author: El Juez PbesideNte Se. HerNÁNdez-,

text:
    Pérez et al., Demandantes y Apelados, v. Arrieta et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en pleito sobre impugnación de elección.
    No. 2445.
    Resuelto en julio 9, 1921.
    Impugnación Electoral — Enmiendas a la Demanda Original. — Una vez enmen-dada la demanda original presentada en una acción sobre impugnación electoral, sin oposición de los demandados ni de la corte, deja de tener valor alguno para fundamentar en ella una'sentencia.

      Id. — Sentencia sobre las Alegaciones — Discreción Judicial. — La sección 3. apartado 1, de la Ley de marzo 7, 1906, sobre impugnación de elecciones no autoriza el pronunciamiento de sentencia sobre las alegaciones por el heeho de que el demandado en vez de contestar radicara excepción previa y mo-ción para eliminar dentro de los diez días de haber sido notificado de la de-manda enmendada. En tal caso la corte dp distrito tiene facultad para re'solver la excepción y la moción eliminatoria y si las declara sin lugar tiene discreción para permitir al demandado radicar su contestación aún cuando hubiera transcurrido el término de diez días antes citado.
    Id. — Certeza de Alegaciones no Contradichas — Interpretación de la Sección 3 de la Ley sobre Impugnación de Elecciones. — Para que se admitan como ciertas en una acción sobre impugnación de elecciones las materias alegadas en la demanda no contradichas en la contestación, es necesario que haya una contestación, pues en ausencia de ésta faltan términos hábiles para aplicar la sanción que la sección 3 de la Ley sobre Impugnación de Elecciones esta-blece. Y la Legislatura no hizo otra cosa que declarar en dicha sección lo mismo que dispone el Código de Enjuiciamiento Civil en su artículo 132 para las acciones ordinarias y corrientes en las cuales toda alegación esencial no controvertida en la contestación se tiene por cierta quedando el demandante relevado de probarla.
    Los lieckos están expresados en la opinión.
    A.bogado de los apelantes: Sr. L. Feliú.

    Abogados de los apelados: Sres. G. Coll Cuchí y G. Cru-zado Silva.

   El Juez PbesideNte Se. HerNÁNdez-,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes Manuel Pérez Gabán, Jacinto Matías, José María Barroso, Adrián Ocasio y Arturo Buíz de la Rosa, radicaron con fecha 17 de enero de 1921 en la Corte de Dis-trito de San Juan, Sección Segunda, una demanda enmen-dada contra Rafael Arrieta, Francisco J. Salas, Adolfo López, Valentín Marrero y Salustiano Remigio, en cuya demanda después de consignar que ellos fueron los candidatos por el Partido £‘Unión de Puerto Rico” para miembros de la Asam-blea Municipal de Toa Baja y los demandados candidatos para los mismos puestos por el Partido “Republicano Puer-torriqueño” en las elecciones celebradas en esta Isla el día 2 de noviembre del año anterior, 1920, y que de acuerdo con el escrutinio verificado los demandados fueron declarados electos por el G-obernador de Puerto Rico, por una mayoría de 39 votos, habiéndose expedido a cada uno de ellos el correspondiente certificado de elección, excepción lieclia de Francisco J. Salas, por haber fallecido en 24 de octubre, ocho días antes de las elecciones, sin que su nombre fuera sustituido por el de otro candidato, hicieron ATarias alega-ciones tendentes a impugnar la validez de la elección de los candidatos demandados y alterar el resultado del escrutinio que determinó su elección, concluyendo con la súplica de que se dictara sentencia declarando electos para miembros de la Asamblea Municipal de Toa Baja a los demandantes, con todos los demás pronunciamientos a que tengan derecho.

Ocho días después, o sea, el día 25 de enero, 1921, los demandados radicaron una excepción previa de falta de causa de acción y una moción eliminatoria de ciertas alegaciones de la demanda; y estando pendientes de resolución la excep-ción y la moción de eliminación, los demandantes radicaron en 15 de febrero siguiente una moción para que se dictara sentencia sobre las alegaciones, por los siguientes funda-mentos: Primero, porque los impugnados demandados no habían radicado en la secretaría de la corte su contestación a la demanda dentro de los diez días de recibidas las copias de la notificación de la demanda de acuerdo con lo que prescribe la sección tercera de la Ley sobro Impugnación de Elec-ciones, aprobada en 7 de marzo de 1906; segundo, porque los demandados habían presentado una excepción previa de falta de causa de acción, siendo la virtualidad de dicha excep-ción previa la admisión como ciertos de todos y cada uno de los hechos alegados en la demanda, no siendo dicha excepción previa la alegación que prescribe la sección tercera.

Oídas tanto las excepción previa y moción eliminatoria de los demandados como la moción de los demandantes para que se dictara sentencia sobre las alegaciones, la corte dictó sentencia en 24 de febrero de 1921, que textualmente dice así:

“Por los fundamentos de la opinión que se acompaña, y no ha-biéndose radicado en la secretaría de esta corte una contestación de acuerdo con los requisitos establecidos en la sección tercera de la ley proveyendo el procedimiento para impugnar la elección de funcio-narios excepto los miembros de la Legislatura y el Comisionado a los Estados Unidos, aprobada el 7 de marzo.de 1906; vistas las alega-ciones juradas de la demanda enmendada no contradichas por los demandados, la corte las tiene como ciertas y declara a Manuel Pérez Cabán, Jacinto Matías, José María Barroso, Adrián Ocasio y Arturo Ruiz de la Rosa, demandantes, miembros electos de la Asamblea Municipal de Toa Baja por virtud de las elecciones celebradas el día 2 de noviembre de 1920 en aquel municipio, en lugar de Rafael Arrieta, Francisco J. Salas, Adolfo López, Valentín Marrero y Salustiano Re-migio, demandados, por tener los primeros derecho a dichos cargos; decretando el desposeimiento de dichos demandados de los referidos cargos y ordena que se libren los necesarios mandamientos para ins-talar a los demandantes en el pleno goce de los referidos cargos de miembros de la Asamblea Municipal de Toa Baja, y de los correspon-dientes privilegios y emolumentos inherentes a dichos cargos, con cos-tas a los demandados.”

En la opinión que sirve de fundamento a la sentencia, el juez después de resolver mediante las consideraciones ati-nentes, que procedía declarar sin lugar tanto la moción de eliminación como la excepción previa de falta de causa de acción, pasa a examinar la moción para el pronunciamiento de sentencia sobre las alegaciones y se expresa en los si-guientes términos:

“Se funda (dicha moción) en que los demandados no radicaron en la secretaría de la corte una contestación a la demanda dentro de los diez días de haber sido notificados con una copia de la misma de acuerdo con lo que prescribe la sección tercera de la mencionada" ley (sobre impugnación de elecciones.) Y además, en que la excepción previa de falta de causa de acción que se interpuso contra la demanda, virtualmente admitió como ciertos todos y cada uno de los hechos alegados en ella.
“La.demanda original radicada el 30 de diciembre no fué contes-tada. Los demandados se limitaron a formular contra ella una ex-cepción previa por falta de causa de acción y por ser ambigua, ininte-ligible y dudosa y además una moción para eliminar. No hubo dis-cusión sobre esas cuestiones porque como se ha dicho, los demandantes radicaron su demanda enmendada el 17 de enero. Examinando la demanda original la corte cree que aunque defectuosa, aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción, esto es, justificativos de una investigación y revisión, cuyo resultado fuese, según la prueba, favorable o adverso a las pretcnsiones de la parte actora. La corte quizás hubiese ordenado la enmienda de dicha demanda para hacerla más precisa y explícita. Dicha demanda no fué contestada en la forma que exije la sección tercera de la citada ley sobre impugnación de elecciones de ciertos funcionarios.
“La demanda enmendada fué notificada al abogado de los deman-dados quien como se ha dicho, interpuso a nombre de ellos la moción para eliminar y la excepción previa que acabamos de desestimar. No ha promovido cuestión alguna acerca de si era o no procedente en-mendar la demanda de acuerdo con las reglas generales del Código de Enjuiciamiento Civil y antes de discutirse las excepciones y mo-ción contra la demanda original. Tampoco se ha presentado contes-tación a esta demanda enmendada ni se ha pedido permiso a la corte para radicar una contestación. El único acto en ese sentido, de los demandados ha sido el de pedir a la corte en el último párrafo del alegato escrito entregado al juez que suscribe el día 18 de febrero, que en el caso de desestimar la excepción y las mociones discutidas se concediera a los demandados un término no mayor de cinco días para radicar su contestación.
“La ley especial en que se funda esta acción, o sea la de 7 de marzo de 1906, en su sección tercera dispone:
“ ‘Dentro de los diez días de recibidas las copias de la notificación de la demanda dispuestas en la sección segunda de esta ley, la persona a cuyo favor se hubiere extendido el acta o certificado de elección «en-tregará al secretario de la corte una contestación, bajo juramento, al escrito del impugnador, después de entregada copia del mismo a éste o a su agente o abogado. Las materias alegadas en el escrito no con-tradichas en la contestación se admitirán como ciertas en el juicio.’
“Yerdad es que la sección 4a. de dicha ley establece que en los juicios de impugnación de elección se observarán las reglas que rijen para los procedimientos en asuntos civiles; pero esto no debe interpre-tarse en el sentido de desvirtuar o contravenir las disposiciones taxati-vas de la ley especial. Solamente deben tenerse presentes .aquellas reglas en tanto no las contradigan, o para suplir sus omisiones. Es este un procedimiento especial y deben cumplirse estrictamente todos los requisitos que señala el estatuto que lo regula. 18 D. P. R. 651.
“La corte cree que carece de facultad discrecional para permitir a los demandados que radiquen una contestación después de haber transcurrido el plazo de diez días señalado en la sección tercera. En-tiende que la contestación, bajo juramento, debió haberse radicado necesariamente'dentro de los diez días después de notificada-la de-manda. Transcurrido ese período de tiempo la contestación es inad-misible. La corte no tiene facultad de admitirla.
“Las materias alegadas en la demanda original o en la enmen-dada, faltando una contestación, deben admitirse como ciertas sin que sea necesario celebrar juicio.
‘ ‘ En su ■virtud, la corte entiende que debe acceder a lo pedido en la moción de los demandantes para que se dicte sentencia sobre las alegaciones. ’ ’

Huelgan las consideraciones que hace la corte sobre la demanda original, pues una vez enmendada ésta sin protesta alguna por parte de los demandados y sin oposición por parte de la corte, dejó de tener valor alguno para funda-mentar en ella una sentencia, según jurisprudencia repetida establecida tanto por la Corte Suprema de California como por esta Corte Suprema. French Society v. Widman, 97 Cal. 507; Schneider v. Brown, 85 Cal. 205; Mott v. Mott, 82 Cal. 413.

La enmienda a la demanda original privó a los deman-dantes de cualquier derecho que pudiera haberles corres-pondido contra los demandados por falta de contestación a la demanda primitiva dentro del término prefijado por la sección tercera, apartado primero, de la Ley de 7 de marzo de 1906 sobre impugnación de elecciones, que transcribe la corte inferior en su opinión.

Dicha sección en el caso presente no puede ser de apli-cación a la demanda original o primitiva, pues ésta desde que fué enmendada fué sustituida por la demanda enmen-dada. Pero concretándonos al estado de derecho creado por la demanda enmendada y prescindiendo de toda considera-ción sobre la demanda original, cabe preguntar: ¿autoriza la sección transcrita el pronunciamiento de sentencia sobre las alegaciones por no haberse presentado contestación a dicha demanda enmendada dentro del término de diez días a contar desde la fecha en qne se hizo entrega de ella a los demandados? Opinamos qne no. Esa sección tercera en sn apartado primero sólo ordena qne dentro de los diez días de recibidas las copias de la notificación y demanda, el de-mandado debe entregar al secretario de la corte una con-testación bajo juramento al escrito del impugnador y qne las materias alegadas en el escrito no contradichas en la contestación se admitirán como ciertas en el juicio.

De modo qne es requisito indispensable para que se ad-mitan como ciertas en el juicio las materias alegadas en la demanda no contradichas en la contestación, que haya una contestación, pues en ausencia de ésta faltan términos hábiles para la sanción que establece dicho precepto. Y la Legisla-tura no hizo otra cosa que declarar lo mismo que dispone el Código de Enjuiciamiento Civil en su artículo 132 para las acciones ordinarias y corrientes en las cuales toda alegación esencial no controvertida en la contestación se tiene por cierta quedando el demandante relevado de probarla.

Habiendo llegado a la conclusión de que la Ley sobre Impugnación de Elecciones en su sección tercera nada pro-vee para un caso como el presente en que falta contestación a la demanda enmendada y en que además se opuso excep-ción previa a dicha demanda y fué presentada por los de-mandados moción eliminatoria de ciertas alegaciones de la demanda, nos toca examinar qué ley debe aplicarse para resolver si era procedente o no el pronunciamiento de sen-tencia sobre las alegaciones.

La sección cuarta de la Ley sobre Impugnación de Elec-ciones reza como sigue:

“En los juicios de impugnación de elecciones se observarán las reglas que rigen para los procedimientos en asuntos civiles. Dispo-niéndose que las enmiendas en los alegatos deberán hacerse dentro de dos días después de obtenido el permiso para ello, a menos que la corte por justa causa concediere más tiempo para hacerlas Y disponiéndose, además; que las excepciones perentorias a los alegatos se oirán y resolverán cuanto antes fuere posible después de presentadas, sin perjuicio de los derechos esenciales de las partes o de cualquiera de ellas.”

La sección transcrita autoriza, como se ve, las enmiendas en los alegatos y las excepcionés perentorias a los mismos y ordena a la vez que en los juicios de impugnación de elec-ciones se observen las reglas que rigen para los procedi-mientos en asuntos civiles, por lo que en los casos no pre-vistos en los juicios de impugnaciones de elección, debemos acudir al procedimiento civil ordinario.

El artículo 194 del Código de Enjuiciamiento Civil enu-mera los casos en que podrá dictarse sentencia. cuando el demandado dejare de contestar la demanda y por modo ex-preso dispone en sus números Io. y 2o. que se anote la rebel-día del demandado antes del pronunciamiento de la senten-cia. Diclio artículo se refiere al caso en que el demandado' no compareciere y formulare excepciones previas a la de-manda, pues cuando así fuere y el demandante enmendare la demanda, la ley ordena en su artículo 107 que el deman-dado deberá contestar a las enmiendas o demanda enmen-dada dentro de los diez días de su presentación o en cual-quier otro término que señalare la corte, pudiendo dictarse sentencia en rebeldía si se dejare de contestar como en los demás casos.

La corte resolvió simultáneamente la excepción de falta de causa de acción y la moción eliminatoria de los demandados y Ja moción sobre pronunciamiento de sentencia de los deman-dantes, y los demandados no tuvieron término alguno para contestar la demanda, privándoles así de un derecho subs-tancial máxime cuando el mismo juez consigna en su opi-nión que los demandados le pidieron que en el caso de deses-timar la excepción y la moción eliminatoria se les conce-diera un término no mayor de cinco días para radicar su contestación.

La corte creyó que carecía de facultad discrecional para permitir a los demandados qne radicaran una contestación después de haber transcurrido el plazo de diez días estable-cido en la repetida sección tercera, pero esa sección, como hemos dicho, no era aplicable al caso por tratarse de una demanda enmendada contra la cual los demandados habían alegado una excepción previa y de cuya resolución depen-día qne tuvieran que contestar o no la demanda enmendada.

La corte tenía facultad para permitir a los demandados que radicaran su contestación después de haber desestimado la excepción previa propuesta y al estimar lo contrario co-metió un manifiesto error con infracción del artículo 107 ya citado, del Código de Enjuiciamiento Civil.

T no puede arguirse que al excepeionar la demanda en-mendada el demandado aceptó todos los hechos de la misma y la corte se colocó en condiciones de dictar la sentencia apelada. Tal aceptación ciertamente debía tenerse por he-cha como base para discutir la excepción previa, pero no para dictar una sentencia.

Por las razones expuestas es de revocarse la sentencia apelada y devolverse el caso al juez para procedimientos no inconsistentes con la presente opinión.

Revocada la sentencia apelada y ordenada la devolución del caso.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Su. HtjtohisoN,

license: Public Domain

text:
    Fernández, Demandante y Apelada, v. Casalduc, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre divorcio.
    No. 2290.
    Resuelto en julio 9, 1921.
    Divorcio — Trato Cruel — Acción por la Mujer — Violencia—Sufrimiento Mental. — En las acciones de divorcio fundadas en el trato cruel cuando la mujer lo alega no necesita presentar nn caso tan elaroi de violencia o sufrimiento mental como el que tendría que presentar el marido de ser él el demandante.
    Id. — Reconciliación—Cohabitación—Acción Basada en Actos Posteriores— Alegación de Actos Anteriores en Corroboración. — Aún suponiendo que haya habido reconciliación, un cónyuge puede después de ella establecer una acción de divorcio por trato cruel derivado de actos posteriores, alegando en corroboración los actos anteriores a tal supuesta reconciliación.
    Id. — Incompatibilidad de Caracteres — Trato Cruel; — Aunque la mera incompa-tibilidad de caracteres no constituye en sí fundamento de divorcio, al resolver si las circunstancias demuestran crueldad debe tenerse siempre en cuenta la inteligencia, educación aparente y sentimientos de la parte ofendida.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelada: Sres. G. Iriarte, Jr. y F. S. Dexter.

    Abogados del apelante: Sres. G. Coll Cuchí y G. Cruzado Silva.

   El Juez Asociado Su. HtjtohisoN,

emitió la opinión del tribunal.

Apela el demandado de una sentencia de divorcio y en varios períodos de la argumentación becba en sn alegato, aunque sin hacer señalamientos de error por separado, su-giere lo siguiente:

“La Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, erró al de-clarar sin lugar la excepción previa de falta de causa de acción inter-puesta por el demandado contra la demanda.
“La Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, cometió error al declarar sin lugar la moción de non suit presentada por el demandado, una vez terminada la prueba de la demandante por el siguiente motivo: porque tomando en consideración toda la prueba aducida en el juicio por la demandante ésta no ha sido suficiente para establecer su caso prima facie.
“La Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, cometió un grave error al declarar sin lugar la petición de suspensión formulada por el demandado mientras prestaba su declaración el testigo don Alberto Bruci y al no permitir que el abogado del demandado pre-sentara bajo juramento sus declaraciones para demostrar los motivos por los cuales solicitaba dicha suspensión, y cuyo motivo era que la parte demandada había sido en esos momentos sorprendida por la declaración del citado testigo, habiendo dicho testigo inducido al propio demandado a creer que había de declarar sobre manifesta-ciones directas hechas por la propia doña Francisca Látimer en Are-cibo, en los mediados del año 1916, la víspera de la salida de doña Carmen Fernández para San Juan, en el sentido de que pedía a dicho testigo Sr. Bruci consejos en cuanto al derecho, a la' posibilidad de ella, llevar a la- hija y a los hijos de doña Carmen Fernández a San Juan, sin el consentimiento y sin el permiso del demandado Sr. Casalduc; por cuanto la corte apesar de haberse alegado por la parte demandada la sorpresa de dicho testigo y de haber solicitado por tal fundamento la suspensión del caso para demostrar tal extremo por declaraciones juradas, declaró sin lugar dicha moción de suspen-sión y privó al demandado de explicar las manifestaciones hechas por el Sr. Bruci al abogado del demandado privándolo así del derecho que tiene un demandado a defenderse de una sorpresa en el acto de un juicio.”

El primer señalamiento se funda en el artículo 171 del Código Civil, el cual prescribe que “la acción de divorcio se extinguirá por reconciliación de las partes.” Pero el ar-tículo que sigue inmediatamente prescribe que:

“En caso de reconciliación, el demandante no podrá ejercitar o continuar ejerciendo la acción que tuviere, pero queda en libertad de promover nuevo juicio por motivos ocurridos después de la recon-ciliación y en tal caso podrá alegar las anteriores causas para corro-borar su nueva acción.”

Se citan los casos de Figueroa v. Pierluisi, 25 D. P. R. 496; Fernández v. Hernández, 2 Sentencias de Puerto Rico, 332; Quiñones v. Rodriguez, 9 D. P. R. 322, y varios textos legales, con bastante extensión, al efecto de que ellos indican lo que constituye extremado trato cruel.

En cada uno de estos casos que acabamos de citar el ma-rido era demandante y el trato cruel en cuestión se alegó que fue inferido por la esposa. Y como se indica en el caso más reciente de Dueño v. Dueño, 28 D. P. R. 977, no sólo los actos de crueldad, y no solamente la subsiguiente mala con-ducta puede ser de carácter más leve que la que constituiría la primitiva crueldad, sino que también tanto la condonación como la renovación de los actos de- crueldad son menos fá-ciles de presumirse contra la esposa que contra el marido. Asimismo los casos que lian sido resueltos sin diferencia de opinión en cuanto a la cuestión como lia sido discutida, pa-recen liaber establecido como regla general que el marido que solicita un divorcio por el fundamento de crueldad “debe presentar un caso más claro de violencia o sufrimiento mental que perjudiquen seriamente a su salud, que no la esposa.” 19 C. J. 144, sección 367, y casos citados.

En el presente caso la esposa, como demandante, alegó lo siguiente:

“II. Que la demandante contrajo matrimonio con el demandado en la ciudad de San Juan el día 22 de junio de 1910 por el Hito Católico Apostólico Romano.
“III. La demandante alega que durante su matrimonio con el demandado lia procreado tres hijos llamados:
“Víctor Alberto que nació el día 12 de abril de 1911.
“Laura Hilda que nació el día 23 de mayo de 1912.
“Alfredo que nació el día 33 de julio de 1913.
“IV. Alega la demandante que vivió en harmonía con el deman-dado en la ciudad de San Juan hasta el año 1912, en que la conducta y actitud del demandado hacia ella cambió radicalmente daudo por resultado que el demandado en vez de tratar a la demandante con la consideración y el afecto que merece ser tratada una esposa por su esposo, la conducta del demandado empezó a ser tan cruel e inusi-tada que causó la intranquilidad de la vida conyugal hasta hacerla insoportable, destruyendo así la felicidad de la demandante, y hasta tal punto llegó el constante sufrimiento de la demandante que ésta enfermó de gravedad, habiendo de este modo anulado el demandado los legítimos fines del matrimonio. •
“V. Después del matrimonio de la demandante con el demandado, se fueron a vivir a Arecibo hasta el año 1916, en que se trasladaron a San Juan. Tan pronto como nació el segundo niño, en el año 1912, el demandado; sin motivo alguno que lo justificara, dejó de hablar a la demandante durante un mes, causándole con esto grandes mortifi-caciones y sufrimientos.
“VI. En cierta ocasión, cuando contrajo matrimonio Bárbara, una hermana de la demandante, ésta manifestó a su esposo que deseaba asistir a dicha boda, pero él se negó rotundamente a que ella hiciera tal cosa. Después, a súplicas de una hermana de la demandante que fué a Areeibo con el fin de que ella viniera a la boda a San Juan, el demandado accedió, pero demostrando disgusto y mal humor por haber dado tal consentimiento. Cuando la demandante regresó a Areeibo, el demandado la recibió con maneras descorteses, y por es-pacio de varias semanas estuvo sin hablarle.
“VII. En el mes de abril de 1915, el demandado abrió una carta que iba dirigida a la demandante por su hermana Bárbara, sin la demandante saberlo ni haberlo autorizado para que lo hiciera, y por dicha carta el demandado cesó de hablarle durante dos meses.
“En esa época de disgusto y silencio, el demandado estaba cons-tantemente ausente del hogar, y regresaba a dormir a las diez u once de la noche. En ese tiempo el demandado requería a la demandante para que le preparara la comida y durante el tiempo que él estaba en la mesa no le hablaba a la demandante, haciendo caso omiso de ella y sin demostrarle ninguna clase de consideración. Estas cosas las hacía públicamente, en presencia de los vecinos y criados.
“VIII. Alega la demandante que en el año 1915, la demandante y el demandado vinieron, a San Juan con el fin de firmar ciertos docu-mentos en relación con la testamentaría del difunto padre de la demandante que le había dejado a ella y a sus hermanos una herencia.
“Durante la tramitación de esa documentación el demandado tuvo una discusión con Alfonso, un hermano de la demandada, por un asunto trivial, y el demandado por este motivo insignificante le ordenó a la demandante que desde aquel momento rompiera toda clase de relaciones con su hermano Alfonso y la esposa de éste.
“IX.1 En el mes de marzo de 1915, Jorge, un hermano de la deman-dante estuvo gravemente enfermo. La víspera de su muerte, ha-biendo sido avisada la demandante del estado de su hermano por su familia en San Juan, ella solicitó del demandado permiso para venir a visitar a su hermano, pero el demandado le negó el permiso. Unica-mente debido a la intervención de la hermana del demandado se debió el que él finalmente concediera el permiso para que la demandante viniera a San Juan en compañía de la referida hermana de su esposo. La demandante llegó después de la muerte de su hermano y sola-mente pudo asistir a sus funerales.
“X. Guando la demandante retornó a Areeibo con la hermana de su esposo, Alfonso, el hermano de la demandante, las acompañó en su automóvil hasta la residencia de un tío de la demandante, don Pedro Fernández, cerca del pueblo de Bayamón.
“Cuando la demandante llegó a Areeibo, el demandado la recibió con frialdad y descortesía y por un período de dos o tres meses dejó ■de hablar a la demandante.
“Algún tiempo después el demandado manifestó a la demandante que esto fué debido a que ella dejó que su hermano Alfonso la acom-pañara hasta casa de su tío.
“XI. En el mes de mayo de 1916, la demandante recibió una carta de su hermana Blanca en cuya carta ésta le informaba que tenía en proyecto pagarle a la demandante una visita. Cuando el demandado se enteró de esta carta le prohibió terminantemente a la demandante que recibiera visitas de sus familiares y le dijo a la demandante que le escribiera, a su hermana que no fuera a Areeibo.
“En esta época la demandante estaba muy delicada de salud y como la conducta de su esposo estaba causándole un gran sufrimiento físico y moral ella requirió la presencia y consuelo de su familia. Por esta razón su hermana Blanca proyectaba hacerle un visita.
“La demandante no le prohibió a su hermana que le hiciera la visita que le había propuesto y al poco tiempo ésta llegó a Areeibo.
“A la mañana siguiente de su llegada, el demandado arregló sus maletas indicando que se iba a hacer un viaje, pero sin haberle dicho absolutamente nada a la demandante ni haberle indicado cuáles eran sus intenciones.
“Cuando el demandado llegó a Utuado le puso un telegrama a Blanca, la hermana de la demandante, dieiéndole que se fuera de su casa. Pero como la salud de la demandante era de cuidado, la hermana de la demandante no quiso dejarla en tales condiciones y se quedó hasta la próxima semana, que llegó el demandado a Areeibo.
“Cuando él entró a la casa formó un gran escándalo, tirando los muebles y haciendo mucho ruido, todo esto le causó un gran sufri-miento físico y moral a la demandante y como resultado cayó grave-mente enferma.
“XII. Enterada la madre de la demandante, doña Francisca Lá-timer viuda de Fernández, de la gravedad de ésta, fué a Areeibo para cuidarla. Cuando la madre de la demandante llegó, el deman-dado hizo demostraciones de disgusto y descontento y empezó a hacer preparativos para irse de la casa.
“El demandado no saludó a la madre de la demandante ni le habló a la demandante. Al día siguiente el demandado entró en la habitación de la demandante, empujando la puerta- con gran vio-lencia y estruendo y le dijo: ‘Como tú te ocupas más de tu familia que de mí y de los niños yo te doy mi permiso para que regreses a San Juan con tu madre.’ La demandante creyó que el demandado había decidido terminar sus relaciones conyugales y devolverla a su familia. Esto le causó a la demandante- un ataque nervioso que la obligó a estar en cama durante varias semanas bajo el cuidado y la atención de su madre.
“Durante este tiempo el demandado no le habló a la demandante ni preguntó cómo estaba.
“XIII. Las condiciones de la demandante eran de tal cuidado, que la madre de la demandante creyó necesario traerla a San Juan en donde ella podría recibir el cuidado y los consuelos de su familia y la atención de los médicos, pues el demandado nunca quiso llevarle un médico a la demandante porque decía que no era necesario.
“Cuando el demandado vió el baúl de la demandante preparado para venir a San Juan, él le envió a la demandante una orden es-crita en maquinilla diciéndole que se preparara para ir inmediata-mente con él a Utuado.
“A esta orden la demandante le contestó tina cartita, la que fué dictada por el padre del demandado, en la que le decía que le era absolutamente necesario ir a San Juan por poco tiempo con el fin de recobrar su salud y descansar su mente.
“La conducta y maltrato del demandado agravó el estado de la demandante al extremo de. agravarse tanto que estuvo a punto de morir.
“Como resultado de la opinión del Dr. Susoni quien fué llamado para atender a la demandante y a la que encontró en muy malas condiciones, el demandado finalmente consintió en que ella viniera a San Juan.
“La demandante estuvo en San Juan, en la casa de 'su madre, por espacio de dos años, durante los cuales el demandado dejó de suministrarle lo necesario para su cuido y sostenimiento.
“XIV. En el mes de octubre de 1917, el demandado vino a San Juan y vivió con la familia de la demandante hasta agosto de 1918, y durante ese tiempo, el demandado no le pagó nada a la familia de la demandante por la casa y la manutención de él y de la deman-dante, y además las medicinas y el médico que utilizó la demandante durante el tiempo que estuvo enferma; pero dichos gastos fueron pagados por la demandante de su propio peculio.
“XV. En el-mes de octubre de 1918, cuando los'temblores di* tierra azotaron la isla, la demandante visitaba la iglesia de su reli-gión, acompañada de sus hijos, para consolar su espíritu. Cuando el demandado se enteró de esto le escribió a la demandante una carta, prohibiéndole a los niños que fueran a la iglesia, cualquiera- que fuera la religión o secta a que fueran, pues él estaba en contra de todas las religiones. Durante el transcurso del año siguiente, el de-mandado ña tenido frecuentes períodos de tiempo en que ña dejado de ñablarle a la demandante, sin haber motivo alguno para ello, y le ha escrito cartas que le han causado grave daño corporal y mental a la demandante.
“XYI. En el mes de septiembre de 1919, la demandante sufrió una caída que le causó una gran contusión en una de las piernas. Esto dió motivo a que le saliera un tumor que le ocasionó un gran sufrimiento a la demandante por lo que requería los servicios de un médico, pero el demandado se negó a proporcionarle un médico a la demandante. .
“Finalmente, viendo las condiciones en que se encontraba, se llamó a un médico y él ordenó que fuera inmediatamente conducida a un hospital a operarla. El día 28 de septiembre de 1919, la de-mandante fué conducida a la Clínica Miramar en donde fué operada,, pero el demandado no se ocupó de ella y se negó a acompañarla. Tampoco preguntó por ella ni trató de verla durante el tiempo que estuvo en el hospital, ni ha querido pagar los gastos que hizo la demandante en el hospital; todo esto fué pagado por la demandante de su propio peculio.
“XVII. Después de la demandante haber regresado a su casa, un día mandó sus hijos al Parque Borinquen con un miembro de su familia. Enterado el demandado de esto, le prohibió a la deman-dante que dejara salir los niños con su familia a ninguna parte.
“XVIII. El día 15 de octubre de 19.19, el demandado sin motivo , alguno para ello, usó un lenguaje duro y amenazador para con la demandante y la trató cruelmente, agarrándola bruscamente por los brazos y después la tiró a un lado, estando la demandante entonces, como lo está ahora, en un estado muy delicado de salud y sumamente débil.”

Admitiendo en pro del argumento, aunque sin resolverlo, que la alegación décimacnarta implica una condonación de todos los actos imputados en los anteriores párrafos, sin embargo a la luz de las reglas y definiciones arriba citadas, no podemos decir que la conducta de que se queja la de-mandante en la décimaquinta, décimas exta, décimaséptima y décimaoctava alegaciones es inadecuada para renovar los incidentes anteriores los cuales insiste el apelante, de la faz de la demanda aparece que fueron condonados. T aparte de, la cuestión de la condonación no se alega, si puede for-malmente alegarse, que la demanda no determina en absoluto una causa de acción.

El segundo señalamiento carece asimismo de méritos. No solamente los hechos alegados en la demanda han sido com-pletamente probados, sino que en algunos la prueba en su profusión de detalles ya aún más lejos que la alegación, re-velando circunstancias agravantes que robustecen más la de-claración moderada contenida en la alegación. TJn sólo ejem-plo servirá para explicar este punto. De la declaración de la demandante en cuanto al incidente a que se hace referen-cia en la alegación séptima, supra, transcribimos lo siguiente:

“¿En el mes de abril del año 1915 le ocurrió algo a Ud. con su esposo por motivo de una carta de su hermana Bárbara? — Sí, señor.
“¿Qué fué lo que pasó? — Una hermana mía me escribió una carta y él sin yo haberlo autorizado- para que la abriera cogió y la abrió y la leyó, y esto fué motivo para que no me dirigiera más la palabra.
“¿Cuánto tiempo estuvo sin dirigirle la palabra? — Dos meses, y fué tan cruel que cogió y copió los párrafos de la carta de mi her-mana y cuando yo salía venía y me los encontraba puestos en el espejo y en el plato de comida, copiados en maquinilla los párrafos.
“¿Qué impresión le producía a Ud. el encontrarse debajo del plato de comida esos pedazos de papel copiados en maquinilla con los párrafos de la carta de su hermana y en los espejos que Ud. ha dicho? — Para mí era un sufrimiento terrible.
“¿Cuánto tiempo le hizo eso? — Lo estuvo haciendo cada vez que yo salía.
“¿Por cuánto tiempo? — Por varias semanas.
“¿Durante ese tiempo conservó con Ud. buenas relaciones? — Nin-gunas; se sentaba a la mesa y no me dirigía la palabra, no se ocu-paba de mí para nada. Yo sufrí tanto en esos días que tuve que llamar a mi cuñado, el esposo de mi hermana, para que viniera a ver si podía hacer que él volviera a hablarme.
“¿Esos papeles que dice Ud. que le ponía debajo del plato y en los espejos en qué forma hacía él eso, lo hacía privadamente con Ud. cuando se sentaba o lo hacía en presencia de algunas otras perso-nas? — En presencia de las sirvientas.”

La naturaleza meditada, voluntaria y deliberada de tal conducta se destaca al momento y es bastante para separar la presente controversia de la clase de casos en que se re-suelve que “la mera austeridad de carácter, malas formas, rudeza de lenguaje, o basta los arranques ocasionales de pa-sión, si no amenazan daño corporal, o perjuicio a la salud, por regia general no implican crueldad.” 9 B. C. L., página 337, sección 116.

Estamos de acuerdo con los bechos declarados probados por el juez sentenciador, los cuales son como sigue:

‘ ‘ Examinada la prueba, la corte entiende que se han probado los hechos esenciales de la demanda, y que la conducta del demandado para con su esposa, constituye el trato cruel a que hace referencia el artículo 164 del Código Civil.
“Indudablemente que no merece otra calificación la conducta de un esposo que sin causa justificada deja de hablarle a su esposa du-rante un período de un par de meses, dando lugar a que los vecinos y el servicio de la casa, se dé cuenta de la poca armonía que reina en el matrimonio'; que cada vez que un familiar de su esposa es-cribe, o se presente en la casa, sea un motivo para que el esposo deje de hablarle y para que abandone el hogar, y si a estos hechos añadi-mos que entendemos que ha sido probado, que sin causa justa y en presencia de los sirvientes agarró de una manera brusca a su esposa, y la tiró de un lado, y estimamos como un hecho probado que la esposa siempre ha gozado de poca salud, y que pertenece a la buena sociedad, circunstancias que indudablemente influyen en gran ma-nera para que la conducta de su esposo afectara de una manerá notable a sus sentimientos y a su estado físico, destruyendo la tran-quilidad de espíritu y a la felicidad de la demandante, convendría-mos con ella en que le es imposible vivir por más tiempo con el de-mandado, y en su consecuencia, debemos declarar y declaramos con lugar la demanda, roto y disuelto el vínculo matrimonial existente entre doña Carmen Fernández y el Dr. Lorenzo Casalduc, quedando los hijos bajo la patria potestad de la madre; e imponiendo las costas y honorarios de abogado al demandado.”

Como restricción a la regla relativa a la mera incompa-tibilidad de caracteres que pueda servir de base a un divor-cio, encontramos en el tomo y página referidos en riltimo lugar, sección 117, lo siguiente:

“Pero aunque la mera incompatibilidad de carácter no constituye por sí fundamento de divorcio, está bien reconocido, especialmente en los casos modernos, que el jurado, o la corte que juzga los becbos, al resolver si las circunstancias demuestran crueldad siempre debe tener en cuenta la inteligencia, educación aparente, y delicadeza de sentimientos de la parte demandante.”

También se dice:

“Las cortes reconocen enteramente que no ha de tomarse en consideración completamente el aspecto físico y sensual del matri-monio, sino que tal matrimonio en su aspecto legal tienda también a la felicidad social y goce moral de aquéllos que están unidos por él. Se considera, por tanto, la conducta adusta e insocial de la parte demandada al resolver si esta última ba sido culpable de crueldad. Sin embargo, parece que la niera insociabilidad por parte de cual-quiera de los esposos no puede por sí considerarse como crueldad, y en un caso que parece estar más libre de hechos colaterales que la mayoría de los casos, se resolvió que un divorcio no se decretaría por motivo de crueldad porque un hombre que trabajaba fuera de la casa por largas horas durante el día, incluyendo los domingos, como vigilante en un cruce de ferrocarril, al volver a la casa después de su trabajo prefería ponerse a leer O' irse a acostar en vez de hablar con su señora, llevarla a distracciones o visitar a los amigos. Por otra parte, se ha resuelto que la prueba de que el marido y la mujer hubiesen vivido en la misma casa y comido juntos el alimento pre-parado por ella, sin él hablarle a ella como no fuera encolerizado, 'conducta que observó una vez por espacio de tres meses, era sufi-ciente para establecer trato cruel e inhumano por su parte y justi-ficar a la corte en decretar el divorcio a favor de ella.” Idem, pág. 348, see. 130.

Aún en las jurisdicciones donde el perjuicio a la salud es un elemento esencial, encontramos lo siguiente:

“En la mayoría de los casos las cortes han resuelto que un pre-cepto estatutario que prescribe la conducta perjudicial a la salud como fundamento de divorcio, no exige el empleo de violencia física, sino que aquella conducta, violenta o de otra naturaleza, la cual, bajo todas las circunstancias del caso, ponga en peligro la vida, es lo que con ello se pretende.” Nota al caso de Thompson v. Thompson, 5 A. S. E. 712.
* * * « «=

T se ha dicho que “el perjudicar a la salud es pouer en peligro la vida.” Cole v. Cole, (1867) 23 Iowa, 433, citado en la nota últimamente referida.

Véase también la opinión en el caso publicado (Thompson v. Thompson).

El razonamiento contenido en el tercer señalamiento de error, sin demostración alguna de perjuicio, y sin ninguna teoría bien definida o inteligible, citas de autoridades para sostener la proposición como ha sido enunciada, supra, gire dentro de una amplia e inconexa discusión de la prueba, la cual, como ya hemos sugerido, es más que suficiente para sostener las conclusiones de la corte inferior.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Sb. HutchisoN,

text:
    Sánchez, Peticionario y Apelante, v. Avilés, Opositor y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en procedimiento sobre administración judicial de bienes de un finado.
    No. 2322.
    Resuelto en julio 9, 1921.
    ADMINISTRACION JUDICIAL DE BIENES DE UN PINADO-ACREEDOR CON TÍTULO ES-CRITO no Asegurado — Alegación Insuficiente. — Una petición para la admi-mstraeión judicial de bienes de un finado en la cual se alega “que el peti-cionario tiene un crédito contra los bienes del fenecido” no determina una causa de acción de acuerdo con un estatuto en que se prescribe que “cual-quier acreedor con título escrito no asegurado que tuviere algún crédito contra la persona finada, podrá mediante una petición debidamente justificada en que se demuestren los lieebos necesarios, solicitar la administración judicial de los bienes de dicha persona finada” y que además contiene el re-quisito de que en la petición se hará constar, entre otros particulares “el interés y dereeho de aeeión del peticionario.”
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. V. M. Fernández.

    Abogado del apelado: Sr. B. Guerra.

   El Juez Asociado Sb. HutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

Pío Sánchez Martín establece recurso de apelación contra una resolución dictada pon la corte inferior declarando disuelta una administración judicial y alega haberse come-tido los siguientes errores:

“1. La corte cometió error al disolver una administración judicial encauzada de acuerdo con el artículo 23 de la Ley de Procedi-mientos Legales Especiales.
“2. La corte erró al aplicar el artículo 25 de la ley a este caso-, que no tiene relación con el mismo.”

Rafael Avilés que solicitó y obtuvo la resolución de que se queja el apelante en contestación alega que la petición original sobre administración judicial no determina hechos suficientes para constituir una causa de acción.

La alegación en cuestión expresaba “que el peticionario tiene un crédito contra los bienes del fenecido.” La ley dice que “cualquier acreedor con título escrito no asegurado que tuviere algún crédito contra la persona finada, podrá ■ me-diante una petición debidamente justificada en que se de-muestren los hechos necesarios, solicitar la administración judicial de los bienes de dicha persona finada.” En la peti-ción se hará constar, entre otros particulares, “el interés y derecho de acción del peticionario. ’ ’ Claramente que un eré-dito contra los bienes de una persona finada no es necesaria-mente nn crédito no asegurado contra la persona finada.

Alega el apelante qne cierto crédito no asegurado fné presentado como prueba pero de los autos no aparece tal cosa. A la demanda no parece haberse acompañado ningún documento ni en ella se hace referencia a ningún “exhibit A continuación del cliligenciamiento del emplazamiento se copia nn pagaré y otros docnmentos en los antos y la orden de la corte menciona la vista y las pruebas presentadas pero no existe' nada en los antos de donde pneda determinarse qne el pagaré fné presentado como prueba. De todos modos, los menores representados por Avilés parece qne compare-cieron en los procedimientos por primera vez después de la orden abriendo la administración, del nombramiento de un administrador, aceptación por su parte y expedición de car-tas de administración. Verdaderamente que el apelante en su alegato admite que en cnanto a tales menores los proce-dimientos se siguieron en rebeldía. Las prescripciones del estatuto respecto a lo que ha de hacerse constar en la peti-ción son pocas, simples y pueden ser cumplidas fácilmente y de no ser tenidas en cuenta por los abogados con la san-ción de la corte pronto quedarían convertidas en letra muerta.

Cuestiones algo semejantes a ésta fueron consideradas y resueltas en los casos de Sabater v. Escudero, 23 D. P. R. 854, y Rivera v. Cámara, 17 D. P. R. 528.

La resolución apelada debe ser confirmada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. Hutchison,

text:
    Castro et al., Demandantes y Apeladas, v. Quiñones, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre filiación y alimentos.
    No. 2286.
    Resuelto en julio 9, 1921.
    Apreciación de Prueba Contradictoria — Alegato Deficiente. — Es al apelante que solicita la revocación de una sentencia basada únicamente en el motivo de haberse cometido error al apreciar la prueba, a quien incumbe, no sólo enunciar, sino probar la proposición así levantada, o por lo menos discutir la prueba en la cual la corte sentenciadora fundó su sentencia en tanto sea necesario, no meramente para sugerir como posibilidad, sino demostrar po-sitivamente que la alegación no carece enteramente de méritos. No ineumbe ni es el deber de ningún tribunal de apelación busear en los autos sin la ayuda de referencias o de alguna indicación precisa, los pormenores del caso, para determinar si en realidad fué o no cometido el error alegado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. R. Martines Nadal.

    Abogado de las apeladas: Sr. T. Castillo.

   El Juez Asociado Se. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El alegato presentado en este caso no contiene señala-miento de errores por separado, pero en el curso de la argu-mentación se admite que no existen conflictos de derecho y se alega que la corte inferior “cometió un error perjudicial al demandado al apreciar la prueba ofrecida por ambas par-tes en este caso.”

El argumento para sostener esta proposición que más bien es amplia, es en substancia que los demandantes pre-sentaron un número considerable de testigos que hablaron sobre las relaciones paternales, visitas y pretendidas cari-cias; que esta prueba fué contradicha por las declaraciones de los testigos de la defensa; que; el demandado tenía dos hijos naturales reconocidos con la madre de la demandante y que era natural que antes de separarse totalmente de ella visitase él la casa de ésta y acariciase a los dos hijos que había reconocido, dando así base para que los testigos poco escrupulosos y veraces pudieran sostener el hecho de que él continuó después observando igual conducta con los dos hijos postizos; que el demandado declaró que desde más de un año antes del nacimiento de las demandantes se había sepa-rado en absoluto de la madre; que el demandado es hoy un hombre casado y lo era cuando otorgó la escritura de reco-cimiento de las dos hijas naturales por él reconocidas;' que a la fecha de esta escritura las demandantes tenían ocho o nueve años, y que es un hecho significativo que el deman-dado se allanara así a reconocer los dos hijos naturales su-yos y se negase a hacerlo con los otros; que los disgustos y asperezas en su hogar serían los mismos tratándose deJ reconocimiento de dos que de cuatro hijos; que los perjui-cios materiales que ocasionaba a su familia legítima serían casi exactamente iguales en uno u otro caso; que siendo esto así el único motivo que el demandado pudo haber tenido al negarse a reconocer a las demandantes ha de encontrarse en la seguridad que tenía de la imposibilidad fisiológica de la paternidad que alegan las demandantes; y que corrobo-rado por estas circunstancias la declaración del demandado es la declaración más lógica, más veraz y digna de fe del asunto.

No se analiza de modo alguno esta prueba. Ni siquiera se hace un resumen o sumario de ella.

Tres días se emplearon en la celebración del juicio en la corte inferior y el record taquigráfico por sí sólo consta de más de cien páginas. La única referencia que se hace de este record taquigráfico es a las páginas donde se encuentra la declaración del demandado. Esa es únicamente la decla-ración que se discute en absoluto en el alegato. Casi todo lo que puede colegirse de la argumentación contenida en él es que el error alegado consiste en no haberse aceptado como verdadera la declaración del demandado y en haberse pre-ferido dar crédito ‘‘al considerable número de testigos” cu-yas declaraciones sobre “las relaciones paternales y visitas” fueron negadas por el demandado.

Es al apelante que solicita la revocación de una senten-cia basado únicamente en el motivo de haberse cometido error al apreciar la prueba a quien incumbe no sólo enun-ciar sino probar la proposición así levantada, o por lo menos disentir la prueba en la cual la corte sentenciadora fundó su sentencia en tanto sea necesario no meramente para su-gerir como posibilidad sino demostrar positivamente que la alegación no carece enteramente de méritos. No incumbe ni es el deber de ningún tribunal de apelación buscar en los autos sin la ayuda de referencias o de alguna indicación pre-cisa los pormenores del caso para determinar si en realidad fue o no cometido el error alegado. Decimos esto no con el ánimo de hacer una ociosa crítica, sino porque debido al constante- aumento del trabajo de esta corte tal procedimiento se hace de día en día más difícil e impracticable.

En el presente caso podemos decir, sin embargo, que he-mos examinado los autos lo necesario para convencernos de que el error de haberse cometido alguno en la conclusión respecto a los hechos a que llegó el juez sentenciador no es tan manifiesto qne exija la revocación de la sentencia.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sb. Aldkey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Ortiz, Acusado y Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Gfuayama en causa por acometimiento y agresión con agravantes.
    No. 1689.
    Resuelto en julio 11, 1921.
    Acometimiento y Agresión — Varón Adulto — Prueba de Ser el Acusado Varón Adulto. — Cuando se imputa a un acusado la violación de la subdivisión 5 de la ley liara castigar acometimiento y agresión, El Pueblo está obligado a pro-bar que el acusado era un varón adulto y tal prueba no se suplo con la apre-ciación personal del juez respecto a la edad del acusado por razón de tenerlo ante sí, pues el acusado quedaría privado de su derecho a que en apelación se decidiera si el juez se oquivoeó o no al declararlo mayor de 21 años.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. J. J. Aponte.

    Abogado del apelado •. Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sb. Aldkey,

emitió la opinión del tribunal.

Cándido Ortiz fué denunciado por el delito de acometi-miento y ag’resión con la circunstancia agravante de que siendo un varón adulto acometió y agredió a una mujer. Fué condenado por dicho delito con agravante y en el recurso de apelación que ha establecido contra la sentencia alega como error de la corte sentenciadora el haberlo condenado con dicha agravante sin haber probado el fiscal que el ape-lante es un varón adulto, o sea mayor de veintiún años, se-gún hemos declarado en el caso de El Pueblo v. Colón, 25 D. P. R. 630.

El fiscal probó el delito de acometimiento y agresión pero no presentó en el juicio prueba alguna respecto ■ a que el acusado sea un varón adulto por cuyo motivo éste presentó moción de non suit a la corte en la que si bien empezó por pedir su absolución concluyó solicitando que se considerase su delito como de acometimiento y agresión simple y mani-festó que no presentaría prueba. Entonces el juez de la corte expresó que estando presente ante sí el acusado llegaba a la conclusión de que es un varón adulto, y dijo al acusado que presentara su prueba a lo que éste se negó.

Aunque en algunas decisiones se sostiene que el jurado o la corte puede apreciar la edad del acusado por su sola presencia, nosotros preferimos adoptar el criterio contrario, expuesto por la Corte de Indiana en el caso de Stephenson v. The State, 28 Ind. 272. En este caso Stephenson fué acu-sado de que siendo mayor de catorce años abrió su estable-cimiento mercantil nn domingo y no se presentó prueba al-guna respecto a su edad aunque el juez que conoció del juicio estimó que tal prueba no era necesaria porque teniendo pre-sente al acusado su apariencia era de un hombre de completo desarrollo físico. Como argumentación la corte dijo:

“Nuestro estatuto confiere al acusado en un caso criminal, al ser declarado culpable, el derecho a presentar, mediante pliego de excep-ciones, toda la prueba aportada al juicio para ser revisada en esta corte. Si el juez o jurado que conoce de un caso criminal puede determinar por la apariencia personal del acusado si es o no mayor de cierta edad, sin oir prueba, ya respecto a la edad o sus indicacio-nes, esto, en tanto está envuelto ese hecho litigioso, privará al acusado de este derecho1 de revisión. Es verdad que en este caso tenemos la manifestación del juez para suplir la falta de prueba, pero el juez no fué testigo, y el Estado no tiene derecho a aprovecharse de su conocimiento, excepto en cuestiones de las cuales la corte toma cono-cimiento judicial.
“Además, si fuese suficiente que el juez, al juzgar la causa, que-dara convencido por la apariencia personal del acusado de que su edad lo hizo quedar comprendido dentro de la sanción del estatuto y que su certificación de tal convicción serviría en esta corte, de aquí se seguiría que tal apariencia justificaría igualmente a un jurado al conocer de' un caso para llegar al mismo resultado, y sin embargo no sabemos de ningún método por el cual pudiéramos recibir infor-mes en cuanto a la razonabilidad de la impresión producida en su mente por su observación de la apariencia personal del acusado. El estatuto en verdad autoriza a la corte permitir al jurado hacer una inspección de un sitio en donde cualquier hecho esencial ocurrió pero esto únicamente indica la necesidad de acción legislativa antes de que la corte pueda separarse del método por mucho tiempo establecido para descubrir hechos esenciales.
“Nos parece que no es sino razonable en un procedimiento criminal, exigir al Estado que acuda al medio ordinario de prueba para establecer cada uno de los hechos esenciales imputados en la acusa-ción."

En corroboración de lo expuesto en esa opinión podemos agregar que el delito de acometimiento y agresión se castiga en nuestra ley únicamente con multa que no exceda de cin-cuenta dólares, pero cuando en él concurre alguna de las circunstancias agravantes que la misma ley especifica, entre otras la de que el acusado sea un varón adulto y la agredida una mujer, entonces la pena es de multa de cincuenta a mil dólares o prisión en cárcel de un mes a dos años, o ambas penas, multa y prisión por lo que para decidir nosotros en grado de apelación que no se ha cometido error al cas-tigar al apelante por delito de acometimiento y agresión con la circunstancia agravante que se le imputó en la denuncia ■es necesario que de los autos aparezca prueba de tal agra-vante, sin que sea bastante la apreciación hecha por el juez respecto a la edad del acusado por su sola presencia por-que el apelante quedaría privado de su derecho a que noso-tros revisemos si el juez se equivocó o no al declarar que tenía más de veinte y un años.

Por las razones expuestas el apelante sólo pudo ser con-denado por un delito de acometimiento y agresión simple y en tal sentido debe ser modificada la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada pero modi-ficándola en él sentido de declarar culpable al acusado de acometimiento y agresión simple y a pagar $50 de multa o en su de-fecto a sufrir treinta dias de cárcel.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sb. Wole,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Llabrés, Acusado y Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en causa por abuso de confianza.
    No. 1634.
    Resuelto en julio 12, 1921.
    Jurisdicción — Competencia—Prueba.—La jurisdicción no es necesario demos-trarla con prueba directa y positiva. Será bastante con que pueda razona-blemente inferirse de los heehos y circunstancias que se hayan probado y estén envueltos en la transacción criminal, o que pueda inferirse de las cir-cunstancias que el delito fué cometido en el sitio alegado.
    Jurisdicción — Conocimiento Judicial — Estoppel—Quaere.-—Si tratándose de un banco que es depositario de fondos del gobierno, concurriendo este hecho con otros que se expresan en la opinión, puede la corte tomar conocimiento judicial de que el banco está situado dentro de su jurisdicción; y si después de un juicio en que no se ha levantado cuestión alguna de jurisdicción y en el cual la corte pudo haber tomado tal conocimiento judicial, existe un impe-dimento para levantar la cuestión jurisdiccional en apelación.
    Abuso de Confianza — Alegación—Defecto Subsanado por el Veredicto.- — -En ausencia de una objeción específica a la acusación fundada .en que ésta no expresaba claramente que el dinero que secalegaba haber sido sustraído estaba confiado al acusado o había sido recibido por éste en el curso de sus deberes como empleado del banco, los defectos, de existir, fueron subsanados por el veredicto, pues la acusación expresaba aquellos heehos aunque no con la cla-ridad que hubiera sido de desear.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. G. Iriarte, Jr.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sb. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué declarado culpable en la Corte de Dis-trito de San Juan por un delito de abuso de confianza y el primer error alegado en apelación es que la prueba no de-muestra que los hechos realizados por el acusado se come-tieron dentro del Distrito Judicial de San Juan y por tanto que la corte carecía de jurisdicción.

“Underhill sobre Evidencia Criminal,” en el párrafo 36, edición segunda, dice lo siguiente:

“El lugar del delito no es necesario que se establezca por prueba directa y positiva. Es suficiente si puede inferirse razonablemente de los heehos y circunstancias que han sido probados y que están en-vueltos en el acto criminal. Es bastante si de las circunstancias puede inferirse por el jurado que el delito fué cometido en el con-dado alegado en la acusación.”

Fué llamado a declarar el cajero del banco. Este dijo: “vivo en San Juan de Puerto Rico. Soy el cajero del Banco Colonial Americano.” En el examen de este mismo testigo identificó una libreta de banco como perteneciente a una se-ñora que vivía en Santurce, cnya declaración, siendo Santurce parte de San Juan, sería prueba circunstancial de que el Banco Colonial Americano estaba situado' dentro de la ju-risdicción. El portero del Banco Colonial Americano, que había visto al acusado trabajando, declaró que el testigo vino a San. Juan y trabajó en el banco baeia la fecha del supuesto abuso de confianza. Una mujer que tuvo antes el acusado de-claró que ella vivió con él en Cataño y a veces venía con él mientras él trabajaba en el Banco Colonial Americano. Ella declaró respecto a varios hechos en relación con el acusado, algunos de los cuales tuvieron lugar en el mismo San Juan y todos dentro de la jurisdicción. Los testigos hablaron del banco como si estuviera muy cerca. Si el banco hubiera estado en cualquier sitio menos en la capital alguna manifestación de ese hecho casi necesariamente hubiera aparecido en los autos. La declaración más importante, sin embargo, fué en el exa-men de repreguntas del cajero, en el cual él dijo que había empezado en su empleo del Banco Colonial Americano en 1909 ó 1910, aquí en San Juan y al decir que había empe-zado su trabajo en 1918 quiso significar como cajero. De esta prueba no solamente las circunstancias, sino la prueba positiva demuestran que el Banco Colonial Americano está situado en San Juan.

Hasta podría ser que pudiéramos tomar conocimiento judicial del hecho de que el Banco Colonial Americano está situado en San Juan. Es un depositario público y el cheque mensual por el sueldo del juez que conoció del caso fué ex-pedido contra ese banco. Aunque tal vez la facultad de la sjorte para tomar conocimiento judicial debiera invocarse por una parte, sin embargo, después de un juicio en el que no se levanta ninguna cuestión de jurisdicción y en el cual la corte pudo haber tomado conocimiento judicial, creemos que habría un impedimento (estoppel).

El segundo error alegado es que la acusación fué insu-ficiente toda vez que no expresaba qne los fondos de que dispuso el acusado fueron recibidos por él como encargado del departamento de ahorros. El apelante expresa que el acusado pudo haber estado encargado del departamento de ahorros sin que la cantidad defraudada le hubiese sido con-fiada a su custodia. La acusación es como sigue:

!ÍE1 fiscal formula acusación contra Antonio Llabrés García, por un delito de abuso de confianza, felony, cometido de la manera si-guiente : El citado Antonio Llabrés García durante los últimos meses del año 1917 y primeros meses del año 1918, en San Juan, que forma parte del distrito judicial del mismo nombre, y en ocasión de estar encargado del Departamento de Ahorros del American Colonial Bank of Porto Rico, siendo- sus deberes como tal empleado, entre otros recibir depósitos e imposiciones en el Departamento de Ahorros a su cargo en el referido banco, de una manera ilegal, voluntaria, mali-ciosa y fraudulentamente, se apropió en su beneficio y en perjuicio del American Colonial Bank of Porto Rico de una cantidad de dinero no menor de $20,000, defraudando de esta manera de dicha cantidad al American Colonial Bank of Porto Rico. Este hecho es contrario a la ley para tal caso prevista y a la paz y dignidad de El Pueblo de Puerto Rico.”

A falta de una objeción específica a la acusación por el fundamento de que no expresaba distintamente que este dinero hubiera sido confiado a él, o que lo recibió en el curso de sus deberes como tal empleado, creemos que los defectos, de haber alguno, quedaron subsanados por el veredicto pues la acusación a lo sumo es un modo meramente defectuoso de decir que el .dinero fué recibido por él en el curso de sus deberes. En ella se expresa distintamente que mientras es-tuvo él empleado en el banco se apropió el dinero, y dice también la acusación que su deber era recibir el dinero como tal empleado.

El tercer error alegado fué que la corte cometió error al instruir al jurado diciendo:

“Todas estas circunstancias creo que habrán hecho suficiente im-presión en la mente del jurado, con lo cual quiero decir que el jurado-estará perfectamente enterado de cómo era el funcionamiento del Banco Colonial en cuanto se refiere al departamento de ahorros. ”

Este supuesto error es algo vago. La prueba de la forma en que el banco funcionaba toda había sido presentada y no fué absolutamente contradicha. La corte no podía decir ni siquiera indirectamente que el jurado estaba obligado a creer que las operaciones del banco eran como fueron descritas, por los testigos, como alega el apelante, y aún cuando la corte intentara decirlo así no encontramos prejuicio. Hubo algunas objeciones a la prueba por este fundamento pero fueron abandonadas en apelación y no eran importantes, ni en tanto podemos ver su admisión fué errónea.

El cuarto señalamiento es que la corte cometió error al instruir al jurado expresándose de este modo:

“Como ocasión de esa declaración se presentó por parte del fiscal una prueba documental que consistía en dos libretas del American Colonial Bank y dos bojas que corresponden al libro que se lleva con ese propósito en aquel establecimiento.”

El fundamento de este error es aparentemente que la corte se pronuncia a favor de la pertinencia de esta prueba, pero al llegar el momento de las instrucciones toda la prueba ad-mitida se presume pertinente o esencial. No pudo haber pasión y prejuicio o un grave error de la corte al hablar así de los métodos de teneduría de libro del banco. El apelante en esta parte de su alegato se refiere a sus objeciones a la admisión de esta prueba pero no se hace ningún señala-miento de error por este motivo y no encontramos que la admisión de la prueba sea perjudicial o errónea.

Estos fueron todos los errores alegados y los hemos con-siderado como han sido planteados. Cuando un apelante se opone a alguna de las pruebas admitidas debe hacerlo por vía de excepción y objeción y luego mediante señalamiento de error en esta corte. No puede esperarse qne investigue-mos los autos para ayudar a un acusado que está entera-mente representado por abogado, especialmente cuando es-tamos convencidos por los autos en conjunto" de que se im-partió justicia. Tal vez una de las principales cuestiones en la mente del apelante, según surge de los autos, fué que ■ la corte permitió que hojas sueltas del banco en substitución de libros se presentaran como prueba para demostrar las sumas acreditadas a favor de los depositantes y contra el banco y que entonces se presentara otra prueba tendente a demostrar que las sumas recibidas por el acusado no apa-recieron abonadas en ninguna parte. Estos son métodos co-rrientes de los bancos y el único nuevo aspecto fué el de las hojas sueltas, de modo que no vemos nada perjudicial o erróneo en su admisión.

Asimismo hubo objeciones a la prueba de que el acusado tenía otros deberes además del de recibir sumas de dinero para las cuentas de ahorros. La acusación fué bastante am-plia para incluir esto al decir que los deberes del acusado eran “entre otros” recibir depósitos e imposiciones en el departamento de ahorros. Hubo prueba tendente a demos-trar malversación de más de $100, que fué la suma alegada en la acusación como quedó enmendada, en el departamento de ahorros solamente.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Vega, Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Primera, denegatoria de la inscripción de una escritura de compraventa.
    No. 492.
    Resuelto en julio 12, 1921.
    Heredero Condicional' — Fallecimiento del Heredero Condicional antes de Cumplirse la Condición — Inscripción Previa. — Muerto en este caso el he-redero condicional de que se trata, antes de que la condición se cumpliera, no transmitió a sus herederos derecho alguno.
    Id. — Venta por los Dueños y por Quienes no lo Son. — Es válida una venta otorgada por apoderado a nombre de los verdaderos dueños aunque aparezca que la propiedad se transmite también a nombre de los padres de aquéllos que en realidad ningún derecho tenían sobre ella.
    Id. — Identidad Entre el que Vende y el que Aparece Como Dueño en el Re-gistro. — Examinadas las circunstancias que concurren en el caso y que se consignan en la opinión, es preeiso concluir que la María Gautier y Atienza a cuyo nombre vende el apoderado es la misma María Josefa Gautier y Atienza a cuyo nombre aparece inscrita la participación enajenada.
    Id. — Cumplimiento de la Condición Impuesta por el Testador. — En el presente caso el testador dejó a su esposa el usufructo de todos sus bienes, instituyén-dola heredera para que los transmitiera a sus hijos en el caso de tenerlos en segundas nupcias; y para el caso de que falleciera la usufructuaria sin sucesión, instituyó herederos a los hijos . de Manuel, su hermano. Se resol-vió: que habiéndose demostrado que la viuda arribó a los sesenta y cuatro años de edad sin haber procreado hijos, se puede concluir sin necesidad de ser perito, que no podía yá procrearlos y que por lo tantp la condición im-puesta por el testador se había cumplido y sus sobrinos adquirieron plena-mente su derecho y pudieron venderlo, tanto más cuanto que en este caso la adquirente es la propia viuda.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la recurrente: Sr. B. Martines Nadal.

    El registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 18 de junio de 1889 falleció en esta ciudad don Iíera-clio Gautier y Vila, bajo testamento otorgado ante notario el 16 de junio de 1887. La cláusula octava de dicho testa-mento, es como sigue:

“Octava: El cónyuge don Heraelio Gautier y Vila deja a su esposa compareciente doña Ramona Vega el usufructo de todos los bienes que puedan corresponderle; pero si contrajese segundas nup-cias y de su nuevo enlace tuviese sucesión, se entenderá instituida heredera la referida su esposa doña Ramona de todos los bienes que correspondan al compareciente don Heraelio Gautier, a fin de que trasmita sus derechos a su sucesión legítima o sea a sus hijos; y caso de que la referida su esposa doña Ramona, falleciese sin suce-sión, pasarán los bienes del testador, o sea los que tenga la cónyuge en usufructo a los sobrinos del expresado don Heraelio, hijos de su hermano don Manuel, a los que en este último caso instituye por sus herederos.”

El 11 de abril de 1890 se otorgó una escritura de liqui-dación y partición de los bienes del Sr. G-autier. En ella bay un particular que dice:

“Con arreglo a la cláusula octava del testamento y toda vez que no ha llegado el caso de la condición, según la cual, la sucesión de la compareciente doña Ramona Vega, pudiera ser heredera del ex-presado haber, se adjudica éste a los hijos de don Manuel Gautier y Vila, entendiéndose que ésta adjudicación quedará sin valor ni efecto alguno, si la expresada compareciente contrajese segundas nupcias y dejase sucesión, en la época de su fallecimiento, en cuyo caso la adjudicación se estimará hecha a sus hijos o sucesores legí-timos.”

La viuda del Sr. Gautier, la recurrente doña Ramona Vega, contrajo segundas nupcias. Su segundo esposo murió. Es viuda en la actualidad y nació en 21 de febrero de 1857. Nunca tuvo bijos.

El 12 de abril de 1921 comparecieron ante notario José Lázaro como apoderado de don Manuel Gautier y Carmen Atienza y de los hijos de éstos Juan, Eamón, María, Josefa y Manuel, de una parte, y de la otra doña Ramona Vega, y el primero vendió a la segunda por precio de treinta y cinco mil pesetas españolas la participación proindivisa que en nuda propiedad tenían sus poderdantes en la finca urbana de que se trata, con todas sus pertenecías y cuantos más de-rechos y acciones correspondan o puedan corresponder a sus mandantes sobre la dicta finca sin reservación alguna, in-cluyendo en la trasmisión el legado de tres mil pesos que tizo el testador a su abijado Manuel. Se consignan am-plios antecedentes y aclaraciones a las cuales nos referiremos luego.

Presentada la escritura de venta acompañada de otros documentos para su inscripción en el registro, se negó a ello el registrador por medio de una nota que dice así:

“Negada la inscripción del precedente documento por los siguien-tes defectos insubsanables:
“Primero: Porque no se halla inscrita a favor de los esposos don Manuel G-autier Yila y doña Carmen Atienza López de Cristóbal la participación hereditaria en la finca procedente de su hijo José To-más Gautier y Atienza, que es uno de los herederos condicionales de don Heraelio Gautier Yilá según la información ad-perpetuam pre-sentada, pues si bien se tiene a la vista la declaración de herederos ah intestato de José Tomás, no se ha solicitado su inscripción, y aun-que dicho heredero condicional no trasmite derecho alguno a sus herederos por estar comprendido el caso dentro de la disposición del artículo 747 del Código' Civil Revisado que era el mismo derecho vigente al tiempo del fallecimiento de don Heraelio Gautier Yilá, ocurrido antes de empezar en esta Isla el Código Civil Español, en el registro aparece practicada una inscripción de la nuda, propiedad de una participación en la finca a favor de los hijos de don Manuel Gautier Yilá sin determinación de nombres, entre los cuales se en-cuentra el mismo José Tomás, según la ameritada información.
“Segundo: Porque resultando de la referida información ad per-petuara que los únicos sobrinos que tenía el causante a su falleci-miento, hijo de su hermano Manuel, eran Juan Manuel, Román Pío Tadeo, María Josefa y José Tomás Gautier y Atienza, fallecido este último y heredándolo sus padres, se verifica la enajenación por el apoderado de los consortes don Manuel Gautier y Yilá y doña Carmen Atienza y López de Cristóbal y de los hijos legítimos de estos esposos don Juan Manuel, don Román y doña María Josefa Gautier y Atienza, y a mayor abundamiento de los otros hijos de los propios consortes, doña Josefa y don Manuel Gautier y Atienza, sin justifi-carse que la María que otorga el poder, sea la misma persona deno-minada María Josefa en la información y en cuyo nombre se vende en el anterior documento, y sin resultar de la información con dere-cho a la herencia los nombrados Josefa y Manuel, a cuyo nombre también se vende y se percibe parte del precio con perjuicio de los demás vendedores.
“Tercero: Porque el nombramiento de heredero a favor de los sobrinos del testador don TIeraclio Gautier Vila, que son los vende-dores, tal como aparece en la cláusula del testamento, inserta en el precedente documento, está subordinado al fallecimiento sin suce-sión de la esposa del testador doña Ramona Vega la compradora, hecho que aun no ha ocurrido, por lo cual no debe entenderse consu-mada la adquisición de los derechos enajenados, según los artículos 778 a 794 y 1081 del Código Civil Revisado y resolución de 7 de abril de 1904, folio 228 tomo 6o. D. P. R.
‘ ‘ Cuarto: Y porque no se han cumplido todos los mandatos, toda vez que dados los términos de éstos los señores Juan, Román, María, Josefa y Manuel deben percibir por sus derechos en la finca la suma de 35,000 pesetas e igual cantidad los esposos Gautier Atienza por los suyos, en junto 70,000 pesetas, y la venta sólo se realiza por 35,000 pesetas.”

Contra la nota que antecede es que se ha interpuesto el presente recurso gubernativo.

1. El artículo 747 del Código Civil Revisado, igual al del Código Civil antiguo, dice: “el heredero o legatorio que muera antes de que la condición se cumpla, aunque sobre-viva al testador, no trasmite derecho alguno a sus herederos. ’ ’

Es cierto que la inscripción consta hecha en el registro a favor de los hijos de don Manuel G-autier y que uno de esos hijos era Tomás, pero Tomás murió el 24 de septiembre de 1889, esto es, antes de que la condición se cumpliera, y por tanto nada en concreto y materializado llegó a adquirir y nada trasmitió a sus padres. Siendo esto así, huelga la inscripción previa a favor de dichos padres.

2. A nuestro juicio tampoco existe el segundo defecto apuntado. Si bien es cierto que el apoderado aparece otor-gando la escritura a nombre de personas que en realidad de verdad no tienen derecho a la propiedad de que se trata, es lo cierto que la otorga con poder amplio y suficiente a nombre de aquéllos que indiscutiblemente tienen derecho, siendo en tal virtud la venta válida.

En cuanto a la identidad de María estamos conformes con el abogado de la recurrente en que si bay algún caso en donde con lujo de detalles se baya tratado de explicarlo todo, es éste. En el expediente ad-perpetuam se acredita el nú-mero de sobrinos que estaban vivos cuando el testador mu-rió, la edad que entonces tenían, la que contaban cuando se tramitó; los nombres de cada uno y otros pormenores, y en el poder que los sobrinos confieren a Lázaro comparece cada uno de los sobrinos usando todos su primer nombre y apellido paterno y materno, con expresión de su vecindad, profesión, estado civil y años de edad y comparando todos esos datos se concluye sin dificultad que la María Josefa Gautier y Atienza del expediente es la misma María Gautier ■y Atienza del poder.

3. Habiéndose demostrado que la viuda tenía a la fecba de la escritura cumplidos sesenta y cuatro años de edad, se puede concluir sin necesidad de ser perito, que no podía ya procrear bijos y que por lo tanto la condición impuesta por el testador se babía cumplido y sus sobrinos adquirieron ple-namente su derecho y pudieron venderlo tanto más cuanto que en este caso la adquirente es la propia viuda.

4. La base en que se funda el último motivo no es soste-nido. Lázaro actuó a virtud de dos poderes otorgados espe-cialmente para la venta de que se trata. El primero lo otor-garon los bijos y el segundo los padres. Estaban dudosos de la extensión de sus derechos y algunos de si lo tenían o no y comparecieron todos. Esto es lo que se desprende de los documentos. Al otorgarse el segundo poder se fijó el mismo precio para la enajenación, pero se deduce que el dicho precio era para la totalidad del derecho envuelto- irres-pectivamente del número de personas. Además, ya hemos visto que los padres aquí no tenían derecho alguno y siendo esto así queda sólo el precio fijado por los hijos y dicho pre-ció fué en efecto el de la venta.

Por virtud de todo lo expuesto se revoca la nota recurrida y se ordena la inscripción solicitada.

Revocada la nota recurrida y ordenada la ins-cripción.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Reyes, Demandante y Apelante, v. Palerm, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre reivindicación.
    No. 2308.
    Resuelto en julio 12, 1921.
    Mandato — Ratificación Tácita de los Actos del Apoderado. — Aunque un apo-derado no esté facultado para vender eon pacto de retro la propiedad de la poderdante, si ésta ratifica tácitamente tal contrato está impedida de pedir su nulidad; y es necesario concluir que en el presente caso existió la rati-ficación tácita de que trata el artículo 1629 del Código Civil porque con ol producto de la venta a retro heeha por el apoderado eon conocimiento de la mandante retrajo ésta la finca de quien se la había comprado a ella ante-riormente eon pacto de retro y porque la mandante a pesar de tener cono-cimiento de las obras que realizaba en la finca el comprador una vez con-sumada la venta, no protestó entonces de tales obras.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. J. B. Soto

    Abogados del apelado: Sres. Oiler & Rodrigues.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Eladia Feliciano demandó a Gabriel Palerm para que le devolviese una finca urbana que compró con pacto de retro a Claudio Díaz Ortiz como apoderado de la demandante y para que le pague $2,520 como productos de la finca más $10,000 por indemnización de daños y perjuicios. La sen-tencia fué contraria a la demandante y en el recurso de ape-lación que contra ella interpuso sostiene que la venta hecha por sn apoderado es nula de acuerdo con lo resuelto por nosotros en el caso de García v. Suro, 19 D. P. R. 755, porque si bien concedió a su yerno y apoderado facultad para vender pura y simplemente sus bienes no lo autorizó para vender con pacto de retro.

Eesulta de los autos que la apelante era dueña de una casa gravada con dos hipotecas a favor de un mismo acree-dor ascendentes ambas a la cantidad de $2,400 y así la vendió personalmente con pacto de retro el 12 de mayo de 1915 a don Arturo García de Luque por la cantidad de $3,000 de los cuales recibió $600 y el comprador retuvo $2,400 para responder de las hipotecas que pesaban sobre la finca. Antes de vencer el término del retro la dueña, también personal-mente, retrotrajo la finca del poder de García de Luque con dinero que su apoderado obtuvo de Gabriel Palerm y en el mismo día, 13 de agosto de 1915, su apoderado y yerno Claudio Díaz Ortiz otorgó a favor de Palerm escritura de venta con pacto de retro por precio de $3,200, de los que el com-prador entregó $800 y retuvo $2,400 para las hipotecas. Al mes siguiente el comprador pagó las dos hipotecas y sus in-tereses de tres meses por estar vencidas de acuerdo con el contrato de hipoteca por no haber sido pagados al acreedor hipotecario tres meses de intereses. La venta con pacto de retro fué inscrita en el registro de la propiedad donde se hizo constar la consumación de la venta al vencimiento del término del retro y también la cancelación de las hipotecas. Después el comprador Palerm hizo obras en la casa por valor de unos $1,600 y cuatro años después de la venta fué que se presentó la demanda que origina este pleito.

En cuanto al poder que la apelante confirió a su yerno Claudio Díaz Ortiz, encontramos en él, entre otras faculta-des, las siguientes: Segundo. Comprar, vender, ceder, per-mutar, dar en pago o en prenda, pignorar, gravar con hipo-tecas^ dichos bienes, otorgando para ello cuantos documentos públicos o privados exigiere la índole de los actos realizados. Cuarto. Dar y tomar dinero a préstamo con las garantías personales o hipotecarias qne le sean ofrecidas o exigidas y otorgar los contratos del caso, pública o privadamente.

En vista de lo que liemos expuesto tenemos qne concluir qne no debe ser anulada la venta hecha a Palerm porque en este caso no se confirió al apoderado únicamente la facultad para vender, como en el caso de García v. Suro, supra, sino que además fué autorizado para gravar, hipotecar y para tomar dinero a préstamo con las garantías que le fueren exi-gidas por lo que si la venta con pacto de retro hecha en este caso ha de considerarse como préstamo con la garantía de la finca el apoderado estaba facultado para otorgarla.

Pero si el apoderado no tenía facultad para vender con pacto de retro la apelante está impedida de alegar la nulidad de la venta con pacto de retro hecha por su apoderado por-que con el dinero de Palerm fué que ella retrotrajo la finca que había vendido personalmente a García de Luque y me-diante él obtuvo nuevamente el título de propiedad que ahora alega para demandar a Palerm, recibiendo además el bene-ficio de $200. Además, ella tuvo conocimiento de la venta con pacto de retro hecha por su apoderado, según resulta de la prueba, y declarando en el juicio manifestó que todo lo que hiciera su apoderado está bien hecho y tuvo conoci-miento también de las obras que en la casa hizo Palerm sin que protestara de ellas, siendo todos estos hechos una rati-ficación de los actos de su apoderado, que puede ser expresa o tácita, según el artículo 1629 del Código Civil, preceptivo de que en lo que el mandatario se haya excedido, no queda obligado el mandante sino cuando lo ratifica expresa o táci-tamente ; disponiendo por su parte el artículo 1226 del mismo código que el contrato celebrado a nombre de otro por quien no tenga su autorización o representación legal será nulo, a no ser que lo ratifique la persona a cuyo nombre se otor-gue antes de ser revocado por la otra parte contratante.

En cnanto al artículo 1278 del mismo texto que cita la apelante al efecto de que se entenderá que hay confirmación tácita cuando con conocimiento de la causa de nulidad y ha-biendo ésta cesado, el que tuviese derecho a invocarla eje-cutase un acto que implique necesariamente la voluntad de renunciarla, tal precepto no es aplicable al presente caso sino a aquéllos a que se refiere el artículo 1267 del mismo Código Civil, o sea, en los que a pesar de existir el consen-timiento de los contratantes, objeto y causa de la obligación, adolecen sin embargo de algunos de los vicios que los inva-lidan con arreglo a la ley.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Jtjez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Melchior, Armstrong & Dessau, Inc., Demandantes y Apelados, v. M. Defendini & Cía. et al., Demandados y Apelantes
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 2315.
    Resuelto en julio 12, 1921.
    Cuenta Corriente — Sentencia en Rebeldía Registrada por el Secretario.— En una acción entablada para obtener el importe de una cuenta corriente el secretario de la corte puede registrar sentencia en su- oportunidad contra el demandado rebelde; y el hecho de no alegarse en la demanda la acepta-ción por parte de los demandados en cuanto al saldo adeudado, no quita a la acción su carácter de reclamación que naee de un contrato sobre pago de dinero.
    Id.- — Desestimación de Apelación — Apertura de Rebeldía — Término para Ape-lar de Resoluciones Negando Apertura de Rebeldía. — Procede desestimar la apelación de una resolución negando apertura de rebeldía cuando tal ape-lación se ha entablado después de los 10 días que concede el No. 3 del ar-tículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil para reeurir contra resolu-ciones dictadas después de sentencia.
    Los hechos están expresados en la opinión.

      Abogados de los apelantes: Bres. J. J. Aponte y L. Tormes.

    Abogados de los apelados: Bres. J. y A. 8. Poventud.

   El Jtjez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Melcbior, Armstrong & Dessan, Inc., demandaron en la Corte de Distrito de Ponce a M. Defendini & Cía. y a Mateo Defendini individualmente alegando que la demandada es una sociedad mercantil colectiva que actualmente carece dé bienes, siendo gestor y administrador Mateo Defendini; que M. Defendini & Cía. y su gestor Mateo Defendini son en de-ber a la demandante la suma de $2,538.67 por saldo basta enero 1 de 1920 de una cuenta de efectivo y efectos suminis-trados a la sociedad demandada, para su beneficio, y a peti-ción de la misma demandada y su gestor referido, entre no-viembre Io. de 1920 y enero Io. de 1920, en cuenta corriente con la demandante cuya cuenta lia sido rendida y pasada a dichos demandados en varias ocasiones antes de la fecha de la demanda sin que haya objetado o puesto reparo a la misma, adeudándole además los intereses legales sobre dicha suma desde la demanda hasta su pago y que la mencionada can-tidad de $2,538.67 no le ha sido satisfecha en todo ni en parte por persona alguna. La demanda concluye con la súplica de que se condene a la mercantil M. Defendini & Cía. y a su gestor Mateo Defendini solidariamente a pagar los $2,538.67 con sus intereses legales desde la interposición de la demanda y las costas.

Esa demanda fué presentada en la corte el 15 de mayo de 1920 siendo el mismo día citado en Ponce, Mateo Defen-dini por sí y por la sociedad M. Defendini & Cía. y el 29 de mayo a instancia de la demandante el secretario anotó la rebeldía de los demandados por no haber comparecido en el pleito y contestado la demanda y el mismo día registró sen-tencia en rebeldía contra M. Defendini & Cía. y contra Mateo Defendini personalmente condenándoles solidariamente a pa-gar la cantidad reclamada y sns intereses legales desde la demanda.

En moción de primero de junio los demandados pidieron a la corte qne dejara sin efecto la rebeldía anotada contra ellos por cansa de equivocación e inadvertencia por haber creído que tenían veinte días para contestar por ser vecinos de Guayama, moción que negó la corte por su resolución de 30 de junio de 1920, que el mismo día fué notificada a las partes, y entonces los demandados interpusieron recurso de apelación contra la sentencia y también contra la resolución que negó dejar sin efecto la anotación de rebeldía, apelación la última que se presentó en la secretaría de la corte el 19 de julio.

En cuanto a la apelación contra la sentencia alegan los apelantes como error que la sentencia dictada y registrada por el secretario de la corte es nula y sin ningún valor ni efecto legal por haber sido dictada con manifiesta infracción de lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 194 del Código de Enjuiciamiento Civil.

En los dos primeros apartados del artículo citado se dis-pone que si el demandado dejare de contestar a la demanda podrá dictarse sentencia: Io. por el secretario en pleitos que nazcan de contrato sobre pago de dinero o para obtener perjuicios solamente; 2°., por la corte en otros pleitos.

En el caso presente el secretario fué quien registró la sentencia contra los demandados y el motivo que alegan los apelantes para sostener que es a la corte a quien corresponde dictar la sentencia y que por haberla registrado el secretario se infringió el inciso segundo de ese artículo es que no se trata de un pleito que nazca de un contrato sobre cobro de dinero o para obtener perjuicios solamente sino de una cuenta corriente que no ha sido aceptada ni impugnada por los de-mandados, por lo que entienden que después de anotada su rebeldía debieron los demandantes solicitar de la corte que les concediera lo pedido en la demanda.

De la demanda aparece qne la cantidad qne como saldo se reclama procede de dinero y efectos suministrados por los demandantes a los demandados qne implica el contrato de devolverlos y pagarlos por lo qne el pleito está compren-dido entre los qne el secretario pnede registrar sentencia contra los demandados rebeldes sin qne el becho de qne no se alegue la aceptación del saldo por los demandados le quite su carácter de reclamarse dinero proveniente de contrato, por lo qne no ha sido infringido el No. 2 del artículo 194 citado.

El tercer error que se alega se refiere también a la sen-tencia y se funda en qne es incongruente con la demanda porque en ésta se expone qne la cuenta corriente comprende desde el Io. de noviembre de 1920 a Io. de enero de 1920 y en la citación se hizo constar qne es de noviembre de 1912 a Io. de enero de 1920.

Es cierto que en la demanda presentada el 15 de mayo de 1920 se comete el visible error de decir qne la cuenta corriente abarca del Io. de noviembre de 1920 a Io. de enero de 1920, pero la sentencia nada dice sobre este particular por lo qne no resulta incongruente con la demanda. La in-congruencia sería con el emplazamiento en el que se expresa que la cuenta empezó en noviembre de 1912 pero esto no afecta a lo substancial de la reclamación.

Los errores segundo y cuarto que se alegan por los ape lantes se refieren a su apelación contra la resolución que negó la apertura de la rebeldía, pero no los consideraremos porque tenemos que desestimar esa apelación por haber sido interpuesta después de los diez días que concede el No. 3 del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil para re-currir contra resoluciones dictadas después de sentencia, ac-cediendo así a la petición de desestimación que basada en ese motivo hacen los apelados en su alegato escrito. Rivera v. Martínez, 27 D. P. R. 475.

Por lo expuesto debemos confirmar la sentencia apelada y desestimar la apelación , contra la resolución de 30 de junio de 1920.

Confirmada la sentencia apelada y desesti-mada la apelación interpuesta contra la resolución de junio 30, 1920.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


text:
    Coll, Demandante y Apelante, v. Porto Rico Railway Light and Power Company, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre daños y perjuicios.
    No. 2350.
    Resuelto en julio 12, 1921.
    DaSos y Perjuicios no Probados — Derecho a Suspender el Suministro de Luz y Etjerza Eléctrica por Palta de Pago. — Cuando en un contrato para el suministro de corriente eléctrica se conviene que si el abonado dejare de pa-gar cualquier cuenta a su presentación la compañía podrá dejar de suminis-trar la corriente sin otro aviso, la falta de pago por corriente consumida jus-tifica a la compañía el cortar la corriente; y aunque pudiera ofrecer alguna duda el derecho de ésta a entrar en el local del abonado con tal fin sin su consentimiento, la cuestión carece de importancia porque habiéndose recla-mado perjuicios no se probó la existencia de los mismos.
    Los hechos están expresados eu la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. G. Cruzado Silva.

    Abogado de la apelada: Sr. J. H. Brown.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Cayetano Coll Cuchí demandó a la Porto Pico Railway, Light & Power Company en reclamación de $15,500 por da-ños y perjuicios basándose para ello, en resumen, en que la demandada penetró en la oficina del demandante sin su permiso, a viva fuerza, y cortó la corriente eléctrica que se había obligado a suministrarle, privándole así de servicios de luz y fuerza que le impidieron usar su dicha oficina du-rante las horas de la noche.

Aceptó la demandada en sn contestación que había en efecto cortado la corriente, alegando que realizó tal hecho de acuerdo con los términos de su contrato por habérsele de-jado de pag’ar durante tres meses la corriente consumida. Sostuvo que no entró en las oficinas del demandante a viva fuerza. Negó que el demandante sufriera perjuicios.

Se practicó la prueba y la corte de distrito declaró final-mente la demanda sin lugar, apelando entonces el deman-dante para ante este Tribunal Supremo.

La oficina de que se trata pertenecía al demandante, pero la corriente eléctrica se suministraba a virtud de un contrato firmado el 2 de agosto de 1916, así: “Juan Pujol. P/O Cay. Coll Cuchí.” Los recibos se pasaron siempre a nombre de Juan Pujol. Este murió y dejaron de pagarse tres reci-bos. Los cobró finalmente por carta la demandada. El de-mandante contestó esa carta comunicando el hecho de la muerte de Pujols sin bienes. ' La demandada ordenó entonces que se cortara la corriente y se quitara el contador. Al ir sus empleados a cumplir sus órdenes, intervino el deman-dante y lo impidió mientras estuvo presente, pero los em-pleados aprovechando el momento en que sólo había una señorita en la oficina, sin solicitar permiso de nadie, más sin usar fuerza o violencia de ningún género, penetraron y cortaron la corriente.

El demandante sostuvo que cuando contestó la carta re-lativa al cobro de la deuda no sabía que se trataba de la corriente suministrada a su oficina. Sostuvo también que estuvo siempre dispuesto a pagar pidiendo sólo que los reci-bos se dirigieran a su nombre y que a ello se avino la com-pañía. La compañía no aceptó esta versión de los hechos. Y el conflicto de la prueba fué resuelto por el juez de dis-trito en contra del demandante.

Quedó demostrado, pues, que por una u otra circunstan-cia la corriente consumida no fué pagada y por tanto que la demandada actuó dentro de las facultades claramente reco-nocidas en su contrato al dejar de suministrarla. Dice el contrato así:

“Qué si el abonado dejare de pagar cualquiera o todas las cuen-tas en su totalidad a su presentación, la compañía podrá quitar el contador y dejar de suministrar la corriente sin otro aviso.”

La única cuestión que podría ofrecer alguna duda es la' del derecho de la demandada a entrar en la oficina del de-mandante sin su permiso; pero esa duda no reviste impor-tancia para los efectos del recurso en el presente caso, dada-la circunstancia de que el demandante no probó que sufriera perjuicio alguno y él mismo declarando ¿inte la corte dijo que a virtud de orden suya su chauffeur, al cabo de algún tiempo, conectó los alambres y siguió usando la corriente eléctrica.

Para un estudio por analogía del principio envuelto, púede consultarse el caso de Silverstin v. Kohler & Chase, 9 A. L. R. 1177, y autoridades en él citadas.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres, Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.