author: El Juez Asociado Señor Hutchison, JUEZ ASOCIADO SR. WOLF.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Avelino González Mena, acusado y apelante.
    No. 3776.

    Sometido: Junio 26, 1929.

      Resuelto: Junio 25, 1930.

      A. Dones Padró, abogado del apelante; B. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.

       Nota : Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La sección 5 de la “Ley proveyendo lo necesario para castigar la adulteración de café, y para otros fines,” Leyes de 1928, página 167, Lace la infracción de la sección 1 de dicha ley un delito menos grave. La sección 1 dispone lo siguiente:

“Será ilegal adulterar o mezclar café, en grano, triturado o mo-lido, con cualquier otro grano o sustancia, con la intención de ven-derlo, ofrecerlo o tenerlo en venta, y será igualmente ilegal que dicho café, así adulterado o mezclado, sea vendido, ofrecido o tenido en venta,, o sea transportado o almacenado con el fin de dedicarlo al con-sumo humano, o sea usado para fines industriales, cuando se destine a la preparación de alimentos para el consumo humano.”

Avelino González. Mena fué convicto- de una infracción de este artículo a virtud de una acusación en que se alegaba que dicho González Mena, ilegal, voluntaria y maliciosamente tenía y ofrecía en venta, con el fin de dedicarlo al consumo humano, café tostado y molido adulterado con azúcar.

El caso fué sometido de acuerdo con una estipulación sobre los hechos al efecto de que el acusado tenía y ofrecía en venta para el fin especificado en. la acusación, café tostado y molido adulterado con azúcar; que esta adulteración no era nociva a la salud y que el café estaba enva'sado en. paquetes conteniendo un rótulo que decía que el café estaba, mezclado con el 4% por ciento de azúcar.

La única defensa aducida fué que los hechos alegados en la acusación y admitidos por el fiscal del distrito en la aludida estipulación no constituyen delito, toda vez que la ley de que se trata es inconstitucional porque la ley federal de alimentos y drogas permite adulteraciones inofensivas; siempre que el rótulo especifique la naturaleza y el tanto por ciento de las materias extrañas agregadas.

No se ha hecho señalamiento de errores. La argumenta-ción consiste en la elaboración de la defensa planteada al terminar el juicio. Primero asume que la ley “proveyendo lo necesario para castigar la adulteración de café, y para otros fines” es una ley sanitaria, y luego levanta la teoría de que está en conflicto con la Ley Federal de Alimentos y Drogas. La contención final es que la ley local es discrimi-natoria.

No hay prueba alguna de la intención de limitar el alcance de la ley a cuestiones que afecten la salud pública. Si hubiese sido la intención de la legislatura prohibir la adul-teración por adición de substancias venenosas o deletéreas solamente, habría habido alguna expresión de la voluntad legislativa a ese respecto. En ausencia de mención alguna respecto a la rotulación falsa, no había necesidad de que se definiera esa frase o de un disponiéndose excluyendo com-puestos rotulados en determinada forma. Si hubiera habido alguna intención de crear una exención a favor de los que efectuasen adulteraciones inofensivas o sanas con sujeción a ciertas condiciones en lo referente a los rótulos o a cualquier otro extremo, esa intención aparecería de la faz de la ley. El fin de la ley es proteger al público contra fraudes y engaños, prohibiendo la mezcla de granos n otras substancias más baratas o inferiores, ya fueren sanas o no, que aumenten el peso y menoscaben la calidad del café como tal.

La Ley Nacional de Alimentos y Drogas no impide la aprobación de ninguna ley local vedando la manufactura o el tráfico de alimentos con otros artículos que no caen dentro de la prohibición del estatuto federal. Por tanto, no existe conflicto alguno entre ese estatuto y la ley que estamos considerando. Tampoco es discriminatoria la ley local meramente por no impedir la manufactura o el tráfico de otros artículos que por disposición expresa de la Ley Federal de Alimentos y Drogas están excluidos de la definición de las palabras “adulterado” y “rotulado falsamente,” según se usan en esa ley.

Debe confirmarse ia sentencia apelada.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Texidor disintieron.

'OPINIÓN DISIDENTE EMITIDA POR EL

JUEZ ASOCIADO SR. WOLF.

A mi entender, el café mezclado con azúcar ha sido un producto o preparación usado y vendido en Puerto Eico durante largo tiempo. Sea esto cierto o no, no puedo ver razón alguna por la cual una persona en Puerto Eico no tenga el derecho de tomar dos simples ingredientes, pro-ductos del país, mezclarlos, y venderlos a su conveniencia, siempre que el efecto vendido se rotule claramente. La Legislatura podría prohibir cualquier mezcla o llamada “adulteración” de café a menos que esté claramente rotu-lada. Sin embargo, cuando sin necesidad aparente para ello la Legislatura prohibe la venta de un producto así mezclado, soy de opinión que ella se ha excedido en el ejercicio de su poder de policía. La actuación de la Legislatura que, según mi criterio, así trasciende el poder de policía, es inconstitu-cional y nula. Nadie debe estar sujeto a ser perseguido y penado por la ley en razón de un acto tan inocente.

Es cierto que el apelante en su señalamiento de errores en este tribunal no suscitó la cuestión que ahora se presenta. No obstante, me pareció aparente en el momento de discutirse el caso que la Legislatura no tenía derecho a definir el delito en que se fundó la acusación. Toda vez que el apelante, si no estoy errado, no había, sido culpable de delito alguno dentro de las facultades de la Legislatura, la cuestión de eonstitucionalidad podría suscitarse en cualquier momento y por la corte misma. Quizá otras personas también podrían ser perseguidas bajo la autoridad del presente caso.

No he practicado un estudio considerable de la jurispru-dencia, pero ella aparece parcialmente indicada por 12 C. J. 929; 12 C. J. 934, nota 43; 12 C. J. 774, sección 203; 12 O. J. 786, notas 73, 74 y 75; y 12 C. J. 922. Asimismo, por nuestra decisión en el caso de El Pueblo v. Carril, emitida el 27 de junio de 1930.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

license: Public Domain

text:
    Sánchez Morales & Co., Inc., demandante y apelante, v. Cándido Fernández, demandado y apelado.
    No. 4747.

    Sometido: Junio 27, 1929.

      Resuelto: Junio 26, 1930.

      M. Cruz Horta j 8. García Díaz, abogados de la apelante; B. Sancho Bonet, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

La corporación Sánchez Morales & Co. vendió condicional-mente un piano a Cándido Fernández, a quien algún tiempo después demandó de acuerdo con la ley de contratos de ventas condicionales por haber dejado de pagar algunos plazos men-suales, que con los restantes ascendían a $440. El demandado contestó que había satisfecho $405 a Sánchez Morales & Co., Ine., por todos los plazos que debía, y estimando probada la Corte de Distrito de San Juan la alegación del deman-dado declaró sin lugar la petición hecha por la casa vendedora para que el piano le fuera entregado; sentencia que ha sido apelada.

La cuestión fundamental a resolver en esta apelación es si en efecto el demandado pagó a Sánchez Morales & Co., o a un agente suyo autorizado.

Los hechos en este caso son sencillos. El apelado pagaba los plazos mensuales de su contrato a los cobradores que iban a su casa en nombre de Sánchez' Morales & Co., y tiene, por tal concepto, recibos impresos con el nombre de Sánchéz Morales & Co. y con la firma de los cobradores que iban con tal fin, tales como C. Ramos y Rafael Bey. El nunca fué a pagar a la casa de Sánchez Morales & Co. y siempre hizo efectivos los recibos entregando dinero a los cobradores. Al atrasarse Fernández algunos meses en los pagos recibió cartas de Sánchez Morales Co. recordándole su contrato, y cuando el cobrador C. Ramos se presentó a cobrarle los atrasos, Fernández le manifestó que la casa le hiciera una liquidación de lo que le debía para pagarlo todo del 10 al 15 de abril, manifestándole Ramos que haciendo el pago total adelantado la casa le haría un descuento del diez por ciento. El 10 de abril; se presentó en la casa de Fernández una persona distinta de los otros cobradores por primera vez, con un recibo de Sánchez Morales & Co. igual a los precedentes, por $405 como saldo de la compra del piano. Fernández tuvo algunas dudas respecto al cobrador, por lo que cotejó ese recibo con los anteriores, en cuyo momento, según dijo Fer-nández, el nuevo cobrador le mostró una autorización para hacer cobros que aparecía suscrita por J. M. Castro. En-tonces pagó, siendo firmado el recibo con el nombre de P. R. Román. No se ha demostrado que J. M. Castro firmara ese papel, pero sí se lia demostrado que J. M. Castro no tenía, autoridad en la casa de Sánchez Morales & Co. para auto-rizar esos cobros. P. R. Román no era empleado de Sánchez Morales &¡ Co., y esta corporación nunca ha recibido el dinero correspondiente al saldo de la cuenta.

El artículo 1130 del Código Civil dice que el pago deberá hacerse a la persona en cuyo favor estuviese constituida la obligación, o a otra autorizada para recibirlo en su nombre. Y el 1182 dispone qne la prueba de la extinción de las obli-gaciones incumbe al que lo opone. Consecuencia de estos dos preceptos es que habiendo alegado Fernández que. pagó la deuda a un agente de Sánchez Morales & Co. está obligado a probar que la persona a quien entregó el dinero era un agente de su acreedor debidamente autorizado para recibirlo cu. nombre de él. La misma regla encontramos en el caso de Soné v. Palmers, 28 Mo. 539, en donde se dice que cuando una parte descansa en un documento que aparece hecho por un agente, debe probar la autoridad del agente; y también la hallamos en 2 C. J., página 928, párrafo 668, al expresar que la persona que hace pagos de una deuda a un agente asume el peso de probar la autoridad del agente para recibir los pagos, o que lo pagó de buena fe, confiando en la exis-tencia previa de tal autoridad y en la creencia de que no había sido revocada. El caso de Royal Bank of Canada v. Balle, 33 D.P.R. 984, es aplicable al presente porque declara que el pago hecho a una persona distinta del acreedor, sin justifi-carse de modo fehaciente, indiscutible, la autoridad paral recibirlo, no extingue la obligación. En sentencia del Tribunal Supremo de España de 28 de febrero de 1896, citada en 8 Manresa 273, se resolvió lo siguiente:

“Para que el pago de lo debido extinga las obligaciones debe ha-cerse a las personas en cuyo favor estuviesen constituidas o a cual-quiera otra autorizada para recibirlo; siguiéndose de ello que la entrega de lo adeudado hecha a un tercero, siquiera se haga por mero error y de buena fe, no libera al deudor de su obligación de pagar, ni perjudica al acreedor en su derecho a cobrar, y que si por la iin-posibilidad de recuperar lo debidamente pagado resultasen perjuicios irreparables, recaigan éstos sobre el deudor engañado, como único responsable de sus propios actos, a no mediar sobre este punto pacto en contrario, o culpabilidad del acreedor que origine responsabilida-des al mismo imputables.”

Si bien es cierto que el apelado Fernández pag’d varios recibos de mensualidades en distintas ocasiones a dos cobra-dores llamados uno Bey y el otro liamos, y que todos los recibos mensuales los pagó a ellos en dinero, también lo es que el recibo de saldo de su cuenta, aunque igual en su forma a los anteriores, lo pagó a P. R. Román, persona descono-cida para él como agente de Sánchez Morales & Co. y que por primera vez se le presentaba como tal agente de dicha corporación, por lo que debió cerciorarse de que tenía auto-ridad bastante para hacer ese cobro, so pena de sufrir las consecuencias de hacer el pago a una persona no autorizada para recibirlo; sin que el hecho de que Román le mostrara una autorización para cobrar que aparecía firmada por J. M. Castro sea suficiente tampoco para estimar bien becbo el pago, porque Fernández no probó que efectivamente J. M. Castro firmó tal autorización y que tenía autoridad para darla, aparte de que se probó que si bien J. M. Castro era un em-pleado de dicba corporación no estaba facultado para dar tal autorización, si en efecto la dió.

Dice el apelado que en la acción especial ejercitada en este caso para recobrar la posesión del mueble vendido la única prueba admisible es el recibo de baber pagado; pero esto no es así porque el pago no existe sino cuando se ba satisfecho la obligación al acreedor o a persona autorizada por él para recibirlo, por lo que en este caso él tenía que. probar que la persona a quien pagó tenía autoridad para recibir el dinero en nombre de Sánchez Morales & Co.

El artículo 1132 del Código Civil citado por el apelado, según el cual el pago becbo de buena fe al que estuviere en posesión del crédito liberará al deudor, no tiene apli-cación al caso presente porque Fernández no pagó a la persona que estaba en posesión del crédito, que era Sánchez Morales & Co., ni a persona autorizada por esa corporación para recibir el pago por ella.

Resuelta la cuestión tratada en la forma que lo ha sido, es innecesario considerar los otros motivos de esta apela-ción, y la sentencia recurrida debe ser revocada, sin especial condena de costas, y devolverse él caso a la corte inferior para que continúe él procedimiento.


author: El Juez Asociado Señor Tesidor,

text:
    Vicente Alvarez y Antón Alvarez, peticionarios-apelantes, v. Andrés Lugo, Alcaide de la Cárcel de Distrito de San Juan, P. R., opositor y apelado.
    No. 4063.

    Sometido: Junio 4, 1930.

      Resuelto: Junio 26, 1930.

      J. Valide juli, abogado de los peticionarios; B. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Tesidor,

emitió la opinión del tribunal.

Ante la Corte de Distrito de San Juan, se siguió en apela-ción un procedimiento penal contra Vicente Alvarez y Antón Alvarez, por acometimiento y agresión graves. La sentencia dictada por la corte es como sigue:

“Se llamó este caso a juicio, y comparecieron el Fiscal Romani y los acusados. Leída la acusación., los acusados hicieron la alegación de no culpables. Practicada la prueba, la Corte declara a los acu-sados culpables de un delito de acometimiento y agresión grave y les impone $500 o un día de cárcel por cada dólar que dejaran de satis-facer’, no excediendo la pena a más de 90 días, y la mitad de las cos-tas a cada acusado.”

El secretario de la citada corte expidió mandamiento por separado para cada acusado, expresando en él que se le había condenado a $500 de multa, o un día de cárcel por cada dollar que dejara de satisfacer, no excediendo de 90 días tal privación de libertad.

Vicente y Antón Alvarez presentaron ante este tribunal un recurso de babeas corpus, que fue resuelto en 16 de julio de 1929, 39 D.P.R. 935; y entonces la Corte de Distrito de San Juan, ordenó para el cumplimiento de la sentencia de 16 de septiembre de 1926, que el secretario librara ¡manda-miento al mársbal para el arresto de los acusados, y su con-ducción a la cárcel de distrito de San Juan, con mandamiento de prisión, acompañado de copia certificada de la sentencia, como se hizo. Los acusados fueron arrestados; y acudieron • a la corte con una petición de auto de bábeas corpus. Ale-garon que ellos estaban ilegalmente privados de su libertad, por no haber sido sentenciados por un tribunal con jurisdic-ción competente: que la sentencia por virtud de la que se les había preso es nula porque no determina la multa que se impone a cada acusado, y es incierta e indeterminada; que el secretario de la corte de distrito no tiene facultades para interpretar una sentencia; que de ningún récord de la corte aparece que se haya dictado una sentencia legal contra los peticionarios; que en el caso de hábeas corpus que ellos radi-caron ante este Tribunal Supremo se ordenó la excarcelación y libertad de los peticionarios, y este tribunal no dió facultad a ningún otro para el arresto de los mismos; que el Tribunal Supremo, en su resolución en el caso de hábeas corpus se equivocó al establecer que la frase “y la mitad de las costas a cada acusado” se refiere también a la multa de $500; que este tribunal ordenó absolutamente la libertad de los acosados sin dar facultad a tribunal alguno para ordenar el confina-miento de los mismos, y que al decir “sin perjuicio del de-recho de la corte a enviar copia certificada del original de la sentencia al oficial que tiene el deber de ejecutarlo,” sólo dispuso de un principio doctrinal; que el volver a confinar a los peticionarios es someterlos al cumplimiento de una pena de la que fueron absueltos.

La corte, oído el caso, lo decidió declarando sin lugar la petición; y contra esa sentencia se lia interpuesto el presente recurso.

Tres errores señalan los apelantes, sosteniendo que lo fué el considerar como válida y eficaz la sentencia dictada en el caso criminal en 8 de abril de 1928; que lo fué el declarar que la Corte Suprema no ordenó la excarcelación y libertad ele los acusados, en su sentencia en babeas corpus; y que lo fué el declarar que la corte de distrito tiene facultades para hacer cumplir su sentencia, sin que se lo ordene expresa-mente el Tribunal Supremo.

En el caso de bábeas corpus, No. 94, Ex Parte Vicente y Antón Alvarez, 39 D.P.R. 935, dijimos:

“Si bien estamos de acuerdo con que dicha sentencia no es tan clara como podría serlo, sin embargo, de las palabras finales ‘a cada acusado’ se desprende que la intención de la corte fué, no imponer una pena en conjunto, sino una multa de $500 a cada uno de los acu-sados. Sería absurdo suponer que una sentencia de noventa días de-bería ser cumplida conjuntamente por los dos acusados, o que la corte estuviera imponiendo una multa que debería ser pagada indis-tintamente por los acusados, especialmente si uno hubiese satisfecho la multa y el otro no; de forma que los peticionarios no tienen de-recho a ser puestos en libertad mediante el recurso de habeas corpus con motivo de la supuesta sentencia defectuosa.”

Las palabras de nuestra resolución son, a nuestro juicio, claras y precisas. La sentencia “no es tan clara como podría serlo; ” y esto no quiere significar que la sentencia sea ininte-ligible, o contradictoria, sino únicamente que pudo ser más clara;»poro que la intención de la corte fné la de imponer una pena a cada nno de los acusados y que así se ve de la misma sentencia. No existe la pena común o colectiva,, ni cabría ella dentro de los principios del moderno Derecho Penal. No hay tribunal alguno que imponga una pena común o colectiva; y no cabe dar a ninguna sentencia ese sentido. Sin interpretar la sentencia de este caso, se puede declarar que la pena de $500 de multa fué la impuesta a cada uno de los acusados.

En la resolución del caso de hábeas corpus No. 94 de este tribunal, llegamos a la conclusión de que, no la sentencia, sino la orden, el mandamiento para ejecutarla, era defectuoso, y no seguía los términos de la ley;' y ése fué el fundamente de la resolución.

No decretó este tribunal la libertad absoluta de que habla eí apelante, en el sentido de una excarcelación, o una exención de la pena impuesta. Se declaró con lugar la petición de los acusados, se ordenó que se les pusiera en libertad, porque no era correcto el mandamiento por cuya virtud se les encarce-laba; pero ‘‘ sin perjuicio de que se entregue una copia cer-tificada del original de la sentencia dictada al ■ oficial, que tenga la obligación de ejecutarla.” A eso tenía derecho este tribunal. Si la sentencia nuestra era errónea, los peticio-narios tenían medios legales de obtener su corrección, que no eran los de acudir a que la corrigiera la corte de distrito.

Los apelantes citan algunas de nuestras decisiones. La del caso Ex Parte Aranzamendi, 8 D.P.R. 456, como la del caso Ex Parte Rolón, 9 D.P.R. 201, no les favorecen. Debe notarse que en estos dos casos se llegó a decir que los acusados quedaban en “libertad definitiva,” lo que no se ha dicho en el presente, o sea en el No. 94, Ex Parte Alvarez.

Para hacer cumplir su sentencia, no necesitaba la corte de distrito orden expresa de este tribunal. Si alguna autoridad pudo serle necesaria, se la dieron esas últimas palabras de nuestra sentencia, que admitían la facultad para que se luciera cumplir la del inferior, en la forma legal, a la que antes no se ajustó el secretario.

Dede confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor. Texidor,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelante, v. Juan Rivera y José Gutiérrez, acusados y apelados.
    No. 3952.

    Sometido: Febrero 4, 1930.

      Resuelto: Junio 26, 1930.

      R. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelante.; González Fagundo é González Jr., abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor. Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

La denuncia original, con arreglo a lo que, en apelación juzgó el caso la corte de distrito, dice así en lo pertinente:

“Que en 11 de marzo de 1929, y en la calle Comercio, esq. a A. Cuadra, de Humacao, dentro del Distrito Judicial Municipal de Hu-macao, que forma parte del Distrito, Judicial de Humacao, P. R., los referidos acusados Juan Rivera y José Gutiérrez, entonces y allí, y en el establecimiento comercial de Juan Rivera, sito en la calle Co-mercio, esq. Atanasio Cuadra, de Humacao, ilegal y voluntariamente, tenían establecido y dirigían como principales; cierto juego de banca y de azar que allí y entonces jugaban con cierto artefacto o máquina (slot machine) lo cual lo jugaban los acusados por dinero y ficha re-presentando valores. ’ ’

En la vista del caso ante la Corte de Distrito de Humacao, la defensa presentó la excepción perentoria de que los hechos alegados en la denuncia no constituyen delito. Y la corte declaró con lugar la excepción, y dictó sentencia absolutoria, con relación a la que lia apelado El Pueblo.

El fundamento de la excepción fué que no se babía ale-gado que se cobrara cantidad alguna como barato.

La corte de distrito se fundó, al resolver la excepción, en la decisión de este tribunal en el caso El Pueblo v. Domínguez, 32 D.P.R. 317.

El apelante al argumentar su señalamiento de error bace la historia de la jurisprudencia de Puerto Pico en esta ma-teria, y distingue, con acierto, los.casos El Pueblo v. Benitez, 19 D.P.R. 246, El Pueblo v. Marcano, 24 D.P.R. 476, y El Pueblo v. Domínguez, antes citado, de los casos El Pueblo v. Ortiz, 19 D.P.R. 1136 y El Pueblo v. Rivera, 19 D.P.R. 1144, y cita un párrafo de la opinión en El Pueblo v. Ortiz, así:

“El juego de monte de que se trata en el presente caso es de los específicamente enumerados como de banca o interés, tanto en el có-digo de California como en el nuestro, y en ese concepto ha sido ca-lificado de prohibido. El de ‘poker’ quedará comprendido en la pro-hibición estatutoria cuando se efectúe en las mismas condiciones que cualquier juego de banca o interés dé los taxativamente enumerados en el artículo 199 de nuestro Código Penal, tal como fué primitiva-mente redactado, de cuyo artículo se deduce que fué el propósito de la legislatura castigar además de los juegos que menciona, cualquier juego de banca e interés que se realizara- en las mismas condiciones que los específicamente enumerados. Las palabras ‘or any banking or percentage game’ así lo demuestran.”

Es indudable que existe la diferencia entre unos y otros casos. En El Pueblo v. Benítez se decidió la diferencia, entre un juego, delito público por las circunstancias de hacerse una explotación o negocio usándolo como medio, y un juego, entre-tenimiento privado en donde no hay eí elemento de negocio o explotación inmoral. Aparte de esto, la prueba en el caso pareció deficiente. En El Pueblo v. Marcano, supra, y en el de El Pueblo v. Domínguez, el juego de que se trataba era el llamado Lotto, o de lotería; en la acusación en el primero se alegó que el acusado dirigía el juego; y en el segundo se confirmó la doctrina de ser necesaria la alegación de que alguien recibe ganancia o beneficio.

En el caso El Pueblo v. Ortiz et al., 19 D.P.R. 1136, la denuncia imputó la comisión de un delito de “juegos prohi-bidos (violar el artículo 299 C. P.),” y que los acusados .jugaban al “monte” con barajas, por interés y por dinero, haciendo de tallador uno de ellos, y apuntando los demás; y este tribunal, en apelación, y citando los casos El Pueblo v. Ramsey et al., 8 D.P.R. 117, El Pueblo v. Ruiz, 10 D.P.R. 557, y otros, decidió que alegándose que los acusados jugaban al monte por interés y por dinero, haciendo de banquero uno y de puntos los demás, era suficiente la acusación, y que- el juego de monte se halla específicamente prohibido como de banca o interés. Es igual la doctrina del caso El Pueblo v. Rivera, 19 D.P.R. 1144. En ninguno de esos casos aparece como necesaria, para la denuncia, la circunstancia de que se cobrara barato.

Estamos de acuerdo con la teoría presentada por el fiscal de este tribunal en su alegato. Dice:

“En primer lugar he de expresar a este Hon. Tribunal que tengo el criterio de que todo juego de lotería penado- por el artículo 291 de nuestro Código, podría ser perseguido indistintamente como juego prohibido de azar con banca e interés dentro del artículo 299, pues las características especiales que lo hacen juego de lotería no le quitan el carácter de juego prohibido de azar con banca e interés, aunque no todo juego prohibido de azar con banca e interés puede ser per-seguido bajo el artículo 291, pues existen muchos de esta última clase que no poseen las características especiales de la lotería.”

El hecho en sí es un juego de azar con banca o interés. Esa es la característica delictuosa de esas infracciones de la ley; puede ser una lotería, o puede ser otro juego; pero si el azar es elemento. indispensable, y si lo es en la banca o el interés, ya cae bajo la sanción del artículo 299 del Código Penal, lo mismo que puede caer, en su caso, bajo la del artículo 291. Por esta razón lo aquí decidido no contradice lo que se dijo en El Pueblo v. Celedonio Torres, de 10 de diciembre de 1929 (40 D.P.R. 252).

En el caso presente la denuncia alega que los acusados “tenían establecido y dirigían como principales cierto juego ele banca y azar” con un slot machine jugándose dinero, y fichas que lo representaban. La excepción ha admitido esto como un hecho.

La denuncia como está formulada tiene los elementos necesarios para determinar con claridad completa, la exis-tencia de la infracción del artículo 299 del Código Penal. La resolución de la excepción ha sido errónea.

Debe revocarse la sentencia apelada, devolviéndose el caso a la corte inferior para ulteriores procedimientos no meom-patibíes con esta opinión.


author: El Juez Presidente Senos del Toso, El Juez Presidente Señor del Turo,

text:
    Germán Ortiz, demandante y apelado, v. Pedro G. Quiñones, demandado y apelante.
    No. 4812.

    Sometido: Marzo 7, 1930.

      Resuelto: Junio 27, 1930.

      P. G. Quiñones, abogado del apelante; L. Tirado, abogado del apelado.

       Nota: Yéase el prefacio.

   El Juez Presidente Senos del Toso,

emitió la opinión del tribunal.

Germán Ortiz demandó a Pedro G. Quiñones en cobro de dinero y solicitó una orden decretando el aseguramiento de la sentencia que pudiera dictarse en el pleito. La demanda se radicó el 27 de junio de 1928. En igual fecha se solicitó y decretó la orden de aseguramiento, para ser cumplida previa prestación de una fianza de mil dólares. La fianza se prestó, y se trabó embargo en bienes del demandado.

Así las cosas, el 12 de septiembre de 1928, el demandado solicitó de la corte que declarara nulo el embargo porque la fianza que le sirvió de base se suscribió el 25 de junio de 1928, o sea. dos días antes de radicarse la demanda en el pleito, y era ambigua e insuficiente.

La corte oyó a ambas partes sobre la moción y resolvió, e] 9 de octubre de 1928, que la fianza era, en efecto, ambigua, pero dejó el embargo subsistente por cinco días, durante los cuales el demandante podría prestar otra fianza. El 13 de octubre la nueva fianza fue prestada, y el 18 el demandado apeló de la resolución del 9.

Tres errores señala el apelante en su alegato. Por el primero sostiene que la fianza era enteramente nula, por haber sido firmada dos días antes de radicarse la demanda.

No hay duda alguna que una fianza que habla de un pleito que aún no se ha iniciado, como si existiera, y de una orden sobre aseguramiento, que no ha sido dictada, como si estuviera en todo su vigor, es algo extraño a la verdad que una vez advertido o impugnado no debe permitirse que quede en pie, pero si se considera el fin que se propone el demandante al pedir el aseguramiento y la práctica de solicitarlo al radicarse la demanda, yendo preparado el demandante para trabar cuanto antes el embargo con una fianza cuya cuantía se conoce generalmente por la pauta seguida por la corte en casos similares, el hedió quedará explicado.

En el caso de Wheeler v. Farmer, 38 Cal. 203, 215, la Corte Suprema de dicho estado se expresó así:

“El único señalamiento de error que resta, se basa en la preten-dida insuficiencia del affidavit para el embargo. La objeción de que el affidavit se verificó antes del comienzo del litigio, es evidentemente insostenible. Aunque, de acuerdo con nuestro código, un manda-miento de embargo no puede propiamente expedirse, sino basta des-pués del comienzo de un litigio, al cual es únicamente subsidiario, no' obstante, parece no haber objeción válida a la completa preparación de todos los documentos requeridos para un mandamiento de embargo, antes, o al tiempo de prepararse la demanda, de manera que el affidavit y la fianza no se radiquen con antelación a la demanda original, y que el mandamiento no se libre con anterioridad al empla-zamiento, y a la copia certificada de la demanda de que es incidental. ’r

A nuestro juicio la fianza no era enteramente nula como sostiene el apelante, pero sí defectuosa, y la corte debió haber-ordenado que el defecto se corrigiera dentro de un plazo razo-nable y no resolver, como resolvió, que la práctica seguida estaba autorizada por la ley.

Un litigante puede tener toda la documentación lista para ser firmada en el momento preciso. Pero no puede permi-tírsele que altere la verdad, y constituye una alteración de la verdad el sostener que ocurrieron el 25 de junio de 1928, hechos que acaecieron dos días después. Aclarado todo, de acuerdo con la jurisprudencia puede permitirse que la verdad se establezca, y como la corte de distrito de hecho decretó la sustitución de la fianza por otra, por estimar que era ambigua en cierto extremo, quedó cumplido lo que la buena práctica exige.

Por el segundo señalamiento de error sostiene el apelante que una vez que la corte de distrito decretó que la fianza era ambigua, no pudo dejar subsistente el embargo.

Todo depende de en qué consiste la ambigüedad. Al razonar su resolución, la corte sentenciadora expresó:

“En cuanto a la ambigüedad con que aparece en el documento de fianza el nombre y la propiedad de uno de los fiadores, creemos que el demandado tiene razón. La circunstancia de firmar E. Fuertes y decir bajo juramento que tiene una casa en Santurce, carretera nueva, no es suficiente. No puede el demandado investigar ni al fiador ni a su propiedad, para cerciorarse de la certeza de la obligación que con-trae. El hecho de que aparezca jurada ante el notario, que como abogado representa al demandante, no añade ni robustece legalidad alguna a la fianza, ni enmienda la ambigüedad. La fianza debe ser clara, específica, expresa y el demandado debe estar en condiciones de poder conocer quién es el fiador y qué propiedad da en garantía. La objeción está bien levantada.”

Siendo ello así, estimamos' que la ambigüedad era de tal naturaleza que si bien exigía una enmienda, permitía entrever la validez del documento, pudiendo la corte, en bien de la justicia, arriesgarse a dejar subsistente el embargo por el breve plazo de cinco días.

Esta cuestión de la subsistencia del embargo también debé ser considerada en relación con el primer señalamiento de error, a la luz de si los derechos del demandado quedaron debidamente garantidos. Para sostener la afirmativa bas-tará citar las siguientes autoridades, que tomamos del alegato de la parte apelada. Resuelven:

“Guando la fianza ha cumplido sus fines, de obtener el embargo, o la liberación de la propiedad, no se considerará invalidada por cualquier irregularidad en los trámites, sino que más bien se resol-verá, en una acción en que se trata de' hacer responsables a los fiado-res, que éstos están impedidos de alegar tal irregularidad como de-fensa.” 2R.C.L. 888.
“La falta por parte de los fiadores, de justificar su responsabi-lidad, en una fianza para verificar un embargo, es una mera irregu-laridad, que puede remediarse, y no invalidará, ni la fianza, ni los procedimientos con motivo del mandamiento de embargo.” Baxter v. Smith, 2 Washington T. 97, 4 Pac. 35.
“Aunque la fraseología de una fianza sea vaga o incierta, sin embargo, si tomándose en consideración el fin para el cual ha sido pres-tada, y en conexión con la prueba aducida para explicar el lenguaje usado, los términos y condiciones de la misma pueden precisarse y de-terminarse con certeza, el documento se considerará válido; es sufi-cíente, si la intención de las partes aparece con claridad, aunque no se exprese en forma concreta y determinada.” 9 C.J. 9, Sec. 5’

El tercero y último de los errores señalados se refiere a que la fianza no era suficiente por razón de su cuantía.

En la demanda se reclaman $549.74, con más los intereses y costas que se fijan luego en $350. La fianza exigida y prestada fué de mil. Se practicó prueba, y la corte ratificó su juicio. Quizá debió ser algo más subida, pero no creemos que debamos intervenir con la discreción de la corte en este extremo, en ausencia de un manifiesto error o injusticia notoria.

Por virtud de todo lo expuesto, debe confirmarse la reso-lución recurrida.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Texidor disintieron.

EN BECONSIDERACION

Julio 10, 1930.

El Juez Presidente Señor del Turo,

emitió la opinión del tribunal. ,

Se solicita la reconsideración de la sentencia de esta corte de junio 27, último, por virtud de la cual se confirmó la resolución apelada. Se insiste en la anterior argumentación y se asegura que la jurisprudencia de California sos-tiene la posición del apelante, citándose el caso de Tibbet v. Tom Sue, 122 Cal. 206, en el cnal la Corte Suprema del estado se expresó así:

“El querellado solicita el privilegio de enmendar la fianza, si ésta se considerara defectuosa por esta corte. Con tal fin invoca la sec-ción 473 del Código de Enjuiciamiento Civil, en donde se permiten enmiendas a alegaciones o procedimientos en bien dé la justicia. Al hablar de una solicitud para anular un mandamiento de embargo, dice el código: ‘Si en virtud de tal solicitud aparece satisfactoria-mente que la orden de embargo fué impropia o irregularmente expe-dida, ésta debe ser anulada.’ (Código de Enjuiciamiento Civil, see. 558.) Esta sección se dirige específica y expresamente a la materia de embargos. Debe sostenerse que regula y limita las disposiciones generales de la antedicha sección 473. La legislatura ha declarado cuál debe ser la actuación de la corte bajo las circunstancias aquí presentadas, y tal actuación requiere que la orden sea levantada. En Winters v. Pearson, 72 Cal. 553, se dice que el affidavit en un embargo no es enmendable. La fianza prestada para efectuarse un embargo se encuentra en las mismas condiciones.”

Sin embargo, hay una gran diferencia entre los hechos del caso de California y los de este caso. En el de California: “La fianza prestada al trabarse el embargo no demuestra que los fiadores sean propietarios de bienes inmuebles.” En éste se trataba de una mera ambigüedad; se cumplió con el requisito exigido por la ley, apareciendo la condición de pro-pietario de uno de los fiadores en forma enteramente correcta y consignándose en cuanto al otro que era dueño de una casa en la carretera nueva de Santurce. Lo que la corte consideró que faltaba era una más específica expresión del sitio de la propiedad, y permitió la enmienda.

Además, la sección 558 del Código de Enjuiciamiento de California, en que la Corte Suprema basa su decisión en el caso de Tibbet, supra, forma parte del capítulo sobre “Attachment,” omitido en nuestro Código de 1904, y de no haberse omitido no tendría aplicación tal como se cita en la decisión, que es de 1898, porque fué enmendada en 1901, agregándole lo que sigue: “proveyéndose, sin embargo, que cuando una irregularidad en el procedimiento pueda ser corregida por enmienda, tal enmienda puede permitirse, sujeta a lo dis-puesto en la sección cuatrocientos setenta y tres,” y la sec-ción 473 es el bien conocido y muchas veces interpretado por esta corte, artículo 140 de nuestro Códig’o de Enjuicia^-miento Civil.

Para un estudio más amplio sobre cuáles irregularidades y defectos son los que convierten en nulos los embargos, véase la nota al caso de Fridenberg v. Pierson (18 Cal. 152) que comprende las páginas 164 a 174 del volumen 79 de American Decisions.

En cuanto a la fecha de la fianza, bastará recordar que si bien es un hecho que fué preparada con anterioridad en la forma y a virtud de las circunstancias expresadas en nuestra opinión de 27 de junio último, no se hizo valer, ni surtió efecto alguno hasta después de presentada la demanda y decretado el aseguramiento de la sentencia que pudiera dictarse. Entonces se presentó para obtener el embargo y c-n aquel momento eran ciertos, enteramente ciertos, los hechos en ella consignados.

Debe declararse no haber lugar a la reconsideración soli-citada.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Texidor disintieron.

      Nota: Véase el prefacio.


author: El Juez Asociado Señob Wolf, JUEZ PRESIDENTE SR. DEL TORO

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Benito Carril, acusado y apelante.
    No. 3960.

    Sometido: Enero 16, 1930.

      Resuelto: Junio 27, 1930.

      José Carbia Miranda, abogado del apelante; R. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señob Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Benito Carril, un farmacéutico, fué acusado ante la Corte Municipal de San Juan de haber infringido la sección Ia. del Beglamento No. 53. La denuncia no especificaba cuál era el reglamento infringido y en ella se alegaba que el delito fué cometido de la manera siguiente: Que en 17 de julio de 1928, y en Santurce, calle Loíza esquina a la calle Carrión, del distrito judicial municipal de San Juan, Benito Carril, que es farmacéutico con farmacia abierta al público, en Santurce, etc., tenía expuestas a la venta cápsulas gelatinosas en un frasco rotulado cápsulas- de aceite de castor de 2% gramos. Que de dichas cápsulas vendió a la familia Babainne, de Santurce, cuatro cápsulas como cápsulas de aceite de castor, las que tomó un miembro de dicha familia Babainne sintién-dose al poco tiempo con síntomas de intoxicación, siendo asistido por los Dres. M. Pujadas Díaz y Víctor Gutiérrez Ortiz. Que el Ledo. Carlos del Rosario, Jefe de División de Alimentos y Drogas del Departamento de Sanidad Insular, ocupó dicho frasco rotulado cápsulas de aceite de castor a la farmacia Carril, y examinadas dichas cápsulas contenidas en el fraseo por el Laboratorio Químico Insular, resultaron ser de tetracloruro de carbono, y no de aceite de castor, como expresaba el rótulo del frasco ocupado al Sr. Carril en su farmacia de Santurce. Que este hecho es contrario a la ley, constituyendo una infracción al artículo 1 del Reglamento No. 53 de mayo 10 de 1917. (No se expresa de qué depar-tamento.) El acusado fue convicto ante la corte municipal, e igualmente en apelación en la corte de distrito.

Cuando el caso fue traído para ser discutido ante esta corte, surgió la cuestión de si un farmacéutico que de buena fe vende drogas falsamente rotuladas no por él sino por otros, podía ser, acusado de delito; respecto a si no se podía imponer a un farmacéutico el deber de no vender ninguna droga a menos que resultare ser lo que aparecía en el rótulo. Tomaremos conocimiento judicial del hecho de que usual-mente los farmacéuticos reciben de fabricantes de productos químicos toda clase de drogas y medicinas corrientes (standard). Se presentó el problema de si se podía exigir de un farmacéutico que analizara antes de venderla toda droga reci-bida por él de los citados fabricantes de productos químicos. También surgió un problema incidental con relación a si el poder de policía podía extenderse hasta el extremo de hacer a un farmacéutico criminalmente responsable a menos que se demostrara la existencia d© una intención criminal. Bajo estas cireustancias se hace necesario examinar cómo y cuándo y con qué autoridad el supuesto delito fué definido por las leyes de Puerto Rico.

Se imputa al apelante una infracción del artículo primero del Reglamento 53. Este resulta ser un reglamento del Departamento de Sanidad, promulgado por el Gobernador Yager el 10' de mayo de 1917, y prescribe lo siguiente:

“Artículo 1.- — Ninguna persona, sindicato, corporación, institu-ción de cualquier carácter que sea, venderá, ofrecerá, expondrá en venta o tendrá para la venta, hará conducir o almacenará alimento o droga alguno, para el consumo en la Isla de Puerto Rico, que esté adulterado o falsamente rotulado, dentro del concepto legal que se define en este Reglamento, y que es el mismo que se expresa en los artículos 7 y 8 de la Ley de Alimentos y Drogas, aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, en junio 30, 1906.”

La proclama se Lace a virtud de la Ley No. 81 de marzo 14, 1912. Las partes pertinentes de diclia ley dicen así:

“Artículo 12. — Será deber de la Junta Insular de Sanidad actuar como corporación consultiva y legislativa en todo asunto concerniente a la salud pública, y prescribirá toda regla, reglamento y ordenanza que se requiera por esta Ley, para regir en todos los municipios de Puerto Rico, con el íin de prevenir y suprimir las enfermedades con-tagiosas y epidémicas; destruir los vehículos de propagación del pa-ludismo, tuberculosis y otras enfermedades transmisibles, e intervenir en cualquier otro servicio que afectare a la salud pública, como el abastecimiento de agua, alimentos y bebidas, construcción de edifi-cios en las poblaciones, ventilación, drenaje e instalaciones de plome-ría sanitarias, hoteles, posadas, casas de huéspedes, casas de dormir, cafés, restaurants, fondas, cantinas, casas, de vecindad, casas priva-das, casas en general, escuelas, fábricas y talleres, establecimientos in-dustriales, peligrosos, insalubres o incómodos; mataderos y matan-za, mercados, carnicerías, basuras, transporte de basuras y abonos or-gánicos, limpieza de letrinas y sumideros, vías públicas, ferrocarriles, tranvías, hospitales, casas de salud, sanatorios, animales y ganado, sa-nidad e higiene rurales, enfermedades transmisibles, cadáveres, ce-menterios, inhumaciones y exhumaciones, autopsias, embalsamamien-tos, transporte de cadáveres, barberías y peluquerías, baños públicos, vaquerías o depósitos de leche.
‘1 Será el deber de la Junta Insular de Sanidad prescribir las re-glas y reglamentos sobre las condiciones en que deban tenerse a los empleados del Gobierno o de particulares, en lo que dichos reglamen-tos fueren necesarios en interés de la salud pública; sobre las con-diciones que deban observarse en las vaquerías y panaderías*, así como en conexión con la matanza de animales para alimento y para regir el transporte de leche y otros productos de vaquerías, pan y otros productos de panaderías; sobre la came y productos de carne; y sobre la extracción de basuras y residuos de todas clases; Disponién-dose, que nada de lo contenido en este artículo autorizará ]a promul-gación de reglamentos que priven a un empleado del sexo femenino, del derecho a elegir el médico que deba practicar el examen en cuanto a su condición física. Definirá la clase de aparatos sanitarios que deberán instalarse y conservarse en edificios públicos y particulares; prescribirá reglas y reglamentos para la inhumación, exhumación y transporte de cadáveres, y los que deban observarse al dar cuenta de las enfermedades infecciosas y contagiosas, y sobre el aislamiento y tratamiento de las mismas; y para impedir la contaminación de to-das las aguas que se usen para beber o para fines domésticos.
“Artículo 13. — El Director de Sanidad someterá a la considera-ción y aprobación del Consejo Ejecutivo, toda regla y reglamento que se prescribiere por la Junta Insular de Sanidad, con expresión de sus ideas endosadas en el mismo. El Consejo Ejecutivo podrá en-mendar o modificar dichas reglas y reglamentos y devolverlos al Director de Sanidad para ser reconsiderados por la Junta Insular de Sanidad. Si finalmente existieren diferencias entre el Consejo Eje-cutivo y la Junta Insular de Sanidad, en lo que respecta a las reglas y reglamentos que deban ponerse en vigor, se nombrará una comisión de conferencia por los presidentes de ambas corporaciones, que consis-tirá de tres miembros de la Junta Insular de Sanidad y tres miembros del Consejo Ejecutivo; Disponiéndose, que en caso de desacuerdo o empate en la votación, el Gobernador de Puerto Rico designará a uno de los jueces del Tribunal Supremo, quien durante ese tiempo formará parte de la comisión con el fin de decidir la cuestión en controversia. Las conclusiones de la mayoría de la comisión que así se nombrare re-girán y serán aceptadas por la Junta Insular de Sanidad y por el Consejo Ejecutivo, como obligatorias y terminantes. Dichas reglas y reglamentos, una vez aprobados por el Consejo Ejecutivo, serán pro-mulgados por el Gobernador de Puerto Rico y serán publicados en dos periódicos de circulación general en la Isla, y desde entonces y suce-sivamente tendrán la fuerza y efecto de ley.
“Artículo 33. — Toda persona que infrinja cualquier disposición de los reglamentos de sanidad puestos en vigor según se dispone por esta Ley, será castigada con multa que no será menor de un dollar ni mayor de cien dollars, o con prisión desde uno a treinta días, o con ambas penas a discreción del Tribunal.”

De forma que el delito imputado en esta denuncia no ha sido definido por ninguna ley general de la Legislatura y depende, de existir, de la facultad que tiene el Departamento de Sanidad para aprobar reglamentos.

El artículo 335 del Código Penal dispone:

“Todo farmacéutico, droguista o persona dedicada al comercio de drogas o medicinas, o empleada como dependiente o vendedor por dicha persona, que al envolver cualesquiera drogas o medicinas, o preparar algún pedido de drogas o medicinas, voluntariamente, o por descuido o ignorancia, dejare de rotularlas, o pusiere sobre cualquier' caja, botella u otro envase conteniendo drogas o medicinas algún mar-bete, sello u otra designación del contenido que no fuese la verdadera; o que substituyere el artículo prescrito o pedido, por otro distinto, o que pusiere mayor o menor cantidad que la prescrita u ordenada, o de otro modo se separare de lo fijado en la prescripción u orden que pretendiere seguir, a consecuencia de lo cual peligrare la vida o salud de las personas, será reo de misdemeanor, y si resultare en muerte, in-currirá en felony.”

Este artículo define los deberes de un farmacéutico y las infracciones que le pueden someter a una prosecución pública. A no ser que tenga el consentimiento claro de la Legislatura, ningún cuerpo facultado para aprobar reglamentos puede aumentar o disminuir los deberes así definidos. La Legisla-dura fia hablado.

Suponiendo, sin embargo, que el artículo 335 no abarcara dodo el campo, entonces resolvemos que la facultad de definir el delito que aquí se trata de castigar no pudo ser ni fue delegada a un cuerpo facultado para adoptar reglamentos.

Hemos visto que la sección 13 de la Ley No. 81, supra, dice que los reglamentos promulgados tendrán fuerza de ley. Caha v. United States, 152 U. S. 211, 218, es la .autoridad principal sobre el alcance de reglamentos aprobados por de-partamentos y se hizo distinción del caso United States v. Eaton, 144 U. S. 677, 688. Empero nada bay en el caso de Caba que cambie las reglas fundamentales establecidas en el de United States v. Eaton, supra. Allí se resolvió que era necesario que existiera una autoridad estatutoria suficiente para declarar que cualquier acto u omisión constituyera un delito criminal. En el caso de United States v. Grimaud, 220 U. S. 506, 520, se resolvió que si bien era difícil definir la línea que separaba la facultad legislativa para adoptar leyes y la autoridad administrativa para aprobar reglamen-tos, el Congreso puede delegar el poder para suplir detalles cuando fia-indicado tal intención en el estatuto.

Se resolvió que ciertos reglamentos no se convierten en leyes por castigarse una infracción de los mismos como delitos públicos. Lo que así se delega a un cuerpo facultado para aprobar reglamentos debe participar de la naturaleza de poderes no legislativos.

Esta jurisprudencia ha sido más o menos revisada por esta corte. Quizá el caso más pertinente es el de El Pueblo v. Ortiz, 29 D.P.R. 424. En dicho caso’ dijimos:

“Por supuesto que ‘la facultad conferida de adoptar reglamentos para llevar a cabo los fines de un estatuto debe ser ejercitada dentro de los poderes delegados, es decir, debe limitarse a detalles para re-glamentar la forma de procedimiento para poner en vigor la ley como ha sido promulgada, y no puede extenderse a enmendar o adi-cionar los requisitos del estatuto mismo.’ 12 C.J. 845, 846. Pero ya hemos visto que se trata aquí de una cuestión de detalle en harmonía con el' pensamiento fundamental del legislador y con el propósito de que tal pensamiento sea una realidad en la práctica.”

Allí citamos del caso de El Pueblo v. Neagle, 21 D.P.R. 356, 362, caso civil que a su vez contenía una cita de United States v. Grimaud, supra, reproducida en Pueblo v. Ortiz, supra.

De acuerdo con las autoridades nos .sentimos obligados a resolver que la Legislatura no podía delegar en el Departa-mento de Sanidad la facultad de aprobar un reglamento cas-tigando como delito la venta en general de artículos falsa-mente rotulados. Este es un delito por sí mismo y no un mero asunto administrativo o la provisión de detalles.

Esto se hace más aparente al considerar la cuestión de la intención criminal. La Legislatura no puede hacer que un cuerpo facultado para adoptar reglamentos determine cuándo puede y cuándo no puéde pasarse por alto tal intención, como en los casos de adulteración, de leche.

Además, no creemos que la ley de 1912 delegara la fa-cultad de adoptar el reglamento aquí promulgado. Al Depar-tamento de Sanidad se dieron amplios poderes para proteger la salud de la comunidad, para impedir la diseminación de enfermedades y otros asuntos de naturaleza pública, pero no hallamos intención alguna de otorg’ar a dicho departamento la facultad de fijar los deberes que aquí se tratan de castigar.

Somos de opinión que la Legislatura por sí misma no podía aprobar una ley imponiendo a un farmacéutico el deber de garantizar todo artículo que vendiera cuando él mismo no liabía tomado parte en la fabricación del artículo vendido sino que meramente lo recibía de casas comerciales que generalmente son dignas de confianza. La verdadera respon-sabilidad criminal descansa entonces en las casas que así fian fabricado, vendido o transportado artículos en el comercio iuterestadual. Si bien la prosecución de esos delitos puede ser más difícil, no es imposible.

En el Reglamento 53, según fia sido promulgado, se bace referencia a las secciones 7 y 8 de la Ley Nacional de Ali-mentos y Drogas. Estas secciones definen cuándo una droga debe ser considerada como adulterada o falsamente rotulada. Si se examina la ley nacional de 1906 se verá que en los territorios se castiga solamente la fabricación mas no la venta en general de artículos adulterados o falsamente rotu-lados. El Congreso, dentro de los sitios que están bajo su jurisdicción, no fué al extremo de tratar de castigar la venta de tales artículos adulterados o falsamente rotulados; tam-poco la Legislatura de Puerto Rico lo ha hecho así conforme está redactada la ley.

La sentencia apelada debe ser revocada y absuelto el acusado.

Los Jueces, Presidente Señor del Toro y Asociado Señor Hutchison, están conformes con la sentencia.

OPINIÓN CONCURRENTE DEL

JUEZ PRESIDENTE SR. DEL TORO

Dada la trascendencia de las conclusiones a que se llega en la opinión que sirvió de base para revocar la sentencia apelada y absolverse al acusado, considero un deber expresar separadamente mi criterio.

Estoy conforme con la revocación porque estimo que “la Legislatura no podía delegar en el Departamento de Sanidad ]a facultad de aprobar un reglamento castigando como delito la venta en general de artículos falsamente rotulados. Esto es un delito por sí mismo y no un mero asunto administra-tivo o la provisión de detalles.” Opinión de la corte emitida por el Juez Asociado Sr. Wolf.

Pero no puedo estar conforme en que la Legislatura por sí misma no hubiera tenido facultad para aprobar una ley similar a la regia que sirvió de base para declarar culpable al acusado en este caso. Si el criterio de la opinión preva-leciera, habría que declarar, a mi juicio, inconstitucional la Ley Nacional de Alimentos y Drogas.

La salud del pueblo, la garantía de la comunidad, exigen que se considere penable el solo hecho de la venta del ali-mento o droga adulterados, como el único medio eficaz, quizá, de impedir y castigar violaciones semejantes a la perseguida en este caso, que a veces cuestan la vida a los ciudadanos. Se ha resuelto que:

“La intención signe el acto. La verdadera interpretación de la ley de alimentos y drog’as es que el comerciante o fabricante vende un, artículo a su propio riesgo y que está obligado a entender los in-gredientes del producto.” United States v. Hobart, et al., Circuit Court, S. D. New York November 15, 1910.
“Un alimento o droga que esté adulterado o erróneamente rotu-lado es algo ofensivo que amenaza la salud del ciudadano y por tanto está sujeto a que se incauten de él y sea confiscado independiente-mente de los actos o conocimiento del dueño o reclamante de tal ali-mento o droga. La cuestión de intención no forma parte del caso.” United States v. Five Boxes of Asafoetida, 181 Fed. 561.
“Bn ninguna parte de la ley (Federal Food and Drug Act) se requiere prueba de intención mediante el uso de las palabras ‘a sa-biendas,’ o ‘voluntariamente’ o similares. Destruiría la ley y la anu-laría enteramente el permitir que la intención de la persona que la infringe fuese considerada como una defensa.” United States v. 36 Bottles of London Dry Gin, 210 Fed. 271.
“Prueba de la ausencia de conocimiento por parte del comerciante de que un artículo es obnoxio a alguna disposición de la ley, es sola-mente una defensa cuando se compra el artículo a algún fabricante y se obtiene una garantía de tal fabricante de que el artículo cumple con los requisitos de la ley.” United States v. Mayfield, et al., 177 Fed. 765. Véase “Federal Food and Drugs Act and Decisions,” compiladas por C. A. G-winn, bajo la dirección del “Solicitor General” de los Estados Unidos, Washington, 1914.

Esta última decisión indica el camino que deben seguir los que compran para revender artículos que no pueden exa-minar por sí mismos.

Estoy autorizado para decir que el Juez Asociado gr. Hutchison está conforme con esta opinión.


author: El Juez Asociado Seítob Hutchisoh,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Manuel Méndez González, acusado y apelante.
    No. 4115.

    Sometido: Mayo 23, 1930.

      Resuelto: Junio 27, 1930.

      José Teray Jr., abogado del apelante; B. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Seítob Hutchisoh,

emitió la opinión del tribunal.

Manuel Méndez González fue convicto del delito de violación y alega que la corte de distrito cometió error al permitir al fiscal hacer ciertas preguntas sugestivas durante el examen directo de la perjudicada. Debido a la natural modestia y embarazo esta testigo había demostrado una marcada renuencia; y poca disposición a manifestar en términos inequívocos un hecho esencial. Después de haber presentado el fiscal una moción, y antes de haber sido declarada con lugar, ol juez de distrito mismo había tratado, sin éxito, de traer a la luz la información deseada. No hubo abuso de discreción y por tanto no se ha cometido error que dé lugar a la revocación al permitirse que se recurriera al método usual y de sentido común de averiguar la verdad en tales circunstancias. 2 Wigmore on Evidence, párrafos 770, 774 y 778; El Pueblo v. Arenas, 39 D.P.R. 16.

Otra contención es que la corte de distrito cometió error al admitir prueba respecto a ciertas admisiones de culpabilidad antes de haberse corroborado la declaración de la perjudicada. A esto se contesta que la declaración de la perjudicada había sido suficientemente corroborada y que el corpus delicti ya había sido completamente establecido antes de haberse ofrecido como prueba la declaración relativa a estas admisiones.

La tercera contención es que el veredicto fué contrario a la prueba. Esta contención carece igualmente de mérito.

Una indicación algo más plausible es que el juez; sentenciador erró al dar énfasis a la seriedad del delita mientras instruía al jurado. El juez tuvo- cuidado de anteponer a sus observaciones una manifestación clara de que ellas no tenían que ver con la culpabilidad o inocencia del acusado, cuestión que debía ser resuelta por el jurado después de apreciar la prueba. En otra ocasión dijo con toda claridad al jurado que ellos eran los jueces de hecho. Las instruc-ciones fueron razonables e imparciales. No revelan ninguna' disposición de parte del jnez sentenciador de invadir la juris-dicción del jurado. Violación es un grave delito y ño se cometió ningún error que dé lugar a la revocación al llamar la atención del jurado hacia este hecho. El Pueblo v. Boria, 12 D.P.R. 170, y El Pueblo v. Cruz, 33 D.P.R. 201.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Paulino Somohano, demandante y apelado, v. Esteban Matanzo, demandado; y National Surety Co., fiadora y apelante; Banco Industrial de Puerto Rico, compareciente apelado.
    No. 5125.

    Sometido: Abril 3, 1930.

      Resuelto: Junio 27, 1930.

      Besosa <& Besosa, abogados de la apelante; Campos & Romero, abogados del Banco Industrial apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso se presentó por el Banco Industrial de Puerto Rico una moción sobre cobro de costas. En ella alegó el banco que nombrado Pedro Vieira administrador judicial, inició un pleito de desahucio en contra suya; que se dictó sentencia declarando la demanda sin lugar con imposición de costas al administrador, y que no habiendo el administrador pagado dichas costas, pedía que se hicieran efectivas confis-cánclose la fianza que, con la National Surety Co., había pres-tado para garantir el fiel cumplimiento de su cargo.

A la moción recayó la siguiente orden:

“‘Vista la moción qne precede y los fundamentos alegados en la misma, y apareciendo de los autos del caso número 9427 de esta Corte, que el administrador judicial Pedro Vieira fue condenado a pagar al Banco Industrial de Puerto Rico la suma de cincuenta dólares por concepto de honorarios devengados con motivo del pleito mencionado; y apareciendo que el Banco Industrial ha requerido mediante los pro-cedimientos de ley a dicho administrador judicial para que le satis-faga la expresada-suma de cincuenta dólares a lo que éste se ha ne-gado y se niega; y vista la solicitud que hace el referido Banco para que se confisque la fianza que tiene prestada dicho administrador judicial para responder de las gestiones de su cargo, y que se ordene al fiador el pago de la suma de cincuenta dólares; la Corte ordena que se requiera al fiador National Surety Company para que en el im-prorrogable plazo do diez días contados desde la fecha en que fuera requerido, pague al Banco Industrial de Puerto Rico la suma de cin-cuenta dólares, y si así no lo hiciere que compareza ante la corte el día 6 de septiembre 1929, a las 9 A. M. a mostrar causa por qué no se le debe confiscar la fianza hasta dicha suma. ”

Notificada la fiadora, compareció el día señalado, y expuso í

“Primero: Que dicha fianza fué prestada por la National Surety Co. junta con Pedro Vieira como principal, a favor de Esteban Ma-tanzo.
“Segundo: Que el Banco Industrial de Puerto Rico no es Esteban Matanzo, y por tanto, dicha fianza no puede responder a dicha cantidad.
“ 'La fianza no se presume, debe ser expresa y no puede exten-derse a más de lo contenido en ella.’ Código Civil, Art. 1728.
“Tercero: Que dicha fianza es para responder del desempeño del cargo de Administrador Judicial de Pedro Vieira, y si dicho Sr. Pedro Vieira honradamente desempeña el cargo de Administrador Judicial de la comunidad en el caso No. 9199, referente a la administra-ción de los bienes encomendádosle, entonces dicha fianza será nula y sin efecto, y por tanto, dicha fianza solamente responde a Esteban Matanzo de que el Sr. Pedro Vieira desempeñará honradamente la ad-ministración eneomendádale.
“Guarió: Que la National Surety Co. prestó dicha fianza de acuerdo con la solicitud presentádale, y la citada fianza fué apro-bada por la Hon. Corte.”

La corte resolvió la cuestión suscitada, así:

“La Corte, después de considerar los hechos todos en el incidente sobre confiscación de la fianza prestada por la National Surety Co., y estimando que las razones expuestas por la compareciente National Surety Co., no son suficientes para enmendar, anular, o en forma al-guna modificar la resolución de esta Corte de fecha 16 de julio de 1929, por la presente declara infundada y sin lugar la oposición que hace la compañía fiadora, y ordena que la misma satisfaga al Banco Industrial de Puerto Rico, la suma de $50 a que se refiere la orden de julio 16, 1929, o de lo contrario, se declarará confiscada dicha fianza de acuerdo con la ley. Notifíquese.”

No conforme la fiadora, interpuso el presente recurso de apelación, alegando dos errores, a saber: 1, que no pudo ordenarse la confiscación de la fianza para, pagar al Banco Industrial, porque sólo se constituyó a favor de Esteban Matanzo, y, 2, que tampoco pudo ordenarse la confiscación por cuanto la fianza sólo respondía a Esteban Matanzo de las actuaciones del administrador judicial en la administra-ción y no del pago de las costas en un pleito extraño a la administración judicial de los bienes.

La fianza de que se trata, en lo pertinente, dice:

“Por la presente eianza, nosotros, Pedro Vieira, de San Juan, P. E. como principal, y la XatioNAL Surety Company, de la ciu-dad de New York, TJ. S. A., como fiadores, nos comprometemos y obligamos a favor de EstebaN MataNZO, por la violación de los deberes u obligaciones del Sr. Pedro Vieira, en el desempeño de su cargo como administrador judioial, por la suma de quinientos un dollars ($501.00) pagaderos a las partes perjudicadas para cuyo pago nos obligamos separada y juntamente, como también a nuestros herederos y administradores.
“Sellado con nuestros sellos este día 18 de abril de 1929.
“La oondiCIÓn de esta obligación es tal, que si el ya dicho Sr. Pedro Vieira, honradamente desempeña el cargo de administrador JUDICIAL de los bienes de la comunidad en el caso arriba indicado y obedece todos los decretos y las órdenes de dicha Corte de Distrito de San Juan, referente a la administración de los bienes encomendá-dosle, entonces esta obligación será nula y sin efecto; de lo contrario quedará esta obligación en todo su vigor.”

Como se ve, la fianza aparece prestada “a favor de Esteban. Matanzo,” pero en la misma se expresa que los quinientos un. dólares a que asciende, serán “pagaderos a las partes perjudicadas”. La primera expresión es favorable a la fiadora, Tlie National Surety Company; la segunda al banco.

El caso es nuevo y los alegatos de las partes no ayudan muclio en verdad a la solución del problema en él envuelto. Revisando nuestra propia jurisprudencia liemos encontrado dos casos, uno al parecer favorable al banco y otro en pro de la fiadora.

. Es el primero el de Del Río v. Sucesión Cancel, 36 D.P.R. 519. En él se decidió que “el perjudicado por los actos y omisiones de un notario en el cumplimiento de sus deberes como tal tiene acción contra la fianza notarial para resarcirse de los perjuicios sufridos, sin que el que aquélla esté cons-tituida a favor de El Pueblo de Puerto Rico y para pagarle a él sea obstáculo para que la. acción pueda dirigirse contra dicha fianza”. La decisión de esta corte se basó en la de la Corte Suprema de los Estados Unidos en .el caso de Howard v. United States, 184 U. S. 687.

Sin embargo si bien pudiera encontrarse alguna seme-janza entre un administrador y un notario, la diferencia es patente. El notario es un funcionario público. La fianza se presta para garantir al público en sus relaciones con él y parece lo natural que se constituya a favor de “El Pueblo,” que es el legítimo representante del público, y que se permita a cualquier persona que tenga una reclamación contra el notario, que se dirija contra ella porque esa persona es parte del público y de “El Pueblo”. No es así en el caso de un administrador judicial. Claro es que la administración debe responder de sus actos, pero la administración se establece principalmente para beneficio de determinada persona, en este caso Matanzo,. a cuyo favor se prestó la fianza, y no puede decirse que el banco sea parte de Matanzo, para recla-mar contra la fianza.

El otro caso es el de Martinez v. Crosas, Juez de Distrito, 28 D.P.R. 224. En él decidimos: “El hecho de qne el admi-nistrador judicial tiene prestada una fianza no sostiene tam-poco la tesis del abogado de la demandada, toda vez que del artículo 32 de la Ley de Proeedimentos Legales Especiales se desprende que da fianza se presta solamente en beneficio de los herederos y para responderles de los actos de admi-nistración, ya que el administrador puede ser relevado de ella por los herederos que sean mayores de edad”.

Podrá, pues, reclamar el banco las costas que le fueron concedidas contra el administrador Yieira; quizás contra Matanzo, y éste, a su vez, contra el fiador, pero no nos sentimos autorizados para resolver que cualquier persona indepen-diente, como lo es el Banco Industrial, puede dirigirse contra la fianza, atendidos los términos en que está redactada, lo preceptuado en el artículo 1728 del Código Civil, a saber: “La fianza no se presume, debe ser expresa y no puede ex-tenderse a más de lo contenido en ella,” y lo establecido de modo uniforme por la jurisprudencia sobre la interpretación restrictiva del contrato de fianza. Yéase el caso de Brunet, Sáens & Co., v. Aponte, et al., 33 D.P.R. 534.

Debe revocarse la resolución apelada, dictándose otra de-clarando sin lugar la moción del Banco Industrial de Puerto Rico.


author: El Juez Presideeíte Señor del Toro,

text:
      J. M. Portela & Cía., recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Arecibo, recurrido.
    No. 812.

    Sometido: Abril 24, 1930.

      Resuelto: Junio 27, 1930.

      Isaías M. Crespo, abogado del recurrente; el registrador recurrido no compareció.
   El Juez Presideeíte Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 19 de noviembre de 1929 los esposos Valera-Cruz otorgaron a favor de la mercantil J. M. Pórtela y Co. una escritura hipotecando tres fincas rústicas para garantizar cierta suma tomada a préstamo. Presentada la escritura en el registro, el registrador se negó a inscribirla por medio de la siguiente nota:

“Denegada la inscripción del presente documento, por no deter-minarse la cantidad o parte de gravamen de que debe responder cada una de las fincas hipotecadas, como dispone el artículo 119 de la ley No. 62 de 21 de julio de 1923; y no se constituye la hipoteca en ga-rantía de préstamo por agricultores para fines agrícolas, amortizables mediante pagos parciales anuales, en un período de no menos de 10 años e interés no mayor de 1%, en cuyo caso estaría exenta de aquel requisito, como dispone el invocado artículo y tomado en su-lugar anotación preventiva . . ”

No conforme la mercantil, interpuso el presente recurso gubernativo. Admite que no se distribuyó la suma garantida entre las varias fincas hipotecadas y que no se trata de un préstamo en las condiciones especificadas en el artículo 119 de la Ley Hipotecaria, tal como fué enmendado por la Ley de 21 de julio de 1923, pero sostiene que eso no obstante el registrador debió inscribir, consignando la falta de distribu-ción como defecto subsanable. Cita los casos de Sanabria v. Registrador, 37 D.P.R. 873; Morales v. Registrador, 37 D.P.R. 860, y Santini v. Registrador, 34 D.P.R. 412.

A nuestro juicio es tan claro el artículo 119 de la Ley Hipotecaria, lo mismo antes de ser enmendado que después, y tan terminante lo dispuesto en el 164 del Reglamento, que el registrador estaba obligado a proceder en la forma en que lo hizo.

Los registradores no inscribirán, dice el reglamento, ninguna hipoteca sobre bienes afectos a una misma obliga-ción sin que por convenio entre las partes o por manda-miento judicial en su caso se determine previamente la can-tidad de que cada finca deba responder. .

Los casos de esta corte que invoca el recurrente se refieren a situaciones distintas. En ninguno de ellos se ha ordenado la inscripción cuando se ha omitido cumplir con lo que de modo terminante exige el artículo 119 de la Ley. Hipotecaria.

No quiere ello decir que la obligación sea nula porque no asigne la suma de que deba responder cada finca; lo que quiere decir es que si los • contratantes quieren acogerse a los beneficios de la Ley Hipotecaria, a fin de que el gravamen quede debidamente constituido y pueda ejecutarse en su caso por el procedimiento que fija la misma ley, tienen que some-terse por entero a sus preceptos. T uno de esos preceptos es el de la distribución, no cumplido el cual el registrador no inscribirá según el mandato reglamentario, a no ser en los préstamos a que se refiere la enmienda de 1923 al artículo 319 de la Ley Hipotecaria.

Se confirma la nota recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Texidor,

text:
    Manuel Martínez Rodríguez, demandante y apelado, v. Freiría Hnos., S. en C., demandados y apelantes.
    No. 5021.

    Sometido: Abril 29, 1930.

      Resuelto: Junio 27, 1930.

      Arroyo & Rincón, abogados de la apelante; R. Rivera Zayas, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

'En este caso la cuestión principal sometida por el apelante es que el término que el taquígrafo tiene para la transcripción de la evidencia no puede empezar a contarse sino desde que tal funcionario es notificado de la orden del juez para preparar la transcripción: que aquí la orden fué dictada en 25 de marzo de 1929, y la notificación se hizo en 28 de los mismos mes y año, y por consiguiente el término de veinte días empezó a contarse desde tal fecha, 28 de marzo. El apelante alega que presentó una moción en 16 de abril de 1929 solicitando 30 días de prórrog’a para la transcripción, y que ésta se presentó (dice radicó la exposición del caso)en 30 de abril de 1929; y se señaló por la corte el siguiente día 10 de mayo para la aprobación; y que el 11 de dicho mes de mayo, el apelado presentó moción oponiéndose a tal aprobación por haber sido presentada fuera de tiempo, y la corte de conformidad con la moción, se negó a aprobar la transcripción; cuya resolución es la apelada. De la transcripción del récord que se une a esta apelación aparecen la sentencia dictada en 14 de marzo de 1929, noti-ficada en forma, el escrito de apelación que aparece de fecha 20 de marzo de 1929, una moción de la apelante optando por la transcripción de evidencia, y pidiendo la orden para ello, en marzo 20, 1929, la orden de la corte, accediendo, en fecha 25 de dichos mes y año, y una nota, que dice “Notificado 28 de marzo 1929. Fdo. Carmelo Gr. Pérez, Taquígrafo”; una moción de prórroga, de la apelante, firmada en 16 de abril de 1929, y una resolución del juez a la misma, “como se pide” en la misma fecha; la orden del juez, en 30 de abril de 1929, dando por presentada la transcripción, y seña-lando el 10 de mayo de 1929, para la aprobación; un escrito de oposición a la aprobación, suscrito por la representación de la apelada en 10 de mayo de 1929, radicado el 11 del mismo mes; la resolución de la corte, en 21 del mismo mayo, ne-gando la aprobación de la transcripción por haberse pre-sentado fuera de tiempo; una moción de reconsideración de la apelante, y la resolución denegatoria de fecha 29 de mayo de 1929, y el escrito de apelación contra la resolución negán-dose a aprobar la transcripción," en 31 de dicho mayo.

Los dos errores señalados se refieren: el primero a que la corte declaró que en 16 de abril de 1929 había transcurrido el término de 20 días que da la ley para la transcripción; y el segundo, a que la corte decidió la petición de la apelada para que se desestimara la transcripción, sin oír a la apelante.

Aunque no hubiera otros casos en que este tribunal de-clarase la doctrina en cuanto a esta materia, bastaría lo dicho en Salichs v. Junta Examinadora de Ingenieros, 39 D.P.R. 245, para determinar en cuanto al primer señalamiento ele error.

“El deber especial del apelante es ver que la orden dirigida al taquígrafo sea entregada a este funcionario. Si el secretario deja de hacer esto, tal falta es imputable al apelante.”

En cuanto al segundo señalamiento, no encontramos en el récord justificación del hecho que se alega. Lo único que vemos en la resolución de la corte, de fecha 29 de 'mayo ele 1929, es lo que sigue:

“El segundo fundamento de reconsideración, es que la oposición que está radicada en autos no fué notificada a la apelante. La mo-ción que aparece en autos fué radicada por el demandante a virtud de una orden que la corte le dió para que expusiera por escrito sus fundamentos de oposición cuando compareció ’ el día 10 de mayo a oponerse oralmente a que se aprobara la transcripción y a cuya vista no compareció la apelante, no obstante haber sido notificada.”

Concuerda esto con lo que manifiesta la parte apelada en su alegato. T siendo esto lo ocurrido, no fué error de la corte el que como tal se señala en segundo lugar.

Debe confirmarse la resolución apelada.


author: El Juez Asociado Señoe Wole,

text:
    Sucesión de Juana Ramos Latour, demandante y apelante, v. José Rivera Salamán y su esposa María Socorro Mendoza; Miguel Rodríguez Rivera, José Lladó Vidal hoy Gaspar Font, Cecilio Isaac Santos, Emilia Mangual Castro y Gregorio Hernández Campos, demandados y apelados.
    No. 5347.

    Sometido: Junio 9, 1930.

      Resuelto: Junio 27, 1930.

      A. Marín, abogado de la apelante; Manuel F. Bossy, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señoe Wole,

emitió la opinión del tribunal.

De acuerdo' con el artículo 192 del Código de Enjuiciamiento Civil cuando un demandante desiste de un caso y conviene en pag’ar las costas, no consiente en pagar los honorarios de ahogado, y si la corte le impone las costas sin excluir tales honorarios, o en otras palabras, si no limita las costas a las que se originen en la secretaría, tal demandante tiene derecho a apelar de la sentencia fijando las costas en esta forma ilimitada. Tal vez sería necesario que el demandante hiciera una moción solicitando la limitación de las costas. Vicente León v. Malavé, 39 D.P.R. 376. Se trata, sin embargo, de una moción para desestimar la apelación en vista de que la sentencia ha sido consentida y ahora estamos resolviendo meramente que el consentimiento no se extiende a la imposición general de costas, incluyendo honorarios de abogado, toda vez que ésa no fué la idea fundamental del artículo 192. Según indica el apelante, en la moción de desestimación no se sugiere que la apelación sea considerada frívola.

En el escrito de apelación se decía que se apelaba de la sentencia en tanto en cuanto imponía las costas. El artículo 296 del Código de Enjuiciamiento Civil provee:

“Una apelación se interpone entregando al secretario de la corte ■en que fué dictada o registrada la sentencia o providencia apelada, un escrito manifestando que se apela de ella, o de determinada parte de la misma, y presentando idéntica manifestación a la parte con-traria o a su abogado.”

De conformidad con ese artículo el apelante tiene derecho a apelar del pronunciamiento de costas.

Además, aparentemente el apelado sostiene que la apela-ción es demasiado tardía. Se presentó un memorándum de costas en la corte inferior. El apelante impugnó el memo-rándum por el fundamento de haber sido radicado prema-furamente, toda vez que el término para apelar no había expirado. Al hacerlo así a nada renunció. Por tanto, tene-mos que considerar si la apelación es demasiado tardía.

El apelante alega que la sentencia no le fné notificada. Los autos o la certificación del secretario elevada a esta cortero revela que el secretario haya archivado copia de la notificación a la parte vencida en juicio, según exige la sección 2 de la ley de marzo 9, 1911, Compilación, p. 902. A partir del archivo de tal notificación es que empieza a contarse eltérmino para apelar. Véase la opinión concurrente en el case de Cruz v. Jiménez, 32 D.P.R. 833, 840.

Debe declararse sin lugar la moción de desestimación.


author: El Juez Asociado Señok Aldkey,

text:
    Consuelo Martínez, demandante y apelante, v. Juan B. Huyke, Comisionado de Instrucción, demandado y apelado.
    No 4845.

    Sometido: Noviembre 8, 1929.

      Resuelto: Julio 8, 1930.

      M. Torn Soto, abogado de la apelante; Attorney General James B. Beverley y Felipe Janer, Subprocurador, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señok Aldkey,

emitió la opinión del tribunal.

La petición de la apelante para que se librara un auto de mandamus contra el Comisionado de Instrucción de esta Isla fue negada por la corte inferior.

Alegó en ella que desde 1912 ba ejercido como maestra graduada en las escuelas públicas de esta ciudad, habiendo sido clasificada el año anterior a su petición y en los pre-cedentes con la calificación más alta: que ba sido propuesta como una de las maestras de las escuelas de San Juan y que el Comisionado de Instrucción se ba negado a aprobar su nombramiento, sin que exista motivo alguno de interés público ni baya expuesto hecho alguno determinante de su actuación, a pesar de que tiene derecho al nombramiento por sus con-tratos anteriores con el Director Escolar de San Juan apro-bados por el Comisionado de Instrucción, de su clasificación por el demandado y de cierta regla del mismo de 10 de abril, 1928.

Nuestra vigente Carta Orgánica, aprobada en 1917 por ol Presidente de los Estados Unidos, dispone en su artículo 17 lo que sigue:

“El Comisionado de Instrucción dirigirá la instrucción pública en toda la Isla; todo desembolso propuesto por cuenta de la misma de-berá ser aprobado por él, y preparará todos los cursos de estudio, con sujeción a la desaprobación del Gobernador si éste deseare intervenir. Preparará reglamentos para la selección de maestros, y los nombra-mientos de maestros por las juntas escolares estarán sujetos a , su aprobación, y desempeñará los demás deberes, no incompatibles con esta Ley, que se le asignaren por ley.”

De acuerdo con ese texto legal el Comisionado de Instruc-ción dirigirá (shall superintend) la enseñanza pública en toda la Isla, y los nombramientos de maestros por las juntas escolares estarán sujetos a su aprobación. Ambos conceptos están relacionados, pues para que pueda cumplir la facultad que se le concede de dirigir la enseñanza pública se le otorga la facultad de aprobar los nombramientos de maestros que llagan las juntas escolares, sin que se consignen limitaciones ni restricciones específicas, porque la ley supone qpe lia de actuar en beneficio de la mejor dirección de la instrucción en esta Isla. En este caso no se alega que él baya becbo un mal uso del poder que le ba sido conferido. La facultad de aprobar envuelve el uso de discreción. En el caso de State v. Smith, 24 Mont. 44, 57 Pac. 449, se ba diclio: “La expre-sión ‘estará sujeto a la aprobación’ significa que puede hacer una desaprobación. La palabra ‘aprobar’ significa resolver bien: pensar y resolver bien una cosa.” La facultad de aprobar envuelve la idea de discreción. Cosme v. Colusa County, 58 Cal. 274. En los casos en que se requiere apro-bación ésta lleva consigo el ejercicio de discreción y juicio. Por consiguiente la facultad conferida por la ley al Comi-sionado de Instrucción para aprobar los nombramientos de maestros que bagan las juntas escolares es discrecional y por esto no puede ser gobernada por los tribunales de justicia. Lo contrario sería privar al Comisionado de la expresada facultad y significaría que tuviera que aprobar necesaria-mente los nombramientos de maestros que hicieren las juntas escolares.

La alegación de la apelante de que según una regla dictada por el Comisionado de Instrucción tiene derecho a que su nombramiento de maestra sea aprobado por el demandado porque la apelante lia servido en la misma municipalidad y en la misma categoría de escuela durante el año anterior y otros con notas superiores a la de “Bueno” no puede privar al Comisionado de la facultad discrecional que la ley le confiere; aparte de que en la misma regia que se invoca se dice que nada de lo contenido en ella se entenderá en el sentido de limitar o negar el derecho del Comisionado de Instrucción a rechazar el nombramiento de cualquier maestro sobre la base de interés público, sin atender a la clasificación del maestro. Se alega que no existía motivo alguno de interés público para no aprobar el nombramiento y que éste no ba sido expresado por el Comisionado. No tiene el Comisionado el deber de expresar el motivo, y bay qne suponer que al ejercitar su facultad desaprobando el nombramiento lo hizo en beneficio del interés público.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


author: Bl Juez Asociado Señob Texidob,

text:
    Tomás Miranda Jr., demandante y apelante, v. National Fire Insurance Co., demandada y apelada.
    No. 4997.

    Sometido: Febrero 19, 1930.

      Resuelto: Julio 10, 1930.
    Y. M. Fernández j G. Cruzado Silva, abogados del apelante; O. B. Frazer & B. Castro Fernández, abogados de la apelada.
   Bl Juez Asociado Señob Texidob,

emitió la opinión del tribunal.

Tomás Miranda, Jr. siguió un. pleito contra la compañía de seguros contra incendio National Fire Insurance Co., sobre pago de $2,000 importe de un seguro. La Corte de Distrito de San Juan, P. B-., que conoció del litigio, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda; y el demandante ña apelado ante este tribunal.

El primer señalamiento de error se formula así:

“La corte cometió error al declarar sin lugar la moción elimi-natoria. ’ ’

En la moción a que se refiere el apelante se solicitó: (a) que se eliminaran las contestaciones a los liecbos tercero y cuarto de la demanda; (ó) que se eliminara el juramento de la contestación.

Los liecbos tercero y cuarto de la demanda contienen las alegaciones de propiedad de la casa asegurada, en la fecba. del siniestro, y la descripción del mismo inmueble. La contes-tación a estas alegaciones se formuló así:

“3. Por no tener suficiente información para formar' una creen-cia niega que el 24 de marzo de 1928 el demandante fuera dueño de la casa que se describe en el párrafo tercero de la demanda.
“4. Por no tener suficiente información para formar una creencia niega que el edificio descrito en la póliza de seguro se describe en la forma que se describe en el párrafo cuarto de la demanda.”

Después de la decisión en el caso Eneglotaria, Medicine Co. v. Manuel Sosa López, 38 D.P.R. 604, nadie puede sos-tener que una contestación en la que se alega “no tener sufi-ciente información para formar una creencia” sea buena en ley de procedimientos. La suficiencia de la información eS algo que resulta del juicio del que contesta, y a ese juicio no debe venir sujeto el demandante.

Pero, i, qué resultado tendría para las partes en el caso que permanecieran las alegaciones tercera y cuarta de la demanda como no contestadas, y aun más, como admitidas? El que el lieclio de la propiedad de la ñuca, y su descripción, fueran, incontestables o indisputables en el caso. Esto sería todo. Pero el fundamento de la sentencia nunca podría serlo, por sí solo, ese hecho de la propiedad de la finca; son varios elementos que entran en la decisión, y aquél no es único.

Dando por sentado que esos dos hechos fueran admitidos, como se trata de un contrato de seguro, es de necesidad ver si los hechos esenciales de ese contrato, y los relativos a su infracción o violación, se encuentran en el mismo caso.

En cuanto al contrato de seguro, está admitida su exis-tencia, pero se alega que se encuentra sujeto a determinadas condiciones que no se han cumplido por el demandante, y que le privan de percibir indemnización alguna (alegaciones quintas de la demanda y de la contestación). En cuanto al aviso del siniestro, se alega en la demanda, y se niega en la contestación, que se diera en la fecha del incendio, admitiendo la demandada que en 28 de marzo de 1928 recibió aviso escrito del incendio, enviado por el demandante. En cuanto al hecho alegado en la demanda, de que la demandada simuló enviar al demandante un modelo para reclamación, la deman-dada lo niega, y alega haber enviado los modelos en 29 de marzo de 1928.

A más de esto, la demandada presentó defensas especiales, entre ellas la de que era condición del contrato de seguro que al ocurrir cualquier daño o pérdida, el asegurado debía, dentro de los quince días siguientes al suceso, notificar a la aseguradora, por medio de reclamación escrita y jurada, con-teniendo la relación de la propiedad perjudicada o destruida, extensión y valor de la pérdida, detalles de otros seguros, y que de no hacerlo así, el asegurado perdía el derecho a la indemnización; y que el asegurado no1 envió tal notificación escrita y jurada en fecha alguna anterior al 4 da junio de 1928, fecha en que la remitió, y la demandada la recibió bajo un pacto de non-ivaiver, y que no había concedido al deman-dante prórroga alguna a ese fin.

Las negociaciones a que nos referimos, se Lacen, no bajo la fórmula de falta de información y creencia, sino de una manera final; y lo mismo las alegaciones de las defensas especiales. Y sobre ellas se levanta una cuestión a decidir por la corte. Así, la resolución dada a la moción elimina-toria, no afecta al caso en su fondo, ni a los derechos esen-ciales de las partes; y por ello no la consideramos como error que pueda producir la revocación.

En cuanto a la eliminación del juramento, tampoco hubo error en la resolución. Probablemente no se podría tener el juramento de que se trata como el mejor hecho; pero en la contestación se establecen con bastante separación las ale-gaciones por información y creencia, y las que no lo son, y el juramento es bastante como está.

El segundo señalamiento de error se refiere a que la corte no dictó sentencia por las alegaciones.

Aunque se tuviera por decidido que la demandada admi-tió los hechos alegados en la demanda bajo los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6, esto es, los que se refieren a personalidad de las partes, propiedad y descripción de la finca asegurada, existencia del contrato de seguro, acaecimiento del incendio, la demandada negó el hecho 7, o sea que se le diera aviso por el demandante en la fecha del siniestro, y negó asimismo que hubiera simulado el envío de los blancos para reclama-ción, alegando que los envió; y en una de sus defensas espe-ciales alegó positivamente que el demandante no había cum-plido con la condición del contrato relativa a la reclamación, especificación y prueba de pérdidas, en el término fijado en aquél. En esas condiciones, la corte no podía dictar sentencia sobre las alegaciones, con hechos en controversia, y aprobar en el juicio.

El tercer señalamiento de error aparece del alegato en la siguiente forma:

“La corte cometió error al no dar por admitidos los hechos ter-cero. cuarto _v sexto de la demanda.”

Como queda apuntado, esos hechos de la demanda se refieren a la propiedad de la finca urbana, descripción de la misma, y al incendio y destrucción de la finca.

Examinando la opinión rendida por la corte, hallamos que tuvo por prohado que Tomás Miranda, Jr., el demandante, era dueño de la casa que en la demanda se describe, y que la finca quedó destruida por incendio en la fecha que se señala. A esto podía aspirar el demandante, en cuanto a sus alegaciones tercera, cuarta y sexta, fuera por admisión, o por otra clase de prueba.

El cuarto error se refiere a la apreciación de la prueba. No se alega que el juez procediera por pasión, prejuicio, o parcialidad, ni que se trate de un manifiesto, patente, error.

Hemos visto la transcripción de la evidencia. Las con-clusiones a que llegó la corte son razonables y correctas.

El asegurado debe, cumpliendo con la cláusula décima de su contrato, enviar a la aseguradora, dentro de los quince días de • ocurrido el siniestro, una reclamación escrita por la pérdida, sufrida, relato minucioso de los artículos o bienes destruidos o dañados, y extensión de la pérdida o daño, etc.

El demandante arguye que él no recibió de la compañía los blancos para la reclamación. Esto no es un argumento, o una excusa. La compañía aseguradora no tiene el deber de suministrar los blancos, como obligación que surja del contrato; así como el asegurado no tiene el deber de usar precisamente los blancos o fórmula de una compañía, que no puede legalmente exigirle que los use, a falta de pacto en ese sentido. Una notificación estableciendo bajo juramento los datos que se detallan en la correspondiente cláusula del contrato, es suficiente para cumplir con éste.

Se cita el caso Quiñones v. L’Umion, 34 D.P.R. 407. En ese caso la doctrina legal es tan clara, que no puede esta-blecerse la más leve duda. Tomamos el siguiente párrafo:

“La póliza de seguro es un contrato en que las partes que lo ce-lebran adquieran derechos y acepten obligaciones, y habiéndose com-prometido el asegurado a dar aviso escrito del siniestro inmediata-mente después de ocurrido y de entregarle a la asegurada dentro de los quince días siguientes un estado jurado de las pérdidas y daños indicando los objetos destruidos o averiados y su importe, teniendo en cuenta el valor de dichos objetos en el momento del siniestro, con una relación de los demás seguros que tuviera, so pena de quedar privado de todo derecho de indemnización en virtud de la póliza, no podía el asegurado dejar de cumplir esa obligación sin perder su derecho a los beneficios del seguro. Podemos admitir que el aviso telefónico del siniestro substituyó al escrito que del mismo debía dar al agente de la compañía puesto que él se constituyó en el lugar del siniestro, pero no que con ese aviso quedó relevado de las demás obli-gaciones que le impone dicho artículo, tanto más cuanto que el mismo demadante reconoce que el agente le pidió después que le escribiese una carta, lo que demuestra que la compañía no renunció a los de-' más extremos comprendidos en la cláusula citada, a pesar del aviso telefónico comunicando el incendio.”

Apreciada en conjunto la prueba, aparece que el deman-dante, por cualquier razón, dejó de cumplir con la obligación de reclamar notificando, de acuerdo con las cláusulas del con-trato, y en el término por las mismas fijado. La falta de cumplimiento de esa obligación, exime a la aseguradora del pago del seguro; esto es lo contratado, según aparece de la misma póliza.

En la apreciación de la prueba, no bubo error de la corte.

Por las razones expuestas debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señoe HutchisoN,

text:
    Enrique Bosch Gelpí, peticionario-apelante, v. María Rodríguez Vda. de Colón y Ernesto L. Figueroa, recurridos y apelados.
    No. 5135.

    Sometido: Abril 23, 1930.

      Resuelto: Julio 10, 1930.

      JB. Muñoz Bamos, abogado del apelante; Guillermo 8. Pierluissi y B. Atiles Moreu, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señoe HutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

La corte de distrito declaró sin lngar una petición de ■injunction en qne se solicitaba se impidiera la construcción de un edificio cuyos cimientos se alegaba habían sido puestos parcialmente sobre la propiedad del peticionario.

El alegato del apelante contiene veintinueve páginas escritas a máquina. La mayor parte de éste se dedica a discutir la prueba. No se hace referencia a ninguna página de la transcripción taquigráfica. No hay señalamiento específico de errores, por separado o de otro modo. La sentencia podría ser confirmada por este motivo.

La demanda, especialmente en lo qne se refiere a su “título y a la súplica de la misma, participa fuertemente de las características de un pleito ordinario de injunction más bien que de “un procedimiento de injunction para recobrar la posesión de propiedad inmueble,” conforme autoriza una ley aprobada en marzo 13, 1913, Leyes de ese año, pág. 83, enmendada en 1917, Leyes de ese año (Tomo II), página 220. Después del juicio el peticionario se basó principalmente, de no hacerlo exclusivamente, en la ley últimamente mencionada. Esa es también la posición del recurrente.

El juez de distrito, después de discutir la teoría de la demanda y de referirse a ciertas admisiones implícitas que se dice fueron hechas por el letrado del demandante al co-menzarse el juicio, resolvió que el demandante en un pleito ordinario de injunction no podía invocar la ley de 1913, según fué enmendada en 1917, ni obtener remedio alguno de con-formidad con la misma. Si el juez de distrito cometió o no error al así resolver es cuestión que no es necesario deter-minar por ahora.

El juez de distrito también entró en los méritos del caso desde el punto de vista del demandante. Con el fin de re-visar este aspecto del resultado obtenido en la corte inferior, podría admitirse, sin resolverlo, que la súplica de la demanda es bastante amplia para incluir una solicitud implícita para que se dictara un remedio alternativo de conformidad con la ley de 1913, según fué enmendada en 1917. Sin entrar en detalles, también podría admitirse que la demanda, asistida por la contestación, por la forma en que fué juzgado el caso y por la prueba del demandante, hubiese sostenido la expe-dición de un interdicto para recobrar la posesión, o la con-cesión de un remedio en alguna forma que estuviese de acuerdo con la enmienda de 1917.

Hubo algún conflicto de prueba respecto a la posesión material anterior del demandante y este conflicto fué resuelto por el juez de distrito a favor de los demandados. Un cuidadoso examen de toda la prueba no revela ningún error manifiesto en la conclusión a que llegara la corte inferior que justifique la revocación de la sentencia.

La sentencia apelada debe ser confirmada.