author: El Juez Presidente Se. Hernández,

text:
    Virella, Demandante y Apelada, v. Virella, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Guayama en causa sobre nulidad de escrituras, actos y contratos.
    No. 1366.
    Resuelto en abril 7, 1916.
    Desahucio — Cosa Juzgada — Posesión—Derecho de Propiedad — Juicio Ordina-rio. — La sentencia de desahucio, por referirse a la posesión j no al derecho de propiedad, no impide la promoción de un juicio ordinario para discutir el derecho de propiedad y como es consiguiente no puede servir de fundamento a la excepción de cosa juzgada alegada en dicho juicio.
    Cosa Juzgada — Requisitos de la Cosa Juzgada. — Para que haya cosa juzgada es requisito indispensable que haya habido decisión en un pleito sobre lo que haya sido objeto de otro pleito anterior.
    Apreciación de las Pruebas — Desahucio—Nulidad de Venta — Exposición del Caso — Examen Comparativo de las Pruebas — Conclusiones de Hecho— Sentencia. — Cuando se alega que en un pleito de desahucio la corte apreció la prueba en forma distinta de como lo ha hecho después en un pleito sobre nulidad de venta, las pruebas practicadas en ambos juicios deben insertarse en la exposición del caso para poder establecer un examen comparativo entre las mismas, sin que a ese fin basten las sentencias dictadas en uno y otro pleito, pues las conclusiones de hecho (findings of fact) que establece el juez en una sentencia no pueden considerarse como expresión de las pruebas prac-ticadas en el juicio.
    Errores — Errores no Perjudiciales al Apelante — Ealta de Apelación del Apelado.- — Si el error alegado por un apelante, caso de existir, perjudicaría sólo a la parte apelada, y ésta no ha pretendido la subsanaeión del mismo apelando también de la sentencia, no procede su consideración.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. C. Domínguez Rubio.

    Abogado de la apelada: Sr. Manuel A. Martínez Dávila.

   El Juez Presidente Se. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de recurso de apelación interpuesto por uno de los demandados, o sea por Francisco Virella Uribe, contra sentencia que dictó la Corte de Distrito de Guayama en pleito sobre nulidad de escrituras e inscripciones de ellas en el registro y sobre reivindicación de terreno.

La demandante, Emilia Virella, alega como hechos deter-minantes de su acción, los siguientes:

Que es dueña de una finca rústica de 22 cuerdas de terreno radicada en el barrio Apeadero del término municipal de Patillas, con valor efectivo de $700, la que le transmitió Simón Antonio Alcaide por escritura de 25 de noviembre de 1910 a requerimiento de ella, por tenerla en cabeza de Alcaide, según costumbre suya de tenerla siempre a nombre de algún amigo de su confianza.

Que siguiendo dicha costumbre, por otra escritura púbiica otorgada en 12 de enero de 1911 ante el notario Luis Capó Matres, la demandante pasó la propiedad de la misma finca en venta simulada al demandado Cecilio Nido, sin que me-diara precio alguno, pues Nido solamente la recibía en arren-damiento habiendo convenido ambos en que Nido .traspasa-ría nuevamente la finca a la demandante tan pronto ésta lo solicitara.

Que posteriormente la demandante hizo sabedor a Francisco Virella Uribe, persona de su confianza, de la condición con que Nido poseía la finca y le encargó requiriera a Nido para que éste volviera a trasmitírsela, requerimiento que-practicó Virella Uribe; pero como Nido reclamara mejo-ras que había hecho en la finca, Virella Uribe, engañosamente,, de mala fe, con el propósito deliberado de defraudar a la demandante, y a sabiendas de que la finca no pertenecía' a Nido, hizo que la demandante ordenara a Nido su traspaso directamente a favor de Virella Uribe, quien ofreció pagar como pagó las mejoras reclamadas por Nido, bajo promesa que le hizo la demandante de que se cobraría con el usufructo de la finca.

Que el traspaso de la finca se hizo simuladamente por Cecilio Nido a favor de Virella Uribe por escritura pública de 30 de noviembre de 1911, ante el notario Don Tomás Ber-nardina de la Huerta, sin que ni la demandante ni Cecilio Nido recibieran dinero alguno en consideración a la venta.

Que la primera inscripción de la finca en el registro se hizo a favor de la demandante por virtud de expediente pro-movido ante la Corte Municipal de Patillas y también fue-ron inscritas las escrituras de la demandante a favor de. Nido y de éste a favor de Virella Uribe.

Que la demandante ,fué lanzada de la finca a virtud de acción de desahucio promovida contra ella por Virella Uribe.

La demanda concluye con la súplica de que se dicte sen-tencia declarando nulas y sin ningún valor las menciona-das escrituras de 12 de enero y 30 de noviembre de 1911, así como sus inscripciones en el registro, cqndenando al de-mandado Virella Uribe a entregar a la demandante la finca de que se trata y a pagar ana sama razonable para hono-rarios de abogados, costas y desembolsos.

El demandado Yirella Uribe alegó contra la demanda las siguientes defensas, a saber: Excepción previa de qae la demanda no adace hechos saficientes para determinar ana cansa de acción; excepción especial de res judicata fandada en qae la caestión en controversia había sido ya resaelta en pleito de desahacio segaido por el demandado Virella Uribe contra la demandante; y otra excepción de estoppel basada en qae Ja demandante estaba impedida de ejercitar sa acción alegando el traspaso fraadalento de la finca a favor de Virella Uribe por no haberlo alegado anteriormente al contestar la .demanda de desahacio.

Convinieron lás partes en someter esas defensas a la resolnción previa de la corte y practicadas las prnebas opor-tanas faeron desestimadas por resolación de febrero 5, 1915, concediéndose al demandado Virella Uribe diez días 'para contestar la demanda.

Al evacnar el trámite de contestación, Francisco Virella Uribe expresó qae carecía de información para aceptar o negar las transacciones verificadas por la demandante con el demandado Cecilio Nido, y negó en absolato qae la deman-dante sea actnalmente daeña de la finca de qae se trata, paes le pertenece en propiedad, por haberla adquirido de qaien tenía derecho a venderla, o sea de Cecilio Nido a qaien la compró de baena fe por jasta consideración y por precio cierto qae pagó habiendo inscrito en el registro la finca a sa favor y entablado demanda de desahacio para qae Emilia Virella faera lanzada de ella.

Celebrado el jaicio la corte dictó sentencia en 20 de mayo de 1915 por la qae declaró nala y sin ningún valor la escri-tara de 30 de noviembre de 1911 otorgada por Cecilio Nido a favor del demandado Virella ante eL notario Bernardini de la Hnerta, por ser ana escritnra de venta simalada, sin qae mediara precio cierto, y nala también sa inscripción en el registro de la propiedad, condenando, además, al deman-dado Yirella Uribe a entregar y dejar a la disposición de la demandante la finca de qne se trata, sin especial condena de costas.

Contra esa sentencia es qne interpuso Yirella Uribe el presente recurso de apelación.

Los motivos que alega la parte apelante para solicitar la revocación de la sentencia apelada, son los que literalmente transcribimos a continuación:

“Io. La corte erró al declarar sin lugar las defensas especiales de former judgment, res judicata y estoppel.
“2o. La corte apreció la prueba en el juicio de desahucio en una forma distinta a como la apreció en el juicio de nulidad' de venta.
‘ ‘ 3o. La corte cometió error al no dar a la escritura pública- entre Nido y Yirella el valor que ella tiene.
“4o. La corte erró al apreciar la prueba en su conjunto y entender que ésta demostraba la existencia del fraude.
“5o. La sentencia de la corte de G-uayama está incompleta pues no protege los intereses de la demandante.”

En cuanto al primer error, resulta del récord que en 17 de abril, de 1914 Francisco Yirella Uribe demandó en juicio de desahucio ante la Corte de Distrito de Quay ama a Amelia o Emilia Yirella para el desalojo de la misma finca a que se refiere el presente caso, alegando haber adquirido dicha finca por compra a Cecilio Nido en escritura otorgada ante el notario Don Tomás Bernardini de la Huerta en 30 de no-viembre de 1911, cuya finca ocupaba la Emilia sin pagar canon o merced alguna contra la voluntad del demandante. A esa demanda contestó la demandada Emilia Virella que la finca en cuestión era de su propiedad por más que la había pasado a Cecilio Nido por ser éste un hombre de su abso-luta confianza y ella una anciana que no podía administrarla, habiendo verificado el traspaso a Nido con la promesa de que éste se la transmitiría cuando ella se lo exigiera; que por orden suya puso Nido la finca a nombre de Virella, en quien ella confiaba por haber sido esclava de sus padres y porque el mismo Yirella le aconsejó que lo hiciera así porque Nido quería engañarla; y qne ni ella ni Cecilio Nido reci-bieron de Virella precio por la venta. En vista de esas ale-gaciones y de las pruebas practicadas, la referida corte dictó sentencia en 9 de junio de 1914 declarando con lugar el desa-hucio por el fundamento de haber demostrado las pruebas que si bien Emilia Virella vendió su finca a Nido simulada-mente sin que mediara consideración, no había igual prueba en cuanto a la venta hecha por Nido a Virella, quien debía estimarse dueño de la finca mientras no se anulara la escri-tura de adquisición o se demostrara su falsedad.

Opinamos que esa sentencia no puede producir excepción de cosa juzgada con relación al presente caso en que preci-samente se trata de anular la escritura que daba a Virella el carácter de dueño, para poder entablar la demanda de desahucio. En dicha sentencia se decidió el derecho del de-mandante a que la demandada fuera desalojada de la finca, pero nada podía decidirse sobre nulidad o falsedad del título del demandante, pues como ya dijimos al resolver el caso de Pesquera v. Fernández, 16 D. P. R. 236, “no es un juicio de desahucio el adecuado para hacer declaraciones de dere-cho más o menos controvertibles, debiendo limitarse en él los tribunales a examinar y resolver la procedencia de la acción ejercitada en relación con la persona que es objeto de desahucio.” “El juicio de desahucio no es el adecuado para resolver sobre el derecho de propiedad y las partes deberán discutir en un juicio ordinario cuál tiene el título legal a la finca.” Torres et al. v. Pérez, 18 D. P. R. 573

Como se ve, la sentencia de desahucio, por referirse a la posesión y no al derecho de propiedad, no impide la pro-moción de un juicio ordinario para discutir el derecho de propiedad y como es consiguiente no puede servir de funda-mento a la excepción de cosa juzgada.

Para que haya cosa juzgada es requisito indispensable que haya habido decisión en un pleito sobre lo que ya ha sido objeto de otro pleito anterior, y eso no ocurre en el presente caso.

Nada se alega en apoyo de la excepción de estoppel y no hay razón alguna que la sostenga.

En cuanto al segundo fundamento del recurso, nos falta base para su consideración, pues no han venido en el récord las pruebas practicadas en el juicio de desahucio y, por tanto, no podemos establecer un examen comparativo entre dichas pruebas y las del presente caso.

Alega la parte apelante que si esta corte examina las sentencias dictadas en el presente juicio y en el de desahucio podrá venir en conocimiento de que la prueba es la misma. No son las sentencias las que deben ser sometidas a examen sino las mismas pruebas practicadas en uno y otro juicio, pues los findings of fact que establece el juez en la senten-cia no pueden considerarse como expresión de las pruebas practicadas en el juicio, sino que esas pruebas han de cons-tar por conformidad de las partes y con aprobación del juez en el escrito de exposición del caso que es el documento ade-cuado al efecto.

La misma parte apelada dice que en el juicio de desahu-cio no declaró el testigo Capella y que tampoco la corte per-mitió que la demandada entonces Emilia Virella, hiciera pre-guntas tendentes a demostrar que la escritura de compra-' venta era simulada por entender que eran improcedentes dentro del procedimiento de desahucio, preguntas que admi-tió en el presente pleito.

De todos modos, sea cual fuera la apreciación de las prue-bas hecha por el juez en el juicio de desahucio, tal aprecia-ción no podría constituir cosa juzgada en un juicio posterior sobre propiedad, por las mismas razones expuestas al con-siderar el primer motivo del recurso.

El tercero y cuarto motivos del recurso pueden sinteti-zarse en uno, a saber: error en la apreciación de las prue-bas por no haber dado la corte valor legal a la escritura pú-blica de venta por Cecilio Nido a favor de Francisco Virella y estimar demostrada la existencia del fraude.

Según muestran los términos de la sentencia, la corte inferior declaró nnla la escritura de 30 de noviembre de 1911 por ser nna escritura de venta simulada sin que mediara precio cierto.

Ciertamente que esa escritura muestra prima facie que Cecilio Nido vendió a Francisco Virella Uribe la finca de 22 cuerdas que se describe en la demanda por la suma de $330, que el vendedor confesó tener recibidos con anterioridad al otorgamiento de dicba escritura; pero ese documento ba sido atacado de nulidad por falta de causa en el contrato, o sea por no haber mediado precio en la compraventa celebrada, y las pruebas practicadas en el juicio demuestran esa ale-gación fundamental de la demanda, según apreciación de la corte sentenciadora.

Cecilio Nido afirma que Emilia Virella hizo con él un con-trato de arrendamiento' con relación a la finca de que se trata y después la puso en cabeza de él, sin que pagara precio al-guno por dicba finca, la que a su vez traspasó luego al deman-dado Virella sin que tampoco éste pagara a Nido precio al-guno, pues sólo le pagó Virella $230 por gastos que babía becbo en beneficio de la finca.

Emilia Virella está conforme con Cecilio Nido en que arrendó a éste la finca sin que le pasara la propiedad de la misma en venta, y agrega que Francisco Virella le dijo que le diera los papeles de la finca para tenerlos seguros, pues Nido la engañaba, habiéndola despedido Virella de su casa cuando le reclamó la devolución de esos papeles.

Francisco Virella expresa que compró la finca a Nido en la inteligencia de que era de la propiedad de éste, habién-dole pagado $330 como precio de la misma y $20 más por ciertos gastos que en la finca babía becbo Nido, y que Emilia Virella “hablaba en todas partes diciendo que Nido le babía armado emborujos, pero Nido le repitió a él que la finca era suya, habiendo creídp en su palabra.”

Explica Virella Uribe que el pago de los $350 se hizo en dos cheques a la orden de Cecilio Nido contra el Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, el primero de ellos expe-dido en 1°. de mayo de 1911 por cantidad de $200, y el segundo en 27 del propio mes por valor de $150. Esas fechas son muy anteriores a la de la escritura de 30 de noviembre de 1911.

Nido, contra lo declarado por Yirella Uribe, dice que éste le pagó en metálico los $230 por las mejoras que había hecho en la finca y que los dos cheques representaban una grati-ficación que le hizo Verilla Uribe por un traspaso de arren-damiento de terrenos de la propiedad de Antonio Capella.

Antonio Capella está conforme en que tenía arrendada a Cecilio Nido una finca en Patillas, cuyo arrendamiento cedió luego Nido a Francisco Yirella.

Niega Yirella Uribe haber hecho gratificación alguna a Cecilio Nido por la cesión del arrendamiento de terrenos de Capella, aunque le pagó $40 ó $50 en efectivo por peque-ños gastos hechos en el terreno arrendado.

Hemos expuesto en síntesis las pruebas concernientes al caso, prescindiendo de detalles y contradicciones. La corte inferior, apreciando esas pruebas, llegó a la conclusión de hecho de que la escritura de venta otorgada por Nido a favor de VireU a Uribe era simulada por falta de precio o conside-ración, como simulada era también la anteriormente otor-gada por Emilia Yirella a favor de Cecilio Nido y no encon-tramos que dicha corte procediera con pasión, prejuicio o parcialidad o con manifiesto error al establecer dicha con-clusión. No debemos ir contra ella, obrando en congruen-cia con la jurisprudencia establecida por esta Corte Suprema en repetidas decisiones.

En cuanto al último fundamento del recurso, nos basta consignar que el error alegado, en caso de existir, perjudi-caría a la parte demandante apelada, y como ésta no ha pre-tendido la subsanación del mismo apelando de la sentencia, nos abstenemos de considerarlo.

Por las razones expuestas, es de confirmarse la senten-cia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: En Juez Asociado Sr. del Toro,

license: Public Domain

text:
    Ortiz, Recurrente, v. El Registrador de San Germán, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador interino de la Propiedad de San Germán denegando la inscripción de una escritura de ratificación de venta de terrenos.
    No. 262.
    Resuelto en abril 14, 1916.
    Inscripción de Títulos — Venta por Herederos en Representación del Cau-sante-Inscripción Previa a Pavor de los Herederos. — Cuando los here-deros de una persona ejecutan una obligación de su causante que quedó incumplida, ya procediendo voluntariamente o ya apremiados para ello, y al efecto otorgan una escritura de venta como prueba formal de un verdadero contrato llevado a efecto en vida por el causante; para que el comprador pueda inscribir su título en el registro, no se necesita la inscripción previa a nombre de los herederos otorgantes, por aparecer inscrito el dominio de la cosa tras-mitida a favor de la persona en cuyo nombre y representación se hace la trasmisión.
    Estado Civil — Nombre del Cónyuge — Defecto Subsanable — Palta Subsana-ble — Corrección de Defectos — Acta Matrimonial. — Cuando del registro no aparece claramente el nombre de la esposa del vendedor al tiempo de adqui-sición de la finca vendida, constituye ésto una falta subsanable que puede ser corregida mediante la presentación en el registro por la parte interesada de copia certificada de la correspondiente acta matrimonial.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Benito Forés.

    El registrador interino recurrido, Sr. Francisco Socorro, compareció en nombre propio.
   En Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 26 de diciembre de 1915 comparecieron ante el nota-rio público Benito Forés de nna parte José Ortiz Lugo y sus hijos María Isabel, María Cleofe, Luisa Josefa, Catalina, Candelaria Beatriz, María Teresa, Braulio y Adolfo Ortiz y Toro, y de otra Juan Ortiz y Toro, y otorgaron la escri-tura número 130 de la cual resulta que siendo dueños el com-pareciente José Ortiz Lugo y su esposa Adela Toro de cierta finca rústica, la vendieron al otro compareciente Juan Ortiz Toro por la suma de $300 que los vendedores recibieron del •comprador, entrando éste en posesión de la finca; que Adela Toro murió antes de que se otorgara la correspondiente escri-tura pública haciendo constar el contrato de que se ha hecho mérito, y que reconociendo la certeza de lo acaecido, el dicho José Ortiz Lugo y todos los herederos de Adela Toro se avi-nieron a declararlo en forma solemne y a ratificar como rati-ficaron en todas sus partes el contrato previamente celebrado.

La escritura se presentó en el registro acompañada de la declaratoria de herederos de Adela Toro hecha por la corte de distrito competente, y el registrador se negó a inscribirla por medio de la siguiente nota contra la cual se ha interpuesto el presente recurso gubernativo. La nota dice así:

“No admitida la inscripción del precedente documento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Hipotecaria, por el de-fecto insubsanable de no tratarse de herencia yacente y aparecer la finca, objeto de la inscripción que se pretende, inscrita a nombre de José Ortiz y Lugo, de estado casado, sin que se exprese el nombre de la esposa, y no solicitarse la previa inscripción a favor de los here-deros de Adela Toro; tomándose en su lugar la anotación por ciento veinte días que determina la ley, al folio 17 del tomo 8o. del municipio de Lajas, finca número 410, anotación A. San Germán, enero 12 de 1916.”

1. La cuestión relativa a la previa inscripción a favor de los herederos, ha sido terminantemente resuelta por esta Corte Suprema en el caso de Coy v. El Registrador de San Juan, 22 D. P. R. 432, en contra del criterio sustentado por el registrador. La jurisprudencia establecida en dicho caso, en el cual se analizó la resolución de la Dirección General de los Registros de España de 3 de noviembre de 1879, es como sigue:

“Guando los herederos de una persona ejecutan la obligación de su causante, que quedó incumplida, ya procediendo voluntariamente o porque fueran apremiados para ello, otorgando escritura de venta como prueba formal del verdadero traspaso del dominio que ya se había hecho, y para que el comprador pudiera inscribir su título, no se necesita la inscripción previa a nombre de los otorgantes, por apa-recer inscrito a favor de la persona en cuyo nombre y representación se hace la trasmisión.” Coy v. El Registrador de San Juan, 22 D. P. R. 433.

2. El otro defecto apuntado por el registrador existe. Sin embargo, a nuestro juicio, sólo constituye una falta sub-sanable.

De todo el contenido de la escritura se deduce que la finca de que se trata fue adquirida por José Ortiz Lugo estando casado con Adela Toro, pero a fin de que ese lieclio quede acre-ditado en forma tal que no deje lugar a dudas de ningún gé-nero, la parte interesada deberá presentar en el registro copia certificada del acta matrimonial de los dichos José Ortiz y Adela Toro.

Por virtud de todo lo expuesto, opinamos que debe decla-rarse con lugar el recurso y en su consecuencia revocarse la nota recurrida, ordenándose al registrador que verifique la inscripción solicitada con el defecto subsanable de no apa-recer claramente del registro el nombre de la esposa del ven-dedor José Ortiz Lugo al tiempo de la adquisición de la finca vendida.

Revocada la nota recurrida con defecto subsanable.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    Delgado, Recurrente, v. El Registrador de San Germán, Recurrido.
    Regueso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Germán inscribiendo con defecto subsana-ble una escritura de venta de fincas rústicas.
    No. 271.
    Resuelto en abril 14, 1916.
    Estado Civil — Nombre del Cónyuge Cuando el Adquirente es Casado — Precio de Compra — Sociedad Conyugal — Presunción de Matrimonio. — El hecho de que en la fecha ele adquisición la ley solo exigiera al notario el hacer eonstarr en la escritura el estado de la adquirente sin que estuviera obligado a expresar el nombre del cónyuge cuando era casado, no puede afectar los derechos de-' este último cuando el precio de la compra procede de la sociedad eonyugaf,-pues se presume, cuando el adquirente es casado al tiempo de la compra, que el precio de ella tiene su origen en la sociedad conyugal hasta tanto se de-muestre lo contrario.
    Id. — Nombre del Cónyuge — Defecto Subsanable — Presunción de Matrimo-nio. — Cuando en la escritura sólo consta que el adquirente era casado en la fecha de adquisición sin que aparezca el nombre del cónyuge, adolece de de-fecto subsanable un subsiguiente contrato sobre la propiedad. No existe pre-sunción de que uno que hoy está casado con determinada persona lo estuviese con la misma en cierta fecha- del pasado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Benito Forés.

    El Registrador recurrido, Sr. A. Malaret, compareció en nombre propio.
   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Tomás Delgado presentó una escritura en el Registro de San Germán por la cual Doña Juana.Ramona Vélez y Mar-tínez, su madre y sus dos hermanos, vendieron cierta finca a dicho Delgado. El marido de Doña Juana, Don Fernando Ballester, también firmó la escritura para dar su consenti-miento al traspaso hecho por su esposa. El registrador ins-cribió la escritura con el defecto subsanable de no acreditarse que Doña Juana Ramona Vélez y Martínez estuviese casada, con Don Fernando Ballester al adquirir el condominio que-enajena. El primitivo traspaso hecho a Doña Juana sólo-decía que era casada, pero no expresaba quién era su marido..

Teníamos alguna duda respecto a si del registro no cons-taba que la propiedad en cuestión pertenecía a los bienes pri-vativos de la esposa, puesto que aunque ella adquirió la misma, por compra, lo hizo en unión de su madre y hermanos, hecho del cual resultaba probable que su título era exclusivo de-cualquier derecho por parte de su marido en la fecha de la adquisición. Por tanto, hicimos que el registrador certificara la escritura original. De dicha certificación solamente apa-rece que Doña Juana Ramona y las demás personas adquirid-xon por compra, pero no existe en la escritura nada que acre-dite cuál es el origen del dinero de la compra.

Alega el recurrente que en la fecha de la adquisición de la finca no había nada en la ley que exigiera al notario hacer constar el nombre del marido, sino meramente el estado de las personas que adquirían. Pero el hecho de que el notario no estaba obligado a expresar quién era el esposo, no podía afectar la cuestión de los derechos de éste último si en rea-lidad de verdad el precio de compra de la participación de Doña Juana Ramona procedía de la sociedad conyugal. Se ha resuelto por nuestra jurisprudencia que se presume que el precio de compra tenía su origen en la sociedad conyugal hasta tanto se demostrara lo contrario.

Siendo esto así, era necesario demostrar de algún modo que Doña Juana en realidad estaba casada con su actual es-poso en la fecha de la adquisición de la finca. Su marido en esa fecha, por presunción legal adquirió un derecho igual al de ella y si ha muerto, sus herederos tendrían un derecho. No existe presunción de que uno que hoy está casado con determinada persona lo estuviese con la misma en cierta fecha del pasado.

En estas circunstancias creemos que era necesario acre-ditar con quién estaba casada Doña Juana en el año 1906 para proteger el derecho del comprador, contra la eventualidad de que en esa fecha estuviera casada con uno que no fuera su actual esposo. El defecto es susceptible de ser corregido mediante prueba sencilla. Cuando una cosa es susceptible de ser corregida fácilmente con un costo tan insignificante y el registrador claramente procede en favor de personas que pueden ser terceros, creemos que las partes deben tra-tar de venir a un acuerdo aun cuando procediera una ape-lación técnica.

Debe confirmarse la nota.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Presideote Sr. HerNÁNdez,

text:
    Montes de Oca, Demandante y Apelante, v. Báez et al., Demandados, y Sucesión Gómez, Opositores y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en causa sobre cancelación de hipoteca.
    No. 1398.
    Resuelto en abril 14, 1916.
    Ejecución de Hipoteca — Cobro de Créditos Hipotecarios — Procedimiento Su-mario Hipotecario — Vía de Apremio — Venta de Bienes Hipotecados.' — -Con arreglo a la ley y a la jurisprudencia hoy vigente, el cobro de un crédito hipotecario puede perseguirse por el procedimiento sumario de la Ley Hipo-tecaria y su Reglamento, o con sujeción a los preceptos del Código de Enjui-ciamiento 'Civil, debiendo regularse en uno y otro caso por la ley aprobada en 9 de marzo de 1905, la vía de apremio o la venta de los bienes hipotecados.
    Ejecución de Sentencia — Preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil Antigua — Orden General 118. — La Ley de Enjuiciamiento Civil que comenzó a regir en esta isla el Io. de enero de 1886, en la parte relativa a ejecución de sentencias, no fué derogada por la Orden General 118 de agosto 15, 1899, sino que estuvo en vigor hasta que fué sustituida por el código actual de Io. de julio de 1904.
    Ejecución de Hipoteca — Segundos Acreedores Hipotecarios — Procedimiento de Apremio — Acreedores Hipotecarios Preferentes — Subasta.—Con suje-ción a la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil y a la Ley Hipotecaria, los segundos y siguientes acreedores hipotecarios eran notificados del procedi-miento de apremio seguido para el cobro del crédito del acreedor hipotecario preferente, y esa notificación debe llevarse a cabo en el procedimiento suma-rísimo actualmente vigente, según disponen los artículos 171 y 172 del Regla-mente para la ejecución de la Ley Hipotecaria, para que puedan intervenir en la subasta. Si no intervinieren, no pueden quejarse de sufrir agravio pol-la aplicación del artículo 125 de la Ley Hipotecaria.
    Id. — Ley Relativa a las Sentencias y Manera de Satisfacerlas — Segundos Acreedores Hipotecarios — Notificación Previa de la Subasta — Cancela-ción de Hipoteca — Debido Procedimiento de Ley. — Aun cuando la ley de 9 de marzo de 1905 relativa a las sentencias y manera de satisfacerlas nada dispone con relación a los segundos y posteriores acreedores hipotecarios, si se sigue el procedimiento ordinario o común para el cobro de un crédito hipo-tecario, su silencio no autoriza que sin haber tenido ellos noticia previa de la subasta, se dé cumplimiento con respecto de los mismos al artículo 125 de la Ley Hipotecaria, por tener ellos un derecho real sobre la finca que se va a enajenar y convenirles que se obtenga el mayor precio en la venta. La noticia previa es indispensable para que la cancelación se lleve a efecto me-diante debido procedimiento de ley.

      Id. — Notificación Previa de la Subasta — Segundos Acreedores Bifotecarics — Cancelación de Hipoteca.' — Cuando la demanda se dirige únicamente contra el deudor, la notificación previa de la subasta a los segundos y posteriores acreedores hipotecarios es bastante para la cancelación de las hipotecas pos-teriores. Se interpreta el artículo 125 de la Ley Hipotecaria en armonía con los 171 y 152 del Reglamento, y se da aplicación al artículo 36’ del Código de Enjuiciamiento Civil.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Pascasio Fajardo Martínez.

    Abogado de la apelada: Sr. José 8abater.

   El Juez Presideote Sr. HerNÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública otorgada en 15 de febrero del año 1892, Bamón y Osvaldo Báez constituyeron hipoteca a favor de Emilio Gómez y Martínez sobre finca urbana de la pro-piedad de aquéllos, para garantir cierto crédito a favor de Gómez y Martínez cuya hipoteca fue debidamente inscrita en el Begistro de la Propiedad de Mayagüez.

Por escritura posterior de Io. de septiembre de 1898, tam-bién inscrita en el mencionado registro, los citados Báez cons-tituyeron sobre la misma finca otra hipoteca a favor de Bosa Báez y Méndez, para garantir otro crédito por valor de $8,000, y comparecido en esa escritura Emilio Gómez y Martínez postergó a favor de Bosa Báez, su derecho de primer acree-dor hipotecario.

La Bosa Báez cedió su crédito a favor de Teresa Oamoín Báez por escritura de 19 de junio de 1893, y esa señora hizo igual cesión, a favor de Enrique Montes de Oca por escritura de 20 de julio de 1909, ambos documentos también inscritos en el registro.

Enrique Montes de Oca en 9 de agosto de 1909, entabló demanda ante la Corte de Distrito de Mayagüez contra Bamón y Osvaldo Báez para el cobro del crédito hipotecario que le había sido cedido por Bosa Báez, ajustándose al procedi-miento ordinario establecido por el Código de Enjuiciamiento Civil, y en ese procedimiento recayó sentencia en 30 de octu-bre del mismo año por la que los demandados fueron con-denaclos a pagar la suma reclamada, intereses y costas del pleito.

Expedida orden al márslial para la ejecución de la sen-tencia, fné subastada la finca hipotecada en 24 de diciembre de 1909, previa la publicación de edictos, y a la subasta con-currieron como Imitadores únicamente el demandante Enrique Montes de Oca y Miguel Salgado, de los cuales el primero ofreció $1,000 por dos terceras partes de la propiedad, y el segundo $500 por la otra tercera parte, habiendo sido adju-dicada la finca a dichos postores Montes y Salgado, en las partes proporcionales indicadas.

Los hechos expuestos fueron alegados por la representa-ción de Montes de Oca en moción que el 14 de agosto de 1915 presentó a la corte de Mayagüez con súplica de que se expi-diera mandamiento al registrador de la propiedad para que cancelara la inscripción de la hipoteca a que se refiere la escritura de 15 de febrero de 1892, según procedía, en cum-plimiento de la ley No. 31 de 1912, para enmendar el artículo 125 de la Ley Hipotecaria.

La Sucesión de Emilio Gómez se opuso a la cancelación solicitada, y la corte la declaró sin lugar en octubre 1 de 1915, por estimar que no era de aplicación al caso el artículo 125 de la Ley Hipotecaria, contra cuya orden interpuso Montes de Oca recurso de apelación para ante esta Corte Suprema.

Opinamos con la corte inferior que no es aplicable al caso el artículo 125 de la Ley Hipotecaria, cuya infracción invoca la parte apelante como fundamento del recurso. El artículo 125 de la Ley Hipotecaria, en su apartado 2°., reproducido literalmente en la Ley No. 31 de 1912, dice así:

“En los casos de que sobre una o varias fincas graviten créditos hipotecarios de varios acreedores y lleguen a venderse o adjudicarse para el pago al primer acreedor, en términos de que el valor de lo vendido o adjudicado o no iguale o no supere al crédito hipotecario que se realice, los créditos restantes se entenderán de hecho y de derecho cancelados, y se cancelarán en el registro, previa presentación del oportuno mandamiento judicial en que consten la venta o la adju-dicaeión y sus causas, con expresión del acto que constituya la sol-vencia del crédito preferido, todas las inscripciones posteriores de censos e hipotecas y las anotaciones de embargo becbas también con posterioridad, dejando libres de todo gravamen por estos conceptos la finca o fincas enajenadas o adjudicadas.”

Con arreglo a la ley y a la jurisprudencia hoy vig’entes, el cobro de un crédito hipotecario puede perseguirse por el procedimiento sumario de la Ley Hipotecaria y su Regla-mento, o con sujeción a los preceptos del Código de Enjui-ciamiento Civil, debiendo regularse en uno y otro caso pol-la ley aprobada en 9 de marzo de 1905, la vía de apremio o la venta de los bienes hipotecados. Jiménez et al. v. Brenes, 10 D. P. R. 128; Banco Territorial y Agrícola v. Erwin, Juez de Distrito, 10 D. P. R. 412; El Pueblo v. The Port América Co., 13 D. P. R. 128; Cintrón et al. v. El Banco Territorial y Agrícola, 15 D. P. R. 507.

Con relación al procedimiento sumario para el cobro de créditos hipotecarios establecido por el artículo 128 y siguien-tes de la Ley Hipotecaria y completado por el artículo 168 y siguientes del Reglamento para la'ejecución de dicha ley, ordena el artículo 171 del Reglamento en su último apartado, que cuando en las certificaciones del registro de la propie-dad consten los domicilios de las personas interesadas en las responsabilidades que se hubieran inscrito después del derecho del actor, el juez mandará a la vez, que el requeri-miento de pago al deudor, que se intente la notificación del auto de requerimiento a dichas personas interesadas en aque-llos domicilios si en ellos fueren habidos; y para el caso de que no tenga efecto la notificación expresada, previene el artículo 172 en su párrafo 2o. que los edictos señalando día, hora y sitio del remate servirán también para hacer saber la subasta a los acreedores que tengan inscritos o anotados sus derechos sobre los bienes con posterioridad al del eje-cutante, debiendo. expresarse al efecto los nombres de éstos interesados según resulten de la certificación del registro para que puedan concurrir a 'la subasta si les conviniere.

La Ley de Enjuiciamiento Civil que comenzó a regir en esta isla desde el día Io. de enero del año 1886, y qne en la parte relativa a ejecución de sentencias no fné derogada por la Orden General No. 118 de agosto 15, 1899, sino que estuvo vigente hasta que fué sustituida por el código actual en Io de julio de 1904, ordenaba en su artículo 1488 que cuando' de la certificación del registrador de la propiedad resulta-ban gravados los bienes embargados con segundas o poste-riores hipotecas no canceladas, debía hacerse saber a los acreedores que se hallaran en ese caso, el estado de la eje-cución para que intervinieran en el avalúo y subasta de los bienes si les conviniera, y contenía en sus artículos 1516 y 1517 preceptos análogos a los del artículo 125 de la Ley Hipo-tecaria que dejamos transcrito.

Tenemos, pues, que con sujeción a la antigua Ley de En-juiciamiento Civil y a la Ley Hipotecaria, los segundos y siguientes acreedores hipotecarios eran notificados del pro-cedimiento de apremio seguido para el cobro del crédito de un acreedor hipotecario preferente y esa notificación debe llevarse a cabo en el procedimiento sumarísimo actualmente vigente, según disponen los artículos 171 y 172 del Regla-mento para la ejecución de la Ley Hipotecaria. En virtud de tal notificación, los segundos y siguientes acreedores hipo-tecarios tienen conocimiento del procedimiento de ejecución y pueden intervenir en la subasta. Si no intervinieren, no pueden quejarse de sufrir agravio por la aplicación del ar-tículo 125 de la Ley Hipotecaria.

Si se sigue el procedimiento ordinario o común para el cobro de un crédito hipotecario, la ley de 9 de marzo de 1905 relativa a las sentencias y la manera de satisfacerlas, nada dispone con relación a los segundos y posteriores acreedores hipotecarios, pero su silencio no puede autorizar que sin haber tenido ellos noticia previa de la subasta, se dé cum-plimiento respecto de los mismos, al artículo 125 de la Ley Hipotecaria. Están interesados en la subasta por tener un derecho real sobre la finca que se va a enajenar, y convenir-les que se obtenga el mayor precio en la venta. La noticia previa es indispensable para que la cancelación se lleve a efecto mediante debido procedimiento de ley.

En apoyo de la anterior doctrina podemos citar nuestra decision en el caso de Canals Hermanos & Compañía, S. en C., v. Ortiz et al., 22 D. P. R. 74. En dicho caso se- solicitaba por la parte actora la venta de una finca hipotecada, con la cancelación en el registro de una segunda hipoteca, y como se alegara la excepción de indebida acumulación de partes por la razón de no serlo el segundo acreedor hipotecario, la corte dictó resolución en el sentido de que siendo una de las peticiones de la demanda la venta de la finca hipotecada, y pretendiéndose además la cancelación de ambas hipotecas en el registro de la propiedad, era un hecho claro que el segundo ■acreedor hipotecario era propia parte. Si hubiera podido ■decretarse la cancelación de la segunda hipoteca después de satisfacerse la piimera sin quedar residuo alguno, y para ello no hubiera sido necesario dar noticia alguna de la subasta al segundo acreedor hipotecario, indudablemente hubiera prosperado la excepción de indebida acumulación de partes.

En el caso expresado, tal como se formuló la demanda, era parte propia el segundo acreedor hipotecario, pero cuando la demanda se dirige únicamente contra el deudor, como en ■el presente caso, la notificación previa de la subasta al se-gundo y posteriores acreedores hipotecarios, es bastante para la cancelación de las hipotecas posteriores. Así interpreta-mos el artículo 125 de la Ley Hipotecaria, en armonía con los 152 y 171 del Beglamento, y damos aplicación al artículo 36 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Es de confirmarse la resolución apelada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison firmó “conformé con la sentencia.”


author: El Juez Asociado Se. HutchisoN,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Valdés, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Gruayama en causa sobre daños maliciosos.
    No. 885.
    Resueto en abril 14, 1916.
    Daños Maliciosos — Malicia—Animales—Penetración en Propiedad Ajena— Acto Criminal. — Cualquiera que sea la clase o grado de malicia necesaria para constituir el delito de daños maliciosos de acuerdo con el artículo 514 del Código Penal, su existencia siempre puede negarse mediante prueba ade-cuada de que otros lian sido los motivos, y el motivo por el cual una persona mata o causa daño a un animal que penetre en la propiedad ajena es el medio que hay que probar para la criminalidad del acto.
    Id. — Animales—Penetración en Propiedad Ajena — Malicia.—El solo y simple hecho de penetrar un animal en una propiedad ajena cansando algún ligero daño en ella, sin estar acompañado de algún otro hecho, no es por sí suficiente para negar la demostración prima facie de malicia.
    Id. — Animales'—Destrucción de Propiedad — Derecho de Propiedad. — Cuando la prueba demuestra que los animales estaban constantemente -penetrando en la propiedad donde por fin fueron muertos; que estaban destruyendo siembras por valor mayor al de dichos animales; que por un lado se sacaban y por otro entraban inmediatamente; que al dueño de los mismos repetidas veces se le llamó la atención para que los sacara de la propiedad, contestando que no eran los suyos, que los mataran, siendo el acto de dar muerte a dichos animales necesario para proteger el derecho de propiedad, no existe el delito de daños maliciosos.
    Id. — Ordenanzas Municipales — Animales Realengos — Presunción de Orde-nanza — Conocimiento Judicial. — Cuando en una denuncia por haber dado muerte a un animal no consta en manera alguna de los autos que fuera pro-movida o considerada en forma alguna por la corte a quo la cuestión de si existiendo en los municipios ordenanzas sobre animales realengos que castigan con multa a sus dueños, el acusado debió haber apresado y encerrado el animal en vez de darle muerte, la Corte Suprema no puede presumir la existencia de dichas ordenanzas, aun cuando - al juzgar al acusado la corte inferior hu-biera tomado conocimiento judicial de las mismas.
    Id; — Malicia-—Ordenes del Principal — Absolución del Acusado. — Cuando el acusado actúa sin malicia alguna al dar muerte al animal y con el solo pro-pósito de defender la propiedad bajo su cuidado, cumpliendo órdenes expresas de sn principal dadas después de haberse agotado sin resultado todos los medios razonables para proteger las cosechas nacientes y solamente cuando ya la paciencia dejaba de ser una virtud, él debe ser absuelto.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José G. Ramois.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. HutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

El acusado y apelante fué declarado culpable por un delito' de daños maliciosos de acuerdo con el artículo 514 del Código Penal, el cual es como sigue:

“Artículo 514. — Todo el que maliciosamente matare, estropeare o-hiriere algún animal perteneciente a otro, o que maliciosa y cruel-mente golpeare, torturare o lastimare cualquier animal, suyo o ajeno, incurrirá en misdemeanor.”

La prueba testifical en tanto tiende a demostrar la exis-tencia o no de malicia, que es la única cuestión envuelta en este caso, es en substancia como sigue:

Rogelio Pérez, que fué quien formuló la denuncia, declara que estando el denunciante en el patio de su casa, en ocasión en que miraba hacia el oeste, vió al acusado que hacía fuego con una escopeta y figurándose que dicho acusado había tirado a alguno de sus cabros corrió hacia el sitio de la ocurrencia. Al llegar allí el acusado dijo: “Yo maté los cabros porque estaban en la propiedad y tengo órdenes de Don Domingo Mundo, dueño de la’ propiedad, de que cuanto cabro se pre-sente aquí lo mate.” “Esos cabros los teníamos achicados en la orilla del río; pero parece que la cabra rompió la sog*a y se soltó y al pasar por la guardarraya de la finca del Sr. Mundo y el río el acusado les tiró y los mató. En el sitio donde los cabros fueron muertos no había siembras. ’ ’ Repre-guntado por el abogado defensor, contestó, “que vió al acu-sado cuando hizo fuego pero no veía el sitio en donde se en-contraban los cabros en ese momento porque quedaba el sitio en donde éstos se encontraban en sentido opuesto. Que tenía los cabros amarrados en el río. Que se trata de una cabra con su cría y que solamente sabe que la cabra la amarró y se soltó y vió al acusado cuando disparó un tiro sin saber el denunciante en qué sitio estaba la cabra, y luego, al ir, vió que la cabra estaba muerta en la guardarraya.”

Maximiliano Castro declara “que el día de autos, encon-trándose en el río, sintió nn disparo y entonces se dirigió hacia donde había sentido el tiro y vió allí nna cabra con su cría muertas; la cabra estaba en la parte afuera de la palizada y el cabrito en la parte adéntro de la finca de Don Domingo Mundo, cerca de la palizada. Casi en los momentos en que el exponente había llegado al sitio, llegó el acusado que era guarda de Don Domingo Mundo y dijo que él era quien había matado la cabra con su cría. ’ ’ Repreguntado por el abogado defensor dijo “que oyó solamente un disparo y que se encon-traba al lado del sitio del suceso. Que en el sitio en que en-contró muerto al cabrito había caña sembrada.” Repregun-tado por el juez contestó “que la palizada estaba en la guar-darraya del Sr. Mundo, es de alambre, de dos o tres-pelos. Que la cabra podía pasar por debajo de esos alambres.” Re-preguntado nuevamente por el Fiscal, contestó ‘£ que el cabrito tendría dos o tres meses, y que la cabra llevaba un pedazo de soga colgando.”

Rafael C. Atilano deciará, “que el día a que se refiere la denuncia estaba el deponente cerca del acusado, como a cien metros de distancia y vió una cabra con su cría que subía una cuestecita y al momento al acusado que disparó un tiro y los mató,' siendo los animales propiedad de Rogelio Pérez.”

Por la defensa declara Domingo Mundo “que conoce al acusado Bartolo Valdés quien durante el mes de mayo del año pasado 1913, desempeñaba la ocupación de guarda de la colonia del exponente. Que el día a que se refiere la denun-cia salió el declarante a voltear su colonia como de costum-bre, y al pasar por el río frente a la pieza de cañas denomi-nada ‘El Cementerio’ vió en ella la cabra, con su cría. Que entonces se dirigió a la casa de un agregado en busca del ga-nado y le interrogó por él. Que el agregado le contestó: ‘Ahora mismo va por ahí y va a. ver unos cabros que están en la pieza del cementerio.’ Que se fué el declarante y vió que efectivamente el guarda entraba a la pieza de cañas e hizo un disparo; entonces vió el deponente una cabra que saltaba por la barranca y caía a la orilla del río y que el ca-brito quedó muerto en el mismo sitio. Que en su propiedad penetraban esos cabros siempre, continuamente, por un lado se sacaban y por otro entraban porque el denunciante no tenía pastos para esos cabros; de nocbe los tenía en su casa y de día los ponía en la orilla del río en un pedregal donde no hay yerba y, naturalmente, la pieza de cañas que estaba como lechugas pues se le echaba agua del riego, esos cabros iban y se metían allí y la destrozaban. Varias veces el depo-nente llamó la atención al denunciante acerca del daño que le estaban haciendo los cabros y respondía: ‘Esos cabros no son míos; si se los encuentra ahí, máteles; que ya digo, no son míos.’ Entonces pensé: “para salvar y proteger mi caña es preciso matar esos cabros; si no son de nadie serán míos, y di órdenes al guarda para que los matara con objeto de proteger mi plantación, ya que los cabros no valen en com-paración con los cientos de pesos que cuesta la caña y teniendo en cuenta que el cabro a la vez que pone la boca en una mata de caña ésta se muere. El río ese de que se ha hablado no tiene agua, sólo que tiene el cauce que cruza por mi propie-dad y yo lo colindo por ambos lados.” Repreguntado por el Fiscal contestó ‘ ‘ que se hallaba a una cuerda de distancia del sitio en donde se encontraban los cabros y que podía ver per-fectamente pues la caña estaba pequeña. Que la cabra fué la que cayó al río y que el cabrito fué el que quedó muerto en el sitio. Que el deponente estaba ya cansado de ir donde el denunciante y le decía ‘mire que los cabros me están destro-zando la caña y esas plantaciones me cuestan muchísimo dinero; el cabro come la caña y ésa se muere.’ Me decía ‘pues no son míos; mis cabros están amarrados. ’ ’ ’ Que todas las demás personas que por allí tienen cabros los tienen amarra-dos y algunas de ellas cuando se les sueltan los cogen seguido. Que los cabros venían por la orilla del río y venían comiendo los surcos de caña. Que la cerca es de dos pelos de alambre y no puede poner más porque cuando crece el río se la lleva. Que lo corriente en el campo es poner dos o tres pelos de alambre. ’ ’

Antonio Patino declara “que el día después de haberse matado la cabra a que se refiere la denuncia, fue llamado el testigo en su calidad de policía insular para que fuera a ver unos daños que dichos animales habían hecho en la pro-piedad de Domingo Mundo. Que entraron al sitio y el depo-nente vió una mata de caña que se conocía que la había comido un cabro u otro animal, y al lado había una mancha de san-gre.” Repreguntado por el Fiscal contestó “que solamente había una matita tronchada en la cepa. Que las otras matitas tronchadas se conocía que lo habían sido de viejo pues ya estaban las puntas secas.”

Bartolo Yaldés, el acusado, declara “que el día a que se refiere la denuncia estaba en la casa del Sr. Carlos Soliveras conversando con él y al mismo tiempo le gritó su señora de la otra parte del río: ‘Bartolo, mira los cabros que están en la pieza de cañas.’ Seguido corrió el acusado y se diri-gió a la pieza de cañas y vió los cabros metidos allí; al mismo tiempo que estaba haciendo la puntería con la escopeta se presentó su principal Don Domingo Mundo y entonces el acusado disparó y de un solo tiro mató los dos cabros que estaban en la pieza de cañas; la grande .con las ansias de la muerte se fué por la barranca y el chiquito quedó en el mismo sitio. Que allí no se encontraban ni Maximiliano Castro, Rafael Atilano ni el denunciante. Ellos penetraron por dentro de la finca de Atilano banco sobre banco cruzando por dentro de la finca a salir al sitio donde el acusado mató los cabros. Estos cabros habían muchas veces penetrado en la finca y hecho daño. Se cansó de avisarle al dueño de ellos que era la madre del denunciante. Que llevaba tres meses en la colocación y casi todos los días decía a dicha señora: “Doña Carolina, asegure los cabros que están haciendo daño en la finca de Don Domingo Mundo,” ella le contestaba, “Yo no tengo cabros ningunos y si los encuentra en la pieza de cañas, mátelos. ’ ’ Que aquel día él venía y encontró los cabros de Doña Carolina en la pieza de caña y los mató porque tenía órdenes para ello de Don Domingo Mundo.”

De acuerdo con los lieclios así probados podemos pres-cindir al empezar de toda cuestión relativa a la responsa-bilidad civil por el acto reconocido por el acusado, por injus-tificado e inexcusable que pueda ser si se le considera como un mero daño, así como también de la cuestión de si es nece-saria la malicia real para cometer el delito o si es suficiente la malicia que se infiere de las circunstancias, y a fortiori, la otra cuestión de si en uno u otro caso esa malicia debe diri-girse contra el dueño de la finca a que se ña causado el daño, o si será bastante la malicia contra la propiedad misma. 8 R. C. L. 299, secciones 323 et seq; 3 C. J. 166, secciones 545 y siguientes; Bisbop sobre Delitos Estatutorios, p. 388, secciones 432e y siguientes; 19 L. R. A. (N. S.) 273, nota al caso, 32 Am. Dec. 662, nota.

Cualquiera que sea la clase o grado de malicia necesaria para constituir el delito, su existencia siempre puede negarse mediante prueba adecuada de que otros ban sido los moti-vos y “el motivo por el cual una persona mata o causa daño a un animal que penetra en la propiedad ajena es el medio que bay para probar la criminalidad del acto.” 1 Wharton, Ley Criminal, página 205, sección 159, II id. p. 1535, sección 1322, p. 1551, sección 1345; Bisbop, Delitos Estatutorios, p. 392, sección 437, 8 E. O. L. sección 327.

La mayoría, si no todos los casos que están en conflicto, pueden ser reconciliados en gran parte en tanto se trata del verdadero principio fundamental si los hechos envueltos en cada caso en particular se consideran cuidadosamente te-niendo en cuenta la regla citada últimamente.

Así, pues, en el caso de Snap and Francis v. People, 19 Ill. 80, que ha sido citado por el Fiscal y tal vez con más fre-cuencia que ninguno de los demás a que se ha hecho referen-cia, como uno que sostiene lá proposición que con demasiada liberalidad ha sido enunciada de que “el causar daño o herir animales que penetran en propiedades ajenas no puede estar justificado por la razón de que estaban causando daño enton-ces,” 8 R. C. L. p. 303, sección 327, encontramos que toda la prueba en el caso la corte la condensa en dos frases cor-tas, a saber:

“La prueba mostró que Snap, por orden de Francis, disparó a la yegua con perdigones causándole una herida en el costado, de la cual mejoró. Al ocurrir el beebo la yegua había penetrado en un campo de avena perteneciente a uno de los apelantes el que estaba protegido por una palizada que no era muy buena.”

No existe la más remota indicación de que la yegua hubiera penetrado alguna vez antes en la propiedad ajena, o que hu-biera razón para suponer que el hecho se repetiría, así como tampoco de ninguna circunstancia que demuestre que el acto del acusado fuera necesario de algún modo para proteger la propiedad. Por el contrario, el empleo de perdigones sugiere el espíritu de una extremada crueldad, perversidad, hostilidad y venganza, y los hechos deficientes que revela 'da decisión según han sido publicados, en ausencia absoluta de circunstancias atenuantes fuera de la transgresión misma “demuestran una mente lista y dispuesta a la comisión de un .daño, ’ ’ en vez de un proposito honrado por parte del acu-sado de defender sus nacientes cosechas contra los destrozos de un animal que constantemente está destruyendo, o vicioso, valiéndose el acusado del único medio adecuado y eficaz de acabar con tal molestia. Por tanto, difícilmente puede ser . interpretado el caso como uno en el cual no se establece otra cosa que la proposición de que el solo y simple hecho de pene-trar un animal en una propiedad ajena, causando algún ligero • daño a dicha propiedad sin estar acompañado de algún otro hecho, no es por sí suficiente para negar la demostración prima facie de malicia. Véase también a State v. Grimes, 13 S. W. 955.

En el caso de State v. Murphy, 68 S. E. 570, la corte se expresó como sigue:

“Hubo prueba de que el acusado había sido molestado por los cerdos de sus vecinos que penetraban en su propiedad y de que les había dado aviso de sacarlos. Declaró el denunciante que el acusado le había dicho algunos días antes de haber disparado al cerdo que iba para allá con su escopeta a disparar a todo lo que encontrara allí; que iba a disparar a los cerdos; a matar cualquier cosa maldita que llegara allí. El acusado reconoció haber matado el cerdo.”

Las excepciones impugnaban la resolución de la corte sen-tenciadora entre otras razones por “negarse a conceder un nuevo juicio después de haber instruido al jurado que era una buena defensa a la acusación el probar que se mató al animal mientras penetraba en el recinto del acusado, y con el fin de impedir la destrucción de su propiedad, cuando la prueba mostraba que ésas eran las circunstancias por las cuales se dió muerte al cerdo,” y la corte, refiriéndose a esta cuestión, dijo lo siguiente:

“Sin expresar ninguna opinión en cuanto a la corrección de la instrucción de que era una buena defensa a la acusación probar que se mató al animal mientras penetraba en el recinto del acusado, y con el fin de impedir la destrucción de su propiedad, como no está ante la corte la cuestión relativa a la corrección de esa proposición, no vemos que exista error en negar el nuevo juicio después de la instruc-ción así dada por la corte, porque evidentemente que el jurado encontró probado que la protección de la propiedad del acusado no era el único motivo que había para matar al cerdo, sino que el acto se realizó maliciosamente. Estando sostenida por la prueba esa con-clusión, la resolución del juez de circuito sobre la moción de nuevo juicio no puede ser revisada por este tribunal.
“La moción de nuevo juicio se fundaba en las conclusiones de hecho del jurado que se alegó eran erróneas. En contestación, el juez manifestó que el jurado conocía a la vecindad y a la gente mejor que él, y es de presumirse que por esa razón creyó que sus conclu-siones eran correctas, por lo menos, él alegó eso como una razón para negarse a modificar el veredicto. Esa fué una razón buena y sufi-ciente. ’ ’

El caso de. Stephens v. State, 8 Am. Crim. Rep. 158, en el cual acusado fué declarado culpable de crueldad con los animales, es- un caso algo más análogo al caso presente por razón de los hechos:

“La prueba demuestra que los cerdos de un vecino penetraron en la propia cosecha de Stephen; que Stephen fué donde el dueño de los cerdos quien le ayudó a sacarlos de su finca; que los cerdos vol-vieron a penetrar en su propiedad y que éste fué nuevamente donde el dueño de los mismos de quien solicitó ayuda para sacarlos, a lo que éste último se negó. Entonces Stephen trató de ponerlos fuera, pero después de correr detrás de ellos por algún tiempo sin poder sacarlos, cogió su escopeta y mató varios de los mismos. En el juicio ofreció probar que tenía la debida palizada alrededor de su propie-dad, lo que no le fué permitido por la corte. Entonces pidió a la corte que instruyera al jurado que si de la prueba aparecía que él mató los cerdos para proteger su cosecha, etc., y no guiado por un espíritu de crueldad hacia los cerdos, debía de ser absuelto. La corte negó esta instrucción, se dictó sentencia contra él, e interpuso ape-lación.”

En la Corte Suprema de Mississippi, sin vacilación alguna, y creemos que correctamente, hace aplicación del principio fundamental envuelto, como sigue:

“La corte inferior incurrió en error al negarse a instruir al jurado a solicitud del apelante, en el sentido de que debían declararlo no culpable si creían, en vista de la prueba, que él mató los cerdos mientras causaban daño a su cosecha, y para evitar que fuera des-truida y no impulsado por un espíritu de crueldad para con los animales. Dicha instrucción era aplicable a la prueba y exponía la ley correctamente. Era inmaterial el hecho de si el apelante tenía o no debidamente la palizada. El motivo por el cual el acto fué rea-lizado es el medio de probar si fué o no criminal. A menos que el apelante actuara movido por un espíritu de crueldad o con un deseo de causar dolor y sufrimiento innecesario a los animales, no era culpable del delito* que se le imputó. Puede haberse extralimitado en sus derechos por lo que es responsable civilmente, pero su propósito e intención fué proteger su cosecha de la destrucción, no infringió el estatuto de acuerdo con el cual fué acusado.”

En el caso de Hobson v. State, 44 Ala. 380 (nota 128 Amer. St. Rep. 164) se resolvió que ‘ ‘ si en un juicio por daños mali-ciosos por matar un cerdo, el jurado cree que el acusado actuó de acuerdo con las instrucciones que tenía de su principal, y que él creía que tenía derecho a matar el animal en cumpli-miento de dichas órdenes, y que no tenía predisposición hacia el dueño del animal, debía ser absuelto.” Véase también a People v. Kane, 29 N. E. 1014, 37 N. E. 104; Brady v. State, 26 S. W. 621.

En el caso de Lott v. The State, 9 Texas Ct. App., 206, el cual se menciona en 47 Amer. Rep. 310, nota, una acusa-ción por herir ilegalmente a un cerdo, la corte se expresó en los términos siguientes:

“Creemos, sin embargo, que la corte incurrió en error al negarse a permitir al acusado probar por medio del testigo Reeves ‘que el cerdo acostumbraba, y por bastante tiempo había estado penetrando, en la finca del acusado, alrededor de su molino y siembras, destru-yéndolos y causando gran molestia y daño al acusado; y que tan pronto como el acusado mató el cerdo, inmediatamente remitió su importe en dinero al dueño en pago del mismo. Esta prueba debió haberse sometido al jurado para que fuera tomada en consideración al resolver si se mató al animal voluntaria y aviesamente, sin excusas y bajo circunstancias que demuestran un espíritu ilegal, o si en vista de las circunstancias tales hechos negaban dichos impulsos, motivos y desenfrenos. Branch v. The State, 41 Tex. 622; Jones v. The State, 3 Tex. Ct. App. 228.”

En la misma nota puede verse una relación más ex-tensa de otro caso muy interesante, el de Thomas v. State, 14 Texas Ct. App., 220, en el que se aplica el mismo principio a hechos algo diferentes. Véase también a Wright v. The State, 76 Amer. Dec. 656; Farmer v. State, 2 S. W. 767; State v. Churchill, 98 Pac. 854.

En el presente caso la prueba no ha sido contradicha en cuanto a que el denunciante tenía sus cabras atadas, cuando así lo hacía, a la orilla de un río en un pedregal; que estaban ■constantemente haciendo destrozos en la finca donde por fin fueron muertas; que estaban destruyendo propiedad por valor'que estaba fuera de toda comparación al de dichos ani-males; que por un lado se sacaban .y por otro entraban inme-diatamente; que tanto al dueño como a su madre, repetidas veces se le llamó la atención para que los sacaran de las cañas y a menudo contestaban que los animales que penetraban en su finca no eran sus cabras, que sus cabras estaban amarra-das y hasta le dijeron al dueño del terreno sembrado de cañas y a su guarda, el acusado, que si encontraba allí los cabros los matara. El pedazo de soga que llevaba la cabra colgando en el pescuezo es una prueba elocuente de la poca resistencia de la misma, de igual modo que las manifestacio-nes becbas por el acusado y su principal no solamente no han sido negadas por el dueño de las cabras, sino que por el contrario están firmemente corroboradas por su propia y franca confesión de la conclusión instantánea a que llegó al oir el disparo respecto a la verdadera identidad del blanco invisible y por la precisión inequívoca de ese ligero pensa-miento intuitivo que le Iiizo correr, no al lugar donde habían sido amarradas las cabras, sino directamente al sitio de la matanza.

No tenemos necesidad de considerar en sus detalles la alegación que hace el Fiscal de que puesto que en todos los municipios existen ordenanzas sobre animales realengos que castigan con multa a sus dueños, el acusado debió haber apre-sado y encerrado las cabras en vez de dispararles, y que el hecho de resolverse a elegir este último medio indicaba mali-cia. No coñstando en absoluto en los autos que semejante cuestión hubiera sido promovida y considerada en forma al-guna por cualquiera de las cortes que conocieron de la causa, no podemos suponer la existencia de dicha ordenanza, aun cuando la corte municipal, o hasta la de distrito, al juzgar el caso de novo hubieran tomado conocimiento judicial de la misma, de haber existido, y, por tanto, no resolvemos ahora hasta dónde hubiera podido afectar a la resolución de esta apelación tal ordenanza si de los autos hubiera aparecido que existía o que fue tenida en cuenta por la corte inferior.

Según los hechos que aparecen de los autos, el acusado actuó con el mejor propósito, sin malicia de ninguna clase, real o aparente, y con ningún otro fin que el de defender la propiedad donde estaba empleado para cuidarla, por el hecho de cumplir con las órdenes expresas de su principal dadas después de haber sido agotados sin resultado todos los medios razonables para proteger las cosechas nacientes y solamente cuando ya la paciencia dejaba de ser una virtud.

La sentencia apelada debe ser revocada.

Revocada la sentencia apelada y absuelto el acusado, con las costas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. del Toro no intervino en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. del Tobo,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Viader, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en causa por delito de perjurio.
    No. 949.
    Resuelto en abril 25, 1916.
    Perjurio — Apreciación de las Pruebas — Conflicto de Prueba. — En este caso la prueba del Piseal tendía a demostrar que Bernardino González Goyena residía en San Juan, y la de la defensa que residía en Carolina. El jurado dirimió el conflicto en contra del acusado. Se resolvió: Que en'ausencia de una demostración cumplida de que el jurado actuara movido por pasión pre-juicio o parcialidad, o de que cometiera algún error manifiesto, su decisión debía prevalecer.
    Nuevo Juicio — Descubrimiento de Nuevas Pruebas — Actividad de la Parte.'— El acusado que solicita la concesión de un nuevo juicio fundado en el des-cubrimiento de nuevas pruebas, no sólo ha de presentar declaraciones juradas que acrediten cuáles fueron dichas pruebas, sino que debe expresar también bajo juramento que no le fué posible presentar tales pruebas en el juicio, aduciendo las razones que le impidieron hacerlo así, y expresando las diligen-cias que practicara para obtenerlas antes del juicio, a fin de que el ti-ibimal pueda apreciar si desplegó la mayor actividad posible para el descubrimiento de dichas pruebas.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José de J. Tizol„
    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El Fiscal del Distrito de San Juan, formuló acusación contra José Narciso Yiader, imputándole un delito de per-jurio cometido así:

“El citado José Narciso Viader, allá el día 16 de julio de 1914, en San Juan, que forma parte del distrito judicial del mismo nombre, y en los días fijados para bacer las recusaciones de los electores que podían tomar parte en las elecciones generales que deben celebrarse el día 3. de noviembre de 1914, en la Isla de Puerto Rico, ilegal, volun-taria y maliciosamente y con la intención de privar de su voto al elector capacitado Bernardino González Goyena, compareció ante el Notario Público de Puerto Rico, Roberto H. Todd, el que en su carác-ter de notario público estaba autorizado para tomar juramentos y entonces y allí y a sabiendas de que juraba una falsedad, después de haber jurado decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, afirmó, constándole su falsedad y siendo un hecho esencial, que Bernardino González Goyena, el que aparecía inscrito en la lista de electores capacitados, inscritos en julio de 1914, como vecino del barrio de Santurce, con la edad de 53 años, de color trigueño, no tenía residencia, no era vecino de la municipalidad de San Juan, solicitando su eliminación de las listas; siendo la verdad que es vecino de Santurce, dentro de la municipalidad de San Juan.”

El acusado hizo la alegación de no culpable y solicitó jui-cio por jurado. Celebrada la vista, fué declarado culpable. Solicitó nuevo juicio basándose en el descubrimiento de nue-vas pruebas y su solicitud fué desestimada. La corte lo con-denó a sufrir la pena de un año de presidio y apeló enton-ces para ante esta Corte Suprema de la sentencia y de la resolución denegatoria del nuevo juicio.

El apelante no 'ha presentado alegato escrito alguno en apoyo del recurso, pero estuvo representado en el acto de la vista del mismo por su abogado.

Después de un estudio cuidadoso de los autos, opinamos que debe confirmarse la sentencia apelada.

La acusación es correcta. Contiene todos los requisitos esenciales que la ley y la jurisprudencia exigen para que se entienda cometido un delito de perjurio. Las instrucciones son sencillas y claras y no consta que fueran excepcionadas. La prueba resultó contradictoria. La del Fiscal tendió a demostrar que Bernardino González Goyena residía en San Juan, la de la defensa que residía en Carolina. El jurado dirimió el conflicto en contra del acusado y en ausencia de una demostración cumplida de que actuara movido por pasión, préjuicio o parcialidad, o de que cometiera algún error mani-fiesto, su decisión como tantas veces hemos dicho debe pre-valecer. Las nuevas declaraciones ofrecidas tendían a pro-bar que el elector residía en Carolina porque era un ven-dedor ambulante a quien constantemente veían en dicho pueblo. Dicha prueba era en cierto modo acumulativa y ade-más y sobre todo no se demostró la dilig-encia del acusado para descubrirla con anterioridad al juicio y ya esta corte ha resuelto en repetidos casos, siguiendo la jurisprudencia claramente establecida por los tribunales del Continente, que “el acusado que solicite la concesión de un nuevo juicio fun-dado en el descubrimiento de nuevas pruebas, no sólo ha de presentar declaraciones juradas que acrediten cuáles fue-ron dichas pruebas, sino que debe expresar también bajo jura-mento que no le fué posible presentar tales pruebas en el jui-cio, aduciendo las razones que le impidieron hacerlo así, y ex-presando las diligencias que practicara para obtenerlas antes del juicio, a fin de que el tribunal pueda apreciar si desplegó la mayor actividad posible para el descubrimiento de dichas pruebas.” El Pueblo v. Milán, 7 D. P. R. 455. Véanse también los casos de El Pueblo v. Otero, 11 D. P. R. 343; El Pueblo v. Agrait, 9 D. P. R. 457; El Pueblo v. Díaz, alias Martillo, 5 D. P. R. 203, segunda edición, y El Pueblo v. Goitía, 5 D. P. R. 121, segunda edición.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso- • ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. del Tobo,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Gabino, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Hnmacao en cansa por infracción del artíenlo 162 del Código Penal.
    No. 973.
    Resuelto en abril 25, 1916.
    Delito Contra el Derecho Electoral — Derecho Electoral — Acusación Sufi-ciente — Inscripción de Electores — Residencia.—De acuerdo con el artículo 162 del Código Penal, es suficiente una acusación que imputa al acusado el hecho de que voluntariamente se hizo inscribir en el registro de electores del municipio, sabiendo que no tenía derecho a tal inscripción por carecer de la residencia legal que determina la ley, o sea, un año con antelación a la fecha de las elecciones.
    Inscripción de Electores — Personas que Pueden Inscribirse — Listas Elec-torales — Electores Capacitados.' — Sólo pueden inscribirse los que tengan dereeho a votar, y por lo tanto si una persona que sabe que no tendrá derecho a votar, eso no obstante se inscribe, comete el delito a que se refiere la sección 162 del Código Penal. Las listas se llaman electorales, y fué el propósito-de la legislatura que sólo figuraran en ellas electores capacitados para votar.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Arturo Aponte, Jr.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El Fiscal de la Corte de Distrito de Hnmacao formuló acusación contra José (Jabino, imputándole la comisión del siguiente hecho:

“El citado acusado, allá por uno de los días del mes de julio de 1914, y en Naguabo, que forma parte del Distrito Judicial de Huma-cao, allí y entonces, voluntariamente se hizo inscribir en el registro de electores del referido municipio de Naguabo, sabiendo que no tenía derecho a tal inscripción, por carecer de la residencia legal que deter-mina la ley, o sea, un año de residencia con antelación al 3 de noviem-bre de 1914, fecha de la elección.”

Al leérsele la acusación, el acusado se declaró no culpable, y en el acto del juicio excepcionó la acusación por no cons-tituir delito público los hechos en la misma especificados. La corte desestimó la excepción y el acusado entonces se declaró culpable procediendo la corte a dictar sentencia imponién-dole cincuenta pesos de multa y en defecto de pago diez días de cárcel. El acusado y condenado interpuso entonces el presente recurso de apelación.

A nuestro juicio, la denuncia es suficiente. El artículo 162 del Código Penal, la ley aplicable, citada por el Fiscal en la misma acusación, dispone que incurrirá en misdemeanor “toda persona que voluntariamente se hiciere o dejare inscribir en el registro de electores de cualquier municipio de Puerto Rico, sabiendo que dicha persona no está capaci-tada para ello; * * * . ’ ’ La sección 15 de la ley sobre elec-ciones e inscripciones (Comp. estatutos y códigos de P. R., 1911, p. 184), prescribe que “Todo varón, * * * y que hubiere residido durante un año, con antelación a la fecha de las elecciones, en el municipio donde se celebre la elección, tendrá derecho a votar en el precinto donde estuviere inscrito su nombre, * * Y el 3 de noviembre de 1914 tuvieron lugar unas elecciones generales en la Isla de Puerto Rico y, por consiguiente, en el municipio de Naguabo.

Si lo expuesto en el párrafo que precede se relaciona con lo consignado en la denuncia, no hay que hacer esfuerzo alguno para concluir que el Fiscal imputó al acusado un hecho claramente constitutivo de un delito menos grave previsto y castigado por la ley.

El caso de El Pueblo v. Gallardo, 22 D. P. R. 153, no es aplicable. Allí se trataba de una doble inscripción no penada por la ley, y aquí se trata de una inscripción hecha volun-tariamente por una persona que sabía que no tenía derecho a ello pues no llevaba en el municipio donde se inscribió el año de residencia con anterioridad a la élección que exige la ley para conferir el derecho a votar.

. La circunstancia de que la ley de elecciones e inscripcio-nes hable del derecho a votar y no del derecho a inscribirse, no tiene importancia. Sólo pueden inscribirse los que ten-gan derecho a votar y, por lo tanto, si una persona qne sabe qne no tendrá derecho a votar, eso no obstante se inscribe, comete el delito a qne se refiere la sección 162 del Código Penal. Las listas se llaman electorales y fné el propósito del legislador qne sólo figuraran en ellas electores capacita-dlos para votar.

Por virtud de todo lo expnesto, debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada Ico sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Gabino, Acusado y Apelante. El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Piñero, Acusado y Apelante.
    Apelaciones procedentes de la Corte de Distrito de Hnmacao en cansas por infracción del artículo 162 del Código Penal.
    Nos. 984 y 987.
    Resuelto en abril 25, 1916.
    Resueltos por los fundamentos de la opinión emitida en el caso No. 973, Pl Pueblo y. Gabino (p. 727).
    Abogado de los apelantes: Sr. Arturo Aponte, Jr.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   Confirmadas las sentencias apeladas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro, Aldrey .y Hutchison.


author: El Juez Asociado Su. Aldeey,

text:
    El Pueblo, Demandante, y Apelado, v. García, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de 'la Corte de Distrito de Humacaoen cansa por infracción del artículo 162 del Código Penal.
    No. 974.
    Resuelto en abril 25, 1916.
    Confesión de Culpabilidad — Acusación—Excepción Perentoria de no Consti-tuir Delito los Hechos Denunciados — Impedimento—Apelación.—La con-fesión de culpabilidad hecha por un acusado al leérsele la acusación y después de desestimada una excepción, si los hechos imputádosle no constituyen delito alguno, no impide que en apelación se considere si la acusación le imputó-algún delito y que se le absuelva en caso negativo.
    Delito Contra el Derecho Electoral — Derecho Electoral — Edad—Inscrip-ción de Electores — Listas Electorales. — Por lo que respecta a edad no tiene derecho a inscribirse en las listas electorales el que no puede votar en la próxima elección, o sea, el que no haya de tener eu ese día veintiún años o más, y a contrario sensu, tiene derecho a inscribirse el que pueda votar en la fecha de la próxima elección, aun cuando no tenga los veintiún años en la fecha de la inscripción.
    Id. — Suficiencia de la Acusación — Menores de Edad — Elecciones.—Para que una acusación sea suficiente a imputar el delito especificado en el artículo 162 del Código Penal, o sea, por haberse inscrito el acusado sin tener derecho a ello por ser un menor de edad, es necesario que exprese además que en las próximas elecciones sería menor de veintiún años.
    Inscripción de Electores — Listas Electorales — Elecciones.—Las listas elec-torales sólo deben contener nombres de personas que puedan tomar parte en> las elecciones, que sean electores.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Arturo Aponte, Jr.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Su. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

Al apelante Delfín García se le acusó en el tribunal inferior de infringir el artículo 162 del Código Penal porque en julio de 1914 se hizo inscribir en el registro de electores de Naguabo, “sabiendo qne no tenía derecho a tal inscrip-ción por no tener la edad qne la ley exige para ser elector, o sea 21 años o más.” Alegó en el tribunal inferior qne los hechos expresados en la acusación no son constitutivos de delito y habiendo sido desestimada esa excepción, se declaró culpable y fné condenado a pagar nna multa ordenándose también qne su nomore fuera borrádo de las listas electorales.

En el recurso que establece contra la sentencia alega como única cuestión a resolver por nosotros la expresada excep-ción aducida en el tribunal inferior.

Desde luego que la confesión de culpabilidad hecha por él al leérsele la acusación, y después de desestimada su excep-ción sólo significa que reconocía y aceptaba la certeza de los hechos contenidos en la acusación y si tales hechos no cons-tituyen delito alguno no está impedido, a pesar de su con-fesión de culpabilidad, de que nosotros consideremos si come-tió delito y que lo absolvamos en caso negativo.

Tenemos conocimiento judicial de que en noviembre de 1914 se celebraron elecciones en esta isla y el hecho que sus-tancialmente se imputó al apelante es que en julio de ese año se inscribió en las listas electorales sabiendo que no podía inscribirse porque no tenía 21 años; esto es, que no tenía edad para ser elector. En vista, pues, de los términos de la acusación la cuestión, que surge de ella y que suscita el apelante es si para tener derecho a inscribirse se necesita tener el día de la inscripción 21 años o más, que es la edad que la ley exige para ser elector o si puede inscribirse un menor de 21 años que tenga derecho a votar en la elección que se celebra meses después de la inscripción.

La ley electoral no dice quiénes tienen derecho a inscri-birse en las listas electorales pero como en la sección 15 ex-presa que todo varón, ciudadano de Puerto Rico o de los Estados Unidos, de 21 años o más, el día de la elección * * * tendrá derecho a votar en el precinto electoral donde estuviere inscrito, nos parece claro que, por lo que respecta a edad, tienen derecho a inscribirse cuando se verifican las inscripciones los que pueden votar en noviembre, o lo que es lo mismo, los que tengan 21 años o más el día que haya de celebrarse la próxima elección puesto que la ley les reco-noce el derecho de votar si están inscritos, y a contrario sensu no tiene derecho a inscribirse el que no pueda votar en la próxima elección, o sea el que no haya de tener en ese día 21 años o más.

Expuesto lo que precede tenemos que llegar a la conclu-sión de que la acusación formulada contra el apelante no le imputó delito alguno pues el mero, hecho de que el día que hizo su inscripción fuera menor de 21 años no es constitutivo de delito porque no le privaba de inscribirse en las listas elec-torales si para el día de la elección tendría 21 años o más y para que la acusación fuera suficiente a imputar el delito especificado en el artículo 162 citado, era necesario que expre-sara además que en las próximas elecciones sería menor de 21 años porque entonces se habría inscrito sin tener derecho a la inscripción ya que las listas electorales sólo deben con-tener nombres de personas que puedan tomar parte en las elecciones, que sean electores. Véase El Pueblo v. Rodríguez, resuelto en julio 30, 1915.

La sentencia apelada debe ser revocada y el apelante ab suelto.

Revocada la sentencia apelada y absuelto el acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Rivera, Acusado y Apelante. El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Sandoz, Acusado y Apelante. El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Rosario, Acusado y Apelante. El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Meléndez, Acusado y Apelante. El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Matos, Acusado y Apelante. El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Arieta, Acusado y Apelante. El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Colón, Acusado y Apelante.
    Apelaciones procedentes de la Corte de Distrito de Huma cao en cansas por infracción del artículo 162 del Código Penal.
    Nos. 975, 977, 978, 980, 981, 982 y 986.
    Resueltos en abril 25, 1916.
    Resueltos por los fundamentos de la opinión emitada en el easo No. 974, M Pueblo v. García (p. ,730).
    Abogado de los apelantesSr. Arturo Aponte, Jr.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   Revocadas las sentencias apeladas y absueltos los acusados.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutcliison.


author: El Juez Asociado Sr. Audrey,

text:
    Guánica Céntrale, Recurrente, v. El Registrador de San Germán, Recurrido.
    Recubso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Germán, denegando la inscripción de un contrato privado de compraventa de cañas.
    No. 273.
    Resuelto en abril 25, 1916.
    Denegatoria de Inscripción — Facultades de los Registradores — Fundamentos de la Nota. — No tiene facultades un registrador para denegar por segunda vez la inscripción de un documento por fundamentos distintos de los consig-nados en la primera nota, por ser obligación de los registradores reunir en una sola nota todos los motivos legales de su negativa.
    Calificación de Títulos — Negativa de Inscripción o Anotación — Fundamentos de la Negativa. — Una nota de un registrador que niega o no admite la ins-cripción o anotación que se le pide de un documento, expresando las razones que tiene para ello, es claramente una calificación del documento.
    Id. — Devolución del Documento sin Extender Operación Alguna. — No es una calificación del documento cuando el registrador se limita a devolverlo sin extender en él operación alguna, esto es, sin admitir o negar la inscripción o anotación del mismo.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de la recurrente: Sr. Benito Forés..

    El registrador recurrido, Sr.'A. Malaret, compareció en nombre propio.
   El Juez Asociado Sr. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Presentado en el Registro de la Propiedad de San Ger-mán para anotación en el registro de contratos agrícolas el que celebraron Juan Gelpí y “Guánica Céntrale” por docu-mento privado suscrito ante notario, de acuerdo con las dis-posiciones de la ley de marzo 10 de 1910, el registrador puso nota al pie de él no admitiendo la anotación porque no se había cancelado el impuesto de un dólar en el documento original y porque no se consignó en el registro otro sello de cincuenta centavos para la anotación que se pedía. Contra esa resolución estableció “Guánica Céntrale” recurso gu-bernativo que fué resuelto por nosotros en marzo 7 de 1916 declarando que no existían los defectos expresados por el registrador recurrido.

Presentado de nuevo el documento al registrador se niega éste otra vez a verificar la anotación por otros motivos de los que antes consignó en su primera negativa de anotación y vuelve “Guánica Céntrale” a establecer este nuevo recurso '.gubernativo para que ordenemos al registrador que veri- • fique la anotación del documento en cuestión.

El registrador recurridtí no desconoce que en el caso de Roig v. El Registrador de la Propiedad de Humacao, 18 D. P. R. 11, declaramos que no tiene facultades un registra-dor de la propiedad para denegar por segunda vez la ins-cripción de una escritura por fundamentos distintos de los Consignados en la primera nota por ser obligación de los registradores reunir en una sola nota todos los motivos lega-les de su negativa, pero alega que esa decisión no es aplica-ble al presente caso porque el documento que motiva este recurso no lia sido calificado dos veces, siendo ahora que se califica por primera vez por cuanto la anterior vez se devol-vió el documento sin calificar y sin hacer operación alguna en los libros del registro.

Está equivocado el registrador recurrido en la anterior apreciación porque el documento no fue devuelto sin califi-car sino que por el contrario fue calificado por cuanto el regis-trador- expuso en su nota que no admitía la anotación del documento por los motivos que en ella consignó, y una- nota de un registrador que niega o no admite la inscripción o la anotación que se le pide de un documento expresando las razones que tiene para ello es claramente una calificación del documento. Porque el documento estaba calificado fuá que resolvimos el primer recurso que estableció “Guánica Cén-trale” pues en caso contrario nos hubiéramos negado a resol-verlo, como nos negamos, en el caso de González v. El Registrador de Arecibo, 19 D. P. R. 1067, en el que el registrador devolvió el documento sin extender en él operación alguna porque no se había cancelado cierto sello de rentas inter-ñas. En este caso el registrador se limitó a devolver el docu-mento sin admitir ni negar la inscripción a diferencia del caso presente en que se resuelve no admitir la anotación que se pedía. Existió, pues, una primera calificación del docu-mento que ahora consideramos y por consiguiente es de apli-cación el caso de Roig v. El Registrador, supra, de acuerdo con cuya doctrina el registrador recurrido se extralimitó en sus facultades al consignar la segunda nota contra la cual se recurre ahora y debe ser revocada ordenándosele que veri-fique la anotación del contrato.

Revocada la nota recurrida, y ordenada la ano-tación del contrato de que se trata.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro, y Hutchison.