author: PER CURIAM:

text:
      In re Genaro Rodríguez Gerena, querellado.

      Número: CP-2009-0009

      Resuelto: 15 de marzo de 2016

      Zaira Z. Girón Anadón, subprocuradora general, y Minnie H. Rodríguez López, procuradora general auxiliar; Genaro Rodríguez Gerena, pro se.

   PER CURIAM:

I — i

El Ledo. Genaro Rodríguez Gerena fue admitido al ejer-cicio de la abogacía el 29 de diciembre de 1976 y al de la notaría el 20 de enero de 1977.

El 25 de mayo de 2004, la Sra. Alexandra García Ramí-rez (quejosa) presentó una queja contra el licenciado Rodrí-guez Gerena y el Ledo. Benito Gutiérrez Díaz, quien pos-teriormente falleció. En ésta señaló que, luego de comprarle una casa a su padre de crianza —el licenciado Gutiérrez Díaz — , a instancias de éste, ella se personó a la oficina del licenciado Rodríguez Gerena seis días des-pués para suscribir un documento que presuntamente pro-tegería la vivienda en caso de que a su esposo, quien se desempeñaba como policía, le sucediera algo. Así, alegó que al pasar por la oficina del letrado, éste no permitió que leyera el referido documento y se negó a expedirle una co-pia del mismo. Posteriormente, según surge de la queja, el licenciado Gutiérrez Díaz requirió que la madre de la que-josa desalojara la casa que le había comprado a aquél y afirmo que dicha propiedad era suya.

Así las cosas, la señora García Ramírez acudió nueva-mente al despacho del licenciado Rodríguez Gerena para poder leer el documento que había suscrito luego de haber comprado la casa en cuestión. Al leer el documento, se per-cató que en éste le estaba vendiendo la vivienda al licen-ciado Gutiérrez Díaz. Por lo tanto, la señora García Ramí-rez indicó en su queja que firmó tal documento bajo engaño y sin que el licenciado Gutiérrez Díaz estuviese presente.

En lo pertinente, el licenciado Rodríguez Gerena negó las alegaciones de la quejosa. En cambio, señaló que ésta, en efecto, pudo leer el documento que suscribió y que, cuando le pidió copia del mismo, él accedió a dársela. Asi-mismo, señaló que el licenciado Gutiérrez Díaz estuvo pre-sente y que incluso le entrego cierta cantidad de dinero a la señora García Ramírez.

En lo que respecta al licenciado Gutiérrez Díaz —contra quien también se presentó la queja — , éste alegó en su con-testación esencialmente, la validez y licitud del negocio ju-rídico celebrado con la señora García Ramírez. Además, señaló que ésta nunca ocupó la casa como dueña, puesto que nunca hubo tradición. Asimismo, el licenciado Gutié-rrez Díaz afirmó que el negocio jurídico en cuestión se re-alizó para lograr refinanciar hipotecariamente una propie-dad suya a través de un tercero. Según surge de su contestación, luego de que se lograra el refinanciamiento, la quejosa y su esposo habrían de traspasarle la propiedad nuevamente a través de un contrato de compraventa y éste asumiría el pago de la deuda hipotecaria.

En consideración de lo anterior, este Tribunal inicial-mente refirió el asunto a la Oficina de Inspección de Nota-rías (ODIN) para que ésta evaluara el asunto y emitiera un informe sobre el particular. El 28 de junio de 2005, la ODIN presentó el informe correspondiente, en el cual de-terminó que las partes, en cierta medida, estuvieron invo-lucradas en la simulación de un negocio jurídico. Es im-perativo señalar que el licenciado Rodríguez Gerena admitió, en su contestación a la queja, que estaba intervi-niendo en la simulación de un negocio jurídico. Indicó, pues, que la quejosa había acudido ante él con el propósito de venderle lo más rápido posible el inmueble al licenciado Gutiérrez Díaz, de quien lo había adquirido para que él mismo obtuviera un refinanciamiento de la propiedad. Es decir, el licenciado Rodríguez Gerena tenía conocimiento de que la compraventa que autorizó era, en realidad, un negocio jurídico simulado, conforme al acuerdo de refinan-ciamiento pactado entre el licenciado Gutiérrez Díaz y la señora García Ramírez.

Posteriormente, el asunto fue referido a la Oficina de la Procuradora General, quien procedió a presentar la quere-lla correspondiente, imputándole al licenciado Rodríguez Gerena infracciones al Artículo 2 de la Ley Notarial de Puerto Rico, Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, 4 LPRA see. 2002, y al Canon 35 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Acaecidos los trámites de rigor, el 15 de enero de 2013 la Comisionada Especial, Leda. Jeannette Ramos Buonomo, rindió su informe, en el cual determinó que, en efecto, el licenciado Rodríguez Gerena vulneró las normas éticas imputadas.

j — H HH

A

En su Artículo 2, la Ley Notarial de Puerto Rico consagra la fe pública notarial como principio cardinal del ejercicio de la notaría. Así, dispone que

[e]l notario es el profesional del Derecho que ejerce una fun-ción pública, autorizado para dar fe y autenticidad conforme a las leyes de los negocios jurídicos y demás actos y hechos ex-trajudiciales que ante él se realicen, sin peijuicio de lo dis-puesto en las leyes especiales. Es su función recibir e interpre-tar la voluntad de las partes, dándole forma legal, redactar las escrituras y documentos notariales a tal fin y conferirle [s] au-toridad a los mismos. La fe pública al notario es plena respecto a los hechos que, en el ejercicio de su función personalmente ejecute o compruebe y también respecto a la forma, lugar, día y hora del otorgamiento. (Corchetes en el original). 4 LPRA see. 2002.

Como se sabe, “[l]a fe pública notarial [...] es la espina dorsal de todo el esquema de autenticidad documental. Cuando se quiebra, todo el sistema se afecta”. In re González González, 119 DPR 496, 499 (1987).

Los notarios, pues, ejercen una labor fundamental para nuestro ordenamiento jurídico, puesto que son los custodios de la fe pública, a través de la cual se hacen viables un sinnúmero de negocios jurídicos y de transaccio-nes de diversa índole. Véase In re Aponte Berdecía, 161 DPR 94, 103 (2004). Por lo tanto, en el ejercicio de sus prerrogativas, los notarios están indefectiblemente “obligado [s] a cumplir con la ley y el reglamento notariales y los cánones de ética profesional”. In re Ayala Oquendo, 185 DPR 572, 580 (2012). Véase, además, P.A.C. v. E.L.A. I, 150 DPR 359, 393 (2000).

En lo pertinente, un abogado viola la fe pública notarial cuando da fe de hechos falsos. In re Aponte Berdecía, supra, pág. 103. Ello atenta contra las consideraciones axiológicas que informan en el ejercicio de la notaría en nuestra jurisdicción y, a su vez, supone conducta ética-mente reprochable, sancionable bajo los cánones de ética profesional.

B

El Canon 35 del Código de Ética Profesional le “impone a los abogados [y a los notarios] un deber de sin-ceridad y honradez frente a todos, no sólo en la tramitación de litigios, sino en todo tipo de acto”. (Énfasis suplido). In re Pons Fontana, 182 DPR 300, 306 (2011). Véase In re Collazo Sánchez, 159 DPR 769, 773 (2003). Este deber se exige “en aras de preservar el honor y la dignidad de la profesión, ya que el compromiso del abogado con la verdad es incondicional e ineludible”. (Énfasis en el original). In re Martínez Almodóvar, 180 DPR 805, 818-819 (2011). Véase In re Irizarry Vega, 176 DPR 241, 245 (2009).

Ciñéndonos a los hechos del asunto ante nuestra consi-deración, es preciso destacar que el referido canon dispone diáfanamente que “[e]l abogado debe ajustarse a la since-ridad de los hechos al [...] redactar afidávit u otros docu-mentos [...]”. 4 LPRA Ap. IX, C. 35. “En armonía con lo anterior, con su firma, un abogado no puede suscribir he-chos incompatibles con la verdad”. In re Martínez, Odell I, 148 DPR 49, 54 (1999). Véase Alonso García v. Comisión Industrial, 102 DPR 752, 755 (1974).

C

Por último, es preciso destacar que la simulación de negocios jurídicos por parte de un notario, en cierta medida, supone conducta éticamente reprochable que, como mínimo, vulnera tanto el Artículo 2 de la Ley Notarial de Puerto Rico como el Canon 35 del Código de Ética Profesional. Es decir, mediante la simulación, sea esta absoluta o relativa, el notario no sólo le falta a la verdad, sino que, además, mancilla la fe pública notarial depositada en él. Este Tribunal ha sido enfático al sancionar éticamente esta práctica. Así, hemos expresado que

[l]a participación de un abogado [en un negocio simulado], cobra mayor vigencia y validez cuando éste se desempeña como notario ya que en tal situación se está atentando contra la propia naturaleza de lo que la fe notarial y pública repre-senta en una sociedad que ha depositado confianza en manos de dicho funcionario.
Resolvemos que la validez de los actos y documentos públi-cos no puede dejarse al arbitrio de una norma ética débil, y que la participación de un abogado como tal o como notario en negocios simulados es conflictiva con los mejores postulados de conducta que deben regir a los miembros de nuestra profesión de abogado y en su consecuencia ello de ordinario constituye suficiente base para el desaforo. In re Vélez, 103 DPR 590, 598-599 (1975).

Por lo tanto, no hay duda que la intervención de un abogado o notario en cualquier negocio jurídico simulado es razón suficiente para sancionarlo disciplinariamente.

HH HH HH

En este caso, es innegable que el licenciado Rodríguez Gerena incurrió en una conducta éticamente reprochable, la cual contravino tanto el Artículo 2 de la Ley Notarial de Puerto Rico como el Canon 35 del Código de Etica Profesional.

Ante todo, tal y como surge de su contestación a la que-rella, el licenciado Rodríguez Gerena autorizó una pre-sunta “compraventa” de un inmueble a sabiendas de que ésta no era más que un subterfugio para que una de las partes procurara un financiamiento a través de un tercero. Al actuar de esta forma, vulneró la fe pública notarial de-positada en él y, a la vez, contravino el deber de sinceridad que establece el Canon 35 del Código de Ética Profesional.

En vista de lo anterior, se suspende por el término de treinta días al licenciado Rodríguez Gerena del ejercicio de la abogacía. Se le impone el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para seguir representándolos, devolverles cualquier honorario recibido por trabajos no re-alizados e informar oportunamente de su suspensión a los distintos foros judiciales y administrativos del País. Ade-más, deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de treinta días a partir de la notificación de esta opinión “per curiam”y sentencia.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez se inhibió. La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco no intervino.

       Es menester señalar que el licenciado Rodríguez Gerena ha sido objeto de sanciones disciplinarias en el pasado. Véase In re Rodríguez Gerena I, 132 DPR 693 (1993) (en esa ocasión se le suspendió indefinidamente del ejercicio de la abogacía por violaciones a los Artículos 15(e) y 26 de la Ley ^Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA secs. 2033(e) y 2044, y al Canon 35 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Posteriormente, sin embargo, en In re Rodríguez Gerena II, 132 DPR 1031 (1993), en reconsideración, este Tribunal limitó la sanción a la separación permanente del ejer-cicio de la notaría). Una vez el licenciado Rodríguez Gerena fue reinstalado al ejer-cicio de la notaría véase In re Rodríguez Gerena, 138 DPR 138 (1995) este Tribunal lo suspendió nuevamente de la notaría mediante Resolución de 28 de octubre de 2015 por haber incumplido con varios requerimientos que la Oficina de Inspección de Notarías le cursó. Además, actualmente penden contra él las quejas siguientes: AB-2007-324, AB-2011-255, AB-2013-147 y AB-2014-133.

       Esta escritura de compraventa fue autorizada por la Leda. Jacqueline J. Martínez Romero.

       Valga destacar que, cuando ocurrieron estos hechos, la madre de la quejosa estaba tramitando su divorcio del licenciado Gutiérrez Díaz.

       Es preciso notar que la determinación de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) estuvo fundamentada en una serie de documentos sometidos por las partes, entre éstos, las propias admisiones hechas por el licenciado Rodríguez Gerena en su contestación a la queja.

       Para una discusión jurídica sobre la simulación de negocios jurídicos, véanse, por ejemplo: Delgado Rodríguez v. Rivera Siverio, 173 DPR 150, 160-164 (2008); Romero v. S.L.G. Reyes, 164 DPR 721 (2005).


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text:
      In re Leida Pagán Torres, querellada.

      Número: CP-2013-16

      Resuelto: 15 de marzo de 2016

      Karla Z. Pacheco Alvarez, subprocuradora general, Edna Evelyn Rodríguez Benitez y Gisela Rivera Matos, procura-doras generales auxiliares, parte querellante; Virgilio Mainardi Peralta y José Ángel Rivera-Rodríguez, de Mai-nardi & Rivera, P.S.C., abogados de la Lie. Leída Pagán Torres, querellada; Leída Pagán Torres, pro se; Jeannette Ramos Buonomo, comisionada especial.
   PER CURIAM:

HH

La Leda. Leída Pagán Torres fue admitida a la práctica de la abogacía el 6 de julio de 1994 y a la práctica de la notaría el 1 de agosto de 1994.

El 4 de febrero de 2005, la Oficina de Ética Guberna-mental (OEG) presentó una querella contra la licenciada Pagán Torres imputándole infracciones a los Artículos 3.2(c), 3.4(c) y 3.4(d) de la entonces vigente Ley de Ética Gubernamental, Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, 3 LPRA secs. 1822(c), 1824(c) y 1824(d). Éstos, en síntesis, regulan la obtención de privilegios o beneficios no permiti-dos por ley mientras determinada persona funge como fun-cionario o empleado público y aquellos asuntos relaciona-dos con la representación de intereses privados que están en conflicto con la gestión pública. Asimismo, a la licen-ciada Pagán Torres se le imputaron violaciones a los Artí-culos 6(A) y 13(C) del Reglamento de Ética Gubernamen-tal, Reg. Núm. 4827 de 22 de noviembre de 1992. Estos artículos, en esencia, regulan asuntos análogos a los conte-nidos en las disposiciones de la Ley de Ética Gubernamen-tal recién citadas.

Así, en la querella presentada por la OEG se alegó que la licenciada Pagán Torres, mientras se desempeñaba como abogada a tiempo completo en la Autoridad de Tierras, uti-lizó las prerrogativas de su cargo para atender diversos asuntos, de índole privada, ante los foros judiciales del País, durante su jornada laboral. Esto es, devengó ingresos —provenientes del erario— por servicios no prestados. Asi-mismo, proveyó información falsa al certificar en las hojas de asistencia que estaba enferma o realizando labores ofi-ciales cuando en realidad se desempeñaba como abogada en litigios privados. Por otra parte, valga señalar que, du-rante su gestión como abogada, la licenciada Pagán Torres procuró y consiguió que se le impusieran sanciones econó-micas al Estado, su patrono.

Luego de un extenso trámite administrativo, la enton-ces directora de la OEG, Sra. Gladys M. Malpica de Scha-ffer, emitió una resolución en la cual encontró probadas las infracciones a las disposiciones estatutarias y reglamenta-rias imputadas, salvo el inciso (6)(A)(4) del Reglamento de Ética Gubernamental. En consecuencia, le impuso una multa administrativa a la licenciada Pagán Torres ascen-dente a $6,600. Esta determinación de la OEG fue confir-mada, posteriormente, por el Tribunal de Apelaciones. Es menester destacar que, durante la tramitación del procedi-miento que culminó en la imposición de la referida multa, la licenciada Pagán Torres hizo caso omiso a los múltiples requerimientos que le fueron cursados por la OEG y, ade-más, se ausentó a varias conferencias y audiencias ante ésta. Tal proceder, por lo tanto, acarreó la innecesaria dilación del procedimiento.

Así las cosas, la OEG procedió a referir el caso a la aten-ción de este Tribunal. Acaecidos los trámites de rigor, emi-timos una resolución ordenándole a la Procuradora General presentar la querella correspondiente. En ésta, se le imputó a la licenciada Pagán Torres incurrir en conducta lesiva de los Cánones 6, 12, 35 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Luego de que la licenciada Pagán Torres tuviera oportunidad de refutar las alegacio-nes en su contra, el caso quedó sometido para adjudicación.

Como se sabe, el Canon 6 del Código de Ética Pro-fesional consagra las normas que han de regir la labor de los abogados en su desempeño ante las agencias guberna-mentales y, en lo pertinente, dispone cómo éstos han de proceder cuando ocupen un cargo gubernamental. Así, este precepto ético señala que

[a]l prestar sus servicios profesionales ante organismos le-gislativos o administrativos el abogado debe observar los mis-mos principios de ética profesional que exige su comporta-miento ante los tribunales. [...] Un abogado que ejerza su profesión y que además ocupe un cargo legislativo o guberna-mental debe anteponer el interés público al de su cliente cuando ambos vengan en conflicto e inmediatamente renun-ciar la representación del cliente. 4 LPRAAp. IX, C. 6.

Nótese que “[c]ontrario al conflicto de intereses pros-crito por el Canon 21 del Código de Ética Profesional, [...] la incompatibilidad de funciones no requiere una relación abogado cliente dual”. García O’Neill v. Cruz, 126 DPR 518, 525 (1990). Es decir, “[b]asta con que en el ejercicio de la función de abogado su actuación sea incompatible con la situación y circunstancias del caso para que resulte obvio que la representación legal es impropia, por afectar la de-pendencia profesional del abogado frente a otro interés pú-blico o privado”. íd. Así, el Canon 6 exige que, “de estar en conflicto el interés público y el ejercicio de la profesión legal, el abogado tiene que anteponer el interés del Estado y re-nunciar a la representación legal”. In re Silvagnoli Collazo, 154 DPR 533, 539 (2001).

Por otra parte, el Canon 12 le “impone al abogado el deber de tramitar las causas con puntualidad y diligencia”. In re Rivera Ramos, 178 DPR 651, 662 (2010). Véase In re Vélez Lugo, 168 DPR 492, 496 (2006). Asimismo, este exige que los abogados desplieguen un alto grado de responsabilidad en la tramitación de las causas en las que intervienen, con tal de evitar entorpecer la pronta resolución de éstas. Véase, en general, In re López Montalvo, 173 DPR 193 (2008). Es menester señalar que “[l]a obligación establecida por el Canon 12 [...] ha de cumplirla el abogado en todas las etapas de un litigio, y comprende el acatar fielmente las órdenes del Tribunal”. In re Rivera Ramos, supra, pág. 663. Véanse, además: In re Collazo I, 159 DPR 141 (2003); In re Pagán Hernández, 141 DPR 113 (1996). Además, “[e]l deber del abogado de tramitar rápida y diligentemente los procedimientos judiciales y administrativos no se limita únicamente a situaciones en que interviene en su función clásica de abogar por terceras personas, sino que se extiende a aquellos asuntos en que está directamente envuelto”. In re Díaz García, 104 DPR 171, 172 (1975). Añádase a lo anterior que la incomparecencia injustificada a las vistas pautadas por el tribunal, que ocasionen suspensiones y dilaciones injustificadas, violan necesariamente el precepto ético en cuestión. In re López Montalvo, supra, pág. 200. No se debe perder de vista que estas normas deben regir las actuaciones de los abogados aun ante foros administrativos o de otra índole.

Por otro lado, el Canon 35 dispone, en lo pertinente, que “[l]a conducta de cualquier miembro de la profesión legal ante los tribunales, para con sus representados y en las relaciones con sus compañeros debe ser sincera y honrada”. 4 LPRA Ap. IX. Por otra parte, este canon consagra el deber de “ajustarse a la sinceridad de los hechos [...] al redactar afidávit u otros documentos, y al presentar causas”. Id. De lo anterior se colige que esta pauta ética “impone a los abogados un deber de sinceridad y honradez frente a todos, no sólo en la tramitación de litigios, sino en todo tipo de acto”. In re Pons Fontana, 182 DPR 300, 306 (2011). Véase, también, In re Collazo Sánchez, 159 DPR 769 (2003). Este deber, además, es erga omnes. In re Franco Rivera y Masini Soler, 134 DPR 823, 834 (1993). Asimismo, este Tribunal ha señalado que “[m]ás que un ideal irrealiza-ble, la verdad es un atributo inseparable del ser abogado y, sin ésta, no podría la profesión jurídica justificar su existencia”. In re Pons Fontana, supra, pág. 306. Véase, además, In re Martínez, Odell II, 148 DPR 636 (1999).

Por último, es menester recordar que el Canon 38 de ética profesional señala, en lo pertinente, que “[e]l abogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de la profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta impropia”. 4 LPRA Ap. IX. En virtud de este canon, pues, “los miembros de nuestra profesión deben estar en un ejercicio constante de introspección en que analicen si su conducta va acorde con la responsabilidad ética y moral que permea el ejercicio de la abogacía”. In re Gordon Menéndez, 183 DPR 628, 642 (2011). Después de todo, “los abogados son el espejo donde se refleja la imagen de la profesión. Por tal razón, estos deben actuar con el más escrupuloso sentido de responsabilidad que impone la función social que ejercen”. In re Nieves Nieves, 181 DPR 25, 45 (2011).

En cuanto a la apariencia de conducta impropia, cabe destacar que este Tribunal ha sido enfático al señalar que ésta “tiene un efecto dañino sobre la imagen, la confianza y el respeto de la ciudadanía hacia la profesión, así como lo tiene la verdadera ‘impropiedad ética’. (Citas omitidas). In re Toro Iturrino, 190 DPR 582, 591-592 (2014). Es menes-ter señalar, también, que en virtud del Canon 38 este Tribunal puede sancionar conducta éticamente reprochable según otros cánones.

HH HH

En atención a las pautas éticas anteriormente esboza-das, es forzoso concluir que la licenciada Pagán Torres las contravino.

En primer lugar, la licenciada Pagán Torres incumplió reiteradamente con las órdenes y requerimientos que le cursó la OEG. Además, antepuso al interés público su in-terés personal e intereses privados de terceros Al actuar de esta forma, la licenciada en cuestión vulneró los precep-tos éticos que encarna el Canon 6. Consecuencia de lo anterior, las actuaciones de la licenciada Pagán Torres aca-rrearon dilaciones injustificadas en el proceso en su contra, las cuales infringieron la norma de diligencia que consagra el Canon 12.

En lo que respecta al Canon 35, baste con señalar que la conducta de la licenciada Pagán Torres, al proveer infor-mación falsa respecto a las horas trabajadas para el Es-tado, incumplió palmariamente su deber erga omnes de sinceridad y honradez Asimismo, al devengar ingresos por trabajos no realizados, la licenciada Pagán Torres con-travino el deber ético palmariamente consagrado en el Canon 38; esto es, con sus actuaciones laceró el honor y la dignidad de la profesión legal y, además, incurrió en con-ducta impropia.

En vista de lo anterior, se suspende por el término de 6 meses a la licenciada Pagán Torres del ejercicio de la abo-gacía y la notaría. Se le impone el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para seguir representándo- los, devolverles cualquier honorario recibido por trabajos no realizados e informar oportunamente de su suspensión a los distintos foros judiciales y administrativos del País. Además, deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de treinta días a partir de la notificación de esta opinión “per curiam”y sentencia.

Finalmente, el alguacil de este Tribunal deberá incautar la obra y el sello notarial de la abogada suspendida y en-tregarlos al director de la Oficina de Inspección de Notarías para la correspondiente investigación e informe.

Se dictará sentencia de conformidad.

         A modo de ejemplo, la licenciada Pagán Torres intervino, en calidad de abo-gada, en los siguientes pleitos contra el Estado: Naydamar González López v. E.L.A., Civil Núm. ADP1996-0196, y Sylvia Pérez Troche, et al. v. E.L.A., Civil Núm. IDP1997-0050.

       Por ejemplo, la licenciada Pagán Torres fungió como abogada, durante horas laborables, en los siguientes pleitos: Ana M. Pagán Torres, etc. v. Mayagüez Town Center, etc., Civil Núm. IDP2000-0029, y Ana García, etc. v. Tiendas Walmart, etc., Civil Núm. DDP1999-0386.


text:
      In re Aida Martha Lebrón Arroyo.

      Número: TS-4,766

      Resuelto: 16 de marzo de 2016

      Manuel E. Ávila de Jesús, director de la Oficina de Inspección de Notarías.
   PER CURIAM:

La Leda. Aida Martha Lebrón Arroyo fue admitida al ejercicio de la abogacía el 20 de mayo de 1975 y al de la notaría el 20 de febrero de 1976.

El 22 de diciembre de 2015, el director de la Oficina de Inspección de Notarías, Ledo. Manuel E. Ávila de Jesús, compareció a este Tribunal mediante un escrito intitulado Moción urgente solicitando auxilio del Tribunal para orde-nar incautación de obra protocolar y otros remedios. En este escrito expuso que desde el 2012 la ODIN ha inten-tado comunicarse infructuosamente con la licenciada Le-brón Arroyo para inspeccionar su obra protocolar. Asi-mismo, señaló que cuando personal de la ODIN fue a la sede notarial de la licenciada Lebrón Arroyo, ésta les in-dicó que su obra notarial estaba “regada” en una habitación. Luego, sin embargo, cambió su versión inicial y dijo que ésta no se encontraba en su residencia, sino en la de su hija. Así las cosas, el Director de la ODIN solicitó que este Tribunal ordenara la incautación inmediata de la obra protocolar y del sello notarial de la licenciada Lebrón Arroyo y que evaluáramos la posibilidad de suspenderla indefinidamente del ejercicio de la notaría. Asimismo, soli-citó que le impusiéramos una sanción monetaria a la licen-ciada al amparo del Artículo 62 de la Ley notarial de Puerto Rico, 4 LPRA see. 2102.

Acogida la solicitud del Director de la ODIN, el 12 de enero de 2015 este Tribunal, en lo pertinente, emitió una resolución ordenando la incautación inmediata de la obra protocolar y del sello notarial de la licenciada Lebrón Arroyo. Asimismo, le concedió un término improrrogable de diez días para que compareciera y mostrara causa por la cual no debía ser suspendida indefinidamente del ejercicio de la notaría. Conviene destacar, además, que la resolución emitida por este Tribunal se le notificó personalmente a la licenciada Lebrón Arroyo. Vencido el referido término, ésta no ha comparecido ni ha solicitado prórroga alguna para comparecer.

El Canon 9 del Código de Ética Profesional dispone que “[e]l abogado debe observar con los tribunales una con-ducta que se caracterice por el mayor respeto”. 4 LPRA Ap. IX. Véase In re Fontánez Fontánez, 181 DPR 407, 416 (2011). Así, los abogados están obligados a prestar atención y obedecer diligentemente las órdenes emitidas por los tribunales. In re Dávila Toro, 179 DPR 833, 840 (2010). Por lo tanto, incumplir con las órdenes emitidas por este Tribunal, aun en casos disciplinarios, acarrea la imposición de severas sanciones disciplinarias como, por ejemplo, la sus-pensión indefinida del ejercicio de la abogacía. Véanse: In re Aponte Sánchez, 178 DPR 647, 649 (2010); In re Meléndez González, 166 DPR 196, 198-199 (2005). Ello, puesto que “[d]esatender las órdenes dictadas constituye una grave ofensa a la autoridad del tribunal en clara violación al man-dato expreso del Canon 9”. In re Dávila Toro, supra, pág. 840.

Como se sabe, ‘la notaría es una función de cuidado que debe ser ejercida con suma diligencia y celo profesional”. In re Fontánez Fontánez, supra, pág. 418. La ODIN, por su parte, tiene la encomienda de velar por el cumplimiento cabal de las disposiciones de la Ley Notarial de Puerto Rico y su reglamento. De esta manera propende a la vindicación de los intereses públicos que informan la delicada labor del notario. Este Tribunal, por ende, ha sido enfático al señalar que “[l]os abogados tienen la obligación ineludible de responder diligentemente a los requerimientos de este Tribunal, así como a los de [la] O.D.I.N.”. In re Arroyo Rivera, 182 DPR 732, 736 (2011). Véanse, también: In re Montalvo Guzmán, 169 DPR 847 (2007); In re Rivera Irizarry, 155 DPR 687 (2001). Por lo tanto, “procede la suspensión indefinida e inmediata de la abogacía y la notaría cuando un notario ignora los requerimientos de la ODIN y este Tribunal”. In re Martínez Romero, 188 DPR 511, 515 (2013).

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En el caso ante nuestra consideración, la licenciada Le-brón Arroyo incumplió flagrantemente el precepto ético que consagra el Canon 9 de ética profesional. Esto al hacer caso omiso de los múltiples requerimientos que le hizo la ODIN para poder inspeccionar su obra protocolar. No cabe duda, pues, que su conducta se apartó de las normas éticas que regulan la profesión legal en nuestra jurisdicción. Asi-mismo, la licenciada Lebrón Arroyo no compareció dentro del término improrrogable de diez días que le concedió este Tribunal para que mostrara causa por la cual no debía ser suspendida del ejercicio de la notaría. Esto es, que des-atendió una orden emitida por este Tribunal. Ello, como se dijo, es fundamento suficiente para suspender a la letrada de epígrafe del ejercicio de la abogacía. Este Tribunal no tolerará la displicencia ni la indiferencia, máxime cuando conciernen asuntos disciplinarios o relacionados con la im-portante función notarial.

En vista de lo anterior, se suspende inmediata e indefi-nidamente a la licenciada Lebrón Arroyo del ejercicio de la abogacía y la notaría. Se le impone el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para seguir represen-tándolos, devolverles cualquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar oportunamente de su sus-pensión a los distintos foros judiciales y administrativos del País. Además, deberá acreditar a este Tribunal el cum-plimiento con lo anterior dentro del término de treinta días a partir de la notificación de esta opinión “per curiam” y sentencia.

Por último, se le impone a licenciada Lebrón Arroyo una sanción económica de $500 al amparo del Artículo 62 de la Ley Notarial de Puerto Rico, supra.

Se dictará sentencia de conformidad.


author: El Juez Asociado Señor Martínez Torres

text:
    Ángel Gerardo Ortiz Jiménez, Norma Cintrón Torre y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos, peticionarios, v. Lydia Esther Rivera Núñez, su esposo Fulano de Tal, la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos, Compañías de Seguros A y B, Sutano de Tal y Mengano de Tal, recurridos, y Sears, GR Contractors y Aurelio Villanueva, terceros demandados

      Número: CC-2014-0596

      Resuelto: 16 de marzo de 2016

      José Miguel Náter, abogado de la parte peticionaria; Juan R. Cobian y Atzel L. Drevon, abogados de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Martínez Torres

emitió la opinión del Tribunal.

Nos corresponde determinar si la inmunidad patronal, en virtud de la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, 11 LPRA sec. 1 et seq. (Ley Núm. 45), se extiende a una persona que contrata a otra para que le brinde un servicio, aun cuando ese servicio es sub-contratado posteriormente en varias ocasiones. Por las ra-zones que exponemos a continuación, resolvemos en la afirmativa.

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Este caso se origina con la compraventa de unos enseres electrodomésticos, entre estos, una lavadora y una seca-dora de ropa, en la tienda por departamentos Sears Roebuck de Puerto Rico, Inc. (Sears). Simultáneamente con la compra de los electrodomésticos, la Sra. Lydia Esther Rivera Núñez contrató con Sears el servicio de entrega de esos enseres. Para llevar a cabo la gestión encargada, Sears sub-contrató a GR Contractors. Surge del expediente que Sears requirió la obtención de una póliza de seguro obrero-patronal de la Corporación del Fondo del Seguro del Es-tado (CFSE) a GR Contractors. Posteriormente, para el descargo de la labor, GR Contractors subcontrató al Sr. Aurelio Villanueva.

El 27 de mayo de 2011, el señor Villanueva fue junto al Sr. Angel Gerardo Ortiz Jiménez a la casa de la recurrida para entregar los enseres electrodomésticos. El señor Villa-nueva contó con la asistencia del señor Ortiz Jiménez, pues tenía un contrato de servicios con el último para la reali-zación de este tipo de labores.

En su residencia, que se encontraba en proceso de cons-trucción, la señora Rivera Núñez les indicó que tanto la lavadora como la secadora de ropa correspondían al se-gundo piso de la propiedad. Sin embargo, no les informó que inmediatamente después de las escaleras para subir al segundo piso existía un pasillo sin barandas por el cual alguien podía caerse al primer piso. Para realizar la en-trega de esos enseres, los señores Villanueva y Ortiz Jimé-nez transportaron la secadora de ropa en un carro de carga hasta el segundo piso por las escaleras. Una vez alcanza-ron el segundo piso, el señor Ortiz Jiménez pisó en falso y cayó al primer piso desde una altura aproximada de doce pies. La secadora y el carro en que la transportaban le cayeron encima.

Este lamentable suceso provocó que el señor Ortiz Jimé-nez tuviera que ser transportado en ambulancia para reci-bir atención médica. Consecuentemente, estuvo recluido en el Hospital Industrial durante una semana, pues, según alegó, sufrió una contusión en la espalda con fractura en la vértebra lumbar L-3, una herida en la cabeza con sangrado y lesiones en el hombro derecho, la pierna izquierda, la cadera izquierda y la rodilla derecha. El señor Ortiz Jimé-nez recibió servicios médicos a través de la CFSE de forma continua hasta el 27 de febrero de 2012.

Por estos hechos, el señor Ortiz Jiménez, su esposa Norma Cintrón Torres y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos (peticionarios) presentaron una de-manda por daños y perjuicios contra la señora Rivera Núñez. En síntesis, alegaron que esta respondía por los daños sufridos como consecuencia del accidente, debido a que fue negligente al permitir la existencia de condiciones de extrema peligrosidad y no haber advertido de ellas al señor Ortiz Jiménez. A su vez, la señora Rivera Núñez pre-sentó una demanda contra terceros para traer al pleito a Sears, GR Contractors y al señor Villanueva.

Sears presentó una moción de desestimación en la que planteó que era patrono estatutario del señor Ortiz Jiménez. Además, alegó que le requirió a GR Contractors que obtuviera una póliza de seguro obrero-patronal de la CFSE. Por eso, Sears argüyó que estaba protegido por la inmunidad patronal que otorga la Ley Núm. 45, supra. Por su parte, la señora Rivera Núñez reclamó que procedía desestimar la demanda a su favor por los mismos funda-mentos que adujo Sears.

El Tribunal de Primera Instancia emitió una sentencia parcial en la que únicamente desestimó el pleito contra Sears por este ser patrono estatutario del señor Ortiz Jiménez. Sin embargo, nada se dispuso en torno a la se-ñora Rivera Núñez. Por lo tanto, esta presentó su propia moción de desestimación, en la que alegó ser patrono esta-tutario del señor Ortiz Jiménez. No obstante, el foro pri-mario determinó mediante una resolución que esta no era patrono estatutario al no existir un “vínculo jurídico” entre ella y el señor Villanueva, patrono real o contractual del agraviado. La señora Rivera Núñez presentó una moción de reconsideración que fue denegada. Inconforme, recurrió ante el Tribunal de Apelaciones.

El foro apelativo intermedio concluyó que la señora Rivera Núñez era patrono estatutario del señor Ortiz Jimé-nez, pues se encontraba en la misma cadena contractual de Sears, de GR Contractors y del señor Villanueva. En con-secuencia, revocó la resolución del foro primario por enten-der que la señora Rivera Núñez era, al igual que Sears, un patrono protegido por la inmunidad que otorga la Ley Núm. 45, supra. Inconformes, los peticionarios recurrieron ante nos.

Expedido el auto de certiorari y con el beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos a resolver.

A. La Ley Núm. 45, supra, surgió como una medida de protección social para garantizar una compensación rápida al obrero que sufre un accidente en el curso de su empleo. Guzmán y otros v. E.L.A., 156 DPR 693, 727-728 (2002). Así, el derecho del empleado a recibir una com-pensación de la CFSE surge independientemente de si me-dió o no negligencia suya o del patrono. Id., pág. 729. Para lograr articular este sistema compensatorio, el Art. 17 de la Ley Núm. 45, 11 LPRA sec. 20, obliga a todo patrono a asegurar a sus propios empleados con la CFSE. Esa dispo-sición no solo obliga al patrono a asegurar a sus propios empleados, sino que le exige de forma subsidiaria asegurar a los trabajadores de los patronos con quienes ajustó o con-trató y los de un contratista o subcontratista indepen-diente cuando estos no aseguren a sus propios empleados. A cambio de procurar la cobertura para los empleados, el patrono asegurado —ya sea real o estatutario— goza de inmunidad absoluta contra demandas por daños y peijui-cios, incluidas aquellas que surjan debido a su negligencia crasa. Hernández Sánchez v. Bermúdez & Longo, S.E., 149 DPR 543 (1999). En ese supuesto, no se trata de una de-fensa disponible para el patrono, sino de la inexistencia de una causa de acción en daños y peijuicios en su contra dada la exclusividad del remedio provisto por la Ley Núm. 45, supra. López Cotto v. Western Auto, 171 DPR 185, 194 (2007). Además, “[e]l pago de ese seguro por el contratista, el subcontratista, el principal, o el dueño de la obra, inmu-niza a todos los patronos contra acciones de daños por los empleados o por el Fondo”. Vda. de Costas v. P.R. Olefins, 107 DPR 782, 785 (1978).

Nuestra jurisprudencia ha reconocido la coexistencia de la figura del patrono real y la figura del patrono estatutario. Ese reconocimiento se ha dado “dentro del contexto de un contrato o subcontrato de obra o de servicios, y sólo para aquellos dueños de obra, principales contratistas o subcontratistas que tuvieran —con relación al trabajador lesionado— la obligación legal común de asegurarlo con [la CFSE]”. Santiago Hodge v. Parke Davis Co., 126 DPR 1, 11 (1990). Asimismo, hemos indicado que el término patrono estatutario incluye a los “ ‘dueños de obras y principales a quienes la ley impone la obligación de asegurar a los em-pleados de los contratistas o subcontratistas que aquéllos contraten para la ejecución de obras y servicios, cuando éstos no los tengan asegurados’ (Enfasis suprimido). Martínez v. Bristol Myers, Inc., 147 DPR 383, 396 (1999) (citando a Viuda de Costas v. P.R. Olefins, supra, pág. 785). En aras de implementar el objetivo de proteger a los em-pleados que trabajen en la realización de determinada obra o en la prestación de un servicio, no se ha impuesto un límite a los grados que puede descender verticalmente la obligación legal de asegurar con la CFSE.

La importancia de ambas figuras resalta cuando, dentro de la realización de una misma obra o servicio en particular, existen múltiples patronos a lo largo de la misma ca-dena contractual. En ausencia de un nexo jurídico obrero-patronal que relacione al patrono real del obrero con el que invoca la inmunidad patronal, estaremos ante un tercero desprovisto de la protección estatutaria. Torres Solís et al. v. A.E.E. et als., 136 DPR 302, 310 (1994). Por lo tanto, determinar si un demandado es un patrono estatutario es una conclusión mixta de hecho y de derecho que dependerá fundamentalmente de las relaciones contractuales entre este y el patrono real de los empleados. Id. Véase, además, Lugo Sánchez v. A.F.F., 105 DPR 861, 865-866 (1977).

En ese sentido, en Santiago Hodge v. Parke Davis Co., supra, reconocimos por primera vez que la Ley Núm. 45, supra, contiene lo que se conoce como la “cláusula de contratista” (contractor-under) en su Art. 17, supra. Esa disposición es la que impone a los patronos —dueños de obras, principales, contratistas o subcontratistas— la responsabilidad subsidiaria de asegurar a los obreros de aquellos con los que contraten o ajusten. De esa forma, la Ley Núm. 45, supra, impide que con el fin de abaratar costos, patronos inescrupulosos se autoeximan de su obligación legal de asegurar mediante la subcontratación de labores y, de esa forma, no tener empleados directos. Santiago Hodge v. Parke Davis Co., supra, pág. 10.

Ausente ese tipo de cláusula en el estatuto ante nuestra consideración, el “patrono principal” no tendría el deber de asegurar a los empleados de aquellos con quienes ajuste, toda vez que su obligación legal de asegurar se limitaría únicamente a sus empleados directos. Tampoco podría be-neficiarse del pago del seguro de la CFSE por alguno de los patronos en la cadena contractual. Vda. de Costas v. P.R. Olefins, supra, pág. 785. Otra consecuencia práctica de la cláusula de contratista es que protege a los empleados de los contratistas o subcontratistas no asegurados, ya que en ese escenario se activa la obligación subsidiaria que tienen los patronos al tope de la cadena contractual de asegurar esos obreros con la CFSE.

El profesor Larson nos explica la razón de ser de ese tipo de cláusula:

The purpose of this legislation [is] to protect employees of irresponsible and uninsured subcontractors by imposing ultimate liability on the presumably responsible principal contractor, which has it within its power, in choosing subcontractors, to pass upon their responsibility and insist upon appropriate compensation protection for their workers. (Esco-lio omitido). 6 Larson’s Workers’Compensation Sec. 70.04, pág. 70-6 (Matthew Bender, rev. ed. 2007).

Por lo tanto, para que la cláusula de contratista no se torne letra muerta, es necesario prescindir de un análisis que involucre los grados contractuales que ha descendido la obligación pactada originalmente, es decir, las veces que ha sido subcontratado el mismo contrato de obra o servicios. En su lugar, ese tipo de cláusula obliga a centrar la atención en determinar si existe una relación obrero-patronal y si el accidente laboral ocurrió como resultado del empleo que motiva la relación. Por eso es que el pago del seguro obrero-patronal de la CFSE por alguno de los patronos a CFSE a lo largo de la misma cadena contractual beneficia a cualquiera de ellos. Vda. de Costas v. PR. Ole-fins, supra, pág. 785. Como en el pasado, en este caso con-viene auscultar lo que han resuelto otras jurisdicciones estatales. Véanse, e.g.: Meléndez Villafañe v. C.F.S.E., 182 DPR 918, 927 (2011); Santiago Hodge v. Parke Davis Co., supra, pág. 10.

B. En algunas jurisdicciones estatales, la inmunidad patronal provista por un estatuto de compensaciones aná-logo al nuestro no se le extiende al dueño de una propiedad que contrata la realización de una obra o la prestación de un servicio. En esos ordenamientos, solo los patronos de los obreros están obligados a proveerles compensación por ac-cidentes laborales a través de un seguro obrero-patronal. Véanse: Ramos v. Univision Holdings, Inc., 655 So.2d 89, 90 (Fla. 1995); Yoho v. Ringier of America, Inc., 434 S.E.2d 57, 59 (Ga. 1993). Así, al igual que en nuestra jurisdicción, la obligación de asegurar es la que proporciona la inmuni-dad patronal.

Asimismo, en otras jurisdicciones el dueño de una pro-piedad que contrató a un contratista independiente es in-mune contra demandas de los obreros del último, pues es-tos ya reciben compensación por un accidente laboral. Véanse: Richards v. Republic Silver State Disposal, Inc., 148 P.3d 684, 690-692 (Nev. 2006); Privette v. Superior Court, 854 P.2d 721, 728-729 (Cal. 1993). En esa línea, también se le extiende la inmunidad al dueño o principal frente a demandas de los empleados de los contratistas independientes por actos atribuibles al principal. Sin embargo, esa inmunidad depende de que el principal no haya incurrido en actos de negligencia afirmativa, una figura ajena a nuestro ordenamiento. También, otro escenario que desvanece la inmunidad del principal ocurre cuando las lesiones del obrero surgen de actividades inherente-mente peligrosas. Véanse: Tatera v. FMC Corp., 786 N.W.2d 810, 818-821 (Wis. 2010); Hooker v. Department of Transportation, 38 P.3d 1081, 1091 (Cal. 2002). Esto se debe a que el dueño o principal, a pesar de haber ajustado con un agente o contratista independiente, retiene cierto control sobre la obra o servicio.

Existen diversas razones para las normas en las jurisdic-ciones que le otorgan algún grado de inmunidad a los due-ños o principales que ajustan alguna obra o servicio. Entre esas justificaciones, notamos el hecho de que el principal ya ha asumido el costo de la póliza obrero-patronal en el precio de la labor pactada con el contratista independiente. Richards v. Republic Silver State Disposal, Inc., supra, pág. 690. Resalta también el deseo de no hacer al principal más responsable que el contratista independiente frente a su empleado, pues no podría beneficiarse de la exclusividad del remedio provisto por un seguro obrero-patronal. Tatera v. FMC Corp., supra, págs. 818-819. Por último, subyace que no otorgar algún grado de inmunidad resultaría en un in-centivo para que los dueños y principales no contraten labo-res con terceros, sino que las lleven a cabo a través de sus propios empleados, pues así serían inmunes a sus demandas.

En esas jurisdicciones, los grados contractuales en los que se ha extendido la inmunidad patronal se han am-pliado hasta cobijar al contratista al tope de la cadena contractual, incluso ante la presencia de reclamaciones de em-pleados de sub-subcontratistas que ajustaron con subcontratistas la realización de una misma obra o servicio. Brogno v. W & J Associates, Ltd., 698 A.2d 191, 195 (R.I. 1997); Crowe v. Brasfield & Gorrie General Contractor, Inc., 688 So.2d 752, 757 (Miss. 1996). Esto ocurre porque lo que persigue la cláusula de contratista es man-tener al empleado asegurado con un seguro obrero-patro-nal, independientemente de qué patrono lo pague. De he-cho, si la cláusula de contratista permite que un empleado u obrero ascienda en la cadena contractual hasta conseguir cobertura, resulta entonces lógico que se permita a esos mismos patronos, vinculados jurídicamente por la misma obligación contractual, gozar de la inmunidad patronal, pues existe un seguro análogo al de la CFSE. Larson’s Workers’ Compensation, supra.

Como vimos, la cláusula de contratista busca garantizar una compensación al empleado u obrero. Esto aplica inde-pendientemente de los grados contractuales en los cuales se puedan encontrar el presunto patrono y el empleado u obrero lesionado. Brogno v. W & J Associates, Ltd., supra, págs. 194-195. Lo fundamental es que exista un vínculo principal y agente entre los que asumen el rol de “patrono” y “empleado”, y que el accidente haya ocurrido como con-secuencia de esa relación laboral. Crowe v. Brasfield & Gorrie General Contractor, Inc., supra, pág. 757 (citando a Morris v. W.E. Blain & Sons, Inc., 511 So.2d 945, 949 (Miss. 1987)).

Las jurisdicciones estatales que revisamos llegaron a sus respectivas conclusiones mediante la interpretación de sus estatutos obrero-patronales, de acuerdo con sus tradiciones jurídicas y nociones de política pública. En ese sentido, hemos hecho lo propio e interpretado que en nuestro ordenamiento los contratistas o subcontratistas tienen la obligación legal directa de asegurar a sus empleados, mientras que los dueños de obra o principales están obli-gados subsidiariamente por la Ley Núm. 45, supra. Martínez v. Bristol Myers, Inc., supra, pág. 396. Por eso, en nues-tra jurisdicción, un dueño de obra o principal es inmune contra demandas de empleados si algún patrono los ase-guró con la CFSE. Torres Solís et al. v. A.E.E. et als., supra, pág. 309. Indudablemente, la interpretación adoptada pre-viamente por este Tribunal permite que nuestra Ley Núm. 45, supra, y su cláusula de contratista, comprendan esce-narios excluidos en otras jurisdicciones estadounidenses. Cf. Thorsheim v. State, 469 P.2d 383, 387 (Alaska 1970) (“The ‘contractor-under’ statutes adopted in the various states differ greatly in their language and in the scope of their coverage”).

C. En el pasado, tuvimos ante nuestra consideración casos en los que fue necesario determinar la aplicabilidad de la doctrina del patrono estatutario. Ahora bien, debido a que no encontramos la existencia de un contrato de obra o de servicios o un vínculo obrero-patronal entre el presunto pa-trono y empleado, declinamos aplicar la referida doctrina.

En Atiles, Admor. v. Comisión Industrial, 67 DPR 503 (1947), negamos extender la póliza de la CFSE, pagada por una de las partes de un contrato de compraventa, al obrero que murió en el desempeño de labores que nacían necesa-riamente de ese contrato. En ese caso, el Sr. Juan de los Santos Monge era el dueño de un camión y tenía unos em-pleados que no estaban asegurados con la CFSE. Así las cosas, pactó una compraventa de tierra con el dueño de un cementerio, el Sr. Ramón Fournier, quien sí estaba asegu-rado con la CFSE. Como parte de las condiciones de esa compraventa, el dueño del cementerio pagaría por cada ca-mión que descargara tierra en su cementerio. Así, la en-trega de la tierra en el cementerio era una condición del contrato de compraventa y no un contrato de servicios independiente.

Sin embargo, cuando los empleados del señor De los Santos Monge, el patrono real, recogían tierra para entre-garla posteriormente al dueño del cementerio, ocurrió un derrumbe que le costó la vida a uno de ellos. Según esos hechos particulares, concluimos que la póliza obrero-patronal del dueño del cementerio no respondía ya que lo único que existía entre este y el patrono real del empleado fallecido era un contrato de compraventa.

No había en forma alguna un contrato de arrendamiento de servicios de parte de De los Santos Monge[, patrono real del empleado fallecido,] en favor de Fournier. Meramente había uno o varios contratos de compraventa. (Enfasis suplido). Atiles, Admor. v. Comisión Industrial, supra, pág. 507.

Siguiendo la misma línea, en Ruiz Díaz v. Vargas Reyes, 109 DPR 761 (1980), declinamos extender la inmunidad pa-tronal que concede la Ley Núm. 45, supra, a quien no tiene una relación de patrono con el obrero lesionado. En ese caso, el demandante era un carpintero empleado de la contratista Bird Construction, Co., quien a su vez, había subcontratado a la concretera Ready Mix Concrete (Ready Mix) para la entrega de cemento premezclado en la construcción de un condominio. El demandante, en el curso de sus labores, las cuales eran separadas e independientes a las de la concre-tera, fue arrollado por un camión de Ready Mix. Por esos hechos, y luego de haber recibido la compensación de la CFSE, se presentó una demanda por daños y perjuicios contra Ready Mix, en la que se alegó negligencia del chofer que condujo el camión propiedad de la concretera.

En aquella ocasión, la relación principal y agente del demandante era exclusivamente con la contratista Bird Construction, Co. Más aún, la concretera Ready Mix había sido subcontratada por Bird Construction, Co., únicamente para la entrega de cemento premezclado y su labor no te-nía injerencia en la relación obrero-patronal entre el de-mandante y Bird Construction, Co. Al resolver la contro-versia presentada, resaltamos que el factor determinante en la concesión de la inmunidad estatutaria es la existen-cia de un vínculo, directo o indirecto, entre el empleado accidentado y el patrono en el curso de cuyo empleo ocurre el accidente. Ruiz Díaz v. Vargas Reyes, supra, pág. 765. Como no encontramos una relación obrero-patronal entre Ready Mix y el demandante, rechazamos la invitación de la concretera de extenderle la inmunidad de patrono esta-tutario frente al demandante. En otras palabras, declina-mos incluir a Ready Mix dentro del grupo inmune al colec-tivo de contratistas y subcontratistas por el mero hecho de estos tener alguna participación en la realización de una obra si no existe un vínculo obrero-patronal, directo o indi-recto, entre el empleado accidentado y el “patrono”. De esa forma, rechazamos incorporar en nuestro ordenamiento la doctrina de inmunidad de comunidad familiar (“common family immunity doctrine”). Ruiz Díaz v. Vargas Reyes, supra, pág. 765. Cf. Crowe v. Brasfield & Gorrie Gen. Contractor, Inc., supra, pág. 757.

En resumidas cuentas, un dueño de obra o principal que ajuste con un contratista independiente gozará de la inmunidad absoluta provista por la Ley Núm. 45, supra, si cumple con su obligación subsidiaria de asegurar a los empleados del patrono real. Martínez v. Bristol Myers, Inc., supra, pág. 397. También será inmune si el patrono con quien contrató para la realización de determinada obra o servicios ha asegurado a sus propios trabajadores. Id. Asimismo, luego de un análisis de nuestro ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia persuasiva de otros tribunales estatales, concluimos que ese deber patronal de asegurar con la CFSE se extiende hasta los empleados en el último lugar de una misma cadena contractual, sin importar cuán extensa sea. Así, todos los patronos obligados a asegurar se beneficiarán de la inmunidad contra demandas que otorga la Ley Núm. 45, supra. Lo determinante en la aplicación de esa inmunidad estatutaria es que la relación entre principal y agente en un contrato de obra o de servicios permite que exista un vínculo obrero-patronal indirecto entre el principal y el obrero accidentado.

Debemos recordar que en Montaner, Admor. v. Comisión Industrial, 59 DPR 285 (1941), reconocimos, precisamente, la existencia de este tipo de relación:

“Las leyes de compensaciones a obreros han creado una re-lación completamente nueva entre principales o contratistas principales y los empleados de contratistas y subcontratistas. Hasta ahora, bajo estas circunstancias, se había sostenido que aquellos que ostensiblemente aparecían como principales o contratistas principales en relación con contratistas y subcon-tratistas eran en realidad patronos de trabajadores empleados ostensiblemente por contratistas y subcontratistas. En esos casos se resolvió que la relación de principal y agente (master and servant) existía claramente entre el principal o principal contratista y los obreros o empleados directamente nombrados por los contratistas o subcontratistas”. íd., pág. 290 (citando a W. Bradbury, Bradbury’s Workmen’s Compensation, 3ra ed., [s. 1.], The Branks Law Publishing Co., Baker, Voorhis & Co., 1917, pág. 264).

Como vimos, el objetivo primordial de la Ley Núm. 45, supra, es proveer una compensación rápida y segura para todos los trabajadores. Ese propósito se alcanza cuando al-guno de los patronos asegura a todos los empleados, direc-tos o indirectos, con la CFSE. Por esa razón, no podemos condicionar la existencia de la inmunidad que provee la Ley Núm. 45, supra, a que un dueño de obra o principal también asegure a los empleados con la CFSE cuando ya otro patrono, real o estatutario, aseguró a esos mismos empleados. En ese escenario, ya se alcanzó la política pú-blica y esos empleados tienen disponibles los remedios que provee esa agencia en toda su extensión. Lugo Sánchez v. A.F.F., supra, pág. 867. Del mismo modo, no podemos ob-viar el hecho de que el costo de la póliza obrero-patronal de la CFSE es, eventualmente, un componente del precio de la obra o servicio que se pacta. En fin, resolver lo contrario y determinar que un dueño de obra o principal necesita adquirir una póliza obrero-patronal independiente con la CFSE para, en un caso como este, ser inmune a las deman-das de cualesquiera empleados de sus agentes o contratis-tas independientes, solo impondría una carga adicional so-bre el comercio y el tráfico jurídico que no es necesaria para ofrecer una cubierta a los trabajadores.

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En este caso se cumplió cabalmente con el propósito de la Ley Núm. 45, supra. El señor Ortiz Jiménez estuvo cu-bierto por la CFSE y recibió sus servicios por más de un año. No se cuestionó la determinación del foro primario que determinó que Sears, la empresa contratada original-mente por la principal para el servicio de entrega de mer-cancía, era patrono estatutario del empleado agraviado, se-ñor Ortiz Jiménez.

En ese sentido, debemos recordar que la señora Rivera Núñez contrató a Sears para que esa compañía le entre-gara los enseres electrodomésticos que había adquirido. Posteriormente, Sears subcontrató la realización del servi-cio de entrega con otra empresa, GR Contractors. A su vez, esa otra entidad subcontrató la realización del mismo ser-vicio de entrega con el señor Villanueva, el patrono real del empleado agraviado. Así, vemos que subsiste una relación obrero-patronal entre el señor Ortiz Jiménez y su patrono real que vincula a la señora Rivera Núñez como principal. Ese vínculo surge de la cadena contractual que comenzó con la contratación de Sears y culminó con la subcontrata-ción del señor Villanueva para la realización del mismo servicio de entrega de los enseres electrodomésticos. Ade-más, fue precisamente en el cumplimiento del servicio de entrega de los enseres electrodomésticos que ocurrió el lamentable accidente que suscitó la controversia.

En este caso concurren las circunstancias que permiten la aplicación de la inmunidad estatutaria que provee la Ley Núm. 45, supra. Es decir, existe un vínculo obrero-patronal entre la señora Rivera Núñez y el señor Ortiz Jiménez producto de la relación principal y agente en el contexto de un contrato de servicios. Por eso es inescapable concluir que la persona que comisionó en su origen el ser-vicio de entrega de mercancía, la Sra. Rivera Núñez, es, al igual que Sears, un patrono estatutario inmune.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la sentencia del Tribunal de Apelaciones. Se dictará Sentencia para devolver el caso al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Río Grande, y para que continúen allí los procedimientos a tenor con lo aquí expuesto.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez disintió sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Kolthoff Cara-bailo no intervino.

       La sentencia parcial solo hace referencia a Sears, es decir, que no se adjudicó si GR Contractors y el señor Villanueva también son patronos estatutarios del señor Ortiz Jiménez. Apéndice del Certiorari, págs. 99-105.

       En jurisdicciones estadounidenses, este esquema permite al empleado lesio-nado ascender en la cadena contractual hasta el primer patrono asegurado para beneficiarse de la compensación del seguro obrero-patronal. 6 Larson’s Workers’Compensation Sec. 70.04, pág. 70-6 (Matthew Bender, Rev. Ed. 2007) (“[I]n the increasingly common situation displaying a hierarchy of principal contractors upon subcontractors upon sub-subcontractors, if an employee of the lowest subcontractor on the totem pole is injured, there is no practical reason for reaching up the hierarchy any further than the first insured contractor”). Algunas jurisdicciones han estable-cido fondos para remediar la situación en la que ningún patrono haya asegurado a sus empleados a lo largo de la cadena contractual. Thayer v. Uninsured Employers’ Fund, 991 P.2d 447, 450 (Mont. 1999); Yocom v. Campbell, 536 S.W.2d 470 (Ky. 1976). En términos de nuestra Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, 11 LPRA sec. 1 et seq., si ningún patrono está asegurado con la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), se activará el mecanismo del Art. 13,11 LPRA sec. 16, que permite al empleado u obrero lesionado de un patrono no asegurado solicitar una compensación ante la Comisión Industrial y además, de forma independiente, de-mandar a su patrono en daños y perjuicios. Véase Vélez Sánchez v. Comisión Industrial, 107 DPR 797 (1978).


author: El Juez Asociado Señor Rivera García

text:
    Ramón A. Cacho Pérez, recurrido, v. Robert Hatton Gotay y otros, peticionarios.

      Número: CC-2014-0597

      Resuelto: 16 de marzo de 2016

      Eliezer Aldarondo Ortiz, Rosa Campos Silva, Simone Cataldi Malpica y Eliezer Aldarondo López, de Aldarondo & López Bras, PSC, abogados de la parte peticionaria; Eric M. Quetglas Jordan y Rafael Hernández Colón, abogados de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rivera García

emitió la opinión del Tribunal.

La presente controversia nos permite aclarar el alcance de la aplicación de la doctrina de la ley del caso, en lo que respecta a la resolución de asuntos interlocutorios. En particular, nos corresponde dirimir si unas Resoluciones emi-tidas por el Tribunal de Apelaciones y por este Foro, en las que se declararon “sin lugar” ciertos planteamientos inter-locutorios relacionados con la validez de un embargo, cons-tituyen la ley del caso y, por ende, nos impide entrar a auscultarlos nuevamente. Sujeto a lo anterior, debemos analizar si debe sostenerse la validez de un embargo emi-tido por el Tribunal de Primera Instancia sin requerir la prestación de fianza a pesar de que posteriormente el Tribunal de Apelaciones revocó la cuantía de daños otorgados y ordenó la celebración de una vista evidenciaría para des-filar prueba adecuada sobre los daños ocasionados.

Por los fundamentos que elaboramos a continuación, re-vocamos la determinación del Tribunal de Apelaciones, ya que es inaplicable la doctrina de la ley del caso y, como cuestión de derecho, procede dejar sin efecto el embargo emitido contra la parte peticionaria. A continuación inclui-mos un resumen breve de los hechos pertinentes a la con-troversia que nos ocupa.

HH

El 8 de enero de 2010, el foro primario notificó una Sen-tencia en la que declaró “con lugar” la demanda sobre in-cumplimiento contractual y daños y perjuicios presentada por la parte recurrida, Sr. Ramón A. Cacho Pérez (señor Cacho Pérez) contra la parte peticionaria, Sr. Robert Hatton Gotay (señor Hatton Gotay). En la Sentencia alu-dida, el Tribunal de Primera Instancia concedió al señor Cacho Pérez los remedios que solicitó y, además, una com-pensación en daños en exceso de doce millones de dólares ($12,000,000).

El mismo 8 de enero de 2010, el señor Cacho Pérez pre-sentó ante el Tribunal de Primera Instancia una moción de aseguramiento de sentencia y cuatro días más tarde el foro primario la declaró “con lugar”. En la orden se dispuso, en lo pertinente, lo siguiente:

A tenor con lo dispuesto en la Regla 56.1 de Procedimiento Civil el Demandante presentó una Moción de Aseguramiento de Sentencia dictada por este Tribunal el día 23 de diciembre de 2009 solicitando el embargo, el embargo de fondos en pose-sión de terceros, la prohibición de enajenar, y unas órdenes para obtener del Demandado determinada información con miras de asegurar la Sentencia. [...]
El aseguramiento de sentencia que se solicita en este caso puede concederse sin prestación de fianza conforme provee la Regla 56.3 por estarse gestionando después de la sentencia.
Conforme provee la Regla 56.4 “si se hubiere cumplido con los requisitos de la Regla 56.3” que en este caso se cumplen, “el Tribunal deberá expedir a Moción de ex-parte de un recla-mante, una orden de embargo o de prohibición de enajenar”. Dicha orden de acuerdo con el caso de Rivera Rodríguez [& Co.] v. [Lee] Stowell, 133 DPR 881 (1993), puede dictarse sin vista en un caso como éste porque cae bajo una de las excepciones pre-vistas en dicha opinión: la sentencia es prueba documental fe-haciente y las cantidades adecuadas bajo la misma están ven-cidas y son líquidas y exigibles.
En virtud de ello, el Tribunal ordena el embargo de bienes en posesión de terceros y/o la prohibición de enajenar de sufi-cientes bienes muebles e inmuebles para satisfacer la totali-dad de la sentencia, incluyendo los intereses a partir de la fecha de la demanda que monta a $12,815,024.36, más los intereses que se devenguen a partir de la fecha de la Senten-cia, de los bienes pertenecientes al demandado Robert Hatton o la Sociedad de Gananciales que tiene constituida con su se-ñora esposa. Apéndice, págs. 129-130.

El 2 de febrero de 2010, el señor Hatton Gotay solicitó mediante moción al foro primario que, en sustitución de la orden dictada el 12 de enero de 2010, se emitiera una nueva limitada a dos cuentas que tenía en UBS Financial Corporation (UBS) hasta la cantidad de $12,815,024.36. El señor Cacho Pérez se opuso a esa moción. Sin embargo, antes de que el Tribunal de Primera Instancia resolviera ese asunto, el señor Hatton Gotay presentó ante el Tribunal de Apelaciones una petición de certiorari el 10 de fe-brero de 2010 (KLCE201000203). En el recurso cuestionó la legalidad y la constitucionalidad de la orden de embargo y planteó que se emitió por una cantidad en exceso a la suma de daños otorgada al señor Cacho Pérez. Ese foro denegó el recurso por prematuro mediante Resolución dic-tada el 14 de mayo de 2010.

Inconforme, el señor Hatton Gotay acudió el 4 de octu-bre de 2010 ante esta Curia mediante una petición de cer-tiorari en el caso CC-2010-863. El 11 de marzo de 2011 denegamos la expedición del auto. Sin embargo, en la Re-solución para renegar el auto expresamos lo siguiente:

Ahora bien, este dictamen es sin perjuicio de que el Tribunal de Primera Instancia celebre una vista para atender y diluci-dar la solicitud de limitación de embargo presentada por los peticionarios ante el foro de primera instancia. Apéndice, pág. 445.

En observancia con lo provisto el 11 de marzo de 2011 por este Tribunal, el 23 de mayo de 2011 el señor Cacho Pérez presentó una Moción Renovando Solicitud de Modi-ficación de Orden de Embargo; y Solicitando Vista sobre Embargo y Remedios Provisionales en Aseguramiento de Sentencia.

Por otro lado, es preciso señalar que el 5 de marzo de 2010, el señor Hatton Gotay presentó ante el Foro Apela-tivo Intermedio el recurso de apelación KLAN-2010-0293, en el cual impugnó en los méritos la sentencia emitida por el Foro primario el 8 de enero de 2010. Luego de los trámi-tes correspondientes, el 6 de junio de 2011, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, excepto “la parte que condena al señor Hatton Gotay al pago de ciertas sumas a Utuado Management and Development Company, Inc. y al señor Cacho Pérez por concepto de daños y perjuicios”. Apéndice, pág. 507. Ade-más, se ordenó lo siguiente:

[s]e devuelve al caso al foro primario al solo efecto de que se celebre una vista evidenciaría donde se desfile prueba ade-cuada sobre los daños ocasionados a Utuado Management y al señor Cacho; y a su vez, se le permita a la parte apelante presentar prueba pericial para rebatir dichos daños. Id.

A la luz de esa decisión, el 16 de junio de 2011, el señor Hatton Gotay presentó una moción ante el Tribunal de Apelaciones en el mismo recurso de apelación KLAN20100293, en la que solicitó que se dejara sin efecto el embargo por no existir una condena de daños que lo sostuviera. Ese foro declaró “sin lugar” la moción el 28 de junio de 2011. Inconforme, el señor Hatton Gotay acudió el 1 de agosto de 2011 ante este Tribunal con la petición de certiorari Núm. CC-2011-0649. El auto se denegó mediante Resolución de 11 de noviembre de 2011.

Posterior a la notificación de la Resolución de este Foro, y luego de múltiples trámites procesales no pertinentes a la controversia que aquí nos ocupa, el 14 de mayo de 2012, el foro primario celebró una vista argumentativa para con-siderar varios asuntos que estaban pendientes de resolver, entre los que se encontraba la modificación del embargo trabado. La representación legal del señor Hatton Gotay hizo constar que el planteamiento original de limitación de embargo se solicitó antes de que se notificara la Sentencia del Tribunal de Apelaciones que revocó la partida de daños concedida. A renglón seguido, señaló que las Reglas de Pro-cedimiento Civil establecen que para dictar una orden de embargo debe presentarse una fianza, lo que no ocurrió en este caso, por lo que el embargo se podría convertir en ile-gal y habría daños que compensar. Por su parte, la repre-sentación legal del señor Cacho Pérez adujo que el plante-amiento de la fijación de fianza en cuanto al embargo se llevó hasta el Tribunal Supremo y fue declarado “sin lugar”. De esa forma, el demandante Cacho Pérez sostuvo que procedía mantener en vigor el embargo, ya que la res-ponsabilidad de los daños estaba establecida.

En la vista aludida, el foro primario ordenó a UBS Financial Services que abriera una nueva cuenta a nombre del señor Hatton Gotay y transfiriera a ella activos por la cantidad de doce millones de dólares. Estos activos serían los únicos afectados por la orden de embargo y el señor Hatton Gotay podría retirar sus frutos.

El 30 de julio de 2012, el Tribunal de Primera Instancia notificó una resolución sobre los planteamientos realizados por el señor Hatton Gotay en cuanto a la procedencia del embargo. Concluyó que la sentencia original del Tribunal de Primera Instancia en este caso era final, ya que los foros apelativos confirmaron la determinación de que el señor Hatton Gotay había realizado actos dolosos. Al ser una sentencia final, no era necesaria la prestación de una fianza antes de ordenar el embargo. No obstante, ante la posibilidad de que los demandantes no lograran probar sus daños, redujo la cantidad embargada a $2,500,000.

Ambas partes solicitaron la reconsideración de esa resolución. Los demandantes peticionaron que se aumen-tara la cuantía del embargo mientras que el señor Hatton Gotay argüyó que el embargo era improcedente sin la fija-ción de una fianza. El 10 de septiembre de 2013, el Tribunal de Primera Instancia notificó una resolución en la cual nuevamente rechazó el argumento del señor Hatton Gotay en cuanto a la necesidad de prestar una fianza antes de ordenar el embargo. Fundamentó esa decisión en que las resoluciones de los foros apelativos del 28 de junio de 2011 y 11 de noviembre de 2011 habían establecido como ley del caso que no era necesaria la fianza. Por otro lado, dejó sin efecto la reducción en el monto del embargo.

En desacuerdo con el foro primario, el 4 de octubre de 2013, el señor Hatton Gotay presentó una petición de cer-tiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El 27 de mayo de 2014, el Tribunal de Apelaciones notificó una resolución en la cual se denegó la expedición del auto de certiorari. En particular, determinó que la sentencia del Tribunal de Pri-mera Instancia era final aunque se hubiera revocado la determinación de daños, por lo que no procedía imponer una fianza para el embargo trabado. El 26 de junio de 2014, el foro apelativo intermedio notificó una resolución en la que denegó una moción de reconsideración presen-tada por el señor Hatton Gotay.

El 23 de julio de 2014, el señor Hatton Gotay acudió ante este Tribunal mediante una petición de certiorari, en la que adujo que el Tribunal de Apelaciones erró al mante-ner en vigor un embargo de doce millones que no se sos-tiene jurídicamente. Además, esgrime que la doctrina legal de la ley del caso no se aplicó correctamente en este caso. El 30 de enero de 2015, este Tribunal expidió el auto de certiorari.

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, pa-samos a discutir el derecho aplicable al asunto ante nues-tra consideración.

II

A. En nuestra jurisdicción, los derechos y las obli-gaciones adjudicados mediante un dictamen judicial, que adviene final y firme, constituyen ley del caso. Félix v. Las Haciendas, 165 DPR 832, 843 (2005); Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 606 (2000); Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 118 DPR 701, 704 (1987). Esos de-rechos y obligaciones “gozan de finalidad y firmeza” para que las partes en un pleito puedan proceder “sobre unas directrices confiables y certeras”. Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., supra, págs. 607-608. Por lo tanto, de ordinario, las controversias que han sido adjudicadas por el foro pri-mario o por un tribunal apelativo no pueden rexaminarse. íd.; 18 Moore’s Federal Practice 3rd Sec. 134.20, págs. 134-152 (1999).

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha expresado que la doctrina de la ley del caso “dirige la discreción del tribunal, no limita su poder”. (Traducción nuestra). Arizona v. California, 460 US 605, 618 (1983) (“This doctrine directs a court’s discretion; it does not limit the tribunal’s power”).

En específico, las determinaciones judiciales que constituyen la ley del caso incluyen todas aquellas cuestiones finales consideradas y decididas por el tribunal. Félix v. Las Haciendas, supra, pág. 843. Esas determinaciones, como regla general, obligan tanto al tribunal de instancia como al que las dictó, si el caso vuelve ante su consideración. Id. Así, hemos expresado que la doctrina solo puede invocarse cuando exista una decisión final de la controversia en sus méritos. Id.

Ahora bien, esta doctrina no es un mandato inflexible, sino que recoge la costumbre deseable de que las con-troversias adjudicadas por un tribunal sean respetadas. Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. ELA, supra, pág. 607. En situa-ciones excepcionales, si el caso vuelve ante la consideración del tribunal y este entiende que sus determinaciones pre-vias son erróneas y pueden causar una grave injusticia, ese foro puede aplicar una norma de derecho distinta. Félix v. Las Haciendas, supra, pág. 844; Mgmt Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., supra, pág. 608; In re Tormos Blandino, 135 DPR 573, 578 (1994); U.S.I. Properties, Inc. v. Registrador, 124 DPR 448 (1989). En Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 755 (1992), este Tribunal sostuvo, haciendo refe-rencia a lo resuelto en Torres Cruz v. Municipio de San Juan, 103 DPR 217, 222 (1975), que un segundo juez de un foro primario podía cambiar la determinación de un primer juez en el mismo caso si esta produce resultados claramente injustos.

Al fin y al cabo, la “doctrina de la ley del caso’ es una manifestación necesaria y conveniente del principio reconocido de que las adjudicaciones deben tener fin”. Srio. del Trabajo v. Tribunal Superior, 95 DPR 136, 141 (1967). En vista de la anterior pauta jurídica, hemos colegido que solo cuando se presenta un atentado contra los principios básicos de la justicia, es que los tribunales pueden descar-tar la aplicabilidad de la doctrina de la “ley del caso”. Noriega v. Gobernador, 130 DPR 919, 931 (1992). Véase, también, Don Quixote Hotel v. Tribunal Superior, 100 DPR 19, 30 (1971).

En el contexto de la adjudicación de peticiones de certiorari sobre asuntos interlocutorios, hemos resuelto que la denegatoria de un tribunal apelativo a expedir el auto no implica la ausencia de error en el dictamen cuya revisión se solicita, ni constituye una adjudicación en los méritos. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 esc. 2 (1997). Por ende, en casos como ese no aplica la doctrina de la ley del caso.

B. En este caso el foro primario concluyó en la Resolu-ción, que notificó el 10 de septiembre de 2013, que no pro-cedía que los demandantes prestaran fianza ya que ello constituía la ley del caso. Apéndice, pág. 1411. Para con-cluir de esa forma, pesó en el ánimo del Tribunal de Pri-mera Instancia la resolución emitida por el Tribunal de Apelaciones el 28 de junio de 2011, en la que se declaró “sin lugar” la solicitud del señor Hatton Gotay para que se de-jara sin efecto el embargo. Asimismo, el foro primario tomó en consideración la Resolución que emitió este Tribunal el 11 de noviembre de 2011, en la que denegamos, en el ejer-cicio de nuestra discreción, la expedición del auto de certio- rari solicitado. No obstante, un análisis de esas resolucio-nes revela que fue incorrecta la conclusión a la que arribó el foro primario.

La Resolución emitida por el Tribunal de Apelaciones el 28 de junio de 2011 se limitó a declarar “sin lugar” un asunto interlocutorio que se llevó ante su consideración y que no formó parte de la apelación original: la moción pre-sentada por el peticionario para que se dejara sin efecto la orden de embargo. En esa Resolución no se discutió en los méritos la controversia interlocutoria que se llevó ante su consideración. Adviértase que esa moción interlocutoria se presentó luego de que se revocara en los méritos la Senten-cia del Foro primario, que fue el dictamen objeto de apelación. Aunque no se desprende expresamente la razón del Foro Apelativo Intermedio para no atender el asunto interlocutorio planteado, notamos que la oposición de los recurridos se fundamentó principalmente en que era el Tribunal de Primera Instancia quien tenía la competencia para atenderlo. Apéndice, págs. 510-512. Nos parece que pesó en el ánimo del Tribunal de Apelaciones el funda-mento utilizado por la parte recurrida.

De esa forma, es ineludible concluir que la Resolución del Tribunal de Apelaciones de 28 de junio de 2011 no cons-tituye una decisión final del asunto de la validez del embargo, adjudicado en sus méritos. Félix v. Las Haciendas, supra, pág. 843. Por el contrario, entendemos que, con su determinación, el foro apelativo intermedio prefirió permi-tir que el asunto de la validez del embargo luego de que se revocaran las partidas de daños fuera adjudicado por el foro primario. Después de todo, el Tribunal de Primera Ins-tancia posee amplia discreción para manejar los procedi-mientos ante sí. Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 306-307 (2012); García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005), citando a Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 216 (1990). En consecuencia, es incorrecto afir-mar que, según lo expresado en esa Resolución, procede aplicar la doctrina de la ley del caso.

De igual manera, de la Resolución que emitió este Foro el 11 de noviembre de 2011 se deduce que declinamos entrar a discutir en los méritos la controversia planteada. En ese momento, emitimos discrecionalmente una Resolución en la que declaramos “sin lugar” la petición de certiorari en que se impugnó la decisión interlocutoria del Tribunal de Apelacio-nes de 28 de junio de 2011 que discutimos anteriormente.

Como hemos expresado, la denegatoria de un tribunal apelativo a expedir un recurso de certiorari no implica que el dictamen revisado esté libre de errores o que constituya una adjudicación en los méritos. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 98; Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, supra, pág. 658. Por lo tanto, es obligado con-cluir que la Resolución que emitimos el 11 de noviembre de 2011 tampoco constituye la ley del caso. Félix v. Las Haciendas, supra, pág. 844; Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., supra, pág. 608; In re Tormos Blandino, supra, pág. 578; Núñez Borges v. Pauneto Rivera, supra, pág. 755.

Luego de haber descartado la aplicación de la doctrina de la ley del caso, pasamos a resolver en los méritos la controversia traída a nuestra atención: ¿debe sostenerse el embargo que se dictó sin fianza a pesar de que no existe un dictamen judicial que contenga una cuantía específica de daños?

III

A. El aseguramiento de sentencia es una “medida tomada por el tribunal a solicitud de parte en un pleito pendiente con el propósito de que la sentencia pueda ejecutarse”. R. Hernández Colón, Derecho procesal civil, 5ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis de Puerto Rico, 2010, pág. 170, citando a León v. Corte, 52 DPR 892 (1938).

Conforme con lo dispuesto en la Regla 56.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, el Tribunal de Primera Ins-tancia puede dictar cualquier orden provisional que sea necesaria para asegurar la efectividad de la sentencia. En-tre las órdenes que puede dictar se encuentra el embargo de bienes que debe ser razonable y adecuado para garanti-zar la efectividad de la sentencia que en su día pueda caer. J. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 2011, T. V, pág. 1578. Desde hace décadas hemos dejado claro que la orden de embargo puede recaer sobre bienes que están en posesión de un tercero. Prado v. Quiñones, 78 DPR 313 (1955). Incluso, hemos pautado que procede el embargo de una cuenta bancaria conjunta cuyos titulares son el deudor y un tercero ajeno. BBVA v. S.L.G. López Sasso, 168 DPR 700 (2006).

Así pues, hemos resuelto que en el ejercicio de su discre-ción, al momento de conceder alguno de los remedios en aseguramiento de sentencia, el tribunal debe prestarle especial atención a que el remedio que se solicita sea provisional y que su propósito sea asegurar la efectividad de la sentencia; además de tomar en consideración los intereses de todas las partes, según lo requiera la justicia y las cir-cunstancias del caso. Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 839 (2010).

Como norma general, antes de la concesión del remedio provisional, el foro primario debe ordenar la pres-tación de una fianza a la parte solicitante para responder por todos los daños y perjuicios que se causen como conse-cuencia del aseguramiento. Regla 56.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Ahora bien, no será necesaria la prestación de fianza cuando: (1) surja de documentos jura-mentados que la deuda es legalmente exigible; (2) el liti-gante sea indigente, o (3) se gestiona después de la sentencia. Íd. Véase, además, R. Hernández Colón, op. cit., pág. 171. Sin embargo, en M. Quilichini Sucrs., Inc. v. Villa Inv. Corp., 112 DPR 322, 326 (1982), fuimos enfáticos en establecer que aunque se permite obtener una orden de embargo sin fianza en casos en que existe una sentencia, ello no quiere decir que eventualmente no se tenga que responder por los daños que se causen si el embargo es ilegal.

Además del requisito de fianza, la Regla 56.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, establece que, de or-dinario, el tribunal no concederá, modificará ni anulará un remedio provisional sin antes notificar a la parte afectada y celebrar una vista. Véase, además, Hernández Colón, op. cit, pág. 171. Sin embargo, un tribunal podrá expedir, a petición de parte, una orden de embargo o de prohibición de enajenar sin previa notificación y vista si “la parte re-clamante demuestr[a] tener un previo interés propietario sobre la cosa embargada, o la existencia de circunstancias extraordinarias o la probabilidad de prevalecer mediante prueba documental fehaciente que demuestre que la deuda es líquida, vencida y exigible”. Regla 56.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.

De igual forma, en Vargas v. González, 149 DPR 859, 865 (1999), establecimos que “[t]anto nuestra juris-prudencia como la doctrina reconocen que se puede solici-tar el aseguramiento de una sentencia aunque el dictamen que se pretende asegurar haya sido apelado o se haya pre-sentado un recurso de certiorari”. Véase, además, Buxo, Jr. v. Corte, 51 DPR 322, 327 (1937). El tratadista Cuevas Se-garra expresa que la razón para ello es evidente: se busca preservar el statu quo que existía antes de que la sentencia fuera dictada. Cuevas Segarra, op. cit, pág. 1595. Si un acreedor no tuviese disponible ese mecanismo durante el tiempo en que la sentencia es revisada, o está sujeta a serlo, correría el riesgo de no poder ejecutarla una vez ad-venga final y firme, de ser ese el caso. Id.

En fin, nuestra jurisprudencia ha dejado muy claro que el embargo de bienes muebles es una medida realista y muy necesaria dirigida a preservar la capacidad económica del deudor, permitiendo que el acreedor vindique su derecho. Fresh-O-Baking Co. v. Molinos de P. R., 103 DPR 509, 519 (1975).

B. Sostiene la parte peticionaria señor Hatton Gotay que los tribunales recurridos erraron al resolver que pro-cedía mantener en vigor el embargo trabado en su contra. Para sustentar su postura, el señor Hatton Gotay aduce que luego de que el Tribunal de Apelaciones revocó la de-terminación de daños, el embargo emitido sin la prestación de fianza no se podía sostener meramente porque se con-firmó la determinación de responsabilidad de que este ac-tuó dolosamente. Tiene razón el peticionario.

La sentencia originalmente emitida por el Tribunal de Primera Instancia en este caso concedió remedios de anu-lación de ciertos actos del señor Hatton Gotay así como de compensación monetaria por los daños causados. En cuanto a la condena de daños, se ordenó al señor Hatton Gotay que pagara $8,675,021 a favor de Utuado Management; $1,500,000 a favor del señor Cacho Pérez, sujeto a ciertas deducciones, y $220,000 a favor del Estado Libre Asociado por tratarse de un préstamo usurario. La mayo-ría de esas partidas estaban sujetas al interés legal desde el 11 de agosto de 2005, día de presentación de la demanda. Como mencionamos anteriormente, el foro apelativo inter-medio revocó todas las partidas de daños y ordenó que se celebrara una vista evidenciaria para que se presente prueba adecuada de la cuantía de los daños. Debido a que el embargo está dirigido a asegurar los daños desglosados, nos concentraremos en los remedios de compensación monetaria.

En el caso de autos, una vez el Tribunal de Apelaciones revocó la determinación del monto de los daños antes alu-didos, la sentencia dejó de ser ejecutable en ese extremo de-bido a que el remedio requería una determinación judicial posterior. Adviértase que una sentencia es final y definitiva cuando resuelve el caso en sus méritos y termina el litigio entre las partes, restando solamente la ejecución del dicta-men judicial. S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 133, 155 (2011).

Ciertamente el foro primario tenía facultad el 12 de enero de 2010 para emitir la orden de embargo en asegu-ramiento de sentencia sin requerir la prestación de fianza, ya que la Regla 56.3 de Procedimiento Civil, supra, lo per-mite en casos en que ya existe una sentencia. Hernández Colón, op. cit, pág. 171. Como hemos explicado, el Foro primario notificó su sentencia el 8 de enero de 2010. Tam-poco era necesaria la celebración de una vista previa, ya que la Regla 56.4 de Procedimiento Civil, supra, permite que se expida una orden de embargo sin previa notificación y vista en casos en los que se demuestre que la deuda es líquida y exigible. Al existir la Sentencia de 8 de enero de 2010, en la que se condena a sendas partidas de daños, se cumplía con los requisitos de liquidez y exigibilidad de la deuda. Íd. Asimismo, es norma reiterada que el embargo en aseguramiento de sentencia procede aunque el dicta-men que se pretende asegurar haya sido recurrido, como ocurrió en este caso. Vargas v. González, supra, pág. 865; Buxo, Jr. v. Corte, supra, pág. 327.

No obstante, al Tribunal de Apelaciones revocar en su totalidad las partidas de daños impuestas contra el Sr. Hatton Gotay, la sentencia del foro primario dejó de ser ejecutable en ese extremo y, por virtud de las Reglas 56.3 y 56.4 de Procedimiento Civil, supra, era necesario prestar fianza y celebrar una vista para dilucidar la procedencia del embargo. En cuanto a la celebración de la vista, nos parece que la vista celebrada ante el foro primario el 14 de mayo de 2012 cumplió sustancialmente con el texto de la Regla 56.4 de Procedimiento Civil, supra. En esta, las par-tes tuvieron la oportunidad de discutir ampliamente la procedencia de la orden de embargo en controversia.

Sin embargo, es un hecho indubitado que al día de hoy no se ha prestado fianza para garantizar el embargo trabado. Ello es contrario a la Regla 56.3 de Procedimiento Civil, supra, ya que en este caso no existe una sentencia ejecutable en ese extremo, a raíz de la determinación del Tribunal de Apelaciones que revocó las partidas de daños. S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, supra, pág. 155.

En consecuencia, concluimos que procede dejar sin efecto el embargo trabado contra el señor Hatton Gotay. Además, ordenamos al Tribunal de Primera Instancia que en un término perentorio celebre una vista para dilucidar la procedencia de una nueva orden de embargo que cumpla cabalmente con los requisitos establecidos en las Reglas de Procedimiento Civil.

Por los fundamentos expuestos, se revoca la Resolución emitida por el Tribunal de Apelaciones y se deja sin efecto el embargo trabado contra el Sr. Robert Hatton Gotay. Se de-vuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que continúen los procedimientos de forma compatible con lo aquí resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y la Juez Aso-ciada Señora Rodríguez Rodríguez concurrieron sin opi-nión escrita.

       Sobre los requisitos de liquidez y exigibilidad de una deuda, véase Ramos y otros v. Colón y otros, 153 DPR 534, 546 (2001).

       Al momento de dilucidar la cuantía del embargo, el foro primario deberá tener en cuenta que, al no existir una partida de daños probada, el monto de la fianza debe ajustarse a la cantidad que surja de las alegaciones de la parte demandante recurrida. Véanse: Librotex, Inc. v. A.A.A., 138 DPR 938, 955 (1995); Carlo v. Corte, 58 DPR 889, 894-895 (1941).