text:
    Pedro Gandía Córdova, demandante y apelante, v. Johann D. Stubbe, demandado y apelado.
    No. 3324.

    Visto: Diciembre 9, 1924.

      Resuelto: Enero 20, 1926.
    Elección de Remedios — Remedios Ejercitados que son. Inconsistentes — Efectos de la Elección. — Cuando uno de dos remedios inconsistentes se sigue liasta sentencia final, ésta es un impedimento para la continuación del otro pleito, y el hecho de que la sentencia — dictada en la acción subsidiaria— no haya sido ejecutada, no es óbice para que pueda ser alegada como "impe-dimento do la más remota acción inconsistente al celebrarse luego el juicio.
    SENTENCIA ele Charles E. Foote, J. (Primer Distrito, San Juan), de-clarando sin lugar la demanda, con costas.

      Confirmada.

      Juan B. Soto, abogado del apelante; Cayetano Coll Cuchí, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante estableció demanda solicitando la resci-sión o nulidad de una escritura de disolución y liquidación de sociedad, fundado en la teoría de fraude, falsa represen-tación y errores cometidos.

Subsiguientemente fueron establecidas otras dos acciones, una contra la Porto Rico Fertilizer Co., en cobro de dividen-dos que se alegó se debían al demandante en este caso de acuerdo con los términos de tal contrato, y otra fundada a su vez en una confirmación implícita de tal contrato contra el aquí demandado y contra el liquidador de tal sociedad, designado y nombrado por las partes en dicho contrato, para la destitución de-tal liquidador y en reclamación de cierta cantidad de dinero debida por virtud de las estipulaciones de dicbo contrato, aunque caracterizada como daños y per-juicios provenientes del incumplimiento del susodicho con-trato, o por los actos fraudulentos y falsas representaciones que se alegan en el caso abora ante nuestra consideración.

En ambas de estas acciones subsiguientes parece que se dictaron las sentencias con anterioridad a la fecha del jui-cio en este caso, siendo el resultado de una de ellas adverso al demandado Stubbe, y en ambas favorable al demandante Gandía.

Pueden encontrarse más detalles sobre la verdadera na-turaleza de la segunda de estas dos doctrinas subsiguientes en la opinión emitida por esta Corte en el caso de Gandía v. Trías et al., 29 D.P.R. 676.

Apela el demandante ahora de una sentencia que declara sin lugar la demanda dictada en la primera de estas tres acciones'y alega que se han cometido los siguientes errores:

“Primero: La corte cometió error resolviendo que el demandante y apelante, al proseguir otras acciones contra el demandado y contra la Porto Rico Fertilizer Company basta obtener sentencia final, no le es permitido el remedio ejercitado en esta acción, de acuerdo con la doctrina conocida con el nombre de ‘The Election of Remedies.’
“Segundo: La corte cometió error al dictar sentencia a favor del demandado y en contra del demandante.”

Sostiene él apelante que la elección se hizo y quedó- con-vertida- en irrevocable al ser presentada la demanda en este pleito, y cita del tomo 9 de R.C.L., 960, sección 7; 15 Cyc. 259 a 260; Klipstein & Co. v. Grant, 141 Fed. 72, y Robb v. Vos, 155 U. S. 13.

Continúa el apelante su argumentación en esta forma:

“La corte en su opinión en el caso de Moller v. Tusca aludido en el tomo 20 de Corpus Juris, página 35, sostuvo, que cuando el demandado permite que la acción 'subsiguiente sea continuada hasta obtener sentencia, ello producirá el efecto de impedir la continua-ción del primero de dichos pleitos.
“Sin embargo, el tribunal sentenciador en este caso, olvida que esa teoría no está sostenida por el peso de las autoridades,, ni aun por el peso mismo de un claro razonamiento, pues de ser aceptada, ten-dríamos que concluir que la elección del remedio-la hace el deman-dado y no el propio demandante.
“Para comprenderlo, supongamos que el demandante puede es-coger entre dos acciones, a saber: entre la acción de nulidad de un contrato, y la acción de daños y perjuicios. Supongamos asimismo que dicbo demandante establece una de estas acciones, vamos a de-: cir la ratificación del contrato de daños y perjuicios, y algún tiempo después entabla la otra acción mencionada. Si la doctrina expuesta en el caso de Moller v. Tusca y citada por la corte sentenciadora se aplicara al caso referido, tendríamos que concluir que el demandado y no el demandante es el que podría ejercitar el derecho de elegir el remedio; bastándole para ello con permanecer callado, esto es, sin oponer la defensa de elección de remedio a ninguno de los dos casos, permitir que uno de ellos continuase hasta dictarse sentencia y luego alegar que esta circunstancia impide la continuación del otro pleito.
“Nosotros entendemos que una sana doctrina en materia de pro-cedimiento enseña y exige que la defensa de elección de remedio debe establecerse al contestar la demanda subsiguiente a la primera establecida en dos acciones de carácter incompatible. Esto es, que el demandado en el presente caso, al comparecer a contestar la de,T manda en el pleito sobre- daños y perjuicios-a que alude la corte, y a que se refiere el demandado, debió haber alegado como una defensa afirmativa la existencia de una acción sobre nulidad de contrato, o sea la existencia del presente pleito entablada ya, y por tanto pen-diente, a fin de que tal defensa se hubiera discutido y resuelto deni tro del caso subsiguientemente establecido. Pero al no hacerlo así, esperar a que se dicte sentencia en dicho caso, y luego cuando se va a celebrar por segunda vez el juicio en el caso de autos, presentar una contestación enmendada, alegando que el demandante había es-cogido el remedio ejercitado en la acción sobre resarcimiento de da-ños y perjuicios, y por tanto no podía continuar en el ejercicio de la presente acción, equivale a una desviación profunda de los sa-nos principios que regulan los procedimientos ante los tribunales de justicia, ‘y a mantener una posición insostenible en buena lógica y en buena ley. Además, no aparece alegado en la contestación, ni resulta de los autos en este caso, que el demandante, Pedro Gandía,' baya ejecutado la sentencia dictada en el sobredicho caso sobre re-sarcimiento de daños y perjuicios.
“En el citado tomo IX de Billing Case Law, en la página 960, párrafo 6, encontramos expuesto este mismo punto de vista, en los términos que siguen:
“ ‘Bajóla regla de que el primer acto manifestado de elección o pleito constituye una elección del remedio, y que esto es una defensa para la institución de un segundo, pleito o remedio inconsistente, no puede ser alegado como un impedimento del primero el que un- se-gundo pleito haya sido establecido y seguido hasta sentencia, cuando tal sentencia no ha sido ejecutada o hecho cumplir/
“Esta doctrina echa por tierra la teoría sostenida en el caso ci-tado por la corte de distrito, y pone de relieve el error de dicha lion. Corte al considerar como buena en su sentencia la defensa del demandado.
“La prioridad en tiempo del presente pleito, sobre el pleito re-clamando daños y perjuicios (pleito civil número 830), consta de-mostrada en el párrafo X de la demanda del referido pleito número 830, o sea del pleito sobre daños y perjuicios, el cual forma parte del récord en este pleito como evidencia introducida por el demandante y apelante.
“Pero aun suponiendo que el presente caso, en vez de ser como es, el primero de los presentados por el demandante contra el de-mandado, hubiera sido el último en orden de fecha de presentación, la defensa del demandado siempre sería de aplicación muy dudosa, pues, según la jurisprudencia, una acción ex coniractu derivada de un contrato fraudulento, no es incompatible con una acción de da-ños causados por el fraude; estableciéndose así una excepción im-. portante a la doctrina sobre elección de remedios.
“En el tomo 9 de Buling Case Law, párrafo Y, página 959, esta doctrina se consigna en los siguientes términos:
“ ‘Una clase de casos ha de distinguirse de aquellos que están su-jetos a la doctrina de elección de remedios. Puede ser que la misma transacción origine fundamentos distintos e independientes de ac-ción que puedan ser concurrente y consecutivamente seguidos hasta el pago. De conformidad con esto, el cobro en una acción por el alquiler de bienes muebles no es un impedimento para otra acción en la que se trata de obtener una indemnización por daños causados a la propiedad mientras ésta se' encontraba en poder del depositario. Y por tanto una acción basada en un contrato el cual se ha celebrado mediante fraude no es inconsistente con una acción por daños y per-juicios por el engaño; ni lo es tampoco una acción para recobrar daños y perjuicios por el incumplimiento de un contrato con una sociedad, que se ha celebrado mediando fraude por parte de uno de los socios, una defensa a una acción contra el socio particular por el fraude.’ 9 R.C.L. 959, párrafo Y.
"Si examinamos el caso de autos, veremos fácilmente que el de-mandante, Pedro Gandía, fué inducido a convenir con el demandado la disolución de la sociedad mercantil ‘Gandía & Stubbe,’ mediante manifestaciones y representaciones fraudulentas, llevadas a efecto por el demandado, y por personas actuando bajo su inmediata direc-ción y de.acuerdo con él. Por consiguiente, el caso de- autos consti-tuye una de las excepciones a la doctrina sobre elección de remedios, pues es claro que Pedro Gandía, según la jurisprudencia que acaba-mos de citar,-bien podía solicitar la nulidad del contrato de disolu-ción de sociedad, y al mismo tiempo pedir que se condenara al de-mandado a pagarle los daños y perjuicios que le causara con el en-gaño de que le hizo objeto. Esta doctrina no sólo es razonable, sino útil y moralizadora, contribuyendo a impedir que por medio de ma-nifestaciones fraudulentas pueda inducirse a una persona a celebrar con otra un contrato én que los intereses de la primera hayan de re-sultar profundamente lesionados. •
‘‘Examinando esta cuestión desde el punto de vista del Código Civil de Puerto Rico, veremos que la acción en este caso se basa en el error y en el dolo, fundándose a' su vez en los artículos 1230, 1267, 1268, 1269 y otros de nuestro Código Civil mientras que el pleito civil número 830, sobre resarcimiento de daños y perjuicios, se funda en las responsabilidades establecidas en los artículos 1068, 1803 y otros del referido código.
“II. La corte cometió error al dictar sentencia a favor del de-mandado y en contra del demandante, porque del examen de la evi-dencia resultan probados los siguientes hechos:
(a) Que el día 24 de julio de 1916, Johann D. Stubbe y el de-mandante, Pedro Gandía, otorgaron escritura de disolución y liqui-dación de la sociedad mercantil ‘Gandía & Stubbe.’
“(Z>) Que los balances que sirvieron de base a dicha escritura son falsos y engañosos, no estando de acuerdo con el verdadero es-tado de los libros, y que el demandante, Pedro Gandía, fúé inducido a error al firmar la referida escritura, no obstante el hecho de que con ello dicho demandante sufría daños y perjuicios por la suma aproximada de treinta mil dollars, por las falsas representaciones del demandado.
“(o) Que después de firmada dicha escritura, el demandante se enteró del engaño y fraude de que había sido objeto y, en consecuen-cia, entabló la demanda en este caso solicitando de la corte la nuli-dad de dicha escritura.
“ (d) Que esa demanda fué presentada en el mes de febrero de 1917, y que posteriormente, el demandante presentó demanda contra el mismo demandado y además contra el liquidador Trías, en la cual se solicitaba de la corte la destitución de dicbo liquidador y la indemnización de los daños y perjuicios causados al demandante pol-los demandados como consecuencia del fraude aludido.
(e) Que el demandante continuó los dos casos referidos, ha-biéndose dictado sentencia en ambos.
“ (/) Que en el caso de autos, la sentencia.de la Corte de Dis-trito fué revocada por la Corte Suprema de Puerto Rico, ordenán-dose un nuevo juicio; y en el caso sobre resarcimiento de daños y perjuicios (número 830), la sentencia de la corte de distrito también fué revocada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, el cual dictó sentencia sin ordenar un nuevo juicio.
“ (g) Que Ia sentencia dictada por la Corte Suprema de Puerto Rico en el segundo de los casos aludidos o sea en el caso civil nú-mero 830, sobre daños.y perjuicios, no lia sido ejecutada.
“Por las razones expuestas, el demandante solicita de esta Honorable Corte se sirva revocar la sentencia apelada, y dictar senten-cia a su favor, de acuerdo con la demanda.”

Si la cuestión referente a una previa elección hubiera sido levantada en una u otra de las dos acciones subsiguien-tes, entonces en cuanto a tal acción y la primera que fué es-tablecida, la elección hecha al radicarse la primera demanda podría haberse considerado, con cierta apariencia de razón y sin duda que en varias jurisdicciones se hubiera tenido como irrevocable. Por ninguna otra teoría podría prevale-cer la defensa de una elección previa en algún caso o ser sostenida la doctrina como ha sido aplicada generalmente por las cortes. Pero cualquier expresión incidental (dictum), o generalidad que fuera de esto pueda hallarse en casos donde la acción subsiguiente no procedía, o no había sido seguida hasta el pronunciamiento de la sentencia, o donde las dos acciones se seguían contra diferentes demandados, ■debía interpretarse en relación con los hechos entonces bajo ■consideración y aplicarse con cautela, si acaso, a casos que no estaban en la mente de la corte. Friederichsen v. Renard, 247 U. S. 207. La serie de autoridades citada en primer término, si así se les considera, no son decisivas en cuanto a la cuestión sometida ahora a nuestra consideración.

“A lo sumo,” como se ha indicado en el caso de Friederichsen v. Renard, supra, “esta doctrina de elección de re-medios es fuerte y en su mayor parte ahora una regla anti-cuada.” T aun en el primero de los dos párrafos citados en orden inverso por el apelante, de Ruling Case Law, supra, se dice que:

“La regla más razonable es que el mero establecimiento de una acción que ha sido declarada sin lugar antes de dictarse sentencia, en la cual no ha surgido ningún elemento de impedimento por razón de la conducta de quien la establece (estoppel in pais), ó sea, cuando no se ha obtenido ninguna ventaja ni ocasionado detrimento alguno, no es una elección.”

También en lo que respecta a una acción en ley, y un pleito en equidad, encontramos por lo menos que:

“Hablando en términos generales, para que equivalga a una elec-ción, el demandante debe haber seguido una de sus acciones hasta sentencia final o decreto que no haya sido alterado en apelación; y si el demandante ha obtenido una sentencia en ley, puede ser reque-rido a continuar en ley o proseguir en equidad.” 9 R.C.L. 965, Sec. 11.

Aun en el caso de remedios concurrentes coexistentes, a menudo se ha resuelto que cuando se obtiene todo lo pedido en un procedimiento, esto es un impedimento para continuar con el otro; y no podemos ver por qué el mismo principio no debe ser aplicado a fortiori, cuando uno de dos remedios inconsistentes ha sido seguido hasta sentencia definitiva, con el debido pronunciamiento en ésta para la expedición de un mandamiento de ejecución y el demandante sólo tiene que trabar embargo en la propiedad del demandado solvente para obtener entero cumplimiento de tal sentencia.

Si el extracto de 9 R.C.L. 960, see. 6, citado luego en la parte que se transcribe del alegato, supra, expone la ley co-rrectamente, es algo más. aplicable. Sin embargo, los casos citados en la nota final dejan mucho que desear para soste-ner la proposición de qne nna sentencia qne no se lia heclm' cumplir, o que no lia sido ejecutada, dictada en una acción subsiguiente no puede ser alegada como impedimento de la más remota acción inconsistente al celebrarse luego el juicio.

Entre los casos citados en la nota al caso de Mezell Live Stock Co. v. McCrosky, Ann. Cases 1913d, 1197, los que son más favorables a la contención del apelante son los de Moller v. Tuska (9 Daly 207), 87 N. Y. 167, y Schoeneman v. Chamberlain, 55 App. Div. 351.

El apelante no discute estos casos en absoluto, ni tam-poco el abogado del apelado en cuanto a esto. Por tanto, será bastante con decir que los hemos examinado, así como algunos otros que no ban sido citados por ninguna de las partes.

En el °caso de Gandía v. Trías et al., supra, la corte de distrito ordenó la destitución de Trías como liquidador y dictó sentencia a favor del demandante y contra Stubbe por unos $27,000. Esa sentencia fue revocada por esta Corte en apelación, pero la sentencia dictada en su lugar, fue en con-junto favorable a Gandía y adversa a Stubbe. Adjudicaba al demandante unos $8,000 de la cantidad que reclamaba, y cancelaba ciertos asientos hechos en los libros de la socie-dad por Trías, traspasando ciertos fondos o propiedad a Stubbe, y dejaba en suspenso otras partidas pendientes y sujetas a una liquidación por 'Trías. La' expedición de un mandamiento de ejecución inmediatamente de recibida esa sentencia en la corte de distrito también se • autorizaba ex-presamente.

En la fecha del juicio en este caso, la sentencia de esta corte en el de Gandía v. The Porto Rico Fertilizer Co. que revocaba la de la corte de distrito y dictada asimismo a favor de Gandía, había sido, a su vez revocada por la Corte de Circuito de Apelaciones y el resultado final, si no ha sido ya anunciado formalmente por esta corte, fué para to-dos los fines y propósitos prácticos una conclusión hecha de antemano y por necesidad también favorable al demandante.

No se manifestó en ningún momento en la corte inferior, ni en esta corte, qne el demandante intentaba o deseaba re-nunciar o abandonar las ventajas y beneficios así obtenidos por él, ni que ninguno de dichos pleitos era indefinido o ilu-sorio, o un remedio equivocado. Por el contrario, según ya hemos indicado, el apelante parece estar inclinado aún en este estado de los procedimientos, a insistir en que las dos acciones subsiguientes en realidad no eran inconsistentes con la primera.

No sabemos de ningún caso en que haya llegado a decla-rarse por los hechos realmente ante la corte que el deman-dante que ha obtenido dos sentencias substanciales en dos acciones separadas y subsiguientes que se admite son incon-sistentes con la primera, siendo una de ellas contra el de-mandado en el pleito original, pueda luego, sin renuncia o .abandono de sus derechos bajo tales sentencias y mientras insiste paladinamente en ellas, seguir adelante hasta una re-solución final, el pleito establecido primeramente, — y que esto puede hacerse simple y únicamente porque, estando pen-diente un juicio sobre los méritos de dicha primera acción, el demandante se ha abstenido de pedir al secretario un man-damiento de ejecución ya autorizado, y de entregar el mismo al marshal. Ni tampoco estaríamos inclinados a observar tal decisión al ser dictada, a no ser que resulte obligatoria para nosotros por la naturaleza de su origen, ó esté soste-nida por algo que sea mucho más persuasivo como argu-mento, que algo que hasta ahora haya venido a nuestra con-sideración.

En Brockhaus v. Rose, et al., 221 Pac. 29, 31, la Corte Suprema de Oklahoma dijo lo siguiente:

“(2) Y aunque existe un conflicto ele autoridades sobre qué es lo que constituye una elección, creemos que el peso de las autorida-des y la mejor regla es, que la elección se hace al establecerse una acción y es final, a menos que se retire dentro de un término razo-nable, y- cuando existen dos o más pleitos establecidos, el primer re-medio que se sigue- hasta la resolución final y la sentencia es un im-pedimento, e impide la continuación del otro pleito.”

Si está o nó sostenida la regia como ha sido enunciada por un gran peso de las autoridades no es cuestión de im-portancia vital para los fines de esta opinión. En tanto se trata de una segunda acción inconsistente contra el mismo demandado, cuando esa acción se ha seguido hasta senten-cia y autorizado la expedición de un mandamiento de ejecu-ción, creemos que el pensamiento expresado algo amplia-mente, por no decir indeterminada e incorrectamente se acerca más al principio fundamental en que descansa la doc-trina de elección de remedios que mucho de lo que se ha dicho por las cortes respecto a una condición diferente de los hechos.

Ese principio según lo entendemos ha sido eficazmente expresado al menos por una corte, o tal vez pór el editor de alguna nota en forma de aforismo tomado del código Dra-coniano, a saber: “Usted no puede comerse la torta y te-nerla todavía.” La ley dice al demandante, usted no puede hacer una elección final entre dos remedios inconsistentes y retener su opción. Cuando Ud. ha seguido tal remedio hasta su terminación, o proseguido con él hasta un punto donde la equidad y la conciencia requieren que se considere que usted ha hecho una elección final, entonces Ud. ha renun-ciado su derecho al otro remedio.

A falta de cualesquiera precedentes locales, y en tanto estamos libres para elegir, al establecer la regla que ha de regular en esta jurisdicción, no estamos dispuestos a adop-tar los aspectos más drásticos de la doctrina que ahora se considera, como aparecen en los casos resueltos. De paso podemos referirnos, sin embargo, a los casos de Kendall v. Stokes, 3 How. 86, 99; American Process Co. v. The Florida White Pressed Brick Co., 47 So. 942; Wile v. Brownstein, 35 Hun. 68; McClendor Bros. v. Finch, 58 So. 690; y 9 R.C.L. 965, Sec. 12.

' Se nos lia ocurrido que probablemente podrían hallarse en los antos hechos y circunstancias que demuestren un caso más fuerte para el apelante de cómo consta del alegato; pero no disponemos de tiempo para escudriñar en este sen-tido. Por otra parte, si fuéramos a tomar conocimiento judicial de toda la historia de esta controversia estaríamos inducidos a sugerir, tal vez, que pueden surgir casos en los cuales a las cortes mismas, así como a los demandados, deba considerárseles con ciertos derechos que han de ser respe-tados por los litigantes. En relación con esto procede agre-gar, sin embargo, que el abogado que aquí representa ahora al apelante ha comparecido por primera vez en este caso en esta apelación.

En nuestra consideración de este aspecto del caso hemos limitado expresamente la discusión a la cuestión como ha sido presentada y a los hechos como han sido expuestos o admitidos por las partes en sus alegatos. No hemos entrado en un estudio minucioso de los autos en busca de fechas e informes no mencionados ni citados por el apelante.

También puede haber algún motivo para duda o discu-sión como ha sugerido el apelante, respecto a si los últimos casos eran o nó en realidad inconsistentes con el primero. Pero no es bastante con sugerir una duda en este sentido, o acerca de cualquiera otra proposición en la cual se fundó la sentencia en la corte inferior.

Esta corte ha indicado repetidas veces en años recientes ' que no puede comprometerse a hacer una investigación in-dependiente de las cuestiones indicadas que son más o me-nos dudosas y que han sido insuficientemente desarrolladas en el alegato del apelante.

Por razones semejantes al segundo razonamiento en el señalamiento de errores no requiere ^eria consideración y la confirmación hubiera sido correcta y probable, aun cuando se hubiera llegado a una conclusión diferente sobre el punto presentado en primer término y alegado originalmente por' el apelante como fundamento de revocación.

En la fecha del juicio no parece haberse presentado en realidad ninguna'prueba, sino que una estipulación fue ar-chivada en la cual se convenía que el caso podría ser resuelto por la transcripción taquigráfica de un juicio anterior en unión de las alegaciones, sentencias y documentos radicados en los dos pleitos subsiguientes. Toda esta prueba, según consta, se encontraba entonces en la oficina del Secretario de esta corte como parte de los autos en tres apelaciones diferentes establecidas contra las sentencias dictadas en ésta y en las dos acciones subsiguientes.

Los autos en la presente apelación están constituidos por un volumen de documentos singularmente recopilados que comprenden unas 600 u 800 páginas en maquinilla sin un ín-dice u otra guía adecuada de su contenido. Por considera-ciones de justicia a otros litigantes no podríamos, si quisié-ramos, hacernos cargo de investigar minuciosamente tales autos sin la ayuda de una sola referencia a ninguna página o parte de los mismos para determinar si las escuetas alega-ciones hechas por el apelante en cuanto al resultado de la prueba en conjunto están o nó fundadas en los hechos.

Bebe confirmarse la sentencia, apelada.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Alde.ey,

license: Public Domain

text:
    Santini Fertilizer Co., Inc., demandante y apelada, v. Francisca Burgos, y Eleuterio y Octavio Hernández Burgos, demandados y apelantes.
    No. 3706.

    Visto: Diciembre 3, 1925.

      Resuelto: Enero 22, 1926.
    1. Traspasos Fraudulentos- — Traspasos y Enajenaciones Nulos — Causa o Consideración — Enajenaciones „Verificadas pior los Padres a Favor de los Hijos o Vice Versa — Enajenaciones a Título Gratuito — Presunción.— En las enajenaciones en que el vendedor recibe el precio en el acto del otor-gamiento de la escritura, si el notario no da fe expresa y claramente de que ■la entrega del precio se hizo ante él, el contrato tendrá la presunción de haber sido otorgado a título gratuito en caso de que un acreedor vendedor solici-tase su rescisión, a menos que se pruebe que el preeio fué entregado.

      2. Traspasos Fraudulentos — .Remedios de Acreedores y Compradores — Eviden-cia — Suficiencia de la Misma. — Insolvencia del Deudor. — Como el hecho de una persona enajenar todos los bienes inmuebles a título gratuito, habiendo deudas, levanta la presunción de fraude para perjudicar a los acreedores, cualquiera otra prueba, por ligera que sea, es suficiente para llegar a la con-clusión, en acción ejercitada para rescindir el contrato de venta, de que la deudora era insolvente.
    3. Sentencia — Finalidad de la Adjudicación — Cuestiones Determinadas— Cuestiones Levantadas que Están en Controversia (Issue) — Cuestiones Previamente Litigadas y Resueltas. — Si bien un miembro de una sociedad civil no está obligado solidariamente por las .deudas de la sociedad, cuando existe sentencia firme condenándole a pagar solidariamente las obligaciones que dicha sociedad suscribió a favor de otro, cualquiera que sea el error de esa sentencia es ya cosa juzgada y no puede luego alegar que no sea tal deudor solidario.
    '4. Alegaciones (Pleadings) — Alegaciones Enmendadas y Complementarias y Nuevas Alegaciones (Mepleader) — Demandas Complementarias — En General. — Presentada una demanda complementaria sin permiso de la corto inferior, debe solicitarse su eliminación, y no haciéndose así, no puede luego alegarse que dicha demanda no tiene valor ni efeeto alguno en la acción.
    6.Sentencias — Confusión (Merger) y Exclusión (Bar) de Causas de Accio-nes y Defensas — Causas de Acción y Defensas Confundidas, Excluidas o Resueltas — Cuestiones Adjudicadas por Sentencia Como Merger — Su Efecto. — Cuando por sentencia dictada en otro pleito se condena a una persona a pagar solidariamente el importe de obligaciones que motivan otra ac-ción, las obligaciones reclamadas en ésta se esfuman en la sentencia del primer pleito y el demandante en la segunda acción no tiene que probar que le eran debidas solidariamente, independientemente de dicha sentencia.
    6. Alegaciones (Pleadings) — Alegación o Contestación, Contra-Demanda y Affidavits de Defensa (de Méritos) — Objeciones (Traverses) o Nega-ciones y Admisiones — Omisión de Negar Alegaciones y su Efecto — Ad-misiones. — Cuando en acción para rescindir un contrato de venta por ha-berse verificado eu fraude de acreedores se alega en un hecho de la demanda jurada, éntre otras cosas, que los compradores tenían conocimiento de las deudas del vendedor cuando se otorgó el contrato, y la contestación se limita a negar los otros extremos de la alegación, y no niega que los compradores tuvieran conocimiento de las deudas del vendedor, el demandante no tiene que probar ese extremo de su alegación.
    7. Sentencia — Alegación y Prueba de la Sentencia Como Impedimento (Es-toppel) o Defensa — Sentencia Como Prueba — Identificación de Cuestio-nes en Litigio que ya I-Ian Sido Litigadas y Resueltas. — Cuando una persona ha sido condenada por sentencia a pagar solidariamente ciertas obliga-ciones suscritas por una sociedad civil de que era miembro, y la sentencia es por e'lla consentida, dicha sentencia es prueba de que aquélla era deudora solidaria de dichas obligaciones.
    8. Traspasos Fraudulentos — Remedios de Acreedores, y Compradores — Perso-nas con Derecho a Sostener la no Validez de Aquellos — Acreedores.— Verificada una venta en fraude de un crédito, el acreedor tiene derecho a solicitar la rescisión de dicha venta independientemente de la cuantía de la enajenación que se rescinde.

      9. Traspasos Fraudulentos — Demedio s de Acreedores y Compradores — Dere-cho de Acción para Anular la Enajenación y Defensas — Terceros Com-pradores. — Si la rescisión decretada de nn contrato de venta perjudica o nó a un tercero, es cuestión que sólo incumbe a éste y no es defensa de los demandadqg en dicha acción reseisoria.
    SENTENCIA de Pablo Berga, J- (Humacao), declarando con lugar la demanda de rescisión de contrato, con costas.

      Confirmada.

      Luis Percy ó Quiñones y González Fagundo & González, Jr., aboga-dos de los apelantes; Enrique Rincón Plumey, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Alde.ey,

emitió la opinión del tribunal.

Santini Fertilizer Co., Inc., demandó a Francisca Burgos y a sus dos hijos Eleuterio y Octavio Hernández Burgos so-licitando la rescisión de un contrato por el que Francisca Burgos vendió' a sus dichos hijos varios bienes inmuebles y con tal fin alegó que en 1921 existía la sociedad civil agrí-cola Burgos y Ortiz, dedicada a la siembra de cañas de azú-car en terrenos de Francisca Burgos y de la sucesión de José Hernández, de la que formaban parte los demandados, siendo el otro socio de la Burgos su yerno Juan Ortiz, fa-llecido al presentarse la demanda: que en ese año la socie-dad Burgos y Ortiz por su socio Juan Ortiz compró abono a la demandante y para su pago le suscribió dos pagarés con obligación solidaria, vencederos en junio y agosto de 1922; que Juan Ortiz murió sin dejar bienes de ninguna clase, los que tampoco tiene la firma social: que Francisca Burgos, deudora solidaria de las obligaciones dichas y sus dos hijos demandados, quienes tenían conocimiento de la deuda de su madre, otorgaron escritura pública en 6 de no-viembre de 1922 por la que la madre enajenó a favor de sus citados dos hijos a título gratuito y en fraude de acreedores todos sus bienes, apareciendo así insolvente por no tener después de esa escritura bienes de ninguna clase, careciendo la demandante de otra acción que la presente para hacer efectivo su crédito contra ella. Después en una demanda complementaria alegó que había obtenido sentencia -firme a su favor condenando a Francisca Burgos como deudora so-lidaria a pagarle el importe de las obligaciones menciona-das, sentencia que no ha sido satisfecha.

Contestaron los demandados y después de haber presen-tado su prueba la demandante alegaron aquéllos que no era suficiente para dictar sentencia en su contra y solicitaron que la demanda fuera desestimada (nonsuit), pero fué ne-gada esa pretensión y no habiendo presentado prueba los demandados, recayó sentencia declarando rescindido ese con-trato de compraventa y fue interpuesta esta apelación.

Para sostener su recurso alegan los demandados que la corte cometió error al declarar sin lugar su petición de so-breseimiento (nonsuit) y al dictar sentencia declarando con lugar la demanda.

Una de las razones expuestas por los apelantes para el primer motivo de error es que no se ha probado que el contrato haya sido otorgado a título gratuito por haber mediado precio según la escritura, dando fe de ello el. notario.

En una de las cláusulas de esa escritura se dice “que de los $13,528.62 precio de la venta se reservaban los compra-dores $6,600 para satisfacer gravámenes hipotecarios de una de las fincas y que los restantes $6,928.62 los confiesa reci-bir la vendedora en este acto de sus compradores de por mitad cada uno y por los cuales le otorgan carta de pago.” Y al final de la escritura dice el notario: “Leí esta escri-tura a otorgantes y testigos por renuncia que hicieron de su derecho, del que les advertí tenían, de lo cual y de todo lo consignado yo el notario doy fe.”

Dispone nuestro Código Civil en su artículo 1264 que. se presumen celebrados en fraude de acreedores todos aquellos contratos por virtud de los cuales el deudor enajena bienes a título gratuito, precepto que es igual al artículo 1297 del Código Civil español del que procede el nuestro: y en el ar-tículo 40 de la Ley Hipotecaria, que el Tribunal Supremo de España relacionó con el citado del Código Civil en su sentencia de febrero 20 de 1899, Jurisprudencia Civil, tomo 86, página 328, se declara que se entenderá que no medió precio ni su equivalente en los contratos cuando el notario no dé fe de su entrega, o si confesando los contratantes ha-berse ésta verificado con anterioridad no se justificare el hecho. De estos preceptos se deduce que es de gran impor-tancia en las enajenaciones que si los vendedores reciben el precio en el momento de otorgarse la escritura el notario haga constaí' que da fe de que la entrega del precio ha sido hecha ante él, pues si no lo hace así el contrato tendrá la presunción de haber sido otorgado a título gratuito en caso de que algún acreedor del vendedor solicitase su rescisión, a menos que se pruebe que el precio fué entregado. Por esto el notario debe dar fe expresa y claramente de que la entrega del precio se hizo ante él.

En este caso se dice en la escritura que el dinero lo con-fiesa recibir la vendedora en dicho acto pero el notario no da fe de que tal entrega se hizo ante él, y si bien es cierto que al final de la escritura el notario manifiesta que da fe de todo lo consignado en la misma, esto, a lo sumo, equi-vale a dar fe de que la vendedora confesó recibir el precio en aquel acto pero no de que tal entrega fué hecha ante el notario, por lo que tenemos que concluir que dicha venta tiene la presunción de haber sido hecha por la madre a sus dos hijos a título gratuito. Por consiguiente, de la escri-tura presentada por la demandante resulta probada la pre-sunción de que el contrato fué celebrado a título gratuito, sin que los demandados hayan presentado evidencia para, destruir tal presunción.

Exponen también los apelantes que siendo la acción rescisoria subsidiaria y no pudiendo ejercitarse sino cuando el perjudicado carezca de todo otro recurso legal para obtener la reparación del perjuicio, según dispone el artículo 1261 del Código Civil, ha debido probar la demandante la insolvencia de los demandados y no lo ha hecho, porque si bien de certificaciones que' presentó en el juicio libradas por el Tesorero de Puerto Rico y por el registrador de la propiedad resulta que Francisca Burgos no tiene bienes in-muebles, no Ira probado que carezca de bienes muebles ni de dinero en los bancos.

Se probó en el juicio con la declaración de Andrés Quin-tana Reyes que la sociedad Burgos y Ortiz no tiene bienes y que. tampoco el socio Juan Ortiz dejó bienes algunos a su muerte; y en cuanto a Francisca Burgos, como el hecho de haber enajenado todos sus bienes inmuebles a título gra-tuito a favor de sus dos hijos, teniendo deudas, levanta en su contra la presunción de fraude para perjudicar a sus acreedores, cualquiera otra prueba por ligera que sea será suficiente para llegar a la conclusión de que es insolvente, y por esto la declaración del mismo Sr. Quintana de que no ha podido hacerse efectiva la sentencia que la demandante obtuvo contra Francisca Burgos por no haber bienes puede estimarse bastante para con la otra prueba de la escritura llegar a la conclusión de que fué probada la insolvencia de la vendedora.

Otra razón expuesta por los apelantes es que Francisca Burgos como miembro de la sociedad civil Burgos y Ortiz no está obligada solidariamente por las deudas de la sociedad según el artículo 1600 del Código Civil, pero como existe una sentencia firme condenando a Francisca Burgos a pagar solidariamente a Santini Fertilizer Co., Inc., .las obligaciones que le suscribió la sociedad Burgos y Ortiz, cualquiera que sea el error de esa sentencia es ya cosa juzgada y no puede alegar que no sea deudora solidaria. Con respecto a esa sentencia dicen también los apelantes que nada importa ella porque la acción de rescisión se funda en las dos .obligaciones alegadas en la demanda y no en la sentencia, por lo que ha debido probarse que Francisca Burr gos estaba obligada al pago de las mismas y que no tiene valor alguno ni surte efecto en este pleito dicha sentencia porque la demanda complementaria en que se alega fué pre^ sentada sin solicitar pérmiso de la corte. , •

Si la demanda complementaria fué presentada sin permiso de la corte inferior, debieron entonces los apelan-tes liaber solicitado que por ese motivo fnese eliminada del pleito pero no Habiéndolo HeeHo no pneden ahora alegar que no tiene valor alguno: y en cuanto al otro extremo de lo manifestado por los apelantes, puesto que la sentencia con-dena a Francisca Burgos a pagar a Santini Fertilizer Co., Inc., solidariamente el importe de las dos obligaciones que motivan esta demanda, se esfumaron en la sentencia las obli-gaciones reclamadas y la demandante no tenía que probar que le eran debidas solidariamente, independientemente de dicha sentencia.

Con respecto a no Haberse presentado evidencia de que los compradores tenían conocimiento de las deudas de su vendedora' cuando se otorgó la escritura de venta, nos bastará decir que Habiéndose alegado en la demanda jurada que los compradores tenían conocimiento de la deuda de su madre Francisca Burgos cuando el 6 de noviembre de 1922 otorgaron la escritura por la que la madre enajenó a favor de sus dos Hijos a título gratuito todos sus bienes a fin de aparecer insolvente, la contestación jurada se limitó a negar de esa alegación que la venta fuera Hecha a título gratuito, en fraude de acreedores y con el fin de que la enajenante apareciera insolvente, sin negar que los Hijos tuvieran conocimiento de las deudas de su madre, por lo que la demandante no tenía que probar ese Hecho.

En apoyo del segundo motivo del recurso, fundado en que 'se cometió error al declarar con lugar la demanda, se alega que cuando Santini Fertilizer Co., Inc., estableció su demanda de rescisión no era acreedora de Francisca Bur-gos porque ésta no Había suscrito obligación alguna a su favor, por lo que los compradores no podían tener conocimiento de deuda alguna que le impidiera realizar la compra j que por no ser acreedora la demandante no tenía acción para solicitar la rescisión de dicha venta. En contestación a lo expuesto nos bastará decir que la sentencia consentida por Francisca Burgos es prueba de que ella era deudora solidaria de las obligaciones qne la sociedad Burgos y Ortiz suscribió a favor de la demandante, qne estaban vencidas cuando bizo la venta.

Se dice además, qne la deuda qne se pretende cobrar es de unos $1,000 y. qne la rescisión de qne se trata es de una venta por $13,000, lo qne es anómalo porque el derecho del demandante no puede pasar de aquella cantidad. Cierto es qne el demandante sólo podrá cobrar lo qne se le debe pero también ló es qne habiéndose verificado la venta en fraude de su crédito la ley le da el derecho de solicitar la rescisión de la venta hecha en su perjuicio independientemente de la cuantía de la enajenación qne se rescinde.

Por ultimo alegan los apelantes qne apareciendo del registro de la propiedad qne una de las fincas ha pasado a poder de tercera persona, qne no es parte en este pleito, en virtud de venta qne le hicieron los hermanos demandados, no procede declarar la rescisión del contrato en su totalidad. Si la' rescisión decretada ha de perjudicar o nó a esa tercera persona, es cuestión qne a ella incumbe y no es defensa de los demandados en esta acción.

Por las razones expuestas la sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor "Wole,

text:
    Emilio Remy Liger, demandante y apelado, v. Luis Muñoz Morales y Rafael Alvarez Torre, demandados y apelantes.
    No. 3689.

    Resuelto: Enero 25, 1926.
    Apelación y Error — Récord y Procedimientos que no Están en Récord — Con-tenido, Preparación y Aprobación de la Exposición del Caso o Relación de Hechos — Aprobación del Mismo — Juez Sentenciador que Deja de Ser tal Funcionario. — El Juez sentenciador, una vez que deja de ser tal fun-cionario, tiene autoridad para aprobar una exposición del caso y, para ello, no necesita autorización previa alguna del juez de distrito regular.
    MooiÓN del apelado sobre reconsideración de orden concediendo al apelante término para presentar el transcript de apelación y alegato.

      Denegada.

      Leopoldo Feliú, abogado de los apelantes; A. Marín Marién, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señor "Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El apelado en diferentes mociones anteriores y con-testaciones lia tratado de convencernos de que los apelantes han sido negligentes. Esta corte, sin embargo, por mayoría de votos, no ha considerado la negligencia tan grande que prive a los demandado^ de su apelación. En una moción de reconsideración y en un escrito de oposición a otra prórroga del término el apelado insiste en que los apelantes han sido negligentes al no obtener las debidas órdenes de la corte .de distrito ordenando la ultimación por el juez que conoció del caso y cuyo término de su cargo venció antes de que pudiera hacerse la aprobación de los procedimientos que no están en los autos. La teoría es que un pliego o exposición del caso no puede ser firmado o aprobado a menos que sea por vir-tud de una orden de la corte de distrito. El juez sentencia-dor aparentemente creyó que no tenía facultad para actuar sin tal orden. No inferimos tal conclusión de una lectura de la ley.- El artículo 219 del Código de Enjuiciamiento Civil prescribe: “ * * * Un juez o funcionario judicial po-drá aprobar y firmar un pliego de excepciones aun después que dejare de ser tal juez o funcionario judicial.” La au-toridad del juez sentenciador para la aprobación queda, por tanto, fijada y no necesita, ninguna autorización del juez de distrito regular para hacer tal aprobación.

Hubo diversidad de criterio en cuanto al punto de si puesto que esta corte había reinstalado el caso, los apelan-tes, 'dadas las circunstancias, no estaban obligados a ejer-citar mayor diligencia de la que realmente han desplegado. La mayoría de la corte, sin embargo, es de opinión, de que el deber, principal de los apelantes era hacer que la exposición del caso fuera a manos del secretario y luego acelerar a este funcionario y quizás al juez sentenciador en tanto fuera decoroso. Encontramos que la exposición llegó a poder del secretario sin una demora imperdonable. Subsiguiente-mente no vemos tal abandono por parte de los apelantes que justifique una desestimación. Parte de la demora es muy probable que se debiera al recargo de trabajo de la ofi-cina del secretario de la Corte de Distrito de San Juan y parte se originó por un mal entendimiento de la ley como hemos indicado en el párrafo anterior.

La moción de reconsideración debe ser denegada y como el juez sentenciador ha señalado el día 28 de enero para la aprobación de la exposición, el término para presentar la transcripción se amplía por la presente a diez días más a partir del 29 de enero de 1926.

Los Jueces Sres. Presidente del-Toro y Asociado Franco Soto, disintieron.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Alfredo F. W. Haeussler, demandante y apelado, v. Ralph Worms & Co., demandada y apelante.
    No. 3760.

    Visto: Enero 15, 1926.

      Resuelto: Enero 28, 1926.
    Pagos — Alegaciones—Evidencia, Juicio y Revisión — Alegaciones—Palta de Pago en Contratos para Pago de Dinero. — Cuando existe una obligación de pagar una cantidad de dinero en determinados plazos, y en garantía del pago convenido se establecen además otras obligaciones, la falta de pago, y no la falta de cumplimiento de la obligación de garantía, constituye la violación esencial del contrato determinante de la acción de cobro y en tal virtud dicha falta de pago debe alegarse expresamente en la demanda.
    SENTENCIA en rebeldía registrada por el Secretario de la Corte de Distrito de San Juan (Segundo Distrito), con costas.

      Revocada.

      Hugh R. Francis, abogado de la apelante; Henry G. Molina y Leopoldo Feliú, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La demanda en el presente caso se funda en un docu-mento firmado por las partes el 17 de marzo de 1925 y que se copia en la misma, en el cual se convino que la deman-dada pagaría al demandante mil cuatrocientos un dólares y cuarenta centavos en plazos semanales de trescientos dóla-res cada uno. “En garantía de los plazos semanales,” dice textualmente el documento, “la sociedad Ralph Worms & Co. se compromete a remesar a New York toda la mercan-cía que produzca en sn fábrica .... a nombre del señor Haenssler, por conducto de la Porto Rican Express Co., a sn destino, agregándole nn C. O. D. por trescientos dólares para que sean pagados al señor Haenssler o bien envián-dola por conducto de dicho express con nn giro a la vista de igual suma para qne éste sea pagado como condición pre-cedente a la entrega de la mercancía, por la persona a cuya consignación vayan los géneros.”

La demanda alega además “qne en las semanas corres-pondientes al 19 y 26 de marzo, la demandada envió dos embarques ¿e mercancías a los Estados Unidos, consistentes en perlas fabricadas por dicha mercantil, sin ser enviados dichos embarques a nombre del Sr. Haenssler, ni sin agregarle a dichos embarques nn C. O. D. por los $300.00, según las estipulaciones de la obligación, .... sin haber tampoco en-viado por conducto de la Porto Rican Express Co. un giro a la vista por los ameritados $300.00 para que fuesen paga-dos como condición precedente a la entrega de las mercan-cías.”

Termina la demanda suplicando que se dicte una senten-cia que condene a la demandada a pagarle $600, correspon-dientes a los plazos indicados, con más los intereses y las costas.

No contestó la demandada. Se anotó su rebeldía y se dictó sentencia de acuerdo con la súplica y contra esa sen-tencia es que .se ha interpuesto el presente recurso de ape-lación.

Como único error alega la apelante que la sentencia es nula porque la demanda carece de hechos suficientes para sostenerla ya que “no alega en parte alguna que .los $300 convenidos no se pagaran al demandante.”

La parte apelada admite que no existe tal alegación en la demanda pero sostiene que no era esencial porque no se trata “de-un simple pagaré, ni de una mera obligación de pago, en el sentido que sostiene la; apelante. ’ ’ ' Cita la apé-lá'da en apoyó de su contención el art. 1081 del Código Civil que dice: “En las obligaciones condicionales la adquisición de los derechos, así como la resolución o pérdida de los ya adquiridos, dependerá del acontecimiento que constituya la condición. ” .

A nuestro juicio tiene razón la apelante. No vemos que exista la distinción que hace el apelado ni consideramos aplicable el precepto de ley que invoca. No se trata de una obligación condicional. La demandada se obligó a pagar al demandante trescientos dólares semanales. Fué en- garantía del pago que se estableció la otra obligación del envío de los productos. El dejar de cumplir la obligación de garantía no implica necesariamente la falta de cumplimiento de la obligación de pago. El pago pudo haberse hecho en metá-lico o directamente de cualquier otro modo. Se trata de una cuestión técnica, en verdad. Seguramente los plazos no han sido pagados y la sentencia que nos vemos obligados a revocar es justa, pero es una regla bien establecida que en las demandas deben alegarse clara, concisa y distintamente los hechos determinantes de la causa de acción que se ejer-cita, y la falta del pago constituye en este caso la violación esencial del contrato determinante de la acción ejercitada.

Si bien la regla se ha aplicado generalmente en casos de pagarés, no está a dichos casos solamente circunscrita. En el párrafo 5384 (vol. 3) de su tratado sobre “Code Pleading and Practice, ’ ’ Sutherland dice:

“En una demanda sobre un pagaré la alegación de falta de pago es material y en ausencia de ella la demanda es excepcionable. La alegación' de que se adeuda cierta suma sobre el pagaré es insuficiente, pues es una mera conclusión de derecho. Una alegación de que el de-mandado se ha negado y continúa negándose a pagar el capital o intereses del pagaré, o alguna parte de ellos, y de que actualmente se debe al demandante cierta suma es insuficiente. La regla ha sido establecida de que sobre un contrato ordinario para el pago de dinero la falta de pago es un hecho que constituye la violación del con-trato y es la esencia de la causa de acción, debiendo, por tanto, ale-garse en la demanda. La alegación en la demanda de que ‘ninguna parte de dicho pagaré, ni capital ni intereses, ha sido pagada’ cons-tituye una alegación suficiente de una violación.” 3 Sutherland’s Code Pleading, Practice & Forms, 3029.

Uno ele los casos citados para sostener la regia general es el de Lent v. New York and Mass. Ry. Co., 130 N. Y. 504 (29 N. E. 988). En él se dice:

“Es un hecho incontrovertible que con relación a un contrato ordinario para el pago de dinero la falta de- pago constituye una vio-lación del contrato y es la esencia de la causa de acción, por lo cual siendo tal, de acuerdo con la disposición del código debe ser alegada en la demanda. Se dice, sin embargo, que el pago es siempre una defensa afirmativa que debe ser alegada para poder aprovecharse de ella y que por. lo tanto la falta de pago no necesita alegarse ya que no es un hecho contradicho por una negativa general. Salisbury v. Stinson, 10 Hun. 242.
“La regla de que el pago es una defensa afirmativa no es una que esté contenida en el código, sino que tuvo su origen en la prác-tica del derecho común con el nombre de alegación de no haberse comprometido (plea of nonassumpsit), y el fundamento de la misma fué que en los casos sobre obligación contraída (assumpsit) la ale-gación de la demanda y la negativa de- la contestación estaban en pretérito y bajo la regla excluyendo toda prueba no relacionada es-trictamente con la controversia no era admisible otra evidencia que la que tendiera a probar que el demandado nunca había hecho el compromiso.
“Nunca fué aplicada a las acciones sobre deuda, pues la alega-ción de la demanda en tales casos estaba en presente y bajo la ale-gación de no deber (nil debet) cualquier hecho tendente a demos-trar que el demandado nada debía era admisible.
“La historia de la regla está descrita en la opinión, del Juez Selden en el caso de McKyring v. Bull, 16 N.Y. 297; 69 Am. Dec. 696, y no es necesario hacer referencia a ella ahora.
“Siguiendo la regla así establecida bajo la práctica antigua las cortes han resuelto uniformemente, después de promulgado el código, que el pago debe ser alegado y no puede ser probado bajo una nega-tiva general.
“Aunque estas decisiones tienen el efecto de modificar en cierto modo la regla contenida en el artículo 500 del código, su tendencia es simplificar el sistema de alegaciones, ya que en esta forma el de-mandante queda informado de la defensa precisa que se intenta es-tableeer, evitando así una preparación innecesaria y también sor-presa en el juicio.
“Pero no bay necesidad de .extender la regia aún más para sos-tener que porque el pago, como defensa, debe ser alegado la viola-ción del convenio no es necesario que se alegue en la demanda. ■Ello tendría un efecto contrario y llevaría a dificultades que se pue-den evitar siguiendo las claras disposiciones del código.
“No existe otra autoridad, en lo que yo he podido encontrar, que el caso de Salisbury v. Stinton, que sostenga que no es necesario que se alegue la violación del contrato, pues todos los autores y casos, pu-blicados sostienen lo contrario. 1 Chitty Pl. 325-359; Comyn Dig., title Pleader C. 44; 2 Wait Law & Practice, 318; 1 Wait Actions & Defenses, 394, 395, y casos citados; Witherhead v. Allen, 4 Abb. Ct. App. Dec. 629; Tracy v. Tracy, 35 N. Y. St. Repr. 167; Van Giesen v. Van Giesen, 10 N. Y. 316; Krower v. Reynolds, 99 Id. 245.”

Por virtud de todo lo expuesto debe revocarse la senten-cia apelada y devolverse el caso para ulteriores procedi-mientos no inconsistentes con esta opinión.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Borinquen Marrero Ríos, demandante y apelado, v. Gustav L. Muller, demandado y apelante.

      No. 3817.

    Visto: Enero 25, 1926.

      Resuelto: Enero 28, 1926.
    Apelación y Error — Decisiones Sujetas a Bevisión — Cuantía o Valor en Litigio — Casos Originados en la Oorte Municipal. — La resolución de una corte de distrito desestimando .apelación interpuesta para ante ella, en asunto de cuantía superior a $300 que tuvo su origen en la corte municipal, es ape-lable.
    MociÓN sobre desestimación de apelación presentada por el apelado.

      Sin lugar.

      Rafael Sancho Bonet, abogado del apelante; Sebastián García Díaz, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Se nos pide que desestimemos esta apelación establecida contra resolución de la Corte de Distrito de San Juan que desestimó la apelación interpuesta para ante ella contra sen-tencia de la corte municipal que condenó al demandado a pagar la cantidad de $400, intereses y costas, alegándose como motivo para que desestimemos la apelación que la re-solución de la corte de distrito no es apelable de acuerdo con la ley sobre apelaciones de las cortes municipales y con el artículo 304 del Código de Enjuiciamiento Civil.

No se trata abora de resolver si el juez de distrito pro-cedió correcta o erróneamente al desestimar la apelación pro-cedente de la corte municipal porque esa es la materia de la presente apelación ante nosotros sino de si debemos des-estimar la apelación interpuesta contra la resolución expre-sada de la corte de distrito, y sin embargo los motivos en que la apelada funda la moción de desestimación que nos bace se refieren a la cuestión de fondo en esta apelación pues la Ley No. 93 de 1917 promulgada en 1919 por el (Secretario Ejecutivo de Puerto Rico en un apéndice al tomo II de 1917 en que se funda la moción lo que dispone es, que si el que apelare en una corte municipal dejare de solicitar la inclu-sión del pleito en el calendario de la corte de distrito, el juez de ésta corte declarará desierto el recurso, y nada en-contramos en esa ley que disponga que tal resolución deses-timando la apelación no sea apelable ante nosotros.

Tampoco el artículo 303 ni el 304 del Código de Enjuicia-miento Civil tienen aplicación en esta moción de desestima-ción puesto que en el primero de ellos lo que se declara es que si el apelante dejare de presentar los documentos re-queridos para su apelación, ésta deberá ser desestimada, y no se alega que el apelante baya dejado de presentar en este Tribunal Supremo los documentos necesarios para que su apelación sea resuelta: y en cuanto al otro articuló tampoco es aplicable porque sólo se refiere a los efectos que produce una desestimación de apelación.

Siendo la resolución apelada de tal naturaleza que pone término en lá corte de distrito a un asunto de cuantía superior a $300 que tuvo su origen en la corte municipal* enten-demos que es apelable de acuerdo con el artículo 295, nú-mero 2- del Código de Enjuiciamiento Civil según quedó en-mendado por ley de 9 de marzo de 1905 página 213, Estatu-tos Revisados, Sección 5338, y aunque por una resolución como la apelada' libramos un auto de certiorari en el caso de Cividanes v. López Acosta, 22 D.P.R. 79, después lo anu-lamos, y si bien no expusimos para nuestra resolución el fundamento de ser apelable dicha resolución, sin embargo, el sólo hecho de librarse un auto de certiorari no determina que la resolución objeto del mismo no sea apelable, ya que es discrecional el librar un auto de certiorari a pesar de existir apelación cuando a nuestro juicio lo exija así el bien de la justicia.

Por lo expuesto no ha lugar a desestimar esta apelación.


author: El Juez PresideNte Señor del Toro,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Correa, acusado y apelante.
    No. 2606.

    Visto: Diciembre 17, 1925.

      Resuelto: Enero 29, 1926.
    1. Derecho Penal — Fecha del Juicio y Suspensión- — Sobreseimiento del Pro-ceso por Dilación — Casos Apelados a las Cortes» de Distrito. — El ar-tículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal es aplicable a las causas apeladas para ante las cortes de distrito, contándose el término a partir de la fecha de la radicación de la transcripción de los autos en la dicha corte de distrito.
    2. Derecho Penal — Apelación y Error t Certiorari — Revisión—Cuestiones Discrecionales — Sobreseimiento del Proceso. — Examinadas las circuns-tancias de este caso se concluyó que no se había demostrado que la corto inferior abusara de su discreción al estimar que había existido justa causa para la dilación del juicio y al negarse por tal virtud a sobreseer el proceso.
    3. Testigos — Competencia—Capacidad y Condiciones en General — Personas en la Relación de Esposo y Esposa — Declaraciones de un Cónyuge contra el Otro — Procesos Criminales. — La excepción establecida en el inciso 1 del artículo 40 de la Ley de Evidencia se aplica lo mismo a las causas cri-minales por delitos graves que a las causas por delitos menos graves.
    SENTENCIA de M. Rodríguez Berra, J. (Segundo Distrito, San Juan), condenando al acusado por delito de acometimiento y agresión grave.

      Confirmada.

      Juan Validejuli Rodríguez, abogado del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez PresideNte Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La denuncia, base de esta causa, fué formulada por Francisca Carrión contra su esposo Juan Correa y, en lo perti-nente, dice: “dicho acusado, con intención criminal de cau-sarme daño personal me acometió y agredió con las manos, propinándome varias bofetadas en la cara y de puños en el pecho, siendo él un varón adulto de fuerzas corporales y yo una débil mujer.” Se presentó en la Corte Municipal de Río Grande. Lleva la fecha agosto 6, 1924. .

No consta lo ocurrido en la Corte Municipal pero .necesa-riamente tuvo el acusado que ser condenado en ella cuando lo encontramos luego en la corte de distrito el 25 de septiem-bre de 1925 en que fué llamada su causa para la vista y se le declaró culpable del delito de. acometimiento y agresión grave imponiéndosele como pena el pago de una multa de cincuenta dólares.

De esta última sentencia es que se ha interpuesto el pre-sente recurso de apelación .señalándose en el alegato tres errores atribuidos a la corte, 1, al declarar sin lugar la mo-ción de sobreseimiento, 2, al permitir a la esposa declarar contra el esposo, y 3, al apreciar la prueba.

Con respecto al primer error todo lo que consta de la' exposición del caso es lo que sigue:

“Antes de hacer alegación alguna, una vez leída la acusación, el acusado radicó una moción solicitando el archivo y sobreseimiento del caso, porque la denuncia en el presente caso fué archivada en la secretaría de esta corte con fecha 17 de septiembre de 1924, ha-biendo sido arrestado dicho acusado con fecha 10 de septiembre del mismo año. Que desde dicha fecha 17 de septiembre de 1924 hasta el 25 de febrero de 1925, habían transcurrido 161 días sin que se hubiese celebrado el juicio del acusado. Que el acusado no había pedido suspensión alguna y la dilación no había sido por su causa y que la corte desde que fué radicada dicha denuncia estuvo siem-pre en sesión continua y teniendo tiempo hábil para celebrar dicho caso. Que el acusado no ha sido culpable de dicha dilación y se han violado los derechos esenciales del acusado, entre ellos, de te-ner un juicio rápido de acuerdo con la ley. Que es el primer seña-lamiento que se hace.
“Entonces el fiscal dijo: La justa causa para no haberse cele-brado el juicio en este caso es que no ha habido absolutamente nin-guna negligencia por parte del Fiscal de no haber señalado este juicio ante la corte. En segundo lugar la corte ha estado continua-' mente, como el mismo acusado alega en su propia moción, traba-jando constantemente desde la fecha en que llegó esta denuncia a esta corte, celebrando juicios por jurado y juicios en apelación; si esto es así, claro es que los juicios no pueden celebrarse todos a un tiempo y sí por orden y en la forma en que han sido señalados le ha correspondido hoy a éste, sin haber habido negligencia sino por falta de tiempo material. Ha habido necesidad de ver los de-más casos en el orden que han sido radicados. El mismo acusado dice: ‘Por haber estado la corte en sesión continua, etc.’ Ha sido por imposibilidad física de la corte.
“El Juez dijo:- La corte declara sin lugar la moción. La de-fensa tomó excepción.”

El Fiscal, en su alegato, dice:

“En cuanto al primer error hemos de manifestar que se trata en este caso de una apelación procedente de la Corte Municipal de Río Grande, por un delito de Acometimiento y Agresión Grave. Siendo esto así nos parece de perfecta aplicación la jurisprudencia de este Hon. Tribunal Supremo en el caso de El Pueblo v. Falcastro, 17 D.P.R. 99, que- dice lo siguiente:
“ ‘En cuanto a la tercera excepción formulada por el abogado-del acusado, debemos decir que estamos de acuerdo con la opinión expresada por la corte de distrito, denegando la solicitud del abo-gado para que se sobreseyera el caso, puesto que' el artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal, en el que él se basa para apo-yar su moción, es aplicable solamente a los casos que han de verse ante las cortes de distrito, mediante acusación presentada por el Fiscal, y no a denuncias presentadas ante las cortes municipales y llevadas en apelación ante las cortes de distrito para nueva vista. ’ ’ *

De estar en todo su vigor la jurisprudencia establecida en el caso de Folcastro, supra, tendría razón el Fiscal, pero esta Corte Suprema en el caso de Dyer v. Rossy, 23 D.P.R. 773, si bien no discutió la cuestión, de becho aplicó el ar-tículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal a una ape-lación procedente de una corte municipal, y en el de Ochoa v. Manzano, 24 D.P.R. 843, 845, 847, se expresó así:

“En 7 de agosto, 1916, el peticionario presentó una petición en debida forma a la corte municipal solicitando el sobreseimiento de la acción y alegando entre otros particulares, que la vista de la causa babía sido suspendida por im término mayor de 120 días sin existir justa causa paral ello. Lá corte se negó a ordenar el sobre-seimiento y no hizo señalamiento del caso para otro período defi-nido. Entonces el peticionario radicó esta solicitud de mandamus en la Corte de Distrito de Guayama. Dicba corte convino en sus-tancia en que el peticionario habría tenido derecho al remedio de haberse originado el caso o si hubiera estado celebrándose en la-corte de distrito; que el mero hecho de la ausencia de un testigo en los Estados Unidos no era justa causa, y otras bien razonadas consideraciones, pero la corte de distrito se encontró en una situa-ción difícil con motivo del conflicto que al parecer encontraba en-tre el caso de El Pueblo v. Falcastro, 17 D.P.R. 96, y el de Dyer v. Rossy, 23 D.P.R. 772, y de ahí que la corte estimara que carecía de facultad .para ordenar el sobreseimiento de la causa y expidió en su lugar un auto perentorio de mandamus dirigido al juez municipal, ordenándole que procediera a celebrar el juicio. La corte inferior resolvió que el efecto del caso de Dyer era el de extender la aplica-ción del artículo 448 a los casos apelados a la corte de distrito y ce-lebrados de novo, pero no a los casos que se celebran en la corte municipal.
“Al considerarse el caso de Dyer v. Rossy, supra, no fué some-tido a este tribunal el caso de Faleastro, pero si lo hubiera sido,-la regla que seguimos para la decisión necesariamente hubiera tenido que ser la misma. * * * El razonamiento del caso de Dyer si era aplicable en algún sentido técnico a un caso en apelación de una corte .municipal, era igualmente aplicable a un juicio en la misma corte municipal. * * ® ”

En el tomo 26, página 21 de nuestras Decisiones aparece reportado el caso de El Pueblo v. Cesari. Procedía de la corte municipal y eso no obstante esta corte revocó la sen-tencia recurrida por no haberse celebrado la vista dentro de los ciento veinte días de acuerdo con el artículo 448 del Có-digo de Enjuiciamiento Criminal.

Y en el caso de El Pueblo v. Mercado, 27 D.P.R., 568, la corte dijo:

“El artículo' 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal por sus términos confiere al acusado en la corte de distrito el derecho al so-breseimiento del proceso si el juicio no se celebra dentro de ciento veinte días después de presentada la acusación. Hemos resuelto en el caso de Ochoa v. Manzano, 24 D.P.R. 786, que este término es apli-cable a los juicios en las cortes municipales. Esta fué una apelación contra sentencia de una corte municipal y el acusado fué sometido a juicio dentro de los ciento veinte días siguientes a la radicación de la. transcripción en la corte de distrito. Nos vemos obligados a sostener que el punto de partida al computar el término es la fecha de la radicación en la corte de distrito y no aquella en que se inter-pone la apelación. La radicación de la transcripción es el único acto equivalente a la presentación de la acusación si hemos de ate-nernos a lo dispuesto en el artículo 448. No queremos decir que un apelante no deba jamás tratar de obtener un sobreseimiento basado en que no se ha seguido adelante con el proceso hasta después de haber transcurrido ciento veinte días de la fecha de la radicación de la transcripción, pero entonces tiene que acreditar hechos más fuer-tes que los acreditados en este caso. El acusado tiene entonces la obligación de demostrar que la demora no fué justificada. Ex parte Turner, 26 Tex. 708, 84 A.D. 598; El Pueblo v. Díaz, 5 D.P.R. 202; El Pueblo v. Falcastro, 17 D.P.R. 96.”

A virtud de lo expuesto es necesario concluir que la ju-risprudencia establecida en el caso de Falcastro, supra, no fué seguida por esta corte y ha quedado sustituida por la que establece que es aplicable el artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal a las causas apeladas para ante las cortes de distrito, contándose el término a partir de la fe-cha de la radicación de la transcripción de los autos en la dicha corté de distrito.

Decidida esta cuestión, resolveremos el caso de acuerdo con las circunstancias que concurren en el mismo. No apa-rece enteramente claro cuándo se archivó la transcripción, pero aceptando que lo fuera el 17 de septiembre de 1924 es indudable que a la fecha del juicio — 25 de febrero de 1925 —habían transcurrido más de ciento veinte días. ¿Existió justa causa para la. dilación? Juzgando por lo único que ante nosotros consta y que dejamos transcrito y apreciando el exceso de trabajo de la Corte de Distrito de San Juan durante los últimos años por el becho de haberse visto obli-gada la Legislatura a aumentar el número de sus jueces, .opiñamos que la justa causa pára la dilación existió, y por tanto que no se cometió el primero de los errores señalados.

Tampoco el segundo. Cita el apelante la versión castellana del artículo 40, No. 1, de la Ley de Evidencia que dice:

“1. Un marido no podrá ser examinado a favor ni en contra de su mujer, sin el consentimiento de ésta; ni una mujer a favor ni en contra de su marido, sin el consentimiento de éste; ni podrá nin-guno de los dos durante o después del matrimonio, ser examinado sin consentimiento del otro, respecto a alguna comunicación habida de parte a parte, durante el matrimonio; pero esta disposición no será aplicable a una acción o procedimiento civil por uno de los cón-yuges contra el otro ni a una acción o procedimiento criminal por un delito grave, cometido por uno de ellos contra el otro.”

Si las últimas líneas del precepto legal citado fueran •como aparecen en la versión castellana, tendría razón el apelante, puesto que aquí no se trata de un delito grave, sino de un delito menos grave, pero la versión inglesa dice, en lo pertinente: “but this provision does not apply to a civil action or proceeding by one against the other, nor to a criminal action or proceeding for a crime committed by one against the other.”

El artículo 13 del Código Penal expresa:

"Los delitos (crimes) se dividen en: l9 ‘Felonies’ (delitos más graves) y 29 ‘Misdemeanors’ (delitos menos graves).”

Siendo ello así la palabra delito {crime) comprende cla-ramente lo mismo el delito grave que el menos grave, y la excepción es aplicable a este caso.

Underhill en su tratado sobre “Criminal Evidence,” pá-gina 185, citado por el Fiscal, expresa la razón de la excep-ción en cuanto a la mujer, así:

“Se hace una excepción cuando el juicio lo es de un acusado por el daño personal ocasionado por él a su esposa, y entonces es permi-sible la declaración de,ella' en su contra. Tal excepción es necesa: ria en bien de la justicia y para proteger a la esposa contra la vio-lencia del marido en aquellas circunstancias que por la relación y otras condiciones que rodean a las partes no puede estar presente una tercera persona.
“Es la norma de la ley extender el derecho de la esposa a decla-rar contra el- marido en tales casos.”

La prueba es suficiente. No sólo declaró en el acto del juicio la agredida si que también su hermana Andre Carrión y ambas sostienen que el acusado acometió y agredió a la primera en la forma expresada en la acusación, al llegar malhumorado a' su casa. El testigo de descargo Aurelio Carrión sostuvo que había habido un disgusto entre Correa y su esposa por haber Correa pasado la noche fuera de su casa, pero que fué la esposa la que insultó a Correa sin que éste la agrediera en ningún momento. La corte creyó la prueba de cargo y no se ha demostrado que cometiera error alguno.

Bebe confirmarse la sentencia recurrida.