author: El Juez Asociado Señoe Travieso

text:
    Juan Vega Camacho, Obrero, y Departamento del Interior, Patrono, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, compuesta por los Sres. M. León Parra, Presidente, y Juan M. Herrero y F. Paz Granela, Comisionados Asociados, demandada, Fondo del Seguro del Estado, Asegurador.
    Núm. 209.

    Sometido: Diciembre 2, 1940.

      Resuelto: Enero 16, 1941.

      Virgilio Brunet y José L. Novas, abogados del recurrente;

      Ilon. Pro-curador General George A. Malcolm, E. de Aldrey, Procurador General Auxiliar y Víctor J. Vidal González y G. Atiles Moréu, abogados los dos últimos del Fondo del Seguro del Estado, abo-gados del Fondo mencionado.
   El Juez Asociado Señoe Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El obrero Jnan Vega Camacbo era nn peón caminero en-cargado por el Departamento del Interior de Puerto Rico, -que es un patrono asegurado, de la conservación y policía de ciertas secciones de las carreteras públicas núms. 54 y 2, en las inmediaciones del pueblo de Vega Baja. El día 11 de abril de 1936, día feriado por ser Sábado Santo, entre 2:30 y 3:30 de la tarde, diebo obrero fuá recogido moribundo de la carretera núm. 2 y falleció antes de llegar o poco después de baber llegado a su casa.

El Administrador del Fondo del Estado resolvió que el caso no era compensable por entender, de acuerdo con el in-forme del médico que practicó la autopsia, que la muerte del obrero babía sido producida por la esclerosis avanzada de las coronarias de que sufría el obrero y no por accidente alguno del trabajo. Confirmada por la Comisión Industrial la resolución del Administrador y denegada la reconside-ración que fué solicitada oportunamente, los beneficiarios del obrero interpusieron el presente recurso, basándolo en los siguientes señalamientos de error:

“(a) La Comisión Industrial erró al apreciar la prueba pericial y al declarar que la muerte de Juan Vega Camacbo se debió única y exclusivamente a que su lesión del corazón babía llegado a un punto en que la muerte tenía que sobrevenirle hubiera estado o no trabajando.
“ (b) La Comisión Industrial erró al declarar que la muerte de Juan Vega Camacho se debió a arterieesclerosis y no a endarteritis coronaria.
“(c) La Comisión Industrial erró al declarar que la muerte de Juan Vega Camacbo no ocurrió como consecuencia de un accidente del trabajo.”

Consideraremos dichos señalamientos conjuntamente, por referirse todos a la apreciación de la prueba pericial y testi-fical.

El artículo 11 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, núm. 45 de 1935 ((1) pág. 251), según fué en-mendado por la Ley núm. 121 de 1940 (pág. 729), nos auto-riza para revisar cualquier orden o decisión de la Comisión Industrial, pero disponiendo “que dicha revisión solamente podrá concederse sobre cuestiones de derecho o apreciación de prueba cuando ésta sea de carácter pericial. ’ ’

La prueba pericial puede resumirse así:

“... Declaró en primer término el Dr. A. Otero López que fué quien hizo la autopsia del occiso y manifestó, que al exponer el corazón éste se encontraba contraído en sístole y las arterias coro-narias estaban anemiadas, tortuosas y prominentes, duras y resis-tentes al tacto; y al tratar de ineindir una de ellas, el escalpelo encontró resistencia, produciendo un sonido metálico, y al tratar de exponer las arterias se apreció que estaban esclerozadas por califica-ción orgánica. A preguntas que se le hicieron explicó que el sonido metálico producido por el escalpelo en las arterias, era indicativo de la calificación interior de éstas producida por el depósito en ellas de detritus calcáreos por degeneración orgánica, llegando un momento en que las arterias se obstruyen y como consecuencia viene la anemia y por ende la muerte, pudiendo ésta sobrevenir en cualquier momento sin hacer esfuerzo alguno el paciente, como consecuencia de la obs-trucción de las arterias y falta del riego sanguíneo. Que la calsifica-ción de las arterias es un proceso lento, cuestión de años, no de días ni de meses y que la muerte del obrero Juan Yega Camacho fué producida por endarteritis coronaria que quiere decir induración por calificación, o fibrosidad de la íntima de la arteria, o capa interna de ésta, y que su muerte al ocurrir mientras trabajaba fué una mera coincidencia, porque lo mismo pudo haber muerto de la lesión que tenía en su corazón, comiendo o durmiendo.
“El Dr. Boneta, médico asesor de la Comisión Industrial, declaró que dado el estado del corazón y de las arterias coronarias del obrero occiso según había escuchado al declarar al Dr. Otero pudo un esfuerzo realizado por el obrero causar su muerte, coincidió con el Dr. Otero en que el estado de las arterias según había sido descrito es producto de un proceso lento y evolutivo, y que partiendo de la base que no hubo rotura de vasos sanguíneos, pudo la muerte haber sido causada por deficiencia del riego sanguíneo del corazón pudiendo haber sobrevenido ésta lo mismo estando el paciente acostado que trabajando. La síntesis de las declaraciones de ambos médicos fué que la lesión del corazón de Camacho era avanzada, consecuencia de un proceso de calsificación de las arterias coronarias, y que la conse-cuencia de este estado era inevitablemente la muerte.”

La teoría de los beneficiarios recurrentes es que el obrero falleció como consecuencia del esfuerzo que realizó para mover uno de los “drums” de asfalto que habían sido colo-cados a la orilla de la carretera núm. 2, el que tenía un peso de 3 ó 4 quintales. Para sostener esa teoría, los beneficiarios recurrentes ofrecieron prueba testifical, la cual ha sido correctamente resumida por la Comisión así:

"Gregorio Nadal, como Camacho, era caminero, y estaba encar-gado como dejamos dicho atrás, de un trozo de la carretera núm. 2 que estaba separado del de Camacho por otra porción de 4 kilómetros de la que estaba hecho cargo Manuel Miranda, declaró: que el día del accidente se trasladó desde su trozo de carretera al de Camacho para ayudar a éste a poner brea sobre el piso de la carretera cum-pliendo una orden que al efecto había recibido del jefe Perfecto Díaz y que por ser el día de autos, Sábado Santo, habían sido auto-rizados ambos para dejar el trabajo temprano, y que así lo hicieron retirándose el declarante como entre 1:30 y 2: 00 de la tarde para su casa, dejando a Camacho recogiendo los hierros del trabajo para retirarse también; y que se enteró de su muerte después que estaba el cadáver en su casa.
"Pedro Valentín, es hermano de la viuda de Camacho, y pasaba accidentalmente en compañía de Pedro Ramos por el sitio de la carretera núm. 2 en que se hallaba Camacho, declaró: que como a 20 ó 25 pies de distancia vieron a éste como recostado sobre un dron de asfalto y que al preguntarle ambos qué le pasaba cuando llegaron a él, les contestó que tenía un fuerte dolor en el pecho y que entonces el declarante y Ramos lo cargaron hasta su casa, situada un kilómetro más o menos de allí, muriendo 4 ó 5 minutos después de haber sido depositado en su lecho.
"Pedro Ramos, es el testigo que en compañía del anterior pasaba accidentalmente por el sitio del suceso y dijo que distinguió a Camacho desde 15 ó 20 metros de distancia antes de llegar a él; que éste se hallaba de espaldas a ellos haciendo fuerzas para levantar un dron, y que en ese momento cayó sobre el dron, y que cuando ellos se acercaron él se quejaba de un fuerte dolor en el pecho, que lo tomaron entonces en brazos y lo llevaron hasta su casa llegando a ésta muerto.
“Perfecto Díaz, celador de conservación de la carretera en que trabajaba Camacbo y también Gregorio Nadal y Manuel Miranda, declaró: que en el día de autos no se estaba poniendo brea en la carretera núm. 2, y que tanto el trozo de la carretera núm. 54 de que estaba encargado Camacho como en la núm. 2, el trabajo de los camineros estaba limitado a la limpieza de las cunetas y orillas de la carretera con machete para quitar la yerba, y que no había dado orden alguna de asfaltar en la carretera núm. 2, ni durante el mes de marzo ni tampoco en abril, y que la única excepción en este trabajo rutinario de limpieza ocurrió en los días 19 y 20 de marzo, en que Camacho en compañía del caminero vecino a su trozo Manuel Miranda recibieran de él orden para efectuar un trabajo de repara-ción en la carretera núm. 2 denominado ‘amarrar piedra’ que con-sistía en colocar piedra triturada en algún hoyo existente, darle pisón y poner luego encima brea; que fuera de esos dos días no dió orden alguna a Miranda, a Nadal ni a Camacho de que hicieran trabajo de embreado en la carretera núm. 2, y que la única vez que en esos días habló con Nadal y con Camacho fué para decirles que fueran a cobrar el lunes próximo a la Semana Santa y que por la festividad tradicional del día Sábado Santo aunque no oficial, todos los camineros hicieron su trabajo de la manera más suave posible y que se les permitió retirarse para sus casas más temprano que de ordinario. ’ ’

Al apreciar la prueba testifical, la Comisión llegó a las siguientes conclusiones:

“Por esta prueba se ve que el peso y valor de la totalidad de ella está en pro de que Camacho no realizó esfuerzo alguno en ese día. En primer lugar porque no se- estaba haciendo trabajo de repa-ración con brea en la carretera en que se le encontró moribundo que hubiera justificado el que hubiera movido un ¿¡ron de asfalto; después porque no había sido dada orden alguna en ese sentido por el jefe Sr. Perfecto Díaz; sin ella ni podía cambiarse el género de trabajo que estuvieren haciendo los camineros ni ninguno de ellos podía abandonar el trozo de que estaba encargado, como dijo Nadal hizo para ir a ayudar a Camacho en el suyo; y no vemos qué móvil hubiera impulsado al Sr. Perfecto Díaz, celador de conservación de carreteras, en ocultar este hecho, de haber existido, que ningún beneficio le reportaba y que por el contrario iba a acarrear un per-juicio grande y definitivo a la familia de uno de sus empleados. El único testigo que afirma que vió cuando Camacho hacía esfuerzo para levantar nn dron fue Pedro Ramos, que dijo que vió a aquél de espaldas desde una distancia de 15 ó 20 metros, como tratando de levantar un dron de asfalto, y que en ese momento cayó sobre éste, etc. Opinamos que la posición de espaldas como distinguió Ramos a Camacho desde 15 ó 20 metros de distancia con su cuerpo inclinado sobre un dron, no permite llegar a la conclusión cerrada de que en verdad estuviera tratando de levantar éste; pudo estar recostado sobre el dron descansando, por el fuerte dolor que sentía en su pecho consecuencia de haber llevado a su clímax la enfermedad del corazón que padecía. El mismo compañero de Ramos, Pedro Valentín, cuñado de Camacho, no se atreve hacer una afirmación tan terminante sobre lo que hacía Camacho, limitátídose a decir que cuando él lo distinguió desde cierta distancia Camacho estaba recos-tado sobre un dron y que al acercarse a él lo encontraron en la misma posición sobre el dron, diciéndoles entonces que tenía un dolor, etc.
“Además, no es creíble que si ya se había terminado todo trabajo en la carretera según nos dijo el caminero Nadal, que sostuvo trabajo ese día en compañía de Camacho hasta el punto de haberse marchado éste para su casa dejando a Camacho recogiendo los instrumentos del trabajo para retirarse también, se pusiera éste a bregar solo con un dron de cuatro quintales de peso, cuando como antes queda dicho estaban los camineros autorizados para alquilar a dos obreros que les ayudaran a moverlos, cuando ello era preciso.”

La prueba pericial, creída por la Comisión, sostiene la conclusión a que llegó la Comisión al efecto de que la enfer-medad de que padecía Camacho fue la causa única y exclu-siva de su muerte. La prueba testifical es claramente insu-ficiente para sostener la teoría de los peticionarios y opina-mos que la Comisión no erró en manera alguna al apreciarla.

Debe confirmarse la resolución recurrida.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor De Jesús

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Agustín de Jesús, acusado y apelante.
    Núm. 8395.

    Sometido: Diciembre 18, 1940.

      Resuelto: Enero 16, 1941.

      Tibaldo Aponte y José C. Aponte, abogados del apelante;

      Ilon. Pro-curador General George A. Malcolm, B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El apelante, convicto de nn delito de libelo infamatorio, fné sentenciado a pagar una multa de $25 y las costas, y en defecto de pago a cumplir un día de cárcel por cada dólar de multa que dejare de satisfacer. Apeló para ante este tribunal, alegando en apoyo de su recurso que la corte inferior erró al desestimar la excepción perentoria que inter-puso contra la denuncia, al desestimar la moción de nonsuit, y por último al no absolver al acusado por insuficiencia de la prueba.

La excepción perentoria está basada en que según el acusado, la denuncia no alega que la publicación se hiciera con referencia a la persona del denunciante. Examinaremos en primer término la denuncia. Dice así:

“Yo, Benito Cancel Rivera, vecino de Salinas, Puerto Rico, calle de Nueva Urbanización, número_, de mayor de edad años, formulo denuncia contra Agustín de Jesús, por delito de libelo infamatorio, cometido de la manera siguiente: Qué en 4 de Nov. de 1939, y en el pueblo de Salinas del Distrito Judicial Municipal de Salinas, que forma parte del Distrito Judicial de Guayama, P. R., el referido acusado, Agustín de Jesús, de una manera ilegal, voluntaria y mali-ciosamente, en la fecba que arriba se expresa, bizo circular en un periódico llamado El Látigo, del cual es director el acusado, las siguientes imputaciones tendientes a impugnar la honradez, la inte-gridad, virtud y buena fama de mi persona, exponiéndome así al odio, desprecio y ridículo público:
“Y aparecen publicadas así en la página 8 de dicbo periódico El Látigo:
“8. Despedido de la Central por habérsele encontrado cobre en su poder.
“9. Expulsado del Instituto Politécnico por actos deshonestos.
“11. Acusado de hurto en Maricao, con la diferencia de que allí se cambió su desgraciado nombre.
“15. No respondió a la Licorería Marín, de Mayagüez, de unas comisiones que recibió.
“16. Le dió un timo a Gilberto E. Rodríguez, de Mayagüez, en su negocio de agua mineral 'Las Mesas’.
“Aunque no menciona el acusado mi nombre expresamente en este caso, lo ha hecho en números anteriores, dando la impresión de que es a mí la persona a quien alude.
“Presentamos como evidencia los números del día 4 de noviembre, núm. 8; y el del 23 de septiembre de 1939, ambos. Este último es el núm. 1.
“Hecho contrario a la ley.”

Se observará que en la denuncia expresamente se alega que las imputaciones libelosas se refieren a la persona del denunciante, alegación que se completa con la referencia que en la misma denuncia se hace a los artículos del periódico “El Látigo”, acompañados como exhibits, y que por lo tanto forman parte de la misma. Los exhibits 1 y 2 dicen así:

Exh. 1 “La HistoRIa de un Cáncer Social. 1. Alianeista en el año 1931. 2. Socialista en el año 1932. 3. Nacionalista en el año 1934. 4. Socialista en el año 1935. 5. Republicano en el año 1935. 6. Nacionalista en el año 1936. 7. Socialista en el año 1938, a pesar de que una asamblea de carta roja rechazó su ingreso, y, gracias a San Agustín, aquella asamblea rectificó su anterior decisión y lo aceptó. 8. Despedido de la Central por habérsele encontrado cobre en su poder. 9. Expulsado del Instituto Politécnico por actos desho-nestos. 10. Vive como el sapo y la culebra, con vales que le dan del comedero municipal para la tienda de Fano. 11. Acusado de hurto en Maricao, con la diferencia de que allí se cambió su desgra-ciado nombre. 12. Se quedó con los chavos de ‘El Imparcial’. 13. Pretende ser líder, ignorando el desgraciado que, para ello, debe tener aptitudes y sinceridad con los ideales obreros y socialistas y no pretender subir a la cúspide dél poder mediante la adulación y el sometimiento. 15. No respondió a la licorería Marín, de Mayagüez, de unas comisiones que recibió. 16. Le dió un timo a Gilberto E. Rodríguez, de Mayagüez, en un negocio de agua mineral ‘Las Mesas’. He aquí, amados lectores, la historia de una lacra social.”
Exh. 2 “Benito Canoer, Enemigo del Trabajo Organizado. En el papelucho de los Socialeros de la Alcaldía llamado ‘Grito Obrero’ que se edita en este pueblo, apareció en la página cuatro de su edición de septiembre 10, unas notas tituladas ‘Los Liberales Celebran el Día del Trabajo,’ en las cuales el autor de las mismas dice unas cuantas sandeces que lo retratan de cuerpo entero como un pelele, y un profano en las cuestiones del trabajo organizado. ‘El Día del Trabajo’ siempre lo hemos celebrado en Salinas con esplendor y entusiasmo y como quiera que en las Uniones del Tra-bajo hay obreros de todos los partidos políticos, no vamos a negar que en este acto, como en el pasado, habían liberales, republicanos, socialistas puros y populares. Ahora lo que siente ‘El Grito Obrero’ y sus auspiciadores de la alcaldía es que dicho acto resultó el más importante de todos los celebrados en el pasado, a pesar que los socialistas de la alcaldía apelaron a todos los recursos que brinda una alcaldía para hacer fracasar el mismo.
“Benito Cáncer carece de autoridad para intervenir en las cues-tiones del trabajo, porque es el traidor más encarnizado que tienen los trabajadores de Salinas, igual que los socialistas. Este sujeto no puede hablar, porque una asamblea de hombres y mujeres organi-zados acordaron colocar el retrato del ilustre paladín obrero Rafael Alonso Torres en el sitio donde estaba colocado el de nuestro com-pañero Santiago Iglesias, y colocar éste en otra pared, porque Benito Cáncer siendo aliancista, voló a las tiendas socialistas en el año 1929, cuando se formó el Grupo de Buen Gobierno y luego en el 1933, se hizo Uniorrepublicano y luego como la Magdalena arrepentida volvió al seno del Partido Socialista en el 1935, para luego en el año 1936, desde la tribuna nacionalista en Salinas, insultar, vejammar y calumniar a Santiago Iglesias.
“Insertamos a continuación párrafos de una carta que tenemos en los archivos del Comité Socialista Puro, escrita por Benito Cáncer Rivera, en agosto 25 de 1936:
“ ‘Tiene, además, esta misiva, otro propósito. Deseo expresarle a través de la misma, mi renuncia como miembro del Partido Socialista. Me acojo a una nueva bandera y un nuevo ideal, anidando la espe-ranza de verle a Ud. al igual que a los suyos, también seguir mi mismo derrotero político como consecuencia de la absoluta convicción de que los problemas de nuestro pueblo sólo se resuelven en el inme-diato establecimiento de nuestra república libre e independiente de toda tutela americana.
“ ‘En mi vida colegial, al calor con nuevas ideas y amplios hori-zontes, llego a la conclusión irremediable de que he estado en un fundamental error al defender, como Ud. sabe, con tesón, los prin-cipios socialistas del Socialismo Insular; desde este campo que creo más noble, más patriótico, más hidalgo (el Nacionalismo Puertorri-queño), contemplaré con pena vuestras luchas estériles, pero como antes digo, siempre esperanzado en poder extender a usted el abrazo fraterno unidos todos bajo inmaculado ideal de patria libre.’
“Así hablaba y pensaba Benito Cáncer en el 1936, año en que en la ciudad de Mayagüez, donde estaba Benito, se perpetró el atentado más ruin y cobarde contra Santiago Iglesias por un nacionalista, y este Benito, con su silencio, patrocinó aquel cobarde atentado contra Santiago Iglesias, el mismo Iglesias que desde la tribuna nacionalista en Salinas recibió insultos y vejámenes de este Cáncer, y ahora este mismo tiene el sarcasmo e ironía de llamar a Iglesias ‘venerable maestro’, etc.
“Tenemos más correspondencia de Cáncer y nos proponemos pintarlo tal cual es por sus mismas cartas. Hasta la próxima.”

En el caso de Pueblo v. Aybar, 14 D.P.R. 540, 541, se dijo por este tribunal:

“Examinada la denuncia, no encontramos en ella defecto alguno que pueda invalidarla, pues, relacionada con el artículo que forma parte de ella, contiene todos los elementos iñtegrantes del delito de libelo infamatorio, tal como se define en el Código Penal vigente y en el juicio se justificó según el fallo de convicción pronunciado por la corte inferior, que el expresado artículo fué publicado con refe-rencia a D. José I. Gómez.”

Si bien en el artículo de 23 de septiembre (exhibit 2) se alude al denunciante con el nombre de Benito Cáncer en lugar de Benito Cancel Rivera, su verdadero nombre, no se requiere esfuerzo mental alguno para concluir que el Benito Cáncer a que se refiere el artículo es el mismo Benito Cancel Rivera que formula la denuncia y que a dicha persona se refieren los conceptos libelosos contenidos en uno y otro artículo.

El caso de Pueblo v. Santos, 24 D.P.R. 64, invocadol por el apelante, no es aplicable al de autos.. En dicho caso la supuesta materia libelosa decía así:

“Tenemos entendido que en lo que respecta a los salarios, se está violando el contrato, y los mayordomos y capataces se esfuerzan en hacerles entender a Uds. que ahora el jornal más alto será de setenta y cinco centavos, y eso se debe a que Ig'lesias se vendió, etc., etc. ¡Qué canallas son tales mayordomos y capataces! En vez de deciros que ya ellos no os pueden robar cincuenta o sesenta pesos semanales como lo hacían antes, tratan de haceros creer que el contrato les perjudica a Uds., y todo lo hacen con el fin malévolo de que no os organicéis. ’ ’

Examinando la suficiencia de la denuncia, se dijo por esta corte:

“El supuesto libelo tal como se describe en la denuncia no men-cionaba a nadie. No hay en ésta ninguna alegación que demuestre que las palabras fueron publicadas con referencia a ningún mayor-domo o capataz en particular. Ninguna compañía, asociación o clase determinada de mayordomos o capataces se menciona en las palabras que han sido citadas de la hoja suelta y en la denuncia no se alegan hechos tendentes a demostrar que ellos eran las personas a quienes se aludía con excepción de que a ellos les afectaba la publicación. El artículo 87 del Código de Enjuiciamiento Criminal prescribe lo siguiente:
“ ‘Artículo 87. En una acusación por libelo no es necesario ex-poner hechos externos con el fin de mostrar la aplicación a la persona injuriada, del'caso difamatorio en que se basa la acusación, sino que la difamación fué publicada con referencia a dicha persona, y el hecho de que así fué publicada habrá de .justificarse en el juicio.’
“Por tanto era necesario alegar que las palabras fueron publi-cadas con referencia a los mayordomos que sostienen que fueron perjudicados. De todo lo que revela la denuncia el supuesto libelo podría haber sido publicado con respecto a alguna otra persona y haber afectado todavía accidentalmente a estos mayordomos. Los mayordomos de la Fajardo Sugar Growers’ Association no fueron identificados, y la denuncia era insuficiente.”

Lo dicho demuestra que no cometió error alguno la corte sentenciadora al desestimar la excepción perentoria.

Pasemos ahora a considerar la suficiencia de la prueba.

En primer término, se presentaron en evidencia los dos artículos cuyo contenido conocemos. Declararon además, el denunciante, quien manifestó que dichos artículos se refieren a él, y que en números anteriores de dicho periódico el acu-sado alude a él en la misma forma de Benito Cáncer, y José Maldonado, quien manifestó que al denunciante le llaman Benito Cáncer como resultado de una polémica que existe entre dos periodiquitos locales; que después de leer el perió-dico se encontró con el denunciante y le dijo: “Fíjate lo que te dicen en este periódico; mira lo que te han puesto;” y que el denunciante le contestó: “Si lo leiste, te voy a poner de testigo en este caso;” que al leer el artículo “La Historia de un Cáncer Social”, pensó que se refería a Benito Cancel por la aludida polémica entre los dos periódicos.

A nuestro juicio, la prueba toda justifica la conclusión a que llegó la corte sentenciadora al efecto de que los artículos libelosos se referían al denunciante y no a otra persona.

En el caso de Pueblo v. Balzac, 28 D.P.R. 152, 153, se dijo:

“También aquí el lenguaje usado en el artículo libeloso es tan abusivo que no creemos justo transcribirlo. Baste decir que el tribunal lo ha examinado y considera que aunque en él no se nombra directamente al Gobernador de Puerto Rico, Arthur Yager, a él se ■refiere sin duda alguna, habiéndolo estimado así los testigos, ciuda-danos del distrito de Arecibo, que declararon en el acto de la vista.”

Véase el caso de Russell v. Kelly, 44 Cal. 641, y State v. Mason, 38 P. 130, en el primero de los cuales se cita con aprobación de la obra de Starhie on Slander, tomo 2, pág. 51, para sostener que puede probarse que las palabras calumniosas se refieren al demandante, por declaración de testigos que conocían a las partes y las circunstancias, y quienes estaban en condiciones de manifestar su opinión sobre la aplicación y significado de los términos usados por el demandado.

El acusado no presentó prueba en el presente caso, y habiendo la corte a quo dado entero crédito a la prueba presentada por el denunciante, y siendo ésta suficiente a nuestro juicio, para sostener la sentencia, debemos concluir que no cometió error alguno la corte inferior al desestimar la moción de nonsuit y dictar sentencia contra el acusado.

Por lo expuesto, procede declarar sin lugar el recurso y confirmar la sentencia apelada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Sarria Pacheco, acusado y apelante.
    Núm. 8363.

    Sometido: Enero 15, 1941.

      Resuelto: Enero 21, 1941.

      A. Beyes Delgado, P. Santos Borges y F. Quirós Méndez, abogados del apelante;

      Ilon. Procurador General George A. Malcolm y B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Juan Sarria Pacheco y Carmelo Berdecia eran policías insulares destacados en Ponce en y antes del primero de enero de 1936. Los dos fneron acusados de asesinato en segundo grado por la muerte de Alesso Martinó. Juzgado separadamente y convicto del delito imputádole, fué senten-ciado Sarria Pacheco a la pena de doce años de presidio con trabajos forzados. No existe controversia en cuanto a los hechos, excepto en lo que respecta a una frase pronunciada por el policía Berdecia, a la cual nos referiremos más ade-lante.

De acuerdo con la prueba, la noche del 31 de diciembre de 1935 el interfecto Martinó hirió a un individuo llamado Américo Delgado, ocultándose después en una habitación del Hotel “Hogar”, en Ponce. El policía José E. Cordero, al tener conocimiento del hecho, se dispuso a arrestar a Martinó y a ese efecto fué al Hotel Hogar, penetró en la habitación donde se hallaba Martinó, violentamente lo sacó de allí y mientras. bajaban la escalera del hotel, forcejeando, pues Martinó no se dejaba arrestar, el policía Cordero tuvo que darle un golpe con el rotén para reducirlo a la obediencia, agarrándose ambos, y en esos momentos Martinó, con un punzón que portaba, infirió dos heridas al policía. A causa de las heridas recibidas, Cordero no pudo dominar a Martinó, quien se dió a la fuga. Enterado el policía Sarria de lo suce-dido, persiguió a Martinó en un automóvil y al darle alcance, bajó del vehículo y a pesar de que Martinó le decía que no le pegase, que estaba dispuesto a entregarse, le propinó un gran número de golpes con el rotén, produciéndole varias heridas y contusiones en la cabeza, en la frente y en otras partes del cuerpo. Intervinieron algunas personas que acom-pañaban a Sarria en el automóvil, logrando que dejase de agredir a Martinó, quien sangrando profusamente, fué con-ducido por el policía Sarria y los que lo acompañaban al Hospital Tricoche como a las dos de la mañana del primero de enero de 1936. No se encontró nn médico en el Hospital, porque el que se hallaba de guardia se encontraba en un baile en el Club Deportivo, por lo que tuvieron que dejar a Martinó en una camilla en la sala segunda del hospital, mientras se conseguía el médico. Poco antes de llegar Martinó habían traído al policía Cordero, poniéndolo en la sala primera del mismo hospital. Mientras Martinó yacía en la camilla, quejándose de los golpes recibidos y sangrando profusamente, Sarria se hallaba en la misma sala junto a él, esperando que fuese curado para conducirlo a la cárcel. Llegó el policía Berdecia, vió a su compañero Cordero y a Martinó heridos y luego salió con el chófer de la ambulancia del hospital y una o dos personas más a buscar el médico al Club Deportivo, ya que habían sido inútiles las gestiones practicadas para localizarlo por teléfono. Como había varios automóviles frente al hospital, el chófer tardó algo en sacar el suyo. Cuando ya habían empezado la marcha hacia el Club Deportivo, el policía Berdecia le dijo al chófer: “Para, que voy a matar a ese sinvergüenza.” Trataron de impedir que Berdecia volviera atrás, pero al fin lo logró y sus compa-ñeros lo siguieron. Al llegar a la sala donde se hallaba Martinó, dijo: “¿Dónde está el bandido ése?”, y acto seguido Berdecia llevó la mano a su revólver y dirigiéndose al policía Sarria, le dijo: “Si tú no lo matas, lo mato yo.” Inmediata-mente Sarria sacó su revólver e hizo un disparo sobre Mar-tinó, que se hallaba en la camilla, y dijo: “Ya está.” Salieron entonces Berdecia y Sarria de la sala donde se hallaba Martinó y uno de los testigos vió que este último tiró algo que sacó del revólver, apareciendo en la mañana siguiente en los alrededores del sitio, el easquillo de bala de revólver que fué presentado luego en evidencia. Dos horas después de recibir el balazo, Martinó fué conducido a la Clínica del Dr. Pila, donde lo atendió el Dr. Passalaequa. No obstante los esfuerzos de dicho médico, el herido falleció en la tarde del mismo día primero de enero, a consecuencia de una hemorragia interna que le produjo la bala al perforar el canal de la espina dorsal.

Sostiene el apelante que la corte sentenciadora incurrió en error al permitir que Juan L. Oliver declarase como perito en balística, porque a juicio del apelante no había sido debidamente calificado como tal, y alega también que constituyó error el admitir en evidencia el casquillo y el plomo que se declaró haber sido extraído del cuerpo del infortunado Martinó.

En verdad, no acertamos a comprender qué fin persiguió el fiscal y por qué se perdió tanto tiempo en la presentación de una evidencia tan innecesaria. Todos los testigos están de acuerdo en que allí sólo se hizo un disparo y que éste fué hecho por el acusado Sarria. La enfermera que recibió a Martinó al llegar al hospital Tricoche, Teresa Veve, declaró que éste tenía varios golpes en la cabeza y rasguños en el vientre, y que no tenía ninguna herida de bala, constándole esto porque lo examinó tan pronto llegó al Hospital (T. de E., pág. 102.) El propio acusado admite que fué él quien hizo el disparo fatal, pero trata de justificar el homicidio alegando ciertas defensas de que luego habremos de ocupar-nos. .En estas circunstancias, ¿qué necesidad había de pre-sentar evidencia para probar que la única bala que se disparó —y que el acusado admite haberla disparado — no pudo ser de otro revólver que del que tenía el propio acusado? Nos explicamos que.esta prueba se hubiera presentado si Sarria hubiese negado haber disparado, o si, admitiéndolo, se hubiese presentado evidencia de que otras personas habían disparado, y de ese modo pudiese surgir la duda de quién fue el que causó la muerte.

Siendo como era absolutamente innecesaria esta prueba, no existe la menor posibilidad de que en manera alguna pu-diera haber perjudicado al acusado. Siendo ello así, asu-miendo a los efectos de la discusión que tal prueba no fuera admisible por las razones alegadas por el apelante, el error al admitirla, de haber existido, no es motivo de revocación. Artículo 142 del Código de Enjuiciamiento Civil.

También se ofreció y fné admitida en evidencia la camilla en qne fné puesto Martinó cuando llegó herido al hospital Tricoche. En verdad no comprendemos qué luz podría dar esa prueba en este caso.

Al terminar la prueba de cargo, el fiscal solicitó de la corte que el jurado fuese trasladado al hospital Tricoche, para que viendo el sitio donde se desarrollaron los hechos, pudiese comprender mejor la prueba presentada. Se sugirió que la testigo Teresa Veve podría indicar al jurado el sitio que ocupaba cada una de las personas mencionadas por los testigos. Se suscitó una controversia entre el fiscal y la defensa, porque el acusado propuso que se instruyese a la Srta. Veve que se limitase a indicar al jurado los sitios en cuestión, y el fiscal se oponía sosteniendo que no podía impedírsele que ella contestase las preguntas que le hacía el jurado. Finalmente, la corte dictó la siguiente resolución:

“Bueno, la corte ordena que el márshal llame por teléfono inme-diatamente a la Plaza para que se traigan aquí a la corte cuatro automóviles públicos. Y reconsidera su resolución anterior y resuelve ahora declarando con lugar la moción del fiscal sobre inspección ocular, y el juez acompañará al jurado, con el taquígrafo y la seño-rita Veve, al hospital Tricoche. Pone a disposición también del abogado defensor y del fiscal un vehículo para que se trasladen también allí, limitándose entonces la inspección ocular a que la seño-rita Veve, en presencia del juez, de los señores del jurado, y de las partes, tomando el taquígrafo, vaya indicando los sitios donde están las distintas salas, pasillos, la camilla donde estaba — lo que ha dicho el abogado sobre lo cual no tiene inconveniente. Y que ya entonces allí la corte, estando el taquígrafo y el fiscal y el abogado defensor, si éstos desean hacerle alguna pregunta en presencia del jurado a la señorita Veve, la hagan, para que ella indique, igual que lo hizo aquí, dónde estaban parados, exclusivamente, ella, Berdecia y el herido. De manera que sería una inspección ocular que casi equi-valdría a trasladarse la corte allí, pero ello únicamente a los fines exclusivos de si surge alguna pregunta de parte de algún señor jurado que desee saber cualquiera de esos otros hechos, tomándola el taquígrafo para que si alguna de las partes desea oponerse, lo baga, y la corte pueda resolver allí mismo.
“Creo que eso es más completo y salvaguardia más los derechos del acusado en cuanto a que pueda el jurado hacer alguna pregunta que complique el procedimiento.
“De manera que si el fiscal no tiene más prueba por ahora, los señores del jurado pueden retirarse al cuarto del jurado mientras se declara un receso en lo que llegan los automóviles para trasla-darnos allí. Pueden salir los señores del jurado...” (T. de E. pág. 172.)

A pesar de los términos en qne está concebida la resolu-ción de la corte, la Srta. Veve no se limitó a indicar los dis-tintos sitios al jurado, sino que fue examinada sobre cues-tiones extrañas al motivo de la inspección ocular. Véanse las páginas 177, 178 y 179 de la transcripción de evidencia. También fue examinado el testigo Mariano Clavell, que encontró el casquillo presentado en evidencia. El artículo 258 del Código de Enjuiciamiento Criminal, con referencia a la inspección ocular, prescribe:

“Art. 258. Cuando en la opinión del tribunal,- sea conveniente que el jurado examine el lugar en que, según la acusación, fué come-tido el delito, o en donde haya ocurrido cualquier otro hecho material, podrá ordenar la conducción del jurado en masa, bajo la custodia de un oficial, al expresado sitio, el cual le será enseñado por persona nombrada al efecto por el tribunal; y dicho oficial del tribunal pres-tará juramento de que no permitirá que ninguna persona, incluso él mismo)" hable o se comunique con el jurado, acerca de ningún asunto relacionado con el juicio, y que regresará al tribunal con el jurado, sin dilación innecesaria, o en el plazo que se especifique.” (Itálicas nuestras.)

La inspección ocular debe limitarse exclusivamente a in-dicar a los señores del jurado los distintos sitios que han sido mencionados o que se intenta mencionar en el curso de la prueba para así facilitar la mejor inteligencia de la misma. No deben examinarse testigos ni hacerse ninguna clase de argumentos. Debemos agregar que no es al jurado, sino al juez que preside el tribunal, a quien incumbe determinar si es conveniente o no que se practique una inspección ocular. Nada dice la ley sobre el derecho del acusado a estar presente mientras se efectúa una inspección ocular. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en el caso de Snyder v. Massachusetts, 291 U. S. 97, 78 L. ed. 674, 90 A.L.R. 575, en una opinión emitida por el Juez Cardozo, sostuvo que una inspec-ción ocular no es evidencia y que por lo tanto el privar al acusado de estar presente mientras se lleva a efecto una inspección ocular no viola la cláusula constitucional del debido procedimiento de ley. Debemos consignar que en dicho caso hubo una opinión disidente del Juez Boberts, con la cual estuvieron conformes los Jueces Brandéis, Sutherland y Butler, en la cual se sostiene que una inspección ocular equivale a la presentación de evidencia y que por consiguiente el acusado tiene derecho a estar presente mientras la misma se lleva a efecto.

A nuestro juicio, la mejor práctica es permitir al acusado presenciar la inspección ocular a menos que existan razones poderosas para impedírselo, como, por ejemplo, cuando la vida del acusado corra peligro en caso de asistir a ella. Hallándose presente el acusado en la inspección ocular, puede llamar la atención a su abogado de cualquier error en que se incurra al mostrar el sitio o sitios en cuestión, y hacer a éste cualquier sugestión sobre cualquier punto o sitio que deba ver el jurado.

En el caso de autos no se celebró una inspección ocular. Más bien se trasladó la corte al Hospital Tricoche como dijo el juez (T. de E., pág. 173), y allí se presentó cierta prueba extraña a la inspección ocular. El artículo 2 de nuestra Ley Orgánica garantiza al acusado en cualquier causa criminal el derecho a confrontarse con los testigos que declaren en su contra, y en este caso, si del récord apareciese afirmativamente que él no estuvo presente, convendríamos con el acusado en que fué privado de un derecho constitu-cional. Pero del récord aparece que al iniciarse el caso estuvo presente el acusado y que mientras declaraban los testigos, muchos de ellos se referían a él señalándolo como presente en la sala de la corte. En tales circunstancias, no apareciendo del récord afirmativamente qne el acusado no se hallaba presente mientras se sustanciaban los procedimientos que tuvieron lugar en el Hospital Tricoche, surge la presunción de la regularidad de los procedimientos y por lo tanto que estuvo presente durante la llamada inspección ocular. State v. Clark, 85 A.L.R. 502 (Wash. 1930); State v. Costello, 69 P. 1099 (Wash); Gaines v. Washington, 277 U. S. 81 (1928), 72 L. ed. 793, donde se dijo:

“Se alega por el acusado que no estuvo personalmente presente o no estuvo en un sitio donde él podía oír la prueba. Nada existe en el récord de los procedimientos del juicio que sostenga tal alegación. No se tomó ninguna excepción durante el juicio por este motivo. Se basa solamente en affidavits radicados en el caso después que la Corte Suprema había confirmado la sentencia. Esto fué demasiado tarde. Frank v. Mangum, 237 U. S. 309, 340, 59 L. ed. 969, 985, 35 Sup. Ct. Rep. 582.”

Véanse también 8 R.C.L. 95, y casos citados, y también por analogía el de Franzeen v. Johnston, Warden, 111 F. (2) 817, 820.

Se queja el apelante de que la corte no permitió que declarase Américo Delgado, sobre hechos ocurridos entre él y el interfecto la noche del 31 de diciembre de 1935. Es perfectamente claro que la riña entre Martinó y Delgado, o la agresión por parte de Martinó a Delgado, si se quiere, y que dió lugar al arresto que intentó practicar el policía Cordero, arresto que más tarde llevó a efecto el acusado en la forma que ja conocemos, en nada pudo afectar el crimen cometido por éste, pues el acusado no pretende que al matar al interfecto lo hiciera en defensa de Delgado, y asumiendo que Martinó sin justificación alguna hubiese herido a Delgado, este hecho no autorizaba al acusado a matar a Martinó.

Tampoco erró la corte al negarse a transmitir instrucciones sobre homicidio voluntario. De la prueba concluyentemente resulta que en ningún momento Martinó atacó al acusado. Por el contrario, fué éste quien sin justificación legal alguna lo agredió cruelmente con el rotén, a pesar de qne el interfecto prometía entregarse para qne no lo agrediese. Alega, sin embargo, el acnsado qne lo mató porqne vió a sn compañero Cordero en la sala núm. 1, qne sangraba por las heridas qne'le había cansado Martinó y que como él quería tanto a Cordero, esto le produjo un arrebato de cólera qne le impulsó a matar al interfecto. Tal defensa es insostenible, pues Cordero había llegado al hospital antes qne Martinó y hacía media hora o tres cuartos de hora qne el acusado estaba custodiando al interfecto, y de acuerdo con toda la prueba, estaba tranquilo esperando que curasen a Martinó para llevarlo a la cárcel. No fué hasta que Berdeeia le dijo: “Si tú no lo matas, lo mato yo”, que el acusado se dispuso a realizar el crimen. La presencia del interfecto, bañado en sangre como se hallaba por heridas que de manera tan injus-tificada como cruel le causó el acusado, lejos de producirle un arrebato de cólera debió inspirarle profundo remordi-miento y compasión. Asumiendo que Berdeeia hubiese dicho al acusado: ‘ ‘ Si tú no lo matas, te mato yo ’ ’, como pretenden el acusado y algunos de sus testigos, y que por virtud de tal amenaza y creyendo que corría riesgo de perder su vida, el acusado hubiera dado muerte a Martinó, en ese caso el delito cometido por el acusado sería asesinato, y en manera alguna podría alegar que la muerte había sido causada en defensa propia. A este efecto se dice en 3 Warren on Homicide, pág. 170:

“Muerte tajo coacción. — Prueba de que el acusado fué ordenado a cometer el homicidio por uno que le amenazaba con quitarle su vida si rehusaba hacerlo, y que creyendo que la amenaza se llevaría a efecto, para salvar su propia vida mató al interfecto que se hallaba a una milla de distancia del sitio donde se hizo la amenaza, es sufi-ciente para sostener una convicción de asesinato deliberado.”

Véanse también 8 R.C.L., sec. 100, pág. 125, y el caso de State v. Weston, 219 P. 180 (Ore., 1923), y autoridades citadas en el mismo.

Por las razones expuestas no estaba justificada la corte en dar instrucciones sobre homicidio voluntario.

Se queja el apelante de que la corte se negó a citar al Director del Manicomio Insular en Eío Piedras, para que compareciera al acto del juicio con el récord de la paciente Juana Sarria Pacheco, hermana del acusado. La moción se presentó por el acusado después de haber terminado toda la prueba de cargo y de descargo en un juicio bastante largo. En tales circunstancias, no abusó de su discreción la corte sentenciadora al negarse a citar al Director del Manicomio, pues la moción se presentó tardíamente, aparte de que no vemos en qué hubiese podido beneficiar al acusado el hecho de tener una hermana loca, cuando la única prueba en que pretende él basar su locura es en la naturaleza de los actos por él realizados. Pero aún así, de los autos resulta que la corte permitió al acusado declarar que tenía una hermana recluida en el Manicomio Insular en calidad de paciente hacía como diez años, lo que le permitió lograr el fin que perseguía con la declaración del Director del Manicomio Insular.

Por último, no puede imputarse a la corte sentenciadora que actuara movida por pasión, prejuicio o parcialidad. Si de algo pecó la corte fue de demasiada benevolencia al im-poner al acusado la pena de doce años de presidio en un caso que revela tanta crueldad por parte del acusado.

Por lo expuesto, procede desestimar el recurso y confir-mar la sentencia apelada.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Inocencio Ruiz Guzmán, acusado y apelante.
    Núm. 8544.

    Sometido: Enero 20, 1941.

      Resuelto: Enero 22, 1941.

      Carlos D. Vázquez, abogado del apelante;

      Ron. Procurador General George A. Malcolm, R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Dictada sentencia por la corte de distrito en 23 de febrero de 1940 contra el acusado Inocencio Ruiz Guzmán, en la causa que se le seguía por infracción de una orden final de la Comisión de Servicio Público, el acusado apeló el propio día para ante esta Corte Suprema. Obtuvo su libertad provisional mediante fianza y nada más hizo.

En ello basándose, el fiscal de esta corte pidió la desesti-mación del recurso, invocando el caso del Pueblo v. Ojeda, 41 D.P.R. 705, en el que esta corte resolvió, tomando del resumen, lo que sigue:

“Si bien en apelaciones en causas criminales el secretario del tribunal sentenciador tiene el deber de remitir el récord de apelación a la Corte Suprema, al apelante incumbe gestionar el cumplimiento de tal deber; de otro modo la negligencia del secretario se convierte en su propia negligencia y, de no radicarse en el Supremo el récord dentro del término estatutario, procede desestimar el recurso inter-puesto.”

La moción de desestimación se notificó al apelante en noviembre 18, 1940, y no fué basta el siete de enero en curso que se radicó en la secretaría de esta corte el legajo de la sentencia que también contiene copia de cierta moción pre-sentada por el acusado a la corte sentenciadora en solicitud de un nuevo término para presentar la transcripción de la evidencia, moción que fué declarada sin lugar.

El veinte de enero en curso se oyó a las partes sobre la desestimación. Sostuvo el fiscal su petición y el apelante se opuso alegando que la dilación en la tramitación se debió a que entregó su caso al abogado Juan Lastra y confió por completo en él, siendo sorprendido al notificársele la moción de desestimación, encomendando entonces su defensa al abo-gado que ahora lo representa, quien hizo inmediatamente gestiones para preparar el récord.

Repetidamente se ha resuelto que la parte sufre las consecuencias de la negligencia de su abogado. En tal virtud debemos concluir que se dejaron transcurrir con ex-ceso, sin justificación, todos los términos que la ley y las reglas fijan para el perfeccionamiento de las apelaciones. Véase Pueblo v. Rodrigues Bravo, resuelto en el día de hoy (pág. 895 que sigue.)

La circunstancia del archivo del legajo de la sentencia no constituye una contestación eficaz, porque lo fué no a la fecha en que la notificación de la moción se hizo al acusado apelante, si que más de un mes después. Regla 58 del Reglamento de este tribunal, 17 D.P.R. LXXIII.

Y no tenemos, por último, base sólida para ejercitar nuestra discreción en pro del dicho acusado apelante, porque no nos ha demostrado que su apelación sea meritoria.

Bajo esas circunstancias, procede declarar con lugar la moción del fiscal y en su consecuencia desestimar, por aban-dono, el recurso.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Francisco Rodríguez Bravo, acusado y apelante.
    Núm. 8546.

    Sometido: Enero 20, 1941.

      Resuelto: Enero 22, 1941.

      Carlos D. Vázquez, abogado del apelante;

      IIon. Procurador General George A. Malcolm, B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Dictada sentencia por la Corte de Distrito de San Juan en febrero 20, 1940, imponiendo al acusado Francisco Rodrí-guez Bravo cincuenta dólares de multa o en su defecto un día de cárcel por cada dólar dejado de satisfacer, como in-fractor de una orden final de la Comisión de Servicio Público, el acusado, tres días después, apeló de la sentencia para ante este tribunal. Obtuvo su libertad provisional y nada más hizo.

Así las cosas, en noviembre 18,1940, o sea, cerca de nueve meses después de interpuesto el recurso, solicitó el fiscal la desestimación del mismo por negligencia del apelante en su tramitación.

Señalada la vista de la moción para el día veinte de enero en curso, comparecieron ambas partes. El fiscal sostuvo su petición y el acusado se opuso. Alegó que desde enero 7 actual se habían radicado en la secretaría de esta corte el legajo de la sentencia y la transcripción de evidencia y que el no haberlos radicado antes se debió a que al apelar enco-mendó su caso a su abogado Antonio J. Amadeo con quien trató de comunicarse al ser notificado de la moción de deses-timación, no pudiendo hacerlo por encontrarse dicho abogado incorporado al Ejército en el campamento del “Tortuguero”, Vega Baja, P. R., motivo por el cual nombró al abogado que ahora lo representa, y que se trataba de un recurso meritorio por ser la prueba insuficiente y no imputarle debidamente la denuncia la infracción por la cual fué castigado.

La negligencia en la tramitación del recurso es clara. — Parece conveniente hacer constar que además del Sr. Amadeo figura como abogado del acusado el Sr. Malatrasi.— No ya dejó de cumplirse en tiempo con lo prescrito en el artículo 356 del Código de Enjuiciamiento Criminal, edición de 1935, y con la regla 59 del Reglamento de esta corte, 17 D.P.R. LXXIV, si que notificado el apelante de la moción de desestimación el 22 de noviembre de 1940, no fué hasta el 7 de enero de 1941 que archivó el legajo de la sentencia y la transcripción de la evidencia. Véase Pueblo v. Ruiz Guzmán, decidido en el día de hoy (ante, pág. 892).

Además hemos examinado dicho legajo y dicha transcripción para juzgar sobre los méritos del recurso y encontramos prima facie que la denuncia es bastante y que la evidencia es suficiente. Si bien por el Pueblo declaró un solo testigo y por la defensa varios que tendieron a contradecirlo, la corte sentenciadora en uso de sus facultades decidió el conflicto en contra del acusado sin qne surja del récord indicio alguno de pasión, prejuicio o parcialidad por parte del juz-gador.

Siendo esos los hechos del caso y las circunstancias que en el mismo concurren, no hay base sólida para el ejercicio de nuestra discreción en pro del apelante y la moción del fiscal debe ser declarada con lugar desestimándose en su con--secuencia, por abandono, el recurso.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Miguel Estronza, acusado y apelante.
    Núm. 8457.

    Sometido: Enero 21, 1941.

      Resuelto: Enero 22, 1941.

      Negrón López & Negrón López', abogados del apelante;

      Ron. Procu-rador General George A. Malcolm, R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar¡ abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión deí tribunal.

Miguel Estronza fué convicto de infracción a las secciones 3 y 4 de la Ley núm. 25 de 1935 (Leg. Ext., pág. 153) y sen-tenciado a pagar una multa de $200 y las costas. De la prueba resulta que mediante una orden de allanamiento fué registrado el establecimiento comercial del acusado en San Germán, y en una caja de caudales que fué abierta por el acusado a requerimiento de la policía, aparecieron 420 tickets de bolipool; pero no existe ninguna otra evidencia que co-necte al acusado con diclio juego prohibido ni tampoco se probó que el establecimiento en cuestión fuera en alguna forma dedicado a la manipulación o administración del refe-rido juego. Alega el apelante que la evidencia no es sufi-ciente para sostener la sentencia apelada y en ello conviene el Fiscal de este Tribunal, invocando ambos lo resuelto en el caso de Pueblo v. Salabarría, 57 D.P.R. 130, del cual tomamos los siguientes párrafos:

“¿Es suficiente esta evidencia para sostener la sentencia en este caso dictada?
“A nuestro juicio no lo es. El mero hecho de que se ocupen en la residencia del acusado objetos que se usan generalmente para llevar a efecto el juego de ‘la bolita’ es insuficiente en ausencia de otra prueba tendente a demostrar que dichos objetos se están utili-zando o que la habitación o residencia es dedicada a llevar a cabo en ella el referido juego.
“La letra clara de la ley no deja dudas de que la mera ocupación de los implementos en una casa, habitación, etc., no es suficiente para sostener una sentencia por infracción a dicha ley. Para que la tenencia de tales artefactos en una habitación, casa, etc., constituya delito, es indispensable el concurso de otra evidencia tendente a probar que dicha habitación, edificio, estructura, etc., se dedique a la manipulación de los juegos a que dicha ley se refiere. Claro es que la ley no exige que en el momento de diligenciar la orden de allanamiento se estén manipulando dichos juegos, siendo suficiente que se demuestre que dicha habitación, sitio, etc., se dedique (devote,, como dice la edición inglesa) a dicha manipulación. En el caso de autos ninguna evidencia se presentó a ese efecto.
“En el caso de autos la prueba quedó limitada exclusivamente a la ocupación de los implementos debajo de una cama en la habitación en que residía el acusado.
“La sección 4 de la ley, que también se alega infringida, no tiene aplicación a los hechos de este caso. Dicha sección se refiere a la portación o conducción por cualquier persona de cualquier papeleta, billete, etc., así como también a que el acusado sea ‘dueño, apoderado, agente, encargado, director o administrador de los juegos prohibidos por esta Ley, ’ de lo cual no existe prueba alguna en este caso, aunque en la denuncia se alegue que el acusado actuaba como agente y admi-nistrador, etc.”

Es imposible distinguir el caso de autos del de Salábarría, supra, cuya doctrina ratificamos.

Por lo tanto, procede declarar con lugar el recurso y revocar la sentencia apelada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Aurelio Ramos Justiniano, acusado y apelante.
    Núm. 8459.

    Sometido: Enero 23, 1941.

      Resuelto: Enero 24, 1941.

      Ildefonso Freyre, abogado del apelante;

      I,Ton. Procurador General George A. Malcolm, R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

En enero 27, 1939, el fiscal del distrito de Mayagüez formuló acusación contra Aurelio Bamós Justiniano por el delito de tener en su posesión cierta arma de fuego sin decla-rarla y registrarla como ordena la Ley núm. 14 de 1936 ((2) pág. 129).

Señalada la vista para abril 11 siguiente, el acusado pidió la suspensión por bailarse enfermo. Su moción contiene una alegación que dice: “Que el acusado renuncia a un juicio rápido si se le concede esta suspensión del juicio. ’ ’ La corte accedió.

Señalada de nuevo la vista, fué suspendida a petición del fiscal formulada en julio 20, 1939.

Para el 13 de septiembre se señaló otra vez el juicio y ese mismo día el acusado pidió su suspensión haciendo constar que renunciaba a su derecho a un juicio rápido si se le con-cedía. La corte accedió.

El 24 de noviembre fué la próxima fecha señalada para juicio, repitiéndose la petición de suspensión por parte del acusado, reiterando su renuncia de su derecho a un juicio rápido.

Señalada la vista para febrero primero, 1940, hubo de suspenderse “por ser abogado del acusado el Lie. Ildefonso Preyre quien está actuando como fiscal interino.”

Así las cosas y fijado el juicio para el 26 de junio de 1940, el acusado, por su abogado Ildefonso Preyre, el 20 del propio mes y año presentó una moción de sobreseimiento basada en que habían transcurrido más de ciento veinte días entre el primero de febrero, día en que se suspendió la vista, y el en que se presentaba'la moción, sin haberse celebrado el juicio.

La moción fué señalada para discutirse el 26 de junio, día del juicio, y oídas ambas partes, la corte la declaró sin lugar. Procedióse a la práctica de la evidencia. Terminada la de cargo, el acusado, presentó una moción de nonsuit que fué desestimada por la corte. Tomó excepción y manifestó que no presentaría prueba, sometiendo el caso. La corte dictó sentencia declarándolo culpable e imponiéndole seis meses de cárcel, con abono de la prisión preventiva.

Fué contra esa sentencia que se interpuso el presente recurso de apelación, asignándose dos errores como cometidos por la corte al no acceder a lo solicitado en las mociones de sobreseimiento y de nonsuit.

Examinemos el primer error. Ya expusimos lo ocurrido en relación con la celebración del juicio. Repetidamente fué señalado por la corte dentro del término de ley. En tres ocasiones fué suspendido a petición del propio acusado renunciando éste en las tres su derecho a un juicio rápido. Una cuarta vez fué suspendido por ser su defensor fiscal interino de la corte.

Entre esa última suspensión decretada en febrero primero de 1940 y la fecba del nuevo señalamiento, junio 26, 1940, mediaron más de ciento veinte días, circunstancia que apro-vechó el acusado después que los ciento veinte días habían transcurrido, para pedir el sobreseimiento.

Siendo ésas las circunstancias concurrentes, el caso guarda más semejanza con el de Garcés v. Corte, 55 D.P.R. 336 que con el de Pueblo v. Cepeda, 31 D.P.R. 489 que se analiza y distingue en el de Garcés, debiendo en su consecuencia resol-verse que no cometió error la corte sentenciadora al aplicar la regla sentada en el primero y no acceder a la petición de sobreseimiento.

No en una sino en varias ocasiones el juicio pudo cele-brarse dentro del término de ley y fué a petición del propio acusado que no se celebró. Y no se limitó el acusado a pedir las suspensiones si que cada vez que lo hizo consignó expresa-mente que renunciaba su derecho a un juicio rápido.

¿Puede, bajo esas circunstancias, aprovecharse de una diferencia de sólo veinte días para pedir el sobreseimiento? A nuestro juicio no puede.

Si el acusado deseaba poner un límite a sus renuncias al derecho que invocó en junio 20, 1940, debió hacer alguna gestión en tiempo, para que el derecho surgiera de nuevo en toda su plenitud. Y no lo hizo. Al contrario, deliberada-mente esperó a que los ciento veinte días transcurrieran •para presentar su moción, cuando ya la corte no estaba en condiciones de adelantar el señalamiento, si es que ello era posible.

En tal virtud debemos concluir que no está bien fundado el primer señalamiento de error.

Tampoco encontramos que lo esté el segundo.

Para demostrar su existencia invoca el apelante la juris-prudencia de esta corte interpretando la ley por cuya infrac-ción se le castigó, establecida en Pueblo v. Díaz, 55 D.P.R. 629, 632, en el sentido de que la residencia del acusado debe alegarse y probarse lo mismo que cualquiera otra alegación fundamental en esta clase de delitos a los efectos de demos-trar el sitio donde debió inscribirse el arma, y sostiene que el fiscal dejó de probar su residencia en Mayagüez.

Sin embargo, examinada la evidencia encontramos en ella elementos suficientes para concluir como concluyó la corte que la residencia del acusado en Mayagüez al tiempo de ocupársele el revólver quedó demostrada por la prueba del fiscal. No sólo declararon los testigos Oscar Correa y Alfonso Matos que para esa fecha vivía y continuó viviendo después el acusado en el callejón “Cristi” de Mayagüez si que tenía allí un comercio, una tienda, desde hacía alrededor de tres meses.

No habiéndose cometido ninguno de los errores señalados, el recurso debe declararse sin lugar y confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Ex parte Juan Rosa, peticionario y apelante.
    Núm. 8151.

    Sometido: Enero 16, 1941.

      Resuelto: Enero 27, 1941.

      M. Velázquez Flores, abogado del apelante;

      Hon. Procurador General George A. Malcolm y R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Juan Rosa, el peticionario apelante, radicó ante la Cortp de Distrito de Humacao una petición de hábeas corpus en la que alegaba que se encontraba detenido en la cárcel de dicho distrito en virtud de un mandamiento de prisión ex-pedido en enero 2 de 1940 por el Juez Municipal de Humacao, en un procedimiento de caución seguido contra el peticiona-rio, a virtud de denuncia formulada por José Espinosa Sierra; y que la encarcelación del peticionario es ilegal y nula por las razones siguientes:

(A) Porque la sentencia en que se basa el referido mandamiento de encarcelación es tan enteramente errónea que resulta nula.
(B) Porque dicha sentencia es tan indecisa en sus términos y está redactada en tal forma que resulta nula.
(C) Porque la ilegalidad de dicha sentencia indica un defecto completo en dicho procedimiento de caución contra el peticionario.
(D) Que el mandamiento de prisión en sí, en este caso, es defec-tuoso en los requisitos fundamentales de los que exige la ley y esto produce la nulidad de dicho mandamiento, y además porque dicho mandamiento en la forma en que está expedido no es el permitido por la ley en estos casos.
(E) Porque la detención del peticionario no está justificada por copia debidamente certificada de sentencia alguna haciendo el refe-rido mandamiento de encarcelación completamente nulo.
(F) Que en la vista o juicio del caso, de cuya sentencia se basa el referido auto de prisión, el peticionario no tuvo oportunidad de confrontarse con los testigos de cargo, ni de repreguntarles, ni ca-rearse con ellos al serles tomadas las declaraciones por escrito, ni tuvo oportunidad de intervenir en el examen de los testigos de defensa al serles tomadas declaraciones por escrito.
(G) Porque la sentencia de caución de la Corte Municipal de Humacao, Puerto Rico, fue dictada en ausencia del acusado.
(II) Porque dicha sentencia no fué dictada dentro del término estatutario de 24 boras a contar desde la celebración del juicio, sin haber hecho el acusado renuncia alguna de ese derecho.
(I) Y porque alega además este peticionario que la persona que le tiene bajo su custodia no es la persona autorizada por la ley para ello,

"Visto el caso ante la corte de distrito, dictó ésta sentencia declarando sin lugar el recurso y ordenando que el petieio-hario fuese recluido nuevamente bajo la custodia del alcaide de la Cárcel del Distrito. No conforme el peticionario, in-terpuso el presente recurso, basándolo en dos señalamientos de error, a saber:

1. Que el tribunal inferior erró al resolver que las cuestiones levantadas por el peticionario no son para ser resueltas en un recurso de habeas corpus y sí mediante certiorari o apelación.
2. Que también erró al declarar que el peticionario se halla legal-mente preso.

Las cuestiones levantadas por el apelante en su alegato son:

,, (a) Que el peticionario no tuvo una oportunidad de repreguntar a los testigos que declararon en su contra en el procedimiento de caución ante la corte municipal.

De los autos originales del procedimiento seguido ante la corte municipal aparecen los hechos siguientes:

El día 13 de octubre de 1939, José Espinosa Sierra, ve-cino de Las Piedras, formuló denuncia contra Juan Bosa, alegando que éste había proferido amenazas contra su persona, diciendo en presencia de tres testigos y con referencia al denunciante: “Dondequiera que lo encuentre le voy a en-trar a tiros, le voy a asesinar como un perro.” La denun-cia fue formulada de acuerdo con el artículo 64 del Código Penal, con el objeto de que el denunciado fuese arrestado y puesto bajo caución.

Actuando de acuerdo con lo dispuesto en el artículo ‘65 del Código Penal, en 20 de octubre de 1939 el juez municipal examinó bajo juramento al denunciante y a los tres testigos mencionados en la denuncia, tomando sus deposicio-nes por escrito y haciendo que los deponentes la suscribieran.

El 21 de octubre de 1939, el juez municipal dictó orden de arresto contra Juan Rosa, fijándole una fianza de $200 para poder permanecer en libertad. En la misma fecha se citó al denunciado para la vista del caso ante la corte municipal el día 26 de octubre de 1939 a las 8:30 de la mañana. El de-nunciado fué arrestado el -23 del mismo mes y nrestó finj^a para permanecer en libertad. En el mismo día, el denunciado radicó un escrito pidiendo que se citasen tres testigos que habrían de declarar en su favor, y, además, “que sean asi-mismo citados el denunciante en este caso, José Espinosa Sierra, como a todos los demás testigos que se hayan pre-sentado ofreciendo pruebas en contra de este acusado para tener oportunidad de examinar y repreguntar a los mismos y para conocer a la vez de qué deba dependerse.” El de-nunciado pidió además un juicio público y que se designase un taquígrafo para tomar las declaraciones. En el récord no consta que la corte municipal dictara resolución alguna sobre dichas peticiones.

El día 26 de octubre de 1939, compareció ante la corte municipal Juan Rosa, el denunciado, asistido de su abogado y contestó, negándola, la querella. La corte procedió a examinar los testigos ofrecidos por el denunciado, tomando sus deposiciones por escrito y haciendo que cada uno firmase la suya; y dejó el caso abierto para ulteriores procedimien-tos.

En diciembre 15 de 1939 el juez municipal dictó senten-cia exigiendo al denunciado una fianza o caución por la suma de $300, la cual debía ser prestada dentro de cinco días a partir de la fecha de la notificación de la sentencia al de-nunciado. La sentencia fué notificada al denunciado el 18-de diciembre de 1939. El 2 de enero de 1940 se ordenó el arresto del denunciado por no haber éste prestado la fianza que le fué exigida.

El procedimiento de caución es de naturaleza civil y no criminal. Al denunciado no se le imputa la comisión de un delito. El procedimiento es una medida de justicia preventiva, tendiente a evitar hasta donde sea posible la comisión de actos de violencia por una persona contra otra. El denunciado no tiene un derecho absoluto a repreguntar a los testigos que han declarado en su contra. Empero, esta Corte Suprema ha sostenido en Ex parte Llera, 11 D.P.R. 427, 428, y en Peña v. Corte Municipal, 42 D.P.R. 812, que la corte ante la cual se tramita el procedimiento de caución debe dar al denunciado la oportunidad de repreguntar a los testigos en su contra “si oportunamente lo solicita.”

Es cierto que el denunciado solicitó en su escrito de octubre 23 de 1939 que se citase de nuevo al denunciante y a los testigos de cargo “para tener oportunidad de examinar y repreguntar a los mismos.” Pero también lo es que el récord no demuestra que el denunciado, que estuvo en todo momento asistido de abogado, hiciera gestión alguna para conseguir que la corte considerase y resolviese su petición. Del récord aparece que el denunciado compareció asistido de abogado a la vista celebrada el 26 de octubre y que en su presencia se practicó la prueba, pero no existe constancia alguna de que el denunciado solicitase en el acto de la vista que se le permitiese repreguntar a los testigos de cargo. No habiendo sido diligente el denunciado en la reclamación de su derecho, debemos resolver que la corte municipal no cometió el error que se le imputa en la petición de certiorari.

Siendo el procedimiento de canción de naturaleza civil, la corte municipal no estaba obligada a dictar sentencia dentro del término de veinticuatro boras después de celebrada la vista. No es aplicable, por lo tanto, al caso de autos lo resuelto en el de El Pueblo v. Acosta, 40 D.P.R. 471.

No erró la corte inferior al sostener que el denunciado Juan Eosa se encontraba legalmente detenido.

Debe desestimarse el recurso y confirmarse la sentencia recurrida.


text:
    Francisco González Fagundo, demandante y apelado, v. José Zenón Berríos y Faustino Berríos, demandados y apelante el primero.
    Núm. 8209.

    Sometido: Enero 20, 1941.

      Resuelto: Enero 27, 1941.

      Miguel A. Muñoz, abogado del apelante;

      Francisco González Fa-gundo, pro se y Arturo Aponte y Faustino R. Aponte, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El demandante apelado solicita la desestimación del pre-sente recurso, por entender que el mismo no ha sido inter-puesto de buena fe y que su único objeto es demorar el curso de la justicia e impedir la ejecución de la sentencia.

De la moción jurada radicada por el demandante apelado y de los documentos a ella anexos aparecen los siguientes hechos:

En abril 4 de 1940 la Corte de Distrito de Humacao con-denó a los demandados José Zenón Berríos y Faustino Berríos a pagar al demandante Francisco González Fagundo la suma de $5,000, más $500 para honorarios y las costas. De esa sentencia apeló José Zenón Berríos, quedando radi-cado su escrito de apelación el 29 de abril de 1940. En mayo 6 del mismo año, a petición del apelante, la corte ordenó que se preparase la transcripción de la evidencia, y el 13 del mismo mes el taquígrafo radicó en la secretaría de la corte inferior una solicitud para que el apelante consignara en secretaría el importe de sus honorarios ascendentes a $600, notificando oportunamente al abogado del apelante.

El 27 de mayo de 1940, día en que expiró el término legal para la radicación de la transcripción de evidencia, el apelante solicitó y obtuvo de la corte inferior una prórroga de 30 días para tal fin. Al enterarse el demandante de la concesión de dicha prórroga solicitó la reconsideración de la orden por la cual se había concedido. La corte inferior citó a las partes para ser oídas el 7 de junio sobre los méritos de la moción de reconsideración, y el día 6 del mismo mes el apelante solicitó un término de diez días para formular un alegato contra dicha moción, por no poder comparecer a la vista señalada para el día 7. La corte inferior, con la oposición del apelado, concedió el término solicitado y se-ñaló la vista de la moción para el día 21 de junio de 1940, en cuya fecha, después de oír al demandante, que fué el único compareciente, la corte inferior dictó una resolución concediendo al demandado apelante hasta el 25 de junio de 1940 para consignar los honorarios del taquígrafo, en de-fecto de lo cual la corte reconsideraría su resolución y dene-garía la prórroga solicitada.

En junio 24 de 1940 el apelante radicó nna nueva moción en la que pedía que el término que se le había concedido para consignar los honorarios del taquígrafo fuese extendido hasta que esta Corte Suprema resolviese una moción de desestimación del recurso radicada por el demandante ape-lado. No hay constancia en los autos en cuanto a la reso-lución que la corte inferior dictara sobre dicha moción. La moción de desestimación fué resuelta en julio 19, 1940, a favor del demandado apelante.

El 24 de junio de 1940, el demandado apelante radicó otra moción solicitando se le prorrogara el plazo fijado para el depósito de honorarios del taquígrafo hasta que la corte resolviese una moción sobre levantamiento de un embargo trabado sobre bienes del demandado apelante en otro pleito pendiente ante la misma corte. Dicha moción fué radicada en junio 26 de 1940 y está aún pendiente de resolución, sin que el promovente haya hecho gestión alguna para conse-guir que sea resuelta por la corte.

En agosto 2, 1940, el apelante radicó una nueva moción alegando que su abogado estaba en el campamento de la Guardia Nacional y solicitando que el plazo para hacer el depósito fuese prorrogado hasta diez días después de termi-narse el campamento, o sea hasta agosto 28, 1940.

Transcurridos todos los términos a que hemos hecho re-ferencia sin que el apelante diese paso alguno para perfec-cionar su apelación, el demandante apelado radicó una moción en la que suplicaba a la corte inferior no concediese nuevas prórrogas al apelante. Dicha moción fué notificada al ape-lante y resuelta a favor del demandante apelado.

Celebrada en 20 de enero de 1941 la vista de la moción de desestimación del recurso, compareció el demandante apelado, quien en apoyo de su moción ofreció una certifica-ción del' secretario de la corte de distrito, fechada el 18 del mismo mes, en la que dicho funcionario hace, constar que la última moción del apelante fué radicada en julio 31, 1940; y que desde esa fecha el apelante no ha practicado ninguna otra gestión, ni ha radicado la transcripción de la evidencia ni solicitado la reconsideración de la resolueón de octubre 17 de 1940 denegándole las prórrogas solicitadas. El promovente radicó además una certificación del taquí-grafo en la que hace constar que desde el 25 de mayo de 1940 hasta el 18 de enero de 1941, fecha de la certificación, el demandado apelante no ha hecho gestión alguna para conseguir la preparación del récord taquigráfico.

El demandado apelante no compareció a oponerse a. la moción de desestimación, no obstante haber sido notificado oportunamente.

Los hechos que acabamos de exponer prueban fuera de toda duda que al interponer el recurso el demandado ape-lante no tuvo otro propósito sino el de dilatar la ejecución de la sentencia.

Debe declararse con lugar la moción y desestimarse por abandono el recurso.


author: El Juez Asociado Señob De Jesús

text:
    El Municipio de Aguas Buenas, P. R., demandante y apelante, v. Esteban de la Fuente, demandado y apelado.

      Núm. 8066.

    Sometido: Enero 23, 1941.

      Resuelto: Enero 27, 1941.

      Federico E. Yirella, abogado del apelante;

      Santiago de la Fuente, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señob De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión a resolver en este recurso es si un municipio que desde tiempo inmemorial ha venido en posesión de un camino dedicado al uso del público, tiene derecho a que se expida un interdicto para restituirle en la posesión o uso del camino después que el dueño de la finca lo ha cerrado e impedido su uso durante más de un año con anterioridad a la radicación de la demanda. En la opinión que sirvió de base a la sentencia denegatoria del interdictó, el juez de la corte inferior comenta la evidencia en los siguientes tér-minos :

“La misma prueba del demandante demuestra sin lugar a dudas que la posesión del alegado camino fué interrumpida por el deman-dado en el mes de mayo de 1937, según lo acredita la comunicación que el alcalde de Aguas Buenas dirigiera al Sr. de la Fuente, y asimismo aparece que en el mes de septiembre u octubre de 1938 varios ve-cinos destruyeron las cercas que el demandado había puesto en el camino. Opina el tribunal, tomando en consideración toda la prueba, tanto del demandante como del demandado, que el demandante no actuó con toda la diligencia necesaria y que por más de un año con anterioridad a la radicación de esta demanda el demandado estuvo en posesión del camino en controversia.”

El apelante no impugna las conclusiones de hecho a que llegó la corte sentenciadora, pero arguye que la prescripción lio corre contra los municipios y que en todo caso, habiéndose interrumpido la posesión del demandado en el mes de sep-tiembre u octubre de 1938, la acción no está prescrita porque desde dicha fecha hasta la de la radicación de la demanda— el 3 de enero de 1939 — no había transcurrido el año de posesión que reclama el demandado.

A nuestro juicio el hecho de que la prescripción corra o no contra los municipios es cuestión extraña a la controversia, habida cuenta de la naturaleza del procedimiento a que ha recurrido el demandante. La ley creadora del remedio (Ley núm. 43 de 1913, pág. 85) señala de manera expresa e inequívoca cuáles son los hechos esenciales que deben alegarse y, desde luego, probarse, en una acción de interdicto para recobrar la posesión. Su artículo 2, según fue enmendado en 1917 (Ley núm. 11 de 1917 ((2) pág. 221), hoy artículo 691 del Código de Enjuiciamiento Civil (ed. 1933), prescribe:

"La demanda será redactada y jurada de acuerdo con las dispo-siciones del Código de Enjuiciamiento Civil, y hará constar:
“1. Que el demandante, dentro del año precedente de (a) la presentación de la demanda, estaba en la posesión real de la propiedad que en dicha demanda se describe, si se trata de recobrarla, y oslaba y está, si de retenerla.
"2. Que lia sido perturbado o despojado de dicha posesión o tenencia.
"Deberá también describir claramente los hechos constitutivos de la perturbación o despojo, así como si dichos actos fueron real-izados por el demandado o por otra persona por orden de éste.” (Bastardillas nuestras.)

Es obvio que una demanda de injunction para recobrar la posesión que deja de alegar que el demandante estaba en la posesión de la propiedad descrita en la demanda, no aduce hechos constitutivos de la causa de acción que se ejercita. Si como prescribe' la ley, es ésta una alegación esencial de la demanda, no basta exponerla como se hizo en el presente caso, sino que- es preciso probarla para que la acción pueda prosperar. El demandante no sólo dejó de probar ese hecho esencial, sino que de su propia evidencia resultó que el demandado, en la fecha de la interposición de la demanda, hacía más de un año que había cerrado el ca-mino al público y disfrutaba de su posesión. No se trata, pues, de una cuestión de prescripción que puede ser renun-ciada por el demandado. El defecto en la prueba es más grave, pues afecta la existencia de la causa de acción.

Refiriéndose a la necesidad de probar que el demandante se hallaba en posesión para que pueda prosperar su pleito de injtmction, se dice en el artículo “Interdicto” de la Enciclo-pedia Jurídica Española:

“Por consiguiente, podrá promover el interdicto de estos dos que corresponda, el que se halle en la posesión o en la tenencia de una cosa y haya sido perturbado en ella por actos que manifiesten la in-tención de inquietarle o de despojarle, o el que hallándose en la misma posesión o tenencia, haya sido ya despojado de una u otra.
“listos extremos han de justificarse del único modo que puede hacerse, por referirse a cosas que están a la vista de la gente o séá por medio de testigos, cuya información se ofrecerá en la propia de-manda para acreditar que el reclamante o su causante se halla en la posesión o en la tenencia de la cosa y que ha sido inquietado o per-turbado en ella, o tiene motivos fundados para creer que lo será, o bien que ha sido ya despojado de dicha posesión o tenencia.” (Bas-tardillas nuestras.) Ob. cit., tomo 19, pág. 786.

¿En qué podría afectar la resolución de este caso el hecho de que en el mes de septiembre u octubre de 1938 unos vecinos cortasen los alambres que impedían el paso; si la cerca fué restablecida inmediatamente después por el demandado? En nada, pues como prescribe el artículo 373 del Código Civil (ed. 1930), “los actos meramente tolerados y los ejecutados clandestinamente y sin conocimiento del poseedor de una cosa, o con violencia, no afectan a la posesión.” Con razón ha dicho Manresa: “La violencia, como acto de fuerza contra las personas o las cosas, raras veces dejará de caer bajo la acción del Código Penal.”

Lo expuesto no prejuzga en manera alguna el derecho que al uso del camino en cuestión pueda tener el municipio demandante — si es que algún derecho tiene — siempre que recurra al remedio adecuado de acuerdo con las circunstan-cias del caso.

Procede, por tanto, la desestimación del recurso y la con-firmación de la sentencia apelada.