text:
    Mario Mercado e Hijos, demandante y apelante, v. Elvira Olivieri Commins, Manuel Francisco Lluberas Pasarell, etc., demandados y apelados. El Mismo v. Elvira Olivieri Cummins y Emilio Blasini Totti, demandados y apelados.
    Núms. 8501 y 8502.

    Sometidos: Julio 14, 1942.

      Resueltos: Julio 31, 1942.

      Pedro M. Porrata, abogado de la demandante apelante; José S. 8a-bater y José Oliver 8abater, abogados de la Sra. Olivieri Commins, apelada; Luis López de Victoria y Leopoldo Tormes, abogados ele los demandados de apellidos Lluberas Pasarell y Blasini Totti, apelados.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Las cuestiones fundamentales envueltas en estos recursos son las mismas. Se trata de fijar el alcance de cierta cláu-sula contractual y de su aplicación en relación con otros con-tratos celebrados, uno de venta y otro de arrendamiento, de acuerdo con los hechos y la ley.

Tres veces han sido sometidas dichas cuestiones a este tribunal, la primera en un pleito sobre desahucio, la segunda en mociones sobre desestimación, por frívolos, de los recur-sos establecidos contra las sentencias que las resolvieron en determinado sentido dictadas en pleitos ordinarios, y la ter-cera en esos mismos recursos en sus méritos.

Al decidir el desahucio dijimos que no eran propias para ser en él resueltas, confirmando la sentencia recurrida. Lluberas v. Mario Mercado e Hijos, 55 D.P.R. 41. Al resolver la moción de desestimación, que no eran claramente frívolas. Debemos ahora disponer de ellas en definitiva, poniendo fin al litigio.

Los pleitos fueron iniciados en la Corte de Distrito de Ponce por Mario Mercado e Hijos el mismo día — 7 de abril de 1937' — contra Elvira Olivieri, Manuel Francisco Lluberas y otros el de resolución de compraventa, y contra la propia Elvira Olivieri y Emilio Blasini el de resolución de arrenda-miento, y resueltos por sentencias del 6 de octubre de 1941, basadas en una sola opinión.

Para pedir la resolución del contrato ‘de compraventa ce-lebrado entre la demandada señora Olivieri y los Lluberas y su subrogación en los derechos de éstos, la demandante alegó sustancialmente en la demanda que doña Elvira Oli-vieri otorgó cuatro pagarés al tenedor por endoso, garanti-zados con hipoteca sobre sus condominios de una mitad pro-indivisa en las fincas “Juanita” e “Indios,” que colindan con terrenos pertenecientes a la demandante en la jurisdic-ción de Grii ay anilla.

Que en la misma escritura en que se constituyó hipoteca para garantizar los pagarés, doña Elvira reconoció adeudar a la demandante Mario Mercado e Hijos la cantidad de $41,256.89 y ésta convino en aceptarle los pagarés en con-cepto de pago de la suma adeudada. Que se convino ade-más, como parte de la consideración del contrato, que doña Elvira se comprometía a dar a la demandante preferencia para la compraventa y arrendamiento de sus condominios en igualdad de precio y condiciones, mientras estuviera en vigor la hipoteca, y que en caso de venta en violación de tal convenio, la demandante quedaba facultada para ejercitar la acción de retracto, y que se -estipuló también en la referida escritura que la división material de los condominios en los predios “Juanita” e “Indios” no podía llevarse a cabo sin el consentimiento de la sociedad Mario Mercado e Hijos mientras estuvieran vigentes los vales hipotecarios.

Se alega además que la demandante cedió el montante de los vales hipotecarios a la sucesión de don José.Tous Soto, y que, al hacerse la citada cesión, se pactó con la predicha sucesión reservarse para sí la sociedad demandante, como se reservó, el derecho de opción y retracto a que se hace refe-rencia.

Que el traspaso de los vales hipotecarios llevóse a cabo el 9 de mayo de 1933, y el 21 de agosto de 1936 la deman-dada doña Elvira Olivieri y su hermana doña Santia lleva-ron a efecto la división material de sus condominios en las fincas hipotecadas, y a tenor de la escritura de hipoteca la sociedad Mario Mercado e Hijos compareció a prestar su consentimiento para el susodicho acto.

Establecidos así los hechos preliminares, se sigue ale-gando en la demanda que los demandados se confabularon entre sí con el deliberado propósito de defraudar a la deman-dante y durante la vigencia de la cláusula de opción que se transcribe íntegramente vendieron las fincas adjudicadas a doña Elvira en pago de sus condominios, sin notificar-a la demandante de proposición alguna de compraventa y con co-nocimiento todos los demandados del derecho de opción que sobre los citados bienes tenía en la fecha en que se efectuó la mencionada compraventa la demandante.Mario Mercado e Hijos.

La demandante alega entonces su voluntad de retraer la propiedad de los demandados que la adquirieron en virtud de la alegada confabulación, se declara dispuesta a satisfa-cer el mismo precio pagado por los compradores y, para de-mostrar la buena fe de su intención, acompaña a su demanda y hace formar parte de la misma otra acción de consignación radicada en la secretaría de la corte e instada después de haber requerido a todos los demandados para que le traspa-saran el título de las propiedades vendídasle.

La demandada doña Elvira Olivieri Commins radicó con-testación separada y los restantes demandados la suya con-juntamente.

A través de dichas contestaciones los demandados admi-tieron todo lo alegado en los párrafos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 y 10 de la demanda, negando los restantes párrafos y estable-ciendo, por vía de defensa especial, las siguientes:

(а) Que la cláusula séptima de la escritura número 13 del 23 de marzo de 1932 fué impuesta por la demandante a la demandada cuando ésta era deudora de la demandante; que cuando dicho pacto de opción de compraventa y arren-damiento se impuso en la referida escritura, la demandante no era deudora de los inmuebles y sí acreedora de los mis-mos; que la demandante no podía adjudicarse los bienes de la demandada en el caso de incumplimiento del contrato ga-rantizado con hipoteca ni podía prohibir a la demandada que enajenara o dispusiera libremente de dichos bienes, y que el pacto de opción de compraventa o retracto fué extinguido al pagar totalmente la demandada Elvira Olivieri el crédito hi-potecario de referencia, perdiendo el derecho de retracto la demandante al ceder el crédito hipotecario a la sucesión Tous Soto, habiendo, además, dicho derecho prescrito por el trans-curso de más de cuatro años desde que .se concedió. (Artícu-los 1397 y 1078 del Código Civil.)

(б) Que dicha cláusula séptima es nula además por equi-' valer la misma a un pacto por el cual se autoriza al acree-dor hipotecario a adjudicarse la finca de la hipotecante por virtud de incumplimiento del contrato garantizado con hipo-teca. (Secciones 2 y 4 de la Ley 47 del 13 de abril de 1916, para reprimir la usura.)

(c) Por equivaler el mismo a un pacto por el cual se pro-híbe a la deudora hipotecaria enajenar o disponer libremente de sus bienes. (Inciso 4 del artículo 107 de la Ley Hipote-caria; Van Syckel v. Registrador de la Propiedad, 3 D.P.R. (segunda edición), página 10, y Glausells v. El Registrador, 20 D.P.R. 313.)

(d) Por estar en contradicción con el artículo 1412 del Código Civil.

(e) Por pretender crear un derecho increable, o lo qúe es lo mismo, nn derecho de retracto a ejercitarse por nno que no fue vendedor de la finca y sí acreedor hipotecario.

(/) Porque de ser válido dicho derecho de retracto la de-mandante no cumplió con los términos de ley en cuanto al extremo de la consignación, ya que la que ella verifica la hizo en pieza aparte, en vez de hacerlo dentro del caso de epígrafe.

En la demanda sobre resolución de contrato de arrenda-miento, se hacen sustancialmente las mismas alegaciones, con la única variante que se alega en el apartado 11, que doña Elvira Olivieri, con anterioridad al 8' de marzo de 1937, en confabulación con el otro demandado Emilio Blasini Totti, dió a éste en arrendamiento la finca rústica denominada “Juanita,” que se describe.

Los demandados contestaron separadamente la demanda, admitiendo ciertos hechos de la misma y negando los demás, y alegando también las mismas defensas alegadas por los demandados en el caso sobre resolución de contrato de com-praventa.

Celebrada la vista en la corte de distrito en el caso sobre resolución de compraventa, presentándose evidencia docu-mental y testifical, las partes estipularon someter el de reso-lución de arrendamiento por la prueba practicada en 'el de resolución de compraventa, y luego archivaron sus alegatos en ambos. La corte tomó bajo su consideración ambos plei-tos y como resultado de las admisiones hechas en las contes-taciones de los demandados y de la evidencia introducida por ambas partes apreciada en conjunto, declaró probados los siguientes hechos:

“Por la escritura pública núm. 13 de 23 de marzo de 1932 ante el notario Fernando Zapater Martínez, la demandada Elvira Olivieri Commins garantizó con hipoteca sobre sus condominios en las fincas “Juanita” e “Indios”.cuatro vales pagaderos al tenedor por en-doso, que ella otorgó, y al mismo tiempo reconoció adeudar a la de-mandante Mario Mercado e Hijos la cantidad de $41,256.89, y esta sociedad convino en aceptarle los pagarés en concepto de pago de la suma adeudada.
“Dicha escritura de hipoteca contiene, entre otras, la siguiente cláusula:
‘Séptima: Opción de Venta y Arrendamiento. — No obstante 1c expuesto en la cláusula precedente, la deudora, como parte de la consideración de este contrato, conviene con la sociedad Mario Mercado e Hijos, mientras no se salde el crédito hipotecario aquí cons-tituido, en darle preferencia para la venta o arrendamiento, de sus condominios en las fincas “Indios” y “Juanita,” en igualdad de precio y condiciones. A este fin, la deudora comunicará, mientras no se pagare el crédito hipotecario, por carta certificada a Mario Mercado e Hijos, cualquier proposición de venta o arrendamiento que se le hiciere y dicha sociedad tendrá un término de treinta días para aceptar o no las proposiciones y durante dicho plazo la deu-dora no podrá efectuar venta o arrendamiento a otra persona. Caso de venta o arrendamiento en violación de este convenio, Mario Mercado e Hijos tendrá el derecho de retracto contra el comprador o arrendatario, el cual derecho podrá ejercer en el término de treinta días desde la inscripción de la venta o arrendamiento para subrogarse en el lugar, grado y prelación del• comprador o arrendatario.’
“Por escritura pública núm. 33 de 9 de mayo de 1933, ante el notario de Ponce, Sr. Fernando Zapater Martínez, la sociedad Mario Mercado e Hijos cedió a la sucesión de don José Tous Soto el re-' ferido crédito hipotecario, mediante el correspondiente endoso y en-trega, por parte de dicha sociedad Mario Mercado e Hijos a la su-cesión de Tous Soto, de los cuatro pagarés hipotecarios antes men-cionados. En esta escritura de cesión de crédito no aparece que la sociedad Mario Mercado e Hijos se reservara los derechos de opción de venta y arrendamiento, especificados en la cláusula séptima de la escritura núm. 13 de 23 de marzo de 1932, cuya cláusula séptima se deja transcrita más arriba en esta opinión. Tampoco aparece pro-bado que se hiciera tal reserva de derechos en el Registro de la Propiedad, en la inscripción correspondiente a la cesión del crédito hipotecario.
“La deudora Elvira Commins fué notificada de la cesión del cré-dito, mediante una copia simple de la escritura de cesión.
“Por la escritura núm. 30 de 25 de febrero de 1937 ante el notario señor Luis López de Victoria, Elvira Olivieri Commins cons-tituyó hipoteca sobre las referidas fincas ‘Juanita’ e ‘Indios’ por $45,000 a favor del demandado Manuel Francisco Lluberas Pasar el!, reteniendo éste en su poder $41,000 para satisfacer el crédito hipo-tecario constituido a favor de Mario Mercado e Hijos y cedido a la sucesión de José Tous Soto.
“Por la escritura núm. 47 de 8 de marzo de 1937 ante el notario señor Fernando Zapater, y previa la correspondiente autorización judicial, la sucesión de don José Tous Soto canceló el crédito hipo-tecario contra doña Elvira Olivieri Commins, el que le había sido cedido a la referida sucesión por la demandante Mario Mercado e Hijos.
“Por la escritura núm. 40 de 9 de marzo de 1937, ante el notario señor Luis López de Victoria, la demandada Elvira Olivieri Commins vendió por precio de $40,000 la finca ‘Indios’ al otro demandado Manuel Francisco Lluberas Pasarell.
“Por otra escritura, la núm. 41, de la misma fecha 9 de marzo de 1937 y ante el mismo notario señor López de Victoria, Elvira Olivieri Commins dió en arrendamiento al otro demandado Emilio Blasini Totti la finca rústica denominada ‘Juanita.’
“En la' escritura núm. 72 otorgada en Ponce ante el notario señor Fernando Zapater el día 31 de marzo de 1937 (o sea, después que la sucesión de don José Tous Soto había cancelado la hipoteca), se hizo constar por dicha sucesión que ‘la cesión verificada por la sociedad Mario Mercado e Hijos a favor de dicha sucesión no incluía el derecho o los derechos consignados a favor de Mario Mercado e Hijos en la cláusula séptima sobre opción de venta y arren-damiento contenida en la escritura de hipoteca núm. 13 de 23 de marzo de 1932 (exhibit “J” de la demandante); reservándose Mario Mercado e Hijos los derechos y obligaciones de dicha cláusula du-rante todo el tiempo en que la hipoteca estuviese en vigor.’
“La escritura núm. 72 supra, fué aprobada por esta Corte de Distrito de Ponee, según sentencia dictada en 7 de abril de 1937 en el caso civil núm. 299 de esta corte (exhibit “E” de la deman-dante) .
“Mediante la escritura núm. 7 de 7 de abril de 1937, ante el notario Sr. Pedro M. Porrata, se requirió a Elvira Olivieri Commins para que recibiera determinada suma de 'dinero en cumplimiento de la referida cláusula séptima sobre opción de venta y arrendamiento; habiéndose negado a ello doña Elvira Olivieri Commins. Entonces la sociedad Mario Mercado e Hijos, en 8 de abril de 1937, con-signó en la secretaría de esta corte dé distrito en el caso núm. 310, sobre consignación, la suma de $45,359.50, según recibo núm. 702 del secretario (exhibit H de la demandante).
“Y luego la demandante, en 8 de abril de 1937, radicó las de-mandas en los casos números 311 y 312, sobre resolución de com-praventa y resolución de arrendamiento, respectivamente.
“También se lia probado que en la escritura núm. 73 de 20 de agosto de 1936 (cuando todavía estaba vigente el crédito hipo-tecario cedido a la sucesión de José Tons Soto) la sociedad Mario Mercado e Hijos intervino en dicha escritura núm. 75, sobre divi-sión material de finca rústica, y otros extremos, escritura otorgada ante el notario señor Tomás Paz Ruiz (exhibit “A” de la deman-dante), y prestó su consentimiento para la referida división de comunidad de bienes.
“También se ha probado que ni Elvira Olivieri Commins ni nin-guno de los demandados, ni persona alguna a nombre de ellos, co-municaron en ninguna forma a la aquí demandante Mario Mercado e Hijos, con anterioridad a la fecha en que fueron convenidos, • el arrendamiento y la compraventa de las fincas ‘Juanita’ e ‘Indios’ ni en ningún tiempo después; viniendo Mario Mercado e Hijos a tener conocimiento de dichas transacciones el día 10 de marzo de 1937. Y que dicha sociedad siempre estuvo y está dispuesta a subro-garse en el lugar de los compradores y arrendatarios de dichas fincas en los mismos precios y cánones y condiciones de los contratos de compraventa y arrendamiento cuya resolución se solicita.
“Aparece también probado que tanto Elvira Olivieri Commins como todos los demás demandados en los casos números 311 y 312, tuvieron conocimiento, antes de celebrarse los contratos de compra-venta y arrendamiento, del derecho de opción de compra y arrenda-miento que tenía Mario Mercado e Hijos en relación con las fincas ‘Juanita’ e ‘Indios.’
“Del testimonio de Elvira Olivieri Commins (página 55 de la transcripción de evidencia) resulta probado que ella autorizó a su yerno Rafael Barietta para discutir con Mario Mercado e Hijos ne-gociaciones de arrendamiento o venta de los predios ‘Juanita’ e ‘In-dios. ’
“De la declaración de José R. Peralta, administrador de la so-ciedad demandante (páginas 135 y siguientes de la transcripción de evidencia) y de ciertos telegramas y cartas que en dicha declaración se mencionan y que fueron admitidos como evidencia, resulta pro-bado que desde diciembre de 1936 hasta mayo 8 de 1937 estuvieron Rafael Barletta y la sociedad Mario Mercado e Hijos en conversa-ciones y entrevistas sobre posible compra y arrendamiento de los referidos inmuebles a Elvira Olivieri Commins por la sociedad de-mandante. ’ ’

Y declarados probados esos hechos, procedió a resolver las cuestiones de derecho, así:

“Siete cuestiones de derecho levantan y discuten los abogados de ambas partes en sus respectivos alegatos.
“Las hemos estudiado y considerado todas, pero a nuestro juicio, las que tienen principal importancia para la resolución de estos casos son las siguientes:
“ ‘1. Si la demandante probó o no probó confabulación y fraude por parte de los demandados a los fines de burlar los derechos de dicha demandante en lo pertinente a la referida cláusula séptima de opción de venta y .arrendamiento,
“ ‘2. Si quedó o no'quedó extinguida a virtud del pago de la hi-poteca que le tenía constituida doña Elvira Olivieri Commins a Mario Mpreado e Hijos (exhibit “3” de la demandante), la cláusula séptima de dicha escritura sobre opción de venta y arrendamiento de dicha deudora hipotecaria a favor de la referida firma.
“ ‘3. Si al enajenar Mario Mercado e Hijos a la sucesión de don José Tous Soto el crédito hipotecario a que se contrae el exhibit “3” de la demandante, también enajenó los derechos consignados en dicha clausula séptima de opción de venta y arrendamiento. ’
“Para una consideración lógica de estas cuestiones legales, inver-tiremos el orden en que se dejan enunciadas, empezando por la nú-mero 3.
“El artículo 152 de la Ley Hipotecaria lee como sigue:
“ ‘El crédito hipotecario puede enajenax-se o cederse a un tercero en todo o en parte, siempre que se haga en escritura pública de que se dé conocimiento al deudor, y que se inscriba en el Registro.
“ ‘El deudor no quedará obligado por dicho contrato a más que lo estuviere por el suyo.
“ ‘El cesionario se subrogará en todos los derechos del cedente.’ (Subrayado nuestro.)
“Los términos en que está redactada la escritura de cesión del crédito hipotecario son muy claros y no dejan lugar a dudas sobre la intención de los contratantes, por lo que debe estarse al sentido literal de sus cláusulas (artículo 1233 Código Civil, ed. 1930), y no deberán entenderse comprendidas en dicho contrato cosas distintas y cosas diferentes de aquellas sobre que los interesados se propusieron contratar (art. 1235 del mismo Código). (Sweet v. Zalduondo, 26 D.P.R. 349; Loíza Sugar Co. v. Hernáiz, 35 D.P.R. 518; artículo 26 de la Ley de Evidencia.)
“Según el artículo 1759 del Código Civil, la hipoteca es esencial-mente indivisible. La opción de venta y arrendamiento era parte sustancial de dicho contrató y, por consiguiente, era inseparable de la hipoteca (G. Llinás & Cía. v. Sucesión Bartoly (sic), 47 D.P.R. 574; Montilla v. Van Syckel et al., 8 D.P.R. 160; Puente v. Pérez et al., 7 D.P.R. 186).
“El artículo 1418 del Código Civil, ed. de 1930, lee como sigue:
“ ‘La venta o cesión ele un crédito comprende la de todos los de-rechos accesorios, como la fianza, hipoteca, prenda o privilegio.’ (Itálicas nuestras.)
Manresa en sus Comentarios al Código Civil, volumen 10, páginas 402 a 409, comentando el artículo 1418 y siguientes de dicho.Código (ed. de 1930), entre otras cosas consigna lo siguiente:
“ ‘Ahora bien, cuando nada se dice, lo lógico es suponer, como la ley supone, que al cederse lo principal se cede también lo accesorio, que viene a ser como su complemento.
“ ‘En lo-que sí estamos conformes es en que, en el caso de ven-derse un crédito sujeto a una condición resolutoria, cuyo cumpli-miento depende de la sola voluntad del acreedor, no puede éste, des-pués de cedido el crédito, hacer que la condición se cumpla. De una parte, porque al pactar la cesión se desprendió de su carácter. Y de otra, porque la cesión supone la renuncia de su facultad que viene a ser con -ella incompatible. ’
“Al ceder Mario Hercado e Hijos a la sucesión Tons Soto el referido crédito hipotecario hizo un pacto especiaLsobre los intereses del crédito, pero no hizo ningún pacto de reserva sobre la cláusula de la opción de venta y arrendamiento. Tampoco se hizo ninguna mención de dicha cláusula por la sucesión Tous Soto, cuando solicitó permiso de esta corte para convertirse en eesionaria del crédito, ni tampoco cuando se solicitó permiso para cancelar dicho crédito por la referida sucesión.
“La escritura núm. 72 de fecha 31 de mayo de 1937 ante el no-tario Sr. Zapater, sobre ratificación de crédito hipotecario, otorgada por la Sucesión Tous Soto (exhibit ‘F’ de la demandante), así como el expediente núm. 299 de esta corte sobre aprobación de dicha es-critura, no tienen ningún valor en estos casos, por haber sido otor-gada dicha escritura núm. 72 después de haber sido cancelado total-mente el crédito hipotecario por la sucesión de José Tous Soto.
“Por todo lo expuesto, llegamos a la conclusión de que ‘al ena-jenar Mario Mercado e Hijos a la sucesión ele José Tous Soto el crédito hipotecario, también enajenó los derechos consignados en la cláusula séptima de opción de venta y arrendamiento.’
“La cuestión núm. 2 de derecho, después de lo anteriormente expuesto al estudiar la cuestión núm. 3, la resolvemos en la afirma-tiva; llegando, como llegamos, a la conclusión de que ‘la cláusula séptima de la escritura núm. 13 de 23 de marzo de 1932 (exhibit “J” de la demandante) sobre opción de venta y arrendamiento, quedó extinguida a virtud del pago de la hipoteca constituida por Elvira Olivieri Commins a favor de Mario Mercado e Hijos.’ (Ar-tículo 1110, Código Civil, ed. 1930).
“Ahora resolveremos la cuestión de derecho levantada bajo el número 1, o sea ‘si la demandante probó o no confabulación y fraude, por parte do los demandados, a los fines de burlar los derechos de la demandante en lo pertinente a la referida cláusula séptima sobre opción de venta y arrendamiento.’
“Habiendo llegado la corte a las dos conclusiones anteriormente consignadas al resolver, como resolvió en la afirmativa las cuestiones de derecho levantadas bajo los números 3 y 2, consecuentemente tiene que llegar a la conclusión de que Mario Mercado e Hijos, al iniciarse estos pleitos en 8 de abril de 1937, no tenía ningún derecho o interés sobre la hipoteca que se había constituido a su favor por Elvira Olivieri Commins y, que Mario Mercado e Hijos había ce-dido a la Sucesión de José Tous Soto.
“ ‘El fraude debe probarse con hechos incontestables, o por lo menos con una preponderancia de prueba, pues su existencia no puede estimarse establecida por simples conclusiones, conjeturas y sospechas.’ Gómez v. American Colonial Bank, 34 D.P.R. 148; Arruza v. Langier, 15 D.P.R. 25.
“ ‘Estando toda presunción en contra del fraude y necesitándose algo más que una mera sospecha para probar su existencia, debe aquél demostrarse por medio de pruebas que sean claras, sólidas y convin-centes. ’ Ortiz v. Clausells, 34 D.P.R. 536.
“ ‘El juzgador no debe impresionarse por la denuncia de fraude al extremo de agrandar la importancia de todo hecho sobre el que se pueda suscitar la sospecha de haberse cometido, y desdeñar más lógicas deducciones compatibles con la buena fe.’ Sabalier v. Iglesias, 34 D.P.R. 352.
“La corte llega a la conclusión de que no se lia probado confa-bulación y fraude por paite de los demandados hacia Ja demandante en estos casos.
“Y habiendo llegado a las precedentes conclusiones, la corte en-tiende que es innecesario considerar las otras cuestiones ’de derecho levantadas y discutidas en estos casos por los abogados de ambas partes.”

Las sentencias se registraron de conformidad y la deman-dante en ambos pleitos apeló para ante esta Corte Suprema. Se han presentado varios alegatos y se han celebrado dos vistas en las cuales se discntieron las cnestiones envueltas desde todos los ángulos imaginables. A nuestro juicio los hechos declarados probados por el tribunal sentenciador que-dan en pie y sus conclusiones de derecho permanecen inal-terables.

En un alegato suplementario archivado por la parte apelante, se hace la siguiente cita:

“La inscripción ele un instrumento otorgando la opción según lo exige la ley es, desde luego, una notificación constructiva de tal op-ción a un comprador posterior. Chesbrough v. Vizard Invest. Co. (1913), 156 Ky. 149, 160 S. W. 725; Kinberger v. Doruet (1921), 149 La. 986, 90 So. 367; Guerin v. Sunburst Oil & Gas Co. (1923), 68 Mont. 365, 218 Pac. 949. En el último caso que se cita dijo la corte:
“ ‘Toda vez que la opción era un instrumento que podía ser ins-crito, y fué inscrito según lo disponía la ley, dicho instrumento le dió notificación constructiva de su contenido a la señora Guerin, que era un comprador posterior de la propiedad afecta a la opción, desde el momento en que se radicó ante el secretario del condado de Toole, en diciembre 9, 1921, sección 6934, arriba copiada. El que compra terrenos al dueño de éstos, después que se ha inscrito una opción otorgada por el dueño para comprar dichos terrenos, los adquiere con notificación constructiva de la opción, y no puede pretender ser un comprador inocente.’ ”

Si al traspasar la demandante sns pagarés a la sucesión Tons Soto se hubiera reservado expresamente el derecho de opción y al inscribirse el traspaso se hubiera hecho constar la reserva en el registro, entonces sí que hubiera podido par-tir de la base del conocimiento de dicha reserva por parte de los demandados con todas las consecuencias que pudiera tener para los mismos. La inscripción del primitivo contrato en el registro y la del segundo sin reserva de ninguna es-pecie sobre la opción, permitía a los demandados actuar con respecto a la demandante de acuerdo con su interpretación de lo que era la ley. Y ya hemos visto que la ley era que el traspaso sin reservas de los vales hipotecarios llevaba con-sigo el de la opción. Por tanto, si algún riesgo en cnanto a la demandante se decidieron a asumir los demandados al ac-tuar en la forma en que lo hicieron, fijada la regla legal apli-cable, desapareció por completo.

Los recursos deben declararse sin lugar y confirmarse las sentencias recurridas.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor De Jesús

license: Public Domain

text:
    Pedro Alfonso Reyes, menor representado por su padre con patria potestad Feliciano Reyes, demandante y apelado, v. Alberto Aponte, Manuel y Críspulo Díaz, individualmente y haciendo negocios bajo la firma de Enrique Díaz & Hermanos, demandados y apelantes.
    Núm. 8475.

    Sometido: Junio 19, 1942.

      Resuelto: Julio 31, 1942.

      F. Díaz Marxuach, abogado de los apelantes; F. B. Aponte, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Este pleito fué instituido por Pedro Alfonso Reyes, me-nor de edad representado por su padre Feliciano Reyes, en reclamación de los daños y perjuicios que alegó haber su-frido al ser acometido y agredido por los demandados en Caguas, \P. R., el 10 de abril de 1938. La vista del caso fné celebrada ante el Juez Sr. Miguel G-arcía González, de la Corte de Distrito de Humacao, pero habiendo cesado en su cargo antes de dictar sentencia, por estipulación de las par-tes fue sometido el caso por las alegaciones y el récord ta-quigráfico al Juez Sr. Benjamín Ortiz de la misma corte, quien en 21 de julio de 1941 dictó la sentencia apelada que condenó a los demandados a pagar al demandante la canti-dad de $315 en concepto de daños y perjuicios y $90 de ho-norarios de abogado. La cantidad de $315, importe de la indemnización, la descompone el juez en el último párrafo de su opinión en las siguientes partidas: $40 por honora-rios del médico y la enfermera; $75 por dinero dejado de ganar por el demandante; $100 en concepto de angustias mentales, y $100 adicionales en concepto de daños morales sufridos por el demandante.

El primer señalamiento de error consiste en haber orde-nado la corte a quo la eliminación de los apartados 1 y 2 de las defensas especiales alegadas en la contestación. La pri-mera de ellas consistió en que el 9 de octubre de 1936 se ce-lebró en la Corte Municipal de Caguas la vista del caso se-guido por el Pueblo de Puerto Rico contra Pedro Alfonso Reyes, Alberto Aponte y Manuel Díaz, por un delito de al-terar la paz, resultando absuelto Alberto Aponte y condena-dos los acusados Manuel Díaz y Pedro Alfonso Reyes a pa-gar una multa de $3 y las costas.

La segunda consistió en que en la misma fecha dicha Corte Municipal celebró la vista del caso seguido contra Manuel y Críspulo Díaz y Alberto Aponte, a virtud de denuncia formulada por Pedro Alfonso Reyes por un delito de aco-metimiento y agresión grave, siendo absueltos los acusados.

La alteración de la paz y. el acometimiento y agresión grave a que se contraen las dos defensas especiales están ba-sados en los mismos hechos acaecidos el 10 de abril de 1936 que sirvieron de base a la cansa de acción alegada por el de-mandante.

Sostienen los apelantes, basándose en nn obiter dictum que aparece en el caso de Torres v. Sucesión Córdova, 31 D.P.R. 897, 898, qne para determinar la naturaleza de una responsabilidad civil nacida de un acto punible, debe consi-derarse el actual Código Penal, así como el origen de la res-ponsabilidad .civil en el Código Penal español, ya que según el primero de dichos códigos, el segundo sólo fue derogado en todo lo que se relacione o refiera a delitos, y el artículo 116 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal española prescri-bía que “la extinción de la acción penal no lleva consigo la de la civil, a no ser que la extinción proceda de haberse de-clarado por sentencia firme que no existió el hecho de que la civil hubiese podido nacer.” Arguyen los apelantes que como la Corte Municipal de Caguas absolvió a los acusados del supuesto delito que sirvió de base a la acción civil del demandante apelado, declarando así que no existieron los hechos de que hubiera podido nacer la acción, tales defensas especiales, de ser probadas, hubiesen demostrado la inexis-tencia de la causa de acción ejercitada.

No tienen razón los apelantes. El vigente Código Penal que tal salvedad contiene en su artículo 560, empezó a regir en esta Isla el primero de julio de 1902. También empezó a regir en Puerto Rico el primero de marzo del mismo año el Código Civil Revisado, cuyo artículo 1059, igual que el 1092 del español, prescribía que “las obligaciones civiles que nazcan de los delitos o faltas se regirán por las disposicio-nes del Código Penal.” Así permaneció nuestra legislación hasta que por Ley de 10.de marzo de 1904 se aprobó el vi-gente Código de Enjuiciamiento Civil, cuyo artículo 2 prescribe: “Cuando la violación de un derecho permita el ejer-cicio de ambas acciones, la civil y la criminal, el derecho de ejercer la una no impide el derecho de ejercer la otra.” T para armonizar la ley sustantiva con la adjetiva, en la misma fecha se enmendó el artículo 1059 del Código Civil Revisado, el que desde entonces dice así: “Las obligaciones civiles na-cidas de los delitos o faltas se regirán por las disposiciones de este Código.” (Bastardillas nuestras.) Ante tan termi-nantes manifestaciones contenidas en los artículos 1059 y 2 del Código Civil y de Enjuiciamiento Civil respectivamente, no puede sostenerse seriamente que en Puerto Rico en la ac-tualidad, y desde el año 1904, las obligaciones civiles nacidas de los delitos se rijan por las disposiciones del Código Penal español. Véase el caso de Guzmán v. Vidal, 19 D.P.R. 841, donde este Tribunal, por voz del entonces Juez Presidente Sr. Hernández, hizo un estudio exhaustivo de la cuestión.

El segundo señalamiento de error se refiere a haber incluido entre los daños sufridos por el demandante la can-tidad de $40 por concepto de honorarios del médico y de la enfermera, y $75 en concepto de sueldos dejados de ganar. Ya hemos visto que la sentencia propiamente dicha no espe-cifica los distintos conceptos por los cuales se concedió la in-demnización de $315; pero en el último párrafo de la opi-nión el juez hace tal distribución y aunque la apelación no se da contra los fundamentos de una sentencia, parece claro que si el juez, al calcular la indemnización total, tomó por base ciertas partidas de daños a que el demandante no tenía derecho, tales partidas deben deducirse de la cantidad total de la sentencia.

En cuanto a los honorarios médicos, el Dr. F. Ellis Cambiaso, que asistió al demandante apelado desde que re-cibiera las lesiones hasta que fue dado de alta, declaró que sñs servicios no le habían sido pagados, pero que valían de $20 a $25. La enfermera María López, que le hizo las cura-ciones' prescritas por el facultativo, incluyendo aplicación de inyecciones, etc., declaró que sus servicios tenían un valor de $15, y que el demandante se los había pagado. Ninguna de esas declaraciones fué contradicha por los apelantes.

Arguyen los apelantes que cuando un menor sufre daños y perjuicios causados por culpa o negligencia de otra persona, los daños que consistan en pérdida de servicios, gastos de asistencia médica, medicinas, y otros semejantes, no le pertenecen a él personalmente, sino .a sus padres, y por con-siguiente éstos, si quieren recobrarlos, deben entablar una acción a su propio nombre y para su exclusivo beneficio. In-vocan en apoyo de su proposición los casos de Rivera v. Reyes, 31 D.P.R. 440, y Karr v. Parks, 44 Cal. 46. La doctrina sostenida en diclios casos no es aplicable al presente. La evidencia revela que el demandante, al tiempo de recibir los daños personales, estaba trabajando y ganaba un salario de $9 semanales; que poco tiempo después de recibir las lesio-nes contrajo matrimonio con la enfermera que lo asistió; y que al celebrarse el juicio ya había cumplido veintiún años de edad. Tratándose de un niño, se presume que el padre sea quien haya pagado los gastos de curación, puesto que ésa es su obligación, pero cuando se trata de un menor de la edad del demandante, que gana un salario que le permite pagar tales gastos, y no resulta de la prueba que sea el padre quien los haya pagado, no vemos cómo ha de pertenecer al padre el derecho a recobrar un dinero qué él no ha desem-bolsado. El artículo 142 del Código Civil (ed. 1930) incluye la asistencia médica en el concepto de alimentos, y el 150 del mismo cuerpo legal prescribe que la obligación de prestarlos cesará “cuando el alimentista pueda ejercer un oficio, profe-sión o industria, o haya adquirido un destino o mejorado de fortuna, de suerte que no le sea necesaria la pensión alimen-ticia.” Interpretando el artículo 152 del Código Civil espa-ñol, igual al 150 del nuestro, dice Manresa:

“Del principio de que los alimentos no se deben sino en cuanto son necesarios, nace la consecuencia de que ni aun el padre está obligado a darlos al hijo cuando éste tuviere bienes propios, o pro-fesión o industria que puedan rendirle lo necesario para su subsis-tencia, y así lo declaró ya la ley 6a., tít. 19 de la Partida 4a., en la que se dispuso que ‘cuando el fijo oviese de lo suyo en que podiese vevir, o oviere tal menester porque pocliese guaresoer usando del sin mal estarna de sí, entonce non es tenudo el padre de pensar del’ 1 Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 667 (3a. ed.).

Arguyen asimismo los apelantes que conforme resulta de la prueba, el principal del demandante apelado le pagó su sueldo durante los dos meses que no pudo trabajar y que por lo tanto no puede él reclamar un salario que no dejó de per-cibir. No tienen razón los apelantes. El hecho de que fuese pagado el sueldo del demandante apelado a pesar de que no asistió a su trabajo, no beneficia al que causó el daño y no impide al que lo sufrió reclamar tal partida. Esa es la doc-trina sostenida por la mayoría de las autoridades. Véanse los casos que se acopian en las extensas monografías sobre la materia en 18 A.L.R. 678, y 95 A.L.R. 575.

No obstante lo dicho, la partida de $40 debe ser re-ducida a $35, ya que el propio médico declaró que sus hono-rarios valían de $20 a $25, y en tal caso debe aceptarse la valoración más baja, o sea $20, por los servicios médicos, más $15 por los de la enfermera. El hecho de que el médico, al celebrarse la vista, no hubiera recibido sus honorarios, no impide que puedan ser recobrados.

El tercer señalamiento de error, está bien fundado. En la condena a pagar $315 están incluidos, como expresó el juez inferior en el párrafo final de su opinión, “$100 en con-cepto de angustias mentales sufridas por el demandante y $100 adicionales en concepto de daños morales ...” Los daños morales están incluidos en el concepto de angustias mentales y por consiguiente al conceder el juez inferior $100 por aquel concepto en adición a los $100 que había concedido por angustias mentales, no hizo otra cosa que condenar a los demandados a indemnizar dos veces el mismo daño. Véase al efecto 8 R.C.L. 518 et seq.

Arguyen además los demandados apelantes que el de-mandante no alegó la existencia de daños por concepto de angustias mentales y morales. Sin embargo, en el párrafo 2 de la segunda demanda enmendada se alegó que “por motivo de los golpes recibidos lia experimentado un gran malestar, dolores físicos y morales.” Y a falta de una solicitud de especificación, tal alegación es suficiente. '

El cuarto señalamiento de error se contrae a impug-nar la conclusión a que llegara la corte al efecto de que el demandado Críspulo Díaz no participó en la contienda con el demandante. Según la prueba de este último, en la fecha de la alegada agresión él trabajaba en cierto establecimiento mercantil de Caguas, percibiendo un sueldo de $9 semanales, más 1 por ciento de las ventas que hiciera. En la mañana de ese día, el demandante salió de la tienda donde trabajaba a tomar un refresco y frente al establecimiento vió un hombre que vendía mantecado, y al pedirle que le sirviera un vaso sintió que le silbaban de la tienda del frente, pertene-ciente a Enrique Díaz y Hermanos, y vió que Manuel Díaz le hacía señas para que entrase a dicha tienda. El deman-dante acudió a la llamada y Manuel Díaz, que se hallaba a la entrada de la tienda, le acompañó hacia adentro y luego de haber caminado unos pasos, al preguntarle el demandante qué se le ofrecía, Díaz le contestó con una agresión, repelién-dola el demandante y estableciéndose así una lucha entre ellos en la que inmediatamente vino a participar Críspulo Díaz, que se hallaba en la tienda y quien juntamente con su hermano Manuel agredió al demandante con los pies y con los puños. El demandante retrocedía defendiéndose, pero al llegar a la puerta, el otro demandado, Aponte, le dió un em-pujón, cayendo el demandante en la acera, de donde lo reco-gió el vendedor de pan Ceferino González y lo llevó al cuarto de socorro. Los golpes recibidos por el demandante los describe el Dr. F. Ellis Cambiaso así:

“Ligeras contusiones y equimosis en las regiones molar y tem-poro-frontal derechas y también en las regiones lagrimal y naso-orbicular, de carácter leve. Contusión fuerte en la región izquierda de los huesos propios de la nariz, de pronóstico reservado, pues hubo .una epistaxis, se quejaba de mucho dolor al tacto. Ligera contusión o equimosis en la región frontal izquierda de carácter leve y varias contusiones en las regiones eseapular, dorsal y lumbar derechas de carácter leve. Contusión muy fuerte del pie izquierdo en la región metatarsiana externa. Todas estas lesiones pueden curarse en el término de dos semanas, pero debido al pronóstico reservado pueden tardar mayor tiempo. . . .”

Según la prueba de los demandados apelantes, en la fecha indicada un cliente de Enrique Díaz & Hnos. estaba parado en la acera de su tienda viendo unos zapatos en la vitrina y el demandante le dijo: “¿Tú quieres unos zapatos? En la tienda del frente tenemos muy buenos.” Entonces Manuel Díaz, dirigiéndose al demandante, le dijo: “Eso no es así”; replicando aquél: “Lo mismo me lo llevo de aquí que de dentro de la tienda”; contestándole Díaz que tenía que res-petar un poco, siendo Díaz en ese momento agredido en el labio inferior por el demandante, produciéndose así la riña entre ellos; que Críspulo Díaz estaba enfermo ese día y no se encontraba en la tienda, y que la participación de Alberto Aponte consistió en tratar de separar a las dos personas que reñían.

La evidencia de una y otra parte fué contradictoria, pero un estudio de la misma demuestra, y así trasciende de los autos, que en efecto el demandante fué agredido por los de-mandados y que la causa de la agresión fué probablemente rivalidad en los negocios. El testimonio del hombre que ven-día mantecado es digno de crédito y no demuestra el testigo por su declaración que él tuviese prejuicio a favor o en contra de una u otra parte. Este hombre, por la posición en que se hallaba, pudo ver, por la puerta donde entró el de-mandante, que quedó abierta, lo que sucedió en el interior del establecimiento.. Su declaración está corroborada por la del vendedor de pan Ceferino González, y por la de Juan Ortiz, quien según declaró, pensó comprar unos zapatos y se dirigió a la tienda de Enrique Díaz y Hnos., y estando allí, frente a la vitrina, fué que se desarrollaron los acontecimien-tos que dieron lugar a este pleito. ■ Los apelantes se quejan de que el juez inferior, que no vió declarar a los testigos, diera crédito a los del demandante y no a los de los'deman-dados. A nuestro juicio, el juez inferior, dentro de los me-dios que tuvo a su alcance, apreció correctamente la eviden-cia. Tanto exageran los demandados y sus testigos al tratar de aminorar la importancia de las lesiones recibidas por el demandante, que fácilmente se advierte que ocultan gran parte de la verdad. En la contestación jurada por el de-mandado Manuel Díaz se niega enfáticamente que el deman-dante recibiera las lesiones que le fueron inferidas y que-quedaron probadas por la declaración completamente desin-teresada y no controvertida del Dr. F. Ellis Cambiaso. El mismo Manuel Díaz, refiriéndose a las consecuencias de la ludia entre él y el demandante, declaró: “¿Cuál fué el re-sultado? — Que me dió e hirió en el labio inferior. — ¿A él no le pasó nada? — Nada.—¿No le pasó nada? — Pudo ser que Je baya pasado algo . . . —¿No le vió rasguño en la cara ni en el pecho ni en un pie? — Yo no le vi ninguno.”

¿Cómo era posible que el juez inferior pudiese dar cré-dito a una declaración que tan reñida se hallaba con la rea-lidad, puesto que de la prueba incontrovertida del deman-dante, y especialmente de la declaración del médico que lo asistió, resulta que el demandante presentaba' varias heridas y contusiones en la cara? Se dice que el juez inferior no debió dar crédito al demandante y sus testigos al declarar que Críspulo Díaz participó en la agresión contra Pedro Alfonso Keyes. Alegan que el Dr. J. J. Nogueras declaró que en los primeros días del mes de abril de 1936 asistió a Crís-pulo Díaz, quien padecía de trastornos intestinales y estaba acostado, y que esta declaración contradice la de los testigos del demandante. Sin embargo, el Dr. Nogueras, al pregun-társele en qué días asistió a dicho demandado, declaró: “Du-rante los días del mes de abril, los primeros días del mes de abril; por allá alrededor del 10, 8 ó 10, en esos días ...” Y al preguntársele: “¿Pero no recuerda los días”, contestó: ‘‘Exactamente no.” ¿Podía acaso el juez inferior aceptar úna declaración tan imprecisa como ésta para negar crédito a testigos oculares que declararon que el día 10 de abril de 1936 Críspalo Díaz participó en la agresión? A nuestro ini-cio. no existe el enarto de los errores señalados.

El qninto se refiere al pronunciamiento por el cual se condenó a los demandados a pagar $90 por concepto de ho-norarios de abogado. Se alega que no hubo temeridad por parte de ellos al oponerse a una reclamación tan exagerada como la que hizo el demandante, habida cuenta del montante que finalmente se le concedió por la sentencia. En efecto, la reclamación fué exagerada, pues en la demanda original se solicitó sentencia por la cantidad de $10,000 por los daños y perjuicios causados, más $2,000 por daños ejemplares o pu-nitivos, y las costas, y en la segunda demanda enmendada dicha reclamación fué reducida a $5,000 por daños y perjui-cios más $2,000 por daños ejemplares o punitivos, pero no es menos cierto que los demandados negaron en absoluto la existencia de los daños reclamados, y en tales condiciones se colocaron en una situación de temeridad. Font v. Viking Construction Corp., 58 D.P.R. 689, 712. Considerando el trabajo realmente realizado por el abogado del demandante en la corte inferior, no creemos que debamos intervenir con la discreción del juez inferior al calcular sus honorarios en la cantidad de $90.

Procede, por lo expuesto, modificar la sentencia apelada, reduciéndola a la cantidad de $210 por concepto de daños y perjuicios, más $90 por honorarios de ahogado y las costas, y así modificada confirmarla.

Los Jueces Presidente Sr. Del Toro y Asociado Sr. Tra-vieso no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señou Todd, Je.,

text:
    Guillermo E. González; peticionario, v. Juan E. Soltero, Julio N. Matos y Ulpiano E. Colom, en su carácter de Jueces del Tribunal de Apelación de Contribuciones de Puerto Rico, querellados. El Mismo v. Los Mismos. El Mismo v. Los Mismos.
    Núms. 1296, 1297, 1298.

    Sometidos: Julio 6, 1942.

      Resueltos: Julio 31, 1942.

      Brown, González & Newsom y E. Córdova Díaz, abogados del peticio-nario; Son. Procurador General George A. Malcolm, M. Rodrí-guez Ramos, Primer Procurador General Auxiliar y Eulogio Riera, Procurador Auxiliar, abogados del Tesorero de Puerto Rico, in-terventor.
   El Juez Asociado Señou Todd, Je.,

emitió la opinión del tribunal.

En los casos de antos el Tribunal de Apelación de Con-tribuciones de Puerto Rico dictó decisión el 30 de abril de 1942 declarándose sin jurisdicción y en su consecuencia “con-firmando las deficiencias notificadas por el Tesorero de Puerto Rico”, y dictó una orden el l9 de mayo de 1942 dirigida al Tesorero de Puerto Rico ordenándole “que imponga la con-tribución de conformidad con los términos de la referida deci-sión”.

El 29 de mayo de 1942 Guillermo E. González radicó en esta Corte Suprema tres escritos de apelación contra la de-cisión dictada por el Tribunal de Apelación de Contribucio-nes en cada caso, y expedimos los autos de certiorari solici-tados. El Tesorero de Puerto Rico radicó mociones solici-tando la desestimación de estos recursos alegando que esta corte carece de jurisdicción, 1. porque la apelación mediante certiorari no es el remedio apropiado, y 2. porque el peticio-nario no ha pagado la contribución según lo requiere la sec-ción 76(a) de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos (Núm. 74 de 1925, pág. 401) según quedó enmendada por la Ley núm. 23 de 21 de noviembre de 1941 ((2) pág. 73). Cele-brada la vista oímos a las partes y los casos quedaron so-metidos.

La primera cuestión jurisdiccional levantada por el Tesorero ya ha sido resuelta en su contra por esta corte en el caso de Mayagüez, Sugar Company, Inc. v. Tribunal de Apelación de Contribuciones, ante, pág. 753.

Pasemos a considerar el segundo motivo.

El artículo 5 de la Ley creando el Tribunal de Ape-lación de Contribuciones (Ley núm. 172, aprobada en mayo 13 de 1941, pág. 1039), dispone que las decisiones de dicho tribunal serán finales pero “la parte perjudicada podrá, den-tro de los 30 días después de haberse rendido la decisión, apelar de la misma para ante el Tribunal Supremo mediante una solicitud de certiorari para revisar los procedimientos”.

La sección 57(5) de la Ley de Contribuciones sobre In-gresos, según quedó enmendada por la Ley núm. 23 aprobada el 21 de noviembre de 1941, dispone, en parte, lo siguiente:

. Cuando habiéndose recurrido para ante el Tribunal de Ape-lación de Contribuciones de Puerto Rico en la forma dispuesta por esta Ley, dicho tribunal determinare que existe una deficiencia, la cantidad determinada por el Tribunal será impuesta por el Tesorero con intereses a razón del seis (6) por ciento anual desde la fecha prescrita para el pago del primer plazo de la contribución, y deberá ser totalmente satisfecha por el contribuyente a requerimiento del Tesorero.” (Bastardillas nuestras.)

Y la sección 76(a) en lo pertinente dispone:

‘‘Seecmn 76(a). — Cuando un contribuyente no estuviere conforme con la deficiencia o parte de la deficiencia determinada por él Tribunal de Apelación de Contribuciones de Puerto Pico de acuerdo con la sección 57(b) de esta Ley, estará, no obstante, obligado a pagarla' totalmente, y si deseare apelar para ante la Corte Suprema de Puerto Rico en la forma dispuesta por ley, al efectuar el pago protestará la parte de la deficiencia con la cual no estuviere conforme y pedirá al colector o funcionario recaudador que consigne su protesta al dorso del recibo ele pago, indicando específicamente la parte de la contribución que se paga bajo protesta, y tal recibo o copia certifi-cada del mismo deberán formar parte de su escrito de apelación para ante la Corte ¡Suprema, requisito sin el cual no tendrá jurisdicción dicha corte. ...” (Bastardillas nuestras.)

El peticionario en estos casos alega en sns peticiones que “el Tesorero hasta esta fecha no ha impuesto contribución alguna ni ha cumplido con las disposiciones del Reglamento del Tribunal de Apelación de Contribuciones en cuanto a la forma de imponer dicha contribución, por cuyas razones el peticionario no ha podido ni puede pagar contribución alguna bajo protesta, según lo requiere el artículo 76 de la Ley de Contribuciones sobre ingresos, según enmendado por la sec-ción 9 de la Ley núm. 23, de noviembre 21, 1941.”

Como hemos dicho antes, del récord enviado por el tribunal recnrrido, lo único qne aparece es qne en la decisión dic-tada el 30 de abril se confirmó la deficiencia iinpnesta por el Tesorero, y qne el día Io. de mayo se ordenó a dicho funcio-nario qne impusiera la contribución.

Ahora bien, al Tribunal de Apelación de Contribuciones se le concedió por la sección 3 de la Ley núm. 172, supra, la facultad de promulgar reglas de procedimiento, y al'final de dicha sección se dispone que: “Después de presentada dicha querella los procedimientos subsiguientes incluso la práctica de la prueba que fuere necesaria para alcanzar una resolu-ción, lo determinará el tribunal en sus reglas de procedimien-tos”. Al efecto, dicho tribunal aprobó el 27 de octubre de 1941 unas Reglas de Práctica y entre ellas las reglas 42 y 43, que expresamente disponen lo siguiente:

“Regla No. 42. — Decisiones. Terminada la práctica de la prueba y listo el caso para estudio por el Tribunal se tramitará el mismo hasta su decisión de conformidad con el reglamento interior del Tribunal. Toda decisión constará de las siguientes partes:
“(a) Opinión emitida por el ponente con la aprobación de los miembros concurrentes y la constancia de cualquier miembro disi-dente, ausente o inhibido;
“(6) Opinión disidente si la hubiere;
“ (c) Orden del Presidente basada en la opinión del Tribunal que la acompaña de acuerdo con los apartados (a) y (b);
“.(d) Cómputo de la contribución, deficiencia o responsabilidad que se archivará con la decisión del caso de acuerdo con la Regla Núm. 43.
“Toda orden del Presidente envolviendo una decisión del tribunal será dirigida al Tesorero de Puerto Rico y notificada al ape-lante, en el sentido de que la contribución, deficiencia o responsa-bilidad sea, calculada, fijada e impuesta de .conformidad con la de-cisión del tribunal.” (Bastardillas nuestras.)
“Regla 43. — Computación de la ContRibución, Deficiencia o Responsabilidad. — Al decidirse cada caso por el Tribunal, la decisión se registrará por el Secretario al notificar las partes. El Tesorero de Puerto Rico computará la contribución haciendo la imposición de la deficiencia o responsabilidad de acuerdo con la decisión del Tribunal radicando en la Secretaría el original y seis copias de dicho cóm-puto o imposición, certificando que ha notificado dicho cómputo o imposición al apelante en la misma fecha. El Secretario dejará pen-diente de registrar dicho cómputo' durante diez (10) días a contar de la fecha de dicho documento y si durante ese término el apelante no radicare oposición al cómputo o imposición, -el Secretario registrará dicho cómputo y lo archivará como parte dp la decisión del Tribunal de acuerdo con la Regla Núm. 42.
“Las partes podrán estipular el cómputo de la imposición de la contribución, deficiencia o responsabilidad de acuerdo con ■ la deci-sión del Tribunal y en tal caso el Secretario podrá registrar en seguida dicho cómputo como parte de la decisión. En el caso en que se radicare oposición al cómputo de la imposición de la contribución, deficiencia o responsabilidad por el Tesorero de Puerto Rico, el tribunal fijará una vista para oír a las partes y en tal caso el tribunal directamente computará la contribución, deficiencia o respon-sabilidad.
“En los casos en que se objete el cómputo del Tesorero de Puerto Rico, la moción de objeción contendrá, además del señalamiento de errores del Tesorero de Puerto Rico, una proposición de cómputo.
“En la determinación del cómputo, en su discusión si fuere ne-cesario y la decisión del mismo no se podrán admitir ni considerar nuevos hechos ajenos a la controversia ya resuelta.” (Bastardillas nuestras.)

De acuerdo con lo que el propio Tribunal de Apelación de Contribuciones ha determinado que constituye una deci-sión del referido tribunal, encontramos que en los casos de autos al momento de interponerse los presentes recursos la decisión de dicho tribunal estaba incompleta, ya que no se había cumplido con el apartado “(d)” de la Regla 42, y no contenía el cómputo de la contribución, deficiencia o respon-sabilidad que debía archivarse con la decisión del caso de acuerdo con la Regla 43. Nada hay en los autos enviados por el tribunal recurrido que demuestre que se ha cumplido con el trámite que se especifica en la Regla 43, supra, y siendo ello así, somos de opinión que las apelaciones en estos' tres casos han sido radicadas ante esta Corte Suprema prematu-ramente, toda vez que a la fecha de su interposición no exis-tía aún una decisión final y completa del Tribunal de Ape-lación de Contribuciones que pudiera ser objeto de revisión por esta corte.

Al disponer la sección 57(b), supra, que si el Tribunal de Apelación de Contribuciones determinare que existe una deficiencia la cantidad determinada será impuesta por el Tesorero, claramente significa que en la decisión que dicte dicho tribunal debe incluirse expresamente el montante de la deficiencia para que así el contribuyente pueda saber cuál es la cantidad exacta que tiene que pagar bajo pr'otesta de acuerdo con la sección 76(a), supra, para perfeccionar su apelación para ante esta Corte Suprema.. Los treinta días que se conceden al contribuyente para apelar de la decisión del Tribunal de. Apelación de Contribuciones por la sección 5 de la Ley núm. 172, supra, no pueden empezarse a con-tar hasta que exista una decisión completa y final y que con-tenga todo lo que la ley y las reglas del tribunal exigen. Que sólo puede apelarse de una decisión que tenga el carácter de final, ío dice el propio estatuto, sección 5, Ley núm. 172, supra.

Somos de opinión que los recursos deben desestimarse por prematuros, sin perjuicio de que el peticionario los pueda presentar de nuevo, si desea, cuando se haya dictado deci-sión final por el tribunal recurrido.


author: El Juez Asociado Señoh Snxder

text:
    Sucrs. de José Fernández, S. en C., peticionaria y apelada, v. Manuel V. Domenech, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante.
    Núm. 8406.

    Sometido: Junio 23, 1942.

      Resuelto: Julio 31, 1942.

      Son. Procurador General George A. Malcolm y G. Benitez Gautier, Subprocurador Auxiliar, abogados del apelante; E. Martínez Rivera, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señoh Snxder

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una apelación de una orden de la Corte de Dis-trito de San Juan concediendo un injunction preliminar contra el apelante, Tesorero de Puerto Rico. Dicho injunction prohibía al Tesorero intervenir con la venta por la apelada del ron “Palo Rico” en el mercado de Puerto Rico.

Los hechos esenciales de este caso no están en controver-sia. La apelada, José Fernández, S. en C., se dedica a la manufactura y distribución en Puerto Rico de espíritus des-tilados. En septiembre 1940 la apelada inició gestiones para introducir en el mercado de Puerto Rico un nuevo ron, Palo Rico. Durante ese mes ordenó la impresión de etiquetas, para dicho ron. En septiembre 20, 1940, obtuvo de la Admi-nistración Federal sobre Alcohol un certificado de aproba-ción de la referida etiqueta, según lo requieren la ley y los reglamentos federales. La misma etiqueta, ligeramente va-riada, fué igualmente aprobada por la Administración Federal sobre Alcohol en diciembre 7, 1940. En septiembre la firma Fernández inició una campaña de anuncios de esta nueva marca de ron a través de la radio, la prensa y propaganda personal. Se compraron botellas, que se alega fueron hechas especialmente para el ron Palo Rico, a un costo de $5,000, y se ordenaron las tapas para dichas botellas, tam-bién hechas especialmente, a un costo de $1,000. En diciem-bre 10, 1940, la firma Fernández radicó debidamente ante el Secretario Ejecutivo de Puerto Rico una solicitud de regis-tro de la marca de fábrica del ron “Palo Rico”. Con ante-rioridad a dicha fecha ninguna otra persona había registrado una marca de fábrica similar. Todos los impuestos de Ren-tas Internas habían sido satisfechos, y las correspondientes estampillas adheridas a las tapas de las botellas.

En diciembre 7, el ron Palo Rico fué por primera vez lanzado al mercado por la firma Fernández. En diciembre 3 dicha firma había escrito al Departamento de Hacienda so-licitando se aprobara el usó por ella de la referida etiqueta de “Palo Rico”. La carta fué marcada en el Departamento de Hacienda como recibida el día 3 de diciembre a las 9:30 A. M. Una carta escrita por Ordóñez & Hno., otra firma lico-rera, solicitando se aprobara una etiqueta que llevaba tam-bién el nombre de ron Palo Rico, fué marcada como recibida en el Departamento de Hacienda a las 9:00 A. M. de ese mismo día, diciembre 3. En diciembre 5 el Tesorero escribió a la firma Ordóñez rechazando su solicitad de aprobación de la referida etiqueta por el fundamento de que “otro rectifi-cador” ya había presentado para aprobación la misma eti-queta. En diciembre 6 Ordóñez & Hno. solicitó la reconsi-deración de esa decisión. En diciembre 14 el Tesorero es-cribió una carta a la firma Ordóñez, certificando la aproba-ción de su etiqueta, y ese mismo día escribió una carta a la firma Fernández devolviéndoles su etiqueta sin aprobar, por el fundamento de que la misma etiqueta ya había sido apro-bada para uso de Ordóñez <& Hno.

Por tanto, en diciembre 17, 1940 la apelada radicó la pre-sente petición de injunction, alegando que el Tesorero había 'dado instrucciones verbales a sus agentes de Rentas Internas de impedir que la apelada vendiera ron en Puerto Rico que tuviera adherida la etiqueta “Palo Rico”. La apelada cal-culó en $25,000 el valor de esta marca de fábrica. El ape-lante admitió en su contestación su intención de impedir la venta de ron Palo Rico por parte de la apelada, alegando como justificación el hecho de que ya él había aprobado una etiqueta similar a favor de la firma Ordóñez, así como su autoridad, para impedir el uso de marcas de fábrica que confundirían al público, de acuerdo con la sección 6 (D) del Reglamento Núm. 1 promulgado bajo la Ley de Espíritus y Bebidas Alcohólicas. El Tesorero ha apelado de la orden de la corte de distrito de abril 19, 1941, concediendo el injunction solicitado.

La Ley núm. 6, Leyes de Puerto Rico, 1936, Tercera Sesión Extraordinaria ((2) pág. 45), conocida como la Ley de Espíritus y Bebidas Alcohólicas, según quedó enmendada por la Ley núm. 149, Leyes de Puerto Rico, 1937 (pág. 395), provee en su artículo 40 lo siguiente:

“Toda persona que en Puerto Rico manufacture, o envase bebidas alcohólicas tributables de acuerdo con esta Ley, vendrá obligada a fijar en cada envase una etiqueta indicativa de los siguientes parti-ciliares: contenido exacto del envase; contenido alcohólico por volu-men; sitio en que se haya destilado o fabricado y nombre del en-vasador. ' Si dicha bebida alcohólica fuese ron, vendrá obligada dicha persona a hacer constar prominentemente en la etiqueta la siguiente frase en inglés: ‘Puerto Rican Rum’, en letras de una altura no menor de cinco dieciséis avos (5/16) de pulgada y de líneas de un dieciséis avo (1/16) de pulgada o más de ancho, debiendo exten-derse dicha frase en un largo no menor de tres (3) pulgadas. Para envases de % pinta y menos, la frase ‘Puerto Rican Rum’ deberá aparecer en la etiqueta en letras de una altura no menor de un octavo (⅛) de pulgada, debiendo extenderse dicha frase en un largo no menor de una y media (1½) pulgada. En la etiqueta de toda bebida alcohólica deberá aparecer también el rótulo ‘destilado’, ‘rec-tificado’, o ‘mezclado’, según sea el caso, de acuerdo con los regla-mentos que al efecto dictare el Tesorero; Disponiéndose, además, que la marca o nombre del ron deberá aparecer prominentemente en la etiqueta y en letras de un tamaño por lo menos igual a tres veces el tamaño de las letras en que aparezca el nombre del fabricante, destilador, rectificador o envasador.”

El artículo 49 de dicha ley autoriza al Tesorero a pro-mulgar aquellas reglas y reglamentos que sean necesarios para hacer efectiva la ley. En cumplimiento con dicho ar-tículo se promulgó el Reglamento Núm. 1 de 1938. El ar-tículo 6(G) de dicho reglamento dispone, en parte, como sigue:

“Ninguna persona envasará bebidas alcohólicas en Puerto Rico sin haberse provisto, mediante solicitud de un ‘certificado de apro-bación de marbetes’. Deberá someterse al Negociado por lo menos tres de cada una de las etiquetas o marbetes que hayan de fijarse a los envases, por toda persona que envase bebidas alcohólicas. Dicho certificado tendrá adheridas por lo menos una de cada una de las etiquetas o marbetes aprobadas por el Tesorero, las que estarán su-jetas a inspección en cualquier momento por los agentes de rentas internas. ’ ’

El artículo 6(D) del Reglamento Núm. 1 lee, en parte, como sigue:

“Ninguna etiqueta o marbete contendrá manifestación alguna, marca de fábrica, marca comercial, dibujos o fechas que puedan en-gañar o confundir al comprador o al público en general.”

Indudablemente el Tesorero tenía autoridad para dispo-ner, como lo hizo en el artículo 6(C) del Reglamento Núm. 1, que ninguna persona envasará bebidas alcohólicas sin haberse provisto de un certificado de aprobación de etiqueta. Este reglamento permite al Tesorero poner en Vigor las disposi-ciones del artículo 40 al efecto de que toda etiqueta debe con-tener cierta información detallada. Sin embargo, los repre-sentantes del Departamento de Hacienda declararon en este caso que la etiqueta de la apelada cumplía en todo respecto con las disposiciones del artículo 40, y que el certificado pro-visto por el artículo 6(C) se hubiera expedido, a no ser por las disposiciones del artículo 6(D).

El artículo 6(D) del Reglamento Núm. 1 va algo más le-jos. Es un poco más difícil deducir del texto .de la Ley de Espíritus y Bebidas Alcohólicas que la intención de la Le-gislatura fue autorizar un reglamento destinado aparente-mente a evitar la competencia desleal. Habiendo la Legisla-tura dispuesto expresamente en el artículo 40 la información que deberá contener una etiqueta, quizá se podría argüir que los reglamentos sobre etiquetas deben limitarse a comple-mentar el artículo 40; que cuestiones de competencia des-leal están fuera del alcance de la referida ley; y que por lo tanto el Tesorero no tenía autoridad para promulgar el ar-tículo 6(D). Por otro lado, bien podría argüirse que la Ley de Espíritus y Bebidas Alcohólicas es un estatuto que otorga al Tesorero poderes tanto amplios como detallados sobre la .manufactura y distribución en una industria que -la experien-cia ha demostrado se requiere reglamentación estricta y so-bre la cual el gobierno tiene amplios poderes (Bacardi Corporation of America v. Domenech, Treasurer of Puerto Rico, 311 U. S. 150, 167, 168). Bajo tal teoría, aún en ausencia de alguna disposición estatutaria específica al efecto, quizá se podría resolver que el propósito y el espíritu general de dicha ley han autorizado al Tesorero para adoptar medidas-contra la competencia desleal en la distribución de bebidas intoxicantes promulgando y poniendo en vigor el artículo 6(D). De todos modos, no es necesario que demos una con-testación definitiva a dicha cuestión en este caso. Debido a razones que más adelante haremos notar, asumimos, sin de-cidirlo, que el artículo 6(D) del Reglamento Núm. 1 es, gene-ralmente hablando, válido.

Pasamos por lo tanto a la cuestión de la aplicación del referido reglamento a este caso específico. Desde luego la Legislatura pudo aprobar legislación específica regulando el uso de las marcas de fábricas en Puerto Rico en cuanto a la industria licorera, siempre que no estuviera en conflicto con la legislación federal sobre la materia (Puerto Rico v. Shell Co., 302 U. S. 253). Pero la Legislatura no ha hecho esto. El artículo 40 ciertamente no es una reglamentación detallada de dicha materia. Como ya se ha advertido, sola-mente dispone que las etiquetas de bebidas alcohólicas debe-rán contener cierta información. Sin embargo no puede haber sido la intención de la Legislatura que esta industria, quizá la más cuidadosamente vigilada en la nación, deba per-manecer huérfana de la protección ofrecida por nuestra ley general estatutaria sobre esta materia. Tampoco pudo haber sido su intención que la reglamentación fragmentaria que ha-llamos en el artículo 40, que no tiene relación alguna con el problema genérico de la reglamentación de marcas de fábrica, deba imperar por sí sola en este asunto.

Si el Tesorero hubiera intentado promulgar reglamentos detallados para el uso de marcas de fábrica o de etiquetas en la industria licorera, bajo la autoridad otorgádale por el artículo 49 de la Ley de Espíritus y Bebidas Alcohólicas, nos confrontaríamos aquí con el problema de determinar si tales reglamentos son válidos, a la luz de la Ley Núm. 66, Leyes de Puerto Rico, 1923 ((1) pág. 415), que autoriza el registro de marcas de fábrica en Puerto Rico, especialmente si tales reglamentos del Tesorero estuviesen en conflicto en alguna forma con las disposiciones de la Ley Núm. 66. Pero ese problema no surge en este caso. El Tesorero simplemente ha optado por promulgar el artículo 6(D) que únicamente equivale a una declaración general del propósito fundamental del registro de mareas de fábrica. Por tanto el artículo 6(D) puede sin dificultad alguna acomodarse dentro del ar-mazón de la referida Ley Núm. 66 de 1923, que es el estatuto general autorizando el registro de marcas de fábrica, y con-siderarse en conjunto. En verdad, no parece haberse dudado en el caso de Bacardi que el registro de etiquetas para la manufactura y distribución de ron en Puerto Rico, se llevaba a cabo debidamente al registrarlas en la oficina del Secreta-rio Ejecutivo de Puerto Rico bajo la referida ley general de registro de marcas de fábrica (311 U. S. 150, a las páginas 153, 157).

La apelada, como hemos visto, trató de cumplir con las disposiciones de la Ley Núm. 66. Dicha ley dispone el re-gistro de una marca de fábrica por el Secretario Ejecutivo de Puerto Rico '(sección 1), al demostrarse bajo juramento que el solicitante tiene derecho a usarla en Puerto Rico (sec-ción 2). Se provee para la notificación del propuesto regis-tro mediante publicación, y para casos de oposición al mismo (sección 5). La sección 6 dispone que “cuando dos o más marcas estén pendientes de registro, y estén en conflicto por su semejanza, el Secretario Ejecutivo decidirá cuál de éstas tendrá derecho al registro, basándose en la prioridad en cuanto al uso de la misma, hecho que habrá de probársele satisfactoriamente”. La sección 12 dispone “Que el regis-tro de una marca de fábrica bajo las disposiciones de esta ley será evidencia prima facie de propiedad”.

El método por el cual el Departamento de Hacienda intentó aprobar el uso de la etiqueta en cuestión por la firma de Ordóñez se revela por la siguiente declaración del Jefe del Negociado de Bebidas Alcohólicas:

“Sometieron dos etiquetas muy similar, casi casi igual, y estu-diando el asunto bajo varios puntos de vista nos pareció que teníamos que resolver la cuestión a base de cuál etiqueta llegó primero, no en cuestión de registration, (sic) de marca porque nosotros no tenemos que ver con eso.” (Bastardillas nuestras.)

Pero el artículo 6(D) no exige que el Tesorero, sin in-vestigar los hechos, apruebe las etiquetas para ron a base de la prioridad en el recibo de las solicitudes por él. El apli-car invariablemente tan rudimentario criterio, a la luz de (a) la corriente práctica mercantil mediante la cual muchas gestiones preliminares con miras a la explotación anteceden tanto a la venta de tales productos como al registro de sus marcas de fábrica, (b) la ley y los reglamentos federales que exigen la aprobación de tales etiquetas por la Administra-ción Federal de Alcohol, y (c) las disposiciones de la Ley Núm. 66 para el registro de marcas de fábrica, sería irrazo-nable, arbitrario y contrario al espíritu de la reglamentación y uso de marcas de fábrica.

El presente caso es un ejemplo casi perfecto de la nece-sidad de que el Tesorero investigue todas estas fases de la situación antes de decidir qué etiqueta “confundiría ... al público en general”. La apelada explotó esta marca de fá-brica; obtuvo la aprobación para su uso de la Administra-ción Federal de Alcohol; radicó una solicitud para su regis-tro ante el Secretario Ejecutivo bajo la Ley Núm. 66. La firma Ordóñez, por otro lado, simplemente llegó media hora antes que la apelada al escritorio del Tesorero. La Ley Núm. 66, y el mismo artículo 6(D) del Reglamento del Tesorero, tuvieron por objeto cubrir situaciones como la del presente caso, protegiendo a aquéllos que podían demostrar un anterior derecho de propiedad sobre una marca de fábrica. Los hechos en este caso, aunque quizá desconocidos para el Te-sorero en la época en que éste decidió segui-r la regla de pri-mero llegado, primero servido, claramente demuestran la ne-cesidad de investigar los hechos y de insistir en que se cum-pla con las disposiciones de registro de la Ley Núm. 66 con el fin de frustrar cualquier intento de enriquecerse a sí mismo a costa de otro. Véase Collman, Re Who Reaps Where Re Ras Not Sown: Unjust Enrichment in the Law of Unfair Competition, 55 Harv. L. Rev. 595.

Es casi innecesario añadir que el injunction era el remedio adecuado en este caso. El Juez Asociado Sr. Frankfurter recientemente empleó el siguiente lenguaje luminoso en el caso de Mishawaka Rubber and Woolen Mfg. Co. v. S. S. Kresge Co., — U. S. — , resuelto en mayo 4, 1942, al dis-cutir la naturaleza del derecho envuelto en caso tal: “La protección de las marcas de fábrica es el reconocimiento que hace la ley de la función psicológica de los símbolos. Si bien es cierto que vivimos por símbolos, no es menos cierto que compramos artículos guiándonos por ellos. Una marca de fábrica es un atrecho comercial que induce al comprador a seleccionar lo que él desea o lo que él ha sido inducido a creer que desea. El dueño de una marca explota esta pro-pensión humana haciendo toda clase de esfuerzos para im-pregnar el ambiente del mercado con el poder de atracción de un símbolo familiar. No importa los medios que se em-pleen, el propósito es el mismo — transmitir mediante la marca, a la mente de los compradores potenciales, la conve-niencia del producto en que aparece. Una vez conseguido esto, el dueño de la marca de fábrica posee algo de valor. Si alguien invade el magnetismo comercial del símbolo que el dueño ha creado, éste puede obtener reparación.” El Te-sorero le estaba impidiendo a la apelada ejercitar el valioso derecho de propiedad descrito por el Juez Asociado Sr. Frankfurter. Solamente el injunction podía detener su ac-tuación,

La orden de la corte de distrito concediendo el injunction preliminar será confirmada.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


text:
    Julio Pérez Navia, peticionario y apelado, v. Sixto M. Saldaña, Jefe del Presidio Insular, demandado y apelante.
    Núm. 8574.

    Sometido: Julio 21, 1942.

      Resuelto: Agosto 1, 1942.

      I-Ion. Procurador General George A. Malcolm, R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados del apelante; Julio Pérez Navia, pro se.

   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Con motivo de cierta acusación por un delito de homicidio voluntario, Julio Pérez Navia fué arrestado y recluido en la Cárcel de Distrito de Guayama el 17 de noviembre de 1936. Estando en sumaria así detenido, la Corte Municipal de Gua-yama lo sentenció el 22 de diciembre siguiente a cumplir cuatro meses de cárcel por un delito de acometimiento y agresión grave y en la misma fecha la Corte de Distrito de Guayama lo condenó también a cuatro meses de cárcel por un delito de portar armas. Después de extinguir ambas sen-tencias, el acusado reasumió la prisión sumaria en relación con el referido delito de homicidio voluntario hasta que, con-victo del mismo el 5 de noviembre de 1937, la Corte de Dis-trito de Guayama lo condenó a diez años de presidio.

Pérez Navia solicitó del jefe del Presidio Insular que le acreditase a la sentencia de diez años de presidio los ocho meses de cárcel que extinguió por los delitos de acometi-miento y agresión grave y portar armas, sosteniendo que dicho término debe considerarse como prisión preventiva, a los efectos de la sentencia por homicidio voluntario. Negóse el jefe del presidio, estableciendo entonces Pérez Navia en la corte inferior el recurso de mandamus cuya sentencia, que declaró con lugar la petición, motiva este recurso, interpuesto por el Pueblo de Puerto Eico por conducto del fiscal de dis-trito. La sentencia dice así:

“Vista la solicitud y la prueba, de la cual aparece que el peti-cionario estuvo en sumaria, o sea;' arrestado por el delito de asesi-nato y pendiente de que se le enjuiciara en dicho caso desde el 17 de noviembre de 1935 (sic) hasta el 5 de noviembre de 1937, se de-clara con lugar la solicitud y se ordena al demandado liquide la sentencia del peticionario a base de abonar la prisión preventiva desde noviembre 17 de 1936 hasta el 5 de noviembre de 1937, y de conceder bonificación por buena conducta sobre el término total de la sentencia.”

Sostiene' el fiscal que erró la corte a quo al resolver que la prisión sufrida por el peticionario apelado desde el 17 de noviembre de 1936 hasta noviembre 5, 1937, en que se dictó la sentencia por homicidio voluntario, tiene carácter de pri-sión preventiva en su totalidad.

Desde el 17 de noviembre de 1936 en que el peti-cionario fué arrestado para responder de la acusación de homicidio, hasta el 22 de diciembre siguiente en que empezó a extinguir las dos sentencias por los delitos misdemeanor, transcurrieron treinta y cinco días durante los cuales el pe-ticionario estuvo en preventiva. Sin embargo, los ocho me-ses file cárcel por los dos delitos misdemeanor que quedaron extinguidos el 10 de julio de 1937 a virtud de descuento que se le hizo por buena conducta, no pueden calificarse de pri-sión preventiva como sostiene el peticionario. Durante esos ocho meses el peticionario no se hallaba detenido por no ha-ber conseguido fiadores para responder del delito de homi-cidio. Extinguía sentencias por dichos dos misdemeanors y el preso que extingue sentencia no puede considerarse que está en sumaria. La prisión sumaria la describe con toda claridad el artículo 6362 de los Estatutos Revisados de 1911 en los siguientes términos:

“Guando una persona fuere acusada de un delito cualquiera, y habiéndosele exigido fianza, no pudiere, por motivo de pobreza, con-seguir fiadores, por lo que tuviere que estar bajo custodia aguardando la vista de su causa, si saliere sentenciada a un término de prisión, se le descontará de dicho término el tiempo que hubiere pasado bajo custodia, desde la fecha de su arresto hasta aquélla en que se hu-biere dictado sentencia definitiva en su causa.”

Pasemos a considerar abora la segunda cuestión susci-tada por el apelante, es decir, que erró la corte inferior al ordenar al demandado que concediese bonificación ál peticio-nario sobre el término total de la prisión, inclusive cierta prisión preventiva sufrida antes de ser definitivamente sen-tenciado el 5 de noviembre de 1937.

Demostrado que el peticionario no tiene derecho a que se le compute como parte de su sentencia por homicidio volun-tario los ocho meses que cumplió por los delitos de acometi-miento y agresión grave y portar armas, es obvio que no puede recibir bonificación por dicho término de prisión. Tam-poco tiene derecho a que se le conceda bonificación por la preventiva que extinguió antes y después de las dos senten-cias por acometimiento y agresión grave y portar armas, puesto que la ley que autoriza tal bonificación — la sección primera de- la ley de 14 de marzo de 1907 — sólo la autoriza en relación con aquellos presos que fueren sentenciados a prisión en la penitenciaría o a prisión con trabajos en las cárceles de distrito, y como el recluso que se halla en suma-ria no ha sido aun sentenciado, no puede concedérsele tal bonificación. Véanse los casos de Aderhold v. Ellis, 84 F. (2d) 543; y King v. United States, 98 F. (2d) 291, donde se interpretan estatutos similares al nuestro.

Por lo expv>esto, procede declarar con lugar el recurso y revocar la sentencia apelada.


text:
    Saturnino Rodríguez, peticionario, v. Corte de Distrito de Humacao, Hon. F. González Fagundo, Juez Interino, demandada.
    Núm. 1489.

    Sometido: Agosto 27, 1942.

      Resuelto: Agosto 28, 1942.

      M. Velázquez Flores, abogado del peticionario; Hon. Procurador General George A. Malcolm y R. García Cintrón, Procurador General Auxiliar, y Benjamín Ortiz, ex Juez de la corte deman-dada, quien dictó Jas resoluciones a ser revisadas, como amicus curiae.

   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Hallándose pendiente en la Corte de Distrito de Humacao una acusación contra Saturnino Rodríguez por un supuesto delito de incesto, el entonces juez de dicha corte, Sr. Benjamín Ortiz, dictó en el referido caso con fecha 12 del actual, una orden que en lo pertinente dice así:

“En virtud de las disposiciones de la Ley 250 aprobada el 13 de mayo de 1942, la Corte traslada este caso a la Corte de Distrito de Caguas. ...”

El mismo día el acusado presentó una moción en la Corte de Distrito de Hnmacao solicitando qne se dejase sin efecto la ameritada orden de traslado, basándose en qne la citada Ley 250 aprobada el 13 de mayo de 1942 (página 1437) es nula: (a) por existir una discrepancia entre el título y el cuerpo de la ley; (b) porque en el cuerpo de la ley se agrega a la Corte de Distrito de Caguas el término municipal de Comerlo, mientras que en el título no se menciona ese término municipal; y (c) porque en la referida ley no se asignan suel-dos a los funcionarios de la Corte de Distrito de Caguas.

El propio día 12 de agosto el mismo juez denegó la moción del acusado mediante la siguiente orden:

“Vista la moción presentada por el acusado en la que solicita que se deje sin efecto la orden de traslado de este caso a la Corte de Distrito de Caguas, la corte la declara sin lugar por entender que la Corte de Distrito de Caguas ha sido válidamente creada por ley; que la compensación no es parte esencial de la existencia de los car-gos y que i a Corte de Distrito de Caguas existe real y legalmente a pesar de no tener incumbentes en los momentos actuales. (Ex parte Stratman, 39 Cal. 517; 22 R. C. L. 375). Notifíquese. Humacao, Puerto Rico, a 12 de agosto de 1942. (fdo.) B. Ortiz, B. Ortiz, Juez de Distrito.”

No estando conforme con las dos resoluciones, presentó Rodríguez ante este Tribunal una petición de mandamus contra la Corte de Distrito de Humacao representada por su indicado juez, pero habiendo cesado éste en el desempeño de su cargo enmendó la petición sustituyéndolo por su sucesor con carácter interino, Sr. P. González Pagundo, y solicitando en la alternativa, un auto de certiorari para el caso en que este Tribunal estimase improcedente el recurso de mandamus.

Habida cuenta de que el mandamus no procede para revisar la resolución de un tribunal inferior como sostuvimos en Pueblo v. La Costa, Jr., 59 D. P. R. 179, y considerando que la cuestión cuya revisión se solicita es una de procedi-miento a la vez que de jurisdicción, artículo 670 del Código de Enjuiciamiento Civil (ed. 1933) y que contra las órdenes impugnadas no existe recurso de apelación, artículo 347 del Código de Enjuiciamiento Criminal (ed. 1935), el Juez que emite esta opinión, actuando en funciones de turno, expidió el auto de certiorari revertible ante el Tribunal en -pleno el 27 •del actual, para cuya fecba, el Gobernador, habida cuenta de la urgencia del caso y del interés público que el mismo en-vuelve, había convocado a este Tribunal a sesión especial a fin de considerar y resolver el presente caso. En dicha fecha quedó sometido a nuestra consideración.

Expuestos estos antecedentes, pasaremos ahora a •estudiar y resolver la controversia.

Prescribe nuestra Ley Orgánica en su artículo 34 que “no se aprobará ningún proyecto de ley, con excepción de los de presupuesto general, que contenga más de un asunto, el cual ■deberá ser claramente expresado en su título; pero si algún asunto que no esté expresado en el título fuese incluido en cualquier ley, esa ley será nula solamente en aquella parte de ■ella que no haya sido expresada en el título.”

Si nos detenemos a examinar el precepto constitucional transcrito,- observaremos que requiere que el asunto de una ley sea claramente expresado en el título y que aunque hace la salvedad de que si algún asunto que no esté expresado en él título fuese incluido en el cuerpo de la ley ésta será nula solamente en aquella parte de la misma que no hubiere sido expresada en el título, sin embargo, no contiene igual salvedad cuando, como sucede en el presente caso, el texto de la ley claramente contraría lo expresado en el título. ; ■es que el título de una ley tiene por objeto informar al pú-blico en general y a los legisladores en particular, el asunto que es objeto de la ley, de forma que el primero pueda opo-nerse a su aprobación si la considera lesiva a sus intereses y los segundos estén en condiciones de emitir su voto cons-cientes del asunto objeto de legislación. La necesidad de que el título de la ley refleje fielmente el contenido de la misma, surge diáfana de otro apartado del mismo artículo 34, sup* a,, que dice así:

“El Presidente de cada Cámara firmará, en presencia de la Cá-mara que presida, todos los proyectos de ley y resoluciones conjuntas-aprobados por la Asamblea Legislativa, después que sus títulos hayan sido leídos públicamente, inmediatamente antes de firmar; y el hecho-de firmar se hará constar en el acta.” (Bastardillas nuestras.)

Aplicando el precepto constitucional que nos ocupa, la Corte de Circuito de Apelaciones, Primer Circuito, en el caso de Martínez v. People of Puerto Rico, 46 F (2d) 427, 429, procedente de este Tribunal, dijo:

“No. vemos cómo los que votaron la ley pudieron ser inducidos-a error por el título.”

No se entienda que sostenemos que el título debe contener-una minuciosa descripción de la ley. Basta que exprese en-términos generales cuál es su objeto, Rodríguez v. P. R. Ry., Lt. & Power Co., 30 D.P.R. 931, siempre que, desde luego, no-induzca a error. Como gráficamente se dijo en el caso últi-mamente citado, el título debe ser “un poste indicador” dé-lo que contiene la ley. Véase Posados v. Warner, B. & Co., 279 U. S. 340, donde interpretando la cláusula tercera de la Ley Orgánica de Filipinas dispositiva de que “ningún pro-yecto de ley se convertirá en ley cuando contenga más de-un asunto, y que el objeto de la ley será expresado en sur título” dijo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que-el propósito de ese principio constitucional “es impedir la. inclusión en la ley de materia incongruente y extraña a la-vez que poner en guardia contra la inadvertencia, la ocul-tación y el fraude en la legislación. Cuando los proyectos de ley se ajustan a tales requerimientos, sus títulos sirven convenientemente para informar a los legisladores y al pú-blico de los asuntos bajo su consideración”.

Sentados estos principios, veamos ahora si el títnlo de 'la ley qne nos oenpa adolece de los defectos qne le impnta el peticionario. Sn títnlo dice así:

“LEY para segregar los términos municipales de Cagnas, Aguas Buenas, Gurabo, Juncos, San Lorenzo y Cidra del Distrito Judicial de Humaeao; para segregar el término municipal de Come-río del Distrito Judicial de Bayamón; para crear el Distrito Judicial de Caguas y la Corte de Distrito Judicial de Caguas; determinar sus funciones, jurisdicción y funcionarios, y asignar los fondos necesarios para el pago de los mismos y de los gastos de instalación de dicha corte, y para otros fines.”

Sns artículos 1, 2 y 3 literalmente dicen:

“Artículo 1. — A partir de la fecha en que comience la vigencia de la presente Ley, la Corte de Distrito de Humaeao quedará exis-tiendo y funcionando en la misma forma que existe y funciona en la actualidad, excepto en lo que se refiere a su jurisdicción territorial, que a partir de la vigencia de esta Ley comprenderá solamente los términos municipales de Humaeao, Ceiba, Culebra, Fajardo, Las Piedras, Luquillo, Maunabo, Naguabo, Vieques, Yabueoa, Gurabo, San Lorenzo y Juncos.
“Artículo 2. — Por la'presente se crea el Distrito Judicial de Caguas, con capitalidad en Caguas, y el cual comprenderá los tér-minos municipales de Caguas, Aguas Buenas, Cidra y Comerío y se crea la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Caguas, que tendrá su asiento en la ciudad del mismo nombre y tendrá juris-dicción territorial sobre los términos municipales' comprendidos en el Distrito Judicial de Caguas, que se crea por la presente, a saber: Caguas, Aguas Buenas, Cidra y Comerío.
“Artículo 3. — -Por la presente se segrega el término municipal de Comerío del Distrito Judicial de Bayamón, y queda por la pre-sente incluido en el Distrito Judicial de Caguas, que se crea en la presente. ’ ’

Bastará yuxtaponer el título de la ley con sus artículos 1 y 2 antes transcritos para inmediatamente advertir que el primero dista mucho de ser el “poste indicador” del conte-nido de la ley y que por el contrario el título se halla en palmaria contradicción con el contenido de dichos dos artícu-los.

El título indica que el propósito de la ley es segregar del distrito judicial de Humacao los términos municipales de Caguas, Aguas Buenas, Gurabo, Jumaos, San Lorenzo y Ci-dra; del distrito judicial de Bayamón el término municipal de Comerlo, infiriéndose del mismo que con todas estas municipalidades así segregadas se crearía el distrito judicial de Caguas con su correspondiente Corte de Distrito. Em-pero, el artículo 1 de la ley expresamente prescribe que las municipalidades de Gurabo, San Lorenzo y Juncos, que según se infiere del título formarán parte del distrito judicial de Caguas, continuarán siendo parte integrante del distrito judicial de Humacao. Y el artículo 2 al crear el distrito judicial de Caguas, expresamente dispone que dicho distrito judicial comprenderá los términos municipales de Caguas, Aguas Buenas, Cidra y Comerío, no quedando comprendidas en el mismo las municipalidades de Gurabo, Juncos y San Lorenzo, no obstante lo que implícitamente se expresa en el título.

La ley que nos ocupa, conforme aparece de su texto, constituye una marcada desviación de la norma establecida por la Asamblea Legislativa por un período de cerca de cuarenta años en lo que respecta al número de municipali-dades y población de que se han formado los distintos dis-tritos judiciales. Un estudio de la población y número de municipalidades de que se componen los ocho distritos judi-ciales que actualmente existen, según consta de datos esta-dísticos que aparecen en el alegato del Procurador General, revelará que su población fluctúa entre la máxima de 311,570 correspondiente al distrito judicial de San Juan y la mínima de 143,282 correspondiente al de Guayama; que el número de municipalidades de que cada uno de ellos se compone fluctúa entre 16 de que consta el distrito de Humacao y 6 el de San Juan, comprendiendo este último la ciudad capital con una población urbana de 169,247 habitantes. En con-traste con las anteriores cifras, observaremos que el distrito de Caguas a que se contrae ’ la Ley núm. 250 sólo consta, según el -texto de la misma, de cuatro municipios con una población total de 106,938 habitantes. De acuerdo con el título de la ley, sin embargo, dicho distrito debería constar de siete municipalidades que lo equipararían a los de Agua-dilla y Guayama, respectivamente, y una población total de 168,899 habitantes, mayor que la de los dos distritos judi-ciales últimamente mencionados. Considerados estos datos, nos preguntamos si aquellos legisladores que inducidos por el contenido del título votaron en favor de la ley, hubieran procedido en igual sentido de haber conocido el texto de la misma especialmente si se detenían a reflexionar si estaría justificado el considerable gasto que representa al Tesoro la creación de un distrito judicial consistente tan sólo de cuatro municipalidades — tres de ellas de escasa importancia — y una población total de 106,938 habitantes. ¿Podría decirse ahora con el más ligero asomo de razón que el título no pudo inducir a error a los legisladores que votaron la ley en cuestión? % Sirvió ese título para informar convenientemente al público del verdadero objeto de la ley? Indudablemente que no.

Se observará que no se trata en este caso de una ley que contiene una materia no expresada en el título o que 'no contiene una materia expresada en el título. Se trata de la' infracción más grave al precepto constitucional, la que puede producir decepción, ocultación o fraude, expresando una cosa en el título y diciendo lo contrario en el cuerpo de la ley. Si una ley así concebida fuese declarada válida, tal declaración equivaldría a convertir en letra muerta el prin-cipio constitucional. A nuestro juicio, la legislación en controversia infringe el artículo 34 de nuestra Ley Orgánica ya que su título no expresa claramente el asunto que es objeto de la misma, y siguiendo la norma establecida por la Corte Suprema Nacional en el caso de Posados v. Warner, B. & Co., supra, página 344, al efecto de que los tribunales hacen cumplir estrictamente las disposiciones de dicho prin-cipio en aquellos casos que como en el presente, se halla comprendido dentro de la razón que lo inspira, preciso es resolver que la ley en controversia es inconstitucional.

En cuanto al segundo fundamento del recurso, el marcado con la letra “(b)”, no tiene razón el peticionario, pues entre el título y el texto de la ley (artículo 3) existe una perfecta correspondencia en lo que se refiere al término municipal de Comerío.

La conclusión a que llegamos nos releva de discutir la cuestión relativa al efecto de asignación en el presupuesto de las partidas necesarias para eh funcionamiento de la Corte de Distrito de Caguas.

Opinando, como opinamos, que la Ley núm. 250 de 13 de mayo de 1942 es inconstitucional, las órdenes recurridas basadas como están en las disposiciones de una ley nula, nulas son también, y al así decretarlo, procede ordenar a la ■Corte de Distrito de TIumacao que reasuma jurisdicción sobre ■el caso criminal núm. 17318, seguido contra el peticionario Sartunino Rodríguez por un delito de incesto, y continúe tramitándolo hasta su disposición final en armonía con los principios enunciados en esta opinión.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


author: del Juez Asociado Sr. De Jesús.)

text:
    Núm. 8377.
    Pueblo, Etc., apldo. v. Alonso Sobrino Hnos. & Cía., S. en C., aplte.
    C. D. San Juan.
    Marzo 6, 1942.
   (Por la Corte, a propuesta

del Juez Asociado Sr. De Jesús.)

POR cuanto, en este caso las partes han presentado una estipula-•eión solicitando se tenga por sometido dicho caso y se resuelva en la misma forma y por los mismos fundamentos que se resolvió el de El Pueblo de Puerto Rico v. Luis Rivera, número 8417 de este Tribunal (59 D.P.R. 976);

POR cuanto, el caso arriba. expresado envuelve exactamente las mismas cuestiones planteadas y resueltas en el caso de El Pueblo de Puerto Rico v. Luis Rivera, supra;

PoR tanto, se aprueba la citada estipulación y en su consecuen-cia se desestima el recurso y se confirma la resolución apelada que-dictó la corte inferior el día 10 de abril de 1941.