author: El Jtjez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Rosa, Demandante y Apelado, v. New York and Porto Rico Steamship Company, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en un caso sobre indemnización por daños personales oca-sionados por negligencia.
    No. 1013.
    Resuelto en mayo 22, 1914.
    Responsabilidad de Pateónos — Acción de Daños y Perjuicios — Alegaciones Esenciales de la Demanda. — Una demanda de daños y perjuicios fun-dada en el No. 1 de la sección 1 de la Ley sobre responsabilidad de patronos de marzo 1, 1901, debe contener las siguientes alegaciones esenciales: 1. Que entre el demandante y el demandado existe la relación de patrono y empleado. 2. Que cuando el empleado recibió el daño estaba trabajando dentro del cír-culo de su ocupación. 3. Que el empleado actuaba con debido celo y dili-gencia. 4. Que la causa directa del accidente fué un defecto en el estado de las vías de comunicación, o en el de las obras o máquinas usadas en la empresa del patrono. 5. Que el defeeto fué originado, o no descubierto, o no remediado por la negligencia del patrono o de cualquier persona a su servicio a quien el patrono hubiere encomendado el deber de hacer que las vías, obras y máquinas estuviesen en buen estado. Examinada la demanda en el presente caso se resolvió que no aducía una causa de acción por haberse omitido la alegación expresada bajo el- número cinco anteriormente. •
    Id. — Defecto Causante del Accidente Imputable a la Negligencia del Pa- . trono. — La alegación en una demanda de que la causa inmediata del accidente fué debida al mal estado o inseguridad de los cuarteles y galeotas de las bodegas en que trabajaba el demandante, que estaban gastadas debido al mucho y constante uso que tenían, no subsana la omisión en la demanda de la alegación de que el defecto fu'é originado, o no descubierto, o no reme-diado por la negligencia del patrono o de cualquier persona a su servicio a quien incumbiera mantener los cuarteles y galeotas en buen estado.
    Los hechos están expresados -en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. Luis Janer Landrón.

      Abogado de la apelante: \Sr. N. B. K. Pettingill.

   El Jtjez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

La presente es una acción fundada en la Ley relativa a la Responsabilidad de los Patronos por accidentes que en sus servicios sufran sus empleados, aprobada en marzo 1, 1901, y enmendada por la No. 69 de 13 de marzo de 1913, y fué entablada ante la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Mayagüez en 15 de abril de 1913 por Augusto Rosa contra la New -York and Porto Rico Steamship Company, con el fin de obtener una sentencia por la que se condene a la demandada a pagar al demandante por vía de indemnización, la suma de $1,000 e intereses de esa cantidad a partir del 27 de junio de 1912, al 6 por ciento anual, con más las costas y honorarios de abog'ado.

Los hechos fundamentales de la demanda son los siguien-tes :

Primero. Que el día 27 de mayo de 1912, la demandada era una corporación naviera, debidamente organizada y auto-rizada para hacer negocios en esta Isla, y que el demandante en dicha fecha era empleado de la mencionada compañía.

Segundo. Que estando el demandante en la fecha expre-sada, trabajando a bordo del vapor Pathfinder de la deman-dada que entonces estaba surto en el puerto de Mayagüez haciendo operaciones de carga y de descarga, mientras ce-rraba la boca de escotilla de la bodega No. 3 de dicho vapor, se zafó el" cuartel sobre el que trabajaba el demandante con todo el cuidado y diligencia del caso, cayendo con el cuartel al fondo de la-bodega No. 3 (5 metros de profundidad poco más o menos), y recibiendo a consecuencia de la caída fuer-tes lesiones corporales en las regiones toráxica y lumbar, además de una contusión en la pierna izquierda.

Tercero. Que como resultado de las lesiones recibidas es-tuvo el demandante guardando cama por espacio de unos 20 días sufriendo fuertes y agudos dolores, habiendo estado además unos cinco meses impedido en absoluto de trabajar, y sin ganar un centavo para el sostenimiento de su familia.

Cuarto. Que en el hecho determinante de las lesiones no medió negligencia alguna por parte del demandante, sino que fue causado por el mal estado o inseguridad de los cuar-teles y galeota de la bodega en que trabajaba, gastados por el mucho y constante uso que tenían.

Quinto. Que todavía el demandante se encontraba resen-tido de las lesiones recibidas, sin que pudiera dedicar todas sus fuerzas y energías al trabajo, lo que había de durar mucho tiempo, calculando en unos $1,000 los perjuicios sufridos.

La compañía demandada al contestar la demanda admitió la alegación primera y también la segunda menos en la parte relativa a que el demandante trabajara al ocurrir el accidente con todo el cuidado y diligencia del caso. Negó las alega-ciones tercera, cuarta y quinta. Y como defensas especiales alegó que el accidente descrito ocurrió por la negligencia y falta de cuidado del mismo demandante, que fué uno de los riesgos del empleo que el demandante asumió, y que éste conocía antes del accidente la condición de los cuarteles y galeotas de la bodega. El demandado concluye por alegar que la demanda no aduce hechos suficientes para determi-nar una causa de acción.

Las partes, por estipulación de 19 de mayo de 1913, some-tieron el caso a la decisión de la corte por las mismas pruebas que se practicaron en otro juicio celebrado en 6 de diciem-bre de 1912, entre las mismas -partes, y por la misma acción, cuyo juicio había terminado por sentencia en que dicha corte declaró carecer de jurisdicción porque sólo se reclamaba la suma de $500, y reservó al demandante cualquier derecho que pudiera asistirle para ejercitarlo en debida forma, dere-cho que ejercitó en el presente juicio, en el que reclama como indemnización la suma de $1,000.

La corte, de acuerdo con dicha estipulación, y tomando por base la evidencia presentada en el anterior juicio celebrado el día 6 de diciembre de 1912, según aparecía de los autos y récord taquigráfico correspo3idie3ites, dictó sentencia eii 31 de mayo del año próximo pasado, por la que declara que la ley y los lieclios están en este caso a favor del demandante y en contra de la demandada, y en consecuencia, condena a la demandada New York & Porto Rico Steamship Company a pagar al demandante Augusto Rosa, como indemnización de los daños sufridos, la suma de $400 con intereses legales desde la interposición de la demanda en el presente caso, sin especial condenación de costas.

Esa sentencia ña sido apelada para ante esta Corte Su-prema por la representación de la parte demandada, y entre otros motivos que alega para sostener el recurso, invoca el de que la corte cometió error al sostener que la demanda, tal como quedó finalmente enmendada, aducía ñecños suficien-tes para constituir una causa de acción.

Examinemos dicho error a la luz de la Ley sobre Respon-sabilidad de Patronos.

La responsabilidad que el demandante trata de exigir a la compañía demandada, fúndase abiertamente en el número primero de la sección Ia. de la Ley sobre Responsabilidad de Patronos, de 1 de marzo de 1901, y no en los números se-gundo y tercero, pues éstos se refieren a daño por accidentes derivados de 3iegligencia de cualquier persona al servicio del patrono, y el número primero al ‘ daño recibido por cualquier defecto en el estado de vías de comunicación o en el de las obras o máquinas que se usen en relación con la empresa del patrono o en ella misma, si el daño fuere originado o no des-cubierto, o no remediado, por la negligencia del patrono o de cualquier persona a su servicio, a quien éste hubiese con-fiado el deber de hacer que dichas vías, obras o máquinas estuviesen en buen estado.”

Es de notar que la palabra “daño” que dejamos subra-yada debe ser sustituida por la de “ defecto ’ ’ por exigirlo así la traducción correóta del texto inglés.

Oon arreglo al número primero de la sección primera de la Ley sobre Responsabilidad de Patronos, las alegaciones esenciales de una demanda fundadas en dicho número pri-mero, son las siguientes: Primero. Que entre el demandante y el demandado existía la relación de patrono y empleado. Segundo. Que cuando el empleado recibió el daño estaba tra-bajando dentro del círculo de su ocupación. Tercero. Que el empleado actuaba con debido celo y diligencia. Gttarto. Que la causa directa del accidente fué un defecto en el estado de las vías de comunicación, o en el de las obras o máquinas usadas en la empresa del patrono. Quinto. Que el defecto fué originado, o no descubierto, o no remediado, por la negli-gencia del patrono o de cualquier persona a su servicio, a quien el patrono hubiere encomendado el deber de hacer que las vias, obras o máquinas estuviesen en buen estado.

En el caso de Márquez v. New York and Porto Rico Steamship Company, 17 D. P. R., 546, este tribunal dijo:

“Las alegaciones contenidas en la demanda, demuestran que la relación de amo y sirviente, o patrono y empleado, existía entre las partes, y se alega en dicha demanda, que el demandante, en, el mo-mento de ocurrir el accidente, procedía con el debido celo y diligen-cia; pero no se alega negligencia alguna por parte de la demandada que corresponda a alguna de las disposiciones de cualquiera de las tres subdivisiones del artículo 322 de la Ley Insular. Las subdivi-siones dos y tres tratan de la negligencia por parte de los agentes del demandado. No se ha hecho en la demanda mención ni referen-cia a agente alguno; de modo que la subdivisión que debe aplicarse es la .marcada con el número uno (1) Esta se refiere a defectos en el estado de vías de comunicación o en el de las obras o máquinas que se usen en relación con la empresa del patrono, o en ella misma. Declarando que la compuerta de una escotilla, por ser uno de los aparatos necesarios que se emplean en la empresa de la compañía demandada, está comprendida en la descripción hecha en la ley, bajo el nombre de maquinaria, debe observarse que la ley está ulterior-mente limitada en sus términos por las palabras que siguen a las anteriormente transcritas, a saber: ‘Y el daño fuera originado, o no descubierto, o no remediado, por la negligencia del patrono, o de cual-quier persona,’ etc. Puesto que no existe alegación alguna por la que se pretenda exponer quién es la persona por cuya negligencia este estado o colocación defectuosa de los tablones de la compuerta de la escotilla ‘fué originado o no descubierto o no remediado’ debe entenderse que la demanda por esta circnnstaneia deja de exponer un caso que esté comprendido ‘dentro de la Ley de Puerto Rico, rela-tiva a la responsabilidad de los patronos.’ ”

Relacionando, pues, las alegaciones de la demanda, con la ley aplicable al caso y la doctrina establecida en el caso de Márquez v. New York and Porto Rico Steamship Company, tenemos qne llegar a la conclusión de que la demanda alega todos los hechos esenciales exigidos en casos de esta naturaleza, menos el relativo a que el defecto fuera originado, o no descubierto, o no remediado, por la negligencia del pa-trono o de cualquiera persona a su servicio, a quien se le hubiese confiado el deber de hacer que los cuarteles y galeo-tas de la-bodega en que trabajaba el demandante estuvieran en buen estado.

Por falta de semejante alegación, los hechos expuestos en la demanda no determinan una causa de acción.

T esa alegación es importantísima, pues como dice el co-mentarista Labatt en su obra Master and Servant, Tomo Y, página 5176, párrafo 1677: “La declaración respectiva de la ley por la cual exime de responsabilidad a menos que pueda afirmarse que existe negligencia fundada en la omisión de descubrir y remediar el defecto que ha causado la lesión, no es más que una reproducción en lo que respecta al patrono, del principio establecido en el derecho consuetudinario de que no cabe imputar negligencia a una persona cuando no se ha demostrado que ha tenido conocimiento real o presunto del estado peligroso anormal que ha .ocasionado el daño * * *. El empleado no puede prosperar en su acción cuando ni el patrono ni su representante dentro de la significación de lá ley, tenía conocimiento real o presunto de la existencia del defecto que causó el daño, ni cuando no existía razón para prever el accidente ocurrido. Sin embargo el empleado tiene derecho a una indemnización si el patrono o el empleado * * * hubieran podido descubrir el defecto ejercitando el debido cuidado.”

La alegación de que la causa inmediata del accidente fué debida al mal estado e inseguridad de los cuarteles y galeotas de la bodega en que trabajaba el demandante, los que estaban gastados debido al mucbo y constante uso que tenían, no puede llevarnos por sí sola a la deducción de que el defecto fué originado, o no descubierto, o no remediado, por la negligencia del patrono o de cualquier persona a su servicio, a quien incumbiera mantener los cuarteles y galeo-tas en buen estado.

Pero es que, aún examinando las pruebas practicadas en el juicio, tampoco podemos llegar a la conclusión de que se baya subsanado mediante ellas la omisión de que adolece la demanda, justificándose que el defecto fué originado, o no des-cubierto, o no remediado por negligencia de la compañía de-mandada o de la persona encargada de ese servicio.

La corte inferior declara probados los siguientes becbos:

“'Que el día 27 de mayo 1912, como a las tres de la tarde, el de-mandante Augusto Rosa se encontraba trabajando como empleado asalariado de la compañía demandada en el vapor Pathfinder per-teneciente a dicha demandada, que estaba surto en el puerto de Maya-güez haciendo operaciones de descarga. Que al demandante, como tal empleado, entonces y allí se le ordenó, a causa de una lluvia que caía, que tapara la boca de la escotilla de la bodega número tres de dicho barco. Que el demandante Augusto Rosa, cumpliendo las órde-nes recibidas, empezó su trabajo y colocó los. cuarteles o tablones co-rrespondientes a la boca de escotilla marcada número uno, que des-pués colocó el cuartel número dos y que al colocar el único cuartel que le faltaba, io sea, el número tres, se paró el demandante sobre el cuartel número dos, cerca del extremo que encaja en la galeota central, sobre la cual se epoyan dichos cuarteles; y que estando parado en dicho sitio y sobre el cuartel número dos, al inclinar su cuerpo hacia adelante para coger el extremo del cuartel número tres y colo-carlo en su sitio, sintió el demandante un ruido como crujido de ma-dera, se rodó el cuartel sobre el cual estaba parado y al momento se hundió el demandante, yendo a parar al fondo de la bodega del barco, en donde recibió ciertos golpes en el muslo derecho y región renal del mismo lado, que le ocasionaron derrame de sangre por la orina, lo que demostraba una lesión que efecto al riñón, que le pro-dujo lumbago y cojera por algún tiempo; de cuyas lesiones fué asis-tido por el Dr. Perea Fajardo, quien le recomendó estar próxima-mente tres meses sin trabajar, para reponerse de las lesiones sufridas.
‘1 Qiue el demandante ganaba en su trabajo y para su subsistencia,-una suma de diez y seis centavos por cada hora de trabajo igual al que hacía entonces en el-vapor Pathfinder de la demandada.
“Que el demandante Augusto Rosa está habituado a ese trabajo de tapar las bocas de escotilla de la bodega y que lo había hecho como unas sesenta veces antes, sin que nunca le hubiese ocurrido ningún percance. Que el demandante Augusto Rosa, para colocar el cuar-tel numero tres sobre la boca de escotilla, tenía necesariamente que pararse en el sitio donde se paró, o sea sobre el cuartel número dos. Que los cuarteles o tablones que se utilizaban paral tapar la boca de escotilla, eran de bastante uso y que la galeota en donde debía des-cansar el cuartel número tres, se movía.
“Que el demandante Augusto Rosa sufrió una lesión fuerte que le hizo perder el conocimiento en los primeros momentos y que pos-teriormente le ha ocasionado sufrimientos físicos y pérdida de trabajo retribuido.
“Que el demandante Augusto Rosa ejercitó en su trabajo el de-bido celo y diligencia y que hizo el trabajo que se le ordenó, en la forma ordinaria, acostumbrada y en las únicas condiciones y forma en que podía hacerse dicho trabajo.”

Admitiendo como base para la aplicación del derecho las conclusiones de becbo que establece el juez en su opinión, no podemos deducir necesariamente que el mal estado de los cuarteles y galeotas de la bodega en que trabajaba el demandante surgió o no fué descubierto o remediado por la negligencia del patrono o del empleado correspondiente. Los hechos de que los tablones de la cubierta de la escotilla fue-ran de bastante uso, y de que las galeotas se movieran, no son bastantes por sí solos para mostrar la negligencia exi-gida por la ley. La información ha debido ser más amplia y tendente a demostrar que la compañía demandada tuvo conocimiento real o presunto del defecto que causó el acci-dente. Ni siquiera se ha tratado de investigar si la compa-ñía tenía o nó algún empleado encargado de la inspección de los cuarteles y galeotas de las bodegas.

Por las razones expuestas entendemos que procede la revo-cación de la sentencia apelada y ordenarse la celebración de un nnevo juicio permitiéndose a la demandante enmendar sn demanda con las alegaciones necesarias para determinar una causa de acción contra la demandada.

Revocada, la sentencia apelada ordenándose la . celebración de un nuevo juicio y permitién-dose al demandante enmendar su demanda.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no formó parte del tribunal en la vista de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. del Tobo,

license: Public Domain

text:
    Sucesión Alfonzo, Demandante y Apelante, v. Rosso et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en una acción sobre liquidación de sociedad, nulidad de escri-tura y otros extremos.
    No. 1099.
    Resuelto sn mayo 22, 1914.
    Sociedades Mercantiles — Acción de Bendición de Cuentas — Prescripción.—• De acuerdo con la ley 63 de Toro, que es la 6“., título 15, libro 4o. de la Eecopilación y la 5"., título 8, libro 11 de la Novísima, la aeeión para exigir la rendición de cuenta de la administración de una sociedad mercantil, prescribe a los 20 años.
    Herencia — Acción de Petición de Herencia — Prescripción.—De acuerdo con la ley 63 de Toro, la aeeión de petición de herencia prescribe a los 30 años.
    Id.' — Acción de Nulidad de Partición de Herencia — Testamentos—Acción de Nulidad de 'Testamentos. — De la faz de la demanda, presentada en 1910, aparece que todo el derecho que pudieran tener los demandantes en este caso se basa en la simulación de cierto contrato de compraventa celebrado con anterioridad al año 1879, entre P. B., abuelo de los demandantes, y su her-mano M. B., y aparece también que dicho derecho ha prescrito totalmente. Se resolvió: Que siendo ello así, los demandantes carecen de causa de acción para pedir la nulidad del testamento de M. B., fallecido en el año de 1896 y de la partición de sus bienes practicada en el mismo año, tanto más cuanto que B. J. B., madre de los demandantes y heredera voluntaria de M. B., recibió su herencia sin protesta alguna desde 1896.
    Dos hechos están expresados en la opinión.

      Abogado de los apelantes: Sr. Rafael López Landrón.

    Abogado de Josefa R. Rosso, Francisco Rodríguez, Magdalena Groiconría y sus bijos: Sr. Félix Santoni.

   El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn recurso de apelación interpuesto contra sentencia dictada por la Corte de Distrito de Arecibo, en nn pleito titulado sobre liquidación de sociedad, nulidad de escri-turas y otros extremos

En la demanda se alega, substancialmente: que Don Manuel y Don Pedro Rosso establecieron en Arecibo allá por el año de 1840, una sociedad industrial que subsistió basta el 14 de enero de 1879, en que se disolvió por muerte de Don Pedro; que dicbo Don Pedro procreó varios bijos, entre ellos Doña Rosa Joaquina Rosso que casó con Don Alfredo C. Alfonzo; que la sucesión de doña Rosa Joaquina y don Alfredo la componen los demandantes en este pleito; que Don Manuel Rosso, con el consentimiento de su hermano y socio Don Pedro, simuló una venta de este último al primero, de todos sus bienes, y para garantizar a Don Pedro en sus derechos sobre los bienes cedidos, hizo testamento instituyéndole heredero usufructuario de por vida de cuanto dejara a su fallecimiento; que además de instituir heredero usufructuario a Don Pedro, el dicho Don Manuel, con fraude de los legítimos herederos de Don Pedro, instituyó por sus únicos y universales here-deros para cuando concluyera el usufructo vitalicio que de-jaba establecido, a sus sobrinas Josefa Rita y Emilia Rosso, hijas de Don Pedro, y a Josefa Rita, expósita, en una tercera parte; y en las otras dos terceras partes a sus sobrinos Rosa Joaquina Pedro José, Eduardo y Juan Rosso, hijos legíti-mos de Don Pedro, a Manuel Antonio y José Enrique, expó-sitos, y a Francisco Rodríguez; que Don Pedro falleció el 14 de enero de 1879; que hasta esa fecha subsistió la sociedad entre ambos hermanos, administrando éstos todos los bienes existentes, no obstante el traspaso fraudulento que se había verificado, y a la muerte de Don Pedro continuó Don Manuel en posesión de todos los bienes, sin proceder a liquidar* la sociedad y privando a los herederos de Don Pedro, entre ellos a los demandantes, de todos sus derechos; que así con-tinuó el caudal indiviso hasta la muerte de Don Manuel, ocu-rrida en 12 de marzo de 1896; que al morir Don Manuel, su sobrino Eduardo se hizo cargo de los bienes y los administró a su capricho hasta el 14 de diciembre de 1896 en que reco-noció a los herederos nombrados por Don Manuel en su tes-tamento, procediendo a la partición y adjudicación; que en esa partición y adjudicación se defraudó a los verdaderos dueños de los bienes mediante inventarios y valores falsos, y que esos fraudes eran desconocidos a los demandantes y a sus padres, llegando a conocimiento de ellos por investiga-ciones practicadas a la muerte de Don Eduardo Rosso, acae-cida un año próximamente antes de presentarse la demanda.

Esta termina suplicando: 1, que se ordene la liquidación de la sociedad “Hermanos Rosso”; 2, que se declaren nulos el testamento de Don Manuel Rosso y la escritura de parti-ción de sus bienes relictos, y 3, que se proceda al correspon-diente juicio de testamentaría para las adjudicaciones de los bienes hereditarios de Don Pedro y Don Manuel Rosso.

Los demandados alegaron las siguientes excepciones pre-vias : 1, indebida acumulación de acciones; 2, falta de hechos para determinar una causa de acción; y 3, la misma, basada especialmente en la prescripción. Dichas excepciones fueron todas declaradas con lugar y no habiéndose concedido a la sucesión demandante permiso para enmendar su demanda, a su instancia se dictó sentencia y entonces la 'demandante apeló de ella para ante este, tribunal.

Hemos examinado cuidadosamente todas las cuestiones envueltas en el caso y, a nuestro juicio, procede la confir-mación de la sentencia apelada.

En cuanto a la acción pro socio o de compañía que hubie-ran podido ejercitar los herederos de Don Pedro Rosso contra Don Manuel Rosso, para exigir cuenta de la administra-ción de la sociedad Rosso Hermanos, ha prescrito con exceso. D,on Pedro Eosso falleció el 14 de enero de 1879, y desde dicha fecha, según se consigna en la misma demanda, quedó extin-guida la sociedad industrial de Eosso Hermanos. Desde el 14 de enero de 1879 en qne pudo ejercitarse la acción, hasta el 10 de septiembre de 1910 en que se presentó la demanda, transcurrieron más de los veinte años qne para la prescrip-ción de esa clase de acciones exigía la ley 63 de Toro, que es la 6a., título 15, libro 4°. de la Eecopilación, y la 5a., título 8°., libro 11 de la Novísima. 2 Comentario a las Leyes de Toro por Llamas y Molina, 337.

Y aun cuando se considere la acción de los demandantes, como de petición de herencia, también habría prescrito al tiempo de ejercitarla, por haber transcurrido más de los treinta años que la citada ley 63 de Toro exigía.

El Tribunal Supremo de España, en su sentencia de 20 de enero de 1866, 13, Jurisprudencia Civil 69, resolvió “que prescribe a los treinta años en favor del que posee con las condiciones legales la acción de petición de herencia para' reclamarle los bienes disfrutados, sin que la sentencia que así lo determine infrinja la ley 63 de Toro, el Fuero 6°. de prescriptionibus y la jurisprudencia que apoyada en estas leyes tiene establecida el Tribunal Supremo.”

Y el mismo Tribunal Supremo de España en su senten-cia de 17 de mayo de 1887, 61 Jurisprudencia Civil 799, esta-blece que dejando transcurrir el período de treinta años que fija la ley 63 de Toro, según lo tiene repetidamente declarado el tribunal, “se pierden los derechos por muy respectables que sean, quedando firmes hasta los actos nulos o viciosos si no se hace oportuno uso de la acción que competa para anidarlos, por envolver este punto una cuestión de público interés.”

Y en cuanto a las acciones de nulidad de testamento y nulidad de partición, es evidente que la demanda no aduce hechos bastantes para determinarlas.

Si algún derecho tenían los demandantes en este caso contra Don Manuel Eosso, o sus sucesores, tal derecho se derivaría del contrato simulado, según la demanda, otorgado por el dicho Don Manuel Eosso y sn hermano Don Pedro, padre de Eosa Joaquina Eosso, madre de los demandantes, por virtud del cual aparecía vendiendo Don Pedro a Don Manuel todos sus bienes; y ya hemos visto que tal derecho quedó prescrito por-el transcurso de más de treinta años.

Por virtud del contrato simulado, aceptando que lo fuera, todos los bienes aparentemente pasaron en el acto, o por lo menos desde el año de 1879, a poder de Don Manuel. Este los disfrutó en vida como suyos y como suyos dispuso de ellos para después de su muerte ocurrida en 1896, y en el mismo año de 1896 se los repartieron sus herederos voluntarios, encon-trándose entre ellos Eosa Joaquina Eosso, madre de los de-mandantes.

Y así ]o que fué ilegal y nulo en el momento de otorgarse, habiendo adquirido realidad práctica por lo menos desde el 14 de enero de 1879 en que murió Don Pedro y todos los bienes pasaron de hecho a Don Manuel, y habiendo continuado teniendo dicha realidad por un período de más de treinta años, se convirtió al fin en válido y hoy no puede destruirse.

- Y esta conclusión aparece mucho más evidente y más justa cuando los que reclaman son los hijos de una heredera volun-taria de Don Manuel Eosso, que catorce años antes de pre-sentarse la demanda había aceptado la parte que según el testamento y la partición le correspondió en la herencia de Don Manuel.

Habiendo llegado a las anteriores conclusiones, no es nece-sario discutir siquiera la de que el tercer extremo de la suplica de la demanda, esto es, que debe abrirse el correspondiente juicio de testamentáría para las adjudicaciones de los bienes de Don Pedro y de Don Manuel Eosso, es manifiestamente improcedente.

Debe declararse sin lugar el recurso y Confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

. Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no formó parte del tribunal en la vista de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    Delgado et al., Peticionarios, v. Hutchison, Juez de Distrito, Demandado.
    Solicitud para que se expida mandamiento de certiorari ai Juez de la Corte de Distrito de Mayagüez en un caso sobre partición de bienes en comunidad originado en la Corte Municipal de San G-ermán.
    No. 119.
    Resuelto en mayo 22, 1914.
    Apelaciones en Casos Originados en las Cortes Municipales — Término Para Apelar a las Cortes de Distrito. — El término de 10 días que marca la ley de marzo 11, 1908, página 124, para apelar contra las sentencias de las cortes municipales en casos civiles para ante las cortes de distrito es improrrogable.
    Id. — Notificación del Escrito de Apelación por Correo — Residencia de los Abogados de las Partes en Distintos Puntos — Significación de la Pala-bra Inglesa “Serve.” — Los preceptos del artículo 321 del Código de En-juiciamiento Civil se refieren solamente a las notificaciones que ban de haeerse a las partes o a sus abogados y nó al secretario de una corte, y la palabra “serve” en el texto inglés en la sección 1”. de la ley de marzo 11, 1908, página 124, equivale a las palabras “deliver” o “file”, y por tanto la notificación del escrito de apelación al secretario de una corte municipal surte sus efectos desde que lo recibe y radica en la secretaría, pero no desde que queda depositado en el correo.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los peticionarios: Sr. Miguel Juan Llaneras.

    El demandado no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En 16 de agosto, 1913, el demandante Ortiz Perichi enta-bló una demanda en la Corte Municipal de San Germán contra José Antonio Pimentel y Santiago y otros, solicitando la venta y partición de cierta casa. En 18 de noviembre del mismo año, la Corte Municipal de San Germán dictó senten-cia a favor del demandante.

El día Io. de diciembre. 1913, el demandante solicitó de la corte mnnicipal la ejecución de la sentencia en vista de qne no se había interpuesto apelación contra dicba sentencia no obstante haber sido notificado el demandante de dicha apelación. En la misma fecha la corte proveyó qne siendo firme la sentencia se librara por el secretario mandamiento al márshal para qne ejecutara dicha sentencia.

El mismo día Io. de diciembre, pero después del anterior provisto, el secretario de la corte recibió un escrito por correo del abogado del demandado José Pimentel apelando de la sentencia dictada en 18 de noviembre anterior cuyo escrito radicó el secretario. De conformidad con la orden de la corte el día 13 de noviembre, 1914, vendió el márshal en pu-blica subasta la finca en cuestión al ejecutar la sentencia. En 26 de enero, 1914, el abogado del demandado radicó en la corte municipal una moción solicitando que se dictara una orden declarando que la apelación había sido debidamente formalizada, dictándose además cualquiera otra orden que pudiera proteger los derechos del demandado. En 25 de febrero, 1914, la corte municipal declaró sin lugar la anterior moción, y en 2 de marzo 1914, dicho demandado inter-puso apelación a la Corte de Distrito de Mayagüez de la orden de febrero 25, 1914. El día 20 de marzo, 1914, el peticiona-rio y demandante por medio de su abogado presentó una mo-ción a la Corte de Distrito de Mayagüez solicitando que la referida corte se declarara sin jurisdicción para resolver la apelación interpuesta por el demandado contra la resolu-ción de la Corte Municipal de San Germán de 25 de febrero, 1914. En 13 de abril, 1914, el Juez de Distrito de Mayagüez proveyendo a la moción presentada por el demandante, peti-cionario ante este tribunal, declaró sin lugar la moción del •referido demandante y peticionario por entender dicho juez que la apelación había sido formalizada desde la fecha en que el demandado depositó en el correo de Mayagüez su escrito dirigido al secretario de la Corte Municipal de San Germán y al abogado del demandante, en el que interponía apelación dicho demandado, por residir el ahogado del apelante, José Sabater, en nn lngar distinto de donde reside el abogado del demandante y del secretario de la referida corte municipal.

Proveyendo a dicha solicitud este tribunal expidió un man-damiento de certiorari habiendo sido debidamente remitidos los autos a esta corte. Aparece de los mismos que en 25 de noviembre el .Sr. José Sabater, abogado del demandado, escri-bió dos escritos de apelación, uno dirigido al secretario de la Corte Municipal de San Germán y otro al abogado del de-mandante los cuales depositó en el correo el mismo día. Am-bas cartas fueron certificadas. El abogado del demandante y peticionario recibió su notificación oportunamente pero el escrito dirigido al secretario no llegó hasta el día 1 de diciem-bre, 1913. Habiendo sido dictada la sentencia de la corte municipal en 18 de noviembre, 1913, es un hecho admitido que el día 1 de diciembre, 1913, ya había vencido el término de diez días que la ley concede.

El. peticionario impugna la jurisdicción de la Corte de Distrito de Mayagüez siendo dos las cuestiones que se pre-sentan a nuestra consideración. La primera es si se ha inter-puesto debidamente apelación contra una sentencia de la corte municipal por el hecho de depositarse en el correo un escrito de apelación dentro del término de diez días concedido por la ley La segunda es si la Corte de Distrito de Mayagüez pudo haber considerado debidamente la resolución de esta cuestión en vista de que la apelación pendiente ante dicha corte parece haber sido interpuesta solamente contra la orden dictada en 25 de febrero, 1914.

Las apelaciones contra las sentencias de las cortes- muni-cipales en casos- civiles están reguladas por la ley de marzo. 11, 1908, sección Ia., leyes de 1908, página 168 del texto inglés y 124 del español. La versión inglesa dice: “He (the appellant) shall make the appeal by serving a written notice of appeal upon the secretary of the municipal court within ten days from the entry of judgment and by. delivering a similar notice within the same term to the opposite party or his attorney,” y la copia española expresa: “Formalizará la apelación notificándola por escrito al secretario de la corte municipal dentro de los diez días de dictada la sentencia y entregando igual notificación, dentro del mismo término, a la parte con-traria o a su abogado.” No existe en las leyes ninguna auto-rización específica para prorrogar el término de las apela-ciones interpuestas contra sentencias dictadas por las cortes municipales El único fundamento es al parecer el del artí-culo 321 del Código de Enjuiciamiento Civil, el cual es como sigue.

“Artículo 321. — La remisión por correo podrá tener lugar, cuando la persona encargada de hacer la notificación o remitir los documen-tos a aquella a quien fueren dirigidos residieren o tuvieren sus oficinas en distintos puntos, entre los cuales hubiere un servicio regular de comunicaciones por correo.”

Este artículo está comprendido en el Capítulo Y del Título XIII, del Código de Enjuiciamiento Civil titulado “De la entrega de documentos, modificaciones y comparecencias.” El artículo 320 prescribe que “la diligencia de una notifica-ción o entrega de documentos deberá hacerse personalmente a la parte o a su abogado según proceda, o podrá diligen-ciarse como sigue.” Luego vienen dos párrafos en el pri-mero de los cuales se determina la forma en que deberá ha-cerse la entrega de documentos a un abogado, y en el segundo se hace referencia a esa misma notificación o entrega cuando ha de hacerse a la misma parte a diferencia de su abogado. .Creemos que la diligencia de notificación o entrega de que habla el artículo 321 comprende solamente las notificaciones que han de hacerse a las partes o a sus abogados y no aquellas que se hacen o presentan al secretario de la corte. Enten-demos que el artículo 322 también indica que al decirse en él las “personas” qne residen en distintos pnntos se refiere a las partes o a sns abogados.

Si se tratara de nna apelación interpuesta en la corte de distrito para ante el Tribunal Supremo no surgiría duda alguna pues el artículo 296 del Código de Enjuiciamiento Civil determina claramente que “una apelación se inter-pone entregando al secretario de la corto en qne fué dictada o registrada la sentencia o providencia apelada, un escrito manifestando que se apela de ella * * La presen-tación de un documento al secretario de una corte deberá ha-cerse siempre dentro del término fijado por el estatuto a menos que la ley específicamente permita que se baga de otro modo y al parecer basta la fecba el estatuto de ningún Estado permite que por el mero becbo de depositarse un docu-mento en el correo ba de considerarse que se ba becbo su entrega al secretario. Un caso concreto en el cual se sostiene una teoría contraria es el de Brooks v. Nevada Nickel Syndicate, 24 Nevada, 264, 52 Pac., 575, al cual se bace referencia en el tomo 2 de Cyc., pág. 873, nota 67.

Que por el mero depósito en el correo no queda el deman-dado comprendido dentro del término concedido para inter-poner una apelación fué una cuestión que ya resolvió este Tribunal en el caso de Sociedad Agrícola de Gurado v. El Registrador de la Propiedad, 18 D. P. R., 818. Y en el caso de Patxot v. Nadal, 19 D. P. R., 354, este tribunal resolvió que el término de veinte días concedido al apelante dentro del cual debía presentar su demanda enmendada babía de computarse desde el día siguiente a aquel en que se dictó la orden concediendo diebo término, debiendo considerarse que la referida demanda se presentó el día en que fué reci-bida por el secretario y no aquel en que fué depositada en el correo.

Probablemente se originó alguna confusión por el becbo de expresar la ley de marzo 11, 1908, en su texto inglés que el apelante formalizará la apelación “serving * * por escrito al secretario de la corte municipal. Pero en vista de la practica -uniforme de las cortes al considerar que un documento se ha presentado solamente cuando se entrega al secretario y no constando expresamente la intención de la legislatura de prorrogar el término para apelar, debemos llegar a la conclusión que la palabra “serve” contenida en la ley de 1908 no era distinta en su uso a la palabra “deliver” o “file.” Notificar al secretario es entregar al secretario, y el término para la notificación está limitado a diez días. Este principio está confirmado en la versión castellana de la ley a la cual ya se ha hecho referencia.

Existen además otras consideraciones generales. El secre-tario es un funcionario de la corte. Se supone al menos que los abogados de una corte de récord están ante ella mientras se encuentra en sesión y un abogado que postula ante la corte no puede obtener ventaja sobre otro abogado por el hecho de vivir en otro distrito judicial; y en las cortes municipales este mismo principio debe aplicarse a las partes.

Con respecto a la segunda cuestión tenemos grandes du-das respecto a si el punto referente a la notificación por correo fué promovido debidamente en este caso. El apelante inter-puso apelación contra la sentencia de 18 de noviembre, 1913. Nada se hizo al parecer para enviar los autos1 a la Corte de Distrito de Mayagüez dentro de los veinte días concedidos por la ley de marzo 11, 1908. Esa apelación jamás llegó a la corte de distrito según parece hasta que fueron remitidos los autos con motivo de la apelación interpuesta contra la resolución de febrero 25, 1914. Algo debió haberse hecho directamente para traer la apelación interpuesta ante la corte de distrito. Si bien esta cuestión es dudosa, no habiendo sido promovida por las partes preferimos fundar nuestra opinión enteramente en el punto referente a que la corte de distrito no adquirió jurisdicción por no haber presentado el apelante el escrito de apelación al secretario de la corte municipal dentro de los diez días, contados desde la fecha de la sentencia. Por tanto, la resolución de la Corte de Distrito de Mayagüez de abril 13, 1914, por la cual se declara dicha corte con jurisdicción para conocer de la apelación debe anu-larse y devolverse el caso para ulteriores procedimientos que no sean incompatibles con esta opinión.'

Con lugar la solicitud y emulada la orden de abril 13, 1914.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro y Aldrey.

Los Jueces Sres. Presidente Hernández y Asociado Hutch-ison no intervinieron en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    Picó & Vives, Peticionarios, v. Hutchison, Juez de Distrito, Demandado.
    Solicitud para que se espida mandamiento de certiorari al Juez de la Corte de Distrito de Mayagüez en un caso ori-ginado en la Corte Municipal de San Germán sobre cobro de dinero.
    No. 120.
    Resuelto en mayo 22, 1914.
    Apelaciones en Casos Originados en las Cortes Municipales — Término Para Apelar a las Cortes de Distrito. — Resuelto este caso por los fundamentos de la opinión emitida en el caso de certiorari No. 119, Delgado et al. v. Hutchison, Jueg de Distrito, resuelto en mayo 22, 1914.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los peticionarios: Sr. Benito Forés.

    El demandado no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Las principales cuestiones planteadas en este caso son sustancialmente iguales a las presentadas en el caso de cer-tiorari No. 119, de Tomás Delgado et al. v. Hutchison, Juez de Distrito, resuelto en el día de hoy, y los razonamientos consignados en la opinión emitida en dicho caso son aplica-bles a éste, y, por tanto, debe dictarse una resolución decla-rando con lugar la solicitud de certiorari y anulando la orden dictada por la corte inferior el 18 de Abril de 1914.

Con lugar la solicitud y anulada la orden de abril 18, 1914.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro y Aldrey.

Los Jueces Sres. Presidente Hernández y Asociado Iíntch-ison no intervinieron en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Wolf,

text:
    Quiñones, Demandante y Apelante, v. Vivoni, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez. en un caso sobre cobro de un pagaré.
    No. 1100.
    Resuelto en mayo 22, 1914.
    Piadores — Principales Pagadores — Acción Ejercitada por el Acreedor contra el Deudor Directo y Desistimiento de la Misma — Acción contra Uno de los Piadores y Principales Pagadores. — El pagaré en litigio' fué firmado por el deudor y además por dos fiadores en la siguiente forma: "Nos constituimos fiadores y principales pagadores de mancomún et in solidum del importe de este documento * * Se resolvió que el demandado se constituyó no solamente en fiador de dicho pagaré, sino tam-bién en principal pagador, y de acuerdo con el artículo lili del Código Civil, el hecho de que el acreedor haya entablado una acción contra el deudor directo del pagaré y haya desistido de ella, no impide el que se dirija posteriormente contra el demandado.
    Id. — Embargo de Bienes del Deudor Directo por el Acreedor — Levantamiento1 del Embargo a Instancia del Acreedor — Acción contra Uno de los Piadores y Principales Pagadores. — El hecho de que el acreedor haya entablado una acción contra el deudor directo de un pagaré y embargado bienes que fueron ofrecidos en venta sin que se presentara lieitador alguno, y el que el acreedor conviniera con el deudor en el levantamiento de dicho embargo y éste en no reclamarle daños y perjuicios por ello, no impide el que el acreedor demande posteriormente a uno de los fiadores y principales pagadores, sobre todo teniendo en cuenta que el fiador no ha sufrido per-juicio alguno por ello.
    Opinión del Juez Sentenciador — Bevooación de la Sentenca Apelada. — Aun-que la omisión del juez sentenciador de preparar una opinión no es motivo bastante para revocar la sentencia apelada, sin embargo los jueces de distrito están obligados a redactar dicha opinión.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José Benet.

    Abogado del apelado: Sr. José de Diego.

   El Juez Asociado Se. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La obligación qne dio origen a la acción establecida en este caso es nn pagaré el cnal es como signe:

“Debo y pagaré a la orden de Don Ernesto Qiuiñones Zalazar, la suma de trescientos treinta y seis dólares, moneda americana, que confieso liaber recibido de dicho señor, y me obligo a satisfacerla el día 9 de abril del año 1912, sin excusa alguna, facultando al acreedor para que en caso de incumplimiento proceda al cobro por la vía judicial, no sólo de la indicada suma sino de los intereses al uno por ciento mensual, desde el día en que incurriere en demora, asimismo del importe de las costas y honorarios de abogados que se originen por virtud de la reclamación judicial, renunciando el derecho de domicilio, y cuantas leyes puedan favorecerme al fiel cumplimiento de esta obligación. — San Germán, diciembre 9 de 1911. Firmado: Dionisio Ulises Pabón.
“Nos constituimos fiadores y principales pagadores de manco-mún et in sólidum del importe de este documento obligando al efecto nuestros bienes presentes y futuros, como también a satisfacer los intereses que se devenguen al tipo convenido en caso de demora; y renunciamos al beneficio de excusión y orden, como también el dere-cho de domicilio, facultando al acreedor para conceder al deudor cuantas prórrogas estime convenientes, sin que por esto se desvirtúe nuestra garantía, que convenimos estará vigente hasta la total extin-ción de la deuda. San Germán, diciembre 9, 1911. Firmado: José Antonio Vivoni. Firmado: Aurelio Acosta.”

Ninguna suma fue satisfecha de este pagaré excepto una suma, pequeña. Se dictó sentencia contra el deudor Dioni-sio Ulises Pabón por la suma de trescientos noventa dóla-res embargándosele algunos bienes muebles de su propiedad. Después de haber sido debidamente anunciados los bienes em-bargados y de cumplirse con otros requisitos, fueron sacados a pública subasta sin que se presentaran licitadores. Enton-ces el márshal a moción del demandante volvió a sacar los mismos a subasta pública sin que tampoco se hubieran pre-sentado postores. El márshal devolvió el referido manda-miento a la corte municipal, haciendo constar los hechos, como también que dicho mandamiento quedaba incumplido. En este estado, el acreedor, en vista de la imposibilidad de obte-ner su dinero por este medio, convino en que se levantara el embargo con tal de que el deudor renunciara a la indemniza-ción de.cualquier perjuicio que hubiera podido sufrir como consecuencia de dicho embargo.

El susodicho acreedor demandante en esta acción, esta-bleció entonces una demanda fundada en el pagaré contra José Antonio Yivoni, alegando que solamente se había satis-fecho entonces la suma de cincuenta dólares de la cantidad reclamada. El demandado formuló su contestación admi-tiendo los hechos de la demanda, y la única defensa que es esencial en esta apelación es la de que en virtud del levan-tamiento del embargo a que se ha hecho referencia, el deudor dispuso de sus bienes que habían sido embargados siendo •éstos los únicos que poseía dicho deudor. Según parece la corte municipal de San Germán dictó sentencia a favor del demandante. El demandado apeló y la Corte de Distrito de Mayagüez dictó sentencia a favor de dicho demandado. Contra esta última sentencia el demandante interpuse recurso de apelación para ante este tribunal.

El apelante se funda en el artículo lili- del Código Civil, el cual es como sigue:

“Artículo lili.' — El acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos ellos simultáneamente. Las reclamaciones entabladas contra uno no serán obstáculo para las que posteriormente se dirijan contra los demás, mientras no resulte cobrada la deuda por completo.”

Dados los términos en que está redactado el pagaré por el cual el demandado en este caso no solamente quedó con-vertido en fiador sino también en deudor principal, el artí-culo citado parece ser terminante de los derechos de'las par-tes en este caso en lo que respecta a deudores solidarios. De acuerdo con este artículo no establece diferencia alguna el hecho de que la acción se siga contra uno y después se desista de ella. La única cosa que pudiera anular la obligación es el pago, y como hemos visto éste no se verificó en el presente caso.

El apelado se funda en los artículos 1740 y 1753 del Có-digo Civil, los cuales son como sigue:

“Artículo 1740. — -El fiador se subroga por el pago en los derechos que el acreedor tenía contra el deudor.
“Si ha transigido con el acreedor, no puede pedir al deudor más de lo que realmente haya pagado.”
“Artículo 1753.' — Los fiadores, aunque sean solidarios quedan libres de su obligación siempre que por algún hecho del acreedor no puedan quedar subrogados en los derechos, hipotecas y privilegios del mismo.”

El artículo 1740 no es de aplicación a este caso como así lo revela su simple lectura.

En este caso si bien el acreedor levantó un embargo no dejó por ello al supuesto fiador en peor situación a aquella en que hubiera estado si jamás se hubiera trabado ningún embargo. Los derechos del expresado fiador no sufrieron per-juicio alguno en absoluto y el hecho de que el deudor ven-diera los bienes inmediatamente después de haberse levan-tado el embargo y de no poseer otros bienes el deudor no puede tener conexión alguna con la relación legal existente entre las partes. El acreedor no ejecutó ningún acto por vir-tud del cual el supuesto derecho del fiador o su obligación hubiera sido alterado o perjudicado. Puede hallarse juris-prudencia americana en igual sentido, donde se ha resuelto que el fiador no queda relevado de su obligación por el levan-tamiento de un embargo hecho sobre los bienes del deudor a no ser que tanto la acción como el embargo hubieran tenido lugar a instancias del fiador, en cuyo caso se ha considerado que éste último queda relevado de su obligación. 32 Cyc., 220. Y hemos examinado algunos de los casos allí citados los cuales confirman la tesis.

En todos los casos que pueden encontrarse en que el fiador se ha considerado como relevado de su obligación ha mediado algún otro elemento como francle q verdadero cambio de la fianza n obligación. En este caso no fia ocurrido nada seme-jante. El acreedor trató innecesariamente y sin éxito alguno de cobrar su crédito contra el deudor principal y al no haber podido cobrarlo estableció una acción contra uno de los deu-dores principales en la obligación. En el juicio de este caso ni siquiera se probó el valor que tenían los bienes. La mani-festación del deudor de que dichos bienes habían sido valo-rados en ochocientos o novecientos dólares no constituyó una prueba satisfactoria respecto al valor que los mismos tenían en la fecha de la venta. Además, el deudor declaró que los bienes habían sido vendidos a un pariente pero no se le hizo decir qué cantidad fué la que recibió por ellos. No vemos absolutamente nada en los autos, dentro de la ley, o la jus-ticia, que autorice al apelado a oponerse a esta reclamación. Sin embargo, la verdadera razón para revocar esta sentencia no es la considerado a de ninguna cuestión relativa a deudor y fiador sino el hecho de haberse obligado dicho apelado como deudor principal.

Alega también el apelante que se cometió error • por la Corte de Distrito de Mayagüez porque dicha corte no redactó ninguna opinión exponiendo en la misma los hechos decla-rados probados. Aunque esta omisión no constituye un mo-tivo de revocación según las resoluciones de este tribunal, creemos sin embargo, que los jueces de distrito están en el deber para con el público y los litigantes de observar los preceptos de la legislatura en cuanto al particular. Dichas conclusiones y opinión siempre facilitan ayuda a este tribunal al determinar la cuestión esencial envuelta.

La sentencia debe revocarse y dictarse otra a favor del demandante por la suma de trescientos noventa dólares con intereses sobre esta cantidad del uno por ciento mensual a partir del día 28 de noviembre de 1912, con costas y desem-bolsos, y la sentencia que de tal modo se dicte deberá remitirse a la Corte dé Distrito de Mayagüez con instrucciones de que envíe copia certificada de la misma a la corte municipal de San Germán.

Revocada la sentencia apelada condenando al demandado a pagar al demandante la canti-dad de $390 con intereses, costas y-desem-bolsos

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no formó parte del tribunal en la vista de este caso.

En este caso se presentó moción de reconsideración en junio 2, 1914.


author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    Quiñones, Demandante y Apelante, v. Vivoni, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en un caso sobre cobro de un pagaré.
    No. 1101.
    Resuelto en mayo 22, 1914.
    Piadores — Principales Pasadores — Acción Ejercitada por el Acreedor contra el Deudor Directo y Desistimiento de la Misma — Acción contra Uno de los Piadores y Deudores Solidarios. — Resuelto este caso y revocada la sentencia apelada por los fundamentos de la opinión emitida en el caso No. 1100, Quiñones v. Vivom, resuelto en mayo 22, 1914.
    Los hechos están expresados en la opinión anterior.
    Abogado del apelante: Sr. José Benet.

    Abogado del apelado: Sr. José de Diego.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Los hechos esenciales de este caso son enteramente igua-les a los del caso No. 1100, que acaba de fallarse, diferen-ciándose únicamente dichos casos, en las cantidades y pagos. Por tanto, tendrá que dictarse sentencia de conformidad con la dictada en el caso No. 1100, por la suma de trescientos nueve dólares, con intereses sobre la misma a razón de uno por ciento a partir del día 9 de noviembre, 1912, con costas y desembolsos •

Revocada, la sentencia apelada y condenado él demandado a pagar al demandante la canti-dad de $309 con intereses, costas y desem-bolsos.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no formó parte del tribunal en la vista de este caso.

En este caso se presentó moción de reconsideración en junio 3, 1914.


text:
    Rivera, Demandante y Apelante, v. Castro, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagiiez en un caso sobre acción reivindicatoria.
    No. 1073.
    Resuelto en mayo 22, 1914.
    Acción Reivindicatoría — -Pruebas—Título del Demandante — Identificación de la Finca.- — En la acción reivindicatoría sobre el demandante recae el peso de la prueba para establecer su título e identificar la- finca en litigio.
    Id. — Conflicto de Títulos Inscritos Entre Demandante y Demandado— Deber del Demandante. — Cuando, como en este caso, existe un conflicto de títulos inscritos entre demandante y demandado por tener ambas partes inscritas a su favor la finca en litigio, al demandante incumbe la obligación de probar su título .desde su origen y que la posesión civil sino la material de la finca había sido adquirida por él antes que-por el demandado, cuyos requisitos no fueron probados en este caso.
    Exposición del Caso — -Copia de la Prueba Documental — Constancia de la Inscripción de las Escrituras. — Si bien es cierto que no es necesario copiar íntegramente en la exposición del caso la prueba documental, sin embargo cuando es de importancia que conste la inscripción de los documentos en el registro, debe insertarse en la exposición del caso la parte de los docu-mentos que pruebe esto extremo.
    Acción Reivindicatoría — Conflicto de Títulos Inscritos Entre Demandante y Demandado — Presunción a Favor de la Sentencia — Prioridad del Tí-tulo del Demandado. — Cuando una finca aparece inscrita a favor de deman-¿ante y demandado y la eorte inferior resuelve a favor del demandado el conflicto entre los títulos, en ausencia de prueba que demuestre lo contrario es de presumirse que el título del demandado es anterior al del demandante.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José Sabater.

    Abog’ado del apelado: Sr. Leopoldo Feliú.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la.opinión del tribunal..

Esta es un acción a la cual se le llamó en la corte inferior de “reclamación de propiedad,” pero qne desde luego' es la que técnicamente se conoce con el nombre de acción rei-vindicatoría. En dicha acción es necesario qne el démandante pruebe su título mediante una preponderancia de la prueba así como también que la finca que reclama es la que indebida-mente detenta el demandado. En otras palabras, que al demandante incumbe el peso de la prueba para establecer su título e ■ identificar su finca. Bianchi v. Ayuntamiento de Añasco, 2 S. P. R. 484; Enmanuel v. Pueblo, 7. D. P. R., 221; Verges et al., v. Sucesión Pietri, 3 D. P. R., 59; Rivera v. Pueblo, 16 D. P. R., 768; Díaz v. Pueblo, 17 D. P. R., 60; Siragusa v. Pueblo de Puerto Rico, 18 D. P. R., 595; Martínez v. Delgado, 18 D. P. R., 390.

La Corte de Distrito de Mayagüez declaró probado en .su opinión que la finca de nueve cuerdas que reclama el de-mandante está comprendida en la que posee y alega ser su dueño el demandado. El demandante presentó un documento inscrito en que funda su derecho a las referidas nueve cuer-das habiendo presentado también el demandado otro título inscrito de una finca de unas ciento ochenta cuerdas en la cual se suponía estaba incluida topográficamente la finca del demandante de acuerdo con la descripción que se hizo de la misma. Según la opinión de la corte como también por la contestación del demandado éste último estaba en posesión de la finca reclamada por el demandante si bien dicho deman-dado también fundó su derecho en un .título inscrito. Pasó entonces la corte a considerar el hecho de si el demandado se encontraba ilegalmente en posesión de la finca del deman-dante, sin derecho o título a la misma, y declaró probado que como las nueve cuerdas estaban incluidas en la finca de ciento nchenta cuerdas y ésta última se hallaba debidamente ins-crita, no podía aleg*arse que el demandado estuviera pose-yendo sin'derecho o título como se alegó en la demanda.

Se alega como hemos visto en la contestación que la finca reclamada por el demandante fué siempre de la sola, abso-luta y exclusiva propiedad del demandado admitiéndose la identidad de la misma, y la corte declaró probado que las nueve cuerdas estaban comprendidas en el area superficial de la finca que el demandado alega poseer y de la cual tenía un titulo inscrito. Cuando una persona tiene un título inscrito e identifica la finca ésta habrá mostrado entonces un caso prima facie como lo hizo el demandante, pero según los fun-damentos expresados por la córte en su opinión también el demandado presentó un título que había sido debidamente inscrito. En este conflicto de títulos inscritos todavía tenía el demandante la obligación de probar su título desde su origen y que su posesión civil sino la material era de fecha anterior a la del demandado o de otro modo, que su título era superior al de dicho demandado. De los autos no consta que el demandante hiciera ninguna de estas cosas.

En la opinión de la corte se expresa que el demandante adquirió su título de José Atanasio Ortíz en el año 1909, y que éste último heredó la finca de su padre en 1906, si bien en la exposición del caso no aparece esta última fecha puesto que la escritura misma no se ha -presentado. Esta fué en sustancia toda la prueba introducida en el juicio para probar el origen del título del demandante cuya prueba, en vista del conflicto, no es suficiente.

Alega el apelante que habiendo probado su título incum-bía al demandado probar que su finca de mayor cabida no incluía las nueve cuerdas reclamadas por el apelante. Tanto la prueba del apelado como parte de la prueba del deman-dante mostraba o tendía a establecer que la finca que el de-mantante reclamaba estaba incluida en el area superficial de la cual alega ser dueño el demandado, la que tanto él como sus causantes Rabian poseído desde hace más de cuarenta años, de cuya finca tenía un título como lo demostraban varias escrituras y documentos, desde antes del año 1899. Existen indicios en la transcripción de que estas escrituras y docu-mentos estaban inscritos si bien dicha transcripción no apa-rece con perfecta claridad acerca del particular. Las escri-turas y documentos no se incluyeron íntegramente en la trans-cripción. Este procedimiento está autorizado por nuestras reglas y debe seguirse, pero debe siempre transcribirse bas-tante del contenido de tales documentos para mostrar la cues-tión que se sometió a la corte inferior. Cuando el apelante radica en esta Corte una exposición del caso en la que parece estar contenida toda la prueba, generalmente hemos admi-tido dicha exposición del caso como una en la cual se com-prende toda la prueba esencial que fué sometida a la con-sideración de la corte. Sin embargo, si sabemos que las escri-turas y documentos en donde probablemente aparecía la ins-cripción del título del demandado fueron presentados como prueba sin probarse este extremo ante esta corte, y cuando de las certificaciones del registrador presentadas con igual fin aparece que el título del demandado ha sido inscrito, la presun-ción que milita en favor de la sentencia nos hace necesaria-mente suponer que de acuerdo con la prueba el título inscrito del demandado era anterior al del demandante.

Debe confirmarse la sentencia.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: .Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldroy.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no formó parte del tribunal en la vista de este caso.


author: El Juez PeesideNte Se. IíeeNÁNdez,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Gillies & Woodward, Acusados y Apelantes.
    Apelación-procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en nn caso por'infracción del artículo 553 del Código Penal enmendado por la Ley No. 131 de agosto 9, 1913.
    No. 652.
    Resuelto en mayo 23, 1914.
    Absolución Anterior por el Mismo Delito (Dormer Jeopardy) — Falta de Constancia en la Transcripción de Autos para Sostenerla — Presun-ción. — Cuando el acusado alega ante el tribunal sentenciador la defensa de haber sido anteriormente expuesto y absuelto por el mismo delito y no incluye en la transcripción de autos para la apelación copia de la denuncia, ni de la sentencia absolutoria en que se funda, este tribunal ha de presumir, por falta de prueba en contrario, que la corte inferior no' cometió error al desestimar dicha defensa.
    Barberías — ¿Establecimientos Comerciales e Industriales. — Aun cuando una barbería no es un establecimiento comercial, puede ser considerada como un establecimiento industrial en el sentido más lato que con frecuencia se da a la palabra industria.
    Id. — Establecimientos Industriales — Artículo 553 del Código Penal En-mendado por Ley No. 131 de 1913. — Los preceptos del artículo 553 del Código Penal enmendado por la Ley No. 131 de agosto 9, 1913, demuestran que no fué la intención de la legislatura dar a la palabra industria la sola acepción que tiene en la ciencia eeonómiea, sino cualquier otra más lata en armonía con los fines de dicha ley, y que su propósito fué incluir en los preceptos de ella los lugares dedicados a fines lucrativos que no exceptuara expresamente, estando por tanto comprendidas las barberías en la ley penal, si no como establecimientos comerciales, como establecimientos industriales ' en sentido lato o como lugares dedicados al trabajo para fines lucrativos o de interés.
    Id. — Interpretación de Leyes — Significación de la Palabra Industria Em-pleada en Dos Leyes Distintas. — De las disposiciones de la Ley No. 134 de agosto 12, 1913, aprobada por la misma Asamblea Legislativa que aprobó la Ley No. 131 de agosto 9, 1913,- enmendando el artículo 553 del Código Penal, se desprende que la legislatura no tuvo la intención de dar a la pala-bra industria distinta significación en dichas leyes, y que así como las bar-berías quedaron comprendidas dentro de los preceptos de la primera, también debe deducirse que quedaron comprendidas dentro de la segunda.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado del Pueblq: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

    Abogado de los apelantes: Sr. Damián Monserrat, Jr.

   El Juez PeesideNte Se. IíeeNÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

En la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., se pre-sentó por su Fiscal con fecha 14 de octubre de 1913 una acu-sación que en lo pertinente dice así:

“El Fiscal formula acusación, contra Grilles •& Woodward por infracción, a la sección 553 del Código Penal enmendado en 1913, misdemeanor, cometido como signe: Los citados acusados Gillies and Woodward en la tarde del día 11 de septiembre de 1913, en la ciu-dad de San Juan que 'forma parte del distrito judicial del mismo nombre, ilegal y voluntariamente, tenían abierto un establecimiento de barbería, radicado en la ciudad de San Juan, después de las siete de la tarde, dedicándose a los trabajos de dicha barbería. Este hecho es contrario a la ley-para tal caso prevista y a la paz y dignidad de El Pueblo de Puerto Rico.”

Celebrado el juicio se dictó sentencia en 20 de octubre citado, condenado a los acusados. Gillies & Woodward a pagar una multa de un dollar y en su defecto a sufrir un día de cárcel y las costas.

Esta sentencia ha sido apelada por los acusados y tal es el recurso sometido a nuestra consideración y decisión.

Alega la representación de la parte apelante como moti-vos legales para sostener el recurso, que la corte inferior erró: Primero. Al declarar sin lugar la alegación hecha por los acusados en el acto del juicio relativa a que habían estado una vez expuestos por el mismo delito. Segundo. Al declarar también sin lugar la excepción alegada en la corte inferior de que la acusación contiene materia que de ser cierta cons-tituiría una justificación o excusa legal del delito denunciado, o excepción legal excluyente de la acción. Tercero.. Al deses-timar la excepción perentoria también alegada por los acu-sados de no constituir-delito público los hechos denunciados. Cuarto. Al dictar un fallo contrario a la ley.

En cnanto al primer motivo del recurso aparece del récord que ciertamente los acusados Gillies & Woodward alegaron ante la corte inferior que anteriormente habían estado expues-tos por el mismo delito y sido absueltos por sentencia o reso-lución de la Corte Municipal de San Juan, dictada en 15 de septiembre de 1913, habiendo sido declaradas sin lugar tales excepciones después de argumentadas por ambas partes. En la transcripción de autos no ha venido ni la denuncia en virtud de la cual estuvieron antes expuestos los acusados por el mismo delito, ni la sentencia absolutoria de 15 de sep-tiembre de 1913, que serían la prueba justificativa de los he-chos determinantes de dichas- excepciones. Nos falta base para discutirlas y hemos de presumir en su virtud, por falta de prueba en contrario, que la corte inferior procedió con razón derecha al desestimarlas. Véase el caso, El Pueblo v. Burgos, 17 D. P. R., 1156.

Respecto del segundo motivo del recurso, el récord mues-tra que los acusados hicieron también la alegación autorizada por el número 4 del artículo 153 del Código de Enjuiciamiento Criminal, expresiva de contener la acusación cualquier mate-ria que de ser cierta constituiría una justificación o excusa legal que excluya la acción, habiendo invocado como razón de esa alegación el hecho de haber estado antes expuestos y sido absueltos por el mismo delito. La acusación no contiene materia alguna excluyente de la acción, como lo revela su simple lectura, y por tanto aquella alegación no puede sostenerse.

Por lo que atañe al tercer motivo del recurso relativo a que los hechos expuestos en la acusación no son constituti-vos de delito, invoca la parte apelante el mismo texto del artí-culo 553 del Código Penal, tal como ha sido enmendado por la Ley No. 131 aprobada en 9 de agosto de 1913, por entender que dicho artículo enmendado no se refiere a los estableci-mientos de barbería, los cuales no pueden calificarse de comer-ciales, y tampoco caen según se alega, bajo la denominación, de industriales.

Dicho artículo, tal como ha quedado enmendado, dice así:

“Artículo 553.- — Los domingos durante todo el día, los días de fiestas legales desde las 12 m., y todos los días laborables desde las 6 p. m., menos los sabadoS, y los sábados desde las 10 p. m., perma-necerán cerrados al público, y una hora después de cerrados suspen-derán todo trabajo para los empleados, los establecimientos comer-ciales e industriales, con excepción de los mercados públicos para la venta de artículos alimenticios de primera necesidad, las fábricas de azúcar y alcoholes, tahonas de café, farmacias, imprentas, garages, panaderías, hoteles, restaurants, bodegones, casinos, salones de billar, depósitos de hielo, puestos de carnes, puestos de leche, lugares donde sólo se venden refrescos, dulces, tabaco manufacturado, fósforos y periódicos, vaquerías, mataderos, cocheras, muelles de espigón y de ribera, agencias funerarias, y los cafés; exceptuándose también las empresas de utilidad pública y cuasi-pública y 'trabajos urgentes y necesarios para evitar peligros o considerables pérdidas de dinero. Los teatros u otros lugares dedicados exclusivamente a recreo o a fines de caridad tampoco estarán comprendidos en las disposiciones de este artículo, en cuanto se refiere a los fines indicados.
“Toda infracción de este artículo constituirá delito y se castigará con multa, que no excederá a cincuenta dólares ($50).”

Entendemos que una barbería no es un establecimiento comercial; pero ¿deberá considerarse establecimiento industrial a los fines del artículo transcrito? Opinamos que sí. Veamos las significaciones que pueden darse a la palabra industria.

“Industria es el conjunto de las operaciones mediante las cuales el hombre modifica y apropia para su uso las materias de que no po-dría servirse en su estado natural, en cuyo sentido se opone la indus-tria a la agricultura y al comercio * * * ocupación o 'trabajo que se emplea en la agricultura, fabricas, comercio o artes mecánicas. ’?
Diccionario Salvat, Tomo V, página 770.
“La, ciencia económica obra lógicamente al limitar el significado de la palabra industria, asignándola solamente al estudio del hombre como productor inmediato de riqueza y no al hombre como ser activo en general, al hombre en el ejercicio de todas sus facultades # ■# i* y no eg raro por p, tanto que se emplee la palabra indiis-tria para designar la totalidad, el conjunto del trabajo humano, sin distinción de especies en la infinita variedad de sus aplicaeio-nes * * *. Se da también a la voz industria una acepción que .no admite la ciencia económica para evitar una confusión y un error. En efecto, con gran frecuencia se emplea esta palabra como sino-nima de trabajo, cuando en realidad tienen estos dos términos sig-nificaciones claramente distintas. Se entiende por trabajo el ejer-cicio puro y simple de las fuerzas físicas o de las facultades intelec-tuales del hombre: así, pues, cuando basta el empleo de éstas fuer-zas o facultades, para producir riqueza, puede indistintamente de-cirse que el hombre trabaja o que ejerce una industria, mas esto pocas veces ocurre, casi siempre, para producir es necesario no sólo el trabajo sino el concurso del capital y todos los agentes naturales. La producción es, pues, la resultante de un conjunto de combina-ciones de las cuales el trabajo no es sino uno de los elementos. A este conjunto de combinaciones es al que se llama industria.”
Diccionario .Enciclopédico Iíispano-Americano de Literatura, Cien-cias y Artes. Montaner & Simón, Editores, Barcelona. Tomo 10, página 864.
“Industria. — La ocupación o el trabajo que se emplea en la agri-cultura, artes, fábricas y comercio * * *. La ciencia, habilidad y destreza que tiene una persona en el ejercicio de la profesión arte u oficio a que se dedica. ’ ’ 3 Escriche, Diccionario de Legislación, 230.
“INDUSTRIA. — Trabajo productivo; específicamente, trabajo reali-zado en la fabricación, industria o manufactura * *
Century Dictionary, Yol. IY, 3071.

En el caso de Terry v. McDaniel, dijo la Corte Suprema de Tennessee que “un barbero es nn mecánico, y por tanto las sillas y espejos que usa en el negocio., están exentas de ejecución para pago de deudas como utensilios de un mecánico.” Terry v. McDaniel, 103 Tennessee, 415; 46 L. E. A., 559.

' Tenemos, pues, que dentro de la ciencia económica una barbería no es un establecimiento industrial, pero puede serlo si se acepta el sentido más lato que con frecuencia se da a la palabra industria. Además, si el barbero es un mecánico, no vemos inconveniente en admitir que ejerce una industria mecánica.

Siendo ello así, veamos cual sea la significación y alcance de las palabras “establecimientos industriales” a que se re-fiere el artículo 553 del Código Penal, tal como quedó enmen-dado por la Ley No. 131 pasada en la Sesión Extraordinaria de 1913.

El mismo texto del artículo transcrito, al establecer que permanecerán cerrados al público en los días y boras que marca, los establecimientos comerciales e industriales, por el mero becbo de exceptuar de su precepto los bóteles, restaurants, casinos, salones de billar, los ba estimado comprendi-dos bajo aquella denominación, demostrando así la legisla-tura que no era su intención dar a la palabra industria la sola acepción que tiene en la ciencia económica, sino cualquier otra más lata en harmonía con los fines que perseguía. Enten-dió el legislador que de no establecer la excepción, afectaría a los establecimientos exceptuados el precepto general dado para los establecimientos comerciales e industriales.

Aun más, el propio artículo previene que la orden de cierre no se bará extensiva a los teatros ni a otros lugares dedicados exclusivamente a recreo o a fines de caridad, cuyos sitios podrán estar abiertos legalmente a toda bora durante los domingos y días festivos, pero solamente en pro de dichos fines de caridad o para ayudar a proporcionar recreos. De esa excepción se colige que los lugares dedicados no al recreo sino al trabajo, no a fines de caridad, sino a fines lucrativos, caen bajo el precepto general de la ley a no favorecerles al-guna de las excepciones que la misma ordena.

El texto y contexto de la ley proclaman que las barberías están comprendidas en ella, si no como establecimientos co-merciales, como establecimientos industriales en sentido lato, o como lugares dedicados al trabajo para fines lucrativos o de interés.

Además, la razón que informa el precepto legal transcrito es la de proporcionar descanso a los empleados que libran su subsistencia con el trabajo físico personal, proporcionán-doles a la vez otras ventajas de orden superior que exige su condición de seres inteligentes y libres. Esa razón afecta a los que viven del oficio de barberos.

Finalmente en la Sesión Extraordinaria de 1913 pasó con el No. 134 otra ley que fué aprobada en 12 de agosto y lleva por epígrafe “Para enmendar una ley titulada ‘Ley para establecer un nuevo sistema de patentes industriales y de comercio’ * *

Esa Ley No. 134 establece en su sección Ia. “que a partir del día 1 de julio de 1913, el Tesorero de Puerto Bico en adi-ción a todas las otras contribuciones ya autorizadas por la ley impondrá y cobrará de acuerdo con los tipos especificados, a toda persona, firma, asociación, sociedad, corporación y otra forma cualquiera de organización comercial o industrial, y a cualquiera rama o ramas de éstas, las patentes que más adelante se enumeran * *

Más adelante en la sección 12a. se enumeran las barberías como obligadas al pago de la patente correspondiente de industria y comercio. Como una barbería en sí considerada, no es persona, firma, asociación, sociedad, o corporación, debe reputarse como una forma de organización comercial o industrial, o una rama de estas.

Tenemos, -pues, que la misma Legislatura que aprobó la ley cuya infracción fia motivado la presente causa, aprobó también la de patentes industriales y de comercio a que que-daron sujetas las barberías que en la ciencia económica no son propiamente establecimientos industriales o comerciales, siendo lógico deducir que las barberías,. aunque no fueran establecimientos de industria o de comercio, quedaron suje-tas al precepto del artículo del Código Penal que dejamos transcrito. No bay motivo alguno para suponer que la Asam-blea Legislativa tuviera la intención de dar distinto sentido a la palabra industria, en las dos leyes sobre cierre y sobre patentes, de que dejamos becbó mérito, llamadas así usual-mente.

Véanse los casos de Doe v. Avaline, 8 Ind., 6, 15, y Humphries v. Davis, 100 Ind., 274, 284.

Los becbos expuestos en la acusación son constitutivos del delito público definido y penado en el artículo 553 del Código Penal enmendado por la ley de 1913, y siendo ello así el fallo apelado se ajusta a la ley y es improcedente el 4°. motivo del recurso.

Por las razones expuestas es de confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jneees concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no formó parte fiel tribunal en la vista de este caso.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Quíñones, Recurrente, v. El Registrador de la Propiedad, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Germán denegando la inscripción de una escritura de venta.
    No. 185.
    Resuelto en mayo 25, 1914.
    Bienes de Menores — Tutor—Adjudicación en Pago t Cancelación de Hipo-teca — Autorización Judicial con Efecto Retroactivo. — Cuando, como en este caso, se denegó anteriormente la inscripción de una escritura de adjudi-cación en pago y cancelación de hipoteca otorgada por el tutor a nombre de los menores por no estar autorizado judicialmente para ello, (Qvmones v. El Registrador, resuelto en marzo 5, 1914) y posteriormente se obtiene de la corte de distrito la autorización judicial necesaria retrotrayendo sus efectos 'a la fecha en que se otorgó el documento por el tutor, dicha resolución judicial subsana el defecto que existía anteriormente sin -que sea necesario que el tutor otorgue de nuevo otro documento en virtud de dicha autorización judicial.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del recurrente: Sr. Benito Forés.

    El Registrador Sr. Rafael B. Sama compareció por escrito en nombre propio.
   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

En la ciudad de San Germán a 7 de enero del corriente año 1914, por ante el Notario Don Benito Forés y Morazo, Juan José Tellado acompañado de su legítima esposa Antonia.Tom.ey otorgó escritura pública de venta de una casa radi-cada en la calle del Sol de dicha ciudad a favor de los menores Norberto Alfredo, Rafael Angel y Rosendo de Jesús Quiñones e Irizarry, únicos herederos de sn difunto padre Don Rosendo Quiñones y Guzmán, representados por su tutor testamenta-rio Don Tomás Quiñones y Guzmán, cuya venta, según se expresa en la escritura por Don Juan José Tellado, había sido hecha anteriormente desde el 17 de septiembre de 1913 al mencionado Don Rosendo Quiñones y Guzmán mediante documento privado, por precio de .$615, de los cuales dejó al comprador $590 en pago de igual suma, por la que estaba ■hipotecada la referida casa según escritura de 10 de noviem-bre de 1911, habiendo recibido el vendedor los $25 restantes de manos del comprador, sin que el contrato en la fecha de su celebración se hubiera elevado a escritura pública, por más que desde entonces entró en posesión de la casa Don Rosendo Quiñones y Guzmán, fallecido en 6 de noviembre de 1913.

El Registrador de la Propiedad de San Germán por nota de 9 de febrero siguiente denegó la inscripción de la men-cionada escritura en el registro de la propiedad, porque la hipoteca en pago de la cual se adjudicaba la casa constituía capital de los menores sucesores de Don Rosendo Quiñones y Guzmán, y el tutor de éstos, Don Tomás de los mismos ape-llidos, no podía hacer contratos o actos sujetos a inscripción sin la correspondiente autorización de la corte de distrito, habiendo tomado en su lugar anotación letra A por 120 días al folio 8 vuélto del tomo 39 del Ayuntamiento de San Ger-mán, finca No. 2160.

Esa nota fué confirmada por esta Corte Suprema al resolver en 5 de marzo último, recurso gubernativo contra ella interpuesto.

Pué presentada nuevamente en el Registro de la Propie-dad de San Germán la escritura de 7 de enero del corriente año para la conversión de la anotación en inscripción defini-tiva, a cuyo ■ fin se presentaron también dos certificaciones del secretario de la Corte de Distrito de.Mayagüez, expresiva una de ellas de haber sido discernido por dicha corte en 15 de diciembre de 1913 a Don Tomás Quiñones y G-uzmán el cargo de tutor de los menores Norberto Alfredo, Rafael Angel y Rosendo de Jesús Quiñones e Irizarry, y la otra compren-siva de resolución dictada por la misma corte en 13 de marzo último, por la que concede a Don Tomás Quiñones y Guzmán la autorización necesaria para que en su carácter de tutor de los menores hijos de su hermano Don Rosendo Quiñones y Guzmán, acepte la venta por adjudicación en pago que le hicieran Don Juan Tellado y su esposa a Don Rosendo Qui-ñones y Guzmán, de la casa que queda descrita (la misma a que se refiere la escritura de 7 de enero de 1914), retrotra-yendo los efectos de esta autorización al día 7 de enero del mismo año y ratificando y aprobando la escritura de dicha fecha en que se consignó el convenio privado.

El registrador denegó la conversión solicitada por medio de nota que dice así:

“No admitida la conversión solicitada de la anotación letra A de la finca número 2160, hecha al folio 8 vuelto del tomo 39 del ayun-tamiento de esta ciudad, por no acompañarse documento alguno en el cual el tutor de los menores hijos de Don Rosendo Quiñones y Guzman, en su carácter de tal, acepte, apruebe y ratifique, como expresa la autorización concedídale, la escritura de 7 de enero último que fué objeto de un reciente recurso gubernativo ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, no procediendo tomar nueva anotación. San Ger-mán, abril 15, 1914. El Registrador, Rafael B. Sama.”

Contra la nota descrita ha sido interpuesto nuevo recurso por Don Tomás Quiñones y Guzmán, sometido a nuestra con-sideración y decisión.

Opinamos que el defecto o falta de autorización judicial que dió lugar a la-denegatoria de inscripción de la escritura de 7 de enero de 1914 ha desaparecido a virtud de la reso-lución que dictó la Corte de Distrito de Mayagüez en 13 de marzo último otorgando esa autorización al tutor de los meno-res Don Tomás Quiñones y Guzmán, y retrotrayendo los efectos de ella al día 7 de enero de 1914. Indudablemente con esa clánsnla retroactiva se quiso significar que la men-cionada escritura debía entenderse otorgada cual si Don To-más Quiñones y Guzmán al otorgarla Rubiera tenido dicha autorización, pues de no haber sido así, la cláusula carecería de finalidad y no tendría efecto alguno. De ser necesario el otorgamiento de otra nueva escritura ratificando la anterior, como pretende el registrador, holgaría la cláusula de refe-.rencia. En virtud de ella y por su sola fuerza quedó rati-ficado el documento y en condiciones de surtir todos los efec-tos legales procedentes, no sólo respecto de la enajenación de la casa sino también en cuanto a la extinción de la hipoteca.

Véanse los casos entre las mismas partes, decidido en marzo 5, 1914, y Caballero et al. v. Pomales et al., 17 D. P. R., 719.

Por las razones expuestas, atentidas las circunstancias espe-ciales del caso, es de revocarse la nota recurrida, ordenándose al Registrador de la Propiedad de San Germán proceda con arreglo a los principios que dejamos establecidos.

Revocada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no intervino en la reso-lución de este caso.


text:
    Molinari, Peticionaria, v. López Acosta, Juez de Distrito, Demandado.
    Solicitud para que se expida mandamiento de certiorari al Juez de la Corte de Distrito de Guayama en un caso sobre reclamación de alimentos.
    No. 117.
    Resuelto en mayo 25, 1914.
    Alimentos Provisionales — Apelación Contra Resolución Aumentando la Pensión Alimenticia — Suspensión de la Ejecución de la Sentenca Du-rante la Tramitación de la Apelación. — Los preceptos del artículo 84 de la ley de Procedimientos Legales Especiales de marzo 9, 1905, son apli-cables lo mismo a la sentencia primitiva concediendo nna pensión alimenticia como a las resoluciones posteriores aumentando dicha pensión, y por tanto la apelación contra una resolución aumentando una pensión alimenticia no suspende la ejecución de la resolución enmendando la sentencia primitiva.
    Id. — Sentencias Dictadas en Acciones Sobre Reclamación de Alimentos— Carácter de las Mismas — Cosa Juzgada. — La sentencia que se dieta en una aceión sobre alimentos no tiene el carácter de una sentencia definitiva ordinaria, ni constituye cosa juzgada, sino que por el contrario la pensión puede ser aumentada o reducida, o suprimida en absoluto.
    Id. — Aumento de la Pensión Concedida — Aplicación de los Trámites de la Acción de Desahucio. — Si las partes insisten en ello toda nueva reclamación sobre alimentos, ya sea aumentando o disminuyendo la pensión, debe trami-tarse de acuerdo con el procedimiento mareado para la acción de desahucio.
    Los fiecfios están expresados en la opinión.
    Abogados de la peticionaria: Sres. Bossy & Guillermety.

    El demandado Hon. J. A. López Acosta compareció por escrito en nombre propio.
    Abogado de la parte interventora Carolina Luzunaris: Sr. G. Domínguez Rubio.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La solicitud en la cual se interesa la expedición de un auto de certiorari expresa que Carolina Luzunaris como legítima madre de Ignacio Ramón Díaz y Luzunaris siguió una acción contra su esposo Ramón Pastor Díaz y Doña Rufina Molinari de Cividanes en reclamación de alimentos, y que se dictó sentencia en 29 de noviembre de 1907, por la cual se decla-raba que Doña Rufina como abuela del niño debía darle la pensión mensual de veinte y cinco dólares porque su padre el Sr. Díaz, era insolvente; que añora en ese mismo pleito Doña Carolina pide la modificación de la anterior sentencia para aumentar la pensión a sesenta dólares a cuya petición se opuso Doña Rufina alegando que su fiijo Don Ramón Pastor Díaz estaba en condiciones de sostener a su fiijo Ignacio; que en 29 de enero corriente la corte dictó una orden (sic) modificando aquélla -sentencia y ordenando que Doña Rufina pagase desde entonces a dicño menor nieto suyo, la cantidad de cincuenta dólares mensuales; que la demandada, Doña Rufina apeló de esa orden de 29 de enero, y en estas circuns-tancias la corte de distrito dictó otra orden para requerir a Doña Rufina a que pague los cincuenta dólares a pesar de la apelación establecida, o que se libre ejecución contra sus bienes.

A la orden de enero 29, 1914, se le llamó “resolución,” y de ella aparece que las partes fueron oídas y tuvieron la oportunidad de presentar pruebas ante la corte, pero que sola-mente la demandante introdujo tales pruebas. Se expidió el mandamiento de certiorari debidamente, presentando su contestación escrita el Juez de la Corte de Distrito de G-ua-yama, radicando tanto éste como las partes interesadas sus alegatos.

Los preceptos de la ley pertinentes son los artículos 215 y 216 del Código Civil y el artículo 84 de la Ley sobre Pro-cedimientos Legales Especiales, los cuales son los siguientes:

“Artículo 215. — Cuando recaiga sobre dos o más personas la obli-gación de dar alimentos, se repartirá entre ellos el pago de la pen-sión en cantidad proporcionada a su caudal respectivo.
“Sin embargo, en caso de urgente necesidad y por circunstancias especiales, podrá el juez obligar a uno solo de ellos a que los preste provisionalmente, sin perjuicio de su derecho a reclamar de los demás obligados la parte que les corresponda.
“Cuando dos o más alimentistas reclamaren a la vez alimentos, de una misma persona obligada legalmente a darlos, y ésta no tuviere fortuna -bastante para atender a todos, se guardará el orden estable-cido en el artículo anterior, a no ser que los alimentistas concurrentes fueren el cónyuge y un hijo sujeto a la patria potestad, en cuyo caso aquél será preferido a éste si fuese padre o madre del hijo solicitante, y si no lo fuese, se distribuirá por igual entre ambos.
“Artículo 216. — La cuantía de los alimentos será proporcionada a los recursos del que los da y a las necesidades del que los recibe, y se reducirán o aumentarán en proporción a los recursos del primero y a las necesidades del segundo.”
“Artículo 84. — T-oda reclamación sobre alimentos provisionales se tramitará en la forma prescrita para el juicio de desahucio. Contra la sentencia que se dicte en esta clase de juicios se podrá utilizar el recurso de apelación, sin que ésta obstaculice la ejecución de aquélla. ’ ’

Se alega a nombre del demandado qne la orden de enero' 29 formaba parte de la sentencia primitiva de ignal modo’ qne la primera orden para el pago de los veinte y cinco dóla-res mensuales también era parte de dicba sentencia primitiva.. Tal vez la alegación esté bien fundada, pero en ella no se' resuelve la objeción que ba sido formulada por la peticio-naria en este caso, a saber, que la sección 84 de la Ley de Proce-dimientos Legales Especiales es aplicable solamente a la sen-tencia primitiva y no a las providencias que luego se dicten j en otras palabras, la peticionaria alega que la sección 84, en cuanto suspende la ejecución, es de aplicación únicamente a la sentencia primitiva y no a ninguna providencia subsi-guiente que la modifique, bien aumentando o reduciendo la cuantía de la pensión mensual. Según el artículo 188 del Código de Enjuiciamiento Civil una sentencia es la decisión definitiva sobre los derechos de las partes en un pleito o pro-cedimiento. Pero el artículo 216 del Código Civil prescribe que la cuantía de la pensión mensual podrá reducirse o au-mentarse en proporción a los recursos de la persona obligada a satisfacerla y a las necesidades del que la recibe; de manera que la sentencia que se dicte en una acción sobre alimentos no tiene el carácter de una sentencia definitiva ordinaria, no constituye cosa juzgada en tal sentido, puesto que la suma que por ella se concede puede ser aumentada o reducida, y entendemos que podrá cesar en absoluto, por ejemplo, si el padre estuviera en condiciones de pagar una cantidad men-sual relevando a la abuela de esta obligación.

La solicitud presentada en este' caso interesando el aumento de la pensión mensual fué conocida con el nombre de “mo-ción” y radicada en la misma acción. La demandada, en cambio, se opuso a ella, alegando que el padre estaba en con-diciones de prestar dichos alimentos y la corte, después de oir a las partes, dictó una nueva resolución. En toda la solicitud sobre modificación o aumento de una pensión pro-bablemente podría surgir semejante conflicto y las cuestiones promovidas originalmente ser nuevamente presentadas a la corte. La reclamación hecha por la parte que recibe la pen-sión es una nueva y las condiciones y circunstancias siempre varían y presentan nuevas cuestiones, pero .el artículo 84 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales prescribe que toda reclamación sobre alimentos provisionales se tra-mitará en la forma prescrita para el juicio de desahucio, que se puede utilizar el recurso de apelación contra la sentencia que se dicte en esta clase de juicio, pero que tal apelación no será un obstáculo para la ejecución de la sentencia. Tal vez si las partes insistieran, cualquiera nueva reclamación ten-dría que ajustarse al procedimiento de la acción de desahu-cio, pero como quiera que sea, creemos que toda solicitud sobre aumento de pensión alimenticia constituye una nueva reclamación y la resolución que sobre la misma se dicte es por su naturaleza esencial una sentencia. La sentencia original está sujeta a modificación; la nueva sentencia es sucep-tible de cambio. Ellas tienen esencialmente el mismo carác-ter, cada una de las mismas es el mandato dictado por la corte a virtud de moción presentada por el necesitado, y cree-mos que la última resolución puede ejecutarse de igual modo que pudo ser ejecutada la primera. Cualquier cuestión du-dosa que pueda haber debe resolverse en favor de lo que en-tendemos que fue claramente la intención de la legislatura tal como consta en los artículos 215 y 216 del Código Civil, cuyo objeto era la ayuda inmediata a las personas que soli-citen alimentos. Alega el peticionario que esta intención podría ser aplicable solamente para aliviar las necesidades perentorias de una persona necesitada; pero cuando dichas necesidades han aumentado es de aplicación esta misma inten-ción de la legislatura de que deberán SQr satisfechos los ali-mentos teniendo en cuanto el aumento en las necesidades de la persona que los solicite. Debe anularse el auto de cer-tiorari.

Desestimada la solicitud y anulado él manda-miento expedido.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no formó parte del tribunal en la vista de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Martínez, Demandante y Apelante, v. Jiménez et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en un caso sobre nulidad de actuaciones e inscripciones.
    Moción de la parte apelada para que se desestime la apelación.
    No. 1134.
    Resuelto en mayo 27, 1914.
    Desestimación de Apelación — Sentencia Declarando con Lugar las Excep-ciones Previas y Permitiendo Presentar Otra Demanda — Sentencia Definitiva. — Cuando, como en este caso, se dieta una sentencia desestimando la demanda porque no aducía hechos que determinasen una causa de acción y se autoriza la presentación de otra demanda, la sentencia dictada tiene el carácter- de definitiva y es apelable de acuerdo con el párrafo 2 del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil enmendado por ley de marzo 9, 1905.
    Juicios de Novo — Casos Originados en las Cortes Municipales — Enmienda de la Demanda en la Corte de Distrito. — Las cortes de distrito están autorizadas para permitir enmiendas en la demanda en juicios de novo de casos apelados de las cortes municipales en los mismos casos en que pueden autorizarlas en asuntos de que conocen originalmente.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    El apelante compareció por escrito en nombre propio.
    Abogado de los apelados: Sr. A. Blasco Pagan.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

La resolución apelada en este caso es la siguiente:

“SentenCIa. — Pendiente de apelación ante esta corte de distrito ■en virtud de recurso interpuesto por el demandante Víctor P. Mar-tínez contra la sentencia dictada por la Corte Municipal de San Sebastian desestimando las excepciones previas opuestas a la demanda. Incluido este pleito en el calendario y señalado día para el juicio comparecieron las partes representadas por sus respectivos abogados y dada lectura de la demanda los demandados por conducto de su abogado expusieron a la corte las dos excepciones provias, es decir, que la demanda no aduce liechos suficientes para determinar una causa de acción y la de res judicata. Sometida sin argumentación la cuestión de derecho envuelta en dichas excepciones por el abogado de la parte promovehte y después de haber informado el abogado de la parte contraria lo que creyó conveniente a su derecho se declaró el acto concluso para sentencia reservándose dictarla en una de sus próximas sesiones y en este día, después de haber considerado debi-damente la cuestión de derecho contenida dentro de dichas excep-ciones declara: que la ley está a favor de la primera de las excep-ciones alegadas y por tanto desestima la demanda con las costas, autorizando sin embargo a la parte demandante para que pueda enta-blar su demanda de acuerdo con los términos de la opinión que dic-tará la corte. Y en cuanto a la segunda excepción de res judicata se declara sin lugar. Disponiéndose que se registre esta sentencia en el libro de sentencias de la corte y una vez firme se libre la oportuna copia certificada de la misma a la corte inferior a los efectos opor-tunos. En corte abierta hoy 21 de febrero de 1914. Firmado: Isi-doro Soto Nussa, juez.”

Los demandados y apelados nos piden la desestimación del recurso fundándose en que no lia podido interponerse porque no se trata de una sentencia definitiva, toda vez que autoriza al demandante para que pueda entablar su demanda de acuerdo con la opinión de la corte.

La forma propia de resolver la excepción propuesta en primer término es la de declararla con lugar por medio de una resolución y conceder un término razonable para enmen-dar la demanda cuando entienda que es susceptible de ésta y sin dictar sentencia, a menos que no se hicieran las enmien-das necesarias. Pero en éste caso resulta que aun cuando se autorizaba la presentación de otra demanda, la que estaba sometida al tribunal fué desestimada con costas mediante una sentencia. El efecto de la sentencia apelada fué el de rechazar la demanda, sin perjuicio de autorizar la presen-tación de otra. Quizás entendió el juez que como se trataba de un pleito originado en la corte municipal, debía juzgar el caso con la demanda original y no con una demanda enmen-dada ante él. Si así pensaba, está en nn error pues la ape-lación contra sentencias de las cortes municipales lleva el caso a las cortes de distrito para ser juzgada de nuevo, como si otro juicio no Rubiera existido y, por tanto, están autoriza-das para permitir enmiendas en los mismos casos en que pue-den autorizarlas en los asuntos de que conocen originalmente.

Por consiguiente, como se trata de una sentencia que deses-timó la demanda porque no aducía becbos que determinasen causa de acción, aun cuando autorizó la presentación de otra, y como resolvió definitivamente respecto de la demanda que tenía ante sí, debemos declarar que fue una sentencia que puso término al asunto y que es apelable de acuérdo con el No. 2o. del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil tal como fué enmendado en -9 de marzo de 1905.

En cuanto al otro fundamento de la moción, no' vemos que tenga relación alguna con este caso.

La moción debe ser negada.

Denegada la moción de desestimación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutcbison.