text:
    María Méndez, por sí y como madre con patria potestad sobre sus menores hijos, Antonio e Iris Rocafort Méndez, demandantes y apelados, v. Antonio Serracante Santiago, demandado y apelante.
    Núm. 7547.

    Sometido: Junio 22, 1938.

      Resuelto: Noviembre 14, 1938.

      R. Rivera Zagas, abogado del apelante; R. Días Collazo, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión, del tribunal.

Esta acción se estableció en reclamación de los daños y ■perjuicios causados con motivo de la muerte de Antonio íio-cafort. La demanda enmendada es muy breve. Sus párra-fos esenciales en lo pertinente dicen así:

“4. Que el día 21 de septiembre de 1934, en la ciudad de San Juan ... el demandado Antonio Serracante dió muerte a Antonio Rocafort, causante de los demandantes, infiriéndole heridas de bala en el abdomen ... a consecuencia de las cuales falleció el 23 de septiembre de 1934, dejando por sus parientes más próximos y como únicos herederos a la viuda compareciente María Méndez y a sus le-gítimos hijos Antonio e Iris Rocafort Méndez, menores no emancipados y bajo la patria potestad de su madre la dicha María Méndez.
“6. Que el demandado ... al dar muerte del modo anterior-mente alegado al causante de los demandantes, privó a éstos de la persona que los sostenía ... j así dicho• demandado, con esa con-ducta y actuación ilegal reseñada, ha causado daños y perjuicios a los demandantes en una cantidad que razonablemente estimada y calcu-lada no es menor de $25,000.” (Bastardillas nuestras.)

Interpuso el demandado la excepción previa de insufi-ciencia de hechos constitutivos de cansa de acción. En el mismo escrito contestó la demanda y estableció tres defensas especiales que en síntesis alegan que la muerte de Bocafort fue causada por su culpa y negligencia al asociarse a otras dos personas para agredir al demandado, siendo su muerte el resultado de un accidente desgraciado al hacer presión el propio Bocafort sobre el gatillo de un revólver que tenía en sus manos y que el demandado trataba de quitarle para evi-tar una agresión con dicha arma. Que en el caso de haber sido el demandado quien disparó, aún así, no es responsable de la muerte porque en tal caso actuó en uso del derecho de legítima defensa.

Contra la sentencia que lo condenó a pagar a los deman-dantes una indemnización de $5,000 y las costas, estableció este recurso de apelación, en apoyo del cual imputa a la corte sentenciadora la comisión de tres errores, a saber:

1. Al declarar sin lugar la excepción previa de insuficiencia de hechos constitutivos de causa de acción.

2. Al declarar con lugar la demanda, no obstante la ausencia absoluta de prueba creditiva de que sean los demandantes los únicos herederos de Antonio Bocafort; y

3. Al apreciar la prueba.

Consideremos el señalamiento de errores en el orden es-tablecido.

No aparece de los autos ni de la transcripción de evi-dencia que la excepción previa formulada por el demandado haya sido traída a la atención de la corte. Tampoco aparece que haya recaído resolución alguna respecto a la misma. Sin embargo, se trata de una excepción privilegiada que de prosperar, su resolución hubiera sido incompatible con una sentencia favorable a los demandantes sin antes enmendar la demanda. Por consiguiente, tenemos que asumir que la ex-cepción previa fue implícitamente desestimada por la corte.

Hecha esta aclaración, pasemos a considerar los méritos de la excepción previa.

Repetida y constantemente ha venido sosteniendo este Tribunal que en esta jurisdicción la acción de daños y per-juicios por muerte ilegal nace del artículo 1802 del Código Civil (edición de 1930), que es el 1803 de la Compilación de 1911. Orta v. Porto Rico Railway Light & Power Co., 36 D.P.R. 743; Carbou Rodríguez v. Mir, 36 D.P.R. 809; Cabrera v. Boscio, 38 D.P.R. 314; Pérez v. Sucrs. de M. Pérez & Co., 41 D.P.R. 852; López v. Am. R. R. Co. of P. R., 50 D.P.R. 1, 8; y finalmente Ruberté v. Am. R. R. Co. of P. R., 52 D.P.R. 471, 473.

El artículo 1802 antes citado literalmente dice así:

“Art. 1802. El que por acción u omisión cansa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño.” (Bastardillas nuestras.)

No es suficiente, de acuerdo con el transcrito precepto, que se alegue que la muerte fué causada por el demandado u otra persona de cuyos actos él sea responsable. Es indispensable alegar que la causa próxima de la muerte fué la culpa o negligencia de la persona que la motivó. El solo hecho de causar la muerte, valiéndose de un arma de fuego o por cualquier otro medio, no implica culpa o negligencia del demandado, pues pudo ocasionarse aquélla al hacer uso el demandado del derecho de legítima defensa, como se alega en este caso, o al realizar un acto legal con la necesaria pru-dencia y circunspección.

Comentando el artículo 1902 del Código Civil español, idéntico a nuestro 1802 (edición de 1930), cita Manresa con aprobación la sentencia del Tribunal Supremo de España de 23 de junio de 1900, que resolvió:

“. . . que 'la acción para obtener la reparación del daño causado por actos u omisiones en que intervenga culpa o negligencia,'requiere necesariamente la demostración de una u otra de dichas causas, por-que son el fundamento esencial de la acción citada, según los artícu-los 1089, 1093, 1902 y 1903 del Código Civil, y por consiguiente, incumbe dicha prueba al actor de conformidad con el principio general de la prueba de las obligaciones establecidas en el art. 1214, no bastando para dicha justificación la indicación inadmisible de que debe presumirse la responsabilidad por la simple existencia del daño y de que corresponde la exculpación al demandado.’ En su virtud, para que con éxito pueda demandarse la reparación preceptuada por el artículo que examinamos, es indispensable, no sólo la prueba del daño, sino también la de la culpa o negligencia productora del mismo.” (12 Manresa, Código Civil Español, 614.) (Bastardillas nuestras.)

En la página 615 del citado tomo, repite el mismo autor:

“El mismo Tribunal, en sentencia de 4 de diciembre de 1903, de-claró nuevamente que ‘para estimar procedente en la vía civil la reclamación de daños y perjuicios ocasionados, no por el incumpli-miento de una obligación, sino por un becbo u omisión constitutivos de un delito o cuasidelito, no basta que conste la existencia de aqué-llos, pues además ha de probarse que provienen de dolo, culpa o negligencia de la persona a quien se imputen, no existiendo dicha responsabilidad cuando, en vez de obrar con malicia o culpa el agente, se circunscribió a ejercitar un legítimo derecho.”

En la página 616, refiriéndose a la sentencia de 23 de diciembre de 1905, dice así:

“. . . para que tenga aplicación el art. 1902 y su consiguiente el 1903 del Código civil, es requisito esencial que intervenga dolo, culpa o negligencia, en tal forma, que no estimando estas circuns-tancias el Tribunal sentenciador, sino que por el contrario, declarando probada la licitud de los hechos, que sin embargo dieron origen al accidente, no surte efectos en casación la cita de los referidos ar-tículos; sentencia corroborada por la de 30 de mayo de 1906 al asentar que, para el éxito de la acción derivada del art. 1902, no basta la ejecución de un acto que implique culpa o negligencia, si no se justifica que por consecuencia del mismo han sobrevenido daños o perjuicios a tercera persona.

Finalmente, en la página 617, resume el comentario en la siguiente forma:

“De las declaraciones hechas en las sentencias que hemos citado podemos deducir, como conclusión, que para darse origen a la obligación impuesta por el artículo de que nos ocupamos, es nece-saria la concurrencia de dos requisitos distintos, a saber: 1°., que exista un daño o perjuicio no procedente de actos u omisiones propios del perjudicado, y cuya existencia se acredite debidamente por el que reclama su reparación; y 2°., que diebo daño o perjuicio baya sido causado por culpa o negligencia de una persona distinta de la que lo sufre.”

Argüirán los demandantes qne la frase en bastardillas qne aparece en el párrafo 6 de la demanda enmendada y qne dice: “y así diebo demandado, con esa conducta y actuación ilegal reseñadas . . . constituye la alegación de culpa o negligencia a que venimos refiriéndonos, pero como de la faz de la demanda enmendada no aparece tal reseña, preciso es concluir que tal alegación es una mera conclusión de derecho, desprovista de becbos que la sostengan, por lo cual no puede ser tomada en cuenta al considerar la excepción previa del demandado. Peñagarícano v. Peñagarícano, 19 D.P.R. 494.

El caso de Sucesión Peraza v. Marín, 40 D.P.R. 355, no es una autoridad para sostener la suficiencia de la demanda en el presente caso, pues si bien en aquél se alegó en la de-xtíanda que “Marín dió muerte a Peraza deliberada y mali-ciosamente” y que las palabras “deliberada y maliciosa-mente” .constituyen una mera alegación de derecho, no es menos cierto que el demandado no impugnó ese defecto de la demanda y por el contrario, mediante estipulación de las partes, se ofreció como prueba de los hechos que motivaron la muerte la transcripción de evidencia en la causa criminal, y conforme dice este Tribunal en el citado caso de Svioesión Peraza v. Marm, se trataba allí de un caso claro, “de un crimen perpetrado con ensañamiento y crueldad extraordi-narios.”

No habiéndose impugnado en aquel caso la suficiencia de la demanda, y demostrando la evidencia presentada por los demandantes con la anuencia del demandado que se trataba de un asesinato, o lo que es igual, de un crimen sin justifi-cación legal alguna, el defecto de la alegación quedó subsa-nado por la prueba, que claramente demostraba que la muerte había sido causada por la culpa del demandado.

La demanda enmendada en el presente caso carece de nna alegación esencial e indispensable para la existencia de una buena causa de acción. Siendo ello así, incurrió la corte sentenciadora en el primer error que le imputa el deman-dado apelante al no haber declarado con lugar la excepción previa.

Pasemos ahora al segundo de los errores señala-dos. Cuidadosamente hemos examinado la transcripción de evidencia y de ella no resulta que los demandantes sean los únicos herederas de Antonio Eocafort. Tampoco aparece de la misma si Eocafort murió testado o abintestato, ni existe prueba alguna demostrativa de no haber dejado Eocafort' otros descendientes legítimos o naturales reconocidos además de sus dos hijos demandantes.

El artículo 61 del Código de Enjuiciamiento Civil, que aunque no es la fuente original de la causa de acción, como antes decimos, se halla bajo el epígrafe “De las Partes en Acciones Civiles”, y que regula el procedimiento en casos como éste en que los demandantes litigan en su calidad de herederos, ha sido interpretado tanto por este tribunal como por los del Continente en el sentido de que cuando los here-deros demandan, deben hacerlo uno a nombre de todos o unirse todos como demandantes, y si alguno rehusare aso-ciarse a éstos, deberá aparecer éste como demandado, con-signándose el motivo en la demanda, en armonía con el ar-tículo 66 del citado cuerpo legal. Y es que la acción que contempla la ley es una, y una sola también debe ser la sen-tencia que a favor de los herederos se dicte por el valor total de la vida perdida. Véase a este efecto la monografía en L.R.A. 1916 E, página 170, bajo el epígrafe “Asociación de Beneficiarios.” En el caso de International & G.N.R. Co. v. Howell, 105 S. W. 560, resuelto por la Corte Suprema de Tejas en 1907, la acción por muerte ilegal no fué establecida por todos los herederos. Sostuvo la corte que el demandado tenía derecho a que se paralizasen los procedimientos hasta que todos los herederos fuesen hechos partes en la acción. En el caso de Hougland v. Avery Coal & Min. Co., 93 N. E., 40, resuelto por la Corte Suprema de Illinois en 1910, se re-solvió que cuando los hijos menores de edad son los únicos sobrevivientes, la acción debe establecerse por o a nombre de todos ellos, puesto que no puede dictarse más de una senten-cia por la totalidad de la pérdida. En el mismo sentido se pronunció la Corte de Apelaciones de Nueva York en el caso de Johnson v. Phoenix Bridge Co., 90 N. E. 953. En idén-tica forma se ha resuelto la cuestión por este tribunal en el caso de Carbou Rodríguez v. Mir, supra. En dicho caso Carbou Rodríguez, como único heredero de su madre natural Inocencia Rodríguez, estableció una acción de daños y perjuicios por la muerte de aquélla. Apelada por el deman-dado la sentencia que a favor del demandante dictó la Corte de Distrito de San Juan, se alegó entre otros errores el no haberse probado que el demandante fuera el único heredero de su madre Inocencia Rodríguez. Considerando este error, dijo el tribunal:

“Resta sólo considerar el último de los errores alegados. Sos-tiene el apelante que no habiendo probado el demandante que fuera heredero único, ni siquiera que fuera heredero de Inocencia Ro-dríguez, la demanda no pudo ser, como fué, declarada con lugar.
“Hemos examinado,la prueba y a nuestro juicio demuestra que el demandante era heredero de Inocencia Rodríguez, pero no de-muestra en verdad que fuera el único heredero, aunque todo induce a creer que lo era.
“La ley — artículo 61 del Código de Enjuiciamiento Civil — y la jurisprudencia establecen que la acción debe entablarse por todos los herederos conjuntamente o por uno solo a beneficio de todos.
“En tal virtud nos vemos obligados a revocar la sentencia apelada con el solo objeto de determinar si el demandante es o no el único heredero, debiendo la corte inferior dictar nueva sentencia de acuerdo con el resultado de la prueba que se le presente con tal fin, todo sujeto a los principios establecidos en esta opinión.” (36 D.P.R. 816, 817.)

Existe también el segundo de los errores señalados por «el apelante.

Siguiendo.la pauta trazada en el caso -últimamente citado, podríamos revocar la sentencia apelada y devolver el caso a la corte inferior para que en bien de la justicia permitiese a los demandantes enmendar de nuevo su demanda, alegando que la muerte fué causada por culpa del demandado, y pre-sentar prueba al efecto de que son ellos los únicos herederos de Antonio Eocafort. Pero los tribunales no deben dictar resoluciones inútiles, y manifiestamente inútil sería devolver «este caso a la corte inferior para ulteriores procedimientos, :si cualquiera que fuere el resultado de los mismos, tuviése-mos que desestimar la demanda por resultar de la prueba practicada que la muerte de Eocafort estuvo justificada. Por -consiguiente, entremos a considerar el caso en sus méritos, pasando así al tercero y último de los errores señalados, o sea que la corte cometió error manifiesto en la apreciación de la prueba.

De la evidencia resulta que Manuel Valencia y MaTieta Jordán estuvieron unidos en matrimonio y que con anterioridad al 21 de septiembre de 1934 el vínculo matrimonial fué disuelto por sentencia de-divorcio. Que después de la disolución del matrimonio, Marieta Jordán y el demandado Serraeante emprendieron relaciones amorosas, lo cual distanció a Serracante de la familia Valencia, de quienes .antes era amigo. Que según Manuel Valencia y algunos de •sus testigos, el 20 de septiembre de 1934 Marieta Jordán se -quejó a Manuel de que Serracante la perseguía y molestaba y a ese efecto imploró su protección, durmiendo en la casa de Valencia la noche del 20 de’septiembre, lo cual exasperó a Serracante, quien, valiéndose de una pariente de Marieta, logró en la mañana del 21 sacarla de la casa de la familia Valencia y llevarla a la de la referida pariente en la calle de la Luna, frente a la Catedral. Que en la noche del 21, entre 7 y 8, Serracante se dirigía solo en un automóvil a vi-sitar a sn novia y al pasar frente al. Capitolio fne visto por Mannel Valencia, qne en compañía de sn hermano Lnis y de sn íntimo amigo Rocafort, se dirigía según él y sn hermano, al Restanrant El Chévere en la parada 22 en Santurce. Qne al ver a Serracante, Mannel ordenó a Lnis qne volviera atrás y lo siguiera, porque tenía necesidad de hablar con él. Así se hizo y en los momentos en qne Serracante detenía sn au-tomóvil frente al Edificio Catedral, en la calle de la Luna, también junto al de Serracante se detuvo el qne conducía a los hermanos Valencia y a Rocafort.

Hasta aquí no hay conflicto en la evidencia. Surge la disparidad al describir las dos partes, demandantes y deman-dado, los sucesos qne tuvieron lugar en la calle de la Luna y qne culminaron con la muerte de Antonio Rocafort.

Los hermanos Mannel y Lnis Valencia, únicos testigos de los demandantes qne declararon acerca de lo sucedido en la calle de la Luna, dicen: Qne al detener Serracante sn auto-móvil, y cuando empezaba a bajar, se acercó a él Mannel Valencia, permaneciendo Lnis y Rocafort en el automóvil. Qne al iniciarse la conversación entre Mannel y Serracante, éste, según Mannel, “hizo ademán de meterse la mano de-trás.” Según Lnis, llegó a sacar un revólver, y en ese pre-ciso momento Mannel le propinó una bofetada a Serracante. Disparó entonces Serracante sn revólver sin lograr hacer blanco, parapetándose Mannel detrás del automóvil, viniendo-entonces, primero Lnis y después Rocafort, quienes agarra-ron a Serracante para qne no hiciera uso del arma. Roea-fort lo tenía agarrado por el brazo en cuya mano Serracante portaba el revólver, y Lnis lo agarraba por el otro. Mien-tras tanto Mannel le pegaba con los puños, corriendo poco después a sn automóvil para traer una varilla de hierro con la qne propinó a Serracante varios golpes en la cabeza, qne lo hicieron sangrar profusamente. Forcejeaba indefenso Se-rracante tratando de desasirse de los qne lo agarraban, lo-grando al fin hacer otro disparo hacia el frente, lo qne mo-tivó que los hermanos Valencia se retiraran, quedándose a corta distancia de Serracante, que continuaba luchando con Rocafort, este último, según los hermanos Valencia, con el único fin de desarmarle y sin intención de hacerle daño. En esta lucha salieron dos disparos más y cuando volvían hacia ellos los hermanos Valencia, se enteraron por Rocafort, que. aún continuaba luchando, que había sido malamente herido. En esos momentos llegó la policía, desarmó a Serracante y lo arrestó, siendo conducido Rocafort al hospital, donde fa-lleció tres días después a consecuencia de la herida de bala recibida.

Antonio Serracante declaró que al detener su automóvil frente a la casa número 30 de la Calle de la Luna, mientras bajaba de espaldas porque iba en el asiento delantero, “le brincaron encima” Manuel, Luis y Rocafort, y mientras Ro-cafort y Luis lo agarraban, Manuel le pegaba con un pedazo de hierro forrado de cuero, algo así como un foete, propinán-dole cuatro o cinco golpes en la cabeza “que lo dejaron aton-tado”. Que Manuel lo agredía con la varilla de hierro y Luis Valencia con los puños en la cara, y cuando intentaba defenderse de Manuel, cuyos golpes le hacían más daño, Luis y Rocafort lo sujetaban. Que al fin logró desasirse de Luis Valencia, pero entonces Rocafort le agarró los dos brazos y en ese momento Serracante pudo arrebatar el revólver a uno de los agresores, sin poder decir a cuál de ellos, huyendo-entonces los Valencia y quedándose él, Serracante, en lucha con Rocafort. Que entonces, en la lucha por la posesión del revólver que Rocafort quería quitarle, salieron tres disparos, habiendo antes salido otro mientras el revólver se hallaba en manos de sus agresores. Entonces volvieron a atacarle de-nuevo los Valencia y Rocafort continuaba agarrándolo, y en esa lucha, no sabe cómo, salió herido Rocafort.

El testigo Antonio Villafañe, que a la sazón caminaba por la Calle de la Luna al ocurrir el encuentro, llamado por el demandado declaró: Que iba caminando por la Calle de la Luna entre 7 y 8 de la noche y qne vió pasar nn automó-vil y otro detrás, de dos asientos. Que de este último baja-ron tres individuos, uno de ellos grueso, que luego supo se llamaba Rocafort, quien habló al que estaba dentro del primer carro y lo haló hacia fuera, agarrándolo por los brazos y echándole una llave. Mientras, otro le daba con una va-rilla de acerco que llevaba y al mismo tiempo el más pequeño de los tres le pegaba con los puños en la cara. El testigo agarró entonces al que tenía la varilla y empezó a forcejear con él. Eran tres contra uno. En eso sonaron los disparos y cree el testigo que salió herido Rocafort, a quien le oyó decir: “No dispare más, queme han herido.” Entonces co-gieron a Rocafort y se lo llevaron herido.

José Odilio Vega, testigo también del demandado, luego ■de asegurar a preguntas del abogado de éste que no tenía relaciones de clase alguna con Serracante, declaró: Que en la noche de los sucesos estaba de visita en el balcón de la casa de la que entonces era su novia, hoy su esposa, en la segunda planta de la casa número 32 de la Calle de la Luna, y vió pasar un automóvil en que venía Serracante. Se de-tuvo éste e inmediatamente detrás, muy rápidamente, dobló “casi en dos ruedas” un carro que lo seguía, y de este úl-timo salieron tres individuos hacia donde estaba Serracante y lo increparon y prácticamente lo sacaron del automóvil, aunque no lo arrastraron. Uno lo empujó, cayó en brazos ■de otro y ahí se entabló la lucha. Uno de ellos usaba un arma, que debió ser contundente, porque asestó varios gol-pes con ella en la cabeza a Serracante mientras Rocafort lo sujetaba por detrás, atacándolo también el otro hermano. Que en esos momentos, cuando Serracante se hallaba bañado ■en sangre, una muchacha que estaba en casa de su novia se puso nerviosa y el testigo entró a socorrerla, oyendo enton-ces varias detonaciones. Al salir nuevamente al balcón se formó un grupo, los hermanos Valencia atacaban de frente a Serracante, mientras Rocafort luchaba por quitarle el arma, "hasta que llegó la policía.

Adrede hemos dejado para último término la declaración de la Sra. Carmen Tirado de Herrero, porque según expresó el juez de la corte inferior, le mereció entero crédito y fué en ella que basó las conclusiones que le llevaron a dictar la sentencia apelada.

Declaró la Sra. Tirado de Herrero que vive en Luna 34 y que la noche del suceso se hallaba en su casa. Que entre siete y ocho observó que llegaron dos carros casi simultá-neamente. Que del carro que venía detrás salieron tres hombres y antes de que el que estaba en el guía del primer carro se levantara, lo atacaron con algo contundente, pudiendo ella oír el golpe. De ahí, peleando, llegaron al medio de la calle y siguieron peleando, y uno de ellos lo tenía cogido por detrás.

“Seguían golpeándolo. Después salieron unos disparos. A los primeros disparos, corrieron dos y se quedó uno, que después dije-ron era Eocafort, todavía agarrado con él, peleando, y volvieron a sonar otros disparos más; entonces la gente allí se aglomeró, lograron separarlos, llegando los dos contendientes al muro de Catedral. Luego llegó la policía.”

Más tarde, a repreguntas del abogado de los demandan-tes, declaró que no vió quién sacó el revólver, pero al refres-carle la memoria con la declaración que horas después de los sucesos había prestado ante el fiscal, admitió que vió a Serracante sacar el revólver. Su declaración como ha sido expuesta concuerda exactamente con la prestada ante el fiscal, con excepción de la persona que sacó el revólver, que en el acto del juicio parecía no recordarlo.

El resto de la prueba practicada se refiere a las relacio-nes entre Manuel Valencia y Antonio Serracante con Ma-rieta Jordán, sin más pertinencia en este asunto que la de probar el móvil que indujo la desgraciada entrevista de Manuel Valencia con Antonio Serracante.

En la opinión que sirvió de base a la sentencia apelada, el juez de la corte inferior hace una síntesis de las declara-ciones de Manuel y Luis Valencia, y de la de Antonio Se-rracante, la cual concnerda con la qne de las mismas hace-mos en esta opinión, pero prescinde en absoluto, sin decir por qué, de las declaraciones de Antonio Villafañe y Odilio Vega, y basa su sentencia exclusivamente en la declaración que ya conocemos de la Sra. Tirado de Herrero, expresán-dose en los siguientes términos:

“Pero siendo éstas las partes interesadas, (se refiere a los her-manos Valencia y Serracante), después de considerar toda la evi-dencia de una y otra parte, estima la Corte que la Sra. Carmen Tirado Géigel de Herrero, quien presenció los hechos desde el balcón de su casa, y la que nos ha merecido entero crédito, careciendo de interés alguno en el asunto, es la que con más certeza los relata. (Transcribe aquí la declaración de la Sra. Tirado y continúa su razonamiento así:)
“Tenemos entonces que siendo así los hechos, cuando Antonio Serracante hizo los dos primeros disparos, Manuel y Luis Valencia corrieron y quedaron forcejeando Antonio Serracante y Antonio Eocafort, éste para quitarle el revólver a aquél, cuando hubo los otros dos disparos, uno de los cuales hirió en el abdomen a Antonio Eocafort y le produjo la muerte dos días después. El arma fué ocupada por la policía en poder de Antonio Serracante. Antonio Eocafort no tenía arma alguna, no acometió ni agredió a Antonio Serracante; sólo lo agarró por los brazos y forcejeó para quitarle el revólver que portaba, y Antonio Serracante hizo, no obstante, los dos últimos disparos o el disparo fatal, cuando ya los que lo ataca-ban habían corrido, usando de este modo de más fuerza que la ne-cesaria para repeler la agresión de que había sido objeto por Manuel y Luis Valencia. La muerte de Antonio Eocafort fué injustificada. No se ha demostrado que él se uniera a Manuel y Luis Valencia con el propósito deliberado de acometer y agredir a Antonio ' Serra-cante, quien estaba de antemano armado de un revólver, y su inter-vención no fué la de un agresor o contendiente.” (Transcripción de autos, páginas 30, 31.)

Aceptando como aceptamos en su totalidad la declaración de la Sra. Tirado de Herrero, qne en lo substancial corro-bora las de Serracante, Villafañe y Vega, preciso es concluir que la corte inferior cometió error, no sólo al apreciar la prueba, si que también al aplicar la ley a los becbos proba-dos, que podemos resumir así:

Serracante, que viaja solo en su carro, se detiene frente a la casa donde está su novia. El automóvil que conduce a los Valencia y a Eoeafort y que viene siguiéndolo, se detiene junto al primero. Precipitadamente abandonan el automóvil los hermanos Valencia y Eoeafort y cuando Serracante salía del suyo, se abalanzan los tres sobre él, agarrándolo Eoea-fort y agrediéndole los hermanos Valencia, uno con el puño y otro con un “aparato” '(según lo denomina la Sra. Tirado de Herrero). Mientras esto sucede, Serracante recibe, sin poderlos evadir siquiera, los golpes que le producen los her-manos Valencia. Eoeafort, que es un hombre fuerte y cor-pulento, continúa haciéndole el favor de mantenerlo inde-fenso. En medio de esta lucha Serracante logra sacar un revólver y hacer uno o dos disparos que obligan a echarse a un lado a los hermanos Valencia, sin retirarse por com-pleto de la escena donde se desarrollan los sucesos y en ap-titud siempre de poder en cualquier momento propicio rea-nudar sus ataques. Eoeafort continúa luchando por desar-mar a Serracante, y en esa lucha vamos a conceder que fué Serracante quien tiró del gatillo y produjo los disparos, uno de los cuales causó la muerte de Eoeafort.

Ahora bien, la evidencia de una y otra parte demuestra que Serracante no conocía a Eoeafort ni siquiera de vista. Pero sí demuestra, que Eoeafort no se encontró allí accidental-mente, sino que acompañaba a los Valencia en el mismo au-tomóvil en que éstos perseguían a Serracante y que lejos de tratar de disuadirlos de sus propósitos o de retirarse de la empresa, llega con ellos al sitio y su primera actuación, se-gún las declaraciones de la Sra. Tirado, Serracante, Villa-fañe y Vega, no es interponerse entre las partes para evitar el conflicto, sino que agarra por los brazos a Serracante y lo mantiene completamente indefenso, a merced de sus agreso-res, de tal manera que de no haber tenido aquél la fortuna de hacer los dos primeros disparos que momentáneamente lo libraron de los Valencia, hubiera sucumbido por los golpes en el cráneo qne le producía Manuel Valencia con la varilla de hierro.

I No estaba justificado .Ser r acante, dentro de las circuns-tancias, al quedarse momentáneamente solo luchando coa Rocafort, en creer que una vez éste lo desarmase, ya el mis-mo Rocafort, ora los hermanos Valencia, reanudarían sus ataques en la seguridad de que se hallaban frente a un hombre herido y desarmado? No podemos pretender, como pre-tende la corte inferior, que el demandado directamente pruebe que Rocafort se había unido a los hermanos Valencia “con el propósito deliberado de acometer y agredir a Serracante.” Los propósitos que en aquellos momentos pudieran existir en la mente de Rocafort sólo Dios y él los conocían, pero' los hechos, sin duda más elocuentes que las palabras, hubie-ran inducido a cualquier hombre de moderado valor, en las apremiantes circunstancias en que se hallaba Serracante, a creer que aquel Rocafort a quien ni siquiera conocía antes, era un agresor y que al quedarse en lucha con él por conser-var el revólver, luchaba con un enemigo y no con un mero pacificador. No exige la ley que el peligro de perder la vida o recibir grave daño corporal que justifica la muerte en de-fensa propia sea necesariamente un peligro real. En este caso, asumiendo sin admitirlo que el peligro no fuera real, era por demás aparente. Por consiguiente, no podemos con-venir con el juez de la corte inferior cuando dice:

“Y Antonio hizo, no obstante, los dos últimos disparos, o el disparo fatal, cuando ya los que lo atacaban habían corrido, y usando de ese modo de más fuerza que la necesaria para repeler el ataque de que había sido objeto por Manuel y Luis Valencia.”

Bien podríamos repetir aquí la sabia frase del Juez Aso-ciado Sr. Córdova Dávila vertida en el caso de García v. Am. R. R. Co. of P. R., 45 D.P.R. 762, 770:

“No debemos esperar de la naturaleza humana más de lo que humanamente puede dar.”

Los anteriores razonamientos nos llevan a la conclnsión de qne Serracante, al privar de la vida a Bocafort, lo hizo en el uso del derecho de legítima defensa, y siendo ello así, en nada se beneficiaría la justicia devolviendo el caso a la corte inferior para ulteriores procedimientos. Procede, por consiguiente, dictar la sentencia que originalmente debió barber dictado la corte de distrito, o sea, desestimar la demanda con costas a los demandantes, sin incluir honorarios de abo-gado, por <entender que no ha existido temeridad por parte ■de los demandantes, puesto que con toda probabilidad fue-ron inducidos a creer que tenían una buena causa de acción por las manifestaciones que indudablemente les hicieron los testigos Luis y M'amuel Valencia, quienes acompañaban a su causante en el momento de recibir la herida que más tarde le prado,jo la muerte.

El Juez Presidente Señor Del Toro no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señob Wolf

license: Public Domain

text:
    Bull Insular Line, Inc., demandante y apelada, v. Rafael Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante.
    Núm. 7505.

    Sometido: Marzo 8, 1938.

      Resuelto: Noviembre 16, 1938.

      Hon. Procurador General B. Fernández Garda y Emilio de Aldrey, Sub procurador, abogados del apelante; Hartzell, Kelley & Hartzell y Rafael O. Fernández, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señob Wolf

emitió la opinión del tribunal.

La demandante apelada, Bull Insular Line, Inc., cons-truyó aquí en Puerto Rico para usarla en su negocio de transporte marítimo, una embarcación que utilizaba como remolcador. Sobre esta embarcación el Tesorero de Puerto Rico impuso una contribución de acuerdo con el apartado 8 de la sección 16 de la Ley de Rentas Internas núm. 83 de 7 de mayo de 1931 (Leyes de ese año, pág. 505). El Teso-rero fijó la contribución en $1,050, cantidad de la cual la de-mandante pagó bajo protesta la suma de $1,033.56. La Corte de Distrito de San Juan, luego de declarar sin lugar una excepción previa, dictó sentencia en favor de la demandante. La corte convino con la demandante en que un remolcador no era un vehículo de motor, y que tampoco era ninguna de las embarcaciones que se describen en el cuerpo del inciso 8 y que especialmente no podía considerársele como una lan-cha. La corte entendió claramente que un remolcador no podía ser tenido ni como una lancha ni como un bote. Igual-mente resolvió la corte inferior que un remolcador no era un vehículo de motor, conforme esa frase fue definida por la ley misma.

No tenemos duda alguna de que vehículo es una palabra que generalmente se aplica a aquellos objetos que se mueven en tierra y no a algo que se mueve en el agua y que con ese sentido fué que se usó en la ley.

La mayor dificultad surge sobre el uso de la palabra “bote”. Es claro que un remolcador no es una lancha, pero en su significado más lato no se podría decir que un remolcador no es un bote. El hecho en sí de que la locución “bote remolcador” (como el bote utilizado en los canales “canalboat”) se use como sinónima de la palabra “remolcador” demuestra la duda que podría surgir. La sección específica que está bajo nuestra consideración lee así:

“Sección 16. — Se cobrará y pagará como impuesto de rentas in-ternas, por una sola vez sobre todos los artículos siguientes y aquellos comprendidos en esta sección de la ley, que fueren vendidos, tras-pasados, usados, consumidos o introducidos en Puerto Eico.
^ ^
“8. Vehículos de motor y lanchas y botes de motor. — Sobre todo vehículo de motor, incluyendo automóviles, autowagones, camiones, tractores, autos de arrastre, motocicletas (sea cual fuere el nombre con que se conocieren), chasis, motores, cajas, baterías, tubos inte-riores y neumáticos para los mismos, lanchas, tengan o no puestos los motores, motores para las mismas, incluyendo motores usados para la parte exterior, que se vendan, traspasen, fabriquen, usen o in-troduzcan en Puerto Rico, un impuesto de diez (10) por ciento sobre el precio de venta en Puerto Rico; Disponiéndose, que sobre la venta, traspaso, fabricación, uso o introducción en Puerto Rico de vehículos de motor o lanchas y botes de motor descritos en esta sección, cuyo precio de venta en Puerto Rico exceda de mil quinientos (1,500) dólares y no exceda de dos mil (2,000) dólares el impuesto será de doce y medio (12y2) por ciento sobre el precio de venta, y sobre la venta, traspaso, fabricación, uso o introducción en Puerto Rico de vehículos de motor, automóviles y camiones descritos en esta sección, cuyo precio de venta en Puerto Rico excederá de dos mil (2,000) dólares, y sobre gomas sólidas para camiones y otros vehículos de motor que se vendan, usen, traspasen, fabriquen o introduzcan en Puerto Rico, el impuesto será de quince (15) por ciento sobre el precio de venta; Disponiéndose, además, que las personas no resi-dentes en Puerto Rico que usen automóviles de su propiedad pára fines exclusivamente personales, estarán exentas del pago del im-puesto prescrito por esta Ley por el período que usen licencia especial del Comisionado del Interior. Al expirar este período y adqui-rir la licencia ordinaria de dicho Comisionado, o antes, si el automóvil es destinado a otros usos que los que aquí se consignan, pagarán los impuestos de rentas internas.”

El título en inglés dice “launches and boats,” y en es-pañol “lanchas y botes de motor,” pero en el cuerpo de la sección que describe las cosas sobre las cuales han de impo-nerse contribuciones, no se hace mención de “botes”. En •uno de los disponiéndose se hace referencia a botes, mas éste trata de los botes descritos en dicha sección que fueron men-cionados anteriormente.

Lo que principalmente se resuelve, sin embargo, es que la Asamblea Legislativa al usar la palabra “bote” en el tí-tulo no tuvo en mente cualesquiera y todos los objetos que flotan en el agua, toda vez que demostró lo contrario al ha-cer una enumeración específica. Con mucha frecuencia su-cede que una palabra que tiene un significado muy general es usada en forma especializada, pero el poder legislativo-cubrió tan sólo una parte limitada de un posible campo de operaciones. Además, aunque la palabra “bote” puede ser usada para describir un buque (vessel), de ordinario y co-rrientemente, “bote” significa una embarcación pequeña y no un buque de vapor (steamboat), un remolcador (tugboat),, un bote de canal (canalboat) ni aun un barco (ship) o yate. Si hubiese sido la intención de la Asamblea Legislativa in-cluir un remolcador, hubiera sido fácil hacerlo en términos-expresos. Ambas partes han citado autoridades que tienden a sostener sus respectivos criterios, pero creemos que la conclusión se desprende de la lectura del inciso 8 mismo.

La sentencia debe ser 'confirmada.

Los Jueces Sres. Presidente Del Toro y Asociado De Je-sús no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Central Bocachica, Inc., demandante y apelada, v. Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante.
    Núm. 7786.

    Sometido: Noviembre 7, 1938.

      Resuelto: Noviembre 17, 1938.

      Hon. Procurador General B. Fernández García y Vicente Palés Matos, Procurador General Auxiliar, abogados del apelante; Vicente Zayas Pizarro, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Los hechos de este caso, conforme aparecen de las alega-ciones, pueden resumirse así: Que la Central Boeachica, Inc., con el objeto de asegurar a sus obreros durante el año fiscal 1932-33, solicitó y obtuvo de la Comisión Industrial, en 25 de octubre de 1932, la póliza número 8294, habiendo conve-nido con el tasador asegurador de la Comisión Industrial, Sr. José G-. Salgado, que la cuota o prima se pagaría en pla-zos mensuales comenzando el 31 de octubre de 1932. Que la demandante remitió el primer plazo de la cuota, montante a $990, pero el Tesorero de Puerto Rico exigió que el pago de la prima se verificase por semestres adelantados, y en armo-nía con esta disposición devolvió a la demandante el cheque número 7576 expedido por ella a favor del Tesorero de Puerto Rico por la indicada suma de $990. Que en este estado con-tinuó la situación hasta el 13 de abril de 1933 en que, ha-biendo pasado la Central Boca Chica a poder de Wirshing & Co., S. en C., solicitó asegurarse en el Pondo del Estado hasta junio 30 del mencionado año, lo que se llevó a efecto mediante el pago de la prima correspondiente. Que el de-mandado rechazó todos los ofrecimientos de la demandante para pagar la prima mediante pagos mensuales y que al lle-gar el 13 de abril de 1933, el demandado también se negó a aceptar de la demandante el pago íntegro de la prima, con intereses y recargos, alegando el Tesorero que por no haber pagado la demandante su cuota o prima por adelantado se había convertido en un patrono no asegurado con obligación de pagar no sólo la cuota correspondiente a nn patrono ase-gurado, si que también las demás indemnizaciones y penali-dades que impone la ley a todo patrono no asegurado. Con-gruente con su opinión, el Tesorero de Puerto Pico, por con-ducto del colector de rentas internas, embargó propiedad mueble de la demandante para satisfacer la suma de $6,106.80, que incluye la cuota o prima con más recargos y apremios, cobrando además la suma de $10,086.50, que representa el montante de las distintas indemnizaciones por accidentes del trabajo concedidas y pagadas a varios obreros de la deman-dante durante el período comprendido entre el 14 de octubre de 1932 a 13 de abril de 1933, incluyendo dicha suma gastos de liquidación y recargos, practicándose notificaciones de embargo oportunamente servidas a la demandante y habiéndo-sele remitido por la Comisión Industrial los correspondien-tes avisos de pago de dichas liquidaciones.

Los hechos esenciales de las dos demandas enmendadas complementarias han sido sustancialmente aceptados por el demandado, discrepando las partes en cuanto al efecto legal de los hechos, pues mientras la demandante sostiene que la póliza número 8294 era válida y que el tasador asegurador del Gobierno, Sr. José G. Salgado, estaba autorizado para convenir el pago de la cuota mediante pagos mensuales, alega el demandado que tal póliza no tuvo existencia legal y que el Sr. Salgado no estaba facultado para celebrar el convenio alegado por la demandante. De cualquier forma, el Teso-rero de Puerto Rico rechazó la póliza y devolvió el primer pago que intentó hacerle la demandante, de este modo que-dando inexistente la referida póliza 8294.

La corte inferior enfoca correctamente la cuestión en con-troversia cuando en su opinión plantea el problema en los siguientes términos:

“La cuestión de derecho a resolver en este pleito es la siguiente:
“Si un patrono no asegurado, además de pagar las indemnizaciones por accidentes ocurridos a sus obreros durante el período en que él no estaba asegurado, debe también pagar al Tesorero de Puerto Rico la cuota o prima de una póliza de seguro que cubra el mismo período de tiempo en que el patrono no estaba asegurado y en el cual ocurrieron los accidentes cuyo importe él pagó.”

Luego de analizar y comparar la corte sentenciadora las distintas secciones de la ley número 85 de 1928 (Leyes de ese año, pág. 631) que estimó aplicables y de citar el artículo 1043 del Código Civil (edición de 1930), llega a la siguiente conclusión:

“Que la Central Bocachica, Inc., no estaba obligada por dispo-sición alguna de la ley número 85 de 1928, a pagar la cuota o prima por el período de tiempo en que era un patrono no asegurado, o sea por el período transcurrido desde octubre 14 de 1932 a abril 13 de 1933, y por tanto que la suma total de $6¿016.79 pagada baja pro-testa por la Central Bocachica, Inc., al Tesorero de Puerto Rico, se-gún el recibo número 334 en enero 29, 1934, debe ser reintegrada por el demandado a la demandante, más los intereses de dicha suma a razón del 6% anual desde la fecha de la radicación de la demanda ante esta Corte, o sea desde el 2 de octubre de 1934, (Sección 3 de la Ley núm. 8 de 19 de abril de 1927.) ”

En armonía con la conclusión antes transcrita dictó su sentencia condenando al Tesorero de Puerto Rico a reinte-grar a WirsMng & Co., S. en C., como subrogada en todos los derechos y acciones de la primitiva demandante Central Bocachica, Inc., la suma de $6,016.79 que fué pagada bajo protesta por dicha Central el 29 de enero de 1934, más in-tereses a razón del 6 por ciento anual desde la radicación de la demanda original el 2 de octubre de 1934, sin especial condenación de costas.

Contra esta sentencia ambas partes apelaron, solicitando ahora la demandante en dos mociones sucesivas que conside-raremos conjuntamente que desestimemos la apelación del demandado por los siguientes fundamentos:

1. Porque el demandado no se acogió ni al procedimiento de transcripción de evidencia ni tampoco al de pliego de excepciones y exposición del caso para elevar a este tribunal la evidencia que tuvo ante sí la corte sentenciadora, ni tam-poco lia convenido con la demandante en utilizar la trans-cripción de evidencia que se propone presentar en su recurso de apelación, no habiendo elevado el demandado, por tanto, en forma alguna la evidencia que se presentó en la corte inferior.

2. Porque la apelación interpuesta por el demandado apelante es frívola, y

3. Porque no radicó su alegato dentro del término que dispone el Reglamento de este tribunal.

Señalada la vista de las dos mociones de la demandante, comparecieron ambas partes el 7 del actual e informaron oralmente en apoyo de sus respectivas posiciones.

Consideraremos separadamente y en el orden establecido los tres motivos de desestimación alegados por la deman-dante apelada.

Al hacer el resumen de las alegaciones hemos ex-puesto los hechos que surgen de las mismas y hemos manifestado que las alegaciones esenciales de la demanda han sido sustancialmente aceptadas por el demandado, quedando reducida la cuestión a determinar, como lo hizo el juez de la corte inferior, si un patrono no asegurado, además de pagar las indemnizaciones por accidentes ocurridos a sus obreros durante el período en que él w estaba asegu,raido, debe pagar también la cuota o prima de una póliza o seguro que cubra el mismo período de tiempo en el cual ocurrieron los accidentes cuyas compensaciones pagó. En otras palabras, si el patrono no asegurado puede considerarse como su propio asegurador durante el tiempo en que no existió póliza alguna.

Toda la controversia se reduce a una cuestión de derecho, pues surgiendo de las alegaciones de la propia demandante que el Tesorero rechazó la póliza 8294 y se negó a recibir, y en efecto no recibió, los pagos mensuales ofrecidos por la demandante, claro es que ésta fue un patrono no asegurado durante el período comprendido entre el 14 de octubre de 1932 y el 13 de abril de 1933, como veremos más adelante al considerar el segando motivo de desestimación. Siendo ello así, no necesitamos tener ante nos, para la completa resolu-ción de este caso, la evidencia que tuvo ante sí la corte sen-tenciadora.

Por consiguiente, no existe el primer motivo de desesti-mación.

Pasemos ahora al segundo.

La apelación interpuesta por el demandado no es frívola. Así lo demuestra la sección 36 de la Ley número 85, de 14 de mayo de 1928, supra, que dice así:

“Sección 36. — El Superintendente de Seguros ordenará el embargo de bienes de cualquier patrono que dejare de cumplir la obligación de asegurar a sus obreros, por una suma suficiente para cubrir el importe de cualquier indemnización que pudiere decretarse por la Comisión. Este embargo quedará vigente hasta que él patrono acredite haber cumplido su obligación de asegurarse y se liquiden las responsabilidades contraídas por él con sus obreros durante él tiempo que no estuvo asegurado, o afiance el cumplimiento de las mismas, a satisfacción del Superintendente de Seguros. Este embargo se practicará como si se tratara del cobro de contribuciones y se hará efectivo del mismo modo una vez que haya recaído reso-lución final en el asunto y tendrá sobre los bienes embargados la pre-ferencia concedida por el Código Civil a las primas de seguro.” (Bastardillas nuestras.)

De acuerdo con el precepto antes transcrito, el embargo ordenado por el Superintendente de Seguros quedará vigente hasta que el patrono acredite: (<a) haber cumplido su obli-gación de asegurarse (lo que hizo la demandante al pagar bajo protesta la cantidad de $6,016.79), y (b) se liquiden las responsabilidades contraídas por el patrono con sus obreros durante el tiempo que no estuvo asegurado o afiance el cum-plimiento de las responsabilidades a que se refiere el párrafo b que precede, a satisfacción del Superintendente de Seguros.

Parece evidente que si el patrono no asegurado no viene obligado a pagar la cuota o prima de su póliza durante el período durante el cnal ha pagado indemnizaciones a sus-obreros como patrono no asegurado, resultaría entonces que estaríamos concediendo al patrono el derecho de ser su pro-pio asegurador durante ese tiempo, sin cumplir él con los re-quisitos que exige la ley para'que un patrono pueda ser su propio asegurador.

La demandante nos pide en su alegato que no entremos a considerar los méritos del caso al resolver la cuestión de frivolidad por ella alegada, pero es imposible determinar si una apelación es o no frívola sin considerar siquiera some-ramente los méritos del caso. Nos limitamos, pues, a fin de no prejuzgar la apelación interpuesta por la demandante, a señalar la sección 36, supra, para que aparezcan así las ra-zones que tenemos para creer que la apelación interpuesta por el demandado no es enteramente frívola como pretende, la demandante.

Es cierto, como alega la demandante, que el alegato del demandado apelante no se radicó hasta el mismo día señalado para la vista de las mociones de desestimación. A este efecto dispone el artículo 60 del Reglamento de este Tribunal:

“Si el apelante dejare de cumplir cualquiera de los deberes o requisitos que las leyes o estas reglas le impongan, el Tribunal puede desestimar de oficio la apelación en cualquier día o a moción de la parte apelada, previa notificación al apelante.” (Bartardillas nuestras.)

Fácilmente se comprende que el carácter del artículo 60 antes transcrito, que autoriza la desestimación del recurso cuando el apelante no radique su alegato dentro del tiempo prescrito, es más bien admonitivo que preceptivo, y siendo ello así es discrecional en el tribunal denegar la desestima-ción por este motivo cuando a su juicio los fines de la justicia quedarían beneficiados viéndose el caso por sus propios mé-ritos. Hemos visto que la apelación no es frívola, que la cuantía envuelta excede de $6,000, y que el caso, conforme aparece de la opinión del juez sentenciador, con la cnal con-venimos en este particular, es de importancia. Habiéndose radicado el alegato el día de la vista de las mociones para desestimar y no habiéndose cansado perjuicio alguno a la demandante por la dilación del apelante en presentar su ale-gato, entendemos que hacemos buen uso de nuestra discre-ción al denegar la desestimación por este motivo también.

Por lo expuesto, procede denegar la desestimación de la apelación interpuesta por el demandado, sm perjuicio de considerar más detenidamente las cuestiones legales envuel-tas cuando■ resolvamos <el caso en su fondo.

El Juez Presidente Señor Del Toro no intervino.


text:
    Figueroa & Gautier, demandante y apelante, v. Manuel V. Domenech, hoy R. Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núm. 7457.

    Resuelto: Noviembre 18, 1938.

      Emilio S. Belaval y Clemente Ruiz Nazario, abogados de la apelante; lion. Procurador General B. Fernández García y M. Rodríguez Ramos, Procurador General Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

EN MOCION DE RECONSIDERACION

La apelante interesa que reconsideremos la sentencia dic-tada en este caso (ante, pág. 736). La argumentación de la apelante gira alrededor de la interpretación que según ella •debe darse a la sección 4 de la Ley número 85 de 1925 (pág. 585), según fue enmendada por la número 83 de 1931 (Le-yes de ese año, pág. 505). Insiste en que al calcular el im-puesto sobre una venta al por mayor la frase “¡en ningún ■caso deberá ¡aceptarse como precio de venta para los fines de la contribución nm precio menor que aquél ¡que s¡e pague corrientemente ¡en i el mercado ¡de Puerto Rico por artículos similares” debe interpretarse como que se refiere al precio que corrientemente pagan los traficantes al detalle por el artículo o artículos similares, y que cuando de imponer la •contribución sobre una venta al detalle se trate, la misma frase significará el precio que corrientemente paga en el mercado el consumidor.

La sección 4, antes de ser enmendada en 1931, decía así:

‘‘ Sección 4. — Definición de la frase ‘ad valorem’. A los electos de esta Ley la frase ad valorem se interpretará como significativa del •costo del artículo una vez en poder de la persona, más un beneficio razonable que se estimará en un diez (10) por ciento sobre dicho ■costo, si la persona no probare a satisfacción del Tesorero de Puerto Rico que el beneficio que obtiene de dichos artículos es inferior a •dicho por ciento; Disponiéndose, que la palabra ‘persona’ según se •emplea en esta Sección tendrá la significación dádale en la Sección ■5 de esta Ley.” (Leyes de 1925, pág. 585.)

La intención del legislador manifestada en el precepto "transcrito era que al calcular el valor del artículo a los efec-ios de imponer el arbitrio se tomase por base el costo más un beneficio que en ningún caso excedería de nn 10 por ciento' del costo, pndiendo ser menos de dicho 10 por ciento cnando. el contribuyente probare a satisfacción del Tesorero qne el beneficio obtenido había sido menor. No se tomaba entonces el precio del mercado como base para determinar el mon-tante del impuesto. Un comerciante poco escrupuloso podía simular un precio de costo más bajo del verdadero y de ese modo perjudicaría al Tesoro disminuyendo a su antojo el impuesto, a menos que el Tesorero pudiese descubrir y pro-bar el fraude.

Luego, por la Ley número 17, de 3 de junio de 1927 (Le-yes de ese año, pág. 459), la sección 4 antes transcrita fue enmendada de modo que decía así:

"Sección 4. — Significado de la frase ‘ad valorem,.’ Para los fines, de esta ley, la frase ad valorem se interpretará como significativa del precio exacto del artículo en el mercado de Puerto Rico en el momento de su venta, uso, consumo o introducción en Puerto Rico, según que el impuesto se cobre en el momento de la venta, uso, con-sumo o introducción.”

Más tarde, en 1931, volvió a enmendarse dicha sección en la forma que actualmente rige, a saber:

"Sección 4.- — Definición de la frase ‘precio de venta.’ Para Ios-efectos del cobro y del pago de las contribuciones que por la pre-sente se prescriben, la frase ‘preci° de venta’ en todos los casos, deberá interpretarse como significativa:
‘ ‘ («) En el caso de la venta de artículos al por mayor, el precio exacto a que se venda el artículo o mercancía que esté sujeto a la contribución.
"(6) En el caso de la venta de artículos al detalle o a precio por unidad, el precio exacto a que fuere vendido el artículo o mer-cancía sujeto a la contribución.
" . . ”

Los incisos a y b establecen la misma base para calcular el impuesto sobre las ventas al por mayor y al detalle. En unas y otras la medida es el precio exacto a que fuere ven-dido el artículo. Pero previendo el caso de que el contri-buyente informara como precio de venta nno inferior al co-rriente en el mercado, el legislador, para salvar esa situa-ción, después del inciso c (que no se refiere a ventas) dis-pone :

“En ningún caso deberá aceptarse como el precio de venta, para los fines de la contribución, un precio menor que aquél que se pague corrientemente en el mercado de Puerto Rico por artículos similares en el momento que el artículo o mercancía tributable sea vendido, traspasado, usado, consumido, manufacturado o introducido en Puerto Pico.”

Bien pudo el legislador establecer aquí la diferencia por que aboga la apelante, a favor de los traficantes al por mayor, diferencia que no sólo no establece, sino que cierra la. puerta a cualquier interpretación en ese sentido, usando un lenguaje tan amplio como pudo usar, volviendo a colocar en el mismo plano a las dos clases de traficantes. Y como si temiese ser mal interpretado, ratifica de nuevo su propósito de establecer una sola medida para calcular el impuesto al repetir en los dos párrafos finales de la ameritada sección lo siguiente:

“El precio de venta tal cual se define en esta Ley será aplicable a todos los artículos y mercancías sujetos a contribución, bien sean éstos destinados a la venta, uso, traspaso, o consumo, o sean introdu-cidos o manufacturados en Puerto Pico.
“La frase ad valorem para los fines de esta Ley y en otras leyes vigentes que fijen una contribución de arbitrios o de venta, se inter-pretará que significa el 'precio de venta’ del artículo o mercancía, según se define en esta sección(Bastardillas nuestras.)

No debe existir duda alguna de que el propósito del le-gislador es no establecer diferencia entre el impuesto que debe pagar una y otra clase de traficantes, evidenciando así su propósito de que el precio que finalmente paga el consu-midor, es decir, el precio corriente en el mercado de Puerto Rico, sea el que sirva de base para la imposición del arbi-trio, asegurando así mayores ingresos al Tesoro.

Convenimos con la apelante en qne las leyes qne im-ponen nna contribución deben ser interpretadas a favor del contribuyente, pero esta regla debe armonizarse con otra tan bien establecida como ella y qne dispone qne las leyes qne imponen contribuciones deben recibir nna interpretación ra-zonable tendiendo a llevar a efecto el propósito y la inten-ción del legislador. 1 F. Stat. Ann. (2d ed.) 137; 25 E. C.L. 1092, sección 307.

El hecho de qne pudo haber sido más justo y equitativo el arbitrio, hipótesis qne no aceptamos, estableciendo la diferencia abogada por la apelante, no es cuestión qne deba ser resuelta por los tribunales, sino por el poder legislativo. State v. Travelers’ Ins. Co., 57 L.R.A. 481.

La circunstancia de qne el impuesto se cobre al verifi-carse la primera venta del artículo no implica necesaria-mente que no sea el propósito de la ley imponer el arbitrio sobre el precio que paga el consumidor, puesto que un trafi-cante al por mayor está en tan buenas condiciones como cual-quier otro traficante al detalle para determinar de antemano el precio que corrientemente se paga en el mercado por los artículos en que él trafica, y por consiguiente puede deducir el importe del arbitrio al celebrar la primera venta.

Finalmente, el precio que se tomó por base para imponer la contribución en el presente caso fue el que la propia ape-lante sometió como el que corrientemente se paga en el mer-cado por los artículos en cuestión.

Por lo expuesto, procede denegar la reconsideración soli-citada.

El Juez Presidente Señor Del Toro no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wole

text:
    Yabucoa Sugar Company, demandante y apelante, v. Manuel V. Domenech, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núm. 6657.

    Resuelto: Noviembre 23, 1938.

      Mariano Acosta Velarde, abogado de la apelante; Son. Procurador Generad B. Fernández García (Benjamin J. Horton, Ex-Procura-dor General y B. Cordovés Arana, Ex-Pr,ocurador General Auxi-liar, en el alegato) y M. Rodríguez Ramos, Procurador General Au-xiliar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

El 13 de agosto de 1938 la Corte de Circuito de Apela-ciones en el caso de Yabucoa Sugar Company v. Domenech, expidió un mandato revocando la decisión de este tribunal dictada en el presente' caso y ordenando el envío del mismo para ulteriores procedimientos no inconsistentes con la opi-nión emitida por la referida Corte de Circuito de Apelacio-nes (95 F. (2d) 481). El 24 de agosto del año en curso, el letrado de la demandante victoriosa acudió a este tribunal y solicitó se dictara sentencia de conformidad con las ale-gaciones de la demanda. Esto indudablemente se hubiera becbo así de no haberse radicado una oposición. Sin embargo, el 25 de mismo mes y año, y con posterioridad a esa fecha, el demandado y anterior apelado substancialmente hizo constar que estaba tratando que el caso fuera revisado mediante certiorari por la Corte Suprema de los Estados Unidos. En realidad en los autos liay indicios de que él letrado del anterior apelado obtuvo de la Corte Suprema de los Estados Unidos una prórroga hasta el 5 de diciembre de 1938 para radicar dicho recurso de certiorari.

Considerando los argumentos y los memorándums de las partes hemos llegado a la conclusión de que este tribunal debe acceder a lo solicitado por la Yabucoa Sugar Company. El Tesorero de Puerto Rico sostiene que existe una ley de los Estados Unidos (Estatutos Revisados, sección 1008) que obliga a la corte contra la cual procede el certiorari que sus-penda la expedición del mandato al radicarse una petición de certiorari ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Inmediatamente diremos que esto no es aplicable a un caso en que el mandato ya ha sido expedido, como ocurre aquí. Empero, el Tesorero llama también nuestra atención hacia una decisión de los Estados Unidos, Oceanic Steam Navigation Co. v. Watkins, 188 Fed. 909, en que la corte a la cual se remitió el mandato se sintió facultada y obligada a demo-rar la ejecución de la sentencia. Sin embargo, la distinción para nosotros es que la sentencia no puede ser ejecutada en este tribunal. En el presente caso es la corte de distrito la llamada a ejecutar la sentencia.

El Tesorero siempre tendría oportunidad de solicitar la suspensión en la corte inferior. Este tribunal tan sólo actúa como intermediario para transferir el expediente a la corté de su origen. Estamos convencidos de que es nuestro de-ber remitir el mandato de la Corte de Circuito de Apelacio-nes sin más demora. En el caso citado, supra, la corte qué concedió la suspensión tenía poder para ejecutar la sentencia.

Por tanto, debe declararse con lugar la petición de la Ya-bucoa Sugar Company, dictarse sentencia a favor de la de-mandante y devolverse el caso a la Corte de Distrito de San Juan de conformidad con las opiniones de la Corte de Cir-cuito de Apelaciones y de este tribunal.

El Juez Presidente Señor Del Toro no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison

text:
    Pedro L. Rodríguez, tercerista y apelante, v. Carlos J. Torres, demandante y apelado, v. Royce Grimm y Thomas H. Ives, demandados.
    Núm. 7095.

    Sometido: Marzo 11, 1938.

      Resuelto: Noviembre 23, 1938.

      Leopoldo Feliú y Edgar. 8. Belaval, abogado del apelante; Carlos J. Torres, pro se.

   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

Pedro L. Rodríguez alegó ser dueño de ciertos bienes que se decía fueron embargados en un recurso en que él no era parte. Al presentar su reclamación describió los bienes tal cual habían sido descritos en la notificación de embargo en-tregada a los demandados en el pleito principal. Al prestar la fianza por el doble del valor de los bienes descritos en la notificación de embargo, Rodríguez recibió del depositario de los mismos tan sólo parte de la propiedad embargada espe-cificada en dicha notificación. Sobre este hecho se llamó la atención de lá corte de distrito en una moción de reconside-ración y modificación de la sentencia en que se requería de Rodríguez y sus fiadores que pagaran el valor de los bienes descritos en la notificación de embargo, con intereses al 6% a partir de la fecha de la fianza, más las costas, a condición de que si el tercerista devolvía la propiedad dentro del tér-mino de diez días en el mismo buen estado en que la recibió y pagaba por el nso de ella, más los daños y costas, la en-trega y pago equivaldría ál cumplimiento de la sentencia. El juez de distrito declaró sin lugar la moción del tercerista fundado en que éste, en una declaración jurada presentada al momento de radicar su reclamación, describió en detalle los bienes reclamados por él y que se decía habían sido em-bargados (incluyendo aquéllos que en su moción alegaba nunca le habían sido entregados), había admitido el embargo de todos dichos bienes y prestado una fianza por el doble del valor de los mismos para responder de la devolución de éstos. La corte inferior también mencionó el hecho de que Rodríguez no había unido a su moción ninguna prueba docu-mental para demostrar exactamente qué bienes le habían sido entregados ni había ofrecido devolver los bienes así en-tregádosle, sino que meramente solicitaba que la sentencia se redujera a una cantidad que fuera igual al valor de los bienes materialmente recibidos por él.

El tercerista explicó en su moción que había presentado su reclamación por todos los bienes descritos en la notifica-ción de embargo y no incluidos en una venta anterior hecha por él de parte de los bienes así descritos, porque él había visto la notificación de embargo y ésta contenía la única in-formación de que tenía conocimiento sobre los bienes em-bargados. Esto, a nuestro juicio, explicaba suficientemente por qué el tercerista dejó de incluir en su reclamación tan sólo los bienes realmente entregádosle luego de presen-tarse tal reclamación y después de prestar una fianza por el doble del valor de los bienes especificados en la noti-ficación de embargo. El tercerista, desde luego, debió haber explicado en su moción por qué antes de dictarse sentencia no había llamado la atención de la corte de distrito hacia el hecho de que no había recibido todos los bienes reclamados por él y descritos en la notificación como embargados y por qué antes de dictarse sentencia no había solicitado una reta-sación de los bienes materialmente embargados o entregó-dosle. Sin embargo, esta omisión, sin más, apenas bastaba para justificar la negativa del juez de distrito a modificar la sentencia. El tercerista bizo constar en su moción que estaba dispuesto a pagar el valor razonable de los bienes que en realidad se le entregaron así como que el demandante en el pleito principal se había negado a aceptar tal cantidad.

Durante el juicio en la corte de distrito el tercerista ofre-ció prueba documental que probablemente indicaba la suma pagada por él por algunos de los bienes descritos en la no-tificación de embargo e incluidos en la tasación hecha por el márshal, mas no entregados al tercerista. Esta evidencia parece haber desaparecido después del juicio celebrado en la corte de distrito. La descripción de los mismos aprobada por el juez de la corte inferior no demuestra el valor de los-distintos artículos. Nada hay que revele que posteriormente el tercerista presentara prueba en apoyo de su moción. Toda vez que el tercerista tenía derecho a alguna rebaja y al pre-sentar la debida prueba hubiera tenido derecho a una rebaja sustancial, y puesto que no estamos en posición de determinar la cuantía de tal rebaja, nuestra única alternativa es devolver el caso para una nueva vista sobre este aspecto de la moción..

No hallamos manifiesto error en la apreciación de la prueba ni por ende base satisfactoria alguna para la revo-cación de la sentencia en su totalidad, ni hallamos abuso al-guno de discreción en la imposición de las costas. A no ser por la dificultad indicada en el párrafo anterior, la sentencia hubiera sido modificada, y así modificada, confirmada.

La resolución de la corte de distrito declarando sin lugar la moción del tercerista solicitando la reconsideración y mo-dificación de la sentencia apelada debe ser revocada y de-vuelto el caso para ulteriores procedimientos no inconsisten-tes con esta opinión.

Los Jueces Sres. Presidente Del Toro y Asociado De Je-sús, no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señoe Wolf JUEZ ASOCIADO SEÑOR TRAVIESO

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Carlos Marchand Paz, acusado y apelante.
    Núm. 7211.

    Resuelto: Noviembre 30, 1938.

      Angel D. Marchand Fas, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señoe Wolf

emitió la opinión del tribunal.

EN MOCION DE EEOONSIDEEAOION

En 26 de julio de 1938 las partes en este recurso convi-nieron en someterlo en sus méritos y por los argumentos y la prueba elevada ante este tribunal en el caso núm. 6639, El Pueblo de Puerto Rico v. Carlos Marchand Paz, por el delito de asesinato en segundo grado. La sentencia en este último caso fue revocada y devuelto el mismo para ulteriores procedimientos no inconsistentes con la opinión de este tribunal (ante, pág. 671). En el presente recurso, número 7211, la sentencia de la corte inferior fué confirmada más o menos por la autoridad del caso de El Pueblo v. Peña, 50 D.P.R. 862, 865, al efecto de que el delito de portar armas era distinto al de asesinato en segundo grado.

En el caso de asesinato la sentencia fué revocada debido a ciertas manifestaciones impropias bechas por el fiscal al jurado.

.Sucedió que el Juez De Jesús, quien presidió el caso, pre-paraba sus instrucciones cuando las manifestaciones impro-pias fueron bechas y no oyó los comentarios del fiscal. Por tanto, lo que el juez de distinto bizo fué considerar la prueba que desfiló ante él, sin referirse a las observaciones del fiscal.

El argumento del apelante es que. si este tribunal permite que la sentencia confirmatoria subsista, cuando el caso vaya a la corte de distrito el jurado tendrá conocimiento o noti-cias de que Carlos Marcband Paz fué convicto de portar un arma prohibida y que tal conocimiento afectaría el veredicto del jurado. La defensa de Carlos Marcband Paz fué en efecto que no se bailaba presente al cometerse el asesinato y que el verdadero culpable fué otra persona. El apelante admite que en el caso corriente en que se bace la alegación de de-fensa propia no puede baber por lo general duda alguna de la portación del arma prohibida, si es que tal arma realmente se usó, mas los hechos del caso de autos, según hemos in-dicado, difieren por completo.

El apelante en este caso no ha radicado alegato ni seña-lamiento de errores, sino que sometió el recurso por la prueba y los argumentos del caso de asesinato. Este último fué re-vocado en efecto a base de declaraciones juradas que no estuvieron ante el juez de distrito al dictar su sentencia. No se nos presentaron argumentos especiales durante la vista similares a los que ahora se sugieren. El dejar de colocar a esta corte en posición para juzgar los méritos de la presente solicitud sería suficiente para que se declarara sin lugar la moción de reconsideración.

Con frecuencia sucede que el juez o jurado ante quien se ve el caso condenará al acusado a base de cierta prueba y que otro no lo hará así. El Juez De Jesús, que oyó la prueba, resolvió e.n definitiva que Carlos Marcband Paz portaba un arma prohibida. La cuestión de culpabilidad en el caso de asesinato fue dejada al jurado que condenó a Carlos Mar-chand Paz. Otro jurado tal vez podría resolver lo contrario al juzgar la misma prueba que convenció al Juez De Jesús de que el acusado era culpable de portar un arma prohibida.

No podemos asumir con el apelante que en un segundo juicio por asesinato el jurado será informado del resultado de la apelación interpuesta en el presente recurso. Mucho menos podemos asumir que el jurado será indebidamente influido por cualesquiera rumores o por alguna otra informa-ción extraña a la prueba que pueda aducirse durante el juicio y que como resultado de tal influencia impropia violará su deber solemne y la seguridad de ordinario dada por éste al efecto de que juzgará el caso de conformidad con la prueba que se le someta y con la ley, tal cual ésta le es explicada en las instrucciones dádasle por el juez sentenciador. De todos modos, el temor del letrado del apelante de que algo similar pueda ocurrir en un segundo juicio por asesinato, no ofrece razón satisfactoria alguna para que se deje sin efecto la sen-tencia de este tribunal en el presente caso.

Debe declararse sin lugar la moción de reconsideración.

Los Jueces Sres. Presidente Del Toro y Asociado De Jesús no intervinieron.

OPINIÓN DISIDENTE EMITIDA POR EL

JUEZ ASOCIADO SEÑOR TRAVIESO

Antes de exponer las razones que me obligan a disentir de la resolución dictada en 30 de noviembre de 1938, por la cual se declaró sin lugar la moción del acusado apelante para la reconsideración de la sentencia dictada por esta Corte Su-prema en 30 de julio de 1938, confirmando la dictada por ,1a Corte de Distrito de San Juan en el caso de epígrafe, paré-cerne conveniente hacer una relación de los hechos esenciales de este caso.

En 13 de junio de 1936 el Fiscal del Distrito de San Juan radicó dos acusaciones contra Carlos Marchand Paz. En la primera (Causa núm. 2870) se le acusaba de un delito de asesinato, consistente en haber dado muerte ilegal al policía insular Orlando Colón, con una pistola, “allá el día 5 de junio de 1936 y en Río Piedras, Puerto Rico.” En la se-gunda (Causa núm. 10,930) se le imputaba que “Allá por el día 5 de junio de 1936, y en Río Piedras, Puerto Rico, . . . ilegal, voluntaria y maliciosamente portaba sobre su persona, con fines de ofensa y defensa, una pistola, que es un arma &e fuego, etc.”

En 10 de agosto de 1936, al serle leídas dichas acusacio-nes, el acusado solicitó que se vieran conjuntamente. En el acto de la vista de las dos causas, el acusado interpuso en contra de ambas acusaciones la defensa de coartada, o sea la de que en la noche del 5 de junio de 1936, entre 8:30 y 9:00 p. m., hora en que según la prueba del fiscal fue muerto el policía Colón, el acusado se encontraba fuera del pueblo de Río Piedras, en una finca en el campo, y que por lo tanto no pudo ser él quien diera muerte a Colón, ni tampoco el que portara el arma prohibida en el sitio y en el momento señalados por la prueba de la acusación.

El 18 de diciembre de 1936 el jurado que conoció de la causa por asesinato rindió su veredicto, declarando a Mar-chand culpable del delito de Asesinato en Segundo Grado. En la misma fecha, el juez de distrito declaró al acusado culpable del delito de portar armas y le condenó a tres meses de cárcel. En 19 de febrero de 1937, el acusado radicó una moción de nuevo juicio basada, entre otros, en el fundamento de que el jurado había sido indebidamente influido por las manifestaciones hechas por el fiscal en su informe de recti-ficación, al efecto de que cierto testigo de la defensa, después de declarar ante el jurado, había ido a la oficina del fiscal e informado a éste que le habían ofrecido $30 para que se embarcara después de haber confesado que él era el autor de la muerte del policía Colón. El 13 de abril de 1937, la cqrte de distrito desestimó la moción de nuevo juicio y el 19 del mismo mes condenó al acusado a sufrir la pena de veinte años de presidio, con trabajos forzados.

Apeladas ambas sentencias para ante esta Corte Suprema, celebróse la vista del caso por asesinato (núm. 6639) en 18 de abril de 1938; y en 28 de julio de 1938, esta corte, con-siderando que la alegada conducta del fiscal era digna de censura y que no podía ser tolerada, dictó sentencia revo-cando la dictada por la corte inferior y ordenó la celebración de un nuevo juicio. En la opinión que sirvió de base a dicha sentencia, dijimos:

■“La conducta del fiscal con toda probabilidad ya había dejado una marca indeleble en el ánimo de los jueces de hecho. La mani-festación del fiscal, de ser creída por el jurado, tendió a demostrar una admisión de culpabilidad por el acusado e indirectamente acusó a la defensa del serio crimen de tratar de sobornar a un testigo. No podemos determinar todo el efecto de semejante manifestación, pero a nuestro juicio, resultó inevitablemente perjudicial.
“. . . No hay duda alguna de que el jurado recibió de labios del fiscal algo que equivalía a evidencia inadmisible y estamos con-vencidos de que la naturaleza perjudicial de esa prueba no pudo ser subsanada por nada que el juez pudiera haber dicho. El daño fué irreparable.”

El día 27 de julio de 1938 el presente caso, núm. 7211, por el delito de portar armas, fué sometido a nuestra con-sideración por la misma prueba y alegatos presentados en el caso núm. 6639, por asesinato. El día 30 de julio de 1938, este tribunal dictó sentencia confirmando la dictada por la corte de distrito, por la que se declaró a Carlos Marchand Paz culpable del delito 'de portar ilegalmente una pistola, en el pueblo de Río Piedras, entre las 8:30 y 9:00 de la noche de dicho día.

El acusado apelante ha solicitado que reconsideremos la sentencia confirmatoria de la dictada por la corte de distrito y que resolvamos, en la alternativa: (o) revocar la senten-cia de la corte inferior y ordenar un nuevo juicio, o (b) dar por no pronunciada nuestra sentencia de julio 30, 1938, y dejar el caso pendiente de resolución hasta que se haya cele-brado en la corte inferior el nuevo juicio ordenado por esta Corte Suprema en el caso de asesinato. Mis distinguidos colegas lian propuesto y acordado que se deniegue la moción de reconsideración. Difiero fundamentalmente de ese crite-rio y paso a exponer brevemente las razones en que baso mi disentimiento.

Los dos delitos imputados al acusado, aún cuando técni-camente son distintos y separados, están tan íntimamente relacionados entre sí, que la convicción del acusado en cuanto a uno de ellos debe traer como consecuencia inevitable su con-vicción por el otro. La situación del acusado en este casa específico es más difícil aun dada la naturaleza de su defensa - — la coartada. Su situación sería distinta si se tratase de un caso de defensa propia, pues en esos casos el acusado admite la comisión del homicidio y solamente trata de justificarlo. Y en esos casos, la condena previa por portación ilegal del arma no perjudica en manera alguna al acusado en el casa por homicidio. La defensa propia puede prevalecer aun cuando el arma con que se ejercitó ese derecho fuese portada ilegalmente.

Del récord del caso no aparece que la pistola con que se dió muerte a Colón fuera ocupada, ni se presentó prueba alguna demostrativa de que el acusado fuese dueño o posee-dor de una pistola. La convicción del acusado en uno y en otro caso se basó en las inferencias derivadas de la prueba aducida por el ministerio público para sostener el cargo de asesinato.

Soy de opinión que el efecto legal de una sentencia orde-nando la celebración de un nuevo juicio debe ser el de colo-car al acusado en la misma situación legal y constitucional en que se encontraba al comenzar el primer juicio, anulado por la sentencia revocatoria. La revocación de la sentencia trae como consecuencia la anulación del veredicto y también la del récord en que éste se basara, dejando al acusado en condiciones de poder comparecer ante el nuevo jurado que ha de juzgarle, escudado por la presunción de inocencia que la ley establece a su favor.

¿Podrá Carlos Marchand Paz comparecer ante nn jurado que le presuma inocente y que esté en condiciones de darle el beneficio de cualesquiera dudas que puedan surgir en su mente en cuanto a su culpabilidad, después que la prensa y el radio bayan difundido por todos los ámbitos de esta pequeña y superpoblada Isla, que este Tribunal Supremo, al confirmar la sentencia de la corte de distrito, resolvió de una manera definitiva que Carlos Marchand Paz estaba en el pueblo de Río Piedras entre las 8: 30 y 9: 30 de la noche del día 5 de junio de 1936, y que allí y entonces portaba ilegalmente una pistola? ¿Qué valor podrá tener para el nuevo jurada la defensa de coartada, ante una sentencia de esta Corte Suprema que declara como un hecho probado que el acusado se encontraba en el sitio y a la hora en que Colón fue ase-sinado portando una pistola, o sea que no es cierto que el acusado estuviese en otro sitio distinto a la hora en que se cometió el crimen que se le imputa?

Mis estimados colegas tratan de contestar las preguntas que acabo de formular, diciendo en la opinión prevaleciente:

“No podemos asumir con el apelante que en un segundo juicio por asesinato el jurado será informado del resultado de la apela-ción interpuesta en el presente recurso. Mucho menos podemos asu-mir que el jurado será indebidamente influido por cualesquiera rumo-res o por alguna otra información extraña a la prueba que pueda aducirse durante el juicio y que ■ como resultado de -tal influencia impropia violará su deber solemne y la seguridad de ordinario dada por éste al efecto de que juzgará el caso de conformidad con la prueba que se le someta y con la ley, tal cual ésta le es explicada en las instrucciones dádasle por el juez sentenciador. De todos modos, el temor del letrado del apelante de que algo similar pueda ocurrir en un segundo juicio por asesinato, no ofrece razón satis-factoria alguna para que se deje sin efecto la sentencia de este Tribunal en el presente caso.”

Mi réplica al párrafo transcrito es que, por el contra-rio, lo que debemos asumir es que en esta era de intensa publicidad en que vivimos, en que la prensa y el radio nos informan diariamente sobre los sucesos del día y nos tras-miten el texto íntegro de las sentencias de los tribunales, un buen número por lo menos de los ciudadanos que han de formar el panel de jurados que han de juzgar al acusado de haber dado muerte al policía Colón, estarán enterados de la decisión de esta corte en el caso de autos. Y siendo eso así, el acusado estará expuesto a no tener el juicio justo e impar-cial a que la ley le da derecho.

Por las mismas razones que invocamos para revocar la sentencia en el caso de asesinato, expresadas en los párra-fos arriba transcritos, opino que la sentencia en el caso de autos puede dejar “una marca indeleble en el ánimo de los jueces de hecho ’ ’; que si las manifestaciones del fiscal en la causa por asesinato fueron suficientes para viciar el vere-dicto y justificar su anulación, la sentencia cuya reconside-ración se pide puede causar un perjuicio mayor al acusado en el nuevo juicio, pues no solamente envuelve una declara-ción de culpabilidad sino que destruye por completo la teo-ría de la defensa, colocando al acusado en el sitio y en el momento del crimen, armado de una pistola. Es indudable que el conocimiento que pueda tener el jurado, o alguno de sus miembros, resultará “inevitablemente perjudicial” para el acusado.

¿Cómo podría el acusado protegerse contra ese perjui-cio que hemos calificado de inevitable? ¿Sería aconsejable o prudente examinar a los jurados en cuanto al conocimiento que cada uno de ellos pudiera tener de la sentencia en el caso de autos, corriendo así el riesgo de tener que informar a los que nada sabían y el de dejar una marca indeleble en el ánimo de todos? ¿Cumplirá el abogado defensor su deber si, consciente del probable prejuicio existente en la mente de los jurados, se abstiene de examinarlos en cuanto a ese prejuicio, exponiendo así a su cliente a ser juzgado por un jurado prejuiciado en contra de su defensa?

Podrá argüirse que la eprte protegerá al acusado, ins-truyendo al jurado en cuanto a la ley aplicable al caso. A eso podemos replicar: ¿ Si revocamos la sentencia en el caso de asesinato, porque estnvimos “convencidos de que la natu-raleza perjudicial de esa prueba no pudo ser subsanada por nada que el juez pudiera baber dicho,” y opinamos que el daño causado al acusado fue “irreparable,” qué razón o fun-damento podemos tener para creer que un jurado que no puede borrar de su mente unas pocas palabras pronunciadas por un fiscal en el calor de la improvisación, será capaz de borrar de ella la impresión que indudablemente ha de cau-sarle la opinión de esta corte, dictada con toda la ecuanimi-dad y ponderación de un tribunal de apelaciones?

Porque creo que la reconsideración de nuestra sentencia no ha de afectar en lo más mínimo los intereses de la jus-ticia pública y que, por el contrario, la denegación de la moción puede y seguramente ha de perjudicar al acusado ape-lante en sus derechos substanciales, opino que debimos recon-siderar nuestra sentencia y dejar el caso pendiente de reso-lución hasta que la causa por asesinato sea resuelta defini-tivamente.