author: El Juez Presidente Se. Hebnández,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Barbosa, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en causa por infracción a la Ley de Pesas y Medidas.
    No. 1447.
    Resuelto en febrero 13, 1920.
    Pesas y Medidas — Venta de Pan — Convicción por Delito Distinto del Con-signado en la Denuncia.- — Una persona acusada de una infracción a la Ley No. 13, aprobada en 12 de abril de 1917, para reglamentar el peso de los bollos de pan que se vendan u ofrezcan en venta en Puerto Bico, no puede ser convicta y castigada por una infracción a la seeeión 15 de la Ley de Pesas y Medidas, No. 135, aprobada en 18 de agosto de 1913, y si la prueba no demuestra la comisión del delito imputado debe ser absuelta.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Luis Mendín.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Presidente Se. Hebnández,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación interpuesto por Martín Barbosa contra la sentencia que en grado de apela-ción y mediante celebración de nuevo juicio dictó. la Corte de Distrito de Humacao en 13 de junio de 1919 declarando culpable al apelante de un delito de infracción a la sección 15 en conexión con la sección 20 de la Ley de Pesas y Medidas e imponiéndole cien dólares' de multa y las costas, o un día de cárcel por cada dólar que deje de pagar, sin que la prisión subsidiaria pueda exceder de noventa días.

Martín Barbosa fue denunciado en 2 de mayo de 1919 ante la Corte Municipal de Caguas por delito de infracción de la Ley No. 13 aprobada en 12 de abril de .1917, cometido de la manera siguiente:

“Que en mayo 2, 1919, a'las 10 a. m. y en el barrio de Río Cañas del Distrito Judicial Municipal de Caguas, que forma parte del Distrito Judicial Insular de Humacao, dicho acusado, voluntaria, e ilegal y maliciosamente, expuso a la venta y fabricó veinte y cinco bollos de pan de a una libra cada uno, con defecto en deficiencia de 1,250 gramos en los veinte y cinco bollos.- Los veinte y cinco bo-llos de pan acusan los siguientes defectos: 1 libra 65 gramos. 1 libra 50 gramos. 1 libra 50 gramos. 1 libra 60 gramos. 1 libra 50 gramos. 1 libra 40 gramos. 1 libra 45 gramos. 1 libra 25 gra-mos. 1 libra 30 gramos. 1 libra 50 gramos. 1 libra 80 gramos. 1 libra 55 gramos. 1 libra 35 gramos. 1 libra 55 gramos. .1 libra 35 gramos. 1 libra 55 gramos. 1 libra 50 gramos. 1 libra 60 gramos. 1 libra 45 gramos. 1 libra 50 gramos. 1 libra 25 gramos. 1 libra 50 gramos. 1 libra 70 gramos. 1 libra 75 gramos. 1 libra 45 gra-mos. El acusado incurre en lo previsto en la sección 20, Ley P. ,y M., por baber sido convicto y sentenciado por igual delito en marzo 17, 1918, sentencia No. 15841, a cinco dollars de multa y costas, dictada por la Hon. Corte Municipal de Caguas. Hecho contrario a la ley.”

Funda el apelante su recurso en que la corte inferior co-metió error en la apreciación de las pruebas.

La Ley No. 13 para reglamentar el peso de los bollos de pan que se vendan u ofrezcan en venta en Puerto Eico, y para otros fines, aprobada en 12 de abril de 1917, contiene cuatro secciones: la primera establece que un bollo de pan cuyo peso, sea una libra “avoirdupois” o' 453 gramos, será la unidad o tipo modelo para los bollos de pan en Puerto Eico; la sección segunda dispone que todo pan que se venda o se ofrezca para la venta en Puerto Eico, y cuyo peso sea mayor o menor que el de una libra o 453 gramos, deberá lle-var un rótulo claro e inteligible en inglés o castellano con el peso correcto y el nombre del fabricante, autorizándose al Jefe del Negociado de Pesas y Medidas para establecer aque-llas variaciones o tolerancias razonables que tanto por exceso como- por defecto puedan ser aplicables al peso indicado de los bollos; la sección tercera prescribe qué siempre que se venda o se ofrezca en venta un bollo de pan cuyo peso sea mayor o menor que una libra o 453 gramos, el rótulo expre-sivo del peso correcto de dicho bollo indicará además el pre-cio del bollo o unidad tipo seguido de las palabras “la libra”, y el precio de dicho bollo será la misma parte proporcional' del precio de la unidad tipo, como el peso del bollo de pan en cuestión es del peso de la unidad tipo, disponiéndose que ninguna fracción do un centavo será incluida en el precio de cada bollo; y la sección cuarta castiga la infracción de cual-quiera de las disposiciones anteriores como delito menos grave, con sujeción a las mismas penas previstas en la Lev de Posas y Medidas vigente.

Las secciones 15 y 20 de la Ley de Pesas y Medidas, No. 135 aprobada en 18 de agosto de 1913, que se citan en la sentencia recurrida, establecen, la sección 15, que ninguna persona dará, o permitirá que se dé, ningún peso o medida falto o incompleto en la venta o traspaso de artículos, efectos o mercancías, y ninguna persona usará, o permitirá que se use, ninguna pesa o medida falsa en ninguna transacción industrial o comercial, como base para fijar el precio o pago en la venta, traspaso o transporte de cualesquiera artículos, efec-tos o mercancías, y la sección veinte, que toda persona que infrinja cualquiera de las disposiciones de dicha ley o de las reglas y reglamentos prescritos en cumplimiento de la misma, o disponga, permita o consienta cualquiera de dichas infrac-ciones, será culpable de un delito menos grave y castigada por la primera falta con una multa máxima de $50 o con prisión que no exceda de 50 días y por la segunda falta con una multa no menor de $50 ni mayor de $250, o con prisión por un término no mayor de 90 días, y por las subsiguientes faltas con una multa que no sea menor de $200 ni mayor de $500 y con prisión por un término que no exceda de un año.

Como el denunciado no puede ser castigado por delito dis-tinto del comprendido en la denuncia, veamos si las pruebas demuestran que voluntaria o ilegal y maliciosamente expuso a la venta y fabricó veinticinco bollos de pan de una libra cada uno, con defecto o falta de 1,250 gramos en los vein-ticinco bollos.

De la prueba testifical traída al juicio por El Pueblo de Puerto Rico aparece que los veinticinco panes a que se re-fiere la denuncia fueron repesados en una balanza contrastada debidamente y el peso total mostró una deficiencia de 1,250 gramos,'bajo la base de que cada pan debía pesar una libra, o sean 453 gramos; que la envoltura del pan decía, según el testigo Félix Viera, “Barbosa M. 40 Oaguas gramos” y luego seguía la abreviatura de “libras”, no recordando si entre gramos y libras dec/a “10 centavos”, y según el testigo Pedro Blanche el pan decía “Barbosa M. 40 Caguas”, “gra-mos” abreviado y “libra” abreviado, sin que se expresara el precio; mientras que la prueba del acusado consistente en tina de las envolturas del pan, muestra que el rótulo decía '‘Barbosa M. Caguas 40 gramos 10 centavos” y "libra” abre-viado, asegurando sus testigos Enrique Morán y Eladio Rosa que el peso del pan era de 400 gramos.

El acusado al declarar explica que en su panadería se amasan 14 o 15 sacos; que el pan se marcaba con el peso de 400 gramos, Caguas, 10 centavos libra; que ese número de 10 centavos libra no puede entenderse como que es una libra porque un bollo de pan con peso de una libra no bay necesidad de marcarlo, y que puede ser que por descuido de los muchachos que sellaban el pan y por no darse cuenta de ello el encargado, se pusieran en vez de 400, 40 gramos.

El rótulo puesto a los bollos de pan no muestra que su peso fuera el de una libra, en cuyo caso el apelante estaba exento de cumplir los preceptos de las secciones, segunda y tercera de la ley, preceptivos de que todo pan con peso mayor o menor de una libra debe llevar un rótulo con indicación del peso del bollo de pan y de su precio con relación a la libra o unidad tipo, y el. mero hecho de haberse sometido el denunciado al cumplimiento de esos preceptos revela que el peso de cada bollo era mayor o menor de una libra. Este peso, si atendemos a la declaración del acusado, corroborada por dos testigos, a falta de prueba de que fuera de una libra, era de 400 gramos, por más que en el rótulo por equi-vocación se consignara que era de 40 gramos; y aceptando como bueno el peso de 400 gramos, tenemos que si bien bajo la base de una libra o de 453 gramos el bollo, faltaban a los veinticinco bollos pesados 1,250 gramos bajo la base de lo que mareaban los bollos, o sean 400 gramos cada bollo, te-nían dichos veinticinco bollos 75 gramos de exceso^

Hay prueba tendente a demostrar que los bollos se ven-dían no a 10 centavos sino a 7 y 8 centavos cada uno.

Y no cabe juzgar y condenar al apelante por infracción de las secciones 2a. y 3a. de la Ley No. 13 de 12 de abril de 1917, consistente en no llevar los panes el rótulo en la forma que disponen dichas secciono?*, pues no ha sido acu-sacio bajo ese concepto o teoría, sino por haber fabricado y vendido los panes con falta de peso, bajo la base de que sn peso era de una libra, cuyo hecho no se ha justificado.

Es de revocarse la sentencia apelada, absolviendo al acu-sado-apelante con las costas de oficio.

jRevocada la sentencia y ábsuélto él abusado.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

license: Public Domain

text:
    Torres et al., Recurrente, v. El Registrador de Guayama, Recurrido.
    Recurso gubernativo interpuesto contra nota del Registrador de la Propiedad de G-uayama denegando la inscripción de un expediente posesorio.'
    No. 457.
    Resuelto en febrero 16, 1920.
    Expedientes Posesorios — Cortes—Jurisdicción de. — Cuando los bienes objeto de la información posesoria radican en pueblo o término donde no reside la corte de distrito, es potestativo de los interesados el promover la informa-ción ante la corte municipal del municipio en que están situados los bienes o ante la corte de distrito del distrito judicial a que corresponda aquella. Ambas cortes tienen jurisdicción concurrente.
    Id. — Testigos en la Información Posesoria. — Está bien fundada la negativa de un registrador a inscribir un expediente posesorio en que los testigos que declararon en la información no eran vecinos propietarios del término • municipal en que los bienes radicaban.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. G. Dominguez Rubio.

    El registrador recurrido, Sr. F. Socorro, no compareció.
   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Florencio Torres y Dámaso Caraballo iniciaron en la Corte de Distrito de Guayama un expediente para acreditar la po-sesión en concepto de dueños de una finca rústica situada en Patillas. El expediente se tramitó siguiendo el procedimiento marcado en la Ley Hipotecaria, y finalmente la corte declaró justificada la posesión y ordenó que fuera inscrita en el Re-gistro de la Propiedad del Distrito. Presentádole el expe-diente original, el registrador se negó a inscribirlo porque “lia sido tramitado en la Corte de Distrito de esta ciudad en vez de serlo en la Corte Municipal de Patillas que es la que tiene competencia para ello en este caso; y porque los testigos don Luis Texidor y don Antero Aponte que declaran en la información no tienen la condición de vecinos de Pa-tillas ni la de propietario de ese municipio el Sr. Aponte.”

1.' En cuanto al primer motivo de su negativa, no tiene razón el registrador. Según el artículo 390 de la Ley Hipo-tecaria, los expedientes posesorios, como regia general, se tramitan ante el juez de primera instancia, hoy el juez de distrito, del lugar en que estén situados los bienes, y “si los bienes estuvieren situados en pueblo o término donde no reside el juzgado de primera instancia del partido, podrá ha-cerse dicha información'ante el juez municipal respectivo.” Era, pues, potestativo, en los interesados, en un caso como el presente, el acudir a la corte de distrito o a la corte municipal. Ambas coi'tes tenían jurisdicción concurrente. Véase la opinión de G-alindo emitida en igual sentido en el tomo 4, página 613, de la cuarta edición de su “Legislación Hipo-tecaria. ’ ’

2..El segundo motivo está bien fundado. Exige la ley que la información se practique “con dos o más testigos, vecinos propietarios del pueblo o término municipal en que estuvieren situados los bienes.” Y en este caso, del expe-diente original resulta que de los dos testigos que declararon uno no dijo de donde era vecino y el otro expresó que lo era de Guayama, o sea de un municipio distinto de aquel en que los bienes radican. Véase Galindo, Legislación Hi-potecaria, tomo 4, página 605, y las resoluciones de 13 de marzo de 1897 del Ministerio de Ultramar y 13 de julio de 1863 de la Dirección General de los Registros, que cita. En la última se declaró que no son inscribibles los expedientes en que intervienen testigos que ni son vecinos ni propietarios del pueblo en que radican las fincas, aunque se alegue que el propietario carece de relaciones en aquel pueblo, enten-diéndose por tal el conjunto de vecinos sujetos a un mismo Ayuntamiento. (E. O. de 26 de abril ele 1867.) El concepto fundamental de pueblo o municipio no lia variado de acuerdo con la legislación actualmente en vigor en esta Isla.

El caso de Ramos v. El Registrador, 18 D. P. R. 16, que invoca el recurrente no sostiene sus pretensiones. Allí los testigos declararon sobre su condición de vecinos y propie-tarios y la corte apreció que tenían los requisitos exigidos por la ley, y este tribunal basándose en la E. de la D. G-. de los E. de España de 8 de marzo 1892, estableció la siguiente doctrina: “Constando de un expediente posesorio que los testigos declaran bajo juramento sobre su vecindad y condi-ción de propietarios y que el juez apreció que tales condicio-nes exigidas por la ley se'habían justificado, debidamente, tal apreciación debe ser aceptada por el registrador.” Pero aquí no bay lugar a apreciaciones. Uno de los testigos, como fie-mos diefio, nada declaró con respecto a su vecindad, y el otro de modo terminante afirmó que era vecino de otro pueblo. Faltó, pues, uno de los requisitos previos exigidos por la ley y en tal virtud estuvo justificado el registrador al. negarse a inscribir una información posesoria ineficaz en derecho.

En cuanto a la condición de propietarios, uno de los tes-tigos declaró que lo era en Patillas, municipalidad en donde radica la finca. El otro afirmó también que lo era, pero sin especificar en' dónde. Luego se le preguntó si tenía pro-piedades en “Carite”. Contestó que tenía, pero que las había vendido. No fné, pues, su declaración todo lo precisa que. debió ser ya que no mostró concretamente que fuera pro-pietario en Patillas, como exige la ley.

Habiendo en consideración todo lo expuesto, opinamos que la negativa del registrador a inscribir el expediente poseso-rio de que se trata, debe confirmarse por el segundo de sus fundamentos.

Confirmada la nota recurrida por él segundo de los motivos de la negativa.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Peesidente Sr. Hernández,

text:
    Rivera, Demandante y Apelado, v. Martínez, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en pleito sobre libelo, y daños y perjuicios.
    Moción para que se deje sin efecto un mandamiento de ejecución.
    No. 2094.
    Resuelto en febrero 16, 1920.
    Sentencia — -Pesos—Dollars.—No cometió error la corte de distrito al ordenar que se embargaran bienes del demandado iior valor de tres mil dollars para ejecutar la sentencia dictada en apelación por el Tribunal Supremo conde-nándolo al pago de tres mil pesos, por cuanto según la opinión de la corte que sirvió do base a la sentencia, la palabra "pegos” se usó como equivalente de “dollars”. Además, si fuera traducible al español la palabra inglesa "dollar”, esa traducción sería "un peso”, como ocurre frecuentemente.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. V. P. Martines.

    Abogado del apelado: Sr. L. Llorens.

   El Juez Peesidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

En caso civil seguido ante la Corte de 'Distrito de Agua-dilla por José C. Bivera contra Víctor P. Martínez sobre daños y perjuicios por libelo, dicha corte dictó sentencia en 26 de octubre de 1917 declarando con lugar la demanda y sin lugar la reconvención del demandado, al que condenó al pago de la suma de un dollar,'honorarios de abogado en la suma de un dollar y las costas del litigio.

La anterior sentencia fue modificada en grado de apela-ción por la de esta Corte Suprema de 6 de diciembre de 1918, “en el sentido de que el demandado sea como es con-denado a pagar al demandante la suma de tres mil pesos, los honorarios de abogado y las costas del litigio.”

El demandante radicó moción en la Secretaría de la Corte de Agnaclilla con fecha 24 de julio de 1919 solicitando se librara por el secretario el correspondiente mandamiento u orden de ejecución de la sentencia en cnanto a la condena de tres mil dollars, y dicha corte accedió a lo solicitado por orden de la misma fecha, expidiéndose al marshal el man-, damiento de ejecución en los términos indicados.

De la anterior orden solicitó reconsideración el demandado Víctor Martínez, por haberse mandado ejecutar una sentencia por tres mil dollars cuando esta Corte Suprema había seña-lado únicamente una cantidad nominal de tres mil pesos, por no haber justificado el demandante los daños, cuya reconsi-deración fue denegada por orden de la misma fecha 24 de julio, y entonces interpuso Martínez recurso de apelación para ante esta Corte Suprema.

Alega el apelante para sostener el recurso que la corte de Aguadilla no tenía jurisdicción para ejecutar la sentencia de esta Corte Suprema variándola sústancialmente como lo hizo, sustituyendo la cantidad de tres mil pesos por la de tres mil dollars y que la sentencia en pesos es inejecutable o nominal, careciendo por tanto de derecho la parte deman-dante para pedir la ejecución de ella. Cita el apelante como infringidos los artículos 239 y 240 del Código de Enjuicia-miento Civil, que son los 5251 y 5252 de la Compilación de los Estatutos Revisados y Códigos de Puerto Rico, y además el artículo 6621 de los mismos estatutos o sea la sección 11 de la Ley Foraker, ordenando el canje de la moneda provincial por la de cuño de los Estados Unidos y que ninguna, otra sería de curso legal.

La cuestión envuelta en el recurso es si la sentencia de esta Corte Suprema de 6 de diciembre de 1918 modificando la de la corte inferior en el sentido de que el demandado fuera condenado a pagar al demandante la suma de tres mil pesos, los honorarios de abogado y las costas del litigio, debe en-tenderse como entiende y sostiene el demandado en el sentido de condenarle al pago de tres mil pesos de la antigua moneda provincial, boy sin curso legal.

No fuá el propósito de esta corte condenar 'al deman-■dado Víctor Martínez al pago de la suma de tres mil pesos provinciales sino al pago de la suma de tres mil dollars, que es la moneda de curso legal en esta Isla, tomando la palabra “pesos” como sinónima de la de “dollars,” y lo demuestra la opinión de la corte que sirve de fundamento a la sentencia, 26 D. P. E. 760, en cuya opinión la corte dijo:

“Las excepciones fueron desestimadas y celebrada la vista la corte dictó sentencia declarando con lugar la demanda y sin lugar la reconvención y condenando al demandado a pagar al demandante la suma de un peso, honorarios de abogado en la suma de un peso y las costas del litigio.”

Y más adelante agrega:

“No obstante haber llegado a las anteriores conclusiones la corte (de Aguadilla) estimando que el demandante no había aportado evi-dencia alguna de los elementos esenciales que agravan los daños in-feridos '* * * se limitó a condenar al demandado como ya he-mos dicho a pagar al demandante la suma de un peso por toda in-demnización. 5 ’

Como se ve, esta Corte Suprema al referirse a la sen-tencia de la Corte de Distrito de Aguadilla sustituye la pa-labra “dollars” por la de “pesos”, cual si ambas tuvieran la misma significación, y de igual modo procedió al dictar la sentencia de 6 de diciembre de 1918 cuya ejecución se ba ordenado.

Y es de notar que esta Corte Suprema no revocó en ab-soluto la sentencia de la Corte de Aguadilla si no que la modificó en el sentido de que el demandado fuera condenado a pagar al demandante la suma de tres mil pesos en lugar de la suma de un dollar en que venía condenado, debiendo por tanto ser los tres mil pesos moneda idéntica e igual a la del dollar pues no se varió la calidad de la moneda sino la cuantía de la indemnización.

La indemnización en que fué condenado Martínez según muestra nuestra opinión en el caso no fué por daños nomi-nales sino por daños reales, y por tanto, no puede entenderse nominal si no real y efectiva la indemnización de tres mil pesos en que ña sido condenado.

Además, si la palabra inglesa “dollar” es traducible al español, esa traducción sería la de “peso”, como frecuente-mente sucede.

La Corte de Distrito de Aguadilla al ordeñar la ejecución de la sentencia en la forma en que lo hizo no obró en con-tradicción con lo ejecutoriado y, por tanto, lejos de ser in-fringidos han tenido debida aplicación los preceptos legales que invoca el recurrente.

Es de confirmarse la orden apelada.

Confirmada la orden apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados “Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: En Juez PkesideNte Se. HebNÁNdez,

text:
    Fajardo Sugar Company, Demandante y Apelante, v. Torres et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao de una orden sobre incidente de costas.
    No. 2092.
    Resuelto en febrero 16, 1920.
    Costas — Memorandum de Costas Enmendado — Discreción Judicial. — Habiendo impugnado el apelante el memorandum de costas radicado en término por el demandado apelado, entre otros motivos por ciertos defectos de forma en el juramento, dicho apelado radicó nuevo memorandum enmendado expresando en el escrito que lo hacía “con la venia de la corte.’’ Negada por la corte inferior la eliminación del memorandum enmendado que solicitara el ape-lante, se resolvió en apelación: que debiendo estimarse concedida por la corte en uso de su discreción la venia que solicitara el apelado al radicar su memorandum enmendado, cuya radicación, si bien fuera de término, debe entenderse nunc pro tunc, la revocación no procede a menos que se pruebe abuso de discreción por parte de la corte con injusticia para la parte perju-dicada a permitir la enmienda.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. L. Muñoz Morales.

    Abogado de los apelados: Sr. G. García de la Noceda.

   En Juez PkesideNte Se. HebNÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

En juicio de desahucio seguido ante la Corte de Distrito de Humacao por The Fajardo Sugar Company contra Bamón Torres, Carmen García y Basilia Díaz, recayó sentencia en 19 de diciembre de 1918 declarando sin lugar la demanda y condenando a la parte demandante a satisfacer las costas, cuya sentencia fué confirmada por esta Corte Suprema en 5 de mayo de 1919, registrada en la Secretaria de' la Corte de TIumacao el día 9 del propio mayo.

Los demandados radicaron en 16 del citado mayo un memorandum jurado de costas comprensivo de varias par-tidas, una de $5 por honorarios del secretario, otra de $20 por indemnización de testigos, la tercera de $40 por dos via-jes de ida y vuelta a Humacao para la primera y segunda comparecencia en el juicio, la cuarta de $15 por un viaje de ida y vuelta a San Juan para comparecer ante esta Corte Suprema, y la última de $200 por honorarios de abogado, cu-yas partidas arrojan el total de $280.

La demandante, en escrito de 20 de mayo impugnó el anterior memorandum de costas, en primer lugar, por ser de-fectuoso el juramento en atención a que no expresaba el título del funcionario que lo tomaba ni éste daba fé de que hubiera comparecido a su presencia el que lo prestaba ni tampoco de su conocimiento; por falta de especificación de las parti-das de indemnización a testigos y de los viajes de ida y vuelta a Humacao y a San Juan; y finalmente porque la demandante había sido condenada expresamente al pago de las costas y no al de honorarios, aparte de que éstos eran excesivos. Su-plicó en su virtud que se ordenara la eliminación del memo randum y en caso de aceptarse éste se tuvieran por impug-nadas las partidas mencionadas.

Notificado el abogado de los demandados de la impugna-ción beclia, radicó nuevo memorandum de costas en 26 de mayo, expresando que lo bacía con la venia de la corte, y en ese nuevo memorandum además de subsanar el defecto de que adolecía el juramento del anterior, explicó las partidas impugnadas por falta de especificación.

En 28 de mayo radicó la demandante moción para que se eliminara el memorandum de costas enmendado, pues se babía presentado sin permiso de la corte y fuera del término señalado por la ley, y previa impugnación de los demandados a la anterior moción de eliminación la corte, por orden de 20 de junio de 1919, declaró sin lugar la moción de elimina-ción; y después de discutido por ambas partes el memorandum enmendado recayó resolución definitiva en 21 de julio de 1919 que aprobó el memorandum de costas con excepción de las partidas referentes a indemnización de testigos y gas-tos de viaje, debiendo, por tanto, satisfacer únicamente la parte demandante la suma de $205 por derechos de secretaría y honorarios de abogado.

La anterior resolución está sometida a nuestra considera-ción a virtud de recurso de apelación contra ella interpuesta por The Fajardo Sugar Company.

Funda la apelante su recurso en que la Corte de Distrito de llumacao cometió error al admitir discusión y dictar reso-lución sobre el memorandum de costas enmendado, por la ra-zón de que el memorandum primitivo era nulo y el segundo fué presentado fuera de término sin liaberse obtenido previa-mente autorización ele la corte para ello ni mediar notifica-ción a la demandante.

La cuestión envuelta en el recurso se resuelve por la doc-trina que dejamos establecida al decidir el caso de Belaval et al. v. The Fajardo Sugar Growers’ Association, 18 D. P. R. 461.

Tanto en diclio caso como en el presente la enmienda te-dia al juramento no afectaba a los méritos del caso en ma-nera alguna, pues sólo se refería a un defecto puramente de forma; y como dijimos entonces, la cuestión referente a la concesión de tales enmiendas está encomendada exclusiva-mente a la discreción de la corte sentenciadora y a no ser que se demuestre que ha habido abuso de esa discreción legal, del que resulte una injusticia para la parte que se queja del mismo, la resolución de la corte sentenciadora, no será mo-dificada.

Ciertamente que en el presente caso la representación de las partes demandadas presentó el memorandum enmendado sin solicitar el’permiso de la corte, pero expresó que lo hacía con Ja venia de la misma, quedando, por tanto, sujeta a que esa venia le fuera concedida, y de hecho lo fué por la corte al declarar sin lugar, por su orden de 20 de junio, 1919, la eliminación de dicho memorandum, quedando así sometido a la discusión de las partes, sin que la corte abusara de su dis-creción ni la demandante fuera perjudicada en sus derechos, puesto que le quedó la vía expedita para impugnar el memorandum como así lo hizo, discutiendo sus partidas y consi-guiendo que fueran eliminadas algunas de ellas.

Y no cabe sostener que el memorandum de costas enmen-dado fué presentado fuera del término señalado por la ley pues el primitivo fué presentado en tiempo oportuno y la admisión de las enmiendas debe entenderse mine pro tune, o sea, no con relación a la fecha en que fueron hechas simo con relación a la fecha de presentación del primitivo memorandum enmendado.

Es de confirmarse la orden apelada.

Confirmada la orden recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    Ayllón y Ojeda et al., Demandantes y Apelados, v. González y Fernández et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre nulidad de venta judicial y reivindicación.
    No. 1950.
    Resuelto en febrero 17, 1920.
    Prescripción — Justo Título — Buena Be. — El .-justo título y la buena fe están íntimamente relacionados y generalmente surge el justo título cuando aquel a quien se hace el traspaso cree que la persona de quien adquiere es el ver-dadero dueño y no existe nada en la inscripción o en los hechos que co-nocía que mostraran el defecto o le impusieran el deber de investigar. Así, pues, posee con el justo título que la ley requiere para la prescripción, el comprador de una finca inscrita a favor de menores, cuya venta, realizada por el tutor testamentario, había sido ordenada por la corte de distrito com-petente a petición de éste y previo expediente de utilidad y necesidad.
    Tercero. — Una persona que adquiere de otra cuyo título está inscrito en el regis-tro queda protegida a no ser que resulte claramente de la inscripción el de-fecto del título. Las palabras “resulten claramente,” usadas en el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, son sinónimas de “aparezcan claramente,” a los fines de dicha ley.
    Tercero — Causas de Nulidad que so Resultan de la Inscripción — Registro de Tutela. — La circunstancia de que en la inscripción no conste que el tutor entró debidamente en posesión del cargo, que había prestado fianza y ju-ramento e inscrito su nombramiento en el registro de tutelas, no demuestra una causa aparente de nulidad que sirva de aviso al tercero, pues la ley no exige que el tutor consigne tales requisitos en la escritura de trasnaso.
    Escritura Pública — Testigos Instrumentales. — La alegación que se hace en una demanda relativa a la falta de testigos instrumentales en una escritura no es importante cuando el demandante no niega el otorgamiento del con-trato, cuando en todo caso el documento podría considerarse como documento privado de acuerdo con el artículo 1191 del Código Civil, cuando el hecho de que la escritura contiene el supuesto defecto no implica la nulidad de la obligación en sí y cuando existe el justo título independientemente de la escritura.
    Los boclioñ están 'expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes B. Fernández y Hermanos, Sncrs. y “Ramón González: Sres. Monserrat y Monserrat.

    Abogado del apelante Julián Silva: Sr. José de Gusmán Benitez.

    Abogados de los apelados: Sres. Félix Górdova Dávila., José Martinez Dávila j Alfredo Arnaldo Sevilla.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Según la teoría de la demanda sometida a nuestra con-sideración, los apelados en unión de un hermano fallecido eran los herederos de Pedro Ayllón y Ojeda y heredaron la finca que se describe en dicha demanda; que dicho Pedro Ayllón, en testamento que lleva fecha marzo 21, 1906 designó a Ramón González y Fernández como tutor de sus menores hijos, o sean los herederos arriba descritos, pero sin releva-ción de fianza; que dicho tutor no acreditó su nombramiento ante la debida corte ni prestó la fianza exigida por la ley, ni tampoco inscribió su nombramiento en el registro de tu-telas como prescribe la ley; que Ramón González- actuando falsamente como tutor de dichos demandantes sin haber to-mado posesión de su cargo, prestado fianza o tomado el ju-ramento exigido por la ley y en confabulación con B. Fer-nández y Ti Gímanos, acreedores de los demandantes, de cuya firma B. Fernández y Hermanos, Sucesores, son los liquida-dores, presentó una solicitud a la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera solicitando autorización para vender una casa que los apelados poseían en el barrio de Puerta de Tierra de esta ciudad; que el día 14 de noviembre de .1906 el referido González, actuando en confabulación como queda dicho, obtuvo una orden de dicha corte autorizando al expresado tutor para vender en piíbliea subasta la casa y solar en cuestión por cantidad no inferior de seis mil dólares; que en la referida orden de la corte no se describió la finca objeto de la autorización judicial, no se fijaron los términos en que debía llevarse a cabo la subasta, ni se señaló la fecha de la misma, ni el sitio donde clebía llevarse a efecto, ni se ordenó la publicación de la venta y fijó el plazo de la misma; que el expresado González, de acuerdo con dicha conspiración y sin valerse del márshal, dos meses después de la fecha en que se concedió dicha autorización, en enero 11 y 12 de 1907, publicó en el periódico “Boletín Mercantil” de esta ciudad, que en dicha demanda se alega es un periódico de los de me-nos circulación, un aviso haciendo saber que dos días des-pués, o sea en 14 de enero de 1907 se llevaría a cabo la venta en pública subasta de dicha finca en la notaría de Damián Monserrat, que era el abogado de González; que en el referido día 14 de enero de 1907 compareció dicho-Gonzá-lez ante dicho notario y procedió a la celebración de la- su-basta de la finca, levantándose por dicho notario un acta de escritura pública de la cual aparece que no hubo más Imita-dores que los demandados B. Fernández y Hermanos que ofre-cieron seis mil dólares como precio de la finca, adjudicán-dosele a ellos la buena pró; que la escritura pública fue au-torizada sin la presencia de testigos instrumentales, firmán-dola solamente el tutor González, B. Fernández y 'Hermanos y el notario, que en agosto 12, 1912 B. Fernández y Herma-nos vendieron la finca a Julián Silva, habiéndose inscrito esta escritura de venta en el registro de la propiedad; que ni Gon-zález ni el notario tomaron ninguna medida en forma alguna para que dicha venta fuese ratificada y que la corte jamás ha tenido oportunidad de aprobar dicha venta; que la finca había producido a la fecha en que se presentó la demanda la suma de catorce mil dólares.

En la demanda se solicitan varias nulidades, la reivindi-cación de la finca y el pago de los expresados catorce mil dólares.

Si bien la demanda no lo admite específicamente, sin embargo la escritura de González a favor de Fernández y Her-manos también fue inscrita en el registro de la propiedad, y esta es la consecuencia necesaria o presunción de la inscrip-ción de la escritura de Fernández y Hermanos a favor do Silva, pues de otro modo la escritura posterior no hubiera podido ser inscrita. Nada se dice tampoco en la demanda acerca del hecho de que B. Fernández y Hermanos no sola-mente eran acreedores, sino acreedores hipotecarios con su hipoteca debidamente inscrita en el registro de la propiedad y que la venta de González a favor de B. Fernández y Her-manos tenía por objeto cancelar los créditos hipotecarios existentes, deduciéndose el importe de dichas deudas del pre-cio satisfecho por B. Fernández y Hermanos.

En la contestación de B. Fernández y Hermanos, entre otras cosas, se defendía la venta por ser completamente legal y válida y alegaba la prescripción ordinaria de diez años y radicaron además una reconvención o cóntrademanda qne comprendía las den das hipotecarias y otras qne debía el tes-tador a dichos B. Fernández y Hermanos. En la contesta-ción de Silva se alegaba la validez de la venta, la 'del título de B. Fernández y Hermanos, pero se fundó principalmente en el hecho de qne él era nn tercero y estaba completamente protegido, por las anteriores inscripciones de la propiedad según aparecía del registro.

La Corte de Distrito de San Juan dictó sentencia decla-rando en efecto qne todas las evidencias del título así como el título mismo en que los apelantes confiaban eran nulos y sin ningún valor, comprendiendo estas nulidades la venta hecha por el tutor a B. Fernández y Hermanos y la de B. Fernández y Hermanos a Julián Silva. También declaró la corte nula y sin ningún valor la carta de pago otorgada por B. Fernández y Hermanos a dicho tutor. Declaraba también la sentencia qne la propiedad en cuestión pertenecía a los demandantes, pasando entonces a distribuir diferentes sumas a las distintas partes en el pleito, en la forma en que la corte las consideró con derecho, de acuerdo eon la ley, basándose en parte en los créditos hipotecarios que se debían a B. Fer-nández y Hermanos en la fecha de la venta que se alega es nula y que a ellos hizo el tutor. •

Los demandados B. Fernández y Hermanos y Julián Silva interpusieron apelaciones separadamente.

Los cargos de fraude que tan repetidamente se hacen en la demanda no fueron justificados por la prueba. El hecho de que la venta se llevó a cabo dos días después del último aviso y de que el referido aviso solamente se hizo por dos d’as es el aspecto peor del caso, pero no podemos sostener que la venta así efectuada no fué una venta en pública su-basta especialmente en vista del becho de haber fijado la corte nn precio mínimo y además por las razones consigna-das en nuestra opinión en el caso de Cortés v. Crehore, 24 D. P. R. 430.

Eespecto a la cuestión de fraude tal vez debiera hacerse una excepción en vista de la jurisprudencia al efecto de qne cualquier persona qne compre bienes se considerará que pro-cede de mala fé si puede inferirse razonablemente de la es-critura o del registro la nulidad de dicho traspaso. Por consiguiente esta sugestión de fraude depende de la cuestión principal de si las nulidades alegadas podían o no deducirse razonablemente de las escrituras o' inscripciones, e indepen-dientemente de esto la cuestión de fraude no requiere consi-deración alguna en esta apelación. El hecho dé que los ape-lantes B. Fernández y Hermanos tuvieran o no conocimiento anterior o procedente de las constancias de los autos o del registro (constructive notice) de los defectos de la venta a favor de ellos es otra cuestión.

Cuando B. Fernández y Hermanos recibieron la escritura de dicho tutor la inscripción de la finca a nombre de los menores herederos ya había sido hecha en el registro de la propiedad así como en cnanto al hecho de qne Ramón Gon-zález era el tutor testamentario de dichos menores hijos. In-sisten los apelados en qne el abogado de Ramón González era Damián Monserrat y el de B. Fernández y Hermanos era el dicho Damián Monserrat y que por consiguiente de-bía imputarse conocimiento de las supuestas nulidades a B. Fernández y Hermanos. Esto envuelve una falacia. A me-nos que el abogado que actuaba a nombre de ambas partes hubiera comunicado cualquier conocimiento personal que hu-biera podido obtener a sus clientes B. Fernández y Herma-nos, no vemos cómo puede imputarse a sus principales tal conocimiento. . El aviso a un abogado tiene ciertos límites bien definidos que no discutiremos. B. Fernández y Herma-nos deben ser considerados como cualquier otro comprador de buena fé en tanto en cnanto concierna a cualquier defecto existente antes de su supuesta compra a dicho tutor.

Los apelados y la corte se fundan principalmente para la supuesta nulidad de los actos del tutor en tres defectos: primero, que su tutela nunca fué inscrita en el registro de tutelas como lo exige la ley; segundo, que jamás prestó jura-mento de su cargo; y tercero, que nunca prestó fianza para el buen resultado de su gestión como exige el artículo 270 del Código Civil.

Los apelantes B. Fernández y Hermanos insisten en la validez absoluta de la venta heclia por el tutor a B. Fernán-dez y Hermanos. Hay mucha jurisprudencia que sostiene que la venta de bienes de menores por una corte que entiende en asuntos de testamentaría (probate court) es una venta judicial. Existen otras tantas autoridades que sostienen que el título de un. comprador en subasta pública está protegido contra cualquier ataque colateral. De igual modo está bas-tante bien establecido que una acción de la naturaleza de la aquí establecida es un ataque colateral. Poro no basamos nuestra decisión en estos fundamentos.

En los Estados Unidos como en Puerto Bico, un padre puede nombrar un tutor testamentario para sus hijos meno-res de edad estando en conflicto las autoridades respecto al punto de si un tutor testamentario, para que se le defiera la tutela, tiene o no necesidad de prestar fianza antes de ser considerado legalmente como tutor. 21 Cyc. 46, nota 98; Hatch v. Ferguson, 33 L. R. A. 759; In re Chin Mee Ho. 73 Pac. Rep. 1002, 140 Cal. 263; Ex parte Maxwell, 79 Am. Dec. 62. Esta cuestión de la fianza frecuentemente lleva consigo la necesidad de que un albacea o administrador preste fianza, respecto a lo cual véase el tomo 11 de R. C. L. págs. 57 y siguientes. Nos inclinamos a creer que el mejor razonamiento está de parte de las autoridades que sostienen que los actos de un tutor que no ha entrado en posesión de su cargo no son nulos sino meramente anulables, pero no trataremos de analizar las.autoridades.

La corto inferior hizo insistencia en el hecho de haber dejado el tutor de inscribir sn tutela en el registro de tute-las. Nos vemos obligados a declarar que habiendo sido sus-tituido boy por la corte de distrito el consejo de familia el no hacerse la inscripción no es un defecto fatal, particular-mente a falta de algo que demuestre de qué modo podría ser perjudicado alguien por el hecho de no verificarse tal ins-cripción. No vemos cómo si un tutor entra de otro modo en posesión- de su cargo prestando juramento y dando fianza podían perjudicarse los intereses de alguna persona y espe-cialmente los intereses de los pupilos.

Consideramos estas cuestiones de paso puesto que B. Fer-nández y Hermanos también han alegado un título adquirido por prescripción ordinaria de diez años con justo título y buena fé. La Corte Suprema de los Estados Unidos, en un caso semejante estuvo dudosa respecto a si un traspaso era o no absolutamente válido, pero prefirió fundar su decisión en la cuestión de si podía existir o no un justo título. Texas & Pacific Railway Co. v. Smith, 159 U. S. 69. Esta corte ha discutido la cuestión de justo título tan a menudo que creemos innecesario revisar todas las autoridades. Una de las más recientes de sus declaraciones es la del caso de Martorell et al. v. J. Ochoa y Hermano et al., 26 D. P. R. 700, y aunque la corte no fue de opinión unánime en la aplicación de la ley no hubo diferencia de criterio sobre la definición de lo que constituye un justo título. El justo título es necesaria-mente algo menos que un título perfecto. Se ha resuelto fre-cuentemente que cuando los defectos de forma son aparentes no puede surgir ningún justo título. Asimismo no puede surgir justo título alguno sino existía capacidad en la' persona que hizo el traspaso y si las personas a favor de quienes el traspaso se hizo estaban obligadas a saber que no existía tal capacidad. Hayes v. U. S., 170 U. S. 650, 651. Cuando el defecto está escondido u oculto como expresan algunas de las decisiones, puede surgir el justo título. El justo título y la buena fé están íntimamente relacionados y generalmente surge el justo título cuando aquel a quien se hace el traspaso cree que la persona de 'quien adquiere es el verdadero dueño y no existía nada en la inscripción o en los hechos que cono-cía que mostraran el defecto o le impusieran el. deber de in-vestigar. En este caso los autos revelaban que González ha-bía sido nombrado tutor de los menores hijos y que el título de éstos a la propiedad había sido inscrito en el registro de la propiedad. Asimismo existía una orden de la Corte de .Distrito de San Juan autorizando al referido tutor para hacer la venta. Esta orden de la corte es la cosa más poderosa a favor del justo título. Es cuestión de justicia y de sentido común que cualquier persona que- ve una orden de una corte de distrito que tiene jurisdicción sobre los menores y el tutor, supondría que la corte dictó su orden después de convencerse de que se habían cumplido las formalidades exigidas por la ley. La importancia de- la corte de distrito resulta más evi-dente cuando aparece dé las decisiones que en las ventas de bienes de finados o de menores es la corte, haciendo las veces de parens patriae por quien se hace la venta; que dicha venta se verifica más bien por la autoridad pública que por el tras-paso de un particular. Por consiguiente, cuando la corte tiene jurisdicción de las partes y de la materia objeto de la con-troversia, la venta, aunque anulable, no puede ser conside-rada como absolutamente nula y es suficiente para basar en ella un justo título. Si tuvieran razón los apelados en la ale-gación que hacen de que el nombramiento y actos del tutor eran anulables creemos que pudieran haber obtenido la nuli-dad de la venta de haber hecho una solicitud directa a la corte en cualquier momento dentro de los diez años después de la fecha de la referida venta. No habiéndolo hecho así, la prescripción corre a favor de B. Fernández y Hermanos.

La posición de Julián Silva aun es más fuerte. No sola-mente tiene el derecho al beneficio de la prescripción a favor de B. Fernández y Hermanos, sino que también era un ter-cero. Cuando él compró a B. Fernández y Hermanos el título de éstos estaba inscrito en el registro de la propiedad.

Los artículos 33 y 34 de la Ley Hipotecaria prescriben lo siguiente:

“Art. 33. — La inscripción no convalida los actos o contratos que sean nulos con arreglo a las leyes.”
“Art. 34. — No obstante lo declarado en el artículo anterior, los actos o contratos que se ejecuten u otorguen por persona que en el registro aparezca con derecho para ello no se invalidarán en cuanto a tercero, una vez inscritos, aunque después se anule o resuelva el derecho del otorgante en virtud de título anterior no inscrito o de causas que no resulten claramente del mismo registro.”

Interpretamos el artículo 33 en el sentido de significar que una escritura que ya es nula no adquiere fuerza alguna por el hecho de su inscripción en el registro de la propiedad. En otras palabras, si es nula o anulable, continúa siéndolo. Sin embargo, el artículo 34 es uno de los principales artículos de la Ley Hipotecaria que protege los derechos de terceros. Hna persona que adquiere de otra cuya título está inscrito en el registro está protegida, a no ser que exista un claro defecto en el registro de la propiedad. El Pueblo v. Riera. 27 D. P. R. 1; Sánchez v. Hartzell et al., 26 D. P. R. 684. La corte inferior hace cierta insistencia en cuanto a la dife-, rencia que existe entre las palabras “aparezcan” y “resul-ten”, tal como se usan en el referido artículo. Entendemos que las dos palabras son sinónimas para los fines de esta ley, criterio que está robustecido por el hecho de que en la traducción hecha por el Departamento de la Guerra, la pala-bra “resultar” ha sido traducida por “appear”.

Una parte del razonamiento principal de la corte consta en la página 42 de los autos, donde la corte sostiene al pare-cer que el tutor debió haber hecho constar en el registro que había entrado en posesión de su cargo. No conocemos nin-gún precepto legal que exija al tutor hacer constar en su es-critura de traspaso que ha entrado debidamente en posesión de su cargo y particularmente ningún precepto de la ley re-quiere que el tutor especifique que ha prestado juramento, otorgado fianza e inscrito su nombramiento de tutor en el registro correspondiente. No podemos ver cómo podía apa-recer claramente del registro el hedió de qne González no había entrado en posesión de sn cargo. Por el contrario, dada la orden de la corte autorizando la venta, hn tercero qne va al registro tendría derecho a snponer qne el tutor había cumplido cualesquiera requisitos previos para el ejer-cicio de su tutela. Una persona que adquiere de otra que ya tiene inscrito su título no está obligada a examinar con el microscopio, por así decirlo, todas las inscripciones, sino que el defecto debe ser razonablemente aparente. En este caso el supuesto defecto pasó desapercibido a los abogados del caso, a la Corte'de Distrito de San Juan, a Julián Silva y al mismo registrador. Este es solamente un argumento de poca importancia pero tiende a mostrar que el defecto no aparecía claramente del registro.

Los apelados tratan de establecer una distinción a favor de sus clientes basados en el hecho de que su título estaba inscrito en el registro de la propiedad y, por tanto, estaban exentos de la aplicación de la última parto del artículo 34 que protege a terceros contra “un título anterior no inscrito” o “por causas que no resulten claramente del registro”. Es-tas palabras han sido usadas en forma disyuntiva. Los ape-lados, en realidad, no fundan su alegación en “un título anterior que no ha sido inscrito” sino en “causas que no resiú tan claramente del mismo registro”.

Debe tenerse en cuenta otro punto que ha sido alegado en la demanda. La alegación de falta de testigos instrumen-tales en la escritura de venta no es de importancia en el presente caso: primero, porque la parte apelada no niega la celebración del contrato y antes por el contrario es un su-puesto de la cuestión litigiosa; segundo, porque la escritura tendría en este caso el concepto de documento privado con arreglo al artículo 1191 del Código'Civil; tercero, porque el hecho de que la escritura adolezca del defecto expresado no implica que la transación en su origen estuviera viciada de nulidad. Picart v. de León. 22 D. P. R. 592; y más especial-mente; cuarto, porque el insto título para la prescripción subsiste independientemente de la escritura.

Debe revocarse la sentencia apelada y desestimarse la demanda. i ¡ ;

Revocada la sentencia apelada y desestimada la demanda sin especial condenación de cos-tas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Aldrey no tomó parte en la resolu-ción de este caso.

       Lenguaje filosófico.


author: El Juez Presidente Se. Hernández,

text:
    Correa, Demandante y Apelante, v. Bonet, Demandada y Apelada.
    ApelaoxÓN procedente de la Corte de Distrito de Agnadilla en pleito de divorcio.
    No. 2082.
    Resuelto en febrero 17, 1920.
    Divorcio — Abandono—Prueba.—Para probar la actitud de irrevocable abandono por parte del cónyuge demandado en nn pleito de divorcio, no es requisito indispensable acreditar que el cónyuge demandante requirió personalmente al demandado para que regresara al hogar conyugal.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. M. A. Garda.

    La parte apelada no compareció.
   El Juez Presidente Se. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra sentencia de la Corte de Distrito de Agnadilla en caso sobre divorcio.

Ante la referida corte Epifanio Correa y Benet presentó demanda de divorcio con fecha 19 de mayo de 1919 contra su esposa Ramona Bonet y Bonilla, alegando como hechos fundamentales de su acción, que el día 4 de julio del año de 1917 contrajeron ambos matrimonio en el pueblo de Aguada, cuando ya habían procreado una niña de once años de edad nombrada Primitiva, y que “a los pocos días del matrimonio la demandada parece que empezó a disgustarse de la vida marital no obstante las delicadas atenciones y buen compor-tamiento de su esposo el demandante, y terminó por aban-donar el bogar conyugal allá por el mes de agosto de 1917, separándose de su esposo de un modo definitivo, firme y de-cidida y expresando su voluntad de no volver a él, a pesar de las reiteradas súplicas y de las gestiones que practicara el demandante por conseguir que volviese al hogar- conyugal a vivir en armonía y felicidad.”

No habiendo comparecido la demandada a contestar la demanda, le fue anotada la rebeldía, celebrándose el juicio sin su asistencia, y la corte pronunció sentencia en 18 de ju-nio de 1919 que dice así:

“La corte luego de oir el escrito de la demanda y no el de con-testación por estar en rebeldía la parte demandada, la cual £ué de-bidamente anotada por el secretario del tribunal, y la declaración del demandante Epifanio Correa y Benet, resuelve declarar y de-clara sin lugar la demanda por aparecer de la declaración de dicho demandante que no ha hecho personalmente gestión alguna para conseguir que la demandada Ramona Bonet y Bonilla vuelva al seno del hogar conyugal.”

Alega la parte apelante para sostener el recurso que la corte cometió error al declarar sin lugar la demanda de divorcio por el solo fundamento de que el demandante perso-nalmente no había requerido-a su esposa para que volviera a vivir con él, sin que permitiera declarar a otros testigos que estaba dispuesto a presentar el demandante después de haber éste declarado.

De la transcripción de autos resulta qVe el demandante prestó declaración tendente a demostrar las alegaciones de la demanda, habiendo manifestado entre otras cosas que en la misma semana en que lo abandonó su esposa y aun des-pués le había mandado a decir que no deseaba separarse de ella sin que tratara de entrevistarse personalmente con la misma, ante cuya manifestación el juez expresó al abogado que la declaración más importante en un caso de divorcio es la de la parte interesada y como el esposo admite que no fué personalmente donde la esposa y no se ocupó sino de mandar personas a hablar con ella, no se podía decidir favo-rablemente el caso y el demandante no podía presentar más prueba, según pretendía, por haberse demostrado por el pro-pio demandante que no había hecho todas las gestiones nece-sarias para mostrar que había sido una verdadera víctima del abandono. La decisión de la corte fué excepcionada.

Ya hemos dicho anteriormente en los casos de Moret v. Vázquez, 5 D. P. R. 245; Jirot v. Crispín, 23 D. P. R. 822; y Negroni v. Collazo, 26 D. P. R. 94, que “la voluntad firme y decidida de uno de los cónyuges de no vivir con el otro cumpliendo los deberes que le imponen la ley natural y la. civil, sostenida esa voluntad por más de un' año es lo que constituye el abandono que como causa de divorcio señala el artículo 164 del Código Civil en .su No. 5”. Y es requi-sito indispensable para el abandono la nolición del otro cón-, vuge, empezando a correr el término del abandono desde que esa nolición se manifiesta. Pero ni la ley ni la jurispruden-cia establecida por esas decisiones, exigen que para el aban-dono sea requisito indispensable el requerimiento personal e infructuoso de un cónyuge al otro para que vuelva al hogar que abandonó, y antes por el contrario en el caso de Catinchi v. Catinchi, 27 D. P. R. 418, dejamos establecido que la ten-tativa de reconciliación por parte del esposo o esposa ino-cente frecuentemente se considera innecesaria cuando apa-rece el abandono y la intención de abandonar, Lanier v. Lanier, 5 Heisk 62, Patterson v. Patterson, 88 Pac. 196, y que el esfuerzo para una reconciliación solamente es necesa-rio cuando tal intención no es manifiesta como cuando existe cierto espíritu de conformidad por parte de la persona ino-cente. Hitchcock v. Hitchcock, 15 App. D. C. 93. Y no puede sostenerse en absoluto que la gestión para la reconciliación debe hacerse directa y personalmente por .un cónyuge al otro, pues puede haber casos en que sea bastante la gestión hecha mediante terceras personas.

La corte cometió manifiesto error al denegar a la parte demandante que propusiera otras pruebas además de su pro-pia declaración para justificar el abandono alegado como causa del divorcio. La apreciación de la sola declaración del demandante para estimar si hubo o no abandono fué prema-tura, habiéndose ofrecido como se ofrecieron por el deman-dante otras pruebas que acaso pudieran demostrar el aban-dono.

Es de revocarse la sentencia apelada, devolviéndose el caso a la Corte de Aguadilla para procedimientos no incon-sistentes con la presente opinión.

Revocada la sentencia recurrida y devuelto el caso para ulteriores procedimientos.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


text:
    Vieira y Compañía, Demandante y Apelante, v. Reyes, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en pleito sobre desahucio.
    Moción para que se desestime la apelación.
    No. 2179.
    Resuelto en febrero 19, 1920.
    Apelación. — Negligencia del Taquígrafo y del Apelante — Transcripción de la Evidencia. — Si bien la Ley No. 81 de 1919 prescribe que la demora del taquígrafo en pi-eparar la transcripción taquigráfica de la evidencia no dará lugar a la desestimación del recurso, sin embargo, en los casos en que el ta-quígrafo o el apelante no hacen solicitud alguna a la corte para obtener ex-tensión del término o de la prórroga en su caso, tal omisión no constituye una demora del taquígrafo, sino una omisión por parte del apelante de llevar adelante el recurso, siendo entonces de aplicación la doctrina establecida en el caso de Mercado et al v. Sucesión de Ferreiro, 26 D. P. B. 492.
    Desestimación de Apelación — Demora del Taquígrafo o del Secretario— Peso de la Prueba. — Cuando el apelado solicita la desestimación del re-curso por no haberse radicado éste dentro del término legal, el apelante está en la obligación de demostrar que la demora, si alguna hubo, fué motivada por el taquígrafo en preparar la transcripción o por el secretario en remi-tir los autos al Tribunal Supremo.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. M. Morasa.

    Abogado de los apelantes: Sr. J. Martines Dávila.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una moción para que se desestime una apelación. La sentencia se dictó en julio 12 de 1919. La apelación fué registrada en -julio 18 del mismo año. Los apelantes, ejer-citando el privilegio que les da la Ley No. 27 de 1917, pi-dieron que la corte ordenase al taquígrafo que preparase su transcripción como se establece en la referida ley. En- julio 22 de 1919 así lo ordenó la corte, fijando un plazo de veinte días para dicha preparación. En once de agosto siguiente se concedió una prórroga de veinte días a solicitud del taquí-grafo. Desde esa fecha hasta la radicación de la moción para que se desestime la apelación, en enero 30 de 1920, no se hizo gestión alguna en el caso por el apelante, o por el ta-quígrafo.

El inicuo apelado llamó la atención hacia el hecho de que la Ley No. 81 de 1919 prescribe que la demora del ta-qivgrafo no dará lugar a la desestimación del recurso. Sin . embargo, en los casos en que ni el apelante ni el taquígrafo no hacen ninguna solicitud á la corte para obtener más pró-rroga del término esta omisión no constituye una demora por parte del taquígrafo, sino una omisión de llevar adelante la apelación el apelante. Aunque el taquígrafo tiene derecho a solicitar más prórroga del término, el apelante no lo tiene para confiar en que así lo haga. En el caso sometido a nuestra consideración lo que sucedió fué que los apelantes para la ley, como el taquígrafo era necesariamente su man-datario, dejaron de preparar una exposición del caso dentro del término concedido por la ley y por la corte. La Ley No. 81 ha de interpretarse necesariamente en el sentido de que •significa que la desestimación no puede tener lugar cuando de actuarse dentro del término que la corte inferior ha per-mitido al apelante o al taquígrafo para su preparación, dicha preparación de la exposición no se termina. Una mera de-mora dentro del período concedido por la corte no puede .producir efecto alguno en contra del apelante, que es lo que la ley significa. Si el apelante deja entonces de solicitar pró-rroga del término el caso cae dentro del principio enunciado en el de Mercado et al. v. Sucesión de Ferreiro, 26 D. P. R. 492.

Además, nos vemos obligados a declarar que en una mo-ción como ésta, cuando el apelado solicita la desestimación del recurso, el apelante está en la obligación de mostrar qué la demora, si alguna hubo, fué motivada por el taquígrafo.

La Ley No. 81 prescribe también que ninguna demora por parte del secretario en remitir los autos a este Tribunal seiá perjudicial a la apelación. No solamente debe probar el ape-lante que la demora legalmente era imputable al secretario, sino que dicha Ley No. 81 muestra que el secretario tiene el -deber de enviar los autos a esta corte solamente cuando se .le ■ presenten los autos completos. No recae en él obligación alguna de enviar los autos en ningún otro caso.

¡ La regla de que el apelante debe proseguir la apelación es sumamente importante y debe considerarse que la Legis-latura no quiso relevar enteramente al apelante de cumplir con dicho deber.

Por consiguiente, en este caso en que no se preparó nin-guna transcripción de autos- dentro del término y en el cual el secretario no tenía la obligación de trasmitir dichos autos a esta corte, el hecho de no elevarse la transcripción a la Corte Suprema debe imputarse al apelante, y el apelado, de acuerdo, con el artículo 303 del' Código de Enjuiciamiento. Civil y las .reglas de este Tribunal como anteriormente han sido establecidas, tiene derecho a que se desestime la apelación.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Jitez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Ex parte Boerman, Promovente y Apelante, y Marrero, Opositora y Apelada.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce en auto sobre administración judicial.
    Moción de reconsideración.
    No. 2182.
    Resuelto en febrero 20, 1920.
    Apelación — Desestimación—Resoluciones no Apelables — Reconsideración.-— No es de la resolución negando una reconsideración y por tanto ratificando una previa resolución o sentencia, de la que debe apelarse, sino de la reso-lución o sentencia mismas.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Leopoldo Torines.

    Abogados de la apélada: Sres. J. Tous Soto, E., Flores Colón y F. B. Fornaris. El abogado M. Tons Soto compa-reció en el acto de la vista.
   El Jitez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 10 de diciembre de 1919 la Corte de Distrito de Ponce nombró al contador partidor y los peritos tasadores en este caso. Dicha orden fue notificada a las partes al día siguiente. El 19 del mismo mes una de las partes interesadas pidió a la corte que reconsiderara su orden del clía diez. La corte, el 23 de enero de 1920, negó la reconsideración solicitada y la parte que la había pedido apeló para ante este Tribunal por medio de escrito fechado el 30 de enero de 1920.

Otra de las partes interesadas presentó una moción a este Tribunal solicitando la desestimación del recurso por no ser apelable la resolución recurrida. La parte apelante se opuso alegando que las órdenes sobre nombramiento de ad-ministrador judicial eran apelables y citó varios casos resuel-tos por este mismo Tribunal.

Admitiendo que las órdenes sobre nombramientos de ad-ministrador, sean apelables, la apelación debió interponerse contra la orden de 10 de diciembre de 1910 y no contra la de 23 de enero de 1920. Cuando la apelación se estableció en 30 de enero de 1920, habían transcurrido más de cuarenta días a partir de la fecha en que la orden de la cual se pudo apelar se había dictado y notificado, y, por tanto, había ven-cido con exceso el término concedido por la ley para apelar. Dicho término no pudó revivirse por medio de una moción de reconsideración. No es de la resolución negando una re-consideración y, por tanto, ratificando una previa resolución o sentencia de la que pueda apelarse sino de la resolución o sentencia mismas. Véase el caso de A. Hartman & Cía. v. Cividanes, decidido el 29 de enero de 1920, (pág. 32) y los en él citados.

Debe desestimarse el recurso.

Desestimada la. apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. HtjtcbcisoN, JUEZ PRESIDENTE SEÑOR HERNANDEZ.

text:
    Butler et al., Demandantes y Apelantes, v. Sorongo et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en pleito sobre nulidad de testamento.
    No. 1901.
    Resuelto en febrero 24 de 1920.
    Parcialidad — Prejuicio—Nuevo Juicio. — Aunque el juez sentenciador tiene am-plia discreción en el examen de testigos y en la manera de dirigir el juicio, si debido a un criterio erróneo sobre la cuestión en controversia el caso no ha sido imparcialmente resuelto por sus méritos porque en la conducción del juicio la corte apoyó hasta un extremo no justificado la causa de los deman-dados e indebidamente obstruyó y restringió la presentación y desarrollo del caso por parte del abogado de los demandantes, el caso debe ser devuelto para un nuevo juicio.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. E. Campillo y M. Tous Soto.

      Abogado de los apelados: Sr. S. Largó.

   El Juez Asociado Se. HtjtcbcisoN,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso los demandantes establecieron una acción para que se anulara un testamento, el cual seg'ún rezaba ha-b'a sido otorgado en 3 de febrero de 1915 por doña Dominga Butler, mujer de sesenta y tres años de edad, y apelan de la sentencia dictada contra ellos.

La acción se estableció por dos fundamentos, que, en sus-tancia, son los siguientes:

El uno, que por mucho tiempo antes- de la fecha que arriba se indica la testadora se encontraba en un estado completo de idiotismo y, como consecuencia, privada del uso de sus fa-cultades mentales; y el otro, que el testamento fué hecho por el notario a virtud de los datos que le suministró el esposo de la testadora, el demandado Ignacio María Sorondo, si-guiendo las instrucciones que de él recibió; que doña Do-minga no tuvo intervención absoluta en dicho testamento; que los testigos que figuran en el referido testamento no oyeron de la testadora las disposiciones e instrucciones que ella de-bió haber dado al notario.

Hay siete señalamientos de error, la mayor parte de los cuales no carecen de mérito, y se refieren a cuestiones de prueba así como al interrogatorio de los testigos. Puesto que hemos resuelto ordenar la celebración de un nuevo jui-cio por otros fundamentos, no creemos necesario discutir es-tas cuestiones de menos importancia, ■ las cuales, mediante un cuidadoso estudio de los principios generales envueltos, pueden ser tomadas previamente en consideración, evitándose así el incurrir otra vez en los mismos errores antes de que el caso vuelva a ser oido nuevamente.

Podemos sugerir, sin embargo, por vía de advertencia en este sentido que existe por parte de este tribunal cierta ten-dencia a no estar enteramente ele acuerdo respecto al punto de hasta que extremo puede una parte impugnar sus propios testigos sin que se demuestre sorpresa en el juicio. Esta cuestión no fue levantada en la corte inferior ni en los ale-gatos en la apelación y no es necesario, por tanto, que sea ahora resuelta. Pero aparte de esto, la mayoría de este tribunal está convencida de que'en el presente caso se probó lo necesario independientemente de la. prueba en cuestión para que los demandantes establecieran un caso prima facie lo suficientemente fuerte para que fuese indispensable que los demandados mismos quedaran obligados a llamar a todos los testigos del testamento, incluyendo a Laureano Hernán-dez. En vista de las circunstancias los demandantes tal vez nada perderían con creer que tendrán amplia oportunidad, al repreguntar a este testigo para obtener aquellos informes que de él necesiten, así como para impugnar toda aquella parte de su declaración que sea incompatible con otras ma-nifestaciones hechas anteriormente por dicho testigo. •

Y esto sugiere otra idea, o sea el hecho de no haber de-clarado como testigo el propio demandado Sorondo. El es quien se beneficia principalmente'con dicho testamento, siendo también el supuesto autor del mismo. El era el esposo de la testadora, atendió personalmente a sus necesidades du-rante toda su enfermedad y, según los testigos del deman-dante, era la única persona en el mundo a quien ella podía comunicar sus deseos, de poder hacerlo.

En la contestación no solo se niegan los hechos alegados en la demanda sino que se alega afirmativamente la validez del testamento, alegándose entre otras cosas que a la llegada del notario “después de los saludos de rúbrica, la citada doña Dominga Butler, en su cabal juicio y en perfecto estado de sus facultades mentales, dio al notario, de palabra, las instrucciones necesarias para que redactara y escribiese su testamento abierto, pasando luego el notario al comedor de la casa para redactar y escribir, como escribió, el testamento de doña Dominga Butler, con toda tranquilidad, de acuerdo con las instrucciones de dicha señora y conforme a su vo-luntad. ’ ’

Estas y otras cosas que se alegan, no por información y creencia sino como lieclios positivos, lian sido juradas por Sorondo, Snan, Federica y Julia Soler como de conocimiento personal de estos demandados, ninguno de los cuales, con excepción de Snan, declaró en el juicio, y la fuerza de la declaración de este último está más qne desvirtuada por otras manifestaciones anteriores qne se probó fueron techas a pre-sencia del abogado y los demandantes y de la testigo Amalia Bntler.

Dentro de las circunstancias resulta muy significativo el silencio en el juicio de estos demandados qne tan ingénita-mente juran las alegaciones contenidas en la contestación y particularmente el del marido, el constante compañero que cuidaba a la esposa enferma y quien, según los términos del testamento, era su único universal heredero.

Otro curioso incidente fué el de las siguientes repregun-tas hechas por el juez al testigo Campillo, abogado de los demandantes, relativos a su entrevista con Suau, albacea testamentario, con anterioridad a la redacción de la demanda.

“A preguntas del juez, declaró que no conocía a Bernardo Suau.
“Juez: ¿Cómo podía llamarlo a su casa? — B: A mi casa no, a la casa de Amalia Butler.
“Juez: Pero, ¿por qué motivo lo llamó a su casa, qué recado le mandó? — T: Con un familiar de él.
“Juez: ¿Bajo qué pretesto? — T: Que estaba el abogado Campi-llo y que deseaba hablar con él; que los hermanos de la difunta le encomendaron el asunto; que primero no lo supo, que este señor, Bernardo Suau, no era de la parte que el testigo defendía, que era parte contraria; sabía que era albacea.
“Preguntado: ¿Sabe que la ley impone al albacea la obligación de sostener la validez de un testamento? — Contesta: Creo que puede o no; que trajo a Bernardo Suau y le exigió esas confesiones, porque era el esposo de una de las herederas, o sea de Julia Soler, deman-dada en este caso: para ver si su esposo quería asociarse como de-mandante.
“Preguntado: ¿Conoce el abogado tan bien como yo la ley?— Contesta: Pero el artículo 876 dice que es un deber y facultad de los albaceas sostener siendo justo la validez, la del testamento.
“Juez: ¿Vd. sabía que el albacea no podía estar o ser de otra manera? — T: Pero esa misma parte de la ley, porque si él conside-raba que el testamento no era justo no tenía que presentarse como demandado; -que el motivo principal en este caso fué el ver -si podía incluir como demandante a su esposa y a su cuñada, que vivía en su casa, y personas a quienes no conocía y dije que me presentara a Bernardo Suau y dijo él: no tiene necesidad de hablar con ellas porque ellas no se asociarán; y a las preguntas que le hice fué que me manifestó él, que no quería servir de testigo y que no iba a un lado ni a otro, y suponía que no fuera justo el testamento, y que lo buscó para saber datos y para poder formular la demanda sobre hechos ciertos, porque muchas veces al abogado le hablaban del asunto sin tener suficientes datos para establecer la acción y tiene que buscarlos o solicitarlos y aprovechó la oportunidad en que fué a Lares y entonces habló con él.
“Juez: Era arriesgado: era su deber sostener la validez del tes-tamento. — Abogado: Siempre que lo creyera que era justo; pero él manifestó que no quería ir a una parte o a otra.
“Juez: Aquí ha demostrado lo contrario él.”

No conocemos ningún principio de ley por el cual un nl-bacea nombrado en un testamento falso o fraudulento esté en la obligación de sostener a sabiendas la validez de dicho testamento. Puede concebirse que tal idea como la que pa-rece haber tenido en la mente el juez ele la corte inferior pudiera habérsele ocurrido a Suau y que su actitud general hacia la controversia, si no su declaración, ha podido estar influida por dicha idea. Por consiguiente, meramente se hace mención de la cuestión incidentalmente a fin de evitar que pueda entenderse de nuestro silencio acerca de esta cuestión que nuestro criterio pudiera'coincidir con el del juez senten-ciador.

En igual sentido podernos decir que estamos inclinados a convenir con el apelado en que no es indispensable en todos los casos que las instrucciones que un testador da a un no-tario respecto del contenido de un testamento que va a au-torizarse hayan de dársele a presencia de los testigos que han de estar presentes en el momento preciso de su otorga-miento. La cuestión en este caso es si la supuesta testadora en realidad de verdad dió o no tales instrucciones. Y si ella no se encontraba privada de sus facultades mentales enton-ces o si siendo de sano juicio y estando capacitada, se en-contraba enteramente imposibilitada de poder expresar sus pensamientos ya de palabra o por escrito, de aquí parece de-ducirse que ella no dió las instrucciones detalladas que el notario describe así como el albacea nombrado en el testa-mento. En el presente caso la declaración del mismo notario indicaba que la testadora, de poder otorgar el testamento, estaba en condiciones de hacerlo mejor por la mañana tem-prano, y al llegar el mensajero en busca del notario la noche anterior al día en que fué otorgado el testamento, hubo cierta discusión acerca de si debería él ir aquella misma noche al campo para poder estar en la casa temprano a la mañana siguiente. Se convino por último en que el notario saliera tem-prano al día siguiente a fin de llegar a su destino tan temprano como fuera posible. Y teniendo esto en cuenta salió él a las seis de la mañana acompañado de Bernardo Suau y de su esposa. Por consiguiente, el notario, según su propia ver-sión de este episodio, tuvo amplio aviso de que podría ser muy discutida en cualquier momento por las partes intere-sadas con razonable probabilidad de éxito la capacidad de la testadora para manifestar sus pensamientos si no su ca-pacidad mental a menos que el hecho de tal capacidad que-dara terminantemente establecido al momento de otorgarse el testamento.

Tal vez sería la mejor práctica en todos los casos y cier-tamente tratándose de un testador de cuyas condiciones f "si-cas surge claramente el hecho de que su capacidad para dar instrucciones inteligibles así como su capacidad mental para otorgar un testamento podrían ser impugnadas y, por tanto, sujetas a una fuerte duda, la prudencia ordinaria y el sen-tido común impulsarían-a un notario honrado, si no a llamar a un médico, por lo menos hacer que dicho testador exprese en presencia de los testigos de algún modo su propósito o deseo que no sea mediante una mera señal o palabra de asen-timiento por insignificante o general qne fuera dicho consen-timiento en sus términos.

De lo dicho 'anteriormente no queremos, por supuesto, dar a entender que un precepto distinto de ley, como tal, sería de aplicación en las circunstancias indicadas. Para los fines de esta opinión puede admitirse que la validez de un testa-mento nunca queda viciada por el mero hecho de no haber sido dadas las instrucciones por el testador a presencia de los testigos.’ Pero de aquí no se deduce que cuando los tes-tigos que suscriben el testamento no han recibido informe alguno acerca del verdadero propósito e intención del testa-dor, con excepción únicamente de una señal de aprobación o una forma más o menos indeterminada de conformidad con los términos de un documento completo que ha sido leído en voz alta por el notario, semejante "testamento” no puede ser destruido por prueba que pudiera ser considerada inefi-caz para anular un documento suscrito por testigos ante quienes el testador ha manifestado de algún modo definido., aun cuando superficialmente, la disposición qne lia de darse a sus bienes, demostrando así un grado considerable de cri-terio propio y de capacidad mental y demostrando a la vez su capacidad para poder expresar sus pensamientos por me-dio de palabras.

Como dato curioso en relación con esto, ’de paso puede hacerse mención del siguiente incidente para explicar la acti-tud alg’o incompatible de la corte inferior hacia esta faz del caso. Aunque directamente no se hizo esfuerzo alguno para impugnar la credibilidad del notario como testigo se admitió prueba de su buena reputación por el fundamento de que esta cuestión estaba en discusión y se insiste algo en la opi-nión acerca de esta prueba como prueba qne no- fué contra-dicha. Por otra parte, después que el notario en el examen de repreguntas había admitido el hecho de haber hablado con los testigos del testamento con posterioridad a la muerte do la testadora y negado el haber tratado de obtener affidavits de estos testigos, y aun cuando ni el testigo ni el abogado-de la defensa habían sugerido- la posibilidad de incriminarse, o solicitado la protección de la corte, el juez sentenciador prontamente impidió que se- siguiera investigando en este sentido, haciendo las siguientes observaciones:

“Si quiere traer una causa criminal está equivocado el abogado. No sé para 'qué se traen hechos que no tienen que ver nada con el asunto ese. Le hace cargos al .testigo de falsificación de pruebas, de soborno y falsedad. La corte tiene que protejer al testigo cuando no se le.preguntan cuestiones pertinentes.”

El examen de repreguntas de otros testigos de la defensa fué asimismo restringido indebidamente.

Otro punto que sería conveniente que los demandados aclararan, si es que pueden hacerlo,-es el de por qué la tes-tadora, que según ellos firmó un documento notarial en el año 1913 y que no consta que hubiera perdido el uso de su mano derecha, no podía, de estar capacitada mentalmente, suscribir el testamento dos años después.

En un alegato de más de cien páginas los apelantes pre-tenden demostrar que el juez sentenciador estuvo influido por pasión y prejuicio hasta tal punto que no pudo apreciar de-bidamente la prueba que le fué presentada.

Desde luego no existe nada en los autos que indique que el juez de distrito tuviera conocimiento de alguna actitud o conducta indebida. Pero sí creemos que la corte inferior, moAÚda, tal vez, por un alto respeto hacia la santidad de un documento notarial y especialmente- a la de un testamento, intervino demasiado en la conducción del caso, apoyó hasta un extremo que no estaba justificado la causa de los demanT ciados e indebidamente obstruyó y restringió la presentación y desarrollo del caso por parte del abogado de los deman-dantes. Por consiguiente, los méritos del caso no fueron juz-gados y resueltos debidamente- y preferimos, por tanto, de-volver las actuaciones para la celebración de un nuevo juicio en vez de resolver la controversia tal como se encuentra mediante sentencia definitiva de este tribunal. ■'

Cualquier exposición que hiciéramos de todas las- circuns-tandas que nos lian obligado a llegar a esta conclusión, ba-sada en los autos en conjunto más que en un número dado de los numerosos incidentes surgidos en los procedimientos, envolvería una cita tal de la voluminosa exposición del caso que omitimos toda referencia de detalles. Será bastante con decir que durante el largo período que lia transcurrido desde que el caso fue sometido, todos y cada uno de los miembros de esta corte ban hecho un estudio cuidadoso y particular ele toda la prueba y el asunto ha sido materia de mucha discusión así como de nuestra más cuidadosa consideración.

No debe entenderse que estamos dispuestos a adoptar un criterio restringido de la amplia discreción que tiene un juez sentenciador en el examen de testigos y de la manera de conducir y dirigir el juicio. Sus deberes y facultades, que son bien conocidos en cuanto a esto, deben ser asumidos sin temor y puestos vigorosamente en práctica en favor de la justicia sustancial del caso, pero estamos obligados a resolver que en el presente caso el debido miramiento de ese mismo interés exige que la sentencia apelada sea revocada y el caso devuelto para ulteriores procedimientos que no sean incompatibles con ésta opinión.

Revocada la sentencia apelada. y ordenada la celebración de nuevo juicio.

Jueees concurrentes: Sres. Asociados Wolf y del Toro.

El Juez Presidente Sr. Hernández y Asociado Sr. Aldrey disintieron.

OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ PRESIDENTE SEÑOR HERNANDEZ.

Entiendo que en el presente recurso no hay envuelta pro-piamente otra cuestión legal que la de error en la aprecia-ción de las pruebas por la Corte de Distrito ele A recibo. Pisas pruebas han sido contradictorias, pues mientras unas, las do la parte demandante tienden a demostrar la nulidad del tes-tamento otorgado por Dominga Butler en 3 ele febrero dé 1915, por falta de capacidad de la testadora y de formali-dades legales, otras, las de la parte demandada tienden a demostrar que tenía dicha capacidad y se han llenado suficien-temente las formalidades exigidas por la ley. El Juez de Are-cibo dirimió el conflicto en sentido favorable a la validez del testamento declarando sin lugar la demanda por la sentencia apelada y no vemos que en la apreciación de las pruebas haya procedido con pasión, prejuicio,, parcialidad o manifiesto error. A la parte actora incumbe tanto por derecho sustantivo como por derecho procesal justificar cumplidamente su acción y si hubo deficiencia en sus pruebas, para poder obtener una-sentencia favorable tal circunstancia, no abona la celebración de un nuevo juicio, habiendo expresado como expresó la tes-tadora por medio ele un documento público válido prima facie su última voluntad, cuya eficacia debe sostenerse a no haber en contrario una prueba convincente y concluyente que la destruya.

Estimo que procede la confirmación de la sentencia ape-lada y estoy autorizado para consignar que mi compañero,' el Juez Asociado Sr. Aldrey; está conforme con los puntos de vista que dejo expuestos.


author: En Juez Asociado Se. A.ldeey,

text:
    Barceló, Demandante-Apelado Apelante, v. Díaz, Demandado-Apelante Apelado.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre cobro de servicios profesionales.
    Moción para que se desestime la apelación.
    No. 2176.
    Resuelto en febrero 26, 1920.
    Transcripción del Récord — Prórroga de Términos. — Las' prórrogas necesarias para preparar la transcripción del récord de una apelación entablada de acuerdo con la Ley No. 27 de noviembre de 1917 podían ser solicitadas indis-tintamente por el taquígrafo o por el apelante.
    Transcripción Taquigráfica — Entrega de Copia a la Parte Apelada. — No ri-giendo la enmienda introducida a la Ley No. 27 de 1917 por la No. 81 de junio 1919 el día en que el taquígrafo entregó al secretario de la corte de distrito la transcripción taquigráfica de la evidencia ordenada por la corte a moción del apelante, ni éste ni el taquígrafo estaban obligados a entregar una copia de dicha transcripción a la parte contraria o a su abogado.
    Los hechos están expresados en la opinión.

      Abogado del apelado apelante: Sr. M. Benitez Flores.

    Abogado del demandado-apelante apelado: Sr. L. Llorens.

   En Juez Asociado Se. A.ldeey,

emitió la opinión del tribunal.

. Para perfeccionar el demandado su apelación en este caso pidió a la corte inferior que ordenara al taquígrafo que hi-ciera la transcripción de los procedimientos y que para ese trabajo le concediera dos meses de prórroga en adición a los veinte días que señala la ley. Ambas peticiones fueron concedidas y también fué luego concedida otra prórroga más a petición de la parte apelante. Dentro de ésta última pró-rroga' el taquígrafo entregó la transcripción al secretario de la corte el 2 de septiembre de 1919 sin que sirviera copia de ella a la parte apelada ni a su abogado.

Señalado por la corte el día 29 de diciembre siguiente para la comparecencia de las partes a fin de proponer las enmiendas o adiciones que estimasen pertinentes a dicha transcripción compareció a dicho acto la parte apelada y como cuestión previa se opuso a la aprobación alegando que había sido radicada fuera de término porque el taquígrafo no había pedido prórrogas sino la parte apelante y porque no se le había servido copia de esa transcripción, oposición que desestimó la corte y entonces, después de aceptar la corte algunas enmiendas propuestas por el apelante y de mani-festar la parte apelada que no tenía enmiendas que propo-ner, fué aprobada dicha transcripción.

Con tales antecedentes la apelada nos presentó moción en 26 de enero último solicitando que desestimásemos la ape-lación por los motivos antes consignados, por haber trans-currido más de noventa días desde la interposición del re-curso sin haber sido radicada en este tribunal la transcrip-ción de los autos y porque la apelación no ha sido prose-guida con la debida diligencia porque aprobada el 29 de diciembre de 1919 han transcurrido más de Veinte d/as sin haber sido radicada en esta Corte Suprema.

Esa moción fué notificada al apelante el 26 de enero úl-timo y el día 28 del mismo mes fué radicada en este tribu-Ti.nl la transcripción.

La cuestión suscitada por la parte apelada con respecto a que solo al taquígrafo corresponde pedir prórrogas para hacer el trabajo de transcripción- carece de fundamento por-que la Ley No. 27 de noviembre de 1917, vigente cuando la transcripción fué ordenada, hecha y presentada al secretario por el taquígrafo nada dice con respecto a quién tenga el deber de pedir prórrogas sino que se limita a declarar que el taquígrafo tendrá veinte días para hacer la transcripción, disponiendo en su sección tercera que los términos señalados por dicha ley podrán prorrogarse por las cortes. Por con-siguiente pocLan pedirla tanto el taquígrafo como el ape-lante, que es realmente la parte interesada y obligada a que su apelación se tramite sin perjuicio para él ni para el ape-lado. Es más, considerando en el caso de Yieira y Compa- - ñía contra Eeyes, resuelto por nosotros el 19 de este mes y año, (pág. 80) la ley posterior No. 81 de junio de 1919 en la que se dice que el término para hacer la transcripción el taquí-grafo puede prorrogarse a su instancia o a la del apelante y en la que se declara que en ningún caso la demora del taquí-grafo constituirá motivo para desestimar la apelación, he-mos declarado que la parte apelante no solo puede pedir la prórroga para el taquígrafo, sino que tiene el deber de pe-dirla sino quiere sufrir las consecuencias de la omisión del taquígrafo de presentar la transcripción dentro del término que le fijó la corte o de la prórroga que le concedió. Por tanto, habiendo sido concedidas prórrogas al taquígrafo en este caso a petición del apelante quedó relevado del deber de presentar la transcripción dentro de los veinte días que concede la ley y no es motivo para desestimar la apelación el haberla presentado fuera de dicho término aunque dentro de las prórrogas que le fueron concedidas.

En cuanto al fundamento de desestimación basado on que el 26 de enero no se había presentado la transcripción apro-bada el 29 de diciembre anterior, no es procedente porque el día 26 de enero no habían transcurrido los treinta días que el apelante tenía para presentar dicha transcripción en este tribunal contados desde que-fue aprobada y ha sido presentada el día 28 de enero, dentro del término legal.

La única cuestión de las propuestas que tiene importancia es la referente a si debe ser servida a la parte apelada una copia de la transcripción que hace el taquígrafo por orden de la corte.

Cuando en este caso se ordenó al taquígrafo que hiciera la transcripción de la apelación y ctiando el dicho funciona-rio la presentó al secretario de la corte en 2 de septiembre' de 1919 regía la Ley No. 27 de noviembre de 1917, según la cual’ en lugar de preparar la parte apelante para su ape-lación el pliego de excepciones o de exposición del caso que determina el artículo 299 del Código de 'Enjuiciamiento Civil podrá optar porque el taquígrafo hiciera una transcripción de las declaraciones ofrecidas y tomadas, de las pruebas ofre-cidas y practicadas y de todas las resoluciones, actos o ma-nifestaciones de la corte, así como de toda.s las objeciones y excepciones- de los abogados y cuestiones o materias que con la misma se relacionen; transcripción que según la ley el taquígrafo entregará al secretario, señalándose entonces por el juez día para su aprobación, teniendo el secretario el deber de notificar ese señalamiento con diez días de antela-ción, en cuyo día el juez examinará y cuidará ele que la trans ■ cripción sea una copia exacta, verdadera y justa de los pro-cedimientos que tuvieron lugar durante el juicio; acto en el que- las partes podrán solicitar la inclusión de todos aquellos, documentos, constancias o particulares que deban unirse a I51 misma, de acuerdo con las resultancias del litigio. Certi-ficada por el juez la fidelidad y corrección de dicha trans-cripción, cuando sea así aprobada, constituirá y formará parte del legajo de la sentencia como si fuera el pliego de excepciones o exposición del caso prescrito en el artículo 299 del ya citado código, procediéndose en todo lo demás como - dispone el repetido artículo.

De acuerdo, pues, con esa le'y la parte apelante podía optar entre preparar por sí misma la exposición del caso o-pliego de excepciones de acuerdo con el artículo 299 citado1 o pedir a la corte que ordenase al taquígrafo que hiciera una transcripción de las declaraciones, pruebas, resoluciones,, actos o manifestaciones de la corte, de las excepciones y objeciones de los abogados y de las cuestiones o materias-que con la misma se relacionan. Si seguía el procedimiento del artículo 299 la parte apelante tenía que entregar a la apelada una copia de la exposición del caso o pliego de ex-cepciones que preparaba y presentaba a la corte, pero op-tando por el procedimiento de la Ley No. 27 referida ni él ni el taquígrafo tiene que entregar a la parte apelada copia de la transcripción que éste hace y presenta al tribunal por-que la ley no impone dicha, entrega a ninguno de los dos.. Dicha Ley No. 27 regula todo lo referente a la transcripción hecha por el taquígrafo hasta el momento en que es apro-bada y certificada por el juez y después de esto es que pasa a formar parte del legajo de la sentencia y a tener aplica-ción otra vez el artículo 299 del código mencionado. Por consiguiente, habiéndose acogido el apelante a los beneficios de la Ley No. 27 no tenía obligación, ni tampoco el taquí-grafo, de entregar a la. parte contraria copia de dicha trans-cripción y, por tanto, no podemos declarar' que la falta de esa entrega sea motivo para desestimar la apelación. In-dudablemente que tal copia era conveniente a la parte ape-lada para poder proponer sus enmiendas sin necesidad de examinar la transcripción en la secretaría de la corte pero la ley no dispuso su entrega. Esta situación creada por esa ley a las partes apeladas pasó pronto, por fortuna, pues en 26 de septiembre de 1919 empezó a regir la Ley No. 81 de ese año en la que se ordenó la entrega de tal copia a las par-tos apeladas; disposición que robustece la conclusión a que antes hemos llegado, pues no hubiera tenido que ordenar la ley expresamente la entrega de esa copia si el legislador hubiera estimado que de acuerdo con la número 27 había que entregar tal copia por ser aplicable en ese extremo el artículo 299. Para que a una persona pueda eximírsele el cum-.plimiento de algún deber legal debe bailarse éste claramente impuesto por la ley.

La alegación que hizo la parte apelada de que por estar en vigor en 29 de diciembre de 1919, fecba de la aprobación de la transcripción, la Ley No. 81, debió entregársele copia de dicha transcripción, tampoco es sostenible porque el ta-quígrafo solo tiene tal deber para las transcripciones que entregare después del 29 de septiembre de 1919 y él hizo la entrega el día 2 de septiembre.

Por las razones expuestas la moción de desestimación debe ser declarada sin lugar.

Declarada sin lugar la moción de desestimación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.