text:
    Antonio Roig Torrellas, demandante y apelante, v. Juan G. Gallardo, Tesorero, demandado y apelado.
    Nos. 4598-4599.

    Sometidos: Febrero 27, 1929.

      Resueltos: Junio 26, 1929.

      l'\ González Jr., abogado del apelante; Hon. Attorney General James 7i. Beverley y J. A. López Acosta j B. Cordovés Arana, Sub-Pro-curadores.

   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En 29 de octubre de 1926 y Io. de marzo de 1927, Antonio Roig Torrellas, vecino de Iíumacao, pagó bajo protesta las contribuciones que se le impusieron a virtud de las leyes sobre reorganización de la Universidad y desarrollo de las fuentes fluviales correspondientes al año económico 1926-27, e inició estos dos pleitos pidiendo la devolución de las mismas basándose en que las citadas leyes eran anticonstitucionales.

La parte demandada en ambos casos alegó que las deman-das no aducían hechos suficientes para determinar una buena cansa de acción y así lo resolvió la Corte. No siendo enmen-dables las demandas se pidió que se dictara sentencia. Registradas que fueron el 26 de marzo de 1928, el deman-dante apeló para ante esta Corte Suprema. Los recursos se tramitaron separadamente pero los resolveremos por una sola opinión ya que son las mismas las cuestiones que en ellos se discuten.

La ley reorganizando la Universidad se impugna en la demanda así:

“79 . . . que la Ley No. 50, aprobada el 21 de julio de 1925, así como la Ley No. 7, aprobada el 14 de julio de 1926, están en opo-sición a la sección 34 de la Ley Orgánica de Puerto Rico, conocida con el nombre de Acta Jones, porque ... se fue más allá del asunto comprendido en e1 título que sólo se refería a reorganizar la Uni-versidad e impone una contribución especial para la reorganización y sostenimiento de aquélla, y en el cuerpo de la ley se proveen fondos para el sostenimiento del Gobierno Insular, para las atencio-nes del mismo.
“8o . . . que tanto la Ley No. 50, aprobada en 21 de julio de 1925, como la Ley No. 7, aprobada en 14 de julio de 1926, son con-trarias al artículo 17 del Acta Orgánica, por cuanto cercenan las facultades del Comisionado de Instrucción, contenidas en dichos pre-ceptos. ”

Examinemos el primer motivo de impugnación. El pre-cepto de la Ley Orgánica invocado, o sea la sección 34, párrafo 8, de la misma, dice:

;‘No 'se aprobará ningún proyecto de ley, con excepción de los de presupuesto general, que contenga más de un asunto; pero si al-gún asunto que no esté expresado en el título fuere incluido en cual-quier ley, esa ley será nula solamente en aquella parte de ella que no haya sido expresada en el título.”

El título de la ley que se aleg’a que es inconstitucional es tomo sigue:

“Ley para x’eorganizar la Universidad de Puerto Rico, derogar la Ley de la Universidad, aprobada el 28 de julio de 1923, imponer una contribución especial para la reorganización y sostenimiento de aquélla y establecer otras fuentes de ingresos con el mismo objeto, y para otro's fines.”

Y las secciones de dicha ley y de sn enmienda que a juicio del apelante infringen la sección 3'4 del Acta Orgánica, expresan:

“Sección 12. Por la presente se autoriza y se ordena al Teso-rero de Puerto Rico a imponer y recaudar una contribución de veinte centésimas del uno por ciento para beneficio de la ümversidad de Puerto Rico . . . Disponiéndose, que en cualquier tiempo que el pro-ducto de dicha contribución excediere de la suma de $600,000 el Te-sorero deberá y por la présente así se ordena, ingresar el excedente que do esa suma resultare en los fondos generales de la Tesorería de Puerto Rico para las atenciones corrientes del Gobierno Insular ...”
“Sección 12 (enmendada). Por la presente se autoriza y se or-dena al Tesorero de Puerto Rico a imponer y recaudar anualmente una contribución de veinte centésimas del uno por ciento para bene-ficio de la Universidad de Puerto Rico . . . Disponiéndose, que en cualquier tiempo que el producto de dicha contribución excediere de la suma do trescientos mil (300,000) dólares durante el año econó-mico de 1926-1927, y de seiscientos mil (600,000) dólares en los años sucesivos, el Tesorero deberá y por la presente así 'se lo ordena, in-gresar el excedente que de esa suma resultare en los fondo's genera-les de la Tesorería de Puerto Rico para las atenciones corrientes del Gobierno Insular. ’ ’

Un examen cuidadoso de los preceptos legales expuestos, nos lleva a concluir que estuvo acertada la corte de distrito al resolver que tratándose como se trataba de asuntos ger-manos, no se había violado la disposición constitucional in-vocada.

No hay duda alguna que el fin principal de la ley fué el que su título indica o sea la reorganización de la Universidad y el proveer lo necesario para su sostenimiento. Por la sec-ción 12 se dispuso simplemente de lo que pudiera sobrar, disposición que sirve para no dejar en lo incierto el uso de tal sobrante en el caso de existir, ya que se fijó un límite a lo destinado a la Universidad.

Quizá la enmienda introduzca alguna duda dada la considerable reducción del límite fijado para la Universidad para el año 1926-27, pero aun así creemos que la jurisprudencia es suficientemente amplia para sostener la conclusión enun-ciada.

Como alega la parte apelada:

“La ley habla en 'su título de ‘imponer una contribución especial para la reorganización y sostenimiento de la Universidad’ y en relación con esta contribución especial como una cuestión subordi-nada a su principal objeto: el levantar rentas, se inserta en la ley el disponiéndose objeto de esta discusión. La preinserta disposición es más bien un ‘minor subject’ relacionado o germano a la cuestión de levantar rentas. No cabe sostener que existe pluralidad de su-jetos en la ley no expresados en su título.
. ■ “ ‘Esto abarca un solo asunto principal, y es del todo suficiente para evitar la confusión dañosa prohibida por la Carta Orgánica. Carter County v. Sinton, 120 U. S. 517, 7 S. Ct. 650, 30 L. ed. 701; Jonesboro City v. Cairo & St. Louis R. Co., 110 U. S. 192, 4 S. Ct. 67, 28 L. Ed. 116; Louisiana v. Eilsbury, 105 U. S. 278, 26 L. Ed. 1090; Benedist, Treas., v. Porto Rican American Tobacco Co. (C.C.A.) 256, F. 422. 18 Fed. (2d) 918, 922.’ ”

Véanse los casos de El Pueblo v. Arrocho, 34 D.P.R. 847, 855, en el que se cita y aplica la jurisprudencia sobre la materia tal como aparece resumida en Ruling Case Law, y el de Trigo v. Banco Territorial y Agrícola, 36 D.P.R. 275, 301.

El segundo motivo de impugnación levanta una cuestión de verdadera trascendencia.

La ley reorganizando la Universidad, Ley No. 50 de 1925, en su sección 11 prescribe:

“Sección 11. — Todos los derechos por concepto de enseñanza, de-rechos de laboratorio, derechos por rotura y gastos análogos, pagados por los estudiantes, junto con los ingresos por concepto de venta de terrenos de la Universidad, producto's de la finca, u otra propiedad de la Universidad, por la presente quedan asignados a la Universi-dad de Puerto Rico para ser gastados bajo la dirección de su Junta de Síndieo's, juntamente con cualquier otro impuesto o contribución que acuerde la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, para todos los propósitos que a su juicio redunden en beneficio de los intereses de 3 a Universidad de Puerto Rico, incluyendo la compra de terreno y construcción de edificios, así como también los gastos corrientes.”

Y se sostiene que ese precepto es contrario a la sección i? del Acta Orgánica y por tanto nulo. La sección 17 dis-pone :

“El Comisionado de Instrucción dirigirá la instrucción pública en toda la Isla.; todo desembolso propuesto por cuenta de la misma de-berá ser aprobado por él, y preparará todos los cur'sos de estudio, con sujeción a la desaprobación del Gobernador si éste deseare inter-venir. Preparará reglamentos para la selección de maestro’s, y los nombramientos de maestros por las juntas escolares estarán Sujetos a su aprobación, y desempeñará los demás deberes, no incompatibles con esta Ley, que se le asignaron por ley.”

La razón que tuvo la corte de distrito para declarar sin lugar la contención del demandante se expresa en su relación del caso y opinión, así:

“Del examen de dicha ley (reorganizando la Universidad) apa-rece que uno de los miembros de la Junta de Síndicos, que por la misma se establece lo es el Comisionado de Instrucción, así es que tanto en la revisión cuanto en la disposición de los fondos de la Universidad, interviene de una manera directa el Comisionado de Instrucción.”

A nuestro juicio la conclusión a que llegara la corte sen-tenciadora se sostiene porque lo prescrito en la sección 11 no es de tal manera final que excluya la actuación del Comi-sionado de Educación que quizá esté debidamente regulada :;1 efecto.

La disposición de que se trata, como sostiene la parte apelada en su alegato, debe considerarse que se ha inser-tado en la ley para guía de los funcionarios encargados del desembolso del producto de la contribución y para nada tiene que ver con el procedimiento seguido en la imposición y leeaudación de la contribución impuesta por lo que el contri-buyente no podría ampararse en ella para, impugnar' la validez de la contribución ya que en nada le perjudica. Este ' no es un pleito establecido por el Comisionado de Educación sino por un contribuyente.

“Después que las contribuciones han sido recaudadas, su inver-sión y distribución están generalmente reglamentadas por el esta-tuto. La distribución es algo separado e independiente de la impo-sición de las contribueione's, de suerte que la validez o nulidad de ia primera no afecta a la segunda. Por.ejemplo: Un error en una ley de contribuciones que dispone la .forma de distribuirlas, no afecta la validez de la contribución en sí. Las disposiciones consti-tucionales relativas a la ‘imposición y recaudación’ de contribucio-nes no son aplicables a la distribución del producido del impue'sto.” Cooley on Taxation, Vo1.. 4, 4a. ed., pág. 3561.

Parece conveniente agregar que al adoptar el criterio que dejamos expuesto, Remos tenido muy en cuenta la presunción de constitucionalidad que existe a favor de la Ley No. 50 de 1925 al no liaber sido anulada por el Congreso y a este respecto es oportuno citar los siguientes párrafos de dos opiniones de la Corte de Circuito de Apelaciones del Primer (ürcuito. Son así:

“El artículo 34 también dispone que:
“ ‘Todas las leyes decretadas por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico 'serán comunicadas al Congreso de los Estados Uni-dos ... el cual se reserva, por la presente la facultad y autoridad de anular-las.’
“De no ser anuladas dentro de un término razonable, surge la presunción de que han sido aprobadas. Tiaco v. Forbes, 228 U. S. 549, 558, 33 S. St. 585, 57 L. Ed. 960; Porto Rico v. American, etc., R. R., 254 E. 369, 165 C.C.A. 589; Camuñas v. P. R. Ry. (C.C.A.) 272 F. 924, 931, y casos allí citados.
“El resultado es que toda la legislación portorriqueña existente ahora en lo's estatutos es — en un sentido muy real, aunque indirecto —obra de nuestro Gobierno Federal. Bajo tales condiciones la corte no debe asumir ligeramente que las leyes contributivas de Puerto Rico, que ahora se alega están en conflicto con el artículo 20 de la Carta Orgánica, son inconsistentes y, por tanto, nulas. Indudable-mente, la relación de la Carta Orgánica con el Gobierno de Puerto Rico es, en ciertos aspectos, igual que la relación de la Constitu-ción de un estado con su legislatura. Camuñas v. P. R. Ry., etc., Co., (C.C.A.) 272 Fed. 924, 928.
“Pero la analogía no e's completa, ya que, después de todo, la Carta Orgánica no es otra cosa que legislación federal, y la legisla-ción portorriqueña aprobada expresa o implícitamente por el Con-greso, tiene exactamente el mismo alcance.
“A la luz de estas explícitas disposiciones, con'sistentes con la armazón general del Gobierno de Puerto Rico, existentes de acuerdo <-cn los estatutos portorriqueños aprobados por el Gobernador o im-plícitamente aprobados por el Congreso, no podemos resolver que el Contador forma, según abora se alega, parte de la maquinaria que fija y administra las contribuciones en Puerto Rico.” Fajardo Sugar Co. v. Holcomb, 16 Fed. (2d) 92.
“ ... Si bien la Carta Orgánica es una quasi-constitución para .Puerto Rico, según los demandados arguyen, también es legislación del Congreso, el que 'se reserva amplios poderes para anular las ac-tuaciones de la Legislatura de Puerto Rico, y no ba anulado la ley relativa a las fuentes fluviales. El dejar de anular la ley tiene al-gún peso, aunque no es concluyente ... No obstante, la Carta Or-gánica es obra de un gobierno que impone contribuciones para exten-sos programas de mejoramiento, incluyendo el desarrollo de las fuen-tes fluviales, que construyó el Canal de Panamá (que abora está rin-diendo utilidades), y que está llamado a comprar y a explotar el Canal de Cabo Cod. No debe dársele al poder de imponer contri-buciones concedido por tal gobierno a la isla de Puerto Rico una interpretación estrecha y mutiladora. Considerando la cue'stión de interpretación de la Carta Orgánica estrictamente como una de cons-titucionalidad (sin serlo) no basta que exista la duda; debe mediar claramente una cuestión de inconstitucionalidad para que las cortes estén justificadas a declarar nula la ley. Green v. Frazier, 253 U. S. 233, 40 S. Ct. 499, 64 L. Ed. 878.” Gallardo v. P. R. Ry. Light & P. Co., 18 Fed. (2d.) 917, 923.

La otra ley — la que se refiere al desarrollo de las fuentes fluviales, No. 60, de 1925 — que el demandante consideró anticonstitucional, lo fué porque

”... sólo impone contribución sobre propiedad inmueble radi-cada en la Isla de Puerto Rico, quedando relevados de dicha con-tribución los bienes muebles y toda propiedad mueble e inmueble radicada en los municipios de Vieques y Culebra, que forman parte de la Isla de Puerto Rico.” Hecbo 9 de la demanda.

Para sostener que no existe el error señalado bastará decir que la cuestión suscitada ba sido repetidamente resuelta por los tribunales en contra del demandante. Gallardo v. P. R. Ry. Light & Power Co., 18 Fed. (2d) 918; American Cigar Co. v. Gallardo, Tesorero, 38 D.P.R. 152.

Beben confirmarse las sentencia recurridas.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Wolf,

license: Public Domain

text:
    Banco Comercial de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Evarista Diez y González Vda. de Fernández, José Antonio, Manuel Evaristo y Benigno Claudio Fernández y Diez y José Moreda Cifuentes, demandados y apelantes.
    No. 4990.

    Sometido: Junio 24, 1929.

      Resuelto: Junio 27, 1929.

      M. Tous Soto, abogado de los apelantes; Oscar Souffront, abogado de] apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal, tribunal.

De conformidad con una orden dictada por la Corte de Distrito de Mayagüez, los apelantes en este caso estaban obligados a efectuar ciertas enmiendas a una exposición del caso ya sometida, o de lo contrario, a demostrar tal vez que no debían hacer esas enmiendas. No hicieron ni lo uno ni lo otro. El 12 de marzo de 1929, los apelantes radicaron una exposición del caso que no constituía un cumplimiento de la orden de la corte. Los apelados solicitaron su eliminación. El 12 de abril de 1929 la corte se negó a aprobar la exposición del caso que entonces tenía ante sí, pero concedió a los ape-lantes cinco días más para hacer las enmiendas ordenadas. Estas no se efectuaron, ni se dió paso alguno. Debe, a moción del apelado, desestimarse el recurso por falta de la debida exposición del caso y en su consecuencia por falta de prosecución.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Eugenio Pérez, demandante y apelante, v. Pedro Vieira y su esposa Blasina Dávila y Guillermo Alvarez Blondet, demandados y apelados.
    No. 4759.

    Sometido: Mayo 10, 1929.

      Resuelto: Junio 27, 1929.

      Aureliano Rivas, abogado del apelante; José Martínez Dávila, abo-gado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En cumplimiento de una orden de ejecución librada en un pleito seguido por Pedro Vieira y su esposa contra Guillermo Alvarez Blondet, se embargó una casa perteneciente a Eugenio Pérez como de 1a. propiedad del demandado Alvarez. Pérez instituyó entonces el présente procedimiento contra las partes del pleito original, y alegó que había adquirido de Alvarez la propiedad en cuestión unos dos años antes del embargo. La casa aparece descrita en la demanda como enclavada en un solar propio de la Sucesión O’Ferral, y también se alega que Pérez pagaba el arrendamiento del solar y las contribu-ciones, así como que estuvo en posesión de la referida finca desde la fecha en que la compró.

Alvarez fué declarado en rebeldía. Vieira y su esposa solicitaron y obtuvieron una orden requiriendo a Pérez que les suministrara copia de la escritura o cualquier otra prueba del alegado traspaso de propiedad. Pérez prontamente pre-sentó copia del aludido documento, que era un contrato pri-vado de compraventa atestiguado por la firma de Isaías O ’Ferral.

Vieira y su consorte entonces contestaron, y después de fiaeer ciertas admisiones y negaciones, alegaron afirmati-vamente que la finca pertenecía a Blondet y no a Pérez; que Pérez no fué otra cosa que un instrumento de Alvarez Blondet al simular ser dueño de la finca; que el título a que Pérez se atenía, estando como estaba evidenciado por un documento privado, era enteramente nulo contra tercero por no haber sido incorporado en un documento público, según exige el artículo 1195 del Código Civil; y que el traspaso alegado también era nulo, siendo un designio fraudulento por parte de Pérez y Alvarez Blondet para impedir que Vieira y su esposa recobraran lo solicitado.

La prueba aducida por Pérez durante el juicio demostró-concluyentemente que el escrito con que se quiere evidenciar el traspaso del título había sido' redactado por un notario público y retenido por él como garantía colateral del pago) del importe de un pagaré por concepto de dinero prestado por el notario a Pérez, y que éste después de tomar posesión de la finca, había empleado y pagado a un carpintero por hacer ciertas mejoras y reparaciones, e igualmente había empleado y pagado a un pintor. Vieira y su esposa no pre-sentaron prueba alguna, pero insistieron en la letra del artículo 1195 del Código Civil a que hicieron referencia en la contestación, y citaron el caso de Aguayo v. Vázquez, 33 D.P.R. 913, como única defensa.

Se resolvió y decretó que Pérez era el dueño de la casa,, pero sin especial condena de costas'. El apela de la setencia únicamente en cuanto implícitamente deniega la súplica de la demanda sobre las costas, desembolsos y honorarios de abo-gado.

Vieira y su esposa no hicieron investigación alguna ante®) de radicar su contestación o de ir a juicio. Cualquier es-fuerzo para dilucidar la verdad hubiese revelado el hecho establecido durante el juicio. La interpretación que se trata de dar al artículo 1195 del Código Civil, cuando hay amplia prueba aliunde relativa a la fecha de un documento privado, íué repudiada por este tribunal hace más de diez años y por la Corte Suprema de España antes de la ocupación ameri-cana. Mattei v. Díaz et al., 25 D.P.R. 332; Torres v. Pons, 24 D.P.R. 462; Longpré v. Wolff, 23 D.P.R. 15, y 83 Jurisprudencia Civil 408.

Difícilmente podría decirse que los demandados en el pre-sente caso estaban exentos de culpa al someter a Pérez a las molestias y gastos innecesarios acarreados por un juicio sobre los méritos.

Deloe modificarse la sentencia apelada en el sentido de incluir la concesión de costas, desembolsos y honorarios de abogado, y, así modificada, se confirma.


author: En Juez Asociado Señor Texidor,

text:
    Sinforiana Cruz, demandante y apelante, v. Ignacio Franco Alonso, demandado y apelado.
    No. 4631.

    Sometido: Junio 20, 1929.

      Resuelto: Junio 27, 1929.

      L. Freyre Barbosa, abogado de la apelante; E. E. Dottin, abogado del apelado.
   En Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión dei tribunal.

Ante la Corté de Distrito de San Juan presentó Sinfo-riana Cruz una demanda contra Ignacio Franco Alonso, alegando que Francisco I. Caballero, esposo que fué de la demandante, constituyó a favor* de Ignacio Franco Alonso, y por la snma de dos mil dólares e intereses, nna hipoteca sobre nna casa y solar de sn propiedad; qne murió Caballero, y no habiéndose podido pagar los intereses de la hipoteca, el acreedor Franco la estaba ejecutando; que sobre la casa y solar hipotecado había constituido Caballero su hogar con-yugal v residencia; y pidió a la corte se le reconociese el derecho de hogar seguro (homestead) sobre tal finca.

La parte demandada presentó excepciones previas de falta de jurisdicción y falta de hechos suficientes para determinar causa de acción.

La corte dictó resolución declarando con lugar la excep-ción previa de falta de jurisdicción, y como la demanda no era susceptible de enmienda, declaró también sin lugar la demanda, sin especial condena de costas. Contra tal reso-lución y sentencia, apeló la parte demandante para ante este tribunal.

No puede decirse que en este caso haya un verdadero alegato de la parte apelante, porque, ciertamente, no sigue ninguna de las reglas de este tribunal, y no establece los errores separadamente ni en la forma que es la única acep-table por el Tribunal Supremo. Bastaría esto para que desestimáramos la apelación. Pero lo más importante del alegato es que la parte apelante está de acuerdo con que la Corte de Distrito de San Juan no tiene jurisdicción en el caso por la cuantía envuelta, y así lo declara expresamente en su alegato; y el único extremo sobre que apela es el haberse declarado por la corte sin lugar la demanda después de haberse declarado sin jurisdicción.

Es una de las definiciones de la jurisdicción aquélla que la presenta como el poder o autoridad para declarar la ley. 35 C. J. 426. Cuando una corte carece de jurisdicción, no hay oirá entidad para declarar este estado de la ley, y, por con-siguiente, puede decirse que una corte puede declararse a sí misma sin jurisdicción, y tal aserto de la corte pone término al litigio y es necesariamente'una sentencia.

Verdaderamente, no sabemos cuál puede ser la aspiración de la apelante al pretender que todas las declaraciones de la corte sean las de carecer de jurisdicción y dejar inconcluso el litigio, y aun más, dejarlo en condiciones en que la misma parte no podría apelar, por falta de una sentencia.

Bebe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Presidektte Señor del Toro,

text:
    Rafael del Valle Sárraga, demandante y apelado, v. M. González & Co., demandada y apelante.
    No. 4609.

    Sometido: Febrero 8, 1929.

      Resuelto: Junio 28, 1929.

      C. Coll y Cuchí, abogado de la apelante; Solo Gras j Díaz Collazo, abogados del apelado.
   El Juez Presidektte Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Seis errores señala separadamente la parte demandada y apelante para pedir a esta corte qne revoque la sentencia dictada por la de distrito de San Juan, condenándola a pagar s■ la demandante la suma de $1,398.67, y las costas del pleito. !)e los seis errores señalados sólo argumenta tres dicha parte en sn alegato.

Por el primero se sostiene que la corte sentenciadora erró al no declarar con lugar las excepciones previas formuladas por la demandada, a saber: que la demanda no aduce hechos suficientes para determinar una buena causa de acción y que es imprecisa o incierta.

En la demanda se alega que el demandante es dueño de la casa de cuatro pisos No. 97 dé la calle de Alien de esta ciudad de San Juan cuya planta baja tenía arrendada a la demandada, por canon mensual de cien dólares; que el 4 de septiembre de 1925 se originó un incendio en la dicha planta baja que la demandada dedicaba a almacén de muebles y otras mercaderías, y que una de las condiciones del con-trato de arriendo fue la de que no se trabajaría en la casa con luz artificial, pactándose además que no se permitiría fumar ni usar ninguna otra materia que pudiera ocasionar fuego.

Se alega detalladamente la ocurrencia del incendio y los daños causados por el mismo en la casa, que se fijan en $2,500, y en el hecho 12 se dice textualmente:

“Que la culpa y negligencia de la demandada estriba en haber trabajado o permitir que se trabajara en el repetido "almacén ha-ciendo uso de luz artificial y que el uso de luz artificial por parte de la demandada, sus agentes, sirvientes, o empleado’s determinó el incendio que se alega anteriormente.”

Argumentando su señalamiento de error dice la apelante en su alegato:

“En la demanda se afirma que las obligaciones entre demandante y demandado nacieron de una obligación contractual. La causa de acción del demandante por consiguiente, parece haber 'surgido inde-pendientemente de toda culpa o negligencia del demandado. Al mismo tiempo la demanda alega qúe los daños causados al deman-dante originaron en la negligencia y culpa del demandado. No es posible establecer con certeza cuál de las dos causas de acción es la que se ejercita; y la acción por incumplimiento de contrato excluye la de daño's y perjuicios por negligencia y viceversa. ’ ’

A nuestro juicio basta la mera lectura del resumen que dejamos hecho de la demanda, para concluir que de ella surge una buena causa de acción y que no existe la confusión a que se refiere la apelante.

El derecho a reclamar: se basa en el contrato, en la ley y en la negligencia de la demandada. Por virtud del contrato p! demandante entregó a la demandada su propiedad y la demandada se hizo cargo de ella obligándose de acuerdo con la ley a usar la misma como un diligente padre de familia y a devolverla tal como la recibió (arts. 1458 y 1464 del Código Civil Revisado). Sufrió la casa arrendada a consecuencia de un incendio ocurrido según la demanda por culpa y negli-gencia de la demandada, y es evidente la obligación que ésta tiene de reparar el daño de tal modo ocasionado.

El segundo error se formula así:

La corte erró al declarar que la responsabilidad de los demanda-dos en este caso- aparece de los términos del contrato escrito sola-mento en relación con la jurisprudencia 'sentada por el Tribunal Supremo en el caso de Ramírez v. Muñoz, 33 D.P.R. 363.”

En su relación del caso y opinión, el juez sentenciador se expresó, en parte, como sigue:

“Los demandados admiten que el cuatro de septiembre de 1925 ocurriera el fuego de referencia, como a las cinco de la tarde, pero niegan que el mismo ocasionara averías en la construcción de la casa del demandante, y que hubieran éstipulado' en ninguna ocasión con el demandante de abstenerse de establecer instalación de luz artificial, aun cuando admiten que el día del incendio no existía allí la ■ tal instalación, alegando que la razón por la cual no existía ésta era para la mejor conveniencia de los demandados. Admiten además los demandados la existencia de un contrato de arrendamiento, aun cuando varían las alegaciones en cuanto al canon de arrendamiento, alegando que primeramente era de ochenta y cinco dólares y que más tarde 'se aumentó haáta cien dólares mensuales. Lo relatado ante-riormente es lo que aparece de las alegaciones.
“Ahora bien, de la prueba aparece que el Dr. del Valle es dueño del edificio No. 88 de la calle Alien, que arrendó la planta baja del mismo a los demandados, en virtud del contrato de arrendamiento presentado como prueba como Ex. 1 del demandado, y que dice así:
“ ‘Contrato de arrendamiento: Los señores M. González & Co. de San Juan, arriendan a don Rafael Del Valle Sárraga, por el tér-mino de un año, a partir de la fecha y por la suma de oehentieinco dollar's, mensuales, pagaderos el día último de cada mes:
“ ‘La planta baja del edificio situado en Alien 88. Don Rafael del Valle Sárraga, depone todo derecho a utilizar el local citado, mientras esté en vigor este contrato.
“ ‘Los Sres. M. González & Co. se comprometen a entregar el local arrendado al vencimiento de este contrato, en las mismas con-diciones en que lo han recibido, haciéndose responsables del importe de cualquier reparación por desperfectos sufridos en el edificio, du-rante el tiempo que lo utilicen.
“ ‘San Juan, P. R., octubre primero de 1922.
“(Fdo.) R. del Valle Sárraga.
“ ‘ (Edo.) M. González & Co.’
“Se probó la ocurrencia del fuego el día 4 de septiembre de 1925, que empezó entre las cuatro y media y las cinco de la tarde en el edificio de referencia, habiéndose iniciado en el almacén de los demandados. Se probó que hacía varios años que en el local ocu-pado por los demandados no se utilizaba luz eléctrica, en efecto, desde que se instalaron los demandados en el mismo; y que si bien había una instalación eléctrica, ésta no estaba conectada.
“De la prueba además aparece que el incendio ocurrió debido a la negligencia de uno de los empleados de la demandada. Existe algún conflicto de prueba en cuanto a si se habían acordado o no ciertas condiciones y estipulaciones entre las partes en cuanto a que en el local mencionado no habría de fumarse ni usarse fósforos o luz artificial. Para probar esto's extremos tenemos la declaración del Dr. del Valle, demandante, y como corroborativa de ésta, la de su yerno, quien manifestó que tenía una tienda en el local contiguo a los demandados, en Allen No. 88, y que con tal motivo, al pasar varias veces por el establecimiento de los demandador, vió peones fumando cerca de la puerta, y les llamó la atención de que estaba prohibido fumar allí.
“Los demandados niegan la existencia de estas estipulaciones, y en realidad no aparecen del contrato, pero nos encontramos con que las declaraciones anteriormente mencionadas vienen a ser confirmadas por la misma prueba que nos aportan los demandados de que allí no se conectan las luces eléetriea's, así como la declaración de los peones, quienes están contestes en que se les había prohibido fumar y utilizar luz en el local. Se trató de probar además que no 'se ne-cesitaba la luz artificial porque ellos trabajaban solamente hasta las cinco de 1a, tarde.
“Sea cual fuere la teoría de la Corte en este caso, entiendo que la responsabilidad de los demandados en este caso aparece clara-mente de los términos del contrato presentado por los mismos de-mandados como prueba, y de acuerdo con la jurisprudencia estable-cida por nuestro Tribunal Supremo en el caso de Ramírez v. Muñoz, 33 D.P.R. 363, resuelto en junio 16 de 1924.”

No existe, a nuestro juicio, el error señalado. El asunto se complicó innecesariamente a virtud de las alegaciones en la demanda y de la prueba en el juicio sobre las estipulaciones referentes al no uso de luz artificial y a la prohibición de fumar.

Puede admitirse que el único contrato celebrado fué el transcrito en la parte de la opinión de la corte de distrito que hemos insertado en ésta, contrato que fué renovándose año tras año, variando sólo en cuanto al precio. Aun así, los demandados, dadas las condiciones del local arrendado y el uso a que lo destinaron, estaban en la obligación de ser muy cuidadosos y evitar todo aquello que pudiera ser causa de incendio.

La ley que rige sobre la materia en Puerto Rico, tal como quedó interpretada por esta Corte Suprema en el caso de Ramírez v. Muñoz, supra, sólo imponía al arrendador deman-dante bajo el contrato escrito presentado por la propia de-mandada como evidencia, el deber de probar el incendio y los daños sufridos a consecuencia del mismo. Era a la sociedad demandada como arrendataria a la que incumbía demostrar que estaba libre de culpa. Parece conveniente transcribir lo que sigue de la opinión de esta corte emitida por el Juez Asociado Sr. Aldrey en el repetido caso dRamírez v. Muñoz:

“ ‘Estimamos, por lo tanto, que nuestro Código al hacer pesar la carga de la prueba sobre el arrendatario, concuerda su'stancial-inente con los francés e italiano, y que al seguir tal criterio, aco-módase a los elementales principios de justicia, no introduciendo altei’ación ninguna en la doctrina general de las obligaciones, a pe-’sar de la contraria opinión de Duvergier.
‘Y no podía ser de otra manera, porque el hecho del incendio, aunque de realidad evidente, no es de tal naturaleza que lleve con-sigo la exención de culpa del arrendatario; tratárase de lo's daños producidos por una exhalación, y demostrándose que a esta causa eran debidos, no sería preciso entrar a discutir la parte de respon-sabilidad que al arrendatario correspondiera, porque es evidente que ni la conducta, ni la voluntad humana podía haber influido para nada en ése suceso. Pero el hecho del incendio no es de igual na-turaleza; la negligencia, la culpa del arrendatario, hasta su mala intención, pueden haber sido causa del accidente, y como de él hace arrancar el arrendatario la extinción de su obligación de restituir la cosa, justo os que pruebe que está libre de toda culpa.’
‘ ‘ Estamo's conformes con las atinadas .razones y conclusiones del Sr. Manresa y poco o nada más podemos agregar a ellas, aunque diremos que el precepto de la ley es justo, pues al arrendatario le es fácil probar la causa del incendio exeu'sable por estar la finca en su posesión por lo que puede conocer los hechos que lo originaron mientras que al arrendador, por no hallarse en esas circunstancias, le sería sumamente difícil probar que el incendio ocurrió por culpa o negligencia de su arrendatario y también porque un gran número de los incendios ocurren por descuido o negligencia del arrendata-rio.” Ramírez v. Muñoz, 33 D.P.R. 370.

Y en este caso no sólo dejó de probar el arrendatario lo que le incumbía demostrar, sino que excediéndose el arren-dador aportó prueba que llevó a la corte sentenciadora a concluir que “el incendio ocurrió debido a la negligencia de uno de los empleados de la demandada.”

El tercer error que se argumenta se refiere a la prueba de los daños. Hemos estudiado la evidencia practicada y sostiene la sentencia. Sería alargar indebidamente esta opinión exponer los detalles sobre el particular.

Deba confirmarse la sentencia ajelada.

El Juez Asociado Sr. Hutchison está conforme con la .sentencia y el Juez Asociado Sr. Texidor no intervino.


author: El Juez PresideNte Señor del Toro,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Jenaro Bermúdez Larrauri, acusado y apelante.
    No. 3702.

    Sometido: Febrero 28, 1929.

      Resuelto: Junio 28, 1929.

      Manuel, A. Martínez Dávila, A. Porrata Doria y Luás F. Camocho, abogados del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez PresideNte Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Jenaro Bermúdez Larrauri fué acusado por el fiscal como sutor de un delito de asesinato en segundo grado. Hizo la alegación de no culpable y solicitó ser juzgado por jurado. Celebrado el juicio, el jurado rindió su veredicto declarando al acusado culpable de homicidio voluntario y la corte dictó sentencia imponiéndole cuatro años de presidio con trabajos forzados.

No conforme Bermúdez apeló para ante este tribunal señalando en su alegato la comisión de tres errores.

El primero se formula así:

“La Corte Inferior erró al ordenar la insaculación de un númer® adicional de jurados sin eau'sa ni justificación, violando así lo dis-puesto en el artículo 202 del Código de Enjuiciamiento Criminal.’3

Examinada la transcripción para cerciorarse de lo real-mente ocurrido, basta para sostener que no existe el' error citar lo resuelto por esta Corte Suprema en el caso de El Pueblo v. Juliá, 25 D.P.R. 258, a saber:

“E] hecho de que el juez ordene que se sortee un nuevo panel de veinte y cuatro jurados y los combine con otros jurados regula-res sorteados primeramente por resultar que varios de éstos fueron recusados por haber tomado parte en una causa semejante, de ma-nera que había más de treinta jurados constituidos, no es una in-fracción del artículo 199 del Código de Enjuiciamiento Criminal que limita el número de jurado's a veinte y cuatro, pues de acuerdo con el artículo 202 del mismo código el juez tiene amplia discreción so-bre el particular. La jurisprudencia demuestra que un mayor nú-mero de jurados no perjudica al acusado, que los estatutos semejan-tés son meramente directorios, y que no se revocará la sentencia, a no ser que haya, abuso o perjuicio.”

Por el tercer error se sostiene que el veredicto es con-trario a la prueba.

Hemos examinado la evidencia aportada por ambas partes y aunque confusa en -muchos extremos, es a nuestro juicio suficiente. De no haberse cometido el segundo error seña-lado, debería confirmarse la sentencia apelada.

En su alegato el fiscal que fue de esta Corte Suprema, Sr. Figueras, admite que ese segundo error fue cometido y admite además que es de tal naturaleza que lleva consigo la revocación de la, sentencia recurrida. Se establece así:

La Corte inferior erró al no permitir que la defensa repregun-tara al testigo Miguel Bermúdez sobre sus relaciones económicas con el aeiisado a fin de determinar los móvile's o interés de su declara-ción.”

De los autos consta que declarando el testigo Miguel Bermúdez, hijo del acusado con quien éste tuvo un disgusto y contra quien hizo los disparos que ocasionaron la muerte de otra persona, Ramón Rodríguez, que allí se encontraba, intervino un jurado, así:

“Jurado. — Me permite la Corte una pregunta. — P.—¿Con ante-rioridad a esos hechos, cuáles eran las relaciones entre usted y su padre, eran relaciones cordiales, había ocurrido anteriormente a es-tos hechos algún incidente qne hubiese roto las relaciones entre nsted y su papá? — R.—Ninguno.”

Por medio de sus repreguntas al testigo el abogado de-fensor trató entonces de establecer el hecho de la animosidad existente entre el testigo y sn padre, el acusado. El fiscal se opuso y la corte ordenó que se eliminaran todas las respuestas del testigo en relación con el asunto.

Insistió otra vez la defensa y el récord muestra que ocurrió lo que sigue:

“Juez. — La Corte resolviendo el incidente sostiene que habiendo el te'stigo ya manifestado que sus relaciones con su padre, que es el acusado en este caso, eran cordiales, esas manifestaciones del tes-tigo no pueden ser contradichas con prueba que tienda a demo'strar actos reprobables del testigo, a menos que estos actos reprobables del te'stigo se refieran a delitos grave, felonies, o convicciones por deli-tos graves, por lo que la Corte sostiene que no son admisibles en evidencia las preguntas que hizo la defensa 'sobre determinados he-chos delictivos cometidos por el testigo, no obstante la Corte no tiene inconveniente on permitir que se pregunte al testigo sobre cualquier convicción por delito's graves para impugnar su veracidad en cuanto a sus relaciones con su padre como por ejemplo de haber sido con-victo por falsificación.- — Defensor.—Nosotros no le hemos preguntado si ha sido convicto, no'sotros lo que le hemos preguntado al tes-tigo es, la .base de nuestra pregunta es si es o no cierto si él lia sido denunciado, sin saber el resultado que ha corrido, por su padre, para demostrar que no- existen buenas relaciones, . . . —Juez. —¿Cuál es entonce's el fin? — Defensor.—Por eso es que yo quiero hacer las preguntas, que lás vaya impugnando el,Fiscal, que la Corte las deniegue, y yo tome excepción nada más, y que quede en el récord. — El testigo que no conteste hasta que el Juez no resuelva la pregunta, primero 'siento como base que voy a hacer las siguientes preguntas para sentar las bases de impugnación de este testigo de-mostrando que al afirmar ante el jurado que no ocurrió ningún inci-dente con su padre que rompiera sus relaciones ha mentido. — F.—¿Es o no cierto, que TJd. fué denunciado aute la Corte por su padre por un documento que según él le había falsificado? — R.—No señor.— P. — -¿No es cierto? — Fiscal.—El Fiscal se opone. — Juez.—Con lugar 3a objeción.- — Defen'sor.—Tomamos excepción porque tratamos de im-pugnar la veracidad de este testigo y el único fundamento es hacer la pregunta para que él la niegue o acepte. — P.—¿ Es o no cierto quo on otra ocasión fué denunciado Ud. por un café que Ud. le cogió ríe la finca? — Fiscal.—El Fiscal se opone. — Juez.—La Corte sostiene i a oposición.- — Defensor.—Nosotros tomamos excepción por los mismos fundamentos anteriore's. — P.—¿Es o .no cierto que Ud. fué denun-ciado por haberlo amenazado con un machete a él y a las- personas que estaban allí? — Fiscal.—El Fiscal se opone. — Juez.—Sostenida la oposición. — Defensor.—Nosotros tomamos excepción.”

En su tratado sobre “Criminal Evidence,” pág. 405, párrafo 222, dice Underbill:

“Los sentimiento's, prejuicios y relaciones del testigo nunca son cuestiones colaterales. En el examen de repreguntas puede interro-garse a un testigo respecto a su interés o prejuicio, e's decir, siem-pre que el único objeto de la pregunta sea aclarar las relaciones, sen-timiento o conducta del testigo, tanto en la actualidad como en el pasado, hacia el delito, hacia el acu'sado o hacia los perjudicados.
“Á un testigo se le puede preguntar generalmente si no ha ex-presado, o quizás tenido sentimientos de hostilidad o si ha actuado en forma poco amisto'sa para con el acusado, o si ha tenido algún disgusto con él. Por ejemplo, a un testigo de cargo se le puede preguntar si no ha hecho que el acusado fuese arrestado anterior-mente, si no ha reñido con el acusado o 'si no ha utilizado los ser-vicios de un abogado para ayudar al fiscal en la causa que está pen-diente. Al testigo dehe permitírsele explicar los motivos que ha te-nido para utilizar los Servicios de un letrado.
“Si el testigo se negara a contestar las preguntas que se lo ha-cen sobre tales cuestiones, o contestara negativamente, puede demos-trarse lo contrario con la declaración de otras, personas. Pero cuando el testigo declara que aunque una vez era hostil para con el acusado, ya no lo es, evidencia de su hostilidad anterior, por ser de-masiado remota, es impertinente.
“En la repregunta de un testigo de cargo, muy bien puede de-mostrarse que viene de'sde muy lejos sin haberse expedido un sub-•pama y que los gastos de ferrocarril han sido pagados por el denun-ciante. La regla general es que cuando un testigo demuestra en el examen directo que odia al acusado o cuando el te'stigo ha sido muy activo en la consecución de prueba contra el acusado debe permi-tirse a este último la más amplia latitud en el examen de repre-guntas. ’ ’

Y en el caso de El Pueblo v. Alvarado, 35 D.P.R. 281, 282, cu que fué revocada la sentencia, esta propia corte por medio del Juez Asociado Sr. Hutchison, se expresó así.:

“El Artículo 21 de la Ley de Evidencia es como sigue:

“ ‘Se presume que un testigo dice la verdad. E'sta presunción, sin embargo, puede ser rechazada, por la. forma en que declare, por el carácter de su declaración o por evidencia que afecte su veraci-dad, honradez, integridad, o móviles, o por evidencia contradictoria.’
“Parece que Nieves se refirió a una riña anterior. Al aludir al acusado dijo ‘volvió a buscarme la garata/ Lo's demás actos impu-tados al acusado por este testigo y referidos en el interrogatorio directo también parecen indicar algún incidente previo como explica-ción lógica y probable, si no la única, de lo que de otro modo pare-cería ser una conducta muy sorprendente y anormal. Por tanto, la primera pregunta hecha en el interrogatorio de repreguntas, hubiera Sido enteramente pertinente por estar dentro del alcance del inte-rrogatorio directo, sin tener en cuenta el elemento de parcialidad y el derecho del acusado a impugnar al testigo en la forma ordinaria si no en verdad por el único medio permisible.
“Según el peso de las autoridades, el juez sentenciador tiene cierta discreción respecto a la cue'stión de limitar tal interrogatorio de repreguntas y creemos que debe circunscribirlo a límites razona-bles. Pero no conocemos ningún caso en que se llegue a decir que el acusado en un caso criminal puede Ser privado de toda oportuni-dad de demostrar la existencia de algún motivo de apasionamiento o parcialidad por parte del perjudicado.”

La pregunta que no se permitió contestar al testigo Nieves en el caso de Alvarado, supra, fué “¿Usted era amigo de este hombre (el acusado) o había tenido alguna riña con él?”, y a dicho caso refiriéndose dijo el Fiscal del Supremo en su alegato:

“Como verá este Hon. Tribunal, en el caso que hemos citado se trata de un misdemeanor, y, por tanto, dicha jurisprudencia noS parece todavía más fuerte para el caso que nos ocupa ya que en éste se trata de un felony ante un jurado y si en el caso de Alvarado, supra, resolvió e'ste Tribunal que era error no haberse permi-tido al acusado hacer la pregunta para demostrar la condición de ánimo del testigo en contra del acusado, nos parece que en el pre-sente en donde un. jurado había de decidir lo mismo, con más razón se puede aplicar dicha jurisprudencia que, a nuestro juicio, es ter-minante y resuelve la cuestión de manera que no deja lugar a du-das, más aun, cuando toda la prueba en este caso demuestra que había ciertas relaciones de animosidad entre el acu'sado-apelante y su hijo, el testigo, y que debido a estas circunstancias surgió el in-cidente que motivó la muerte de Ramón Rodríguez.”

Estamos conformes, y en tal virtud, habiéndose cometido durante la práctica de la evidencia un error que puede ser perjudicial al acusado, debe revocarse la sentencia apelada y ordenarse la celebración de un nuevo juicio.


text:
    Juana García Vda. de Cintrón, substituida por Luis Toro Pérez, demandante y apelante, v. José F. Vázquez, como administrador judicial de los bienes de Dorr Emiliano Cintrón Berríos, demandado y apelado.
    No. 4552:

      Sometido: Febrero 19, 1929.

      Resuelto: Junio 28, 1929.

      Luis Toro Cabañas, abogado del apelante.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Luis Toro Pérez obtuvo sentencia a su favor en un pleito sobre cobro de dinero contra un administrador judicial, y se expidió orden de ejecución. Posteriormente, el demandante solicitó que se librara una orden de ejecución adicional (alias ■writ) contra la fianza prestada por el administrador. Esta moción fué declarada sin lugar, por el fundamento de que la fianza babía sido prestada, a favor de los herederos, y no de los acreedores.

En. la moción se alegaba que el administrador había dejado de cumplir con una orden para que se consignara una suma de dinero que fuera suficiente para satisfacer la sentencia, y, por información y creencia, que la primera orden de ejecución no fué diligenciada por el marshal debido a que no halló en manos del administrador bienes algunos pertenecientes a la Sucesión. También se alega que la administración ha estado pendiente desde el 1921; que las deudas pudieron haber sido pagadas del activo, pero que los bienes fueron vendidos y se dispuso de su importe para otras atenciones, y que por espacio de más de seis años el administrador no había rendido informe alguno.

La moción no fué notificada a los fiadores, y el escrito de apelación tampoco lo fué. El alegato del apelante no con-tiene explicación alguna respecto a cómo podría trabarse un embargo sobre la fianza' en cuestión bajo una orden de ejecución adicional, y no cita autoridad alguna en apoyo de la confiscación de tal fianza sin haberse notificado a los fiadores.

Para sostener la conclusión de que la corte inferior erró al declarar sin lugar la moción por el motivo consignado por el juez de distrito, el apelante cita 24 C. J. 1058, see. 2533; Idem, 1082, see. 2590; Id, 1083, see. 2593; Id. 1078, see. 2587; M. 1076, see. 2579; Id. 1076, see. 2579 (4); Id. 1086, see. 2603, (b); Id. 1067, see. 2562 (e); e Id. 1067, nota 48 (a). No se analiza ni discute ninguno de los casos citados en apoyo del texto. Los que hemos tenido la oportunidad de examinar parecen haber girado sobre estatutos que exigen que se otorgue la fianza a favor de la sucesión para beneficio de los acreedores y de los herederos, o a favor de un juez que entienda en asuntos testamentarios (probate judge) con la cláusula independiente de que, al ser así otorgada, la fianza redundará en beneficio de todas las partes interesadas en la administración de la herencia. Podría ser que aun en ausen-cia de tal estatuto un acreedor pueda demandar a virtud de ima fianza otorgada a favor de los herederos solamente. Esa as cuestión que puede ser resuelta cuando se instituya tal procedimiento, y después de haberse dado a los fiadores la oportunidad de ser oídos. También podría ser que un admi-ristrador judicial pueda ser responsable personalmente haciendo caso omiso do la fianza, y que un fiador, por su propia conducta, pueda de igual modo ser personalmente íesponsable, independientemente de su obligación contractual. Pero no es ésa la teoría del presente procedimiento y no tenemos que resolverla.

No estamos al tanto de ninguna disposición en nuestro Código de Enjuiciamiento Civil que autorice un procedimiento sumario de la clase que aquí se trató de seguir, ni de prece-dente alguno en buena práctica que lo sostenga.

Debe confirmars'e la orden apelada.


text:
    Antonia Quiñones Viuda de Quiñones, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    No. 775.

    Sometido: Junio 24, 1929.

      Resuelto: Junio 28, 1929.

      M. 13. Ramírez Bages, abogado de la recurrente; el registrador re-currido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Cierta finca urbana fué adjudicada a Jorge V. Domínguez y a otra heredera por-un valor de $19,299.68. De esta suma, la cantidad de $18,066.68 representaba la participación here-ditaria de los dos adjudicatarios, y el remanente se destinaba-á cubrir ciertos créditos pendientes de pago por la Sucesión; que debían ser satisfechos por dichos copartícipes. Al ins-cribirse en el registro de la propiedad la escritura, se hizo mención de esta obligación. Posteriormente, Antonia Qui-ñones adquirió la finca y solicitó que se cancelara mediante asiento en el registro la mención aludida. A esta solicitud se negó el registrador, por el fundamento de que la obligación de pagar esos créditos pendientes constituía un gravamen ■sobre la propiedad, y su mención en el registro de la pro-piedad no podía ser cancelada durante el transcurso de veinte años o hasta que se pagaran los créditos. La solicitud de ■cancelación fué hecha más de cinco años después de inscrita la escritura otorgada a favor de Domínguez y la otra cohere-dera.

El apartado (o) de la sección Ia. de la Ley No. 12 de 1923, según fué enmendada en 1924, Leyes de ese año, página 109, autoriza la cancelación de menciones de hipotecas o de precio aplazado de la compraventa de inmuebles, después del transcurso de veinte años, a menos que se hubiere solicitado ia inscripción del derecho mencionado dentro de plazo de un año siguiente al día 29 de agosto de 1923. La misma sección dispone más adelante qué “dichos registradores de la pro-piedad a instancia escrita de parte o de su representante, autenticada ante notario, procederán a cancelar también en el respectivo registro cualesquiera otras menciones de de-rechos para pago de dinero, que no se refieren al precio aplazado de la compraventa de inmuebles, cuando no se fije plazo, o no se indique en el título que motiva la mención que se constituye un gravamen sobre el inmueble, si hubieren transcurrido más de cinco años.”

En el presente caso, el derecho mencionado no era una hipoteca ni el precio aplazado de la compraventa de inmue-bles, ni parte del precio de la compra. Aparentemente, el registrador asume que no se fijó término alguno para el pago de las obligaciones pendientes, y que la escritura de parti-ción no creó, a su vez, un gravamen sobre la propiedad. Sn contención es que una carga o gravamen sobre la finca emanaba como cuestión de derecho de la condición unida a .la partición. Puede admitirse que el criterio así adoptado es sostenible. No embargante esto, jamás se inscribió for-malmente el gravamen, sino que meramente se hizo mención de él al inscribir la escritura evidenciando el traspaso de título a los copartícipes, quienes eran los eausahabientes de la Sra. Quiñones. El fin de la ley fué hacer que los dueños de bienes inmuebles pudieran obtener la cancelación de sim-ples menciones de tales cargas y gravámenes no inscritos sin la molestia e incomodidad de conseguir que partes intere-sadas les otorgaran una cancelación formal ante notario público.

Nada hay que demuestre que en efecto se le presentara al registrador copia de la escritura de participación, pero la 'negativa de cancelar la mención susodicha no se basa en esta omisión.

Debe revocarse la nota recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Texidor

text:
    Manuel González Martínez y Genaro Cautiño, recurrentes, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, recurrido.
    No. 772.

    Sometido: Junio 25, 1929.

      Resuelto: Julio 9, 1929.

      Y. M. Fernández, abogado de los recurrentes; el registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Señor Texidor

emitió la opinión del tribunal.

En este caso se trata de nna escritura de venta judicial, otorgada ante el Notario Don Victoriano M. Fernández por el Mársbal de la Corte de Distrito de San Juan, Don Eduardo Urrutia, en 23 de marzo de .1929, y a favor de Don Manuel González" Martínez y Don Genaro Cautiño Insúa. En la escritura se menciona una hipoteca constituida por Don Rufino o Ruperto Sierra y su esposa a favor de los citados .señores González Martínez y Cautiño, y se relaciona su ejecución por ante la Corte de Distrito de San Juan, en procedimiento hipotecario, insertándose en copia literal, el mandamiento expedido al Márshal, en cuyo documento se relaciona la orden de requerimiento, diligenciado de la misma, resolución dé subasta y remate. Asimismo se copia el edicto de subasta; y se hace constar que, celebrada ésta, sólo com-parecieron los acreedores, que ofrecieron por la finca seis-cientos dollars, y que se les hizo la adjudicación, según aparece del acta de subasta y remate, que se copia. Y la escritura se otorga por el Márshal a nombre de los deudores.

Presentada en el Registro de la Propiedad la primera copia de tal escritura, el Registrador denegó la inscripción, con la nota que, copiada, dice así:

“Denegada la inscripción del precedente documento porque los deudores Ruperto o Ruñno Sierra y María Santos Arroyo fueron requeridos de pago por Juan Ortega Sánchez, según su declaración jurada, y no por el Márshal de la Corte de Distrito de este distrito o por un submárshal, que es el funcionario público a quien incumbe la práctica de esa clase de diligencias, lo que anula el procedimiento y tomo en su lugar anotación preventiva por ciento veinte días a favor de Manuel González Martínez y de Genaro Cautiño Insúa.”

Contra esa nota se ha interpuesto el presente recurso.

El Registrador tiene razón en su nota denegatoria.

Hemos estudiado la escritura, y de sus insertos aparece que la diligencia de requerimiento fue practicada, no por el márshal o uno de los submárshals, sino por un particular.

La diligencia de requerimiento tiene carácter procesal, y debe diligenciarse por un funcionario responsable, y a las órdenes de la corte, por regla general. Esta es la que ordena se requiera; y un funcionario suyo debe cumplir la orden. Cuando la ley ba querido permitir que un particular pueda llenar ciertas funciones, lo ba expresado claramente; así, en el artículo 92 del Código de Enjuiciamiento Civil, se declara que la citación puede hacerse por el mársbal del distrito en que se encuentre el demandado, ó por una persona mayor de 3d años que no sea parte en la acción. Probablemente la justificación de esta libertad se baila en que el pleito no es íodavía. tal, y el Juez o la Corte, en ese momento y para esos fines, no está actuando. Pero cuando la. autoridad para un acto judicial viene directamente del juez o la corte, enten-demos que a funcionarios auxiliares de las cortes es a quienes compete cumplir las órdenes que de tal autoridad emanen. El cumplimiento por un particular es ‘materia de excepción, y sólo puede darse cuando no se requiere la intervención de autoridad en el acto.

El mismo recurrente, al copiar las definiciones de Escriche, sostiene la teoría del Registrador. Aparece en su alegato la siguiente definición dada por Escriche:

“ RequeRimiento. — El acto judicial por el cual se amonesta que se haga o se deje le ejecutar alguna cosa; y la intimación, aviso o noticia que se pasa a uno haciéndolo sabedor de alguna cosa con au-toridad pública.”

El acto, según se ve, es judicial; y su ejecución ha de realizarse por quien tenga un carácter judicial.

En la página 12 del alegato de los recurrentes se cita a Morel y Terry, pag. 54, Tomo 4 de su obra. Pero la cita no favorece la posición de los recurrentes, ya que claramente se expresa que el requerimiento por Notario se hace si es anterior a la demanda; y si se hace después, como es el juez el que ordena se requiera, debe hacerse judicialmente.

Bebe confirmarse la nota recurrida.


text:
    Antonio Rojas & Co., Inc., demandante y apelada, v. Pío Luna, demandado y apelante.
    No. 4899.

    Sometido: Junio 25, 1929.

    Resuelto: Julio 9, 1929.

      C. Domínguez Rubio, abogado del apelante; M. Guzmán Texidor, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión .del tribunal.

En 1914 Salvador Ruiz compró 45 cnerdas de terreno, lindantes por el norte con Carlos J. Marrero, por el sur con Genaro Zayas y Tomás Pagán, por el este con la carretera que conduce de Barranquitas a Aibonito y por el oeste con la quebrada Helechal. Posteriormente vendió 4 cuerdas a. José Marrero y 2 cuerdas, al oeste, a Sinforoso Luna. Des-pués le vendió 1.25 cuerdas a Ramón Alicea, quien a la postre se las vendió a José Rochet. Silverio Rivera le compró a Rochet las 1.25 cuerdas y después adquirió de Ruiz mía faja de 62 centésimas de una cuerda, constituyendo de este modo una parcela de 1.87 cuerdas, colindantes al oeste con la quebrada Helechal y contiguas a las dos cuerdas pertene-cientes a Sinforoso Luna. Luego, Pío Luna, quien vivía allende la quebrada en media cuerda de terreno (frente a las 1.87 cuerdas) adquirió estas últimas de uno que se las había comprado a Rivera. . La venta a Alicea se efectuó en mayo de 1919, y la de Rivera, un año después.

■ Bn septiembre de 1927 Ruiz le vendió a Antonio Rojas .& Co., Inc-, el resto de las 45 cnerdas. El predio así trans-ferido se describe en la escritura como nno de 191 cnerdas, colindantes por el norte con tierras de Gerónimo Vallecillo, por el snr con la Sucesión de Carlos J. Marrero, por el este con la carretera de Barranquitas en el sitio en que se cruza con la carretera de Coamo a Aibonito, y por el oeste con la quebrada Helechal.

Al entenderse en la compra de las 19 cuerdas, la corpo-ración estuvo representada por su tesorero Simón Rojas;, Ruiz manifestó que sólo vendió lo que restaba de las 45 cuerdas; que antes de otorgarse la escritura' recorrió la finca con Simón Rojas, le mostró el terreno poseído por Sinforoso Luna y por Pío Luna, le señaló las colindancias y le dijo que estos traspasos previos debían respetarse. Ruiz también dice que no habló con el notario antes de firmar la escritura y no suministró los datos para la descripción de las 19 cuerdas contenida en la misma. La declaración de Ruiz no fué contradicha, aunque Simón Rojas fué testigo de la de-mandante en la corte inferior, y el abogado de la demandante fué el notario que redactó la escritura. En realidad de verdad, prácticamente no hay conflicto en ninguna parte de la evidencia aducida durante el juicio. '

Salvador Ruiz continuó viviendo en la finca después de la venta efectuada en septiembre de 1927 hasta uno de los días del mes de febrero de 1928. Dice' que durante todo ese término, los mayordomos y empleados de Rojas & Co. no se metieron en los terrenos poseídos por Pío Luna ni pusieron en tela de juicio su derecho de posesión. En noviembre de 1928 Rojas & Co. solicitó un injunction para impedir que Pío Luna penetrara en los terrenos de la peticionaria, para que se abstuviera de echar animales en dicha finca y de ejercitar actos de dominio en ella. El juez de. distrito, después de celebrarse una vista respecto a una orden para mostrar causas por las cuales uo se debía expedir un injunction pre-liminar, decretó, en vez del recurso preliminar solicitado, un injunction permanente.

En la transcripción taquigráfica aparecen ciertas mani-festaciones sueltas respecto a animales echados en las 1.87 cuerdas y que de allí se habían trasladado a los terrenos de la peticionaria, pero no se señala un caso específico de tal intrusión {trespass). Es, una circunstancia significativa que cuando la peticionaria decidió enviar una vaca de Pío Luna ol depósito municipal de animales realengos, se hizo nece-sario penetrar en las 1.87 cuerdas donde estaba amarrada la vaca. En otra ocasión Luna empezó a construir una cerca de alambre a lo largo de la colindancia oriental de las 1.87 cuerdas, y para conseguir este fin cortó seis especones de la misma propiedad. A raíz de esto el tesorero de la peticio-naria apareció allí con un policía y con el juez de paz, y el policía hizo una nota de los seis tocones de donde se habían cortado las estacas. Pío entonces ofreció remover la cerca si la corporación retiraba la acusación criminal, pero su proposición fue rechazada. Este incidente parece haber ocurrido poco antes del juicio, y el récord no revela el resul-tado de la persecución criminal. Piemos bosquejado sufi-cientes hechos para indicar que estaba envuelta una cuestión de títulos y que la corporación tenía pleno conocimiento de la venta anterior a Alicea y de la posesión por Luna so color de propiedad al tiempo en que la demandante adquirió el remanente de las 45 cuerdas de Ruiz.

La relación del caso y opinión emitida por el juez senten-ciador se explica de por sí, según aparece del siguiente extracto:

“No pretendemos negar y más bien nos inclinamos a creer, por razones que nacen de la misma prueba, que la compra alegada por el demandado es cierta y que Salvador Ruiz ha verificado una doble venta de. una misma parcela de terreno; pero es también innegable ■ que para el recurso que se solicita la situación de la demandante es ventajosa ya que está favorecida por los preceptos del artículo 1376 del Código Civil y debe tener toda la protección de los tribu-nales de justicia para mantener el derecho que adquirió al inscri-bir el dominio de su finca, de la cual es indudable que se encontraba en posesión material y civil al ocurrir los hechos que dieron lugar a este recurso de injunction. ¿Por qué, pues, desestimar una peti-ción que creemos justa y en ley para dar paso a nuevas acciones y nna multiplicidad de procedimientos en los que siempre al fin pre-valecería el derecho de la demandante? Se ha demostrado, por tanto, que la demandante fué perturbada en el disfrute de su finca con actos violentos del demandado, quien penetra en ella y le oca-siona perjuicios tales como se alegan en la demanda y procede, a juicio de esta corte, la expedición del injunction solicitado.” (pp.' 17 y 18 Reí. caso y op.)

•Nada hallamos en la prueba que justifique la conclusión de que la peticionaria estuviera en momento alguno en la posesión material de las 1.87 cuerdas objeto de esta con-troversia. Por el contrario, la prueba testifical de la peti-cionaria tiende a demostrar en conjunto que los actos del demandado la impidieron continuamente ejercer la posesión efectiva o el dominio de ese terreno. La prueba testifical del demandante también demuestra que amarraba su vaca y tal vez una novilla y una yegua en aquella parte de las 1.87 cnerdas que pudiera destinarse a fines de pastoreo, mientras que mantenía bajo cultivo el resto. Esta es quizás la razón obvia, si no la única lógica, de por qué la peticionaria no acudió al remedio sumario de injunction provisto por el estatuto para impedir cualquier perturbación de la posesión material.

El artículo 1376 del Código Civil se discute en el caso de Abella v. Antuñano, 24 D.P.R. 498, resuelto más de 20 años la, en que el 1°., 2°., 4°., 5°. y 6°. párrafos del sílabo leen como sigue:

“En caso de doble venta de cosa inmueble la propiedad perte-nece al adquirente que antes la haya inscrito en el Registro. Aun-que el artículo 1376 del Código Civil Revisado no exige de un modo expreso el requisito de la buena fe en el adquirente en casos de bienes inmuebles, es necesaria la buena fe en la adquisición para los efectos legales de la inscripción.
"Aunque el artículo 1376 del Código Civil Revisado no expresa la necesidad de la preexistencia del derecho en el transmútente debe entenderse que esa circunstancia es uno de los supuestos de que el artículo parte.
"Los preceptos de los artículos 36 y 38 de la Ley Hipotecaria tienen aplicación a los casos de doble venta, siempre que se trate de la adquisición de cosa inmueble de buena fe, e inscrita en el re-gistro, lo que no pasa en el caso de autos.
"El que adquiere de mala fe una finca que ha sido vendida dos veces, no puede invocar el carácter de tercero para amparar su de-recho con la inscripción hecha en el registro de la propiedad.
"El que vende una finca a uno y luego vende esa misma finca a otro, sabiendo este segundo adquirente que ya había sido vendida anteriormente aunque sin escritura, esta segunda venta es nula, por-que nadie puede transmitir la propiedad de una cosa de que ya se ha desprendido, y este vicio de nulidad no desaparece por la ins-cripción hecha en el registro, según el artículo 35 de la Ley Hipo-tecaria. ’ ’

Véase además el caso de Miranda v. Municipio de Aguadilla, ante, pág. 467.

El procedimiento de injunction no está adaptado a la determinación >de alegaciones contradictorias respecto al título de propiedad inmueble, y ordinariamente no se conce-derá un injunction cuando el derecho de un peticionario es dudoso, hasta tanto se establezca mediante una acción en ley. En verdad, no puede invocarse con éxito el remedio por un peticionario con el fin de desalojar un alegado dueño de pro-piedad inmueble que la ha poseído bajo un título prima facie superior al de tal peticionario, empujando así al demandado en el procedimiento de injunction a la posición más difícil y arriesgada de demandante en una acción reivindicatoría.

Debe revocarse la sentencia apelada, y condenarse en costas a la demandante.

EN MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN

El abogado de la apelada solicita que enmendemos la sentencia dictada en apelación, en el sentido de ordenar la continuación del procedimiento Rasta su conclusión final en lá corte inferior.

La moción expone que la peticionaria sólo presentó parte de su evidencia durante la vista de la orden para mostrar causa y que mantuvo en reserva la mayor parte de esa evi-dencia con el fin de presentarla en la vista posterior respecto a la cuestión de convertir en permanente un injunction pre-liminar.

La orden para mostrar causa, que iba acompañada de uña orden de interdicto prohibitorio (temporary restraining order), no se limitaba por sus propios términos a la cuestión de si debía o no librarse un auto preliminar posterior. En respuesta a esta orden el demandado radicó su contestación a la petición. El decreto de la corte inferior convirtió la orden de interdicto prohibitorio en un injunction permanente. El alegato de la apelada en apoyo de ese de-creto empieza haciendo referencia en primer lugar a la petición de injunction, en segundo, a la contestación radicada por el demandado, y en tercero, al decreto final dictado por la corte de distrito. No contiene intimación alguna de que el resultado en la corte inferior se excedió de lo que la peticionaria esperaba. La apelada estuvo muy conforme, tanto en la corte inferior como en este tribunal, en permitir que la resolución de la corte de distrito subsistiera como una determinación final de toda la controversia.

Simón Rojas, tesorero de la corporación demandante, y Eduardo Rosario, mayordomo de la' peticionaria, estuvieron presentes en el acto del juicio y declararon como testigos de la demandante. La prueba testifical del demandado en torno a su posesión material de los terrenos en controversia y a la compra hecha por la peticionaria con pleno conocimiento de una venta anterior al demandado, señala a Simón Rojas y a Eduardo Rosario como los testigos necesarios para una refutación. Sin embargo, ninguno de estos testigos volvió a ocupar la silla testifical.

La moción no indica la naturaleza de la evidencia que la peticionaria se reservó. No podemos asumir que hubiera, eliminado la cuestión de título. Por consiguiente, el deman-dado no debe ser sometido a los gastos y molestias que le acarrearían ulteriores procedimientos en esta causa.

Esta corte tuvo el propósito, según lo indica la concesión de las costas, de desestimar la acción. Sin embargo, la sen-tencia siguió la letra más bien que el espíritu del último párrafo de la opinión.

En vez de la enmienda sugerida por la apelada, debe modificarse la sentencia de este tribunal en el sentido de incluir una desestimación formal del litigio.


author: El Juez Asociado Señoe Hutchison,

text:
    Francisco Sánchez Marina, demandante y apelante, v. Consuelo de Jesús y Marcos A. Sacarello, demandados y apelados.
    No. 4641.

    Sometido: Feb. 26, 1929.

    Resuelto: Julio 9, 1929.

      E. Campos del Toro y A. Bar celó Jr., abogados del apelante; G. del Toro Fernández, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señoe Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Francisco Sánchez, cónyuge divorciado, instituyó esta acción contra su anterior esposa, Consuelo de Jesús, y contra Marcos A. Sacarello, para anular el matrimonio contraído por les demandados' dentro de los 301 días siguientes a la fecha del divorcio. Como segunda causa de acción el demandante alegó, entre otras cosas, que nunca había recibido notificación alguna del decreto de divorcio enviádole por correo y que dicha notificación había sido devuelta al Secretario de la corte de distrito por la oficina de correos.

La corte inferior declaró con lugar una excepción previa ae falta de hechos suficientes para determinar una causa de acción, y, al rehusar el demandante enmendar su demanda, declaró la misma sin lugar.

La sección 2 de la ley para enmendar los artículos 92, 123, 227 y 299 del Código de Enjuiciamiento Civil, Leyes de 1911, pág. 238, lee como sigue:

“En todos los casos en que se pueda establecer el recurso de apelación, según lo provisto en la Sección 295 del Código de Enjui-ciamiento Civil, según fué enmendada en marzo 11 de 1908, será deber del secretario de la corte, enviar a la parte perjudicada, o a su abogado, al dictarse la sentencia, de la cual pueda establecerse el recurso de apelación, una notificación escrita informándole que la sentencia lia sido dictada, b de la resolución de la corte, y una copia de esa notificación será archivada con los autos, y el término para establecer el recurso de apelación empezará a correr desde la fecha del archivo de dicha notificación con los autos/’

La parte que pierde el litigio, o su abogado, no está obli-gada a descansar en un cumplimiento perfunctorio de los deberes así impuestos al secretario. Si elige depender del secretario y de la oficina de correos y no trata de cerciorarse del resultado de un pleito, no puede quejarse si la notificación estatutoria no es recibida por el curso ordinario. Todo lo que la ley exige del secretario es que envíe la notificación por correo y archive copia de la misma. El término para interponer una apelación empieza a correr desde la fecha en que se archiva esa notificación, y no desde la fecha en que la parte perdidosa la recibe.

El juez de distrito también resolvió que la demanda no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción, toda vez que no contiene la alegación de que la esposa se hallaba en estado grávido. No encontramos base satisfactoria alguna para llegar a esta conclusión, ni en la ley ni en el caso de Cintrón v. Román, 36 D.P.R. 484, citado en apoyo de tal resolución. El fundamento de la prohibición estatutoria ha de hallarse en 1a. posibilidad de que una viuda o divorciada pueda estar en cinta, y no en el hecho a ser alegado y establecido por medio de evidencia durante el juicio. Dentro de determinado período la posibilidad siempre existe. Eesolver que un demandante debe alegar y probar ese hecho, tendería a destruir el espíritu de la ley. La eliminación de tal posibilidad debe dejarse al transcurso! del tiempo, que es a quien el estatuto la deja, a menos que sea negada por la ••.ontestación y disipada por la prueba que tan sólo la parte demandada puede presentar.

Los apelados han solicitado la desestimación del recurso fundándose en que la cuestión envuelta es académica. La moción pasa por alto el hecho de que para convalidar un matrimonio es necesario que medien ciertas circunstancias, además del transcurso del tiempo. No habiéndose démos-te ado satisfactoriamente que la mujer divorciada no dio a luz dentro de los 301 días posteriores a la fecha del divorcio, el matrimonio contraído antes de haber expirado ese período continúa siendo potencialmente nulo o anulable.

Una certificación de matrimonio que demuestra que se celebraron segundas nupcias después de transcurrir el período estatutorio, no altera la situación. Lo que el demandante en el presente caso trata de anular es el matrimonio contraído dentro de los diez meses siguientes al divorcio, y no la ceremonia posterior. La cuestión envuelta tal vez sea aca-démica, según sugieren los apelados, pero en ausencia de una demostración satisfactoria o de admisión alguna por parte del apelante, no podemos asumir que tal es la realidad.

Debe declararse sin lugar la moción de desestimación, la sentencia a/pelada debe ser revocada y devolverse el caso para ulteriores procedimientos no incompatibles con esta opinión.


author: El Junz Asociado Señor Wole,

text:
    Juan Avalo García, peticionario, v. La Corte de Distrito de Humacao, Hon. Gabriel Castejón, Juez, demandada.
    No. 627

    Sometido: Dic. 10, 1928.

      Resuelto: Julio 9, 1929.

      Arturo Aponte, abogado del peticionario; F. González Fagundo & González Jr., abogados de la demandante en el pleito principal.
   El Junz Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Pedro Castro instituyó ante la Corte Municipal de San Lorenzo un procedimiento de desahucio contra Juan Avalo (Jarcia, y dicha corte dictó sentencia a favor del demandado y declaró sin lugar la demanda. El demandante dió pasos iendentes a establecer un recurso de apelación. Hizo una notificación al seretario y puso el escrito de apelación en manos de una persona para que se encargara de diligenciarlo, persona que trató de notificárselo al abogado del demandado.

Después de haber llegado la transcripción a la corte de distrito de Plumaeao, el demandado radicó una moción pidiendo se desestimara el recurso. La corte de distrito de Humacao declaró sin lugar la moción.

El demandado Juan Avalo García radicó una petición de certiorari ante este tribunal, alegando, entre otras cosas, que la Corte de Distrito de Humacao carecía de jurisdicción. Toda la cuestión depende de la suficiencia de la supuesta notificación al letrado Arturo Aponte, o de si éste renunció los efectos alegados al certificar parte de la transcripción.

Los autos contienen un affidavit de notificación hecha por Enrique Sánchez Centeno. Este juró que había recibido el escrito de apelación en 29 de febrero de 1928, y qne a las nueve de la mañana fué a la oficina del Ledo. Arturo Aponte, en Humaeao, y no lo bailó allí, ni encontró a nadie a cargo de su oficina; que volvió a dicha oficina a las once de la mañana del mismo día, y permanecía aún cerrada. El affidavit entonces dice que el declarante se trasladó luego a la Playa de Humaeao, a la finca conocida con el nombre de líosalía, donde tiene su domicilio el abogado Arturo-Aponte, y no habiéndolo encontrado en su dicho domicilio, el declarante le dejó allí una copia fiel y exacta de dicho escrito de apela-ción, entregando tal copia a doña Tomasa Jiménez con el encargo de que la pusiera en manos del Ledo. Aponte tan pronto él regresara a su domicilio.

El affidavit fué jurado ante Francisco González, Jr., uno de los abogados del caso. El affidavit no ha sido impugnado por este motivo, pero, según lo hemos hecho ya en varias ocasiones, nuevamente llamamos la atención de los abogados hacia lo poco aconsejable que es que tales declaraciones juradas se presten ante uno de los abogados del pleito. El Pueblo v. Collazo, 33 D.P.R. 49, 54. Del affidavit no se desprende quién era Tomasa Jiménez.

Después que el caso llegó a la Corte de Distrito de Humaeao, Enrique Sánchez Centeno presentó otra declaración jurada tratando de subsanar la deficiencia del primer affidavit. El declarante manifestaba que Tomasa Jiménez es mayor de edad, y se encuentra en su entero y cabal juicio. Por tanto, de permitirse una segunda declaración jurada, la notificación al abogado fué hecha de conformidad con el artículo 320 del Código de Enjuiciamiento Civil.

No hay duda alguna de que cualquier corte tiene derecho a recibir una declaración jurada suplementaria tendente a demostrar que dicha corte ha adquirido jurisdicción apela.-* tiva a virtud de la debida notificación.

Por tanto, carece de importancia la cuestión de renuncia. En el caso de Manrique v. Ramírez, 37 D.P.R. 252, citamos 2 California Jurisprudence 328, sección 117, al efecto de que con una comparecencia voluntaria podía renunciarse la noti-ficación. La cuestión de tiempo no fué presentada y el segundo párrafo de la misma cita tiende a demostrar que'para ser efectiva debe hacerse dentro del período estatutorio para interponer el recurso de apelación.

Para invocar la jurisdicción de esta- corte en certioí ari, el peticionario alegaba otras cuestiones de procedimiento. Según es imperativo en casos de desahucio, se señaló para el 31 de julio de 1928 una primera comparecencia para la formalización de la prueba. Ninguna de las partes compareció en dicha fecha y la vista fué suspendida. En 6 de agosto de 1928, a iniciativa propia, se señaló el 21 del mismo mes y año para la primera y segunda comparecencia. El demandado nunca fué oído con antelación a este señalamiento para agosto 21 de 1928, y a nada renunció. Todo lo que la corte hizo en favor de él fué, después de oír la prueba del demandante, señalar otro día para la presentación de la prueba del demandado. El peticionario está en lo cierto al sostener que las disposiciones del estatuto deben ser seguidas. La corte no tenía autoridad para combinar las dos comparecencias, a no ser por consentimiento del demandado o por su renuncia. Es evidente que el demandado fué obligado a entrar a juicio sin saber cuál era la prueba del demandante, y por tanto el demandado no tuvo la oportunidad para considerar la prueba escrita, oponerse a ella o repreguntar a los testigos del demandante después de haberse preparado debidamente. Ninguna de estas cuestiones fué subsanada al permitir que el demandado compareciera posteriormente. Todas estas posibles privaciones están cubiertas por la aseveración de que las disposiciones que exigen dos comparecencias son imperativas.

, Debe anularse la orden de 6 de agosto de 1928 y devolverse él caso a la Corte de Distrito de Enmacao para que señale la primera y segunda comparecencia.


author: El Juez Asociado Senos. Wole,

text:
    Luis de la Cruz, demandante-apelado, v. Luz Porrata Doria de Márquez, demandada-apelante.
    No. 5015

    Sometido: Julio 1, 1929.

      Resuelto: Julio 9, 1929.

      Adolfo García Y ove, abogado de la apelante; E. Martínez Rivera. abogado del apelado.
   El Juez Asociado Senos. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La moeión para desestimar en este caso se basa en haber dejado la apelante de hacer que su escrito de apelación se dirigiera al apelado y al Secretario de la corte. Si bien en el caso per curiam de Cruz v. Carballeira, No. 4908, posible-mente podría aparecer qne estábamos desestimándolo por dejar de dirigir el escrito en esa forma, sin embargo, el verdadero motivo de esa decisión fné qne una notificación por correo no es nna notificación suficiente ni al secretario ni a la parte apelada, si no se hace como se especifica en el artículo 920 del Código de Enjuiciamiento Civil. Somos de opinión que un escrito de apelación es suficiente aunque no baya sido dirigido específicamente, siempre qne en realidad se baya notificado al secretario y al abogado de la parte apelada, según ocurrió en este caso. Sería mejor qne una notificación por escrito se dirigiera en esa forma, pero qne eso no es impe-rativo es lo qne se resolvió claramente en el caso de Roig Commercial Bank v. Sucesión Lugo, 34 D.P.R. 155.

Se declara sin lugar la moción para desestimar.


author: Ft, Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Cortés Hermanos & Co., demandante y apelante, v. Francisco Menéndez Balbany, Juan Prieto Bayón y José del Carmen Martínez, demandados y apelados.
    No. 4392

    Sometido: Abril 26, 1928.

      Resuelto: Julio 9, 1929.

      Bubón & Ochoteco, abogados de la apelante; Francisco M. Cadilla, • abogado de los apelados.
   Ft, Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

En pleito de Francisco Menéndez y de Juan Prieto contra José del Carmen Martínez fué embargada el 27 de enero de 1927 una plantación de tabaco que el demandado tenía como arrendatario en cierta finca, siendo nombrada depositaría de esa plantación una tercera persona.

Al siguiente día el demandado Martínez y la mercantil Cortés Hermanos celebraron un contrato de refacción agrí-cola de esa plantación de tabaco por el cual la mercantil se comprometió a entregar al refaccionario para el cultivo del tabaco basta la cantidad de $500 por pagos semanales según los fuera necesitando, conviniéndose en que dicho crédito sería liquidado con intereses al 12 por ciento anual y pagado el 30 de junio de 1927, cuya fecha fúé fijada para el venci-miento del contrato.

Anotado ese contrato en el registro de contratos agrícolas pocos días después de celebrado, el 10 de febrero de 1927, a los cinco días de esa fecha fué presentada demanda de Cortés Hermanos contra Menéndez y contra Prieto alegando ei mencionado contrato; que a cuenta de él había entregado al refaccionario hasta $331.63; el embargo del tabaco trabado a instancia de Menéndez y de Prieto y que los ha requerido para que reconozcan que su crédito refaccionario es prefe-rente, lo que no han reconocido, por lo que- solicitaron sen-tencia declaratoria de que el crédito refaccionario de la sociedad demandante es preferente al de los demandados para cobrar con dicho tabaco.

Se opusieron los demandados a esa reclamación y el pleito terminó por sentencia que declaró sin lugar la demanda, siendo interpuesta esta, apelación.

Por los hechos expuestos se ve que cuando la demanda de los apelantes fué presentada, en 15 de febrero de 1927, no había llegado el día de ser liquidado el crédito refaccionario y de tenor derecho el refaceionista a exigir el pago do lo que entonces le fuera debido por el vencimiento de la obligación fijado para el 30 de junio de 1927, y que la demanda no alega hecho alguno de los demandados tendente a la subasta de la plantación embargada para cobrar con ella su crédito, y ni siquiera alega que en el pleito en que se hizo el embargo recayera sentencia condenatoria, por lo que entendemos que la demanda en este pleito carece de liase para que sea resuelta la cuestión propuesta de preferencia de crédito y que de lo que se trata es de que sea resuelta una cuestión abstracta y se establezca regla por si los apelados tratan de obtener la venta de la plantación de tabaco, sin haber una verdadera cuestión entre las partes. Bianchi v. Pierazzi, 25 D.P.R. 631; 1 R.C.L. pág. 317.

Por el expresado motivo la sentencia que declaró sin lugar la demanda debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Aldrby,

text:
    Federico García Dávila, demandante y apelante, v. El Banco Popular de Puerto Rico, demandado y apelado.
    No. 4486.

    Sometido: Marzo 21, 1928.

      Resuelto: Julio 9, 1929.

      O’Neill & O’Neill, abogado del apelante; Damián Monserrat Jr., abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrby,

emitió la opinión del tribunal.

Esta apelación ha sido interpuesta por Federico García Dávila contra sentencia que declaró sin lugar su demanda en este caso.

Alegó el apelante en la corte inferior que por escritura notarial de 31 de diciembre de 1924, compró a Modesto G, Capiel por $3,000 los derechos y acciones que tenía en un contrato con los esposos Ray P. Meaker para comprarles dos fincas que tenían en el barrio de Pueblo Viejo de Guaynabo y que posteriormente el Banco Popular de Economías y Préstamos de San Juan embargó esos derechos y acciones como si fueran de Modesto G. Capiel y fueron vendidos en pública subasta siendo adjudicados a. dicho Banco, por lo que solicitó de la corte declarase que el embargo, la venta y la adjudicación son nulos y que condenase al banco a pagarle determinada cantidad de dinero como compensación de los perjuicios que dicho embargo y venta le ha causado.

Se opuso el banco a esas reclamaciones y celebrado el juicio fué dictada sentencia en contra del demandante-ape-lante, entre otros motivos porque la escritura de compra de García Dávila a Modesto G. Capiel fué otorgada en fraudo de los acreedores del vendedor por no‘ haber mediado en ella causa o consideración, fundamento que se alega ser erróneo en el segundo de los tres motivos de esta apelación porque 3 a corte inferior no tenía fundamento para dudar de la veracidad de las declaraciones de Modesto G. Capiel y de Federico García Dávila.

En el caso de Santini Fertilizer Co. v. Burgos, 34 D.P.R. 673, comentando el artículo 1264 del Código Civil según el cual se presumen celebrados en fraude de acreedores todos aquellos contratos por virtud de los cuales el deudor enajena bienes a título gratuito, en relación con el artículo 40' de la Ley Hipotecaria y con una sentencia del Tribunal Supremo cíe España, liemos declarado que se entenderá que no medió precio ni su equivalente en los contratos cuando el notario no dé fe de su entrega, o si confesando los deudores haberse ésta verificado con anterioridad no se justificara el hecho.

El apelante probó en la corte inferior que unos veinte días antes de ser otorgada la escritura, mencionada de. 31 de diciembre de 1924 compró en un banco un giro de $1,800 y cheques de viaje por $140, los que entregó a Capiel; y él y Capiel declararon que ese dinero era parte de los $3,000 del precio de compra y que el resto, para completarlo fue entregado en dinero a Capiel.

La corte inferior no dió crédito a esas declaraciones en cuanto a que el giro y los cheques fueron dados a cuenta del precio, ni a que después entregó el resto en dinero, sin que sea sostenible la alegación del apelante de que la corte no tenía motivo para dudar de la veracidad de esas declara-ciones pues aparte de que la corte que conoció del pleito tiene poder discrecional para apreciar la credibilidad de los tes-tigos, su conclusión resulta justificada además en este caso por las circunstancias concurrentes en él; pues habiendo embargado el banco los derechos y acciones de Capiel en abril de 1925, tres meses después de la alegada compra, notificando ese embargo entre otras personas a Federico García Dávila, éste, sin embargo, no ejercitó su derecho como comprador para que el embargo fuese levantado, no impidió la subasta judicial y presentó esta demanda al año de ser vendidos en pública, subasta los derechos y acciones de Oapiol; y éste, habiendo vendido a García Dávila según la escritura de 31 de diciembre de 1924 sus acciones y derechos para la compra de -dos fincas a los esposos Meaker, - sin embargo, en fecha posterior intervino en la compra que por *10,000 hizo su madre Eladia Castejón al banco de las fincas que como adjudicatario de los derechos y acciones de Gapiel compró a los esposos Meaker, a pesar do que según su venta a García Dávila éste era el dueño de dichas acciones y deréchos. Además, García Dávila negó en el juicio haber tenido noticia del embargo hecho por el banco y sin embargo so probó documentalmente que tal embargo le fué notificado. Los hechos de este pleito demuestran la sabiduría de la Ley Hipotecaria en el artículo citado y de nuestro Código Civil que disponiendo como regla general en su artículo 1244 que aunque la causa no se exprese en el contrato, se presume que existe y que es lícita mientras el deudor no pruebe lo con-trario, sin embargo, establece como excepción la contenida on el artículo 1264 antes citado.

No habiendo mediado causa en este contrato, García Dávila no tiene derecho a obtener la nulidad que pretende y por esto no es necesario resolver los otros dos motivos del recurso.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: En Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Pedro F. Rodríguez, demandante-apelado, v. Joaquín Rivera Martínez, demandado-apelante.
    No. 4867.

    Sometido: Mayo 24, 1929.

      Resuelto: Julio 12, 1929.

      K. Martínez Rivera■, abogado del apelante; Ramón 8. Pesquera, abogado el apelado.
   En Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte Municipal de Bayamón condenó a Joaquín Rivera Martínez a pagar a Pedro F. Rodríguez la cantidad de $400 y al conocer de ese asunto la Corte de Distrito de San Juan en grado de apelación fué señalado el día 25 de septiembre de 1928 para celebrar el juicio.

En dicho día compareció el demandante y sus testigos pero por la parte demandada compareció solamente su abogado, quien exponiendo a la corte que posiblemente su cliente y sus testigos no habían comparecido al juicio porque en los periódicos se publicó una circular del Procurador O en eral de esta Isla disponiendo que los juicios fuesen sus-pendidos hasta el mes de octubre por los inconvenientes causados por el huracán de 13 de septiembre de 1928, solicitó que se permitiera presentar su prueba al demandante y en otro día la del demandado, y al manifestar la corte que eso no podía ser porque a fin de septiembre tenía que ocuparse de asuntos criminales, solicitó ej. demandado que suspendiera el juicio para por la tarde de ese día, o para el siguiente u otro cualquiera, pero la corte ordenó que el juicio fuese celebrado en seguida. Esta conducta de la corte se alega como errónea en la apelación que ha sido interpuesta contra la sentencia condenatoria que dictó contra el demandado.

En vista de que es de conocimiento judicial que el temporal de 13 de septiembre de 1928 causó en las propiedades públicas y privadas grandes daños, a tal punto que los caminos estuvieron interceptados por algunos días; en vista cíe que la corte inferior admite que el periódico “La Demo-cracia” publicó tres días antes del juicio de este caso la circular a que se refiere el demandado, lo que razonablemente pudo bacer creer al demandado que el juicio no sería cele-bu ado el 25 de septiembre; y en vista también de que en último extremo se solicitó la suspensión basta la tarde de dicbo día, entendemos que en tales circunstancias la corte abusó de su poder discrecional al no suspender el juicio y al ordenar que fuese celebrado en la mañana del expresado día y por este motivo su sentencia debe ser revocada para tjue el juicio sea celebrado de nuevo.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Zoa Rodríguez Mattei, et al., recurrentes, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    No. 773.

    Sometido: Junio 18, 1929.

    Resuelto: Julio 12, 1929.

      Arjona & Arjona, abogados de los recurrentes; el registrador recu-rrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Al Registrador de la Propiedad de San Germán le fué piesentada certificación de una sentencia de la Corte de Distrito de Ponce dictada en pleito de Zoa Rodríguez Mattei y otros contra Elvira Rodríguez Cuevas en la cual se anulan las obligaciones hipotecarias expedidas por la demandada en 15 de febrero de 1923, una por $3,000 y otra por $2,000, y especialmente la garantía hipotecaria constituida para garan-tizar el pago y se ordena al Registrador de la Propiedad de San Germán que cancele la inscripción de dicha garantía. Con esa certificación se acompañó la de la opinión en que la sentencia se funda de la que aparece que la corte declaró probados todos los hechos relacionados en la demanda que anteriormente expone y especialmente el de que la deman-dada Elvira Rodríguez Cuevas es la tenedora y portadora de las expresadas obligaciones hipotecarias sin que nunca se haya separado de las mismas, sin que nunca las haya negociado a persona alguna, sin que nunca haya percibido sobre las mismas suma alguna transmitiendo su posesión a otra persona y sin que nunca haya dejado de ser portadora y tenedora de dichas obligaciones hipotecarias; otra certi-ficación de haber sido desestimada el 25 de marzo de 1929 ]a apelación que contra ese fallo interpuso la demandada Elvira Rodríguez Cuevas y otra más de la demanda en ese pleito.

El registrador en 27 de mayo de 1929 se negó a hacer la cancelación solicitada por los motivos que expuso en la nota que en lo necesario copiamos:

“Denegada la cancelación de las inscripciones a que se refiere el precedente documento, y la cual cancelación es ordenada por la sentencia dictada por la Hon. Corte de Distrito del Distrito Judicial de Ponee, en fecha 19 de mayo de 1928 en el caso civil No. 2206, sobre nulidad de obligaciones y cancelación de' inscripción seguido por Zoa Rodríguez Mattei et al. (demandante) versus Elvira Ro-dríguez Cuevas (demandada), por tratarse del propio caso que mo-tivó la nota denegatoria puesta al margen de la inscripción 12 a, de la finca No. 1979, al folio 249 vuelto del tomo 45 del ayunta-miento de Yauco y también por tratarse del mismo asunto que mo-tivó la denegatoria que produjo la anotación letra ‘A’, obrante al folio 250 del citado tomo, cuya nota denegatoria fné confirmada por el Hon. Tribunal Bupremo de Puerto Rico según resulta del tomo 37, página 47 D.P.R. y los documentos que dieron margen a dichas denegatorias fueron presentados en este Registro el día 17 de octu-bre de 1927, según el asiento No. 190 del tomo 70 del Diario y tam-bién del presentado el día dos de mayo de 1927, asiento No. 105 del tomo 68 del Diario. Además hoy añadimos, repitiendo lo dicho por el referido Hon. Tribunal Supremo de esta Isla, en el caso D.P.R. 70, página 970 (sic). La Ley Hipotecaria no es más que una serie de conceptos, encaminados a proteger a terceros y no existe en su letra, ni en su espíritu declaración alguna que obligue a un Regis-trador a que verifique actos en el Registro que perjudique o anule los derechos de un tercero. La resolución del Hon. Tribunal Supremo antes dicha de 25 de marzo de 1929 desestimando la apela-ción por abandono del recurso por parte del apelante, en nada altera ni modifica el estado de derecho de las inscripciones que se preten-den y ordenan cancelar por sentencia de la Corte de Distrito al principio referida, estando descansando aquellas inscripciones y am-parada su validez de las mismas disposiciones de la Ley Hipotecaria protectora de los terceros; y no se extiende por tal concepto en su lugar anotación preventiva, ni se practica operación alguna en los libros de inscripciones del Registro por no ser relterables las anota-ciones denegadas. ’1

Contra esa negativa ha sido interpuesto el presente recurso gubernativo a fin de que ordenemos la cancelación solicitada.

El registrador se limita en este recurso a alegar que se trata de una cuestión ya resuelta definitivamente y para justificarlo nos presenta, certificación de algunas constancias del registro de las que resulta que inscritos los bienes de Conrado Rodríguez Mattei a nombre de Elvira Rodríguez Cuevas como heredera suya ab intestato, declarada tal por la Corte de Distrito de Ponce, constituyó en 15 de febrero de 1923 hipoteca sobre esos bienes en garantía, de dos obligaciones o pagarés a la orden que libró uno por $3,000 y otro por $2,000: que a instancia de Zoa Rodríguez y otros fué revocada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico la declaratoria de herederos hecha a favor de Elvira Rodríguez Cuevas y que con certificación de la. expresada sentencia revocatoria se solicitó del registro la cancelación de dicha hipoteca, lo que fe negó por el registrador en 10 de mayo de 1927: que esta-blecido pleito por Zoa Rodríguez Mattei y otros contra Elvira Rodríguez Cuevas para que fuese anulada la referida hipo-teca. y cancelada su inscripción, se solicitó que esa demanda fuese anotada en el registro de la propiedad, lo que también negó el registrador el 25 de octubre de 1927.

Esas constancias del registro no justifican la negativa re-currida en cuanto a que la cancelación que ahora se interesa y que se funda en la sentencia firme dictada por la Corte de Distrito de Ponce en 19.de mayo de 1928 haya sido negada anteriormente, pues basta fijarse en las fechas expresadas para ver que cuando las dos negativas contenidas en la certificación del registrador fueron hechas no se había dictado la sentencia en el pleito sobre nulidad y cancelación de hipoteca: y aunque los recurrentes manifiestan que tan pronto fué dictada esa sentencia, sin que fuese firme y estando apelada por Elvira Rodríguez Cuevas, solicitaron que la hipoteca fuese cancelada, lo que les fué negado, aun así esa negativa no constituiría obstáculo para la petición (pie ahora se hace porque ésta se funda en situación jurídica distinta de la otra ya que ahora se interesa la cancelación fundada en ser firme la sentencia que la decretó, por haber sido deses-timada el 25 de marzo de 1929 el recurso de apelación que había interpuesto Elvira Rodríguez Cuevas contra la sen-tencia que declaró la nulidad de la hipoteca y ordenó su cancelación en el registro de la propiedad.

En cuanto a que la cancelación decretada y solicitada puede perjudicar derechos de terceras personas es cosa que no atañe al registrador después de haber resuelto la corte oue los dos pagarés garantizados por la hipoteca están en poder de la demandada Elvira Rodríguez Cuevas, y de haber ordenado que sea cancelada la hipoteca que los garantiza.

La resolución recurrida debe ser revocada y ordenars'e. al registrador que haga la cancelación solicitada de, la hipoteca.