author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr., Juez Asociado Sr. Todd, Jr.

text:
    Georgina Luisa Lokpez Finlay, demandante, contrademandada y apelada, v. Víctor Luis Lokpez y Amelia Palmieri Vda. de Woods, hoy su Sucesión, demandados, contrademandante y apelante la última.
    Núm. 8520.

    Sometido: Noviembre 17, 1942.

      Resuelto: Marzo 25, 1943.

      Da/mián Monserrat, Jr., Gabriel de la Haba» y Rafael Baragaño, abo-gados de la apelante; Mariano Acosta Velarde, Federico Acosta Velarde y Daniel Pellón, Jr., abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Georgina Luisa Lokpez Finlay fué emancipada por su padre Víctor Lokpez por escritura pública otorgada ante el Notario Rafael A. Saliva, de Mayagüez, el día 25 de julio de 1935 y en la misma fecha y ante el mismo notario ella otorgó otra escritura concediendo poder general a favor de su mencionado padre autorizándole, entre otras cosas: “.para que en nombre y representación de la otor-gante venda y enajene toda clase de bienes inmuebles, mue-bles, y semovientes pertenecientes a la otorgante, y toda clase de derechos reales y personales de la otorgante; para que las enajenaciones y ventas que haga las otorgue por escri-tura pública con las condiciones y pactos que estime el apo-derado; para que adquiera para la otorgante toda clase de bienes inmuebles, muebles, y semovientes, derechos reales y personales, por precio y condiciones que estime; para que celebre toda clase de contratos, de hipoteca, subhipoteca, y permuta de toda clase de bienes inmuebles, muebles, semo-vientes, derechos reales, y personales de la otorgante, par-cial o totalmente, así como las subhipotecas; y firme pagarés, cheques y toda clase de documentos en repre-sentación de la otorgante;” (Bastardillas nuestras.)

A virtud de dicho poder Víctor Lokpez el 22 de mayo de 1937 tomó a préstamo de la señora Amelia Palmieri Vda. de Woods la suma de $6,000 y otorgó una escritura para garan-tizar dicha deuda hipotecando una finca de su hija. El día 13 de julio de 1938 la demandante revocó el poder que había concedido a su padre y presentó poco después esta acción en la corte inferior solicitando la nulidad de la escritura de hi-poteca alegando, entre otros motivos, que su padre no ejer-cía la patria potestad sobre ella y no podía emanciparla; que asumiendo que su emancipación fuera válida, el poder con-cedido a su padre no lo autorizaba para tomar dinero a prés-tamo. Los demandados negaron estos hechos y como defensa principal alegaron que la demandante en todo caso había ra-tificado el contrato otorgado y se había beneficiado con el importe del préstamo, solicitando la codemandada, Sucesión de doña Amelia Palmieri, que de prosperar la acción de nu-lidad se condenara a la demandante a devolver dicha suma.

La corte inferior declaró con lugar la demanda y la su-cesión demandada apeló de la sentencia y en este recurso alega que cometió error, 1, al declarar que el mandatario carecía de facultades para realizar los actos que impugna la demandante y en su consecuencia que no podía tomar dinero a préstamo y otorgar el contrato de hipoteca; 2, al declarar que la prueba ofrecida por medio de los testigos Nathaniel Passarell, y María Amelia Pasarell, tendientes a probar la ratificación del contrato de hipoteca era impertinente; 3, al declarar que no hubo dicha ratificación, y 4, al declarar que el contrato de hipoteca es nulo e inexistente.

Como todas las cuestiones referentes al estatuto personal de la demandante apelada, al ejercicio de la patria potestad de su padre sobre ella, a su emancipación y al otorgamiento del poder, fueron resueltas por la corte inferior a favor de los demandados, la recurrente, como es natural, se abstuvo de discutir dichas cuestiones en sú alegato por no ser objeto de este recurso. Esto no obstante, la demandante apelada en el suyo después de refutar los errores antes mencionados las discute ampliamente por cuyo motivo los apelantes radi-caron un alegato de réplica sosteniendo la conclusión a que llegó la corte inferior. Somos de opinión que estas cuestio-nes fueron correctamente resueltas por dicha corte. Véase al efecto nuestra decisión en el caso de Lokpez v. Fernández, resuelto en marzo 10, 1943, ante, pág. 522.

Pasamos a considerar y resolver los errores alegados en el presente recurso.

El primero envuelve la determinación de si él poder otorgado por la demandante a su padre incluía la facultad para tomar dinero a préstamo a nombre de la demandante y garantizar la deuda contraída con hipoteca.

De una mera lectura de la parte pertinente del poder an-teriormente transcrita se verá que a pesar de ser el mismo uno de carácter general no contiene autorización expresa al-guna para tomar dinero a préstamo. Desde el año 1909 este tribunal ha resuelto consistentemente que los mandatos de-ben ser interpretados en forma restrictiva siguiendo así la doctrina establecida por el Tribunal Supremo de España y la interpretación de los comentaristas del Código Civil. Co-menzando con el caso de Fano v. Registrador, 15 D.P.R. 334, resuelto en dicho año, y terminando con el de Font v. Registrador, 57 D.P.R. 648, resuelto en el año 1940, la doctrina de la interpretación estricta ha sido ratificada en muchas deci-siones de las cuales se citan algunas en el caso de Pont, supra. Directamente aplicable al caso de autos es la decisión en el de Villar v. Registrador, 17 D.P.R. 434, ratificada en Iturrondo v. Registrador, 17 D.P.R. 437, y Llull v. Registrador, 20 D.P.R. 440.

En el caso de Villar, supra, se resolvió que la facultad de tomar dinero a préstamo tiene que ser concedida expre-samente por el mandante, aún cuando el poder allí interpre-tado concedía la facultad para hipotecar y vender. Esta Corte, por voz de su entonces Juez Asociado Sr. Del Toro, se expresó en esta forma:

"La facultad para tomar dinero a préstamo no aparece conferida expresamente, pero el recurrente alega que lo fué de una manera im-plícita, ya que el poderdante, no sólo faculta a su apoderado para hipotecar todos sus bienes, derechos, créditos y acciones, sino tam-bién para venderlos, permutarlos y cederlos.
"Si la interpretación que se diera a los mandatos, fuera amplia y liberal, tal vez tendría razón el recurrente; pero como de acuerdo con la ley natural, la equidad, la jurisprudencia y el'mismo Código Civil, deben ser interpretados en sentido restrictivo, la razón en este caso está de parte del registrador.
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"El tomar dinero a préstamo es un asunto serio y una persona puede estar perfectamente dispuesta a dar a su apoderado facultad para vender o hipotecar con objeto de pagar deudas existentes, etc., y no querer facultarle para contraer préstamos. Las facultades de los apoderados deben ser claras y precisas y la de tomar dinero a préstamo, si se confiere, debe hacerse constar expresamente en el documento público que al efecto se otorgue.”

Es cierto que tanto en este caso como en el de Iturrondo, supra, hubo-dos votos disidentes, pero, en el de Llull v. Registrador, supra, se aprobó la doctrina del caso de Villar y los dos jueces que habían -disentido anteriormente se unie-ron a la mayoría, siendo ponente uno de ellos, el Juez Aso-ciado Sr. Wolf, quien a nombre del tribunal se expresó así:

‘Aun en el supuesto de que los términos en que está redactada dicha cláusula cuarta tengan únicamente aplicación a un préstamo contraído por el mandatario, como así sostiene el recurrente, debe prevalecer la doctrina sentada en el recurso gubernativo de Villar v. El Registrador, 17 D.P.R. 434, al efecto de que a menos que expre-samente se faculte, el poder para hipotecar no implica facultad para tomar dinero a préstamo, pero de cualquier modo siendo am-bigua la cláusula cuarta ya mencionada, la nota del registrador debe confirmarse. ’ ’

Arguyen los apelantes que en el caso de Diez v. Green et al., 32 D.P.R. 814, 816, esta corte modificó la doctrina del caso de Villar, supra, “estableciendo que cuando se confiere la facultad de hipotecar y la de expedir pagarés, puede to-marse dinero a préstamo”. No tienen razón los apelantes, pues lo resuelto en el caso de Diez v. Green, supra, no tiene el alcance que ellos quieren darle. Lo que se sostuvo por esta corte fué que al haberle concedido Diez a su mandata-rio Pérez poder para suscribir pagarés se le había autori-zado a reconocer una deuda ya contraída por su mandante y que por tanto no era nula una hipoteca constituida por Pérez a favor de Green para garantizarle dicha deuda. Des-pués de hacer referencia a las facultades contenidas en el poder, esta Corte dijo:

“Las mencionadas facultades conferidas al apoderado demuestran por sí mismas que don Antonio Diez no sólo confirió a José B. Pérez, un poder amplio y general para actuar en su nombre sino que ex-presamente le confirió facultad para otorgar hipotecas, para otorgar en documentos públicos los contratos que realice y para suscribir pagarés, que son documentos en que se reconocen deudas, por lo que no podemos declarar que sea nula la escritura de primero de junio de 1914 en la que el apoderado constituye hipoteca sobre una finca de su mandante para responder a Green del pago de los $5,000 que reconoció estar adeudándole su mandante.”

Si el apoderado en el caso de autos se hubiera limitado a reconocer la existencia de una deuda contraída por su mandante, sería aplicable la doctrina del caso de Diez v. Green, supra, ya que el poder concedido en ambos casos fa-cultaba al apoderado para hipotecar bienes de su mandante y firmar pagarés. Pero el contrato aquí celebrado por el apoderado fué completamente distinto, es decir, tomó dinero a préstamo en nombre de sn mandante sin qne existiera denda alguna, y por .tanto, es inaplicable la doctrina del caso antes mencionado.

También citan los apelantes el caso de Dapena v. Sucesión Dommicci, 12 D.P.R. 66. Tienen razón al argüir qne dicho caso está en contradicción con la doctrina anterior-mente expuesta y sostiene sn posición. A pesar de qne en el poder sólo se concedía autorización para administrar, dirigir y gobernar los bienes del mandante, esta Corte por voz del Juez Asociado Sr. MacLeary resolvió lo siguiente:

“Aunque el pedir dinero prestado y el otorgamiento de un pa-garé para garantía de la cantidad prestada o la compra de efectos y el contraer deudas y arreglo de las mismas por medio de un pagaré no se ban mencionado de un modo especial, sin embargo, el poder para hacerlo está necesariamente comprendido en la dirección y ad-ministración general de las propiedades, y el apoderado, de acuerdo-con la autoridad conferídale podía contraer la deuda y otorgar el pagaré. Creemos suficiente el poder para facultar al apoderado a otorgar, ejecutar y entregar el pagaré objeto del presente litigio.”

La opinión no contiene cita algnna de autoridades para sostener la conclusión a que se llegó. Aparentemente se aplicó la excepción a la regla general que prevalece en el Derecho Común al efecto de que puede hacerlo . . cuando el carácter del negocio o las obligaciones del agente son de tal naturaleza que sea razonablemente necesario que él tome o dé dinero a préstamo para llevar a cabo sus instrucciones y los deberes de su cargo, ...” 2 C.J.S., Agency, sección 110. Decimos que ésta es la excepción porque la regla general en los Estados Unidos es igual a la nuestra. Como se dijo en el caso de Williams v. Dugan, 105 N. E. 615, 217 Mass. 526:

“La autoridad para tomar dinero a préstamo o para expedir y entregar pagarés es una de las más importantes que un principal puede conferir a un agente. Conlleva grandes probabilidades de ca-lamidad económica. No debe ser implicada a la ligera. Debe ser concedida en forma expresa o surgir como una consecuencia necesaria e inevitable de la naturaleza del mandato concedido.”

En el Restatement sobre Agency, sección 74, se expresa la regla diciéndose: “A menos qne se haya acordado en otra forma, nn agente no tiene autoridad para tomar a prés-tamo a menos qne sea nsnalmente incidental al cumplimiento de actos qne esté autorizado a realizar para el principal.”

El caso de Dapena v. Dominicci fué resuelto con anterio-ridad a los de Villar v. Registrador; Iturrondo v. Registrador y Llull v. Registrador, ratificados en el de Font v. Registrador, supra, y en tanto en cuanto esté en conflicto con la regla de interpretación estricta del mandato en éstos es-tablecida, debe considerarse revocado.

Por último sostienen los apelantes que si el poder no concedió autoridad a Lokpez para tomar dinero a préstamo, la demandante sí le autorizó para hacerlo en varias cartas que escribió a su padre después de otorgado el poder. He-mos leído detenida y repetidamente dichas cartas (Exhibit “J” demandados) y coincidimos con el análisis y alcance que la corte inferior da a las mismas en su opinión cuando dice:

“. . . . En ninguna de las referidas cartas se autoriza al Sr. Lokpez para tomar dinero a préstamo. En la primera, que tiene fecha febrero 19 de 1937, le dice la demandante a su padre, entre otras cosas: ‘En primer lugar, los $10,000 que tú me envíes va a estar a mi nombre.’ ‘Empieza a preparar dinero para la cuestión del divorcio aquí pues tengo que darle anticipadamente a los aboga-dos algo.’ ‘Necesitaría me enviaras cosa de $500.’ ‘Si tú ense-guida que encontraras los $10,000 te vinieras conmigo sería encan-tador.’ ‘Recibí los $300 como te decía en mi anterior y le envié $200.’
“La segunda carta, fechada febrero 23 de 1937, contiene las si-guientes frases: ‘ Quiero preguntarte' como cuánto tardarás en con-seguirme el dinero.’ ‘Tú sabes la mayoría de lo que me mandes se lo envío a Pedrito.’ ‘Trata de girarme papi lo más pronto que pue-das alrededor de $500, esta vez no le enviaré a él.’ ‘Acuérdate pues tan pronto recibas ésta gírame lo que consigas.’
“La tercera, de fecha febrero 26 de 1937, dice lo siguiente: ‘Yo te pedí dinero para los abogados de aquí.’ ‘Tú me mandas dinero por parte el cual se hace agua por la sencilla razón de que aquél por allá y yo por acá tenemos que tener dinero.’ ‘De lo del negocio te diré cuando tenga el dinero y se vaya a poner.’
“T en la última, fechada marzo 4, 1937, le dice la demandante a sU padre: ‘Te acabo de poner otro cable pidiéndote más dinero.’ ‘Si me hubieras enviado los $10,000 ya todo estaría muy adelantado y me iría y con $8,000 a poner allá un negocio, pero yo confío en tí y espero me los mandes prcmto para que Pedrito empiece a trabajar. ’ ‘Te suplico hagas los esfuerzos necesarios para enviarme ese dinero para empezar a trabajar.’
“Hemos analizado y leído con cuidado todas y cada una de las referidas cartas, y después de ello quedamos convencidos de que en las mismas no se hace referencia a préstamo alguno. Todas ellas son .cartas dirigidas a un padre por una hija criada como rica, compla-cida en todos sus caprichos y nunca, contrariada, cómo lo comprue-ban las mismas, de las que aparece que el padre consentía y permitía que su hija gestionase el divorcio del que hoy es su esposo, pagando los abogados y dándole dinero a la entonces esposa del mismo, e iba a conseguirle a su hija la suma de $10,000 para que el esposo de la misma estableciese un negocio. No hay evidencia de que las refe-ridas cartas le hubiesen sido mostradas a la demandada Sra. Yda. de Woods a los fines de obtener de la misma el préstamo.
“El exhibit 8 de la demandante, que lo es un estado de cuenta, corrobora nuestra conclusión de lo consentida que estaba la deman-dante. Demuestra dicho estado de cuenta, que desde enero 18 del año 1937 hasta mayo 20 de dicho año, dos días antes de hacerse el préstamo, el Sr. Lokpez había entregado a su hija, la demandante, $4,160, más de $1,000 mensuales.”

La peticipn que la demandante le hacía a su padre para que le enviara $10,000 para establecer un negocio y pagar los gastos del divorcio de su futuro esposo, no puede inter-pretarse implícitamente como una autorización al padre para tomar dicha suma a préstamo. Dicha petición es compatible con la facultad que ya tenía el padre de la demandante para vender cualquier propiedad de ésta, como en efecto lo hizo según demuestra el exhibit 7 de la demandante en el que se detallan los bienes vendidos, a virtud del poder, por una suma total de $47,074.11. De este total corresponde a sola-res vendidos desde el 26 de febrero al 11 de mayo de 1937, o sea antes de la hipoteca de este caso otorgada en 22 de mayo, la suma de $5,816.60. No puede por implicación sos-tenerse que el padre de la demandante fue autorizado a to-mar a préstamo los $6,000 cuando los hechos probados de-muestran que estaba utilizando el poder expreso concedídole para vender. No se cometió el primer error.

El segundo y tercero pueden discutirse y resol-verse conjuntamente, pues se refieren a la no admisión por la corte inferior de cierta prueba ofrecida por los demanda-dos para sostener su defensa de que el contrato de préstamo e hipoteca fue ratificado por la demandante, y al resolver que no hubo tal ratificación.

En el hecho sexto de la materia nueva de defensa en su contestación los demandados alegaron “Que la demandante ha ratificado tanto la escritura de hipoteca objeto de impug-nación en la demanda, como todos lo^ contratos verificados por su padre en virtud de dicha emancipación y poder general por actos posteriores a dicha emancipación y otorga-miento de poder general. ...” En relación con este hecho la demandante solicitó y obtuvo que los demandados radica-ran un bill de particulares el que en parte, dice así:

“La demandante ba ratificado tanto la escritura de hipoteca como todos los demás actos realizados por su padre:
“ (a) Al solicitar de la demandada, por conducto del abogado que suscribe y del hijo de la demandada Nathaniel Pasarell, el levanta-miento y cancelación parcial de dicha hipoteca, en cuanto a un solar que formaba parte de la finca hipotecada para venderlo a una tercera persona libre de dicho gravamen.”

¿Se probó la ratificación? Los demandados trataron in-sistentemente de presentar prueba al efecto mediante las de-claraciones de Nathaniel Pasarell y María Amelia Pasarell. La demandante se opuso y la corte denegó su admisión, ano-tando los demandados excepción.

Son dos los incidentes que aparecen en la transcripción de la evidencia" en relación con esta prueba. El primero al estar declarando el testigo Nathaniel Pasarell, hijo de doña Amelia Palmieri, la primitiva acreedora hipotecaria. Se le preguntó: “¿Qué ofrecimientos de pago, si algunos, se le hicieron a doña Amelia Palmieri por conducto suyo en re-lación con este préstamo hipotecario % ’ ’ Surgió entonces un largo incidente al oponerse el ahogado de la demandante a la pregunta por el hecho de que habiendo aclarado el abo-gado de los demandados que las gestiones las había reali-zado el esposo de la demandante, “ya la propia demandante ha declarado aquí que ella nunca dió mandato a nadie” y siendo los bienes privativos de la demandante las actuacio-nes de su esposo no podían obligarla. La argumentación de los demandados fue al efecto de que siendo el marido el ad-ministrador de la sociedad de gananciales y de cargo de ésta, de acuerdo con el artículo 1308 del Código Civil, “los atra-sos o réditos devengados durante el matrimonio, de las obli-gaciones a que estuvieren afectos así los bienes propios de los cónyuges como los gananciales”, era admisible la prueba para demostrar las gestiones que el Sr. Eovira, esposo de la demandante, había realizado a nombre de ésta para pagar los intereses de la hipoteca y para obtener el consentimiento de la acreedora para vender los solares hipotecados liberán-dolos del gravamen y percibiendo la acreedora una tercera parte del precio de la venta.

Somos de opinión que la corte inferior cometió error al no admitir esta prueba de los demandados especialmente si tomamos en consideración las declaraciones de la deman-dante, la de su esposo y la del cobrador, Sr. Peña.

La demandante, anticipándose a rebatir la defensa de los demandados, trató de desvirtuar toda actuación de su parte que pudiera implicar la ratificación del préstamo. Tanto ella como su esposo negaron que éste o el cobrador Sr. Peña tuvieran autorización de la demandante para pagar los inte-reses que Peña satisfizo a nombre de ella a la acreedora en el mes de mayo de 1938 y también negaron que la deman-dante hubiera autorizado a su esposo a gestionar la venta de solares sujetos a la hipoteca con el consentimiento de la acreedora. Empero, todas estas negaciones pierden sn efi-cacia al confrontarlas con las actuaciones de la demandante y de su esposo según sus propias declaraciones corrobora-das por la de Peña.

Declaró la demandante que en el mes de mayo de 1938 ella se hizo cargo de sus bienes y que Peña, que había sido nombrado por su padre, continuó como cobrador. Que desde dicho mes de mayo Peña le liquidaba sus cuentas a su es-poso ; que ella no recuerda la cantidad que le entregaba; que ya ella sabía de la hipoteca; que su esposo subió los cánones de arrendamiento por su propia cuenta sin autorización suya; que su esposo pagaba las contribuciones y también iba donde Peña a coger el dinero de las rentas y luego se lo daba a ella; que ella no intervenía en nada en la administración de sus propiedades; que su esposo cobraba, “pero cosas de es-critura que se vendía, (ella) tema que firmar”; que cuando se iban á vender solares el interesado discutía el precio con ella y con su esposo. Específicamente negó la demandante que ella o su esposo hicieran gestiones para vender los so-lares hipotecados a doña Amelia, ni autorizó a su esposo para hacer gestiones de venta.

El Sr. Rovira, esposo de la demandante, declaró que él recibía el dinero producto de las rentas de su esposa; que supo que el cobrador Peña había pagado los intereses de la hipoteca correspondientes al mes de mayo, 1938, y le dijo que no debió haber hecho tal pago y que en lo sucesivo se abstuviera de hacerlo; que no le dijo nada a su esposa de ese pago; que Peña cobró alrededor de $400 en mayo y en la deducción de su comisión y los $40 de los intereses que-daron, unos $320 y le entregó parte a su esposa y se quedó con parte y le dijo: “aquí tienes lo que se ha cobrado de las rentas este mes. Esto es lo que ha sobrado”; que ella no le pidió explicación y él no le dijo del pago de los inte-reses; que él no tenía autorización de su esposa pero que “ése es un interés que se toma un esposo por los intereses de su señora”; que ella tenía plena confianza en él y la si-gne t'eniendo pues él es “el llamado a dar el frente en esas cosas”. (Bastardillas nuestras.)

Aparentemente extrañado de lo dicho por el Sr. Rovira el juez sentenciador le preguntó: “Y no obstante toda esa protesta que hizo al señor Peña, no le comunicó a su esposa nada de lo ocurrido?” contestando en la negativa el testigo porque ella no sabía que hubiese nada de eso y porque como eso estaba bajo estudio le dijo que no pagara los intereses.

Peña corroboró plenamente las declaraciones de la de-mandante y su esposo al efecto de que era el Sr. Rovira quien se entendía mensualmente con él en la liquidación de las rentas de la demandante; que él pagó los intereses del mes de mayo a la'Señora Palmieri, y Rovira le dijo que no debió haberlo hecho; que él nunca se entendió directamente con la demandante; que Rovira le aumentó el canon a los inquilinos; que cuando la demandante y Rovira se fueron a New York él le enviaba el dinero por giro a Rovira.

Be toda esta prueba surge el hecho de que el administra-dor de los bienes privativos de la demandante lo era su es-poso el Sr. Rovira. Es cierto que tanto ella como él dijeron que él no tenía poder concedido por ella. Empero, ¿qué valor pueden tener estas' palabras ante las actuaciones del pro-pio Rovira admitidas como ciertas tanto por la demandante como por.él y corroboradas por Peña? Be hecho se probó que aunque la demandante no hubiera otorgado un poder ex-preso a su esposo para vender sus propiedades, sí le enco-mendó la administración de sus bienes privativos incluyendo las gestiones para la venta de solares aunque “para cosas de escritura ella tenía que firmar”. Era él quien recibía las rentas y le entregaba parte a la demandante y se quedaba con otra parte; era él quien fijaba los cánones de arrenda-damiento y quien pagaba las contribuciones y con quien se entendía el cobrador Peña, todo ello con la aquiescencia de la demandante. Si todo esto se probó a través de la prueba de la demandante, ¿bajo qué teoría legal puede sostenerse que la prueba de los demandados que tendía a demostrar otras actuaciones de Rovira en representación de su esposa, no era admisible? No decimos ni resolvemos cuál pudo ser el al-cance o el crédito que esa prueba debió tener o merecer en la mente del juzgador, pero sí resolvemos que era claramente admisible para contradecir la prueba de la demandante ten-diente a negar la autoridad con que actuaba su esposo y para sostener la defensa de ratificación alegada por los demanda-dos. Si para la venta de los bienes inmuebles privativos de la demandante necesitaba Rovira poder expreso de su es-posa, para realizar las gestiones de venta, pagar intereses y otros actos similares de administración bastaba con el que tácitamente se probó que le había conferido. Artículos 1601 a 1604 del Código Civil. Si la realización de estas gestiones con el conocimiento y aprobación de la demandante tuvo como efecto la ratificación por su parte del contrato de préstamo, es cuestión que sólo podría resolverse después de conocer la prueba que no fué admitida, teniendo en cuenta el artículo 1618 del Código Civil especialmente en su segundo párrafo preceptivo de que “En lo que el mandatario se haya exce-dido no queda obligado el mandante sino cuando lo ratifica expresa o tácitamente(Bastardillas nuestras.)

Comentando Manresa el segundo párrafo del artículo 1727 del Código Civil de España, equivalente al 1618 del nuestro, dice en el volumen 11, páginas 536, 37 de su obra:

“. ■ • Baste consignar que el precepto legal satisface en este punto las normas de la justicia más estricta, y que, además, en la evolución histórica y legal, fué siempre la ratihabitio considerada como facultad inherente del poderdante. La ratificación expresa y tácita, por lo que atañe a síes efectos, están en la ley justamente equi-paradas, porque no significa otra cosa sino la prestación del consen-timiento y las manifestaciones de la voluntad, ora por la palabra, verbo del pensamiento, ora por los actos derivados de la deliberación de éste y del querer de aquélla(Bastardillas nuestras.)

Equiparadás en sus efectos la ratificación expresa y tá-cita, corresponde a quien la alega probarla y habiéndose an-ticipado" la demandante por sn prueba en tratar de negar dicha ratificación, erró la corte inferior al no admitir la prueba de los demandados que era esencial para poder resolver con acierto si hubo o no la ratificación, especialmente tácita. Habiendo demostrado la prueba de la demandante ciertos actos realizados por el Sr. Eovira es de aplicación la última parte del artículo 385 del Código de Enjuiciamiento Civil (Artículo 23, Ley de Evidencia) al efecto de que: “ . . . cuando un acto, declaración, conversación o escrito aislado, se presentare como evidencia, podrá también presen-tarse como tal cualquier otro acto, declaración, conversación o escrito, que fuere necesario para su conocimiento total.”

La situación que presenta el caso de autos es una que requería la determinación de dos cuestiones, 1, si la deman-dante concedió poder tácito a su esposo para administrar sus bienes privativos, y 2, si el esposo al actuar como manda-tario de su .esposa ratificó, con el conocimiento y consenti-miento expreso o tácito de la demandante el préstamo de que era deudora a los demandados. En cuanto a la primera cuestión ya hemos resuelto que la propia prueba de la de-mandante demostró que ésta concedió dicho poder a su es-poso. La segunda cuestión no podemos resolverla por no tener ante nos la prueba que fué rechazada por la corte inferior. No se trataba de probar por los demandados, como erróneamente fué enfocada esta cuestión, actuaciones del Sr. Eovira como administrador de la sociedad de gananciales, sino sus actuaciones como administrador de los bienes priva-tivos de la demandante, hecho que, según hemos dicho, quedó plenamente demostrado.

Somos de opinión que el segundo error fué cometido y que el mismo conlleva la revocación de la sentencia.

Se declara con lugar el recurso, se revoca la sentencia apelada, debiendo devolverse el caso a la corte inferior para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

EN MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN

RESOLUCION

Abril 27, 1943.

Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Todd, Jr.

Vista la moción de reconsideración presentada por la apelada fundada, primero, en la inaplicabilidad a los hechos de este caso de la doctrina del domicilio; segundo, que de aplicarse, la demandante era menor de edad a la fecha de los supuéstos actos de ratificación y estando ella domiciliada en New. York no pudo ratificarlos; tercero, que el error de no admitir la prueba tendente a probar la ratificación no es perjudicial porque la demandante, por ser menor de edad, no podía ratificar el contrato de hipoteca sin el consentimiento paterno y, cuarto, porque dicho contrato por ser nulo en el sentido de inexistente no era confirmable.

Por cuanto el primer fundamento, como dijimos en nues-tra opinión original, no fué objeto de un señalamiento de error en este recurso, y sólo hicimos referencia a lo resuelto en el caso de Lokpez v. Fernández, ante pág. 522;

Por cuanto no estamos en condiciones de resolver los fundamentos segundo, tercero y cuarto, pues la prueba no admitida en cuanto a la declaración del Sr. Nathaniel Pasa-rell no se refería únicamente a una fecha anterior a aquella en que la demandante cumplía su mayoría de edad sino en términos generales a si la demandante “en alguna época” solicitó, autorización del Sr. Pasarell para vender los solares hipotecados (págs. 127,190 y 191 T. de E.) debiendo por tanto dichas cuestiones ser resueltas por la corte inferior de acuerdo con el alcance legal de la prueba que se admita y los hechos que considere probados en relación con la ratificación y si el contrato, de acuerdo con dicha prueba era confirmable o no.

Por tanto, se declara sin lugar la moción de reconside-ración.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señoh Todd, Je.,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Ramón Guzmán, acusado y apelante.
    Núm. 9650.

    Sometido: Febrero 9, 1943.

      Resuelto: Marzo 25, 1943.

      Frank Torres, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis-Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señoh Todd, Je.,

emitió la opinión del tribunal.

José Ramón Guzmán fué acusado ante la Corte de Dis-trito de Ponce de un delito de homicidio involuntario y ce-lebrado el juicio el jurado rindió veredicto de culpabilidad y la corte lo sentenció a cumplir dos años de cárcel. El acu-sado en el presente recurso de apelación alega, que la corte inferior cometió seis errores, a saber: ‘ ‘ 1, al no ordenar que el acusado o su abogado se tramitaran (sic) al sitio de los sucesos en el mismo vehículo en que se condujo al jurado, acompañado de la persona designada por la corte para que sirviera de guía al jurado privándole así el derecho a estar presente durante una parte importante del juicio; 2, al de-negar como denegó la moción en arresto del veredicto y de nuevo juicio; 3, al no resolver a tiempo la moción del acu-sado para que se retirara al jurado, mientras se impugnaba por la defensa la manifiesta improcedencia del ‘opening address’ del fiscal; 4, al denegar las instrucciones de la de-fensa; 5, al nombrar a un testigo de El Pueblo, quien era menor de edad, para que mostrase al jurado el sitio de los sucesos y al no considerar a un testigo de la defensa o a una persona extraña al caso, y 6, al permitir que la persona de-signada . . . declarara ante los señores del jurado de cómo sucedieron los hechos, violando así los derechos constitucio-nales del acusado.”

El primero y quinto de dichos señalamientos de error carecen de méritos. En el reciente caso de Pueblo v. Cruz, 60 D.P.R. 116 esta Corte Suprema, después de considerar ampliamente la cuestión, estableció las reglas generales que deben prevalecer al llevarse a cabo una inspección ocular en un proceso criminal y se resolvió que, de acuerdocon el artículo 258 del Código de Enjuiciamiento Criminal el juez tiene discreción para nombrar a un testigo para que muestre al jurado el sitio de los sucesos y que una inspec-ción celebrada en ausencia del acusado no infringe la garan-tía constitucional contenida en el artículo 2 de nuestra Ley Orgánica.

Del récord en el caso de autos aparece que el acusado y ■sus abogados estuvieron presentes en la inspección ocular. El hecho de que ellos no fueran llevados al lugar de la ins-pección en el mismo vehículo que el jurado, en forma alguna puede interpretarse en el sentido de que se les privó del de-recho de estar presentes durante una parte importante del juicio. No aparece del récord que el acusado solicitara de la corte ser llevado en el mismo vehículo y que le fuera de-negado; pero aún cuando así apareciera no se hubiera co-metido el primer error. Tampoco el quinto de acuerdo con lo resuelto en el caso de Pueblo v. Cruz, supra.

El abogado del apelante en su alegato se limita a ex-poner el segundo error y en lo que titula “Discusión” dice: '“Para la discusión de estos errores respetuosamente referi-mos la atención del tribunal a las páginas 273-295 de la Transcripción de la Evidencia”, y alega que por lo que allí aparece, “la corte actuó con pasión, perjuicio (sic) y parcia-lidad al no concluir que Mérida González hizo manifestacio-nes altamente perjudiciales al acusado en presencia del ju-rado.”

Esta no es la forma de hacer un señalamiento de error ■ante esta corte. No estamos obligados a revisar veintidós páginas de la transcripción de .evidencia sin que el abogado haya primeramente especificado en qué consiste el alegado .error que imputa a la corte inferior. Fabelo v. Quintana Reyes, 53 D.P.R. 85. Tiene razón el fiscal de esta corte ai decir en su alegato lo siguiente:

“No bay señalamiento específico en este alegado error que nos pueda orientar para saber exactamente cuál es la contención del .apelante. La transcripción de evidencia, en la parte a que nos re-fiere el apelante, tiene más de veinte páginas. La moción mixta en ‘arresto del veredicto’ y concesión de nuevo juicio consta de nueve apartados (el último subdividido en cuatro partes) y siete de ellos imputan errores a la corte inferior, sin que el apelante discuta o ar-gumente ante este tribunal dichas cuestiones, dentro de este amplí-simo señalamiento de error. No sabemos qué punto específico refu-tar, y no creemos que tenga derecho el apelante a que se considere este alegado error, sin una adecuada presentación al tribunal en su alegato, con los argumentos en pro del alegado error cometido, ni a que por una mera referencia a la transcripción de evidencia, tenga este tribunal y la parte apelada que repasar todas y cada una de las-cuestiones planteadas en la moción presentada a, y resuelta por la corte inferior, y cada una de las resoluciones (rulings) con relación a cada uno de esos puntos. (Pueblo v. Lamboy, 38 D.P.R. 230, 237.) ”

El tercer error también carece de fundamento. Es cierto que el acusado objetó ciertas manifestaciones hechas por el fiscal al presentar su caso al jurado al comenzar el juicio y solicitó que la corte instruyera al jurado para que no las tomara en consideración. Aparece del récord que ambas partes argumentaron la cuestión y que la corte la resolvió a favor del acusado y dió la instrucción solicitada (T. de E., págs. 40 a 49). La corte no se negó a retirar al jurada y si éste permaneció en sala unos momentos se debió a que no se solicitó hasta después que las partes habían comenzado' a argumentar la cuestión legal planteada. Habiendo sido ésta resuelta a favor de la defensa no vemos cómo pudo perjudicarle el hecho de que el jurado permaneciera en sala unos instantes, habida cuenta de la instrucción de la corte al efecto de que no debería tomar en consideración las manifestaciones del fiscal.

El cuarto señalamiento es al efecto de que la corte erró al denegar las instrucciones de la defensa. El apelante,, al igual que en el segundo señalamiento, tampoco argumenta este error pues se limita a referirnos a las instrucciones enumeradas I, III, IY y Y que aparecen en el legajo de la sentencia. Hemos leído dichas instrucciones y bastará con decir que su denegación estuvo justificada pues ya la corte las había incluido en sus instrucciones generales al jurado.

Sí discute el apelante nn extremo que no incluyó en el ■error señalado. Sostiene que el juez sentenciador se excedió en sus poderes legales al recalcar en sus instrucciones al ju-rado que tomaran en consideración el interés “nada normal” del acusado al declarar en su propia defensa.

No comprendemos cómo el abogado del apelante hace una aseveración de esta naturaleza pues lo dicho por el juez fue todo lo contrario a lo expuesto por él. La frase usada en la instrucción al referirse al interés que puede tener un acu-sado al declarar como testigo fué que “es un interés natural y nada anormal”, y termina diciendo: “Por el hecho de que él declare y tenga interés, no deben descartar su testimo-nio. ...”

El último señalamiento de error se refiere a haber permitido la corte inferior que la persona designada para mostrar el sitio de los sucesos declarara ante el jurado de cómo sucedieron los hechos. El apelante se concreta, para discutir este error, a copiar lo siguiente de la transcripción de evidencia:

“Vuelvo a tomarle juramento de nuevo a la señorita Mérida Gon-zález. ¿Jura usted decir la verdad y nada más que la verdad de lo que sepa y se le pregunte en esta inspección ocular por los señores del jurado y por el Juez ?
“Srta. Mérida González: Sí, señor.
“¿El día 25 de enero de 1942, estaba usted aquí?
“Sí, señor.
“Dígale a los señores del jurado dónde estaba usted. Aquí arrin-conada.
“¿Junto a la verja? Sí, señor. Con el nieto de don Eladio Ayala al lado derecho mío.
“¿Erente al portón de entrada? Sí, señor.
“¿Estaba esa noche en las mismas condiciones? Estaba oscuro.
“¿El terreno? ¿Cómo estaba la tierra; la carretera, la zanja? Ahora está lleno de gente.
“¿Cómo estaba el terreno? Estaba en esas mismas condiciones.
“¿Los señores del jurado, que están viendo el terreno quieren hacer alguna pregunta?
“Jurado Sr. Marcelino Santos: ¿El grupo, dónde estaba?
“Lie. Frank Torces: Todo esto con nuestra oposición.
'1 Testigo: Aquí.
“No conteste la pregunta. Que se entienda objetado todo el in-terrogatorio que le ba heebo la Corte a la persona designada, o sea, a la señorita Mérida González. Que se entiendan objetadas todas las preguntas que se le hagan a esta señorita, no importa de quien provengan, con referencia a la situación física de donde estaban las personas, por el fundamento de que esta persona no es un testigo que está declarando en el juicio formal de este caso, y de declarar, ella impresionaría a los jurados, en contra de los derechos sustan-tivos del acusado. Y no vamos a repreguntar.
“Juez: Podrá repreguntar la defensa con respecto a esas pre-guntas.
“Lie. Frank Torres: Hemos objetado, y entendemos que si re-preguntáramos, renunciaríamos al derecho de nuestra objeción. Nuestra objeción es que ésta es una testigo que aparece como testigo ■del Pueblo.”

Limitándonos a considerar lo anteriormente transcrito, ■que es a lo que nos llama específicamente la atención el ape-lante, podríamos decir que la testigo se limitó a contestar ■varias preguntas que le hizo el juez en cuanto,al sitio donde ■ella estaba la noche de los sucesos; que la noche estaba os-cura y que el terreno estaba en las mismas condiciones; y que su declaración en nada pudo perjudicar al acusado. Empero, leyendo toda el acta de la inspección ocular (T. de E., págs. 251 a 260) es cierto que al preguntársele por un jurado en qué sitio estaba parada la guagua la testigo con-testó: “La guagua estaba para allá arriba. Dejó al señor Ayala aquí, y el carro salió a la brea y fué a parar allá. El carro pasó a una velocidad exagerada”; pero la corte le in-dicó a la testigo que no podía declarar “sobre los hechos del caso” (T. de E., págs. 255-57). El abogado defensor se negó a repreguntar a la testigo. Al volver a la sala de sesiones la corte dió la siguiente instrucción al jurado:

“Hemos regresado de la inspección ocular con respecto a este caso. La Corte quiere'advertirles a los señores del jurado, que de la inspección ocular deberán tomar en consideración aquella parte de las manifestaciones de la persona que designó la Corte para ilustrar a los señores del jurado que se refiere a la topografía del terreno, y a las personas y cosas que estaban allí. Si alguna cosa se dijo, que-no-fuera ésa; por ejemplo, aquella manifestación a preguntas de un. jurado, que el automóvil iba a una velocidad exagerada, eso lo de-berán eliminar por completo y no tomarlo en consideración. Como-si no se hubiera dicho.”

En el caso de Pueblo v. Cruz, supra, resolvimos que: “cualquier ligera desviación del procedimiento en lo que-respecta a la inspección ocular” no perjudica los derechos, sustanciales de un acusado. En el de autos si bien es cierto que la testigo Mérida González al estar mostrando el lugar del suceso manifestó que el automóvil pasó a una velocidad exagerada, también lo es que la corte inmediatamente le pro-hibió que declarara sobre los hechos del caso e instruyó al jurado que no tomara en consideración lo manifestado por la testigo al efecto. No hubo perjuicio para el acusado.

Habida cuenta de las deficiencias del alegato del apelante-hemos tenido que indagar por nuestra cuenta, siguiendo las-indicaciones contenidas en el alegato del fiscal, si la corte-inferior incurrió en los errores imputados. [Reiteramos lo dicho en los casos de Pueblo v. Lamboy, y Fabelo v. Quintana Reyes, supra, pues los abogados deben ajustarse al cum-plimiento de las reglas 42 y 43 de nuestro Reglamento.

Se confirma la sentencia apelada.


author: El Juez Asocíalo Señor Todd, Jr.,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Rafael García Hidalgo, acusado y apelante.

      Núm. 9740.

    Sometido: Febrero 16, 1943.

      Resuelto: Marzo 25, 1943.

      Gustavo Cruzado Silva, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asocíalo Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Alega el apelante en este recurso qne la Corte de Distrito de San Juan erró al admitir en evidencia la Orden Final aprobada por la Comisión de Servicio Público el 4 de enero de 1938, según certificación expedida por sn secretario el 19 de octubre de 1939, por el hecho de que según la denuncia el delito imputado al acusado de infringir dicha or-den lo cometió el 19 de agosto de 1941, y que, por tanto, no se probó que la ameritada orden final estuviera en vigor en la fecha últimamente mencionada: Asimismo alega que erró dicha corte al apreciar la prueba y declarar culpable al acusado.

La resolución y orden final de la Comisión de Servicio Público fue aprobada por dicho organismo el 4 de enero de 1938 y por el Gobernador de Puerto Rico el día 7 del mismo mes y año. Tiene fuerza de ley. El hecho de que la certi-ficación del secretario del referido organismo se expidiera en el año 1939 no la hacía inadmisible como prueba. La pre-sunción es que dicha orden final continuaba en vigor en el año 1941, salvo prueba en contrario (Artículo 464 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil, inciso 31, artículo 102 Ley de Evidencia). Es más, en el caso de El Pueblo v. Sanjurjo, 58 D.P.R. 649 resolvimos, según aparece del sumario, que: “Reglamentos con fuerza de-ley dictados por funcionarios del gobierno, son admisibles en evidencia sin necesidad de probar que están en vigor.”

La prueba presentada por las partes fné contradictoria y la corte inferior resolvió el conflicto dando crédito a la de cargo. Hemos leído la transcripción de evidencia y somos de opinión qne tampoco se cometió el segundo error.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Jijez Asociado Señor Snyder

text:
    Eliza B. King Dooley, demandante y apelada, v. Julio Enrique Pantoja, demandado y apelante.
    Núm. 8467.

    Sometido: Febrero 16, 1943.

      Resuelto: Marzo 25, 1943.

      Celestino Iriarte, F. Fernández Cuyar y H. González Blanes, aboga-dos del apelante; Bubón & Ochoteco, abogados de la apelada.
   El Jijez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

La demandante en este caso radicó una demanda para reivindicar una casa que se describe en la misma. El de-mandado contestó, alegando que era el dueño de la casa por ■compra a Florentino Ríos, quien a su vez la había comprado a José Baldrich. Baldrich, de acuerdo con el demandado, compró la casa a Félix Guzmán, quien la había adquirido por documento privado otorgado por un tal Collazo, mandatario •de la demandante. Después de un juicio en las méritos, la corte de distrito, resolviendo que Collazo había vendido la casa “sin estar autorizado para ello”, falló a favor de la demandante. El demandado ha apelado de esa sentencia. Los abogados de la demandante y apelada no radicaron ale-gato, ni comparecieron a la vista oral.

El segundo párrafo del artículo 1604 de nuestro Código Civil dispone, refiriéndose al mandato, que “Para transigir, enajenar, hipotecar o efectuar cualquier otro acto de rigu-roso dominio, se necesita mandato expreso.” En este caso no hubo prueba de tal mandato expreso. La corte de distrito estaba por tanto, aparentemente, bajo la impresión de que la ausencia de tal mandato expreso requería inexorablemente •que dictase sentencia a favor de la demandante.

Pero la corte de distrito omitió considerar la cuestión sustancial aquí envuelta; esto es, si la demandante había ra-tificado la venta de su casa por Collazo, a pesar del hecho de que éste último no había sido debidamente autorizado para efectuar dicha venta.

Tanto la demandante como el actual administrador de sus bienes declararon que cuando Collazo trabajaba para ella había estado encargado de su oficina, pero que estaba auto-. rizado solamente a cobrar dinero y a actnar como corredor; qne sólo la demandante tomaba las decisiones finales en to-das las ventas propuestas; y qne Collazo no tenía poder para traspasar sn propiedad mediante documento privado. Por otro lado, el testimonio no contradicho de José Hernán-dez, cobrador de la demandante, fué muy significativo. Aun-que llamado por el demandado, declaró, en el contrainterro-gatorio por la demandante, que él cobraba $3 como canon de arrendamiento por el solar. Entonces continuó declarando como sigue:

“P. — j Quién fué que le dijo a usted que dejara de cobrar la casa que está sobre ese solar?
R. — Mrs. Dooley.
P. — ¿Cuándo se lo dijo ella a usted?
R. — Cuando ella se enteró que Collazo liabía vendido esa casa sin permiso de ella.
P. — ¿De quién era la casa entonces?
R. — De Félix Guzmán y éste la vendió a Florentino Ríos y des-pués del señor Pantoja.”

Declaró además que la venta original hecha por Collazo a G-uzmán en representación de- la demandante tuvo lugar como cinco o seis años antes.

Es cierto que al contestar otras preguntas este testigo hizo manifestaciones contradictorias en cuanto a la fecha exacta en que la demandante le ordenó que cesase de cobrar renta por la casa en controversia. Pero declaró claramente y sin contradicción alguna que, como cobrador de la deman-dante, él dejó de cobrar canon de arrendamiento por la casa en la fecha de la supuesta venta original a G-uzmán por Co-llazo, y que desde entonces se había limitado a cobrar y re-mitir al administrador de la demandante solamente el alqui-ler del solar en que radica la casa, y que no ha cobrado al-quiler alguno por la casa a virtud de instrucciones específi-cas de la demandante misma a ese efecto, recibidas años antes de la actual controversia.

La corte de distrito rehusó admitir evidencia tendente a demostrar que la forma en que se había efectuado la supuesta venta aquí envuelta — incluyendo el otorgamiento de documentos privados por Collazo que eran luego sustituidos por escrituras públicas suscritas por la demandante una vez pagados todos los plazos — era la forma acostumbrada en que se vendían las propiedades de la demandante. La existencia de tal costumbre, desde luego, no sustituiría el mandato expreso exigido por el artículo 1604 del Código Civil. Sin embargo, prueba tendente a demostrar que en el pasado se había llevado a cabo una serie de actuaciones semejantes por el agente y su ratificación por el principal, arrojaría luz sobre el problema de si, de acuerdo con la alegada costumbre, hubo ratificación en el presente caso. Por tanto, esa evidencia era pertinente y relevante, y la corte de distrito erró al no admitirla. Of. Restatement, Agency, sección 43.

No obstante, aunque este error fue lo suficientemente per-judicial para justificar una revocación, si la evidencia que fue admitida demostró concluyentemente que el principal ha-bía ratificado la venta, debemos fallar a favor del demandado en vez de devolver el caso para un nuevo juicio en que se admitiría la evidencia impropiamente excluida.

El segundo párrafo del artículo 1618 de nuestro Código Civil dispone que “En lo que el mandatario se haya excedido, no queda obligado el mandante sino cuando lo ratifica expresa o tácitamente.” Quizá, el mejor método de determinar que un principal ha ratificado los actos de un agente no autorizado es estableciendo que el principal ha recibido los beneficios o frutos de la transacción en cuestión (Restatement, Agency, Sección 98). Collazo no declaró en este caso. El único testimonio sobre esta fase del caso fue el de la demandante, quien declaró que ella nunca recibió de su alegado agente el precio de compra de la casa.

Pero el recibo de los frutos de la transacción en cuestión no es el único medio de ratificación por un principal de las actuaciones no autorizadas de su agente. Si un principal decide conducirse en forma tal que sus actos y todas las cir-/ cnnstancias concurrentes indican una “ratificación ... de un acto anterior que no lo obligaba pero que fue ejecutado o se pretendió ejecutar a su nombre ... al acto ... se le da efecto como si hubiera sido originalmente autorizado por él” (Restatement, Agency, sección 82). Cf. Lokpez Finlay v. Lokpez et al., ante, pág. 618, decidido en 25 de marzo de 1943, Siempre que tal conducta inequívocamente constituya una ratificación, ese principal no puede en una fecha muy posterior repudiar su propia conducta al descubrir tardíamente, que su agente nunca le entregó los frutos de la transacción. Cf. Artículo 1263, Código Civil, ed. 1930; Central Boca Chica, Inc. v. Tesorero, 54 D.P.R. 424, 434. Véase Hardware Mut. Casualty Co. v. Lieberman, 39 F. Supp. 243 (New Jersey,. 1941).

Creemos que la regla enunciada se ajusta a los he-chos de este caso. La demandante, como hemos visto, una vez que se enteró de la venta de la casa hecha en su nom-bre por Collazo, instruyó a su cobrador para que cesara de cobrar la renta de la casa. Esta norma de conducta con-tinuó mientras el título y uso de la casa, que también fué objeto de varias mejoras por algunos de sus dueños, cambió de manos varias veces. Por tanto resolvemos que, aún cuando Collazo no estaba autorizado originalmente por la deman-dante para vender la casa en cuestión, la conducta de la de-mandante equivalió a la ratificación de su actuación. Ella está impedida, bajo las circunstancias de este caso, de alegar tan tarde la falta de autorización de su agente.

La sentencia de la corte de distrito será revocada y se dictará otra declarando sin lugar la demanda, con costas.


author: El Juez Pbesidente SeñoR Del Tobo

text:
    Eduardo Marín Marién, peticionario y apelante, v. Alfonso Herrera, demandado y apelado.
    Núm. 8622.

    Sometido: Febrero 16, 1943.

      Resuelto: Marzo 29, 1943.

      Luis Mercader, abogado del apelante; Eduardo Pérez Gasalduc, abo-gado del apelado.
   El Juez Pbesidente SeñoR Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

Este es un caso de injunction para decretar el cese de una perturbación iniciado por Eduardo Marín en la corte de dis-trito de Arecibo, fallado sobre las alegaciones en contra suya.

Marín alegó en su solicitud, en resumen, que era dueño de una finca de sesenta cuerdas, en Utuado, al norte de la cual nacía una quebrada que penetraba en y corría por la finca hasta llegar a la colindancia con otra de Juan Palop por cnya otra finca seguía corriendo por sitio muy próximo a la del demandante; que el demandado Herrera, desde julio 22, 1942, sin su consentimiento y sin autoridad alguna estaba levantando un muro de piedras sobre el cauce de la quebrada en la colindancia con Palop que estancaba sus aguas y hacía que se desbordaran causando daños a las plantaciones del demandante y haciendo inservible un camino contiguo de un medianero suyo, siendo además las aguas estancadas criadero de mosquitos causantes de enfermedades desconocidas antes allí; constituyendo la construcción un estorbo al libre uso y disfrute de su propiedad que de continuar, le ocasionaría daños difíciles de justiprecio y lo expondría a una multipli-cidad de pleitos.

Exeepcionó y contestó la demanda el demandado.

Por vía de excepciones alegó que la demanda no aducía hechos suficientes para servir de base al remedio de injunction, que el peticionario tenía un recurso rápido y eficaz en ley para reclamar los daños y perjuicios que dice que se le han ocasionado, que no alegaba hechos bastantes para de-mostrar que había sufrido o estaba en peligro de sufrir da-ños irreparables, ni aparecía que una compensación pecunia-ria adecuada no fuera suficiente, ni que fuera difícil deter-minar el importe de una compensación eficaz, ni que surgiera una multiplicidad de procedimientos de no concederse el injunction.

En su contestación negó que hubiera levantado muro al-guno que produjera los efectos alegados en la demanda y sostuvo que lo que hizo fue rellenar con piedras un hoyo que había en el camino público que por allí pasaba y que conduce a una finca de su propiedad, a fin de poder transportar los frutos de la misma.

La corte declaró con lugar las excepciones y sin lugar la reconsideración que le pidiera de su resolución el deman-dante, dictando acto seguido sentencia desestimando la de-manda “sin perjuicio de que el demandante presente una acción ordinaria en la forma procedente, y demuestre a la corte su derecho,” con imposición de las costas.

No conforme con la sentencia, el demandante interpuso el presente recurso de apelación que debe prosperar, a nuestro juicio.

La corte sentenciadora expresó que para poder expedir el injunction que se solicitaba tendría que dar por sentado que existía “una servidumbre en materia de agua a favor del predio del demandante,” y no podemos comprender el por qué de esa conclusión.

Refiere seguidamente dicha corte en su resolución que en el acto de la vista el demandante manifestó que su acción se fundaba en el artículo 277 del Código de Enjuiciamiento Civil, y agrega: “Ese artículo es independiente de los motivos consignados en la ley sobre recursos de injunction y concede derecho para acciones por perturbación, menoscabo y volun-taria violación del derecho de propiedad en determinados ca-sos. Dentro de una demanda estableciendo esa acción, con-venimos en que puede dictarse una orden de injunction como medio auxiliar mientras se resuelve el litigio. Pero la de-manda debe ir dirigida a obtener una sentencia para que cese la perturbación así como para obtener el resarcimiento de los perjuicios, según se dispone en dicho artículo.”

La demanda se titula “sobre injunction.” Hemos hecho un resumen de sus alegaciones. Su súplica, copiada textual-mente, es como sigue:

“Se suplica a la corte, luego de ver en su fondo este asunto, señalando lo antes posible día para ello, conceda finalmente orden de injunction mandando al demandado descontinuar y demoler las obras que se dejó explicadas, dejando la corriente de la quebrada libre en su circulación, decretando cualquier otra medida consonante con los hechos denunciados, imponiendo también al demandado las costas y $300 como honorarios de abogado del peticionario.”

El artículo 277 del Código de Enjuiciamiento Civil invo-cado por el demandante como base de su acción prescribe:.

“Todo lo que fuere perjudicial a la salud, indecente u ofensivo-a los sentidos, o que interrumpa el libre uso de la propiedad, de modo que impida el cómodo goce de la vida o de los- bienes, constituye una perturbación que da lugar a una acción. Dicha acción podrá ser ■ promovida por cualquiera persona cuyos bienes hubieren sido perju-dicados o cuyo bienestar personal resulte menoscabado por dicha perturbación; y la sentencia podrá ordenar que cese aquélla así como - decretar el resarcimiento de los perjuicios.”

Y el número primero del artículo 677 del propio Código,, ordena que procede el injunction

‘ ‘ Cuando resultare de la petición que el peticionario tiene derecho • al remedio solicitado, y dicho remedio, o parte del mismo, consistiere en impedir la comisión o continuación del acto denunciado, bien por-un período de tiempo limitado, o perpetuamente.”

Creemos que si los hechos alegados y la ley citada se to-man -en consideración, se concluye fácilmente que lo que en verdad hizo el demandante, no obstante titular su demanda solamente “sobre injunction/’ fué ejercitar el derecho que a todo ciudadano concede el artículo 277 del Código de Enjui-ciamiento Civil, en la forma que autoriza el 677 del mismo cuerpo legal.

Según lo alegado en la demanda que debe tenerse-como cierto a los fines de la excepción, el demandado sin el consentimiento del demandante y sin autoridad otra alguna levantó un muro de piedras que impidió el curso natural de una quebrada que corría por la finca del demandante, estan-cando como consecuencia sus aguas que se desbordaban cau-sando perjuicio a los sembrados del demandante, destruyendo un camino de un medianero suyo y formando un criadero de mosquitos causantes de enfermedades hasta entonces allí des-conocidas.

Esos hechos son suficientes a nuestro juicio para demos-trar la existencia de una de las “perturbaciones” (nuisances); que tuvo en mente el legislador. Y lo que pidió el deman-dante a la corte fue que decretara el cese de la misma por medio de un injunction que es un auto que se libra cuando el peticionario tiene derecho a impedir la comisión o conti-nuación del acto denunciado, bien por un período de tiempo-limitado, o perpetuamente como aquí sucede.

Es cierto que la demanda es confusa — no determina, con la debida claridad el sitio exacto en que se levanta el muro — y que su título pudo y debió ser más expresivo, pero tales defectos pudieron corregirse mediante enmienda y ni siquiera ese derecho concedió la corte al demandante al declarar con lugar las excepciones del demandado. Reservarle el derecho de iniciar otro pleito es muy distinto a permitirleenmendar la demanda del ya comenzado.

En su alegato sostiene el apelado que tratándose en todo caso de un estorbo público según alegó el propio demandante en la corte del distrito en su moción de reconsideración, nunca hubiera podido expedirse el injunction porno contener la demanda alegación de daños especiales al demandante, pitando en su apoyo la decisión de esta corte en el caso de Estela v. Mario Mercado e Hijos, 44 D.P.R. 562, 571, 573.

La opinión en el caso citado fué emitida por el Juez Aso-ciado señor Córdova Dávila. En ella, en parte, se dice:

11 El artículo 277 del Código de Enjuiciamiento Civil, que describe lo que es un estorbo, autoriza el ejercicio de una acción por cualquier persona cuyos bienes hubieren sido perjudicados o cuyo-bienestar personal resulte menoscabado por la perturbación o nuisance. Nuestra ley de injunction, en su artículo 12, dice así: ‘Po-drá concederse un injunction a petición de El Pueblo de Puerto Rico, para prohibir y suprimir la conservación y mantenimiento de un perjuicio común. La petición será jurada por el fiscal del distrito en que el perjuicio comiín exista, o por el Attorney General, según su leal saber y entender, y no será necesaria ninguna fianza.’
“La acción que se ejercita en el presente caso con el propósito de-remover un estorbo que se califica de público tiene el carácter de un injunction mandatorio. En el estado de California se aprobó en. 1905 una enmienda al artículo 731 del Código de Enjuiciamiento Civil, muy parecida a la sección 12 de nuestra ley de injunction. . . .
“» * # # * * #
“. . . El siguiente párrafo, que copiamos del tomo 20 de la Ju-risprudencia de California, página 272, expone con claridad la doc-trina mantenida en dielio estado, donde existen disposiciones idén-ticas a las que están en vigor en Puerto Rico:
“ ‘El daño proveniente de un estorbo público puede ser resarcido, por regla general, solamente a instancias del pueblo. “Una persona particular puede incoar un procedimiento para abatir un estorbo pú-blico, especialmente, si le es perjudicial, mas no si ocurre lo contra-rio.” Esta fraseología del código expresa una regla fundamental y universal, y las autoridades en apoyo de la misma son uniformes. La regla es aplicable tanto a litigios en equidad < para abatir un ■estorbo público como a acciones en derecho para recobrar daños y perjuicios. A fin de que pueda sostenerse el procedimiento el daño especial causado al demandante debe ser el resultado inmediato de conducta o condición ilegal. La enmienda de 1905 al artículo 731 del Código de Enjuiciamiento Civil, que faculta a los fiscales para incoar viotu proprio procedimientos para abatir estorbos públicos y que les obliga a hacerlo así a instancias de la autoridad legislativa local, no afectó el derecho previamente concedido por este artículo a personas particulares para que incoaran procedimientos para aba-tir un estorbo que les ocasiona daños especiales. . . .’ ”

No es, pues, adversa al apelante la jurisprudencia que in-voca el apelado. Al contrario, le favorece. El requisito— ■daños especiales a la persona que interesa la remoción del estorbo — que el apelado insiste en que no se alegó en la de-manda, surge a nuestro juicio de sus alegaciones — daño en sus siembras, destrucción de un camino de su medianero, enfermedades de las personas que en la finca viven y traba-jan, todo ello de modo constante mientras el estorbo exista. Véanse además las decisiones de esta corte en Coll v. Biascoechea, 52 D.P.R. 753; Compañía Popular de Transporte v. Suárez, 52 D.P.R. 250, 253, y Capella v. Carreras, 57 D.P.R. 258.

Debe revocarse la sentencia apelada y devolverse el caso a la corte de distrito de su origen para ulteriores procedimien-tos no inconsistentes con esta opinión.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Casanovas & Cía., Sucrs., Inc., peticionaria, v. Hons. Juan Enrique Soltero, Julio N. Matos y Ulpiano E. Colom, en su carácter de miembros del Tribunal de Apelación de Contribuciones de Puerto Rico, demandados.
    Núm. 1295.

    Sometido: Enero 18, 1943.

      Resuelto: Marzo 29, 1943.

      Oscar Souffront, abogado de la peticionaria; Hon. Procurador General Interino M. Rodrigues Ramos, abogado del Tesorero de Puerto Rico, interventor.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

En este caso expedimos el 29 de mayo último nn auto de certiorari que fue anulado el 18 de noviembre siguiente, y el mismo día se dictó un nuevo auto, todo de conformidad con nuestra decisión en 61 D.P.R.. 56, en la cual se exponen detalladamente los hechos esenciales del caso. . Como dijéra-mos entonces (pág. 58), la cuestión a resolver quedó redu-cida a determinar si constituyó o no error el negarse la de-ducción del sueldo del Presidente y del Secretario de la cor-poración peticionaria durante los tres años en controversia.

Pero aparece de los autos que al resolver este punto el Tribunal de Apelación de Contribuciones basó su decisión en un memorándum-sometido a la Junta de Revisión e Igua-¡amiento por F. Godoy, Inspector General de Contribuciones .sobre Ingresos, en el que sostenía qne el volumen de las ventas de la corporación no justificaba la deducción de los ■sueldos del Presidente y el Secretario de la corporación pe-ticionaria. La cuestión de si los sueldos son razonables o no es una de hecho a determinarse por el Tribunal de Ape-lación de Contribuciones y esta Corte sólo podría alterar la conclusión a que llegara dicho tribunal en el caso de que del récord no apareciera que existía suficiente evidencia para sostener las conclusiones de aquél. Montaner v. Comisión Industrial, 54 D.P.R. 722; Mayagüez Sugar Co. v. Tribunal de Apelación de Contribuciones, 60 D.P.R. 753, 762.

Pero antes de determinar la cuestión a que hacemos referencia, precisa resolver si al llegar a las conclusiones a que llegó el tribunal inferior se ajustó dicho tribunal al debido procedimiento de ley. Aparece de los autos que el tribunal inferior dictó la resolución apelada sin celebrar vista alguna, basándose exclusivamente en las constancias del ex-pediente que obraba en la Junta de Revisión e Igualamiento, de donde tomó el informe del Sr. Godoy. Tal procedimiento por parte del tribunal inferior viola abiertamente la garantía constitucional del debido procedimiento de ley, como sostuvimos en el caso de Mayagüez Sugar Co. v. Tribunal de Apelación de Contribuciones, 60 D.P.R. 753.

Siendo ello así, procede revocar la resolución apelada y devolver el caso al tribunal inferior para que celebre una nueva vista ajustándose al procedimiento que determina la ley.


author: 'El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Robustiano Flores, acusado y apelante.
    Núm. 9859.

    Sometido: Marzo 11, 1943.

      Resuelto: Marzo 29, 1943.

      Antonio L. López, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abo-gados de El Pueblo, apelado.
   'El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Los únicos errores señalados por el apelante en apoyo de ■este recurso son que la denuncia no aduce hechos constitu-tivos de delito y que la corte erró en la apreciación de la prueba.

El precepto legal de cuya infracción fue convicto el acusado es el artículo 288 del Código Penal, que en lo pertinente dice así:

“Toda persona que tuviere establecida una casa escandalosa . . . •o mesón en que se promovieren desórdenes constantemente . . . será reo de misdemeanor.”

Y la denuncia en lo pertinente dice:

“El referido acusado Robustiano Flores, ilegal, voluntaria y mali-■ciosamente, allí y entonces, a sabiendas, en la calle Padial de Caguas, Puerto Rico, tiene establecido un negocio (casa) café restaurant ■denominado ‘Bar Corona’, de su propiedad, donde habitualmente se perturba la paz y tranquilidad del inmediato vecindario; donde en altas horas de la noche hacen sonar tocan unas velloneras en alta sonoridad y donde se promueven escándalos constantemente.”

Conviene observar que en la edición inglesa del precepto legal antes citado se usa la palabra “inn”, que en la edición española ha sido traducida por “mesón”. Arguye el acu-sado que el vocablo “mesón” no comprende dentro de su. significado la frase “café restaurant” que se dice en la de-nuncia es el establecimiento que posee el apelante.

La palabra “inn”, según el diccionario de Webster, com-prende un “establecimiento público para el hospedaje y en-tretenimiento de viajeros o transeúntes mediante compensa-ción; un hotel; una hostería”. La palabra “mesón”, con-forme la define el Diccionario de la Eeal Academia Española (Décima Sexta Edición, 1939), es una “casa pública donde por dinero se da albergue a viajeros, caballerías y carrua-jes”. La palabra “restaurante”, según el mismo dicciona-rio, es un “establecimiento donde se sirven comidas”.

El claro propósito del legislador fué evitar que en sitios públicos donde se congregan personas con el fin de obtener hospedaje o recibir comidas, se promuevan los escándalos a que dicho precepto legal se refiere. Si tenemos en cuenta lo dispuesto en el artículo 3 del Código Penal, dispositivo de que los artículos de dicho Código deberán interpretarse se-gún el recto sentido de sus términos, a fin de que llene su objeto y facilite la administracción de justicia, fácilmente se comprenderá que el concepto “restaurante”, sitio público donde pueden- obtenerse comidas, está incluido dentro del concepto más amplio de “inn”, donde se pueden obtener hospedaje y comidas, o una u otra cosa separadamente. Y siendo ésa la única razón por la cual el apelante alega que la denuncia no aduce hechos constitutivos del delito impu-tado, y como en realidad los aduce, procede concluir que na existe el primero de los errores señalados.

En cuanto al segundo la prueba fué contradictoria. Según la dé cargo, en el establecimiento en cuestión se ex-pendían bebidas embriagantes y se bailaba con una vellonera a un alto volumen; el establecimiento permanecía abierto día y noche y se formaban escándalos y alteraciones de la paz mediante discusiones y altercados en los cuales se pronun-ciaban palabras obscenas en alta voz, que eran oídas por los vecinos del lngar, entre ellos mujeres y niños.

La de descargo tendió a demostrar que aunque en alguna que en otra ocasión la policía tuvo que intervenir con algu-nas mujeres y hombres borrachos, denunciándoles, sin embargo, nunca se produjeron escándalos ni desórdenes ni se alteraba la paz, ni se tocaban discos en las velloneras con alta tonalidad, etc. Siendo la prueba contradictoria y ha-biendo la corte dirimido el conflicto en contra del apelante, no habiéndose demostrado que al así hacerlo actuase movida por pasión, prejuicio o parcialidad o que cometiese error ma-nifiesto en la apreciación de la prueba, no estamos justifica-dos en alterar la conclusión a que llegara la corte sentencia-dora.

Procede por lo expuesto confirmar la sentencia apelada.