text:
    Carmen A. Negrón Matos, Ivette Vega Ramírez, Alvin Valentín Serrano, Eileen Alméstica Sastre, Luis A. Méndez Morales, Ana Camacho Villegas, Olga L. Arce Méndez, Brenda L. Santos Ramírez, Mariluz Cruz Zayas, Omayra Garay García, Cristian Malavé Arson, Lizbeth Berríos Pérez, Yanilda Verdejo Rodríguez, Kamalis Torres Alamos, José Díaz Ramos, Marilyn Gómez Rivera, Héctor M. Degracia Piñeiro, Tiffany Díaz, Carlos Rubén Figueroa Martínez, Christian Varela Valentín, Luisa M. Torres Ramírez, María Román Rosa, Tania S. Ruiz Quiñonez, Ángela B. Santana Díaz, Carmen Rivera Irizarry, Aymé de la C. Burgos Sosa y Carmen M. Pabón Rivera, peticionarios, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Junta de Reestructuración y Estabilización Fiscal y Ádministración de Instituciones Juveniles, recurridos.

      Número: CT-2009-08

      Resuelto: 9 de junio de 2010

      William Díaz Natal, abogado de la parte peticionaria; Eliezer Aldarondo Ortiz, Rosa Campos Silva, Somone Cataldi Malpica y Eliezer A. Aldarondo López, abogados de la parte recurrida.
   La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez

emitió la opi-nión del Tribunal.

Este caso presenta controversias importantes relaciona-das al plan de reducción de gastos que el Gobierno del Es-tado Libre Asociado de Puerto Rico ha implantado a través de la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009, “Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Cré-dito de Puerto Rico”, mejor conocida como la “Ley 7”, que no fueron atendidas en nuestro reciente dictamen en Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, 178 D.P.R. 1 (2010). De-bemos determinar en esta ocasión si por motivo de la en-mienda sometida a la Ley 7 por la Ley Núm. 37 de 10 de julio de 2009 (Ley 37), los peticionarios, empleados todos de la Administración de Instituciones Juveniles, están exentos del plan de cesantías dispuesto en la Ley 7. Luego de evaluar los argumentos de las partes, el estatuto y su historial legislativo, concluimos que, en este caso, los peti-cionarios no están excluidos del referido plan.()

I

A raíz de la implementación del plan de cesantías adop-tado en la Ley 7, veintisiete empleados de la Administra-ción de Instituciones Juveniles (AJ.J.) recibieron notifica-ciones de cesantías el 25 de septiembre de 2009. Dichas cesantías serían efectivas a partir del 6 de noviembre del mismo año.

El 2 de noviembre de 2009, ante la inminencia de sus cesantías, este grupo de empleados de la A.I.J. instó una demanda en la cual solicitaban un interdicto preliminar y permanente, y una sentencia declaratoria contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros. Allí reclamaron que se dejaran sin efecto las cesantías notificadas pues la Ley 37 los había excluido del plan de cesantías de la Ley 7. A base de lo anterior argüyeron ante el foro primario que sus ce-santías eran contrarias a la propia Ley 7. Sostuvieron, ade-más, que la Ley 7 era inconstitucional pues: producía una indebida delegación de poderes al Gobernador y a la Junta de Reestructuración y Estabilización Fiscal (J.R.E.F.), vio-lentaba su debido proceso de ley y menoscababa sus obliga-ciones contractuales. Presentada la demanda, el Tribunal de Primera Instancia ordenó a los demandantes a que especi-ficaran los puestos que ocupaban cada uno de ellos en la agencia concernida.

El 4 de noviembre de 2009 la parte demandante pre-sentó una Moción en Cumplimiento de Orden e Informa-tiva en la cual comunicó al tribunal los puestos que ocupa-ban cada uno de los cesanteados en la A.I.J.() Los demandantes informaron al foro primario que ese mismo día también presentaron ante el Tribunal Supremo una Solicitud de Certificación al amparo del Artículo 69() de la Ley 7, y el Artículo 3.002(e) de la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003 (4 L.P.R.A. sec. 24s(e)). El 5 de noviembre de 2009 expedimos el recurso de certificación y le concedimos un corto término a las partes para presentar sus respectivos alegatos. En esa misma fecha, el tribunal de instancia dictó sentencia parcial contra los demandan-tes desestimando la acción de interdicto al concluir que el remedio solicitado era improcedente en este caso.

Ambas partes han comparecido con sendos escritos. Por un lado, los peticionarios arguyen que no pueden ser ce-santeados al amparo de la Ley 7, porque la A.I.J., como agencia, quedó excluida del plan de cesantías en virtud del Artículo 37.02 de la referida ley, por lo que todos sus em-pleados están exentos del plan de cesantías dispuesto en la Ley 7. Art. 37.02, Ley Núm. 7, supra, según enmendada. Al igual que lo hicieron en su demanda ante el Tribunal de Primera Instancia, los demandantes también impugnan la validez constitucional de la Ley 7, aduciendo que viola las cláusulas de debido proceso de ley y menoscabo de obliga-ciones contractuales de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la de Estados Unidos, así como la doctrina de separación de poderes. Por otra parte, el Estado sostiene que el artículo invocado por los demandan-tes peticionarios sólo excluye a ciertos empleados a base de sus clasificaciones, y no a agencias por completo. También alega que los demandantes no están dentro de la clase de empleados que el legislador tuvo a bien excluir del plan de cesantías.

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, resolvemos.

II

El 9 de marzo de 2009 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 7, para atender ciertas deficiencias fiscales, de carácter urgente, que afectan la salud fiscal del país. La legislación aprobada detalla un sinnúmero de providencias que han de tomarse para afrontar esa situación. Entre las medidas aprobadas destacan ciertos mecanismos para allegar mayores ingresos al fisco, disposiciones dirigidas a reducir gastos gubernamentales y otras de carácter financiero para atender las necesidades presupuestarias inmediatas del Estado.

En el Capítulo III de la ley se enumeran los mecanismos para la reducción de gastos en el gobierno. Este capítulo aplica a todas las agencias gubernamentales que sufragan su presupuesto, en todo o en parte, del Fondo General.() Art. 34 de la Ley 7, supra. Entre las medidas dispuestas en este capítulo, se provee para un plan de cesantías de puestos de empleados en el servicio público.() Este plan, también llamado “Fase IF, cubre “a toda (sic) las Agencias y a todo empleado que no esté excluido por el Artículo 37.02” de la Ley 7. Íd., Art. 37. El Artículo 37.02 por lo tanto, enumera las exclusiones al plan de cesantía. En su redacción original éste disponía:

A fin de evitar un impacto negativo en los servicios brinda-dos por el Gobierno ... estarán exentos de las disposiciones del Artículo 37 de este Capítulo III los siguientes empleados de las Agencias comprendidas en esta Ley, los cuales llevan a cabo funciones esenciales en protección de la seguridad, ense-ñanza, salud y bienestar:
(a) policías y bomberos;
(b) oficiales de corrección y oficiales juveniles;
(c) maestros asignados al salón de clases;
(d) bibliotecarios de escuelas;
(e) profesionales de la salud (médicos, paramédicos, enfer-meras, farmacéuticos y técnicos de laboratorio);
(f) trabajadores sociales;
(g) operadores del sistema de llamadas de emergencia 911; y
(h) patólogos del Instituto de Ciencias Forenses. Art. 37.02 de la Ley 7, supra.

El texto del artículo antes citado busca excluir del plan de cesantías a empleados que desempeñan funciones esen-ciales en el área de seguridad, enseñanza, salud y bienestar, para minimizar el efecto negativo que supondría sus despi-dos en los servicios que brinda el Gobierno. El legislador enumeró ocho categorías de empleados excluidos, entre los que se encuentran: los oficiales de corrección y oficiales juveniles, los maestros del salón de clases, los trabajadores sociales, y los patólogos del Instituto de Ciencias Forenses, etc. Se advierte que la enumeración contenida en este artí-culo es de carácter taxativo, pues al utilizar la frase “los siguientes empleados”, delimitó la exclusión del plan de ce-santías a los profesionales allí mencionados y no a otros.

Ahora bien, el Artículo 37.02 sufrió una enmienda poco después de su aprobación con el fin de realizar “aclaraciones para que [su] texto corresponda con mayor especificidad a la intención legislativa”. Exposición de Motivos, Ley Núm. 37 de 10 de julio de 2009, supra. Éste lee ahora de la manera siguiente:

A fin de evitar un impacto negativo en los servicios brinda-dos por el Gobierno estarán exentos de las cesantías de la presente ley los empleados de las Agencias que según sus cla-sificaciones llevan a cabo funciones esenciales en protección de la seguridad, enseñanza, salud y bienestar, según serán defi-nidos por la J.R.E.F., tales como:
(a) policías y bomberos, agentes del Cuerpo de Vigilantes, agentes del Negociado de Investigaciones Especiales y la Ofi-cina del Fiscal Especial Independiente;
(b) oficiales de corrección y oficiales juveniles;
(c) maestros asignados al salón de clases, incluyendo los transitorios durante el año escolar;
(d) Directores, bibliotecarios, orientadores y empleados de comedores adscritos al Departamento de Educación;
(e) maestros del Conservatorio de Música de Puerto Rico y de la Escuela de Artes Plásticas;
(f) profesionales de la salud (médicos, paramédicos, enfer-meras, farmacéuticos y técnicos de laboratorio);
(g) trabajadores sociales;
(h) operadores del sistema de llamadas de emergencia 911;
(i) patólogos, personal pericial y técnicos del Instituto de Ciencias Forenses;
(j) empleados de la Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Publico (sic) y la Comisión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos del Servicio Público;
(k) Personal de la Oficina de Servicios con Antelación a Jui-cio;
(l) Personal del Registro de la Propiedad;
(m) Personal de la Junta de Libertad Bajo Palabra; y
(n) Consejeros en Rehabilitación Vocacional y personal de apoyo técnico. Art. 37.02 de la Ley 37, supra.

A poco que revisemos el texto modificado parece evi-dente que éste se enmendó para ampliar la categoría de empleados excluidos de la aplicación del plan de cesantías dispuesto por la Ley 7, nuevamente bajo la misma clasifi-cación general de empleados que lleven a cabo “funciones esenciales en protección de la seguridad, enseñanza, salud y bienestar”. Art. 37.02 de la Ley Núm. 7, supra, según enmendada. Como ya dijimos, en su redacción original, este artículo enumeraba ocho categorías de empleados pú-blicos que no estaban sujetos al plan de cesantía estable-cido en la Ley 7. Ahora, con la enmienda el número au-mentó a catorce categorías excluidas, las ocho originales más las siguientes: personal del Registro de la Propiedad; maestros del Conservatorio de Música de Puerto Rico y de la Escuela de Artes Plásticas; empleados de la Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público y la Comisión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Hu-manos del Servicio Público; personal de la Oficina de Ser-vicios con Antelación a Juicio; personal de la Junta de Li-bertad Bajo Palabra, y consejeros en Rehabilitación Vocacional y su personal de apoyo técnico. Art. 37.02 de la Ley 37, supra. De igual forma, se añadieron los siguientes empleados a las categorías originales: agentes del Cuerpo de Vigilantes, del Negociado de Investigaciones Especiales y la Oficina del Fiscal Especial Independiente; directores, orientadores y empleados de comedores escolares del De-partamento de Educación; y el personal pericial y los téc-nicos del Instituto de Ciencias Forenses. Íd. Asimismo, la enmienda también autorizó a la J.R.E.F. a eximir personal adicional que lleve “a cabo funciones esenciales en protec-ción de la seguridad, enseñanza, salud y bienestar”, del referido plan de cesantías. Íd.

Es decir, la enmienda del Artículo 37.02 tuvo como propósito ampliar la cobertura de empleados excluidos del plan de cesantías de ocho categorías a catorce, y además contempla la posibilidad de que se excluya personal adicional, al conferirle autoridad a la J.R.E.F. para excluir otros puestos con el fin de salvaguardar servicios esenciales del gobierno, siempre y cuando estos nuevos empleados por ex-cluirse también lleven “a cabo funciones esenciales en protección de la seguridad, enseñanza, salud y bienestar”. Íd.

Esta interpretación del alcance del Artículo 37.02, se-gún enmendado, encuentra claro apoyo en el historial le-gislativo de la Ley 37. Así, en el Informe Conjunto de las Comisiones de Hacienda y de Gobierno de la Cámara de Representantes sobre el R de la C. 1640 (el cual luego pasó a ser la Ley 37) de 19 de junio de 2009, Ira Sesión Ordina-ria, 16ta Asamblea Legislativa, pág. 16, se indicó que el propósito de la enmienda era “proteger ciertos empleos en el sector público de alta importancia para el servicio de la ciudadanía”. (Énfasis nuestro.) Informe Conjunto de la Cá-mara de Representantes, supra, pág. 16. De igual forma, el Informe Conjunto de las Comisiones de Hacienda y de Go-bierno del Senado sobre el P. de la C. 1640, 25 de junio de 2009, Ira Sesión Ordinaria, 16ta Asamblea Legislativa, pág. 6, reconoce que con las enmiendas propuestas “[s]e protegen ciertos empleados del Gobierno del alcance de las disposiciones de la Ley 7, incluyendo entre otras [sic]: Agentes del Cuerpo de Vigilantes, Agentes del NIE, Em-pleados de la Junta de Libertad Bajo Palabra (Énfasis nuestro.)

Por otro lado, el debate legislativo en la Cámara de Re-presentantes —donde se originó el proyecto de ley que en-mendó la Ley 7— avala esta interpretación. Allí, la Presi-denta de la Cámara de Representantes, Hon. Jennifer A. González Colón, expresó:

Por eso, hoy anunciamos enmiendas adicionales a la Ley 7, para aumentar la exclusión de empleados en algunos renglo-nes. ...
[Y] como parte de esas enmiendas, voy a leer algunas de las exclusiones que prometimos el primero de junio. ...
Estamos excluyendo de la Ley 7, entiéndase de posibles ce-santías correspondientes a la fase 2 y ala fase 3, a los agentes del Cuerpo de Vigilantes, a los agentes del Negociado de In-vestigaciones Especiales, a la Oficina del Fiscal Especial Inde-pendiente, a la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio.
Y muchos se preguntar[á]n, ¿por qué las exclusiones a estos empleados? Y me parece bien sencilla la contestación. Son agencias de seguridad pública que en estos momentos, donde la criminalidad ha aumentado dramáticamente, el Estado no puede dejar provisto [sic] ese servicio y necesita redoblar los esfuerzos en esas áreas,por lo que nosotros estamos dándoles ... las herramientas en estas exclusiones para que esos empleados continúen haciendo el trabajo, importante en el área de seguri-dad pública.
Adicional a esta, excluimos de la Ley 7 a los miembros de la Junta de Libertad Bajo Palabra, a los Oficiales de Corrección, y bien importante, a los Patólogos, Personal Pericial y Técni-cos del Instituto de Ciencias Forenses que son precisamente la gente que ayuda en el esclarecimiento del 100 por ciento de los casos. ...
Pero, para que no quedara dudas sobre cuál fue la intención legislativa de esta Cámara de Representantes, que fue la que propuso inicialmente el Proyecto de la Ley 7, y los maestros transitorios del Departamento de Educación quedan exclui-dos, maestros transitorios en el salón de clases, directamente con la prestación de servicios al estudiante estarán excluidos de la Ley 7. ...
... No podemos tener una escuela y que no tengamos alimen-tos para nuestros niños, que se paga alguna parte con fondos federales, evidentemente, sin comedor no hay clases. ¿Quién cocina? Pues necesitamos que los empleados de Comedores Es-colares estén, y se están excluyendo de la Ley 7 .... Pero adi-cional a eso, excluimos a los maestros del Conservatorio de Música, excluimos a los maestros de la Escuela de Artes Plás-ticas, se excluyó también a la Comisión de Relaciones del Tra-bajo y Servicios Público ....Se excluyó también a los directores escolares del Sistema de Educación Pública de la aplicación de la Ley 7. Escuela sin maestros, escuela sin director, escuela sin comedores escolares, no es una escuela funcional. ... [E]stamos excluyendo también a los consejeros, a los orienta-dores y trabajadores sociales que ya estaban incluidos, y bibliotecarios, ya estaban incluidos en la Ley 7, pero estamos aclarando más esa ley.
Estamos también excluyendo aquellos consejeros que están dan [do] servicios a familias y comunidades en el Departa-mento de la Familia. ... Y a mí me parece importante, excluir también el programa de Registro de la Propiedad, esos técni-cos que están entrando las notas y los documentos del [sic] registro de la propiedad ....
Estas exclusiones que hemos mencionado son parte de lo que nosotros entendemos debe ser el servicio directo del gobierno a su comunidad .... (Enfasis nuestro.) Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes, P. de la C. 1640, 19 de junio de 2009, Ira Sesión Ordinaria, 16ta Asamblea Legislativa, págs. 325-327.

Con ello en mente, pasamos a atender los argumentos esgrimidos tanto por los peticionarios como por el Estado.

III

A. Los empleados de la A.I.J. sostienen que no podían ser cesanteados al amparo de la Ley 7 porque su agencia quedó excluida del plan de cesantías, ya que según alegan, la Ley 37 excluyó del plan de cesantías a todas las agencias que “llevan a cabo funciones esenciales en protección de la seguridad, enseñanza, salud y bienestar”. Art. 37.02, Ley Núm. 7, supra, según enmendada. Lamentablemente, ni el texto de la ley ni su historial legislativo avalan esa interpretación.

Como vimos anteriormente, la referencia a empleados que lleven a cabo funciones esenciales de seguridad, ense-ñanza, salud y bienestar es más que nada una descripción genérica de la categoría de empleados que se busca eximir del rigor de las cesantías. Tal y como se desprende del texto analizado, una vez el legislador define la naturaleza de las fimciones de los empleados eximidos —seguridad, ense-ñanza, salud y bienestar— pasa a enumerarlos con especificidad. Ni el texto del Artículo 37.02 ni su historial legislativo nos permiten concluir, como nos sugiere la parte peticionaria, que todo empleado que labore en agencias de seguridad, enseñanza, salud y bienestar están excluidos de las cesantías.

Por otro lado, la Ley 37 también le confirió facultad a la J.R.E.F. para eximir otros empleados adicionales que des-empeñen estas funciones, de considerarlo necesario. Pero esa facultad le fue concedida a la J.R.E.F. y, hasta donde hemos sido informados, ésta no la ha ejercido para excluir a todos los servidores públicos que laboran en la A.I. J.

Si bien es cierto que la A.I. J. tiene a su cargo funciones esenciales de la seguridad del país, custodiando jóvenes que han incurrido en faltas, Ley de Menores de Puerto Rico, Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986 (34 L.P.R.A. sec. 2201 et seq.), lo cierto es que el texto original del Artículo 37.02, ni éste luego de ser enmendado, consideró excluir a todos los empleados de la A.I.J. del rigor del plan de cesantías. Del mismo modo, como ya apuntamos, no se nos ha informado que la J.R.E.F., conforme la facultad que le confirió la Ley 37, hubiese hecho lo propio.

No obstante, observamos que la Asamblea Legislativa sí incluyó en el Artículo 37.02, tanto en la redacción original del artículo como luego de la enmienda, a los “oficiales de corrección y oficiales juveniles”. Art. 37.02(b), Ley Núm. 7, supra, según enmendada. Aunque el puesto de oficiales juveniles no está definido en la Ley 7, consideramos que se refiere a los miembros del Cuerpo de Oficiales de Servicios Juveniles, que son los empleados de la A.I.J. a cargo de custodiar a los jóvenes que están recluidos en instituciones juveniles bajo la vigilancia de dicha agencia. Véase Ley Núm. 154 de 5 de agosto de 1988 (8 L.P.R.A. sec. 551 et seq.); Cfr. Ley Núm. 135 de 2 de noviembre de 2005, dero-gada por la Ley Núm. 211 de 27 de septiembre de 2006. Véase también Informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Laborales del Senado sobre el P. del S. 53 de 23 de mayo de 2005, Ira Sesión Ordinaria, 15ta Asamblea Legislativa. Los oficiales juveniles son el equivalente a los oficiales de custodia destacados en el Departamento de Co-rrección que laboran en las instituciones penales de nues-tro país. 4 L.P.R.A. sec. 1126. Estos últimos también están excluidos del plan de cesantías. Resumiendo, sólo los ofi-ciales juveniles que laboran en la A.I.J. están excluidos expresamente, al menos mientras la J.R.E.F. no exima del plan de cesantías a empleados adicionales de la referida agencia.

Revisada las clasificaciones de los empleados de la A.I.J. que comparecen en este caso, debemos concluir que nin-guno de ellos ostenta una categoría de las excluidas del plan de cesantías enumeradas en el Artículo 37.02 de la Ley 7, supra. No tienen razón por lo tanto al reclamar lo contrario.

B. Como indicamos al inicio, los peticionarios reclaman también que sus cesantías violan la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la de Estados Unidos. Es-pecíficamente, alegan que la Ley 7 infringe las cláusulas de debido proceso de ley y protección contra el menoscabo de obligaciones contractuales, así como también produce una indebida delegación de poderes. No obstante, recientemente en Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, supra, resolvimos que la Ley 7 es constitucional y que no viola el debido proceso de ley ni en su vertiente sustantiva ni en la procesal; no es violatoria de la cláusula de menoscabo de obligaciones con-tractuales, ni la de igual protección de las leyes; así como tampoco es contraria a la doctrina de separación de poderes. Por lo tanto, los planteamientos constitucionales que pre-sentan los peticionarios ya fueron adjudicados por este Tribunal.

IV

Por todo lo antes expuesto, procede que se deje sin efecto la sentencia parcial dictada por el Tribunal de Pri-mera Instancia, pues al momento en que el foro primario emitió su dictamen ya se había presentado ante esta Curia una Solicitud de Certificación, por lo que aquél estaba im-pedido de dictar sentencia. Regla 23(b)(2) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A. En su lugar, se dictará sentencia, desestimando el pleito instado.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rivera Pérez no intervino.

      (1) Hoy este Tribunal también concluye que un grupo de empleados del Instituto de Ciencias Forenses sí está expresamente excluido del plan de cesantías por reali-zar labores técnicas y de peritaje en dicha agencia. Art. 37.02(i), Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009, según enmendada. Asimismo determinamos que la jurisdicción pri-maria exclusiva que otorga la Ley Núm. 7 a la Comisión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos del Servicio Público, se limita a controversias relativas a la antigüedad de los empleados públicos. Véase Báez Rodríguez et al. v. E.L.A., 179 D.P.R. 231 (2010).

        (2) Los puestos que ocupaban los demandantes, según éstos lo informaron al tribunal, eran:
      1. María Esther Román Rosa: Técnica de Sistemas de Oficina III adscrita a la Oficina de Asesoramiento y Servicios Legales.
      2. Lizbeth Berrios Pérez: Operadora de Cuadro Telefónico adscrita a la División de Servicios Generales.
      3. Kamalis Torres Álamos: Auxiliar de Sistemas de Oficina II adscrita a la División de Salud.
      4. Omayra Garay García: Especialista en Compras adscrita a la Oficina de Servicios Generales.
      5. Yanilda R. Verdejo Rodríguez, Ana Camacho Villegas y Eileen Alméstica Sas-tre: Evaluadoras adscritas a la División de Evaluación y Monitoria.
      6. Marilyn Gómez Rivera: Auxiliar de Oficina III adscrita al Centro de Trata-miento Social de Guayama.
      7. Héctor M. Degracia Piñeiro: Coordinador en Seguridad adscrito a la Oficina del Subadministrador de Instituciones Juveniles.
      8. Tiffany Díaz: Operadora de Cuadro Telefónico adscrita a la División de Ser-vicios Generales.
      9. Alvin O. Valentín Serrano: Oficial Ejecutivo II adscrito a la Oficina de Eva-luación y Monitoria.
      10. Carmen A. Negrón Matos: Auxiliar de Contabilidad II adscrita a la Oficina de Presupuesto y Finanzas.
      11. Carmen Pabón Rivera: Auxiliar de Sistemas de Oficina I adscrita a la Divi-sión de Salud.
      12. Olga L. Arce Menéndez: Administradora de Sistemas de Oficina II adscrita a la Oficina de Asesoramiento y Servicios Legales.
      13. Ivette M. Vega Ramírez: Auxiliar Administrativo I adscrita a la Oficina de Recursos Humanos.
      14. Brenda Liz Santos Ramírez: Auxiliar de Sistemas de Oficina III adscrita al Centro de Tratamiento Social de Guayama, Oficina del Jefe de Instituciones.
      15. Mariluz Cruz Zayas: Administradora de Sistemas de Oficina II adscrita a la Oficina de Relaciones Laborales.
      16. Carlos Rubén Figueroa Martínez: Coordinador de Servicios Voluntarios y de Capellanía.
      17. Christian Varela Valentín: Abogado adscrito a la Oficina de Asesoramiento y Servicios Legales.
      18. Tania Ruiz Quiñones: Abogada adscrita a la Oficina de Asesoramiento y Servicios Legales.
      19. Luisa Torres Ramírez: Abogada adscrita a la Oficina de Asesoramiento y Servicios Legales.
      20. Ayme Burgos Sosa: Oficial Ejecutivo II adscrita a la Oficina de Asesora-miento y Servicios Legales.
      21. Ángela Santana Díaz: Técnico de Asesoramiento Jurídico adscrita a la Ofi-cina de Asesoramiento y Servicios Legales.

        22. Carmen Rivera Irizarry: Técnico de Sistemas de Oficina II adscrita a la Oficina de Asesoramiento y Servicios Legales.
      23. José Díaz Ramos: Chofer Mensajero adscrito a la Oficina de Transportación.
      24. Luis Méndez Morales: Jefe Institucional adscrito al Centro de Tratamiento Social.
      25. Cristian Malavé Arson: Trabajador I adscrito a la Oficina de Servicios Generales.

      (3) El Artículo 69 de la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009, dispone:
      “El Tribunal Supremo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico expedirá un auto de certificación a solicitud de parte para traer inmediatamente ante sí y resolver cualquier asunto pendiente ante el Tribunal de Primera Instancia o ante el Tribunal de Apelaciones cuando se plantee la validez o constitucionalidad de esta Ley especial o cualquier impugnación a la misma de cualquier naturaleza.”

      (4) El Artículo 33(a) de la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009, define “agencias” así:
      “ ‘Agencias’ incluirá todos los organismos, instrumentalidades y entidades de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, tales como departamentos, juntas, comisiones, administraciones, oficinas y subdivisiones que estén bajo el control de la Rama Ejecutiva y que sean Administradores Individuales conforme al Artículo 5, Sección 5.2 de la Ley Núm. 184 del 3 de agosto de 2004, según enmendada. Incluirá además, la ‘Oficina propia del Gobernador’.”

      (5) “Se establece, como Fase II, un plan de cesantías involuntarias para la eli-minación de puestos el cual aplicará a toda (sic) las Agencias y a todo empleado que no esté excluido por el Artículo 37.02 de este Capítulo III”. Art. 37, Ley Núm. 7, supra. Para implantar este plan de cesantías, la Ley 7 ordena que la J.R.E.F. determine el número total de empleados que serán cesanteados y el orden en que lo serán, siempre velando por que las agencias afectadas puedan continuar operando apropia-damente y asegurando la calidad de los servicios gubernamentales. Íd., Art. 37.04(b)(7), (16). Estas cesantías se llevarán a cabo de manera escalonada, comen-zando a partir del 1 de julio de 2009 y durante el año fiscal 2009-2010. Íd., Art. 37.04(b)(16). Sin embargo, los servidores públicos de carrera afectados por este plan sólo pueden ser cesanteados a base del tiempo que llevan trabajando para el Estado, es decir, de su antigüedad, lo cual se determinará considerando todos los servicios que le hayan prestado al gobierno. Íd., Art. 37.04(b)(3) — (4). De esa forma, durante la implementación del plan, aquellos empleados con menos años de servicio tienen que ser cesanteados antes que los empleados que tienen mayor antigüedad. íd., Art. 37.04(b)(3).
      Por otra parte, la Ley 7 también dispone un procedimiento particular para realizar las cesantías. En primer lugar, las agencias tienen que certificar y notificar a la J.R.E.F. y a cada uno de sus empleados, por escrito, los términos de antigüedad de cada uno de ellos. Art. 37.04(b)(8) de la Ley 7, supra. Si se trata de empleados destacados en una unidad apropiada representada por una organización sindical, dicha notificación tiene que hacerse tanto al empleado como a la organización sindical. íd. Esta notificación tiene que apercibir al empleado, y de ser el caso, a su organización sindical, que tiene 30 días a partir de la fecha de la notificación para impugnar ante su agencia nominadora el término de antigüedad que le han certificado. Íd., Art. 37.04(b)(8) — (9). Si el empleado presenta documentos que contro-vierten la antigüedad notificada, la agencia tendrá que celebrar una vista antes de tomar una decisión final en torno a su antigüedad. Íd., Art. 37.04(b)(11). Posterior-mente, una vez la agencia tome esta decisión tendrá que notificarla nuevamente al empleado, y si aplica, a su organización sindical, indicándole que tiene derecho a revisar la determinación de antigüedad ante la Comisión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos del Servicio Público. Íd., Art. 37.04(b)(12)-(13). Si el empleado pertenece a una unidad apropiada, sea miembro de una organi-zación sindical o no, puede revisar la determinación de su antigüedad ante la Comi-sión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público, en un término de 30 días a partir del recibo de la notificación de la determinación tomada por la agencia. Íd., Art. 37.04(b)(14). Finalmente, la Ley 7 exige que la agencia notifique por escrito la cesan-tía al empleado y, de ser el caso, a su organización sindical, al menos treinta 30 días antes de la fecha de efectividad de la cesantía. Íd., Art. 37.04(b)(15).


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Martínez Torres

license: Public Domain

text:
    Migdalia Báez Rodríguez, Marisol Vázquez Agosto, Frank Padilla Carrasquillo, Víctor M. Vega Báez, Ángel R. Acosta Castillo y José Alberto Lugo Domínguez, peticionarios, v. Hon. Luis Fortuño, Gobernador del Estado Libre Asociado, Junta de Reestructuración y Estabilización Fiscal, Dra. María S. Conte, Directora Ejecutiva Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico, y Junta Directora del Instituto de Ciencias Forenses, representada por su Presidente, Hon. Secretario de Justicia, recurridos.

      Número: CC-2009-971

      Resuelto: 9 de junio de 2010

      Crisanta González Seda, abogada de la parte peticioraria; Irene S. Soroeta Kodesh, procuradora general, y Valerie Díaz Aponte, procuradora general auxiliar, abogadas de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Martínez Torres

emitió la opinión del Tribunal.

La controversia ante nuestra consideración está relacio-nada con las medidas de reducción de gastos gubernamen-tales establecidas en la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009, según enmendada, Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Esta-bilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico, cuya constitucionalidad fue evaluada y sustentada recien-temente en Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, 178 D.P.R. 1 (2010). En esta ocasión, debemos dirimir si los peticiona-rios, empleados del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico, están exentos del plan de cesantías dispuesto en la Ley Núm. 7, supra, según enmendada por la Ley Núm. 37 de 10 de julio de 2009. Respondemos esta interro-gante en la afirmativa. ()

I

La Sra. Migdalia Báez Rodríguez, la Sra. Marisol Váz-quez Agosto, el Sr. Frank Padilla Carrasquillo, el Sr. Víctor M. Vega Báez, el Sr. Ángel R. Acosta Castillo y el Sr. José A. Lugo Domínguez son empleados de carrera del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico. Estos seis empleados tienen puestos clasificados como Coordinadores de Pruebas de Detección de Sustancias Controladas y otras Pruebas Especiales, en el Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico. Según surge de la hoja de descripción del puesto que obra en el expediente, las funciones de estos empleados consisten en coordinar las actividades que se desarrollan el día de la toma de muestras de sustancias controladas y alcohol a los empleados, a las empleadas y a otras perso-nas, tomar muestras de aliento para detectar alcohol, to-mar muestras de cabello y bucal para A.D.N., tomar hue-llas dactilares, recibir la muestra y verificar el colector, junto con el empleado muestreado o empleada muestreada, sellar la muestra y luego estampar sus iniciales, custodiar las muestras recibidas en el lugar de la toma, levantar un acta que recoge todas las incidencias del proceso, compare-cer cuando se le solicita, como testigo o perito, a los foros administrativos y judiciales en los casos presentados rela-cionados con las muestras tomadas, así como presentar es-critos y documentos en los tribunales y en los foros administrativos. Véase Apéndice de la Petición de certio-rari, págs. 79-80.

En septiembre de 2009 los peticionarios recibieron unas misivas en las que se les informó que cesarían de ocupar sus puestos en virtud de la aprobación de la Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Cré-dito de Puerto Rico (Ley Núm. 7). En dichas cartas se les informó, entre otras cosas, la razón de su despido. Además, se les notificó de su derecho a solicitar una revisión de la determinación de la agencia ante la Comisión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos (C.A.S.A.R.H.) o, en el caso de ser empleados unionados, ante la Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público (Comisión). Una vez notificados de las cesantías, los peticionarios presentaron la demanda que da lugar a la presente controversia, en la que alegaron que las cesantías violan lo dispuesto en el Art. 37.02 de la Ley Núm. 7, supra, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 8797. Los peticiona-rios argüyeron que el referido artículo excluye de la aplica-ción de las cesantías involuntarias a los patólogos, peritos y técnicos del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico.

Por lo anterior, los peticionarios solicitaron al Tribunal de Primera Instancia que dejara sin efecto las cesantías impugnadas. Dicho foro ordenó a la parte recurrida que mostrara causa por la cual no se debía conceder el remedio solicitado. En cumplimiento con esa orden, la parte recu-rrida presentó un escrito en el que argüyó que las cesantías se realizaron conforme a derecho. Sostuvo que el Art. 37.02 de la Ley Núm. 7, supra, confiere discreción a la Junta de Reestructuración y Estabilización Fiscal (J.R.E.F.) para de-terminar cuáles empleados, de los renglones allí estableci-dos, están excluidos de la aplicación del plan de cesantías. Conforme con esta alegación, la parte recurrida argüyó que procedían las cesantías de los peticionarios, ya que la J.R.E.F. no determinó que los peticionarios realiza-ban funciones esenciales de protección, seguridad, ense-ñanza, salud y bienestar, por lo que no estaban exentos de la aplicación del plan de cesantías. Luego de evaluar los escritos de las partes, el Tribunal de Primera Instancia declaró “con lugar” la demanda y dejó sin efecto las cesan-tías impugnadas.

Por lo anterior, la parte recurrida presentó un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones, en el que argüyó que erró el Tribunal de Primera Instancia al dejar sin efecto las cesantías. Por un lado, la parte recurrida argumentó que el Tribunal de Primera Instancia no tenía jurisdicción para atender los reclamos relacionados con una acción o decisión tomada de acuerdo con el Capítulo III de la Ley Núm. 7. Sostuvo que la jurisdicción para atender los planteamientos respecto a las acciones o decisiones to-madas en virtud de la Ley Núm. 7 la ostenta la C.A.S.A.R.H. o, en el caso de los empleados unionados, la Comisión. Además, los recurridos señalaron que erró el Tribunal de Primera Instancia al entender que los peticio-narios están excluidos de la aplicación del plan de cesan-tías, ya que la ley confiere discreción a la J.R.E.F. para determinar cuáles empleados son esenciales para el funcio-namiento del Gobierno y, por lo tanto, cuáles están exentos de la aplicación de la Ley Núm. 7.

Luego de evaluar los escritos de las partes, el Tribunal de Apelaciones acogió la argumentación de la parte recu-rrida, revocó la determinación del Tribunal de Primera Instancia y desestimó la demanda incoada por falta de jurisdicción. Inconformes, los peticionarios presentaron el recurso de certiorari que nos ocupa. Concedimos un tér-mino a la parte recurrida para que se expresara sobre los méritos de la petición de certiorari. Procedemos a evaluar los planteamientos ante nuestra consideración, tomando en consideración los argumentos de ambas partes.

II

Como cuestión de umbral, nos corresponde auscultar el planteamiento jurisdiccional. En el ámbito del derecho administrativo surge el problema de determinar cuál es el foro, ya sea el judicial o el administrativo, que debe adjudicar el asunto en controversia. La doctrina de jurisdicción primaria atiende el problema de determinar cuál es el foro con jurisdicción para ventilar una controversia en primera instancia. Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del Rey, 155 D.P.R. 906, 921 (2001); Mun. de Caguas v. AT & T, 154 D.P.R. 401, 410 (2001). Véase, a modo ilustrativo, B. Schwartz, Administrative Law, 3ra ed., Boston, Ed. Little, Brown and Co., 1991, pág. 524. Esta doctrina fue elaborada jurisprudencialmente para “ofrecerle guía y orientación a los tribunales en la determinación de cuándo deben abstenerse de ejercer jurisdicción hasta tanto la agencia resuelva”. D. Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da ed., Colombia, Ed. Forum, 2001, Sec. 8.3, pág. 434. Conforme con lo anterior, la doctrina de jurisdicción primaria aplica verdaderamente cuando hay jurisdicción concurrente entre el foro administrativo y el foro judicial. Véanse: Ortiz v. Panel F.E.I., 155 D.P.R. 219, 243 (2001); Aguilú Delgado v. P.R. Parking System, 122 D.P.R. 261, 266 (1988); Ferrer Rodríguez v. Figueroa, 109 D.P.R. 398, 402 (1980). Esto significa que ambos foros poseen jurisdicción legal para atender la controversia. Sin embargo, el foro judicial otorga deferencia al organismo administrativo para atender la controversia por entender que las agencias están “mejor equipadas que los tribunales debido a su especialización y al conocimiento obtenido a través de la experiencia”. Ortiz v. Panel F.E.I., supra, pág. 243. Véase, además, Fernández Quiñones, op. cit., pág. 434.

Conforme con lo anterior, los jueces deben aplicar esta norma de abstención, como regla general, “en casos en los cuales el peritaje de la agencia sea indispensable para resolver la controversia, ya que los ‘tribunales [son] de justicia y no centros académicos para dirimir sutilezas técnicas’ (Corchetes en el original.) Ortiz v. Panel F.E.I., supra, pág. 244. Véase Quiñones v. A.C.A.A., 102 D.P.R. 746, 749-750 (1974). Esto surge cuando las cuestiones de hecho que han de ser consideradas requieren el ejercicio de la discreción adjudicativa o la aplicación del conocimiento especializado que la agencia posee. Véase Asoc. Pese. Pta. Figueras v. Pto. del Rey, supra, pág. 921. Por lo tanto, si las controversias presentadas ante el foro judicial no requieren el peritaje o el conocimiento especializado de la agencia, el foro judicial no tiene por qué abstenerse de ejercer su autoridad ordinaria para atender el asunto ante su consideración.

Ahora bien, cuando la ley de la agencia confiere expresamente la jurisdicción al ente administrativo, entonces se trata de una jurisdicción exclusiva o estatutaria. Véase Fernández Quiñones, op. cit., Sec. 8.4, pág. 437. La jurisdicción exclusiva impide la aplicación de la doctrina de jurisdicción primaria concurrente debido a que la propia ley aclara que esta última no existe. Rivera Ortiz v. Mun. de Guaynabo, 141 D.P.R. 257, 268 (1996). En otras palabras, el legislador expresamente confirió la jurisdicción ex-clusiva al ente administrativo. Colón v. Méndez, Depto. Recursos Naturales, 130 D.P.R. 433, 442 (1992). Véase, además, Fernández Quiñones, op. cit., pág. 438. En tales casos, estamos frente a un mandato legislativo y no frente a una doctrina de índole jurisprudencial. Rivera Ortiz v. Mun. de Guaynabo, supra. De ahí que, cuando la ley habilitadora confiere de manera expresa la jurisdicción a un ente administrativo sobre determinado tipo de asuntos, los tribunales no tendrán autoridad para dilucidar el caso en primera instancia. Íd. Véase, además, Municipio Arecibo v. Municipio Quebradillos, 163 D.P.R. 308, 327 (2004).

Para determinar si la ley confiere o no jurisdicción exclusiva a un organismo administrativo, hemos expresado que aun cuando la designación de la jurisdicción exclusiva debe ser clara y precisa, el legislador no siempre utiliza el término “exclusiva”. Rivera Ortiz v. Mun. Guaynabo, supra, págs. 270-271. Cónsono con lo anterior, en Junta Dir. Cond. Montebello v. Fernández, 136 D.P.R. 223, 230 (1994), señalamos que “[p]ara privar a un tribunal de jurisdicción general de su autoridad para entender en algún asunto particular, es necesario que así se haya dispuesto expresamente en algún estatuto o que ello surja del mismo por implicación necesaria”. Por último, es meritorio señalar que la jurisdicción exclusiva no soslaya la revisión judicial de la cual puede ser objeto posteriormente la decisión del organismo. Rivera Ortiz v. Mun. de Guaynabo, supra, pág. 268; Junta Dir. Cond. Montebello v. Fernández, supra, pág. 233.

Conforme con la norma discutida, debemos determinar si C.A.S.A.R.H. y la Comisión, creada bajo la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998 (3 L.P.R.A. sec. 1451 et seq.), tie-nen jurisdicción exclusiva para atender los asuntos relacio-nados con las cesantías de los empleados públicos y, de tenerla, cuál sería su alcance.

III

El Art. 46(a) de la Ley Núm. 7, supra, dispone lo siguiente:

Interés Público y foro para dirimir controversias
Si bien los asuntos aquí contenido [s] están revestidos de gran interés público, es importante además velar por los dere-chos de los empleados afectados en cuanto a las acciones a tomarse conforme a lo dispuesto en este [Capítulo III], y así brindarles la oportunidad de lograr una solución rápida y justa de sus reclamaciones:
(a) La CASARH tendrá jurisdicción para atender apelacio-nes surgidas como consecuencia de acciones o decisiones toma-das conforme a este [Capítulo III\, en todo aquello que no con-flija con éste, de aquellos empleados no cubiertos por las disposiciones de la Ley de Relaciones del Trabajo para Servicio Público, [Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, según enmendada]. Tendrá asimismo, jurisdicción apelativa volunta-ria sobre los empleados no organizados sindicalmente de aque-llas agencias excluidas de la aplicación de las disposiciones de la Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2004, ... en cuanto a apelaciones surgidas como consecuencia de acciones o decisiones tomadas conforme a este [Capítulo III], en todo aquello que no conflija con este último. Los proce-dimientos ante la CASARH se regirán por lo dispuesto en [la Ley Núm. 184 de 3 de agosto de 2004, según enmendada], y su reglamento. (Énfasis nuestro.) 3 L.P.R.A. sec. 8810.

Luego de una lectura de esta disposición, surge que el legislador le confirió jurisdicción al organismo administra-tivo para atender ciertos asuntos relacionados con la apli-cación de la Ley Núm. 7. Sin embargo, en el referido texto se enfatiza que C.A.S.A.R.H. solamente tendrá jurisdicción en aquellas apelaciones que no estén en conflicto con lo dispuesto en el Capítulo III. Esto quiere decir que la con-cesión de jurisdicción al ente administrativo no fue abso-luta, por lo que es necesario referirnos a las disposiciones del referido Capítulo III para poder determinar el alcance de la facultad conferida.

Al respecto, el Art. 37.04(b)(13) del Capítulo III de la Ley Núm. 7, supra, 3 L.R.P.A. sec. 8799(b)(13), dispone lo siguiente:

El empleado afectado podrá solicitar revisión de la determi-nación final tomada por la agencia, solamente en cuanto a su antigüedad ante la CASARH, en conformidad a lo dispuesto por [el Art. 13, Sec. 13.14, de la Ley Núm. 184 de 3 de agosto de 2004 (3 L.P.R.A. sec. 1468m)], y su reglamento. (Énfasis nuestro.)

De igual forma, respecto a los empleados unionados, el Art. 37.04(b)(14) de la Ley Núm. 7, supra, establece:

Aquellos empleados que sean miembros de una unidad apro-piada, afiliados o no a una organización sindical, podrán revi-sar la determinación tomada final por la agencia, solamente en cuanto a su antigüedad, mediante una petición que a esos efec-tos presenten a los árbitros de la Comisión, creada al amparo de [la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998], en un término no mayor de treinta (30) días calendario del recibo de la noti-ficación de la agencia. (Énfasis nuestro.)

Al analizar estas disposiciones en armonía con el Art. 46 de la Ley Núm. 7, supra, se deduce que tanto C.A.S.A.R.H. como la Comisión creada según la Ley Núm. 45, supra, tendrán jurisdicción exclusiva para atender aquellas apelaciones en las que se cuestionen asuntos sobre la antigüedad de los empleados cesanteados. Aunque el legislador no utilizó específicamente el término “exclusivo”, de las disposiciones antes interpretadas surge “por implicación necesaria” la designación de C.A.S.A.R.H. y la Comisión como los organismos administrativos apelativos designados por el legislador para atender las controversias relacionadas a los asuntos de antigüedad. Cabe señalar que la C.A.S.A.R.H. es un organismo que se creó para atender los asuntos referentes a las áreas esenciales del sistema de recursos humanos. Véase Art. 13, Sec. 13.13 de la Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 184 de 3 de agosto de 2004 (3 L.P.R.A. sec. 1468l). El legislador, tomando en consideración la pericia de este organismo apelativo sobre los asuntos de recursos humanos, le confirió a este ente la jurisdicción exclusiva para atender las controversias relacionadas con la antigüedad de los empleados.

A base de esta interpretación, resolvemos que la Ley Núm. 7 sustrajo de la jurisdicción ordinaria de los tribunales solamente aquellas controversias relacionadas con la antigüedad de los empleados. Véase Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, supra. Cuando las controversias no se limiten a cuestiones de antigüedad de los empleados, los tribunales tienen autoridad para ejercer su facultad jurisdiccional.

Conforme con lo anterior, sostenemos que este Foro tiene jurisdicción para resolver la controversia que dio lu-gar a este recurso. Los planteamientos esbozados en el re-curso ante nuestra consideración no se ciñen a cuestiona-mientos sobre la antigüedad de los empleados cesanteados. Por el contrario, la controversia planteada es un asunto de estricto derecho que requiere interpretar el alcance de las exclusiones a la aplicación del plan de cesantías estable-cido en la Ley Núm. 7. Resuelto esto, procedemos a deter-minar si los peticionarios están excluidos del plan de ce-santías establecido mediante la Ley Núm. 7 y si la J.R.E.F. actuó en contravención a la citada ley al incluirlos en el grupo de empleados cesanteados.

rv

Este Foro ha establecido, como principio rector en materia de hermenéutica, que al interpretar una disposición específica de una ley los tribunales debemos considerar los propósitos perseguidos por el legislador al aprobar la norma, y “ ‘nuestra determinación debe atribuirle un sentido que asegure el resultado que originalmente se quiso obtener’ ”. (Enfasis suprimido.) Morell et al. v. Ojeda et al., 151 D.P.R. 864 (2000). Véase Chase Manhattan Bank v. Mun. de San Juan, 126 D.P.R. 759, 766 (1990). De esta forma, nuestra obligación consiste en imprimir efectividad a la intención del legislador y garantizar así que se cumpla con el propósito para el cual fue creada la medida. Vázquez v. A.R.Pe. , 128 D.P.R. 513, 523 (1991).

Según dispone el Art. 14 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 14, “cuando la ley es clara [y] libre de toda ambigüedad, la letra de ella no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu”. En virtud de dicha regla de hermenéutica, al interpretar un estatuto, como cuestión de umbral, debemos remitirnos al texto de la ley. Esto responde a que cuando el legislador se ha manifes-tado con un lenguaje claro e inequívoco, el texto de la ley es la expresión por excelencia de toda intención legislativa. Véanse: Ortiz v. Municipio San Juan, 167 D.P.R. 609 (2006); Malavé v. Oriental, 167 D.P.R. 593 (2006). Con-forme con lo anterior, cuando una ley es clara, y no es am-bigua, “no hay necesidad de mirar más allá de la letra en búsqueda de la intención legislativa”. Rosario v. Dist. Kikuet, Inc., 151 D.P.R. 634, 643 (2000).

Ahora bien, si la letra de la ley no es clara y una aplicación literal llevaría a un resultado absurdo o contrario a la verdadera intención o al verdadero propósito del legislador, “la literalidad puede ser ignorada”. Morell et al. v. Ojeda et al., supra, pág. 878. Véase Clínica Juliá v. Sec. de Hacienda, 76 D.P.R. 509, 520 (1954). En estas circunstancias podemos recurrir a las fuentes extrínsecas que existen para interpretar la ley, entre las que se encuentran el historial legislativo de la medida.

Por último, cabe señalar que cuando el objeto de interpretación es una enmienda a la ley, debemos siempre tener en cuenta que no podemos imputar a la Asamblea Legislativa la realización de un acto inútil al haberla aprobado. Flamboyán Gardens v. Junta de Planificación, 103 D.P.R. 884 (1975). A la luz de estos principios de hermenéutica, procedemos a resolver la controversia en cuestión.

V

La Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 7 para declarar un estado de emergencia fiscal y establecer un plan integral de estabilización fiscal y así salvar el crédito de Puerto Rico. El propósito de esta legislación es atender, con carácter de urgencia, la crisis fiscal que afecta al Gobierno de Puerto Rico. Para lograr esto, la disposición incluye unas medidas de carácter financiero y otras dirigi-das a reducir los gastos gubernamentales.

En el Capítulo III de esta pieza legislativa se establece un plan de tres fases para reducir los gastos gubernamentales. Entre estos gastos se incluyen los relacionados directamente con la nómina de los empleados del servicio público. La Fase II, eje central de la controversia que nos ocupa, constituye un plan de cesantías de empleados en el servicio público. La ley dispone que este plan de cesantías sólo podrá aplicarse a las agencias y a los empleados que no estén excluidos por el Art. 37.02 de la referida pieza legislativa. Al aprobarse la ley original, el Art. 37.02, supra, disponía, en lo pertinente, lo siguiente:

Exclusión de la aplicación de la Fase II
A fin de evitar un impacto negativo en los servicios brinda-dos por el Gobierno, y en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 2 de esta Ley, estarán exentos de las disposiciones del Artículo 37 de este Capítulo III los siguientes empleados de las Agencias comprendidas en esta Ley, los cuáles llevan a cabo funciones esenciales en protección de la seguridad, enseñanza, salud y bienestar:
(a) policías y bomberos;
(b) oficiales de corrección y oficiales juveniles;
(c) maestros asignados al salón de clases;
(d) bibliotecarios de escuela;
(e) profesionales de la salud (médicos, paramédicos, enfer-meras, farmacéuticos y técnicos de laboratorio);
(f) trabajadores sociales;
(g) operadores del sistema de llamadas de emergencia 911;y
(h) patólogos del Instituto de Ciencias Forenses. (Enfasis nuestro.) P. de la C. 1326, 16ta Asamblea Legislativa, Ira Se-sión Ordinaria, pág. 63.

Según surge del texto citado, el. legislador determinó que era necesario excluir de la aplicación de la Ley Núm. 7 a ciertos empleados públicos que llevan a cabo funciones esenciales en protección de la seguridad, la enseñanza, la salud y el bienestar del Pueblo. Como bien surge del texto citado, la enumeración de ocho (8) categorías de empleados exentos era de naturaleza taxativa.

Al paso de unos meses, esta disposición fue enmendada por la Ley Núm. 37, supra. Surge de la Exposición de Motivos de esta enmienda que el legislador entendió necesario enmendar el texto original para aclarar las disposiciones de la Ley Núm. 7, y así garantizar la protección de los mejores intereses del Pueblo de Puerto Rico. Así dispone la Exposición de Motivos, en lo pertinente:

Es responsabilidad de esta Asamblea Legislativa velar po[r q]ue las medidas que componen las Fases I, II y III del refe-rido Capítulo [III] se implanten de una manera eficiente y responsable, cónsonas plenamente con los objetivos de política pública de esta Ley, según dispuestos en su Artículo 2.
Por lo tanto, resulta menester realizar aquellas enmiendas que aclaren la Ley Núm. 7, garantizando de esta manera que se protejan los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. P. de la C. 1640, 16ta Asamblea Legislativa, Ira Sesión Ordina-ria, pág. 3.

Respecto a la enmienda ante nuestra consideración, se expresó que:

En cuanto al Capítulo III, las enmiendas que se incluyen consisten principalmente en (1) aclaraciones para que el texto corresponda con mayor especificidad a la intención legislativa y; (2) extender la fecha de vigencia de los convenios colectivos expirados o que expiren durante la vigencia de la Ley, hasta el 9 de marzo de 2011. (Énfasis nuestro.) P. de la C. 1640, supra, pág. 4.

De esta porción de la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 37, supra, podemos colegir que el legislador quiso modificar el texto original para que éste correspondiera a la verdadera intención legislativa que le motivó a crear ciertas exclusiones a la aplicación de la Ley Núm. 7, supra. Las expresiones de la Hon. Jennifer González, Presidenta de la Cámara de Representantes, reafirman esta interpre-tación:

Por eso, hoy anunciamos enmiendas adicionales a la Ley 7, para aumentar la exclusión de empleados en algunos renglones.
Estamos excluyendo de la ley 7, entiéndase de posibles ce-santías correspondientes a la fase 2 y a la fase 3, a los agentes del Cuerpo de Vigilantes, a los agentes del Negociado de In-vestigaciones Especiales, a la Oficina del Fiscal Especial Inde-pendiente, a la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio.
Y muchos se preguntar[á]n, ¿por qué las exclusiones a estos empleados? Y me parece bien sencilla la contestación. Son agencias de seguridad pública que en estos momentos, donde la criminalidad ha aumentado dramáticamente, el Estado no puede dejar [des]provisto ese servicio y necesita redoblar los esfuerzos en esas áreas, por lo que nosotros estamos dándoles, no solamente las herramientas en estas exclusiones para que esos empleados continúen haciendo el trabajo importante en el área de seguridad pública, sino también en la próxima asig-nación de presupuesto que estaremos haciendo el próximo lu-nes, donde hemos identificado fondos adicionales para que es-tas agencias de gobierno puedan seguir defendiendo a Puerto Rico y no poniendo en precario la seguridad de todos los puertorriqueños.
Adicional a esto, excluimos de la Ley 7 a los miembros de la Junta de Libertad Bajo Palabra, a los Oficiales de Corrección, y bien importante, a los patólogos, personal pericial y técnico del Instituto de Ciencias Forenses, que son precisamente la gente que ayuda en el esclarecimiento del cien por ciento de los casos. (Énfasis nuestro.) P. de la C. 1640, Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes, 19 de junio de 2009, pág. 7.

Luego de la enmienda, el referido Art. 37.02 dispone, en lo pertinente, así:

A fin de evitar un impacto negativo en los servicios brinda-dos por el Gobierno, y en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 2 de esta Ley, estarán exentos de las cesantías de la presente ley los empleados de las agencias que según sus cla-sificaciones llevan a cabo funciones esenciales en protección de la seguridad, enseñanza, salud y bienestar, según serán defi-nidos por la JREF, tales como:
(a) Policías y bomberos, agentes del Cuerpo de Vigilantes, agentes del Negociado de Investigaciones Especiales y la Ofi-cina del Fiscal Especial Independiente;
(b) oficiales de corrección y oficiales juveniles;
(c) maestros asignados al salón de clases, incluyendo los transitorios durante el año escolar;
(d) directores, bibliotecarios, orientadores y empleados de comedores adscritos al Departamento de Educación;
(e) maestros del Conservatorio de Música de Puerto Rico y de la Escuela de Artes Plásticas;
(f) profesionales de la salud (médicos, paramédicos, enfer-meras, farmacéuticos y técnicos de laboratorio);
(g) trabajadores sociales;
(h) operadores del sistema de llamadas de emergencia 911;
(i) patólogos, personal pericial y técnicos del Instituto de Ciencias Forenses',
(j) empleados de la Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público y la Comisión Apelativa del Sistema de Admi-nistración de Recursos Humanos del Servicio Público',
(k) personal de la Oficina de Servicios con Antelación a Jui-cio',
(l) personal del Registro de la Propiedad',
(m) personal de la Junta de Libertad Bajo Palabra, y
(n) consejeros en Rehabilitación Vocacional y personal de apoyo técnico. (Enfasis nuestro.)

Al analizar en conjunto el texto del Art. 37.02 de la ley original, así como la posterior enmienda a dicho texto, es ineludible concluir que el legislador quiso excluir de la aplicación del plan de cesantías a aquellos empleados que brindan servicios esenciales relacionados con asuntos de seguridad, enseñanza, salud y bienestar al Pueblo de Puerto Rico. En el texto original se dispuso un listado taxa-tivo de ocho categorías de puestos exentos. Sin embargo, según surge del historial legislativo, el legislador entendió necesario aumentar las exenciones a ciertos puestos que son esenciales para el funcionamiento de nuestro sistema de gobierno. Con esta enmienda se aumentó de ocho a ca-torce el número de categorías expresamente excluidas.

Lo anterior significa que la enmienda al texto original logró lo siguiente: (1) añadir expresamente otros puestos al listado de aquellos empleados a los cuales no aplicaría el plan de cesantías porque, a través de sus puestos, ejercen funciones esenciales relacionadas con la seguridad, la en-señanza, la salud y el bienestar; (2) añadió la frase “tales como” para aclarar que la lista es numerus apertus, y (3) confirió a la J.R.E.F. autoridad para excluir otros puestos de empleados que realizan funciones de la misma natura-leza de los excluidos por la ley, las cuales son funciones esenciales en protección de la seguridad, la enseñanza, la salud y el bienestar.

De esta forma, el legislador salvaguardó los servicios esenciales del Gobierno, ya sea mediante exclusión estatu-taria expresa o mediante la determinación que haga la J.R.E.F sobre otros empleados no excluidos expresamente en la referida disposición. Con esta enmienda, el legislador atendió de forma más completa el propósito que dio lugar a la disposición en controversia, esto es, mantener a aquellos empleados que son esenciales para el funcionamiento de los servicios básicos de seguridad, salud, enseñanza y bien-estar del Gobierno de Puerto Rico.

Conforme con lo anterior, la facultad de la J.R.E.F. bajo el Art. 37.02, supra, se limita a determinar cuáles otros empleados no incluidos en la lista deben ser excluidos de la aplicación de la ley. La J.R.E.F. no puede aplicar el plan de cesantías a aquellos empleados cuyos puestos están incluidos expresamente en los renglones establecidos por el legislador en el Art. 37.02 de la Ley Núm. 7, supra. Una interpretación contraria significaría que la enmienda limitó aún más las exclusiones dispuestas por ley al disponer que la J.R.E.F. es quien determina cuáles empleados dentro de esos renglones están exentos de la aplicación de la Ley Núm. 7. Esa interpretación sería contraria a la verdadera intención legislativa, que es ampliar la lista de los empleados excluidos del plan de cesantías, debido a que sus funciones son esenciales para el funcionamiento básico del Gobierno de Puerto Rico. Además, haría superfluo el Art. 37.02, supra, pues la facultad discrecional de la J.R.E.F. para identificar cuáles empleados serán cesanteados y cuáles no, es la regla general que aplica a to-dos los demás empleados no incluidos en el referido artículo.

Del historial legislativo se deduce que la enmienda per-mite a la J.R.E.F. ampliar la lista de empleados exentos. La interpretación de la J.R.E.F. de que la enmienda le per-mite reducir la lista de empleados exentos es contraria al propósito de la enmienda. En otras palabras, como señaló la Presidenta de la Cámara de Representantes, se eximió del plan de cesantías a los patólogos, al personal pericial y a los técnicos del Instituto de Ciencias Forenses, no a al-gunos de ellos solamente, como sostiene equivocadamente la parte recurrida.

Conforme con esta interpretación, procedemos a deter-minar si los peticionarios están exentos de la aplicación de la Ley Núm. 7.

VI

Según surge del expediente ante nuestra consideración, los peticionarios son empleados de carrera del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico, cuyos puestos están cla-sificados como Coordinadores de Pruebas de Detección de Sustancias Controladas y Otras Pruebas Especiales. De la hoja de descripción del puesto que obra en el expediente ante nuestra consideración surge que algunos ejemplos de las labores que realizan estos empleados son el tomar muestras de aliento para el alcohol, tomar muestras de cabello, huellas dactilares y comparecer como peritos a los foros administrativos y judiciales en los casos relacionados con las muestras tomadas. Es decir, estos empleados reali-zan labores técnicas y de peritaje para el Instituto de Cien-cias Forenses de Puerto Rico.

Conforme con la discusión que antecede, resolvemos que los peticionarios están expresamente protegidos por la ex-clusión que se establece en el Art. 37.02(i) de la Ley Núm. 7, supra, según enmendada. Por lo tanto, actuó correcta-mente el Tribunal de Primera Instancia al declarar nulos los despidos de los peticionarios.

VII

Por lo anterior, expedimos el auto de “certiorari”, revoca-mos el dictamen del Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de San Juan, Panel III, y reinstalamos el interdicto que dictó el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, para dejar sin efecto los despidos de los peticionarios, porque están expresamente excluidos de la aplicación del plan de cesantías establecido en la Ley Núm. 7, supra, se-gún enmendada.

Se dictará Sentencia de conformidad.

      (1) Mediante una opinión emitida hoy, analizamos las mismas disposiciones de ley para concluir que varios empleados de la Administración de Instituciones Juveniles no están exentos del plan de cesantías dispuesto en la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009, según enmendada. Véase Negrón Matos et al. v. E.L.A., 179 D.P.R. 217 (2010).


text:
      In re Ratificación de los Miembros Asociados de la Comisión de Evaluación Judicial.

      Número: EN-2010-01

      Resuelto: 14 de junio de 2010
   RESOLUCIÓN

En conformidad con el Art. 8 de la Ley Núm. 91 de 5 de diciembre de 1991, según enmendada, 4 L.P.R.A. sec. 73a, y a la luz de lo dispuesto en el Art. 4 de la Ley Núm. 45 de 16 de abril de 2010, los siguientes Miembros Asociados de la Comisión de Evaluación Judicial continuarán en sus cargos hasta que se cumpla el término de tres años del nombramiento en curso:

1. Ledo. José Lázaro Paoli, miembro asociado

2. Leda. Beatriz Vázquez de Acarón, miembro asociada

La ratificación de los nombramientos dispuesta en esta Resolución será efectiva inmediatamente.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo