author: El Juez Pbesidekte Señoh Del Tobo

text:
    Charles F. Pennington, peticionario, v. Corte de Distrito de Mayagüez, Hon. Francisco Navarro Ortiz, Juez, demandada.
    Núm. 371.

    Sometido: Abril 8, 1942.

      Resuelto: Abril 20, 1942.

      José Sabater, abogado del peticionario; el Juez demandado contestó por escrito.
   El Juez Pbesidekte Señoh Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

Se pide la expedición de un auto-de mandamus contra la Corte de Distrito de Mayagüez ordenando a su juez el sobre-seimiento de la causa que por acometimiento y agresión se siguiera contra el peticionario en la corte municipal y lle-gara en apelación a la de distrito.

De los autos resulta que en julio once, 1941, el jefe de distrito de la Policía Insular, Primitivo Casiano, juró una denuncia en la Corte Municipal de Mayagüez contra Charles F. Pennington, el peticionario, imputándole el hecho de ha-ber acometido j agredido a puñetazos a Atherton Lee ese mismo día, o sea un delito de acometimiento y agresión. Al pie de la denuncia aparece lo que sigue:

“Tes. Atherton Lee, Res. Estación Experimental, Minnie Bur jess, K. A. Bartlett, W. R. Bailey, y C. Alemar, Res. en la Estación Experimental de Mayagüez, P. R.”

Celebrado el correspondiente juicio, la corte municipal dictó sentencia en julio 19, 1941, declarando culpable al acu-sado y condenándole a cuarenta dólares de multa.

Apeló Pennington para ante la corte del distrito, radicán-dose los autos en la misma en septiembre 23, 1941. El jui- . ció fué señalado para noviembre 28, 1941 y la corte lo sus-pendió con la oposición del acusado a petición del fiscal ba-sada en la falta de un testigo.

Señalado el juicio nuevamente para marzo once, 1942, el acusado, el seis de dicho mes, presentó una moción solici-tando el sobreseimiento del proceso porque desde que apeló— julio 19, 1941 — habían transcurrido ocho meses menos trece días sin que el juicio se hubiera celebrado, no habiendo él ocasionado la dilación.

La vista de la moción se señaló también para el once de marzo y oídas ambas partes, la corte la declaró sin lagar. Fné entonces que el acnsado presentó su solicitud de man-damns ante esta Corte Suprema.

Al oponerse la corte del distrito a la concesión del auto, acompañó copia certificada por el taquígrafo de lo ocurrido en la vista de la moción de sobreseimiento. Llamada la mo-ción, hicieron algunas manifestaciones alrededor de la misma el juez y el acusado, continuando y terminando los procedi-mientos, como sigue:

‘‘ Sr. Fiscal Interino: El Ministerio Público se ve obligado a oponerse, por entender este fiscal que este caso es uno de los que de justa causa reseña el inciso 2 del artículo 448 del Código de Enjui-ciamiento Criminal; entendiendo este fiscal que no puede haber me-jor justa causa en este caso específico, ya que el supuesto agredido, que lo es Mr. Atherton Lee, por razones que han estado fuera de su control y fuera de su deseo y voluntad, ha tenido que aceptar cargos de~ responsabilidad de carácter diplomático, cuestiones diplomáticas, y se encuentra en la actualidad viajando por Sur América; y nos parece que ese hecho real y que a nosotros, tanto a la Hon. Corte como al distinguido compañero de la defensa nos consta, nos parece más que suficiente para justificar la justa causa, de acuerdo con el inciso 2 del artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal. Puedo hacer constar, además,, que tan pronto regrese Mr. Lee, quien también tiene interés en este asunto, podrá verse el caso.
“Lie. Sabater: Si Mr. Lee, por cualquier razón de su empleo se ausentare periódicamente de Puerto Rico y no viene, ¿no cree que la justa causa tuviere sometido siempre al acusado?
“Iíon. Juez: Bueno, siempre no podrá tenerlo.
“Lie. Sabater: Yo quiero hacer constar que Mr. Lee estuvo todo el mes de diciembre y hasta el otro día en la ciudad de Mayagüez. Yo lo que deseo es que Mr. Pennington, quien es el acusado en este caso y se encuentra presente, como siempre lo ha estado, declare ante la corte sobre este extremo.
“Hon. Juez: Es innecesario, ya que ésa es una moción de ca-rácter legal.
“Lie. Sabater: De que ha transcurrido el término legal, de eso no hay duda.
“Hon. Juez: Cuando el fecal tiene un testigo esencial, que lo es aquí el agredido Mr. Lee, estando ausente contra su voluntad re-presentando al gobierno de los Estados Unidos, como está boy en Guatemala en una misión- diplomática, yo quiero que me diga el compañero si eso es o no justa causa. La corte ba sido informada no solamente por el Fiscal del Distrito, que lo ba becho constar oral-mente, sino también por el testigo Carmelo Alemar, quien es un alto empleado del Gobierno Federal en la Estación Experimental de Ma-yagüez, que el testigo Mr. Lee, se encuentra actualmente en Guatemala, pero que él estará de regreso a Puerto Rico muy pronto, según carta que le ba escrito y que él se encuentra en una misión diplo-mática del Gobierno Federal de los Estados Unidos de América, de donde regresará muy pronto para poder asistir a la -vista de este juicio. La corte entiende que en un caso de acometimiento y agre-sión, como el que se imputa al acusado Charles F. Pennington, el testigo principal es el agredido y sin este testigo entiende la corte que el fecal está justificado en no. entrar a júicio porque no se po-dría probar el delito cometido por el acusado en la hipótesis de que el hecho cometido se hubiere realizado; cree además la corte que este caso no ba sido suspendido viciosamente, ya que no se ba podido traer con motivo de cualquier diligencia al testigo agredido Mr. Lee y que si está contra su voluntad ausente de Puerto Rico cumpliendo deberes-oficiales que le hayan sido asignados por el Gobierno de los Esta-dos Unidos de América, con el cuál él está empleado en la Estación Experimental de Mayaguez, hay justa causa para no celebrar este caso. Por tal motivo la corte declara sin lugar la moción de sobre-seimiento y archivo presentada en este caso, y se suspende nueva-mente la vista de este caso; haciendo constar la corte que el acusado' ha comparecido a corte las dos veces en que el caso ha sido señalado a los efectos de que tenga esa defensa en su día.
“Lie. Sabater: ¿Podría saberse cuándo será el nuevo señala-' miento?
“I-Ion. Juez: Inmediatamente que llegue Mr. Lee, cualquier fe-cha que sea.
“Lie. Sabater: Nosotros tomamos excepción de la resolución de la corte. ’ ’

La ley aplicable está, contenida en el art. 448, número segundo, del Código de Enjuiciamiento Criminal, que dice: “A menos que exista justa causa contraria, el tribunal de-cretará el sobreseimiento del proceso en los siguientes ca-sos: . . 2. Cuando un acusado, cuyo juicio no haya sido trans-ferido a petición suya, no sea sometido a juicio en el término de ciento veinte días, a contar desde la presentación de la acusación. ’ ’

Desde 1916, —Dyer v. Rossy, 23 D.P.R. 772—se ha; venido aplicando ese precepto legal a las causas apeladas para ante las cortes de distrito en las cuales se celebra un nuevo jui-cio, computándose el término a partir de la fecha en que se radican los autos en la dicha corte.

Sobre él hecho de que transcurrió el término de ciento veinte días con exceso, no hay cuestión. Sólo queda abierta a discusión la existencia de la justa causa para la suspen-sión del juicio.

Conocemos lo ocurrido. No hay duda alguna de que la ausencia del perjudicado pudo ser motivo suficiente para la suspensión, de haberse cumplido con los requisitos que la jurisprudencia exige en tales casos. En la citada de-cisión de Dyer v. Rossy, 23 D.P.R. 772, 785, hablando esta corte por medio de su juez asociado Sr. Wolf, dijo:

“En el caso de Ford v. Superior Court, 118 P. 96, 99, supra, se establecen las reglas para una moción sobre suspensión, como sigue: 'Tres cosas son necesarias para suspender un juicio: primero, que el testigo sea realmente esencial (material) y así parece a la corte; segundo, que la parte que hace la solicitud no baya sido culpable de negligencia; y tercero, que pueda conseguirse al testigo en la fecha para la cual ha sido suspendido el juicio. ’ En otras palabras, deberá probarse la esencialidad ( {materiality). 6 R.C.L. 556, 74 Am. Dec. 147.
“Nuestro propio Código de Enjuiciamiento Civil expresa la ley.
“ ‘Artículo 202. — Una moción para transferir un juicio por falta de prueba, sólo puede hacerse mediante declaración escrita y jurada demostrando la importancia esencial (materiality) de la prueba con que se cuenta, y que se ha praticado la debida diligencia para obte-nerla. La corte podrá también exigir al solicitante que exprese me-diante declaración escrita y jurada, las pruebas que espera conse-guir . . .’ ”

Y aquí el fiscal no probó que el testimonio del perjudi-cado fuera esencial y no pudiera sustituirse por alguno o al-gunos de los otros testigos que figuran al pie de la acusación y que pudieron presenciar tal vez la comisión del delito.

Tampoco demostró su diligencia. Por el contrario surge de lo alegado por el acusado e intentado probar sin que la corte le diera la oportunidad de hacerlo, que de haber sido diligente el fiscal, el juicio pudo celebrarse cuando el perju-eado regresó a la isla antes de su última ausencia.

Y por último el nuevo señalamiento quedó en lo in-cierto dependiendo del regreso del perjudicado a la isla en fecha que no pudo precisarse, y ello es contrario al derecho al juicio rápido que a todo acusado garantiza la ley.

Debe expedirse el auto en forma definitiva y perentoria.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado SeñoR De Jesús

license: Public Domain

text:
    Víctor Santiago, demandante y apelante, v. Isabel Torres Hernández de Matallanas, demandada y apelada.
    Núm. 8384.

    Sometido: Marzo 25, 1942.

      Resuelto: Abril 20, 1942.

      Francisco Capó Pagan y R. Atiles Moréu, abogados del apelante; José A. Poventud, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado SeñoR De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Este recurso fué interpuesto contra una sentencia que desestimó la demanda de este pleito a virtud de excepción previa de prescripción. Se alega en la demanda que el de-mandante es un contratista de obras y que allá por el mes de abril de 1924 la demandada, siendo entonces viuda, cele-bró un contrato con el demandante por el cual éste se obligó a reconstruir una casa propiedad de la demandada, por la cantidad de $18,000, siendo de cuenta del demandante todos los gastos de la obra, incluyendo desde luego los materiales de construcción, mano de obra, seguro de indemnizaciones a obreros, etc.; que en enero de 1925 la obra fué terminada y aceptada por la demandada a su entera satisfacción y el 31 del mismo mes abonó al precio fijado en el contrato la cantidad de $9,921, obligándose a pagar los $8,079 restantes el 31 de enero del año siguiente, estipulándose que la suma adeudada devengaría interés a razón del 10 por ciento' anual; que la demandada no fia satisfecho dicha cantidad ni sus in7 tereses, ascendentes en total a $15,578.96, por la cual suma, más las costas, desembolsos y honorarios de abogado, soli-citó sentencia.

Alegó la demandada, y la sostuvo la corte a quo, que la acción ejercitada estaba prescrita de conformidad con el in-ciso 2 del artículo 1867 del Código Civil, ed. 1930.

La demanda qne aparece en la transcripción de antos es una, tercera demanda enmendada radicada el 3 de abril de 1941, pero de la sentencia resalta, y lo acepta en sn alegato la demandada apelada, qne la demanda inicial fné radicada el 21 de noviembre de 1939, por lo qne en esta última fecha habían transcurrido trece años, nueve meses y veinte días desde qne venció la obligación reclamada, o sea el 31 de enero de 1926.

La cuestión a resolver es-si a los efectos de la prescrip-ción de la acción ejercitada procede aplicar el inciso 2 del artículo 1867 del Código Civil como sostiene la apelada, caso en el cual la acción estaría prescrita por haber transcurrido más de tres años desde que dejaron de prestarse los servi-cios, o si por el contrario, conforme alega el apelante, es de aplicación el artículo 1864 del mismo cuerpo legal, disposi-tivo de que prescriben a los quince años las acciones perso-nales que no tengan señalado término especial de prescrip-ción.

Parece conveniente para la mejor inteligencia de la discusión, transcribir aquí el artículo 1867 del Código Civil. Dice así:

“Art. 1867. Por el transcurso de tres años prescriben las accio-nes para el cumplimiento de las obligaciones siguientes:
“1. La de pagar a los jueces, abogados, registradores, notarios, peritos, agentes y curiales, sus honorarios y derechos, y los gastos y desembolsos que hubiesen realizado en el desempeño de sus cargos u oficios en los asuntos a que las obligaciones se refieran.
“2. La de satisfacer a los farmacéuticos las medicinas que sumi-nistraron; a los profesores y maestros sus honorarios y estipendios por la enseñanza que dieron, o por el ejercicio de su profesión, arte u oficio.
“3. La de pagar a los menestrales, criados, y jornaleros el im-porte de sus servicios, y de los suministros o desembolsos que hu-biesen hecho, concernientes a los mismos.
“4. La de abonar a los posaderos la comida y habitación, y a los mercaderes el precio ele los géneros vendidos a otros que no lo sean, o que siéndolo se dediquen a distinto tráfico.
“El tiempospara la prescripción de las acciones a que se refieren los tres párrafos anteriores se contará desde que dejaron de prestarse los respectivos servicios.”

El precepto legal transcrito es una copia literal del ar-tículo 1967 del Código Civil español, de donde fué adoptado, y éste a su vez tiene su precedente en la Ley-10, Título 11, Libro 10 de la Novísima Recopilación, “Los Códigos Espa-ñoles,” Concordados y Anotados, tomo 9, pág. 339, que dice así:

“Ley X. — Deudas de salarios de sirvientes, medicinas de boticas, comestibles de tiendas, y hechuras de artesanos; y su prescripción pasados tres años.
“D. Carlos y Da. Juana en Madrid año 1528 pet. 157; y D. Felipe II en las Cortes de Madrid de 1567 pet. 39.
“Mandamos, que los que hobieren vivido con qualesquiera" per-sonas destos nuestros reynos, sean obligados a pedir lo que preten-dieren, que se les quedare debiendo del salario, y acostamiento que tuvieren de sus señores, o otro qualquier servicio que les hayan hecho, dentro de tres años después que fueren despedidos de los tales señores; y que pasados aquellos, no lo puedan pedir mas, ex-cepto si mostraren haberlo pedido dentro de los dichos tres años a los dichos sus señores, y ellos no se lo hayan pagado ni satisfecho: y esto mismo mandamos, que se entienda y extienda a los Boticarios y joyeros, y otros oficiales mecánicos y a los especieros, confiteros y otras personas que tienen tiendas de cosas de comer, los quales, pa-sados tres años, no puedan pedir lo que hubieren dado de sus tiendas, ni las hechuras que hubieren hecho. (Ley 9, tit. 15, lib. 4. R.) ”

La citada Ley 10 sólo comprendía en el período prescriptive de tres años, como su. título indica, las deudas de sala-rios de sirvientes, medicinas de boticas, comestibles de tien-das y hechuras de artesanos. Sus disposiciones fueron am-pliadas por el Código Civil español hasta comprender, entre otras reclamaciones, las de los “Profesores y maestros (por) sus honorarios y estipendios por la enseñanza que dieren, o por el ejercicio de su profesión, arte u oficio.”

No seguiremos a las partes en su larga discusión sobre la naturaleza del contrato de arrendamiento de obras y ser-vicios cuando el que lo ejecuta suministra también el material de construcción, porque a nuestro juicio el mero hecho de que se trate de ún arrendamiento de servicios no hace de aplicación el artículo 1867, inciso 2, que, como hemos visto y nos proponemos demostrar en el curso de esta opinión, sólo se contrae a los honorarios y estipendios que los profe-sores y maestros reclamen por la enseñanza que dieren o por el ejercicio de su profesión, arte u oficio.

Por consiguiente, precisa determinar si el caso descrito en la demanda está comprendido dentro de los términos del inciso 2 del artículo 1867 del Código Civil, cuyo contenido conocemos.

De la faz de la demanda no aparece que el demandante sea un profesor o maestro y que lo que él reclama sea el pago de sus honorarios y estipendios por la enseñanza que dió o por el ejercicio de su profesión, arte u oficio. “Profesor”, según el Diccionario Enciclopédico Hispanoamericano, es la “persona que ejerce una ciencia o arte,” y “maestro” de acuerdo con la misma obra, es “el que enseña una ciencia, arte u oficio, o tiene título para hacerlo”, y también “el que es práctico en una materia y la maneja con desembarazo.” La palabra “honorario” la define la citada obra en los si-guientes términos: “Gomo sustantivo significa la palabra honorario el sueldo o estipendio que se da á alguno por su trabajo, o la retribución que se concede en pago de ciertos servicios. La palabra honorario se emplea para designar la retribución de los servicios prestados por los médicos, abo-gados, eclesiásticos y otras personas a quienes el honor de la profesión no permita recibir salario.” El vocablo “esti-pendio”, según el mismo Diccionario, es “la paga o remu-neración que se da a una persona por su trabajo o servicio.”

Un contratista de obras no es necesariamente un profesor ni un maestro dentro de la acepción que tienen esas palabras en el precepto legal que interpretamos. La realidad es que en Puerto Rico y más generalmente en los Estados Unidos, las obras más costosas y de mayor importancia se hacen por corporaciones que contratan sn ejecución y hacen todos ios gastos necesarios, incluyendo desde luego mano de obra, ma-teriales, etc. ¿Podría alegarse sin incurrir en manifiesto ab-surdo, que un pleito establecido por una de esas corporacio-nes en reclamación del precio de la obra es una acción insti-tuida por un profesor o maestro en cobro de sus honorarios o estipendios por el ejercicio de su profesión, arte u oficio?

El mero contratista de obras no es necesariamente un co-nocedor del arte de construir. Con frecuencia se dedican a ese negocio personas que cuentan con capital o crédito sufi-cientes para acometer la empresa y que están asesoradas por personas conocedoras del trabajo a realizarse. El pro-fesor o maestro a que se contrae el citado precepto legal es, por ejemplo, el arquitecto o ingeniero que prepara los pla-nos y especificaciones, o el que dirige o inspeccionada obra; pero no puede referirse a un mero contratista de obras ni aun a un ingeniero o arquitecto, o persona práctica en esas profesiones, que además de su trabajo profesional incluye en el contrato el coste de los materiales, mano de obra, etc. Es sabido que' generalmente el valor de los servicios profesio-nales propiamente dichos constituye una parte relativamente pequeña del valor de la obra cuando ésta es de alguna im-portancia por el coste de sus materiales, mano de obra, etc.

Que no fué la intención de los autores del Código incluir en dicho período de prescripción el valor de los materiales, mano de obra, etc., nos lo demuestra un examen del propio precepto-legal. Se observará que el inciso 3 del artículo en cuestión, al referirse al pago de los servicios de los menes-trales, criados y jornaleros, incluye además el importe de los suministros o desembolsos que hubiesen hecho concernientes a los mismos. Lo propio se hizo en el inciso primero con respecto a la obligación de pagar a los jueces, abogados, re-gistradores, etc., al incluir además de sus honorarios y de-rechos, los gastos y desembolsos que hubieren tenido en el desempeño de sus cargos u oficios. Pero no se hizo así en el inciso 2 al referirse a los profesores y maestros, limitando así el término de prescripción de tres años a su reclamación por concepto de honorarios y estipendios. Si la intención del legislador hubiese sido incluir además de tales honorarios y estipendios el importe de los materiales de construcción, mano de obra, etc., fácil.le hubiera sido expresarlo, como lo hizo en los dos incisos anteriormente aludidos.

Veamos ahora lo que, interpretando el artículo 1967 del Código Civil español, dice Manresa:

“También tiene - resuelto dicho Tribunal (Supremo), con refe-rencia a esta misma regla de prescripción, en sentencia de 21 de marzo de 1905 (100 C. J. 628), que el tiempo para que se extingan por este medio las deudas de artistas y menestrales, señalado en la Constitución de Cataluña 4a. del título 2°. del libro 7, volumen 1, no se refiere a todas indistintamente, sino que se entiende limitado' a las ocasionadas por el trabajo personal de los mismos, al igual de lo que dispone el art. 1967 del Código civil, haciéndolo extensivo además a los desembolsos o suministros que concernientes a dicho trabajo hubieren hecho, y que rige el tiempo ordinario de la pres-cripción respecto de todas las demás, no siendo aplicables los men-cionados preceptos a la reclamación de un contratista de obras que comprende en ella los materiales, su trabajo personal y el de los de-más operarios: doctrina que aun cuando establecida en un caso su-jeto a la legislación catalana, es igualmente aplicable a los análogos que puedan suscitarse y estén sometidos al derecho común.” Co-mentarios al Código Civil, ed. 1907, tomo XII, pág. 864. (Paréntesis nuestros.)

Siendo la de este caso una acción personal para el ejer-cicio de la cual no se ha señalado término especial de pres-cripción, deberá prescribir, con arreglo al artículo 1864 del Código Civil, a los quince años. Mas como de conformidad con el artículo 1869 del mismo Código “el tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya dis-posición especial que otra cosa determine, se contará desde que pudieron ejercitarse,” y ese día, según la demanda, fue el 31 de enero de 1926, y entre dicha fecha y la de la inter-posición de la demanda original el 21 de noviembre de 1939 sólo habían transcurrido, como hemos dicho antes, trece años, nueve meses y veinte días, claro es que la acción ejercitada no estaba prescrita, y no estándolo, erró la corte a quo al desestimarla por ése motivo.

Consecuentemente, procede declarar con lugar el recurso, revocar la sentencia apelada y devolver el caso a la corte inferior para que conceda a la demandada apelada ton término razonable para contestar la demanda y continúe su tramita-ción con arreglo a derecho.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    Oscar F. Bravo y The Mayagüez Sugar Co., peticionarios, v. Corte de Distrito de Mayagüez, Hon. Francisco Navarro Ortiz, Juez, demandada.
    Núm. 1280.

    Sometido: Abril 13, 1942.

      Resuelto: Abril 20, 1942.

      José B. Gelpí, abogado de los peticionarios; Miguel A. García Méndez y José Sdbater, abogados de los interventores, demandados en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

En la acción sobre sentencia declaratoria establecida por Osear F. Bravo y The Mayagüez Sugar Company, Inc. en contra de Bobert Heinrich Han Schnabel et ais. y por la qne se interesaba qne al interpretarse nna clánsnla del contrato ae arrendamiento existente entre las partes se resolviera qne 25 cnerdas de cañas qne habían al vencer dicho contrato pertenecían a la compañía demandante, la Corte de Distrito de Mayagüez dictó sentencia declarando sin lngar la de-manda y condenando a los demandantes al pago de las cos-tas y $500 de honorarios de abogado. Apelada la sentencia fné modificada por esta Corte Snprema rebajándose a $300 dichos honorarios y así modificada se confirmó. Asimismo el recurso interpuesto por los demandantes en cnanto al memo-rándum de costas aprobado por la corte inferior ascendente a $43 fné desestimado. Véase 59 D.P.R. 696.

Dnrante la vigencia de dicho pleito se había nombrado nn síndico para qne se hiciera cargo de cortar y moler las cañas de azúcar sembradas en las 25 cnerdas, las qne pro-dujeron $1,015.18, siendo depositada dicha snma en poder del síndico.

Al enviarse el mandato de esta Corte a la de Mayagüez,. los demandantes inmediatamente dieron cumplimiento a la sentencia y consignaron a favor de los demandados la snma de $343 importe de las costas y honorarios. Posteriormente los demandados radicaron ante la corte inferior nna moción solicitando se les entregaran los $1,015.18 en que habían sido vendidas las cañas y además qne se condenara a los deman-dantes a pagarles $60.91 en concepto de intereses al tipo legal sobre dicha suma. Los demandantes se allanaron a la entrega de la suma principal pero se opusieron a la reclama-ción de los intereses, alegando qne ni en la sentencia de la corte inferior ni en la dictada por esta Corte Snprema en apelación se les había condenado al pago de intereses y ade-más qne la corte inferior carecía de jurisdicción para conce-derlos.

Celebrada nna vista la corte inferior dictó resolución de-clarando con lngar la moción de los demandados en su tota-lidad y, para revisar la misma, los demandantes radicaron este reenrso de certiorari. Expedido el auto correspondiente los demandados en el pleito principal radicaron nn escrito ■de oposición y señalada la vista se celebró sin asistencia de las partes las qne han sometido el mismo por medio de ale-gatos.

La corte inferior fundamentó su resolución en esta forma:

i "Es indudable que los demandados han sufrido el perjuicio de no haber podido disponer del importe del azúcar que produjo la referida plantación de caña de su propiedad desde que se radicó la demanda hasta la fecha en que estamos resolviendo esta moción.
“El artículo 341 del Código de Enjuiciamiento Civil vigente, dice:
“ 'Artículo 341. — (1035 Cal.) El secretario incluirá en el regis-tro de la sentencia los intereses correspondientes a la misma desde la fecha en que se dictó, y las costas, si se hubieren tasado o calcu-lado; y dentro de dos días después de haberse tasado o calculado, si no se hubieren incluido en la sentencia, las insertará en el espacio en blanco que se habrá dejado en dicha sentencia para ello, y hará análoga 'inserción de dichas costas en las copias de aquélla y en el libro de registro de sentencias.’
“Interpretando este artículo dijo nuestro Tribunal Supremo lo siguiente:
“ ‘Intereses — Sentencias—Intereses Desde la Pecha de la Senten-cia — Deber del Secretario. — El artículo 341 del Código de Enjuicia-miento Civil impone al secretario del tribunal sentenciador el deber de incluir en el registro de la sentencia, y por tanto en el manda-miento para la ejecución de ésta, los intereses correspondientes a la misma desde la fecha en que se dictó, aun cuando en la decisión ren-dida por el juez no se hubieran incluido. Hernández Mena v. Foote, Juez de Distrito, 22 D.P.R. 759.’ ”

Somos de' opinión que ni el artículo -341 del Código de Enjuiciamiento Civil, ni el caso de Hernández Mena v. Foote, Juez, son de aplicación a los hechos del caso de autos. La sentencia aquí dictada no era por suma líquida alguna sobre la cual pudiera el secretario de la corte incluir, a los dos días de dictada y al registrar la misma, los intereses corres-pondientes. El artículo 341 se refiere a casos en que de la propia sentencia aparece una suma sobre la cual pueda el secretario calcular los intereses, como sucedió en el caso de Hernández Mena v. Foote, supra, en el que se concedieron $2,000 de daños y perjuicios. '

Al comentar el artículo 1035 del Código de Enjuiciamiento Civil de California, equivalente al 341 del nuestro, en 14 Cal Jur. 945, se hace referencia al tópico sobre “interest” pá-.gina 676, en el que expresamente se dice que: “ha sido la jurisprudencia constante que todas las sentencias finales en reclamación de dinero conlleven el pago de intereses. . . . ” Así, por ejemplo, en el caso de Estate of Lockhart, 21 Cal. App. (2d),574, 69 P. (2d) 1001 se resolvió que: “por su pro-pia naturaleza los intereses sólo pueden computarse sobre una sentencia concediendo una suma de dinero (money judgment) . ’ ’

Ratificando la regla establecida en el caso de Hernández Mena v. Foote, supra, y. consistente con la jurisprudencia de California, esta Corte en el caso de Franceschi Ex parte, 53 D.P.R. 75 se expresó así:

“Nuestra conclusión es que el artículo 341 del Código de Enjui-ciamiento Civil concede el derecho a que se incluyan intereses al tipo legal en una sentencia en que se ordena el pago de dinero (money judgment).”

La corte inferior ha querido tratar este caso como uno de daños y perjuicios, sin serlo, ya que en su resolución da por probado que los demandados “han sufrido el perjuicio de no haber podido disponer del importe del azúcar”, pero no tomó en consideración el hecho de que los demandantes tampoco han podido disponer de dicho importe que estuvo siempre en poder del síndico nombrado por la corte. Si los demandados fueron o no perjudicados, es cuestión que no estaba envuelta en este caso ni fue objeto de la sentencia dic-tada por la corte inferior y confirmada en apelación. Cual-quier reclamación que por dicho concepto deseen hacer, debe ser objeto de otra acción, si procede. Bien se consideren los $60.91 como daños o como intereses, la corte inferior carecía de jurisdicción para concederlos en este caso.

La jurisprudencia citada por los demandados no es apli-cable a los hechos de este caso pues ella se refiere a casos de mora en el cumplimiento de una obligación en los que se ha resuelto que “la indemnización de daños y perjuicios consis-tirá, a falta de convenio, en el interés legal”.

Debe declararse con lugar la ‘petición y, en su consecuen-cia, anularse la resolución dictada por la corte inferior el 26 de febrero de 1942.


author: El Juez Asociado Señob Snydeb

text:
    Manuel Viñas, demandante y apelado, v. Carmelo Hernández, María Maldonado y Angela Dozal Somohano, demandados y apelante la última.
    Núm. 8390.

    Sometido: Marzo 17, 1942.

      Resuelto: Abril 20, 1942.

      Rincón Plumey & Del Toro Fernández, abogados de la apelante; E. II. F. Dottin, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señob Snydeb

emitió la opinión del tribunal.

Manuel Viñas demandó a Carmelo Hernández, María Maldonado y Angela Dozal Somohano en cobro de un préstamo no pagado ascendente a $801. Se registró sentencia en re-beldía contra los dos primeros demandados. Después de un juicio en los méritos la corte de distrito dictó sentencia contra Angela Dozal Somohano por la cantidad total de $801, y ésta apeló contra tal sentencia.

El testimonio del apelado fué que él hizo un prés-tamo a los tres demandados para que ellos pudieran cons-truir un anexo a la casa de Angela Dozal Somohano, para ser ocupado por María Maldonado, su hija, y por Carmelo Hernández, que para entonces eran casados y que se divor-ciaron más tarde; que se suponía se otorgara una hipoteca sobre el anexo para garantizar el préstamo, pero esto nunca se hizo; que Angela Dozal Somohano garantizó el préstamo.

La apelante hizo una negación completa de este testimo-nio, con la explicación de que el dinero para construir el anexo, que ella alegaba le pertenecía, provenía de otras fuen-tes. Hubo mucho testimonio' de ambos lados. La corte dió crédito a los testigos del apelado. Aunque la apelante alega pasión, prejuicio y parcialidad de parte de la corte inferior, no los hallamos después de un examen cuidadoso del récord. En un caso como éste que envuelve un marcado conflicto en la prueba, la corte inferior usualmente está en mejor’posi-ción que esta corte para determinar los hechos. Bajo las circunstancias de este caso, no vemos base sobre la cual po-damos alterar propiamente las conclusiones sobre los hechos a que llegó la corte inferior.

La apelante también se queja de que hubo una in-congruencia entre la demanda y la prueba. Se admite que ésta existió, toda vez que el pleito era contra tres personas en cobro de un préstamo, y la corte dictó sentencia por la cantidad total contra una de ellas, por el fundamento que esta última garantizó el préstamo. Pero como “no se hizo objeción alguna en la corte inferior ... se renunció a la in-congruencia, o la demanda podía considerarse como enmen-dada de conformidad con el caso de Pueblo v. Sucn. Valdés, 31 D.P.R. 223 . . . ”. Maniscalco & Nuccio v. Sancho Bonet, Tes., 51 D.P.R. 515, 518. Además, aun cuando la apelante hubiera hecho su objeción en el momento oportuno, se le hu-biera requerido que demostrara que “ella (la incongruencia), fuera (era) esencial, es decir, que le hubiese sorprendido o inducido a error en su perjuicio.” Carrasquillo v. Ripoll y Maldonado, Int., 56 D.P.R. 395, 402.

El récord demuestra que el apelado fué a juicio bajo la teoría de una garantía de la suma total por parte de la ape-lante; los testigos del apelado declararon a ese efecto sin objeción; fueron contrainterrogados por el abogado de la apelante sobre estos extremos, y la misma apelante ofreció testimonio negando la garantía. La incongruencia ni cogió a la apelante por sorpresa ni en manera alguna perjudicó su posición. Díaz v. Rosado, 30 D.P.R. 515, 529; Font v. Viking Construction Corporation, 58 D.P.R. 689, 704. Toda vez que “la prueba demuestra que las partes entendieron debi-damente las verdaderas controversias envueltas . . . debe considerarse que la demanda ha sido enmendada de confor-midad con la prueba.” Gavilán & Co. v. Garriga & Hijos et al., 38 D.P.R. 416, 417.

La apelante hace hincapié en el argumento que. la in-congruencia en este caso cambió la causa de acción. El punto se suscitó por primera vez en la moción de reeonside-. ración. Al declararse sin lugar la moción dg reconsidera-ción, la corte de distrito resolvió que la causa de acción se-guía siendo la misma a pesar de la íiicóngrueuciu, toda vez; que en uno u otro caso estaba envuelto un pleito sobre cobro" de dinero. Esto puede ser dudoso bajo la regla establecida en Martí v. American Railroad Company, 28 D.P.R. 737. Sin embargo, creemos innecesario pasar sobre esa cuestión en este caso. Las cuestiones de hecho - provenientes de esta transacción fueron juzgadas clara y ampliamente en la corte inferior. No vemos razón para que, en la ausencia de ob-jeción en el momento oportuno y la falta de sorpresa de la apelante, insistamos en que el caso vaya a la corte de dis-trito para un juicio de novo.

Otro alegado error es que aun si éste hubiese sido un pleito sobre una garantía, no procedería el pleito toda vez que la cantidad garantizada excedía de $300 y*no se ofreció documento escrito alguno para establecer tal obliga-ción. Los casos resuelven que no se exige este requisito en-tre las partes mismas. Más v. Llona, 31 D.P.R. 30; Santiago v. Cuevas, 41 D.P.R. 116.

De igual manera tampoco se dejó de observar la disposi-ción del artículo 1726 del Código Civil al efecto de que “La fianza no se presume: debe ser expresa . . . ”. El testimo-nio del apelado, que fué creído por la corte inferior, esta-bleció una garantía expresa.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.

Los Jueces Asociados Sres. Travieso y Todd, Jr., no in-tervinieron.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Domingo Torres, acusado y apelante.
    Núm. 9143.

    Sometido: Abril 8, 1942.

      Resuelto: Abril 21, 1942.

      F. Pérez Regis, Juan Rodríguez de Jesús y Raúl Matos, abogados del apelante; Hon. Procurador General George A. Malcolm, R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tri- . bnnal.

. Después de haber deliberado por varias horas en este caso, el presidente del jurado, Sr. Agraít, notificó que el ju-rado deseaba pasar a la sala, desarrollándose entonces la • siguiente escena:

“Que pase el Jurado.
(El jurado regresó a las diez y treinta y cinco minutos pasado meridiano.)
■ Juez :
Eb marshal me ha llamado por teléfono, porque así se lo indicó el Sr. Agraít. ¿Los señores del jurado han llegado a un acuerdo? ¿No- necesitan una nueva instrucción?
■ PRESIDENTE DEL JURADO, Sr. Agraít:
Es temeridad de un jurado.
Juez: Esta no es cuestión que deba haber temeridad. La corte no sabe los motivos ni quiere saber quién sea el de la temeridad. ,Es una cuestión la corte quisiera no hubiera nada de eso si es lo que evita que haya un veredicto. Es una cuestión, en primer lugar, los Señores del Jurado desempeñan, como jurados de acuerdo con la prueba y las instrucciones de la corte sin atender más ninguna cuestión en sí que el juramento definitivo que se hace al jurado. Es el juramento que hacen. Es claro que eso no se hace para un juego ni es una cosa vana, es un juramento formal. Cualquier jurado que falte al juramento está cometiendo un delito y la corte puede condenarlo por desacato. Se han dado estos casos en la Isla. Se ha dado esa triste situación.
La corte no quiere entrar en más detalles. Las cuestiones del jurado son secretas. No quiere saber ni le interesa saber quién es. Lo único que interesa es, que ésta es una función muy seria. Cuando los hombres se sientan ahí no son fulano y sutano, son un tribunal constituido igual a una asamblea legislativa o municipal o cualquier asociación colectiva y las personas están representando y representan el Distrito de Ponce. La administración de justicia es una cuestión seria. Ya deben saber y saben cuál es la misión del Jurado. No debe haber ni debe haberla nunca cuestiones; sería faltar a los deberes del Jurado. La corte no quiere ahora investigar ni saber nada. Puede que después que se termine con el Jurado, que se disuelva, la corte por sus medios legales escudriñar o no este asunto, pero la corte cree que no tiene que hacer eso ni hacer ninguna inves-tigación.
Ss. AgRaít: (Presidente del Jurado).
He llegado a esa conclusión. Hubo manifestaciones arriba. He llegado a esa conclusión. No puedo hacer manifestaciones que puedan perjudicar a nadie.
Juez: Es un secreto para el jurado.
SR. AgRaít: Heñios llegado a esa conclusión; sabemos no vamos a llegar a un veredicto.
Jüez: Solamente he oído la palabra temeridad. Yo sé lo que, significa. Muchas veces la temeridad no debe contar cuando se desempeñan funciones públicas. La temeridad debe existir entre persona y persona, entre individuos e individuos aisladamente como individuos, pero en colectividades de esta naturaleza, sobre todo en la naturaleza judicial, en el Jurado, no cabe temeridad. Cualquier temeridad debe ponerse a un lado. Los Señores del Jurado sola-mente deben considerar las cuestiones de hecho, la, evidencia intro-ducida y admitida y las instrucciones de la corte. ■ Si alguno de los Señores del Jurado tiene una opinión distinta a los demás, debe exponer sus razones por dice tiene esa opinión (sic). Explicar sus razones y entonces se discute. Se discute tendiendo a convencerlo. Si necesitan alguna instrucción la corte puede darla. Si es algún detalle de alguna declaración, la corte puede ordenar al taquígrafo' que lea dicha declaración. La temeridad no debe existir en las-cuestiones del Jurado. Si alguno de los Señores del Jurado dice: ‘Yo no doy veredicto’, y se le pregunta: ‘¿Por qué no da veredicto?’, y él contesta: ‘Porque no me da la gana’, entonces lo que quiere-es temeridad, que es desacato a la corte. Es una falta grave. Cual-quier persona que cometiera eso, la corte aparte de la responsabilidad que tuviera, podría eliminar su nombre para siempre de la lista de-jurados. La corté podría valerse de esos medios con una persona, que se invistiera de ese temperamento, porque sí, porque no quiero.. La corte cree que el Jurado debe seguir deliberando y tratar de ponerse de acuerdo. Convencerse sin tener antagonismo personal.. Cada individuo no es un individuo en sí, él es un componente de-un tribunal de hecho. Debe prescindir de cualquier cuestión personal y tener muy presente es miembro del Jurado. Las cuestiones-públicas son serias.
La corte y la opinión pública están pendientes de las actuaciones; del Jurado. Saben que por más oculta que esté una cosa se sabe al final, si no hoy, si no mañana o pasado mañana. No es conveniente-eso se sepa. Puede haber crítica sobre el Jurado por eso. Crítica que individualmente afecta a los miembros del Jurado, que aparecen en nombre de la corte. Lo que digo es lo siguiente: que los Señores; del Jurado vuelvan al sitio de reunión y procedan a la altura del deber. ¿Pueden llegar a un acuerdo?
JuRados : Podemos.
Lio. PÉREZ Regís: (Defensa).
Vamos a tomar excepción por las manifestaciones vertidas en este momento.
Juez : Se hace constar así. Receso de la corte hasta la vuelta del Jurado.” (T. de E., 176-180) (Bastardillas nuestras).
El apelante sostiene que los siguientes párrafos de las manifestaciones que hiciera el Juez al jurado constituyen una instigación y una amenaza tendente a que dicho jurado tra-jese un veredicto de culpabilidad:
“Si alguno de los Señores del Jurado dice: ‘Yo no doy veredicto.’ Y se le pregunta: ‘¿Por qué no da veredicto?’ Y él contesta: ‘Porque no me da la gana’. Entonces lo que quiere es-temeridad, que es desacato a la corte. Es una falta grave. Cualquier persona que cometiera eso, la corte aparte de la responsabilidad que tuviera, podría eliminar su nombre de la lista de jurados.
£‘La corte y la opinión pública están pendientes de las actuaciones del Jurado. Saben que por más oculta que esté una cosa so sabe al final, si no boy, si no mañana o pasado mañana. No es conveniente eso se sepa. Puede haber crítica sobre-el Jurado por eso. Crítica que individualmente afecta a los miembros del Jurado, que aparecen en nombre de la corte.”

A nuestro juicio, las frases vertidas por el juez en ma-nera alguna pudieron perjudicar los derechos del acusado-. Dichas manifestaciones se refieren específicamente al caso hipotético de un miembro del jurado que caprichosa y arbi-trariamente se niega a tomar parte en las deliberaciones de sus colegas. Un miembro de un jurado que así actúa, no sólo obstaculiza la administración de la justicia, si que viola el juramento que prestó como tal jurado de juzgar con recti-tud la causa que pende ante el tribunal y emitir un veredicto imparcial de conformidad con la prueba.

Si el miembro del jurado a quien se imputó temeridad en realidad de verdad estaba actuando de buena fe y sosteniendo sus puntos de vista de acuerdo con los dictados de su con-ciencia, no tenía nada que temer por lo que dijera el juez, toda vez que su caso no era aquél a que la corte se había referido. El hecho de que la corte dijese que la opinión pú-blica estaba pendiente de las actuaciones, del jurado y que por más oculta que esté una cosa siempre se averigua, y que el jurado puede estar sujeto a críticas por ese motivo, no insinuaba al jurado disidente que necesariamente tenía que traer un veredicto de culpabilidad si en realidad él creía que el acusado era inocente.

Alega también el apelante que el juez no debió trans-mitir esas instrucciones sin haberlas pedido el jurado ni el fiscal ni la defensa. No debemos perder de vista que no se trata de instrucciones sobre la ley aplicable al caso, sino so-bre las obligaciones generales de los miembros del jurado impuéstasles por la ley. Enterado el juez, como lo fue, de que podía existir temeridad por parte de un miembro del jurado, era' su deber requerir al jurado en general, como en efecto lo Rizo, para que cumpliese fielmente con el deber im-puéstole por la ley y con el juramento que cada uno de ellos prestó al ser aceptado, para conocer de la causa. Véase People v. Cherry, 158 P. 335, y especialmente la monografía titulada “Comments and Conduct of Judge Calculated to Coerce or Influence Jury to Reach Verdict in Criminal Case,’’ que aparece en 85 A.L.B. 1420, cuya lectura recomendamos^ a la profesión en general y especialmente a los jueces de distrito.

Por las razones expuestas, procede desestimar el recurso y confirmar la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Je.

text:
    Dolores Araújo Vda. de Jiménez, et als., demandantes y apelados, v. Rafael Arenas y Felipe Licha, demandados y apelantes.
    Núm. 8192.

    Sometido: Febrero 13, 1942.

      Resuelto: Abril 21, 1942.

      Miguel A. Bustelo y Francisco González Fagundo, abogados de los apelantes; Arturo Ortiz Toro, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Todd, Je.

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de Humacao declaró con lugar la demanda y dictó sentencia en este caso a favor del deman-dante José Salgado Jiménez y en contra de los demandados Rafael Arenas y Felipe Licha el día 2 de octubre de 1939. Cada demandado había comparecido durante la tramitación separadamente representado por su abogado. Empero, al apelar de la sentencia para ante esta Corte Suprema ambos demandados lo hicieron en un solo escrito, firmado por sus dos abogados y cancelaron un sello de Rentas Internas de $5. El escrito de apelación fue radicado en la Secretaría de la corte inferior el día 30 de octubre de 1939 y notificado el mismo día al abogado del demandante José Salgado Jimé-nez, el Lie. Arturo Ortiz Toro.

Perfeccionado el recurso y señalado para vista, el Lie. Arturo Ortiz Toro solicitó su desestimación por dos motivos, (1) porque sólo se había cancelado un sello de $5, cuando son. dos los demandados apelantes que habían tramitado su caso separadamente, y (2) porque habiendo fallecido el deman-dante José Salgado Jiménez el día 15 de septiembre de 1939, la notificación que del escrito de apelación se hizo al Lie. Ortiz Toro es nula ya que había cesado su mandato como abo-gado del demandante desde la fecha de su fallecimiento y que, como consecuencia, esta Corte Suprema carece de jurisdic-ción para conocer del recurso. Del certificado de defunción de José Salgado Jiménez que obra en autos es un hecho pro-bado que dicho demandante falleció el día 15 de septiembre de 1939. Así mismo resulta que no fué hasta el día 17 de diciembre de 1941, ante esta Corte Suprema y a petición del Lie. Arturo Ortiz Toro, que el demandante José Salgado Ji-ménez fué sustituido como parte demandante por sus here-deros Dolores Araújo viuda de Jiménez y Genoveva Salgado.

Las partes fueron oídas sobre la procedencia de la deses-timación solicitada el mismo día en que lo fueron sobre el recurso en su fondo.

En cuanto al primer motivo de desestimación, es cierto que los demandados Arenas y Licha contestaron se-paradamente y que al apelar lo hicieron en un solo escrito cancelando un sello de rentas internas de $5. Nada encon-tramos en la ley de enjuiciamiento civil que prohíba a los demandados contra quienes se ha dictado una sentencia con-denatoria de carácter solidaria, como lo es la del caso de autos en que se les condenó a pagar $500 al demandante en concepto de daños y perjuicios, con costas y $200 de hono-rarios de abogado, apelar en un solo escrito de dicha sen-tencia. Además, en el caso de Dessús v. Ricci, 27 D.P.R. 750, en el que el apelante interpuso recurso de apelación, en un solo escrito, contra dos resoluciones y adhirió un sello de cinco dólares, al solicitarse la desestimación por dicho motivo, dijimos :

“El apartado D de la sección 2a. de la Ley núm. 17 de 1915 para regular el cobro de los derechos y costas en los asuntos civiles en las cortes de distrito y mimicipales dispone lo siguiente: ‘Por cada es-crito de apelación de una corte de distrito al Tribunal Supremo, $5’.
“Como las palabras de una ley deben ser generalmente entendi-das en su más corriente y usual significación; y como lo que exige la ley es que se paguen cinco dólares por cada escrito de apelación, entendemos que la apelante cumplió con ese precepto a pesar de que su escrito contiene dos apelaciones pues según la letra de la ley sólo liay que pagar cinco dólares por cada escrito de apelación y no por cada apelación que se establezca en el escrito.” (Bastardillas nues-tras.)

En dicho caso era más fuerte la posición del apelado pues se apeló de dos resoluciones distintas en un solo escrito, mientras que en el de autos se apela de una sentencia, aun-~que los apelantes afectados son dos.

En cuanto al segundo motivo de desestimación, si bien es cierto que tanto de acuerdo con el artículo 1623 de nuestro Código Civil (ed. 1930), como bajo la ley común el mandato termina con la muerte del mandante, no es menos cierto que deben tenerse presente al- resolver la cuestión planteada dos situaciones. Si el Lie. Arturo Ortiz Toro, abogado del demandante José Salgado Jiménez desconocía el fallecimiento de su mandante en la fecha en que se le noti-ficó el escrito de apelación, la aceptación que hizo de dicha notificación es válida de acuerdo con el artículo 1629 del Código Civil (ed. 1930) cuyo primer párrafo dispone que:

“Lo hecho por el mandatario, ignorando la muerte del mandante u otra cualquiera de las causas que hacen cesar el mandato, es vá-lido y surtirá todos sus efectos respecto a los terceros que hayan contratado con él de buena fe.”

Si aún en el caso'de haberse otorgado un contrato por el mandatario que ignora la muerte de su mandante, debe con-siderarse válido. en cuanto a los terceros que hayan contra-tado con él de buena fe, ¿cómo no ha de ser válida la noti-ficación del escrito de apelación hecha por los aquí deman-dados, que debemos presumir ignoraban también el falleci-miento del demandante y que por tanto actuaron de buena fe?

Si por el contrario, el Lie. Arturo Ortiz Toro tenía cono-cimiento del fallecimiento de su cliente en la fecha en que fue notificado del escrito de apelación, y a pesar de saber que su mandato había terminado no puso en conocimiento, tanto de los demandados como de la corte ese hecho, podría decirse que actuó de mala fe y su actuación no puede ni debe perjudicar a los demandados apelantes.

Comentando Manresa el artículo 1738 del Código Civil Español, equivalente al 1629 del nuestro, en el volumen XI, páginas 504 a 505 (Cuarta edición, 1931), se expresa así;

“La declaración hecha por el art. 1,738 relativa a la validez de los actos del mandatario, ignorando la muerte del mandante, tiene carácter general y convalida esos mismos actos en caso de revocación, de quiebra y de insolvencia, con relación a los terceros que hayan contratado con él dé buena fe. Quiere indicar con esto el Código que la ignorancia ha de ser común a los terceros y ál mandatario, porque si aquéllos supieran la muerte, la quiebra o insolvencia del mandante o la revocación del poder, los actos serían nulos bon rela-ción a aquéllos, porque con razón podría argüírseles su mala fe al contratar con la plena conciencia de que no podía ostentar el man-datario, ya que ellos lo sabían aunque éste lo ignorase, la represen-tación del mandante.
“La norma establecida por el art. 1,738 constituye, a no dudár, una excepción a los principios generales a tenor de los que el error invalida de derecho el consentimiento, mas hállase justificada, como tantas otras, por los principios de equidad para evitar que el sum-mun jus sea la summa injuria. Es esta validez una verdadera fic-ción jurídica establecida por la ley para beneficiar al mandatario y a los terceros de buena fe, validez que acaba con el conocimiento por el mandatario o los terceros del fin del mandato. En el caso de que la mala fe radicara en el mandatario y no en los terceros, aquél sería responsable del dolo y podrían éstos ejercitar contra él las corres-pondientes acciones.” (Bastardillas nuestras.)

En California, en el caso de Moyle v. Landers, 20 P. 241, se aplicó la doctrina de estoppel contra una parte y su abo-gado que, teniendo conocimiento del fallecimiento del cau-sante de dicha parte y que había estado representado por el mismo abogado, éste admitió la notificación de un escrito de apelación nn día después de ocurrido dicho fallecimiento y ocultó dicho hecho a la parte contraria hasta después que había expirado el término en que otra notificación pudo ha-ber sido efectuada legalmente. Al denegar una moción de desestimación fundada en la falta de jurisdicción de la Corte Suprema, dicha corte, después de admitir que en un caso co-rriente en que el apelante no cumple con el estatuto notifi-cando en tiempo al apelado del escrito de apelación surgiría una cuestión jurisdiccional, se expresó así:

“Pero esta no es la cuestión ante nosotros. La cuestión aquí es si partes que han fraudulentamente impedido la notificación, ocul-tando hechos materiales, y el no haber hecho objeción a la jurisdic-ción de la porte a su debido tiempo y con el propósito fraudulento de impedir la debida notificación, han dilatado su objeción hasta tan tarde para que pueda corregirse el defecto, no deban ser ahora im-pedidas (estopped) de atacar la notificación hecha o de poner en controversia la jurisdicción de la corte. Somos de opinión de que de acuerdo con las circunstancias de este caso, a los apelados no debe permitírseles cuestionar la jurisdicción de esta corte por no haberse notificado debidamente el escrito de apelación.” (Pág. 245.)

No estamos, sin embargo, resolviendo esta cuestión a base de que se haya actuado de mala fe, pues a falta de prueba en contrario, presumimos la actuación de buena fe de ambas partes y siendo ello así, debemos aplicar el artículo 1629 del Código Civil, supra, y, en su consecuencia resolver que la notificación del escrito de apelación hecha al Lie. Arturo Ortiz Toro, ignorando tanto éste como los apelantes que el demandante José Salgado Jiménez había fallecido, es vá-lida, y que, por lo tanto, no procede la desestimación del re-curso.

Pasamos a considerar el mismo' en su fondo.

Aunque los apelantes han hecho siete señalamientos de error, consideramos que de prosperar el quinto quedaría resuelto el recurso, pues procedería la revocación de la sen-tencia. Por dicho señalamiento se dice que la corte inferior erró al resolver que los demandados habían renunciado a la excepción de cosa juzgada levantada en la contestación a la demanda y alegada como defensa.

El caso resuelto anteriormente en que basan los apelan-tes su defensa fue un procedimiento de injunction seguido por el aquí demandado Eafael Arenas contra Eafael Batalla, Márshal de la Corte Municipal de Caguas y en el cual inter-vino Miguel Francisco a favor del demandado. Los hechos envueltos en dicho caso fueron los siguientes: Miguel Francisco, para ejecutar una sentencia dictada a su favor por la Corte Municipal de Caguas en un caso de cobro de dinero seguido contra el aquí demandado Felipe Licha, embargó un automóvil Buick, propiedad de Licha, y el márshal anunció su venta en pública subasta. Entonces Eafael Arenas, ale-gando ser tenedor de un pagaré por $800 suscrito por Licha el 6 de junio de 1932 para garantizar el cual Licha hipotecó el referido automóvil, inscribiéndose la hipoteca en el regis-tro el 14 de julio de 1932, presentó una demanda de injunction contra el referido márshal, aduciendo que Francisco no había consignado el importe de la hipoteca en la corte, y que de verificarse la subasta se causarían daños y pérdidas irre-parables al peticionario. Miguel Francisco entonces inter-vino en el procedimiento de injunction archivando una ex-cepción previa y una contestación, en la que alegó que la hi-poteca a favor de Arenas era fraudulenta y por tanto, nula. El márshal demandado nunca • compareció, y de hecho el pleito se convirtió en una contienda entre Francisco y Arenas. La corte de distrito declaró sin lugar la demanda, por haber llegado a la conclusión de que la hipoteca era falsa y había sido hecha “con el único fin de burlar los derechos de terceros con créditos legales por ejecutar contra los bienes de Licha”. Apelado el caso para ante esta corte, se revocó la sentencia de la corte inferior, y se dictó otra decretando el injunction solicitado, Arenas v. Batalla, y Francisco, Int., 48 D.P.R. 31, diciéndose por voz del Juez Presidente Sr. del Toro, lo siguiente:

“Sólo nos referiremos a la simulación. Hemos examinado cuida-dosamente la prueba practicada y a nuestro juicio no es bastante para concluir que está viciada de fraude la transacción entre Licha y Arenas que evidencia el documento de hipoteca (Se analiza la prueba). También es cierto que el último contrato, el de julio 22, 1932, no aparece cancelado en el Departamento del Interior, pero ello si bien debilita no destruye lo dicho por Arenas con respecto a haber cumplido su compromiso y pagado lo que se debía a virtud de la venta condicional.
“Para que pudiera concluirse que el contrato de hipoteca es frau-dulento, se necesita algo más que las dudas que puedan surgir a virtud de las indicadas contradicciones en que basa su conclusión el juez sentenciador.”

El mandamiento de injunction, sin embargo, no pudo ha-cerse efectivo, pues, al denegar la corte de distrito el injunction solicitado, se expidió, a moción de Francisco, nueva or-den de ejecución y se llevó a efecto la subasta el 28 de oc-tubre de 1933, siendo adquirido el automóvil embargado por Miguel Francisco por la suma de $300. Después Francisco lo vendió a Pedro Pizá, y éste a José Salgado Jiménez. Fi-nalmente, Rafael Arenas ejecutó en la Corte de Distrito de San Juan la hipoteca sobre dicho automóvil que había sido declarada válida por esta Corte en Arenas v. Batalla, y Francisco, Int., supra, viéndose más tarde Salgado Jiménez des-pojado de dicho carro.

Como consecuencia, Salgado trajo la presente acción de nulidad y daños contra Arenas y Licha, alegando que la hi-poteca era nula e ineficaz por falta de causa, o sea, repitiendo el argumento de Francisco en el caso de injunction. Contra esta acción es que los demandados alegaron la defensa de cosa juzgada.

La corte inferior al resolver la cuestión planteada, se ex-presó así:

“ . . . considerando que, aún cuando los demandados plantearon la defensa de eosa juzgada, tal cual la misma aparece expuesta en sus contestaciones, procedieron, además, a negar la simulación de la referida hipoteca, abriendo de nuevo a examen los mismos hechos sobre los cuales alegaban la existencia de una sentencia anterior; considerando que durante el trámite del juicio los demandados per-mitieron que, sin su oposición, se presentase prueba conducente a la demostración de la simulación de la hipoteca de bienes muebles antes indicada, procediendo ellos, al mismo tiempo, a presentar evi-dencia en oposición a la en tal sentido ofrecida por el demandante; considerando que ello equivalió a una renuncia de la defensa de cosa juzgada, en armonía con la doctrina establecida al tomo 34 C. J., págs. 749-750, en las cuales se dice:
“ ‘So where a party is guilty of laches in setting up the defense of res judicata, or joins issue on the very questions settled by the judgment, or voluntarily opens an investigation of the matters he might claim to be concluded by it, or makes an admission of record inconsistent with the former judgment, he will be held to have waived the benefit of the estoppel, and the ease may be determind as if no such former judgment had been rendered;’ ”

¿Hubo en este caso la renuncia a que se refiere la corte inferior? Somos dé opinión que la pregunta debe ser con-testada en la negativa. La cita de Corpus Juris en que se basó la corte inferior no cubre el caso de los demandados. Por el contrario, entre los casos citados en las notas al calce de dicha sección, hay varios que resuelven que un demandado no renuncia a sus derechos bajo una sentencia anterior por el mero hecho de que controvierta también la reclamación del demandante sobre los méritos. Así, por ejemplo, en el de Harding v. Harding, 148 Cal. 397, 83 P. 434 (1906) se revo-caron expresamente los de Megerle v. Ashe, 33 Cal. 74 y Hicks v. Lovell, 64 Cal. 14 (y eso no obstante son citados en las notas de Corpus Juris para sostener la sección copiada por la corte inferior) habiéndose expresado la Corte Suprema de California así:

“Ella (la demandada) insistió siempre, .sin embargo, en que la sentencia dictada por el Tribunal de Illinois era una defensa abso-luta, y presentó en evidencia el récord de los procedimientos segui-dos ante la corte de Illinois, descansando en el mismo como una com-pleta defensa, y no hay nada que revele una intención de renunciar al beneficio de la sentencia dictada en Illinois, a menos que se ma-nifieste tal intención por la omisión de la demandada de objetar la evidencia ofrecida por el demandante en cuanto al domicilio y aban-dono, por su contrainterrogatorio de los testigos del demandante que declararon sobre el particular y por su presentación de evidencia tendente a desvirtuar la alegación de abandono. Es claro que, bajo las circunstancias, estos hechos no revelaban intención alguna, por parte del demandado, de renunciar al beneficio de la sentencia dic-tada en Illinois . . . Bajo nuestro sistema, ella tenía derecho a ex-poner, probar y descansar en todas las defensas que tuviera (Código de Enjuiciamiento Civil, sec. 441; Banta v. Siller, 121 Cal. 414; Miles v. Woodward, 115 Cal. 308), y no conocemos ninguna regla de derecho que le exigiera a ella elegir entre sus dos defensas, aunque el demandante le hubiera pedido a la corte que la obligara a hacerlo, cosa que no hizo . . . Pero cualquiera que sea la interpretación que se le dé a Megerle v. Ashe, 33 Cal. 74, y al caso posterior de Hieles v. Lovell, 64 Cal. 14, donde se dice algo que podía ser interpretado como una ratificación de la afirmación hecha en el caso anterior, es-tamos satisfechos de que, bajo nuestro sistema, un demandado no renuncia a sus derechos bajo una sentencia alegada como cosa juz-gada, por el mero hecho de oponerse a la reclamación del deman-dante en sus méritos. No vemos ninguna razón de peso para resolver que tal caso es una excepción a la regla general que rige en este Estado, al efecto de que un demandado puede alegar todas y cada una de las defensas que pueda tener, que asimismo puede probar y descansar en todas sus defensas así alegadas, y que si finalmente se sostiene cualquier defensa así alegada, tiene derecho el demandado a obtener sentencia a su favor. Si hay algo inconsistente con esto en los dos casos de California en que descansa el demandante, deben considerarse revocados. ’ ’

Este caso ha sido citado con aprobación, entre otros, en los de Reclamation Dist. 785 v. Lovdel Bros. Co., 183 P. 598 (1919), y Hickey v. Johnson, 9 F. (2d) 498 (1925), en el que se dijo por la Corte de Circuito de Apelaciones del Octavo Circuito:

“Creemos que, antes de que una parte pueda decirse terminan-temente que ha renunciado a esta defensa, tiene que haber asumido una posición tan inconsistente con su afirmación que equivalga a un abandono, o los procedimientos tienen que haber llegado a tal estado que la concesión de la defensa sería injusta. (Citas).”

Debemos aclarar, además, que la afirmación que hace la corte inferior al efecto de qne los demandados presentaron prueba en oposición a la presentada por la demandante so-bre la simulación de la hipoteca, no está sostenida por lo que aparece de la transcripción de evidencia elevada a esta corte. Los demandados se limitaron a presentar prueba documen-tal para demostrar su defensa de cosa juzgada. En ningún momento los demandados presentaron prueba de la validez de la hipoteca. No tiene importancia la cuestión pues, como hemos visto, en el caso de' Harding, supra, el hecho de que un demandado presente prueba para refutar la del deman-dante no implica que renuncie al beneficio de su defensa de cosa juzgada. El artículo 441 del Código de Enjuiciamiento Civil de California, citado en dicho caso, es equivalente al 114 del nuestro y de acuerdo con el mismo un demandado puede interponer cuantas defensas estén a su alcance en opo-sición a la demanda. Somos de opinión que la corte inferior erró al resolver que los demandados habían renunciado a su defensa de cosa juzgada, pues si bien el demandado Arenas no la incluyó en su contestación original sí lo hizo en la con-testación enmendada y se ha resuelto que aun después de revocada una sentencia y devuelto el caso a la corte inferior un demandado puede enmendar su contestación para incluir dicha defensa. Véase Hickey v. Johnson, supra.

La cuestión fundamental a resolver en este caso es si la sentencia dictada en el caso anterior de Arenas v. Batalla y Francisco, Int., 48 D.P.R. 31, constituye o no cosa juzgada en relación con la acción ejercitada en el caso de autos. El artículo 1204 del Código Civil, en lo pertinente, dispone:

“Artículo 1204.— ......
“Para que la presunción de cosa juzgada surta efecto en otro juicio, es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que ésta sea invocada, concurra la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron.
‘ ‘ Se entiende qne hay identidad de personas siempre qne los liti-gantes del segundo pleito sean causahabientes de los qne contendie-ron en el pleito anterior, o estén unidos a ellos por vínculos de soli-daridad o por los que establece1 la indivisibilidad de las prestaciones entre los que tienen derecho a exigirlas u obligación de satisfacerlas. ’

En primer término diremos qne el demandante José Sal-gado Jiménez, en relación con el automóvil objeto de la hi-poteca de bien mueble, es un sucesor en derecho de Miguel Francisco, pues éste lo vendió a Pizá y éste a Salgado. De manera que en cuanto al demandado Arenas, que fué parte victoriosa en el litigio anterior, y el demandante Salgado existe la identidad-de las personas litigantes, pues es regla establecida que la presunción de cosa juzgada obliga, no sólo a las partes originales en el litigio anterior sino también a sus sucesores en derecho y a aquellos que estén unidos a ellos por vínculo de solidaridad. Artículo 1204, supra; 34 C. J. 1009, 1010; Rodríguez v. Castaign, 7 D.P.R. 370; González v. Méndez, 15 D.P.R. 701, habiéndose resuelto en este último que aun cuando en el segundo caso se traigan nuevos demandados, si están unidos por vínculo de solidaridad como acreedores hipotecarios debe prevalecer la presunción de cosa juzgada. En este aspecto, el demandado Licha, aunque no fué parte en el litigio anterior, siendo el deudor hipotecario de Arenas está unido a él por' el vínculo de solidaridad que determina la ley. Véase al mismo efecto 34 C. J. 975.

El hecho de que la sentencia anterior fué una de esta Corte revocando la dictada por la corte inferior, no al-tera la situación, pues por dicha sentencia se fué a los mé-ritos, es decir, a la cuestión de nulidad planteada. A este efecto se dice en 34 C. J. 774:

"Cuando la corte apelativa ha revocado por causas que van a los méritos de la cuestión y la revocación demuestra una intención de decidir finalmente el caso sobre los méritos, la sentencia entonces tiene todas las características necesarias para que constituya cosa juzgada.”

Tampoco el hecho de que el procedimiento anterior haya sido nno de injunction hace variar la situación legal, pues la presunción de cosa juzgada no depende de la forma n objeto del litigio anterior, sino que se hayan determinado los dere-chos en controversia por nna decisión de carácter final. 34 C. J. 760, See. 1173; Balasquide v. Luján, 45 D.P.R. 563. En estos casos, es decir en el de injunction y en el de aritos, las cansas también son idénticas pues en ambos la cuestión en controversia es la validez o nulidad de la hipoteca de bien mueble.

Arguye, sin embargo, el apelado, que en todo caso no puede prosperar la defensa de cosa juzgada porque - en su tercera causa.de acción también atacó la nulidad del proce-dimiento seguido por Arenas para ejecutar su hipoteca y que esta cuestión no fué objeto de decisión en el caso anterior. No tiene razón, a nuestro juicio.

En el caso de injunction se resolvió expresamente lo si-guiente :

“En tal virtud, no habiendo destruido el interventor Miguel Francisco la eficacia en cuanto a él de la hipoteca del demandante Arenas, sólo pudo ,obtener que se embargara di automóvil hipotecado para ejecutar su sentencia, previa consignación del importe de la obligación hipotecariamente garantizada por el mismo, y como no lo hizo, debió la corte decretar el injunction solicitado. La sección 10 de la Ley núm. 19 de 1927, como quedó enmendada por la ley núm. 71 de 1930, Leyes de 1930, pág. 449, es como sigue:
“ ‘Sección 10. — Ningún deudor hipotecario de propiedad mueble venderá, pignorará y de otro modo dispondrá o gravará propiedad hipotecada por él, o parte alguna de la misma sin el consentimiento por escrito del acreedor hipotecario. Pero tal propiedad podrá ser embargada previa consignación en la secretaría de la corte que en-tienda en el asunto, del importe de la obligación hipotecariamente garantizada; Disponiéndose, que los bienes embargados no podr-án ser removidos del municipio en que se encontraren antes de que tal consignación se hubiese efectuado, salvo lo dispuesto en la sección 9 de esta Ley.’ ” (Bastardillas nuestras.)

Si Miguel Francisco, antecesor en título de Sal-gado, no tenía derecho a embargar el automóvil sin haber consignado el importe de la obligación hipotecaria, cosa que nunca hizo, no adquirió título alguno sobre el automóvil que pudiera válidamente traspasar a Pizá y luego éste a Sal-gado, y no teniendo dicho título tampoco tiene derecho a que se tomen en consideración los motivos de nulidad alegados por él en relación con la ejecución de la hipoteca. Si fuera el deudor hipotecario el que estuviera reclamando daños y perjuicios contra Arenas, sí tendría derecho a levantar esas cuestiones, pero se trata de-un tercero que, al no cumplir con los preceptos mandatories de la sección 10 de la ley núm. 19 de 1927, supra, ya esta Corte resolvió que no tenía derecho a embargar el bien mueble hipotecado. La adquisición posterior que hizo Miguel Francisco del automóvil, mediante una ejecución llevada a cabo mientras se tramitaba la apelación en el caso de injunction, fué nula ab initio, y quedó sin efecto legal alguno al decretarse por esta Corte el injunction soli-citado por Arenas.

Somos de opinión que la defensa de cosa juzgada alegada por los demandados debió haber sido declarada con lugar por la corte inferior y que al no hacerlo, cometió el error im-putado.

D&be revocarse la sentencia apelada y dictarse otra de-clarando sin lugar la demanda, con costas.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.

EN MOCIÓN DE RECONSIDERACION

Mayo 27, 1942

Los demandantes apelados han radicado una extensa mo-ción solicitando reconsideremos la sentencia dictada en este recurso. No creemos necesario entrar a considerar las múl-tiples cuestiones que plantean pues su alegación principal es que el embargo trabado por Miguel Francisco sobre el auto-móvil hipotecado por Felipe Licha a favor de Rafael Arenas no era nulo y que, por lo tanto, José Salgado podía levantar cualquier defensa con respecto a la subasta, especialmente por el hecho de qne-habiendo sido trasladado el automóvil de Cagnas a San Juan por el deudor Licha no inscribió la hipoteca en el Registro de San Juan.

En cuanto a este último punto bastará que digamos que en los casos de United Porto Rican Bank v. Ruiz, 43 D.P.R. 528 y United Porto Rican Bank v. González, 46 D.P.R. 781, se resolvió, según aparece del sumario de este último, lo siguiente:

“La inscripción de una hipoteca de bienes muebles en el distrito en que reside el deudor y radican los bienes es una notificación a toda persona — resida o no dentro de dicho distrito — del gravamen constituido sobre la propiedad. Sólo es necesario inscribir nueva-mente la hipoteca en el registro del distrito en que se trasladen los bienes cuando dicho traslado se verifica con el consentimiento del acreedor. ’ ’

Y en el caso de autos si bien el deudor Licha se trajo el automóvil para San Juan no aparece que el acreedor Arenas concediera su consentimiento al traslado. La inscripción de la hipoteca en el Registro de Caguas era una notificación de su existencia tanto para Miguel Francisco como para-José Salgado Jiménez.

Con el requisito de la previa consignación del im-porte de la hipoteca, exigido por el artículo 10 de la Ley de Hipotecas sobre Bienes Muebles (Ley núm. 19 de 1927, pág. 491), según quedó enmendado por la ley n,úm. 71 de 1930 (pág. 449)., la Legislatura no tuvo otro propósito que hacer más clara su intención de que los derechos del acreedor hi-potecario debían ser protegidos en forma más eficaz a como lo estaban anteriormente.

En el caso de United Porto Rican Bank v. González, supra, este tribunal había resuelto que un embargo sobre un ganado hipotecado, trabado antes de regir la ley núm. 71 de 1930, sin sujeción al interés que en el ganado ha adquirido el acreedor hipotecario, no era válido.

La obligación de consignar el importe de la hipoteca im-puesta al embargante es mandatoria. Si antes de existir dicho requisito no era válido un embargo hecho sin sujeción al interés del acreedor hipotecario, no puede haber duda de que es nulo también el trabado sin cumplir con tal requisito y tampoco con el mandatorio, impuesto por la enmienda al artículo 10. Además, en este caso no sólo no se cumplió con la previa consignación sino que ésta no se hizo en ningún momento después, si es que podía hacerse, cosa que no re-solvemos.

La previa consignación está en armonía con la naturaleza intrínseca de la hipoteca sobre bienes muebles, de acuerdo con la cual el_ acreedor hipotecario se convierte, hasta cierto punto, en dueño de la propiedad hipotecada. En el mismo caso de United Porto Rican Bank v. González, supra, se citó al efecto, el siguiente extracto del caso de Bachrach v. Mantel, 25 J. F. 422, resuelto por la Corte Suprema de Filipinas:

“Según la Ley Hipotecaria de Bienes Muebles, el acreedor hipo-tecario viene a ser dueño de los bienes en el sentido de que tiene el título legal, quedando al deudor hipotecario el derecho de retener la posesión, a disfrutar de las ventajas que se derivan de su uso y a cancelar el título del acreedor hipotecario por medio del cumpli-miento de los términos de la escritura de hipoteca. En cierto sen-tido, el acreedor hipotecario es en derecho el dueño (legal oivner), y el deudor hipotecario es el dueño en equidad (equitable owner).”

Teniendo Arenas, acreedor hipotecario, el título legal so-bré el automóvil, no pudo adquirir Francisco título legal al-guno sobre el mismo que pudiera a su vez traspasar a otros, por no haber consignado el importe de la hipoteca.

Y si a lo anteriormente expuesto agregamos el he-cho, comprobado ante este tribunal por los documentos uni-dos a los autos por el abogado de los apelantes, de que tanto José Salgado primero, como su Sucesión después, han sido meras partes nominales sin interés alguno en este caso, ya que, desde antes de fallecer Salgado había obtenido que Miguel Francisco le devolviera el antomóvil qne remató en la subasta (por cierto por nna suma menor del crédito hipote-cario) y qne dicho abogado admite qne sn verdadero cliente en este caso siempre ha sido Miguel Francisco, podemos dar-nos cuenta de qne los demandantes nunca han tenido derecho a reclamar unos daños y perjuicios que no han sufrido.

Debe declararse sin lugar la moción de reconsideración.


author: El Juez Asociado Señob Teavieso

text:
    Luis Castro Feliú, demandante y apelado, v. Rexach Racing & Sporting Corporation, demandada y apelante.
    Núm. 8485.

    Sometido: Abril 7, 1942.

      Resuelto: Abril 23, 1942.

      Luis Sánchez Vahamonde y 11. Torres Solé, abogados de la apelante; Leopoldo Feliú, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señob Teavieso

emitió la opinión del tribunal.

En octubre 18 de 1937, la corporación demandada nombró al demandante Luis Castro Feliú para el cargo de Adminis-trador del hipódromo “Las Casas”, por un término de cinco años, comprometiéndose a pagarle por sus gestiones “treinta por ciento de los beneficios netos que se obtengan por la corporación en los días de carreras de caballos que se celebren en el hipódromo 'Las Casas’.” De acuerdo con los términos del contrato que por escrito celebraron dichas partes, la remu-neración del administrador debería computarse de acuerdo con la siguiente tabla:

Hasta $12,000 de ganancias netas_30 por ciento
Entre $12,000 y $20,000 o sea sobre $8,000_25 por ciento
En toda ganancia en exceso de $20,000_10 por ciento

En el párrafo 4 del contrato se estipuló que “Se enten-derán por ganancias netas de la corporación los beneficios que se obtengan como resultado de las carreras de caballos que se celebren en el hipódromo 'Las Casas’ ”, después de descontar el importe de premios a dueños de caballos, contri-buciones, premios de seguros, gastos de conservación de las propiedades, impresos y anuncios relacionados con las carre-ras y, especialmente:

“ (e) Todos los gastos conocidos en los hipódromos como 'de CARRERAS’, tales como pago del personal del pool, Subscription Fund, taquillas, maeeros, . . . ”.

El párrafo 8 del contrato, lee como sigue:

“8. El producto de la venta de cuadros para jugar al Pool no se considerará como ingreso de la corporación pues todo lo relacio-nado con dichos cnadros será resuelto en el futuro por la corpora-ción”.

En abril 18, 1940, Castro radicó una demanda en la que, después de exponer los términos y condiciones de su contrato con la demandada, alega que él actuó como administrador del hipódromo “Las Casas” y cumplió con todas las obliga-ciones de su cargo, hasta junio 30, 1938 en que ambas partes dieron por terminado el contrato, sin perjuicio de que se practicara una liquidación de los beneficios líquidos obtenidos y se pagara al demandante la suma que pudiera correspon-derle de acuerdo con el contrato; que según su información y creencia los beneficios netos obtenidos por la demandada ascienden a $25,341.31, de la que le corresponde a él, de acuerdo con el contrato, la suma de $3,984.13; y que la de-mandada se ha negado a practicar la liquidación de beneficios y a pagar al demandante la suma que a éste corresponde. Pide el demandante que se ordene que por la demandada se practique inmediatamente, con la intervención de la corte y del demandante “una liquidación completa, fiel y correcta de los beneficios netos por ella obtenidos de la celebración de carreras de caballos y juegos de pool, bancas y subscription funds celebrados en su hipódromo ‘Las Casas’, desde octubre 18, 1937 hasta junio 30, 1938”; y que determinada así dicha suma, se condene a la demandada a pagar al demandante la suma que de dichos beneficios le corresponda, con intereses, costas y honorarios.

Contestó la demandada negando específicamente todos y cada uno de los hechos esenciales de la demanda.

En 30 de diciembre de 1940, la Corte de Distrito de San Juan dictó sentencia declarando con lugar la demanda y orde-nando :

“ . . . que por la demandada Rexach Racing & Sporting Corporation se practique inmediatamente, a su costa, con la intervención de esta corte y del -demandante, una liquidación de los beneficios netos por ella obtenidos de la celebración de carreras de caballos en el hipódromo ‘Las Casas’ desde octubre 18 de 1937 hasta junio 30 de 1938, a los fines de fijar la suma que de dichos beneficios y de acuerdo con las estipulaciones del contrato celebrado con el deman-dante le corresponde al mismo; y una vez fijados y determinados dichos beneficios se pague al demandante Luis Castro Feliú la suma que de dichos beneficios netos le corresponda, con sus intereses al 6 por ciento anual desde abril 18 de 1940. Se condena a la deman-dada al pago de las costas.”

En enero 3, 1941 el demandante solicitó la reconsideración y enmienda de la sentencia, en el sentido de disponer (a) que la liquidación ordenada deberá comprender todos- los bene-ficios obtenidos por la demandada de las carreras de caballos y juegos de pool, bancas y “subscription funds”, celebrados en el hipódromo “Las Cásas”; (b) que la demandada deberá pagar intereses sobre la suma correspondiente al demandante, desde la fecha de terminación del contrato o sea desde junio 30, 1938; y (c) que la demandada deberá pagar al deman-dante los honorarios de su abogado. La moción de reconsi-deración fué„ declarada sin lugar, de plano. La corte hizo constar en su resolución que no procedía la imposición de honorarios por no haber temeridad de parte de la demandada, y que tampoco procedía la concesión de intereses por tratarse de una suma que aun no ha sido liquidada. La corte no expuso razón alguna para denegar la moción en cuanto a la petición para que se hiciera más específica la sentencia en cuanto a las partidas que debían incluirse en la liquidación.

En enero 30, 1941 la demandada radicó una moción alla-nándose a la sentencia de diciembre 30, 1940 y sometió con ella “una liquidación de todos los ingresos y egresos por concepto de carreras de caballos, y derivados de las partidas ‘taquilla, pool y banca’.” De acuerdo con dicha liquidación, la demandada tuvo desde octubre 16, 1937 a junio 30, 1938 un ingreso bruto de $107,229.99 y egresos por valor de $102,067.22, quedando un beneficio líquido de $5,162.77.

Se opuso el demandante a la aprobación del proyecto de liquidación sometido por la demandada, por el fundamento de que en el mismo no se incluían los ingresos habidos por la demandada por concepto de subscription funds, servicio de cuadros, arrendamiento de cantinas, venta de programas y trasmisión de las carreras y juegos por radio; y alegó que el total de los ingresos realmente recibidos por la demandada excede de $126,000.

En contestación a la oposición del demandante, alegó la demandada que la inclusión de los beneficios obtenidos del subscription fund era cuestión que ya babía sido resuelta por'la corte inferior al denegar la reconsideración de su sen-tencia y que era por tanto aplicable la regla de res judicata.

En mayo 27, 1941 la corte inferior dictó una resolución que lee así:

“La sentencia de esta corte que declaró con lugar la demanda ordena que por la demandada se practique una liquidación de los beneficios netos obtenidos por ella en la celebración de carreras de: caballos en el hipódromo ‘Las Casas’ desde octubre 18 de 1937 hasta junio 30 de 1938, a los fines de fijar la suma que de dichos bene-ficios y de acuerdo con las estipulaciones del contrato celebrado con. el demandante le corresponde al mismo.
“Firme dicha sentencia, la demandada se limitó a radicar una-relación de ingresos y egresos incompleta, pues en la misma existen solamente los ingresos procedentes de Pool, Bancas, y Taquillas du-rante el período a que se refiere la sentencia, faltando los ingresos que por otros conceptos, tales como ‘Subscription Fund’, arrenda-miento de las cantinas, y servicio de radio, obtuvo la misma durante dicho período.
“Dispone el contrato que la demandada pagará al demandante un tanto por ciento de los beneficios netos que se obtengan por la corporación en los días de carreras de caballos que se celebren en el hipódromo de la demandada, y que se entenderá por ganancias netas de la corporación los beneficios que se obtengan como resultado de las carreras de caballos que se celebren, después de descontar, entre otros ga§tos, todos los gastos conocidos en los hipódromos como ‘de carreras’, tales como pago del personal del Pool, Subscription Fund, etc., lo que demuestra que durante los días de carreras es que se juega el Subscription Fund y que, el demandante tiene derecho a participar de los beneficios que la corporación pueda obtener por tal concepto, pues no puede jugarse el Subscription Fund sin la cele-bración de carreras.
"Se ordena a ]a demandada que dentro de diez días radique una relación, y sirva copia de la misma al demandante, de todos los in-.gresos y egresos de la misma en los días en que se celebraron carre-ras de caballos en el hipódromo ‘Las Casas’ durante el período com-prendido entre octubre 18 de 1937 a junio 30 de 1938, todo ello en cumplimiento de la sentencia dictada en este caso.”

Es contra esa resolución que la demandada Eexach Racing & Sporting Corporation interpuso el presente recurso, ale-■gando que la misma es contraria a derecho y viola el status de hecho y de derecho establecido por la sentencia dictada por el mismo tribunal en diciembre 30 de 1940, la cual es firme por no haber sido apelada por ninguna de las partes.

La cuestión a resolver es si la denegación por la corte inferior de la reconsideración de la sentencia impedía al de-mandante oponerse a la aprobación del proyecto de liquida-ción por el fundamento de no haberse incluido en el mismo los beneficios del Subscription Fund. Dicha cuestión debe a nuestro juicio contestarse en la negativa.

La sentencia dictada en diciembre 30,1940 era'ente-ramente favorable al demandante y, como ya hemos visto, ordenaba a la demandada que practicase una liquidación “de los beneficios netos por ella obtenidos de la celebración de ca-rreras de caballos”. Es, pues, natural que el demandante no apelase de una sentencia dictada a su favor y de acuerdo con la súplica de su demanda. Tampoco podía apelar el demandante de la resolución denegando la reconsideración, por no ser ésta apelable.

No podemos aceptar como indiscutible la argumen-tación de la apelante al efecto de que la negativa de la corte ■ sentenciadora a hacer más específica la sentencia, enumerando las partidas que debían figurar en la liquidación, equivale a una adjudicación adversa al demandante en cuanto a su ale-gado derecho a participar de los beneficios procedentes del Subscription Fund. Nos inclinamos más bien a creer con el demandante — en ausencia" de una manifestación expresa de la corte sentenciadora — que si la corte inferior declaró sin lugar la reconsideración fue porque estimó que su sentencia era suficientemente clara y específica para que las partes inte-resadas pudiesen comprender su alcance. Cuando surgió la controversia entre las partes en cuanto a si la liquidación debía o no incluir los beneficios derivados del Subscription Fund, la corte sentenciadora, interpretando el alcance y signi-ficado de su propia sentencia, la dirimió resolviendo que sí debían incluirse.

Opinamos que la corte sentenciadora interpretó correcta-mente el contrato entre las partes. De acuerdo con sus tér-minos, el demandante tiene derecho a participar en las ga-nancias netas obtenidas por la demandada “en los días de carreras de caballo que se celebren en el hipódromo ‘Las Casas’ ”, entendiéndose como ganancias netas “los beneficios que se obtengan como resultado de las carreras de caballos”.

Si tuviésemos alguna duda en cuanto a si los beneficios procedentes del Subscription Fund son beneficios obtenidos “como resultado de las carreras de caballos”, esa duda que-daría resuelta en el sentido de que lo son al considerar que en el contrato se estipula expresamente que para llegar a la determinación de las ganancias netas se descontarán de los ingresos brutos, entre otras cosas, “todos los gastos cono-cidos en los hipódromos como de carreras, tales como pago del personal del pool, Subscription Fund, taquillas, maeeros, etc.”. Parece justo y lógico sostener que si los gastos del Subscription Fund son gastos de las carreras y como tales deducibles del ingreso bruto, el beneficio neto de ese mismo Subscription Fund debe ser considerado como parte inte-grante del beneficio neto obtenido por la corporación como resultado de las carreras de caballos, en cuyo beneficio tiene participación el demandante. Además, sería muy difícil aceptar que el demandante" se comprometiera a administrar el Subscription Fund de la demandada y a contribuir a los gastos del mismo, renunciando a toda participación en los beneficios netos derivados de dicho juego. Si las partes con-tratantes hubiesen tenido la intención de excluir los beneficios del Subscription Fund, fácilmente pudieron haberlos excluido, como lo hicieron con respecto al producto de la venta de cuadros para jugar al pool, que siendo un ingreso obtenido de las carreras de caballos fué expresamente excluido de los ingresos a liquidar, por la cláusula 8 del contrato, supra.

Opinamos que la regla de res judicata invocada por la parte apelante no es de aplicación a los hechos y circuns-tancias del presente caso. La sentencia de diciembre 30 de 1940, aun cuando puso fin a la controversia al resolver que el demandante tenía derecho a recobrar las cantidades que pudieran corresponderle de acuerdo con los términos del con-trato y quedó firme al no ser apelada por ninguna de las partes, no podía ser ejecutada sin que antes se practicara la liquidación necesaria para fijar el montante de la participa-ción que en los beneficios correspondía al demandante. La corte sentenciadora retuvo plena jurisdicción sobre las partes y sobre la causa de acción y estaba facultada para dictar cualquier orden tendiente a interpretar los términos y el al-cance de su propia sentencia.

La resolución recurrida debe ser confirmada y el caso de-vuelto al tribunal inferior para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.


author: El Juez Asociado Señoh Snydee

text:
    Manuel Hernández Rasquiña, peticionario y apelado, v. Sixto M. Saldaña, Jefe del Presidio Insular, demandado y apelante.
    Núm. 8508.

      Sometido: Abril 13, 1942.

      Resuelto: Abril 23, 1942.

      Hon. Procurador General George A. Malcolm, B. A. Qómfiz, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados del apelante; Manuel Fernández Basquina, por su pro-pio derecho.
   El Juez Asociado Señoh Snydee

emitió la opinión del tribunal.

El peticionario, que está cumpliendo una sentencia de pre-sidio, radicó nn mandamus contra el jefe de la Penitenciaría Insular para, obligarlo á que abonara a su sentencia el cré-dito por buena conducta según lo dispone la ley. La corte de distrito sostuvo la contención del peticionario y el jefe de presidio ha apelado.

En 1935 el peticionario empezó a cumplir una sen-tencia de 12 años por escalamiento en primer grado. En 1940, después de haber cumplido cinco años, fué puesto en libertad mediante un recurso de hábeas corpus en el cual se declaró nula la sentencia original. Algunos días más tarde fué sentenciado a cumplir ocho años por el mismo delito de escalamiento en primer grado. Inmediatamente empezó a cumplir su sentencia de ocho años.

Los Estatutos Revisados de 1911 disponen lo siguiente:

Sección 6362:
“(6362) Sección 1. Cuando una persona fuere acusada de un delito cualquiera, y habiéndosele exigido fianza, no pudiere, por mo-tivos de pobreza, conseguir fiadores, por lo que tuviere que estar bajo custodia aguardando la' vista de su causa, si saliere sentenciado a un término de prisión, se le descontará de dicho término el tiempo que hubiere pasado bajo custodia, desde la fecha de su arresto hasta aquella en que se hubiere dictado sentencia definitiva en su causa.”
Sección 2047:
“ (2047) Sección 1. A partir de Io. de abril de 1907, todo preso sentenciado, o que en adelante se sentenciare, a prisión en la peni-tenciaría, o a prisión con trabajo en las cárceles de distrito de Puerto Rico, que observare buena conducta y asiduidad, tendrá derecho a las siguientes rebajas del término de su sentencia, . . .
“Por una sentencia de no menos de cinco años y menos de diez años: 8 días en cada mes. ’ ’

Alega el peticionario que toda vez que su sentencia es de ocho años, tiene derecho de acuerdo con el segundo de los estatutos arriba mencionados a una rebaja en su sentencia, por buena conducta, de ocho días por cada mes, o sea un total de 768 días. Alega asimismo que una vez que el jefe de presidio rebaje los referidos 768 días de la sentencia de ocho años, éste debe, de acuerdo con el primero de los esta-tutos arriba mencionados, hacer una rebaja adicional de los cinco años que el peticionario cumplió bajo la sentencia original declarada nula.

Por otro lado, el jefe de presidio alega que los cinco años que cumplió antes de dictarse la sentencia de ocho años deben primeramente restarse, y luego concederse una rebaja por buena conducta a razón de ocho días por mes solamente sobre el balance de tres años.

El juez de la corte inferior basó su sentencia en la opinión que dictó en el caso similar de Pedro Lorenzano v. Sixto Saldaña, Hábeas Corpus, núm. 38097 de la Corte de Distrito de San Juan, en que la apelación fue voluntariamente abando-nada por el peticionario por razones ajenas a este caso, resol-viendo esta cuestión como sigue:

“El texto de ambas leyes es bien claro. La primera autoriza a descontar del término de prisión a que pudiere ser sentenciado el acusado, el tiempo que hubiere pasado bajo custodia desde la fecha de su arresto hasta aquélla en que se hubiere dictado sentencia de-finitiva; y la segunda también da derecho a ciertas rebajas del tér-mino de la sentencia, a todo preso que observare buena conducta y asiduidad, cuyas rebajas se computan desde la admisión del mismo en la cárcel o penitenciaría. No dispone la segunda de dichas leyes que las rebajas por buena conducta se hagan del resto de la senten-cia una vez acreditada la preventiva.
“La interpretación que hasta ahora se ha reñido dando á dichas leyes establece un discrimen en favor de aquellos acusados que me-diante la prestación de fianza permanecen en la libertad hasta tanto se ha dictado una sentencia definitiva en su causa, y ello lo demues-tra el siguiente ejemplo: A y B son sentenciados por una corte de distrito a sufrir la pena de 5 años de presidio con trabajos forzados, cada uno; ambos apelan para ante la Corte Suprema; desde que ambos fueron arrestados hasta que el Tribunal Supremo dictó sen-tencia confirmando la de la corte de distrito, han transcurrido dos años, durante los cuales B ha estado en Sumaria y A bajo fianza. Liquidadas dichas sentencias en la forma en que las liquida el aquí demandado, resultaría que mientras a B, que ha estado dos años en Sumaria, se le están haciendo rebajas por buena conducta, no al término do cinco años de su sentencia, sino a los tres años que le quedan por cumplir una vez acreditado el tiempo que permaneció en Sumaria, a A, que no ha estado privado de su libertad ni un solo día, se le hacen abonos por buena conducta al término de cinco años de su sentencia, resultando que B habrá estado privado de su libertad durante 4 años 2 meses 12 días, y A sólo durante 3 años 8 meses. No puede -haber sido ésa la intención del legislador. Los descuentos deben hacerse al término total de la sentencia, tal y como dispone la ley fijando rebajas a las mismas por buena conducta. Ése es un derecho que tiene todo sentenciado a prisión con trabajos forzados, que no puede ser limitado o restringido mientras el preso observe buena conducta. Tan pronto como una persona que ha sido sentenciada por la comisión de un delito ingresa en la cárcel o pe-nitenciaría a cumplir su sentencia, tiene derecho, desde el momento de su ingreso, a las rebajas que establece la ley por buena conducta, y asiduidad, del término de su sentencia y no del término por cum-plir dicha sentencia después de descontar la preventiva, como se ha venido haciendo y se ha hecho en el presente caso por el demandado.
“El estatuto que da derecho a rebajas por buena conducta es claro y libre de toda ambigüedad, y prescribe en forma clara y con-cisa que todo preso sentenciado tendrá derecho a las rebajas fijadas por dicho estatuto, del término de la sentencia, y no del período por cumplir de la sentencia o del tiempo que el mismo tenga que estar en la cárcel o presidio después de acreditársele la preventiva. Está •firmemente establecido que al interpretar esta clase de estatutos, la letra de los mismos no debe ser menospreciada, y que cuando los mismos son susceptibles de dos interpretaciones, debe dárseles aquélla que más favorece al preso.”

Estamos de acuerdo con el juez de distrito en que los esta-tutos están libres de ambigüedad y deben interpretarse de la manera que él expresa. Además, como él indica, si el len-guaje de los estatutos fuera susceptible de dos interpreta-ciones, ordinariamente debe adoptarse la interpretación más favorable al preso. Ex parte Blocker, 193 P. 546; Ex parte Albori, 21 P. (2d) 423.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.