source: Caselaw Access Project

author:
(Fdo.) Aida I. Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo
     Juez Asociado Se-ñor Martínez Torres, Jueza Asociada Señora Fiol Matta,

license: Public Domain

text:
    Nilda Figueroa Rivera, recurrida, v. El Telar, Inc., peticionaria.

      Número: CC-2008-878

      Resuelto: 21 de abril de 2010

      Viviana M. Mejías Díaz y Ricardo Pizarro, parte peticionaria; Diego Ledée Bazán, parte recurrida.
   SENTENCIA

El traslado de la recurrida, Nilda Figueroa Rivera, no configuró un despido constructivo que le otorgue remedio alguno al amparo de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, mejor conocida como la Ley de Despido Injustificado, 29 L.P.R.A. sec. 185a et seq. Por consiguiente, se revoca la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de Guayama. En su lugar, se desestima la recla-mación de autos presentada por la Sra. Nilda Figueroa Rivera contra El Telar, Inc., al amparo de la Ley Núm. 80.

Así lo acordó y ordena el Tribunal, y certifica la Secre-taria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Mar-tínez Torres emitió una opinión de conformidad, a la que se unieron el Juez Asociado Señor Rivera Pérez y el Juez Aso-ciado Señor Kolthoff Caraballo. La Jueza Asociada Señora Fiol Matta emitió una opinión disidente, a la cual se unió la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez. La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco no interviene.

(Fdo.) Aida I. Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo

— O —

Opinión de conformidad emitida por el

Juez Asociado Se-ñor Martínez Torres,

a la que se unen el Juez Asociado Señor Rivera Pérez y el Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo.

En este recurso debemos resolver si la implantación del estudio de antigüedad realizado por El Telar, Inc. consti-tuyó el despido constructivo de la Sra. Nilda Figueroa Rivera, compensable al amparo de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, mejor conocida como la Ley de Despido In-justificado, 29 L.P.R.A. sec. 185a et seq. Este Tribunal re-suelve la interrogante en la negativa, por lo que estoy con-forme con que se revoque la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones, Región de Guayama. Al proceder así, es importante tomar en cuenta los factores que confi-guran un despido injustificado y los criterios que establece la Ley Núm. 80 como justa causa para despedir empleados debido a un cierre parcial de operaciones.

b-i

Los hechos de este caso no están en controversia. El Telar, Inc. es una corporación que opera diversas tiendas en Puerto Rico. En aspectos de personal esta empresa opera sus tiendas de forma sustancialmente integradas, conforme al Art. 3 de la Ley Núm. 80 (29 L.P.R.A. see. 185c(b)).

La señora Figueroa Rivera comenzó a trabajar para El Telar el 19 de mayo de 1988. En 1997 fue ascendida a ge-rente de la tienda de Guayama Malí. Debido a razones eco-nómicas, El Telar, Inc. comenzó a cerrar varias tiendas, una de las cuales fue la de Guayama Mall. El Telar, Inc. notificó a la señora Figueroa Rivera el cierre de la tienda que hasta entonces dirigía y su traslado a la tienda de Mayagüez. Debido a su traslado, la señora Figueroa Rivera renunció a su trabajo.

El Telar, Inc. realizó un estudio de antigüedad entre sus empleados e identificó que la gerente de la tienda de Ma-yagüez era la empleada con menos antigüedad en la clasi-ficación de Gerente de Tienda. Debido a esto, El Telar, Inc. despidió a la gerente de la tienda de Mayagüez y asignó esta tienda a la señora Figueroa Rivera. Con este proceder, El Telar, Inc. entendió que cumplía con los parámetros es-tablecidos en la Ley Núm. 80 al retener a la gerente de la tienda cerrada (señora Figueroa Rivera) sobre la gerente de menos antigüedad en la empresa.

Por estos hechos, el 20 de octubre de 2006 la señora Figueroa Rivera presentó ante el Tribunal de Primera Ins-tancia una acción por despido injustificado contra El Telar, Inc. En su reclamación, la señora Figueroa Rivera alegó que tiene derecho a la compensación provista por la Ley Núm. 80. La señora Figueroa Rivera sostiene que la actua-ción de El Telar, Inc. constituyó un despido constructivo debido a la distancia entre su residencia y la sucursal a la cual fue asignada en Mayagüez. La recurrida, Figueroa Rivera, argüyó que ante el cierre de la tienda de Guayama Malí procedía ubicarla en la tienda de Guayama Pueblo, a base del principio de antigüedad, pues la gerente de esta tienda tenía menos años trabajando para El Telar, Inc.

Luego de celebrar la conferencia con antelación al juicio y con anuencia de las partes, el Tribunal de Primera Ins-tancia concluyó que la controversia se reducía a una inter-pretación de derecho. El foro primario determinó los he-chos siguientes: (1) El Telar, Inc. cerró varias tiendas por factores económicos, entre las cuales se encontraba la que ubica en Guayama Malí, mientras se mantenían abiertas las tiendas de Guayama Pueblo, Juana Díaz “y otras más cerca [en relación con la tienda de Mayagüez y la residen-cia de la señora Figueroa Rivera] ... aunque estaba proyec-tado el cierre de más tiendas”. Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, pág. 2, Apéndice, pág. 13. (2) El proce-dimiento de antigüedad implantado por El Telar, Inc. iden-tificó a la gerente de la tienda de Mayagüez como la de menor antigüedad en su clasificación y le asignó esta plaza a la gerente de la tienda cerrada (la señora Figueroa Rivera); igual se hizo con las demás posiciones de la empresa. (3) La gerente de la tienda en Mayagüez era la empleada en esta clasificación con menos antigüedad en la empresa. (4) La gerente de la tienda de Guayama Pueblo (que se mantenía abierta) tenía menos años en la empresa que la señora Figueroa Rivera.

El Tribunal de Primera Instancia estimó que “[e]n el caso de autos no estamos ante una actuación ejercida por mero capricho del patrón o sin razón relacionada con el buen y normal funcionamiento del establecimiento”. Sen-tencia del Tribunal de Primera Instancia, pág. 4, Apéndice, pág. 15. No obstante, el foro primario concluyó que la implementation del estudio de antigüedad establecido por El Telar tuvo el efecto de que “empleados en la misma catego-ría con mucho menos tiempo en la empresa queden ubica-dos en una mejor plaza que los de mayor antigüedad”. Id., pág. 5, Apéndice, pág. 16. Con este razonamiento, el tribunal coligió que la actuación del patrono tornó oneroso el ambiente de trabajo de la señora Figueroa Rivera y declaró “con lugar” la reclamación al amparo de la Ley Núm. 80.

Ante este dictamen, El Telar, Inc. acudió al Tribunal de Apelaciones. Este último confirmó la sentencia recurrida, ya que El Telar, Inc. “no permitió que la [señora Figueroa Rivera] ocupara la posición de gerente en la tienda de Gua-yama Pueblo, cuando la gerente en dicha tienda tiene me-nor antigüedad que ella ...”. Sentencia del Tribunal de Apelaciones, pág. 7, Apéndice, pág. 9. El tribunal entendió que el traslado ordenado era una condición onerosa de tra-bajo para la señora Figueroa Rivera lo que constituyó un despido constructivo. Al igual que el Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de Apelaciones razonó que “el des-pido constructivo ... fue provocado por el plan de antigüe-dad de El Telar, por lo cual procede la demanda instada por despido injustificado”. Id.

Tnconforme con esta determinación, El Telar, Inc. acude a este Foro y alega que los tribunales inferiores erraron en su proceder. En síntesis, El Telar, Inc. sostiene que su ac-tuación no constituyó un despido injustificado según la Ley Núm. 80. El 20 de marzo de 2009 expedimos el auto de certiorari y el recurso quedó sometido en sus méritos el 2 de septiembre de 2009.

II

Para disponer de este recurso es preciso determinar si el proceso seguido por El Telar, Inc. para delimitar los dere-chos de sus empleados a base de su antigüedad, que con-cluyó con el traslado de la señora Figueroa Rivera, confi-guró un despido injustificado al amparo de la Ley Núm. 80.

La Ley Núm. 80 concede a los empleados el derecho a recibir una indemnización en casos en que sean despedidos de su cargo sin justa causa. Véanse: Jusino et als. v. Walgreens, 155 D.P.R. 560 (2001); Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 D.P.R. 364 (2001); Soc. de Gananciales v. Royal Bank de P.R., 145 D.P.R. 178 (1998); Piñeiro v. Int’l Air Serv. of P.R., Inc., 140 D.P.R. 343 (1996).

El propósito de esta medida es otorgar un derecho más efectivo y justiciero a los obreros que sufren los daños de un despido injustificado. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 80. De una lectura de la Ley Núm. 80 y de su Expo-sición de Motivos se puede apreciar que la intención de la Asamblea Legislativa fue sancionar y disuadir el despido de un empleado sin justa causa. Ahora bien, no se enten-derá como una causa injustificada las movidas de personal “para poder mantener operando el establecimiento; o con motivo de cualquier otra actuación del patrono conducente exclusivamente a la administración más eficiente del establecimiento”. Exposición de Motivos de Ley Núm. 80, supra, 1976 Leyes de Puerto Rico 268. Lo que la reglamen-tación contra el despido injustificado pretende es desalen-tar y penalizar “la práctica de cesantear a empleados por razones que no tienen que ver con su desempeño en las labores o las necesidades del negocio”. C.R. Carrión Crespo, Los remedios exclusivos en el despido injustificado y el accidente del trabajo: legislación protectora del pa-trono, 32 (Núm. 1) Rev. Jur. U.I.P.R. 89, 106 (1997).

En Srio. del Trabajo v. G.P. Inds., Inc., 153 D.P.R. 223, 244 (2001), expresamos que el despido por justa causa de la Ley Núm. 80 “es aquel que delimita las circunstancias en que éste se produce; es decir, cuando tiene su origen en alguna razón o motivo vinculado a la ordenada marcha y normal funcionamiento de una empresa y no en el libre arbitrio o capricho del patrono”. (Enfasis suprimido.) El desglose de circunstancias que justifican un despido, según la Ley Núm. 80 no excluye aquella “que, por estar vincu-lada al buen funcionamiento de la empresa, podría consti-tuir justa causa para el despido”. íd. Se entiende por “justa causa” para el despido la razón que tiene su origen en una “razón vinculada a la ordenada marcha y normal funciona-miento de la empresa”. Srio. del Trabajo v. I.T.T., 108 D.P.R. 536, 543 (1979).

Esta ley “incorporó, a manera ilustrativa, una serie de causales o situaciones, en las que el despido se considera justificado”. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 95 de 30 de junio de 2007. La Ley Núm. 80 no define el término de “despido sin justa causa”, aunque enumera “a modo general una serie de circunstancias que justifican el despido de un empleado u empleada”. Jusino et als. v. Walgreens, supra, pág. 572. El estatuto contempla dos tipos de causa-les para que el despido de un empleado se considere hecho con justa causa: (1) actuaciones imputables al obrero y de las cuales se entiende que ha provocado su despido; y (2) situaciones no imputables al obrero pero que son de tal naturaleza que su despido resulta prácticamente inevitable. En las situaciones incluidas en el segundo tipo se encuentran el cierre de operaciones, reorganizaciones y reducciones de personal.

El obrero, en relación con este último tipo de causa de des-pido, no motivada por él, tiene el derecho, primero a que al determinar los obreros que han de ser despedidos por las an-tedichas causas se le dé preferencia para permanecer en el empleo a los obreros de más antigüedad, siempre que subsis-tan puestos vacantes ocupados por empleados de menos anti-güedad en el empleo que puedan ser desempeñados por ellos. Informe de la Comisión de Trabajo y Asuntos del Veterano en la Cámara de Representantes sobre el R del S. 1112, pág. 3. Véase además, Informe Conjunto de las Comisiones de Tra-bajo y Derechos Civiles y Servicio Público del Senado de Puerto Rico sobre el P. del S. 1112, pág. 4.

Surge del Diario de Sesiones que la Asamblea Legisla-tiva quiso hacer un balance de los intereses involucrados. Sobre el particular, el senador Hon. Jesús Hernández Sán-chez señaló:

[E]n la medida en que una sociedad donde la legislatura tiene que balancear ambos intereses, el interés del sector industrial y el de los intereses de la fuerza trabajadora cuando la legislatura carga mucho a favor de la fuerza laborar [sic] los patronos son renuentes a acudir a esa sociedad a invertir ... tenemos que atemperar esos intereses que chocan entre sí y tenemos que medir también [la] tasa de desempleo ... la legis-latura tiene que ser comedida en ese equilibrio que tiene que mantener. P. del S. 1112 de 24 de mayo de 1975, 3ra Sesión Ordinaria, 7ma Asamblea Legislativa, Diario de Sesiones del Senado, págs. 106-107.

Por su parte, el senador Hon. Neftalí Hernández Gon-zález manifestó que esta medida “es un esfuerzo genuino de tratar de conseguir una posición ecléctica, que nos per-mita por un lado garantizarle a un obrero que estará pro-tegido [contra un] despido injustificado y por el otro lado, el garantizar la estabilidad de las industrias que actual-mente estamos estableciendo y que actualmente están establecidas”. P. del S. 1112 de 24 de mayo de 1975, supra, pág. 109.

La Ley Núm. 80 provee una protección “tanto para el patrono como para el obrero. ... Siendo de gran interés para el gobierno mantener un clima laboral saludable en las empresas privadas, se ha establecido un balance de in-terés [sic] razonable entre los derechos del patrono y del trabajador”. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 128 de 7 de octubre de 2005. Para que el despido de un empleado se considere justificado debe: (1) no ser por capricho y (2) tiene que estar vinculado al buen y normal funcionamiento de la empresa. C. Zeno Santiago, El despido y la política social en nuestro estado de derecho, 34 (Núm. 2) Rev. Jur. U.I.P.R. 213, 225 (2000).

El Prof. Luis H. Sánchez Caso explica que el “legislador ha adoptado el enfoque de una garantía de carácter rela-tivo, pues sólo pretende disuadir al patrono para que ejerza su derecho a despedir en los casos de causa justificada”. L.H. Sánchez Caso, Reflexiones sobre la res-ponsabilidad civil de los oficiales y gerenciales en reclama-ciones de despido o discrimen, 39 (Núm. 2) Rev. Jur. U.I.P.R. 239, 244 (2004). “Del desarrollo histórico de nues-tra legislación sobre el despido, podemos ver los perfiles que ha mantenido nuestra legislación. Todas las leyes han garantizado y protegido el derecho de dirección empresa-rial ....” íd.

El Art. 2 de la Ley Núm. 80 (29 L.P.R.A. sec. 185b(d), (e) y (f)), considera como justa causa, entre otras, que el des-pido suija como consecuencia de: (1) cierre total, temporero o parcial de las operaciones del establecimiento; (2) cam-bios tecnológicos o de reorganización, y (3) reducciones en empleo que se hacen necesarias debido a una disminución en el volumen de producción, ventas o ganancias. Esta dis-posición provee expresamente que “[n]o se considerará des-pido por justa causa aquel que se hace por el mero capricho del patrono o sin razón relacionada con el buen y normal funcionamiento del establecimiento”. Art. 2 de la Ley Núm. 80 (29 L.P.R.A. sec. 185b). Las leyes Núm. 65 de 3 de julio de 1986 y Núm. 9 de 3 de octubre de 1986, añadieron como injustificado el despido que se hace como consecuencia de las expresiones de un empleado y relacionadas con el ne-gocio de su patrono, en una investigación ante cualquier foro administrativo, judicial o legislativo en Puerto Rico, cuando estas expresiones no constituyan divulgación de in-formación privilegiada ni sean de carácter difamatorio. Art. 2 de la Ley Núm. 80, supra.

Por su parte, el Art. 3 de la Ley Núm. 80, supra, dispone que en los casos de despidos por las razones antes descri-tas, el patrono está “obligado a retener con preferencia en el empleo a los empleados de más antigüedad siempre que subsistan puestos vacantes u ocupados por empleados de menos antigüedad en el empleo dentro de su clasificación ocupacional que puedan ser desempeñados por ellos” salvo que haya una “diferencia clara o inconcursa [sic] a favor de la eficiencia o capacidad de trabajadores comparados en cuyo caso prevalecerá la capacidad”. Véase, en general, A. Acevedo Colom, Legislación Protectora del Trabajo Comen-tada, 6ta ed., San Juan, [ed. de autor], 1999, págs. 190.

Se trata de causales relacionadas con el funcionamiento de la empresa y con decisiones que comúnmente se adoptan en el curso ordinario de su administración. El propósito de estable-cer y condicionar estas causales en la Ley es proteger al em-pleado de despidos arbitrarios y caprichosos, y dejar estable-cido que los mismos tienen que estar relacionados con el normal y buen funcionamiento de la empresa. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 95 de 30 de julio de 2007.

Por otro lado,

[d]el alcance de la citada Ley, se excluyó los casos de despi-dos por cambios tecnológicos o de reorganización, o del cese total o parcial de las operaciones de una empresa. Es decir, cuando ocurre un despido por las razones antes expuestas, los obreros no tienen derecho a otra compensación que no sea aquella correspondiente al trabajo llevado a cabo y no pagado. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 278 de 15 de agosto de 2008.

La Ley Núm. 80 establece dos factores que rigen la forma en que se realizará el despido de empleados ante un cierre parcial de operaciones o una reducción parcial en el empleo. Éstas son la antigüedad y la eficiencia. Zeno Santiago, supra, pág. 223. Cuando se trata de empresas que tienen varias “oficinas, fábricas, sucursales o plantas en las cuales existe la práctica usual y regular de que sus empleados se trasladan de una unidad a otra y que las distintas unidades operan de forma sustancialmente inte-gradas en cuanto a los aspectos de personal, la antigüedad se computará a base de todos los empleados de la empresa ... que están en la clasificación ocupacional objeto de la reducción de personal”. Art. 3 de la Ley Núm. 80 (29 L.P.R.A. sec. 185c(b)).

El profesor Zeno Santiago expresa que para prosperar en una acción de despido injustificado al amparo de la Ley Núm. 80 hay que demostrar que la parte demandante: (1) es un empleado; (2) que trabajaba mediante remuneración de clase alguna; (3) laboraba a tiempo indeterminado, y (4) fue despedido sin que medie justa causa. Zeno Santiago, supra, págs. 215 — 216. Es “importante destacar que el es-tándar de justa causa es el requisito requerido en la mayo-ría de los países del mundo para convalidar las actuaciones de los empleadores conforme [con] sus prerrogativas gerenciales. Si el patrono despide injustificadamente a un trabajador estaría entonces sujeto a la sanción económica que impone el estatuto protector”. Id., pág. 217. Véase, además, Carrión Crespo, supra. “En nuestra jurisdicción el despido de un empleado siempre será válido si es por justa causa.” Zeno Santiago, supra, pág. 220.

Para la aplicación de la Ley Núm. 80 se considera que hubo un despido cuando un empleado renuncia a su em-pleo motivado “por actuaciones del patrono dirigidas a in-ducirlo o forzarlo a renunciar tales como imponerle o inten-tar imponerle condiciones de trabajo más onerosas, reducirle el salario, rebajarlo en categoría o someterlo a vejámenes o humillaciones de hecho o de palabra”. Art. 5 de la Ley Núm. 80 (29 L.P.R.A. sec. 185e). Véanse, además: Informe Conjunto del Senado, supra, pág. 4; Informe de la Cámara, supra, pág. 4.

De esta forma se integró a nuestro ordenamiento lo que en el common law se conoce como despido constructivo (iconstructive discharge) que es “la renuncia involuntaria de un empleado, producto de las condiciones a las que le somete el patrono deliberadamente, creando un ambiente tan intolerable, que un empleado se siente forzado a renunciar”. Zeno Santiago, supra, pág. 217.

Mediante la Ley Núm. 67 de 3 de julio de 1986, se au-torizó al Secretario del Trabajo y Recursos Humanos a adoptar y promulgar toda reglamentación necesaria para administrar la Ley Núm. 80. Art. 13 de la Ley Núm. 80 (29 L.RR.A. sec. 185m). Según la Guía Revisada para la Apli-cación de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, de 21 de septiembre de 2000, promulgada por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, un des-pido constructivo se da por

[l]os actos voluntarios, onerosos e injustificados dirigidos a obligar al empleado a dejar su cargo cuando la única alterna-tiva razonable que le queda al empleado para corregir la si-tuación adversa que enfrenta en el trabajo es la renuncia. ... [L]a definición que ofrece la ley debe interpretarse conjunta-mente con la que brinda el Tribunal Supremo bajo la derogada Ley Núm. 50 .... íd., pág. 24.

Estas acciones configuran lo que se conoce como despido constructivo o tácito. La causa de acción “tiene dos elemen-tos básicos que tienen que estar presentes para que esa forma de despido ocurra ...”. Estas son: (1) acciones de se-riedad considerable por parte del patrono, y (2) el em-pleado no debe tener otra alternativa que no sea la renun-cia para resolver la situación adversa que enfrenta en el trabajo, o que aunque el empleado tenga otra alternativa que no sea la renuncia, el patrono propició una condición de riesgo inminente para la vida o para la salud del empleado. Guía Revisada para la Interpretación de la Ley Núm. 80, supra, pág. 24. Estas actuaciones deben ser “ori-ginadas por un motivo ajeno al legítimo interés de salva-guardar el efectivo desempeño en el empleo ...”. Id., pág. 25.

Para determinar si la actuación del patrono fue ilegal, deben tomarse en consideración, entre otros, los factores siguientes: (1) la condición económica de la empresa; (2) los cambios tecnológicos o de cualquier otra forma que se han realizado en la empresa; (3) el desempeño y eficiencia del empleado; (4) el nivel de compensación del empleado; (5) las condiciones de trabajo de los demás empleados de la empresa; (6) la antigüedad del empleado, y (7) las razones esbozadas por el patrono para justificar su actuación. Guía Revisada para la Interpretación de la Ley Núm. 80, supra, pág. 25.

En Vélez de Reilova v. R. Palmer Bros., Inc., 94 D.P.R. 175 (1967), reconocimos que los actos voluntarios e injusti-ficados de un patrono dirigidos a obligar al empleado a renunciar, constituyen un despido cuando la única alterna-tiva razonable para ese empleado es la renuncia. Véase Arthur Young & Co. v. Vega III, 136 D.P.R. 157 (1994). Además, en Soc. de Gananciales v. Royal Bank de P.R., supra, pág. 199, expresamos que el despido constructivo surge cuando el empleado renuncia motivado por “actuaciones del patrono, tales como la imposición de condiciones onero-sas de trabajo, la reducción de salario y el descenso en el puesto, entre otras”.

h-I f — I hH

En este recurso, como cuestión de umbral, debemos de-terminar si la señora Figueroa Rivera fue sometida a un despido constructivo o tácito. Esto es, debemos determinar si su traslado violó las disposiciones de la Ley Núm. 80. Una reclamación al amparo de esta ley requiere que se establezca que al empleado se le despidió de su cargo o puesto, pues la indemnización provista procede única-mente cuando ocurre un despido que resulta injustificado.

Para que se configure esta modalidad de despido tienen que existir unas actuaciones del patrono dirigidas a forzar al empleado a renunciar. Debido a que esta doctrina describe un despido funcional, que no es otra cosa que un des-pido disfrazado de renuncia, se requiere una actuación in-justificada y deliberada por parte del patrono. Al examinar conjuntamente toda la discusión de esta doctrina, se puede colegir que para su aplicación se requieren: (1) uno o más actos voluntarios por parte del patrono; (2) que éstos estén motivados por una razón ajena al legítimo interés de sal-vaguardar el efectivo desempeño de la empresa, o por una motivación que pueda calificarse como caprichosa, arbitra-ria e irrazonable, y (3) que se cree una condición onerosa para el empleado que fuerce inevitablemente la renuncia a su puesto.

Para revisar la actuación del patrono que provocó la re-nuncia debemos tomar en consideración, entre otros facto-res: (1) la condición económica de la empresa; (2) los cam-bios realizados en ella; (3) el desempeño y eficiencia del empleado; (4) el nivel de compensación del empleado; (5) las condiciones de trabajo de los demás empleados; (6) su antigüedad en el empleo, y (7) las razones esbozadas por el patrono para justificar su actuación.

En este caso, El Telar, Inc. se vio en la necesidad de cerrar la tienda de Guayama Mall, en la cual trabajaba la recurrida Figueroa Rivera. Este cierre fue parte de un pro-ceso de reorganización producto de la situación económica por la que atravesaba la empresa. Debido a la necesidad de reducción de personal y de tiendas, El Telar, Inc. realizó un estudio de antigüedad conforme a la Ley Núm. 80 para identificar los gerentes con menos años en la empresa. De este estudio resultó que la gerente de la tienda de Maya-güez era la de menos antigüedad, por lo que El Telar, Inc. procedió a prescindir de sus servicios y trasladó a la ge-rente de la tienda cerrada a este puesto.

La señora Figueroa Rivera sostiene que procedía asig-narle la tienda de Guayama Pueblo, pues la gerente de dicha tienda llevaba menos años en la empresa. No pode-mos refrendar tal contención sin intervenir impermisible-mente con una prerrogativa empresarial válida. Para los casos de reducción de personal, el Art. 3 de la Ley Núm. 80, supra, ordena tomar en consideración la antigüedad de un empleado para su retención preferencial sobre los de me-nos antigüedad. Precisamente esto fue lo que hizo El Telar, Inc. al proteger a la señora Figueroa Rivera por encima de la gerente de la tienda de Mayagüez. Sería un contrasen-tido penalizar a la empresa por cumplir con el mandato de la ley. Ahora bien, la Ley Núm. 80 no le concede a la peti-cionaria el derecho de escoger en qué sucursal prefiere trabajar.

La opinión disidente de la Jueza Asociada Señora Fiol Matta aplica un escrutinio contrario al que establece la Ley Núm. 80. Según la opinión disidente,

... se necesita determinar si la actuación de El Telar, Inc. de trasladarla de Guayama a Mayagüez para realizar su trabajo le resultó onerosa, si su única opción razonable era renunciar y si el patrono tenía otras alternativas menos onerosas que evitaran su determinación. Si el patrono no tenía otras alter-nativas, estamos en la obligación de considerar que se trató de una medida legítima y justificada. Por el contrario, si tenía otras alternativas, entonces su determinación fue caprichosa e injustificada. (Enfasis suprimido.) Opinión disidente, pág. 739.

Debe quedar claro que el hecho de que un empleado renuncie porque el patrono le impuso condiciones de tra-bajo más onerosas puede considerarse como un despido, según el Art. 5 de la Ley Núm. 80, supra. Ese despido, sin embargo, puede estar justificado. Por ejemplo, puede que la alternativa menos onerosa para el empleado sea la más onerosa para el patrono. Lo que requiere la Ley Núm. 80 y la jurisprudencia antes discutida, es que la actuación del patrono sea razonable y que esté relacionada con el buen y normal funcionamiento del establecimiento. Art. 2 de la Ley Núm. 80, supra. La regla que propone la opinión disi-dente constituye una camisa de fuerza para el patrono que es contraria al texto y espíritu de la Ley Núm. 80. Acoger dicho criterio sería establecer un escrutinio más estricto que el que contempló el legislador, con el efecto de limitar las facultades gerenciales legítimas del patrono. La Ley Núm. 80 no contempla tal cosa.

El Telar, Inc. es una empresa que cuenta con una serie de tiendas distribuidas en toda la isla. Enviar a la señora Figueroa Rivera a la tienda de Guayama Pueblo según el alegado mandato de la Ley Núm. 80 interferiría sustan-cialmente con la administración eficiente de la empresa. Ese resultado fue vislumbrado y rechazado por el legislador. De tener la obligación de trasladar a los geren-tes de cada tienda según sus preferencias y en atención al orden de antigüedad, se provocaría una cadena de trasla-dos que atentaría contra el normal y buen funcionamiento de la empresa. Por ejemplo, la señora Rivera Figueroa so-licita ser trasladada a la tienda de Guayama Pueblo, lo que a su vez requeriría que la gerente de esta tienda fuera trasladada a otra tienda, y así sucesivamente. Esto provo-caría un desplazamiento en cadena de gerentes a través de toda la isla. Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, págs. 2-3, Apéndice, págs. 13-14.

Al examinar los hechos de este caso, es forzoso concluir que no se configuró un despido constructivo, cuestión indispensable para una reclamación al amparo de la Ley Núm. 80. La razón para la actuación del patrono fue su legítimo interés de salvaguardar el efectivo desempeño de su empresa. El error de los tribunales inferiores estriba en concluir que para configurar un despido constructivo sola-mente se requiere establecer una condición onerosa que obligue al empleado a renunciar, sin la debida considera-ción de los factores antes discutidos. En cada caso particular pueden concurrir un sinnúmero de condiciones onero-sas que pueden llevar a un empleado a renunciar a su puesto, pero ello no necesariamente constituye un despido constructivo indemnizable según la Ley Núm. 80.

Aunque la acción de El Telar, Inc. provocó una condición onerosa para la señora Figueroa Rivera, tuvo un motivo legítimo y justificado. Como bien señaló el foro primario, no estamos ante una actuación ejercitada por el mero ca-pricho, sino ante un traslado producto de razones directa-mente relacionadas con el buen y normal funcionamiento de la empresa, y diseñado para cumplir con el texto de la Ley Núm. 80. Por esa razón, estoy conforme con la senten-cia que emitimos hoy.

— O —

Opinión disidente emitida por la

Jueza Asociada Señora Fiol Matta,

a la cual se une la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

Cuando el desempleo condena a mi ser humano y a su familia al hambre o a la indignidad, hay que llegar a límites de exigencia para privarle de la protección que ha ganado acceso a nuestra legislación social. ... Crista-lina debe ser la justificación que se ofrezca para despedirlo sin este mí-nimo abono a los años de servicio que representan la inversión de su único haber en la estructura de producción: sus energías, su capacidad física e intelectual durante los años más fe-cundos, en fin, su salud que declina con el tiempo. (Enfasis nuestro.)

No puedo dar mi aval a la decisión que hoy anuncia la mayoría de este Tribunal. Esta decisión no sólo deja des-amparada a una empleada que dedicó prácticamente toda su vida a la compañía El Telar, Inc., sino que, con toda probabilidad, la convierte en otra de las estadísticas del desempleo, pues, desafortunadamente, cuando un trabaja-dor maduro es despedido, es poco probable que obtenga un nuevo empleo. En esas circunstancias es particularmente importante reconocer que el remedio exclusivo de la Ley Núm. 80 de 1976, según enmendada (Ley Núm. 80) que incluye la mesada y la indemnización progresiva, es un alivio a las serias y detrimentales consecuencias que la pérdida de un empleo provoca principalmente en el em-pleado, pero también, y por lógica repercusión, en su fami-lia y la sociedad en general. Antes de negarle esta exigua compensación a un trabajador que es despedido sin justa causa, el Tribunal debe hacer un análisis ponderado y so-segado en el que considere los propósitos de la Ley Núm. 80. Con respeto, no encuentro este análisis en la opinión de conformidad emitida en este caso.

Quizás más preocupante aún, es que la controversia que está ante nosotros nada tiene que ver con el derecho del patrono a dirigir su establecimiento de la manera más ade-cuada y fructífera a sus intereses económicos, como equivo-cadamente afirma la mayoría. No se cuestiona en este caso la facultad del patrono de tomar decisiones legítimas, in-cluso el cierre por motivos económicos. En vez, este caso está relacionado con el procedimiento adoptado por un pa-trono para discernir qué empleados gerenciales serán man-tenidos en sus puestos, ante un cierre parcial o reducción en empleo. El procedimiento utilizado en este caso y susten-tado por este Tribunal resulta oneroso e irrazonable en su aplicación al interés de la Sra. Nilda Figueroa Rivera y, peor aún, resulta contrario al espíritu y finalidad de la Ley Núm. 80, que es proteger la tenencia del empleo, de acuerdo con el criterio de antigüedad.

Distinto a la mayoría, entiendo que la renuncia de la señora Figueroa Rivera obedeció a un despido tácito, como consecuencia de la arbitrariedad, el capricho y la unilate-ralidad del patrono al implantar su plan de antigüedad. Ese plan posibilitó que una empleada de apenas 6 meses en el empleo resultara más afortunada que la señora Figueroa Rivera, quien laboró gran parte de su vida para El Telar, Inc. Tal realidad es fácilmente constatable con sólo exami-nar el escueto estudio de antigüedad sometido por el Telar. Los hechos pertinentes de este caso validan esta conclusión.

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La señora Figueroa Rivera es residente del pueblo de Guayama. El 19 de mayo de 1988 comenzó a trabajar como cajera en la sucursal “Guayama Pueblo” de El Telar ubi-cada en la calle Calimano de su pueblo de residencia. Nueve años después, específicamente en 1997, la señora Figueroa Rivera fue ascendida al puesto de gerente y asig-nada a la tienda El Telar que se encontraba en el centro comercial Plaza Guayama del mismo pueblo. En este puesto permaneció hasta el 24 de agosto de 2006, fecha cuando renunció. Concretamente, la señora Figueroa Rivera laboró en la corporación El Telar, Inc. durante 18 años.

Durante el 2006, El Telar, Inc. confrontó problemas eco-nómicos que le llevaron a cerrar varias de las sucursales de su tienda en distintos pueblos del país. Como resultado de esto, la compañía procedió a despedir personal gerencial de acuerdo a un plan de antigüedad diseñado exclusivamente para esta clasificación de puesto. Este se estructuró to-mando en consideración los años de servicio del personal gerencial ubicado en todos los establecimientos.

Una de las tiendas cerradas fue la de Plaza Guayama, donde la señora Figueroa Rivera laboraba como gerente. A ella no se le despidió explícitamente, sino que se le tras-ladó como gerente a una tienda ubicada en el pueblo de Mayagüez. Específicamente, El Telar, Inc. le entregó un documento a la señora Figueroa Rivera donde le informaba su reubicación y le solicitaba que manifestara si iba acep-tar el traslado porque de no hacerlo tenía que someter una carta de renuncia. A la señora Figueroa Rivera no se le dio otra opción; o aceptaba el traslado o renunciaba. En este contexto oneroso y hostil, la señora Figueroa Rivera tuvo que renunciar a su plaza. Sin embargo, a la Sra. Carmen Lugo, gerente de la tienda del pueblo de Patillas, que también fue cerrada, se le trasladó a la tienda ubicada en el pueblo de Juana Díaz. Esto a pesar de que la señora Lugo sólo llevaba 6 meses con la compañía.

El 20 de octubre de 2006 la señora Figueroa Rivera pre-sentó una querella por despido injustificado contra El Te-lar, Inc. Al contestar la querella, la compañía alegó, entre otras cosas, que: (1) la señora Figueroa Rivera no había sido despedida; (2) el acto que realizó no constituía un des-pido constructivo; (3) el cierre de la tienda Plaza Guayama se debió a la situación financiera y el buen y normal fun-cionamiento de la empresa; (4) la señora Figueroa Rivera rechazó el traslado; (5) la señora Figueroa Rivera tenía disponible otras alternativas razonables, y (6) no le impu-sieron condiciones de trabajo onerosas a la señora Figueroa Rivera.

La Conferencia con Antelación al Juicio se celebró el 20 de marzo de 2007. Durante ésta se determinó que la con-troversia planteada era exclusivamente de derecho. El caso quedó sometido con el Informe de Conferencia con Antela-ción al Juicio, el Alegato en Torno al Procedimiento (Inco-rrecto) de Despido Utilizado por el Querellado presen-tado por la señora Figueroa Rivera, y la Moción Solicitando se Dicte Sentencia Sumaria, presentada por El Telar, Inc.

El 17 de junio de 2008 el Tribunal de Primera Instancia declaró “con lugar” la querella al concluir que el despido había sido injustificado. El Tribunal ordenó a El Telar, Inc. que indemnizara a la señora Figueroa Rivera con $24,000, computados desde el 19 de mayo de 1988 hasta el 24 de agosto de 2006, más el 25% de esta cantidad por honora-rios de abogado. Entre otras consideraciones, el foro de ins-tancia explicó lo siguiente:

La implementación del estudio de antigüedad del patrono en su aplicación tiene el efecto que empleados en la misma cate-goría con mucho menos tiempo en la empresa quedan ubicados en una mejor plaza que los de mayor antigüedad ....
Nos preguntamos, es o no oneroso para la querellante la alternativa ofrecida por la decisión del patrono. Coincidimos que la actuación del patrono al aplicar su estudio de antigüe-dad tornó el ambiente de trabajo para la querellante oneroso [sic]. Por lo tanto, la renuncia de la querellante es un despido constructivo. (Enfasis nuestro.

De este dictamen, El Telar, Inc. recurrió con un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. Este foro apelativo confirmó, el 29 de agosto de 2009, la sentencia emitida por el tribunal de instancia porque entendió que el despido constructivo de la señora Figueroa Rivera había sido provocado por el plan de antigüedad de El Telar, Inc. Específicamente, el tribunal apelativo concluyó que la apli-cación a la señora Figueroa Rivera del estudio de antigüe-dad ocasionó que ésta renunciara a su puesto “al ser ubi-cada en una tienda en área geográfica distante a su residencia”.

Inconforme, la compañía acudió ante este Tribunal ale-gando que la renuncia de la señora Figueroa Rivera no configuraba un despido constructivo. Pasemos, entonces, a examinar el derecho aplicable a esta controversia.

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A. La política pública sobre despido en el ámbito del em-pleo privado

En nuestro país existe una clara política pública laboral dirigida a proteger la tenencia de un empleo. Esta ha sido el resultado de una diversidad de estatutos laborales apro-bados por la Asamblea Legislativa, los cuales pueden agru-parse en dos grandes grupos: aquellos que tienen la finali-dad específica de prohibir el despido y permitir que el trabajador sea reinstalado en su puesto y los que, aunque no prohíben el despido, reglamentan el despido injustifi-cado y conceden como remedio único una indemnización económica. Bajo este último renglón se incluye la Ley Núm. 80, conocida como Ley de Indemnización por Despido Injustificado, que sólo aplica a los empleados del sector privado.

La clara intención de esta legislación, de reglamentar las relaciones obrero-patronales, proteger el derecho del trabajador a la tenencia de su empleo y evitar o desalentar las prácticas de despido injustificado, se revela en su ex-posición de motivos. Sobre este particular, el precepto ma-nifiesta lo siguiente:

Ya es tiempo que se proteja de una forma más efectiva el derecho del obrero puertorriqueño a la tenencia de su empleo mediante la aprobación de una ley que a la vez que otorgue unos remedios más justicieros y consubstanciales con los da-ños causados por un despido injustificado desaliente la inci-dencia de este tipo de despido. (Enfasis nuestro.)

Tan profunda era la preocupación de la Legislatura de proveer estabilidad laboral en sus empleos a los trabajado-res, brindarles mayor seguridad en el empleo y disuadir a los patronos de los despidos arbitrarios y caprichosos, que durante el 2005 enmendó la Ley Núm. 80 para aumentar la indemnización económica a los obreros que eran despe-didos en contra de las disposiciones del estatuto. El propó-sito de los legisladores para tomar esta acción se hace evi-dente en el texto siguiente:

El beneficio que provee la Ley Núm. 80, ante, a las partes in-volucradas, resulta un remedio impráctico para los trabajado-res que son los que rinden, con su conocimiento y dedicación a la empresa, la plusvalía de su trabajo. La protección de la Ley Núm. 80, supra, se ha probado que es un remedio poco efectivo para el empleado despedido sin justa causa en comparación con los beneficios que recibe la empresa al despedir al obrero.
En los últimos años ha proliferado la práctica en las empre-sas privadas de despedir trabajadores sin justa causa cuando éstos llevan quince (15) o más años en la empresa. Como tienen que compensarlo con las indemnizaciones que dispone la Ley Núm. 80, antes cita, le resulta más barato despedirlo y pa-garle la mesada, que mantener un empleado cuyo sueldo y retiro más cercano le redundaría en gastos mayores. Al despe-dirlo, aunque cumpla con la ley, deja al empleado sin trabajo y con más de un sesenta (60) por ciento de probabilidades de no poder encontrar otro. De esa forma esta persona, en edad toda-vía productiva, entra a formar parte de los miles de desemplea- dos que hacen fila para recibir ayuda gubernamental. (Énfasis nuestro.)

Más concretamente, el espíritu de esta medida se puede apreciar en los debates legislativos que se suscitaron antes de que se aprobara. Veamos una de estas expresiones le-gislativas:

Sr. Reyes Oppenheimer: ... No se trata pues, solamente de un medio de subsistir, sino además del instrumento en virtud del cual se forma la vida familiar. Se proporciona algún bien o servicio a otros. A la vez se propicia que la persona actualice su potencial humano y se haga más persona.
Es necesario recordar la importancia vital que tienen los em-pleos para los trabajadores, haciendo una analogía con la es-fera penal, el despido, el despido equivale a la pena de muerte. Cuando el despido se hace en forma caprichosa, atenta a la integridad y dignidad del ser humano.
... La aprobación de esta medida desalentaría los despidos que se hacen de forma caprichosa y arbitraria. En menosprecio de lo mejor que tiene nuestra economía su mano de obra. La com-pensación por despido injustificado hará un balance entre el desarrollo económico y los derechos de los trabajadores, des-alentando y penalizando la práctica de despidos arbitrarios que no tienen relación con el desempeño y las operaciones del patrono.
Debemos entender que la política pública detrás de la mesada, es el de disuadir el despido injustificado y no como un precio que el patrono está dispuesto a pagar por un obrero sin justi-ficación alguna. (Énfasis nuestro.)

Sin duda, la Ley Núm. 80 es reflejo del interés apre-miante que tiene el Estado de evitar las prácticas injustas del trabajo en el ámbito de las relaciones obrero patrona-les, entorno donde la parte más débil siempre será el obrero. Como toda ley laboral, está orientada a promo-ver la justicia social de la clase trabajadora, garantizando la mayor protección de sus derechos laborales. Su esen-cia es remedial o reparadora, por lo cual su interpretación judicial debe ser liberal y amplia para que se puedan al-canzar los objetivos que la originaron En este proceso interpretativo, toda duda en cuanto a la aplicación de una disposición legal laboral deberá resolverse a favor del empleado

B. Elementos para activar la causa de acción por despido injustificado

Para que una persona pueda reclamar ante un foro judicial que fue despedida injustificadamente y, por lo tanto, llevar una acción al amparo de la Ley Núm. 80 tiene que alegar en su querella que: (1) era empleada de comercio, industria o cualquier otro negocio o sitio de empleo; (2) estaba contratada sin tiempo determinado; (3) recibía una remuneración; (4) fue despedida de su cargo, y (5) no medió una justa causa Limitaré mi discusión a los últimos dos elementos porque en este caso no existe controversia sobre los primeros tres requisitos.

En el marco de las relaciones obrero patronales el des-pido se entiende como “la ruptura o disolución del contrato o relación de trabajo por declaración de voluntad unilateral del patrono o empresario, que de tal modo extingue el vín-culo que lo une con el trabajador a su servicio”. Este concepto se visualiza ampliamente en la Ley Núm. 80 por-que, además de establecer lo que constituye un despido clásico o tradicional, el estatuto incluye “otras acciones que, por sus efectos, equivalen a despidos”. Específica-mente, la medida conceptúa el término despido de la ma-nera siguiente:

... se entenderá por despido, además de la cesantía del em-pleado, su suspensión indefinida o por un término que exceda de tres (3) meses, excepto en el caso de empleados de industria y negocios estacionales o la renuncia del empleo motivada por actuaciones del patrono dirigidas a inducirlo o forzarlo a re-nunciar tales como imponerle o intentar imponerle condiciones de trabajo más onerosas, reducirle el salario, rebajarlo en ca-tegoría o someterlo a vejámenes o humillaciones de hecho o de palabra. (Énfasis nuestro.)

De este texto se pueden visualizar tres modalidades de despidos: (1) el tradicional, (2) la suspensión, y (3) la re-nuncia obligada provocada por el patrono. En lo perti-nente, la tercera modalidad de despido, conocida como tá-cito o “constructivo”, es una ficción legal porque permite que una renuncia sea tratada por los tribunales como un despido explícito, siempre que ésta sea el resultado de cambios severos en las condiciones de trabajo de un empleado. En otras palabras, el foro judicial infiere la exis-tencia de un despido, a partir de la conducta ilícita del patrono.

Esta figura jurídica tiene su origen en el derecho común donde se le denominó como “constructive discharge”. Ésta se comenzó a utilizar en controversias de relaciones obrero-patronales al amparo de la Ley Nacional de Relacio-nes del Trabajo de los Estados Unidos (N.L.R.A., por sus siglas en inglés). Concretamente, la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo (N.L.R.B., por sus siglas en inglés) utilizó, por primera vez, el término despido constructivo en 1938, aunque no fue hasta 1976 que se elaboraron los dos elementos necesarios para que se configurara la causa de acción por despido constructivo. Ese año, la N.L.R.B. determinó que para reclamar un despido constructivo, en el contexto de relaciones laborales colectivas, era necesario probar: (1) que las condiciones impuestas por el patrono eran de tal naturaleza que obligaban al empleado a renun-ciar y (2) que esta carga onerosa se imponía por las accio-nes sindicales del empleado.

Esta doctrina evolucionó y se amplió su aplicación a todo tipo de controversias de despidos ilegales, particular-mente los relacionados con discrimen al amparo del Título VII de la Ley de Derechos Civiles Por ejemplo, despidos relacionados con discrimen por sexo, edad, raza, religión, hostigamiento sexual, entre otros. En este contexto, los tribunales estatales y federales han elaborado dos estándares para aplicar la doctrina de despido constructivo a contro-versias de discrimen. Estos son: (1) el de la persona razo-nable (Reasonable Person Standard) y (2) el de la intención patronal (Employer Intent Standard). De acuerdo con el Prof. George W. Bohlander, hay una tendencia mayoritaria entre los tribunales apelativos federales para favorecer el primer estándar Inclusive, el Tribunal Supremo de Es-tados Unidos ha aceptado el estándar de la persona razo-nable como el apropiado para adjudicar controversias de despido constructivo en el contexto de discrimen

Según el estándar de persona razonable basta probar que las acciones del patrono inducen al empleado a renun-ciar antes que aceptar las condiciones onerosas o intolera-bles impuestas. Específicamente, en los casos de discrimi-nación ilegal, en los que se reclame el despido constructivo, se debe establecer un nexo entre el acto discriminatorio y las condiciones intolerables de trabajo impuestas por el patrono. En ausencia de este nexo, aunque se demuestre el acto de discriminación ilegal, no se sostendrá automática-mente el reclamo de despido constructivo.

Distintamente, bajo el estándar de intención patronal se requiere que el empleado querellante, además de probar que las condiciones de trabajo son intolerables para una persona razonable, establezca que subyacente a las accio-nes del patrono está la intención de forzar el despido. Nada impide, sin embargo, que ello se pueda probar a través de las inferencias a las que llegue el tribunal al aquilatar la prueba.

Este Tribunal ha interpretado la doctrina de despido constructivo de forma similar al estándar de persona razo-nable utilizado por los foros judiciales de Estados Unidos. Concretamente, desde 1967, hemos establecido que “los ac-tos voluntarios e injustificados de un patrono, encamina-dos a obligar al empleado a dejar su cargo, constituyen un despido cuando la única alternativa razonable que queda al empleado es la de abandonar el cargo”. Los profesores Zeno García y Bermúdez Pérez coinciden con esta aprecia-ción al expresar que “se entenderá que ha ocurrido este tipo de despido, siempre que una persona razonable ante circunstancias similares sienta que se le está forzando a renunciar y no de acuerdo a la visión subjetiva que pudiese tener el empleado individualmente”. (Enfasis nuestro.)

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (De-partamento del Trabajo) adoptó esta definición jurispru-dencial y la estructuró en dos elementos principales:

1) Las acciones del patrono deben exhibir un nivel de seriedad considerable....
2) El empleado no debe tener disponible otra alternativa que no sea la renuncia para resolver la situación adversa que en-frenta en el trabajo.

Respecto al segundo requisito, el Departamento del Tra-bajo aclara que se activa una excepción a la norma general que requiere agotar alguna opción razonable, antes de to-mar la determinación de renunciar, cuando “la acción del patrono crea una condición de riesgo para la vida o la sa-lud, tanto mental como física del empleado”. Ante esta consideración, “no resulta necesario agotar el remedio exis-tente si el mismo no garantiza la eliminación inmediata de dicho riesgo”.

Como es observable, no cualquier molestia, condición antipática o circunstancia estresante en el empleo puede cualificar como un despido tácito, de forma que el trabaja-dor quede protegido por el remedio que provee la Ley Núm. 80. Es necesario que las actuaciones del patrono, ya sean cambios onerosos en las condiciones de trabajo, traslados, reducciones de salarios o descenso en el puesto, sean arbi-trarias, irrazonables y caprichosas. Además, deben ser situaciones que le creen al empleado un ambiente de tra-bajo hostil, intimidante u ofensivo, que no estén funda-mentadas “en gestiones administrativas legítimas” y que lesionen sus condiciones de trabajo. Para el profesor Bo-hlander un ejemplo de una condición de trabajo intolerable es trasladar a un empleado aumentándole marcadamente el tiempo requerido para llegar a su lugar de trabajo, Los profesores Baxter y Farrell coinciden con esta aprecia-ción y proveen otros criterios que deben ser ponderados para determinar si la renuncia provocada por un traslado puede constituir un despido constructivo. Específicamente, los profesores exponen:

In determining whether a proposed transfer or demotion constitutes conditions intolerable enough to support a finding of constructive discharge by an employee who leaves a job, courts will compare the offered job with the job the employee had. The comparison will focus on differences in pay and benefits, as well as other day to day conditions, increased travel requirements, increased commuting time, etc. Courts will also consider whether the transfer or demotion constitutes a blow to one’s prestige or involves embarrassment (although these factors will not constitute an intolerable condition unless their effect is great). In evaluating embarrassment claims, courts seek to find out whether the embarrassment would be daily and unavoidable and whether there is a radical change in job responsabilities (e.g., taking away an employee’s responsibility for policy-making decisions). Courts emphasize that the standard for evaluating claims of intolerable working conditions caused by a transfer or demotion is an objective one, and that mere dislike of the new job is not a difficult or unpleasant enough condition that a person is privileged to quit.

Concretamente, para determinar si hay un despido im-plícito, primero, la prueba debe demostrar, “mediante infe-rencia razonable, que la única alternativa razonable del empleado es abandonar su empleo”, como lógico resultado de las condiciones de trabajo intolerables, irrazonables, in-justas y a tal punto onerosas que le impuso su patrono. Ante estas circunstancias, el empleado, como persona ra-zonable, prefiere renunciar que tolerar las desfavorables condiciones de trabajo impuestas. Es decir, la renuncia del empleado debe considerarse como una consecuencia razo-nablemente previsible de las acciones del patrono.

Otro elemento por considerar es si el patrono puede jus-tificar su actuación. Esto implica que el patrono debe pro-bar que no tenía otras alternativas menos onerosas para ofrecer al empleado que no le resultaran perjudiciales al normal funcionamiento de su negocio. Como regla general, si el patrono no logra justificar su actuación, este tipo de despido será injustificado. Al examinar este factor, el Tribunal debe partir de la premisa de que los patronos son personas razonables en la toma de decisiones en su empresa.

El Departamento del Trabajo sugiere algunas circuns-tancias que, de acuerdo a la situación fáctica del caso, pue-den examinarse para determinar si la actuación del pa-trono es razonable y justificada. Estas son: “(1) [l]a condición económica de la empresa, (2) [l]os cambios tecno-lógicos o de cualquier otra forma que se han realizado en la empresa, (3) [e]l desempeño y la eficiencia del empleado en su puesto, (4) [e]l nivel de compensación del empleado, es-pecialmente si se le compara con empleados que ocupan una posición similar en la empresa o en otras empresas similares, (5) [l]as condiciones de trabajo de los demás em-pleados de la empresa y especialmente de los empleados que ocupan una posición similar, (6) [a]ntigüedad del empleado”. Cada una de estas consideraciones repre-senta las posibles razones que el patrono puede utilizar para justificar su actuación.

En el caso ante nuestra consideración, para definir si la actuación de trasladar a la señora Figueroa Rivera fue jus-tificada y razonable se deben evaluar, principalmente, tres factores: (1) la condición económica de El Telar, Inc. y la decisión de cierre, (2) la reducción parcial de personal y (3) el elemento de la antigüedad. En este examen, la prueba ofrecida por el patrono nos debe llevar a concluir que no tenía otra alternativa menos onerosa que beneficiara a la empleada y que no le afectara el funcionamiento de su negocio. Es decir, tenemos que concluir que el patrono cum-plió con la Ley Núm. 80. Si el patrono no logra demostrar su cumplimiento, será responsable por despido constructivo y tendrá que pagar la “mesada”.

Varias de las situaciones señaladas por el Departa-mento para determinar la razonabilidad y justificación de la actuación patronal, surgen de las circunstancias parti-culares que la Ley Núm. 80 menciona como posibles causas justificadas para el despido. Éstas se sustentan en la pre-rrogativa que tiene el patrono de despedir a un trabajador, siempre que el despido obedezca a una razón gerencial y no sea producto de su arbitrariedad y capricho. Sobre este particular, la normativa específicamente dispone que será justa causa para el despido de un empleado lo siguiente:

a. Que el obrero siga un patrón de conducta impropia o desordenada.
b. La actitud del empleado de no rendir su trabajo en forma eficiente o de hacerlo tardía y negligentemente o en violación de las normas de calidad del producto que se produce o maneja por el establecimiento.
c. Violación reiterada por el empleado de las reglas y regla-mentos razonables establecidos para el funcionamiento del es-tablecimiento siempre que copia escrita de los mismos se haya suministrado oportunamente al empleado.
d. Cierre total, temporero o parcial de las operaciones del establecimiento.
e. Los cambios tecnológicos o de reorganización, así como los de estilo, diseño o naturaleza del producto que se produce o maneja por el establecimiento y los cambios rendidos al público.
f. Reducciones en empleo que se hacen necesarias debido a una reducción en el volumen de producción, ventas o ganan-cias, anticipadas o que prevalecen al ocurrir el despido.

Las primeras tres situaciones son provocadas por la con-ducta del empleado. Mientras, las próximas tres son actua-ciones del patrono, motivadas por razones económicas, dirigidas a la administración de su negocio. Ambos grupos de causales deben estar vinculadas al buen y normal funcio-namiento de la empresa para que el despido sea conside-rado con justa causa. Al respecto, la normativa dispone que no se considerara justificado un despido que se hace por mero capricho del patrono o sin razón relacionada con el buen y normal funcionamiento del establecimiento.

La controversia de este caso se centra en las causales (d) y (f). Es decir, en el cierre de algunas tiendas de El Telar, en la reducción de personal por motivo del cierre y en un alegado despido constructivo por el diseño e implantación arbitraria y caprichosa de un estudio de antigüedad para hacer efectivo los cierres. En cuanto a esto, la Ley Núm. 80 dispone que:

En cualquier caso en que se despidiesen empleados por las razones indicadas en los incisos (d), (e) y (f) de la sec. 185b de este título, el patrono estará obligado a retener con preferencia en el empleo a los empleados de más antigüedad siempre que subsistan puestos vacantes u ocupados por empleados de me-nos antigüedad en el empleo dentro de su clasificación ocupa-cional que puedan ser desempeñados por ellos, entendiéndose que se dará preferencia a los empleados despedidos en caso de que dentro de los seis (6) meses siguientes a su cesantía tu-viere necesidad de emplear a una persona en labores iguales o similares a las que desempeñaban dichos empleados al mo-mento de su despido y dentro de su clasificación ocupacional siguiéndose también el orden de antigüedad en la reposición excepto, y en ambas situaciones, en aquellos casos en que haya una diferencia clara o inconcursa en favor de la eficiencia o capacidad de trabajadores comparados en cuyo caso prevale-cerá la capacidad.

Este precepto establece, como un derecho, la retención de todo empleado que tenga mayor antigüedad en la empresa. Por lo cual, para que la acción del patrono de cerrar y re-ducir personal sea justificada y, por ende, válida, éste de-berá respetar el orden de antigüedad de los trabajadores. Para cumplir con esta obligación, el patrono debe utilizar su prerrogativa gerencial de diseñar un estudio de antigüedad. Este plan de antigüedad no puede ser contra-rio a la finalidad de la Ley Núm. 80 que es proteger la tenencia de empleo de aquellos trabajadores que tienen más tiempo laborando en la empresa. Esto porque el estatuto presume que al aplicar o implantar sus disposiciones el patrono va a actuar sin arbitrariedad o capricho.

Para calcular la antigüedad del empleado, la Ley Núm. 80 establece dos criterios. Según el primero, los años de servicios se computan tomando en consideración el tiempo en la oficina, fábrica, sucursal o planta donde se va hacer la reducción de personal, porque los empleados no son tras-ladados entre componentes de la empresa y cada uno de éstos funciona de manera independiente en cuanto a los asuntos de personal. El segundo criterio toma en conside-ración el tiempo invertido en todas las oficinas, fábricas, sucursales o plantas dentro de la clasificación ocupacional donde se va hacer la reducción de personal, porque son usuales los traslados de empleados entre unidades y se opera de forma integrada en cuanto a los aspectos de personal. Este segundo criterio es el que le aplica a la controversia que está ante nuestra consideración. Por eso, para determinar la antigüedad de sus empleados, El Telar, Inc. consideró todo el tiempo que éstos llevaban laborando en la compañía.

Claro está, la ley también establece que se podrá utili-zar el criterio de eficiencia o capacidad, tanto en el orden de los despidos como en la retención, siempre que exista una diferencia clara que lo justifique. En ese sentido, el criterio de “eficiencia o capacidad reviste un valor secun-dario al de la antigüedad”. De acuerdo con el Departa-mento del Trabajo, esta conclusión

... obedece al hecho de que cuando un grupo de personas se han desempeñado por un período de tiempo en una clasifica-ción ocupacional, se entiende que todos cumplen en términos generales con los requisitos para ocupar la plaza cubriendo unos niveles mínimos de excelencia. Por lo tanto, si la acción del patrono sólo consiste en una reducción de la fuerza obrera, entonces el requisito que como norma regula el orden prefe-rente de cesantía y reempleos es la antigüedad.

En este caso, El Telar, Inc. no alegó ni probó que era necesario sustituir el criterio de antigüedad por el de capa-cidad o eficiencia. Por lo tanto, al evaluar la implantación del estudio de antigüedad, con relación a la señora Figueroa Rivera, será necesario observar si el patrono cumplió con la finalidad de la Ley Núm. 80 que persigue retener en el puesto a los empleados de mayor antigüedad.

Inmediatamente se cumple con cada uno de los requisi-tos previamente mencionados, es decir, ser un empleado de negocio, a tiempo indeterminado, con remuneración y des-pedido sin justa causa, se activa en el proceso judicial una presunción legal de que el despido es ilegal o injustifi-cado. Esta regla fue reafirmada por la Asamblea Legis-lativa en una de las enmiendas realizadas a la Ley Núm. 80.

Dicha legislación tuvo el propósito de conferir mayor protec-ción en el empleo a los trabajadores, al establecer una presun-ción, rebatible, de despido injustificado y el derecho a una in-demnización, conocida comúnmente como “mesada”, en aquellas situaciones en las que el patrono no pudiese estable-cer, a satisfacción del Tribunal, la existencia de justa causa para el despido.

Ante esta presunción, al contestar la demanda el pa-trono tiene la obligación de alegar “los hechos que dieron origen al despido y probar que el mismo estuvo justifica-do”, de manera que pueda quedar exento de la responsabi-lidad económica que impone la Ley Núm. 80 a todo patrono que despide sin justa causa a un empleado. Esto signi-fica que, contrario a la norma general, en los casos donde se presente la causa de acción por despido injustificado al am-paro de la Ley Núm. 80, será el patrono y no el reclamante quien tendrá el peso de la prueba para establecer que el despido fue justificado.

Las Reglas de Evidencia claramente disponen que, en los casos civiles, si la persona contra la cual se establece la presunción no presenta evidencia para rebatir el hecho presumido, el juzgador está obligado a deducirlo, quedando tal hecho establecido. Por el contrario, si la parte contra la cual se establece la presunción, presenta evidencia en apoyo de la determinación de la no existencia del hecho, la parte a la cual le favorece la presunción debe persuadir al juzgador de que el hecho presumido sí existe.

La carga probatoria del patrono para rebatir la presun-ción de despido injustificado, es decir, para demostrar la inexistencia del hecho presumido, será el de preponder-ancia. En ese sentido, el patrono tiene la obligación de probar y persuadir al juzgador respecto a que el despido fue justificado. Si el patrono revierte esta presunción, el em-pleado tiene que presentar prueba de refutación para esta-blecer que el despido fue injustificado. Si el empleado no logra probar que se trató de un despido injustificado, el patrono prevalece y se libera del pago de la mesada. Por el contrario, si el patrono no cumple con la carga probatoria, el foro judicial tiene que concluir que el despido fue arbi-trario y caprichoso, es decir, injustificado.

Concretamente, en un caso donde un empleado alegue que su renuncia debe considerarse un despido constructivo, el patrono debe alegar y probar que su actuación fue razo-nable, justificada y que no tenía otras alternativas menos onerosas que ofrecer al empleado y que, a la vez, no impi-dieran el normal funcionamiento de su negocio. Lo particular de esta modalidad de despido es que sólo se activa cuando, entre otros factores, se concluye que la actuación del patrono fue injustificada. Dentro del mismo concepto jurídico, contrario a las otras variantes de despido, está inmerso su rechazo a lo injustificada o arbitraria de la ac-ción realizada por el patrono. Por lo cual, si se establece que hay un despido constructivo, será obligatorio concluir que éste es injustificado.

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En este caso se ha configurado un despido constructivo. Basta con examinar brevemente el expediente para darse cuenta de esto. La señora Figueroa Rivera no fue separada de su puesto de gerente y de su empleo de forma tradicio-nal, es decir, no hubo un despido explícito en el que El Telar, Inc. unilateralmente le manifestara que quedaba ce-sante de su puesto. La señora Figueroa Rivera renunció a su trabajo, después de 18 años en la compañía El Telar, Inc., no por su gusto, sino porque las nuevas condiciones de trabajo impuestas por su patrono eran intolerables. En este caso, es necesario establecer si su renuncia constituye un despido implícito o tácito provocado por las acciones y de-cisiones de su patrono. Es decir, se necesita determinar si la actuación de El Telar, Inc. de trasladarla de Guayama a Mayagüez para realizar su trabajo le resultó onerosa, si su única opción razonable era renunciar y si el patrono tenía otras alternativas menos onerosas que evitaran su determinación. Si el patrono no tenía otras alternativas, estamos en la obligación de considerar que se trató de una medida legítima y justificada. Por el contrario, si tenía otras alternativas, entonces su determinación fue capri-chosa e injustificada. Este análisis se realiza para discer-nir si la señora Figueroa Rivera tiene derecho a la mesada y a la indemnización progresiva que concede la Ley Núm. 80. En nuestro caso, el análisis revela que, efectivamente, su despido fue injustificado.

La señora Figueroa Rivera reside en el pueblo de Gua-yama, lugar donde también trabajaba en la tienda El Telar. Su renuncia fue provocada porque El Telar, Inc., al cerrar la tienda de Plaza Guayama, lugar en el que laboraba como gerente, determinó que sería trasladada como ge-rente a la tienda del pueblo de Mayagüez y que, de no aceptar, tendría que renunciar.

Es obvio que la determinación unilateral de El Telar, Inc. resulta onerosa para la señora Figueroa Rivera. Antes, la señora Figueroa Rivera llegaba a su trabajo desde su casa en aproximadamente 10 minutos. Ahora, con su tras-lado, El Telar, Inc. impone a la señora Figueroa Rivera alguna de las acciones siguientes: (1) vender su casa en el pueblo de Guayama y reubicar su residencia en Mayagüez, o (2) alquilar otra residencia en Mayagüez, o (3) viajar en-tre 2V2 y 3 horas desde su casa hasta su trabajo y viceversa.

Si la señora Figueroa Rivera optara por viajar todos los días, esto significaría la inversión de por lo menos 5 horas diarias en transportación, tendría que gastar una cantidad significativa de su sueldo en combustible y en el manteni-miento de su vehículo para que éste se encuentre en con-diciones óptimas para transitar. Además, la cantidad de horas invertidas en viajar le restaría al tiempo que la se-ñora Figueroa tiene para descansar y ciertamente aumen-taría su cansancio físico, lo cual puede afectar, a su vez, sus relaciones con sus familiares, las responsabilidades en el hogar e inclusive en su trabajo, entre otros. También, el mantenerse más tiempo conduciendo, aumenta la posibili-dad de que la señora Figueroa Rivera pueda tener un acci-dente en la carretera.

De igual forma, si la señora Figueroa Rivera optara por cualquiera de las otras formas para reorganizar su vida, mencionadas anteriormente, todas serían igualmente one-rosas tanto para ella como para toda su familia. Por eso, este traslado representa un cambio sustancial y severo en las condiciones de trabajo y la vida de la señora Figueroa Rivera. Sin duda, la inversión de recursos económicos para trabajar haría insignificante la remuneración que ésta re-cibe, que de hecho es el salario mínimo, $7.50 la hora. Esto no es una mera molestia o situación antipática, es la des-trucción de la estabilidad emocional, económica y laboral de esta empleada.

Ante la disyuntiva impuesta por su patrono, ¿tenía otra alternativa razonable la señora Figueroa Rivera, más allá de renunciar? Es evidente que no. El Telar, Inc. la indujo a renunciar y así se lo hizo ver cuando le entregó un docu-mento donde le informaba su reubicación y le solicitaba que manifestara si iba aceptar el traslado. Si no lo aceptaba, tenía que entregar su carta de renuncia. La determina-ción de la señora Figueroa Rivera de renunciar a su puesto es la que tomaría cualquier persona razonable en su situa-ción y es un resultado previsible a las determinaciones de su patrono de imponerle un traslado oneroso. Al hacer sus condiciones de trabajo intolerables, El Telar, Inc. la indujo a renunciar. De esa forma, se configura un despido cons-tructivo que por sus características resulta injustificado, caprichoso e impermisible de acuerdo con la doctrina labo-ral porque, como veremos, el patrono tenía varias alterna-tivas que ofrecerle a la señora Figueroa Rivera.

Luego de establecer que la actuación voluntaria de El Telar, Inc. de trasladar a la señora Figueroa Rivera para Mayagüez representó para ésta una condición en extremo onerosa y determinar que su única opción viable era la renuncia, es necesario examinar si la actuación del patrono es justificada y razonable. Esto tomando en consideración si El Telar, Inc. no tenía otras alternativas menos onerosas que no fueran incompatibles con el normal funcionamiento de su negocio. Al evaluar este aspecto, el Tribunal debe partir de la premisa de que los patronos actúan de forma razonable cuando toman decisiones que impactan su negocio.

El Telar, Inc. tuvo que cerrar algunas de sus tiendas por motivos económicos. Esto ocasionó que tuviera que reducir su personal gerencial y el resto de sus empleados. Como parte de su prerrogativa gerencial, El Telar, Inc. diseñó un plan de antigüedad para cada una de las clasificaciones ocupacionales, gerenciales y no gerenciales. Bajo la lógica de éste, era razonable pensar que los empleados de mayor antigüedad debían ser retenidos sobre los que tuvieran me-nos antigüedad.

Del plan de antigüedad se puede observar que la tienda de Patillas fue cerrada el 21 de agosto de 2006. Mientras, la de Plaza Guayama fue cerrada dos días más tarde, el 23 de agosto de 2006. En la tienda de Guayama, laboraba la señora Figueroa Rivera, quien tenía 18 años de antigüe-dad, mientras en la tienda de Patillas trabajaba la señora Lugo que tenía apenas 6 meses de trabajo y antigüedad acumulados. La implantación del estudio de antigüedad, tuvo el efecto práctico de trasladar a la empleada con más antigüedad al pueblo Mayagüez, mientras transfirió a la de menos antigüedad al pueblo de Juana Díaz, ciudad que está apenas a media hora de Guayama. Esto provocó la renuncia de la señora Figueroa Rivera, una consecuencia que el patrono podía razonablemente prever. Todo esto se suscitó, a pesar de que al momento del cierre de Plaza Gua-yama, tanto el puesto de gerente de la tienda de Juana Díaz como la de Mayagüez, estaban ocupados por personas que llevaban sólo seis meses trabajando para la compañía. Am-bas gerentes, la señora Lugo de Juana Díaz y la Sra. Ari-selis Sánchez Vadi de Mayagüez, comenzaron a laborar en El Telar en la misma fecha, el 13 de febrero de 2006.

La actuación originalmente legítima de El Telar, Inc., de cerrar por motivos económicos varias de sus tiendas, se con-virtió en injustificada e irrazonable cuando, al aplicar su plan de antigüedad, incumplió y no respetó la intención de la Ley Núm. 80 de proteger la tenencia del empleo de aque-llos empleados que tuvieran mayor antigüedad. Es decir, a la señora Figueroa Rivera no se le protegió el derecho de retención que le concede la Ley Núm. 80 por tener 18 años de servicio laborando para El Telar, Inc. Esto a pesar de que el estatuto impone al patrono la obligación de retener a los empleados de mayor antigüedad siempre que hayan puestos vacantes u ocupados por trabajadores de menor an-tigüedad en la misma clasificación ocupacional. Esto no implica que los empleados tengan un derecho a que se les ubique en el lugar geográfico que deseen. De lo que se trata es de su derecho a ser retenidos en las condiciones explíci-tas que dispone le Ley Núm. 80.

Ante esta situación fáctica, es obligatorio cuestionarnos, ¿tenía El Telar, Inc. otras alternativas que resultaran me-nos onerosas que el traslado de la señora Figueroa Rivera a Mayagüez y, a la vez, fueran compatibles con el buen funcionamiento de la compañía? De entrada es evidente que sí. El Telar, Inc. tenía la opción de cumplir con la Ley Núm. 80 de 1976 de dos maneras: (1) trasladando a la señora Figueroa Rivera a la tienda de Juana Díaz y cesan-teando a la señora Lugo, quien tenía mucho menos antigüe-dad, o (2) trasladando a la señora Figueroa Rivera a la tienda de Guayama Pueblo, enviando a la gerente de esa tienda, que según las determinaciones de hechos del foro de instancia tenía 5 años con la compañía, a la.de Juana Díaz y cesanteando a la señora Lugo. De esta manera, se hu-biera respetado el derecho de retención de la señora Figueroa Rivera utilizando el criterio primordial de la antigüedad. Al existir otras alternativas a la opción im-puesta por El Telar, y éstas no interferir o afectar el normal funcionamiento del negocio, es obligatorio concluir que la actuación de El Telar, Inc. de trasladar a Mayagüez a la señora Figueroa Rivera fue injustificada y caprichosa.

Como se cumplen todos los elementos para configurar un despido constructivo, me parece evidente que la Mayo-ría se equivoca al revocar la sentencia del Tribunal de Apelaciones. En vez, confirmaría la sentencia y le ordena-ría a El Telar, Inc. que indemnizara a la señora Figueroa Rivera en la cantidad de $24,000, equivalente a la mesada computada desde que inicio sus labores con El Telar, Inc., el 19 de mayo de 1988, hasta la fecha de su renuncia el 24 de agosto de 2006, más 25% por honorarios de abogado.

        Srio. del Trabajo v. I.T.T., 108 D.P.R. 536, 547 (1979).

       Según el “Estudio de Antigüedad” la sucursal de El Telar en Plaza Guayama fue cerrada el 23 de agosto de 2006. Estudio de Antigüedad de Gerentes, Apéndice del recurso de Apelación, pág. 42.

       Véase Decisión referente al Traslado de Tienda por Motivo de Cierre de Tienda Plaza Guayama, 24 de agosto de 2006, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 99.

       Estudio de Antigüedad, Apéndice del recurso de Apelación, supra.

       Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 20-22.

       En este escrito, la señora Figueroa Rivera argumentó que el acto de trasla-darla a la tienda El Telar en Mayagüez, al ser oneroso, fue la causa que la obligó a renunciar. Ante esta realidad y la negativa del patrono de reubicarla en la plaza de gerente de la tienda Guayama Pueblo, a pesar de que la gerente de esa tienda tenía menor antigüedad en la empresa, la señora Figueroa Rivera alega que se configuró un despido constructivo. Alegato en Torno al Procedimiento (Incorrecto) de Despido Utilizado por el Querellado, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 38-41.

       Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 16.

       Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 9.

        Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 D.P.R. 364, 374 (2001). Véanse: R.N. Delgado Zayas, Apunte para el estudio de la legislación protectora del trabajo en el

        derecho laboral puertorriqueño, San Juan, [ed. del autor], 2005, págs. 127-128; C. Zeno Santiago y V.M. Bermudez Pérez, Tratado de Derecho del Trabajo, Puerto Rico, Pubs. J.T.S., 2003, T. I, pág. 35.

       Exposición de Motivos de la Ley Núm. 80, según enmendada, 1976 Leyes de Puerto Rico 268.

       Exposición de Motivos de la Ley Núm. 128 de 7 de octubre de 2005 que enmendó la Ley Núm. 80 de 1976.

       Diario de Sesiones, P. de la C. 631 que se convirtió en la Ley Núm. 128 de 7 de octubre de 2005, págs. 2-3.

       C. Zeno Santiago, El Despido y la política social en nuestro estado de dere-cho, 34 (Núm. 2) Rev. Jur. U.I.P.R. 213 (2000).

         Adventist Health v. Mercado, 171 D.P.R. 255 (2007); Cintrón v. Ritz Carlton, 162 D.P.R. 32, 39 (2004).

        Arce Buceta v. Motorola, 173 D.P.R. 516 (2008); Adventist Health v. Mercado, supra; Torres Santiago v. Mun. de Coamo, 170 D.P.R. 541 (2007); Muñoz Hernández v. Policía de P.R., 134 D.P.R. 486, 496-497 (1993); Martínez Reyes v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 407, 411 (1975). Véanse, además: R.E. Bernier y J.A. Cuevas Sega-rra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed. rev., San Juan Pubs. J.T.S., 1987, Vol. 1, pág. 455; Zeno Santiago y Bermúdez, op. cit., págs. 27 y 94; Delgado Zayas, op.cit., pág. 15.

        Arce Buceta v. Motorola, supra; Adventist Health v. Mercado, supra; Torres Santiago v. Mun. de Coamo, supra; García Burgos v. A.E.E.L.A., 170 D.P.R. 315 (2007); Jiménez, Hernández v. General Inst., Inc., 170 D.P.R. 14 (2007); Pinero v. A.A.A., 146 D.P.R. 890, 901-902 (1998). Véanse, además: Acevedo v. P.R. Sun Oil Co., 145 D.P.R. 752 (1998); Beauchamp v. Holsum Bakers of P.R., 116 D.P.R. 522 (1985); Srio. del Trabajo v. I.T.T., 108 D.P.R. 536 (1979).

       En el caso Hull Dobbs Co. v. Tribunal Superior, 82 D.P.R. 77, 84-85 (1961), interpretando la Ley Núm. 50, este Tribunal determinó que los ejecutivos, profesio-nales y administradores están protegidos contra los despidos injustificados.

       Art. 1 de la Ley Núm. 80, supra, 29 L.P.R.A. sec. 185a; García v. Aljoma, 162 D.P.R. 572, 585 (2004); Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra, pág. 375. Véase, además, Zeno Santiago y Bermúdez, op. cit., pág. 98.

       G. Caballerías de Torres, Diccionario de Derecho Laboral, Buenos Aires, Ed. Heliasta, 1998, pág. 200.

       Zeno Santiago, El despido y la política social en nuestro estado de derecho, supra, pág. 215.

       Art. 5 de la Ley Núm. 80, supra, 29 L.P.R.A. sec. 185e.

       A este término jurídico, además, se le conoce como “despido constructivo”, “abandono constructivo” o “despido implícito”.

       Zeno Santiago y Bermúdez Pérez, op. cit., pág. 100.

       29 U.S.C.A. sees. 151-169; G.W. Bohlander, Constructive Discharge-A.K.A. Was It a Quit or Discharge? Understanding The Doctrine and Prevention of Constructive-Discharge-Discharge Cases, 8 J. Individual Employment Rigths 49 (1999-2000).
      Esta ley trataba de impedir que se discriminara, en la contratación o la tenencia de un empleo, contra aquellos empleados que querían formar, asistir o apoyar la organización de un sindicato, o intentaban negociar colectivamente mediante sus representantes. 29 U.S.C.A. sec. 158(a)(3). De esta forma, los patronos podrían ser encontrados culpables de cometer prácticas ilícitas configurando un despido cons-tructivo, contra los empleados unionados, bajo las secciones 8(a)(3) y 8(a)(1), 29 U.S.C.A. 158(a)(1) y (a)(3). En esta última sección, los cargos se referían a intentos del patrono de interferir, restringir o ejercer coerción contra los empleados que ejer-cían los derechos que le concedía el estatuto. Bohlander, op. cit, págs. 49-50.

        Sterling Corset Co., Inc., 9 N.L.R.B. 858, 865 (1938), citado en Pennsylvania State Police v. Suder’s, 542 U.S. 129, 141-143 (2004); I.M. Saxe, Constructive Discharge Under the ADEA: An Argument for the Intent Standard, 55 (Núm. 6) Ford-ham L.Rev. 963 (mayo 1987).

       “There are two elements which must be proven to establish a constructive discharge. First, the burdens imposed upon the employee must cause, and be intended to cause, a change in his working conditions so difficult or unpleasant as to force him to resign. Second, it must be shown that those burdens were imposed because of the employee’s union activities.” Crystal Princeton Refining Co., 222 N.L.R.B. 1068 (1976), según citado en G.W. Bohlander, op. cit. pág. 50. Véase, además, Sure-Tan, Inc. v. NLRB, 467 U.S. 883 (1984), donde el Tribunal Supremo federal afirma que el intento de un patrono de forzar la renuncia de su empleado es un elemento signifi-cativo en determinar los resultados de los casos de despido constructivo atendidos por la Junta. Bohlander, supra, pág. 50. En este caso, el Tribunal Supremo de Esta-dos Unidos avaló el despido constructivo en el contexto laboral, según establecido por la N.L.R.B. De esta forma, siguió el patrón establecido por los tribunales estatales y federales.

        Equal Employment Opportunities Act, Civil RigthsAct of 1964 (42 U.S.C.A. sec. 2000e et seq.); Bohlander, supra, págs. 50-51; Pennsylvania State Police v. Su-ders, supra; H.E. Sullivan III, Labor Law, Employment discrimination: Employer that knowingly permits acts of discrimination so intolerable that reasonable employee subject to them would resign may be liable for Constructive Discharge under Title VII, 30 (Núms. 3-4) Villanova L.Rev. 1028-1039 (junio 1985).

       El estándar de la persona razonable es aceptado por los distritos Primero, Segundo, Tercero, Quinto, Sexto, Noveno, Décimo, Undécimo y el de Columbia. Mien-tras, el estándar de la intención patronal sólo es apoyado por el cuarto y octavo circuito de apelaciones. Bohlander, supra, pág. 51.

        Pennsylvania State Police v. Suders, supra, págs. 133-134 y 147, citando también a Burlington Industries, Inc. v. Ellerth, 524 U.S. 742 (1998), Faragher v. City of Boca Raton, 524 U.S. 775 (1998).

       Bohlander, supra, pág. 55, citando a Heagney v. University of Washington, 26 Fair Employment Practice Case 438 (9no Cir. 1981).
      Los tribunales estatales y federates han definido el concepto de “condiciones de trabajo intolerable” como aquellas condiciones de empleo onerosas, impuestas por el patrono, que son insoportables para cualquier persona razonable y que le fuerza a renunciar involuntariamente. Estas condiciones onerosas se concretizan cuando el patrono, en vez de crear condiciones razonables de empleo, coloca al empleado en la disyuntiva de aceptar las condiciones intolerables impuestas a sus condiciones de trabajo o renunciar. En esta situación es perfectamente comprensible que un em-pleado anticipe el daño que pueden ocasionarle las condiciones onerosas previstas para un futuro cercano y decida renunciar antes de someterse a las nuevas condicio-nes de trabajo impuestas por su patrono. Meyer v. Brown & Root Const. Co., 661 F.2d 369 (5to Cir. 1981), citado en G.W. Bohlander, supra, pág. 53.

       Bohlander, supra, pág. 55, citando a Paroline v. Unisys Corp., 879 F.2d 100, 114 (4to Cir. 1989). Actualmente, aun según el estándar de intención patronal, para probar la intención del patrono de despedir al empleado no es necesario demostrar que el patrono conscientemente intentaba forzar al empleado a renunciar. Por lo cual, cuando un patrono niega que conscientemente esté tratando de hacer que su empleado renuncie, al patrono necesariamente se le debe adjudicar la intención de esperar la consecuencia razonablemente previsible de sus actuaciones. Martin v. Cavalier Hotel Corp., 48 F.3d 1343 (4to Cir. 1995); Hukkanen v. Intern. Union of Operating Engineers, 3 F.3d 281 (8vo Cir. 1993); Derr v. Gulf Oil Corp., 796 F.2d 340 (10mo Cir. 1986), todos citados en G.D. Mesritz, Constructive Discharge and Employer Intent: Are the Courts Split over a Distinction without a Difference?, 21 (Núm. 4) Emp. Rel. L.J. 92-94 (Primavera 1996).
      Esto básicamente elimina la distinción entre el estándar de persona razonable y el de intención patronal porque ambas utilizan un examen objetivo. El primero ba-sado en la razonabilidad del empleado que renuncia y el segundo en que la renuncia sea una consecuencia razonablemente previsible a las acciones del patrono. En otras palabras, el despido constructivo se configura cuando el patrono podía razonable-mente prever las consecuencias de sus acciones. Mesritz, supra, págs. 92 y 102.

        Vélez de Reilova v. R. Palmer Bros., Inc., 94 D.P.R. 175, 178 (1967). Véanse, además: Nazario v. E.L.A., 159 D.P.R. 799, 810 (2003); S.L.G. Hernández-Beltrán v. TOLIC, 151 D.P.R. 754, 777 (2000); Arthur Young & Co. v. Vega III, 136 D.P.R. 157, 183 (1994).

       Zeno Santiago y Bermúdez Pérez, op. cit., pág. 100.

        Guía Revisada para la Aplicación de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, 21 de septiem-bre de 2000, pág. 24 (Guía Revisada).

       íd.

       íd.

        Soc. de Gananciales v. Royal Bank de P.R., 145 D.P.R. 178, 198, 208-209 (1998).

        Guía Revisada, supra, pág. 25.

       Bohlander, supra, pág. 54.

       R.H. Baxter Jr. y J.M. Farell, Constructive Discharge: When Quitting Jeans Getting Fired, 7 Emp. Rel. L.J. 352-353.

       Zeno Santiago y Bermúdez Pérez, op. cit, pág. 102; Zeno Santiago, El des-pido y la política social en nuestro estado de derecho, supra, pág. 219. Véase, además, Baxter, Jr. y Farell, supra, págs. 346-368.

       Delgado Zayas, op. cit., pág. 122.

       En un contexto de despido constructivo por discrimen, el Tribunal Supremo de Estados Unidos expresó:
      “[W]e know from our experience that more often than not people do not act in a totally arbitrary manner, without any underlying reasons, especially in a business setting. Thus, when all legitimate reasons ... have been eliminated as possible reasons for the employer’s actions, it is more likely than not the employer, who we generally assume acts only with some reason, based his decision on an impermissible consideration ....” Furnco Construction Corp. v. Waters et al., 438 U.S. 567, 577 (1978).

        Guía Revisada, supra, pág. 25.

       íd.

       No comparto la conclusión a la que llega la opinión de conformidad referente a que en la ponderación de si un despido es constructivo, además del elemento de la onerosidad y de la renuncia como única opción, se deben evaluar cada uno de los factores que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos menciona para esta-blecer si fue válida la actuación del patrono. Esta información que provee el Depar-tamento sólo son guías interpretativas de la Ley Núm. 80. No es un reglamento aprobado con el rigor que exige la Ley de Procedimiento Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (L.P.A.U.), 3 L.P.R.A. see. 2101 et seq., y validado por el Departamento de Estado que resulte obligatorio al momento de adjudicar una controversia. Por lo cual, la mayoría, al utilizar estas guías, debe analizarlas y apli-carlas en congruencia con los hechos del caso y la finalidad de la Ley Núm. 80 de 1976, según enmendada, que es proteger la tenencia del empleo.

       Art. 2 de la Ley Núm. 80, supra, 29 L.P.R.A. sec. 185b.

       Id.; Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra, págs. 376-377; Srio. del Trabajo v. G.P. Inds., Inc., 153 D.P.R. 223, 244 (2001); Srio. del Trabajo v. I.T.T., supra, pág. 543; Báez García v. Cooper Labs., Inc., 120 D.P.R. 145, 154 (1987). Véanse, además: Zeno Santiago y Bermúdez Pérez, op. cit., pág. 107; A. Acevedo Colom, Legislación protec-tora del trabajo comentada, 7ma ed. rev., San Juan, [ed. del autor], 2001, pág. 135.

       Art. 3 de la Ley Núm. 80, supra, 29 L.P.R.A. sec. 185c.

       Art. 3 de la Ley Núm. 80, supra.

       para esto, el patrono tendrá que someter evidencia que demuestre que:
      “1. Ha utilizado un mecanismo de evaluación razonable, el cual mide de forma apropiada y objetiva la capacidad del empleado para realizar las funciones del puesto.

        “2. De las evaluaciones realizadas surge una diferencia clara o inconcursa a favor de la eficiencia o capacidad de ciertos empleados.
      “3. Las funciones del puesto son de tal naturaleza que la diferencia en términos de la capacidad o eficiencia de los empleados conlleva una diferencia económica sus-tancial para la empresa y quizás en la capacidad de subsistencia de ésta.” Guía Revisada, supra, pág. 41. Véase, además, Zeno Santiago y Bermúdez Pérez, op. cit., págs. 132-133.

        Guía Revisada, supra, pág. 40.

        íd.

       Art. 8 de la Ley Núm. 80, supra, 29 L.P.R.A. sec. 185k; Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra, pág. 378; Báez García v. Cooper Labs., Inc., supra, págs. Í51-152. Véase, además, L.O. Meléndez Dones, Esquemas probatorios: el discrimen intencio-nal al amparo de la Ley Núm. 100 y el Título VII, 34 (Núm. 2) Rev. Jur. U.I.P.R. 239, 251 (2000).

       Exposición de Motivos de Ley Núm. 95 de 30 de julio de 2007.

       Art. 8 de la Ley Núm. 80, supra, 29 L.P.R.A. sec. 185k(a).

        Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra, págs. 378-379, 388; Belk v. Martínez, 146 D.P.R. 215, 231 (1998); Srio. del Trabajo v. I.T.T., supra, pág. 543; Acevedo Colom, op. cit., pág. 192. Véase, además, Regla 10 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV.

       Regla 14 de las de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV.

        Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra, pág. 378; Rivera Águila v. K-mart de P.R., 123 D.P.R. 599, 610 (1989); Srio. del Trabajo v. I.T.T., supra, pág. 543.

        Ibáñez v. Molinos de P.R., Inc., 114 D.P.R. 42, 53 (1983).

        Belk Arce v. Martínez, supra, págs. 231-232.

       Véase Decisión referente al Traslado de Tienda por Motivo de Cierre de Tienda Plaza Guayama, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 99.

       Estudio de Antigüedad, Apéndice de la Petición de Certiorari en el Tribunal de Apelaciones, supra; Contrato de Trabajo Probatorio de la señora Sánchez Vadi, Apéndice de la Petición de Certiorari del Tribunal de Apelaciones, pág. 63. El con-trato de la señora Lugo no formaba parte del expediente del caso.

       Esto debido a que no hay evidencia en el expediente que valide el uso del criterio de eficiencia o capacidad para sostener que se mantuviera a la empleada de sólo seis meses de trabajo.


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      In re José A. García Ortiz.

      Número: TS-5945

      Resuelto: 22 de abril de 2010

      Lourdes I. Quintana Lloréns, directora de la Oficina de Ins-pección de Notarías; José A. García Ortiz, pro se.

   RESOLUCIÓN

Examinada la Moción de Reinstalación, presentada por el Sr. José A. García Ortiz, y el Informe presentado por la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías, se auto-riza la reinstalación del señor García Ortiz al ejercicio de la abogacía y la notaría.

Se concede el término de 30 días al Ledo. José A. García Ortiz para contestar la querella CP-09-7, pendiente ante este Tribunal.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. Los Jueces Asociados Señor Rivera Pérez, Señor Martínez Torres y Señora Pabón Charneco provee-rían “no ha lugar”.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo