author: Ei, Juez Asociado Señor Travieso

text:
    The Shell Co. (P. R.) Ltd., demandante y apelante, v. Bolívar Pagán, como Tesorero de la Capital de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núm. 7294.

    Sometido: Diciembre 16, 1936.

      Resuelto: Marzo 31, 1937.

      Samuel B. Quiñones, abogado de la apelante; Juan Vaüdejuli, abo-gado del apelado.
   Ei, Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La compañía demandante radicó demanda ante la Corte-de Distrito de San Juan y en ella alega que con fecha 5 de noviembre de 1935 se vió obligada a pagar al demandado la suma de $94.25 reclamada por éste por concepto de patente municipal por el negocio de venta de gasolina; que la de-mandante tubo de tacer el pago para evitar que su propie-dad fuese embargada para el cobro de dicta suma; y que el pago fue tecto bajo protesta, de acuerdo con la Ley núm. 32 de mayo 4 de 1933 (Leyes de 1932-1933, pág. 255.)

Se reclama la devolución de la suma pagada bajo protesta y se alega que el cobro tecto por el demandado es ilegal por siete razones distintas, que no es necesario considerar para la resolución de la única cuestión legal que el caso nos pre-senta.

El demandado formuló excepción previa a la demanda, alegando que ésta no aduce tectos constitutivos de una causa, de acción.

La corte de distrito dictó sentencia declarando con lug'ar la excepción de insuficiencia de la demanda, por cuanto la cuantía envuelta no excede de $500. Sostiene la corte en su opinión que la demandante en este caso debió taber radicado su demanda ante la corte municipal, por ser ésta la corte de jurisdicción competente para conocer del caso, toda vez que sólo se reclama la devolución de $94.25. La demandante apeló. Y señala como errores de la Corte inferior los si-guientes:

“1. La Corte de Distrito de San Juan, Puerto Rico, erró al de-clarar en su resolución dictada en este caso con fecha 18 de febrero del cursante año, que la demanda en el mismo no aduce hechos sufi-cientes para determinar una causa de acción, por cuanto la cuantía envuelta no excede de $500.00, toda vez que en casos de reclamación de contribuciones insulares o municipales pagadas bajo protesta co-rresponde a la Corte de Distrito la jurisdicción.
“2. La Corte de Distrito de San Juan, Puerto Rico, erró al de-clarar sin lugar la demanda en este caso sobre la base de la excep-ción previa planteada por el demandado apelado.”

Discutiremos ambos errores conjuntamente.

La ley que regula el procedimiento para obtener la de-volución de rentas, contribuciones o arbitrios impuestos por el Gobierno de la Capital de Puerto Eico y pagados bajo protesta, es la numero 32 de 4 de mayo de 1933 (Leyes de 1932-1933, pág. 255) por la que se añadió a la Ley núm. 99 de 15 de mayo de 1931 (pág. 627), “Para establecer un Go-bierno Especial para la Capital de Puerto Eico y para otros fines, ’ ’ un nuevo artículo, que en su parte pertinente, lee así:

“Artículo 32.— ... La parte que pague esa renta, contribución o arbitrio local bajo protesta, podrá en cualquier momento dentro del plazo improrrogable de treinta días después de haber hecho el pago, demandar al mencionado Tesorero ante la corte de jurisdicción competente para ello para obtener la devolución de la citada suma; y si se decidiere, teniendo en cuenta los méritos del caso, que la cantidad fué recaudada injusta e ilegalmente, el tribunal que conozca del asunto podrá certificar, de acuerdo con la constancia del mismo, que las rentas, contribuciones o arbitrios locales de referencia fueron pagados sin existir razones para ello, y deben ser reintegradas, dando preferencia a ese pago sobre cualquier otra reclamación que se haya hecho al Gobierno de la Capital.”

La resolución de este caso depende de la interpretación que demos a las palabras ante la corte de jurisdicción com-petente para ello.

Sostiene el apelante que es la Corte de Distrito de San Juan la de jurisdicción competente para conocer de esta de-manda, aún cuando el importe de la reclamación no exceda de $500, y basa su contención en la decisión de esta Corte Suprema en el caso de Soto Gras v. Domenech, 45 D.P.R. 940.

Somos de opinión que el caso citado no puede ser' invo-cado como autoridad para sostener la contención del ape-lante. Las tres leyes interpretadas por esta corte en Soto Gras v. Domenech, supra, fueron la sección 3 de la Ley núm. 35 de 1911 (pág. 132, Comp. 2991), la sección 76 (a) de la .Ley núm. 74 de 1925 (pág. 401) y la sección 3 de la Ley núm. ¡8 de abril de 1927 (pág. 123), todas ellas referentes al pro-cedimiento para reclamar la devolución de contribuciones im-puestas por el Gobierno Insular de Puerto Eico y pagadas bajo protesta. Expuestas en el mismo orden cronolólogico, dichas secciones leen así:

(Sección 3, Ley 35 de 1911). — ’“La parte que pague esa contribu-ción bajo protesta podrá, en cualquier momento dentro del plazo im-prorrogable de treinta días después de haber hecho el pago, deman-dar al mencionado Tesorero ante la Corte de jurisdicción com-petente para ello para obtener la devolución de la citada suma; y si se decidiere, teniendo en cuenta los méritos del caso, que la cantidad fué recaudada injustamente, puesto que el demandante no la adeudaba al Gobierno, el tribunal que conozca del asunto po-drá certificar, de acuerdo con las constancias del mismo, que las con-tribuciones de referencia fueron pagadas sin existir razón para ello, y que deben ser reintegradas, e inmediatamente el Tesorero procederá a su reintegro, dando preferencia a ese pago sobre cualquier otra reclamación que se haya hecho al Tesorero. Cada una de las partes en dicho pleito tendrá el derecho de apelación para ante el Tribunal Supremo.
(Sección 76 (a), Ley 74 de 1925). — “Las resoluciones de la Junta de Revisión e Igualamiento serán finales sin perjuicio de su reconsi-deración con arreglo a la ley. El contribuyente deberá satisfacer bajo protesta la contribución que le haya sido impuesta dentro del plazo fijado, pudiendo interponer dentro de los treinta días siguien-tes al pago bajo protesta, la correspondiente demanda contra el Te-sorero de Puerto Rico ante la Corte de Distrito correspondiente.
(Sección 3, Ley 8 de 1927). — “El contribuyente que haya pagado el todo o parte de cualquier contribución bajo protesta, podrá, den-tro del plazo de un año, a partir de la fecha del pago, demandar al Tesorero de Puerto Rico en una corte insular de jurisdicción com-petente, o en la corte de distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico, para obtener la devolución de la cantidad protestada.”

En el caso de Jesús v. Gallardo, 34 D.P.R. 430, en el que se trataba de interpretar las palabras “ante la corte de ju-risdicción competente” que aparecen en la sección 4 de la Ley núm. 9 de 1924 (pág. 71), que autoriza la reclamación de contribuciones insulares pagadas bajo protesta, esta corte resolvió que la jurisdicción debía determinarse por razón de la cuantía y que no siendo la suma reclamada mayor de $500 la acción debió iniciarse ante la corte municipal. La citada ley de 1924 derog’ó y sustituyó a la núm. 17 de mayo 13, 1920 (pág. 125), que disponía por su sección 2 que la demanda de-bía ser presentada “ante la corte de distrito que corresponda .de acuerda con él C-ódigo de Enjioiciamiento Civil/’ y por sn sección 5, que cualquiera de las partes podía apelar de la decisión de la corte de distrito para ante la 'Corte Suprema. Y esta corte se expresó así:

‘‘Tenemos que presumir que cuando la Legislatura varió los tér-minos 'de la ley de 1920 en ese extremo, fué claro su propósito de no mantener en las cortes de distrito la jurisdicción exclusiva en esa clase de reclamaciones, sino que la jurisdicción se determinaría por razón de la cuantía, siguiendo para ello la ley de carácter general aprobada en 10 de-marzo ele 1904, Comp. de 1911, p. 262. Y segu-ramente se consideró para ello que no sería equitativo ni justo obli-gar a un contribuyente por sumas insignificantes que acudiera a una corte de distrito para establecer su demanda pudiendo liacerlo ante la corte municipal que corresponda siempre que la cuantía no exceda de $500, intereses inclusive.”

A pesar de que en Jesús v. Gallardo, la interpretación de la sección 3 de la Ley núm. 35 de 1911 no iba envuelta en el caso, pues dicha ley había sido ya expresamente derogada por la núm. 17 de 1920, y ésta por la núm. 9 de 1924, esta •corte decidió en Soto Gras v. Domenech, supra, que la decisión en el caso de Jesús v. Gallardo era errónea y debía con-siderarse revocada, por el fundamento de que en la opinión emitida en el referido caso, al discutir la sección 3 de la ley de 1911 sólo se habían tenido en cuenta las palabras “ante la corte de jurisdicción competente’’ y se habían ignorado las palabras “-cada una de ias partes en dicho pleito tendrá el derecho -de -apeiación >para mié el Tribunal Supremo/’ que '■aparecen -ai final de dicha sección y que deben ser interpre-tadas como una prueba de que la Legislatura tuvo en mente >él dar jurisdicción exclusiva <de -esta clase de reclamaciones a las «cortes 'de «distrito, toda vez -que la ley general no esta-blece «apelación de nn-a corte «municipal para -ante el -Supremo.

Gin Calaf v. Gallardo, 36 D.P.R. 147, este tribunal inter-iprefó lafsección ¡76 (o;) -de la Lqy ¡núm. 74 de -1925, -supra, re-solviendo -el conflicto entre -el texto inglés y el español -de •dicha sección, - en «el sentido de que el -que «debe prevalecer -es el texto español, del que aparece claramente que la intención de la Legislatura fue la de dar jurisdicción exclusiva a las cortes de distrito.

A nuestro entender, la decisión en Soto Gras v. Domenech, supra, se basó en la hipótesis, aceptada por arabas partes litigantes, de que las dos leyes, o sea la sección 76 (a) de la Ley núm. 74 de 1925 y la sección 3 de la Ley núm. 8 de 1927 pudieran coexistir con respecto a la cuestión de juris-dicción, si la ley más reciente no demostraba la intención de otorgar jurisdicción a la Corte Municipal. Y dijo la corte:

“ ... Si ambas leyes pueden subsistir, entonces la intención de la Legislatura de exigir a un contribuyente que acuda a una corte de distrito era enteramente clara en la ley de 1925 (sic).”

Seguramente la corte quiso decir “Ley de 1927,” pues era ésa la ley de cuya interpretación se trataba, y no de la de 1925, que disponía con toda claridad que la demanda de-bía ser entablada ante la corte de distrito correspondiente.

La hipótesis era a nuestro juicio insostenible, pues no con-cebimos que pueda aceptarse, ni siquiera hipotéticamente, la coexistencia o subsistencia de dos leyes, cuando la de fecha más reciente contiene una cláusula por la que expresamente se deroga la ley anterior, dejando a salvo solamente las ac-ciones o procedimientos iniciados o derechos adquiridos al amparo de la legislación derogada.

Repetimos que todos estos casos y estatutos que hemos examinado se refieren a demandas sobre devolución de con-tribuciones pagadas bajo protesta al Gobierno Insular.

El estatuto que nos toca ahora interpretar es el artículo 32 (a), añadido a la Ley núm. 99 de 1931 por la núm. 32 de mayo 4, 1933, y que se refiere a procedimientos para obtener la devolución de contribuciones o arbitrios locales pagados bajo protesta al Gobierno de la Capital.

Sostiene el apelante que el artículo 32 (a), supra, y la sección 3 de la Ley núm. 35 de 1911, supra, contienen idén-ticas disposiciones, con excepción de la última oración, por la que se concede apelación ante la Corte Suprema, que no aparece en el artículo 32 (a) de la Ley del Gobierno de la Capital, Y añade el apelante:

“La identidad de ambas disposiciones legales transcritas es tan evidente que no bay duda alguna de que el Legislador copió en la Sección 2 de la Ley número 32 de 1933 lo contenido en la Sección 3 de la Ley número 35 de 1911, estableciendo así en las dos leyes un procedimiento semejante, fijando así en las dos leyes iguales pautas para la reclamación de impuestos pagados bajo protesta, asemejando así en identidad innegable ambos procedimientos.”

Atribuye muy poca importancia el apelante al Lecho de que el legislador, al copiar ad pedem literae las disposicio-nes de la ya derogada Ley núm. 35 de 1911, para redactar el artículo 2 (a) de la Ley núm. 32 de 1933, dejara de copiar o suprimiera las palabras “Cada una de las partes en dicho pleito tendrá el derecho de apelación para ante el Tribunal Supremo,” que figuran al final de la sección que se tomó como modelo.

No podemos presumir que la supresión de esas palabras fuera debida a descuido u olvido del legislador. Estamos más bien autorizados para presumir que la supresión obedeció a un fin o propósito determinado. No podía ser ese propósito el de privar al reclamante del derecho de recurrir en ape-lación ante el Supremo. Y parece más lógico suponer que la intención, del legislador fue la de permitir la presentación de la demanda ante la corte que tuviere jurisdicción, de acuerdo con la cuantía del pleito; y que las palabras refe-rentes a la apelación al Tribunal Supremo fueron suprimi-das para evitar que ellas pudieran ser interpretadas, como lo fueron en Soto Gras v. Domenech, supra, como una prueba de que la intención del legislador fue la de conferir juris-dicción exclusiva a las cortes de distrito. Si la presencia de la aludida frase al final de la sección 3 de la ley de 1911 sirvió para descubrir y fijar la intención del legislador de dar jurisdicción exclusiva a las cortes de distrito, la elimi-nación de esa misma frase al redartarse el artículo 2(a) de la Ley núm. 32 de 1933 no puede tener el mismo efecto que tuvo su inserción en la ley anterior y debemos lógicamente interpretar esa eliminación como expresiva de la intención legislativa de dar jurisdicción tanto a las cortes municipa-les como a las de distrito de las reclamaciones de arbitrios locales pagados bajo protesta al'Gobierno de San Juan, de-biendo fijarse la jurisdicción de acuerdo con la cuantía.

Tratándose en este caso de la devolución de una suma que no excede de $500, la corte de distrito no erró al sostener la excepción previa y desestimar la demanda.

Por las razones expuestas se confirma la sentencia ape-lada.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor del Toro

license: Public Domain

text:
    Elvira Porrata Doria Vda. de Romanacce, demandante y apelada, v. Manuel V. Domenech, sustituído por Rafael Sancho Bonet, como Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante.
    Núm. 7196.

    Sometido: Enero 12, 1937.

      Resuelto: Abril 2, 1937.

      Don. Procurador General B. Fernández García y T. Torres Pérez, Subprocurador, abogados del apelante; J. J. Ortiz Alibrán, abo-gado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un pleito sobre devolución de contribuciones sobre rentas pagadas bajo protesta.

Dueña la demandante desde antes de marzo, 1913, de una finca rústica de ciento treinta cuerdas situada en Salinas, que tuvo siempre arrendada a Luce and. Company, S. en C., la vendió en noviembre de 1927 a su arrendataria por el precio de noventa mil dólares.

En enero, 1932, el Tesorero de Puerto Pico le notificó que debía satisfacer como contribución sobre ingresos $12,113.32 por la ganancia obtenida en dieba venta. No conforme*, acu-dió en alzada ante la Junta de Revisión e Igualamiento. La junta rebajó la contribución a $6,924.62. La pagó la contri-buyente bajo protesta y reclamó su devolución ante la Corte de Distrito de San Juan.

Todo gira en este caso alrededor del justo valor de la finca en 1913 y de si ciertas mejoras que hizo la arrendata-ria en 1920, que quedaron a beneficio de la dueña, deben o no rebajarse del precio de la venta.

La demandante sostuvo que el justo valor de su finca en 1913 era de |75,000 y que del precio de la venta debían re-bajarse $9,390, valor de una bomba permanente de regadío instalada por la arrendataria en 1920.

Sostuvo el demandado su actuación basándose en que el verdadero valor de la finca en 1913 era el de $40,000 y en que no era deducible el valor de las mejoras lieclias por la arrendataria en la finca en cuestión.

Fué el pleito a juicio y basándose en la prueba practi-cada fijó la corte el valor de la finca en 1913 en $65,000 y decidió que el de las mejoras debía rebajarse, ordenando una nueva liquidación de la contribución bajo esas bases, devol-viéndose a la demandante lo que resultare habérsele cobrado erróneamente, • con intereses legales a partir de la fecha del cobro.

Apeló el Tesorero de la sentencia para ante este Tribunal. Sostiene en primer término que la demanda no es suficiente porque no contiene alegaciones afirmativas determinantes de que la Junta de Revisión e Igualamiento actuó ilegal y ar-bitrariamente en la valuación que hizo de la finca.

Hemos examinado la demanda y es a nuestro juicio sufi-ciente. Se interpuso de acuerdo con lo dispuesto en el ar-tículo 76 de la Ley núm. 74 de 1925 '(pág. 401), cuyos dos primeros párrafos (pág. 539) son así:

“Las resoluciones de la Junta de Revisión e Igualamiento serán finales sin perjuicio de su reconsideración con arreglo a la ley. El contribuyente deberá satisfacer bajo protesta la contribución que le haya sido impuesta dentro del plazo fijado, pudiendo interponer den-tro de los treinta días siguientes al pago bajo protesta, la correspon-diente demanda contra el Tesorero de Puerto Rico ante la Corte de Distrito correspondiente.
“Estos pleitos tendrán preferencia en los calendarios de las cor-tes; todas las defensas que el demandado haya de oponer a la de-manda deberán ser formuladas a la vez en un solo escrito y el juez las resolverá en una sola vista por orden estricto de prelación y el juicio se señalará rápidamente para su resolución definitiva.”

¿Estuvo justificada la corte de distrito al fijar el valor de la finca en 1913 en $65,000 cuando la junta lo fijó en $40,000?

El debate en cuanto al justo ■ valor de la finca en 1913 se planteó por la demandante en la siguiente forma: la fi-jación del valor de la finca por la junta en $40,000 fué ar-bitraria. La finca valía $75,000.

Para probar lo alegado presentó la declaración de un testigo que dijo en substancia que cada cuerda de la finca valía quinientos dólares. El demandado no impugnó esa de-claración. No presentó prueba alguna sobre el valor de la finca. Se atuvo, parece, a la actuación de la junta, y la corte de distrito expresando que la declaración del testigo de la demandante le merecía entero crédito, fijó el valor en $65,000, o sea $25,000 más que la junta y $10,000 menos que la demandante.

Sostiene el demandado que tratándose de una conclusión de hecho a la que llegara la junta a virtud del examen de evidencia y en el ejercicio de sus facultades, dicha conclusión no puede ser alterada por la corte de distrito.

Creemos que al establecer el legislador el recurso que otorgara por la sección 76 de la Ley núm. 74 de 1925, confirió a las cortes la necesaria jurisdicción para investigar y de-cidir todas las cuestiones que dentro del mismo le fueran debidamente sometidas. Y una de esas cuestiones lo es sin duda el valor de una propiedad cuando ese valor sirve como en este caso de base para la imposición de la contribución.

La finca de que aquí se trata estaba tasada para el año de 1913 a los efectos del pago de contribuciones en $19,000 y ése fué el valor que tomó como base el Tesorero para im-poner la contribución. Al recurrir la contribuyente en al-zada a la junta, este organismo de acuerdo con la ley que prescribe que la base para el cálculo debe ser el costo o el justo valor de la propiedad en el mercado en marzo 1 de 1913 (véanse las secciones 5 y 6 de la ley núm. 74 de 1925), fijó el valor de la finca en $40,000, o sea a razón de $300 la cuerda.

¿Qué procedimiento siguió la junta? No lo sabemos. ¿En qué prueba basó su conclusión? Repetidamente se in-siste por el demandado en que la evidencia que se presentó en la corte fué la misma que se sometió a la junta, pero nada hemos encontrado en los autos que así lo demuestre. Oreemos que en un caso de esta naturaleza el demandado debe aportar la prueba necesaria que permita a la corte de distrito dictar la sentencia que proceda en justicia. De otra suerte, si el demandado no impugna la evidencia presentada por la parte demandante, no puede quejarse de que la corte diga como dijo en este caso en su opinión:

“ ... El valor en el mercado de nna propiedad en nna fecha determinada, es .nna cuestión de hecho a establecerse por el contri-buyente mediante evidencia razonable y adecuada. Así lo reconoce el propio reglamento del Tesorero cuando expresa en su artículo 32 al fijar las bases para determinar la ganancia o pérdida de nna venta que -.
“ ‘Cuál fuese el justo valor en el mercado de una pro-piedad en marzo 1 de 1913, es una cuestión de hecho para ser establecida por evidencia competente. (What the fair market value of property was on March 1, 1913, is a question of fact to be established by competent evidence).’
“Bn cuanto a la definición del término ‘justo valor en el mer-cado’ (fair market value), ambas partes están de acuerdo en la de-finición que del término aparece en la obra ‘Federal Income Taxation’, por Joseph J. Klein, edición 1929, y a la página 805. Dice, así esta definición:
“ ‘Es el precio que puede obtenerse por una propiedad si fuere vendida por un vendedor voluntario a un comprador voluntario, teniendo ambos conocimiento de las condiciones del mercado y bajo condiciones normales y sin compulsión o ne-cesidad de ninguna de las partes.’
“La alegación de que la finca ‘Melania’ tenía el 1 de marzo de 1913 un justo valor en el mercado, no es caprichosa o arbitraria, sino que ha quedado establecida por evidencia competente e incontrover-tida. Es, a virtud de toda esta evidencia, justa y razonablemente apreciada, que nosotros, conservadores aún en nuestra apreciación, declaramos que el justo valor en el mercado de la finca ‘Melania’, en marzo 1, 1913, era el de $65,000. No sabemos qué base tuvo la Junta de Revisión e Igualamiento para determinar en $40,000 el valor de la finca. Ninguna prueba se nos ofreció a este efecto. No podemos, pues, dejar de considerar como incontrovertida la prueba ofrecida por la demandante. . . ’’

Hemos examinado la declaración que sirvió de base a la corte para dictar su sentencia y a nuestro juicio la sostiene.

La otra cuestión envuelta, la de las mejoras, ofrece algunas dudas porque en verdad no fueron hechas dichas mejoras por la dueña a su costo, sino por la arrendataria. Esas dudas desaparecen tras un detenido estudio. Los razonamientos que contiene la opinión de la corte de distrito para basar la conclusión a que llegara nos parecen persua-sivos, y se aprueban. Son así:

“La segunda cuestión a considerar en este pleito es si el valor de las mejoras construidas por la arrendataria deben agregarse al valor en el mercado en 1913. El apartado b de la sección 5 de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos, supra, dice:
“ ‘Al computarse el montante de ganancia o pérdida de acuerdo con la subdivisión (a) deberá hacerse el reajuste ade-cu ado de (1) cualquier gasto que se pueda propiamente car-gar a la cuenta de capital, y (2) cualquier partida de pér-dida, merma, desgaste y deterioro, desuso, amortización o ago-tamiento, que se pueda cargar propiamente con respecto a dicha propiedad.’
‘ ‘ El reglamento del Tesorero al referirse a este apartado dice:
“ ‘Al computar el montante de las ganancias o pérdidas, sin embargo, el costo u otras bases de la propiedad debe ser aumentado por el costo de las mejoras hechas a la propiedad desde la fecha básica. . . ’ Art. 20.
“Considerando estas disposiciones terminantes, no hay duda de que las mejoras deben agregarse al valor básico en 1 de marzo de 1913. Esta es tal vez la cuestión más importante, o que nosotros hemos creído más importante, y a la que mayor cuidado y estudio hemos dedicado.
“Alega el demandado que como la demandante no hizo las me-joras ni invirtió dinero en su construcción, no tiene derecho a este beneficio; pero olvida que aceptó mediante una estipulación que las mejoras permanentes que la arrendataria hiciera en la finca queda-rían a beneficio de la arrendadora. Si ella, la arrendadora, tenía a la postre que tomar posesión de la finca arrendada y nunca se des-prendió del dominio de la misma hasta que no se hizo la transacción de venta, mientras la finca estuvo arrendada, la demandante fué siem-pre la dueña de las mejoras. Klein, en su obra antes citada, trata esta cuestión en la pág. 320. Cita la actuación de la Junta del Ne-gociado de Rentas de los Estados Unidos, en el sentido de que el dueño de una propiedad arrendada no debía informar en cuanto a las mejoras hechas en dicha propiedad hasta que entrase en posesión de la propiedad, una vez vencido el arrendamiento, y después mani-fiesta que esta regla estuvo en vigor hasta que dos tribunales fede-rales tuvieron ocasión de resolver el problema. En ambos casos los tribunales revocaron la actuación del Comisionado de Rentas que trató de tasar el ingreso de los dueños de la propiedad, en cuanto a mejoras se refiere, por la fecha en que ellos entraron en posesión de tales mejoras, y cita los dos casos de Miller v. Gearin, 258 Fed. 225, y Gryan v. Wardell, 263 Fed. 248. En el primero de estos casos se dice lo siguiente:
“ ‘La arrendadora no adquirió en 1916 otra cosa que la posesión de aquello que por muebos años babía sido suyo. La posesión así adquirida no fué un ingreso. No constituyó una ganancia, sino una pérdida. Asumiendo que el edificio fuera un ingreso derivado del uso de la propiedad, a nuestro juicio es claro que el tiempo en que se “derivó” fué .el momento en que el- edificio completo se agregó al inmueble y aumentó su valor. En ese momento representó un pago anticipado a la arrendadora de parte del alquiler, a distribuir durante un pe-ríodo de 23 años. El contrato de arrendamiento disponía que el dominio de todos los edificios construidos y mejoras hechas a la propiedad pasarían a la arrendadora inmediatamente que se hicieran, sujetos a las disposiciones del contrato.’ Miller v. Gearin, 258 Fed. 225.
“Y en el segundo se confirma la doctrina anterior en la siguiente forma:
“ ‘ . . . En el momento en que se levantó el edificio, el que según los términos del contrato de arrendamiento se conver-tiría y continuaría siendo parte integrante del terreno sobre el cual -se construía, el título del mismo pasó tan completa' mente a la demandante como si se hubiese fabricado por ella misma.’ Cryan v. Warclell, 263 Fed. 248, 249.
“De modo, pues, de acuerdo con la anterior jurisprudencia, las mejoras participan del carácter de rentas y su tí talo pasa al propie-tario de la finca arrendada como construidas por él mismo. No es necesario mayor esfuerzo para decidir la cuestión a favor.de la parte demandante. ’ ’

Debe ‘declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sen-tencia apelada.

Los-Jueces Asociados Señores Wolf y Córdova Dávila rio intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Dionisio Trigo Marcos, demandante y apelante, v. El Pueblo de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núm. 6614.

    Sometido: Abril 21, 1936.

      Resuelto: Abril 7, 1937.

      Henry G. Molina y D. Trigo, abogados del apelante; Hon. Procura-dor General B. Fernández García y Harry B. Lienza, Oficial Ju-rídico, División de Hogares Segiuros, abogados de El Pueblo, ape-lado.

       Nota: ' Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El demandante apelante alegó ser dueño en pleno domi-nio de una finca rústica de 746.40 cuerdas, ubicada dentro del término municipal de Patillas, e interpuso demanda de reivindicación en contra de El Pueblo de Puerto Eico.

Alega el demandante que adquirió el inmueble por com-pra que del mismo hiciera a Carmen Brac Brignoni, Higinio Allende y su esposa Isabel Caraballo, por escritura que fue inscrita en el registro de la propiedad; que sus antecesores en título adquirieron el inmueble por compra al Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, que también fue inscrita; que el citado banco vino a ser dueño de la finca por haberle sido adjudicada en la subasta pública celebrada dentro del procedimiento ejecutivo seguido contra don Juan Pablo Gior-dani y Semidey, en cobro de hipoteca constituida por éste a favor del banco ejecutante; y que el citado Giordaní y Se-midey adquirió la finca por venta que le hiciera don Eduardo Cervoni y Mari, quien la adquirió a su vez por cesión que le hizo la Junta Superior de Composición y Venta de Terre-nos Realengos de la Isla de Puerto Rico, en Io. de marzo de 1875, habiendo sido dicha cesión debidamente inscrita en el registro correspondiente. Se alega además, que el compare-cíente y los anteriores dueños de la finca la poseyeron quieta, publica y pacíficamente y sin interrupción, de buena fe y con justo título, desde el año 1875 basta el mes de octubre de 1929; que en esta última fecba el demandante fué despo-seído, en contra de su expresa voluntad y sin su consenti-miento, por el demandado, el que no tiene derecho alguno de dominio sobre la finca; y que el demandado se encuentra actualmente en posesión del inmueble, privando al deman-dante del goce y disfrute de su propiedad. Se pide senten-cia por la que se declare que el demandante es el único dueño de la finca, de la que debe ser puesto en posesión.

La contestación de El Pueblo de Puerto Rico admite el otorgamiento de los diversos traspasos de la finca, que ter-minaron con el que hiciera la señora Brac y el señor Allende al demandante apelante, y que todos dichos traspasos apa-recen inscritos en el registro; pero niega específicamente que don Eduardo Cervoni y Mari adquiriera- la finca por ce-sión de la ya mencionada Junta Superior, y que se haya inscrito cesión alguna a favor de dicho señor.

Alega la representación del gobierno demandado que la finca en cuestión se formó por agrupación de cinco precios, cuatro de cien cuerdas cada uno y otro de doscientas cuerdas, pertenecientes todos ellos a El Pueblo de Puerto Rico, ios que fueron concedidos condicionalmente por la Junta Superior de Composición y Venta de Terrenos Realengos, a diversas personas, en el año 1875, viniendo después de varios-traspasos a manos del demandante apelante; que todas las concesiones condicionales hechas por la referida Junta fue-ron inscritas en el registro; que en todas y cada una de dichas concesiones se hizo constar la condición expresa de que-la concesión quedaría revocada y los terrenos concedidos re-vertirían al Estado, si los respectivos concesionarios no te-nían bajo cultivo, dentro del término de un año, la décima, parte, dentro de cuatro años la cuarta y dentro de diez años, la mitad del correspondiente predio; que la referida condi-ción se hizo constar expresamente en el registro de cada finca. al inscribirse las concesiones; y por último, qne en el año 1895, la Junta Superior que otorgó dichas concesiones revocó y anuló todas y cada una de ellas, por no haber cumplido los concesionarios las condiciones que les habían sido im-puestas.

Niega la parte demandada que el demandante o sus ante-cesores hayan poseído la finca; que el gobierno les haya pri-vado de la posesión del inmueble; y que el demandante sea dueño o tenga título alguno que le dé derecho a poseer la finca en litigio. Y alega que ni el demandante ni sus ante-cesores tienen, ni han tenido nunca, título alguno, pues al adquirir la finca, todos y cada uno de ellos tenían conoci-miento no sólo de la condición inscrita en el registro, sino-también del hecho de qne dichas concesiones habían sido re-vocadas y anuladas por la Junta Superior; que en el año> 1896 el Alcalde y Secretario del Municipio de Patillas, por orden de la Junta Superior, se incautaron de los predios con-cedidos; que la Corona de España los estuvo poseyendo hasta 1898, fecha en que los cedió al Gobierno de Estados Unidos; y que éste los cedió al Pueblo de Puerto Rico en julio Io. de 1902, por ley del Congreso, estando desde esa fe-cha el demandado en posesión quieta, pública y pacífica del inmueble, sin interrupción alguna, con justo título y de buena fe.

En su contrademanda, El Pueblo alega: que la hipoteca constituida por Juan P. Giordani, a favor del Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, en 13 de abril de 1896, es nula por haber sido otorgada después de la revocación y anulación de las concesiones y de la incautación de los pre-dios por órdenes de la Junta Superior de fechas 26 de julio y agosto Io. de 1895, y además, por la razón de que Juan P. Giordani y Semidey nunca adquirió la libre disposición de la finca, ni tuvo título alguno sobre la misma; y que todos los traspasos hechos con posterioridad a la referida hipoteca, y las inscripciones de los mismos practicadas en el registro son nulos y sin valor o efecto legal, por haber sido hechos y practicados después de haber revertido la finca a la Corona de España, como consecuencia del incumplimiento de las con-diciones expresas de las concesiones. Y pide que se declare que El Pueblo de Puerto Pico es el único dueño de la finca en controversia y que se ordene la cancelación de todas las inscripciones de gravámenes constituidos o traspasos becbos con posterioridad a la feclia en que se decretó la anulación de las concesiones y la reversión de los terrenos al Estado.

La corte inferior dictó sentencia de acuerdo con las con-tenciones de la parte demandada, y contra esa sentencia se ba interpuesto el presente recurso.

De la prueba documental que aparece en el récord de este caso, resultan claramente establecidos, como becbos materia-les e indiscutibles, los que pasamos a consignar:

1. Que don Eduardo Cervoni y Mari, después de haber adquirido de los concesionarios originales los cinco predios de terreno, suje-tos a la condición ya mencionada, los agrupó para formar una sola finca de 600 cuerdas; que por escritura de 8 de junio de 1892 dicho señor Cervoni hizo cesión, renuncia y traspaso a favor de Antonio Giordani y Semidey, de, las acciones y derechos que le corresponden y pueden corresponder en la finca resid-íante de la agrupación, subrogando en su mismo lugar y de-recho al cesionario Giordani, y haciendo constar que le confiere poder bastante firme e irrevocable pa/ra que en la via y forma correspondiente practique cuantos actos y diligencias fueren menester hasta conseguí del Gobierno o d& la Intendencia General de Hacienda la libre disposición de las seiscientas cuer-das de terreno de que se ha hecho referencia, y si lo consiguiere en todo o en parte dispondrá de ella com,o cosa propia; y que en dicha escritura se estipuló que el cedente Sr. Cervoni no quedaba obligado a la evicción ni a saneamiento ni a ningún género de responsabilidades y que la cesión se hacía a riesgo y ventura y sin ulterior responsabilidad, acepta/ndo el cesionario ■Zas consecuencias de ella en la forma en que queda hecha.

'2. Por escritura de 4 de mayo de 1895 don Antonio Giordani y Se-midey declaró que la adquisición de la finca de 600 cuerdas fue hecha para beneficio de don Juan Pablo Giordani y Semidey, y que siendo necesario para más confirmar en favor de dicho se-ñor los derechos de propiedad, dominio y' señoría que sobre dicha finca le corresponden, le otorga venta real ele la finca; e hizo constar que habiendo practicado una mensura de la finca ésta residió tener una cabida de 746.40 cuerdas. En la inscrip-ción de este traspaso (folio 19 vuelto, Tomo 7 de Patillas, ins-cripción 2 a.) el Registrador hace constar que “Don Juan Pablo Giordani y Semidey inscribe el dominio de esta finca en virtud de dichos títulos”; pero en el cuerpo de la inscripción se hace referencia repetidas veces a la escritura de 8 de junio de 1892, que motivó la inscripción primera de la finca resultante de la agrupación, en cuya inscripción (folio 18 del Tomo 7 de Pati-llas) se hace constar que Don Antonio Giordani y Semidey inscribe su título de cesión con las condiciones dichas.

3. Que en todas y cada una de las inscripciones primeras de los cinco predios de terreno que fueron agrupados para formar la finca envuelta en este litigio, se hizo constar que la concesión del te-rreno se hizo bajo la condición indispensable de la revocación de esta gracia y reversión de aquél al Estado, si en el preciso término de un año no tiene cultivada la décima parte de él, en el de cuatro años la cuarta y en el de dies la mitad a beneficio de la agricultura.

4. Que en 14 de mayo de 1896, por orden de la Administración Central de Contribuciones y Rentas de agosto 14, 1895, y marzo 30, 1896, se procedió a la incautación de dos de los predios de 100 cuerdas por no haberse cumplido la condición bajo la cual se hicieron las diversas concesiones; y estando ya dichos predios agrupados y en posesión de don Juan P. Giordani, fueron de-positados en dicho señor Giordani, quien los aceptó con todas las responsabilidades de los depósitos.

5. Que después de haberse decretado la incautación de los terrenos por el Estado, y de haberlos recibido en calidad de depósito, el Sr. Juan P. Giordani los hipotecó a! Banco Territorial y Agrí-cola, en garantía de un préstamo, por escritura de fecha 13 de abril de 1896.

6. Que la Junta Superior celebró en .19 de septiembre de 1896 una sesión en la que se dió cuenta con siete expedientes de conce-siones hechas a Francisco Cervoni, Juan B. Massari, Juan Rivera y Juan P. Giordani, por 800 cuerdas de terreno, las que solicitó adquirir el Sr. Juan P. Giordani en composición con la Hacienda. En el expediente (exhibit 9 del demandado) se hace constar que el citado Juan P. Giordani se encontraba en posesión de los terrenos cua/ndo se llevó a efecto la incautación de los mismos y fué nombrado su depositario; y que el expre-sado carácter de depositario no modificó legalmente sn estado posesorio anterior de que se deriva su derecho a la composición por él solicitada.

Es un hecho admitido por ambas partes, que las resolu-ciones o acuerdos de la Junta Superior, decretando la cadu-cidad de las concesiones y la reversión de los terrenos al Es-tado, no aparecen inscritos en el registro de la propiedad. Al ser ofrecidas en evidencia las certificaciones de los refe-ridos acuerdos, expedidas por el Comisionado del Interior, el demandante se opuso a su admisión, primero, por no apa-recer inscritas en el registro y no ser por lo tanto admisibles en perjuicio del demandante, quien alega ser un tercero; segundo, por tener dichas certificaciones el carácter de decla-raciones para beneficio propio (self-s&rvmg evidence) toda vez que el demandado es El Pueblo de Puerto Rico y se trata de un asunto que está bajo la jurisdicción del Departamento del Interior, pudiendo el Comisionado del Interior sacar la certificación de lo que le interese y traerla al tribunal; y tercero, porque han debido traerse los expedientes origina-les- Las certificaciones fueron admitidas en evidencia y se anotó la excepción del demandante. Los dos últimos motivos de objeción fueron subsanados durante la vista del caso. De la transcripción de la evidencia (págs. 53 y 54) aparece que el demandado presentó ante la corte los expedientes origi-nales y los puso a disposición del demandante para cual-quier objeto. Y el demandante no sólo no se aprovechó de la oportunidad que se le ofrecía para confrontar las certifi-caciones con los originales y descubrir cualquier disparidad que pudiese existir, sino que renunció a ella, manifestando que no quería que se entendiese "que nosotros queremos su-gerir siquiera que estas copias no son exactas. ”

La única cuestión legal que debemos resolver es si el de-mandante Dionisio. Trigo, ha adquirido en algún¡ momento el pleno dominio, del inmueble que trata de reivindicar y por tanto el derecho a una sentencia que le ponga en la posesión y disfrute del mismo; o si por el contrr rio, es al Pueblo de Puerto Rico al que corresponde el derecho a permanecer en la posesión que ya tiene, por no haber trasmitido nunca a persona alguna sus derechos dominicales sobre el inmueble en cuestión.

Señala el demandante como error de la corte sen-tenciadora, el haber resuelto que El Pueblo de Puerto Rico o su antecesor, la Corona de España, había readquirido, en perjuicio de tercero, la finca en controversia en virtud de las resoluciones de la Junta Superior de Composición y Venta de Terrenos Realengos.

El demandante no alegó específicamente en su demanda su condición de tercero, ni tampoco lo hizo, como pudo ha-berlo hecho, formulando una contestación a la contrademanda formulada por El Pueblo de Puerto Rico, en la que se ale-gaba la anulación de las concesiones. La cuestión ha sido levantada por primera vez en el alegato sometido en apoyo del presente recurso de apelación.

Esta corte ha resuelto ya que en una acción reivindica-toría las defensas de prescripción y de tercero deben ser es-pecíficas y no pueden establecerse por primera vez en apelación. Véanse: Sucesión Torres Negrón v. Torres et al., 29 D.P.R. 909, 911; Hernández v. Hernández, 31 D.P.R. 678.

Pasando por alto el defecto técnico de no haber he-cho alegación alguna de su condición de tercero, veamos ahora si el demandante es un tercero, y en caso de que .lo fuere, si tuvo aviso bastante y suficiente por las constancias del registro de la propiedad de que doña Carmen Brac Brig-noni y los esposos Allende no le trasmitieron ni podían tras-mitirle el dominio del inmueble en controversia.

Nuestra Ley Hipotecaria dispone:

“Art. 27.. Para los efectos de esta ley se considera como tercero aquél que no haya intervenido en el acto o contrato inscrito.
“Art. 33. La inscripción no convalida los actos o contratos que sean nulos con arreglo a las leyes.

*Nota: En relación con la cuestión que aquí se considera y resuelve, véase la pá-gina 232 et seq.

“Art. 34. No obstante lo declarado en el artículo anterior, los actos o contratos que se ejecuten y otorguen por persona que en el Registro aparezca con derecho para ello no se invalidarán en cuanto a tercero, una vez inscritos, aunque después se anule, o resuelva el derecho del otorgante en virtud de título anterior no inscrito o de causas que no resulten claramente del mismo Registro.”

Es indudable que el demandante no fué parte ni inter-vino en manera alguna en los actos o contratos inscritos con anterioridad a la fecha del otorgamiento de la escritura de venta a su favor. Pero en la fecha de ese otorgamiento, en 22 de enero de 1918, el registro de la propiedad contenía las siguientes constancias:

A. En la inscripción primera de cada uno de los cuatro predios de cien cuerdas, así como en la del predio de doscientas cuerdas se hizo constar que la finca había sido adquirida por concesión de la Junta Superior, hecha con la condición de revocación y reversión al Estado, si en los términos indicados en el título no se hicieren las plantaciones convenidas para beneficio de la agri-cultura.
B. En la inscripción de la agrupación de los cinco predios hecha por don Eduardo Cervoni y Mari y de la venta hecha por éste a don Antonio Giordani y Semidey, se hizo constar:
“Segunda. — El cedente don Eduardo Cervoni subroga en su mismo lugar y derecho al cesionario señor Giordani y le confiere poder bastante firme e irrevocable para que en la vía y forma correspondiente practique cuantos actos y diligen-cias fueren menester hasta conseguir del Gobierno o de la Intendencia General de Hacienda la libre disposición de las seiscientas cuerdas de terreno de que se ha hecho referencia y si lo consiguiere en todo o en parte dispondrá de ellas como cosa propia. Tercera. — Es condición esencial de esta cesión que el cedente señor Cervoni no queda obligado a la eviccióu ni saneamiento ni a ningún género de responsabilidad, pues el cesionario señor Giordani no tendrá derecho a exigir res-ponsabilidad alguna del señor Cervoni ni a repetir contra él bajo ningún concepto por virtud de esta cesión por haber sido así convenido. De modo que el señor Cervoni sólo queda obligado a la firmeza de esta escritura y no a ninguna otra cosa, haciendo por tanto esta cesión a riesgo y ventura y sin ulterior responsabilidad, aceptando el cesionario las conse-cuencias de ella en la forma en que queda hecha.”
C. Al inscribirse la escritura por la que don Antonio Giordani y Semidey traspasó la finca a don Juan P. Giordani y Semidey, por ser éste el verdadero dueño, se dijo en el Registro:
“y que puesto que la repetida escritura de ocho de junio de mil ochocientos noventa y dos .no fué aceptada por el compareciente Don Antonio Giordani y Semidey para sí propio, sino por encargo de Don Juan Pablo Giordani Semi-dey, verdadero dueño de dicha finca, claro es que éste acep-tará el presente otorgamiento con entera referencia al anterior muy repetido en las mismas condiciones en que aparece redactado y sin responsabilidades de especie alguna para él, Don Antonio Giordani y Semidey. Quinta. — El compare-ciente Don Juan Pablo Giordani y Semidey bien impuesto de lo escriturado, dijo: que lo acepta en todos sus extremos en la forma y detalles en que está redactado por ser la ver-dad de lo ocurrido y por tanto lo procedente.”

Las mencionadas inscripciones del registro de la Propie-dad, qne según admite el demandante son las únicas qne le obli-gan, contienen sin duda alguna datos bastantes y suficientes para informar y avisar al Banco Territorial y Agrícola, a. sus cesionarios y al demandante que ni los concesionarios originales, ni Juan P. G-iordani adquirieron el dominio o libre disposición de los terrenos por virtud de las concesiones de la Junta Superior de Terrenos Realengos, ni adquirieron tales derechos dominicales con posterioridad por acto al-guno del Estado, que por los términos claros y precisos de la concesión sólo había trasmitido a los concesionarios el de-recho a conseguirlos mediante el cumplimiento de las condi-ciones a que hemos hecho referencia. Y es evidente que así lo entendió don Eduardo Cervoni y Mari, cuando al traspasar la finca al señor Giordani se limitó a hacerle una subrogación o cesión de derechos y acciones, acompañada de un poder para que el cesionario pudiese continuar practicando las ges-tiones que fueren menester hasta conseguir del Estado la libre disposición de las 600 cuerdas de terreno. Por esas palabras el cedente informó expresamente al cesionario, que él, el cedente, no tenía el dominio, o sea la libre disposición del inmueble. Y para hacer más clara sn posición legal, el cedente hizo constar qne no quedaba obligado a saneamiento en caso de evicción, ni a ulteriores responsabilidades y que la cesión se hacía a riesgo y ventura del cesionario. Y todas esas condiciones fueron aceptadas por Juan P. Giordani, el deudor hipotecario del Banco Territorial y Agrícola.

Siendo el estado del Registro en la fecha en que Giordani hipotecó el inmueble al Banco, el que hemos descrito, no ve-mos cómo Giordani, que no tenía el dominio o libre disposi-ción del inmueble, pudo hipotecar lo que no tenía. Lo único que hubiera podido hipotecar Giordani era lo mismo que había adquirido de Cervoni, o sea los derechos que éste pu-diera tener para reclamar y conseguir del Gobierno la libre disposición de la finca. Y los compradores posteriores a la ejecución de la hipoteca no pudieron adquirir el dominio o libre disposición del inmueble, pues la escritura de venta otorgada después de la subasta sólo podía trasmitir al com-prador los derechos que según el Registro correspondían al deudor hipotecario. Y ya hemos visto que éste no tenía tí-tulo de dominio, ni tampoco la libre disposición del inmueble. Está ya sentado por resolución de este Tribunal Supremo, que si el título por el cual España se desprendió de terrenos realengos no es válido para trasmitir la propiedad con arre-glo a las leyes, El Pueblo de Puerto Rico, como cesionario de todas las propiedades y derechos de la Corona de España, puede recobrar esos terrenos de quien los posea sin título legal, por ilegalidad del título del concesionario original. Yéase: El Pueblo v. Riera, 27 D.P.R. 1, 4.

Arguye en su alegato la representación del apelante, que siendo éste un tercero tenía derecho a confiar en las constancias del registro y que no puede ser perjudicado por hechos extrínsecos ignorados por él en absoluto. Los hechos extrínsecos a que se refiere el apelante, o sea la declaración de caducidad de las concesiones, la reversión de los terrenos al Gobierno por incumplimiento de las condiciones y la in-cautación de los terrenos por el gobierno, fueron específi-camente alegados por El Pueblo de Puerto Pico por vía de contrademanda. No aparece de los autos que el demandante, quien con respecto a la contrademanda de El Pueblo de Puerto Rico ocupaba la misma posición jurídica de un de-mandado, formulara una contestación a dicha contrademanda. Y al no contestar la contrademanda y al dejar de alegar su condición de tercero, el demandante implícitamente admitió los hechos alegados en la contrademanda. No puede alegar por primera vez en apelación la defensa de tercero. Torres Negrón v. Torres, supra.

Prescindiendo en absoluto en este caso de las constancias que aparecen en expedientes o documentos fuera del Registro, veamos si en las inscripciones que aparecen en éste constan datos claros y suficientes para dar noticia o aviso al apelante Dionisio Trigo de que el Estado nunca llegó a trasmitir a los concesionarios de los terrenos envueltos en este litigio la libre disposición de los mismos, o sea que el Estado nunca llegó a desprenderse de sus derechos dominicales sobre dichos terrenos.

En todas y cada una de las inscripciones primeras de los cinco predios que más tarde se agruparon para formar la finca de 600 cuerdas que el demandante trata de reivindicar, se hace constar el derecho del adquirente con estas palabras:

“Acredita ser dueño de esta finca con anterioridad al plantea-miento de la Ley Hipotecaria, por habérselo concedido la Junta Superior de Terrenos Baldíos, según título expedido por el Gobernador de esta Isla Sr. Sanz, el 26 de febrero de 1875, refrendado por el Secretario don Antonio M. de Aldrey, con la condición indispensable de revocación de la gracia y reversión al Estado si en el término de un año no tenía cultivada la décima parte, en el de cuatro la cuarta y en el de diez años la mitad a beneficio de la agricultura.”

Ya hemos relacionado anteriormente lo que aparece en la inscripción primera de la finca resultante de la agrupa-ción de los cinco predios, que es la que trata de reivindicar el demandante.

La simple lectura de esas inscripciones es sufíeiente para dar noticia y aviso a cualquier adquirente posterior de que el Estado al hacer las concesiones de estos terrenos en el año 1875, no se despojó de sus derechos dominicales y sólo trasmitió a los concesionarios el derecho a adquirir el do-minio de los mismos mediante el cumplimiento de la condi-ción expresa de cultivarlos en los plazos especificados en las concesiones, para beneficio de la agricultura, o mediante com-posición con el Estado. El registro dió aviso al adquirente posterior a los concesionarios originales que éstos, por los términos expresos de la concesión, tenían un plazo máximo de diez años, o sea hasta 1885, para adquirir el dominio y la libre disposición del predio, mediante el cultivo de una mitad de sus tierras; e igualmente dió aviso, por la inscrip-ción primera al folio 18 del tomo 7 de Patillas, al Banco Territorial y Agrícola, a Carmen Brac Brignoni y a los esposos Allende, y al demandante que don Eduardo Cervoni y Mari, que fué el que agrupó los cinco predios) reconoció que él no tenía el dominio y libre disposición de los predios, sino sola-mente los derechos y acciones que pudieren corresponderle para gestionar y conseguir del gobierno la libre disposición de las seiscientas cuerdas. T es de notarse que esa cesión de derechos y acciones, sin obligarse a evicción y saneamiento y haciendo constar que se hacía a riesgo y ventura, del com-prador, la hizo don Eduardo Cervoni a don Antonio Gior-dan! y Semidey por escritura de 8 de junio de 1892, o sea siete años después de la expiración del plazo máximo fijado por las concesiones originales y por el mismo Registro para poder adquirir el dominio mediante el cultivo de los terre-nos. No creemos que sea posible emplear frases más claras para expresar una admisión del incumplimiento de las condi-ciones impuestas por la concesión y para informar al com-prador que no son derechos dominicales los que se le están trasmitiendo, sino solamente las acciones y derechos para re-clamarlos, que las que empleara el señor Cervoni al ceder por la modesta suma de trescientos pesos todos sus derechos y acciones para reclamar del gobierno la libre disposición del inmueble.

Ni el Banco Territorial y Agrícola, ni las personas que vendieron al demandante, ni este último pueden alegar igno-rancia de estas constancias claras, precisas y terminantes del registro de la propiedad. Todos ellos están obligados por esas inscripciones. Si Antonio Giordani y Semidey sólo ad-quirió derechos y acciones para gestionar y conseguir el do-minio o libre disposición del inmueble, eso fué lo único que él pudo trasmitir a Juan P. Giordani, y lo único que éste pudo hipotecar al banco, y por último, lo único que el de-mandante pudo adquirir a través de los varios traspasos ve-rificados con posterioridad a la inscripción de la escritura de 8 de junio de 1892, por ser un principio elemental de de-recho el de que nadie puede dar lo que no tiene, nemo éat gui non hábet. Y del Registro no aparece constancia alguna de que Juan P. Giordani o sus sucesores hicieran gestión alguna para conseguir del gobierno la concesión del dominio o la libre disposición del inmueble.

No debemos perder de vista la posición que ocupa cada una de las partes contendientes. El gobierno demandado está en la posesión del inmueble y alega qu¡e tiene y nunca ha perdido el dominio; el demandante alega en contrario, que él ha adquirido el dominio y que por eso tiene derecho a que se reconozca su título y se le ponga en posesión. Dentro de esa situación legal, es sobre el demandante que recae el peso de la prueba, para sostener su alegación de que es dueño con título de dominio. Véanse: Carreras v. Pérez, 42 D.P.R. 359; Merle v. Ramos, 31 D.P.R. 109; Rivera v. Castro, 20 D.P.R. 496; Rosaly v. Graham, 16 D.P.R. 162; artículo 470 del Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933. El demandado no ha probado su alegado título de dominio.

Trató el demandante de probar qne la condición impuesta por el gobierno para la adquisición del dominio había sido cumplida por sus antecesores en la posesión del inmueble y presentó alguna prueba testifical tendiente a demostrar que en la finca se habían hecho plantaciones de café, las que fue-ron destruidas por el ciclón del año 1899, conocido por el nombre de San Ciríaco. Para refutar esa prueba el go-bierno presentó los expedientes del Departamento del Interior, en los que aparecen las actas que acreditan que en el año 1896 el gobierno se incautó de dos de los predios de cien cuerdas cada uno, por no haberse cumplido las condiciones impuestas por la concesión; y además, el acta de la sesión celebrada por la Junta Superior, en 19 de septiembre de 1896, o sea dos años antes del ciclón de San Ciríaco, en la quc-se dió cuenta de la solicitud de Juan P. Griordani para ad-quirir la finca por composición, haciendo constar que Grior-dani se encontraba en posesión de las 600 cuerdas cuando se llevó a efecto la incautación y fue nombrado depositario de los terrenos. Esa prueba era admisible como refutación de la prueba testifical del demandante.

Somos de opinión que el demandante no probó satisfac-toriamente que fuese dueño de la finca con título suficiente para darle derecho a reclamar la posesión del inmueble, y que la sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Wolf disintió.


text:
    Juan Soto López, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, recurrido.
    Núm. 990.

    Sometido: Marzo 30, 1937.

      Resuelto: Abril 7, 1937.

      Rafael BtiscagUa, abogado del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El recurrente es dueño de una finca urbana que aparece inscrita al folio 33 del Tomo 144 de Santurce Norte, bajo el número 3519. Dicha finca fué formada por segregación de la núm. 1556 y ésta a su vez por segregación de la mim. 519.

Por escritura de 28 de febrero de 1915, doña Carmen Figueroa, dueña de la finca núm. 519, constituyó hipoteca sobre dos octavas partes de dicha finca a favor de doña Emilia Suris Cardona, por el término de dos años, vencedero el 28 de febrero de 1917. Por razón de su procedencia, la finca núm. 3519, propiedad del recurrente, se halla afecta a una hipoteca por $336 de principal, con intereses a razón de $3 mensuales. La referida hipoteca fué cedida a don Luis Her-náiz Yerone, cqsado eon doña Josefa Albandoz, por escritura de fecha 12 de febrero, de 1920, quedando inscrita la cesión al folio 237 vuelto del Tomo 5,6 de Santurce Norte, finca núm. 519.

Con fecha 2 d'e marzo de 1937, el recurrente solicitó del registrador recurrido la cancelación de la hipoteca en cuanto a la finca núm. 3519. Se basa la petición en que habiendo transcurrido más de veinte años desde el vencimiento de la hipoteca, o sea desde el 28 de febrero de 1917 hasta la fecha de la petición, procede la cancelación del gravamen en el re-gistro, sin citación del acreedor hipotecario, de acuerdo con las disposiciones de la Ley núm. 12 de agosto 29 de 1923. (Leyes Sesión Extraordinaria 1923, p. 37.)

Negóse el registrador a practicar la cancelación solicitada, exponiendo sus razones en la siguiente nota:

“Denegada la cancelación solicitada por observarse que dicha hi-poteca aparecía subsistente el día 12 de febrero de 1920 y no haber transcurrido 20 años desde día (sio) fecha, tomándose en su lugar anotación preventiva por ciento veinte días al folio 34 del tomo 144 de Santurce Norte, finca 3519, anotación letra C. San Juan, Marzo 9 de 1937.”

Por el presente recurso se solicita la revocación de dicha nota denegatoria, que se ordene la cancelación libre de gastos para el recurrente y que se imponga al recurrido el pago de costas, gastos, y honorarios de abogado.

La sección 2 de la Ley núm. 12 de agosto, 1923, supra, que empezó a regir en la misma fecha de su aprobación, en lo pertinente dispone:

‘ ‘ Sección 2. — Cualquier persona natural o jurídica, que sea dueña de bienes inmuebles sobre los cuales pesen gravámenes hipotecarios que tengan veinte (20) años de vencidos o de constituidos, si no tu-vieren vencimiento, podrá presentar a la corte de distrito en que ra-diquen los bienes o la mayor parte de ellos, una petición solicitando la cancelación de dichas hipotecas, y el juez de dicha corte ordenará la citación del acreedor para que comparezca ante la misma dentro del término de diez (10) días, si la citación se hace en el distrito, de veinte (20) días si se hace fuera del distrito, pero dentro de la Isla, y cuarenta (40) días si se hace fuera de la Isla, a que exponga las razones por las cuales dichas hipotecas no deben ser canceladas.
“Si expirado este término no compareciere el acreedor citado, se anotará su rebeldía y la corte dictará una sentencia ordenando la cancelación. Si el referido acreedor hipotecario comparece a oponerse a la cancelación citada, entonces el procedimiento ■ se convertirá en contencioso y se seguirá por los trámites que establece el Código de Enjuiciamiento Civil.
“Transcurrido un año desde la vigencia de esta Ley, los regis-tradores, a instancia de las personas interesadas ya indicadas, proce-derán a la cancelación de las hipotecas referidas en esta sección, sin necesidad de notificación alguna, si no se hubiere acreditado en el registro la interposición de la demanda en cobro de la misma o la subsistencia de tales gravámenes.”

El propósito fundamental de la sección transcrita es el de cancelar en los libros del registro todas aquellas hipotecas que aparecieren estar extinguidas o prescritas por haber transcurrido desde su vencimiento el término legal de veinte años fijado por el artículo 1864 del Código Civil (ed. 1930) para el ejercicio de la acción hipotecaria. El acreedor hipo-tecario está obligado a conocer la ley y sabe, por lo tanto, que si no es diligente, procediendo al cobro o a la renovación de su crédito antes de que éste sea extinguido por ministerio de la ley, el deudor tiene el derecho de pedir al Registrador que aclare su título sobre la propiedad cancelando la ins-cripción del gravamen ya extinguido. Véase: Pinto v. Registrador, 50 D.P.R. 662.

Reconoce el Registrador recurrido que el deudor de una hipoteca de más de veinte años de vencida tiene derecho a solicitar la cancelación del gravamen, pero opina que en el presente caso no procede tal cancelación por el hecho de que el acreedor original cedió el crédito hipotecario en 12 de febrero de 1920, tres años después de su vencimiento, a Luis Hernáiz Ver one, a favor de quien aparece inscrito1 el crédito por virtud de dicha cesión; que el efecto legal de dicha cesión es el de haber acreditado en el registro la subsistencia del gravamen; y que el término de veinte años debe computarse desde la fecha de la cesión, febrero 12 de 1920, y no desde la fecha del vencimiento de la obligación, febrero 28, 1917.

Debemos sostener que es errónea la interpretación de la ley que ha hecho el recurrido. El término de veinte años que el artículo 1864 del Código Civil concede al acreedor hi-potecario para que pueda exigir por la vía judicial el pago de la obligación, sólo puede ser interrumpido por el ejercicio de una acción judicial, por reclamación extrajudical del acreedor o por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor. Véase art. 1873, Código Civil, ed. 1930. La cesión del crédito hecha por el acreedor hipotecario a una tercera persona, sin la intervención o anuencia expresa del deudor, no puede ser considerada en manera alguna como un acto de reconocimiento de la deuda por el deudor y no puede producir el efecto de interrumpir el término legal para la prescripción de la acción hipotecaria, transcurrido el cual nace el derecho del deudor a pedir la cancelación del gravamen. Cualquiera otra interpretación haría ilusorios los es-tatutos referentes a la prescripción de las acciones.

Por las razones expuestas se revoca la nota recurrida y se ordena la cancelación solicitada, libre de gastos para el recurrente. Todo sin especial condenación de costas.


author: El Juez Asociado Señor Wule

text:
    Luis Samalea Iglesias, peticionario y apelado, v. Blanton Winship, Gobernador de Puerto Rico, Leslie A. MacLeod, Rafael Sancho Bonet y Benigno Fernández García, Auditor, Tesorero y Procurador General de Puerto Rico, respectivamente, demandados y apelantes.
    Núm. 7483.

    Sometido: Marzo 15, 1937.

      Resuelto: Abril 9, 1937.

      Hon. Procurador. General B. Fernández García, Emilio de AlcDrey, Subprocurador, abogados de los apelantes; F. Ponsa Feliú, abo-gado del apelado.

       Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Wule

emitió la opinión del tribunal.

El cargo de Juez de Distrito de Bayamón se originó bajo las disposiciones expresas de la Ley núm. 57 de abril 28, 1930 (Leyes de ese año, pág. 415). Esta ley fijó al cargo' un término de cuatro años y un sueldo anual de $5,000. En 29 de abril de 1930 la Legislatura aprobó la Ley núm. 58' (Leyes de ese año, pág. 419), la cual prescribía que los cargos de jueces de las cortes de distrito de Puerto Rico serían desempeñados por jueces nombrados por un término de diez años. Declaró vacante el cargo de cada uno de los jueces e bizo que tal disposición empezara a regir a los noventa días después de su aprobación.

El peticionario en este caso, Luis Samalea Iglesias, recibió’ un nombramiento de receso el 29 de julio de 1930 y en marzo 16, 1931, fue designado por un término de diez años con el consejo y consentimiento del Senado. Su sueldo fue reba-jado posteriormente en dos ocasiones, a saber, por la Ley núm. 40 de mayo 13, 1932 (Leyes de 1931-1932, pág. 299), y por la Ley núm. 59 de mayo 15, 1933 (pág. 399). La cues-tión precisa a resolver por este tribunal es si esas rebajas fueron válidas a tenor del contexto del párrafo 13 del artículo 34 de la Carta Orgánica, que lee así:

“Con excepción ele aquellos casos en que se disponga lo contrario en esta Ley, ninguna ley prorrogará el término de ningún funciona-rio público, ni aumentará o disminuirá su sueldo o emolumentos des-pués de su elección o nombramiento, ni permitirá a ningún funcio-nario o empleado percibir compensación por más de un cargo o em-pleo.”

El recurso de apelación que está pendiente ante este tribunal fué interpuesto contra una sentencia declaratoria dic-tada a favor del peticionario, que decretó que las rebajas en cuestión eran nulas e ineficaces. El apelado ba radicado una moción para desestimar el recurso por frívolo.

De esta ligera relación del caso pueden hacerse inmediata-mente varias conclusiones. Una de ellas es que la Ley núm. 57, supra, creó el distrito judicial de Bayamón, dispuso el nombramiento de un juez y de otros funcionarios y fijó el término y sueldo del juez. No hay duda alguna de que cualquier persona designada para el cargo de juez de distrito de Bayamón el día o después del día en que el proyecto se convirtió en ley, hubiera tomado posesión del mismo a tenor de los preceptos de ese estatuto especial.

Llegamos entonces al efecto de la Ley núm. 58, supra. Los apelantes sostienen que la ley posterior derogó la núm. 57 en lo que se refería al cargo de juez de distrito de Baya-món y que cuando el peticionario fué designado permanente-mente su sueldo fué fijado por el presupuesto y por consi-guiente podía rebajarse de año en año, según se resolvió en .el caso de Arjona v. Winship, 49 D.P.R. 53.

No podemos convenir con los apelantes. La Ley núm. 57 ^era completa y creó un nuevo distrito judicial. La Ley núm. .'58 se limitó expresamente a decir “que el cargo de juez de las cortes de distrito de Puerto Rico sea desempeñado por jueces nombrados por el término de diez años; proveyendo para su nombramiento y destitución, y declarando vaocmtes los cargos de juez de cada una de las cortes de distrito de Puerto Rico, y para otros fines.” Esto, a nuestro juicio. Remuestra que la Legislatura no creaba ni abolía cargos de jueces de distrito. Meramente los declaraba vaoamtes, lo que de por sí asume la existencia de dichas plazas y sn conti-nuación. El cargo de juez de distrito de Bayamón fué creado y aún existe a virtud de la Ley núm. 57 de 1930. La Ley •núm. 58 meramente fijaba un término distinto.

No bailamos posibilidad de que el sueldo del apelado fuera realmente fijado por el presupuesto. No hay duda alguna de que el sueldo fué fijado por la Ley núm. 57, y el presupuesto meramente fijó una suma en globo para cubrir los sueldos y gastos del distrito judicial de Bayamón. Una vez fijado un sueldo por ley, el hecho de que el presupuesto provea su pago no es determinante.

Por tanto se hace evidente que cuando Luis Samalea Iglesias fué designado juez de la Corte de Distrito de Baya-món el 16 de marzo de 1931, el término del cargo fué fijado en diez años (Ley núm. 58, supra), y su sueldo en $5,000 por la Ley núm. 57, supra. Se desprende que las rebajas que la Legislatura trató de hacer en 1932 y 1933 fueron rebajas hechas con posterioridad a su nombramiento y dentro del término del cargo, y como tales infringían los preceptos de nuestra Carta Orgánica.

El caso de Durand v. Sancho Bonet et al., 50 D.P.R. 940, es enteramente aplicable y gobierna el presente recurso. En dicho caso resolvimos:

“No podemos convenir con los apelantes en que el negar autori-dad al poder legislativo para rebajar el sueldo al demandante con-ñera a éste un privilegio especial. De ser cierto que el demandante disfruta de un privilegio no otorgado a aquéllos que desempeñan idénticos cargos en otras cortes de distrito, tal resultado dimana de la ley de la Legislatura al fijarle determinado sueldo anual en vez de fijarle un sueldo cuya cuantía debía ser especificada de año en año, como en el caso de Arjona. Hay que presumir que la Legislatura intentó hacer lo que hizo y que lo realizó con pleno conocimiento de la restricción existente en sus facultades. Sea ello como fuere, la cuestión que ante nos pende no es una que tenga que ver con la in-tención de la Legislatura al fijar el sueldo, sino una relativa al poder de la Legislatura para modificar dicho sueldo después de haberse nom-brado al peticionario. La prohibición contenida en el párrafo 13, supra, es incondicional, y la cuestión relativa al poder de la Legisla-tura, luego de haberse designado un funcionario, para modificar el sueldo anual previamente especificado, nada tiene que ver con la in-tención legislativa existente al momento en que el sueldo fué así fijado.”

Los apelantes sostienen igualmente que la petición no aduce una causa de acción: (a) porque la Carta Orgánica por disposición expresa no prohibe una rebaja general en igual proporción en los sueldos de todos los empleados del gobierno, y (b) porque la petición menciona rebajas en el sueldo del peticionario, mas deja de alegar expresamente que su sueldo fuera efectivamente rebajado, o que no se le pagara su. sueldo completo, o que ninguno de los demandados retuviera ilegal-mente parte alguna de su remuneración.

En lo que respecta al apartado («) la opinión en el caso de Durand, supra, discute la proposición y resuelve suficientemente los argumentos de los apelantes. En lo atinente al apartado (6) hemos examinado la petición y de ella se desprende con bastante claridad que la Legislatura redujo el sueldo del peticionario en dos ocasiones después de su nombramiento. El peticionario en este procedimiento no trata de recobrar aquellas partes de los sueldos que no le fueron pagadas,' sino que meramente trata de obtener una determinación judicial sobre la legalidad de las disposiciones legislativas a virtud de las cuales se efectuaron esas rebajas. Alega que su sueldo se redujo y que tales rebajas fueron contrarias a ciertos derechos garantizádosle por la Carta Orgánica. Sostiene además que los demandados insisten en que esas rebajas estatutarias son válidas y por tanto que ha surgido una “divergencia” en torno a la interpretación o validez de esos estatutos que deberá ser determinada por la corte de distrito correspondiente.

La sección 2 de la Ley núm. 47, de 1931 (Leyes de ese año, pág. 379)-, que es la Ley Uniforme de Sentencias Decla-ratorias de Puerto Eico, dispone :

“Sección 2. — (Facultad de interpretación, etc.). — Toda persona interesada en una escritura, testamento, contrato escrito ti otros do-cumentos constitutivos de contrato, o cuyos derechos, estado- u otras relaciones jurídicas fuesen afectados por un estatuto, ordenanza municipal, contrato o franquicia, podrá obtener la determinación de cual-quier d’vergencia acerca de la interpretación o validez de dichos es-tatutos, ordenanzas, contrato o franquicia, y además que se dicte una declaración de los derechos, estados u otras relaciones jurídicas que de aquéllos se deriven.”

La petición en este caso cae dentro de la disposición legal arriba citada y no bailamos que en las alegaciones del ape-lado falte nada cuya omisión haría que su petición fuera excepcionable por falta de hechos.

Debe desestimarse el recurso por frivolo.

Los Jueces Señores Presidente del Toro y Asociado Hutchison disintieron.


author: El Juez Pebsidente SeñoR Del Turo

text:
    Vicente Soltero, Jr., peticionario y apelante, v. Ignacio Roca Bacó y Carlos Becerra, Alcalde y Tesorero-Director Escolar, respectivamente, del Municipio de Yauco y Municipio de Yauco, P. R., recurridos y apelados.
    Núm. 7185.

    Sometido: Enero 18, 1937.

      Resuelto: Abril 9, 1937.

      Rafael Soltero Peralta, abogado del apelante; Agustín E. Font,-aho-gado de los apelados.
   El Juez Pebsidente SeñoR Del Turo

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un caso de mpmction. El primer documento que figura en el récord es la solicitud enmendada que lleva fecha agosto 10, 1934. No consta cuándo se archivó la soli-citud original. Sigue la orden para mostrar causa dictada por la corte en julio 11, 1934. Luego el mandamiento de entredicho librado por el secretario el mismo día. No consta cómo ni cuándo se cumplimentó. Pechados en agosto 8, 1934, y notificados el diez, siguen tres escritos del demandado, a saber: moción eliminatoria, excepciones previas y contesta-ción. Luego la relación del caso y opinión y la sentencia de la corte, el escrito de apelación y la certificación de autenti-cidad.

Tal el legajo de la sentencia. La exposición del caso comienza haciendo constar que el juicio se señaló para agosto 8. 1934, y se pospuso para el diez, que “al empezar la vista, los demandados solicitaron se dejara sin efecto la anotación de rebeldía, a lo cual accedió la corte, usando de sn discre-ción”, que los demandados archivaron entonces sus alega-ciones y habiendo anunciado las partes que estaban listas, se entró a juicio. Se describe la evidencia presentada, como consistente, la del demandante en carta de junio 23, 1934, del Tesorero demandado al plomero del municipio ordenándole cortar el agua a la casa del demandante, cinco recibos por consumo de agua, carta del Tesorero al demandante de 5 de julio 1934, contestando una del demandante y enviando a éste una forma de solicitud impresa para acometida al acue-ducto con compromiso de cumplir las ordenanzas municipales sobre el particular, el impreso, certificación del Secretario de la Comisión de Servicio Público de julio 20, 1934, haciendo constar que la tarifa de agua de Yauco no ha sido aprobada por la Comisión, artículo 6 del reglamento de sanidad núin. 14, certificado médico creditivo de que el demandante padece de lesiones valvulares del corazón, copia ordenanza muni-cipio fijando tarifa acueducto aprobada en 1912, y declara-ciones del demandante y de Félix González y Carlos Becerra, y la de los demandados en los testimonios de Francisco Antongiorgi e Ignacio Boca Bacó.

En su relación del caso y opinión el juez sentenciador hizo constar que

"....Ambas partes estipularon someter con la misma evidencia presentada para el injunction preliminar, el injtmction perpetuo; de manera que la Corte pudiera resolver al mismo tiempo el caso en sus méritos. Tal estipulación fué aprobada por la Corte.”

Seguidamente declaró probados los siguientes hechos:

"El demandante, Vicente Soltero Jr.,'es propietario y residente del Municipio de Yauco y consumidor de agua del acueducto del referido municipio.
"En 23 de' junio de 1934 le fué coi'tado el servicio de agua de la casa residencia del demandante, por orden .del Tesorero del Mu-nicipio, o sea del demandado Carlos Becerra.
“El recaudador auxiliar de contribuciones del Municipio, Francisco Antongiorgi, en varias ocasiones, cada trimestre, le cobraba al demandante Soltero el importe del agua y éste no lo pagaba, y por esa razón fué que se le privó de recibir agua del acueducto de Yauco.
“El demandante presentó en evidencia una copia certificada de una ordenanza ‘fijando la tarifa de precios de las aguas del acue-ducto de Yauco’, para el año de 1912 a 1913 y para los siguientes, cu-yas secciones 13 y 17 leen como sigue:
“ ‘Sección 13 a. — El pago del abono se fiará por trimestres ade-lantados, durante la primera quincena de los meses de julio, octubre, enero y abril de cada año; pero los concesionarios pagarán completo el mes en que bagan las instalaciones, cualquiera que sea el día en que aquéllas se verifiquen, y los que faltan basta la terminación del respectivo trimestre. ’
‘ ‘ ‘ Sección 17 a. — La falta de exactitud en los pagos, lleva consigo la suspensión del servicio sin previo aviso, y si el retrazo se prolonga más de quince días, se quitará la comunicación de la cañería particular con la publica, sellándola.’
“El demandante no ha presentado en evidencia la ordenanza de agua que alega está en vigor en Yauco desde el año 1924, y la Corte, por consiguiente no fia podido conocer el contenido de la misma.
“Pero de la declaración del recaudador auxiliar Francisco Anton-giorgi, la Corte infiere que las secciones 13 y 17 antes transcritas están en vigor y que el agua debe pagarse por trimestres adelan-tados.
“Aparece probado que el demandante Soltero pagó, sin protesta, la suma de $12.00 anuales por consumo de agua, en las siguientes fechas: julio 4 de 1931, julio Io. de 1932, y junio 30 de 1933, según se comprueba con los recibos que presentó en evidencia el propio demandante.
“El primer recibo de agua pagada por e] demandante bajo pro-testa fué el recibo pagado en 5 (sic) de julio de 1934 (admitido en evidencia y presentado también por el demandante).
“El mencionado recibo correspondiente (sic) al año económico de 1933 a 1934, que empezó en primero de julio de 1933 y terminó en 30 de junio de 1934,
“La anualidad que comprende dicho recibo ya estaba vencida con exceso el día 23 de junio de 1934 (día en que le fue cortado el servicio de agua al demandante), si el servicio de agua debía pagarse por trimestres adelantados.
“El demandante pagó por primera vez bajo protesta en 5 (sic) de julio de 1934; es decir, después que se le babía cortado el sumi-nistro de agua.
“Hay otro recibo posterior pagado bajo protesta en 10 de agosto de 1934, que corresponde al primer trimestre del año económico de 1934 a 1935 ....
“Aparece claramente probado que el demandante Soltero pagó sin protesta durante varios años consecutivos el impuesto de agua ($12.00 por año) de acuerdo con la tarifa que él abora alega (beebo sexto de la demanda) que es ilegal, por no baber sido aprobada dicba tarifa por la Comisión de Servicio Público.”

Y basándose en ellos llegó a las siguientes conclusiones:

“Al hacer el demandante dichos pagos sin protesta de ninguna clase, aceptó ipso facto la validez de la referida tarifa, y por consi-guiente, la validez de la ordenanza relativa al acueducto que ahora trata 'de impugnar.
“Y como la acción de injunction perpetuo y la solicitud de injunction preliminar presentadas por el demandante tienen como funda-mento la alegación de que la ordenanza de Acueducto de Yauco es ilegal, y estando, como está, el demandante impedido (estopped) de impugnar la ordenanza que él con sus propios actos repetidos año tras año aceptó como válida, la Corte llega a la conclusión de que debe declararse sin lugar en todas sus partes la demanda de injunction perpetuo y asimismo sin lugar la solicitud de injunction preli-minar. Todo ello, sin especial condenación de costas.”

No conforme el demandante interpuso el presente recurso de apelación imputando a la Corte de Distrito la comisión de siete errores.

Por el primero sostiene que la corte erró al abrir la rebeldía. Todo lo que consta en los autos sobre este extremo es lo que hemos consignado, esto es, que la corte en el ejercicio de su discreción y a solicitud de los demandados dejó sin efecto la anotación de su rebeldía. No aparece que el demandante tomara excepción, ni siquiera que se opusiera. No consta cuándo, ni cómo ni por qué se hizo la anotación. Bajo esas condiciones, ¿qué base existe para sostener que la corte abusó de su discreción?

Sin hacer cita alguna de ley o de jurisprudencia sostiene el apelante que la moción sobre apertura debió presentarse por escrito a fin de que la corte pudiera actuar válidamente. Convenimos en que hubiera sido mejor práctica la de pre-sentar por escrito una moción de la naturaleza de la que aquí se trata, pero el hecho de que se hiciera y resolviera oral-mente, bajo las circunstancias que concurren, no puede servir de base para la revocación de la sentencia.

Los errores segundo y tercero se refieren a la apreciación de la prueba. La corte como sabemos concluyó que el agua se le cobraba al demandante por trimestres y que el demandante no pagó bajo protesta sino los pagos que hizo en julio 3 y agosto 10, 1934. Para ello la corte dió crédito al testimonio de Antongiorgi y desechó el del demandante. Dirimió así un conflicto de evidencia en uso de sus facultades y aunque hay fuerza en el argumento del apelante en cuanto al primer extremo, esto es, al cobro por trimestres, no estamos convencidos de que la corte de distrito errara de modo manifiesto o actuara movida por pasión, prejuicio o parcialidad.

Los errores cuarto y quinto se refieren al fundamento que tuvo la corte para declarar la demanda sin lugar, a saber, la aplicación de la doctrina de “estoppel”.

Nos inclinamos a creer que asiste la razón al apelante. Éste no tiene derecho a reclamar en relación con los pagos anteriores, pero el que hiciera dichos pagos sin protesta no lo obliga a seguir acatando una ordenanza que considere nula. Su derecho a levantar la cuestión de nulidad en el momento actual era claro.

Ahora bien, como esos errores lo son sólo en cuanto al fundamento que tuvo la corte para dictar su sentencia, si ésta se sostiene por otros fundamentos, no procederá su revocación. Ello nos obliga a seguir en el estudio del caso.

El motivo de nulidad que se alega es que la ordenanza no fué aprobada por la Comisión de Servicio Público. Textualmente se dice por el demandante en su alegato:

“. Fué un liecho probado en la Corte inferior que la ordenanza estableciendo la tarifa de acueducto en Yauco, del año 1924, que su-plantó la tarifa de $12.00 por la de $6.00 que imponía la ordenanza de 1912 en cañerías de % de pulgada, como la usada por el peticio-nario, no había sido aprobada por la Comisión de Servicio Público de Puerto Rico, siendo por este motivo nula en su aplicación, según se desprende del artículo 3 letra E y el artículo 24, de la ley de Servicio Público, que dicen:
“ ‘Artículo 3. — Será deber de toda compañía de servicio pú-blico ... no hacer cambio en ninguna tarifa o itinerario sin la apro-bación previa de la Comisión.
“ ‘Artículo 24.— .... Ningún tipo estará en vigor hasta que fuere publicado según se dispone en la presente y aprobado por la Comi-sión. ’
“La evidencia de lo que antes afirmamos es una certificación del Secretario de la Comisión de Servicio Público haciendo constar que dicha ordenanza de 1924 no ha sido aprobada por la Comisión de Ser-vicio Público, ni ninguna otra ordenanza, tarifa o reglamento de acueducto del municipio de Yauco. (Exhibit E de la Exposición del caso). Si se tiene en cuenta que la Comisión de Servicio Público fué creada en 1917 por nuestra Carta Orgánica, y no existiendo hasta esta fecha ordenanza o tarifa alguna aprobada por dicha Co-misión, que en forma alguna enmiende la tarifa aprobada en 1912, fácilmente podrá deducirse que la única tarifa en vigor legalmente es la del 1912.”

La dificultad para resolver la cuestión que así se plantea es que la ordenanza cuya declaración de nulidad solicita el demandante no fué por él presentada en evidencia. Y como por otra parte se admitió la validez de la primitiva orde-nanza y de ésta sólo consta en la exposición del caso que fijaba “en $6 anuales el tributo a pagarse por los consumi-dores de agua de Yauco cuyo servicio de agua tenga una cañería de un cuarto de pulgada”, y no aparece alegado ni probado cuál fuera el diámetro de la cañería conductora del agua a la casa del demandante ¿qué base existe para, concluir que la cantidad que se le cobraba no lo fuera de acuerdo con la ordenanza sobre cuya validez no bay cuestión1? Ninguna a nuestro juicio.

El sexto error se refiere a la imposibilidad en que se encontraba el municipio por no haber dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo sexto del Reglamento de Sanidad Núm. 14 que según la exposición del caso es como sigue:

“Cuando por falta de pago de la contribución de agua, el muni-cipio se encuentre en la necesidad de cortar el agua en cualquier casa o edificio, dicho municipio, antes de hacerlo, presentará al Director de Sanidad una relación de los contribuyentes morosos, con especifica- . ción de sus nombres, residencias y cantidades que adeudan. .. . ”

Declarando en el juicio el Tesorero demandado admitió que no se había cumplido con ese precepto reglamentario. ¿Convierte ello en ilegal la actuación del municipio?

La corte de distrito no considera la cuestión en su rela-ción del caso y opinión, la parte apelante se limita a levan-tarla en su alegato sin razonarla debidamente y sin cita alguna de autoridades, la parte apelada nada dice en su alegato sobre el particular.

No hay duda de la sabiduría del precepto, dada la estrecha relación que existe entre el agua corriente y el problema sanitario, pero nos inclinamos a considerar la regla más bien directiva que mandatoria, no produciendo en tal virtud su inobservancia la nulidad absoluta de la actuación.

Por el séptimo y último señalamiento de error el apelante se refiere a las fechas del corte del agua — junio 23, 1934 — y renovación del servicio — julio 11, 1934 — como demostrativas de la actuación ilegal del Municipio.

No. tiene razón. En junio 23 no sólo debía el demandante el agua que había consumido el último trimestre del año eco-nómico 1933 a 34, si que la del año entero. Se le avisó y advirtió y no pagó. La suspensión del servicio estaba auto-rizada por la ordenanza.

El servicio se restableció el once de julio cuando el de-mandante no había pagado aún el primer trimestre del año económico 1934-35. Lo hizo en agosto 10, 1934. ¿De qué puede quejarse? Se trataba de una nueva conexión. Con el pago de julio -3 lo que hizo el demandante fue saldar su deuda del año anterior.

La sentencia se sostiene, pues, porque de los autos no surge de modo claro y terminante que la actuación del muni-cipio fuera ilegal, siendo quizá conveniente decir que exa-minada la declaración prestada por el demandante a los efectos de demostrar que los daños y perjuicios que sufriera ascendían a la suma de cinco mil dólares, parece tan exage-rada que no inclina en verdad en su favor la conciencia judicial.

Debe declararse sin lugar la apelación y confirmarse la sentencia recurrida.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Córdova Dávila no intervinieron.