author: El Juez Asociado Se. Wole

text:
    Mongil, Peticionaria, v. Castro, Juez de Distrito, Demandado.
    Solicitud para que se espida mandamiento de certiorari al Juez de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 100.
    Resuelto en junio 6, 1913.
    Excepciones Previas — Alegación Yerbal — Reconsideración.—Cuando se declara sin lugar la excepción previa a una demanda, si la parte perjudicada desea plantear de nuevo la misma cuestión, debe pedir la reconsideración de la resolución declarando sin lugar la excepción previa y no esperar hasta el momento de comenzar la vista del caso, para entonces alegar de nuevo verbal-mente dicha excepción previa, pues no hay precepto legal alguno que autorice a una parte a hacer tal alegación verbal.
    Id. — Yista—Enmienda de la Demanda para Adaptarla a la Prueba — Anula-ción del Juicio — Presunción.—Cuando una. corte después de presentada toda la prueba, declara con lugar una excepción previa alegada oralmente al comienzo de la vista y concede permiso al apelante para enmendar su de-manda, y la parte perjudicada impugna por medio de un certiorari -dicha resolución por implicar la anulación del juicio, la presunción, en caso de duda, es que no fué la intención de la corte sentenciadora anular el juicio, sino conceder una enmienda para conformar las alegaciones de la demanda con la prueba.
    Enmiendas — Incongruencia—Discreción.—Guando después del juicio existe in-congruencia entre las alegaciones y la prueba, o la demanda defectuosamente expone una causa de acción, la corte tiene la facultad discrecional de permitir una enmienda para adaptar las alegaciones a la prueba, y tal resolución no será revocada a menos que exista abuso de discreción.
    Id. — -Poder de la Corte rara Permitir Enmiendas Después de Sometido el Oaso — Discreción Judicial. — Después de sometido un caso a la corte para su resolución definitiva, puede dicho tribunal en el ejercicio de su facultad discrecional y en bien de la justicia, permitir una enmienda a las alegaciones y ésta únicamente será revocada cuando exista abuso de dieha discreción.
    Id. — Discreción Judicial. — No constituye abuso de discreción el permitir enmen-dar las alegaciones aun después de presentada toda la prueba, y aun cuando el autorizarla produzca el efecto de conceder un nuevo juicio.
    Id. — CpNDiciONEs.—La única condición que las cortes imponen a la parte que pide una enmienda es el pago de las costas ocasionadas o la reapertura del juicio.
    Id. — Excepción Previa Alegada en el Acto del Juicio — Enmiendas.—Cuando el demandado interpone excepción previa a la demanda, la cual se desestima, y posteriormente en el acto del juicio la reproduce verbalmente y la corte se convence de que la causa de acción no estaba bien alegada, constituiría una injusticia para el demandante el no permitirle enmendar la demanda después de presentada la prueba, sobre todo cuando hay elementos probatorios que sostengan dicha enmienda.

      Certiorari — Enmiendas—Apelación Contra la Sentencia. — Generalmente no debe reeurrirse al cerliorari para discutir cuestiones de enmiendas a las alega-ciones cuando pueden ser objeto de revisión en la apelación contra la sentencia.
    Los hechos están, expresados en la opinión.
    Ahogados de la peticionaria: Sres. José A. Povmtud y Felipe Casalduc.

    Ahogado de la parte interventora Lnisa de la Fuente de Saldamando: Sr. M. M. Sama de Alero.

    El Juez de Distrito Sr. Antonio F. Castro compareció por escrito en nombre propio.
   El Juez Asociado Se. Wole

emitió la opinión del tribunal.

De conformidad con una solicitud interesando la expedi-ción de un anto de certiorari, la peticionaria, que fué la deman-dada en la corte inferior, alegó que la demandante Doña Lnisa Saldamando, asistida de su esposo Roqne Saldamando y Torres, presentó una demanda contra dicha peticionaria; que la demanda original no estaba jurada y fué enmendada en veinte de noviembre de 1912, reclamando en ella la demandante de la demandada, la suma de veinte y cinco mil ($25,000) dólares por la supuesta publicación de un escrito libeloso; que poste-riormente y en 30 de noviembre de 1912, la demandada for-muló una excepción previa general a la demanda, por el fun-damento de que la misma no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción, cuya excepción fué desesti-mada por la corte; que entonces la demandada presentó su contestación, y se señaló la vista del caso; que al empezar el juicio la demandada promovió nuevamente la cuestión de que la demanda no aducía hechos suficientes para constituir una causa de acción; que celebrado el juicio y practicadas las pruebas de ambas partes que fueron sometidas a la con-sideración de la corte con los alegatos de las mismas, la corte de Districto de Ponce en vez de resolver definitivamente el caso fundado en las pruebas y en los méritos del mismo, e ignorando la prueba practicada en el juicio, declaró con lugar la excepción previa general que antes había desestimado, de que la demanda no aducía hechos suficientes para constituir tma causa de acción, y de motu propio concedió a la deman-dante cinco días para enmendar su demanda, sin previa noti-ficación a la demandáda; que el mismo día la referida deman-dante presentó su tercera y nueva demanda enmendada, que estaba jurada, cambiando así la naturaleza de las alegaciones por razón de las nuevas cuestiones que las partes se vieron obligadas a plantear, y variando las obligaciones de la deman-dada en cuanto a su contestación, pues la demanda original no estaba jurada.

Alega la peticionaria que debido a estos lieclios la deman-dada vendría obligada a contestar dentro del término de diez días a partir de la fecha en que se le hizo el servicio de la copia de la nueva demanda enmendada, con nueva vista del caso, lo que en efecto anularía el juicio anterior' celebrado ante la corte inferior y traería como inevitable consecuencia la concesión dé un nuevo juicio, sin que se haya dictado resolución final por la corte, y sin existir ninguno de los mo-tivos para la concesión de nuevo juicio señalados en el artí-culo 221 del Código de Enjuiciamiento Civil; que al proce-der así dicha corte actuó sin jurisdicción, excediéndose en sus facultades y con infracción de los artículos 136, 138, 139, 140, 220 y 221 del Código de Enjuiciamiento Civil; y que la deman-dada carece de todo otro remedio o recurso adecuado, rápido y eficaz en ley, por lo que presenta esta solicitud de certiorari.

Debe notarse que la excepción previa de que la demanda no expresaba hechos suficientes para determinar una causa de acción fué nuevamente propuesta por la demandada al empezar el juicio, de modo que se llamó otro vez la atención de la corte al supuesto error contenido en la demanda. Debe también tenerse en cuenta que la solicitud no revela la natu-raleza precisa de la demanda enmendada contra la cual se interpuso la excepción previa originalmente, así como tam-poco de la demanda enmendada subsiguiente que fué presen-tada después de dictada la resolución que ha sido impugnada por la peticionaria. Se observará además que la peticionaria se fundaba en la supuesta falta de jurisdicción de la corte inferior y en la infracción de ciertos artículos del Código de Enjuiciamiento Civil, y no en que se haya cometido ningún abuso de discreción. Con respecto a la jurisdicción de la corte, la peticionaria no ha demostrado en qué sentido carecía dicha corte de jurisdicción. Las partes comparecieron ante ella y la materia objeto de la acción era del completo conoci-miento de la misma.

Era muy dudoso si debió haberse expedido el auto, pues no se demostró que hubiera habido infracción de ningún pro-cedimiento legal, ni. se alegó tampoco que la corte hubiera cometido abuso de discreción, pero habiendo dicha corte creado una situación extraordinaria al declarar con lugar la excepción previa y conceder permiso para hacer enmiendas, este tribunal ejercitó su discreción para expedir el auto.

El juez de la Corte de Distrito de Pgnce formuló su con-testación, y en el acto de la vista lá demandante ante la corte inferior, presentó una moción para intervenir en dicho acto, que le fné concedida.

Examinando todo el procedimiento encontramos que la de-mandada formuló excepción previa a la demanda y que dicha excepción fué desestimada. La demandada presentó entonces su contestación y el caso fné llamado para juicio. Volvió entonces la demandada a insistir en su excepción previa ha-ciéndolo esta vez oralmente, comp si la excepción previa pro-puesta a la demanda no hubiera sido declarada sin lugar. Esta, práctica de proponer una excepción previa oralmente al co-menzar nn juicio, sobre una cuestión de hecho, no está sos-tenida por la ley. La excepción previa eñ este caso había sido resuelta y por tanto ninguna cuestión legal estaba some-tida a la consideración de la corte. Si la demandada, hubiera querido promover tal cuestión legal debió haber presentado una moción sobre reconsideración de la resolución de la corte acerca de la excepción previa. En el caso de Olivieri et al. v. Mck. Jones, 17 D. P. R., 1159, el Juez Asociado Sr. MacLeary trata de la misma cuestión en su ^opinión concurrente. Por la misma razón expresada en la opinión concurrente de que estábamos obligados a hacer caso omiso con respecto a cualquier error que no afectara a los méritos del caso, no consideramos que fuera necesario discutir la suficiencia de una excepción previa oral cuya cuestión no había sido plan-teada entonces por las partes. Esto no obstante, estamos enteramente de acuerdo con las razones expresadas en dicha opinión concurrente acerca de las excepciones previas que se formulen oralmente. Después de la presentación de la prueba o en cualquier otro momento en que el demandado solicita sentencia, podría propiamente alegarse ante la corte la insuficiencia de la demanda.

Sin embargo, la demandada insistió en su excepción pre-via y la corte aplazó la consideración de esta cuestión. El demandado por medio de su abogado presentó una nueva serie de autoridades a la-corte con respecto a la suficiencia de la alegación de la publicación del supuesto libelo; y la corte, después de haber oído toda la prueba presentada por ambas partes, resolvió que la demanda era defectuosa por no ale-garse en ella que la persona en cuyo poder se encontraba la carta tenía conocimiento de que la misma hacía referencia a la demandante. Después de considerar el caso, la- corte emi-tió una opinión y ordenó que se registrara una orden en la que declaró con lugar la excepción previa general formulada a la demanda, concediendo a la demandante cinco días para enmendar su demanda.

El juez de la corte de distrito al contestar el auto de cer-tiorari alega, que en su resolución meramente declara con lugar una excepción previa, sin indicar si permitía por ello que la enmienda se ajustara a la prueba o se abriera nueva-mente el caso para que se hicieran nuevas alegaciones.

Aparece en los autos - una orden en forma ordinaria de fecha 3 de marzo de 1913, firmada por el secretario, en la que se declara con lugar la excepción previa, y las autoridades que han sido citadas por la corte en su opinión emitida en el mismo día ofrecen alguna duda con respecto a si la acción tomada por la corte, pues la excepción previa generalmente precede al juicio, no produjo en efecto la nulidad de dicto juicio. Pero como la corte sin embargo estaba en posesión de toda la prueba y pudo haber reconsiderado la excepción previa con el fin de dictar la orden que fuera procedente, per-mitiendo. la presentación de nna enmienda para conformarla a la prueba, y estando el caso enteramente bajo su gobierno, entendemos que la contestación de la corte debe ser tomada en consideración. Además, no aparece qne la orden de marzo 3, 1913, haya sido firmada por el juez y la subsiguiente reso-lución de la corte de fecha marzo 14, 1913, parece indicar que la corte procedió así para estar en condiciones de poder dictar sentencia sobre los méritos o desestimar el caso. Como ninguna corte después que se le somete un caso a su conside-ración anularía el juicio si la prueba, con respecto a cuya suficiencia no emitimos opinión alguna, justificara la presen-tación de una enmienda, la presunción en casos de duda debe estar en contra de dicha anulación.

Cuando después de un juicio existe alguna incongruencia como admite la peticionaria o si'en la demanda se alega defec-tuosamente una causa de acción, la corte tiene discreción para permitir que se haga una enmienda con el fin de ajustarla a la prueba. Esto resulta así si se interpreta debidamente el capítulo 8o. del Código de Enjuiciamiento Civil y especial-mente los artículos 140 y 142 de dicho código. Los casos de los Estados que tienen semejantes estatutos, por lo general sostienen esta teoría. Lee v. Murphy, 119 Cal., 364; 51 Pac., 549; Milwaukee Mechanics’ Ins. Co. v. Schallman, 188 Ill., 213; 59 N. E., 12; Knefel v. Flanner, 166 Ill., 147; 46 N. E., 762; Raymond v. Wathen, 142 Ind., 367; 41 N. E., 815; Gerdtzen v. Cockrell, 52 Minn., 501; 55 N. W., 58; Ankeny v. Clark, 1 Wash., 548; 20 Pac., 583; 31 Cyc., p. 393, pár. 10 y notas. En estos casos, sin embargo, se alega que la conce-sión de dicha enmienda está dentro de la sana discreción de la. corte y la resolución que adopte la misma en cuanto a este particular no será modificada, a menos que se demuestre que ha abusado de ella. Pero en estos casos se llega hasta a sos-tener que ann cuando el caso se haya sometido a la corte para resolverlo sobre sns méritos, todavía conserva dicha corte sn facultad discrecional para conceder una enmienda en bien de la justicia y solamente se revocará su resolución si hubiere la corte abusado de su discreción. Lee v. Murphy, 119 Cal., 364; Bridge Co. v. McLane, 8 Tex. Civ. App., 666; Yordi v. Yordi, 6 Cal. App. Rep., 34; Valencia v. Conch, 91 A. D., 593; Bucklen v. Cushman, 145 Ind., 53; Kamm v. Bank of California, 74 Cal., 191; Hedstrom v. Union Trust Co., 7 Cal. App. Rep., 283; Bradley v. Parker, 34 Pac., 235; Davis v. Johnson, 36 Pac., 887; Porter v. Anderson, 113 Pac., 349; Guidery v. Green, 95 Cal., 630; Blumer v. Mayhew, 119 Pac., 202; Sandeen v. Russell Lumber Co., 122 Pac., 913; 67 L. R. A., 180, notas; 74 A. D., 143, notas.

Ni el abogado con su laboriosidad ni este tribunal con sus investigaciones han podido encontrar un sólo caso en el que se haya revocado la acción tomada por la corte al permi-tir que se hiciera dicha enmienda en tales condiciones. Exis-ten casos en donde se han hecho revocaciones cuando la acción de la corte al conceder la enmienda ha sido una sorpresa para la parte contra quien se permite que se haga la enmienda, y hay numerosos casos en los cuales se ha resuelto que consti-tuye error o abuso de discreción el denegar dicha enmienda, pero no hemos podido encontrar ningún caso registrado en el que se haya declarado que la concesión de una enmienda es un abuso de discreción, aun cuando se haga después que toda la prueba haya sido presentada o que el defecto de la enmienda fuera la concesión de un nuevo juicio. El abogado insiste en que el caso de Lee v. Murphy, supra, y que ha sido citado por la corte inferior para justificar el derecho a enmendar, no sostiene el criterio sustentado por la apelada, pero cree-mos que sí lo sostiene. El Juez Sr. Chipman se expresa como sigue:

‘ ‘ Con gran amplitud se ha considerado en los autos y en el alegato del abogado el supuesto error cometido por la corte al permitir al demandante que enmendara su demanda después de haber compare-cido al juicio y estar sometido el caso para su resolución. Una de las enmiendas permitidas expresaba que el dinero prestado por Murphy era el precio de la venta pagado por la finca hipotecada. El deman-dado presentó'una moción para eliminar esta demanda enmendada incluida en el expediente y para que se anulase y decretase la invalidez de la resolución concediendo permiso al demandante para hacer en-miendas, cuya moción fué denegada y contra la cual el demandado tomó entonces excepción. La facultad conferida de acuerdo con el artículo 473 del Código de Enjuiciamiento Civil para permitir enmien-das en bien de la justicia se ha resuelto uniformemente que pertenece a la sana discreción del tribunal sentenciador, y se ha declarado frecuentemente que esta corte no modificará la acción de la corte sentenciadora, a menos que se demuestre que la misma ha cometido abuso de dicha discreción. No es una práctica corriente el considerar necesario que la demanda se enmiende después que el- caso ha sido sometido, pero no encuentro sin embargo ninguna limitación en cuanto al tiempo con anterioridad a la fecha en que se dicte la sentencia en que ha de cesar la facultad de la corte, y aun después de dictada la sentencia puede la corte ejercitar su facultad en beneficio de una parte si ha sido dictada debido a equivocación, inadvertencia, sorpresa, o negligencia excusable.”

Es cierto que en ese caso la corte hubiera podido proce-der a dictar inmediatamente una resolución sobre los méri-tos del caso, pero si la enmienda hubiera sido importante o si el acto había causado alguna sorpresa a la demandada, la corte pudo haber suspendido el caso o permitido a la deman-dada una prórroga de tiempo para presentar nuevas pruebas. El único castigo que las cortes imponen a una parte que soli-cita una enmienda, es el pago de las costas o la apertura nue-vamente del juicio. Guidery v. Green, 95 Cal., 630; Sandeen v. Russell Lumber Co., 122 Pac., 913; Riverside Land & Irrigation Co. v. Jensen, 73 Cal., 550; 15 Pac., 131. El caso de Lee v. Murphy fué citado con aprobación en el de Yordy v. Yordy, 6 Cal. App. Rep., 34, en el cual la corte de distrito de apelaciones del Tercer Distrito de Apelación de California, expresa “que aunque no es práctica corriente exigir que se enmiende la demanda después que un caso ha sido sometido, no existe, sin embargo, limitación alguna de acuerdo con el artículo 473 del Código de Enjuiciamiento Civil con respecto al momento antes de registrarse la sentencia de la corte, en que cesa la facultad de la misma. También se dijo en dicho caso, que esta facultad para permitar enmiendas en bien de la justicia, ha sido declarada uniformemente que pertenece a la discreción de la corte sentenciadora.”

La peticionaria ha dado gran importancia al hecho de que con posterioridad a la resolución de la corte permitiendo la en-mienda, la demandante presentó una nueva demanda enmen-dada que juró. No vemos con entera claridad qué injusti-cia podría causársele a la demandada porque se presentara la demanda jurada; en verdad parece que una demanda ju-rada es una garantía para el demandado. Como quiera que sea esto, la demandada presentó una moción para eliminar el juramento a esta demanda enmendada y la corte no tomó acción alguna sobre ella. Por tanto es algo prematuro alegar injusticia o perjuicio, y si entendemos correctamente a la corte creemos que el demandado no tiene necesidad de formu-lar ninguna otra alegación.

No vemos que en manera alguna resultara perjudicada en realidad la demandada por la resolución de la corte. La de-mandada formuló una excepción previa y la corte primera-mente la desestimó, induciendo así a la demandante a creer que tenía una buena causa de acción. Por tanto, cuando la corte se convenció de que una buena causa de acción no había sido ale-gada, hubiera sido injusto que no se permitiera a la deman-dante enmendar su demanda, especialmente si la corte creyó que existía prueba tendente a suplir el elemento que faltaba. Un caso semejante surgió en Texas en el cual se solicitó de la corte que dictara sentencia a fav.or del apelante; se expresó la corte en dicho caso, como sigue:

“* * Haríamos esto si no fuera por el hecho de que la resolu-ción errónea de la corte inferior al desestimar la/ excepción formulada por el apelado, que es el demandante en la corte inferior, a la contra-demanda del apelante solicitando la expropiación de la finca, hubiera impedido que el apelante enmendara sus alegaciones, lo que pudo haber hecho si la corte hubiera declarado con lugar la excepción, para pro-bar que las mejoras se hicieron en la finca de buena £e y recuperar el importe de las mismas.
‘ ‘ Oreemos que no sería equitativo privar al apelante de un derecho que según los autos tiene, debido a una resolución errónea de la corte, aunque al parecer le sea favorable. Lockwood, v. Brownson, 53 Tex., 526. Si dictásemos sentencia en este caso a favor del apelado con respecto a la finca en cuestión, dicha sentencia aparejaría también el derecho que tiene a las mejoras que podría alegar el demandante y recobrar el importe de las mismas, a lo que sería erróneamente indu-cido por la resolución errónea de la corte.” International Bridge and Tramway Co. v. McLane, 8 Tex Civ. App., 668.

En igual sentido se expresa el caso de Carpentier v. Small, 35 Cal., 362, 363.

Por último, oreemos que las cuestiones de esta naturaleza generalmente no deben presentarse por medio de una solici-tud de certiorari, pues puede llegarse a considerar la cuestión de abuso en el procedimiento cuando la sentencia definitiva se dicte. Véase en cuanto a este particular el caso de Ex parte Fuertes, 12 D. P. R., 227. Como el caso ha de devol-verse a la corte inferior para seguir conociendo del mismo, creemos 'conveniente llamar la atención al hecho de que existe una diferencia entre el texto inglés y el español de la ley de libelo con respecto a la publicación.

El auto debe anularse y devolverse el expediente a la Corte de Distrito de Ponce para ulteriores procedimientos.

Sin lugar la solicitud y amtlado el manda-miento de certiorari.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey. .

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado del Tobo

license: Public Domain

text:
    El Pueblo, Apelado, v. Francis, Apelante.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a.
    No. 527.
    Resuelto en junio 10, 1913.
    Homicidio Involuntario Perpetrado por Medio de un Automóvil. — En el pre-sente caso se demostró que el acusado salió de un garage guiando un auto-móvil que acababa de ser reparado, con objeto de probar la máquina; que esto no obstante marchó a gran velocidad por dentro del recinto urbano de la ciudad de San Juan, y que a pesar de tener ocasión de ver a un ser humano que cruzaba la calle como a unos quince metros de distancia, continuó a gran velocidad, sin tocar la bocina ni usar el freno de emergencia, y lo arrolló y mató y siguió aún marchando. Se resolvió: que tal hecho era constitutivo del delito de homicidio involuntario imputado al acusado.
    Xd. — Negligencia del Chauffeur — Negligencia Contributiva de la Víctima.— En casos de esta naturaleza, el Fiscal no está obligado a probar que la víctima no contribuyó con su propia negligencia a la realización del daño, bastándole ■ sólo demostrar que el acusado fué imprudente o negligente, ya que la intención de la ley es castigar la imprudencia o, negligencia del acusado. La regla predominante es que no existe analogía entre un caso civil sobre indemnización a la liarte perjudicada y uno criminal' cuyo objeto es castigar el delito. 1
    Id, — Negligencia de la Víctima — Defensa del Acusado. — La negligencia de la víctima puede ser alegada por el acusado como defensa y ser apreciada para graduar la responsabilidad del mismo,’ pero para que tal negligencia consti-tuya una excusa completa y pueda eximir totalmente de responsabilidad al acusado, tiene que ser de tal naturaleza que lleve al ánimo del juzgador el convencimiento de que más que negligencia contribuyente fué la única negli-gencia productora del daño.
    Los hechos estáu expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. E. B. Wilcox.

    Ahogado del Pueblo: Sr. Frank Martínez, Fiscal interino.

   El Juez Asociado del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación interpuesto contra la resolución de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., de mayo 21, de 1912, negando la concesión de un nuevo juicio en la causa seguida por El Pueblo contra James Francis, por homocidio involuntario, decidida por sentencia dictada el mis-mo día 21 de mayo de 1912.

El 9 de octubre de 1911 el Fiscal del distrito de San Juan formuló acusación contra James Francis, imputándole la comi-sión del siguiente hecho: “Que el citado James Francis, allá el día 23 de agosto de 1911, en la ciudad de San Juan, y en ocasión de manejar un automóvil por las calles de esta ciudad sin la debida prudencia o circunspección, dió muerte ilegal a Encarnación del Manzano y Sucre. ”

El acusado hizo la alegación de no culpable y solicitó juicio por jurados. El juicio se celebró finalmente el 15 de mayo de 1912, practicándose las pruebas presentadas por ambas par-tes, dándose al jurado por la corte las instrucciones de ley y rindiendo el jurado un veredicto de culpable. Basándose en dicho veredicto y después de negarse a conceder un nuevo juicio, la corte dictó la sentencia de que se ha hecho mérito condenando al acusado a sufrir la pena de cinco años de pre-sidio con trabajos forzados.

En su alegato la parte apelante especifica los errores cometidos a su juicio por*la corte sentenciadora, en la si-guiente forma:

“1. Que el veredicto no estaba justificado por la prueba, y por lo tanto, era contrario a la misma.
“2. Que la corte omitió el consignar en sus instrucciones al jurado los puntos esenciales de la defensa del acusado, con la plenitud y claridad que las circunstancias exigían, de acuerdo con los términos de la sección 233, párrafo 8, del Código de Enjuiciamiento Criminal, tal como lia sido enmendado por la Legislatura en el año 1911.
“3. La corte erró además en aquellas partes de sus instrucciones concernientes al peso de la prueba que debe presentar el acusado para justificar el homicidio, al expresarse en estos términos: ‘Además, para refutar una acusación de negligencia de parte de la persona perjudicada, es menester satisfacer completamente al jurado, por la preponderancia de la prueba, de estas dos condiciones o requisitos: primero, que la víctima fué negligente, y segundo, que su negli-gencia contribuyó indudablemente a causar el daño que sufriera, y por esta razón no debe considerarse responsable al acusado, y por lo mismo, para que el acusado no sea considerado responsable, es nece-sario que se les demuestre a Yds. por la preponderancia de la prueba, que semejante negligencia contribuyó directamente a causar el acci-dente. (Página 4 del récord.) Y para poder apreciar la negligencia de parte de la persona perjudicada, como en el caso de que se trata, es necesario que se demuestre a Vds. los del jurado, conforme be dicho, por la preponderancia de la prueba, fuera de toda duda, que la difunta fué negligente y que el accidente fué la consecuencia inmediata de dicha negligencia.’ ”

Examinemos el primer error. La prueba practicada cons-ta incluida en una exposición debidamente aprobada y certi-ficada. El primer testigo de cargo que declaró fué Rufino Alomar. Nótanse algunas vacilaciones en las afirmaciones que hace, pero examinando en conjunto su declaración puede concluirse que establece los siguientes hechos: Que el auto-móvil fué enviado al garage para su composición; que fué desmontado y vuelto a montar y que en el día del suceso salieron a probarlo actuando como chauffeur el acusado Francis y yendo en él varias personas entre ellas el testigo; que el automóvil era de 30 caballos de fuerza y marchaba en high; que cuando regresaba al garage, al dar la vuelta para bajar por la Marina “iba una vieja y cuando pasó pasábamos y la cogimos, el automóvil le pasó por encima y siguió más allá;” que vieron a la vieja a una distancia como de quince metros; que no pudo apreciar si el automóvil redujo su velocidad; que no se usó el freno de emergencia porque estaba roto; que “el automóvil volvía al garage para arreglarlo porque el freno de emergencia estaba roto; que cuando íbamos en el automóvil que cogió a la señora, íbamos al garage a guardarlo allí para componerlo al otro día, porque la emergencia estaba rota;” que cuando ocurrió el suceso el testigo saltó del automó-vil y corrió para su casa y allá fué a buscarlo un policía. ■

El segundo testigo de cargo fué Pedro Sanguinet, policía insular que se encontraba por los alrededores del sitio donde ocurrió el suceso. Observó la marcha rápida del automóvil, la,curva que hizo al bajar, y el hecho de no haber tocado la bocina ni parado su marcha cuando chocó con la anciana y la dejó muerta en el acto.

El tercer testigo fué otro policía llamado Vicente Rivera. Manifestó que el automóvil llevaba mucha velocidad y no tocó la bocina; que “no usó el freno porque cuando cogió la señora siguió;” que fué a parar a treinta o cuarenta metros; que “lo que le llamó la atención de que la señora babía sido atropellada fué la velocidad del carro;” que el carro al subir llevaba una velocidad mayor que la regular; que no detuvo al chauffeur porque iba a tanta velocidad que no le dió tiempo; que al bajar la velocidad era aun mayor; que no hizo señas a la señora porque cuando pudo darse cuenta ya la babía matado; que el acusado guiaba el automóvil; que el automóvil subió, dió la vuelta por detrás del ldosko de la Marina, cogió la curva y bajó otra vez y entonces fué que arrolló a la señora; que la señora estaba cerca de la acera, casi en la acera.

El cuarto y último testigo de cargo fué el doctor Cueto, médico cirujano; que practicó la autopsia de la víctima, que presentaba manchas cadavéricas con grandes equimosis, y que tenía fracturadas la 6a-., 7a. y 8a. costillas, con hundimiento, la pierna derecha y el cráneo.

Por la defensa declararon cinco testigos, a saber: Chas. B.' Manes que manifestó que conocía al acusado desde hacía doce años y siempre lo ha tenido por hombre prudente y tra-bajador.

Domingo Fernández, que dijo que era uno de los que iba en el automóvil: que hicieron “el viaje para probar la má-quina a ver si estaba buena para entregarla ál dueño;” que al bajar vieron a la señora.a bastante distancia; que tocaron la bocina para que se separara un carro de caballos; que parece que la señora oyó la bocina y retrocedió para la acera y fué entonces cogida sin poderlo evitar; que el carro iba defec-tuoso, “no trabajaba bien y por eso fué que siguió;” que al occurrir el suceso saltó y salió corriendo no porque huyera, sino porque no le convenía estar allí para que no lo llamaran a declarar.

Leopoldo Fernández, que iba también en el automóvil, ex-presó que al dar la vuelta el automóvil “salía la señora del ‘Bosque’ y venía un carro de caballos detrás;” que el acu-sado tocó la bocina, “la señora echó para atrás y la cogió el carro con el bota-lodo del lado izquierdo; ’ ’ que el automóvil marchaba como a una velocidad de seis a siete millas.

Segundo Hernández, otro de los que- iban en el automóvil, depuso que salieron a probarlo, subieron por el Arsenal y al dar la vuelta a la curva del “Bosque” cruzaba la señora a una distancia retirada del carro y cruzaba también un carro de caballos; que se tocó la bocina al carro, la señora se asustó, volvió hacia atrás y el automóvil la arrolló entonces y la mató; que se tiró del carro cuando todavía corría y se fué; y

James Francis, el propio acusado, que testificó que es mecánico; que trabaja en la Isla desde hace doce años; que sacaron el automóvil para probarlo; que él lo guió porque el chauffeur no quiso hacerlo mientras, no se probara; que al bajar iba un carro de caballos con madera y le tocó la bocina para que se quitara “ y en eso la vieja estaba cruzando y al oir la bocina brincó y viró para atrás y al momento no pudo parar el carro y se tiró encima de,la vieja;” que no pudo poner el freno de emergencia porque tenía las dos manos en la rueda; que “probablemente se .podía parar si se hubiera aplicado el freno de emergencia, pero como la distancia era muy poca creía que la vieja no fuera a virar atrás porque estaba pasando ya, pero al tocar la bocina ella brincó para atrás y al verla volver para atrás apliqué los frenos con-los pies para echar a un lado para que no la cogiera;” que llevaba una velocidad como de seis a ocho millas.

Tal es, en resumen, extractada de la exposición del caso, la prueba que sirvió de base al veredicto del jurado. A nuestro juicio, es suficiente para sostenerlo.

De ella aparece con toda claridad que se trataba de una máquina en prueba guiada por el acusado debido a no haber querido hacerse aun cargo de la misma el chauffeur encargado de manejarla; que esto no obstante, el acusado puso en high el automóvil y marchó, si damos crédito como lo dió el jurado a los testigos de cargo, a gran velocidad por dentro de un recinto urbano, y que a pesar de tener ocasión de ver como a .unos quince metros de distancia a un ser humano que cruzaba la calle, no tocó la bocina, signió bajando a gran velocidad, y, sin bacer nso del freno de emergencia, lo arrolló, destruyó sn cuerpo, le qnitó la vida y signió aún marchando, siendo tal el efecto qne produjera el suceso a los qne iban dentro del automóvil, qne casi todos se retiraron precipitadamente del sitio de la ocurrencia.

No es posible dejar sin castigo un hecho semejante. La ley (Leyes de 1910, pág. 139), prescribe qne mientras estu-vieren dentro de la zona urbana de un municipio, los automó-viles no deberán marchar a una velocidad mayor de diez y seis kilómetros por hora. Es muy difícil poder apreciar a la simple vista el número de kilómetros a que va marchando un vehículo, pero la velocidad de 16 kilómetros es de tal natu-raleza que no llama la atención, y en este caso uno de los testigos nos dice que se dió cuenta del suceso debido a haber llamado su atención precisamente lá gran velocidad a que mar-chaba el automóvil.

La ley también prescribe (Leyes de 1910, pág. 141) que al voltear una curva, la persona que dirija un automóvil dará debido aviso por bocina o por otro medio análogo, y que al acercarse o al alcanzar a cualquier persona en el camino en vehículo o de otro modo, el que dirigiere el automóvil tendrá ■ que dar debido aviso y reducir la velocidad a un límite tal que garantice la seguridad de la persona a quien se alcance o pase. Tales preceptos de ley se violaron por el acusado en este caso. El, a toda velocidad, sin tocar la bocina, vol-teó la curva del “Bosque” y bajó, y a pesar de ver a la señora del Manzano a suficiente distancia, y al carro car-gado de maderas tirado por caballos, no redujo la velocidad del automóvil, y en vez de garantizar la vida de la persona a quien se acercaba, la destruyó totalmente.

No habiéndose cometido el primero de los errores alega-dos, examinaremos conjuntamente el segundo y el tercero por referirse ambos a las instrucciones de la corte al jurado.

En cuanto a que la corte omitió consignar en sus instruc-ciones los puntos esenciales de 'la defensa del acusado, dire-mos que liemos examinado cuidadosamente elidías instruc-ciones en su totalidad y que a nuestro juicio contienen mía, explicación suficiente de la ley aplicable al caso y de las cir-cunstancias en que puede excusarse un acto de la naturaleza del cometido- por el acusado.

Y en cuanto a las instrucciones específicamente señaladas como erróneas, relativas a la prueba de la negligencia con-tributiva de la víctima, diremos que si algún error se co-metió por la corte, tal error no fue perjudicial al acusado.

“La regla predominante es qne no existe analogía entre un caso civil sobre indemnización a la parte perjudicada y uno criminal cuyo objeto es castigar el delito, no .pudiendo establecerse términos de comparación en cuanto a la negli-gencia de una y otra parte en acusaciones por delitos graves (felonies), y que por tanto será procedente la presentación de una acusación por bomicidio en el cual la causa ba sido la negligencia cuando la muerte proviene de las lesiones o da-ños que se ban ocasionado negligentemente, aun cuando la persona a quien se ba causado la muerte haya contribuido a ella con su propia negligencia.” Wharton on Homicide, pág. 725.

Y se explica perfectamente que así sea, porque lo que se trata de castigar en un caso criminal de esta naturaleza,, es la imprudencia o negligencia del acusado. Y si la acusa-ción demuestra más allá de duda razonable que tales impru-dencia o negligencia existieron en tal grado que deban con-siderarse como la verdadera y principal causa del daño, la acusación habrá demostrado la existencia del delito, sin que tenga la obligación de probar que la víctima no contribuyó con su negligencia a la consumación del daño.

Es indudable que la negligencia de la víctima puede ale-garse por el acusado como defensa, y es indudable también que si se alega por el acusado y se prueba su existencia, o si resulta evidente de la misma prueba del Fiscal, puede to-marse en consideración para graduar la responsabilidad del acusado; pero para que tal negligencia constituya una excusa completa y pueda eximir totalmente de responsabilidad al acusado, tiene que ser de tal naturaleza que lleve al ánimo del juzgador el convencimiento de que más que negligencia contributiva, fué la única negligencia productora del daño.

Un hombre se tiende en el medio mismo de un camino, voluntaria, negligente e inconscientemente. Un chauffeur lo observa desde lejos y se limita a tocar la bocina y no reduce la velocidad de su carro en la creencia de que el hombre se levantará. Pero el hombre no se levanta porque no quiere o porque no puede, y cuando el chauffeur intenta reducir la velocidad, es ya demasiado tarde. El carro pasa por encima del hombre y le ocasiona la muerte. A nuestro juicio, aun en ese caso el chauffeur es responsable criminalmente, pudiendo apreciarse la negligencia o culpa del fallecido para mitigar la responsabilidad del acusado, pero no para eximirlo de cul-pa por completo.

En cambio si se demostrara que un chcmffeur dirigía su máquina por una calle o camino de acuerdo con la ley y otra persona se lanzó a cruzar la calle o el camino voluntaria, negligente o inconscientemente cuando el chauffeur estaba a tan corta distancia que, ni aun usando el freno de emergen-cia, le era posible detener su carro, y, en tales condiciones el carro choca con la persona y le ocasiona la muerte, ésta debe imputarse solamente al fallecido y el chauffeur quedaría extento de responsabilidad.

Habiendo en consideración todo lo expuesto; teniendo en cuenta que si bien las instrucciones contienen los párrafos a que se ha referido aisladamente el apelante, terminan del siguiente modo: “Si vosotros creeis que el acusado, al con-ducir el automóvil, en las condiciones que dice el Fiscal en su acusación, lo hizo sin la prudencia o circunspección ne-cesaria; si vosotros creeis que todos los elementos de ese delito han sido probados, entonces es vuestro deber declarar al acusado culpable del delito que se le imputa. Si vosotros, por el contrario, creeis que los hechos no han pasado como lo refieren los testigos del Fiscal, es decir, que el accidente no se debió a la negligencia y descuido del chauffeur, sino que se debió a los actos realizados por la persona perjudicada, que le colocaron en condiciones fatales, en condiciones que no pudo él evitar el accidente, entonces es vuestro deber de-clarar al acúsado inocente. El acusado tiene también el bene-ficio de la duda razonable. .Si vosotros, aun rindiendo crédito a las declaraciones de los testigos, liay alguna circunstancia que hace vacilar vuestras conciencias ante la consideración de los hechos, es vuestro deber también darle al acusado el beneficio de esa duda razonable, y absolverle. Juez. ¿Tienen las partes instrucciones escritas 1 Ningunas.” T apareciendo que la prueba toda fué sometida al jurado y demuestra la existencia del delito y sostiene por tanto el veredicto del jurado y la sentencia de la corte, opinamos que, en bien de la justicia, debe declararse sin lugar el recurso interpuesto y confirmarse la resolución apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey

text:
    El Pueblo, Apelado, v. Cruz et al., Apelantes.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia.
    No. 605.
    Resuelto en junio 10, 1913.
    Adulterio — Pruebas.—Aunque en casi todos los casos de adulterio el contacto carnal del hombre y de la mujer ha de deducirse de las circunstancias con-currentes en cada uno, el mero hecho de que dos personas de distintos sexos estén solas en una habitación, aunque sea de noehe, no es suficiente a falta de otras circunstancias que demuestren lo contrario, para llegar a la con-clusión de que el delito ha sido cometido.
    Los hechos están expresados en la opinión.

      Abogado de los apelantesSr. Eugenio Bemtez Castaño.

    Abog’ado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., dictó sentencia en 14 de febrero último declarando culpables a Dolores Cruz y a María Teresa Torres del delito de adulterio e im-poniéndoles la pena de multa, debiendo • sufrir prisión en defecto de pago y las costas de por mitad.

Habiendo los sentenciados interpuesto oportunamente ape-lación para ante nosotros contra ese fallo, fundan su recurso en que la evidencia no es suficiente para sostenerlo, con cuya alegación estuvo conforme el Hon. Fiscal de esta Corte. Su-prema, tanto en su informe escrito como en el oral, y se allanó a la revocación solicitada.

Del conjunto de toda la evidencia resulta que Dolores Cruz, quien es casado pero vive separado de su esposa Carmen Serrano o Benitez, fué visto una nocbe a eso de las doce en la habitación en que'vivía, acostado en su caima y arropado, estando en el mismo cuarto la mujer María Teresa Torres, que vive en otra habitación de la misma casa, y estaba ves-tida y de pie cerca de la cama de Dolores Cruz. En esa. situación fueron vistos, en dos ocasiones de esa noche con un intervalo que debió ser como de un cuarto de hora, habiendo declarado el acusado que está separado de su esposa desde hace unos tres meses y que habiéndose retirado a su cuarto esa noche a eso de las once y media con un dolor, como no tenía quien le preparara alguna bebida, llamó con ese objeto a la otra acusada, su vecina, quien hizo y le dió un guara-pillo de naranja^ y después que lo tomó se acostó vestido y se arropó, quedándose medio dormido, por lo que no se dió cuenta de si se había marchado su vecina hasta que el policía lo llamó.

En casi todos los casos de adulterio, el contacto carnal del hombre y de la mujer han de deducirse de las circunstan-cias concurrentes en cada uno, pero para que esas circunstan-cias sean bastantes para sostener una sentencia condenatoria deben ser de tal naturaleza que puedan llevar a un hombre justo y razonable a la conclusión de que el delito ha sido cometido. Commonwealth v. Gray, 129 Mass., 474; 37 Am. Rep., 378; Cole v. State, 6 Baxt. (Tenn.), 239; 1 Cyc., 963.

En el presente caso lo único que prueban los hechos, es que existió una oportunidad para que los apelantes cometieran el delito ele adulterio, pero ellos por sí solos no prueban que el delito se cometió, ya que el mero hecho de que dos per-sonas de distintos sexos estén solas en una habitación, aunque sea de noche, no es suficiente para llegar a esa conclusión, si no se demuestran además circunstancias de tal naturaleza que permitan deducir que estaban inclinados a realizar el acto sexual y por tanto que aprovecharon aquella oportunidad; 1 Cyc., 963; 1 Am. Digest, p. 2017. Como estas circunstan-cias no han sido probadas en este caso, la evidencia no es su-ficiente para sostener la sentencia condenatoria y debe ser re-vocada y absueltós los apelantes.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.

El Juez Asociado Sr. MacL'eary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Peesidehte Se. Hernández

text:
    Valdivieso, Apelante, v. Rivera, Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 981.
    Resuelto en junio 11, 1913.
    .Jurisdicción de las Cortes Municipales — Procedimiento Hipotecario. — Las Cortes Municipales de Puerto Rico carecen de jurisdicción para conocer del procedimiento sumario establecido por la ley hipotecaria y su reglamento, aunque la cuantía de la reclamación no exceda de $500.
    ^Procedimiento Hipotecario — Jurisdicción de los Juzgados de Primera Instan-cia. — De acuerdo con la Ley Hipotecaria y su reglamento, en relación con la Ley de Enjuiciamiento Civil antigua, los juzgados de primera instancia tenían jurisdicción exclusiva para conocer en primera instancia del procedi-miento sumario hipotecario, cualquiera que fuera el montante de la hipoteca.

      Jurisdicción de las Cortes de Distrito — Procedimiento Hipotecario. — De acuerdo con la Orden General No. 118 de agosto 15, 1899, las cortes de dis-trito tenían jurisdicción exclusiva para conocer de procedimientos sumarios para el cobro de créditos hipotecarios.
    Id. — Procedimiento Hipotecario — Hipotecas de Menos de $500. — La sección 4 de la ley de marzo 10, 1904, para reorganizar el sistema judicial de esta Isla, no dió jurisdicción a las cortes municipales para conocer del procedimiento sumario para el cobro de créditos hipotecarios cuando la cuantía del mismo no exceda de $500, sino que dicha jurisdicción continúa siendo exclusiva de las cortes de distrito, aun cuando la hipoteca sea de menos de $500.
    Jurisdicción de las -Cortes Municipales — Asuntos Civiles — Procedimientos Especiales. — La cuantía de $500 fijada en la sección 4 de la ley de marzo 30, 3904, para reorganizar el sistema judicial de esta Isla, determina la jurisdic-ción de las cortes municipales para conocer de asuntos civiles en los proce-dimientos ordinarios a que se refiere el Código de Enjuiciamiento Civil, pero no es aplicable a los procedimientos que se regulan por leyes especiales, los que continúan vigentes de acuerdo con la ley de procedimientos legales espe-ciales de marzo 9, 1905.
    Los hechos están elpresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: 8r. Rafael Sánchez Montalvo.

    El apelado no compareció.
   El Juez Peesidehte Se. Hernández

emitió la opinión del tribunal.

Con fecha 4 de abril del corriente año Joaquín P. Valdi-vieso presentó escrito a la Corte de Distrito de Ponce, en el que después de alegar ser dueño de un crédito hipotecario por valor de 350 pesos provinciales, equivalentes a $210, con primera hipoteca sobre un predio rústico de 10y2 cuerdas radicado en Pellejas, barrio del pueblo de Adjuntas,' perte-neciente, según el registro, a Jacinto Bivera Torres, cuyo crédito no había sido pagado en todo ni en parte y estaba por consiguiente sin cancelar, concluyó con la súplica de que' en consonancia con los artículos 128 y siguientes de la Ley Hipotecaria y concordantes del reglamento para su ejecución se dictara una orden mandando requerir al deudor, si vive en el lugar donde radica la finca hipotecada o caso contrario al que se halle en posesión de la misma, con el fin de que lo ponga en conocimiento del dueño, para que en el término de 30 días a contar desde el requerimiento verifique el pago de la suma reclamada de $210 con apercibimiento de proceder a la subasta o venta de la finca hipotecada si no se verificare el pago en el término indicado.

Al mencionado escrito recayó en 15 de abril citado, la siguiente resolución:

“No teniendo esta corte jurisdicción para conocer de este proce-dimiento por tratarse de una cuantía inferior a $500 y estar compren-dido el asunto exclusivamente dentro de la jurisdicción de la Corte Municipal de Adjuntas, que es el lugar donde radican los bienes hipo-tecados, se deniega el auto de requerimiento de pago que se interesa.”

Esa resolución está sometida boy a nuestra consideración a virtud de recurso de apelación contra ella interpuesto por el demandante Valdivieso.

Admite la corte inferior en la opinión que fundamenta su resolución, que la jurisdicción en materia de ejecución de hipotecas por el procedimiento sumario, cualquiera que fuera la cuantía del crédito reclamado correspondía primeramente á los juzgados de Ia. instancia y después a las cortes de dis-trito, pero que desde que comenzó a regir la Ley de Reorga-nización Judicial de marzo 10 de 1904, las cortes municipales tienen jurisdicción exclusiva en todos los asuntos civiles de sus distritos hasta la suma de $500 sin que tengan que some-ter todos los asuntos que ante ellas se ventilen a una' deter-minada tramitación, sino que han de conformar la tramita-ción de cada asunto a la establecida por las leyes vigentes.

Opinamos que las Cortes Municipales de Puerto Rico care-cen de jurisdicción para conocer del procedimiento sumario establecido por la Ley Hipotecaria y su reglamento, aunque la cuantía de la reclamación no exceda de $500.

El artículo 128 de la Ley Hipotecaria dispone que el escrito inicial del procedimiento sumario para el cobro de un crédito hipotecario se presente al juzgado o tribunal competente del lugar en que radiquen los bienes; y el artículo 170 del regla-mento para la ejecución de dicha ley establece en su párrafo 3°. que será juez competente el del lugar en que radiquen todos los bienes hipotecados.

Ni la Ley Hipotecaria ni su reglamento admiten diferencias de cuantía para dar jurisdicción en el conocimiento del procedimiento hipotecario a los juzgados de Ia. instancia o a los municipales, según que la cuantía fuera mayor o menor;, pero si acudimos a la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil en cumplimiento del artículo 168 del reglamento, preceptivo de que el procedimiento para el cobro del crédito hipotecario se ajustará a las disposiciones del artículo 128 y siguientes de la Ley Hipotecaria y a las de su reglamento, completadas en la^ forma que el mismo señala por las de la Ley de Enjuicia-miento Civil de Cuba, Puerto Rico o Filipinas, respectiva-mente, encontramos que la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil prescribía en su artículo 714, que los jueces municipales son los únicos competentes para conocer en juicio verbal de toda demanda cuyo interés no exceda de 1,000 pesetas, aunque se funde en documento que tenga fuerza ejecutiva, y el artí-culo 1433, que sólo podrá despacharse ejecución por cantidad líquida en dinero efectivo que exceda de 1,000 pesetas.

De los artículos citados se desprende que sólo el juzgado de Ia. instancia podía conocer de un juicio ejecutivo .cuando éste procedía, y nunca un juzgado municipal.

T si alguna duda pudiera haber sobre la doctrina que aca-bamos de establecer quedaría completamente desvanecida por los preceptos de los artículos 1473, 1475 y 1476 del mismo Código de Enjuiciamiento Civil ya citado, relativos' al recurso de apelación para ante el tribunal superior, cuyo tribunal superior es, según se colige del artículo 1479, la audiencia, siendo por tanto el tribunal a quo el juzgado de Ia. instancia, ante el cual, por consiguiente, había de tramitarse' el juicio ejecutivo en el que se originara la apelación.

Además, los artículos 169 y'172 del reglamento parala ejecución de la Ley Hipotecaria estatuyen respectivamente, que el escrito iniciando el procedimiento sumario debe estar autorizado siempre con firma dé' 'letrado, y' que pára la" su-basta de los bienes hipotecados éstarán de 'manifiesto' en la escribanía los autos y demás títulos' que’ el actor hubiera creído conveniente aportar, de cuyo preceptos se desprende que la intervención de letrado era necesaria en dicho proce-dimiento, lo que no sucedía en los juicios seguidos ante los juzgados municipales, y que el procedimiento tenía que radi-car en un juzgado en que hubiera escribanía, la que no existía en los juzgados municipales, sino en los de Ia. instancia.

La orden general número 118 de agosto 15 de 1899'no esta-bleció innovación alguna respecto a la jurisdicción de las cor-tes de distrito con relación a los juicios ejecutivos y proce-dimientos establecidos en la Ley Hipotecaria, según lo de-muestran los artículos 69 y 71 de dicha orden general.

No abrigamos la menor duda y estamos, por'tanto, confor-mes con la corte de Ponce en que los juzgados de Ia. instancia, con arreglo a la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil, y'las cortes de distrito, con arreglo a la Orden General No. 118, eran las únicas competentes para conocer de procedimientos sumarios para el cobro de créditos hipotecarios.

Pero no podemos estar conformes con la corte inferior acer-ca de que las cortes municipales tengan jurisdicción para cono-cer de esos mismos procedimientos cuando la cuantía del cré-dito reclamado no exceda de $500, desde que comenzó a regir la ley de 10 de marzo de 1904 para reorganizar el sistema judicial de esta Isla y para otros fines.

La sección 4a. de dicha ley dice así:

“A excepción de-lo que se determina más adelante en la presente ley, el juez municipal creado por la presente ejercerá todas las fun-ciones que actualmente corresponden a los jueces de paz y jueces municipales. Tendrá jurisdicción en todos los asuntos civiles que se promuevan en su distrito hasta la suma de $500, intereses inclusive. * *

Según dejamos establecido los jueces municipales no te-nían jurisdicción antiguamente para conocer del procedi-miento sumario sobre cobro de créditos hipotecarios, y en su virtud las actuales cortes municipales carecen también de esa jurisdicción, estando ésta reservada a las cortes de distrito respectivas.

La cuantía de la reclamación servirá para fijar la compe-tencia de las cortes municipales en los procedimientos ordi-narios a qne se refiere el Código de Enjuiciamiento Civil, pero no en los procedimientos qne se regulan por leyes especiales como sucede con los procedimientos establecidos por la Ley Hipotecaria.

La ley sobre procedimientos legales especiales aprobada en marzo 9 de 1905 ordéna en sn último artículo qne queden derogadas todas las leyes anteriores qne la contradigan, pero seguirán vigentes los procedimientos especiales establecidos en el Código Civil, en la Ley Hipotecaria y su reglamento y en cualquiera otra ley en cuanto no esté previsto por ella.

Al resolver el caso de Giménez et al v. Brenes, 10 D. P. R., 128, dejamos establecido que el procedimiento especial para el cobro de créditos garantidos con hipoteca está todavía vigente en su parte inicial o sea basta el requerimiento inclusive al deu-dor para el pago de la deuda y derogado en su parte que po-dría llamarse vía de apremio, es decir, en lo que se refiere a la venta de la propiedad gravada con la hipoteca, venta que debe sujetarse en un todo a lo dispuesto en la ley aprobada en 9 de marzo de 1905 que se refiere al modo de satisfacer las sen-tencias.

Si el procedimiento especial para el cobro de créditos hipotecarios está todavía vigente en su parte inicial, vigente, por tanto, tiene que estar la jurisdicción de las cortes de dis-trito para conocer de ese' procedimiento.

Esta misma Corte Suprema al resolver el caso Ex parte García, 11 D. P. R., 533, en que la Corte de Distrito de Mayagüez se declaró incompetente por care-cer de jurisdicción para expedir una orden, previa publi-cación de edictos al Registrador de la Propiedad de San Ger-mán, con el fin de que procediera a extender én el registro la oportuna nota de quedar convertida en inscripción de domi-nio la de posesión de una finca cuyo valor excedía dó $500, fundándose dicha corte en el artículo 441 del reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria concordante con el 393 de dicha ley, que la parte estimaba derogados por la sección 4a de la ley de 10 de marzo de 1904, dijo:

“Ciertamente que la sección 4a. de la ley para reorganizar el sis-tema judicial de Puerto Eico prescribe, que un juez municipal tendrá jurisdicción en todos los asuntos civiles que se promuevan en su distrito hasta la suma de $500, intereses inclusive; * * * pero entendemos que semejante precepto debe contraerse a los asuntos civiles de carácter ordinario sin que pueda estimarse como excepción a la regla general con que principia aquella sección y que dice así: ‘A excepción de lo que se determina más adelante en la presente ley, el juez municipal creado por la presente ejercerá todas las funciones que actualmente (o sea en la fecha de la ley, 10 de marzo de 1904), corresponden a los jueces de paz y jueces municipales.’ Si a los jueces -municipales correspondía en la fecha indicada la instrucción de la información para convertir en inscripción de dominio la de posesión de una finca, sea cual fuere Su cuantía, según el artículo 441 del reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria en relación con el 393 de esa ley, es obvio que dicha jurisdicción les ha sido reco-nocida por la sección 4a. de la ley de 10 de marzo de 1904 y que actualmente continúan careciendo de ella las cortes de distrito.”

Y a contrario sensu, haciendo aplicación de dicha doctrina, al presente caso, opinamos que si a las cortes de distrito corres-pondía en la fecha de la ley de que se deja hecho mérito el conocimiento del procedimiento sumario para el cobro de cré-ditos hipotecarios, sea cual fuere su cuantía, dicha jurisdic-ción no ha sido reconocida a las cortes municipales por la. sección 4a de la ley de 10 de marzo de 1904, cuando la cuantía, del crédito hipotecario no excede de $500, y por tanto conti-núan careciendo de ella por ser privativa antes y ahora, de-las cortes de distrito.

Finalmente las cortes de distrito como cortes de jurisdic-ción general tienen el conocimiento de todos los asuntos con excepción de aquellos que expresamente se reseiven a otras, cortes, y no encontramos precepto alguno expreso y termi-nante que reserve a las cortes municipales el conocimiento-de las reclamaciones para el cobro de créditos hipotecarios cuya cuantía no exceda de $500. El artículo final de la Ley Hipotecaria, o sea el 413 de la misma, dispone que ninguno de sus artículos podrá ser derogado sino en virtud de otra ley especial. No existe ley alguna especial derogatoria que atribuya jurisdicción a las cortes municipales para conocer del procedimiento sumario en cobro de créditos hipotecarios cuando la cuantía sea inferior a $500, y en su virtud dicha jurisdicción continúa reservada a.las cortes de distrito, que actualmente sustituyen a los antiguos juzgados de Ia. instancia.

Por las razones expuestas es de revocarse la resolución apelada, debiendo el juez dictar la que proceda con arreglo a derecho. '

Revocada con instrucciones ál tribunal inferior para que dicte la resolución que proceda con arreglo a derecho.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Asociado 'Sr. del Toro

text:
    El Pueblo, Apelado, v. Medina, Apelante.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de.San Juan, Sección 2a.
    No. 603.
    Resuelto en junio 11, 1913.
    Lotería — Derechos y Responsabilidades de las Partes en Contratos Sobre Loterías — Casos Civiles — Causas Criminales. — El juego de lotería está prohibido en Puerto Rico y es una regla bien establecida que en las transac-ciones verificadas con motivo de tal juego, las cortes dejarán a las partes en . la misma situación en que se encuentren y no les prestarán su ayuda para obtener su cumplimiento o rescisión, pero, cuando se trata de causas criminales que se originen con motivo de tales transacciones, la regla es distinta ya que entonces el poder de la justicia no se empleará en ayudar a un individuo a conseguir el fruto de un acto ilícito, sino en perseguir a un delincuente.

      Abuso de Confianza. — El hecho de apropiarse una persona, ilegal, voluntaria y maliciosamente, del importe del premio de un billete de lotería que otra persona le había confiado para que se lo guardara, es constitutivo de un delito de abuso de confianza.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

    El apelante no compareció.
   El Juez Asociado 'Sr. del Toro

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación interpuesto contra sentencia de noviembre 18, 1912, dictada por la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., condenando a Felipe o Félix Medina, el apelante, como autor de un delito de abuso de con-fianza, a sufrir la pena de un año de presidio non trabajos forzados.

La acusación, en lo pertinente, dice así: “El citado Felipe o Félix Medina, allá en uno de los días del mes de noviembre de 1911, en la jurisdicción de San Juan, que forma parte del Distrito Judicial de San Juan, ilegal, voluntaria y maliciosa-mente, habiendo recibido de Inocencio Hernández un décimo de la lotería de Santo Domingo, marcado el número 9562 para que se lo guardara y devolviera cuando se lo pidiera, al saber que dicho décimo había salido premiado con el premio mayor de la lotería de Santo Domingo, se apropió de dicho décimo cobrándolo y apropiándose su importe, privando así a Inocencio Hernández de la suma de $1,000 que era su valor. ’ ’

No se ha incluido en la transcripción la prueba practicada y la única cuestión a considerar es si los hechos imputados al acusado en la acusación son o nó constitutivos de delito pú-blico. El apelante no compareció a la vista- del recurso cele-brada el día 4 de junio actual, pero aparece que sostuvo en la corte inferior la no existencia del delito, basándose en el hecho de proceder de un premio de lotería el dinero que se decía apropiado y en el de ser la lotería un juego prohibido por la ley en Puerto. Eico.

A nuestro juicio, carece de fundamento la teoría del acusado. •

Es cierto que el juego de lotería refiriéndose al cual dice el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de Phalen v. Virginia, 8 How., 163, 168, que “la experiencia de-muestra que las formas comunes del juego son comparativa-mente innocuas si se las compara con la plaga de la lotería, ya que las primeras están circunscritas a pocos lugares y per-sonas, mientras que la última infesta la comunidad entera, penetra en cada bogar, llega a cualquier clase, se lleva las ganancias del pob^e tan duramente obtenidas y saquea a las personas ignorantes y sencillas, ’ ’ está prohibido por la ley en Puerto Eico, y es cierto también que la ley no concede acción para reclamar lo que se gana en un juego de suerte, envite o azar (artículo 1700 del Código Civil), y que es una regla bien establecida que en transacciones con motivo de loterías, como generalmente en todos los contratos ilegales, las cortes de-jarán a las partes en la misma situación en que se encuentren y no les prestarán su ayuda para obtener el cumplimiento o la rescisión del contrato (25 Cyc., 1655); pero es cierto también que aquí no se trata de un caso civil, sino de una causa criminal y que, siendo ello así, la regla que debe aplicarse es dis-tinta, ya que el poder de la justicia no va a emplearse en ayudar a un individuo a conseguir el fruto de una transacción ilícita, sino en perseguir a un delincuente, autor de un acto claramente constitutivo de delito.

“Se alega además por el abogado del apelante, tanto en su moción para eliminar como en la que pidió el sobreseimiento provisional, que el segundo cargo que contiene la acusación es erróneo por haber que-dado probado que los dineros de Miller, objeto del abuso de confianza imputado, se cobraron por virtud de un billete de lotería, y como las loterías estaban prohibidas por las leyes del estado, dichos dineros tenían una procedencia ilegal. U. S. Express Co. v. Lucas, 36 Ind., 361; Rothrock v. Perkinson, 61 Ind., 39; State v. Tumey, 81 Ind., 559. En el caso últimamente citado la opinión del tribunal termina como sigue: ‘ En tal caso nos parece que el hecho, si es que lo fué, de haber recibido dicho dinero el apelado como tal agente de su principal, así como la asociación fundada ■ en una causa ilegal para realizar un negocio prohibido por la ley, no constituyó una defensa válida y sufi-cíente para el apelado en el proceso que se le siguió por la supuesta malversación de.dicho dinero.’ ” Woodward v. State, 103 Ind., 127; 2 Northeastern Reporter, 324.
“Una persona vende pools y se apodera del dinero que pertenece al comprador. El hecho de que el dinero se pusiere en manos del vendedor para el propósito de un juego,- es inmaterial.” State v. Shadd, 80 Mo., 358; 18 American Digest, Century Edition, 671.

Véase también el caso de González v. Ortiz, 17 D. P. R., 593.

Decidida la cuestión suscitada en el sentido que dejamos expuesto y habiendo examinado la transcripción y no apare-ciendo de ella que se baya cometido error fundamental alguno, el recurso debe declararse sin lugar y confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Aldeey

text:
    Márquez et al., Apelantes, v. Jordi, Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo.
    No. 908.
    Resuelto en junio 16, 1913.
    Bienes Gananciales — Donación.—A otorgó un documento confesando haber, reci-bido de B la suma de 5,000 pesos con la obligación de entregarla de por mitad a las dos hijas de B, dos años después de la muerte de B y su esposa, pagando A mientras tuviera el dinero en su poder una renta anual. Se re-solvió qué dicho documento no constituye un préstamo con respecto a las hijas, sino una donación hecha por B a favor de ellas para después de su muerte por medio de fideicomisario y de pura liberalidad, y que dicha cantidad eran bienes propios de sus, hijas y no tenían el carácter de bienes gananciales, pudiendo cualquiera de ellas disponer libremente de su parte sin el consenti-miento ni autorización del esposo.
    Bienes Parafernales — Enajenación—Licencia Marital — Derechos Adquirí- . dos. — La licencia marital exigida por las leyes anteriores al Código Civil revisado para que la esposa pudiera enajenar sus bienes parafernales, pudo ser suprimida por diclio Código Civil revisado sin perjudicar derechos adqui-ridos por el esposo en virtud de las leyes vigentes al tiempo de contraer el matrimonio.
    Sociedad de Gananciales — Derechos Adquiridos — Fundamentos Esenciales. — ■ El fundamento principal en la sociedad de gananciales regulada por la ley, es el derecho que adquieren los cónyuges para que a la disolución del matri-monio se dividan de por mitad entre ambos los beneficios o ganancias que durante el matrimonio se hayan obtenido, y esto que constituye un derecho adquirido no puede ser modificado por la legislatura sin causar perjuicio a los cónyuges que bajo ese régimen celebraron su matrimonio.
    Pruebas — Admisión Condicional de un Documento — Errores sin Importan-cia. — Aun cuando la mejor práctica es resolver la admisibilidad de la evi-dencia en el momento en que se presenta y se objeta, sin embargo cuando el caso es juzgado sin jurado, no constituye error fundamental el eliminar des-pués la prueba que fué admitida condicionalmente, porque la corte está en mejores condiciones para sustraerse a la impresión producida por tal clase de prueba.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de los apelantes: Sr. Luis Llorens Torres.

    Ahogado del apelado: Sr. Antonio Sarmiento.

   El Juez Asociado Se. Aldeey

emitió la opinión del tribunal..

Por escritura pública de 26 de noviembre de 1893, Nicanor Ferrer compró a Francisco Torres Rodríguez un solar en la plaza de Arecibo, por precio que el vendedor confesó recibido. En el propio documento se hizo constar, además, que con anterioridad a aquel acto el comprador había reci-bido de manos del-vendedor, cinco mil pesos para' entregar por partes iguales a las hijas de éste nombradas Avelina y Concepción, a los dos años de Ig, muerte de sus padres Francisco de Torres Rodríguez y Josefa de Torres Ramos, cuyo capital devengaría intereses que serían pagados a los espo-sos mientras vivieran y luego a las hijas hasta el pago del capital, e hipotecó el expresado solar y cuanto en él edificara a favor de los expresados esposos, hasta la cantidad de mil pesos, por las rentas que a ellos se debieran y también a favor de las dos mencionadas hijas por el capital y las rentas a ellas correspondientes.

Más tarde, la hija Concepción cedió la parte a ella corres-pondiente en ese crédito hipotecario al demandado Antonio Jordi Pericas, por escrituras de 8 de septiembre de 1906 y 26 de enero de 1907, cuya, nulidad solicitan atora sus hijos, como únicos herederos de su padre Miguel Márquez, por el fundamento de que Doña Concepción otorgó los documentos de cesión sin el consentimiento del esposo, siendo así que se trataba de bienes gananciales y que aunque no lo fueran, sino propios de ella, necesitaba la licencia de su marido, toda vez que celebrado su matrimonio antes de promulgarse el Código Civil Devisado, no es a ellos aplicable el precepto de-éste que permite que la mujer disponga de sus bienes propios sin la licencia de su consorte.

En apoyo de que el crédito cedido era un bien ganancial, alegan los apelantes que del documento en que se constituyó el crédito hipotecario aparece, que la adquisición fué hecha por Concepción Torres, siendo casada, en pago de un dinero que había prestado a su padre. El particular a que se hace referencia del documento dice así:

“El Sr. Ferrer confiesa haber recibido del Sr. Torres Rodríguez la suma de cinco mil pesos moneda corriente, para entregarla, cual así se obliga a verificarlo, a los dos años de la muerte de aquél si ya hu-biere fallecido su consorte Doña Josefa' de Torres y Ramos o de la muerte de ésta, en contrario caso a sus comunes hijas Doña Avelina y Doña Concepción Torres y Torres, de por mitad, a quienes para en-tonces les deben ellos esa cantidad así repartida y en tanto vivan los dichos padres o cualquiera de éstos, habrá de pagarles el Sr. Ferrer a los dos o al sobreviviente, según los casos, la renta anual. ’ ’

Las anteriores palabras no demuestran préstamo alguno de Doña Concepción a sus padres, pero aunque lo demostra-ran, como sostienen los apelantes, no conociéndose la fecha de la entrega por la hija, faltaría base para sostener que el dinero fué prestado durante su matrimonio y no antes. El concepto legal de esas palabras no es otro que el de una dona-ción hecha por los padres para después de su muerte, a favor de esas dos hijas por fideicomisario y como tal de pura libe-ralidad, por lo que el mismo título de adquisición lucrativa destruye la presunción de que sea ganancial, por haber sido adquirido durante el matrimonio, y de acuerdo con el artí-culo 1396 del Código Civil español y el 1314 del vigente, es un bien propio de la esposa.

Añora bien, cuando en 1906 y 1907 Doña Concepción de Torres cedió ese crédito al demandado, ya estaba en vigor el Código Civil Revisado, por cuyo artículo 160, cada uno de los cónyuges tiene la libre disposición y administración de sus bienes propios y pudo por tanto disponer libremente de él sin consentimiento ni autorización del esposo, requerido por ese código solamente cuando de bienes gananciales se trata.

La cuestión propuesta por los apelantes de que aun tra-tándose de bienes parafernales o propios de la esposa era necesario el consentimiento del marido para la cesión que verificó su madre, carece, de fundamento. Es cierto que antes de regir el Código Civil Revisado la mujer necesitaba la licen-cia marital para enajenar o gravar sus bienes parafernales, cuyo requisito ña suprimido el artículo 160 del código añora vigente, pero tal supresión no perjudica ningún derecho ad-quirido por el esposo por el hecho de que su matrimonio se celebrara bajo un régimen legal de gananciales que 'exigía su licencia. Lo fundamental en la sociedad de gananciales regulada por la ley, es el derecho que adquieren los cónyu-ges, de que a la disolución del matrimonio se dividan de por mitad entre ambos los' beneficios o ganancias que durante el matrimonio se hayan obtenido, derecho que no puede ser mo-dificado sin causar perjuicio a los cónyuges que bajo ese régimen celebraron su matrimonio; mas la licencia marital exigida por las leyes anteriores al Código Civil Revisado, para disponer la esposa de los bienes parafernales o pro-pios, pudo ser suprimida por el código vigente sin perjudi-car derechos adquiridos, por el esposo, porque tal requisito no era fundamental de la sociedad de gananciales, ya que en nada afectaba al derecho de hacer cada cónyuge suya la mitad de las ganancias y no tenía otro motivo que los respetos sociales de subordinación al jefe de la familia1. Por consi-guiente, pudo Concepción Torres otorgar válidamente esas escrituras de cesión de un bien propio suyo sin licencia de su marido, después de publicado el Código Civil Revisado, sin infringir la regia primera transitoria del código. Más trascendental que esa licencia era para el marido la facultad que tenía de disponer de los bienes de la sociedad conyugal por sí solo, sin consentimiento de la esposa, el que luego se ba becbo necesario por el código que está en vigor y, sin embargo, en el caso de Amadeo v. El Registrador, 3 D. P. R., 262, se resolvió que tal consentimiento es necesario para los actos celebrados con posterioridad al código, aunque el matri-monio se hubiera verificado bajo el régimen anterior que no lo exigía.

Otro punto también tratan los apelantes alegando error en la corte al admitir cierta prueba impertinente contra la objeción que bicieron en el juicio. El demandado presentó una certificación conteniendo una carta, cuyo documento fué admitido por la corte inferior condicionalmente, pero luego al resolver el caso dejó de tomarla en consideración, por no estar justificada la autenticidad y admisibilidad de dicba prueba. Hemos dicbo recientemente en el caso de Rivera v. Díaz, (pág. 548), que aun cuando la mejor práctica es resolver en el mismo juicio sobre la admisibilidad de la evidencia, sin embargo, cuando el caso es juzgado sin jurado, no constituye error fundamental el eliminar después la prueba imperti-nente, porque la corte está en mejores condiciones para sus-traerse a la impresión producida por tal clase de prueba.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández

text:
    Figueroa, Apelante, v. Díaz et al., Apelados.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Jnan, Sección Ia.
    No. 853.
    Resuelto en junio 16, 1913.
    Hijos ' Naturales — Acción de Nulidad de Declaratoria de Herederos — Prue-bas. — En una aeeión sobre nulidad de declaratoria de herederos, entablada por una hija natural bajo el supuesto de que ha sido reconocida debidamente por su padre, cuya alegación fué negada por el demandado, la única prueba pertinente para justificar la alegación fundamental del reconocimiento es el documento público y fehaciente que lo acreditara o la sentencia ejecutoria que lo ordene.
    Id. — Acción de Nulidad de Declaratoria de Herederos — Pruebas.—En una acción sobre nulidad de declaratoria de herederos entablada por una hija natural bajo el fundamento de haber sido reconocida debidamente por el padre, es inadmisible como prueba para justificar tal reconocimiento, un docu-mento que contiene la manifestación hecha por una hermana del supuesto padre natural de que la sucesión de éste, compuesta de ella y otra hermana y de su hija la demandante, ha estado en posesión de determinada finca.
    Id. — Acción de Reconocimiento — Pruebas—Acta de Matrimonio de la Hija Natural. — No constituye un reconocimiento auténtico y fehaciente el hecho de que el supuesto padre de la hija natural asistiera a la celebración del matrimonio de ella y firmara el acta en donde se hacía constar que la contra-yente era hija reconocida del mismo, cuando no aparece que él hiciera mani-festación alguna expresa acerca del reconocimiento, ni siquiera indicara que daba consentimiento a su hija para contraer matrimonio.
    Id. — Acción de Reconocimiento — Necesidad de Ejercitarla. — El ejercicio de la acción de reconocimiento es indispensable cuando el padre no lo ha hecho o se niega a hacerlo de una manera solemne, pudiendo sólo prescindirse del ejercicio de dicha acción, cuando de tal reconocimiento existe constancia auténtica -y fehaciente, o ha sido declarado por sentencia de tribunal com-petente.
    Id. — Partida de Bautismo y de Matrimonio. — La mera expresión en una partida de bautismo del reconocimiento de una persona como hijo natural, no consti-tuye prueba de presunción de que tal reconocimiento se hizo, pues tanto dicha partida como la de matrimonio solamente hacen fe -de la administración del bautismo y de la celebración del matrimonio en la fecha que expresan.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Rafael López Landrón.

    Abogado de las apeladas: Sr. José Martínez Dávila.

   El Juez Presidente Sr. Hernández

emitió la opinión del tribunal.

Con fecha 8 de marzo del año 1911 produjo demanda ante la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, Ramona Figueroa v. Teresa y Encarnación Díaz, para que se anulara la orden dictada por dicha corte por los meses de octubre a noviembre del año de 1910, declarando a las deman-dadas herederas de Pablo Díaz conocido por Pablo Figueroa Díaz y en su lugar se declarara a la demandante única y universal heredera del Pablo Díaz con las costas, desem-bolsos y honorarios de abogado a cargo de las demandadas.

Como hechos fundamentales de su demanda alega Ba-mona Figueroa:

Primero. Que es hija natural reconocida de Pablo Díaz conocido por Pablo Figueroa Díaz.

Segundo. Que Pablo Díaz falleció en el poblado de Ca-taño, jurisdicción de Bayamón, el 2 de mayo de 1908 sin otorgar disposición testamentaria alguna.

Tercero. Que las demandadas por los meses de octubre a noviembre de 1910 solicitaron y obtuvieron de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., una orden declarándolas herederas abintestato de Pablo Díaz, sin perjuicio de tercero, bajo la alegación falsa de ser las únicas herederas en línea colateral de Díaz, por no haber dejado éste descendientes legítimos ni ilegítimos reconocidos ni tampoco ascendientes.

A dicha demanda opusieron las demandadas la excepción previa de que no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción, cuya excepción fué desestimada y en-tonces contestaron la demanda negando general y específi-camente todos y cada uno de los hechos consignados en la •misma.

Celebrado el juicio la corte dictó.sentencia en 4 de diciem-bre de 1911 denegando las pretensiones de la demanda sin especial condenación de costas, y fundando su decisión en que no existe prueba suficiente del reconocimiento de la de-mandante Bamona Figueroa por su padre, Pablo Díaz, cono-cido por Pablo Figueroa Díaz, pues si bien ese reconocimiento expreso o tácito puede acreditarse por cualquiera de los me-dios probatorios admitidos en derecho, cuando se entabla la acción' de filiación, no sucede lo propio en el presente caso en-que se fia ejercitado la acción de nulidad de declaratoria de herederos bajo la alegación fundamental de que la de-mandante fné .reconocida, cuyo reconocimiento debe constar en forma debida para que tenga eficacia legal a los fines per-seguidos en la demanda.

Contra la sentencia expresada interpuso la representa-ción de la demandante recurso de apelación para ante esta Corte Suprema.

Examinado el escrito de exposición del caso resulta que la demandante propuso en evidencia los siguientes docu-mentos :

Primero. Partida de nacimiento de Ramona Figueroa, de la que aparece que fue bautizada en 16 de febrero de 1874-con el nombre de Ramona del Carmen y que nació en 5 de diciembre del año anterior, en cuya partida se consigna que es fiija natural reconocida de Pablo Figueroa y de Juana Canales, que son sus abuelos paternos Ramón Figueroa y Carmen Díaz, abuela materna Cecilia Canales y padrinos Ramón y Encarnación Figueroa.

Segundo. Acta de defunción de Pablo Figueroa ocurrida en 2 de mayo de 1908, en la que se consigna que era fiijo legí-timo de Ramón Figueroa y Carmen Díaz, que estaba soltero al ocurrir su fallecimiento y que deja una fiija nombrada Ramona.

Tercero. Acta de matrimonio de Ramona Figueroa y Eu-logio del mismo apellido, qué para la mejor apreciación de su contenido con relación al reconocimiento de la deman-dante, transcribimos íntegra a continuación, y dice así:

“Número 48. Don Eulogio Figueroa y Rivera con Doña Ramona Figueroa y Canales. En Puerto Rico, boy día de la fecha, se procedió a transcribir el matrimonio canónico a que se refiere el acta que co-piado dice así: ‘En Puerto Rico término municipal de la capital a cinco de abril de mil ochocientos noventa y tres; hallándome yo e) infrascrito Don Lupercio 011er, en la iglesia parroquial de San Frgu-cisco de Asís, adonde me trasladé como delegado nombrado por el Sr. juez municipal del referido distrito, para asistir en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 77 del Código Civil, a la celebración del matrimonio convenido entre Don Eulogio Figueroa y Rivera y Doña Ramona Figueroa y Canales y en virtud de orden del propio juez, declaro, que a mi presencia ba procedido el presbítero Don Eulogio García de Caso, Cura Párroco de la referida iglesia, a unir en matri-monio canónico a los referidos Don Eulogio Figueroa, de edad de veinte y un años, natural de Santo Domingo, vecino de esta capital hijo reconocido de Don José Figueroa y Doña Silveria, y Doña Ramona Figueroa, de edad de diez y nueve años, natural de la capital y vecina de la misma, hija reconocida de don Pablo Figueroa y Doña Teresa Canales, habiendo asistido además a dicho acto el padre y madre de la desposada y testigos don Pedro Manuel Padial, mayor de edad y vecino de esta capital y Don Eusebio Vázquez, mayor de edad y vecino de esta capital, y para que conste levanto la presente acta de inscrip-ción del expresado matrimonio, lo cual será transcrito inmediatamente en la sección de matrimonio del registro civil del juzgado municipal a los efectos del artículo 77 del Código Civil, firmándolo conmigo los testigos asistentes y los contrayentes con el padre de la novia después de enterado de su contenido, de lo que certifico. Luperció Oiler. Eulogio Figueroa y Rivera. Ramona Figueroa y Canales. Pedro M. Padial. Eusebio Vázquez. Pablo Figueroa. Hay seis rúbricas. El acta transcrita queda archivada en este Registro Civil en el legajo número uno de la sección de matrimonios. Puerto Rico a cinco de abril de mil ochocientos noventa y tres. Entre paréntesis. Contra-yentes. No vale. Firmado, Manuel F. Rossy,. Damián Monserrat. Hay un sello. Don José A. Hernández Vélez, Secretario Accidental y Encargado del Registro Civil.de San Juan.”

Cuarto. Copia de una instancia jurada y firmada por Teresa Figueroa en 29 de abril de 1910, en cuya instan-cia pide Teresa Figueroa a la comisión designada para transar las reclamaciones de terrenos en el barrio de Cataño del municipio de Bayamón, que les sea concedi-da a ella y a su hermana Encarnación Figueroá,. la pro-piedad de cierto solar que describe, a cuyo , fin alega, que dicho solar fué concedido a Pablo Figueroa por el Concejo Municipal de Bayamón • en 1904, y Pablo Figueroa lo mejoró poniéndolo' en buen estado de higiene y salubridad, habiendo construido en él una casa de maderas que poseyó en unión del solar, basta su muerte, desde la cual habían estado en posesión de la finca sus hermanas Teresa y Encarnación Figueroa y su hija Ramona, sus sucesoras hoy, cuya sucesión había construido posteriormente al cos-tado de la casa, una casita de madera destinada a depósito de leche.

Quinto. Copia del récord de Teresa Díaz conocida por Teresa Figueroa sobre declaratoria de herederos abintestato de Pablo Díaz, de la que aparece que a solicitud jurada de Teresa Díaz y mediante la documentación que presentaron fue-ron declaradas por orden de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., de 31 de octubre de 1910, únicas y univer-sales herederas de Pablo Díaz conocido generalmente por Pablo Figueroa Díaz, sus hermanas Teresa y Encarnación Díaz, por partes iguales, sin perjuicio de tercero de igual o de mejor derecho.

La representación de las demandadas se opuso a la admi-sión de la partida de nacimiento de Ramona Figueroa, del acta de defunción de Pablo Figueroa y del acta de matrimo-nio de Ramona Figueroa, porque el primer documento no está suscrito por Pablo Figueroa y sólo hace prueba de la fecha del nacimiento de la demandante, ^porque el segundo documento prueba exclusivamente la defunción de Pablo Figueroa, y por-que el acta de matrimonio de Ramona Figueroa es imperti-nente, toda vez que sólo prueba que Ramona Figueroa es casada.

La corte admitió la partida de bautismo para probar la fecha en que éste se verificó, pero no las manifestaciones que puedan hacerse en esa partida; admitió también la partida de defunción de Pablo Figueroa con el fin de probar su falle-cimiento y admitió por último el acta de casamiento de Ramona Figueroa, sin perjuicio de darle la validez que en derecho tenga.

No aparece que contra esas resoluciones de la corte se tomara excepción alguna.

También se opuso la representación de las demandadas a que se admitiera copia de la instancia jurada presentada por Teresa Figueroa a la comisión designada para transar las reclamaciones de terrenos en el barrio de Cataño del muni-cipio de Bayamón, en la que la Teresa afirma que ella y Encarnación Figueroa, hermanas del Pablo Figueroa y Bamona, bija de éste, están en posesión de cierta finca del Pablo Figueroa, alegando como razón de su oposición que nadie más que Pablo Figueroa puede reconocer a su bija Bamona. Esa objeción fué sostenida por la corte y la repre-sentación de la demandante tomó excepción.

Hemos reseñado las pruebas practicadas en el juicio a instancia de la parte demandante, pues las demandadas no propusieron prueba alguna.

Los motivos legales en que la parte apelante funda su recurso pueden sintetizarse en los siguientes:

(а) Que la corte inferior cometió error al sostener la objeción de las demandadas contra la admisión de la instan-cia jurada presentada por Teresa Figueroa a la comisión designada para transar las reclamaciones de terrenos en el barrio de Cataño del municipio de Bayamón.

(б) Que también cometió error la expresada corte al no estimar justificado por el acta de matrimonio de Bamona Figueroa con Eulogio del mismo apellido, el reconocimiento de la filiación natural de la primera por su padre Pablo Figueroa, siendo como es aquella acta un documento público auténtico y solemne.

' (c) Que además erró la corte inferior al- establecer que se bace necesario ejercitar previamente la acción de filiación contra un padre natural que ba reconocido pública y solem-nemente de manera indubitable a su bija ilegítima.

(d) Que la corte inferior infringió su orden de 31 de octu-bre de 1910 que declaró herederas de Pablo Figueroa Díaz a las hermanas Teresa y Encarnación Díaz sin perjuicio de tercero de mejor derecho que pudiera presentarse a reclamar derechos hereditarios, como lo es la dem'andante.

(e) Que la corte inferior erró al estimar que la partida de bautismo sólo es admisible como prueba de su adminis-tración y al no admitirla como prueba de presunción de la filiación derivada del hecho de consentirse sin reclamación ni protesta que figure en los archivos públicos parroquiales como hija natural de cierto padre, ,1a que no lo fuera.

Examinemos por su orden los errores que dejamos apun-tados.

ERRORES.

(a) La alegación hecha por Teresa Figueroa en el escrito o instancia de 29 de abril de 1910 que aquella dirigió a la comisión designada para transar las reclamaciones de terre-nos en el barrio de Cataño del municipio de Bay anión, con el fin de que a ella y a su hermana Encarnación les fuera re-conocida la propiedad de cierto solar cedido a Pablo Figueroa por el concejo municipal de dicho pueblo en 1904, expre-siva esa alegación de que Teresa y Encarnación Figueroa, hermanas de Pablo Figueroa y su hija Bamona, constituyen-tes de la sucesión del Pablo Figueroa habían estado en pose-sión de la finca reclamada, no era prueba admisible en el presente juicio, cuyo objeto no es el reconocimiento de la filia-ción natural de la demandante sino la nulidad de la declara-toria de herederas de Pablo Figueroa Díaz hecha a favor de las demandadas.

Habiéndose establecido como uno de los hechos funda-mentales de la demanda el reconocimiento de la filiación de la demandante por Pablo Díaz conocido por Pablo Figueroa Díaz, sin ejercitarse la acción de reconocimiento y negado como fué tal reconocimiento por las demandadas, la única prueba pertinente para justificar la alegación fundamental del reconocimiento era el documento público y'fehaciente que lo acreditara o la sentencia ejecutoria que lo ordenara.

En la instancia de que se deja hecho mérito Pablo Figueroa no reconocía como su hija natural a la demandante, ni tampoco la manifestación hecha por Teresa Figueróa de que ella con sn hermana, Encarnación, y con la demandante, hija de Pablo Figneroa, componían la sucesión de éste, era bas-tante para suplir la falta de reconocimiento solemne por parte de Pablo Figneroa.

No aparece de la instancia a que nos referimos que Pablo Figueroa hubiera reconocido en forma auténtica a la deman-dante y por tanto la corte sostuvo con razón la oposición de las demandadas a la admisión de semejante prueba.

(b) Tampoco el acta de matrimonio de la demandante Ramona Figueroa con Eulogio del mismo apellido en los tér-minos en que está redactado constituye prueba satisfactoria del reconocimiento de Ramona Figueroa por Pablo Figueroa Díaz, por más que dicha acta sea un documento público y fehaciente. Según el apartado Io. del artículo 1186 del Có-digo Civil, los documentos públicos hacen prueba aun contra tercero del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de éste. Haciendo aplicación de ese precepto al presente caso, tendremos que el acta de referencia demostraría la celebra-ción del matrimonio de la demandante con Eulogio Figueroa y que ese matrimonio fué celebrado en la fecha que se indica. Aunque en el acta se consigna que Ramona Figueroa es hija reconocida de Pablo Figueroa y éste firmó dicha acta, no aparece que él hiciera manifestación alguna expresa acerca del reconocimiento, ni siquiera se indica que diera el consen-timiento a su hija para contraer matrimonio, no ejecutó acto alguno que demostrara el reconocimiento de un modo indu-dable, pues el hecho de haber firmado el acta sin dar expli-cación alguna de que al firmarla tuviera el propósito de mani-festar su conformidad con la paternidad que se le atribuía, tiende más bien a testificar la celebración del matrimonio y su asistencia al mismo, que al reconocimiento de la filiación de Ramona Figueroa. Esa acta de matrimonio no es un documento público y solemne que demuestre el reconoci-miento de Ramona Figueroa y por tanto, no cometió la corte inferior el error que se le atribuye.

(c) Huelga discutir este error, pues parte de un supuesto' falso, o sea de que Pablo Figueroa ba reconocido pública y solemnemente de manera indubitable a la demandante. Ya hemos resuelto en el caso de Calaf et al. v. Calaf, 17 D. P. R., 198, que con arreglo a la doctrina legal consignada en los casos de Amsterdam et al. v. Puente et al., 16 D. P. R., 554, de Puente et al. v. Puente et al., 16 D. P. R., 582, y en el de Rijos v. Folgueras et al., 16 D. P. R., 624, se bace preciso ejercitar la acción de reconocimiento cuando el padre no lo ba becbo o se niega a hacerlo de una manera solemne, pudiendo sólo prescindirse-del ejercicio de dicha acción cuando de tal reconocimiento existe constancia auténtica y fehaciente o ba sido declarado por sentencia de tribunal competente.

(d) Tampoco existe el error letra d, pues no habiendo estimado la corte que la demandante justificara ser bija natural reconocida de Pablo Figueroa, .en cuyo concepto solicitó se le declarara única y universal heredera del mismo, lejos de ser infringida la orden de 31 de octubre de 1910 que decla-raba herederas a las demandadas sin perjuicio de tercero de mejor derecho, tuvo debida aplicación.

(e) Para contradecir ese error nos basta reproducir lo que ya dijimos al resolver el caso de Rodríguez v. Rodríguez et al., 18 D. P. R., 440:

“Las partidas de bautismo y de matrimonio como en general todos los documentos públicos, hacen fe del hecho que motivó su otorga-miento y de la fecha de éste o sea de la administración del bautismo y de la celebración del matrimonio en la fecha que expresan; pero no de la veracidad de las manifestaciones que en ellas se inserten respecto de la filiación o estado del bautizado o casado. Esa es la doctrina legal derivada de sentencias del Tribunal Supremo de España de 28 de junio de 1864, 18 de marzo de 1873, 24 de junio de 1897, y 13 de junio de 1899, doctrina conforme con el precepto del artículo 1186 del Código Civil vigente. ’ ’

La alegación hecha por la parte apelante de que la mera expresión en una partida de bautismo del reconocimiento de una persona como hija natural constituye prueba de pre-sunción de que tal reconocimiento se hizo, es abiertamente errónea, pues no conocemos ley alguna substantiva o adje-tiva que autorice dicha presunción.

Por las razones expuestas procede la confirmación de la sentencia apelada.

Confirmada.

Juez concurrente: Sr. Aldrey.

Juez disidente: Sr. del Toro.

El Juez Asociado Sr. Wolf firmó haciendo constar estar conforme con la sentencia y reservándose el emitir voto con-currente.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso..