author: El Juez Presidente Se. Heenandez,

text:
    Hernández, Peticionario, v. Hutchison, Juez de Distrito, Demandado.
    Solicitud para que se expida mandamiento de certiorari diri-gido al Juez de la Corte de Distrito de Mayagüez en un caso sobre cobro de dinero originado en la Corte Municipal de Mayagüez.
    No. 123.
    Resuelto en mayo 29, 1914.
    Palleoimiento de una Parte — Nulidad de Sentencia Dictada Contra una Parte. Pallecida — Sustitución de Parte. — Es nula la sentencia dictada por una corte contra una parte que lia fallecido y de cuyo lieclio se le ha presentado prueba antes de la eelebraeión del juicio, debiendo en tales casos continuarse la acción contra el representante o sucesor del muerto, según ordena el artículo 69 del Código de .Enjuiciamiento Civil.
    Id. — Apelación Interpuesta a Hombre del Fallecido — Apelación Inter-puesta a Nombre del Hermano de la Parte Fallecida. — Es nula una apelación interpuesta a nombre, de una parte que ha fallecido o a nombre de un hermano del fallecido pero que no ha sido sustituido como parte según dispone el artículo 69 del Código de Enjuiciamiento Civil.
    Certiorari — Errores de Procedimiento — Discreción del Tribunal Para Con-ceder el Certiorari. — Cuando el recurso de certiorari se emplea para corregir los procedimientos de una corte inferior, no es de procedencia obligatoria (writ of right) sino que debe expedirse sólo cuando se demuestra a la corte una causa especial para ello, y el tribunal está investido de discreción judicial para concederlo o rehusarlo, según lo requiera la justicia en cada caso.
    Id. — Errores de Procedimiento — Tardanza en Solicitar el Certiorari.— Cuando, como en el caso de autos, se emplea el recurso de certiorari para corregir errores de procedimiento y la petición de certiorari es presentada ocho meses después de dictada la orden que se trata de anular, no alegándose razones especiales .que justifiquen la tardanza y siendo justa, aunque errónea, la orden impugnada, procede denegar el certiorari.

    Los hechos están expresados en la opinión.
    El peticionario compareció por escrito en nombre propio.
    El demandado no compareció.
   El Juez Presidente Se. Heenandez,

emitió la opinión del tribunal.

La presente solicitud de certiorari ha sido presentada por Agustín Hernández Mena en 1 de mayo corriente para que revisemos los procedimientos de la Corte de Distrito de Maya-güez en recurso de apelación contra sentencia que dictó la corte municipal del mismo nombre en juicio ante ella seguido por Agustín Hernández Mena contra Avelino Martínez Mercado en cobro de $500, anulándose mediante dicha revisión las órdenes dictadas por la referida Corte de Distrito de Mayagüez en 10 de febrero y 18 de agosto de 1913.

Por la primera de dichas órdenes, o sea por la de 10 de febrero de 1913, la Corte de Distrito de Mayagüez declaró sin lugar una moción presentada por Hernández Mena soli-citando se dictara una orden por la que fuera declarado nulo e ineficaz el escrito del abogado Don José Benet apelando contra la sentencia que en 29 de julio de 1912 dictó la Corte Municipal de Mayagüez; y por la segunda orden, o sea, por la de 18 de agosto de 1913, la misma Corte de Distrito de Maya-güez declaró con lugar una moción del abogado José Benet a nombre de Manuel Martínez Mercado en qne solicitaba la nnlidacl de todo lo aetnado en el caso a partir del día 3 de junio de 1912 en qne falleció el demandado Avelino Mar-tínez Mercado.

Aparece del récord qne la Corte Municipal de Mayagüez dictó en el juicio de qne se trata, sentencia qne copiada a la letra dice así:

“Hoy 29 de julio de 1912, se llamó esta cansa para juicio. Com-pareció el demandante sin que compareciera el demandado; el de-mandante introdujo su prueba documental y testifical, se procedió al examen de los testigos presentados, haciendo luego el demandante las argumentaciones consiguientes.
“La corte, vista y oida la prueba presentada y las alegaciones del demandante, declara con lugar la demanda y en su consecuencia condena al demandado Avelino Martínez Mercado, a que pague al demandante Agustín Hernández Mena la cantidad de quinientos dollars reclamados y las costas; librándose al marshal mandamiento para la ejecución de esta sentencia. Mayagüez, P. R., julio 29 de 1912. (Firmado) G-. H. Moscoso, juez municipal.”

Contra dicba sentencia fné interpuesto recurso de apela-ción en los siguientes términos:

“Al secretario de la corte y al demandante Agustín Hernández Mena:
“Por la presente notifico a ustedes que no estando conforme con la sentencia dictada en este caso el día 29 de julio último por esta corte, apelo de la misma para ante la Corte de Distrito de Mayagüez. Mayagüez, P. R., agosto 1 de 1912. (Firmado) José Benet, abogado del demandado.”

Alega Agustín Hernández Mena, para sostener el recurso de certiorari, que ante la Corte Municipal de Mayagüez se justificó antes de procederse a la celebración del juicio, que el demandado Avelino Martínez Mercado había ya fallecido desde el día 3 de junio de 1912, sin -ascendientes ni deseen-dientes, dejando como parientes más próximos varios her-manos, entre éstos Manuel Martínez Mercado quien así lo declaró, y que no habiéndose ordenado que continuara la ac-ción contra el representante o sucesor del muerto, según ordena el artículo 69 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el abogado José Benet no ha podido ser parte para interponer el recurso de apelación a -nombre de Manuel Martínez Mercado ni tampoco ha tenido personalidad para gestionar la nulidad del procedimiento.

Siendo como es cierto, pues está comprobado en los autos, que Ávelino Martínez Mercado falleció en 3 de junio de 1912, que la Corte Municipal de Mayagüez tuvo conocimiento de ello por declaración de Manuel Martínez Mercado, hermano del demandado, prestada a instancia del demandante Agus-tín Hernández Mena, y que no obstante el fallecimiento del demandado se celebró el juicio hasta dictarse sentencia con-denatoria contra él en vez de continuarse la acción contra el representante o sucesor del muerto, según ordena el artículo 69 del Código de Enjuiciamiento Civil, es claro que el abogado José Benet carecía de personalidad para interponer recurso de apelación contra dicha sentencia, ya obrara en nombre de Avelino Martínez Mercado, fallecido, ya a nombre de Manuel Martínez Mercado, quien por orden judicial no había sustituido a su hermano difunto, siendo igualmente claro que la sentencia apelada adolece de vicio de nulidad por incumplimiento del artículo ya citado del Código de Enjuiciamiento Civil, si bien Manuel Martínez Mercado no pudiera gestionar en el recurso de apelación la declaratoria de esa nulidad. Véase el caso Pérez v. Soto et al., decidido en 6 de abril, 1914.

Sin embargo de lo que dejamos expuesto, no nos sentimos inclinados a declarar con lugar las pretensiones de nulidad formuladas en su petición por Agustín Hernández Mena.

Al resolver en 25 de febrero último recurso de certiorari de Espada v. Sepúlveda, Juez de Distrito, dijimos:

“A menos que así se disponga por el estatuto, el auto de certio-rari cuando se usa para corregir los procedimientos de una corte iníe-
rior, no es de procedencia obligatoria (writ of right), sino que debe espedirse sólo criando se demuestra a la corte una causa especial para ello, y la corte está investida de discreción judicial para concederlo o rehusarlo según lo requiera la justicia en cada caso. Este prin-cipio expuesto en la forma que antecede en 6 Cyc., 748, está soste-nido por muchas decisiones de Arkansas, California, Florida, Illinois, Louisiana, etc., y esta misma Corte Suprema de Puerto Rico lo ha aplicado en varias ocasiones entre otras en los casos de Polo v. Domínguez, 15 D. P. R., 609; Torres v. Gill, Juez de Distrito, 17 D. P. R., 40, y, especialmente, en el de Argüelles v. Rossy, Juez de Distrito, decidido el 7 de noviembre de 1913.”

En el presente caso ocurre que la sentencia de la Corte Municipal ele Mayagüez de 29 de Julio de 1912 fné dictada con infracción del artículo 69 del Código de Enjuiciamiento Civil, siendo abiertamente nula por falta de audiencia del demandado Avelino Martínez Mercado que ya babía fallecido, y de su sucesión; que la Corte de Distrito de Mayagüez pro-cedió con razón derecha al declarar esa nulidad; que aunque Manuel Martínez Mercado no había sido parte en el juicio, podía ser parte interesada en la sentencia pronunciada como hermano del demandado fallecido sin ascendientes ni descen-dientes, y que la petición de certiorari formulada en 1 de mayo corriente ha sido muy tardía en atención a haber trans-currido ocho meses desde que se declaró la nulidad.

Bajo las circunstancias que concurren en el presente caso, haciendo aplicación del principio anteriormente consignado no nos sentimos inclinados a conceder el remedio solicitado por Agustín Plernández Mena, y por el contrario, dentro de nuestra discreción judicial lo denegamos por exigirlo así la justicia.

Debe anularse el auto de certiorari expedido y comuni-carse así a la Corte de Distrito de Mayagüez con devolución de actuaciones a los fines procedentes.

Desestimada la solicitud y denegada la expe-dición del mandamiento.

■ Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. IíutcMson no intervino en la reso-lución de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

license: Public Domain

text:
    Falú, Peticionaria y Apelada, v. Escalera, Opositora, y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, ■Sección 2a., en un caso sobre partición de bienes.
    No. 1131.
    Resuelto en mayo 29, 1914.
    Sociedad de- Gananciales — Liquidación de la Misma — Partición de los Bienes. — Cuando, como en este caso, sólo existe una finca y ésta es ganancial y no había bienes de pertenencia particular de los cónyuges, ni responsabili-dades a cargo de la sociedad, ni se ha probado que hubiera más bienes gananciales, ni otra clase de bienes pertenecientes a cualquiera de los cón-yuges, lo único que hay que hacer para liquidar la sociedad de gananciales-es distribuir dicha finca dando la mitad a la viuda por corresponderle en concepto de gananciales, y la otra mitad para los herederos del cónyuge pre-muerto, no siendo necesario dar a la viuda la cuota usufructuaria por haber renunciado a ella.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    La parte apelada no compareció.
    Abogado de la parte apelante: Sr. Gay. Coll Cuchí.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

En 14 de diciembre de 1911 Dominga Falú Cruz, albacea y viuda de Félix Escalera, fallecido en 29 de octubre de 1895-bajo testamento otorgado en 17 de febrero del mismo año, acudió a la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., soli-citando fuera nombrado Pedro Falú contador partidor, que llevara a cabo entre los interesados la partición de los bienes relictos por Escalera, y la expresada corte bizo el nombra-miento solicitado por orden de 18 del mismo diciembre.

El contador partidor Pedro Falú, después de oir a la viuda y demás interesados en la herencia de Félix Escalera, como no hubiera más bienes qne partir qne una finca radicada en el sitio denominado Seboruco, sección norte del barrio de Santurce de esta ciudad, con cabida según título de adquisi-ción, de 19 cnerdas 13% varas, y según mensura practicada, de 24 cuerdas 862 milésimas de otra., cuya finca pertenecía a la sociedad de gananciales de Dominga Falú Cruz y Félix Esca-lera, sin carga ni gravamen, procedió a distribuirla adjudi-cando a la viuda las porciones correspondientes por su .mitad de gananciales, y la otra mitad a los demás herederos, some-tiendo su informe a la consideración de la corte.

Sólo uno de los herederos, o sea Bárbara Escalera Falú formuló impugnación al informe o proyecto de partición de bienes presentado por el contador partidor, alegando que en dicho informe no se relacionaban todos los bienes relictos al fallecimiento del testador ni se liquidaba la sociedad de gananciales para llegar a determinar el verdadero caudal hereditario, ni se daba cuenta de las operaciones realizadas por los albaceas durante el tiempo del albaceazgo.

Celebrada la vista de la impugnación, y oídas las partes, 3 a corte por resolución de 31 de julio de 1912, des'estimó dicha impugnación y confirmó el informe del comisionado partidor Pedro Falú, impartiendo su aprobación a las particiones de fincas y adjudicaciones en la forma que aparecían del informe.

Contra esa resolución interpuso la representación de Bár-bara Escalera recurso de apelación para ante esta Corte Su-prema, habiendo radicado la transcripción de autos en secre-taría el día 21. de abril próximo pasado.

Para sostener el recurso alégase como único motivo que la corte inferior cometió error al aprobar la partición y adjudicación de la herencia de Félix Escalera, sin ordenar antes la liquidación de la sociedad de gananciales.

Al resolver en 17 de junio del año próximo pasado el caso de Escalera v. Falú et al., 19 D. P. R., 751, dijimos.

“La liquidación de la sociedad de gananciales del matrimonio Falú-Escalera que la demandante pide, se liaga por la viuda, puede verificarse al practicarse el arreglo testamentario de los bienes relic-tos por Félix Escalera, según es práctica usual y para ese arreglo ■debe acudir la demandante a la Ley de Procedimientos Legales Espe-ciales aprobada en marzo 9 de 1905.” ■

A dicha ley había acudido ya Dominga Falú desde 14 de' diciembre de 1911 y la transcripción de autos demuestra que al practicarse el arreglo testamentario de los bienes relic-tos por Félix Escalera se hizo también la liquidación de la sociedad de gananciales del matrimonio Falú-Escalera, pues liquidación de esa sociedad fué considerar como bien ganan-nial la única finca existente adquirida por Félix Escalera durante su matrimonio con Dominga Falú, y adjudicar la mitad del valor de esa finca a la viuda y repartir la otra mitad entre los demás herederos, renunciando como renunció' la viuda a la cuota usufructuaria que en derecho le correspondía. Para liquidar la sociedad de gananciales no había en el pre-sente caso que hacer más operaciones, pues no aparece ni se alega que hubiera más bienes gananciales ni otra clase de bienes pertenecientes a uno u otro cónyuge, ni deudas que satisfacer a cargo de la sociedad conyugal.

“Bajo el nombre de liquidación de la sociedad de gananciales,” dice ■ el Sr. Sánchez Roman, ‘ se comprenden todas las operaciones necesarias para determinar si existen o no gananciales, y su distri-bución por mitad entre ambos cónyuges, previas las deducciones y reintegros a cada uno de ellos de los que son bienes de su pertenen-cia particular, así como de las responsabilidades que fueran imputa-bles al acervo común.”
9 Manresa, p. 679.

Si no había más que una finca y ésta ganancial, y no había bienes de pertenencia particular, ni responsabilidades á cargo ■del acervo, común, no cabía hacer otra cosa sino repartirla •en la forma correspondiente, la mitad del valor para la viuda por corresponderle en concepto de gananciales, y la otra mitad para los herederos del cónyuge premuerto, habiendo renunciado como renunció la viuda a su cuota usufructuaria.

Tampoco Bárbara Falú alega haber sufrido perjuicio al-guno con la resolución apelada y no vemos cómo en las con-diciones que dejamos expuestas podamos revocar dicha reso-lución y ordenar al contador partidor que haga una liquida-ción de los gananciales del matrimonio Escalera-Falú de acuerdo con las prescripciones del Código Civil, según pre-tende la parte apelante, pues dadas las condiciones del caso no podría hacer más que lo que ya ha hecho.

Por las razones expuestas es de confirmarse la resolución apelada.

■Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Marcano, Recurrente, v. El Registrador de la Propiedad, Recurrido.
    Reoueso gubernativo contra parte de la nota del Registrador de la Propiedad de Caguas inscribiendo una escritura de venta con defectos subsanables.
    No. 187.
    Resuelto en junio 1, 1914.
    Recursos Gubernativos — Cuestiones que Pueden Considerarse. — Cuando el apelante en su escrito interponiendo el recurso hace alguna alegación que no tiene comprobación en el expediente, esta corte carece de base para entrar en el estudio y resolución de la misma. ■
    Id.- — -Defecto Subsanable. — Cuando se presenta para su inscripción en el registro-un escritura de venta de una casa en la que se expresa que el Vendedor la adquirió por compra y del registro aparece que la hubo por edificación, el registrador está justificado en consignar dicha contradicción como consti tutiva de un defeeto subsanable.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Andrés Mena.

    El Registrador Sr. Raúl Benedicto no compareció.
   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Presentada para su inscripción en el Registro de la Pro-piedad de Caguas- la escritura No. 127, de compraventa de finca urbana, otorgada por Juan Marcano y Santiago a favor de Julio Marcano y Santiago; el registrador la inscribió pero “con los defectos subsanables de no acreditarse el carácter de apoderado que ostenta Don Juan Marcano y Santiago; y de que apareciendo del registro que dicho vendedor hubo la casa por edificación, se expresa en este documento que la adquirió por compra a Juana Santiago viuda de Torres.”

El vendedor Juan Marcano admite la existencia del primer defecto, pero no la del segundo, y, a fin de obtener una resolución final sobre tal extremo,, interpuso el presente re-curso gubernativo.

Alega el recurrente “que a la misma hora y en el mismo día que fué presentada la copia de la escritura de compra-venta que motiva este recurso, se presentó también copia de la escritura de fecha 20 de abril de 1914 otorgada por el recu-rrente ante el Notario Mena, por la cual se hizo constar, que la casa que se enajena por la antes dicha escritura de com-praventa fué construida por el recurrente.” T sostiene que dicha escritura de edificación implica un verdadero acto de rectificación de la escritura de compraventa y que, por tanto, el registrador debió inscribir la escritura de compraventa sin el defecto apuntado.

La anterior alegación hecha en el escrito no jurado inter-poniendo el recurso, no tiene comprobación alguna en el ex-pediente. El recurrente sólo elevó a esta Corte Suprema la escritura de compraventa. En la nota de presentación de la misma, no se hace referencia a ningún otro documento, ni tampoco en la nota de inscripción.

Siendo esto así, es bien claro .que no tenemos base para entrar a estudiar y a resolver la cuestión planteada por el apelante. Queda enteramente en pie el hecho consignado por el registrador, esto es, que del registro aparece que la casa la hubo el vendedor por edificación, y de la escritura presen-tada, por compra. Tal contradicción constituye un defecto susceptible de ser subsanado y el registrador cumplió con su deber al consignarlo así en su nota.

Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la nota recurrida, en la parte en que lo lia sido.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutcbison.


author: El Juez Asociado Sb. "Wolf,

text:
    Méndez, Demandante y Apelante, v. Celis et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en caso sobre nulidad de testamento.
    No. 1084.
    Resuelto en junio 3, 1914.
    Desheredación — Interpretación de Testamento — Intención del Testador.— La regla general de que los testamentos deben interpretarse en el sentido de que la intención del tostador debe prevalecer, no es de aplicación a las cláusulas de desheredación, sino que en tales casos es necesario que se ob-serven estrictamente los preceptos legales que permiten la desheredación.
    Id. — Expresión de las Oatjsas en el Testamento — Beeerencia a una De-manda de Divorcio. — De acuerdo con los preceptos del artículo 826 del Código Oivil es nula la desheredación de un heredero cuando en el testa-mento no se han expresado las causas que tuviera el testador para ello, siendo insuficiente y no surtiendo efeeto alguno el hacer referencia en el testamento a las causas de divorcio que consten en una demanda de divorcio radicada en un tribunal.
    Id. — Acción de Nulidad de Testamento — Eliminación de las Causas de Des-heredación que -no Eueron Expresadas en el Testamento. — Cuando en una acción de nulidad de testamento fundada en que la desheredación hecha por el testador es nula por no haberse expresado en el testamento las causas de la misma, el demandado en su contestación alega como materia nueva do defensa las causas de divorcio que constan en una demanda radicada en un tribunal, pero que no se expresaron por el testador en el mismo testamento, sino haciendo referencia a dicha demanda, debe declararse con lugar una moción de eliminación de dichas causas alegadas en la contestación por ser materia impertinente.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: ¡SV. Eduardo Acuña.

      Abogado'de los apelados: Sres. Alvarez Nava y Domín-guez.

   El Juez Asociado Sb. "Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Ramón Méndez Cardona estableció esta acción en la Corte de Distrito de Hnmacao contra los herederos de su. esposa Carlota de Celis Alquier. En los tres primeros párrafos de su demanda establece la capacidad de las partes como tam-bién el hecho de su matrimonio. En el párrafo cuarto de la expresada demanda alega que dicha Carlota de Celis Alquier no dejó descendientes ni ascendientes de ninguna clase y que su matrimonio con ella nunca fué disuelto.

En el párrafo quinto expresa que el día antes de ocurrir el fallecimiento de su esposa, o sea el día 7 de agosto, 1910, la referida Carlota de Celis Alquier otorgó un testamento abierto ante el Notario de Fajardo Carlos Rola, en el que por la cláusula segunda declara su matrimonio con el demandante, expresando además que contra este último tenía presentada demanda de divorcio ante la Corte de Distrito de Humacao; y por la cláusula sexta del mismo instituye por .sus únicos y universales herederos a las personas que en la misma se mencionan.

En el párrafo sexto de la mencionada demanda se dice que por la cláusula séptima del indicado testamento la predicha testadora desheredó y privó a su esposo el demandante de su derecho de usufructo en cuanto a la mitad de sus bienes, sin consignar concreta y específicamente en dicha cláusula séptima ni en ninguna otra parte del testamento la causa o motivo de tal desheredación.

En el párrafo séptimo se alega en dicha demanda que el testamento de 7 de agosto, 1910, fué el último que otorgó la testadora suplicándose en dicha demanda que previos los trámites del juicio la corte declarara nulas las cláusulas sexta y séptima del expresado testamento.

Los demandados formularon su contestación negando es-pecíficamente los párrafos sexto .y séptimo de la demanda y como materia nueva constitutiva de defensa especial citaron los demandados su propia versión de la cláusula séptima del referido testamento. Luego siguieron los demandados expre-sando que en 15 de junio, 1910, o con anterioridad al otorga-miento del testamento en cuestión, Carlota de Celis Alquier que a la sazón vivía bajo distinto techo de su esposo, estando; él en Barcelona, España, presentó ante la Corte de Distrito de Humacao una demanda de divorcio contra Méndez Car-dona en la cual consignó como causa de dicho divorcio que la conducta de su esposo era ofensiva a la dignidad y sen-timientos de la demandante en dicha, acción de divorcio,- lle-gando hasta producirse en presencia de extraños en actitud irascible y violenta contra la demandante-;, maltratándola en forma que le causó un padecimiento nervioso; habiendo su esposo manifestado a la demandante en presencia de terceras personas y en actitud muy. colérica, que.,.muy. .a .su pesar se había apresurado a volver al .lado de la demandante para evi-tar que ella que era .una--loca,-tuviera -iútervención en .los inte-reses del demandado; ,y que todo .esto .sucedió- en Puerto" Rico-donde además se'condujo con ella en forma, tiránica e inju-riosa. Y terminaron los ¡demandados el...-párrafo, haciendo.-referencia a la referida acción de; divorcio .-haciendo alusión a los demás hechos expresados en la demanda de divorcio que presentó dicha testadora .contra su esposo..

Los demandados en su contestación a la presente demanda además de exponer los hechos de dicha .demanda, de.divorcio, continuaron haciendo referencia a otros varios hechos que-según ellos tendían a probar los hechos de la referida de-manda de divorcio, haciendo mención de ciertos pormenores, con el objeto de mostrar la conducta del expresado ’Ramón' Méndez Cardona, como por ejemplo, el haber agredido y pe-gado a su esposa en cierta ocasión profiriéndole palabras insultantes en alta voz, así como otros actos y conducta que los demandados alegan que produjeron su enfermedad ner-viosa que trajo su muerte como consecuencia.

El demandante presentó una moción solicitando la elimi-nación de todos -los” particulares de la contestación que se referían al contenido de la demanda de divorcio, así como todas las cuestiones qne alegaron los demandados para pro-bar los liechos de la indicada acción de divorcio, fundándose en que todo lo que alegaron era impertinente y no constituía materia de defensa. La corte desestimó la moción contra .cuya resolución se tomó excepción. El primer fundamento de error se basa en el Lecho de haber desestimado la corte esta moción para eliminar, pero en esta moción de elimina-ción estaba comprendida la diferencia esencial que existe entre la teoría que sustenta el demandante y la de los deman-dados en esta acción por lo cual pospondremos su discusión con el fin de considerar la cuestión principal envuelta en esta acción.

Al ser desestimada la moción se procedió a la celebración del caso oponiéndose constantemente el demandante a toda prueba que tendiera a establecer los actos específicos consti-tutivos de insultos y trato cruel que fueron alegados en el pleito de divorcio. Dichas objeciones fueron desestimadas y el demandante tomó excepción. Finalmente la corte dictó sentencia a favor de los demandados.

La cuestión esencial envuelta en este caso es si el testa-mento otorgado por la testadora constituye una deshereda-ción suficiente del marido, dependiendo la resolución de esta cuestión de la interpretación que haya de darse a las cláu-sulas sexta y séptima de dicho testamento, las cuales dicen lo-siguiente: ,

“Sexta. — El remanente de todos sus bienes, derechos y acciones y futuras sucesiones instituye y nombra por sus únicos y universales herederos a sus hermanos Elena, viuda de Pedro Mota, Luis, casado con Providencia Pérez, María del Rosario, casada con Hilario López y a su fallecido hermano Francisco de Oelis Alquier que fué casado con Da. Matilde Cabanillas y quien será sustituido en esta herencia con el derecho de representación que concede el Código Civil vigente por sus 'legítimos hijos Don José y Don Carlos Crispin de Celis Cabanillas. ’ ’
“Séptima. Que como se deja dicho tiene presentada demanda de divorcio ante la Corte de Distrito de Humacao contra su citado esposo Don Ramón Méndez Cardona y creyendo justas las ^ causas en que funda dicha demanda le priva o deshereda del derecho que a su favor concede el Código Civil con respecto al usufructo en la mitad de sus bienes. ’ ’

El artículo 826 del Código Civil prescribe lo siguiente:

“Art. 826. — La desheredación solo podrá hacerse en testamento, expresando en él la causa legal en que se funde. ’ ’

¿Fueron suficientes las manifestaciones contenidas en el testamento para cumplir con el estatuto?

El acto que trató de llevar a efecto la testadora fué el desheredar a un heredero forzoso; a uno cuyos derechos esta-ban terminantemente fijados en el Código Civil junto con los de los ascendientes y descendientes. Este no es el acto ■de un testador que dispone de sus bienes propios sino una tentativa por parte de la testadora de privar a su esposo del usufructo que le concede la ley. La regla ordinariamente aplicable en el otorgamiento de testamentos, o sea que la in-tención del testador deberá prevalecer no puede ser realmente ■de aplicación a un caso de desheredación de una persona. Los estatutos que permiten tal desheredación deberán ser observados estrictamente como cuando se trata de un caso •de enajenación de bienes o de otorgamiento de poderes, todos los cuales han sido considerados por este tribunal. Hemos resuelto al considerar un poder que cuando la legislatura •emplea las palabras “una facultad expresa para hipotecar, vender, etc.,” las mismas palabras deberán hacerse constar ■en el documento. Véase entre otros el caso de Sucs. de Andreu & Co., S. en C., v. El Registrador, resuelto en mayo 7, 1914.

La testadora no tenía al otorgar el testamento la demanda •de divorcio ante sí. Esta demanda se redactó sin tener en ■cuenta las formalidades necesarias para el otorgamiento de ■cualquier testamento abierto, cerrado u ológrafo. Las cau-sas por las cuales trató de desheredar a su esposo fueron expresadas haciéndose referencia a otros documento, o sea a una demanda de divorcio, y dichas cansas no se manifes-taron ante el notario o los testigos o se escribieron de puño y letra de la testadora, pensando ésta en qne otorgaba sn última voluntad, como lo exige la ley en el otorgamiento de nn testamento. Entendemos qne al exigir la ley qne se con-signen las cansas en el testamento quiere decir lo qne las pala-bras significan y que dichas cansas no pueden ser expresadas haciendo referencia a otro instrumento o documento ya se encuentre radicado dicho documento en una corte o lo tenga en sn caja el testador.

Creemos qne todo el espíritu del Código Civil está en contra de la alegación de los apelados y muy especialmente los artículos 678 y 680 del referido Código, los cuales son como signé:

“Art.'678. El testamento es un acto personalísimo, no podrá de-jarse su formación en todo ni en parte, al arbitrio de un tercero, ni hacerse por medio de comisario o mandatario..'
“Tampoco podrá dejarse al arbitrio de un tercero la subsistencia-del nombramiento de herederos o legatarios, ni la designación de las porciones en que hayan de suceder cuando sean instituidos nominal-mente. ’ ’
“Art. 680. Toda disposición que sobre institución de heredero, mandas o legados que -Haga el testador, refiriéndose a .cédulas o pa-peles privados que después de su muerte aparezcan en su domicilio o fuera de él, será nula si en las cédulas o papeles no concurren los requisitos prevenidos para el testamento ológrafo.”

La redacción de una demanda, el tenerla y el radicaría por lo general se deja a la discreción de un ahogado y el tra-tar de desheredar haciendo referencia a nn documento qne depende de otra persona es contrario a la letra y. al espíritu de los dos artículos citados. El comentarista Sr. Scaevola al tratar de esta cuestión se expresa como sigue:

“3. Que la causa se expresa en el testamento. Esta condición aumenta todavía el rigor de la ley en cuanto a la forma de deshere-dar, más con el ánimo de evitar dudas y cuestiones litigiosas, que con el de imponer una nueva sujeción. No basta con que en deter-minado momento el heredero haya realizado un acto indigno de los por que se incurre en la desheredación, para que ya deba referirse a él la pronunciada en el testamento; sino que la causa debe ser expresada al tiempo de desheredar, a fin de que de ningún modo quepa duda sobre la voluntad del testador en relación con aquélla causa y no como otras.”
11 Indudable es, por otra parte, que si el testador refiriera la causa ■ de la desheredación a lo manifestado en otra clase de documentos o en otra forma .cualquiera, como, por ejemplo: ‘Desheredo a mi hijo por las causas que he relacionado en mi libro de memorias,’ esta des-heredación carecería de efectos no sólo por la falta de cumplimiento del art. 849, sino porque, según sabemos, el art. 672 declara nula toda disposición que sobre institución de heredero, mandas o legados haga el testador refiriéndose a cédulas o papeles privados en que no con-curran los requisitos prevenidos para el testamento ológrafo.” 14 Scaevola, 868, 870.

A nuestro juicio las causas de desheredación no fueron expresadas de modo suficiente en el testamento otorgado por Carlota de Celis Alqnier en agosto 7, 1910.

También opinamos que el demandante procedió correcta-mente al presentar su moción sobre eliminación de la materia constitutiva de nueva'defensa o de una gran parte de la misma de la contestación. La naturaleza esencial de la presente ac-ción era la nulidad de un testamento por no aparecer expre-sadas en debida forma las cláusulas del mismo en las cuales se trataba de desheredar. El demandante en realidad no había negado la verdad de las supuestas causas y por tanto a nadie incumbía probarlas. ‘ Podría muy bien haber suce-dido que si su alegación respecto a la insuficiencia del testa-mento no hubiera prevalecido entonces el demandante no hu-biera seguido impugnando la desheredación. Alegaba el de-mandante que el testamento era nulo en tanto en cuanto por el mismo se trataba de desheredarlo y ese fue el único objeto de su demanda. Los demandados en la creencia de que de-bían probar en este pleito las causas del divorcio a las cuales se refirió la testadora, incluyeron en su contestación ciertas alegaciones en las cuales se atacaba la conducta del deman-dante. Este, sin embargo, no negaba en esta acción la verdad de la demanda de divorcio. El esposo pudo haber incurrido en todas las faltas y ofensas que los demandados creyeran que había cometido, aunque en lo que se refiere a su supuesta culpa él tenía derecho a ser oído ante la corte y en la forma que la ley prescribe. No puede obligársele arbitrariamente a defender su nombre y reputación en una acción cuyo objeto fué solamente que se declarara la nulidad de un testamento. La moción para eliminar fué debidamente presentada y debió haber sido declarada con lugar.

Haciendo referencia, sin embargo, a esta materia que de-bió haber sido eliminada nos formamos una idea de toda la demanda que presentó la expresada Carlota de Celis Alquier contra su esposo y tenemos verdaderas dudas con respecto a la suficiencia de la causa de divorcio en ella alegada. En otras palabras, estamos en duda de si la demanda presentada por dicha testadora era suficiente con arreglo a la ley. Esto nos trae a la consideración de otro aspecto de la cuestión principal o sea que jamás pudo ser la intención del legislador que la determinación de las causas de desheredación pudieran establecerse mediante una referencia a' un documento más o menos artificioso que ha sido presentado en una corte donde primeramente tendría que determinarse su suficiencia o insu-ficiencia de acuerdo con la ley.

Debe revocarse' la sentencia y dictarse otra a favor del demandante anulando las cláusulas 6a. y 7a. del testamento de agosto 7, 1910.

Revocada la sentencia apelada y anuladas las clausulas 6a. y 7a. del testamento en litigio.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no formó parte del tribunal en la vista de este caso.


author: El Juez Asociado Se. del Toro,

text:
    Montalvo, Peticionario, v. Soto Nussa, Juez de Distrito, Demandado.
    Solicitud para que se expida mandamiento de certiorari al Juez de la Corte de Distrito de Aguadilla en un caso por desacato.
    No. 125.
    Resuelto en junio 4, 1914.
    Cbrtioeari — Desacato—Jurisdicción—Errores de Procedimiento. — Es impro-cedente el recurso de certiorari para anular una sentencia condenatoria dic-tada en un caso por desacato, cuando la corte actuó dentro de su jurisdicción y no cometió error alguno de procedimiento.
    Td. — Desacato—Cuestiones que Pueden Revisarse. — En casos de certiorari para anular una sentencia condenatoria dictada en un' procedimiento de desacato, sólo debe investigarse si la corte actuó con jurisdicción y si siguió el debido procedimiento de ley.
    Id. — Desacato—Apreciación de la Prueba por el Tribunal Sentenciador.— En casos de certiorari para revisar procedimientos por desacato, la aprecia-ción de las pruebas y de las demás circunstancias del caso, corresponde, por regla general, a la corte sentenciadora.
    Los lieclios expresados en la opinión. •
    El peticionario compareció en nombre propio.
    El demandado no compareció.
   El Juez Asociado Se. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

' De la larga y confusa solicitud de certiorari presentada en este caso, puede deducirse lo siguiente:

En la Corte de Distrito de Aguadilla se siguió un pleito por Joaqiún Oronoz v. Susano Montalvo, sobre injunction para recobrar la posesión material de propiedad inmueble. El pleito se decidió en favor del demandante y la sentencia dictada quedó firme. En la ejecución de la sentencia, según el demandante, se requirió al demandado para que dejara a la libre disposición del demandante la finca en cuestión y el demandado Susano Montalvo manifestó que no estaba dis-puesto a desocuparla porque una parte era de su propiedad, y la otra del Ledo. Víctor P. Martínez. Puesto tal hecho en conocimiento de la corte, ésta ordenó que se citara a los dichos Montalvo y Martínez para que mostraran cansas por las cuales no debían ser castigados por desacato. El 11 de mayo de 1914 comparecieron Montalvo y Martínez y el abogado del demandante en el pleito de injunction. Se practicaron pruebas y la corte, el 15 de mayo de 1914, absolvió a Martí-nez y declaró culpable a Montalvo condenándolo a pagar $90 de multa o en su defecto a sufrir 30 días de cárcel.

■Habiendo en consideración lo expuesto ¿puede concluirse que sea éste un caso revisable por medio de un auto de cer-tiorari f Veámoslo.

La jurisdicción de la Corte de Distrito de Aguadilla para investigar y castigar el desacato que pueda haberse come-tido, es indiscutible. Los procedimientos que se han seguido, según constan de la misma solicitud, no son erróneos. Se puso en conocimiento de la corte el hecho ocurrido. Se tra-taba de una orden expedida para ejecutar una sentencia firme y de una desobediencia de esa orden. Se dió a los acusados oportunidad para mostrar razones por virtud de las cuales no debía castigárseles por desacato. Se celebró en efecto una comparecencia y se presentaron pruebas por los mismos acu-sados. La corte apreció los hechos y la ley y dictó su senten-cia absolviendo a uno de los acusados y condenando a otro y la pena que impuso está dentro del límite autorizado por el estatuto. No existiendo, pues, falta de jurisdicción, ni habiéndose cometido error alguno de procedimiento, la pre-gunta formulada debe responderse en la negativa.

Los errores apuntados y argumentos hechos por el peti-cionario en su solicitud son algunos extraños a la verdadera cuestión debatida y 'otros impropios de un recurso extraor-dinario de certiorari. Sólo nos toca investigar en casos de ésta naturaleza si la corte inferior actuó con jurisdicción y si siguió el debido' procedimiento de ley. La apreciación de las pruebas y de las demás' circunstancias del caso, corres-ponde por regla general a la corte sentenciadora. Debe deses-timarse la solicitad.

Desestimada la solicitud y denegada la expe-dición del mandamiento.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. del Tobo,

text:
    Sucesión Almazán, Demandante y Apelada, v. López et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en un caso sobre nulidad de contratos e indem-nización de perjuicios.
    No. 1053.
    Resuelto en junio 4, 1914.
    Acción Rescisoria — Enajenación en Fraude de Acreedores — Alegaciones Esenciales de la Demanda. — En una acción reseisoria de enajenación en fraude de acreedores es indispensable que en la demanda se alegue: 1, que el demandado es realmente deudor del demandante; 2, que el demandado enajenó sus bienes en fraude de su acreedor; 3, quq el demandante ba sido perjudicado por tal enajenación, y 4, que el demandante no tiene otro recurso legal para obtener la reparación del perjuicio sufrido que pedir la rescisión del contrato de enajenación. Examinada la demanda en este caso, se resolvió que contenía las anteriores alegaciones.
    Id. — Pruebas—Sentencia Dictada Contra el Deudor Después de Entablada la Acción Rescisoria. — No constituye error el admitir como prueba en una acción reseisoria de enajenación en fraude de acreedores, copia de la sen-tencia dietada en otro pleito distinto contra el deudor, con posterioridad a la radicación de la demanda de acción rescisoria y condenándolo al pago de la deuda, pues lo esencial es que en realidad el demandante en la acción reseisoria sea acreedor del demandado al tiempo de entablar la acción y no que tenga su crédito reconocido por sentencia.
    Id. — -Enajenación en Fraude de Acreedores — Prueba del Fraude. — Para que proceda la rescisión de una enajenación por ser en fraude de acreedores, no basta que se haya probado la verdad de la deuda entre demandante y demandado, sino que es indispensable la prueba de la existencia del fraude. Analizadas las pruebas en este caso, se resolvió que no demostraban la exis tenela del fraude.
    Los hechos expresados en la opinión.
    Abogado de.la apelada: £'r. Henry G. Molina.

      Abogado del apelante Víctor López Nussa: Sr. José Mar-tines Dávila.

   El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación contra sentencia de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., declarando rescindido cierto, contrato de compraventa.

En la demanda enmendada, se alega, en resumen:

1. Circunstancias personales y capacidad de las partes para demandar y ser demandadas. 2. Que el demandado Salvador López es en deber al demandante la suma de $353.58. 3. Que el dicho demandado Salvador López sólo era dueño1 de cierta finca rústica que se describe en el hecho 5 y que en la actualidad no tenía bienes en la Isla de Puerto Rico. 4. Que por herencia de su padre, adquirió el dicho deman-dado Salvador, una octava parte proindivisa en la finca de que se trata. 5. Que por virtud de escritura de 11 de julio-de 1910 otorgada ante el Notario Francisco de la Torre, Ios-herederos de Don Ramón V. López, en cumplimiento de un acuerdo para el reparto de la herencia, transfirieron al deman-dado Salvador López una cuarta parte proindivisa de la finca que se describe. 6. Que el 22 de julio de 1910 el demandado Víctor López obrando como apoderado de su hermano el demandado Salvador, traspasó el poder para vender que de éste tenía a José Pérez Guerra, y obtuvo qúe José Pérez Guerra le transfiriera la cuarta parte de'la propiedad antes des-crita por la suma declarada de $500. 7. Que los dichos $500 no fueron nunca entregados a -Salvador López, ni a su apo-derado sustituto José Pérez Guerra; que nunca hubo inten-ción de pagar tal suma, habiéndose llevado a cabo el con-trato con el solo y ostensible propósito de defraudar en su derecho al demandante.

La súplica de la demanda es como sigue:

“Por todo lo cual el demandante .suplica a la corte declarar que la escritura otorgada en 20 de julio de 1910 por la cual Salvador López Nussa vendió su interés de la cuarta parte de la propiedad aquí descrita, sea rescindida, nula y sin ningún valor ni efecto y que la inscripción de la misma en el registro de la propiedad sea cance-lada ; que el interés de la cuarta parte de la propiedad que pertenecía a Salvador López Nussa sea vendida por el marshal de esta corte y que de su producto se pague al demandante la suma de 363 dollars 48 centavos con intereses al seis por ciento desde el once de enero de 1908 y las costas de la acción que para cobrarlos se siguió en la Corte Municipal de San Juan; y que ambos demandados aquí sean con-denados por los daños y perjuicios ocasionados al demandante como-resultado de la transacción fraudulenta antes descrita, al pago de una indemnización de trescientos dollars como honorarios de abo-gado y las costas de esta acción.”

Los demandados excepcionaron la demanda por ininteli-gible y dudosa y por no aducir hechos suficientes para deter-minar una causa de acción. Las excepciones se declararon sin lugar por la corte y entonces los demandados contestaron en la siguiente forma:

1. Aceptan el hecho primero de la demanda. 2. Niegan el hecho segundo tal como aparece redactado y alegan que lo cierto es “que el demandante obtuvo una sentencia contra el demandado . Salvador López Nussa por la suma de tres-cientos cincuenta y tres dollars cincuenta y ocho centavos en diciembre del año mil novecientos once; o sea posterior-mente a la fecha en que se radicó la demanda en este caso.”' 3. Niegan el hecho tercero de la demanda. 4. Aceptan ios-hechos 4, 5 y 6 de la demanda. 5. Niegan el hecho 7 de la. demanda.

Celebrada la vista, la corte dictó sentencia declarando res-cindido el contrato de venta a que se refiere la demanda, con las costas a los dichos demandados. Y estos interpusieron entonces el presente recurso de apelación.

En su alegato los apelantes sostienen que la corte erró al permitir al demandante que enmendara su demanda supri-miendo cierta alegación. En la primitiva demanda se alegó que el demandado Víctor López había prometido pagar a Almazán la deuda de su hermano Salvador. En la demanda enmendada se suprimió tal alegación. T los apelantes sos-tienen qne siendo jurada la primitiva demanda y tratándose como se trataba de un hecho importante demostrativo de qne la parte demandante tenía otro medio de cobrar la deuda fuera de su acción de rescisión, la corte debió haber recha-zado la demanda enmendada. Sin embargo esta cuestión ca-rece de importancia si se considera que la alegación supri-mida tal como estaba redactada y examinada en relación con las otras de la demanda, podía interpretarse en el sentido de que la promesa hecha por Victor López a Almazán, lo fué como apoderado de su hermano y no con el propósito de convertirse él personalmente en el verdadero deudor.

El segundo señalamiento de error se refiere al cometido por la corte, a juicio de los apelantes, al no declarar con lugar la excepción de falta de causa de acción formulada contra la demanda enmendada.

La acción ejercitada en este caso es la de rescisión de un contrato de venta de un condominio de cierta finca rústica y está basada evidentemente en el párrafo 3 del artículo 1258 del Código Civil que prescribe que son rescindibles los con-tratos celebrados en fraude de acreedores, cuando éstos no puedan de otro modo cobrar lo que se les deba.

Examinado dicho precepto legal en relación con el artí-culo 1261 del propio cuerpo legal que dispone que la acción de rescisión es subsidiaria y no podrá ejercitarse sino cuando el perjudicado carezca de todo otro recurso legal para obte-ner la reparación del perjuicio.es indudable que en una acción de la naturaleza de la ejercitada en este caso debe aparecer de la demanda: a, que el demandado es realmente deudor del demandante; b, que el demandado enajenó sus bienes, en fraude de su acreedor; c, que el demandante ha sido per-judicado por tal enajenación, y el, que el demandante no tiene otro recurso legal para obtener la reparación del perjuicio sufrido, que pedir la rescisión del contrato de enajenación.

Aun cuando la demanda pudo haberse redactado en forma más clara y precisa, es lo cierto que leída cuidadosamente se encuentra que contiene todos los requisitos especificados en el párrafo anterior y que por tanto al desestimar la excep-ción previa de que se lia hecho mérito, la corte de distrito no cometió el error que se le atribuye.

El tercero de los señalamientos de error hace referencia al cometido por la corte, a juicio de los apelantes, al adpiitir ciertos autos civiles como prueba. En el acto de la vista la parte demandante presentó como prueba el récord del pleito civil No. 3241 seguido por almazán contra Salvador López,en cobro de dinero, y la copia de la sentencia.dictada conde-, nando^al demandado a pagar al demandante la suma recla-mada. La objeción de los demandados se basó en que la sentencia se había dictado después de presentada la demanda en este pleito de rescisión.

A nuestro juicio la corte sentenciadora no cometió el error señalado. No se necesita que el demandante sea acreedor con su crédito reconocido por sentencia antes de-comenzar el pleito de rescisión. Lo que se necesita es que en realidad de verdad sea un acreedor legítimo del demandado: Si su crédito estaba reconocido por sentencia al comenzarse el pleito, de rescisión, o lo fué durante el curso del mismo, será una circunstancia más demostrativa del derecho del demandante, pero de la cual hubiera podido prescindirse, limitándose el demandante a alegar y probar.en el mismo pleito'de rescisión su condición de acreedor del demandado.

El cuarto señalamiento de error se refiere al cometido, a juicio de los apelantes, por la corte de distrito al apreciar la prueba y concluir que sostiene las alegaciones de la de-manda.

La prueba de la parte demandante consistió: 1, en copia de la escritura No’.-102, de 22 de julio de 1910, por virtud de la cual Salvador, Mariano y Rafael López Nussa vendieron a su hermano Víctor sus participaciones adquiridas por heren-cia de su padre Don Rámón, en una finca rústica radicada en el barrio de Palmas, Bayamón, compuesta de seis cuerdas y 34 céntimos de otra; '2, en los autos originales del pleito seguido por Almazán contra Salvador López en cobro de pesos, en el cual se dictó sentencia contra López el 23 de no-viembre de 1911, y 3, en la de declaración de Doña Micaela Nussa, viuda de López, madre de los demandados, prestada a los efectos de reconocer las siguientes cartas que desde la Habana, Cuba, le escribiera su hijo Salvador, a saber (a) una fecliada el 8 de agosto de 1911, en la cual dice: ‘ ‘ * * * mucho siento los dolores de cabeza que te está dando la venta de mis dominios. Víctor me escribe y anuncia el envío de $250 que espero recibir de un momento a otro * * * ”; (b) otra, de agosto 15, 1911, en la cual dice: “* * *. No he recibido más noticias de Víctor y desde luego los fondos tampoco. Sentiría tener que pensar que quiera hacerme una mala pasada; veremos * * (c) otra de agosto 1011, en la cual dice: “* * *. No he tenido más noticias de Víctor y ya no las espero; parece mentira que se proceda de esa manera con quien jamás le ha hecho ningún daño * * (d) otra de septiembre 3, 1911, en la cual dice: íc* * * Víctor al fin resolló y nos envía $20, que me saca del atolladero perentorio en que me encuentro. Le digo que necesito en seguida $100, que de seguro no mandará, a pesar de que no le costaría gran trabajo el conseguirlos * * *” y (e), otra de fecha septiembre 26, 1911, en la cual dice:

“Mi querida mamá: Tengo el gusto de referirme a tu grata-del 11. Por lo que me dices deduzco que las cosas han pasado tal y como te indicaba en mi anterior respecto de la venta de los terrenos, en cuyo asunto estuvo Rafael más afortunado que yo. Qué le vamos a hacer. No tengo más remedio que tener paciencia y esperar los acon-tecimientos. Ahora me dice Víctor que Almazán nos ha demandado a él y a mí por falta de cumplimiento en una oferta que dice Víctor le hizo y; pide se anule la venta que le hice de los terrenos por que alega que él sabía que yo le debía una cantidad antes de hacer la operación conmigo. El abogado de Víctor dice que no tiene razón alguna y que nada conseguirá, pero no. sé menos que habrá que pa-garle la defensa y quién sufrirá las consecuencias seré yo, pues por de pronto la remesa que pensaba hacerme este mes ya me anuncia que r.o podrá efectuarla por atender a los gastos de la demanda. Todas son calamidades por haber procedido Víctor informalmente pues si a su debido tiempo hubiera pagado a Almazán los $100 que le ofreció en mi nombre, nada de esto ocurriría. Paciencia y adelante.”

También reconoció la testigo otra carta dirigida por su Mjo Salvador al Sr. Almazán, desde la Habana, el 14 de fe-brero de 1910, que dice así:

‘ ‘ Estimado amigo: Oportunamente fui favorecido por su grata de 28 de diciembré último, que no había contestado por traspapelación, lo que se servirá dispensar. Con la misma recibí extracto de mi cuenta que no he podido examinar pero que desde luego considero de conformidad. Solamente tengo una pequeña participación en el “Palmar” que he arrendado gratis a mi hermano Víctor por cinco años desde principios de enero ppdo. Ello me priva de poder hacer negociación alguna con ella, lo que es un gran pesar para mí pues estoy muy apesadumbrado y avergonzado de no haber podido cumplir con Ed. que tan bondadosa y oportunamente me ayudó. De momento apenas gano para cubrir nuestras perentorias necesidades viviendo con estrechez pero tengo alguna perspectiva en una casa americana en que he empezado a trabajar y aunque sea poco a poco, espero en breve empezar a hacerle alguna remesa,.”

Esa fúé, en resumen, toda la prueba practicada por la parte demandante. A nuestro juicio, no demuestra que la venta del condominio a que se refiere la demanda, se hiciera con el solo y ostensible propósito de defraudar en su derecho al demandante.

Por la escritura de 22 de julio de 1910, no sólo vendió el demandado Salvador su condominio a su hermano Víctor, si que también le vendieron los suyos sus otros hermanos Mariano y Eafael. Si se trataba simplemente de un contrato simulado entre Salvador y Víctor para defraudar a Alma-zán, no se explica la intervención de Mariano y Eafael.

Las cartas de Salvador a su madre Doña Micaela, no reve-lan la existencia de una combinación con su hermano para defraudar a Almazán. En la de 8 .de agosto de 1911, le habla de la venta de sus dominios y del anunciado envío por parte de Víctor de la suma de $250. No se establece con toda clari-dad la conexión que esta suma pueda tener con el precio de la venta, para "si se examinan las otras cartas, se verá qué producen la impresión de que la venta se realizó en efecto consignándose en la escritura “por valor recibido,” pero sin que el comprador llegara a pagar al vendedor el precio o al menos la totalidad del mismo, y que, por tanto, los dichos $250 los debía aún Víctor a Salvador con motivo de la venta.

Es indudable que Almazán probó que el demandado Salvador López Nussa le debía la cantidad reclamada. Para ol demandado Salvador López Nussa sólo existe un camino recto en este caso: pagar su deuda. Pero la verdad del cré-dito del acreedor y el deber del deudor, no son suficientes por sí solos para justificar la rescisión de un contrato de venta otorgado entre el deudor y otra persona. Ya hemos estable-cido los requisitos necesarios para la rescisión de los contra-tos celebrados en fraude de acreedores. La existencia del fraude es absolutamente necesaria y, como ya hemos visto, no se ha demostrado en este caso.

En tal virtud, debe declararse con lugar el recurso, revo-eai'se la sentencia apelada y dictarse 'otra desestimando la demanda sin especial condenación de costas. :

Revocada la sentencia apelado y desestimada la demanda.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no formó parte del tribunal en la vista de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Aldeey,

text:
    Ex parte Suárez et al., Peticionarios y Apelados, y El Pueblo, Opositor y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en un caso de habeas corpus.

    No. 685.
    Resuelto en junio 5, 1914.
    Habeas Corpus — Resolución Decretando la Excarcelación del Peticiona rio — Apelación por la Parte Agraviada. — Una resolución de un recurso de
      habeas corpus por una corte de distrito puede ser apelada para ante la Corte Suprema por cualquiera de las partes que resultare agraviada, y eu'ando se decreta la excarcelación de los peticionarios la parte agraviada es la persona bajo cuya custodia estaba el peticionario.
    Id. — Solicitud Presentada por el Attorney General — Apelación por un Biscal de la Resolución Declarando con Lugar la Solicitud — Deses-timación de la Apelación. — Cuando, como en el caso de autos, la corte de distrito declara con lugar la solicitud de habeas corpus presentada por el Attorney General de Puerto Rico a nombre de ios peticionarios y dicha reso-lución es apelada por un Biscal, El Pueblo de Puerto Rico está impedido de apelar contra una resolución dictada a instancia de él y a. su favor y debe desestimarse la apelación.
    Id. — Desestimación de Apelación — Amicus Curiae. — El hecho de que el tribunal haya permitido a un juez municipal comparecer como amicus curim en un procedimiento de habeas corpus, no impide el que se desestime la apelación cuando así lo exigen las circunstancias del caso.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados de los apelados: Sres. Wolcott H. Pitkin, Jr., Attorney General y Salvador Mestre, Fiscal especial.

    Abogado del apelante: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

      Amicus curiæ: Sr. Eugenio Benitez Castaño.

   El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal

Este procedimiento fné iniciado por nna petición del Hon. Attorney General de Pnerto Pico y del Fiscal Especial dé esta Isla, presentada al Hon. Juez del Distrito de San Juan, Sección Ia., a nombre de Darío Snárez y de Juan Gntiérrez, quienes según aparece de los autos eran entonces dos emplea-dos del Gobierno Insular como agentes de la policía y esta-ban en prisión bajo la custodia del alcaide de la Cárcel Municipal de San Juan, castigados por el juez municipal de esta ciudad por haber desobedecido ciertas órdenes que les dió para que las cumpliesen como tales agentes de policía, siendo el objeto de tal petición que se expidiera un auto de habeas corpus y se les pusiera en libertad porque estaban ilegalmente presos toda vez que no tenían el deber de cumplir las expre-sadas órdenes.

El auto fué expedido y su resolución fué favorable a las peticiones del Hon. Attorney General y del Fiscal especial, pues la corte decretó la excarcelación de los presos. No obs-tante ésto, el Fiscal Auxiliar del Distrito de San Juan, quien no aparece de la transcripción' que tuviera participación ni representación alguna en el juicio y sin expresar a nombre de qué persona apelaba, presentó el escrito que dice así:

■“En la CoRte de Distrito del Distrito Judioial de San Juan. SECCIÓN Primera.
TSx parte Dario Suárez y Juan Gutiérrez.
Nos. 2 y 3 Habeas Corpus.

Al Secretario de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Pri-mera :

Comparece el Asst. Fiscal del Distrito de San Juan y dice:

Que deseando que la resolución dictada el día 17 de enero de 1914, por el Hon. Juez de la Sección Primera de la Corte de Distrito de San Juan, en el caso de epígrafe sea revisada por el Hon. Tribunal Supremo, apela de dicha resolución para ante el citado tribunal.

San Juan, enero 21 de 1914.

Firmado: J. Sifre, Asst. Fiscal del Distrito.

Notificado con copia hoy día 21 de enero de 1914. Firmado: "W. H. Pitkin, Attorne3r General de Puerto Rico. Salvador Mestre, Fiscal Especial de Puerto Rico.”

Para sostener el' recurso ante nosotros presentó el Hón. Fiscal de este Tribunal Supremo un alegato en el que después de exponer los hechos se limita a manifestar que al decretar la corte inferior la excarcelación fundándose en que el juez municipal carecía de jurisdicción para castigar como desa cato los actos realizados por los apelados, cometió error, aun-que no expone las razones legales por las cuales debamos revocar la resolución apelada. En tales condiciones el asunto y antes de la celebración de la vista el Juez Municipal de San Juan nos pidió permiso, que le concedimos, para que se le oyera como amicus enrice. En vista de estos hechos, la pri-mera cuestión que se nos ocurre, y sobre esto fué llamada la atención de los abogados, es si bay en verdad en este caso nna apelación que debamos resolver.

Una resolución de un auto de habeas corpus por una corte de distrito puede ser apelada para ante nosotros por cual-quiera de las partes que resultare agraviada, y siendo la agraviada en este caso el alcaide de la Cárcel Municipal de San Juan porque se le privó de la custodia de los peticio-narios, aunque tenía el derecho de apelar, no ha utilizado tal recurso, ya que en la forma en que está redactado el escrito de apelación no podemos decir que se estableció en su nombre por el Fiscal Auxiliar del Distrito de San Juan.

Es cierto que cuando se decreta la libertad de un preso ■o detenido bajo acusación criminal o se le manda poner en libertad bajo fianza puede El Pueblo de Puerto Rico esta-blecer el recurso de apelación por medio del Fiscal del dis-trito, del Fiscal del Tribunal Supremo, de Attorney General ■o de un abogado debidamente autorizado por éste, por lo que podemos admitir que en este caso al Fiscal Auxiliar del Dis-trito de San Juan estableció el recurso de apelación a nom-bre del Pueblo de Puerto Rico. . Sin embargo, como cuestión de hecho, nos encontramos con que el más alto representante del Pueblo de Puerto Rico ante los tribunales tomó la defensa de los peticionarios para pedir su excarcelación por estimarla ilegal y no comprendemos como un Fiscal subalterno del Attorney General y representante también del Pueblo pueda ■establecer un recurso de apelación con la pretensión de que a su nombre se revoque la resolución que a instancia del repre-sentante del Pueblo se decretó. Este es un caso sumamente .anómalo en el que representantes del Pueblo piden y obtie-nen lo que luego otro representante viene a pedir que se deje :sin efecto, o en otras palabras el Pueblo de Puerto Rico ha comparecido en este recurso como apelante y como apelado, .sosteniendo el recurso por medio del Fiscal de este Tribunal e impugnándolo al mismo tiempo por el Fiscal Especial, uno de los firmantes de la petición de habeas corpus. Desde el momento en que los representantes del Pueblo tomaron a su cargo la defensa de los ag’entes del mismo Pueblo tácitamente renunciaron el derecho qne la ley les concede de apelar en nombre del Pueblo si se accedía a la excarcelación qne se interesaba, so pena de darse el contrasentido de ser apelante y apelado, de pedir la revocación de una resolución y al mismo tiempo qne se confirme aunque utilizando distintos Fiscales.

Por estas consideraciones entendemos que no tenemos ante nosotros un recurso propiamente establecido que debamos resolver, y debemos desestimarlo, sin que sea obstáculo el que hayamos admitido a un amicus curiae que, por ser tal, no es apelante.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Peesidente Sb. Hebnández,

text:
    Alvarez, Demandante y Apelado, v. Dimas, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte' de Distrito de San Juan, Sección Ia., en un casó sobre devolución de cantidad y daños y perjuicios.
    No. 1072.
    Resuelto en junio 5, 1914.
    Mandato — Venta de una Casa por un Precio Mayor del Fijado en el Mandato — Pago de Comisión a un Agente. — La evidencia aportada al juicio muestra por modo elaro que el demandado tenía poder bastante para la venta de la casa por el precio de $2,200; que la venta se hizo por medio de Salvador Bugellas; que el precio.de la venta satisfecho por el comprador Ruiz Arnau fué de $2,500; que de esa cantidad fué satisfecha a Salvador Bugellas la suma de $300 por su intervención en el negocio y que del resto de $2,200 rindió cuenta el apoderado a su poderdante. Se resolvió que el demandado actuó de buena fe dentro de los límites de su mandato, sin fraude alguno, y que no se probó que se apropiara fraudulentamente la cantidad de $300 que pagó al agente y por tanto no estaba obligado a resti-tuir dicha cantidad al demandante.
    Id. — Venta por un Mandatario a un Agente y Venta por Este a un Ter-cero — Otorgamiento de Escritura Directamente al Segundo Compra-dor. — Examinada la prueba presentada en este easo se resolvió que nó constituía fraude alguno el hecho de que el demandado actuando dentro de los limites del mandato que le otorgó el demandante vendiera la casa a a Bugellas en $2,200 y que éste la vendiera a Ruiz Arnau en $2,500, y que el demandado le otorgara escritura directamente a Ruiz Arnau por $2,500, habiendo recibido el poderdante la cantidad de $2,200 y Bugellas la dife-rencia de $300.
    Fraude — Circunstancias Susceptibles de una Explicación Natural y Probable. — El fraude puede inferirse de hechos y circunstancias, pero cuando esos hechos son susceptibles de una explicación natural y probable compatible con la buena fe y honradez de las partes, no prueban el fraude y la conclusión legal está a favor de la inocencia.
    Los Reelios expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. Jacinto Texidor.

    Abogados del apelante: Sres. Bosch y Soto.

   El Juez Peesidente Sb. Hebnández,

emitió la opinión del tribunal.

El presente pleito se originó en la Sección Primera de la Corte de Distrito de San Juan mediante demanda presen-tada en 28 de septiembre de 1912 por Eafael A. Llaneza contra José Dimas Eiera, cuyas alegaciones fundamentales son las siguientes:

Primera. Que en 30 de octubre de 1902 Olegario Eiera, diciéndose mandatario verbal de Eafael Alvarez Llaneza, vendió a Eamón Euiz Arnau una finca urbana de la propie-dad del demandante por precio de $2,500, según escritura otorgada ante el Notario Don Juan de G-uzmán Benitez, cuya venta fué ratificada por el demandado José Dimas Eiera apoderado del demandante, mediante -escritura pública de 17 de noviembre siguiente.

Segunda. Que José Dimas Eiera bizo creer al poderdante Llaneza, que la venta se babí-a efectuado por $2,200, habiendo retenido en su poder y apropiádose indebidamente, del pre-cio real de $2,500, la cantidad de $300 a saber, $200 de la parte de precio que fué satisfecha de contado y $100 de los plazos estipulados en la escriturá.

Tercera. Que por virtud de esos actos fraudulentos del demandado, el demandante ha estado privado ' desde 30 de octubre de 1902 de la expresada cantidad de $300 y de los beneficios que la misma le Rubiera reportado, ocasionándosele perjuicio por la suma de $360 hasta la fecha de la interposi-ción de la demanda.

La demanda concluye con la súplica de que se condene al demandado a pagar al demandante la suma de $660, im-porté del capital usurpado y de los perjuicios causados, con más los intereses legales sobre la expresada suma a contar desde la fecha de la demanda, y las costas, desembolsos y honorarios de abogado.

El demandado al contestan la demanda alega que él in-formó a Rafael A. Llaneza de que el precio real obtenido por la venta de la casa era de $2,200 que cubría las pretenciones ’del vendedor de las que estaba instruido el apoderado, pues aunque el comprador Ruiz Arnau satisfizo $2,500 y ese es el precio consignado en la escritura, es lo cierto que de dichos $2,500 se pagaron al agente que intervino en la venta, Don •Salvador .Bugella, $300 por su gestiones para la venta de la casa, habiendo percibido la sociedad Riera Hermanos como producto líquido de la venta, $2,200 que fueron abonados a la cuenta de R. A. Llaneza, habiendo ratificado éste los actos ejecutados por José Dimas Riera y Riera Hermanos en la expresada negociación.

Celebrado el juicio la Corte de Distrito de San Juan, Sec-ción Primera, dictó sentencia en 23 de septiembre de 1913 por la que declara con lugar la demanda y en su consecuen-cia condena a la parte demandada a pagar al demandante la suma de $300 con sus intereses legales desde la fecha de la presentación de la demanda hasta su completo pago, más las costas y desembolsos que se originen.

Contra esa sentencia interpuso la representación del de-mandado recurso de apelación para ante esta Corte Suprema, y alega como fundamento del mismo, error cometido en la apreciación de las pruebas.

Examinemos el resultado de dichas pruebas:

(a) Por escritura pública otorgada en 30 de octubre de 1912 Don Rafael Alvarez Llaneza por su mandatario verbal Don Olegario Eiera vendió a Don Ramón Ruiz Arnan la casa de que se trata, por precio de $2,500, a saber, $1,200 de con-tado y el resto a plazos, nno de $400 a vencer en 31 de enero del año siguiente, otro también de $400 a vencer en 31 de julio del mismo año, y el tercero de $500 a pagar el 31 de enero de 1904.

(b) Esa escritura fué ratificada por otra de 17 de noviem-bre de 1902 por Don José Dimas Riera como apoderado de Alvarez Llaneza.

(o) Por otra escritura de 1 de febrero de 1904 Don José Dimas Riera como apoderado de Don Rafael Alvarez Llaneza otorgó a favor de Don Ramón Ruiz Arnau carta de pago.

(d) Con fecha 3 de Diciembre de 1902 el demandado José Dimas Riera escribió al demandante Rafael Alvarez Lla-neza, Olloniego, Asturias, una carta de la cual transcribimos los siguientes conceptos relativos a la negociación de la casa:

“La venta de la casa fué realizada en la forma siguiente:
Contado _ $1,000
Para 28 de febrero próximo _ 600
Para 80 de septiembre._ 600
Total_$2, 200
“Cuando yo salí en mi último viaje, de acuerdo con sus instruc-ciones, estaba gestionando la venta de la casa, y basta aquel momento nada se había podido hacer; pero siguieron las gestiones y antes de yo llegar hizo la venta Olegario, por creerla buena; operación que yo rectifiqué como apoderado suyo, una vez llegué. Yo no hubiera acep-tado la operación sin su consulta, pero hubiera dado por resultado que la venta no se hubiera realizado, ya por que hubiera comprado otra, ya porque se hubiera fijado mejor en la casa como hizo después; ella fué vendida a Salvador Bugella en la suma de $2,200, y éste la ven-dió al Doctor Ruiz .Arnau, cuyo señor otorgó primera hipoteca sobre la finca- de mérito, para pagar según los plazos que le dejo apuntados más atrás; hecha la operación para el Bugella ya la hizo para el Ruiz Arnau, y luego tuvieron una diferencia, con la cual fueron al Juzgado, pero nada pudo sacar el segundo, y tuvo que hacerse cargo de la casa; la casa estaba más mala de lo que creía, porque casi no la había visto más que por fuera, y todo ésto se lo hizo notar Don Tnlio Larrínaga, cuando supo que la había comprado, porque él le quería vender otra. Resumen de todo, es que tiene la escritura de la casa y quien también tiene la hipoteca, me hizo la siguiente pro-posición, la que yo no le acepto, pero le dije que era un asunto que no dependía de mí, sino de Yd. toda vez que ya le había remesado la entrega que había hecho. De los 1,000 pesos que dió a cuenta, el pierde 200 y que se le devuelvan $800 pasando a su favor nuevamente la casa; en caso que usted esté conforme — avíseme a vuelta de vapor, yo desde luego le aconsejaría que no lo admitiera, por que la casa está perdida, y dentro de dos años, aparte de que tiene gastarse en ella ahora un buen pico, la tendrá que echar al suelo, es una casa hecha de retazos, y ahora que sé está poniendo más vieja, es que se va notando, pues cuando se arregla por un lado se desarregla por otro; pero Vd. puede hacer lo que le plazca, la proposición la sostiene, el negocio para usted creo es bueno, la casa no vale más, ni tampoco tanto en las condiciones está, a mí como no dejará de comprender, ni me vá ni me viene en caso semejante; * * *.
■* # * ' * ■* *
“Sírvase encontrar adjunto nuestro giro, número 52 a s/fr. ye/ de Don Mateo Rucabado, 255 Pearl St., por la suma de $1,000 los cuales son el importe de la entrega que a ésta casa fue entrada por el concepto de la venta de la casa suya, dicho giro es en oro corriente en esta; de los Estados Unidos.”

El demandado José Dimas Riera, presentado como tes-tigo por ambas partes, declara que tenía poder general del demandante Rafael Alvarez Llaneza con cláusula para vender e instrucciones para verificar la venta de la casa de Alvarez Llaneza, por precio de $2,000 en adelante; que él no inter-vino personalmente en la venta de la casa, sino su hermano Olegario a quien había comisionado para ello; que a su re-greso de New York, donde a la sazón estaba, le informó su referido hermano de haber hecho la venta a Ruiz Arnau por conducto de Salvador Bugella a quien se le había señalado como precio mínimo para la venta, la cantidad de $2,200' per-cibiendo Bugella el mayor precio que obtuviera sobre aquella cantidad; que la información que le dió su hermano fué que Bugella había puesto el precio para sí en $2,200 suplicándole luego el Bugella, que aunque él había adquirido la casa, hiciera ia escritura directamente a Ruiz Arnau, pues a éste la Rabia vendido; que bajo dicba información fué que escribió a Lla-neza la carta de 3 de diciembre de 1902, siendo esa la razón de las contradicciones existentes entre la carta y la escritura de venta de que se deja becbo mérito, pero al apercibirse de tal contradicción escribió a su poderdante una carta aclarán-dolo todo y haciéndole saber que se le habían pagado $300 a Bugella, creyendo que el copiador en que estaba copiada la carta baya sido quemado junto con otros libros, en atención al tiempo transcurrido, y que en cuenta rendida a Llaneza sólo se dió ingreso a la suma de $2,000 que'es el producto líquido de la venta de la casa después de percibir Bugella los $300 que le correspondían como exceso sobre la cantidad de $2,200 fijada para la venta.

Rafael Baragaño, testigo del demandado y socio de éste, dice que la casa fué vendida a Ruiz Arnau, sin que sepa por qué preció, y que a Bugella se le señaló por Don Olegario Riera para la venta, el precio de $2,200, debiendo ser para él la diferencia que obtuviera en el negocio.

Salvador Bugella, testigo también del demandado, declara que a fines del año de 1902 le propuso Olegario Riera el nego-cio de la venta de una casa señalándole como precio de ella $2,200 y quedando a su favor la mayor cantidad que obtu-viera; que se hizo cargo de la venta y entre otras personas propuso el negocio a Ruiz Arnau, quien convino en comprar ■la casa por $2,500, de los cuales recibió $2,200 la casa de Riera, y el testigo $300 por razón de la comisión, los que le fueron entregados por Olegario Riera.

En las cartas de Riera Hermanos que escribieron a Don Rafael Alvarez Llaneza con fecha 6 de octubre de 1903, 23 de noviembre del propio año, 28 de enero de 1904, y 8 de junio del mismo año, como tampoco en las liquidaciones de cuentas-rendidas por la misma sociedad a Llaneza, no hay partida alguna relativa a los $300 satisfechos a Bugella por el nego-cio de la venta de la casa o a que dicha venta se hiciera por $2,500, y antes por el contrario en una de esas liquidaciones de cuentas se abona a Llaneza la suma de $2,200 por la venta de sn casa de Santurce.

Tales son los elementos probatorios aportados al juicio, y considerándolos con sujeción a las reglas de evidencia, opi-namos que ellos no sostienen la sentencia apelada.

Es perfectamente claro, según alega la parte apelante, tanto por la contestación como por la demanda, que la recla-mación del demandante tiene por objeto recobrar cantidades qne el demandado, su mandatario, se apropió indebidamente durante la vigencia del mandato, y se hace depender la ile-galidad de tal. apropiación del fraude empleado por dicho mandatario con tal fin.

La evidencia aportada al juicio muestra por modo claro que el demandado José Dimas Riera tenía poder bastante de Rafael Alvarez Llaneza para la venta de la casa; que la venta se hizo por medio de Salvador Bugella; que el precio de la venta satisfecho por el comprador Ruiz Arnau fué de $2,500; que de esa cantidad fué satisfecha a Salvador Buge-lla la suma de $300 por su intervención en el negocio, y que del resto de $2,200 rindió cuenta el apoderado a su poderdante.

No hay la más ligera indicación de que José Dimas Riera se apropiara en su beneficio cantidad alguna del producto de la venta de la casa según se alega en la demanda, y ya sea que Salvador Bugella aceptara para si el negocio de la com-pra de la casa por precio de $2,200 con el fin de venderla y lucrarse con el mayor producto que obtuviera, bien sea que obrara como agente del demandado bajo la base de que si vendía la casa por más de $2,200 percibiría el exceso de esa cantidad como remuneración de su trabajo, remuneración que en efecto recibió consistente en $300, siempre resultaría que el demandado, lejos de proceder con fraude procedió con buena fe al abonar en cuenta a su poderdante la suma de $2,200 como producto líquido de la venta de la casa.

Ciertamente que no aparece que Riera diera cuenta a Alvarez Llaneza de los términos en que realmente había sido hecha la venta de la casa por escritura de 30 de octubre de 1902 ratificada posteriormente, según la cual la venta había sido hecha por $2,500; pero es de notar que en la carta de 3 de diciembre del mismo año a raíz de la negociación, Eiera dió cuenta a Llaneza de haber sido vendida la casa a Salvador Bugella en la suma de $2,200 habiéndola vendido luego Buge-lla al Dr. Ruiz Arnau, sin que en la carta exprese por qué precio, y carta y escritura pueden armonizarse entendiendo la primera en el sentido de que la casa fué vendida a Bugella en $2,200 y que luego Bugella la vendió a Ruiz Arnau en $2,500, habiéndose consignado en la escritura de venta hecha por Riera a Ruiz Arnau el precio de $2,500 por ser esa la realidad de la venta hecha por Bugella a Ruiz Arnau, por má's que Riera sólo hubiera de percibir $2,200 quedando los $300 restantes para Bugella según el convenio habido.

No vemos fraude alguno empleado por Riera para per-judicar a su poderdante, y antes por el contrario la falta de malicia en su proceder aparece evidenciada con el hecho de haber dado cuenta a su poderdante de que la venta se rea-lizó por $2,200, y sin embargo en la escritura consignó que se hacía por $2,500 proporcionando así al poderdante una prueba del engaño que se supone cometido. Si Bugella no hubiera tenido intervención en la venta de la casa, no había motivo alguno para que Riera se la diera en la carta de 3 de diciembre de 1902 dirigida a Alvarez Llaneza. Aquel la tuvo realmente, y como el mismo Bugella vendió la casa por $2,500 al Dr. Ruiz Arnau, no era posible otorgar la escritura sin que en ella se hiciera constar ese precio de $2,500 y no el de $2,200 convenido entre Riera y Bugella. Ruiz Arnau no •hubiera firmado la escritura de venta por precio de $2,200 cuando él pagaba $2,500.

No se ha alegado en la demanda que Riera traspasara los límites del mandato vendiendo la casa por el precio de $2,200 que fué el que recibió Llaneza, ni tampoco se ha pre-tendido que rindiera cuenta a su poderdante de la suma de $2,500 en que se hizo la dicha venta, según-la escritura de que dejamos hecho mérito. Sólo se ha pretendido como hemos dicho antes, la restitución por el demandado al demandante, de la suma de $300 de que se ha apropiado indebida y fraudu-lentamente, y no cabe variar los términos del debate judicial. El hecho fundamental de la demanda no se ha justificado.

“El fraude,” como dice el ilustrado tratadista Moore, “puede inferirse de hechos y circunstancias, pero cuando esos hechos son sus-ceptibles de una explicación natural y probable, compatible con la buena fé y honradez de las partes, no prueban el fraude y la con-clusión legal está a favor de la inocencia.”
Moore on Pacts, Yol. I, pp. 82-83.

Por los razones expuestas es de. revocarse la sentencia apeladas, absolviendo de la demanda al demandado, sin especial condenación de costas.

Revocada la sentencia apelada y declarada sin lugar la demanda sin especial condenación de costas.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no formó parte del tribunal en la vista de este caso.


author: El. Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Delgado, Demandante y Apelante, v. Pimentel et al., Demandados y Apelados.
    . Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en un caso de desahucio en precario.
    No. 1146.
    Resuelto en junio 8, 1914.
    ¡Desahucio — Conflicto de Títulos — Naturaleza del Juicio de Desahucio.— Si bien es verdad que en el procedimiento de desahucio no cabe discutir cuestiones de dominio suscitadas por conflicto de títulos entre demandante y demandado; dicha doctrina no es de aplicación a este caso, porque no existe tal conflicto de títulos.

      Id. — Título del Demandante — Adquisición en Pública Subasta. — Apareciendo que el demandante adquirió la finca ocupada por el demandado, por compra en la ejecución de una sentencia dictada contra el propio demandado, por virtud de la cual se ordenó la venta en pública subasta de la finca en cues-tión, se resolvió: que el demandante tiene derecho para pedir que el deman-dado desocupe la finca.
    Conocimiento Judicial — Resoluciones Dictadas por el Tribunal Supremo en Otros Casos — Stare Decisis. — Este tribunal debe dar efectos legales a sus resoluciones y aplicarlas a los casos que se resuelvan con posterioridad, aunque no sean invocadas por las partes.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Miguel Juan Llaneras.

    Abogado del apelado: Sr. José Sabater.

   El. Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn caso de desahucio, procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez. En la demanda se alega que el demandanté es dueño de cierta casa por haberla adqui-rido por compra en pública subasta celebrada en la ejecución de la sentencia dictada por la Corte Municipal de San Ger-mán en un pleito seguido por Juan Ortiz Perichi contra los demandados José Antonio Pimentel y José Antonio Pimen-tel conocido por Toñito Pimentel, y contra Emilia Pimen-tel. Se alega además en la demanda que los demandados habitan la referida casa contra la voluntad del demandante, sin pagar merced alguna, detentando así la posesión y dis-frute de la misma, y en la súplica se pide a la corte que dicte sentencia condenando a los demandados a que desalojen la casa y la dejen a la libre disposición de su dueño el deman-dante, con imposición de las costas y demás pronunciamien-tos de ley.

La parte demandada contestó negando general y especí-ficamente todos los hechos de la demanda, y, celebrada la segunda comparecencia el 16 de marzo de 1914, la corte de distrito, el 14 de abril de 1914, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda. Contra dicha sentencia interpuso el de-mandante el presente recurso de apelación.

Fúndase la sentencia recurrida en que siendo la verdadera cuestión envuelta en este caso la de cuál de las partes tiene un título mejor sobre la casa objeto de la demanda, no cabe discutirla y resolverla dentro de este procedimiento especial de desahucio.

A nuestro juicio la doctrina invocada por la corte senten-ciadora en correcta, pero un examen de las pruebas practi-cadas no demuestra que la cuestión a decidir sea la indicada por la corte de distrito.

La parte demandante probó por medio de la escritura pública otorgada al efecto, que había comprado la casa en cuestión en la ejecución de la sentencia dictada en el pleito seguido por Juan Ortiz Perichi contra los mismos deman-dados en este caso de desahucio.

La parte demandada presentó como prueba: (a) un expe-diente judicial sobre partición de herencia, en el que consta adjudicada la casa objeto del desahucio a Juan Ortiz Peri-chi y a los demandados Pimentel, y (b) el pleito seguido en la Corte Municipal de San Germán, por Juan Ortiz Perichi contra los demandados Pimentel, sobre partición o venta en pública subasta de la casa a que se refiere, el desahucio, cuyo pleito se hallaba pendiente en apelación en la Corte de Dis-trito de Mayagüez.

Lo primero que llama la atención es el hecho de cómo ha podido ejecutarse la sentencia dictada por la Corte Municipal de San Germán en el pleito seguido por Ortiz contra los Pi-mentel, si éstos apelaron de ella para ante la Corte de Dis-trito. El juez sentenciador, explica dicho.hecho así:

# * La razón por la cual este caso número 4541 se halla pen-diente de apelación y al mismo tiempo se ha ejecutado la sentencia dictada en el mismo por la Corte Municipal de San Germán, es la si-guiente : La Corte Municipal de San Germán, dictó sentencia en dicho caso a favor del demandante Ortiz Perichi, en 18 de noviembre de 1913; en 25 de noviembre de 1913, el Abogado José Sabater a nombre del demandado Pimentel remitió bajo sobre certificado al secretario de la Corte Municipal de San Germán, Alvaro Fernández, la notifica-ción del escrito de apelación, e igual notificación por correo Rizo al abogado del demandante Ledo. Juan Llaneras, quien también reside en San Germán, siendo la residencia del Abogado del demandado Ledo. Sabater en Mayagüez; el Ledo. Miguel Juan Llaneras recibió la noti-ficación de apelación, el día 26 de noviembre de 1913, y aunque la notificación de la apelación para el secretario de dicha corte llegó a San Germán el mismo día, 26 de noviembre de 1913, el secretario no retiró dicho escrito de la oficina del correo hasta el Io. de diciembre de 1913, fecha en que registró en los autos el escrito de apelación; el Abogado Miguel Juan Llaneras solicitó y obtuvo del secretario de la corte municipal 'que expidiera el mandamiento de ejecución de la sentencia dictada por entender que el escrito de apelación había sido radicado fuera de término, y así también lo consideró la Corte Municipal de San Germán, declarando que la sentencia estaba firme y que lá apelación no había sido debidamente interpuesta. Elevado este caso a esta corte, se promovió la cuestión por el mismo Abogado Miguel Juan Llaneras, a nombre del demandante Ortiz Periehi, y esta corte ha resuelto que dicha apelación fué debidamente interpuesta, por cuya razón dicho caso se halla pendiente de juicio ante esta corte.”

La exacta cuestión relativa a la existencia o no existen-cia del recurso de apelación de que se trata, fué ampliamente considerada y resuelta en sentido negativo por esta Corte Suprema en el caso de Delgado et al. v. Hutchison, Juez de Distrito, sobre certiorari, decidido el 22 de mayo de 1914. Dando como debemos dar efectos legales a dicha resolución, tenemos qne lleg’ar a la conclusión de que, cuando este pleito de desahucio fué resuelto por la Corte de Distrito de Maya-güez, no existía ninguna apelación pendiente contra la sen-tencia dictada por la Corte Municipal de San Germán en el repetido pleito seguido por Ortiz contra los Pimentel, siendo, por el contrario, dicha sentencia enteramente firme por no haberse registrado contra ella en la secretaría de la corte municipal recurso de apelación alguno dentro del término de ley.

En tal virtud todo el derecho que sobre la casa en cues-tión tenían los demandados Pimentel, pasó por la venta lle-vada a efecto en la ejecución de la sentencia, al demandante en este caso. Desde el momento de la venta, terminó el de-recho de los demandados para seguir ocupando la casa y co-menzó el del demandante para disfrutar en toda plenitud del dominio adquirido sobre ella. No se trata, pues, de un conflicto de títulos. El título del demandante trae precisa-mente su origen del título de los demandados. Al venderle el marshal, le vendió en nombre y representación de Ortiz Pericbi y de los demandados Pimentel.

Habiendo en consideración todo lo expuesto, opinamos que debe declararse con lugar el recurso, revocarse la sen-tencia apelada y dictarse otra declarando con lugar la de-manda, sin especial condenación de costas.

Revocada la sentencia apelada y dictada otra a favor del demandante ordenando el lan-zamiento de los demandados sin especial condenación de costas..

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no formó parte del tribunal en la vista de este caso.


text:
    Surís, Peticionario, v. Hernández, Secretario de la Corte Suprema, Demandado.
    Solicitud para que se expida auto de mandamus al Secre-tario de la Corte Suprema de Puerto Pico con motivo de la certificación de una transcripción de autos en un caso apelado a la Corte Suprema de los Estados Unidos.
    No. 145.
    -Resuelto en junio 8, 1914.
    Transcripción de Autos — Certificación por el Secretario de la Corte Su-prema — Copia Preparada por el Abogado — Derechos que Deben Co-brarse. — La Ley de marzo 12, 1908, página 71, fijando 'determinados derechos, es aplicable a la copia certificada por el secretario de la Corte Suprema de la transcripción de autos de un caso apelado a la Corte Suprema de los Estados Unidos, y de acuerdo con la misma dicho funcionario debe cobrar 15 ets. pox -cada 100 palabras y 50 ets. por el certificado, sin que el heeho de que la transcripción de autos haya sido preparada por el abogado la exima del pago de la totalidad de dichos derechos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del peticionario: Sr. Fernando Vázquez.

    El demandado no compareció.
   El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

En la presente solicitud de mandamus se alega por el peti-cionario Juan Suris Cardona que en apelación que tiene pen-diente para ante el Tribunal Supremo de los Estados Uni-dos cpntra sentencia dictada por nosotros, preparó la trans-cripción del récord que ha de remitirse a aquel tribunal y la entregó al secretario del Tribunal Supremo de Puerto Eico para que certificara su exactitud y la .remitiera al tribunal de apelación, pero que dicho funcionario se ha negado a cer-tificar dicho, documento sino le satisfacen $36.50 en sellos de rentas internas para adherirlos a la transcripción, y enten-diendo el peticionario que no tiene derecho para esa exigen-cia y quizás a lo sumo para cobrar 50 centavos, solicita que libremos un auto perentorio de mandamus para que el secre-tario certifique la transcripción sin cobrar derechos o sólo 50 centavos.

El fundamento de la petición es que la Ley de 12 de marzo de 1908 titulada “Ley fijando determinados derechos” no es aplicable a este caso.

Esa ley que se halla en la página 71 de las de 1908 dis-pone que “en todos los casos en que la ley no fijare otros dere-clos se recaudarán los siguientes;” y a continuación ordena que por cada copia de un documento o record oficial expedido por cualquier departamento, negociado o ramo del Gobierno' Insular, o por cualquier tribunal se pagarán 15 centavos por-cada cien palabras y 50 centavos por el certificado del funcio-nario que lo expida.

La cuestión én este caso no es que la cantidad reclamada sea excesiva sino indebida excepto tal vez por 50 centavos,, y como no hay otra ley que regule el cobro de derechos por •el secretario de este tribunal, la cuestión a resolver es si es o nó aplicable a certificaciones libradas por nuestro secretario.

Aun cuando es cierto que no hay ley que permita que los funcionarios de este tribunal cobren derechos por sus ser-vicios en la tramitación de los asuntos que resolvemos, sin embargo la citada ley es general para los departamentos del Gobierno Insular y para cualquier tribunal al exigir que se cobren determinados derechos por las copias certificadas que libren de documentos o récords oficiales y por tanto el secre-tario de este tribunal tiene el deber de exigir los derechos especificados en esa ley por las copias certificadas que libre.

El hecho de que la transcripción no haya sido preparada por el secretario o sus empleados sino por los del abogado del peticionario no exime del pago de los derechos, ya que la ley no hace diferencia respecto á la persona que prepare la certificación, según resolvimos en abril 13 de 1914 en el caso de Vidal v. Marrero, Secretario Corte de Distrito.

Debe negarse la expedición del auto de mandamus.

Desestimada la solicitud y denegada la expe-dición del auto de mandamus.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Hutchison.

El Juez Presidente Sr. Hernández, no tomó parte en la .resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Sb. Aldbey,

text:
    Marcano, Recurrente, v. El Registrador de la Propiedad, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Caguas calificando ciertos defectos subsana-bles.
    No. 188.
    Resuelto en junio 8, 1914.
    Edificio Nuevamente Construído — Medidas de la Casa — Defectos SuBSA^ nables. — No determinando la ley hipotecaria ni su reglamento qué clase de títulos han de presentarse para la inscripción de un edificio nuevamente construido no constituye defecto alguno el que en la escritura declarando la construcción de dieho edificio no se expresen las medidas de la casa por no haber precepto alguno que lo exija.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Andrés Mena.

    El Registrador Sr. Raúl Benedicto no compareció.
   El Juez Asociado Sb. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

El recurrente presentó en el Registro de la Propiedad de Oaguas para su inscripción una escritura en la que expone que el concejo municipal de aquella ciudad le concedió en usufructo un solar cuya descripción hace y que forma parte de una finca propiedad de ese municipio, así como que sobre dicho solar ha fabricado una casa cuya situación y linderos son los mismos que1 se han expresado en cuanto al solar.

El registrador verificó la inscripción solicitada aunque con-signando dos defectos subsanables, contra uno de los cuales es que se establece este recurso, pues el otro se acepta, siendo el recurrido el de que la escritura omite expresar las medidas de la casa.

En el caso de A. Sánchez & Ca. v. El Registrador, 16 D. P. R., 441, en el que el registrador había consignado entre otros defectos subsanables el de no expresarse la medida de la casa por cada uno de sus lados, se declaró por este Tribunal Supremo que no determinando la Ley Hipotecaria ni su regla-mento qué clase de títulos han de presentarse para la ins-cripción de un edificio nuevamente construido o reformado, no hay precepto alguno que requiera las formalidades que exigía la nota de aquel registrador. ■

Esa consideración es aplicable al presente caso y por tanto la. nota recurrida debe ser revocada en ese particular.

Revocada la nota, recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.