text:
    Sucesión de Amador Trías Silva, Etc., demandante y apelada, v. Porto Rico Leaf Tobacco Co., la Sucesión de Modesto Munítiz, Etc., y Otros, demandados y apelante la segunda.
    Núm. 8256.

    Sometido: Junio 17, 1941.

      Resuelto: Julio 22, 1941.

      Luis Muñoz Morales y J. Vilá Buiz, abogados de la Sucn. Munítiz, apelante; Antonio J. Amadeo, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La sucesión de Modesto Munítiz interpuso este recurso contra el pronunciamiento que condenó a los demandados, con excepción de Porto Rico Leaf Tobacco Co., a pagar soli-dariamente a los demandantes apelantes la cantidad de $5,000 por concepto de honorarios de abogado.

Los demás demandados no apelaron.

Sostiene la sucesión apelante qne la corte a quo erró al hacer dicho pronunciamiento toda vez qne no fueron ellos temerarios al oponerse a las pretensiones de los demandan-tes, y qne en el- caso de qne este tribunal estime qne lo fue-ron, cosa qne ellos no admiten, la cantidad qne por dicho concepto fné concedida es exagerada.

Como muy bien afirman los apelantes, el pronun-ciamiento de honorarios de abogado depende exclusivamente en qne haya existido temeridad en la parte contra quien se hubiese dictado la sentencia, si bien al fijar su montante se toma en cuenta además del grado de culpa en el litigio, el trabajo necesariamente realizado por el abogado de la otra parte, en relación con el cual deben considerarse la natura-leza del litigio, las cuestiones envueltas, la duración del jui-cio, el standard profesional de los abogados de una y otra parte, y la cuantía en controversia.

Conforme se alega en la demanda y declaró probado la corte sentenciadora, el 11 de mayo de 1896 don Amador Trías Silva constituyó hipoteca a favor de don Modesto Mu-nítiz sobre una finca rústica radicada en el término municipal de Cayey, en garantía de un préstamo por la cantidad de 12,496 pesos, moneda provincial, hipoteca que fué cedida por Munítiz a Porto Rico Leaf Tobacco Co., por escritura de 14 de diciembre de 1906. El 20 de abril siguiente, la dueña del crédito promovió para su cobro una demanda en la Corte de Distrito de Guayama por el procedimiento su-mario de la Ley Hipotecaria, pero estando el entonces juez de dicha corte incapacitado para conocer del asunto por ha-llarse en el caso previsto en el párrafo 2 del artículo 23 del Código de Enjuiciamiento Civil, ordenó su traslado para la Corte de Distrito de San Juan, la que no obstante radicar la finca en el distrito de Guayama, asumió jurisdicción y ex-pidió el auto de requerimiento. A pesar de que el deman-dado Amador Trías Silva había fallecido en Cayey el 22 de septiembre de 1900, el Márshal de la Corte de Distrito de San Juan diligenció el auto de requerimiento, certificando que el 12 de julio de 1907 había requerido de pago personal-mente a Amador Trías en su domicilio en San Juan. Pos-teriormente se dictó la providencia de remate, siendo diligen-ciada por el Márshal de la Corte de Distrito de Guayama, vendiendo la finca en pública subasta y adjudicándola a Modesto Munítiz por la suma de $2,000, quien luego la vendió a Saturnino Pabón y éste a Manuel González Martínez, quien a su vez vendió una parcela de ella, compuesta de cuarenta cuerdas, a Manuel Pérez Díaz y el resto a Baltasar Mendoza, y así fué pasando por sucesivas transmisiones hasta llegar a los que la poseían al radicarse la demanda.

La falta de jurisdicción en la Corte de Distrito de San Juan para conocer del procedimiento sumario ejecutivo es manifiesta. No sólo carecía de jurisdicción por razón de la materia, si que aunque la hubiera tenido, tampoco la adquirió sobre la persona del demandado, quien aparecía requerido de pago personalmente siete años después de su fallecimiento. Este último defecto, claro es, no constaba del registro, pero sí constaba la nulidad del procedimiento por falta de jurisdicción sobre la materia, pues al practicarse la inscripción de la venta judicial a favor de Modesto Munítiz, se expresó el nombre del tribunal que había conocido del procedimiento y finalmente ordenado la venta de la finca, la que también constaba como radicada en el término municipal de Cayey, dentro del distrito judicial de Guayama.

Años después de celebrada la subasta, los demandantes, Sucesión de Amador Trías, radicaron la demanda sobre rei-vindicación de la finca de que ilegalmente habían sido pri-vados y reclamaron los frutos por ella producidos y perci-bidos por los que sucesivamente la poseyeron. Se opusieron tenazmente los apelantes, negando en su contestación los he-chos alegados en la demanda jurada, cuya existencia cons-taba en archivos públicos, y muchos de los cuales debieron constarles de propio conocimiento.

El hecho de que la corte sentenciadora, en el primer juicio, por un manifiesto error de derecho hubiese desesti-mado la demanda dando lugar a la revocación de la sentencia (Sucn. Trías v. Porto Rico Leaf Tobacco Co., 50 D.P.R. 91), y a la celebración del nuevo juicio al cual no asistieron los apelantes, y que dió lugar a la sentencia en que se concedie-ron los honorarios de abogado, no impide que los apelantes sean considerados como litigantes temerarios, especialmente cuando se considera la manifiesta nulidad del procedimiento ejecutivo y la justicia de la reclamación.

Convenimos, sin embargo, con los apelantes, en que una condena de $5,000 por honorarios de abogado es excesiva, habida cuenta de la cuantía envuelta y de todos los otros ele-mentos que deben considerarse para fijar su montante. Los propios demandantes valoraron la finca en la demanda de reivindicación en $7,200 y aunque reclamaron frutos, esa par-tida fue desestimada por no haberse presentado prueba al-guna para sostenerla. Consideradas todas dichas circuns-tancias, opinamos que la cuantía de $1,000 constituye el valor razonable de tales honorarios.

Por lo expuesto y visto el artículo 339 del Código de En-juiciamiento Civil, según fue enmendado por la ley núm. 69 de 11 de mayo de 1936 (pág. 352), se modifica el pronuncia-miento de honorarios de abogado que hiciera la corte inferior en su sentencia de 22 de abril de 1940, reduciéndolo de $5fi00 a $1,000, y así modificado, se confirma.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Del Toro

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Roberto Colón, acusado y apelante.
    Núm. 8839.

    Sometido: Julio 14, 1941.

      Resuelto: Julio 23, 1941.

      Román Díaz Collazo, abogado del apelante; Ilon. Procurador General Interino Emilio de Aldrey, Eulogio Riera, Subprocurador Auxiliar y R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Contra Roberto Colón se radicaron en la Corte de Dis-trito de San Juan, en grado de apelación, diez y seis causas por infracción a la ley de rentas internas. Señaladas las vistas, se suspendieron varias veces, y así las cosas, fundándose el acusado en que había llegado a un acuerdo con el Teso-rero de Puerto Rico por virtud del cual se eorrigieron las infracciones administrativamente, pidió, con el consentimiento del Tesorero, el sobreseimiento de las causas. Se avino el fiscal y el sobreseimiento fue decretado, previo el pago de las costas.

Como éstas no se satisficieran, la corte ordenó que el acu-sado fuera requerido de pago. Lo fue y las pagó, según alega, “bajo la más solemne y formal protesta”, y entonces se dirigió a la corte pidiendo su devolución.

La corte consideró su petición y por resolución fundada de abril 14, 1941, la declaró sin lugar. Y es contra esa re-solución de la corte que se ha interpuesto el presente recurso de apelación.

Cuando el sobreseimiento fné decretado en marzo. 18, 1941, “previo pago de costas”, como reza el récord, nada consta del mismo que objetara el acusado. Fué cuando se le requirió de pago y pagó “bajo protesta” según dice que acudió a la corte solicitando su devolución en marzo 31, 1941..

Aquí no se trata de contribuciones que pueden pagarse bajo protesta para reclamar luego su devolución de acuerdo, con las leyes especiales sobre la materia. Aquí se trata de costas en procesos criminales sobreseídos a virtud de resolu-ción que impuso su pago como condición previa al sobresei-miento.

Creemos que desde el momento en que el acusado con pro-testa o sin protesta satisfizo las costas, los casos quedaron terminados. La condición precedente se cumplió y el sobre-seimiento decretado surtió todos sus efectos. De suerte que' la devolución reclamada ante la corte de distrito era impro-cedente y más improcedente es aún la apelación entablada, ante esta Corte Suprema.

Pero asumiendo que fuera nuestro deber entrar a consi-derar los méritos de la contención del apelante, siempre ten-dríamos que concluir que no le asiste la razón.

Sostiene que su caso se rige por la ley núm. 11 de. marzo 9, 1911, pág. 71, y el artículo 271 del Código de Enjuicia-miento Criminal que prescriben, la primera, que cuando un fallo condenatorio sea dictado por cualquier corte contra un acusado en un caso criminal las costas deberán serle impues-tas como parte de la sentencia, y el segundo, que se impon-drán las costas al dictarse sentencia condenatoria, y como contra él no dictó la corte fallos o sentencias condenatorios,, no tuvo autoridad de ley para imponerle las costas.

Sin embargo, no es la ley que invoca el apelante la apli-cable. Su caso se rige por el artículo 448 del Código de En-juiciamiento Criminal que dice:

“Si la parte perjudicada comparece ante el tribunal al que hayan de serle remitidas las declaraciones en cualquier momento antes de la celebración del juicio, y reconoce plenamente que ba recibido reparación por el daño causádole, el tribunal puede decretar, discre-cionalmente y previo pago de las costas devengadas, que se suspendan todos los procedimientos en persecución del delincuente, y que éste quede exonerado de la culpa; pero en tal caso los fundamentos que tenga el tribunal para dictar el auto deben exponerse en éste, e insertarse en el acta del tribunal. Dicho auto imposibilita la ins-trucción de otro proceso por el mismo delito.” (Itálicas nuestras.)

Es cierto que el sobreseimiento se decretó en estos casos a instancias del acusado, pero la corte no actuó hasta des-pués de oír la declaración de Francisco Serrano, Jefe Au-xiliar del Negociado de Arbitrios del Departamento de Hacienda, exponiendo los hechos demostrativos del arreglo a que se había llegado entre el acusado y la Tesorería, dán-dose ésta por satisfecha, y el pago de las costas lo impuso de acuerdo con el mandato expreso de la ley.

Y se comprende perfectamente que así sea. La ley auto-riza al Tesorero para actuar en la forma en que lo hizo. El acusado, pagando lo que debía, recibió el beneficio de librarse de procesos de naturaleza criminal, pero esos procesos se habían ya iniciado por su culpa cuando la transacción tuvo efecto, habiéndose incurrido en costas cuyo pago corresponde en justicia al acusado, no al Pueblo.

Bajo cualquier aspecto que el caso se considere, procede, pibes, la desestimación del reciorso.


text:
    Carlos Acha, menor de edad, representado por su padre con patria potestad, Eduardo Acha, demandante y apelado, v. Ramón Nevares, demandado y apelante.
    Núm. 8261.

    Sometido: Junio 6, 1941.

      Resuelto: Julio 23, 1941.

      R. Rivera Zayas y Joaquín Telilla, abogados del apelante; Céigel ér Silva, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un pleito sobre daños y perjuicios. Se re-clamaron tres mil dólares y se concedieron quinientos, más las costas, sin incluir honorarios de abogado. Se apeló de la. sentencia. La parte victoriosa archivó su memorándum de costas ascendentes a $64.70. La parte contraria lo impugnó y la corte lo redujo a $39.70. También se apeló de la reso-lución. Ambos recursos se han tramitado conjuntamente.

La demanda se interpuso por Carlos Acha, menor de edad, representado por su padre con patria potestad, Eduardo Acha. En ella se alegó, en resumen, que el demandante tenía diez y nueve años de edad y el demandado, Ramón Nevares, era mayor de edad y propietario de una lechería o vaquería denominada “Las Monjas”, en Río Piedras, siendo dueño de un'carro tirado por un caballo que utilizaba en su negocio»

Que en la tarde del 18 de junio de 1937 en la avenida D esquina a la calle N de la Urbanización Eleanor Roosevelt, Río Piedras, guiado el carro por el empleado del demandado Erasto Vázquez que en ese momento actuaba dentro de su empleo, arrolló al demandante y le causó la fractura del pie derecho, varios golpes en el pecho y contusiones en la pierna derecha, teniendo que hospitalizarse por mes y medio y su-frir “intensos dolores físicos y profunda angustia mental.”

Y que el acto se debió a la negligencia del empleado que conducía el carro a velocidad exagerada sin tomar en consi-deración el ancho de las calles y las curvas, sin tener cam-pana, timbre, bocina u otro aparato de alarma, abandonando-sin motivo su derecha sin reducir su velocidad ni dar aviso»,

El demandado presentó una moción eliminatoria que fue declarada sin lugar. Alegó la excepción previa de no aducir la demanda hechos suficientes para determinar una causa de acción en contra suya. Y su excepción fué también desesti-mada. Contestó entonces admitiendo ser dueño de una va-quería y de un carro tirado por un caballo que dedicaba a su negocio y negando los otros hechos de la demanda por falta de información y creencia. Como defensas especiales alegó que de haber ocurrido el accidente se debió a la negli-gencia contribuyente del demandante que caminaba con otros amigos sin dirección fija, sin mantenerse en la derecha del camino y sin prestar atención al. ruido del vehículo y al apa-rato de alarma con que avisaba su marcha, y que según su información y creencia el demandante ha recibido cabal com-pensación por los perjuicios sufridos de la “U. S. Employers Compensation Commission.”

Llamado el pleito para juicio y antes de comenzar la prác-tica de la prueba el demandante solicitó que habiendo llegado a la mayor edad se tuviera por enmendada la demanda en el sentido de sustituir al demandante actuando por su propio derecho én vez de por la representación de su padre. Se opuso el demandado y la corte decretó la sustitución. Se procedió a la práctica de la prueba del demandante. Termi-nada, el demandado manifestó que sólo llamaría al Dr. Alonso quien declararía que el pie del demandante fracturado no presentaba señales exteriores de haberle pasado por encima la rueda del vehículo y el demandante aceptó que de llamarse al doctor declararía en ese sentido.

Basándose en las alegaciones y las pruebas según el es-tudio que de las mismas hizo en su relación del caso y opi-nión, dictó la corte de distrito la sentencia a que ya nos re-ferimos, en marzo 11 de 1940.

Para sostener sus recursos señala el apelante ocho erro-res como cometidos por la corte sentenciadora al actuar sin jurisdicción, al declarar sin lugar la moción eliminatoria y la excepción previa, al llegar a determinadas conclusiones de hecho, al no declarar que el accidente se debió a la negligen-cia contribuyente del demandante, al resolver que las calles de “Eleanor Roosevelt” eran públicas, al condenar al de-mandado a pagar cualquier indemnización y al obligarlo al pago de $39.70 por costas.

Esos errores se señalan y sostienen de manera completa e inteligente por el apelante en su alegato, exponiendo con claridad los hechos y con abundancia y sabiduría las autori-dades, y se impugnan de igual modo por el apelado en el suyo. Ambos alegatos hacen honor a la profesión en general y en particular a los distinguidos letrados que los firman.

Por el primer señalamiento se levanta una cuestión •de jurisdicción, la de que habiéndose establecido la barriada Eleanor Roosevelt donde ocurrió el accidente base de la re-clamación, por el Gobierno de los Estados Unidos de Amé-rica en cumplimiento del proyecto federal sobre eliminación de arrabales por mediación de la agencia federal denomi-nada “Puerto Rico Reconstruction Administration,” el cono-cimiento del pleito corresponde a las cortes federales y no a las insulares.

No tendremos necesidad de ahondar en el estudio del error. Unos dos meses después de archivado el alegato en este caso, esta propia corte en el de López v. Corte, 58 D.P.R. 115, 127, resolvió la misma cuestión en los siguientes térmi-nos :

“De acuerdo con los becbos admitidos y la jurisprudencia y estatutos a que nos bemos referido, opinamos y resolvemos que los Estados Unidos al comprar y tomar posesión' de los terrenos de la Urbanización Eleanor Roosevelt, no asumieron ipso facto jurisdicción exclusiva sobre dicba urbanización, por no pertenecer las edificaciones en ella construidas a la clase de ‘otros edificios necesarios’ a que se refiere la Constitución; que no habiéndose alegado ni presentado evi-dencia alguna de la aceptación de jurisdicción exclusiva por el Gobierno Federal, estamos obligados a presumir concluyentemente que no ha habido tal aceptación; y por último, que si El Pueblo de Puerto Rico en algún momento o por cualquier causa dejó de tener jurisdicción, civil y criminal sobre los terrenos y sobre los habitantes de dicha urbanización, esa jurisdicción fué readquirida por virtud de las disposiciones de la sección 421, supra, con la sola y única limitación de que El Pueblo de Puerto Rico no puede intervenir en forma alguna en la administración de la barriada, ni realizar acto alguno que pueda destruir o disminuir el uso efectivo de las pro-piedades para los fines a que han sido dedicadas.”

No hubo error. La corte tuvo jurisdicción para conocer del pleito.

Tampoco se cometió o tiene el carácter de error capaz de producir la revocación de la sentencia de haberse cometido, el segundo de los señalados. Nos referimos a la negativa de la corte a eliminar de la demanda los particulares que solicitó en su moción el demandado.

Se pidieron once eliminaciones comprendiendo la segunda siete particulares todas ellas por tratarse de conclusiones le-gales o materia argumentativa, impertinente y redundante.

Tal vez entrando en un análisis minucioso podría encon-trarse que técnicamente asiste la razón al apelante en algu-nas de sus peticiones, pero en ninguna se demuestra que dicha parte recibiera un verdadero perjuicio, y el artículo 142 del Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933, ordena:

"En cualquier estado de un pleito la corte no tomará en cuenta algún error o defecto en las alegaciones o procedimientos que no afecten a lo esencial de los derechos de las partes, y no se revocará o invalidará ningún fallo por razón de dicho error o defecto.”

Aplicando la regla a la materia de eliminaciones, resol-vió esta Corte en Pueblo v. Sucesión Valdés, 31 D.P.R. 223, copiando del resumen:

"La desestimación de una moción para eliminar de la demanda términos que envuelven conclusiones de ley cuando tales defectos son meramente técnicos, de ser un error, no es motivo bastante para una revocación. ’ ’

Véanse además los casos de López v. American Railroad Co. of P. R., 50 D.P.R. 1 y García v. Suárez, 56 D.P.R. 414, 424.

Examinemos el tercer señalamiento, el que se levanta con motivo de la excepción previa a la demanda. Se sostiene en primer término que de la demanda no snrge nna buena causa de acción en contra del demandado porque en ella no se alega que éste estuviera en el carro y acompañara al conductor, ni tampoco que el vehículo se utilizara en una empresa comercial o de carácter público, y en segundo término se discute una cuestión que surgió con posterioridad a la presentación de la excepción, la de la enmienda a la demanda para continuarla el demandante por derecho propio.

A nuestro juicio la demanda es suficiente. No era nece-sario que alegara que el demandado iba en el carro alegando como alega que dicho demandado “era propietario de una lechería o vaquería denominada ‘Las Monjas’ . . . ” y “de un carro tirado por caballo, que utilizaba en su negocio de lechería o vaquería”, carro que fué el que arrolló al deman-dante.

Recientemente en el caso de Aponte v. Palacios, 55 D.P.R. 697, 699, dijo esta corte:

“La contención principal del apelante es que la demanda no aduce suficientemente que el demandado se dedicaba a una empresa. Quizá la alegación pudo ser algo más específica, mas somos del criterio que el párrafo tercero, especialmente al alegar que el automóvil se dedi-caba al transporte de leche, describe la explotación de una empresa mercantil. Esto es algo robustecido por las palabras ‘tablilla C-327’, puesto que - estas tablillas, y de ello podemos tomar conocimiento judicial, son las usadas en automóviles generalmente dedicados al comercio. ’ ’

El hecho de que nada se alegara aquí en relación con la tablilla, no importa. Esa alegación hubiera reforzado el he-cho de tratarse de una empresa, pero ello no quiere decir que lo alegado por sí solo no sea bastante. Una persona que es dueña de una vaquería y que posee además un carro que utiliza en su negocio de lechería, cae dentro de las siguientes prescripciones de los artículos 1802 y 1803 del Código Civil, ed. 1930, a saber:

“Artículo 1802. — El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.”
“Artículo 1803. — La obligación que impone el artículo anterior es exigible, no sólo por los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder.
“Lo son igualmente los dueños o directores de un establecimiento o empresa respecto de los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en que los tuvieran empleados, o con ocasión de sus funciones.

Tampoco erró la corte al permitir la enmienda. Da-dos los términos en que se redactó la demanda desde nn prin-cipio, nada reclamó el padre para sí. Fue el hijo el que ac-tuó, siendo menor representado por sn padre, y al arribar a la mayor edad por su propio derecho. No se varió con ello la acción ejercitada y en tal virtud era la enmienda permi-sible.

Nada encontramos en los casos de Orta v. P. R. Railway, L. & P. Co., 36 D.P.R. 743 y Ruberté v. American Railroad Co., 52 D.P.R. 471, que cita el apelante que sea contrario a esa conclusión. El caso de J. Ochoa & Hnos. v. J. González Clemente & Co., 29 D.R.R. 1015 que también cita presenta una situación bien distinta.

Si el padre hubiera reclamado para sí entonces tendría razón el apelante, pero aquí lo que hizo el padre según se desprende de los términos en que está redactada la demanda fué cumplir con el deber que le impone el artículo 153 del Código Civil, ed. 1930, como sigue:

“Artículo 153. — El padre y la madre tienen, respecto de sus hijos no emancipados:
“1. El deber de alimentarlos, tenerlos en su compañía, educarlos e instruirlos con arreglo a su fortuna, y representarlos en el ejercicio de todas las acciones que puedan redundar en su provecho.

Que el menor que recibió el daño tenía una acción para recobrar los perjuicios que se le cansaron, es evidente, y qne esa acción subsistió al arribar el menor a su mayoridad, evi-dente es también. Lo que varió en' el demandante fue la ca-pacidad para actuar. Cuando era menor no la tenía plena y tuvo que completarla el padre. Al ser mayor cesó esa ne-cesidad y era lo lógico y lo legal que actuara por sí mismo.

Como se lia resuelto repetidamente por esta corte, la fuente original de la acción para la reclamación de daños y perjuicios causados por acción u omisión interviniendo culpa o negligencia, está en el artículo 1802 del Código Civil, ed. 1930. La que luego se creo a favor del padre o de la madre a virtud de los artículos 60 y 61 del Código de Enjuiciamiento Civil, es distinta. En el caso de Rivera v. Reyes, 31 D.P.R. 440, 443, dijo esta corte:

A nuestro juicio no es posible llegar a la conclusión que sostiene la apelada. La acción la inició ella en su carácter de madre. Reclamó para ella por los daños y perjuicios a ella ocasionados. La actitud de las partes y el fallo de la corte son claros. Sólo hay un párrafo de la demanda que podría interpretarse en sentido contrario, pero no es tan fuerte que pueda por sí solo servir de base para variar en los actuales momentos la acción.

“La acción que compete a la madre y la que compete al hijo, son distintas. La ley aplicable es el artículo 60 dsl Código de Enjuiciamiento Civil. Véase el caso de Arreche v. P. R. Ry., L. & P. Co., decidido en esta misma feeba. Pomeroy, resumiendo la juris-prudencia de California, interpretativa de preceptos de ley iguales al nuestro, dice:
“ ‘La disposición final de este artículo ha sido motivo de perple-jidad considerable y objeto de cuidadosa atención en decisiones recientes de nuestra Corte Suprema.
“ ‘1. Con respecto a la indemnización que en los casos de lesiones a un menor debe concederse en una acción establecida al amparo del artículo 376: en tales casos surgen dos causas de acción, una en favor del padre o del tutor por las pérdidas sufridas por él con motivo del daño causado al niño o pupilo: Durkee v. Central Pac. R. R. Co., 56 Cal. 388; 38 Am. Rep. 59. En este caso se consideran las cuestiones que ahora examinamos, y en el curso de la opinión de la corte, escrita por el Juez Presidente Morrison, se dice: ‘ ‘ Cuando la acción es establecida por el padre, la pérdida de servicios, la asistencia médica, los gastos de la curación y otros particulares seme-jantes deben ser considerados por el jurado, y en tales casos es la regla conceder una indemnización.Cuando se establece la acción a nombre del niño entonces los factores determinantes de la indem-nización son otros distintos e independientes. El niño es indemni-zado no por la pérdida de tiempo o servicios, ni por la asistencia médica o los gastos de curación, sino por los daños a su persona, tales como el dolor y el sufrimiento, tanto físicos como morales, la desfiguración, etc. ”....’ ”

El cuarto error se formula como sigue: “La corte inferior cometió manifiesto error, perjudicial sustancialmente al demandado, al hacer la apreciación de la prueba y con-cluir, entre otras cuestiones de hecho, que: (a) el carro a que se refiere la demanda y la prueba fuese propiedad del demandado; que fuese guiado o conducido por un empleado suyo; que lo fuese dentro del curso de su empleo; que no tocara el conductor aviso de alarma; que fuese negligente al no seguir por su derecha y desviarse hacia la izquierda; que el accidente se debiera a la negligencia del conductor del ve-hículo, y que el demandante sufriera dolores físicos y moles-tias; y (6) que el demandado fuera negligente en concepto de principal del conductor del vehículo referido.” Y el quinto y el sexto así: “Quinto error. La corte inferior erró al no declarar que el accidente se debió a la negligencia contribu-yente del demandante.” “Sexto error. La corte inferior erró al declarar que en la fecha del accidente las calles de la Urbanización Eleanor Roosevelt eran públicas.”

Hemos examinado la transcripción de la evidencia y a nuestro juicio las conclusiones a que llegó la corte sentencia-dora encuentran apoyo en la misma.

Los hechos declarados probados fueron:

“Que el día 18 de junio de 1937, como a las dos de la tarde, el demandante, mensajero de la P.R.R.A. en las obras de la Urbani-zación Eleanor Roosevelt en Hato Rey, caminaba por la calle B en dirección de la calle B, de dicha urbanización y al ir por esta última lo hacía por la izquierda; que dichas calles estaban en proceso de construcción, pero ya las calles B y D estaban afirmadas, según declaró el ingeniero Ramírez, pero todavía no habían sido recibidas por la P.R.R.A. de los contratistas; que por dichas calles se transi-taba por el público para ir a la carretera que se dirige al Sanatorio Insular porque la regular estaba cerrada; que en la intersección de las calles B y D con la N, que es donde empieza la calle D había un montículo de tierra en el que luego se hizo un jardín; que en el momento en que el demandante iba ya por la calle D, un carro tirado por un caballo, manejado por Erasmo Vázquez, que venía corriendo por la calle B, al dirigirse y entrar en la calle D, se desvió hacia la izquierda de la calle y sin haber tocado señal de aviso con campana o timbre, pues no tenía aparato de alarma alguno, arrolló al demandante ocasionándole múltiples contusiones en el tercio superior de la pierna derecha hasta el tobillo y la fractura del ex-tremo inferior de la tibia derecha;.. .que el carro que arrolló al demandante tenía pintado un rótulo que decía, más o menos, lo siguiente: 'Vaquería o Lechería Las Monjas de Ramón Nevares. Licencia Núm. 4’;... ”
“Sostiene el demandado,” dijo luego la corte en su rela-ción del caso y opinión, “que no se ha prohado que el carro de caballo que ocasionó las lesiones al demandante pertenezca al demandado ni que Erasmo Vázquez fuera empleado suyo ni estuviera guiando dicho carro en el curso de su empleo, especialmente porque las calles de la Urbanización Eleanor Uoosevelt no eran calles públicas en la fecha del accidente.”

Y resolvió:

"Ya hemos dicho que la-prueba demuestra que aun cuando dichas calles estaban en vías de construcción ya el público transitaba por ellas, más aun, que tenía que hacerlo para ir al Sanatorio Insular, de manera que la argumentación del demandado carece de peso. En cuanto a la propiedad del carro, está admitida en la alegación 3 de la contestación, ya que la demanda se refiere a un solo carro y no a la posibilidad de que el demandado fuera dueño de otros carros. Se ha probado, además, que el rótulo que tenía el carro llevaba el nombre de la lechería o vaquería del demandado y el número de la licencia. Esto, unido a la admisión contenida en la contestación, es suficiente para establecer la presunción, que no ha rebatido el demandado, de que el carro le pertenecía.
“Somos de opinión qne, tanto en cnanto a este punto como al de la agencia del conductor del carro, es aplicable la jurisprudencia relacionada con los mismos hechos en cuanto a vehículos de motor. Véase 9 Blashfield, Cyclopedia of Automobile Law and Practice 338; Tieman v. Red Top Cab Co., 3 P. (2d) 381; Mann v. Stewart Sand Co., 243 S. W. 406 y 96 A.L.R. 638.
“En cuanto a la agencia, véanse los casos de Sánchez v. Asiatic Petroleum Co., 40 D.P.R. 104; Almodóvar v. Acosta, 43 D.P.R. 201; Lotti v. McCormick Lumber Co., 51 D.P.R. 334; Morales v. Otero, 53 D.P.R. 569 y Aponte v. Palacios, 55 D.P.R. 697, que sostienen la doctrina de que la prueba de que el demandado era dueño del vehículo que causó los daños crea la presunción juris tantum de que la persona que lo guiaba era empleada o agente del demandado y que actuaba en el curso del desempeño de sus atribuciones.
“De acuerdo con los hechos probados, somos de opinión que el conductor del carro fué negligente al no seguir por su derecha y permitir que se desviara hacia la izquierda de la calle, sin tocar aviso de alarma y al arrollar al demandante, ocasionándole las con-tusiones y la fractura antes descritas.”

Hemos estudiado la jurisprudencia que se cita, mucha de ella de esta propia corte, y la encontramos aplicable. Nada más es necesario añadir. Los errores no fueron cometidos.

Por el séptimo error se levanta la cuestión relativa a la indemnización.

En su relación del caso y opinión apreciando rectamente la evidencia, la corte declaró probado:

“...que el demandante estuvo en la Clínica'San José desde el 18 de junio hasta el 28 de julio de 1937, donde hubo que inmovili-zarle la pierna derecha; que luego continuó recibiendo un trata-miento de fisioterapia hasta el día 16 de agosto, pero que no quedó con incapacidad alguna para el trabajo ni para andar;.que el demandante ganaba $40 mensuales y estuvo ausente de su trabajo desde junio 18 hasta agosto 19 de 1937; no se ha probado si el demandante recibió dinero alguno durante ese tiempo y tampoco si fué compensado en alguna forma por las lesiones que recibió en el accidente, aun cuando podamos presumir, como dice el demandado, que estaba asegurado en el Negociado de Compensaciones del Gobierno Federal, aunque es cierto que el demandante no ha probado que tuviera que pagar nada por el tiempo que estuvo en el hospital ni por el tratamiento que recibió. No ba habido, por lo tanto, prueba de daños específicos. Sí se ba probado, sin embargo, que las lesiones y tratamiento ocasionaron al demandante dolores y molestias, las que en él parecían mayores por su temperamento nervioso.”

Bajo esos hechos, su conclusión fijando la indemnización en quinientos dólares no es errónea, sino razonable.

El octavo y último de los errores señalados corresponde al segundo recurso de apelación, el establecido contra la resolución reduciendo y aprobando como reducido el memorándum de costas.

La corte concedió una indemnización de dos dólares a cada uno de los siete testigos del demandante que compare-cieron y el apelante- sostiene que como sólo declararon cinco la indemnización concedida a dos no está autorizada por la ley, y sostiene además que habiéndose reclamado tres mil dó-lares por daños y perjuicios y concedídose quinientos, no fué temerario al defenderse y no debió condenársele al pago de las costas.

En cuanto al primer extremo consta del récord que el abogado renunció a la declaración de dos de sus testigos por tratarse de prueba acumulativa. Todos comparecieron por la mañana y por la tarde y estuvieron sujetos a las reglas de la corte.

La ley aplicable — la 94 de 1937, pág. 239, enmendatoria del artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil — dispone que se pagarán “dos (2) dólares por cada testigo y por cada día de asistencia a la corte, más millaje para ida y vuelta a su residencia”, apartado tres del artículo como enmendado, de suerte que la comparecencia es la que debe tomarse en consideración. No erró, pues, la corte, al así resolverlo.

Claro es que si abusivamente una parte llevara a la corte un gran número de testigos innecesarios para no llamarlos luego a declarar y con el único propósito de reclamar des-pués la indemnización de ley, surgiría un caso distinto. Aquí la actitud previsora de la parte está justificada. Pudo haber necesitado las declaraciones que no uso, si aquellas de que se valió le hubieran faltado o no hubieren sido del todo sufi-cientes.

Y en cuanto a la temeridad, aparte de que a los efectos de la imposición de las costas solamente no es nece-sario que exista, ya que las costas siguen a la sentencia por mandato de la ley, parece conveniente decir que si bien la rebaja en la cuantía de la indemnización es una circunstancia favorable a considerar, no lo es de tal naturaleza que impli-que en absoluto la falta de temeridad del demandado al de-fenderse cuando como en este caso el énfasis de su defensa no fue puesto en una cuestión de cuantía si que en la no existencia de responsabilidad alguna por su parte y en ello no se le da la razón.

Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sen-tencia y la resolución apeladas.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    En el Asunto de la Moción de Herminia Colón Vda. de Semidey, Etc. El Pueblo de Puerto Rico, opositor y apelado; Comisión de Servicio Público, apelante.
    Núm. 8296.

    Sometido: Junio 13, 1941.

      Resuelto: Julio 23, 1941.

      Tomás Torres Pérez, abogado de la apelante; IIon. Procurador General George A. Malcolm, y Pablo Defendini, Subprocurador Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión, del tribunal.

La Comisión de Servicio Público de Puerto Rico, por Ordenanza de mayo 28 de 1937, aprobada por el G-obernador, concedió a doña Herminia Colón Vda. de Semidey un per-miso revocable para usar 144 litros de agua por segundo, de "una quebrada, en conexión con las operaciones de la central azucarera “Herminia,” en el municipio de Yillalba. La sec-ción 5a. de dicba ordenanza lee como sigue:

“Sección 5a. — Dentro de treinta días después de la aprobación de esta franquicia por el Gobernador de Puerto Rico el concesionario deberá radicar en esta Comisión su aceptación por escrito de esta franquicia y pagará al Tesorero de Puerto Rico la compensación fijada por esta Comisión en orden de mayo 13, 1932, y enmiendas a la misma; y además pagará al Tesorero de Puerto Rico' todos los impuestos adeudados por el agua que ha sido usada de esta corriente, de acuerdo con lo estipulado en la Ordenanza 471 y decretada por lá Comisión de Servicio Público de Puerto Rico el 20 de enero de 1920.”

En enero 11, 1938, la concesionaria pidió a la Comisión ■de Servicio Público que enmendase la sección 5a. de la fran-quicia “en el. sentido de qne la peticionaria no viene obli-gada a satisfacer contribuciones de agua adeudadas por otras franquicias anteriores y qne sólo está obligada a pagar las-que se deriven de la presente franquicia.”

En la petición se alegó que por escritura de 13 de abril de 1932 otorgada a su favor por el síndico en la quiebra de “Central Juliana, Inc.,” la peticionaria adquirió, libre de' gravámenes, todas las propiedades de dicba corporación; que' de acuerdo con las condiciones de la venta, la peticionaria, adquirente no se obligó a pagar contribución alguna exigible bajo cualquiera otra franquicia; que el Tesorero de Puerto-Rico trata de cobrarle no solamente las contribuciones que adeudaba Central Juliana, Inc., si que también las no sa-tisfechas por Walter McK Jones, anteriores al 1932; que ésta es una franquicia nueva, sin conexión alguna con otra franquicia anterior; que la peticionaria aceptó la nueva fran-quicia, incluyendo la cláusula 5a., pero alega especialmente que dicha cláusula fué intercalada sin su previo conocimiento y sin haberse tratado ese punto bajo ningún aspecto, siendo así sorprendida la peticionaria; que la peticionaria entendió-que dicha cláusula intercalada no la perjudicaría y que ha-bía sido incluida como un mero formulismo de la comisión; que de haberse dado cuenta la peticionaria del alcance de dicha cláusula, de ninguna manera la hubiera aceptado y habría solicitado su eliminación; que el Tesorero tuvo am-plia oportunidad para cobrar los cánones, bien cobrándoselos directamente al Sr. McK Jones o interviniendo en la quie-bra de Central Juliana, Inc.; y que no debe aprovecharse del error de la peticionaria para obligarla a pagar lo que no-adeuda.

Se opuso El Pueblo de Puerto Rico a la enmienda solici-tada, (a) porque la comisión carece de facultad para condo-nar una obligación contraída por la peticionaria con El Pueblo de Puerto Rico; (b) porque la petición no revela mérito-alguno que justifique la concesión que se pretende; y (c> porque no es cierto que la franquicia otorgada a la peticio-naria sea nna nueva franquicia, concedídale sin considera-ción a otra franquicia anterior, y sí es cierto que dicha fran-quicia fue concedida, en parte, en consideración al pago de todos los impuestos adeudados bajo la franquicia concedida por virtud de la Ordenanza núm. 471 de enero 20 de 1920.

En julio 19 de 1939, la Comisión de Servicio Público con-cedió la enmienda solicitada. Apeló El Pueblo de Puerto Rico para ante la Corte de Distrito de San Juan, la cual dictó una orden interlocutoria de suspensión (supersedeas) de la resolución recurrida. En contestación a la petición, alegó la comisión que está facultada para enmendar franqui-cias por las disposiciones de la Ley Orgánica, el. artículo 60 de la ley núm. 70 de 1917 (Leyes de 1917 (2) pág. 433), y la jurisprudencia en el caso de South Porto Rico Sugar Company v. Muñoz, 28 F. (2d) 820; P.U.R. 1929 B, pág. 629.

Visto el caso, la Corte de Distrito de San Juan dictó sen-tencia dejando sin efecto la resolución de la comisión por no estar sostenida por la prueba y ser contraria a la ley. La comisión interpuso el presente recurso, y para sostenerlo alega que la corte sentenciadora incurrió en error: (1) al resolver que la facultad de enmendar franquicias es sólo de efecto prospectivo; (2) al distinguir entre El Pueblo de Puerto Rico y la comisión en asuntos de franquicias; (3) al confundir una orden fijando una tarifa, con una declaración o determinación para enmendar una franquicia; y (4) al exigir prueba de hechos admitidos por las partes interesadas.

Consideraremos los cuatro señalamientos conjuntamente.

De la transcripción del récord taquigráfico de la vista celebrada ante la comisión, no aparece que se practicara prueba alguna para sostener las alegaciones de la moción sobre aclaración de la franquicia. Dichas alegaciones envol-vían, a nuestro juicio, serios cargos e imputaciones contra la Comisión de Servicio Público, que ésta debió tomarse inte-rés en investigar.

Los términos de la franquicia concedida a la señora Se-midey son tan claros y precisos, que no puede haber duda alguna en cuanto a la intención y significado de los mismos. Sin embargo, no obstante haber tenido un período de treinta días, a partir de la fecha de su aprobación por el Goberna-dor, para aceptar la franquicia y haberla aceptado tal como fue aprobada, la concesionaria compareció seis meses des-pués de tal aceptación en solicitud que se le relevase de la obligación por ella contraída a virtud de la citada sección 5a. de la franquicia. Basó su petición en las siguientes ale-gaciones de hechos:

A. Que en ningún momento durante la discusión de la franquicia se trató ni se trajo a discusión contribuciones de agua adeudadas por otras franquicias anteriores.

B. Que debido al trámite que se llevó en la discusión de la franquicia y “el haberse intercalado dicha condición sin previo conocimiento de la misma, ni haberse tratado ese punto bajo ningún aspecto, todo esto contribuyó a ser sor-prendida. ’ ’

C. Que la concesionaria entendió que la sección 5a. se ha-bía intercalado “como un mero formulismo de la Hon. Co-misión. ’ ’

Sobre esos hechos, que imputan a la comisión el haber recurrido a prácticas que de ser ciertas merecerían nuestra censura, no se presentó prueba alguna. En la vista cele-brada para discutir la cuestión legal planteada por El Pueblo de Puerto Rico, en cuanto a si la comisión tiene o no poderes para hacer la enmienda solicitada, el Presidente de la Comi-sión se expresó así: “Si resolvemos que la comisión tiene poderes, y resuelve oírles, consideraremos el fondo de la cuestión.” En julio 21 de 1939, más de un año después de discutida la cuestión legal a que nos hemos referido, la co-misión sin oír a las partes y sin que se practicase prueba alguna tendiente a substanciar las alegaciones de la petición, declaró ésta con lugar, basándose únicamente en el informe de su asesor legal.

Que la Comisión de Servicio Público tiene facultad para enmendar, alterar o cancelar las concesiones" de franquicias es cuestión fuera de toda duda. South Porto Rico Sugar Co. v. Muñoz, 28 F. (2d) 820. La sección 39 de la Ley Orgánica requiere que todas las concesiones de franquicias dispondrán que las mismas estarán sujetas a enmiendas, alteración o cancelación. La ley núm. 70 de 1917 en su artículo 54 con-tiene idénticas disposiciones y declara que la comisión ten-drá poder para alterar, enmendar, modificar o derogar cual-quier franquicia que baya sido concedida por el Consejo Ejecutivo. La comisión no puede, sin embargo, ejercitar esas facultades caprichosa o arbitrariamente, ni dictar órde-nes o resoluciones que puedan afectar derechos adquiridos al amparo de una franquicia, sin reconocer a la parte inte-sada todos aquellos derechos que constituyen un debido pro-cedimiento de ley. El legislador ha fijado reglas a las cua-les debe ajustarse la comisión, y a ese efecto ha dispuesto por la ley núm. 70 de 1917, entre otras cosas, que el testi-monio dado ante la comisión debe ser tomado por escrito (see. 68); que cualquier parte en el procedimiento, que sea afectada, podrá apelar (see. 78); que al ser apelado un caso, la comisión se convierte en parte demandada, y una vez ra-dicada su contestación, el caso está listo para ser oído (sees. 79-82); que la corte es la llamada a resolver si la orden re-currida es razonable y si ha sido dictada de acuerdo con la ley (see. 83); que en caso afirmativo, la corte debe desesti-mar el recurso y confirmar la orden, pero si encuentra que la orden no es razonable o que está basada en evidencia in-competente o es en cualquiera otra forma contraria a la ley, la corte debe revocar la orden o devolver el caso a la comi-sión (see. 85).

La Corte Suprema Federal, en Public Service Commission v. Havemeyer, 296 U. S. 506, 80 L. Ed. 357, confirmando la sentencia dictada por esta Corte Suprema (45 D.P.R. 698), definió el alcance de la jurisdicción de los tribunales para revisar las resoluciones de la Comisión de Ser-vicio Público, expresándose así:

“En la apelación,. la corte de distrito no estaba autorizada para sustituir por los de la comisión sus propios puntos de vista sobre cuál acción hubiera sido justa o debiera haberse tomado, ni para ejercer ninguna función legislativa, ejecutiva o administrativa. Su única jurisdicción era para -decidir, con vista del récord que le ha sido certificado por la comisión, si la orden era (1) razonable, (2) de conformidad con la ley, (3) basada en evidencia incompetente. ‘Razonable,’ en el sentido en que aquí se usa, significa que no sea ‘caprichosa,’ ‘arbitraria’ o ‘confiscatoria.’ Si la orden de cancela-ción era razonable en el sentido de que no iba más allá de los límites permitidos, es una cuestión de derecho.... El alcance concedido a las resoluciones y sentencias de la corte es significativo. Solamente puede resolver las cuestiones de derecho planteadas por la apelación y con-firmar o revocar la orden o devolver el récord a la comisión para ulteriores procedimientos. Carece de autoridad para enmendar o modificar una orden de la comisión. La jurisdicción y deberes de la Corte Suprema y de la Corte de Circuito de Apelaciones son en todo similares a los de la corte de distrito. Ninguna de ellas tiene facultades o funciones que no sean estrictamente judiciales.”

¿ Es la orden recurrida razonable y conforme a de-recho? ¿Está dicha orden basada en evidencia competente? Ambas preguntas deben ser contestadas negativamente.

Al aceptar la concesionaria la franquicia que fue apro-bada por el Gobernador, quedó perfeccionado un contrato entre ella y El Pueblo de Puerto Rico, siendo la causa o con-sideración de dicho contrato los pagos que la concesionaria se comprometió a hacer por virtud de la sección 5a., cuya eliminación se pide. Desde ese momento, El Pueblo de Puerto Rico adquirió el derecho a exigir de la concesionaria el pago de las cantidades que los concesionarios anteriores dejaron de pagar por aguas utilizadas para beneficio de la misma central de que ahora es dueña la concesionaria. No nos parece razonable que se permita a la concesionaria continuar disfru-tando de los beneficios de la franquicia y que se la exima de cumplir una obligación que asumió libremente para beneficio de El Pueblo de Puerto Rico. La corte inferior no erro al sostener que la comisión no está autorizada para aprobar enmiendas con efecto retroactivo en detrimento de derécbos adquiridos por una tercera persona. Véase 51 C. J. 64 y 65, párrafos 118 y 119. Tampoco erró al sostener que la orden recurrida es nula por baber sido dictada sin prueba para sos-tenerla.

La contención de la apelante de que la corte inferior erró “al distinguir entre El Pueblo de Puerto Rico y la Comisión de Servicio Público en asuntos de franquicias,” carece de méritos. La comisión y El Pueblo de Puerto Rico son enti-dades distintas y separadas. El dominio de las aguas pú-blicas corresponde a El Pueblo de Puerto Rico, según lo dis-pone el artículo 414 y siguientes del Código Civil. La facul-tad que tiene la Comisión de Servicio Público para otorgar franquicias, derechos, privilegios o concesiones para el apro-vechamiento de las aguas públicas para usos particulares, le ha sido conferida por el artículo 52 de la Ley de Servicio Público de Puerto Rico, núm. 70 de 1917. El Pueblo de Puerto Rico, como dueño de las aguas públicas, tiene interés en que las concesiones para su utilización se ajusten a la ley y que no sean alteradas o enmendadas en forma tal que pueda ■afectar los derechos adquiridos por El Pueblo a virtud de la franquicia original.

Por las razones expuestas debe confirmarse la sentencia .recurrida y devolverse el caso a la Comisión para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Lino Padrón Rivera, peticionario, v. Hon. Rafael Cordovés Arana, Juez de la Corte de Distrito de San Juan, demandado.
    Núm. 1254.

    Sometido: Julio 21, 1941.

      Resuelto: Julio 23, 1941.

      Cayetano Coll y Cuchí j Diego O. Marrero, abogados del peticionario; Edelmiro Martínez Rivera, abogado del interventor, demandante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El Pueblo de Puerto Rico, a instancia de Luis A. Castro,, radicó un recurso de quo warranto en la corte inferior, contra Lino Padrón Rivera, alegando: que el querellante, Luis A. Castro, a virtud de nombramiento expedídole el 11 de sep-tiembre de 1931, viene desempeñando el cargo de Secretario de la Capital con una compensación anual de $4,500; que el 21 de abril de 1941, sin que el querellante hubiera renunciada ni abandonado el referido cargo de Secretario de la Capital y sin que hubiese sido suspendido ni destituido de su empleo por el Administrador de la Capital, el querellado Lino Pa-drón prestó juramento de toma de posesión del indicado cargo y desde entonces lo viene desempeñando ilegalmente y contra la voluntad del querellante. Expone inmediatamente des-pués las razones por las cuales, a su juicio, el querellado- ca-rece de título o derecho para desempeñar las funciones del cargo en controversia y termina la petición con la siguiente súplica:

“Por todo lo cual el querellante respetuosamente solicita se le admita la presente información de quo luarranto y se investigue el título o derecho que alega tener el querellado Lino Padrón Rivera para ejercer las funciones del cargo de Secretario de la Capital, y que una vez oídos que sean el querellado y el querellante, se dicte un fallo que declare que el querellado Lino Padrón Rivera ha usur-pado y ejerce ilegalmente las funciones correspondientes al cargo de Secretario de la Capital en el que deberá cesar inmediatamente, con cualquier otra providencia que el tribunal estime propia y adecuada, condenando además al querellado al pago de las costas, gastos y honorarios de abogado del querellante.”

Posteriormente, el 15 de mayo último, el querellante ra-dicó un escrito que tituló “Moción interesando orden prohi-bitiva”, en el que luego de exponer que el Auditor y el Te-sorero del Gobierno de la Capital, en el ejercicio de sus res-pectivas funciones, intentan autorizar y efectuar el pago al querellado Lino Padrón Rivera de la compensación asignada al Secretario de la Capital, con cargo a los fondos públicos en poder y bajo la custodia de dichos funcionarios, solicita que como medida provisional encaminada a impedir el desem-bolso indebido a favor del querellado de los fondos del Go-bierno de la Capital en perjuicio del querellante, se dicte una orden bajo las disposiciones de la Ley para Asegurar la Efec-tividad de Sentencias, encaminada a impedir el pago al que-rellado de la compensación del cargo que desempeña de Se-cretario de la Capital, mientras y hasta tanto se resuelva en definitiva sobre su derecho o título al mismo. Después de oír a las partes, la corte inferior, por resolución del 19 del mes pasado, ordenó a Juan Carreras, en su carácter de Te-sorero del Gobierno de la Capital, y a Rafael Cabrera, en el de Auditor del mismo gobierno, que se abstengan de efec-tuar pago alguno al querellado Lino Padrón Rivera por con-cepto del sueldo como Secretario de la Capital mientras se resuelve este litigio o hasta nueva orden del tribunal, previa prestación de fianza por parte del querellante para responder al querellado de los daños y perjuicios que puedan oca-sionársele por consecuencia del aseguramiento.

Argumentando su resolución, el juez inferior se expresó así:

“No existiendo en nuestros estatutos disposición alguna similar al artículo 936 del Código Político de California, tal como regía en 1891, o tal como rige en la actualidad, que asegure al funcionario de jure el pago completo del sueldo inherente al cargo cuando el mismo le haya sido usurpado o que autorice el pago de dicho sueldo al incumbente que tenga la condición de funcionario de facto, creemos que es de justicia y de equidad adoptar alguna medida para proteger los derechos del querellante, que hasta ahora estamos obligados a considerar como el funcionario de jure, así como los derechos del Pueblo, tratando de evitar que el Gobierno de la Capital se vea lufego obligado a pagar dos veces por un mismo cargo...”

Para revisar la predicha orden sobre aseguramiento de sentencia, interpuso Lino Padrón Rivera el presente, recurso de certiorari. En la vista señalada al efecto, en la cual es-tuvieron representados el peticionario y el Sr. Castro como interventor, se informó oralmente y luego se presentaron ex-tensos alegatos de una y otra parte sobre la procedencia de la orden de aseguramiento de sentencia en el caso de quo warranto. A nuestro juicio la cuestión primordial y de-cisiva en este recurso es la siguiente: .¿puede embargarse el salario de un funcionario público? La regla en esta juris-dicción, así como en los Estados Unidos, es al efecto de que los sueldos de los empleados públicos están exentos de embargo. Esta regla está basada en una razón de orden pú-blico, cual es, que de permitirse tal embargo, se perjudicaría grandemente el gobierno que deba recibir los servicios de ese empleado, pues se presume que el empleado así privado de su sueldo no prestará sus servicios con la misma eficiencia que lo haría teniendo el estímulo de recibir a su debido tiempo la compensación de su trabajo.

En el caso de Blanco v. Carballeira, Juez, 41 D.P.R. 533, la corte municipal se negó a decretar el embargo del sueldo de un empleado del gobierno. A virtud de una solicitud de certiorari interpuesta en la corte de distrito, ésta también se negó a concederlo. La resolución de la corte de distrito de-negando el certiorari fue confirmada por este tribunal, por el fundamento de que tales sueldos no eran embargables de acuerdo con la ley.

A este efecto se dice en 22 R.C.L. 547, sección 247:

"EMBARGO DE LOS EMOLUMENTOS DE UN CARGO. — El Sueldo de Un funcionario del Estado en poder del oficial pagador del gobierno no está sujeto al pago de sus deudas mediante embargo (garnishment) ni pueden tales procedimientos ser instituidos contra una corpora-ción municipal para embargar los salarios de sus funcionarios públicos. Esta restricción no depende necesariamente de estatutos a ese efecto, aunque la Ley Común frecuentemente está suplementada por disposi-ciones estatutarias eximiendo de embargo los salarios de funcionarios públicos. La verdadera razón de la regla que probibe el embargo de los sueldos de funcionarios públicos está predicada en cuestiones de orden público. Las razones alegadas son que de permitirse el embargo, podría arruinar el servicio público; obligar al funcionario a abandonar el cargo; e impedirle ganarse la vida: todo ello en detri-mento de los intereses y de la conveniencia públicos.”

Vamos a asumir, a los efectos del argumento, que no existe la prohibición de embargar el sueldo de un funcio-nario público. ¿Procedería tal embargo en el caso de quo ■warranto que nos ocupa?

El artículo Io. de la Ley para Asegurar la Efectividad de Sentencias prescribe:

"Toda persona que demandare en juicio el cumplimiento de una ■obligación, podrá obtener una resolución del tribunal que conociere de la demanda, adoptando las medidas procedentes, según los casos, para asegurar la efectividad de la sentencia que haya de dictarse en el caso de prosperar la acción ejercitada.”

¿Cuál sería la sentencia que habría de dictarse en este caso si prosperase la acción ejercitada? Veamos lo que dice la súplica:

"...que se dicte un fallo que declare que el querellado Lino Padrón Rivera ha usurpado y ejerce ilegalmente las funciones ■correspondientes al cargo de Secretario de la Capital en el que deberá cesar inmediatamente, con cualquier otra providencia que él tribunal estime propia y adecuada, condenando además al querellado al pago de las costas, gastos y honorarios del abogado del querellante.”

Ni de las alegaciones ni de la súplica de la solicitud de quo warranto aparece que el demandante solicite dentro de este procedimiento cantidad alguna por concepto de sueldos. Si se alegare que la frase “con cualquier otra providencia que el tribunal estime propia y adecuada,” debe entenderse como la petición de un pronunciamiento ordenando el pago o devolución de sueldos, a pesar de que el Gobierno de la Capital no es parte demandada, aun así, la corte no podría hacer tal pronunciamiento por no autorizarlo el artículo 6 de la Ley estableciendo el auto de Quo Warranto (art. 645, Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933). Dicho precepto legal circunscribe la sentencia a despojar a la persona del cargo a que se refiere la petición, y a imponerle a discreción del tribunal, una multa y “el pago de las costas de las ac-tuaciones.” El citado artículo 6 a que nos hemos referido,, dice así:

“En caso que alguna persona o corporación contra quien se haya hecho la petición resultare culpable, la corte podrá dictar su fallo, despojando la dicha persona o corporación del cargo o franquicia a que se refiere la petición, y podrá multar a dicha persona o corpora-ción por la usurpación o desempeño ilegal de tal cargo, o de dicha franquicia, o su intrusión en él o en ella, y podrá también imponer al demandado el pago de las costas de las actuaciones. Disponiéndose, que en lugar de sentencia de despojo de franquicia, la corte podrá multar a la persona o corporación que resultare culpable, en una suma que no excederá de cinco mil dollars por cada falta. Y dispo-niéndose, además que siempre que se dicte sentencia declarando que el demandado ha usurpado o ejerce ilegalmente las funciones de algún cargo público, dicho demandado deberá cesar inmediatamente en el desempeño de tal cargo, abandonando el mismo, y si dejare de hacerlo, la corte, a solicitud del Attorney General, y de cualquier otra persona con interés en el cargo, ordenará que se libre mandamiento de marshal, ordenándole proceder al lanzamiento del demandado.”

Como hemos visto, la Ley sobre Aseguramiento de Senten-cias no autoriza a asegurar una que no pueda dictarse den-tro del pleito. Una vez dictada la sentencia reconociendo al querellante el derecho al cargo en controversia, podrá él de-mandar en otra acción el pago de los sueldos a que tenga derecho, en caso de no serle pagados voluntariamente por el Gobierno de la Capital, y sería dentro de ese pleito donde él podría obtener una sentencia que ordenase el pago de los salarios adeudados.

Véase a este efecto 22 Ruling Case Law 719, sección 42.

El caso de Hayward v. Long, 114 A.L.R. 1130, en que tanto énfasis pone el querellante, no tiene aplicación al pre-sente. En dicho caso el funcionario de facto que venía ocu-pando cierto cargo público era perturbado en el desempeño del mismo por otra persona que alegaba ser el funcionario de jure y quería lanzarlo del cargo. El funcionario de facto solicitó y obtuvo un auto de injunction contra el funcionario de jure, ordenándole que se abstuviere de perturbar al de-mandante en el desempeño de su cargo mientras él, el deman-dado, no obtuviese sentencia en un procedimiento en ley der clarándole con derecho al cargo en controversia.

En el caso de Hayward, supra, no hubo embargo ni mu-cho menos embargo de sueldos.

A nuestro juicio, la resolución de la corte inferior que motiva este recurso infringe tanto la Ley para Asegurar la Efectividad de Sentencias como la que establece el recurso de quo warranto, que no autoriza el pronunciamiento que dicha corte se propuso asegurar.

Procede, por lo expuesto, declarar con hogar la solicitud de certiorari, y consecuentemente anular la resolución dic-tada en este caso el día 19 de junio de 1941 motivo de este recurso, debiendo devolverse a la corte inferior los ■autos originales del citado pleito de quo warranto para ulteriores procedimiento no inconsistentes con esta opmión.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Andrés Correa, acusado y apelante.
    Núm. 8809.

    Sometido: Julio 15, 1941.

      Resuelto: Julio 23, 1941.

      Rogelio Fernández Garzot, abogado del apelante; Ilon. Procurador General Interino Emilio de Aldrey, R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fné acusado de los delitos de atentado a ]a vida y de portar armas prohibidas. El caso de portar ar-mas fué sometido por la misma prueba que desfiló ante el jurado en el de atentado a la vida. En este último el jurado no llegó a un veredicto. En el de portar armas, el acusado fué declarado culpable y sentenciado a seis meses de cárcel. En un juicio posteriormente celebrado otro jurado lo absol-vió del delito de atentado a la vida.

El presente recurso fue interpuesto contra la sentencia de seis meses de cárcel impuéstale por el delito de portar armas prohibidas. Fundamentándolo, alega el apelante que el juez inferior erró en la apreciación de la prueba y que en la hipótesis de que tal error no exista, la pena de seis meses de cárcel que se le impuso es excesiva.

La prueba de cargo sostiene la sentencia. De ella resulta que en la noche del 27 de mayo de 1937 el acusado en una vía pública infirió una herida con un' cuchillo de cocina a Luis Rodríguez. Varios testigos vieron el arma, la que fue encontrada horas después del suceso y entregada a la policía, presentándose en evidencia luego dé haber sido debidamente identificada. De los dos testigos presentados por el acusado, uno solo fue interrogado en relación con el arma, limitándose a declarar que presenció el arresto del acusado y que no vió que le ocuparan arma alguna.

El hecho de que el acusado ha sido absuelto del delito de atentado a la vida en nada puede afectar la con-clusión a que llegara el juez en su apreciación de la prueba respecto al de portar armas. Además, se trata de dos de-litos distintos, y aunque hubiere sido el mismo juez quien hubiese declarado al acusado no culpable de atentado a la vida, ello no implicaría necesariamente que debiera absol-verlo del de portar armas, pues los elementos constitutivos de uno y otro delito son enteramente distintos.

La circunstancia de haberse sometido el caso de portar armas por la misma prueba presentada en el de aten-tado a la vida no equivale a una declaración de culpabilidad y por consiguiente no tendría que tomarla en cuenta el juez sentenciador para imponer una pena menor de la máxima señalada por la ley. Los casos de El Pueblo v. Laureano, 34 D.P.R. 209, Pueblo v. Liceaga, 36 D.P.R. 443, y Pueblo v. Bocanegra, 52 D.P.R. 382, invocados por el acusado, no sostienen su tesis, pues en todos ellos los acusados hicieron declaración de culpabilidad, circunstancia ésta que no con-curre en el caso de autos. La pena impuesta no excede del máximo que señala la ley. Tampoco existe razón legal al-guna que nos justifique en intervenir con la discreción del juez sentenciador al imponerla y por consiguiente no debe-mos alterarla.

No habiéndose demostrado la existencia de los dos erro-res señalados ni apareciendo de los autos que se cometiera algún otro por el cual se hubieren lesionado los derechos sustanciales del acusado, procede la confirmación de la sen-tencia.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Je.,

text:
    Caguas Company, Inc., demandante y apelada, v. Alejandro López Fauct, demandado y apelante.
    Núm. 8133.

    Sometido: Mayo 9, 1941.

      Resuelto: Julio 23, 1941.

      Mimoso, Vendrell & Mimoso y Rafael Soltero Peralta, abogados del apelante; Fiddler, McConnell & González y Erna Luz Cardona, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Todd, Je.,

emitió la opinión del tribunal.

Caguas Company, Inc., corporación organizada de acuerdo con las leyes del Estado de Maryland, demandó en la Corte de Distrito de San Juan a Alejandro López Fanct en cobro de nn pagaré por $26,482.11, suscrito por el demandado el día 10 de diciembre de 1931 a la orden de The United Porto Pican Bank, a vencer el 30 de junio de 1932, con intereses al 9 por ciento anual desde su vencimiento, pagaré que a vir-tud de pagos parciales quedó reducido a la suma de $24,034.33. Se alega en la demanda que United Porto Pican Bank endosó y entregó el pagaré a The National City Bank of New York, quien lo endosó y entregó a la East Porto Pican Sugar Company, quien a su vez lo endosó y entregó a la demandante que es hoy su dueña, no habiendo sido pagado por el deman-dado. A petición de éste el caso fue trasladado a la Corte de Distrito de Humacao.

En su contestación el demandado negó sustancialmente'' los hechos alegados en la demanda y como defensas especia-les, en síntesis, alegó lo siguiente:

■ “1. — Que la demandante no está autorizada para hacer negocios, en Puerto Rico.
“2. — Que el pagaré es uno de varios garantizados por gravamen refaccionario según los términos de un contrato otorgado por el demandado y United Porto Rican Bank comprensivo de las zafras del 1932 al 1935, y que no apareciendo que el contrato refaccionario fuera cedido a* la demandante, ésta no está en posición de exigir el pago del pagaré.
“3. — Que el demandado se vio imposibilitado de solventar el pagaré por cuanto perdió las cañas refaccionadas, y por él sembradas en terrenos arrendádosle por la United Porto Rican Sugar Company (of Porto Rico), de la cual corporación se alega era subsidiaria The United Porto Rican Bank, por la razón de que, estando la prünera insolvente, el síndico de la misma rescindió el arrendamiento, viéndose el demandado obligado a abandonar sus cosechas, y habiendo entonces el United Porto Rican Bank suspendido los adelantos refaccionarios estipulados en el contrato a que ya se ha hecho referencia.”

Celebrado el juicio correspondiente la corte inferior de-claró con lugar la demanda y de esa sentencia apela el de-mandado alegando que la corte inferior cometió siete erro-res, a saber, primero, al interpretar el artículo 401 del Có-digo de Comercio; segundo, al interpretar los artículos 37 y 38 de la Ley de Corporaciones Privadas; tercero, al in-terpretar el artículo 410 del Código de Comercio; cuarto, al interpretar el artículo 405 del mismo código; quinto, al apre-ciar la prueba; sexto, al apreciar la prueba perjudicando los derechos del apelante, y séptimo, al condenar al demandado-ai pago de las costas, desembolsos y honorarios de abogado.

Comenzaremos por resolver el segundo señalamiento de error, o sea el que se refiere a la interpretación de los; artículos 37 y 38 de la Ley de Corporaciones Privadas de marzo 9, 1911, a virtud de la cual se desestimó la primera defensa del demandado al efecto de que la demandante no tiene capacidad para iniciar este litigio. Esta misma cues1 tión fue planteada y resuelta a favor de la demandante en el reciente caso de Caguas Company, Inc. v. Mombille, 58 D.P.R. 300. Al igual que en dicho caso en el de autos se probó que los negocios de la demandante consistieron en haber adqui-rido, entre otros, el pagaré objeto de esta acción y que dicha transacción según la declaración del testigo del propio de-mandado, Isidro Quiñones, empleado de la demandante, ocu-rrió en los Estados Unidos. A la página 116 de la trans-cripción de evidencia aparece dicho testigo declarando lo si-guiente :

“¿Cuándo fué que adquirió la Caguas Company, Inc., los prés-tamos o la responsabilidad del pago de esos préstamos que le hizo el National City Bank al United Porto Rican Bank?
“R. — Yo no sé exactamente la fecha en que lo adquirió, porque son operaciones que se hacían en el Norte.” (Itálicas nuestras.)

No hay prueba alguna que tienda a demostrar que la der mandante celebrara contratos en Puerto Pico y se admitió que la demandante no cumplió con las formalidades legales que exigen los artículos 37 y 38 de la Ley de Corporaciones Privadas para poder hacer negocios en Puerto Rico, pero ya se resolvió en el caso de Caguas Company, Inc. v. Mombille, supra, ratificando jurisprudencia anterior de este tribunal, y citamos del resumen:

“Una corporación extranjera que no haga negocios en la isla tiene capacidad para demandar en nuestros tribunales en cobro de pagarés de los cuales sea tenedora. Su mera tenencia de los pagarés, sin más, no quiere decir que haga negocios aquí a los efectos de venir obligada a cumplir con el deber que le impone el artículo 38 de la Ley de Corporaciones Privadas de 1911, enmendado por la núm. 31 de 1916 (pág. 83), como condición precedente a su derecho> a demandar.”

No existe el error.

El artículo 401 del Código de Comercio, que se dice ■en el primer error que fué mal interpretado por la corte inferior, es el artículo 49 de la Ley Uniforme de Instrumentos Negociables aprobada en el año 1930 (Ley núm. 17 de 1930, pág. 173) y dice así:

“El tenedor de un documento puede tachar en cualquier momento todo endoso que no sea necesario a su derecho. Los endosantes cuyos endosos sean tachados, y todos los subsiguientes quedan por ese hecho relevados de responsabilidad por el documento.”

El pagaré objeto de la reclamación en este caso fué en-dosado por varias entidades que en distintas épocas fueron tenedoras de dicba obligación. Aparece, sin embargo, que el primer endoso hecho por The United Porto Rican Bank, por su Comptroller M. B. Manwaring, fué un endoso en blanco, es decir, no mencionaba endosatario alguno y, por tanto, era pagadero al portador y negociable mediante entrega. (Ar-tículo 387 Código de Comercio, artículo 35 Ley 17 de 1930.)

Habiéndose probado que la demandante era la tenedora de dicho pagaré, la corte inferior, aplicando el artículo 401, supra, resolvió que no era necesario discutir o tomar en con-sideración, no obstante haberse probado su regularidad, los endosos posteriores al primero hecho en blanco. Sostiene el apelante que el error consiste en que al disponer dicho ar-tículo que el tenedor de un documento puede “tachar” todo endoso que no sea necesario a su derecho esto tiene que ha-cerse “físicamente” en el documento, pasando una raya por encima de los endosos subsiguientes al endoso en blanco, cosa que no se hizo en el caso de autos. No creemos que deba interpretarse tan técnicamente el precepto citado.

En el caso de Parker v. Roberts, 243 Mass. 174, 137 N. E. 295, se presentó una situación parecida. Se expidió un pa-garé a la orden y el tomador {payee) lo endosó en blanco antes de su vencimiento. Posteriormente fué endosado el documento dos veces, siendo dichos endosos especiales. El ■último de éstos fue cancelado con un sello de goma pero no ‘■así el primer endoso especial a favor del Corn Exchange National Bank. No hubo prueba de cómo llegó el deman-dante a ser el tenedor del pagaré pero la Corte Suprema de Massachusetts aplicando el artículo 49 de la Ley Uniforme de Instrumentos Negociables, artículo 401, supra, resolvió le siguiente:

“El derecho del demandante a omitir el tener que trazar su título... a través de todos los endosantes subsiguientes y alegar que es el tenedor bajo el previo endoso en blanco le está conferido por el estatuto. (Citas) El pagaré por lo tanto será transferible, pol-la entrega y para todos los fines sería un pagaré al portador (citas).”

Se resolvió ésto, a pesar de que en la opinión se hace constar que, aparentemente de la faz del pagaré el título al mismo permanecía en el primer endosante especial, el Corn Exchange National Bank, ya que según dijo la corte “el tenedor de un pagaré que ha sido endosado en blanco se presume ser un tenedor de buena fe.”

En el caso de autos, habiéndose probado por la deman-dante que The United Porto Rican Bank endosó en blanco el pagaré librado por el demandado y que la demandante era la tenedora del mismo, tenía derecho a reclamar su importe, eliminando así de hecho, aunque no lo hiciera físicamente en el documento, los endosos especiales posteriores. Lo que el artículo 401, supra, autoriza en efecto, es que se elimine la necesidad de tener que trazar la cadena de títulos a tra-vés de los distintos endosos especiales y que el tenedor de buena fe del pagaré pueda establecer su título al mismo a base del endoso en blanco. Exigir que se tache físicamente todo endoso posterior sería dar más importancia a la forma que a la substancia del derecho concedido por la ley. No de-bemos olvidar, además, que este artículo que interpretamos lo que hace es relevar a los endosantes posteriores de res-ponsabilidad en el pagaré y no afecta para nada la que pueda tener el demandado como librador del mismo.

Por los señalamientos tercero y cuarto se alega •que la corte inferior cometió error de derecho al interpretar los artículos 410 y 405 del Código de Comercio. Estos ar-tículos disponen:

“Artículo 410. — (Artículo 59, Ley Núm. 17 de 1930, pág. 173.)— Todo tenedor de buena fe posee el documento libre de defectos en el título de propiedad de las partes que le hayan precedido, y sin responsabilidad en cuanto a las alegaciones que, en su defensa, pudieran utilizar esas mismas partes entre sí, y podrá exigir el pago del importe total del documento a todas las partes responsables de dicho pago. ’ ’
“Artículo 405. — (Artículo 53, Ley Núm. 17 de 1930, pág. 173.)— Tenedor de buena fe es el que ha tomado el documento con arreglo a las siguientes circunstancias:
“1. Que esté completo y sea regular en su apariencia;
“2. Que se convirtió en tenedor del mismo antes de estar vencido, y sin tener conocimiento de que su aceptación o pago había sido rehusado previamente, si ése fuere el caso;
“3. Que lo tomó de buena fe y por causa onerosa;
“4. Que cuando le fué negociado no tenía conocimiento de defecto alguno en el documento, o en el derecho de la persona que lo negoció. ’ ’

En la opinión dictada por la corte inferior en apoyo de la sentencia se exponen ampliamente las conclusiones de hecho y de derecho a qne llegó, de acnerdo con la prueba, en esta forma:

“La segunda defensa del demandado es que, habiéndose garanti-zado el pagaré por gravamen refaccionario, el pagaré no podía ser trasmitido válidamente a la demandante sin la cesión del contrato ■de refacción mediante el cual se garantizaba su pago. Esta defensa carece por completo de mérito. Equivale a sostener que no puede cederse un crédito sin que se cedan expresamente los derechos acce-sorios del mismo. El artículo 1418 del Código Civil, edición del 1930, expresamente dispone que la cesión de un crédito comprende la de todos los derechos accesorios, y en el caso de Crédito y Ahorro Ponceño v. Gorbia, 25 F. (2d) 817 se resolvió que un pagaré garan-tizado con gravamen refaccionario podía ser trasmitido válidamente sin que se cediera expresamente el contrato de refacción.
“El demandado alega además como defensa que el síndico de la United Porto Eican Sugar Company (of Porto Eico) rescindió el •contrato de subarrendamiento a base del cual el demandado poseía los terrenos sembrados y las cañas refaccionadas por el United Porto Riean Bank, y que al perder el demandado sus cañas el United Porto Rican Bank cesó de refaccionarlos. Asumiendo que las relaciones ■entre la United Porto Rican Sugar Company (of Porto Rico) y el United Porto Riean Bank, fueran tales que los actos de la primera perjudicaran u obligaran al segundo, y aun asumiendo que el deman-dado pudiera interponer contra la aquí demandante las defensas que pudiera tener contra la United Porto Rican Bank, no se presentó prueba alguna que indicara que estuviese injustificada la rescisión de dicho subarrendamiento y la prueba por el contrario indica que la rescisión obedeció a actos de incumplimiento por parte del deman-dado.
“Pero es que el demandado no puede interponer contra la deman-dante las defensas que pudiera tener contra el United Porto Rican Bank, aun cuando existieran tales defensas. Se trata, como hemos dicho, de un pagaré negociable. El artículo 410 del Código de Comercio dispone que el tenedor de buena fe de un documento nego-ciable posee el mismo libre de las defensas que pudieran existir contra las partes que le hayan precedido en la tenencia del documento. El ■artículo 411 dispone que un tenedor que derive sus derechos de los de un tenedor de buena fe, y que no haya sido parte en fraude o ilegalidad que afecte al documento, tendrá todos los derechos de dicho tenedor anterior. Por consiguiente, si la demandante, o cualquiera de los tenedores anteriores del pagaré, excepto el United Porto Rican Bank es, o fué, tenedor de buena fe, las defensas que pudiera t'ener ..el demandado contra el United Porto Riean Bank no pueden pros-perar.
“Según el artículo 405 del Código de Comercio, es tenedor de buena fe el que ha tomado el documento antes de su vencimiento, de "buena fe, por causa onerosa, sin tener conocimiento de defecto alguno en el documento, o en el derecho de la persona de quien lo adquirió, y siempre y cuando el documento esté completo y sea regular en su apariencia. En el caso de autos el documento es completo y regular ■en apariencia. De la prueba no aparece si la primera negociación a The National City Bank of New York se verificó antes o después del vencimiento del pagaré, y en ausencia de tal prueba, hay que presumir, de acuerdo con las disposiciones expresas del artículo 398, que se verificó antes del vencimiento. También hay que presumir, de acuerdo con el artículo 377, que The National City Bank of New York lo adquirió por causa onerosa, y la prueba demuestra que lo adquirió en prenda, lo que constituye causa onerosa de acuerdo con el artículo 380 del Código citado. En cuanto a la buena fe y ausencia de conocimiento de defecto o defensa alguna, la prueba demuestra que Tbe National City Bank of New York adquirió el pagaré, junto con muchos otros, en el curso ordinario de los negocios, y nada hay que demuestre que dicho banco, ni ninguno de los adquirentes poste-riores del documento tuviese conocimiento de defecto o defensa alguno, aparte de que el demandado no alegó que ni la demandante ni ninguno de los tenedores anteriores, excepto el United Porto Rican Bank, tuviese conocimiento de las defensas interpuestas, algunas de las cuales se basan en hechos que ocurrieron después del vencimiento del pagaré, o sea, después que el pagaré había sido negociado por primera vez a The National City Bank of New York. Es evidente, pues, que aunque la demandante no es tenedora de buena fe, por haber adquirido el pagaré después de su vencimiento, tiene todos los derechos de un tenedor de buena fe, ya que su antecesor en el título del pagaré, o sea The National City Bank of New York, fué tenedor de buena fe, y que por consiguiente, aunque el demandado tuviera defensas que alegar contra United Porto Rican Bank, no puede interponerlas contra la demandante.”

La contención principal del apelante es que el pagaré está sujeto al contrato de refacción a que hace referencia y que la demandante no es tenedora de buena fe del pagaré-porqué el mismo lo tiene en prenda el National City Bank. En cuanto a esto último, la prueba demuestra que si bien dicho banco tomó el pagaré en prenda, la demandante lo ad-quirió, con otros, en 25 de febrero de 1938 en subasta cele-brada en la Corte de los Estados Unidos para Puerto Rico, en. el caso en equidad Núm. 2287 entablado por la Caguas Company, Inc. en contra de The United Porto Rican Bank. De ahí que, con permiso de la corte inferior, la demanda se enmendó para conformarla con la prueba, en el sentido de alegarse que la demandante era tenedora del pagaré y no su dueña a la fecha en que se inició esta acción en el año 1935. Lo que se desprende de la declaración del Sr. Rafael García Cabrera, Gerente del National City Bank en Caguas, es que dicho banco tuvo el pagaré en prenda pero que para la fecha en que se celebró el juicio en este caso en el año 1939 estaba en poder de los abogados de la demandante, y qne si se en-vió al Banco fné para qne el abogado del demandado pndiera examinarlo.

En cnanto a qne no pnede exigirse el pago del pagaré por estar subordinado al contrato de refacción, la ley y la jurisprudencia sostienen lo contrario. El artículo 1418 del Código Civil (Ed. 1930) dispone que “la venta o cesión de un crédito comprende la de todos los derechos accesorios, como la fianza, hipoteca, prenda o privilegio.” En el mismo pagaré se hizo constar lo siguiente:

“ ... Este pagaré es uno de los pagarés a que se refiere el contrato de refacción agrícola celebrado entre el Banco y los infrascritos el día 16 de diciembre de 1930, por ante el Notario Joaquín Vendrell, según affidavit número 7446, debidamente registrado, y, junto con los demás pagarés emitidos o que se emitieren en el futuro de acuerdo con dicho contrato, está garantizado por el gravamen creado por el mismo. Nada de lo contenido en el presente se interpretará que limita en manera alguna la obligación absoluta de los infrascritos y de cada uno de ellos de pagar este pagaré en la fecha de su venci-miento o en la fecha de vencimiento de cualquiera prórroga del mismo.”

En el caso de Crédito & Ahorro Ponceño v. Gorbia, 25 F. (2d) 817, aplicando el artículo 1418, supra, se resolvió que si los pagarés de unos colonos estaban garantizados con el tabaco objeto de la refacción, el mismo pasaba a la pose-sión del banco al adquirir éste los pagarés.

Es más, aun cuando la garantía refaccionaria hubiera sido cancelada, eso de por sí no conlleva la cancelación de la deuda garantizada, según se resolvió en el caso de Caguas Company, Inc. v. Mombille, supra, donde se dijo:

“La cancelación de una garantía no lleva consigo la de la deuda garantizada. Puede el acreedor en cualquier momento desprenderse de los bienes que aseguran su crédito sin perder éste.”

Además, por los propios términos del pagaré ya hemos visto que el demandado se obligó a satisfacerlo a su venci-miento sin limitación alguna.

Es cierto que la demandante al adquirir el pagaré después de vencido no era una tenedora de buena fe pero la corte inferior aplicó correctamente el artículo 411 del Código de Comercio que dispone que:

“Artículo 411. — (Artículo 59, Ley Núm. 17 de 1930, pág. 173.)— En manos de un tenedor que no sea tenedor de buena fe, el docu-mento negociable está sujeto a la misma materia de defensa que el documento que no fuere negociable. Pero un tenedor que derive su derecho del de un tenedor de buena fe, y que no haya sido parte en fraude o ilegalidad alguna que afecte al documento, tendrá todos los derechos de dicho tenedor anterior en lo que respecta a todas las partes que hayan precedido al último.” (Itálicas nuestras.)

Los artículos 410 y 411 supra, (artículos 58 y 59 de la Ley Uniforme de Instrumentos Negociables) ban sido objeto de interpretación liberal por las cortes americanas. En 8 Am. Jur. 116, se expone la regla así:

“La regla que protege a uno que ha adquirido un instrumento negociable de un tenedor de buena fe, como si fuera él mismo un tenedor de esa índole, es aplicable aunque no haya pagado por el instrumento, como cuando se le transfiere para traer una acción en el estado en que reside. Es aplicable también aunque tuviera cono-cimiento de algún defecto en el instrumento. La mayoría de las autoridades sostienen que la regla es aplicable, aunque se adquiera el instrumento después de su vencimiento.”

Aplicando esta regla en el caso de Eames v. Crosier, 101 Cal. 260, 35 P. 873 se dijo lo siguiente:

“Es una regla ya establecida que si la parte que traspasó el instrumento adquirió el pagaré a título oneroso, y antes de su venci-miento, libre de defecto alguno, su nuevo dueño adquirió tan buen título como tenía su antecesor en derecho, aunque haya adquirido el pagaré cuando ya estaba vencido.”

Véase además la anotación en 98 A.L.R. 291.

Somos de opinión que los demás errores alegados, que se refieren a la apreciación que de la prueba bizo la corte inferior, no imputándosele pasión, prejuicio o parcialidad, carecen de mérito pues las conclusiones a que llegó están sostenidas por la prueba presentada. Se probó qne el de-mandado expidió el pagaré el qne de sn faz aparece ser ne-gociable; qne fné endosado en blanco; qne la demandante, cnando se inició la acción era tenedora del mismo, y más tarde sn dneña y qne el demandado no lo ba satisfecho.

En cnanto a la condena de $500 como honorarios de abogado, somos.de opinión qne, considerando todas las cir-cunstancias concurrentes no debemos intervenir con la dis-creción de la corte inferior al considerar la temeridad del demandado.

Se confirma la sentencia apelada.


author: El Juez Asocíalo Señor Todd, Jr.,

text:
    Roberto Castellón, demandante y apelado, v. Carmen Padín y su esposo Prudencio Collazo, y Joaquín Padín, demandados y apelantes la primera y el último.
    Núm. 8292.

    Sometido: Junio 17, 1941.

      Resuelto: Julio 23, 1941.

      Abelardo Casanova Prats, abogado de los apelantes; Ortiz Toro & Ortiz .Toro, abogados del apelado.
   El Juez Asocíalo Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Roberto Castellón presentó demanda en la Corte de Dis-trito dé San Juan contra Carmen Padín y sn esposo Pru-dencio Collazo y Joaquín Padín, reclamando de éstos la suma de $3,000 más intereses legales, costas y honorarios de abo-gado por concepto de daños y perjuicios qne le fueron oca-sionados como consecuencia de nn embargo trabado sobre ciertos bienes de su propiedad, situados en Caguas, en un caso anterior fallado a su favor y en el que los demandados, suscribieron una fianza para responder de los mismos.

La codemandada Carmen Padín solicitó el traslado del caso a la Corte de Distrito de- Humacao, basándose en que los daños alegados se ocasionaron en Caguas que corres-ponde a dicho distrito judicial. La corte inferior declaró sin lugar la moción a virtud de la siguiente resolución:

"La demanda expone, en síntesis, que los demandados suscribieron una fianza por $3,000, que se radicó en esta corte para responder al demandante de los daños que le pudiera causar un embargo, que-el embargo se trabó sobre bienes sitos en el distrito de Humacao y causó al demandante daños por valor de más de $3,000, y que se trabó indebidamente. Solicita se condene a los demandados a pagar-$3,000, con intereses y costas.
"Los demandados han radicado mociones de traslado, excepciones, previas, y una moción eliminatoria.
"Se solicita el traslado porque según los demandados se trata de una acción de daños y perjuicios, y la demanda demuestra que los daños se sufrieron en el distrito de Humacao.
"No se trata de una acción por daños y perjuicios, sino de una acción fundada en un contrato en que los demandados se obligaron a pagar dinero sujeto a dos contingencias, a saber, que el embargo resultare indebido, y que ocasionare daños. La obligación del deman-dado no surge, pues, ni del artículo 1803 del Código Civil, ni de ningún otro precepto estatutario, sino de un contrato, y no son por lo tanto aplicables las disposiciones del artículo 79 del Código de Enjuiciamiento Civil. Mas aun cuando se tratare de una acción de daños y perjuicios dentro del significado del artículo citado, tampoco procedería el traslado, ya que el distinto donde debe verse el caso es aquel en que se realizó por el demandado el acto que ocasionó el daño, y no aquel en que ocurriera el daño, Santos v. Porto Rican Express Co., 52 D.P.R. 571, y en este caso no aparece de la demanda que los demandados, o agente alguno de ellos, ejecutara acto algunoen el distrito de Humacao.
"Las excepciones previas son frívolas y no merecen discusión. En cuanto a la moción eliminatoria, a nada conducirían las elimina-ciones solicitadas.
“Por los motivos expuestos, se declaran sin lugar las mociones de traslado, las excepciones previas, y la moción eliminatoria, y se concede a los demandados un plazo de 10 días para radicar su con-testación.”

En el caso de Cintrón v. Insular Industrial & Agricultural Corporation Association, et al., 58 D.P.R. 821, se ratificó la jurisprudencia anterior al efecto de que las accio-nes de esta naturaleza, aun cuando dependan en cuanto a la cuantía de los daños a reclamar de los fiadores en el con-trato de fianza, son de carácter ex delicto, y se dijo:

“La cansa de acción sobre daños y perjuicios.. .se originó inde-pendientemente del contrato de fianza. Ésta se otorgó precisamente para responder.. .de los daños y perjuicios que la actuación torticera de la demandada.. .pudiera ocasionarle al embargar'sus bienes en la acción anterior y por tanto, la acción surge y es consecuencia de la culpa (tort) de dicba demandada y no del contrato de fianza.”

El primer motivo expuesto por la corte inferior para de-negar el traslado fué erróneo.

Añora bien, el artículo 79 del Código de Enjuicia-miento Civil, según quedó enmendado en 1935 (Leyes de ese año, pág. 175) lee en parte como sigue:

“Deberán verse en el distrito en que la causa del litigio, o alguna parte de ella, tuvo su origen, sin perjuicio de la facultad de la corte para cambiar el lugar de la vista, los pleitos por los siguientes motivos:
“ ‘1. Para obtener el importe de una indemnización contra una compañía de seguros proveniente de un contrato de póliza de seguro o para recobrar daños y perjuicios de acuerdo con los artículos 1803 y 1804 del Código Civil, edición de 1902 (artículos 1802 y 1803, ■edición 1930), o a virtud de cualquier otro precepto de ley... ’ ”

La demandada en el caso de autos no solicitó el traslado a Humacao porque se trate de una acción personal y ser aquél el distrito de su residencia, sino basado en el artículo 79, supra. Como fiemos visto la corte inferior expuso, como segundo motivo para denegarlo, el de que aún cuando se tra-tara de una acción de daños y perjuicios dentro del signifi-cado del artículo citado, tampoco procedería “ya que el dis-trito donde debe verse el caso es aquel en que se realizó por el demandado el acto que ocasionó el daño y no aquel en que ocurriera el daño” y citó el caso de Santos v. P. R. Express Co., 52 D.P.R. 571.

Los hechos en el caso de Santos, según se exponen, fue-ron los siguientes:

“El demandado, traficante en armas de fuego, que hacía negocios bajo la razón social de Federal Sportcraft Co., alegó que los em-pleados de la demandada en Nueva York rotularon cierto embarque de revólveres y partes para los mismos como géneros de algodón (cotton goods) y que como resultado de esa falsedad el demandante estuvo sujeto a una investigación por los agentes de los gobiernos Federal e Insular y sufrió graves mermas en el negocio que tenía establecido en Añasco, dentro del distrito judicial de Mayagüez. La demandada, que es una corporación organizada bajo las leyes de Nueva York, y que hace negocios en Puerto Rico y tiene su oficina principal en San Juan, solicitó y obtuvo el traslado.”

Se citó la regla general al efecto de que:

“Una corporación extranjera haciendo negocios en esta Isla que sea demandada en un distrito distinto del en que tiene el sitio principal de sus negocios tiene derecho a que la acción sea trasladada al distrito en que radica su dicha oficina principal. Arcelay v. American Railroad Co., 38 D.P.R. 807.”

Y se resolvió que:

“En el presente caso la causa de acción surgió en Nueva York, donde se realizó el acto que ocasionó el daño, y no en Añasco, donde se sufrió la pérdida. (Citas.).... ”
“Por tanto, el caso cae dentro de la regla general y no dentro de la excepción.”

Los hechos que dieron lugar a la conclusión en el caso de Santos son distintos a los del caso de autos. Se trataba allí de una corporación extranjera que fue demandada en un dis-trito distinto a aquel en que tenía el sitio principal de sus negocios y el acto que ocasionó el daño se efectuó en Nueva York, aun cuando las pérdidas se sufrieron en Añasco.

En el de autos tanto el acto que ocasionó el daño alegado como las pérdidas sufridas se alegan expresamente en la demanda que ocurrieron en Cagnas. Se embargó nna desti-lería situada en dicba ciudad o sea el acto que ocasionó el daño y se alega qne como consecuencia el demandante sufrió daños por $3,000.

Somos de opinión que de acuerdo con el artículo 79 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra (véase la amplia dis-cusión sobre el alcance del mismo en el reciente caso de Usera v. Luce & Co., S. en C., 58 D.P.R. 290), la moción de traslado debió declararse con lugar.

Se revoca la resolución apelada y se ordena el traslado del caso a la Corte de Distrito de Humacao.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Eladio Carrasquillo, acusado y apelante.
    Núm. 8838.

    Sometido: Julio 21, 1941.

      Resuelto: Julio 23, 1941.

      Rafael A. Arroyo Ríos, abogado del apelante; Hon. Procurador General Interino Emilio de Aldrey, R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo j Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Ante la Corte Municipal de Gí-urabo se formuló denuncia contra Eladio Carrasquillo por infracción de las secciones 16(1), 34 y 55 de la Ley de Rentas Internas, alegándose lo siguiente:

"Que en 18 de mayo, 4 P. M., de 1938 y en su establecimiento comercial en el Bo. Mamey de Gurabo del Distrito Judicial Municipal de Gurabo, P. B., que forma parte del Distrito Judicial de Humacao, P. B., el referido acusado de una manera ilegal, volun-taria y maliciosamente y con el fin de defraudar al Erario Público de Puerto Bico, allí y entonces tenía en su poder, a su disposición, en su establecimiento comercial, 44 cigarros sin que sobre los mismos se hubieran adherido y cancelado los correspondientes sellos de rentas internas comprobatorio de haber pagado los impuestos.”

Fue declarado culpable el acusado tanto en la corte municipal como en grado apelativo por la Corte de Distrito de Humacao y sentenciado a pagar cien dólares de multa o en su defecto a cumplir treinta días de cárcel y las costas, de cuya sentencia apela para ante este tribunal, alegando que la corte inferior cometió error al declararlo culpable tomando como base una denuncia que no aduce hechos constitutivos de delito público y al apreciar la prueba por ser ésta insu-ficiente para sostener la sentencia.

Habiendo llegado a la conclusión de que el segundo error fue cometido, no consideramos necesario resolver el primero.

El segundo señalamiento se refiere a la apreciación que de la prueba hizo la corte inferior y el fiscal auxiliar de este tribunal, después de analizarla, sostiene que.no es suficiente y se allana a la revocación solicitada por el apelante. He-mos leído la exposición del caso en la que se relata lo de-clarado por los testigos de una y otra parte y estamos con-formes en que la síntesis que de ella hace y la conclusión a que llega el fiscal en su alegato son correctas, y las transcri-bimos a continuación:

"El testigo Manuel Arroyo Martínez (así como el testigo Eloy Colondres, que era acumulativo), declaró en síntesis que en la fecha indicada en la denuncia, en su carácter de Agente de Bentas Internas del Departamento de Hacienda, visitó el establecimiento comercial del acusado Eladio Carrasquillo, traficante con licencia para expender cigarros y cigarrillos, en el trayecto de la carretera de Juncos a Gurabo, en la jurisdicción de Gurabo; que al entrar al estableci-miento el testigo en compañía del otro testigo Colondres, este último se dirigió bacía la izquierda, entrando en uña salita anexa a la tienda donde había sobre un medio punto un paquete de cigarros, abierto, en un saquito corriente de papel; que al acercarse a ese sitio, una persona que estaba en esa sala cogió el paquete y salió corriendo lanzándolo en una pieza de caña cercana, dándose a la fuga, habiendo el testigo Colondres seguido a esa persona y ocupado el paquete, pero sin saber quién era el que corría. El testigo no sabe quién habitaba el pequeño apartamiento de vivienda anexo a la tienda del acusado donde estaba el paquete semi abierto de cigarros que luego fué ocupado. El acusado no estaba presente en esos mo-mentos en la tienda llegando más tarde. El paquete de cigarros no tenía cancelados sellos de rentas internas. El testigo declaró que el acusado además de ser comerciante ocupaba el puesto de adminis-trador de una finca del señor Ramón Berrios, de Gurabo. La puerta entre la tienda y la parte de vivienda de la casa estaba abierta en momentos en que visitaron el establecimiento del acusado los Inspec-tores de Rentas Internas.
“La prueba de defensa consistió de la declaración del propio acusado quien declaró en síntesis que la casa donde está la tienda es de Félix Carrión y el testigo ocupa la tienda, la contra-tienda y un cuarto particular para dormir el dependiente; que además de esto, hay un departamento anexo a la misma tienda que tiene una sala, medio punto, comedor, tres habitaciones y cocina hacia atrás; que esta parte de vivienda la tiene arrendada y la ocupa Julio de León y él tiene arrendada la parte de la tienda. Declaró que los cigarros sometidos en evidencia nunca estuvieron en su establecimiento y nada tuvo que ver con ellos.
“El testigo Rafael Arroyo Ríos declaró que sabe que el acusado vive en una casa vivienda que queda como a doscientos o trescientos metros separada de la tienda y sabe que el apartamiento de vivienda anexo a la tienda no lo ocupa el acusado y que éste nunca ha vivido allí ni ningún familiar de él.
“Esta es, en síntesis, la prueba del caso.
“No creemos que se haya demostrado, fuera de toda duda razo-nable, que los cigarros pertenecían al acusado, ya que de la propia prueba de cargo aparece que no se ocuparon en el establecimiento en sí, donde tenía sus provisiones, incluyendo cigarros y cigarrillos para la venta. No hay afirmación alguna entre los testigos del Pueblo que diga que el acusado vivía también^ ocupaba en algún concepto el apartamiento de vivienda anexo a la tienda, siendo la única circuns-tancia ante nosotros la de que la puerta entre la tienda y ese aparta-miento estaba abierta. Sin embargo, nos parece que esta circuns-tancia no es suficiente para hacer al acusado responsable de unos cigarros que estaban en esa sala, sobre la cual no se demostró que-tuviera control el acusado. Hubo una tercera persona, la que quiso hacer desaparecer los cigarros, que no era el acusado y que nadie-supo nunca quién era. Esa persona no estaba en la tienda del acu-sado y sí en la vivienda anexa a la misma.”

Habiéndose cometido el segundo error procede la revoca-ción de la sentencia apelada y la absolución del acusado.