author: El Juez Asociado Se. Wolf,

text:
    Mandry et al., Apelados, v. La Compañía Azucarera del Este et al., Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a.
    No. 822.
    Resuelto originalmente en febrero 18, 1913.
    Resuelto en reconsideración en abril 4, 1913.
    Venta — Pago bel Precio — Error de Hecho — Deducción del Importe de una Hipoteca y sus Intereses. — Los demandantes vendieron a la Compañía Azucarera del Este una finca por la cantidad de $138,585.30. Se convino que se deduciría de dicha cantidad el importe de lo que los demandantes resultaran adeudando al Baneo Territorial y Agrícola. Según liquidación heeha por el banco, esta deuda ascendía a $54,032.33. Algunos meses des-pués la sociedad compradora canceló la deuda hipotecaria adeudada al banco págandole $27,643.07, y constituyó una hipoteca mayor sobre la misma finca a favor del banco para garantizar un préstamo que había obtenido. Los demandantes reclaman la devolución de la suma de $26,389.20,' más intereses desde octubre 30,'1900, porque lo adeudado al banco en la época en que se hizo la venta era únicamente $27,643.07; se resolvió que aun cuando no se ha demostrado que Hubiera fraude por parte de la Compañía Azucarera dél Este, el contrato de venta se otorgó con un error de heeho ón que incu-rrieron ambas partes y que la Compañía Azucarera del Este debe pagar a los demandantes la suma de $26,389.20 con intereses al 6 por ciento anual desde el 30 de agosto de 1910, en que se entabló la demanda.
    Fraude — Prueba.—La existencia de fraude no se ha probado en el presente caso. Corporaciones — Bocios.—El mero hecho- de que algunos socios de una corpora-ción sean también socios de otras, no hace responsable a la corporación, como entidad jurídica, de los actos realizados por uno de sus socios cuando for-maba parte de otra corporación. , ■
    'reconsideración de sentencia.
    Reconsideración de Sentencié — Fundamentos Alegados pór Primera ' Vez — ■ ■ Corporaciones. — La moción'de reconsideración' se'funda -en-que -la--alegación 11 de la demanda de1 que la - Yabueoa Sugai;' Company y Toro Fabián y Compa-ñía er.an los continuadores de la Compañía Azucarera del Este, no fué im-pugnada y en que del registro constaba que no se había pagado el precio total de la venta, y que por tanto, los adquirentek posteriores eran respon-sables. dq , Ja 'parte dejada de pagar. Se resolvió en cuanto al primer mo-tivo, que la negación general hecha por el demandado imponía al demandante la obligación de probar todas sus alegaciones y en cuanto al segundo funda-mento, que-no habiendo sido'alegada y discutida en la corte' inferior ni ante este tribunal en apelación, no podía alegarse con éxito por primera vez como motivo de reconsideración, aparte de que en el registro no se hizo asiento con respecto a la parte del precio que se dejó de pagar, que pudiera servir de aviso a los adquirentes posteriores.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sres. Alvares Nava y Domín-guez.. ■ .
    Abogado de los apelados:- Sr. José E. Benedicto.

   El Juez Asociado Se. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Al morir Don Cristóbal Vallecillo en el año 1897, su viuda e hijos, estos últimos casi todos menores de edad, encontra-ron que .sobre la hacienda “Mercedita” y otras dos fincas más, pesaba una "hipoteca a favor del Banco Territorial y Agrícola, constituida en el año 1895, para responder de se-senta y cinco mil pesos, los que con sus intereses al 9 por ciento, ascendían a ciento diez y ocho mil treinta y dos pesos, cincuenta y dos centavos, que habían de ser pagados en 30 semestres y de los cuales sólo habían sido satisfechos cuatro, hasta el fallecimiento de Don Cristóbal.

No pudiendo los herederos hacer frente a estas deudas y a otras de Don Juan Beltrán y Don Roberto Graham, y siendo apremiados por sus acreedores y habiendo el expresado banco comenzado gestiones para cobrar judicialmente lo que se le debía, los expregados herederos resolvieron vender la hacienda “Mercedita” y otras fincas; y al efecto el día 2 de octubre de 1900 celebraron con Don Rafael Fabián, Don Enrique Delgado, Don Conrado Palau, y otros, un contrato por el cual se comprometieron a vender en el término de un mes la citada Jiacienda a la sociedad Compañía Azucarera del Este,-que dichos señores proyectaban constituir para expío-tar a la referida “Mercedita” y otras fincas. El precio convenido para la venta se fijó en la suma de $120,000 y £3,709 17s. 3d. de cuya cantidad se deduciría el importe de lo que la Sucesión Valleeillo resulta adeudando al Banco Territorial y Agrícola, ascendente a 90,735 pesos 79 centavos, equivalente a $54,032.27, según liquidación hecha en esa misma fecha. Este cálculo fué hecho por el banco y suministrado a las partes contratantes.

T en 30 del mismo mes y año, la Sucesión Valleeillo hizo a favor de la Compañía Azucarera del Este la venta defini-tiva dé la hacienda “Mercedita” y de otra propiedad, com-puesta de unas 870 cuerdas, por la suma convenida en el contrato, cuyo total equivale a $138,585.30. La escritura expresa que ciertas sumas habían de deducirse y pagarse por la Compañía a diferentes personas incluyendo la deuda pen-diente con el banco, siendo todas estas personas acreedores de la Sucesión Valleeillo. La cláusula en que especialmente se hace referencia- del pago al banco, es como sigue:

“De esta cantidad (osea $138,585.30 expresada en el contrato como la causa o precio de la venta) debe deducirse en primer término la suma de $54,032.27 a que monta el crédito hipotecario y los intereses que pesan sobre la primera finca vendida, según liquidación de 30 de septiembre último, y cuya cantidad se reserva la compañía compra-dora para abonarla al acreedor, o sea al Banco Territorial y Agrícola de esta Isla. ”

Las otras sumas que se dedujeron se debían a otros acree-dores y habían de entregárseles por la compañía compradora;

Algunos meses después de esa compraventa la Compañía Azucarera del Este necesitó dinero para el fomento de la hacienda o plantación “Mercedita” y habiendo acudido en solicitud de él al banco, se negó éste a recibir en garantía una segunda hipoteca por prohibirlo sus reglamentos y sus estatutos, pero consintió en dar la cantidad solicitada me-diante la constitución de otra hipoteca en concepto de primera, que comprendiese en su totalidad'el nuevo préstamo y'el que aun se adeudaba de los Valleeillo y consiguiente cancelación de ésta.

Este nuevo contrato o hipoteca se celebró finalmente el día 31 de agosto de 1901, y la liquidación que se hizo en julio 30 de 1901, mostraba que la cantidad necesaria para arreglar el crédito hipotecario de Valleeillo era de $27,643.07. En otras palabras, la suma que se hubiera necesitado en octubre de 1900, fecha de la venta para cancelar el crédito, hubiera sido aun menor de $27,643.07 teniendo en cuenta los intereses. Por tanto puede decirse, hablando en términos generales, que en octubre de 1900, en vez de necesitarse la suma de $54,032.27 para cancelar el crédito, solamente era necesaria la mitad de dicha suma.

La hipoteca de Valleeillo, según sus términos, llegaba hasta cierta fecha del año 1910. La demanda en este pleito se esta-bleció en 30 de agosto del 1910, en la que se expresaron sus-tancialmente los anteriores hechos y en adición a los mismos alegaron los demandantes que los demandados, o .algunos de ellos, habían hecho creer de modo fraudulento a los deman-dantes que la suma que se debía a la compañía en la fecha de la venta era la de $54,000 en vez de ser una de $27,000. La razón por la cual decimos, “algunos de los demandados,” es porque la finca “Mercedita” fué posteriormente vendida a otras compañías y el pleito se ha establecido contra todos ellos. La alegación de fraude se hizo prácticamente contra la Compañía Azucarera del Este. La corte inferior resolvió que la compañía había sido culpable de fraude 'y engañado a los demandantes y ordenó que pagara la suma de $26,839.27 a los demandantes, con sus intereses desde el día 30 de octubre de 1900. La suma así adjudicada por la corte,'es la diferencia entre los $54,032.27 y la suma que efectivamente pagó la Compañía Azucarera del Este al banco. .

No ha sido .demostrado por la prueba que la Compañía Azucarera del Este fuera culpable de-fraude, pero creemos, que las partes otorgaron el contrato-de; compraventa debido a un error de hecho ■ cometido .por dichas partes. ¡Ambas partes creyeron al parecer que la suma total de $54,032.27 había de pagarse al banco. Los demandados no niegan que la cantidad que solamente se debía al banco en la fecha de la venta eran unos $27,000, pero lo que sí afirman, es qué el contrato se hizo en tal forma, porque los demandados espera-ban utilizar la suma de $54,000 más. o menos, durante todo el término de la hipoteca de yallecillo. Alegan además que cuando arreglaron la deuda con el banco los $27,000 quedaron incluidos en la" nueva hipoteca ■ y que en la operación que se siguió, todavía tenían necesidad de cancelar una Obliga-ción de $27,000 con intereses. En verdad creemos que los demandados tenían cierta idea de haber verificado el pago de la suma total de $54,000, pero esto' evidentemente no se verificó.

Examinemos el propio contrato. La causa que en el mismo se expresa es la suma de $138,585.30. Los demandados recibieron en cambio todas las fincas hipotecadas y algunas otras. Debe suponerse y en verdad ha sido admitido por los demandados, que el valor real de la finóa era la suma fijada en la escritora. Los demandados admiten de igual modo que aunque la transacción en realidad no fué una muy conveniente cuando se hizo, sin embargo, resultó luego un buen negocio. Con el 'fin al parecer de que no continuara la finca sujeta a ninguna obligación que ellos mismos no pu-dieran cumplir, retuvieron varias sumas para pagar a varios acreedores incluyendo el Banco Territorial. De aceptar la teoría de los demandados relativa a que los intereses era la verdadera cuestión del contrato, según dijo uno de ellos, sería revestid a la operación de un carácter fraudulento que ya hemos visto no fué lo que ocurrió; en otras palabras, si los demandados tenían la intención de reservar la .suma de $27,000 y expresaron, que pagaban $138,000 y que solamente entregan el equivalente de $111,000, esto hubiera sido un juego de números por .parte de pilos y por consiguiente un fraude. Hubiera habido .una gran falta de franqueza al no expresar la causa en la cantidad de $111,000. El contrato de la compañía demandada era el cónservar el dinero para el pago de la dencla al banco y al encontrar que esta deuda era solamente de $27,000 .en' vez ’ de $54,000, 'quedaron obligados para con los demandantes por una suma igual a la diferencia. De igual modo si hubieran encontrado que la deuda de Bel-trán o G-raham era menor qué la suma especificada en la escritura, hubieran incurrido en iguales obligaciones para la devolución de la misma' a los demandantes. Puede alegarse que los demandados no hubieran celebrado el' contrato de haber sabido que inmediatamente quedaban obligados al pago de otros $27,000 a los demandantes; pero considerando el con-trato tal como aparece, creemos que' puede inferirse de sus propios términos que los demandados trataron de pagar a los demandantes la suma de $138,000 o su equivalente, y al encon-trar que solamente la cantidad de $27,000 de los $54,000 reser-vados era la que se necesitaba, que la suma de $27,000 res-tantes pertenecía a los demandantes.

'Aun cuando puede estimarse que ios demandados empe-zaron a hacer pagos de intereses sobre los $27,000 con motivo de la nueva operación con el banco, cuyos intereses de otro modo no hubieran tenido que pagar, sin embargo, si los $54,000 los hubieran debido en realidad, los demandados hubieran tenido que pagar los $27,000 de dicha suma dentro de la mitad del tiempo hasta donde alcanzaba la hipoteca; pero por otra parte, los demandados hubieran quedado tam-bién obligados al pago de otra suma de $27,000 por la otra mitad del término del contrato, la que en realidad nunca paga-ron; de modo que, como la suma que se debía al banco y la que la compañía reservó eran prácticamente iguales, el in-terés que hubieran tenido que pagar los demandados durante el primer término del contrato, está compensado por los in-tereses que se ahorraron en la última parte del término por el cual se hizo el contrato, debido al hecho de que nunca tuvieron que pagar los segundos $27,000 al banco.

Los demandados promovieron algunas' objeciones legales relativas a que la acción era sobre cobro de dinero indebida-mente satisfecho y el cual debe devolverse,, y que la corte inferior' en sus consideraciones de hecho fundó el cobro por parte de los demandantes en los artículos 1796 y 1797 del Código Civil. La demanda, sin embargo, no hace alegaciones en tal sentido, pues simplemente es un , pleito sobre cobro de dinero que los demandantes alegan que se les debe por los demandados. Si existe algún cambio en la consideración hecha del caso por la corte inferior, éste no podía perjudicar a los demandados por ser incontestables los hechos del caso.

Sin embargo, no creemos, en vista de todas las circuns-tancias del caso, que el demandado esté obligado a pagar intereses desde octubre de 1900. Los demandantes no-están completamente exentos de culpa en este asunto, puesto que era una cuestión muy fácil para ellos el haberse : penetrado» del estado de.su crédito con el banco, y-haber exigido ante-riormente el pago a la Compañía Azucarera del Este. No-hicieron tal cosa, y por, tanto, creemos que el cobro de inte-reses debe estar limitado a la fecha de la presentación de la, demanda.

Si bien la demanda en este caso se ha dirigido también contra las corporaciones “Yabucoa Sugar Company”, y, “Toro, Fabián y Compañía,” compradora la primera a ,1a Compañía Azucarera del Este de la finca a que se refiere este litigio y la segunda también compradora con pacto de re,tro, no vencido en la fecha de la reclamación a la “Yabucoa, Sugar Company,” corporaciones que también han sido con-denadas por la corte inferior al pago de la cantidad especi-ficada en la sentencia, sin embargo, el único hecho probada contra ellas de que algunos de sus socios lo fueron también de la Compañía Azucarera del Este que contrató con los demandantes, no es suficiente para que incurran en la condena que se les ha impuesto, porque tales corporaciones no pueden ser responsables, como entidades jurídicas, de los actos que algunos de sus socios puedan haber realizado cuando forma-ban parte de otra sociedad o ■ corporación, por cuyo motivo deben ser absneltas de la demanda.

Con estas modificaciones debe confirmarse la sentencia.

Modificada la sentencia.

Jueces concurrentes: Sres Asociados del Toro y Aldrey.

El Juez. Asociado Sr. MacLeary hizo constar lo siguiente: “Yo creo que la sentencia dictada por la corte sentenciadora debe ser confirmada en su totalidad tal como está redactada. ’ ’

El Juez Presidente Sr. Hernández no tomó parte en la resolución de este caso:

HabiéNdose pResentado con posterioridad una moción de reconsideración de sentencia, el- Juez Asociado Sr. Wolf, en abril 4, 1913, emitió la siguiente opinión del tribunal.

Dos son los fundamentos en los' cuales basan los apelados la moción sobre reconsideración. El primero hace referencia, en substancia, a que la alegación contenida en la demanda de que la Yabucoa Sugar Company y Toro, Fabián & Co. eran continuadores de la Compañía Azucarera del Esté, nunca fué impugnada formalmente por los apelantes. Sin embargo, • los apelantes hicieron una negación general de los hechos con-tenidos en la demanda, obligando á los demandantes a pre-sentar su prueba; también alegaron específicamente que ha-bían sido compradores y recibieron solamente una parte de la finca, con ciertas limitaciones. Además, el punto concreto fué planteado en una moción de nuevo juicio.

El segundo fundamento para la reconsideración 'consiste, en que no habiendo pagado el precio de la venta en su totali-dad, la apelante, la Compañía Azucarera del Este, cuyo hecho aparecía en la escritura de traspaso, que la inscripción de esa escritura en el registro de la propiedad hizo responsable a los otros apelantes como compradores subsiguientes. En contestación a esto, puede decirse que la escritura no mostraba claramente que una parte de la venta' fuera efectivamente retenida, o que hubiera tenido lugar ninguna otra cosa sino la novación. Fué preciso analizar el documento y la ley para llegar a la conclusión de que la parte del precio de la venta fuese retenida, si es que lo fue. En verdad, el fundamento de la opinión es que al encontrar la Compañía Azucarera del Este que no se debía tanto al banco como dicha compañía creía, quedó en la obligación de pagar a los apelados. Sin embargo, la prueba- de la parte demandada, tal como aparece de la exposición del caso, no demuestra que en' el registro se hiciera constar la cantidad debida por la Compañía Azucarera como precio aplazado en forma tal que sirviera de notificación a los subsiguientes compradores, los otros demandados en este caso. Además, este criterio con respecto a la anotación del registro ha surgido por primera vez en esta moción para reconsideración. Por la demanda no quedaron informados los demandados de dicha reclamación. E3* parecer de la corte sentenciadora era completamente distinto y no se hizo nin-guna indicación con- excepción de la de que dos de los deman-dados se componían principalmente de los mismos directores de la Compañía Azucarera y eran continuadores de esa última. Ante este tribunal no se hizo semejante proposición hasta la fecha. La moción debe ser negada.'

Denegada la reconsideración.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro y Aldrey.

Juez disidente: Sr. MacLeary.

El Juez Presidente Sr. Hérnández no tomó parte en la resolución.de esta moción. ■


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. Wole,

license: Public Domain

text:
    Herederos de Martínez, Apelados, v. Fernández, Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de -Distrito de Mayagüez.
    No. 909.
    Resuelto en febrero 21, 1913.
    Prescripción — Ambigüedad—Detalles (Bill oe Particulars). — Cuando en una demanda se alega que el pagaré en litigio ha sido prorrogado en varias oca-siones durante los años 1907, 1909 y 1911, si la parte demandada desea cono-eer las feelias precisas de las prórrogas, debe solicitar una relación detallada (bill of particulars). Ho es error perjudicial el declarar sin lugar una ex-cepción previa a la demanda por ambigüedad, fundada en la falta de expresión . de dichas fechas.
    Id. — Interrupción de la Prescripción — Promesa Escrita. — Aun en el supuesto de que el artículo 48 del Código de Enjuiciamiento Civil sea aplicable a toda clase- de interrupción de prescripción, no contiene precepto alguno que exija a un demandante que alegue en la demanda que la promesa de un contrato nuevo fué hecha por escrito. Un pagaré puede ser renovado por pagos par-ciales, y por tanto, la promesa no es elemento indispensable para interrumpir la. prescripción.
    Id. — Objeciones—Benuncia—Pruebas.—Ho habiendo el demandado hecho .ob-jeción alguna a la prueba testifical presentada por el demandante para probar las promesas verbales sobre prórroga del pagaré en litigio', se presume • que renunció al derecho que pudiera tener de acuerdo con el artículo 42 del Código de Enjuiciamiento Civil, a que dichas promesas constaran por escrito.
    Alegación — Enmiendas-—Alegato del Apelante — Errores no Especificados.— No constituye un defecto de carácter jurisdiccional, el permitir la corte sen- . teneiadora que se hagá una enmienda sin jurar, a una demanda. jurada.. No habiendo el apelante alegado este error en su alegato, se entiende renunciado .de acuerdo con las reglas 42 y 43 dé esta corte:
    . Los. hechos están expresados, en la- opinión.,
    ■Abogados del. apelante: S.res. José, 8abater, y José G. Torres. .. . ,
    La parte apelada no compareció.
   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del Tribunal.

Presentada en este caso una demanda contra el apelante en cobro de un pagaré que venció el día 30 de diciembre de 1906, el demandado formuló excepción previa a dicha demanda por el fundamento de que la acción había prescrito. La corte de distrito ante la cual se celebró el juicio de novo en apelación,, declaró con lugar la referida excepción y permitió al deman-dante que enmendara su demanda en dicho acto, lo que hizo en los términos siguientes: “que el pagaré que se copia en el hecho primero de esta demanda ha sido- prorrogado o. reno-vado por los demandantes en varias ocasiones durante los años’ 1907, 1909 y 1911, con la anuencia y por súplicas del demandado. ’ ’

Concedida la enmienda, el demandado formuló una excep-ción previa fundándose en qué la demanda era ambigua, inin-teligible y .dudosa, y no aducía hechos suficientes para deter-minar una causa de acción, por no alegarse en dicha enmienda que la interrupción de la prescripción se hiciera por escrito de acuerdo con el artículo 48 del Código de Enjuiciamiento Civil. La Corte de Distrito declaró sin lugar la excepción y el apelante alega que se cometió error.

En cuanto a'la ambigüedad que ha sido alegada, el apelante sostiene que nadie puede determinar en qué día, mes o año tuvieron lugar dichas renovaciones. Tal vez la corte debió haber exigido al demandante que fuera un poco más preciso y si al no proceder así se cometió algún error, éste no era perjudicial, puesto que el demandado ciertamente tuvo conoci-miento de que en varias ocasiones antes de que venciera el tér-mino de la prescripción, dicho demandado había renovado o prorrogado su pagaré y si era importante para él conocer las fechas precisas, pudo haber solicitado que se le hiciera un bill of particulars.

T con. respecto a la alegación que se ha hecho de que la de-manda no expresaba que la nueva promesa se hizo por escrito, se hace difícil determinar a qué cansas de acción o. clases de prescripción hace referencia el artículo 48 del Código de En-juiciamiento .Civil. Dicho artículo es como sigue:

“Artículo 48. — Ningún consentimiento o promesa de un contrato nuevo, o de la continuación de uno' ya hecho, será prueba suficiente para que el caso quede fuera de las disposiciones dé este título,'a menos que así const'e' por' escrito, bajo la Urina de- la parte'en- contra de la cual haya de Utilizarse.!” ■ ■ ■

El título se refiere principalmente a ciertas incapacidades sin que nada se disponga en el mismo acerca de determinadas acciones .o. términos de,'-prescripción. . >Sim.-embargo, ,-admi-tiendo que el artículo 48 hace -refer,encía,.atodos. lo.s; iérminps de prescripción, el código no contiene ninguna disposición que exija al demandante que alega una nueva promesa, que pruebe que la misma se hizo por escrito.

En los diferentes Estados de la Unión se exige que la prueba de ciertos contratos se presente por escrito, pero no. -es necesario determinar en una alegación que el demandado contrató por escrito. Además un contrato puede ser renovado mediante pagos parciales y la promesa no es la única cosa indispensable para interrumpir el término de la prescripción.

Se dió comienzo al juicio y llegó el momento oportuno al demandado de acudir a las disposiciones del artículo 48, en el caso de que fuera aplicable, al presentar los demandantes su prueba testifical acerca de las promesas verbales. El de-mandado no hizo objeción alguna durante el juicio, habiendo por consiguiente, renunciado a’ cualquiera objeción que hu-biera podido hacerse con respecto a la omisión de probar una nueva promesa por escrito. Falero v. Falero et al., 15 D. P. R., 118; 38 Cyc., 1393, 1395, Juicio; 20 Cyc., 320, Estatuto sobre Fraudes.

El demandado formuló su contestación alegando haber ve-rificado el pago. La corte de distrito tomó en consideración la prueba y resolvió que solamente se habían satisfecho unos sesenta dólares, dictando sentencia por el saldo, sin que se haya alegado ningún error.

. El abogado del apelante alegó' oralmente ante este tribunal que la corte de distrito no debió haber permitido, que se pre-sentara una enmienda sin estar jurada. Pero como éste no era un defecto jurisdiccional, no habiéndose promovido ante la corte inferior, debe considerarse que se renunció a ella especialmente por no haber sido alegada como un fundamento de error, según lo exigen las reglas 42 y 43 de esta corte. Debe confirmarse la sentencia.

Confirmada.

Jueces concurrentesSres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, del Toro y .Aldrey..


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Rijos, Apelante, v. Peña et al., Apelados.
    ApelacióN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia.
    No. 866.
    Resuelto en febrero 21, 1913.
    I-Iuos Naturales — Herencia de los Parientes Colaterales Legítimos del Padre Natural. — De acuerdo con las disposiciones del Código Civil antiguo, un hijo natural reconocido no tiene derecho a heredar a la hermana legítima de su padre natural.
    Id. — Nulidad de Testamento — Palta de Causa de Acción. — No teniendo el demandante derecho a heredar a la hermana legítima de su padre natural, tampoco tiene causa de acción para pedir la nulidad del testamento otorgado por aquélla.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Manuel F: Bossy.

    Abogados de los apelados: Sres. Bosch y Soto.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Doña Zoila Rijos y Laza presentó demanda en la Corte de Distrito de San Juan alegando que Doña Encarnación Rijos y Correa había fallecido en esta ciudad el 20 de junio de 1902; que el testamento,, que aparece. otorgado por dicha señora el 26 de noviembre de 1901 es nulo por no ser auténtica la firma de la testadora, y que la demandante es hija natural reconocida de Juan Rijos Correa, hermano legítimo de Doña Encarnación. ’

, Benito Peña, uno de los demandados, álégó por vía de ex-cepción previa, que ‘la demanda no aducía' hechos suficientes para determinar una causa de acción, fundándose en que Zoila Rijos'como hija natural de'Juan Rijos, no tenía derecho a suceder 'abmtest&to ala hermana del último nombrada'Encar-nación-Rijos: La excepción fue declarada con lugar, y regis-trada sentencia desestimando la demanda, se interpuso contra ella el-presente recurso de apelación. ’ ' '

■ Coma-'puede-verse', sólo una cuestión' fundamental está envuelta en el recurso: la de si la hija natural reconocida es o no es heredera de la hermana legítima de su padre natural y en tal virtud si tiene o no tiene personalidad para solicitar la nulidad del testamento otorgado por la dicha hermana legítima de su padre natural.

De acuerdo con la ley y la jurisprudencia, dicha cuestión debe resolverse en la negativa.

Este caso debe regularse por las prescripciones del Código Civil antiguo, vigente a la fecha del fallecimiento de la señora Eijos Correa.

Esta señora murió bajo testamento y las prescripciones del código referentes a la herencia testada no confieren de-recho alguno a la demandante. Ni ella ni su propio padre, aun cuando hubiera estado vivo a la muerte de su hermana, tenían la condición de herederos forzosos.

Aceptando que el testamento fuera nulo y que deba consi-derarse a la señora Eijos Correa como muerta abintestato, tampoco las disposiciones del código favorecen en modo al-guno a la demandante.

El artículo 943 de dicho' código, copiado a la letra dice así:

“El hijo natural y el legitimado no tienen derecho a suceder abin-testato a. los hijos y. parientes legítimos del padre o madre que lo haya reconoci.do, ni ellos al hijo natural ni al legitimado.”

Los términos de dicho artículo son.tan claros que no admi-ten lugar a dudas de ningún género. Por disposición expresa del legislador el hijo natural, (en este caso la demandante) no tiene derecho a suceder abintestato al pariente legítimo de su padre natural, '(en este caso Doña Encarnación Eijos y Correa)- y siendo esto así,' es evidente qué dicho hijo natural no tiene tampoco personalidad para pedir la nulidad del testa-mentó otorgado por el pariente.legítimo de su padre natural, ya' ¿¡rué üo 'es párté iñtéresada en. ía herencia.

' Ademas, la cuestión suscitada no es nueva ante este tribunal. lía sido ya resuelta, en el sentido. expuesto, en el caso de la Sucesión Pagán v. Pagán et al., 17 D. P. R., 145, y ninguno de los razonamientos consignados en su alegato por el distinguido abogado de la parte apelante, destruye a nuestro juicio los fundamentos de la decisión de esta corte que se basó en la letra misma de la .ley, en los precedentes bistóricos y en la opinión de los comentaristas. En el caso de Correa et al. v. Correa et al., 18 D. P. R., 117, se estudió también la cues^ tión de los derechos hereditarios de la sucesión ilegítima y se llegó a la conclusión de que los hijos naturales reconocidos no tienen derecho a heredar abintestato al padre legítimo de su padre natural, de acuerdo con las prescripciones del Có-digo Civil antiguo. Sus razonamientos pueden aplicarse para ilustrar el punto debatido en este pleito.

El recurso establecido debe declararse sin lugar y confir-marse la sentencia lapelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres.” Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y Aldrey.


author: El Jtjez Asociado Sr. del- Toro,

text:
    Rijos, Apelante, v. Folgueras et al., Apelados.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia.
    No. 865.
    Resuelto en febrero 21, 1913.
    Hijos Naturales — -Herencia de los Parientes Colaterales Legítimos del Padre.- — Bajo el imperio del Código Civil revisado, un hijo natural reeonoeido no tiene derecho a heredar a la hermana legítima de su padre natural.
    Id. — Falta de Causa de Acción —- Nulidad de Testamento. — No teniendo la demandante derecho a la herencia de Doña Rafaela Rijos y Correa, tampoco lo tiene para pedir la nulidad del testamento por ella otorgado.
    Los hechos están expresados en la* opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Manuel F. Bossy.

    Abogados de los apelados: Sres. Bosch y Soto.

   El Jtjez Asociado Sr. del- Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Doña Zoila Rijos Laza presentó demanda en la Corte de Distrito de San Juan, alegando que Doña Rafaela Rijos y Correa había fallecido en esta ciudad el 28 de mayo de 1908; que el testamento que aparece otorgado por dicha señora el 31 de agosto de 1905 es nulo por no ser anténtica la firma de la testadora, y que la demandante, es hija natural reconocida de Juan Rijos y Correa, hermano legítimo de Doña Rafaela.

Benito Peña, uno de los demandados, alegó por vía de ex-cepción previa,-que la demanda no aducía hechos suficientes para determinar una cansa de acción, fundándose en que Zoila Rijos como hija natural de Juan Rijos y Correa no tenía .de-recho a suceder abintestado a la hermana legítima del último nombrada Rafaela. La excepción fué declarada con lugar, y registrada sentencia desestimando la demanda, se interpuso contra ella el presente recurso de apelación.

Como puede verse a virtud de los hechos expuestos, sólo está envuelta en el recurso una cuestión legal: la de si bajo el imperio del Código Civil revisado vigente en la fecha del fallecimiento de Doña Rafaela Rijos y Correa, un hijo natural reconocido tiene derecho a heredar a la hermana legítima de su padre natural.

Las disposiciones del código referentes a la herencia tes-tada en nada favorecen a la demandante. Ni su padre, ni menos ella tenía la condición de herederos forzosos respecto de Doña Rafaela. Tampoco las prescripciones del código que regulan la herencia intestada reconocen derecho alguno a la demandante, al contrario, se lo niegan expresamente.

El artículo 913 del Código Civil revisado, tal como regía en 1908, dice así:

“Los hijos ilegítimos reconocidos y sus descendientes tendrán los mismos derechos hereditarios que los hijos legítimos y sus descen-dientes, en la forma dispuesta en los precedentes artículos, así para heredar por derecho propio como por derecho de representación.
“No obstante, el hijo ilegítimo y sus descendientes no tienen de-recho a suceder abintestato a los hijos y descendientes legítimos y parientes colaterales legítimos del padre o madre que los hayan reconocido, ni ellos al hijo ilegítimo y sus descendientes.
“Los padres con respecto al hijo ilegítimo reconocido y sus descen-dientes, tendrán los mismos derechas hereditarios que los padres legítimos en la herencia abintestato de sus hijos y descendientes legítimos.

En los casos de la Sucesión Pagán v. Pagán et al., 17 D. P. R., 145, y en el de Rijos v. Peña que acabamos ele decidir (pág. 147), este Tribunal Supremo ha resuelto que bajo el imperio del Código Civil español, el hijo natural reconocido no tiene derecho a heredar al hermano legítimo de su padre natural. El párrafo segundo del artículo 913 del Código Civil revisado, es esencialmente igual al artículo 943 del Código Civil antiguo. La ley es, pues, la misma, y es. natural que-, su interpretación sea idéntica, y en tal virtud debemos concluir, que bajo el imperio del Código Civil revisado tampoco tiene derecho^ el hijo natural reconocido, a heredar al hermano de su padre natural.

Siendo esto así, estuvo la corte sentenciadora acertada al desestimar la demanda, ya que no teniendo la. demandante1 derecho a la herencia de Doña Bafaela Bijos y Correa, tam7 poco lo tiene para pedir la nulidad del testamento por- ella otorgado.

El recurso debe declararse sin lugar y confirmarse la sen-tencia apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Srés. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y Aldrey.- _.


text:
    Compañía Azucarera de la Carolina, Recurrente, v. El Registrador, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra resolución del Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Ia.
    No. 123.
    Resuelto en febrero 27, 1913.
    El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Ia., se negó a inscribir a favor de una compañía agrícola una escritura, porque del registro constaba que dicha corporación tenía inscrita ya más de 500 acres y una fracción, y que toda adquisición en exceso de dicha suma, infringía la Resolución Conjunta del Congreso de mayo 1, 1900, que enmienda la Ley Foraker, no constando que la nueva adquisición fuera necesaria para los fines para los cuales la cor-poración había sido creada. Se resolvió lo siguiente:
    Corporaciones — Limitación de sus Facultades para Poseer Tierras — Ex-tranjeros — Procedimiento para Obtener la Reversión de Tierras (Oeeice Found). — Las corporaciones y los extranjeros están considerados en los Es-tados Unidos por la ley bajo el mismo concepto en esta materia, y aunque se les prohíbe o limita la posesión de tierras, tienen pleno poder de dominio sobre ellas hasta que el Gobierno o el Estado intervienen. El procedimiento contra extranjeros para obtener la reversión de tierras se denomina “office found. ’ ’

    Id. — Facultades de las Corporaciones. — Tales corporaciones pueden entablar acciones de reivindicación, desahucio, o exigir el cumplimiento de contratos, pues su título es válido contra todo el mundo excepto el Estado.
    Id. — Ley OrgInica. — La Ley Orgánica no prohíbe la adquisición de tierras, sino que limita el dominio y manejo de las mismas a 500 acres.
    Registradores de la Propiedad — Facultades de los Mismos. — Un registrador está obligado a inscribir un documento a favor de una corporación agrícola, aunque- la ley prohíba el dominio y manejo de más de 500 acres. La ley únicamente le obliga a examinar determinados documentos y la historia anterior de la finca en cuestión.
    Attorney General — Poderes—Corporaciones—Ultra Vires. — El Attorney General es el funcionario autorizado por la. Ley Orgánica en relación con los estatutos revisados de los Estados Unidos, para iniciar procedimientos contra corporaciones que actúen fuera de sus atribuciones (ultra vires). La sección 73 del Código Político se pronuncia en el mismo sentido.
    Registro de la Propiedad — Inscripción. — Nadie está obligado a inscribir su propiedad para obtener dominio pleno sobre la misma.
    Id. — Hechos o Deducciones de una Escritura. — El silencio de una escritura con respecto a determinadas excepciones de la limitación que establece la Ley Orgánica, no impide la existencia de tales excepciones. Lo mismo puede decirse de la supuesta infracción de la constitución de una compañía.
    Id. — Cuestiones de IIeoho. — El registro no es la oficina en donde deben resol-verse cuestiones de hecho en discusión.

      Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del recurrente: Sres. Bosch y Soto.

    El Registrador no compareció.
   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del Tribunal.

El día 16 de abril de 1912 la Compañía Azucarera de la Carolina presentó en el registro de la propiedad ele esta ciu-dad dos escrituras para su inscripción. Estas escrituras eran compraventas de fincas rústicas otorgadas por Rosales & Compañía a favor de la apelante. El registrador denegó la inscripción de cada una de ellas poniendo, al final de las mismas la siguiente nota:

“Denegada la inscripción del documento que precede, porque resultando de él que adquiere una corporación organizada con arreglo a las leyes de Puerto Rico, es absolutamente necesario tener a la vista sus cláusulas constitutivas para determinar la capacidad jurí-dica de la corporación en cuanto a sus adquisiciones territoriales; pues si ‘The Carolina Sugar Company’ es una corporación destinada a la agricultura, apareciendo ya inscritas a su favor en esté registro quinientas cuerdas 50/100 de otra de terreno, la adquisición objeto del presente título resulta ilegal y nula por consiguiente porque infringe la prohibición de la sección 3a. de la Resolución .Conjunta del Congreso de 1°. de mayo de 1900; y en- el supuesto de que dicha corporación no estuviere destinada a la agricultura, se incurriría en •1a misma prohibición por no resultar que esta nueva adquisición sea razonablemente necesaria a la adquirente para llevar adelante los propósitos a que obedeció su creación.”

La ley a que hace referencia el registrador es como sigue:

“Sección 3. — Que todas las franquicias, privilegios o concesiones otorgadas de acuerdo con la sección 32 de dicha ley, estarán sujetas a enmiendas, alteraciones o revocaciones; en ellas se prohibirá la emisión de acciones u obligaciones, excepto cuando tal emisión se rea-lice a cambio de dinero al contado o de propiedades cuyo justiprecio sea igual al valor, a la par, de las acciones u obligaciones expedidas; se prohibirá la declaración de dividendos de acciones u obligacio-nes; y cuando se trate de sociedades para llenar un servicio público, se acordarán reglamentos eficientes que fijen los precios de dicho servicio, y en caso de compra o traspaso a las autoridades públicas de las propiedades pertenecientes a dichas sociedades, los reglamen-tos fijarán el precio en nn valor justo y razonable. Ninguna socie-dad estará autorizada para efectuar negocios de compra y venta de-bienes raíces, ni se le permitirá poseer o tener dicha clase de bienes a excepción de aquellos que fuesen racionalmente necesarios para poder llevar adelante los propósitos a que obedeció su creación; y en lo sucesivo el dominio y manejo de terrenos de toda sociedad autorizada para dedicarse a la agricultura, estarán limitados, por sus estatutos, a una cantidad que no exceda de 500 acres, y esta pre-visión será adoptada para impedir a cualquier miembro de una socie-dad agrícola que tenga interés de ■ ningún género en otra sociedad de igual índole. 'Podrán, sin embargo, las sociedades efectuar prés-tamos con garantías sobre bienes raíces y adquirir éstos cuando sea necesario para el cobro de los préstamos, pero deberán enajenarse dentro de los cinco años desde que reciban el título de propiedad de los mismos. Las sociedades que no hayan sido organizadas en Puerto Rico y que hagan negocios allí, estarán obligadas a cumplir lo dispuesto en esta sección, hasta donde sea aplicable. ’ ’

La cuestión planteada por el apelante se refiere, a si, con arreglo a la Ley Orgánica y las leyes vigentes en Puerto Rico, tiene facultad el registrador para denegar la inscrip-ción de un documento por constar del registro que cierta cor-poración agrícola posee más de 500 acres de terreno.

El artículo 18 de la Ley Hipotecaria es como sigue:

“Los registradores calificarán bajo su responsabilidad la legali-dad de las escrituras en cuya virtud se solicite la inscripción y la capacidad de los otorgantes por lo que resulte de las mismas escri-turas.
“Del mismo modo calificarán, bajo su responsabilidad y para el único efecto de admitir, suspender o negar su inscripción o anota-ción, todos los documentos expedidos por la autoridad judicial.
“Contra la suspensión o denegación de inscripción o anotación preventiva, no se darán más recursos que los señalados en esta ley, sin que los jueces o tribunales puedan obligar en otra forma a los registradores a que inscriban o anoten en virtud de documentos judiciales. ’ ’

El artículo 6 dispone que:

“La inscripción de los títulos en el registro podrá pedirse indis-tintamente :
“Por el que transmita el derecho;
“Por el que lo adquiera; v
“Por quien tenga interés en asegurar el derecho que se deba inscribir.
“Por quien tenga la representación legítima de cualquiera de ellos.”

Y según el artículo 18 a que ya liemos hecho referencia, la legalidad de las escrituras ha de determinarse por lo que resulte de las mismas, teniendo en cuenta, según el artículo 17, los asientos del registro referentes a la misma finca.

Trataremos en primer lugar de determinar la naturaleza del documento que en el presente caso trató de inscribir la corporación apelante.

En el caso de Fritts v. Palmer, 132 U. S., 282, se resolvió la cuestión relativa al derecho que tenía una corporación ex-tranjera para adquirir bienes inmuebles en el Estado de Colorado, resolviendo la corte que tal vez sería una interpreta-ción razonable del estatuto el declarar que una corporación extranjera no puede comprar o poseer bienes inmuebles en Colorado, hasta que la misma adquiera en la forma prescrita por las leyes locales el derecho de hacer negociaciones en ese Estado, pero esa escritura no fué por ello considerada como absolutamente nula en cuanto a todas las personas y para todos los fines, puesto que la Constitución y las leyes de Colorado no prohibían a las corporaciones extranjeras comprar y poseer bienes inmuebles situados dentro de sus límites.

El Juez Asociado Sr. Harlan examinó todas las autori-dades citadas en aquel caso que demuestran, que cuando una corporación va a adquirir un título sobre bienes inmuebles, la venta que a dicha corporación se hága no es nula sino que puede anularse, y prosigue la corte expresándose como sigue:

“A los casos citados anteriormente puede agregarse aquellos en los que se resuelve que un extranjero puede adquirir por escritura o documento público y poseer contra cualquier persona a excepción del soberano, hasta que se haga la investigación oficial. Cross v. De Valle, 1 Wall., 1, 13; Governeur v. Robertson, 11 Wheat., 332; National Bank v. Matthews, 98 U. S., 621, 628; Phillips v. Moore, 100 U. S., 208. Y también aquellos en los qne se declara qne la cuestión de si una corporación que tiene capacidad ’para comprar y poseer bienes inmuebles para ciertos fines que han sido especificados, o en determinadas cantidades, ha adquirido título sobre bienes inmue-bles para fines que no están autorizados por la ley o en’ exceso de la cantidad qué le está permitida por sus cláusulas de incorporación, es una cuestión que solamente incumbe al Estado dentro de cuyos límites se encuentra situada la propiedad. Dicha cuestión no puede ser promovida indirectamente por personas particulares a menos que exista alguna disposición en el estatuto que de modo expreso o tácito les autorice para ello. Cowell v. Springs Co., 100 U. S., 55, 60; Jones v. Habersham, 107 U. S., 174, 188.”

Fritts v. Palmer, 132 U. S., 282.

Por tanto, los extranjeros y las corporaciones son consi-deradas de igual manera en lo que respecta a la capacidad para adquirir y poseer bienes inmuebles. Esta sentencia ha sido revisada y confirmada en el caso de Blair v. Chicago, 201 U. S., 450, 451.

En el caso de The National Bank v. Matthews, 98 U. S., 628, se resolvió que cuando una corporación no tiene capacidad con arreglo a sus estatutos para adquirir un título sobre bienes inmuebles, la venta que a dicha corporación se haga no es nula sino que solamente puede ser anulada, y única-mente el soberano podrá oponerse. En dicho caso se ha esta-blecido una comparación • con los extranjeros que pueden poseer bienes hasta tanto se haga una investigación. Este caso fué revisado y confirmado en el de Kerfoot v. Farmers & Merchants’ Bank, 218 U. S., 287.

Asimismo se resolvió en el caso de Cowell v. Springs Co., 100 U. S., 60, que cuando una corporación .tenía necesidad de efectuar una transacción de compraventa determinada para poder llevar a efecto sus negociaciones, ésta era una cuestión entre el Estado y .la corporación y no de la incumbencia de una persona particular. Y en el caso de Phillips v. Moore, 100 U. S., 208, se resolvió que con arreglo a la ley común, un extranjero no puede adquirir bienes inmuebles de conformi-dad con la ley, pero podía obtenerla por voluntad del cedente y estar en posesión de la misma hasta qtie se hiciera una in-vestigación sobre el particular, o sea, hasta, que el hecho relativo a la extranjería quede completamente acreditado por un funcionario público a virtud de la investigación que haya tenido lugar a instancia del Gobierno. En esta opinión se demostró que el procedimiento en donde aparecía la deter-minación del hecho con motivo de la investigación del fun-cionario se le conocía o designaba técnicamente en los libros de ley con la frase de investigación oficial (office found). Por medio de esta investigación quedaba esclarecida la incer-tidumbre que había acerca del hecho por virtud de cuya exis-tencia la ley enajenaba la propiedad y la traspasaba al go-bierno convirtiéndola en una cuestión que había de demos-trarse por medio de pruebas. Se .enajenaba ,1a propiedad según los antiguos tratadistas de derecho, como, un medio auténtico para dar al rey su derecho por medio.de un solemne testimonio sin el cual generalmente no podía adquirir o tras- . pasar ninguna cosa, pues se consideraba “que una parte de las libertades de Inglaterra y principalmente para la seguri-dad del súbdito, que el rey nq puede penetrar o secuestrar las propiedades de ninguna persona. por meras sospechas, sin que tenga intervención un jurado.”

Parecida sentencia se dictó en el caso de Jones v. Habersham, 107 U. S., 188.

En el caso de Louisville School Board et al. v. King, 15 L. R. A., (N. E.), 379, se resolvió que un. tercero, que compre a una corporación que posea bienes que sean confiscables, estaba garantizado en su derecho hasta tanto el Estado .ini-ciara los debidos procedimientos. En Kentucky al surgir el caso se prohibió .a las. sociedades bancarias.,adquirir bienes inmuebles por más de cinco años a menos que -lo'hicieran'para sus fines legítimos so péna de ser confiscadas, y la corte resol-vió qué ni por lá Constitución ni por el estátuto 'sé disponía que la corporación1 sería privadá de tales^ bienes inmuebles o que el título pasaría al Estado, y la cuestión relativa a si la propiedad era o no de utilidad para el negocio de la cor-poración, era una que no estaba comprendida en los autos. Las autoridades lian sido revisadas en la página 385 as^ como también en una nota que aparece en el mismo caso y que prin-cipia en la página 379; en este caso se ordenó el cumplimiento específico del convenio.

Otros casos que tratan de la cuestión general, son los de Wunderle v. Wunderle, 19 L. R. A., 84, y Lancaster v. Amsterdam Improvement Co., 24 L. R. A., 322.

De acuerdo con este principio, se ha resuelto de diversas maneras que una corporación tiene todas las facultades y atribuciones que puede tener cualquier individuo. Por ejemplo, en el caso de American Mortgage Co. v. Tennille, 12 L. R. A., 529, se resolvió que cuando una corporación a la cual la ley prohibía poseer más de 5,000 acres, compraba un pagaré garantizado por una escritura de la finca y aceptaba un traspaso del poseedor de dicha finca si bien entonces la corporación era dueña de más de 5,000 acres, se. resolvió que dicho traspaso era válido.. Otros casos concernientes al prin-cipio general se citan en las notas de dicho caso.

Frecuentemente se ha resuelto que no constitujm una de-fensa a una acción reivindicatoria establecida • por una cor-poración el hecho de que se le hubiera traspasado una mayor cantidad de terreno de la que podía poseer. Bank v. Railroad Co., 17 Wis., 372; Glass Company v. Dewey, 16 Mass., 94, 102; Mining Co. v. Baker, 3 Nevada, 391; Mining Co. v. Clarkin, 14 Cal., 552. En el ultimo caso que ha sido citado, el Juez Asociado Sr. Field, hablando a nombre de la corte, se expresó.envíos términos siguientes:

“No es una cuestión esencial el investigar acerca-de si los bienes en controversia pertenecientes a la corporación, son necesarios para estos fines; esa es una cuestión entre el Gobierno y la corporación no de la'incumbencia délos demandados. Se ocasionarían ilimitadas inconveniencias y molestias si en los' pleitos seguidos por las corpora-ciones para reivindicar la posesión -de una propiedad: se' permitieran investigaciones con respecto a la necesidad de dichos bienes para los fines de sn corporación y el título se hiciera basar en la existencia •de dicha necesidad.”

En el volumen 3 de Nevada, pág. 391, la corte después de discutir la cuestión se expresa como sigue:

“Por tanto, una escritura que se otorgue a una corporación minera no es nula prima fade. Si han infringido la ley al adquirir una cantidad mayor de terrenos de aquélla que les está permitida, en-tonces han cometido. un error, no contra un individuo particular, sino contra toda la comunidad, y este error solamente puede ser in-vestigado mediante un procedimiento que habrá de iniciarlo el Estado. ;Su derecho a la finca si compran de una persona que tenga título o su posesión si solamente derivan el título de la ocupación, les da ■un derecho a poseer contra todo el mundo ■ excepto el Estado.”

Muchos otros casos se han citado y revisado en el caso de Southern Pacific R. R. Co. v. Orton, 32 Fed., 457. En dicho caso y en Thompson sobre Corporaciones, párrafo 5796, se demuestra que la regla autoriza a una corporación a la que se ha hecho una cesión de bienes inmuebles para •.entablar una acción contra un usurpador con el fin de reco-brar la posesión de dichos bienes; y no se permitirá al usur-pador hacer alegación alguna relativa al título de la corpora-ción por el fundamento, de que la misma no estaba autorizada para adquirir los bienes.

En el tomo 10 de Cyc. página 1138 y en las citas contenidas en el caso de Fritts v. Palmer, arriba citado, en las notas de Eoses a las.Decisiones de los Estados Unidos, tomo 11, págv •836, pueden encontrarse.algunas en lo que.se hace referencia •a otras facultades. .

Se verá por tanto, que una corporación cuyas facultades •están limitadas por la ley o por sus. estatutos, tiene hasta danto el Estado intervenga, todas las facultades y capacidad •que. cualquier otro individuo, capaz.de adquirir' bienes in-muebles, posea. .La corporación puede ejercitar cualesquiera actos de dominio sobre dichos bienes inmuebles.; puede-esta-blecer acciones reivindicatorías o de desahucio,, y exigir el cumplimiento específico de cualquier contrato. . Tiene un tí-tulo absoluto contra todo el mundo excepto el Estado después que se ha iniciado un procedimiento adecuado en una corté de justicia. ' Las disposiciones de la ley en Puerto Rico no son diferentes. La Ley Orgánica no prohíbe "la adquisición de bienes inmuebles sino que expresa solamente que una cor-poración dedicada a la agricultura, estará limitada con arreglo a sus. estatutos al dominio y posesión de una prqpiedad que no exceda de 500 acres de terreno.

Con arreglo a la Ley Hipotecaria, el registrador solamente tiene facultad para examinar la legalidad del documento que se le somete para su inscripción'y según el artículo 6. de la ley citada anteriorinenté, deberá inscribir cualquier derecho que pueda tener una corporación, estando, por consiguiente, obligado-a inscribir el traspaso que se, haga a la corporación, sin que para nada tenga que tener en cuenta -el hecho -de que exista o no .alguna prohibición en sus estatutos. La ley no prohíbe la adquisición, de más de 500 acres ni existe .en ella ninguna disposición que prohíba a las corporaciones adquirir bienes inmuebles. El. registrador tiene solamente obligación de examinar los. documentos que se le .someten- y los .antece-dentes de. los bienes en cuestión. -. No hay disposición en la ley que.exija al registrador qiie haga investigación alguna en sus registros para resolver si determinada ■ corporación. ya tiene, inscritos, más de 500 acres de, terreno. ■, ■ . .

La Ley. Orgánica en su artículo 21, dispone que el Fiscal Gener.al tendrá. todas las, atribuciones ,y ejercerá . todas las funcion.es. que .por la ley.-.correspond,en- a un- fiscal- de territorio en los Estados Unidos, hasta tanto no sean,, localmente inapli-cables.. ; ., ...... ■

Y por. el .artículo 771. de Jos Estatutos -Revisados- de--los Estadps Unidos, entre otros deberes, el Eiscal General tiene el de-entablar, todas las acciones civiles, en .las que los Estados Unidos sean parte,.y,según,otros artículos,;los fiscales.de-los territprips. tienen,.iguales..facultades que-los- fiscales--de Jas Cortes de Distrito de ios Estados Unidos, de modo qne las disposiciones contenidas en dicho artículo parecen determi-nar cuál es el funcionario qne deberá proteger los intereses de Puerto Rico y quién establecerá las acciones en cobro de alguna multa o confiscación.

Además, el artículo 73 del Código Político, según ha sido enmendado por las leyes de 1906, dispone qne el Attorney General a instancias del Comisionado dél Interior, promoverá demandas para la restitución de todos los bienes raíces y muebles, cuyos títulos hubieren caducado, por falta de here-dero, a favor de El Pueblo de Puerto Rico, o en los cuales tuviere éste algún otro derecho o título.

De modo que la ley dispone de manera suficiente las me-didas necesarias que han de adoptarse para que cualquier infracción de la Ley Orgánica pueda ser completamente inves-tigada y perseguida por el Fiscal General. Si existe alguna duda en cuanto al límite de la facultad que tiene el registra-dor, esta duda aparece enteramente resuelta por las disposi-ciones de la Ley Orgánica y el artículo 73 del Código Político. El Fiscal General es el único funcionario en quien reside el derecho a iniciar procedimientos sobre revisión de bienes o atacar el derecho que tiene una corporación a poseer bienes inmuebles. Sin tal procedimiento judicial o casi judicial, una-corporación podría ser privada de algunos derechos de pro-piedad sin el debido procedimiento de ley.

El hecho de que nada se especifique en una escritura no da al registrador derecho alguno para llegar a la conclusión de que la corporación no puede haber traspasado una parte de sus bienes ya inscritos. Nadie está, obligado a inscribir sus bienes en el registro de títulos y el- que vende,a una cor-poración podría demorar indefinidamente la inscripción de: dicho traspaso o venta. Pudiera 'existir una 'descripción errónea en el registre/ y poseer en realidad lá^ corporación menos''de 500' aeres. A” mayor ' áfiúfi'dátnién'tb,,:eí está'tiitó permite a una corporación acepMU^áspHyó's’W'^fénes éíí' pago de deudas. Por el hecho de que la escritura nada diga acerca de tal cuestión, no debe presumirse que los bienes no fueron adquiridos en tal forma. Todas estas cuestiones de-ben ser esclarecidas en un procedimiento claro ante una corte con arreglo a la ley, en el que tanto el gobierno como la cor-poración tengan la oportunidad de ser oídos. Otros incon-venientes resultan manifiestos si se permite al registrador resolver la cuestión. .Si, por ejemplo, una corporación tenía 300 acres de terreno en el Distrito de Oaguas y 300 acres en el Distrito de Humacao, ambas inscripciones pueden hacerse, puesto que ninguno de los registradores tendría acceso a los registros del otro. De modo que a una corporación que re-sulte tener todos sus bienes inmuebles en un distrito se le píLede denegar la inscripción de una. parte de los mismos, mientras que una corporación agrícola que tiene todas sus fincas repartidas podría obtener la inscripción completa de todas ellas.

A veces el registrador ha creído tener derecho a discutir la validez de una resolución u orden de la corte, pero siempre se ha resuelto que sus facultades en cuanto a ese particular están enteramente limitadas. La Corte Suprema de España en su sentencia de octubre 15, 1871, resolvió que la facultad de los registradores estaban limitadas por los artículos 18 y 65 de la Ley Hipotecaria, fuera de la cual no podrían actuar sin cometer una peligrosa ingerencia en una cuestión que-pertenece a las cortes de justicia. Hemos resuelto uniforme-mente que un registrador no tenía derecho a discutir los hechos o prueba que ha sido considerada por una corte, así como tampoco a investigar acerca de la justicia de la sen-tencia. Ramírez v. El Registrador, 16 D. P. R., 348; Fernández v. El Registrador, 17 D. P. R., 1061; Ramos v. El Registrador, 18 D. P. R., 16; Rivera v. El Registrador, 14 D. P. R., 258. De. jertas sentencias resulta aun más claro el hecho.dé que el registro ;no es el sitio para juzgar asuntos que .entrañan hqc^, a ^iseutir, .. . .

Por las razones expresadas, la nota del registrador debe ser revocada.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    La Compañía Azucarera de la Carolina, Recurrente, v. El Registrador, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra resolución del Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Ia.
    No. 124.
    Resuelto en febrero 27, 1913.
    Revocada la resolución por los fundamentos de la opinión emitida en el caso No. 123, La Compañía Azucarera de la Carolina v. El Registrador (pág. 152), j también por tratarse de una adquisición en pago de una deuda.
    Abogados del recurrente: Sres. Bosch y Soto.

    El Registrador no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del Tribunal.

Los razonamientos que acaban de exponerse en la opinión de este tribunal en el caso No. 123, seguido entre las mismas partes, son aplicables a este caso. Además aparece en este recurso que la finca fué adquirida para el pago de una deuda, lo cual bace que el caso quede precisamente comprendido en la excepción especificada en la Ley Orgánica.

Por estas razones debe revocarse la nota del registrador.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Pleinández y Aso-ciados MacLeary, del Toro y Aldrey.


text:
    Ramos et al., Apelantes, v. Virella, Apelada, y Martina Rodríguez, Interventora.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Gí-uayama.
    No. 846.
    Resuelto en febrero 27, 1913.
    Partición de Herencia — Albaceas Testamentarios — Viuda del Testador.— Cuando existen varios herederos, la viuda del testador no puede, de acuerdo eon el artículo 1024 del Código Civil revisado, ser nombrada contadora par-tidora de la herencia, por ser tal cargo incompatible con el carácter de here-dero que la viuda tiene.
    Id, — Albaceas Testamentarios. — De acuerdo con el artículo 876 del Código Civil revisado, el cargo de albacea testamentario por sí sólo no confiere facul- ■ tades para partir la herencia.
    Id. — Contadores Partidores — Herederos.—El artículo 1025 interpretado en re-lación con el 885 del Código Civil revisado, no da facultades a los herederos para partir la herencia, cuando alguno de los contadores partidores nombrados por el testador es competente para hacer la partición y ha aceptado el cargo.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. López Lcmdrón, Rincón y Francis.

    Ahogados de Angelina Virella: Sr. Tomás Bernardini de la Huerta.

    Abogado de la interventora Martina Rodríguez: Sr. Manuel A. Martines.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación establecido contra una resolución de la Corte de Distrito de G-uayama, negán-dose a impartir su aprobación a ciertas operaciones divisorias del caudal relicto por Don Federico E. Virella y Plaud.

Del examen de dichas operaciones aparece que Virella y Plaud otorgó testamento ante notario el 21 de septiembre de 1907; que falleció bajo dicho, testamento el 5 de septiembre de 1910; que instituyó por su universal heredero a su hijo Federico Eugenio Virella y Ramos, en unión de su esposa Esperanza Ramos en la parte que a ésta acuerda la ley; que legó varios bienes a su señora madre Irene Plaud y a su hermana Angelina Yirella y Plaud, y que prohibió la intervención judicial en su testamentaría y nombró albaceas a su convecino Marcos S. Basora, a su esposa Esperanza Ramos y a su her-mana Angelina Yirella y Plaud, facultándoles solidariamente para que hicieran el inventario, avalúo, liquidación y división de su herencia, o para que de común acuerdo designaran un contador partidor que lo verificara.

El encabezamiento de dichas operaciones, copiado textual-mente dice así:

“Proyecto de operaciones particionales del caudal relicto del finado Don Federico Eustaquio Yirella y Plaud propietario, natural y vecino que fué del pueblo de Arroyo en esta Isla, que yo, Esperanza Ramos Antonini, su viuda y albaeea y contadora partidora con facultades solidarias instituida en la cláusula tercera de su tes-tamento, formalizo según mi mejor leal saber y entender, para some-terlo a la aprobación judicial, previos intervención y conformidad de los interesados y dictamen de peritos tasadores. ’ ’

Al final de las repetidas operaciones figura además de la firma de Esperanza Ramos, la de Juan Inés Ramos, nombrado defensor del menor heredero de Yirella Plaud.

Preparado así él proyecto, fué sometido a la corte por medio de una moción presentada por Esperanza Ramos y Juan Inés Ramos en su dicho carácter de defensor del menor heredero, y señalado día para la vista, comparecieron y se •opusieron a su aprobación la legataria Angelina Yirella y unos menores de edad que alegaron que tenían establecida una demanda en la misma corte pidiendo que se les declarara como hijos naturales reconocidos del finado Virella y Plaud. La corte tomó el caso bajo su consideración y lo resolvió final-mente declarando no haber lugar a acceder a lo solicitado por los peticionarios, y contra esa resolución de la corte, dictada el 20 de febrero de 1912, se interpuso, como hemos dicho, el presente recurso de apelación.

La resolución apelada se fundó en que la corte había decla-rado con anterioridad sin lugar una solicitud de Esperanza Ramos pidiendo que se la nombrara administradora judicial del caudal relicto por Virella y Plaud; en que había también expedido cartas testamentarias a dos de los albaceas, Marcos S. Basora y Angelina Virella, nombrados en su testa-mento por Virella y Plaud, quienes habían prestado juramento de cumplir bien y fielmente las obligaciones de su cargo; en que el testador había prohibido en su testamento la inter-vención judicial, y en que el procedimiento adoptado por los albaceas que habían solicitado cartas testamentarias pare-cía estar más en armonía con la voluntad del testador que el seguido por Esperenza Ramos.

Los fundamentos del recurso son varios y del alegato pre-sentado por los apelantes no puede deducirse con toda clari-dad cuál es la exacta teoría en que basan su contención, pues unas veces parece que sostienen que Esperanza Ramos tenía pleno poder como albacea y contadora partidora solidaria para practicar por sí sola la partición y otras parece que alegan que Esperanza Ramos prescindió de tal carácter de-biendo entenderse que la partición se practicó por los here-deros de acuerdo con el artículo 885 del Código Civil re-visado.

Veamos, en primer término, si Esperanza Ramos pudo ser nombrada y actuar como albacea y contadora partidora solidaria en este caso. El Código Civil revisado en su artí-culo 876 consigna cuáles son las facultades de los albaceas para el caso en que el testador no las hubiere determinado especialmente. Entre ellas no está la de partir la herencia y en tal virtud para que un albacea tenga tal facultad es necesario que el testador se la otorgue especialmente. Así sucedió en este caso, pero ¿pudo hacerlo el testador tratándose como se trataba de una heredera? El artículo 1024 del Código Civil revisado, igual al 1057 del Código Civil español, dispone que el testador podrá encomendar por acto inter vivos o mortis causa para después de su muerte, la simple facultad de hacer la partición a cualquier persona que no sea uno de los cohe-rederos.

Comentando dicha disposición legal el Sr. Manresa, dice: “El legislador ha creído qne el contador ante todo dehe estar libre de toda sospecha de parcialidad; por eso, no obstante la libertad casi omnímoda que en todo se concede al testador, y sea la qne fuere la confianza qne alguno de los herederos le merezca, no consiente que ninguno de éstos, siendo juez y parte en el asunto, realice la división * * *. En cuanto a los herederos forzosos, hay que incluir entre ellos al cónyuge viudo, aun cuando su cuota sea sólo usufruc-tuaria; basta que sea heredero, artículo 807, para estar comprendido en la prohibición, como declaran la Dirección General de los Registros de 12 de noviembre de 1895, y la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de junio de 1898.” 7 Manresa, Comentarios al Código Civil, 614 y 615.

No cabe duda, pues, de que si se sostiene que Esperanza Ramos preparó el proyecto de partición en su carácter de albacea contadora partidora, como lo indica su encabeza-miento, actuó el juez inferior correctamente al no aprobarlo, ya que no debe reconocerse a la dicha Esperanza Ramos tal facultad, por haber sido hecho su nombramiento en contra de lo dispuesto en la ley.

Veamos si las circunstancias de este caso demuestran que sea de aplicación el artículo 885 del Código. Civil, que dice así:

“En. los casos del artículo anterior, y en el de no haber el alba-cea aceptado el cargo, corresponderá a los herederos la ejecución de la voluntad del testador.”

El artículo anterior, o sea el 884, dice:

“Termina el albaceazgo por la muerte, imposibilidad, renuncia o remoción del albacea, y por el lapso del término señalado por el testador, por la ley y en su caso, por los interesados. ’ ’

En el presente caso no se ha demostrado que haya ter-minado el albaceazgo en cuanto al albacea Marcos S. Basora, por ejemplo, nombrado también en el' testamento y persona al parecer sin interés en la herencia. Por el contrario se consignó por la corte como uno de los fundamentos de la resolución apelada, que el dicho albacea Basora había acep-tado su cargo, había jurado desempeñarlo bien y fielmente y había solicitado y obtenido la expedición de la carta testa-mentaria creditiva de su autoridad de acuerdo con la ley.

Siendo esto así, no habiéndose demostrado que la parti-ción no pueda hacerse por los albaceas contadores partidores o alguno de ellos, nombrados solidariamente por el testador, no cabe aplicar aun el artículo 885 antes citado. Comentando el artículo 911 del Código Civil español, exactamente igual al 885 de nuestro Código Civil revisado, dice el Sr. Manresa, lo que sigue:

“Este artículo determina el efecto que produce la extinción del albaeeazgo testamentario. Para que proceda su aplicación es nece-sario que no exista albacea alguno de los nombrados en su caso por el testador, cualquiera que sea la causa de ello. A falta de albaceas testamentarios, corresponde a los herederos la ejecución de la volun-tad del testador: tal es la doctrina del artículo 911.” 6 Manresa, Comentarios al Código Civil, 783.

Como el artículo 885 está comprendido en el capítulo del Código que trata exclusivamente de los albaceas y como hemos visto- que las facultades de éstos como tales albaceas cuando el testador no las especifica, no se extienden a la partición de la herencia, es conveniente citar el artículo 1025 del Código Civil revisado que forma parte de las disposiciones del Código que hacen referencia exclusiva a la partición de las herencias y que se inspira en el mismo principio que el repe-tido artículo 885. El artículo 1025 es como sigue:

‘ ‘ Cuando el testador no hubiese hecho la .partición, ni encomen-dado a otro esta' facultad, si los herederos fueren mayores y tuvie-ren la libre administración de sus bienes, podrán distribuir la herencia de. ía manera que tengan por conveniente.”

Y comentando el artículo 1058 del Código Civil español, exactamente igual al 1025 de nuestro Código Civil Revisado, dice Manresa que, como se deduce de sus términos, “la parti-ción no pueden practicarla los herederos por sí mismos cuando resulte hecha por el mismo testador, o cuando éste haya de-signado para que la practiquen uno o varios contadores.” 7 Manresa, Comentarios al Cod. Civ., 634.

Ambos artículos, el 885 y el 1025, se basan en el bien establecido principio de que la voluntad del testador es la ley en materia de sucesiones.

Estudiada, pues, la cuestión sometida bajo cualquiera de sus aspectos, es necesario concluir que falta razón a los ape-lantes para fundar su recurso y que éste en tal virtud debe declararse sin lugar y confirmarse la resolución apelada.

G onfirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y Aldrey.


author: El Juez Asociado Su. Aldbey,

text:
    Santiago, Apelante, v. Sucesión Matta, Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao.
    No. 930.
    Resuelto en marzo 3, 1913.
    Hijos Naturales —■ Acción de Reconocimiento ■ — ■ Constitucionalidad de la Prescripción. — El artículo 199 del Código Civil Revisado vigente desde 1902, no es anticonstitucional, pues coneedió a la demandante dos años para ejer-citar su acción de reconocimiento, a contar desde que empezó a regir dicho código, cuyo período de tiempo es razonable.
    Id.' — Prescripción—Constitucionalidad de la Ley. — -No es contrario a la Cons-titución de los Estados Unidos un estatuto que limita o acorta el término cedido para el ejercicio de una acción, si da un tiempo razonable para el ejercicio de la misma, antes de que la prescripción empiece a tener efecto.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José G. Torres.

    La parte apelada- no compareció.
   El Juez Asociado Su. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

El presente recurso de apelación lia sido establecido por la demandante Eegina del Carmen Santiago contra sentencia de la Corte de Distrito de Humacao de Io. de noviembre de 1912, por la que declara prescrita la acción de la demandante y desestima la demanda sin especial condena de costas.

La apelante, nacida en el año 1860, radicó su demanda en 29 de abril de 1911, cuando ya Teodosio Matta de quien alega ser liija natural reconocida, había fallecido tres meses antes y la única cuestión que suscita en este recurso, es la de que el artículo 199 del Código Civil revisado, es contrario a la Cons-titución de los Estados Unidos si se aplica a casos como el que motiva el recurso.

La demandante, nacida bajo el imperio de la Ley 11 del Toro, no ejercitó entonces su acción de filiación; en 1890 em-pezó a regir en esta Isla el Código Civil español que en su artículo 137 dispuso que las acciones para el reconocimiento de hijos naturales sólo podrían ejercitarse en vida de los pre-suntos padres, salvo que el padre o la madre hubieran falle-cido durante la menor edad del hijo, en cuyo caso éste podría entablar su acción antes de que transcurrieran los primeros cuatro años de su mayor edad; y salvo además si después de la muerte del padre o de la madre apareciere algún documento de que antes no se hubiese tenido noticia, en el que reconozcan expresamente al hijo, en cuyo caso la acción habría de estable-cerse dentro de los seis meses siguientes al hallazgo del docu-mento. Tampoco durante la vigencia de este precepto legal ejercitó la demandante su acción.

En 1902 comenzó a regir en esta Isla el Código Civil revi-sado, cuyo artículo 199 modificó el 137 antes citado y dispuso que la acción para reclamar la filiación duraría hasta dos años después de ser el hijo mayor de edad y se trasmitiría a sus herederos si falleciere en la menor edad o en estado de de-mencia, en cuyos casos los herederos tendrían cinco años de término para entablar la acción. Así, pues, la demandante, hasta 1902, pudo haber ejercitado su acción, de acuerdo con el artículo 137 del Código español, puesto que su presunto padre natural vivía entonces, y si bien el artículo 199 del Código Civil revisado lo modificó en el sentido de conceder solamente dos años después de haber llegado el hijo a la mayor edad, y aun cuando la demandante era mayor de edad cuando tal pre-cepto se promulgó, no se le privó de su derecho a ejercitar la acción toda vez que esos dos años para los que entonces eran mayores de edad, debían contarse desde que comenzó a regir el código y no antes, y no afectaba tal- precepto únicamente a los menores de edad, sino también a lo mayores en la forma dicha, según resolvimos en el caso de Jesús v. Sucesión Pérez Villamil, 18 D. P. R., 403.

También en este caso, y en otros que citaremos, ha resuelto ya este Tribunal Supremo que no es contrario a la Constitu-ción de los Estados Unidos un estatuto que limita o acorta el término concedido para el ejercicio de una acción, si da un tiempo razonable para el ejercicio de la misma, antes de que el impedimento empiece a tener efecto. Véase los casos que en esa resolución citamos y también nuestras sentencias en los casos de Calaf v. Calaf, 17 D. P. R., 198, el de Gual v. Bonafoux, 15 D. P. R., 559, y el de Rijos v. Folgueras, 16 D. P. R., 624.

No es, por tanto, inconstitucional el artículo 199 del Código Civil revisado, ya que concedió a la demandante dos años para ejercitar su acción contados desde que empezó a regir tal pre-cepto, período de tiempo que encontramos ser razonable., sin que nada se haya alegado en contrario respecto a este particular.

La sentencia debe ser confirmada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y del Toro.