author: El Juez Asociado Seños, Tbavieso

text:
    Banco de Ponce, demandante y apelante, v. Monserrate Marchand, et als., demandados y apelados.
    Núm. 8217.

    Sometido: Febrero 19, 1942.

      Resuelto: Febrero 27, 1942.

      Fernando Zapater, abogado del apelante; R. V. Pérez Marchand, abo-gado de los apelados.
   El Juez Asociado Seños, Tbavieso

emitió la opinión del tribunal.

En mayo 4 de 1925, don Manuel Pérez Soto y don Vicente Pérez Andújar otorgaron diez pagarés por $1,000 cada nno, a la orden de don Pedro Juan Eosaly, numerados del 1 al •10, a vencer respectivamente el 31 de enero de los años 1926 a 1935. Pichas obligaciones, que tienen el carácter de soli-darias, fueron endosadas y entregadas por Eosaly al Banco de Ponee.

En la demanda interpuesta por el banco contra los here-deros de don Vicente Pérez Andújar se alega que éste hizo efectivos los primeros seis pagarés, con sus intereses, mas no así el resto de las obligaciones, ascendentes a $4,000 de principal, más $2,536 de intereses y costas; que el banco demandante siguió acción ordinaria en cobro de hipoteca contra don Manuel^ Pérez Soto y otros y obtuvo sentencia por $6,536; que al ejecutar dicha sentencia, el banco demandante se adjudicó en pública subasta una finca de Pérez Soto por $2,000, cantidad que fué abonada a cuenta de los intereses al 8 por ciento adeudados sobre los pagarés números 7, 8 y 9; y que la deuda insoluta sobre los cuatro pagarés, liqui-dada basta agosto 31, 1934, quedó reducida a $4,983.15. Es por esta suma que se pide sentencia contra la sucesión demandada.

En oposición a la demanda, la sucesión demandada radicó una extensa contestación, en la que se alega, en substancia, que aun cuando en los diez pagarés otorgados a favor de Eosaly los otorgantes aparecen obligándose solidariamente, lo ocurrido fué en realidad lo siguiente:

Por escritura pública de mayo 4 de 1925, el Sr. Eosaly, gerente del Banco de Ponce, vendió una finca de 93½ cuer-das a don Manuel Pérez Soto, por el precio convenido de $10,000. En la escritura se hizo constar que el precio lo satisfacía el comprador en el acto del otorgamiento, entre-gando al vendedor los diez pagarés suscritos por el compra-dor y por el Sr. Pérez Andújar; y que como garantía cola-teral, el comprador Manuel Pérez Soto, por sí y como apoderado de su esposa, Rabia otorgado en la misma fecha un pagaré al portador, por $10,000, garantizado por una hipoteca sobre la misma finca que acababa de comprar a Rosaly y por un gravamen sobre las cosechas de la finca hasta el completo pago de las obligaciones. En la escritura se pactó también que en caso de que todos o cualesquiera de los pagarés fueran satisfechos por Pérez Andújar, éste o sus herederos quedarían subrogados en todos los derechos y obligaciones del Sr. Pérez Soto sobre la finca objeto del contrato. Los pagos verificados por Pérez Andújar al banco fueron hechos de acuerdo con los términos de 1a, citada escri-tura. La acción para el cobro de la hipoteca que garanti-zaba el pagaré de diez mil dólares, fué dirigida contra Manuel Pérez Soto y la sucesión de Vicente Pérez Andújar, pero ésta no fué nunca emplazada ni notificada. Don Manuel Pérez Soto se allanó a la demanda y fué condenado a pagar $6,536, más las costas. Ejecutada la sentencia mediante venta en pública subasta de la finca, ésta fué adjudicada al banco por la suma de $2,000.

Como defensas especiales los demandados alegaron:

Ira. Que al pagar al banco el importe de los primeros seis pagarés, don Vicente Pérez Andújar y sns herederos queda-ron subrogados en todos los derechos y obligaciones de don Mánuel Pérez Soto en la finca, sus frutos y cosechas y en el pagaré hipotecario que dicha finca garantizaba; y que el banco demandante, ignorando los derechos de los deman-dados, procedió a ejecutar la hipoteca, se hizo adjudicar la finca hipotecada ,y canceló el pagaré hipotecario por $10,000 que garantizaba colateralm'ente los diez vales quirografa-rios.

2da. Que los diez pagarés quirografarios fueron firmados por don Vicente Pérez Andújar en su carácter de fiador soli-dario de don Manuel Pérez Soto, como comprador de la finca, hecho que le constaba y aceptó el Banco de'Ponce, por baber comparecido en la escritura de compraventa; y que al eje-cutar la hipoteca y adjudicarse la finca, sin notificar a los demandados, el banco demandante privó a los demandados del derecho que tienen a quedar subrogados en los derechos de don Manuel Pérez Soto y en los del propio banco deman-dante, por lo que los demandados han quedado libres de la obligación de pago y la deuda totalmente extinguida.

3ra. Que el banco demandante faltó a sus obligaciones al no entregar a los demandados el pagaré hipotecario y la finca hipotecada, al no rendirles cuenta de sus frutos y productos y al no aplicar éstos al pago de la deuda reclamada, de acuerdo con lo que se estipuló en la escritura de mayo 4, 1925, por todo lo cual la deuda ha quedado extinguida, que-dando impedido el demandante de cobrar cantidad alguna a los demandados.

En el acto de la vista, al terminar la prueba del deman-dante, los demandados formularon moción de nonsuit, la cual fué declarada con lugar y la corte dictó sentencia desesti-mando la demanda, con costas, sin incluir honorarios de abo-gado. El banco demandante ha interpuesto el presente recurso. Alega que la corte inferior erró (1) al confundir la subrogación por pago total, con la subrogación por pago parcial y al no aplicar el artículo 1167 del Código Civil; (2) ¾1 no aplicar la teoría sentada en Acevedo v. Domenech, 52 D.P.R. 460, 465, al presente caso; y (3) al aplicar la teoría sentada en National City Bank v. Guarch, 50 D.P.R. 888.

Los artículos- del Código Civil (Ed. 1930) envueltos en el presente recurso, son los siguientes:

“Artículo 1167. — El acreedor, a quien se hubiere hecho un pago parcial, puede ejercitar su derecho por el resto con preferencia al que se hubiere subrogado en su lugar a virtud del pago parcial del mismo crédito.
“Artículo 1738. — El fiador se subroga por el jpago en los derechos que el acreedor tenía contra el deudor.
“Artículo 1751. — Los fiadores, aunque sean solidarios, quedan libres de su obligación siempre que por algún hecho del acreedor no puedan quedar subrogados en los derechos, hipotecas y privilegios del mismo.”

Hagamos un breve resumen de los hechos esenciales admi-tidos por las alegaciones o establecidos por la evidencia, para que podamos resolver si el tribunal inferior erró en la apli-cación de la ley.

El Banco de Ponee, dueño de una finca inscrita a nombre de su Gerente, Sr. Rosaly, la vende al Sr: Pérez Soto por $10,000. El comprador entrega a Rosaly, quien en el acto los endosa al banco, diez pagarés de mil dólares cada uno, suscritos por él y por el Sr. Pérez Andújar, solidariamente. Como garantía colateral, el comprador Pérez Soto entregó al vendedor un pagaré de diez mil dólares, garantizado con hipoteca sobre la misma finca que acababa de comprar. El fiador solidario, Pérez Andújar, pagó al banco el importe de los primeros seis pagarés. Posteriormente el banco eje-cutó la hipoteca, se adjudicó por $2,000 la finca hipotecada en garantía del pagaré de diez mil dólares, vendió la finca a una tercera persona y entabló la presente acción contra los herederos del fiador solidario en cobro de la deficiencia.

¿Cometió la corte sentenciadora los errores que le imputa la parte apelante? La pregunta debe ser contestada en la negativa.

De acuerdo con lo expresamente estipulado por las pártes en la cláusula quinta de la escritura de compraventa de la finca, al hacer efectivos los seis pagarés, el Sr. Pérez Andú-jar y sus herederos quedaron subrogados en todos los dere-chos y qbligaciones del Sr. Pérez Soto en la finca, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 1738 del Código Civil, supra, quedaron subrogados por dicho pago, pro tanto, en los dere-chos que el banco acreedor tenía contra el deudor Sr. Pérez Soto.

Es indudable que el banco acreedor tenía en todo tiempo el derecho de exigir al Sr. Pérez Andújar o a sus herederos el pago de la suma total adeudada, en cuyo caso, una vez solventada la totalidad de la deuda, el fiador solidario -que-daría subrogado en todos los derechos que el banco acreedor tenía contra el deudor Pérez Soto para hacer efectiva la hipoteca que garantizaba el pagaré otorgado como garantía colateral. Y es igualmente indudable que habiendo recibido solamente un pago parcial, que dio lugar a una subrogación parcial, el banco podía proceder a cobrar el resto y a hacer efectiva la garantía hipotecaria con preferencia a la persona que se había subrogado en su lugar en cuanto a la parte del crédito por ella satisfecha, a tenor de lo que dispone el ar-tículo 1167. El banco tenía derecho a ejecutar la hipoteca, vender la finca y aplicar el producto de esa venta al pago de la suma que se le adeudaba. Si algo quedaba después de satisfecha la obligación preferente del banco, el remanente debía ser aplicado al pago de lo que se adeudaba al fiador solidario. Empero, el banco no estaba autorizado para eje-cutar la hipoteca y embargar y vender la finca sin emplazar o en alguna forma notificar o requerir a la parte realmente interesada en la finca y en la hipoteca. De acuerdo con la cláusula quinta de la escritura, de la cual fué parte el banco demandante, el Sr. Pérez Andújar y sus herederos quedaron subrogados por virtud del pago de los seis primeros pagarés en todos los derechos del dueño de la finca y en parte de los derechos del acreedor, con sujeción a la preferencia a que ya nos hemos referido. Si el banco hubiese cumplido con el requisito de emplazar a la sucesión Pérez Andújar, dando a ésta una oportunidad de pagar la suma adeudada y subrogarse en la totalidad de la garantía colateral y tam-bién la oportunidad de concurrir a la subasta en defensa de su derecho a cobrar su crédito después que el banco cobrase el suyo, la posición del banco sería distinta a .la que ahora ocupa como consecuencia de sus propias actuaciones.

Es un hecho admitido que la sucesión Pérez Andújar, fia-dores solidarios, nunca fueron emplazados ni citados en la acción entablada por el Banco de Ponce para cobrar la hipo-teca y vender la finca. La sentencia dictada en dicho caso no puede en manera alguna obligar a la mencionada suce-sión. El banco tenía derecho a cobrar con preferencia a la sucesión, mas no lo tenía a prescindir de los derechos posteriores de ésta. La subrogación parcial que por minis-terio de los artículos del Código Civil arriba citados se operó a favor de la sucesión Pérez Andújar, quedó reducida a la nada por las actuaciones del banco acreedor. Y no erró la corte inferior al sostener que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1751, supra, el fiador solidario quedó libre de bu obligación.

Convenimos con los comentaristas citados por el apelante X Scaevola, Tomo 19, pág. 1051; Manresa, Tomo 8, págs. 446 y 447; Laurent, Tomo 18, pág. 183) en que el fiador solidario que paga parte de la deuda no adquiere un derecho contra el acreedor o en concurrencia con él; y que el acreedor tiene un derecho preferente a cobrar el resto de la deuda. Veamos lo que dice Manresa, en el tomo y página citados, sobre el sentido y alcance de esa preferencia:

“Pero a la expresada preferencia no puede dársele un sentido exagerado, que estorbe las reclamaciones del acreedor subrogado o impida el pago a éste, porque aun no se haya hecho al primitivo ni éste haya utilizado sus derechos, pues llegar a tanto sería como dejar los del acreedor nuevo al arbitrio del antiguo. Así, pues, aquél ten-drá una acción expedita ínterin no la estorbe la concurrencia de la que ejercite el otro, y únicamente cuando se trate de hacer efectiva la garantía hipotecaria, se deberá guardar al derecho del acreedor pri-mitivo la consideración que el carácter preferente de su hipoteca exige.
“Pudiendo realizarse varias subrogaciones sucesivas, puesto que nada se opone a la licitud de estas novaciones repetidas, cabe que en la segunda o posterior la subrogación sea parcial, y en esos casos ha-brá igual razón de preferencia en los derechos del primeramente subrogado respecto de los de aquél que viene a reemplazarle parcial-mente. Por tanto, el orden de las sobrogaciones, que viene a serlo de origen para cada crédito, determinará la preferencia, entedién-dose, por supuesto, ésta siempre del modo que explicado queda.
“Relacionando este artículo eon el 1210, núm. L encontramos que de la subrogación parcial se deriva también el efecto de ser aquélla título por el cual puede llegarse a conseguir la total. En efecto, en Cuanto hay subrogación, adquiere el subrogado la condición de acree-dor ; pero como por ser aquélla parcial, es acreedor pospuesto al pri-mero, según lo determinado en este artículo 1213, concurren en él las dos cualidades que el núm. Io. del artículo 1210 exige para que pueda, pagando el resto, subrogarse por la totalidad, sean cuales fueren las circustancias que en dicho segundo acreedor hubiera res-pecto del crédito en cuestión, antes de hacer el primer pago parcial por razón de aquél.”

Al ejecutar la hipoteca, adjudicarse la ñuca y venderla a un tercero, todo ello sin la intervención y sin el consen-timiento del acreedor subrogado, el banco privó a aquél del derecho a conseguir la subrogación total, pagando el resto de la deuda y adquiriendo para sí la garantía colateral. La carta del Lie. Rafael Y. Pérez Marcband, como representante de la sucesión demandada, en la que informa al banco deman-dante que “Creemos que el más corto de todos los caminos, y el más práctico también, es la ejecución hipotecaria de aquella propiedad por ese banco, para oportunamente con-siderar nosotros y ese banco basta dónde alcanzará nuestra obligación de pago de cualquiera suma que reste de la deuda original pendiente y con la garantía de nuestro causante”, no puede ser interpretada como una renuncia del derecho que la sucesión Pérez Andújar tenía, .como parte interesada en la garantía hipotecaria, a ser oída y a intervenir, como demandante o como demandada, en la acción entablada por el banco para hacer efectiva la hipoteca. Así parece haberlo entendido el banco, pues en la demanda sobre cobro de hipo-teca se incluyó a la sucesión Pérez Andújar como una parte demandada. Empero, como ya hemos hecho constar, no se les hizo notificación alguna de dicha demanda.

En el caso de Acevedo v. Domenech, 52 D.P.R. 460, 465, lo único que se resolvió, que pudiera tener alguna relación con la cuestión envuelta en el presente recurso, fué que .un acreedor tiene interés suficiente en un pagaré dádole en prenda, como garantía colateral, para sostener nn pleito por él instruido a nombre propio exigiendo el cobro del mismo; y que el acreedor a quien se ha dado como garantía colateral un pagaré hipotecario, no necesita ser dueño absoluto del pagaré o de la hipoteca que lo garantiza, a fin de poder iniciar un procedimiento ejecutivo sumario. La corte inferior no negó el derecho del Banco de Ponce, como tenedor del pagaré que le fué dado como garantía colateral, a instar demanda en cobro de la hipoteca. Lo que sí sostuvo, procer diendo a nuestro juicio correctamente, fué que el banco eje-cutante no tenía derecho a ejecutar la garantía a espaldas de e ignorando los derechos adquiridos por el acreedor subrogado; y que al hacerlo así, el acreedor subrogado quedó libre de la obligación en cuanto al resto de la deuda.

Los hechos en el caso de National City Bank v. Guarch, 50 D.P.R. 888, que sirvió de base a la sentencia recurrida, eran similares a los del caso de autos, con la diferencia de que allí el banco no extinguió la garantía colateral, sino que renunció y suspendió por un período de diez años su derecho a declarar la deuda vencida y a ejecutar la hipoteca. Y resolvimos que “sería injusto y en contra de la equidad sos-tener que G-uarch está sujeto a las desventajas y obligaciones de un convenio celebrado sin su conocimiento y sin su con-sentimiento, pero que no tiene derecho a gozar de las ventajas y derechos concedidos por el mismo convenio al otro deudor.’’ La situación del acreedor subrogado en el caso de autos es mucho más desventajosa que la de G-uarch en el caso citado. Guarch solamente tenía que aguardar diez años para poder ejercitar sus derechos como acreedor por subrogación. La sucesión Pérez Andújar no tiene nada a que subrogarse, pues la hipoteca quedó extinguida por el acreedor primitivo sin el consentimiento o conocimiento del subrogado.

La sentencia y resolución recurridas deben ser confirma-das.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señok Snydee

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, querellante, v. Harry E. Henneman, et als., querellados.
    Núm. 10.

    Sometido: Febrero 9, 1942.

      Resuelto: Febrero 27, 1942.

      Son. Procurador General George A. Malcobn y Miguel Guerra Mondragén, Rafael Rivera Zanjas y Luis Venegas Cortés, abogados asociados éstos, abogados del Pueblo, querellante; E. T. Fiddler, H.8. McConnell y José G. González, abogados de los querella-dos.
   El Juez Asociado Señok Snydee

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una petición para que se traslade una querella de la naturaleza de un quo warranto de esta corte a la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico. Des-pués de haber obtenido permiso paira ello, El Pueblo S'e Puerto Rico radicó la querella en este tribunal contra Harry E. Henneman, Heyward E. Boyce, Harry U. Baetjer, Louis Naetzker, A. H. 8. Post, James A. Stevenson y Clarence K. Bowie, como “trustees” de Eastern Sugar Associates y contra la Eastern Sugar Associates, un fideicomiso.

La^ querella alega que “la demandada Eastern Sugar Associates es entidad que se describe a sí misma cual si fuese un fideicomiso, y fue organizada como tal fideicomiso a tenor de las leyes del Estado de Maryland, Estados Unidos de América, a virtud de una declaración de fideicomiso fechada en 16 de enero de 1934, siendo la Isla de Puerto Rico el actual domicilio y situs de dicho fideicomiso.”

Alega la querella que “la demandada Eastern Sugar Associates, así por la declaración de fideicomiso que la cons-tituyera como por su método de operar, se ha investido a sí misma para todo propósito práctico de todos los atributos de una corporación.” Bajo esta alegación contiene la que-rella once subdivisiones exponiendo los términos de la refe-rida declaración de fideicomiso'.

Alega la querella que “dicha demandada Eastern Sugar Associates domina en la actualidad, en concepto de dueña, unos 34,000 acres de tierra, y unos 21,000 acres adicionales como arrendataria en Puerto Rico, en las cuales tierras se dedica en la actualidad a la agricultura, en contravención a las disposiciones del estatuto local relativo a corporaciones privadas y a las disposiciones de la Resolución Conjunta núm. 23, Congreso 56, Primera Sesión, aprobada en 1 de mayo de 1900 (31 Statutes at Large 716, 48 USCA, sec. 752) limitativas de la tenencia de tierras por corporaciones en Puerto Rico a 500 acres.”

La súplica es por “sentencia (a) declarando que la deman-dada Eastern Sugar Associates es para todo propósito prác-tico una corporación extranjera operando en esta Isla, tal como diclio término ‘corporación’ es empleado en los esta-tutos de vigencia local limitativos de la tenencia de tierras por entidades corporativas agrícolas a 500 acres; (b) decla-rando que la demandada Eastern Sugar Associates se dedica a la agricultura en Puerto Rico en tierras, que exceden de 500 acres; (o) ordenando a la demandada Eastern Sugar Associates a cesar y desistir de liacer negocios ulteriores en Puerto Rico; (d) imponiéndole una multa, y (e). dictando cualquier otro pronunciamiento que en justicia y equidad sea pro.eedente. ”

La petición de traslado, radicada por los referidos indi-viduos como “trustees” de la Eastern Sugar Associates, alega que éste es un pleito civil en equidad y “aunque inti-tulado como si el mismo fuera un procedimiento de la naturaleza de quo warranto, es de hecho y de derecho un procedimiento para una sentencia declaratoria . . .”. Alega la petición que en este recurso está envuelta una controversia en donde todos los miembros de una parte son ciudadanos ele estados de los Estados Unidos, no domiciliados en Puerto Rico. Continúa alegando que “el querellante ha tratado impropiamente de hacer aparecer que además de estos peti-cionarios existe otro demandado en este procedimiento, esto es, ‘Eastern Sugar Associates, a Trust,’ . . .”, y que dicho término “es meramente una designación colectiva adoptada por estos peticionarios para facilidad de referencia a ellos en sn capacidad de ‘trustees’ antes mencionada.”

En adición a la alegada diversidad de ciudadanía, la peti-ción alega como fundamento adicional para el traslado que el pleito surge bajo las leyes de los Estados Unidos.

El Gobierno ha radicado una “Contestación del quere-llante a la petición de los demandados.” La contestación niega que ésta sea una acción en equidad o que sea un recurso de sentencia declaratoria. Alega la contestación que éste es un recurso estatutario de la naturaleza dé un quo warranto, que si éste es “un recurso de sentencia declaratoria y no un procedimiento de la naturaleza de un quo warranto . . . esta Hon. Corte carece de jurisdicción sobre la materia pues que los procedimientos de sentencias declaratorias ban de ser instados originalmente y en primera instancia ante las cortes de distrito . . .”, y que “si esta Hon. Corte carece de jurisdicción original sobre este procedimiento, en ese caso esta causa no es trasladable a la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Kico.”

Al oponerse a la petición de traslado el Gobierno sostiene en su alegato que (1) si éste es un recurso de sentencia decla-ratoria, la petición de traslado no puede concederse toda vez que no tenemos jurisdicción original sobre un caso de tal naturaleza; (2) éste no es un pleito que surge bajo las leyes de los Estados Unidos; y (3) la diversidad de ciudadanía no existe en este caso, ya que la Eastern Sugar Associates, un fideicomiso, está domiciliada en Puerto Pico.

El Gobierno -está en lo cierto al sostener que no tene-mos jurisdicción original en un pleito de sentencia declarato-ria y que por tanto si llegamos a la conclusión de que ésta es una petición de sentencia declaratoria, debemos desestimar la solicitud de traslado por falta de jurisdicción sobre el pleito en su fondo. Venner v. Michigan Central Railroad Co., 271 U.S. 127; Lambert Run Coal Co. v. Baltimore & Ohio Railroad Co., 258 U.S. 377.

Sin embargo, estamos satisfechos que ésta es una que-rella de la naturaleza de un quo warranto y no una petición de sentencia declaratoria. En tal caso nuestra jurisdicción original en este pleito existe a virtud de las leyes núms. 33 y 47, Leyes de Puerto Rico de 1935, Sesión Extraordinaria. Puede ser que un recurso de sentencia declaratoria pudo haberse iniciado por el gobierno con el fin de determinar el status de la Eastern Sugar Associates y las tierras que se alega la misma posee. Tal recurso simplemente habría declarado los derechos y responsabilidades de los querella-dos. Borchard on Declaratory Judgments, páginas 155, 156, 275, 315, 318, 362, 363. Pero el Gobierno prefirió entablar, mediante permiso concedido por este tribunal, un caso típico de quo warranto con una súplica de remedio afirmativo; a saber, que la querellada Eastern Sugar Associates cese de hacer negocios en Puerto Rico y que se le imponga una multa. Este pleito es similar al de Pueblo v. Central Aguirre Associates, 59 D.P.R. 406, en el cual el Juez Asociado Sr. Todd, Jr., se expresó en la siguiente forma:

“La querella en este caso tiene un solo objeto primordial: de-terminar si las querelladas, a virtud de la combinación ilícita ale-gada, están violando la Ley de 500 acres y, en caso afirmativo, que se aplique a cada una de ellas la sanción legal correspondiente(Itáli-cas nuestras:)

Concluimos por tanto que tenemos jurisdicción sobre este caso, y debemos considerar la petición de traslado. Para que este pleito se pueda trasladar, tiene que ser uno “de natu-raleza civil, en ley o en equidad”, que “surja bajo la Cons-titución o leyes de los Estados Unidos ...” o un pleito en el cual “todas las partes de cualquier lado de la controversia sean ciudadanos . . . de un . . . Estado o Estados ... y en el cual el asunto en disputa exceda de . . . $3,000.”

Mientras el gobierno niega que éste es un caso en equidad, parecería que las partes estén de acuerdo que es un caso civil. Las autoridades son terminantes en este punto. El recurso de quo warranto, originalmente un remedio civil de la corona, fué sustituido por un procedimiento en la forma de una acusación criminal, la cual a su vez se transformó en una acción substancialmente civil. Note, Quo Warranto Against Private Corporations, 41 Harvard Law Review, 244; High, Third Edition, páginas 544, 555, 556; Standard Oil Co. v. Missouri, 224 U.S. 270, 282, et seq.; Pueblo v. South P. R. Sugar Co., 54 D.P.R. 131.

También se ha establecido sin lugar a dudas que una querella de la naturaleza de un quo warranto radicada por un estado, puede ser trasladada de una corte estatal a una corte de distrito federal, siempre y cuando el pleito surja bajo las leyes de los Estados Unidos o que exista el requisito de diversidad de ciudadanía. Ames v. Kansas, 111 U.S. 449; Klein v. Wilson & Co., 7 F.. (2). 772; State of Illinois v. Illinois Central Railroad Co., 33 F. 721 (Corte de Circuito, N.D., Ill., 1888; caso radicado originalmente en corte criminal estatal); Dougherty v. Michigan Bell Telephone Co., 209 N.W. 200 (Mich.—1926).

Por tanto es necesario que determinemos (a) si este pleito surge bajo las leyes de los Estados Unidos, o (6) si la diversidad de ciudadanía existe en este caso. La Corte Suprema de los Estados Unidos resolvió en Puerto Rico v. Rubert Hermanos, Inc., 309 U.S. 543, que una querella de la naturaleza de un quo warranto radicada en esta corte contra una corporación por violación de la Sección 752, Título 48, United States Code, no surgió, bajo las leyes de los Estados Unidos. Los peticionarios no han señalado distinción alguna entre el- caso de Rubert y el de autos en cuanto a esta cues-tión. Sostenemos que no existe ninguna cuestión federal en este caso y que no puede ser trasladado por ese fundamento.

Vamos a considerar ahora la única cuestión seria ante nos — diversidad de ciudadanía. Desde que las leyes núms. 33 y 47 de 1935, Sesión Extraordinaria de ese año, fueron aprobadas, dándole a esta corte jurisdicción original en procedimientos de quo warranto de- esta naturaleza, nueve querellas lian sido radicadas en esta corte. En dos de ellas los demandados lian pedido el traslado a la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Pnerto Rico a base de qne sur-gieron bajo las leyes de los Estados Unidos. Negamos ambas peticiones (Pueblo v. South P. R. Sugar Co., 54 D.P.R. 131; Pueblo v. Central Aguirre Associates, 59 D.P.R. 406), y nuestra actuación ha sido sostenida por la decisión en el caso de Puerto Rico v. Rubert Hermanos, Inc., supra. Este es el primer caso en que la petición de traslado se ha basado principalmente en diversidad de ciudadanía.

■ Si el Pueblo de Puerto Rico es demandante en un caso civil en una corte insular y todos los demandados son ciu-dadanos de un estado o estados de los Estados Unidos y no están domiciliados en Puerto Rico, una petición de traslado de un caso de esta naturaleza a la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico a base de diversidad de ciudadanía debe ser concedida. Pueblo de Puerto Rico v. Fortuna Estates, 279 F. 500; Pueblo de Puerto Rico v. Livingston, 47 F. (2) 712. A estos fines una corporación es considerada una ciudadana del estado donde -ha sido incor-porada. Véase Puerto Rico v. Russell & Co., 288 U.S. 476.

El G-obierno no ha controvertido las alegaciones de que el asunto en disputa en este caso excede de $3,000 y que todos los “trustees” unidos individualmente como demanda-dos son ciudadanos y residentes de estados de los Estados Unidos, no domiciliados en Puerto Rico. En vista de esos hechos, los “trustees” individualmente insisten en su derecho de traslado por el fundamento de que en este caso no hay ninguna otra persona jurídica envuelta. Convenimos con el Gobierno que de nosotros trasladar el caso a base de eso sería en efecto decidir el caso en sus méritos. El hecho de que Eastern Sugar Associates tenga una personalidad jurí-dica propia es una de las cuestiones principales a ser deter-minadas en este caso. Sin embargo, no es necesario que entremos en -esta cuestión. A los fines de la petición de traslado, asumiremos, sin decidir la cuestión, que el Gobierno está en lo cierto al alegar que Eastern Sugar Associates tiene una personalidad jurídica propia y separada de los “trustees” individualmente.

Los demandados alegan que aún si Eastern Sugar Associates es una entidad jurídica, no es una corporación, y que por lo tanto debemos aún considerar la ciudadanía y residencia de los “trustees” para determinar si existe diver-sidad de ciudadanía. Great Southern Fire Proof Hotel Co. v. Jones, 177 U.S. 449; Thomas v. Board of Trustees, 195 U.S. 207; Beavers v. McMillan et als., 44 F. (2) 668; Brown v. Protestant Episcopal Church, 8 F. (2) 149. El decidir esta cuestión nos obligaría a determinar basta qué punto Puerto Rico v. Russell & Co., 288 U.S. 476, ha modificado la doctrina sentada en estos casos. Véanse 47 Harvard Law Ueview 135; 33 Columbia Law Beview 540; 42 Harvard Law Beview 1079. Una vez más esto equivaldría, implícitamente, a entrar- én los méritos del caso, ya que el Gobierno está tratando de que se decida que Eastern Sugar Associates es una corporación. Pero ya que encontramos de aquí en ade-lante que la alegada entidad es una entidad extranjera, y ya que los “trustees*’ son reconocidos ciudadanos y residentes de estados de los Estados Unidos, este problema desaparece. Este pleito puede ser trasladado bien miremos a la alegada entidad o a sus “trustees” individualmente buscando el requisito de diversidad de ciudadanía, siempre y cuando que la entidad sea extranjera.

Tenemos por lo tanto que determinar si Eastern Sugar Associates es una entidad extranjera. En su querella el Gobierno alega que “Eastern Sugar Associates es entidad que . . . fué organizada ... a tenor de las leyes del Estado de Maryland . . .”. El Gobierno suplica se dicte sentencia “declarando que la demandada Eastern Sugar Associates es para todo propósito práctico una corporación extranjera ope-rando en esta Isla....”. Parecería que esto hiciese el pleito trasladable sin ulterior investigación. Pero el Go-bierno se opone al traslado porque la querella también alega que “el actual domicilio y situs” de Eastern Sugar Associates es en Puerto Rico, y que la oficina principal de nego-cios radica en Caguas, Puerto Rico. Estas alegaciones y la prueba relativa a ellas puede afectar los méritos del caso. Pero las cuestiones de “situs”, radicación de oficina principal, y radicación de bienes inmuebles que se alega perte-necen a una entidad jurídica no tienen nada que ver con el traslado. El derecho al traslado de una entidad jurídica descansa en el becbo de que baya sido organizada bajo las leyes de un estado de los Estados Unidos. Véase Puerto Rico v. Russell & Co., 288 U.S. 476, y los casos allí citados. Y el mismo Gobierno alega que en este caso esto se efectuó en el estado de Maryland. /

La súplica de que declaremos que Eastern Sugar Associates es una corporación extranjera fortalece la conclusión a que bemos llegado. A pesar de que por lo regular la súplica no forma parte de un recurso, no nos parece fuera de lugar citarla en esta ocasión, en vista de su- conformidad con la alegación del Gobierno, que la supuesta entidad fué orga-nizada bajo las leyes de Maryland. Observamos también que la súplica para que recaiga sentencia se abstiene de pedir “la disolución de la entidad demandada” como se provee en la sección 2 de la ley núm. 47, Leyes de Puerto Rico de 1935, Sesión Extraordinaria, “si fuere doméstica”.

Concedemos la petición de traslado a disgusto. “Segu-ramente nada toca más de cerca el interés local de Puerto Rico que la legislación haciendo efectiva la restricción Con-gresional sobre tenencias corporativas” (Puerto Rico v. Rubert Hermanos, Inc., 309 U.S. 543, 548). Y casos en los cuales están envueltas nuevas cuestiones de ley local son mejor decididas en las cortes locales que en las federales. (Railroad Commission of Texas v. Pullman, 85 L. ed. 580). Pero bajo los estatutos federales y los casos de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre traslado de casos, no tenemos otra alternativa que conceder la petición de traslado en este caso.

Se dictará una orden traslada/i%do la querella a la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Luis Castro Feliú, demandante y apelado, v. Rexach Racing & Sporting Corporation, demandada y apelante.
    Núm. 8485.

    Sometido: Febrero 2, 1942.

      Resuelto: Marzo 4, 1942.

      Luis Sánchez Bahamonde y Heriberto Torres Sola, abogados de la apelante; Leopoldo Felíu, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Se pide la desestimación del recurso interpuesto en este caso por no ser apelable la orden recurrida. Para resolver la cuestión planteada precisa fijar los antecedentes de esa resolución.

En abril 18, 1940 Luis Castro Feliú demandó a la Rexach Racing and Sporting Corporation, una corporación domés-tica dedicada a la explotación del hipódromo “Las Casas,” pidiendo que se dictara sentencia en su contra ordenándole practicar liquidación de los beneficios netos obtenidos de “carreras de caballos y juegos de pool, bancas y subscriptions funds” celebrados en su hipódromo durante determi-nado período, fijándose “la suma que corresponde al deman-dante,” y así fijada se la pague con intereses, costas y honorarios de abogado.

Contestó la demandada negando las alegaciones de la demanda y pidiendo qne ésta fnera declarada sin lngar, con costas y honorarios. Fné el pleito a juicio y la corte lo resolvió por sentencia de diciembre 30, 1940, ordenando a la demandada la práctica de la liquidación “de los beneficios netos por ella obtenidos en la celebración de carreras de caballos en el hipódromo ‘Las Casas’ desde octubre 18 de 1937 hasta junio 30 de 1938, a los fines de fijar la suma que de dichos beneficios y de acuerdo con las estipulaciones del contrato celebrado con el demandante le corresponde al mismo; y una vez fijados y determinados dichos beneficios netos” los pague con interes'es y costas.

La demandada consintió la sentencia. El demandante pidió a la corte que la reconsiderara y enmendara “dispo-niendo en ella que la demandada rinda la ameritada cuenta de beneficios incluyendo en ella los ingresos por ella tenidos de dichas carreras y juegos.” Pidió .'también que se calcu--laran los intereses desde junio de 1938 y se condenara en honorarios a la demandada.

Su moción fué resuelta en enero 8, 1941, como sigue:

“Vista la moción del demandante sobre reconsideración y en-mienda de sentencia, se declara sin lngar la misma.
“La condena de honorarios de abogado descansa en la sana dis-creción del tribunal sentenciador habida cuenta del grado de teme-ridad de la parte perdidosa, y cuando hay diferencia entre lo pedido en la demanda y lo concedido en la sentencia no puede haber te-meridad por parte del demandado al defenderse.
“No procede la concesión de intereses sobre una cantidad que aún no ha sido liquidada y que no lo había sido en junio 30 de 1938.”

En enero 30, 1941 la demandada presentó su liquidación y en febrero 6 siguiente su objeción a la misma el deman-dante alegando que no se habían incluido, entre otros ingre-sos, los procedentes de subscription funds. Veinte días más tarde la demandada impugnó la moción de objeción. Sos-tuvo en substancia que en la sentencia no se había ordenado la inclusión en la liquidación de los beneficios obtenidos por subscription funds, ni por otras actividades fnera de las carreras de caballos, quedando ello ratificado por la nega-tiva de la corte a reconsiderar su sentencia.

En mayo 27, 1941, la corte resolvió la cuestión, como sigue:

“La sentencia de esta corte que declaró con lugar la demanda ordena que por la demandada se practique una liquidación de los beneficios netos obtenidos por ella en la celebración de carreras de caballos en el hipódromo ‘Las Casas’ desde octubre 18 de 1937 hasta junio 30 de 1938, a los fines de fijar la suma que de dichos beneficios y de acuerdo con las estipulaciones del contrato celebrado con el demandante le corresponde al mismo.
‘ ‘ Firme dicha sentencia, la demandada se limitó a radicar una re-lación de ingresos y egresos incompleta, pues en la misma existen solamente lqs ingresos procedentes de pool, bancas, y taquillas du-rante el período a que se refiere la sentencia, faltando los ingresos que por otros conceptos, tales como ‘subscription fund’, arrendamiento de las cantinas, y servicio de radio, obtuvo la misma durante dicho período. ⅛
“Dispone el contrato que la demandada pagará al demandante un tanto por ciento de los beneficios netos que se obtengan por la corporación en los días de carreras de caballos que se celebren en el hipódromo de la demandada, y que se entenderá por ganancias netas de la corporación los beneficios que se obtengan como resultado de las carreras de caballos que se celebren, después de descontar, entre otros gastos, todos los gastos conocidos en los hipódromos como ‘ de carreras, ’ tales como pago del personal del pool, subscription fund, etc,, lo que demuestra que durante los días de carreras es que se juega el subscription fund y que el demandante tiene derecho a participar de los beneficios que la corporación pueda obtener por tal concepto, pues no puede jugarse al subscription fund sin la cele-bración de carreras.
«“Se ordena a la demandada que dentro de diez días radique una relación, y sirva copia de la misma al demandante, de todos los in-gresos y egresos de la misma en los días en que se celebraron carreras de caballos en el hipódromo ‘Las Casas’ durante el período com-prendido entre octubre 18 de 1937 a junio 30 de 1938, todo ello en cumplimiento de la sentencia dictada en este caso.
“Se señala el día 25 de junio de 1941, a las nueve de la mañana, para oír a las partes, en cuyo día podrán comparecer las mismas asistidas de sus abogados y practicar prueba con relación al conte-nido de dicha relación o a las objeciones que el demandante formule; debiendo la demandada traer consigo y tener a disposición del de-mandante, todos sus libros, records y comprobantes que acrediten los ingresos y egresos tenidos por la misma durante las fechas a que se refiere la sentencia y durante los días en que se hayan celebrado carreras de caballos en el hipódromo ‘Las Casas.’ ”

Y fue contra esa resolución que se interpuso el recurso cuya desestimación se pide.

El artículo -295 del Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933, es el que determina de cuáles sentencias y resoluciones de las cortes de distrito se puede apelar para ante este Tribunal Supremo. Los números uno y dos del mismo son inaplicables. Sólo en el tercero estaría comprendido este caso si la resolución apelada tiene el carácter de “una providencia especial dictada después de sentencia definitiva. ’ ’

En Ríos et al. v. Ríos, 15 D.P.R. 280, 281, citando casos anteriores, se dijo:

“Asimismo hemos resuelto que, para que dicha orden constituya tal providencia especial, la materia objeto de la reclamación no debe ser de tal naturaleza que pueda ser revisada mediante una apelación interpuesta contra la sentencia misma. (Véanse los casos de José Martínez v. José Pilar, 3 Dec. de P. R., 135. Sucesión María Díaz v. José Avalo, 2 Dec. de P. R., 637.)’’

Y en Hernáiz, Targa & Co. v. Vivas, 20 D.P.R. 106, 109, también haciendo referencia a decisiones anteriores, se rei-teró la jurisprudencia en los siguientes términos:

“Esta Corte Suprema de Puerto Rico en el caso de Ayoroa v. Sucesión Méndez, 13 D.P.R. 286, 290, invocando lo decidido en el de Avalo Sánchez v. Sucesión Díaz, resolvió que a los efectos del número 3 del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, se entiende por providencia especial aquella que lesiona un derecho al resolver sobre una cuestión no discutida en el pleito, ni resuelta por la sen-tencia definitiva, o que provee en contra de lo resuelto por la sen-tencia. ’ ’

Son de peso los argumentos de la parte apelante al sos-tener que la orden apelada tiene el carácter de una providen-cia especial dictada después de sentencia de acnerdo con la ley y la misma jurisprudencia citada por la parte apelada, ya que dicha sentencia no contenía pronunciamiento espe-cífico alguno sobre los beneficios derivados del subscription fund y la orden apelada había resuelto por vez primera el asunto en forma contraria a lo ya decidido por la sentencia y ratificado por la orden declarando sin lugar la reconside-ración que le pidiera el demandante.

Siendo ello así, existiendo por lo menos duda fundada de si puede o no calificarse de providencia especial la apelada, dependiendo la calificación de todas las circunstancias con-currentes, parece lo razonable que se dé a la parte que inter-puso el recurso- una oportunidad completa de discutir los méritos del mismo. Una vez discutidos, la Corte se encon-trará en mejores condiciones de impartir justicia substancial a ambas partes.

La moción de desestimación debe, pues, declararse por ahora sin lugar y a fin de que el asunto no se dilate indebi-damente, se señala la vista del recurso para el siete de abril próximo a las dos de la tarde.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    Banco de Ponce, demandante y apelado, v. Celestino Iriarte, Adolfo García Veve y Juan Pedrosa, demandados y apelantes.
    Núm. 8379.

    Sometido: Febrero 6, 1942.

      Resuelto: Marzo 4, 1942.

      P. R. Aponte, abogado de los apelantes; Vicente Zayas Pizarro y M. Orraca Torres, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

El Banco de Ponee radicó en la Corte de Distrito de Ponee una demanda en cobro de dos pagarés otorgados por los demandados mancomunada y solidariamente y en los que ellos se sometieron expresamente a los tribunales de Ponee. El 24 de marzo de 1941 los demandados solicitaron de la corte inferior el traslado de la causa a la Corte de Distrito de Humacao, por ser este distrito el de la residencia del codemandado Adolfo Grarcía Veve y tratarse de una acción personal. Esta moción fue declarada sin lugar el 22 de abril del mismo año por el fundamento de que los demandados se habían sometido a las cortes de Ponce, y los demandados apelaron de dicha resolución para ante esta corte.

Después de haber sido declarada en parte con lugar una moción eliminatoria y de haber radicado el demandante una demanda enmendada, los demandados, al contestar la misma, radicaron otra moción solicitando el traslado de la causa para la Corte de Distrito de Humacao, basada ésta en que la conveniencia de los testigos de los demandados y los fines de la justicia se benefician con dicbo traslado. Oídas las partes, esta moción fué declarada sin lugar por la corte inferior y de esta resolución también apelaron los demandados para ante esta corte, habiéndose tramitado las dos apelacio-nes a que nos fiemos referido como una sola.

Los apelantes como fundamento de sus recursos imputan a la corte inferior la comisión de dos errores al declarar sin lugar el traslado fundándose en la convención firmada por los apelantes al otorgar los pagarés objeto de litigio y al resolver que existiendo tal convención no procede el traslado aunque la conveniencia de los testigos y los fines de la jus-ticia se beneficien con el cambio. Consideremos el primer error.

En los pagarés objeto de esta acción, los demanda-dos hicieron constar lo siguiente: “Nos sometemos expre-samente a los tribunales de Ponce.” Los artículos 76 y 77 del Código de Enjuiciamiento Civil (ed. 1933), en su parte pertinente, dicen así:

“Artículo 76. — Con arreglo a su jurisdicción, una corte conocerá de los pleitos a que dé origen el ejercicio de las acciones de todas clases, cuando las partes hubieren convenido en someter dicbo pleito a la decisión de tal corte.
“Artículo 77.' — (Enmendado según la Ley Núm. 14 de 1933, pág. 213.) Se entenderá hecha la sumisión:
“1. Por convenio eserito de las partes.”

Desde el año 1900 esta Corte Suprema, en el caso de Garcés v. Franceschi, 1 S.P.R. 84, explicó la distinción que hay entre jurisdicción y competencia, diciendo:-

“Por jurisdicción se entiende la potestad de que se hallan inves-tidos los Jueces y Tribunales para administrar justicia; y por com-petencia, la facultad que tienen para conocer de ciertos negocios ya por la naturaleza de las cosas, bien por razón de las personas.”

En el año 1911, aplicando los artículos 76 y 77 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra, en el caso de Bayron et al. v. García et al., 17 D.P.R. 538, después de citar el de Garcés, se dijo por voz del entonces Juez Presidente, Sr. Hernández:

“ ‘La jurisdicción, como dice el ilustrado comentarista Manresa y Navarro, emana siempre de la ley, directa e inmediatamente; nadie puede ejercerla sin que la ley le haya concedido este poder; sólo tienen jurisdicción, sólo pueden administrar justicia las personas a quienes les ha sido conferido este poder con arreglo a la ley; mas la compe-tencia de un juez para conocer de un negocio, aunque se derive tam-bién de la ley, uhas veces trae de ella su origen directa, inmediata y exclusivamente, y otras lo tiene de la voluntad de las partes. El primer caso forma la regla general y el segundo las excepciones.’
“De aquí que la jurisdicción no puede prorrogarse; lo contrario sucede con la competencia. Si una corte por precepto de la ley ca-rece de jurisdicción para conocer de una acción, el consentimiento de las partes nunca podrá darle esa jurisdicción. •
“Por el contrario, si una corte carece de competencia para co-nocer de una acción, adquiere esa competencia siempre que tenga jurisdicción para conocer de dicha acción, por convenio o sumisión de las partes, según los artículos 76 y 77 del Código de Enjuiciamiento Civil.”

Tres años más tarde, en el caso de Hernáiz, Targa & Co. v. Vivas, 20 D.P.R. 106, 114, este Tribunal hizo constar que lo que introducía alguna confusión en estas materias de sumisión y de traslado, era el hecho de que los artículos 76 y 77 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra, son de origen distinto a la totalidad del código; pero no fué hasta el año 1916 y en el caso de Gómez v. Toro, 23 D.P.R. 642, que por voz de su entonces Juez Asociado Sr. Del Toro, y después de hacerse un análisis comparado de dichos artículos con los artículos 56, 57 y 58 de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil y de citarse más ampliamente de los Comentarios de Manresa y de la jurisprudencia americana, se estableció la siguiente doctrina:

“Hemos estudiado las decisiones citadas y creemos que no son aplicables. El legislador portorriqueño quiso preservar y preservó en el nuevo Código de Enjuiciamiento Civil el principio del antiguo sobre sumisión previa de las partes. Dicho precepto es claro y fué repetidamente interpretado, como hemos visto, en el sentido de que la sumisión previa es un pacto lícito y una vez que se hace en legal forma obliga a la persona que se somete y aun a sus herederos. Tal interpretación era perfectamente entendida y practicada en Puerto Rico y no es contraria a la honestidad, ni a las buenas costumbres, ni a la política pública. Al parecer la única diferencia que existe entre la jurisprudencia americana y la española consiste en que según la primera es necesario que se inicie el pleito para que pueda la parte someterse, y según la segunda, tal sumisión puede acordarse al celebrarse el contrato que pueda dar origen al pleito. El prin-cipio de la sumisión voluntaria, que es lo esencial a nuestro juicio, se reconoce, pues, por ambas jurisprudencias. De ahí que sin difi-cultad alguna, no obstante ser nuestro Código de Enjuiciamiento Civil actual casi en su totalidad de origen americano, puedan subsis-tir sus artículos 76 y 77 con su interpretación antigua. No se viola con ello ningún derecho fundamental reconocido por las leyes exis-tentes, y se cumple la intención de la legislatura que fué sin duda la de preservar una forma contractual bien entendida y practicada por muchos años en esta isla.”

El caso de Gómez v. Toro, supra, lia sido citado con aprobación en Martorell et al. v. J. Ochoa Hno., 25 D.P.R. 759, 775; Agenjo y Santiago et al. v. Santiago et al., 26 D.P.R. 713; Mitjans v. Mitjans, hoy su Sucesión, 26 D.P.R. 803; Körber & Cía. v. Colón et al., 30 D.P.R. 772; Sucrs. de Abarca v. Nones et al., 30 D.P.R. 866, 870; Font v. Castro, 33 D.P.R. 784, y Sucrs. de J. Fernández, S. en C., v. Zalduondo, 40 D.P.R. 339.

En el caso de Körber & Cía. v. Colón et al., supra, los apelantes alegaron expresamente que la decisión en el caso de Gómez v. Toro, era errónea y solicitaron su revocación y la corte ratificó la doctrina diciendo:

“El caso de Gómez v. Toro, supra, ha sido citado con aprobación en varias ocasiones por este mismo tribunal. Véase especialmente el caso de Mitjans v. Mitjans, hoy su Sucesión, 26 D.P.R. 803. En el curso de la opinión se dijo:
'Esta Corte Suprema ha resuelto varias veces que la renuncia del fuero del domicilio es una condición lícita en los contratos tanto como una de las costumbres locales bien establecidas, sancionada por el orden público y sostenida por la uniforme corriente de la juris-prudencia.’ ”

Y ahora, 26 años después de establecida esta doctrina, de nuevo se nos pide por los apelantes que la revoquemos alegando como fundamento que ella se opone a la política pública y que por este motivo ha sido descartada por todos los tribunales americanos.

Si bien el argumento no necesitaría ulterior consideración debido al hecho de que la doctrina establecida por este tribunal lo fue a base de la distinción bien definida hecha en los casos citados, en cuanto al origen español de los artículos 76 y 77 del Código de Enjuiciamiento Civil y la aceptación por este tribunal de la licitud de la sumisión contractual de acuerdo con los conceptos “jurisdicción y competencia”, no está de más que demostremos que la pretendida unanimidad de la jurisprudencia americana sobre la materia, alegada por los apelantes, no existe y que, por el contrario, son muchos los casos en que se ha sostenido la validez de la sumisión contractual. Examinemos ligeramente la jurisprudencia.

En Wisconsin, la Corte Suprema del Estado sostuvo la validez de tal sumisión en State v. Luchsinger, 286 N. W. 72; en Indiana/la Corte de Apelaciones falló en igual sen-tido, en Terre Haute Brewing Co. v. Ward, 102 N. E. 395; en Alabama se resolvió lo mismo en Chandler v. Hardeman, 68 So. 525; en Washington, está la decisión del Tribunal Supremo en State v. Kings County Super. Co., 112 P. 927, sosteniendo que las partes pueden pactar con respecto a qué corte debe conocer de determinado caso; en el mismo Estado de Massachusetts, donde puede decirse que nació la doctrina opuesta, o sea, la regla que invocan los apelantes, establecida en los casos de Nute v. Hamilton Mut. Ins. Co., 6 Gray (Mass.) 174, y Hall v. People’s Mut. Ins. Co., 6 Gray (Mass.) 185, la Corte Suprema se negó a seguir dicha regla en los casos de Daley v. People’s Bldg., Loan & Savings Ass’n., 59 N. E. 452, y Mittenthal v. Mascagni, 66 N. E. 425, sosteniendo en su lugar la validez de una sumisión contractual, y de hecho, si no se revocó el caso de Nute v. Hamilton Mut. Ins. Co., supra, se hace un esfuerzo por distinguirlo. Finalmente, en Texas, aunque el Tribunal Supremo resolvió en International Travelers’ Ass’n. v. Branum, 212 S. W. 630, que la sumisión contractual, antes de que el pleito haya sido iniciado, es nula, por ser contraria a la política pública ha habido manifestaciones de las Cortes de Apelaciones Civiles de Dallas y de Amarillo que están en conflicto con dicha de-cisión. Así, por ejemplo, en Texas Moline Plow Co. v. Biggerstaff, (Tex.) 185 S. W. 341, la Corte de Apelaciones Civiles de Amarillo, después de basar su decisión en un es-tatuto que consideró aplicable, añadió:

“Además, la moción de traslado estaba bien fundada por otro motivo: el párrafo arriba citado fijó, por acuerdo de las partes, al condado de Dallas como el sitio donde se ventilaría cualquier pleito que surgiera de un quebrantamiento del contrato. Tal pacto ha sido declarado válido en este Estado (Ft. Worth Board of Trade v. Cooke, 6 Tex. Civ. App. 324, 25 S. W. 330), y pactos similares ban sido sostenidos por la mayoría de las autoridades en otras jurisdicciones (State ex rel. Schwabacher Bros. & Co. v. Superior Court, 61 Wash. 681, 112 Pac. 927, Ann. Cas. 1912C, 815 y nota; Williams v. Branning, 154 N. C. 205, 70 S. E. 290, 47 L.R.A. (N.S.) 351 y nota).”

Es cierto que esta decisión antecede a la del Tribunal Supremo en International Traveler’s Ass’n. v. Branum, supra, pero aún después de dicha decisión, la Corte de Ape-laciones Civiles de Dallas, en Pavlidis v. Bishop & Babcock Sales Co., (Tex.), 41 S. W. (2d) 294, volvió a insistir en la doctrina de que la sumisión contractual es válida, diciendo:

“No podemos estar de acuerdo con la última indicación: esto es, que no se puede fijar el lugar del juicio por contrato. El derecho a ser demandado en el condado donde uno reside es un privilegio que puede ser renunciado por acuerdo de las partes, y a menos que tal acuerdo fijando el lugar del juicio vaya en contra de un estatuto, es, en nuestra opinión, válido y puede ser puesto en vigor; es más, la competencia fijada por la sección 5ta. del art. 1995, descansa to-talmente sobre una base contractual (casos citados).”

La unanimidad en las decisiones reclamada por los apelan-tes en apoyo de su contención, no existe. Hay un abierto con-flicto en las autoridades, y aunque podría admitirsé que la mayoría de las jurisdicciones siguen la doctrina que declara nula cualquier sumisión contractual con respecto a pleitos no iniciados, también es cierto qué en muchos casos se sos-tiene la validez de tales pactos. Como dijo el Juez Holmes en el caso de Daley v. People’s Bldg., Loan and Savings Ass’n., 178 Mass. 13, 59 N. E. 452:

“Una de las condiciones es que ‘cualquier acción traída contra esta corporación por un accionista, será incoada. . . en el Condado de Ontario, Estado de New York’. Somos de opinión que ésta con-dición debe ser puesta en vigor. No deseamos recovar el caso dé Ñute v. Insurance Co., 6 Gray 174, péró es obvio que esa decisión no fué terminante, y creemos que no debe ser aplicada al caso de autos. . . La fraseología usada aquí es distinta a la usada en Ñute v. Insurance Go., y más fuerte. Fué usada con la intención clara de condicionar el contrato, y somos de opinión que efectivamente lo condiciona. No se indicó en Nute v. Insurance Co. que cuando un contrato está con-dicionado en tal forma y dicha condición es válida, haya alguna dificultad técnica que impida poner en vigor dicha condición, alegán-dola como impedimento contra una acción traída en otro sitio. . . Pero objeciones de esta índole pueden ser presentadas de tal manera que parezcan más graves de lo que soil. Las cortes están menos in-clinadas, cada día a intervenir con el derecho de las partes a otorgar los contratos que deseen, mientras ellas sólo afecten su propio bienes-tar y no el de alguna otra persona.”

No existe, como hemos visto, unanimidad en lá jurispru-dencia americana, sino que en muchas jurisdicciones se- ha aplicado la misma doctrina establecida por este tribunal en el caso de Gómez v. Toro, supra, a base de la interpretación de preceptos similares en la legislación española. No vemos razón alguna para variar dicha doctrina, bien conocida y aceptada por la profesión desde hace más de 26 años. Como se dijo, aplicando la regla de “stare decisis”, en el caso de García Fernandes, ex parte, 44 D.P.R. 296: “Una vez que una* cuestión ha sido deliberadamente resuelta luego de ar-gumentos solemnes, no debe ser variada, a menos que sea tan manifiestamente errónea que no pueda sostenerse sili violentar la razón y lá justicia”.

Los apelantes no nos lian convencido de qne la doctrina de la previa sumisión contractual a la competencia de una corte de jurisdicción general sea tan manifiestamente errónea que no pueda sostenerse sin violación a la razón y la justicia. Por el contrario, somos de opinión que variar diclia doctrina después de, tantos años de establecida y conocida por todos podría afectar muchos contratos otorgados .tomando en consideración su existencia. No se cometió el primer error.

Tampoco el segundo, pues'aparece de los autos que la corte inferior al denegar el traslado solicitado por los demandados por conveniencia de sus testigos, tomó en con-sideración los affidavits de una y otra parte y si bien hizo constar que el propio pacto de sumisión era un obstáculo ,para el traslado, en última instancia lo que resolvió fue lo siguiente:

“El motivo de la solicitud de traslado es el de que los testigos mencionados no están obligados a venir a la Corte de Distrito de Ponce a dar su testimonio, pero que estarían dispuestos a trasladarse a la Corte de Distrito de Humacao, y que si fueran obligados a com-parecer en la Corte de Distrito de Ponce se obligaría a los deman-dados a someter su caso mediante deposiciones. Si _ eso constituye una inconveniencia para los testigos deberíamos decir que la conve-niencia de los testigos de una sola parte no debe considerarse sino la conveniencia de los testigos de demandante y demandados, y la inconveniencia de los testigos será igual tanto para los de la parte actora como para la parte' demandada; en tales circunstancias el motivo para el traslado no es en este caso válido. (Rowland v. Britton, 14 P. 2d. 116 (Cal.); Leopold v. Livermore, 197 P. 778, 115 Wash. 481.)”

De manera, que lo que hizo la corte inferior fue pesar las conveniencias de los testigos de ambas partes y el bien de la justicia, y en el ejercicio de su discreción denegó el tras-lado. Ya hemos resuelto en Sánchez v. Atlas Commercial Company, 27 D.P.R. 566 y Abraham v. Piereschi, 36 D.P.R. 58, que la facultad concedida a las cortes por el artículo 83 del Código de Enjuiciamiento Civil para cambiar el lugar del juicio cuando la conveniencia de los testigos y los fines de la justicia se benefician es discrecional y qne en casos de traslado a base de affidavits contradictorios esta corte no intervendrá con la discreción ejercitada por la corte inferior y no se revocará sn resolución a menos qne se demuestre un abuso de discreción. No estamos, convencidos de que esto baya ocurrido en este caso, y por tanto, debr~> desestimarse ambos recursos y confirmarse las resoluciones apeladas.


author: El Juez Asociado Señor Setder

text:
    Juan G. Rivera, demandante y apelante, v. Hon. Rexford G. Tugwell, Gobernador de Puerto Rico, et als., demandados y apelados.
    Núm. 8487.

    Sometido: Febrero 17, 1942.

      Resuelto: Marzo 4, 1942.

      Santos P. Amadeo, Virgilio Brunet, Rafael Baragaño, Jr. y José L. Novas, abogados del apelante; Hon. Procurador■ General George A. Malcolm, Pablo Defending, Procurador General Auxiliar y A. E. Franco Cabrero, Subprocurador Auxiliar, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Setder

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una apelación interpuesta contra un resolución de la corte inferior denegando un injunction pendente lite en un recurso de sentencia declaratoria al efecto de que la ley para prohibir el nepotismo (Ley núm. 32, Leyes de Puerto Rico de 1941) es inconstitucional al aplicarse al ape-lante como maestro de escuela.

En enero 30, 1942 concedimos un injunction para hacer efectiva nuestra jurisdicción apelativa en el presente caso. Ese injunction fue expedido sustancialmente en la forma que lo solicitó el apelante y que fué denegado en la resolución que está ahora en apelación. Al conceder el injunction resolvimos que el apelante “ha levantado una cues-tión seria y sustancial en cuanto a la validez de una ley de la Legislatura de Puerto Rico en lo que a él se aplica . . . y . . . que él sufriría daños irreparables de no conservarse el statu quo por este tribunal mientras la apelación estuviera pendiente ...” Nuestra decisión se basó en Indiana ex rel. Anderson v. Brand, 303 U. S. 95, y hallamos innecesario con-siderar en aquel entonces cualquiera de las otras cuestiones levantadas por el peticionario.

En su alegato en el caso ahora ante nos los funcionarios demandados, aquí apelados, sostienen que todo lo que el caso de Brand decide es que el gobierno puede reglamentar las condiciones bajo las cuales un ciudadano puede continuar como empleado del gobierno, siempre y cuando estas condi-ciones representen un ejercicio razonable del poder de policía. Ésta es una declaración correcta de lo que decide el caso de Brand. Pero,' como señalamos en nuestra opinión de enero 30, 1942, al conceder el injunction para hacer efee-tiya nuestra jurisdicción apelativa en el caso de autos, “Si el efecto de la aplicación de la Ley de Nepotismo a la situación del peticionario como maestro de escuela pública de acuerdo con su contrato escrito es la consecuencia del ejercicio del poder de policía- con un fin público por medios que razonablemente se adapten a dicho fin, es el punto que tenemos que decidir, después de haberse decidido por la corte de distrito la acción para obtener una sentencia declaratoria basada en los méritos y haberse llegado a conclusiones sobre los hechos y la ley.” (Itálicas nuestras.)

Por tanto, el caso ante nosotros no es diferente a la situación- con que nos confrontamos cuando se nos pidió que expidiéramos un injunction para hacer efectiva nuestra ju-risdicción apelativa. En este caso, hasta tanto se hubiera radicado una contestación, se hubiera celebrado el juicio y se hubiera rendido una decisión, la corte inferior, bajo las circunstancias, debió haber expedido el injunction pendente lite. Al declarar sin lugar la moción solicitando tal injunction la corte inferior abusó.de su discreción. Muñoz v. Porto Rico Railway, Light & Power Co., 83 F. (2) 262, 268.

Ambas partes han argumentado elaboradamente el caso en sus méritos. Creemos apropiado conceder a la corte inferior una oportunidad para considerar estas cuestiones, así levantadas. Las consideraremos en detalle solamente si el caso viene ante nos por el curso ordinario y después de juzgado en sus méritos.

Resta sólo la contención de los funcionarios deman-dados, representados por los abogados del gobierno, de que la resolución denegando el injunction no es apelable. El gobierno no ha citado autoridades para sostener esa posi-ción. La Corte de Circuito para el Primer Circuito ha decidido que una resolución similar era apelable, en la cual el propio gobierno interpuso la apelación (Muñoz v. Porto Rico Railway, Light & Power Co., supra).

Se revocará la resolución de la corte de distrito denegando el injunction pendente lite, y se dictará urna nueva resolución ordenando a la corte de distrito que conceda un injunction pendente lite.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


text:
    Rosendo Figueroa, demandante y apelado, v. Asociación Fondo de Ahorro y Préstamo de los Empleados del Gobierno Insular de Puerto Rico, demandada y apelante.
    Núm. 8381.

    Sometido: Febrero 11, 1942.
    Resuelto: Marzo 6, 1942.

      José R. G-elpí, abogado de la apelante; Rafael Soltero Peralta, abo-gado del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

El 14 de octubre de 1940 Rosendo Figueroa presentó-una demanda de injunction en la Corte de Distrito de San Juan contra la Asociación Fondo de Aborro y Préstamo de los Empleados del Gobierno Insular, en solicitud de un auto mandatorio ordenando a la demandada que por conducto de su Junta de Directores ordenara a su vez el pago al deman-dante de la suma que le corresponde ,por seguro, como asociado de y asegurado por la demandada.

Para ello alegó en resumen que entre los fines que per-sigue la asociación demandada está el' de estimular el ahorro entre sus asociados y asegurados contra inutilidad física o muerte; que el demandante es y ha sido por unos quince años empleado del gobierno insular y asociado de la deman-dada desde su ingreso como empleado, por virtud de lo cual se le ha venido descontando el tres por ciento del total de su sueldo para engrosar el fondo de ahorro y préstamo de acuerdo con la ley; que allá por abril de 1940 fue notificado por el jefe de la oficina gubernamental en que trabajaba que quedaría separado de su cargo con fecha octubre 26, 1940, por razón de inutilidad física, concediéndosele entretanto una licencia hasta la fecha del cese; que inmediatamente so-licitó de los directores de la demandada el abono del seguro a que tenía derecho, primera clase, por haber pagado un peso mensual por cada defunción e inutilidad durante más de cinco años; que su inutilidad física es total y permanente y procede de enfermedad crónica no contraída por vida li-cenciosa; que la junta de directores se negó a pagarle el seguro dejando de cumplir un deber ministerial, y que al cesar en su empleo se encontrará sin fuente alguna de ingreso para el sustento de su familia y suyo, sin que exista en ley otro remedio adecuado y eficaz para obligar a la demandada a que cumpla su deber, que el que ejercita.

La corte ordenó a la demandada que compareciera ante ella el 28 de octubre de 1940 a mostrar razones por las cua-les no debería expedirse el auto solicitado. El acto se fué posponiendo primero por estipulación de las partes y luego por incomparecencia de la demandada hasta enero 10, 1941, en que se celebró estando ésta ausente. El demandante pre-sentó prueba de documentos y testigos, “quedando el caso pendiente de la declaración del Dr. García Cabrera el día 13 de enero de 1941, a las 9:00 A. M. ”

Dejó de comparecer el doctor el trece y “la continuación de la vista” se suspendió “hasta nuevo señalamiento.” El 28 de enero, 1941, pidió el demandante que se fijara fecha para la continuación de la vista. No consta de los autos la resolución que tomara la corte. Lo que sigue a la moción de señalamiento es la relación del caso y opinión y la sen-tencia de abril 25, 1941. En la opinión expresa la corte que vista la actitud asumida por la parte demandada dejando de comparecer en enero 10, 1941, debía declararse con lugar la demanda, como lo hizo, sin especial condenación de costas.

Notificada la demandada, interpuso el presente recurso de apelación. En su alegato señala cuatro errores como cometidos por la corte de distrito al basar su sentencia en una demanda prematura, al aceptar como adecuado el pro-cedimiento seguido, al no darle oportunidad de comparecer el trece de enero de 1941 y al dictar sentencia sin oírla.

Para revocar la sentencia bastaría considerar los dos últimos señalamientos de error por virtud de los cuales se levanta la cuestión de haberse la misma dictado sin dar oportunidad a la demandada de presentar evidencia.

Faltaba en efecto la declaración del doctor García Cabrera y si bien se advierte del examen de los autos que la deman-dada no actuó con la actividad debida, es lo cierto que la corte suspendió el acto de. la continuación de la vista hasta nuevo señalamiento y que la parte demandante y apelada pidió que la fecha de ese nuevo señalamiento se fijara, y eso no obstante desatendiendo su propia orden y la petición del demandante falló definitivamente el caso sin oír la decla-ración que faltaba.

Empero, como resolver el recurso de tal modo dejaría el caso pendiente en la corte de distrito, deben considerarse los otros señalamientos de error que están de igual modo bien fundados, a nuestro juicio.

La acción era prematura porque cuando fue iniciada, el demandante no había cesado como empleado del gobierno in-sillar y no tenía por tanto derecho al seguro, derecho qne pudo reconocerle la demandada por sn propio acnerdo, y el re-curso de injunction no era el adecuado, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia de esta propia corte.

El recurso apropiado para casos de esta naturaleza es el mandamus, habiéndose resuelto que puede además recurxirse a la acción ordinaria. Escartín v. Comisión Policía Insular, 47 D.P.R. 502; Betancourt v. Asociación Fondo de Ahorro, etc., 55 D.P.R. 65.

Como se decidió en el último de esos casos, citando el pri-mero :

“Cuando un miembro de ]a Asociación Fondo de Ahorro y Prés-tamo de los Empleados del Gobierno Insular se ve obligado a recurrir para ante las cortes de justicia contra la Asociación en reclamación de seguro, puede hacerlo bien mediante el auto extraordinario de mandamus ya por el procedimiento oi'dinario, debiendo la sentencia que se dicte en uno u otro caso limitarse a ordenar aquello que puede ser cumplido por la Asociación de acuerdo con los hechos y la ley.”

La propia ley de marzo 8, 1906, pág. 81, incorporada al Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933, arts. 675 a 689, define el auto así: “El injunction es un mandamiento judicial expedido por escrito, bajo el sello de un tribunal, por el que se requiere a una persona para que se abstenga de hacer o de permitir que se haga por otros bajo su intervención, determinada cosa que infrinja o perjudique el derecho de otro.” Art. 675 del Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933. Y dentro de esa definición no cabe comprender lo que pide el demandante en este pleito, que tampoco puede con-siderarse comprendido en ninguno de los casos específicos en que por disposición expresa del legislador, puede librarse un injunction. Art. 677 del Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933.

Por virtud de todo lo expuesto debe declararse el recurso con lugar, revocándose la sentencia apelada y dictándose otra desestimando la demanda con costas pero sin comprender en ellas honorarios de abogado.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Pedro Muñoz Rosado, peticionario, v. Sixto M. Saldaña, Jefe del Presidio Insular, demandado.
    Núm. 412.

    Sometido: Marzo 6, 1942.

      Resuelto: Marzo 9, 1942.

      Santos P. Amadeo, Ernesto J. Fon frías, Ángel D. Marehand Paz y F. Hernández Vargas, abogados del peticionario; Pión. Procura-dor General George A. Malcolm, B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y L. Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados del demandado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El peticionario fué sentenciado por la Corte de Distrito de Guayama a la pena de doce años de presidio por un delito de asesinato en segundo grado. La sentencia fué dictada el 4 de septiembre de 1935; y en febrero 29 de 1940, el peti-cionario fué excarcelado por virtud de un autp de bábeas corpus expedido por la Corte de Distrito de San Juan, por el fundamento de no baber tenido el acusado la asistencia de un abogado. El 25 de marzo del mismo año, el peticio-nario fué arrestado de nuevo e ingresó en la sumaria de la Cárcel de Distrito de Guayama, para responder de una acusación por homicidio voluntario, basada en los mismos hechos de la primera acusación. El 23 de abril de 1940, el peticionario se declaró culpable de homicidio voluntario, fué sentenciado a ocho años de presidio e ingresó en la Peniten-ciaría Insular, donde se encuentra ahora recluido.

En diciembre 29 de 1941, la Corte de Distrito de San Juan deelaró con lugar una solicitud de hábeas corpus radi-cada por el peticionario y ordenó su inmediata excarcelación. El fundamento de dicha solicitud fue que habiendo el peti-cionario observado buena conducta durante todo el tiempo -de su reclusión, lo que le daba derecho a las deducciones o rebajas provistas por la ley de marzo 14 de 1907 (Comp. 6362-6364), y habiendo estado recluido durante un período total de 5 años, 11 meses y 12 días, la pena de 8 años de pre-sidio que le fue impuesta quedó extinguida el 27 de julio de 1941, fecha en que el peticionario debió ser excarcelado.

En la solicitud radicada ante esta Corte Suprema, el peticionario alega que no obstante la orden de excarcelación dictada por la Corte de Distrito de San Juan, el Jefe de la Penitenciaría Insular continúa deteniéndole ilegalmente y privándole de su libertad, alegando como pretexto que dicha orden no es final y que él está obligado a cumplirla solamente en el caso de que la Corte Suprema la confirme después de oír el recurso de' apelación interpuesto por El Pueblo de Puerto Rico.

Asumiendo, sin resolverlo, que el fiscal tenga dere-cho a apelar de una orden decretando la libertad de un preso por haber éste cumplido la sentencia que le fue impuesta, la cuestión a resolver, que no es nueva en esta jurisdicción, es la de si la interposición por el fiscal de un recurso de apelación contra una orden excarcelando libremente a un preso que ha cumplido su sentencia suspende la ejecución de la orden recurrida.

Las apelaciones en procedimientos de hábeas corpus se rigen por la Ley disponiendo el Auto de Hábeas Corpus, aprobada en marzo 12 de 1903 (Comp. 6547-6556). La sec-ción 1 de dicha ley concede a “cualquiera de las partes que resultare agraviada” el derecho a apelar para ante esta Corte Suprema contra la providencia definitiva que se dicte en el procedimiento. La sección 2 provee que el fiscal po-drá apelar a nombre de El Pueblo de Puerto Rico “contra una orden definitiva excarcelando libremente a un preso o detenido bajo acusación criminal”, y dispone además que el recurso interpuesto contra una orden mandando poner en libertad a un preso bajo fianza'o reduciendo ésta, no producirá el efecto suspensivo.

En López v. Corte, 40 D.P.R. 499, se resolvió que el auto* de hábeas corpus “es esencial e históricamente un procedi-miento para obtener la libertad de la persona que está bajo custodia” y que las apelaciones en procedimientos de hábeas corpus se rigen por la ley de marzo 12, 1903. E interpre-tando el significado y alcance de dicha ley, el Tribunal se expresó así:

“Sin embargo, nada bailamos en todo el cuerpo de la ley que demuestre intención alguna de suspender la, ejecución de una sen-tencia cuando se pone en libertad a una persona encarcelada o cuando se obtiene la custodia de un niño. La sección 2 solamente pone én-fasis en ciertos casos.
“Convenimos igualmente con el peticionario en que cuando se de-creta la ‘libertad’ o cambio de custodia, la justicia exige que la sen-tencia de la corte, que se presume correcta, sea puesta en ejecución.”

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 491 del Código de Enjuiciamiento Criminal, una persona que ha sido excar-celada mediante un auto de hábeas corpus no podrá ser detenida nuevamente por la misma causa, excepto cuando se le arresta en virtud de mandamiento u orden legal o cuando la excarcelación se basó en falta de pruebas o en defectos del mandamiento u orden de arresto, y se le arresta de nuevo con pruebas suficientes y se le reduce a prisión en virtud de mandamiento legal por el mismo delito.

En el caso de Sabatino v. Jennings, 246 N. Y. 258, 63 A.L.R. 1458, el jefe del penal, como en el caso de autos, se negó a poner en libertad al prisionero, basándose en que la orden de excarcelación había quedado en suspenso por la interposición de un recurso de apelación, de acuerdo con la sección 570 del “Civil Practice Act.” La Corte de Apela-ciones de New York, por voz de su Juez Presidente, Sr. Cardozo, decretó la inmediata excarcelación del prisionero, diciendo:

“Esa sección no es aplicable a una apelación por u'n funcionario del estado contra una orden decretando la libertad incondicional de un preso mediante auto de hábeas corpus. La sección pertinente es la número 1269, la cual dispone que ‘un preso que ha sido liberado por una orden final dictada en un procedimiento de hábeas corpus o certiorari. . . no será nuevamente encarcelado, detenido o puesto bajo custodia, por la misma causa’.
“Sería intolerable que un guardián que ha faltado a su deber, colocado por la sentencia de la corte en la posición de un transgresor, pudiese, mediante un simple escrito de apelación, prolongar automá-ticamente el término de reclusión, y frustrar el funcionamiento del histórico auto de libertad. ‘El gran propósito del auto de hábeas corpus es la inmediata liberación de aquel que ha sido privado de su libertad personal’. Shaw, Ch. J., en Wyeth v. Richardson, 10 Gray. 240.
“Un estatuto que suspendiese el efecto del decreto de libertad, por la mera fuerza de una apelación, estaría en conflicto con el man-dato de la Constitución, mediante el cual el auto de hábeas corpus es mantenido en todo su vigor tradicional. Const. Art. 1,' párrafo 4. ‘El auto no puede ser abrogado, ni su eficacia restringida, por acción legislativa’ (citas). Poco quedaría de ‘éste, el más grande de los autos’, si se le permitiese a un carcelero retener el cuerpo de su pri-sionero durante todo el largo proceso de una apelación interpuesta sin permiso y lánguidamente proseguida.
“Resolvemos que la notificación de apelación para ante esta Corte no tiene efecto suspensivo; que el decreto de libertad conserva su fuerza obligatoria; que no se requiere ni es permitida la fianza; y que es el deber del jefe del penal poner inmediatamente en libertad al preso hasta que la apelación sea resuelta.”

Si la corte de distrito procedió o no de acuerdo con la ley al decretar que el peticionario fuese puesto en libertad, es cuestión que resolveremos cuando se perfeccione y oiga el recurso de apelación interpuesto por El Pueblo de Puerto Rico. Lo único que resolvemos ahora es que la detención del peticionario después de haberse expedido el anto decre-tando sn libertad es nna detención ilegal y que procede por lo tanto declarar con lugar la petición y expedir el auto soli-citado decretando gue el peticionario Pedro Muñoz Rosado sea puesto en libertad inmediatamente.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Francisco Acevedo Hernández, acusado y apelante.
    Núm. 9111.

    Sometido: Marzo 6, 1942.

      Resuelto: Marzo 9, 1942.

      H. Rodríguez Quiñones, abogado del apelante; Eon, Procurador Ge- . neral George A. Malcolm y R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

El hecho delictivo imputado al acusado en este caso es el de tener, allá por el cuatro de febrero de 1939, en Aguadilla, en su establecimiento comercial, voluntaria e ilegálmente y con la intención de defraudar al erario público “dos envases de, cristal conteniendo uno % pinta y el otro ½ pinta de espíritu destilado (ron clandestino) sin qne llevaran dichos envases adherida nna estampilla cada uno, significando que los impuestos de rentas internas habían' sido pagados al Tesoro Insular.”

Condenado el acusado en la corte municipal, apeló a la del distrito y celebrado en ésta el juicio de nuevo que ordena la ley, fue declarado culpable de infringir el artículo 77 de la Ley de Espíritus y Bebidas Alcohólicas núm. 6 -de 1936, Sesión Especial, págs. 45 y 95, y castigado a sufrir un mes de cárcel con costas.

La sentencia contiene además el siguiente pronuncia-miento :

“ Y se ordena que el sentenciado Francisco Acevedo Hernández sea llevado de la Sala de esta corte a la cárcel del distrito donde quedará confinado bajo la custodia del alcaide de la misma por el in-dicado término de treinta días de cárcel, abonándosele la prisión pre-ventiva que hubiere sufrido por esta causa desde el momento que se le redujera a prisión y hasta el pronunciamiento de esta sentencia, que deberá cumplir el acusado luego de haber extinguido la sentencia de treinta días de cárcel que le fuera impuesta a dicho acusado en el día de hoy en la causa criminal número 7301 seguida por El Pueblo de-Puerto Rico contra Francisco Acevedo Hernández por. una in-fracción a los artículos 4 y 77 de la Ley de Espíritus y Bebidas Alcohólicas.1 ’

Y es ese pronunciamiento el único impugnado en la ape-lación establecida contra la sentencia para ante este tribunal.

Sostiene el acusado apelante que la sentencia no debe cumplirse una vez extinguida la pronunciada en su contra el mismo día en la otra causa que se le siguiera tam-bién por infracción a la Ley de Espíritus y Bebidas Alcohó-licas, sino concurrentemente con ella, citando en apoyo de su contención lo resuelto por esta propia corte en Ruiz v. Saldaña, 58 D.P.R. 634, 639 a saber:

“De acuerdo con nuestro Código Penal vigente, el tribunal que en uso de su discreción crea que es su deber imponer sentencias con-secutivas a la persona que fuere acusada de dos o más delitos, debe posponer la sentencia sobre la primera convicción hasta que se haya obtenido la segunda, y dictar las sentencias en ambos casos, al mismo tiempo. Las sentencias así dictadas deberán ser cumplidas consecu-tivamente, sin necesidad de que la corte así lo decrete.
“Habiendo sido dictada la segunda sentencia después de haber sido el peticionario convicto y sentenciado por la primera causa, debemos resolver que la sentencia de quince años de presidio im-puesta a Marcelino Ruiz en la tarde del 2 de noviembre de 1926, en el caso criminal núm. 7116 de la Corte de Distrito de Humacao, quedó extinguida el 23 de diciembre de 1936, fecha en que también quedó cumplida la que le fué impuesta en la mañana del 2 de no-viembre de 1926, en el caso criminal núm. 7115, de la misma corte; y, por lo tanto, que la detención del peticionario desde la indicada fecha es ilegal. ’ ’

En su alegato el fiscal admite que no obstante lo dicho por el juez, dado lo dispuesto en la ley y lo resuelto por esta Corte Suprema, las sentencias son concurrentes, pero sostiene que ello no sólo no es motivo de revocación si que no puede considerarse en el recurso. A su juicio la cuestión que se suscita es una para ser determinada administrativamente por el jefe del penal cuando llegue el momento oportuno, y en el caso de que lo fuere en contra del acusado, el recurso de habeas corpus sería el procedente.

Quizá tenga razón el fiscal totalmente, pero como no puede negarse que la sentencia apelada contiene el pronun-ciamiento erróneo que se impugna y que ese pronunciamiento puede dar lugar a interpretación contraria a la ley y a la jurisprudencia ya sentada por esta corte, procede no la revo-cación pero sí la modificación de la sentencia recurrida eli-minando de ella el repetido pronunciamiento en la parte que ha sido impugnada, esto es, a partir de las palabras “que deberá cumplir el acusado.” Y así se ordena.


author: El Juez Asociado SeSoe. Todd, Je.,

text:
    In re Francisco González, Jr., querellado.
    Núm. 46.

    Sometido: Marzo 9, 1942.

      Resuelto: Marzo 10, 1942.

      Francisco González, Jr., pro se y Francisco González Fagundo y José G. González, abogados del peticionario; Hon. Procurador General George A. Malcolm, y B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, en representación del Departamento de Justicia.
   El Juez Asociado SeSoe. Todd, Je.,

emitió la opinión del tribunal.

El 12 de enero de 1939 esta Corte Suprema decretó la remoción de Francisco González, Jr., del ejercicio de su profesión de abogado y notario, sin haberse celebrado vista ni practicado prueba pues el querellado admitió todas las imputaciones de la querella formulada por el fiscal de este tribunal en su contra. En distintas fechas posteriores se solicitó su readmisión, habiéndose denegado las peticiones.

El 25 de febrero último se radicó una nueva solicitud de rehabilitación acompañada de una certificación firmada por los jueces y fiscales de la Corte de Distrito de Humacao, por ser dicho distrito donde reside y ejercía González, y en la que dichos funcionarios hacen constar lo siguiente:

“Que desde la fecha de la referida suspensión el mencionado Francisco González Carmona ha residido en Humacao con su familia y ha estado siempre en contacto personal y continuo con los fun-cionarios que suscriben, y en virtud de tal hecho hemos podido ob-servar su irrevocable decisión de una rectificación completa de los actos que dieron lugar a la suspensión, habiendo desde dicha fecha observado una correcta conducta ciudadana, y estimamos por tanto que es acreedor y merecedor a que sea reinstalado en el ejercicio de ■la profesión de abogado y notario.”

Siguiendo los precedentes establecidos en los casos de In re Torregrosa, 34 D.P.R. 312, e In re Figueroa Maestre, 38 D.P.R. 955, se señaló el día 9 de marzo para oír en corte abierta al peticionario y a los abogados y otras personas' que desearan declarar. Se ordenó asimismo se notificara del señalamiento al Procurador General y al Colegio de Aboga-dos, a fin de que pudieran comparecer e informar lo que estimaran procedente.

Al efecto, a dicha vista compareció el peticionario repre-sentado por sus abogados Francisco González Fagundo y José G. González, el Procurador General representado por el Fiscal de este Tribunal, Lie. Ricardo A. Gómez, y el Cole-gio de Abogados, representado por su Presidente, Lie. Beni-cio Sánchez Castaño, quien además radicó un escrito a nombre del Colegio en el que se hace constar lo siguiente:

“Que la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Puerto Rico tomó el acuerdo de no oponerse a la solicitud del querellado para ser rehabilitado en el ejercicio de su profesión de abogado, fun-dándose para ello en los siguientes motivos:
(a) El tiempo transcurrido desde que el querellado fué suspen-dido en el ejercicio de su profesión.
(b) La certeza moral que abrigan los miembros de dicha Junta de Gobierno, que el sufrimiento y angustia que ha experimentado el peticionario al verse privado del ejercicio de la abogacía, han lo-grado cumplidamente los fines pertinentes de la justiciera sanción que le impusiera al mismo este Honorable Tribunal Supremo por la falta cometida por él, y que por tanto, las futuras actuaciones de dicho querellado han de estar inspiradas en todo momento en el más recto concepto de su deber profesional.
“ (c) Los precedentes sentados por este propio Tribunal Supremo, que en todo momento y cuando las circunstancias todas así lo han ameritado, ha hecho uso de su poder discrecional para dentro de la mayor humanidad, brindarle una nueva oportunidad en la vida a aquél que en momento desgraciado no supo cumplir a cabalidad con las obligaciones por él 'contraídas al prestar su juramento para el ejercicio de la abogacía.”

Al declarar como testigo del peticionario, el Presidente del Colegio de Abogados, ratificando los anteriores conceptos, expresó su crencia de que se han logrado ampliamente los fines de la justicia con la sanción impuesta al peticionario con el tiempo que lleva separado del ejercicio de su profe-sión y recomendó favorablemente la solicitud.

Comparecieron, además, y declararon, los ahogados Walter L. Newsom, Fiscal Federal interino, Luis Janer y Luis F.' Camacho, Juez y Fiscal de la Corte de Distrito de Humacao, respectivamente, José López Baralt y Román Díaz Collazo, quienes afirmaron que, por sus conocimientos de la vida y conducta del peticionario, se han convencido de que él está sinceramente arrepentido de la grave falta cometida que mo-' tivó su separación y de que cumplirá fielmente sus deberes' como abogado, si es admitido de nuevo a ejercer, expresando así plena confianza en sus futuras actuaciones.

Declaró además el Sr. Salvador L. Rocafort, comerciante, vecino y residente de Humacao, al efecto de que por el cono-cimiento que tiene de la conducta del peticionario no tendría inconveniente en encomendarle sus asuntos si era admitido de nuevo a ejercer su profesión.

El fiseal de esta corte, a nombre del Procurador (General, informó ampliamente en relación con los hechos alegados en la solicitud y lo declarado por los testigos e hizo constar que después de estudiar toda la situación, recomendaba se decla-rara con lugar la solicitud del peticionario.

Surge de toda la prueba presentada el convencimiento y confianza plenas que de la regeneración moral del peticionario tienen los funcionarios, abogados y demás personas que a su favor declararon bajo juramento. El Colegio de Abogados, representado por su Junta de (Gobierno, al adoptar el acuerdo antes transcrito asimismo ratifica dicha confianza. No hubo prueba en contrario alguna.

En los casos de In re Torregrosa e In re Figueroa Maestre, supra, resolvimos que la cuestión a considerar en una solici-tud para rehabilitación de un abogado suspendido en el-ejercicio de su profesión, no es si el peticionario ha sido sufi-elentemente castigado, sino si en el momento de la solicitad él goza de tal reputación qué justifique su admisión de nuevo a dicho ejercicio. En otras palabras, lo importante es la integridad moral actual del peticionario. De la prueba pre-sentada y no contradicha resulta evidente, hasta donde huma-namente puede una actitud moral ser demostrada, que el peticionario ha cumplido con los requisitos que en casos simi-lares hemos exigido. A él corresponde, en el futuro demos-trar, con sus actuaciones, que no erramos al dar crédito a la confianza en él depositada y al concederle, como le concede-mos, el alto privilegio de ejercer de nuevo la profesión de abogado y notario y de llevar con honor la toga que dignifica.

Se declara con lugar la solicitud.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


author: El Juez Asociado SeñoR Snyder

text:
    Guillermo Esteves, demandante y apelante, v. Junta de Retiro, Etc., demandada y apelada.
    Núm. 8271.

    Sometido: Febrero 10, 1942.

      Resuelto: Marzo 10, 1942.

      Celestino Iriarte, F. Fernández Cuyar, y H. González Blanes, abo-gados del apelante; Eon. Procurador General George A. Malcolm y G. Benitez Gautier, Subprocurador Auxiliar, abogados de los , apelados.
   El Juez Asociado SeñoR Snyder

emitió la opinión del tribunal.

Guillermo Esteves, después de haber sido empleado por el Gobierno Insular por más de veinte años, solicitó sn retiro. Su petición fue concedida para tener efecto en junio 3, 1932, y desde esa fecha hasta julio 15,1935 recibió su renta vitalicia de $125 mensuales.

En 1935 (Leyes de 1935 (-21) pág. 127) la Legislatura aprobó la ley núm. 23. La sección 11 de dicha ley dispone en parte que “A los pensionados que tengan actualmente 50 años o menos de edad se descontará el 20 por ciento. A los que tengan más de 50 años se les reducirá este descuento a razón de 1 por ciento por cada año de edad que tengan sobre 50, de modo que a los de 70 años de edad este descuento que-dará reducido a cero ..En 1935 Esteves tenía menos de 50 años de edad. En su consecuencia, desde julio 15 a sep-tiembre 12, 1935 recibió su renta vitalicia con una deducción del 20 por ciento. Estas deducciones ascendían a $45.

La sección 19 de la ley núm. 23 dispone en parte que “Toda persona jubilada cesará en el goce de su retiró mien-tras ocupe cualquier cargo eon sueldo derivado de cualquier fuente de gobierno, fuere ésta federal,, insular o municipal ...”. Desde septiembre 13,1935 hasta el presente Esteves ha estado empleado por el Gobierno Federal. Por tanto, desde septiembre 13, 1935 no ha recibido renta vitalicia al-guna.

Ésta es una solicitud de mandamus para obligar a los ape-lados a hacer todos los pagos atrasados ascendentes a $4,502.98, y a continuar en el futuro el pago de la renta vita-licia del apelante de $125 mensuales. El caso fué juzgado mediante una estipulación de los hechos. La corte inferior denegó la solicitud, y el caso se encuentra aquí en apelación.

En el caso de Fernández v. MacLeod, 52 D.P.R. 899, este tribunal resolvió qne la sección 11 de la ley núm. 23 era inconstitucional. Decidimos qne el reducir bajo sus términos la renta vitalicia de un antiguo empleado insular a quien ante-riormente se le babía concedido retiro a un tipo fijo,de renta vitalicia, lo privaba de un derecho adquirido, en violación de la sección 2 de la Carta Orgánica que dispone que “No se pondrá en vigor en Puerto Rico ninguna ley que privare a una persona de la vida, libertad o propiedad sin el debido procedimiento de ley...”. La Corte de Circuito de Apela-ciones revocó esa sentencia en MacLeod v. Fernández, 101 F. (2d) 20. Asumimos que la Corte de Circuito de Apelaciones éneontró también que la sección 11 no violaba la sección 2 de la Carta Orgánica que dispone que “No se pondrá en vigor ninguna ley que menoscabe el valor de los contratos.”

Aún cuando la sección 19 de la ley núm. 23 no estaba en-vuelta en el caso de Fernández, aquí no se establece conten-ción alguna al efecto de que la sección 19 descansa sobre una base diferente a la de la sección 11. Convenimos en que si la Legislatura puede válidamente reducir la renta vitalicia de un antiguo empleado que en la actualidad se encuentra retirado, puede proveer la suspensión de tal renta vitalicia durante el período en que el pensionado esté empleado con el Gobierno Federal. De cualquier manera, como se ha argu-mentado el caso ante nos, las mismas consideraciones de derechos adquiridos y menoscabo de la obligación de los con-tratos requiere que las secciones 11 y 19 se sostengan o caigan juntas.

El apelante no distingue el caso de Fernández. Su posi-ción es que nosotros resolvimos correctamente el caso de Fernández y que la Corte de Circuito de Apelaciones cometió error al revocar nuestra sentencia. Tal argumento debiera ordinariamente dirigirse a la Corte de Circuito de Apelacio-nes en vez de a nosotros. Sin embargo, el apelante señala el hecho de que en el caso de Fernández no se llamó la aten-ción de la Corte de Circuito de Apelaciones hacia ciertas dis-posiciones de nuestro estatuto, las cuales, sostiene el apelante, hubieran llevado a la Corte de Circuito de Apelaciones a un resultado diferente de haberlas'considerado.dicha corte.

En el caso de Fernández la Corte de Circuito de Apela-ciones decide que si las contribuciones de los empleados del Gobierno a un fondo de retiro son obligatorias, estas contri-buciones continúan siendo fondos públicos sobre los cuales los empleados contribuyentes no tienen derechos adquiridos; y como consecuencia, aún cuando un empleado se haya jubi-lado con una renta vitalicia fija de acuerdo con la ley vi-gente, su renta vitalicia puede subsiguientemente reducirse o modificarse de otro modo por la Legislatura. Hay un dictum al efecto de que “en caso de una contribución voluntaria, la contribución pasa a ser propiedad del empleado o funciona-rio y a tal extremo, por lo menos, puede obtener un derecho adquirido en el fondo.” (101 F. (2d) 20, 25).

El apelante no sostiene que los empleados insulares estén contribuyendo voluntariamente al fondo de retiro. Sin embargo, sostiene que él no obstante tiene un derecho adqui-rido sobre la renta vitalicia que se le concedió en 1932 por el fundamento de que cuando se retiró él tenía una opción a que se le reembolsaran, con intereses, todos los pagos que él había hecho al fondo de retiro mientras era empleado insular. Arguye que cuando se retiró y eligió recibir una •renta vitalicia en vez de reclamar la devolución, con intere-ses, de todos sus pagos al fondo, su derecho a la renta vita-licia se tornó en derecho adquirido y no estaba sujeto a mo-dificación o rebaja por futuras Legislaturas.. Para sostener esta posición se-cita el caso de Retirement Board of Allegheny County v. McGovern, 174 A. 400, (Pa., 1934). No estamos convencidos de que la corte de Pennsylvania basó su decisión exclusivamente en esta disposición del .estatuto de Pennsylvania. El caso de McGovern parece que se "decidió princi-palmente sobre la base de un derecho adquirido o contractual sobre su renta vitalicia por un empleado jubilado. Apa-rentemente la corte usa la disposición sobre reembolso úni-camente como uno de los fundamentos de su decisión. Sin embargo, reconocemos que el caso de McGovern distingue los casos en los cuales a los empleados jubilados se les negó derechos adquiridos sobre sus pensiones en su declaración a la página 408 al efecto de que “Tales casos, sin embargo, en-vuelven estatutos que no otorgan un derecho al miembro a retirar las sumas reducidas de sus salarios porque en el fondo no hay parte del dinero del contribuyente, sino única-mente fondos' públicos . . . ” .

Si las disposiciones de nuestro estatuto sobre reembolso, que no fueron consideradas por la Corte de Circuito de Ape-laciones en el caso de Fernández, llevarían esa corte a un resultado diferente, toca a dicha corte resolver. Nos limi-tamos a señalar que no podemos estar enteramente de acuerdo con la premisa sobre la cual el apelante basa su argumento.

La ley núm. 104, Leyes de Puerto Ric-o de 1925 (pág. 949), disponía en su sección 12 que “En caso de que un funcio-nario o empleado . . . cesare definitivamente en el servicio antes de ser retirado, el importe total de las cuotas deduci-das de sus sueldos o compensaciones, con los intereses de-vengados a razón del 8 por ciento al año ... se devolverá, al solicitarse, a dicho funcionario o empleado . . . Cuando un funcionario o empleado falleciere estando en servicio ac-tivo, el importe total de las cuotas que se le dedujeron, más los intereses ... se pagará a los herederos legales de dicho funcionario o empleado . . . ”. A este respecto la sección 12 enmendó las disposiciones de la ley núm. 22, Leyes de Puerto Rico, Sesión Extraordinaria, 1923 (pág. 157), que lee como sigue':

“Sección 12. — En caso de que un empleado o funcionario. . . se separe del servicio antes de adquirir el derecho a retiro, deberá de-volvérsele si así*Lo solicitare el cincuenta (50) por ciento de la suma total de las deducciones de su sueldo. . .
“Sección IB. — En el caso de qne nn empleado falleciere antes de haber adquirido el derecho a retiro de acuerdo con esta Ley, tendrá derecho a qne se le devuelva el setenta y cinco por ciento del total de las deducciones que se le hayan hecho, cuya suma será entregada a sus herederos.”

Estas secciones parecería que indican qne el derecho a reembolso se limitó a la situación en la cual el privilegio de retiro no existía. Aún cuando es qpncebible que un em-pleado pudiera, si así lo elige, solicitar el reembolso de sus pagos gl fondo de retiro inmediatamente antes de ser elegi-ble para el retiro, hablando estrictamente, el estatuto no le dió al apelabte al momento de su jubilación una opción como tal (a) para obtener una suma global (lump sum) o (b) re-cibir una renta vitalicia. Habiendo adquirido el derecho a la jubilación y solicitado la misma, tenía derecho de acuerdo con la ley según ésta existía entonces solamente a recibir ma renta vitalicia basada en contribuciones obligatorias. Aún cuando el resultado práctico puede ser similar, la ana-logía a la situación del caso de McGovern es por tanto in-completa.

También puede alegarse que las secciones 19 y 11 de la ley núm. 23 de 1935 representan un ejercicio razonable del poder del estado para poner el fondo de retiro sobre una sólida base económica (sound actuarial basis). Estas seccio-nes no dan fin a la renta vitalicia del apelante. La sección 19 amplía solamente la suspensión existente de la renta vi-talicia en el caso de un empleo insular subsiguiente para que incluya un empleo federal similar (véase sección 20, ley nfim. 104 de 1925). Y la sección 11 es sustancialmente un requisito de edad, con la rebaja del 20 por ciento siendo resti-tuida gradualmente entre las edades ,de 50 y 70.

De cualquier modo, en vista del caso de MacLeod v. Fernández, supra, nos sentimos constreñidos a decidir que las secciones 11 y 19 de la ley núm. 23 de 1935 son válidas en cuanto se aplican al apelante.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.