author: PER CURIAM:

text:
      In re Nicolás Ortiz Guevara y Eugenio Rivera Lozada, querellantes.

      Número: CP-2014-6

      Resuelto: 21 de marzo de 2016

      Karla Z. Pacheco Álvarez, subprocuradora general, y Yaiza-marie Lugo Fontánez, procuradora general auxiliar; Manuel Reyes Dávila, abogado de Eugenio Rivera Lozada, querellante; Luis E. Delannoy Solé, abogado de Nicolás Ortiz Guevara, querellante; Nicolás Ortiz Guevara, pro se; Eugenio Rivera Lozada, pro se; Carlos S. Dávila Vélez, co-misionado especial.
   PER CURIAM:

I

El Lcdo. Nicolás Ortiz Guevara (licenciado Ortiz Guevara) fue admitido al ejercicio de la abogacía el 30 de no-viembre de 1982 y prestó juramento como notario el 1 de febrero de 1983. Por otro lado, el Ledo. Eugenio Rivera Lozada (licenciado Rivera Lozada) fue admitido a la prác-tica de la abogacía el 14 de diciembre de 1967. El 15 de abril de 2014, la Procuradora General presentó una Que-rella sobre conducta profesional contra ambos letrados.

La Querella surge con relación al caso Sucesión de Gregorio Maldonado Ortiz y Otros v. Sucesión de Francisco Maldonado Hernández y Otros, DAC1995-0855 (505). Mediante una Resolución de 24 de mayo de 2011, el Tribunal de Apelaciones refirió el asunto a este Tribunal por enten-der que ambos licenciados pudieron haber infringido es-tándares éticos al representar clientes con intereses encontrados. Esto en cumplimiento con los Cánones 7 y 14 de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B.

Tras los trámites de rigor, el Comisionado Especial de-signado, Hon. Carlos S. Dávila Vélez, rindió su Informe el 13 de octubre de 2015. En este adoptó la relación de hechos estipulada por las partes. A continuación resumimos los hechos pertinentes.

El 5 de agosto de 2008, el Tribunal de Primera Instancia emitió una Sentencia en la que declaró “con lugar” la Demanda presentada en el caso Sucesión de Gregorio Maldonado Ortiz y Otros v. Sucesión de Francisco Maldonado Hernández y Otros, supra. Cabe señalar que las partes de ese caso incluyen sucesiones y numerosos herederos por representación. El Ledo. Eugenio Rivera Lozada era el representante legal de la parte demandante.

Así las cosas, mediante Opinión per curiam de 26 de junio de 2009, notificada el 13 de julio de 2009, suspendi-mos de forma inmediata y por seis meses del ejercicio de la abogacía al licenciado Rivera Lozada. La sentencia emi-tida en esa ocasión le requería al licenciado Rivera Lozada “informarle oportunamente de su suspensión a los distintos foros judiciales y administrativos del país”, entre otros requerimientos. (Énfasis suplido). In re Rivera Lozada, 176 DPR 215, 232 (2009).

El 13 de julio de 2009, el licenciado Rivera Lozada, en representación de la parte demandante, presentó dos mo-ciones, entre ellas, una Moción Solicitando Fijación de Gas-tos y Honorarios. Esta moción solicitaba aquellos gastos y honorarios en que incurrió durante su representación legal a favor de todos los herederos. No obstante, el 14 de julio de 2009 presentó una Moción Informando Nueva Repre-sentación Legal, en la que manifestó que a partir del 13 de julio de 2009 sería sustituido por el Ledo. Eugenio Rivera Ramos. El tribunal aceptó esta sustitución el 23 de julio. No obstante, el 14 de septiembre de 2009, el tribunal aceptó la renuncia del Ledo. Eugenio Rivera Ramos y aceptó al Ledo. Nicolás Ortiz Guevara como representante legal de la parte demandante.

Durante este periodo, el tribunal emitió diversas órdenes relacionadas con las dos mociones de 13 de julio de 2009, entre ellas que se presentaran ciertos documentos (tales como copia del Contrato de Servicios Profesionales y factura sobre gastos y honorarios) y que se notificaran las mociones a la parte interventora. El 23 de septiembre de 2009, notifi-cada el 30 de septiembre de 2009, el tribunal dio por desis-tida las solicitudes presentadas en estas mociones ante el reiterado incumplimiento de la representación legal de la parte demandante con sus múltiples órdenes.

El 6 de octubre de 2009, el licenciado Ortiz Guevara presentó una Moción de Renuncia de Representación Legal, en la que informó que fue contratado por la Sra. Carmen Felisa Morales Maldonado en representación de los herederos demandantes y que les había informado su re-nuncia al caso debido a asuntos familiares de naturaleza delicada. El tribunal denegó esta solicitud. Además, dicho foro le ordenó que proveyera la dirección física de sus clientes. No obstante, el licenciado Ortiz Guevara com-pareció ante el tribunal el 13 de noviembre de 2009 y soli-citó los honorarios de abogado a favor del licenciado Rivera Lozada. En su escrito indicó que comparecía “solamente para representar al Ledo. Eugenio Rivera Lozada en su interés”. Por ello, el tribunal emitió una orden en la que indicaba que el licenciado Ortiz Guevara no había sido re-levado de la representación legal de los demandantes.

Luego de varias solicitudes de renuncia, ante una nueva solicitud de 9 de julio de 2010 presentada por el licenciado Ortiz Guevara, el foro primario determinó que dispondría de la misma tan pronto se anunciara una nueva representación legal para la parte demandante. Sin embargo, a la vista especial celebrada el 27 de septiembre de 2010 no compareció la parte demandante ni el licenciado Ortiz Guevara, por lo que se transfirió la vista para el 17 de diciembre de 2010. Además, se le ordenó al licenciado Ortiz Guevara que acudiera so pena de sanciones.

Por otro lado, el 22 de noviembre de 2010 el licenciado Rivera Lozada, por derecho propio, presentó una solicitud de intervención y solicitó que se le pagaran los honorarios correspondientes. Mediante una Resolución de 2 de diciem-bre de 2010, el tribunal indicó que dicha solicitud se resol-vería en la vista de 17 de diciembre de 2010. Llegada la fecha, esta fue declarada “no ha lugar”. De la Minuta de la vista del 17 de diciembre de 2010 surge que varios code-mandantes, entre ellos la Sra. Carmen F. Morales Maído-nado, estuvieron de acuerdo con el desistimiento sin per-juicio de la causa de acción. Asimismo, el 3 de febrero de 2011 estos presentaron una Estipulación para el Desisti-miento sin Perjuicio del Pleito. Por lo tanto, mediante Sen-tencia de 10 de febrero de 2011, el Tribunal de Primera Instancia decretó el archivo del caso sin perjuicio.

Cabe señalar que el 2 de febrero de 2011 el licenciado Rivera Lozada presentó una Moción Asumiendo Repre-sentación Legal y Solicitud de Término, en la que indicó que asumía la representación legal de la parte demandante. Dado un acuerdo de desistimiento bajo jura-mento de las partes, el tribunal determinó que nada tenía que disponer sobre la solicitud presentada por el licen-ciado Rivera Lozada. De la Sentencia Enmendada de 17 de marzo de 2011 surge que la Leda. Migdalia Torres Díaz representó a la Sra. Carmen F. Morales Maldonado en la vista en la que los codemandantes desistieron sin perjui-cio y bajo juramento.

Sin embargo, el 23 de marzo de 2011 el licenciado Rivera Lozada presentó un recurso intitulado “Apelación” ante el Tribunal de Apelaciones. Solicitó la revisión de la Sentencia dictada en representación de Carmen F. Morales Maldonado y de todos los herederos de la Sucesión de don Gregorio Maldonado Ortiz y de la Sucesión de doña Belén Hernández Bracero. Sostuvo, entre otras cosas, que la se-ñora Morales Maldonado estuvo ausente en la vista especial y que ni ella ni la sucesión estaban debidamente representados. El Tribunal de Apelaciones denegó la expe-dición del recurso presentado y resolvió que los errores se-ñalados eran frívolos, dado que la peticionaria compareció a la vista en cuestión representada por otra letrada y que aceptó bajo juramento desistir del caso sin perjuicio, entre otras cosas. Asimismo, le impuso a la peticionaria una san-ción de doscientos dólares ($200) a favor del Estado. El licenciado Rivera Lozada solicitó la reconsideración de la Resolución emitida, pero fue denegada. Inconforme, acudió mediante un recurso de certiorari ante nos, petición que declaramos “no ha lugar” el 4 de noviembre de 2011.

Luego que el Tribunal de Primera Instancia concediera a la Sra. Carmen F. Morales Maldonado diez (10) días para que consignara los doscientos ($200) dólares a favor del Estado, so pena de sanciones mayores, la Leda. Migdalia Torres Díaz, en representación de la señora Morales Maldonado, informó al tribunal que su cliente no había auto-rizado al licenciado Rivera Lozada a comparecer ante el Tribunal de Apelaciones en representación de esta para presentar un escrito de certiorari. Ante la Orden del tribunal, el 9 de diciembre de 2011 la señora Morales Maído-nado aseveró nuevamente bajo juramento que nunca auto-rizó al licenciado Rivera Lozada a presentar un recurso ante el Tribunal de Apelaciones.

Así las cosas, la Oficina de la Procuradora General pre-sentó cargos contra los licenciados Ortiz Guevara y Rivera Lozada. Al licenciado Ortiz Guevara le imputó violaciones a los Cánones 20, 21 y 38 del Código Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, por defender intereses encontrados. Por otro lado, imputó violaciones a los Cánones 9, 12, 17, 21, 26, 35 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRAAp. IX, al licenciado Rivera Lozada.

En cuanto a las violaciones imputadas al licenciado Ortiz Guevara, el Comisionado Especial concluyó que este in-currió en conducta violatoria de los Cánones 20, 21 y 38 del Código de Ética Profesional, supra. No obstante, reco-mendó que se consideraran ciertos atenuantes.

Por otro lado, en cuanto a los cargos por violación a los Cánones 9, 12, 17, 21, 26, 35 y 38 del Código de Ética Profesional, supra, por parte del licenciado Rivera Lozada, el Comisionado Especial concluyó que todos ellos fueron violados.

Procedemos entonces a analizar las normas aplicables.

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El Código de Ética Profesional recoge las normas mínimas de conducta que deben seguir las y los miembros de la profesión legal. Ello con el objetivo de promover un comportamiento ejemplar para beneficio de la ciudadanía, la profesión y las instituciones de justicia. In re Guemárez Santiago, 191 DPR 611 (2014); In re Ortiz Delgado, 189 DPR 826, 830 (2013).

Así, el Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra, dispone que los abogados y las abogadas deben “ob-servar para con los tribunales una conducta que se carac-terice por el mayor respeto”. Asimismo, deben responder de forma diligente y oportuna a nuestras órdenes y requeri-mientos, máxime si están relacionadas con los procedi-mientos disciplinarios sobre su conducta profesional. In re Pestaña Segovia, 192 DPR 485 (2015); In re Irizarry Irizarry, 190 DPR 368 (2014).

Además, el Canon 12, supra, en lo pertinente, establece que “[e]s deber del abogado hacia el tribunal, sus compañeros, las partes y testigos el ser puntual en su asis-tencia y conciso y exacto en el trámite y presentación de las causas”. Entre otras cosas, le requiere “ ‘desplegar todas las diligencias necesarias para asegurarse de que no se causen dilaciones indebidas en la tramitación y solución del caso’ In re Pestaña Segovia, supra, pág. 494, citando a In re Hernández González, 188 DPR 721, 727 (2013). Por otro lado, el Canon 17, supra, indica, entre otras cosas, que la firma de un abogado o abogada en una alegación en un caso implica que certifica que ha leído la alegación y que, de acuerdo con su mejor conocimiento, información y cre-encia, está bien fundamentada y cuenta con evidencia para probarla. De lo contrario, este falla en actuar con la máxima diligencia que imponen los estándares éticos. In re Guemárez Santiago, supra.

Asimismo, tras comparecer ante un tribunal en re-presentación de una parte, el abogado o la abogada no puede dejar de descargar su responsabilidad con la debida diligencia. Esto independientemente de la razón por la cual la asumió en primer lugar, pues la parte se convierte en su cliente y este tiene el deber de defender sus intereses diligentemente. In re Iglesias García, 183 DPR 572 (2011). Por lo tanto, el y la profesional no puede renunciar a esta responsabilidad sin antes obtener permiso del tribunal y to-mar las medidas razonables y necesarias para evitar que se le causen perjuicios al cliente en conformidad con el Canon 20, supra, canon que establece el procedimiento a seguir. In re Pestaña Segovia, supra; In re Siverio Orta, 117 DPR 14 (1986). Asimismo, tan pronto el tribunal acepta la renuncia, los abogados y las abogadas tienen la obligación de entre-garle a su cliente el expediente y todo documento relacio-nado con el caso. In re Villalba Ojeda, 193 DPR 966 (2015).

Por otro lado, el Canon 21 del Código de Ética Profesional, supra, impone a los miembros de la profesión legal completa lealtad hacia sus clientes y busca evitar que los abogados y las abogadas incurran en la representación de intereses encontrados. In re Aponte Duchesne, 191 DPR 247 (2014); In re Gordon Menéndez, 183 DPR 628, 638 (2011). Varias situaciones se deben evitar bajo este canon. En primer lugar, no se debe aceptar la representa-ción legal cuando esta pueda verse afectada por las expec-tativas o los intereses personales del abogado o de la abogada. In re Aponte Duchesne, supra; In re Gordon Menéndez, supra, pág. 641; In re Torres Viera, 170 DPR 306, 311 (2007). Asimismo, se debe evitar tanto aceptar la re-presentación legal simultánea de dos clientes con intereses contrapuestos, como aceptar la representación legal de un cliente en asuntos que puedan afectar cualquier interés de un cliente anterior. In re Gordon Menéndez, supra, págs. 639-641; In re Torres Viera, supra, pág. 311.

En cuanto al Canon 26, supra, este dispone que “ [e]l abogado debe obedecer siempre su propia consciencia y no la de su cliente”. Señala también, en lo pertinente, que es altamente impropio que un abogado o una abogada aconseje transacciones o actos contrarios a la ley, que en-table pleitos viciosos o que instigue falsas defensas “ ‘sin que pueda el abogado justificar dichos actos con el pretexto de que al actuar así, lo hizo siguiendo las instrucciones de su cliente’ ”. In re Guzmán Guzmán, 181 DPR 495, 510 (2011). Asimismo, el Canon 35, supra, dispone, en lo perti-nente, que “[l]a conducta de cualquier miembro de la pro-fesión legal ante los tribunales, para con sus representados y en las relaciones con sus compañeros debe ser sincera y honrada”.

Por último, el Canon 38, supra, dispone que los abogados y las abogadas deben “esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios perso-nales y debe evitar hasta la apariencia de conducta profe-sional impropia”. Véanse: In re Pestaña Segovia, supra; In re Iglesias García, supra. Esto, dado que “toda conducta contraria a las pautas éticas pone en entredicho las valio-sas ejecutorias y beneficios a los cuales los profesionales del derecho han contribuido históricamente”. In re Iglesias García, supra, pág. 577. Por ello, hemos señalado en innu-merables ocasiones que “ ‘por ser los abogados el espejo donde se refleja la imagen de la profesión, éstos deben ac-tuar con el más escrupuloso sentido de responsabilidad que impone la función social que ejercen’ ”. In re Guemárez Santiago, supra, pág. 620, citando a In re Santiago Ríos, 172 DPR 802, 822 (2007).

Por otro lado, al determinar la sanción discipli-naria que le impondremos a un abogado o una abogada evaluamos, entre otras cosas, su historial, principalmente si se trata de una primera falta o de una conducta aislada. Asimismo, evaluamos si el abogado o la abogada goza de buena reputación en la comunidad. También consideramos los daños causados a terceros como consecuencia de sus actuaciones antiéticas. Ello sin que se entienda que condo-namos la conducta violatoria del Código de Etica Profesio-nal bajo el pretexto de que no hubo mayores consecuencias. In re Guzmán Guzmán, supra.

Asimismo, debido a la función desempeñada por el Co-misionado Especial, sus determinaciones fácticas merecen nuestra mayor deferencia. Esto, pues es él quien celebra una vista para recibir la prueba y rinde un informe con sus conclusiones de derecho. A pesar de no estar obligados a aceptar su informe en un procedimiento disciplinario contra un abogado o una, de ordinario sostendremos sus de-terminaciones de hecho, salvo que se demuestre prejuicio, parcialidad o error manifiesto. In re Guzmán Guzmán, supra, pág. 511.

Con estos preceptos en mente, examinemos las conduc-tas ante nuestra consideración.

III

A. Lcdo. Nicolás Ortiz Guevara

AI Ledo. Nicolás Ortiz Guevara se le imputa haber vio-lado los Cánones 20, 21 y 38 del Código de Ética Profesional. Esto, pues quedó probado que renunció a la representación legal de la parte demandante y le entregó el expediente del caso antes de que el tribunal aceptara su renuncia expresamente. Mediante esta conducta, el licen-ciado Ortiz Guevara violó el Canon 20 del Código de Ética Profesional, supra, independientemente de que asumiera la representación del cliente para asistir a un colega con la expectativa de que fuera por un periodo de tiempo determinado. Asimismo, el licenciado Ortiz Guevara asu-mió simultáneamente la representación legal de dos (2) clientes en un mismo pleito (de la parte demandante y del Ledo. Eugenio Rivera Lozada) con un conflicto de intereses potencial.

En conformidad con las normas aplicables, resolvemos que el licenciado Ortiz Guevara incurrió en las violaciones imputadas. No obstante, tras considerar las sanciones que hemos provisto en situaciones similares, así como que es la primera vez que el licenciado Ortiz Guevara es sancionado disciplinariamente, que los clientes no se vie-ron perjudicados, que no medió ánimo de lucro en sus ac-tuaciones, que este admitió las faltas en que incurrió y que expresó arrepentimiento, entendemos adecuado censurarlo enérgicamente. No obstante, se le apercibe que de incurrir nuevamente en una conducta que viole los cánones del Có-digo de Ética Profesional, estará sujeto a sanciones más drásticas.

B. Lcdo. Eugenio Rivera Lozada

Al Ledo. Eugenio Rivera Lozada se le imputa haber vio-lado los Cánones 9, 12, 17, 21, 26, 35 y 38 del Código de Ética Profesional, supra. Al respecto, adoptamos el In-forme del Comisionado Especial.

El. licenciado Rivera Lozada admitió implícitamente ha-ber violado diversos cánones. Primero, violó el Canon 12. Esto por reconocer que no constató los hechos que le narró la Sra. Carmen F. Morales Maldonado con el expediente antes de la presentación del recurso de apelación. Por ello, incumplió con el deber de ser conciso y exacto en la presen-tación de las causas. Segundo, infringió el Canon 17 al cer-tificar con su firma una información incorrecta, así como el deber de honradez y sinceridad recogido en el Canon 35. Tercero, violó el Canon 26 al presentar un recurso de ape-lación sin poder justificar dicho acto más allá de haber se-guido las instrucciones de la dienta y no así su criterio profesional. Por otro lado, violó el Canon 21 por existir un conflicto de interés potencial al reasumir la representación legal de la parte demandante luego de haber presentado ante el Tribunal de Primera Instancia una moción para intervenir como parte en el procedimiento, de forma que se fijaran sus honorarios y gastos. Por último, el licenciado Rivera Lozada violó los Cánones 9 y 35 al no cumplir rigu-rosamente con nuestra Orden de informar al Tribunal de Primera Instancia de su suspensión. Finalmente, conclui-mos que incurrió en una violación al Canon 38 al incumplir con el deber de esforzarse al máximo de su capacidad al notificar, bajo su firma en un escrito ante el tribunal, una relación de hechos incorrecta.

Por los fundamentos antes expuestos, se suspende in-mediata e indefinidamente del ejercicio de la abogacía al licenciado Rivera hozada. Asimismo, se le impone el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para continuar representándolos, devolverles cualesquiera ho-norarios recibidos por trabajos no realizados e informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos. Además, tiene la obligación de acreditar ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de treinta (30) días a partir de la notificación de esta Opinión “per curiam” y Sentencia.

Se dictará Sentencia de conformidad.

       Para un recuento de los hechos que motivaron la acción, véase Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 DPR 154 (2005).

        In re Rivera Lozada, 176 DPR 215 (2009). La suspensión fue efectiva el 13 de julio de 2009, fecha cuando se le notificó la determinación de este Tribunal al Ledo. Eugenio Rivera Lozada. En consecuencia, se incautó su obra y sello notariales. Luego de varios trámites, principalmente relacionados con su obra notarial, el licenciado Rivera Lozada fue reinstalado al ejercicio de la abogacía el 22 de jubo de 2010. Véase In re Rivera Lozada, 179 DPR 1037 (2010). No obstante, no se ha autorizado su reins-talación al ejercicio de la notaría. El 30 de enero de 2015 examinamos la Solicitud de baja voluntaria al ejercicio de la abogacía presentada por el licenciado Rivera Lozada y la declaramos “no ha lugar”, puesto que se consideraría luego de culminar el proceso de las querellas pendientes.

       La segunda moción presentada por el licenciado Rivera Lozada se titulaba Moción Solicitando que se Resuelva el Problema de la Tasación, Mensura, Contribu-ciones o Deudas del CRIM y Llevare a Cabo la Instancia.

       Cabe señalar que el Ledo. Eugenio Rivera Lozada no le informó al Tribunal en su Moción Informando Nueva Representación Legal que fue suspendido.

       El 28 de septiembre de 2009 la parte demandante, representada por el Ledo. Nicolás Ortiz Guevara, presentó una Moción en Cumplimiento de Orden, en la que informaba que había notificado los escritos.

       En comparecencia ante este Tribunal, el licenciado Ortiz Guevara indicó que asumió la representación de la parte demandante durante el tiempo que el licenciado Rivera Ramos estuvo de viaje. No obstante, este último se negó a asumir la repre-sentación tras su regreso.

       El 13 de noviembre de 2009, el licenciado Ortiz Guevara enmendó la moción de renuncia presentada, informando que había entregado el expediente del caso a la Sra. Carmen F. Morales Maldonado. El tribunal refirió al licenciado Ortiz Guevara a la Orden de 23 de septiembre de 2009.

       La moción de 13 de noviembre de 2009 también indicaba que “en ningún momento este abogado representará a los demandantes, presentó su renuncia al presente caso el 6 de octubre de 2009”. El 22 de diciembre de 2009, la parte inter-ventora presentó su oposición a esta moción, así como una Moción para que se Dicte Orden Aclarando a Quién Representa el Ledo. Nicolás Ortiz Guevara.

       El 15 de abril de 2010, el licenciado Ortiz Guevara solicitó nuevamente el relevo de la representación legal de la parte demandante, pero el tribunal la declaró “no ha lugar” el 21 de abril de 2010.
      Por otro lado, el 14 de abril de 2010 la Sra. Carmen F. Morales Maldonado pre-sentó dos mociones por derecho propio: (1) Moción Informando Direcciones y Solici-tando que se Acepte la Renuncia del Ledo. Nicolás Ortiz Guevara y Poder Gestionar Nueva Representación Legal, y (2) Moción Solicitando Fijación de Gastos y Honora-rios, en la que informaba que ratificaba los acuerdos llegados con el licenciado Rivera Lozada. Ambas fueron declaradas “no ha lugar”, por lo que el 27 de mayo de 2010 la señora Morales Maldonado presentó un recurso de certiorari por derecho propio soli-citando la revisión de la determinación del Tribunal de Primera Instancia que había denegado su solicitud para que se aceptara la renuncia del licenciado Ortiz Guevara. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó la resolución recurrida y estableció que el foro primario debió aceptar la solicitud de renuncia del licenciado Ortiz Guevara.

       Además, se le advirtió al licenciado Rivera Lozada que en una próxima solicitud podría encontrársele incurso en desacato por ser su cuarta solicitud al respecto. El 29 de diciembre de 2010, el licenciado Rivera Lozada presentó una mo-ción en la que solicitó un nuevo señalamiento para la intervención, pues indicó que recibió la resolución que señaló la vista para el 17 de diciembre de 2010 el 20 de diciembre siguiente. El 19 de enero de 2011, el tribunal declaró “no ha lugar” nue-vamente su solicitud de intervención.

       Los codemandantes entendían que en ese momento no era posible ni conve-niente llevar a cabo la partición judicial de la propiedad en cuestión ante la gran cantidad de herederos, las características de la propiedad, el hecho de que no todos los demandantes habían contratado una representación legal, la situación del mer-cado de bienes raíces, etc.

       Los cargos presentados contra el Ledo. Nicolás Ortiz Guevara fueron los siguientes:
      “PRIMER CARGO: El licenciado Ortiz Guevara incumplió con los preceptos del Canon 21 de Ética Profesional al representar los intereses del licenciado Rivera Lozada en el caso DAC1995-0855, mientras aún representaba a la parte deman-dante, abogando por los intereses del licenciado Rivera Lozada a[u]n cuando éste tenía o podía tener intereses adversos a los de la parte demandante, incurriendo así en un real o potencial conflicto de intereses.
      “SEGUNDO CARGO: El licenciado Ortiz Guevara violó los preceptos del Canon 20 de Ética Profesional al comparecer ante el Tribunal de Primera Instancia como representante legal del licenciado Rivera Lozada, por entender que ya no represen-taba a la parte demandante porque había solicitado la renuncia a[u]n cuando la misma no le había sido concedida por el Tribunal.
      “TERCER CARGO: El licenciado Ortiz Guevara infringió el Canon 38 de Ética Profesional al no exaltar el honor y la dignidad de la profesión y al incurrir en la apariencia de conducta impropia al presentar su moción del 13 de noviembre de 2009, en la cual solicitó la fijación de honorarios y gastos en representación del licenciado Rivera Lozada cuando aún representaba los intereses de la parte demandante”. Querella, pág. 27.

       Los cargos presentados contra el Ledo. Eugenio Rivera Lozada fueron los siguientes:
      “PRIMER CARGO: El licenciado Eugenio Rivera Lozada infringió los cánones 12, 17 y 26 de Ética Profesional al presentar el recurso de apelación número KLAN2011-0360 y diferentes escritos en dicho procedimiento y ante el Tribunal Supremo en el caso CC2011-750, en representación de la Sra. Carmen Morales Maído-nado, siendo estos frívolos según consta del expediente judicial del Tribunal de Pri-mera Instancia”.
      “SEGUNDO CARGO: EL licenciado Eugenio Rivera Lozada infringió el deber de sinceridad y honestidad dispuesto en el Canon 35 de Ética Profesional al exponer en sus escritos ante el Tribunal de Apelaciones en el caso KLAN2011-0360 hechos inconsistentes con los hechos acontecidos ente el Tribunal de Primera Instancia y que surgen del expediente judicial del caso”.
      “TERCER CARGO: El licenciado Rivera Lozada violó los preceptos del Canon 21 de Ética Profesional al asumir la representación legal de la Sra. Carmen F. Morales Maldonado para presentar el recurso de apelación KLAN2011-0360 cuando del ex-pediente judicial DAC1995-0855 surge el real o potencial conflicto entre sus intereses y los de ésta, viéndose afectado su juicio profesional por su interés personal, a tal nivel que presentó un recurso frívolo para conseguir reabrir el caso”.
      “CUARTO CARGO: El licenciado Rivera Lozada violó los preceptos del Canon 9 y 35 de Ética Profesional al no informar oportunamente su suspensión en el caso In re Eugenio Rivera Lozada, 176 DPR 215 (2009) al Tribunal de Primera Instancia mientras se ventilaba el caso DAC1955-0855 conforme le fue ordenado por este Alto Foro al momento de su suspensión”.
      “QUINTO CARGO: El licenciado Rivera Lozada quebrantó los preceptos del Canon 38 de Ética Profesional con sus actuaciones al presentar un recurso de ape-lación frívolo, al exponer información inconsistente con la verdad en su escrito de apelación, aceptar la representación de la señora Maldonado Flores para presentar el recurso de apelación a[u]n cuando existía un real o potencial conflicto de intereses o la apariencia del mismo y al no informar su suspensión al Tribunal de Primera Instancia conforme le fue ordenado. Ello, ya que dicha conducta no exalta el honor y la dignidad de la profesión, no evita la apariencia de conducta impropia ni se interesó por hacer su propia y cabal aportación hacia la consecución de una mejor adminis-tración de la justicia”. Querella, págs. 18, 21, 22, 24 y 25-26.

       Cabe señalar que la prohibición del Canon 21 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, se extiende tanto a la existencia real del conflicto como a con-flictos aparentes que llevan consigo la semilla de un posible o potencial conflicto. In re Aponte Duchesne, 191 DPR 247 (2014).

       Debemos señalar que en In re Torres Viera, 170 DPR 306 (2007), aclaramos que cuando un letrado asume una representación simultánea adversa que implica un real o potencial conflicto de intereses entre dos de sus representaciones legales, in-curre en una conducta violatoria de los Cánones 21 y 38 del Código de Ética Profe-sional, supra. In re Aponte Duchesne, supra.

        In re Aponte Duchesne, supra; In re Gordon Menéndez, 183 DPR 628 (2011); In re Torres Viera, supra; In re Ortiz Martínez, 161 DPR 572 (2004); In re Monge García, 173 DPR 379 (2008); In re Siverio Orta, 117 DPR 14 (1986).

       Con relación a la imputación de que el licenciado Rivera Lozada violó el Canon 35 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, al indicar falsamente que representaba a todos los miembros de las Sucesiones de Gregorio Maldonado y de Belén Hernández, el Comisionado Especial concluyó que no se probó ese cargo, pues no existe en el expediente evidencia clara, robusta y convincente de que el letrado ofreció información incorrecta sobre las personas a quienes representaba. Tampoco existe evidencia clara, robusta y convincente de que presentó el recurso de apelación para poder cobrar sus honorarios.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Rosemarie Flores Pérez, peticionaria, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, recurrido.

      Número: CC-2014-1027

      Resuelto: 21 de marzo de 2016

      Margarita Mercado Echegaray, procuradora general, y María Astrid Hernández Martín, procuradora general auxiliar, abogadas de la parte recurrida; José R. Olmo Rodríguez, de Olmo & Rodríguez Matías Law Office, PSC, abogado de la parte peticionaria.
   El Juez Asociado Señor Estrella Martínez

emitió la opinión del Tribunal.

Los hechos ante nuestra consideración requieren preci-sar si mediante el esquema de la vigente Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011 procede continuar reconociendo la defensa de tercero inocente conforme ha sido desarrollada j urisprudencialmente.

Para disponer de esta controversia de umbral, revise-mos primeramente el escenario fáctico y procesal que la suscita. Veamos.

I—I

Los hechos pertinentes de este caso tienen su génesis en un incidente acaecido el 8 de octubre de 2011, cuando la Policía de Puerto Rico confiscó un vehículo de motor que aparecía registrado a nombre de la Sra. Rosemarie Flores Pérez (señora Flores Pérez o peticionaria) en el Registro de Vehículos del Departamento de Transportación y Obras Públicas. En síntesis, la notificación enviada a la peticio-naria informaba que su vehículo se confiscó debido a que había sido utilizado en la comisión de varios delitos. Al mo-mento de la ocupación, el vehículo era conducido por el hijo de la peticionaria, Sr. Joseph Emmer Flores (hijo), quien no observó el fiel cumplimiento de las instrucciones brindadas por su madre al momento de prestárselo y eventualmente se declaró culpable de los delitos imputados, por los que fue sentenciado a cuatro años de libertad bajo palabra.

En consecuencia, el 15 de noviembre de 2011, la señora Flores Pérez incoó una demanda en la cual impugnó la con-fiscación de su vehículo. En lo pertinente, alegó que le am-paraba la defensa de “tercero inocente”, toda vez que tomó medidas cautelares e impartió instrucciones claras para prevenir que su vehículo se utilizara en actividades delicti-vas y que su hijo se apartó sustancialmente de éstas. En apoyo a su argumento, sostuvo que estaba ajena a los actos delictivos que dieron lugar a la confiscación de su vehículo. Por tal motivo, reclamó que se decretara la invalidez de la confiscación y, por ende, que se ordenara la devolución de su vehículo.

Oportunamente, el Estado Libre Asociado (ELA) pre-sentó su contestación a la demanda. En ésta argüyó que la confiscación del vehículo se llevó a cabo conforme a los es-tatutos confiscatorios vigentes. Alegó que ésta se conside-raba legal y que le correspondía a la peticionaria derrotar esa presunción. Asimismo, argumentó que la Ley Núm. 119-2011, conocida como Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011 (Ley Núm. 119), 34 LPRA see. 1724 et seq., limita las circunstancias en que se permite reconocer la defensa de tercero inocente. Ello, pues adujo que el Art. 25 de la mencionada ley, 34 LPRA sec. 1724v, exceptúa de la confis-cación únicamente a vehículos alquilados a corto plazo por una empresa acreditada y aquellos cuya posesión no se haya cedido voluntariamente por razón de haber sido roba-dos o apropiados ilegalmente. Según el ELA, al no existir una querella de hurto con relación al vehículo en contro-versia, no puede establecerse que éste estaba en posesión del hijo de la peticionaria de manera involuntaria por ra-zón de haber sido robado o apropiado ilegalmente.

Posteriormente, el 20 de enero de 2012, la señora Flores Pérez presentó una moción de sentencia sumaria. Entre otras cosas, anejó una Declaración Jurada en la cual indicó que le impartió unas instrucciones específicas y diáfanas a su hijo antes de prestarle su vehículo. En particular, la señora Flores Pérez expresó en su Declaración Jurada que el 7 de octubre de 2011 autorizó a su hijo a utilizar el ve-hículo única y exclusivamente para asistir a una conven-ción de terapia respiratoria, pues para ese entonces él cur-saba estudios en esa materia. A su vez, señaló que lo autorizó a utilizar el vehículo para pernoctar en un pueblo cercano al lugar donde se celebraba la convención y regre-sar al día siguiente. En ese sentido, manifestó que, al mo-mento de la ocupación, su hijo conducía el vehículo en con-travención a las medidas cautelares y a las instrucciones claras impartidas por ella. Amparada en lo anterior, sos-tuvo que le aplicaba la defensa de “tercero inocente” contra la confiscación efectuada.

Tras varios incidentes procesales, el ELA se opuso a la solitud de sentencia sumaria instada por la peticionaria. Argumentó que le asistía un derecho al descubrimiento de prueba y a contrainterrogar a la peticionaria en cuanto a la defensa invocada y lo expuesto en su Declaración Jurada. De igual forma, alegó que la Ley Núm. 119 derogó la juris-prudencia relacionada con la figura del “tercero inocente”. Ajuicio del ELA, el precitado Art. 25 la Ley Núm. 119 solo exceptúa de la confiscación a vehículos alquilados y a aque-llos cuya posesión no es cedida voluntariamente, es decir, por haber sido robados o apropiados ilegalmente. De esa forma, adujo que no aplicaba la defensa de tercero ino-cente, ya que la señora Flores Pérez le cedió voluntaria-mente el vehículo a su hijo.

Aquilatados los argumentos de las partes, el 30 de agosto de 2013, el Tribunal de Primera Instancia emitió una Reso-lución mediante la cual denegó la moción de sentencia su-maria presentada por la peticionaria. Entendió que existía controversia con respecto a las instrucciones impartidas por la señora Flores Pérez a su hijo al momento de prestarle el vehículo y si, en efecto, le aplicaba la defensa de “tercero inocente”. Así las cosas, el foro primario señaló una vista evidenciaría en aras de determinar la legitimación activa de la señora Flores Pérez para impugnar la confiscación del vehículo y adjudicar los hechos en controversia.

Estipulada la legitimación activa de la peticionaria, el 18 de diciembre de 2013 se celebró el juicio en su fondo. En éste, únicamente testificó la peticionaría y, a su vez, se ad-mitieron varios documentos estipulados por las partes. Eva-luada la prueba desfilada, el 20 de diciembre de 2013, el Tribunal de Primera Instancia dictó una Sentencia en la cual declaró “no ha lugar” la demanda de impugnación de confiscación presentada por la señora Flores Pérez. En desacuerdo, ésta solicitó una reconsideración, pero fue denegada.

Inconforme, la señora Flores Pérez acudió ante el Tribunal de Apelaciones. En síntesis, argumentó que el foro pri-mario incidió al determinar que procedía la confiscación, a pesar de que es un tercero inocente que tomó medidas cau-telares expresas e impartió instrucciones claras para evi-tar que su vehículo se utilizara con fines contrarios la ley. El 13 de agosto de 2014, el foro apelativo intermedio emitió una Sentencia mediante la cual confirmó el dictamen recurrido. A tales efectos, razonó que el foro primario de-terminó justificadamente que a la señora Flores Pérez no le aplicaba la defensa de “tercero inocente”, ya que ésta entregó voluntariamente su vehículo sin impartir instruc-ciones específicas. Del mismo modo, dictaminó que la peti-cionaria accedió a la petición del prestarle el vehículo a su hijo sin otorgarle mayores instrucciones que las que habi-tualmente le brindaba para cualquier situación. Final-mente, el Tribunal de Apelaciones concluyó que la señora Flores Pérez no probó los requisitos para ser un tercero inocente y que no tomó medida cautelar alguna para pre-venir que su vehículo se utilizara en actividades delictivas. Ante ello, la peticionaria instó una solicitud de reconside-ración, pero fue declarada “no ha lugar”.

En disconformidad con ese proceder, la señora Flores Pé-rez recurre ante este Tribunal mediante un recurso de certiorari. En esencia, reproduce los argumentos esgrimidos ante los foros recurridos. Esto es, señala que los aludidos foros incidieron al concluir que procedía la confiscación de su vehículo, a pesar de que le ampara la defensa de “tercero inocente”. En su escrito, la señora Flores Pérez reitera que nunca le prestaba el vehículo a su hijo, pero que lo hizo el 7 de octubre de 2011 para que éste acudiera a una convención relacionada con sus estudios universitarios. Alega que, ade-más de las instrucciones claras impartidas referentes al uso del vehículo, le recalcó a su hijo que fuese con cuidado y cautela. Del mismo modo, enfatiza que tomó las medidas necesarias y cautelares e impartió instrucciones claras para evitar que su único medio de transporte fuera utilizado para actos delictivos y que la única medida restante a las instruc-ciones otorgadas era no prestar su vehículo y evitar que su hijo asistiera a la referida convención. En ese sentido, la señora Flores Pérez argumenta que se le castiga por el he-cho de que ante su obligación como madre de alentar y pro-mover el progreso académico de su hijo, le prestó su vehículo para asistir a una convención relacionada con sus estudios. De igual forma, hace hincapié en que no fue partícipe de ningún acto ilegal y desconocía que su hijo —quien no tenía expediente delictivo— utilizaría el vehículo para fines con-trarios a la ley.

Fundamentada en lo anterior, la señora Flores Pérez sostiene que tomó las medidas cautelares expresas y otorgó las instrucciones precisas dispuestas por la jurisprudencia para que se le reconozca como un tercero inocente. Por tal motivo, solicita que este Tribunal declare inválida la con-fiscación y ordene la devolución de su vehículo o, en la al-ternativa, una compensación justa y razonable producto de la venta del vehículo en cuestión.

Oportunamente, la Oficina de la Procuradora General compareció mediante un escrito intitulado Alegato del Es-tado Libre Asociado de Puerto Rico. Argumenta que a tra-vés del citado Art. 25, la Ley Núm. 119 limita la defensa de “tercero inocente” a vehículos alquilados a corto plazo por una empresa acreditada y a casos en los que medió robo o apropiación ilegal del vehículo. Por ende, plantea que no procede considerar a la peticionaria como un tercero ino-cente habida cuenta de que no se trata de un arrendador de vehículos a corto plazo ni medió el robo o apropiación ilegal de su vehículo.

En la alternativa, la Oficina de la Procuradora General arguye que tampoco se encuentran presentes las circuns-tancias creadas por la jurisprudencia —al amparo de los anteriores estatutos confiscatorios— para aplicar la defensa de “tercero inocente”. Es decir, alega que no procede decla-rar a la peticionaria como tercero inocente, ya que simple-mente le prestó el vehículo a su hijo de forma voluntaria sin tomar medidas cautelares o impartir instrucciones para evi-tar que se utilizara en actividades delictivas. Según la Ofi-cina de la Procuradora General, la señora Flores Pérez ac-cedió a la petición de prestarle el vehículo a su hijo, sin mayores instrucciones que las que regularmente le brin-daba para cualquier situación. A juicio de la Oficina de la Procuradora General, las instrucciones impartidas por la peticionaria a su hijo fueron genéricas, ya que no delimitó adecuadamente el uso que su hijo le podía dar al vehículo. Finalmente, argumenta que una vez la peticionaria prestó su vehículo voluntariamente, sus derechos corrieron la suerte que el poseedor del vehículo —en este caso su hijo— le diera.

En atención a lo anterior, el 27 de marzo de 2015 expe-dimos el recurso ante nuestra consideración. Con el bene-ficio de la comparecencia de las partes involucradas, proce-demos a resolver la controversia que nos ocupa.

hH

Según ha sido definida en múltiples ocasiones, la confiscación es el acto mediante el cual el Estado, por man-dato de la Rama Legislativa y actuación de la ejecutiva, ocupa e inviste para sí todo derecho de propiedad sobre cualesquiera bienes que hayan sido utilizados en la comisión de ciertos delitos. Doble Seis Sport v. Depto. Hacienda, 190 DPR 763, 784 (2014); Díaz Ramos v. E.L.A. y otros, 174 DPR 194, 202 (2008); Del Toro Lugo v. E.L.A., 136 DPR 973, 980-981 (1994). De esta forma, efectuada conforme a derecho, la confiscación constituye una excepción a la pro-tección constitucional que impide tomar propiedad privada para fines públicos sin una justa compensación. Art. II, Sec. 9, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. Véase, además, Coop. Seg. Múlt. v. E.L.A., 180 DPR 655, 662-663 (2011). Ello, claro está, sujeto al cumplimiento con el debido proceso de ser notificado y oído. Pueblo v. González Cortés, 95 DPR 164, 167-168 (1967).

A. Sabido es que en la actualidad el procedi-miento de confiscación en nuestra jurisdicción está regu-lado por la Ley Núm. 119. Esta ley derogó la Ley Núm. 93 de julio de 1988 (34 LPRA ant. see. 1723 et seq.) y se pro-mulgó con el propósito de establecer las normas que regi-rán el procedimiento a seguir en toda confiscación. A tales efectos, la Ley Núm. 119 instituyó un trámite expedito y uniforme para la confiscación de bienes por parte del Es-tado y la disposición de éstos.

Pertinente al caso ante nos, el Art. 13 de la Ley Núm. 119 enumera a quiénes se les debe notificar sobre una confiscación. Específicamente, dispone que el Director Administrativo de la Junta de Confiscaciones notificará la confiscación a las personas siguientes: (1) a quienes posean físicamente el bien al momento de la ocupación; (2) a quien, por las circunstancias, información y creencia, el Director Administrativo considere como dueño del bien; (3) en los casos de vehículos de motor, al dueño, según consta en el Registro de Vehículos del Departamento de Transportación y Obras Públicas, y al acreedor condicional que a la fecha de la ocupación tenga su contrato inscrito, y (4) en los casos de bienes inmuebles, al dueño, según consta en el Registro de la Propiedad del municipio donde ubica el bien, y a la institución hipotecaria que a la fecha de la ocupación aparezca en el Registro como acreedor hi-potecario del bien. 34 LPRA sec. 1724j. Con relación al requisito de notificación, hemos expresado que éste es im-prescindible para que las personas enumeradas en el Art. 13 puedan acudir al foro competente y presentar contra el Estado las alegaciones y defensas en cuanto a la confisca-ción efectuada. Mapfre v. ELA, 188 DPR 517, 527-528 (2013). Véase, además, Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 87 (2001).

Por su parte, el Art. 15 de la Ley 119 desglosa el procedimiento de impugnación que deberán observar las personas a quienes se les ha notificado de una confiscación. De este modo, se dispone que se podrá impugnar la confis-cación en los treinta días siguientes a la fecha cuando se

reciba la notificación, mediante la presentación de una de-manda contra el ELA y el funcionario que autorizó la ocupación. Véase 34 LPRA sec. 1724l. Del Art. 15 se des-prende que la legalidad y corrección de la confiscación se presumirá, independientemente de cualquier otro caso pé-nalo, administrativo, o de cualquier otro procedimiento re-lacionado con los mismos hechos. Id. Por lo tanto, “[e]l de-mandante tiene el peso de la prueba para derrotar la legalidad de la confiscación”. Id.

Asimismo, surge del proceso de impugnación dispuesto en la Ley Núm. 119 que, una vez contestada la demanda, el foro judicial celebrará una vista de legitimación activa con el fin de dilucidar si, previo a los hechos que motivaron la confiscación, el demandante ejercía dominio y control de la propiedad en cuestión. Id. De no cumplirse con el requisito de legitimación, el foro judicial desestimará inmediata-mente el pleito. Id.

Por otro lado, es menester señalar que del Art. 19 de la Ley Núm. 119 surgen los remedios disponibles en caso de que se decrete la ilegalidad de la confiscación efectuada. En su parte pertinente, el precepto establece que:

En aquellos casos en que el tribunal decrete la ilegalidad de una confiscación, la Junta devolverá la propiedad ocupada al demandante. En caso de que haya dispuesto de la misma, el [Estado Libre Asociado] de Puerto Rico le pagará el importe de la tasación al momento de la ocupación o la cantidad de dinero por la cual se haya vendido, la que resulte mayor, más el interés legal prevaleciente, de conformidad con las Reglas de Procedi-miento Civil, según enmendadas, tomando como base el valor de tasación, a partir de la fecha de la ocupación. 34 LPRA see. 1724p.

III

De particular pertinencia y relevancia al caso de autos resulta la normativa que la jurisprudencia ha desa-rrollado para proteger los derechos de quienes tienen un interés económico y propietario en un vehículo confiscado y no han estado directamente involucrados en la actividad delictiva que motiva la confiscación. Ello, pues existe un principio que dicta que aquel que cede o entrega la pose-sión de un vehículo, de ordinario, asume el riesgo ilegal que pudiera dársele a este. Es decir, la norma general es que si el dueño, poseedor o encargado del vehículo, o la persona con interés legal sobre éste, lo ha puesto, de forma voluntaria, en posesión del infractor o de la persona bajo la cual éste actúa, los derechos de aquéllos corren la misma suerte del uso a que el poseedor pueda someter el vehículo. First Bank, Uni. Ins. Co. v. E.L.A., 156 DPR 77, 83 (2002); General Accident Ins. Co. v. E.L.A., 137 DPR 466, 471 (1994); Del Toro Lugo v. E.L.A., supra, pág. 987. Ahora bien, en repetidas ocasiones hemos hecho hincapié en que no toda entrega de la posesión de un vehículo tiene iguales motivaciones, ni idéntica justificación, ni la misma necesi-dad, ni similares propósitos. Véanse, por ejemplo: General Accident Ins. Co. v. E.L.A., supra, pág. 474; Del Toro Lugo v. E.L.A., supra, págs. 987—988; Carlo v. Srio. de Justicia, 107 DPR 356, 362 (1978); Ochoteco v. Tribunal Superior, 88 DPR 517, 528 (1963).

A. En atención a lo anterior, la jurisprudencia ha hilvanado la doctrina de lo que se conoce como el tercero inocente para incluir situaciones en la cuales la “norma general” expuesta cede. En síntesis, este Tribunal ha ex-presado que la doctrina de “tercero inocente” protege al propietario o al tenedor del interés legal o económico en el vehículo en situaciones en las que éstos no han puesto el vehículo en posesión del infractor voluntariamente, o cuando se han tomado medidas cautelares expresas para precaver el uso ilegal de la propiedad en la comisión de un delito. First Bank, Univ. Ins. Co. v. E.L.A., supra, págs. 83-84; General Accident Ins. Co. v. E.L.A., supra, pág. 474; Del Toro Lugo v. ELA, supra, pág. 987. Esto es, en caso de que el imputado no sea el dueño de la propiedad confis-cada, éste tendrá a su alcance probar que no ha puesto la propiedad en posesión del supuesto infractor de manera voluntaria o que tomó las medidas cautelares expresas para prevenir el uso ilegal de la propiedad en la comisión de un delito. Del Toro Lugo v. E.L.A., supra, pág. 994.

Dicho de otra manera, el carácter de “tercero inocente” depende de la naturaleza de la posesión o el uso que del vehículo haga el infractor. Ello significa que si éste no ob-tuvo la posesión del vehículo de manera voluntaria o si se apartó sustancialmente de las medidas cautelares o las ins-trucciones particulares expresadas de quien entregó dicha posesión o uso, entonces es que tanto el dueño como el ven-dedor condicional o cualquier otro con interés en éste son terceros inocentes protegidos contra la confiscación. First Bank, Uni. Ins. Co. v. E.L.A., supra, pág. 84; General Accident Ins. Co. v. E.L.A., supra, pág. 474.

B. Es oportuno indicar que la derogada Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988 establecía que no estaba sujeto a ocupación para fines de confiscación un vehículo alquilado a corto plazo a una empresa acreditada, a menos que el Estado probara la existencia de un vínculo delictivo entre el dueño del vehículo y la persona que lo alquila o lo maneja. 34 LPRA ant. see. 1723. Empero, esa disposición estatutaria no fue óbice para que se continuara erigiendo, reconociendo y extendiendo la doctrina jurisprudencial re-lacionada con la defensa de “tercero inocente” durante la vigencia de la aludida ley. Ello, ya que ni del historial le-gislativo de la ley de confiscaciones de 1998 ni de sus dis-posiciones surgía una prohibición expresa a esa normativa jurisprudencial; mucho menos se limitó la defensa de “ter-cero inocente” al supuesto contenido en la ley.

De forma similar a lo que surgía de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988, el Art. 25 de la Ley Núm. 119 rei-tera, en su parte pertinente, que no estará sujeto a confis-cación un vehículo alquilado a corto plazo por una empresa acreditada; esto, a menos que el Estado pruebe la existencia de un vínculo delictivo entre el dueño del vehículo y la persona que lo alquila o lo maneja. 34 LPRA sec. 1724v. Del mismo modo, el Art. 25 añade que tampoco se confiscarán vehículos que hayan sido robados o apropiados ilegalmente, a menos que el Estado pruebe que existe una relación delic-tiva entre el dueño del vehículo y la persona que lo robó o se apropió de éste de forma ilegal. íd. Adviértase que, a base de lo anterior, el ELA plantea que, según la ley actual de con-fiscaciones, la defensa de “tercero inocente” solo está accesi-ble para el dueño de un vehículo alquilado a corto plazo o para el dueño de un vehículo que hubiera sido robado o apropiado ilegalmente. Ante ello, cuestiona si al amparo de la Ley Núm. 119 procede la defensa de “tercero inocente” conforme ha sido desarrollado jurisprudencialmente o si ésta fue restringida a los aludidos dos supuestos.

Con relación a lo anterior, cabe señalar que la Ley Núm. 119, al igual que su antecesora, no desaprobó expre-samente la norma jurisprudencial desarrollada alrededor de la figura del tercero inocente. Nada del historial legis-lativo del estatuto en cuestión o de sus disposiciones revela la intención expresa del legislador de abolir, limitar o alte-rar el desarrollo jurisprudencial de la defensa de “tercero inocente” ni de circunscribir, sin más, la referida defensa a las circunstancias dispuestas en el precitado Art. 25. Sin duda, si el propósito del legislador era restringir la aplica-ción de la defensa de “tercero inocente”, así lo habría establecido. Ese no fue el caso. Por el contrario, surge con meridiana claridad de su Exposición de Motivos que uno de los objetivos del legislador al aprobar la Ley Núm. 119 fue “salvar el interés propietario de los dueños de la propiedad”. 2011 (Parte 2) Leyes de Puerto Rico 1762.

De hecho, la Ley Núm. 262-2012 —promulgada con el propósito de enmendar la Ley Núm. 119 y definir quiénes se consideran “dueños” de la propiedad para efec-tos de impugnar la confiscación— reconoció la vigencia de la doctrina de tercero inocente. Particularmente, en la Ex-posición de Motivos de la Ley Núm. 262 se expresa, en lo pertinente, lo siguiente:

Las normas establecidas en la Ley 119 tomaron en cuenta, entre otros, en el mandato constitucional establecido en el Ar-tículo II, Sección 7, de nuestra Constitución que reconoce el derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad y que ninguna persona será privada de su libertad y propiedad sin un debido proceso de ley. Considerando las referidas pro-tecciones constitucionales, la Ley 119 crea un procedimiento para el cual se contempló garantizar el debido proceso de ley a todo dueño de bienes confiscados.
No obstante, la Ley 119 no definió con precisión las personas que se consideran “dueños” de un determinado bien para pro-pósitos de asegurar las protecciones constitucionales antes mencionadas a pesar que en diversas instancias de la misma se reconoce el derecho a “personas con interés en la propiedad.” A esos fines, la Ley 119 no establece con claridad que los acreedo-res garantizados por un bien sujeto a incautación poseen un “interés propietario” en dicho bien que de acuerdo a la jurispru-dencia vigente les convierte en un “dueño inocente” a los cuales se extienden las garantías constitucional antes expresadas. Del Toro Lugo v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 136 D.P.R. 973 (1994); First Bank, Universal Insurance Company v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 156 D.P.R. 77 (2002). Es decir, lo que no logra la Ley es parear el reconocimiento que se da a aquellas personas con interés en la propiedad como hemos apuntado, y el reclamo legítimo que pudieran hacer éstos por sí mismos. (Enfasis suplido). 2012 (Parte 2) Leyes de Puerto Rico 2341-2342.

De esta forma, se enmendó el Art. 15 de la Ley Núm. 119 para considerar “dueño” de la propiedad a una persona que demuestre tener interés propietario en la propiedad incautada, incluyendo una persona que posea un gravamen sobre esa propiedad a la fecha de la ocupación, o una cesión válida de tal interés propietario. 34 LPRA see. 1724l. Véase, además, Mapfre v. E.L.A., supra, pág. 530. Ante ese cuadro, lejos de abolir o restringir la defensa de tercero inocente a dos meras circunstancias, el legislador quiso precisar quiénes pueden impugnar la confiscación y aludió expresamente a los terceros inocentes, según la nor-mativa jurídica vigente.

Examinados los preceptos jurisprudenciales y estatuta-rios pertinentes, procedemos a disponer la controversia ante nuestra consideración.

IV

De acuerdo con el cuadro fáctico que plantean los he-chos, la controversia primaria de este caso nos exige preci-sar si mediante la Ley Núm. 119 procede la defensa de “tercero inocente” conforme ha sido desarrollada jurispru-dencialmente o si ésta fue limitada según lo dispuesto en el Art. 25 de ese estatuto. Atono con ello, debemos resolver si a la señora Flores Pérez le ampara la defensa de “tercero inocente”, según la doctrina aplicable. Recapitulemos su-cintamente el escenario fáctico ante nuestra consideración.

Como expresamos, la peticionaria incoó una demanda contra el ELA, en la cual impugnó la confiscación de su vehículo. Sostuvo que le cobijaba la defensa de “tercero ino-cente”, ya que tomó medidas cautelares expresas e impar-tió instrucciones claras para evitar que su vehículo se uti-lizara para fines contrarios a la ley. De igual forma, alegó que no participó de ningún acto ilegal y que desconocía que su hijo utilizaría el vehículo para realizar actos ilegales.

Tras varios incidentes procesales, el Tribunal de Pri-mera Instancia declaró “no ha lugar” la demanda de impugnación. Inconforme, la peticionaria acudió ante el Tribunal de Apelaciones, el cual confirmó la determinación recurrida. En lo pertinente, razonó que la señora Flores Pérez entregó voluntariamente su vehículo sin impartirle mayores instrucciones a su hijo que las que habitualmente le brindaba. A tales efectos, concluyó que la peticionaria no tomó medida cautelar alguna para prevenir que su vehí-culo se utilizara en actividades delictivas.

En desacuerdo, la señora Flores Pérez recurre ante este Tribunal. En esencia, reproduce los argumentos plantea-dos ante los foros recurridos al sostener que le ampara la defensa del “tercero inocente” conforme ha sido desarro-llada jurisprudencialmente. Por su parte, el ELA arguye que la Ley Núm. 119 limita la defensa de “tercero inocente” a las circunstancias dispuestas en su Art. 25. Alega que, al no estar presentes ninguno de esos supuestos, no procede que se considere a la peticionaria como un tercero inocente. En la alternativa, el ELA aduce que no se encuentran los requisitos creados por la jurisprudencia para aplicar la de-fensa de “tercero inocente”.

En primer lugar, debemos disipar el argumento principal esgrimido por el ELA, en el cual alega que según la Ley Núm. 119 la defensa de “tercero inocente” solo pro-cede cuando se trata de un vehículo alquilado a corto plazo o de un vehículo robado o apropiado ilegalmente. No nos convence el razonamiento del ELA. Como expresamos, ni el historial legislativo ni las disposiciones expresas de la Ley Núm. 119 apoyan su planteamiento. Adviértase que la interpretación “restrictiva” de la defensa de “tercero ino-cente” que propone el ELA no encuentra cabida en nuestro ordenamiento jurídico. Ello, pues el legislador, en el ejerci-cio de su discreción, nada dispuso sobre alterar, restringir o dejar sin efecto esa defensa. Todo lo contrario. Del histo-rial legislativo de la enmienda a la Ley Núm. 119 se desprende el reconocimiento de la doctrina del “tercero ino-cente” en nuestro ordenamiento. Así las cosas, determina-mos que la defensa de “tercero inocente”, tal y como ha sido desarrollada jurisprudencialmente, continua vigente en nuestro ordenamiento.

Resuelta esa interrogante de umbral, resta por resolver si, conforme a los requisitos dispuestos por la jurispruden-cia, la señora Flores Pérez es un tercero inocente protegida contra la confiscación efectuada. Examinado el caso y tras evaluar los documentos que obran en autos, concluimos que existe base suficiente para aplicar a favor de la peticionaria la defensa de “tercero inocente”. Por lo tanto, incidieron los foros recurridos al determinar lo contrario. Veamos.

La prueba desfilada demostró que la entrega del vehí-culo por parte de la señora Flores Pérez a su hijo estuvo supeditada a que única y exclusivamente éste asistiera a una convención relacionada a sus estudios, pernoctara en un pueblo cercano al lugar donde se celebraba la actividad y retornara al día siguiente a esta. Del mismo modo, quedó probado que la peticionaria siempre ha tenido el control y dominio del vehículo y que —contrario a lo alegado por el ELA— no se lo entregó a su hijo de manera irrestricta. Además, era la primera vez que la señora Flores Pérez le prestaba el vehículo a su hijo. De la prueba admitida, no controvertida por el ELA, es forzoso concluir que la señora Flores Pérez tomó medidas cautelares expresas e impartió instrucciones claras para prevenir que su vehículo fuese utilizado en actividades ilegales.

Más aún, no existe duda de que la señora Flores Pérez desconocía las actividades criminales en las que estaba in-volucrado su hijo, no consintió el uso del vehículo para fines ilegales y no participó en los hechos que le merecieron a éste enfrentar un proceso criminal y una sentencia condenatoria. Adviértase que los hechos probados denotan que el hijo de la peticionaria se apartó sustancialmente de las medidas cautelares expresas tomadas por ésta y no ob-servó el fiel cumplimiento de las instrucciones otorgadas.

A la luz de lo anterior, resolvemos que la señora Flores Pérez merece ser considerada como una tercera inocente, por lo que procede su demanda de impugnación de confiscación. Sin duda, sostener la confiscación del vehículo en esas circunstancias particulares constituiría una pena aplicada al dueño inocente. Consecuentemente, revocamos la Sentencia recurrida.

V

En mérito de lo expuesto, resolvemos que a la señora Flores Pérez le cobija la defensa de “tercero inocente”, por lo que es improcedente la confiscación de su vehículo de motor. En consecuencia, revocamos el dictamen emitido por el Tribunal de Apelaciones y devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para los trámites de rigor de forma compatible con lo aquí resuelto.

El Juez Asociado Señor Rivera García concurrió con el resultado sin opinión escrita. La Juez Asociada Señora Ro-dríguez Rodríguez disintió del criterio de una mayoría de este Tribunal, aun cuando está conteste con la exposición del derecho sustantivo aplicable, según consignado en los acápites II y III de la opinión que antecede. Ello, por consi-derar que, en este caso, no se adujo prueba suficiente para determinar que las presuntas instrucciones y medidas cau-telares tomadas por la peticionaria fueron suficientes para que a ésta le cobijara la defensa del “tercero inocente”.

       Específicamente, se trata de un vehículo de motor Toyota Corolla de 2010.

       Nótese que, como parte de sus determinaciones de hechos, el Tribunal de Primera Instancia incluyó lo siguiente:
      “Declaró la demandante ser la dueña de la unidad vehicular, que la prestó a su hijo para que única y exclusivamente asistiera a la Convención de Terapia Respira-toria y pernoctara en Guánica, Puerto Rico. Expresa que siempre tuvo el control y dominio del auto y que su hijo no observó el fiel cumplimiento de las instrucciones dadas”. (Énfasis suplido). Apéndice, pág. 82.

       Surge expresamente de la Ley Núm. 119 que toda confiscación se notificará por correo certificado en un término jurisdiccional de treinta días, siguientes a la fecha de la ocupación física de los bienes. 34 LPRA sec. 1724j.

       Este Tribunal ha determinado que tanto los derechos del dueño del vehículo como los intereses económicos de una entidad financiera y su aseguradora, podrían ser considerados “terceros inocentes” si, claro está, establecen los elementos que acreditan esa condición. First Bank, Uni. Ins. Co. v. E.L.A., 156 DPR 77, 83 (2002).

       Al igual que en la derogada Ley de Confiscaciones de 1988, el Art. 25 de la Ley Núm. 119 especifica que un vehículo ha sido alquilado a corto plazo cuando el alquiler no exceda de un período total de tres meses, incluyendo renovaciones, ex-tensiones o modificaciones del contrato de alquiler. 34 LPRA sec. 1724v.

       De ordinario, la tendencia en nuestro ordenamiento jurídico ha sido la de favorecer la vindicación del derecho propietario del dueño del vehículo desvinculado de la actividad criminal que produjo la confiscación. Véanse: Coop. Seg. Múlt. v. E.L.A., 180 DPR 655, 662-663 (2011); Del Toro Lugo v. E.L.A., 136 DPR 973, 980-981 (1994); Ochoteco v. Tribunal Superior, 88 DPR 517, 528 (1963).