author: El Juez Asociado Sb. Hebnández,

text:
    Ex parte Nadal.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 105.
    Resuelto en febrero 4, 1904.
    Actos de Jurisdicción Voluntaria. — Se considerarán actos de jurisdicción volun-taria todos aquellos en que sea necesaria, o se solicite la intervención del juez, sin estar empeñada, ni promoverse cuestión alguna entre partes conocidas y determinadas.
    Id. — Enajenación de Bienes de Menores — Autorización Judicial — Pago de Deudas del Causante.- — -Los expedientes sobre autorización judicial para ena-jenar bienes de menores corresponden a la jurisdicción voluntaria, y el kecbo de que el motivo que se alegue para la enajenación consista en la necesidad de qiagar ciertas deudas del causante, no da al expediente el carácter de conten-cioso y es motivo que justifica la promoción del expediente.
    Id. — Necesidad y Utilidad. — Justificada en forma legal la necesidad y utilidad de la enajenación de los bienes de menores, es procedente la autorización de la- misma.
    EXPOSICIÓN DEL CASO.
    Eu el recurso de apelación que ante nos pende interpuesto por Doña Eulogia Nadal y Colón, viuda de Kearney, en el expediente de jurisdicción voluntaria por ella promovido ante el Tribunal de Distrito de San Juan, sobre autorización judicial para enajenar bienes de menores.

      Resultando: que en el expresado expediente dictó auto dicbo tribunal en dos de julio último, que copiado a la letra ■dice así:
    “Puerto Rico, julio dos de mil novecientos tres. Resultando: que Doña Eulogia Nadal de Kearney manifestando que su esposo D. Daniel ~W. Kearney falleció en Aguadilla en 25 de marzo de 1902, quedando fres hijos menores no emancipados de ese matrimonio, María Provi-dencia, Josefina y Guillermo; que su mencionado esposo (*) era, hacía mucho años, empleado en la mercantil J. T. Silva, en la sucursal de Aguadilla, y al convertirse en primero de enero de 1901 esa sociedad por acciones en J. T. Silva Banking and Commercial Company, ofreció a dicho Kearney el cargo de director si poseía veinte cinco acciones de cien dollars que habían de depositarse en las cajas de la sociedad como garantía de su gestión; y careciendo Kearney de dinero acudió a Doña Leocadia Alvarez de Kearney, quien le facilitó en calidad de préstamo tres mil dollars con los que adquirió treinta acciones y pudo ejercer el citado cargo, abonando a Doña Leocadia treinta dollars mensuales por intereses;' que desde el fallecimiento, ésta no lia podido cobrar los intereses por estar las treinta acciones registradas en los libros de la compañía a nombre de Daniel W. Kearney y se hace preciso devol-ver los tres mil dollars evitando la reclamación judicial, y para atender a esa necesidad no queda otro recurso que transferir a Doña Leocadia las acciones, porque los demás bienes heredados del difunto Kearney por Doña Eulogia y sus hijos consistentes en dinero de pólizas de seguros de vida, están colocadas por tiempo determinado y es vio-lenta la realización y perjudicial a los menores y suplica, previa infor-mación de necesidad y utilidad de la enajenación, autorización judicial para enajenar o transferir a Doña Leocadia las treinta acciones.

      “Resultando: que acompañó a esa petición las partidas de bautis-mo de los hijos menores mencionados y la declaratoria de herederos abintestato de ellos por ser hijos procreados en el matrimonio con Doña Eulogia y ésta con derecho a la cuota en usufructo.

      Resultando: que practicada información con citación del señor Fiscal, declararon tres testigos constarles que Don Daniel W. Kearney adeudaba a su señora madre Doña Leocadia Alvarez tres mil dollars que ésta le facilitó para la compra de acciones de la sociedad citada, por cuya razón considera útil y necesaria para los menores la enajena-ción o traspaso a esta señora de esas acciones objeto del expediente, con el fin' de pagar Cómodamente la deuda contraída por el Sr. Kearney.

      “Resultando: que el señor Fiscal es de opinión se conceda la auto-rización para enajenar las acciones.

      “Considerando: que los actos judiciales en que se promueve una cuestión entre partes conocidas y determinadas, como ha sucedido en el presente caso, no merecen el concepto de jurisdicción voluntaria, por más que la cuestión no se haya empeñado por ciertos trámites, puesto que según las palabras del artículo 1810 de la Ley de Enjui-ciamiento Civil, basta que la cuestión se haya promovido, sin necesidad de que se haya empeñado. (*)

      “Considerando: que los asuntos que notoriamente afectan a partes conocidas y determinadas en la esfera de la jurisdicción voluntaria, y mucho más cuando quien promueve el expediente lo hace para llevar a efecto actos que afectan a bienes pertenecientes a menores, eludiendo preceptos legales que determinan la tramitación del libro 2o. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

      “Considerando: que a nadie es lícito alterar los preceptos de pro-cedimientos por la ley señalados para los juicios en la jurisdicción contenciosa, porque la ley aunque claramente no lo dice se sobreen-tiende señalando tramitación especial en el libro 2o. de la Ley de En-juiciamiento Civil a los actos que ella quiere comprender, teniendo en consideración elevados y respetables intereses que era indispensable proteger y amparar de una manera eficaz por medio de lo contencioso, y por eso ha segregado de la jurisdicción voluntaria las diligencias preventivas del abintestato, las preventivas del juicio, de testamenta-ría, en las que, o es necesaria la intervención del juez o aunque no lo sea puede solicitarse, y no hay empeñada, ni se ha promovido cuando se practican, contienda alguna entre partes conocidas, no reputándose de jurisdicción voluntaria porque la ley los ha excluido, como excluye que una demanda por acción real o personal y convienen ambas partes en que el juez la decida de plano, no por eso dejará de ser cuestión de la jurisdicción contenciosa, pues ésta existe siempre que hay poder o facultad para obligar a una parte a que haga o deje de hacer lo que otra le demanda.

      “Considerando: que esa razón es la que debe tenerse presente al definir los actos de jurisdicción voluntaria y por eso debe advertirse es preciso no haya en éstos o no se desprenda como en el presente caso de su ejecución, el poder o facultad mencionado. Se declara sin lugar la autorización judicial solicitada por Doña Eulogia Nadal de Kear-ney. Lo acordaron y firman los Señores Jueces del Tribunal de que. certifico: Juan Morera Martínez, Prank H. Richmond, José Tous Soto, Luis Méndez Vaz.”

      Resultando: que contra ese auto interpuso Doña Eulogia Nadal recurso de apelación que le fue admitido, y elevados los autos a esta Corte Suprema, se dió al recurso la tramita-ción correspondiente, habiendo sostenido la. procedencia del mismo tanto la parte apelante como el Ministerio Fiscal.(*)
    Abogado del apelante: Sr. Juan Miguel Kearney.

    Abogado del Pueblo: Sr. del Toro, Fiscal.

   El Juez Asociado Sb. Hebnández,

después de exponer los hechos anteriores, emitió la opinión del tribunal.

Aceptando los fundamentos de hecho del auto apelado.

Considerando: que según el artículo 1810 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se considerarán actos de jurisdicción voluntaria todos aquellos en que sea necesaria, o se solicite, la intervención del juez sin estar empeñada, ni promoverse cuestión alguna entre partes conocidas y determinadas.

Considerando: que el expediente promovido por Doña Eulogia Nadal, viuda de Kearney, es y debe calificarse como de jurisdicción voluntaria, no sólo por no estar empeñada ni promoverse cuestión alguna entre personas conocidas y determinadas, según exige el precepto legal anteriormente citado, sino porque está comprendido de modo expreso en el título 11°. del libro 3o. de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que trata de la enajenación de bienes de menores e incapacitados y transacción acerca de sus derechos, sin que el motivo que se alega para la enajenación pretendida, consistente en la necesidad de pagar una deuda a Doña Leocadia Alvarez, le dé el carácter de contencioso, pues tal motivo justifica la promoción del expediente y está previsto en el artículo 2020 de la mencionada ley.

Considerando: que habiéndose justificado en forma legal la necesidad y utilidad de la enajenación de las acciones de que se trata, es de accederse a la pretensión de Doña Eulogia Nadal, viuda de Kearney.

Vistos los artículos 1810, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Se revoca el auto apelado que dictó el tribunal de San Juan el dos de julio último, y otorgamos a Doña Eulogia Nadal, viuda de Kearney, la autorización que solicita para enajenar o transferir a Doña Leocadia Alvarez, viuda de Kearney, las treinta acciones de que se trata en pago del (*) crédito de tres mil dollars que a favor de la segunda con-trajo el difunto D. Daniel W. Kearney, y con certificación de la presente resolución, devuélvanse los autos al Tribunal de Distrito de San Juan a los fines procedentes.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos Figueras y MacLeary.

El Juez Asociado Sr. Sulzbacber no formó tribunal en la vista de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. MacLeaey, JUEZ ASOCIADO SR. EIGUERAS.

license: Public Domain

text:
    De Diego et al. v. La Cámara de Delegados.
    Solicitud para que se expida auto de MaA%damus.

      No. 6.
    Resuelto en febrero 4, 1904.
    Cámara de Delegados — Sus Facultades. — Con arreglo a la seeción 30 de la Ley Orgánica, la Cámara de Delegados de Puerto Rico tiene facultad para con-siderar y resolver si el cargo de alguno o algunos de sus miembros debe o nó estimarse vacante.
    Cuerpos Legislativos- — Mandamus.—Un auto de mandamus no procede para ' obligar a un cuerpo legislativo a que arroje de su seno uno o más de sus propios miembros.
    Cámara de Delegados — Corporación—Ley de Mandamus. — La Cámara de Dele-gados no es una corporación, con arreglo a nuestro Código Civil, ni está comprendida dentro de los términos de la sección 2 de la Ley de Mandamus de 1903.

      Id. — La Cámara de Delegados de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico no está sujeta al auto de mandamus expedido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
    Id.' — Actos de Carácter Discrecional y Ministerial o Ejecutivo. — El auto de mandamus no procede para obligar la ejecución de actos encomendados a la facultad discrecional del funcionario, estando limitada su acción a la ejecu-ción de actos de carácter ministerial o ejecutivo.
    Los Rectos extán expresados en la opinión.
    Abogados de los demandantes: Sres. de Diego y Díaz Navarro.

   El Juez Asociado Se. MacLeaey,

emitió la opinión del tribunal. (*)

En la presente causa el Sr. de Diego con nueve miem-bros más de la Cámara de Delegados, presentó a esta corté una solicitud de auto de mandamus para obligar a la Cámara a. declarar vacantes los asientos de cinco delegados porque no ban asistido a la presente sesión durante los primeros diez días de la misma.

Dichos delegados fundan su petición en la sección 210 del ■Código Político, que a la letra dice:

“Si mientras duran los trabajos de una legislatura de la Asam-blea Legislativa, algún miembro de la Cámara de Delegados perma-neciere ausente de sus tareas por más de cinco días consecutivos, sin el permiso de la Cámara de Delegados, se considerará su cargo vacante, y el Gobernador podrá convocar a elección para cubrir dicha vacante, .según prescribe la ley. ’ ’

Los solicitantes alegan que ciertos delegados, cuyos nom-bres se expresan, ban estado ausentes durante más de cinco días consecutivos, y que el Sr. de Diego bizo una moción ■en la Cámara para declarar vacantes los asientos de dichos delegados, la que discutieron, él por una parte, y el Sr. Don Juan Hernández López por otra, poniéndose luego a vota-ción por el Speaker, con resultado negativo y la Cámara de esta manera rehusó declarar vacantes los asientos de los cita-dos miembros.

La sección 30 de la Ley Foraker prescribe:

“Que la Cámara de Delegados será el único juez de las elecciones, listas, y capacidad de sus miembros, y ejercerá las mismas atribu-ciones con respecto a la dirección de sus procedimientos que usual-mente competen a cuerpos legislativos parlamentarios.”

Bajo la sección de la ley citada, la Cámara tuvo poder am-plio para considerar y determinar si estaban o no estaban vacantes los asientos mencionados, como se ba dicho en la presente, lo que ha resultado negativamente, no obstante el testo de la sección 210 del Código Político arriba citada. ('*)

Una solicitud a una corte judicial para un mandamus contra un cuerpo legislativo, obligándolo a expulsar a uno ó más de sus miembros, es una anomalía en la jurisprudencia americana. Hasta donde he llegado en mis pezquisas nin-gún caso semejante ha podido encontrarse en los anales de litigios americanos. Ciertamente no existe semejante casoen los informes de las decisiones de la Corte Suprema de los. Estados Unidos.

El Sr. Wood en su obra de mandamus dice:

“Habrá lugar al auto de mandamus, en casos propios contra cortes, inferiores, corporaciones y funcionarios ministeriales.”

Ciertamente la Legislatura no se puede considerar entre, estas tres clases. Nuestro propio estatuto sobre mandamus dice lo siguiente:

“El auto de mandamus podrá dictarse por el Tribunal Supremo o por las cortes de distrito o por cualquiera de sus magistrados o jueces, cuando se bailen en el ejercicio de sus funciones o en sus oficinas, y se dirigirá a cualquier tribunal inferior, corporación, junta o persona obligada ál cumplimiento de un acto que la ley particularmente ordene-corno un deber resultante de un empleo, cargo o función pública; pero aun cuando puede -requerir a un tribunal inferior o cualquiera de sus. jueces para que adopte este criterio, o para que proceda al desempeño-de cualquiera de sus funciones, el auto no puede tener dominio sobre la discreción judicial. ’ ’

Esta es sustancialmente- una ampliación del precepto de-clarado en el libro de texto arriba citado, y ciertamente la Cá-mara de Delegados no podría considerarse igual a ninguna de las clases mencionadas en dicho estatuto, a- no ser que se dijera que es una corporación, pero tampoco puede conside-rarse, propiamente, como tal. El Canciller Kent la define así:

“Una franquicia poseída por uno o más individuos, que subsis-ten (*) como un cuerpo político, bajo una denominación especial, in-vestidos por la ley con la capacidad de sucesión perpetua y de actuar en varios respectos aunque fuere numerosa la asociación, como un sólo individuo.” 2 Kent’s Com., 267.

Una corporación se define en Bouvier’s Law Dictionary como sigue:

“Un cuerpo compuesto de una o más personas, establecido por la ley, generalmente para algún propósito específico, y continuado por una sucesión de miembros.” 1 Bouvier’s Law Dictionary, 443.

El Tribunal Supremo del Estado de Illinois define una corporación de la manera siguiente:

“Un ser artificial creado por la ley, y compuesto de individuos que subsisten como un cuerpo político, bajo una denominación especial, con la capacidad de sucesión perpetua, y actuando dentro del alcance de su carta constitucional como una personal natural.” 122 Ill., 293.

El Juez Bronson define el término de la manera siguiente:

“Una corporación agregada es una colección de individuos unidos en un cuerpo por tal concesión de privilegios que asegure una suce-sión de miembros sin cambiar la identidad del cuerpo, y constituye a los miembros por el momento, capaces de hacer los negocios de la corporación como una persona natural.” 1 Hill, N. Y., 62.

Nuestra ley sobre corporaciones, que se encuentra en los títulos primero y segundo del Código Civil de Puerto Rico, no permitiría a cualquiera Cámara de la Asamblea Legisla-tiva, ni a las dos juntas, clasificarse como corporación, ni pública ni privada. En vista de estas definiciones, la Cámara de Delegados no puede considerarse bajo ningún concepto como una corporación.

Así es que ya se atienda a los preceptos generales, ya a los mismos estatutos, la Cámara de Delegados de la Asam-blea (#) Legislativa de Puerto Rico no está sujeta al auto de mandamus expedido por este tribunal.

La Constitución de los Estados Unidos, al definir los pode-res del Congreso, en la sección 5a. del artículo 1 a la letra dice:

“Cada Cámara será el juez de las elecciones, listas y capacidad de sus miembros, y una mayoría de cada cual constituirá un ‘quorum’ para determinar cuestiones, pero un número más pequeño podrá levan-tar la sesión día por día y podrá autorizarse para exigir la asistencia de miembros ausentes de tal manera, y bajo las penas que provee cada Cámara.”

Este lenguaje es muy parecido a la sección de la Ley Foraker arriba citada, que liace la definición de los poderes de nuestra Asamblea Legislativa, y probablemente esta pro-visión en la Constitución, así como la conocida independencia del Departamento Legislativo del Grobierno Nacional, baya impedido basta abora que se formulara una petición en nin-gún tribunal de los Estados Unidos, como la que aquí se pre-senta. Resulta claro de la falta de autoridades sobre este punto y de una lectura de los estatutos y de la naturaleza del sistema .de gobierno americano, que no bay lugar al auto de mandamus en un caso como el que aquí se ba presentado.

Aun si hubiera lugar al mismo por parte de este tribunal contra la Cámara de Delegados, no se podría expedir en el presente caso, porque al declarar vacante el puesto de un miembro, la Cámara tiene que ejercitar una discreción y su acción no es meramente ministerial tal cnal podría ha-cerse solamente por los tribunales mediante el auto de mandamus. En otras palabras, si el Speaker de las Cá-mara tuviera autoridad para declarar vacante el asiento de un miembro bajo ciertas condiciones, ejercitando su discre-ción, no habría lugar al mandamus de un tribunal contra él, obligándole a hacerlo, y mucho menos habría lugar al (*) mandamus obligando a la Cámara a tomar tales medidas. State v. Elder, 10 L. R. A., p. 796.-

Por lo tanto, en-ningún caso podrían los peticionarios en este caso lograr su objeto mediante el auto de mandamus. Esta corte jamás pretendería asumir una jurisdicción que no le está conferida por la ley, y no desea intervenir en los derechos y los deberes de otros departamentos como el de la Asamblea Legislativa, o la Cámara de Delegados, que cons-tituye una parte de la misma.

La solicitud para el auto de mandamus en el presente caso será denegada.

Denegada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Aso-ciados Hernández y Figueras.

El Juez Asociado Sr. Sulzbacher no tomó parte en la dis-cusión de este caso.

OPINIÓN CONCURRENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SR. EIGUERAS.

Se solicita un auto de mandamus para obligar a la Cá-mara a que cumpla con el artículo 210 del Código Político, declarando vacantes los cargos de delegados para que fueron electos Don Carlos Cabrera, Don Luis Sánchez Morales, Don Federico Torregrosa, Don Darío Eola y Don G-eorge W. Fish-back.

Esta es la única cuestión que debe considerarse, porque las resoluciones deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente. Del respeto a este principio nos lia dado ejemplo reciente la Corte Suprema de los Estados Unidos al resolver el caso de la Señora González, puesto que declaró solamente que no es - extranjera y omitió toda otra clase de argumentos sobre si era o nó ciudadana americana, porque este extremo no fue a dicha corte en el grado y forma procedentes. (*)

■ Por esto en el presente caso no deben generalizarse las consideraciones.

La Corte Suprema del Estado de Nebraska con fecha de 14 de enero de 1891, ordenó un auto de mandamus solicitado por Thomas H. Benton contra Samuel M. Elder, Speaker de la Cámara de Representantes. Tomo X de Lawyers’ Reports, Annotated, pág. 796, y yo quizás en caso semejante estaría conforme con los razonamientos del Hon. Cobb, Or. J., encargado de redactar la opinión de la corte, en cuyo dicta-men se desarrolla a mi juicio una doctrina justa y racional, llegando a afirmar dentro del caso que se resolvió que £<nin-gún cuerpo legislativo tiene poder para interponer un artificio de parlamento en contravención a las expresas prescripciones de la Constitución del Estado.”

Eludiendo, por tanto, toda generalización y limitándome a la cuestión hoy planteada, entiendo que esta corte no puede intervenir en los actos legislativos o discrecionales de la Cámara, respetando así la independencia de los poderes legis-lativo, ejecutivo y judicial.

El auto de mandamus se solicita contra la Cámara y ade-más se funda la petición en el supuesto de que aquélla se ha negado a cumplir el artículo 210 del Código Político ya citado, pero como esta disposición reserva a la misma Cámara la consideración de las vacantes a que dicho artículo se refiere, aquélla, después de una discusión en que intervino la mayoría y minoría, ha considerado como acuerdo final, y por mayoría de votos, que no deben declararse las vacantes y esta función y procedimiento, después de la moción presentada por el Delegado Don José de Diego, es el adecuado a toda resolución de la Cámara, de donde resulta que el acuerdo negativo se tomó en virtud de las facultades discrecionales que entraña el mismo artículo 210.

Pero supongamos que esa disposición contiene un pre-cepto imperativo y categórico, es decir, que la Cámara está obligada a declarar las vacantes, siempre resultará que la (*) entidad Cámara no puede manifestar su pensamiento y volun-tad sino por medio de acuerdo, y siendo el voto libre, siempre resultaría que obra dentro de facultades discrecionales, cual-' quiera que fuese el acuerdo que sobre ]as vacantes tomase.

Por esta sola razón creo que debe denegarse el auto de mandamus que se lia solicitado por D. José de Diego y D. Her-minio Díaz, por su derecho propio, y en la representación que ostentan.


author: El Juez Asociado Su. MacLeaby,

text:
    El Pueblo v. Goitia.
    Apelaoióu procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 55.
    Resuelto en febrero 8, 1904.
    Pruebas Contradictorias — Veredicto—Sentencia.—Es uu principio de derecho bien establecido que en aquellos casos en que hubiere pruebas contradictorias, si los hechos probados son suficientes para justificar la sentencia, tanto ésta como el veredicto no deben ser objeto de modificación alguna.
    Acusado — Consecuencias Naturales de sus Actos Deliberados. — Se presume que todo acusado prevee las consecuencias naturales de sus actos deliberados.
    Nuevo Juicio — Descubrimiento de Nuevas Pruebas — Debida Diligencia. — Para que una petición de nuevo juicio, fundada en el descubrimiento de nuevas pruebas pueda prosperar, no sólo es necesario acreditar que las pruebas han sido descubiertas recientemente, sino que hay que probar a satisfacción del tribunal que la parte que las propone no hubiera podido descubrir la exis-tencia de tales pruebas, con anterioridad al juicio, mediante el ejercicio de debida diligencia.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Juan R. Ramos.

    Abogado del apelado: Sr. del Toro, Fiscal.

   El Juez Asociado Su. MacLeaby,

emitió la siguiente opi-nión del tribunal:

El demandado en este causa fué acusado del delito de acometimiento con arma mortífera, que se aleg’a fué cometido en el día 24 de marzo de 1903. Seis días después la acusa-ción (*) fué presentada contra él, por el Fiscal de la Corte de Distrito. En 1 de abril se le exigió una fianza, y en cuatro del mismo mes, se le leyó la acusación. En el día 16 de junio fué juzgado ante un Jurado que le declaró culpable. En de-bido tiempo fué sentenciado por la corte a la pena de un año y seis meses de presidio con trabajos forzados y al pago de las costas. Antes de dictarse la sentencia, el abogado de-fensor presentó una moción pidiendo un nuevo juicio, sir-viendo de base para la misma los siguientes fundamentos: Primero, que el veredicto del jurado era contrario a la ley y a la evidencia, y, segundo, que deseaba presentar nuevas pruebas. Se desestimó la moción para un nuevo juicio, y se dictó la sentencia, y se interpuso recurso de apelación a esta corte. Se presentan cuatro fundamentos para la revocación de la sentencia.

1. Que la prueba no era suficiente para justificar al jurado en dar un veredicto de culpable, ni al tribunal, en condenar al prisionero a presidio.

2. Que Viera, el herido, provocó y cometió el asalto y no el demandado.

3. Que el revólver fué disparado accidentalmente en la contienda que resultó entre las partes para su posesión.

4. Que se infringieron los siguientes estatutos:

A. Las secciones 11 y 12 del Código Penal, proveyendo que en todo delito es menester que exista una unión de acción e intención y que tal acción se manifiesta por las circunstan-cias relacionadas a la ofensa, y la mente sana, y discreción del acusado.

B. La sección 39 del Código de Enjuiciamiento Criminal que trata de la defensa propia.

C. Que el veredicto del jurado infringe las secciones 301 y 303 del Código dé Enjuiciamiento Criminal, y especialmente el párrafo 7 de la última; que el veredicto del jurado es con-trario a las pruebas y particularmente a las nuevas pruebas.

D. Que el demandado tiene derecho al beneficio de la sec-ción 236 del Código de Enjuiciamiento Criminal, que declara la bien conocida doctrina que es de presumirse inocente todo acusado basta que se pruebe lo contrario, y en el caso de que baya una duda razonable de su (*) culpabilidad, está en el derecho de ser absuelto. Revisemos brevemente seriatim los extremos hechos a favor del demandado. De una vista cui-dadosa de los autos en este caso, se verá que hay prueba amplia para justificar al jurado en dar el referido veredicto, y aunque alguna de la misma se estime contradictoria, es un precepto de ley bien establecido que en casos de pruebas contradictorias, cuando hay suficientes pruebas en que fundar la sentencia, el veredicto del jurado y la sentencia del tribunal sentenciador no se molestarán. Este precepto cubre los pri-meros tres extremos alegados por la defensa. En cuanto al cuarto, que alega una infracción de los estatutos.

Primero: el intento está claramente demostrado por las circunstancias del caso, presumiéndose que todo acusado haya tenido la intención de producir las consecuencias de sus actos deliberados.

Segundo: no hay nada absolutamente que demuestre la defensa propia en los hechos de esta causa. El acusado fué armado con un revólver, el agraviado sufrió la única herida que fué infligida. El jurado fué perfectamente justificado en desestimar tal alegato.

Tercero: ni puede decirse tampoco que el veredicto del jurado era contrario a las pruebas, por las razones arriba citadas. En cuanto a las nuevas pruebas, es necesario, no solamente que la prueba sea nuevamente conocida, sino que debe demostrarse a la satisfacción de la corte que mediante diligencia razonable no se podría haber descubierto por la parte que la ofrece antes de celebrar el juicio.

Cuarto: es verdad que este demandado, como toda persona acusada, fué atendido durante todo el juicio por la pre-sunción de que era inocente, pero los hechos establecen su culpabilidad fuera de toda duda razonable. Así es que nin-guno de los extremos, ya de ley, ya de hecho, que han sido urgidos en favor del recurrente, parecen ser bien fundados. Las instrucciones de la corte no aparecen en los autos, y no se ha presentado queja respecto a ello. El fué juzgado recta e imparcialmente ante un jurado por él elegido. La sen-tencia parece ser perfectamente (*) correcta y justa. Siendo mi opinión que el tribunal no cometió error alguno, en la vista de la causa, y que la sentencia dictada en la misma está justificada por la ley y por los hechos, debe confirmarse la misma.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Aso-ciados Hernández y Figueras.

El Juez Asociado Sr. Sulzbacher no formó tribunal en la vista de esta causa.


author: El Juez Asociado Se. Heenández, JUEZ ASOCIADO SR. SULZBACHER.

text:
    El Pueblo v. Battistini.
    . ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 1.
    Resuelto en febrero 10, 1904.
    Nombramiento del Juez Sentenciador. — Cuando de los autos no apareciere por quién y en qué forma se hiciera el nombramiento del juez que interviniera en el juicio, ha de presumirse que tal nombramiento se ha hecho por autoridad competente y con arreglo a ley.
    Jueces de Eacio — Validez de sus Actos. — Si el nombramiento de un juez que hubiere intervenido en el juicio de una causa, no se hubiere hecho con arreglo a ley, tal juez lo sería de faeto, y si su intervención no hubiere sido impug-nada por ninguna de las partes, sus actos como tal juez de fació, serían válidos y no podrían ser atacados esencialmente en un procedimiento colateral.

      Pliego de Excepciones — Exposición de Hechos. — No habiendo en los autos pliego de excepciones, ni exposición de hechos, el Tribunal Supremo carece (*) de base para apreciar los hechos que sirvieran de fundamento a una decla-ración de culpabilidad;
    Testigo de Cargo — Indefensión.—El hecho de que el tribunal inferior prescinda de la declaración de un testigo de cargo, no puede constituir indefensión para el acusado, pues es al Pueblo de Puerto Bico a quien compete obtener su declaración.
    Documento Privado — Falsedad.—El artículo 1193 del Código Civil no es apli-cable a un caso en que se impute falsedad o simulación de un documento privado.
    Impostura — Sus Elementos. — Los elementos que integran el delito de impos-tura, previsto en el artículo 470 del Código Penal, son cuatro: 1, que el agente obre a sabiendas e intencionalmente; 2, que se valga de falsas simula-ciones; 3, que esas falsas simulaciones sean fraudulentas; 4, que se defraude dinero o bienes a otra persona.
    Id. — Acusación—Intervención.—El primer elemento a que se refiere el párrafo anterior no es necesario consignarlo en la acusación, pues la intención se mani-fiesta por las circunstancias del delito y el sano juicio y discreción del acusado, y la intención maliciosa y criminal se presume por la manera y deliberación con que se intente o cometa un acto ilegal con el fin de perju-dicar a otro.
    Id. — Los otros tres elementos que integran el delito previsto en el artículo 470 del Código Penal, deben ser alegados en la acusación.
    Id. — Fraude o Engaño. — La simulación, además de ser falsa, debe ser fraudu-lenta, es decir, usando fraude o engaño, que consiste en la ingeniosa sagaci-dad empleada por el agente para seducir al que intenta perjudicar, obsecando-su inteligencia o perturbando su voluntad por las sugestiones astutas de que es objeto.
    Los hechos están expresados en 1a. opinión.
    Abogado del apelante: 8r. Alvares Nava.

    Abogado del apelado: Sr. del Toro, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Heenández,

emitió la siguiente opi-nión del tribunal:

El caso sometido a la decisión de esta Corte Suprema, es un recurso de apelación interpuesto por Pedro Simón Battis-tini contra sentencia del Tribunal de Distrito de Ponce, que le condenó, como autor del delito de impostura, a la pena de un año de presidio con trabajos forzados, que extinguiría en la Penitenciaría ele esta Isla, y al pago de las costas causadas en el juicio, con devolución, a su legítimo dueño, de las al-hajas (*) en que fuá defraudado. El Fiscal del Distrito de Ponce, con fecha tres de septiembre de mil novecientos dos, en nombre de El Pueblo de Puerto Eico, formuló acusación contra Pedro Simón Battistini, como autor del delito grave de impostura, comprendido en el artículo 470 del Código Penal, que relata en los términos siguientes:

“Pedro Simón Battistini recibió del menor Rafael Torruella, para garantizar un préstamo de ciento ochenta dollars, consignado en un pagaré firmado por Torruella, a la orden de Manuel Coll, y endosado por éste a Battistini, una sortija de oro con un zafiro y dos brillan-tes, dos dormilonas de brillantes y un alfiler de corbata con brillan-tes, de valor superior a cincuenta dollars, exigiendo Battistini a To-rruella que otorgara un vendí de dichas alhajas a favor de Coll, quien luego otorgó nuevo vendí de las mismas a favor de Battistini; y éste, prevalido de la simulación del contrato expresado, que hacía aparecer un contrato de prenda como de venta, se ha negado a devolver las alhajas a los familiares de Torruella, no obstante habérsele ofrecido el pago de los ciento ochenta dollars' que garantizan. ’ ’

Celebrado el juicio oral, en sesiones que tuvieron lugar en los días veinte y seis de noviembre, cuatro y cinco de diciem-bre del año ya expresado, de las que se extendieron las corres-pondientes actas, sin que se formulara otra protesta, que una hecha en la segunda de dichas sesiones, por haber desesti-mado el tribunal, como innecesaria, la declaración de Doña Isabel Cortada, el mencionado tribunal, del que formaba parte el Juez Suplente, Don Nemesio R. Canales, sin que conste por quién y en qué forma se hizo su nombramiento, dictó sentencia, por mayoría de votos, en seis de diciembre citado, en que, estimando probados los hechos que fueron objeto de la acusación y calificando esos hechos de delito grave de impostura, condena a Battistini a la pena de que se deja hecho mérito. Contra esa sentencia el Letrado defensor del reo interpuso recurso de apelación, alegando como motivos los siguientes :(*)

1. No haberse tenido en cuenta al dictar el fallo conde-natorio el precepto del artículo 252 del Código de Enjuicia-miento Criminal, toda vez que habiéndose presentado, entre las pruebas, un documento firmado por Rafael Torruella, mediante el cual éste vende a Manuel Coll las alhajas, de cuya defraudación es acusado Battistini, se da por supuesto que dicha firma de Torruella fué obtenida por medio de super-chería, y se declara convicto a Battistini por la sola declara-ción de Manuel Coll, no acompañada por circunstancias corro-borantes y sin mediar en' la supuesta superchería, firma o letra del acusado.

2. Haberse también prescindido en el fallo, de la regla absoluta del artículo 253 del mencionado Código, por cuanto confesando Manuel Coll una participación en el delito, que por lo menos le da el carácter de cómplice en la comisión del mismo, se declara sin otra prueba, convicto a Battistini, no siendo independiente del testimonio del cómplice, la prueba de los testigos de cargo, ya que éstos sólo saben de los hechos, por referencia de Coll.

3. Haberse prescindido igualmente del precepto del artí-culo 239 del Código de Enjuiciamiento Criminal, pues confe-sándose Manuel Coll ante el juez de paz, autor o cómplice, al menos, del delito perseguido, se le ha excluido del juicio para servir de testigo al poder público antes de habérsele acusado como procedía, resultando así, por la fuerza del pre-' eepto contenido en el artículo 241 del propio Código, que el culpable manifiesto queda impune y condenado el culpable dudoso o verdadero inocente.

4. Haberse infringido la 6a. de las enmiendas a la Consti-tución de los Estados Hnidos de América, por haberse prescin-dido de traer al juicio a declarar a la testigo de cargo, Doña Isabel Cortada, imposibilitando de ese modo, a pesar de (*) la protesta del acusado, el careo de éste con aquélla, no ha-biéndosele careado tampoco con testigo alguno.

5. Haberse prescindido del precepto del artículo 1193 del Código Civil, relacionado' íntimamente con el Código Penal, en el presente caso, al desconocerse la fuerza probatoria de los documentos de venta de las alhajas, entre las partes del contrato o sea entre Coll y Battistini y Coll y Torrnella.

6. Haberse prescindido del testimonio especial de Don Rafael Torruella, que es la parte perjudicada por el hecho punible, en el caso de que fuera cierta su comisión, por ser el propietario de las alhajas, según confesó ante el juez de paz, su madre, la denunciante, Doña Isabel Cortada.

Admitido el recurso de apelación, fueron elevadas a esta Corte Suprema las correspondientes copias certificadas de las actas del juicio, en las cuales no consta el detalle o expre-sión de las declaraciones de los testigos, ni que fuera pro-puesto como tal para su examen Don Rafael Torruella, ni que se denegara diligencia alguna de prueba, fuera de la de-claración de Doña Isabel Cortada, no habiéndose presentado además pliego alguno de excepciones. Habiéndose dado al recurso la tramitación debida, la representación del apelante, al evacuar el trámite de instrucción, además de reproducir los motivos ya expuestos en la interposición del recurso, alegó los siguientes, en apoyo de la revocación del fallo:

1. Que de lo actuado no resulta, ni tampoco se alega, que Battistini obrara con intención de defraudar a persona alguna.

2. Que en la causa no existe alegación ni prueba demos-trativa de que en el acto de verificarse la operación o contrato entre Torruella y Battistini, supiera éste que aquél era menor de edad.

3. Que de la acusación y pruebas no resulta que Battis-tini se valiera de falsas simulaciones, ni de medios fraudu-lentos (*) para conseguir de Torruella las alhajas de que se trata, circunstancias necesarias en el presente caso para que el hecho sea constitutivo de delito.

4. Que expresando, como expresa, el artículo 470 del Có-digo Penal, que se comete delito por la persona que a sabien-das e intencionalmente, valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, defraudare a otro dinero o bienes, no ha po-dido ser condenado Battistini, por no haberse acreditado* tales circunstancias. El Fiscal impugnó el recurso, por esti-mar que la sentencia recaída es justa y contener los hechos! declarados probados todos los requisitos que la ley exige, para que sean castigados como delito' de impostura, solici-tando, en su consecuencia, fuera declarado sin lugar con las costas al recurrente.

Señalado día para la vista, hubo de suspenderse ésta por haber presentado el abogado de Battistini una moción para que se declarara nula y sin ningún valor ni'efecto, la acusa-ción que dió origen a la causa, por el fundamento de que en dicha acusación no se expresaba hecho alguno que constituya delito, con arreglo a las leyes de Puerto Bicoca cuyo fin alegó:

1. Que la acusación no expresa que Battistini, al ejecutar los actos de que se le acusa, lo hiciera con intención de de-fraudar a Rafael Torruella o a cualquiera otra persona.

2. Que tampoco expresa la acusación que en la época en que tuvo lugar la transacción entre Battistini y Torruella, supiera el primero que el segundo era menor de edad.

3. Que en la acusación no se alega que Battistini hiciera a Torruella representaciones falsas o fraudulentas, con objeto de defraudarle en el valor de alguna cosa.

4. Que habiéndose presentado la acusación de conformidad con el artículo 470 del Código Penal, resulta que las alega-ciones (*) contenidas en la misma demuestran que los hechos en que se funda no constituyen delito alguno, con arreglo al texto legal citado.

5. Que los hechos expresados en la acusación, caso de ser ciertos, darían derecho a Torruella a entablar una demanda civil para anular el pagaré u otro documento firmado por él y recobrar la posesión de las alhajas. Semejante moción, a. la que se opuso el Ministerio Fiscal, fué desestimada por esta, corte, sin perjuicio ele que la representación de Battistini pudiera alegar en el acto de la vista cuanto estimara condu-cente a la defensa de su derecho,-habiéndose celebrado ese acto con asistencia del Ministerio Fiscal y del Letrado 'del acusado. ,

Además de los fundamentos en que se .apoya la defensa del recurrente, bay otro que por el tribunal ha sido traído a debate, cual es el de si la.intervención de un Juez Suplente, .en el presente juicio, vicia de nulidad el procedimiento y el fallo pronunciado. Como en autos no consta por quién ni en qué forma se hizo el nombramiento de dicbo Juez Suplente, es de presumirse que fué hecho por autoridad competente y con arreglo a ley, pero aunque así no fuera, es punto incues-tionable que si el Juez Suplente, de que se trata, no lo fué de jure, lo fué de fació,, sin contradicción de las partes, y es doctrina establecida por diversas Cortes Supremas de varios Estados de la Union, y aun por la misma Corte Suprema de los Estados Unidos, que los actos de un juez' de facto son válidos y no pueden ser sustancialmente impugnados en pro-cedimientos colaterales. Esa doctrina fué expuesta y robus-tecida con gran acopio de decisiones por el Hon. Juez Mac-Leary de esta Corte Suprema, en el caso criminal de El Pueblo de Puerto Rico v. Hobart S. Bird, por injuria y calumnia, por más que no le diera entonces aplicación, por tratarse de un caso que había de resolverse con arreglo a los Códigos Penal y Procesal antiguos, y en armonía, por tanto, con la (*) jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo de Es-paña, que es contraria a la jurisprudencia americana.

No puede, pues, atacarse de nulidad el juicio seguido contra Battistini. Entrando ahora en el examen de los motivos de apelación alegados en el escrito de interposición del re-curso ante la Corte de Distrito de Ponce, desde luego cabe alirmar que tales motivos carecen de base para que pueda dárseles valor legal. El artículo 252 de la Ley de Enjuicia-miento Criminal no puede haber sido infringido en el fallo recurrido, pues éste no expresa que la firma de Torruella, en el documento de venta de las alhajas a Manuel Coll, fué obte-nido por medio de superchería; y además, como se ignora el detalle o expresión. de las pruebas, que se practicaron en el juicio, pues en las actas de éste no- consta, ni tampoco se.lia presentado pliego alguno de excepciones,. ,e,s.ta Coyte Suprema no puede apreciar si Battistini fué declarado convicto de .los lieclios de que fué.acusado, por la sola declaración de Manuel Coll, sin otros méritos.que la eprrob.oraran.. Tampoco.es dable afirmar'que la convicción de Battistini se haya .derivado únicamente de la declaración de Manuel Go}l,..cuyo contenido se ignora, como también se ignora si la declaración de Coll, en su caso, fué confirmada o no por las demás pruebas, prac-ticadas, pues falta pliego .de excepciones que demuestre esos particulares, y las actas del juicio, por lo deficientes que son. no pueden suplir la falta de dicbo pliego.

Los artículos 239 y 240 del Código de ¡Enjuiciamiento Criminal, que' también se suponen infringidos, no son ..ati-nentes al caso de autos, pues Manuel Coll, cuya declaración no se encuentra en autos, no fué excluido del juicio con objeto de que sirviera como testigo del poder público, y consta, por el contrario, que tal exclusión no pudo tener lugar por faltar términos hábiles para ello, toda vez que no fué incluido en la misma acusación que Battistini. La 6a., o más bien la 8a., de (*) las enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos de América, que igualmente se presume infringida, no lo ha sido, en cuanto es aplicable a esta Isla o en la par^e que guarda congruencia con el artículo 11 del Código de Enjuiciamiento Criminal, pues todos los testigos, que han declarado en el juicio han dado su testimonio en presencia del acusado, y ningún careo ha sido denegado, habiendo disfrutado Battistini de todos los derechos que le otorga el artículo citado. El hecho de haberse prescindido por la corte sentenciadora de la de-claración de la testigo Doña Isabel Cortada, que solicitó el acusado, no arguye indefensión, pues tal declaración, según indica la parte recurrente, no era de descargo, sino de cargo, y en ese concepto al Pueblo de Puerto Rico era a quien in-cumbía la presentación de dicha testigo, teniendo. entonces derecho el reo a repreguntarla y a carearse con la misma. La falta del testimonio de Don Rafael Torruella no puede ser invocada por el recurrente, pues no aperece que propusiera como prueba la declamación de ese testigo; y en cuanto al artículo 1193 del Código Civil, no es aplicable al presente caso, en que se ha contravertido si los documentos de venta-de las alhajas entre Coll y Battistini y Coll y Torruella eran simulados, pudiendo el tribunal sentenciador, por el mérito combinado de todas las pruebas practicadas, estimar que tales documentos eran simulados. Respecto de los demás motivos.-de apelación, que como adición a los que se dejan expuestos fueron alegados ante esta Corte Suprema, guardan relación estrecha con los que sirvieron de fundamento a la moción para que se anulara la acusación; y todos ellos pueden sintetizarse en uno, o sea, en que los hechos expuestos en la acusación y declarados probados en la sentencia, no constituyen el delito, grave de impostura definido y. penado en el artículo 470 del Código Penal. Ese artículo dice textualmente:

“Toda persona que a sabiendas e intencionalmente, valiéndose de-falsas y fraudulentas simulaciones, defraudare dinero o bienes a (*) otra persona * * * incurrirá en la pena señalada para el hurto-de la cantidad de dinero o bienes así obtenida.”

Como se ve, para que exista el delito de que se deja hecho-mérito, son indispensables cuatro elementos que lo integran: 1, que el agente obre a sabiendas e intencionalmente; 2, que-se valga de falsas simulaciones; 3, que esas falsas simula-ciones sean fraudulentas; 4, que se defraude dinero o bienes, a otra persona.

Que el acusado Pedro Simón Battistini obró a sabiendas e-intencionalmente al ejecutar los hechos de que fué acusado, no era necesario que se expresara en la acusación, pues según, el artículo 12 del Código Penal, la intención se manifiesta por-tas circunstancias relacionadas con el delito y el sano juicioy discreción del acusado, reputándose de sano juicio todos. los que no sean idiotas, lunáticos o locos; y nna intención maliciosa y criminal se presume por la manera y deliberación con que se intente o cometa un acto ilegal, con el propósito de perjudicar a otro. La sola lectura de la acusación formu-lada contra Battistini revela que obró a sabiendas e inten-cionalmente al ejecutar los becbos que se le imputan. Tam-poco cabe duda de que el documento de venta de las alhajas, a favor de Coll, quien luego otorgó nuevo vendí a favor de Battistini, envolvía un contrato simulado de venta, por ser realmente un contrato de prenda, pues así lo ba apreciado el tribunal sentenciador, y en el acta del juicio no se ban con-signado pruebas que demuestren el error de tal apreciación, ni tampoco en apoyo de ese error ba venido a este tribunal pliego de excepciones. Hubo, pues, una falsa simulación en el documento de venta de las alhajas por Torruella a favor de Coll. Empero, no aparece que esa falsa simulación fuera también fraudulenta, es ‘decir, que el documento simulado de venta de las alhajas se consiguiera de Torruella mediante fraude o engaño, pues éste consiste en la ingeniosa sagacidad empleada por el agente para seducir al que intenta perju-dicar, obsecando (*) su inteligencia o perturbando su volun-tad, por las sugestiones astutas de que es objeto; y en el escrito de acusación, cuyos becbos estima probados el tribunal sentenciador, no se consigna ningún acto de engaño o astucia que influyera en el ánimo de Torruella para firmar el vendí de las alhajas. Firmó el documento, pero no se indica que lo hiciera sugestionado por engaño alguno, ni que desco-nociera el acto que ejecutaba. Tampoco aparece que Battis-tini defraudara a Torruella, al negarse a la devolución de las alhajas, no obstante estar prontos los familiares de Torruella a entregarle la cantidad de los $180, cuyo pago garantizaban, pues si el vendí de las alhajas fué otorgado en garantía de ese pago, Torruella no tenía derecho a reclamar aquéllas, sino mediante la devolución del dinero prestado, según el artículo 1772 del Código Civil, si Battistini se negaba a acep-tar el' 'dinerd; estaba' aiqaéb en la ■ obligación de hacer su con-signación," !en la'forma-'que previene el propio código, -para que así'hubiera quedado'libre- de-la obligación-que contrajo al firmar el pagaré, y eh1 actitud legál para reclamar criminal' o civilmente sus alhajas a Battistini: Los hechos, pues, dé que se acusá a Pédr'ó' Simón Battistini, no constituyen el delitó de impostura qúe prévée y castiga el artículo 470 de} Código Penal; por no'contener todos los elementos necesarios para' integrar dicho delito, y en su consecuencia, procede se revoque la sentencia'apelada, absolviéndose a Battistini con las costas de'Oficio y cancelándose la fianza-que-tiene prestada.

' Jueces-concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Aso-ciados Sulzbacher y MacLe'ary.

El Juez Asociado Sr. Figueras no formó tribunal en la vista de esta causa.(*)

Besueíto de conformidad.

OPINIÓN CONCURRENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SR. SULZBACHER.

El día diez y seis de diciembre del mil novecientos dos, Pedro Simón Battistini fue condenado en la Corte de Distrito de Ponce del crimen de impostura y sentenciado a un año de presidio con trabajos forzados. Apárece de los autos que la causa fué juzgada por el tribunal compuesto de Isidoro Soto Nussa, Carlos Franco Soto y Nemesio B. Canales, juez su-plente. Este tribunal ha resuelto varias veces que cuando aparece algún error manifiesto en los autos que produzca la nulidad dé la sentencia, debe, de oficio, tomarlo en considera-ción. Me parece que en esta causa se ha cometido un error de esta naturaleza, porque de los autos se desprende que for-maba paite del tribunal sentenciador un juez suplente. ' En la causa de Ex parte Herbert S. Bird, por injurias y calum-nias y resuelta por este tribunal el día quince de m'arzo del corriente año, expresé mi opinión sobre este asunto del modo siguiente:

“Las cortes- de' distrito tuvieron su origen, en la sección 10 de, la Orden General, número ■ 118, que ■ dice así: ■ , , .., ■
“Cada tribunal de distrito se compondrá de tres jueces, entre los cuales uno será presidente y los cuales reunidos todos constituirán su-sala de justicia para lo civil y criminal * *
“La autoridad para nombrar jueces suplentes se deriva del artículo 94 de la misma orden, que dice así:
“Los tribunales nombrarán uno o más jueces suplentes para que sustituyan a' los propietarios en los casos de-vacante, ausencias o en-fermedades. Cada Fiscal nombrará también su suplente para iguales casos * * *.”

Por la sección 33 de la .Ley de Congreso, titulada “Ley para proveer de rentas al Pueblo de Puerto Rico y para otros fines,” aprobada en doce de abril de mil novecientos, se dejaron (*) subsistentes las cortes de distritos. Dicba sec-ción dice como sigue:

‘ ‘ Que el poder judicial residirá en las cortes y tribunales de Puerto Rico establecidos ya y en ejercicio * * * y por la presente se declaran subsistentes dichas cortes y tribunales * * *. Disponién-dose, sin embargo, que * * * los jueces de las cortes de distrito serán nombrados por el Gobernador, con el concurso y consentimiento del Consejo Ejecutivo * *

Aparece, por consiguiente, que dicba Ley del Congreso exige especialmente, que para ser juez de las cortes de dis-trito de Puerto Rico deben existir dos condiciones positivas y absolutas, a saber: que dichos jueces deben ser nombrados por el Gobernador, con el concurso y consentimiento del Con-sejo' Ejecutivo, deduciéndose implícitamente, aunque indi-cando en realidad, que solamente aquellos que posean estas calificaciones y ningunos otros, pueden ser jueces de las cortes de distritos de Puerto Rico, e investidos con la juris-dicción de dicho tribunal. Cualquiera que baya sido la ley coa'respecto al'nombramiento de jaeces sapientes, vigente antes de la aprobación de la mencionada ley del Congreso de 12 de abril de 1900, qaedó implícitamente derogada y abolida por.esta última., Por lo tanto, soy de opinión de que siendo ésta ana caestión de jurisdicción, debe considerarse con pre-ferencia a cualquiera otra, y qae debe revocarse la sentencia de la Corte de Distrito de Ponce.


author: El Juez Asociado Sb. Figueras,

text:
    El Banco Territorial y Agrícola v. Puig.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo.
    No. 29.
    Resuelto en febrero 11, 1904.
    Desahucio — Quién Puede Ejercitar la Acción y Contra Quién Puede Esta: blecerse. — La acción de desahucio procede en favor del dueño de una cosa para obtener que sea privado del uso de ella quien la disfrute indebidamente (*) y dicha acción puede establecerse contra los inquilinos, colonos y demás arrendatarios de la finca.
    Hipoteca — Adjudicación en Pago de la Misma — Cancelación de Gravámenes Posteriores — Arrendamientos.—I-Iecha la adjudicación de una finca en pago de un crédito hipotecario, e. inscrita dicha adjudicación en el registro, deberán cancelarse todos los gravámenes posteriores y con ellos los arrenda-mientos que de la misma finca hubiere hecho el anterior propietario.
    Comprador — Sus Derechos en Relación con el Arrendamiento de la Einca Comprada. — Según el artículo 1454 del Código Civil, el comprador de una finca, ya lo sea por contrato de compraventa, o ya por adjudicación judicial, 1 tiene derecho a exigir que terminen los arrendamientos existentes sobre la misma, salvo pacto en contrario y lo dispuesto en la Ley Hipotecaria.
    Hipoteca — Accesiones y Mejoras no Hipotecadas. — Aunque el articulo 113 de la Ley Hipotecaria dispone que el dueño de las accesiones o mejoras que no se hubieren hipotecado junto con una finca que pasase por adjudicación o venta a otras manos, tendrá dereeho a ser indemnizado de tales accesiones o mejoras; esto no debe entenderse en el sentido de poder impedir que el nuevo " propietario o adqüirente de la finca ejercite cuantos derechos se deriven del dominio que sobre la misma tiene.
    Desahucio — Colonia Agrícola — Exención de Contribuciones. — El hecho de que una finca esté considerada como Colonia Agrícola, de acuerdo con la ley de Colonias Agrícolas, no es obstáculo alguno que pueda oponerse al ejercicio de una acción de desahucio, pues los efectos de tal ley se refieren únicamente a la exención del pago de contribuciones, pero en modo alguno pueden impedir que la finca pudiera'pasar por cualquier título a manos de un tercero.

      Sentencias — Demandados en Rebeldía. — La sentencia que se dicte en relación con los demandados que hubieren comparecido en el pleito, deberá hacerse extensiva a aquellos demandados que hubieren sido declarados en rebelcKa.
    Id. — Costas.—Las costas deben imponerse al litigante cuyas pretensiones hubieren sido totalmente desestimadas, por lo que no procede imponerlas a los demandados en rebeldía, que por no haber comparecido, no han formulado pretensión alguna en el pleito.
    EXPOSICIÓN DEL CASO.
    Vistos estos autos- promovidos en la Corte del Distrito de Arecibo, entre partes de la una el Banco Territorial y Agrícola establecido en esta Capital dirigido y representado en esta Superioridad por el Letrado D. Juan de Guzmán Benitez, como apelado, y de la otra, D. Miguel Valentín Puig ■Enseñat, propietario, a quien representa y dirige el Letrado Don Jacinto Texidor como apelante, sobre desahucio ;• ha-biendo sido declarados rebeldes los otros dos demandados D. Lorenzo Joy y D. Calixto Arocho, quienes tampoco com-parecieron en esta Superioridad, sustanciándose la apela-ción respecto a (*) ellos con los estrados del tribunal, autos pendientes ante nos en virtud de recurso de casación, hoy de apelación, interpuesto por D. Miguel Valentín Puig En-señat contra la sentencia pronunciada que copiada a la letra dice así:

      “Sentencia. No. 5. En Arecibo a 9 de febrero de 1903. Visto en juicio oral y público ante esta corte de distrito el juicio de desahucio promovido por el Banco Territorial y Agrícola de San Juan, repre-sentado y dirigido por el Letrado D. Juan de Guzmán Benitez, contra D. Francisco Castañer, D. Calixto Arocho y D. Lorenzo Joy, propie-tarios y vecinos de Ciales, por su propio derecho y como representan-tes de D. Valentín Puig Enseñat, dirigido el primero por el Letrado D. Elpidio de los Santos Laguardia y los otros dos en rebeldía.
    “1. Resultando: que con fecha 23 de septiembre último, el Le-trado D. Juan de Guzmán Benitez a voz y nombre' del Banco Territorial y Agrícola de San Juan presentó demanda ante este tribunal contra Don Francisco Castañer, D. Calixto Arocho y D. Lorenzo Joy, por sí y como representantes de D. Valentín Puig y Enseñat expo-nieñdo'que por escritura pública otorgada eu .18' de enero de 1896 ante el Notario D. Mauricio Guerra, D. Lorenzo 'Joy 'y Colón hipotecó al banco, la hacienda de café denominada ‘ Honradez ’’ que era de su propiedad,;y que en dicha escritura se describe así: ‘Rústica, hacienda de café denominada “Honradez,” sita en la jurisdicción de Cíales y en el barrio de Cialitos de aquel término por el cual atraviesa el río llamado Cialitos, corriendo de la parte sudoeste a la norte noroeste, siendo la medida superficial de dicha finca 648 cuerdas 66 céntimos, equivalentes a 254 hectares, 94 áreas, 90 centiáreas de terreno, de las que 400 cuerdas están sembradas de café y plátanos, 20 de pastos, malojillo y cañas dulces y el resto de pastos naturales, montes y male-zas, conteniendo dicha finca los edificios siguientes: una casa.de dos pisos, construida de maderas del país y techada de hierro galvanizado, cuyos altos sirven de habitación al dueño y su familia y los bajos están destinados a almacén; otra casa, también de dos pisos, cons-truida de madera y mampostería de 17 metros de frente y 20 de fondo, de 4'plantas en la actualidad y con techo de hierro galvanizado, en donde 'está instalada la maquinaria para la manipulación del café o sean los aparatos siguientes:, maquinaria de (*) despulpar, gran mo-delo; lavador mecánico de rotación vertical; centrífuga de enjugar• secadora mecánica de aire calentado, sistema Guardiola No. 2; tahona de lustrar y pilar cafó de masas circulares y 25 rotaciones por minuto ■ venteadoras y limpiadoras mecánicas; clasificadoras de café en cinco grupos; tren de dragas combinadas para la elevación y arrastre del fruto a los diferentes aparatos; y una gran rueda hidráulica que mueve toda esa maquinaria, de 5 metros de diámetro por 90 centíme-tros entre gualderas, utilizando para su movimiento 125 litros de agua por minuto, los cuales toma del río Cialitos dentro de la misma pro-piedad y conducidos por un canal de mampostería hidráulica; otra casa de madera, techada de hierro galvanizado, de dos plantas, sir-viendo la segunda o planta alta para habitaciones de mayordomos y dependientes, y el piso bajo para depósitos de provisiones y otros efec-tos; otra casa de dos pisos de madera, techada de zinc, destinados los bajos a cuadra con pesebre y el alto a almacenes y alojamiento para los peones que están al servicio de los establecimientos; otra casa de una .sola planta, de madera y zinc, conteniendo en su interior un horno para cocer pan y demás útiles de panadería para el consumo de la finca; existiendo, además, en diferentes puntos 39 casas rústicas para habitaciones de jornaleros; tres cuarteles de madera, techados de zinc, capaces para vivienda de 10 jornaleros cada uno; la carnicería, situada en la 'plaza' de la ñuca; y el matadero a orillas deb río Cialitos; lin-dando la referida finca, al este con tiétras de Don José Ramón Figuér roa Lebrón, Raimundo dé la Cruz, Sucesión de Luisa de la Cruz, Alejo Aponte, el propio otorgante Don Lorenzo Jby y 'José García; p'or él norte, con las tierras de dicho' García y Joy y las que aportaron Joy y Mayol a la sociedad Agrícola Alberty y Compañía, por el oeste, con la dicha sociedad Alberty y Compañía, Don Federico Monge, antes M. Frau y. Hermanos y Don Eugenio Fernández y por el sud, con los terrenos de Don Jaime Colón y los de los mencionados • M. Frau Hermanos, hoy D. Federico Monge, cuya hipoteca fué inscrita al folio 248 vuelto del tomo 9 del Ayuntamiento de Ciales, finca 212 triplicado, inscripción 29 del Registro de Arecibo; que por - otra escritura pública otorgada en 22 de julio de 1899 ante el notario de Manatí, Don José Félix Lajara, el mismo Don Lorenzo Joy y Colón y Don Miguel Valentín Puig, representado este último por Don Ramón Ríos Serpa como apoderado, por la sustitución de mandato que en él hizo el mismo Don Lorenzo Joy y Colón, convinieron (*) en un contrato de arrendamiento de casas de la hacienda ‘Honradez’, siendo las casas arrendadas las siguientes: una casa de dos pisos, construida de maderas del país, cubierta de hierro galvanizado, des-tinados los altos a habitación de familia y los bajos a almacenes; otra casa de dos pisos, de madera, techo de zinc, destinados los bajos a cuadra con pesebre y el alto a almacén y alojamiento para los peones que están al servicio de los establecimientos, con un glacis; otra casa con una sola planta, de madera, techada de zinc, conteniendo en su interior un horno para cocer pan y demás útiles de panadería, para el consumo de la finca; y otra casa de madera y los' bajos de manipostería, de 17 metros de frente por 24 de fondo, con techo de hierro galvanizado, en donde está instalada la maquinaria para la manipulación del café, contiguo los glacis para el secado de dicho fruto, con los aparatos descritos anteriormente, cuyos edificios están enclavados en la hacienda ‘Honradez,’ hoy Colonia Agrícola; y cuyo arrendamiento de casa aparece hecho por ocho años que habían de terminar el 22 de julio de 1907, pagando Puig a Joy 200 pesos por-cada anualidad y concediendo el último al primero los beneficios que dice tener otorgados por el Gobierno a título de' Colonia Agrícola que manifestaba ser la hacienda ‘Honradez,’ inscribiéndose el con-trato de arrendamiento en el Registro de la Propiedad de Arecibo al folio 240 del tomo 2 de Ciales, finca 212 sextuplicado, inscripción 39; que por falta de pago en la forma convenida en la escritura hipo-tecaria a que se refiere el hecho primero, hubo el banco de seguir un juicio ejecutivo sumarísimo contra la hacienda ‘Honradez,’ que fué adjudicada al banco ejecutante, por auto dictado por esta corte en 12 de octubre de 1901, inscribiéndose al folio 246 del tomo 20 de Cia-les, finca No. 212 Sextuplicado, inscripción 42 cancelándose, además, todos los gravámenes posteriores al del banco, incluso dicho arrenda-miento, cual resulta de la inscripción 43 de la misma finca, obrante al folio 247 del mencionado tomo 20 de Ciales; que en 8 de noviem-bre de 1901 se dió por el Juzgado Municipal de Ciales posesión al banco de la finca, en cumplimiento de lo dispuesto por esta corte, y ya en ese acto el señor Joy, celoso defensor de los intereses de Puig, protestó por los derechos que decía tener el último sobre las fincas cultivadas en la hacienda ‘Honradez’; que cuando Don Lorenzo Joy hipotecó la finca ‘Honradez’ al banco, no tenía ella más gravámenes preferentes, que una hipoteca a favor de Don Pedro A. Mayol, que ha sido satisfecha y cancelada; todos los demás contra-tos (*) que después de inscrita la hipoteca del banco haya podido celebrar Joy con Puig y con cualquiera otra persona, sean o nó inscritos en el registro, se han realizado a espaldas del banco, que para nada ha intervenido en ellos; y que han transcurrido más de 30 días desde el requerimiento de los demandados sin que hayan desocupado la finca que ocupan como representantes de Puig en con-cepto de arrendatarios que eran y por su derecho propio, en pre-cario, sin pagar merced alguna.
    “2. Resultando: que como fundamento de derecho adujo el actor las prescripciones del Código Civil y la Ley Hipotecaria, sobre el derecho de dominio, y los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil acerca de los casos en que procede el desahucio de una finca rústica, y terminó suplicando el desahucio de los demandados.
    “3. Resultando: que celebrada la comparecencia 'verbal que la ley previene, con citación de todas las partes a fin de que los deman-dados tuvieran conocimiento de la demanda contra ellos interpuesta, comparecieron ante este tribunal el representante del banco como demandante, y los Srs. Don Francisco Castañer, Don Lorenzo Joy y Don Calixto Arocho, por su propio derecho como apoderados de Don Miguel Valentín Puig Enseñat, oponiéndose todos ellos a los hechos de la demanda, por lo que se les confirió traslado que evacuó solo el Sr. Castañer con la dirección del Letrado Don Elpidio de los Santos Laguardia, exponiendo: que antes del año 99, o sea en el 97, el Sr. Puig había arrendado al Sr. Joy varias casas de la finca erigida en Colonia Agrícola, en la cual venia fincando y fabricando el Sr. Puig, por cesión que el mismo Sr. Joy le bizo de sus derechos de Colonia Agrícola que le concedió el Gobierno ■ Español, de cuyas fábricas no'ha tomado ni ha podido tomar posesión el Banco Territorial, por cuyo motivo carecía de derecho éste para hacer requeri-miento alguno de desalojo, pues ese requerimiento se da cuando existe precario y en el caso de autos no existía.
    “4. Resultando: que alegó como fundamentos de derecho las dis-posiciones del Código Civil referentes al dominio y a la posesión de los inmuebles, la Ley de Colonias Agrícolas, y la Hipotecaria en > cuanto sólo permite incoar procedimientos sumarísimos, cuando se trata de bienes especialmente hipotecados; y concluyó suplicando se declarara sin lugar la demanda, toda vez que las casas arrendadas por Joy a Puig Enseñat, no habían sido comprendidas en la hipo-teca. (*)
    “5. Resultando: que no habiéndose evacuado el traslado que se les confirió de la demanda, por los Srs. Don Lorenzo Joy y Don Calixto Arocho, fueron declarados en rebeldía a instancia del actor siguiéndose el pleito sin más citarles.
    “6. Resultando: que el actor propuso como prueba la confesión judicial de Don Francisco Castañer, quien contestó en él juicio oral a las preguntas que le formuló aquél, así como Don Lorenzo Joy que compareció como testigo, consignándose en acta sus declaracio-nes, en que reconoció como suyas dos cartas privadas en que daba cuenta al banco de los deterioros causados en su finca ‘Honradez’ por el ciclón de agosto de 1899, y como documental propuso también y fueron agregadas a los autos, certificación del auto de. adjudicación de la hacienda ‘Honradez’ al Banco-Territorial en 12 de octubre de 1901, inscrito en el Registro de la Propiedad de Arecibo, y con la nota de haberse cancelado todos los gravámenes posteriores a la hipo-teca del banco; certificación del Registro de la Propiedad de Are-cibo expresiva de que al inscribirse el contrato de hipoteca de Joy con el banco y por virtud del cual fué adjudicada a éste la finca ‘Honradez,’ según escritura notarial de 18 de enero de 1896, no exis-tía más gravamen preferente al del banco, que la hipoteca a favor de Don Pedro A. Mayol, de Ponce, que fué después cancelada; certifi-cación del registro de la inscripción hecha en la' misma hacienda ‘Honradez,’ del contrato de arrendamiento de casas, celebrado en 22 de julio de 1899 ante el notario de Yega Baja, entre Don Lorenzo Joy y Don Miguel Valentín Puig Enseñat, cuya inscripción fué cancelada; certificación - del secretario de esta corte de distrito creditiva de que cuando se bizo el- requerimiento, de pago en el juicio sumarísimo ■seguido por el. banco contra Joy, se notificó por edictos al Sr. Puig, ausente en-España, como interesado en responsabilidades posteriores a la del banco; ■ certificación de la diligencia de posesión de la finca i Honradez’ dada al banco: interdicto de retener interpuesto, por Don Miguel Valentín Puig contra el banco, ante esta corte, que fué, declarado sin lugar con las costas a Puig, y que es firme; certifica-ción del Comisionado del Interior, expresiva de que en el expediente de declaración de Colonia Agrícola hecha por el Gobierno Español a.Don Lorenzo Joy como dueño de la finca ‘Honradez,’ esa declara-ción sólo se contrae a los beneficios de los artículos' 8 y 9 de la Ley de Colonias Agrícolas y cuya declaración no es firme porque el Ayun-tamiento de Ciales interpuso recurso de nulidad contra ella y el recurso fué admitido cuando sobreviniendo (*) el cambio de domina-ción en esta Isla, quedó en suspenso la tramitación del recurso de nulidad interpuesto.

      “7. Resultando: que el demandado Don Francisco Castañer y en su nombre el Letrado Don Elpidio de los Santos Laguardia, propuso y fué practicada la escritura de arrendamiento otorgada por Don Lorenzo Joy a favor de Don Miguel Valentín Puig en 22 de julio de 1899 ante el notario de Vega Baja, Don José Félix Lajara, y la de confirmación del mismo arrendamiento otorgada por las mismas per-sonas ante el mismo notario, en 27 de noviembre de 1897; el acta notarial de 15 de marzo de 1900, referente al dominio de la Colonia Agrícola ‘Honradez’ y arrendamiento que de la misma hizo Joy a Don Miguel Valentín Puig, y al hecho de las reedificaciones y cons-trucciones hechas por Puig, cuyo documento se inscribió en el regis-tro en 22 de marzo de 1900; documento relativo a la construcción de una casa para cuartel de la Guardia Civil dentro de la finca ‘Hon-radez’ y venta de dicha casa por Puig a Joy; certificación del secre-tario del Ayuntamiento de Ciales relativa al reparto de contribu-ciones Territoriales para el Tesoro Insular, ,y a que desde el año económico 1897-98 había empezado a señalarse con la denominación de Colonia, a 424 cuerdas que constituían entonces aquélla, radicada en el barrio de Cialitos y cuya asignación especial se le había hecho en virtud de los privilegios concedidos al Sr. Joy por el Gobierno Español y ratificados por el Gobierno Militar americano; y certifi-cación del secretario del Ayuntamiento de Ciales sobre rebaja de contribuciones por consideración de ser la finca ‘Plonradez’ Colonia 'Agrícola, cuya Real Orden- de concesión - se insertaba en. dieba certi-ficación. -.■■■ ■ • ■ ■ ■ .
    “8. Resultando: que celebrado el juicio oral con asistencia del abogado representante del Banco Territorial y con la del abogado de Don Francisco- Castañer, se votó esta sentencia por unanimidad, ha-biéndose observado en el pleito las prescripciones dé ley. ' Siendo Ponente el juez presidente del tribunal Don Felipe Cuchí y Arnau.
    “1. Considerando: que la acción de desahucio es la que compete al dueño de una cosa para obtener que sea privado del uso de ella, quien indebidamente la disfruta, y .puede exigirse, según el número 1 del artículo 1562 de la Ley de Enjuiciamiento Civil contra los in-quilinos, colonos y demás arrendatarios cuando se trata de una finca.
    “2. Considerando: que el título de propiedad o de dominio de la hacienda ‘Honradez’ que el actor ostenta para entablar el presente litigio contra los demandados, - es un auto de adjudicación de la expresada (*) finca a favor del Banco Territorial y Agrícola -de San Juan que lleva fecha 12 de octubre de 1901, y fué dictado por esta corte de distrito en el juicio hipotecario seguido contra Don Lorenzo Joy, e inscrito en el Registro de la Propiedad de Arecibo.
    “3. Considerando: que con la inscripción de dicho auto de adju-dicación en el registro de la propiedad quedaron cancelados todos los gravámenes posteriores a la fecha de-la referida adjudicación, conforme a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 125 de la Ley Hipotecaria.
    “4. Considerando: que entre los gravámenes cancelados, por ser posteriores a la hipoteca del banco, figuran los arrendamientos de casas de la finca ‘Honradez’ hechos por Don Lorenzo Joy a favor de Don Miguel Valentín Puig y Enseñat según aparece del Registro de la Propiedad de Arecibo, siendo infundada, por tanto, la alega-ción hecha por Puig acerca de su derecho a continuar viviendo la finca, basado en sus contratos de arrendamiento con el anterior dueño de ella, Don Lorenzo Joy, a pesar de la adjudicación hecha al banco, toda vez que las inscripciones de dichos contratos de arrendamiento fueron canceladas.
    “5. Considerando: a mayor abundamiento, que el artículo 1571 ■del Código Civil anterior al vigente, y el 1454 del actual, facultan al comprador de una finca, bien sea por contrato de compraventa bien por adjudicación judicial, a exigir q.ue terminen los arrenda-mientos de ella, salvo pacto en contrario y lo dispuesto en la Ley Hipotecaria.

      “6. Considerando: que lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley Hipotecaria acerca del que tuviere accesiones o mejoras que no se hubiesen hipotecado junto con la finca que pasare por adjudicación o venta a otras manos, es el derecho a ser indemnizado de ellas por el nuevo propietario, pero en manera alguna, como pretende el Sr. Puig, el expresado derecho se extiende a impedir que el nuevo y legí-timo dueño pueda ejercitar las acciones que se derivan de un domi-nio sobre la finca adjudicada.
    “7. Considerando: que si el demandado Don Miguel Valentín Puig reedificó y construyó mejoras en la finca ‘Honradez’ después de haber sido ésta hipotecada al banco, sólo tiene derecho.a que por éste se le indemnice, previa tasación, el importe de esas mejoras, pero no puede oponerse a que el banco ejercite su acción dominical de desa-hucio sobre la finca que se le adjudicó si, como en el caso de (*) autos, ha cumplido previamente con el requisito de avisarle 30 días antes, que es lo que exige la regla 2a. del artículo 1560 de la Ley de Enjui-ciamiento Civil.
    “8. Considerando: que tampoco tiene eficacia ni valor legal al-guno para impedir el desahucio pretendido por el banco, el hecho de que la finca ‘Honradez’ estuviere considerada desde el año 1895 como Colonia Agrícola con todos los derechos concedidos por la Ley de Colonias Agrícolas, a las fincas que estuviesen consideradas como tales, pues aparte de que tal concesión .es indiscutible por lo dudoso, toda vez que el Ayuntamiento de Ciales interpuso un recurso de nulidad, que fué admitido, contra la resolución del Gobierno Es-pañol que declaró la concesión, recurso que quedó en suspenso por el cambio de dominación, el contenido de la repetida concesión se li-mita a los beneficios de los artículos 8 y 9 de la Ley de Colonias Agrícolas, los cuales artículos se refieren únicamente a exención de contribuciones por un lapso de tiempo más o menos largo, pero en modo alguno a impedir que la finca pudiese pasar por cualquier título a manos de un tercero.
    “9. Considerando: que si el Banco Territorial posee un título legítimo de propiedad sobre la hacienda ‘Honradez,’ el arrenda-miento de parte de la misma, hecho por el antiguo dueño, Don Lorenzo Joy a Don Miguel Valentín Puig, ha cesado, los beneficios de Colonia Agrícola que ostentaba la referida hacienda son indepen-dientes de la acción ejercitada en este pleito, y los colonos o habi-tantes de aquélla fueron avisados con anticipación para el desalojo, es evidente que procede declarar con lugar la demanda interpuesta.

      “10. Considerando: que al no baber formalizado su oposición en. estos autos los demandados Joy y Arocbo, por la cual fueron decla-rados en rebeldía, dejando por completo desamparada su representa-ción en el pleito, debe hacerse extensiva a ellos la misma resolución que se dicte en cuanto al otro demandado Puig.
    “11. Considerando: que conforme a la regla 63 de la Orden General, No. 118 de 1899, debe ser condenado en costas el litigante cuyas pretensiones hubiesen sido totalmente desestimadas, y habiendo formalizado pretensiones únicamente Don Francisco Castañer como apoderado de Don Miguel Valentín Puig y Enseñat, que reside en España, pretensiones que se desestiman en este pleito, a él solamente deben imponerse las costas.
    “Vistos los artículos 348 y 1571 del Código Civil; 110, 112 y 113 de la Ley Hipotecaria y sus concordantes del Reglamento; 371, 1559,(*) 1560, 1561 y 1587 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y Orden General, No. 118 de 1899.

      “Fallamos: que debemos declarar y declaramos con lugar la de-manda de desahucio interpuesta por el Banco Territorial y Agrícola de San Juan contra Don Lorenzo Joy, Don Calixto Arocho y Don Francisco Castañer por sí y como apoderados de D. Miguel Valentín Puig y Enseñat, a quienes condenamos a desalojar dentro del tér-mino de 20 días la hacienda ‘Honradez,’ sita en el barrio de Cialitos, jurisdicción de Cíales; apercibidos de ser lanzados si no la desalojan en el término señalado de 20' días, con las costas a Don Miguel Valen-tín Puig y Enseñat. Así por esta nuestra sentencia, lo pronuncia-mos, mandamos y firmamos: Felipe Cuchí, Otto Schoenrich y Enrique González Darder.’’

      'Resultando: que contra la anterior sentencia interpuso* Don Miguel Valentín Puig y Enseñat recurso de casación por infracción ele ley y elevados los autos a esta Corte Suprema se sustanció el recurso como de apelación, cumpliendo con la Ley de la Asamblea Legislativa de doce de marzo último, señalándose día para la vista, en la que el letrado de la parte apelante y el de la apelada, alegaron cuanto estimaron con-veniente a la defensa de sus respectivas pretensiones.
    Abogado del apelante: Sr. Jacinto Texidor.

    Abogado del apelado: Sr. Juan de Guzmán Benitez.

   El Juez Asociado Sb. Figueras,

después ele exponer los hechos anteriores, emitió la opinión del tribunal.

Aceptando los fundamentos de hecho y de derecho de la sentencia recurrida.

Vistas las disposiciones legales que en la misma se citan, la Ley de la Asamblea Legislativa de 12 de marzo último y el artículo 872 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Fallamos: que debemos confirmar y confirmamos la sen-tencia que dictó la corte de Arecibo en nueve de febrero del año próximo pasado y que declaró con lugar la demanda de desahucio deducida por el Banco Territorial y Agrícola contra Don Lorenzo Joy, Don Calixto Arocho y Don Francisco Castañer por sí y como apoderados de Don Miguel Valen-tín (*) Puig con los demás pronunciamientos del caso e impo-nemos las costas de esta superioridad al apelante don Miguel Valentín Puig y Enseñat; y devuélvanse ios autos a la Corte del Distrito de Arecibo con la certificación correspondiente.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-das Hernández y MacLeary.

El Juez Asociado Sr. Sulzbacher no formó tribunal en la vista de este caso.


author: El Juez Presideote Sr. QuiñoNes,

text:
    Cajigas v. Sucesión Prats.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 19.
    Resuelto en febrero 12, 1904.
    Contratos — Obligaciones—Partes Contratantes. — Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse a tenor de los mismos.
    Id. — Exigibilidad de las Obligaciones. — Las obligaciones que tienen plazo fijo para su cumplimiento, son exigibles desde el momento en que transcurriere aquél.
    Id. — Cumplimiento de las Obligaciones — Morosidad—Indemnización—Intere-ses. — Los que en el cumplimiento de las obligaciones incurran en morosidad, vienen obligados a indemnizar daños y perjuicios y esa indemnización eonsis-tirá en el pago de intereses convenidos, o a falta de convenio, en el interés, legal, en los casos en que la obligación consista en el pago de una cantidad determinada.
    Herederos — Acreedores.—Los herederos suceden al difunto en todos sus dere-chos y acciones y los acreedores de éste pueden dirigir sus reclamaciones contra cualquiera de aquéllos.
    Partes — Prueba de Confesión. — Citada una parte a confesión por dos veces, sin haber comparecido, ni alegar justa causa, es procedente declararla confesa.
    Costas. — Las costas deben imponerse al litigante cuyas pretensiones se desestimen totalmente.
    Legatarios — Herederos—Juicio Voluntario de Testamentaría — Liquidación del Caudal Belicto. — Los legatarios de parte alícuota del caudal no son parte obligada, en los juicios que se promuevan por los acreedores del finado, pues no tienen la representación de éste, que compete exclusivamente a los herederos, sin perjuicio del derecho de los legatarios para promover el juicio voluntario de testamentaría e intervenir en la liquidación del caudal relicto. (*)
    Apelación — Subsanación de Paltas. — Las faltas cuya subsanaeión no se hubiere solicitado oportunamente, se estimarán consentidas y no pueden constituir motivo de revocación de la sentencia apelada.
    EXPOSICIÓN DEL CASO.
    En los autos del juicio declarativo seguido en el Tribunal de Distrito de Mayagiiez en cobro de pesos, entre partes, de la una Don José Cajigas, como demandante, representado por su abogado defensor Don Francisco Pelegrí, y de la otra, como demandada, la Sucesión de Don Eosendo Prats Preixas, que la componen su viuda, Doña Eosa Vidal; su bija, Doña Esperanza Prats; los menores, Doña Isabel, Doña Elena y D. Jaime, bijos de D. Eosendo Prats y Padilla, a, quienes representa su madre, Doña Celeste Jaqnot; y los bijos natu-rales reconocidos, D. Francisco y D. Eugenio Prats, represen-tados y defendidos, los primeros por su abogado defensor, D. Luis Campillo y Abrabams, habiendo sido declarados los dos últimos en rebeldía; autos que penden ante nos a vir-tud del recurso de casación por quebrantamiento de forma, boy de apelación, interpuesto por la representación de los demandados, Doña Eosa Vidal, Doña Esperanza Prats y Doña Celeste Jaqnot, y por Doña Ofelia López, contra la sentencia dictada por diclio Tribunal de Distrito, en 31 de julio de 1901, que transcrita a la letra dice así:

      “Sentencia. En la ciudad de Mayagüez a 31 de julio de 1901, los señores Don Arturo Aponte y Rodríguez, juez presidente; Mr. James E. Erwin, asociado, y Don Luis Méndez Yaz, suplente, que componen el tribunal de distrito de la misma.

      “Visto ante el tribunal de distrito este pleito seguido entre partes de una el Licenciado Don Juan Vázquez y posteriormente el Letrado Don Francisco Pelegrí en representación de Don José Cajigas, de este domicilio, profesión industrial, como demandante; y de la otra el Licenciado Don Luis Campillo en representación de Doña Rosa Vidal, Doña Esperanza Prats y Doña Celeste Jaquot, viuda de Prats, y en su carácter de representante de sus menores Rijos legítimos, las (*) dos primeras de este vecindario y la tercera vecina de San Germán, como demandadas, en cobro de pesos.

      “Resultando: que el 12 'de julio de 1900 el Letrado Don Juan Vázquez en representación de Don José Cajigas presentó escrito soli-citando embargo preventivo contra los bienes de la sucesión de Don Rosendo Prats, el cual previa prestación de fianza Ripotecaria fue despachada de cuenta y riesgo del acreedor, el 16 del mismo mes y año, llevándose a cabo el mismo día en varios bienes inmuebles de la sucesión demandada.

      “Resultmdo: que el propio letrado presentó demanda el primero de agosto de mil novecientos, en el correspondiente juicio declarativo, interesando se condenase a la sucesión demandada al pago de 4,581 pesos, intereses y costas, suplicando a. la vez se ratificase el embargo preventivo a que se refiere el resultando anterior.

      “Resultando: que conferido traslado a los demandados se personó el Letrado Don Luis Campillo en representación de Doña Rosa Vidal, Doña Esperanza Prats y Doña Celeste Jaquot en representación de sus menores Rijos, solicitando se les absolviese de la demanda con la imposición de las costas al demandante en atención a no haber sido citados Doña Ofelia y Amelia López legatarias de parte alícuota del caudal relicto.

      “ Restiltando: que habiéndose emplazado por edictos y por dos veces consecutivas a los herederos Don Francisco y Eugenio Prats, cuyo domicilio se ignora, no se personaron a su debido tiempo por cuya causa se -les declaró a petición del demandado, en rebeldía.

      “Resultando: que abierto el juicio a prueba se señaló para la comparecencia que determina la ley el 18 de mayo del año en curso, a cuyo acto concurrieron los representantes de las partes y propusieron la que creyeron conveniente a los intereses de sus representados; las que fueron declaradas pertinentes y se mandaron practicar con cita-ción de la parte contraria señalándose para el día del juicio oral el 14 de junio último.

      “Resultando: que' en el momento del juicio oral la representación de los demandados dedujo artículo incidental de previo y especial pronunciamiento, solicitando la nulidad de lo actuado en atención a no haber sido citados los legatarios a que se ha aludido anterior-mente, el cual fué declarado sin lugar por auto motivado del tribunal.

      “Resultando: que no habiendo concurrido los demandados a re-conocer (*) en el momento del juicio oral la legitimidad de las firmas que obran al pie de los documentos, así como la autenticidad de los vales y certeza de la deuda, el actor solicitó se suspendiese el juicio y se citase nuevamente a los herederos bajo apercibimiento de ser declarados confesos, accediendo el Tribunal a esta petición y suspen-diéndose en su consecuencia el juicio.

      “Resultando: que señalado nuevamente el juicio para el 20 del corriente, tampoco comparecieron los demandados al reconocimiento que se interesaba en cuya virtud el actor solicitó se les declarara con-fesos, siendo examinado seguidamente el perito Don Alejandro Díaz, el cual dictaminó que la firma que autoriza los vales que motivan esta reclamación, cotejada con otras indubitadas, era la misma que usaba Don Rosendo Prats causante de los demandados.

      “Resultando: que señalado día para la votación de la sentencia tuvo ésta lugar en el día de hoy y hora señalada, la cual fué votada por unanimidad.

      “Resultando: que en este juicio se han guardado las reglas del procedimiento.
    “ Vistos, siendo juez instructor Don Luis-Méndez Vaz, y

      “Considerando: que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre1 las partes contratantes y deben cumplirse a tenor de los mismos.

      “Considerando: que las obligaciones que tienen señalado día fijo son exigibles desde que el día llega.

      “Considerando: que vienen obligados a indemnizar los que en el cumplimiento de las obligaciones incurren en morosidad y que cuando la obligación consiste en el pago de una cantidad, la indemnización de daños y perjuicios consistirá en el pago del interés convenido y a falta de éste el interés legal.
    ‘ ‘ Considerando: que los herederos suceden al difunto en todos sus derechos y acciones y que los acreedores de aquél pueden dirigir sus reclamaciones contra cualquiera de ellos.

      “Considerando: que citada a confesión una de las partes por dos veces consecutivas sin que comparezca ni alegue justa causa, es pro-cedente declararla confesa.

      “Considerando: que la prueba pericial queda su apreciación al arbitrio del tribunal y en el caso presente es pertinente apreciarla favorablemente al actor.
    ‘ ‘ Considerando: que el litigante cuyas pretensiones sean totalmente desestimadas debe ser condenado en costas. (*)
    “Vistos.los artículos 661, 1084, 1089, 1091, 1101, 1108, 1125 y de-más de aplicación del Código Civil, 592, 609 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Orden General número 118.

      “Fallamos: que debemos declarar y declaramos con lugar la presente demanda y en su consecuencia condenamos a los deman-dados al pago de la cantidad reclamada, sus intereses legales desde la interposición de la demanda y las costas de este juicio.
    “Así por ésta nuestra sentencia, definitivamente juzgando lo pro-nunciamos, mandamos y firmamos: Arturo Aponte, J. A. Erwin, Luis Méndez Yaz.”

      Resultando: que contra esta sentencia interpuso la repre-sentación de Doña Eosa Vidal, Doña Esperanza Prats y su esposo, Don Miguel Casanova; Doña Celeste Jaquot, en re-presentación de sus hijos menores, y de Doña Ofelia López, recurso de casación por quebrantamiento de forma, como comprendido en los casos 1 y 4 del artículo 1691 de la ley de Enjuiciamiento Civil, por no haber sido emplazadas Doña Amelia y Doña Ofelia López para contestar la demanda, como debieron serlo por formar parte de la sucesión de Don Eosendo Prats, como legatario de parte alícuota del caudal, por no haber notificado en Estrados a los rebeldes, Don Francisco y Don Eugenio Prats, el auto del folio 102 vuelto, con-vocando a las partes para la promoción de pruebas, ni el del folio 108 vuelto y por no habérseles citado para la práctica de la prueba propuesta y admitida, ni para el juicio oral, ni para la sentencia, como debieron serlo antes de la votación de la misma; y que admitido dicbo recurso y elevados los autos a esta Superioridad, con citación y emplazamiento de las partes; personadas éstas y subsanado el defecto anotado de la falta de notificación de la sentencia definitiva a los de-mandados rebeldes Don Francisco y Don Eugenio Prats, como se verificó por edictos publicados en los periódicos de la localidad, se dió a los autos la tramitación marcada por la ley de la Asamblea Legislativa de esta Isla, transformando esta Corte Suprema en Tribunal de Apelación, y señalado día para la vista, con (*) citación de las partes, se verificó dicbo acto con asistencia del abogado defensor de la parte apelada.
    Abogado de los apelantes: Sr. Fernando Vázquez.

    Abogado del apelado: Sr. Alvarez Nava.

   El Juez Presideote Sr. QuiñoNes,

después de exponer los becbos anteriores, emitió la opinión del tribunal.

Aceptando los fundamentos de becbo y de derecho de la sentencia apelada, y

Considerando: además, en cuanto a la falta de citación y emplazamiento para este juicio de Doña Ofelia y Doña Amelia López, que los legatarios de parte alícuota del caudal no son parte obligada en los juicios que se promuevan por los acreedores para el pago de las deudas pendientes del finado, puesto que la ley no les atribuye la representación de éste, la que exclusivamente compete a los herederos, sin perjuicio del derecho de dichos legatarios para intervenir en la liquida-ción del caudal relicto, con cuyo objeto pueden ejercitar la facultad que les concede el artículo 1038 de la Ley de Enjuicia-miento Civil de promover el juicio voluntario de testamen-taría.

Considerando: en cuanto a las faltas de notificación y cita-ción de los demandados, Don Francisco y D. Eugenio Prats, respecto de los cuales se declaró contestada la demanda en rebeldía y han continuado en este estado, que no habiéndose pedido oportunamente por los apelantes la subsanación de las faltas cometidas, como pudieron hacerlo en el acto del juicio oral, según lo hicieron para subsanar la falta de citación de los otros legatarios, Doña Ofelia y Doña Amelia López, deben estimarse consentidas, y no pneden prevalerse de ellas los apelantes para pedir la revocación de la sentencia apelada.

Vistas las disposiciones legales citadas en dicha sentencia.

Fallamos: qne debemos confirmar y confirmamos la sen-tencia apelada, con las costas de esta segunda instancia a los apelantes. (*)

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Sulzbacher y Mac: Leary.

El Juez Asociado Sr. Figueras no formó tribunal en la vista de este caso.


author: El Juez Asociado Sb. Heenández,

text:
    Lecler v. Olivieri.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 44.
    Resuelto en febrero 15, 1904.
    Nulidad de Actuaciones — Juicio Declarativo — Incidente.—Las peticiones de nulidad de actuaciones formuladas en un juicio ejecutivo y en el procedi-miento de apremio, aun pendiente, no pueden ser materia de un juicio declara-tivo, debiendo serlo en su caso, de un incidente.
    Id. — En los juicios ejecutivos no pueden promoverse otros incidentes que los que surjan de cuestiones de competencia o de acumulación a un juicio universal.
    EXPOSICIÓN DEL CASO.
    En el recurso de apelación interpuesto por Doña Guadalupe Lecler y Diendoné de Turnet en juicio declarativo pro-movido por la misma ante la Corte de Distrito de Mayagüez contra Doña Ricarda Olivieri de Capifali sobre nulidad de actuaciones, habiendo representado ante esta Corte Suprema a la parte apelante el Letrado Don Ignacio Hidalgo.

      Resultando: que con fecha 20 de marzo del año próximo pasado Doña Guadalupe Lecler y Diendoné de Tnrnet, re-presentada por el Letrado Don Ignacio Hidalgo, presentó demanda ante el Tribunal de Distrito de Mayagüez, contra Doña Ricarda Olivieri y Capifali, para que previos los trá-mites del juicio declarativo se dictara en su día sentencia declarando la nulidad de todo lo actuado desde el 29 de octu-bre del año anterior en un juicio ejecutivo contra ella seguido, primero por Don Joaquín Tornabells, como cesionario de Don Teófilo Olivieri, y continuado después por la (*) her-mana de éste, Doña Ricarda, como cesionario de Tornabells, con imposición de las costas y condena de daños y perjuicios a la parte demandada, alegando que por haber caducado la instancia no pudo abrirse, de nuevo el juicio y que la cesión de Tornabells a Doña Ricarda Olivieri no se hizo llenando los requisitos prescritos en el artículo 1535, en relación- con el 1536, del antiguo Código Civil.

      Resultando: que por orden de la Corte de Mayagüez cer-tificó su secretario que el juicio ejecutivo de referencia fué iniciado por Don Joaquín Tornabells, como cesionario de Don Teófilo Olivieri y lo siguió hasta el 27 de marzo de 1899, habiéndose presentado luego a continuarlo, en 29 de octubre de 1902, Doña Ricarda Olivieri de Oapifali, como cesionaria de Tornabells y ha estado en curso hasta el 16 de febrero de 1903, en que se suspendió su vía de apremio en virtud de tercería de dominio interpuesta por Don Darío Reyes.

      Resultando: que en 31 de marzo del año próximo pasado, la Corte de Mayagüez dictó auto declarando no haber lugar a admitir y sustanciar la demanda interpuesta, y habiendo solicitado reposición de dicho auto la representación de Doña Guadalupe Lecler, fué también desestimada por auto de 14 de abril siguiente.

      Resultando: que contra ambas resoluciones de 31 de marzo y 14 de abril, interpuso Doña Guadalupe Lecler re-.curso de apelación que le fué admitido, y elevados los autos a esta Corte Suprema previa citación'y emplazamiento de la parte apelante, se dio al recurso la tramitación correspon-diente, señalándose día para la vista, la que tnvo lngar sin asistencia de letrado alguno.
    Abogado del apelante: Sr. Hidalgo.

    La parte apelada no compareció.
   El Juez Asociado Sb. Heenández,

después de exponer los. becbos anteriores, emitió .la opinión del Tribunal.

Considerando: que la cuestión traída a debate en la de-manda producida por Doña Guadalupe Lecler y Diendoné, se (*) refiere a nulidad de actuaciones en el procedimiento, de apremio aun pendiente de un juicio ejecutivo seguido contra la demandante, y por tanto, no puede ser materia de un juicio declarativo, debiendo serlo, en su caso, de un incidente, con arreglo a los artículos 741 y 744 de la Ley de Enjuicia-miento Civil, cuya ley marca también los trámites para su sustanciación, pero tal incidente sería inadmisible, por caber solamente en los juicios ejecutivos, los que nacen de cues-tiones de competencia o de acumulación de un juicio universal, según el artículo 1478 de la ley citada.

Vistos los textos legales anteriormente citados.

Se confirma el. auto apelado de 31 de marzo del año próxi-mo pasado, con su. concordante de 14 de abril siguiente, con las costas a la parte recurrente; y con certificación de esta resolución, devuélvanse los autos a la Corte de Distrito de Mayagüez a los fines procedentes.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones, y Aso-ciados Figueras y MacLeary.

El Juez Asociado Sr, Sulzbacber no formó tribunal en la vista de este caso.