author: El Juez Asociado Señor Snydeb

text:
    Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, peticionario, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, demandado; Isabel Pérez Vahamonde, interventora.
    Núm. 124.

    Sometido: Julio 1, 1947.

      Resuelto: Marzo 8, 1948.

      IIon. Procurador General Luis Negrón Fernández y Elmer Toro Lucchetti, Procurador General Auxiliar, abogados del peticiona-rio; Otero Suro & Otero Suro, abogados de la interventora, qxie-rellante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Snydeb

emitió la opinión del tribunal.

En los casos de Fiddler v. Tribunal de Contribuciones, 65 D.P.R. 202, y Buscaglia, Tes., v. Tribunal de Contribuciones y Ahumada, Interventor, 65 D.P.R. 977, resolvimos que las secciones 12(a) y 18 de la Ley de Contribuciones sobre In-gresos, según, éstas leían desde 1936 a 1940, eran nnlas en cuanto ellas (1) imponían un tipo mayor de contribución normal a las personas no residentes que no eran ciudadanos de Puerto Eico que el tipo impuesto a los residentes, y (2) les negaban a tales no residentes una exención personal y créditos por dependientes. El presente caso requiere que volvamos a examinar la doctrina establecida en dichos casos.

El caso de Ahumada está pendiente ante la Corte de Cir-cuito de Apelaciones. El de Fiddler también fué a dicha Corte, pero ésta no pasó sobre la validez de las secciones 12(a) y 18. Por el contrario, después de llamar la atención hacia el artículo 183 del Reglamento núm. 1 de Contribu-ciones sobre Ingresos^) dejó sin efecto nuestra, sentencia y devolvió el caso para que se determinara como cuestión de hecho, si el contribuyente era un residente de Puerto Rico dentro del significado de la Ley de Contribuciones so-bre Ingresos, aun cuando éste tenía su domicilio en Connecticut. Buscaglia v. Fiddler, 157 F.2d 579 (C.C.A. 1, 1946),

La primera cuestión a dilucidar es si el Tribunal de Con-tribuciones estuvo en lo cierto al resolver que en 1943 la contribuyente no era nn residente de Puerto Eico y no era ciudadana de Puerto Eico.

Un contribuyente no está clasificado como no residente de Puerto Eico bajo la Ley de Contribuciones sobre Ingresos simplemente porque esté domiciliado fuera de Puerto Eico. Puede, a los fines de contribuciones sobre ingresos, “residir” en Puerto Eico aun cuando esté domiciliado en otro sitio. Buscaglia v. Fiddler, supra; artículo 183, Eeglamento núm. 1 de Contribuciones sobre Ingresos. Cf. Anotación, 82 A.L.R. 932; Wood v. Tawes, 28 A.2d 850 (Md., 1942) cert. denegado 318 U.S. 788; Mitchell v. Delatuare State Tax Com’r, 42 A.2d 19 (Del,, 1945); Phillips v. South Carolina Tax Commission, 12 S.E.2d 13 (S.C., 1940).

Por otro lado, la ciudadanía de Puerto Eico está predicada en domicilio en Puerto Eico. Tanto bajo la sección 2(a) (7) de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos() como bajo las secciones 5 y 5(a) del Acta Orgánica,() la “residencia” que hace que una persona sea ciudadana de Puerto Eico equivale a domicilio. En consecuencia, tanto para fines de contribuciones sobre ingresos como en términos generales, un ciudadano de Puerto Eico que cambia su domicilio mudándose permanentemente a un estado o país extranjero, pierde su status como ciudadano de Puerto Eico, aun cuando sigue siendo ciudadano americano. Lókpez v. Fernández, 61 D.P.R. 522, 532-34.

Contrario al caso de Fiddler, la cuestión de si la contribuyente era un no residente que no era ciudadana de Puerto Eico fué litigada ante el Tribunal de Contribuciones. No hubo controversia sustancial en la evidencia ante dicho Tribunal. Isabel Pérez Vahamonde, la contribuyente, vino a ser ciudadana americana por haber nacido en Puerto Rico. En 1923 se fué a España, donde contrajo matrimonio con Narciso Maldonado, un español. Maldonado vino a Puerto Rico, junto a su esposa e hija, en 1936. Sin embargo, no se le permitió entrar a Puerto Rico y se fué a Santo Domingo. Allí permaneció hasta que, debido a las gestiones de su es-posa, se le permitió venir a Puerto Rico. Aquí trabajó para Méndez & Cía., Inc., desde 1936 a 1939. Durante la guerra civil en España, desde julio de 1936 hasta 1939, los bienes que Maldonado tenía en España estaban en completo estado de abandono. Al terminar la guerra española, Maldonado volvió a España solo, en viaje de negocios y a investigar el estado de sus bienes.

El 23 de marzo de 1939, la contribuyente obtuvo un pa-saporte para ir a España, donde ella y su hija se unieron a su esposo. El 1 de septiembre de 1939, dió comienzo la Segunda Querrá Mundial, haciéndose bastante difícil los via-jes. El matrimonio se quedó en España durante dicha guerra, que terminó en 1945. De conformidad con la decla-ración de un empleado de Méndez & Cía, la contribuyente estuvo haciendo gestiones para regresar a Puerto Rico desde fines de 1944.

La esposa es c|ueña de dos casas en Puerto Rico, única fuente de sus ingresos dentro de esta isla. Antes de em-prender su viaje a España en 1939, la contribuyente y su es-poso obtuvieron un préstamo de $11,000 ó $12,000 garanti-zado por hipoteca sobre estas casas. Esta deuda ha sido pagada en su totalidad.

La planilla de contribuciones sobre ingresos para 1943 fué preparada a la contribuyente por un empleado de Mén-dez & .Cía., Inc., su agente en Puerto Rico. La planilla, que estaba jurada, declaraba que la contribuyente es ciuda-dana americana y ciudadana puertorriqueña y que no reside en Puerto Rico. Al comenzar la vista ante el Tribunal de Contribuciones se le permitió enmendar la querella, cam-biándole la alegación de que residía en España por la de que residía en Puerto Rico.

Para llegar a sus conclusiones, el Tribunal de Contribu-ciones enfatizó los hechos de que la contribuyente sólo es-tuvo en Puerto Rico, con su esposo e hija, durante el pe-ríodo de la guerra civil en España, desde 1936 hasta 1939; que regresaron a España en 1939, donde la contribuyente y su esposo, un español, habían vivido por muchos años, tan pronto la guerra civil terminó; y que han estado en Es-paña desde esa fecha. El Tribunal de Contribuciones, por tanto, concluyó que la contribuyente y su familia nunca tuvie-ron la intención de abandonar su residencia en España mien-tras permanecieron en Puerto Rico desde 1936 a 1939.

A la luz de la prueba, el Tribunal de Contribuciones llegó a la conclusión que la contribuyente residió en Puerto Rico hasta 1923, cuando se fué.a España; pero que en vista de que estuvo allí trece años, casándose con un español, para 1936 ya había cambiado su residencia a España. . Tam-bién concluyó que en 1943 era residente de España; que había sido residente de dicho país durante un número de años con anterioridad a 1943; y que aun cuando era ciu-dadana americana, había dejado de ser ciudadana de Puerto Rico en 1943.

Al revisar decisiones del Tribunal de Contribuciones, este Tribunal sólo considera cuestiones de derecho. Mayagüez Sugar Co. v. Tribunal de Apelación de Contribuciones, 60 D.P.R. 753, 762-3; cf. Dobson v. Commissioner, 320 U.S. 489. No encontramos base para resolver que el Tribunal de Contribuciones cometió error como cuestión de derecho al concluir que en 1943 la contribuyente no era residente de Puerto Rico dentro del significado de la Ley de Contribu-ciones sobre Ingresos. Por el contrario, aun cuando tuvié-ramos poder para resolver dicha cuestión, nuestra conclu-sión sería la misma qne la del Tribunal de Contribuciones. En verdad, en su alegato ante este Tribunal, la contribu-yente no impugna expresamente esta conclusión específica.

La única conclusión del Tribunal de Contribuciones que la contribuyente impugna en su alegato aquí, es que ella no era en 1943 ciudadana de Puerto Rico. Y aun sobre este punto no arguye que ella todavía es ciudadana de Puerto Rico dentro del significado de los artículos 5 y 5(a) del Acta Orgánica. Véase Lókpez v. Fernández, supra. Más bien alega que el Tribunal de Contribuciones cometió error al no concluir que ella es ciudadana de Puerto Rico, según se define en la sección 2(a) (7) de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos.

La sección 2(a) (7) ha provisto desde que se aprobó ori-giiíalmente, Ley núm. 74, Leyes de P. R., 1925 (pág. 401), que el término “ciudadano de Puerto Rico” significa “per-sonas residentes o no en Puerto Rico” definidas como tales en el artículo 7 del Acta Foraker y en el artículo 5 de la actual Acta' Orgánica. Arguye la contribuyente que la sec-ción 2(a) (7) establece una fórmula diferente para deter-minar el status de una persona como “ciudadano de Puerto Rico” de.aquélla que se encuentra en los artículos 5 y 5(a) del Acta Orgánica. Su contención es que a los fines de con-tribuciones sobre ingresos bajo la sección 2(a) (7) una persona puede ser ciudadana de Puerto Rico aun cuando re-sida (esté domiciliada) en otro sitio, mientras que bajo los artículos 5 y 5(a) del Acta Orgánica una persona es ciuda-dana de Puerto Rico solamente si está domiciliada aquí.

Encontramos que esta contención es insostenible. La Asamblea Legislativa empleó el término “residente” en la sección 2(a) (7) en la misma forma que usó esta palabra a través de toda la Ley. Es decir, bajo la sección 2(a) (7) y bajo la Ley de Contribuciones sobre Ingresos en su totali-dad, una persona puede “residir” aquí aun cuando esté do-miciliada en otro sitio; y del mismo modo, aun cuando tem-poralmente ella no “resida” aquí, puede bajo algunas cir.--cnnstancias estar domiciliada aquí .y por tanto todavía ser ' ciudadana de Puerto Rico. 'El artículo 61(5) del Regla-mento niim. 1 para Contribuciones sobre Ingresos previo-’ esta última posibilidad al disponer que “los ciudadanos de Puerto Rico, no importa dónde residan, están sujetos a la contribución.” La sección 2(a) (7), por tanto, no es-tablece una fórmula diferente para determinar el status de una persona como “ciudadana de Puerto Rico” de aquélla que se encuentra en los artículos 5 y 5(a) del Acta Orgá-nica. Por el contrario, al definir un ‘ ‘ ciudadano de Puerto. Rico”, expresamente adopta para la Ley de Contribuciones-sobre Ingresos, la fórmula que se. encuentra en el artículo 5 de la Carta Orgánica. Y, como liemos visto, .bajo los ar-tículos 5 y 5(a), la ciudadanía de Puerto Rico está predi-cada en domicilio en esta isla. Por ende concluimos, con-trario a la contención de la contribuyente, que bajo la Ley de Contribuciones sobre Ingresos, y bajo el Acta Orgánica,, la misma fórmula es empleada para determinar si una persona es ciudadana de Puerto Rico: debe estar domiciliada en Puerto Rico.

En su consecuencia, somos de opinión que ambas conclu-siones del Tribunal de Contribuciones — (1) la contribuyente-no residía en Puerto Rico en 1943 dentro del significado de-la Ley de Contribuciones sobre Ingresos y del artículo 183> del Reglamento núm. 1 de Contribuciones sobre Ingresos;, (2) la contribuyente estaba domiciliada en España en 1943 y por tanto, si bien en esa época era ciudadana de los Es-tados Unidos, no era ciudadana de Puerto Rico, según se define tanto en los artículos 5 y 5(a) del Acta Orgánica como en la sección 2(a) (7) de la Ley de Contribuciones sobre In-gresos — están sostenidas ampliamente por la evidencia y por las leyes aplicables.

Convenimos con el Tribunal de Contribuciones en quelos casos de Fiddler y de Ahumada se aplican aquí, siempre: .y cuando que concluyamos que dichos casos fueron resuel-los correctamente. El caso de Fiddler envolvía el año con-tributivo que terminó el 31 dé diciembre de 1936. La section 52 de la Ley siempre ha provisto que a un no residente .se le impondrá contribución solamente sobre ingresos de-rivados de fuentes dentro de Puerto Eico. Ley núm. 74 de 1925.

En 1936 un no residente venía obligado a pagar una con-tribución normal del 6 por ciento sobre el ingreso neto ob-tenido de fuentes dentro de Puerto Eico. Un residente pa-gaba una contribución normal del 2 por ciento sobre los pri-meros $3,000, .4 por ciento sobre los próximos $3,000 y 6 por ciento sobre el resto de su ingreso neto, no importa su pro-cedencia. Sección 12(a), según fué enmendada por la sec-ción 3 de la Ley núm. 102, Leyes de Puerto Eico, 1936 /((1) pág. 525). Los residentes y los no residentes pagaban la (contribución adicional sobre su ingreso neto en exceso de '$7,000 a los mismos tipos, pagando los no residentes sola-mente sobre ingresos provenientes de fuentes dentro de Puerto Eico, Sección 13, según fué enmendada por la Ley núm. 102.

En 1936, a los fines de calcular la contribución normal solamente, un residente tenía derecho a (1) exención personal de $1,000 si era soltero y $2,500 si era casado, y (2) un crédito de $400 por cada dependiente. Sección 18(c) (d) de la Ley núm. 74 de 1925. A los no residentes se les ne-gaba esta exención personal y los créditos por dependien-tes al calcular la contribución normal. Sección 18(e), se-gún fue enmendada por la sección 2 de la Ley núm. 18, Le-yes de Puerto Eico, 1927, Segunda Sesión Extraordinaria {pág. 487).

El caso de Ahumada envolvía los años contributivos de 1936_40. Hubo un número de enmiendas a la Ley de Con-tribuciones sobre Ingresos para 1939 y 1940, pero no afec-tan el resultado de las cuestiones que ahora estamos consi-derando.

El presente caso trata de una deficiencia para el año con-tributivo que terminó el 31 de diciembre de 1943. Lo mismo que en 1936 bajo la sección 52, en 1943 a los no residentes se les imponía contribución solamente sobre ingresos pro-venientes de fuentes dentro de Puerto Rico.()

En 1943 un residente pagaba sobre su ingreso neto que no excedía de $2,000 una contribución normal del 5 por ciento. El no residente pagaba una contribución fija del 28 por ciento sobre todo su ingreso neto proveniente de fuen-tes dentro de Puerto Rico. Sección 12(a), según fué en-mendada por la sección 3 de la Ley núm. 20, Leyes de Puerto Rico, 1942, Segunda y Tercera Sesiones Extraordinarias ((2) pág. 97). En 1943 un residente pagaba contribución adicional sobre todo' su ingreso neto a ■ tenor con la clasi-ficación a qúe pertenecía, pero" un no residente no pagaba contribución adicional en consideración al Lecho de que pa-gaba una contribución normal del 28 por ciento. Sección 13, según fue enmendada por la sección 2 de la Ley núm. 10, Leyes de Puerto Rico, 1943 (pág. 25), vigente desde ju-lio 1, 1942. *

En 1943 nn residente tenía' derecho, al calcular tanto la contribución normal como la adicional, a una exención personal y a créditos por dependientes, que se le negaban a los no residentes, excepto que la exención personal para un re-sidente se redujo abora a $800 para los solteros y a $2,000 para los casados. Secciones 18(5) (c) (d), 19(f), según-fue-ron enmendadas por las secciones 10 y 11 de la Ley núm. 31, Leyes de Puerto Rico, 1941 ((1) pág. 479).

Pasemos a los hechos de este caso específico. En 1943 el ingreso bruto de la contribuyente de fuentes dentro de Puerto Rico — las dos casas que poseía aquí — ascendió q $6,831. En su planilla hizo deducciones generales por valor de $2,825.03; una exención personal de $2,000; y cré-ditos de $800 por dos dependientes. De suerte que; según la contribuyente, su ingreso neto sujeto a contribución as-cendía a $1,205.97. Calculó la contribución como si fuera una residente. Pagó úna contribución normal de 5 por ciento sobre $1,205.97, o sea $60.30, y la contribución adicio-nal del 5 por ciento sobre $1,205.97, o sea $60.30. En su con-secuencia pagó una contribución de $60.30 más $60.30, es decir, $120.60.

En su notificación de deficiencia el Tesorero no discute las deducciones generales ascendentes a $2,825.03. () Pero rechazó la exención personal de $2,000 y el crédito de $800 para los dos dependientes. También calculó la contribución sobre $4,005.97 (ingreso bruto de $6,831 menos las deduccio-nes generales de $2,825.03) al tipo fijo del 28 por ciento en vez de 5 por ciento por contribución normal y 5 por ciento por contribución adicional. Por tanto notificó a la contri-buyente que debió haber pagado una contribución de $1,121.67, y le notificó una deficiencia de $1,001.07,, más intereses. Así vemos que en un ingreso bruto de $6,831, reducido a $4,005.97 después de hacerle las deducciones generales, un residente hubiera pagado una contribución de $120’.60; la peticiona-ria como no residente tenía que pagar $1,001.07 adicionales, o sea un total de $1,121.67.

El caso de Fiddler y el presente son similares en que al contribuyente en ambos casos se le negó el derecho a deduc-ciones por exención personal y créditos por dependientes.' Y la diferencia en el tipo de contribución para residentes y no residentes, al aplicarse al contribuyente en este caso, es mucho mayor que en los casos de Fiddler y Ahumada. Es obvio que si estos casos fueron resueltos correctamente, son decisivos aquí. Pasamos por lo tanto a la contención del Tesorero de-que los casos de Fiddler y Ahumada fueron re-sueltos erróneamente.

En el caso de Fiddler descansamos en parte en aquella disposición de ■ la Sección 1 de la Enmienda Décimocuarta que prescribe: “Ningún Estado podrá dictar, ni hacer cum-plir ley alguna que menoscabe los privilegios e inmunidades de los ciudadanos de los Estados "Unidos ...” Esto cons-tituyó uñ error. La Enmienda Décimocuarta se aplica ex-clusivamente a los Estados. No es aplicable a Puerto Rico, que no es un Estado sino un territorio organizado no incor-porado a los Estados Unidos. Buscaglia v. Ballester, 162 F.2d 805, 807 (C.C.A., 1, 1947); South Porto Rico Sugar Co. v. Buscaglia, 154 F.2d 96, 101 (C.C.A., 1, 1946); People of Puerto Rico v. Eastern Sugar Associates, 156 F.2d 316, 322 (C.C.A., 1, 1946); Roig v. People of Puerto Rico, 147 F.2d 87, 91 (C.C.A., 1, 1945). Véase Hooven & Allison Co. v. Evatt, 324 U.S. 652, 673-4.

En la opinión de Fiddler este Tribunal no discutió ex-presamente el Artículo IV, "See. 2, inciso 1 de la Constitu-ción, que' reza así: “Los ciudadanos de cada Estado ten-drán derecho a todos los privilegios e inmunidades de los ciudadanos en los diversos estados. Sin embargo, citamos con aprobación del caso de Traois v. Yale & Towne Mfg. Co.; 252 U.S. 60, 77-78, 79, que fué resuelto bajo esta disposi-ción constitucional. También cometimos error sobre este particular. El Artículo IV, Sec. 2, inciso 1 no tiene apli-cación alguna a territorios. Por sus términos expresos protege solamente los privilegios e inmunidades de un ciuda-dano de un Estado contra menoscabo de aquéllos en otro Es-tado. Haavik v. Alaska Packers Assn., 263 U.S. 510; Duehay v. Acacia Mut. Life Ins. Co., 105 F.2d 768, 775 (C.C.A., D.C., 1939).

No nos detenemos a determinar el efecto de la reciente inclusión en el artículo 2 del Acta Orgánica de una cláusula de privilegios e inmunidades.() Suponiendo, sin decidirlo, que esta ley entró en vigor inmediatamente, de su faz ésta se aplica prospectiva, no retroactivamente. El Congreso no tuvo la intención de que los contribuyentes que habían pagado una contribución de otro modo válida debían penalizarse a favor de otros contribuyentes que impugnaron la contribución y arguyen ahora que el Congreso vino en su ayuda con este estatuto. Por tanto no afecta la responsabilidad de esta contribuyente por contribuciones debidas en Í944 sobre ingresos de 1943 bajo la Ley de Contribuciones Sobre Ingresos según ésta leía en aquel tiempo.

En vista de nuestra conclusión de que las cláusulas de privilegios e inmunidades no desempeñan papel alguno en este caso, creemos innecesario examinar la contención del Tesorero de que tal cláusula protege solamente los privilegios e inmunidades de la ciudadanía nacional según ésta se distingue de la estatal, y que el discrimen en este caso no envolvía una infracción de los privilegios e inmunidades de la ciudadanía nacional. Véase Madden v. Kentucky, 309 U.S. 83, dejando sin efecto Colgate v. Harvey, 296 U.S. 404; opinión disidente en Colgate v. Harvey, págs. 443-50; Hague v. C.I.O., 307 U.S. 496, 520, nota 1; Adamson v. California, 332 U.S. 46; McGrovney, Privileges or Immunities Clause, Fou,rteenth Amendment, 4 Iowa L. Bull. 219, según reimpreso en 2 Selected Essays on Constitutional Law 402. Pero of. Smith v. Loughman, 157 N.E. 753 (N.Y., 1927).

También resolvimos en el caso de Fiddler que la diferencia en los tipos contributivos y en los créditos violaba el artículo 2 del Acta Orgánica, 48 U.S.O. see. 737, al efecto de que “las leyes para la imposición de contribuciones en Puerto Rico serán uniformes.” Sin embargo, esta cláusula no requiere uniformidad intrínseca; requiere únicamente uniformidad geográfica a través de todo Puerto Rico. South Porto Rico Sugar Co. v. Buscaglia, supra; Ballester v. Tribunal de Contribuciones, 61 D.P.R. 474, 490-92, ratificado en 142 F.2d 11, 18.

El caso de South Porto Rico envolvía la validez de un estatuto que imponía contribuciones sóbre ingresos más al-tas a. una corporación extranjera, no autorizada a hacer ne-gocios en Puerto Rico y que no hacía negocios en Puerto Rico, que a una corporación’ doméstica. La Corte de Cir-cuito de Apelaciones dijo a la pág. 100:

"... Es un principio bien establecido que la disposición sobre uniformidad requiere solamente uniformidad geográfica y no intrín-seca. (Citas.) Bajo esta doctrina, no puede atacarse la .uniformi-dad porque sea una clasificación arbitraria a no ser que tal clasifi-cación discrimine sobre una base geográfica. Un discrimen infringe la disposición sobre uniformidad solamente cuando la Asamblea Le-gislativa discrimina a favor o en contra de personas en un sector determinado del territorio. Además, la disposición sobre uniformi-dad del Acta Orgánica dice que las leyes para la imposición de contribuciones en Puerto Rico serán uniformes. La Ley no dice que las leyes contributivas de Puerto Rico serán uniformes. La con-tribuyente, no estando en Puerto Rico, no ha sido expuesta al dis-crimen prohibido por la Ley. ...”

El principio establecido por la Corte de Circuito en el caso de South Porto Rico se aplica a los hechos de este caso. 'Toda vez que las leyes que aliora consideramos no disponen diferentes tipos contributivos para diferentes sitios dentro -de Puerto Rico, dichas le3res no infringen la cláusula de uni-formidad, que es peculiarmente territorial en su contexto y «está limitada a los linderos geográficos de Puerto Rico. Además, la contribuyente ‘‘no estando en Puerto Rico, no lia sido expuesta al discrimen prohibido por la Ley [Orgá-nica].’^)

La contribuyente alegó en su querella ante el Tribunal de Contribuciones que las leyes aquí envueltas infrin-gían el artículo 2 del Acta Orgánica, que dispone que “No se aprobará en Puerto Rico ninguna ley que . . . niegue a cualquier persona en dicha isla la igual protección de las leyes.” (Traducción nuestra.) No consideramos expresa-mente esta contención en el caso de Fiddler, si bien insinua-mos que esta cláusula era aplicable a un no residente. ' Pero aquí también el hecho de que la contribuyente no está den-tro de esta jurisdicción, le impide invocar la cláusula de la .igual protección. En el caso de South Porto Rico, la Corte de Circuito elijo a las páginas 99-100:

“El Tribunal Supremo resolvió que toda vez que la Compañía Azucarera no estaba autorizada a hacer ni hace negocios en Puerto Rico, ésta no estaba dentro de la jurisdicción de Puerto Rico y no tenía derecho a la igual protección de las leyes. Convenimos con esta decisión. . . . Cuando el Congreso, mediante el Acta Orgánica, aprobó para Puerto Pico disposiciones similares a aquéllas conte-nidas en nuestra ‘Declaración de Derechos’ tuvo por iniras que tuvie-ran el mismo efecto que las disposiciones similares de nuestra Cons-titución. Ballester-Ripoll v. Board of Tax Appeals of Puerto Rico, supra, a la pág. 18, de 142 F. 2d. Fué su intención que la frase ‘en dicha isla’ contenida en la cláusula de la igual protección del Acta Orgánica tuviera la misma función que las palabras ‘dentro de su jurisdicción’ contenida en la cláusula de la igual protección de la Constitución Federal. U. 8. Const. Amend. XIV, sec. 1. Be-solvemos que la Compañía Azucarera no era una persona dentro de la jurisdicción de Puerto Bico de suerte que tenga derecho a la protección conferida por el Art. 2 del Acta Orgánica. ’ ’'

Al mismo efecto, Blake v. McClung, 172 U.S. 239, 260-61-()

Finalmente, la contribuyente afirma que estas leyes infringen la cláusula del debido procedimiento del artículo 2 del Acta Orgánica. En el caso de Fiddler no pasamos sobre esta contención. Una vez más encontramos la norma aplicable debidamente expuesta en el caso de Bouth Porto Bico a la pág. 100:

“ ‘Para que una ley contributiva sea inconstitucional bajo la cláusula del debido procedimiento dicha ley debe ser tan arbitraria que resulte en una confiscación o en una crasa y patente iniquidad e injusticia.’ Mertens, Law of Federal Taxation, Vol. 1, sec. 4.09. El efecto de esta norma lia sido que la cláusula del debido pro-cedimiento de la Enmienda Quinta no se ha usado a menudo como medio de declarar nula una ley contributiva federal. Véase al Juez Asociado Sr. Stone, disintiendo en Heiner v. Donnan, 285 U.S. 312, 338, 52 S.Ct. 358, 76 L.ed. 772. ... El campo de legislación permisible a las legislaturas estatales es extremadamente amplio. Wisconsin v. J. C. Penney Co., 311 U.S. 435, 444, 61 S.Ct. 246, 85 L.ed. 267, 130 A.L.R. 1229. La discreción de la Legislatura de Puerto Bico en tanto en cuanto concierne cuestiones locales es más o menos la misma. People of Puerto Rico v. Shell Co., 302 U.S. 253, 261, 262, 58 S. Ct. 167, 82 L.ed. 235. Más aún, corresponde a aquél que ataca como inválida una pieza legislativa eliminar toda, posible base que pueda apoyar su validez. Madden v. Commonwealth of Kentucky, 309 U.S. 83, 88, 60 S.Ct. 406, 84 L. Ed. 590, 125 A.L.R. 1383; Metropolitan Casualty Ins. Co. of New York v. Brownell, 294 U.S. 580, 584, 55 S.Ct. 538, 79 L.Ed. 1070.”

Compárense Neild v. District of Columbia, 110 F.2d 246, 252, 258 (C.C.A., D.C., 1940.)

Al enfocar, el problema de determinar si la clasificación hecha por la Legislatura era arbitraria y caprichosa, debe-mos tener en cuenta que la cláusula del debido procedimiento “ ‘no tuvo por miras obligar al Estado a adoptar una regla inflexible de igual imposición de contribuciones’ ... y que “la presunción de constitucionalidad sólo deja de existir cuando se demuestra hasta la saciedad que una clasificación constituye un discrimen hostil y opresivo contra clases e in-dividuos particulares. Corresponde a aquél que ataca como inválida una pieza legislativa eliminar toda posible base que pueda apoyar su validez.” Madden v. Kentucky, 309 U.S. 83, 88; Rivera v. Buscaglia, 146 F.2d 461, 465 (C.C.A., 1, 1944). Véase Porto Rico Telephone Co. v. Tribunal de Contribucionfis, ante pág. 154.

Aquí no se ha cumplido con dicho deber. Por el contra-rio, sobre la cuestión de tipos contributivos más altos, como indicó la Corte de Circuito de Apelaciones en una situación algo similar en South Porto Rico Sugar Co. v. Buscaglia, supra, pág. 100 el “propósito de la clasificación muy bien pudiera servir para facilitar la administración de leyes con-tributivas.” Por ejemplo, los gastos de cobro pueden ser mayores en cuanto a los no residentes; o puede ser difícil, si no imposible, traer a un no residente dentro de la jurisdic-ción de las cortes locales. “Además . . . [un residente] tiene más probalidades, mediante las contribuciones paga-das por [sus] empleados y mediante otras contribuciones ■'[tales como arbitrios] ... do contribuir más al manteni-miento del gobierno que protege las fuentes de donde ob-tiene [su] ingreso que” un no residente. South Porto Rico Sugar Co. v. Buscaglia, supra, pág. 101 (corchetes nuestros).

Un pequeño contribuyente residente pagaba una contri-bución del 10 por ciento y tenía derecho a una exención personal y a créditos por dependientes; un contribuyente similar no residente pagaba una contribución del 28 por ciento sin la exención y sin los créditos. () La. diferencia en el importe de la contribución en las clasificaciones inferiores es considerable. Esta contribuyente específica viene obligada a pagar $1,121.67; si fuera residente pagaría $120.60. Pero al leerse la ley en su totalidad, es claro que ella y otros contribuyentes en situación similar no han sido ob-jeto de un discrimen hostil y opresivo. Además de las po-sibles razones ya indicadas para esta clasificación, la Legis-latura por motivos de conveniencia administrativa, puede haber tenido la intención de resolver el difícil problema de tributación al ingreso de individuos no residentes, proce-dente de fuentes dentro de Puerto Rico, imponiendo un tipo fijo de contribución en vez de los tipos progresivos que se aplican a los residentes. En verdad, existe la analogía, aun-que no completa, entre los tipos progresivos para residen-tes y diferentes tipos para residentes y no residentes. No obstante, si bien la cláusula de uniformidad fué invocada sin éxito alguno, nadie ha sug-erido que los tipos progresivos para residentes infringen la cláusula del debido procedi-miento. Ballester v. Tribunal de Apelación de Contribuciones, 61 D.P.R. 474, 490, confirmado en 142 F.2d 11, 18.

Indudablemente que los pequeños contribuyentes no re-sidentes sufren hasta cierto punto con este método admi-nistrativo; por otro lado, con excepción de la negativa de la exención personal y los créditos por los dependientes, los contribuyentes no residentes que devengan ingreso neto mayor de $25,000 de fuentes dentro de Puerto Rico son de hecho favorecidos sobre los contribuyentes residentes que devengan ingresos netos mayores de .$25,000. No podemos decir que el cuadro en conjunto demuestra un discrimen hos-til y opresivo coiltra los no residentes, y que el contribu-yente ha eliminado toda posible base que pudiera sostener la clasificación. Por el contrario, la Legislatura en el ejer-cicio de su discreción y a la luz de las consideraciones prác-ticas ha desarrollado, lo mismo que en el caso de los tipos progresivos para residentes, “un método equitativo de dis-tribuir las responsabilidades económicas del gobierno . . . ”. N. Y. Ex. Rel. Cohn v. Graves, 300 U.S. 308, 313.

Resta ahora la cuestión sobre la exención personal y los créditos por dependientes. Toda vez que un no residente presumiblemente no incurre en gastos para su subsistencia en Puerto Rico, no es caprichoso negarle una exención personal. Esta misma razón se aplica a la negativa de los créditos por dependientes, con el factor adicional de que pudiera ser difícil, si no imposible, para el Tesorero cerciorarse de la veracidad de las planillas que reclamen créditos por dependientes no residentes.

Si bien la analogía no es completa, en la Ley Federal el Congreso, al imponer contribuciones a los extranjeros no residentes, ha provisto diferentes tipos contributivos bajo ciertas circunstancias y ha limitado los créditos y las exen-ciones. Cf. Seghers, Federal Income Taxes on Foreign Transactions and Foreign Persons, 26 Taxes 108, 112-13 (February, 1948); 8 Mertens, Law of Federal Income Taxation, see. 45.16, pág. 257, et seq.; Angelí, The Nonresident Alien: A Problem in Federal Taxation of Income, 36 Col. L. Rev. 908.

El caso de Ballester v. Tribunal de Apelación de Contribuciones, supra, 495-500, resuelve que la imposición de un tipo contributivo mayor sobre ingreso de extranjeros re-sidentes que sobre el ingreso de ciudadanos residentes infringe las cláusulas de igual protección y de uniformidad del Acta Orgánica. Diclio caso es distinguible. Como ya se ha indicado, un no residente no tiene derecho a invocar dichas cláusulas. Y, si bien el debido procedimiento no es-taba envuelto en dicha decisión, en el caso de extranjeros re-sidentes no concurren las diversas consideraciones que jus-tifican una contribución algo mayor sobre los no residentes.

Iíl Tribunal de Contribuciones, desde luego, actuó co-rrectamente al seguir los casos de Fiddler y Ahumada. Pero en tanto en cuanto dichos casos resolvieron que un no residente, que no es ciudadano de Puerto Eieo, tenía dere-cho a invocar las cláusulas de privilegios e inmunidades de la Constitución y las cláusulas de uniformidad y de igual protección del Acta Orgánica, quedan expresamente revoca-dos por haber sido erróneamente resueltos.

La decisión del Tribunal de Contribuciones será revocada y se dictará sentencia desestimando la querella de la contri-buyente.

      (1) El artículo 183 prescribe como sigue:
      "Artículo 183. — Definición.—Un 'individuo no residente que no sea ciu-dadano de Puerto Rico ’ significa un individuo (a) cuya residencia no esté den-tro de Puerto Rico y (&) que no sea ciudadano de Puerto Rico. Un individuo que esté de lioelio en Puerto Rico que no sea un mero transeúnte o visitante es un residente de Puerto Rico a los fines de la contribución sobre ingresos. El que sea o no un transeúnte se determinará por sus intenciones en relación con el término y naturaleza de su estada. Una mera intención pasajera, inde-finida en cuanto al período, de regresar a otro país no es suficiente para con-vertirlo en transeúnte. Si vive en Puerto Rico y no tiene intención definitiva en cuanto a su estada, es un residente. Una persona que viene a Puerto Rico para un propósito definido que por su naturaleza puede realizarse en poco tiempo es un transeúnte;, pero si su propósito es de tal naturaleza que para realizarlo deba prolongar su estada, y a tal fin el individuo establece tempo-ralmente su hogar en Puerto Rico, se convierte entonces en residente, aun cuando puede ser que su intención sea en todo momento volver a su domi-cilio fuera do aquí cuando se realice o abandone el propósito que lo trajo a esta isla. Una corporación extranjera es aquélla que no es doméstica. Véase el artículo G. ’ ’

        ■ El artículo 183 está tomado de su equivalente federal para extranjeros no residentes. 8 Mertens, Law of federal Income Taxation, see. 45.08, pág. 249.

      (2) Más adelante rechazamos la contención de que, a los fines de la con-tribución sobre ingresos, la sección 2(a)(7) provee una fórmula diferente para la ciudadanía de Puerto Rico a aquélla que se encuentra en el Acta Orgánica.

      (3) Por disposición expresa del artículo 5 del Acta Orgánica (ahora incor-porada en la Ley de Nacionalidad de 1940, c. 876, 54 Stat. 1137, seo. 202), todos los ciudadanos de Puerto Rico fueron declarados ciudadanos de los Esta-dos Unidos. Y bajo el artículo 5(a) un ciudadano de los .Estados Unidos que "resida” en Puerto Rico durante un año viene a ser ciudadano de Puerto Rico. Ley de marzo 4, 1927, c. 503, 44 Stat. 1418, seo. 2; 48 U.S.C. see. 733(a).

      (4) En este caso no liay problema con respecto a la sección 19 do la Ley, que provee la fórmula para determinar el ingreso neto de fuentes dentro de Puerto Rico. Desde 1925 basta el 1939 la sección 19 permaneció sin enmienda alguna. Para el 1943, la sección 19 (es) — indicando las partidas de ingreso bruto que los no residentes deben tratar como provenientes de fuentes dentro de Puerto Rico — y la sección 19(6) — proveyendo las deducciones de tal ingreso bruto para determinar el ingreso neto de fuentes locales — no fueron, a nues-tros fines, cambiadas austaneialmente. Sección 11 .de la Ley núm. 31, Leyes de Puerto Rico, 1941 ((1) pág. 479). Pero la sección 19(/), según fuó enmendada por la sección 6 de la Ley núm. 20, Leyes de Puerto Rico, 1942, Segunda y Tercera Sesiones Extraordinarias ((2) pág. 97), disponía que las deducciones concedidas a los no residentes no podían exceder del 10 por ciento de su ingreso bruto. Sin embargo, la validez de 1& sección 19(f), según fué enmendada, no está envuelta aquí. El Tesorero, como se indica más adelante, no rechazó parte alguna de las deducciones de $2,825.03 hechas al ingreso bruto de $6,831, a pesar del hecho dé que estas deducciones excedían del 10 por ciento del ingreso bruto de la contribuyente. El Tribunal de Contribuciones ha resuelto que la limitación del 10 por ciento sobre deducciones generales que se encuentra en la sección 19(/) es nula. Joglar v. Tesorero, 1 D.T.C. 311, 321, El Tesorero no solicitó la revisión por este Tribunal del caso de Joglar y aparentemente se ha allanado a dicha decisión.

      (5)Véase la nota 4.

      (6)La sección 7 de la Ley Pública núm. 362, del 5 de agosto de 1947, lee como sigue:
      "El artículo 2 de dicha Carta Orgánica (48 U.S.C., seo. 737) queda por la presente enmendado añadiéndole al final el siguiente párrafo nuevo:
      " 'Los derechos, privilegios e inmunidades de los ciudadanos de Estados Unidos serán respetados en Puerto Rico en la misma forma como si Puerto Rico fuere un Estado de la Unión y sujeto a las disposiciones del inciso 1 do la Sección 2 del Artículo IV de la Constitución de Estados Unidos.’ ’’

      (r)TJn individuo que “residió” en Puerto Rico dentro del significado de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos durante una considerable parte del año, ■con el fin de obtener ingresos aquí, podría concebiblemente alegar que él estaba “en” Puerto .Rico dentro del significado de la cláusula de uniformidad, aun cuando él no tenía domicilio aquí. Véase Buscaglia v. Fiddler, supra; artículo 183, Reglamento núm. 1 de Contribuciones sobre Ingresos. Diclia cuestión no surge aquí, ya que la contribuyente estaba fuera de Puerto Rico durante todo el año contributivo aquí envuelto. De cualquier modo, bajo la Ley tal “residente” temporal de Puerto Rico paga contribución sobre ingresos a los mismos tipos que un “residente” permanente. Pero quaere, si (1) nuestra Ley •significa que tal “residente” debe pagar contribuciones sobre todo su ingreso neto, y no simplemente sobre su ingreso neto proveniente de fuentes dentro de Puerto Rico; y si (2) así se interpretase, si nuestra Ley sería válida en cuanto a la persona que “reside” dentro de Puerto Rico pero no es ciudadano de Puerto Rico y está “domiciliada” en otro sitio. Cf. Wood v. Tawes, supra. Estas dos cuestiones, no están envueltas aquí. En su consecuencia las dejamos sin resolver.

      (8) La nota 7 también se aplica a la cláusula de igual protección.

      (9) Estos tipos soa ahora de] 12 por ciento comparado con el 29 por ciento. Ley núm. 88, Leyes de Puerto Rico, 1945 ('(1) pág. 318); Ley núm. 433, Leyes de Puerto Rico, 1947 ((1) pág. 889).


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Marrero

license: Public Domain

text:
    Nieves Rivera, en representación y en su carácter de apoderada de Catalina Rivera, demandante y apelada, v. Bienvenida Cancel, demandada y apelante.
    Núm. 9492.

    Sometido: Diciembre 4, 1947.

      Resuelto: Marzo 8, 1948.

      Benjamín Ortiz y Alvaro Oriiz, abogados de la apelante; Manuel Torres Reyes, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Marrero

emitió la opinión del tribunal.

A la demanda de injunction para recobrar la posesión de una estrecha faja de terreno radicada por Nieves Eivera, on representación'y en su carácter de apoderada de Catalina Rivera, interpuso la demandada Bienvenida Cancel las defensas de que la corte carecía de jurisdicción por no ha-berse cumplido con las Regias de Enjuiciamiento Civil; de que la demanda no aduce hechos suficientes constitutivos de causa de acción y de que el emplazamiento expedido es nulo por no apercibírsele a la demandada que de no contes-tar la demanda la demandante puede obtener sentencia con-cediendo el remedio solicitado. Bichas defensas fueron de-claradas sin lugar por la corte inferior y luego de un juicio en sus méritos se dictó sentencia contra la demandada.

En el alegato radicado en apoyo de su recurso imputa la demandada ocho errores a la corte inferior, siendo los dos primeros que dicha corte erró al declarar sin lugar las mociones a que antes hemos hecho referencia.

Tiene razón la apelante al sostener que si bien bajo la Ley proveyendo Procedimientos para Recobrar la Posesión de Propiedad Inmueble (Núm. 43 de 13 de marzo de 1913, pág. 85, según fué enmendada por la Ley núm. 11 de 14 de noviembre de 1917, Yol. II, pág. 221 — Arts. 690 a 697 del Código de Enjuiciamiento Civil, Edición de 1933 — ), la corte inferior estaba facultada para señalar el juicio rápidamente y para citarlo para una comparecencia sumaria, tal cosa no es posible hoy en día bajo las Reglas de Enjuiciamiento Civil, que de manera expresa se hicieron extensivas .a recursos de injunction de esta naturaleza^) Igualmente, .al insistir en que la cuestión relativa a los defectos de un emplazamiento o su diligenciado no es renunciada por el hecho de unirse otras mociones a aquélla en que se plantea la existencia de tales defectos. Esto último es así, porque .aunque bajo el Código de Enjuiciamiento Civil la persona ■que impugna un emplazamiento renuncia a tal impugnación y se somete a la jurisdicción del tribunal cuando en adición ,a su comparecencia especial con tal fin lo hace generalmente con cualquier otro propósito, () bajo la núm. 12 de las Re-glas de Enjuiciamiento Civil “No se entenderá renunciada, ninguna defensa u 'objeción por el becbo de haber sido acu-mulada a otra u otras defensas u objeciones en una ale-gación responsiva o moción”. Véanse además Moore’s Federal Practice, Vol. 1, 648, 649; Klein v. Hines, 1 F.R.D. 649; Blank v. Bitker, 135 F.2d 962, 966; Keefe v. Derounian, 6 F.R.D. 11. Según ese principio, el becbo de que al im-pugnar el emplazamiento la demandada radicara otra mo-ción para desestimar la demanda por falta de jurisdicción, basada en que no se babía cumplido con las Reglas de En-juiciamiento Civil, y por no aducir ésta hechos suficientes constitutivos de causa de acción, no equivalió a una renun-cia del escrito impugnando el emplazamiento, ni a un so-metimiento a la jurisdicción de la corte inferior.

Empero, el emplazamiento expedido no ha sido elevado a este Tribunal. No sabemos en verdad qué decía éste ni cómo el mismo fué diligenciado. La apelante no nos ha puesto, por tanto, en condiciones de resolver adecuadamente sus dos primeros señalamientos y por ese iónico motivo los mismos deben ser declarados sin lugar en tanto en cuanto se refieren a la falta de jurisdicción en la Corte de Distrito de Bayamón y a la nulidad del emplazamiento. Pueblo v. Ríos, 67 D.P.R. 350; Pueblo v. Otero, 67 D.P.R. 404; Lafont v. Bird, 57 D.P.R. 142, 146; Acevedo v. Romero, 54 D.P.R. 549 y Méndez v. Piñero, 43 D.P.R. 240.

Por otra parte, la alegación de que la demanda no aduce hechos constitutivos de una causa de acción debe ser declarada sin lugar, toda vez que un examen de tal demanda nos convence de que ella contiene las alegaciones pertinentes a una acción de esta naturaleza.

Los errores 3, 4, 5 y 6 son al efecto de que la corte inferior cometió error (3) al declarar con lugar la demanda; (4) al apreciar la. prueba; (5) al declarar con lugar la de-manda a base de conclusiones sobre cuestiones de derecho-' que no pueden ser consideradas ni resueltas en un procedi-miento de injunction posesorio y (6) al basar su opinión’-, en la conclusión de que una de las paredes del garage edi-ficado por la demandada está construida sobre un respira-dero para el sistema de inodoros de la casa de la deman-dante y sobre tubería de la casa de ésta y al resolver- eli caso tomando como base la conclusión de que dicha pared, de seguir elevándose, tropezaría con los aleros de la casa de la demandante. Estos errores son disentidos conjunta-mente por la parte apelante y así lo haremos nosotros.

En recursos de esta naturaleza, según repetidamente he-mos decidido, se discute tan sólo el hecho de la posesión, mas nunca el derecho a tal posesión, ni el título o dominio al inmueble objeto del recurso. Solís Vda. Alonso v. Esquilín, 48 D.P.R. 605; Pérez v. Marrero, 47 D.P.R. 456; Rivera v. Vargas, 43 D.P.R. 151; Vicente v. Ortiz, 38 D.P.R. 106; Pérez v. Pérez, 38 D.P.R. 753; Vázquez v. Rivera, 37 D.P.R. 804; Oliver Cuveljé v. González, 37 D.P.R. 936; Solis v. Castro, 36 D.P.R. 105; y González v. Rivera, 31 D.P.R. 306.

La corte inférior, que oyó el testimonio de los testigos, y que practicó una. inspección ocular a instancias de las partes, dirimió el conflicto que surgió en la prueba. Así se desprende claramente de los siguientes párrafos de la opi-nión por ella emitida:

"La prueba, a juicio de la Corte, lia demostrado que a la parte demandante le sobra la razón en este asunto. No solamente la prueba testifical, sino la prueba documental y muy especialmente la inspec-ción ocular que hizo la Corte, han convencido a ésta, más allá detoda duda, que la demandante ha sido despojada de la posesión y disfrute de la faja de terreno en controversia.
La casa de la demandante es de antigua construcción. A la derecha entrando y en el callejón en controversia existe un respi-radero para el sistema del inodoro de su casa. Además, existen •tuberías que salen ¿Le la casa dé la demandante y están sobre el •callejón en controversia. La parte demandada le ha montado en-•cima de esto una de las paredes de su garage. La pared izquierda •del garage está recientemente construida sobre el nombrado respi-radero. La pared de referencia, si se sigue elevando, tropezaría ■con los aleros de la casa de la demandante. Yisto el sitio, clara-mente se ve, que la' demandante necesariamente estaba, de mucho tiempo atrás, en posesión de la faja de terreno en donde la deman-dada está construyendo un garage.
En resumen, la Corte llega a la conclusión qué la parte deman-dante estuvo en la posesión material de la faja de terreno descrita en su demanda y objeto de este litigio con un año de antelación a la radicación del mismo en la Corte.”

A nuestro juicio sus conclusiones están sostenidas pol-las declaraciones de los testigos de la demandante y por las apreciaciones que ella hizo como resultado de la inspección ocular efectuada. Lampón v. Línea Romero, 60 D.P.R. 212 y Fajardo Sugar Co. v. Central Pasto Viejo, Inc., 41 D.P.R. 825.

La demandada insiste también en que la corte inferior lia dado demasiado énfasis a sus propias observaciones, derivadas de la referida inspección ocular. Precisamente para que el juez sentenciador se forme una idea más exacta de toda la situación envuelta es que se practica la inspección ocular y no constituye error el hecho de que la corte tome en' consideración las observaciones que ella haga en el curso- de la misma, según constan del acta levantada. Caneja v. Rosales & Co., 19 D.P.R. 270, 272; Estela v. Mario Mercado e Hijos, 44 D.P.R. 562.

Alega asimismo la demandada que toda vez que las Reglas de Enjuiciamiento Civil son aplicables a los interdictos para recobrar o- retener la posesión y que puesto que ha desaparecido el carácter sumario de este procedimiento, la corte inferior ha debido resolver no sólo el hecho. de la posesión sino también el derecho al título a la faja de terreno envuelta. No tiene razón la apelante. Las Reglas de Enjuiciamiento Civil meramente fijan el procedimiento a se-guirse y nada tienen que ver con los derechos substantivos de las partes. El hecho de que el procedimiento haya de-jado de ser sumario no altera en forma alguna el principio de que en recursos de esta naturaleza' meramente se dilucida el hecho de 1$. posesión.

Finalmente sostiene la demandada que la corte inferior no debió haberle condenado al pago de honorariosde abogado. Dada la apreciación que de la prueba hizo la corte inferior no estamos justificados en llegar a la conclusión de que la demandada no fue temeraria al defenderse en este litigio. Ley 94 de 11 de mayo de 1937, pág. 239.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

      (1) Véanse las Reglas 81 y 12 (o).

        (2) Bas v. Corte Municipal, 50 D.P.R. 315 y De Choudens v. Portilla, 55 D.P.R. 109, 118.


author: El Juez Asociado Señor Marrero Juez Presidente Sr. Travieso

text:
    Sunland Biscuit Company, Inc., recurrente, v. Junta de Salario Mínimo de Puerto Rico, demandada.
    Núm. 103.

    Sometido: Noviembre 4, 1947.

      Resuelto: Marzo 10, 1948.

      Luis E. Dubón y Otero Suro é Otero Suro, abogados de la re-currente; Lino- J. Saldaña e Ismael Soldevila, abogados de la demandada.
   El Juez Asociado Señor Marrero

emitió la opinión del tribunal.

EN RECONSIDERACION

A tenor con lo- preceptuado por la sección 6 de la Ley número 8 de 5 de abril de 1941 (págs. 303, 311) () la Junta de Salario Mínimo designó en 14 de junio de 1944 un Co-mité de Salario Mínimo para la industria del pan, galletas, repostería y pastas de harina, a fin de qne éste investigara las condiciones de trabajo existentes en dicha industria e informara a la Junta sus conclusiones sobre los salarios mí-nimos, horas máximas de labor y condiciones de trabajo qne en esa industria deben prevalecer. En 11 de octubre si-guiente. el indicado Comité sometió a la Junta' de Salario Mínimo un informe conteniendo sus conclusiones y recomen-daciones. En relación con el mismo la Junta celebró audien-cias públicas en la ciudad de San Juan durante varios días de los meses de noviembre y diciembre de 1944, con el ob-jeto de oír a los interesados y al público en general sobre las recomendaciones formuladas por el mencionado Comité. A dichas audiencias compareció la aquí recurrente Snnland Biscuit Company, Inc., ofreció testimonio y formuló las ob-jeciones y excepciones qne figuran en la transcripción de evidencia que lia sido elevada a este Tribunal. Finaliza-das las audiencias, la Junta de Salario Mínimo con fecha 30 de abril de 1945 emitió el Decreto Mandatorio núm. 9, que fué promulgado en 5 de mayo de 1945 y comenzó a re-gir 60 días después de dicha fecha.

En 19 de mayo de 1945 la Sunland Biscuit Company, Inc., radicó ante la Junta de Salario Mínimo una moción solici-tando la reconsideración del Decreto Mandatorio núm. 9 y por resolución de 1 de agosto de dicho año, notificada a la recurrente 23 días más tarde, su moción fué declarada sin lugar. No conforme, acudió ante nos en 31 de agosto de 1945 en armonía con lo provisto por el inciso (d) de la sec-ción 24 de la referida Ley núm. 8 de 1941, según dicha sec-ción quedó enmendada por la Ley núm. 217 de 11 de mayo de 1945 (págs. 681, 699). Sostiene en su solicitud que al emitir y promulgar el Decreto Mandatorio núm. 9 y al dic-tar su resolución de 1 de agosto de 1945, la Junta de Sala-rio Mínimo actuó sin autoridad y en exceso de sus poderes, toda vez que (a) violó lo dispuesto en la sección 12 de la Ley de Salario Mínimo, según ha sido enmendada, ya que al establecer dos zonas con salarios mínimos distintos para ellas, en una industria que por la naturaleza de la venta, distribución y consumo de sus productos no tiene diferen-ciación alguna jurisdiccional en sus mercados, concede una. marcada ventaja de competencia a las fábricas establecidas en la zona segunda sobre la de la recurrente, que es la única de su clase en la zona primera; (b) porque el diferencial en jornal por hora establecido para las dos zonas resulta discriminatorio contra la compareciente, y en favor de las establecidas en la zona segunda, todas las cuales venden y distribuyen una parte sustancial de-su producción dentro de la primera zona, sin qne por ello tengan qne pagar los sa-larios fijados para ésta; (c) porque aun cuando en la sec-ción H-l del Decreto Mandatorio núm. 9 se establece que cualquier patrono dedicado a la elaboración de pan que tenga su tahona establecida en la zona segunda y venda su producción total o parcialmente en la zona primera ven-drá obligado a pagar la compensación mínima a ésta corres-pondiente, dicho Decreto no contiene disposición análoga en cuanto a patronos dedicados a la elaboración de galletas; (d) porque la Junta actuó en exceso de sus poderes al fijar jornales diferentes a la industria de elaboración de galle-tas y al no disponer que los jornales correspondientes a la zona primera debían ser pagados por los de la zona se-gunda al vender el total o parte de su producción en aquélla, eliminando así la ventaja de competencia concedida a los industriales de la segunda zona que inundan con la venta de sus productos la jurisdicción territorial de la primera.

Para mayor comprensión de lo alegado por la recurrente y de las cuestiones por ella suscitadas creemos procedente copiar a continuación la parte pertinente del Decreto Man-datorio Núm. 9 relacionado con este recurso:

“B — Salario Mínimo.
“A todo empleado se le pagará un salario a razón de no menos del tipo por hora que se pasa a indicar, de acuerdo con el ramo de dicha industria y la zona o tipo de establecimiento (más ade-lante definidos en el apartado (C)) en que realice su labor:
“1 .Pan:.
“2. Galletas:
Ocupación Zona la. Zona 2a.
Trabajadores Diestros $0. 45 $0. 35
Trabajadores Semidiestros 0. 35 0. 25
Trabajadores No Diestros 0. 25' 0. 20
‘-G — -ZONAS.
“Para los fines de este Decreto se establecen dos zonas en Puerto Rico, que respectivamente abarcan:' la primera, los municipios de San Juan y Río' Piedras; y la segunda, el resto del territorio.de Puerto Rico.”

En 7 de noviembre de 1945 dictamos resolución requi-riendo a la Junta de Salario Mínimo para que dentro del término de diez días elevara a este Tribunal los autos ori-ginales del caso y señalamos para la vista del recurso' el 17 de diciembre de 1945. Radicados por las partes los alega-tos correspondientes la vista • del recurso tuvo lugar en 27 de mayo de 1946. En 25 de junio de 1947 este Tribunal! dictó sentencia anulando el Decreto Mandatorio núm. 9 en cuanto el mismo es aplicable .a la industria de elaboración: de galletas y devolviendo el caso a la Junta de Sala-rio Míij.imo para ulteriores procedimientos no inconsisten-tes con la opinión en que la misma se basó. Es conveniente hacer constar que esa opinión fué emitida por voz del Juez. Presidente Sr. Travieso y que con ella concurrieron el Juez. Asociado Sr. De Jesús y el infrascrito y que de ella disin-tieron los Jueces Asociados señores Todd, Jr., y Snyder, emitiendo el primero de éstos una opinión disidente con la cual estuvo conforme el segundo.

Solicitada por la querellada la retención temporal del mandato y concedida dicha retención por este Tribunal, en 19 de julio de 1947 la recurrida presentó una extensa soli-citud de reconsideración de sentencia, a virtud de la cual diez días más tarde ordenamos a la Junta notificara su in-dicada moción a la recurrente y señalamos una nueva vista del recurso para el día 4 de noviembre de 1947, dejando en el ínterin en suspenso la sentencia dictada por nosotros en 25 de junio.

En el alegato radicado por la Junta de Salario Mínimo y en la vista celebrada en 4 de noviembre, ella ha sostenido • fundamentalmente (I) que la Ley núm. 451 de 14 de mayo de 1947' (pág. 951), convalidó y ratificó el Decreto cuya va-lidez se impugna en el presente recurso; (II) que la desi-igualdad en tipo de salario mínimo al establecerse dos zonas para la industria de galletas no crea la “ventaja de com-petencia” prohibida por la sección 12 de la Ley núm. 217 de 1945,. a pesar de que en el Decreto núm. 9 no existe dispo-sición que obligue a los elaboradores de la segunda zona a pagar a sus empleados la compensación mínima correspon-diente a la primera en el caso de que venda en esta última el total o parte de su producción; y (III) que al resolver la Junta expresamente que el Decreto núm. 9 no crea una ventaja de competencia, dentro de las condiciones económi-cas específicas en que opera la industria de galletas eu Puerto Rico, ella llegó a una conclusión de hecho que es final de acuerdo con el inciso (b) de la sección 24 de la Ley de .Salario Mínimo.

A nuestro juicio asiste la razón a la Junta, tanto cu cuanto al tercer punto indicado como en relación con el primero.

La sección 24 (b) de la Ley núm. 8 de 1941 (págs. 303, 323) () provee en lo pertinente que:

“Las conclusiones de hecho a que llegue la junta actuando dentro de sus poderes será, en ausencia de fraude, concluyente; Disponién-dose, que cualquier persona perjudicada directa o indirectamente por cualquier decreto o regla de la junta, puede solicitar de ésta una reconsideración dentro de los veinte (20) días de haberse pro-mulgado dicho decreto o regla. La solicitud de reconsideración debe hacerse bajo juramento y en ella se especificarán sus fundamentos; Disponiéndose, que sólo podrá concederse una reconsideración por ¡una de las siguientes causas; que la junta actuó sin autoridad o ■en exceso de sus poderes; o que el decreto, regla u orden se obtuvo ■mediante fraude.
“Contra la resolución final que dictare la junta sobre el particular, podrá solicitarse revisión ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico dentro del término de quince (15) días después de sn notifi-cación. El tribunal podrá confirmar o desestimar la decisión de la junta; pero la desestimación sólo tendrá lugar por uno de los siguientes fundamentos:
“Que la junta actuó sin autoridad o en exceso de sus poderes; o que él decreto, regla u orden se obtuvo mediante fraude.’’ (Bastardillas nuestras.)

Según esa sección, “las conclusiones de hecho a que lle-gue la Junta, actuando dentro de sus poderes, serán conclu-yentes, en ausencia de fraude” y nuestro poder para anu- ■ lar sus decretos está limitado a casos en que la Junta ha actuado “sin facultad o en exceso de sus poderes, siempre que la cuestión se haya levantado de modo expreso en la audiencia celebrada ante la Junta, su Presidente o el receptor de prueba, o porque el decreto, reglamento, resolución u orden se obtuvieron mediante fraude.” En el caso de autos, la conclusión a que llegó la Junta para justificar la fijación de salarios distintos para la zona primera y segunda en la industria de galletas está sostenida por la prueba que ella tuvo ante su consideración y no habiéndose alegado ni probado que el decreto se obtuvo mediante fraude, no po-demos ni debemos intervenir con la misma.

Al resolver la moción de. reconsideración presentada por la recurrente, la Junta hizo constar, en parte lo siguiente:

“. . . No hay queja alguna, por parte de la peticionaria, en cuanto al cumplimiento del requisito de uniformidad en cada una de las dos zonas establecidas. Su contención se basa exclusivamente en que por el hecho de la diferencia en salarios se produce para sus competidores de la otra zona una situación favorable.
“Fácilmente se advierte la diferencia entre una zona y otra. La primera brinda al fabricante mejores oportunidades y facilida-des mayores para el desenvolvimiento del negocio. Como cuestión de hecho, la realidad demuestra que en la segunda se ha venido pagando a los empleados compensación más baja que en la primera, no obstante lo cual los productores de ambas zonas han mantenido sus respectivos negocios y aun los han aumentado. La economía que los patronos de la zona segunda obtienen con la pequeña dife-tencia de salarios qne entre las dos zonas establece el decreto está más qne eómpensada por otros factores. En esa región no es posible qne los trabajadores perciban escalas iguales a los de la otra por ser menores las oportunidades de mercado, buen precio de venta, acceso a la materia prima, facilidades de transporte y otras.
“Al establecer la ligera diferencia en la compensación mínima-para ambas zonas, la Junta no hizo otra cosa que seguir la distin-ción de antemano impuesta por las características, situación y cir-cunstancias especiales del negocio en una y otra zona. ...”

Las circunstancias, factores y hechos en que la Junta basó las distintas disposiciones del Decreto número 9 son,, a nuestro juicio, suficientes para sostener dicho decreto en su totalidad.

Ya hemos indicado que en 25 de junio de 1947 este Tribunal dictó sentencia en este caso y que el 19 de julio siguiente se radicó por la recurrida la moción de reconsideración que nos ocupa. En el ínterin empezó a regir la Ley núm. 451 de 1947 (pág. 951). El artículo 2 de esta Ley enmendatoria textualmente copiado reza así:

“Artículo 2. — Por la presente se dispone que continuarán en. pleno vigor y efectividad todos los decretos, órdenes, reglas y regla-mentos que hubieren sido promulgados por la Junta de Salario Mí-nimo con anterioridad a la aprobación de esta Ley y quedan con-validados y ratificados todos los actos y actuaciones llevados a cabo por los funcionarios y empleados de dicha Junta, a tenor Je las disposiciones de la Ley núm. 8 del 5 de abril de 1941, según ha sido subsiguientemente enmendada.” (Bastardillas nuestras.)

.Insiste la recurrida, según ya hemos visto, en que la apro-bación de esta ley con anterioridad a la fecha en que recayó nuestra sentencia, convalidó y ratificó el Decreto núm. 9. También asiste la razón a la demandada a este respecto.

Dicho artículo do manera clara y terminante convalida y ratifica todas las actuaciones llevadas a cabo por la Junta de Salario Mínimo bajo la Ley de 1941, según ésta ha sido subsiguientemente enmendada. La Asamblea Legislativa de Puerto Rico, según hemos resuelto en distintos casos, tiene facultad para aprobar estatutos reparativos de esta naturaleza. Véanse Compañía Ron Carioca v. Tribunal de Contribuciones, 67 D.P.R. 708, 712 Pillich v. Fitzsimmons, Auditor, 59 D.P.R. 105, 108; y casos en ellos citados. Y el hecho de que la Ley enmendatoria de 1947 por disposi-ción expresa de su artículo 5,.empezara a regir el 1 de julio de dicho año no altera la situación. Verdad es que nuestra sentencia se dictó en 25 de junio de 1947, pero la misma no había creado aún ningún derecho a favor de la recurrente. Además, el referido artículo de la Ley de 1947 específica-mente hace referencia a decretos emitidos con anterioridad a la aprobación de la Ley núm. 451 y ésta lo fué en 14 de mayo de 1947, que es fecha anterior a aquélla en que .se dictó la sentencia de este Tribunal. Bajo estas condicio-nes el estatuto curativo resultó completamente válido y cons-titucional. Compañía Ron Carioca v. Tribunal de Contribuciones, supra; Swayne & Hoyt, Ltd. v. United States, 300 U.S. 297, 301; Hodges v. Snyder, 261 U.S. 602; Charlotte Harbor Ry. v. Welles, 260 U.S. 8, 11; y United States v. Heinssen & Co., 206 U.S. 370, 382.

Por otra parte, en relación con el artículo 2 de la Ley núm. 451 de 1947, alega la recurrente Sunland Biscuit Company, Inc. que el mismo resulta inconstitucional toda vez que el título de la misma “no incluye, ni da aviso alguno al legislador ni al público en general, de que en el mismo se van a convalidar actos ilegales cometidos por los funcionarios de la Junta de Salario Mínimo”, citando al efecto el artículo 34 de nuestra Carta Orgánica.

El párrafo octavo del artículo 34 de nuestra Carta Orgá-nica dispone que “No se aprobará ningún proyecto de ley, con excepción de los de presupuesto general, que contenga más de un asunto, el cual deberá ser claramente expresado en su título; pero si algún asunto que no esté expresado en el título fuera incluido en cualquier ley, esa ley será nula solamente en aquella parte de ella que no haya sido expre-sada en el título”. 48 TJ.S.C.A. sección 832, pág. 267. Así pues, de estar en pugna la Ley enmendatoria de 1947 con el referido párrafo de nuestra Carta Orgánica, esa Ley sería inválida tan sólo en cuanto al artículo 2. Empero, lian sido muchas las veces que este Tribunal ha resuelto que a tenor con lo provisto por el párrafo anterior del Acta Jones el título de una ley no tiene que ser un índice de su conte-nido, sino que bastará con que el mismo sea un poste indi-cador de ésta. Y que en el cuerpo de ella no haya materia incongruente con su título o extraña a éste. Láboy v. Corp. Azucarera Saurí & Subirá, 65 D.P.R. 422, 425; Gobierno de la Capital v. Consejo Ejecutivo, 63 D.P.R. 434, 462; Rivera v. Corte, 62 D.P.R. 513, 539; Rodriguez v. Corte, 60 D.P.R. 919, 921; Roig v. Gallardo, Tesorero, 39 D.P.R. 808, 809 y Trigo v. Banco Terr. y Agricola, 36 D.P.R. 275, 301.

El título de la Ley núm. 451 de 1947, lee así:

“Ley para enmendar las secciones 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 A, 11, 15, 17, 19, 23, 24, 25 y 26 de la Ley núm. 8, aprobada el 5 de abril de 1941, titulada ‘Ley creando una Junta de Salario Mí-nimo en el Departamento del Trabajo; estableciendo el proce-dimiento para determinar el salario mínimo que debe pagarse en las distintas ocupaciones, las horas máximas de labor y las con-diciones de trabajo requeridas para la conservación de la salud, la seguridad y el bienestar de los. trabajadores; dándole carácter mandatario a los decretos sobre salario mínimo, horas de labor y condiciones de trabajo que dicha Junta promulgare en cumplimiento de' sus deberes; estableciendo el procedimiento de apelación de las disposiciones de la Junta; fijando penalidades por la violación de las disposiciones de esta Ley,- y para otros fines,’ según ha sido posteriormente enmendada por las Leyes núm. 1, de 12 de noviem-bre de 1941, núm. 9, de 20 de marzo de 1942, núm. 44, de 23 de abril de 1942 y núm. 2Í7, de 11 de mayo de 1945; para conferir al Comisionado, del Trabajo las facultades y poderes necesarios para hacer cumplir los decretos, reglas y reglamentos dictados o que dicte la Junta de Salario Mínimo; y para otros fines. ’ ’

Ese título nada dice respecto a la convalidación y rati-ficación provistas por el artículo 2 de la Ley. Contiene a nuestro juicio un solo asunto que sirve de “poste indi-eador de su contenido”, y lo provisto por el artículo 2 de la Ley no es en manera alguna incongruente o extraño al asunto contenido en su título. Además, conforme indicamos en Rivera v. Corte, supra, a la pág. 540, “Sólo en un caso claro y terminante estaríamos justificados en anular una ley por deficiencias en su título en violación del artículo 34, supra.”

Bajo estas circunstancias, es imperativo concluir que a virtud del referido artículo número 2 la Asamblea Legisla-tiva de Puerto Pico convalidó y ratificó de manera expresa las actuaciones de la Junta de Salario Mínimo al emitir ésta el Decreto Mandatorio núm.. 9, objeto de este recurso.

Siendo nuestra opinión que las conclusiones de hecho a que llegó la Junta deben considerarse como finales por nosotros y que las actuaciones de dicha Junta, han quedado convalidadas y ratificadas por nuestra Asamblea Legisla-tiva, parécenos innecesario que discutamos el segundo punto suscitado por la Junta en su moción de reconsideración, al efecto de que al dictar su referido Decreto no creó ventaja de competencia alguna en favor de los fabricantes de galle-tas cuyos establecimientos radican en la segunda zona.

Antes de terminar creemos conveniente exponer a gran-des rasgos a qué se ha debido la prolongada demora en la resolución de este recurso. Según ya hemos indicado, la querella se radicó ante nos en 31 de agosto de 1945, fecha durante la cual nos hallábamos en receso. En 7 de noviem-bre de 1945, a raíz de reanudarse las sesiones de este Tribunal se dictó resolución requiriendo a la Junta elevara los autos del caso y señalando la vista del recurso para el 17 de diciembre siguiente. En 27 de noviembre de 1945 las par-tes radicaron una estipulación solicitando la posposición de la vista y así lo acordamos, transfiriendo la misma para el 28 de enero de 1946, a las 2 de la tarde. En enero 8 de dicho año las partes presentaron una nueva estipulación, alegando que el abogado de la recurrida se hallaba fuera de Puerto Rico. En consideración a ello se señaló el día 27 de mayo de 1946 a las 2 p.m. para la vista del caso. En dicho día se oyó a las partes y quedó sometido el recurso a nuestra consideración. Un par de meses después vino por ministerio de ley el receso de verano. Al reanudar sus se-siones, el Tribunal quedó constituido tan sólo por cuatro jueces, ya que él quinto había presentado su renuncia en 31 de agosto de 1946. Tras un estudio del recurso la opinión de los cuatro jueces del Tribunal estuvo dividida y se creyó oportuno aguardar basta que el quinto juez fuese nombrado. Al ser éste designado, su toma de posesión tuvo lugar en 8 de abril de 1947. Se señaló entonces una nueva vista del recurso para el 2 de junio de 1947, resolviéndose el mismo, en la forma que ya hemos indicado, en 25 de junio de 1947. Presentada la moción de reconsideración objeto de esta opi-nión la misma fué vista en 4 de noviembre siguiente.

Por las razones expuestas, se dictará sentencia dejando sin efecto la dictada por este Tribunal en 25 de ■jumo de 1947, se declara válido y subsistente el Decreto Mandatorio núm. 9 dictado por la Junta de Salario Mínimo en 30 de abril de 1945, y se condena a la recurrente al pago de la suma de $100 por concepto de honorarios de abogado de la recurrida. ()

Opinión disidente del

Juez Presidente Sr. Travieso

en la cual concurre el Juez Asociado Sr. De Jesús.

En junio, 25 de 1947, este Tribunal, por el voto de una mayoría de sus miembros, dictó sentencia en el caso del -epígrafe arralando el Decreto número 9 de la Junta de Sala-rio Mínimo en cuanto el mismo sea aplicable a la industria de galletas. En la opinión que sirvió de base a dicha sen-tencia, expusimos como principal fundamento para la anu-lación del mencionado decreto que por virtud del mismo la Junta de Salario Mínimo, en contravención del claro y ex-preso mandato del párrafo 2 de la sección 12 de la Ley núm. 8 de 1941 .((1) pág. 303), según fué enmendada por las Le-yes núm. 9 de 1942 ((1) pág. 301) y núm. 217 de 1945, () le lia impuesto a la corporación recurrente un salario mí-nimo más alto que el fijado a sus competidores, dándole a éstos una marcada e innecesaria .ventaja de competencia, al no delimitar el área territorial donde podrán venderse sus productos sin pagar el salario mínimo más alto, para que la diferencia en salarios pagados no opere como un discri-men en contra de la recurrente. En cuanto a la alegación lieclia por la Junta de que el Decreto núm. 9 había sido ra-tificado por la Legislatura, por virtud de lo dispuesto en el .artículo 2 de la Ley núm. 217 de mayo 11 de 1945, pág. 681, () resolvimos que el propósito fundamental de dicha Ley núm. 217 fue el de reorganizar la Junta de Salario Mínimo, cons-tituida hasta entonces por nueve personas, para sustituirla por una nueva Junta integrada por tres personas nombra-das por el Gobernador; y que fué con el sólo propósito da evitar la interrupción del funcionamiento de la Junta, du-rante el período comprendido entre la aprobación de la nueva ley y el nombramiento de la nueva Junta, que se dispuso en el citado estatuto que todos los decretos mandatorios, re-glamentos, resoluciones y órdenes dictadas por la antigua junta “continuarán en vigor” mientras no sean revocados, suspendidos o enmendados por la nueva junta. Resolvi-mos, además, que la citada disposición de que los decretos mandatorios continuarían en vigor, mientras no fuesen re-vocados o enmendados por la nueva junta, no equivalía a una ratificación legislativa del Decreto núm. 9 hasta el punto de subsanar sus defectos y convertir en válidas e inexpugna-bles aquellas contravenciones de la ley en que hubiere po-dido incurrir la junta que promulgó dicho decreto. Como una razón adicional en contra de la alegada convalidación del decreto en controversia, hicimos constar que no era po-sible sostener que la Legislatura tuviera la intención de convalidar un decreto dictado en contravención del párrafo 2 de la sección 12 de la Ley núm. 8 de 1941, enmendado por «.la Ley núm. 9 de 1942, supra, cuando en la misma Ley núim 217 de 1945 el legislador volvió a disponer categóricamente' que la junta podrá señalar salarios mínimos para distintas' zonas “siempre que tal acción'no conceda ventaja de com-petencia a otra u otras zonas, regiones o categorías.”

En julio 29 de 1947, a petición de la Junta recurrida, dejamos sin efecto la sentencia de 25 de junio del mismo año y ordenamos una nueva vista la cual fué celebrada el 4 de noviembre de 1947.

El único argumento adicional aducido en apoyo de la moción sobre reconsideración de la sentencia de 25 de ju-nio de 1947 es el de que el Decreto núm. 9 fué convalidada y ratificado “en términos categóricos y claros” por el ar-tículo 2 de la Ley núm. 451 de 14 de mayo de 1947, páginas 951, 971, que dice así:

“Artículo 2. Por la presente se dispone que continuarán en pleno vigor y efectividad todos los decretos, órdenés, reglas y regla-mentos que hubieren sido promulgados por la Junta de Salario Mí-nimo con anterioridad a la aprobación de esta Ley y quedan con-validados y ratificados todos los actos y actuaciones llevados á cabo-por los funcionarios y empleados de dicha Junta, a tenor de las-disposiciones de la Ley núm. 8 del 5 de abril de 1941, según ha sido-subsiguientemente enmendada. (Bastardillas nuestras.)

Una mayoría del Tribunal opina abora que la sentencia que dictamos en junio 25 de 1945 debe ser anulada y queen su lugar debe dictarse otra declarando válido y subsis-tente el Decreto mandatorio núm. 9 y condenando á la com-pañía recurrente al pago de honorarios de abogado.

Disentimos de la opinión del Tribunal por las razones-que pasamos a exponer.

1. El artículo 2 de la Ley núm. 451 de 1947, supra, la' cual comenzó a regir con posterioridad a junio 25 de 1947, fecha de nuestra sentencia, no tiene el alcance ni el efecto que se le atribuye en la opinión de la mayoría. No estamos conformes, por considerarla errónea, con la conclusión de que ‘¿ dicho artículo de manera clara y terminante convalida y ratifica todas las actuaciones llevadas a cabo por la Junta de Salario Mínimo bajo la Ley de 1941, según ésta ha sido .subsiguientemente enmendada.” El claro lenguaje del es-tatuto no se presta a tal interpretación. El citado artículo 2 no dispone que los decretos y órdenes promulgados por la Junta quedan convalidados y ratificados. Lo que sí dis-pone en términos claros y precisos es que todos los decre-tos, órdenes, reglas y reglamentos promulgados por la Junta con anterioridad a la aprobación de la Ley “continuarán en.pleno vigor y efectividad.” Cuando se dice que un es-tatuto continuará en pleno vigor y efectividad, ello equi-vale a decir que sus disposiciones tendrán fuerza de ley hasta que las mismas sean derogadas por legislación posterior o anuladas por decreto judicial. Si el legislador hu-biese tenido la intención de convalidar y ratificar los de-■cretos mandatorios de la Junta de Salario Mínimo, muy fá-cil le hubiera sido decirlo con las mismas claras y termi-nantes palabras que usó para disponer que “quedan con-validados y ratificados todos los actos y actuaciones lleva-dos a cabo por los empleados y funcionarios de dicha Junta.” El legislador, dándose perfecta cuenta del alcance de sus palabras, cuando quiso prorrogar la vigencia y efectividad de los decretos mandatorios, usó el lenguaje apropiado para <ese fin y se limitó a decir que los decretos “continuarán en ■pleno vigor y efectividad”. Cuando quiso subsanar las fal-tas cometidas o los actos ultra vires que los funcionarios o •empleados administrativos de la Junta hubieren realizado, ■en términos claros y precisos dispuso que esos actos y ac-tuaciones “quedan convalidados y ratificados.”

Opinamos que del lenguaje usado por el legislador no puede inferirse que su intención fuera la de subsanar, con-validar o ratificar las infracciones de ley cometidas por la Junta de Salario Mínimo en los distintos decretos manda-torios por ella promulgados. Más aún, suponiendo que la legislatura tuviera la intención de convalidar y ratificar el Decreto mandatorio número 9, en cuanto el mismo pueda ser aplicable a la industria de fabricación de galletas, cabe pre-guntar: ¿Está facultada la legislatura para convalidar y ratificar una disposición de un decreto mandatorio que, en contravención de la ley, al fijar salarios mínimos para dos zonas distintas concede ventaja de competencia a una de las dos zonas en contra de la otra, privando así a las personas establecidas dentro de la zona perjudicada de la igual pro-tección de las leyes? Es obvio que la pregunta debe ser contestada negativamente.

Es cierto, como se dice en la opinión de la corte, que la Asamblea Legislativa tiene facultad para aprobar estatutos reparativos. Pero los mismos casos en dicba opinión cita-dos demuestran que ésa no es una facultad absoluta y que por el contrario está sujeta a ciertas limitaciones,. En Pillich v. Fitzsimmons, Auditor, 59 D.P.R. 105, 108, al sos-tener la validez de la Ley para convalidar y ratificar actua-ciones del Presidente del Senado y del Speaker de la Cá-mara de Bepresentantes, al designar so color de autoridad a los empleados temporeros de ambas cámaras, dijimos:

“Por el contrario, la regla prevaleciente tanto en los Estados como en el Gobierno Federal es al efecto de que el poder legisla-tivo puede aprobar cualquier ley reparadora (remedial statute) con-validando una ley o actuación, siempre que dielia legislatura origi-nalmente hubiese podido aprobar la legislación convalidada y siem-pre que la ley reparadora no menoscabe obligaciones contractuales ni derechos adquiridos (vested rights) al amparo de una legislación anterior. (Citas.)

En Compañía Ron Carioca v. Tribunal de Contribuciones, 67 D.P.R. 708, 713, sostuvimos la validez de la Ley núm 5 de 24 de julio de 1946, como estatuto reparativo (curative act) de la Ley núm. 438 de 24 de abril de 1946 (pág. 1253). La alegada inconstitucionalidad de la Ley núm. 438 consis-tía en que el proyecto de la misma no fué aprobado con igual testo en cada uno de los organismos colegisladores, en con-travención a las disposiciones expresas de la Carta Orgá-nica. En la opinión, emitida por voz del Juez Asociado Sr. Marrero, dijimos:

"Es de general conocimiento que a menos que la constitución del Estado o la carta orgánica del Territorio lo prohíban específicamente, el poder legislativo tiene plenas facultades para convalidar, mediante estatutos reparativos (.curative acts) ciertos defectos en que se' haya incurrido en leyes contributivas anteriores. United States v. Heinszen & Co., 206 U.S. 370, 51 L. Ed. 1098, 27 S. Ct. 742, 11 Ann. Cas. 688. También, que el mero hecho de que la contribución se cobre bajo un estatuto inconstitucional o inválido no impide que el poder legislativo convalide los procedimientos seguidos a tenor del mismo mediante la aprobación de un estatuto posterior que no con-tenga los defectos o errores que invalidaron la ley original. United States v. Heinszen & Co., supra; Rafferty v. Smith, Bell & Co., 257 U.S. 226, 66 L. Ed. 208, 42 S. Ct. 71; Charlotte Harbor Ry. v. Welles, 260 U.S. 8, 67 L. Ed. 100, 43 S. Ct. 3; Hodges v. Snyder, 261 U.S. 600, 67 L. Ed. 819, 43 S. Ct. 435; 140 A.L.R. 990 et seq. y Whitlock v. Hawkins, 105 Va. 242, 53 S.E. 401.
“Las leyes reparativas generalmente tienen efecto retroactivo y cuando a virtud de las mismas el legislador impone una contri-bución o realiza un acto que originalmente pudo imponer o realizar, ellas son declaradas constitucionales, no obstante el’ hecho de que las leyes anteriores que tratan de corregir hubieran podido ser con-trarias a la Constitución. 70 A.L.R. 1436; 11 Am. Jur. 1208, 1212; 51 Am. Jur. 163, 164 y 679 y casos citados en el párrafo anterior.”

Conviene aclarar que en el caso de la Compañía Ron Ca-rioca la. alegada inconstitucionalidad consistía en un mero error en los procedimientos seguidos para aprobar la ley, error de carácter subsanable, y no en una carencia de facul-tad para aprobar la ley misma, lo cual no hubiera podido ser subsanado por legislación posterior.

En Puerto Rico Tobacco Corporation v. Buscaglia, 62 D.P.R. 811, la cuestión envuelta -era si la legislatura actuó dentro de sus facultades al aprobar la Ley núm. 22 de 1942, con el propósito de convalidar y ratificar el cobro de con-tribuciones bajo la Ley núm. 22 de 18 de junio de 1939. Re-solvimos: (1) que la Ley 22 de 1939 era'inconstitucional y nula por discriminatoria, negar la igual protección de las leyes y violar la cláusula de la Carta Orgánica sobre uni-formidad en la imposición de contribuciones; y (2) “que si la Legislatura no estaba legalmente facultada para apro-bar la Ley núm, 22 de junio 18 de 1939, por ser dicha ley contraria a las disposiciones y prohibiciones constitucioha-.les, tampoco lo estaba para ratificar dicha ley y los actos bajo ella realizados.”

La regla establecida por los casos ya citados y por la Corte Suprema Federal() es que lo que la legislatura pudo haber autorizado lo puede ratificar, si puede autorizarlo en la fecha de la ratificación. Esa facultad es necesaria para que los propósitos del Gobierno no puedan ser frustrados por omisiones o inexactitudes en el ejercicio de funciones necesarias para su administración. Aplicando la citada re-gla al presente caso tenemos que llegar a la conclusión de que si la legislatura no está- legalmente facultada para es-tablecer salarios mínimos para distintas zonas, en forma tal que se conceda ventaja de competencia a una zona sobre otra, pues ello equivaldría a negar a la zona perjudicada la protección igual de las leyes, tampoco está facultada para hacerlo mediante la alegada convalidación y ratificación de un decreto que adolece de ese defecto constitucional. Opi-namos por lo tanto que el Decreto mandatorio núm. 9, en cuanto afecta a la industria de fabricación de galletas, es nulo.

2. En la opinión de la Corte se acepta como un hecho in-discutible que al establecer la diferencia en la compensación mínima para ambas zonas, “la Junta no hizo otra cosa que seguir.la distinción de antemano impuesta por las caracterís-ticas, situación y circunstancias especiales del negocio en una y otra zona.” Aceptamos la veracidad del hecho, mas no sus efectos. Si bien es cierto que con anterioridad a la aprobación del Decreto núm. 9, en la zona primera se paga-ban salarios más altos que en la zona segunda, también es cierto que mientras no existiese una ley, decreto o regla-mento fijando los salarios mínimos que deberían pagarse en cada zona, los fabricantes situados dentro de la zona pri-mera tenían libertad para defenderse de la competencia de los situados en la zona segunda, reduciendo los salarios para equipararlos a los que se pagaban en la mencionada zona segunda. Tan pronto como el Decreto núm. 9 entró en vigor, los fabricantes de la zona primera fueron despojados de esa libertad de acción y quedaron a merced de los fabri-cantes de la zona segunda, sin medio alguno para defenderse de la ventaja de competencia que a los mismos concede el decreto impugnado. Los fabricantes de galletas en Baya-món, Cataño y Río Piedras,' puntos situados dentro de la zona segunda, aun cuando gozan de las mismas caracterís-ticas, facilidades, situación y circunstancias especiales del negocio que los fabricantes de la zona primera, tienen so-bre estos últimos la ventaja de competencia que les concede el Decreto núm. 9, Por eso sostenemos que dicho decreto es discriminatorio y constitucionalmente nulo por negar a la corporación recurrente la igual protección de las leyes. Esta objeción fundamental pudo ser fácilmente obviada si, como se hizo en el caso de los fabricantes de pan, se hubiese dis-puesto en el decreto que cualquier fabricante de galletas lo-calizado en la zona segunda que venda sus productos en la zona primera, vendrá obligado a pagar a sus empleados la compensación mínima correspondiente a la zona primera.

Por las razones expuestas opinamos que la sentencia que dictamos el 25 de junio de 1947 es correcta y debe ser sos-tenida.

      (1) Esta sección ha sido enmendada por las Leyes núm. 217 do 11 de mayo de 1945 (págs. 681, 689) y núm. 451 de 14 de mayo de 1947 (págs. 951, 957). Dichas enmiendas, sin embargo, no tienen pertinencia alguna a los fines de las cuestiones discutidas en esta opinión.

      (3)La sección 24 ha sido enmendada por la Ley núm. 217 de 11 de mayo Jo 1945 (págs. 681, 699) y por la Ley núm. 451 do 14 de mayo de 1947 (págs. 951, 969). Dichas enmiendas en lo aquí pertinente son sustancialmente iguales a lo provisto por la Ley de 1941, y las mismas no estaban en vigor ■cuando ■ en 1944 la Junta de Salario Mínimo dictó sus conclusiones de hecho en este caso.

      (3) La sección 24 de la Ley núm. 8 de 1941, según fué enmendada por la Ley 217 de 1945 (págs. 681, 699), provee en su inciso (/):
      “El r-eeurso de revisión producirá la suspensión del decreto, reglamento, resolución u orden impugnada únicamente en cuanto a la parte o partes recurrentes y siempre que lo disponga 'el tribunal, previa prestación de fianza para garantizar el pago total de salarios envueltos en cada recurso o de los daños que se causen, cuando no se trate de salarios, más una cantidad razo-nable, nunca menor de trescientos (300). dólares, que se impondrá a cada parte promovente contra la cual se dicte sentencia, a menos que se le baya permitido litigar in forma pauperis, en concepto de honorarios de abogado.”

      (1) ‘ Sección 12.
      “La Junta podrá clasificar los trabajos en cualquier industria, negocio u ocupación, de acuerdo con la naturaleza de los servicios a prestar, así como prescribir escalas de salarios mínimos apropiadas para distintas clases de tra-bajo, con el objeto de fijar para cada clasificación el tipo más alto de salario mínimo compatible con los propósitos de esta Ley. La Junta podrá señalar también salarios mínimos diferentes para distintas zonas o regiones, o para dis-tintas categorías o clases de la misma industria, negocio u ocupación, cuando a su juicio tal diferenciación sea aconsejable debido a las condiciones existen-tes entre las zonas, regiones o categorías, siempre que tal acción no conceda ventaja de competencia a otra u otras zonas, regiones o categorías; pero al-disponerse el salario mínimo para una industria, negocio u ocupación, el tipo fijado será uniforme para toda industria, negocio u ocupación de la misma clase, categoría o importancia en la zona o región de que se trate.”

      (2)“. . . Disponiéndose, que no obstante la derogación decretada en el .artículo anterior, la Junta de Salario Mínimo nombrada y en funciones bajo la Ley que por la presente se .enmienda' seguirá desempeñando sus facultades y deberes liasta que el Gobernador de Puerto Bieo haya nombrado los tres miembros de la Junta dispuesta por esta Ley, que será la continuadora y-•sueesora de la actual para todos los fines, sin interrupción alguna de tiempo entre la existencia de una y otra. Todos los asuntos que al empezar a regir esta Ley se hallen pendientes de tramitación o resolución por la actual Junta pasarán a la nueva, inmediatamente que ésta quede nombrada, para conocer de ellos, tramitarlos y resolverlos hasta su etapa final de acuerdo con lo dis-puesto por lá vigente Ley según queda ahora enmendada. En caso de que se hubiere nombrado por la actual Junta algún Comité de Salario Mínimo para cualquier industria, negocio u ocupación y dicho Comité no hubiera some-tido a la mencionada Junta el correspondiente informe y recomendaciones, someterá éstos a la nueva Junta, para hacer lo cual seguirá constituido, hasta que cumpla su encomienda, en la misma forma que lo estuviera al empezar a regir la presente Ley, pudiendo, sin embargo, la nueva Junta llenar cual-quier vacante que ocurra en el seno de ese Comité. Si la actual Junta estu-viere pendiente de designar algún Comité de Salario Mínimo para cualquier industria, negocio u ocupación y a ese fin hubiera solicitado candidatos do los patronos y los trabajadores, la nueva Junta tendrá facultad para hacer el nombramiento de tal Comité en la forma que dispone la sección G enmen-dada por la presente Ley, eligiendo los miembros patronales y los de los trabajadores de entre las respectivas listas de candidatos que se hayan some-tido o deban someterse a la consideración de la Junta. Continuarán en vigor, mientras no se revoquen, suspendan, enmienden o alteren por la nueva Junta, todos los decretos mandatorios, reglamentos, resoluciones, acuerdos y órdenes dic-tados o aprobados por la actual Junta.-”

        (3) United States v. Heinszen & Co., 206 U. S. 370, 51 L. Ed. 1098; Rafferty v. Smith, Bell & Co., 257 U.S. 226, 66 L. Ed. 208; Charlotte Harbor & N. Ry. Co. v. Welles, 260 U.S. 8, 67 L. Ed. 100.