author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Torres, Acusado y Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en causa por infracción al artículo 2 del Acta Jones.
    No. 1492.
    Resuelto en julio 30, 1920.
    Venta de Bebidas Embriagantes — Artículo 2 del Bill Jones — Jurisdicción.— El delito definido y penado por el artículo' 2 de la vigente Ley Orgánica, con-sistente en importar, fabricar, vender o ceder, o exponer para la venta o re-galo, en Puerto Pico, cualquiera debida o droga embriagante, excepto para fines medicinales, sacramentales, industriales o científicos, es un delito contra los Estados Unidos y no contra El Pueblo de Puerto Pico, por lo cual, la ju-risdicción para conocer del mismo radica en la Corte de Distrito de los Esta-dos Unidos para Puerto Pico y no en las cortes insulares.
    Id. — Leyes del Congreso de Estados Unidos — Jurisdicción.—Cuando una Ley del Congreso define un delito la corte o cortes que tengan jurisdicción sobre diebo delito deberán también estar definidas por una ley general o especial, o por deducción necesaria.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. E. Martines Aviles.

    Abogado del apelado: Sr. J. E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Esta fué una denuncia iniciada en la Corte Municipal de Lares en la cual se imputaba a Nazario Torres la comisión del delito de infracción al artículo 2 de la Leir del Congreso aprobada en marzo 2, 1917, conocida comúnmente por Ley Jones por haber vendido media botella de ron en la cantidad de sesenta centavos. La corté municipal lo declaró culpable y apeló a la Corte de Distrito de Aguadilla cuya corte tam-bién lo declaró culpable y condenó a sufrir la pena de cinco días de cárcel en la municipal de Lares. Interpuesta apela-ción para ante este tribunal, la vista del recurso tuvo lugar primeramente el día .1°. de marzo de 1920, señalándose luego una nueva vista, a fin de oirse a las partes acerca de la ju-risdicción de las cortes insulares para conocer de la infracción del artículo 2 del Acta Jones.

El artículo 2 del Acta Jones prescribe lo siguiente:

<£Un año después de la aprobación de esta ley y en lo sucesivo será ilegal importar, fabricar, vender, o ceder, o exponer para la venta o regalo cualquiera bebida o droga embriagante; Disponién-dose, que la Asamblea Legislativa podrá autorizar y reglamentar la importación, fabricación y venta de dichos licores y drogas para usos medicinales, sacramentales, industriales y científicos únicamente. La penalidad por infracciones de esta disposición con referencia alas bebidas o. drogas embriagantes será una multa no menor de veinticinco dólares por la primera vez, y por la segunda y subsi-guientes, una multa no menor de 'cincuenta dólares y prisión por un término mínimo de un mes y máximo de un año; Y disponiéndose, además, que en cualquiera elección general que se celebre dentro de cinco años después de la aprobación de esta ley, esta disposición podrá, a petición de no menos del diez por ciento de los electores capacitados de Puerto Rico, ser sometida a votación de los electores capacitados de Puerto Rico y si una mayoría de todos los electores capacitados de Puerto Rico que voten sobre esa cuestión, votaren por la derogación de esta disposición, quedará ésta desde entonces sin fuerza y vigor; de otro modo, quedará con toda su fuerza y efecto.”

Este es un delito establecido por una ley del Congreso y necesariamente prima facie un delito contra los Estados Uni-dos. El artículo 256 del Código Judicial de los Estados Uni-dos compilado en el año 1912, prescribe lo siguiente:

“La jurisdicción investida en las cortes de los Estados Unidos en los casos y procedimientos que en adelante se mencionarán, será exclusiva de las cortes de los varios estados;
“Io. De todos los delitos y ofensas de que pueda conocerse bajó-la autoridad de los Estados Unidos;
“2o. Etc.”

El artículo 41 de la Ley Jones prescribe lo siguiente:

“Puerto Rico constituirá un distrito judicial que se denominará ‘El Distrito de Puerto Rico.’ El Presidente con el concurso y con-sentimiento del Senado, nombrará un juez de distrito, quien servirá su cargo por el término de cuatro años y basta que su sucesor sea nombrado y tome posesión, y cuyo sueldo será de $5,000 anuales. Del mismo modo se nombrarán un fiscal de distrito, cuyo sueldo será de .$4,000 por año, y un marshal para dicho distrito con un sueldo de $3,500 anuales, cada uno por el • término de cuatro años, a menos que fueren destituidos por el Presidente. La corte de dis-trito para dicho distrito se denominará ‘La Corte de Distrito de los Estados Enidos para Puerto Báco,’ y tendrá facultad para nom-brar todos los funcionarios y auxiliares necesarios, incluyendo el se-cretario, intérprete y los comisionados que fueren necesarios, quienes tendrán derecho a los mismos honorarios y tendrán iguales atribu-ciones y deberes que los comisionados de los Estados Enidos. Dicha Corte de Distrito tendrá jurisdicción en todos los casos que sean de la competencia de las Cortes de Distrito de los Estados Enidos, y seguirá la misma tramitación. Etc.”

De ello parece deducirse necesariamente que la Corte de Distrito de los Estados Unidos establecida en Puerto Pico tiene jurisdicción exclusiva del delito previsto en el artículo 2 de la Ley Jones, a menos que se demuestre de otro modo una intención clara en sentido contrario en dicha ley. Sin embargo, un pequeño examen de la jurisprudencia de los Estados Unidos puede servirnos de alguna ayuda.

El caso de United States v. Hudson, 7 Cranch 31, es pro-bablemente el principal sobre la cuestión. En él.se dijo lo siguiente: “De todas las cortes que los Estados Unidos pueden constituir de acuerdo con sus poderes generales, una solamente, la Corte Suprema, posee jurisdicción derivada directamente de la Constitución y de la cual la Legislatura no puede privarla. Todas bis demás cortes creadas por el Go-bierno General no tienen más jurisdicción que la que ha sido conferida a ellas por el poder que las crea, y no pueden es-tar investidas de ninguna jurisdicción sino de aquella que pueda conferirles el Gobierno General de conformidad con el poder que a él ha sido cedido,” y del caso.de Turner v. Bank of North America, 4 Dallas 6 y 10, también aparece que la jurisdicción de las cortes debe ser definida. Casos subsiguientes sostienen directamente o en efecto, que la ju-risdicción de cualquier corte debe ser definida, como debe serlo el delito por el poder que establece el delito o la corte. Stevenson v. Fain, 195 U. S. 170; Ex parte Wisner, 203 U. S. 455.

Bn el caso de United States v. Wilson, 3d. Blatch, 438 Federal Cases, 16731, la corte se expresó en los siguientes términos:

“Pero es una doctrina fundamental relativa a las Cortes Fede-rales de jurisdicción inferior que no pueden ellas conocer de delitos de ningún grado sin el señalamiento expreso o mandato positivo de la ley que las autoriza a ejercer la función que les conñera la Cons-titución sobre delitos graves y menos graves. Debe haber una designación por ley positiva tanto del delito, como del tribunal que conocerá del mismo. United States v. Hudson, supra; Ex parte Bollman, 4 Cranch 75; United States v. Coolidge, 1st. Wheat, 415; 14 Bishop’s Criminal Law 76-80.

En el caso de Sewing’ Machines Companies, 18 Wall. 577, al hablarse de la facultad judicial la corte dijo lo siguiente:

“Pero la organización del sistema y su distribución entre tales cortes inferiores, que el Congreso ordene y establezca de tiempo en tiempo dentro de la esfera del poder judicial siempre ha sido y de derecho debe ser obra del Congreso.”

En el caso de Cary v. Curtis, 3 How. 244, la corte se expresó como sigue:

“La facultad judicial aun cuando se origine en la Constitución depende para su distribución y organización y modo de ejercitarse enteramente de la acción del Congreso que posee la sola facultad de establecer tribunales, etc., '* * y al investirlos de jurisdic-ción ya limitada, concurrente o exclusiva y no darles jurisdicción a dichas cortes en el grado preciso y forma en que el Congreso crea conveniente para el bien público.”

Este caso se cita con aprobación en el de Sheldom v. Sill, 8 How. 449, y en el de Kentucky v. Powers, 201 U. S. 24 y además se dice un el tomo 15 de Corpus Juris, página 732, nota 69, lo siguiente:

“La jurisdicción y poderes de las cortes no pueden ser amplia-dos implícitamente a fin de que comprendan materias que no están expresadas en la ley de la cual se deriva la jurisdicción.”

Al tratar de refutar este razonamiento el fiscal de este tribunal cita los casos de United States v. Pridgeon, 153 U. S. 48; Boyd v. Great Western Coal & Coke Company, 189 Federal 115, and Ex parte Krause, 228 Federal 547. En el caso de United States v. Pridgeon, supra, se resolvió mera-mente que la intención del Congreso se manifestó en el sen-tido de liacer que el Código Penal de Nebraska fuera el Código Penal de Oklahoma. Asimismo en el caso de Boye! la corte resolvió que la ley del Congreso hacía extensiva al Territorio Indio ciertas leyes de Arkansas relativas a cor-poraciones y la corte resolvió que las corporaciones orga-nizadas de acuerdo con las mismas no eran corporaciones ■ federales porque en realidad de verdad estaban organizadas bajo las leyes hechas para el Territorio, y en el caso de Ex parte Krause también se manifestó claramente la intención del Congreso de hacer que un Código Territorial anterior fuera el Código Penal de Alaska.

¡ái no estamos equivocados no existe ni en Alaska ni en el Territorio Indio una Legislatura independiente como en Puerto Eico, ni había allí tal Legislatura independiente en Oklahoma antes de ser incorporado como Estado. No hay dis-ensión alguna en ninguno de estos casos respecto a qué corte tenía jurisdicción. Aún en el caso de Alaska había sola-mente una horte con jurisdicción como aparece de las citas que el-fiscal hace de la opinión. No vemos nada en la Ley Jones que indique la intención del Congreso de establecer el delito especificado en el artículo 2 de dicha ley como delito contra El Pueblo de Puerto Eico, a diferencia ele un delito contra los Estados Unidos. Tampoco encontramos nada en la ley que indique que el Congreso actuaba como una Legis-latura local al definir el delito así mencionado en la ley. Y de todos modos la corte que debía tener jurisdicción no fue mencionada. Por el contrario el artículo 40 del Acta Jones prescribe lo siguiente:

“El poder judicial residirá en las cortes y tribunales de Puerto Eico ya establecidos y en ejercicio de acuerdo y por virtud de las leyes vigentes. La jurisdicción de dichos tribunales y los trámites seguidos en ellos así como los distintos funcionarios y empleados de los mismos continuarán como al presente basta que otra cosa no disponga por Ley; Disponiéndose, sm embargo, que el Presidente y los Jueces Asociados del Tribunal Supremo serán nombrados por el Presidente con el concurso y consentimiento del Senado de los Es-tados Unidos y la Asamblea Legislativa de Puerto Rico tendrá au-toridad que no esté en contradicción con esta Ley para de tiempo en tiempo, según lo crea conveniente para organizar, modificar, o hacer un nuevo arreglo de los tribunales y su jurisdicción y procedi-mientos con excepción de la Corte de Distrito de los Estados Uni-dos para Puerto Rico.”

No solamente, ha continuado la jurisdicción de las cortes como estaba antes do la ley, .sino que la jurisdicción de la Corte de Distrito de los Estados Unidos se exceptúa expre-samente de la autoridad de la Legislatura. En el artículo 37 de la Ley Jones y en otros artículos de la misma se revela la intención del Congreso de hacer que la Legislatura de Puerto Rico constituya un poder legislativo completo para Puerto Rico, excluyendo así también la idea de que el Con-greso actuaba como Legislatura local.

La Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico está organizada y establecida por la misma Ley Orgá-nica no se revela intención alguna por parte del Congreso de privarla de cualquier jurisdicción que tengan las cortes de distrito de los Estados Unidos. Debe tener la jurisdicción exclusiva prescrita en el-artículo 256 del Código Judicial hasta tanto se revele claramente una intención en sentido contra-rio. Debe presumirse que el Congreso deseaba establecer un nuevo delito y ponerlo en manos de los funcionarios cuyas facultades en general son las mismas a las de los Estados Unidos.

El artículo 55 del Acta Jones, asimismo expresa qué con-tinuará la jurisdicción de todas las cortes tal como se pres-cribía con anterioridad a dicha ley, a no ser que de otro modo se provea específicamente.

También en el artículo 48 cuando el Congreso ha que-rido dar a diferentes cortes jurisdicción con’currente, lo "ha hecho en claro lenguaje y de acnerdo con el referido artículo la Corte Suprema y cortes de distrito de Puerto Rico y los respectivos jueces de las mismas pueden conceder autos de habeas corpus en todos los casos en que dichos autos puedan concederse por los jueces de las cortes de distrito de los Estados Unidos.

Si el Congreso hubiera estado actuando como Legislatura local, entonces por supuesto, el delito definido en el artículo 2 del Acta Jones sería enteramente una cuestión local como se resolvió en el caso de Krause de Alaska, supra, y las cor-tes insulares tendrían entonces jurisdicción independiente-mente de la de la Corte de Distrito ele los Estados Unidos. Creemos que sería absurdo suponer que el Congreso confe-riría a las cortes insulares jurisdicción exclusiva en esta forma.

El fiscal también alega que cuando el Congreso dispuso sobre un referendum en el artículo 2, dió a El Pueblo de Puerto Rico la facultad de hacer dicho artículo 2 una ley local y por tanto dicho artículo debe ser considerado como vigente en Puerto Rico como ley local. En primer lugar el artículo 2 había de regir definitivamente un año después de su aprobación a menos que El Pueblo de Puerto Rico pór medio de un referendum demostrara su inconformidad en aceptar esta ley penal sustantiva. Ahora el hecho de que El Pueblo por virtud de tal referendum se negara a derogar la ley, no convierte el delito sustantivo establecido en un delito contra El Pueblo de Puerto Rico. Según hemos de-mostrado las facultades legislativas de este país están limi-tadas a la Legislatura hasta que el Congreso disponga otra cosa. En segundo lugar, como muestran las autoridades, el delito no solamente debe ser definido, sino también la corte que tiene jurisdicción.

Este fué un proceso iniciado en la corte municipal. Si alguna corte local que no fué mencionada tenía jurisdicción parece que serían las cortes de distrito de Puerto Rico que son cortes de jurisdicción general. Las cortes municipales necesariamente no tienen más jurisdicción que la definida específicamente por Ja Legislatura de Puerto Rico. Bin embargo, nuestra decisión no se funda en una distinción entre las cortes locales sino enteramente en la razón de que nin-guna corte en Puerto Rico excepto la Corte de Distrito de los listados Unidos tiene jurisdicción.

La sentencia debe ser revocada y absuelto el acusado.

Revocada la sentencia apelada y sobreseída la causa-.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Be. del Tobo,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Fernández, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ban Juan, Sección Segunda, en causa por infracción al artículo 2. del Acta Jones.
    No. 1517.
    Resuelto en julio 30, 1920,
    por los fundamentos del caso No. 1492, El Pueblo v. Torres, de julio 30, 1920, (pág. 835).
    Abogado del apelante: 8r. A. Trujillo.

    Abogado del apelado: 8r. J. E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Be. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

En el presente caso se imputó al acusado Fernández una infracción al artículo 4 de la Ley 69 de diciembre 5, 1917, pero tanto la denuncia como las pruebas lo que revelan es una infracción al artículo 2 del Acta Jones. Por ese motivo no solo la defensa, si que también el Ministerio Fiscal, en esta Corte Suprema, pidieron la revocación de la sentencia y la absolución del acusado.

Además, aunque se concluyera que no obstante indicarse en la denuncia que se acusaba a Fernández de la infracción mencionada, podría condenársele de la que en realidad de verdad se le imputó y cometió, tendría siempre que resol-verse que tanto la corte municipal y la de distrito que antes intervinieron, como esta Corte Suprema que ahora actúa, carecen de jurisdicción para conocer del delito imputado y cometido, de acuerdo con la decisión de esta Corte Suprema que acaba de dictarse en el caso de El Pueblo v. Torres, No. 1492, (pág. 835).

En su consecuencia opinamos que debe revocarse la sen-tencia apelada y sobreseerse la causa, quedando en libertad el acusado y cancelándose la fianza que tiene prestada para ello.

Revocada la sentencia apelada y absuelto el acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Crespo, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Gfuayama” en causa por infracción al artículo 2 de la Ley Orgánica. ■
    No. 1513.
    Resuelto en julio 30, 1920,
    por los fundamentos del caso No. 1492 de El Pueblo v. Torres, resuelto en julio 30, 1920; (pág. 835).
    Abogado del apelante: Sr. M. A. Martines.

    Abogados del apelado: Sres. J. E. Figueras, Fiscal y A. ' Arroyo.

   Revocada la sentencia apelada, sobreseída la causa y decretada la libertad del acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Torres, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla, en- causa por infracción del artículo 2 de la Ley Orgánica.
    No. 1491.
    Resuelto en julio 30, 1920,
    por los fundamentos del caso de El Pueblo v. Torres, No. 1492, de julio 30, 1920, (pág. 835).
    Abogado del apelante: Sr. E. Martínez Ávilés.

    Abogado del apelado: Sr. J. E. Figneras, Fiscal.
   Revocada la sentencia apelada sobreseyéndose la causa.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro, Alclrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. HittchisoN,

text:
    Compañía Azucarera del Toa, Demandante y Apelante, v. Galán et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera en pleito sobre acción confesoria de servidumbre.
    No. 2004.
    Resuelto en julio 30, 1920.
    Servidumbre de Paso — Signo Aparente de Servidumbre — Tercero.—La existen-cia de un signo aparente de servidumbre, cuando el camino está claramente definido por razón de los heehos físicos y puede verse por cualquier persona que inspeccione los terrenos, constituye suficiente aviso para los terceros; pero la mera existencia de algunas veredas y ramificaciones y su uso más o menos intermitentemente, disfrutado por los causantes de los demandantes o sus representantes en el presente caso con permiso de los anteriores dueños de la finca que abora pertenece a los demandados, no constituye para los terceros un aviso suficiente de la existencia de una servidumbre de paso.
    Id. — Pinga Sin Salida a Camino Público. — El solo heebo de que una de las. colin-dancias de una finca sea el mar y otra un río más o menos navegable que sirve de medio de transporte de los frutos de dicha finca, no excluye la posibilidad de que ésta pueda encontrarse sin salida a camino público por estar enclavada entre otras de distintos dueños.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. F. Soto Gras.

    Abogado de los apelados: Sr. L. Llorens Torres.

   El Juez Asociado Se. HittchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

La “Compañía Azucarera del Toa” estableció una acción para que se reconociera la existencia y constitución de una servidumbre y alegó en substancia que la demandante es dueña de cierta finca rústica descrita en la demanda que anteriormente formaba parte de otra finca de mayor cabida nombrada “Rosario” limitada al norte por el mar; al sur con El Pueblo del Dorado y otros terrenos; al este con el río de la “Plata;” y al oeste en parte con la propiedad lla-mada “Santa Bárbara” que ahora pertenece a Pizá Her-manos; que una parte de la primitiva finca a la cual se ha hecho referencia en último término pertenece ahora a los demandados y limita al norte con la propiedad de la deman-dante ; al sur con El Pueblo del Dorado; al este con el río de la “Plata” y al oeste con la propiedad .de Pizá Hermanos; que en la finca “Rosario” existe hace más de treinta años un camino privado, abierto por sus dueños, para beneficio y explotación de la finca, y mantenido por los sucesivos due-ños; y que ese camino va de norte a sur, o desde el mar al pueblo; que los citados dueños de la finca “Rosario” por medio de escritura pública hicieron la partición y división de la misma, adjudicándose a cada uno una parte en terre-nos; que durante la comunidad en la “Rosario” y al cesar la misma, los partícipes continuaron usando el dicho ca-mino; y en la escritura de división no se hizo constar nada contra la existencia del mismo, ni pacto alguno contra su uso, o modo diferente de usarlo, ni reserva alguna a favor de condueño o adjudicatario, ni se hizo constar nada en ese sentido al enajenarse los lotes de cada condueño; que parte del referido camino está enclavada eu la finca de la deman-dada, y tiene una longitud de 715 metros por una anchura de seis metros, y colinda por el norte con la finca de la de-mandante, por el sur El Pueblo del Dorado y por el este y oeste la finca de la demandada; y el resto del camino en los terrenos de la demandante; que desde que se abrió el camino no se lia establecido en él cambio o alteración alguna, ni en su forma ni en su uso; que la demandante ha venido utili-zando el camino en beneficio y para la explotación de su finca, en la forma y modo en que se venía usando por los anteriores dueños, sin oposición o traba alguna; que la finca descrita como de la demandante, fue por ésta dada en arren-damiento a los señores Púzá Hermanos, que ban venido usando el referido camino en la misma forma que la demandante y sus predecesores en la propiedad; que hace seis meses la parte ahora demandada, contra la voluntad de la deman-dante, ha cerrado el camino en el punto en eolindancia con la propiedad de la demandante a la que ha privado del uso de tal camino por sí y por sus arrendatarios, con perjuicio de sus intereses y privándola de salida al pueblo; y la de-mandada sigue usando el camino en su exclusiva utilidad.

La-demanda también contenía el siguiente párrafo:

“Que a mayor abundamiento de lo expuesto, hemos de alegar que la finca de la compañía demandante o sean los dos lotes de terreno de referencia, está enclavada entre otros lotes de terreno de los que componían la finca Rosario, no teniendo otra salida a camino pú-blico, fuera del camino privado que atraviesa la ameritada finca 'Rosario,’ parte de la cual es hoy propiedad de la demandada doña Rosa Blanca Galán y Mejía; de tal modo que cerrado este camino, interceptado y obstruido por la acción de los demandados, queda la finca de la compañía demandante incomunicada por no tener nin-guna otra salida a camino público.”

Los demandados en su contestación negaron las alega-ciones esenciales de la demanda, alegando además, entre otras cosas, lo siguiente:

“Que la finca 'Rosario’ de 606 cuerdas, y como se describe en la demanda formaba un solo cuerpo o lote de terrenos para pastos y ganado hasta el 24 de octubre de 1883, y en los diez años anterio-res a esa fecha, y durante esos diez años perteneció en comunidad a varios propietarios; y al efectuarse en la fecha citada. la divi-sión de la finca no existía en ella más camino que un callejón que, conducía, y hoy conduce, desde el pueblo del Dorado hasta la casa vivienda y establecimientos de la finca, usándose sólo para ir hasta los establecimientos y para paso de personas y ganado; y en el resto de la finca no había otro camino; y al dividirse la finca no había más signo de camino que el indicado callejón.
“Que después de la división de la finca en 24 de octubre de 1883, el terreno que es ahora de la demandante no quedó clavado entre otras fincas de la comunidad propietaria del inmueble antes de la división, sino colindando por una parte con el mar, por otra con el río Toa o de la Plata, por otra con terrenos de Santa -Bárbara, hoy de Pizá Hermanos, y por otra con la finca que es hoy de la deman-dada; y que la finca de Pizá Hermanos se halla situada entre la finca de la demandante y un camino público que conduce del Do-rado al mar; y había y hay un camino vecinal que conduce del pueblo del Dorado al mar y cruza la finca de Pizá Hermanos; y''ese camino y la vía fluvial son las salidas más fáciles, cortas y cómodas para la finca de la demandante.
“Alega que los demandados son terceros y que la servidumbre no se halla inscrita en el registro y que ni la demandada ni su es-poso han tenido intervención o conocimiento de actos o contratos entre los anteriores dueños de su finca y los de la demandante, y cuando compró la demandada su finca no existió en ella signo apa-rente de la servidumbre que se reclama.
“Alega que la finca de la demandante tiene dos salidas a camino público; una fluvial, el río de la Plata, navegable en toda la eo-lindaneia con la demandante y hasta el puente de ferrocarril y te-rrenos de la demandante, a uno y otro lado del río, pudiéndose na-vegar por éste en lanchas de gasolina y ancones; y además un ca-mino vecinal y público que se usa de tiempo inmemorial para toda clase de transporte y que va desde el Dorado hasta el mar, por te-rrenos .de Santa Bárbara, hoy de Pizá Hermanos, situados entre finca de la demandante y la carretera del Dorado y que tal camino se ha venido usando por la demandante, como única salida para peones y frutos, por más de veinte años así como la vía fluvial.
“Alega que en todo caso, la salida más fácil y cómoda de la finca de la demandante no es a través de la finca de la demandada, por lo que .el camino sería de' 3174 pies en recta mientras que por el de la Santa Bárbara sería de 2575 pies solamente.

Los hechos como fueron declarados probados por el juez sentenciador son en parte como siguen:

“La finca de la demandante se halla arrendada a Pizá Hermanos por escritura pública de 9 de agosto de 1913 ante el notario Sr. Soto Gras, por seis años que se cuentan de primero de julio de 1911, prorrogables por cinco años más. En la escritura de arrendamiento no se encuentra mención alguna de servidumbre de paso a favor de esta finca.
“La corte encuentra probado que a través de la hacienda Santa Bárbara de Pizá Hermanos bay un camino de fácil acceso para la finca de la demandante, y que conduce directamente a la carretera o camino del Dorado y es también un hecho indudable que por ese camino se viene realizando desde hace unos diez años servicios de la finca de la demandante, y pasando peonaje y carros de la misma finca. Se ha probado también que la finca de la demandante tiene servicio para sacar sus frutos por el Río, y que ha sacado la de-mandante frutos de esa finca por la vía fluvial citada.
“No se ha probado que existiera en la finca que es hoy de la demandada otro camino o paso, más que el que conducía desde el Dorado hasta la casa y establecimientos de la finca ‘Rosario’ en la parte que es hoy de la demandada. El paso más adentro, por ca-mino, no se ha probado, y menos como un derecho establecido a favor de la finca que es hoy de la demandante. La circunstancia de que en épocas diversas hayan pasado peones a través de la finca y previo permiso no demuestra nada en favor de la existencia de una servidumbre. Se ha llamado la atención de la corte acerca de que en una certificación de mensura hecha por el agrimensor Sr. Padilla Dávila, e inserta en la escritura de 3 de mayo de 1889, Exhibit H de la demandante de venta de finca por Dolores Azrazain a Rosa Echeveste, aparece citado el ‘callejón general de la Rosario. Basta saber que se habla de ese callejón como uno de los puntos de la colindancia; que se dice en la misma certificación ‘siguiendo este callejón’ y estudiar el plano para ver que no es ese el paso o ca-mino de Norte a Sur que ahora se pide en la demanda.
“No resulta probado que al adquirir la finca doña Rosa Blanca Galán, hubiere en tal finca signo aparente alguno de servidumbre de paso a favor de la propiedad o predio que es hoy de la deman-dante, ni que la hubiera cuando compraron doña Rosa Torrens y don Pedro Martorell. Al establecerse el expediente de dominio en favor de doña Rosa Torrens y los hermanos Martorell tampoco se hizo reclamación alguna para que constara la pretendida servidum-bre. Y no aparece probado ante la corte que antes de ser la finca, en participaciones diversas, de don Pedro Martorell y. doña Rosa Torrens hubiera tal signo aparente de servidumbre. Con relación al tiempo en que poseía doña Rosa Torrens es para la corte un he-cho probado que si alguien pasaba por la finca era mediante per-miso de la propietaria y no de otro modo.
“No se ha. probado que la finca de la demandante quede ence-rrada entre otras de la demandada y sin salida a camino público. La prueba demuestra que la demandante ha utilizado en sus ser-vicios tanto el río, con el que colinda, y por el que sacaba la de-mandante parte de sus frutos para molerse en la factoría, que tam-bién tiene fácil acceso al río, como un camino a través de la hacienda. Santa Bárbara que se ha venido usando largos años, que conduce a la carretera, que es más corto que el que ahora pretende la demandante. Esta finca Santa Bárbara es propia de Pizá Herma-nos, la misma social que es arrendataria actualmente de la finca a cuyo favor se pretende la servidumbre.”

El único error que lia sido alegado es que la corte come-tió error al resolver en contra de la demandante la cuestión de hecho.

La acción establecida por la demandante se basa en el artículo 548 del Código Civil, el cual prescribe lo siguiente:

“La existencia de un signo aparente de servidumbre entre dos fincas establecido por el propietario de ambas se considerará, si se enajenare una, como título para que la servidumbre continúe ac-tiva y pasivamente, a no ser que al tiempo de separarse la propie-dad de las dos fincas se exprese lo-contrario en el título de enaje-nación de cualquiera de ellos, o se haga desaparecer aquel signo antes del otorgamiento de la escritura.”

Nos inclinamos a convenir con la apelante en que el “signo aparente” priva de la condición de terceros a las personas, que adquieren el predio sirviente y que la existencia del camino, de estar claramente definido por razón de los hechos físicos y que puede verse por cualquier persona que inspec-cione los terrenos, constituye suficiente aviso para tal com-prador. 33 L. R. A. (N. S.) 332; 8 Idem. 418.

Para los fines de esta opinión puede admitirse que de ser cierta la prueba de la demandante, establece un caso prima facie aunque en cierto modo vago y defectuoso en detalles en cuanto a las indicaciones físicas sobre el terreno y que la prueba de la defensa no es tan persuasiva como pudiera desearse. Pero las conclusiones del juez sentenciador,.supra, indican claramente que él admitió como cierta la prueba de la defensa, lo que tenía derecho a hacer, y desde este punto de vista no podemos decir qne la sentencia sea contraria a la prueba. La mera circunstancia de que los testigos de la demandante son personas de reputación financiera y social y que los de los demandados no son tales ciudadanos tan prominentes no constituye suficiente razón para que se re-voque la sentencia. T aparte de esta distinción y de cierta diferencia natural en la forma de las declaraciones debido a los diferentes grados de inteligencia y educación no encon-tramos razón alguna para modificar la conclusión a que llegó la corte sobre la cuestión principal.

¡, El lenguaje empleado por el juez sentenciador al discutir el grado de prueba que era necesaria para establecer1 la exis-tencia aparente de una servidumbre podría estar sujeto a crítica en un caso en que el alegado predio sirviente no hubiera pasado de unas manos a otras; pero cuando se alega la existencia del camino como la única prueba de título contra compradores sucesivos de tal propiedad parece razonable que la corte sentenciadora exija qu.e el hecho quede clara-mente establecido.

En el presénte caso, de decir la verdad los testigos de la defensa, hasta la fecha de la división de la primitiva finca y subsiguientes traspasos de la parte de la cual ahora son dueños los demandados, el camino en cuestión no quedó, de-finitivamente establecido y claramente definido sino desde el pueblo hasta la casa de vivienda y por algunos centenares de metros más allá donde habían otros edificios y estableci-mientos.. Estos testigos admiten la existencia de ciertas ve-redas de animales y ramificaciones que conducen al norte desde este punto hacia el mar y el uso más o menos inter-mitente de estas veredas por los causantes de la demandante o por sus arrendatarios y empleados con permiso de los an-teriores dueños de la finca que ahora pertenece a ios deman-dados. Estamos de acuerdo con el criterio sustentado por la corte sentenciadora de que alg'o más de eso es necesario para constituir un aviso deja existencia de una servidum-bre en cuanto a terceras personas que tengan que intervenir con el alegado predio sirviente.

Pero no podemos estar de acuerdo con la conclusión a que llegó la corte sentenciadora de que no se demostró que la finca de la demandante estuviera “enclavada entre otras pertenecientes a distintos dueños,” dentro del significado del artículo 571 del Código Civil. El párrafo de la demanda a que acabamos de bacer referencia fué considerado tanto por la corte inferior como por los demandados como una causa separada y distinta de acción y como tal fué resuelto por la sentencia declarando sin lugar la demanda.

La prueba demostró que la finca de la demandante tenía las colindaneias que se describen en la demanda. El mero liecho de que una de las colindaneias así indicadas es el mar y otra un río más o menos navegable que sirve de medio de transportación para la entrega de las cañas a la central donde se muelen no excluye el caso del artículo de referencia. No se liizo verdadero esfuerzo por demostrar que ya el mar o el río era un sustituto conveniente para el paso a través de las fincas del demandado. Toda la prueba en cuanto a al-guna otra salida fué prácticamente referente al alegado ca-mino a través de la finca “Pizá.” De toda la prueba aparece razonablemente claro que la ruta más corta y directa y la más usada como medio de comunicación con el pueblo del Dorado desde la, fecha de la partición hasta lá fecha del arrendamiento a Pizá Hermanos sino por un período considerable subsiguiente es el que atraviesa los terrenos de los demandados. No se ha demostrado que la demandante tenga más derecho a pasar por la finca de Pizá que el que pueda tener para cruzar la finca de los demandados. El mero hecho de que Pizá Hermanos como arrendatarios de la de-mandante por su propia conveniencia han pasado por su . misma finca y permitido a sus empleados liacer esto ya para llegar a la estación del ferrocarril o desvío o con cualquier otro objeto no afecta al derecho de la demandante en este caso, ni nada tiene que ver el hecho de que durante muchos años el demandante o los trabajadores de la finca que vivían en la propiedad de la demandante hayan utilizado el camino que ahora utiliza Pizá Hermanos, o que a veces y para cier-tos fines también el río como camino más directo a través de la finca de los demandados.

La sentencia en tanto determina el derecho de la deman-dante a una servidumbre de paso de acuerdo con el artículo 571-no puede subsistir. Ya que el caso haya de ser devuelto o no o que esta corte lo resuelva por sus méritos depende de otras circunstancias.

No se insistió mucho en la alegada segunda causa de acción durante el curso de la prueba directa de la deman-dante, sino que surgió de un modo algo más completo en la contra-prueba para contradecir la presentada por la defensa en cuanto a la existencia de otro paso por la finca pertene-ciente a Pizá. Hermanos. En la demanda no se hace oferta alguna de pagar una compensación por el establecimiento de una servidumbre de acuerdo con las prescripciones del artículo 571 del Código Civil consistente en el importe “cle los per-, juicios que se causen.” Es cierto que el artículo 574 del Código Civil prescribe que “si adquirida una finca por venta, permuta o partición quedara enclavada entre otras del ven-dedor, permutante o copartícipe, estos están obligados a dar paso sin indemnización salvo pacto en contrario.” También puede ser que el párrafo de la demanda citado en último término tuviera por objeto hacer que el caso quedara com-prendido dentro del alcance de este artículo. Pero los de-mandados insisten en que cuando la porción retenida por el “vendedor, permutante o copartícipe” pasa a manos de terceras personas no surge como consecuencia la obligación. El alegato de la apelante no da una contestación satisfac-toria a esta sugestión y no es de la incumbencia de este tribunal liacer una investigación independiente del asunto para refutar la argumentación del abogado de los demandados. Los demandados alegan la existencia de otro camino por la propiedad de Pizá Hermanos por ser el más corto y conve-niente medio de entrada y salida, pero no solicitan que Pizá Hermanos sea hecha parte en la acción. Hubo cierta prueba para mostrar que la distancia desde la propiedad de la de-mandante a cierto camino público por la otra vía sugerida era algo más corta que la del. camino que va por la finca de los demandados pero no hubo prueba en cnanto a la dis-tancia desde el punto de intersección del otro alegado camino con tal camino publico que conduce al pueblo, ni en cnanto a la. conveniencia relativa de los dos caminos en conjunto, incluyendo tales trechos indeterminados de camino público a la luz de las necesidades de la finca perteneciente a la de-mandante. TOn el reciente caso de Nin v. Rucalleda et al., resuelto en junio 1 de 1920, (pág. 5421, se discuten-los principios que regulan tales cuestiones.

Hit el presente caso no hay nada que si quiera demuestre si el terreno ocupado por la servidumbre que se alega de acuerdo con el artículo' 548 es un sitio adecuado para el esta-blecimiento de nn derecho de paso, de conformidad con el artículo. 571. La demandante, según parece, como alegación jurisdiccional, indudablemente refiriéndose a la servidumbre que trata de establecer de acuerdo con las prescripciones del artículo 548, alega que tiene un valor mayor de $1,000. Uno de los demandados dice “que no vendería” los terrenos po-seídos por su esposa, la otra demandada, o por la sociedad conyugal, a $400 la cuerda. Ninguna de estas manifesta-ciones tuvo la intención de sugerir una estimación adecuada de los daños y perjuicios y apenas sería justo para ninguna de las partes proceder a determinar una compensación par-tiendo de tal base.

Resulta pues que aunque tanto la demandante como los de-mandados, así como la corte inferior lian procedido en gran parte basados en la teoría de que hay dos causas de acción en-vueltas sin embargo, solamente una de éstas fué desarrollada debidamente en el juicio y los autos no revelan base muy satis-factoria para la resolución final de la otra por esta corte sobre sus méritos.

La sentencia apelada en tanto se refiere a la alegada se-gunda causa de acción debe ser revocada y el caso devuelto para ulteriores procedimientos que no sean incompatibles con esta opinión, y confirmada en todos los demás particu-lares.

Revocada la sentencia apelada en cuanto a la llamada segunda, causa de acción, devolvién-dose el caso para ulteriores procedimien-tos y confirmada en los demás particulares.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Betancourt, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ag’uadilla en un procedimiento sobre quo warranto.

    No. 2155.
    Resuelto en julio 30, 1920.
    Quo Warranto — Parte Demandante en el Procedimiento. — El procedimiento del quo warranto solamente puede ser instado en Puerto Rico por el Riscal General o por un fiscal de distrito, ya obrando por propia iniciativa o a peti-ción de alguien que tiene algún interés en la cuestión que se ventila además del que pueda tener un mero ciudadano a diferencia de un ciudadano y con-tribuyente.
    Los liecbos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. M. A. García y J. B. Euyke.

    Abogados del apelado: Sres. B. Esteves y M. Guerra.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El Fiscal General a petición de José O. Rivera, quere-liante, instituyó este procedimiento para que el demandado fuera destituido de su cargo de miembro del Concejo Municipal de San Sebastián. Al comenzar el juicio el deman-dado mediante moción a la cual acompañó de prueba docu-mental para sostener-la proposición de que no siendo ni ha-' hiendo sido jamás Rivera contribuyente no tenía verdadero interés en la acción envuelta, impugnó el derecho del quere-llante a seguir adelante con este procedimiento.

lista moción fué declarada sin lugar por la corte de dis-trito basándose en la teoría de que “cualquier residente de San Sebastián, mayor de edad, podía actuar como querellante por ser la cuestión de interés público,” y el demandado tomó excepción.

De los siete errores que han sido alegados solamente con-sideraremos el segundo el cual se refiere a la cuestión que fué de tal modo promovida en la corte inferior.

La sección 2 de una ley estableciendo los procedimientos del quo warranto, aprobada en Io. de marzo ele 1902, proscribe que :

“Cuando alguna persona usurpare o ilegalmente ejerciere o des-empeñare funciones de algún cargo público * '* * el Fiscal General ' o cualquier fiscal de' las respectivas cortes de distrito, ya obrando por su propia iniciativa, ya a instancia de otra persona, podrá presentar a la corte de distrito que tenga jurisdicción en el asunto, una petición de que se le admita una solicitud de que se abra una información de la naturaleza del quo ivarranto, a nombre de El Pueblo de Puerto Rico, y si a juicio de dicha corte resultare que existe probable fundamento para instruir las diligencias del caso podrá ella acceder a la petición y ordenar que se admita la in-formación y se expida el nombramiento.”

En el tomo 32 de Cyc., página 1442, al discutirse la cues-tión de personas particulares como partes en procedimientos de esta naturaleza, después de hacerse referencia al estatuto 9 Ann. Capt. 20, se dice lo siguiente:

“Asimismo los estatutos en muchos de los Estados permiten que se establezcan procedimientos de la naturaleza del quo warrwnto a moción de personas cuyos intereses privados están envueltos. En estos casos el Fiscal General u otro funcionario público debe esta-blecer a su nombre los procedimientos; pero si se negare a hacerlo o a permitir que se use su nombre, la persona interesada puede pro-ceder independientemente por su propia cuenta. Ya que el estatuto lo prescriba o no expresamente es esencial que una persona particular que solicita un quo ivarranlo deberá demostrar el interés que tiene en la materia objeto del procedimiento, y si existe tal 'interés o no es cuestión que la corte habrá de resolver al hacerse la solici-tud interesando la expedición del auto. En un procedimiento contra una persona que actuaba como alcalde se resolvió, que constituía interés suficiente el hecho de ser el promovente propietario, resi-dente, y elector de una ciudad o que dicho promovente era mera-mente un ciudadano.”

Para sostener la proposición de qne la mera ciudadanía constituye interés suficiente solamente se han citado dos casos, a saber: el de State v. Kohnke, 109 La. 838, y Crovat v. Mason, 101 Ga. 246.

Ln el caso de Louisiana el tribunal dijo lo siguiente:

“El único interés que alega el promovente es el interés que tiene en unión de todos los demás residentes contribuyentes de la ciudad de New Orleans cuya propiedad ha sido tasada a los efectos de la contribución de alcantarillado y acueducto, de cuyos dineros dicha junta tiene la administración. Se funda él en los derechos que tiene como residente y contribuyente y también en el derecho que tiene por virtud de un contrato que reclama como resultado de los pro-cedimientos que dieron por resultado la imposición de dicha con-tribución por alcantarillado y acueducto.”

La corte en su opinión combatía la doctrina del caso State v. Mason, 24 La. Annual 505, y Voisin v. Leche, 23 La. Annual 25, en los que la misma corte había resuelto que “nadie sino la persona que pretendía tener derecho a un cargo de-bía permitírsele impugnar el derecho de la persona que de-sempeñaba ese cargo.” Se deduce pues, que lo que se dijo en cuanto al interés de “cualquier ciudadano ele la munici-palidad” a diferencia de un ciudadano y contribuyente puede considerarse como una cuestión incidental (dictum) aunque la opinión cita y discute casi todas las “autoridades” que pueden encontrarse en apoyo del extremado criterio que ha sido adoptado argueñdo por la corte. Que ese miembro en particular del tribunal, Breaux, J., estuvo conforme con la sentencia solamente es asimismo significativo.

En el caso de Georgia consta del informe oficial que Orovatt presentó su petición solicitando permiso para radi-caría como una información de la naturaleza del quo ivarranto alegando que de acuerdo con la ley él era el alcalde de la ciudad de Brunswick, debidamente elegido y que Mason se encontraba en posesión del caigo ilegalmente. Oída la peti-ción fué denegada la súplica, y Crovatt tomó excepción.

- En la opinión la corte dice lo siguiente:

“Una solicitud interesando permiso para radicar una informa-ción de la naturaleza del auto del quo ivarranto para que se inves-tigue sobre el derecho que tiene una persona que desempeña los deberes del cargo de alcalde de una ciudad será concedida a ins-tancia de alguna persona que reclame dicho cargo o que esté inte-resada en él.' Código • Civil, Sección 4878. Cuando la solicitud se funda en el derecho que tiene el promovente al cargo, deberá demos-trarse que tal derecho se alega bona fide y si se alegan los hechos sobre los cuales el peticionario basa su reclamación, de modo que la cuestión que se presenta es de derecho, la corte en el ejercicio de su criterio considerará el efecto legal de la reclamación como se ha hecho y concederá o denegará el permiso para presentar la informa-ción. * * * En el caso de Devis v. City Council, 90 Ga. 817, 17 S. E. 110, este Tribunal resolvió en resumen que .un candidato derrotado tiene tal interés en el cargo, aunque no lo alegue, que podría disputar el resultado de,la elección y proceder a anular la elección y a que se declare vacante el cargo. * * * Pero el pro-movente alega también en su solicitud que es un ciudadano del es-tado de Georgia, del condado de Glynn y de la ciudad de Brunkswiek en dicha solicitud y que como tal ciudadano tiene interés y derecho a todos los privilegios que tiene un ciudadano en la elección de los funcionarios para dicha ciudad y en el cargo de alcalde de la re-ferida ciudad.” El interés que tiene una persona que es un ciuda-dano y contribuyente en la debida administración de los asuntos públicos le dan derecho a sostener el procedimiento. Churchill v. Walker, 68 Ga. 681; Com. v. Meeser, 44 Pa. St. 341; State v. Martín, 46 Conn. 479; State v. Vail, 53 Mo. 97; Richards v. Hammer, 42 N. J. Law 53.

En el tomo 22 R. O. L., pág. 692, § 25, encontramos la siguiente cita:

“En la interpretación de los yarios estatutos existe en ellos la tendencia manifiesta por parte de las cortes a restringir el uso del auto a personas que tienen interés en el cargo que se discute en los procedimientos. Esto es así aunque bajo los amplios términos del estatuto de Ann. y con pocas excepciones es también cierto res-pecto a las interpretaciones judiciales de los diferentes estatutos americanos.. Sin embargo gran diferencia se nota al determinar el grado de interés que es necesario para sostener los procedimientos, debido no solamente a una diferencia en. la fraseología de los esta-tutos, sino también a una diferencia en la actitud judicial. Cuando se trata del derecho a un cargo público hay muchos casos que sos-tienen la regla de que cualquier ciudadano y contribuyente tiene tal interés en la debida administración de los asuntos públicos que le dan derecho a sostener procedimientos de quo warranto para ha-cer destituir del cargo a una persona que ilegalmente usurpare las funciones de dicho cargo. Hay, sin embargo, muchos casos en que se sostiene, que el quo warranto no puede ser sostenido a instancia de un ciudadano y contribuyente que no tiene interés en el cargo público en cuestión distinta al que tienen otros ciudadanos'y contri-buyentes. Una discusión luminosa sobre esta materia puede encon-trarse en las decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos al interpretar un estatuto que disioonía el establecimiento de proce-dimientos de quo warranto por usurpación, primero, por el attorney general o el 'fiscal del distrito a moción propia, o a solicitud de una tercera persona, con permiso de la corte, y segundo, que al negarse el fiscal general y el de distrito después de ser requerido por una persona interesada, tal persona podría acudir a la corte en solicitud de. permiso para proceder. La conclusión a que llegó la corte fué que el interés que ha. de justificar tal procedimiento por parte de una persona particular debe ser mayor que el de ser un contribu-yente. Debe ser un interés en el cargo mismo y peculiar al pro-movente. ’ ’

En Ann. Cas. 1913 O. 909 nota al caso Slavin v. McGuire, se dijo lo siguiente:

“Un ciudadano particular y contribuyente indudablemente está interesado en los deberes que se requieren de los funcionarios pú-blicos autorizados para fijar contribuciones o emplear el producto de la tasación y tiene derecho a sostener procedimientos de quo ivarranto en un asunto de interés público en el cual tiene él un in-terés especial por ser contribuyente de los fondos públicos.”

Y en la nota al caso de Mechan v. Bachelder, 6 Ann. Cas. 463, se dice lo siguiente:

“El estatuto 9 Ann. permitía que fuera establecida una infor-mación de la naturaleza del quo warranto con permiso de la corte a instancia de cualquier persona que desee establecer dicho procedi-miento contra cualquier persona que usurpaba o se inmiscuía o ile-galmente tenía cualquier franquicia o cargo en una ciudad, subur-bio o pueblo. 3 Bl. Com. 264. State v. Ashley, 1, Ark. 279; State v. Stewart, 6 Houst. (Del.) 373; State v. Utter, 14 N. J. L. 87; State v. Elliott, 13 Utah 200, 44 Pac. Rep. 248. Se ha dicho que la -aplica-ción de este estatuto está limitada a casos en los cuales el público en general no está interesado. Com. v. Lexington, etc., Turnpike Road Co., 6 B. Mon. (Ky.) 397. Y bajo los estatutos de estados que permi-ten la radicación de una información de la naturaleza del quo warranto por una persona particular para probar su derecho a un cargo pú-blico, la regla general es que un individuo no puede sostener el procedimiento a menos que tenga un interés en el cargo que se alega está ocupado ilegalmente. * * *
‘'De acuerdo con el estatuto de Anne se verá que los cargos respecto a los cuales se permitía presentar una información por una persona particular eran los cargos de corporaciones municipales. Los estatutos de los Estados Unidos que confieren a individuos par-ticulares el -derecho a presentar la solicitud, generalmente limitan el derecho a personas que tienen o alegan tener un interés en el cargo ocupado ilegalmente y bajo estos estatutos así como bajo el estatuto de Anne, se ha resuelto generalmente que un ciudadano y contribu-yente de una corporación municipal tiene tal interés en un cargo municipal que lo autoriza a presentar la solicitud para averiguar el derecho que 'tiene el que lo desempeña. * * *
“Por otra parte se ha negado que un mero ciudadano y contri-buyente tenga tal interés en un cargo municipal que lo autorice a establecer procedimientos de quo warranto para destituir a la persona que desempeña dicho cargo ilegalmente.” Yéase también la nota al caso de State v. Taylor, 13 Ann. Cas. 1063.

En la nota al caso de State v. Nokle, 125 Am. St. Rep. 637, el editor sin discutir los motivos que sirven de base a la corriente general de las opiniones de los tribunales, se inclina al parecer a opinar que la ciudadanía sola sería su-ficiente :

“Aunque así ocurrió en los casos citados que el promoverite era ciudadano y contribuyente, no remos razón por la cual deba ser ambas cosas. El interés en ios asuntos gubernamentales no está res-tringido en manera alguna a los ciudadanos o contribuyentes. Sin duda, el dejar de pagar contribuciones no priva a un ciudadano de su derecho a ser protegido por las Cortes. . Ni por lo general se niega a los contribuyentes dicha protección porque no sean ciudadanos. Asumimos, aunque no .sabemos de ningún caso en que así se re-suelva, que el derecho del solicitante puede completarse, en muchos casos, .si es un ciudadano aunque no un contribuyente y quizás en algún caso si es contribuyente aunque no un ciudadano. Pero la regla que está sostenida por los anteriores casos en manera alguna es de aplicación general. Hay muchos casos en los que se sostiene que el quo warranto contra el usurpador de un cargo público no puede Ser sostenido a instancia de ciudadano y contribuyente que no tiene un interés distinto del que tienen las demás personas del público en general; State v. Reardon, 161 Ind. 219, 68 R. I. 169; Hudson v. Conclin, 77 Kan. 764, 93 Pac. 585; King v. Kohne, 27 Ky. Law Rep. 1080, 87 S. W. 807; Barnum v. Gilman, 27 Minn. 466, 28 Am. R. 104, 8 N. W. 875, State v. Stein, 13 Neb. 529, 14 N. W. 481; State v. Taylor, 50 Ohio St. 120, 38 N. E. 24; Commonwealth v. Cluley, 56 Pa. 270, 94 Am. Dec. 75; Ney v. Whitely, 26 R. I. 464, 59 Atl. 400; Mills v. State, 2 Wash. 566, 27 Pac. 560, State v. Mathers, 44 W. Va. 372, 29 S. E. 994. En todos estos ca-sos se insiste en. que los modernos estatutos que confieren á “cual-quier persona o personas el derecho a sostener una acción de quo warranto se refieren únicamente a aquellas personas que tengan algún interés especial o que hayan recibido algún perjuicio personal. Tal vez la falta de uniformidad en los estatutos de los diferentes Estados que regulan los procedimientos de quo ivarranto pueda explicar en parte el conflicto irreconciliable que al parecer hay en las opiniones de las cortes en cuaiito al derecho que tiene un ciudadano y contri-bujrente que no tiene más interés que el que tienen las demás per-sonas del público a sostener un quo warranto para desposeer al que desempeña un cargo público ilegalmente; pero las opiniones contra-rias se basan al parecer principalmente en la flexibilidad de el cri-terio de las diferentes cortes.”

El lenguaje empleado por la Corte Suprema de Idaho en el caso de Toncray v. Budge, 14 Idaho, 821, a menudo se cita como una exposición correcta de la razón que hay para la'interpretación estricta que generalmente lian dado las cor-tes a los estatutos como el que aliora consideramos. En ese caso el tribunal dijo lo siguiente:

“Permitir a cualquiera o a todo ciudadano que inicie una acción contra cualquier funcionario público para privarle de un cargo en cualquier momento que lo crea conveniente ya sea por venganza particular y personal o en bien del público sería sumamente desastroso, peligroso y perjudicial al servicio público. En algunas comunida-des y bajo ciertas condiciones daría por resultado que un funcio-nario público estaría ocupado la mayor parte de su tiempo defen-diendo su derecho al cargo en vez de estar atendiendo las funciones del mismo. Este remedio fué establecido para benefició y protec-ción del público en su capacidad gubernamfental y soberana y para beneficio de la comunidad en general más bien que para complacer, satisfacer o proteger a algún individuo •-en particular que no sea aquel que tiene derecho al cargo.”

Para los fines de esta opinión puede admitirse que un contribuyente y ciudadano tiene el interés necesario. En tanto se trate del derecho que tiene un mero ciudadano a dife-rencia de un contribuyente, el razonamiento de la Corte Su-prema de los Estados Unidos en el caso de Newman v. Frizzell, 237 U. S. 537, bastaría para cambiar la balanza en esta jurisdicción si hubiese alguna duda respecto a la forma en que ha de ser resuelta la cuestión.

Aunque la opinión en ese caso interpreta un estatuto que se dice que establece una distinción entre “una persona inte-resada,” y una tercera persona a que se hace referencia en dicha ley, la decisión se basa en fundamentos más amplios como se indica en la siguiente cita:

“Núm. 5. En un sentido, en un sentido muy importante, todo ciudadano, y contribuyente tiene interés en la aplicación de la ley, en la administración de la ley y en que solamente los debidos fun-cionarios cumplan con la ley. Pero ese interés general no es un interés privado sino público. Siendo así ha de estar representado por el Fiscal General o el fiscal del distrito, de quienes se espera que por sí o aquellos a quienes representan que instituyan procedi-mientos de quo warranto contra los usurpadores en la misma forma que se espera que instituyan procedimientos contra cualquier otro infractor de la ley. Ese interés público general no es suficiente para autorizar a un ciudadano particular a iniciar tales procedi-mientos, pues si lo fuera entonces todo ciudadano y todo contribu-yente tendría el mismo interés y el mismo derecho a instituir tales procedimientos y un funcionario público estaría desde el principio hasta el fin de su término perseguido con procedimientos para pro-bar su derecho al cargo.”
“Núm. 6. Como se ha indicado en la opinión cuidadosamente emi-tida por la mayoría de la Corte de Apelaciones del distrito, hay gran conflicto en cuanto a la significación de la frase ‘persona inte-resada,’ en esta clase de casos. A primera vista el conflicto parece irreconciliable, pero al examinarse se verá que la diferencia a me-nudo se debe a una diferencia en la política pública y a los esta-tutos de los respectivos estados. En algunos el auto se expide sola-mente a instancia de los funcionarios jurídicos del gobierno; en otros a instancia de una persona que reclama el cargo; en otros a peti-ción de una persona que reclama el cargo o que esté interesada en él; en otros a solicitud de una persona interesada. En otros a pe-tición de cualquier persona que pueda adquirir el consentimiento de la corte; y en cinco o seis otros la legislatura ha abierto las puer-tas y permitido a cualquier persona que deseo hacerlo utilizar el auto. Esto es verdad en cuanto a las leyes que sirven de funda-mento a algunas de las decisiones citadas por el promovente Frizzell.
“Por ejemplo, los casos ingleses se basan en el estatuto noveno Ann., capítulo 20, el cual por sus términos se refería a las acciones contra aquellos, que ilegalmente desempeñan un cargo en las ciu-dades, pueblos y suburbios. Autorizaba expresamente a las cortes permitir informaciones de la naturaleza del quo ivarranto a instan-eia ele cualquier persona * * * que desease establecer o seguir adelante diclio procedimiento. Algunas de las decisiones citadas pro-ceden de estados en los cuales el estatuto prescribe que los proce-dimientos pueden iniciarse a instancia de ‘cualquier persona que desee presentarlos;’ ‘a virtud de querella de cualquier persona particular;’ ‘mediante instancia de cualquier persona que desee esta-blecer o seguir adelante los procedimientos.’ Pero son tantas y tan fundadas las razones en contra de que se permita a personas parti-culares promover cuestiones en cuanto al derecho de la persona que desempeña el cargo público que aún en aquellos estados que permi-ten, ‘a cualquier persona, instituir procedimientos de quo warranlo, las cortes siempre ban exigido al promovente que pruebe que era un ciudadano y contribuyente.’ ”

La sentencia apelada debe ser revocada.

Declarada sin lugar la demanda y revocada la sentencia ajelada, condenando al deman-dante al pago de las costas y honorarios de abogado, que se fijaron en $100.

' Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Jutüz Asociado Se. Wolf,

text:
    Pabón, Demandante y Apelante, v. Pagán et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagíiez en pleito sobre otorgamiento de escritura de venta.
    No. 2200.
    Resuelto en julio 30, 1920.
    Desestimación de Apelación — Señalamiento de Errores — Alegato Incom-pleto. — -Guando el alegato del apelante no contiene el señalamiento de errores que disponen las reglas 42 y 43 del Reglamento del Tribunal Supremo, pro-cede la desestimación del recurso.
    Id.- — Discreción del Tribunal Supremo — Errores Fundamentales. — Aunque el Tribunal Supremo tiene discreción para considerar y resolver sobre cualquier error fundamental aunque no baya sido señalado por el apelante, no está obli-gado a escudriñar minuciosamente una demanda en que los beebos no guar-dan íntimo enlace y un alegato incompleto, para bailar tal error fundamental.

      Demanda bok Abodeeado — Capacidad del Apoderado' — -Causa de Acción— Quaere. — Si es suficiente la alegación contenida en una demanda de que el demandante es un apoderado, para que pueda establecer una acción; y si tal apoderado tendría una causa de acción a su propio nombre.
    Los liechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. E. L. Acosta y L. Llorens.

    Abogados de los apelados: Sres. Feliú & Alemañy.

   El Jutüz Asociado Se. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Esta acción se originó en la Corte Municipal de San Ger-mán y tenía por objeto (1) el'otorgamiento de una escritura de venta de terrenos; (2) la nulidad de una alegada venta simulada de terreno y su inscripción; (3) la nulidad de una hipoteca y su inscripción. La acción fue establecida por una persona que alegaba ser apoderada de otra, pero sin que se transcribiera en la demanda el poder o las palabras esen-ciales del mismo que establecen la capacidad de dicho deman-dante. Los demandados formularon excepción previa a la demanda mientras el caso estaba pendiente en la corte municipal. Interpuesta apelación a la corte de distrito dicha corte dictó sentencia a favor de los demandados a virtud de dicha excepción previa.

La apelación debe ser desestimada por no haberse cum-plido con las reglas 42 y 43 del reglamento de este tribunal. En el alegato no hay señalamientos de error. Hemos consi-derado estas reglas en varios casos. Gordils v. Sucesión de Frontera, S. en C., et al., 21 D. P. R. 227; Méndez v. Martínez, 26 D. P. R. 96; Goble & Jiménez v. Truyol & Co., 26 D. P. R. 392, y Royal Bank of Cánada v. McCormick & Co. & Muñoz, 27 D. P. R. 414. Yéase también el tomo 3 de Corpus Juris, párrafo 1483, 1495 páginas 1143 y siguientes.

Tenemos, por supuesto, discreción si encontramos que ha habido error fundamental, pero no creemos estar obligados a escudriñar minuciosamente una demanda en que los hechos no guardan íntimo enlace y un alegato incompleto para ha-llar tal error fundamental. Además, como hemos visto, el poder no está ante nos, ni ninguna debida referencia en cuanto a su contenido y por tanto nos inclinamos a creer que el de-mandante no mostró ninguna causa de acción.

Todo lo que expresa dicha demanda es que el apelante es el apoderado, lo cual parece ser una conclusión legal. Una persona puede ser un apoderado para varios fines y no estar, sin embargo, autorizada para establecer una acción en sus-titución de otra persona. Un defecto como éste no afecta a la incapacidad de las partes sino al fundamento de la acción. 31 Cyc. 296.

Tenemos asimismo alguna duda respecto a si rm apode-rado tendría una causa de acción & su propio nombre, pero no necesitamos resolver específicamente la cuestión.

Debe desestimarse la apelación.

Desestimado el recurso.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison firmó: “Conforme con la sentencia. ’ ’


author: El Juez PeesideNte Se. HeeNÁNdez,

text:
    W. T. Woodbridge & Co., Demandante y Apelada, v. Díaz, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre cobro de honorarios.
    No. 2163.
    Resuelto en julio 30, 1920.
    Arrendamiento de Servicios 'Profesionales — -Precio Razonable de dos Servi-cios — Alegación Suficiente — Especificación de Particulares. — Una de-manda en cobro de servicios profesionales en la cual no se alega que el pre-cio fuera preconvenido pero en la cual el demandante fijó el importe de sus servicios profesionales en cierta suma con especificación de partidas, cuya suma alegó que le era debida, no es fatalmente defectuosa porque no exprese que lo reclamado es el valor razonable de los servicios, pues de no ser razo-nable no le sería debido. Si el precio no era razonable el demandado pudo alegarlo como materia de defensa, y también pudo pedir mayor especificación de las partidas de la cuenta.
    Id. — Sentencia en Rebeldía — Contrato Sobre Pago de Dinero. — En el presente caso en el cual se impugna la sentencia dietada en rebeldía por el secretario por no haberse practicado prueba sobre la cuenta en consonancia con el nú-mero 2o. del artículo 194 del Código de Enjuiciamiento Civil, no es de apli-cación el precepto invocado, sino el contenido en el No. Io. de dicho artículo, por tratarse de reclamación de dinero originada por un contrato de arrenda-miento de servicios profesionales que no dejó de ser contrato porque no hu-biera preeio convenido.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. L. Llorens Torres.

    Abogados de la apelada: Sres. Huyhe & Quiñones y G. V. ürrutia.

   El Juez PeesideNte Se. HeeNÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

h Con fecha 28 de noviembre de 1918 la sociedad profe-sional “W, T. Woodbridge & Company” presentó demanda ante la Corte de- Distrito de San Juan, Sección Primera, contra José Agustín Díaz, reclamándole la suma de $798.53 en ■concepto de honorarios por servicios profesionales que le ha-bía prestado. El demandado compareció y excepcionó la de-manda por la razón de no aducir hechos suficientes para de-terminar una causa de acción. La corte desestimó dicha ex-cepción previa y concedió diez días al demandado para con-testar. El demandado no contestó, y entonces el secretario de dicha corte, a instancia de la demandante, anotó la rebel-día del demandado y registró contra este en 18 de noviem-bre de 1919 una sentencia a favor ele la demandante por la cantidad reclamada y las costas. Esa sentencia ha sido ape-lada por el demandado, quien alega como primer motivo del recurso que la corte cometió error al desestimar la excepción previa, pues si bien en la demanda se consigna que la de-mandante es una sociedad profesional, no se expresa qué clase do profesión ejerce, y en cuanto a los servicios cuyo pago se reclama, si no son profesionales falta la alegación del preeio que es esencial al contrato de arrendamiento de servicios según el artículo 1447 del Código Civil, y si son profesionales falta la alegación del valor razonable de ellos, que exige el artículo 1486 del mismo código, según quedó enmendado por la ley de 24 de febrero de 1906.

La demanda enmendada dice textualmente así:

“Trímero: Qne la demandante es una sociedad profesional de-bidamente constituida, con oficinas en San Juan, y el demandado es mayor de edad, propietario y vecino de Humaeao.
“Segundo: Que la sociedad demandante ba prestado a don José Agustín Díaz servicios profesionales rendidos en un examen de la contabilidad y papeles de la ‘Arkadia Sugar Co.,’ y la contabilidad y papeles de la sociedad ‘Díaz y Aboy,’ tocante a varias operaciones de los años 1911 a 1916, inclusives; y varias consultas con los se-ñores Díaz, Aboy y Acuña y la preparación de varios extractos de cuentas, notas, etcétera, según lo pedido por el señor Díaz.
“Tercero: Que la sociedad demandante al prestar estos servicios profesionales ha invertido un crecido número de días, que con los honorarios correspondientes a ellos se especifican así:
“Diez y siete días y medio, que a veinticinco dollars por día hacen cuatrocientos treinta y siete dollars cincuenta centavos. Este tiempo fué invertido por el señor "Wbodbridge y contadores peritos. Y veintitrés días y medio a quince dollars por día hacen trescientos cincuenta y dos dollars cincuenta centavos: Tiempo invertido por contadores ayudantes. Tiempo de taquígrafa: ocho horas a un dollar la hora, hacen ocho dollars; más un telefonema en agosto diez y seis del corriente que costó cincuenta y tres centavos. Que estas cantidades hacen un total de setecientos noventa y ocho dollars y cincuenta y tres centavos, que el demandado adeuda a la sociedad demandante.
“Cuarta: Que la sociedad demandante ha requerido al deudor demandado para que le pague esta suma de setecientos noventa y ocho dollars y cincuenta y tres centavos, que el demandado no ha pagado ni en todo ni en parte, a pesar de los requerimientos hechos.
“Por lo cual, la demandante a la honorable corte suplica: Que en su día y previos los trámites, de ley dicte sentencia condenando al demandado a pagar a la sociedad demandante, por concepto de honorarios profesionales, la suma de setecientos noventa y ocho dollars cincuenta y tres centavos, más las costas, gastos y honora-rios de abogados originados por este procedimiento.”

Las alegaciones transcritas, que debemos aceptar como ciertas para los efectos de la excepción previa alegada, mues-tran que la demandante es una sociedad profesional que prestó servicios profesionales de contabilidad al demandado sin precio cierto convenido, pero cuyos servicios según la espe-cificación que de ellos se hace en la demanda montan o valen $798.53 que el demandado adeuda a la sociedad demandante. Tratándose como se trata de servicios profesionales no era necesario que fuera convenido el precio cierto de ellos pues el artículo I486 del Código Civil, según quedó enmendado por la ley de 24 de febrero de 1906, y que es el aplicable al caso, establece que “en cuanto a los servicios profesionales, se estará, para la remuneración de los mismos, a lo convenido entre las partes; y cuándo no hubiere convenio y surgieren diferencias, la parte con derecho a la remuneración podrá redamar y obtener en juicio de la otra parte, ante cualquier corte de jurisdicción competente, el importe razonable de dichos servicios.” Como se vé, a falta de convenio la remu-.neración de los servicios profesionales consistirá en el im-porte razonable de los mismos. La demandante fijó el im-porte de sus servicios profesionales en la suma de $798.53 con especificación de partidas, y en su alegación de que el demandado le adeudaba esa suma está comprendida la de que era razonable, pues de no ser razonable no le era debida. Al considerar una alegación para determinar sus efectos, deberá interpretarse con liberalidad a fin de asegurar abso-luta justicia entre las partes. Artículo 122 del Código de Enjuiciamiento Civil. T de todos modos, según el artículo 142 “en cualquier estado de un pleito la corte no tomará en cuenta algún error o defecto en las alegaciones o proce-dimientos que no afecten a lo esencial de los derechos de las partes, y no se revocará o invalidará ningún fallo por razón de dicho error o defecto.”

La alegación de que el precio reclamado por los servicios no era razonable, podía ser materia de defensa por parte del demandado, el cual también pudo pedir si lo creía necesario, mayor especificación de las partidas de la cuenta de hono-rarios, ejercitando el derecho que le reconoce el artículo 124-del código citado.

Las alegaciones de la demanda son bastantes para deter-minar una cansa de acción.

Otro error invoca el apelante para sostener el recurso, y consiste en haberse dictado sentencia en rebeldía en contra de lo dispuesto en el artículo 192, (debe ser 194), párrafo 2°., del Código de Enjuiciamiento Civil, preceptivo de que “si la rendición de una cuenta o la prueba de algún hecho fuere necesaria para fundamentar el fallo de la corte, o dar cumplimiento al mismo, la corte podrá admitir la cuenta, u oir ]a prueba, o a su discreción, disponer el informe previo de peritos. * * * ” No es el número 2o. del artículo 194 del Código de Enjuiciamiento Civil el que gobierna el pro-nunciamiento de la sentencia en el presente caso, sino el No. 1 del mismo artículo, por tratarse de la reclamación de dinero originada por un contrato de arrendamiento de servi-cios que no dejó de ser contrato porque no hubiera precio convenido. •

La sentencia fue dictada dentro de la facultad que concede la ley al secretario de una corte de distrito, contra cuyo ejercicio por el Secretario de la Corte de Distrito do San Juan no ha hecho el apelante impugnación alguna.

Es de confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres..Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Presidente Se. Hernández,

text:
    Antongiorgi, Demandante, Apelante y Apelada, v. Antongiorgi et al., Demandadas, Apeladas y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre nulidad de transacción y otros extremos.
    No. 2139.
    Resuelto en julio 30, 1920.
    Transacción Nula — Filiación y Petición de Herencia — Causa Ilícita. — La transacción de un pleito de filiación aprobada por la corte en virtud de la cual la demandada entregó a la menor demandante cierta suma de dinero obligándose ésta por medio de su representante legal a dar por terminada su reclamación, es nula por afectar al estado civil de la demandante, sobre el cual no se puede transigir; y no puede sostenerse que sería válida en-cuanto a la petición de herencia, pués dicha transacción no contiene varias estipula-ciones independientes entre sí, sino que es un todo indivisible. Cuando un contrato contiene varias estipulaciones que sean independientes, valdrán las que tuvieren causa lícita y en caso contrario no valdrá ninguna por la rela-ción que las subordine mutuamente. v .
    Id. — Restitución del Precio Recibido por el MenÓr Incapaz — Enriquecimiento , del Menor — Colación.—Siendo menor la demandante cuando pactó, repre-sentada por su madre natural, la transacción sobre filiación que se declaró nula, es errónea la sentencia que al declarar con lugar su demanda de reco-nocimiento de hija natural ordena se colacione en la parte de su herencia, el precio recibido por virtud de la transacción, no habiendo probado la deman-dada que la menor se enriqueciera con dicho precio.

      Id. — Filiación—Herencia.—El hijo natural tiene derecho a la herencia de su padre desde el momento de la muerte de éste y a esa fecha deben retrotraerse los efectos de la sentencia otorgándole el reconocimiento.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados de los demandados apelantes: Fres. López de Lord, Zayas Piza-rro y A. F. Castro.

    Abogado de la demandante apelante: Sr. E. Flores Colón.

   El Juez Presidente Se. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

José Francisco Acosta, conocido por Francisco Anton-giorgi, y Ramona Montalvo y Martínez, representando a sn hija menor María Luciana Montalvo, conocida por Luz Ma-ría Antongiorgi, presentaron una demanda ante la Corte de Distrito de Ponce en mayo 19, 1909, contra María Eugenia Micaela Antongiorgi'y Olivieri, como heredera de Pedro Juan Antongiorgi y Paoli, en reclamación de herencia, bajo la ale-gación de ser hijos naturales reconocidos de Pedro Juan An-tongiorgi y Paoli.

A la anterior demanda opuso la demandada entre otras excepciones la de indebida acumulación de acciones, habiendo quedado después en el pleito como única parte demandante Luz María Antongiorgi, representada por su madre, la que radicó demanda enmendada en 9 de septiembre del mismo año, en la que alegando los hechos determinantes de su filia-ción como hija natural dé Pedro Juan Antongibrgi y Paoli, ya fallecido, suplicó se declarara por sentencia qne “la de-mandante María Lnciana Montalvo, conocida familiarmente por Lnz María Antongiorgi, es hija natural reconocida de don Pedro Jnan Antongiorgi y Paoli y en su consecnencia tiene derecho a llevar el apellido de éste, con las demás pres-cripciones qne establecen las leyes para los hijos naturales reconocidos.” Dicha demanda enmendada lleva por título “Acción de filiación.”

La demandada notificó a la demandante una oferta de transacción con la que la demandante estuvo conforme, y cuyo texto literal es el siguiente:

‘ ‘ Convenio. — La demandada María Eugenia Micaela Antongiorgi ■ y Olivieri, por su abogado don Nemesio R. Canales, propone a la demandante el siguiente convenio: 1. María Eugenia Micaela An-tongiorgi y Olivieri entregará a la menor demandante en este mismo día y en dinero efectivo la suma de $2,600. 2. Dicha menor de-mandante por medio de su representante dará por terminada su re-clamación, solicitando únicamente de la corte que se dicte sentencia por la corte por la suma ya expresada. 3. Las costas del pleito serán sin especial condenación de costas. — Ponce, P. R., septiembre 14, 1919. — (f) López de Tord & Canales, abogados de la demandada.”

En el mismo día dicha .proposición de convenio fué noti-ficada a la demandante, la que manifestó estar conforme por conducto de su abogado Gustavo Rodríguez, y en el propio día la demandante presentó dos mociones a la corte, una de ellas para que impartiera su aprobación a la transacción pro-puesta por la demandante, autorizando los términos y condi-ciones de la misma, y la otra para que dictara sentencia en el pleito que titulaba acción de filiación y reclamación de herencia, condenando a la demandada a que pague a la de-mandante la suma de $2,600, y que las costas sean sin especial condenación.

La corte dictó sentencia en la repetida fecha, 14 de sep-tiembre de 1909, por la que “imparte su autorización para que Ramona Montalvo y Martínez pueda a nombre de la menor María Luciana Montalvo, conocida por Luz María Antongiorgi, aceptar la transacción propuesta por el deman-dado y en su consecuencia se condena a la sucesión deman-dada a satisfacer a la demandante la suma' de $2,600, sin especial condenación de costas.”

Por escritura otorgada también en 14 de septiembre de 1909 Eamona Montalvo y Martínez en representación de su menor bija María Luciana Montalvo, otorgó a favor de María Eugenia Micaela Antongiorgi y Olivieri carta de pago de la suma de $2,600 que recibió la Montalvo a presencia del notario y de los dos testigos instrumentales, dando así por cumplida en todas sus partes y sin reserva de ningún género la sentencia dictada por la corte en el pleito que dijo babía entablado contra .María Eugenia Micaela Antongiorgi y Oli-vieri sobre reclamación de la porción hereditaria que corres-pondía a su menor hija por fallecimiento de Pedro Juan Antongiorgi y Paoli.

Los hechos expuestos han dado lugar a que la demandante Luz María Antongiorgi, en septiembre de 1917, ya mayor de edad y de estado casada, presentara, asistida de su esposo, Víctor R. Ortiz, demanda enmendada a la Corte de Distrito de Ponce en la que alegando la nulidad de la transacción de que se deja hecho mérito por haber versado sobre la filiación o estado civil de la demandante, en su carácter de hija natural reconocida de Pedro Juan Antongiorgi y Paoli, deter-minado por actos de éste, y su calidad de heredera en con-cepto de tal hija natural, suplica se dicte sentencia decla-rando nula y sin ningún valor la transacción llevada a cabo en el pleito seguido por Ramona Montalvo contra la deman-dada én el pleito de filiación, por no ser transigióle el estado civil; que es nula dicha transacción por no tener la corte ju-risdicción para aprobarla en la forma en que se aprobó; que declare a la demandante hija natural de Pedro Juan Anton-giorgi, con derecho a usar su apellido; que declare que la demandante tiene derecho a una tercera parte de los bienes muebles e inmuebles que quedaron al fallecimiento de Pedro Juan Antongiorgi; que se condene a la demandada a rendir cuenta do todos los frutos, productos y utilidades de los bie-nes de la herencia de Pedro Juan Antongiorgi, y que en todo caso se condene a la demandada en costas, gastos, desem-bolsos y honorarios de abogado.

Ija demandada contestó la demanda y suplicó se declarara ■sin lugar en todas sus partes condenando a la demandante en costas, gastos y desembolsos, incluyendo honorarios de abogado, y la corte dictó sentencia en 15 de mayo de 1.919 declarando nula la transacción llevada a cabo en el pleito seguido por Eamona Montalvo contra la demandada, sobre filiación; declarando a la demandante Luz María Antongiorgi hija natural reconocida de Pedro Juan Antongiorgi, con de-recho a usar su apellido y a recibir una tercera parte de los bienes muebles e inmuebles que quedaron al fallecimiento de Pedro Juan Antongiorgi, pero colacionándose en su he-rencia la suma de $2,600 recibidos por la madre de la de-mandante como consecuencia de la transacción celebrada en el- año 1909; y ordenando además a la demandada que en-tregue a la demandante la mencionada porción hereditaria, haciendo la colación indicada, todo sin especial condenación de costas, desembolsos y honorarios de abogado.

En la misma fecha de la sentencia, la demandante pre-sentó moción a la corte para que la modificara en el sentido de que es parte de la herencia la suma de $5,000 ya recibidos por la demandada como frutos y rentas y que ésta rinda cuentas de los frutos y productos de los bienes desde que se radicó la demanda.

La corte desestimó dicha moción por resolución de 3 de junio de 1919, por entender que el derecho de un hijo natural reconocido por sentencia en lo que respecta a su parti-cipación hereditaria, nace desde la fecha de la sentencia de filiación y no antes.

Contra la sentencia pronunciada en cuanto ordena se cola-cione lo recibido por la madre de la demandante y también contra la resolución denegatoria de modificación interpuso la demandante recurso de apelación para ante esta Corte Suprema, habiendo interpuesto igual recurso contra la sen-tencia la parte demandada.

Para el mejor orden en la resolución de las cuestiones legales propuestas, examinaremos primeramente el recurso de la parte demandada y después el de la demandante.

Funda únicamente su. recurso la demandada-apelante, en que la corte inferior incurrió en error al estimar que la tran-sacción habida en el pleito transigido versó sobre la filiación o estado civil de la demandante y al estimar nula dicha tran-sacción en cuanto a los derechos de la demandante sobre la herencia de su padre natural Pedro Juan Antongiorgi y Paoli. La demandada entiende que no hubo transacción so-bre la filiación o estado civil de la demandante, sino sobre los derechos de la misma en cuanto a la herencia de su padre natural.

Según el artículo 1711 del Código Civil, la transacción es un contrato por el cual las partes, dando, prometiendo' o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen término .al que había comenzado.

Ramona Montalvo, en representación de su entonces me-nor hija, Luz María Antongiorgi, inició en el año 1909 una demanda contra María Eugenia Micaela Antongiorgi y Oli-vieri, como heredera de Pedro Juan Antongiorgi, e induda-blemente la demandante y la demandada quisieron poner tér-mino a dicho pleito mediante transacción.

Para apreciar cual fuera la materia litigiosa transigida, debemos examinar las alegaciones de la demanda que originó dicho pleito. Esa demanda contiene únicamente seis alega-ciones. La alegación primera se contrae al nacimiento de la demandante en 10 de agosto de 1895 como consecuencia de la unión carnal entre Pedro Juan Antongiorgi y Ramona Montalvo. La alegación segunda a actos de reconocimiento del ■ padre. La tercera a que los padres de la menor no tenían impedimento para casarse. La alegación cuarta al fallecimiento del presunto padre natural. La alegación quinta a la negativa de la bija legítima del padre fallecido a reco-nocer a la demandante; y la alegación sexta a que la deman-dante se encuentra bajo la patria potestad de su madre natural. Tales alegaciones determinan una acción de filiación o más bien de reconocimiento de filiación con los derechos consiguientes a dicho reconocimiento, que son los especifi-cados en el artículo 195 del Código Civil según quedó enmen-dado por la ley de 9 de marzo de 1911, cuyo artículo reza así:

“Art. 195. — El hijo natural tiene derecho:
“1. A llevar el apellido del que lo reconoce.
“2. A recibir. alimentos del mismo.
“3. A percibir la porción hereditaria que determina este Código.'”

De modo que la acción ejercitada no puede estimarse ex-clusivamente de filiación, sino comprensiva además de los derechos expresados, siendo no solamente la filiación sino también esos derechos la materia del pleito, al que se pro-pusieron dar fin ambas partes demandante y demandada.

La misma naturaleza de la transacción según la define el Código Civil exige que la transacción de que se trata com-prendiera no solamente la acción de reconocimiento sino tam-bién los derechos accesorios que eran consecuencia necesaria del reconocimiento y por esa razón la transacción estipulada y aceptada por ambas partes afectaba no sólo a' la acción de reconocimiento sino también al derecho que con motivo del reconocimiento tuviera la demandante a la herencia de su padre natural. No hubo exclusivamente transacción sobre la acción de reconocimiento como pretende la representación de Luz María Antongiorgi ni tampoco transacción exclusiva sobre derechos hereditarios de Luz María Antongiorgi, como pretende la representación de María Eugenia Micaela Anton-giorgi y Olivieri, sino que la transacción abrazaba filiación y derechos hereditarios y todo lo demás necesario a la acción de filiación. Esa fue la intención de las partes claramente establecida en el convenio en el cual se estipuló que la menor demandante por medio de su representante legal daría por terminada su reclamación, solicitando únicamente de la corte que se dictara sentencia en contra de la demandada por la suma de $2,600. La reclamación no hubiera quedado ter-minada si la transacción hubiera afectado únicamente a los derechos hereditarios y po a su condición de hija natural.

La sentencia del juez con motivo del convenio guardó con-gruencia con éste, condenando a la demandada a pagar a la demandante la suma de $2,600 sin especial condenación de costas, y dicha sentencia quedó cumplida en todas sus partes mediante la carta ele pago otorgada por escritura de 14 de septiembre de 1909. T así lo entendieron las partes, dejando la demandante de practicar gestiones en el pleito y dejando la demandada de solicitar el clesestimiento de la demanda por abandono del caso. La transacción fué nula porque afec-taba. no sólo a los derechos hereditarios de la demandante con relación a su padre sino también a su filiación natural, y no se puede transigir sobre el estado civil de las personas, según el artículo 1715 del Código Civil.

T no cabe sostener, como pretende la parte demandada, que la transacción sería nula en cuanto a la filiación y'válida en cuanto a la petición de herencia, pues dicha transacción no contiene varias estipulaciones independientes entre sí sino que es única e indivisible; y, como dice Manresa, “si el con-trato tiene varias estipulaciones que sean independientes val-drán las que tuvieren causa lícita y en. caso contrario no valdrá ninguna por la relación que las subordine mutua-mente.” 8 Manresa 687, 2a. edición.

Pasemos ahora a examinar el recurso interpuesto por la parte demandante, cuya representación alega como motivos de su recurso los siguientes:

1°. Que la corte cometió error al declarar que se le impu-taran en la herencia de la demandante los $2,600 entregados a su madre como transacción del pleito llevada a cabo en el año de 1909 y que la Corte de Distrito de Ponce anuló por su sentencia dictada en el presente caso.

2o. Que la corte cometió error al declarar que el hijo natural tiene derecho en la herencia de su padre desde que la corte dicta sentencia reconociéndolo y no desde la muerte del causante.

Es de notar que la demandante-apelante en su escrito de asignación de errores sostiene el primer motivo del recurso por la razón de que la demandada en su contestación no soli-citó por contrademanda o reconvención o en ninguna otra forma remedio alguno ni pidió que se le devolvieran los $2,600 entregados' a la demandante, ni siquiera de la prueba apa-rece tal solicitud, entendiendo por tanto que la corte obró sin jurisdicción y sin poder para ello al conceder a la .deman-dante una cosa que ni se había alegado, ni pedido, ni pro-bado; pero posteriormente la misma demandante,, en contes-tación al alegato de la demandada, invoca el artículo 1271 del Código Civil, en virtud del cual sostiene la improcedencia de la colación ordenada, suplicando la confirmación de la sentencia apelada con modificación en el sentido de eliminar de ella lo relativo a la colación de los $2,600 y adicionándola con. el pronunciamiento de que la demandada deberá rendir cuenta de los bienes de la hex-encia de que .tomó posesión a la otra heredera hija natural desde el fallecimiento del cau-sante de ambas.

Entendemos que estando como estaba sometida a la juris-dicción de la corte la nulidad de la transacción, al decretar dicha nulidad tenía también jurisdicción para resolver sobre las consecuencias de la nulidad lo que procediera en derecho. Para regular esas consecuencias era de aplicación el artículo 1271 del Código Civil, que dice:

“Cuando la nulidad proceda de la incapacidad de uno de los contratantes no está obligado el incapaz a restituir sino en cuanto se enriqueció con la cosa o precio que recibiera.”

Luz María Antongiorgi era incapaz por su menor edad para contratar y por tanto no está obligada a restituir la snma recibida toda vez qne la parte demandada, a la qne incumbía la prueba, no ha justificado que la demandante- se enriqueciera con el precio de la transacción. Véanse nuestras decisiones en los casos de Monge v Zechini, 17 D. P. R. 769, y de Lorenzi v. Parra, de mayo 27, 1920, (pág. 509) con las sentencia del Tribunal Supremo de España de 22 de octubre de 1894, 21 de octubre de 1897 y 24 de junio de 1898.

Finalmente, los derechos hereditarios de Luz María An-tongiorgi se causaron desde la muerte de su difunto padre natural Pedro Juan Antongiorgi, pues según el artículo 625 del Código Civil los derecho's a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte y según el ar-tículo 669 los herederos suceden al difunto por el solo hecho de su muerte en todos sus derechos y obligaciones. De acuerdo con las anteriores disposiciones la declaratoria de hija natural reconocida de la demandante, hecha por la sentencia apelada, cuyo pronunciamiento no ha sido impugnado en el recurso, debe retrotraerse a la fecha del fallecimiento de su padre natural y por tanto el recurso de la parte demandante y apelante se sostiene por los dos motivos legales que le sir-ven de fundamento.

Por las razones expuestas procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la’ parte demandada y con lugar el interpuesto por la parte demandante, confir-mándose la sentencia apelada menos en cuanto ordena se colacione en la herencia de la demandante al entregársele su porción hereditaria la suma de $2,600 recibidos' por su madre natural como consecuencia de la transacción celebrada en el año 1909, pues en ese extremo debe revocarse, así como también debe revocarse la resolución apelada de 3 de junio de 1919 que denegó la rendición de cuentas a la demandante por la demandada, decretándose en su lugar que la deman-dada rendirá cuenta a Id demandante de los frutos y pro-ductos de los bienes hereditarios del común causante Pedro Juan Antongiorgi y Paoli, a contar desde el fallecimiento de éste.

Se declara sin lugar el recurso interpuesto por la parte demandada contra sentencia de mago 15, 1919 y con lugar el recurso de la demandante contra la. misma sentencia y la 'resolución de junio 3, 1919, confirmándose la sentencia en cuanto se refiere a la cola-ción etc., pues en esto se revoca, así como también la dicha resolución que denegó la. rendición de cuentas, disponiéndose en su lugar que ésta se lleve a. efecto.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, dePToro, A1-drey y Hutchison.