author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante, y apelado, v. José Antonio Román Seda, acusado y apelante.
    Núm. 11,631.

    Sometido: Noviembre 8, 1946.

      Resuelto: Febrero 6, 1947.

      Mariano Acosta Velarás, Daniel Pellón Lafuente y Demando For-naris Jr., abogados del apelante; Hon. Procurador General In-terino, Luis Negrón Fernández y Joaquin Correa Suarez, Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fue convicto por un jurado de infracción al art. 328 del Código Penal de Puerto Rico (felony) y sentenciado a cumplir tres años de presidio. Señala varios errores, refiriéndose el primero a la insuficiencia de la acusación. El defecto de que adolece ésta, según el apelante, consiste en que, no siguiéndose las palabras del estatuto, las que se usaron no imputan la negligencia crasa que contempla el art. 328 del Código Penal. Examinemos la parte pertinente de la acusación:

. . -en ocasión en que [el acusado] manejaba como conductor, encargado de los movimientos y dirección de la máquina que tiraba del tren correo núm. 3. . . mientras viajaba. . . en dirección de. Isabela a Aguadilla, ilegal y voluntariamente, sin guardar la debida pru-dencia, cuidado y circunspección, al llegar a la pendiente en el sitio denominado “Cuesta Vieja”, con la cual estaba familiarizado. . '. no redujo como era su deber la velocidad de la máquina que. manejaba entrando a dicha pendiente a velocidad exagerada y rehusando redu-cir lá velocidad de la máquina y por negligencia temeraria y descuido, condujo dicha máquina con el tren que arrastraba a una velocidad exagerada por la referida pendiente sin tener en cuenta las curvas e inclinación de la misma, ni tomando tampoco las debidas precaucio-nes para garantizar la seguridad de vidas y propiedades, dando lugar* a que la referida máquina, al salir de una curva y entrar a úna eon-tra-eurva, se saliera de los rieles, yendo a ebocar contra una pared, un árbol y una casa, como consecuencia del cual choque ocasionó la muerte a . . . quienes viajaban en el mencionado tren.” (Bastardillas nuestras.)

Se observará que en la acusación se imputa al acusado, que al entrar en la pendiente, con la cual estaba familiari-zado, lo bizo a velocidad exagerada, rehusando reducir la-velocidad de la locomotora y que actuó con negligencia te-meraria (gross negligence) al conducir dicha locomotora por la referida pendiente a una velocidad exagerada sin tener en cuenta sus curvas e inclinaciones. A nuestro juicio-, la acu-sación no sólo imputó al acusado que había actuado con ne-gligencia temeraria y descuido, sino que indicó en qué con-sistió su negligencia.

Se arguye por el apelante que no existe ley alguna en Puerto Rico que fije la velocidad máxima a que pueden correr los trenes en la zona rural. Es verdad que no existe tal precepto legal, pero la seguridad de los pasajeros que conducen y el deber de no hacer daño a otros por descuido o negligencia, exigen de los que conducen los trenes que su velocidad se reduzca hasta donde fuere prudente, de acuerdo con las circunstancias. Como se dijo en Pueblo v. Rodríguez, 47 D.P.R. 600, 609:

“. . . la falta de una ley que limite la velocidad de los trenes en campo abierto al aproximarse a un cruce, no autoriza que en el des-arrollo de esa velocidad se actúe de una manera negligente y descui-dada, con menosprecio de la vida y la seguridad de las personas. . ., cuando las circunstancias aconsejen la reducción de la velocidad”.

Una velocidad determinada, que puede considerarse pru-dente y moderada mientras el tren marcha por un sitio que no ofrece peligro, puede convertirse en imprudente y exage-rada cuando el tren, con varios coches de pasajeros y vago-nes cargados, desciende por la “Cuesta Vieja” de Aguadilia, donde la pendiente es fuerte y existen varias curvas y con-tr acurvas.

Siendo suficiente la acusación, pasemos a considerar el segundo de los errores señalados, al efecto de que el veredicto es contrario a la prueba.

El testigo de cargo Eleuterio Rodríguez declaró que el acusado es un maquinista de experiencia, quien estaba fa-miliarizado con la “Cuesta Vieja” de Aguadilla; que el día de autos el tren núm. 3 iba de San Juan para Ponce ac-tuando el testigo como maquinista; que al llegar al desvío Cortés, entre Isabela y Aguadilla, entregó la máquina al acusado'y que entonces estaba en perfectas condiciones. A preguntas de la defensa este testigo admitió que una má-quina que lia estado en buenas condiciones puede súbita-mente dañarse su mecanismo, especialmente el de los frenos. Declaró, además, que una vez falla la bomba de aire, cual-quier esfuerzo que haga el maquinista para controlar la ve-locidad de la máquina resultará inútil porque ésta trae de-trás un tren que la viene empujando e imprimiéndole cons-tantemente más velocidad. Relató que manejando el tes-tigo una locomotora por la “Cuesta Vieja” de Aguadilla, súbitamente se paró la bomba de aire, no logrando detener el tren hasta que llegó a la Central Coloso. Refiriéndose al caso de autos aseguró que si al salir del desvío Jiménez se rompe la bomba de aire, puede hacerse diligencia para re-ducir la velocidad, pero si el el tren viene ya bajando la pendiente, es difícil controlarlo.

Otro testigo de cargo, José Alfonso Hernández, declaró que había sido conductor de trenes; que tomó el tren en ca-lidad de pasajero en Camuy, entre una y una y treinta de la mañana; que durante todo el tiempo el tren había venido corriendo a una velocidad regular; que en el desvío Cortés hubo un cruce de trenes y que al salir de dicho desvío el tren núm. 3 “venía un poco más ligero porque seguramente ese es un sitio de recta, no hay pendiente allí”; que después de pasar el desvío Cortés, hizo una parada en el desvío Maleza y de allí continuó y paró en el desvío Jiménez, siguiendo de allí hacia Aguadilla; que poco después de salir del desvío Jiménez, empezó a bajar una pendiente bastante peligrosa y empinada, como de tres o cuatro kilómetros, hasta lleg’ar a la estación de Aguadilla; que al empezar a bajar hay una recta bastante larga y luego siguen algunas curvas y rectas; que al empezar la pendiente notó que el tren tomó bastante marcha y al llegar al sitio donde se volcó venía a una ve-locidad muy exagerada; que al aproximarse al paso nivel no oyó sonar el pito ni otra señal de alarma; que tampoco sintió aplicación de frenos; que lo qtie se oye cuando se aplican los frenos es el ruido del aire con que funcionan y fallando el aire, la aplicación de los frenos no produce ruido alguno.

El policía Francisco Figueroa Ramírez, testigo del fiscal, declaró que tomó el tren en Buchanan para ir a Yauco; que desde que salió del Campamento Buchanan el tren venía a una velocidad*moderada hasta llegar a la “Cuesta Vieja” de Aguadilla; que de allí en adelante notó que corría a una velocidad completamente exagerada.

Susano González, Detective de la Policía Insular, declaró como testigo del fiscal, describiendo la topografía del terreno en el trayecto de la “Cuesta Vieja” de Aguadilla. El no iba en el tren núm. 3 la noche de autos, pero, a preguntas del fiscal, declaró que cuando se aplican los frenos de aire, se siente el ruido del aire y de los frenos mientras los co-ches se van deteniendo.

Felipe Morales, como testigo del fiscal, declaró que ac-tuaba como guardabarrera en el paso nivel donde ocurrió el descarrilamiento; que esa noche no oyó que el tren pitara al aproximarse al paso nivel, pero vió la luz del foco de la locomotora y corrió a poner las cadenas; que logró poner una, pero no pudo cruzar la vía para poner la otra porque era tanta la velocidad • que traía el tren que comprendió que no tendría tiempo.

De la prueba de El Pueblo surge también que al llegar el tren al paso nivel de Aguadilla se descarriló uno de los coches y la máquina, yendo a chocar contra un árbol, una casa y la muralla a lo largo de la vía en aquel sitio. Ade-más, al empezar el juicio, el acusado admitió que él era el maquinista del tren núm. 3 que se descarriló y que con mo-tivo del descarrilamiento fallecieron las personas nombradas en la acusación.

Tal fue, en síntesis, la prueba del fiscal. Esta evidencia todo lo que tiende a probar es que en la “Cuesta Vieja” de Aguadilla el tren venía a una velocidad exagerada, y como consecuencia de esto, uno o dos coches' y la locomotora se descarrilaron, yendo a chocar con un árbol, con una casa y con la pared de piedras a lo largo de la vía. De esta evi-dencia no surge explicación alguna para la supuesta negli-gencia del acusado. Por el contrario, todos los testigos, ex-cepto José Alfonso Hernández, declararon que hasta que el tren empezó a bajar la cuesta, venía corriendo a moderada velocidad. Solamente el testigo José Alfonso Hernández de-claró que al salir del desvío Cortés (nótese que después hizo una parada en el desvío Maleza y otra en el desvío Jimé-nez) venía un poco más ligero, pero inmediatamente explica su aseveración y dice: “porque seguramente ése es un sitio de recta, no hay pendiente allí”.

No hay evidencia alguna de que, mientras manejaba la máquina, las facultades del acusado se hallasen inhibidas por efecto de alcohol o por cualquiera otra causa. Además, existe una circunstancia que probablemente no tuvo en cuenta el jurado, y es que el acusado manejaba un tren sujeto a un horario y no aparece que fuese con retraso. ¿Qué inte-rés podía tener el acusado en imprimir velocidad al tren en un sitio de tanto peligro, con riesgo inminente de su propia vida y la de los pasajeros para luego tener que detenerse en Aguadilla hasta que llegara la hora de salir?

La imprudencia temeraria o descuido que contempla el art. 328 del Código Penal no significa una mera falta de cui-dado, sino un grado de negligencia o descuido mayor del que se requiere para obtener una indemnización en un caso civil. Pueblo v. Rodríguez, supra. Y en el caso de People v. Adams, 124 N. E. 575 (Ill. 1919), citado con aprobación en Pueblo v. Rodríguez, supra, se dijo por la Corte Suprema de Illinois:

"... Negligencia crasa es aquélla que toca a los límites de la imprudencia, y negligencia temeraria, tal cual es aplicada al manejo de un vehículo de motor, implica un abandono positivo de las reglas de diligencia y un flemático menosprecio de sus consecuencias, según apunta Babbitt en su obra sobre Vehículos de Motor, sección 1517. Negligencia ordinaria denota meramente una cualidad negativa de parte de una persona a cargo o en el desempeño de un deber. La responsabilidad criminal no puede estar basada en todo acto legal descuidadamente realizado, meramente porque tal descuido produzca la muerte de una persona. Para que la negligencia sea criminal, es necesario que ésta sea imprudente o temeraria y de tal naturaleza que demuestre un absoluto menosprecio de la seguridad de los demás bajo circunstancias que probablemente produzcan daño a éstos. People v. Falkovitch, 280 Ill. 321, 117 N.E. 398. Ann. Cas. 1918 B, 1077”.

Véanse también People v. Burgard, 36 N.E.2d 558 (Ill. 1941) y la Monografía en 161 A.L.R. 63.

Veamos ahora la explicación que nos da el acusado. Declaró éste que al empezar a bajar la cuesta aplicó el freno de aire y no- le respondió y que hizo cuanto estuvo a su alcance para detener el tren y todos sus esfuerzos fueron inútiles; que al llegar al paso nivel de Aguadilla notó que uno de los co-ches de pasajeros dió un halón y oyó el ruido que hizo al descarrilarse e inmediatamente después la máquina se des-carriló también, y no pudo darse cuenta de lo que sucedió después por haber resultado gravemente herido.

La declaración del acusado no fue contradicha, pues si bien algunos testigos de cargo declararon que no sintieron la aplicación de los frenos, de la prueba de cargo también surge que cuando la bomba de aire se daña, la aplicación de los frenos no bace ruido.

A nuestro juicio, la prueba es insuficiente para' sostener un veredicto de culpabilidad en el presente caso. Procede por tanto, revocar la sentencia y declarar absuelto al acusado.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.

       El art. 328 del Código Penal, en lo pertinente, prescribe:
      "Todo conductor, maquinista,- . ■ . u otra persona encargada del todo o-en parte de cualquier vagón, . . . automóvil . . . , que, por" imprudencia te-meraria (gross negligence) o descuido, lo dejase o hiciese chocar con otro vagón, locomotora, ... o cualquiera otro objeto o cosa, ocasionando de este modo la muerte de una persona, incurrirá en pena de presidio por un término máximo-de cinco años.
      "Si como consecuencia del choque resultase daño para alguna persona, dicho conductor . . . incurrirá en pena de cárcel por un término máximo de dos años, o multa máxima de mil dólares, o en ambas penas a discreción de la corte ’ ’.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Todd, Je.,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante apelado, v. Julio Rojo, Jr., y Cirilo Cruz, acusados apelantes.
    Núm. 11,598.

    Sometido: Diciembre 13, 1946.

      Resuelto: Febrero 7, 1947.

      Guillermo Silva, abogado de los apelantes; Son. Procurador General

      Interino, Luis Negrón Fernández (E. Campos del Toro, ex Pro-curador General, en el alegato) y Joaquín Correa- Suárez, Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, abogados de SI Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Je.,

emitió la opinión del tribunal.

Julio Rojo, Jr., y Cirilo Cruz fueron acusados y convic-tos de tener y ofrecer en venta, como pura para el consumo humano, leche de vaca adulterada artificialmente con agua. En este recurso alegan que la corte inferior erró “al decla-rar sin lugar la moción sobre desestimación de la acusación por no haberse radicado la denuncia y seguido el procedi-miento contra la corporación La Mallorquina, Inc. o sus fun-cionarios en su calidad representativa, de acuerdo con la Ley núm. 50 de mayo 7 de 1937.’■'

La referida moción fue presentada por la defensa des-pués de terminar la prueba de cargo la cual consistió en la declaración de un inspector de sanidad al efecto de que el 12 de junio de 1945 tomó una muestra de leche en el esta-blecimiento La Mallorquina, de Julio Rojo, situado en la calle de San Justo número- 23 de San Juan, y que la misma resultó adulterada que el Sr. Rojo estaba allí y él le dio una muestra; que él cree que el Sr. Rojo es el administra-dor del restaurant; que el otro acusado era el dependiente o encargado de la cocina; que allí se vende café, leche y comidas, pero en ese momento no se realizó ninguna venta.

La única prueba de los acusados consistió en una cer-tificación expedida por la Secretaría Ejecutiva de Puerto Rico al efecto de que La Mallorquina, Inc. es una cor-poración organizada de acuerdo con las leyes de Puerto Rico y que la dirección de su oficina principal es la (Alie San Justo Núm. 23, en San Juan.

La sección 1 de la Ley núm. 50, aprobada el 7 de mayo de 1937 (Leyes de 1937, pág. 173) dispone:

“tíección 1. — Cuando una corporación cometiere un delito menos grave (misdemeanor) podrá formularse denuncia contra dicha cor-poración ante la corte correspondiente, como si se tratara de un in-dividuo particular; Disponiéndose, que la denuncia podrá presentarse contra la corporación como tal, o contra el administrador, gerente, mayordomo, superintendente, capataz o director de la corporación que hubiere cometido la infracción de la ley o reglamento de que se trate. ’ ’

La sección primera de la Ley núm. 77 aprobada el 12 de agosto de 1925 proveyendo lo necesario para castigar la adulteración de leche dispone, en lo pertinente, que- “Toda persona que adulterare o diluyere leche y toda persona que la vendiere, ofreciere o tuviere en venta,, o que la transportare o almacenare con el fin de dedicarla al consumo humano, y toda persona que usare leche adulterada o diluida para fines industriales, cuando se destine a la preparación de alimen-tos para el consumo humano, será culpable de delito menos grave (misdemeemor)

En el caso de Pueblo v. West India Oil Co., 46 D.P.R. 124, resuelto antes de aprobarse la Ley número 50 de 1937, supra, y en el que se imputó a la acusada una violación de la Ley de Pesas y Medidas, resolvimos que la palabra persona usada en esta última ley incluía a una corporación y que la palabra “toda” que antecede a la palabra “persona” tiene un significado amplio y general y dijimos, a la pág. 128-9:

“En nuestro sentir el hecho de que se mencionen expresamente determinados empleados, agentes u oficiales de la corporación, no li-mita el alcance y extensión de la palabra ‘persona’ en la primera parte de dicha sección. La ley ha querido ser completamente clara quizás con el propósito de evitar que oficiales o agentes de una cor-poración, evadan su responsabilidad en un caso determinado, ale-gando que la corporación es la única responsable, cuando en realidad de verdad la responsabilidad debe recaer sobre todas las personas naturales o jurídicas que han tomado parte en la infracción de la ley. Que esta alegación puede presentarse lo demuestra el caso de State v. Burnam, 128 Pac. 218, donde el secretario tesorero y admi-nistrador de la corporación, pretendió escudarse con la alegación de que, de acuerdo con la prueba, estaba exento de pena, ya que el delito era uno cometido por la corporación. De la opinión emitida en este caso copiamos el siguiente párrafo:
“ ‘Alega el apelante que el delito fué cometido por la corporación y que, bajo los hechos, él está inmune de castigo. No podemos estar conformes con esta interpretación de la ley. El estatuto dispone que toda persona que venda, entregue u ofrezca a la venta o tenga en su posesión, con el propósito de vender o entregar leche con un grado menor al fijado por la ley, será culpable de un misdemeanor. Este es un reglamento aprobado para la protección de la salud pública, y la penalidad se impone sin tener en cuenta ninguna intención criminal con el fin de asegurar tal diligencia y hacer prácticamente imposible la violación dé la ley. ’ ’ ’

A primera vista el párrafo copiado del caso de State v. Burnam,, supra, parecería resolver la cuestión planteada por los apelantes en su contra. Empero, examinado en sus he-chos, no es así, ya que en el mismo se probó que Burnam era “el secretario tesorero y administrador de la Northwestern Dairy Company, una corporación; que él era el adminis-trador del negocio activo de la corporación, que contrataba y destituía a los empleados y compraba y tenía la supervi-sión general de la mezcla de la leche . . . En otras pala-bras, se demostró por la prueba, de cargo la intervención directa que el acusado tenía en la administración del negocio y el cargo oficial que ocupaba en la corporación y bajo dichas circunstancias se resolvió que él no podía rehuir su propia responsabilidad alegando la de la corporación. Al mismo efecto son los casos citados por el apelado en su ale-gato. Por ejemplo, en el de State v. McBride, 9. N.W.2d 416, se expresa la regla general en esta forma:

“Es la regla universal que un oficial o agente de una corporación no puede evadir responsabilidad por su actuación fundándose en que la ha realizado en su capacidad oficial, ni puede alegar que actuacio-nes en forma corporativa no son sus actuaciones meramente porque fueron realizadas por él a través de la instrumentalidad de la corpo-ración que él controla y domina y la cual ha utilizado para dicho propósito. (Citas.)”

En el casó de autos Bojo no fné acnsado como oficial o agente de la corporación La Mallorquína, Inc. ni trata de evadir responsabilidad fundándose en qne realizó algún acto en sn capacidad oficial, tratando así de escudarse tras la corporación alegando qne ésta fné la qne cometió el delito. Se limita a plantear la cuestión de que debió acusarse o bien a la corporación o a él como oficial, administrador o agente de la misma.

Arguye el apelado qne la prueba demostró qne La Ma-llorquína es un establecimiento publico-, restaurant, y que el mismo es de Julio Bojo, Jr., uno de los acusados. Es cierto que el testigo de cargo al referirse a La Mallorquína dijo que era “de Julio Bojo, Jr.” y luego que “creía” que Bojo era el administrador. Admitió que Bojo no había dicho nada en aquel momento. Pero la certificación de la Secretaría Ejecutiva de Puerto Bico destruyó esas conclusiones del tes-tigo al demostrar que dicho establecimiento es una corpora-ción. No hubo prueba alguna que demostrara qué relación o conexión tenía Julio Bojo, Jr. con dicha corporación y te-niéndola, cuál era su cargo y cuáles sus atribuciones en el negocio. Esta prueba pudo fácilmente ser obtenida y pre-sentada por El Pueblo.

Al igual que la anteriormente citada también está firme-mente establecida-la regia de que “Un director u oficial de una corporación no es responsable de un delito cometido por la corporación, excepto cuando él ha participado en al-guna forma con la corporación en el acto ilegal como principal o como un auxiliar o cómplice” y además que “un ofi-cial de una corporación, no importa cuán grande su res-ponsabilidad, no es, como regla general, responsable crimi-nalmente por las actuaciones de la corporación realizadas a través de otros oficiales y agentes que no están actuando bajo su dirección o con su permiso.” 13 Am. Jur. 1027-8, Sec. 1100; State v. Ross, 55 Or. 450, 474; 104 P. 596; 106 P. 1022; State v. Carmean, 126 Iowa, 291, 102 N. W. 97.

Nada hay en la prueba que demuestre cuál era la inter-vención de Julio Rojo, J’r. en los negocios de la corporación La Mallorquína y si estaba a su cargo o no el restaurant donde se tenía para la venta la leche ocupada. Si aún siendo un funcionario de la corporación no tenía nada que ver directamente con el funcionamiento del negocio no podía ha-cérsele responsable del delito imputado y sí a la corporación. Si por el contrario no era tal funcionario pero sí adminis-traba el negocio, en ese caso sería responsable, pero debió habérsele denunciado como tal administrador. En ambas circunstancias el caso cae bajo la sección 1 de la ley de 1937, supra.

El Fiscal de esta Corte admite que no hubo prueba al-guna que conectara al coacusado Cirilo Cruz con la comi-sión del delito pues en aquel momento no se realizó ninguna venta de leche y se allana a la revocación de la sentencia en cuanto a dicho acusado. Creemos que tampoco hubo prueba suficiente para conectar a Rojo y que procede la revocación de la sentencia en. cuanto a ambos acusados.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.

       La defensa admitió que de declarar el químico que examinó la muestra así declararía.


text:
    Neftalí Vidal Garrastazu, demandante y apelado, v. Juan A. Monagas y Otros, demandados y apelantes.
    Núm. 9240.

    Sometido: Febrero 4, 1947.

      Resuelto: Febrero 10, 1947.

      José Salater y J. Benitez Gautier, abogados de los apelantes; •/. Ale many Sosa, abogado clel apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

En el presente caso este Tribunal dictó sentencia final el 12 de noviembre de 1946 y fue notificada el 13 del mismo mes. Cinco días después los apelantes radicaron una moción interesando la retención del mandato y que se les concediera un término para radicar moción de reconsideración. Tres días después (noviembre 21) este Tribunal ordenó la reten-ción del mandato y concedió a los demandados basta el 10 de diciembre de 1946 para radicar moción de reconsidera-ción, lo cual hicieron el 9 de diciembre de 1946. La moción de reconsideración está siendo considerada {entertained) por este Tribunal, pero dado lo voluminoso de la moción y la naturaleza de las cuestiones suscitadas, no ha sido aún re-suelta.

Solicitan ahora los demandados que dejemos sin efecto nuestra sentencia de 12 de noviembre de 1946 hasta tanto se resuelva su moción de reconsideración porque creen que la radicación de dicha moción no suspende el término para apelar, el cual está próximo a vencer. Invocan nuestra re-solución de 26 de julio de 1946 que dejó sin efecto la sen-tencia en el caso de Mercado v. Mercado, 66 D.P.R. 38, hasta tanto se resolvían las mociones de reconsideración presenta-das en aquel caso. Citaron también el caso de Jusino v. Morales & Tió, 139 F.2d 946.

Desde que se resolvió el caso de Fernández et al. v. Carrasquillo, 146 F.2d 204, quedó establecido en esta jurisdicción que radicada oportunamente en este Tribunal una moción para reconsiderar, se suspende el término para ape-lar para ante la Corte de Circuito de Apelaciones hasta que dicha moción sea resuelta. Resuelve también ese caso' que el significado de “entertainment”, cuando de una apelación cíe' este Tribunal a la Corte de Circuito de Apelaciones se trata, no es el mismo que dicha palabra tiene cuando se usa en el art. 292 del Código de Enjuiciamiento' Civil, según fué enmendado por la Ley núm. 67 de 8 de mayo de 1937 (pág. 199).

Una moción de reconsideración radicada oportunamente como lo fué la del presente caso, suspende el término para apelar para ante la Corte dé Circuito de Apelaciones, aun-que esta corte no cite a las partes para ser oídas y deniegue de plano la moción sin escribir opinión.

Nuestra resolución de 26 de julio de 1946 dictada en el caso de Mercado v. Mercado, supra, no es de aplicación. Allí se trataba- de una sentencia aparentemente divisible y ha-biendo solicitado una de las partes que se suspendiese el efecto de dicha sentencia en su totalidad hasta que se re-solviese la moción de reconsideración, se dejó sin efecto la sentencia.

Tampoco es de aplicación el caso de Jusino v. Morales, supra. Este caso procedía de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rieo y la cuestión en contro-versia era si la moción para reconsiderar se había radicado oportunamente {timely). Habiendo la Corte de Circuito de Apelaciones llegado a la conclusión de que dicha moción fué radicada fuera de término se resolvió que su radicación no había suspendido el término para apelar.

No siendo necesario en el presente caso dejar sin efecto la sentencia, toda vez que sus efectos han quedado en sus-penso por ministerio de la ley a virtud de la moción de re-consideración oportunamente radicada, no ha lugar a la mo-ción de los demandados para que se deje sm efecto dicha sentencia.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Snyder

text:
    Provincia Religiosa de Padres Mercedarios de Castilla, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    Núm. 1194.

    Sometido: Noviembre 4, 1946.

      Resuelto: Febrero 11, 1947.

      Garlos García Méndez, abogado de la recurrente; el registrador re-currido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura otorgada en España la recurrente adquirió ciertas propiedades localizadas en Lajas, Puerto Bico, pertene-cientes a Pantaleona Melón Sáenz. La escritura describía ade-cuadamente una de las propiedades pero no así las otras por no disponer de antecedentes para su descripción. En la es-critura se expuso qué las propiedades que se vendían con-sistían de todas las que la vendedora poseía en Lajas y que había adquirido por herencia de su primo, Santiago Sáenz Martínez.

La recurrente presentó en el Begistro la escritura para su inscripción acompañándola de otra otorgada por su apo-derado en la que se describían las propiedades que poseía la vendedora en Lajas. El Registrador denegó la inscrip-ción por dos fundamentos. El primero, porque existía una anotación preventiva a favor de una heredera de la causante sobre las propiedades que se intentaba inscribir. Es inne-cesario considerar el primer -fundamento ya que se ha in-dicado una certificación del Registrador acreditativa de que la anotación preventiva ha caducado.

El segundo fundamento del Registrador consistía en que en la escritura no se describían las propiedades y que el acta aclaratoria que se acompañó otorgada por el apoderado de la recurrente no era suficiente. La recurrente sometió entonces al Registrador una escritura otorgada por el apo-derado de Pantaleona Melón sobre Acta Notarial sobro in-ventario de los Bienes Heredados por doña Pantaleona Me-lón por Testamento de don Santiago Sáenz Martínez. En este documento se describen las propiedades heredadas por la vendedora radicadas en el municipio de Lajas. El Re-gistrador ratificó su resolución anterior y la peticionaria presentó este recurso gubernativo.

El Registrador descansa en los artículos 9 y 21 de la Ley Hipotecaria y en el 87 del Reglamento. Pero precisamente los artículos 21 y 87 autorizan al Registrador, una vez esta-blecido por documento fehaciente exactamente cuáles son las propiedades que se venden, inscribir las mismas en el Re-gistro

Morell, comentando el artículo 21 de la Ley Hipotecaria Española, esencialmente igual al nuestro, dice a la pág. 428 del tomo 2 de sus Comentarios a la Ley Hipotecaria, ed. 1917:

“En efecto; se habla en general de títulos universales y singu-lares, y en general también se exige solamente que se justifique, con cualquier otro documento fehaciente, que se hallan comprendidos en aquéllos los bienes que han de. inscribirse. A vende a B las ñucas que adquirió de G en la escritura de tal fecha, ante tal notario, sin describirla. El texto del párrafo segundo del artículo 21 permite justificar con la escritura de venta aludida cuáles son las fincas que se venden y que se quieren inscribir.”

Galindo y Escosura son de la misma opinión en 2 Co-mentarios a la Legislación Hipotecaria de España, pág. 222:

"... Pero aun concediendo que el Artículo 28 del Reglamento dijese ló que la resolución afirma, no es aplicable como doctrina general: contra ello tenemos, además de lo que dispone el Núm. X9 del art. 64 del mismo Regí., acerca de las circunstancias que han de contener las anotaciones, el precepto claro y terminante del art. 21 de la L. !£., según el cual, aunque los títulos universales o singulares no describan los bienes, pueden inscribirse si de otro documento fehaciente resulta que están comprendidos en aquellos títulos: la Res.' de 6 Die. 1864, declarando que basta que los linderos consten en un documento auténtico, ya sea anterior o posterior al que se lia de inscribir, o en certificación del Administrador do Hacienda, si se trata de fincas enajenadas por ésta, y la de 8 de junio de 1876, que declara que la falta de descripción o determinación de fincas, puede suplirse presentando otros documentos en que eonste. ’ ’

Siendo la escritura otorgada por el apoderado de la ven-dedora nn documento fehaciente en el que se describen los bienes y apareciendo en el Registro los mismos inscritos a nombre de. la transmútente, erró el Registrador al denegar la inscripción.

       Estos artículos leen así:
      "Artículo 9. — Toda inscripción que se haga en el registro expresará las circunstancias siguientes:
      "1. La naturaleza, situación y linderos de los inmuebles objeto de la ins-cripción, o a los cuales afecte el derecho que deba inscribirse, y su medida superficial con arreglo a la usada en el país, y su equivalencia en el sistema métrico decimal, nombre y número, si constaren del título.
      f ¿ * * * * * * *
      "Artíeúlo 21. — Las escrituras públicas de actos o contratos que deban ins-cribirse, expresarán por lo menos todas las circunstancias que bajo pena dé nulidad debe contener la inscripción y sean relativas a las personas de los otorgantes, a las fincas y a los derechos inscritos.

        "Los dueños, de bienes inmuebles o derechos reales por cualquier titulo universal o singular quo no lo señale y describa individualmente, podrán- obtener su inscripción presentando dicho titulo con el documento, en su caso, que pruebe haberle sido aquél transmitido, y justificando con cualquier otro documento fehaciente que se hallan comprendidos en él los bienes que traten de inscribir.”
      "Artículo 87. — Se considerarán documentos fehacientes, para los efectos del párrafo segundo del Artículo 21 de la Ley ... o cualesquiera otros ins-trumentos que hagan fe y expresa mención de los bienes y de su procedencia en términos suficientemente explícitos a juicio del Registrador, y salvo en todo caso, contra su decisión, el* recurso gubernativo correspondiente.”


author: En Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    Eduardo Rivera Egozcue, peticionario y apelante, v. Antonio Fernós Isern, Comisionado de Sanidad, sustituído por su sucesor en el cargo, Dr. Juan A. Pons, querellado apelado.
    Núm. 9312.

    Sometido: Diciembre 10, 1946.

      Resuelto: Febrero 14, 1947.

      Rafael A. González, abogado del apelante; Ron. Procurador General Interino Luis Negrón Fernández y J. Rivera Barreras, Procurador General Auxiliar, abogados del apelado.
   En Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Eduardo Rivera Egozcue ocupó hasta el 14 de diciembre de 1942 una plaza de carpintero, comprendida en el Servicio Civil Clasificado, en el Sanatorio Insular y la cual había sido creada por el Comisionado de Sanidad dentro del presupuesto especial del Trust Fund de la Lotería de Puerto Rico asig-nado al Sanatorio Insular. Dicha plaza fue abolida por el Comisionado en dicha fecha. Alegando que había sido des-tituido ilegalmente Rivera inició un procedimiento de mandamus contra el Comisionado de Sanidad en la Corte de Dis-trito de San Juan el día 8 de junio de 1944 con el fin de ser repuesto en su cargo.

Después de celebrarse un juicio’ en los méritos, la corte inferior se dió cuenta de que en la petición no se había ale-gado que el peticionario había requerido al Comisionado para que lo repusiera en el cargo y suspendió la vista y concedió permiso al peticionario para que radicara una petición en-mendada. Así lo hizo y el querellado contestó. Entonces las partes estipularon someter el caso por la prueba ya practi-cada y además el peticionario sometió copia de la carta que le dirigió al Comisionado de Sanidad el 26 de abril de 1944 solicitando s.er repuesto en su cargo y úna carta del Comi-sionado negándose a reponerlo por haberse abolido la plaza. El querellado se opuso por escrito a la admisión de dichas cartas y alegó que el peticionario había incurrido en laches según aparecía de la fecha de la carta. El peticionario no contestó la oposición del querellado.

La corte inferior, sin hacer ningún pronunciamiento directo en cuanto a si admitía o no las cartas como prueba, de hecho las admitió pues se refiere a ellas en su opinión y a base del requerimiento hecho por el peticionario al Comisio-nado de Sanidad en abril de 1944 llegó a la conclusión de que en efecto el" peticionario había incurrido en laches y resolvió el caso diciendo:

“. . . El demandante fué separado' en diciembre 14 de 1942 Desde aquella fecha nada hizo para que so le repusiera. No fue hasta el 26 de abril de 1944, que por primera vez se dirigió al demandado reclamando sus derechos. Permaneció inactivo, dormido, por más de 16 meses. El demandado ha utilizado a otra persona, a Lanzó, para que durante todo. ose tiempo realizara el trabajo del peticionario. Éste, no sólo reclama ahora que se le designe para realizar de aquí en adelante los trabajos de carpintería del Sanatorio Insular sino que también pide que se le pague todo lo cobrado por Lanzó. Tomando en cuenta todas las circunstancias concurrentes estimamos que ha ha-bido laches. No se nos ha dado explicación alguna por la tardanza injustificadamente habida. Copiamos de Montes v. Domenech, Tesorero, 48 D.P.R. 269 :
“ ‘Además, si bien, como dijimos, algunos de los motivos funda-mentales alegados por los demandados para oponerse a la expedición del auto, no pueden tomarse en consideración por no haberse llegado al trámite de la prueba, surge de la propia solicitud que el peticiona-rio acudió demasiado tarde a los tribunales para que pueda recono-cérsele su derecho a] auto extraordinario (Je mandamus que solicita. Si no existió pleito anterior alguno, entonces resulta que dejó trans-currir desde agosto 1930 en que cesó en el desempeño de su cargo hasta mayo 23, 1932, en que archivó su solicitud, cerca de dos años, y si se toman como punto de partida la fecha de la aprobación,de la Ley núm. 40 de 1931, o sea el 24 de abril de 1931, o la en que empezó a regir, esto es, el Io. de julio de 1931, habría transcurrido más de un año en el primer caso y más de diez meses en el segundo.’
“ Véase además Urdaz v. Padín, Comisionado, 48 D.P.R. 306, State ex rel. Ball v. Knoxville, 145 A.L.R. 762 y nota anexa.”

El peticionario apeló y en este recurso alega que la corte sentenciadora “erró al declarar sin lugar la petición de mandamus en este caso basando su decisión única y exclusiva-mente en que el peticionario apelante fue moroso en ejercer su derecho, esto es, porque el peticionario incurrió en la-chos.”

Arguye el apelante que “Sin dársele la oportunidad al peticionario apelante a explicar por qué no recurrió a los tribunales, la Corte resolvió que . . . incurrió en laches por el mero hecho de que aparece de los autos que éste cesó en su empleo el día 15 de diciembre del año 1942 y solicitó la reposición de su puesto 'el día 26 de abril de 1944. . . .“y (jue “debió habérsele concedido la oportunidad de justificar su tardanza. .

No tiene razón el apelante. Él tuvo amplia oportunidad de explicar su tardanza. Como hemos dicho, el juicio se ha-bía celebrado y fue a su terminación que surgió la cuestión de que en la petición no se había alegado que el peticionario había requerido al demandado que lo repusiera, y la corte ejerciendo su discreción concedió permiso al peticionario para radicar una petición enmendada. Luego fue el propio peticionario quien, por estipulación con el querellado, some-tió el caso con la prueba adicional de las cartas antes men-cionadas. No puede el apelante ahora quejarsa de sus pro-pias actuaciones. Si creyó que necesitaba o podía explicar su tardanza de un año cuatro meses para solicitar su reposi-ción en el cargo que ocupaba, debió haber presentado la prueba correspondiente en el juicio y no haber sometido el caso, como lo hizo, en cnanto a las. cartas se refiere, por la estipulación que firmó con el querellado. Tuyo conocimiento de la oposición que el querellado hizo a la admisión de las cartas en la que se había planteado la cuestión de laches y nada alegó en contrario.

En el caso de Urdaz v. Padín, supra, la corte inferior se negó a expedir un auto de mandamus porque de la faz de la petición aparecía que el peticionario había dejado pasar al-rededor de tres años en radicar la petición y, confirmando la sentencia, dijimos:

. . Así pues, la peticionaria tuyo amplia oportunidad para ex-plicar en Ja petición enmendada o mediante declaraciones juradas en apoyo de la misma, su inusitada demora. En vista del hecho do que no se adujo explicación algupa y del hecho adicional que se despren-día con razonable certeza, aunque no se alegó expresamente por la pe-ticionaría, de que el cargo que una vez ella desempeñó había sido cubierto con la designación de otro maestro, el juez de distrito estuvo a nuestro juicio justificado al llegar a la conclusión de que la demora fué irrazonable y de que la petición de mandamus fue presentada de-masiado tarde.”

En el caso de autos tanto de la petición como de la prueba aparece que el demandado había utilizado a otra persona para que realizara el trabajo del apelante, aun cuando no en el mismo cargo, y el apelante solicitaba no sólo que se le repusiera en el cargo sino que también pedía que se le pa-gara todo lo que ya se había pagado a esa tercera persona,

Sostiene, por último, el apelante que siendo el mandamus un remedio en ley no se puede aplicar la doctrina de equidad sobre demora, laches, a estos casos. Tampoco tiene razón. La jurisprudencia citada demuestra que sí es aplicable. El motivo es, como se dijo en U. S. v. Dern, 289 U. S. 352, 359, que “Si bien el remedio de mandamus está clasifi-cado como uno en ley, la expedición del auto está controlada por principios de equidad (citas) y puede denegarse por ra-zones comparables a aquéllas que llevarían a una corte de equidad, en el ejercicio de su sana discreción, a rehusar su protección de un indubitado derecho legal. ...”

En cuanto a la aplicación de la doctrina de laches en casos como el de autos, la regla general está expuesta en la monografía en 145 A. L. R. 767-8, en esta forma:

“Es regla bien establecida que no importa cuán injusta e impropia sea la destitución, suspensión o traslado de un empleado público, éste puede echar a perder su derecho a que se le restituya si se allana a la destitución, o bien por incuria o demora injustificada en la institución del procedimiento judicial en que solicite se le restituya o se le reco-nozcan sus derechos. El principio envuelto en todos los casos está basado en consideraciones de política pública, de manera que si tal persona tiene éxito en su pleito, se menoscabe lo menos posible el ser-vicio público, y no se paguen dos sueldos por un solo servicio.”

Véanse, además, los casos de Hill v. Fitzgerald (1907), 193 Mass. 569, 79 N. E. 825; Kenneally v. Chicago (1906) 220 Ill. 485, 77 N. E. 155, y Brown v. State Personnel Bd., (1941), 43 Cal. App. 2d 70, 130 P. 2d 497.

No erró, a nuestro juicio, la corte sentenciadora al consi-derar que el peticionario había incurrido en laches al dejar pasar dieciséis meses sin solicitar su reposición y dieciocho meses en acudir a la corte, y, en su consecuencia, se confirma la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.

      (1) Cf. Serrano v. Talavera, 65 D.P.R. 438, 442.


author: El Juez Asociado Señob De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan E. Rodríguez, conocido por Gabriel Rodríguez, acusado y apelante.
    Núm. 11616.

    Sometido: Diciembre 2, 1946.

      Resuelto: Febrero 19, 1947.

      Jorge Díaz Cruz, abogado del apelante; Son. Procurador General Interino Luis Negrón Fernández (E. Campos del Toro, ex Procu-rador Generad, en el alegato) y Joaquín Correa Suárez, Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo; abogados de El Pueblo; apelado.
   El Juez Asociado Señob De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Un jurado declaró al apelante convicto de un delito de violación cometido en la persona de la mujer adulta Ramona Quiñones. Contra la sentencia que se le impuso de un año de presidio radicó este recurso. Señala, como errores: (a) que el veredicto es contrario a la prueba; (b) que no se ad-mitió evidencia sobre la mala fama de la perjudicada; y (c) que no se dió al acusado el beneficio de la sentencia probato-ria que concede la Ley núm. 259 de 3 de abril de 1946 (Le-yes de 1946, (1) pág. 535).

En apoyo del primer error alega que el acto criminal no fué realizado contra la voluntad de la supuesta perjudicada: Sobre este punto declaró ésta que el 27 de julio de 1943, como a las tres de la tarde, se bailaba sentada en la puerta de su casa en el barrio Algarrobos de Yauco; que llegó allí el acu-sado ofreciéndole boletos de boli-pool y poco después le eebó el brazo por el cuello y la besó; que ella se dirigió a la co-ciña llorando y él la siguió; que allí la agarró por un brazo y la llevó al cuarto; que ella ofreció resistencia y no se pudo zafar; que ya en la habitación la “arrinconó sobre una cama”, le tapó la boca con la mano y realizó el acto carnal; que cuando terminó, él se marchó y ella quedó llorando; que al llegar su marido le contó lo sucedido y éste le dijo que de-nunciara al apelante. A preguntas de la defensa contestó que no vió que el apelante llévase armas y que no le hizo nin-guna amenaza.

Examinemos la declaración de la supuesta perjudicada a !a luz del art. 255 del Código Penal que prescribe:

“Art. 255. — -Se comete violación, yaciendo con una mujer que no fuere la propia, en cualquiera de los casos siguientes:
“1. Si la mujer fuere menor de catorce años.
“2. Si por demencia u otro defecto mental, temporal o permanente, estuviere incapacitada para consentir legalmente.
“3. Si estuviere impedida de oponer resistencia a causa de ame-nazas de grave e inmediato daño corporal, acompañadas de la aparente aptitud para ejecutarlas, o por efecto de cualquier narcótico o anes-tésico, administrado por el reo, o con conocimiento de este.
“4. Si opusiere resistencia, pero ésta fuere vencida por fuerza o violencia. •
“5. Si al tiempo de cometerse el acto, no tuviere ella conciencia de su naturaleza, y esta circunstancia fuere conocida por el acusado.
“6. Si se sometiere en la creencia de que el acusado era su marido, debido a alguna treta, simulación u ocultación puesta en práctica por el acusado para inducirla en tal creencia”.

Conforme prescribe el artículo transcrito, la resistencia por parte de la mujer es un elemento esencial del delito. Si no la hay se entenderá que el acto se ha realizado con su consentimiento. [2] La mera negativa a consentir no es suficiente. La resistencia debe ser real y de tal grado que sólo sea vencida por fuerza o violencia, a menos que la mujer estuviera impedida de oponerla a causa de amenazas de grave e inmediato daño corporal, acompañadas ele la aparente aptitud para ejecutarlos. El Pueblo v. Román, 5 D.P.R. 8.

La propia perjudicada declaró, como liemos visto, que no vió que el acusado portara armas y que no la amenazó. Es verdad que declaró que al agarrarla por un brazo trató de soltarse, pero esa actitud por parte de ella ni el hedió de que el acusado la arrinconara sobre una cama y le tapase la boca con una mano, no revelan el grado de resistencia que requiere el inciso 4 del art. 255.

Pero esto no es todo. El esposo de la supuesta ofendida, a preguntas de la defensa, admitió que él, su esposa, el acu-sado, un hermano de éste y otra persona más, fueron en el mismo automóvil a la oficina del fiscal; que habló con éste y con el juez de distrito para que se archivase la acusación, pero el fiscal no estuvo conforme; que su esposa quería que se desestimase el caso. Esta actitud de la supuesta perjudi-cada en la cual concurrió el esposo, quien se supone debió es-tar tan ofendido como debió estarlo ella, no armoniza con la actitud que normalmente asumen la mujer ultrajada'y el es-poso humillado.

La prueba de descargo en ninguna forma contribuyó a sostener la acusación. Por el contrario, tendió a probar que la supuesta perjudicada frecuentemente visitaba un pequeño anexo de la tienda del acusado donde éste tenía una cama y que luego de penetrar en ella la perjudicada, la puerta y ven-tana del anexo se cerraban por algún tiempo y más tarde vol-vían a abrirse.

A nuestro juicio no se probó la resistencia, elementó esen-cial del delito ele violación y por lo tanto, el veredicto del ju-rado es erróneo. Procede revocar la sentencia y absolver al


text:
    United States Casualty Co., peticionaria, v. Corte de Distrito de Arecibo, Hon. R. Agraít Aldea, Juez, demandada.
    Núm. 1669.

    Sometido: Diciembre 10, 1946.

      Resuelto: Febrero 24, 1947.

      Emilio de Aklrey, abogado de i a peticionaria; Pedro E. Anglade, abogado del interventor, demandante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Enrique Plumey, en representación de su menor hijo Sergio, instó pleito de daños y perjuicios contra la peticionaria como aseguradora del automóvil PA-1331,, pero no unió al asegurado como parte demandada. La compañía asegura-dora solicitó se desestimase la demanda alegando que no adu-cía hechos constitutivos de cansa de acción, fundándose en que la responsabilidad de la aseguradora depende de la res-ponsabilidad'del asegurado. La corte a quo resolvió que, a pesar de que no se demandó al asegurado, la demanda contra la compañía aducía causa de acción y denegó la moción para desestimarla. En reconsideración sostuvo que, de conformi-dad con la Regia 21 de Enjuiciamiento Civil, el defecto o in-debida acumulación de partes no será motivo para desestimar una demanda. Para revisar la resolución de la corte a quo interpuso la aseguradora este recurso de certiorari.

La Regla 21 invocada por la corte a quo es de aplicación cuando la demanda, a pesar del defecto de parte demandada, aduce lieclios constitutivos de causa de acción. Pero cuando la demanda es insuficiente, procede desestimarla, pues si no aduce causa de acción, de ningún modo puede subsistir. Para que el demandante pueda obtener sentencia contra la compañía aseguradora es necesario que el asegurado sea responsable del daño causado, pues de no serlo, la compañía no tiene responsabilidad. Por esta razón para que la demanda en el presente caso exponga causa de acción contra la compañía aseguradora, precisa que el demandante liaya obtenido sentencia firme contra el asegurado o que el asegurado baya sido demandado conjuntamente con la aseguradora, conformé lo autoriza el art. 175 de la Ley de Seguros de Puerto Rico, según fuá enmendado por la .Ley núm. 19 de 1929 (pág. 161). Al permitir dicbo artículo unir al asegurado y a la aseguradora en una misma demanda, no creó ningún derecho de acción contra la aseguradora que antes no existiese. Su propósito fue evitar dos pleitos, uno contra el asegurado y al terminarlo con éxito, emprender otro contra la compañía aseguradora.

Lo procedente en este caso hubiera sido declarar con lugar la moción para desestimar la demanda y como ésta es susceptible de enmienda uniendo como parte demandada al asegurado, conceder al demandante permiso para presentar demanda enmendada.

Por lo expuesto se anula la resolución recurrida.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.

       La Regla 21, en lo pertinente, dice:
      “'El defecto o la indebida acumulación de partes no será motivo para deses-timar una acción.”


author: El Juez: Asociado Señou. De Jesús

text:
    Gilberto Quintero Jiménez, demandante y apelante, v. Servicio de Riego de Isabela, demandado y apelado.
    Núm. 9339.

    Sometido: Noviembre 14, 1946.

      Resuelto: Febrero 24, 1947.

      Néstor A. Rodríguez Escudero, abogado del apelante; Ron. Procura-dor General Interino Luis Negrón Fernández {E. Campos del Foro, ex, Procurador General, en el alegato.), y J. B. Fernández Badillo, Procurador General Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez: Asociado Señou. De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Este es un pleito sobre daños y perjuicios dirigido contra el Servicio de Eiego de Isabela. Como causa de acción sus-íancialmente se alega: Que el demandante es dueño de una finca de 35 cuerdas de tierra radicada en el barrio Montaña de Aguadilla, por cu,yo lado norte pasa un canal pertene-ciente al Servicio de Niego de Isabela; que ese canal se des-borda con frecuencia inundando gran parte de la finca del demandante, habiéndole causado daños que estima en la can-tidad de $825; que dichos daños han sido causados única y exclusivamente por la culpa y negligencia del Servicio de Riego de Isabela, sus agentes o empleados, por haber descui-dado indebidamente el canal y no haber tomado las- medidas necesarias para evitar tales inundaciones, no obstante los re-petidos requerimientos y protestas del demandante.

El Comisionado del Interior compareció en el pleito a nombre y en representación del Servicio de Riego y presentó una moción para desestimar la demanda. Fundó su moción en falta de jurisdicción y en que la demanda no aduce hechos constitutivos do causa de acción.

La resolución declarando con lugar la moción para deses-timar está predicada en la doctrina enunciada por este Tribunal en el caso de Banuchi v. Distrito de Riego, 43 D.P.R. 784. La corte inferior interpretó dicha decisión en el sen-tido de qne resuelve qne el Distrito de Eiego de Isabela es una corporación dnal qne participa de la naturaleza de pu-blica en ciertos casos y de privada en otros, y qne si bien puede ser demandada en daños y perjuicios en una acción ex contractu, no puede serlo en acciones ex delicto y que siendo la acción aquí establecida de esta última naturaleza, el Dis-trito de Eiego no puede ser demandado. Otro fundamento expuesto por la corte inferior, aunque inconsistente con lo resuelto en Banuchi v. Distrito de Riego, supra, fué que el Distrito de Riego de Isabela no es una corporación pública, sino una agencia del Gobierno de Puerto Eico que no puede ser demandada sin el consentimiento del soberano y que éste no lo lia prestado en ningún momento.

El apelante basa su recurso en no haberse seguido los ca-sos de Banuchi v. Distrito de Riego de Isabela, 43 D.P.R. 784 y 52 D.P.R. 364, así como en no haberse dado aplicación a la Resolución Conjunta núm. 38 de 11 de mayo de 1937.

Lo que en verdad dijo este Tribunal en el primer caso de Banuchi fué que el Distrito de Eiego de Isabela es una corporación que participa de una naturaleza dual; que además del recurso que autoriza la propia Ley núm. 63 de 1919 (pág. 349), en su sección 34, es responsable en daños cuando actúa en su capacidad corporativa, pero no lo es cuando actúa en su capacidad gubernativa. Y en lo que respecta al caso que tuvo ante sí, resolvió que aunque la de-manda no aducía lieclios constitutivos de causa de acción, era susceptible de enmienda y devolvió el caso para ulteriores procedimientos. No resolvió este Tribunal en aquel caso, como pretenden la corte a quo y el apelado, que el Sistema de Riego no fuese responsable por daños y perjuicios derivados de acciones ex delicto.

En el segundo caso de- Banuchi se trataba de una recla-mación de daños y perjuicios instada por un terrateniente cuyos terrenos liabían sido incluidos en el distrito provisional de riego. Alegó allí el demandante que el Servicio de Riego de Isabela le prometió suministrarle agua para rega-dío ; que confiado en la promesa sembró de caña una parcela de 34 cuerdas; que después de estarle suministrando agua por algún tiempo, el demandado le suspendió el servicio de agua; que con ese motivo tuvo pérdidas porque la produc-ción fue menor que la que Rubiera tenido si hubiera disfru-tado del servicio de agua hasta que la caña fué cortada; que además perdió cierta cantidad que alega, al vender la finca a la Central Cambalache, porque el precio de venta fué menor del que hubiera obtenido el demandante si la finca hubiera tenido servicio de riego. La corte de distrito decidió que Ba-nuchi debió haber ejercitado, en primer término, la acción concedídale por la sección 34 de la Ley núm. 63 de 19 de ju-nio de 1919, y que los daños y perjuicios deben limitarse a los que habría sufrido si se hubiera aprovechado de ese re-medio oportunamente. Declaró sin lugar la demanda, sin perjuicio del derecho del demandante para incoar otro pleito e introducir evidencia en apoyo del mismo, solamente en cuanto a los daños y perjuicios que la corte estimó reclama-bles. Este Tribunal aceptó sin discutir que el Distrito de Riego puede ser demandado en daños y perjuicios y que el remedio concedido por la sección 34 antes citada no excluye la acción de daños y perjuicios, conforme se había resuelto en el primer caso de Banuchi. Al revocar la sentencia ape-lada dictó otra declarando con lugar la demanda y conde-naudo al Distrito de Eiogo a pagar al demandante la canti-dad de $1,000 por concepto de daños.

La decisión en el primer caso de Banuchi está predicada en una cita de Long- on Irrigation, que a sn vez fné tomada de la opinión en el caso de City of Nampa v. Nampa & Meridian Irr. Dist., 115 Pac. 979, 982, (Idaho, 1911), en el cual, por voz del Juez MacLane, se dijo lo siguiente:

“Un distrito de regadío es una corporación cuasi pública, orga-nizada con fines comerciales para el beneficio particular de los dueños de las tierras que se hallan dentro de sus límites. Estos son los miem-bros de la corporación, tienen el dominio de la misma y son los únicos beneficiados por su explotación. La corporación es, en lo que a la administración del negocio se refiere, dueña del sistema como pro-pietaria más bien que en su carácter público, y como propietaria debe asumir y afrontar las cargas”.

La naturaleza de una institución jurídica no depende del nombre que se le haya dado, sino de sus características ex-presadas en la ley de su creación. Por consiguiente, precisa en todo caso examinar y comparar los dos estatutos, el de Idaho a que hemos hecho referencia y el de Puerto Eico, para determinar si ambos distritos de riego tienen similares características.

• Si examinamos el estatuto de Idaho veremos que el art. 2444 y siguientes del Código Político establecen los requisi-tos que deben cumplirse para la creación de un distrito de riego. Empieza en la sección 2444 diciendo que cinco o más habitantes y propietarios de oualquier parte de un condado, pueden organizarse en un distrito de riego; que una vez or-ganizado el distrito, tendrá éste el derecho de demandar y ser demandado, no a nombre del estado de Idaho, sino del de ía junta de comisionados del distrito; tendrá sucesión perpe-tua y adoptará y usará un sello; que los comisionados del distrito tendrán facultad y el deber de administrar los asun-tos y negocios del distrito, concertar y cumplir todos los con-tratos que fueren necesarios, nombrar los agentes, oficiales y empleados que pudieran necesitarse, .fijar sns deberes y eje-cutar cualesquiera otras acciones que en lo sucesivo pudieran prescribirse por ley.

Parece claro que un distrito de riego organizado bajo el estatuto de Idaho es una corporación pública, que como las de su clase, pueden ser demandadas por sus actos realizados en sus funciones corporativas.

En cambio, la Ley núm. 63 de 19 de junio de 1919, creando el Distrito de Riego de Isabela, no da facultades al Distrito para demandar ni ser demandado; no lo autoriza para adop-tar y usar un sello ni tiene sucesión perpetua, facultades és-tas que caracterizan a las corporaciones, ya sean públicas o privadas. Por el contrario, una vez organizado el Servicio do Riego y determinados los terrenos que fian de quedar comprendidos en el Distrito de Regadío, desaparece la Co-misión de Riego por disposición de la ley y son el Comisio-nado del Interior y el Ingeniero Jefe los que tienen la ad-ministración y supervisión del Distrito de Riego. Es el Comisionado del Interior, de acuerdo con la sección 36, quien, con la aprobación del Consejo Ejecutivo, fija las condi-ciones y precio del agua para abastecer a los municipios y a las empresas manufactureras e industriales. Los dineros del Distrito de Riego ingresan en el Tesoro de Puerto Rico en el “Pondo del Riego de Isabela”. El remedio que concede la sección 34 de la Ley cuando algún dueño o arrenda-tario de terrenos comprendidos en el Distrito de Riego se considera perjudicado por la negativa del Comisionado del Interior a suminist.arie agua, es una acción contra el Comi-sionado del Interior de Puerto Rico para obligarle a dejar pasar el agua al terreno del demandante.

Las circunstancias que acabamos de señalar, no dejan-duda de que el Distrito de Riego de Isabela no es una corpo-ración, ni pública ni privada, sino El Pueblo de Puerto Rico mismo, actuando en beneficio de los terratenientes que com-ponen el distrito. Siendo ello así, procede determinar ahora si El Pueblo de Puerto Rico ha dado su consentimiento para ser demandado en acciones de esta índole. •

Por el art. 1 de la Ley núm. 76 de 13 de abril de 1916 (pág. 155), El Pueblo de Puerto Rico expresó su consentimiento para ser demandado por daños y perjuicios basados sobre contratos celebrados después de entrar en vigor dicha ley; y en el art. 4 de la misma, impuso como condición previa para entablar la demanda, que el demandante prestase una lianza satisfactoria a la corte por la suma de $500 para responder de las costas, pudiendo la corte eximir de la prestación de la fianza a los litigantes que demostraren su inhabilidad para prestarla. Como podrá verse, por la Ley núm. 76 do 1916 antes citada, El Pueblo de Puerto Rico no autorizaba .por demandado en una acción ex delicto de daños y perjuicios como la del presente caso. Pero, por la Ley núm. 11 de 18 de abril de 1928 (pág. 131), los artículos 1 y 4 de la Ley -.núm. 76 de 1916 fueron enmendados de tal forma que El Pueblo de Puerto Rico dió su consentimiento para ser demandado en acciones de daños y perjuicios sin limitación alguna, es decir, tanto en lo que se refiere a los derivados de acciones ex contractu, como a los que surgieren de acciones ex delicto. Y el art. 4 también fué enmendado de forma que la cuantía de la fianza que deberá prestar el litigante, será por $2,000 en vez de $500 como antes se exigía.

Arguye el apelado que como la acción establecida en este caso es contra El Pueblo de Puerto Rico y éste no es responsable en daños y perjuicios por acción u omisión, a menos que obre por mediación de un agente especial, no siendo los empleados del Servicio de Riego los agentes especiales que contempla el art. 1803 del Código Civil, El Pueblo de Puerto Rico no es responsable de los daños causados por tales empleados.

Por la Ley núm. 130 de 6 de mayo de 1938 antes aludida, enmendatoria de la sección 11 de la Ley núm. 63 de 19 de junio de 1919 que creó el Distrito de Riego de Isabela, El Pueblo de Puerto Rico autorizó al Comisionado del Interior conjuntamente con el Procurador General para transigir re-damaciones por daños causados por negligencia de los em-pleados del Servicio del Riego dentro del distrito en que ra-diquen las obras del Servicio del Riego de Isabela. En la Exposición de Motivos que precede a dicha ley, se dice lo siguiente:

“Por cxjaNTO, de acuerdo con Jos términos de la expresada sec-ción 11, el Comisionado del Interior carece de autoridad o facultad para transferir [transigir] reclamaciones por daños o perjuicios can-sados por negligencia de los empleados del Servicio del Riego de Isa-bela, dentro del distrito en que radican las obras del sistema de riego de Isabela, en todos aquellos casos en que de acuerdo con el juicio del Comisionado del Interior, fuere conveniente, previa investigación efectuada por el Ingeniero Jefe del Servicio del Riego de Isabela, y que examinada por el Attorney General de Puerto Rico entienda este funcionario que El Pueblo de Puerto Rico es responsable de los daños causados”. (Bastardillas nuestras).

Y la sección .11, según quedó enmendada por dicha ley, en lo pertinente, prescribe:

. . Disponiéndose, que el Comisionado del Interior queda por la presente autorizado y facultado, para cuando a su juicio fuese con-veniente, transigir cualquier redamación que no excediendo de uu mil (1,000) dólares se presentare por daños causados a la propiedad o alguna persona por la negligencia de los empleados del Servicio del Riego de Isabela, dentro del distrito cu que radican las obras del Ser-vicio del Riego, después de investigación debidamente practicada por el Ingeniero Jefe del- Servició del Riego de Isabela y de opinión afir-mativa emitida por el Attorney General de Puerto Rico; Disponían-' dose, que toda reclamación que sea satisfecha de acuerdo con la auto-rización que se confiere al Comisionado del Interior será satisfecha de los propios fondos del Servicio del Riego de Isabela”.

Debemos presumir que cuando se aprobó la ley que aca-bamos de transcribir, la Legislatura tenía conocimiento de que El Pueblo de Puerto Rico sólo es responsable de daños y perjuicios por negligencia cuando éstos fueren causados por el agente especial que contempla el art. 1803 del Código Civil. Sin embargo, la Ley núm. 130 de 6 de mayo de 1938 autorizó al Comisionado del Interior para transigir reclama-ciones por daños y perjuicios causados por negligencia de los empleados del Servicio de Riego de Isabela, dentro del dis-trito donde radiquen las obras del Servicio de Riego, en aquellos casos en que, a juicio del Comisionado, fuere conve-niente y el Attorney General entendiere que El Pueblo de Puerto Rico es responsable de los daños causados. De suerte que para que pueda tener lugar la transacción, se requiere, no solamente que los daños fueren causados por negligencia de los empleados del Riego dentro del distrito donde radi-quen las obras, sino que también, a juicio del Comisionado, la transacción fuere conveniente y a juicio del Attorney General, El Pueblo de Puerto Rico fuere responsable de los da-ños causados. Si de conformidad con el art. 1803 del Código Civil, El Pueblo de Puerto Rico sólo es responsable en daños y perjuicios cuando éstos son causados por un agente especial, no siendo los empleados del Riego agentes especiales de El Pueblo de Puerto Rico, ¿cómo podría el Comisionado del Inferior creer que era conveniente para El Pueblo de Puerto Rico transigir, si de conformidad con el citado artículo El Pueblo de Puerto Rico no sería responsable de tales daños? I En qué podía consistir entonces la conveniencia de la trans-acción? ¿Y en qué autoridad legal podría basarse el Procu-rador General para opinar que El Pueblo de Puerto Rico era responsable de los daños causados por tales empleados, a menos que, de acuerdo con dicha ley, debiera entenderse que El Pueblo de Puerto Rico había aceptado responsabili-dad por los daños causados por ellos? Una interpretación contraria conduciría al absurdo de concluir que la Legisla-tura de Puerto Rico, al aprobar la ley en cuestión, hizo una obra inútil, pues en ningún caso podría celebrarse la trans-acción, a menos que se entendiera que El Pueblo de Puerto Rico se hacía responsable por los daños causados por la ne-gligencia de tales empleados.

De lo expuesto resulta que la acción que pueda tener el demandante es contra El Pueblo de Puerto Rico y no contra el Servicio del Riego de Isabela y que habiendo El Pueblo de Puerto Rico asumido responsabilidad por los daños cau-sados por los empleados del Sistema de Riego en las condi-ciones antes dichas, 110 es de aplicación la doctrina del agente' especial enunciada en el art. 1803 del Código Civil ni tam-poco lo son los casos de Ortiz v. Pueblo, 44 D.P.R. 153 y Soto v. Lucchetti, 58 D.P.R. 713.

Pero en los dos casos de Bamichi antes citados, este Tribunal resolvió que el Servicio del Riego de Isabela era una entidad jurídica con capacidad para ser demandada y mientras esas decisiones no fueran revocadas, su doctrina era obligatoria para los tribunales inferiores. El demandante se ajustó, al presentar su pleito, a lo que hasta ahora se entendía que era la ley en esta jurisdicción y no dirigió su demanda contra El Pueblo de Puerto Rico, sino contra la entidad que, de acuerdo con dichas decisiones, era la responsable de tales daños. Si nos limitásemos a confirmar la sentencia y el demandante radicase ahora demanda contra El Pueblo de Puerto Rico, como la demanda del pleito que nos ocupa se radicó el 13 de junio de 1945, podría oponerse .con éxito la prescripción, y de ese modo nuestra sentencia resultaría cruel e injusta para el demandante, sin ningún beneficio justo para el demandado. Por consiguiente, en bien de la justicia, procede dejar sm efecto la sentencia apelada y devolver el caso a la corte inferior con instrucciones de que conceda, al demandante un plazo de quince días para que, si lo estima conveniente, radique demanda contra El Pueblo de Puerto Rico. Cf. A. Cuesta & Cía., Sucrs. v. Sancho Bonet, Tes., 54 D.P.R. 87.

       La Kesolución Conjunta núm. 38 do 11 do mayo de 1837 (Leyes do 1936-37, pág. 016) fuó vaciada en la Ley núm. 130 do 6 do mayo de 1938 (pág. 282).

         La sección 34, en lo pertinente, proscribe:
      “. . . . Disponiéndose, ski embargo, que nada de lo contenido en esta Ley impedirá la debida distribución del agua por rotación entre los diversos predios de terreno por cualquier canal o lateral, y si algún dueño o arrendatario de tal terreno se considera perjudicado por la negativa del Comisionado del Interior de Puerto Kico sobro abastecimiento de agua, tal dueño o arrendatario podrá enta-blar una acción en la corte de distrito del distrito en que radicaren los mencio-nados terrenos para obligar al Comisionado del Interior do Puerto Kico a dejar entrar el agua al terreno; ...”

       Los casos de SanucM, en tanto en cuanto son incompatibles con esta conclusión, deben entenderse revocados.


author: El J hez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Jenaro Bosch Vázquez, acusado y apelante.
    Núm. 11741.

    Sometido: Febrero 12, 1947.

      Resuelto: Febrero 24, 1947.

      TJ. Peres Casalduc, abogado del apelante; Ron. Procurador General Interino Luis Negrón Fernandes y Joaquín Correa Pudres, Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, abogados do El Pueblo, apelado.
   El J hez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

A pesar de que el recurso de apelación en este caso se interpuso por el acusado el día 21 de diciembre de 1942 y que en el mismo no se solicitó la transcripción de la evidencia, no fue hasta cerca de cuatro años después, o sea, el 27 de noviembre de 1946, que el secretario de la Corte de Distrito de Arecibo remitió al secretario de esta Corte Suprema el legajo de la sentencia. Como no se trata de un caso aislado en que esto haya ocurrido, deseamos hacer constar el hecho para censurarlo, ya que la indebida e injustificada dilación apuntada constituye una abierta violación del artículo 356 del Código de Enjuiciamiento Criminal que impone al secretario de la corlo de distrito el deber de remitir al secretario de esta Corte dicho legajo dentro del término de treinta días de ha-berse registrado en la cansa el escrito de apelación. Pase-mos a considerar el caso en sns méritos.

El día 2 de abril de 1941 el fiscal de la corte inferior radicó acusación contra Jenaro Bosch Vázquez por nna infracción al artículo 7 de la Ley número 14 de 1936 ((2) pág. 129) sobre registro de armas. Leída la acusación el 14 de abril el acusado hizo alegación de inocente. Señalado el caso para ser visto el 18 de julio el acusado, por su propio derecho, solicitó por escrito la suspensión por estar enfermo y renunció a todo término de prescripción. El día 21 de julio de 1941 el fiscal solicitó permiso para radicar una acusación enmendada, la cual acompañó a su moción y el día siguiente la corte la admitió ordenando fuera notificada al acusado, lo que hizo el secretario. La acusación enmendada se hizo para curar el defecto en la acusación original de no haberse alegado la residencia del acusado en el distrito de Arecibo donde se alegaba se había’ cometido el delito.

El 2 de mayo de 1942 el acusado, por conducto de su abo-gado. solicitó que se eliminara la acusación enmendada o que se ordenara el archivo y sobreseimiento del caso por haber transcurrido más de sesenta días desde la fecha de su arresto hasta la fecha en que se radicó la acusación enmendada y el 11 de mayo, oídas las partes, la corte desestimó dicha moción. Ese mismo día se leyó la acusación enmendada al acusado y éste hizo alegación de inocente.

El 28 de noviembre de 1942 el acusado, por su abogado, radicó otra moción solicitando el archivo del caso por haber transcurrido con exceso los 120 días que señala el artículo 4.48 del Código de Enjuiciamiento Criminal y el día primero de diciembre de 1942 se discutió esta moción y el fiscal pre-sentó como única prueba para justificar que había justa causa para no haberse celebrado el juicio dentro de los 120 días, la moción del acusado solicitando la suspensión del jui-cio bajo la acusación original y en la cual renunció a todo tér-mino de prescripción y la corte, por dicho motivo, desestimó la moción del acusado y celebrado el juicio lo declaró culpable y lo sentenció a pagar una multa do $50 o en su defecto a cumplí i* un día de cárcel por cada dólar que dejara de pa-gar, más las costas. El acusado apeló.

En este recurso sostiene que la corte sentenciadora erró al denegar sus dos mociones de archivo y sobreseimiento. Bastará considerar la segunda que se refiere al inciso 2 del artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

Como hemos dicho, la corte inferior basó su resolución denegatoria en el hecho probado, por el fiscal, de que el acu-sado había solicitado la suspensión del juicio, bajo la acusa-ción original, renunciando a todo término de prescripción. Esto es cierto, pero también lo es, que la acusación original no imputaba un delito público ya que en ella no se alegó que el acusado residía en el distrito policíaco de Areeibo en que se alegó poseía el arma sin registrar y en el caso de Pueblo v. Díaz, 55 D.P.R. 629, resolvimos, copiando del sumario, que “La residencia del poseedor voluntario e ilegal de un arma no inscrita dentro del municipio o distrito.policíaco en que la misma se posee, es un elemento esencial del delito pro-visto en el artículo 7 de la Ley núm. 14 de 1936 ((2) pág. 129) que debe alegarse y probarse por El Pueblo,” y que la acusación no imputaba un delito público y revocamos la sen-tencia. Al mismo efecto véanse los casos de Pueblo v. Pérez Peña, 59 D.P.R. 449, y Pueblo v. Rodríguez, 60 D.P.R. 958.

Dándose cuenta de este hecho fué que el fiscal en este caso radicó, con permiso de la corte, una acusación enmen-dada conteniendo la alegación esencial en cuanto a la residen-cia del acusado. Esta acusación enmendada sustituyó a la original defectuosa desde el 22 de julio de 1941 y no se dió lectura de la misma al acusado hasta el 11 de mayo de 1942 y, no habiéndose señalado el caso para junio, el acusado el 28 de noviembre solicitó el archivo.

La suspensión del juicio solicitada por el acusado bajo la acusación original que no le imputaba la comisión de mi delito publico y su renuncia a un juicio rápido bajo la misma, no pudo tener el efecto de una renuncia al término prescriptivo del artículo 448 bajo la acusación enmendada que por primera vez le imputó un delito. Desdó que se radicó la acusación enmendada el 22 de julio de 1941 basta la fecba en que se radicó la moción de archivo, el 28 de noviembre de 1942 y a la de la celebración del juicio el primero de diciem-bre de 1942, transcurrió más de un año y cuatro meses, sin que el fiscal presentara prueba alguna para demostrar que existió justa causa para la inusitada dilación. Se limitó a presentar el récord del caso para demostrar que el acusado había solicitado la suspensión y renunciado a todo término de prescripción bajo la acusación original. Esto no constituye una renuncia a su derecho a un juicio rápido bajo la acusa-ción enmendada. Debió, por tanto, la corte inferior ordenar el archivo del caso ya que cuando no se demuestra justa causa para la no celebración del juicio dentro de los 120 días, la corte carece en absoluto de discreción y está obligada a decre-tar perentoriamente el sobreseimiento de la causa. Dyer v. Rossy, 23 D.P.R. 772; Pueblo v. Olmeda, 55 D.P.R. 872; Pueblo v. Díaz, 60 D.P.R. 540.

Por lo expuesto, procede la revocación déla sentencia ape-lada y sobreseerse la causa.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    Ana Valdés Monagas, demandante y apelada, v. F. A. C. Hastrup, demandado y apelante.
    Núm. 9468.

    Sometido: Febrero 13, 1947.

      Resuelto: Febrero 24, 1947.

      Edgar S. Belaval, abogado del apelante; L. Fernández Méndez, abo-gado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

La apelada solicita la desestimación de este recurso ale-gando que la resolución apelada se dictó el 4 de septiembre de 1945 habiéndose radicado el escrito de apelación el 14 de septiembre y que a pesar del tiempo transcurrido el apelante no ha perfeccionado su recurso. Acompañó una certificación expedida por la Secretaría de la Corte de Distrito do San Juan acreditativa de los anteriores hechos y en la que se dice, además, que “de los autos originales . . . bajo mi custo-dia ... no aparece que el demandado apelante haya solicitado prórroga de clase alguna para perfeccionar su apelación.”

Notificado el apelante de la moción radicó un escrito de oposición en el cual, si bien admite los hechos expuestos por la apelada alega en contrario que han habido causas justifi-cadas para la dilación habida en su perfeccionamiento, las cuales expuso.

Para mejor proveer sobre la moción de la apelada concedi-mos al apelante término para radicar una certificación de la secretaría de la corte inferior en relación con los hechos ex-puestos en su escrito de oposición. En dicha certificación se hace constar lo siguiente:

“Que de los autos originales del pleito civil arriba titulado y nu-merado archivado bajo mi custodia, y de los libros de registro y libros de minutas de este Tribunal aparece lo siguiente:
“1. Que el día 24 de septiembre de 1945 el demandado radicó en esta Secretaría una moción solicitando se ordenara la preparación de la transcripción de la evidencia y que no aparece constancia de que la misma fuese resuelta en forma alguna por el juez a quien competía hacerlo.
“2. Que el día 9 de mayo de 1946 el demandado radicó una mo-ción fechada 30 de mayo de 1946, de reconstrucción de autos, acom-pañada de una copia de una moción solicitando la preparación de la transcripción de la evidencia, pidiendo que esta última moción se hiciera formar parte del récord en lugar de la que originalmente se había radicado, la cual no aparecía en los autos.
“3. Que el 14 de mayo de 1946 el Hon. Juez Borinquen Marrero declaró con lugar la moción solicitando la reconstrucción de autos y dictó una orden para que el taquígrafo, Sr. Oscar Gandía, preparase la transcripción de la evidencia.
“4. Que no aparece constancia de que ninguna de las dos resolu-ciones de 14 de mayo de 1946 fueran notificadas al demandado ni a su abogado o que fueran notificadas al taquígrafo.
“Que la suscribiente, en su carácter oficial, tiene conocimiento personal de los siguientes hechos
“1. Que él legajo de este caso estuvo extraviado por tres o cuatro meses y, aun cuando la suscribiente no puede precisar las fechas, según su mejor recuerdo ello ocurrió para fines del año 1945.
“2. Que el legajo del caso al fin apareció pero faltaban varios do-cumentos radicados mientras el expediente estuvo extraviado, o sea: la notificación de la sentencia, el escrito de apelación y la moción solicitando la preparación de la transcripción de la evidencia y que, aun cuando la suscribiente no puede precisar las fechas, según su mejor recuerdo se tardó unos dos meses antes de que pudieran locali-zarse los primeros dos documentos, no habiendo sido posible localizar nunca el tercero.
“3. Que la suscribiente no puede precisar el número de veces ni las fechas pero que sí le consta que durante el período antes mencio-nado el abogado del demandado, Ledo. Edgar S. Belaval, estuvo en numerosas ocasiones en la secretaría y en el archivo del Tribunal ges-tionando la búsqueda, primero del legajo del caso y luego de los do-cumentos que faltaban.
“4. Que a la suscribiente lo consta, en su carácter oficial, que el taquígrafo, Sr. Oscar Gandía, estuvo enfermo y ausente de su trabajo durante los últimos meses del año 1945.” (Bastardillas nuestras.)

Basta una lectura de esta segunda certificación y especial-mente de las frases que liemos subrayado, para llegar a la conclusión de que el apelante no ha sido negligente en la tra-mitación de su recurso y que no procede la desestimación so-licitada.

. Los hechos expuestos en dicha certificación demuestran, 1ro., que el apelante solicitó en tiempo se ordenara al taquí-grafo la preparación de la transcripción de la evidencia y que no hay constancia en los autos de que la moción fuera resuelta en forma alguna por el juez a quien correspondía hacerlo; 2do., que el legajo del caso se extravió por varios meses y al encontrarse faltaban varios documentos radicados, de los cua-les algunos pudieron localizarse dos meses después; 3ro., que el apelante gestionó primero la búsqueda del expediente y luego obtuvo su reconstrucción y que se ordenara de nuevo al taquígrafo la preparación de la transcripción de la evidencia, y 4to., que no obstante haberse dictado estas resoluciones el 14 de mayo de 1946, todavía el 19 de febrero de 1947, cuando la Secretaría expidió su última certificación, no aparece cons-tancia en los autos que demuestre que ninguna de las dos re-soluciones fueron notificadas al demandado, ni a su abogado, o que fueran notificadas al taquígrafo.

Es realmente inexplicable que estas cosas ocurran en una corte de récord como la . Corte de Distrito de San Juan. Puede excusarse, por motivos justificados, el extravío de un expediente o de unos documentos aislados en un archivo ofi-cial grande como sin duda lo es el de la corte inferior, em-pero, ¿qué justificación puede haber para que después de ha-berse localizado el expediente y reconstruido en cuanto a los documentos que le faltaban, una orden dictada el 14 de mayo de 1946 no haya sido aún notificada ni a la parte proponent8 ni al taquígrafo?

El abogado del apelante ha hecho cuanto estuvo a su al-cance para perfeccionar su apelación y no puede atribuírsele la negligencia del funcionario o empleado responsable de los hechos apuntados.

No ha lugar a la desestimación solicitada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Solla Valle, acusado y apelante.
    Núm. 11737.

    Sometido: Febrero 12, 1947.

      Resuelto: Febrero 24, 1947.

      Benjamín Ortiz y Alvaro Or lis, abogados del apelante; Son. Procu-rador General Interino Luis Ncgrón Fernández j J. Correa Suá-rez, Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

El acusado fué convicto de un delito de adulteración de leche, en grado subsiguiente, y sentenciado a seis meses de c-árcel y $500 de multa. En apelación alega en primer tér-mino que la sentencia no está sostenida por la prueba.

El abogado del apelante admitió durante el juicio que el acusado había sido convicto anteriormente de un delito similar y que la leche ocupádale en este caso estaba adulterada. Manifestó que las tínicas cuestiones en controversia eran si el acusado había adulterado la leche y si ésta le pertenecía.

Un inspector del Departamento de Salud declaró que el día’ 28 de marzo de 1946, a las tres de la tarde, se personó en el establecimiento del acusado encontrando un litro de leche en la nevera y tomó una muestra de la misma. La botella estaba destapada. Era la única que estaba en la nevera. La botella estaba parada dentro del agua hasta dos pulgadas de la parte de arriba. La nevera era una nevera tanque que se usa para enfriar botellas y le echan agua. El inspector también declaró que el acusado le dijo que la leche pertenecía a un amigo que la había dejado allí. Se presentó en evidencia una certificación al efecto de que la leche estaba adulterada con un 32 por ciento de agua añadídale artificialmente.

Fernando Jiménez declaró como testigo de la defensa que había traído la referida botella de leche desde su casa en Pueblo Viejo donde tenía dos vacas, para llevársela a un her-mano suyo en “Ocean Park”; que dejó la botella, destapada, en la nevera del acusado con el fin de hacer una diligencia ur-gente; que cuando regresó luego por la leche, el acusado le dijo lo que había pasado; que tanto él como el acusado fue-ron entonces al Departamento de Salud y le contaron lo suce-dido al Dr. Del Valle Sárraga; y que firmó una declaración jurada al mismo efecto que le fué entregada al fiscal por el abogado del acusado. La declaración de un empleado de Ji-ménez y la del acusado corroboraron la narración de Jiménez.

El acusado también declaró que puso esta botella desta-pada llena de leche en una pequeña nevera tanque que usaba para coca colas y refrescos; que esta nevera enfriaba el agua y que cuando se levantaba una botella ésta escurría agua; y que guardaba la leche pasterizada que vendía en otra nevera grande.

Arguye el acusado en sustancia que la corte de distrito, después de pesar esta prueba y en vista de las circunstancias concurrentes, debió haberlo absnelto. La dificultad estriba en que es obvio que la corte de distrito no dió crédito a la declaración de que la leche pertenecía a Jiménez y que éste la había dejado allí para que se la guardaran. Por el con-trario, aparentemente llegó a la conclusión de que el acusado, quien tenía una licencia para vender leche y quien había sido convicto anteriormente por un delito similar, inventó este cuento con la ayuda de Jiménez y como cuestión de hecho te-nía en su poder dicha leche bajo circunstancias que consti-tuían una infracción a la sección 1 de la Ley núm. 77, Leyes de Puerto Pico, 1925 (pág. 559). No encontramos base para resolver que la corte inferior no tenía derecho a llegar a esta última conclusión.

Hemos resuelto que “leche que se encuentra en un puesto se presume que está para la venta. Pueblo v. Pérez, 23 D.P.R. 877. Siendo el deber de los vendedores de leche cerciorarse de que no venden leche adulterada. Pueblo v. Cartagena, 37 D.P.R. 457”, Pueblo v. Román, 60 D.P.R. 637, 639. De con-formidad con nuestra ley por tanto no es defensa que “los acusados el día en que se tomó la muestra ni habían adulte-rado la leche ni sabían que estaba adulterada. . " Pueblo v. González, 63 D.P.R. 144, 146.

Alega el acusado que estos casos son erróneos por el fundamento de que es inconstitucional el exigir que un vendedor sea responsable sin prueba de que o bien había adulterado la leche o sabía que ésta estaba adulterada. No podemos convenir. Esta Ley tiene por miras velar por la salud de la comunidad. La Legislatura puede disponer si así lo desea — y hemos resuelto que así lo ha hecho — que los vendedores que ofrecieren o tuvieren en venta la leche lo hacen a su propio riesgo: si el análisis demuestra que esa leche está adulterada, se les exige responsabilidad criminal independientemente de su participación en la adulteración o su conocimiento personal de la misma. El caso de Tot v. United States, 319 U.S. 463, citado por el acusado, envolvía un problema enteramente diferente y no es de aplicación aquí.

Seguidamente se queja el acusado de la actuación de la corte de distrito al negarse a eliminar la declaración del inspector de que había visto la licencia para vender leche en el establecimiento del acusado. Suponiendo que esta actuación de la corte de distrito fué en violación de la regla de mejor evidencia contenida en el artículo 386 del Código de Enjuiciamiento Civil, el error, de alguno existir, fué subsanado por la declaración del acusado al efecto de que vendía leche en su establecimiento y de que tenía una licencia para ello.

En su último señalamiento de error alega el acusado que la' corte de distrito cometió error perjudicial al negarse a reabrir el caso, después de haber declarado culpable al acusado y de haberle dictado la sentencia, con el fin de permitirle al acusado traer la declaración del Dr. Del Valle Sárraga para corroborar la prueba de la defensa. Esta es una contención frívola. Aparte dei hecho de que es bastante dudosa la admisibilidad de la declaración del Dr. Del Valle en cuanto a lo que le dijeran él acusado y Jiménez, no podemos decir que la corte de distrito abusó de su discreción al negarse a reabrir el caso, después de sentencia, para oír la declaración de un testigo que estaba disponible al acusado con anterioridad a la terminación del juicio.

Tampoco estamos conformes en que el juez de distrito "cometió error al anticipar su juicio sobre tal testimonio y al decir prácticamente que él-no le daría crédito al testimonio del Dr. Del Valle Sárraga.” Lo que la corte de hecho dijo, en respuesta a la moción para que se oyera al Dr. Del Valle, fue que "La corte ha oído eso; pero la corte no puede en-tender que una persona, después de una sentencia de adulte-ración de leche, sea tan cándida que venga un amigo y le acepte dejarle leche allí.” Por tanto la corte de distrito no decía que no le daría crédito a la declaración del Dr. Del Va-lle. En sustancia decía que indudablemente el Dr. Del Valle declararía que el acusado y Jiménez le habían contado su his-toria ; pero que la corte ya había llegado a la conclusión que osa misma liistoria, oída bajo juramento de labios de Jiménez y del acusado, era falsa, y que en su consecuencia sería inútil oír la declaración del Dr. Del Valle de que ellos también le habían liecbo esta historia falsa.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Snyder.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado v. Jacinto A. Palacios y Manuel Abad Filomeno, acusados y apelante el primero.
    Núm. 11734.

    Sometido: Febrero 12, 1947.

      Resuelto: Febrero 24, 1947.

      Cayetano fíoll Cuchí, abogado del apelante; Hon. Procurador General Interino, Luis Negrón Fernández, y Joaquín Correa Suárez, Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelados.
   El Juez Asociado Señor Snyder.

emitió la opinión del tribunal.

Jacinto A. Palacios fué juzgado y convicto de un delito de adulteración de leche. Apeló de la sentencia condenándolo a pagar una multa de veinticinco dólares.

El primer error señalado es que la acusación es defec-tuosa. Esta imputa a Abad Filomeno y a Jacinto A. Pa-lacios el delito de adulteración de leche, alegando que “el primero como conductor y el segundo como dueño de una vaquería . . . tenían y ofrecían en venta como pura, y trans-portaban para destinarla al consumo humano, leche de vaca, adulterada artificialmente con agua.”

La teoría de Palacios es que la sección 1 de la Ley ními. 77, Leyes de Puerto Rico, 1925 (pág. 559), establece dos dife-rentes delitos, transportar leche adulterada y • ofrecer la misma para la venta; que estos dos delitos son independien-tes uno del otro y constan de características completamente diferentes; y que la acusación es defectuosa en cuanto alega que dichos dos delitos fueron cometidos conjuntamente por Filomeno y Palacios, sin indicar la participación de cada uno en ios dos delitos.

Estamos de acuerdo con el Fiscal de este Tribunal en que la sección 1 de la Ley núni. -77, Leyes de Puerto Rico, 1925, provee diferentes maneras en que se comete un solo delito. La Legislatura estaba atacando a un solo mal— consumo humano de leche adulterada — cuando dispuso que constituiría delito la (1) adulteración, (2) venta, ofrecer o tuviere en venta, y (3) la transportación de leche adulterada para dedicarla al consumo humano. Cada uno de estos actos es, por lo tanto, una manera diferente de cometer el delito establecido por la sección 1. En Pueblo v. Del Valle, 54 D.P.R. 44, llegamos a la misma conclusión en cuanto al delito de alteración a la paz.

Nuestra opinión, por tanto, es que la acusación no imputa a los dos acusados haber cometido conjuntamente dos delitos diferentes. Al contrario, los acusa de haber violado la sec-ción 1 en dos diferentes maneras. En su consecuencia, la acusación no era defectuosa. Puede ser que Palacios tuviera derecho a un pliego de particulares en cuanto a cómo él violó la sección 1 en dos maneras; pero él nunca lo solicitó.

El acusado señala como error que tres muestras de la leche aquí envuelta fueron cogidas por el inspector, quien le entregó una al acusado y las otras dos al Departamento; que esta acusación fué basada .en un análisis de una de las muestras del Departamento; que el acusado solicitó una com-probación para comparar la segunda muestra del Departa-mento con la aquí envuelta; que no hubo dicha comproba-ción; y que de conformidad con el artículo 11 del Reglamento 105 del Departamento, no se puede acusar a nadie por el delito de adulteración de leche si no se ha hecho anterior-mente dicha comprobación, después de solicitada ésta. Nada encontramos en el artículo 11 que exija (pie tal comproba-ción sea un requisito previo a la acusación. Es más, si así lo exigiera dicho artículo 11, éste sería contrario a la sec-ción 1 de la Ley núm. 77 y por ende nulo. Pueblo v. Bou, 64 D.P.R. 466.

El acusado también señala como error la negativa del juez de distrito a permitirle al acusado declarar en cuanto a lo que le dijo el Dr. Muñoz, funcionario del Departamento de Salud, en relación con la solicitud del acusado para que se hiciera la comprobación. En virtud de nuestra decisión de que la falta de la comprobación no impide esta acusación, dicha prueba era inmaterial. Por tanto, creemos innecesario examinar la conclusión del juez de distrito de que dicha prueba era de referencia.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.

       Filomeno se declaró culpable y por tanto su caso no se encuentra ante nosotros.

      La sección 1 lee como sigue: “Toda persona que adulterare o diluyere leche y toda persona que la vendiere, ofreciere o tuviere en venta, o que la transportare o almacenare con el fin de dedicarla al consumo humano y toda persona que usare leche adulterada o diluida para, fines industriales, cuando :se destine a la preparación de alimentos para el consumo humano, será culpable do delito menos grave (misdemeanor) ...”