text:
    Juan H. Soto Solá, peticionario, v. Hon. Carmen E. Ávila Vargas, Registradora de la Propiedad, Sección Segunda de San Juan, recurrida.

      Número: RG-2013-2

      Resuelto: 9 de octubre de 2013

      Juan H Sotp Solá, del Bufete Juan H. Soto Solá, pro se; Carmen E. Ávila Vargas, registradora de la propiedad, Sección Segunda de San Juan, parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo

emitió la opinión del Tribunal.

En esta ocasión debemos resolver si un pagaré hipote-cario con una fecha específica puede ser modificado por acuerdo de las partes para extender su fecha de venci-miento luego de vencido, pero cuando aún el pagaré está vigente.

El 13 de febrero de 2013, el Ledo. Juan H. Soto Solá (peticionario) compareció ante este Tribunal mediante un recurso gubernativo. Nos solicitó la revisión de la denega-toria de recalificación que emitió la Registradora de la Pro-piedad, Hon. Carmen E. Ávila Vargas (Registradora), en el Registro de la Propiedad, Sección Segunda de San Juan (Registro), el 6 de febrero de 2013. Además, solicitó que se ordenara la inscripción de la Escritura de Modificación de Pagaré e Hipoteca. Resumamos los hechos que dieron lu-gar a este recurso.

I

El Dr. César Berríos López era dueño de la oficina núm. 706 en el Edificio Midtown en San Juan. En el 2008, el doctor Berríos López decidió vender la oficina y el licen-ciado Soto Solá ofreció comprarla por $186,755. Así, el 12 de noviembre de 2008 las partes otorgaron la Escritura Núm. 35 sobre Compraventa con Precio Aplazado con Ga-rantía Hipotecaria. Allí compareció el doctor Berríos López como parte vendedora, por sí y en representación de sus dos hijas mayores de edad, Tanya Berríos Shearig y Claudia Berríos Shearig —las cuales residen en Estados Uni-dos— y el peticionario como parte compradora. La venta se llevó a cabo por $186,755 y quedó un precio aplazado de $180,088.95, el cual el peticionario se comprometió a pagar antes del 12 de noviembre de 2009. Esta obligación quedó evidenciada con un pagaré garantizado con hipoteca.

Así las cosas, el 8 de enero de 2009 la escritura fue pre-sentada en el Registro. Esta quedó inscrita en virtud de la Ley Núm. 216-2010, conocida como Ley para Agilizar el Registro de la Propiedad.

Ahora bien, el peticionario no pudo conseguir el finan-ciamiento para poder pagar la cantidad acordada antes del 12 de noviembre de 2009. Ante esta situación, el 15 de junio de 2010 el peticionario y el doctor Berrios López acor-daron modificar el pagaré garantizado con hipoteca para extender su vencimiento hasta el 1 de junio de 2015. Para formalizar este acuerdo, las partes otorgaron la Escritura Núm. 72 sobre Modificación de Pagaré e Hipoteca. La es-critura se presentó en el Registro el 2 de abril de 2012.

El 6 de septiembre de 2012, la Registradora expidió una notificación de faltas en la cual solicitó las Actas de Proto-colización Núm. 32 y Núm. 33 mencionadas en la escritura con las correspondientes certificaciones del Registro de Poderes. El 12 de septiembre de 2012 el peticionario pre-sentó un Escrito de Recalificación en el cual informó que las actas se encontraban anejadas a la Escritura Núm. 35, presentada el 8 de enero de 2008. Además, el 24 de octubre de 2012, el peticionario presentó las certificaciones actua-lizadas del Registro de Poderes.

Posteriormente, el 2 de noviembre de 2012, la Registra-dora expidió una segunda notificación en la cual señaló que “[l]a hipoteca cuya modificación [se] solicita venció el 12 de noviembre de 2009, y la modificación se solicita con poste-rioridad a su vencimiento”. (Enfasis suprimido). Incon-forme con esa determinación, el 21 de noviembre de 2012, el peticionario presentó un Escrito de Recalificación en el cual solicitó la recalificación e inscripción de la Escritura Núm. 72. No obstante, el 6 de febrero de 2013, la Registra-dora nuevamente emitió una notificación de denegatoria de inscripción por los mismos fundamentos que expuso en la denegatoria de noviembre de 2012. Aún en desacuerdo con la determinación de la Registradora, el peticionario presentó ante este Tribunal el recurso gubernativo de referencia.

En síntesis, el peticionario alegó que la Registradora erró al denegar la inscripción de la Escritura Núm. 72 en el Registro porque “[l]a expiración del término provisto en la obligación no implica su extinción”. Con particularidad, el peticionario expresó que a pesar de haber expirado el término de un año provisto en la escritura, la obligación original subsiste y, por lo tanto, también subsiste la hipo-teca que la garantiza. Además, señaló que el vencimiento del término del contrato solo le concede al doctor Berríos López la oportunidad de hacer la obligación exigible. Ahora, alegó que al doctor no hacerla exigible y la obliga-ción continuar vigente entre ellos, los créditos accesorios también continúan en vigor. Así, el peticionario argüyó que el doctor Berríos López le otorgó una prórroga tácita y este continuó realizando los pagos hasta que decidieron modifi-car el pagaré y la hipoteca para extender su vencimiento hasta junio 2015, permaneciendo los demás términos y las condiciones vigentes. Según lo anterior, el peticionario adujo que la voluntad de las partes no fue extinguir la obligación original, sino modificarla. Por lo tanto, entiende que no se produjo una novación extintiva con la nueva es-critura, sino una novación modificativa.

Por su parte, la Registradora expresó en su alegato que en el presente caso las partes realizaron un pagaré garantizado con hipoteca con fecha fija o específica del 12 de noviembre de 2009. La Registradora invocó lo resuelto en R & G v. Registradora, 162 DPR 602 (2004), en el cual esta Curia resolvió si procedía la cancelación en el Registro, por confusión de derechos, de un pagaré hipotecario no vencido. Adujo que en ese caso este Tribunal modificó el dictamen emitido en Srio. de Hacienda v. Tribunal Superior, 95 DPR 436, 444 (1967), “a los únicos fines de incluir en dicho razonamiento aquellos pagarés que no se han vencido [...] y que se encuentran en manos de su librador y este no los ha puesto nuevamente en circulación”. (Enfasis suprimido). Así las cosas, alegó que cuando un pagaré es pagadero en fecha específica se considera vencido cuando llega la fecha establecida. La Registradora argüyó que, al vencer el pagaré hipotecario, este perdió su vigencia y efec-tividad y solo le restaría al acreedor la ejecución o cance-lación de la hipoteca. Añadió que al vencer el pagaré todas sus garantías también quedaron sin efecto.

De acuerdo con lo anterior, la Registradora expresó que cuando las partes otorgaron la escritura de modificación, la hipoteca había vencido hacía siete meses. Además, la escri-tura se presentó en el Registro dos años y cinco meses des-pués de haber vencido la hipoteca. Así las cosas, concluyó que “estando vencido el pagaré hipotecario con fecha cierta, librado por el recurrente, perdió su negociabilidad, vigencia y efectividad y su garantía ya no permanece latente. Solo le resta al tenedor (acreedor) la ejecución de hipoteca o la cancelación, pero no su modificación”. Claro está, el efecto último de la acción de la Registradora es que obligaría a las partes a pagar aranceles al cancelar el pa-garé hipotecario inscrito de $180,088.95 y, además, pagar aranceles al inscribir el nuevo pagaré hipotecario con la cantidad aún adeudada.

II

A. El Registro de la Propiedad es el organismo del gobierno que guarda constancia de los actos relacionados con el trámite jurídico de los bienes inmuebles y los derechos inscribibles sobre estos. Este se creó con el propósito de registrar los actos y contratos relativos a los bienes inmuebles mediante un sistema de publicidad de títulos.

Por otra parte, la hipoteca se define como

[...] un derecho real que [...] sujeta o vincula lo hipotecado, cualquiera que sea su titular, al poder de exigir eventual-mente la realización de su valor así como la adopción de me-didas dirigidas a salvaguardarlo, todo en seguridad o garantía de la efectividad de alguna obligación dineraria, y cuyo dere-cho es de carácter accesorio, indivisible, de constitución regis-tral, y grava bienes inmuebles, ajenos y enajenables, que per-manecen en posesión de su propietario o titular, y el cual implica un poderoso instrumento del crédito territorial.

Así, la hipoteca es un derecho real de carácter accesorio. Esto significa que, por su condición de derecho de garantía, es un requisito esencial que se constituya para asegurar el cumplimiento de una obligación principal. Debido a su naturaleza accesoria, su vigencia no es independiente de la vigencia de la obligación principal. Así, pues, la hipoteca está subordinada a la obligación principal en su existencia y extinción. Su dependencia a la obligación principal es de tal grado que si la primera es nula o inexistente, la hipoteca también será nula o inexistente. Por lo tanto, la hipoteca se extingue en todo caso que se extinga la obligación garantizada por esta.

B. Aclarado lo anterior, es importante analizar la Ley Núm. 208-1995, mejor conocida como la Ley de Instrumentos Negociables. Esta ley fue promulgada para modernizar nuestra legislación sobre los instrumentos negociables y acelerar el tráfico comercial. Así, la Sec. 2-104(a) define instrumento negociable como

[...] una promesa o una orden incondicional de pago de una cantidad específica de dinero, con o sin intereses u otros car-gos descritos en la promesa u orden, si el mismo:
(1) Es pagadero al portador o a la orden al momento de su emisión o cuando primero adviene a la posesión de un tenedor;
(2) es pagadero a la presentación o en una fecha específica, y
(3) no especifica otro compromiso o instrucción por parte de la persona que promete u ordena el pago que no sea el pago del dinero [...]

Por otro lado, la See. 2-104(e) establece que un instrumento se considerará un pagaré si es una promesa. Esto quiere decir que existe un pagaré cuando hay un compromiso escrito de pagar el dinero suscrito por la persona que se obliga a pagar.

Ahora bien, la Ley Núm. 208-1995, supra, provee distintos tipos de pagarés, dependiendo del momento cuando resultan exigibles. En lo pertinente al caso de referencia, la Sec. 2-108 define los pagarés vencederos a la presentación y los pagarés pagaderos en fecha específica. Así pues, esta sección establece que una pagaré es pagadero a la presentación cuando en el propio documento indica que es pagadero a la presentación, a la vista, cuando el tenedor lo desee o cuando no se especifica ninguna fecha de pago. Esto significa que los pagarés que no contienen una fecha cierta de vencimiento son pagaderos a la presentación.

Por otro lado, y en lo relacionado con el caso de autos, la Sec. 2-108 de la Ley Núm. 208-1995, supra, también define los pagarés vencederos en fecha específica. Esta sección dispone que un pagaré es vencedero en fecha específica cuando es pagadero luego de transcurrido un pe-riodo específico de tiempo, en una fecha fija o en un mo-mento de tiempo fácilmente determinable en el momento cuando se emitió la promesa. Además, la Sec. 2-113 de esta ley establece que la fecha que se indique en el pagaré “determinará su vencimiento si el instrumento es pagadero dentro de un plazo fijo después de su fecha”. En otras palabras, la fecha fija o determinable que contengan los pagarés, distinta y posterior a la fecha de emisión, será la fecha de vencimiento de dicho pagaré.

Ahora bien, cuando un pagaré tenga una fecha específica y, además, exprese que es pagadero a la presentación, el instrumento será pagadero a la presentación hasta la fecha especificada en el pagaré. Esto significa que si no se requiere el pago antes de la fecha establecida, se convertirá en pagadero en dicha fecha.

Por otra parte, la Sec. 2-407 de la Ley Núm. 208-1995 establece que una alteración es un cambio no autorizado realizado a un pagaré para modificarlo. Llevar a cabo una alteración tiene como consecuencia el relevar de responsabilidad a la parte cuya obligación es afectada por la alteración. No obstante, esta sección aclara que una parte no quedará relevada por una alteración si consintió a ella. Por lo tanto, una modificación realizada a un pagaré con el consentimiento de todas las partes es válida y el pagaré no será anulado.

Finalmente, en cuanto al término prescriptivo para exigir el cumplimiento del pago de los pagarés vence-deros en fecha específica, la Sec. 2-118(a) de la propia Ley Núm. 208-1995 dispone que,

[s]alvo se dispone en el inciso (e) de esta sección, una acción para exigir el cumplimiento de la obligación contraída por una parte de pagar un pagaré que es pagadero en una fecha espe-cífica deberá comenzarse dentro de los tres (3) años siguientes a la fecha o fechas de vencimiento estipuladas en el pagaré o, si la fecha de pago se acelera, dentro de tres (3) años siguien-tes a la fecha de vencimiento acelerado. (Enfasis nuestro).

Por lo tanto, una vez transcurre la fecha indicada en el pagaré y este vence, el acreedor tiene tres años para poder exigir el cumplimiento del pago.

Ahora bien, cuando se trata de un pagaré hipotecario, la Ley Núm. 208-1995, supra, contiene una disposición específica sobre su término prescriptivo, distinto a los demás pagarés. Así, la Sec. 2-118(h) dispone:

Independiente de cualquier disposición en contrario aquí con-tenida, una acción para exigir el cumplimiento de una obliga-ción, de una parte de pagar un pagaré garantizado por una hipoteca sobre bienes inmuebles, y todo interés devengado por tal obligación, deberá iniciarse dentro del término provisto por [el Art. 1864 del Código Civil de Puerto Rico] para el ejercicio de la acción hipotecaria. (Enfasis nuestro)

Como podemos observar, la mencionada sección nos re-fiere al Art. 1864 de nuestro Código Civil. Este artículo expresa que “[l]a acción hipotecaria prescribe a los veinte (20) años [...]”. De esta forma, la propia Ley de Instrumentos Negociables dispone que el término prescriptivo de un pagaré hipotecario será el mismo término prescriptivo de la acción hipotecaria. Por lo tanto, el término prescriptivo de un pagaré hipotecario es veinte años.

Expresado lo anterior, debemos determinar cuándo comienza a transcurrir dicho término prescriptivo. Como regla general, los términos prescriptivos comienzan a transcurrir desde la fecha de vencimiento del pagaré. Además, el Art. 180 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad establece que "[l] a acción hipotecaria prescribe a los veinte (20) años, contados desde que pueda ser ejercitada con arreglo al título inscrito”. Ello significa que la acción hipotecaria podrá ejercitarse “al ‘momento del vencimiento del crédito según se consignó en el título’ ”. Así y en lo pertinente al caso de referencia, cuando exista un pagaré hipotecario con fecha cierta, el término prescriptivo comenzará en esa misma fecha.

Por otro lado y ya conociendo el término prescriptivo de los pagarés hipotecarios, es importante aclarar la diferencia entre el vencimiento del pagaré hipotecario y su vigencia. El vencimiento es “la ‘[germinación del plazo establecido legal o convencionalmente para el cumplimiento de una obligación’ ”. O sea, que un pagaré hipotecario con fecha específica vence cuando transcurre esa fecha establecida en el pagaré. Una vez vence el pagaré hipotecario, la obligación se hace exigible y el acreedor puede pedir la ejecución de la hipoteca para satisfacer su crédito.

Además de ser exigible, la Sec. 2-304(b)(2) de la Ley Núm. 208-1995 nos indica que cuando un instrumento con fecha específica vence, el instrumento entrará en mora al día después de la fecha de vencimiento. Esto tiene como efecto que si ese pagaré vencido se negocia, no podrá con-siderarse al nuevo tenedor como tenedor de buena fe, ya que se presume que una persona debe sospechar de un documento que se desea negociar aunque está vencido. Esta Curia tuvo la oportunidad de explicar esto en Cintrón v. Domínguez, 60 DPR 477, 484 (1942):

“Pero cuando un instrumento negociable se encuentra en circulación después de su vencimiento, debe inspirar recelo por ese mero hecho. La pregunta surge inmediatamente — ¿por qué está en circulación, por qué no ha sido pagado? Aquí hay alguna irregularidad. Por lo tanto, aunque no informa al en-dosatario de la existencia de alguna materia específica de de-fensa, como por ejemplo compensación, pago, o adquisición fraudulenta, sin embargo, lo pone en guardia; y él adquiere solamente título igual al que tenía el endosante, sujeto a cual-quier defensa que se hubiere levantado, si la acción se hubiera incoado por el endosante”. (Énfasis suprimido).

Por otro lado, la vigencia de un pagaré es el “ ‘[p]eriodo durante el cual las leyes, costumbres o contratos están en vigor y desarrollan todos los efectos jurídicos que le son característicos’”. Esto significa que mientras una obligación tenga efectos jurídicos estará vigente y que una vez pierda dicho efecto perderá también su vigencia. Así pues, mientras un acreedor tenga disponible la acción de ejecutar la hipoteca en un pagaré hipotecario, esta está vigente.

Por lo tanto, cuando transcurre la fecha establecida en un pagaré hipotecario con fecha específica, se enten- derá que dicho pagaré venció. Ahora bien, tanto ese pagaré como la hipoteca aún permanecen vigentes, ya que el acreedor puede instar una acción para que se cumpla con el pago y puede ejecutar la hipoteca. Una vez transcurre el término prescriptivo, el acreedor pierde todo derecho a ejecutar la hipoteca y entonces se entenderá que esta perdió su vigencia. Así, pues, y dado que la vigencia de la hipoteca depende de la vigencia de la obligación principal, una vez transcurre el término prescriptivo del pagaré hipotecario la hipoteca se extinguirá por prescripción. Es por esta razón que una vez prescribe la acción hipotecaria es que procede la cancelación del asiento en el Registro, ya que dicha acción perdió su vigencia y, por lo tanto, se extinguió.

III

En el presente caso la Registradora denegó la inscrip-ción de la modificación de un pagaré e hipoteca, ya que se solicitó luego de la fecha de vencimiento del pagaré. Por su parte, el peticionario alegó que la Registradora erró al de-negar la inscripción porque la obligación principal entre las partes aún estaba vigente y, por lo tanto, la hipoteca también permanecía vigente. Añadió que el término esta-blecido en el pagaré solo tenía el efecto de concederle al acreedor la oportunidad de hacer la obligación exigible.

Como expusiéramos, el doctor Berríos López y el peticio-nario otorgaron una escritura de compraventa con precio aplazado, la cual evidenciaron con un pagaré hipotecario con fecha específica. De acuerdo con la Ley Núm. 208-1995, esa fecha específica establecida en el pagaré determina la fecha de su vencimiento. Por lo tanto, el pagaré otorgado por las partes tenía como fecha de vencimiento el 12 de noviembre de 2009.

Así las cosas, debido a que las hipotecas son accesorias a las obligaciones principales, la hipoteca que se otorgó en este caso tiene la misma fecha de vencimiento que el pa-garé, esto es, que luego del 12 de noviembre de 2009 ven-cían tanto el pagaré como la hipoteca. Sin embargo, luego del 12 de noviembre de 2009 comenzó a transcurrir el tér-mino prescriptivo de veinte años para que el doctor Berríos López exigiera el cumplimiento de la obligación; por lo tanto, tanto el pagaré como la hipoteca aún permanecen vigentes. Ahora bien, tenemos que analizar si por acuerdo de las partes se puede modificar un pagaré hipotecario luego de su vencimiento, aunque aún esté vigente. Veamos.

Como bien expresamos, existe una diferencia entre la fecha de vencimiento de un pagaré y su vigencia. Así, cuando un pagaré hipotecario vence, se convierte en exigible y el tenedor puede ir contra el deudor para cobrar la deuda. No obstante, dicho pagaré hipotecario aún permanece vigente. Así las cosas, el tenedor del pagaré puede negociarlo y ponerlo en circulación. Uno de los efectos que podría tener el negociar un pagaré vencido es que el nuevo tenedor no se consideraría tenedor de buena fe, pero sí puede negociar. Por lo tanto, un pagaré vencido aún es negociable. Al ser negociable y estar vigente, puede ser modificado siempre y cuando sea con el consentimiento de todas las partes. Claro está, las modificaciones que se realicen tendrán efecto contra terceras personas luego de su inscripción en el Registro.

Al así resolver, lo hacemos conforme a nuestra reiterada expresión de que la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad se debe interpretar en forma que facilite y pro-teja el tráfico comercial, teniendo en mente como principio que al Registro se acude a buscar protección y no perjuicio. Además, resolvemos según el propósito de la Ley Núm. 208-1995, la cual se creó para proveer celeridad al tráfico comercial. No existe impedimento legal por el cual no se deba permitir que un pagaré hipotecario vigente sea modificado por acuerdo de todas las partes. Impedir tal modificación entorpecería el tráfico comercial, ya que dila-taría el proceso y lo haría más oneroso para las partes. Además, podría tener como consecuencia que el tenedor del pagaré no aceptará ninguna modificación, aunque esté de acuerdo con ella, y optará por exigir el cumplimiento de la deuda. Ello, porque tendrían que pagar aranceles para la cancelación del pagaré inscrito y por la inscripción del nuevo pagaré.

En este caso, luego que venció el pagaré hipotecario, todas las partes acordaron modificarlo para extender su fecha de vencimiento. La Registradora denegó la modifica-ción al alegar que ese pagaré ya no estaba vigente ni era negociable. Como vimos, no le asiste la razón. Debido a que aún no ha transcurrido el término prescriptivo, el pagaré se encuentra vigente y es negociable. Así, el doctor Berríos López puede ponerlo en circulación y entregarlo a un nuevo tenedor.

Por otra parte, la Registradora alegó que como en R & G v. Registradora, supra, enfatizamos en cuanto a los paga-rés no vencidos, eso significa que una vez vence el pagaré ya no es negociable. Tampoco le asiste la razón. En ese caso mencionamos los pagarés no vencidos que se encuentran en manos del librador, no porque al vencer ya no se podían negociar, sino por las circunstancias particulares de ese caso. Nos referíamos a circunstancias en las que el pagaré se encuentra en manos del librador y este no los ha puesto en circulación y, por lo tanto, existe confusión de derechos. Así, lo que expresamos fue que en esos casos en los cuales existe confusión de derechos, el librador puede renegociar el pagaré no vencido. Esto no quiere decir que solamente un pagaré no vencido puede ser negociable. Como mencionáramos, los pagarés vencidos, que aún están vigentes, son negociables.

Por lo tanto, al estar el pagaré hipotecario vigente y ser negociable, no existe impedimento alguno por el cual las partes no puedan modificarlo. Al extender la fecha de ven-cimiento, el doctor Berrios López consintió a que no podrá exigir el pago de la deuda hasta la nueva fecha de venci-miento pactada. Así las cosas, el término prescriptivo que había comenzado cesa y, una vez transcurra la nueva fecha de vencimiento, dicho término prescriptivo comenzará nuevamente.

Por lo anterior, concluimos que un pagaré vencido, pero aún vigente, puede ser modificado por acuerdo de todas las partes. Así las cosas, la Registradora erró al denegar la solicitud de inscripción de la escritura de modificación del pagaré y la hipoteca en este caso.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la cali-ficación emitida por la Registradora de la Propiedad, Hon. Carmen E. Ávila Vargas, y se ordena la inscripción de la escritura de modificación de pagaré e hipoteca objeto del presente litigio.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Fiol Matta y la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez concurrieron con el resultado sin opinión escrita.

       Junto con la Escritura Núm. 35 se presentaron como documentos comple-mentarios la Escritura de Capitulaciones Matrimoniales del peticionario y las Actas de Protocolización de Poder Núm. 32 y 33 de las hijas del doctor Berrios López.

       La Ley Núm. 216-2010 (30 LPRA sec. 1821 et seq.) proveyó una medida transitoria para actualizar y agilizar los esfuerzos de calificación e inscripción de documentos, dado el enorme atraso existente en el Registro de la Propiedad. Así, la ley estableció que “[tjodos los documentos presentados en el Registro de la Propiedad al 30 de abril de 2010 quedan inscritos”, excepto por las excepciones establecidas en el Art. 2 de dicha ley (30 LPRA see. 1821). Exposición de Motivos de la Ley Núm. 216-2010, supra. Estableció igualmente que aquellos documentos inscritos en virtud de esta ley se presumirán correctos. Art. 9 de la Ley Núm. 216-2010 (30 LPRA see. 1828).

       Apéndice del Recurso Gubernativo, pág. 27.

       Recurso Gubernativo, pág. 5.

       Alegato de la Registradora recurrida, págs. 6-7, citando a R & G v. Registradora, 162 DPR 602, 612 (2004).

       Alegato de la Registradora recurrida, pág. 7.

       Exposición de Motivos de la Ley Núm. 216-2010.

        Bechara Fagundo v. Registradora, 183 DPR 610, 617 (2011).

       L.R. Rivera Rivera, Derecho registral inmobiliario puertorriqueño, 3ra ed., San Juan, Jurídica Editores, 2012, pág. 485, citando a Roca Sastre, Derecho hipotecario, T. VII, págs. 113-114.

       Art. 1756 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5001.

        Westernbank v. Registradora [I], 174 DPR 779, 784-785 (2008).

       Íd.; Liechty v. Descartes Saurí, 109 DPR 496 (1980). Véase, además, L. Muñoz Morales, Lecciones de derecho hipotecario, Río Piedras, Junta Editora de la Universidad de Puerto Rico, 1946, T. II, pág. 15.

       Rivera Rivera, op. cit., pág. 488.

        Westernbank v. Registradora [I], supra, pág. 785; Rivera Rivera, op. cit., pág. 488.

       19 LPRA sec. 501 et seq.

       Exposición de Motivos de la Ley Núm. 208-1995 (1995 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 1012-1014). Véase, además, Westernbank v. Registradora [I], supra, pág. 786.

       19 LPRA sec. 504(a).

       Sec. 2-103(a)(9) de la Ley Núm. 208-1995 (19 LPRA sec. 503(a)(9)).

       19 LPRA sec. 508.

       Íd.

        Westernbank v. Registradora [I], supra, pág. 786.

       19 LPRA sec. 508(b).

       19 LPRA sec. 513(a).

       Sec. 2-108(c) de la Ley Núm. 208-1995 (19 LPRA sec. 508(c)).

       Íd.

       19 LPRA sec. 657.

       Íd.

       Íd.; M.R. Garay Aubán, Derecho cambiarlo de Estados Unidos y Puerto Rico, Ponce, Ed. Rev. Der. Pur., 1999, pág. 300.

       L.M. Negrón Portillo, Derecho cambiarlo de Puerto Rico (instrumentos negociables), [s.l.], [ed. del autor], 1995, pág. 114.

       19 LPRA sec. 518(a).

       19 LPRA sec. 518(h).

       31 LPRA sec. 5294.

       Sec. 2-118 de la Ley Núm. 208-1995 (19 LPRA sec. 518); Art. 145 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad (30 LPRA sec. 2469). Véase, además, Westernbank v. Registradora [II], 172 DPR 71, 90 (2007), opinión de conformidad de la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

       30 LPRA sec. 2576.

        Westernbank v. Registradora [I], 174 DPR 779, 788 (2008), citando a L.R. Rivera Rivera, Derecho registral inmobiliario puertorriqueño, 2da ed. rev., Río Piedras, Jurídica Editores, 2002, pág. 489.

        Westernbank v. Registradora [II], supra, págs. 89-90.

       Id., pág. 83, citando a M. Osorio, Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales, Buenos Aires, Ed. Heliasta, 1992, pág. 1004.

       Sec. 2-113 de la Ley Núm. 208-1995 (19 LPRA sec. 513).

        First Federal Savs. v. Registrador, 113 DPR 857, 861 (1983).

       19 LPRA sec. 604(b)(2).

       Sec. 2-302(2) de la Ley Núm. 208-1995 (19 LPRA sec. 602(a)(2)); B. Santiago Romero, Tratado de instrumentos negociables: Ley Uniforme de Instrumentos Negociables de Puerto Rico y Ley del Código Uniforme de Comercio de los Estados Unidos, 2da ed. rev., Ed. Universitaria, 1981, pág. 168.

        Westernbank v. Registradora [II], supra, pág. 84, citando a Diccionario de Contabilidad y Finanzas, Madrid, Ed. Cultural, 2003, pág. 273.

       Íd.

        Westernbank v. Registradora [I], supra, pág. 785.

       Art. 187 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad (30 LPRA sec. 2606).

        R & G v. Registradora, 162 DPR 602, 612 (2004); Royal Bank of Canada v. Registrador, 105 DPR 414 (1976); Srio. de Hacienda v. Tribunal Superior, 95 DPR 436, 444 (1967); Arroyo v. Registrador, 86 DPR 362, 374 (1962); Roca v. Banco Territorial y Agrícola, 6 DPR 164, 169 (1904).

       Exposición de Motivos de la Ley Núm. 208-1995, supra.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Héctor L. Ayala Vega, querellado.

      Número: CP-2011-0014

      Resuelto: 10 de octubre de 2013

      Luis R. Román Negrón, procurador general designado, Edna Evelyn Rodríguez Benitez, Minnie H. Rodríguez López y Yaizamarie Lugo Fontanez, procuradoras generales auxi-liares, Tatiana M. Grajales Torruella y Karla Pacheco Al

      varado, subprocuradoras generales; Guillermo Figueroa Prieto, Mayté N. Rivera Rodríguez y Mario A. Rodríguez Torres, abogados del querellado; Crisanta González Seda, comisionada especial.
   per curiam:

El Ledo. Héctor L. Ayala Vega fue admitido al ejercicio de la abogacía el 26 de junio de 1985 y a la práctica de la notaría el 25 de marzo de 1986. El 29 de junio de 1990 renunció de forma voluntaria a la práctica de la notaría y fue readmitido posteriormente como notario el 13 de junio de 1991.

Mientras se desempeñó como abogado, el licenciado Ayala Vega representó al Sr. Juan Alexis Vázquez Pérez (Vázquez Pérez) durante un procedimiento criminal. Por las actuaciones realizadas durante ese proceso, el Sr. Juan C. Vázquez Pérez (quejoso), hermano del señor Vázquez Pérez, presentó en 2007 una queja (Queja Núm. 2007-034) ante la Oficina del Procurador General por alegadas viola-ciones a los cánones del Código de Ética Profesional.

El quejoso sostuvo que contrató a la Sra. Ana L. Vega Morales para representar a su hermano en un caso de vio-lencia doméstica. Esta no pudo continuar la representa-ción legal, por lo que lo refirió al licenciado Ayala Vega. El quejoso sostuvo que el letrado, quien es primo de un hijo de la perjudicada, fue negligente durante la representación legal de su hermano, el señor Vázquez Pérez, y no tramitó una apelación criminal a pesar de habérsele pagado un adelanto para ello. Esta queja fue archivada por la Oficina del Procurador General, conforme surge de la carta de 1 de agosto de 2007.

Inconforme con el archivo de su queja, el quejoso acudió ante esta Curia. Como consecuencia, el asunto fue referido a la Comisión de Ética del Colegio de Abogados de Puerto Rico. Esa Comisión presentó el 20 de abril de 2010 un in-forme de investigación en el que recomendó archivar la queja presentada por el quejoso. De este surge que el le-trado remitió al quejoso un cheque por $1,961.70 a favor del señor Vázquez Pérez, para la devolución de honorarios no devengados.

El 17 de mayo de 2010, el quejoso objetó el informe de investigación. Al así hacerlo, acompañó una certificación del Tribunal de Apelaciones de la cual surge que el licen-ciado Ayala Vega no presentó un recurso de apelación como acordado. Posterior al examen de las expresiones del que-joso, el 4 de junio de 2010, este Tribunal refirió el asunto para investigación a la Oficina del Procurador General. El 24 de marzo de 2011, la Oficina del Procurador General emitió un informe detallado sobre los pormenores de la queja presentada.

Del informe emitido por la Oficina del Procurador General surge que, luego de escuchar los procedimientos du-rante el juicio, no existe prueba alguna para concluir que el letrado no defendió diligentemente a su cliente por la rela-ción lejana con la perjudicada. Sin embargo, la Oficina del Procurador General sostuvo que el licenciado Ayala Vega incurrió en conducta violatoria de los cánones del Código de Ética Profesional.

Específicamente, la Oficina del Procurador General se-ñaló que el licenciado Ayala Vega cobró al quejoso por pre-sentar una apelación que no perfeccionó conforme a dere-cho y cuyo dinero no fue devuelto inmediatamente. El letrado invocó que desistió de la apelación y presentó una moción para solicitar la rebaja de la sentencia impuesta. Sin embargo, nunca presentó esa moción. Por estas actua-ciones, la Oficina del Procurador General entendió que el licenciado Ayala Vega pudo incurrir en violación a los Cá-nones 18, 20, 23, 35 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRAAp. IX. De igual forma, señaló que si el letrado per-mitió el pago de honorarios de abogado a la señora Vega Morales, luego de su desaforo, pudo incurrir en violación a los Cánones 33 y del Código de Ética Profesional, supra. En su informe la Oficina del Procurador General resaltó una moción intitulada Moción Urgente Solicitando Per-miso para Regrabar presentada ante el Tribunal de Pri-mera Instancia por el abogado en la cual alude incorrecta-mente a una apelación ante esta Curia, por lo que entiende que este realizó una representación falsa constituyéndose una violación al Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra.

El letrado presentó sus contenciones al informe emitido por la Oficina del Procurador General. En primer lugar, indicó que el no continuar con el trámite apelativo de un caso no significa que sea incompetente. Señaló que las par-tes seleccionaron una estrategia de litigio que no prosperó. En cuanto a la Moción Urgente Solicitando Permiso para Regrabar, argüyó que la solicitud de regrabación estaba relacionada con la queja presentada por el quejoso, por lo que ello constituye un simple error al redactar el escrito. En torno a la devolución de honorarios, el licenciado Ayala Vega sostuvo que el pago recibido no fue en un adelanto de honorarios para apelación, sino por la devolución de los gastos incurridos en copias y transcripciones de los inci-dentes relacionados a una reconsideración presentada en el caso del señor Vázquez Pérez, por lo que solamente los devolvió en un acto de buena fe. Por último, el letrado sos-tuvo que desconocía que el quejoso estuviese realizando pagos a favor de la señora Vega Morales y que no existe algún hecho independiente que pueda constituir una viola-ción al Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra.

Atendidos los escritos presentados, el 22 de julio de 2011 instruimos a la Oficina del Procurador General a presentar la querella correspondiente. La querella fue presentada el 14 de noviembre de 2011 con cargos por violación a los Cánones 18, 20, 23, 33, 35 y 38 del Código de Ética Profesional, supra. El licenciado Ayala Vega contestó y negó los cargos imputados en la querella.

El 6 de junio de 2012, con la aprobación de este Tribunal, la querella fue enmendada para incluir un cargo adi-cional por violación al Canon 35 del Código de Ética Profe-sional, supra, debido a alegadas inconsistencias en los testimonios del togado, con relación al cobro de los $1,961.70. Los trámites fueron asignados a una comisio-nada especial, quien recibió la prueba y rindió el respectivo informe el 3 de abril de 2013.

La comisionada especial, Leda. Crisanta González Seda, hizo un recuento de los procesos acaecidos durante el trá-mite de la querella. Con relación a los cargos presentados, determinó que el letrado instruyó al quejoso a pagar, el 18 de mayo de 2006, $400 a la señora Vega Morales. Del in-forme presentado surge que la Comisionada Especial pre-cisó que el quejoso y el abogado acordaron presentar una apelación ante el Tribunal de Apelaciones con relación a la causa criminal en la que fue hallado culpable el hermano del quejoso. Para ello, pactaron honorarios de $5,000, de los cuales el quejoso adelantó $1,961.70. La comisionada especial concluyó que esta suma fue por el pago de la ape-lación y descartó que ello respondiera, como alegó en oca-siones el abogado, a un reembolso por los gastos incurridos en un alegado trámite de reconsideración. El adelanto pa-gado fue devuelto en 2009. Además, la comisionada especial precisó que mediante moción de 3 de diciembre de 2007, el licenciado Ayala Vega solicitó al Tribunal de Pri-mera Instancia regrabar los procedimientos. Al así hacerlo, aseveró: “[e]n el caso de epígrafe hemos radicado una ape-lación en el Tribunal Supremo y por esto estamos solici-tando la regrabación de los procedimientos del juicio del 5 de julio de 2006 [...]”. Véase Moción Urgente Solicitando Permiso para Regrabar, presentada ante el Tribunal de Primera Instancia el 3 de diciembre de 2007.

Acto seguido, y luego de una exposición del derecho apli-cable, la Comisionada Especial razonó que los hechos ex-puestos denotan que el licenciado Ayala Vega incurrió en las violaciones imputadas a los cánones de ética profesional.

Las partes no objetaron el informe de la comisionada especial, por lo que el caso quedó sometido el 2 de agosto de 2013. Examinados los hechos ante nuestra considera-ción, estamos en posición de resolver.

I

Al licenciado Ayala Vega se le imputa haber violado los Cánones 18, 20, 23, 33, 35 y 38 del Código de Ética Profesional, supra. Veamos si incurrió en las alegadas violaciones.

El Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, impone al abogado el deber de desempeñarse en su representación de forma competente, capaz y diligente. De igual manera, obliga al abogado a defender los intereses de su cliente con el más profundo saber y habilidad, por lo que sus actuaciones deben ser adecuadas y responsables para la profesión jurídica general. In re Rivera Ramos, 178 DPR 651, 664 (2010); In re Pereira Esteves, 131 DPR 515, 522 (1992). Una infracción a este canon perjudica directamente los intereses del cliente. Por ello, la ética profesional le exige al abogado un conocimiento vasto sobre las normas jurídicas y que actúe en consecuencia. Así, incurre en una violación ética aquel abogado que atiende indebidamente la causa que le fue encomendada. R.L. Vigo, Ética del abogado; conducta procesal indebida, 2da ed., Buenos Aires, Ed. Lexis Nexis, 2003, pág. 103. El letrado falta a su deber de diligencia cuando no realiza las gestiones que le fueron encomendadas en el momento oportuno, de la forma adecuada y sin retrasos. S. Steidel Figueroa, Ética y responsabilidad del abogado, San Juan, Pubs. JTS, 2010, pág. 179; In re Vilches López, 170 DPR 793, 798 (2007).

De otra parte, la importancia de mantener la confianza en la profesión legal sobre los asuntos económicos de un representado es de gran relevancia. A estos efectos, el Canon 20 del Código de Ética Profesional, supra, establece el procedimiento que debe seguir un abogado al renunciar a la representación legal que ostenta, lo cual incluye el deber de reembolsar inmediatamente cualquier cantidad que se haya pagado por adelanto en honorarios por servicios que no se han prestado. Canon 20 del Código de Ética Profesional, supra; In re Rodríguez Lugo, 175 DPR 1023, 1030-1031 (2009). En igual medida, el Canon 23 del Código de Ética Profesional, supra, requiere al abogado que dé pronta cuenta del dinero u otros bienes del cliente y no mezclarlos con los propios. In re Ríos Ríos, 175 DPR 57, 72-73 (2008). Así, la retención de cualquier canti-dad de dinero, perteneciente a su cliente que esté en pose-sión del abogado trastoca e infringe los postulados del Canon 23 del Código de Ética Profesional, supra. In re Rivera Rozada, 176 DPR 215, 225 (2009).

El solo hecho de que el togado retenga fondos pertenecientes a un cliente justifica una sanción disciplinaria independientemente de si el abogado devolvió tal dinero y que su retención hubiere haya sido sin la intención de apropiárselos. In re Vega Quintana, 188 DPR 536 (2013); In re Ríos Ríos, supra, pág. 73; In re Rivera Irizarry, 155 DPR 687, 693 (2001). Por ello, constituye un grave atentado a la relación fiduciaria que el abogado retenga una suma de dinero que le adelantó su representado en concepto de honorarios sin realizar la gestión a la cual se comprometió. In re Torres Viñals, 180 DPR 236, 246 (2010); In re Ramírez Ferrer, 147 DPR 607, 614 (1999).

Como es sabido, ejercer la profesión de abogado constituye un gran privilegio que conlleva unas responsabilidades. Ante ello, el Canon 33 del Código de Ética Profesional, supra, impone a todo abogado el deber de evitar “que personas no autorizadas practiquen la abogacía o la notaría”. Canon 33 del Código de Ética Profesional, supra. Además, el canon dispone claramente que es impropio de un abogado el “permitir o facilitar a una persona o entidad que no esté autorizada a ejercer la abogacía o el notariado que cobre total o parcialmente por los servicios profesionales o notariales prestados por el abogado”, íd. De acuerdo con ello, este Tribunal enfáticamente ha expresado que incurre en conducta violatoria al Canon 33 del Código de Ética Profesional, supra, aquel “jurista que comparte sus honorarios con una persona que no es abogado”. (Énfasis suplido). In re Franco Rivera, 169 DPR 237, 271 (2006). Véase, además, In re Rochet Santoro, 174 DPR 123, 133-134 (2008).

Con relación al Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra, y en lo pertinente, este impone a cualquier miembro de la profesión legal actuar con sinceridad y honradez. Ello, incluye que el abogado se ajuste a la franqueza de los hechos al redactar documentos y presentar sus causas. No es sincero y honrado utilizar medios que sean falsos. In re Rochet Santoro, supra, pág. 137; In re Marini Román, 165 DPR 801, 807 (2005). Tampoco se debe inducir a error mediante la utilización de artificios o de una falsa relación de hechos o Derecho. Por ende, el abogado que provee al tribunal información falsa o que no se ajuste a la verdad incumple con este canon. In re Nieves Nieves, 181 DPR 25, 41 — 42 (2011); In re Zapata Torres, 176 DPR 545, 554 (2009). No es defensa a la inobservancia de este compromiso el que no se haya obrado de mala fe, deliberadamente o sin intención de engañar. In re Rosado Nieves, 189 DPR 259 (2013); In re Muñoz Fernós, 184 DPR 679, 686-687 (2012). Lo fundamental es que se falte a los valores de honradez y veracidad, pilares de la profesión legal. In re Nieves Nieves, supra, pág. 43; In re Astacio Caraballo, 149 DPR 790, 799 (1999).

Por último, el Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra, “preceptúa una máxima de suma importancia para el ordenamiento deontológico de la profesión legal”. In re Báez Genoval, 175 DPR 28, 38 (2008). Concretamente, este canon enfatiza los valores principales que deben prevalecer al ejercer la profesión de la abogacía: la dignidad y el honor. Con relación a este canon, hemos establecido que “[l]a justicia debe ser inmaculada, tanto en su realidad interior como en la percepción externa. [...] Cuando la conducta que se le imputa a un abogado demuestra que no se conduce de forma digna y honorable, viola el citado Canon 38”. In re Pons Fontana, 182 DPR 300, 310 (2011). Todos los miembros de nuestra profesión deben estar en una constante introspección, analizando que su conducta sea armoniosa con la responsabilidad ética y moral que permea el ejercicio de la abogacía. “[L]os abogados son el espejo donde se refleja la imagen de la profesión. Por tal razón, estos deben actuar con el más es-crupuloso sentido de responsabilidad que impone la función social que ejercen”. In re Nieves Nieves, supra, pág. 45. Véase In re Gordon Menéndez, 183 DPR 628, 642-643 (2011).

II

Nos corresponde determinar si el licenciado Ayala Vega incurrió en las violaciones imputadas. A la luz de los he-chos determinados por la Comisionada Especial y el exa-men del expediente ante nuestra consideración, no duda-mos que el letrado infringió los Cánones 18, 20, 23, 33, 35 y 38 del Código de Etica Profesional, supra.

El quejoso contrató los servicios del letrado para que representara a su hermano durante un proceso criminal por razón de que la señora Vega Morales no podía conti-nuar con la representación legal que ostentaba. Así las co-sas, el letrado compareció ante el foro de instancia como abogado del hermano del quejoso en una causa criminal. Alegó que no cobró honorarios y que lo único que recibió fue una suma para la presentación de una apelación. Du-rante ese proceso, y conforme los hechos probados y no rebatidos, el letrado instruyó al quejoso a pagar dinero a la señora Vega Morales, quien no estaba autorizada a ejercer la abogacía. El quejoso actuó conforme a lo instruido y pagó a la señora Vega Morales al finalizar las comparecen-cias que el letrado hiciera en la representación de su hermano. Al así actuar, el licenciado Ayala Vega violó el Canon 33 del Código de Ética Profesional, supra, ya que compartió honorarios con una persona que no era abogado.

De otra parte, y aunque la Comisionada Especial enten-dió que las gestiones realizadas beneficiaron al imputado durante los procedimientos, esta determinó que el quejoso y el abogado acordaron presentar una apelación por el caso en el cual su hermano fue hallado culpable, la cual no fue presentada. Indicó, que el licenciado Ayala Vega y el que-joso pactaron $5,000 en honorarios. El letrado solicitó al quejoso un adelanto por $1,961.70, los cuales fueron pagados. A pesar de lo acordado, el 31 de octubre de 2006, el licenciado Ayala Vega se limitó a presentar la apelación ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Guayama. El letrado nunca gestionó un trámite posterior en cuanto a la apelación como tampoco la notificó al Tribunal de Apelaciones. Por lo tanto, la apelación nunca se per-feccionó conforme a derecho. Además, no informó sobre este hecho al quejoso ni a su representado. A solicitud del quejoso, el Tribunal de Apelaciones expidió una certifica-ción el 12 de febrero de 2009 de la que se desprende que nunca se presentó recurso alguno ante ese foro.

Como consecuencia del trámite inoficioso realizado, el señor Vázquez Pérez no pudo ejercer su derecho y deseo de revisar la sentencia impuesta, la cual advino final y firme. En su defensa, el licenciado Ayala Vega alegó que la falta de notificación al foro intermedio fue parte de una estrate-gia de litigio para conseguir una rebaja de la pena impuesta. Señaló que las partes acordaron solicitar una reconsideración ante el foro primario y que desistieron de la apelación presentada. Sin embargo, los acontecimientos acaecidos reflejan lo contrario y no sostienen lo alegado.

La prueba examinada demuestra que el letrado nunca solicitó una reconsideración para rebajar la pena impuesta posterior a la sentencia o a la apelación. Tampoco realizó trámite alguno que sostuviera sus alegaciones en cuanto a que ello era parte de una estrategia de litigio. Más aún, el licenciado Ayala Vega desplegó una conducta deshonrosa. En un principio el letrado afirmó ante este Tribunal, y con relación a la queja, haber presentado la apelación, según solicitada y sostuvo osadamente que el quejoso faltaba a la verdad al indicar que “[l]a apelación se hizo; el tribunal de apelaciones tiene el caso ante su consideración”. Véase Carta de 21 de noviembre de 2007 del licenciado Ayala Vega ante este Tribunal. Igualmente, indujo a la creencia de que había cumplido con lo acordado cuando el 15 de julio de 2009 afirmó ante la Comisión de Ética del Colegio de Abogados que “[e]n este caso, luego de haber recibido el adelanto de $1,961.70 de la suma de $5,000 pactada por la apelación, el licenciado Ayala Vega presentó el escrito de apelación en la Secretaría del Tribunal de Guayama el 31 de octubre de 2006”. Sin embargo, luego argumentó que la apelación nunca se perfeccionó como parte de una estrate-gia de litigio. La conducta mendaz del letrado incluyó las aseveraciones con relación al adelanto de dinero pagado por el quejoso. Por una parte, el letrado manifestó que el dinero constituyó un anticipo para presentar la apelación y, por otra, que la cantidad pagada fue un reembolso por gastos incurridos relacionados a una reconsideración de la sentencia impuesta contra el hermano del quejoso. No obstante, no existe prueba alguna de que el letrado haya presentado la reconsideración.

Esa misma conducta fue desplegada ante el Tribunal de Primera Instancia cuando el 3 de diciembre de 2007 el li-cenciado Ayala Vega presentó una Moción Urgente Solici-tando Permiso para Regrabar, en la cual informó que “he-mos radicado una apelación ante el Tribunal Supremo” y por eso solicitaba la grabación de los procedimientos. El letrado aduce que ello consistió en un error y que la solici-tud fue como consecuencia de la queja presentada por el quejoso. El hábito demostrado nos lleva a concluir lo contrario.

Ciertamente, las manifestaciones del togado constitu-yen una falsa relación de hechos con la intención de justi-ficar sus actuaciones ante la querella presentada. De esta forma, el licenciado Ayala Vega actuó de forma deshonrosa con la única finalidad de salvar su causa. Por un lado ase-guró haber cumplido con la encomienda encargada, mien-tras, a su vez, sostenía que acordó la presentación de una reconsideración que nunca hizo. Igualmente, defendió la retención del dinero adelantado como parte de la presenta-ción del recurso apelativo realizado para luego sostener que constituyó la devolución de gastos incurridos por el trámite de la alegada reconsideración post sentencia. Las versiones del licenciado Ayala Vega resultan incompatibles con sus propias expresiones y con la prueba presentada.

Por último, el letrado retuvo los $1,961.70 adelantados por el quejoso y no fue hasta el 2009 que el licenciado Ayala Vega los devolvió e indicó: “[e]n señal de buena fe se in-cluye un cheque por $1,961.70 a favor de Juan Alexis Váz-quez Pérez en concepto de devolución de honorarios profe-sionales no devengados”. Véase Misiva de 15 de julio de 2009 ante la Comisión de Ética del Colegio de Abogados.

No cabe duda de que el licenciado Ayala Vega dejó de actuar de forma capaz, competente y diligente al no inter-poner el recurso de apelación acordado o gestión alguna con el propósito de suplicar una rebaja a la pena impuesta. Ante ello, incurrió en la infracción al Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra. Además, el examen detenido de los hechos refleja con certeza que el licenciado Ayala Vega ofreció información inconsistente que refleja la false-dad de sus aseveraciones. Posteriormente, presentó ante el foro primario hechos que no concordaban con la realidad al solicitar la regrabación de los procedimientos justificando que existía una apelación ante esta Curia.

El licenciado Ayala Vega fue inconsistente en su defensa y se valió de artificios para defenderse contra la querella. Primeramente, el letrado insistió en que el quejoso mentía y afirmó haber presentado la apelación para luego justifi-car su incumplimiento con el ardid de que ello respondía a una estrategia de litigio. Como si ello fuera poco, sostuvo que el adelanto de dinero constituyó un reembolso de los gastos en que se incurrió en copias y transcripciones para una solicitud de reconsideración sin que justificaran estos y olvidando que en otras ocasiones sostuvo que ello fue el pago de los honorarios de la apelación que presentó.

Las actuaciones reseñadas, demuestran una falta a los valores de honradez y veracidad que debe tener la profe-sión legal en todo momento. El letrado proveyó informa-ción falsa que no se ajustó a la verdad al solicitar la gra-bación de los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia cuando aseveró que había un recurso de apela-ción ante este Tribunal. También desplegó una actitud in-digna al presentar su defensa a base de la relación de he-chos que entendió mejor le favorecían sin importar la veracidad de estos. Tal conducta constituyó violaciones a los Cánones 18 y 35 del Código de Ética Profesional, supra.

De otra parte, el letrado retuvo el anticipo pagado por el quejoso por gestiones que no realizó. No fue hasta el 2009 que devolvió estos en un alegado acto de buena fe. La re-tención del dinero adelantado configuró una infracción a los Cánones 20 y 23 del Código de Ética Profesional, supra, ya que el letrado retuvo dinero por servicios que no prestó y faltó a su deber de fiducia y honradez absoluta. El licen-ciado Ayala Vega se vio obligado a devolver el dinero reci-bido debido a las insistencias del quejoso con relación al trámite de su queja. No obstante, en ningún momento en-tendió que no era merecedor de este, sino que aseveró que la devolución era un acto de buena fe.

Por último, las actuaciones del letrado no resultan dig-nas ni reflejan el honor de la profesión de la abogacía. La conducta desplegada expone que el abogado no actuó con la seriedad y la responsabilidad que se requiere para la voca-ción de nuestra profesión. Todo ello en clara violación al Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra.

III

Al determinar la sanción disciplinaria que habrá de imponerse a un abogado que haya incurrido en conducta contraria a los cánones del Código de Ética Profesional, puede tomarse en consideración: la buena reputación del abogado en la comunidad; su historial previo; si es su primera falta; si ninguna parte se ha visto perjudicada; si se trata de conducta aislada; el ánimo de lucro que medió en su actuación; si hubo resarcimiento al cliente, y cualesquiera otras consideraciones, ya sean atenuantes o agravantes, que medien según los hechos. In re Hernández González, 188 DPR 721, 729 (2013).

En el caso de autos, resulta evidente que se configura la circunstancia agravante de que la falta de diligencia para cumplir con la encomienda profesional en cuanto al tracto apelativo tuvo el efecto de que la sentencia que le fuera impuesta advino final y firme, sin que el imputado pudiera efectivamente revisarla. Igualmente, existe el agravante de que el licenciado Ayala Vega negó su responsabilidad al sostener hechos huérfanos de prueba y en sí mismos contradictorios. Tampoco ha mostrado arrepentimiento de clase alguna. A su vez, es de notar que el licenciado Ayala Vega en ningún momento pretendió devolver el adelanto de dinero recibido por los trabajos no realizados y, por el con-trario, siempre entendió que no tenía la responsabilidad de devolverlo, ya que adujo que lo hacía en un alegado acto de buena fe.

En definitiva, el licenciado Ayala Vega presentó alega-ciones incompatibles desde el 2007 hasta el presente con relación a la querella presentada. La consideración de las circunstancias expuestas demuestran que el letrado incu-rrió en conducta grave que lesiona la imagen de la profesión.

IV

Por los fundamentos expuestos, concluimos que el Ledo. Héctor L. Ayala Vega violó los Cánones 18, 20, 23, 33, 35 y 38 del Código de Etica Profesional, supra. En considera-ción a la totalidad de las circunstancias particulares que rodean el caso de autos, se le suspende del ejercicio de la profesión por el término de dos años, a partir de la notifi-cación de la presente opinión “per curiam”.

Se le impone el deber de notificar a todos sus clientes de su actual inhabilidad para seguir representándolos, devol-verá los expedientes de los casos pendientes y cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados, e infor-mará oportunamente de su suspensión a los distintos foros judiciales y administrativos de Puerto Rico. El Alguacil de este Tribunal incautará inmediatamente la obra y el sello notarial del señor Ayala Vega para el trámite correspon-diente por el Director de la Oficina de Inspección de Notarías. Además, deberá certificarnos en treinta días el cumplimiento de estos deberes.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

       El quejoso buscó la representación legal de su hermano, la costeó, estuvo estrechamente involucrado con los trámites legales y era informado sobre los porme-nores del caso.

       La Sra. Ana L. Vega Morales fue suspendida indefinidamente del ejercicio de la abogacía y la notaría el 17 de marzo de 2006. Véase In re Vega Morales, 167 DPR 331 (2006).

       El cheque fue emitido el 28 de junio de 2009. Éste no fue canjeado y fue anejado en la comparecencia del 19 de agosto de 2009 que hiciera el quejoso ante este Tribunal.

       El informe de la Comisionada Especial fue notificado el 3 de abril de 2013 y luego mediante una notificación enmendada para corregir un error en la del 1 de mayo de 2013. Desde ese momento comenzó a transcurrir el término simultáneo de veinte días que tienen las partes para ofrecer sus comentarios u objeciones, y sus recomendaciones, en cuanto a la acción que deba tomar el Tribunal. Transcurrido el referido término, el Tribunal resolverá lo que proceda en derecho. Véase Regla 14(Z) y (m) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRAAp. XXI-B.
      El 17 de abril de 2013, el licenciado Ayala Vega solicitó la regrabación de los procedimientos. Mediante Resolución de 28 de mayo de 2013 autorizamos la regra-bación solicitada. El 1 de junio de 2013, el licenciado Ayala Vega consignó el arancel necesario. Transcurridos dos meses, el 2 de agosto de 2013 este Tribunal dio por sometido el caso para su adjudicación. Sin embargo, el 9 de agosto de 2013, mediante la Moción Solicitando Remedio, el licenciado Ayala Vega solicita, por primera vez, que el término para presentar sus objeciones y comentarios al informe se compute desde que se presente la transcripción. Esta se presentó el 21 de agosto de 2013. El 27 de agosto de 2013, la Oficina del Procurador General se opuso mediante Oposición a Moción Sometiendo Transcripción de Vista. Luego, el 10 de septiembre de 2013, el licenciado Ayala Vega presentó sus objeciones al informe de la comisionada especial. El procurador general solicitó el desglose de tal escrito, a lo que se opuso el letrado.
      La Moción Solicitando Remedio, presentada el 9 de agosto de 2013, y la Moción Sometiendo Transcripción de la Vista Oral, presentada el 21 de agosto de 2013, y las objeciones y recomendaciones en tomo al informe de la Comisionada Especial, presen-tadas el 10 de septiembre de 2013, por el licenciado Ayala Vega fueron presentadas en exceso al término para objetar el informe de la Comisionada Especial y luego de que el caso quedara sometido para su resolución, por lo que ambas mociones se declaran “no ha lugar”. Por lo tanto, no consideraremos la transcripción presentada ni las objecio-nes y recomendaciones. Véase In re Comas, Rosado, 180 DPR 143 (2010).

       Reiteradamente hemos expresado que las determinaciones de hecho que haga un comisionado especial en un procedimiento disciplinario merecen nuestra deferencia. Consecuentemente, no alteramos estas a menos que medie pasión, pre-juicio, parcialidad o error manifiesto en su apreciación de la prueba. In re Soto Charraire, 186 DPR 1019 (2012); In re Muñoz, Morell, 182 DPR 738, 749-750 (2011).

       De las minutas relacionadas surge que el señor Vázquez Pérez fue hallado culpable el 5 de julio de 2006. En ese momento, el licenciado Ayala Vega solicitó que se le permitiera presentar reconsideración al fallo. El 'Tribunal accedió y señaló el acto para dictar la sentencia para el 23 de agosto de 2006. Véase Minuta de 6 de julio de 2006 en el caso criminal GLE2006G0139. En esa fecha, el letrado señaló que presentó una moción de reconsideración, la cual no se había unido al expediente. Así, solicitó un término para producir copia de esta. Véase la Minuta de 23 de agosto de 2006, en el caso criminal GLE2006G0139. Contrario a lo expresado en sala, el licen-ciado no había presentado la moción de reconsideración. Esta fue presentada el 30 de agosto de 2006. Al día siguiente, el foro primario la declaró “no ha lugar” y dictó la sentencia el 2 de octubre de 2006.

       Véase la Réplica a Informe de la Procuradora General de 20 de junio de 2011, en la que el licenciado Ayala Vega indicó:
      “[L]a reconsideración se argumentó el 31 de agosto de 2006 y el pago de $1,961.70 se hizo el 11 de septiembre de 2006, antes de que se dictara sentencia el 2 de octubre de 2006. No es razonable que un pago realizado el 11 de septiembre de 2006 pueda constituir un adelanto de pago de honorarios por una apelación que no surge hasta el 2 de octubre de 2006 cuando se dictó la sentencia que ordenó reclusión

        por cuatro años. Lo razonable es concluir que el pago se refería al reembolso de gastos relacionados con la reconsideración.

        Por tratarse de gastos y no de honorarios, el licenciado Ayala Vega, no estaba en la obligación de devolver los $1,961.70 al hermano del acusado. Sólo lo hizo por recomendación de su abogado con la intención de que se viera la buena fe del licen-ciado Ayala Vega y que incluso estaba dispuesto a renunciar a su derecho al reem-bolso de gastos incurridos en aras de terminar cualquier controversia con el señor Vázquez Pérez”. (Énfasis suplido). Contestación a querella de 23 de noviembre de 2011, pág. 2.
      Igual argumento sostuvo en su Contestación a querella de 23 de noviembre de 2011, cuando indicó que “la cantidad de $1,961.70 pagada por el hermano del acu-sado no fue un adelanto de honorarios para la apelación, sino el pago de gastos incurridos en copias y transcripciones de vistas de los incidentes ante el TPI relacio-nados con la reconsideración”. (Énfasis suplido). Id., pág 2.
      El licenciado Ayala Vega olvidó que en su contestación de 18 de febrero de 2011 al interrogatorio cursado por la Oficina del Procurador General expuso: “[l\o único que recibí para la Apelación fue un pronto de $1,961.70 de los $5,000 dólares que siempre [es] lo mínimo que siempre [sic] he facturado por una apelación”. (Énfasis suplido).


text:
      In re Isel M. Falcón López, querellada.

      Número: CP-2012-11

      Resuelto: 25 de octubre de 2013

      Edna Evelyn Rodríguez Benitez, procuradora general auxi-liar, y Tatiana M. Grajales Torruella, subprocuradora general; Efraín Guzmán Mollet, abogado de la parte quere-llada; Eliadís Orsini Zayas, comisionada especial.
   per curiam:

En esta ocasión debemos suspender a una abogada tras ser declarada culpable en cinco cargos de de-lito menos grave por infrigir la See. 6059 del Código de Rentas Internas, 13 LPRA ant. see. 8064, al no conservar constancias suficientes para determinar su responsabilidad contributiva, según exigido por el Art. 1054(a)-1(1) del Reglamento Núm. 5078 de 3 de abril de 1998 del Departamento de Hacienda.

I

La Leda. Isel M. Falcón López fue admitida al ejercicio de la abogacía el 13 de agosto de 1986. El 14 de abril de 2009, la División de Integridad Pública, Delitos Económi-cos y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia y el Departamento de Hacienda presentaron diez cargos contra el matrimonio compuesto por el Ledo. Guillermo Ramos Luiña y la licenciada Falcón López por alegada violación a la Sec. 6049(d) del Código de Rentas Internas de 1994, en su modalidad de delito grave, 13 LPRA ant. sec. 8054(d). Los cargos imputaban no haber sometido las planillas de contribución sobre ingresos desde el 2003 hasta el 2007.

En la vista de Regla 6 no se determinó causa probable por el delito imputado, sino por el delito menos grave de no haber rendido a tiempo planillas de contribución sobre in-gresos para los años 2003 al 2007, tipificado en la See. 6049(c), 13 LPRA ant. sec. 8054(c). El Estado acudió en alzada, sin éxito. Esto respondió a que, durante la investi-gación y el procedimiento penal, los esposos rindieron las planillas correspondientes y entregaron al Departamento de Hacienda las cantidades adeudadas ($246,236.75). Tras varios trámites procesales, el 22 de abril de 2010, el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia conforme a un preacuerdo en el cual los cinco cargos graves que pesaban en contra del licenciado Ramos Luiña se archivaron y la licenciada Falcón López se declaró culpable de cinco cargos menos graves de infracción a la See. 6059 del Código de Rentas Internas de 1994 (13 LPRA ant. see. 8064), el cual disponía:

Delito por Violaciones Generales al Código— toda persona que no cumpla con cualquier disposición de cualquier Subtí-tulo del Código o de los reglamentos promulgados en virtud del mismo, o con cualquier otra ley o reglamento de Puerto Rico relacionado con impuestos de rentas internas, o que a sabiendas coopere, induzca, o de otro modo ayude a una persona a violar las leyes y reglamentos mencionados y para lo cual no se haya dispuesto específicamente de otra manera en este Subtítulo, incurrirá en un delito menos grave.

En específico, la letrada se declaró culpable de violar el Art. 1054(a)l del Reglamento Núm. 5780 de 3 de abril de 1998 del Departamento de Hacienda, que dispone:

Artículo 1054(a)-1.— Constancias y planillas especiales por el contribuyente.— (a) Toda persona, excepto aquellas cuyo ingreso bruto (1) consista únicamente de salarios, sueldos o remuneración similar por servicios personales prestados, o (2) proceda tan sólo del negocio de cosechar y vender productos de la tierra, deberá, para los fines de permitir al Secretario de-terminar la cantidad correcta del ingreso sujeto a contribu-ción, llevar aquellos libros de contabilidad y conservar los do-cumentos y constancias, incluyendo inventarios, que sean suficientes para establecer la cantidad del ingreso bruto y las deducciones, créditos y otros detalles que de acuerdo con el Código deben aparecer en cualquier planilla.

Se le impuso una multa y pena especial de $100 por cada cargo, la cual fue satisfecha oportunamente.

Por estos hechos, la Oficina del Procurador General nos presentó un Informe. Luego de examinarlo, el 10 de febrero de 2012 ordenamos que se presentara la querella corres-pondiente en contra de la licenciada Falcón López. En la misma se imputó violación a la See. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909 (4 LPRA see. 735) y al Canon 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRAAp. IX. Los cargos fueron los siguientes:

Cargo I: La conducta de la licenciada Isel M. Falcón López, que conllevó que fuese declarada culpable de cinco cargos menos graves por infringir la Sección 6059 del Código de Rentas Internas, violentó la Sección 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909, 4 LPRA see. 735, la cual establece que el abogado que fuere culpable de engaño, conducta inmoral (malpractice), delito grave (felony) o delito menos grave (misdemeanor), en conexión con el ejercicio de su profesión o que fuere culpable de cualquier delito que implique depravación moral, podrá ser suspendido o destituido de su profesión. In re Toro Goyco, 170 DPR 432 (2007); In re Calderón Nieves, 157 DPR 299 (2002); In re Rivera Cintrón, 114 DPR 481 (1983).
Cargo II: La licenciada Isel M. Falcón López violentó las dis-posiciones del Canon 38 de Ética Profesional al haber incu-rrido en conducta impropia y fraudulenta, lesionando así el honor y la dignidad de la profesión de abogado. Querella, pág. 2.

El 31 de mayo de 2012 se notificó la querella a la letrada y se le concedió un término de quince días, a partir del recibo de la notificación, para contestarla. En su contesta-ción aceptó los hechos, según expuestos. Además, expuso que, por decisión voluntaria, no ejercía la profesión desde principios del 2011. Invocó como defensa que la determina-ción de no causa probable por los cargos del delito grave, al ser final y firme, constituye cosa juzgada o impedimento colateral por sentencia con relación al procedimiento disciplinario. También, alegó que, cuando rindió las plani-llas en cuestión, no tenía conocimiento de que estaba siendo investigada criminal o administrativamente y que el pago hecho al Departamento de Hacienda incluía el pago de principal e intereses. Además, señaló que no fue decla-rada culpable de delitos en conexión con la profesión y que la conducta por la cual fue sentenciada no implica depra-vación moral. Luego de analizar la querella y la contesta-ción de la querellada, nombramos como Comisionada Especial a la Hon. Eliadís Orsini Zayas, quien celebró varias vistas.

Entre tanto, el 13 de julio de 2012, la letrada presentó su primera Moción en la cual solicitó permiso para renun-ciar voluntariamente a la práctica de la profesión junto a una declaración jurada en la que expresaba no tener ánimo ni fuerza para enfrentar el procedimiento disciplinario en su contra ni para ejercer la profesión a causa de haber sufrido numerosas vicisitudes en su vida. Esta moción fue declarada “no ha lugar” el 26 de octubre de 2012 mediante Resolución. Además, se le concedió un término de veinte días para que expresara por qué no debía ser suspendida de la profesión como resultado de la sentencia dictada en su contra. La letrada compareció oportunamente y reiteró que no ejercía la profesión desde hacía más de dos años, y que no deseaba practicarla en el futuro, por lo que no tenía intención de defenderse de la querella en su contra.

Luego de los trámites de rigor, la Comisionada Especial rindió su Informe. Concluyó que la licenciada Falcón López no violó la See. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909, supra, pero que sí violó el Canon 38 del Código de Ética Profesio-nal, supra. Como “la propia abogada ha sometido una pe-tición en la que se solicita se le autorice renunciar perma-nentemente a la profesión legal” y que “esto representa que ya ella misma provee con la sanción máxima posible”, re-comendó aceptar la petición de renuncia sin emitir un dic-tamen ético. Informe de la Comisionada Especial, pág. 17.

II

La Sec. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909, supra, establece que

[e]l abogado que fuere culpable de engaño, conducta inmoral (malpractice), delito grave (felony) o delito menos grave (misdemeanor), en conexión con el ejercicio de su profesión o que fuere culpable de cualquier delito que implicare depravación moral, podrá ser suspendido o destituido de su profesión por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. La persona que siendo abo-gado fuere convicta de un delito grave cometido en conexión con la práctica de su profesión o que implique depravación moral, cesará convicta que fuere, de ser abogado o de ser com-petente para la práctica de su profesión. A la presentación de una copia certificada de la sentencia dictada al Tribunal Supremo, el nombre de la persona convicta será borrado, por orden del Tribunal, del registro de abogados. Al ser revocada dicha sentencia, o mediante el perdón del Presidente de los Estados Unidos o del Gobernador de Puerto Rico, el Tribunal Supremo estará facultado para dejar sin efecto o modificar la orden de suspensión.

Esta disposición establece las instancias que ameritan separar de la profesión a un abogado. No solo cometer un delito grave o menos grave en conexión con la profesión acarrea la separación de la abogacía, sino también cualquier delito que conlleve depravación moral. In re Toro Goyco, 170 DPR 432, 436 (2007). Como los delitos por los cuales la licenciada Falcón López fue convicta no tienen conexión directa con el ejercicio de la profesión legal, debe-mos examinar si implican depravación moral.

La jurisprudencia de este Tribunal ha expresado que la depravación moral “ ‘consist [e e]n hacer algo contrario a la justicia, la honradez, los buenos principios o la moral, como el delito de extorsión o el de de[s]falco’ ”. (Énfasis suprimido). In re Toro Goyco, supra, pág. 436. Véanse: In re Vega Morales, 167 DPR 331, 335 (2006); In re Piñero Martínez, 161 DPR 293, 295-296 (2004). El análisis se fundamenta en la intención del actor y en la naturaleza enga-ñosa de la acción. In re Toro Goyco, supra. Además, hemos señalado que “en cuanto a lo que implica depravación moral, [no importa] la distinción entre delito grave o menos grave”. Íd., pág. 439. En síntesis, depravación o torpeza moral es “un estado o condición del individuo, compuesto por una deficiencia inherente de su sentido moral y la rec-titud; en que la persona ha dejado de preocuparse por el respeto y la seguridad de la vida humana y todo lo que hace es esencialmente malo, doloso, fraudulento, inmoral, vil en su naturaleza y dañino en sus consecuencias”. In re Rivera Cintrón, 114 DPR 481, 491 (1983).

Específicamente, este Tribunal se ha expresado anteriormente sobre la conducta de abogados que no rinden sus planillas de contribución sobre ingresos. En In re Rivera Cintrón, supra, suspendimos al letrado indefinidamente luego de analizar su conducta de no presentar sus planillas de contribución sobre ingresos unido a conducta contumaz ante el asunto. De igual forma, en In re Calderón Nieves, 157 DPR 299 (2002), ordenamos la separación indefinida e inmediata del ejercicio de la abogacía y la notaría del abogado tras ser sentenciado conforme a una alegación preacordada por cuatro violaciones a la Sec. 145(c) de la entonces vigente Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1954 (13 LPRA ant. sec. 3145(c)), por no rendir sus planillas de contribución sobre ingresos. Por último, en In re Toro Goyco, supra, separamos inmediata e indefinidamente de la profesión al letrado luego de ser hallado culpable, tras una alegación preacordada, de tres cargos menos grave de violación a la entonces vigente Sec. 145(a) de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1954, supra, 13 LPRA ant. sec. 3145(a), por dejar de someter información en su planilla de contribución sobre ingresos.

Por su parte, el Código de Ética Profesional recoge las normas mínimas de conducta que rigen a los miembros de la profesión legal. Este promueve un comportamiento ejemplar por parte de los abogados en el desempeño de su labor. In re Hernández González, 188 DPR 721 (2013); In re Mulero Fernández, 174 DPR 18, 28 (2008). En particular, el Canon 38, supra, dispone, en lo pertinente, que

[e]l abogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia. [...]
Por razón de la confianza en él depositada como miembro de la ilustre profesión legal, todo abogado, tanto en su vida pri-vada como en el desempeño de su profesión, debe conducirse en forma digna y honorable.

Consiguientemente, un abogado que no se conduce digna y honorablemente viola el Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra. Véanse: In re Santiago Concepción, 189 DPR 378 (2013); In re Hernández Vázquez, 180 DPR 527, 541 (2010); In re Roldán Figueroa, 106 DPR 4, 12 (1977). Incluso, los abogados tienen la obligación de evitar la conducta impropia en su vida profesional y personal, tanto en la realidad como en la apariencia. In re Santiago Concepción, supra; In re Cotto Luna, 187 DPR 584 (2012); In re Peña, Santiago, 185 DPR 764, 781 (2012). De lo contrario, podrían enfrentar la suspensión o el desaforo del ejercicio de la profesión. In re Campoamor Redín, 150 DPR 138, 153 (2000).

III

La licenciada Falcón López fue hallada culpable de cinco cargos menos grave de infracción a la Sec. 6059 del Código de Rentas Internas de 1994, supra, sobre violacio-nes generales al código y a los reglamentos promulgados de acuerdo con él. En particular, la letrada se declaró culpable de violar el Art. 1054(a)-1 del Reglamento Núm. 5780, supra, que regula conservar constancias suficientes para de-terminar su responsabilidad contributiva.

Según la Comisionada Especial, la conducta de la licen-ciada Falcón López no constituye depravación moral. Diferimos. En la jurisprudencia antes reseñada hemos rei-terado que este tipo de conducta sí denota depravación moral. Sus actuaciones denotan una intención de engañar y defraudar al fisco por cinco años consecutivos. No hay duda de que los delitos por los cuales fue hallada culpable muestran conducta contraria a la honradez, los buenos principios y la moral. De igual forma, violó el Canon 38 de Código de Etica Profesional, supra, al no exaltar el honor y la dignidad de la profesión.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, ordenamos la se-paración inmediata e indefinida de Isel M. Falcón López del ejercicio de la abogacía. Le ordenamos notificar a sus clientes su inhabilidad para continuar representándolos, así como devolver tanto los expedientes de los casos pen-dientes como los honorarios recibidos por trabajos no rendidos.

Igualmente, tiene el deber de informar oportunamente de su suspensión tanto a los foros judiciales como adminis-trativos del país en los que tenga asuntos pendientes. Dichas gestiones deberán ser notificadas a este Tribunal den-tro del término de treinta días a partir de la notificación de esta opinión per curiam y Sentencia.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no interviene. El Juez Asociado Señor Rivera García no intervino.


author:
(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo
     Juez Aso-ciado Señor Martínez Torres, Juez Aso-ciado Señor Estrella Martínez.

text:
    Arturo Nieves Huertas y Luis Raúl Albaladejo, recurridos, v. Hon. Alejandro García Padilla, Gobernador de Puerto Rico, Hon. Luis Sánchez Betances, Secretario de Justicia de Puerto Rico, y Hon. Liza Fernández Rodríguez, peticionaria en Certificación; Arturo Nieves Huertas y Luis Raúl Albaladejo, recurridos, v. Hon. Edgardo Rivera García, Juez Asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, Gobernador de Puerto Rico, Hon. Luis Sánchez Betances, Secretario de Justicia, Gobierno de Puerto Rico y Senado de Puerto Rico, representado por su presidente, Hon. Eduardo Bathia Gauthier, demandados.

      Número: CT-2013-0017

      Resuelto: 25 de octubre de 2013

      Brenda Berrios Morales, Rubén Coplón Morales, Ignacio Rivera y Orlando Rivera López, abogados de la parte recu-rrida; Eliezer Aldarondo Ortiz, Rosa Campos Silva y Elie-zer Aldarondo López, abogados de la parte recurrente.
   RESOLUCIÓN

A la Moción de Reconsideración presentada por los de-mandantes recurridos, no ha lugar.

Notifíquese a las partes por teléfono, fax y por la vía ordinaria.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Martínez Torres emitió un voto particular de conformidad, al que se unió el Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón. El Juez Asociado Señor Estrella Martínez emitió un voto particular de conformidad. El Juez Presidente Señor Hernández Denton, la Jueza Asociada Señora Fiol Matta, la Juez Asociada Se-ñora Rodríguez Rodríguez, la Jueza Asociada Señora Pa-bón Charneco y el Juez Asociado Señor Rivera García no intervinieron.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo

Voto particular de conformidad emitido por el

Juez Aso-ciado Señor Martínez Torres,

al cual se unió el Juez Aso-ciado Señor Feliberti Cintrón.

La Presidenta y el Primer Vicepresidente del Colegio de Abogados se unieron a este pleito como abogados de los demandantes. En su comparecencia, mencionaron expresa-mente sus posiciones en la directiva del Colegio. Con esa comparecencia a nombre de la institución, queda mani-fiesto que el Colegio ignora y se niega a defender a los más de cien abogados que ejercen como procuradores, fiscales y jueces, y cuya legitimidad fue puesta en tela de juicio de manera viciosa y temeraria por los demandantes, con ale-gaciones frívolas. ¿Es que esos abogados no tienen derecho a que se les defienda también? ¿Cómo se puede pretender que este Tribunal cierre los ojos y permita que los deman-dantes formen un espectáculo en el Tribunal de Primera Instancia que ponga en tela de juicio la confianza del pueblo en sus funcionarios e instituciones mediante alegacio-nes carentes de fundamentos legales y se afecte así el buen funcionamiento de la justicia? ¿Cómo se puede afirmar con cara seria que no hay un interés público en evitar eso? Ya que el Tribunal de Primera Instancia no lo hizo oportuna-mente, y ante las consecuencias graves que presentaba este caso frívolo para la confianza del pueblo en sus funcio-narios e instituciones, ¿se puede afirmar sin ni siquiera sonrojarse que era mejor que este Tribunal no certificara para desestimar el caso? ¿Acaso alguien tiene derecho a litigar un caso frívolo? ¿Por qué el Colegio asume un rol activo contra más de cien abogados? ¿Se puede contestar esta pregunta sin considerar que entre los demandados está la Juez Superior, Hon. Liza Fernández Rodríguez, quien cuando era legisladora presentó el proyecto que hoy es la Ley Núm. 121-2009, mediante la cual se eliminó la membresía obligatoria en el Colegio de Abogados?

Voto particular de conformidad emitido por el

Juez Aso-ciado Señor Estrella Martínez.

Nunca promoveré que la poderosa llave del acceso a la justicia, que constantemente he defendido como Juez, se torne en una herramienta de acceso a la injusticia contra los servidores públicos, ya sean de esta Rama o de los otros poderes del Gobierno de Puerto Rico.

La Moción de Reconsideración presentada ante este Tribunal constituye el eslabón más reciente de una cadena de eventos, perpetuados por dos letrados demandantes, diri-gidos a secuestrar la integridad, el honor y la legitimidad de más de cien funcionarios públicos relacionados con el sistema de justicia.

La presentación de recursos escudados o amparados en la defensa de la Constitución de Puerto Rico es un asunto serio. Si hay un litigante que le preocupa de forma teórica una supuesta violación constitucional, mayor preocupación debería causarle que sus acciones puedan menoscabar pre-cisamente la primera oración de la primera sección de nuestra Carta de Derechos: “[l]a dignidad del ser humano es inviolable”.

Invocar en el vacío la Constitución nunca será una jus-tificación para actuar con abuso del derecho y con frivolidad. A ese ejercicio irracional del derecho, las reglas procesales reconocen la imposición de una sanción de na-turaleza punitiva: los honorarios de abogado. Véase Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil, 32 LPRAAp. V.

La temeridad es un detente al ejercicio mal ejecutado de la prerrogativa de ejercer un reclamo o defensa. Las partes deben saber cuándo termina su legitimidad para defender su postura y en qué momento se constituye un abuso del proceso. La temeridad es una forma para disuadir a quien tiene o debió tener constancia de su falta de fundamentos para lograr su pretensión. Es el castigo que se impone a aquel que litiga o se defiende sin razón.

El propósito de la imposición de honorarios de abogado es, precisamente, penalizar a quien por su terquedad, obstinación, contumacia e insistencia, en una actitud desprovista de fundamentos, obliga a otra parte a asumir moles-tias innecesarias, gastos, trabajos e inconveniencias de un pleito. Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 DPR 713 (1987). Esa determinación sobre la conducta temeraria descansa en la discreción del tribunal; discreción que res-ponde a una razonabilidad de discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera sin abstraerse del Derecho. Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 657-658 (1997). Una vez el tribunal concluye que una parte ha procedido con temeridad, es mandatorio imponer los honorarios que correspondan a tal conducta. P.R. Oil v. Dayco, 164 DPR 486, 511 (2005); Corpak, Art Printing v. Ramallo Brothers, 125 DPR 724, 738 (1990). Abdicar a esta función no fortalece un sistema de justicia para todos y todas.

Dicho de otra manera, al imponer una suma de dinero en concepto de honorarios de abogado, no puede ser factor determinante para el tribunal la cantidad de dinero, considerable o poca, en honorarios de abogado que efectiva-mente hubiese gastado en el caso la parte victoriosa. Se debe tener presente que “el grado o intensidad de la con-ducta temeraria o frívola”, en que incurrió la parte perdi-dosa, es el criterio o factor determinante y crítico que el Tribunal debe considerar al determinar la cuantía de los honorarios de abogado que impondrá a dicha parte. (Énfasis suprimido). Corpak, Art Printing v. Ramallo Brothers, supra, pág. 738.

En el presente caso, no estamos ante litigantes que des-conozcan el derecho y los procesos; todo lo contrario. De igual forma, los hechos acaecidos no se pueden mantener ante la sombra del manto invocado del acceso a vindicar un derecho. Los honorarios están justificados.

En la demanda instada se cuestionaba la legitimidad del nombramiento de jueces, fiscales y procuradores. A su vez, se impugnaba la validez de sus actuaciones, determi-naciones y sentencias. En lo que atañe a la Hon. Liza M. Fernández Rodríguez, un examen de los acontecimientos refleja que los demandantes han cuestionado insistente-mente su nombramiento. Ciertamente, la intervención inmediata de este Tribunal para atender el reclamo de los demandantes era necesaria.

A meses de presentada la demanda, no se habían dili-genciado los emplazamientos correspondientes, y se ha-bía solicitado un descubrimiento de prueba que culminó en la emisión de órdenes protectoras. Ello provocó que los de-mandantes solicitaran la recusación del juez que presidía los procedimientos. Dicho asunto fue referido a la Juez Ad-ministradora, quien consideró que las alegaciones contra el juez eran “infundadas”, por lo que denegó la recusación solicitada. Los demandantes acudieron en revisión ante el Tribunal de Apelaciones (KLCE201301030) en donde, a su vez, solicitaron la paralización de los procedimientos. El foro intermedio actuó, y mediante Sentencia de 23 de agosto de 2013 denegó la expedición del recurso instado.

Ante ello, continuaron los procedimientos en el foro de instancia. Incluso, el Gobierno solicitó la desestimación de la demanda presentada, entre otras razones, por falta de legitimación activa de los demandantes. Así, el foro de ins-tancia ordenó a éstos presentar su postura al respecto. Los demandantes solicitaron prórroga. No obstante, al cumplir con la orden presentaron un escueto escrito en el que reco-gían sus argumentos previos para instar la demanda. De esta forma, siguieron dilatando el reclamo que con tanta urgencia solicitaban.

Al momento de certificar el recurso, y a pesar de la ne-cesidad de actuar inmediatamente para proteger la inte-gridad de los procesos judiciales, así como la credibilidad de las determinaciones de los jueces impugnados, el foro de instancia no atendió prioritariamente esa controversia de umbral, en cuanto a la legitimación activa. Por el contra-rio, vislumbraba certificar el caso como uno de litigación compleja. Mientras tanto, la legitimidad y las determina-ciones de los funcionarios públicos aquí impugnados conti-nuaban cuestionadas y, más importante aún, la confianza de nuestras instituciones ante el Pueblo.

Los demandados aguardaban, en silencio, el emplaza-miento ante las alegaciones y los reclamos de los demandantes. Mientras los jueces demandados ejecutaban la dignidad del silencio, pasaban más de cien días y la in-violabilidad de su dignidad y la de la Rama Judicial cada día se tomaba más lacerada. Ante tal cuadro, y ante las estrategias de los demandantes, la Hon. Liza Fernández Rodríguez se sometió a la jurisdicción de este Tribunal y solicitó el recurso de certificación. Por su parte, el Hon. Edgardo Rivera García, Juez Asociado de este Tribunal, se unió a su reclamo. A su vez, la Hon. Liza Fernández Rodrí-guez solicitó $20,000 en honorarios por las actuaciones de los demandantes.

Tras un ponderado análisis del balance de intereses, este Tribunal expidió la certificación y atendió el asunto medular ante su consideración: la falta de legitimación activa de los demandantes para instar su reclamo. Concluimos que el reclamo en daños de los demandantes no era específico, sino de naturaleza hipotética. No existe una sola aseveración que sostenga la posibilidad de daños específicos que no fuera el temor hipotético a la nulidad de los dictámenes emitidos. Ello, a pesar de que los demandantes, quienes son abogados, conocen la doctrina de funcionario de facto. Véase Fernández v. Corte, 71 DPR 161 (1950).

Al imponer $10,000 en honorarios de abogado, se hizo un balance adecuado. Consideramos la naturaleza del liti-gio, las cuestiones de derecho y la intensidad de la con-ducta frívola desplegada por los demandantes. El grado de intensidad y frivolidad de los reclamos de los demandantes amerita la cuantía impuesta.

El acceso a la justicia no puede estar anclado ni respal-dado por la conducta impropia de quien reclama con ter-quedad lo que sabe o debió saber que no le corresponde.

Ante estas realidades, reitero mi voto de conformidad con la Sentencia emitida en el caso de autos. Por lo tanto, no procede la reconsideración solicitada.

       Estos mismos demandantes se opusieron a este nombramiento y acudieron a las correspondientes vistas. Además, presentaron un recurso civil (KPE2012-4117) en el que cuestionaron que la Hon. Liza M. Fernández Rodríguez no cumple con los requisitos necesarios para ocupar el cargo de juez, por no contar con los años de experiencia profesional para ello. Desde ese entonces, se cuestionó la legitimación activa de los demandantes. El Tribunal de Primera Instancia se la reconoció y pro-cedió a desestimar su reclamación. De esa determinación, los demandantes acudie-ron al Tribunal de Apelaciones (KLAN201300299), que emitió Sentencia el 8 de mayo de 2013. En ésta, el foro intermedio, concluyó, entre otras, y como cuestión de um-bral, que los demandantes carecían de legitimación activa, ya que “fallaron en de-mostrar la existencia de un daño claro, palpable, real, inmediato y preciso provocado por la designación y nombramiento en controversia”. Sentencia de 8 de mayo de 2013, pág. 34. Estos acudieron ante este Tribunal en el recurso CC-2013-470 para señalar varios planteamientos de error. Este recurso está pendiente ante la conside-ración de este Tribunal.

       Solo se había emplazado al Hon. Edgardo Rivera García, Juez Asociado de este Tribunal.

       Se alegaba que el juez no era imparcial, ya que falló en contra de un cliente de uno de los peticionarios, luego que éste cuestionara la imparcialidad del juez y se remitiera el expediente al juez pareja. El juez nunca se inhibió de intervenir en ese caso, como sostuvieron los demandantes de epígrafe.