text:
    María de los Ángeles Martínez Marrero et al., demandantes, v. Efraín González Droz et al., demandados; United States District Court for the District of Puerto Rico, peticionaria.

      Número: CT-2009-2

      Resuelto: 11 de enero de 2011

      José Enrique Colón Santana y Madelin Colón Pérez, de Bu-fete Colón Santana & Román, abogados de la parte de-mandante; Roberto Ariel Fernández, abogado de la parte demandada; Salvador E. Casellas, Juez de Distrito.
   per curiam:

La presente controversia, cuya certificación nos solicitó el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico, nos permite resolver si es válido en nuestra jurisdicción un acuerdo de arbitraje vinculante entre un doctor y su paciente previo a una operación quirúrgica. De-bemos evaluar si, en el marco de la relación médico-paciente, las partes pueden acordar de antemano renun-ciar al foro judicial y optar por el arbitraje para dirimir reclamaciones de impericia médica.

Expedimos la certificación que solicita el foro federal y resolvemos que un acuerdo de arbitraje de esta índole no es válido en Puerto Rico porque no satisface las exigencias de la Ley de Arbitraje Comercial, Ley Núm. 376 de 8 de mayo de 1951 (32 L.P.R.A. see. 3201 et seq.), por atentar contra el orden público que sirve de freno a la libertad contractual y porque propone resolver un reclamo de impericia médica por la vía contractual cuando estos casos se atienden de acuerdo con el derecho de responsabilidad extra-contractual. Asimismo, la decisión de invalidar el pacto también se fundamenta en nuestra reiterada norma de que los tribunales son los foros que dispone la ley para dirimir los casos de impericia médica y, como tales, no pueden ser relegados a favor de otras alternativas. Veamos.

I

La Sra. María de los Ángeles Martínez Marrero, el Sr. Carlos Rubén Rosa y la sociedad de gananciales compuesta por ambos demandaron al Dr. Efraín González Droz, un ginecólogo-obstetra que efectuaba procedimientos de ciru-gía plástica y que, a causa de ello, perdió su licencia para practicar la medicina en Puerto Rico.

En la demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico por diversidad de ciudadanía, la señora Martínez Marrero alegó que el doctor González Droz le realizó una cirugía de aumento de busto y una abdominoplastia de manera negligente. Según ésta, ello provocó que su cuerpo quedara mutilado y con varias cicatrices permanentes. La demanda por impericia médica se basó en el Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5141, que dispone que todo aquel que por acción u omisión cause daño a otro, mediante su culpa o negligencia, tendrá la obligación de reparar el perjuicio causado.

La señora Martínez Marrero alegó, además, que tuvo que recurrir al Dr. Carlos M. Portocarrero por unas moles-tias que sentía en el área operada por el doctor González Droz. Tras una evaluación, se le extrajo un tejido interno pútrido que le habían dejado en la primera intervención. El doctor Portocarrero también arregló la asimetría en el busto de la demandante, que había sido resultado de la cirugía anterior. En esta segunda intervención, se descu-brió que la demandante no tenía indicios de haberse reali-zado una abdominoplastia, pues las suturas no correspon-dían con las incisiones que deben hacerse en este tipo de procedimiento.

Oportunamente, el doctor González Droz presentó una moción para que se desestimara la demanda. Adujo que, como parte de los documentos relacionados con la doctrina de consentimiento informado, su paciente había firmado un pacto de arbitraje vinculante. El acuerdo firmado por el doctor González Droz y la señora Martínez Marrero dis-pone de la forma siguiente:

En la eventualidad de que ocurra un resultado adverso que a mi juicio yo entienda que surgió como consecuencia de esta cirugía y decida reclamar responsabilidad al Dr. Efraín Gon-zález Droz, por los hechos, me comprometo y acepto libre y voluntariamente a que la controversia o reclamación sea deci-dida por un Panel de Arbitraje, y no por una Corte Judicial Estatal ó [sic] Federal.
Este Panel se regirá conforme a las leyes de arbitraje de Puerto Rico, y estará constituido por cinco miembros médicos y abogados seleccionados por las partes envueltas en la controversia. Estos miembros han de tener como requisito am-plio conocimiento y experiencia en la materia, además de estar activos en su práctica profesional. Apéndice de la Petición de Certificación Interjurisdiccional.

En conformidad con lo anterior, y según señala el doctor González Droz, la señora Martínez Marrero renunció a presentar ante el foro estatal o federal cualquier reclama-ción futura que surgiera como consecuencia de la cirugía a la que se habría de someter. En cambio, tales controversias futuras se adjudicarían por un panel de cinco árbitros que en su momento la señora Martínez Marrero seleccionaría junto al doctor González Droz. El panel tendría que estar compuesto tanto por médicos como por abogados expertos en la materia y activos en la práctica.

La señora Martínez Marrero se opuso a la desestima-ción de la demanda solicitada por el doctor González Droz por entender que su consentimiento al pacto estuvo viciado y que su firma había sido falsificada. Además, adujo que en Puerto Rico no está permitido someter controversias sobre impericia médica a un proceso de arbitraje vinculante. A su entender, ello sería contrario al orden público.

Tras realizarse un descubrimiento de prueba, el foro federal resolvió la controversia sobre la legitimidad de las firmas y concluyó que eran genuinas. No obstante, debido a sus dudas sobre la validez de este tipo de pacto y ante las ramificaciones del caso para la práctica médica en la Isla, el 24 de abril de 2009 nos solicitó que certificáramos las preguntas siguientes: (1) ¿Es válido en Puerto Rico un acuerdo de arbitraje vinculante entre un doctor y su pa-ciente? (2) De asumir que un acuerdo de tal naturaleza es válido, ¿qué límites, si alguno, tendría?

Según hemos indicado anteriormente, “[e]n térmi-nos generales, el procedimiento de certificación inteijuris-diccional es el instrumento procesal adecuado que permite a un tribunal someter preguntas, para una contestación definitiva, a otro tribunal de jurisdicción distinta, sobre cuestiones dudosas que se refieren al Derecho de esa jurisdicción”. Guzmán v. Calderón, 164 D.P.R. 220, 227 (2005). De igual forma, “[l]as contestaciones a esas pregun-tas obligan en cualquier procedimiento judicial ulterior en-tre ambas jurisdicciones, bajo la doctrina de cosa juzgada ...”. Id. Además, mediante la certificación interjurisdiccio-nal se preserva y respeta, verdaderamente, “la función prístina de las cortes estatales de interpretar y formular el derecho de [sus respectivos] estados”, contribuyendo a que se alivien en buena parte las tensiones inherentes al sis-tema federalista. Pan Ame. Comp. Corp. v. Data Gen. Corp., 112 D.P.R. 780, 785 (1982). Dicho procedimiento ha dado lugar “a una útil colaboración entre las dos jurisdicciones[, la federal y la estatal]”. Medina & Medina v. Country Pride Foods, 122 D.P.R. 172, 181 (1988). Así, se ha reconocido la primacía de las normas de derecho civil en la resolución de conflictos de derecho privado. Id.

Para determinar si acogemos un recurso de certificación expedido por el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico, corresponde evaluar los requerimientos de una certificación inteijurisdiccional. La Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003 (Ley de la Judicatura de 2003), Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003 (4 L.P.R.A. sec. 24 et seq.), dispone en su Art. 3.002(f) que este Tribunal podrá atender cualquier asunto que le certifique el Tribunal Supremo de Estados Unidos, un tribunal apelativo federal, un tribunal de distrito federal o las cortes revisoras de máxima jerarquía en los estados. 4 L.P.R.A. sec. 24s(f). La certificación inteijurisdiccional surge cuando alguno de los tribunales anteriormente citados enfrenta una controversia judicial en la que están involucradas “cuestiones de derecho puertorri-queño que pueden determinar el resultado del mismo y respecto al cual, en la opinión del tribunal solicitante, no existan precedentes claros en la jurisprudencia de este Tribunal”. íd.

Tras evaluar los hechos del caso, decidimos expedir la certificación que nos solicitó el foro federal porque los asuntos planteados versan sobre cuestiones de derecho puertorriqueño que no son atendidos de forma particular por jurisprudencia previa de este Tribunal. Asimismo, de-cidimos expedir porque entendemos que, al atender estas controversias, se determinará el resultado del caso ante el foro federal. Luego de expedir la certificación solicitada y tras analizar todos los planteamientos, estamos en posi-ción de resolver y procedemos a así hacerlo.

II

A. Como cuestión inicial corresponde examinar si la Ley de Arbitraje Comercial, que regula de forma especial los pactos de este género en Puerto Rico, permite el tipo de cláusula contractual en controversia. El alcance de dicho estatuto está expresamente establecido en su Artículo 1, que dispone:

Dos o más partes podrán convenir por escrito en someter a arbitraje ... cualquier controversia que pudiera ser objeto de una acción existente entre ellos a la fecha del convenio de so-meter a arbitraje; o podrán incluir en un convenio por escrito una disposición para el arreglo mediante arbitraje de cual-quier controversia que en el futuro surgiere entre ellos de dicho acuerdo o en relación con el mismo. Tal convenio será válido, exigible e irrevocable salvo por los fundamentos que existieran en derecho para la revocación de cualquier convenio. (Enfasis suplido.) 32 L.P.R.A. see. 3201.

Para sostener la validez de un pacto de arbitraje, no es suficiente que dos partes la hayan acordado libremente. Se requiere, además del pacto válido, que se satisfagan las exigencias dispuestas en la Ley de Arbitraje Comercial. El referido estatuto sólo permite el arbitraje en dos supuestos: (1) cuando ya hay una controversia existente (una herencia pendiente o un accidente automovilístico que ya sucedió, por ejemplo), y (2) cuando se quieren atender controversias futuras que surjan del propio acuerdo o estén relacionadas con éste. Esta segunda modalidad es una cláu-sula accesoria a un contrato principal que es muy común en el contexto comercial. Véanse: PaineWebber, Inc. v. Soc. de Gananciales, 151 D.P.R. 307 (2000); Rivera v. Samaritano & Co., Inc., 108 D.P.R. 604 (1979); McGregor-Doniger v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 864 (1970).

En el caso ante nos, el pacto de arbitraje entre médico y paciente se suscribió previo a la operación quirúrgica y sin que estuviese trabada controversia alguna. Así, no se sa-tisfizo la primera modalidad de la Ley de Arbitraje Comer-cial que requiere que el pacto se haga una vez establecida una controversia. Distinto hubiese sido el caso si, una vez consumado el daño por la negligencia médica, tanto el mé-dico como la paciente —ya trabada la controversia— deci-dieran someterse voluntariamente al arbitraje. En ese su-puesto, que no está presente en el caso de autos, se cumplirían los preceptos de la primera modalidad de la Ley de Arbitraje Comercial y el arbitraje sería válido para resolver la controversia.

Tampoco se satisfacen las exigencias de la segunda mo-dalidad de la Ley de Arbitraje Comercial, pues el arbitraje acordado no se fundamentó en discrepancias futuras que pudieran surgir del mismo pacto. El acuerdo firmado por el doctor González Droz y la señora Martínez Marrero nada disponía sobre desavenencias producto del mismo pacto. Guardaba total silencio sobre ese aspecto. Versaba, en cambio, sobre la pretendida renuncia de la señora Martí-nez Marrero a remedios judiciales en casos de impericia médica producto de la intervención quirúrgica. La segunda modalidad de la Ley de Arbitraje Comercial es, en reali-dad, una cláusula accesoria a un contrato principal que es muy común en el contexto comercial pero que no está pre-sente en este acuerdo. El pacto de arbitraje entre las par-tes, pues, no cumplió con ninguna de las dos modalidades que provee la Ley de Arbitraje Comercial.

Nada de lo aquí dicho resta fortaleza a la vigorosa polí-tica pública que existe en Puerto Rico a favor del arbitraje como método de resolución de conflictos. U.C.P.R. v. Triangle Engineering Corp., 136 D.P.R. 133 (1994). No obstante, en ausencia de legislación que regule el arbitraje pactado por las partes en casos de impericia médica, es indudable que la cláusula en este caso no está cobijada por la Ley de Arbitraje Comercial. Examinemos, sin embargo, si la misma es válida según el palio del Código Civil.

B. Un examen de la normativa vigente nos convence de que el pacto de arbitraje tampoco satisface los requisitos de un contrato válido en Puerto Rico debido a que viola el orden público. El Art. 1207 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 3372, dispone que “[l]os contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público”. He-mos dicho antes que la libertad de contratación privada que gobierna nuestro ordenamiento jurídico no es irres-tricta, pues la ley, la moral y el orden público son sus frenos. Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 D.P.R. 652 (2000). La doctrina ha intentado definir y darle forma al impreciso e inexacto concepto de orden público, estable-ciendo que es una serie de normas e ideales en la sociedad que no siempre alcanzan una formulación estatutaria y que, más aún, trascienden esa codificación. “El orden pú-blico no se agota en una formulación legal, a lo que se opondría su carácter dinámico.” J.A. Doral, La noción de orden público en el Derecho civil español, Pamplona, Eds. Universidad de Navarra, 1967, pág. 15. “[E]l orden público abarca indeterminadamente el hueco dejado por la ley en lo no preceptuado o prohibido de modo taxativo por ella pero que perjudicaría, de tolerarse, al interés general. Por eso figura como un límite, una excepción: todo lo que no está prohibido por la ley ni es contrario a la moral y al orden público, está permitido.” Id., pág. 18.

Asimismo, cuando se trata de derechos fundamentales, de alta jerarquía en la sociedad y en el bienestar general, el orden público como freno a la libertad contractual cobra aún mayor vigor. “El orden público rebasa su concreción como orden en el Estado; es decir, es algo más que la orga-nización necesaria para el buen funcionamiento del Estado. Esto explica la invocación que hace la doctrina al orden público en los llamados derechos irrenunciables por estar unidos a la personalidad, adscritos al cumplimiento de deberes ... inherentes a los derechos o facultades subs-traídos, por razones superiores, al poder de disposición del individuo .... En tales casos, el orden público no actúa in-defectiblemente de manera defensiva sino a modo de un resorte del bien común, que incluye tanto el bien de la persona como el de la colectividad”. (Escolio omitido.) Doral, op. cit., págs. 40-41.

En el presente caso, sin duda hubo un pacto celebrado entre dos partes contratantes que tienen capacidad para obligarse. No obstante, dicho acuerdo es violatorio del orden público por privarle a la paciente de buscar un re-curso judicial en caso de padecer un daño a raíz de la ne-gligencia médica. La integridad de los pacientes que acu-den a un médico para obtener un servicio que les permita recuperar o mejorar la salud está por encima de la libertad contractual que permea nuestro ordenamiento y del favo-ritismo por el arbitraje como política pública. Los médicos proveen servicios cuyo objeto principal es el cuerpo humano. Como tal, los casos de impericia médica casi siempre buscan reparar un daño sufrido sobre el cuerpo o sobre la salud en general del ser humano. Oliveros v. Abréu, 101 D.P.R. 209 (1973). Nuestra jurisprudencia ha resaltado lo fundamental que resulta el derecho a la invio-labilidad del cuerpo. Santiago Otero v. Méndez, 135 D.P.R. 540 (1994). Ese derecho está protegido, en términos concre-tos, por el consentimiento informado que tiene que expre-sar todo paciente al decidir si se interviene con su cuerpo y de qué manera. Recientemente, este Tribunal reconoció una vez más "el derecho de todo paciente a participar ple-namente de las decisiones relacionadas con su salud y cui-dado médico”. Lozada Tirado et al. v. Testigos Jehová, 177 D.P.R. 893 (2010). Véanse, también: Sepulveda de Arrieta v. Barreto, 137 D.P.R. 735 (1994); Rodríguez Crespo v. Hernández, 121 D.P.R. 639 (1988). Sobre este asunto, el profe-sor Mosset Iturraspe señala:

[E]n la medicina, más allá de la repercusión económica de la muerte, la enfermedad o incapacidad, se hallan en juego bie-nes que se sitúan fuera del comercio, inalienables e impres-criptibles; calificados como derechos de la personalidad; su salvaguarda o protección compromete el orden público social. (Énfasis suplido.) J. Mosset Iturraspe, Responsabilidad civil del médico, Buenos Aires, Ed. Astrea, 1985, pág. 21-22.

En ausencia de legislación que delimite y regule el al-cance de la aplicabilidad del arbitraje pactado por las par-tes en la relación médico-paciente, existe un peligro real —no meramente teórico— de que acuerdos de este tipo, sin parámetro alguno, rijan la relación entre el médico y el paciente en casos de impericia médica. Al certificar el pre-sente recurso, el Tribunal de Distrito Federal nos alertó sobre varios casos del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en que se han devuelto a los foros de instancia contro-versias sobre vicios del consentimiento en otros “acuerdos de arbitraje” suscritos por el propio doctor González Droz. Surge de esos casos que por lo menos tres pacientes del doctor González Droz cuestionaron la validez de tales acuerdos de arbitraje por vicios del consentimiento, ya que no fueron informadas adecuadamente sobre los efectos del procedimiento arbitral. Véanse: Lugo Lugo v. González Droz, KLAN-2008-00605; Rivera Lugo v. González Droz, KLAN-2007-00730; Terreforte Lugo v. González Droz, Núm. KLAN-2006-001325. Sin duda resulta sumamente preocupante —y atenta contra el orden público— que una persona que practicó la cirugía plástica sin una licencia para ello pueda evadir su responsabilidad por los actos ne-gligentes en que haya incurrido a través de pactos de arbi-traje como el que está en controversia en este caso.

Por lo tanto, estamos plenamente convencidos de que el concepto orden público, como acopio y reflejo de los princi-pios generales del Derecho, recoge el prominente valor ju-rídico de protección a la salud e integridad física de un paciente médico, incluso su derecho al consentimiento in-formado sobre lo que vaya o no a hacerse sobre su cuerpo. La función imprescindible que proveen los médicos en nuestra sociedad, y la confianza depositada por los pacien-tes en ellos, es lo que este Tribunal debe proteger según el palio del concepto orden público. De acuerdo con el ordena-miento actual, no podemos aceptar el argumento de que la paciente consintió a una cláusula que no está permitida por la legislación que regula el arbitraje en Puerto Rico.

III

Ahora bien, independientemente de la existencia de un contrato entre las partes en un caso como éste, por décadas este Tribunal ha resuelto que las acciones de daños por impericia profesional son de índole extracontractual y, por ende, deben ser atendidas al amparo del Art. 1802 del Código Civil, supra. En conformidad con lo anterior, en esta jurisdicción los médicos, abogados y notarios responden por su negligencia profesional según el Art. 1802 del Código Civil, supra. Véanse: Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R. 232 (1984), y Chévere v. Cátala, 115 D.P.R. 432 (1984).

Sobre este particular, en Ramos v. Orientalist Rattan Furnt., Inc., 130 D.P.R. 712, 727 — 728 (1992), explicamos cómo lidiar con una acción de daños en la que se puede reclamar por la vía contractual o extracontractual. Se trata de la llamada concurrencia de acciones. Resolvimos que

... únicamente procede la acción en daños contractuales ... cuando el daño sufrido exclusivamente surge como consecuen-cia del incumplimiento de una obligación específicamente pac-tada, daño que no ocurriría sin la existencia del contrato. Ahora bien, ... resulta procedente una reclamación de daños extracontractuales como resultado del quebrantamiento de un contrato, si el hecho causante del daño constituye una viola-ción del deber general de no causar daño a otro y, a la vez, incumplimiento contractual. (Énfasis suplido y escolio omitido.) Ramos, supra, pág. 727.

Como los daños sufridos a causa de un acto de impericia profesional no tienen que surgir de una obligación pactada previamente entre las partes, expresamos que tales accio-nes se rigen por el Art. 1802 del Código Civil, supra. Ello independientemente de que esté involucrado un contrato. Ramos v. Orientalist Rattan Furnt., Inc., supra, pág. 728 esc. 10. Véase J. Ataz López, Los médicos y la responsabi-lidad civil, Madrid, Ed. Montecorvo, 1985.

Por otra parte, en el contexto de los pactos en la relación médico-paciente, el Art. 1802, supra, cobra aun mayor fuerza como vehículo procesal porque los documentos fir-mados podrían interpretarse como parte del proceso de consentimiento informado y no como un contrato.

La señora Martínez Marrero firmó los acuerdos de arbi-traje en controversia como parte del proceso previo a la cirugía, llevado a cabo conforme a la doctrina de consenti-miento informado. De hecho, la señora Martínez Marrero ha alegado en este caso que uno de los “acuerdos de arbi-traje” se suscribió durante el día de la operación, cuando estaba bajo el efecto de sedantes. La firma de estos docu-mentos no debe estar enmarcada en el derecho de contra-tos, sino en el deber jurídico de todo profesional médico de no causarle daño a sus pacientes, so pena de incurrir en responsabilidad civil extracontractual.

Al respecto, en Sepulveda de Arrieta v. Barreto, 137 D.P.R. 735 (1994), expresamos que el derecho de todo paciente a la autodeterminación y a decidir libremente qué hacer con su cuerpo está protegido por los tribunales. Por ello, antes de intervenir con el cuerpo de cualquier paciente se requiere obtener su autorización. Ese consentimiento, sin embargo, tiene que ser informado o ilustrado. Es decir, se le impone al médico la obligación de ofrecerle a su paciente todos aquellos datos que sean necesarios para que éste comprenda la naturaleza del tratamiento, sus riesgos y complicaciones, y los beneficios que se esperan de éste. Véase, además, Ríos Ruiz v. Mark, 119 D.P.R. 816 (1987).

La doctrina del consentimiento informado no es, pues, de origen contractual. De hecho, diversos tratadistas han rechazado que este principio se reduzca a la mera firma de formularios, como ocurrió en este caso. Se ha denominado tal visión como incorrecta, engañosa y hasta peligrosa. Véase, e.g., F.A. Rozovsky, Consent to Treatment, 2da ed., Boston, Little, Brown and Co., 1990, pág. 3.

En el presente caso, la señora Martínez Marrero firmó una serie de documentos previos a la operación que no fue-ron en realidad producto de una negociación contractual sino, más bien, parte del proceso de consentimiento infor-mado que, como norma general, debe prestar todo paciente a su médico antes de ser intervenido. Entre esos documen-tos firmados figura el llamado pacto de arbitraje. En otras palabras, al igual que sucede con la responsabilidad civil del médico, la doctrina del consentimiento informado tiene su origen en principios extracontractuales. Esto es, simple-mente, función del deber jurídico que emana de la relación médico-paciente, ya sea que ésta se base en un contrato o no. En consecuencia, el consentimiento prestado por Martí-nez Marrero al pacto de arbitraje en controversia podría estar viciado, pues no fue propiamente el producto de una negociación contractual.

Por último, este Tribunal ha refrendado la intervención original de la Rama Judicial en asuntos de impericia médica. En Vélez Ruiz v. E.L.A., 111 D.P.R. 752 (1981), invalidamos los paneles de arbitraje compulsorios estable-cidos en el Código de Seguros, y que formarían parte del Tribunal de Primera Instancia, porque éstos intervenían con funciones judiciales esenciales. Allí defendimos la in-tervención judicial original en pleitos de impericia médica como un asunto de entronque constitucional.

Así las cosas, desde 1986 se estableció un proceso particularizado para atender casos de impericia médica. En particular, el Art. 41.080 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A. see. 4108, exige que toda acción civil que surja de una reclamación de daños por impericia médico-hospitalaria se iniciará mediante la presentación de una demanda en el tribunal competente. Es a partir de ello que el juez, en el ejercicio de su discreción, puede asig-nar el caso a un panel de arbitraje que tendrá las funciones de un Comisionado Especial. Es evidente que la Legisla-tura ha diseñado un proceso específico para atender las acciones de daños por impericia médica. En este proceso establecido legislativamente, el arbitraje permanece como opción, pero única y exclusivamente luego de presentada la demanda ante el tribunal, y siempre y cuando el juez la solicite.

IV

Para concluir, contestamos las preguntas que nos pre-senta el foro federal de la forma siguiente: un pacto de arbitraje como el que nos ocupa es inválido en esta juris-dicción porque (1) no satisface ninguna de las modalidades discutidas de la Ley de Arbitraje Comercial; (2) atenta contra el orden público; (3) nuestra jurisprudencia interpreta-tiva sobre impericia médica ha resuelto consecuentemente que los daños producto de la negligencia médica se atende-rán según el Art. 1802 del Código Civil, supra, indepen-dientemente de si medió un contrato o no en la relación médico-paciente, y (4) conforme al ordenamiento dispuesto por la Asamblea Legislativa, las controversias de impericia médica en Puerto Rico se inician a través de la presenta-ción de una demanda en los tribunales y solamente a par-tir de ese momento, a discreción del juez, puede entonces convocarse al arbitraje.

Por haber contestado categóricamente la primera inte-rrogante planteada por el foro federal, es innecesario en-trar a considerar la segunda cuestión sobre la extensión de la validez de este tipo de pactos. Contestada la pregunta del Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico, se devuelve el caso a dicho foro.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Martínez Torres concurrió con una opinión escrita, a la cual se unió el Juez Asociado Se-ñor Rivera García. La Juez Asociada Señora Rodríguez Ro-dríguez disintió sin opinión escrita.

Opinión concurrente emitida por el Juez Asociado Señor Martínez Torres, a la cual se une el Juez Asociado Señor Rivera García.

Estoy de acuerdo con la conclusión a la que llega el Tribunal en este caso. Sin embargo, me veo precisado a emitir una opinión concurrente porque estoy convencido de que se puede llegar al mismo resultado por medio de un análisis integrado de la legislación vigente y una aplicación dis-tinta de la misma. Hay expresiones del Tribunal que con-sidero que no hacen falta para resolver este caso y que pueden crear confusión en áreas del Derecho que estaban claras hasta ahora.

A pesar de que la Ley de Arbitraje de Puerto Rico, Ley Núm. 376 de 8 de mayo de 1951 (32 L.P.R.A. 3201 y ss.), estableció un lenguaje amplio a favor del arbitraje, la en-mienda al Código de Seguros aprobada mediante la Ley Núm. 6 de 30 de diciembre de 1986 (26 L.P.R.A. see. 4108), creó una excepción específica para los casos de impericia médica.

I

La señora María de los Ángeles Martínez Marrero acu-dió al doctor Efraín González Droz para que le realizara una cirugía de aumento de busto y una abdominoplastía. Inconforme con el resultado, que se alega mutiló el cuerpo de la paciente Martínez Marrero, el señor Carlos Rubén Rosa y la sociedad legal de bienes gananciales que ambos componen demandaron al ginecólogo-obstetra, quien per-dió su licencia para ejercer la medicina en Puerto Rico por practicar cirugías plásticas sin autorización para ello.

La demanda se presentó ante el Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, que acogió el caso por diversidad de ciudadanía, toda vez que el doctor Gon-zález Droz actualmente reside en California. Le imputaron negligencia de acuerdo con el Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 5141.

El galeno solicitó la desestimación de la demanda por-que la señora Martínez Marrero firmó un acuerdo de arbi-traje antes de operarse. En el documento renunciaba a la posibilidad de presentar una demanda por daños ante el tribunal estatal o federal. Así, aceptó que un panel de cinco árbitros dilucidara cualquier reclamación posterior relacio-nada a resultados adversos que pudiera tener la cirugía.

A pesar de la alegación de la demandante de que se falsificó su firma en el acuerdo, el tribunal federal concluyó que ésta era genuina. Sin embargo, el tribunal federal nos solicita mediante recurso de certificación interjurisdiccio-nal que resolvamos: (1) si es válido en Puerto Rico un acuerdo de arbitraje vinculante entre doctor y paciente, y (2) si el acuerdo es válido, cuáles son sus límites. Luego de analizar la solicitud del tribunal federal, decidimos expedir la certificación solicitada.

II

La Ley de Arbitraje Comercial hace viable que dos o más partes acuerden por escrito llevar a arbitraje “cual-quier controversia que pudiera ser objeto de una acción existente entre ellos a la fecha del convenio de someter a arbitraje; o podrán incluir en un convenio por escrito una disposición para el arreglo mediante arbitraje de cualquier controversia que en el futuro surgiere entre ellos de dicho acuerdo o en [sic] relación al mismo”. 32 L.P.R.A. see. 3201.

El profesor David M. Helfeld señala que aunque la Ley de Arbitraje Comercial se deriva de la Ley de Arbitraje Federal, 9 U.S.C. sec. 1 y ss., la primera tiene un lenguaje más amplio que la segunda. D.M. Helfeld, La jurispruden-cia creadora: factor determinante en el desarrollo del dere-cho de arbitraje en Puerto Rico, 70 Rev. Jur. U.RR. 1, 54, 123 (2001).

Por un lado, la Ley de Arbitraje Federal limita su campo de acción a transacciones marítimas y comerciales. Define comercio como las transacciones entre estados o territorios de Estados Unidos, o entre éstos y países extranjeros. Ex-cluye los contratos de empleo de marinos, trabajadores de ferrocarriles y otros empleados involucrados en el comercio interestatal. 9 U.S.C. sec. 1.

Por otro lado, la Ley de Arbitraje Comercial se puede hacer extensiva mediante acuerdo entre las partes a cual-quier controversia existente o a cualquier controversia que pudiera surgir en el futuro. “Por lo tanto, disputas legales en las áreas como daños y peijuicios, herencia y derecho de familia, entre otras no estrictamente de naturaleza contractual o comercial, están sujetas a la Ley Núm. 376.” Helfeld, supra, pág. 54.

Este lenguaje amplio de la Ley de Arbitraje Comercial puede limitarse por legislación. En Walborg Corp. v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 184 (1975), sostuvimos la validez del Artículo 3-b de la Ley sobre Contratos de Distribución de Puerto Rico, Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1964 (10 L.P.R.A. sec. 278b-2), a pesar de que declara nula toda estipulación que promueva el arbitraje. Sin embargo, revo-camos ese dictamen quince años después, en World Films, Inc. v. Paramount Pict. Corp., 125 D.P.R. 352 (1990). En este último caso declaramos inconstitucional el referido ar-tículo de la Ley sobre Contratos de Distribución en Puerto Rico en la medida en que contradice la Ley de Arbitraje Federal. Así, actuamos conforme la jurisprudencia estado-múdense que reconocía que la Ley de Arbitraje Federal ocupó el campo, y que los acuerdos de arbitraje sobre tran-sacciones marítimas y comerciales cobijadas de acuerdo con el estatuto estadounidense prevalecen sobre las leyes locales que establezcan una política pública contraria.

Por otro lado, hemos sostenido leyes que excluyen el ar-bitraje como remedio en materias que quedan fuera del alcance de la Ley de Arbitraje Federal. Vélez v. Serv. Legales de P.R., Inc., 144 D.P.R. 673 (1998). También hemos derogado leyes que imponen el arbitraje en contravención con nuestra Constitución. Vélez Ruiz v. E.L.A., 111 D.P.R. 752 (1981).

Precisamente, en Vélez Ruiz v. E.L.A., supra, declara-mos inconstitucional el esquema de arbitraje obligatorio que estableció la Ley Núm. 74 de 30 de mayo de 1976 para casos de impericia médica. Llegamos a esa conclusión por-que se usurpaban las funciones que la Constitución le con-fiere a la Rama Judicial por hacer mandatorio el arbitraje y obligatorio el laudo. Eso removía el caso de los tribunales por siempre.

A raíz de nuestra decisión, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 6 de 30 de diciembre de 1986 (26 L.P.R.A. see. 4108). Esta enmienda al Código de Seguros dispone:

See. 4108. Reclamaciones-Demanda
Toda acción civil que surja de una reclamación de daños por culpa o negligencia por impericia profesional médico-hospita-laria (malpractice) se iniciará mediante la radicación de una demanda en la sala del tribunal competente. En estas acciones civiles, el tribunal tendrá discreción para someter la reclama-ción a arbitraje....

Con el beneficio de este marco jurídico, pasemos a con-testar las interrogantes del Tribunal Federal para el Dis-trito de Puerto Rico.

III

“Puerto Rico tiene pleno poder para auspiciar y regla-mentar el arbitraje en áreas no cubiertas por la F.A.A. [Ley de Arbitraje Federal], tales [como] disputas que involucran daños y perjuicios, relaciones de la familia, y la herencia. Las palabras textuales de la Ley Núm. 376, no restringen su cobertura a las disputas comerciales, pero el entendi-miento general ha sido a tal efecto.” Helfeld, supra, pág. 123.

Coincidimos con la interpretación del profesor Helfeld. El Art. 1 de la Ley de Arbitraje Comercial, 32 L.P.R.A. see. 3201, por sí solo, es lo suficientemente amplio como para abarcar el caso de marras, pero el Código de Seguros im-pide su aplicación a casos de impericia médica.

La Ley de Arbitraje Comercial se extiende a dos situaciones. La primera se trata de cuando las partes acuerdan ir a arbitraje por una controversia ya existente. La segunda, cuando en un convenio se incluye el arbitraje como mecanismo para atender “cualquier controversia que en el futuro surgiere entre ellos” relacionada a ese acuerdo.

La segunda situación abarca el caso de una persona que contrata a otra para recibir un bien o servicio, y pacta un procedimiento de arbitraje como contrato accesorio al principal para resolver controversias que pudieran surgir en el futuro. Si no fuera por la excepción del Código de Seguros, ése podría ser el caso de un paciente que contrata a un médico para que le intervenga quirúrgicamente y de ante-mano acuerdan un procedimiento de arbitraje para aten-der reclamaciones que pudieran surgir por impericia. En este caso, el legislador estableció una excepción al arbitraje como cuestión de política pública a través de la enmienda al Código de Seguros de 1986. Esta excepción requiere que toda reclamación de daños por culpa o negligencia por im-pericia médica se inicie con la presentación de una de-manda civil en el tribunal competente y, de ahí, el tribunal tiene discreción para activar un panel de árbitros.

El lenguaje que utilizó la Asamblea Legislativa en ese artículo es más amplio que el del caso que lo inspiró. En Vélez Ruiz v. E.L.A., supra, declaramos inconstitucional un esquema de arbitraje que removía los casos presentados en el tribunal para llevarlos a un panel de árbitros. El es-quema era mandatorio y el laudo del panel de árbitros era final y obligatorio. El caso nunca regresaba al tribunal. Así, se usurpaban los poderes de la Rama Judicial, en vio-lación del Art. V de la Constitución de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1.

La enmienda al Código de Seguros que se aprobó en 1986 como consecuencia de nuestra decisión en Vélez Ruiz v. E.L.A., supra, determinó que toda reclamación por impe-ricia médica tiene que comenzar con una demanda ante los tribunales. Aunque el lenguaje es más amplio que nuestra disposición en Vélez Ruiz entendemos que su texto cae den-tro de las prerrogativas de la Asamblea Legislativa, toda vez que no invade el campo que ocupó la Ley de Arbitraje Federal.

Otro asunto es si un paciente realmente está en posición de consentir al arbitraje como parte del proceso de contra-tación de un médico. El Tribunal señala que esto violenta el derecho del paciente “al consentimiento informado sobre lo que vaya o no a hacerse sobre su cuerpo”. Sin embargo, el acuerdo de arbitraje es accesorio, para resolver contro-versias legales entre el médico y la paciente, y no tiene que ver con el consentimiento y el entendimiento de la paciente con respecto al alcance de la operación, sus riesgos y consecuencias. Es a eso a lo que se refiere la doctrina de consentimiento informado. Esta “impone al médico el deber de informar a su paciente acerca de la naturaleza y riesgos de un tratamiento médico propuesto, de manera que el pa-ciente se encuentre en la posición de hacer una decisión inteligente e informada”. Rodríguez Crespo v. Hernández, 121 D.P.R. 639, 664 (1988). Véanse, además: Lozada Tirado et al. v. Testigos Jehová, 177 D.P.R. 893 (2010); Sepulveda de Arrieta v. Barreto, 137 D.P.R. 735 (1994).

El Tribunal señala también que el acuerdo de arbitraje entre la señora Martínez Marrero y el doctor González Droz atenta contra el orden público “porque propone resolver un reclamo de impericia médica por la vía contractual cuando estos casos se atienden a la luz del derecho de res-ponsabilidad extracontractual”.

Es harto conocida la diferencia entre las acciones con-tractuales y las extracontractuales. Entre estas últimas se encuentran las reclamaciones de indemnización por los da-ños y peijuicios sufridos, por culpa o negligencia. Véanse: Ramos v. Orientalist Rattan Furnt., Inc., 130 D.P.R. 712 (1992); E.L.A. v. Soto Santiago, 131 D.P.R. 304 (1992). Sin embargo, eso no impide que los casos de daños extracon-tractuales concluyan mediante transacción. E.g., Sagardía de Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, 177 D.P.R. 484 (2009). “Este contrato —descrito por Scaevola como un ‘instrumento de paz alcanzada’— es consensual, recíproco y oneroso. En éste, las partes, mediante sacrificios mutuos, finiquitan una controversia con el propósito de evitar los pesares que conllevaría un litigio.” US Fire Insurance v. A.E.E., 174 D.P.R. 846, 853 (2008). Por su naturaleza, la transacción está sujeta a las normas de interpretación de contratos. Orsini García v. Srio. de Hacienda, 177 D.P.R. 596 (2009); López Tristani v. Maldonado, 168 D.P.R. 838 (2006). Sin embargo, la manifestación del Tribunal en el caso de autos pone en duda la legitimidad de las transacciones en los casos de daños extracontractuales, pues estos acuerdos también buscan resolver por la vía contractual una recla-mación por responsabilidad extracontractual.

De todos modos, entiendo que es innecesario entrar en estas cuestiones en este momento porque el análisis inte-grado de las leyes aplicables resuelve la controversia de este caso y excluye el arbitraje como alternativa para los casos de impericia médica.

De esta forma, contestamos en la negativa a la primera pregunta que certificó el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico. No es válido en Puerto Rico un acuerdo de arbitraje entre un médico y un paciente para atender re-clamaciones futuras por impericia médica. La contestación a la primera interrogante hace innecesario responder a la segunda, pues como la ley actual prohíbe contratar una cláusula de arbitraje compulsorio en casos de impericia médica, no tenemos que definir los límites de semejante acuerdo.

IV

En conclusión, la amplitud del lenguaje de la Ley de Arbitraje Comercial podría cobijar una situación como la de este caso si no fuera por la enmienda que se hizo al Código de Seguros en 1986. El Art. 41.080 del Código, supra, tuvo el efecto de establecer como política pública que toda reclamación civil por impericia médica comienza con una demanda civil en los tribunales. Por no tratarse de un área cobijada por la Ley de Arbitraje Federal, la Asamblea Legislativa puede establecer válidamente una excepción al arbitraje en estos casos.

Ya que este análisis resuelve la controversia, concurro respetuosamente con la Opinión del Tribunal.

       El doctor González Droz es residente de California, mientras que la señora Martínez Marrero reside en Puerto Rico.

       La Procuradora del Paciente promulgó el Reglamento Núm. 7617 de 21 de noviembre de 2008, cuyo propósito es administrar la Carta de Derechos y Responsa-bilidades del Paciente. En dicho reglamento se prohíbe específicamente que
      “... un proveedor solicite a un paciente o haga formar parte del consentimiento informado a ser firmado por el paciente lo siguiente:
      (1) Aspectos sobre cualquier decisión relacionada con la posibilidad de algún acto de negligencia de un proveedor, en cuyo caso dicha decisión puede ser errónea ante un momento de vulnerabilidad del paciente, dada la condición de salud del paciente y la dependencia con la institución o proveedor en dicho momento en particular.” Art. 13, Sec. 8(c)(1), del Reglamento Núm. 7617, supra.

      Aunque de primera intención podría aparentar que este reglamento dispone de la controversia, no lo es. Los hechos del presente caso sucedieron en el 2006, mien-tras que el reglamento entró en vigor en el 2008. Por lo tanto, el reglamento aludido no gobierna el caso ante nos, por no tener carácter retroactivo. Ahora bien, como correctamente señala el Primer Circuito de Apelaciones del foro federal al analizar una versión previa del reglamento en Rivera v. Centro Medico de Turabo, Inc., 575 F.3d 10,_(1er Cir 2009), “el reglamento es evidencia persuasiva de la política pública que existe en Puerto Rico en la actualidad” a favor de prohibir que se incluya en los documentos de consentimiento informado asuntos relacionados con la posible negligencia del proveedor médico. (Traducción nuestra.)

       Pocos años antes de nuestra decisión en Vélez Ruiz v. E.L.A., 111 D.P.R. 752 (1981), el Tribunal Supremo de Illinois tomó el mismo curso de acción al declarar inconstitucional la ley que creaba un arbitraje compulsorio mediante un panel a base de que ello constituía un ejercicio indebido de la función judicial por personas extra-ñas a la Judicatura. Wright v. Central Du Page Hospital Association, 347 N.E.2d 736 (1976).


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text:
      In re Raúl A. Reichard Hernández.

      Número: TS-17,250

      Resuelto: 13 de enero de 2011

      Kermit Ortiz Morales, abogado del Ledo. Raúl A. Reichard Hernández; Raúl A. Reichard Hernández, pro se.

   El Juez Presidente Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

Hoy debemos tomar acción disciplinaria contra un abo-gado que, en el proceso de ser admitido al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico, ocultó que fue arrestado y denun-ciado en el estado de Florida por conducir un vehículo de motor en estado de embriaguez. Por entender que al omitir dicha información el entonces aspirante a abogado incum-plió con los requerimientos de la Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y de la Notaría (Junta Examinadora), nos vemos obligados a suspenderlo del ejercicio de la profesión por un término de seis meses.

I

El Ledo. Raúl A. Reichard Hernández fue admitido a la práctica de la abogacía en Puerto Rico el 4 de febrero de 2009, tras aprobar el examen de reválida general adminis-trado por la Junta Examinadora en septiembre de 2008. Dos meses antes de tomar la reválida local, en julio de 2008, el entonces aspirante Reichard Hernández tomó el examen de reválida para la jurisdicción del estado de Florida.

El licenciado Reichard Hernández aprobó la reválida de Florida. Sin embargo, durante el proceso de admisión, la Junta Examinadora de dicho estado (Florida Board of Bar Examiners) se percató de cierta información que ponía en entredicho el carácter y la idoneidad del aspirante. La in-formación aludía al hecho de que, en agosto de 2007, mien-tras era estudiante de Derecho y estaba de vacaciones, el licenciado Reichard Hernández fue arrestado y denunciado en el estado de Florida por conducir un vehículo de motor bajo la influencia de bebidas embriagantes (“Driving Under the Influence” o D.U.I.) y por negarse a firmar el docu-mentó acreditativo de su negativa a someterse a una prueba de aliento (“Refusal to Sign a Traffic Summons”), cargos que fueron archivados posteriormente.

Así las cosas, la Junta Examinadora floridense inició una investigación más extensa del asunto y, a tales efectos, solicitó al licenciado Reichard Hernández que compare-ciera a una vista investigativa. Dicha vista se celebró el 13 de marzo de 2009. Allí se le cuestionó al abogado, entre otros aspectos, sobre su decisión de no informar las cir-cunstancias y consecuencias de su arresto en la Declara-ción Informativa sometida durante el proceso de admisión al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico.

Como consecuencia de la vista investigativa, la Junta Examinadora de Florida ordenó la presentación de una querella contra el licenciado Reichard Hernández. En ésta, presentada el 31 de julio de 2009, se le imputó al abogado la comisión de varias violaciones, entre ellas, haber ofre-cido información falsa, engañosa o deshonesta tanto en la solicitud de admisión de Florida como en la de Puerto Rico.

La querella llamó la atención al hecho de que, en la solicitud de Florida, el licenciado Reichard Hernández re-veló que fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol, pero omitió que fue denunciado por negarse a firmar el documento acreditativo de su negativa a someterse a una prueba de aliento. Esta omisión quedó probada en el proceso administrativo llevado a cabo por la Junta Exami-nadora de ese estado. Respecto a la información ofrecida en la solicitud de Puerto Rico, la querella hizo referencia al hecho de que el licenciado Reichard Hernández contestó “No” en las preguntas 27 y 31 de la Declaración Informa-tiva, omitiendo así cualquier referencia a su arresto y jui-cio en Florida. Ambas preguntas indagan si el aspirante es o ha sido parte de una investigación criminal o procedi-miento administrativo, y si ha sido imputado de delito.

El 2 de octubre de 2009 el licenciado Reichard Hernán-dez presentó su contestación a la querella, y, luego, me-diante una carta de 18 de noviembre de 2009, solicitó una vista formal ante la Junta Examinadora de Florida. Dicha vista formal fue pautada para abril del 2010, pero final-mente se llevó a cabo el 14 de mayo de 2010. Fue precisa-mente para esa época que el licenciado Reichard Hernán-dez se comunicó finalmente con este Tribunal para ponernos al tanto de sus vicisitudes ante la Junta Exami-nadora de Florida.

Mediante misiva de 30 de abril de 2010, dirigida al sus-cribiente, el licenciado Reichard Hernández reveló que, du-rante el proceso de admisión en el estado de Florida, había surgido cierto asunto relacionado con su solicitud de admi-sión en Puerto Rico. Sobre este particular, señaló que la Junta Examinadora de aquel estado había inquirido sobre sus respuestas a las preguntas 27 y 31 de la Declaración Informativa sometida ante la Comisión de Reputación de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía adscrita a este Tribunal. Asimismo, explicó sus razones para contestar “No” en ambas preguntas. Citamos de la carta redactada en inglés.

With regard to Question 27, I interpreted the language to refer to investigative procedures/proceedings that are gradual and prior to any accusation or prosecution. I answered the question in the negative because I concluded, perhaps erroneously, that a mere detention and summary charging for the alleged DUI did not constitute being the object of a criminal investigation or administrative proceeding as referred to in Question 27.
In addition, I answered Question 31 in the negative because I reasoned, perhaps too narrowly, that the question only contemplates accusations or criminal procedures/proceedings in Puerto Rico. I concluded there was a territorial and jurisdictional limitation connected to this question due to the fact that the four prior questions (Questions 27-30) do indeed expressly require disclosure of procedures outside of Puerto Rico. Please note in Questions 27-30, that the questions require disclosure of matters “in or outside of Puerto Rico, including federal procedures [or cases].” The absence of said clause in Question 31 led me to believe I was not required to disclose the Florida DUI charge. In retrospect, I recognize that I should have erred on the side of both caution and more disclosure, and revealed the Florida DUI in my Puerto Rico application. Carta al Juez Presidente Señor Hernández Denton, 30 de abril de 2010, págs. 1-2.

Referida la carta al Pleno de este Tribunal, le concedi-mos al licenciado Reichard Martínez un término de treinta días para que mostrara causa por la cual no debía ser sus-pendido inmediatamente del ejercicio de la abogacía sin ulteriores procedimientos, a la luz de la normativa pau-tada en In re Sepúlveda, Casiano, 155 D.P.R. 193 (2001). Luego de que le concediéramos dos términos adicionales para someter su escrito, el 17 de septiembre de 2010 el licenciado Reichard Hernández presentó su alegato en cumplimiento de nuestra orden. Con el beneficio de su comparecencia, procedemos a resolver.

I — !

En el ejercicio de nuestro poder inherente para regular el ejercicio de la profesión, este Tribunal tiene la facultad de evaluar, investigar y determinar el carácter y aptitud de todo aspirante al ejercicio de la abogacía. Dicha función ha sido delegada a la Comisión de Reputación para el Ejercicio de la Abogacía (Comisión de Reputación). Regla 1(b)(1) del Reglamento de la Comisión de Reputación para el Ejercicio de la Abogacía, 4 L.RR.A. Ap. XVII-C. Las decisiones de este organismo están fundamentadas en la prueba que tiene ante sí sobre la conducta pasada y presente del aspirante. Por esa razón, sus dictámenes merecen gran deferencia por parte de este Foro. In re Sepúlveda, Casiano, supra, pág. 211; In re Belén Trujillo, 128 D.P.R. 949, 957-958 (1991).

Asimismo, la Junta Examinadora juega un rol esencial en el proceso de acopio de información. A ella le toca recibir toda aquella información que complementa la solicitud de reválida y que luego se refiere a la Comisión de Reputación de manera que ésta pueda llevar su encomienda de evaluar a los aspirantes. In re Sepúlveda, Casiano, supra, pág. 212.

Entre los formularios que cada aspirante tiene que com-pletar se encuentra la Declaración Informativa. Hemos ex-presado que ésta “sirve, entre otras cosas, para obtener datos que puedan arrojar luz sobre las cualidades morales de cada aspirante”. In re Sepúlveda, Casiano, supra, pág. 212, citando a L.M. Negrón Portillo, Ética Profesional, (ed. de autor), 1993, pág. 2. En dicha declaración, se requiere al aspirante que conteste, entre otras cosas, “si actualmente es o ha sido parte de alguna investigación de índole criminal o proceso administrativo en o fuera de Puerto Rico” (Pregunta 27) y “si alguna vez ha sido imputado de delito grave o menos grave, aunque el caso haya sido archivado” (Pregunta 31).

Al final de la declaración, el aspirante tiene que prestar juramento ante notario para certificar que la información brindada en ella es cierta. Sobre este particular, el profesor Negrón Portillo ha expresado:

El ofrecer la información correcta y exacta en esta Declara-ción Informativa es de suma importancia, no sólo porque el solicitante se expone a ser procesado por perjurio, sino porque la ley (4 L.P.R.A. see. 734) dispone que “cualquier acto o ma-nifestación fraudulentos hechos por el solicitante en conexión con su solicitud ... será causa suficiente para la revocación de su licencia por la Corte Suprema de Puerto Rico”. Negrón Por-tillo, op. cit, pág. 3.

En In re Sepúlveda, Casiano, supra, pág. 213, tras citar con aprobación el pasaje anterior, señalamos:

Basta una ligera lectura de lo antes expuesto para compren-der que la corrección y la seriedad que exige, desde su fase embrionaria hasta su final, el procedimiento de admisión a la profesión no constituyen requisitos vanos ni mucho menos estériles. El tenor de cada requerimiento de este proceso es necesario para la consecución de una selección depurada con el propósito de lograr, en la medida de lo posible, que los admi-tidos al ejercicio de esta loable profesión tengan el carácter y la estatura moral que deben distinguir a cada miembro de ella. (Énfasis en el original.)

Por otro lado, hemos dicho que, “[m]ás que un ideal irrazonable, la verdad es atributo inseparable del ser abogado y, sin ésta, no podría la profesión jurídica justificar su existencia”. In re González Cardona, 179 D.P.R. 548 (2010). Véanse: In re Ortiz Martínez, 161 D.P.R. 572, 587 (2004); In re Martínez, Odell II, 148 D.P.R. 636, 642 (1999). De acuerdo con lo anterior, lo menos que podemos esperar de una persona que aspira a ejercer la abogacía es que sea completamente honesta y sincera en todo lo relacionado con su solicitud de admisión al foro. Sobre este particular, citamos con aprobación al Tribunal Supremo de Nueva Jersey:

Candor and honesty are a lawyer’s stock and trade. Truth is not a matter of convenience. Sometimes lawyers may find it inconvenient, embarrassing, or even painful to tell the truth. Nowhere is this more important than when an applicant applies for admission to the bar.
In all instances, the applicant must display complete candor in all filings and proceedings required by the Committee on Character. Anyone who does not grasp that fundamental proposition should not be a lawyer. (Cita y comillas omitidas.) In re Scavone, 524 A.2d 813, 820 (1987).

Conforme a lo anterior, todo aspirante a abogado tiene el deber de ser honesto y sincero en su solicitud de admisión al foro. Este deber incluye, pero no se limita a, divulgar toda información que pueda arrojar luz sobre su carácter y aptitud para ejercer la profesión. En el cumplimiento de esta obligación, todo aspirante debe ser estricto consigo mismo, suprimiendo todo impulso de omitir infor-mación y ofrecer información falsa o engañosa en la Decla-ración Informativa. Cualquier incumplimiento con este de-ber se evaluará “como una actuación deshonesta inde-pendiente a los hechos o la conducta omitida”. S. Steidel Figueroa, Etica y responsabilidad disciplinaria del abo-gado, San Juan, Pubs. JTS, 2010, pág. 69.

Al revisar nuestra jurisprudencia, nos percatamos de que, tan atrás como principios del siglo XX, en In re López, 15 D.P.R. 265 (1909), tomamos acción disciplinaria contra un abogado que mintió en su solicitud de admisión. El abo-gado informó que había comenzado sus estudios de Dere-cho en el estado de Indiana en enero de 1906, cuando, en realidad, los había iniciado un año después, en enero de 1907. Esta discrepancia podría parecer insignificante en el presente, pero, en aquel entonces, era determinante en cuanto a si el aspirante tendría que someterse a un exa-men escrito como requisito para ejercer la profesión en Puerto Rico. Como consecuencia, resolvimos dejar sin efecto la resolución admitiendo al abogado al ejercicio de la profesión y ordenamos que se eliminase su nombre del re-gistro de abogados admitidos a ejercer la profesión ante este Tribunal y demás tribunales insulares. Id., pág. 267.

Posteriormente, en In re Belén Trujillo, supra, atendimos el caso de un abogado a quien se le imputó, entre otras cosas, que mientras era estudiante de Derecho, intervino como testigo instrumental en el otorgamiento de una escritura, sin conocer personalmente al otorgante. Tras examinar la conducta específica del querellado, concluimos que ésta no daba margen a que lo disciplináramos. Por consiguiente, ordenamos el archivo de la querella. No obstante, aprovechamos la coyuntura para expresarnos sobre la facultad de este Tribunal para investigar y disciplinar a los abogados por actos u omisiones cometidos antes de ser admitidos al ejercicio de la profesión. Id., pág. 957. En lo pertinente, resolvimos que “este Tribunal tiene poder inherente para investigar y determinar si la conducta es-pecífica de una persona antes de ser abogado puede ser considerada para removerlo como tal, cuando adviene en conocimiento de ello una vez es abogado”. (Enfasis en el original.) Id., pág. 959. Respecto a los cursos de acción que tenemos disponibles en tales casos, señalamos:

El Tribunal puede usar el mecanismo de nombrar un comisio-nado para que investigue y haga recomendaciones sobre el particular, referir el asunto a la Comisión de Reputación, así como utilizar cualquier otro mecanismo que, con las garantías procesales correspondientes, le ayuden a pasar juicio y a to-mar una determinación sobre dicha conducta. Id.

Sobre este particular, cabe recordar que, como parte de su poder inherente para regular la profesión, este Tribunal tiene la facultad para seleccionar el procedimiento apropiado para disciplinar a un abogado. Steidel Figueroa, op. cit., págs. 33-34. A tales efectos, hemos establecido que, en el ejercicio de esa facultad, estamos liberados de toda rutina procesal sin más limitación que la garantía de un debido proceso. In re Cando Sifre, 106 D.P.R. 386, 389 esc. 1 (1977).

Más recientemente, en In re Sepúlveda, Casiano, supra, suspendimos por tres meses a una abogada que, entre otras cosas, no enmendó la Declaración Informativa para revelar la existencia de dos pleitos civiles en los que figuraba como demandada. Allí, advertimos que “cualquier tipo de violación a los requerimientos del proceso de admisión entorpece el trabajo de la Comisión de Reputación en su función de investigar y tomar determinaciones bien fundamentadas sobre el carácter y la aptitud de todo aspirante a la profesión de la abogacía”. Id., pág. 213.

Por otro lado, reiteramos que actos cometidos por un abogado fuera de Puerto Rico son pertinentes en la determinación de si un abogado debe ser readmitido a nuestro foro. In re Scott, 175 D.P.R. 474 (2009); In re Rochet Santoro, 174 D.P.R. 123 (2008); Steidel Figueroa, op. cit., págs. 372-373. En In re Scott, supra, denegamos la readmisión de un abogado que había sido suspendido permanentemente del ejercicio de la abogacía en el estado de Florida por haber practicado ilegalmente la profesión. Tras evaluar la conducta incurrida por el abogado en Florida, concluimos que éste no estaba apto para ser readmitido a la abogacía en nuestra jurisdicción. De igual forma, en In re Rochet Santoro, supra, pág. 129, resolvimos que “cuando un abogado admitido al ejercicio de la profesión en Puerto Rico es sancionado disciplinariamente por otro foro judicial, es imperativo evaluar su conducta para determinar si procede la imposición de una sanción disciplinaria en nuestra jurisdicción”.

Con estos preceptos en mente, evaluemos la conducta del licenciado Reichard Hernández al omitir la información de su arresto en la Declaración Informativa presentada como parte de su solicitud de admisión al ejercicio de la profesión en Puerto Rico. Debemos aclarar que no estamos pasando juicio sobre la conducta que terminó en la deten-ción del licenciado Reichard Hernández por agentes del or-den público en Florida. Ese asunto fue debidamente adju-dicado por los tribunales de ese estado cuando se decidió archivar la denuncia.

III

No existen controversias de hechos en este caso. El licen-ciado Reichard Hernández admite haber contestado “No” en las preguntas 27 y 31 de la Declaración Informativa presen-tada ante nuestra Junta Examinadora, omitiendo la infor-mación de su arresto por conducir un vehículo de motor en estado de embriaguez en el estado de Florida. El abogado ha expresado su arrepentimiento por esa conducta. En retros-pectiva, reconoce que debió haber contestado “Sí” en ambas preguntas y revelado las circunstancias y consecuencias de su arresto en Florida. No obstante, sostiene que su omisión se debió a un error de juicio, que resultó “inocua e insustan-cial” y, por consiguiente, no constituye una falta que amerite una sanción tan drástica como la suspensión inmediata del foro. No estamos de acuerdo.

En su alegato, el licenciado Reichard Hernández indica que su omisión se debió más bien a una pobre e innecesaria racionalización mental suya sobre las posibles consecuen-cias que los cargos archivados pudieran tener durante el proceso de su solicitud de admisión al ejercicio de la abo-gacía en Puerto Rico, fruto del temor y de la inseguridad. Lo anterior nos convence de que el licenciado Reichard Hernández era consciente de que divulgar lo sucedido en Florida podía afectar negativamente su solicitud de admi-sión al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico. Con el fin de no enfrentar las posibles consecuencias de tal revelación, el entonces aspirante optó por esconder dicha información, amparado en una interpretación restrictiva y acomodaticia sobre las preguntas 27 y 31 de la Declaración Informativa. Al así hacerlo, el licenciado Reichard Hernández entorpe-ció las labores de la Comisión de Reputación en el desem-peño de su función de investigar y hacer determinaciones sobre el carácter y la aptitud de todo aspirante a la profesión. Por tal razón, rechazamos el planteamiento del licenciado Reichard Hernández de que su conducta resultó inocua e insustancial. Al omitir la información relacionada a su arresto en Florida, el entonces aspirante limitó la ca-pacidad de la Comisión de Reputación para evaluar sus cualidades morales.

Al momento de contestar las preguntas de la Declaración Informativa, todo aspirante a abogado debe usar su mejor juicio. Si tuviera dudas sobre cómo responder una pregunta en particular, debe resolver esa duda contra su interés. Similar principio aplica a los abogados en su desempeño profesional. In re Valentín González, 115 D.P.R. 68, 73 (1984). No pretendemos, como insinúa el licenciado Reichard Hernández, que todo aspirante divulgue cuántos boletos de tránsito ha recibido en su vida. Las preguntas de la Declaración Informativa son lo suficientemente claras y específicas como para hacer entender a un aspirante de inteligencia promedio el tipo de información que está obligado a divulgar en ellas.

El licenciado Reichard Hernández arguye que su caso es distinguible de In re Sepúlveda, Casiano, supra. A tales efectos, señala que su conducta es de menor gravedad a la exhibida por los abogados querellados en aquel caso. En apoyo de este argumento, llama nuestra atención a los he-chos siguientes: (1) que al momento de su arresto, no era abogado ni en Florida ni en Puerto Rico, sino un estudiante de Derecho que estaba de vacaciones en Miami; (2) que al momento de someter la Declaración Informativa, los car-gos en su contra ya habían sido archivados; (3) que si bien las preguntas 27, 28, 29 y 30 de la Declaración Informativa le requieren al aspirante divulgar información sobre he-chos ocurridos fuera de Puerto Rico, la pregunta 31 no lo requiere expresamente, por lo que es razonable que un as-pirante promedio piense que, en esa pregunta, no está obli-gado a proveer información sobre actos u omisiones ocurri-dos fuera de Puerto Rico; (4) que ni este Tribunal, ni el Procurador General ni ningún otro organismo disciplinario en Puerto Rico ha presentado cargo alguno en su contra, y (5) que fue él quien trajo ante la atención de este Tribunal lo relacionado a su arresto.

Estos planteamientos no son suficientes para distinguir el presente caso de In re Sepúlveda, Casiano, supra. En lo que aquí nos concierne, ambos casos son prácticamente idénticos. En aquel caso, sancionamos a una abogada que, entre otras cosas, no presentó una enmienda a la Declara-ción Informativa para notificar que figuraba como deman-dada en dos pleitos civiles. Si bien es cierto que allí pasa-mos juicio sobre otras actuaciones de la querellada, aquí sólo estamos considerando lo relacionado a la Declaración Informativa. No obstante lo anterior, atendemos los plan-teamientos del licenciado Reichard Hernández por enten-der que éstos van dirigidos a demostrar que su conducta fue de menor gravedad a la exhibida por la abogada que-rellada en In re Sepúlveda, Casiano, supra, razón por la cual no debemos suspenderlo del ejercicio de la abogacía.

El licenciado Reichard Hernández alude al hecho de que no era abogado al momento de su arresto en Florida. Dicho dato es irrelevante. Contrario a lo que el abogado supone en su alegato, hoy no lo estamos disciplinando por violacio-nes a los Cánones 35 (deber de sinceridad y honestidad) y 38 (deber de exaltar el honor y dignidad de la profesión) del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, los cuales se extienden a la vida privada del abogado. El ejercicio san-cionador se hace dentro de los poderes de este Tribunal de regular la admisión a la práctica de la profesión. En espe-cífico, lo estamos sancionando por no observar las normas adoptadas por la Junta Examinadora, en específico, por no revelar la información de su arresto en Florida en la De-claración Informativa. Por ser ésta una declaración que el futuro abogado suscribe como parte del proceso de admi-sión al ejercicio de la abogacía, es evidente que, allí, el aspirante sólo podrá dar fe de hechos ocurridos antes de juramentar el documento, cuando aún no era abogado.

Igual de inconsecuente es el señalamiento de que, al momento de suscribir la Declaración Informativa, los car-gos ya habían sido archivados. La pregunta 27 de dicha declaración requiere al aspirante indicar “si actualmente es o ha sido parte de alguna investigación de índole criminal o proceso administrativo”. Acto seguido, se instruye al aspirante: “Si contestó en la afirmativa, indique en detalle: su naturaleza, la agencia u organismo, número del caso, nombre y dirección de la persona promovente de la acción y resultado o estado actual.” (Enfasis suplido.) Por su parte, la pregunta 31 es aún más explícita. Allí, se le requiere al aspirante indicar “si alguna vez ha sido imputado de delito grave o menos grave, aunque el caso haya sido archivado”. (Enfasis suplido.) En el inciso (b) de esta pregunta, se le instruye al aspirante: “Si contestó en la afirmativa, y el caso fue archivado, indique la razón de tal archivo.” (Enfa-sis suplido.) Ambas preguntas son lo suficientemente cla-ras como para hacerle entender al aspirante que, en ellas, está obligado a revelar si es o ha sido objeto de alguna investigación de índole criminal o proceso administrativo, o si se le ha imputado de delito grave o menos grave, inde-pendientemente del resultado o estado actual de la investi-gación o proceso, o de si el caso fue archivado.

Por otro lado, si bien es cierto que la pregunta 31, a diferencia de la 27, no contiene la frase “en o fuera de Puerto Rico” cuando le requiere al aspirante revelar si al-guna vez ha sido imputado de delito grave o menos grave, no podemos avalar la interpretación acomodaticia que el licenciado Reichard Hernández pretende que le demos a esa ausencia. La pregunta 31 no tendría sentido si sólo se refiriera a delitos imputados en Puerto Rico, con exclusión de delitos imputados en otras jurisdicciones. Para poder llevar a cabo, de una manera adecuada, su encomienda de evaluar el carácter y la estatura moral de los futuros abo-gados, la Comisión de Reputación no puede limitarse a la conducta del aspirante en Puerto Rico. Por consiguiente, todo aspirante debe revelar cualquier conducta que arroje luz sobre su carácter e idoneidad, aun cuando ésta se hu-biese llevado a cabo fuera de Puerto Rico. Aclaramos, pues, que la Pregunta 31 de la Declaración Informativa requiere que el aspirante indique si ha sido imputado de delito grave o menos grave, en o fuera de Puerto Rico, incluso en procesos federales.

El licenciado Reichard Hernández señala que ni este Tribunal, ni el Procurador General, ni ningún otro orga-nismo disciplinario ha presentado cargo alguno en su contra en Puerto Rico. No comprendemos la relevancia de este planteamiento. Sabido es que, en el ejercicio de nuestro poder inherente para regular la profesión de la abogacía, este Tribunal puede motu proprio iniciar una acción disci-plinaria contra un miembro de la profesión. Aún así, es preciso señalar que, si bien la Junta Examinadora de Florida no ha presentado una queja contra el licenciado Rei-chard Hernández en Puerto Rico, dicho cuerpo requirió a éste enviar una segunda carta al Juez Presidente de este Tribunal. Vemos, pues, que la Junta Examinadora flori-dense no ha tenido que presentar una queja para lograr que la conducta del licenciado Reichard Hernández sea ob-jeto de nuestra atención. Esto nos lleva al último plantea-miento del abogado.

El abogado alude al hecho de que fue él mismo quien informó a este Tribunal lo relacionado a su arresto en Florida. El planteamiento no tiene méritos. El licenciado Reichard Hernández juramentó su Declaración Informa-tiva el 7 de enero de 2009. En ese momento, debió haber revelado su arresto en Florida. No obstante, optó por no hacerlo. Un mes después, el 4 de febrero de 2009 fue admi-tido al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico. Transcurrido otro mes, el 13 de marzo de 2009 la Junta Examinadora de Florida cuestionó al abogado durante una vista investiga-tiva sobre su decisión de no informar su arresto durante el proceso de admisión en Puerto Rico. Luego, el 31 de julio de 2009 se presentó la querella en su contra. El licenciado Reichard Hernández pudo haber traído el asunto de su arresto a la atención de este Tribunal en cualquiera de esos dos momentos. Sin embargo, no fue sino hasta abril de 2010 que, finalmente, se comunicó con este Tribunal. Si el abogado tenía interés en aclarar sus respuestas en la De-claración Informativa, cabe preguntarse entonces por qué demoró tanto tiempo en ponernos al tanto del asunto.

En fin, hemos considerado todos los planteamientos del licenciado Reichard Hernández. No obstante, entendemos que la conducta exhibida por éste durante el proceso de admisión es de tal seriedad que debemos tomar acción disciplinaria.

Surge entonces la pregunta de qué sanción debemos im-ponerle al licenciado Reichard Hernández por su omisión en la Declaración Informativa. Al revisar la jurisprudencia de diversas jurisdicciones estatales en Estados Unidos so-bre casos de abogados que omitieron información en sus solicitudes de admisión, nos hemos percatado de que la sanción favorecida por todos los estados examinados es la suspensión. Sin embargo, la duración de las suspensiones impuestas no ha sido uniforme. Ha variado de entre no-venta días, como ha ocurrido en Rhode Island, hasta sus-pensiones indefinidas como las sanciones impuestas en Maryland. De todos los casos estudiados, destacamos Carter v. Charos, 536 A.2d 527 (1988). Allí, el Tribunal Supremo de Rhode Island suspendió por noventa días a un abogado (Sr. Augustus Charos) que contestó “No” a la pre-gunta de si había sido arrestado, condenado o cuestionado en torno a la violación de cualquier ley, cuando, en reali-dad, había sido arrestado y acusado dos veces en Massachusetts y una tercera vez en Vermont. En las tres oca-siones, los cargos fueron desestimados.

Posteriormente, otros dos estados en que el señor Cha-ros estaba admitido para ejercer la profesión, Indiana y California, tomaron acción disciplinaria contra él por los mismos hechos. En Indiana, se le suspendió por un año por no haber revelado sus referidos encontronazos con la ley ni el hecho de que, previo a solicitar admisión en Indiana, la había solicitado en Rhode Island. In re Charos, 585 N.E.2d 1334 (1992). El estado de California lo suspendió también por un año. Id.

Al determinar la duración de la suspensión que impon-dremos en el presente caso, debemos tomar en considera-ción el hecho de que el licenciado Reichard Hernández también fue deshonesto en la solicitud de admisión en Florida, donde omitió la información de su denuncia por ne-garse a firmar el documento acreditativo de su negativa a someterse a una prueba de aliento. La omisión en Puerto Rico, sumada y próxima en tiempo a la omisión en Florida, revela un patrón de conducta dirigido a ocultar y minimi-zar, respectivamente, lo ocurrido en Florida. Esta conducta arroja dudas sobre la honestidad y la probidad moral del licenciado Reichard Hernández para ejercer la profesión en Puerto Rico.

IV

Por entender que el licenciado Reichard Hernández in-cumplió con los requerimientos de la Junta Examinadora al omitir, en la Declaración Informativa, la información de su arresto en Florida, se le suspende inmediatamente del ejercicio de la profesión por un término de seis meses.

El licenciado Reichard Hernández debe notificar a sus clientes que, por motivo de la suspensión, no puede conti-nuar con su representación legal y les devolverá los expe-dientes de cualquier caso pendiente y los honorarios recibi-dos por trabajos no realizados. De igual manera, deberá informar de su suspensión a cualquier sala del Tribunal General de Justicia o foro administrativo en el que tenga algún caso pendiente.

Se ordena al Negociado de Traducciones de este Tribunal que traduzca al inglés esta Opinión a la brevedad posible. Una vez traducida, se ordena a la Secretaria de este Tribunal que remita una copia de la Opinión a la Junta Examinadora del estado de Florida.

Se dictará sentencia de conformidad.

       El licenciado Reichard Hernández juramentó la Declaración Informativa el 7 de enero de 2009 ante notario en Florida.

       En específico, la querella presentada por la Junta Examinadora de Florida le imputó los siguientes tres cargos al licenciado Reichard Hernández: (1) que los he-chos que motivaron las denuncias (por conducir en estado de embriaguez y por ne-garse a firmar el documento acreditativo de su negativa a someterse a una prueba de aliento) eran indicativos de que el abogado había incurrido en conducta impropia, irresponsable o ilegal que demostraba una falta de respeto a la ley y los derechos de los demás; (2) que proveyó información falsa, engañosa o poco sincera en la solicitud de admisión al ejercicio de la abogacía en Florida al no revelar la denuncia por negarse a firmar el documento acreditativo de su negativa a someterse a una prueba de aliento, además de que no enmendó oportunamente su solicitud para revelar su empleo con un bufete de abogados, faltando así al deber de mantener a la Junta informada de cualquier cambio en la información suministrada en la solicitud, y (3) que proveyó información falsa, engañosa o poco sincera en la solicitud de admisión al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico al responder en la negativa a las preguntas 27 y 31 de la Declaración Informativa, omitiendo así cualquier referencia a las referidas denuncias presentadas contra él en el estado de Florida. In re Application of Raúl A. Reichard Hernández for Admission to the Florida Bar, Florida Bd. of Bar Exam’rs, No. 20444, Findings of Fact, Conclusions of Law, and Recommendation (3 de agosto de 2010), págs. 3-5.

       íd., pág. 7.

       Posteriormente, la Junta Examinadora de Florida encontró probados todos los cargos presentados contra el licenciado Reichard Hernández y, a modo de sanción, recomendó que la admisión de éste al ejercicio de la abogacía en Florida quede apla-zada por un (1) año a partir de la fecha de la vista formal (14 de mayo de 2010) o hasta que este Tribunal tome la acción correspondiente respecto a la conducta exhi-bida por el abogado al contestar “No” en las referidas preguntas 27 y 31 de la Decla-ración Informativa. In re Application of Raúl A, Reichard Hernández for Admission to the Florida Bar, supra, pág. 11.

       Para una discusión general sobre el rol que juegan las evaluaciones de ca-rácter y aptitud en el proceso de admisión al ejercicio de la profesión, véase D.L. Rhode, Moral Character as a Professional Credential, 94 Yale. L.J. 491 (1985). Véanse, además: A.M. Clemens, Facing the Klieg Lights: Understanding the “Good Moral Character” Examination for Bar Applicants, 40 Akron L. Rev. 255 (2007); M.M. Carr, The Effect of Prior Criminal Conduct on the Admission to Practice Law: The Move to More Flexible Admission Standards, 8 Geo. J. Legal Ethics 367 (1995); M.K. McChrystal, A Structural Analysis of the Good Moral Character Requirement for Bar Admission, 60 Notre Dame L. Rev. 67 (1984).

       La pregunta 27 de la Declaración Informativa lee:
      “27. Indique si actualmente es o ha sido parte de alguna investigación de índole criminal o proceso administrativo en o fuera de Puerto Rico, incluso procesos federales.
      ( ) Sí ( ) No
      “Si contestó en la afirmativa, indique en detalle: su naturaleza, la agencia u organismo, número del caso, nombre y dirección de la persona promovente de la acción y resultado o estado actual.”
      Por su parte, la pregunta 31 lee:
      “31. Indique si alguna vez ha sido imputado de delito grave o menos grave, aunque el caso haya sido archivado.
      ( ) Sí ( ) No
      “a. Si contestó en la afirmativa, indique el delito.
      “b. Si contestó en la afirmativa, y el caso fue archivado, indique la razón de tal archivo.”

       Para una discusión de las normas o criterios que se deben utilizar para evaluar la conducta de una persona cuando todavía no era abogado, véase In re Belén Trujillo, 128 D.P.R. 949, 959-960 (1991).

       No podemos perder de vista que en este caso la información suprimida se refiere a un arresto por conducir un vehículo de motor en estado de embriaguez. Dicha conducta está tipificada como un delito menos grave en nuestro ordenamiento. El entendido social es que quien así actúa pone en peligro la seguridad y la vida de los demás.

       Citamos de las recomendaciones de la Junta Examinadora de Florida:
      ‘‘The board further recommends that the applicant comply with the following special conditions during the withhold period. The applicant must submit an amended letter to the Chief Justice of the Supreme Court of Puerto Rico addressing the concerns that the board expressed to the applicant during his formal hearing about his April SO, 2010, letter. The amended letter must also enclose copies of the police and court records pertaining to the applicant’s August 2007 charge for DUI. The applicant must provide the board with a copy of the amended letter with enclosures and must notify the board of the action that is taken by the appropriate authority in Puerto Rico in response to his amended letter.” In re Application of Raúl A. Reichard Hernández for Admission to the Florida Bar, supra, págs. 11-12.
      De nuestro expediente no se deduce que el licenciado Reichard Hernández haya presentado una carta como la que se describe en el párrafo anterior. Desde entonces, lo único que hemos recibido de él ha sido su Moción en Cumplimiento de Orden.

       Véanse: In re Press, 627 A.2d 842 (1993); Carter v. Charos, 536 A.2d 527 (1988); Attorney Grievance Comm’n v. Joehl, 642 A.2d 194 (1994); Attorney Grievance

        Comm’n of Maryland v. Keehan, 533 A.2d 278 (1987); Attorney Grievance Comm’n of Maryland v. Gilbert, 515 A.2d 454 (1986). Véanse, además, In re Gouiran, 613 A.2d 479, 484 (1992); In re Kotok, 528 A.2d 1307 (1987); In re Scavone, 524 A.2d 813 (1987).