text:
    No. 160.
    Escudero, Peticionario, v. Foote, Juez de Distrito.

    Certiorari.
    Mayo 2, 1916.
   Desistida la solicitud.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    No. 1022.
    No. 1024.
    El Pueblo, Apelado, v. Sánchez, Apelante. El Pueblo, Apelado, v. Mezquida, Apelante.
    Infracción artículo 370. Código Penal.
    Humaeao.
    Alterar la paz.
    San Juan, Sección 2.a
    Mayo 3, 1916.
   Con-firmadas las sentencias.


text:
    No. 976.
    El Pueblo, Apelado, v. Andreu, Apelante.
    In-fracción artículo 162, Código Penal.
    Humaeao.
    Mayo 5, 1916.
   Revocada la sentencia.y absuelto el acusado.


text:
    No. 1027.
    No. 1031.
    No. 1032.
    El Pueblo, Apelado, v. García, Apelante. El Pueblo, Apelado, v. Gorga, Apelante. El Pueblo, Apelado, v. Agosto, Apelante.
    Abandono de menores.
    San Juan, Sección 2.a
    Aco-metimiento y agresión grave.
    San Juan, Sección 2.a
    Hurto menor.
    Arecibo.
    Mayo 5, 1916.
   Confirmadas las sentencias.


text:
    No. 1439.
    Longo, Apelado, v. Díaz, Apelante.
    Cobro de dinero.
    San Juan, Sección 1.a
    Mayo 5, 1916.
   Confirmada la sentencia.


text:
    No. 1502.
    Laino, Apelado, v. Blondet et al., Apelantes
    Indemnización de daños y perjuicios.
    San Juan, Sección 1.a
    Mayo 9, 1916.
   Desestimada la apelación.


text:
    No. 967.
    No. 1028.
    El Pueblo, Apelado, v. Encarnación, Apelante. El Pueblo, Apelado, v. Zengotita, Apelante.
    Acometimiento y agresión grave.
    Humacao.
    Acometimiento con agravantes.
    Arecibo.
    Mayo 16, 1916.
   Confirmadas las sentencias.


text:
    No. 1056.
    Pieretti, etc., Apelada, v. Rivera, Apelante.
    Filiación y alimentos.
    Ponce.
    Mayo 16, 1916.
   Desestimada la apelación.


text:
    No. 1042.
    El Pueblo, Apelado, v. Ochart, Apelante.
    Calumnia e injuria.
    Guayama.
    Mayo 17, 1916.
   Confirmada la sentencia.


text:
    No. 1046.
    El Pueblo, Apelado, v. Ciuró et al., Apelantes.
    Delito contra la justicia pública.
    San Juan, Sección 2a.
    Mayo 18, 1916.
   Revocada la sentencia y absueltos los acu--.sados.


text:
    No. 1446.
    Díaz et al., Apelados, v. Cividanes, Apelante.
    Administración judicial. (Nombramiento de administrador interino.)
    G-uayama.
    Mayo 18, 1916.
   Ordenado el sobre-seimiento y archivo del recurso por carecer de finalidad práctica. "


text:
    No. 1043.
    El Pueblo, Apelado, v. Allende, Apelante.
    Acometimiento y agresión grave.
    San Juan, Sección 2a.
    Mayo 22, 1916.
   Confirmada la sentencia.


text:
    No. 1508.
    Pieraldi et al., Apelados, v. Sucesión Curet, Apelante.
    Liquidación de sociedad agrícola y otros extre-mos.
    Ponce.
    Mayo, 23, 1916.
   Desistida la apelación.


text:
    No. 1476.
    Estruch, Apelante, v. Laguá et al., Apelados.
    Nulidad de escrituras.
    Ponce.
    Mayo 23, 1916.
   Desestimada la apelación.


text:
    No. 1013.
    No 1041.
    El Pueblo, Apelado, v. Cobián, Apelante. El Pueblo, Apelado, v. Pérez, Apelante.
    Ealsa representación.
    Aco-metimiento y agresión grave.
    San Juan, Sección 2a..
    Mayo 23, 1916.
   Confirmadas las sentencias.


text:
    No. 1010.
    El Pueblo, Apelado, v. Morales et al., Apelantes.
    Alterar la paz.
    San Juan, Sección 2a.
    Mayo 25, 1916.
   •Confirmada la sentencia.


text:
    No. 1503.
    Vázquez, Apelante, v. Sucesión Polanco, Demandada.
    Cobro de dinero.
    Hnmacao.
    Mayo 25, 1916.
   De-sestimada la apelación.


text:
    No. 1004.
    El Pueblo, Apelado, v. Velasco, Apelante.
    In-fracción Ley Pesas y Medidas.
    Ponce.
    Mayo 26, 1916.
   Con-firmada la sentencia.


author: En Juez PbesideNte Sb. HebNÁNdez,

text:
      Z. Betancourt & Co., Demandante y Apelante, v. Anguiano et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 1a., en causa sobre tercería de bienes inmuebles.
    No. 1428.
    Resuelto en mayo 31, 1916.
    Sociedades Mercantiles — Comparecencia en Juicio — Inscripción en el Regis-tro Mercantil — Demanda.—Para que una sociedad mercantil tenga capa-cidad para comparecer en juicio basta que al tiempo de la presentación de la demanda esté constituida por escritura pública, inserita en el registro mercantil.
    Id.- — Falta de Inscripción en el Registro Mercantil — Personalidad o Capa-cidad para Demandar — Acción para Reclamar. — La íalta de inscripción en el registro de una sociedad mercantil al tiempo de la celebración del contrato no afecta a su capacidad o personalidad para demandar sino a la acción para reclamar su derecho.
    Id. — Terceros-—Contratos con Sociedades no Inscritas. — El artículo 24 del Código de Comercio no puede entenderse en el. sentido de considerar como tercero a quien contrata directamente con una sociedad aun cuando no esté registrada.
    Id. — Escritura Pública — Inscripción en el Registro Mercantil — Contratos VAlidos y Eficaces — Terceros.—Los preceptos de los artículos 118, 119 y 17 del Códigp de Comercio no implican que a falta de constitución escriturada y registro de una sociedad los contratos con ella celebrados dejen de ser en absoluto válidos y eficaces, pues aunque una sociedad mercantil no haya tenido existencia legal, los actos y contratos que realizan los socios con tal carácter son eficaces contra los mismos en favor de los terceros con quienes han con-tratado.
    Id. — Actos y Contratos Ineficaces — Terceros—Sociedades no Inscritas— Juicio Declarativo — Contrato con Personas Extrañas a la Sociedad.— La cuestión referente a la ineficacia de los actos o contratos que puedan afec-tar a tercero realizados por sociedades no registradas sólo pueden debatirse en el juicio declarativo correspondiente, máxime cuando se trata de derechos que ejercita una sociedad no derivados de su escritura de constitución social sino de contratos comunes celebrados con personas extrañas a la sociedad.
    Los hechos están expresados en la opinión.

      Abogado del apelante: Sr. Pedro González.

    Abogado de los apelados: Sr. Eduardo López Tizol.

   En Juez PbesideNte Sb. HebNÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un caso sobre tercería de bien inmueble.

Aleg’a la parte demandante, Z. Betancourt & Compañía, en su demanda enmendada de 3 de octubre, 1915, presentada a la Corte de,Distrito de San Juan, Sección Ia., como hechos determinantes de su acción, los siguientes:

1°. Que es una sociedad mercantil con domicilio en esta ciudad, constituida de acuerdo con las X->rescripeiones del Có-digo de Comercio por Zoilo Betancourt Díaz e Ignacio Betan-court Pozuelo, en escritura pública de 20 de enero de 1913, inscrita en el registro mercantil de San Juan en 14 de agosto de 1915.

2°. Que en 13 de' enero de 1915 Antonio Anguiano esta-bleció ante la Corte Municipal de San Juan una demanda contra Víctor Andino en cobro de $360, y para asegurar la efectividad de la sentencia que recayera en el pleito, trabó embargo sobre una casa que se describe en la demanda.

3°. Que por escritura de 30 de enero de 1914, la sociedad demandante había comprado la expresada finca a Víctor An-dino Vivar por precio de $400 con derecho de retraerla el vendedor en el término de un año a contar desde la fecha del otorgamiento de la escritura.

4°. Que posteriormente la demandante facilitó en calidad de préstamo a Víctor Andino Vivar la suma de $118, y ven-cido el plazo fijado para el pago sin realizarse éste, convi-nieron ambos en que Andino Vivar renunciaría el derecho de retracto, habiendo otorgado entonces la. demandante a An-dino Vivar carta de pago por la suma indicada y quedado así definitivamente consumada en favor de la demandante la venta de la casa, todo lo cual se hizo constar en escritura de 12 de'diciembre de 1914.

5°. Que por esa misma escritura de 12 de diciembre de 3914 la demandante dió en arrendamiento a Andino Vivar la casa de que se trata por término de un año y por precio de $10.36 mensualmente, bajo la condición, entre otras, de .que la demandante prometía vender la finca a Andino Yivar den-tro del mismo plazo de arrendamiento y por precio de $518.

6o. Que la sociedad demandante se halla en posesión de la finca.

La demanda concluye con la súplica de que se declare que la casa embargada es de la exclusiva propiedad de la deman-dante y que Antonio Anguiano no puede cobrar su crédito de $360 contra Víctor Andino Vivar, en el valor de dicha casa, ordenando en su consecuencia que se levante el embargo tra-bado sobre ella y se deje a la libre disposición de la deman-dante, con costas, gastos, desembolsos y honorarios de abo-gado a cargo del demandado.

A la anterior demanda opuso Antonio Anguiano como ex-cepciones previas la de que la demandante no tiene, capacidad legal para demandar por la razón de que en la fecha en que se practicó el embargo no había sido inscrita en el registro mercantil, y la de que la demanda no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción.

La corte, por los mismos fundamentos de su resolución anterior de 17 de agosto de 1915, recaída a las excepciones previas presentadas a la demanda original, declaró con lugar la excepción de que el demandante no tiene capacidad para demandar a Antonio Anguiano, y habiendo solicitado la de-mandante sentencia en su contra para establecer recurso de apelación, así lo hizo dicha corte, declarando sin lugar la demanda por sentencia de 14 de octubre de 1915, la que ha sido apelada para ante esta Corte Suprema.

En la resolución ya citada de 17 de agosto de 1915, hizo constar el juez como fundamento de ella que siendo un ter-cero Antonio Anguiano, no podía ser demandado por Z. Be-tancourt y Compañía, si .en la‘fecha en que se verificó el embargo no había cumplido esa. sociedad con el requisito de la inscripción en el registro mercantil, por lo que, siendo necesaria la alegación, si es que podía hacerse, de que la .inscripción se había llevado a efecto, para que la parte de-mandada estuviera en condiciones de promover la cuestión previa que considerara oportuna, se concedían a la deman-dante cinco días para enmendar la demanda.

Al resolver el caso de Quintana Hermanos & Co. v. S. Ramírez & Co. et al., 22 D. P. R. 761, dijimos que como regla general, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia, para que una sociedad mercantil en Puerto Rico pueda comparecer en juicio y hacer valer con éxito sus derechos contra terceros, es necesario que esté constituida por escritura pública y que la escritura aparezca inscrita en el registro mercantil, aun cuando la falta de inscripción no implica necesariamente que la sociedad no exista.

Según las alegaciones de la demanda enmendada, la socie-dad Z. Betancourt & Co. se había constituido por escritura pública de 20 de enero de 1913, inscrita en el registro mercantil de San Juan en 14 de agosto de 1915, y, por tanto., al presen-tarse la demanda enmendada en 3 de octubre del mismo año la mercantil demandante tenía capacidad legal para demandar por haber cumplido en esa fecha los preceptos contenidos en los artículos 17 y 119 del Código de Comercio. La falta de cumplimiento de dichos requisitos antes de practicarse el embargo que motiva el presente juicio de tercería, no puede afectar a su capacidad o personalidad para demandar, sino a la acción para reclamar su derecho de dominio a la finca embargada, o lo que es lo mismo, dicha falta podría dar lugar en su caso a la excepción alegada de que la demanda no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción.

Examinemos dicha excepción como basada en el funda-mento indicado.

Como sanción de los preceptos contenidos en los artículos 17 y 119 del Código de Comercio relativos a la necesidad de la constitución de las compañías de comercio por escritura pública y de su inscripción en el registro mercantil, establece el artículo 24 que las escrituras de sociedad no registradas surtirán efecto entre los socios que las otorguen pero no per-indicarán a tercera persona, quien, sin embargo, podrá utili-zarlas en lo favorable.

El precepto del artículo 24 a que acabamos de hacer refe-rencia no puede entenderse en el sentido de considerar como tercero a quien contrata directamente con una sociedad, aim cuando no esté registrada. Sentencia dél Tribunal Supremo de España de 3 de enero de 1906. T según sentencia anterior de 29 de abril de 1901, ese artículo se refiere a las cláu-sulas y condiciones estipuladas en las escrituras de sociedad que por no haberse hecho públicas por medio de la inscripción de las mismas en el registro no deben perjudicar a los que con la sociedad negocien; pero no se refiere a los contratos que ésta o sus gestores celebren con terceras personas, los cuales podrán ser válidos y eficaces no obstante la falta de inscripción.

Con sujeción a la doctrina expuesta que nos parece justa y razonable, no hay duda.de que Víctor Andino Vivar no es tercero con relación a la sociedad demandante, pues cele-bró con ésta los contratos a que se refiere la demanda, y que la compraventa de la casa de que se trata por la sociedad Z. Betancourt & Co. al mismo Andino Vivar puede ser válida y eficaz no obstante la falta de inscripción de la escritura de constitución de la sociedad cuando tal contrato se realizó.

Es cierto que el artículo 118 del Código de Comercio or-dena que son válidos y eficaces los contratos entre las com-pañías mercantiles y cualesquiera personas capaces de obli-garse siempre que fueren lícitos y honestos, y aparecieren cumplidos los requisitos que expresa el artículo siguiente, cuyo artículo prescribe que toda compañía de comercio antes de dar principio a sus operaciones clebará hacer constar su constitución, pactos y condiciones en escritura pública que se presentará para su inscripción en el registro mercantil con-forme a lo dispuesto en el artículo 17; pero esos preceptos no implican que en caso de incumplimiento de dichos requisitos aquellos contratos dejarán de ser en absolu-to válidos y efi-caces, pues como dice el Tribunal Supremo de España en sentencia ele 6 de septiembre de 1887, aunque nna sociedad mercantil no baya tenido existencia legal, los actos y con-tratos qne con tal carácter realizan los socios son eficaces contra los mismos en favor de los terceros con quienes ban contratado. Y no puede ser de otro modo, pues si la nulidad fuese absoluta y aun en perjuicio de estos terceros, se im-pondría la sanción a éstos que ningún precepto legal infrin-gieron.

Comentando G-alindo el artículo 2 de la Ley Hipotecaria en sú obra sobre la materia, tomo 1, página 347, edición de 1903, se expresa en los siguientes términos:

“Según el artículo 17 del Código de Comercio, es obligatoria la inscripción de las sociedades mercantiles en el registro mercantil; pero no está resuelto si la infracción de ese precepto es falta que impida se inscriban en el de la propiedad las escrituras de adquisi-ción de bienes y las de enajenación de los mismos, verificada por una sociedad que no acredita lraber cumplido tal requisito.
“Nos inclinamos a creer que tal falta no es de las comprendidas en el artículo 65 de la ley, y nos fundamos en que, si bien está pro-hibido a las sociedades dar principio a sus operaciones sin la previa inscripción en el registro mercantil, el artículo 24 del mismo código declara que las escrituras de sociedad no registradas surten efecto-entre los socios, pero no perjudicarán a tercero, quien, sin embargo, puede utilizarla en lo favorable.
> “De donde rectamente se infiere que la condición de las sociedades, no inscritas en el registro mercantil, es ante el derecho desventajosa,-pero tienen personalidad jurídica con relación a terceros, por lo cual será inscribible la escritura, ya sea de adquisición1 o ya de enajena-ción. ’ ’

En consonancia con todo lo expuesto, opinamos que las escrituras de 30 de enero y 12 de diciembre de 1914 en que funda la sociedad tercerista su dominio a la casa embargada én juicio seguido por Antonio Anguiano contra Víctor An--dino no pueden calificarse de inexistentes -o nulas prima facie por el hecho de no estar registrada la sociedad mercantil demandante en las fechas en que la expresada sociedad cele-bró con Víctor Andino los contratos consignados en dichos documentos. Poco importa en favor del demandado Antonio Anguiano qne éste sea tercero con relación a dichos contratos y qne el embargo fuera practicado antes de verificarse la inscripción de la escritura social en el registry mercantil, pues las relaciones de derecho entre la sociedad Z. Betan-court & Co. y Víctor Andino con motivo de tales contratos no habían de variar por la realización del embargo, cuyos efectos no son otros qne los de dar preferencia a Anguiano sobre el producto en venta de la casa embargada respecto a posteriores acreedores. El demandado Anguiano en relación con los contratos de qne se trata no puede tener más derechos respecto de la sociedad Z. Betancourt & Co., qne los que tu-viera Andino en cuanto a la misma. Si las escrituras de que se trata no son nulas prima facie respecto de Vivar, tampoco puedan serlo respecto de Anguiano.

Además, la cuestión referente a la ineficacia de los actos o contratos que puedan afectar a tercero realizados por so-ciedades no registradas, sólo cabe debatirlos en el juicio de-clarativo correspondiente, según la sentencia, ya citada del Tribunal Supremo de España de 3 ele enero de 1906, y en-tendemos que esa doctrina es aplicable con mayor razón cuando se trata de derechos que ejercita una sociedad'no derivados de su escritura de constitución social, sino de contratos comunes celebrados con personas - extrañas a la sociedad.

Por las razones expuestas es de revocarse la sentencia apelada continuándose el juicio con arreglo a derecho.

Revocada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. del Toro no intervino en la resolu-ción de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Pérez, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en causa por infracción a la ley de pesas y medidas.
    No. 999.
    Resuelto en mayo 31, 1916.
    DenuNOia — Especificación del Precepto Infringido — Revocación de la Sen-tencia — Error Perjudicial — Corrección del Error en el Acto de la Yista — Consentimiento del Acusado. — No es bastante para producir la re-vocación de la sentencia apelada la especificación errónea de la ley infringida, cuando no se demuestra que el acusado ha sufrido perjuicio alguno y aparece, por el contrario, que no se opuso a que dicho error fuera, como fué, corregido en el acto de la vista.
    Infracción de la Lev Sobre Pesas y Medidas — Pesas y Medidas — Reglamentos Sobre Pesas y Medidas — Denuncia—Sentencia.—Cuando en una causa por haber vendido el acusado un aparato de pesar consistente en un family scale de tipo ilegal, para ser utilizado en transacciones comerciales, sin haber sido debidamente sellado ni de ningún otro modo aprobado oficialmente con ante-rioridad a la venta, la corte se limite a condenar al acusado como "culpable de infracción ley pesas y medidas,” en vez de haberlo declarado "culpable de una infracción prevista en el Artículo XXI, párrafo (ó), de las reglas y reglamentos para poner en v-igor la ley de pesas y medidas de 1913, en relación con la sección 10 de dicha ley, y castigada en la seeción 20 de la misma,” tal sentencia imedo ser corregida, piorque basta relacionarla con la denuncia para aclarar la naturaleza de la infracción castigada. Los casos del Pueblo v. Campos, 17 D. P. R. 1190 y 1194, deben examinarse en relación con el del Pueblo v. Alvares, 21 D. P. R. 86.
    Los. hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

    ill apelante no compareció.
   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Contra I leraclio Pérez, el apelante, se presentó en la Corte Municipal de Ponce, la siguiente denuncia:

“Yo, Eduardo Urrutia, Inspector de Pesas y Medidas, vecino de San Juan, calle de la Caleta de San Juan núm. 12, de 25 años, for-mulo denuncia contra Iíeraelio Pérez, comerciante, por delito infracción Ley Pesas y Medidas, articulo 21, cometido de la manera si-guiente: Que en octubre 12 de 1915, hora 1 p. m., en el barrio ‘Ma-cana’ de Peñnelas, del Distrito Judicial Municipal de Ponce, que forma parte del Distrito Judicial Insular de Ponee, P. R., el acu-sado Heraclio Pérez voluntaria, ilegal y maliciosamente, había ven-dido en uno de los días del mes de agosto del corriente año, un apa-rato de pesar consistente en un family scale de tipo ilegal al comer-ciante Miguel Morales, residente en el barrio ‘Macana’ de este dis-trito, para utilizarlo en transacciones comerciales en el ventorrillo de su propiedad, sin baber sido debidamente sellado ni en ningún otro modo aprobado oficialmente con anterioridad a la venta del referido aparato, según lo expresa el artículo 21 de la ley.”

Condenado Pérez por la corte municipal, apeló a la'de distrito en donde volvió a ser condenado, apelando entonces para ante este Tribunal Supremo sin quo presentara alegato alguno en apoyo del recurso, ni compareciera a la vista del mismo.

Así las cosas, el Fiscal de esta Corte Suprema solicitó la revocación de la sentencia apegada por los siguientes mo-tivos :

“En este caso la sentencia sólo declara culpable al acusado de un delito de infracción a la Ley de Pesas y Medidas, y, en su con-secuencia, le condena a la pena de un dollar de multa, y en defecto de su pago un día de cárcel por cada dollar que deje de satisfacer. Dicha sentencia es defectuosa, sin que aparezca de ella el verdadero delito por el cual fué declarado culpable el acusado. El Pueblo v. Campos, 17 D. P. R. 1194. La mencionada sentencia no muestra por referencia o de ningún otro modo la naturaleza del delito, ni aparece de ella ni del examen de alguna otra parte del récord el delito específico por el cual ha sido el acusado realmente declarado culpable. El Pueblo v. Campos, 17 D. P. R. 1190.
“En el presente caso ni siquiera podría el tribunal referirse a la denuncia para averiguar de una manera clara y terminante el delito cometido. En ella se acusa a ILeraclio Pérez de Una infrac-ción al artículo 21 de la Ley de Pesas y Medidas, y dicho artículo no se refiere a los hechos que establece la misma denuncia.
Por la sección 10 de la referida ley se establece que el Secreta-rio de Puerto Rico tendrá a su cargo el deber de inspeccionar la eje-cución de esta ley y prescribir reglas y reglamentos que no sean incompatibles con ella, etc., y la sección 21 del Reglamento promul-gado por el Secretario de Puerto Rico en 3 de diciembre de 1913 es la que define la infracción que se imputa al acusado, hallándose la penalidad de la misma establecida en la sección 20 de la ley número 135, de agosto de 1913, de modo que la propia denuncia ha sido tan descuidadamente redactada que no da al acusado una información completa ni cierta de la infracción porque se le persigue.”

Después de un cuidadoso estudio de los autos, opinamos que debe confirmarse la sentencia recurrida.

Si bien es cierto que en la denuncia se liace referencia al artículo 21 de la ley, es de igual modo cierto que cuando se,practicó la prueba, declaró el inspector de pesas y medi-das Eduardo Urrutia, autor de la denuncia, sin oposición al-guna por parte del acusado, “que la denuncia está puesta por “infracción a la sección 21, párrafo B, del reglamento,” siendo el precepto reglamentario indicado, el que sigue:

“(ó) No se venderá ni ofrecerá en venta pesa o medida ni apa-rato de pesar o medir si no se ha inspeccionado, comprobado y sellado o certificado de algún otro modo, de acuerdo con lo que dispone la Ley de Pesas y Medidas o las reglas y los reglamentos promulgados en virtud de la misma, salvo en los casos en que sea imposible a juicio del jefe inspector montar el aparato para la comprobación antes de que se instale permanentemente. En este último caso se debe obtener del inspector jefe una orden escrita de suspensión de estas condiciones antes deque se venda el aparato o se ofrezca en.venta.” Véase la Ley de Pesas y Medidas y las reglas y reglamentos promulgados en virtud de la misma, publicados por el Negociado de Pesas y Medi-das de la Oficina del Secretario de Puerto Rico, p. 27.

La ley que autorizó al Secretario de Puerto Eico para promulgar tal regla, está contenida en la sección 10 de la “Ley para establecer sistemas.modelos de pesas y medidas, reglamentar la compra y venta de mercancías y la compu-tación de pesas y medidas en transacciones industriales y comerciales y evitar el fraude en las mismas, y para otros fines,” aprobada el 18 de agosto de-2913. Dicha sección en lo pertinente, dice así:

“Sección 10. — El Secretario de Puerto Rico tendrá a su cargo el deber de inspeccionar la ejecución de esta Ley. Prescribirá reglas y reglamentos, que no sean incompatibles con ella, proveyendo para la inspección periódica, examen, comprobación y regulación, y para la selladura, marca o aprobación, cuando se encontraren correctas, de todas las pesas y medidas, básculas, balanzas, romanas y otros instrumentos, aparatos o utensilios usados, o adaptados para el uso, en la computación de pesas y medidas en cualquier transacción industrial o comercial, y para el desempeño de aquellos otros deberes que a su juicio, se requirieren para hacer cumplir esta Ley; * *

T la sanción penal de las infracciones tanto de la ley como de los reglamentos prescritos de acuerdo con la misma, está contenida en la sección 20 de la referida ley que dice:

"Sección 20.- — Toda persona que infrinja cualquiera de las pre-cedentes disposiciones de esta Ley o de las reglas y reglamentos pres-critos en cumplimiento de la misma, y toda persona que, como pa-trono, o como oficial, director, accionista, o agente de cualquier cor-poración, o como miembro de una razón social o compañía, o de otro modo, disponga, ordene, permita o consienta cualquiera infracción de las precedentes disposiciones de esta Ley o de dichas reglas o regla-mentos, será considerada culpable de un delito menos grave (misdemeanor), y convicta que fuere en una corte de jurisdicción compe-tente, será castigada por la primera falta con una multa máxima de cincuenta dólares o con prisión que no exceda de cincuenta días, y por la segunda falta, con una multa no menor de cincuenta dóla-res/ni mayor de doscientos cincuenta dólares, o con prisión por un término no mayor de noventa días, y por las subsiguientes faltas, con una multa que no sea menor de doscientos dólares ni mayor de quinientos dólares, y con prisión por un término que no sea mayor de un año."

No era necesario especificar en la denuncia el precepto leg’al infringido, pero ya que se especificó, debió haberse hecho correctamente. La equivocación cometida es clara, pero no bastante para producir por sí sola la revocación de la sen-tencia, tanto más cuanto que el acusado no levantó cuestión alguna sobre el particular ni durante el juicio, ni ante esta Corte Suprema. La equivocación fue además, como hemos dicho, corregida en el acto de la vista sin la oposición del acusado, y nada induce a creer que éste sufriera perjuicio alguno.

En cuanto a la forma incorrecta en que aparece redac-tada la sentencia, diremos que es cierto que la corte se limitó a condenar al acusado como "culpable de infracción Ley Pesas y Medidas,” cuando debió haberlo declarado “culpable de una infracción prevista en el Artículo XXI,'párrafo (ó), de las Beglas y Beglamentos para poner en vigor la Ley de Pesas y Medidas de 1913,' en relación con la sección 10 de dicha ley y castigada, en la sección 20 de la misma,” pero también lo es que basta relacionar la sentencia con la denuncia, para aclarar la naturaleza de la infracción casti-gada. Los casos citados por el Fiscal deben examinarse en relación con el de El Pueblo v. Alvarez, 21 D. P. R. 86.

Hemos examinado además la prueba practicada y a nues-tro juicio es suficiente para sostener la sentencia recurrida.

Modificándola en la forma que dejamos expuesta, debe, en tal virtud, confirmarse la sentencia.

Confirmada la sentencia apelada pero modi-ficada en el sentido de declarar culpable al acusado de una infracción prevista en el Artículo XXI, párrafo (b), de las reglas y reglamentos para poner en vigor la ley de pesas y medidas de 1913, en relación con la sección 10 de dicha ley, y castigada por la sección 20 de la misma.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelante, v. Torregrosa et al., Acusados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en causa por conspiración.
    No. 900.
    Resuelto en mayo 31, 1916.
    Falsificación de Pruebas — -Testamento Falso — Presentación de un Testa-mento Falso a un Albacea — Intención.—La presentación a un albaeea de un supuesto testamento falso y la obtención de dinero como consecuencia de ello, no equivale a la intención de presentarlo o permitir que se presente, con algún fin fraudulento o avieso, como genuino y verdadero, en algún juicio, procedimiento, acusación o investigación que determina el artículo 128 del Código Penal.
    Conspiración — Falsificación—Fraude—Herederos Legítimos — Intención de Defraudar. — Una acusación, por el hecho de preparar dos o más personas un testamento falso con la intención de defraudar a los herederos legítimos de un causante, puede ser presentada, ya por conspiración para cometer el delito que prescribe el artículo 413 del Código Penal, o directamente por el delito de falsificación determinado en dicho artículo; sin que la alegación del Fiscal en el presente caso de que los actos de los supuestos conspiradores tendían a defraudar a los herederos equivalga a la de que los actos fueron cometidos con intención de defraudarlos.
    Id. — Falsificación de Testamento — Actos de CarActer Público — Salud y. Moral Públicas — Justicia Pública. — La falsificación de un testamento no es un acto de carácter público que perjudique la salud, la moral, o pervierta u obstruya la justicia o la debida administración de las leyes dentro del significado del artículo 62 del Código Penal.
    Id. — Testamento Falso — Suspensión en el Ejercicio de la Abogacía (Disbarment).- — Cuando se imputa a un notario, que también es un abogado, la preparación de un testamento falso, puede iniciarse ante la Corte Suprema, a. discreción del Attorney General, el oportuno procedimiento para suspenderlo en el ejercicio de su profesión sin esperar, el resultado del juicio.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

    Abogados de los apelados: Sres. Llorens S Canales.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de Aguadilla declaró con lugar una excepción perentoria a la siguiente acusación:

“El Fiscal formula acusación contra Angel Torregrosa, Simón Moret, Enrique O. Falcón, José V. Cintrón, Rosendo Pérez y Francisca Ramos por un delito de conspiración (misdemeanor), cometido como sigue:
“PRIMAR CARGO.- — Los citados Angel Torregrosa, Simón Moret, Enrique C. Falcón, José Y. Cintrón, Rosendo Pérez y Francisca Ramos, en época anterior a la presentación de esta acusación o sea allá^por el día 9 de marzo de 1915 en Aguadilla que forma parte del distrito judicial del mismo nombre, ilegal, voluntaria y maliciosa-mente, conspiraron, convinieron y pusieron de acuerdo para cometer el delito de falsificación de pruebas e ilegal, voluntaria y maliciosa-mente obrando juntos y de común acuerdo allí y entonces prepararon e hicieron un testamento falso, que es un instrumento escrito, haciendo aparecer en el mismo como testador al hoy interfecto Artemio Vergne Muñoz, como su única y universal heredera a Doña Josefa Muñoz, y como albacea al esposo de ésta Don Agustín Guevara, cuyo testamento así falso 'copiado literalmente dice así:
■ “ '1Número trece. — Testamento abierlo. — En la ciudad de Agua-dilla a las tres de la tarde del día nueve de marzo de mil novecientos quince. Ante mí. Licenciado Angel M. Torregrosa, Abogado y No-tario de Puerto Rico, con residencia, vecindad y estudio en Aguadilla. Comparece. En esta su casa habitación, donde me constituí previo requerimiento, Don Artemio Vergne y Muñoz, de cincuenta años de edad, soltero, comerciante, de esta vecindad e hijo legítimo de Don Guillermo ;y Doña Soledad. Y hallándose en el pleno goce de sus facultades mentales, habla expedita y capacidad legal necesaria para poder testar a juicio de los testigos y de mí el notario y, además, de su médico de cabecera el Doctor Don Simón Moret y Muñoz, el que le asiste, y me asegura, también, que está el dicho Sr. Vergne en el pleno uso de sus sentidos a pesar de la dolencia que lo tiene en cama, ordena su testamento como sigue: El funeral y entierro lo deja a disposición de su albacea para cuyo cargo nombra a Don Agustín Guevara y Santini. Declara que no tiene ascendientes ni descendientes legítimos ni naturales. Ordena que la declaración de sus bienes la haga su albacea de acuerdo con los inventarios, libros o papeles que se hallaren a sir fallecimiento. Declara que tiene interés en la casa que gira en esta ciudad bajo la razón de “López y Vergne” de la que es socio, que tiene algunas deudas en contra y otras a favor, las cuales quiere sean pagadas o cobra-das religiosamente, no pudiendo por momento determinar el mon-tante de unas y de otras. • En el remanente de sus bienes, después de satisfechos los gastos de 'su enfermedad y muerte y de satisfechas sus deudas y en atención de los buenos procederes que para con él ha tenido su parienta Doña Josefa Muñoz Rivera de Guevara de ■ esta vecindad, elige y nombra a ésta por su única y universal here-dera. Revoca y anula toda otra disposición anterior que de palabra o por escrito haya hecho con arreglo a sus bienes. Así lo otorga y no firma por impedírselo la debilidad de su pulso, pero autoriza al primero de los testigos para que lo haga a su nombre. Son testigos que conozco presentes vecinos, mayores de edad, Don Enrique Ealcón, Don Rosendo Pérez y Don José V. Cintrón. Y yo, el notario, del conocimiento del otorgante y testigos, de cuanto aquí se refiera y de haberse cumplido las disposiciones del Código Civil, yo, el notario, doy fe, dándola también de aprobar el testador y testigos el enmen-dado “V” que vale. Por imposibilidad física del testador, Don Ar-temio Vergne y Muñoz, y como testigo, Enrique Ealcón, Rosendo Pérez, José Y. Cintrón, Dr. Moret Muñoz. Firmado y signado — Angel M. Torregrosa. ’
“Que los acusados Angel M. Torregrosa y Simón Moret actuaron en el referido testamento, el primero en su condición de notario pú-blico autorizante del mismo y el segundo o sea el acusado Simón Moret en su calidad de médico certificando y firmando - dicho testamento sobre las condiciones mentales del referido Artemio Yergne Muñoz, y a todos y a cada uno de los acusados nombrados les constaba porque se encontraban presentes al hacerse el mismo, que el referido Artemio Yergne Muñoz en aquel momento se hallaba sin conocimiento y per-didas sus facultades mentales hasta tal punto que no podía hablar, oir ni entender, hecho éste que les constaba más todavía, a los acu-sados Simón Moret Muñoz, José Y. Cintrón y Francisca Ramos ya que todos éstos asistieron al referido Yergne durante toda su enfer-medad y hasta el momento de su muerte, el primero como médico, el segundo como practicante y la tercera como nurse y sabían y les cons-taba que desde poco más o menos una semana antes de morir ya el citado Yergne había perdido el conocimiento y, por tanto, estaba impo-sibilitado físicamente para realizar acto alguno que dependiera de su voluntad, aparte de que el acusado Simón Móret en su condición de médico sabía y estaba enterado de todos los pormenores de la enfer-medad que privó de. la vida al citado Yergne y de las condiciones mentales en que se encontraba a la fecha en que alega el Fiscal que se hizo el expresado testamento falso; sabiendo todos y cada uno de los acusados referidos Angel M. Torregrosa, Simón Moret, Enrique O. Falcón, José Y. Cintrón, Rosendo Pérez y Francisca Ramos que el referido Artemio Yergne Muñoz allí y entonces no dispuso libremente de sus bienes ni en esa ni en ninguna otra forma toda vez que no estaba en el pleno goce de sus facultades mentales y siendo esto así no podía ser el testamento así redactado su libre, espontánea y última voluntad, no pudiendo, por tanto; autorizar a persona alguna para que firmara a su ruego el referido testamento.
“Alega asimismo el Fiscal que los acusados Angel M. Torregrosa, Simón Moret, Enrique 0. Falcón, José Y. Cintrón, Rosendo Pérez y Francisca Ramos en el día y hora y sitio mencionados, ilegal, volun-taria, corrupta y maliciosamente se confabularon, convinieron, cons-piraron y pusieron de acuerdo para preparar y hacer el testamento falso anteriormente transcrito con el propósito de presentarlo — como lo presentaron — como genuino y verdadero al albacea nombrado en el testamento Don Agustín Guevara, expidiendo a éste una copia del mismo el acusado Angel M. Torregrosa en su condición de notario público a los efectos del procedimiento para hacerse cargo como se hizo el citado Agustín Guevara de los bienes del finado Artemio Yergne y en la creencia de que dicho testamento era verdadero adelantó al acusado Simón Moret la suma de $500 a cuenta de sus servicios de asistencia como médico del referido Yergne y a reserva de la liquida-ción de la herencia del citado Artemio Yergne; entregando a la otra acusada Francisca Ramos la suma de $5 a cuenta de sus servicios, prestados como nurse y también a reserva de la liquidación de JLa refe-rida herencia; y el otro acusado Angel M. Torregrosa también pasó su recibo al administrador judicial de los bienes del citado Artemio Yergne por la suma de doscientos dollars importe por sus honorarios en la redacción del documento escrito de referencia. Que los hechos así realizados por los acusados eran tendentes a defraudar en sus bienes a los legítimos herederos del hoy finado Artemio Yergne y que dicho testamento falso fué redactado y confeccionado con el fin frau-dulento y avieso de presentarlo también como genuino y verdadero en el procedimiento que había de iniciarse por dichos legítimos here-deros.
"Segundo caego. — Alega asimismo el Fiscal que los referidos acusados, Angel M. Torregrosa, Simón Moret, Enrique C. Falcón, José Y. Cintrón, Rosendo Pérez y Francisca Ramos, allá por el día 9 de marzo de 1915, en Aguadilla, que forma parte del distrito judicial del mismo nombre, se confabularon, convinieron, conspiraron y pusieron de acuerdo, e ilegal, voluntaria y maliciosamente, obrando juntos y de común acuerdo, prepararon e hicieron el testamento falso, de que se ha hecho mención, que es un instrumento escrito, haciendo aparecer en el mismo como testador al hoy interfecto Artemio Yergne Muñoz,- como su única y universal heredera a Doña Josefina Muñoz y como albacea a su esposo, Don Agustín Guevara, con el propósito de presentar o permitir que se presentase el referido testamento falso como genuino y verdadero, y dicho acto así realizado era tendente a pervertir y obstruir la justicia y la debida administración de las leyes.
"Este hecho es contrario a la ley para tal caso hecha y prevista, y a la paz y dignidad de El Pueblo de Puerto Rico. (Firmado) José E. Figueras, Fiscal del Distrito. (Jurada ante el secretario del distrito.) ”

La corte emitió una opinión detallada, parte de la cual envuelve una crítica por no’haber incluido el G-obierno ciertos hechos que a nuestro entender son materia de prueba más bien que alegaciones necesarias. Nos inclinamos a creer que la acusación podría más bien ser criticada por contener de más que de menos.

La tendencia general de la acusación en este caso es im-putar una conspiración para cometer «el delito especificado en el artículo 128 del Código Penal, que dice así:

“Artículo 128. — Toda persona qué prepare algún libro, papel, documento, registro, instrumento escrito, u otro objeto falsificado o antedatado' con el propósito de presentarlo o permitir que se presente con algún fin fraudulento o avieso, como genuino y verdadero, en algún juicio, procedimiento, o acusación autorizada por la ley, será reo de felony (delito grave).”

En consonancia con esa teoría la acusación imputa, entre otras cosas, la presentación al albacea del supuesto testa-mento falsificado y la obtención de dinero como consecuencia de ello. Según se expresa en los últimos párrafos del primer cargo, la idea parece haber sido que la presentación al albacea del testamento equivalía a la intención de presentarlo o per-mitir que fuera presentado, “con algún fin fraudulento o avieso, como genuino y verdadero, en algún juicio, procedi-miento o acusación” tal como se describe en el estatuto. Te-nemos seria duda de si el mostrar el testamento, o presentar el mismo al albacea sería propiamente el procedimiento que el artículo 128 prevee, y como el delito se determina como nacido de la presentación a dicho albacea, creemos que los acusados tienen derecho al beneficio de la duda. Quizás podría decirse que la mera preparación de un testamento falso y fraudulento para ser unido al protocolo de un notario constituía ya la intención de permitir que fuera presentado en algún juicio, procedimiento o investigación. Necesariamente hay siempre alguna, investigación a la muerte de un hombre sobre si murió-o no intestado, y esa investigación puede tener lugar en la oficina notarial donde las copias son solicitadas. La oficina de un notario es de carácter público y él debe mostrar el tes-tamento a las personas con derecho a ello aparentemente. Bajo una teoría análoga- podría sostenerse' un proceso por conspiración para cometer el acto especificado en el articula 128, pero la acusación en este caso no fné formulada bajo tal teoría.

Creemos asimismo que existe una teoría más sencilla bajo la cual una acusación en este caso podría ser redactada.

El texto inglés del artículo 413 del Código Penal deter-mina:

“Section 413. — Every person who, with intent to defraud another, falsely makes, alters, forges, or counterfeits any charter, letters-patent, deed, lease, indenture, writing obligatory, will, testament, codicil, annuity, bond, covenant, bank-bill or note, post-note, cheek, draft, bill of exchange, contract, promissory note, due bill for the payment of money or property, receipt for money or property, passage ticket, power of attorney, or any certificate of any share, right, or interest in the stock of any corporation or association, or any controller’s warrant for the payment of money at the treasury, treasurer’s order or Warrant, or request for the payment of money, or the delivery of goods or chattels of any kind, or for the delivery of any instrument or writing, acquittance, release, or discharge for any debt, account, suit, action, demand, or other thing, real or personal, or any transfer or assurance of money, certificates of shares of stock, goods, chattels, or other property whatever or any letter of attorney, or other power to. receive money, or to receive or transfer certificates of shares of stock or annuities, or to let, lease, dispose of, alien, or convey any goods, chattels, lands or tenements, or other estate, real or personal, or any acceptance or indorsement of any bill of exchange, promissory note, draft, order or assignment of any bonds, writing obligatory, or promissory note for money or other property, or counterfeits or forges the seal or handwriting of another or utters, publishes, passes, or attempts to pass, as true and genuine, any of the above-named false, altered, forges or counterfeited matters, as above specified and described, knowing the same to be false, altered, forged, or counterfeited, with intent to prepodice, damage or defraud, any person; or who, with intent to defraud, alters, corrupts, or falsifies any record of any will, codicil, conveyance, or other instrument, the record of which is by law evidence, or any record of any judgment of a court or the return of any officer to any process of any court, is guilty of forgery.”

El texto español de este artículo está truncado, pero una traducción correcta del mismo es como sigue:

“ Artículo 413. — Será culpable de falsificación toda persona que, con intención de defraudar a otra, falsamente hiciere, alterare, falsi-ficare, o imitare cualquier título, patente de privilegio, escritura, con-trato de arrendamiento, instrumento, obligación escrita, testamento, codieilo, comprobante de pensión,- bono, pacto, billete de banco, vale postal, cheque, libranza, letra de cambio, contrato, pagaré, cuenta ven-cida para el pago de dinero o bienes, recibo por dinero o bienes, billete de pasaje, poder, o cualquier certificado de acción, derecho, o interés en el capital de cualquiera corporación o.asociación, o libramiento de cualquier contador para el pago de dinero en la tesorería, orden o libramiento de un tesorero, o requerimiento para el pago de dinero, entrega de mercancías o bienes muebles de cualquier clase, o para la entrega de cualquiera escritura, finiquito, descargo o relevación por alguna deuda, cuenta, pleito, acción, requerimiento, o cualquier otra cosa, inmueble o mueble, o cualquier traspaso o seguro de dinero, certificados de acciones, géneros, bienes muebles o de cual-quiera otra clase, o cualquier poder o autorización para recibir dinero, o para recibir o transferir certificados de acciones o pensiones, o para alquilar, arrendar, disponer de, enajenar o traspasar -cuales-quiera mercancías, bienes muebles, terrenos o tenencias o cual-quiera otra propiedad inmueble o mueble, o cualquiera aceptación o endoso de cualquiera letra de cambio, pagaré, libranza, poder o cesión de cualesquiera bonos, obligación escrita o pagaré por dinero u otra propiedad; o que imitare o falsificare el sello o letra de otra persona, o circulare, publicare, pasare o tratare de pasar, como genuina y verdadera, cualquiera de las cosas arriba especificadas como falsas, alteradas, falsificadas o imitadas, tal como antes se determinan y describen, sabiendo que las mismas son falsas, alteradas, falsificadas o imitadas, con intención de perjudicar, causar daño, o defraudar a alguna persona; o que, con intención de defraudar, alterare, viciare o falsificare la inscripción de cualquier testamento, codieilo, traspaso, u otro instrumento cuya inscripción constituya prueba legal, o el registro de cualquier sentencia de un tribunal o el diligenciamiento de un mandamiento de una corte por cualquier funcionario. ’ ’

Por tanto, creemos que bajo los hechos especificados en la acusación una nueva acusación puede ser presentada en la que se impute una conspiración para preparar un testa-mento falso con la intención de defraudar a los herederos, legítimos, acaso dando sus nombres. El primer cargo tal como está redactado, determina casi todos los hechos nece-sarios para constituir una conspiración de esta naturaleza, pero la alegación al final del primer cargo de qne los actos de los supuestos conspiradores tendían a defraudar a los here-deros no equivale a una alegación de que los actos fueron cometidos “con intención de defraudar” a tales herederos, según determina el artículo 413.

Gran parte de las alegaciones superfluas que contiene dicha acusación pudo ser omitida.

No vemos que el segundo cargo determine un acto ten-dente a pervertir la justicia pública sino en el sentido general en que cualquier acto ilegal pervierte la justicia. El ar-tículo 62 del Código Penal, entre otras cosas provee (Véase el texto inglés):

“Si dos o más personas conspiraren * * * para cometer algún acto perjudicial a la salud pública, o la moral pública,, o encaminado a pervertir u obstruir la justicia o la debida administración de las leyes, tales personas serán penadas con cárcel por un término máximo de un año, o multa máxima de mil dollars, o ambas penas.”

Los actos que en el mismo se determinan son de carácter pxíblico y no incluyen -la falsificación de un testamento.

Queremos llamar la atención del Fiscal hacia el hecho de que si los actos imputados en este caso pueden ser pro-bados, ellos constituyen hechos por los cuales el notario, que es un ahogado, podría ser suspendido, y un procedimiento de esa naturaleza podría, en la discreción del Attorney General, ser iniciado ante esta corte sin esperar el resultado del juicio.

La resolución de la corte inferior debe ser confirmada pero adicionándola en el sentido de que se desestima la acu-sación sin perjuicio de que pueda presentarse una nueva, ya por conspiración para cometer el delito que prescribe el artículo 413 del Código Penal o directamente por el delito de falsificación determinado en dicho artículo.

Confirmada la resolución apelada pero adi-cionándola en él sentido de que se deses- tima la acusación sin perjuicio de que pueda -presentarse una nueva, ya por cons-piración para cometer el delito que prescribe el artículo 413 del Código Penal, o directamente por el delito de falsificación determinado en dicho artículo.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. del Toro no intervino en la resolu-ción de este caso.


text:
    Negroni, Administrador Judicial, Etc., Demandante y Apelante, v. Luchetti, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en causa sobre reivindicación de fincas rústicas con sus frutos y rentas.
    No. 1421.
    Resuelto en mayo 31, 1916.
    Bienes Gananciales — Cosechas Pendientes — I-Iekencia—Reivindicación.—Las cosechas pendientes de una finca adquirida por un heredero casado al hacerse la división de los bienes, son bienes gananciales; y el pago de una deuda que afecte a todos los bienes del causante verificado por la sociedad conyugal con el producto de las referidas cosechas pendientes, crea un derecho a favor de dicha sociedad y contra los bienes de dicho heredero casado, pero no pro-cede la acción reivindicatoría por el administrador de los bienes .del marido o esposa contra un subsiguiente comprador de dichos bienes para recobrar, basada en tal derecho.
    Id. — Bienes Privativos — Compraventa.—La propiedad comprada por un here-dero casado a los eo-herederos es ganancial, y las razones consignadas en las escrituras de traspaso con las cuales haya estado eoqíorme el otro cónyuge no le cambiaría su naturaleza de ganancial, pues las autoridades son claras en cuanto a que las declaraciones hechas por dicho cónyuge entonces no cons-tituyen prueba del carácter privativo de la propiedad.
    Id.- — -Id.-—Traspaso—Impedimento o Estoppel.- — Ya que el acto del marido en consentir los traspasos hechos por su esposa sea una ratificación del acto de la esposa, o que por ello esté impedido de poder alegar cualquier título, el resultado es el mismo y está obligado por dicho''consentimiento. Si la pro-piedad aparece a nombre de la esposa y el marido está conforme en que la traspase, es eficaz dicho traspaso, fuere o no ella el único dueño.
    Id. — Id.—Administrador Judicial. — No existe teoría alguna en la ley por virtud de la cual el administrador de dos sucesiones separadas pueda unir estas dos representaciones de modo que quede convertido en representante de la so-ciedad conyugal.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    'Abogado del apelante: Sr. José Tous Soto.

    Abogado del apelado: Sr. Antonio F. Castro.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una acción establecida por Pablo Negroni Lluberas, como administrador judicial de los bienes de Don Antonio Negroni y Doña Francisca Lluberas. Antonio Negroni y Francisca Lluberas se encontraban casados al comienzo de las adquisiciones y traspasos de los bienes a que se refiere este pleito.

Estando casada Francisca Lluberas adquirió parte de una finca por herencia de su madre. Ella era uno de los cuatro herederos y en la adjudicación y partición le fué adjudicada una cuarta parte de todos los bienes, sujeta al pago por dichos herederos de la suma de $6,199.24 a su padre pro-, cedente del caudal común. El caudal hereditario ascendía a $89,090. La participación de los cuatro herederos era de $82,890.76, de modo que quedó como deuda para con el padre de dichos herederos, la suma de $6,199.24, a que hemos hecho referencia. Se convino en que esta suma debía ser satis-fecha con el producto de las cosechas de la totalidad de los bienes. En realidad de verdad la deuda fué pagada con dichas cosechas alegando, por tanto, el apelante, que $1,500 de dicha deuda satisfecha por Francisca Lluberas, eran bienes gananciales a los que tenían derecho las sucesiones que re-presenta el apelante. Sostiene el apelado que como estos frutos estaban pendientes a la fecha de la. división de los bienes, no podían reputarse gananciales, pero como fueron adquiridos por-los esposos constante su matrimonio, nos in-clinamos a convenir con el apelante en que el dicho derecho a los frutos pendientes en realidad de verdad era ganancial. En el alegato del apelante se supone al parecer, que la finca de la cual adquirió Francisca Lluberas una cuarta parte fué recibida en parte por compra de la porción perteneciente a sn padre; en otras palabras, qne sn participación de nna cuarta parte en la propiedad la recibió en parte directamente y parte por compra. Parece, sin embargo, qne como el total de los $6,000 de referencia era nna dencla contra los bienes comunes, ella adquirió sn finca de modo directo, sujeta a nna obligación a favor de sn padre; en otras palabras, qne liabía nn gravamen sobre los bienes qne fné satisfecho por los es-posos con los frutos pendientes por el qne la sociedad con-yugal tenía nna reclamación contra los bienes o finca de Francisca Llnberas. Creemos, por consiguiente, qne ni el admi-nistrador de los bienes del marido, por no decir nada del administrador de los bienes do la misma Francisca Lluberas, tenía ningún derecho a establecer una acción reivindicatoría, contra el comprador de los bienes de Francisca Llnberas. El apelado en este caso adquirió por compras sucesivas cual-quier derecho que tuviera originalmente Francisca Llnberas en los bienes de su madre, y se le demanda en reivindicación para recobrar dicho derecho.

Poco tiempo después de su adquisición por herencia de la porción de una cuarta parte de los bienes de su madre, Francisca Lluberas compró dos cuartas partes de dichos bienes a otros miembros de su familia. Estaba todavía ca-sada con Don Antonio Negroni. Convenimos con el apelante en que por razón de dicho matrimonio debe presumirse que estas adquisiciones son gananciales y que ninguna de las de-claraciones hechas en las escrituras de compraventa, con las que aparentemente estuvo conforme el marido, podría cam-biarles su carácter de gananciales. Las autoridades son claras al decir que las declaraciones hechas entonces por el marido, no constituyen la prueba del carácter particular de los bienes adquiridos.

Sin embargo, subsiguientemente Francisca Lluberas ven- ■ dió a Don Francisco Antonio Negroni Lluberas en pago de una hipoteca dichas dos cuartas partes las que Francisco Negroni a su vez vendió a Francisco Lluch Negroni. Todos los traspasos a que nos referimos y referiremos fneron ins-critos en el registro de la propiedad.

El esposo de Francisca Llnberas compareció en la escri-tura de venta otorgada por la esposa a favor de Francisco Negroni Llnberas y prestó su consentimiento al traspaso.

En otros varios documentos1 otorgados hacia la misma fecha, el referido esposo consintió a su susodicha esposa con-tratar a nombre propio para efectuar la hipoteca que existía sobre dicha finca. Es cierto, como alega el apelante, que en todas estas transacciones se dió por cierto que la finca per-tenecía a los bienes privativos de la esposa, pero creemos '.que el marido quedó absolutamente obligado por ellas. Ya que su acto de consentir en estos traspasos fuera una rati-ficación del acto de su esposa, o<que estuviera él impedido (estopped) para poder alegar cualquier título por razón de sus actos, el resultado es exactamente el mismo. Y el caso no podía variar aun cuando los bienes fueran gananciales y estuviera él consintiendo en su traspaso en la creencia errónea de que eran'bienes privativos de la esposa. Se pre-sumía que él conocía la ley. Es muy frecuente en un matri-monio poner a nombre de la esposa bienes que realmente son gananciales, y las partes tienen el mismo derecho a venderlos en esa forma; en otras palabras, si en el registro de la pro-piedad, u otra parte aparece un título a nombre de la esposa y el marido consiente en que haga ésta un traspaso del mismo, el traspaso es perfectamente válido ya sea o no ella en reali-dad el xinico dueño de dichos bienes.

Después de la muerte de su esposo, la referida Francisca L1 uberas' vendió su primitiva participación de una cuarta parte al mencionado Lluch quien por ese medio vino a ser poseedor de las tres cuartas partes de dicha propiedad. El adquirió la otra cuarta parte del otro heredero por compra directa y vendió su totalidad a Mateo Luehetti, demandado y apelado en este caso. Si estuvo en lo correcto el apelante en su teoría de que Liuela no adquirió los bienes de los espo-sos, que se presume son gananciales, convenimos con él en que Mateo Lucbetti no podía ser considerado como tercero’ por razón de las manifestaciones hechas en las escrituras por- las cuales adquirió su título Francisca Lluberas; Nos inclinamos, sin embargo, a creer que cuando el marido com-pareció y consintió en el traspaso de dichos bienes por la esposa, Mateo Lüchetti podía ser considerado como tal ter-cero. La cuestión de sí Mateo Lüchetti en este respecto era o no tercero, no tiene importancia relativamente porque el título de su causante era válido por las mismas razones que harían que Mateo fuera' considerado como tercero.

Convenimos, sin embargo, con el apelado en que Mateo Lüchetti en caso de alguna duda respecto al carácter ganan-cial de cualquier parte de los bienes adquiridos por él, tenía un título adquirido por prescripción ordinaria de diez años. Todos los bienes en cuestión fueron adquiridos por Lluch hacia el año 1885. Los traspasos hechos por la esposa dieron al comprador un título aparente o justo.

La corte inferior insistió algo en el hecho de que el ad-ministrador no tenía derecho a establecer una acción reivin-dicatoria porque ninguna de las sucesiones de Francisca Liu-beras o de Antonio Negroni jamas había sido liquidada. El apelante estaría dispuesto a admitir esto si esta acción hu-biera sido establecida por el administrador de los bienes del marido contra los herederos de los bienes de la esposa, pero sostiene que la cuestión es distinta cuando la misma persona ha obtenido la administración de ambas sucesiones, la del marido y la de la esposa, tratando así de distinguir el presente caso del de Trinidad v. Trinidad, 19 D. P. R. 647 y otros similares. No conocemos ninguna teoría legal por la cual el administrador de dos sucesiones individuales sepa-radas puede mezclar estas dos representaciones de modo que venga a ser el representante de la sociedad conyugal como alega el apelante. En el análisis final él es siempre el re-presentante individual de la sucesión en particular y en cada caso su acción es para beneficio de la sucesión individual.

Debe confirmarse la sentencia.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. del Toro no intervino en la resolu-ción de este caso.