text:
    Marisol Arrieta y otros, demandantes y recurridos, v. Dr. Alberto De la Vega y otros, demandados y peticionarios.

      Número: CC-2004-909

      Resuelto: 9 de septiembre de 2005

      Igor Domínguez y Doris Quiñones Tirdas, abogados de la parte peticionaria; Juan Carlos Negrón Rodríguez, abo-gado efe la parte recurrida.
   per curiam:

Los peticionarios, doctores de profesión, nos solicitaron que revisáramos una sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones en la que se concluyó que éstos habían incurrido en impericia médica en el tratamiento postoperatorio de la demandante. Al así concluir, el foro apelativo intermedio revocó la determinación en contrario del Tribunal de Primera Instancia.

El tribunal apelativo determinó que los peticionarios, Dr. Alberto De la Vega y la Dra. Daisy J. Vázquez, le per-foraron la vejiga a la demandante al efectuarle una esteri-lización con laparascopio y que negligentemente tardaron en diagnosticar la perforación, lo que tuvo como resultado que ésta padeciera posteriormente de endometriosis y que tuviera que someterse a una histerectomía.

Evaluado el recurso a la luz de la prueba presentada en el tribunal de instancia, revocamos el dictamen del Tribunal de Apelaciones. Del expediente se desprende que los doctores emplearon su mejor juicio clínico en el trata-miento ofrecido a la demandante con posterioridad a su esterilización, por lo que no incurrieron en mala práctica médica.

El Dr. Alberto De la Vega es especialista en obstetricia y ginecología, y tiene una subespecialidad en sonografía. Tiene constituida una sociedad profesional para la práctica de la obstetricia y ginecología con la Dra. Daisy Vázquez. Los doctores De la Vega y Vázquez tienen privilegios en el Ashford Presbyterian Community Hospital (Hospital As-hford) y ambos tienen los “boards” de su especialidad.

La demandante, Marisol Arrieta, había sido paciente del doctor De la Vega desde 1992, cuando éste la atendió durante su primer parto. En ese parto, la señora Arrieta tuvo complicaciones por presión alta crónica, que requirió que se le efectuase una cesárea. Luego de su segundo em-barazo, en 1995, la señora Arrieta discutió con el doctor De la Vega en varias ocasiones la posibilidad de someterse a una operación de esterilización. En mayo de 1996, en una visita a su médico, se discutió el proceso de esterilización y los distintos métodos disponibles para ello.

Su médico le recomendó que se hiciera la esterilización con laparoscopio conocida como “laparoscopia”. El doctor De la Vega le explicó a la señora Arrieta la naturaleza de la intervención, indicándole la forma en que se realizaba y que era una operación ambulatoria, lo cual le permitiría regresar a su casa el mismo día.() Además, del expediente médico y de los testimonios de ambas partes se estableció que la señora Arrieta firmó una hoja en la que consentía a la esterilización y admitía conocer la naturaleza de la in-tervención, así como los riesgos inherentes de ésta, inclu-yendo, entre otros, riesgo de infección y perforación de órganos. ()

El 11 de julio de 1996, en horas de la tarde, los doctores de la Vega y Vázquez le realizaron la laparoscopia a la señora Arrieta en el Hospital Ashford. Se le administró anestesia general. Como parte del proceso preoperatorio, el doctor De la Vega le insertó una sonda (folley) para va-ciarle la vejiga.() En la noche de ese mismo día fue dada de alta del hospital por no tener ninguna complicación. Se le instruyó que, de tener algún problema, se comunicara con los médicos de inmediato.()

Al día siguiente, el esposo de la señora Arrieta llamó a la oficina de los médicos para informar que su esposa es-taba adolorida. El doctor De la Vega le instruyó que fueran a su oficina. La paciente tenía dolor a la palpación abdominal y vómitos.() La señora Arrieta le indicó que orinaba normalmente.() Los médicos descartaron abdomen quirúr-gico (abdomen operable), ya que la paciente no tenía rebo-tes() ni “guardings”() a la palpación.

El examen reveló distensión abdominal (abdomen hin-chado), por lo que sospecharon un posible diagnóstico de íleo paralítico (parálisis de los intestinos) y ordenaron que fuese recluida de inmediato para evaluación y mantenerla bajo observación. Le realizaron pruebas de orina, de san-gre, radiografía del abdomen (KUB) y sonografía pélvica. Se le ordenaron pruebas de amilasa y lipasa, enzimas que detectan la posibilidad de pancreatitis. También se le ad-ministró Toradol (para el dolor), el antibiótico Mefoxin y Fenergán (para los vómitos).() No se reportó fiebre.

Al otro día, 13 de julio de 1996 a las 10:45 a.m., la señora Arrieta fue evaluada por la doctora Vázquez. La paciente le indicó que se “sentía mejor”, aunque tenía gases y dolor abdominal. La doctora examinó los resultados de laborato-rio que reflejaban que el contaje de glóbulos blancos, el BUN (“urea nitrogenada”) y la creatinina() estaban elevados. Determinó que la amilasa y la lipasa estaban normales, descartando así un diagnóstico de pancreatitis. La doctora Vázquez le hizo un examen físico donde detectó sonidos hiperkinéticos de los intestinos (movimiento de intestinos). Del expediente médico se desprende que la pa-ciente no reflejaba rebotes ni “guardings” a la palpación abdominal. Con esos hallazgos, la doctora corroboró que la paciente no tenía abdomen agudo. La doctora Vázquez de-cidió continuar con el mismo tratamiento (dosis de Toradol, Fenergán, líquido intravenoso de 150cc por hora). Ordenó una muestra de orina y que le notificaran los resultados del KUB una vez estuvieran listos.()

El 14 de julio de 1996, a las 9:30 de la mañana, el doctor De la Vega visitó a la paciente. La paciente le indicó que tenía gases y dolor abdominal. El KUB efectuado detectó aire en el abdomen, lo que el galeno describió en su notas, en el expediente médico, como “algo esperado después de una laparoscopia”. La placa no reflejó presencia de íleo pa-ralítico ni mostraba presencia alguna de líquido en el abdomen. Los resultados de laboratorio de la prueba de sangre reflejaron niveles en la urea nitrogenada y creati-nina por encima de lo normal, mientras que los glóbulos blancos disminuyeron. El expediente reflejaba que le había dado un poco de fiebre el día anterior y se detectó sangre en la orina. Ante ese cuadro, el doctor de la Vega consideró la posibilidad que la paciente estuviese padeciendo de pie-lonefritis (inflamación renal) y decidió consultar a un espe-cialista en medicina interna.

A eso de las 11:00 a.m., el doctor De la Vega reevaluó a la paciente. Ese día le pasó una sonda y se le removió 2,800cc de orina, por lo que se hizo un diagnóstico de retención urinaria por atonía de vejiga (ausencia de tono muscular o debilidad de la vejiga). Más adelante, unas nuevas pruebas de laboratorio demostraron una normalización de la crea-tinina y urea en la sangre. El doctor De la Vega ordenó que se mantuviera una bitácora de ingestión y eliminación de la paciente.

El 15 de julio de 1996 la paciente indicó sentirse mucho mejor. Se le removió la sonda por recomendación del inter-nista consultado.() Ese mismo día, la paciente tuvo recu-rrencia de síntomas al removérsele la sonda. Se mantuvo el mismo diagnóstico de atonía de la vejiga con insuficien-cia aguda obstructiva, por lo que se volvió a insertar la sonda con drenaje continuo. Los resultados del sonograma pélvico fueron reportados como negativos. Esta prueba de-tectaría la presencia de líquido en el abdomen. Por instruc-ciones del internista, se repitieron los exámenes de sangre cuyos resultados demostraron mejoría.

El 16 de julio de 1996, la paciente indicó que no tenía deseos de orinar y el doctor De la Vega decidió consultar con un urólogo. Se refirió el caso al Dr. Roberto Canto. El doctor Canto la evaluó ese mismo día en la tarde y ordenó un cistograma —estudio que se utiliza para verificar per-foraciones de vejiga— el cual se llevó a cabo al día siguiente. El estudio reflejó que había una pequeña perfo-ración en la parte superior de la vejiga que ocasionaba un pequeño derrame de contrataste (orina) hacia la cavidad peritoneal.()

El urólogo discutió las alternativas de tratamiento con la paciente y su esposo. El doctor Canto recomendó que continuara con la sonda con drenaje continuo y no interve-nir quirúrgicamente, ya que la perforación de la vejiga era pequeña y sanaría sola. Los esposos acogieron la recomen-dación de tratamiento del doctor y la paciente continuó mejorando. El 18 de julio de 1996 la señora Arrieta fue dada de alta y continuó utilizando la sonda como drenaje urinario por un periodo de aproximadamente diez días adicionales.() Estudios realizados en la evaluación de se-guimiento demostraron que el defecto en la vejiga había sellado en su totalidad. () No se requirió tratamiento ulterior.

Meses más tarde, en octubre de 1996, la señora Arrieta comenzó a experimentar dolores pélvicos. En esta ocasión acudió al Hospital San Pablo, donde fue atendida por el Dr. José Bermúdez. Este le diagnosticó inflamación pélvica e infección de orina. Fue hospitalizada por una semana. Como parte del tratamiento que recibió se le drenó la cavi-dad abdominal mediante el proceso de paracentesis guiada con ultrasonido.() Un estudio citopatológico reportó san-gre y células de inflamación aguda.() Se le diagnosticó “Pelvis Inflamatory Disease” y fue dada de alta una se-mana más tarde.

El 1ro de noviembre de 1996 fue hospitalizada nueva-mente, en esta ocasión por un periodo de diecisiete días. Fue atendida por el doctor Bermúdez, quien le recomendó realizarse una laparoscopia exploratoria. Los hallazgos de esa intervención confirmaron el diagnóstico de inflamación pélvica. Se le hizo una biopsia del endometrio que reveló inflamación crónica. No se le diagnosticó endometriosis.

Posteriormente, la paciente continuó quejándose de do-lores abdominales y fue hospitalizada por tercera vez en el Hospital San Pablo. Le realizaron varios estudios, cisto-gramas y tomografías computadorizadas que resultaron negativos.() Se le volvió a hacer una paracentesis y le re-movieron líquido el cual reveló, una vez más, presencia de células inflamatorias.() El 15 de enero de 1997, y en vista de que continuaba con los dolores abdominales, el doctor Bermúdez le realizó una histerectomía. Se le removió tam-bién el apéndice y un quiste en el ovario derecho. Además, se le cauterizó el endometrio en el ovario izquierdo.() Las pruebas patológicas postoperatorias confirmaron que la paciente sufría de endometriosis en uno de los ovarios.() Luego de la histerectomía dejó de sufrir los dolores que la aquejaban.

El 10 de julio de 1997, la señora Arrieta y su esposo Manuel José Catinchi Balasquide, por ellos y en represen-tación de la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos, y en representación de sus dos hijos menores de edad, así como del padre y la madre de la señora Arrieta, presentaron una demanda por daños y perjuicios contra el doctor He la Vega, la doctora Vázquez, la sociedad profesio-nal compuesta por ambos, el Hospital Ashford y otros.()

En octubre de 1997 el doctor De la Vega contestó la de-manda para negar las alegaciones. Una semana más tarde, la doctora Vázquez hizo lo propio. En julio de 1998, la so-ciedad profesional constituida por ambos médicos contestó la demanda, adoptando las alegaciones de cada uno de los doctores en sus contestaciones individuales.

En mayo de 2000 se llevó a cabo el juicio en este caso. Testificaron los demandantes y su perito, el Dr. Vincent W. Masters, ginecólogo obstetra. El doctor Masters tiene un adiestramiento en laparoscopia de tres días que tomó en Phoenix en 1972. Su última intervención utilizando este procedimiento fue en 1975.

Por la parte demandada testificaron los doctores de-mandados y su perito, el Dr. Héctor Rosario. El doctor Rosario es ginecólogo obstetra y profesor en el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, y ha realizado sobre 2,500 laparoscopias. Como prueba docu-mental, se presentaron los expedientes médicos de los doc-tores De la Vega y Vázquez, y del Hospital Ashford, así como de las hospitalizaciones de la señora Arrieta en el Hospital San Pablo.

Luego de aquilatar la prueba, el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia en la que desestimó la demanda. Señaló que los demandantes no rebatieron la presunción de corrección que cobija a los médicos. En síntesis, deter-minó que la señora Arrieta conocía la posibilidad de una perforación de órganos en la laparoscopia y que el mero hecho de que haya surgido una complicación en la cirugía no hacía del procedimiento uno negligente.() Adujo que la prueba no estableció una relación causal entre el trata-miento postoperatorio realizado por los doctores De la Vega y Vázquez, y los dolores abdominales que culminaron con el hallazgo de endometriosis e inflamación pélvica, lo cual causó que le extirparan varios órganos a la paciente. El tribunal de instancia le dio entera credibilidad al testimo-nio del perito de la parte demandada.

Inconformes, los demandantes acudieron al Tribunal de Apelaciones. El tribunal apelativo revocó la sentencia apelada. El foro apelativo fundamentó su determinación, esencialmente, en las declaraciones del perito de los demandantes. Concluyó que los doctores De la Vega y Váz-quez incurrieron en mala práctica médica en su diagnós-tico postoperatorio al no detectar la perforación en la ve-jiga, a pesar que ello era un riesgo inherente a la laparoscopia. Indicó que, según la prueba desfilada, el riesgo de una perforación en la vejiga se intensificaba cuando una mujer había tenido una cesárea, ya que la ve-jiga se puede mover de lugar. Determinó que los doctores fueron negligentes al no vaciar la vejiga de la señora Arrieta antes de la laparoscopia y por esperar cinco días antes de referirla a un urólogo.

No conformes con la determinación del foro apelativo, los doctores De la Vega y Vázquez acudieron ante este Tribunal, solicitando que se revocase al foro apelativo intermedio. Señalaron como error lo siguiente:

Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones (sic) al determinar que medió impericia médica por parte de los doctores de la Vega y Vázquez, en ausencia de prueba que rebata la presun-ción de corrección que cobija a los médicos.
Erró el Tribunal del Circuito de Apelaciones (sic) al concluir que la paciente no fue debidamente informada de los riesgos de la laparoscopia, en ausencia de controversia o reclamo so-bre ello.
Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones (sic) al determinar que [sic] la existencia de relación causal en el caso de autos, en ausencia de prueba que sustente dicha conclusión. Petición de certiorari, pág. 7.

Expedimos el auto. Contando con la comparecencia de ambas partes procedemos a resolver.

En una acción en daños y perjuicios por impericia médica instada bajo el Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141, el demandante tiene que demostrar, primero, cuáles son las normas mínimas de conocimiento y cuidado médico aplicables a los generalistas o a los espe-cialistas; segundo, demostrar que el demandado incumplió con estas normas en el tratamiento del paciente, y tercero, que esto fue la causa de la lesión sufrida por el paciente. Medina Santiago v. Vélez, 120 D.P.R. 380, 385 (1988).

Conforme la norma mínima de cuidado médico exigible, hemos requerido que el médico brinde a sus pacientes aquella atención médica que a la luz de los modernos medios de comunicación y enseñanza, y conforme al estado de conocimiento de la ciencia y práctica prevalecientes de la medicina, satisfaga las exigencias generalmente reconocidas por la propia profesión médica. López v. Dr. Cañizares, 163 D.P.R. 119 (2004); Sepulveda de Arrieta v. Barreto, 137 D.P.R. 735, 759 (1994); Martí Méndez v. Abréu Feshold, 143 D.P.R. 520 (1997); Castro Ortiz v. Mun. de Carolina, 134 D.P.R. 783 (1993); Ramos, Escobales v. García, González, 134 D.P.R. 969 (1993); Torres Ortiz v. Plá, 123 D.P.R. 637 (1989); Rodríguez Crespo v. Hernández, 121 D.P.R. 639 (1988); Ríos Ruiz v. Mark, 119 D.P.R. 816, 820 (1987); Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 D.P.R. 721 (1984); Cruz v. Centro Médico de P.R., 113 D.P.R. 719 (1983); López v. Hosp. Presbiteriano, Inc., 107 D.P.R. 197 (1978); Sáez v. Municipio de Ponce, 84 D.P.R. 535 (1962).

Todo médico posee amplia discreción para formular juicio profesional en cuanto al diagnóstico y tratamiento médico. El diagnóstico de una enfermedad es una etapa crítica en la atención al paciente, ya que a partir de sus resultados se determina o elabora el tratamiento que se ha de seguir. Este es el primer paso para emprender el tratamiento adecuado. R. Vázquez Ferreyra, Daños y perjuicios en el ejercicio de la medicina, 2da ed., Buenos Aires, Ed. Hammurabi, 2002, págs. 106-107. Hemos reconocido que al médico le asiste una presunción de haber ejercido un grado razonable de cuidado y haber ofrecido un tratamiento adecuado. Rodríguez Crespo v. Hernández, supra. Para rebatir esta presunción, la parte demandante no puede descansar en una mera posibilidad de que el daño se debió al incumplimiento por parte del médico de su obliga-ción profesional. El hecho de que un paciente haya sufrido un daño o que el diagnóstico haya fracasado, o que el tra-tamiento no haya tenido éxito, no crea la presunción de negligencia por parte del facultativo médico. Un médico no puede garantizar un resultado favorable en toda intervención. Ramos, Escóbales v. García, González, supra; Rodríguez Crespo v. Hernández, supra; Medina Santiago v. Velez, supra; Sáez v. Municipio de Ponce, 84 D.P.R. 535 (1962).

Partiendo de un enfoque justo y realista, se ad-mite que en la profesión médica puede haber errores razonables de juicio. Morales v. Hospital Matilde Brenes, 102 D.P.R. 188 (1974). El criterio de razonabilidad supone, sin embargo, que el médico efectúe todos los exámenes necesarios para llegar a un diagnóstico correcto. Morales v. Hosp. Matilde Brenes, supra. En Oliveros v. Abréu, 101 D.P.R. 209 (1973), señalamos que el error de juicio en el diagnóstico es una defensa cuando está presente una de las circunstancias siguientes: (1) una duda razonable sobre la condición o enfermedad del paciente; (2) que las autoridades médicas reconocidas estén divididas en cuanto a cuál debe ser el procedimiento de diagnóstico que ha de seguirse, o (3) que el diagnóstico se haga después de un esfuerzo concienzudo del médico para enterarse de los síntomas y la condición del paciente.

Por lo tanto, el médico tiene el deber de hacer un esfuerzo para enterarse de los síntomas y de la condición del paciente, agotando los medios de diagnóstico diferencial que el estado del conocimiento pone a disposición de la profesión médica( ) Véase H. Brau del Toro, Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 1986, Vol. I, pág. 248. La doctrina de diagnóstico diferencial está fundamentada en la exigencia de un procedimiento para distinguir entre posibles padeci-mientos que requieren tratamientos diferentes y específicos, Lozada v. E.L.A., 116 D.P.R. 202, 217 (1985).

Finalmente, cuando se trata de evaluar las determinaciones sobre impericia médica que están fundamentadas en la prueba pericial y documental ofrecida, este Tribunal está en igual posición para evaluarlas y hacer sus propias conclusiones. López v. Dr. Cañizares, supra; Ramos, Escóbales v. García, González, supra; Ríos Ruiz v. Mark, supra; Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 D.P.R. 443 (1985); Cruz v. Centro Médico de P.R., supra.

Procede entonces aplicar la normativa previamente re-señada a los hechos del caso de epígrafe.

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Como cuestión inicial, debemos evaluar si la tardanza de los doctores recurridos en detectar la perforación en la vejiga de la señora Arrieta fue una actuación negligente a la luz de los hechos de este caso. Si esa pregunta se con-testa en la afirmativa, entonces y sólo entonces hay que analizar si existe un nexo causal entre el acto negligente y el daño alegado, a saber, la operación de histerectomía a que se tuvo que someter la recurrida. Si concluimos que no se probó que los doctores demandados incurrieran en mala práctica médica por error en el diagnóstico postoperatorio, ahí concluye nuestro análisis, pues no habría actuación ne-gligente alguna.

Hay que señalar primero que no hay controversia sobre el hecho de que la señora Arrieta fue informada de los po-sibles riegos de una laparoscopia, incluyendo la perfora-ción de órganos. Ambas partes están contestes que a la se-ñora Arrieta se le informó, y así firmó un consentimiento informado, de los riesgos que podía enfrentar en este tipo de cirugía debido al tipo de instrumentos que se utilizaban. Se le orientó, además, sobre el procedimiento quirúrgico y su naturaleza. Procede entonces evaluar cuál fue la sintoma-tología de la señora Arrieta luego de su laparoscopia.

Del expediente del caso se desprende que la señora Arrieta presentaba síntomas confusos, los cuales podían dar margen a múltiples diagnósticos, incluyendo, claro está, el de perforación de la vejiga. Entre los síntomas que ésta presentó durante los días posteriores a su operación se encuentran los siguientes: vómitos, dolor abdominal, gases, niveles elevados de glóbulos blancos, de BUN y de la creatinina, aire en el abdomen, sangre en la orina y difi-cultad al orinar. Valga señalar que ésta no tuvo todos estos síntomas a la vez, sino que variaron de día a día. De otro lado, algunos de estos síntomas, independientes o en com-binación, pueden sugerir las condiciones siguientes: vejiga perforada, abdomen agudo, íleo paralítico, pancreatitis e infección renal. Véase Diccionario Mosby: medicina, enfermería y ciencias de la salud, Madrid, Ed. Elsevier Science, 2003, T. 1, págs. 2 y 841, y T. 2, págs. 1159 y 1381; 17 Attorney’s Textbook of Medicine 280-296 (2004).

Cabe señalar que los síntomas de una perforación de vejiga no son específicos y un padecimiento de uno de ello, por sí solo, no es determinante. Attorney’s, supra, pág. 285B-13. Algunos de los síntomas identificados con esta condición son los siguientes: dolor abdominal, incapacidad de orinar, presencia de sangre en la orina, ausencia de pe-ristaltismo intestinal (íleo paralítico), presencia de sangre en la cavidad externa de la uretra (“urethral meatus”) y presencia de líquido o aire en el abdomen. Íd., págs. 285B-14 a 285B-16. Conforme se señaló anteriormente, la señora Arrieta reflejó varios de estos síntomas en los días postoperatorios.

Del expediente del caso se desprende que los doctores demandados comenzaron a tratar a la demandante inme-diatamente y fueron descartando distintas condiciones a medida que la sintomatología de la señora Arrieta variaba. Es decir, a la señora Arrieta se le hicieron diagnósticos diferenciales de enfermedades o padecimientos probables.

Como primer paso, los médicos realizaron una evalua-ción de los dolores abdominales de la paciente para descar-tar un abdomen agudo que conlleva la probabilidad de una cirugía de emergencia. () Posteriormente determinaron la posibilidad de íleo paralítico, un diagnóstico que era probable ante la reciente cirugía abdominal y los vómitos. Ad-viértase que el íleo paralítico también podía ser un sín-toma de perforación de vejiga.() Sin embargo, este diagnóstico fue descartado, luego de las pruebas radiológi-cas y de los exámenes de los doctores. Igualmente, en forma paralela a dichos diagnósticos, realizaron pruebas para diagnosticar pancreatitis, enfermedad que también tiene síntomas de dolor abdominal, vómitos y fiebre.()

También se pasó prueba en el juicio, y ambos peritos estuvieron de acuerdo, con que luego de una laparoscopia es usual que la paciente retuviera aire en el abdomen, es-pecialmente durante las primeras cuarenta y ocho horas después de la operación. De la prueba se estableció que el examen radiológico se realizó cuando habían pasado cua-renta y tres horas. Ello fue corroborado con las notas de progreso del doctor de la Vega y por las autoridades médi-cas presentadas en evidencia.() Por lo tanto, la presencia de aire en el abdomen en el momento que fue detectado no era conclusiva de la perforación de la vejiga.

Surge también del expediente médico y de los reportes de enfermería que no fue sino hasta el 13 de julio (segundo día postoperatorio) que la paciente reflejó problemas con la orina.

De otra parte, los indicadores de función renal (BUN y creatinina) indicaban que había algo anormal en los riñones. Una vez el doctor De la Vega analizó dichos estu-dios y detectó al mismo tiempo sangre en la orina y fiebre, hizo un diagnóstico preliminar de pielonefritis, por lo que consultó con un especialista en medicina interna. No pode-mos concluir que esa determinación fuera irrazonable. Nó-tese que hasta ese momento no había surgido problemas con la orina, no había líquido en el abdomen, el aire en el abdomen estaba bajo los parámetros normales y se había descartado el íleo paralítico.

En cuanto al tratamiento con la sonda, el doctor De la Vega consultó con un internista, el cual concluyó, según los síntomas y análisis médicos de la paciente, que podía tener retención urinaria por atonía de vejiga. Lo cierto es que este tratamiento ayudó a mantener la vejiga de la señora Arrieta vacía y las pruebas de laboratorio demostraron me-joría inmediatamente.

Finalmente, hay que indicar que el tratamiento que llevó a cabo el urólogo para sellar la perforación de la ve-jiga era el mismo tratamiento que había comenzado el doctor De la Vega el 14 de julio.

En general, de los autos se evidenció que los médicos no abandonaron la paciente, realizaron diagnósticos diferen-ciales —según su juicio médico razonable a la luz de los hechos del caso— y consultaron con especialistas para atender a la señora Arrieta. Los médicos estuvieron alertas a los cambios acaecidos en la condición de la señora Arrieta mientras ésta estuvo recluida.

Ciertamente no hay duda que erraron en diagnosticar correctamente la condición de la señora Arrieta. Entende-mos, sin embargo, que éste fue un error de juicio razonable de parte de los doctores codemandados a la luz de los he-chos en este caso. Éstos hicieron esfuerzos concienzudos para detectar la condición que aquejaba a la señora Arrieta, descartando diagnósticos posibles a la luz de la patología que reflejaba. En el pasado hemos indicado que los médicos tienen amplia discreción para establecer su diagnóstico y diseñar el tratamiento correspondiente, siempre y cuando ello se efectúe de forma razonable. Nada hay en el expediente de este caso que requiera que nos apartemos de dicha norma.

Concluimos, a la luz de lo anterior, que los doctores de la Vega y Vázquez no incurrieron en negligencia en el diag-nóstico y tratamiento postoperatorio de la Sra. Marisol Arrieta. Por no haber encontrado negligencia de partes de los doctores demandados, no entraremos a discutir la ale-gación de nexo causal.

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Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cua-les incorporamos, revocamos la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y se confirma la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, que desestimó la demanda instada contra los Drs. Alberto de la Vega y Daisy Vázquez.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervino.

      (1) La laparoscopia es un proceso en el que se inyecta bióxido de carbono u otro gas en el vientre, que ocasiona la distensión y separación de los órganos para ayudar a detectar los órganos reproductores. Se realiza una pequeña incisión abdominal a través de la cual se introduce el laparoscopio. Se ilumina el interior del abdomen y, con un instrumento que asemeja garfios, se agarran los tubos de Falopio y se colocan unos anillos que ligan y comprimen los tubos para evitar que pasen los óvulos. Luego de separar los tubos se sacan los instrumentos y el gas. Torres Ortiz v. Plá, 123 D.P.R. 637, 640 (1989).

      (2) Apéndice del recurso de certiorari, pág. 441.

      (3) Véase, en el Apéndice, Hoja de Sala de Operaciones-Proceso Operatorio del Hospital Ashford.

      (4) Exposición narrativa, 4 de mayo de 2000, pág. 11.

      (5) Íd., pág. 19.

      (6) Apéndice del recurso de certiorari, pág. 252.

      (7) ei “rebote” se define como una contracción brusca del músculo después de un periodo de relajación, observado con frecuencia en enfermedades en las que se pier-den los reflejos inhibidores. Diccionario Mosby: medicina, enfermería y ciencias de la salud, Madrid, Ed. Elsevier Science, 2003, T. 2, pág. 1348. Es el dolor que se produce cuando se presiona sobre la barriga provocando un movimiento súbito de los intestinos. Véase Exposición narrativa, pág. 18 esc. 4.

      (8) El “guarding” se define como la posición protectiva de alguien que tiene tanto dolor, que no te permite tocarlo.

      (9) Exposición narrativa, págs. 24-25.

      (10) Tanto el BUN como la creatinina son indicadores de la función renal. Nive-les bajos pueden indicar que no se come suficiente proteína, enfermedad del hígado o daños en los riñones. Niveles altos pueden indicar daños en los riñones en el caso de la creatinina, o ingesta excesiva de proteínas, en el caso del BUN.

      (11) Ese mismo día, a las 4:50 p.m., la doctora Vázquez reevaluó a la paciente y descontinuó el Toradol. Íd., págs. 136-Í37.

      (12) El doctor López Dávila, internista, también diagnóstico “retención urinaria aguda con insuficiencia aguda renal obstructiva”. Exposición narrativa, pág. 35 esc. 4. La doctora Vázquez la reevaluó ese día y ordenó que le pusieran nuevamente la sonda de forma intermitente. Más adelante, el internista ordenó que le quitaran la sonda y le hicieran un cultivo de orina.

      (13) Apéndice del recurso de certiorari, pág. 271.

      (14) Exposición narrativa, 3 de mayo de 2000, pág. 35.

      (15) El Dr. Roberto Canto le hizo otro cistograma de seguimiento a la paciente, que demostró que la perforación había sanado. Id.

      (16) Procedimiento consistente en extraer líquido de una cavidad corporal me-diante una incisión que se hace en el vientre.

      (17) Se aspiraron 40cc de líquido color ámbar del abdomen. Véase Apéndice del recurso de certiorari, pág. 274.

      (18) Los estudios no reflejaron patología urinaria y las pruebas de función renal (BUN y creatinina) resultaron normales.

      (19) La señora Arrieta es hospitalizada el 30 de diciembre de 1996 por cuatro días.

        (20) Cabe señalar que en esta ocasión también sufrid una perforación de vejiga.

      (21) Apéndice del recurso de certiorari, pág. 282.

      (22) Posteriormente, los demandantes transaron su reclamación con el Ashford Presbyterian Community Hospital.

      (23) Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Apéndice del recurso de cer-tiorari, págs. 93-110.

      (24) El diagnóstico diferencial es el diagnóstico de un estado patológico cuyos signos y síntomas están compartidos por otros estados patológicos semejantes. Her-nández Rivera v. Mun. de Bayamón, 135 D.P.R. 901, 903 (1994).

      (25) Diccionario Mosby, op. cit, T. 1, pág. 2 esc. 1.

      (26) Íd., pág. 841.

      (27) Íd., T. 2, pág. 1159.

      (28) El perito de los demandantes testificó que “no es normal” que quede aire en el abdomen luego de cuarenta y ocho horas de la operación. Por su parte, el perito de los demandados indicó que el aire puede durar “más de tres días en el abdomen”. El doctor Wade citó el libro de laparoscopia de Richard Soderstrom, el cual discute los síntomas de una perforación de intestino, mientras que el doctor Rosario utilizó el libro “Radiology Diagnostic Intervention”. Véase Exposición Narrativa, 3 de mayo de 2000, pág. 24, y de 9 de noviembre de 2000, pág. 26.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Roberto Alonso Santiago, querellado.

      Número: CP-2003-10

      Resuelto: 13 de septiembre de 2005

      Roberto J. Sánchez Ramos, procurador general; Felipe Sa-nabria Quiñones, abogado del querellado; Roberto Alonso Santiago, abogado del querellado; Magali Hosta Modesti y José Alberto Morales, comisionados especiales.
   per curiam:

Rosemary Fabucci Fernández presentó una queja ante este Tribunal contra el Ledo. Roberto Alonso Santiago, en la cual alegó que acudió a él para tramitar la eliminación de un antecedente penal menos grave y que la negligencia y el desinterés que desplegó el licenciado Alon-so en la tramitación de su caso fueron la causa de que ella perdiera su empleo. Alegó, además, que el licenciado Alon-so no la mantuvo informada de los trámites importantes acaecidos relacionados con su caso.

Referimos la queja al Procurador General para que rea-lizara una investigación y nos sometiera el correspon-diente informe. Así lo hizo. En el informe el Procurador General indicó que, luego de haber evaluado las compare-cencias de las partes y los documentos pertinentes, enten-día que no existía suficiente evidencia que justificara el inicio de un procedimiento disciplinario en contra del querellado. Al no estar de acuerdo con la posición asumida por el Procurador General, mediante Resolución a tales efectos, instruimos a éste para que presentara una quere-lla contra el mencionado abogado.()

En la querella presentada se formulan dos cargos contra el licenciado Alonso. En el primer cargo se le imputa haber violado el Canon 18 del Código Etica Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, al no defender los intereses de su cliente de forma diligente. En el segundo, se le imputa haber vio-lado el Canon 19 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, por no haber mantenido a su cliente infor-mado de asuntos importantes que surgieron en el desarro-lio del caso que le había sido encomendado. En su contes-tación a la querella, el licenciado Alonso Santiago alega, en síntesis, que durante todo el tiempo que actuó como repre-sentante legal de Fabucci Fernández, desplegó la diligen-cia que requería el trámite del caso y que en todo momento la mantuvo informada de todos los trámites importantes relacionados con éste.

Designamos al Ledo. José Alberto Morales Rodríguez como comisionado especial en este caso. Luego de cele-brada la correspondiente vista, el Comisionado Especial emitió su informe con su relación del caso y determinacio-nes de hecho. Habiendo quedado sometido el caso ante nuestra consideración, y contando con el informe del Comi-sionado Especial, los alegatos del Procurador General y del abogado querellado, procedemos a resolver.

HH

Se deduce de las determinaciones de hecho a las que llegó el Comisionado Especial, luego de analizar tanto la prueba testifical como documental presentada ante sí, que la relación profesional de la querellante Rosemary Fabucci con el licenciado Alonso Santiago comenzó el 23 de marzo de 1999 cuando éste la representó en un caso criminal pre-sentado en su contra por apropiación ilegal menos grave.() Durante el trámite de este caso, Fabucci Fernández le co-mentó al abogado de la existencia de una convicción pre-via, también por delito menos grave,() y de su deseo de realizar los trámites correspondientes para que dicha con-vicción fuese eliminada de su expediente de antecedentes penales.

Este mismo día, esto es, el 23 de marzo de 1999, el licen-ciado Alonso Santiago realizó gestiones sobre este último asunto y descubrió que se trataba de una convicción por delito menos grave impuesta el 23 de octubre de 1997. El abogado procedió a informarle a Fabucci Fernández que, en conformidad con la entonces vigente Ley Núm. 108 de 21 de junio de 1968 (34 L.P.R.A. sec. 1731), ésta tenía que esperar cinco años, contados desde la fecha de su convic-ción por el delito menos grave, para que pudiese ser elimi-nado el delito de su expediente. Es de notar que la antes citada Ley Núm. 108 fue enmendada por la Ley Núm. 367 de 2 de septiembre de 2000 para, entre otras cosas, reducir la espera para la eliminación de un récord por delitos me-nos graves a tres años.

Fabucci Fernández y el licenciado Alonso Santiago no volvieron a tener comunicación hasta marzo del 2001. En esa ocasión, Fabucci Fernández solicitó los servicios del abogado para que la representara en un caso de un acci-dente en el cual se había visto involucrada. En esa ocasión, el licenciado Alonso Santiago no informó a Fabucci Fernán-dez sobre la enmienda a la Ley Núm. 108, ante.

El 6 de septiembre de 2001, Fabucci Fernández llamó por teléfono a la oficina del licenciado Alonso Santiago. Al no poder comunicarse con él, le informó a su secretaria que había obtenido un empleo y que la directora de recursos humanos de la compañía le informó que le harían una investigación.()

El 11 de septiembre de 2001, Fabucci Fernández llamó nuevamente a la oficina del licenciado Alonso Santiago. En esta ocasión, la secretaria le informó haberle dado el men-saje al licenciado sobre la urgencia que ameritaba el soli-citar la eliminación de los antecedentes penales que cons-taban en su expediente.

Dos meses después, el 24 de octubre de 2001, Fabucci Fernández fue despedida de su empleo por causa del delito menos grave que aparecía en su expediente de antecedentes penales. Esa misma tarde llamó al licenciado Alonso Santiago, y esta vez pudo comunicarse con él directamente. La señora Fabucci le explicó lo sucedido y el licenciado le pidió que fuese al otro día a su oficina a suplir datos, y los nom-bres y las direcciones de los testigos de reputación. Ésta fue y suplió lo solicitado el 26 de octubre de 2002, más cien dólares para los gastos del trámite.()

El abogado presentó la petición ante el Tribunal de Pri-mera Instancia, Sala Superior de Bayamón, el 30 de octu-bre de 2001. Ocho días después, el 7 de noviembre de 2001, el referido foro la declaró “sin lugar”. Por tal razón, el 12 de diciembre de 2001, el abogado solicitó la reconsideración, que asimismo fue declarada “sin lugar” el 4 de febrero de 2002.()

Ante la tardanza en el trámite de eliminación de ante-cedentes penales, el 22 de enero de 2002 Fabucci Fernán-dez acudió al tribunal de instancia a revisar su expediente. Mientras realizaba este trámite, miembros del personal del tribunal la dirigieron a la biblioteca, donde pudo exa-minar la Ley Núm. 367, ante. Allí, por primera vez, se enteró de que la ley fue enmendada para acortar el término durante el cual puede solicitarse la eliminación de delitos menos graves, de cinco a tres años. También descubrió que, según la nueva ley, ella podía obtener, mediante un trámite pro se ante la Superintendencia de la Policía, la elimina-ción de su expediente criminal.() Procedió entonces Fa-bucci Fernández a dirigirse a la Comandancia, llenó un formulario y lo juró ante un notario. Doce días después, el delito menos grave que aparecía en su récord de anteceden-tes penales fue eliminado.

En la vista en su fondo celebrada ante el Comisionado Especial, el licenciado Alonso testificó que su práctica era una “intensa de casos criminales”, incluyendo considera-bles participaciones pro bono, y que no era su costumbre dirigir a sus clientes a obtener pro se lo que él podía tra-mitarles sin costo. Testificó, además, que la razón por la cual no informó a la querellante Fabucci Fernández de la enmienda a la Ley Núm. 108, ante, fue porque ésta no era su práctica, ya que le resultaba demasiado oneroso llamar a cada uno de sus clientes para informarle de cualquier cambio en ley que pudiese afectar su caso.

( — i HH

En cuanto a los cargos que el Procurador General le imputó al licenciado Alonso por violación al citado Canon 18, por no defender los intereses de su cliente, y al Canon 19, ante, por no mantener al cliente debidamente infor-mado, el Comisionado Especial determinó que, en la pri-mera fase de la relación profesional entre el licenciado Alonso Santiago y la señora Fabucci Fernández,() cuando ésta informó inicialmente su interés en cuanto a la elimi-nación del delito menos grave de su expediente, éste sí la asesoró diligentemente y le informó en cuanto a su situa-ción al amparo de la entonces vigente Ley Núm. 108, ante. Sin embargo, en lo que concierne a la segunda fase de la relación profesional entre ambos,() el licenciado Alonso de-bió tomar conocimiento de la enmienda a dicha ley y del nuevo procedimiento para solicitar la eliminación de ante-cedentes penales ante la Superintendencia de la Policía. Determinó, además, el Comisionado Especial que era la responsabilidad del abogado informarle a sus clientes de la existencia de esa ley. Señala, por último, que el abogado inició un trámite judicial, teniendo disponible un trámite administrativo más rápido y sencillo según la nueva ley. Dicha actuación, según el criterio del Comisionado Especial, hizo que su dienta tuviera que esperar meses por un trámite que pudo haberse realizado en menos tiempo. Con-cluyó que era el deber del licenciado Alonso Santiago “edu-car” a su cliente para que ésta conociera sus derechos y las maneras de hacerlos valer.

En fin, el Comisionado Especial determinó que el que-rellado, en efecto, incurrió en conducta violatoria del Canon 18 y del Canon 19 del Código de Ética Profesional, ante. Sin embargo, por tratarse de un caso aislado, y no de un patrón de conducta, recomendó una amonestación.

f — 4 f — I

Todo miembro de la profesión legal tiene el deber de defender diligentemente los intereses de su cliente con un trato profesional caracterizado por la mayor capacidad, lealtad, responsabilidad, efectividad y la más completa honradez. Su gestión profesional debe llevarse a cabo aplicando en cada caso sus conocimientos y habilidades. Canon 18 del Código de Etica Profesional, ante; In re Grau Díaz, 154 D.P.R. 70 (2001); In re Águila López, 152 D.P.R. 49 (2000); In re Acosta Grubb, 119 D.P.R. 595 (1987).

El Canon 18 del Código de Ética Profesional, ante, recoge, en esencia, el deber de todo abogado de atender los intereses de su cliente, desplegando la mayor diligencia y el mayor cuidado. Dispone, en lo pertinente, que es deber del abogado defender los intereses del cliente diligente-mente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad, y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y responsable.

Este deber de competencia que consagra el referido Canon 18 se infringe cuando un abogado, luego de aceptar un caso, no demuestra la competencia y diligencia que exige la práctica de la abogacía y no mantiene informado a su cliente del desarrollo del caso. Al así actuar, un abogado incurre en una seria violación de la ética profesional. In re Arroyo Rivera, 148 D.P.R. 354 (1999); In re Verdejo Roque, 145 D.P.R. 83 (1998).

Por otra parte, el Canon 19 del Código de Ética Profesional, ante, establece que “[e]l abogado debe mantener a su cliente siempre informado de todo asunto importante que surja en el desarrollo del caso que le ha sido encomendado”. De no hacerlo, incurre en una conducta irresponsable que viola la ética profesional. In re Rosario, 116 D.P.R. 462 (1985); In re Acosta Grubb, ante; In re Cardona Vázquez, 108 D.P.R. 6 (1978).

El deber de informar al cliente es un elemento imprescindible de la relación fiduciaria del abogado y el cliente. In re Hernández Nazario, 159 D.P.R. 63 (2003). En atención a ello, en In re Laborde Freyre, 159 D.P.R. 697 (2003), resolvimos que la actuación de un abogado de mantener ajeno a su cliente de las incidencias de su caso constituye una lesión a este canon y al proceso general de impartir justicia.

En el presente caso, el licenciado Alonso Santiago incumplió con los deberes éticos exigidos tanto por el Canon 18, ante, como por el Canon 19, ante, cuando luego de que aceptó representar a la querellante, no fue diligente en la defensa de los intereses de ésta. Una defensa diligente, en cumplimiento con el Canon 18, ante, incluía, ciertamente, el deber de tomar conocimiento de una enmienda en la ley relacionada con un caso que éste tenía ante sí y tramitarlo de la forma más rápida y eficiente en beneficio de su cliente. A esos efectos, en In re Díaz Alonso, Jr., 115 D.P.R. 755, 761 (1984), expresamos que los abogados tienen la obligación ética de informarse adecuadamente del dere-cho aplicable a los casos bajo su consideración, para des-cargar de forma responsable sus obligaciones para con su cliente.

Lo anterior no fue realizado por el aquí querellado ya que, ante el aparente desconocimiento de la enmienda en la nueva ley, inició un trámite judicial que tardó meses, cuando pudo, desde septiembre de 2001, informarle a la querellante que la ley había sido enmendada y que ella misma podía realizar este trámite sencillo ante la Super-intendencia de la Policía,() posiblemente evitando de este modo que ésta fuese despedida de su empleo.

En cuanto a la violación del Canon 19 del Código de Etica Profesional, ante, hemos sido enfáticos en que un abogado está obligado a mantener a su cliente informado de todo asunto importante que ocurra durante el trámite de su caso. Una enmienda a la ley relacionada al caso que el abogado está trabajando constituye, ciertamente, un asunto importante que éste debió informarle a su cliente. En el presente caso, el licenciado Alonso Santiago estaba obligado a asesorar a su cliente sobre el curso de acción más indicado; esto incluía educar a su cliente sobre el cam-bio en la ley.

En vista de ello, como medida disciplinaria y por tra-tarse de una primera ofensa, entendemos procedente amo-nestar al Ledo. Roberto Alonso Santiago por la conducta incurrida en el presente caso. Este deberá, en el futuro, ejercer mayor cautela y atenerse estrictamente a los pos-tulados que regulan la profesión de abogado, y se le aper-cibe contra futuras infracciones.

Se dictará Sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Seor Fuster Berlingeri no intervino. El Juez Asociado Seor Rivera Pérez se inhibió.

      (1) Comenzado el procedimiento disciplinario, es al Tribunal al que le corres-ponde determinar si ordena que se retiren los cargos, que se archive la querella o que se impongan sanciones disciplinarias. De estimar el Procurador General, por alguna razón o causa, que se deben retirar los cargos o de alguna forma variar o modificar la orden del Tribunal, deberá solicitar permiso mediante una moción bien fundamentada. Véase In re Ciordia, 118 D.P.R. 659 (1987).

      (2) Surge de las determinaciones de hecho que, en cuanto a este caso, el licen-ciado Alonso realizó sus labores profesionales de forma eficiente. El resultado del caso fue una determinación de “no causa” por el juez de instancia y la querellante quedó muy satisfecha.

      (3) La convicción fue por el delito de apropiación ilegal. Art. 165 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4271.

      (4) Aun cuando el licenciado Alonso Santiago alega que su secretaria instruyó a la querellante en cuanto a la necesidad de proveer ciertos datos y testigos de repu-tación para preparar un petición jurada ante el Tribunal de Primera Instancia, este hecho no quedó establecido, ya que la secretaria del licenciado no estuvo presente en la vista para testificar y, por su parte, la querellante alega no haber recibido dicha información, por lo cual no presentó los documentos solicitados.

      (5) Para realizar este trámite, el licenciado Alonso no solicitó el pago de honorarios.

      (6) Aun cuando Fabucci Fernández alega que el licenciado Alonso no le informó que su solicitud había sido declarada “no ha lugar” ni de la presentación de una moción de reconsideración, también denegada, el Comisionado Especial no pudo ha-cer una determinación sobre este hecho ya que, alegadamente, no existía evidencia suficiente para sostener tal alegación. De modo tal que no está claro si el abogado informó este hecho a su cliente ni cuándo pudo haberlo hecho.

      (7) La Ley Núm. 367 dispone, en lo pertinente, que:

        “En los casos de convicciones por delitos menos graves, cuando el término trans-currido sea de tres (3) años o más, dichas convicciones podrán ser eliminadas por el Superintendente de la Policía a solicitud de la parte interesada mediante declaración jurada acompañada de un comprobante de Rentas Internas por la suma de veinte dólares. Si la petición le fuere denegada por el Superintendente, el interesado podrá comparecer ante el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico correspondiente mediante una petición original.” (Énfasis suplido.) 2000 (Parte 2) Leyes de Puerto Rico 2038, 2041.

      (8) Entre el 23 de marzo de 1999 y el 6 de septiembre de 2001.

      (9) Desde el 6 de septiembre de 2001 hasta enero de 2002.

      (10) Es de notar que la querellante obtuvo la eliminación del antecedente penal en sólo doce días.


text:
      In re Carmelo Rodríguez Feliciano, querellado.

      Número: CP-1997-7

      Resuelto: 14 de septiembre de 2005

      Carlos Lugo Fiol y Roberto J. Sánchez Ramos, procuradores ?enerales, querellantes; Myrna Y. López Peña, querellante; ícente Ortiz Colón, Marco Rosado Conde, Héctor Alejandro Lugo y Manuel Rodríguez Orellana, abogados del que-rellado; Pierre Vivoni Del Valle y Ramón Negrón Soto, co-misionados especiales.
   per curiam:

El Ledo. Carmelo Rodríguez Feliciano fue admitido al ejercicio de la abogacía el 25 de enero de 1985 y al ejercicio del notariado el 18 de marzo de ese mismo año. Fue presentada contra el referido abogado el 14 de mayo de 1994 una queja por la señora Myrna Y. López Peña, abogada de profesión.

La Sra. Myrna Y. López Peña contrajo nupcias con el Sr. Elias Argüello García en dos ocasiones. La primera vez el 25 de diciembre de 1975, y la segunda el 11 de septiembre de 1979. Concibieron una hija durante su primer matrimo-nio, quien nació el 28 de junio de 1976, fecha en que fue dictada la sentencia de divorcio por el Tribunal de Primera Instancia, que disolvió el primer vínculo matrimonial. El 27 de junio de 1980 fue dictada una sentencia por el mismo tribunal, disolviendo el segundo vínculo matrimonial.

El 18 de agosto de 1992 las partes estipularon la suma de cuatrocientos cincuenta dólares en concepto de pensión alimenticia provisional para su única hija menor de edad, de nombre Ana Haydeé Argüello López. Se estipuló, ade-más, que para el mes de mayo de cada año el señor Argüe-llo García proveería espejuelos o lentes de contacto a su hija, según fuese necesario. El señor Argüello se compro-metió a hacer gestiones, a partir de junio de 1993, para proporcionarle a su hija un plan médico y a depositar la suma de cincuenta dólares adicionales a la pensión para aportar al plan médico que pagaba la señora López, retro-activo al 1 de julio de 1992.

El 21 de abril de 1992, ante el Tribunal de Primera Ins-tancia, la licenciada López Peña reclamó al señor Argüello García la pensión vencida de la hija menor de edad de am-bos y no pagada durante el periodo comprendido entre el 15 de noviembre de 1976 y el 11 de septiembre de 1979, tiempo entre el primer y segundo matrimonio, y en el que ambos mantuvieron el status de solteros por divorcio. El Tribunal de Primera Instancia dictaminó el 22 de junio de 1993 que existía una deuda por concepto de pensiones ali-menticias no satisfechas por el señor Argüello García as-cendente a diez mil diez dólares, más intereses legales so-bre esa suma. Le concedió un término al señor Argüello García para someter un plan de pago que le permitiera poner al día lo adeudado.

El Tribunal de Primera Instancia señaló una vista para el 1 de febrero de 1993 para dilucidar una petición de la licenciada López Peña a los efectos de que la deuda del señor Argüello García, por concepto de pensión alimenticia no pagada, fuese satisfecha por la sociedad legal de ganan-ciales compuesta por el señor Argüello García y su nueva esposa, la Sra. Isaura Santiago Colón, quienes habían con-traído matrimonio el 23 de diciembre de 1981. A esa vista compareció el Ledo. Carmelo Rodríguez Feliciano e informó al tribunal que representaba a la Sra. Isaura Santiago Colón. Planteó que su cliente y el señor Argüello García se habían divorciado por mutuo consentimiento el 15 de enero de 1993. Surge de la petición de divorcio de los esposos Argüello-Santiago, presentada el 12 de enero de 1993 —en la que la señora Santiago Colón compareció por derecho propio y el señor Argüello García estuvo representado por el licenciado Rodríguez Feliciano— que todos los bienes muebles e inmuebles adquiridos durante el referido matri-monio fueron traspasados por el señor Argüello García a la señora Santiago Colón. En consideración a que el señor Argüello García se encontraba desempleado, la señora Santiago Colón le permitió continuar residiendo en la planta baja de la residencia en la que habían habitado jun-tos, por un período de tres meses, a partir de la fecha del divorcio. El señor Argüello García se comprometió a pagar una pensión alimenticia de seiscientos dólares mensuales para beneficio de los tres hijos menores de edad concebidos durante ese matrimonio.

En el desglose de deudas gananciales expuesto en la referida petición de divorcio no se hizo mención de la deuda del señor Argüello García por la suma de diez mil diez dó-lares por concepto de pensión alimenticia de su hija Ana Haydeé Argüello López, previamente determinada su exis-tencia por el Tribunal de Primera Instancia.

La licenciada López Peña, por sí y en representación de su hija menor de edad, solicitó intervenir en el procedi-miento de divorcio entre el señor Argüello García y la se-ñora Santiago Colón. El licenciado Rodríguez Feliciano, en representación de la señora Santiago Colón, se opuso por escrito a tal solicitud. En ese escrito, el licenciado Rodrí-guez Feliciano le imputó a la licenciada López Peña el tra-tar de involucrar a su cliente, señora Santiago Colón, en pleitos frívolos e insustanciales con el propósito de cau-sarle malestar. Argüyó la falta de legitimación activa de la licenciada López Peña y su hija para intervenir en el refe-rido proceso de divorcio. La solicitud de intervención fue declarada “no ha lugar” por el Tribunal de Primera Instancia. Alegó que al momento de la presentación de la referida petición de divorcio por mutuo consentimiento, la pensión de la hija de la licenciada López Peña y del señor Argüello García estaba al día. Desde ese momento se inició un patrón de conducta por parte del licenciado Rodríguez Feliciano que fomentó la animosidad entre las partes en lugar de propiciar la paz entre ellas, la solución del pro-blema y la controversia entre las partes.

El 10 de agosto de 1993, el Tribunal de Primera Instan-cia aceptó la renuncia del Ledo. Andrés Montañez Coss como abogado del señor Argüello García, quien lo había estado representando en las controversias ante ese tribunal con la licenciada López Peña y la hija de ambos, y el 17 de septiembre de 1993 el licenciado Rodríguez Feliciano asumió su representación legal en esos procedimientos. Posteriormente, el licenciado Rodríguez Feliciano expuso la precaria situación económica en la que su cliente, el se-ñor Argüello García se encontraba y solicitó que se le per-mitiera pagar la deuda de diez mil diez dólares, más los intereses devengados, mediante un plan de pago. En esta ocasión aceptó la existencia de tal deuda.

Se incoaron varios pleitos por la licenciada López Peña y su hija Ana M. Argüello López contra el señor Argüello García y la señora Santiago Colón. Estos últimos incoaron una acción de daños y peijuicios mediante reconvención contra la licenciada López Peña y su hija por haber presen-tado una acción frívola en su contra y sin causa como parte de un patrón de conducta de hostigamiento, para molestar y hacerle la vida imposible a los demandados. Durante el curso de esos procedimientos, el querellado hizo referencia a una conducta hostil y a un patrón de hostigamiento de la querellante, quien es abogada, contra sus clientes. Realizó, por escrito, varias expresiones contra la querellante y su hija, que ésta entendió como lesivas a su persona y viola-torias a los cánones del Código de Etica Profesional.

El Procurador General, después de investigar la queja y rendir un informe a este Tribunal sobre sus hallazgos, pre-sentó una querella en nuestra Secretaría el 14 de julio de 1997 contra el Ledo. Carmelo Rodríguez Feliciano. Le for-muló los cargos siguientes:

PRIMER CARGO
El Ledo. Carmelo Rodríguez Feliciano violó el Canon 8 de [ÉJtica Profesional el cual dispone que el abogado no debe per-mitir que sus clientes, en el trámite de los asuntos que crean la relación de abogado-cliente, incurran en conducta que sería impropia del abogado si él la llevase a cabo personalmente, y conforme fuera interpretado dicho Can[o]n por este Ilustre Foro en el caso de Quiñones v. Jiménez Conde, 117 D.P.R. [1] (1986).
SEGUNDO CARGO
El Ledo. Carmelo Rodríguez Feliciano violentó las disposicio-nes del criterio general de los deberes del abogado para con los tribunales a los efectos de que la buena marcha del proceso judicial del país es responsabilidad ineludible de todo miem-bro de la profesión legal y que le corresponde a todo abogado procurar que prevalezca siempre en los tribunales un am-biente de decoro y solemnidad laborando por mejorar la cali-dad de la justicia que en éstos se imparte.
TERCER CARGO
El Ledo. Carmelo Rodríguez Feliciano incurrió en conducta violatoria al Canon 9 de [É]tica Profesional el cual obliga a todo abogado a observar para con los tribunales una conducta que se caracteriza por el mayor respeto, desalentando y evi-tando ataques injustificados contra los jueces contra el buen orden en la administración de la justicia, y conforme fuera interpretado dicho Canon 9 en los casos de Berríos v. U.P.R., 116 D.P.R. 88 (1985)[,] y Quiñones v. Jiménez Conde, 117 D.P.R. 1 (1986).
CUARTO CARGO
El Ledo. Carmelo Rodríguez Feliciano violó el Canon 15 de [É]tica Profesional^] el cual establece que un abogado no debe actuar inspirado por la animosidad ni por los prejuicios de su cliente[,] ni debe permitir que [é]ste dirija el caso ni que se convierta en el dueño de la conciencia del abogado, conforme fuera interpretado dicho Canon en el caso de Quiñones v. Jiménez Conde, 117 D.P.R. 1 (1986).
QUINTO CARGO
El Ledo. Carmelo Rodríguez Feliciano violó el Canon 29 de [E]tica Profesional, el cual señala que cualquier rencor que exista entre los clientes no debe afectar la conducta de los abogados entre sí, ni las relaciones hacia el litigante contrario.
SEXTO CARGO
El Ledo. Carmelo Rodríguez Feliciano violó las disposiciones de la Regla 9 de Procedimiento Civil de 1979, así como las disposiciones del Canon 17 de [É]tica Profesional, respecto a que la firma de un abogado en una alegación en un caso equi-vale a certificar que ha leído la alegación y que de acuerdo con su mejor conocimiento, información y creencia esta bien fundada.
SÉPTIMO CARGO
El Ledo. Carmelo Rodríguez Feliciano, violó el Canon 17 de [E]tica Profesional, en cuanto requiere de todo abogad [o q]ue se niegue a representar a un cliente en un caso civil cuando estuviere convencido de que se pretende por medio del mismo molestar o perjudicar a la parte contraria, haciéndole víctima de opresión o daño.
OCTAVO CARGO
El Ledo. Carmelo Rodríguez Feliciano violó las disposiciones del Canon 18 de [É]tica Profesional[,] el cual dispone que el principio de diligencia establecido en dicho cano[n n]o significa que el abogado pueda realizar cualquier acto que sea conve-niente con el propósito de salir triunfante en las causas del cliente, ni violar las leyes del país o cometer engaños.
NOVENO CARGO
El Ledo. Carmelo Rodríguez Felician[o v]ioló el Canon 26 de [E]tica Profesional, el cual prohíbe a un abogado aconsejar transacciones o actos en contra de la ley, entablar pleitos vi-ciosos e instigar falsas defensas, y que el abogado no puede justificar dichos actos con el pretexto de que al actuar así, lo hizo siguiendo las instrucciones de su cliente, ya que el abo-gado debe obedecer siempre su propia conciencia y no la de su cliente.
D[É]CIMO CARGO
El Ledo. Carmelo^ Rodríguez Felicianfo fincurrió en violación al Canon 35 de [Ejtica Profesional, el que dispone que no es sincero ni honrado el utilizar medios que sean inconsistentes con la verdad ni se debe inducir al juzgador a error utilizando artificios o una falsa relación de los hechos o el derecho.
UND[ÉJCIMO CARGO
El Ledo. Carmelo Rodríguez Felician[o v]ioló las disposiciones del Canon 38 de [É]tica Profesional que requiere de todo abo-gado que se esfuerce al máximo de su capacidad en la exalta-ción del honor y dignidad de su profesión, aunque el as[í] ha-cerlo conlleve sacrificios personales, evitando hasta la apariencia de conducta profesional impropia. Querella, págs. 2-4.

El 18 de septiembre de 1997, el querellado presentó un escrito titulado Contestación a Querella y Solicitud de Desestimación. Argüyó que los once cargos formulados en la querella por el Procurador General no estaban sosteni-dos por un señalamiento de hechos constitutivos de las vio-laciones éticas alegadas. Sostiene que los cargos así formu-lados no imputan falta ética alguna del querellado. Alegó que la formulación de los cargos por el Procurador General son inconstitucionales porque el proceso utilizado de pre-sentación y notificación de la querella viola su derecho constitucional a un debido proceso de ley. Afirmó que la querella no imputa hechos constitutivos de violaciones a los cánones del Código de Ética Profesional que justifiquen la imposición de alguna sanción disciplinaria.

El 9 de octubre de 1997 declaramos “no ha lugar” la solicitud de desestimación de la querella presentada por el querellado. Expresamos que aunque la querella no con-tiene el formato clásico, incluye una relación de los hechos. Admitimos la contestación a la querella presentada. Nom-bramos al licenciado Pierre Vivoni como Comisionado Especial para recibir y escuchar la prueba que ofrecerían las partes. El Comisionado Especial señaló una conferencia con antelación al juicio para el 10 de diciembre de 1997. No pudo celebrarse en esa fecha la conferencia con antelación al juicio porque los abogados no habían podido reunirse previamente, debido a que la abogada asignada al caso en la Oficina del Procurador General había estado enferma. Las partes acordaron que el Procurador General enmenda-ría la querella y luego procederían a reunirse.

El 19 de febrero de 1998 el querellado solicitó nueva-mente la desestimación de la querella por no aducir hechos que justifiquen la imposición de alguna medida disciplina-ria en su contra. Argüyó que la querella presentada por el Procurador General es inmeritoria e injustificada. Sostuvo su pedimento, además, en la continua y reiterada conducta de la Oficina del Procurador General en atrasar e impedir los trámites de los procedimientos, y por el alegado incum-plimiento de esa oficina con las órdenes del tribunal.

El 28 de abril de 1998 el Procurador General presentó una querella enmendada, alegadamente a los únicos efec-tos de relacionar las actuaciones del querellado con los car-gos previamente formulados en la querella original. El Pro-curador General sostiene que las violaciones éticas alegadas originalmente no se refieren a un sólo acto que pueda ser fácilmente señalado, sino más bien a un patrón de conducta profesional que, en lugar de propiciar la solu-ción de las controversias judiciales entre las partes, fo-mentó e incrementó la animosidad y hostilidad entre ellas y promovió la dilación de los procedimientos en detrimento de la buena marcha del proceso judicial y del derecho de una menor de edad a recibir pensión alimenticia de su padre. Argüyó que tal conducta está reñida con los cánones del Código de Etica Profesional a tenor con lo resuelto por este Tribunal en Quiñones v. Jiménez Conde, 117 D.P.R. 1 (1986).

Después de estar paralizado el procedimiento discipli-nario hasta que concluyeron varios procedimientos judicia-les pendientes ante el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal Apelativo, el querellado presentó el 27 de noviem-bre de 2000 una moción de desestimación de la querella. Fundamenta su petitorio en el reiterado incumplimiento del Procurador General con las órdenes de este Tribunal y a que no había mediado una adecuada notificación de los cargos formulados contra el querellado. Informó que había renunciado a la representación del señor Arguello García en los casos pendientes ante el Tribunal de Primera Instancia. No obstante, ordenamos la continuación del pro-cedimiento disciplinario.

El 8 de mayo de 2001 emitimos una resolución mediante la cual sustituimos al licenciado Pierre Vivoni por el Ledo. Ramón Negrón Soto como Comisionado Especial.

Celebrada la vista evidenciaría, el Comisionado Especial rindió su informe. Concluyó que le mereció credibilidad el testimonio vertido por el licenciado Rodríguez Feliciano, a los efectos que la,s cláusulas y condiciones estipuladas en la petición de divorcio por consentimiento mutuo fueron redactadas por el matrimonio Arguello-Santiago sin su in-tervención, independientemente que se redactó en su oficina. El testigo declaró que ambos firmaron la petición de divorcio en momentos distintos. Añadió que consideró el hecho que el señor Argüello García se quedara residiendo en los bajos de la estructura de vivienda en donde habían habitado juntos hasta ese momento, como un arreglo amistoso. Posteriormente se enteró que la pareja se había reconciliado y que el señor Argüello García nunca se mudó de la propiedad.

Sobre la aparente posición contradictoria del quere-llado, en cuanto a la deuda por concepto de pensión ali-menticia del señor Argüello García por la suma diez mil diez dólares, el Comisionado Especial concluyó que la ase-veración original del querellado a los efectos que había sido satisfecha, no puede tomarse como una alegación contraria a su conocimiento porque él no había participado en los casos donde el asunto de la pensión y la deuda contraída se había ventilado. Le impartió gran peso al hecho que tan pronto el querellado intervino en calidad de abogado en esos casos como representante legal del señor Argüello García, reconoció la deuda y presentó un plan de pago para satisfacerla. Solicitó, además, la rebaja de la pensión y se opuso a las distintas mociones de desacato presentadas por la señora López Peña.

El Comisionado Especial expresa no tener duda de que ambas partes exhibieron en sus escritos, presentados como parte de los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia, estilos de redacción que reflejan su animosidad. Concluyó, a base de los escritos presentados por el quere-llado ante el Tribunal de Primera Instancia, que éste tenía una opinión formada sobre la licenciada López Peña, a los efectos que mantenía un patrón de hostigamiento y perse-cución contra sus clientes. Tal animosidad se agravó du-rante el mes de febrero de 1994, principalmente de parte del señor Argüello García hacia ella, por algunas pregun-tas del Interrogatorio y Requerimiento de Admisiones que éste le cursó, a través del querellado, a la licenciada López Peña, y de algunas contestaciones del señor Argüello Gar-cía al interrogatorio que le había cursado la licenciada Ló-pez Peña a través de su abogado.

El querellado notificó a la licenciada López Peña un In-terrogatorio y Requerimiento de Admisiones de 15 de agosto de 1994, en el cual le formuló una serie de pregun-tas y requerimientos de admisión que contenían una serie de aseveraciones que ésta consideró impertinentes al asunto en controversia y altamente indecorosas, impropias y ofensivas. Las preguntas y los requerimientos de admi-siones aludidos contienen hechos relacionados con el ale-gado hostigamiento de la licenciada López Peña al señor Argüello García. Tales preguntas y requerimientos parten de unas premisas. Primero, que la licenciada López Peña estuvo en alguna ocasión en las oficinas donde trabajaba el señor Argüello García. Allí ocurrieron unos incidentes que produjeron una resolución del Tribunal de Primera Instan-cia en uno de los casos, donde se le ordenó a la licenciada López Peña que se abstuviera de intervenir en forma directa o indirecta con el señor Argüello García en su vida personal o profesional y con sus patronos presentes o pasados. Segundo, una carta que la licenciada López Peña le escribió a la Sra. María José Zamora, madre de otros tres hijos menores de edad del señor Argüello García que residían en Nicaragua. Las referidas preguntas y requeri-mientos partían de la premisa que en esa carta ella le ex-presó a la señora Zamora de la vida feliz que disfrutó con el señor Argüello García cuando estaban casados y de sus preferencias sexuales durante la existencia de esa relación. La licenciada López Peña aceptó la existencia de esa carta. No obstante, se molestó porque entendió que su contenido no tenía pertinencia alguna con la controversia sobre la pensión alimenticia, sino que pretendía cuestionar sus pre-ferencias sexuales.

Concluyó el Comisionado Especial, al evaluar el testi-monio de las partes, que el querellado hizo referencia a la carta con el propósito de establecer la alegada conducta obsesiva y persecutoria de la licenciada López Peña contra su cliente. El querellado cursó, además, un requerimiento de admisiones a la licenciada López Peña en el que hizo referencia a aspectos relacionados con su vida y conducta cuando era estudiante. El Comisionado Especial entendió que este requerimiento no era pertinente a la controversia y sí producto de un relato del señor Argüello García a su abogado, el querellado, y que éste entendió, incorrecta-mente, que podía utilizar con el propósito de establecer la alegada conducta obsesiva y persecutoria de la licenciada López Peña contra su cliente. Concluyó que, ante esa con-ducta del querellado, era natural que la licenciada López Peña se molestara.

El Comisionado Especial determinó que, como parte de la contestación bajo juramento del señor Argüello García de 22 de febrero de 1994 a un Interrogatorio y Requeri-miento de Admisiones que le cursara la señora López Peña en el caso KDI 84-389 ante el Tribunal de Primera Instan-cia, se hicieron aseveraciones ofensivas y lesivas a la dig-nidad de la señora López Peña, abogada de profesión, del Tribunal de Primera Instancia y de los jueces que intervi-nieron en los casos entre ellos, al afirmar que su encarce-lamiento fue motivado por la influencia que ella tenía con altos funcionarios del Gobierno. Las aludidas imputaciones surgeñ de las contestaciones 39 y 42 del referido escrito, que disponen de la forma siguiente:

39. No tuve ninguna participación ni defensa en el caso RF-76- 1441. Myrna Y. López usando su influencia en el gobierno y sabiendo que yo no residía en Puerto Rico, consiguió del tribunal la Sentencia a su favor. Para 17 años más tarde y después de 17 años de continuos pleitos hacer su reclamación con el único propósito de aprovecharse de la situación con el uso de su influencia en el gobierno.
42. Se niega. Una vez el tribunal decidió que esa deuda a pesar de las circunstancias envueltas existía, determinó que propu-siera un plan de pago que me permitiera ponerme al día. En ese proceso Myrna López consiguió con su influencia con altos funcionarios de gobierno que otro Juez interviniera y ordenara fuera puesto en prisión; envileciendo a su propia hija y nietos. (Enfasis en el original.) Informe del Comisionado Especial, pág. 10.

Fue en ese momento cuando la licenciada López Peña decidió presentar una queja contra el licenciado Rodríguez Feliciano ante este Tribunal.

El querellado justificó las aseveraciones anteriores, ale-gando que el señor Argüello García las subscribió e insistió en contestar de esa forma y manera, por lo que su conte-nido era de su única y entera responsabilidad. No obstante, el querellado discutió su contenido con su cliente. Declaró ante el Comisionado Especial que él no creyó lo que afir-maba su cliente sobre las influencias de la licenciada López Peña ni estaba de acuerdo sobre sus expresiones lesivas dirigidas a los jueces, ya que tenía una buena opinión de la conducta personal y oficial de esos funcionarios. Testificó que en consideración a la libertad de expresión del señor Argüello García, de que esas aseveraciones eran de su en-tera responsabilidad y debido a que éste insistió en contes-tar en esa forma, se transcribieron y él las envió al abogado de la otra parte. No obstante, puntualizó que si en el futuro se encontrara con una situación como esa, de tanta animo-sidad entre las partes, renunciaría a la representación de su cliente.

El querellado presentó el 28 de diciembre de 1993 ante el entonces Tribunal Superior, en el caso KDI 76-1441(702), un escrito titulado Moción Proponiendo Plan de Pagos para Saldar Deuda de 1976 a 1979 Reclamada el 21 de abril de 1992, en la cual expresó lo siguiente:

Le adelantamos al Honorable Tribunal que en el caso K DI84-3898 estamos solicitando una rebaja en el pago de pensión debido a que el compareciente no tiene recursos para pagar dicha pensión ya que como consecuencia del hostigamiento de la peticionaria el señor Arg[ü]ello se divorció conforme al caso K DI93-0021 del 2 de marzo de 1993, Tribunal Superior, Sala de San Juan, donde el compareciente se obligó a pagar una . pensión alimenticia para sus tres hijos menores de edad en la cantidad de $600.00 mensuales. (Enfasis suplido.)

En su memorando de derecho de 28 de febrero de 1995, en el caso KAC 2004-68 —sobre fraude de acreedores— el querellado, como abogado del señor Argüello García y la señora Santiago Colón, expresó lo siguiente.

Es triste ver c[ó]mo una ciudadana ha estado por los últimos diecisiete años (aproximadamente) hostigando, persiguiendo, amenazando, al demandado y utilizando al Honorable Tribunal para lograr esos objetivos. Ya es hora que este Honorable Tribunal le haga justicia al demandado. Hasta cu[á]ndo la de-mandante va a continuar haciendo los mismos planteamientos en diferentes salas. Le recordamos al Honorable Tribunal que la demandante es abogada, aunque no ejerce la profesión por ser Directora de Personal del Departamento del Trabajo y Re-cursos Humanos. Informe del Comisionado Especial, pág. 14.

Aun cuando en el pleito incoado por la licenciada López Peña y su hija se alegó que la presentación de una petición de divorcio por mutuo consentimiento por el señor Argüello García y la señora Santiago Colón constituía y pretendía un fraude de acreedores, en el que el querellado represen-taba una parte, éste asumió la representación legal de la señora Santiago Colón cuando el referido pleito había sido calificado como colusorio por un funcionario del Tribunal de Primera Instancia al evaluar la prueba. El querellado, sobre este asunto, expresó que no consideró que existiera conflicto de interés de su parte en tales asuntos. Así lo entendió también el Procurador General.

Cuando el querellado solicitó del Tribunal de Primera Instancia el 4 de diciembre de 1998 que lo relevara como abogado del señor Argüello García en los casos KDI 76-1441 y KDI 84-3898, expuso como razón para ello que él se había “afectado por la manera injusta en que se le ha fijado una pensión de $500.00 para (sic) pariente adulta cuando el ingreso no controvertido del Sr. Elias Arg[ü]ello García (sic) de $700.00”.

El Comisionado Especial consideró que el querellado pudo incurrir en prácticas que están en conflicto con varios de los cánones del Código de Ética Profesional a que hace alusión el Procurador General. Puntualizó los Cánones 8, 9, 15 y 29, porque el querellado actuó inspirado por la ani-mosidad y prejuicio de su cliente, y por permitir que hasta cierto punto dirigiera su posición en el trámite de los procedimientos.

Varios de los escritos presentados por el querellado ante el Tribunal de Primera Instancia fomentaron e incremen-taron la animosidad entre las partes, que llegó al extremo de que Ana Haydeé Argüello López no tenía ninguna comu-nicación con su padre.

I — I 1-H

Corresponde al Comisionado Especial, designado por este Tribunal, atender una querella presentada contra un abogado, recibir la prueba, así como evaluar y dirimir la evidencia conflictiva. Tal funcionario ocupa el papel del juzgador de primera instancia y, por lo tanto, está en mejor posición para aquilatar la prueba testifical.() Sus determinaciones de hecho, basadas en la prueba testifical, merecen nuestra mayor deferencia() Cuando esas determinaciones están sostenidas por la prueba que obra en nuestro expediente, no intervendremos con ellas, ausente de una demostración de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto en su apreciación. ()

No hemos encontrado nada en el expediente que nos anime a intervenir con las determinaciones de hecho for-muladas por el Comisionado Especial. Están apoyadas en la evidencia presentada y admitida. La presunción sobre su corrección no ha sido rebatida.

( — H hH t — I

Constituye una conducta antiética de un abogado permitir que su cliente, en el trámite de los asuntos que se realicen dentro de la relación de abogado y cliente, incurra en una conducta que se calificaría como impropia si el abogado la lleva a cabo personalmente. De persistir un cliente en incurrir en tal conducta impropia, al abogado tiene que terminar sus relaciones profesionales con él. Tal normativa tiene particular aplicación a las relaciones con los tribunales, funcionarios judiciales, los jurados, los testigos y las otras partes litigantes. () El abogado debe tratar a las partes adversas con respeto y consideración. No debe actuar inspirado por la animosidad ni por los prejuicios de su cliente, ni debe permitir que éste dirija el caso o se convierta en el dueño de su conciencia. Es impropio utilizar los procedimientos legales en forma irrazonable o con el fin de hostigar una parte contraria() Son los clientes de los abogados los litigantes ante los tribunales, no ellos. Cualquier rencor que exista entre sus clientes no debe afectar la conducta de los abogados entre sí ni las relaciones hacia la parte adversa.()

Concluimos que el querellado desarrolló un estado de animosidad contra la parte contraria, licenciada López Peña, por entender que ésta mantenía un patrón de hosti-gamiento y persecución contra sus clientes, el señor Argüe-lio García y la señora Santiago Colón. Permitió que su cliente, señor Argüello García, incurriera en una conducta —durante el trámite judicial— que no era propia realizarla personalmente. No le dispensó respeto y consideración a la parte contraria. Su conducta fomentó e incrementó la ani-mosidad entre las partes, en vez de ir dirigida a propiciar la solución del problema y la controversia entre ellos. El querellado actuó inspirado por la animosidad de su cliente, señor Argüello García, y permitió que éste dirigiera el caso y se convirtiera en el dueño de su conciencia.

Es intolerable y está reñida con la conducta ética mínima que tienen que observar los abogados en el trámite de una reclamación y un cobro de pensiones alimenticias de menores de edad, fomentar la animosidad de las partes en lugar de propiciar la solución del problema entre ellos. El abogado puede ser fogoso y vehemente en la defensa de los intereses de su cliente, pero no puede, por imperativo ético, promover o fomentar la hostilidad y la animosidad de sus clientes contra la parte contraria. Los cánones del Código de Etica Profesional establecen y delimitan una frontera entre la diligencia y responsabilidad que le debe todo abogado a los clientes y los casos que le han sido encomendados, frente a las pasiones, rencillas y rencores que puedan motivar a su cliente. Los abogados no pueden convertirse e instrumentos de las pasiones, rencillas y rencores de sus clientes. Los jueces del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Apelaciones deben velar por que los abogados observen los cánones del Código de Ética Profesional, e informar al Tribunal Supremo cualquier violación.()

Concluimos que el querellado violó los Cánones 8, 15 y 29 del Código de Ética Profesional, supra. A base de la evidencia presentada, admitida y dirimida por el Comisio-nado Especial, no encontramos que el querellado haya in-currido en las demás faltas éticas imputadas.

IV

Para determinar la sanción disciplinaria que aplica a un abogado querellado, podemos tomar en cuenta factores como la reputación del abogado en su comunidad, su historial previo, si es su primera falta, la aceptación de ésta y su sincero arrepentimiento, si se trata de una conducta aislada, y cualesquiera otras consideraciones —ya bien atenuantes o agravantes— que medien, a tenor con los hechos.()

El abogado querellado no tiene otra queja en su expediente. Esta es su primera falta ética. Su historial no presenta otra conducta similar a la del presente caso.

V

Por los fundamentos antes expuestos, apercibimos al querellado de su deber y obligación de cumplir cabalmente en el futuro con los cánones del Código de Etica Profesional.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervino.

      (1) In re González Ortiz, 162 D.P.R. 80 (2004); In re Morales Soto, 134 D.P.R. 1012 (1994).

      (2) In re González Ortiz, supra; In re Soto López, 135 D.P.R. 642 (1994).

      (3) In re González Ortiz, supra; In re Soto Colón, 155 D.P.R. 623 (2001); In re Arroyo Fernández, 133 D.P.R. 364 (1993); In re Rivera Arvelo y Ortiz Velázquez, 132 D.P.R. 840 (1993); In re Colton Fontán, 128 D.P.R. 1 (1991).

      (4) Canon 8 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

      (5) Canon 15 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

      (6) Canon 29 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

      (7) In re Montañez Miranda, 157 D.P.R. 275 (2002); In re Matos González, 149 D.P.R. 817 (1999); In re Veléz Cardona, 148 D.P.R. 505 (1999); Quiñones v. Jiménez Conde, 117 D.P.R. 1 (1986).

      (8) In re Montalvo Guzmán, 164 D.P.R. 806 (2005); In re Quiñones Ayala, 165 D.P.R. 138 (2005); In re Avilés, Tosado, 157 D.P.R. 867 (2002); In re Sepúlveda Girón, 155 D.P.R. 345 (2001); In re Tejada Rivera I, 155 D.P.R. 175 (2001); In re Guadalupe, Colón, 155 D.P.R. 135 (2001); In re Vélez Barlucea, 152 D.P.R. 298 (2000).