author: El Juez Asociado SR. del Toro,

text:
    Arroyo et al., Demandantes y Apelantes, v. Bruno et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ghiayama en causa sobre nulidad de declaratoria de herederos y otros extremos.

      No. 1368.
    Resuelto en mayo 9, 1916.
    Donación — Posesión Material — Declaratoria de Herederos — Fraude—Inscrip-ción en el Registro. — Cuando un demandante alega en su demanda que el antiguo dueño de cierta finca la donó a su causante y que éste primero y él después la han poseído en concepto de dueños quieta y pacíficamente y por un período mayor de diez años, en cuya posesión se encuentra el demandante en la actualidad, y que el demandado, valiéndose para ello de una declaratoria de herederos falsa y fraudulenta, hizo inscribir el dominio de dicha finca a su favor en el registro de la propiedad, tal demanda aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción.
    Id. — Prescripción—Título del Demandante. — Cuando el verdadero título que alega un demandante es el de prescripción y no el de donación, no es nece-sario que este último sea perfecto.
    Id. — Escritura Pública — Aceptación de la Donación — Posesión Material— Prescripción.' — Aun cuando una donación de cosa inmueble no se consigne en escritura pública como lo exige el artículo 641 del Código Civil, si el dona-tario la acepta, entra en posesión de la finca donada en concepto de dueño y así continúa durante diez años, pública, pacíficamente y sin interrupción, la falta de escritura queda subsanada por la prescripción.

      Id. — Quiénes Pueden Impugnarla. — Un demandado que no es heredero legítimo del donante, no tiene acción alguna para impugnar la donación hecha por el mismo.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. José C. Ramos.

    Abogado de los apelados: Sr. C. Domínguez Rubio.

   El Juez Asociado SR. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La demanda en este caso, copiada en lo pertinente, es ■como signe:

“Comparece Carmen Arroyo,, mayor de edad, viuda, propietaria y vecina de Patillas, en su carácter de madre con patria potestad •sobre sus menores hijos José y Agapito Díaz y Arroyo, y Petrona, ■Romana y Lino Díaz y Arroyo, mayores de edad, propietarios y de la misma vecindad, por conducto de su abogado José C. Ramos, y •se querellan de los demandados que arriba se mencionan José Bruno Morales y María Antonia Morales, mayores de edad y vecinos de Arroyo, y como causa de acción alegan:
“Primero: Los demandantes acudieron ante esta honorable corte ■de distrito en los primeros días de octubre de 1914, en el expediente civil No. 2504, para justificar a nombre de su causante, su padre 'Sotero Díaz, la posesión y dominio de la siguiente finca: (Se describe.)
“Segundo: Dicha finca, cuyo valor actual es de quinientos veinte dólares, la adquirió el expresado Sotero Díaz, padre de los deman-dantes, por donación que de ella le hizo Isabel García, quien falle-ció sin dejar herederos forzosos, mediante documento extrajudicial.
“Tercero: El demandado José‘Bruno Morales compareció ante esta corte por el expediente civil No. 2486 e ilegal y fraudulentamente usando de pruebas falsas y engañando a este tribunal, se hizo declarar, •en unión de su hermana, la otra demandada, en segundo término men-cionada, por resolución de esta honorable corte de fecha diez y seis de octubre de mil novecientos catorce, herederos de la mencionada Isabel García, donante del causante de los demandantes, en su carác-ter de primos segundos de la misma, en ausencia de ascendiente o ■descendientes y colaterales de un parentesco más próximo.
“Cuarto: Que con el testimonio de esta declaratoria de herede-ros, los expresados demandados acudieron al Registro de la Propie-dad de Guayama, e hicieron inscribir, a su nombre, al folio 118 del tomo 8 de Patillas, un predio de 19 cuerdas que estaba inscrito en ■dicha oficina a nombre de la expresada Isabel García, y que forma parte de la finca de veinte y nueve y media cuerdas, descrita en el hecho primero de esta demanda; y después con fecha 12 de noviem-bre de 1914, acudieron ante esta corte y formularon su oposición al dominio solicitado por los demandantes sobre la expresada finca, en el referido expediente No. 2504 de la secretaría de este tribunal, tomando como fundamento pertinente para ello la declaratoria de herederos falsa y fraudulenta de que antes se ha hecho mérito.
“Quinto: Que los demandados no tenían ni tienen derecho de ostentar la representación de herederos de la expresada Doña Isabel García, porque ésta dejó cuatro sobrinos nombrados Lorenza, Miguel Mateo, María Clotilde y otra más cuyo nombre ignora el demandante, hijos de su hermana nombrada Emilia García, la filiación de cuyos tres primeros se comprueba con los documentos marcados ‘A,’ ‘B’ ■y ‘O’ que se acompañan y hacen parte de esta demanda; y todos los cuales, según información y creencia de la demandante, viven en la actualidad y residen en el pueblo de San Lorenzo de la Muga, provincia de Gerona, Cataluña, España.
“Sexto: Que los demandados, ostentando el falso título de here-deros de Isabel García, pretenden ser los dueños de la finca descrita en el hecho primero de esta demanda, de la cual están en posesión dichos demandantes y la cual han poseído los mismos, a título de dueños, quieta y pacíficamente, por sí y por.su causante, su padre Sotero Díaz, por un período mayor de diez años, en virtud del título de donación antes referido y sobre la cual están promoviendo a su nombre en el expediente de dominio referido en el hecho primero de esta demanda, al cual han formulado su oposición los demandados, atacando, en su carácter de herederos de Isabel García, la validez del título por donación del causante de los demandantes; y que con estos actos están los expresados demandados perturbando a los deman-dantes en el libre uso de la propiedad descrita y reclamando un dere-cho de dicha propiedad opuesto al derecho de los demandantes.
“PoR todo lo que los demandantes suplican a V. H. se sirva en su día declarar la nulidad del auto que declaró a los demandados herederos de Doña Isabel García, ordenando en su consecuencia la cancelación en el registro de la propiedad, de la inscripción a favor de los demandados, sobre el predio de 19 cuerdas, que forma parte de las veinte y nueve y media cuerdas que se describen en la demanda, hecha al folio 118 del tomo 8 de Patillas; y que se abstengan de perturbar con sus actos a los demandantes eh el libre uso de la pro-piedad descrita y de reclamar, como herederos de Isabel García, cual-quier derecho opuesto al derecho de los demandantes, sobre la pro-piedad de veinte y nueve y media cuerdas descrita en esta demanda. Y los demandantes suplican además cualquier otro remedio que V. H. estime a bien concederles que sea compatible con sus alegaciones y un fallo por costas y desembolsos, incluyendo una compensación razonable para honorarios de abogados.”

Los demandados 'alegaron que la demanda no aducía te-chos suficientes para determinar una causa de acción, y la corte, el 4 de mayo de 1915, dictó sentencia desestimando la demanda de acuerdo con la solicitud de los demandados. Los demandantes entonces interpusieron el presente recurso de apelación.

En su opinión la corte sentenciadora sintetiza la cues-tión envuelta, del siguiente modo:

“De la cara de la demanda aparece que Isabel García, la causante de los demandados, al morir poseía una finca dé 29 y media cuer-das, radicada en Patillas; que esa finca la donó por documento extrajudicial a Sotero Díaz, padre de los demandantes y de quienes obtu-vieron éstos la referida finca. Si la donación es buena en ley, no hay duda que Sotero Díaz adquirió un derecho, el cual trasmitió a sus herederos y les capacita para defenderlo; si la donación hecha es anulable, entonces puede ser ratificada por los eausahabientes de García y también tendrán los demandantes un derecho a justificar quiénes son los mejores herederos, pues de los actos de éstos depende la validez de su derecho; si la donación es nula per se, tendríamos que entonces debe alegarse en la demanda que los verdaderos here-deros están dispuestos a ratificar lo hecho por su causante, y enton-ces el hecho de ser declarada heredera una persona sin derecho a tal puede afectar el dominio adquirido por los demandantes.”

Luego se refiere al artículo 641 del Código Civil que esta-tuye que para que sea válida la donación de cosa inmueble ha de hacerse en escritura pública, y después de citar la opi-nión del comentarista Manresa sobre la materia, concluye así:

“Si examinamos la demanda vemos que si bien en ella se alega que Isabel García hizo la donación de esa finca a Sotero Díaz no se dice que la donación fuera aceptada, ni que constase en documento público, ni que fuera notificada en la forma que requiere la ley' a la donante; tampoco se alega que los herederos residentes eñ España estén dispuestos a ratificar dicha donación o que en caso de ser decla-rados herederos en sustitución de los demandados, la ratificarían.
“Por todo lo cual entiende la corte que debe declarar con lugar la excepción previa presentada por los demandados * *

Hemos examinado cuidado sámente la demanda y opina-mos qne no debió desestimarse por la corte. A nuestro jui-cio, de los hechos alegados en la misma surge el derecho de los demandantes a ser amparados por lo menos en su po-sesión.

Los demandantes no sólo alegan que la antigua dueña de las tierras de que se trata las donó a su causante, sino que además sostienen que su causante primero y ellos des-pués las han poseído en concepto de dueños por más de diez años en cuya posesión se encuentran en la actualidad. Los actos realizados por los demandados constituyen un ataque -directo al derecho que puedan tener los demandantes y han ■creado un verdadero conflicto que los. tribunales de justicia ■están en hr obligación de resolver.

Posesión natural es la tenencia de una cosa o el disfrute ■de un derecho por una persona. Posesión civil es esa misma tenencia o disfrute, unidos a la intención de haber la cosa o derecho como suyos. Art. 433 del Código Civil.

En este caso los demandantes alegan que tienen la pose-sión civil de la finca en cuestión. Y alegan también los de-mandantes que los demandados valiéndose para ello de me-dios fraudulentos hicieron inscribir a su favor en el regis-tro de la propiedad el dominio y por tanto la posesión civil de la expresada finca.

Todo poseedor, dice el artículo 448 del Código Civil, tiene ■derecho a ser respetado en su posesión, y si fuere inquietado ■en ella, deberá ser amparado o restituido en dicha posesión por los medios que las leyes de procedimientos establecen, y comentando Manresa el artículo 446 del Código Civil Espa-ñol, igual al 448 del nuestro que dejamos citado, se expresa ■como sigue:

“Todo derecho debe ser respetado por todos, y la posesión, como nn derecho, aunque sea de simple ejercicio, exige el mismo respeto. De aquí la disposición de la primera parte del artículo 446. Si ese respeto no se guarda, la ley se encarga de hacerlo guardar. La falta de respeto se traduce en actos que perturban e inquietan al posee-dor; perturbación e inquietud que puede consistir, ya en una simple amenaza de despojo, ya en un despojo consumado. Por esto dice el artículo 446, en su segunda parte, que el poseedor deberá ser amparado (mantenido) en su posesión, o restituido en ella. ¿ Cómo ? Por los medios que las leyes de procedimientos establecen. Obsérvese que no dice por medio de los interdictos de retener y de recobrar, sino, en general, por los medios que las leyes de procedi-mientos establecen.” 4 Manresa, Código Civil Español, 205.

Mas si se concluyera que no es aplicable a este caso el artículo 446 del Código Civil, aun así el derecho de los deman-dantes resulta claro a nuestro juicio. De acuerdo con,el regis-tro los demandados aparecen hoy como los verdaderos due-ños de las tierras que se hallan en poder de los demandan-tes. Siendo esto así ¿cómo es posible impedir a los deman-dantes que aleguen y prueben en su caso ante una corte de justicia que los demandados han logrado obtener el título que ostentan, contrario al de los demandantes, por medios fraudulentos? El juez de distrito para negarle eficacia al título de los demandantes lo califica escuetamente de dona-ción, pero es lo cierto si bien se alega una donación como punto de partida, el verdadero título alegado no es el de dona-ción, sino el de prescripción. Bajo tales circunstancias no es necesario que la donación sea perfecta. Veamos lo que dice a este respecto el comentarista Manresa:

“En otro lugar dejamos dicho que si bien es necesario que el título en que se funda la prescripción sea de los que transfieran el dominio, siendo esta circunstancia lo que determina su cualidad de justo, no es, sin embargo, del mismo-modo preciso que baya pro-ducido por sí dicha transmisión. Y se comprende que no sea pre-cisa esa condición, pues si por el contrario fuese indispensable, para estimar justo el título, que hubiese transferido ya el dominio o el derecho objeto de la prescripción, entonces sería innecesaria ésta, porque sin mediación de ella se habría obtenido el efecto jurídico que por la misma se trataba de conseguir.
1 ‘ Como el mero buen sentido indica, no es ése el sentido del citado artículo 1952. En él únicamente se ha querido decir y se dice, que es justo título aquel que legalmente baste para transferir el dominio o el derecho que se pretenda ganar por la prescripción; pero no se exige como condición necesaria para ello, que se haya realizado o perfeccionado ya la transmisión de dicho dominio o derecho. Por el contrario, el que siendo susceptible de producir ese resultado jurí-dico no lo hubiera producido aún, es el que se necesita para fundar la prescripción, ■ y en este sentido debe entenderse dicho artículo. ’ ’ 12 Manresa, Código Civil Español, 840.

Esta misma Corte Suprema en el caso de Picart v. de León, 22 D. P. R. 592, estableció la siguiente dodrina.

“Desde 1893, en que la persona que vendió al demandado en este caso adquirió por compra la finca y tomó posesión material de ella, hasta la fecha de la interposición de la demanda, transcurrie-ron con exceso los diez años necesarios para adquirir el dominio por prescripción entre presentes, y se resolvió: Que el transcurso de diez años perfeccionó el primitivo título de compra. Lo que dejaron de hacer el primer dueño conocido de la finca, el demandante, o en su lugar el juez que ordenó el remate, lo hicieron diez años de pose-sión material en concepto de dueño, basada la posesión en un justo título y disfrutada de buena fe, públicamente, entre presentes y sin interrupción de nadie.”

Es bien cierto que el artículo 641 del Código Civil vigente, igual al 633 del antiguo, dispone que para que sea válida la donación de cosa inmueble ha de hacerse en escritura pública y que en este caso la donación no se hizo por escri-tura pública sino por documento extrajudicial. Si la dona-ción se hubiera hecho por escritura pública, el contrato hu-biera quedado perfeccionado desde entonces y no sería nece-sario invocar como se ha invocado la prescripción. Si para adquirir por prescripción basada en el justo título de dona-ción, se requiriera que la donación fuera perfecta desde un principio, sería completamente innecesaria la prescripción.

De aceptarse la teoría sustentada por la corte de distrito, se equipararía a los demandantes en este caso a los que sin consentimiento alguno de sus dueños se introducen en una finca y haciéndose pasar por propietarios de ella la poseen por nn espacio no interrumpido de treinta años o más, y tal equiparación sería completamente injusta. Los demandan-tes no actuaron de mala fe. Su buena fe es evidente. No se introdujeron en la finca de que se trata sin el consenti-miento del dueño; al contrario, el dueño voluntariamente per-mitió la posesión, e hizo más: bonsignó en documento privado que les trasmitía el dominio. La donación no se consignó en escritura pública; tampoco el donatario expresó su acep-tación en escritura pública, pero aceptó la donación entrando en posesión como dueño de la finca donada y así el contrato comenzó a producir de hecho todos sus efectos y continuó produciéndolos durante diez años, y de tal modo lo que no hizo la escritura pública lo hicieron esos diez años de pose-sión en concepto de dueño, pública, pacífica y no interrum-pida. A nuestro juicio, esa es la. interpretación racional de los preceptos del Código Civil relativos a la adquisición por prescripción con buena fe y justo título en relación con los referentes a la donación.

Además, no siendo los demandados los herederos legíti-mos del donante, es bien claro que no tienen acción alguna para impugnar la donación a que se refiere la demanda. Tal acción sólo correspondería en el caso de existir a los here-deros legítimos que según la demanda son otras personas distintas de los demandados.

Por virtud de todo lo expuesto debe revocarse la senten-cia apelada, declararse sin lugar la excepción del demandado y ordenarse a la corte que continúe la tramitación del pleito de conformidad con los principios enunciados en esta opinión.

Revocada la sentencia apelada declarándose sin lugar la excepción previa y ordenán-dose que el pleito continúe su tramitación de acuerdo con la ley.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf y Hutchison.

Los jueces Sres. Presidente Hernández y Asociado Aldrey firmaron “conformes con la sentencia.”


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Sr. Hernández

license: Public Domain

text:
    Jirot, Demandante y Apelante, v. Crispín, Demandada y Apelada.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Humacao en causa sobre divorcio.
    No. 1401.
    Resuelto en mayo 11, 1916.
    Divorcio — Abandono—Deberes Matrimoniales — Voluntad.—La voluntad firme y decidida de uno de los cónyuges de no vivir con el otro cumpliendo con los deberes que le imponen la ley natural y la civil, sostenida esa voluntad por más de un año, es lo que constituye el abandono que, como causa de divorcio, señala el artículo 164, número 5, del Código Civil.
    Id. — Consentimiento o Tolerancia — Voluntad—Término para el Abandono.— La mera separación con consentimiento o tolerancia del otro cónyuge no puede constituir abandono. Es requisito indispensable la nolición del otro cónyuge, y desde que esa nolición se manifiesta empieza a correr el término del aban-dono. Debe demostrarse cómo empezó la separación y cuándo se comenzaron las gestiones para que el cónyuge volviera al bogar.
    Td. — Matrimonio—Contrato Civil — Disolución del Matrimonio. — El vínculo matrimonial, aunque derivado de un contrato civil, no debe ser fácil de disolverse.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Juan B. Euyke.

    La demandada no compareció.
   El Juez Presidente Sr. Hernández

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación interpuesto pol-la ¡larte demandante contra sentencia de la Corte de Dis-trito de Humacao en caso sobre divorcio.

Ante la referida corte, Manuel G-irot Adam presentó de-manda de divorcio en el mes de abril del año 1915, contra su esposa Eulogia Crispín Camacho, alegando como hechos fundamentales de su acción que siendo ambos casados, veci-nos de Vieques, con dos hijos procreados en su matrimo-nio, la demandada, contra la voluntad del demandante sin causa legítima, había abandonado el hogar conyugal hacía más de un año, retirándose a vivir a la casa de su madre, habiendo sido infructuosos los requerimientos hechos por el demandante a la demandada para que volviera a vivir en su compañía, por todo lo cual suplica se declare roto y disuelto el vínculo matrimonial existente entre ambos, con los demás pronunciamientos de ley, y costas a la demandada.

Emplazada Eulogia Crispin para que compareciera á con-testar la demanda, no lo hizo así y fué anotada su rebeldía,, celebrándose el juicio sin su asistencia, con cuyo' resultado! la corte de Humacao pronunció en 6 de agosto de 1915 la. sentencia apelada, declarando sin lugar la demanda con las. costas al demandante.

Alega la parte apelante como único fundamento del re-curso, error cometido en la apreciación de las pruebas.

El artículo 164 del Código Civil Revisado, entre las cau-sas de divorcio enumera bajo el número 5 el.abandono de la mujer por su marido o del marido por su mujer, por un término mayor de un año, y según hemos decidido en el caso-de Moret v. Vázquez, 5 D. P. R. 245, la voluntad firme y decidida de uno de los cónyuges de no vivir con el otro cum-pliendo los deberes que le imponen la ley natural y la civil, sostenida esa voluntad por más de un año, es lo que consti-tuye el abandono que como causa de divorcio señala el artículo citado.

Hemos examinado las pruebas practicadas en el juicio, consistentes en las declaraciones del propio demandante y de dos testigos más, y no encontramos acreditado el aban-dono del esposo demandante por la esposa demandada con los requisitos necesarios para que pueda dar lugar al divor-cio solicitado.

Consta que la demandada ha estado separada del deman-dante por más de un año, pero no cómo empezó la separa-ción, y si bien el demandante practicó gestiones para que-volviera a su lado, no aparece cuándo fué que se iniciaron, esas gestiones, requisito indispensable para poder apreciar que la esposa ha estado separada del esposo por más de un año. La mera separación con consentimiento o tolerancia del otro cónyuge no puede constituir abandono. Es requi-sito indispensable para el abandono la nolición del otro cón-yuge, y desde que esa nolición se manifiesta, • empieza a correr el término del abandono.

No hay razón para que esta corte pueda ir contra la apreciación de las pruebas liecha por la corte inferior. El vínculo matrimonial, aunque derivado de un contrato civil, no debe ser fácil de disolverse. Sánchez v. Soldevila, 6 D. P. R. 225.

Es de confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y TIutcMson.


author: El Juez Peesidente Sr. Heenández

text:
    López, Demandante y Apelante, v. López et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en causa sobre filiación y declaratoria de herederos.
    No. 1452.
    Resuelta en mayo 12, 1916.
    Filiación — Hijos Naturales — Acta de Nacimiento — Posesión del Estado de Hijo Natural — Alcance del Artículo 198 del Código Civil Revisado.— El artículo 198 del Código Civil Revisado que estatuye que la filiación de los hijos se prueba por el acta de nacimiento extendida en el registro civil, por la posesión del estado de la filiación, o por cualquiera otro medio legal, no tiene más alcance que el establecimiento de los medios justificativos del reco-nocimiento.
    Id.' — Hijos Naturales — Reconocimiento Auténtico y Fehaciente — I-Iuo Legí-timo. — La acción de filiación es necesaria cuando el estado de hijo natural no consta por reconocimiento hecho de una manera auténtica y fehaciente, de modo que el hijo natural reconocido pueda hacer constar su condición de tal en la misma forma que el hijo legítimo.
    Id. — Carta Dirigida al Hijo por el Presunto Padre — Apellido—Actos de Reconocimiento — Documento Auténtico y Fehaciente. — Una carta dirigida por el presunto padre al hijo llamándole tal hijo y autorizándole para usar su apellido, si bien es un acto de reconocimiento y puede utilizarse como prueba en una acción de esa índole, no es un documento auténtico y feha-ciente, que excuse de ejercitar dicha acción.

      Id. — Reclamación de Herencia — Reconocimiento Auténtico t Rehaciente.— Cuando un demandante sólo ejercita la acción de reclamación de herencia por haber estimado innecesario el ejercicio de la de filiación sin alegar haber sido reconocido en manera solemne y fehaciente^ carece de causa de acción.
    Id. — Hijo Natural — Duración de la Acción de Filiación — Prescripción.— Aunque un supuesto hijo natural nacido por los años 1881 a 1882 podía ejer-citar su acción de filiación en vida de su presunto padre de acuerdo con el artículo 137 del Código Civil de 1889, como ese artículo fué modificado por el 199 del revisado, en el sentido de que aquélla sólo duraría hasta dos años después de ser el hijo mayor de edad, o en caso de ser mayor de edad en 1902, sólo dos años después de la vigencia de dicho código, no puede en noviembre de 1915 ejercitar tal acción acogiéndose a la Ley de 9 de marzo de 1911, por haber ya anteriormente caducado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Manuel F. Rossy.

    Abogado del apelado: Sr. Henry G. Molina.

   El Juez Peesidente Sr. Heenández

emitió la opinión del tribunal.

El demandante y apelante Guadalupe López presentó de- ' manda en la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., su fecha 16 de noviembre de 1915, contra María Alejandrina y Luis López y Jesús, suplicando que siendo hijo natural reconocido de Alejandro López Fernández se le declare here-dero abintestato del mismo en una tercera parte de su bienes.

Las alegaciones esenciales de la demanda son las siguien-tes :

Que Alejandro López Fernández murió soltero en el pueblo de Río Grande el 31 de julio de 1915, sin haber otorgado testamento;

Que dos hijos naturales reconocidos de Alejandro López, a saber, los demandados María Alejandrina y Luis López, fueron declarados sus herederos abintestato por orden de la Corte de Distrito de San Juan de 5 de noviembre de 1915;

Que el demandante nació en Loíza por los años del 81 al 82 y es hijo natural de Alejandro López, quien lo ha reco-nocido por medio de carta que tiene en su poder y que tex-tualmente dice así:

“Río Grande, diciembre 18 de 1905. Querido Lupito: Es en mi poder tu carta de cuyo contenido quedo enterado y contesto. Tengo buenos informes de tu comportamiento, y confío en que siempre bas de conservar incólume tu honradez que es el blasón más her-moso que puede ostentar el hombre. En esta esperanza, te autorizo para que uses mi apellido. G-uarda esta carta, que es prueba bas-tante para acreditar en todo tiempo que eres hijo mío. La mejor recompensa para mí será que conserves limpio el apellido que te doy. Tu padre, (firmado) Alejandro López.”

A la demanda opusieron los demandados la excepción de no aducir hechos bastantes para determinar una causa de acción y el juez la declaró con lugar por estar prescrita la acción de filiación, desestimando en su virtud la demanda, sin especial condenación de costas, por sentencia de 3 de diciembre de 1915.

Esa sentencia ha sido apelada por el demandante, y para sostener el recurso alega que habiéndolo reconocido Alejandro López por medio de carta en fecha en que regía el artículo 198 del Código Civil Revisado, no cabe exigir que se repita el reconocimiento en un documento público; pero que aun en el supuesto de que fuera necesario ejercitar la acción de reco-nocimiento, ésta no habría prescrito por haberse ejercitado dentro del término que marca el artículo 194 del Código Civil comprendido en la sección Ia. de la Ley No. 73 de 9 de marzo de 1911, o sea dentro del año después de ocurrida la muerte de su pretendido padre.

El artículo 198 del Código Civil Revisado que invoca el recurrente, estatuye que la filiación de los hijos se prueba por el acta del nacimiento extendida en el registro civil, por la posesión del estado de la filiación, o por cualquier otro medio legal. Ese artículo no puede tener más alcance que el que su misma letra indica, o sea, el establecimiento de los medios justificativos del reconocimiento.

Alejandro López practicó ciertamente un acto de recono-cimiento al dirigir al demandante la carta transcrita en la demanda, y mediante ella lo colocó en condición de que pu-diera utilizarla como prueba en una acción de reconocimiento, quedando así obligado Alejandro López a reconocer al de-mandante con arreglo al número 1 del artículo 189 del mismo Código Civil Revisado, según el cual el padre está obligada a reconocer al hijo ilegítimo cuando exista escrito suyo indu-bitado en que expresamente reconozca su paternidad.

Por la carta expresada el demandante no adquirió el es-tado de hijo natural reconocido de Alejandro López, ni quedó excusado de ejercitar la acción de reconocimiento, pues ya hemos dicho repetidas veces que la acción de filiación es necesaria cuando el estado de hijo natural no consta por reconocimiento hecho de una manera auténtica y fehaciente, de modo que el hijo natural reconocido pueda hacer constar su condición de tal en la misma forma que el hijo legítimo. Amsterdam v. Puente et al., 16 D. P. R. 554; Matienzo v. Morales et al., 16 D. P. R. 588; Rijos v. Folgueras, 16 D. P. R., 624; Calaf et al. v. Calaf, 17 D. P. R. 198; y Peñagarícano v. Peñagarícano et al., 19 D. P. R. 494.

La carta que se aleg’a ser demostrativa del reconocimiento no es documento auténtico y fehaciente.

Si se sostiene que por la demanda sólo se ejercita la ac-ción de reclamación de herencia por haberse estimado inne-cesario el ejercicio de la de reconocimiento, no alegando el demandante haber sido reconocido de una manera solemne y auténtica, carecería de causa de acción. Matienzo v. Morales et al., 16 D. P. R. 588; Castro v. Solís et al., 19 D. P. R. 677.

La ley de 9 de marzo de 1911 no es aplicable al recurrente.

El demandante, según se alega en la demanda, nació por los años de 1881 a 1882, y de acuerdo con-el artículo 137 del Código Civil de 1889, hubiera podido ejercitar su acción de filiación en vida de su presunto padre, pero ese artículo fué modificado por el 199 del Revisado, según el cual la acción para reclamar la filiación sólo duraría hasta dos años después de ser el hijo mayor de edad, o en caso de ser mayor de edad, en 1902, sólo dos años después de la vigencia de dicho código, interpretación esta última necesaria a los efectos de que dicho artículo 199 del Código Civil Eevisado pueda- considerarse constitucional.

El demandante no ejercitó la acción de filiación dentro del término de dos años que le otorgaba el artículo 199 del Código Civil Eevisado, y viene a ejercitarla en 16 de noviem-bre de 1915 cuando ya había caducado. La ley citada no puede dar vida a un derecho fenecido. De Jesús v. Sucesión Pérez Villamil, 18 D. P. R. 403; Robles v. Sucesión Pérez, 18 D. P. R. 929; Osorio v. Sucesión Pérez, 18 D. P. R. 932; y Orta v. Arzuaga e Izaguirre et al., decidido en noviembre 30, 1915.

Es de confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison firmó “conforme con la sentencia. ’ ’


author: El Juez Asociado Sb. Aldbey

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Pagán, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en causa por delito de acometimiento y agresión con cir-cunstancias agravantes.
    No. 960.
    Resuelto en mayo 12, 1916.
    Sobreseimiento de un Delito Grave — Nueva Acusación por Delito Menos Grave. — Cuando una acusación por delito grave (felony) es sobreseída y archivada a petición del Fiscal, puede presentarse nueva acusación por delito menos grave (misdemeanor) por no impedirlo el artículo 452 del Código de Enjuiciamiento Criminal.
    Ataque con Intención de Cometer Asesinato — Acometimiento y Agresión con Circunstancias Agravantes — Sobreseimiento Antes de Comenzarse el Juicio — Convicción o Absolución Anterior por el Mismo Delito (Former Jeopardy). — Aunque el delito de acometimiento y agresión con cir-cunstancias agravantes, que es menos grave, está comprendido necesariamente en el delito más grave de ataque con intención de cometer asesinato, para que de acuerdo con el artículo 169 del Código de Enjuiciamiento Criminal el sobreseimiento de -una acusación por este último delito constituya impedí-mentó a una acusación por el primero, es necesario que el sobreseimiento se haya decretado después de haberse comenzado el juicio por el delito más grave, porque una persona no queda expuesta a ser eonvieta de un delito hasta que el juicio comienza ante un tribunal con jurisdicción y mediante acusación válida y suficiente.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Cayetano Coll Cuchí.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sb. Aldbey

emitió la opinión del tribunal. .

Carlos Pagán fné acnsado del delito de atentado a la vida, pero habiendoc sido sobreseída la cansa por el tribunal el día antes del señalado para el juicio a petición del Fiscal, basada en que no tenía evidencia suficiente para probar ese delito, fné presentada nueva acusación en la que se le imputó por el mismo hecho el delito de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes. Al leérsele esta acusación, pidió el sobreseimiento y archivo de la causa fundándose en que el delito de atentado a la vida comprende el de acome-timiento y agresión con circunstancias agravantes, y en el artículo 452 del Código de Enjuiciamiento Criminal por ser menos grave el delito por el que se le persigne en la segunda acusación. La petición fué desestimada por el tribunal inferior quien, celebrado el juicio, lo declaró culpable y le im-puso pena, contra cuya sentencia apeló el acusado.

La única cuestión que surge de la transcripción y que oralmente propuso el abogado del apelante es la de si fué errónea o no la resolución que desestimó la moción de que hemos hecho referencia.

El artículo 452 que se cita dispone que el sobreseimiento de una causa imposibilita la formación de otro proceso por el mismo delito, si éste es un delito menos grave, pero no así cuando el delito es muy grave, precepto que carece de aplicación en el presente caso porque el primer delito sobre-seído no era menos grave sino muy grave.

El otro motivo que tuvo el apelante para solicitar el sobre-seimiento puede considerarse como una alegación basada en el artículo 169 del mismo código, según el cual si el acusado hubiere sido convicto o absuelto de una acusación o estado en peligro alguna vez por la misma, tal convicción, absolu-ción, o peligro constituirá impedimento a una nueva acusa-ción por el delito imputado en la anterior, o por tentativa de cometerlo, o por cualquier delito necesariamente compren-dido en la misma de que hubiere pedido ser convicto en vir-tud de dicha acusación.

Aunque el delito de acometimiento y agresión con circuns-tancias agravantes, que es menos grave, está comprendido necesariamente en el delito grave de atentado a la vida porque el primero es el segundo con la sola diferencia de que en éste existe la intención de cometer asesinato al realizar el acometimiento y agresión, sin embargo, para que el sobre-seimiento de una acusación de atentado a la vida constituya impedimento a otra acusación por el delito de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes, es necesario que el sobreseimiento se haya decretado después de haberse co-menzado el juicio por el delito grave, porque una persona no ha estado expuesta a ser convicta de un delito hasta que el juicio comienza ante un tribunal con jurisdicción, mediante una acusación válida y suficiente para poder sostener una convicción. 12 Cyc. 261, 268.

Habiendo sido sobreseído en este caso el primer proceso antes de comenzar el juicio, no estuvo el apelante en peli-gro de ser condenado del delito menor de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes por el que después fué condenado y fué propiamente desestimada su moción de sobreseimiento.

La sentencia apelada debe ser confirmada. •

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: «El Juez Asociado Se. Wole

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Barrios, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en cansa por homicidio voluntario.
    No. 896.
    Resuelto en mayo 12, 1916.
    Homicidio Voluntario — Acusación—Ntjeva Acusación — Enmiendas a la Acu-sación — Sobreseimiento de la Acusación. — Una acusación imputando un delito de homicidio voluntario fué presentada dentro del término prescrito por el artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal. A una moeión para enmendar hecha el día señalado para juicio, aquella acusación fué sobre-seída y una nueva presentada. En ese mismo día fué declarada sin lugar una moción para que se sobreseyera la acusación, basada en dicho artículo, y se celebró el juicio sin más oposición por parte del acusado. Se resolvió: Que como el acusado no estuvo detenido para responder de la comisión del .delito hasta después de los 60 días de haberse concedido el permiso para enmendar, dicho artículo no es de aplicación; que la manera de enmendar toda alegación es presentando una nueva y no hay razón para que las acusa-ciones estén excluidas de esta regla; que bajo la teoría de que la acusación enmendada era una completamente nueva, el objeto de dicho artículo fué llevado a cabo al sobreseerse la primera acusación; que de acuerdo con el artículo 452 de dicho código, el sobreseimiento de la primera acusación no constituye "impedimento para la presentación de la segunda.
    Pruebas — Declaración de un Moribundo — Res Gestae — -Debilidad—Peso de la Prueba — Prueba de Refutación — Anticipación de Defensa — Cuestión de la Incumbencia del Jurado. — Una declaración en artículo de muerte forma parte del hecho consumado (res gestee) y no debe ser rechazada simplemente porque exista otra prueba directa. La objeción de que el moribundo no podía haber tenido perfectamente sana su inteligencia puesto que había prueba de su estado de debilidad, se dirige al peso de la prueba y es de la incumbencia de la corte inferior. La objeción de que la declaración en artículo de muerte contiene materia de refutación en anticipación de una defensa va dirigida contra su credibilidad y es de la incumbencia del jurado.
    Defensa Propia — Amenazas—Carácter del Interfecto. — Una amenaza hecha • por la víctima contra el acusado pero de la cual éste no tenía conocimiento no pudo despertar en él un temor que sirva de fundamento a la alegación <le defensa propia. Puede admitirse prueba de refutación para demostrar el buen carácter de la víctima después de haberse hecho la impugnación al mismo.
    Instrucciones al Jurado — Homicidio Voluntario — Deber de la Persona Aco-metida — Evasión—Ataque en Sitio en que la Persona Acometida Tiene Derecho a Estar — Defensa Propia. — La instrucción de qtíe un hombre en un camino público está obligado a huir de un agresor si puede hacerlo así sin riesgo, es errónea. Un hombre no está justificado en buscar una pelea, pero cuando sin culpa suya es atacado en un sitio en que tiene derecho a estar, de tal modo que su vida corre peligro inminente, no está obligado a huir, ni a tomar en consideración ese hecho, sino que puede permanecer en el sitio y defenderse hasta causar la muerte del agresor si fuere razonable-mente necesario.
    Id. — Excepciones — Instrucciones Adicionales — Error Fundamental. — El hecho de que no se formulara excepción a las instrucciones tal como fueron dadas y de que el juez negara instrucciones adicionales presentadas por escrito porque no le fueron entregadas antes de empezar él sus instrucciones, no im-pide a esta corte revisar las instrucciones tal como fueron trasmitidas al jurado para ver si se ha cometido error fundamental alguno.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Angel A. Vázquez y José de Diego.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   «El Juez Asociado Se. Wole

emitió la opinión del tribunal.

En una acusación que fué formulada en la Corte de Dis-trito de Mayagüez se imputaba a Rogelio Barrios la comi-sión de un delito de homicidio voluntario del cual fué decla-rado culpable. Se alega que la corte cometió error por no haber sobreseído el proceso de conformidad con el artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal que ordena dicho so-breseimiento cuando no se ha presentado la acusación den-tro del término de sesenta días desde la fecha en que una persona es detenida para responder de un delito público. Se ha admitido que fué presentada oportunamente una acu-sación original. El juicio de la causa fué señalado para el día 4 de mayo, 1915. Ese día compareció ante la corte el Fiscal y solicitó permiso para presentar una acusación en-mendada con el fin de alegar correctamente la fecha en que se cometió el delito. La moción fué concedida, la acusación anterior sobreseída y cancelada la fianza prestada por el acu-sado. Inmediatamente después fué formulada una nueva acu-sación subsanando el defecto y haciendo enmiendas en otros particulares de menos importancia. Entonces el acusado pre-sentó una moción de sobreseimiento por el fundamento al cual se ha hecho referencia. La corte declaró sin lugar dicha moción y el caso fué juzgado el mismo día. El acusado no solicitó prórroga ni formuló ninguna queja en la corte inferior o ante este tribunal por el fundamento de sorpresa, o por no estar listo para el juicio con motivo de la enmienda.

El objeto del artículo 448, es asegurar al acusado una rápida notificación y juicio de su cansa. El acusado no fué demorado en manera alguna por la acción de la corte al per-mitir que se hiciera la enmienda. La acusación original fué presentada oportunamente. Si hubiera sido detenido el acu-sado para responder de la comisión del delito por un término de sesenta días después de concedido el permiso para hacer enmiendas, podría ser aplicable al caso el artículo 448, pero generalmente ese artículo no es de aplicación a una acusa-ción enmendada. La corte tendría alguna discreción. Hace-mos referencia a los casos de El Pueblo v. Rivera, 9 D. P. R. 439; Ex parte Arroyo, 15 D. P. R. 127; El Pueblo v. Ayala, 19 D. P. R. 936, por ser casos que tienen más o menos seme-janza con esta cuestión.

En el acto de la vista el apelante insistió en el hecho de que el Gobierno, en vez de hacer enmiendas, presentó ente-ramente una nueva acusación y, por tanto, que la segunda o verdadera acusación no fué presentada dentro de los sesenta días desde que se hizo el arresto. Generalmente la forma en que se enmienda una alegación es presentando una nueva y no hay razón alguna por la cual deban quedar excluidas de esta práctica las acusaciones. En el supuesto de que la acusación presentada era enteramente nueva aparece que Ja primera acusación en realidad fué sobreseída y archivada y cumplido el objeto principal del artículo 448. Al presentarse la segunda acusación el acusado inmediatamente estuvo listo para el juicio, no constituyendo impedimento legal para la presentación de la segunda acusación, según el artículo 452 del Código de Enjuiciamiento Criminal, el sobreseimiento dé la primera acusación.

El segundo señalamiento de error se refiere a la admi-sión en evidencia de la declaración hecha por una persona en artículo de muerte (dying declaration). El apelante pa-rece fundarse principalmente en su alegato, en el hecho de que existían otras pruebas tendentes a acreditar las mismas cuestiones referidas en dicha declaración. La corte tiene cierta discreción en la admisión de prueba acumulativa, pero una declaración prestada por un moribundo (dying declaration) jamás debe ser rechazada porque exista simplemente otra prueba directa. La necesidad de estas declaraciones a la cual hacen referencia las decisiones, se relaciona con el hecho de que la declaración de la persona en particular, del moribundo, no puede obtenerse de otro modo y no depende de si otros testigos pueden prestar igual declaración o una parte de la misma. People v. Fong Ah Sing, 64 Cal. 253, 21 Pac. 233; 21 Cyc. 975. La declaración de una persona mori-bunda (dying declaration) forma parte del hecho consumado res gestes en cuanto a la admisión de pruebas y se rige por principios semejantes.

Otra objeción que fué formulada a la declaración del mori-bundo era que el hombre que moría, no podía haber tenido perfectamente sana su inteligencia, como dice, puesto que va-rios testigos declaran acerca de su estado de debilidad. Pero no hubo prueba de que no fuera inteligente y de sano enten-dimiento. Y esta forma de objeción se dirige al peso de la prueba que fué suficiente para evitar que modifiquemos, por este fundamento, la acción tomada por la corte al admitir-la declaración.

Se hizo otra impugnación a la declaración prestada por el moribundo, por contener materia de refutación. En ella se decía que cuatro o cinco testigos no estaban presentes en la fecha del ataque. El interfecto suponía de antemano que estas personas serían llamadas a sostener el caso del acu-sado. No sabemos cómo sabía el moribundo que estos testi-gos serían traídos a declarar, si bien ellos parecen haber es-tado relacionados con los sucesos conducentes al homicidio. Acaso contestando a preguntas que se le hicieron. Su decla-ración hasta pudo ser falsa. Esa era una cuestión de la in-cumbencia del jurado. La objeción realmente va dirigida contra la credibilidad.de la declaración del moribundo y no contra el proceder de la corte al admitirla. Las anteriores fueron las principales objeciones alegadas en el acto de la vista, pero discutiremos otras que ban sido promovidas en el alegato.

Una manifestación hedía por un testigo tendía a mostrar que el interfecto Padilla tenía una fuerte animosidad contra Barrios y había dicho que si Barrios aparecía muerto sería a manos de Padilla. Pero el testigo negó que jamás hubiera comunicado esta amenaza a Barrios. ' La defensa propia fué la alegación del acusado y era evidente que si éste no hubiera tenido conocimiento de esa amenaza ella no hubiera podido despertar un temor razonable en él. La cues-tión ha sido discutida extensamente en el caso de El Pueblo v. Sutton, 17 D. P. R. 345, estando de acuerdo en cuanto a este punto, tanto la opinión de la mayoría del tribunal como la disidente emitida por el Juez Asociado Sr. MacLeary.

La corte no cometió error al negarse a eliminar la prueba de refutación tendente a demostrar el buen carácter de Padilla, presentada después de la impugnación que se hizo del carácter del interfecto.

El siguiente error que ha sido alegado es que el vere-dicto del jurado es contrario a la prueba. No discutiremos este error con mayor extensión sino para decir que si no hu-biera sido alegado ningún otro error hubo prueba tendente a mostrar que en una lucha el acusado mató a otro hombre y que de acuerdo con la prueba el jurado tenía derecho a decir que él no ejecutó el acto en defensa propia, como sostiene el apelante.

Existen varios señalamientos con respecto a las instruc-ciones. Con una sola excepción, no encontramos que haya habido error alguno. La corte expuso correctamente la ley relativa al delito de homicidio en general, y a los principios que regulan la defensa propia, pero incurrió en error al decir que un hombre parado en la carretera estaba obligado a huir de su agresor si podía hacer esto sin peligro. La corte dijo lo siguiente: “Cuando una persona es atacada en su propia' casa, en ese caso, según la ley, la persona agredida o acome-tida no tiene obligación de retirarse, de huir y evitar el en-cuentro, la persona puede quedarse en su sitio y defender su casa contra el ataque violento de otra persona, y si es necesario, causar la muerte de su agresor, pero no es así en un caminó público, en una carretera de Puerto Rico. En ese caso, es el deber de la persona evitar la necesidad de la muerte, y si puede evitarlo retirándose, saliendo huyendo de su agresor es su deber hacerlo.” También informó la corte al jurado que ninguna persona está obligada a reti-rarse si al huir corre el riesgo de morir o de recibir daños corporales.

El artículo 209 del Código Penal prescribe que también podrá justificarse el homicidio cuando lo cometiere alguna persona en cualquiera de los casos siguientes:

"1. * * *
“2. * * *
“3. Cuando se comete en legítima defensa de dicha persona, o de la esposa o esposo, padre o madre, hijo, amo o sirviente de tal persona, siempre que hubiere motivos fundados para sospechar que existe el propósito de cometer un delito grave (felony), o de inferir grave daño corporal, o inminente riesgo de que tal propósito se realice; pero dicha persona, o la persona cuya defensa se intentare, si fuere el agresor, o estuviere empeñada en lucha mortal, deberá tratar de desistir de ella, antes de cometerse el homicidio.”

interpretando un artículo equivalente, .la Corte Suprema de California, a la cual seguimos generalmente en asuntos criminales, dijo que desde luego un hombre no estaba jus-tificado en buscar una pelea, pero cuando un hombre sin culpa suya se veía de repente atacado, de tal modo que su vida o seguridad personal corre peligro inminente, no estaba obligado a huir o a tomar en consideración el hecho de huir, sino que podría permanecer en su sitio y defenderse hasta el punto de causar la muerte de su agresor si razonablemente era necesario. People v. Newcomer, 118 Cal. 273. La corte cita las decisiones de los casos de People v. Lewis, 117 Cal. 186; People v. Hecker, 109 Cal. 467, y la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de Beard v. United States, 158 U. S. 550. En el caso de People v. Hecker, supra, la corte se expresó en los siguientes términos:

“De modo que aunque el tener que matar, todavía tiene que ser debido a una necesidad absoluta, real o aparente, se considera como cuestión legal que existe esa necesidad absoluta cuando una persona sin culpa se encuentra en tal peligro inminente. El derecho a per-manecer en su propio lugar debe constituir un elemento de las instruc-ciones referentes a la necesidad de tener que ocasionar la muerte y del derecho de defensa propia.”

En un número de los casos de California el acusado estaba en su misma casa o en su propio terreno, pero el lenguaje de la corte es de aplicación al caso más general en que un hombre está en un sitio en que tiene derecho a estar. En People v. Maughs, 149 Cal. 253, el acusado era un empleado y la persona a quien se dió muerte se encontraba en su pro-pia casa y la corte resolvió que el acusado no estaba en la obligación de huir. Al comentar sobre este caso la Corte de Distrito de Apelaciones del Primer Distrito de California en el caso de People v. Webber, 147 Pac. 102, llamó la atención hacia el hecho de que en el caso de Maughs el hombre a quien se le dió muerte se encontraba en su propia casa y el acusado era un empleado y, por tanto, que de ahí se dedu-cía que no importa dónde pueda estar una persona, si tiene derecho a estar allí y se le ataca ilegalmente puede quedarse en su puesto y matar en defensa propia a su adversario, cuando cree como hombre razonable que está en peligro de perder su vida o de recibir grave daño corporal a manos de su agresor. Y cita la corte otros casos.

Algo parecido a la instrucción que dió la corte era la doctrina de la ley común, por lo menos como ha sido inter-pretada en algunas jurisdicciones, pero la regla ha sido inter-pretada de modo distinto en otros Estados. Toda la mate-ria ha sido considerada en la nota al caso de State v. Gardner, (Minn.) 2 L. R. A. (N. S.) 49.

Nuestro código lia sido tomado de California; el len-guaje del artículo transcrito es general y' no vemos razón por la que hayamos de darle una interpretación que ha sido atribuida a la ley común. Por el contrario, si un hombre está en su derecho puede permanecer en su puesto. Desde luego que debe tener razón. No debe buscar deliberadamente un sitio para provocar a su adversario o esperarlo preme-ditadamente.

Hubo prueba en este caso tendente a demostrar que mien-tras el acusado iba por la carretera tenía que pasar por donde estaba Padilla, el hombre que fué muerto; que el acusado iba montado en una yegua; que la yegua estaba cansada; que el acusado se dió cuenta de que Padilla estaba para alcan-zarlo con un machete 3r que el machete lo usaba en forma amenazadora; que él, el acusado, disparó por su espalda para desviar el ataque y dice el acusado que sin la intención de matar a Padilla. No expresamos nuestra opinión acerca de la credibilidad de estas manifestaciones, pero hubo prueba tendente a sostener lo dicho por el acusado, no solamente de otros de sus testigos, sino también de los testigos de la acusación y en la declaración del moribundo Padilla se admi-tía la posesión del machete.

No se formuló excepción alguna a la instrucción en la forma en que fue dada. Al terminarse las instrucciones el acusado^ ofreció a la corte un número de instrucciones por escrito en la que estaba incluida una acerca de lo que dice la ley con relación al hecho de tener que huir. La corte negó estas instrucciones solamente por el fundamento de que la regia de la corte exigía que las instrucciones por escrito debían ser presentadas antes' de empezar el juez a instruir al jurado. Ello no impide que en uso de nuestras faculta-des revisemos las instrucciones que fueron dadas sin ser ex-cepcionadas, para ver si ha sido cometido algún error fundamental por la corte inferior. El Pueblo v. Lebrón, resuelto en marzo 30, 1916. Esta facultad que hemos ejercitado con cautela, nos la confiere la ley de mayo 30, 1904.

Como existió prueba en el ¿aso tendente a demostrar que el acusado se encontraba en un sitio en que tenía derecho a estar y en donde su defensa la hizo solamente para pro-tegerse de un ataque repentino, su caso fué sometido al jurado sin la debida instrucción, o con una instrucción erró-nea en lo que respecta al deber en que estaba de huir. Hubo un volumen de prueba contradictoria y de ella no podemos; llegar a la conclusión de que la cuestión de la necesidad de huir no era importante para la consideración del jurado.

Consideramos que el error es fundamental y por tanto, debe ser revocada la sentencia, debiendo devolverse las actua-ciones a la corte inferior para la celebración de un nuevo, juicio.

Revocada- la sentencia apelada y ordenada-la celebración de un nuevo juicio.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. del Toro no intervino en la vista de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Aldeey

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Rodríguez, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distinto de Aguadilla en causa sobre adulteración de leche.
    No. 906.
    Resuelto en mayo 15, 1916.
    Delito Contra la Salud Pública — Salud Pública — Adulteración de Leche— Leche Adulterada — Conocimiento—Delito.—Cuando la leehe está adulte-rada no es necesario probar que quien la vende, ofrece o tiene a la venta en ese estado, tenía conocimiento de la adulteración, porque la ley no exige ese requisito, y no es necesario presentar testigos que viesen al acusado adul-terarla.
    Id. — Ferrocarril—Envases Precintados y Marcados — Leche . Adulterada.— Cuando la leche es enviada por el vendedor al comprador, por ferrocarril, en envases precintados con plomo y mareados con cartones indicando su proce-dencia, y al abrirse los envases se encuentra adulterada con agua, sin que exista prueba alguna de que hubieran sido violentados los precintos, no puede sostenerse que la leelie que resultó adulterada no fuera la misma vendida como pura, por no liaber sido encontrada en tal estado en poder del vendedor o de algún empleado suyo.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Juan García Ducós.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Aldeey

emitió la opinión del tribunal.

El apelante Ramón Rodríguez Yélez tiene en Isabela, pueblo del Distrito Judicial de Agmadilla, una vaquería y se dedica al negocio de vender leche a otras personas envián-dola en ferrocarril en envases cerrados con precintos y mar-cados con cartones indicando su procedencia. Uno de sus compradores es Manuel Acevedo quien en Mayagüez se dedica a la venta de leche al por menor y habiendo visitado su esta-blecimiento en abril de 1915 un inspector de sanidad, cuando aún los envases recibidos de Ramón Rodríguez Yélez esta-ban sin abrir y precintados, rompió éstos de algunos de aqué-llos y habiendo tomado muestras de la leche que contenían las envió al Laboratorio Químico Bromatológico de' San Juan el qúe, en vista del análisis que hizo de ellas, llegó a la conclu-sión de que la leche estaba adulterada con agua, hecho que fué aceptado en el juicio por el acusado Ramón Rodríguez Yélez, quien habiendo sido convicto del delito de vender como pura leche de vaca que estaba adulterada con agua, estableció este recurso de apelación en el que solicita que revoquemos la sentencia pronunciada contra él y lo absolvamos por el fun-damento de que la prueba no demostró ‘ que cuando vendió la leche a Acevedo estuviera adulterada.

Las razones que expone el apelante en apoyo de su ale-gación son: que ningún testigo vió que él adulterara la leche; que no se probó que la leche que resultó adulterada sea la misma que vendió a Acevedo, ni que vendiera como pura leche adulterada pues no se encontró en tal estado en su poder ni en el de algún empleado suyo.

Cuando la leche está adulterada no es necesario probar que quien la vende, ofrece, o tiene'a la venta en ese estado tiene conocimiento de la adulteración porque la ley no exige ese requisito. Según dijimos en el caso de El Pueblo v. Gautier, 20 D. P. R. 329 “la ley castiga el mero hedió de tener u ofrecer en venta leche adulterada o diluida, y no es necesario, por tanto, probar que la persona acusada fué quien la adulteró o que sabía que estaba adulterada.” La misma doctrina es aplicable al que vende leche adulterada, y no necesitaba el Fiscal presentar testigo que viese que el ape-lante adulteró la leche que vendió.

No tiene razón el apelante al sostener que la prueba no demostró que la leche que resultó adulterada fuera la misma que vendió a Acevedo por el hecho de que estuviera algo flojo el precinto del envase del cual tomó la muestra el inspector de sanidad y porque éste no entregó al apelante dupli-cado de dicha muestra. Se probó claramente que el inspector visitó el depósito de leche de Acevedo en Mayagüez a las siete de la mañana casi en el momento de llegar la leche y que, aunque el precinto del envase que dió la leche adul-terada no estaba tan machacado como los demás, no había sido quitado el precinto. No hubo prueba en contra de esta afirmación y, por tanto, no hay dato para poder sostener que la leche que contenía no era la misma que vendió el apelante, quien envía sus envases con leche a Acevedo precintados con plomos para estar garantido de que no son abiertos sino por la persona a quien los remite. En cuanto a que no se le entregó por el inspector de sanidad duplicado de las mues-tras que tomó para enviar al laboratorio para su análisis, no hubo prueba alguna sobre si tal duplicado se entregó o no al apelante o a Acevedo, y, por tanto, es innecesario que consideremos esa cuestión.

Para terminar diremos que no hay duda alguna por la prueba de que la leche que resultó adulterada fué vendida por el apelante a Acevedo y el hecho de que cuando se. encon-tró adulterada no estaba en su poder ni en el de sus emplea-dos no destruye el hecho de que la vendió adulterada, dado que el comprador ni otra persona pudieron adulterarla por-que estaban los precintos de garantía en condición que no puede sostenerse que hubieran sido violentados.

No hay motivos para la revocación y la sentencia debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. del Toro no intervino en la vista de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Aldbey

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado v. Astacio, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayaguez en causa por delito de acometimiento y agresión.
    No. 951.
    Resuelto en mayo 15, 1916.
    Acometimiento y Agresión — Acometimiento y Agresión Simple Calificado-como Grave — Calificación Errónea no Produce Perjuicio. — No existe per-juicio alguno para un acusado en ser sometido a juicio con una denuncia cuyos; hechos imputaban un delito de acometimiento y agresión simple aunque estu-vieran calificados como de acometimiento y agresión con circunstancias agra-vantes, porque los hechos que se imputan y no la calificación que de ellos, haga el denunciante es lo que ha de servir de base para el juicio y la. sentencia.
    Id. — Intención Criminal — Elementos Esenciales.- — De acuerdo con la ley de-10 de marzo de 1904 para derogar el artículo 237 del Código Penal y para determinar y castigar acometimiento, y acometimiento y agresión simple O' con circunstancias agravantes, la intención de causar daño es un elemento-esencial del delito de acometimiento y agresión, pero como la intención es un estado de la mente hay que deducirla de los hechos que se realizan conforme al artículo 12 del Código Penal.
    Id. — Intención Criminal — Daño Corporal — Consecuencias Naturales. — Para que la' intención exista basta que el daño corporal sea el resultado de la con-ducta ilegal de la persona, porque la ley supone que toda persona intenta las-consecuencias naturales y razonables de sus actos voluntariamente ejecutados.
    Id. — Bicicleta—Velocidad—Viandante—Daño Corporal. — Cuando un acusado camina en bicicleta a una gran velocidad por las calles de una población y como consecuencia de esta conducta voluntaria e ilegal arrolla a un viandante causándole daño corporal, es culpable de acometimiento y agresión.
    Id. — Velocidad—Peligro—Intención Criminal — Daño Corporal.- — Quien por las calles de una población corre su vehículo a tal velocidad que crea un peligre para los que transitan por ellas, no puede negar que tuvo la intención de producir daño corporal a cualquiera de aquéllos, aunque no la tuviera para una persona determinada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: \Sr. Abraham Peña.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Aldbey

emitió la opinión del tribunal.

Genaro Astaoio fue denunciado por un delito de acome-timiento y agresión grave porque yendo montado en una bicicleta que corría a gran velocidad por una calle del pueblo de Cabo Rojo maliciosa, voluntaria y criminalmente arro-lló con dicho vehículo a la niña Monserrate Padilla, con la intención de producirle grave daño corporal, tirándola al suelo, partiéndole un diente y cansándole contusiones en la pierna y mano derecha.

El denunciado excepcionó la denuncia fundándose en que no alega que él sea un varón adulto y el tribunal inferior, estimando que la denuncia puede considerarse como de aco-metimiento y agresión simple, desestimó la excepción ha-ciendo constar que consideraría el caso como de acometi-miento y agresión simple, resolución que fué excepcionada por el denunciado. Celebrado el juicio y declarado culpable del delito de acometimiento y agresión simple, interpuso el pre-sente recurso de apelación.

La primera cuestión que promueve el apelante es que el tribunal inferior cometió error al declarar sin lugar la ex-cepción perentoria que opuso a la denuncia por cuanto ésta adolecía de un defecto esencial y que debió ordenar el sobre-seimiento y archivo de la causa y no someterlo a juicio por acometimiento y agresión simple para el cual no estaba pre-parado.

Respecto de esta cuestión nos bastará decir que no hubo perjuicio alguno para el apelante en ser sometido a juicio con una denuncia cuyos hechos imputaban un delito de aco-metimiento y agresión simple, aunque estuvieran calificados como constitutivos de acometimiento y agresión grave, por-que los hechos que se imputan y no la calificación que de ellos haga el denunciante, son los que lian de servir de base para el juicio y la sentencia. El Pueblo v. Zambrana, 18 D. P. R. 758.

En el otro motivo del recurso sostiene que la prueba no demostró que tuviera intención de causar a la niña Mon-serrate Padilla el daño que le produjo.

No bay duda de que de acuerdo con-la ley de marzo 10 de 1904 para derogar el artículo 237 del Código Penal y para determinar y castigar acometimiento y acometimiento y agresión simple o con circunstancias agravantes la inten-ción de causar daño es un .elemento esencial del delito de acometimiento y agresión, pero como la intención es un es-tado de la mente bay que deducirla de los becbos que se realizan y por esto el artículo 12 del Código Penal dice que la intención criminal se manifiesta por las circunstancias rela-cionadas con el delito y el sano juicio y discreción del acu-sado, así como que se presume por la manera y delibera-ción con que se intente o cometa un acto ilegal con el pro- ' pósito de perjudicar a otro. Para que la intención exista basta que el daño corporal sea el resultado de la conducta ilegal de otra persona porque la ley supone que toda persona intenta las consecuencias naturales y razonables de sus actos voluntariamente ejecutados. Artículo 102, No. 3 de la Ley de Evidencia. En consecuencia, para poder determinar si el apelante tuvo intención criminal de causar el daño que produjo a Monserrate Padilla es necesario que expongamos la manera cómo ocurrieron los becbos .que dieron ese resul-tado.

La prueba sin contradicción demostró que el apelante iba a tan gran velocidad en su bicicleta por la calle en que ocu-rrió el suceso que algunas personas le llamaron la atención de que iba a atropellar a alguien y que cuando sin disminuir su marcha volvió la cabeza para contestar a los que le hicie-ron esa advertencia arrolló a la niña Padilla que estaba cerca de la cuneta, produciéndole los daños que se expre-san en la denuncia.

De acuerdo con la doctrina que liemos expuesto en el caso de El Pueblo v. Blandford, resuelto en 24 de marzo de este año, los viandantes deben ser respetados en su dere-cho de transitar por las calles y caminos y la persona que infringe ese derecho realiza un acto ilegal cuyas consecuen-cias debe sufrir. Al caminar el apelante con su bicicleta por las calles de Cabo Bojo con una velocidad grande, a tal punto que otras personas preveyeron que iba a atropellar a alguien debía presumir que iba a causar daño corporal a algún vian-dante, pues cualquiera persona de razonable juicio sabe que el acto de guiar un vehículo'a gran velocidad por sitios donde ordinariamente ha de encontrar personas a pie produce gene-ralmente colisiones, por lo que, de su conducta puede dedu-cirse que intentó el mal que produjo a la niña Padilla ya que como hemos dicho, toda persona intenta los naturales y probables efectos de sus actos. El atropello y lesiones sufri-das por la niña no fueron consecuencia de un descuido suyo ni de un acto puramente casual sino la consecuencia natural de su acto voluntario e ilegal de correr su bicicleta con una velocidad peligrosa para los transeúntes. Quien por las calles de una población corre su vehículo a tal velocidad que crea un peligro para los que transitan por sus calles no puede negar que tuvo la intención de producir daño corporal a cualquiera de aquéllos, aunque no la tuviera para una persona determinada. Com. v. Hawkins, 157 Mass. 551.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada. ■

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Wole

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Canales, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en cansa por delito de acometimiento y agre-sión con circunstancias agravantes.
    No. 955.
    Resuelto en mayo 15, 1916.
    Acometimiento y Agresión — Piedra—Flecha u Honda — Daño Corporal — In-tención Criminal. — El tirar piedras con una flecha u honda contra una - persona causándole daño en su cuerpo, constituye, un delito de acometimiento y agresión; infiriéndose del acto mismo la intención de causar daño pues se presume que toda persona conoce las consecuencias naturales y probables de sus actos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Antonio Trujillo Güil.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mostré, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Wole

emitió la opinión dol tribunal.

Un muchacho, el acusado Claudio Canales, tiró por juego una piedra con una flecha a otro muchacho, causándole con ello un daño de tal naturaleza que perdió la visión. Claudio Canales fué juzgado por un delito de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes y declarado culpable y condenado a sufrir dos años de cárcel que es el máximum que fija la ley. El único error que ha sido alegado fué el no haber habido malicia por parte del acusado, y por tanto que no pudo existir ningún acometimiento y agresión, pues la intención de causar daño era un elemento esencial. Pero la intención puede inferirse del acto mismo, pues se presume que una persona conoce las consecuencias naturales y probables de sus actos. Por un hecho semejante fué declarado culpable un acusado en el caso de El Pueblo de Puerto Rico v. Bianchi, 18 D. P. R. 576. Yéase también el caso de El Pueblo v. Astado, resuelto hoy, y El Pueblo v. Blandford, sentencia de marzo 24, 1916.

Además, es bastante perverso un muchacho que coge una piedra y la tira violentamente contra otra persona. Tales hechos no han de ser tolerados y debe confirmarse la sen-tencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. bed Toko

text:
    Díaz et al., Peticionarios y Apelados, v. Cividanes, Opositor y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de G-uayama en procedimientos de administración judicial.
    No. 1399.
    Resuelto en mayo 16, 1916.
    ADMINISTRACIÓN JUDICIAL-NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR — CÓNYUGE VIUDO-Preferencia en el Nombramiento — Medidas Provisionales en Casos de Ausencia — Viuda.—Si bien la redacción del artículo 31 de la Ley de Pro-cedimientos Legales Especiales es algo confusa, debe concluirse que establece una preferencia a favor del cónyuge viudo en cuanto al nombramiento de administrador de la herencia, preferencia que no sólo está conforme con los precedentes legales españoles, si que también con los ingleses y americanos, y además es armónica con las disposiciones del Código Civil vigente, artículos 94 y 932, relativas a las medidas provisionales que deben tomarse en casos de ausencia y a las precauciones que deben adoptarse cuando la viuda queda en cinta.
    Id. — Preferencia a Pavor del Cónyuge Viudo — Disgustos con los Demás He-rederos — Obstáculos Insuficientes — Planza—Cuentas de la Administra-ción — Supervisión del Juez. — La preferencia a favor del cónyuge viudo no es, sin embargo, tan indiscutible, que deba siempre prevalecer cuando existan razones poderosas que hagan necesario nombrar administrador a otra persona; pero meros disgustos con los demás herederos que puedan traer como con-secuencia algunos obstáculos y entorpecimientos, no son bastantes para excluir al viudo de la administración de la herencia cuando su capacidad y honradez como en este caso son reconocidas y cuando su gestión quedará además garan-tida por la fianza que preste, por las cuentas que rinda y por la supervisión que sobre él ejerza la propia corte que lo nombre.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los peticionarios: Sres. Tomás Bernardini de la Huerta y Jorge V. Domínguez.

    Abogados del opositor: Sres. Miguel Zavaleta, (7. Do-mínguez Rubio y Eduardo Acuña.

   El Juez Asociado Se. bed Toko

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn caso sobre administración judicial.

El 18 de mayo de 1915 María Hortensia, María Isolina y Pastor Díaz y Molinaris presentaron una petición jurada por el último, a la Corte de Distrito de Gnayama solicitando la administración judicial de los bienes de Doña Rufina Moli-naris, madre de los peticionarios, fallecida el 3 de julio de 1914 sin baber otorgado disposición testamentaria. A la petición se acompañó el acta de defunción de la Señora Moli-naris.

El 20 de mayo de 1915 se retiró como peticionario Pastor Díaz y la corte lo tuvo por .retirado. El mismo día se ordenó por la corte la citación del cónyuge sobreviviente y de los herederos de la finada y acreedores de la herencia para una junta que debía celebrarse el 26 del propio mes para tratar del asunto.

En dicho día comparecieron los peticionarios por su abo-gado; el cónyuge sobreviviente por el suyo, y el otro here-dero, Pastor Díaz, también por su abogado. Según la peti-ción dichos comparecientes constituían todos los herederos de la Señora Molinaris. Se leyó la solicitud, el heredero Pastor Díaz manifestó que nada tenía que oponer a que se concediera la administración solicitada, y el cónyuge viudo, por su abogado, admitió como ciertos los hechos alegados en la petición y manifestó que se oponía a la administración a menos que se le nombrase como administrador.

Con tales antecedentes como base, la corte, el mismo día 26 de mayo de 1915, declaró que “apareciendo existir razo-nes suficientes para que la corte no ejercite su discreción nombrando al cónyuge sobreviviente, o a alguno de los inte-resados en la herencia,” designaba administrador a Rafael Palés Díaz, previa prestación de una fianza por la suma de $15,000.

El 28 del mismo mes y año, Cividanes, el cónyuge sobre-viviente, pidió a la corte que reconsiderara su orden del 26i La corte declaró en suspenso dicha orden y otra vez, el 8 de junio de 1915, comparecieron las mismas partes ante ella y discutieron el caso practicándose algunas pruebas. Final-mente la corte, el 9 de junio de 1915, ratificó su anterior reso-lución. Y contra esa resolución de la corte interpuso Civi-danes el presente recurso de apelación.

A los efectos de fijar bien los términos de la cuestión que se debate en el recurso, transcribiremos en lo que sea per-tinente, la resolución apelada. Después de narrar los hechos, el juez sentenciador se expresa así:

"Antes de discutir la cuestión de hecho, discutiremos la cuestión de derecho planteada por el abogado del Sr. Cividanes, consistente en que de acuerdo con el artículo 31 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales debía la Corte nombrar el cónyuge superviviente. Este artículo dice como sigue:
" ‘El día y hora señalados en la citación y después de oir personal-mente, por medio de sus abogados a las partes que hubieran com-parecido, nombrará el juez un administrador: (a) Podrá nombrar al cónyuge superviviente si tuviere la capacidad necesaria para desem-peñar el cargo; (6) podrá nombrar a la persona con mayor interés en la herencia o sucesión, si tuviere la capacidad necesaria para des-empeñar el cargo; (o) y si no la tuviere (ni uno ni otro) o si todos fueren igualmente interesados; (d) o se presentaren objeciones a tal nombramiento (después de hecho), designará el juez un extraño de reconocida honradez y capacidad.’
"Para la mejor interpretación de este artículo, lo hemos analizado descomponiéndolo en sus diferentes partes para que se pueda apreciar realmente la intención del legislador. No hay duda alguna que éste quiso dejar a la discreción y mejor juicio de la corte la persona que había de ser nombrada, para ejecutar un cargo, que ha de ser la continuación del poder de la corte delegado en él para que administre los bienes. Se verá que dicha sección autoriza al juez a nombrar al cónyuge superviviente o a la persona con mayor interés en la herencia o sucesión, si a juicio de la corte, tuviera la capacidad necesaria para desempeñar el cargo; pero puede darse el caso que no la tuviese y véase que la ley habla en singular, refiriéndose, por tanto, a un soh> administrador, o si todos fueran igualmente interesados, es decir, las personas que componen la sucesión, o si hecho el nombramiento por la corte recayese en el cónyuge sobreviviente o en la persona con mayor interés en la herencia y se presentaren objeciones a tal nombra-miento designará el juez un extraño de reconocida honradez y capaci-dad. De modo que la corte debe apreciar las condiciones todas de las personas que enumera la ley, para designar el administrador. Y es natural que así sea toda vez que la corte que ha de intervenir en Ja administración es la que está más en contacto con las partes, tiene necesariamente que conocer mejor las relaciones que existen entre los diferentes herederos y puede apreciar mejor la persona que ha de des-empeñar el cargo más a satisfacción.
“De la prueba practicada, no hay duda alguna que la capacidad del Sr. Oividanes como administrador no puede ser discutida, pero no obstante no debe ser nombr-ado por la corte porque sus relaciones con los herederos y condueños son tales, que daría lugar a divergen-cias que obstaculizarían la buena marcha de la administración y la eficacia de los trámites y órdenes de la corte. La persona con mayor interés en esta herencia no puede ser nombrada, por ser una señora, que estaría imposibilitada de llevar a cabo el trabajo que la misma requiere. Y mereciendo a la corte la más absoluta confianza el can-didato propuesto por los herederos de Doña Rufina Molinaris, o sean los peticionarios en este procedimiento y siendo una persona de reco-nocida honradez y capaz para efectuar los trabajos de la administra-ción, resuelve la corte que debe nombrar y nombra a Don Rafael Palés Díaz, administrador judicial de los bienes de Doña Rufina Molinaris, con las mismas condiciones, obligaciones y fianza que apa-recen en la orden de esta corte de 26 de mayo de 1915.”

El apelante en su alegato señala la comisión de siete erro-res. A nuestro juicio, basta estudiar y resolver uno solo de ellos, el que hace referencia a si debió o no ser nombrado como administrador en este caso el cónyuge viudo.

La ley aplicable es la' invocada por el juez sentenciador, o sea el artículo 31 de la Ley de Procedimientos Legales, Espe-ciales, que copiado textualmente es como sigue:

‘ ‘ El día y hora señalados en la citación y después de oir personal-mente o por medio de sus abogados, a las partes que hubieren com-parecido, nombrará el juez un administrador. Podrá nombrar al cón-yuge sobreviviente, o a la persona con mayor interés en la herencia o sucesión, si tuviere la capacidad necesaria para desempeñar el cargo; ■y si no la tuviere, o si todos fueren igualmente interesados, o se pre-sentaren objeciones a tal nombramiento, designará el jnez nn extraño de reconocida honradez y capacidad.”

Para interpretar debidamente el precepto de ley que he-mos transcrito, debemos estudiar sus precedentes. Escriclie, en su Diccionario Bazonado de Legislación y Jurisprudencia, edición de 1876, al tratar de las disposiciones sobre el jui-cio de testamentaría voluntario, se expresa así:

“3a. Se nombrará administrador al viudo o viuda, y en su defecto al interesado que tuviere mayor parte en la herencia, si reúne, a juicio del juez, la capacidad necesaria para desempeñarla. (Aunque la letra de esta disposición parece referirse respecto de la incapacidad para administrar a sólo los herederos, es opinión que debe aplicarse tam-bién respecto del cónyuge, no pudiendo obtener el nombramiento para administrar, el cónyuge que adolece de aquella falta. Otros intér-pretes opinan que no debe excluir de aquel cargo dicha falta, pudiendo en tal caso ser representado por un curador.)” 4 Escriche, 1085.

La Ley de Enjuiciamiento Civil reformada para las islas de Cuba y Puerto Pico de 1885, al tratar de la prevención del abintestato, en su artículo 975 dispone que-:

“En estos casos, si hubiere cónyuge sobreviviente que habitare en compañía del finado, se le nombrará depositario administrador, y a medida que se pueda formar el inventario de los bienes, le serán entre-gados en dicho concepto, levantándose sucesivamente las llaves y sellos conforme se vaya verificando la entrega.
“No se le exigirá fianza cuando’ a juicio del juez, tenga bienes propios suficientes para responder de los que no le pertenezcan. Si no los tuviere, deberá prestarla en la cantidad que el juez determine.
“No habiendo cónyuge sobreviviente con capacidad legal para administrar los bienes, se dará dicho cargo a otra persona y se prac-ticará lo prevenido en los artículos 966 y 967.”

Comentando Manresa el artículo 976 de la Ley de Enjui-ciamiento Civil de la Península, igual al 975 que dejamos transcrito de la Ley de Cuba y Puerto Pico, dice:

“Tenemos por indudable que debe aplicarse también a estos casos la disposición del artículo 976, -de suerte que ya sea a instancia de parte, ya de oficio, la prevención del abintestato, siempre que haya cónyuge sobreviviente que viviera en compañía del finado, debe ser nombrado depositario administrador de los bienes.” 4 Manresa, En-juiciamiento Civil, 307.

No puede negarse que la redacción del artículo 31 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales es algo confusa, pero si diclio artículo se examina cuidadosamente se verá que establece una preferencia a favor del cónyuge viudo en cuanto al nombramiento de administrador.

Esa preferencia no sólo está conforme con los preceden-tes legales españoles que liemos invocado, si que también con los ingleses y americanos que se encuentran claramente expuestos en Ruling Case Law en el artículo titulado “Priorities in Right of Administration.’’ Véase 11 R. C. L. 34 y siguientes. Además es harmonica con las disposiciones del Código Civil vigente relativas a las medidas provisionales que deben tomarse en caso de ausencia y a las precaucio-nes que deben adoptarse cuando la viuda queda en cinta. Véanse los artículos 94 y 932 del Código Civil Revisado.

Desde luego que al reconocer la preferencia a favor del cónyuge viudo, no opinamos que sea tan indiscutible que deba siempre prevalecer, porque pudiera darse el caso de existir razones tan poderosas que fuera necesario nombrar administrador a otra persona.

En su resolución la Corte de Distrito de G-uayama con-signa que la capacidad del cónyuge viudo en este caso no puede ser discutida, pero eso no obstante concluye que no debió ser nombrado administrador porque sus relaciones con los herederos eran tales que darían lugar a divergencias que obstaculizarían la buena marcha de la administración.

La prueba practicada demostró que las relaciones amis-tosas entre los hijos del primer matrimonio de la Señora Molinaris, a saber, las peticionarias j Pastor Díaz, y el cón-yuge sobreviviente del segundo matrimonio, Cividanes, no eran buenas y que hubo desacuerdos y disgustos con motivo de un ganado perteneciente a la herencia que los dichos hijos creían que debía enviarse fuera de la finca en donde estaba, según ellos, expuesto a morir de hambre por razón de la se-•quia, y el cónyuge sobreviviente que estimaba que debía per-manecer en donde se encontraba.

Con respecto a los disgustos existentes, se declaró que surgieron con motivo de la cuestión del ganado y de las ges-tiones judiciales de los herederos sobre administración de la herencia, pero no se consignó ningún hecho concreto de-mostrativo de que se trate de algo grave que pueda incapa-citar al viudo para el ejercicio del cargo de administrador. Tampoco se demostró que se confirmaran en modo alguno los temores de los herederos con respecto al riesgo que según ellos se hizo correr al ganado por el cónyuge viudo que lo tenía a su cargo.

De los razonamientos consignados en la opinión de la corte sentenciadora se observa que el juez actuó influido por su idea de que tenía una discreción absoluta en casos de esta naturaleza. Para él no existía la clara preferencia que noso-tros hemos señalado a favor del cónyuge viudo. De tal modo se concibe que estimara bastantes las objeciones presentadas. A nuestro juicio no lo son, porque ellas constituyen meras probabilidades de disgustos y de obstáculos insuficientes para excluir de la administración al viudo cuya capacidad y hon-radez fueron reconocidas por la misma corte y cuya gestión quedará garantida además por la fianza que preste, por las cuentas que rinda y por la supervisión que sobre él ejerza la propia corte que lo nombre.

Plabiéndo llegado a la anterior conclusión, cae por su base la resolución apelada. .En tal virtud, procede la revo-cación de la orden recurrida y la devolución del caso a la corte de su origen para ulteriores procedimientos de confor-midad con los principios establecidos en esta opinión.

Revocada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison firmó “conforme con la sentencia. ’ ’


author: El Juez Pbesidente Se.. Hebnándbz,

text:
    Sabater, Peticionario y Apelado, v. Escudero, Opositor y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en cansa sobre administración judicial.
    No. 1469.
    Resuelto en mayo 17, 1916.
    Administración Judicial — Textos Inglés t EspaSol — Heredero Legítimo— Heredero Forzoso — Personas con Derecho a Solicitar la Administración Judicial.- — Con arreglo al texto inglés del artículo 23 de la Ley de Procedi-mientos Legales Especiales, que es el que debe prevalecer en caso de conflicto con el español, por ser aquel el firmado por el Gobernador, cualquier heredero legítimo o íorzoso tiene derecho a solicitar la administración judicial de los bienes del difunto.
    Id. — Declaratoria de Herederos — Sucesión Intestada — Personalidad del Pe-ticionario que Solicita la Administración Judicial — Heredero.—La decla-ratoria de heredero en caso de sucesión intestada debe obtenerse en la corte de distrito competente, con sujeción a las formalidades que previene el Capí-tulo III del Título I de la Ley de Procedimientos Legales Especiales, para que al solicitarse la administración judicial en concepto de heredero legítimo aparezca clara la personalidad del peticionario.
    Id. — Cónyuge Yiudo — Nombramiento de Administrador — Preferencia a Favor del Cónyuge Viudo. — El artículo 31 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales establece una preferencia a favor del cónyuge viudo en cuanto al nombramiento de administrador de los bienes del cónyuge difunto, a menos que existan razones tan poderosas que hagan necesario nombrar administrador a otra persona.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Marcelino Romany.

    Abogado del apelado: Sr. Francisco Otero Rivera.

   El Juez Pbesidente Se.. Hebnándbz,

emitió la opinión del tribunal.

En 12 de enero del corriente año 1916, Carlos Sabater presentó a la Corte de Distrito de Mayagüez una petición jurada solicitando la administración judicial de los bienes de Juanita Sabater, alegando que ésta había fallecido abin-testato en Bío Piedras el día 20 de noviembre del año anterior sin dejar más herederos que el peticionario con siete hermanos.más de doble vínculo y el cónyuge viudo José Escu-dero, consistiendo sus bienes en muebles, alhajas e inmue-bles por valor de $3,500 a $4,000, de su propiedad exclusiva, por no haber habido en el matrimonio bienes gananciales.

La corte ordenó que fueran citadas las partes para una junta que había de tener lugar el 28 de enero citado, y habiendo comparecido los hermanos por medio del abogado Francisco Otero y el viudo representado por el abogado Marcelino Romany, solicitó éste que fuera desestimada la petición de admi-nistración judicial porque el peticionario no estaba incluido dentro de las personas que podían solicitar dicha adminis-tración y porque la solicitud no llenaba los requisitos que exige la sección 23 de la Ley de Procedimientos Legales Espe-ciales.

La oposición fué desestimada y la corte dictó resolución en el mismo día 28 de enero por la que, a propuesta de la representación de los hermanos, nombró administrador de los bienes .dejados al fallecimiento de la finada a Conrado G-ar-oía, bajo fianza por la suma de $1,000 para responder del buen desempeño del cargo en cuanto al haber hereditario que pu-diera corresponder al viudo, por haber solicitado los demás interesados que se le relevara de fianza en cuanto a ellos hacía referencia.

Esa resolución ha sido apelada por la representación del viudo José Escudero, el cual alega para obtener su revoca-ción, como motivos legales del recurso, los siguientes:

Io. Que la corte erró al declarar sin lugar la moción en que se solicitaba se desestimara la petición de administración judicial.

2o. Que también erró al nombrar un administrador judicial sin haberse aducido prueba sobre los hechos alegados en la petición.

3o. Que igualmente erró la corte al nombrar un extraño como administrador judicial, sin haberse probado antes que el cónyuge viudo no tenía la capacidad necesaria para desem-peñar el cargo.

Fúndase el primer error en el texto del artículo 23 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales, que dice así:

“Artículo 23. — El albacea testamentario de la última voluntad de un finado, y en caso de que no lo hubiere nombrado, o no dejare tes-tamento con validez legal, el cónyuge de la persona finada, o cual-quier heredero forzoso, o persona que se presente como heredero testamentario, o legatario, o cualquier acreedor con título escrito no asegurado que tuviere algún crédito contra la persona finada, podrá mediante una petición debidamente justificada en que se demues-tren los hechos necesarios, solicitar la administración judicial de los bienes de dicha persona finada. La petición se presentará en la corte de distrito que tuviere jurisdicción en la última residencia de la persona finada o lugar donde radica la mayor parte de sus bienes, y en ella se hará constar bajo juramento:
“(1) La muerte de la persona finada.
“(2) Las circunstancias relativas a su último testamento, incluso la fecha en que lo otorgó y lugar en que se halla protocolizado; y en caso que hubiese muerto abintesiato, se hará constar que según los informes y creencias del peticionario, no dejó testamento válido, especificándose la procedencia y fundamentos de tales informes y creencia.
“(3) El interés y derecho de acción del peticionario.
“(4) Los nombres y respectivos domicilios de las demás perso-nas con derecho a sucesión en los bienes de la persona finada.
“(5) Que la persona finada dejó bienes sujetos a partición con expresión de la cuantía y naturaleza de dichos bienes.”

El artículo que dejamos transcrito, entre las personas que pueden solicitar la administración judicial de los bienes de un finado, sólo menciona al heredero forzoso y bajo ese nom-bre no están comprendidos los hermanos según la definición que de aquéllos da la sección Ia. de la ley de marzo 9, 1905, que dice así:

“Sección 1. — Son herederos forzosos:
“1°. Los hijos y descendientes legítimos respecto de sus padres y ascendientes legítimos;
“2°. A falta de los anteriores, los padres y ascendientes legíti-mos respecto de sus hijos y descendientes legítimos;
“3o. El viudo o viuda, los hijos naturales legalmente reconocidos y el padre o madre de éstos, en la forma y medida que establecen las secciones 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 y 20 de esta ley.”

Ese mismo concepto de herederos forzosos aparece expli-cado por el artículo 794 del Código Civil Eevisado que define la legítima en los siguientes términos:

“Artículo 794.- — -Legítima es la porción de bienes de que el tes-tador no puede disponer por haberla reservado la ley a determina-dos herederos llamados por esto herederos forzosos.”

Como bajo el nombre de herederos forzosos no pueden ser comprendidos los hermanos del difunto, es lógico con-cluir que si nos atenemos a la letra del artículo 23 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales, Carlos Sabater carece de derecho para pedir la administración judicial de los bie-nes de su difunta hermana.

Pero es que al concepto de “heredero forzoso” corres-ponde en el texto inglés no el de forced heir sino el de heir at law, o sea, el de “heredero legítimo,” y como ya hemos decidido repetidas veces que en caso de conflicto entre el texto inglés de una ley y el texto español aquél ha de pre-valecer sobre éste por ser el firmado por el Gobernador, es necesario reconocer que el heredero legítimo de un finado tiene derecho a pedir la administración judicial de sus bienes.

Sostiene la parte apelante que la jurisprudencia estable-cida por esta Corte Suprema sobre prelación del texto inglés sobre el español es aplicable cuando se trata de leyes nue-vas o de origen americano, pero no cuando las leyes son genui-namente españolas como la de Procedimientos Legales Espe-ciales. No resolveremos si es correcta o no la contención del apelante. Sería aventurado afirmar que esa ley sea genui-namente española, por más que varios de sus preceptos han sido tomados de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil; pero precisamente en relación con la cuestión legal que esta-mos examinando, el texto español del artículo 23 no guarda armonía con la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil y sí el texto inglés que al igual que aquella ley reconoce a los here-deros legítimos el derecho de solicitar la administración judicial, sin negarlo a los herederos forzosos, pues entre los legí-timos ocupan lugar preferente los designados por la ley con el nombre de forzosos como llamados con preferencia a suce-der al fallecido abintestate*. Hoy como antes, con arreglo al texto inglés del artículo 23, cualquier heredero, legítimo o forzoso, tiene el derecho a solicitar la administración judicial de los bienes del difunto, y así se desprende de la Ley de Procedimientos Legales especiales al referirse en sus pre-ceptos tanto a las testamentarías como a los abintestatos.

No cabe estimar el primer error alegado como fundamento para la revocación de la resolución apelada; pero sí pro-cede su revocación por el segundo y tercer errores alegados.

La petición de Carlos Sabater no se ajusta al precepto' del artículo 23 de la Ley de Procedimientos Legales Espe-ciales que dejamos transcrita, pues no es una petición según exige dicho artículo debidamente justificada en que se demues-tren los hechos necesarios para obtener el fin pretendido. No se justifica el fallecimiento de Juanita Sabater ni que el peticionario y los siete hermanos que enumera y "el viudo José Escudero sean legítimos herederos de la misma.

La declaratoria de herederos en caso de sucesión intes-tada debe obtenerse en la corte de distrito competente con sujeción a las formalidades que previene el Capítulo III del Título I de dicha ley. Cuando se acude a la Ley de Proce-dimientos Legales Especiales para instar la administración judicial, debe irse con un derecho claro respecto a la per-sonalidad del peticionario, porque esos procedimientos no' tienen por objeto la declaración de derechos, sino única-mente en vista de un derecho claro y reconocido, el obtener la administración judicial de los bienes de la persona que tiene derecho a heredar. Puente v. Puente, 16 D. P. R. 582, y Rivera v. Cámara, 17 D. P. R. 528.

Finalmente, el artículo 31 de la Ley de Procedimientos-Legales Especiales, según lo hemos interpretado al resolver en 16 de mayo corriente el caso de Días y Molinaris et al. v. Cividanes, establece una preferencia a favor del cónyuge viudo en cuanto al nombramiento de administrador de los bienes del cónyuge difunto, por más que pudiera darse el caso de existir razones tan poderosas que fuera necesario nombrar administrador a otra persona. En el presente caso no se ha demostrado razón alguna que justifique el nom-bramiento de un administrador extraño como Conrado Gar-cía con postergación del viudo.

Es de revocarse la resolución apelada.

Revocada, la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey. El Juez Asociado Sr. Hutchison firmó “conforme con la sentencia.”