author: -El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Isidoro Alvarez, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Caguas, recurrido.
    Núm. 1075.

    Sometido: Octubre 21, 1940.

      Resuelto: Noviembre 25, 1940.

      A. L. López, abogado del recurrente;
    el registrador recurrido com-pareció por escrito.
   -El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En el Registro de la Propiedad de Caguas, a los folios 147 y 153 del tomo 65 de Caguas, fincas núms. 2841 y 2842;, ins-cripciones primeras, aparecen inscritas a nombre de Inocencio Colón dos porciones de terreno que se describen así:

“A. Rústica; - predio de terreno radicado en el Bo. Borinquen de Caguas, con cabida de 10 cuerdas, equivalentes a 3 hectáreas, 93 áreas y 4 centiáreas, linda al norte, María Ángela Muñoz Torres, hoy los esposos Solá Muñoz; sur, Mauricio Morales y Marcelino Solá, hoy Gaspar Caballero; este, Francisca Muñoz; y oeste, Rosario Ayala.
"B. Rustica; predio de terreno de 10 cuerdas equivalente a 10 hectáreas, 93 áreas y 4 centiáreas, sita en el Bo. Borinquen 0de Ca-guas, lindando por el norte con Juan Aguayo Hernández; sur, Francisca Muñoz; este, Cándido Solá; y oeste, Rosario Ayala.”

Seguido procedimiento de apremio por el Departamento de Hacienda contra Inocencio Colón para el cobro de contri-buciones impuestas a dichos dos predios de terreno, fueron éstos vendidos en pública subasta y adjudicados a Isidoro Alvarez, el aquí recurrente.

En el certificado de compra de bienes inmuebles expedido por el Colector de Eentas Internas de Caguas se dice:

"Que tan pronto como fué recibido dicho certificado debidamente registrado, se dictó notificación de embargo de los siguientes bienes inmuebles del contribuyente:
" ‘Finca rústica, con cabida de 20 cuerdas de terreno sin edifica-ciones situada en el Bo. Borinquen del municipio de Caguas, P. R., lindando por el norte, José R. Ayala, sur, Isidro Álvarez, este, Salus-tiano Polo, y oeste, Ricardo Ayala. (Seg. Registro figuran inscritas a nombre de Inocencio Colón dos porciones). A. Rústica; predio de terreno radicado en el Bo. Borinquen de Caguas, con cabida de 10 cuerdas, equivalentes a 3 hectáreas, 93 áreas y 4 centiáreas, linda al norte, María Ángela Muñoz Torres, hoy los esposos Solá Muñoz, sur, Mauricio Morales y Marcelino Solá, hoy Gaspar Caballero, este, Francisca Muñoz, y oeste, Rosario Ayala. B. Rústica; predio de terreno de 10 cuerdas equivalentes a 10 hectáreas, 93 áreas y 4 cen-tiáreas, sita en el Bo. Borinquen de Caguas, lindando por el norte con Juan Aguayo Hernández, sur, Francisca Muñoz, este, Cándido Solá y oeste Rosario Ayala.
"Que la propiedad anteriormente descrita aparece registrada en el Registro de la Propiedad de Caguas, P. R., a los folios 147 y 153 del tomo 65 de Caguas, fincas Núms. 2841 y 2842, inscripciones prime-ras. ”

Presentado dicho certificado al registro, el registrador denegó su inscripción por las razones que expuso en la nota recurrida, que lee así:

“Denegada la inscripción de este documento por no aparecer ins-crita la finca tal y como se describe a nombre del contribuyente Inocencio Colón y tomada en su lugar anotación preventiva por 120 días a favor del adjudicatario Isidoro Álvarez, al folio 17 del tomo 203 de Caguas, finca 6141, anotación A, con el defecto subsanable de no expresarse el estado civil del señor Álvarez.”

Sostiene el recurrente que tratándose de una agrupación de dos parcelas que aparecen inscritas a nombre del contri-buyente Colón el registrador debió inscribir la finca agrupada con una descripción nueva, distinta de las que tienen en el registro las parcelas que la integran. Y en apoyo de su contención cita el caso de Moroza v. Registrador, 45 D.P.R. 833.

Alega el recurrido que desconoce la autoridad que pueda tener el colector para hacer una agrupación, y que tampoco conoce la fuente de donde dicho funcionario tomó los datos necesarios para determinar la cabida, situación y linderos de la finca resultante de la agrupación de los dos predios antes descritos. Sostiene, además, que el colector debió diri-gir el procedimiento de apremio contra cada una de las por-ciones individualmente, por el importe adeudado por cada una, y no contra la finca resultante de una agrupación prac-ticada por él, por la totalidad de las sumas reclamadas. Y se apoya también en el caso de Moroza v. Registrador, supra.

Los hechos en el citado caso eran prácticamente idénticos a los del presente, con la única diferencia de que allí el colector no hizo constar, como lo hizo en el caso de autos, que la finca ofrecida en venta estaba constituida por la agrupación de dos parcelas de terreno inscritas a nombre del contribuyente. Este tribunal al sostener la nota recurrida se expresó así:

“Opinamos que el registrador estuvo justificado al denegar la inscripción. El hecbo de que estas dos parcelas unidas arrojen una cabida igual a la que aparece en el certificado de venta, no quiere decir que necesariamente la finca vendida esté compuesta de esas dos parcelas. Si esa es la realidad el Colector de Rentas Internas debió haber hecho constar en el certificado que la finca rematada se formó por agrupación de las dos porciones de terreno.”

Convenimos con el registrador en que para evitar confu-siones es más conveniente que el procedimiento de apremio se siga contra cada una de las fincas deudoras, individual-mente, por el importe de las contribuciones adeudadas por cada una de ellas, en vez de agruparlas en una sola finca.

El recurrente interpreta el párrafo que hemos transcrito del caso de Moraza v. Registrador, supra, en el sentido de que este tribunal ha reconocido la autoridad del Colector de Rentas Internas para agrupar dos o más fincas de un contribuyente moroso y ofrecerlas en venta como un,a sola finca, por el total de las contribuciones adeudadas por los inmuebles así agrupados. No creemos que el párrafo transcrito sea susceptible de tal interpretación, pero, para evitar que pueda ser interpretado erróneamente en el futuro, haremos lo más clara posible nuestra posición.

La agrupación de dos o más fincas, para quei en el futuro formen una sola, es un acto que sólo puede realizar el dueño. El colector es un mero representante de un acreedor, El Pué-blo de Puerto Rico, el cual tiene un gravamen preferente sobre, pero no el dominio de los bienes que ofrece en pública subasta para cobro de contribuciones. El contribuyente moroso cuyas propiedades son vendidas en pública subasta, tiene un derecho de redención sobre cada una de las fincas vendidas. Puede redimir una de ellas, pagando al comprador el precio del remate más los intereses fijados por el estatuto; y dejar expirar el término de redención en cuanto a'los demás inmuebles. Si se permitiese al colector agrupar todas las fincas y ofrecerlas en venta como nna sola, el contribuyente se vería privado de sn derecho a redimir nna propiedad, indi-vidualmente, por carecer de medios suficientes para redimir-las todas. Opinamos, por lo tanto, que, no siendo dueño, un colector de rentas internas carece en absoluto de facultad para por sí y ante sí y sin el consentimiento expreso del dueño agrupar dos o más fincas que aparecen inscritas por separado a nombre de un contribuyente moroso (artículo 61, inciso cuarto, del Reglamento de la Ley Hipotecaria). El colector está obligado a respetar el status de dichas propiedades en el registro, embargándolas y ofreciéndolas en venta por el importe exacto de las contribuciones adeudadas por cada finca, pues sólo de ese modo quedará protegido el derecho de redención que la ley concede al contribuyente.

Por las razones expuestas se declara sin lugar el recurso y se confirma la nota recurrida.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez PresideNte Síeñor Del Tobo

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ernesto González Rivera, acusado y apelante.
    Núm. 8333.

    Sometido: Noviembre 25, 1940.

      Resuelto: Noviembre 30, 1940.

      Ciro Malatrasi, Jr., abogado del apelante;

      R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de E] Pueblo, apelado.
   El Juez PresideNte Síeñor Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

Ernesto G-cmzález Rivera fué condenado a diez años de presidio por la Corte de Distrito de Bayamón en abril 18, 1940, como autor de un delito subsiguiente de escalamiento en primer grado. Apeló y señalada la vista del recurso para noviembre seis actual compareció por su abogado y pidió su suspensión a los fines de completar el récord con la trans-cripción de la evidencia.

Señalada de nuevo la vista para el 27 de este mes, el fiscal insistió en su petición oral de que se desestimara el re-curso por no haberse notificado al Ministerio Público el es-crito interponiéndolo. El acusado se opuso, solicitando otra vez la suspensión de la vista. Alegó y demostró que había presentado un segundo escrito de apelación notificado al fiscal dentro del término que la ley concede para apelar y pedido entonces a la corte que ordenara al taquígrafo que preparara la transcripción de la evidencia, a lo que se negó la corte en los siguientes términos:

“La sentencia en este caso se dictó el 18 de abril de 1940, y el día 27 del mismo mes y año el acusado radicó escrito de apelación contra dicha sentencia. El acusado no solicitó transcripción de ]a evidencia, actuaciones, objeciones, resoluciones etc. habidas durante la vista de su causa, dentro del término de ley ni en ningún mo-mento después. Consiguientemente el Secretario en 20 de mayo de 1940 certificó la transcripción de los autos y la elevó al Tribunal Supremo, en cuyo Tribunal está dicha apelación pendiente de reso-lución. Luego, o sea en 24 de septiembre de 1940, el acusado ha radicado un segundo escrito de apelación y una solicitud de trans-cripción del récord taquigráfico, cuando su primera apelación aun no ha sido resuelta, y sin que conste que la haya abandonado o desis-tido de ella.
“Es permitida la radicación de una segunda apelación, cuando no ha expirado el término para apelar y se ha desestimado la primera apelación. Ex parte Orellana y Pueblo, 46 D.P.R. 207, y casos ci-tados. No habiendo constancia de que la primera apelación haya sido desestimada, no ha lugar a la radicación de la segunda; y así mismo se deniega la solicitud de transcripción del récord taquigráfico habido en la vista de la cansa, por no haber término hábil para or-denarlo.”

Y alegó y demostró además el apelante que había solici-tado reconsideración de la resolución de la corte de distrito sin que ésta hubiera aún resuelto su moción. El fiscal insis-tió en la desestimación.

No hay duda de que no habiéndose notificado el escrito de apelación de abril 26 de 1940 al fiscal, esta Corte no adquirió jurisdicción a virtud del mismo para conocer del recurso, pero tampoco la hay de que habiéndose presentado el segundo escrito notificado al fiscal dentro del término de seis meses que la ley concede para apelar — artículo 349 del Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1935 — sí la tiene en la actualidad de acuerdo con lo resuelto de modo terminante en los casos de Ex parte Orellana y Pueblo, 46 D.P.R. 207 y Flores v. Corte, 49 D.P.R. 123.

En el último de dichos casos fué considerada y resuelta en sentido contrario una cuestión semejante a la que se le presentara a la corte de distrito a virtud de la petición de transcripción de la evidencia háchale por el acusado para perfeccionar su apelación una vez que presentara su segundo escrito notificado al fiscal.

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila emitió la opinión del tribunal y después de citar y analizar varios casos, se expresó como sigue:

“De acuerdo con la jurisprudencia citada, una segunda apelación puede interponerse cuando no haya expirado el término para apelar y la primera haya perdido su eficacia o haya sido expresa o tácita-mente abandonada por el apelante. La Corte Suprema de los Esta-dos Unidos, en el caso de Evans v. State Bank, supra, nos dice que cuando transcurrió el término durante el cual podía diligenciarse la citación de la primera apelación sin haberse radicado el récord, esa apelación había perdido su eficacia, quedando el caso abierto para entablar un segundo recurso como habría sucedido si el apelado hubiese radicado el pleito y logrado su desestimación. La Corte Suprema de Washington, en Reichenbach v. Lewis, supra, hace no-tar que los apelantes manifestaron en su argumentación oral que habían abandonado la primera apelación y que sólo descansaban en la segunda, y dice qne en circunstancias similares, cuando se han establecido dos recursos, la corte ha sostenido que la primera apela-ción ha sido abandonada y no debe impedir la interposición de la última. El caso sometido a nuestra consideración es bastante raro, porque el apelante, a pesar de haber interpuesto la segunda apela-ción, insiste en mantener vivo ante esta corte, solicitando prórrogas para perfeccionarlo, el primer recurso interpuesto. Sin embargo, nos parece que la corte inferior no perdió su jurisdicción para admitir el segundo recurso de apelación y la exposición del caso ofrecida por el apelante después de haberse visto impedido de radicar esa exposición dentro del primer recurso interpuesto. Es claro que el apelante no puede tramitar indefinidamente dos recursos de apela-ción a un mismo tiempo contra la sentencia dictada 7 que ha debido resolver por cuál de los dos se decidía; pero es esta corte y no el tribunal de distrito la autoridad llamada a resolver las cuestiones que hayan podido suscitarse con motivo de la interposición del se-gundo recurso.”

Técnicamente procedería declarar con lugar la petición del fiscal, pero ¿a qué otros autos si éstos contienen ya el legajo de la sentencia y se trata en el fondo de un solo recurso contra una sola sentencia? Lo que en realidad de verdad hizo .el acusado apelante fue perfeccionar su apelación, en cuanto al escrito interponiéndola, cuando aun podía hacerlo por no haber vencido el término de ley para apelar. Al escrito que primeramente presentó le faltaba la notificación. El se-gundo la tenía. Eso es todo.

En tal virtud, debe declararse no haber lugar a la deses-timación y la apelación perfeccionada continuará tramitán-dose bajo el mismo número de radicación, concediéndose al apelante hasta el 30 de enero, 1941, para completar el récord con la transcripción de evidencia certificada de acuerdo con la ley.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Antonio Riera, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, recurrido.
    Núm. 1078.

    Sometido: Noviembre 15, 1940.

      Resuelto: Noviembre 30, 1940.

      Antonio Riera, por su propio derecho;
    el registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribnnal.

El Colector de Eentas Internas de Río Piedras vendió en pública subasta nna finca rústica en cobro de contribuciones adeudadas por la Sucesión de Harry A. McCormick. La finca fné adjudicada a Antonio Riera, el aquí recurrente, a quien se expidió certificado de venta en 28 de septiembre de 1939, el cual fue inscrito a su favor el 31 de octubre del mismo año.

Transcurrido un año desde la fecha del certificado de venta, sin que ninguna persona interesada hubiese ejercitado el de-recho de redención del inmueble, en 23 de octubre de 1940 el recurrente presentó al Begistrador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, una solicitud jurada en la que pedía la cancelación de dos anotaciones de lis pendens que afectan la finca adjudicada al peticionario recurrente. En la primera de dichas anotaciones se hizo constar la interposición de cierta demanda de nulidad de sentencia y otros extremos contra .•algunos de los componentes de la Sucesión McCormick. La ¡segunda anotación, practicada en mayo 22, 1931, se refiere al pleito seguido ante la Corte de Distrito por Guadalupe McCormick Anaya y otros, contra la Sucesión de Harry A. McCormick, sobre querella de inoficioso testamento del causante y declaratoria de herederos.

La nota denegatoria contra la cual se ha interpuesto el presente recurso lee como sigue: I

“Denegada la cancelación que se interesa en affidavit 1,089 de 23 del actual, ante, el notario Edelmiro Martínez Rivera, y tomada en su lugar anotación preventiva por 120 días a favor de Antonio Riera Bengoechea, al folio 245 vuelto del tomo 66 de Río Piedras, finca número 2,876, primero, porque no se trata de cancelar embargo ni hipoteca, que fué lo que tuvo en mente el legislador (Colón v. Plazuela Sugar Co., 47 D.P.R. 871, 881 y Baetjer v. Registrador 52 D.P.R. 554) sino del derecho que el demandante tiene a asegurar su reclamación, establecido por el artículo 91 del Código de Enjuicia-miento Civil, que rige desde 1904, en tanto que el 352 del Código Político, que cita el solicitante, está en vigor desde mucho antes; segundo, porque la Hon. Corte Suprema en el caso Fernández v. Registrador (52 D.P.R. 354) resolvió que la cancelación de un aviso de demanda 'podía obtenerse fácilmente, desde luego, al terminar el litigio y que, hasta entonces, debe continuar en vigor a menos que la corte ordene su cancelación,’ lo cual significa, mu y claramente, cómo debe cancelarse una anotación de demanda, y, agregó, 'que los Re-gistradores no estaban autorizados para cancelar avisos de demanda como disponía la sección (b) de la Ley 12 de 1923’-; tercero, por-que los demandantes, que anotaron su derecho, aparecen notificados por medio del periódico ‘La Democracia/ por ignorarse su paradero sin que se acredite ni siquiera se manifieste que se cumplió antes con lo dispuesto en el artículo 94 del Código de Enjuiciamiento Civil, expresivo de las diligencias que previamente deben practicarse, o sea las de no encontrarse en la Isla la persona que ha de citarse para en-tonces publicar los correspondientes edictos; cuarto, porque según ha resuelto la Hon. Corte Suprema (Velázquez v. Registrador, 27 D.P.R. 268) son perfectamente compatibles los artículos 42 de la Ley Hipotecaria y el 91 del Código de Enjuiciamiento Civil y tales anotaciones sólo pueden cancelarse conforme al artículo 82 de la Ley Hipotecaria, por orden judicial, por sentencia favorable al de-mandante, o cuando éste abandona el pleito (número 2, artículo 140 del Reglamento dictado para la aplicación de la Ley Hipotecaria, y Franco v. Registrador, 12 D.P.R. 215) ; quinto, porque si bien las anotaciones de demanda no varían la naturaleza de la obligación, a cuya seguridad se practican, garantizan su cumplimiento de modo que llevan necesariamente consigo la prohibición de enajenar, en perjuicio del derecho de la persona a cuyo favor se hubiese hecho la anotación, prohibición que era absoluta antes de regir la Ley Hipo-tecaria (Sentencia de 14 de noviembre de 1874 (30 J.C. 690)) ; sexto, porque las dos notas marginales, cuya cancelación se interesa, se refie-ren a un pleito o querella de inoficioso testamento y se solicita la nuli-dad de la institución de herederos de Harry A. McCormick y se ad-judiquen los bienes (entre los que figura la finca en cuestión) a los demandantes como hijos naturales del testador, excepto los legados, que no sean inoficiosos, constando de la nota de 6 de agosto de 1935, que ese litigio se halla en apelación ante la Hon. Corte Suprema y resultaría ilusorio, para los demandantes, que se les cancelara el derecho que anotaron oportunamente, cuando su reclamación pende de fallo y, por la última nota de 14 de enero de 1938, que es anterior a la subasta, se anota de nuevo el. mismo pleito; séptimo, porque el rematista conocía el estado de la finca cuando concurrió al remate puesto que las notas son de 4 de diciembre de 1930 y 31 de mayo de 1931 y, por consiguiente, no se trata de carga o gravamen posterior al anuncio de la subasta de la finca, en cuyo caso procedería la cancelación, aplicando lo dispuesto en el artículo 125 de la Ley Hi-potecaria, 'si el valor de lo vendido o adjudicado no igualare o superare al crédito que se realiza,’ pero nunca al gravamen anterior a tal punto que si en la subasta no se ofreciere cantidad suficiente para pagar los créditos anteriormente inscritos, se dejará sin efecto el remate (artículo 128 de la Ley Hipotecaria, párrafo cuarto) ; octavo, porque hasta la fecha la única decisión que hemos encontrado ordena al Registrador cancelar gravámenes posteriores (bastardillas nuestras) cuando vendida en pública subasta una finca para pago de contribuciones (Márques v. Registrador, 11 D.P.R. 268) puede aplicarse, dice, lo dispuesto en el artículo 125 de la Ley Hipotecaria, por analogía; noveno, porque la libertad de gravámenes, como muy bien dice la Resolución en el caso de Baetjer (la Eastern) v. Registrador (52 D.P.R. 554), ‘no se extiende a las servidumbres que son cargas de naturaleza distinta a las que tuvo en mente el legislador al decretar el artículo 347 del Código Político,’ lo cual demuestra, sin duda alguna, que no debe interpretarse de modo absoluto el precepto del Código Político al disponer que al rematista se le entre-gue la finca libre de todo gravamen.”

La solicitud de cancelación radicada por el recurrente se basa en las disposiciones del segundo párrafo del artículo 347 del Código Político, que transcribimos a continuación:

“Artículo 347.— * * * * * *
“Si el derecho de redención que más adelante se dispone no se ejercitare dentro del tiempo prescrito, dicho certificado, una vez inscrito en el registro de la propiedad del distrito donde radique dicha propiedad, constituirá título ah soluto de dicha propiedad a favor de dicho comprador, libre de toda hipoteca, carga o cualquier otro gravamen . . . (Bastardillas nuestras.)

El lenguaje del estatuto es tan claro, que no es posible tener duda alguna en cuanto a la intención del legislador. No se conformó éste con decir que el certificado de compra que se expide al comprador de bienes inmuebles vendidos en pública subasta, por falta de pago de contribuciones, consti-tuirá al ser inscrito en el registro un título absoluto sobre la propiedad; y fué más allá para decir que el título absoluto que tuvo en mente es uno libre de toda hipoteca, carga o cual-quier otro gravamen.

¿Son las anotaciones de lis pendens de cuya cance-lación se trata, cargas o gravámenes, dentro del significado del estatuto que otorga al comprador un título absoluto ? Lo son, a nuestro juicio.

El artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil, por virtud del cual se hicieron dichas anotaciones, provee:

“Artículo 91. — Cuando en una acción que afecte al título o al derecho de posesión de una propiedad inmueble, el demandante ‘J tiempo de presentar la demanda, y el demandado al tiempo de pre-sentar la contestación o en cualquier tiempo después, pidieren se declare que lo que se reclama es suyo, podrán presentar para su anotación al registrador del distrito en que radicare la propiedad o parte de ella un aviso de la cuestión litigiosa pendiente, el cual contendrá los nombres y apellidos de las partes, el objeto de la de-manda o contestación, y la descripción de la propiedad en litigio. Sólo desde el día de la presentación del aviso para ser anotado se considerará que el comprador o la persona que adquiera un gravamen sobre la propiedad litigiosa, tiene conocimiento, para los efectos le-gales, de la acción pendiente contra las partes designadas por sus nombres verdaderos.”

Es indudable que cuando la acción que se ejercita afecta el título o el derecho de posesión de un inmueble y el aviso de la cuestión litigosa pendiente se anota en el registro, toda persona que adquiere el título o un gravamen sobre el inmue-ble con posterioridad a la fecha de la presentación, carece de la condición de tercero y su título o gravamen queda sujeto a las resultancias del pleito a que se refiere la anotación. Si el aquí recurrente hubiese adquirido la finca por compra a sus dueños, según el registro, su situación legal sería distinta a la que ocupa en el presente recurso.

El Pueblo de Puerto Pico tiene un gravamen legal pre-ferente para el cobro de la contribución que se impusiere por el corriente año económico y por los tres años económicos anteriores sobre cada propiedad inmueble. Y ese gravamen “tendrá prelación sobre cualesquiera otros gravámenes sobre dicha finca o parcela, de cualquier naturaleza que fuesen, ya pesen éstos sobre ella antes o después que el gravamen deter-minado por dicha contribución.” (Artículo 315 del Código Político, arts. 1823 y 1824 del Código Civil, sección 1 de la Ley núm. 14 de agosto 24, 1933 (2) pág. 77.) Todo-acreedor hipotecario al inscribir su hipoteca y todo demandante al anotar sn aviso de lis pendens, sabe que sus derechos están sujetos al gravamen legal preferente a favor del Tesoro Insular, y que el único remedio que tienen para la protección de esos derechos es el de pagar las contribuciones pendientes por las tres últimas anualidades más la corriente o redimir la finca antes de que expire el plazo de redención.

Si, como dispone el artículo 347 del Código Político, supra, el título que obtiene el comprador en una subasta pública para cobro de contribuciones es un título absoluto y libre de toda hipoteca, carga o cualquier otro gravamen, es natural que proceda la cancelación de cualquiera hipoteca, carga o gravamen que aparezca inscrito en el registro, sin tener en cuenta la fecha en que se hubiere hecho la inscripción. Así 10 resolvió este Tribunal Supremo en Márquez v. Registrador, 11 D.P.R. 268. El recurrido cita este caso como autoridad para sostener su contención de que el registrador está auto-rizado solamente para cancelar gravámenes posteriores, con-siderando como posteriores tan sólo aquellos que aparecen inscritos con posterioridad a la anotación del embargo tra-bado en el procedimiento de apremio. Tal contención es a nuestro juicio insostenible. El recurrido, al formularla, no tuvo en cuenta que las disposiciones estatutarias que hemos citado conceden al Pueblo de Puerto Rico un gravamen que tiene prelación sobre cualesquiera otros gravámenes “de cualquier naturaleza que fuesen, ya pesen éstos sobre ella (la finca) antes o después que el gravamen determinado por dicha contribución.” En otras palabras, cuando se trata de una venta en procedimiento de apremio para cobro de contri-buciones, todos los gravámenes y cargas que aparezcan en los libros del registro son posteriores al gravamen preferente que la ley establece a favor del Gobierno. De no ser así, ese gravamen no podría ser considerado como primero y prefe-rente, y la prelación que le concede el artículo 315 del Código Político nada significaría.

El caso de Fernández v. Registrador, 52 D.P.R. 354, citado por el recurrido en apoyo de su contención de que la anota-ción de un aviso de demanda debe continuar en vigor hasta la terminación del litigio, a menos que una corte ordene su cancelación, ha sido expresamente revocado por esta Corte Suprema en el caso de Teodoro Aguilar v. Registrador de la Propiedad de San Juan, (ante, pág. 610). En la opinión emitida en dicho caso se adoptó como válida la doctrina sen-tada por el caso de Morales v. Registrador, 40 D.P.R. 242, en el que se resolvió que tanto los avisos de demanda inscritos en el registro a virtud de orden judicial, como los que se hu-bieren inscrito con arreglo al artículo 91 del Código de En-juiciamiento Civil, pueden ser cancelados a petición de parte' interesada y sin necesidad de orden judicial, cuando hubiere transcurrido el término de cuatro años desde su anotación, si dicho término no hubiere sido prorrogado por orden de la corte en que pendiere el caso, por justa causa. (Artículo 388 A, Ley Hipotecaria, Ley núm. 12 de 29 de agosto de 1923 (2) pág. 37.)

Las cancelaciones que se solicitan en el caso de autos no se basan en la expiración del término de cuatro años desde su anotación en el registro. El fundamento legal de la petición es que los derechos adquiridos por los demandantes, a virtud de las dos anotaciones de demandas, han quedado extingui-dos por declaración expresa de la ley. Artículo 315 del Có-digo Político.

El título adquirido' por el recurrente no puede ser afec-tado en modo alguno por las resultancias de los litigios a que se refieren las anotaciones de demanda y procede por tanto su cancelación. Véase apartado 2, artículo 82, Ley Hipote-caria.

Constituyendo las contribuciones adeudadas por la Suce-sión McCormick el primer gravamen que pesaba sobre la pro-piedad vendida en pública subasta y adquirida por el recu-rrente, éste, como comprador, tiene derecho a que se le en-tregüe la finca libre de gravámenes, de cualquier naturaleza que fuesen y sin tener en cuenta la fecha en que dichos gravá-menes se hubiesen inscrito. Es deber del registrador prac-ticar la cancelación de los gravámenes sin necesidad de orden judicial, siendo para ello título bastante el certificado de venta otorgado por el colector de rentas internas a favor del com-prador recurrente y presentado por éste al registro. Dicho certificado es un documento auténtico inscribible, de los com-prendidos en el artículo 3 de la Ley Hipotecaria. Véase Márquez v. Registrador, supra.

Alega el registrador recurrido, entre los fundamentos de su nota denegatoria, que los demandantes que anotaron sus demandas en el Registro aparecen notificados por medio de edictos, por ignorarse su paradero, “sin que se acredite ni siquiera se manifieste que se cumplió antes con lo dispuesto en el artículo 94 del Código de Enjuiciamiento Civil, expresivo de las diligencias que previamente deben practicarse o sea las de no encontrarse en la Isla la persona que ha de citarse para entonces publicar los correspondientes edictos.”

El artículo 315 del Código Político provee que cuando se embargue y se venda una propiedad inmueble para el cobro de contribuciones, el Tesorero de Puerto Pico notificará de dicha venta a todas las personas que tengan una hipoteca u otro gravamen inscrito en el registro. La notificación deberá expresar la fecha de la venta, el precio por el cual se vendió la propiedad y cualesquiera otros datos que el Tesorero estime convenientes. Nada dice el estatuto en cuanto a la forma y manera en que deberá darse el aviso. En el caso de autos, el certificado del Colector hace constar “que según lo dispone el artículo 315 del Códig’o Político de Puerto Rico, se ha notificado de esta venta a ... y a María McCormick viuda Serrano, Guadalupe, Gabina y Francisca McCormick, como personas con interés en este remate, o a sus herederos o cesionarios desconocidos,, por medio de edicto publicado ■en el- periódico ‘La Democracia’ durante los días 21, 22, 23, 25, 26 y 27 de septiembre de 1939.” No estaba el Tesorero de Puerto Rico obligado a hacer entrega personal de la noti-ficación a las mencionadas personas. Debemos presumir que de ser posible esa notificación personal el Tesorero la hubiese hecho, en vez de recurrir al medio más dilatorio y costoso de la notificación por edictos. El artículo 94 del Código de Enjuiciamiento Civil no es de aplicación al procedimiento de apremio para cobro de contribuciones. Como se verá por su simple lectura, dicho artículo se refiere exclusivamente al procedimiento que deberá seguir un demandante para citar o emplazar al demandado por medio de edictos, cuando dicho demandado reside fuera de la isla, se ha ausentado o no puede ser hallado a pesar de la debida diligencia usada para poder emplazarle personalmente como requiere el artículo 93 del mismo código. El procedimiento de apremio se rige pol-las disposiciones del Código Político entre las cuales no encontramos ninguna que obligue al Tesorero de Puerto Rico a cumplir con los requisitos del artículo 94 del Código de Enjuiciamiento Civil, como condición previa para la validez de la notificación de una venta por medio de edictos.

Por las razones expuestas debe revocarse la nota recurrida v ordenarse al registrador que proceda a practicar la cance-lación de las anotaciones de demandas, de acuerdo con la peti-ción del recurrente.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Mercedes de la Torre, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, recurrido.
    Núm. 1079.

    Sometido: Noviembre 14, 1940.

      Resuelto: Noviembre 30, 1940.

      Arturo O’Neill, abogado de la recurrente;
    el registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

En un pleito en cobro de dinero seguido en la Corte de Distrito de San Juan por The National City Bank of New York contra Mercedes de la Torre, recayó sentencia el 11 de junio de 1932 condenando a la demandada a pagar al demandante cierta cantidad de dinero. Ocho años más tarde, el 28 de mayo de 1940, el Banco demandante, acogiéndose a la ley proveyendo la forma de establecer gravámenes por sen-tencias, etc. (Comp. 1911, pág. 882), presentó al Registro de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, un extracto de la aludida sentencia y previo pago de los derechos corres-pondientes, obtuvo la inscripción de la misma en el Registro de Sentencias.

El 2 de octubre último, Doña Mercedes de la Torre pre-sentó un escrito en el mismo registro, en el que alega que la sentencia en cuestión había ya caducado al solicitarse su inscripción en el Registro de Sentencias, por haber trans-currido con exceso el término de cinco años a que se refiere el artículo 243 del Código de Enjuiciamiento Civil, termi-nando dicho escrito con la siguiente súplica:

'‘Por todo lo que la peticionaria solicita del Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, se sirva ordenar la can-celación en los libros correspondientes, del gravamen que pesa o podría pesar sobre sus bienes presentes y futuros, mediante la cance-lación de la inscripción de la sentencia en el caso número 14908 an-teriormente reseñado.” (Bartardillas nuestras.)

Denegó el registrador la cancelación solicitada, fundán-dose en que el plazo de cinco años a que se refiere el inciso d de la sección 1 de la Ley núm. 2 de 29 de agosto de 1923 (Legislatura Extraordinaria, pág. 37), titulada “Ley regu-lando el procedimiento para la cancelación de gravámenes, ■etc.”, empieza a contarse desde qne el gravamen queda cons-tituido en el registro, invocando en su apoyo el caso de Suárez v. Registrador, 52 D.P.R. 878, y que como la sentencia en cuestión fué inscrita en el año 1940, no ña transcurrido dicño término, y por consiguiente no procede la cancelación solicitada.

Recurrió la Sra. De la Torre para ante este tribunal, insistiendo en que de acuerdo con el artículo 243 del Código de Enjuiciamiento Civil la sentencia quedó ineficaz al expi-rar los cinco años de haber sido registrada en la secretaría de la corte sentenciadora, que siendo ineficaz la sentencia, su inscripción no podía surtir efecto legal alguno, y que pro-cedía por tanto su cancelación de acuerdo con el artículo 79 de la Ley Hipotecaria y el 132 de su reglamento.

La parte pertinente de la sección 1 de la ley invocada por el registrador prescribe:

“Sección. 1. Los registradores de la propiedad, a instancia es-crita de parte o de su representante, autenticada ante notario, pro-cederán a cancelar en el Registro:
<< # # * * # * *
“d. Los gravámenes por razón de sentencias que tengan- más de orneo años de constituidos en el Registro, si este lapso de tiempo no fuere prorrogado por orden de la corte competente, sin que en caso alguno esta prórroga pueda exceder de cinco años.” (Bastardillas nuestras.)

En su alegato, la recurrente puntualiza más su contención y busca apoyo en aquella parte del artículo 79 de la Ley Hipotecaria que dice:

“Art. 79. Podrá pedirse, y deberá ordenarse en su caso, la can-celación total:
* # # # * * *
“2. Cuando se extinga también por completo el derecho ins-crito ...”

El inciso 2 que acabamos de transcribir, claramente se refiere a un derecho válido al tiempo de inscribirse, pero que luego se extingue por alguna condición o circunstancia que de acuerdo con los términos en que se constituyó produce su extinción, como, por ejemplo, la muerte de la persona a cuyo favor se hubiere inscrito un derecho de usufructo o el cumplimiento de una condición resolutoria.

En el presente caso lo que sostiene la recurrente es que la inscripción era nula ab imlio, que nunca tuvo vida legal, porque cuando se practicó, los efectos de la sentencia se habían extinguido por haber transcurrido con exceso el plazo de cinco años a que se refiere el citado artículo 243. En otras palabras, no se trata en este caso de corregir un error en la inscripción, sino de que el registrador, por su propia cuenta y sin oír a la parte a cuyo favor se inscribió la sen-tencia,, declare nula la inscripción ya practicada y firmada y proceda a cancelarla. Tal declaración no puede hacerla el registrador,, por ser de la exclusiva incumbencia de los tribunales, como se consigna en la Resolución de la Dirección General de los Registros, de 21 de junio de 1899.

En la Resolución de 8 de junio de 1896 dictada por el mismo Centro administrativo, interpretando los artículos 77 al 82 y 254 al 264 de la Ley Hipotecaria y sus concordantes del reglamento, se dijo:

“Considerando que las cuestiones sobre validez o nulidad de las operaciones practicadas en los libros del Registro de la Propiedad sólo pueden ser resueltas por los tribunales, a cuyo amparo están los asientos extendidos en dichos libros, según repetidas resoluciones de este Centro.”

En otra resolución, de 29 de noviembre de 1897, el mismo Centro volvió a expresarse así:

Considerando que este último asiento, mientras no se cancele, produce todos sus efectos respecto a tercero, con arreglo a la doctrina de la Ley Hipotecaria, declarada reiteradamente por esta Dirección, según la cual los asientos del Registro, aunque se hayan practicado irregularmente y con infracción de los preceptos legales, se reputan válidos mientras los tribunales no declaren, a instancia de parte, su nulidad.” (Bastardillas nuestras.)

La doctrina no es nueva en esta jurisdicción. En el caso de García v. Registrador, 33 D.P.R. 950, 952, citando con aprobación del de Bolívar et al. v. Registrador, infra, se dijo por este tribunal:

“ ‘Iíeeba una inscripción en el Registro de la Propiedad,1 decidió esta Corte en el caso de Bolívar et al. v. Registrador, 13 D.P.R. 375, ‘el Registrador carece de facultades para anularla sin el concurso y conformidad de los interesados, por ser facultad privativa de los tribunales de justicia.’ ”

Véanse al mismo efecto Dávila v. Registrador, 28 D.P.R. 197, 200, y García v. Registrador, 51 D.P.R. 54.

Dada la conclusión a que liemos llegado con respecto a la falta de facultades en el registrador para declarar nula y cancelar una inscripción practicada y firmada, no es nece-sario que interpretemos el artículo 243 del Código de Enjui-ciamiento Civil invocado por la recurrente, pues cualquiera que fuere el efecto legal de dicba inscripción, no puede el registrador cancelarla sin una orden del tribunal competente, que es donde debe recurrirse, para que en juicio plenario y con audiencia de todas las partes interesadas, se resuelva la cuestión.

Procede, por lo expuesto, desestimar el recurso y confir-mar la nota recurrida.


text:
    Ramón Montaner, en su carácter de Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, compuesta por los Sres. M. León Parra, Presidente, y F. Paz Gránela y Juan M. Herrero, Comisionados Asociados, demandada, y Cristóbal Almodóvar Pérez, peticionario ante la Comisión.
    Núm. 210.

    Sometido: Noviembre 12, 1940.

      Resuelto: Noviembre 30, 1940.

      Don. Procurador General George A. Malcolm, E. de Aldrey, Procu-rador General Auxiliar y Víctor J. Vidal González y Leopoldo Figueroa, abogados los dos últimos del Fondo del Seguro del Estado, abogados del recurrente;

      R. Atiles Moréu, abogado del beneficiario, peticionario ante la Comisión.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

En este caso el Administrador del Fondo del Seguro del Estado dictó resolución declarando que el obrero Israel Almo-dovar liabía fallecido a consecuencia de malaria perniciosa y no por un accidente del trabajo y que por lo tanto no era éste un caso compensable de acuerdo con la Ley núm. 45 de 1935 (Leyes de ese año, pág. 251).

De esta resolución establecieron recurso los beneficiarios del obrero para ante la Comisión Industrial de Puerto Rico, la que después de celebrar una audiencia y oír la prueba tes-tifical y la pericial que una y otra parte presentaron, dirimió el conflicto de la evidencia a favor de ellos, y con fecba 22 de junio de 1940 dictó resolución declarando que el obrero había fallecido de septicemia y neumonía bilateral como con-secuencia de la herida que recibió en el curso de su trabajo, declarando además que Cristóbal Almodóvar Pérez y Julia Toro, padres del occiso, dependían de él para su sostenimiento y tenían derecho a compensación. El 27 de septiembre de 1940 la Comisión Industrial se negó a reconsiderar dicha resolución, por lo que el Administrador del Fondo del Estado interpuso el presente recurso, fundamentándolo sustancial-mente en que la Comisión había errado en la apreciación de la prueba.

No se hizo parte a Julia Toro en dicho recurso, la que según la prueba que desfiló ante la Comisión, hacía como catorce años que vivía separada de su marido, ni fué ella notificada del mismo, motivos por los cuales presentó Cris-tóbal Almodovar la moción de desestimación qne ahora nos ocupa.

Julia Toro, madre del occiso y parte interesada en la reso-lución de la Comisión Industrial, debió haber sido hecha parte en la petición de revisión, al igual que se hizo con Cris-tóbal Almodóvar, y debió además notificársele con copia de la misma. El incumplimiento de estos requisitos por parte del recurrente nos priva de jurisdicción para conocer del recurso, pues la resolución que pudiera dictarse revocando la de la Comisión Industrial tendría el efecto de privar a Julia Toro, sin el debido procedimiento de ley, del derecho adqui-rido a virtud de la resolución de la Comisión Industrial.

Si hubiéramos considerado este caso en su fondo, hubié-ramos confirmado la resolución recurrida, pues el récord demuestra que la conclusión a que llegó la Comisión Industrial en su resolución de 22 de junio de 1940, está sostenida por la prueba, y siendo ello así, no estaríamos autorizados para alterarla,

Procede, por lo expuesto, desestimar el recurso por falta de jurisdicción.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Rafael Labrador y Félix B. Ortiz, acusados y apelante el primero.
    Núm. 7871.
    Sometido: Noviembre 22, 1940.

      Resuelto: Diciembre 5, 1940.

      Rafael Labrador, por su propio derecho;

      IIon. Procurador General George A. Malcolm y R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El acusado apelante, fué convicto ante la Corte de Distrito de Arecibo de un delito de falsificación. La acusación que le fué formulada lee como sigue:

“Los referidos acusados, Rafael Labrador y Félix B. Ortiz, con anterioridad a la fecha de la presentación de esta acusación, o sea el día 8 de enero de 1937, y en Quebradillas, P. R., que forma parte del distrito judicial de Arecibo, P. R., ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente, y con intención de defraudar a los señores Carlos Roure y Pedro Orpi, de Quebradillas y Arecibo, respectivamente, imitaron y falsificaron un cheque que lee como sigue:
“ ‘No. 48 Arecibo, P. R. Enero 8 — 1937
The National City Bank of New York
Arecibo Branch
Pay to the order of Miguel A. Vargas, — $15.75
Quince-75/100 U. S. Dollars
(Fdo.) Pedro Orpi. ’
firmando en la faz de dicho cheque el nombre de Pedro Orpi, cuya firma no es auténtica de Pedro Orpi, y sí imitada y falsificada por los acusados, asimismo como todo lo manuscrito en dicho cheque; firmando también el acusado Félix B. Ortiz dicho cheque con el nombre supuestoJ de Miguel A. Vargas. Que los acusados pasaron dicho cheque como genuino al hacerlo efectivo en la farmacia de Carlos Roure, recibiendo por el mismo en efectivo y en mercancías la suma de $15.75, que utilizaron en su propio beneficio; todo a sabiendas de que dicho cheque era falso y estaba imitado y falsifi-cado y con la intención de perjudicar, dañar y defraudar a Pedro Orpi y a Carlos Roure.”

Los acusados fueron juzgados conjuntamente y el jurado rindió un veredicto de culpabilidad. El acusado-Rafael Labrador apela de la sentencia que le impone un año de presidio.

De la transcripción de evidencia resultan los siguientes hechos: 1

Los dos acusados, en unión de un tercero llamado Batista-y de otra persona, viajaban alrededor de la Isla, en un auto-móvil público, alquilado. Guiaba el acusado Félix B. Ortiz-El automóvil se detuvo en el pueblo de Quebradillas, del! término judicial de Arecibo, en la plaza de dicho pueblo, frente a la farmacia Roure. Allí descendieron ambos acu-sados. Rafael Labrador hizo que el dependiente de la far-macia le pusiera en los ojos unas gotas para la vista y además compró una caja de polvos Coty. Félix B. Ortiz compró un vendaje y otras cosas. El acusado Ortiz entregó el cheque descrito en la acusación. La señorita encargada de la farmacia cobró el gasto hecho por los dos acusados, de acuerdo con las instrucciones de ambos y que ascendía a $2.30, y entregó la vuelta a Ortiz. El cheque fué enviado al banco y no fué aceptado por ser falsa la firma de Orpi.

La prueba del fiscal sostiene además lo siguiente:

La señorita Florit, encargada de la farmacia, declaró que el acusado Ortiz se dirigió a ella y le manifestó que él era Miguel A. Vargas, a cuyo favor se expidió el cheque; y que lo endosó en su presencia con ese nombre, sobre el mostrador de la farmacia; que esto ocurrió a pocos pasos de Labrador, quien estuvo presente durante la transacción; y que eí acu-sado Ortiz le preguntó, al entrar a la farmacia, que si estaba dispuesta a cambiar un cheque de don Pedro Orpi. De acuerdo con la declaración de esta señorita, los acusados hablaban uno con el otro mientras se hacía este endoso. Declaró ella:

“P. ¿Pero le pidió que le cambiara un cheque?- — Sí, señor; y al hacer el paquete, todavía los artículos en el mostrador, me dijo, si podía darle una pluma para firmar el cheque, que el cheque estaba a nombre de él, -que era él Miguel A. Vargas,' y le di la pluma y firmó el cheque y cobré dos pesos y pico, no sé si $2.30, y le devolví el dinero y ellos hablaban del trabajo, que no podía ir uno a traba-jar, que lo disculpara con el jefe, la conversación de ellos y el señor éste le dijo que recordara que llevaban un enfermo grave en el carro, que tenía prisa.
“P. — ¿Quién?—Labrador.
“P. ¿Le dijo a Ortiz qué? — Que llevaban un enfermo grave, y <él tenía más prisa que el otro señor, que parece que no tenía ninguna y le hice el paquete de las medicinas y le devolví y se fueron.”

Justino Santiago, policía insular, declaró que al arrestar .a los acusados éstos confesaron la comisión del delito. Dijo Santiago: “El acusado Félix B. Ortiz me dijo que había hecho efectivo el cheque en la farmacia Boure, pero que el ^cheque había sido llenado por Labrador y él había escrito al dorso, Miguel A. Vargas, e interrogado Labrador admitió que efectivamente había llenado el cheque.” Además de estos testigos declararon Pedro Orpi, el farmacéutico Boure y un empleado del banco.

La prueba de defensa fué presentada conjuntamente, aun-que ambos acusados estaban- representados por abogados distintos. Ambos acusados declararon, en síntesis, que el cheque lo traía Batista; que al anunciar Ortiz que el auto-móvil necesitaba gasolina, Batista le entregó el cheque para que lo cambiara, cobrara el pasaje y comprara gasolina. Ortiz alegó qué el cheque él lo había recibido, ya endosado, y que se lo habían cambiado en la farmacia sin que él lo en-dosara o firmara.

Labrador, el apelante, dice que él vió a Batista entregar el cheque a Ortiz y a éste cambiarlo. Al ser contrainterro-gado por el fiscal, contesta así :

“P. ¿Y afirma que estando en la farmacia el acusado Ortiz cam-bió el cheque y no oyó conversación de la persona que se lo cambió? —Oí la esencia de la conversación.
“P. ¿Cómo fué? — Explicó a la señora Da. Isabel que si en au-sencia del dueño de la farmacia ella tenía autorización para cambiar un cheque, que él tenía necesidad de cambiar y ella contestó,’ que élla podía cambiarlo.
“P. ¿Fue antes o después de la compra? — En el momento.
“P. ¿No le preguntó él si conocía a Pedro Orpi? — No oí.
“P. ¿Vio cuando firmó el cheque? — Tampoco.
“P. ¿Vió cuando dijo que era él Miguel A. Vargas? — Tampoco.
“P. ¿Pero estaba allí? — Estaba en un asunto delicado para mí.”

Admitió también el apelante que había comprado una caja de polvos que fue pagada por Ortiz, junto con las otras medicinas compradas por éste, con el cheque. Según de-claró Ortiz, “Lo que cogió allí lo cogió con autorización de la persona que dió el cheque. Lo autorizó a que cogiera una caja de polvos Coty para llevarle a la señora.”

El apelante señala seis errores. La cuestión que plantea el primer señalamiento es la siguiente: ¿Pueden acumularse, en una sola acusación, varios actos realizados en relación con la falsificación de un documento, tales como la expedición del cheque, su endoso y la presentación y cobro del mismo?

En Pueblo v. Jiménez, 34 D.P.R. 143, se consideró esta misma cuestión, la que.fué resuelta en contra del apelante, así:

“Este artículo (413 del Código Penal) comprende más de un medio por el que se puede cometer el delito de falsificación. Un mismo hecho puede ejecutarse realizando uno de los actos enume-rados o abarcando varios, pero sea uno o diversos los actos realizados, siendo el elemento esencial del delito el de defraudar, el delito que se comete no es más que uno y es el de falsificación.
“La acusación en este caso alega los varios actos que llevó a cabo el acusado para ejecutar el delito y que están comprendidos en el artículo 413. No es defecto, por consiguiente, como se sostiene por el apelante, que los cargos estén involucrados en la acusación y no se-parados. La acusación en este caso casi sigue en sus términos la de El Pueblo v. Vélez, 17 D.P.R. 1016, y en él se declaró suficiente.”

Véanse 12 Cal. Jur. 660; People v. Mitchell, 92 Cal. 590, 28 P. 597, 598; People v. Harrold, 84 Cal. 567, 24 P. 106; People v. Leyshon, 108 Cal. 440, 41 P. 480.

La segunda cuestión es si al entrar a juicio debe el fiscal elegir entre los actos imputados en la acusación, y presentar su caso a base de uno de dichos actos. Al efecto dice Corpus Juris:

. . Cuando el estatuto permite la acumulación de distintas ofensas bajo diferentes cargos (counts), la corte no está obligada a exigir al fiscal que elija el cargo sobre el cual someterá a juicio acusado. De acuerdo con esto, cuando en una misma acusación so incluyen cargos que imputan respectivamente la falsificación y el uso del documento falsificado, el fiscal no puede ser obligado a elegir entre dichos dos cargos; e igualmente se ha sostenido que cuando la acusación imputa varias ofensas, distintas en su aspecto legal pero resultantes substancialmente de la misma transacción, tales como i a falsificación de una hipoteca, la del certificado de reconocimiento de la misma, y la de la fianza que la acompaña e igualmente el haber utilizado cada uno de ellos, el acusado no tiene un derecho absoluto a obligar al fiscal a elegir.” 26 C. J., pág. 957, see. 114.

La corte inferior no incurrió en error al desestimar la excepción perentoria.

Los señalamientos tercero, cuarto y quinto leen como sigue:

"3. Conceptuar al acusado Rafael Labrador actor o coadyuvante de los actos conceptuados delictivos.
“4. Haberse dado crédito a la declaración del testigo Justino Santiago, en la parte de ella referente a Rafael Labrador.
“5. Conceptuar constitutivo de falsificación el único acto atri-buido a Rafael Labrador.”

En su alegato el apelante imputa a la corte la errónea apreciación de la prueba. El apelante alega que la acusación contiene dos imputaciones: 1, contra los dos acusados, de haber falsificado el cheque, imitando la firma de Pedro Orpi; 2, contra el coacusado Félix Ortiz, de endosar el che-que con el nombre de Miguel A. Vargas.

Y alega el acusado que el primer cargo, que es el que le atañe, no fué debidamente probado, ya que la confesión que le atribuyó el testigo Santiago, policía insular, no fué corro-borada.

No hubo error en la apreciación de la evidencia, que es, a nuestro juicio, suficiente para sostener el veredicto y la sentencia en contra del apelante. La admisión o confesión hecha por el acusado apelante al policía Justino Santiago está ampliamente justificada por el resto de la evidencia. El acusado Labrador no solamente admitió haber hecho el che-que, si que estuvo presente y vió y oyó cuando el acusado Ortiz endosó el cheque y dijo que él era Miguel A. Vargas, o sea la persona a favor de quien aparecía expedido el che-que. No se ha alegado, ni tampoco aparece de los autos, que el jurado haya actuado movido por pasión, prejuicio o par-cialidad. Debemos respetar su veredicto y confirmar la sen-tencia recurrida.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Valentín Polanco de Jesús y Emilio Reynés, demandantes y apelados, v. Santiago Ruiz López y El Municipio de Cíales, demandados y apelante el primero.
    Núm. 8254.

    Sometido: Diciembre 2, 1940.

      Resuelto: Diciembre 6, 1940.

      Santiago Ruiz López, por su propio derecho;

      L. Mercader, abogado de los apelados.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Se solicita la desestimación del recurso de apelación in-terpuesto en este caso, por frívolo.

De los autos resulta que Valentín Polanco de Jesús y Emilio Reynés iniciaron un pleito contra Santiago Ruiz López y el Municipio de Ciales sobre nulidad y otros extre-mos y que ambas partes apelaron contra la sentencia dictada en el mismo.

Besolviendo la apelación esta corte revocó la parte de la sentencia adversa a los demandantes y condenó al demandado Santiago Bniz López a pagarles setenta y cinco dólares por concepto de daños y perjuicios, más las costas. Polanco v. Ruiz, 55 D.P.R. 785.

Devueltos los autos a la corte de distrito, los demandantes radicaron un memorándum de costas por la suma de $1,246, de los cuales mil lo eran por honorarios de abogado. Im-pugnó Bniz el memorándum y celebrada una vista, la corte el 20 de febrero último lo aprobó por $246, excluyendo los honorarios. Los demandantes apelaron y su apelación está pendiente.

Así las cosas, los demandantes presentaron a la corte una moción pidiéndole que ordenara que la ejecución de la sentencia continuara en cuanto a los setenta y cinco dólares por daños y perjuicios y la corte así lo resolvió el 7 de junio de 1940. Y contra esa orden interpuso Buiz el recurso cuya desestimación se pide.

La moción de desestimación se notificó al apelante en noviembre diez y ocho último y su vista se celebró en diciem-bre dos actual sin asistencia de las partes. Nada tampoco ba dicho el apelante por escrito en relación con la moción.

Sobre la éxigibilidad de los setenta y cinco dólares no hay cuestión. La sentencia es firme en cuanto a ese pronuncia-miento. Es el de costas, en lo que respecta a su cuantía, el que está pendiente. ¿ Constituye la sentencia una inte-gridad que no pueda dividirse a los fines de su ejecución? Con respecto al pago voluntario, parece claro que puede hacerse el de una parte, continuando la controversia ante los tribunales en cuanto a la otra sobre la cual no se haya llegado a un acuerdo. La duda surge cuando como en este caso no existe el pago voluntario y precisa acudir al embargo y venta judicial para hacer efectiva la sentencia en aquella parte que no admite controversia, ya que entonces tendría que seguirse otro procedimiento para el cobro de la restante que llevaría consigo nn aumento en los gastos de ejecución que habría de recaer en definitiva sobre el deudor.

Sin embargo, como esa duda ni siquiera ba sido levantada por el apelante y éste podría obviar los mayores gastos pagando lo que debe, como el dicho apelante no se ba opuesto en forma alguna a la moción y como a primera vista parece que la ejecución procede, debe concluirse que el recurso es frívolo habiéndose interpuesto con el único fin de dilatar la ejecución de aquella parte de la sentencia sobre la cual no hay ni puede haber ya disputa.

Siendo ello así, de acuerdo con la regla 59 del reglamento del tribunal, debe desestimarse el recurso.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Baldomero Cardona, acusado y apelante.
    Núm. 8229.

    Sometido: Noviembre 26, 1940.

      Resuelto: Diciembre 6, 1940.

      Gelpí & Gelpí, abogados del apelante;

      Hon. Procurador General George A. Malcolm, R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El acusado apelante fué convicto y condenado a pagar una multa de $150 ó a la prisión subsidiaria, por infracción de la Ley núm. 25 de 17 de julio de 1935, ((2) pág. 153), consistente en que “de una manera ilegal, criminal, voluntaria y malicio-samente tenía establecida como dueño una banca de bolipool y se dedicaba a la manipulación de dicha banca de bolipool, conocida con el nombre de “La Favorita,” que es una combi-nación clandestina, mediante la distribución y venta, de tickets, por medio de agentes, relacionada con la Lotería Na-cional de Santo Domingo, que es una lotería clandestina en Puerto Bico.”

Examinaremos los ocho señalamientos de error en que se basa este recurso, siguiendo el mismo orden de exposición del alegato del apelante.

1. Que la corte inferior erró al declarar sin lugar la excepción perentoria.

El fundamento de dicha excepción es que en la denuncia no se alega que el acusado tuviese conocimiento de que los tickets e implementos que le fueron ocupados, se usaban, “a sabiendas,” para el juego prohibido de bolipool.

La corte inferior procedió correctamente al desestimar dicha excepción. ' La sección 4 de la Ley núm. 25, supra, castiga a “toda persona que fuere sorprendida portando o conduciendo cualquier papeleta, billete, ticket, libreta, lista de números o implementos, a sabiendas de que se utilizan o están utilizando para los juegos ilegales de la ‘bolita,’ ‘boli-pool/ combinaciones clandestinas relacionadas con los ‘pools’ de los hipódromos de Puerto Eico, y loterías clandestinas; a toda persona que vendiere éstos o cualesquiera otros aná-logos que se probare representar algún billete, suerte, acción o interés en dichos juegos ilícitos o conectados con la prác-tica de los mismos; y a todo dueño, apoderado, agente, en-cargado, director o administrador de los juegos prohibidos por esta Ley. ’ ’ La sección 5 de la misma ley castiga a ‘ ‘ todo dueño de imprenta o taller de fotograbar que a sabiendas permitiere o consintiere que se impriman o graben en sus establecimientos billetes, tickets, papeletas o cualquiera otro material para ser utilizado y distribuido en la manipulación de los juegos ilegales conocidos generalmente como ‘bolita’ y ‘boli-pool.’ ” Como se ve, la alegación de que el hecho se realizó “a sabiendas” es necesario cuando se trata de la portación o conducción o de la impresión de los billetes, mas no lo es cuando la acusación va dirigida contra el que mani--pula el juego prohibido, como dueño, o contra la persona que vende los billetes. Y es natural y lógico que así sea, pues es posible que una persona lleve o conduzca billetes o tickets o los imprima sin saber que han de utilizarse para violar la ley. Pero no es posible presumir que una persona que vende billetes de bolipoot o que manipula dicho juego como dueño, agente o apoderado lo hace sin saber que está violando la ley. Si se exigiese al fiscal alegar y probar que el que vendió un ticket de bolipool o manipuló dicho juego como dueño lo hizo “a sabiendas,” ello equivaldría a admi-tir que la ignorancia de la ley es una buena excusa de su incumplimiento.

2, 3 y 4. Que la corte erró al prohibirle al testigo Jusino que contestara una pregunta de la defensa con relación a su complicidad en el delito imputado al apelante; al no resolver que dicho testigo Jusino, único que declaró contra el apelante, era un cómplice o co-autor; y al declarar convicto al acusado por la sola declaración, no corroborada, de un cómplice.

El testigo Jusino declaró que vió al muchacho Pascual Feliciano cuando le vendió un ticket a Octavio Méndez Olivencia; que dicho ticket resultó premiado; que el banquero Baldomero Cardona, el acusado, se negó a pagar el premio; que sabe que Cardona es el banquero porque él tenía una banca que se llamaba “La Favorita”; que el número que le muestra el fiscal es el mismo que vendió el muchacho; que sabe que Baldomero Cardona era el dueño de la banca “La Favorita” porque él repartía esos tickets y vivía cerca de su casa y que le vió pagar tickets de bolipool; que él le compraba tickets al acusado y le compró muchas veces.

En la repregunta el testigo reafirmó y amplió lo declarado en el examen directo, declarando que varias veces vió al acusado repartiendo libretas a Pascual Feliciano, para la venta de tickets; que él compró tickets a Feliciano y al acu-sado personalmente, de la misma libreta de donde se sacó el ticket vendido a Octavio Méndez Olivencia. El incidente que ha motivado los señalamientos que estamos considerando ocurrió así:

“P. ¿Ud. vendía de esos tickets también?...
“Pión. Fiscal: No conteste la pregunta, testigo. Yo me opongo porque eso incrimina al testigo.
“Lie. Gelpí: Entonces yo voy a solicitar que se elimine todo lo declarado por el testigo porque él dice que compraba tickets de boli-pool y eso también lo incriminaría.
“Hon. Juez: El que compra tickets de bolipool no infringe la ley.
“Lie. Gelpí: Entonces anotamos excepción por entender lo si-guiente: Que la pregunta hecha al testigo es pertinente toda vez que tiende a averiguar todo lo relacionado con la transacción en cuanto a la banca de bolipool que se alega pertenece al acusado y porque además, el derecho a no ser incriminado es un derecho del que está en la silla testifical, el cual derecho por violación de dicho derecho debe alegarlo al tribunal para que pueda resolver en- cuanto a dicho derecho, sin que sea atributo del juez de la corte o del fecal el no permitir una pregunta porque de la contestación dada a la misma por el testigo pueda éste incriminarse.
“Hon. Fiscal: Sr. Juez, es el testigo del fecal y por tanto, el fiscal tiene que velar por que no sea incriminado.”

Como se ve por lo que acabamos de transcribir, el abo-gado defensor no dió una oportunidad a la corte inferior para resolver si el testigo debía o no contestar la pregunta objetada por el fiscal. Sin esperar y sin solicitar una de-cisión sobre la cuestión planteada por la oposición del fiscal, procedió el defensor a solicitar la eliminación de lo ya declarado por el testigo, por entender que éste se incrimi-naba al declarar que él babía comprado tickets para el juego prohibido de bolipool. La resolución excepcionada por el apelante es correcta. La ley no castiga al comprador y sí al vendedor de un ticket de bolipool. Por consiguiente, la admisión del hecho de haber comprado un ticket de la banca “La Favorita,” no convirtió al testigo Jusino en cómplice o coautor del delito imputado al apelante. El récord no sostiene la alegación de que el juez prohibió al testigo que contestase la pregunta ineriminatoria que le formuló la de-fensa.

5 y 6. Que la corte inferior erró al no permitir a la defensa contrainterrogar al testigo Jusino y al prohibirle que interrogara a dicho testigo en relación con su conocimiento de los hechos del caso.

Examinemos el incidente a que se refieren estos señalamientos. Al insistir el abogado defensor en hacer al testigo una pregunta que ya había sido hecha y contestada en dos ocasiones anteriores, tuvo lugar el siguiente diálogo:

“Juez:
“La corte entiende que yá el testigo ha contestado eso varias veces. Él dice que porque ha visto al banquero repartiendo tickets y pagando y demás.
“Lie. Gelpí:
“Y la prueba es de referencia, Sr. Juez.
“Juez:
“La corte cree que estamos perdiendo un tiempo innecesario (sic). La corte no admite que se le bagan más preguntas a este testigo.
“Lie. Gelpí:
“Entonces yo voy a objetar que el Hon. Juez de la corte no me permita seguir preguntando.
“Juez:
“Puede' seguir preguntando, aunque el abogado está un poco irrespetuoso.
“Lie. Gelpí:
“Ante esta situación no tenemos nada que preguntar al testigo y sometemos el caso.”

El juez que preside un juicio tiene autoridad y discreción para conducir los procedimientos, cuyo único objeto es el esclarecimiento de la verdad. No tiene derecho el abogado defensor a prolongar indefinidamente el examen directo o la repregunta de un testigo, interrogando a éste sobre cues-tiones que ya fian sido contestadas por el testigo en forma clara y categórica. En el presente caso, el testigo Jusino declaró repetidas veces que él sabía que Baldomero Cardona era el dueño de la banca de bolipool, porque en varias oca-siones le vió repartiendo tickets y pagando los que resulta-ban premiados. Fué cuando el defensor insistió en hacer la misma pregunta que el juez le hizo la advertencia que se señala como error. No hubo tal error. El juez informó al abogado defensor que podía seguir examinando al testigo. El defensor no puede ahora quejarse de su propia determi-nación de no continuar el interrogatorio.

Los dos últimos señalamientos están relacionados con la admisión en evidencia de un ticket de bolipool y con la suficiencia de la prueba. El ticket fué suficientemente identificado por el testigo Jusino, como el mismo que fué vendido por Feliciano a Méndez Olivencia. No erró la corte inferior al admitirlo en evidencia. La prueba, a la cual dió crédito la corte sentenciadora, es a nuestro juicio suficiente para justL ficar la sentencia recurrida, la cual debe ser confirmada.


text:
    Rudesinda Monagas de Bravo, demandante y apelada, v. R. Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante.
    Núm. 8227.

    Sometido: Noviembre 6, 1940.

      Resuelto: Diciembre 6, 1940.

      Hon. Procurador General George A. Malcolm j M. Rodríguez Ramos, Procurador General Auxiliar, abogados del apelante;

      J. J. Ortiz Alibrán, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Doña Estela Bianehi viuda de Monagas falleció en Ma-yagüez el 14 de diciembre de 1934, dejando a la demandante como su única y universal heredera. A los efectos del pago de la contribución de herencia, la demandante radicó en el Departamento de Hacienda una notificación contentiva del inventario de los bienes de la herencia, entre los cuales se hallan 175 acciones de la corporación Mayagüez Sugar Co. Valoró la demandante dichas acciones en $70,000, o sea a razón de $400 cada una, a pesar de que su valor a la par era de $1,000 por cada acción. Aceptó el Tesorero la valora-ción de los demás bienes componentes de la herencia, con excepción del valor dado a las acciones, que él estimó a razón de $1,480 cada una, subiendo así esta partida de $70,000 a $259,000. No estuvo conforme la demandante y recurrió a la Junta de Revisión e Igualamiento, la que luego de la correspondiente audiencia, redujo la valoración del Tesorero en lo que a las acciones respecta, de $259,000 a $175,000, es-timando el valor de cada acción en $1,000. No satisfecha la demandante, pagó la contribución bajo protesta e instituyó este pleito en la corte inferior, solicitando la devolución de la totalidad de la contribución por ella pagada, a saber: $12,882.96 y sus recargos montantes a $1,803.61, en total $14,686.57, que alega le fue ilegalmente cobrada, más intere-ses legales sobre dicha suma desde la interposición de la demanda, y las costas, gastos y honorarios de abogado, por ser inconstitucional, según ella, la Ley núm. 99, de 29 de agosto de 1925, intitulada “Ley para modificar y ampliar la contribución sobre trasmisión de bienes por herencia, y para otros fines,” (Leyes de 1925, pág. 791), suplicando además, la demandante que en caso de sostenerse la constitucionali-dad de la ley, fuese condenado el demandado a devolverle $7,182, que es la diferencia entre el montante de la contri-bución valorando las acciones en la forma en que lo hizo la Junta de Revisión e Igualamiento y el que les dió la deman-dante a razón de $400 cada una.

Desestimada que fué la excepción previa de insuficiencia de hechos para constituir una causa de acción, contestó el demandado. Trabada así la contienda, el 14 de julio de 1939 por los méritos de la prueba se dictó la sentencia ape-lada, en la que se sostuvo la constitucionalidad de la ley impugnada, y estimando la corte el valor total de las accio-nes en $75,463.50, o sea a razón de $431.22 cada una, ordenó que por el Tesorero de Puerto Rico se practicara una reli-quidación a base de] valor dado por la corte a las acciones, hecbo lo cual habría de restituirse a la demandante la can-tidad cobrada en exceso de la que correspondiera pagar, con intereses desde el primero de julio de 1936, fecha de la inter-posición de la demanda, sin costas.

Interpuso el demandado el presente recurso, solicitando la demandante se desestimase por frívolo, más como para la fecha de la vista de dicha moción en este tribunal, el 6 del mes pasado, una y otra parte habrían radicado ya sus ale-gatos escritos en relación con el recurso en sus méritos, estipularon, con la aprobación del tribunal, que en caso- dé no proceder la desestimación por frivolidad, se resolviese el pleito en sus méritos sin necesidad de una nueva vista.

Un recurso de apelación es frívolo cuando su insuficiencia es tan manifiesta que no requiere esfuerzo' mental alguno para descubrirla. Un recurso como el presente, en que la representación de la apelada ha estimado necesario radicar un alegato de 28 páginas para controvertir los argumentos del apelante, en manera alguna puede considerarse frívolo.

En el señalamiento de errores se indica en primer término el haberse desestimado la excepción previa interpuesta por el demandado. Aunque ese érror no fue discutido en el alegato del apelante, no obstante tratándose de una excepción previa dé falta de causa dé acción, hemos examinado la demanda y a nuestro juicio la misma es suficiente: Descartada la excepción previa así como la cuestión constitucional levantada'por la apelada — puesto que no interpuso ella recurso alguno contra la sentencia que la desestimó — , lá tínica cuestión a resolver en esta apelación es la de si, a los efectos del pago de la contribución de herencia, acciones de nna corporación de familia (close corporation), que no tienen valor conocido en el mercado, deben tasarse de acnerdo con el valor que resulte de los libros de la corporación (book value), como sostiene el demandado apelante, o si, como afirma en contrario la demandante apelada, puede y debe recurrirse al valor de los bienes corporativos para determi-nar el de las acciones, cuando como en el presente caso se alega que el valor en los libros (book value) está inflado y no representa el verdadero y justo valor de dichas acciones.

No existe en Puerto Rico ninguna ley que establezca el criterio a seguir en casos como el presente y es nueva la cuestión en este tribunal.

Refiriéndose a esta cuestión, ha dicho el Board of Tax Appeals que no hay ningún método preferido (controlling method) para determinar el valor de las acciones de una corporación de familia (close corporation), sino que más bien el problema debe ser resuelto por el ejercicio de una sana discreción, aplicando el método que sea más justo y apropiado de acuerdo con las circunstancias de cada caso en particular. Huntington v. Commissioner of Internal Revenue (1937) 36 B.T.A. (P.) 698. La jurisprudencia, sin embargo, parece dar preferencia en primer término al valor de las acciones en el mercado, y en caso de que su valor no fuese conocido en el mercado y el booh value o valor en los libros no reflejase enteramente la verdad, entonces puede determinarse el valor de las acciones tasando la propiedad de la corporación por' ellas representada, más el good will si lo hubiere, y dividido el valor total de la propiedad luego de deducido su pasivo y las acciones preferidas si las hubiere, por el número de acciones comunes, el cociente será el valor neto de cada acción común. Véanse las monografías en 24 A.L.R. 1041, 57 A.L.R. 1155, 83 A.L.R. 940, y 117 A.L.R. 149. Véanse también In re Lemke’s Will y State v. Lemke (1931, Wis.) 238 N. W. 806. En el presente caso la prueba demos-tró que las acciones no tenían valor conocido en el mercado, pues nunca se había hecho venta alguna de ellas, y aunque, según la prueba de la demandante las 175 -acciones en cues-tión fueron ofrecidas a tres distintas personas interesadas en la compra de valores y una de ellas ofreció $400 por acción— oferta que no fué aceptada puesto que no era el propósito de la demandante vender sus acciones y sí determinar el valor de las mismas en el mercado — no podemos aceptar esa simple operación como base para determinar el valor de las ac-ciones. Resultó también de la prueba que el valor en los libros (booh value) de las acciones estaba considerablemente inflado. Refiriéndose al valor en los libros, dice la corte sen-tenciadora en su opinión: i

“No hay duda que la evidencia practicada por la demandante ha sido preponderante a favor de la prueba de sus alegaciones de que el booh value ha sido erróneamente apreciado, y que en este caso procedía una revaloración para el ajuste correspondiente. La prueba manifiesta de una manera clara que se trata de una factoría de 30 años de uso, con maquinaria vieja y en desuso en otras centrales. La declaración de don Oscar F. Bravo presenta la historia de la central; explicó que las perspectivas de la industria del azúcar para, el año 1935 con motivo de la promulgación de la Ley Costigan Jones,, no era buena; quedó esto también demostrado con la propia eviden-cia del demandado, de la que aparece que la verdadera situación del' año 1935 era una pérdida en el balance de unos $70,000. El inge-niero, Sr. Castro, declaró tan elaboradamente sobre el valor de los bienes que esa sola declaración sería suficiente para esta corte resolver que el valor de la factoría consignado en los libros era exage-rado. La corte no puede ignorar esas declaraciones, que prueban las alegaciones de la demanda. Si el demandado nos hubiera-, ofrecido la declaración de peritos que hubieran controvertido las-declaraciones presentadas por la parte demandante, la corte estaría en posición de juzgar cuál de las valoraciones resultaba correcta. El demandado descansa muy a menudo, como se expresa en su alegato en este caso, en que es elemental el principio de que los funcionarios públicos cumplen fielmente con los deberes de sus cargos, siendo correctas sus actuaciones, y en ese caso, el demandado hace descansar el peso de la prueba al que impugna dicha corrección. Pero ya se ha resuelto en repetidas ocasiones, y ahora muy recientemente en South P. R. Sugar Co. v. Tesorero, 54 D.P.R. 70, que la presunción existente en favor de la certeza de una tasación administrativa no es irrefutable. En el presente caso, a nuestro juicio, se ba refutado cumplidamente esa presunción.” (T. de A., págs. 38, 39.)

. En el artículo de Benjamin M. Robinson titulado “Dissenting Shareholders: Their Bight to Dividends and the Valuation of Their Shares”, publicado en (1932) 32 Columbia Law Review, pág. 60, tratando del escaso valor probatorio del valor en los libros {booh value) de las acciones, se dice lo siguiente:

"Kentucky y Nuevo Méjico prescriben el valor de las acciones en los libros {booh value)' como el valor mínimo. Esto es erróneo. Con-forme se dijo por el Juez Hand, ‘La sugestión de que el valor en los libros de las acciones representa en alguna forma su valor actual, ■es claramente falaz... ’ El valor en los libros de las acciones de corporaciones, se admite que no tiene relación alguna con su valor propiamente dicho. Frecuentemente está inflado o depreciado (deflated) para servir propósitos particulares, irrespectivamente de su capacidad productiva, precio en el mercado, valor de desecho (scrap value) etc. Si el valor en los libros se expresa como el costo menos depreciación, su resultado podría no ser exacto debido a que su utilidad económica ha pasado. Los valores de reproducción no son más exactos por idénticas razones.” (Págs. -74-75.)

Recurriremos, pues, al método que dentro de las circuns-tancias resulta el más aceptable, o sea, el de tasar la pro-piedad física representada por las acciones.

De la prueba de la demandante apelada resulta que la corporación de que se trata se dedica a la fabricación de azúcar de caña y que los únicos terrenos que posee es una parcela de 18 cuerdas en la que enclavan la factoría y otras edificaciones accesorias. Que esta Central se estableció en el año 1908, con una maquinaria que bacía dos años babía sido traída de Inglaterra y no babía podido ser levantada del muelle por no estar en condiciones el importador de pagar los correspondientes derechos de aduana. Que en la fecha en que falleció la causante, el 14 de diciembre de 1934, el 85 por ciento de la maquinaria era la misma con que ori-ginalmente se estableció la Central en 1908, es decir, que venía usándose por espacio de 27 años, sin qne en dicha maquinaria se introdujeran las reformas modernas de que actualmente están dotadas las demás Centrales y con las cuales aumenta considerablemente su rendimiento.

Declaró por la demandante el perito Pedro B. Castro, in-geniero mecánico graduado en 1911, que lo fué de esta Central en 1923 ó 1924, y con experiencia como tal en las siguientes centrales: Eureka, Boca Chica, Mayagüez Sugar Co., Juanita y Fajardo, en Puerto Rico, y Pilar y Estrella, en la República de Cuba. Manifestó este testigo que en 1935 fué requerido por don Oscar Bravo, presidente de la Mayagüez Sugar Co., para que hiciese una tasación de todas las propiedades de la Central y que como trabajaba entonces en San Juan, tuvo que ir en diez o doce fines de semana a Mayagüez para tomar todos los datos necesarios sobre el terreno, regresando luego a su residencia para hacer los cálculos correspondientes. Refiriéndose a la forma en que hizo la tasación, dijo el testigo que había examinado cada una de las máquinas, bombas, artefactos, etc., tomando la medida exacta de cada uno de ellos, cerciorándose de sus cimientos, calculando los fletes, costo de instalación, consi-derando el año en que se montó la máquina o fué ésta com-prada, para así calcular los años de vida de cada una de ellas y poder calcular su depreciación, “obsolencia”, etc., y des-pués de un estudio minucioso de cada una de las dependen-cias de la Central, que dividió en sus distintos departamentos, llegó a la conclusión que el valor de la Central de dicha corporación, incluyendo la fábrica, maquinarias, terrenos, ganado, casa, etc., importa la cantidad de $189,436.78. Si a dicha suma agregamos el resto del activo de la corporación, montante a $247,025, tendremos entonces que el activo bruto —no incluyendo el good will, puesto que no se probó que existiera y así lo declaró la corte sentenciadora — asciende a la cantidad de $436,461.78. Deduciendo del activo el pasivo, que ambas partes aceptan en $328,657.42, tendremos entonces que el activo neto de la corporación asciende a $107,804.36, suma que dividida entre las '250 acciones emitidas, nos dará un cociente de $431.22, que es el valor de cada acción. Puesto que son 175 las heredadas por la demandante, el valor total de las mismas será $75,463.50, que fué en lo que las estimó la corte inferior.

Como la prueba de la demandante controvirtió satisfac-toriamente, a nuestro juicio, la del demandado, que consistió exclusivamente en el valor en los libros (booh value) de las acciones, y como no encontramos que la corte inferior come-tiera error manifiesto en la apreciación de la prueba, procede desestimar el recurso y confirmar la sentencia apelada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Taurino de Jesús, acusado y apelante.
    Núm. 8310.

    Sometido: Diciembre 4, 1940.

      Resuelto: Diciembre 9, 1940.

      Herminio Miranda, abogado del apelante;

      IIon. Procurador General George A. Malcolm y B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Este recurso se estableció contra una sentencia por abandono de menores. Aunque declararon varios testigos, la única evidencia que tiende a sostener la denuncia es la de la madre del niño que se alega abandonado. Con respecto a esta prueba el apelante alega que es insuficiente y que la corte, al apreciarla, actuó movida por “error, prejuicio y pasión.” Invoca el apelante el caso de Pueblo v. Rotger, 55 D.P.R. 139. El fiscal de este tribunal, tanto en su informe escrito como en el oral el día de la vista, opinó como el ape-lante que la prueba era insuficiente a la luz de la jurispru-dencia establecida en el citado caso de Pueblo v. Rotger, y solicitó del tribunal la revocación de la sentencia y la abso-lución del acusado. El testimonio de la madre denunciante podemos resumirlo así:

Que el acusado es el padre de su hijo; “que se quiso con él” por espacio de seis meses; que ella no vivía con el acusado, pero cuando ella iba a buscar trabajo y cuando se lo entregaban, iba a la casa del acusado; que él la desgració al lado de la casa de él; que el acusado niega que el niño sea su hijo y nunca lo ha tenido como tal, pero ella asegura que él es su padre; que nunca ha “tenido que ver con otro hombre más que con él”; que durante los seis meses en que se quiso con el acusado, no vivió bajo techo con él, pero sostenían ocasionalmente relaciones sexuales.

El resto de la prueba de cargo, si bien no corrobora la declaración de la madre, tampoco la controvierte en forma alguna. El acusado se abstuvo de presentar evidencia. Aunque la madre de la denunciante declaró también que el acusado era el padre del niño, de su propia declaración resultó que ese conocimiento procedía de lo que le informara su hija, sin que las circunstancias concurrentes justificasen la admisión de su testimonio como parte del res gestae. Es por ese motivo que prescindiremos de su declaración y que nos limitaremos exclusivamente a la de la denunciante, no obstante haber expresado el juez sentenciador que las dos testigos habían dicho la verdad.

No exige la dey, en caso de abandono de menores, que la declaración de la denunciante sea corroborada. Siendo ello así, son de aplicación los artículos 13 y 18 de la Ley de Evidencia (arts. 375 y 380 del Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933), que prescriben:

“Art. 375. Estímase satisfactoria la evidencia que ordinariamente produce la certeza o convicción moral en una conciencia exenta de preocupación. Basta tal evidencia para justificar un veredicto o fallo.
“Art. 380. La evidencia directa de un testigo que merezca entero crédito, es prueba suficiente de cualquier becbo, salvo perjurio o traición. ’ ’

El juez sentenciador, que tuvo la oportunidad de que no disponemos nosotros de ver y oír declarar a la denunciante, de apreciar sus gestos, la inflexión de su voz, la expresión de su mirada, la seguridad y firmeza con que hiciera sus acusaciones, probablemente cara a cara con el acusado, imputándole haberla privado de su virginidad y ser el padre de su hijo, asegurando además que nunca ha tenido relaciones con otro hombre, el juez, repetimos, creyó que ella decía la verdad, siendo tan fuerte la impresión que en su ánimo produjeran sus palabras que, a pesar de creer él, equivocadamente, desde luego, que la revocación de la sentencia por este tribunal podría perjudicar su reputación de juzgador, asume el supuesto riesgo y dejando oír la voz de su conciencia se expresa en los siguientes términos:

‘ ‘ Quiero que se baga constar lo que voy a decir. Éste es un caso en que se presenta una prueba débil y puede ser que esta sentencia la vayan a revocar, pero esas dos mujeres que declararon aquí a mi entender ban dicbo la verdad; la mucbacba ba dicbo la verdad y no quiero tener ese cargo de conciencia, que creyendo que ban dicbo la verdad de que el acusado es padre de ese chiquito y de que no le pasa nada, contribuir yo a eso. Aunque esta sentencia la puedan revocar, la corte lo declara culpable y le impone dos meses de cár-cel, pero si le pasa .un peso semanal suspende la sentencia para que pueda permanecer en libertad. Para algo está el Art. 18 de la Ley de Evidencia.” (T. de E., pág. 7.)

■Es verdad que el juez empieza por decir que “éste es un caso en que se presenta una prueba débil, ’ ’ pero no deben interpretarse sns palabras aisladamente del resto del párrafo, como expresivas .de dnda sobre la culpabilidad del acusado. La idea que en aquellos momentos existía en la mente del juez, era la circunstancia de la falta de corroboración, pero ello no obstante, él dió absoluto crédito a la declaración de la denunciante, demostrando así que no abrigaba la duda razonable que necesariamente hubiera producido la absolu-ción del acusado. Examinemos ahora nuestra decisión en el caso de El Pueblo v. Rotger, supra, que tanto la defensa como el fiscal invocan en apoyo de la revocación de la sen-tencia. Dijimos entonces:

“Ahora bien, ¿se probó fuera de toda duda razonable que el ape-lante sabía que la menor Mérida Pérez era su hija1? La única prueba que se presentó sobre ese extremo consistió en la declaración de la madre denunciante, de la que resulta que ella vivió con el acusado como un año, sin poder precisar cuándo empezó a vivir con él. Al preguntársele qué tiempo antes de nacer la niña vivió con el acusado, contestó:
“ ‘Seguramente tenía que vivir con él.’
“Insistió nuevamente el fiscal en la misma pregunta, contestando entonces:
‘ ‘ ‘ Como dos o tres meses antes de nacer la niña. ’
“No resulta de la declaración de esta testigo que el acusado con-siderase a la niña como hija suya ni en publico ni en privado, pues el hecho de que la hubiera ayudado o atendido por dos o tres meses y luego se retirase, como declaró la denunciante, no implica nece-sariamente que al ayudar a la niña lo hiciera movido por su relación de padre.
“No apareciendo de la prueba que al tiempo de la concepción de la niña el acusado viviera en concubinato con la denunciante, ni apareciendo tampoco que en fecha determinada comprendida dentro del período de gestación hubiesen tenido ellos relaciones sexuales, tenemos que convenir con el fiscal de este tribunal que la prueba no demuestra más allá de duda razonable la paternidad de la niña en el apelante. La declaración de la denunciante es perfectamente compatible con la existencia de relaciones iniciadas después de la con-cepción de la niña.
“Existe, a nuestro juicio, el cuarto de los errores señaládos, procede, por consiguiente, la revocación de la sentencia apelada.”

De lo anteriormente transcrito resulta qne la razón por la cnal este tribunal revocó la sentencia contra Rotger, fné el hecho de qne la prueba de cargo no excluía la posibilidad de que fuese otro hombre y no el acusado el padre de la niña que se alegaba abandonada. Declaró en aquel caso la madre, que vivió por espacio de un año con el acusado, pero no precisa cuándo empezó a vivir con él. Contestó evasivamente primero, para después admitir que vivió con el acusado dos o tres meses antes de nacer la niña; pero en ningún momento dijo cuándo habían empezado ellos sus rela-ciones. Pué ese defecto en la prueba lo que motivó la revo-cación de la sentencia, condensándose el pensamiento de este tribunal en el siguiente párrafo de la opinión:

“No apareciendo de la prueba que al tiempo de la concepción de la niña el acusado viviera en concubinato con la denunciante, ni apa-reciendo tampoco que-en fecha determinada comprendida dentro del período de gestación hubiesen tenido ellos relaciones sexuales, tenemos que convenir con el fiscal de este tribunal que la prueba no demuestra más allá de duda razonable la paternidad de la niña en el apelante. La declaración de la denunciante es perfectamente compatible con la existencia de relaciones iniciadas después de la concepción de la niña.” (Bastardillas nuestras.)

En el presente caso, como hemos visto, no existe ese defecto en la prueba. Por el contrario, la declaración de la denunciante, de ser creída como lo fué, demuestra que el acusado y no otro hombre es el padre del niño. Se dirá que es peligroso basar una - sentencia en la sola declaración de la denunciante, pero además de que de exigir en estos casos tal corroboración estaríamos intercalando en la ley lo que el legislador no ha creído prudente intercalar, como lo ha hecho entre otros con los delitos de seducción y violación, nada priva al acusado de presentar prueba que destruya la del Pueblo, o por lo menos haga surgir la duda razonable en la mente del juzgador.

Nada encontramos en el récord que tienda a demostrar pasión, prejuicio o parcialidad por parte del juez inferior, y no resultando tampoco que incurriera en manifiesto error en la apreciación de la prueba, procede desestimar el recurso y confirmar la sentencia apelada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Germán Marrero, conocido por Alejándro Germán Vélez, acusado y apelante.
    Núm. 8401.

    Sometido: Diciembre 2, 1940.

      Resuelto: Diciembre 9, 1940.

      José Sdbater, abogado del apelante;

      Uon. Procurador General George A. Malcolm, B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El apelante interpuso este recurso contra la sentencia de la Corte de Distrito de Mayagiiez que lo condenó a cumplir tres años de presidio con trabajos forzados por un delito de violación en grado de tentativa. En sn alegato señala dos errores qne expone así:

“Primer error: La corte inferior cometió error al declarar sin lugar la excepción perentoria privilegiada, fundada en que la acusa-ción tal como había sido redactada no aducía hechos constitutivos de delito público alguno. (T. de A. pág. 12.)
“Segundo error: La corte inferior cometió error al declarar sin lugar la moción presentada por los abogados del acusado solicitando se dejara sin efecto legal el veredicto rendido por el jurado y se concediera la celebración de un nuevo juicio de acuerdo con lo dis-puesto en el Art. 303 del Código de Enjuiciamiento Criminal de Puerto Rico. (T. de A. pág. 13.)”

No se ña elevado a este tribunal una transcripción de evidencia o exposición del caso de la qne aparezca la prueba que desfiló ante la corte sentenciadora. Tampoco tenemos las instrucciones al jurado. - En tales circunstancias, al estudiar el señalamiento de errores tendremos que atenernos exclusivamente a lo que de los autos resulte.

La acusación cuya suficiencia impugna el apelante literalmente dice así:

“El fiscal formula acusación contra Germán Marrero, conocido por Alejandro Germán Yélez, por un delito de violación en grado de tentativa (felony), cometido como sigue:
“El referido acusado, Germán Marrero, conocido por Alejandro Germán Yélez, allá en o por el día 5 de febrero de 1939, y en Las Marías, P. R., que forma parte del Distrito judicial de Mayagüez, P. R., criminal, intencional y maliciosamente intentó yacer y realizar actos carnales con la niña menor de catorce años de edad, nombrada Gloria Alayón Nieves, quien allí y entonces no era su esposa y no podía consentir por razón de su menor edad.
“Este hecho es contrario a la Ley para tal caso prevista y a la paz y dignidad de El Pueblo de Puerto Rico.”

Convenimos con el apelante en que no existe en nuestro código un delito bajo la expresa denominación de “violación en grado de tentativa”, pero esa sola circunstancia no im-plica necesariamente que el acto que según la acusación realizó el apelante no haya sido expresamente declarado acto delictivo. Estando el delito de violación expresamente defi-nido en nuestro Código Penal en sn artículo 255, y prescri-biendo el mismo Código en su artículo 50 el castigo para la tentativa de cometer uno de los delitos definidos en dicho cuerpo legal, claro es que el delito de violación en grado de tentativa está definido en nuestro Código, y la sentencia que castiga dicho delito no infringe por consiguiente el artículo 5 del mismo cuerpo legal dispositivo de que “ninguna persona será arrestada por crimen o delito alguno que no estu-viere expresamente declarado como tal en este Código.... ”

A este efecto, véase el caso de People v. Hawley (1930) 106 Cal. App. 216, en el que se trataba de tentativa para cometer el delito de hurto de mayor cuantía, que en California, al igual que en Puerto Pico, no está expresamente definido en el Código Penal.

. En el caso de People v. Lee Kong, 95 Cal. 666, 669, 17 L.R.A. 626, se establece con toda claridad la diferencia entre la tentativa de cometer un delito y el ataque para cometerlo, resolviéndose en dicho caso que el ataque para cometer un delito envuelve dos elementos esenciales e indispensables: (1) la tentativa de cometerlo (attempt to commit the crime), y (2) la aptitud (present ability) para realizarlo, resolvién-dose además que un ataque para cometer determinado delito puede ser perseguido y castigado bajo una acusación en que se imputa solamente el delito en grado de tentativa.

En el caso de People v. Gleason, 99 Cal. 359, se trataba de un delito de incesto en grado de tentativa; en el de People v. Oates, 142 Cal. 12, 14, del delito contra natura en grado de tentativa; y en el de People v. Gardner, 98 Cal. 127, 128, precisamente como en el presente caso, del delito de viola-ción en grado de tentativa, a pesar de que en el Código Penal de California, al igual que en el nuestro, no se usan las ex-presas denominaciones de incesto en grado de tentativa, delito contra natura en grado de tentativa ni violación en grado de tentativa.

Sostiene el apelante que la acusación es también insuficiente porque se imputa al acusado que en determinado sitio y fecha anterior a la acusación, “criminal, intencional y maliciosamente intentó yacer y realizar actos carnales con la niña menor de catorce años... y no alega que el acusado intentó violar, etc. Para que se impute el delito en cuestión no es necesario que se usen las palabras “violar” o “violación”, puesto que el artículo 255 del Código Penal, al definir una de las modalidades del delito, expresamente dispone que se comete al yacer con una mujer que no fuere la propia si ésta fuere menor de catorce años. En el caso de El Pueblo v. Miranda, 30 D.P.R. 489, la acusación decía así: “ .. .que el acusado, Juan Miranda, en Ponce, P. R., que forma parte del distrito judicial del mismo nombre, yació con la niña menor de edad, de 14 años (dando su nombre), quien allí y entonces no era su esposa.” Este tribunal consideró suficiente la acusación, la que, como podrá verse, está redactada en un lenguaje sustancialmente igual al de la que ahora impugna el acusado. Véase también el caso de Pueblo v. Vázquez, 40 D.P.R. 258.

Al discutir su primer señalamiento de error, el apelante sufre una lamentable equivocación al asumir que el delito a que se refiere la acusación es el de ataque con intención de cometer violación, que se define en el artículo 222 del Código Penal, e inútilmente dirige toda su argumentación a demos-trar que la acusación no contiene los elementos necesarios para constituir dicho delito. No siendo ése el imputado en la acusación, no tenemos para qué entrar a considerar las alegaciones que debe contener una acusación por infracción al citado artículo 222.

No nos ha puesto el apelante en condiciones de discutir el segundo de los errores señalados, puesto que como ante-riormente hemos dicho, no tenemos ante nos la prueba que desfiló ante la corte sentenciadora.

Como el artículo 258 del citado Código prescribe que el delito de violación se castigará con pena de presidio por el término mínimo de un año, sin expresar el máximo, la pena máxima de dicho delito es la de reclusión perpetua. Por consiguiente, el delito de violación en grado de tentativa se castiga con pena de presidio que no excederá de la mitad del tiempo que quede de vida al reo. Como es imposible deter-minar el tiempo que ha de vivir el acusado y por lo tanto imposible también computar la mitad de ese tiempo, tal parece que la pena fijada en el artículo 50 es incierta y que por lo tanto no podría sentenciarse al acusado y habría que decretar su absolución. Esta cuestión ha sido suscitada y resuelta en contra del acusado en Califorñia, cuyos tribunales se confrontaron con la misma situación. Se suscitó por pri-mera vez en 1893, en el caso de People v. Gardner, supra, en el cual, como hemos visto, se trataba de un delito de “viola-ción en grado de tentativa.” Discutiendo la cuestión, dijo este tribunal:

“Se arguye que una sentencia de reclusión perpetua es un tér-mino de prisión mayor que cualquier otro término por un número de años, y puesto que el estatuto prescribe que la sentencia que de-berá imponerse al acusado será por un término de años que no exceda de la mitad de la pena máxima prescrita para el delito de violación, es evidente que la sentencia deberá dictarse por un número dé años que no exceda de la mitad de la vida del acusado, y siendo imposible computar ese término, el estatuto es vago (meaningless) y por con-siguiente no existe pena para dicho delito. Este razonamiento es ingenioso, pero no correcto. Si el estatuto sólo permitiese sentencia de prisión por un número de años, no menor de cinco, como pena de la violación, entonces la sentencia en este caso estaría ajustada a la la ley, pues impondría un término de prisión que no excedería de la mitad del que la corte tendría la facultad de imponer. Asimismo, si se concede que cualquier término, nó importa su magnitud, sería mayor que una sentencia de reclusión perpetua, en ese caso la sen-tencia que nos ocupa cae estrictamente dentro de la ley. Ahora bien, asumiendo que sea correcta la proposición del apelante al efecto de que una sentencia de reclusión perpetua es mayor que una por un número determinado de años, en ese caso la sentencia que nos ocupa no es menos correcta, pues lo más incluye lo menos, y si la sentencia en este caso es válida, computada sobre la base de cualquier sentencia que pudiera dictarse, por un número de años en un caso de violación, 'tal sentencia es necesariamente válida computada sobre la base de una sentencia de reclusión perpetua, pues como alega la representa-ción del apelante, tal sentencia es por un término'de prisión mayor que el. que pudiera dictarse por un tiempo determinado. En otras palabras, si la sentencia de cinco años no excede de la mitad de la sentencia máxima que pudiera imponerse en caso de que el estatuto no permitiese imponer la de reclusión perpetua, entonces no puede la sentencia (de cinco años) exceder de la mitad de la de reclusión perpetua, puesto que ese último es un término mayor.”

El caso de Gardner fue ratificado en el de People v. Burns (1902) 138 Cal. 159, 60 L.R.A. 270. Véase también In re Gilbert (1929) 97 Cal. App. 505.

Aplicando al caso de autos el razonamiento del de Gardner, supra, es evidente que la sentencia de tres años de pre-sidio que en este caso se impuso al acusado es válida por hallarse comprendida dentro de los límites establecidos en el inciso primero del artículo 50, en relación con el 258 del Código Penal.

Procede, por lo expuesto, desestimar el recurso y con-firmar la sentencia apelada.