text:
    Horizon Media Corporation, peticionaria, v. Junta Revisora de Permisos y Uso de Terrenos de Puerto Rico y RA Holdings, recurridas.

      Número: CC-2013-826

      Resuelto: 30 de junio de 2014

      Elvin D. Hernández Salgado y Juan J. Soto Sola, abogados de la parte peticionaria; Alexis Z. Tejeda Marte, de Quality Star Legal Services, LCC, abogado de RA Holdings, parte recurrida; Aída Torres Torres, Secretaria de la Junta Revisora de Permisos y Uso de Terrenos.
   El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo

emitió la opinión del Tribunal.

Mediante el presente caso interpretamos la reciente Ley Núm. 18-2013, que introdujo importantes enmiendas a la Ley Núm. 161-2009, conocida como Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico.

Este caso nos brinda la oportunidad de aclarar el alcance de los Arts. 7 y 15 de la Ley Núm. 18-2013, en cuanto a qué tribunal tiene competencia para atender los recursos de revisión judicial de una resolución emitida por la Junta Revisora de Permisos y Uso de Terrenos (Junta Revisora).

I

El 13 de marzo de 2013, la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) aprobó un permiso de construcción solicitado por Horizon Media Corporation (Horizon o peticionario), para la construcción de una valla digital ubicada en la Ave. Baldorioty de Castro, Esq. calle Palacios Núm. 212, en el Municipio Autónomo de San Juan. Horizon alegó que a principios de 2013 solicitó ese permiso como parte de los procesos de mantenimiento. Argüyó que lo que en realidad solicitaba era una enmienda al permiso de construcción Núm. 01CX2-000000-02280, expedido en el 2001 por la Administración de Reglamentos y Permisos de Puerto Rico (ARPe), para un cambio en el tamaño de la valla.

Por otro lado, RA Holdings, Inc. (RA Holdings o recurrido) expresó que en el 2008 ARPe aprobó un permiso de construcción para una valla publicitaria ubicada en la calle Gautier Benitez, Bo. Villa Palmeras en Santurce, calle contigua a la Ave. Baldorioty de Castro. RA Holdings explicó que al momento de la aprobación de este permiso no había instalada valla publicitaria alguna en la propiedad de Horizon. Alegó que el 19 de marzo de 2013 se percató de la presencia de materiales para la construcción de una valla publicitaria en la propiedad del peticionario. Así las cosas, RA Holdings acudió a OGPe y obtuvo un certificado de permiso de construcción el cual revelaba que la valla publicitaria del peticionario se encontraba a solo 332.87 pies de distancia de su valla publicitaria, esto en clara violación al Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de Construcción y Uso de Terrenos que establece que debe haber una distancia de 500 pies entre anuncios ubicados en vías del National Highway System.

De acuerdo con esto e inconforme con la expedición del permiso, el 27 de marzo de 2013 RA Holdings presentó un recurso de revisión administrativa ante la Junta Revisora. El 16 de abril de 2013, la Junta Revisora celebró una vista pública. RA Holdings argumentó que cuando Horizon presentó la solicitud de permiso de construcción no había valla publicitaria instalada, ya que esta había sido demolida o desmontada y, por lo tanto, la solicitud del peticionario tenía que ser considerada como una solicitud para un nuevo permiso de construcción.

Luego de evaluar toda la prueba, el 19 de julio de 2013, la Junta Revisora revocó el permiso de construcción aprobado por OGPe. Inconforme, Horizon presentó una moción de reconsideración. No obstante, el 29 de agosto de 2013, la Junta Revisora emitió una resolución en la cual declaró “no ha lugar” la moción. En la resolución le advirtió a las partes que, según la Ley Núm. 161-2009, supra, la parte adversamente afectada tenía treinta días para presentar su recurso de “certiorari” ante el Tribunal Supremo.

Así las cosas, el 30 de septiembre de 2013 Horizon compareció ante esta Curia mediante el recurso de certiorari que nos ocupa. Vista su solicitud, y según la Regla 50 del Reglamento del Tribunal Supremo, resolvemos que pro-cede transferir el caso de autos a la Secretaría del Tribunal de Apelaciones. Veamos.

II

A. Jurisdicción unificada

La jurisdicción es el poder o la autoridad que tiene un tribunal para considerar y decidir casos o controversias. Así, en toda situación jurídica presentada ante un foro adjudicativo, lo primero que se debe examinar es el aspecto jurisdiccional Ante este hecho, esta Curia ha reiterado que “los entes adjudicativos debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción, examinando la misma, no empece el asunto no haya sido planteado anteriormente”

Ahora bien, el Art. V, Sec. 2 de nuestra Constitución establece que nuestros tribunales constituirán un sistema judicial unificado en lo concerniente a jurisdicción, funcionamiento y administración. El informe de la Comisión de la Rama Judicial de la Convención Constituyente expresó que “[e]sta sección establece la completa unificación de los tribunales de Puerto Rico. La unificación de los tribunales produce, entre otros efectos, la eliminación de problemas técnicos de jurisdicción”.

Así las cosas, en Freire Ayala v. Vista Rent, 169 DPR 418, 441 (2006), explicamos que

[d]esde la aprobación de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en 1952 y la Ley de la Judicatura de ese mismo año, nuestros tribunales dejaron de funcionar como células u órganos separados e independientes. A partir de ese momento, pasaron a formar una sola organización, un solo conjunto, un tribunal único, bautizado con el nombre de Tribunal General de Justicia, hoy compuesto por el Tribunal Supremo, el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal de Primera Instancia. (Enfasis nuestro).

Además, enfatizamos que el propósito de crear la jurisdicción unificada fue para

[...] eliminar el oscuro concepto de “jurisdicción”, causa de que se frustrase en muchos casos, por la fijación de rígidas fronteras artificiales, la causa de la justicia. La Ley de la Judicatura evitó cuidadosamente utilizar dicho concepto, sustituyéndolo por el de “competencia”. Dentro de la teoría de un sistema unificado, cualquier parte del sistema tiene jurisdicción para resolver una causa. El volumen de trabajo, no obstante, se distribuye mediante reglas flexibles de competencia. (Enfasis nuestro).

A la luz de este principio constitucional, cuando un caso se presenta ante una sala sin competencia, el asunto deberá ser transferido a la sala competente y no podrá ser desestimado por falta de competencia. Así, las reglas de competencia establecen la tramitación ordenada de los asuntos judiciales en nuestro sistema de jurisdicción unificada. Esto se debe a que competencia es la manera como se organiza y se canaliza el ejercicio de la jurisdicción que tiene el tribunal.

Ahora bien, este Tribunal ha expresado que cuando una agencia administrativa no advierte adecuadamente a las partes acerca del foro al cual deben acudir en revisión judicial, no se puede perjudicar a la parte por haber acudido al foro incorrecto, porque esto sería permitir que la agencia se beneficie de actuaciones administrativas que inducen a error a la parte notificada. Así las cosas, a una parte que no fue notificada adecuadamente de su derecho de revisión, no se le pueden oponer los términos para recurrir. Hemos reconocido en estos casos de notificaciones erróneas relacionados con la revisión de una determinación administrativa, que se le debe conceder tiempo a la parte perjudicada para que ejerza su derecho de revisión judicial como corresponde o atender el recurso de revisión ya presentado, siempre que no haya mediado incuria. La doctrina de incuria se ha definido como “dejadez o negligencia en el reclamo de un derecho, los cuales en conjunto con el transcurso del tiempo y otras circunstancias que causan perjuicio a la parte adversa, opera como un impedimento en una corte de equidad”.

Pasemos entonces a analizar la Ley Núm. 161-2009, supra, y las enmiendas realizadas por la Ley Núm. 18-2013, supra, para determinar si este Tribunal tiene competencia en este caso.

B. Ley Núm. 161-2009

La Ley Núm. 161-2009, supra, fue creada el 1 de diciembre de 2009 para establecer el marco legal y administrativo que regiría la solicitud, evaluación, concesión y denegación de permisos de uso y de construcción y desarrollo de terrenos por parte del Gobierno de Puerto Rico. Mediante esta ley, se creó la OGPe, entidad encargada de la evaluación, concesión o denegación de determinaciones finales y permisos relativos al desarrollo y el uso de terrenos.

A su vez, esta ley derogó la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975, según enmendada, conocida como la Ley Orgánica de la Administración de Reglamentos y Permisos. En particular, el Art. 19.10 de la ley dispuso que la Ley Núm. 76, supra, se derogará “al año de entrar en vigor esta ley”. Esto se debió a que, a pesar de que la Ley Núm. 161-2009, supra, entró en vigor inmediatamente el 1 de diciembre de 2009, se estableció un periodo de transición de un año para que la agencia adoptara aquellas medidas necesarias para la transferencia ordenada sin que se afectaran los servicios.

Por su parte, esta ley modificó el foro con competencia para atender las revisiones de las decisiones de la Junta Revisora. Conforme a lo anterior, mientras estuvieron vigentes los estatutos y reglamentos previos a la aprobación de la Ley Núm. 161-2009, supra, la revisión de las determinaciones de la Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones (Junta de Apelaciones), organismo que antecedió a la Junta Revisora, se hacía en virtud de lo dispuesto por la See. 4.2 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU). Esa disposición específicamente establece que una parte adversamente afectada por una determinación final de la agencia podrá presentar una solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones en el término de treinta días del archivo en autos de la copia de la notificación de la decisión.

Sin embargo, con la aprobación de la Ley Núm. 161-2009, supra, se creó el Art. 13.1, el cual disponía lo siguiente:

Cualquier parte adversamente afectada por una resolución de la Junta Revisora tendrá treinta (30) días naturales para presentar su recurso de certiorari ante el Tribunal Supremo. El término aquí dispuesto es de carácter jurisdiccional. Si el Tribunal Supremo así lo solicita, la Junta Revisora elevará al Tribunal Supremo los autos del caso, dentro de los diez^ (10) días naturales siguientes a la presentación del recurso. (Énfasis nuestro).

Por lo tanto, a partir de 1 de diciembre de 2009, toda persona inconforme con la decisión de la Junta Revisora y que deseara ejercer su derecho a revisión tenía que acudir mediante recurso de certiorari ante este Tribunal y no ante el Tribunal de Apelaciones.

C. Ley Núm. 18-2013

Recientemente la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 18-2013 con el propósito de revisar la competencia original y apelativa de este Tribunal. Según la Exposición de Motivos de esta ley, los legisladores entienden que los casos deben seguir su curso ordinario, agotándose todos los procedimientos apelativos antes de que sean atendidos por esta Curia.

Con la aprobación de esta ley se realizaron varias enmiendas a la Ley Núm. 161-2009, supra, referentes a materia de jurisdicción y competencia. En lo pertinente al caso de autos, el Art. 7 de esta nueva ley enmendó el Art. 13.1 de la Ley Núm. 161-2009, supra. Este nuevo artículo dispone que

[c]ualquier parte adversamente afectada por una resolución de la Junta Revisora tendrá treinta (30) días naturales para presentar su recurso de revisión de decisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones. El término aquí dispuesto es de carácter jurisdiccional. Si el Tribunal de Apelaciones así lo solicita, la Junta Revisora elevará al Tribunal de Apelaciones los autos del caso, dentro de los diez (10) días naturales siguientes a la presentación del recurso. (Énfasis nuestro). 23 LPRA see. 9023.

Como podemos observar, el artículo mencionado enmendó el Art. 13.1 de la Ley Núm. 161-2009, supra, para disponer que la parte adversamente afectada por una resolución de la Junta Revisora que interese presentar un recurso de revisión debe presentarlo ante el Tribunal de Apelaciones y no ante este Tribunal como se establecía antes.

Debido a que esta enmienda incide sobre qué foro tiene competencia para atender los recursos de revisión, es importante conocer desde cuándo esta ley tiene efecto y a qué casos aplica la enmienda. Así las cosas, al analizar la Ley Núm. 18-2013, supra, podemos observar que el legislador dispuso en el Art. 15 que la ley comenzaría a regir inmediatamente después de su aprobación, es decir, el 15 de mayo de 2013, y aplicaría a todos los casos pendientes ante el Tribunal General de Justicia. No obstante, los recursos apelativos que se presentaron con anterioridad a la vigencia de la ley, se regirían por el ordenamiento procesal vigente al momento de su presentación, o sea, el ordenamiento anterior.

Reconocemos que este artículo ha creado gran confusión en la Junta Revisora, en cuanto a qué foro tiene competencia para atender las revisiones judiciales de los casos que ya se encontraban ante su consideración cuando entró en vigor la ley. Por ello, es necesario aclarar el alcance de los Arts. 7 y 15 de la Ley Núm. 18-2013, supra. Veamos.

Al analizar la Ley Núm. 18-2013, supra, vemos que el legislador la creó con la intención de que este Tribunal se dedique a servir como órgano de revisión o de apelación y no como un Tribunal de Primerd Instancia, en lo que atañe exclusivamente a los procesos en que se otorgan permisos. Por esta razón, entendió necesario enmendar el Art. 13.1 de la Ley Núm. 161-2009, supra, para que el recurso de revisión de la decisión administrativa sea presentado ante el Tribunal de Apelaciones y no ante esta Curia. Al analizar el Art. 7 de la Ley Núm. 18-2013, supra, podemos observar que su letra es clara y libre de toda ambigüedad. No existe duda del propósito del artículo y, por lo tanto, no debe ser materia de interpretación bajo el pretexto de cumplir con su espíritu. Por consiguiente, no tenemos que entrar a analizar detenidamente la intención legislativa al crear este artículo.

Por otro lado, el Art. 15 de la Ley Núm. 18-2013, supra, ha creado confusión en cuanto a qué casos le aplican las enmiendas establecidas en la ley. Así las cosas, por la falta de claridad tenemos que analizar la letra del artículo junto a la intención del legislador al redactarlo.

Como mencionamos esta ley comenzó a regir inmediatamente luego de su aprobación. Quiere decir que las enmiendas realizadas a la Ley Núm. 161-2009, supra, se hicieron efectivas a partir de 15 de mayo de 2013. Según el Art. 15 de la Ley Núm. 18-2013, supra, estas enmiendas le aplicarían a todos los casos que se encontraban pendientes ante el Tribunal General de Justicia. Ahora bien, al analizar la ley y el Informe Positivo del Senado de 10 de mayo de 2013 podemos observar que varios artículos van dirigidos a enmendar la Ley Núm. 161-2009, supra,. Así, cuando el legislador dispuso que la ley aplicaría a los casos pendientes en los tribunales, se refería también a casos pendientes ante la OGPe y la Junta Revisora. Por lo tanto, las enmiendas de la Ley Núm. 18-2013, supra, aplican a todas las solicitudes de permiso de construcción que se habían presentado ante OGPe o que se encontraban ante la consideración de la Junta Revisora antes de 15 de mayo de 2013.

Por otro lado, el legislador expresamente dispuso que estas enmiendas no le aplicarían a los recursos apelativos presentados antes de la vigencia de la ley, es decir, antes de 15 de mayo de 2013. Por consiguiente, y en lo pertinente al caso de autos, todos los casos que, según el Art. 13.1 de la Ley Núm. 161-2009, supra, se habían presentado ante esta Curia antes de 15 de mayo de 2013, permanecerían rigiéndose por el ordenamiento procesal anterior.

Por lo anterior, queda claro que la intención del legislador con esta ley fue hacer viable la función de este Tribunal como tribunal de última instancia, sin embargo creó esta excepción para mantener una estabilidad en los casos pendientes ante esta Curia.

Por lo tanto, al analizar la Ley Núm. 18-2013, supra, podemos apreciar que la intención del legislador fue que aplicara a todos los casos regidos por la Ley Núm. 161-2009, supra, excepto los que ya se encontraban ante nuestra consideración.

III

Horizon solicitó una enmienda a un permiso de construcción de una valla publicitaria a principios de 2013. Inconforme con la expedición del permiso, el 27 de marzo de 2013, RA Holdings presentó un recurso de revisión administrativa ante la Junta Revisora. Cabe señalar que para esta fecha aún no se había aprobado la Ley Núm. 18-2013, supra. Sin embargo, el 29 de julio de 2013, es decir, dos meses después de aprobada esta ley, la Junta Revisora revocó el permiso de construcción y, el 29 de agosto de 2013 emitió una resolución en la que declaró “no ha lugar” la moción de reconsideración. Por lo tanto, la Ley Núm. 18-2013, supra, fue aprobada mientras el caso de autos se encontraba bajo la consideración de la Junta Revisora.

Cuando se aprobó esta ley el caso se encontraba pendiente ante la Junta Revisora y aún no se había presentado el recurso apelativo ante este Tribunal. Así las cosas, la Junta Revisora tenía que aplicar las enmiendas de la Ley Núm. 18-2013, supra, a este caso y notificar que la parte adversamente afectada podía acudir ante el Tribunal de Apelaciones y no ante este Tribunal. Esto pues, con la aprobación de la nueva ley, este foro perdió competencia para atender los recursos apelativos que se presenten de una revisión de la Junta Revisora luego del 15 de mayo de 2013.

IV

Por los fundamentos que anteceden y según la Regla 50 del Reglamento del Tribunal Supremo, supra, expedimos el auto de “certiorari” solicitado y debido a que no hubo incuria por parte del peticionario, se ordena la transferencia del caso de nuestra Secretaría a la Secretaría del Tribunal de Apelaciones de acuerdo con lo señalado en esta Opinión.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Presidenta Señora Fiol Matta, la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez y la Jueza Asociada Oronoz Rodríguez concurrieron con el resultado sin opinión escrita.

       4 LPRA sec. 23s y 23 LPRA secs. 9011, 9022c, 9022d, 9022f y 9023-9023Í.

       23 LPRA sec. 9011 et seq.

       23 LPRA sec. 9023 y 4 LPRA sec. 23s.

       Regla 29.12.2(b)(2) del Reglamento Núm. 7951 del 30 de noviembre de 2010.

       4 LPRAAp. XXI-B.

        Cordero et al. v. ARPe et al., 187 DPR 445, 456 (2012); Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122 (2012); Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, 184 DPR 393, 403 (2012); S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011).

        Cordero et al. v. ARPe et al., supra, pág. 457; Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, supra.

        Cordero et al. v. ARPe et al., supra, pág. 457; Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, supra.

       Art. V, Sec. 2, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 412.

       4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2609-2610 (Edición Conmemorativa 2003). Véase, además, Freire Ayala v. Vista Rent, 169 DPR 418, 433 (2006).

        Freire Ayala v. Vista Rent, supra, pág. 434, citando a J. Trías Monge, El Sistema Judicial de Puerto Rico, San Juan, Ed. Universitaria, 1978, pág. 136.

        Polanco v. Tribunal Superior, 118 DPR 350, 354 (1987).

        Alvarado Pacheco y otros v. ELA, 188 DPR 594, 615 (2013); Cosme v. Hogar Crea, 159 DPR 1, 19 (2003) (opinión de conformidad emitida por la Jueza Asociada Señora Naveira, a la que se unió el Juez Asociado Señor Corrada del Río).

        Rodríguez v. Cingular, 160 DPR 167, 172 (2003); Lemar S.E. v. Vargas Rosado, 130 DPR 203, 207 (1992).

        Molini Gronau v. Corp. PR Dif. Púb., 179 DPR 674, 686-687 (2010); Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 DPR 998, 1015 (2008); Carabarín et al. v. ARPe, 132 DPR 938, 958-959 (1993).

        Molini Gronau v. Corp. PR Dif. Púb., supra, pág. 687.

        Bomberos Unidos v. Cuerpo de Bomberos, 180 DPR 723, 762 (2011); Molini Gronau v. Corp. PR Dif. Púb., supra.

        Molini Gronau v. Corp. PR Dif. Púb., supra, pág. 687; Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, supra, págs. 1020-1021; Aponte v. Srio. de Hacienda, E.L.A., 125 DPR 610, 618 (1990).

       Exposición de Motivos de la Ley Núm. 161-2009.

       23 LPRA sec. 9012d; Cordero et al. v. ARPe et al., supra.

        Cordero et al. v. ARPe et al., supra.

       23 LPRA sec. 9023.

       Art. 15 de la Ley Núm. 18-2013 (23 LPRA see. 9023).

       Exposición de Motivos de la Ley Núm. 18-2013.

       Art. 14 Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 14.

       E) Informe Positivo del Senado de 10 de mayo de 2013 sobre el P. del S. 367, 17ma Asamblea Legislativa, Ira Sesión Ordinaria, dispone que:
      “Por último, con el P. del S. 367 también se propone enmendar la Ley 161-2009, para que sea el Tribunal de Apelaciones el foro que revise las actuaciones, determinaciones finales y resoluciones de la Oficina de Gerencia de Permisos, la Junta Adjudicativa, el Profesional Autorizado o de los Municipios Autónomos. Ello, de igual forma, para promover que el Tribunal Supremo continúe cumpliendo eficientemente su función como órgano de revisión y apelación”.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Harry Arroyo Rosado.

      Número: TS-4713

      Resuelto: 8 de julio de 2014

      Geisa M. Marrero Martínez, directora ejecutiva del Programa de Educación Jurídica Continua, en Informe.
   per curiam:

Nos vemos obligados una vez más a suspender a un miembro de la profesión jurídica por incumplir con su deber de actualizar su dirección en el Registro Unico de Abogados y Abogadas (RUA) que mantiene este Tribunal. Por los fundamentos expuestos a continuación, se ordena la suspensión inmediata e indefinida del Ledo. Harry Arroyo Rosado del ejercicio de la abogacía.

I

El Ledo. Harry Arroyo Rosado fue admitido al ejercicio de la abogacía el 19 de mayo de 1975. El 19 de marzo de 2013, la Directora del Programa de Educación Jurídica Continua, Leda. Geisa M. Marrero Martínez, nos informó que este no cumplió con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (Programa) para el periodo del 1 de marzo de 2007 al 28 de febrero de 2009.

Según su informe, el 3 de abril de 2009 se le envió al letrado un Aviso de Incumplimiento y se le otorgaron 60 días para completar los créditos requeridos. Ante su reiterado incumplimiento, el 23 de diciembre de 2010 se le envió una citación para una vista informal. Ya que el servicio postal devolvió la comunicación, el personal del Programa intentó infructuosamente comunicarse con el licenciado por teléfono y fax. Todos los intentos de comunicación se hicieron utilizando la información que consta en RUA. El licenciado Arroyo Rosado no compareció a la vista informal. Por ello, la Junta del Programa consideró el asunto y determinó referirlo a este Tribunal.

El 9 de mayo de 2013 concedimos al letrado un término de veinte días para que compareciera ante nos y mostrara causa por la cual no debía ser suspendido del ejercicio de la profesión de la abogacía por haber incumplido con los requisitos de educación jurídica continua. Surge del expediente que las comunicaciones enviadas a las dos direcciones del licenciado Arroyo Rosado que constan en RUA, ambas fuera de Puerto Rico, nos fueron devueltas por el correo. A esta fecha, el licenciado no ha comparecido.

II

Los cánones del Código de Etica Profesional imponen a los profesionales del derecho la obligación de esforzarse “para lograr y mantener un alto grado de excelencia y competencia en su profesión a través del estudio y la participación en programas educativos de mejoramiento profesional [...]”. Canon 2 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. A tono con lo anterior, la Regla 6(a) del Reglamento de Educación Jurídica Continua, 4 LPRAAp. XVII-D, establece que “[t]oda abogada o todo abogado activo deberá to-mar por lo menos veinticuatro (24) horas crédito de educación jurídica continua en un período de dos (2) años”.

Según la Regla 31 Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua, 4 LPRAAp. XVII-E, en casos de incumplimiento, el Director o la Directora del Programa deberá citar a la persona profesional del Derecho a una vista informal. Si esta no comparece a la vista, la Junta del Programa debe referir el asunto a este Tribunal. Regla 32(C) del Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua, 4 LPRAAp. XVII-E.

Por otra parte, la Regla 9(j) del Reglamento de este foro, 4 LPRAAp. XXI-B, establece que la Secretaria o el Secretario del Tribunal mantendrá un registro de todos los abogados, las abogadas, los notarios y las notarías, autorizados a ejercer la profesión en Puerto Rico. Paralelamente, impone a a las personas profesionales del Derecho la obligación de notificar oportunamente cualquier cambio de dirección, ya sea física o postal, a la Secretaría de este Tribunal. Véase, además, In re Serrallés III, 119 DPR 494 (1987).

A tales efectos, este Tribunal estableció RUA, cuyo propósito principal es centralizar en una sola base de datos la información de las personas autorizadas en nuestra jurisdicción para ejercer la abogacía y la notaría. In re Martínez Class, 184 DPR Ap. (2012); Rodríguez Ramos, Ex parte, 181 DPR Ap. (2011). El 3 de junio de 2009 emitimos una Resolución en la cual ordenamos a todos los abogados y las abogadas a revisar y actualizar sus direcciones en RUA. In re Rs. Proc. Civil y R.T. Supremo, 179 DPR 174 (2010). Se les advirtió que el incumplimiento con esa orden podría conllevar la imposición de sanciones disciplinarias.

En efecto, hemos suspendido a varios abogados y abogadas por esta razón. In re Rivera Trani, 188 DPR 454 (2013); In re Toro Soto, 181 DPR 654 (2011); In re Martínez Class, supra; Rodríguez Ramos, Ex parte, supra. Recordemos que cuando un abogado o una abogada incumple con su deber de mantener al día su dirección, obstaculiza el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria de este Tribunal. Esta actuación es suficiente para decretar su separación indefinida de la abogacía. In re Toro Soto, supra, pág. 661.

III

Como señalamos, el licenciado Arroyo Rosado no cumplió con el requisito bienal de educación jurídica continua. El Programa le envió un Aviso de Incumplimiento y le concedió un término adicional para que cumpliera. Posteriormente, intentó citarlo a una vista informal. Las comunicaciones que se enviaron para esos fines las devolvió el servicio postal. Ante la incomparecencia del licenciado a la vista informal, la Junta del Programa nos refirió el asunto. Concedimos al letrado un término para que nos expusiera su posición. Sin embargo, la notificación de la Resolución fue devuelta.

De lo anterior se deduce que el licenciado Arroyo Rosado no cumplió con su deber de actualizar su información de contacto en RUA. Este incumplimiento obstaculizó el ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria en cuanto al procedimiento iniciado por el Programa. Por lo tanto, procede que lo suspendamos inmediata e indefinidamente del ejercicio de la abogacía.

El licenciado deberá notificar a sus clientes que, por motivo de la suspensión, no puede continuar con su representación legal y les devolverá los expedientes de cualquier caso pendiente y los honorarios recibidos por trabajos no realizados. De igual forma, informará su suspensión a cualquier sala del Tribunal General de Justicia o foro administrativo en el que tenga algún caso pendiente.

Se dictará sentencia de conformidad.


text:
      In re Inés A. Aponte Duchesne, querellada.

      Número: CP-2008-14

      Resuelto: 9 de julio de 2014

      Minnie H. Rodríguez López, procuradora general auxiliar, Leticia Casalduc Rabell y Zaira Z. Girón Anadón, subprocuradoras generales, e Ileana M. Oliver Falero, subprocuradora general interina; Efraín Guzmán Mollet, abogado de la querellante; Igrí Rivera de Martínez, comisionada especial.
   per curiam:

En este caso debemos evaluar la conducta profesional de la Leda. Inés A. Aponte Duchesne relacionada con el sonado asesinato del empresario canadiense Adam Joel Anhang en el Viejo San Juan.

I

La Leda. Inés A. Aponte Duchesne fue admitida al ejercicio de la abogacía el 17 de enero de 1995 y a la notaría el 10 de noviembre de 2005. El 2 de noviembre de 2005, el Sr. Abraham P. Anhang presentó una queja ante este Tribunal contra el Ledo. Jorge Gordon Menéndez por violación al Canon 21 del Código de Ética Profesional, 4 LPRAAp. IX. En resumen, la queja relató unos hechos en donde se encuentran representados simultáneamente por el mismo abogado un acusado, una de las alegadas víctimas y la hermana de la alegada víctima.

El señor Anhang expresó ser el padre del difunto Adam Joel Anhang, empresario canadiense asesinado el 23 de septiembre de 2005 en San Juan, Puerto Rico. Al momento de su muerte, estaba acompañado por su ahora viuda, Sra. Áurea B. Vázquez Rijos. Según se detalló en la queja, la señora Vázquez Rijos, quien estaba representada en ese entonces por el licenciado Gordon Menéndez, rehusó ser entrevistada por las autoridades en varias ocasiones con relación al asesinato de su esposo. El licenciado Gordon Menéndez recibió en más de una ocasión las citaciones que se le cursaron a la viuda para que testificara sobre lo ocurrido y presentó mociones para excusar su comparecencia. Paralelamente, el licenciado Gordon Menéndez asumió la representación legal del acusado del asesinato del señor Anhang: el joven Jonathan Román Rivera. Específicamente, lo representó durante la lectura de acusación y la vista preliminar.

Por otro lado, el 31 de octubre de 2005, la Sra. Marcia Vázquez Rijos, hermana de la viuda, compareció al Centro Metropolitano de Investigaciones y Denuncias de San Juan para ser entrevistada como parte de la investigación en curso. La señora Vázquez Rijos estuvo representada por la licenciada Aponte Duchesne, quien en ese momento trabajaba junto al licenciado Gordon Menéndez. La licenciada también le asistía con la representación del señor Román Rivera.

Por estos hechos, el 24 de febrero de 2006, el Ministerio Público presentó una Moción de Descalificación contra el licenciado Gordon Menéndez y la licenciada Aponte Duchesne en el caso Pueblo v. Jonathan Román Rivera, VP2005-65336534. Realizados los trámites de rigor, el 2 de mayo de 2006 el foro primario emitió una Resolución mediante la cual descalificó a ambos abogados de la representación legal del señor Román Rivera por conflicto de intereses, en contravención al Canon 21 del Código de Etica Profesional, supra.

Cuando la resolución del Tribunal de Primera Instancia advino final y firme, el Procurador General rindió su Informe en el procedimiento disciplinario que se había iniciado en contra del licenciado Gordon Menéndez tras la presentación de la queja por parte del padre del difunto. En este informe señaló que “[l]os hechos no controvertidos y demostrados en el proceso establecen que el licenciado Gordon Menéndez representaba al mismo tiempo, y en relación a los mismos hechos, al acusado, a la viuda del occiso, quién presenció los hechos y fue herida en el acto, y a la hermana de la viuda”. Informe del Procurador General de 16 de marzo de 2007, pág. 7. Añadió que “encontramos que el licenciado Gordon Menéndez pudo haber [sic] incurrió en violación de los Cánones 21 y 38 de Ética Profesional, por lo que respetuosamente recomendamos la continuación del procedimiento disciplinario que se presenta en este Informe”. íd., pág. 8. El Informe también señalaba que la licenciada Aponte Duchesne incurrió en la misma conducta violatoria de los Cánones 21 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Por esta razón, ordenamos que se le cursara copia del Informe a la licenciada Aponte Duchesne y se le concedió un término para que reaccionara.

Tras varios incidentes procesales, entre ellos, una solicitud de recusación de la Oficina del Procurador General, ordenamos que se presentara la querella, lo cual se hizo el 1 de agosto de 2008. El Procurador General relató en la querella los hechos antes reseñados y formuló dos cargos contra la licenciada Aponte Duchesne por violación al Canon 21 y al Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra. El primero, por representar al mismo tiempo al acusado, a la viuda del occiso y a la hermana de esta. El segundo, por incurrir en apariencia de conducta impropia que atentó contra su deber de exaltar el honor y la dignidad de la profesión legal.

La licenciada Aponte Duchesne contestó la querella, negó haber incurrido en las violaciones éticas señaladas y solicitó la desestimación con perjuicio de la acción por las razones siguientes: (1) falta de legitimación activa del señor Anhang; (2) que lo imputado por el señor Anhang fue atendido y resuelto por el Tribunal de Primera Instancia en el caso Pueblo v. Jonathan Román Rivera, supra; (3) que procesarla disciplinariamente sacaría de proporción el poder inherente del Tribunal Supremo; (4) que nunca representó a la Sra. Áurea Vázquez Rijos, y (5) que tan pronto detectó la posibilidad de un conflicto de intereses, desistió de representar a la Sra. Marcia Vázquez Rijos.

Tras un análisis de la querella y de la contestación, nombramos a la Hon. Ygrí Rivera de Martínez como Comisionada Especial para que recibiera la prueba de las partes y rindiera el informe correspondiente. Posteriormente, se celebraron varias vistas y se ordenó al Procurador General a enmendar el primer cargo de la querella para eliminar la alegación respecto a que la querellada había representado a la Sra. Áurea Vázquez Rijos. Así se hizo.

El 31 de octubre de 2011, la Comisionada rindió su informe. De éste surgen las determinaciones de hechos siguientes:

1) La Leda. Inés Angélica Aponte Duchesne fue admitida al ejercicio de la abogacía el 17 de enero de 1995 y al ejercicio de la notaría el 10 de noviembre de 2005. El número de Colegiada es 12,532.

2) La licenciada Aponte Duchesne nunca antes había sido objeto de un proceso disciplinario.

3) Mediante Resolución de fecha 1ro de agosto de 2008 este Honorable Tribunal instruyó a la entonces Procuradora General, Irene S. Soroeta Kodesh a que presentara la querella correspondiente contra la licenciada Aponte Duchesne, luego de haber evaluado el Informe de la Procuradora General presentado para la queja AB-05-267 y la contestación al mismo por parte de la querellada, así como, diversos escritos de una y otra parte, entre ellos, la solicitud de la querellada de que se desestimara el caso, solicitud que fue denegada.

4) La mencionada queja fue presentada el 2 de noviembre de 2005 por el Sr. Abraham P. Anhang, como resultado de unos hechos ocurridos en horas de la madrugada del 23 de septiembre de 2005, en los cuales resultó asesinado el hijo del Sr. Anhang, Adam Joel Anhang Uster.

5) En la queja, el señor Anhang no mencionó a la licenciada Aponte Duchesne.

6) De la queja surge que al momento de la muerte del señor Adam Joel Anhang Uster, este se encontraba acompañado de su esposa, la Sra^ Áurea Beatriz Vázquez Rijos, también conocida como: Áurea Vázquez Rijos y/o Áurea Dominicci, quien, de acuerdo con lo expuesto en la misma, se había negado a ser entrevistada por los agentes de la Policía de Puerto Rico y a cooperar en la investigación de los hechos que culminaron en la muerte de su esposo e hijo del quejoso.

7) Las autoridades arrestaron al Sr. Jonathan Román Rivera por los hechos relacionados con la muerte de Adam Joel Anhang, siendo acusado de Asesinato en Primer Grado y delitos bajo la Ley de Armas.

8) El 13 de octubre de 2005, la licenciada Aponte Duchesne compareció a representar a Jonathan Román Rivera tanto en el Centro Metropolitano de Denuncias de San Juan como en la vista de determinación de causa al amparo de la Regla 6 de Procedimiento Criminal. En esa ocasión, se* determinó causa para arresto contra Jonathan Román Rivera por la supuesta violación a los Artículos 106 del Código Penal y 5.05 de la Ley de Armas.

9) El 31 de octubre de 2005 la licenciada Aponte Duchesne compareció representando a la Sra. Marcia Vázquez Rijos al Centro Metropolitano de Denuncias como resultado de una citación que recibiera la señora Vázquez Rijos.

10) Ese día la fiscal Sonia Otero Martínez de Andino trajo a la atención de la licenciada Aponte Duchesne que su representada figuraba como una de las personas que había identificado al occiso Adam Joel Anhang por lo que siendo una testigo potencial se negó a entrevistarla en presencia de ella.

11) La Sra. Marcia Vázquez Rijos es hermana de la viuda del occiso, Aurea Vázquez Rijos.

12) La licenciada Aponte Duchesne indicó desconocer el hecho de la identificación del occiso por parte de la señora Vázquez Rijos. Corroborado el hecho con la potencial testigo, decidió no representarla legalmente.

13) Posteriormente, el Ministerio Público solicitó la descalificación de la licenciada Aponte Duchesne en el caso Pueblo v. Jonathan Román Rivera- V.P.: 05-6533-6534(608) [.]

14) En la vista de descalificación el foro de instancia escuchó el testimonio de varios testigos, entre ellos el de la Fiscal Sonia Otero Martínez de Andino, quien declaró sobre el incidente en el Centro Metropolitano de Denuncias de San Juan.

15) Luego de escuchar amplia prueba, dicho foro de Primera Instancia determinó mediante Resolución emitida el 2 de mayo de 2006, que en el caso existía una claro conflicto de interés, en contravención al Canon 21 de Etica Profesional, por lo que declaró Con Lugar la solicitud de descalificación.

16) El 1ro de agosto de 2008, este Honorable Tribunal ordenó a la Procuradora General la presentación de la querella que nos ocupa.

17) Se estipuló por las partes, durante el proceso disciplinario, el expediente criminal del caso Pueblo v. Jonathan Román Rivera, KVT 2006 G 0042; KLA 2006 G0225 del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, sobre: Art. 106 CP y Art. 5.05 LA.

18) Se estipuló, además, el hecho de que fue presentada una demanda por el Sr. Jonathan Román Rivera, con el número civil 019-19 GA GJA ante el foro federal y otra ante el foro local con el núm. de caso KPD 2009-1260.

19) Se estipuló la documentación contenida en el expediente AB-05-267.

' 20) La controversia consiste en determinar, si a la luz de los hechos se probó o no la querella que imputa cargos bajos los Cánones 21 y 38 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, C 21 y 4 LPRAAp. IX, C. 38. (Escolios omitidos). Informe de la Comisionada Especial al Honorable Tribunal Supremo, págs. 30-32.

Luego de evaluar la prueba, la Comisionada Especial entendió que la licenciada Aponte Duchesne incurrió en conducta violatoria de los Cánones 21 y 38 del Código de Ética Profesional, supra. El 21 de diciembre de 2011, la querellada presentó una Réplica a Informe de la Comisionada Especial. En resumen, reafirmó que no incurrió en conflicto de interés y que la descalificación impuesta por el Tribunal de Primera Instancia era la única medida que procedía en derecho. Además, adujo que no se le puede disciplinar por asociación, haciendo referencia al procedimiento disciplinario en contra del licenciado Gordon Menéndez.

II

A. Canon 21 del Código de Ética Profesional

El Canon 21 del Código de Ética Profesional, supra, busca evitar que los abogados y las abogadas incurran en la representación de intereses encontrados. In re Reyes Coreano, 190 DPR 739 (2014). Véanse, además: In re Pérez Marrero, 185 DPR 449, 457 (2012); In re Gordon Menéndez, 183 DPR 628, 638 (2011). Esto, pues se tiene que preservar la lealtad del abogado o de la abogada hacia su cliente. In re Reyes Coreano, supra.

El Canon 21, supra, establece, en lo pertinente, que

[e]l abogado tiene para con su cliente un deber de lealtad completa. Este deber incluye la obligación de divulgar al cliente todas las circunstancias de sus relaciones con las partes y con terceras personas, y cualquier interés en la controversia que pudiera influir en el cliente al seleccionar su consejero. Ningún abogado debe aceptar una representación legal cuando su juicio profesional pueda ser afectado por sus intereses personales.
No es propio de un profesional el representar intereses encontrados. Dentro del significado de esta regla, un abogado representa intereses encontrados cuando, en beneficio de un cliente, es su deber abogar por aquello a que debe oponerse en cumplimiento de sus obligaciones para con otro cliente.
La obligación de representar al cliente con fidelidad incluye la de no divulgar sus secretos o confidencias y la de adoptar medidas adecuadas para evitar su divulgación. Un abogado no debe aceptar la representación de un cliente en asuntos que puedan afectar adversamente cualquier interés de otro cliente anterior ni servir como árbitro, especialmente cuando el cliente anterior le ha hecho confidencias que puedan afectar a uno u otro cliente, aun cuando ambos clientes así lo aprueban. Será altamente impropio de un abogado el utilizar las confidencias o secretos de un cliente en peijuicio de éste.

Según surge de una lectura del canon, el deber de lealtad consiste en que el abogado o la abogada no revele confidencias que el cliente le haya comunicado. In re Pérez Marrero, supra, pág. 457. Por esta razón, se prohíbe que el abogado o la abogada incurra en representaciones simultáneas o sucesivas adversas. Id. Es decir, este canon no per-mite que un miembro de la profesión represente a un cliente en una controversia que está sustancialmente relacionada con la de otro cliente actual o anterior, cuando los intereses de ambos son adversos. íd., págs. 457-458. Sobre este asunto hemos expresado que “ ‘el abogado debe cuidar que sus actuaciones no den margen a la más leve sospecha de que promueve o defiende intereses encontrados con los de su cliente’ In re Reyes Coreano, supra, pág. 753. Véanse, además: In re Pérez Marrero, supra, pág. 458; In re Monge García, 173 DPR 379, 384 (2008).

De acuerdo con el Canon 21, supra, hay tres situaciones que el profesional del derecho debe evitar: (1) aceptar la representación legal cuando, a su juicio, ésta pueda verse afectada por sus expectativas o intereses personales; (2) aceptar la representación legal simultánea de dos clientes con intereses contrapuestos, y (3) aceptar la representación legal de un cliente en asuntos que puedan afectar cualquier interés de un cliente anterior. In re Gordon Menéndez, supra, págs. 639-641; In re Torres Viera, 170 DPR 306, 311 (2007).

La primera situación ocurre cuando un abogado o una abogada asume la representación legal de un cliente a sabiendas de que su juicio profesional puede verse afectado por sus intereses personales. In re Gordon Menéndez, supra, pág. 641. El segundo escenario es la representación simultánea de clientes. Id., pág. 639. Esto ocurre cuando, en beneficio de un cliente, el abogado o la abogada tiene que defender aquello a lo cual debe oponerse en cumplimiento de sus obligaciones hacia otro cliente. íd. Véase, además, In re Torres Viera, supra, pág. 311.

La última situación contemplada por este canon como configurativo de un conflicto de intereses es la representación sucesiva adversa de clientes. In re Gordon Menéndez, supra, págs. 639-641. Esto es, cuando “un abogado acepta la representación legal de una persona, cuyos intereses en el caso actual podrían ser conflictivos con los de un cliente pasado del abogado, y por lo tanto, éste se coloca en una posición de desventaja frente a aquél”. S. Steidel Figueroa, Etica y responsabilidad disciplinaria del abogado, Estados Unidos, Pubs. JTS, 2010, pág. 133.

Para determinar si un miembro de la profesión legal incurrió en la representación sucesiva de intereses encontrados de clientes se debe analizar si existe una relación sustancial entre los asuntos que maneja el abogado o la abogada con dos clientes actuales o entre los que manejó con un cliente pasado y los que maneja con un cliente actual. In re Gordon Menéndez, supra, pág. 640. La relación sustancial debe ser más que una mera coincidencia de los sujetos involucrados o una mera coincidencia temática entre el asunto general de una representación actual y una pasada. Steidel Figueroa, op. cit., pág. 136. Véase, además, In re Monge García, supra, pág. 384.

Con relación a la representación simultánea adversa y la representación sucesiva adversa, no se requiere probar una violación al principio de confidencialidad; solo se requiere una relación previa de abogado y cliente, y que tal representación resulte adversa y esté relacionada sustancialmente con la anterior. In re Gordon Menéndez, supra, pág. 641; In re Carreras Rovira y Suárez Zayas, 115 DPR 778, 791-792 (1984). Además, la inexistencia de una relación abogado-cliente dual no exime a un miembro de la profesión de una imputación de conducta impropia. In re Gordon Menéndez, supra, pág. 641. Véase, además, Steidel Figueroa, op. cit., págs. 136-137. No obstante, para que se activen las prohibiciones sobre representación simultánea adversa o representación sucesiva adversa, es necesaria la existencia de una relación abogado-cliente. In re Soto Cardona, 143 DPR 50, 55-56 (1997).

Finalmente, cabe señalar que para analizar la conducta de un abogado o una abogada en cualquiera de las situaciones antes indicadas, es indispensable tener en mente que la prohibición del Canon 21 del Código de Ética Profesional, supra, se extiende, no solo a la existencia real del conflicto, sino a conflictos aparentes pero que llevan consigo la semilla de un posible o potencial conflicto. In re Ortiz Martínez, 161 DPR 572, 581 (2004).

B. Canon 38 del Código de Ética Profesional

El Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra, enfatiza los valores principales que deben prevalecer en el ejercicio de la profesión legal: la dignidad y el honor. In re Reyes Coreano, supra. En particular, el Canon 38, supra, dispone, en lo pertinente, que

[e]l abogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia. [...]
Por razón de la confianza en él depositada como miembro de la ilustre profesión legal, todo abogado, tanto en su vida privada como en el desempeño de su profesión, debe conducirse en forma digna y honorable.

Consiguientemente, un abogado o una abogada que no se conduce digna y honorablemente viola el Canon 38, supra. In re Falcón López, 189 DPR 689 (2013). Incluso, los miembros de la profesión legal tienen la obligación de evitar la conducta impropia —real o aparente— en su vida profesional y personal. In re Falcón López, supra; In re Santiago Concepción, 189 DPR 378 (2013). De lo contrario, podrían enfrentar la suspensión del ejercicio de la profesión. In re Falcón López, supra.

Por último, debemos señalar que en In re Torres Viera, supra, pág. 312, expusimos que cuando un letrado o una letrada asume una representación simultánea adversa que implica un real o potencial conflicto de intereses entre dos de sus representaciones legales, se incurre en una conducta violatoria de los Cánones 21 y 38 del Código de Ética Profesional, supra. Véase, además, In re Morell, Alcover, 158 DPR 791, 811 (2003).

I—I HH

Luego de examinar con detenimiento el expediente del caso ante nuestra consideración, es forzoso concluir que la licenciada Aponte Duchesne violó los Cánones 21 y 38 del Código de Etica Profesional, supra, al representar simultáneamente al señor Román Rivera y a la señora Marcia Vázquez Rijos. La representación legal de un familiar cercano —en este caso la hermana— de una víctima del delito y también la del alegado victimario promueve precisamente lo que los mencionados cánones buscan evitar.

El 13 de octubre de 2005, la licenciada Aponte Duchesne compareció a representar al acusado Román Rivera, tanto en el Centro Metropolitano de Investigaciones y Denuncias de San Juan, como en la vista de determinación de causa al amparo de la Regla 6 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II. Luego, el 31 de octubre de 2005, la letrada compareció representando a la señora Marcia Vázquez Rijos al Centro Metropolitano de Investigaciones y Denuncias como resultado de una citación que esta última recibió. Esto representa una clara violación al Canon 21 del Código de Etica Profesional, supra, “pues es sabido que los intereses de las víctimas de unos actos delictivos comúnmente se hallan encontrados con los intereses del imputado de esos actos”. In re Gordon Menéndez, supra, pág. 644. Naturalmente, habrá situaciones en las que los intereses de un familiar de la víctima no necesariamente estén alineados con los de la víctima y encontrados con los del imputado. No obstante, en este caso, los intereses de la señora Marcia Vázquez Rijos, como hermana de la víctima, sí eran contrarios a los del señor Román Rivera, el acusado en aquel entonces. La abogada debió reconocer que con la representación antagónica que realizaba, ocasionaría un conflicto de intereses y trastocaría la confianza de todas las partes involucradas en el litigio. Por ello, también actuó en claro menosprecio de lo que ordena el Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra.

Por todo lo anterior, concluimos que la licenciada Aponte Duchesne violó los Cánones 21 y 38 del Código de Ética Profesional, supra, al representar simultáneamente a la señora Marcia Vázquez Rijos y al señor Román Rivera.

IV

Resta determinar la sanción que impondremos a la letrada. Para esto, debemos tomar en consideración su reputación en la comunidad, su historial previo, si es su primera falta, si alguna parte se ha visto perjudicada, si se trata de una conducta aislada, el ánimo de lucro que medió en su actuación, si hubo resarcimiento al cliente y cualesquiera otras consideraciones, ya sean atenuantes o agravantes, que medien a tenor con los hechos. In re Hernández González, 188 DPR 721, 729 (2013); In re Quiñones Ayala, 165 DPR 138 (2005).

El Informe de la Comisionada Especial al Honorable Tribunal Supremo, pág. 35, señala varias circunstancias atenuantes a favor de la licenciada Aponte Duchesne, entre ellas, que: (1) la querellada nunca ha sido objeto de otras querellas disciplinarias; (2) no hay prueba de que la actuación haya causado daño a las otras partes; (3) la querellada goza de buena reputación en la comunidad; (4) no hay prueba de que su motivación haya sido el lucro indebido o cualquier otro propósito que no fuera lícito, y (5) no se trata de un patrón de conducta establecido o de un acto intencional, sino de una concepción errónea en un caso aislado. Añadimos que, enfrentada con que la Sra. Marcia Vázquez Rijos era una potencial testigo en el caso en contra del señor Román Rivera, la licenciada decidió no continuar con la representación legal.

Considerado todo lo anterior, censuramos enérgicamente a la Leda. Inés Aponte Duchesne. Se le advierte a la licenciada que cualquier transgresión futura a las normas mínimas de conducta que impone el Código de Etica Profesional conllevará una sanción disciplinaria más severa.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Oronoz Rodríguez se inhibió.

       El señor Román Rivera fue liberado tras estar varios meses encarcelado injustamente. Luego de recibir una confesión, un gran jurado federal emitió acusaciones contra el Sr. Alex Pabón Colón, las señoras Aurea y Marcia Vázquez Rijos y el Sr. José Ferrer Sosa por conspirar para asesinar al señor Anhang Uster. La Sra. Áurea Vázquez Rijos fue arrestada en España y actualmente hay un proceso de extradición a solicitud de la fiscalía federal. Por estos hechos, el señor Pabón Colón se declaró culpable en la Corte Federal para el Distrito de Puerto Rico.

       A raíz de la queja presentada en contra del licenciado Gordon Menéndez por estos mismos hechos, lo suspendimos por un término de seis meses. Véase In re Gordon Menéndez, 183 DPR 628 (2011).


text:
      In re Delfín Sosa Suárez.

      Número: TS-7082

      Resuelto: 10 de julio de 2014

      Manuel E. Ávila De Jesús, director de la Oficina de Inspección de Notarías; Carlos Rivera Martínez y Carlos Rodríguez Muñiz, abogados de Delfín Sosa Suárez.
   per curiam:

Reiteradamente hemos enfatizado en la obligación que tiene todo abogado de cumplir fiel y cabalmente con todos y cada uno de los cánones de ética que rigen nuestra profesión. Sin embargo, nuevamente nos vemos obligados a suspender a otro miembro de la clase togada del ejercicio de la abogacía y la notaría por incumplir con las órdenes de este Tribunal.

I

El Ledo. Delfín Sosa Suárez fue admitido al ejercicio de la abogacía el 20 de noviembre de 1980 y, posteriormente, al ejercicio de la notaría el 21 de abril de 1981. Por los fundamentos expuestos a continuación, ordenamos la suspensión inmediata e indefinida del licenciado Sosa Suárez del ejercicio de la abogacía y de la notaría.

El 5 de mayo de 2014, el Ledo. Manuel E. Ávila De Jesús, director de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN), presentó ante esta Curia una Moción Urgente en Solicitud de Remedios en referencia al caso del licenciado Sosa Suárez. En dicho documento expresó que el 22 de junio de 2012, el entonces Director Auxiliar de la ODIN, el Ledo. Nelson J. Santiago Marrero, le informó al licenciado Sosa Suárez que existían deficiencias arancelarias en su obra protocolar de 2005, 2006, 2007 y 2010, así como deficiencias en su Registro de Testimonios que ascendían a $96,173. Para aquel entonces se concedió al licenciado Sosa Suárez un término de quince días calendarios para presentar cualquier objeción a dicha evaluación.

El 6 de julio de 2012, un día antes de expirar el término, el licenciado Sosa Suárez presentó su contestación a la carta enviada por ODIN. En dicha ocasión reconoció la existencia de una deficiencia arancelaria, aunque expresó no poder corroborar la cuantía por encontrarse fuera de la jurisdicción de Puerto Rico. Por ello, solicitó un término adicional de 90 días para corroborar las cantidades y gestionar la compra de los sellos requeridos.

Luego de seis meses de expirado el término de 90 días concedido, el 11 de abril de 2013 ODIN envió una carta en la cual comunicó al licenciado Sosa Suárez por segunda ocasión su incumplimiento. En esta ocasión le concedió un término final e improrrogable de 20 días para que mostrara causa por la cual el asunto no debía ser remitido a esta Curia. Así, el 6 de mayo de 2013, cinco días luego de expirado el termino concedido por ODIN, el licenciado Sosa Suárez respondió e informó que, a pesar de haber transcurrido sobre ocho meses de la primera notificación, se le había hecho imposible lograr la cantidad total adeudada. Por ello, solicitó se le concediera un término improrrogable que venciera el 15 de julio de 2013 para corregir las deficiencias y efectuar la inspección final. Como respuesta, la ODIN concedió hasta el 27 de junio de 2013 para que subsanara su obra.

El 29 de junio de 2013, expirado el término concedido para subsanar las deficiencias, la Inspectora de Protocolos y Notarías visitó las facilidades de la oficina del licenciado Sosa Suárez. En dicha ocasión, se pudo corroborar que en su obra protocolar el notario únicamente canceló la cantidad correspondiente a las deficiencias del año 2010, dejando al descubierto sobre $87,431 correspondientes a 2005, 2006 y 2007.

Por la situación antes descrita, la Inspectora de Protocolos y Notarías coordinó para el 16 de agosto de 2013 la reinspección final de la obra protocolar del licenciado Sosa Suárez. Sin embargo, el 13 de agosto de 2013, tres días antes de la fecha programada, el notario le informó a la Inspectora de Protocolos y Notarías que ya no le sería posible cubrir las deficiencias arancelarias pendientes.

Así las cosas, el 20 de agosto de 2013 ODIN comunicó al licenciado Sosa Suárez vía correo certificado con acuse un Informe en el cual se detallaba que en su obra protocolar existía una deficiencia de sobre $87,431. Además, le concedió un término improrrogable de 15 días calendarios para reaccionar u objetar el Informe apercibiéndolo, a su vez, que de no objetar se procedería a elevar el escrito ante esta Curia. No obstante, luego de ocho meses de haber sido apercibido de esto y puesto que el licenciado Sosa Suárez no compareció para objetar el Informe de ODIN, dicha oficina refirió el asunto a este Tribunal.

Toda vez que el asunto fue remitido a nuestra consideración, el pasado 15 de mayo de 2014 emitimos una Resolución en la cual ordenamos al Alguacil de este Tribunal que incautara inmediatamente la obra y el sello notarial del licenciado Sosa Suárez y los entregara al Director de ODIN para la correspondiente investigación e informe. Por otra parte, concedimos al licenciado Sosa Suárez un término improrrogable de diez días para mostrar causa por la cual no debía ser suspendido de la abogacía y notaría. Por último, dada la monumental deuda arancelaria adeudada, remitimos el asunto a la Oficina de Investigación y Procesamiento Criminal del Departamento de Justicia para que dicho organismo proceda con la acción correspondiente.

A pesar de haber sido notificado que el término concedido era improrrogable, el licenciado Sosa Suárez compareció el 20 de mayo de 2014 mediante una Urgente Moción Solicitando Prórroga. Dicha solicitud se fundamentó en que su representación legal tenía planeado un viaje familiar fuera de la jurisdicción de Puerto Rico, por lo que le era imposible prepararse adecuadamente en dicho término. Por ello, solicitó un término adicional de 30 días contados a partir del 9 de junio de 2014. No obstante, transcurrido el término conferido, el licenciado Sosa Suárez no compareció durante el mismo para mostrar causa según ordenado por este Tribunal.

Así las cosas, el 19 de junio de 2014, veinticinco días luego de expirado el término concedido por esta Curia y haciendo caso omiso de que la presentación de una moción de prórroga no extiende el término automáticamente, el licenciado Sosa Suárez compareció mediante una Moción en Cumplimiento de Orden. En esencia, el licenciado Sosa Suárez reconoce la deuda, mas adjudica las deficiencias a “irregularidades en el proceso de facturación” y a “una secretaria de la oficina, la cual ya no es empleada suya, [que] tenía delegada la tarea de adherir los correspondientes sellos y de informar cualquier deficiencia de sellos y comprobantes notificada por el Registrador de la Propiedad”. Moción en cumplimiento de orden, pág. 2. Además, nos solicita que le instruyamos sobre cómo disponer de la suma de $40,000 que tiene para remediar la situación.

II

Hemos enfatizado en un sinnúmero de ocasiones el compromiso de todo abogado de mantener y contribuir a un orden jurídico íntegro y eficaz. Así, el Canon 9 del Código de Etica Profesional establece que todo “abogado debe observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto”. Cuando los abogados no cumplen con las órdenes de este Tribunal, menosprecian nuestra autoridad, infringiendo de ese modo las disposiciones del Canon 9, supra.

Asimismo, hemos reiterado que, independientemente de los méritos de las quejas presentadas en contra de un abogado, este tiene que responder prontamente a nuestros requerimientos. Así, procede la suspensión inmediata de aquellos miembros de la profesión que incumplen con nuestros requerimientos e ignoran los apercibimientos de sanciones disciplinarias.

Por otra parte, los abogados tienen una obligación inexcusable de responder diligentemente a los requerimientos de este Tribunal, así como a los de ODIN y los de la Oficina del Procurador General. Una vez el abogado no cumple con los deberes que le impone la ley y el ordenamiento ético, incurre en una conducta que acarrea una sanción disciplinaria. Así, y como corolario de la doctrina, esta Curia ha resuelto que procede la suspensión indefinida e inmediata de la abogacía y la notaría cuando un notario ignora los requerimientos de ODIN y de este Tribunal.

III

Desgraciadamente, en el caso de autos nos encontramos ante otro letrado que ignora e incumple con los requerimientos de este Tribunal y de ODIN. El licenciado Sosa Suárez hizo caso omiso e incumplió con su deber de responder oportunamente a los requerimientos de ODIN y, posteriormente, los de este Tribunal. ODIN ha notificado en varias ocasiones las deficiencias al licenciado Sosa Suárez, mientras ha realizado a su vez varios intentos para realizar la inspección final de su obra notarial antes de acudir a este foro; sin embargo, no ha tenido éxito. Así las cosas, ODIN acudió a esta Curia y concedimos al licenciado Sosa Suárez diez días improrrogables para comparecer. No obstante, luego de veinticinco días de expirado el término, el licenciado respondió a nuestra orden de mostrar causa sin subsanar las deficiencias señaladas por ODIN. Por lo tanto, esta actitud de indiferencia y desatención que el licenciado ha mostrado ante las órdenes de este Tribunal nos fuerzan a decretar la suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y de la notaría. Esto con el apercibimiento de que no estaremos dispuestos a decretar su reinstalación hasta que cumpla con todos los señalamientos de ODIN y nuestras resoluciones.

En cuanto a la solicitud del licenciado Sosa Suárez sobre las instrucciones a seguir respecto a la suma de dinero disponible, se le instruye que debe referirse a los pronunciamientos de ODIN sobre las deficiencias señaladas en su obra notarial.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, se ordena la suspensión inmediata e indefinida del Ledo. Delfín Sosa Suárez de la práctica de la abogacía y de la notaría. Se le impone el deber de notificar a todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar representándolos y devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados. De igual forma, tendrá que informar oportunamente de su suspensión a cualquier sala del Tribunal General de Justicia o foro administrativo en el cual tenga algún caso pendiente. Deberá acreditar y certificar ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de treinta días, contados a partir de la notificación de la presente opinión “per curiam”y Sentencia.

Se dictará sentencia de conformidad.

        In re Torres Trinidad, 183 DPR 371, 374 (2011); In re Rivera Rosado, 180 DPR 698 (2011); In re Prieto Rivera, 180 DPR 692 (2011).

       4 LPRA Ap. DC.

        In re Cirino López, 184 DPR Ap. (2012); In re Fidalgo Córdova, 183 DPR 217, 222 (2011).

        In re Torres Trinidad, supra; In re Otero Encarnación, 179 DPR 827 (2010); In re Rodríguez Mena, 126 DPR 205 (1990).

        In re Arroyo Rivera, 182 DPR 732, 735-736 (2011); In re Torres Viera, 179 DPR 868 (2010); In re Feliciano Jiménez, 176 DPR 234 (2009); In re Laborde Freyre I, 154 DPR 112 (2001).

        In re Arroyo Rivera, supra; In re Montalvo Guzmán, 169 DPR 847 (2007); In re Moreno Franco, 166 DPR 787 (2006); In re Rivera Irizarry, 155 DPR 687 (2001).

        In re Arroyo Rivera, supra; In re Montalvo Guzmán, supra.

        In re Montes Díaz, 184 DPR 90, 94 (2011); In re Torres Rodríguez, 163 DPR 144, 148 (2004).