author: El Juez Presidente Señor Hernández Denton Jueza Aso-ciada Señora Pabón Charneco,

text:
    Ramiro Rodríguez Ramos y otros, recurridos, v. ELA de PR y otros, peticionarios.

      Número: CC-2013-234

      Resuelto: 6 de marzo de 2014

      Margarita Mercado Echegaray, procuradora general, Amir Cristina Nieves Villegas, procuradora general auxiliar; Miguel A. Rangel Rosas, del bufete Maymí, Rivera & Rotger, PSC, Grace Santana Balado, abogada del Departamento de Transportación y Obras Públicas; Ivette M. Berrios Her-nández, del bufete Vázquez Graziani & Rodríguez, Oficina Legal, C.S.P., Ineabelle Santiago Camacho y Beatriz An-

      nexy Guevara, abogadas del bufete Reichard & Escalera, abogados de la parte peticionaria; Hilda M. Arriaga Co-rrea, Ramiro Rodríguez Peña y Reynaldo Rodríguez Peña, del bufete Ramiro Rodríguez Ramos Law Offices, abogados de la parte recurrida.
   El Juez Presidente Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

En esta ocasión debemos determinar si un contrato verbal entre un proveedor de servicios legales y el Gobierno se puede validar mediante el otorgamiento de un contrato retroactivo. Resolvemos en la negativa. Por entender que el contrato es nulo, que no puede validarse retroactiva-mente y que el proveedor no puede reclamar al gobierno por los servicios prestados, revocamos la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones.

I

El Ledo. Ramiro Rodríguez Ramos prestó sus servicios profesionales como abogado al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y a la Autoridad de Carre-teras y Transportación (ACT) desde 1990 hasta el 2 de julio de 2007. La ACT es una corporación pública adscrita al DTOP.

El 18 de febrero de 2006 el licenciado Rodríguez Ramos entregó al Director de la Oficina de Asuntos Legales del DTOP y la ACT, el Ledo. Manuel Cámara Montull, los do-cumentos necesarios para la renovación de sus contratos para el año fiscal 2006-2007. El 16 de mayo de 2006 el Ayudante Especial del Secretario del DTOP, el Ledo. Alberto Castro, informó al abogado que la ACT le renovaría el contrato, le sometió el borrador del contrato y le solicitó que suministrara por segunda vez los documentos necesa-rios para la renovación correspondiente. El licenciado Ro-dríguez Ramos así lo hizo.

La ACT preparó el contrato de servicios profesionales para el año fiscal 2006-2007 y la certificación para regis-trarlo en la Oficina del Contralor. El licenciado Rodríguez Ramos suscribió ambos documentos y los entregó al licen-ciado Cámara Montull para que fueran a su vez suscritos por la agencia y registrados en la Oficina del Contralor. Sin embargo, el licenciado Cámara Montull se limitó a registrar el borrador del contrato en el Área de Finanzas y no lo procesó.

El 22 de diciembre de 2006 el licenciado Rodríguez Ramos sometió nuevamente los documentos necesarios para renovar los contratos por escrito. Luego, informó al licen-ciado Cámara Montull y a la Asesora Legal del Director Ejecutivo de la ACT, la Leda. Ivette Cancel, que tenían que pagarle los servicios prestados mediante una resolución de reconocimiento de deuda, pues la ACT y el DTOP lo habían autorizado a continuar prestando sus servicios.

En junio de 2007 la Leda. Grace Santana Balado asumió la dirección de la Oficina de Asuntos Legales y solicitó al licenciado Rodríguez Ramos un informe sobre los asuntos que le habían sido referidos. El abogado entregó el informe solicitado y los documentos necesarios para otorgar los con-tratos para el próximo año fiscal 2007-2008. Luego, este informó a la licenciada Santana que no le habían renovado los contratos para ese año, por lo que le solicitó que le informaran por escrito si lo autorizaban a continuar repre-sentando legalmente a la agencia ante los tribunales. El 2 de julio de 2007 la licenciada Santana le indicó que no le iban a otorgar contrato para el referido año fiscal y que no le pagarían los servicios prestados que no estaban cubier-tos por contrato escrito. Consecuentemente, le pidió que renunciara a la representación legal de la ACT y DTOP ante los tribunales y que le entregara los expedientes de los casos que tenía asignados.

Así las cosas, el abogado presentó la demanda de epí-grafe el 4 de septiembre de 2007. Alegó que la ACT le debía $106,910.16 por servicios prestados durante los años fisca-les 2004-2005 y 2005-2006, así como $264,786.70 por el año fiscal 2006-2007. Por otra parte, reclamó a DTOP $11,521.61 por los servicios legales prestados durante el año fiscal 2004-2005, $2,343.75 por el año fiscal 2005-2006 y $46,323.76 por el año fiscal 2006-2007. En 2010 la ACT y el DTOP pagaron las sumas de dinero correspon-dientes a los primeros dos periodos, pero no las correspon-dientes al año fiscal 2006-2007.

El licenciado Rodríguez Ramos presentó una moción de sentencia sumaria. Alegó que la ACT y el DTOP debían pagarle los servicios restantes porque fueron estos quienes impidieron que el contrato fuera llevado a escrito. Por su parte, la ACT y el DTOP alegaron que el requisito de que los contratos se reduzcan a escrito es indispensable para que nazca la obligación entre el proveedor de los servicios y el Estado.

El Tribunal de Primera Instancia resolvió mediante sentencia sumaria parcial que, una vez el licenciado Rodrí-guez Ramos firmó los contratos con la ACT y el DTOP para el año fiscal 2006-2007, los funcionaros correspondientes tenían la obligación de firmarlos y registrarlos en la Ofi-cina del Contralor. Por ello, ordenó a la parte demandada a suscribir con el demandante un contrato con vigencia re-troactiva para cubrir los servicios profesionales prestados durante el año fiscal 2006-2007, registrarlo en la Oficina de Contralor y pagar al abogado los servicios prestados du-rante dicho periodo. En síntesis, fundamentó su dictamen en la doctrina general de los contratos, en la Ley Núm. 18 de 30 de octubre de 1975, conocida como Ley de Registro de Contratos en la Oficina del Contralor de Puerto Rico, se-gún enmendada (Ley Núm. 18-1975), 2 LPRA sec. 97(a), y en la Orden Ejecutiva OE-2006-23, infra. El foro primario sostuvo su dictamen tras una moción de reconsidera-ción.

Insatisfecho, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) acudió ante el Tribunal de Apelaciones. Ese foro con-firmó al Tribunal de Primera Instancia. Todavía incon-forme, el ELA acudió ante nos. Argumenta que el foro ape-lativo intermedio erró al ordenar a la parte demandada suscribir un contrato retroactivo para cubrir los servicios legales que el abogado prestó durante el año fiscal 2006-2007. Sostiene que “[e]se mandato contraviene las disposi-ciones de la Ley Núm. 237 de 31 de agosto de 2004, la jurisprudencia [...] en materia de contratos gubernamen-tales y la política pública de rango constitucional que or-dena la más adecuada y responsable erogación de los fon-dos públicos”. Petición de certiorari, pág. 8. Ordenamos al demandante que mostrara causa por la cual no debemos revocar el dictamen recurrido. Así lo hizo. Contando con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, expedimos el recurso y procedemos a resolver.

r-H I — I

A. Norma general de los contratos

El Art. 1044 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2994, dispone que “las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos”. Véanse, además: VDE Corporation v. F & R Contractors, 180 DPR 21, 34 (2010); López v. González, 163 DPR 275, 281 (2004). Consecuentemente, un contrato existe desde que una o varias personas prestan su consentimiento a obligarse a dar alguna cosa o prestar algún servicio. Art. 1206 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3371. Unisys v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842, 852 (1991). Este será válido si concurren tres elementos: con-sentimiento, objeto y causa. Art. 1213 del Código Civil, 31 LPRA see. 3391. Incluso, el Art. 1230 del mismo Código, 31 LPRA sec. 3451, establece claramente que “[l]os contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez”.

En nuestro ordenamiento, el principio de autono-mía contractual permite que las partes contratantes esta-blezcan los pactos, las cláusulas y las condiciones que en-tiendan convenientes. Art. 1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372. Véanse: Torres, Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, 493 (2010); Oriental Financial v. Nieves, 172 DPR 462, 470-471 (2007). Ahora bien, el contrato será nulo e inexistente si es contrario a las leyes, a la moral o al orden público. Pepsi-Cola v. Mun. Cidra et al., 186 DPR 713, 752 (2012); Oriental Financial v. Nieves, supra; Morales v. Municipio de Toa Baja, 119 DPR 682, 692—693 (1987). Esto, sin importar el tipo de contrato del que se trate y la importancia que este merezca para las partes contratantes. De Jesús González v. A.C., 148 DPR 255, 263-264 (1999). Véase, además, Morales v. Municipio de Toa Baja, supra. En tales casos, cualquiera de las partes contratantes puede impugnar el contrato, aunque se haya beneficiado del mismo. De Jesús González v. A.C., supra, pág. 264; Rasa Eng. Corp. v. Daubón, 86 DPR 193, 198 (1962).

B. Contratación gubernamental

Respecto a la contratación gubernamental, el Estado está obligado, por imperativo constitucional, a mane-jar los fondos públicos con los principios fiduciarios y éticos más altos. Jaap Corp. v. Depto. Estado et al., 187 DPR 730, 739 (2013); C.F.S.E. v. Unión de Médicos, 170 DPR 443, 452 (2007). En particular, la See. 9 del Art. VI de nuestra Constitución establece que “ [s] ólo se dispondrá de las propiedades y fondos públicos para fines públicos y para el sostenimiento y funcionamiento de las instituciones del Estado, y en todo caso por autoridad de ley”. Art. VI, Sec. 9, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 429.

Para cumplir con este mandato constitucional, la Legis-latura ha aprobado leyes que imponen controles fiscales y de contratación gubernamental. Jaap Corp. v. Depto. Estado et al., supra. Siendo así, conforme a las disposiciones del Código Civil antes citadas, un contrato entre una parte privada y el Estado que no cumpla con estas leyes será nulo e inexistente. Art. 1207 del Código Civil, supra. Con ello en mente, veamos las disposiciones legales que aplican al contrato ante nos.

C. Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico

La Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 283 et seq. (Ley Núm. 230-1974), se aprobó con el propósito de lograr el “control previo de todas las operaciones del gobierno” para que sea posible planificar el presupuesto y programas de gobierno correspondientes. (Énfasis suplido). Art. 2(e) de la Ley Núm. 230-1974 (3 LPRA sec. 283a(e)). A esos efectos, esta ley establece que “[t]odas las asignaciones y los fondos au-torizados para las atenciones de un año económico, serán aplicados exclusivamente al pago de gastos legítimamente incurridos durante el respectivo año o al pago de obligaciones legalmente contraídas y debidamente asentadas en los libros”. (Énfasis suplido). Art. 8(a) de la Ley Núm. 230-1974 (3 LPRA sec. 283g(a)). Cabe destacar que el Art. 3(k) de esta ley, 3 LPRA sec. 283b(k), define “obligación” como “[u]n compromiso contraído que esté representado por orden de compra, contrato o documento similar, pendiente de pago, firmado por autoridad competente para gravar las asignaciones, y que puede convertirse en el futuro en deuda exigible”. (Énfasis suplido).

De igual manera, el Art. 9(a) del mismo cuerpo legal, 3 LPRA sec. 283h(a), exige que

[l]as dependencias ordenarán obligaciones y desembolsos de sus fondos públicos únicamente para obligar o pagar servicios, suministros de materiales y equipos, reclamaciones u otros conceptos que estuvieren autorizados por ley. El Secretario contabilizará las obligaciones y efectuará y contabilizará los desembolsos a través de documentos que sometan las depen-dencias, los cuales serán previamente aprobados para obliga-ción o pago por el jefe de la dependencia correspondiente o por el funcionario o empleado que éste designare como su repre-sentante autorizado. (Enfasis suplido).

Así pues, la Ley Núm. 230-1974 establece claramente que, para que un contrato otorgado por el Estado y una parte privada sea válido y exigible, este debe constar por escrito previo a las prestaciones correspondientes.

D. Ley para Establecer Parámetros Uniformes en los Pro-cesos de Contratación de Servicios Profesionales o Consul-tivos para las Agencias y Entidades Gubernamentales

En lo pertinente al caso que evaluamos, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 237 de 31 de agosto de 2004, conocida como Ley para Establecer Parámetros Uni-formes en los Procesos de Contratación de Servicios Profe-sionales o Consultivos para las Agencias y Entidades Gubernamentales, según enmendada, 3 LPRA secs. 8611-8615 (Ley Núm. 237-2004). Para que un contrato gubernamental para la prestación de servicios profesionales o consultivos sea válido, tiene que cumplir con los requisitos de esta ley. íd. Los servicios legales están cobijados por la definición que esta ley hace del concepto de “servicios profesionales o consultivos”, a saber, “aquellos cuya prestación principal consista del producto de la labor intelectual, creativa o artística, o en el manejo de destrezas altamente técnicas o especializadas”. Art. 1 de la Ley Núm. 237-2004 (3 LPRA sec. 8611).

De entrada, el Art. 2 de la Ley Núm. 237-2004 (3 LPRA sec. 8612) establece claramente que la contratación gubernamental de servicios profesionales debe ser la excepción y que solo se utilizará “cuando la entidad guberna-mental no cuente [o] no pueda utilizar los recursos internos a ser contratados, o cuando el expertise, destreza o experiencia del contratista sea necesario para la consecu-ción de los fines para lo cual es contratado”. Este artículo también exige que, al momento de contratar los servicios de un contratista, el Estado tome en cuenta “la necesidad real de los servicios a contratarse, la situación económica y el presupuesto de la entidad gubernamental contratante”. íd.

Además de establecer que la contratación guber-namental de servicios profesionales debe ser excepcional, la Ley Núm. 237-2004 enumera en su Art. 3 una serie de requisitos, tanto de forma como sustantivos, con los cuales debe cumplir todo contrato entre el Estado y un contratista. 3 LPRA see. 8613. En específico, este artículo requiere:

(a) El otorgamiento de un contrato de servicios profesiona-les o consultivos entre un contratista y el Gobierno deberá ser prospectivo. Toda entidad gubernamental pagará únicamente por servicios rendidos.

(b) Debe formalizarse por escrito e incluirse en el texto del mismo la disposición legal que faculta a la entidad guberna-mental a otorgar contratos. (Énfasis suplido). íd.

El resto de los incisos de esta disposición legal detalla la información que debe contener el contrato sobre el contra-tista, los servicios que prestará, la vigencia del contrato, la cuantía máxima a pagarse y la forma de pago. íd. Más adelante, el Art. 5 de la misma ley, 3 LPRA see. 8615, re-quiere que se incluya en el contrato una lista extensa de cláusulas mandatorias.

Vemos, pues, que la Ley Núm. 237-2004 establece que todo contrato gubernamental de servicios profesionales o consultivos, categoría que incluye la prestación de servicios legales, solo será válido si se hace constar por escrito y tiene vigencia prospectiva. Sin lugar a dudas, la Ley Núm. 237-2004 prohíbe la contratación verbal y retro-activa de servicios profesionales y consultivos.

E. Jurisprudencia sobre contratación gubernamental

Por nuestra parte, hemos reiterado que, para que un contrato entre un ente privado y el Estado tenga efecto vinculante entre las partes, este debe constar por escrito. Cordero Vélez v. Mun. de Guánica, 170 DPR 237, 248 (2007); Municipio Mayagüez v. Lebrón, 167 DPR 713, 719-720 (2006). Este requisito tiene que cumplirse “sin excepción alguna”. (Énfasis en el original). Fernández & Gutiérrez v. Mun. San Juan, 147 DPR 824, 833 (1999), citando a Hatton v. Mun. de Ponce, 134 DPR 1001 (1994).

De hecho, en ALCO Corp. v. Mun. de Toa Alta, 183 DPR 530 (2011), nos enfrentamos a una controversia donde un contratista comenzó a prestar sus servicios sin todavía obtener un contrato escrito, terminó su trabajo y, posteriormente, las partes otorgaron el contrato escrito. Id. Una vez el contratista intentó cobrar su acreencia al mu-nicipio, acudió sin éxito al foro judicial. Id. Llegado el caso ante nuestra consideración, rechazamos tajantemente la validación de contratos verbales municipales mediante el otorgamiento por escrito de contratos formales retro-activos. íd., pág. 540. Concluimos que realizar una obra antes de tener un contrato escrito viola las normas de con-tratación gubernamental. Id. Además, razonamos que validar un contrato retroactivamente fomentaría la corrup-ción, pues un contratista podría realizar la obra antes de otorgar el contrato escrito para presionar su otorgamiento futuro, ya sea por la administración de turno o la siguiente. Id., pág. 543.

Asimismo, resolvimos recientemente que la contratación retroactiva sobre el arrendamiento de un bien viola la normativa sobre contratación gubernamental. Jaap Corp. v. Depto. Estado et al., supra. En este caso, expresamos que

[...] la contratación gubernamental retroactiva hace inope-rante todo control previo a la formación de una obligación del Gobierno, lo cual es contrario a la política pública establecida en el Art. 2(e) de la Ley Núm. 230, supra. Esta práctica im-pide, además, que terceros como la Oficina del Contralor cum-plan con la política pública de la Ley Núm. 230 y que los ciu-dadanos puedan obtener el contrato escrito para pasar juicio sobre la contratación, pues el contrato se escribe y publica luego de la ejecución y consumación de las obligaciones allí dispuestas. (Enfasis en el original). íd., pág. 748.

Así, hemos reiterado que las partes que contra-tan con cualquier entidad gubernamental sin cumplir con los requisitos de contratación gubernamental se arriesgan a asumir la responsabilidad por sus pérdidas. Quest Diagnostics v. Mun. San Juan, 175 DPR 994, 1002 (2009); Colón Colón v. Mun. de Arecibo, 170 DPR 718, 728-729 (2007). Ello, pues hemos rechazado consecuentemente la aplicación de cualquier remedio en equidad, como el enriquecimiento injusto, para convalidar la obligación pública sin contrato escrito y así indemnizar los daños sufridos por una parte privada al no cumplir con estos requisitos. ALCO Corp. v. Mun. de Toa Alta, supra, pág. 552; Las Marías v. Municipio San Juan, 159 DPR 868, 875 (2003).

F. Registro en la Oficina del Contralor

Además de la clara exigencia de que el contrato gubernamental conste por escrito y sea prospectivo, el Art. 1 de la Ley Núm. 18-1975 (2 LPRA sec. 97(a)) dispone, en lo pertinente, lo siguiente:

Las entidades gubernamentales y las entidades municipales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sin excepción al-guna, mantendrán un registro de todos los contratos que otor-guen, incluyendo enmiendas a los mismos, y deberán remitir copia de éstos a la Oficina del Contralor dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de otorgamiento del contrato o la enmienda.

Al interpretar esta disposición, resumimos que la sana administración pública requiere que los contratos con el Gobierno cumplan con los requisitos siguientes: (1) se reduzcan a escrito; (2) se mantenga un registro fiel con miras a establecer su existencia prima facie; (3) se remita copia a la Oficina del Contralor como medio de una doble constancia de su otorgamiento, términos y existencia, y (4) que se acredite la certeza de tiempo, es decir, haber sido realizado y otorgado 15 días antes. CMI Hospital v. Depto. Salud, 171 DPR 313, 320 (2007); Ocasio v. Alcalde Mun. de Maunabo, 121 DPR 37, 54 (1988).

Además, hemos señalado que es evidente la intención del legislador de crear mediante esta pieza legislativa un mecanismo de cotejo y publicidad de los contratos gubernamentales. CMI Hospital v. Depto. Salud, supra; Fernández & Gutiérrez v. Mun. San Juan, supra, pág. 830. Estas disposiciones rigurosas responden al interés del Estado de prevenir el despilfarro, la corrupción y el amiguismo en la contratación gubernamental y así promover una administración pública sana y recta. Id.

Posteriormente, la Ley Núm. 127-2004 enmendó el Art. 1 de la Ley Núm. 18-1975 para aclarar que el incumplimiento con el requisito de registrar y remitir un contrato a la Oficina del Contralor de Puerto Rico puede ser subsanado y no acarrea la nulidad del mismo. Colón Colón v. Mun. de Arecibo, supra, págs. 727-729; Lugo v. Municipio Guayama, 163 DPR 208, 219 (2004). En cambio, se dispuso que incumplir con este requisito tiene como efecto prohibir el desembolso de fondos públicos o que se requirieran servicios hasta tanto estos se registren conforme a la ley y la reglamentación aplicable. Id.

Sin embargo, hemos reiterado que estos cambios radicales en la normativa jurisprudencial sobre contratación gubernamental “no tienen el efecto de alterar la política pública establecida en nuestro ordenamiento jurídico a los efectos de que la buena administración de un gobierno conlleva el realizar sus funciones como comprador con la mayor eficacia a los fines de proteger los intereses y el dinero del pueblo”. (Enfasis en el original). Lugo v. Municipio Guayama, supra, pág. 219. Véase, además, Colón Colón v. Mun. de Arecibo, supra. En particular, aclaramos que

[...] la Ley Núm. 127 enmendó la Ley Núm. 18 para establecer que la no remisión de copia de un contrato municipal ante la Oficina del Contralor de Puerto Rico o la falta de registro de éste en los libros del municipio, no viciaba de nulidad el con-trato suscrito. Ello no comporta, como concluye el foro apela-tivo intermedio, que el mismo principio aplique cuando de lo que se trata es de un acuerdo que nunca se redujo a escrito. Somos del criterio que la Ley Núm. 127 no contempló este escenario.
Existe una marcada diferencia entre unos requisitos y otros. La exigencia de que un contrato suscrito se anote en la bitácora municipal y su copia se remita a la Oficina del Contralor de Puerto Rico va encaminada a ofrecerle publicidad, frente a terceros, a la contratación municipal. De esta forma los terce-ros pueden fiscalizarla. Sin embargo, exigir que los contratos suscritos se reduzcan a escrito tiene una insoslayable dimensión de sana administración pública, en la medida que permite salvaguardar los intereses de las partes contratantes frente a un incumplimiento, permite la ordenada utilización de los fondos municipales, evita la incertidumbre en la confección del presupuesto municipal y hace posible la adecuada identificación de la partida contra la cual se harán los desem-bolsos públicos en cumplimiento con la ley. Es decir, los prime-ros son más que nada de carácter procesal y de ordenada tramitación, mas el último es sustantivo por su directa relación con la sana administración pública. En atención a lo cual, debemos concluir que el incumplimiento con el requisito de reducir a escrito el contrato municipal por fuerza afecta adversa-mente la eficacia de las obligaciones contraídas. (Enfasis suplido). Colón Colón v. Mun. de Arecibo, supra, págs. 729-730.

G. Orden ejecutiva

Los foros inferiores también fundamentaron su decisión en la Orden Ejecutiva OE-2006-23, infra, para ordenar al Estado a suscribir con el demandante un contrato con vi-gencia retroactiva para cubrir los servicios profesionales prestados durante el año fiscal 2006-2007, registrarlo en la Oficina del Contralor y pagar al abogado los servicios prestados. Examinemos la normativa aplicable sobre las órdenes ejecutivas.

En primer lugar, es menester señalar que la facultad del Gobernador para emitir órdenes ejecutivas no está regulada, justificada o explicada por alguna disposición estatutaria o constitucional. W. Vázquez Irizarry, Los poderes del gobernador de Puerto Rico y el uso de órdenes ejecutivas, 76 Rev. Jur. UPR 951, 1020 (2007). Por nuestra parte, hemos sido claros al reiterar que las órdenes ejecu-tivas emitidas por el Primer Ejecutivo no pueden contrave-nir las leyes aplicables. Véase Otero de Ramos v. Srio. de Hacienda, 156 DPR 876, 892 (2002), citando a Soto v. Adm. Inst. Juveniles, 148 DPR 810 (1999).

Al respecto, el Prof. William Vázquez Irizarry sostiene que el caso clásico en que el uso de este mecanismo menos-caba la función legislativa es cuando “la orden ejecutiva que pretenda lograr objetivos que han sido rechazados de forma manifiesta por el poder legislativo, por lo que la única base legal que podría sustentar la pretensión del Go-bernador son sus poderes constitucionales o bien un re-clamo de poderes inherentes”. Vázquez Irizarry, supra, pág. 1047. Valga destacar que la See. 4 del Art. IV de nues-tra Constitución no confiere al Primer Ejecutivo el poder de reglamentar la contratación gubernamental con entes privados. Véase Art. IV, Sec. 4, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.

Una orden ejecutiva también podría menoscabar el pro-ceso de reglamentación administrativa. Vázquez Irizarry, supra, pág. 1051. Este tipo de reglamentación es una fun-ción clásica que tienen los foros administrativos cuando la Legislatura les ha delegado autoridad para reglamentar, en cuyo caso aplicarían los términos procesales dispuestos en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (LPAU), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988 (3 LPRA sees. 2101-2201). íd. En este contexto, el uso de órdenes ejecutivas podría pre-sentar problemas en la medida en que pretenda establecer reglas que afectan derechos de terceros sin contar con la legitimidad que imprimen los requisitos de participación ciudadana dispuestos por la LPAU. Id., pág. 1053. En lo pertinente, el profesor Vázquez Irizarry asevera lo si-guiente:

Se puede aducir que este problema no debiera existir puesto que uno de los principios que definen el uso de las órdenes ejecutivas, es que las mismas son mandatos de aplicación “dentro de la rama ejecutiva”, por lo que no hay terceros que se puedan ver afectados. Lo cierto, sin embargo, es que algu-nas órdenes procuran establecer programas o políticas públi-cas a un nivel de detalle que sitúa sus efectos muy cerca de la ciudadanía. Ese es el caso de las órdenes que aunque están dirigidas a entidades públicas, afectan las relaciones que éstas tienen con terceros, particularmente en el ámbito de la adqui-sición de bienes o servicios. (Énfasis suplido). íd., pág. 1054.

En el caso de epígrafe, los foros inferiores fundamenta-ron sus respectivos dictámenes en la “Orden ejecutiva del Gobernador del Estado Libre Asociado para reglamentar el pago por servicios prestados a las agencias e instrumenta-lidades de la Rama Ejecutiva sin mediar un contrato formal debidamente registrado en la Oficina del Contralor”, Orden Ejecutiva OE-2006-23 (Orden Ejecutiva) firmada por el entonces gobernador Aníbal Acevedo Vilá el 22 de junio de 2006. En específico, se basaron en que la exposi-ción de motivos de la Orden Ejecutiva establece que “[e]l mero hecho que un servicio se haya prestado de acuerdo con un entendido verbal entre el ELA y el contratista no impide que el ELA decida reducir tal acuerdo a escrito pos-teriormente y honrar el pago justo por los servicios prestados”. Orden Ejecutiva, pág. 3.

Como hemos visto, si bien el Gobernador tiene la facul-tad de emitir órdenes ejecutivas como parte de los poderes que le confieren las leyes o de los poderes inherentes a su cargo, este no puede emitir órdenes ejecutivas de forma contraria a lo dispuesto por ley. Otero de Ramos v. Srio. de Hacienda, supra. La Ley Núm. 237-2004 exige que todo contrato gubernamental de servicios legales se haga por escrito y con vigencia prospectiva. Es decir, esta ley prohíbe la contratación verbal de estos servicios, así como la contratación por escrito con vigencia retroactiva. De igual forma, la Ley Núm. 230-1974 requiere que los contratos gubernamentales consten previamente por escrito para ser válidos. Asimismo, la exigencia de que el contrato sea re-gistrado en la Oficina del Contralor establecida por la Ley Núm. 18-1975 supone que este conste por escrito y sea prospectivo.

Por otro lado, la Asamblea Legislativa no ha delegado a ninguna agencia administrativa el poder de reglamentar normas nuevas de contratación gubernamental que vayan en contra de lo establecido en las disposiciones legales dis-cutidas en los acápites anteriores. Consiguientemente, la Orden Ejecutiva es inválida en la medida que permite va-lidar contratos verbales con el Estado mediante contratos formales retroactivos, contrario a lo dispuesto por ley.

III

En el caso de epígrafe, no está en controversia que las partes nunca suscribieron un contrato escrito para el año fiscal 2006-2007. Como expusimos, las leyes citadas, así como su jurisprudencia interpretativa, prohíben el desem-bolso de fondos públicos por servicios prestados sin que medie previamente un contrato gubernamental válido que cumpla con todos los requisitos estrictos sobre contratación gubernamental. Incluso, disponen que todo contrato que no se formalice conforme a estas normas es nulo. Asimismo, vimos que la Orden Ejecutiva que permitiría validar retro-activamente el contrato en cuestión, es inválida porque contraviene las leyes sobre contratación gubernamental.

Por último, hemos sido consecuentes en rechazar firmemente la aplicación de cualquier remedio en equidad para convalidar la obligación pública verbal y poder indemnizar a la parte privada los daños sufridos por prestar sus servicios sin cumplir con las normas de contratación guberna-mental. Véanse: ALCO Corp. v. Mun. de Toa Alta, supra; Las Marías v. Municipio San Juan, supra.

Al aplicar este marco normativo al caso ante nuestra consideración, es forzoso concluir que la reclamación del licenciado Rodríguez Ramos no es exigible. Este prestó sus servicios legales conociendo que no existía un contrato es-crito que vinculara al Estado. Siendo así, el contrato verbal en el cual pretende basar su reclamación es nulo. Ante esta realidad, tampoco procede aplicar remedio en equidad alguno. El licenciado Rodríguez Ramos se arriesgó a asumir la responsabilidad por sus pérdidas, tal y como hemos advertido a todo aquel que contrata con cualquier entidad gubernamental sin cumplir con los requisitos de contrata-ción gubernamental. Véanse: Quest Diagnostics v. Mun. San Juan, supra; Colón Colón v. Mun. de Arecibo, supra.

Por lo tanto, los foros inferiores erraron al ordenar a la DTOP y la ACT a suscribir un contrato con vigencia retro-activa para cubrir los servicios profesionales prestados du-rante el año fiscal 2006-2007, registrarlo en la Oficina del Contralor y pagar al abogado los servicios prestados du-rante dicho periodo.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la sen-tencia emitida por el Tribunal de Apelaciones.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco emitió un voto particular de conformidad, al cual se unió el Juez Asociado Señor Rivera García. La Juez Asociada Señora Rodrí-guez Rodríguez no intervino.

Voto particular de conformidad emitido por la

Jueza Aso-ciada Señora Pabón Charneco,

al cual se une el Juez Asociado Señor Rivera García.

Estoy conforme con la Opinión que antecede. La contro-versia que enfrentamos hoy, específicamente si una parte privada y el Estado pueden otorgar un contrato retroactivo para validar la previa prestación de servicios profesionales sin haber cumplido con las formalidades relativas a la con-tratación gubernamental, ha sido objeto de análisis por este Tribunal dentro de contextos análogos al de autos.

Como bien se señala en la Opinión, tan recientemente como en Jaap Corp. v. Depto. Estado et al., 187 DPR 730, 748-749 (2013), resolvimos que es contrario a las normas sobre contratación gubernamental el otorgar un contrato con efecto retroactivo para validar un arrendamiento que se estaba llevando a cabo entre un ente privado y un mu-nicipio sin mediar contrato escrito entre las partes. Véase, además, ALCO Corp. v. Mun. de Toa Alta, 183 DPR 530 (2011). Aprovecho esta ocasión para reiterar que la norma que prohíbe la contratación gubernamental con efecto retroactivo es cónsona con los principios más fundamentales de sana administración pública y un adecuado control en los desembolsos de fondos públicos. Jaap Corp. v. Depto. Estado et al., supra, pág. 744. Lo anterior aplica tanto a los municipios como al gobierno central y sus dependencias.

Por último, resulta pertinente expresarme en cuanto a la utilización de Órdenes Ejecutivas como mecanismo para usurpar funciones propias de la Rama Legislativa, tal y como ocurrió con la Orden Ejecutiva Núm. OE-2006-23 de 22 de junio de 2006, promulgada por el entonces Gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vilá, cuyo propósito era autorizar la contratación gubernamental retroactiva. Sin pasar juicio sobre la validez de la referida Orden Ejecutiva, ya en Jaap Corp. v. Depto. Estado et al., supra, pág. 749 esc. 11, resaltamos los inconvenientes que había causado la contratación gubernamental retroactiva tanto en la Oficina del Contralor como en el Departamento de Justicia. A falta de delegación constitucional o legislativa a la Rama Ejecutiva del poder de reglamentar la contratación guber-namental, la actuación del otrora Gobernador violenta principios constitucionales básicos sobre separación de poderes. Art. I, Sec. 2, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. Resolver lo contrario resultaría en darle validez a una clara intromisión del Poder Ejecutivo en los poderes delegados por nuestra Constitución al Poder Legislativo. Así las co-sas, este Tribunal actuó correctamente al invalidar la Or-den Ejecutiva Núm. OE-2006-23, supra.

Por todo lo anterior, estoy conforme con la Opinión emi-tida el día de hoy.

       Ello resulta aún más preocupante ante los resultados de las Elecciones Ge-nerales celebradas el 2 de noviembre de 2004, que dieron lugar a un gobierno com-partido entre los dos principales partidos políticos de Puerto Rico.


source: Caselaw Access Project

author:
(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo
     Juez Asociado Señor Estrella Martínez, Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

license: Public Domain

text:
    Asociación de Maestros de Puerto Rico et als., peticionarios, v. Sistema de Retiro para Maestros de Puerto Rico et als., recurridos; Educadores/as por la Democracia, Unidad, Cambio, Militancia y Organización Sindical, Inc., por sí y en representación de sus miembros, et als., peticionarios, v. Sistema de Retiro para Maestros de Puerto Rico et als., recurridos.

      Números: CT-2014-2
    CT-2014-3

      Resueltos: 6 de marzo de 2014

      Daniel E. Garavito Medina, de Estudio Legal MV & GM, Rafael A. Nadal Arcelay, y Melissa López Díaz, de Cando, Nadal, Rivera & Diaz, PSC, abogados de Educadores/as por la Democracia, Unidad, Cambio, Militancia y Organi-zación Sindical, Inc., parte peticionaria; Rafael Escalera Rodríguez, Alba L. Ortiz Morales y Alana Vizcarrondo Santana, de Reichard & Escalera, abogados de la Asocia-ción de Maestros de Puerto Rico, parte peticionaria; Margarita Mercado Echegaray, procuradora general, Milvia A. Rivera Rivera, procuradora general auxiliar, abogadas de la parte recurrida.
   RESOLUCIÓN

A la “Solicitud de desglose de ‘escritos’ y de solicitudes de determinaciones de hechos adicionales presentados por AMPR, ODAE, y EPA”, la “Urgente solicitud para desglo-sar la nueva causa de acción del alegato de la Asociación de Maestros de Puerto Rico” y la “Moción uniéndonos a ur-gente solicitud para desglosar la nueva causa de acción del alegato de la Asociación de Maestros de Puerto Rico” que presentaron las partes demandadas y recurridas, “no ha lugar”.

Por otro lado, este Tribunal favorece la celebración de vistas orales para estar en posición óptima de decidir. Luego de analizar los alegatos presentados y fiel a la política pública de este Foro que busca garantizar la transparencia de los procedimientos judiciales, se señala una vista oral para el 26 de marzo de 2014, a las 10:00 de la mañana, conforme las Reglas 4(c) y 41 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXI-B.

Según nos autoriza la Regla 41(a)(3), supra, disponemos que los turnos de argumentación serán los siguientes: Cada parte tendrá quince minutos para argumentar su caso y cinco minutos de réplica. No menos de cinco días antes de la vista, cada parte deberá informar el nombre del abogado que argumentará a su favor.

Notifíquese inmediatamente por “fax”, correo electrónico o teléfono, y por la vía ordinaria.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal. El Juez Asociado Señor Estrella Martínez emitió un voto particular de conformidad, al que se unieron la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y el Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo. La Jueza Asociada Señora Fiol Matta entiende que, al contar con el Informe del Comisio-nado Especial y los numerosos y voluminosos escritos de las partes, no es necesario convocar una vista oral para la adjudicación de este caso. Sin embargo, siendo este el cri-terio de la mayoría, considera que no se debería aplazar la celebración de la vista oral hasta el 26 de marzo, conforme al compromiso que hiciera el Tribunal de atender el caso con premura. En cuanto a la decisión de limitar los turnos de argumentación a quince minutos, la Jueza Asociada Se-ñora Fiol Matta no intervino. La Juez Asociada Señora Ro-dríguez Rodríguez emitió un voto particular disidente. El Juez Presidente Señor Hernández Denton no intervino. El Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón se inhibió.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo

Voto particular de conformidad emitido por el

Juez Asociado Señor Estrella Martínez,

al cual se unen la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y el Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo.

Estoy conforme y plenamente satisfecho con que este Tribunal haya descargado su responsabilidad al declarar "no ha lugar” sendas solicitudes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y del Sistema de Retiro para Maestros (Gobierno de Puerto Rico).

En una de esas solicitudes, la Procuradora General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la representación legal del Sistema de Retiro para Maestros señalan que “[d]e ninguna manera minimizamos la importancia de las labores de la clase magisterial y tampoco ignoramos sus aportaciones a nuestra sociedad. Por el contrario, aplaudi-mos su gesta diaria y reconocemos su gran valor para el desarrollo integral de nuestro pueblo”. Urgente solicitud para desglosar la nueva causa de acción del alegato de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, pág. 8.

Precisamente por eso estoy conforme también con cele-brar una vista en este caso para que esas palabras, el de-recho y la acción estén entrelazados y sujeten firmemente los fundamentos que eventualmente adopte este Tribunal.

Para que ello ocurra, no podemos pretender obviar el tracto de los eventos gubernamentales que enmarcan esta controversia. Es por esto que no puedo avalar la pretensión del Gobierno de Puerto Rico de que resolvamos esta contro-versia, sin tomar en consideración las propuestas conteni-das en el Informe del Comité de Diálogo. Obviar las pala-bras y las acciones acontecidas en el referido comité, las cuales desembocaron en el Informe Final rendido, presen-tado ante las Cámaras Legislativas y otras entidades pú-blicas, constituiría claudicar a mi deber de tomar conoci-miento de la información preparada por funcionarios públicos que responden al Pueblo de Puerto Rico, máxime cuando nuestro ordenamiento lo permite hasta en etapa apelativa.

Resulta un contrasentido que el Gobierno de Puerto Rico solicite a la Rama Judicial que tome conocimiento de docu-mentos emitidos por casas acreditadoras, pero objete que tomemos conocimiento de las acciones gubernamentales de sus propios representantes ante el Comité de Diálogo.

La celebración de una vista y la consideración de las realidades mencionadas abonarán a que las palabras, el diálogo previo y las acciones se entrelacen para que aflore la verdad y la razonabilidad, y no paraconvertirse en una soga que estrangule nuestra Constitución.

Voto particular disidente emitido por la

Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

La decisión que hoy toma una mayoría de este Tribunal manifiesta la manera desacertada en que se han atendido los reclamos de todas las partes en esta controversia. Por las mismas razones que esgrimí en mi voto particular disidente a la Resolución que certificó este Tribunal el 11 de febrero de 2014, hoy me veo obligada a disentir del curso seguido por una mayoría de este Tribunal. AMPR et als. v. Sist. Retiro Maestros III, 190 DPR 248 (2014).

Ordenar la celebración de una vista oral —sin que parte alguna la solicite o se exprese sobre su conveniencia, deseabilidad y los posibles efectos de dicho proceder— de-muestra que esta controversia nunca debió certificarse. Una vez más, “[m]e reafirmo en que nada impide que esta controversia sea atendida adecuadamente por el foro pri-mario conforme al trámite ordinario y que allí se emitan, con carácter profiláctico, las órdenes que el foro estime pertinentes”. AMPR et als. v. Sist. Retiro Maestros II, 190 DPR 88, 113-114 (2014), (Rodríguez Rodríguez, J., voto particular disidente). Como demuestra la labor encomiable del juez Angel Pagán Ocasio, quien cumplió con el calendario inicial que estableció este Tribunal y declinó ejercer la prerrogativa que le otorgó una mayoría de que “nos informe cuánto tiempo adicional necesita [ba] para realizar su encomienda”, este caso podía manejarse más eficientemente y con la premura que amerita a través de un procedimiento expedito en el Tribunal de Primera Instancia. íd., pág. 92. Sin embargo, en vez de contar con un expediente robusto que nos coloque en posición de ejercer nuestra facultad como tribunal apelativo de última instancia, nos vemos forzados a improvisar un curso de acción sumamente ineficaz para un tribunal colegiado. Tan es así, que en esta etapa de los procedimientos resta por adjudicar la admisi-bilidad de la evidencia documental presentada por las partes y recogida en el Informe del Comisionado Especial. In-forme del Comisionado Especial, pág. 38 esc. 12.

El Hon. Comisionado Especial Ángel Pagán Ocasio rindió su informe el 7 de febrero de 2014. Todas las partes han presentado sus escritos de acuerdo con el calendario indulgente que concedimos en exceso a la solicitud de la propia Asociación. Consecuentemente, celebrar una vista oral —que no ha sido solicitada por parte alguna— siete semanas después de recibir el informe del Comisionado Especial y tres semanas después de recibir los alegatos de las partes, en nada abona a la pronta solución de esta controversia, razón cardenal por la que una mayoría de este Tribunal ordenó el trámite expedito “[d]ada la pronta atención que requiere este caso [...]”. AMPR et als. v. Sist. Retiro Maestros I, 190 DPR 77, 78 (2014). No quisiera pensar que la intención de este proceder es intentar leer las hojas de té en búsqueda de algún auguro sobre el futuro de esta Curia.

Por los fundamentos anteriores, disiento del proceder mayoritario.


text:
    Next Step Medical Co., Inc., peticionaria, v. Bromedicon, Inc., Implantes & Seguros Médicos, Inc. (ISMI) y otros, recurridos.

      Número: CC-2012-647

      Resuelto: 6 de marzo de 2014

      Efraín E. Rivera Pérez, Luis Rosario Villanueva y Luis A. Melendez Albizu, abogados de la parte peticionaria; Jason R. Aguiló Suro y Jorge I. Peirats, de Pietrantoni Méndez & Alvarez LLC, abogados de la parte recurrida; Héctor L. Fuertes Romeu, abogado del Centro Unido de Detallistas, amicus curiae.

   El Juez Asociado Señor Estrella Martínez

emitió la opinión del Tribunal.

A tenor con nuestra facultad de ser intérpretes máximos de las leyes, hoy reiteramos cuáles son los criterios rectores que el tribunal debe considerar para la concesión del reme-dio provisional dispuesto en el Art. 3-A de la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1964, conocida como Ley de Contratos de Distribución de 1964, infra.

Nuestros pronunciamientos jurisprudenciales sobre el mencionado remedio nos enfrentan a dos contenciones distintas en cuanto a su expedición. Por un lado, en Systema de P.R., Inc. v. Interface Int’l., 123 DPR 379 (1989), determinamos que los tribunales deben aplicar los criterios del injunction clásico, pero atemperados a los propósitos de la referida ley. Por su parte, en Cobos Liccia v. DeJean Packing Co., Inc., 124 DPR 896 (1989), establecimos que no necesariamente aplican todos los criterios del injunction tradicional. Empero, nunca hemos sido diáfanos en señalar cuáles son los criterios que deben gobernar la concesión del recurso extraordinario dispuesto en la Ley de Contratos de Distribución, acorde con el propósito que motivó al legislador a crear los remedios provistos en esta.

Por lo tanto, hoy armonizamos las dos contenciones ju-risprudenciales expuestas. Reiteramos que la petición del recurso interdictal del aludido esquema legal no debe exa-minarse rigurosamente al amparo de los requisitos esta-blecidos para la concesión del injunction preliminar clásico. Ello, toda vez que su expedición está sujeta a un escrutinio judicial distinto, cónsono con la política pública que dimana de la mencionada ley.

Por entender que la parte promovente incumplió con los requisitos mínimos para la expedición del injunction preli-minar del estatuto en cuestión, confirmamos el dictamen de los foros apelados.

Trabada la controversia en esos términos, procedemos a exponer los hechos que provocaron su génesis.

I

Next Step Medical (Next Step o peticionaria) es una cor-poración organizada al amparo de nuestro ordenamiento jurídico. Se dedica, particularmente, a la distribución de equipo y productos médicos, así como a la representación de compañías especializadas en la manufactura de instru-mentos vinculados a servicios hospitalarios. Por su parte, Bromedicon, Inc. (Bromedicon o recurrida) es una corpora-ción foránea organizada bajo la legislación del estado de Pennsylvania. No obstante, desde enero de 2011 se encuen-tra registrada en el Departamento de Estado de Puerto Rico. Esta última corporación se dedica a ofrecer servicios de neuromonitoreo intraoperativo (neuromonitoreo) du-rante intervenciones quirúrgicas relacionadas al sistema nervioso.

En febrero de 2008 representantes de ambas corporacio-nes participaron en una conferencia sobre neurocirugía ce-lebrada en Puerto Rico. En representación de Next Step acudió su presidente, el Sr. Jorge I. Dávila Nieves (Dávila), y en representación de Bromedicon compareció su director ejecutivo, el Sr. James M. Brogan (Brogan). Luego de en-tablar un diálogo sobre los servicios y ofrecimientos de am-bas corporaciones, sus representantes exploraron la posibi-lidad de hacer negocios entre sí. Así, Dávila le expresó a Brogan la importancia de ofrecer servicios de neuromoni-toreo en Puerto Rico, por lo que le propuso hacerlo a través de Next Step.

En ánimo de otorgarle formalidad al asunto, en marzo de 2008, Dávila se comunicó con la Leda. Ivette Berrios Hernández para concertar una reunión entre todos los interesados. Una vez en la reunión, los representantes de ambas corporaciones le encomendaron a la licenciada Be-rrios Hernández la redacción del borrador del contrato que vincularía formalmente a ambas entidades. El 9 de mayo de 2008, la licenciada Berrios Hernández le envió a Dávila copia del borrador que incluía una cláusula de exclusividad en la que se reconocía a Next Step como único agente dis-tribuidor de Bromedicon.

Posteriormente, Dávila firmó el proyecto de contrato y el 7 de junio de 2008, lo remitió a Brogan. Este último nunca devolvió el mencionado documento y mucho menos hizo constar su aceptación. Así las cosas, Dávila le realizó cambios al documento preparado por la licenciada y el 30 de abril de 2009 se lo envió nuevamente a Brogan. Al igual que en la ocasión anterior, este nunca respondió.

En noviembre de 2010, los representantes de ambas cor-poraciones volvieron a reunirse. En medio de la discusión, Dávila señaló que su empresa no iba a estar dispuesta a proveer los servicios de neuromonitoreo a médicos que en su práctica utilizaran dispositivos de la marca DePuy. El señalamiento de Dávila se fundamentó en la existencia de un conflicto de naturaleza legal entre Next Step y la em-presa manufacturera de esa marca.

Brogan se opuso tenazmente a la condición propuesta por Dávila. Sostuvo que actuar en conformidad con la con-dición de Dávila constituiría una limitación injustificada de su oferta a pacientes y médicos. Afirmó, entonces, que continuaría ofreciendo los servicios de neuromonitoreo se-gún le fueran solicitados, independientemente de la marca de los instrumentos utilizados por los médicos en el ejerci-cio de su práctica. Si bien Dávila sostuvo su postura, du-rante la reunión nunca aludió a la existencia de un con-trato de exclusividad entre Next Step y Bromedicon.

Durante el 2010, al tiempo en que Next Step fungía como su distribuidor, sin mediar un contrato escrito, Bro-medicon comenzó a ofrecer servicios de neuromonitoreo a través de otras entidades. Una vez Dávila conoció tal situa-ción, le expresó su disconformidad a los gerenciales de la recurrida. Asimismo, durante una reunión que las partes sostuvieron, manifestó una vez más su desacuerdo con res-pecto a que Bromedicon llevara a cabo negocios con otras compañías. En consecuencia, exigió que los términos del vínculo entre las corporaciones se pusieran por escrito y que, a su vez, se firmara un acuerdo de exclusividad. El 4 de abril de 2011, en respuesta a la petición de Dávila, Bro-medicon envió una carta en la cual se limitó a expresar que Next Step era una distribuidora autorizada a ofrecer los servicios provistos por la recurrida. Nada se expresó en la carta con respecto al reconocimiento de la exclusividad de la peticionaria para fungir como distribuidora de los servi-cios ofrecidos por Bromedicon.

Así las cosas, Next Step demandó a Bromedicon por in-cumplimiento de contrato y por daños y perjuicios. En particular, adujo que la recurrida infringió el contrato de ex-clusividad que, supuestamente, había suscrito con ella. Además, alegó que sufrió daños económicos por razón de la pérdida del negocio. Ante ello, Next Step solicitó que se concediera a su favor el remedio interdictal dispuesto en el Art. 3-A de la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1964 (Ley Núm. 75), 10 LPRA sec. 278b-1. La peticionaria solicitó el remedio con el propósito de que la recurrida desistiera de las actuaciones de naturaleza comercial con otras entida-des y diera crédito a la exclusividad alegada, hasta tanto se resolviera finalmente la controversia en cuestión.

Luego de varios trámites procesales, entre los que se encuentran asuntos dilucidados ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico (Corte de Distrito), el 8 de agosto de 2011 Next Step presentó una Moción informativa y solicitud de señalamiento de vista de injunction. Después de ser pospuesta en varias ocasiones a solicitud de Next Step, la vista de injunction se celebró durante el 26 y 27 de enero de 2012.

El 9 de febrero de 2012, el Tribunal de Primera Instan-cia, presidido por la Hon. Laureana Pérez Pérez, declaró “no ha lugar” la solicitud de injunction. El foro primario concluyó que la peticionaria incumplió los requisitos esta-tutarios y doctrinales para expedir ese remedio. Asimismo, determinó que a la peticionaria le era oponible la defensa de incuria. Ello, debido a la dilación en que, alegadamente, incurrió para hacer valer su reclamo. En desacuerdo con el dictamen emitido, Next Step solicitó reconsideración, pero fue denegada.

Inconforme, la peticionaria acudió ante el Tribunal de Apelaciones. El 23 de mayo de 2012, el foro apelativo denegó la expedición del recurso. No obstante su denegatoria, expresó en su Resolución que “de la evidencia ante nos sometida se desprende que, en efecto, [la peticionaria] incumplió con los criterios necesarios para que el remedio interdictal estatutario por ella solicitado fuera expedido a su favor”. Por lo tanto, el referido foro razonó que la peticionaria no demostró la existencia de un daño real e irreparable ni probó que el interés público resultaría afectado de no autorizarse el injunction en cuestión. Asimismo, al igual que el foro primario, sostuvo que a Next Step le era oponible la defensa de incuria.

Oportunamente, la peticionaria presentó una moción de reconsideración ante el Tribunal de Apelaciones, pero fue declarada “no ha lugar”. El foro apelativo fundamentó su denegatoria en “la falta de evidencia suficiente para probar o demostrar que se cumplió, al menos, con los tres (3) requerimientos especiales, para ser acreedor del remedio provisional especial provisto por el Artículo 3 A de la Ley Núm. 75”. Inconforme con tal determinación, Next Step recurrió ante este Tribunal para señalar la comisión de los errores siguientes:

Erró el TA como cuestión de derecho al no expedir el auto de certiorari para revocar la denegatoria del TPI a conceder el remedio provisional especial del Art. 3-A de la Ley 75 solici-tado por el demandante, cuando el TPI aplicó un criterio legal incorrecto para la concesión de este remedio especial estatutario.
Erró el TA como cuestión de derecho al no expedir el auto de certiorari para revocar la determinación del TPI de que la prueba documental y testifical presentada por el demandante fue legalmente “insuficiente” para establecer un caso prima facie bajo el Art. 3-A de la Ley 75.
Erró el TA como cuestión de derecho al no expedir el auto de certiorari para revocar la denegatoria del TPI a conceder el remedio provisional especial del Art. 3-A por razón de incuria, en hechos donde la dilación se debió a las tácticas legales del demandado de trasladar el caso al foro federal y por su re-clamo de inclusión de nuevas partes indispensables. Escrito de certiorari, págs. 12-13.

En medio de los trámites procesales, el Centro Unido de Detallistas (CUD) solicitó permiso a este Tribunal para comparecer en calidad de amicus curiae. Esta Curia lo con-cedió y le ordenó al CUD presentar su alegato. Oportuna-mente, el CUD sometió su posición en relación a los errores planteados en el recurso de la peticionaria.

En su comparecencia, el CUD sostiene que hacen falta unas expresiones más claras y contundentes de este Tribunal, aclarando que el remedio provisional dispuesto en el Art. 3-A es de carácter especial al que no le aplican los criterios del injunction clásico enumerados en P.R. Telephone Co. v. Tribunal Superior, 103 DPR 200 (1975). Amparándose en normativa federal, el CUD nos solicita que descartemos los requisitos de demostrar daños irreparables y probabilidad de prevalecer en los méritos cuando aclaremos cuáles son los criterios medulares para la concesión del remedio.

El 26 de octubre de 2012, expedimos el recurso. Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes y del CUD en calidad de amicus curiae, nos encontramos en posición de resolver.

II

A fin de resolver la controversia ante este Tribunal, es menester hacer unas expresiones sobre los fundamentos jurídicos del injunction preliminar clásico y los criterios rectores para la concesión. Veamos.

Es una norma firmemente establecida que el recurso extraordinario de injunction es un mandamiento judicial en virtud del cual se requiere que una persona se abstenga de hacer, o de permitir que se haga, determinada cosa que infrinja o perjudique el derecho de otra. Este recurso fue adoptado del sistema de equidad inglés y se utiliza, principalmente, en casos donde no hay otro remedio adecuado en ley. Nuestro ordenamiento jurídico cuenta con tres modalidades de este tipo de recurso, a saber: el entre-dicho provisional, el injunction preliminar y el injunction permanente.

En lo que atañe al asunto ante nuestra consideración, el injunction preliminar o injunction pendente lite es un recurso que emite el tribunal antes de la celebración del juicio en su fondo y, de ordinario, posterior a la celebración de una vista en donde las partes tienen la oportunidad de presentar prueba en apoyo y oposición a su expedición. El objetivo principal de este recurso es mantener el estado actual de las cosas hasta tanto se celebre el juicio en sus méritos. Ello, con el propósito de que el demandado no promueva con su conducta una situación que convierta en académica la determinación que finalmente tome el tribunal. Eventualmente, el derecho sustantivo de que se trate se ventilará en un juicio plenario, como en cualquier otro tipo de acción.

A su vez, el injunction preliminar va dirigido a requerir o prohibir hacer determinado acto, con el objetivo de impedir que se causen perjuicios inminentes o menoscabos irreparables a alguna persona durante la pendencia del litigio. Por lo tanto, el factor cardinal que gobierna la expedición de este remedio extraordinario, y que está estrechamente ligado a la doctrina de la equidad, es la existencia de una amenaza real de sufrir algún menoscabo para el cual no existe un remedio adecuado en la ley.

Ahora bien, la concesión de un injunction prelimi-nar debe determinarse según ciertos criterios rectores. Así, nuestros pronunciamientos jurisprudenciales han estable-cido cuáles son los factores que el tribunal debe ponderar al momento de decidir si expide o deniega este tipo de re-curso, a saber: (1) la naturaleza de los daños que puedan ocasionársele a las partes de concederse o denegarse el re-curso; (2) su irreparabilidad o la existencia de un remedio adecuado en ley; (3) la probabilidad de que eventualmente la parte promovente prevalezca al resolverse el litigio en su fondo; (4) la probabilidad de que la causa se torne aca-démica de no concederse el injunction, y (5) el posible im-pacto sobre el interés público del remedio que se solicita. De igual forma, la Regla 57.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, enumera los factores que el tribunal debe con-siderar al decidir si concede o no la petición del recurso. Además de los factores enumerados, la regla procesal añade el criterio de diligencia y la buena fe con que ha obrado la parte peticionaria.

Todos los requisitos anteriores, tanto los promulgados por la jurisprudencia como los enumerados en las Reglas de Procedimiento Civil, no son requisitos absolutos, sino directrices que dirigen al tribunal al momento de decidir si la evidencia presentada justifica la expedición del recurso. La concesión del remedio descansará en la sana discreción judicial, que se ejercerá al considerar tanto los intereses como las necesidades de las partes involucradas en el caso. Este debe expedirse con mesura y únicamente ante una demostración de clara e inequívoca violación de un derecho. En atención a ello, la determinación del tribunal no se revocará en apelación, a menos que se demuestre que el foro abusó de su facultad.

III

A. Por la naturaleza de la controversia ante nuestra consideración, resulta imperativo examinar las disposicio-nes de la Ley Núm. 75, al igual que la finalidad principal por la cual se promulgó. Procedemos.

La Ley Núm. 75 está incuestionablemente revestida de una fuerte política pública. La inclusión del aludido estatuto a nuestro ordenamiento tuvo el propósito de armonizar los intereses y nivelar las condiciones de contratación de dos partes económicamente dispares, que se encuentran vinculadas por una relación de índole comercial que involucra la distribución. Ello, con el fin de lograr una razonable estabilidad en las relaciones de distribución en Puerto Rico y erradicar ciertas prácticas que, más allá de contribuir con la estabilidad económica, inciden sobre las expectativas legítimas que las partes vinculadas respectivamente ostentan. Conviene en este punto exponer, como invariablemente hemos hecho cada vez que hemos examinado esta ley, su Exposición de Motivos en donde queda plasmado el interés público que persigue, a saber:

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico no puede permane-cer indiferente al creciente número de casos en que empresas domésticas y del exterior, sin causa justificada, eliminan sus distribuidores, concesionarios o agentes, o sin eliminarlos to-talmente van gradualmente mermando y menoscabando el al-cance de las relaciones previamente establecidas, tan pronto como dichos distribuidores, concesionarios o agentes han creado un mercado favorable y sin tener en cuenta sus intere-ses legítimos.
La Asamblea Legislativa de Puerto Rico declara que la razonable estabilidad en las relaciones de distribución en Puerto Rico es vital a la economía general del país, al interés público y al bienestar general, y en el ejercicio del poder policial, considera necesario reglamentar, en lo pertinente, el campo de dichas relaciones, para evitar los abusos que ciertas prácticas ocasionan.

La Ley Núm. 75 fue diseñada con el propósito expreso de proteger los derechos legítimos de los distribuidores y remediar los perjuicios causados a estos. Ello, en relación a las prácticas abusivas de principales que, sin justa causa, menoscaban arbitrariamente las relaciones contractuales con los distribuidores, tan pronto estos crean un mercado favorable a sus productos y servicios. El aludido es-quema legal impide que un principal se apropie injusta-mente de la plusvalía de un negocio después de que un distribuidor local ha conquistado un mercado y una clien-tela a través de su gestión empresarial.

En mérito de lo anterior, reiteradamente hemos expresado que la Ley Núm. 75 crea una causa de acción a favor de los distribuidores para detener el incumplimiento del principal y ser compensados en daños cuando, luego de introducir productos en el mercado y lograr su reconocimiento social y ventas suficientes, son despojados, sin justa causa, del negocio gestado. Entonces, en su amplio marco de aplicación, la referida ley busca evitar la terminación arbitraria de un contrato de distribución, de forma tal que no resulte perjudicado el interés del distribuidor y, a su vez, la empresa manufacturera obtenga una ventaja injustificada a su favor.

B. En armonía con la política pública que persigue el estatuto examinado, la Ley Núm. 17 de 24 de mayo de 1971 (Ley Núm. 17), 10 LPRA sec. 278b-l, enmendó sus disposiciones para adicionar un remedio provisional. Si bien este remedio no formaba parte del primer esquema de la ley en cuestión, una vez introducido, se convirtió en uno de los remedios más significativos de esta. Sin duda, la aprobación de la Ley Núm. 17 es otra de las medidas que contribuyen a evitar que se frustren los propósitos de la Ley Núm. 75.

Particularmente, el injunction preliminar de la Ley Núm. 75 surgió como respuesta de la Asamblea Legislativa al caso Felix A. Rodriguez, Inc. v. Bristol-Myers Co., 281 F.Supp. 643 (D. PR 1968). La controversia principal a la que se enfrentó la Corte de Distrito fue determinar si al amparo de esa ley un distribuidor podía ser acreedor de un remedio preliminar que tuviera el efecto de prolongar la relación pendente lite o, en otras palabras, obtener el cum-plimiento específico del contrato hasta tanto se resolviera si medió justa causa para la terminación del vínculo contractual. Ante ese escenario, la Corte de Distrito resol-vió la controversia contestando que no.

Así las cosas, la Asamblea Legislativa se encaminó a disipar cualquier duda con respecto a las facultades de nuestros tribunales para conceder remedios provisionales en pleitos sobre contratos de distribución. Entonces, a través de la medida en cuestión, la Asamblea Legislativa estableció que los tribunales pueden conceder un remedio provisional o medida de naturaleza interdictal durante la pendencia de un litigio al amparo de la Ley Núm. 75. Esto, con miras a que se preserven o mantengan vigentes los términos de un contrato de distribución en lo que el tribunal evalúa los méritos de la controversia. Mediante la aprobación de la Ley Núm. 17 quedó claramente establecida la discreción de los tribunales para otorgar remedios provisionales y así evitar la realización de actos que podrían producir daños irreparables, mientras se dilucida la existencia o no, de justa causa para la terminación de la relación contractual. Véase Informe de la Comisión de Industria y Comercio del Senado sobre el P. de la C. 1275 y el P. del S. 943 (25 Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa (Senado) 831 (1971)).

Del historial legislativo de la Ley Núm. 17 se desprende que mediante la inclusión de una orden de remedio provisional, se podían “evitar serios disloques en negocios establecidos, y el consiguiente desempleo de numerosos empleados”. Informe Conjunto de las Comisiones de Planificación, Comercio e Industria y Gobierno (25 Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa (Cámara) 1207 (1971)). En esencia, el remedio tiene el propósito de impedir que, mientras el tribunal determina si existe justa causa para la terminación del contrato, un distribuidor tenga que claudicar ante un suplidor económicamente poderoso. De esta forma, se evita el debilitamiento del distribuidor en esa etapa crucial del litigio, a la vez que se nivela el poder de las partes. Como medida de auxilio, el remedio inter-dictal provisto en la ley equivale a un torniquete que im-pide que se desangre el distribuidor, mientras reclama los derechos consagrados en ella. De esta forma, el legislador refrendó e hizo valer los propósitos de la Ley Núm. 75, a la vez que promovió la estabilidad en las relaciones de distribución.

C. Con el firme propósito de garantizar la eficacia de los vínculos jurídicos contraídos al amparo de sus disposiciones, la Ley Núm. 75 dispone expresamente en su Art. 3-A que:

En cualquier pleito en que esté envuelta directa o indirectamente la terminación de un contrato de distribución o cualquier acto en menoscabo de la relación establecida entre el principal o concedente y el distribuidor, el tribunal podrá con-ceder durante la pendencia del pleito, cualquier remedio provisional o medida de naturaleza interdictal para hacer o desis-tir de hacer, ordenando a cualquiera de las partes o a ambas a continuar, en todos sus términos, la relación establecida me-diante el contrato de distribución, y/o a abstenerse de realizar acto u omisión alguna en menoscabo de la misma. En todo caso en que se solicite el remedio provisional aquí provisto el tribunal considerará los intereses de todas las partes envueltas y los propósitos de política pública que informa este capítulo. (Énfasis suplido).

El término principal o concedente se define en la ley como la “persona que otorga un contrato de distribución con un distribuidor”. El distribuidor es aquel realmente interesado “en un contrato de distribución por tener efectivamente a su cargo en Puerto Rico la distribución, agencia, concesión, o representación de determinada mercancía o servicio”. A su vez, el contrato de distribución es precisado como el vínculo establecido entre un distribuidor y un principal, mediante el cual, e independientemente de la forma como las partes nombren, caractericen, o formalicen ese vínculo, el primero se hace efectivamente a cargo de la distribución de una mercancía, o de la prestación de un servicio mediante la concesión o franquicia, en el mercado puertorriqueño.

En el pasado, hemos interpretado estas definiciones de acuerdo con los objetivos de la Ley Núm. 75. En particular, la figura del distribuidor ha sido objeto de análisis por este Tribunal en ocasiones reiteradas. Ello, pues, es importante distinguir esta figura de otros intermediarios comerciales que no gozan de protección según la Ley Núm. 75. Entonces, por el talante acentuado de la política pública que busca proteger al distribuidor, debemos reproducir los pronunciamientos jurisprudenciales en donde he-mos delimitado los rasgos que distinguen a esta figura de otros intermediarios del comercio. Así, hemos establecido que la figura del distribuidor

[...] se identifica fundamentalmente por su gestión de crear un mercado favorable y conquistar una clientela para un pro-ducto o servicio mediante la promoción y conclusión de contratos de ventas. Su función comprende generalmente las activi-dades necesarias para la transferencia del fabricante al consumidor, o a algún punto intermedio entre ambos, de los productos o servicios que representa. La publicidad, la coordi-nación del mercado, las entregas de mercancía, los cobros, el mantenimiento de inventario y principalmente la promoción y conclusión de contratos de ventas son en términos generales obligaciones del distribuidor. (Citas omitidas).

Aunque la creación del mercado y la conquista de una clientela son factores importantes para que se determine que una persona es un distribuidor, debemos aclarar que los criterios expuestos no constituyen una lista taxativa. Ninguno de esos criterios es determinante por sí mismo, ni tiene mayor peso o importancia que los demás. En conse-cuencia, el tribunal debe considerar los factores a la luz de la evidencia presentada.

Debemos mencionar que en Córdova & Simonpietri v. Crown American, 112 DPR 797, 802 (1982), reconocimos que los distribuidores protegidos por la Ley Núm. 75 no solo son los que distribuyen mercancías, sino también los que prestan servicio al principal. No obstante, reiteramos que no fue la intención del legislador extender la protección de la Ley Núm. 75 a todo intermediario del comercio. No es suficiente un mero contacto con el producto en el trayecto de éste pasar del principal al consumidor; se requiere algo más.

Por su parte, con respecto al contrato de distribución hemos señalado que es un contrato típico de los que se conoce como “de duración” o “de tracto sucesivo”. Este se caracteriza por su continuidad y estabilidad y está inspirado, en gran medida, en el principio de confianza mutua. En este tipo de contrato cada empresario explota su em-presa, asume sus propios riesgos y busca su lucro personal.

En lo pertinente al asunto ante esta Curia, es menester puntualizar que el legislador, al definir un contrato de distribución para efectos de la Ley Núm. 75, no circunscribió la aplicación del estatuto a los contratos de distribución exclusiva. Ni del texto de sus disposiciones ni de su historial legislativo aparece referencia a requisitos de exclusividad. Es decir, no se requiere exclusividad en la distribución de un producto o prestación de un servicio como requisito para ser acreedor de los remedios establecidos en el estatuto. Ello, pues, la aludida ley hace referencia a los contratos de distribución en general.

En consecuencia, hemos sostenido que “todo distribuidor que sea parte en un contrato de distribución, sea o no éste de carácter exclusivo, tendrá una causa de acción contra el principal que menoscabe o termine el contrato sin justa causa”. Por lo tanto, un distribuidor no exclusivo está cobijado a los fines de las disposiciones de la Ley Núm. 75.

IV

A. La doctrina interpretativa del mencionado Art. 3-A ha delineado los contornos conforme a los cuales debe concederse una petición de tal naturaleza. En este contexto, hemos determinado que el análisis de la expedición del recurso, al ser de naturaleza estatutaria, requiere que se demuestre prima facie que el peticionario es un distribuidor y, por ende, que está cobijado por las disposiciones de la Ley Núm. 75. En gran medida, de ello dependerá la deci-sión de si procede el remedio interdictal solicitado y la pro-habilidad de que el peticionario prevalezca bajo la acción instada al amparo de esta ley.

Es determinante examinar el texto del contrato, o el acuerdo entre las partes, para establecer si se está, prima facie, ante la figura de un distribuidor. El examen debe ir dirigido a identificar las obligaciones establecidas, la in-tención de los contratantes y el fin que persiguió el con-trato o el acuerdo. Por lo tanto, esta evidencia debe presen-tarse para que el tribunal se encuentre en posición de determinar si se trata de un distribuidor amparado por la Ley Núm. 75. Claro está, la parte promovente tiene el peso de la prueba.

Por su parte, al examinar nuestra doctrina jurispruden-cial, nos percatamos de que hemos instruido a los tribuna-les a considerar, en el ejercicio de su discreción, los crite-rios del injunction clásico al momento de decidir si conceder o no la orden interdictal al amparo de la Ley Núm. 75. No obstante, ese ejercicio no debe realizarse con automatismo judicial. Ello, ya que si bien el estatuto no impide la utilización de los criterios tradicionales para el injunction, la decisión del tribunal debe guardar una estre-cha compatibilidad con el espíritu de su intención legislativa.

Conforme al texto expreso del Art. 3-A, el tribunal, en la consecución de su facultad para expedir la orden provisional, está obligado a examinar los intereses y las equidades de las partes involucradas y los propósitos de la legislación. Debe hacerlo a través de un examen ponderado de la prueba sometida ante su consideración. De ahí que hemos sostenido que para la expedición del remedio provisional de la Ley Núm. 75 no aplican necesariamente todos los criterios enumerados en el caso P.R. Telephone Co. v. Tribunal Superior, supra.

Asimismo, la Corte de Distrito se ha expresado sobre cómo debe examinarse la petición de un interdicto prelimi-nar al amparo de la Ley Núm. 75. En sus determinaciones, este foro judicial ha establecido que no es necesario aplicar todos los criterios del injunction tradicional al analizar una petición de ese remedio. A tales efectos, ha dictaminado que para su concesión no se requiere, necesariamente, la demostración de perjuicios irreparables o la probabilidad de prevalecer en los méritos. Medika Intern., Inc. v. Scanlan Intern., Inc., 830 F.Supp. 81 (D. PR 1993); Aybar v. F. & B. Mfg. Co., Inc., 498 F.Supp. 1184 (D. PR 1980). Por lo tanto, la Corte de Distrito ha concluido que la expedición del remedio requiere un tratamiento especial y debe conce-derse con liberalidad. Ello en función, más que todo, de las consideraciones de política pública que persigue el estatuto en cuestión. Francisco Garraton, Inc. v. Lanman Kemp-Barclay, 559 F.Supp. 405 (D. PR 1983); Aybar v. F. & B. Manufacturing Co., Inc., supra.

El análisis que ha hecho la Corte de Distrito se utiliza, de manera persuasiva, para señalar cuáles criterios del injunction preliminar clásico deben demostrarse para que se expida el injunction de la Ley Núm. 75, y para reforzar la contención de que la concesión de este no debe examinarse rigurosamente al amparo de los requisitos establecidos para el primero.

B. Si bien nos reiteramos en las determinaciones jurisprudenciales expuestas, hoy tenemos ocasión para aclarar la normativa en virtud de la cual los tribunales, en el ejercicio de su discreción, pueden expedir el remedio interdictal provisto en el citado Art. 3-A. Respondemos, así, a la solicitud que hace el CUD de establecer expresiones más claras y contundentes con respecto a este asunto. Ello, para evitar que los foros judiciales continúen aplicando aisladamente, sin parámetros claros, los casos Systema de P.R., Inc. v. Interface Int’l., supra, y Cobos Liccia v. DeJean Packing Co., Inc., supra.

Como hemos señalado, el injunction preliminar de la Ley Núm. 75 surgió en virtud de una enmienda introducida por la Ley Núm. 17. En consecuencia, ese remedio no se encuentra bajo la jurisdicción de equidad del tribunal, sino que es de naturaleza propiamente estatutaria. Esto significa que su finalidad primordial es prevenir infracciones a las disposiciones de la ley y proteger la política pública que el estatuto está llamado a implantar. Por tal razón, el escrutinio con respecto a su expedición o denegatoria debe circunscribirse a determinar si el remedio cumple con las disposiciones y exigencias de la ley que regula los contratos de distribución.

Debido a su naturaleza, el injunction estatutario es independiente del tradicional y, por consiguiente, generalmente exento de la normativa aplicable a este último. Ello, pues, hemos establecido que los requisitos del injunction tradicional son más rigurosos que los exigidos para el estatutario. Por lo tanto, a diferencia del interdicto tradicional, la concesión de un injunction estatutario requiere un tratamiento especial, enmarcado en un examen o escrutinio judicial más acotado.

Al examinar con detenimiento la doctrina jurispruden-cial y la intención legislativa del Art. 3-A, notamos preocu-pación en el legislador en cuanto al impacto económico que supondría la aplicación rigurosa de los criterios que rigen la expedición del injunction clásico a la concesión del interdicto en cuestión. Así las cosas, en conformidad con la política pública de la Ley Núm. 75, la Asamblea Legislativa incluyó en el artículo el mandato expreso de que al hacer el balance de equidades cuando se evalúa la conve-niencia de expedir el remedio provisional, se examinen los intereses de las partes involucradas y los propósitos de la legislación. Acorde con nuestros pronunciamientos con respecto al injunction estatutario, lo anterior descarta la aplicación rigurosa de la normativa aplicable al interdicto tradicional.

Sin duda, aunque la Ley Núm. 75 fue expresamente promulgada para proteger los intereses de los distribuidores, la concesión de su remedio extraordinario no puede ser automática. Reiteramos, entonces, que si bien los criterios rectores para la expedición del interdicto clásico no aplican estrictamente, esas disposiciones son guías para la expedición del remedio provisional de la Ley Núm. 75. No obstante, como hemos indicado, esas guías deben ser atemperadas a los propósitos de la aludida pieza legislativa. Es decir, deben conciliar con su política pública.

Conforme señalamos, el eje central del análisis debe ir dirigido, en primer plano, a establecer si la parte peticio-naria demuestra que es un distribuidor. Luego, según el mandato legislativo, el juzgador debe examinar los intere-ses de las partes, conjuntamente con los propósitos de la política pública esbozada en la ley. Para ello, necesaria-mente, le corresponde a la parte promovente presentar prueba dirigida a demostrar la naturaleza de los daños que puede provocarle la denegatoria a expedir el remedio solicitado. A su vez, esta parte deberá probar el impacto en el interés público del recurso que solicita, así como las ra-zones por las cuales se debe mantener vigente el vínculo comercial que posee con el principal, toda vez que de dene-garlo la causa de acción se tornaría académica.

En esta etapa de los procedimientos no necesariamente es determinante presentar evidencia con respecto a los daños irreparables que supondría la no concesión del remedio provisional aludido. Ello, pues, la Ley Núm. 75, en su Art. 3, expresamente otorga un remedio adecuado cuando el distribuidor logra probar actos torticeros por parte del principal que menoscaban el acuerdo comercial entre ambos. Por definición, el daño irreparable es aquel que no puede ser reparado mediante la utilización de los remedios legales. Entonces, de la parte peticionaria prevalecer en su reclamación en los méritos, claramente tendría un remedio adecuado en ley para ser indemnizado por los perjuicios sufridos.

De igual forma, entendemos que en la vista de injunction del Art. 3-A, la parte peticionaria no tendría que for-zosamente probar que no existió justa causa para el me-noscabo del vínculo comercial. La razón de ello es que la vista de injunction no debe transformarse en un juicio en sus méritos. Precisamente, en armonía con los propósitos de la Ley Núm. 75, la falta de justa causa o no para la terminación, menoscabo o negativa a renovar un pacto co-mercial entre el principal y distribuidor es uno de los asun-tos principales que deben dilucidarse en un juicio en sus méritos. Esto supone que en la vista de este recurso inter-dictal especial la parte promovente no tiene el deber de demostrar la probabilidad de prevalecer en el juicio en su fondo.

En este punto, afirmamos que el escrutinio expuesto no tiene el efecto de colocar al demandado en estado de indefensión. Reiteramos que en la correspondiente vista esta parte tiene la oportunidad de presentar su oposición. Además, debido a su naturaleza equitativa, el remedio del Art. 3-A permite la incorporación de las defensas clásicas tales como incuria, manos limpias e impedimentos.

En fin, debemos dejar meridianamente claro que los cri-terios del escrutinio judicial que hoy reiteramos no consti-tuyen un conjunto de requisitos absolutos. Más bien, son directrices que dirigen la sana discreción del tribunal para determinar si la evidencia presentada justifica la concesión del recurso extraordinario. A su vez, señalamos que el es-crutinio judicial desglosado es cónsono con el ejercicio de discreción que debe caracterizar el examen de una petición de injunction estatutario y con la liberalidad con la que deben concederse los remedios provistos en la Ley Núm. 75. En cuanto a ello, el Art. 4 de esta ley expresamente establece:

Las disposiciones del presente capítulo son de orden público y por tanto los derechos que tales disposiciones determinan no pueden renunciarse. Este capítulo, por ser de carácter repara-dor, deberá interpretarse liberalmente para la más eficaz pro-tección de tales derechos; en la adjudicación de las reclamacio-nes que surjan a su amparo, los tribunales de justicia reconocerán los referidos derechos a favor de quien efectiva-mente tenga a su cargo las actividades de distribución, no em-pece las estructuras o mecanismos corporativos o contractua-les que el principal o concedente pueda haber creado o impuesto para encubrir la verdadera naturaleza de la relación establecida. (Énfasis suplido).

V

Al amparo de las elucidaciones estatutarias y jurispru-denciales expuestas, procedemos a resolver la controversia de epígrafe. En primer lugar, examinaremos si Next Step cumplió con el requisito de establecer, de manera prima facie, que reúne los criterios para ser considerada un distribuidor. Si de la evidencia presentada surge que la peticionaria es un distribuidor, pasaremos a la etapa del escrutinio siguiente. Es decir, procederemos a determinar si esta logró exponer evidencia que incline la discreción del tribunal hacia la concesión del recurso dispuesto en el Art. 3-A, según lo que hoy resolvemos.

Al analizar con rigor la transcripción de la vista de injunction y examinar detenidamente la prueba documental presentada por las partes, opinamos que Next Step cumple con los requisitos para ser considerado un distribuidor. La realidad operacional de la peticionaria, así como el acuerdo entre las partes y la manera como llevaban los negocios entre sí, sostienen esta contención.

De la prueba surge que la relación comercial de distri-bución entre Next Step y Bromedicon comenzó desde 2008. Conforme lo acordado por las partes, la peticionaria co-menzó a abrir el mercado en el País para introducir los servicios de la recurrida. Next Step le brindó publicidad a ellos y generó las relaciones en la comunidad médica para su uso. Manejó, también, los términos de la contratación con los distintos médicos y hospitales que interesaban uti-lizar el neuromonitoreo. A su vez, participó en la coordina-ción de los casos en donde se daría este servicio. Asimismo, la peticionaria establecía el precio por el neuromonitoreo, y los clientes y planes médicos le hacían a esta el pago correspondiente. A todas luces, a Next Step se le atribuye la creación de un mercado favorable y la ganancia de con-sumidores para los servicios de la recurrida.

A lo anterior se suma el hecho de que el 4 de abril de 2011, a solicitud de Next Step, la propia Bromedicon sus-cribió un documento en el cual admitía que la peticionaria era un distribuidor autorizado de sus servicios en Puerto Rico. Por lo tanto, no existe duda con respecto a que la peticionaria es un distribuidor de Bromedicon. De esta forma, Next Step cumple con la primera etapa del escrutinio. Recordemos que en esta primera etapa no en-traremos a considerar si el acuerdo pactado entre Next Step y Bromedicon tenía carácter de exclusividad. Como expusimos, este no es un requisito para que apliquen las salvaguardas de la Ley Núm. 75 y, por consiguiente, del Art. 3-A. Basta con que la parte promovente demuestre que es un distribuidor.

Ahora bien, si la petición del remedio provisional está basada en el menoscabo sufrido como consecuencia de que el principal infringió un acuerdo de exclusividad con el dis-tribuidor, como se alega en este caso, le corresponde a este último demostrar en la segunda parte del escrutinio el ale-gado carácter de exclusividad del pacto en relación a los demás criterios requeridos para la concesión del recurso. Pasemos, entonces, a la segunda parte del escrutinio establecido.

Según nuestro examen, entendemos que aunque la pe-ticionaria está cobijada bajo la figura del distribuidor, ésta no probó lo requerido para ser acreedora del remedio provisional dispuesto en la Ley Núm. 75. Examinada con de-tenimiento tanto la transcripción de la vista de interdicto como la evidencia presentada por las partes, entendemos que Next Step no pudo evidenciar con claridad los supues-tos agravios ocasionados por el alegado menoscabo de Bro-medicon al acuerdo de distribución entre ambas corpora-ciones. En todo caso, la prueba presentada por la peticio-naria no estableció contundentemente el alegado derecho de exclusividad comercial a su favor y el cual aducía se había infringido. A todas luces, sus alegaciones no estuvie-ron debidamente respaldadas por la evidencia correspon-diente.

De igual forma, el argumento de la peticionaria con res-pecto a que de no concederse el aludido injunction se vería afectado el interés público no nos persuade. De todos mo-dos, fue Bromedicon quien en realidad trajo a colación el efecto nefasto que podría tener el remedio interdictal en el interés público. Entonces, al igual que lo determinó el foro apelativo intermedio, entendemos que circunscribir el mer-cado de la recurrida, bajo el alegado derecho de exclusivi-dad argüido por la peticionaria, redundaría en restringirle innecesariamente a muchos médicos y, sobre todo, a pa-cientes su potestad de escoger qué compañía de instrumen-tación desean utilizar en sus procedimientos médico-hospitalarios. A su vez, Next Step tampoco demostró que su causa de acción contra la recurrida se pudiera tornar académica de no concederse el recurso solicitado.

En mérito de lo anterior, es forzoso avalar la determina-ción de los foros apelados de denegar el interdicto en cuestión. No vemos cómo pudieron haber incidido en su dictamen. Por lo tanto, la razón no ampara a la peticiona-ria con respecto a su primer y segundo señalamiento de error. Ello, pues, el análisis realizado, enmarcado en la li-beralidad establecida para la petición de este tipo de re-curso, desvirtúa los planteamientos de la peticionaria. El escrutinio judicial que hemos aplicado a la petición del in-terdicto es menos riguroso que el llevado a cabo por los foros apelados y ni aún así la peticionaria logró cumplirlo.

Así las cosas, no entraremos a considerar el tercer seña-lamiento de error, toda vez que Next Step no logró demos-trar siquiera el cumplimiento con los requisitos mínimos para la expedición del referido recurso interdictal.

VI

Por los fundamentos expuestos, se confirman los dictá-menes emitidos por los foros apelados. Empero, aclaramos que la determinación que hoy tomamos no dispone de la causa de acción de la parte peticionaria, toda vez que solo se están adjudicando los méritos del recurso interdictal solicitado. Por lo tanto, procede devolver el caso al foro de instancia para la continuación de los procedimientos.

El Juez Asociado Señor Martínez Torres concurrió con la expresión siguiente: “El Juez Asociado señor Martínez Torres concurre, ya que la controversia del caso de epígrafe fue resuelta en Cobos Liccia v. DeJean Packing Co., Inc., 124 DPR 896 (1989) y Systerna de P.R., Inc. v. Interface Int’l., 123 DPR 379 (1989)”. El Juez Presidente Señor Her-nández Denton se unió a la expresión del Juez Asociado Señor Martínez Torres. La Juez Asociada Señora Rodrí-guez Rodríguez y el Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón concurrieron sin opiniones escritas.

       La licenciada Berrios Hernández nunca recibió contestación por parte de Next Step con respecto al borrador del contrato enviado.

       El 24 de mayo de 2011, Bromedicon presentó ante la Corte de Distrito un Notice of Removal para trasladar los procedimientos a este foro. No obstante, el 26 de julio de 2011, el referido foro judicial emitió una orden para devolver el caso de epígrafe ante el Tribunal de Primera Instancia.

       Resolución del Tribunal de Apelaciones de 23 de mayo de 2012, pág. 12.

       Resolución del Tribunal de Apelaciones de 14 junio de 2012, pág. 1.

       32 LPRA sec. 3521.

        Molini v. Corp. P.R. Dif. Púb, 179 DPR 674, 689 esc. 12 (2010).

        E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 DPR 669 (1999).

       Véanse: VDE Corporation v. F & R Contractors, 180 DPR 21 (2010); Mun. de Ponce v. Gobernador, 136 DPR 776, 784 (1994); P.R. Telephone Co. v. Tribunal Superior, 103 DPR 200, 202 (1975).

       32 LPRA Ap. V, R. 57.3.

        Mun. de Ponce v. Gobernador, supra, págs. 790-791.

       La Exposición de Motivos de la Ley Núm. 75 se enmendó mediante la Ley Núm. 105 de 23 de junio de 1966 (1966 Leyes de Puerto Rico 348).

        San Juan Merc. v. Canadian Transport Co., 108 DPR 211 (1978).

        P.R. Oil v. Dayco, 164 DPR 486 (2005); Systema de P.R., Inc. v. Interface Int’l., 123 DPR 379 (1989).

        Systema de P.R., Inc. v. Interface Int’l., supra, pág. 387.

       Íd.

       Art. 3-A de la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1964 (10 LPRA sec. 278b-1).

       Art. 1(c) de la Ley Núm. 75, supra, 10 LPRA sec. 278.

       Art. 1(a) de la Ley Núm. 75, supra, 10 LPRA sec. 278.

       Art. 1(b) de la Ley Núm. 75, supra, 10 LPRA sec. 278.

        San Juan Merc. v. Canadian Transport Co., supra, pág. 215. Véase, también, Oliveras, Inc. v. Universal Ins. Co., 141 DPR 900 (1996).

        Medina & Medina v. Country Pride Foods, 122 DPR 172, 187 (1988).

        P.R. Oil v. Dayco, supra, pág. 502.

       Véase, también, P. Salamone, Puerto Rico’s Distributors Law: Law 75: A Primer, 18 Rev. Jur. UIPR 67 (1983).

        CBS Outdoor v. Billboard One, Inc., 179 DPR 391, 409 (2010).

        Systema de P.R., Inc. v. Interface Int’l., supra, pág. 387.

       Íd., págs. 387-388.

       Nuestro ordenamiento jurídico ha contado con otros interdictos preliminares cuya concesión no necesariamente requiere probar todos los criterios a tomar en cuenta para la expedición del injunction clásico. Véanse: Plaza las Américas v. N. & H., 166 DPR 631 (2005); A.R.Pe. v. Rivera, 159 DPR 429 (2003); Pueblo v. Roig, 63 DPR 18 (1944).

       3 de la Ley Núm. 75, supra, 10 LPRA sec. 278b.

       J.A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, 2da ed., Pubs. JTS, T. V, 2011, pág. 1679. Véase, también, Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., 142 DPR 656, 681 (1997).

       Art. 4 de la Ley Núm. 75, supra, 10 LPRA sec. 278c.