author: El Juez Asociado' Señor Hutchison,

text:
    Sucrs. de L. Villamil & Co., S. en C., demandante y apelada, v. Domingo Quintana, demandado y apelante.
    No. 5815.

    Sometido: Diciembre 7, 1933.

      Resuelto: Diciembre 19, 1933.

      González Fagwido & González, Jr., abogados del apelante; William J. Gilleran j Juan J. F%t,erles, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado' Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Domingo Qnintana, demandado en nna acción ba-sada en ciertos pagarés, apela de nna sentencia adversa y alega que la corte de distrito cometió error al dar valor pro-batorio a nn documento notarial, como demostrativo de la existencia de nna sociedad en comandita, luego de expirar el término especificado en dicho escrito. Véanse los artículos 221, 223 y 228 del Código de Comercio (Estatutos Revisados de 1911, secciones 7780, 7782 y 7787). Una sociedad deja de existir al expirar el término por el cual fué constituida en lo que a la transacción de nuevos negocios se refiere, pero de conformidad con lo dispuesto en el artículo 228, tal cual fia sido interpretado por la Corte Suprema de España, con-tinúa existiendo con el fin de cobrar las sumas que se le adeuden. Véanse las sentencias de junio 28, 1903; marzo 6, 1900; y octubre 12, 1888. El artículo 51 del Código de En-juiciamiento Civil exige que toda acción se ejercite a nombre de la parte realmente interesada y el juez de distrito no se excedió en el valor probatorio por él dado al documento en cuestión como evidencia de la capacidad de la demandante para demandar.

A moción de la demandante, la corte de distrito abrió el caso de nuevo después que éste fiabía sido sometido y per-mitió que la demandante ofreciera prueba adicional. Se señala esto como error. La moción se dirigió a la sana dis-creción de la corte y no bailamos que se cometiera abuso de tal discreción.

Otra contención es que la corte de distrito cometió error al dictar sentencia sobre pagarés que no estaban sus-critos a favor de la demandante, sino a favor de persona jurídica distinta. Los pagarés fueron expedidos a favor de Sucesores de L. Villamil' & Co. La prueba demostró que Sucesores de L. Villamil & Co. y Sucesores de L. Villamil & Co., S. en C., eran la misma entidad. La demandante alegó que los pagarés, que se copiaron íntegramente en la demanda, habían sido otorgados a favor de Sucesores de L. Villamil & Co., S. en C., y entregados a esta mercantil. El demandado admitió el otorgamiento y entrega de los pagarés a favor de Sucesores de L. Villamil & Co., más negó la identidad de la tomadora {payee) y demandante. Quizá una alegación más específica respecto a un error de nombre hubiese sido la mejor práctica, pero la contestación del demandado, a ma-nera de una negativa, tiende a indicar que él entendió que la demanda significaba que los Sucesores de L. Villamil & Co. mencionados en los pagarés no eran otros que la demandante. No hubo indicación de sorpresa durante el juicio y el apelante admite que si se hubiese alegado un error de nombre, la prueba respecto a la verdadera identidad de la tomadora, no hubiese caído dentro de la prohibición de la regla sobre prueba oral. Bajo las circunstancias, hubiera procedido una enmienda a la demanda durante el curso del juicio, en caso de que fuera necesaria, y puede considerarse ahora que así se hizo.

El cuarto motivo de la apelación es que la corte de distrito cometió error al declarar sin lugar la defensa de prescripción. La prueba demostró repetidos requerimientos de pago y la promesa de pago del demandado, en una forma que de ordinario es suficiente para interrumpir el período fijado por el estatuto, pero el apelante alega que era un fia-dor, que no se hizo requerimiento alguno al fiado y que él tenía derecho al beneficio de cualquier defensa que pudiera ser aducida por tal fiado. El argumento se basa en una pre-misa falsa. Quintana firmó cada uno de los pagarés en cues-tión como “fiador solidario y principal pagador de esta obli-gación.” En lo que se refería a él y a la tomadora, aquí demandante, él no era un mero fiador, sino una persona obli-gada solidaria y mancomunadamente.

El error, de haberse cometido, al sostener una objeción a cierta pregunta, al permitir que se hiciera otra pregunta a cierto testigo y al negarse a eliminar la contestación a la misma, fué inofensivo. La contención final de que el juez de distrito cometió error al apreciar la prueba carece de mérito.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Del Tobo,

license: Public Domain

text:
    South Porto Rico Sugar Company, demandante y apelante, v. Juan G. Gallardo, sustituído por Manuel V. Domenech, como Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    No. 5589.

    Sometido: Diciembre 6, 1932.

      Resuelto: Diciembre 20, 1933.

      Frazer & Castro Fernández, abogados de la apelante; Hon. Procu-rador General Charles E. Winter y M. Bochi'iguez Serra, Procu-rador General Auodliar, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

La demandante, una corporación organizada bajo las leyes de Puerto Rico, inició este pleito reclamando la devolución de $18,443.59 por concepto de contribuciones pagadas bajo pro-testa.

Contestó el demandado aceptando algunos hechos y ne-gando otros. En resumen sostuvo la tasación.

En febrero 5, 1929, ambas partes estipularon que se nom-brara árbitro a Rafael Carrión Pacheco para dictaminar so-bre el verdadero valor en enero 15, 1925, de diez y seis de las diez y ocho propiedades a que se refiere la demanda, sobre si existían o no las casas Nos. 25 y 59 que fueron tasadas en $3,400, sobre si los once kilómetros de vía tasados en el Mu-nicipio de Añasco fueron incluidos como parte de 33.5 kilóme-tros que ya habían sido tasados y sobre si el equipo de radio tasado separadamente estaba incluido en la tasación de telé-fono y telégrafos. La estipulación fué aprobada por la corte y el árbitro rindió su informe en abril 8, 1929. Fijó el valor de cada uno de los bienes especificados y concluyó que las casas Nos. 25 y 59 no existían, que el equipo de radio no fué incluido en la tasación de teléfono y telégrafos y que los once kilómetros de vía de Añasco formaban parte de los 33.5 ta-sados separadamente.

El dictamen del árbitro fué aprobado finalmente por la corte en junio 21, 1930, y celebrada la vista, la corte decidió el pleito aceptando la valoración que dió a las propiedades el árbitro, excluyendo de la tasación la casa No. 59 valorada en $600 por no existir; los once kilómetros de vía en Añasco tasados en $15,400 por estar englobados en otros también ta-sados, y el laboratorio, la bomba y los tanques de aceite ta-sados en $10,000, $10,000 y $41,000, respectivamente, por en-tender que formaban parte integrante de la fábrica, y en su consecuencia ordenó al Tesorero, que devolviera a la deman-dante $4,405.51 con intereses al 6 por ciento anual a partir de febrero 20, 1926. No conforme la demandante, interpuso el presente recurso de apelación que versa sobre las dos úni-cas cuestiones de importancia que la corte resolvió en contra suya, a saber: que las oficinas, los almacenes para azúcar y los demás almacenes valorados por el árbitro, respectiva-mente, en $3,000, $100,000, $58,525, y las piezas de maquina-ria de repuesto tasadas en $175,000, no formaban parte inte-grante de la fábrica dentro del sistema seguido para la tasa-ción, y que la tasación de la fábrica de azúcar aplicando el 315 por ciento del tipo standard usado por el Tesorero era ilegal.

¿ Cuál fué el llamado sistema del Tesorero, seguido en este caso ? Lo explica uno de los testigos que declaró en el juicio, Juan Martínez Chapel, tasador de corporaciones del Depar-tamento de Hacienda de Puerto Rico, como sigue: Obtenida la capacidad diaria en toneladas de los molinos de la central se multiplica el número de toneladas por $550 y el resultado es la tasación. Fué un acuerdo de la Junta de Revisión e Igualamiento a los efectos de adoptar un valor uniforme des-pués de investigaciones y audiencias de los mismos centra-listas.

La parte apelante no impugna el sistema. Expre-samente manifiesta qne está conforme con él. Pero sostiene qne aplicado a sn caso resaltaría qne siendo el promedio dia-rio de sn fábrica 4,103 toneladas, multiplicado ese promedio por $550 se obtendría la suma de $2,256,650 qne constituiría la justa tasación, y no la de $2,595,140, qne implica una dife-rencia en sn contra de $338,490 y a la qne se llegó aumentá-dole un 15 por ciento a los $550 por los cuales debía multi-plicarse el numero de toneladas diarias molidas por la fábrica para bailar el valor de ésta.

Refiriéndose al aumento declaró Martínez Cbapel, qne al principio la Junta de Revisión e Igualamiento fijó para mul-tiplicar por el número de toneladas diarias la suma de $605 y que cuando la bajó a $550 a virtud de la intervención de los centralistas “se puso como condición que de acuerdo con las boras que moliera cada central se aplicaría un tanto por ciento de la tarifa que variaba desde 60 por ciento a 115 por ciento de acuerdo con el número de boras que babía molido la central.”

Dijo que la Guánica en 1924-25 se tasó en un 110 por ciento y en 1925-26 en un 115 por' ciento. Que no recuerda si llegó a tasarse alguna Central a razón del 60 per ciento. Que bubo otras centrales tasadas a más de 100 por ciento, no recordando si alguna, además de la Guánica, lo fué a ra-zón del 115 por ciento.

De un anáfisis de la declaración del testigo puede dedu-cirse que la junta estimó que para fijar el justo valor de cada central debía tomarse en consideración además del número de toneladas que podía moler, la rapidez con que lo hiciera, fijando en 100 el standard de rapidez, por entender segura-mente que dicbo nuevo factor si bien introducía una aparente desigualdad entre las centrales de la Isla, de becbo tendía a consagrar el principio de igualdad por ser en realidad más valiosa la fábrica que molía con mayor rapidez.

Antes de exponer nuestro criterio definitivo sobre este extremo, procederemos al estudio de la otra cuestión envuelta en el asunto, a saber: si las oficinas, los almacenes para azú-.car, los otros almacenes y las piezas de repuesto forman o no parte integrante de la fábrica a los efectos de la fijación de los $550 por los que debe multiplicarse el número de to-neladas para determinar su valor, ya que, a nuestro juicio, ambas cuestiones están tan íntimamente relacionadas que para llegar a una justa resolución del problema deben consi-derarse a la vez.

La teoría de la demandante y apelante es que estando directamente relacionados las oficinas, los almacenes y las pie-zas de repuesto con la fábrica de azúcar, deben considerarse parte-integrante de la misma. La del demandado, que para fijar los $550 por los que debía multiplicarse el número de toneladas sólo se tomaba en consideración “el valor de las maquinarias y el edificio donde están establecidas.”

Con referencia a los almacenes para azúcar se le pre-guntó por el abogado de la parte demandante al testigo Mar-tínez Cbapel, como sigue:

“A.- — Pero cualquier fábrica o manufactura de azúcar tiene que tener un sitio para ponerla antes de embarcarla ? — T.—Sí, señor, pero todas las fábricas tienen almacenes separadamente de donde fabri-can. — A.—Entonces se tasan separadamente? — T.—Sí, señor.- — A.— En adición’a la fábrica? — T.—Sí, señor.”

Y cuando refiriéndose al caso de que pudiera el sitio de almacenaje formar parte del edificio mismo de la fábrica, se le dijo: “A. — -Pero usted está de acuerdo conmigo que si nosotros trasladamos nuestra oficina, nuestro laboratorio quí-mico y nuestra bomba de agua salada a la misma fábrica no tendríamos que pagar esa contribución?” Contestó: “T.— Si la Central G-uánica o cualquier central lo biciera habría que cambiar el sistema. Si tuviera un techo tan grande que fuera una población habría que cambiar el sistema.”

El testigo fué interrogado entonces por el abogado del demandado, así:

“A. — Con referencia a la teoría de $550 por 'cada tonelada que se trabaje un día a que se refiere eso, se refiere a la maquinaria, al mo-lino o a toda la Central con todas sus propiedades ? — T.—A la factoría de una fábrica de azúcar. El edificio de la fábrica y la fábrica. — A.— Dónde están los molinos y artefactos propios para fabricar azúcar? T. — Sí, señor, molino, tanque de guarapo, tacbo y el edificio necesa-rio para cubrir las maquinarias todas. — A.—Usted sabe de casos de centrales en Puerto Rico que tengan edificios separados y estén exen-tas de contribución? — T.—No conozco ninguna. — A.—De modo que no se ha hecho una cosa especial de la South Porto Rico Sugar Company en relación con la manera de tasar? — T.—No, señor, no se ha hecho una cosa especial, se ha hecho con todo el mundo. — A.—Dónde hay un almacén de azúcar en otra central que se ha tasado lo mismo que la South Porto Rico Sugar Co. ?■ — T.—Sí, señor. — A.—De acuerdo con el valor que ustedes han considerado justo y razonable? — T.— Sí, señor.”

Examinada aisladamente la teoría de la demandante pa-rece lógica en verdad. Desde la oficina se dirige cierta parte de la fábrica, los almacenes son para depositar el producto de la fábrica y las piezas de repuesto listas están para sus-tituir las de la fábrica que fallen en su funcionamiento, y siendo ello así, todo es parte integrante del negocio.

Pero si dicha teoría se analiza a la luz del procedimiento seguido por el Tesorero para encontrar la cantidad de $550, pierde toda su fuerza porque a esa cantidad se llegó tomando en consideración únicamente la fábrica en sí misma, o sea “molino, tanque de guarapo, tacho y edificio necesario para cubrir las maquinarias todas.”

El procedimiento consistió seguramente en la investiga-ción del costo de diferentes centrales y de su capacidad efec-tiva llegándose entonces al promedio que representa la can-tidad indicada. T si a ese promedio se llegó sin tomar en consideración almacenes, oficinas y piezas de repuesto, no sería justo incluirlos en el caso de la demandante. Resulta-ría contrario al propio concepto de igualdad en la tasación que tan fuertemente invoca la demandante.

Ahora bien, si a la suma de $550 se llegó por el proceso indicado ¿ cómo puede explicarse la diferencia de rebajar esa suma en unos casos y subirla en otros?

No está desprovista de fundamento la diferencia porque en verdad, si el valor de tasación es el que la propiedad tenga en el mercado, un molino potente vale como tal más que otro de escasa producción, irrespectivamente del valor separado de cada pieza de maquinaria o de cada metro cuadrado de construcción.

Pero si eso es así ja qué se debe.? Si la central de la demandante puede llegar a una capacidad productiva tan ex-traordinaria que supere en un quince por ciento el standard fijado por el propio Tesorero, ¿no se debe a tener a mano piezas de repuesto que reducen al mínimo las interrupciones y almacenes que permiten guardar con seguridad la enorme producción diaria?

La diferencia del 60 al 125 por ciento en la cantidad tipo —$550—por la cual debe multiplicarse el número de tonela-das de caña molida diariamente, para bailar el valor de Ja central, sólo podría justificarse por la diferencia en el pro-ceso de inclusión como partes integrantes de la fábrica todos aquellos accesorios que bacen posible el resultado, tales como los almacenes y las piezas de repuesto.

Por eso dijimos al principio que ambas cuestiones estaban íntimamente relacionadas. No puede el Tesorero a nuestro juicio, sin incurrir en una injusticia notoria, aplicar una diferencia sin compensarla con la otra.

Analizada la prueba encontramos que el sistema de la diferencia del 60 al 125 por ciento en el múltiplo sólo se aplicó durante uno o dos años abandonándose después. Siendo ello así, nos parece que la resolución justa del problema es la de dejar subsistente la tasación separada de la oficina, los al-macenes y las piezas de repuesto y revocar la que se obtuvo multiplicando por un 115 por ciento de $550 la capacidad diaria en toneladas de los molinos de la central. La multi-plicación deberá hacerse por $550.

Según el cálculo hecho por la demandante la cantidad que debe devolvérsele por este concepto es la de $5,246.60. La sentencia apelada se modificará a ese efecto y así modificada deberá confirmarse.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Los Esposos Gregorio Cubero y María Domínguez, demandantes, apelados y apelantes, v. Rosa y Cecilia Chevremont, demandadas, apelantes y apeladas.
    No. 6208.

    Sometido: Diciembre 4, 1933.

      Resuelto: Diciembre 20, 1933.

      L. Méndez Yaz, abogado de las apelantes y apeladas; Ángel A. Váz-quez, abogado de los apelados y apelantes.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Se nos pide qne desestimemos la apelación de las deman-dadas por ser frívola y porque su alegato no cumple con las regias de esta corte. Examinando el alegato, bailamos que en realidad no bace un señalamiento separado de errores, no contiene una breve relación del caso, ni bace referencia a las páginas de los autos al mencionar éstos.

No citaremos aquí las decisiones aplicables, pero el abo-gado de las demandadas apelantes puede bailarlas fácilmente.

No afecta la. cuestión el hecbo de que el letrado baya ra-dicado antes de abora alegatos en forma similar, a los cuales no se formuló objeción. La idea de la regia es que la ma-teria litigiosa sea presentada concisamente al tribunal. Ca-torce páginas — como las que el alegato contiene — de materia sin cristalizar, pueden constituir un gravamen sobre la aten-ción de todo punto innecesario. Las cuestiones envueltas de-ben ser rápidamente expuestas ante el tribunal y al apelado debe serle posible ver de una ojeada las cuestiones importan-tes que ba de afrontar.

Sin embargo, bemos examinado el alegato de las deman-dadas apelantes y si bien no lo bemos digerido de un todo, bemos visto lo bastante para convencernos de que la apela-ción no es claramente frívola. Por consiguiente, concederé-mos a las demandadas diez días para presentar un alegato enmendado que cumpla con nuestro reglamento. Si esto no se hiciere, los demandantes apelados pueden renovar su mo-ción.

Debe declararse sin lugar la moción por ahora.


text:
    F. Soto Gras, demandante y apelado, v. Manuel V. Domenech, como Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante.
    No. 6347.

    Sometido: Julio 10, 1933.

      Resuelto: Diciembre 20, 1933.

      Ilon. Procurador General Charles E. Winter y B. Cordovés Arma, Subprocurador, abogados del apelante; J. J. Ortiz AUbrán y F. Soto Gras, abogados del apelado.
   EN .MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN

El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Después de emitida nuestra opinión en el caso de epígrafe, el apelante, El Pueblo de Puerto Rico, presentó una moción de reconsideración. Esta moción fué oída debidamente y está ahora ante nos. Toda vez que otras cuestiones han sido dis-cutidas suficientemente o resueltas en nuestra opinión original o en otra jurisprudencia de esta corte, la única cuestión que debe considerarse es si la Corte de Distrito de San Juan carecía de jurisdicción por ser la cuantía que el demandante trataba de recobrar menor de $500 y porque el pleito debió haberse radicado en una corte municipal. El gobierno basa su contención en el hecho de que la sección 76 de la Ley No. 74 de 1925 (pág. 401), de acuerdo con nuestra opinión en el caso de American Colonial Bank v. Tesorero, 43 D.P.R. 889, ha sido derogada por la Ley No. 8 de 1927 (pág. 123) en lo que al procedimiento de pagos bajo protesta se refiere. De conformidad con la ley de 1925 era claro que el contribuyente tenía que radicar su demanda en una corte de distrito. Sin embargo, si esa ley fué derogada, las disposiciones generales del derecho eran aplicables. Asumiremos por el momento que hasta 1925 un contribuyente tenía que radicar reclama-ción sobre devolución de contribuciones que ascendieran a me-nos de $500 en una corte municipal. Lo que resolvimos en el caso de American Colonial Bank v. Tesorero, supra, fué que las cuestiones de procedimiento prescritas en la ley de 1925 habían sido abrogadas por la ley de 1927. No está-bamos tratando de la cuestión de jurisdicción. Por consi-guiente, estamos inclinados a convenir con la contención del apelado y con la sugestión del apelante de que ambas leyes podían coexistir con respecto a la cuestión de jurisdicción si la ley más reciente no demostraba la intención de otorgar ju-risdicción a la corte municipal. Si ambas leyes pueden sub-sistir, entonces la intención de la Legislatura de exigir a un contribuyente que acuda a una corte de distrito era entera-mente clara en la ley de 1925.

El apelado llama nuestra atención hacia el hecho de que a menos que esto fuera así, el Tesorero podía acudir ante una corte de distrito para recobrar cualquier suma que se le adeudare, mientras que un contribuyente no podía hacerlo, y que esta disparidad de derechos de acción es difícil que hu-biera sido tenida en mente por la legislatura.

El apelado sostiene que el caso de De Jesús v. Gallardo, 34 D.P.R. 430, no podía ser aplicable debido a que esa deci-sión fué dictada mientras regía la ley de 1924, la que según el apelado fue derogada por la ley posterior. Somos de opi-nión que la idea de que un contribuyente tuviera que acudir a una corte municipal dependía enteramente del caso de De Jesús v. Gallardo, supra. Empero creemos que dicho caso estaba equivocado.

En primer lugar, en la opinión emitida en el referido caso no se copió íntegramente la sección 3 de la Ley No. 35 de 1911, sino sólo las palabras “ante la corte de jurisdicción competente.” Esta sección en su totalidad lee como sigue:

“La parte que pague esa contribución bajo protesta podrá, en cualquier momento dentro del plazo improrrogable de treinta días después de haber hecho el pago, demandar al mencionado Tesorero ante la Corte de jurisdicción competente para ello para obtener la devolución de la citada suma; y si se decidiere, teniendo en cuenta los méritos del caso, que la cantidad fué recaudada injustamente, puesto que el demandante no la adeudaba al Gobierno, el tribunal que conozca del asunto podrá certificar, de acuerdo con las constan-cias del mismo, que las contribuciones de referencia fueron pagadas sin existir ¿razón para ello, y que deben ser reintegradas, e inmedia-tamente el Tesorero procederá a su reintegro, dando preferencia a ese pago sobre cualquier otra reclamación que se haya hecho al Te-sorero. Cada una de las partes en dicho pleito tendrá el derecho de apelación para ante el Tribunal Supremo.”

Si se tratara de un caso dudoso, respecto a si las pala-bras “ante la corte de jurisdicción competente” significaban una corte de distrito o una corte municipal, según sea el caso, dependiendo de la cuantía envuelta, entonces las últimas pa-labras de dicba sección demostrarían de un modo claro que se tuvo en mente una corte de distrito. La ley no establece apelación de una corte municipal para ante el Tribunal Supremo.

Además, no creemos que fuera nunca la intención de la Legislatura otorgar jurisdicción a las cortes municipales en esta clase de procedimientos. Cuando un estatuto concede un remedio extraordinario como el aquí otorgado, la palabra “corte” de ordinario significará una corte de récord y la in-tención de dar jurisdicción a una corte municipal deberá apa-recer claramente.

En Calaf v. Gallardo, 36 D.P.R. 147, asumimos lo correcto del caso de De Jesús v. Gallardo, supra. En una moción de reconsideración discutimos el significado de las palabras “pro-pia corte” como aplicables a una corte de distrito. Evi-dentemente en dicho caso la contención fué que las palabras “propia corte” permitirían a una parte radicar un pleito ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico.

También se indicó que nuestra Ley de Contribuciones so-bre Ingresos fué tomada de la Ley Federal de Contribuciones sobre Ingresos. Sólo deseamos decir de paso que con toda probabilidad si ha de desempeñar algún papel el origen de la ley como proveniente de los Estados Unidos, nos parece muy improbable que en los Estados Unidos se resolvería que las palabras “la propia corte” serían aplicables a una que no lo fuera,de récord.

Existen otras cuestiones que tienden a excluir la idea de que la Legislatura de Puerto Rico jamás tuviera en mente conceder a una corte municipal jurisdicción en casos inicia-dos contra el Tesorero. Hasta 1911 un contribuyente tenía aparentemente el derecho a radicar un injunction. Dicha ley de 1911 suprimió todos los remedios de injunction y obligó al contribuyente a pagar bajo protesta con derecho a solici-tar su devolución mediante un litigio. Es difícil imaginarse que el remedio suprimido no quedara compensado con el re-medio concedido, y que un contribuyente no pudiera plantear ante una corte de récord la cuestión que surgiera. Sin embargo, según ya hemos indicado, creemos que una lectura cuidadosa de la sección 3 de la ley de 1911 demuestra la in-tención de la Legislatura. El caso de De Jesús, supra, debe considerarse revocado.

Debe declararse sin lugar la moción de reconsideración.


author: El Juez Asociadío Señor Córdova Dávila,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Estrella, acusado y apelante.
    No. 4603.

    Resuelto: Diciembre 22, 1933.

      Arturo Aponte, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   EN MOCION DE RECONSIDERACION

El Juez Asociadío Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

El acusado solicita la reconsideración de nuestra senten-cia, alegando que hemos debido revocar la que dictara la corte inferior por sn instrucción al jurado sobre la supuesta huida del acusado, por haber omitido en las instrucciones la decla-ración de Basilio Delgado, por la instrucción sobre defensa propia y por haber incurrido la corte inferior en parcialidad, pasión y prejuicio.

Los dos primeros motivos de error deben desestimarse de acuerdo con la doctrina recientemente sentada en el caso de El Pueblo de Puerto Rico v. Ramón Maldonado, ante, pág. 417.

En cuanto a la instrucción sobre defensa propia, dijimos en nuestra opinión lo que sigue:

“ . . . Aun cuando la defensa tenga razón en sus objeciones con respecto al informe de la corte al jurado sobre defensa propia, consi-deramos que esta instrucción no tiene la importancia que se le atri-buye en este caso especial en que el propio acusado, lejos de admitir que diera muerte a Matilde López, declara que no tenía armas y que Matilde se hirió a sí mismo cuando se le pegó su propia navaja en la lucha y resbalaron, y parece ser que ahí se cortó. No es éste el caso de una persona que alega haber matado para defenderse porque se creyera en peligro de muerte o de grave daño corporal. El acusado, en su testimonio, no toma como defensa para defenderse el peligro real o aparente, desde el momento en que no admite haber matado. El testimonio del acusado le hubiese eximido de responsabilidad de haber sido creído por el jurado, ya que sus palabras tienden a demos-trar que no fué autor , de la muerte de Matilde López. El jurado, apreciando toda la prueba practicada, rindió, sin embargo, un vere-dicto de culpabilidad. ’ ’

El acusado entiende que la teoría de la defensa propia no resulta infundada y en apoyo de su contención copia de su testimonio lo que sigue:

“Lie. Aponte:
“¿Cuando usted dijo o le comunicó al señor Fiscal que Matilde López le infirió esa herida, que había sido con la porpia mano de él,, usted podría decirle a los Señores del Jurado, si fué la mano sola de; él la que le causó la herida o si fué la mano de él impulsada por.-usted f
“Sí, señor, impulsada por mí.”

Esta repregunta la formuló el abogado del acusado des-pués de haber descrito el testigo, a preguntas del fiscal, la lucha que tuvo con Matilde López, y de haber declarado que no tenía armas y que había sido herido por el interfecto. Copiámos parte del testimonio del acusado a preguntas del fiscal.'

“P. ¿Qué hizo usted al cortarse?
“R. Me cogí la mano así.
“P. ¿Y qué más pasó?
“R. Que cuando yo sentí que me corté, lo empuñé y le llevé la mano así al cuello.
“P. ¿Y qué pasó entonces? ¿Usted le pegó la navaja y él hizo-así hasta que se cortó?
“R. En la lucha que teníamos, resbalamos y parece ser que ahí se cortó.
“P. ¿De manera que fué un solo golpe que hizo así tirándose encima de la navaja, teniendo que cortarse en ese sitio?
“R. Yo no sé porque estando en la lucha fué que salió herido.
“P. ¿Teniendo cogida la navaja con la otra mano, dónde están las heridas que usted le enseñó a los Jurados?
“R. Aquí.
“P. ¿Estas cositas tan chiquitas arriba de la mano, cómo pudo causárselas si tenía la navaja así?
“R. Seguramente que es porque antes de eso, él me había dado estas heridas en la lucha.
* * * * * * * *
“P. ¿Es un hecho cierto o no que usted vió muerto a Matilde López ?
“R. No, señor, yo no lo vi muerto.
“P. ¿Pero usted no lo vió caer al suelo?
“R. No, señor.
“P. De modo que usted no lo hirió sino que el que se hirió fué él con su propia navaja en la lucha con usted?
“R. Sí, señor.”

Obsérvese que la pregunta dirigida al acusado por su abo-gado parece más bien referirse a la herida que dicho acusado dice le fué inferida por el interfecto; pero aunque así no fuese, si en la lucha Matilde López se hirió con su propia arma, como dice el acusado, el hecho de que no fuese la sola mano de López la que causó la herida, sino que intervino también el impulso del acusado, no demuestra que éste ac-tuara voluntariamente y que hubiese sido autor de la muerte de Matilde López ni que el peligro real o aparente tuviese nada que ver con el movimiento de sus manos. Como ya dijimos antes, de haber creído el jurado el testimonio del acu-sado habría tenido que exonerarlo de toda culpa, no porque hubiese matado a Matilde López en defensa propia, sino por-que dicho testimonio tiende a demostrar que no fué autor de esa muerte.

Recuérdese además que ya el acusado anteriormente ha-bía declarado que Matilde López se hirió con su propia na-vaja en la lucha y que cuando ambos resbalaron parece ser que ahí se cortó. En cuanto a la alegación de que el juez de la corte inferior actuó movido por parcialidad, pasión y pre-juicio, ratificamos el criterio expuesto en nuestra opinón.

No ha lugar a la reconsideración solicitada.


text:
    Pedro F. Rodríguez, demandante y apelado, v. Porto Rico Dairy, Inc., demandada y apelante.
    No. 6509.

    Sometido: Diciembre 18, 1933.

      Resuelto: Diciembre 22, 1933.

      L. Toro Cabañas, abogado de la apelante; L. Dubón, abogado del ape-lado; C. Torres Laborde, abogado del Síndico de la demandada apelante.
   En Juez Asociado Señor C ordo va Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

F. A. Powers, en su carácter de administrador de Tbe Porto Rico Dairy Inc., otorgó veinte pagarés por la cantidad de $212.50 cada uno, a favor del demandante Pedro F. Ro-dríguez. Estas obligaciones proceden de la venta de tres trucks marca “Day Elder”, preparados como guaguas para conducir leche, que, con sus licencias y pólizas de seguro pa-saron a poder de la demandada, en cuya posesión se encon-traban cuando se celebró la vista de esta causa en la corte inferior. No hay duda acerca de la autenticidad y otorga-miento de estos pagarés que se hacen formar parte de la de-manda, toda vez que la contestación no aparece jurada de acuerdo con el artículo 119 del Código de Enjuiciamiento Civil.

En su contestación alega la demandada que en 13 de mayo de 1932, una llamada Junta Directiva suya designó como ad-ministrador de la corporación al Sr. P. A. Powers, no exis-tiendo poderes por parte de aquélla para hacer tal nomina-ción, ni para darle autoridad al administrador para firmar obligaciones a nombre de The Porto Rico Dálry Inc.; que dicha junta directiva no fué elegida en la forma determinada .en la ley de corporaciones y acéptada en las cláusulas de in-corporación y estatutos de la compañía, estando impugnado el nombramiento de todos y cada uno de sus miembros, y ca-reciendo dicha junta de autoridad para representar y obligar a la demandada; y que el libramiento por P. A. Powers, en 13 de mayo de 1932, de los documentos de crédito que se ■acompañan a la demanda, no tienen la condición de docu-mentos librados por la Porto Rico Dairy Inc. ni en forma ■alguna son exigibles.

La exigibilidad de las obligaciones contraídas ha quedado satisfactoriamente probada.

En julio 6 de 1932, Dolores McCormick presentó demanda contra The Porto Rico Dairy Inc. y Ganaderos Unidos, Inc., sobre cobro de acciones y nombramiento de administrador judicial, y en ese caso, por resolución de la Corte de Distrito de San Juan fechada 15 de diciembre de 1932, y por el fun-damento de que dicha corporación Porto Rico Dairy Inc. es-taba en peligro de insolvencia como consecuencia de pérdida en los negocios y mala administración, se decretó el nombra-miento de un síndico para hacerse cargo de los bienes de la misma, conservarlos y administrarlos durante la pendencia del litigio.

La prueba aportada demuestra que el demandante vendió tres guaguas de su propiedad a la demandada por la cantidad de $4,250, conviniéndose que esta suma se pagaría a razón de $212.50 semanales. Conforme a lo convenido suscribió la demandada por conducto de su administrador P. A. Powers veinte pagarés por $212.50 cada uno. El demandante declara, y su testimonio no aparece contradicho, que hizo el negocio con la directiva en pleno; que la corporación demandada fué llamada a reunión una noche, para hacer el negocio con él, y que doce de las obligaciones autorizadas por la demandada han sido ya pagadas por la misma. El contrato se llevó a efecto siendo Presidente de la corporación el Sr. Jesús Pi-nero. Ricardo La Costa declara que fué Presidente de la corporación demandada y tuvo conocimiento de las obliga-ciones suscritas a favor del demandante, de las cuales se habían pagado doce, quedándose a deber ocho; que en vista de esto, decidió pagar al Sr. Rodríguez, pero como había tan-tas obligaciones que estaban en las mismas condiciones en aquella fecha, y tantos embargos en distintos pleitos, no se le podía pagar a todo el mundo de acuerdo con los respec-tivos vencimientos, e hizo una operación con el Sr. Rodríguez en el sentido de semanalmente pagarle la mitad del importe de cada obligación; que antes de hacer esta proposición se enteró de la procedencia de los pagarés y de la venta de unos trucks que usaba en aquella fecha la corporación, cuando el testigo ejercía de Presidente; y que no pudo cumplir el compromiso contraído porque vino el ciclón de San Ciprián, las cosas se empeoraron y no hubo dinero para pagar a.los empleados de la corporación. Preguntado por el abogado de la demandada si como Presidente de la Porto Rico Dairy investigó si la persona que firmó esos documentos estuvo au-torizada para firmar de acuerdo con el libro de actas, con-testó que trató de investigar eso, pero se encontró en el libro de actas una que aparece en la página 97 del mismo, donde se hizo constar que la corporación había trabajado mucho tiempo sin levantar actas y se exoneraba al secretario por no llevar las actas, y que la fecha en que se otorgó la obligación comprende la fecha a que se refiere el libro de actas. Esta última parte de la declaración del testigo está confirmada por un. acta de una reunión celebrada por la Junta de Directores de la corporación demandada en 22 de junio de 1932, donde se Race constar que el libro de actas de The Porto Eico Dairy Co. demuestra que la última que se Rizo constar en dicRo libro es de fecRa 25 de abril de 1932, siendo Presidente el Sr. Pi-nero y Secretario interino el Sr. López Eamírez, y que des-pués, a partir del folio 97 de dicRo libro, no consta ningún acta de directores ni accionistas. El contrato de venta de las guaguas aparece celebrado en 14 de mayo de 1932.

De la opinión emitida por la corte inferior copiamos lo que sigue:

“. . . No existen las actas de las juntas celebradas por The Porto Rico Dairy Inc. desde abril 25, 1932, a junio 22, 1932, donde debía aparecer el nombramiento de P. A. Powers, como administrador, y la autorización para la compra de los vehículos de motor a que se refiere este pleito. Sin embargo, de una escritura sobre rescisión de varios contratos y otros extremos, otorgada en 14 de mayo de 1932, por Pedro P. Rodríguez y Jesús T. Pinero, éste como presidente de Ganaderos Unidos Inc., aparece que esta corporación recibió para beneficio de The Porto Rico Dairy Inc., los referidos vehículos de motor, expidiéndose en dicho acto y entregándose a Pedro P. Ro-dríguez, 20 pagarés a la orden, por la suma de $212.50 cada uno, que llevan fecha 13 de mayo de 1932, pagadero el primero el día 21 de mayo de 1932 y los demás hasta su extinción consecutivamente una semana después y durante veinte semanas. En las cláusulas de incorporación de The Porto Rico Dairy Inc. se provee el nombra-miento de un administrador por la junta directiva. El control de The Porto Rico Dairy Inc. lo tenía Ganaderos Unidos Inc., según re-sulta de la demanda en el referido caso No. 17004, estando consti-tuida la junta directiva de ambas corporaciones por las mismas personas y siendo entonces presidente de las dos corporaciones el Sr. Jesús T. P'iñero. Los pagarés fueron firmados por P. A. Powers, actuando como administrador de The Porto Rico Dairy Inc., y nu-merados del uno al veinte, ambos inclusive, y se entregaron a Pedro P. Rodríguez, a vencer el último pagaré el 1 de octubre de 1932. La Corporación demandada pagó puntualmente las doce primeras obligaciones, pero no.así las restantes, y se cobran mediante esta ac-ción las números 14 a 20, ambos inclusive, pero no así la número 13 que ha sido objeto de acción independiente porque se había ex-traviado. En el informe de los síndicos señores P. López del Valle y Arturo E. Bravo, de diciembre 21, 1932, página 18, y bajo el tí-tulo ‘Obligaciones a pagar’, está la deuda de Pedro P. Rodríguez, de los ocho pagarés pendientes de pago, por $212.50 cada nno y en total $1700.00; y en el mismo informe, a la página 16, se descri-ben las guaguas Day Elder compradas al demandante, bajo las li-cencias números H-178, H-180 y C-512. Este informe fné becbo de acuerdo con las constancias de los libros de la corporación. ’ ’

Hemos estudiado detenidamente toda la prueba aportada en este caso, tanto la documental como la testifical, y fiemos llegado a las mismas conclusiones establecidas por la corte inferior. La defensa de que el administrador de la corpo-ración demandada no tuvo autoridad para obligarla en la transacción que culminó en la compra de las guaguas al de-mandante, no puede prevalecer. El demandante declara, sin que su testimonio baya sido contradicho, que contrató direc-tamente con la directiva de la corporación demandada, y la prueba demuestra claramente que esta corporación tomó po-sesión de las guaguas y las utilizó, y aceptó el contrato por conducto de sus presidentes Jesús Piñero y Ricardo La Costa, y pagó doce de los veinte pagarés que suscribiera, quedando a deber los restantes. Añádase a lo dicho el inventario de los síndicos, donde aparecen descritas las guaguas, y el in-forme de los mismos, donde la deuda del demandante figura entre las obligaciones a pagar. La parte apelada en este caso solicita la desestimación del recurso de apelación que fia interpuesto la corporación demandada, por considerar ente-ramente frívolo el referido recurso. Opinamos con el deman-dante que la frivolidad es manifiesta y que debe declararse con lugar la moción de desestimación.


author: El Juez PbesideNte Señob Del Tobo,-

text:
    Arturo Pinto, demandante y apelante, v. La Sucn. Desconocida de Andrew Peter Drew, hoy comparecida por sus hermanos Thomas, Mary, Margarete y Catherine P. Drew, demandada y apelada.
    No. 5988.

    Sometido: Abril 25, 1933.

      Resuelto: Diciembre 22, 1933.

      V. Polanco de Jesús, abogado del apelante;- L. Mendín, abogado de la apelada.
   El Juez PbesideNte Señob Del Tobo,-

emitió la opinión, del tribunal.

Arturo Pinto demandó en la 'Cortó' de Distrito de Arecibo a la Sucesión desconocida de Andrew Peter Drew "en cobro de cuatro mil dólares' e 'intereses garantizados con hipoteca y de setecientos, cuarenta dólares- más por cantidades facili-tadas en vida a Drew para diversas atenciones. '•

En el pleito se personaron Margaret Anne, Tomás, Mary S. y Catherine Drew,- hermanos de Andrew Peter Drew, como componentes de su Sucesión, y suscitaron varias cuestiones previas que fueron declaradas sin lugar contestando final-mente la demanda. Negaron la existencia de deuda alguna por parte de su- cansante para con Pinto alegando la simula-ción de las escrituras de hipoteca a que la demanda se refiere.

Solicitó el demandante la eliminación de varios particu-lares de la contestación y alegó que ésta no exponía hechos suficientes para determinar una causa de oposición a la de-manda. Ordenó la corte algunas de las eliminaciones solici-tadas y negó otras y declaró sin lugar la excepción previa.

Trabada así la contienda, fue el pleito a juicio. Ambas partes practicaron su prueba y la corte decidió el caso en contra del demandante, declarando probados los siguientes hechos:

“Qae en primero de mayo de 1929, el causante de la sucesión demandada, Andrew Peter Drew, otorgó ante el notario don Victo-riano M. Fernández, una escritura de préstamo e hipoteca, número 35, por virtud de la cual reconoció adeudar a Arturo Pinto la suma de $2,000, haciéndose constar en dicho documento que esta canti-dad había sido recibida del prestamista en sumas parciales y que habiéndose liquidado en la fecha del otorgamiento de la escritura daban el montante mencionado;. Para garantizar el pago de los $2,000 y de $400 de crédito adicional, Andrew Peter Drew cons-tituyó primera hipoteca voluntaria sobre tres fincas pertenecientes a la sociedad de gananciales que existía entre él y su esposa. Las fincas gravadas se describen así:
(Se describen tres fincas rústicas situadas en el Barrio de Coto, de Manatí, compuestas de diez, ocho y catorce cuerdas.)
“Que el día 3 de mayo de 1929, se otorgó por el causante de la demandada Andrew Peter Drew la escritura número 37 del proto-colo del Notario Victoriano M. Fernández, por virtud de la cual el referido Andrew Peter Drew confesó haber recibido con anteriori-dad al acto del otorgamiento del documento, de manos de Arturo Pinto, lá suma de $2,000 más en calidad de préstamo y en su con-secuencia se comprometió a satisfacer la cantidad de $4,000 al acree-dor en el término de dos años retrotrayendo la fecha a la del otor-gamiento de la escritura número 35, o sea el primero de mayo de 1929, y para responder del pago del montante antes referido, am-plió la hipoteca que había constituido sobre las tres fincas . . . . . . . . . . . . . . .
'“Que en noviembre 15 de 1929 se satisfizo por Arturo Pinto a Ignacio Valderrama la suma de $112 que Andrew Peter Drew adeu-daba a dicho señor.
“Que en mayo 3 de 1929 se satisfizo por el demandante Pinto al Ledo. Victoriano M. Fernández la suma de $52.45 en pago de servicios profesionales prestados en el otorgamiento de las escrituras número 35 y 37 de primero y tres de mayo respectivamente, que ya fiemos mencionado anteriormente.
“Que en mayo 5 de 1929 se pagó por el demandante al Ledo. José R. Rodríguez Cebollero la suma de $10 para atender a los gas-tos del caso de Rosalía Kelly.
“Que en mayo 17 de 1929 el demandante pagó al Ledo. Antonio Quirós Méndez la suma de $10 por servicios profesionales prestados en el otorgamiento de la escritura número 17 al señor Andrew Peter Drew.
“Que en primero de diciembre de 1929 el demandante pagó la suma de $25 al Ledo. Gustavo Cruzado Silva para cubrir honorarios en el caso de Rosalía Kelly versus Andrew Peter Drew.
“Que en diciembre 16 de 1929 el demandante pagó la suma de $80 al Ledo. Gustavo Cruzado Silva para cubrir honorarios deven-gados por éste en la defensa del caso seguido contra Andrew Peter Drew por Rosalía Kelly.
“Que en mayo 5 de 1930 el demandante terminó de pagar la suma de $209.98 a Tabacaleros de Manatí, Morovis y Barceloneta Ine. a nombre de Mr. Drew.
“Que en agosto 30 de 1929 el demandante satisfizo la suma de $36.49 por concepto de contribuciones adeudadas por las fincas de Andrew Peter Drew y en febrero 17 de 1930 satisfizo la misma can-tidad. También el demandante satisfizo otras pequeñas cantidades ascendentes a $11.35.
“Que en septiembre 6 de 1926 Arturo Pinto escribió una carta a Andrew Peter Drew que copiada literalmente dice así:
“ ‘Santurce Sep. 6/26. — My dear Mr. Drew: Yesterday I was in Manatí and was going to call on you when a visitor arrived and I had to take care of him while Maria was preparing some dinner.— But though probably I will be there again, on the coming Sunday, I just wish to know if it is true you are contemplating selling some of your low land and what will be your price per cuerda in case you feel like selling a small portion of it. — You know how often I have expressed my desires of having a piece of land, and if we could come to an understanding, I on my part will do a little sacrifice in trying to obtain some. — With best regards, and best wishes for your good health, I am as always, affectionately yours, Arturo. — P. S. If you can’t write, please advise Maria if you don’t want to wait till Sunday. ’
“Que las tres fincas dadas a garantía por Andrew Peter Drew al demandante Pinto aparecen inscritas en el registro de la propiedad a nombre de Drew; habiendo adquirido la de 14 cuerdas, siendo ca-sado, por compra a Blasina Crespo el primero de noviembre de 1905 e inscrito la misma a virtud de un expediente posesorio en el cual se hizo constar que el valor de dicha parcela era de $160. Las dos fincas restantes de 8 cuerdas 75 céntimos y 10 cuerdas, las adquirió Drew siendo casado eon Catherine Drew, por compra a Thomas Ponan y Catalina Pickering por precio: la de 8 cuerdas de $400 y la de 10 cuerdas de $300 en escritura número 37 otorgada en Ma-natí a 22 de mayo de 1929 ante el Notario Ignacio Carballeira Ca-ñellas.
“Que para los efectos contributivos, la finca de 14 cuerdas está valorada por Tesorería en $1,180 y paga $26.68 anuales; la finca rústica de 8.75 cuerdas está valorada en $590 y paga $13.34 anuales y la finca de 10 cuerdas está valorada en $580 y paga $13.12 anuales.
“Que el demandante Arturo Pinto aparece comn contribuyente sobre la propiedad en el municipio de Manatí, para el año econó-mico de 1930-31, poseyendo las siguientes propiedades: un solar de 400 metros cuadrados con dos casas ubicadas en la calle Barbosa de Manatí, valorado en $1,800 y una finquita rústica de 8 cuerdas va-lorada en $300.
“Que allá por el día 9 de abril de 1929 y en el barrio Coto de Manatí, Andrew Peter Drew acometió y agredió a Rosalía Kelly cau-sándole varias lesiones y contusiones en distintas partes del cuerpo, por cuya virtud el referido Andrew Peter Drew fue procesado ante la Corte Municipal de Mlanatí, dictándosele sentencia el 11 de abril de 1929 condenándole a pagar $50 de multa o un día de cárcel por cada dólar que dejase de satisfacer.
“Que a consecuencia del acometimiento y agresión realizado por Andrew Peter Drew en la persona de Rosalía Kelly, ésta radicó, ante la corte de distinto de San Juan, demanda en resarcimiento de daños y perjuicios contra aquél (Caso civil 9331) reclamándole la cantidad de $2,000 en concepto de indemnización. Dicha demanda fué radicada en la corte de distrito de San Juan, el 22 de abril de 1929.
“Que Andrew Peter Drew falleció en Manatí, P. R., el día pri-mero de julio de 1930 sin dejar ascendientes ni descendientes de clase alguna y dejando cuatro hermanos nombrados Thomas, Mary, Margaret y Catherine P. Drew.
“Que en 28 de agosto de 1930 se radicó ante este tribunal por el de-mandante Arturo Pinto un informe por escrito notificando a la corte ',el fallecimiento del referido Drew, sin baber dejado hijos, esposa ni parientes cercanos y haciendo constar que el informante era apode-rado del fenecido al tiempo de su fallecimiento, con poder ante No-tario, el cual acompañó a dicha solicitud y solicitando, al propio tiempo, que de acuerdo con las disposiciones del artículo 21 y 22 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales se tomasen aquellas medidas pertinentes por la corte para proteger los bienes relictos del óbito de Drew.
“Por la escritura de poder que acompañó el demandante a su so-licitud, ha quedado demostrado que Mr. Andrew Peter Drew otorgó a favor de Arturo Pinto el demandante, por la escritura número 17 de fecha 17 de mayo de 1929, otorgada ante el Notario R. A. Quirós Méndez, poder general amplio para administrar todas las propie-dades del poderdante, recaudar sus rentas y productos, cobrar cuen-tas adeudádales, comprar bienes, vender los ya poseídos y, en fin, ejercitar todos aquellos actos relativos a la persona y bienes de Mr. Drew.
“Que al día siguiente del fallecimiento de Andrew Peter Drew el demandante Pinto en unión de su madre María Andino y su es-posa Juana Rosado se personaron en la residencia del fenecido e ini-ciaron úna búsqueda en los baúles de aquél recogiendo ciertos docu-mentos y mandando a quemar el resto. ’ ’

Expuesto lo que antecede, siguió diciendo la corte senten-ciadora en su relación del caso y opinión:

“Probados los extremos anteriormente expuestos, quedan dos úni-cas cuestiones primordiales en disputa a resolver.
“Si las escrituras de hipoteca otorgadas por Andrew Peter Drew a favor de Arturo Pinto fueron simuladas.
“Y; si las cantidades satisfechas por Arturo Pinto, en vida de Mr. Andrew Peter Drew y a nombre de éste, lo fueron con dinero de aquél en calidad de préstamo a éste, o si dichos pagos sólo re-presentaban parte de las facultades que como apoderado de Drew poseía Pinto.
“Del conjunto de toda la evidencia aportada en este caso', la Corte arriba a la conclusión de que las dos escrituras de constitución de hipoteca fueron simuladas, sin que mediara consideración alguna en sus otorgamientos.”

Expresa entonces extensamente los motivos que la lleva-ron a la anterior conclusión, y con respecto a la segunda cuestión que anunciara, dice:

“En cuanto a las cantidades reclamadas por el demandante en su segunda causa de acción opinamos que aparte de que muchas de las partidas constantes en el detalle adjunto a la demanda no han sido satisfactoriamente probadas, surge en nuestra mente una gran duda respecto a las condiciones en que el demandante Pinto, efec-tuaba esos pagos a nombre de Drew. Y esa duda tiene como funda-mento el hecho de que, siendo Pinto apoderado de Andrew Peter Drew, según la escritura de poder número 17 de 17 de mayo de 1929, otorgada ante el Notario R. A. Quirós Méndez, y siendo ese poder tan amplio que, no sólo se le otorgaba por el poderdante facultad para recibir los productos y rentas de las fincas, sino hasta para ven-derlas e hipotecarlas, no nos ha convencido el demandante de que esas cantidades por él pagadas a nombre de Drew, lo hubiesen sido con dinero de su peculio, porque, muy bien pudieron haber sido he-chos los pagos con el dinero de Mr. Drew, ya que Pinto era apode-.rado y la persona que manejaba todos los intereses del finado.”

No conforme el demandante apeló para ante esta Corte Suprema. Diez y ocho errores señala en su alegato, refirién-dose los dos primeros a la moción eliminatoria y a las excep-ciones previas presentadas por el demandado. A nuestro juicio ninguno de ellos fue cometido.

Quizá hubo exceso de alegaciones en la contestación, re-peticiones innecesarias y apreciaciones impertinentes que es-trictamente debieron eliminarse, pero al no acceder a ello estamos convencidos de que la corte no cometió error perju-dicial alguno.

Por la excepción se suscitó la cuestión de que la con-testación no aducía becbos suficientes para determinar una causa de oposición porque no siendo los demandados herede-ros forzosos sino voluntarios no tenían derecho alguno a ale-gar la simulación de las escrituras otorgadas por Andrew Peter Drew.

Son herederos los que por disposición del testador o por 'ministerio de la ley suceden al difunto a su muerte y a título universal en todos sus derechos y obligaciones, dividiéndose en testamentarios o instituidos y en legítimos o abintestato, siendo los primeros los que se subdividen en forzosos y vo-luntarios. 17 Enciclopedia Jurídica Española 715.

Aquí no bubo testamento. Tampoco descendientes ni as-cendientes. Sólo existen al parecer hermanos que la ley llama en tal caso a la herencia. Su interés es manifiesto. De los hechos que exponen en su contestación no se deduce que fuera la voluntad de su causante la de reconocer graciosa-mente y para siempre a Pinto la suma que trata éste de co-brar en su demanda; al contrario, de ellos resulta que el re-conocimiento de la deuda se hizo sólo temporalmente que-dando Drew en posesión de un contradocumento otorgádole por Pinto.

Dice Manresa en sus Comentarios al Código Civil:

“Tiene declarado la jurisprudencia en sentencia de 18 de abril de 1901, de acuerdo con la regla aquí formulada, que ‘quien no ha sido parte de un contrato, ni tiene causa ni representación de los que intervinieron en él, es evidente, conforme a lo dispuesto en los arts. 1257 y 1302 del Código Civil, que carece de acción y persona-lidad para impugnar la validez de aquél.’
“Como se ve por la misma doctrina, y es de toda evidencia, corresponde a los herederos deducir la acción de nulidad; pero esto se encuentra subordinado a que sus causantes pudieran haberla in-tentado, y así se declara en la doctrina que con motivo del artículo 1306 recogemos.” 8 Manresa. Comentarios al Código Civil 738, Bd. 1901.

T en este caso el causante hubiera podido oponer la si-mulación a la reclamación de Pinto.

Tampoco se cometió el tercero de los errores seña-lados. La Corte no erró al admitir prueba sobre el proceso que se siguiera a Andrew Peter Drew por acometimiento y agresión a Rosalía Kelly. La evidencia, unida a otra que luego se aportara, tendía a explicar el motivo de la simula-ción alegada por los demandados y era, en tal virtud, perti-nente.

Los errores cuarto y décimoquinto están estrecha-mente relacionados. Sostiene el apelante que la corte erró al declarar probada la existencia de nn pleito iniciado por Eosalía Kelly contra Andrew Peter Drew en reclamación de daños y perjuicios con motivo de haber sido acometida y agre-dida por Drew y en haber decretado que se uniera a los autos, tomándola luego en consideración para dictar su senten-cia, cierta certificación relativa a la existencia de dicho pleito cuya admisión negó cuando fue presentada en evidencia por los demandados.

Nos inclinamos a creer que erró la corte sentenciadora al actuar en la forma indicada, pero su error no debe ser mo-tivo de revocación porque no perjudicó al demandante ya que el hecho de la existencia del pleito se encuentra demostrado por prueba independiente de la certificación.

El error décimoctavo se formula así:

“Erró la Corte al decretar la nulidad de las hipotecas del deman-dante, sin que hubiera mediado una contrademanda de los deman-dados solicitando específicamente dicha nulidad, amén de que los de-mandados no< establecieron su capacidad de herederos de Andrew Peter Drew.”

La sentencia se limitó a declarar la demanda sin lugar, por supuesto, sobre la base de la no existencia de los créditos garantizados con las hipotecas. Bajo las circunstancias del caso, no creemos que fuera necesaria la radicación de una contrademanda. La simulación pudo alegarse como se alegó en la contestación como materia nueva constitutiva de de-fensa y oposición a la demanda.

T en cuanto a que los demandados no probaron que fueran los herederos de Andrew Peter Drew, bastará decir que la demanda se interpuso contra los herederos desconoci-dos de Drew, que los demandados comparecieron alegando su condición de herederos por ser hermanos de Drew y no exis-tir testamento, ni descendientes ni ascendientes, enmendando entonces el demandante su demanda incluyéndolos como de-mandados, y que al terminar su caso el abogado de los de-mandados dijo y quedó en el récord sin objeción alguna lo que sigue: ‘‘Abogado Sr. Mendín. Se admitió por la parte contraria que los demandantes son componentes de la suce-sión Drew y omitimos presentar este expediente. Es nuestro caso.”

Ello era suficiente para reconocerles personalidad en el pleito. La herencia de Drew no fué adjudicada en el mismo. Eué liberada simplemente de la reclamación del demandante. No hubo error.

Los errores 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 16 se re-fieren a la apreciación de la prueba en relación con la simu-lación. Los estudiaremos conjuntamente.

¿Demuestra la evidencia practicada que las escrituras de hipoteca no constituyen la expresión de la verdad? Veá- ■ moslo.

La evidencia presenta a Andrew Peter Drew a la fecha de los sucesos origen de este pleito como un anciano, de es-tado viudo, que envejeció trabajando en fábricas de azúcar en el empleo que se conoce como “azucarero,” y estaba en posesión de tres pequeñas fincas rústicas adquiridas siendo casado. En abril de 1929 se le denunció ante la Corte Municipal de Manatí por haber acometido y agredido a Eosalía Kelly y según la copia de la sentencia dictada por dicha corte el día. once de dicho mes y año, se le declaró culpable. So-licitó de la corte que suspendiera la ejecución de la sentencia en atención a su edad. — más de ochenta años — -y la corte ac-cedió.

Poco después recibió unos documentos. Mandó a buscar a Manuel Marchan González y, según éste declara:

“Me dijo que la señorita Eosalía lo había denunciado otra vez y me enseñó unos papeles, y le dije, que no era denunciado, sino que era una demanda por daños y perjuicios, y me habló para que fuera a donde el Ledo. Eodríguez Cebollero para que se encargara de la defensa y me aplazó para buscar dinero para ello, y a los dos •días me mandó donde el Sr. Santiago Crespo para que mandara el dinero para entregar a Eodríguez Cebollero, y me entregó Santiago Crespo ocho 'pesos, dos para mis gastos y seis para el Ledo. Eodrí-guez Cebollero.* F.uí a San Juan al di a. siguiente y-entregué a-1 Ledo. Eodríguez Cebollero los papeles y di la razón de Drew y entregué los seis pesos y el Ledo. Rodríguez Cebollero bizo una declaración jurada o affidavit de mérito para el traslado del caso.”

Santiago Crespo, a quien el testigo se refiere, declaró que tenía arrendadas veinte y cuatro cuerdas de terreno a Drew por ciento cincuenta pesos al año, pagando el canon a Drew y últimamente a Pinto, su apoderado, a quien llegó a satis-facer $82.50. Dijo que Drew vivía pobremente, solo, en una casa con escasos muebles, trabajando siempre basta morir, que era “un hombre que no estaba por orgullo.”

El apoderado Pinto es el demandante en este pleito. Pa-, rece que tenía una estrecha amistad con Drew. Cuando Drew vino a San Juan a hacerse reconocer en el Hospital Presbi-teriano, se hospedó en su casa, encargándose Pinto de todas las diligencias y del pago de todos los gastos, y cuando se vió demandado por Rosalía Kelly a Pinto recurrió en soli-citud de auxilio. Fuá Pinto el que hizo que interviniera el abogado Cruzado Silva a quien pagó por honorarios primero veinte y cinco pesos y luego ochenta en diciembre Io. y diciembre 16, 1929, respectivamente, habiendo pagado antes, en mayo 5, 1929, por igual concepto al abogado Rodríguez Ce-bollero diez dólares. Todo esto consta de la prueba del pro-pio demandante.

Contestando a repreguntas del abogado de los demanda-dos declaró Pinto que era un empleado de correos que ga-naba ciento ochenta pesos mensuales, que estuvo en Nueva York y empezó a trabajar en una fábrica de jabón como obrero, regresando a Puerto Rico con seis mil pesos ahorra-dos. Abrió una cuenta en el Banco Territorial de Manatí y la mayor parte del dinero se la dió a guardar a su padre, sin poder precisar la cantidad porque de eso hacía a la feoha del juicio — marzo de 1931 — unos ocho años.

Repreguntado: “¿Cuándo usted le dió los dos primeros mil dólares a Mr. Drew, objeto de la escritura No. 35, cómo hizo esas entregas a Mr. Drew?” Contestó: “Mi padre me salió a coger prestado un dinero o salí a comprar la finca y no me la vendió y después tuvo ciertas necesidades y había cierta amistad entre él y yo y me pidió dinero prestado y le dije a mi padre: si fulano va a donde tí dale el dinero.”

Siguió contestando que le hizo tres préstamos, no recor-dando las fechas. No conservó los datos. Dijo que habién-dose otorgado la escritura, documento público, le parecía que todo lo otro era nulo.

La segunda escritura de hipoteca se otorgó tres días des-pués de la primera. Dijo Pinto que le había entregado los dos mil dólares a Drew en dinero pareciendo indicar que lo hizo a presencia del notario mismo, y cuando se le llamó la atención de que el notario no daba fe en la escritura de la entrega del dinero, contestó: “De eso no sé; no puedo responder. Habría que llamarle la atención a él.”

Al pedirle que explicara cómo no obstante haber percibido Drew esa suma de dinero el mismo día aparece él, Pinto, pagando por Drew al Notario los honorarios, manifestó: “Voy a explicar. El individuo necesitaba dos mil pesos y los necesitaba completos y dice: paga al abogado que tú y yo después arreglamos eso. El necesitaba no sé para qué negocio los dos mil pesos completos.”

Catorce días después, el 17 de mayo de 1929, Drew otorgó poder general por escritura pública a Pinto y explicando éste los motivos que existieron para ello, dijo: “Porque se sentía malo y necesitaba a uno que pudiera ir al campo y aten-derlo.”

Aunque en realidad de verdad no puede asegurarse que fuera imposible que Pinto regresara de los Estados con seis mil dólares ahorrados del producto de sus jornales o que con el sueldo que tenía pudiera sufragar sus gastos y ahorrar ■cuatro mil dólares para prestarlos a Drew, comienza a lla-mar la atención que ello pudiera ser así.

Y sigue llamando la atención que puestas en tela de jui-cio las escrituras, Pinto no explicara con datos precisos cómo y cuándo se hicieron los tres préstamos que se refundieron en la primera hipoteca de dos mil dólares, tratando de ha-cerse fuerte en lo consignado en el mismo documento, tanto más cuanto que luego declaró que llevaba una especie de con-tabilidad, y continúa la atención intensificándose cuando surge el segundo préstamo de dos mil dólares y Pinto se muestra ignorante del uso que Drew hiciera del dinero así adquirido, habida en consideración las íntimas relaciones que con él te-nía que culminaron en el otorgamiento unos días después del poder generalísimo, subiendo de punto lo raro del caso si se toma en consideración el valor de las fincas y que Drew sólo era dueño de la mitad de las mismas correspondiendo la otra mitad a los herederos de su esposa.

Todo ello, por sí solo, no podría servir de base, sin embargo, para dejar de reconocer eficacia a las escrituras. Pero hay más. Los amigos y relacionados que visitan a Drew no advierten cambio alguno en su vida — que califican de pobre. Ningún nuevo negocio emprende. Ninguna cuenta pendiente salda. Al contrario, según la prueba del propio demandante es éste el que tiene que pagar todo por él. Los dos mil dó-lares se esfuman sin que dejen el más leve rastro.

T aun hay más. Cuando llegan los últimos momentos de Drew, ningún familiar está a su lado. Es Pinto el que dis-pone, el que lo ordena todo. ¿Y cómo actúa? Lo sabemos a virtud de la deposición de Hermenegilda Colón y de las de-claraciones de Natividad Menéndez e Inés Collazo.

Hermenegilda Colón aseguró que había escuchado de la-bios del propio Drew que había hecho una hipoteca simulada con Pinto, ampliando luego su contestación así: “El me dijo que había hecho una hipoteca simulada por haber tenido él un pleito con Rosalía Kelly ... El me dijo que había hecho un contradocumento.” Y aseguró que vió a Pinto en casa de Drew “un día después de la muerte,” acompañado de María Andino y Juana, su madre y esposa, respectivamente, que “recogieron los baúles, rebuscaron y encontraron ciertos documentos y entonces mandaron a quemar el resto.”

Natividad Menéndez dijo que al morir Drew fué mucha gente a la casa: “la señora María Andino, el Sr. Pinto, y todos los que querían ir a ver el muerto” . . . que “la se-ñora Andino estuvo en el baúl y sacó los papeles y se los entregó a la yerna” ... la yerna es “la señora de Pinto y se fueron con los papeles y no volvieron ... la mitad de los papeles quedaron en el baúl y Arturo Pinto mandó a un se-ñor que está aquí, que viene de testigo, que los quemara.”

El testigo a que se refería Natividad Menéndez era Inés Collazo. Declaró que vivía en la “estancia del Maestro Andrew,” y que al día siguiente de su muerte quemó, por orden de Pinto, unos papeles que sacaron de un baúl que estaba abierto.

Al tomarse la deposición de Hermenegilda Colón el de-mandante bizo objeción a que declarara sobre lo que le dijo Drew y la deposición fué admitida sujeta a las objeciones consignadas. En su alegato insiste el apelante en que la prueba era inadmisible. Aceptando, sin resolverlo, que lo fuera, y prescindiendo de ella para la formación de nuestro juicio, creemos que la prueba de la búsqueda en el baúl de Drew y el apoderamiento de documentos, acto que se niega por Pinto, unida a todas las otras circunstancias que concu-rren en el caso, es suficiente para sostener la conclusión a que llegara el juez sentenciador, a saber:

“Que estas escrituras fueron otorgadas simuladamente por Mr. Drew en favor de Pinto para evadir la reclamación de daños y per-juicios interpuesta por Rosalía Kelly, surge de los propios términos de los documentos y de todas las circunstancias que rodean estas re-laciones contractuales. ’ ’

¿Tuvo también razón la corte de distrito al declarar sin lugar la segunda causa de acción?

Siguiendo en su razonamiento después de exponer lo que anteriormente transcribimos, se expresó así la corte en su relación del caso y opinión:

“De modo que, aquellas partidas que Pinto ha demostrado haber satisfecho a otras personas a nombre de Mr. Drew, el juzgador acepta como probado que efectivamente, Pinto satisfizo esas canti-dades. Ahora, ¿con dinero de quién? .¿De su poderdante o de él mismo? Ésa es la laguna que dejó sin llenar el demandante en su prueba. T nos explicamos este lapsus, porque jamás el deman-dante ni en su demanda ni en su prueba menciona el becbo de baber sido apoderado de Mr. Drew. Esta circunstancia surgió en el curso de la prueba de la demandada, quien presentó el expediente ín-tegro, incoado por el demandante, sobre administración de los bienes del finado sin parientes conocidos, unido al cual sometió en eviden-cia la escritura de poder.
“El .juzgador, con esa evidencia, no está en condiciones de deci-dir si las cantidades pagadas por Pinto a terceras personas, pueden ser consideradas como préstamos efectuados al finado Drew. Y ha-biendo una ausencia completa de prueba en cuanto a este extremo, la presunción es que tales cantidades eran satisfechas por Pinto con el dinero de las rentas de Drew, en su carácter de apoderado de éste; y siendo ello así, no puede Pinto recobrar sumas que, si bien fueron pagadas por él, no fueron desembolsadas de su peculio, sino del haber de su poderdante.”

Conocemos por la prueba que el poder fue efectivo. Por lo menos sabemos que Pinto recibió seis meses de cánones de arrendamiento de veinte y cuatro cuerdas de terreno de Drew. Oon respecto a este extremo declaró el propio Pinto: “¿Mr. Drew* tenía arrendadas sus fincas? . . ..¿A quién la tenía arrendada? — A Santiago Crespo. — ¿Cuánto pagaba? — “No recuerdo cuánto pagaba. — ¿Recibió dinero después de Drew haber otorgado la escritura de hipoteca? — Sí, señor, y se lo entregué a Drew7". — ¿Recuerda cuándo recibió el dinero?— Tendría que ver los libros para ver cuándo lo recibí. No re-cuerdo la fecha para decir tal día o mes. — ¿Cuando recibió el dinero de Crespo recuerda qué cantidad recibió? — Le digo que no recuerdo con exactitud ni cuánto fué ni el día que fue.”

Nos damos cuenta del estado de conciencia del juzgador al pesar toda la prueba practicada. Quizá haya algo de verdad en estas últimas reclamaciones, pero la falta de crédito del testimonio de Pinto en lo esencial daña su causa. Atendidas todas las circunstancias concurrentes, no creemos que el cri-terio adoptado por la corte sentenciadora fuera erróneo.

El decimosexto error se refiere a la imposición de las cos-tas. Si las conclusiones de la corte con respecto a las cau-sas de acción ejercitadas por el demandante, están bien esta-blecidas, como fiemos reconocido que lo están, entonces no fiay duda alguna con respecto a la imposición de las costas. Debe necesariamente satisfacerlas el demandante. No existe el error.

Procede la confirmación de la sentencia.


author: JUEZ ASOCIADO SEÑOR WOLE.

text:
    The Fajardo Sugar Growers Association representada por sus Trustees James Bliss Coombs, James H. Post y Lorenzo D. Armstrong, demandante y apelante, v. William P. Kramer, Jefe del Servicio Forestal Insular, Valeriano Flores, Guardabosques y Antonio González, demandados y apelados.
    No. 4531.

       Nota: Véase la opinión de la mayoría en la página 348.

   OPINION DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SEÑOR WOLE.

A mi juicio, el caso de People of Puerto Rico v. Livingston, 47 F. (2d) 712, es decisivo de éste. No puede" distinguirse por el hecho de que la Srta. Livingston permaneciera en po-sesión de su propiedad. Si hubiesen prevalecido los esfuer-zos de algunos de los funcionarios del Departamento del Interior, ella habría sido privada de la posesión. Cuando el derecho de posesión es claro, el accidente de la privación de la posesión material no debe predominar. La demandante tenía un título debidamente inscrito, y el derecho de posesión lo seguía, por lo menos prima facie. Así, pues, era menester que el gobierno demostrara que la demandante no era un tercero. El caso de Livingston establece terminantemente que el comprador puede confiar en un título inscrito. Tam-poco fue el derecho de un tercero destruido a causa de una tentativa que se hizo en 1878 para declarar caducada la con-cesión. Un comprador no estaba obligado a inquirir sobre las posibilidades de una abrogación. Torres v. Lothrop, Luce & Co., 16 D.P.R. 180, 231 U. S. 171. A mi juicio, los actos de los agentes del gobierno en 1921 o en cualquiera otra fecha no montaban a la incautación de la posesión de la propiedad, y las tentativas posteriores de supuestos agentes de El Pueblo para tomar posesión caerían, a lo sumo, dentro de la categoría de actos meramente tolerados. Artículo 446 del Código Civil, Compilación de 1911.

Insistiendo un poco más en la supuesta abrogación, nada bay en los autos que demuestre que Benjamín Noble tenía aviso de la llamada incautación. La declaración de revoca-ción de una concesión no surte efecto basta que sea comuni-cada al concesionario. Non constat que el Gobierno español, con o sin la intervención de Benjamín Noble, abandonó su propuesta incautación. Sostengo, además, que no bay in-cautación sin penetración material, y esto no aparece de los autos.

Estoy autorizado para decir que el Juez Asociado Sr. Aldrey está conforme con esta opinión.


text:
    No. 5859.
    Cruz, apldo., v. Montañez, Vázquez y Pinto, apltes.
    C. D. San Juan.
    Mayo 4, 1933.
   Examinados los autos y apareciendo que está envuelta en este caso una cuestión similar a la que acaba de decidirse en el recurso No. 5860, Jesús Pérez Cosme v. Vicente Montañez, Juana Beatriz Vásquez y Severa Pinto, sobre rectificación de escritura; por los motivos consignados en la opinión emitida en el dicho recurso No. 5860, se confirma la sentencia aquí apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan el 26 de marzo de 1931.


author: Juez Asociado Sr. Hutchison.)

text:
    No. 285.
    Annoni et als., peticionarios, v. Corte de Distrito de Mayagüez, Hon. Charles E. Foote, Juez, dmda.

    Mayo 25, 1933.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

No habiendo los peticionarios demostrado la necesidad o proce-dencia de una resolución de su moción sobre nulidad de los procedi-mientos habidos en el caso de referencia como cuestión previa al cumplimiento de lo prescrito por la Sección 84 del Código de Enjui-ciamiento Civil, no ha lugar al auto de 'mandamus solicitado.


text:
    No. 898.
    Franceschi et als., peticionarios, v. Corte de Distrito de Ponce, Hon. D. Sepúlveda, Juez, y López de Tord & Zayas Pizarro, opositores.

    Mayo 17, 1933.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Córdova Dávila.) Dávila.)

El abogado de los peticionarios lia insistido en que sean elevados a este Tribunal ciertos documentos que considera necesarios para la resolución de las cuestiones planteadas. Durante la vista de este recurso de certiorcuri hicimos saber a los abogados de las partes que acordaríamos en su oportunidad la remisión de estos documentos en caso de que lo creyéramos procedente, y habiendo examinado dete-nidamente los autos, ordenamos que por el Secretario de esta Corte se expida el mandamiento correspondiente para que se unan a los autos, por cuenta de los peticionarios, los récords taquigráficos de las vistas celebradas en noviembre 17 de 1930, mayo 19, junio 27 y junio 30 de 1932, debidamente aprobados por el tribunal inferior, así como una exposición de la evidencia admitida en la vista sobre estos procedimientos, que tuvo lugar en agosto 23 y 24 de 1932.


author: Juez Presidente Sr. del Toro.)

text:
    Ex parte Morales, peticionario.
    Junio 6, 1933.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. del Toro.)

POR cuanto, si bien la certificación acompañada por el peticio-nario a su solicitud de mayo 31, 1933, revela que ba registrado su comparecencia como uno de los abogados de récord en varios casos tramitados en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico, no demuestra satisfactoriamente que hubiera estado ocupado activamente en el ejercicio de la abogacía durante dos años o más, incluyendo por lo menos un año de ejercicio en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico;'

PoR tanto, vistos la sección 4 de la Ley No. 17 de 1925, sobre la materia, tal como sigue rigiendo en la actualidad, y lo resuelto por esta Corte en Ex parte Ramón Díaz Collazo el 9 de mayo de 1914, no ha lugar a admitir al peticionario al ejercicio de la aboga-cía sin examen.


text:
    No. 2.
    Aguadilla Lighter & Storage Co., dmdte., v. El Superintendente de Seguros de Puerto Rico, Augusto R. Soltero, dmdo.
    Junio 15, 1933.
   Examinadas las alegaciones y el expediente en este caso, por los motivos consignados en la opinión emitida en el de The Mayagüez Dock & Shipping Company v. El Superintendente de Seguros de Puerto Rico, Augusto R. Soltero, en el día de hoy, el asunto se de-vuelve al Superintendente de Seguros para que lo abra de nuevo a investigación j lo resuelva de acuerdo con los hechos y las circuns-tancias que concurran y habiendo en consideración lo expuesto por esta corte en su indicada opinión.


text:
    No. 5657.
    Cordero, aplte., v. Comisión Industrial de Puerto Rico, aplda.
    C. D. San Juan.
    Julio 11, 1933.
   Por los motivos consignados en la opinión emitida con esta misma fecha en el caso No. 5658, Isidoro Pagán González et al. v. Comisión Industrial (pág. 320), se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan en el caso de epígrafe con fecha 6 •de marzo, 1931.


author: Juez Asociado Sr. Hutebison.)

text:
    No. 5794.
    Rubert Catalá, hoy su Sucesión, aplte., v. Cabo, apldo.
    C. D. San Juan.
    Julio 19, 1933.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutebison.)

PoR CUANTO, la única contención del apelante es que “La corte inferior cometió error; 1. Al apreciar las pruebas presentadas en el pleito”, y “2. Al condenar a la parte demandante-apelante a pa-gar las costas del litigio.’-’

PoR CUANTO, el juez de distrito en su relación del caso y opinión lia establecido como probados los siguientes beehos:

“. que jm o] número 9 de la calle del Cristo existe una casa, la que según apreciamos en nuestra inspección ocular, por su aspecto exterior revela se trata de dos edificios do distinta arquitectura: una do dos plantas con azotea, y la otra de tres plantas y azotea. La entrada común a ambas casas está en la calle del Cristo, que os la que tiene el número. Entrando- en la casa apreciamos la existencia de dos patios: uno anterior y otro posterior. A. estos patios dan varias galerías y habitaciones que corresponden tanto al demandante como al de-mandado. En el piso principal hay dos balcones y galerías completamente inde-pendientes y separadas y que corresponden también a cada una de las mitades o ■dependencias de la casa poseída por las partos en esto pleito. De las copias de las escrituras otorgadas y do una relación extensa de las inscripciones de estas fincas en el registro de la propiedad, aparece que esta finca nunca se inscribió proindivisa, sino que desde un principio se inscribió: primero, la mitad que corresponde al demandado, y después, la mitad adquirida por el demandante. También aparece del registro que cada una de estas mitades ha sido objeto de distintas contrataciones, tales como ventas y garantías de créditos hipotecarios, sin que ninguno de los comuneros o dueños haya pedido la comparecencia y el asentimiento del otro. . . .
“Es un hecho probado que en este caso no está inscrita la finca a nombre de las partes como comuneros, sino que cada uno tiene inscrita su mitad separada e independiente. Estudiando la certificación del registro, que es el exhibit No. 1 del demandado, aparece que la primera operación hecha es una anotación de sus-pensión a virtud de auto expedido por el juzgado de primera instancia de San Francisco de esta ciudad en pleito declarativo de menor cuantía. Fué heeha en octubre 19, 1894. El primer asiento definitivo de la finca lo fué en cuanto a la mitad que corresponde al hoy demandado y a virtud de un expediente posesorio.
. . . La otra mitad, o sea, la perteneciente al demandante se inscribió en el re-gistro en 27 de diciembre de 1900, también con colindaneias específicas y a vir-tud de un expediente posesorio iniciado a nombre de la sucesión Caraeena. La inscripción de este expediente posesorio fué suspendida por el registrador hasta tanto no se citara a los dueños de la otra mitad de la finca ya inscrita previa-mente.
"... También de los recibos de contribuciones apiareee que cada una de las partes paga sus contribuciones separadamente; el demandado por la calle •del Oristo número 9, y el demandante o sus causahabientes, por la del Cristo número 9, esquina Alien. Además hay prueba de que la parte demandante había dado en arrendamiento al propio demandado la mitad de la casa de su propiedad por un canon de $100 mensuales y percibía estas rentas exclusivamente.
“Yendo aliora a la prueba testifical, la prueba del demandante nos demues-tra que éste hace las reparaciones que estima convenientes en su casa; arrienda y cobra los alquileres, y paga las contribuciones por la misma. Todo lo que ocurre, según declaró el testigo Sr. Soler, es que el demandante quiere edifiear y no le es posible porque la edificación que lia liecho Cabo se lo impide. No hay más prueba de tal impedimento, y no pudimos encontrarlo nosotros tampoco en la inspección ocular que hiciéramos a ese sitio. El testigo perito ingeniero Sr. Eossas, cree que es muy difícil la división de la casa, a menos que se hagan obras de gran importancia, toda vez que el solar es irregular y sería sumamente difícil edifiear en el mismo.
“Por su parte, el demandado declara que nunca ha intervenido en la casa de la esquina excepto cuando la tuvo arrendada; que nadie interviene con la suya; que hace y ha hecho reparaciones y mejoras en la casa de su propiedad; que de tales reparaciones y mejoras notificó al apoderado entonces de la otra mi-tad de la casa, y que nadie intervino en la administración de su propiedad. También declararon dos peritos ingenieros, los que identificaron un plano que levantaron de la casa y fué ofrecido como prueba y explicado detallada y minu-ciosamente a la corte, por el perito Sr. Totti. Do acuerdo con este plano, el área total de la casa es de 392 metros cuadrados, de los que hay edificados 172 en la parte de Oabo y 181 en la de Hubert, existiendo 39 metros de patio comunes a ambas edificaciones. Estos peritos declararon que la propiedad actual de Oabo tiene un valor de $17,000 y la de Hubert de $12,000 a $15,000, y que todo el edificio vale más o menos $30,000. La declaración de Totti es significativa en el sentido de que tal como lo explicó sobre el plano, y sobre el terreno, con muy poco gasto cada casa puede independizarse, toda vez que los patios son comunes para ambas, y la situación especial del inmueble permite se haga una separación en tal forma, que cada dueíío disfrute de su propiedad sin intervención en la posesión del otro.”

Pob cuanto, de la reseña de los lieelios que acabamos de- extrac-tar claramente resulta que de hecho la propiedad ha sido dividida hace muchos años ya y constituida en dos casas separadas e inde-pendientes, excepto en cuanto al zaguán, a la escalera y a los dos patios, los cuales de común acuerdo tácito se utilizan indistintamente por los dueños de ambos predios para la conveniencia de ambos.

Pob cuanto, no encontramos ni error tan manifiesto en la apre-ciación de la prueba que justifique una revocación de la sentencia apelada ni abuso de discreción en la imposición de las costas al de-mandante.

PoR tanto, se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan en mayo 6, 1931.


author: Juez Asociado Sr. ’Wolf.)

text:
    No. 920.
    Rodríguez, peticionario, v. La Corte de Distrito de Mayagüez, Hon. Charles E. Foote, Juez, dmda.

    Julio 28, 1933.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. ’Wolf.)

PoR cuanto, aparece en este caso que un litigante traspasó o ce-dió, antes de dictarse sentencia, su interés o causa de acción en el pleito a otra persona.

PoR cuanto, después de haberse dictado sentencia definitiva, pero antes de que se ejecutara la misma, la persona a cuyo favor se hizo la cesión solicitó de la corte recurrida que se le sustituyera como parte demandante en el pleito, a lo que accedió la corte.

Por cuanto, después de hecha la cesión, y con anterioridad a la moción de sustitución, una tercera persona embargó los derechos del demandante original en el pleito.

Por cuanto, aun en el supuesto de que el artículo 72 del Código de Enjuiciamiento Civil no dé a una corte amplias facultades para permitir intervenciones, sin embargo, lo que realmente hubo en este caso fué una subrogación.

Por cuanto, el cedente de una causa de acción no es general-mente la persona llamada a tratar de proteger las reclamaciones o intereses de terceros, sino que, salvo en casos excepcionales, es a la parte perjudicada a quien incumbe defender sus supuestos derechos.

Por cuanto, en este caso no vemos que se haya causado un ver-dadero perjuicio al peticionario y las cuestiones suscitadas no son, ni aun discrecionalmente, del todo apropiadas para ser resueltas en un recurso de certiorari.

Por tanto, debe anularse, como por la presente se anula, el auto expedido en este caso.


author: Juez Asociado Sr. Aldrey.)

text:
    No. 5402.
    Municipio de Guánica, aplte., v. Comisión de Servicio Público de Puerto Rico y Municipio de Lajas, apldos.
    C. D. San Juan.
    Noviembre 9, 1933.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Aldrey.)

Siendo las cuestiones envueltas en este caso idénticas a las del caso No. 5401, Horace Havemeyer et als. v. Comisión de Servicio Público de Puerto Rico y Municipio de Lajas, resuelto en el día de hoy, por los fundamentos de la opinión de dicho caso No. 5401 se confirma la sentencia apelada que en el presente caso dictó la Corte de Distrito de San Juan en junio 4, 1930.


text:
    No. 5870.
    Russell & Co., Sucrs., S. en C., aplte., v. Gallardo, Tesorero de Puerto Rico, apldo.
    C. D. San Juan.
    Noviembre 16, 1933.
   Por los motivos expresados en la opinión emitida en el día de boy en el caso No. 5869, Horace Havemeyer, etc., v. Mamuel V. Domenech, Tesorero, se revoca la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan en 6 de mayo de 1931, en tanto en cuanto se refiere a la finca El Tuque y a las 100 cuerdas de la finca La Re-parada mencionadas en dicha opinión, y se condena al demandado a que devuelva a los demandantes $89.06 pagados bajo protesta sobre la finca El Tuque, y $235 de las contribuciones pagadas bajo pro-testa sobre la finca La Reparada por el año fiscal 1928-29, y se con-firma en todo lo demás dicha sentencia, sin especial condenación de costas.


text:
    No. 5871.
    Russell & Co., Sucrs., S. en C., aplte., v. Domenech, Tesorero de Puerto Rico, apldo.
    C. D. San Juan.
    Noviembre 16, 1933.
   Por los motivos expresados en la opinión emitida hoy en el caso No. 5869, Horace Havemeyer, etc. v. Manuel V. Domenech, Tesorero, se revoca la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan en 6 de mayo de 1931, en tanto en cuanto se refiere a la finca “El Tuque” y a las 100 cuerdas de la finca “La Reparada” men-cionadas en dicha opinión, y se condena al demandado a que devuelva a los demandantes $122.03 pagados bajo protesta sobre la finca “El Tuque”, y $440 por contribuciones pagadas bajo protesta sobre la finca “La Reparada” por los años fiscales 1926-27 y 1927-28 respec-tivamente, y se confirma en todo lo demás dicha sentencia, sin especial condenación de costas.


text:
    No. 5872.
    Russell & Co., Sucrs., S. en C., aplte., v. Gallardo, Tesorero de Puerto Rico, apldo.
    C. D. San Juan.
    Noviembre 16, 1933.
   Por los motivos expresados en la opinión emitida en el día de boy en el caso No. 5869, Horace Havemeyer, etc. v. Manuel V. Domenech, Tesorero, se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan el 6 de mayo de 1931, en el caso de epígrafe.


author: Juez A-soeiado Sr. Hutchison.)

text:
    Ex parte Cora, peticionario,
    Noviembre 17, 1933.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez A-soeiado Sr. Hutchison.)

Examinadas la petición que antecede y la documentación que se acompaña, vista la doctrina establecida en los casos de Ex Parte Urrutia, 43 D.P.R. 168 y 916, no ha lugar a la autorización solicitada.


text:
    Ex parte Orsini, peticionario.
    Noviembre 17, 1933.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. del Toro.)

Vista la solicitud preparada de puño y letra por el peticionario-Mario Orsini, quien es mayor de edad, natural de Vega Alta, Puerto-Rico, y ciudadano de los Estados Unidos de América, su declaración jurada, la certificación de buen carácter moral del peticionario ex-pedida por los letrados Adolfo Dones y Enrique Igaravídez, el diploma de Bachiller en Leyes otorgado al peticionario por la Suffolk Law School de Massachusetts el 15 de junio de 1933, la certificación expedida por John F. Cronin, Secretario de la Corte Suprema Judicial de Massachusetts de la que aparece que la Suffolk Law School puede bajo las leyes de Massachusetts conferir el grado de Bachiller en Leyes y que sus graduados son admitidos a la práctica de su pro-fesión en el Estado de Massachusetts sin limitación o restricción al-guna siempre que cumplan con los requisitos que la Junta Exami-nadora de Abogados exija tanto en cuanto a su carácter como a sus conocimientos legales según se demuestren en el examen escrito que todos los aspirantes deben pasar, la carta del Decano de la indicada Escuela, Sr. Archer, dirigida a la Junta Examinadora de Abogados de Puerto Rico creditiva de que la Suffolk Law School exige a sus graduados (a) asistencia a clase por cuatro años académicos, (ó) prueba satisfactoria de por lo menos cuatro años de escuela superior, (c) prueba de buen carácter moral, (d) que hayan llegado a la edad de 21 años, (e) un promedio de 70 o más en cada asignatura o curso de estudios, habiendo el peticionario Orsini comenzado a estudiar en dicha Escuela en septiembre de 1929 y graduádose de Bachiller en Leyes en junio de 1933, y la carta del Presidente de la. Junta Examinadora de Abogados del Estado de Massaclnisetts, Sr. Hitchcock, creditiva de que los graduados de la Suffolk Law School que han estudiado en dicha Escuela por cuatro años son reconocidos por la Junta como elegibles a tomar el examen como cuestión corriente; de acuerdo con la ley y el Reglamento de esta Corte, se admite a examen al peticionario en el término regular de exámenes que co-mezará en este mes de noviembre en curso.

rboursos de certiorari y mandamus deNegados POR la CORte DU-RANTE EL PERÍODO QUE CUBRE EL PRESENTE TOMO.

Por la corte, a propuesta de sus distintos jueces, se declaró no haber lugar a expedir el auto solicitado en los siguientes recursos:

Certíoraries: Nos. 906, 907, 908, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 921, 923, 924, 925, 926, 928, 929, 930, 931, 934, 935, 936, 937, 938. '

Mandamus: Nos. 285, 289, 290.

RECONSIDERACIONES DE SENTENCIAS DENEGADAS POR IjA CORTE DU-RANTE EL PERÍODO QUE CUBRE EL PRESENTE TOMO.

Por la corte, a propuesta de sus distintos jueces, se declaró no haber lugar a las reconsideraciones solicitadas en los siguientes ca-sos:

Nos. 5682, 872, 5604, 890(1), 6301, 6128, 94, 887 (1), 925, 923 (3), 6440, 896 (3), 898 (3), 5889, 6004, 936 (3), 5451, 6126, 5891, 6042, 6544. !

       Recursos Gubernativos.

       Admisión al ejercicio de la abogacía.

        Oertioraries.


text:
    No. 6392.
    Bay Shoe Company, aplte., v. Muñiz, apldo.
    C. D. Arecibo.
    Junio 13, 1933.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Vista la moción que antecede, atendidas las circunstancias espe-ciales del caso, y en particular la de que está pendiente de resolución en la corte de distrito una moción sobre prórroga de treinta días para perfeccionar la apelación interpuesta contra la sentencia de la Corte de Distrito de Arecibo, dictada en 8 de febrero de 1933, no ha lugaA' a la desestimación solicitada.


text:
    No. 6431.
    Campos del Toro, aplte., v. La Sucn. Dávila, aplda.
    C. D. San Juan.
    Julio 26, 1933.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Vista la moción que antecede y apareciendo que el apelante no ha radicado en la secretaría de este Tribunal la transcripción de la evidencia aducida en pro y en contra del fundamento número doce de la moción sobre nulidad de sentencia y otros extremos y sobre apertura de rebeldía de que se trata, dejando así de colocar a este tribunal en las mismas condiciones en que estaba el inferior para resolver las cuestiones envueltas en la apelación interpuesta contra la resolución dictada por la Corte de Distrito de San Juan en 26 de mayo de 1933, se declara con lugar la moción primeramente mencio-nada arriba y se desestima dicha apelación.


author: Juez Asociado Sr. Córdova Dávila.)

text:
    No. 6520.
    Franceschi et als., apltes., v. López de Tord & Zayas Pizarro, apldos.
    C. D. Ponce.
    Noviembre 28, 1933.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Córdova Dávila.)

Habiéndose eliminado el pliego de exposición del caso radicado .en la corte inferior por los herederos de José María Franeesehi por haberse allanado los mismos a la eliminación, haciendo constar que habían renunciado al recurso de apelación interpuesto, se desestima por abandono el referido recurso.


author: Juez Asociado Sr. Córdova Dá-vila.)

text:
    No. 6544.
    Banco de Puerto Rico, como Liquidador del Banco Comercial de Puerto Rico, dmte., v. Portela et al., dmdos.
    C. D. Humacao.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Córdova Dá-vila.)

Por cuanto, el recurso de apelación contra la sentencia dictada en este caso fué interpuesto en 18 de noviembre de 1933 y en 24 del mismo mes la parte demandante apelada solicitó la desestimación 'del mismo por ser enteramente frívolo y por haberse interpuesto con .el sólo propósito de dilatar los procedimientos y evitar que el de-mandante cobre lo que legítimamente se le debe;

Por cuanto, los apelantes, por conducto de su abogado, se opo-nen a la moción de desestimación y entre otras cosas alegan que uno de los errores en que ha de basarse la apelación es la falta de juris-dicción de la corte inferior para dictar sentencia, por ser el empla-zamiento totalmente nulo;

Por cuanto, no se ha elevado a este Tribunal el emplazamiento original ni copia del mismo para que esta Corte pueda estar en con-diciones de resolver si hay méritos o no en el supuesto vicio de nu-lidad que le atribuyen los apelantes;

Por tanto, no ha lugar a la moción solicitando que se desestime el referido recurso.

Los siguientes casos se desestimaron por haber estipulado las par-tes, o haberse allanado el apelante, a la desestimación solicitada:

Nos. 6103 y 6189.


author: Juez Asociado Sr. Wolf.)

text:
    No. 6381.
    West India Oil Company, dmdte., v. Brenes, dmdo.
    C. D. San Juan.
    Junio 7, 1933.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Wolf.)

Por cuanto, la apelada solicita la desestimación de este recurso fundándose en que la parte apelante no ha sido diligente en la tra-mitación del mismo y especialmente por no haber presentado la trans-cripción de evidencia dentro de las varias prórrogas concedidas por la corte inferior.

Por cuanto, el apelante en su contestación a la moción para des-estimar y en el juramento a ella acompañado demuestra a satisfac-ción de esta corte que ña sido en verdad diligente en tratar ele ob-tener las notas taquigráficas dentro del período prorrogado:

Poe tanto, no ña lugar a la desestimación solicitada.


text:
    No. 6497.
    Rosario, et al., dmtes., v. Suárez, et als., dmdos.
    C. D. Aguadilla.
    Noviembre 28, 1933.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Wolf.)

Celebrada la vista de la moción para desestimar; apareciendo de las alegaciones y de la prueba acompañada que en septiembre 8, 1933, la corte inferior negó a los apelantes la última prórroga que le pidieran para radicar la exposición del caso; no habiendo los ape-lantes presentado el récord en este Tribunal ni solicitado prórroga a dicho fin, y atendidas finalmente las explicaciones de los apelantes en carta abierta por su abogado quien no hizo objeciones a la .deses-timación, se declara con lugar la moción y en su consecuencia se des-estima el recurso de apelación que se estableció en este caso contra sentencia de la Corte de Distrito de Aguadilla en mayo 20, 1933.


text:
    No. 6333.
    Sucrs. de L. Villamil & Co., S. en C., aplte., v. Pacheco, et als., apldos.
    C. D. Humacao.
    Diciembre 5, 1933.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Aldrey.)

PoR cuanto, la parte apelada nos pide que desestimemos esta apelación diciendo que 1a. transcripción de los autos fue presentada en este tribunal después de los treinta días siguientes a haber sido aprobada la transcripción taquigráfica de la evidencia, que han trans-currido cinco meses sin que el apelante haya presentado su alegato para sostener este recurso y que la apelación es completamente frí-vola:

Por cuanto, la petición de desestimación ha sido radicada cuando los autos de la apelación estaban presentados en este tribunal, sin que el término para presentarlo sea jurisdiccional. Santiago et al. v. Noa et al., 20 D.P.R. 443;

Por cuanto, el alegato de la parte apelante ha sido presentado dentro de la prórroga que con tal fin fué concedida por este tribunal :

PoR cuanto, del alegato del apelante no aparece que esta apela-ción sea frívola:

Por tanto, se declara sin lugar la moción de desestimación.

En los siguientes casos, a propuesta de sus distintos jueces, la corte desestimó los recursos por falta de diligencia o buena fe en la tra-mitación.

Nos.: 6335, 6339, 6343, 6363, 6360, 6364, 6374, 6377, 6380, 6405, 6446, 6447, 6461, 6487, 6476, 6492, 6513, 6532, 6533, 6521, 6534, 6562.


text:
    No. 6302.
    Pol Serrano, et al., apltes., v. Suau Ballester, Etc., apldo.
    C. D. Aguadilla.
    Mayo 2, 1933.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Aldrey.)

No habiendo vencido la prórroga dentro de la cual puede presen-tarse aún el legajo de la sentencia, no ba lugar a desestimar esta ape-lación por frívola, como solicita la parte apelada.


text:
    No. 6314.
    Royal Bank of Canada, apldo., v. Bravo, aplte.
    C. D. Mayagüez.
    Mayo 9, 1933.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Aldrey.)

Por Cuanto, en 18 de agosto de 1922 se registró sentencia en re-•beldía en la Corte de Distrito de Mayagüez contra Luis Bravo y contra Pedro Miguel Nieva condenándolos en términos generales a pagar determinada cantidad de dinero al Royal Bank of Canada, cuya sentencia quedó firme:

Por Cuanto, en 1932 se interpuso demanda contra Luis Bravo para hacer efectiva dicha sentencia, alegándose en ella no haber sido pagada y que Pedro Miguel Nieva fué declarado en quiebra después de aquella sentencia y exonerado de sus deudas:

Por Cuanto, el demandado Bravo excepcionó la última demanda por no aducir hechos determinantes de causa de acción y por de-fecto de partes demandadas por no incluirse en ella a Pedro Miguel Nieva; y habiendo sido desestimadas sus excepciones previas fué registrada su rebeldía y sentencia contra él por toda la cantidad de la anterior sentencia y sus intereses posteriores:

Por Cuanto, interpuesta apelación por Bravo contra esa senten-cia se solicita su desestimación por el banco apelado por ser frívola, y a ella se ha opuesto el apelante por el fundamento de que debió ser demandado también Pedro Miguel Nieva y que si por la quiebra ha sido exonerado de sus deudas, el demandante sólo tiene derecho a recobrar la mitad de la deuda declarada por la primera sentencia:

Por cuanto, ese motivo de oposición a la desestimación es insos-tenible y la apelación resulta frívola porque una sentencia en tér-minos generales contra dos demandados es solidaria y puede expe-dirse orden de ejecución contra cualquiera de ellos; Diego Agüeros & Cía v. Navarrete, 36 D.P.R. 875; 34 C. J., pág. 505, párrafo 799:

Por Cuanto, ha vencido, además, la prórroga de treinta días que fué concedida al apelante para radicar su alegato de apelación sin que lo haya presentado ni solicitado nueva prórroga para ello:

Por TANTO, debemos desestimar y desestimamos esta apelación, interpuesta el 23 de febrero de 1933.


text:
    No. 6344.
    Torres, aplte., v. Fernández, et al., apldos.
    C. D. San Juan.
    Mayo 18, 1933.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. del Toro.)

Por cuanto, se ha presentado una moción pidiendo la desesti-mación del recurso y todo lo que en ella se alega es “Que la apela-ción entablada en este caso por la tercerista-apelante es completa-mente frívola e injustificada, habiéndose interpuesto únicamente con el propósito de burlar la administración de la justicia”;

Por cuanto, en el día señalado para la vista la parte apelada se limitó a someter su moción sin argumento alguno explicativo de la misma; y

Por cuanto, están ya radicados la transcripción de los autos y el alegato de la parte apelante que tiene cinco errores señalados y discutidos en diez y nueve páginas:

Por tanto, basándose la petición de desestimación en una mera conclusión de la parte apelada, no ha lugar a considerarla y en su consecuencia se desestima.