamos a un abogado que ig-nora nuestros requerimientos, aun bajo el apercibimiento de que el incumplimiento conlleva sanciones tan severas como la suspensión del ejercicio de la profesión. En especí-fico, el licenciado Zapata Torres no ha contestado nuestra Resolución de 11 de abril de 2011, en la cual le concedimos diez días para comparecer ante la O.RG. y este Tribunal. Como le notificamos personalmente, el incumplimiento con nuestras órdenes conlleva la suspensión indefinida del ejercicio de la abogacía, así como la posible imposición de otras sanciones disciplinarias. Aun así, el licenciado Zapata Torres optó por ignorar la autoridad de este Foro.

En vista de lo anterior, se suspende inmediata e indefi-nidamente al Ledo. Edgardo Zapata Torres del ejercicio de la abogacía. Además, se ordena la paralización de la Queja Núm. AB-2006-251, que se encuentra bajo investigación. Así las cosas, el licenciado notificará a sus clientes que, por motivo de la suspensión, no puede continuar con su repre-sentación legal, y devolverá a estos los expedientes de cual-quier caso pendiente y los honorarios recibidos por trabajos no realizados. De igual forma, deberá informar su suspen-sión a cualquier sala del Tribunal General de Justicia o foro administrativo en el que tenga algún caso pendiente. Estas gestiones deberán ser certificadas a este Tribunal dentro del término de treinta días a partir de la notifica-ción de esta opinión y sentencia.

Se dictará sentencia de conformidad.