text:
    Partido Popular Democrático, Comité Municipal de Orocovis, John Avilés Burgos, Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático en Orocovis, peticionarios, v. Comisión Local de Elecciones, Precinto 66 de Orocovis et al., recurridos.

      Número: AC-2008-065

      Resuelto: 10 de octubre de 2008

      René Arrillaga Armendáriz y Ricardo Arrillaga Armendáriz, abogados de la parte peticionaria; Oscar J. Santamaría Torres, abogados del Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista del Precinto 66 de Orocovis.
   SENTENCIA

Mediante este recurso se nos solicita que revoquemos una sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones, en la cual se invalidó el proceso de recusación de ochenta y cuatro electores por razón de domicilio, debido a la publicación con tan sólo un día de retraso de los edictos relativos a este proceso. Según se deduce del apéndice a la petición, esa dilación fue el resultado de la falta de espacio y disponibilidad del periódico El Vocero de Puerto Rico, ante el gran volumen de edictos sobre recusaciones que se recibió durante el período en controversia.

Por entender que el foro apelativo erró al revocar la determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aibonito, el cual encontró justa causa para esa tardanza, luego de la celebración de una vista evidenciaría, revocamos el dictamen recurrido.

I

El Partido Popular Democrático (PPD) inició un proceso de recusación de ochenta y cuatro electores del Precinto 066 del Municipio de Orocovis, por razón de domicilio, en conformidad con lo dispuesto en la Ley Electoral de Puerto Rico, Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977 (16 L.P.R.A. see. 3001 et seq.). Como parte del proceso, el PPD procedió a notificar personalmente a los electores sobre las distintas solicitudes de recusación, con el fin de que éstos comparecieran a una vista ante la Comisión Local de Elecciones de Orocovis. Sin embargo, como esas gestiones no tuvieron éxito, el PPD le solicitó al Presidente de la Comisión Local su autorización para realizar la notificación mediante la publicación de edictos, según lo permite la Sec. 2.12 del Reglamento para el Trámite de Recusaciones de la Ley Electoral, Comisión Estatal de Elecciones, 13 de noviembre de 2007, págs. 14-15.

Examinada esta petición, el 20 de mayo de 2008 el Presidente de la Comisión Local autorizó la notificación mediante edictos, para lo cual el PPD contaría con un término de diez días reglamentarios. Luego de realizar los trámites administrativos dirigidos a pagar los costos de su publicación, el PPD envió los edictos al periódico El Vocero de Puerto Rico el 28 de mayo de 2008, con el fin de colocarlos en la edición de 30 de mayo de 2008, fecha límite para realizar la notificación. No obstante, a pesar de presentar su solicitud en el término reglamentario correspondiente, El Vocero de Puerto Rico le notificó al PPD el 2 de junio de 2008 que la publicación de los edictos no pudo realizarse en la fecha señalada, debido a la gran cantidad de recusaciones sometidas para publicación. En cambio, ésta se realizó el 31 de mayo.

Así las cosas, en la fecha pautada para la celebración de la vista de recusación, el presidente de la comisión local determinó que la notificación mediante edictos fue ineficaz, pues se había realizado con un día de retraso. Por tal motivo, la vista de recusación no pudo llevarse a cabo, aun cuando varios de los electores recusados comparecieron a ella. De esa determinación el PPD recurrió ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aibonito. Este foro, tras celebrar una vista evidenciaría, resolvió que hubo justa causa para la referida tardanza de un día, pues ésta fue el resultado del gran volumen de recusaciones recibido por el periódico El Vocero de Puerto Rico.

Inconforme, el Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista para el Precinto 066 de Orocovis (PNP) recurrió ante el Tribunal de Apelaciones, el cual revocó la determinación del foro de instancia por entender que en este caso el PPD no había demostrado justificación alguna para la dilación reseñada. Además, el tribunal concluyó que en vista de que la notificación mediante edictos era nula, el único remedio que tenía el PPD era instar un nuevo proceso de recusación.

Insatisfecho con el dictamen, el PPD comparece ante nos. En síntesis, señala que notificó de lo ocurrido a la Comisión Local en el término de cinco días dispuesto por el Reglamento para el Trámite de Recusaciones. Además, ex-presa que la tardanza de un día no era atribuible a una falta de diligencia de su parte, pues se cumplió con presentar los edictos para publicación antes del término correspondiente de diez días. Por ello, aduce que la tardanza en este caso estuvo justificada.

Acogido el recurso como una petición de certiorari, y examinada la oposición presentada por la parte recurrida, procedemos a resolverlo, según lo dispuesto en la Regla 21 de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A.

II

Como se sabe, la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico consagra el derecho de todos los ciudadanos al sufragio universal, en todos los procesos electorales, como uno de los valores constitucionales de la más alta jerarquía en nuestro país. En ese sentido, nuestra Carta Magna establece que el ejercicio del derecho al voto será igual, directo, secreto y libre de toda coacción. Art. II, Sec. 2, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. Con el fin de garantizar adecuadamente ese derecho, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Electoral de Puerto Rico, la cual establece que no se podrá anular la inscripción legal de un ciudadano como elector a no ser mediante sus disposiciones o de una orden judicial. Véase Art. 2.006 de la Ley Electoral de Puerto Rico, 16 L.P.R.A. see. 3056.

Por otra parte, la Declaración de Propósitos de la Ley Electoral —la cual contiene los presupuestos básicos para el funcionamiento de nuestro sistema democrático— establece la necesidad de que los procesos electorales deseansen en unas garantías de pureza electoral que permitan contar cada voto en la forma y manera como fue emitido, además de asegurar que las elecciones en Puerto Rico se conduzcan de manera ordenada y pacífica. Véase 16 L.P.R.A. see. 3002. En aras de lograr estos objetivos, el Art. 2.023 de la Ley Electoral de Puerto Rico, 16 L.P.R.A. see. 3073, establece el mecanismo de recusación para eliminar a un elector del registro oficial y para evitar que aquellos que no tienen derecho a ser electores formen parte de éste. Así, pues, se establece un período de cuatro meses para recusar a los electores que no tengan derecho a votar en el precinto correspondiente. Dicho período comienza el 15 de enero y termina el 15 de mayo de cada año electoral.

El partido que interese recusar a un elector en particular debe notificarle personalmente con copia de la solicitud de recusación y acreditar, bajo juramento y apercibimiento de perjurio, haber realizado dicha gestión. Véase la See. 2.8 del Reglamento para el Trámite de Recusaciones, supra, pág. 10; P.P.D. v. Admor. Gen. de Elecciones, 111 D.P.R. 199, 201 (1981). Por su parte, el Art. 2.12 del citado Reglamento, supra, permite que se publique un edicto con el fin de notificarles a aquellas personas que, a pesar de haberse realizado diligencias razonables a esos efectos, no pudieron ser emplazadas personalmente.

Sobre el particular, la citada Sec. 2.12 dispone que, una vez se acrediten las diligencias realizadas para notificarle al elector sobre el proceso de recusación instado en su contra, el presidente de la comisión local podrá autorizar la notificación mediante edictos. El edicto se publicará en el término de diez días a partir de la fecha cuando se reciba esta autorización. A su vez, deberá enviarse la citación a la vista correspondiente mediante correo certificado, en el término indicado, a la última dirección del elector que suija del Registro General de Electores.

Asimismo, la persona que diligencie la publicación del edicto tendrá cinco días para acreditar, ante la Junta de Inscripción Permanente que corresponda, el cumplimiento cabal de la normativa anterior. Transcurrido ese período sin realizarse dicha acreditación, se entenderá desistida la solicitud de recusación. Por el contrario, si se acredita el cumplimiento con el trámite reseñado, se celebrará la vista de recusación en los diez días siguientes a la publicación del edicto. Los términos dispuestos en la sección del Reglamento para el Trámite de Recusaciones son de cumplimiento estricto. Véase P.P.D. v. Admor. Gen. de Elecciones, supra, pág. 200. A esos efectos, la See. 6.7 de dicho Reglamento, supra, pág. 26, establece que los términos establecidos en éste podrán ser variados por acuerdo unánime de los comisionados electorales o por justa causa en los casos meritorios.

Ahora bien, al considerar la existencia de justa causa en el contexto de las recusaciones de electores no puede perderse de vista que se trata de un procedimiento que busca limitar, aun cuando por unas justificaciones particulares, el derecho de un elector a votar en una elección. Por ese motivo, se debe constatar fehacientemente que las razones aducidas para haber incumplido con los términos de cumplimiento estricto en los procesos de recusaciones no sean meros argumentos sin sustancia que soslayen la importancia del derecho al voto en esta jurisdicción.

III

En este caso, el PPD solicitó la recusación de más de ochenta electores del Precinto 066 de Orocovis por entender que ya no residían en este municipio. Ante el hecho de que las gestiones para notificarles personalmente sobre este proceso no fueron exitosas, se solicitó la publicación de edictos. Sin embargo, aunque el PPD sometió su solicitud de publicación al periódico El Vocero de Puerto Rico en el término correspondiente, dicho rotativo no pudo colocar los edictos en la edición de 30 de mayo de 2008, última fecha para realizarla. Los edictos se publicaron finalmente al día siguiente; es decir, el 31 de mayo de 2008.

Tras considerar detenidamente la controversia, creemos que el PPD presentó justa causa para la tardanza de un día en la publicación de los edictos en cuestión. En primer lugar, surge del expediente ante nos que no fue hasta el 2 de junio de 2008 que la Sra. Dolores Barreiro, Directora de Clasificados y Edictos del periódico, le notificó al PPD sobre la situación. Es preciso advertir que, a esa fecha, era prácticamente imposible solicitarle una prórroga al presidente de la comisión local para publicar los edictos. Cuando el PPD se enteró del retraso, el cual no guardó relación alguna con una falta de diligencia suya, ya el término para realizar la referida publicación había transcurrido.

Por otra parte, a pesar de que el PPD presentó la solicitud de publicación el 28 de mayo de 2008, el Tribunal de Primera Instancia concluyó que dicha espera estaba justificada, pues la tramitación del pago por los edictos y la realización de otras gestiones dirigidas a publicarlos eran actividades administrativas necesarias para lograr cumplir con los requisitos que impone la Ley Electoral de Puerto Rico al respecto. En este sentido, coincidimos con el foro de instancia, el cual tuvo ante su consideración prueba testifical sobre el trámite administrativo de rigor y resolvió, finalmente, que la notificación mediante edictos fue eficaz.

En atención a lo anterior, nos resta precisar cuál sería el remedio más adecuado para disponer de este caso. En vista del tiempo transcurrido entre la notificación mediante edictos y la suspensión de la vista para atender las recusaciones en controversia, y en consideración de la importancia del derecho al voto en nuestra jurisdicción, se ordena la publicación de unos nuevos edictos en el término de tres días a partir de la notificación de la sentencia. En dicha notificación se citará a una vista de recusación en el término de siete días a partir de la fecha de publicación de los edictos mencionados. A su vez, en conformidad con la See. 2.12 del Reglamento para el Trámite de Recusaciones, supra, el PPD deberá notificar por correo certificado la citación a la vista.

Por los fundamentos expuestos, se revoca la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones. En consecuencia, se devuelve el caso a la Comisión Local de Elecciones del Precinto 066 para que continúe con los procedimientos en conformidad con lo aquí resuelto.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez disintió con una opinión escrita.

Opinión disidente emitida por la

Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

La controversia en este caso gira en torno al proceso de recusación por domicilio de unos electores inscritos en el Precinto 066 del Municipio de Orocovis instado por el Partido Popular Democrático. El Tribunal de Apelaciones, revocando al foro primario, desestimó las peticiones de recusación presentadas. Hoy, este Tribunal, a mi juicio erróneamente, revoca al foro apelativo intermedio. Con este curso de acción el Tribunal minusvalora el requisito de justa causa para la publicación del edicto de recusación que exige la Ley Electoral de Puerto Rico. No puedo estar conforme con este curso de acción.

Este Tribunal plantea la controversia existente como un problema de falta de espacio y disponibilidad del periódico El Vocero de Puerto Rico para la publicación, por lo que concluye hubo justa causa para la publicación tardía del edicto. En realidad, la controversia debe enfocarse desde la perspectiva de las diligencias llevadas a cabo por el Partido Popular Democrático para cumplir con el término reglamentario de publicación del edicto. A poco que las evaluemos, es forzoso concluir que éstas no constituyen justa causa que justifique validar la publicación tardía del edicto en este caso. Así, el único remedio disponible era la desestimación de las recusaciones presentadas, tal y como hizo el foro apelativo intermedio.

Lo hechos en este caso aparecen resumidos en la sentencia que hoy se dicta por lo que nos parece innecesario relatarlos nuevamente.

I

Nuestra democracia representativa es la piedra angular de nuestra vida colectiva como pueblo. Así se recoge con claridad en el Preámbulo de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, al enfatizarse el carácter democrático de nuestra sociedad donde el orden político emana del pueblo y se ejerce con arreglo a la voluntad manifiesta en las urnas. McClintock v. Rivera Schatz, 171 D.P.R. 584 (2007). El voto es, por lo tanto, el mecanismo que potencia nuestra vida en democracia.

La Constitución del Estado Libre Asociado ordena ex-presamente garantizar el sufragio universal, igual, directo y secreto y proteger este derecho contra toda coacción en su ejercicio. Art. II, Sec. 2, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. Véanse, además: P.P.D. v. Admor. Gen. de Elecciones, 111 D.P.R. 199, 222 (1981); P.S.P. v. Com. Estatal de Elecciones, 110 D.P.R. 400, 405 (1980). En P.P.D. v. Admor. Gen. de Elecciones, supra, pág. 221, reconocimos que el derecho al voto es uno de los derechos fundamentales del ciudadano y como tal, “es nuestra obligación hacerlo observar y respetar”.

El sujeto principal de nuestro entramado constitucional-electoral es, sin duda, el elector individual por ser el titular de este derecho fundamental. Hemos advertido en el pasado que quien impugne el derecho a votar de un ciudadano carga sobre sí con el onus de demostrar, mediante prueba clara, robusta y convincente, que el elector no está apto para ejercer su derecho. Además, cualquier duda sobre si se cumplen o no con los requisitos del proceso de recusaciones tiene que resolverse a favor del ciudadano y de su derecho a ejercer el sufragio.

Por otro lado, la Asamblea Legislativa tiene una amplia facultad para regular el proceso electoral. Art. IV, Sec. 4, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. Hemos reconocido que toda aquella reglamentación que, sin obstaculizar innecesariamente el voto, propenda a la realización de un proceso electoral justo, ordenado, libre de fraude, honesto e íntegro, es válida. P.S.P., P.P.D., P.I.P. v. Romero Barceló, 110 D.P.R. 248 (1980); P.N.P. v. Tribunal Electoral, 104 D.P.R. 741 (1976).

En P.P.D. v. Admor. Gen. de Elecciones, supra, pág. 227, nos expresamos sobre el proceso de recusación() e indicamos sobre éste que constituye “un entredicho contra la validez del voto. Si bien no lo anula de primera intención, su propósito es precisamente anularlo”. Señalamos también que el elector cuyo voto se impugna debe tener derecho a contradecir la recusación y “a comparecer y ser oído en la vista en que se examine y pueda adjudicarse la procedencia de la recusación. A ese fin, debe ser citado con suficiente antelación y de manera efectiva. No debe bastar, a este efecto, un mero diligenciamiento negativo de una citación. Debe quedar demostrado que se hicieron esfuerzos razonables para notificarle”. íd., págs. 232-233.

II

La Comisión Estatal de Elecciones, conforme a los poderes que le confiere la Ley Electoral de Puerto Rico, Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, según enmendada, 16 L.P.R.A. see. 3001 et seq., aprobó el Reglamento para el Trámite de Recusaciones de la Ley Electoral, Comisión Estatal de Elecciones, 13 de noviembre de 2007 (Reglamento). El Reglamento se adoptó con el propósito, entre otros, de regular el proceso de recusación de un elector. Véase Comisionado v. Presidenta, 166 D.P.R. 513 (2007).

El Título II del Reglamento regula todo lo concerniente al procedimiento de recusación de electores. Según éste, el Art. 2.12 del Reglamento dispone el trámite que se ha de seguir cuando el ciudadano que será recusado no pueda ser notificado personalmente del trámite de recusación iniciado en su contra. Es decir, regula la notificación por edictos. La disposición establece lo siguiente:

Cuando la persona recusada no pudiere ser localizada después de haberse realizado todas las diligencias pertinentes dentro del plazo correspondiente (Diligenciamiento Negativo), el diligenciante (emplazador), certificará mediante Declaración Jurada en el formulario R-002 (Autorización para Emplazar), y bajo apercibimiento de perjurio, todas las gestiones que realizó que resultaron infructuosas para notificar al elector recusado; con una relación del día, la hora y los nombres, apellidos y dirección exacta de las personas entrevistadas.
El Presidente de la Comisión Local, una vez examine las diligencias de la declaración Jurada conforme a la Regla Núm. 4 de las “Reglas de Procedimiento Civil para el Tribunal General de Justicia”, de 1979 según enmendadas determinará si autoriza que la notificación de la recusación se haga por edicto. El edicto se publicará en un periódico de circulación general, una vez dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha de la autorización. El diligenciante ... [d]eberá además, dentro del plazo de los diez (10) días, notificar la “Citación a Vista” por correo certificado con acuse de recibo a la última dirección del elector que surja del Registro General de Electores o de la transacción electoral que corresponda ....
El diligenciante o la persona en quien éste delegue acreditará ante la Junta de Inscripción la publicación del edicto no más tarde de los cinco (5) días siguientes a los diez (10) días para su publicación, mediante los siguientes documentos:
a) Una declaración jurada del administrador o agente autorizado del periódico, acompañada de un (1) ejemplar del edicto publicado, el cual se podrá acreditar vía fax. Pero se presentará el original el día de la vista.
b) Un recibo del Correo del envío que se hizo de la “Citación a Vista” por correo certificado con acuse de recibo, en original, más
c) Su propia Declaración Jurada bajo apercibimiento de perjurio, según aparece en el formulario de “Citación a Vista Cr-003).
Si transcurrido el periodo de cinco (5) días, luego de expirado el plazo de diez (10) días para la publicación del edicto, no se acreditare el hecho de dicha publicación se entenderá desistida la recusación sin perjuicio de que, aduciéndose justa causa, pueda iniciarse una nueva recusación .... Id., págs. 14-16.

Se advierte de lo anterior que el procedimiento de recusación es riguroso y detallado. Y así debe ser, pues lo que está en juego es el ejercicio de un derecho constitucional. Ello nos obliga a exigir el cumplimiento riguroso con los requisitos para emplazar mediante edicto a un elector.

De otra parte, se observa de la disposición que los términos allí dispuestos no son de carácter jurisdiccional, sino más bien de cumplimiento estricto. En Arriaga v. F.S.E., 145 D.P.R. 122, 132 (1998), indicamos que para que exista justa causa, las explicaciones para el incumplimiento tienen que basarse en “explicaciones concretas y particulares, ... que le permitan al tribunal concluir que la tardanza o demora ocurrió razonablemente, por circunstancias especiales”. (Enfasis suplido.) Corresponde por lo tanto a la parte que ha incumplido con el término de cumplimiento estricto, la responsabilidad de demostrar a cabalidad la causa justa para su incumplimiento.

Conforme a lo anterior, pasemos a aplicar la doctrina expuesta a los hechos ante nuestra consideración.

III

Conforme se recuenta en la Sentencia que hoy dicta el Tribunal, el Partido Popular Democrático comenzó un procedimiento de recusación por razón de domicilio de varios electores ante la Comisión Local de Elecciones del Precinto 66 de Orocovis. Luego de que se acreditara que no se pudieron realizar el diligenciamiento personal se autorizó que dichos electores fueran notificados por edictos.

Conforme al procedimiento establecido, el Presidente de la Comisión Local de Elecciones de Orocovis autorizó la publicación mediante edicto el 20 de mayo de 2008. El Partido Popular Democrático tenía hasta el 30 de mayo para publicar ese edicto. Dos días antes de que venciera el término, el PPD solicitó la publicación de los edictos. El edicto finalmente se publicó el 31 de mayo de 2008 en el periódico El Vocero de Puerto Rico', es decir, vencido ya el término provisto en el Reglamento para ello.

El Partido Popular Democrático alegó que debido a trámites burocráticos internos del partido no se pudo solicitar la publicación al periódico hasta pasados ocho días de que se expidieran los edictos. Esta explicación a mi juicio, es jurídicamente insuficiente para concluir que existió justa causa para el incumplimiento. La burocracia partidista nunca puede ser justa causa para privar a un elector de su derecho al voto. Le corresponde al partido asegurarse que su maquinaria burocrática se mueva con agilidad. Lo que está en juego, después de todo, es precisamente uno de los derechos más preciados en una democracia.

No hay duda de que el Partido Popular Democrático dejó para última hora solicitar el edicto correspondiente. Pudiendo acudir a la Comisión Estatal de Elecciones para solicitar una prórroga para extender el término de la notificación no lo hizo. Véase el Art. 6.7 del Reglamento, pág. 26. Con lo cual, debe atenerse a las resultas de una actuación que denota dejadez e informalidad en el trámite de notificación, que a nuestro juicio no se justifica.

Corresponde al diligenciante, en este caso al Partido Popular Democrático, cumplir con los términos de notificación para que se le garantice al elector el debido proceso de ley al privarle de su derecho fundamental. No albergo duda alguna de que el Partido Popular Democrático no actuó con la debida diligencia. Nuevamente, los obstáculos burocráticos que existan en una organización político partidista no eximen del cumplimiento riguroso con los requisitos reglamentarios exigibles en casos de esta naturaleza. Tampoco es responsabilidad del periódico asegurarse de que los edictos se publiquen en el término exigido, ya que dicha responsabilidad es exclusivamente del partido político. Si se acude tarde al periódico para solicitar una publicación se asume la responsabilidad de que no se pueda publicar a tiempo el edicto.

Para concluir, disentimos de la sentencia que hoy se dicta y estimamos que actuó correctamente el foro apelativo intermedio. La inobservancia del procedimiento y de los requisitos estatuidos para perfeccionar una recusación la hacen inefectiva, en consecuencia procedía desestimar las recusaciones presentadas.

      (1) El Reglamento para el Trámite de Recusaciones de Puerto Rico, Comisión Estatal de Elecciones, 13 de noviembre de 2007 (el Reglamento), aprobado por la Comisión Estatal de Elecciones el 28 de noviembre de 2007, define varios tipos de recusaciones; a saber: la recusación o exclusión, la recusación de electores inscritos fraudulentamente y la recusación institucional. Hoy nos concierne la primera de ellas. Esta se define en el Reglamento según los términos siguientes: “El procedimiento mediante el cual se requiere se elimine la inscripción de un elector del Registro del cuerpo Electoral, o cuya petición de inscripción, transferencia u otra transacción haya sido impugnada durante el proceso de inscripción.” Id., pág. 4.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
      In re Medidas Judiciales para Atender Emergencias Causadas por el Huracán Omar.

      Número: EM-2008-04

      Resuelto: 15 de octubre de 2008
   RESOLUCIÓN

Hoy miércoles 15 de octubre de 2008, el Servicio Nacional de Meteorología emitió una advertencia de tormenta tropical para la isla de Puerto Rico y una advertencia de huracán para Vieques y Culebra ante la inminencia del paso del huracán Ornar. En vista de la situación climatológica y del riesgo a la vida que pudiera representar este huracán, el Juez Presidente del Tribunal Supremo, Hon. Federico Hernández Denton, concede la tarde de hoy 15 de octubre de 2008 y mañana jueves 16 de octubre de 2008, libre a los empleados de la Rama Judicial con cargo a la licencia por desastre natural y decreta la suspensión de los trabajos en las salas de los tribunales.

Las Secretarías de los Centros Judiciales, del Tribunal de Apelaciones y del Tribunal Supremo permanecerán abiertas hoy 15 de octubre de 2008 hasta las 5:00 p.m. Las salas de investigaciones de los Centros Judiciales de San Juan y Bayamón permanecerán abiertas hasta las 8:00 p.m. de hoy. El Consorcio del Noreste, que ubica en Río Grande y cubre las Regiones Judiciales de Carolina, Fajardo y Humacao, permanecerá cerrado. No obstante, los jueces y las juezas de turno permanecerán activos para atender cualquier eventualidad.

Debido a que todos los tribunales y dependencias de la Rama Judicial estarán cerradas mañana 16 de octubre de 2008 y al amparo de nuestra facultad para reglamentar los procedimientos y trámites judiciales, al computar los términos en las distintas leyes, reglas o reglamentos aplicables a los procedimientos y trámites judiciales, se aplicará lo dispuesto en los Arts. 388 y 389 del Código Político de 1902 (1 L.P.R.A. sees. 72 y 73), por lo que se considerará el 16 de octubre de 2008 como si fuera un día feriado. Cualquier término a vencer ese día se extenderá hasta el próximo día laborable.

Se ordena la inmediata difusión pública de esta resolución.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re Enmienda a los Artículos III y V del Reglamento de la Junta de Personal de la Rama Judicial.

      Número: EP-2008-03

      Resuelto: 22 de octubre de 2008
   RESOLUCIÓN

Previa recomendación de la Directora Administrativa de los Tribunales, se enmiendan los Arts. Ill y V del Reglamentó de la Junta de Personal de la Rama Judicial, según enmendado, 4 L.P.R.A. Ap. XIV, para que dispongan lo siguiente:

Artículo III — Organización de la Junta
(h) Los expedientes de las querellas y apelaciones presentadas ante la Junta de Personal se conservarán en la Secretaría de la Junta de Personal hasta que transcurran cinco (5) años, contados a partir de la fecha de efectividad de la resolución. Luego se trasladarán al Archivo Central de la Rama Judicial, donde se conservarán por cinco (5) años adicionales. Transcurrido dicho término, el Archivo Central de la Rama Judicial dispondrá de estos documentos, conforme a la normativa aplicable.
(i) La Junta de Personal dispondrá de los documentos administrativos conforme la normativa adoptada por la Rama Judicial para la conservación y disposición de documentos.
Artículo V-Deberes y atribuciones del Secretario
(h) Remitirá al Archivo Central de la Rama Judicial aquellos expedientes de querellas y apelaciones en los que hayan transcurrido cinco (5) años contados a partir de la fecha de efectividad de la resolución.
(i) Dispondrá de los documentos administrativos conforme a la normativa adoptada por la Rama Judicial para la conservación y disposición de documentos.

Esta Resolución tendrá una vigencia inmediata.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


author: per curiam:

text:
    Víctor Manuel Díaz Morales y Otros, peticionarios, v. Departamento de Justicia y otros, recurridos.

      Número: CC-2007-976

      Resuelto: 27 de octubre de 2008

      María Astrid Hernández Martín, procuradora general auxiliar, e Ileana M. Oliver Falero, subprocuradora general, y; Francisco Rádison Pérez, abogado de la parte peticionaria.
   per curiam:

Debemos resolver si el Tribunal de Apelaciones erró al confirmar una determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, que desestimó una demanda dirigida a impugnar la confiscación de un vehículo de motor. Por entender que dicho resultado no es compatible con los programas de desvío contemplados por la Ley de Menores de Puerto Rico ni con lo resuelto recientemente en Ford Motor v. E.L.A., 174 D.P.R. 735 (2008), revocamos la sentencia recurrida.

I

Durante un patrullaje preventivo, agentes del Negociado de Drogas, Narcóticos y Control del Vicio de la Policía de Puerto Rico detuvieron a Víctor Manuel Díaz Maídonado (entonces menor de edad) mientras éste conducía un automóvil marca Toyota por la carretera 21 del área de Río Piedras. A raíz de la intervención, se le ocupó marihuana a un adulto que en ese momento acompañaba a Díaz Maídonado como pasajero y, a base de ello, se presentó una querella contra el menor por una falta al Art. 404 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. see. 2404, el cual prohíbe la posesión de drogas en los casos en los que no esté presente la intención de distribuir o traficar con éstas.()

En cuanto a la querella, surge del expediente ante nuestra consideración que el menor Díaz Maldonado fue procesado únicamente según el Art. 404 citado. No hay indicio alguno que apunte a una vinculación suya con el trasiego de drogas ilegales o con su manufactura, pues no se le procesó según los artículos que penalizan la distribución, producción o transportación de sustancias controladas. E.g., 24 L.P.R.A. sees. 2401, 2402 y 2403.

Por su parte, el Departamento de Justicia le notificó a las partes concernidas que había procedido a confiscar el automóvil mencionado y que éste tasó $16,000. Tras recibir esta notificación, el Sr. Víctor Manuel Díaz Morales y la Sra. Aminta Maldonado Rodríguez, por sí y en representación de su hijo menor Víctor Manuel, así como Star Ready Mix, Inc. y Popular Leasing & Rental, Inc., presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, una demanda contra el Departamento de Justicia y del Superintendente de la Policía de Puerto Rico para impugnar la referida confiscación.() Esencialmente, en esta acción alegaron que la incautación del automóvil era ilegal.

Mientras tanto, según los hechos imputados contra el menor Díaz Maldonado, tanto éste como sus padres suscribieron un contrato de desvío con el Procurador de Menores. En dicho convenio las partes se comprometieron a que el menor ingresaría a un programa de tratamiento y rehabilitación dirigido a atender los diversos factores relacionados a su conducta, así como aquellas necesidades de índole social y psicológica que se identificaran en la evaluación correspondiente.

A su vez, para constatar su cumplimiento con las condiciones del programa, el menor Díaz Maldonado se comprometió a realizarse todas las pruebas para la detección de sustancias controladas que a esos efectos fueren necesarias. A cambio, se estipuló en el contrato de desvío que la aceptación voluntaria de sus términos no podría considerarse como una admisión de los hechos que lo motivaron.

Posteriormente, tras cumplir con todas las condiciones del acuerdo mencionado, el tribunal de menores ordenó la culminación del desvío y el archivo definitivo de la querella instada contra el menor Díaz Maldonado. A la luz de esto, así como del contrato aludido, los esposos Díaz Maldonado y demás demandantes presentaron una moción de sentencia sumaria en la cual argumentaron que procedía la devolución del vehículo confiscado, pues no se le podía imputar al menor Díaz Maldonado haber admitido los hechos delictivos que dieron lugar a la incautación. En este sentido, adujeron que el fundamento para sustentar dicha acción había desaparecido tras el archivo de la querella mencionada.

El Estado se opuso oportunamente a esta solicitud de sentencia sumaria y presentó, a su vez, una moción para que se desestimara la demanda. Atendidas ambas peticiones, el Tribunal de Primera Instancia las denegó por entender que existía una controversia real sobre hechos esenciales en el caso ante su consideración. A pesar de ello, y poco tiempo después, los demandantes presentaron una segunda moción de sentencia sumaria por los mismos fundamentos. El Estado también se opuso a esta solicitud. Esta vez, sin embargo, el foro de instancia la declaró “con lugar” y ordenó la devolución del automóvil, por juzgar que el cumplimiento satisfactorio del menor con el programa de desvío impedía vincular el vehículo confiscado a la comisión de un acto delictivo.

Luego de varios incidentes procesales —incluido un dictamen interlocutorio del Tribunal de Apelaciones que revocó la sentencia emitida por el foro de instancia y ordenó la celebración de una vista en su fondo— las partes presentaron sus respectivos argumentos y la prueba relacionada a la controversia central del caso. Sometida esta ante la consideración del Tribunal de Primera Instancia, dicho foro declaró “sin lugar” la demanda de impugnación de la confiscación, por entender que había prueba fehaciente de que el auto incautado fue utilizado en la comisión de un delito.

Los demandantes recurrieron oportunamente ante el Tribunal de Apelaciones y reprodujeron los argumentos presentados ante el foro de instancia. Por su parte, el Procurador General —en representación del Estado— argumentó que el hecho de que se hubiese suscrito un contrato de desvío en torno a la falta imputada, y que como resultado de ello se haya archivado el caso, no constituye una absolución en los méritos. Por consiguiente, alegó que ello no invalidaba la confiscación del vehículo de motor en controversia. Por el contrario, el Procurador adujo que para acogerse a los beneficios de un programa de desvío hay que hacer una alegación de “culpabilidad”. Ese acto, a su entender, constituye una adjudicación en los méritos de la querella presentada contra el menor Díaz Maldonado. Por último, expresó que la vinculación del automóvil con la falta imputada había sido probada categóricamente.

El Tribunal de Apelaciones dictó una sentencia mediante la cual declaró “sin lugar” la apelación presentada por los esposos Díaz Maldonado, pues consideró que se había presentado prueba suficiente sobre la vinculación del automóvil con la comisión de un delito. Además, señaló que otro panel de dicho foro apelativo ya había resuelto —de manera desfavorable a la posición del menor— el planteamiento relativo al efecto del contrato de desvío sobre el proceso de confiscación en controversia.

De dicho dictamen recurren ante nos los esposos Díaz Maldonado y demás demandantes. Argumentan, en síntesis, que el proceso de desvío del cual se benefició satisfactoriamente el menor Díaz Maldonado tiene el efecto de una absolución en los méritos, tras producirse el archivo definitivo de la querella presentada. De igual forma, alegan que lo contrario implicaría avalar una conducta contradictoria por parte del propio Estado, ya que fue el Procurador de Menores —un funcionario gubernamental— quien recomendó la participación del menor Díaz Maldonado en el programa de desvío aludido y quien, posteriormente, solicitó el archivo de la querella presentada ante el tribunal de menores. El Estado, por su parte, reitera los planteamientos esbozados ante el Tribunal de Apelaciones y alega, además, que la teoría propuesta por los esposos Díaz Maldonado implicaría darles una inmunidad frente a los procesos de confiscación, aun cuando ello no fue previsto por el Legislador.

Examinada la petición, acordamos expedir. Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver.

II

En Ford Motor Credit v. E.L.A., supra, resolvimos recientemente que el archivo de una causa penal, al amparo de los procedimientos de desvío regulados por la Regla 247.1 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, y el Art. 404 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, supra, constituye un impedimento colateral por sentencia respecto a la acción de impugnación de una confiscación. En este sentido, concluimos que la declaración de culpabilidad hecha por un imputado, para acogerse a los beneficios del desvío autorizado por las disposiciones citadas, no representa una admisión de los hechos imputados. Por ende, el Estado no podía utilizar esta declaración para probar que el vehículo confiscado en aquel caso había estado vinculado a un acto delictivo.

En síntesis, nuestra determinación en este caso estuvo fundamentada en el hecho de que es el propio Estado quien incentiva la participación del imputado en los programas de desvío, pues busca la rehabilitación y la readaptación social de las personas con problemas de adicción. Se trata, fundamentalmente, de una alternativa que tiene el Estado para atender los casos de personas que no están vinculadas con el tráfico de drogas a manera de distribuidores, pero que ciertamente sufren de problemas de drogodependencia y requieren ayuda. Una vez se cumple con los requisitos del programa de desvío, el imputado es exonerado. Así, resolvimos que una vez se archiva la denuncia, según los términos del programa, se adjudica de forma favorable al acusado y se dispone con finalidad del hecho central del cual depende la confiscación: la comisión de un acto delictivo.

Del mismo modo, expresamos que resolver de otra forma produciría resultados incompatibles entre el procedimiento criminal y la acción civil de confiscación. Así, pues, si procediera la acción de confiscación luego de producirse el archivo del caso bajo los mecanismos de desvío aludidos, el Estado estaría utilizando su poder punitivo para castigar a una persona por la comisión de un delito, aun cuando la había exonerado anteriormente por su cumplimiento con el tratamiento al cual fue referido por el propio gobierno. Ante tales circunstancias, determinamos que era indispensable para el logro efectivo de la finalidad de los programas de desvío y de rehabilitación que no se castigara mediante la confiscación a una persona que ya había sido exonerada de los cargos criminales presentados en su contra.

En lo pertinente a este caso, existen mecanismos muy similares a los contemplados por el Art. 404 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, supra, y la Regla 247.1 de Procedimiento Criminal, supra, en el contexto de los menores. Como se sabe, el Legislador aprobó la Ley de Menores de Puerto Rico, Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986 (34 L.P.R.A. see. 2201 et seq.), con el fin de establecer un régimen especial dirigido a reglamentar los procedimientos investigativos, judiciales y ejecutivos, cuando menores de edad incurren en conducta constitutiva de delito. D. Nevares-Muñiz, Derecho de menores: delincuente juvenil y menor maltratado, 5ta ed., San Juan, Ed. Inst, para el Desarrollo del Derecho, 2005, pág. 4.

En esencia, la Ley de Menores de Puerto Rico tiene tres fines principales, a saber: (1) proveer para el cuidado, la protección, el desarrollo y la rehabilitación de los menores, a la vez que se protege el bienestar de la comunidad; (2) proteger el interés público, al tratar a los menores como personas necesitadas de supervisión, cuidado y tratamiento, pero exigiéndoles también responsabilidad por sus actos, y (3) garantizarle a los menores un trato justo, así como el debido proceso de ley y el reconocimiento claro de sus derechos constitucionales. 34 L.P.R.A. see. 2202. Precisamente, a la luz de los fines mencionados, la Ley de Menores de Puerto Rico provee un mecanismo de desvío a través del cual se suspende el procedimiento judicial en interés del menor y, en su lugar, se le refiere a una agencia, institución u organismo para que reciba aquellos servicios de tratamiento o rehabilitación que el tribunal es-time necesarios. 34 L.P.R.A. sec. 2203(g).

En esa dirección, luego de tomarse en consideración el informe social preparado por el especialista en relaciones de familia a cargo del caso, el tribunal puede ordenar que se suscriba un acuerdo entre el menor, sus padres o encargados, la agencia o entidad privada designada para pro-veer los servicios correspondientes, y el Procurador de Menores. En este convenio se fijan los objetivos específicos de tratamiento y rehabilitación, así como las condiciones que debe cumplir el menor bajo el programa de desvío. To-dos los documentos sobre el desvío pasan a formar parte del expediente confidencial del menor. Si al concluir el término de duración del desvío el menor ha cumplido con el acuerdo mencionado, el Procurador solicitará el archivo definitivo de la querella instada en su contra. De lo contrario, solicitará la reactivación del procedimiento judicial. Véanse: 34 L.P.R.A. see. 2221; Reglas 5.1-5.3 de Procedimiento para Asuntos de Menores, 34 L.P.R.A. Ap. I-A.

A su vez, de acuerdo con la naturaleza sui géneris de los procedimientos de menores, las órdenes o resoluciones del juez a cargo de este tipo de programas de desvío, no pueden considerarse como de índole criminal. Tampoco puede derivarse de éstas la conclusión de que el menor ha sido “convicto” en el sentido usual de la palabra. De hecho, así ocurre en todos los procesos en contra de menores, en donde los delitos son denominados como faltas, el juicio se denomina vista adjudicativa y la sentencia, medida dispositiva. Véanse: Art. 37(a) de la Ley de Menores de Puerto Rico, 34 L.P.R.A. sec. 2237. Véanse, además: Pueblo en interés menor 147 D.P.R. 65, 72 (1998); Nevares-Muñiz, op. cit, pág. 12.

III

En este caso, el menor Díaz Maldonado fue aprehendido debido a una alegada infracción del Art. 404 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, supra, disposición legal que prohíbe la posesión de sustancias controladas sin la intención de distribuirlas o traficarías. Debido a su minoridad, el tribunal de menores asumió jurisdicción sobre el asunto y, previo a las consultas de rigor, acogió la recomendación del Procurador de Menores para que el menor Díaz Maldonado fuese referido a un programa de desvío. Tanto el menor y sus padres, como el Procurador de Menores y el proveedor de servicios, suscribieron un acuerdo a esos efectos.

Según la propia Ley de Menores de Puerto Rico, el me-nor Díaz Maldonado cualificaba claramente para beneficiarse del programa de desvío al cual fue referido. Al igual que ocurre con los programas de desvío en el contexto de los adultos, el procedimiento de desvío contemplado por la Ley de Menores de Puerto Rico, sólo está disponible para los jóvenes procesados por faltas clase I (equivalente a un delito menos grave) o clase II (equivalente a un delito grave), si se trata de la primera falta. Por definición, ello ex-cluye las faltas relacionadas a la distribución de sustancias controladas, ya que éstas se han designado como de clase III.

Por otra parte, y como señalamos, el menor Díaz Maídonado cumplió cabalmente con todas las condiciones del programa de desvío. Por tal razón, según la recomendación del Procurador de Menores, el tribunal ordenó el archivo definitivo de la querella instada en su contra. Además, en el contrato de desvío suscrito por las partes, se especificó claramente que “ [e] 1 Procurador reconoce que la acepción voluntaria de las condiciones de este contrato por parte del menor, de ningún modo se considerará como admisión de los hechos”. (Enfasis suplido.) Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 28.

Conforme a lo anterior, no cabe duda de que, en este caso, la confiscación del vehículo de motor en controversia no puede subsistir. Se trata, pues, de unas circunstancias análogas a las que enfrentamos en Ford Motor u. E.L.A., supra. En este caso, tanto la naturaleza misma de los procedimientos de menores, como el contrato de desvío suscrito por el menor, sus padres y el Procurador de Menores, disponen claramente que de éstos no se podrá derivar una conclusión de que el menor haya sido “convicto” por la comisión de un acto criminal. De hecho, a tales efectos, la propia Ley de Menores de Puerto Rico prohíbe el uso de la evidencia utilizada en el procesamiento de la falta imputada, en otros procedimientos judiciales de tipo civil o criminal. 34 L.P.R.A. see. 2209. Simplemente, los propósitos de rehabilitación y reintegración consignados en la ley así lo exigen. Por ende, procede revocar la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones en este caso.

IV

Por los fundamentos expuestos, se revoca la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones. En su lugar, se ordena la devolución del vehículo confiscado o, en su defecto, el pago de su valor de tasación según lo dispuesto por la Ley Uniforme de Confiscaciones.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez disintió sin opinión escrita.

      (1) El Estado también presentó una denuncia por los mismos hechos contra el acompañante de Díaz Maldonado. No obstante, del expediente surge que ésta fue archivada por la violación del término pautado en la Regla 64(n)(6) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, para la celebración de la vista preliminar.

      (2) El auto confiscado, un Toyota Célica del 2000, color gris, era propiedad de Popular Leasing & Rental, quien se lo arrendó a Star Ready Mix, Inc.


author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton

text:
    Luis Amundaray Rodríguez, querellante, y Departamento de Asuntos del Consumidor, peticionario, v. Junta de Directores del Condominio Castillo del Mar, recurrido.

      Número: CC-2007-840

      Resuelto: 27 de octubre de 2008

      José A. Maisonet Trinidad, abogado del Departamento del Consumidor, parte peticionaria; José E. de la Cruz Skerrett y Johanna Rivera Cruz, abogados de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

En esta ocasión, nos corresponde resolver si el consejo de titulares de un condominio tiene la facultad de imponer una cuota variable, sujeta a las fluctuaciones mensuales en el precio de la energía eléctrica y del agua potable, además de la cuota fija del mantenimiento por los gastos comunes ordinarios del inmueble. Por entender que dicha cuota variable es contraria a las disposiciones de la Ley de Condominios sobre la obligación de contribuir con los gastos comunes y la aprobación del presupuesto anual del inmueble, revocamos el dictamen recurrido.

I

En agosto de 2005 se realizó una asamblea extraordinaria del Consejo de Titulares del Condominio Castillo del Mar para discutir el alza en los gastos comunes relacionados al consumo de energía eléctrica y agua potable en el edificio. Según explicaron varios miembros de la Junta de Directores, este aumento excedía las cantidades presupuestadas a principios del año para cubrir tales gastos de mantenimiento. ()

Con el fin de sufragar el déficit presupuestario que surgió como consecuencia del aumento, el Sr. Luis Fernández, tesorero de la junta de directores, sugirió dividir las cuotas de mantenimiento en dos partidas: una cantidad fija consistente en los gastos ordinarios del condominio y otra cantidad variable que incluiría los gastos reales y fluctuantes de energía eléctrica y agua potable. Esta cuota variable se fijaría a base de las facturas mensuales por el uso de esos servicios, distribuidas en proporción al porcentaje de participación correspondiente a cada apartamiento.

Así las cosas, el Dr. Diego Roca presentó una moción mediante la cual propuso la creación de la cuota variable descrita. Secundada la moción, el Sr. Luis Amundaray Rodríguez solicitó enmendar la moción y propuso, por su parte, el desarrollo de un plan de acción encaminado a reducir el consumo de ambos servicios, por entender que a ello se debía el aumento en la factura. La enmienda fue aceptada por el doctor Roca y el consejo de titulares aprobó la moción enmendada de manera unánime.()

Varios días después, la Junta de Directores notificó los acuerdos aprobados durante la asamblea extraordinaria a todos los titulares del Condominio. En la notificación, se detalló la estructura de la cuota mensual de mantenimiento a implementarse de la manera siguiente: (1) cargo fijo de gastos operacionales, excluyendo los gastos de energía eléctrica y agua potable, y (2) cargo variable según el consumo real de energía eléctrica y agua.

A pesar de que la aprobación de la medida fue unánime, algunos de los titulares entendieron que la enmienda presentada por el señor Amundaray Rodríguez condicionaba la imposición de la cuota variable a la preparación de estudios y a la evaluación de posibles alternativas para la reducción del consumo de agua y electricidad en los elementos comunes. Debido a ello, el señor Amundaray Rodríguez envió una carta a la junta mediante la cual impugnó la aprobación de la cuota variable por entender que no fue aprobada de forma adecuada.

En octubre de 2005 se convocó una segunda asamblea extraordinaria, en la cual se daría lectura y aprobación al acta de la asamblea anterior. En esa reunión, el señor Amundaray Rodríguez interrumpió la discusión para impugnar la cuota variable, ya que no se explicó el aumento en ésta. Sostuvo que la enmienda sometida era para realizar un estudio al respecto y no para su aprobación. En esa ocasión, y luego de explicar nuevamente el procedimiento, se aprobó el acta con veintiséis votos a favor y doce en contra.

Posteriormente, el señor Amundaray Rodríguez presentó ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) una querella para impugnar la imposición de la cuota variable mensual de mantenimiento. Alegó que la cuota variable no fue aprobada de forma adecuada y solicitó que se paralizara el cargo adicional de la cuota de mantenimiento para septiembre a noviembre. Además, explicó en la querella que intentó tomar un tumo en la segunda asamblea extraordinaria para aclarar el asunto de la cuota, pero fue declarado fuera de orden por el representante legal de la Junta.

En agosto de 2006, DACo emitió una resolución, mediante la cual decretó la ilegalidad de la cuota variable. Determinó que a pesar de que dicha cuota fue aprobada por los titulares, la Junta de Directores actuó en contravención de la Ley de Condominios, ya que la cuota se impuso sobre un gasto comunal cuyo aumento debió ser contemplado en el presupuesto del condominio como un gasto previsible, especialmente a raíz de la determinación previa de DACo sobre la no aportación de los titulares comerciantes a los gastos relacionados con el mantenimiento del aire acondicionado central. Por tal razón, la agencia ordenó la celebración de una nueva asamblea extraordinaria para aprobar un nuevo presupuesto que contemple todos los gastos comunales, incluyendo el incremento en el costo de la electricidad. Insistió, además, en que debía establecerse una sola cuota fija que contemple todos los gastos previsibles, incluyendo las fluctuaciones en el precio de estos servicios.

Inconforme, la Junta de Directores acudió al Tribunal de Apelaciones. El foro apelativo revocó la resolución de DACo y concluyó que la cuota variable era una alternativa creativa que atendía el problema de las fluctuaciones en el costo de los servicios. Asimismo, el foro apelativo expresó que DACo no citó autoridades legales para fundamentar su determinación. Por tal razón, concluyó que dicha agencia actuó de manera arbitraria al decretar la ilegalidad del acuerdo tomado por el Consejo de Titulares.

Por no estar de acuerdo con el dictamen, DACo acude ante este Tribunal. En esencia, esta agencia administrativa aduce que no abusó de su discreción al decretar la ilegalidad de la cuota variable por ser contraria a la Ley de Condominios, Ley Núm. 103 de 5 de abril de 2003 (31 L.P.R.A. sec. 1291 et seq.). Arguye, además, que no es una sana práctica administrativa establecer dos cuotas, una fija y otra variable, pues entiende que esta situación promueve la incertidumbre entre los titulares en cuanto a la suma que tendrán que pagar de mes a mes. Por su parte, la Junta de Directores alega que DACo actuó de manera arbitraria y caprichosa al declarar ilegal la cuota, pues entiende que el Consejo de Titulares actuó conforme a los deberes y las facultades que le concede el referido estatuto al aprobarla. Examinado el recurso, expedimos el auto. Con el beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos a resolver.

II

Sabido es que la Ley de Condominios establece la obligación de todo titular de un apartamiento de contribuir con los gastos comunes para el adecuado sostenimiento del inmueble. A su vez, dicho estatuto especifica que la cuota de mantenimiento correspondiente se precisará con arreglo al porcentaje de participación fijado a su apartamiento en la escritura de constitución del régimen. Art. 15 de la Ley de Condominios, 31 L.P.R.A. sec. 1291m(f). Véanse, además: M.J. Godreau, El Condominio: El régimen de propiedad horizontal en Puerto Rico, San Juan, Ed. Dictum, 1992, pág. 163; M. Pons González y M.A. del Arco Torres, Régimen jurídico de la propiedad horizontal: doctrina científica y jurisprudencia, legislación, formularios, Granada, Ed. Comares, 1995, pág. 311.

Cónsono con ello, hemos expresado reiteradamente que el principio de contribución proporcional a dichos gastos es medular en el esquema establecido por la Ley de Condominios. En ese sentido, hemos señalado que “ las cuotas que los titulares vienen obligados a satisfacer son precisamente para preservar las mejores condiciones de los elementos comunes, facilitar su uso y, sobre todo, garantizar el buen funcionamiento del régimen. Sin la aportación proporcional a las expensas del inmueble, el régimen no puede sobrevivir y se derrotaría la política pública al respecto’ ”. Asoc. Cond. Balcones S.Ma. v. Los Frailes, 154 D.P.R. 800, 815 (2001); Álvarez v. J. Dir. Cond. Villa Caparra, 140 D.P.R. 763 (1996); Maldonado v. Consejo de Titulares, 111 D.P.R. 427 (1981).

En particular, el Art. 38-D de la Ley de Condominios, 31 L.P.R.A. sec. 1293b-4, dispone que la Junta de Directores constituye el órgano ejecutivo de la comunidad de titulares, el cual tiene el deber de “[p]reparar con la debida antelación y someter al Consejo el presupuesto anual de gastos previsibles y de ingresos, fijando la contribución proporcional que corresponda a cada titular”. (Enfasis suplido.) Conforme a ello, el propio estatuto dispone que el Consejo de Titulares se reunirá por lo menos una vez al año para aprobar los presupuestos y las cuentas del próximo año fiscal. 31 L.P.R.A. sec. 1293b-l.

Comúnmente, la reunión que se celebra para aprobar el presupuesto preparado por la Junta de Directores constituye la asamblea anual ordinaria del Consejo de Titulares que ordena el artículo citado. De otra parte, el Art. 39 de la ley, 31 L.P.R.A. sec. 1293c, delimita claramente la autoridad del Consejo al respecto, pues dispone que “[l]a cantidad proporcional con que debe contribuir cada titular a los gastos comunes se determinará, fijará e impondrá al principio de cada año calendario o fiscal y vencerá y será pagadera en plazos mensuales”. (Énfasis suplido.)

Por otro lado, varias disposiciones de la Ley de Condominios buscan desalentar el atraso en el pago de las cuotas de mantenimiento y fomentan la diligencia respecto a los asuntos relacionados con la administración y conservación de los elementos comunes. Por ejemplo, el Art. 39 (31 L.P.R.A. sec. 1293c) autoriza al Consejo de Titulares a aprobar, mediante enmienda al reglamento del condominio, una penalidad de 10% a los titulares que no hayan realizado su pago correspondiente luego de quince días del plazo fijado para ello, así como la acumulación de intereses y otras penalidades adicionales por la morosidad en el pago de las cuotas. Dicho artículo también dispone que aquellos titulares que adeuden tres o más plazos de cuotas quedarán privados de su derecho al voto en las reuniones del Consejo de Titulares, incluidos aquellos asuntos que requieran el consentimiento unánime. íd. Asimismo, el Art. 38(i), 31 L.P.R.A. 1293b, permite a la Junta de Directores suspender el servicio de agua y electricidad, así como cualquier otro servicio recibido por medio de los elementos comunes generales, por el atraso de dos mensualidades consecutivas.

De todo lo anterior se desprende que la Ley de Condominios reconoce que el pago diligente de las cuotas de mantenimiento es fundamental para la sana administración y el funcionamiento adecuado de los elementos comunes. Por consiguiente, resulta sumamente importante que los titulares discutan y aprueben con antelación las cuantías proyectadas para el mantenimiento de esos elementos al comienzo de cada año fiscal o calendario. Más aún, es evidente que el estatuto ordena al Consejo de Titulares determinar de manera fija y estable la cuantía que se compromete a pagar cada apartamiento proporcionalmente en la asamblea anual celebrada para tales propósitos. Véase Art. 39, supra.

En este caso, DACo determinó que la práctica de imponer una cuota fija y otra variable es contraria a las disposiciones reseñadas de la Ley de Condominios. No obstante, el foro apelativo revocó esa determinación por entender que la medida en controversia era un mecanismo creativo para atender la crisis fiscal del Condominio. En vista de ello, y a la luz del marco normativo expuesto, debemos resolver si la Ley de Condominios autoriza al Consejo de Titulares del Condominio Castillo del Mar a aprobar una cuota de mantenimiento fija y otra variable, sujeta a las fluctuaciones mensuales en el costo de los servicios de energía eléctrica y agua potable. Veamos.

III

En primer lugar, nótese que el Art. 38-D(b) de la Ley de Condominios, supra, ordena a la Junta de Directores preparar un presupuesto anual a base de los gastos previsibles, el cual posteriormente debe ser considerado por el Consejo de Titulares. Indudablemente, el requisito de previsibilidad aplica tanto a los costos de servicios de electricidad y de agua potable como a los demás gastos comunes del condominio.

En este caso, el aumento en los servicios de energía eléctrica era previsible para la Junta de Directores. Al momento de aprobarse el presupuesto para el año fiscal 2005 se conocía que iba a ocurrir un alza significativa en tales servicios, pues DACo recientemente había emitido una resolución en la cual se eximía a los apartamientos comerciales del Condominio de contribuir a los gastos relacionados con el aire acondicionado central del inmueble. Más aún, el criterio de previsibilidad no requiere que se precise matemáticamente en el presupuesto la cuantía exacta del aumento en tales servicios, sino que se tome en consideración la posibilidad de que ocurran tales fluctuaciones en el mercado al aprobar éste.

Por lo tanto, creemos que la Junta de Directores tenía la obligación de presentar ante el Consejo de Titulares del Condominio un presupuesto que incluyera entre los gastos previsibles el aumento en el costo de los mencionados servicios para los titulares, tomando en consideración tanto las fluctuaciones del mercado como los efectos económicos de la determinación reciente de DACo. Por mandato de la propia Ley de Condominios, las cuotas de mantenimiento deben establecerse a base de una cuantía exacta que se fije y determine al principio de cada año y será pagadera en plazos mensuales. 31 L.P.R.A. sec. 1293c.

Ciertamente, la imposición de una cuantía fija y otra variable podría menoscabar los derechos propietarios de los titulares, ya que la falta de diligencia en el pago de las cuotas puede resultar en la privación del derecho al voto o de los servicios del titular moroso. Como consecuencia, una cuota variable sujeta a varias contingencias no contempladas en el presupuesto aprobado a principios del año podría dar pie a ciertas injusticias y arbitrariedades en su implementación.

Concluimos que la Junta de Directores del Condominio Castillo del Mar incidió al no proponer un presupuesto adecuado que contemplara el aumento de varios gastos comunes que, en general, eran previsibles. Más aún, cometió un grave error al proponer la aprobación de una cuota fija y otra variable para subsanar el problema ocasionado por el presupuesto deficiente que se aprobó a principios del año. Claramente, la Ley de Condominios contempla únicamente la aprobación de una sola cuota de mantenimiento fija y predeterminada para cubrir los gastos previsibles del año fiscal venidero. Asimismo, la fijación precisa de dicha cuota debe servir como un aviso adecuado a los condominos de los gastos que tendrán que incurrir en el próximo año, concediéndoles la oportunidad de preparar su presupuesto anual para que puedan prever y evitar las consecuencias negativas de la morosidad o del incumplimiento con la obligación de pagar las cuotas que impone la ley.

Por otro lado, nos parece razonable la interpretación de DACo en este caso, en cuanto a que un remedio adecuado que tenía la Junta y el Consejo de Titulares para atender la crisis fiscal del Condominio era proyectar el costo mensual promedio de los servicios y decretar un alza en la cuota de mantenimiento que podría haberse aplicado de forma gradual a través del año. Es decir, nada impide que en una asamblea extraordinaria, el Consejo de Titulares apruebe un aumento prospectivo en las cuotas de mantenimiento para atender una situación extraordinaria como la de este caso, ya que se fije y predetermine de antemano el monto preciso que conllevará esa sola cuota desde ese mes en adelante.() Del mismo modo, y como otra alternativa adecuada, el alza de la cuota podría estar sujeta a revisión en futuras asambleas, a base de proyecciones razonables en cuanto a los aumentos previsibles de dichos gastos. Ello daría la oportunidad de implementar planes de acción para la reducción del consumo de energía eléctrica y otras medidas creativas para atender los problemas fiscales del Condominio.

Por último, es menester señalar que la propia Ley de Condominios contempla la imposición de una derrama o hacer retiros del fondo de reserva para toda obra urgente no prevista en el presupuesto anual de inmueble. Art. 38 (31 L.P.R.A. sec. 1293b(d)(2)). Si la ejecución de dicha obra urgente requiere el 10% o más de dicho presupuesto o la imposición de una derrama, será necesario que ésta sea aprobada por una mayoría del Consejo de Titulares debidamente convocado para ello en una asamblea ex-traordinaria, la cual puede convocarse en tales supuestos extraordinarios en el plazo de setenta y dos horas sin necesidad de hacer una segunda convocatoria. Id.

En lo pertinente al caso de autos, el estatuto incluye en su definición de obra urgente toda obra necesaria para la restitución de los servicios esenciales, tales como el suministro de agua o de electricidad. Id. Véase, además, M.J. Godreau, La Nueva Ley de Condominios: guía básica para entender el régimen de propiedad horizonal según la Ley 103 del 5 de abril de 2003, 2da ed., San Juan, Ed. Dictum, 2003, págs. 57-58. Por consiguiente, es razonable concluir que el Consejo de Titulares también tenía disponible el mecanismo de aprobación de obras urgentes para sufragar los servicios de agua y electricidad, siempre y cuando el déficit presupuestario del Condominio impidiese que se pagaran a tiempo dichos servicios y se apercibiera a la Junta de que la morosidad en el pago de estos gastos comunes conllevaría la suspensión de éstos. Al aprobar una derrama para tales propósitos preventivos —la cual también puede ser pagadera en plazos mensuales— se subsanaría temporeramente la crisis financiera que surgió como resultado del presupuesto deficiente y, como consecuencia, se evitaría la suspensión del suministro de estos servicios esenciales.

IV

Por todo lo antes expuesto, revocamos la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones y, en consecuencia, devolvemos el caso a DACo para que continúe con los trámites ulteriores conforme a lo aquí resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez concurrió con el resultado sin opinión escrita.

      (1) Se desprende de los autos que el aumento se debió a una determinación del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) en la que dicha agencia concluyó que los dueños de espacios comerciales no tenían que aportar al mantenimiento del aire acondicionado central del condominio por no beneficiarse de éste. Por su parte, también se señaló en la asamblea extraordinaria que el consumo de electricidad del condominio solía fluctuar entre $13,000 y $15,000 mensuales, pero que en junio y julio de 2005 el consumo incrementó a $23,000, lo que implicaba un aumento de 20% en la proyección del presupuesto estimado para ese año. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 358.

      (2) Según la Junta de Directores, la enmienda presentada por el señor Amundaray Rodríguez se acogió como una enmienda aditiva a la moción original presentada por el doctor Roca, y no como una enmienda sustitutiva. Por lo tanto, la Junta alega que se mantuvo inalterada la propuesta de la cuota variable presentada por el doctor Roca.

      (3) De hecho, la Ley de Condominios establece que hasta la propia Junta de Directores tiene la facultad de aumentar o disminuir las cuotas para gastos comunes, sujeto ello a la revocación del Consejo de Titulares. Art. 38-D, 31 L.P.R.A. 1293b-4(j). Véase, además: M.J. Godreau, El Condominio: el régimen de propiedad horizontal en Puerto Rico, San Juan, Ed. Dictum, 1992, pág. 137.