text:
    Albino Nieto, demandante y apelado, v. Angel Torres y su esposa doña Castora Duco, demandados y apelantes.
    Núm. 7932.

    Sometido: Febrero 8, 1940.

      Resuelto: Febrero 15, 1940.

      Enrique Báez García, abogado de los apelantes; A. Ramírez Silva, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El demandante en este caso estableció acción en cobro del precio aplazado de cierta finca que alegó haber vendido a los demandados por la cantidad de $450, de la cual recibió en el acto de la escritura $76, y los restantes $374 se com-prometieron los demandados a pagarle dentro del término de un año contado desde la fecha del otorgamiento de la escritura, o sea el 21 de agosto de 1934, con interés al 1 por ciento mensual desde dicha fecha hasta el total pago de la deuda; que vencida la citada obligación, el demandante re-quirió y ha requerido distintas veces a los demandados para que le paguen dicha suma, no habiendo sido satisfecha ni en todo ni en parte, ni tampoco los intereses de inora anterior-mente mencionados.

Los demandados negaron las alegaciones de la demanda y por vía de contrademanda alegaron que el demandante contrademandado solicitó de ellos un préstamo por la suma de $66, con el fin de pagar a Ramón Aldecoa igual suma que se hallaba adeudando a dicho señor y la cual había ga-rantizado con una venta con pacto de retro, deuda que estaba vencida y cuyo pago exigía el acreedor; que los demandados contrademandantes accedieron a conceder el préstamo solici-tado por el demandante contrademandado, entregándole la suma de $66 para la cancelación de dicha hipoteca, más $10 para los gastos del notario, otorgándose entonces nna escri-tura de compraventa de la finca en cuestión, pero entendién-dose entre las partes, que dicha escritura era sólo una garantía de los $76 facilitados en préstamo; que en armonía con esa estipulación los compradores nunca tomaron posesión de la finca ni ejercitaron actos de dominio sobre la misma, continuando el vendedor, no obstante la aparente venta, en posesión de dicha finca, ejercitando sobre ella actos de do-minio y recibiendo sus frutos; que vencido el préstamo el 21 de agosto de 1934 el demandante contrademandado no ha satisfecho dicha suma ni en todo ni en parte a pesar de los requerimientos héchosle por los contrademandantes. Ter-mina la contrademanda con súplica de que se condene al demandante contrademandado a pagar a los contrademan-dantes la cantidad de $76 de principal, más intereses legales sobre dicha suma desde la interposición de la demanda, y las costas.

La Corte Municipal de Mayagüez, donde se originó el caso, declaró con lugar la demanda y sin lugar la contra-demanda. Fué el caso en apelación a la corte de distrito correspondiente, y habiéndose retirado su Juez Hon. Charles E. Foote antes de resolver este caso, se sometió al actual Juez Hon. F. Navarro Ortiz por el récord taquigráfico, dic-tando éste la sentencia que declaró con lugar la demanda y sin lugar la contrademanda. Fué contra ésta que se inter-puso el presente recurso.

El primero de los errores señalados por los apelantes es el siguiente:

“La corte cometió error al no permitir al demandado declarar sobre el contenido del contrato, explicando las condiciones en que el mismo fue otorgado, privando así al demandado de oportunidad de establecer los hechos de la eontrademanda.”

En efecto, en la exposición del caso (pág. 10) y en relación con la declaración del demandado contrademandante Angel Torres, aparece lo siguiente:

"P. Explíquele a la Corte cómo fué ese negocio.
"R. En el 1933 el señor Albino Nieto tenía un negocio de hipoteca con...
"Lie. Ramírez Silva: Nos vamos a oponer a que se traiga prueba fuera de la escritura.
"Hon. Juez: Sí, no se puede cambiar con prueba oral los tér-minos del contrato. Ahora la cuestión no es respecto a lo que con-vinieron; y los términos del contrato no se pueden cambiar viniendo ahora a decir que en vez de convenir esto, convinieron otra cosa. Ahora lo que interesa a la parte es probar que no fué un traspaso por el hecho de que se quedó en la posesión, y las otras circunstancias, pero no lo que convinieron. La Corte va a admitir evidencia de los actos de las partes después del otorgamiento de la escritura.
"Lie. Báez García: Con nuestra excepción.”

A nuestro juicio, existe el error señalado. La prueba ofrecida por el contrademandante era perfectamente admi-sible. A ese efecto se dice en 2 Jones on Evidence in Civil Cases, 4a. ed. (1938), pág. 951, sec. 446:

“Carácter del documento como absoluto o garantía: El Juez Field dijo en un caso cumbre: ‘Es doctrina establecida que una corte de equidad considerará una escritura que de su faz aparece ser una venta, como una hipoteca, cuando se otorga como garantía de un préstamo en dinero. La corte va más allá de los términos del documento para penetrar en la transacción realmente celebrada; y cuando se demuestra que la transacción es una garantía y no una venta, dará efecto al contrato realmente celebrado por las partes. Como la equidad, a base de la cual actúa la corte en tales casos, va al carácter verdadero de la transacción, cualquier evidencia es-crita u oral tendente a demostrar la transacción es admisible. La regla que excluye evidencia oral para contradecir o variar un docu-mento escrito se refiere al lenguaje usado por las partes. Éste no puede ser restringido o variado en su significado natural, sino que debe hablar por sí mismo. La regla no prohibe una investigación en cuanto al propósito de las partes al otorgar y recibir el docu-mento. Ésta ha sido desde hace tiempo la regla establecida en las-cortes de equidad y aunque hay casos antiguos que aparentemente han sido ya revocados o abandonados que sostienen que la evidencia oral se recibe solamente para demostrar fraude o error, la' doctrina así restringida sólo prevalece todavía en una jurisdicción. En algunas jurisdicciones se ha considerado suficiente evidencia de fraude el que el comprador trate el traspaso como absoluto cuando en realidad de verdad no lo es. La tendencia de las decisiones modernas, particularmente en los casos más recientes, es que tal evidencia debe ser recibida para demostrar la naturaleza y objeto de la transacción, aunque no se alegue ni pruebe fraude o error. Se lia sostenido que el pacto de retrovender, ya sea por escrito u oral, no es más que una de las condiciones a base de las cuales se ha otorgado la escritura, y por consiguiente constituye una parte de la consideración para el traspaso.’ ”

Véase también el caso de González Franqui v. Brice, 27 D.P.R. 69, y por analogía el más reciente de Ochoteco, Jr. v. Córdova, 47 D.P.R. 554.

De la prueba resulta, además, que en efecto los deman-dados contrademandantes no estuvieron nunca en posesión de la finca que aparentemente habían comprado, y que el vendedor continuó ocupándola, ejerciendo sobre ella actos de dominio y percibiendo sus frutos.

Bajo tales circunstancias, la prueba del contrademandado apelante tendente a demostrar la verdadera naturaleza de la transacción celebrada entre las partes era admisible, y al rechazarla la corte inferior, cometió error perjudicial que causa la revocación de la sentencia.

Por lo expuesto, procede, a nuestro juicio, declarar' con lugar el recurso, revocar la sentencia apelada y devolver el caso a la corte inferior para ulteriores procedimientos.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señob Wole

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Emiliano Semidey Rosario, acusado y apelante.
    Núm. 7856.

    Sometido: Noviembre 17, 1939.

      Resuelto: Febrero 16, 1940.

      S. L. Lagarde y P. Baigés Gómez, abogados del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señob Wole

emitió la opinión del tribunal.

Emiliano Semidey Rosario fué convicto de poseer un arma prohibida sin haberla declarado ante el Jefe de la Po-licía del Distrito de Mayagüez, etc. No hay duda de que si el arma presentada en este caso pertenecía al acusado y la misma no fué impropiamente ocupada, el apelante fué convicto debidamente.

Sucede, sin embargo, que un número de personas jugaban a lo prohibido en la casa .de Emiliano Semidey Rosario. La policía obtuvo una orden de allanamiento para registrar la casa y bajo dicha orden examinó el domicilio del acusado; que al sorprender a los jugadores que allí estaban, la policía encontró en una solera del comedor de la residencia del acusado una vaqueta que contenía un revólver con tres balas. Cuando en el curso del juicio salió a relucir que el revólver fué obtenido durante el registro hecho por la policía bajo la orden de allanamiento, el acusado solicitó una prórroga, o de lo contrario, que se suspendiera el caso a fin de dársele la oportunidad de presentar las objeciones correspondientes al uso del allanamiento y la orden en que éste se basó.

La corte declaró sin lugar la moción e igualmente denegó una moción de reconsideración, y estas actuaciones de la corte inferior son objeto de los tres primeros señalamientos de error.

La médula de la contención del apelante es que él nunca supo nada sobre la expedición de la orden de allanamiento hasta el momento del juicio y que en su consencuencia no había tenido oportunidad de examinarla. La corte resolvió que él había tenido esa oportunidad desde la iniciación del caso, y así se desprendía. El acusado mismo, mientras ocupaba la silla de los testigos, admitió que quizá para un propósito ligeramente distinto, la policía, mientras se hallaba en su casa, le había entregado la orden de registro. Así, pues, el acusado apelante tenía conocimiento de la orden de registro y había tenido la oportunidad de examinarla.

El acusado también dijo que la orden de allanamiento debió haberse unido al expediente, más las objeciones del acusado no se dirigieron a este punto. En realidad no-suscitó la cuestión de la suficiencia de la orden de allana-miento.

Desde luego, todos convenimos, conforme indica el fiscal, en que toda persona debe estar protegida de registros y allanamientos ilegales, mas cuando la policía se incauta de un artículo a virtud de una orden de allanamiento y el acusado cree que la incautación es ilegal, él debe dar los pasos necesarios antes del juicio para obtener la devolución, de la propiedad, Pueblo v. Cecilio Santiago (núm. 7671), sentencia per curiam de esta corte de fecha 5 de julio 1939, y casos citados.

El cuarto señalamiento de error ataca la suficiencia de la prueba. En verdad, cuando hay un número de personas reunidas y se halla un revólver en una de las soleras de la casa, puede tal vez surgir alguna duda respecto a la propiedad del arma. Sin embargo, el acusado estaba en posesión de la casa y su contenido y en su consecuencia El Pueblo presentó un caso prima facie de dominio que el acuT sado debió haber refutado a satisfacción de la corte. No lo hizo así. Además, como no se trató de conseguir la devo-lución del arma, el fiscal estuvo 'justificado en ofreceila como prueba.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, a instancias de Juan V. Morciglio, relator y apelante, v. José Ramón Milán, querellado y apelado.
    Núm. 7969.

    Sometido: Febrero 16, 1940.

      Resuelto: Febrero 20, 1940.

      Enrique Báez García, abogado del apelante; Leopoldo Tomes García, abogado del querellado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

En las elecciones generales celebradas en 1936 Isabel Dalmáu de A costa, de afiliación uniorrepublicana, figuró en la candidatura de su partido y del Socialista, para miembro de la Asamblea Municipal de Gruánica. Resultó electa, pero el 13 de abril de 1938 fué aceptada su renuncia por la Asam-blea Municipal. Para cubrir la vacante, el Comité Local del Partido Unión-Republicana sometió una terna encabezada por el demandado José Ramón Milán, quien fué electo por la Asamblea y tomó posesión del cargo.

Para impugnar su elección El Pueblo de Puerto Pico, a instancias de Juan V. Moreiglio, estableció este recurso de quo warranto, basándolo en que la elección del demandado por la Asamblea Municipal es nula y por consiguiente el demandado ocupa el cargo ilegalmente, toda vez que no se solicitó terna alguna al Partido Socialista para cubrirlo. El demandante descansa en el caso de El Pueblo ex rel. Sosa v. García, 43 D.P.R. 403.

Resultando de las alegaciones y de la prueba que la Sra. Palmáu de Acosta, cuya renuncia produjo la vacante cubierta con el demandado, aunque fué candidata de los dos partidos antes mencionados, era no obstante de afiliación uniorrepublicana, el artículo 23 de la Ley núm. 53 de 1928 (Leyes de ese año, pág. 351) es la ley aplicable al caso. En lo pertinente dicho precepto legal dice así:

“Artículo 23. — Las vacantes que ocurran en las asambleas muni-cipales, se cubrirán por éstas mediante terna propuesta por el orga-nismo director local del partido a que pertenezca el candidato, con personas que tengan la condición de elegibles y sean de la misma filiación política del miembro que causare la vacante.(Bastar-dillas nuestras.)

Ante precepto tan terminante, no cabe dudar que era el Partido Unión-Republicana y no el Socialista el que teñía derecho a enviar la terna correspondiente para cubrir la vacante.

El caso de El Pueblo ex rel. Sosa v. García, supra, invocado por el demandante apelante, no sostiene su tesis. En dicho caso los partidos Socialista-Constitucional y Refor-mista Local, de Río Piedras, celebraron un pacto a virtud del cual los miembros de este último votarían la candidatura del primero, en la cual aparecían ciertos candidatos perte-necientes al Partido Reformista. En armonía con lo pac-tado, el Partido Reformista no votó candidatura de su par-tido y aparentemente no fué a las urnas, sino que votó los candidatos que aparecían en la casilla correspondiente al Partido Socialista Constitucional. Uno de estos candidatos era Pablo Lahdráu, de afiliación reformista local. Decla-rado vacante el 28 de noviembre de 1930 el cargo que des-empeñaba dicho Pablo Landrán, la Asamblea Municipal de Pío Piedras designó para cubrirlo al querellado José G-arcía Delgado, que no fue recomendado por el Partido Socialista Constitucional que en dicho municipio triunfó en las eleccio-nes de 1928. El secretario de la Asamblea Municipal no comunicó al comité la vacante ni pidió la terna que determina la ley.

Impugnada la elección de José García Delgado, la corte declaró con lugar la demanda de quo warranto y anuló su elección, fundándose en que si bien Pablo Lándrau era de afiliación reformista local, sin embargo dicho partido no había ido a las urnas, y por consiguiente no tenía derecho a representación alguna en la Asamblea Municipal.

En el caso que nos ocupa, el Partido Unión-Republicana fué a las urnas y ganó la elección. Siendo la Sra. Dalmáu de Acosta de afiliación uniorrepublicana, procedía, como dijimos antes, cubrir la vacante con un miembro de su partido conforme dispone el artículo 23 antes citado.

Por lo expuesto, se desestima el recurso y se confirma la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelante. v. Octavio Rodríguez López, acusado y apelante.
    Núm. 7875.

    Sometido: Enero 22, 1940.

      Resuelto: Febrero 21, 1940.

      Adolfo Dones Padró, Laura M. Dones y Luis Yizcarrondo, abogados del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

Octavio Rodríguez fué convicto del delito de homicidio involuntario. No existe señalamiento de errores por sepa-rado.

El apelante sostiene que la corte de distrito cometió error al declarar sin lugar una moción para que se eliminara la declaración del médico que había asistido al herido hasta el momento de su muerte y que le había hecho la autopsia; y al admitir como prueba un certificado de defunción. La primera de estas cuestiones, tal cual ha sido discutida en el alegato del apelante, no exige seria consideración. La mo-ción para eliminar fué correctamente declarada sin lugar. La muerte del interfecto había ya quedado establecida por la declaración del médico que le asistió. El certificado de defunción era innecesario y el error, de haberlo, al admitirse el mismo, no fué perjudicial.

Otras contenciones son: que la corte de distrito cometió error al negarse a trasmitir una instrucción especial soli-citada por la defensa; que el veredicto fué contrario a 1a. prueba; y que la corte erró al denegar una moción de nuevo-juicio. Carecen igualmente de mérito.

La sentencia y la resolución apeladas deben ser confir-madas.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Alejo Cortés, acusado y apelante.
    Núm. 7951.

    Sometido: Febrero 12, 1940.

      Resuelto: Febrero 21, 1940.

      A. Reyes Delgado y P. Santos Borges, abogados del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

Alejo Cortés fué convicto del delito de hurto de menor cuantía. Sostiene que la corte de distrito cometió error al declarar sin lugar una moción para que se le absolviera perentoriamente presentada al terminarse la prueba de cargo. La contención es que si la prueba de El Pueblo esta-blecía la comisión de algún delito, lo fué del delito de abuso de confianza y no de hurto menor.

El denunciante Emilio Alvarez declaró en síntesis como sigue:

Se dedicaba a la fabricación de ropa.. Su fábrica estaba en Ciales. Cortés fué empleado suyo por espacio de más de dos años. En mayo, Cortés le extrajo bastantes docenas de camisas y pantalones. El testigo y un detective recogieron los pantalones en poder de Felipe Maura, comerciante de Humaeao.
Durante la repregunta manifestó:
Cortés cortaba esa ropa. El era cortador. Lo había despedido en mayo 11 porque otro empleado que tenía lo había cogido lleván-dose hilo y botones.
En el examen redirecto:
La obligación de Cortés como empleado era cortar la ropa. Había otro empleado para aceptarla y recibirla cuando llegaba. Cortés tenía llave del establecimiento. Ellos se quedaban trabajando en el taller y el testigo se iba a la isla a vender. Cuando el testigo salía Cortés quedaba a cargo del taller. Cortés o el otro empleado le daban la llave a la esposa del testigo en los altos. Él tenía acceso a la fábrica cuando el testigo no estaba allí.

En el reindirecto:

Cuando el testigo salía, Cortés quedaba encargado del taller. Él no disponía. El testigo lo hacía. Cortés actuaba como empleado allí hasta que el testigo llegaba. Cortés no podía vender a nadie allí dentro. Simplemente fabricaba y entregaba. La ropa se fabri-caba a domicilio.

De lo anterior se desprende que Cortés tenía acceso a la propiedad por razón de su empleo como cortador y que era un custodio de la misma. Durante su ausencia el dueño permanecía en la posesión implícita de los bienes dejados bajo la custodia de Cortés. En su'consecuencia, Cortés — al tomar la propiedad, sacarla del edificio y venderla — era culpable de hurto. 36 C. J. 751, sec. 54; 17 R. C. L. 43, sec. 49; 18 Am. Jur. 577, 578, sec. 12 y 13; 2 Wharton 1510, 1511, sec. 1198 y 1201,

El hecho, de serlo, de que a Cortés hubiera podido pro-cesársele por abuso de confianza y condenársele por ese de-lito bajo el artículo 450 del Código Penal, no le daría derecho a que se le exonerara del delito imputádole en el presente caso. Véanse artículo 44 del Código Penal; Pueblo v. Aviles, 50 D.P.R. 527 y Pueblo v. Padilla (Crim. núm. 7622, resuelto en febrero 15, 1940) ante, pág. 144.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado SeñoR TRAVibso

text:
    Josefina García Pagés, Luisa Fernández Callejo y Laura Gilestra, demandantes y apelantes, v. José Gallardo, como Presidente; Sara R. de Gaetán, Vicepresidenta; Antonio Sarriera, Secretario; R. Sancho Bonet, Tesorero y Fulgencio Piñeiro, Vocal, respectivamente, de la Junta de Pensiones para Maestros de Puerto Rico, demandados y apelados.
    Núm. 7793.

    Sometido: Febrero 1, 1940.

      Resuelto: Febrero 21, 1940.

      Rafael Soltero Peralta, abogado de las apelantes; I-I on. Procurador General George A. Malcolm y E. Campos del Toro, Primer Pro-curador General Auxiliar, abogado de los apelados; Virgilio Brunet, abogado del Sr. Piñeiro, apelado.

       Desistió de su recurso y se la tuvo por desistida en febrero 7, 1940.

   El Juez Asociado SeñoR TRAVibso

emitió la opinión del tribunal.

Alegan las demandantes qne cada nna de ellas estuvo al servicio del Gobierno Insular, como maestra de escuelas pú-blicas, continuamente durante más de 21 años; que al apro-barse la Ley para crear un fondo de pensiones para los maestros de Puerto Rico (Ley núm. 62 de diciembre 5, 1917, Leyes de 1917 (3) pág. 397), las demandantes se acogieron a sus disposiciones, contribuyendo al fondo de pensiones con el uno por ciento del importe de sus respectivos sueldos, hasta las fechas en que respectivamente se retiraron del servicio; que al retirarse del servicio, la Junta de Pensiones les asignó a cada una de ellas una renta vitalicia, la que estuvieron recibiendo hasta el 25 de julio de 1928, en que la Junta de Pensiones se las redujo; que recibieron la pen-sión así reducida hasta junio 30, 1935, y que a partir de esa fecha la junta aumentó las pensiones a $28.50 mensuales, las que han venido recibiendo las demandantes hasta la fecha de radicación de la demanda.

Continúan alegando las demandantes, qne han requerido a la Junta de Pensiones para que les reembolse el importe de las deducciones sufridas por cada una de ellas, a lo cual se ha negado la Junta; que el fondo de pensiones cuenta con dinero suficiente para hacer dichos pagos; que la junta tiene el deber ministerial de autorizar dichos pagos; y que las demandantes carecen de otro remedio legal adecuado, que no sea el de mandamus, para obtener el pago de sus créditos.

Piden las demandantes que se ordene a los demandados que autoricen el pago de $2,446.66 a Josefina G-arcía Pages, $2,150 a Luisa Fernández Callejo, y $2,150 a Laura Gilestra; y que se les ordene además que a partir del 1 de diciembre de 1936, fecha en que se radicó la demanda, autoricen el pago, de las pensiones de las demandantes a razón de $50 mensuales para cada una.

Expedido el auto en forma alternativa, contestaron los demandados, negando unos hechos y admitiendo otros. Y como defensas especiales alegaron en substancia:

1. Que la demanda no aduce hechos suficientes para constituir una causa de acción meritoria.
2. Que las demandantes no tienen derecho al recurso de mandamus, por cuanto en esta jurisdicción “una pensión no es un derecho legal y la Legislatura tiene autoridad para cambiar, modi-ficar o derogar las leyes de pensiones a su antojo.”
3. Que las demandantes han incurrido en negligencia (laches) y están impedidas de ejercitar esta acción después de haber recibido durante ocho años, sin protesta, la pensión reajustada y aceptado como buena la actuación de los demandados.

El Sr. José Joaquín Rovira, miembro de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, radicó una demanda de interven-ción, en oposición a la petición de las demandantes.

La Corte de Distrito de San Juan, en 29 de diciembre de 1937, dictó sentencia desestimando la demanda e imponiendo a las demandantes el pago de costas, sin incluir honorarios •de abogado. Apelaron las demandantes, basando sn recurso ■en trece señalamientos de error, de los cuales sólo merecen ■consideración los numerados 9, 10 y 12. En ellos se alega ■en substancia que la corte inferior erró al declarar que la "validez de la ley de pensiones núm. 68 de 1928 fué sostenida en Domenech v. Junta, 42 D.P.R. 604; al sostener que la Asam-blea Legislativa tiene facultad para derogar, modificar o alte-rar las leyes de pensiones, sin distinguir los casos de pen-siones gratuitas de las pensiones bajo sistemas de retiro, en que el empleado es llamado a contribuir con parte de su sueldo para sostener el Fondo y en que la pensión forma parte del contrato con el maestro o empleado; al declarar que no se infringieron las obligaciones de un contrato, ni se privó a los maestros pensionados de su propiedad sin el debido pro-ceso de ley.

Consideraremos dichos alegados errores conjuntamente, pues en realidad es una sola la cuestión legal sometida a nuestra decisión.

La Ley núm. 62 de 5 de diciembre de 1917, en su sección 9 dispone:

“Sección 9. — Todo maestro que en calidad de tal reciba un sueldo de El Pueblo de Puerto Rico por prestar los servicios de su profesión en cualquier • institución de enseñanza pública después de estar en vigor esta Ley, contribuirá al Fondo de Pensiones, con el uno por’ ciento del importe de su sueldo. Los inspectores de distrito contri-buirán con igual suma. Después de la aprobación de esta Ley, todos los contratos hechos por los maestros para enseñar en las escuelas públicas, se considerarán sometidos a las disposiciones de la misma, y el pago de la contribución requerida, formará parte de dichos ■contratos y deberá hacerse constar en ellos.”

La sección 10 de la citada ley, según fué enmendada por las leyes núm. 79 de. 1921 (pág. 705) y núm. 41 de 1925 (pág. 251), dispone: tendrá derecho a una pensión de acuerdo con el promedio de su sueldo en los últimos 5 años de ejercicio en la siguiente manera:

“Sección 10. — Todo maestro pensionista que haya enseñado en las escuelas públicas de Puerto Rico por un período de 21 años
mensuales “Maestros cuyo promedio de sueldo no llegue a $75 mensuales_ O
50 “Maestros cuyo promedio de sueldo sea de más de $75 y menos de $100 mensuales-
60 “Maestros cuyo promedio de sueldo sea de más de $100 y menos de $125 mensuales-
70 “Maestros cuyo promedio de sueldo sea de más de $125 y menos de $150 mensuales-
80 “Maestros cuyo promedio de sueldo sea de más de $150 y menos de $200 mensuales-
90 “Maestros cuyo promedio de sueldo sea más de $200 mensuales_

En mayo 8, 1928, con posterioridad al retiro de las de-mandantes, la Asamblea Legislativa de Puerto Pico aprobó la Ley núm. 68 (Leyes de 1928, pág. 499) que dispone:

“Sección 14. — (a) Todo maestro que baya ejercido por un pe-ríodo no menor de veinte y un años y que tenga cuarenta y cinco años de edad por lo menos, tendrá derecho a una pensión de acuerdo con el promedio de todos los sueldos recibidos en el siguiente ejer-cicio de la profesión de conformidad con la siguiente escala:
“21 años dé servicio_40 por ciento
“25 años de servicio_50 por ciento
“30 años de servicio_60 por ciento
“Más de 30 años de servicio_65 por ciento
“Disponiéndose, que el máximum de pensión no excederá en ningún caso de seiscientos (600) dólares anuales y el mínimum no bajará de trescientos sesenta (360) dólares para los que se pensionen después de haber prestado veinte y un años de servicio; Disponién-dose, además, que la Junta de Pensiones queda autorizada para pagar con cargo al Fondo de Pensiones una bonificación de diez (10) dólares por cada mes escolar a todo maestro que, teniendo derecho a ser pensionado, continúe prestando sus servicios como tal maestro en las escuelas públicas de Puerto Rico.”

La cuestión a resolver en el presente recurso es: ¿Tienen las demandantes algún derecho adquirido al amparo de la Ley núm- 62 de diciembre 5 de 1917, que baya sido infringido mediante la aplicación de la legislación posterior, o sea de la sección 14(a) de la Ley núm. 68 de 1928?

Lo primero que debemos determinar es si las contribu-ciones que hacen los maestros al fondo de pensiones creado por la Ley núm. 62 de 1917 son “compulsorias” o “volun-tarias.” A nuestro juicio, la contribución es de naturaleza compulsoria. No dice la ley que el maestro podrá o tendrá derecho, a su voluntad, a contribuir. “Todo maestro — dice el estatuto — que en calidad de tal reciba un sueldo de El Pueblo de Puerto Pico .... contribuirá al Fondo de Pen-siones, con el uno por ciento del importe de su sueldo.” La ley no concede al maestro una opción o derecho de elección. Si acepta un puesto de maestro, desde ese momento queda obligado a contribuir al fondo con el uno por ciento del im-porte de su sueldo; y la cantidad anual con que debe con-tribuir le es descontada de su sueldo del mes de marzo de cada año. Si el maestro se negase a aceptar la obligación de contribuir al fondo, el Departamento de Instrucción no podría emplearle como maestro, pues es un mandato impe-rativo de la ley que todo maestro debe contribuir al fondo de pensiones, La disposición legal de que en todos los con-tratos hechos por los maestros se hará constar la obligación de pagar la contribución al fondo de pensiones, no quita a la contribución el carácter de compulsoria. ¿Podría un maestro insistir con éxito en que en su contrato no se hiciera constar tal obligación? Seguramente que no, pues la otra parte contratante no podría dar su consentimiento para la eliminación de esa cláusula. La obligación de contribuir al fondo de pensiones no surge de la libre voluntad del maestro y sí del mandato de la ley; y esa obligación formaría parte del contrato entre el maestro y el Gobierno aun cuando no se hiciera mención de ella en el contrato.

Siendo compulsoria la contribución al fondo, el pago de la pensión no debe ser considerado como una obli-gación contractual que no pueda ser afectada por legislación posterior que reduzca la cantidad que por concepto de pen-sión deba pagarse al maestro retirado. El pensionista no tiene ningún derecho adquirido a que se le continúe pagando indefinidamente la misma cantidad que se le empezó a pagar en la fecha de su retiro. La pensión puede ser abolida o reducida a voluntad del Gobierno. Así lo resolvió la Corte de Circuito para el Primer Circuito en MacLeod v. Fernández, 101 F. (2d) 20, en el cual se alegó que la sección 11 de la Ley núm. 23 de julio 16 de 1935 (Leyes de 1935 (2) pág. 127), que redujo la pensión originalmente concedida a un empleado del Pueblo de Puerto Rico, violaba las dispo-siciones de la sección 2 de la Carta Orgánica de Puerto Rico de 1917 al privar a dicho empleado de los derechos adqui-ridos al amparo de la Ley núm. 73 de 1930 (Leyes de 1930, pág. 451).

Nos sentimos obligados por la decisión de la Corte de Circuito en MacLeod v. Fernández, supra, a resolver que las demandantes apelantes no tienen derecho alguno adquirido a que se les siga pagando la pensión originalmente fijada para cada una de ellas. Véanse además: 21 R. C. L. 242; City of Dallas v. Trammell, 129 Tex. 150, 112 A. L. R. 997; People v. Retirement Board, 326 Ill. 579, 54 A. L. R. 940; Raines v. Board of Trustees, 365 Ill. 610, 7 N. E. 2d 489; Dodge et al. v. Board of Education, 364 Ill. 547, 5 N.E. 2d 84.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


author: El Juez Asociado Señok De Jesús

text:
    Mario Guerrero Noble, peticionario y apelante, v. Corte Municipal de San Juan, Sección Primera, Hon. R. A. González, Juez, demandada y apelada, y Manuel L. Clemente, Interventor y apelado.
    Núm. 8126.

    Sometido: Febrero 19, 1940.

      Resuelto: Febrero 21, 1940.

      Dubón & Ochoteco, José Otero Suro, Rodrigo Otero Suro y Diego Guerrero Noble, abogados del apelante; R. Soltero Peralta, abo-gado del interventor apelado.
   El Juez Asociado Señok De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Manuel L. Clemente instituyó demanda de desahucio contra Mario Guerrero Noble en la Corte Municipal de San Juan, Sección Primera. Señalada la primera comparecen-cia para las dos de la tarde del día 22 de septiembre del año pasado, se expidió el correspondiente emplazamiento dirigido al demandado y diligenciado el 16 del mismo mes. Llamada a la vista de la primera comparecencia, no concurrió el demandante. Aunque el demandado compare-ció, no solicitó sentencia dando al demandante por desistido de sn acción. La corte, a moción del demandante de fecha 25 del mismo mes, dictó una orden señalando de nuevo la primera comparecencia para el 29 de septiembre de 1939 a las dos de la tarde.

En cumplimiento de la citada orden, el secretario expidió un nuevo emplazamiento que fué diligenciado el 3 de dicho mes. El día señalado por segunda vez para la primera comparecencia, presentó el demandado una moción impug-nando la validez del segundo emplazamiento, moción que fué desestimada el 13 de octubre próximo mediante la siguiente resolución:

“La Corte, resolviendo la moción del demandado impugnando su citación a virtud de la orden dictada por esta Corte en 25 de sep-tiembre de 1939, declara sin lugar dicha moción por el fundamento de que habiendo sido hecho ya un señalamiento anterior para la vista de la primera comparecencia, para cuya vista el demandado fué emplazado con copia de la demanda presentada, aun cuando la vista de esa primera comparecencia no fué celebrada por incompare-cencia del demandante, éste no venía obligado a emplazar de nuevo con copia de la demanda a dicho demandado.”

En la misma fecha solicitó el demandado la reconside-ración de la precitada orden, la que también fué denegada por resolución del 14 del mismo mes.

Para revisar la orden de 13 de octubre antes transcrita, radicó el demandado una petición de certiorari en la Corte de Distrito de San Juan, la que después de oír a las partes, con fecha 2 de noviembre último anuló el auto expedido, ba-sando su sentencia en el hecho de que cuando la Corte Municipal dictó la segunda orden para la celebración de la primera comparecencia, ya dicho tribunal había adquirido jurisdicción sobre la persona del demandado y por consi-guiente era inmaterial cualquier defecto de que pudiera adolecer el llamado segundo emplazamiento. El 24 de no-viembre el demandado solicitó la reconsideración de la ame-ritada sentencia de la corte de distrito, desestimándose su moción el primero de diciembre siguiente. Contra la sen-tencia de la corte inferior anulando el auto de certiorari, estableció el demandado el presente recurso, cuya desesti-mación solicita ahora el interventor apelado por motivo de frivolidad.

Sean cuales fueren los defectos del primer emplazamiento en este caso expedido, quedaron subsanados al concurrir el demandado a la comparecencia que se señaló para el 22 de septiembre.

Aunque la Ley de Desahucio en su artículo 5 (Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933, artículo 624) dispone que “al citarse al demandado se le apercibirá de que no compareciendo por sí o por legítimo apoderado se decretará el desahucio sin más citarlo ni oírlo,” nada prescribe para el caso en que el demandante deje de asistir a dicha comparecencia, por lo que precisa recurrir al Código de Enjuiciamiento Civil, cuyo artículo 192 en lo pertinente dice:

“Art. 192. Se podrá desistir de una demanda, o declararse ■abandonada, en los casos siguientes:
“1. ........
“2. ........
“3. Por la corte, cuando el demandante deje de comparecer en el juicio, y compareciendo el demandado, pida que se declare a aquél •desistido.
(<

No habiendo el demandado solicitado que se declarase al demandante desistido de su acción, no venía la corte obli-gada a darlo por desistido, y por el contrario actuó dentro •de su jurisdicción al señalar de nuevo la primera compare-cencia para una fecha posterior. [4] No estando presente •el demandante, la cláusula constitucional sobre debido pro-ceso de ley (Ley Orgánica, artículo 2) exigía que se notifi-case a las partes del nuevo señalamiento y fue por esa razón ■que ordenó al secretario que “citara” a las partes para la nueva comparecencia. En tales circunstancias, no era nece-sario expedir y diligenciar un nuevo emplazamiento con to-das las formalidades de ley, bastando qne se notificase a las-partes la fecha señalada para el' indicado objeto. [5] Por consiguiente, cualquier defecto de que pueda adolecer el segundo emplazamiento es también inmaterial, puesto que,, como hemos indicado anteriormente, la corte había adquirido-jurisdicción sobre la persona del demandado desde que asis-tió éste a la primera comparecencia sin impugnar el primer emplazamiento.

' A nuestro juicio la situación prevaleciente en este caso-es la misma que se produce cuando llamado un caso a juicio oral y no compareciendo una o ninguna de las partes, la. corte, sin oposición de la que haya comparecido, pospone el juicio y ordena al secretario que notifique el nuevo señala-miento a las partes.

No encontrando méritos en el recurso establecido y tra-tándose además de un procedimiento sumario y rápido como es el de desahucio, procede sin más dilación declarar con lugar la moción del interventor apelado y desestimar por frívolo el recurso.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.

EN MOCION DE RECONSIDERACION

Marzo 8, 1940

El peticionario en este caso solicita reconsideremos nuestra resolución de 21 de febrero último, basándose en que la opinión que sirvió de base a la misma asume que el peti-cionario, demandado en la corte municipal, asistió a la primera comparecencia en el caso de desahucio que se señaló para el día 22 de septiembre último. Alega ahora el peti-cionario que incurrimos en error al asumir la existencia de ese hecho, toda vez qué el demandado en realidad de verdad no asistió en ningún momento a dicha primera comparecencia y por consiguiente no se sometió a la jurisdicción de la corte municipal.

Tanto en la petición de certiorari presentada en la corte ; de distrito que motivó este recurso, como én la resolución del - juez de la corte municipal, se consigna el hecho de que- dicha primera comparecencia fue. suspendida- por incomparecencia del demandante, de donde se infiere que el demandado debió haber comparecido, pues de otro modo se hubiese suspendido el acto no por incomparecehcia del demandante sino por' incomparecencia de las partes. -Además, en una moción de1 reconsideración a la resolución de la Corte de Distrito de San Juan, radicada por el propio peticionario, se expresa lo siguiente: ' • '

"Que no aparece de los autos elevados de la corte inferior que el demandado dejara de comparecer a la vista del 22 de septiembre, según afirma esta corte en su sentencia, resultando sí .de los autos,, por el contrario, que quien dejó de comparecer 'a dicha vista fué el demandante, por razón de cuya incomparecencia necesariamente procedía la desestimación de la demanda de acuerdo-con-la ley.”

Sea como fuere, siendo discrecional la expedición del auto de certiorari, tratándose de un procedimiento sumario como es el de' desahucio, y existiendo la circunstancia adicional de que el error de la corte municipal, de haber existido, puede subsanarse en apelación en la corte de distrito, no nos sen-timos inclinados a expedirlo en un caso en que de los autos no resulta claramente el derecho del peticionario.

Por lo expuesto, procede denegar la reconsideración solicitada.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Caguas Company, Inc., demandante y apelada, v. Alejandro López Fauct, demandado y apelante.
    Núm. 8133.

    Sometido: Febrero 12, 1940.

      Resuelto: Febrero 23, 1940.

      Mimoso, Vendrell & Mimoso, abogados del apelante; Fiddler, McConnell & González, abogados de la apelada.

      Nota : Véase el prefacio.

   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Se solicita la desestimación de la apelación interpuesta en este caso porque para la preparación de la transcripción de la evidencia se-obtuvo una prórroga que fue solicitada y concedida vencido ya el término de la -anterior.

En la moción se alega que. el 1-3. de diciembre de 1939. se concedió al taquígrafo una prórroga de veinte días para preparar la transcripción de la evidencia que venció, contada a partir del 17 en que vencía la anterior, el 6 de enero siguiente, no siendo basta el 12 de enero que el apelante solicitó y obtuvo la nueva prórroga que se sostiene que es ineficaz porque la corte había perdido su jurisdicción para actuar de acuerdo con la jurisprudencia de esta 'Corte Su-prema.

Para que los hechos consten en su totalidad, se transcribe de la certificación expedida por el secretario de la corte de distrito que se acompaña a la moción, lo que sigue:

"Que en el caso arriba titulado y con fecha 19 de octubre de 1939 se dictó por esta Corte de Distrito sentencia condenando al demandado Alejandro López Fauct a pagar a la demandante la suma de $24,034.33,.
"Que con fecha 21 de noviembre de 1939 aparece radicado en autos un escrito de apelación del demandado Alejandro López Fauct' apelando de dicha sentencia.
‘ ‘ Que con fecha 27 de noviembre de 1939 esta .Corte de Distrito, a petición del demandado, dictó una orden para que por el taquí-grafo se procediera a preparar y radicar en Secretaría, dentro del término que para ello fija la ley, la transcripción de la evidencia a los efectos de dicba apelación;
“Que con fecba 13 de diciembre de 1939 se concedió por esta Corte al taquígrafo una prórroga de 20 días para radicar dicha transcripción de la evidencia, a contarse desde el día diecisiete de diciembre de 1939;
“Que con fecha 12 de enero de 1940 se solicitó y .concedió por esta Corte una nueva prórroga de 30 días para la radicación de dicha transcripción de -la evidencia, a contar desde el vencimiento de la última prórroga.
“Que hasta la fecha no ha sido radicada en esta Secretaría la transcripción -de la evidencia....”

Se opuso el apelante a la desestimación, alegando entre otros motivos su diligencia en la tramitación del recurso y la jurisprudencia establecida en .el .caso de Báez v. Honoré, ante, pág. 31, por virtud de la cual quedó derogada la anterior invocada por .el apelado.

De subsistir la jurisprudencia anterior, la desestimación procedería porque habría que concluir que la apelación se venía tramitando sin autoridad, ya que el último término concedido lo habría sido por una corte sin jurisdicción, pero habiéndose reconocido en el citado caso de Báez v. Honoré, supra, que las cortes de .distrito tienen y siempre han tenido jurisdicción para eximir a una parte de los efectos del venci-miento de un término, concediéndole .otro nuevo> 'la situación varía.

Las circunstancias concurrentes de este caso concreto no surgen con claridad de los autos. Sólo consta de ellos que una prórroga vencía el seis de enero último y que la siguiente se solicitó el doce, o sea seis días después, y se concedió “a contar desde el vencimiento de la última”, siendo esta dis-posición la que podría inducirnos a concluir que el juez actuó a sabiendas de que el término había vencido, lo que colo-caría el caso dentro de la jurisprudencia establecida en el del Municipio de Aguas Buenas v. de la Fuente, ante, pág. 105, qne aplicó a determinados hechos y circunstancias, la sentada en el de Báez v. Honoré, supra, y en el qne se dijo:

"Como pnede verse, cabe la concesión implícita. A virtud de. las mociones de ambas partes se viene en conocimiento de qne el juez no actuó desconociendo la realidad de la situación. Se le llamó la atención según el apelado a su .falta de jurisdicción por haberse dejado fenecer un término sin pedirse que fuera prorrogado. El apelante manifiesta que a .tiempo solicitó la prórroga que falta por correo, como las otras, y que estaba atento a la tramitación de su, recurso lo demuestra el hecho de su insistencia en la prórroga corres-, pondiente al mes que seguía y el archivo en tiempo- de la transcrip-ción. ■ . ,
"El silencio del juez se explica quizá por la jurisprudencia que regía entonces, pero todo induce a creer, más bien, permite afirmar que actuó a sabiendas y seguramente porque consideró que consti-tuiría una injusticia bajo las circunstancias concurrentes el privar al apelante de presentar plenamente, su -caso .ante, la, corte de ape-lación.” . ■ ..

Pero aunque no existiera dato' alguno en los autos que permitiera concluir que el vencimiento era conocido por el juez cuando actuó, aun así, nos inclinaríamos a concluir, lie-' vando al límite la jurisprudencia de Báez v. Honoré, supra, y Municipio de Aguas Buenas v. de la Fuente, supra, que el último término concedido por la corte de distrito lo fué con jurisdicción porque la concesión por sí sola revela la decisión de la corte en el sentido de que continúe abierto el término dentro del cual el recurso interpuesto pueda ser perfeccio-nado.

De la opinión emitida percuriam por la Corte Suprema de California en el caso de Colburn Biological Institute v. DeBolt, 6 Cal. (2d) 631, 59 P. (2d) 108, que es el más reciente de aquéllos en que funda Bancroft — citado en Báes v. Honoré, supra, y vuelto a citar en Municipio de Aguas Buenas v. de la Fuente, supra—su afirmación de que la regla antigua de dicho estado había sido modificada en el sentido de que el proceder de la corte sentenciadora al aprobar los autos equivale a la concesión del remedio especificado en el artículo 473 del Código de Enjuiciamiento Civil, por Haberse dejado de notificar y radicar el pliego de excepciones, copiamos lo que sigue:

"Los demandados ban radicado una moción de desestimación de ■esta apelación, basando la misma en que la apelante no notificó ni .radicó su propuesto pliego de excepciones dentro del plazo provisto ,por el artículo 6.50 del Código, de Enjuiciamiento Civil (tal como fué enmendado por Stat. 1933, pág. 1878, sec. 114). Discutiremos dicha moción antes de considerar los méritos del caso.
' "La.aprobación impartida por la corte sentenciadora pone fin a esta moción. Es cosa resuelta que el proceder de la corte sentencia-dora al aprobar los autos, equivale a la concesión del remedio espe-cificado en el artículo 473 del Código de Enjuiciamiento Civil (tal como fué enmendado por Stat. 1933, pág. 1851, sec. 34) y cae dentro de la sana discreción de la- corte sentenciadora.- (Citas.)'. Insiste el demandado, sin embargo, en que no habiéndose presentado el propuesto pliego de excepciones dentro de los seis meses siguientes al-vencimiento del tiempo permitido por el artículo,650 del Código de Enjuiciamiento Civil, había cesado la jurisdicción de la corte para conceder el remedio. Citan los demandados en apoyo de su argumento el caso de Buis v. Lindauer Corp., 116 Cal. App. 558, 3 P. (2d) 18. Nos satisface que la mejor regla sea al efecto de que el período de seis meses durante el cual el juez sentenciador retiene jurisdicción para conceder el remedio, no. empiece a contarse hasta ,que algún procedimiento o acción sea instituido por la parte adversa, fundándose el mismo en la falta de diligencia o en una orden de la corte a ese respecto. (Citas.) El caso de Buis v. Lindauer, supra, queda revocado en tanto en cuanto se oponga a estos principios.
"Descansando en la autoridad del caso Rossi v. Scott, Magner and Miller, 41 Cal. App. 646, 183 P. 263, los demandados alegan que cuando el pliego de excepciones es aprobado a pesar de no haber sido presentado dentro del- tiempo provisto y habiendo el deman-dado objetado oportunamente a dicha aprobación,- entonces recae sobre el apelante la obligación de incorporar al récord hechos que justifiquen su demora, y que en ausencia de tales hechos el pliego de excepciones no puede ser considerado en apelación aún a pesar de haber sido certificado por la corte sentenciadora. ■ Puede aducirse para refutar estas alegaciones, que no aparece de la faz del pliego de excepciones de este caso ante nuestra consideración, que dicho pliego no fuera notificado a los demandados dentro del plazo pres-crito; y segundo, que esta regla no se interpreta boy en una forma estricta, literal, prefiriendo los tribunales investigar los becbos ale-gados como excusa. Stenzel v. Kronick, supra (201 Cal. 26, 255 P. 199); Rubin v. Platt Music Co., supra (79 Cal. App. 756, 251 P. 243).”

Por virtud de todo lo expuesto la moción de desestima-ción debe ser declarada sin lugar, pero con permiso para re-producirla si el perfeccionamiento de la apelación no se ultima dentro del término de un mes contado a partir de esta fecha, ya que han transcurrido los noventa días que fija la regla y no dehe entenderse que esta corte al establecer su nueva jurisprudencia realizó algo qqe en sentido alguno pueda interpretarse como amparando la lenta tramitación de los recursos. '

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió.


author: El Juez PresidbNte Señor Del Toro

text:
    Sobrinos de Izquierdo, Inc., demandante y apelante, v. R. Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núm. 7891.

    Sometido: Enero 25, 1940.

      Resuelto: Febrero 23, 1940.

      R. Díaz Collazo, abogado de la apelante; IIon. Procurador General George A. Malcolm y R. Garda Cintrón, Subprocurador Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez PresidbNte Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Versa este pleito sobre devolución de contribuciones pagadas bajo protesta. La demandante es una corporación organizada bajo las leyes de esta Isla dedicada a la venta de víveres, de la cual era Presidente y Gerente General Dionisio Trigo, dueño además de novecientas veinte acciones de las mil de a cien dólares que forman el capital de la corporación, correspondiendo setenta y cinco de las ochenta restantes a su esposa y a sus hijos. Las otras cinco perte-necen al Auditor de la corporación Sr. Ferrán.

Alegó en su demanda que el demandado la requirió para que pagara por contribución sobre ingresos y ella pagó bajo protesta en junio. SO, 1937, las. siguientes suma,s: $777.85, $1,146.76, $1,484.06, $476.44 y $1,463.01, correspondientes respectivamente a los años contributivos de 1930, 1931, 1932, 1933 y 1934, y expuso el proceso seguido en Tesorería y en la Junta de Revisión. e Igualamiento que culminó en los dichos requerimiento y pago, bajo protesta.

Los hechos y razones en que funda su petición de devo-lución de las sumas pagadas se expresan como sigue:

‘■(9) Que el demandado, para la época en que s.e llevó a cabo el pago bajo protesta de las cantidades relacionadas en el apartado 4 de esta demanda, estaba impedido, y continúa con tal impedimento, de cpbrar: las ameritadas contribuciones sobre ingresos, siendo la actuación del demandado injusta, arbitraria y contraria, a la ley, por las siguientes razones: ...
“(«) porque para los años 1930, 1931, 1932, 1933 y 1934, don Dionisio . Trigo, Presidente y Gerente General de la corporación demandante, rindió, de acuerdo con la ley, planillas individuales de ingresos e incluyó en. cada uno de los años reseñados la totalidad del sueldo pagádole por Sobrinos de Izquierdo, Inc..; habiéndose liquidado por el demandado dichas planillas individuales luego de haber sido aceptadas como correctas y habiendo el Tesorero de Puerto Rico cobrado el importe de la contribución determinada por las pla-nillas referidas,.....
“ (b) porque el demandado de una manera caprichosa, sin fun-damento alguno de hecho o de derecho, y, por el contrario, ignorando la ley y en abierta oposición a la interpretación dada a esa misma ley, y en abierta oposición asimismo a resoluciones de la propia Junta de Bevisión e Igualamiento (BE: San Juan Mercantile Corp.; BE: Jorge Silva, Inc.; BE: Central Machete, .Inc.) declaró’excesiva ■la compensación otorgada por la demandante a su Presidente y •Gerente General por servicios que éste rindiera a aquélla en tal , capacidad..
“(c) porque, igualmente de una manera caprichosa, injusta, arbi-traria e ilegal,... deja' de deducir a la demandante el desembolso por concepto de tal compensación adicional,.
“ (d) porque igualmente de una manera caprichosa,.. .dejó de conceder a la demandante las cantidades reembolsadas" a su Presi-dente y Gerente General por concepto de gastos de viaje y represen-tación, ...

La contestación del demandado a ésos hechos y razones fné:

“En cuanto al párrafo primero de la alegación 9 de.la demanda, niega el demandado que en las fechas en que' la corporación deman-dante pagó bajo protesta las contribuciones sobre ingresos relacio-nadas en la alegación 4 de dicha demanda, o en época alguna, estu-viere, o esté en la actualidad, impedido de cobrar las ameritadas contribuciones sobre ingresos, ni por los motivos, consignados en dicha alegación, ni por ningún otro motivo; negando, además, que su actuación al cobrar estas contribuciones fuera injusta, arbitraria, o en forma alguna contraria a la ley.
“(a) De los héchos contenidos en el apartado (a) de la referida alegación 9 de la demanda, el demandado admite que Don Dionisio Trigo, Presidente y Gerente General de la corporación demandante, al rendir sus planillas individuales de ingresos para los años 1930, 1931, 1932, 1933 y 1934, incluyó en la planilla correspondiente a cada' uno de dichos años, la totalidad del sueldo págádole por la 'demandante;' admite el demandado que ál liquidar las planillas in-dividuales del Sr. Trigo aceptó cómo correctas las mismas en cuanto a las cantidades que figuraban como sueldos y compensación pagados por la demandante al Sr. Trigo por servicios prestados; y admite, además, que el monto o totalidad de la compensación nacida de la participación eñ los beneficios concedida al Sr. Trigo, no fué reco-nocido a la corporación demandante, ni deducido" del total de donde se derivó su contribución; pero niega el demandado que su actuación á este respecto fuera injusta o en forma alguna contraria a la ley.
“(h) En cuanto al apartado (h) de la propia alegación 9 de la demanda, el demandado niega que caprichosamente,.... declarara excesiva la compensación otorgada por la demandante al Sr. Trigo por servicios que éste rindiera a aquélla en su carácter de Presi-dente y Gerente General; y alega en contrario que las cantidades admitidas o fijadas por el demandado por tales servicios constituyen una justa y razonable compensación por los servicios prestados por el Sr. Trigo a la corporación demandante.
“ (c) En cuanto al apartado (c) de la alegación 9 de la demanda, el demandado niega que actuara en una forma caprichosa,.... al no aceptar como deducción a la demandante el desembolso hecho por ésta por concepto de compensación adicional a su Presidente y Gerente General, en las cantidades que se especifican en dicho 'apartado (c).
“ (d) En cuanto al apartado (d) de la alegación 9 de la demanda, ei, demandado niega que actuara caprichosa, injusta, arbitraria ó ilegalmente, al no aceptar como deducciones de la demandante, lás cantidades pagadas por ésta a su Presidente y Gerente' General por concepto de gastos de viaje y representación, en las sumas detalladas en el mencionado apartado (d).”

Celebrada-'.la vista, se dictó sentencia por la corte de distrito declarando la demanda sin lugar, con costas pero sin incluir honorarios de abogado.

■ ' • La demandante apeló. Señala en su alegato tres errores cometidos a su juicio por la corte al no decidir que las canti-dades asignadas a su presidente constituían compensaciones razonables por salarios y servicios, al no decidir que la suma total reembolsada al dicho presidente por gastos de viaje fué un desembolso o gasto ordinario a satisfacer, y al apreciar en general la prueba. . ..

En su relación del caso y opinión la corte sentenciadora narró los hechos cuidadosamente y expuso los fundamentos de su sentencia. De ella transcribimos lo que sigue:

“Rindió la demandante sus. planillas -de contribución sobre-in-gresos correspondientes a los años 1930, 1931, 1932, 1933 y 1934, y pagó la contribución correspondiente al ingreso neto que resultaba de las planillas. No satisfecho más tarde el Tesorero con ciertas deducciones que hacía la demandante por concepto de salarios o compensación, adicional al Sr. Trigo por servicios personales por él prestados, le notificó el 13 de noviembre de 19.35 una deficiencia para cada uno de dichos años contributivos. No estuvo conforme .la demandante con la resolución del Tesorero, e interpuso recurso de alzada para ante la Junta de Revisión e Igualamiento, la que oportunamente dictó su resolución modificando la que antes había dictado el Tesorero.
"En cada uno de los años contributivos en cuestión, con excepción del 1932, el Sr. Trigo hizo un viaje de cuatro o seis meses de dura-ción por Europa, y a yeces por Estados Unidos, en ocasiones acom-pañado de su esposa e hijos, y otras solo. Aprovechando su estada en el .extranjero, verificaba cualquier gestión que fuera necesaria cerca de los productores, fabricantes o casas comerciales cuyos pro-ductos o negocios la corporación vende o representa ,en Puerto Rico, gestionando a yeces nuevas agencias o consiguiendo más bajos precios .o fletes más reducidos. A su regreso a P,uerto Rico hacía constar en acta las gestiones realizadas, y al fin ,de cada año contributivo se le acreditaban las .cantidades que por concepto de gastos de viaje y de compensación adicional por los servicios personales por él pres-tados, expresaremos más adelante.
“Durante el año 1930 que comprende desde el Io. de abril a 31 'de diciembre, la Corporación declaró los siguientes ingresos y deduc-ciones : .
"Ingreso bruto___1_•__$393, 96.3. 801
“Deducciones generales_ 381,-614. 32
“ Ingreso neto___ 12, 349. 48
“Entre las deducciones generales correspondientes al año 1930, se halla la cantidad de $16,634.75 pagada al Sr. Trigo por los siguientes conceptos:
“Gastos de viaje_ $2,500.0.0’
“Sueldo fijo a razón de $400 mensuales durante 9 meses — 1_i:_1_• 3, 600. 001
“Compensación adicional por servicios prestados_ 10, 534. 75
“Total__■_$16,634.75
“Para el año 1931 declaró los siguientes ingresos y deducciones:
“Ingreso bruto---_._$487„ 446. 36
“Deducciones generales_ .472,225.58
“Ingreso neto -- 15,220.78
“Entre las deducciones generales del año 1931, se Ralla la cantidad de $22,629.36. pagada al Sr. Trigo por los siguientes conceptos:
“Gastos de viaje- $3, 726. 75
“Sueldo fijo a razón de $500-6,000.00
‘ ‘ Compensación adicional por servicios prestados- 12, 903. 61
“Total_$22,629.36
“Para el año 1932, se declararon los siguientes ingresos y deduc-ciones :
“Ingreso bruto_$530,700.67
“Deducciones generales--— 512,133.98
“Ingreso neto_ 18,566.69
“A pesar de que durante el año 1932 el Sr. Trigo no salió de Puerto Rico, y no obstante disfrutar de un sueldo de $500 mensuales como en el año anterior, se dedujo del ingreso bruto la cantidad de $22,388.14 para pagarle al Sr. Trigo por los siguientes conceptos:
'“Sueldo fijo a razón de $500 mensuales_ $6, 000. 00
“Compensación adicional por servicios prestados_ 16,388.14
“Total_$22,388.14
“Para el año 1933 se declararon los siguientes ingresos y deduc-ciones :
“Ingreso bruto_$575,123. 48
“Deducciones generales_ 560,079.72
“Ingreso neto- 15,043.76
“Entre las deducciones generales del año 1933, se baila la cantidad de $18,715.80 pagada al Sr. Trigo por los siguientes con-ceptos :
“Gastos de viaje_ $3,600.00
‘ ‘ Sueldo fijo a razón de $500 mensuales_ 6, 000. 00
“Compensación adicional por servicios prestados_ $9,115. 80
“Total — --$18,715.80
“Para el año 1934, la Corporación declaró los siguientes ingresos y deducciones:
“Ingreso bruto-$632, 321. 53
“Deducciones generales- 616, 690. 57
“Ingreso neto- 15,630.96
“Del ingreso bruto se dedujo en el año 1934 la cantidad de $20,849 pagada al Sr. Trigo por los siguientes conceptos:
‘ ‘ Gastos de viaje- $3, 850. 00
‘ ‘ Sueldo fijo a razón de $500 mensuales- 6, 000. 00
“Compensación adicional por servicios prestados- 10,999.00
“Total_$20,849.00
“La Junta de Revisión e Igualamiento al considerar el recurso de alzada interpuesto por la demandante, decidió en relación con el año contributivo de 1930, admitir las siguientes deducciones:
“Gastos de viaje_ $2, 500. 00
“Aumentó el sueldo fijo en $3,600 a — :- 7,500.00
“Redujo la compensación adicional de $10,534.75 a— 2,152. 42
“Totall_•-$12,152.42
“Para el año 1931, admitió la Junta las siguientes deducciones:
“Redujo'los gastos de viaje de $3,726.72 a- $3,000.00
“Aumentó el sueldo fijado en $6,000 a- 10,000.00
“Redujo la compensación adicional de $12,903. 61 a— 2, 799.11
“Total!____ $15,799.11
“Para el año 1932 admitió la Junta las siguientes deducciones:'
“Aumentó el sueldo del Presidente de $6,000 a-$10; 000. 00
“Redujo la compensación adicional de $16,388.14 a— 3, 335. 48
“Total_-_$13,335.48
“Para el año 1933 decidió la Junta:
“Reducir los gastos de viaje del Presidente de $3,600 a $3, 000. 00
“Aumentó el sueldo del Presidente de $6,000 a- 10, 000. 00
“Redujo la compensación adicional de $9,115.80 a_ 2,358.95
“Total__$15,358.95
“Para el año 1934 decidió la Junta:
“Reducir los gastos de viaje del Presidente de $3,850 a $3, 000. 00
“Aumentar el sueldo del Presidente de $6,000 a__ 10, 000. 00
“Reducir la compensación adicional de $10,999 a_ 2,358.95
“Total___$15, 358. 95
“En verdad, que no vemos cómo la Junta pndo anmentar el sueldo fijado por la Corporación al Presidente, pero como ésta es una cuestión que beneficia a la demandante, y es ella la que impugna la resolución de la Junta, vamos a abstenernos de considerarla.
“1.' — Alega la demandante que como el señor Trigo declaró en sus planillas individuales de ingresos correspondientes a los cinco años en controversia, las cantidades que la demandante declaró haberle pagado, y que como el Tesorero cobró la contribución individual correspondiente,- está ahora impedido de rechazar dichas can-tidades como deducciones del ingreso bruto de la corporación demandante.
“2. — Que las cantidades pagadas por la demandante a su Pre-sidente por los conceptos antes indicados constituyen una compensa-ción razonable por servicios personales realmente prestados. ' .'
“El hecho de que el Sr. Trigo declarase en sus planillas indivi- ' duales las mismas cantidades que declaró la demandante haberle pagado, y el hecho de .que el demandado íeeibiese del Sr. Trigo la ' contribución correspondiente a dichas cantidades, no impide al Teso-'' rero rechazar en todo o en parte dichas sumas como deducibles del ' ingreso bruto de la demandante. Esas circutístanciás sólo indican que en verdad la demandante pagó al Sr. Trigo las cantidades en cuestión, Austin v. United States, 28 F. (2d) 677, de lo cual no - abrigamos duda alguna, especialmente teniendo en cuenta que dado ’ el interés que tiene el Sr. Trigo en la corporación demandante, bien podría decir parafraseando a Luis XIY, 'la corporación soy yo’.
“Pero no es ésa la cuestión a resolver, pues aunque se presumen válidos los contratos infra vires celebrados por una Junta de Direc-tores, sin embargo, en lo que a salario respecta, su fijación no es concluyente en cuanto al Gobierno,- teniendo éste el derecho que le concede la ley de investigar y determinar si lo que se dice pagado por concepto de salario lo es en realidad, o si por el contrario bajo ese disfraz se distribuyen beneficios. H. L. Trimyer & Co. v. Noel, 28 F. (2d) 781. No puede el Gobierno al determinar la contribución sobre ingresos de una corporación, bajo una ley que como la nuestra permite la deducción de salarios necesarios realmente pagados, inves-tigar y determinar si los salarios pagados a los oficiales de la corpo-ración están en relación con los servicios realmente prestados; pero sí puede el Gobierno atacar el pago bajo la teoría de que no es pago de salario, sino distribución de dividendos. United States v. Philadelphia Knitting Mills, 15 A.L.R. 1313.
“Sentados estos principios, y sin perder de vista que la corpo-ración demandante tiene el peso de la prueba para demostrar que las cantidades que alega haber pagado como salarios formaban parte de sus gastos ordinarios y necesarios para el mantenimiento y operación del negocio, Botany Worsted Mills v. United States, 73 L. ed. 282, procederemos a determinar si la evidencia de la demandante demuestra que las cantidades pagadas al Sr. Trigo y rechazadas por la Junta de Revisión e Igualamiento no fueron distribución de bene-ficios y sí pago de salarios por servicios necesarios realmente prestados por el Sr. Trigo.
"Como antes dijimos y así resulta de la declaración del propio Sr. Trigo, es costumbre de la demandante al finalizar el año, dedicar el 60 por ciento del beneficio neto al pago de compensación adicional de oficiales y empleados. De suerte que necesariamente hay que distribuir el 60 por ciento de los beneficios entre los oficiales, aunque, desde luego, bajó el título o denominación de ‘compensación adi-cional’. ¿ Cómo sabe la corporación anticipadamente y año tras año, que sus oficiales, a quienes se les asigna un sueldo razonable, necesariamente e indefectiblemente han de prestar servicios que requieran compensación adicional, y que la suma de las compensa-ciones así pagadas necesariamente ha de ser igual al 60 por ciento de una cantidad tan variable e incierta como son los beneficios anuales de una corporación dedicada al comercio? Esta sola circuns-tancia indica razonablemente que la llamada compensación adicional no es otra cosa que una distribución de beneficios disfrazada bajo un nombre que no le corresponde. La relación entre el sueldo fijado y la llamada compensación adicional es tan desproporcionada, que hiere -la retina del más cándido. Así vemos que durante nueve meses del año 1930 el sueldo ordinario del Sr. Trigo ascendió a $3,600. Sin embargo, por los tres meses restantes se le acreditó nada menos que $10,534.75 como compensación adicional, cantidad tres veces mayor que la que se le pagó por concepto de salarios .durante 9 meses de trabajo. En el año siguiente, 1931, se .va más lejos aún, y a pesar de aumentarle el sueldo a $6,000 anuales, se le vuelve a asignar una compensación adicional de $12,903.61. Pero donde más evidente resulta la distribución de beneficios es en el año 1932, en que no habiendo salido de Puerto Rico el Sr. Trigo, y no habiendo tenido, por consiguiente, la oportunidad de prestar sus extraordi-narios servicios en el extranjero, nos encontramos con la paradoja de una compensación adicional montante a la respetable suma de $16,388.14.
"Además, lo lógico, lo corriente, es que al hacerse una bonifica-ción a un oficial o empleado, se le asigne una suma redonda, pero nunca en pesos y centavos, pues los servicios extraordinarios nunca pueden medirse en esa forma tan detallada. Sin embargo, si exami-namos las compensaciones adicionales acreditadas al Sr. Trigo, nos encontramos con que para el año 1930 la conipensaeión adicional ascendió a $10,534.75; para el año 1931, a $12,903.61; para el año 1932, a $16,388.14; para el año 1933, $9,115.80; y para' el 1934 la curiosa cifra de $10,999.00. Esta circunstancia es una evidente demostración de que al distribuir la compensación adicional no se ba tenido en cuenta el valor razonable de los servicios prestados, sino un factor variable, cual es la proporción entre el capital del bene-ficiado en la corporación y el montante dél beneficio bruto, o lo que es ló mismo, lo que se ña fieéüo es una- diistíibúcaóñ de dividendos o beneficios.
“No nos convence la evidencia de la demandante de que la con-clusión a que llegó íá Junta dé Revisión é igualamiento fio' esté soste-nida por la prueba, tafito en ló qfie respecta a la compensación adicional como a los gastos de viajé. Por el contrarió, como bémós' anticipado, la Junta más bien fué geñ'erósa cón la defiiandánte al alimentar indebidamente el sueldo regular fijado por Ía: córpóráeiéfi a su Presidente. Por consiguiente, fio debémos alterar la ébnclusíófi a que llegó' la Junta de Revisión e Igualamiento. General Water Heater Corp. v. Commissioner, 42 F. (2d) 419, Sunset Scavenger v. Commissioner of Internal Rev., 84 F. (2d) 453, 356.”

Hemos estudiado cuidadosamente las alegaciones, las pruebas y los alegatos y a nuestro juicio la relación de techos y opinión que dejamos transcrita encuentra apoyo completo en las primeras y resiste victoriosamente las im-pugnaciones del alegato de la apelante que se encuentran además refutadas todas en él del apelado.

Se trata aquí de una de las corporaciones llamadas de familia, perfectamente legales y recomendables' pero cuya naturaleza espeeial tiene ■ necesariamente que influir a los efectos del juicio que se forme de sus actos.

Si una familia para administrar mejor su capital o una parte del mismo decide establecer una corporación que le proporcione el beneficio de crear una entidad separada de responsabilidad limitada, débe hacerlo con todas sus conse-cuencias.

Existe una estrecha correlación entre el derecho y el deber. La corporación, entidad independiente, tiene de-rechos y deberes siendo nno de éstos el del pago de la con-tribución sobre ingresos que se fija en un tipo mayor gene-ralmente que el qne se impone a las personas naturales, y si se permitiera a la familia que actuara sin restricción o fiscalización alguna en ■ el reparto de los beneficios, ella montaría a darle carta blanca para que cumpliera o no con los preceptos de la ley contributiva.

Como se dice en 3 Paul and Mertens, Law of Federal Income Taxation, 100:

, “Como quiera que las corporaciones íntimas o de familia (close or family corporations) se hallan generalmente libres de las restrié- _ ciones que son comunes a las corporaciones con más extenso número de accionistas, ellas se entregan frecuentemente a la división de beneficios so color de pago de salarios. Más aún, en el caso de las . corporaciones que están bajo el íntimo control de un grupo más o menos homogéneo, hay una mayor probabilidad de que los salarios no se satisfagan sobre una base del valor de los servicios prestados-Así vemos que en el caso de las corporaciones íntimas o de familia, y aún en los casos en que existen nexos entre patronos y empleados, los pagos hechos son examinados con especial cuidado para poder saber con certeza si éstos son razonables o si en realidad no son sin.» salarios o transacciones para dividir beneficios. Una compensación razonable, en el caso de una corporación controlada por personas, muy relacionadas (closely held corporation) equivaldría a lo que un contribuyente particular se hallaría dispuesto a pagar a un extrañó’ hábil para prestar un servicio similar. Cuando un negocio de familia pertenece principalmente a tres de sus directores, a cuya' habilidad' en la gestión del negocio se deben las ganancias,. no pueden éstos-deducir el remanente, aún cuando ya hayan dispuesto el pago de un dividendo liberal y hecho amplia reserva de fondos ni aún euand» no exista ningún accionista extraño que a ello se oponga. No debe-inferirse la conclusión de que los salarios son ipso facto irrazonables-por el mero hecho de ser pagados por una corporación íntima o de-familia. Sí debe inferirse que en estos casos el contribuyente se verá constreñido a aportar una prueba más fuerte de la razonabilidad de sus actuaciones.”

Y como también se dice en la propia obra, a la página 82 del tomo tercero:

“Con no poca frecuencia las corporaciones, al igual que los patronos particulares pueden pagar, además del salario regular, una compensación adicional en forma de una adehala (bonus). Como quiera que esas adehalas se basan, si no siempre, al menos frecuente-mente, en un por ciento de la ganancia, pueden estimarse como pagos de parte de los beneficios. Desde luego, los pagos hechos a los accionistas, que fluctúan de acuerdo con los beneficios, invitan a un minucioso escrutinio. El hecho de que el total esté en armonía con los beneficios tiende a demostrar que es una distribución de las ganancias. El mero hecho de que el pago sea satisfecho en forma de una bonificación, no es concluyente de por sí; cuando se hacen de buena fe y como una compensación adicional por servicios pres-tados las bonificaciones son deducibles. El pago total, esto es, salario y adehala, debe ser razonable. El hecho de que las bonificaciones no sean por suma desproporcionada, así como el hecho de que las mismas sirvan de estímulo a los empleados, son factores a considerar al determinar su verdadera naturaleza. i
“La regla no varía con respecto a las adehalas de navidad; ellas son igualmente deducibles si su finalidád es conceder compensación adicional. ’ ’

La actuación de la Junta de Bevisión e Igualamiento san-cionada por la corte de distrito después de un amplio juicio, produce el efecto no de algo arbitrario, sino de algo verda-deramente razonable realizado en el saludable ejercicio del poder conferídole por la ley. Magnífico fue el resultado de los negocios de la corporación y amplia la retribución de su presidente y gerente en sueldos y compensaciones adicionales tal como quedó finalmente fijada por la junta. Debe la entidad separada, con vida independiente, la corporación, beneficiarse también para afianzar su crédito y tener con qué responder directamente, en su caso, a los que con ella con-trataron y contraten, y- para contribuir en la justa propor-ción con la parte que le corresponde en los gastos de la comunidad cuyas leyes permitieron su creación y aseguraron su ordenado y eficaz desenvolvimiento. Si existen beneficios, que. como tales se repartan entre los accionistas después de satisfechas las contribuciones por la corporación, pero no es justo ni debe permitirse que con el único propósito de eludir el pago de un tipo de contribución más elevado, dichos bene-ficios se distribuyan como si se hubieran empleado en el pago de gastos necesarios, de sueldos y remuneraciones por ser-vicios realmente prestados.

Debe declararse el recurso sin lugar y confirmarse la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Lucien Longchamps, demandante y apelado, v. Julia Franceschi Antongiorgi, demandada y apelante.
    Núm. 8040.

    Sometido: Noviembre 13, 1939.

      Resuelto: Febrero 23, 1940.

      Luis Lopes de Victoria, abogado de la apelante; Luden Longchamps, pro se.

   El Juez Asociado Señor Travieso

• emitió la opinión del tribunal.

La demandada Julia Franceschi Antongiorgi ha inter-puesto el presente recurso de apelación contra una sentencia de la Corte de Distrito de Ponce que le condena a pagar al demandante Lncien Longeliamps la cantidad de $409.65 por servicios profesionales y le impone el pago de costas sin incluir honorarios de abogado.

La demanda se basa en nna cuenta corriente entre el demandante y la demandada que data desde el mes de no-viembre de 1934. Según ésta, el importe total de los ser-vicios profesionales prestados asciende a $725, y el de los anticipos para costas y gastos, a $310.60, lo que arrojaría un balance de $414.40 a favor del demandante de no deducir éste de dichos $310.60 dos partidas que totalizan $95.25 que la Corte de Distrito de Ponce reintegró a la demandada en concepto de costas en dos de los pleitos en que el demandante la representó. De modo que la cantidad por la cual se pidió sentencia asciende a $509.65. Para mayor claridad en cuanto al particular, transcribimos aquella parte de la ale-gación tercera de la demanda en que el demandante hace el cómputo anterior. Dice así:

“Importa el total de los servicios profesionales prestados por el demandante a la demandada, de conformidad con la cuenta corriente antes relacionada: setecientos veinticinco dólares.'
“Entre el 30 de octubre de 1934 y el 7 de noviembre de 1936, conforme lo requería el gasto y costas de los distintos servicios antes enumerados, la demandada entregó al demandante diversas canti-dades, de tiempo en tiempo y diversas partidas, por un total de trescientos diez dólares sesenta centavos ($310.60). De esta suma la Corte de Distrito de Ponce le reintegró a la demandada, en el valor de costas y gastos aprobados en las causas civiles números 9318 y 9347, enumeradas anteriormente bajo las letras (A) y (C) la suma total de noventa y cinco dólares veinticinco centavos ($95.25), quedando un remanente, por concepto de dichos anticipos, montante a doscientos quince dólares treinta y cinco centavos ($215.35).
“Y deducidos dichos $215.35 de los $725.00 del valor de servicios antes enumerados, queda un balance en dicha cuenta corriente de $509.65 a favor del demandante y en contra de la demandada, cuyo balance es líquido, de plazo vencido y exigible.”

Es necesario decir además que con excepción de las par-tidas (A) y (C) de la cuenta, que se refieren a las causas civiles núms. 9318 y 9347 (véase alegación tercera, supra) en las que se hacen cargos por servicios profesionales exclusiva-mente, ascendentes a $125 y $100, respectivamente, las demás partidas incluyen no sólo el valor de los servicios prestados por el abogado demandante a la demandada, si que también el importe de las costas y de los gastos incurridos. Así, en los $725 que como valor total de sus servicios reclama el de-mandante a la demandada están comprendidos éstos, y ade-más las costas y los gastos habidos en todos los pleitos excepto las incurridas en los que llevan los núms. 9318 y 9347, según antes se ha dicho. Los gastos y costas habidos en dichos dos pleitos, de.acuerdo con varios estados demostrativos de anticipos y desembolsos en relación con las distintas partidas enumeradas en la alegación tercera de la demanda, prepa-rados por el propio demandante y elevados a esta corte como parte del legajo de la sentencia por la demandada apelante, totalizan $77.50, de los cuales $49.25 corresponden a la causa núm. 9318 a que se refiere la partida (A) de la cuenta co-rriente, y $28.25 a la núm. 9347 a que se refiere la partida (C) de dicha cuenta.

El demandante apelado ha radicado tres mociones, que están pendientes de resolución por nosotros, y que son, a saber: primera, una moción sobre corrección de autos; se-gunda, otra moción para que del legajo de sentencia se decrete la eliminación de dos “Estados demostrativos de anticipos y desembolsos en relación con las distintas partidas enume-radas en la alegación tercera de la demanda” a que ya hemos hecho referencia antes; y tercera, otra sobre desestimación de apelación.

La primera dé dichas mociones debe ser declarada con lugar, pues consta en autos un escrito de la parte demandada y apelante allanándose a las pretensiones del demandante apelado y consintiendo en que se tenga por corregido el legajo de la sentencia. En cuanto a la segunda moción, creemos que debe ser declarada sin lugar porque entendemos que los documentos a que la misma se refieren son más que nada una exposición de hechos complementarios de la de-manda, que le fueron notificados a la parte contraria con anterioridad al juicio y finalmente admitidos en evidencia sin objeción de ninguna de las partes.' La tercera moción tam-bién debe declararse sin lugar porque después del estudio cuidadoso y detenido que hemos hecho para resolverla, hemos llegado a la conclusión de que la corte 'de distrito de donde este caso procede carecía de jurisdicción para decidirlo por razón de la cuantía, y en vista de ello y teniendo en cuenta que ambas partes han radicado ya sus respectivos alegatos, preferimos resolver el caso en su fondo ahorrándole así tiempo a las partes y a este tribunal.

El único error señalado por la parte apelante dice así:

“La corte inferior erró al no declarar con lugar la excepción de falta de jurisdicción formulada en el acto del juicio por esta deman-dada y apelante.”

' Si, como hemos visto antes, la partida de $725 que el ape-lado cobra incuye no sólo el valor de sus servicios profesio-nales si que también los gastos y los desembolsos con excep-ción de los incurridos en los pleitos núms. 9318 y 9347, es natural que la cantidad de $310.60 recibida por el demandante de manos de la demandada en calidad de anticipos para costas y gastos sea aplicada a cuenta de honorarios, que quedaría, por tanto, reducida a $414.40, cantidad ésta que es inferior a la requerida por el estatuto para dar jurisdicción a las cortes de distrito. Pero como quiera que el demandante no hace cargos en las partidas (A) y (C) de la cuenta corriente por costas y desembolsos, es natural también que se le reembólse de aquellos gastos en que incurrió para beneficio de la de-mandada. De acuerdo con sus propios documentos, esta cantidad asciende a $77.50, descompuesta en dos partidas de $49.25 una y de $28.25 la otra, correspondientes a los pleitos núms. 9318 y 9347 a que las partidas (A) y (C), respectiva-mente, se refieren. Sumando a los $414.40 la cantidad de $77.50, arroja un total de $491.90, que también es inferior a la suma requerida por el estatuto para dar jurisdicción a las cortes de distrito.

No vemos en qué forma pueda quedar afectada la liqui-dación de esta cuenta con la partida ele $95.25 que representa un reintegro a la demandada en concepto de costas conce-didas a ésta en dos de los pleitos en que estuvo representada por el demandante. Dicha cantidad fué concedida por la Corte de Distrito de Ponce y recibida por la demandada, y no puede ser incluida en la liquidación de esta cuenta co-rriente.

La suma de $491.90 era la cantidad mayor que el deman-dante tenía derecho a recibir de la demandada de acuerdo con las alegaciones de la demanda. Y como dicha cantidad es inferior a la de $500, la corte de distrito actuó sin juris-dicción al decidir este caso.

Bebe, por tanto, revocarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Presidente Señor Del ToRO

text:
    A. S. Aloe & Co., demandante y apelada, v. Dámaso Talavera, demandado y apelante.
    Núm. 8146.

    Sometido: Marzo 4, 1940.

      Resuelto: Marzo 5, 1940.

      Gaspar Gerena Bras, abogado del apelante; Alfonso Miranda Esteve, abogado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor Del ToRO

emitió la opinión del tribunal.

A. S. Aloe & Co. demandó a Dámaso Talayera en la Corte Municipal de Utuado y obtuvo sentencia a su favor por $319.67 y costas.

Apeló el demandado para ante la Corte de Distrito de Arecibo y como radicados los autos no solicitara la inclusión del asunto en el calendario, la demandante apelada pidió la desestimación del recurso que fué decretada por la corte por resolución de febrero 12, 1940.

Notificado de la resolución el demandado apelante en la corte de distrito, recurrió para ante esta Corte Suprema, y notificada del recurso la demandante apelada en la corte sen-tenciadora, solicitó su desestimación por causa de frivolidad, por moción de febrero 21 último vista el 4 de marzo actual.

El apelante se opuso por escrito a la desestimación por-que “estando en trámite la transcripción de autos y eviden-cia” no estaba este tribunal “en condiciones de poder deter-minar con vista de los autos si en realidad es frívola o no dicha apelación puesto que hay importantes cuestiones juris-diccionales que no podrá . . . determinar sin un estudio dete-nido de los autos.” No especifica cuáles son las “impor-tantes cuestiones jurisdiccionales” a que se refiere. Faltó en comparecer a la vista de la moción.

La frivolidad es evidente. La resolución apelada copiada a la letra dice:

“Llamado este caso para la moción solicitando se desestime la apelación, a cuya vista sólo compareció la promovente, y apareciendo de los autos y de la declaración del Secretario que los autos de este caso fueron radicados en esta Corte en apelación, el 25 de septiembre de 1939 y que la parte apelada no solicitó que se incluyera en el calendario civil de diciembre, por tanto, de conformidad con la ley reglamentando las apelaciones en casos civiles de las cortes munici-pales a la corte de distrito, se desestima la apelación del caso, según lo solicita la parte apelada.”

Y este propio tribunal, en el caso de Manrique v. Corte, 48 D.P.R. 619, interpretando y aplicando la ley qne rige sobre la materia—Ley núm. 31 de 1939 (pág. 293) sec. 3 — ba-sándose en la jurisprudencia establecida en el de Marrero Ríos v. Muller, 35 D.P.R. 369, ratificada en los de Morales v. Corte, 35 D.P.R. 909 y Guerra v. Carrión, 47 D.P.R. 798, dijo y resolvió, copiando del resumen:

“Radicados en la corte de distrito los autos de un caso proce-dente de la corte municipal, si el apelante permanece inactivo sin solicitar la inclusión del pleito en el calendario o lista de señala-mientos, en su primera lectura, la apelación debe ser desestimada.”
“La sección tercera de la Ley Núm. 31 de 1934 (pág. 293), en tanto en cuanto dispone la desestimación de apelaciones procedentes de las cortes municipales cuando los apelantes dejan de solicitar en la corte de distrito la inclusión de los pleitos en.el calendario o lista de señalamientos, en su primera lectura, es de carácter mandatorio. El hecho de que el juez haga los señalamientos en su despacho en vez de hacerlos en audiencia pública, no puede dejar sin efecto ese precepto mandatorio de la ley.” ■

En tal virtud debe declararse con lugar la moción y en su consecuencia desestimarse el recurso.


author: El Juez PresideNte Señor Del Toro

text:
    Dr. Carmelo J. Colón, demandante y apelante, v. Julio Feliciano et al., demandados y apelados.
    Núm. 8109.

    Sometido: Enero 29, 1940.

      Resuelto: Marzo 5, 1940.

      L. Mercader, abogado del apelante; E. Pérez Gasalduc, abogado de los apelados.
   El Juez PresideNte Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Los apelados solicitan la desestimación del recurso inter-puesto en este caso por frívolo. El apelante se opuso por escrito y oralmente, Su alegato, en el que se señalan siete errores todos ellos en relación con la apreciación de la prueba, había sido ya presentado.

Tres demandas figuran en la transcripción. En la primera, radicada en febrero 10, 1938, se alega que los de-mandados Julio Feliciano y Josefa Jiménez Nieves eran dueños de dos fincas urbanas en Arecibo, cuyas fincas vendió el primero cornel asentimiento de la segunda al demandante quedando de otorgarse el contrato en febrero 9, 1938, y ne-gándose luego Feliciano a otorgarlo al requerírsele para ello. Fue contestada por medio de una negativa general y especí-fica de todos sus hechos.

Poco después se radicó la segunda agregándose como demandados a Bonifacia Feliciano y a Bodolfo Bravo y su esposa. Se insiste en la venta de las dos fincas hecha por Julio Feliciano y Josefa Jiménez y se alega que Julio Fe-liciano “nominal y convencionalmente tenía la finca A a nom-bre de sus dichas madre y hermana”, las demandadas Josefa Jiménez y Bonifacia Feliciano. También que en febrero 10, 1938, Julio Feliciano y Josefa Jiménez vendieron al otro demandado Bravo la finca A, y de la B una faja de un metro de frente por catorce de fondo, otorgando la escritura con Bonifacia Feliciano el mismo día. Además que el 8 y el 9 de febrero, 1938, cuando el demandante “disentía y efec-tuaba el contrato de compraventa con Julio Feliciano, quien a su vez actuaba . . . como apoderado de sus referidas madre y hermana, el otro demandado Rodolfo Bravo se en-contraba presente.” Bravo y su esposa contestaron final-mente negando que J. Feliciano fuera dueño y que Josefa Jiménez vendiera, y alegando que J. Feliciano carecía de poder legal para vender. Alegaron varias defensas espe-ciales y contrademandaron reclamando daños y perjuicios al demandante por sus falsas y maliciosas imputaciones. A moción del demandante la contrademanda fue eliminada sin perjuicio de que los contrademandantes pudieran entablar su reclamación por medio de acción separada.

La tercera demanda enmendada se presentó para con-formar las alegaciones de la segunda a la prueba. Se insiste en la venta de las fincas A y B por Julio Feliciano y la señora Jiménez al demandante con obligación de otorgarle la escritura; en el título convencional de Bonifacia Feli-ciano; en la negativa a otorgar el documento, agregándose que se debió al hecho de haberse negado el demandante a aumentarle doscientos dólares a Julio Feliciano por encima del precio convenido, y en la venta a Bravo conociendo éste el convenio existente entre los vendedores y el demandante, agregándose que para completar el precio de siete mil qui-nientos dólares de la compra tuvo que recurrir el deman-dante al Banco de Ponce tomándole a préstamo por teléfono cuatro mil.

Fué el pleito a juicio, y apreciando las alegaciones y las pruebas, la corte lo resolvió por sentencia de marzo 6, 1939, declarando la demanda sin lugar, sin especial condenación de costas. Expuso los fundamentos que tuvo para ello, como sigue: •

“Alegando la existencia de un contrato verbal, el demandante interesa que Julio Feliciano y Josefa Jiménez le otorguen escritura, respectivamente, de las fincas A y B que se describen en la demanda. También pretende qne se declare ineficaz nna venta a favor de Rodolfo Bravo, referente a las mismas fincas.
“En acciones sobre otorgamiento de escritura, hay qne demostrar nn contrato perfeccionado. La ausencia de nn requisito esencial no puede suplirla el tribunal por motivos de equidad.
“El demandante debe probar que el objeto del contrato perte-necía a la persona qne se hubiese obligado a venderle. La situación que presenta la prueba del actor es tan deficiente y confusa, que el demandante tuvo que enmendar dos veces su demanda, alegando hechos distintos en las tres alegaciones. Esas diferencias no sólo comprenden la forma de transacción y el carácter del supuesto con-trato, sino que abarcan la descripción del objeto, que fué materia de dicho convenio.
“Aceptando en lo esencial la declaración del demandante y algunos puntos del resto de su prueba, hay que admitir que el de-mandado Julio Feliciano convino de palabra con Carmelo Colón en que vendería las dos fincas cuyo título interesa. Si admitimos, tam-bién, la entrevista del demandante con la madre de Feliciano, quedaría probado que hizo gestiones cerca de Josefa Jiménez y que hubo alguna disposición de ésta para vender el derecho que a ella correspondía, ya sea en una casa, como dice Colón, o en ambas fincas; pero no ha probado que Josefa Jiménez llegara a perfec-cionar un contrato sobre precio cierto y materia específica, ni podía Julio Feliciano vender la finca A, pues su hermana tenía un con-dominio en la misma. Es tan clara dicha pertenencia y el origen del título, según consta de los documentos presentados, que juzgamos incierto lo alegado en el hecho primero de la demanda, de que Julio fuera el único dueño de la finca A, y la alegación vaga, del hecho tercero, de que el título estuviese a favor de la hermana, por algún acto convencional.
“Tampoco hay evidencia que demuestre un contrato entre Boni-faeia Feliciano y Carmelo Colón, ni se ha probado que Julio Feliciano tuviese un poder de carácter expreso, como se requiere en derecho, para que el hijo pudiese obligar a la madre y hermana en la venta de bienes inmuebles.
“De la declaración de Bonifacia Feliciano se desprende que su hermano administraba de hecho las propiedades de la madre y hermana y que hacía gestiones sobre negocios referentes a las fincas, tomándose aquellas facultades que generalmente se toman los hijos mayores, cuando las mujeres carecen de disposición para desenvol-verse. Pero esto no implica que cualquier contrato para vender bienes inmuebles de ellas, no tuviera que convenirse o ratificarse de manera formal con la madre y la hermana, dada la disposición mandatoria del artículo 1604 del Código Civil y la interpretación restrictiva de la jurisprudencia de Puerto Rico con respecto al con-trato de mandato.
“Es censurable la conducta de Julio Feliciano llegando a enten-didos con el Dr. Colón como si el negocio de las fincas estuviese en sus manos, para después aconsejar a la madre y hermana que ven-diesen a un tercero; pero el demandante sabe que estas cosas ocurren, a menudo, cuando se actúa sobre bases inseguras.”

Hemos examinado la evidencia y las alegaciones y a nuestro juicio no puede llegarse a otra conclusión. El juz-gador penetró bien en la actuación de las partes, calificando como se merecía la conducta de uno de los demandados, Julio Feliciano, pero sin llegar a derivar de ella la existencia de deberes que tendrían que ser cumplidos por otras personas que no actuaron del mismo modo.

Lo que se pide es el cumplimiento de un contrato de compraventa total de dos inmuebles y el otorgamiento de la correspondiente escritura, y no existiendo prueba clara y terminante de que todos los condueños vendieran, no cabe el pronunciamiento, tanto más cuanto que los inmuebles fueron vendidos a los demandados Bravo sin que. tampoco la prueba demuestre de modo claro y terminante que ellos supieran que estaban ya real y debidamente vendidos al de-mandante.

Bajo esas circunstancias, discutido a virtud de la moción el asunto en su fondo y convencidos de.que la apelación no descansa en fundamento alguno meritorio- ■ en derecho, la moción debe prosperar, desestimándose en su consecuencia el recurso.

En cuanto a la condena de costas y honorarios de abogado que el apelado solicita invocando el artículo. 327 del Código de Enjuiciamiento Civil como quedó enmendado por la Ley húm. 94 de 1937, pág. 239, no obstante la frivolidad del recurso no ejercitaremos nuestra discreción imponiéndola porque en verdad no lo demanda la conducta del apelado Feliciano. Seguimos en ello el juicio de la propia corte sentenciadora que, como sabemos, declaró sin lugar ,1a demanda pero sin especial condenación de costas. ■