author: En Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Providencia Gely, demandante y apelante, v. Fructuoso Rodríguez, demandado y apelado.
    No. 3528.

    Visto: Marzo 31, 1925.

      Resuelto: Julio 22, 1925.
    1. Marido t Mujer — Bienes Gananciales — Aumento de Valor en Propiedad Inmueble Privativa de un Cónyuge. — El simple aumento de valor en el mercado de una propiedad inmueble privativa no convierte dicho aumento en ganancial cuando éste proviene de la naturaleza o del tiempo.

      2. Apelación y Error — Resolución y Disposición del Oaso — Confirmación— Ausencia de Datos en Apelación para Dictar Sentencia Distinta de la Apelada. — A falta de datos precisos en la transcripción que permitan al tribunal de apelación dictar una sentencia distinta de aquella que dictó el tribunal inferior, ésta debe confirmarse.
    SentbNcia de Gabriel Gastejón, J. (Guayama), declarando sin lu-gar, en parte, impugnación a un inventario de bienes presentado por los demandados.

      Confirmada.

      José F. Aponte, abogado de la apelante; Manuel A. Martínez Dá-vila, abogado del apelado.
   En Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Providencia Gely entabló demanda de divorcio contra su esposo Fructuoso Rodríguez y obtuvo sentencia favorable a sus pretensiones. Nombróse un contador-partidor para li-quidar los bienes, pero no llegó a desempeñar su cometido. Murió. Rodríguez y sustituido que fué por sus herederos, Providencia Gely pidió a la corte que ordenara a éstos que presentaran un inventario de los bienes. Así lo hicieron. Providencia Gely lo impugnó. Se celebró una vista en la que ambas partes aportaron pruebas y la corte finalmente dictó sentencia declarando con lugar la impugnación en cuanto a dos casas fabricadas con posterioridad a la disolu-ción de la sociedad de gananciales pero con anterioridad al inventario, ordenando su inclusión en éste, y sin lugar en cuanto a sus demás extremos, sin especial condenación de costas. No conforme la Sra. Gely, interpuso la presente apelación.

El inventario contiene una breve introducción explicativa de los hechos del caso y luego consigna como bienes priva-tivos del marido, 12 fincas místicas, 2 urbanas, 85 cabezas de ganado, 8 caballos, 2 yeguas, 2 burros, 1 calesa y el mobi-liario de la casa. No fija el valor de dichos bienes. Ex-presa que el marido los adquirió parte por herencia de su primera esposa doña Manuela Martínez y parte como ga-nanciales de su primer matrimonio, y que los dichos bienes no han sido mejorados durante el segundo matrimonio. Como bajas de los bienes privativos expresa que la finca No. 11 fue vendida. Relaciona entonces como bienes ganan-ciales una finca rústica y la suma de $4,000 depositada en la mercantil Freiría & Co., pendiente de la liquidación de la quiebra de dicta mercantil. Por último expresa el inven-tario que al morir el marido aparecieron en una de sus fin-cas 11 cabezas de ganado marcado como pertenecientes a otra persona.

Puede decirse que en la impugnación se acepta que las catorce propiedades inmuebles privativas lo son en efecto, pero se sostiene que fian aumentado considerablemente de valor, y se alega que el aumento es ganancial. Se designa como bienes gananciales dejados de incluir en el inventario productos de las fincas vendidas ascendentes a muchos miles de dólares, 80 cabezas de ganado y mobiliario de la casa.

Creemos que la corte actuó derechamente al declarar sin lugar la impugnación en relación con los bienes inmuebles privativos.

No se alegó que los dichos bienes hubieran aumentado de valor a virtud de mejoras realizadas por el trabajo de los cónyuges o a costa de los bienes de la sociedad de gananciales. Tal como se presentó el caso parece que se sostiene por la Sra. G-ely que el simple aumento de valor de una propiedad inmueble privativa en el mercado, convierte el aumento en ganancial, y ello no es en verdad así. Aun cuando pudiera calificarse dicho aumento de mejora, no sería ganancial. “Nada hay que decir,” expresa Manresa en sus Comentarios al Código Civil, vol. 9, p. 598, “de las mejoras provenientes de la naturaleza o el tiempo. Unidas a los bienes, van con ellos aumentando su valor en beneficio del respectivo propietario, y no exigen indemnización, puesto que no han costado desembolso alguno.”

Lo único que nos hace dudar al resolver este caso es la parte relativa al ganado y a los bienes muebles. No se explica satisfactoriamente que sólo existiera a la fecha de la disolución, el crédito de cuatro mil dólares sujeto a las re-sullas de una quiebra como se lia indicado y las once cabe-zas de ganado marcadas como pertenecientes a una persona .diferente del esposo, pero no encontramos datos precisos en la transcripción que nos permitan dictar una sentencia dis-tinta de la que dictó la corte de distrito.

La prueba aportada por la Sra. Gely tiende a demostrar que las fincas produjeron grandes sumas, pero nada esta-blece con respecto a los gastos y al beneficio líquido que pu-diera existir a la fecba de la disolución de la sociedad o de la formación del inventario.

La prueba de la Sra. Gely también tiende a demostrar que Rodríguez ocultó el ganado que tenía, ochenta cabezas, cuando se trató de trabar sobre él un embargo en el pleito de divorcio, pero nada establece con certeza con respecto a la -existencia real de ganado a la fecba de la disolución del matrimonio.

Nos damos cuenta de la dificultad en que una mujer co-locada en la posición de la demandante se encuentra para investigar y fijar bienes de la naturaleza de los que aquí se trata, pero no podemos fallar por meras suposiciones más o menos lógicas y debe merecernos crédito la actuación del juez sentenciador que estaba en mejores condiciones que nosotros.

Abora bien, aunque ello sea innecesario, parece oportuno consignar que la sentencia de la corte al aprobar el inventa-rio en la forma en que lo hizo, no resuelve de una vez y para siempre que en el matrimonio de que se trata sólo existieron como bienes gananciales los especificados en el inventario. El inventario es el primer paso en las operaciones diviso-rias y si la parte interesada encuentra más bienes que le-gítimamente correspondan a la sociedad y puede determinar-los con certeza y precisión, puede pedir a la corte que or-dene que dichos bienes sean traídos a la masa para que sean liquidados y distribuidos de acuerdo con los hechos y la ley. Quizá, aunque innecesario también, sea oportuno recordar que estos pleitos en que las partes a virtud de prejuicios y rencores no quieren ceder y obstaculizan toda resolución ar-mónica, sólo conducen finalmente a la mina. A veces es im-posible llegar a una conclusión exacta. En este caso, por ejemplo, existen doce fincas rústicas. Parece que Eodríguez era un hombre de campo. Quizá no llevaba libros de con-tabilidad. ¿ Cómo puede reconstruirse una administración de bienes así que duró varios años? Lo mismo sucede con el ganado. Hay propietarios cuidadosos que pudieran presen-tar una historia completa, pero otros no llevan la más leve nota. La buena fe; el verdadero deseo de ganar y dejar ganar; el apreciar los datos con ánimo sincero de acertar, acercándose a la mayor justicia posible, y luego el llegar a una resolución en números redondos, definitiva, sin fijarse mucho en detalles, es lo que permite solucionar pronta y de-bidamente estos problemas.

Por virtud de todo lo expuesto, se confirma la sentencia recurrida.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Aldeey,

license: Public Domain

text:
    Belisario Matta, demandante y apelado, v. Porto Rico Railway, Light & Power Company, demandada y apelante.
    No. 3535.

    Visto: Abril 14, 1925.

      Resuelto: Julio 22, 1925.
    Electricidad — Daños Causados por Corriente Excesiva — Acciones—Suficien-cia de la Prueba. — Destruida una casa por fuego, se demandó a la compañía que suministraba la corriente eléctrica en reclamación de daños y perjuicios y se le condenó a pagar $3,000 en tal coneepto. Examinada en apelación la prueba no objetada del demandante, se resolvió que, independientemente de los actos concretos y afirmativos de negligencia que se probaron, la sen-tencia apelada estaba sostenida por prueba de que la corriente eléctrica excesiva fué la causa del incendio, sin que, para llegar a tail conclusión, se tuviera siquiera que acudir a, la doctrina res ipsa loquitur.

    SENTENCIA de- Pablo Berga, J. (Humacao), declarando con lugar la demanda, sin costas.

      Confirmada.

      J. E. Brown y Clemente Buiz Nazario, abogados de la apelante; Arturo Aponte, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

La apelante Porto Rico Railway, Light & Power Co. hizo en diciembre de 1919 una instalación eléctrica en una casa de maderas que el apelado tenía en el pueblo de Fa-jardo' y le suministraba corriente eléctrica para su alum-brado. Dos años después la casa fué destruida por un in-cendio ocurrido a media noche y habiéndose establecido este pleito en reclamación de los daños y perjuicios ocasionados por el incendio al dueño de la casa, fue condenada la ape-lante a satisfacerle la cantidad de $3,000 como indemnización y la compañía estableció esta apelación.

La demanda se fundó en que la instalación eléctrica fué hecha por los empleados de la demandada de una manera tan negligente y descuidada que constituía un peligro, que era ignorado por el demandante: que los alambres que dis-currían junto a la casa y que eran propiedad de la deman-dada estaban completamente desprovistos de cubierta pro-tectora: que al notar el demandante las deficiencias de la instalación avisó a la compañía para que hiciera las repara-ciones oportunas pero la corporación demandada lejos de remediar el mal dejó pasar el tiempo hasta que la instala-ción eléctrica ocasionó el incendio: y que el fuego y destruc-ción de la casa se debió única y exclusivamente a la negli-gencia y descuido de la demandada al hacer la instalación aludida y al permitir que sus alambres en la instalación y por los alrededores de la casa estuviesen mal conectados y en mal estado de conservación, lo que sabía la demandada, y al no remediar el mal corrigiendo los defectos de la insta-lación, la que se veía desde la calle y podía ser inspeccionada por el empleado que la demandada tenía en Fajardo.

Los motivos alegados por el apelante para que revoque-mos la sentencia son que la corte inferior cometió los si-guientes errores: l9, al declarar que el incendio fué ocasio-nado por defectos en la instalación eléctrica porque no hubo prueba de que fuese ocasionado por corriente eléctrica; 29, al declarar que el incendio fué debido a la fuerza de co-rriente eléctrica que incendió los alambres de la instalación, porque no hubo alegaciones en la demanda de que el incen-dio se debió a una fuerza de corriente excesiva y que cual-quier prueba que liubo para sostener tal declaración de la corte fué admitida erróneamente contra la oposición 'y ex-cepciones de la parte demandada,- y 39, que la sentencia ape-lada está en contra del claro peso y preponderancia de la prueba.

.Para resolver el primer motivo del recurso tendremos que examinar la evidencia para decidir si bubo o nó prueba de que el incendio fué ocasionado por corriente eléctrica, haciendo constar antes que la toma de la corriente se bizo de los alambres de la compañía en un poste cercano a la casa, partiendo de allí los alambres a una esquina del bal-cón de la casa, penetrando en ella, instalándose varias bom-billas y saliendo por la esquina trasera a un árbol de mango donde se puso otra bombilla.

La siguiente evidencia del demandante fué admitida sin la objeción de la demandada: Manuel Rosa declaró que vi-vía cerca de la casa quemada: que uno o dos días antes del incendio vió salir chispas donde estaba la bombilla en el árbol de mango, del sitio donde rozaba el alambre con las hojas del árbol y se lo comunicó al dueño de la casa: y que la noche del fuego éste salía por debajo del zinc que cubría el techo de la casa. El demandante declaró que vivía con su familia en la casa que se quemó: que cuando fué hecha la instalación observó que había alambres que tenían rotas algunas partes de la corteza, como roídas por ratón, y dijo al empleado que si ofrecían seguridad: que dos o tres no-ches antes del incendio quiso encender la bombilla de su ha-bitación pero no dió luz ni tampoco la que estaba en el ár-bol, que utilizaba por las madrugadas para el ordeñado de las vacas: que a la mañana siguiente fué a la oficina de la demandada y comunicó lo ocurrido y fué enviado a la casa un empleado de la demandada nombrado Andrés, quien quitó los tapones de la instalación por estar fundidos y sin poner otros nuevos conectó los alambres directamente para que tuviera luz y ofreció volver más tarde, lo que no hizo: que esa noche notó en las bombillas una luz terrible, que se iba y volvía y se fundieron varias bombillas; que al otro día. volvió a la oficina de la compañía e bizo saber lo que pasaba,, habiéndosele contestado que las bombillas serían de mala calidad y compró otras que puso y que también se fundieron: que la luz de esa noche era muy fuerte, muy brillante, y que después de estar durmiendo fué despertado por su esposa por el incendio y en seguida vió los alambres de la corriente muy rojos y la madera encendida. Doña Clementina Gon-zález, esposa del demandante, testificó: que estando en la cama la noche del incendio sintió como a media noche un ruido muy fuerte y raro y como continuara se levantó y quiso hacer luz pero no encendió la bombilla de la habitación sino como un relámpago en el techo producido por una chispa eléctrica: que fué a la sala y tampoco hubo luz: que de allí fué al pasillo y vió que los alambres estaban muy rojos: que en seguida fué a avisar a su esposo pero ya es-taba encendida la parte de arriba: que el fuego empezó por el plafón de la casa y que esa noche antes del incendio, notó que la luz estaba muy fuerte, muy brillante y se fundieron las bombillas.

No nos parece que el solo hecho declarado de que cuando los alambres fueron puestos parecía que su cubierta estaba roída como por ratones sea suficiente para llegar a la conclti-sión de que la instalación fué hecha negligentemente y que ofrecía peligro teniendo en cuenta también que durante dos años nada ocurrió en esa instalación, pero si esas declaracio-nes son creídas hay que llegar a la conclusión de que se ha probado que fué la corriente eléctrica la que causó el incendio, sin que el hecho de que estuvieran rojos los' otros alambres más próximos a la entrada de la corriente en Iq casa sea suficiente para destruir tal conclusión, ni tampoco que el demandante no presentara evidencia pericial para demostrar la conexión que pudiera existir entre el fuego y el fenómeno que fué visto, ni que el enrojecimiento de los alambres se debiera a fuego en otra parte de la casa, pues contra todas esas alegaciones existiría el hecho de que los alambres esta-ban rojos, que el fuego comenzó en seguida por el plafón de la casa, y que los tapones o cajas de seguridad que con-tienen fusibles para impedir el paso de corriente excesiva ■habían sido quitados y que los alambres habían sido conec-tados directamente, por lo que no se puede sostener que no hubo prueba de que la corriente eléctrica fuera la causa del incendio, pues ni siquiera hay que acudir para esa conclu-sión a lá doctrina res ipsa loquitur, pues no hay que dedu-cir del hecho del incendio que éste fué debido a negligencia de la demandada porque se probaron actos concretos y afir-mativos de negligencia.

En vista de lo expuesto y estando sostenida la sentencia por la conclusión anterior, creemos que no es necesario con-siderar el segundo motivo del recurso porque aún teniendo razón el apelante en que no debió admitirse evidencia res-pecto a corriente excesiva por no haber sido ella alegada en la demanda como causa del incendio y porque se trataba de obtener esa evidencia en repreguntas a un testigo del de-mandado que no había sido interrogado sobre ese extremo, aun así tal conclusión puede deducirse de los hechos decla-rados por los testigos del demandante .cuyas declaraciones hemos extractado, pues si fueron quitados los tapones o ca-jas de seguridad y si habiendo sido conectados los alambres directamente se pusieron rojos y por la madera contigua a éstos comenzó el incendio, bien podemos concluir que con dichas declaraciones se probó que una corriente excesiva fué causa del incendio.

Al considerar el tercer motivo del recurso debemos ha-cer constar que la evidencia en este caso es fuertemente con-tradictoria, pues los testigos del demandado negaron que el demandante unos dos días antes del fuego hubiera estado en la oficina de la compañía a decir que las bombillas se fun-dían: Andrés Figueroa, indicado por el demandante como el empleado que había quitado los tapones, negó este hecho y también que hubiera conectado directamente los alambres: manifestó que la instalación estaba bien hecha, extremo que fue confirmado por otro testigo: con la declaración del jefe de la policía se quiso demostrar que en el momento del in-cendio el demandante le manifestó que la corriente eléctrica no era la causa del fuego porque su instalación estaba bien beeha y que creía que había empezado por la letrina, donde había un canasto de ropa usada, pero que al día siguiente por la mañana el demandante yarió porque le dijo que iba a reclamar a la compañía porque la instalación eléctrica era la causa del fuego, manifestación que en su primera parte fué oída por otro testigo, empleado de la compañía que averiguaba la causa del incendio: y porque un ingeniero electricista de la compañía declaró que los alambres nunca se enrojecen y que si alguien dijera que los había visto ro-jos le diría que estaba equivocado.

A pesar de estas declaraciones no creemos que con la evidencia del demandado la corte inferior tuviera que lle-gar necesariamente a una sentencia contraria a la que dictó y que no debió resolver el conflicto de la evidencia en la forma que lo hizo.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Wolf, disintió.


author: El Juez Asociado Señor FraNco Soto,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Adolfo Ruiz, Jr., acusado y apelante.
    No. 2456.

    Visto: Mayo 7, 1925.

      Resuelto: Julio 23, 1925.
    3. Derecho Penal — Juicio—Objeciones a las Instrucciones o a la Negativa de Dar éstas, y Excepciones — Mbi» de Tomar las Excepciones. — Una excepción espeeial Lecha a las instrucciones dadas al jurado debe ser espe-cífica, señalándose en forma precisa y explícita la instrucción o parte de ésta que se intenta impugnar.
    2. Deregh» Penal — Juicio—Necesidad, Requisitos y’ Suficiencia de las Ins-trucciones — Instrucciones Dadas en Tono Euerte. — Si bien las instruc-ciones dadas al jurado en un tono o diapasón fuerte son defectuosas en ese particular, no son impropias, sin embargo, cuando de ellas no se infiere nada que implique parcialidad, coacción o amenaza.
    3. Derecho Penal — Juicio—Custodia, Proceder y Deliberaciones del Jurado ■ —Ayuda al Jurado para Llegar a un Acuerdo — Instrucciones Adicto-nales. — Después que uu jurado ha estado deliberando por largo tiempo, la corte puede llamarlo j darle instrucciones adicionales con el1 fin de que llegue a un acuerdo.
    SENTENCIA de Angel Acosta, J. (Mayagüez), condenando al acusado por delito de violación.

      Confirmada.

      D. Sepulveda y Genaro Altiery, abogados del apelante; José E. Fi-güeras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor FraNco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una apelación contra una sentencia que impuso al acusado Adolfo Ruiz, Jr., la pena de quince años de pre-sidio con trabajos forzados por baber sido declarado con-victo por un jurado de un delito de violación.

El apelante señala la comisión de varios errores, pero sustancialmente ellos se refieren a las instrucciones dadas al jurado por el juez inferior.

La vista del caso tuvo lugar el 24 de enero de 1924 y el jurado estuvo deliberando desde ese día liasta el 26 del mismo mes.

El 25 de enero de 1924 el juez preguntó al jurado si ha-bían llegado a un acuerdo, y habiendo contestado el presi-dente del jurado “que no habían llegado a un acuerdo,”' dicho juez después de instruir al jurado acerca -de lo que dispone el artículo 277 del Código de Enjuiciamiento Criminal y de expresar que en el caso había amplia evidencia para llegar a un acuerdo en pro o en contra del acusado, ordenó que el jurado continuara deliberando.

El 26 de enero de 1924 preguntó nuevamente en corte abierta al jurado si habían podido llegar a un acuerdo, a lo que contestó el presidente “que no habían podido llegar a un acuerdo a pesar de los esfuerzos que todos habían he-cho.” El juez preguntó entonces al jurado “si necesitaban algunas instrucciones,” contestando el presidente del jurado-“que ñolas necesitaban porque las hubieran pedido.” No-obstante, el juez procedió a dar instrucciones adicionales.

La defensa tomó una excepción general de todas y cada una de las instrucciones de la corte al jurado y espe-cialmente excepcionó las instrucciones que versaban sobre la prueba que la corte consideró corroborante de la declara-ción de Virginia G-arcía. Como las instrucciones deben con-siderarse en su totalidad y cada una se lia de tomar en re-lación con las demás que tratan de la misma materia y no en fragmentos, la excepción que se alega haberse tomado especialmente en cuanto a la prueba corroborante de la de-claración de la ofendida, debió ser más específica, señalán-dose con precisión y explícitamente aquella instrucción o parte de la misma que se intentaba impugnar, levantando así el punto en cuestión.

Las instrucciones del juez inferior fueron bastante am-plias y abarcaron varios extremos relacionados con la prueba de corroboración y las mismas tomadas en conjunto a nues-tro juicio expresan propiamente la ley aplicable al caso en particular. El juez expresamente manifestó al empezar sus instrucciones que de acuerdo con la ley en los juicios por violación el acusado no puede ser convicto por la sola de-claración de la mujer agraviada, siendo necesario que su declaración fuese corroborada por otra prueba. El juez ex-presó también que tal declaración debió ser corroborada con los elementos esenciales que constituyen el delito y desarro-llando esta tesis indicó como primer elemento del delito la edad de la ofendida; segundo, el acto carnal, y aunque esos requisitos no hubieran sido bastantes por sí solos para sos-tener la condena, el juez se refirió en tercer lugar a la prueba directa y circunstancial que relacionaba al acusado con la comisión del delito, estableciendo entonces la verda-dera teoría de la ley, o sea, la corroboración bajo la misma base que la jurisprudencia requiere para la corroboración de la declaración de un cómplice. No es que sostengamos, sin embargo, que las instrucciones del juez inferior sean perfectas. El pudo explicar mejor el extremo de la corro-boración de la conexión del acusado con la comisión del de-lito y disipar toda vaguedad en ese punto, pero no se le llamó expresamente la atención sobre ello y la falta de nna instrucción más precisa, si es que fné necesaria, no consti-tuyó. error suficiente para la revocación. La instrucción re-lativa a la declaración del médico como corroborante del delito, es realmente defectuosa. Este es el fundamento de error en que más insiste el apelante; pero se puede ver claramente que el juez más bien se refirió a la corrobora-ción del acto carnal en ese extremo. Tocaba, pues, al ape-lante si él quería dejar levantada su objeción a esa instruc-ción, ya que en general la teoría de la ley liabía sido expli-cada correctamente, ser más específico al tomar su excep-ción. Bajo estas circunstancias aparece más claro el razo-namiento de las autoridades que dan los motivos para que las excepciones a las instrucciones en particular sean más específicas. La regla ha sido bien definida. La defensa no debe escudarse tras una excepción que por lo mismo de no puntualizar y ser más explícita, no dió una oportunidad al juez inferior de corregir su error si a su juicio se da cuenta de la falta o error incurrido.

II. Sostiene el apelante que la corte inferior cometió error al dar instrucciones adicionales al jurado por ser ofi-ciosas, amenazadoras y llenas de prejuicios, constituyendo una coacción para los jurados, obligándoles a ponerse de acuerdo en un veredicto condenatorio. También se alega que las instrucciones fueron dadas en un tono violento, pro-pio de una argumentación fiscal e impropio de unas instruc-ciones al jurado.

Se ha decidido que un juez al dar instrucciones a un jurado no debe indicar por su gesto, tono de voz u otro modo, que él favorece a una u otra parte; y así se comete error cuando se dan instrucciones que llevan en sí una intensa expresión de sentimiento, de tal naturaleza que puedan intervenir seriamente con la calma y consideración imparcial con que el jurado debe examinar los hechos. 14 li. C.L. 765.

Sin que nos detengamos a examinar que sea materia más o menos fácil descubrir circunstancias que no liemos perci-bido por nuestros propios sentidos, y aunque el abogado del apelante trató de imitar en el acto de la vista el tono o dia-pasón en que fueron dadas tales instrucciones por el juéz inferior, quizás podríamos llegar a ese conocimiento, a falta de otros medios físicos, de un análisis de las palabras p ex-presiones que teniendo el carácter de hostiles o parciales pudieran indicar el énfasis con que habían sido emitidas en las instrucciones dadas al jurado. Sin embargo, un examén de las instrucciones de este caso demuestra que si ellas fue-ron defectuosas en el particular que más arriba ha sido discutido, de las mismas no hemos podido inferir nada que implique parcialidad, coacción o.amenaza sino más bien que toda la actuación del juez indica un sentimiento de natural justicia que desde luego si se exagera podía tomar la ex-presión del summum jus, summa injuria de los romanos y ser perjudicial al acusado.

Además, el juez inferior al llamar dos veces sucesivas al jurado motu proprio los días 25 y 26 y darle instrucciones adicionales, dicho juez no tuvo otro propósito sino de indagar por qué el jurado no había llegado a un acuerdo e inquirir si existía alguna probabilidad en tal sentido, pero nada dijo que pudiera traslucir una amenaza o coacción para forzar un acuerdo o sugerir qué veredicto debía ser rendido. Asimismo llamó la atención de los gastos en que nuevamente incurriría el gobierno con la celebración de un nuevo juicio, y les incitaba por el largo tiempo que ya había transcurrido que llegaran a un acuerdo en pro o en contra del acusado.

En relación con estas actuaciones de la corte las autori-dades dicen lo siguiente:

“Incumbe a la corte, después que el jurado ha estado deliberando por algún tiempo, llamarlo nuevamente a fin de cerciorarse por qué no puede llegar a un acuerdo, e interrogarle respecto a si hay al-guna probabilidad de llegar a un acuerdo. Con tal que nada se diga que obligue llegar a un acuerdo, o indique qué veredicto debe rendirse, o que pueda considerarse como una apelación al jurado para que resuelva el caso de algún modo aun a costa de honradas convicciones, la corte puede dar al jurado ulteriores instrucciones o consejos con el fin de ayudarle a llegar a un acuerdo; puede llamar su atención al tiempo invertido en el juicio y al gran gasto por él incurrido, o en que se incurriría por un nuevo juicio; puede insis-tir con eí jurado en la importancia del caso y urgirle insistente-mente que llegue a algún acuerdo; puede preguntarle si alguien ha intervenido en sus deliberaciones o pretendido inmiscuirse en ellas y puede ordenarle que se retire para seguir considerando el caso.” 16 C. J. p. 1091, párrafo 2562.

Como regla general se tiene resuelto además: que cabe dentro del poder de la corte llamar al jurado para darle instrucciones adicionales cuando en el ejercicio de una pro-pia discreción juzga necesario hacerlo en bien de la justice 16 C.J. 1087.

Y no podemos decir que la corte inferior no ejerciese propiamente su discreción en el presente caso al llamar como lo hizo al jurado y darle las instrucciones adicionales que hemos examinado.

III. No existe tampoco error fundamental alguno en cuanto a la apreciación que el jurado hizo de la evidencia, pues ella en conjunto sostiene el veredicto.

Por todo lo expuesto, la sentencia de la- corte inferior debe confirmarse.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Josefa Amalia Ortiz Luna, demandante y apelada, v. Pedro Clausells Armstrong, Manuel Antonio Mayoral Barnés, Manuel Mayoral Barnés, Ana María Barnés Plaja y Antonio Dominicci Ortiz, demandados y apelante el primero.
    No. 3295.

    Visto: Enero 20, 1925.

      Resuelto: Julio 24, 1925.
    1..Reivindicación — Acción Subsidiaria en Reclamación del Valor de la Finca —Sentencia—Pronunciamiento Erróneo. — Declaradas nulas ciertas escri-turas de compraventa en las que no fué parte uno de los demandados en la acción, y apareciendo que el título de adquisición de dicho demandado no se pidió por el demandante que se anulara ni la sentencia lo declara nulo y que dicho demandado vendió, según la demanda, las fincas a que se con-traen dichas escrituras, fraccionadas en solares, a otros que no fueron de-mandados en el pleito, la condena contenida en la sentencia de devolver dichas fincas es errónea.
    2. Fraude- — -Acciones — Evidencia — Prueba Necesaria para Establecer el Fraude. — Estando toda presunción en contra del fraude, y necesitándose algo más que una mera sospecha para probar su existencia, debe aquél demos-trarse por medio de pruebas que sean claras, sólidas y convincentes.
    SENTENCIA de B. Díaz Ontrón, J. (Ponce), declarando con lugar la demanda, con costas.

      Bevocacla en cuanto se refiere al apelante.

      José F. Fernández Coronas y José Fernández Segarra, abogados del apelante; José B. Qelpí y Angel Fiol Negrón, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública No. 225 de 13 de noviembre de 1920 don Antonio Dominicci como apoderado de su madre Josefa Amalia Ortiz vendió a don Manuel Antonio Mayoral Barnés una finca de seis cuerdas de terreno y un solar por precio de $3,200 que confesó baber recibido antes de aquel acto; y el mismo día y ante el mismo notario fué otorgada otra escritura No. 226 en la que doña Ana María Barnés Pía ja con el consentimento de su esposo don Manuel Mayoral Barnés reconoció baber recibido de doña Josefa Amalia Ortiz por conducto de su apoderado Dominicci la cantidad de $3,200 en calidad de préstamo cuya devolución ]e garan-tizó con certificados de acciones preferidas y con acciones comunes, cuyo valor se fijó en $6,400, de la Sociedad Hidro-eléctrica de Ponce. Posteriormente, por escritura de 15 de enero de 1921 don Pedro Clausells compró a don Manuel Antonio Mayoral Barnés las dos expresadas fincas.

Más tarde doña Josefa Amalia Ortiz demandó a su bijo Dominicci, a don Manuel Antonio Mayoral Barnés, a los padres de éste don Manuel Mayoral Barnés y doña Ana María Barnés Plaja y a don Pedro Clausells alegando que don Manuel Mayoral Barnés, padre, y don Pedro Clausells se pu-sieron de acuerdo para comprar dichas fincas a su apode-rado pero la escritura fué otorgada a nombre de un bijo de don Manuel Mayoral Barnés, ignorando el apoderado que dicho señor tuviera un hijo de los mismos nombres y ape-llidos : que el precio de la venta no ha sido satisfecho por los demandados: que Manuel Mayoral Barnés y don Pedro Clausells eran oficiales de la Sociedad Hidroeléctrica de Ponce y sabían que las acciones de dicha compañía no te-nían valor en el mercado pero con el propósito de defrau-dar a la demandante convencieron a su apoderado para que firmase la escritura No. 226 por la que doña Ana María re-conoció deber en préstamo a la demandante $3,200, sin ser esto cierto, y le garantizó su pago con las acciones dichas las que nunca entregó; y alegando también que don Pedro Clausells compró las fincas a Mayoral y divididas en sola-res las ha vendido a otras personas, solicitó de la corte inferior que declarase nulas las referidas escrituras Nos. 225 y 226 y que ordene la entrega de las fincas a la demandante, y que, en su defecto, los demandados le paguen mancomu-nada y solidariamente el precio de las fincas, o sea, la can-tidad de $3,200 con sus intereses legales desde el día de la venta y las costas.

Don Pedro Clausells alegó entre otras defensas su carác-ter de tercero por ignorar qué en el título de su vendedor hubiera defecto alguno y por haber adquirido las dos fincas de buena fe y con justo título por precio de quien aparece ser su dueño, y por no constar del registro en cuanto a la finca de seis cuerdas, que es la que está inscrita, vicio alguno de nulidad.

La corte inferior dictó sentencia en los mismos términos que pidió la demandante y contra ese fallo interpuso don Pedro Clausells el presente recurso de apelación.

Puesto que esta apelación la ha interpuesto don Pedro Clausells y puesto que su título de adquisición no se pidió por la demandante que fuese anulado ni la sentencia lo declara nulo, nos bastará con considerar y decidir si es procedente su condena de pagar mancomunada y solidariamente la cantidad de $3,200 a que ha sido condenado. Sin embargo, queremos hacer constar antes que puesto que la demanda alega, y es cierto', que Clausells vendió las dos fin-cas fraccionadas en solares a otras personas que no han sido demandadas, no es procedente la condena qne contiene la sentencia de devolver las fincas a la demandante, habiendo la corte inferior cometido error en este pronunciamiento, por no haber entendido que no se ejercitaba una acción rei-vindicatoría en la demanda y que no podía ejercitarse por no hallarse las fincas en la posesión de los demandados o de alguno de ellos, sino la acción subsidiaria en reclamación de su valor.

Concretada así la cuestión tendremos que examinar la evidencia para decidir si el apelante intervino en la confabulación que se alega hubo para obtener del apoderado de la demandante que otorgara la escritura No. 225 por la que Dominicci vendió las fincas a Mayoral o en la otra No. 226 de préstamos con garantía, las que han sido declaradas nulas y en las que no fué parte contratante don Pedro Clausells.

Resulta de la prueba por escritura pública de 6 de mayo de 1920 que Dominicci como apoderado de su madre dió una opción de compra de las dos fincas a don Pedro Clau-■sells por término de dos meses que vencieron sin que la comprara; fincas que el 13 de noviembre de 1920 compró Mayoral y que vendió a don Pedro Clausells en 15 de enero del año siguiente, en cuya época Clausells había demandado al padre del dueño de las fincas para que le pagase cierta cantidad de dinero. En cuanto a la prueba testifical de la demandante, su hijo Dominicci declaró que don Manuel Mayoral y don Pedro Clausells iban a las fincas a verla: que con ellos hizo el negocio y les entregó colindancias: que preguntó a Clausells si tenía el negocio con Mayoral y le dijo que sí para trazar como ingeniero las calles, y Mayoral como socio suyo: que Clausells le dijo que iba a comprar con Mayoral y que éste también se lo dijo: testigo que de-claró también haber cobrado los intereses de la escritura de préstamo No. 226 y que dispuso de esas cantidades sin en-tregarlas a su madre. La demandante declaró qne vive en el campo y qne cuando se enteró de la venta fné donde Clau-sells quien le dijo que no tenía que darle satisfacciones porque lo que Labia hedió era cobrarse una cuenta que le debía Mayoral, quien le pasó la escritura de las fincas: y que no sabe si don .Pedro Clausells y don Manuel Antonio Mayoral conjuntamente compraron las fincas. Justino Rivera declaró que vió a Mayoral y a Clausells en la finca que tenía arrendada a la demandante, que la veían para com-prarla, sin que precise la fecha, y que después los dos le vendieron un solar de esa finca: que Clausells midió el solar y le hizo el documento de venta. Maximiliano Hernández, agente de negocios, dijo que vió a Mayoral y a Clausells en-trar en la propiedad que era de la demandante y verla por la parte de las colindancias. Justino Morales vió a dos personas, cuyos, apellidos no dice, cuando entregaron los puntos de la finca. Don Pedro Clausells declaró que Mayoral le ofreció en venta las fincas y se las compró habiendo sido inscrita en el registro la que en ella aparecía.

Esa es toda la evidencia de la demandante con respecto a la confabulación que alega entre don Pedro Clausells y don Manuel Mayoral para comprarle sus fincas al apode-rado, evidencia que no es suficiente para que pueda decla-rarse que Clausells tuvo la confabulación que se alega con Mayoral, ni de que tuviera noticia de que Mayoral no pagó el precio de la venta ni tampoco de que tuviera intervención o conocimiento de que la escritura de préstamo con garantía de acciones fuera falsa, porque como hemos dicho en el caso de Calzado v. Carrero, 15 D.P.R. 363, citando de “Moore sobre Hechos,” el fraude no es una cosa de que se deba acusar a la ligera y, más enfáticamente, no es una cosa que se le pruebe a nadie a la ligera, y se necesita algo más que una mera sospecha para probar la existencia de un fraude, que debe demostrarse por medio de pruebas que sean claras, sólidas y convincentes, pues toda presunción está en su contra. En igual sentido hemos decidido muchos casos y muy recientemente el de Sabalier v. Banco de San Juan y Santiago Iglesias, fallado el 19 de junio de este año, (pág. 352.)

Por lo expuesto, el primer motivo del recurso imputando manifiesto error a la corte inferior al apreciar la prueba lo declaramos con lugar y en su consecuencia la sentencia ape-lada debe ser revocada en cuanto se refiere al apelante don Pedro Clausells, debiendo declararse sin lugar la demanda en cuanto a él.


author: El Juez Asociado Señok Aldkey,

text:
    José L. Benítez, peticionario y apelante, v. Félix Calzada, Alcaide de la Cárcel de Distrito de Humacao, demandado y apelado.
    No. 2556.

    Visto: Julio 20, 1925.

      Resuelto: Julio 24, 1925.
    1. Habeas Corpus — Jurisdicción, Procedimientos y Remedio — Cuestiones a Decidir en Dicho Procedimiento. — En un procedimiento de habeas corpus sólo se decide si hay causa probable para que el peticionario esté detenido.
    2. Habeas Corpus — Jurisdicción, Procedimientos y Remedio — Apelación — Consideración de la Prueba en Apelación. — Examinada la prueba presen-tada en el caso de autos, se resolvió era suficiente para demostrar la exis-tencia de causa probable para la detención del peticionario.
    3. Habeas Corpus — Jurisdicción, Procedimientos y Remedio — Evidencia Ad-misible — Declaraciones Juradas. — IJna declaración que envuelve un princi-pio de prueba y que, tomada con otras, demuestra la existencia de causa probable para la detención es pertinente en un procedimiento de habeos corpus y no necesita ser corroborada.
    4. Habeas Corpus — Jurisdicción, Procedimientos y Remedio — Evidencia Ad-misible — Declaración del Taquígrafo' del Fiscal. — La declaración del ta-quígrafo del fiscal es admisible en evidencia para justificar que determinadas declaraciones presentadas en evidencia fueron tomadas y transcritas por él como taquígrafo.
    5. Habeas Corpus — Jurisdicción, Procedimientos y Remedio — -Evidencia Ad-misible — Declaración del Fiscal. — La admisión de la declaración de un fiscal respecto a que tiene en su poder otras pruebas corroborantes y confe-siones del acusado no constituye error fundamental, y menos aún cuando, prescindiendo de esa prueba, la presentada es suficiente para sostener la con-clusión de la corte en la sentencia apelada.
    Besoluoión de Pablo Berga, J. (Humacao), declarando sin lugar solicitud de habeas corpus.

      Confirmada.

      C. Coll Cuchí y C. Cruzado Silva, abogados del peticionario ape-lante; José E. Eigueras, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señok Aldkey,

emitió la opinión del tribunal.

En este procedimiento de habeas corpus tramitado en la Corte de Distrito de Hnmaeao dicha corte estimó qne había causa probable para la prisión del peticionario y la única cuestión a resolver en esta apelación es si se ha justificado que hay tal causa probable para que el apelante esté dete-nido por infracción del artículo 511 del Código Penal en re-lación con el 50 del mismo texto, o sea, por haber intentado dañar o destruir maliciosamente bienes muebles o inmuebles ajenos.

En apoyo de su recurso alega el apelante que la corte inferior erró al declarar que por el resultado de toda la prueba presentada existía causa probable para su detención: al negarse a eliminar la declaración de Miguel Simons: al admitir la declaración del taquígrafo Luis Pérez y al no eliminar la del fiscal del distrito.

Para demostrar el fiscal en la corte inferior la existencia de causa probable para la detención del peticionario José L. Benitez, presentó la declaración suscrita y jurada por Miguel Simpns ante el Juez Municipal de Vieques el día 5 de marzo de 1925 en la que manifestó que el día 2 del mismo mes y año como a las 2 de la mañana lo llamó Luis Daniel para que se levantara porque Pepe Benitez quería hablarle pero por lo tarde que era le contestó que lo dejara para el día siguiente: que como a los diez minutos volvió Daniel con Pepe al que atendió por la celosía de la persiana de su habitación: que se quedó solo con Pepe y éste le dijo: “Miguel, levántate y vamos a la casa de don José J. Beni-tez pues se trata de un asunto muy importante para él, pues bien puede costarle de dos a trescientos mil dólares a don Pepe,” y que al oir eso le contestó que dejase eso para por la mañana porque don Pepe no los iba a creer, con lo que Pepe estuvo conforme y se retiró: que al siguiente día lunes no fué Pepe a su casa pero como a las once y media supo por Clemente Díaz que Pepe íe había dicho que en la Central Playas Grandes habían encontrado cartuchos con dinamita en los hornos de las máquinas, y que al oir esto sa-lió para allá: qne allí se informó con detalles de todo lo ocurrido, esto es, qne se habían encontrado cartuchos de dinamita en los hornos de las locomotoras: qne le preguntó a don Pepe si había recibido alguna carta en donde le pi-dieran alguna cantidad de dinero y le informó que no: que regresó al pueblo y le mandó aviso a Pepe que interesaba verse con él, que fuera a su casa seguida: que cuando llegó Pepe a su cuarto le preguntó que si lo que le interesaba ha-blar con él tenía relación con lo que había sucedido en la central, contestándole que sí: el testigo le indicó si quería acompañarlo a la quinta de don Pepe y le contestó que no tenía inconveniente pero que cada uno fuera en carro dis-tinto para evitar que la gente los viera juntos: que cuando el testigo se vió con Pepe el día lunes le dijo entre otras cosas que él pertenecía a una sociedad comunista, que aparte de la dinamita que se había encontrado en los hornos de la locomotora habían puesto dos bombas de tiempo: que el testigo enteró a don Pepe de las entrevistas que tuvo con Pepe y viendo que Pepe no llegaba se dirigió hacia la central pero se encontró con él que ya se encaminaba a la resi-dencia de don Pepe y volvió para atrás con Pepe: que allí Pepe por segunda vez hizo referencia que pertenecía a una sociedad comunista cuyo fin era destruir capitales, que ha-bían tenido una reunión los socios y habían acordado des-truir una de las compañías pertenecientes a los americanos en esta Isla pero mediaron ciertas cosas y entonces acorda-ron empezar por la Central Playas Grandes a lo que se opuso tenazmente haciéndoles saber que allí tenía familia-res : que habían colocado dos bombas de tiempo, una grande y otra pequeña, pero que no sabía el sitio donde estaban colocadas: que don Pepe le contestó si estaba seguro que las bombas estaban puestas y le contestó que estaba comple-tamente seguro, y entonces se le preguntó que cómo podría evitarse eso, informando que él podía evitarlo pues él sa-bía que las bombas eran de tiempo y embarcándose tendría oportunidad de verse con sus asociados y así averiguar dónde se encontraban puestas y evitar que explotaran: que entonces don Pepe le ofreció el yate y dinero para que em-barcara inmediatamente para la Isla y salió para Naguabo pues les manifestó que él podría verse con sus compañeros en Fajardo o Caguas y convino en que tan pronto se infor-mara del sitio en que se encontraban las bombas se lo co-municaría por telégrafo, habiendo ya de antemano convenido la forma del telegrama que liabía de informarnos y efectiva-mente desde Caguas nos puso el telegrama enviado a la dirección del testigo y que dice así: “María fuera peligro pero opinión es posible recaiga de nuevo. Dr. Just confe-renciará mañana para ver otro tratamiento. Vigila gallo chimenea. Dr. Juliá.”

También presentó el fiscal dos declaraciones prestadas ante él, una del policía Antonio Marrero y la otra de Manuel Benítez Carrillo. De la primera resulta que en la mañana del 2 de marzo hizo un registro en la casa de José L. Bení-tez y encontró debajo de la cama dos paquetes de mechas y 32 ó 33 fulminantes de la misma clase que fueron encontra-dos en los cartuchos de la central. Y de la segunda aparece que dicho testigo Benítez Carrillo encontró en la central Be-nítez en Playas Grandes de Vieques cartuchos de dinamita en los hornos de las locomotoras y en los rieles, los cuales estaban puestos junto a las ruedas de las locomotoras como calzo de ellas: que José L. Benítez estuvo como tres sema-nas antes en la Central Playas Grandes e invitó al decla-rante para dar una vuelta por la central y habiendo en-trado en el departamento de máquinas le preguntó cómo tra-bajaban y le hizo abrir algunos de los hornos y los vió tra-bajar e hizo que le enseñara un horno de una caldera de pe-tróleo que hay por la parte de atrás y después, como era amigo suyo, lo invitó a que viera el resto de la factoría y estuvieron hasta el centro pero le dijo que sólo le interesa-ban las máquinas porque era lo que más le gustaba: que le preguntó si las máquinas trabajaban de nocbe y le contestó que casi nunca, que cuántas babía y qué trabajo le tocaba a cada máquina, y que cuando le estaba enseñando las calderas le dijo Pepe que aquél sería un buen sitio para vo-larlo con dinamita, lo que el testigo atribuyó a una broma.

Como esas dos declaraciones habían sido prestadas ante el fiscal, éste presentó a su taquígrafo Luis Pérez ante la corte, y manifestó que esas declaraciones habían sido toma-das por él en taquigrafía.

Como última prueba el fiscal ofreció su propia declara-ción ante la corte a la -que dijo que tiene otras declaracio-nes corroborantes de los tres anteriores testigos y de admi-siones hechas por el propio José L. Benítez, y otras del transporte de la dinamita de San Juan a Yieques en fecha contemporánea a la que se encontraron los cartuchos de dinamita puestos en las calderas de las locomotoras, y admi-siones de José L. Benítez sobre el transporte de esa dina-mita y en la forma ilegal en que fué transportada porque no fué conducida de acuerdo con el permiso que se le dió a José L. Benítez.

En un procedimiento de habeas corpus no se decide la culpabilidad del peticionario sino sólo si hay causa probable para que el peticionario esté detenido, si no presta la fianza que se le exigió; y tomada en conjunto la evidencia que se presentó, prescindiendo de aquellos particulares que son de referencia, como indudablemente lo hizo la corte inferior, estamos convencidos de que existe causa probable para la detención, por lo que la corte inferior no ha cometido el primer error que se le atribuye.

En el segundo se limita el apelante a decir que la declaración de Simons era inmaterial y que no está corroborada. Esa declaración por sí sola no sería bastante para relacionar al apelante con el delito pero es un principio de prueba que con las otras demuestra que hay causa probable para la detención del peticionario, sin que sea necesario que esa declaración sea corroborada.

La declaración del taquígrafo del fiscal también era admisible, pnes habiendo declarado los dos testigos a que él se refiere ante el fiscal y habiendo él tomado las notas taqui-gráficas, su declaración es pertinente para justificar que esas dos declaraciones fueron las tomadas y transcritas por él.

Con respecto a la declaración prestada por el fiscal ya hemos dicho en el caso de El Pueblo v. Pillot, 19 D.P.R. 264, donde también el fiscal dio una declaración idéntica a la de este caso, que su admisión no constituye error fundamental; pero aunque se prescindiera de ella, la otra prueba sería suficiente para sostener la resolución de la corte inferior por lo que debe ser confirmada.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. León Ríos Medina, acusado y apelante.
    No. 2253.

    Visto: Marzo 11, 1925.

      Resuelto: Julio 24, 1925.
    1. Homicidio — “Indictment” y Acusación — Acusación Suficiente — Muerte a Consecuencia de Heridas. — Una acusación por asesinato no. es fatalmente defectuosa porque no consigne de modo expreso que la muerte se debió á la herida inferida por el acusado al interfecto, cuando establece base suficiente para probar el corpus delicti en el acto del juicio.

      2. Derecho Penal — “Venue”—Cambio de Lugar, del Juicio — Imposibilidad de Obtener un Jurado Imparcial. — No demostrándose, al solicitar el traslado ibasado en la imposibilidad de obtener un jurado impareial en el distrito que tal imposibilidad existiera, y apareciendo por el contrario que pudo seleccio-narse uno sin dificultad, no cabe sostener que ía corte abusó de su discreción al denegar la solicitud.
    3. Testigos — Competencia—Capacidad 'y Condiciones en General — Menores— Objeción Tardía. — Cuando la solicitud para que se elimine la declaración de un menor — por no haberse investigado previamente su capacidad para declarar — se presenta después que dicho testigo' ha terminado su declaración, es tardía. La declaración en sí misma proporciona a la corte base para juzgar la capacidad del testigo.
    4. Testigos — Credibilidad, Impugnación, Contradicción y Corroboración — Im-pugnación del Propio Testigo — Alegación de Sorpresa Como Base. — Un fiscal que se ve sorprendido por la declaración de un testigo de cargo, puede interrogarle respecto a manifestaciones hechas por él ante el juez instructor y el propio fiscal a fin de impugnar su testimonio.

      8. Derecho Penal — Evidencia—Hechos en “Issue” y Pertinentes a éstos, y Bes Gestae — Prueba Sobre la Causa que Produjo la Muerte. — En un proceso por asesinato, es admisible la declaración de un médico respecto a la causa que produjo la muerte cuando los techos expresados en la acusación establecen base necesaria para probar ese elemento del corpus delicti.

    6. Derecho Penal — Evidencia-—Prueba Pericial — Armas de Fuego. — No cons-tituye error el que un perito médico en el curso de su declaración manifestara, que le habían presentado un revólver y contestando a un jurado, diga que la bala que había extraído del cerebro del interfecto era de determinado calibre de acuerdo con su propia observación y la del jefe de policía que se hallaba presente, especialmente en ausencia de una objeción específica.
    7. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Eevisión—Errores que no son Perjudiciales — Manifestaciones del Fiscal. — Cuando un fiscal, en sus manifestaciones durante el juicio, no termina su pensamiento en cuanto a su opinión respecto a la culpabilidad del acusado y la corte ordena su eliminación inmediatamente, el error, si alguno hay, no es perjudicial, y menos, cuando las instrucciones trasmitidas al jurado dejan las cosas en su verdadero lugar.
    8. Testigos — Competencia—Capacidad y Condiciones en General — Declaracio-nes de Marido o Mujer en Procesos Criminales Contra uno de Ellos.— Presentada la esposa de un acusado como testigo de la defensa, el fiscal tiene derecho a averiguar, por contra-interrogatorio, hechos envueltos en el interrogatorio directo y a aquilatar la veracidad de la testigo.
    9. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Autos y Procedimientos que no Están en Récord — Cuestiones a Revisar. — No procede discutir un error alegado cuando de las constancias en récord no hay base para discu-tirlo.
    10. Derecho Penal — Evidencia—Preguntas a los Jurados Antes de Consti-tuirlo. — Las preguntas a los jurados antes de constituir el tribunal de hecho, no forman parte de la prueba del juicio.
    SENTENCIA ele Tomás Bryan, J. (Aguadilla), condenando al acusado por delito de homicidio voluntario.

      Confirmada.

      García Méndez & García Méndez, abogados del acusado; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

León Ríos Medina fue acusado de asesinato y condenado como autor de un delito de homicidio voluntario. No con-forme con la sentencia apeló, señalando en su alegato diez y siete errores.

En lo pertinente, dice la acusación así:

“El referido acusado, León Ríos Medina, en época anterior a la presentación de esta acusación, o sea allá por uno de los días del mes de diciembre del año 1922, en el Bo. Piedras Blancas, de San Se-bastián, P. R., que forma parte del Distrito Judicial de Aguadilla, P. R., allí y entonces, ilegal, voluntaria y criminalmente, con mali-cia tácita y premeditada dió muerte ilegal al sér humano nombrado Domingo Soler, al cual le hizo un disparo con un revólver que le causó una herida penetrante en el cráneo que le atravesó de atrás adelante, horizontalmente, todo el hemisferio cerebral* izquierdo al nivel de la circunvolución del cuerpo calloso yendo a alojarse entre la' dura-mater y el frontal, falleciendo el ya mencionado Domingo Soler, momentos después de recibir dicha herida y la cual le fue inferida por León Ríos Medina, al hoy interfecto Domingo Soler con intención de matarlo y sin mediar notable provocación.”

Se alega que la anterior acusación es fatalmente defec-tuosa porque no expresa “que la muerte del interfecto se debió a la herida que se dice le produjo el acusado.” Se in-voca el caso de El Pueblo v. Matos, 26 D.P.R. 586, en el que esta corte resolvió que:

‘ ‘ El hecho de la muerte y la causa que la produce son los únicos elementos que constituyen el corpus delicti. Y para que una persona pueda ser declarada culpable de un delito deben probarse esos dos elementos del corpus delicti y después, que el acusado es la persona que lo cometió.”

Expresa la acusación que el acusado dió muerte ilegal a Domingo Soler haciéndole un disparo de revólver que le causó una herida penetrante en el cráneo, falleciendo Soler momentos después de recibir la herida que le fue inferida por el acusado con la intención de matarlo, y ello es bastante porque establece la base necesaria para probar el corpus delicti en el acto del juicio. Es para la evidencia demos-trar cumplidamente que la muerte fué la consecuencia nece-saria del acto criminal del acusado. No existe, pues, el pri-mero de los errores señalados.

Tampoco el segundo. Hemos analizado la solicitud de traslado y las pruebas aportadas, consistentes únicamente en affidavits, y opinamos que la corte de distrito estuvo justificada al declararla sin lugar. No se demostró en la forma que la jurisprudencia exige que fuera imposible la obtención de un jurado imparcial en el distrito. Al contrario los hechos demostraron luego que pudo seleccionarse nn jurado sin dificultad.

En el caso de People v. Congleton, 44 Cal. 93, la Corte Suprema del estado se expresó así:

“La única otra cuestión descansa sobre la denegación de la mo-ción hecha por el prisionero para trasladar el caso del Condado de Humboldt, donde la acusación fué presentada, bajo el fundamento de que un juicio justo e imparcial no podía allí obtenerse. El es-tatuto establece que si la corte se convence de que un juicio justo no puede obtenerse ordenará que el caso sea trasladado a otro con-dado libre de tal objeción. La concesión o denegación de una soli-citud para cambiar el lugar del juicio en un caso criminal se ha sostenido siempre que es discrecional en la corte — la moción está dirigida a la sana discreción de la corte para ser resuelta de acuerdo con los sanos principios de justicia. — (People vs. Fisher, 6 Cal. 154.)
“En este caso los affidavits bajo los cuales la moción estaba con-cebida eran exageradamente no satisfactorios. Ellos en lo esencial establecían que en la creencia y opinión de los declarantes el prisio-nero no podía obtener un juicio imparcial debido a prejuicio popular en su contra. Aparece también que ninguna dificultad hubo en obtener un jurado libre en absoluto de prejuicios contra el acu-sado, y bajo estas circunstancias nosotros no podemos decir que la corte abusara de su discreción al denegar la moción.”

Esta Corte Suprema ha considerado en repetidos casos las circunstancias que deben mediar para la concesión de traslados. Ultimamente la cuestión se estudió con cierta am-plitud en el caso de El Pueblo v. Collazo, 33 D.P.R. 49, pro-cedente también del distrito de Aguadilla y en el que se alegó la misma causa que en éste para solicitar el traslado.

Los errores 3, 4 y 5 se señalan del siguiente modo:

“3. Erró la corte- inferior al permitir al Fiscal preguntar a la testigo Ramona Irizarry que declarase si después de oir el disparo había visto a su abuelito el acusado.
“4. Erró la corte inferior al sostener la pregunta del Fiscal a la testigo Ramona Irizarry para que dicha testigo declarase si des-pués de haber venido su madrina el acusado se había quedado en la hamaca.
"5. Erró la corte inferior al denegar la eliminación de la decla-ración de Ramona Irizarry.”

Los hechos ocurrieron así:

“DeclabaciÓN de RaMONA Irizarry. — Comparece esta testigo y bajo juramento y a las preguntas del Hon. Fiscal, contesta: que se llama Ramona Irizarry; que tiene doce años, entrada en trece, y vive en el pueblo de San Sebastián; que su abuelito se llama León Ríos, y es el acusado, al cual señala; que su abuelito vive en Pie-dras Blancas, un barrio de San Sebastián; que ella conoció a un muchacho que se llamaba Domingo Soler; que la última vez que estuvo en la casa de su abuelito fué el día del hecho que se ventila, después de eso no ha vuelto; que estaba en la sala de la casa, donde también estaba Monserrate Lebrón; que su abuelito estaba arriba, dormido en la hamaca, adentro; que su abuelito estaba en un cuarto, ella y Monserrate estaban en la sala; que ella ese día estaba allá, que esa gente se llevaron el caballo y empezaron a maldecir debajo de la casa; que el que empezó a maldecir fué Domingo Soler, diciendo: ‘mal rayo parta la madre y el padre del que me golpeó eL caballo.’ — Que su abuelito llamó arriba a Soler y éste fué arriba, y su abuelito le cayó a garnatadas a Domingo; que Domingo no le hizo nada y después su abuelito pidió una soga para amarrarlo, la madrina de la declarante le dijo que lo dejara, él lo dejó y cuando se fué abajo el muchacho empezó a decirle perro viejo a su abuelito, que se apeara abajo que lo iba» a matar.' — Que entonces su abuelito se fué detrás de él, de Domingo, que ella lo vió cuando iba el abue-lito iba detrás de Domingo con un revólver que llevaba y en un portón que estaba allí le disparó; que ella cuando sintió el tiro se fué donde estaba su madrina y las dos muchachas; que al sentir el tiro corrió para atrás; que su madrina es Paca Soler, la señora de su abuelito, la madrina de la declarante; que al otro día su abuelito no le dijo nada a la declarante.
“Al preguntar el Fiscal a la testigo, si después del tiro vió a su abuelito, el abogado de la defensa se opuso por ser sugestiva la pre-gunta, la corte la admitió, el abogado tomó excepción, y la testigo la contestó afirmativamente.
“Y, sigue declarando la testigo- que después del tiro vió a su abuelito sentado en la hamaca y su madrina y la declarante se que-daron ambas en la cocina; que al cabo del ratito su madrina vino para arriba, que no hizo nada ni dijo nada, que su abuelito se quedó en la hamaca y no dijo nada.
‘ ‘ Pregunta el Fiscal: — ¿ Después que vino tu madrina, él se quedó en la liamaca ? — El abogado defensor se opuso por ser sugestiva la-pregunta, la corte la sostuvo, y la testigo declaró afirmativamente. —La defensa tomó excepción. — Continuó la declaración de la tes-tigo y el Fiscal la preguntó: ¿ Cuántos disparos tú oiste ? — La ■ de-fensa se opuso alegando que era sugestiva y que todavía no se Labia hablado de disparo, la corte sostuvo la pregunta y la defensa tomó excepción, contestando la testigo que oyó uno nada más; que en.la casa había un perro y estaba arriba, en la cocina; que no oyó ningún perro por debajo de la casa; que-no le dispararon a nin-gún perro; que no se oyó ningún otro disparo para allí.- — A pre-guntas del abogado J. B. García Méndez, contesta: que sabe que León Ríos le corrió detrás a Domingo porque él estaba maldiciendo, Domingo maldecía y su abuelito estaba acostado en la hamaca; que Domingo es el muerto; que ella no vió a su abuelito correrle de-trás, que él iba andando, corriendo no; que el revólver lo llevaba él en el bolsillo de atrás; que era un revólver ni grande ni pequeño, que no recuerda si era blanco o negro, pero lo vió; que- el revólver estaba suelto dentro del bolsillo; que se veía el cabo del revólver, que el color del cabo era negro y blanco; que no se recuerda si era de otro color también, pero sabe que era blanco y negro; que está segura que era un revólver; que cuando vió correr a su abuelito estaba en la sala; que él iba andando, no corriendo; que él bajó de la casa por la escalera, y la testigo se quedó en la sala, en el co-medor, en la sala al pie de la lira; que la lira está en el medio;’ que la testigo estaba sentada en una silla y Monserrate estaba en el comedor, pero se veía donde está ella; que cuando su abuelito se fué, yá se había ido ella; que Monserrate estaba en la sala des-pués que vino su abuelito; que la declarante después que oyó el tiro se fué donde su madrina; que oyó el tiro desde el portón; que estaba en la sala, sintió un solo disparo; que sabe quien lo disparó, pero no lo vió cuándo disparó; que vió que él iba con el revólver y disparó; que lo sabe porque lo vió; que lo .vió del portón que estaba allí y ella estaba cerca de la puerta del balcón; que entonces no estaba debajo de la lira, pero después vino acá; que ella estaba allí sentada, cerca de la lira y se paró y fué a la puerta del bal-cón; que eso fué como a las siete; que ya estaba oscuro; que no había luz abajo, que se veía pues no estaba muy obscuro; que vió disparar el revólver. — El abogado le pregunta: ¿No sabe para dónde a quién le disparó el tiro?- — La testigo guardó silencio. — Le pregunta el abogado: ¿ De modo que entonces tú no sabes a ciencia cierta a quién le dispararon el tiro? — La testigo contesta: el muchacho iba corriendo delante, pero ella no sabe a quién le dispararon, ni sintió quejidos; que cuando sintió el disparo estaba en la sala, sentada en una silla, ál lado de la lira; que la detonación no fué muy fuerte; 'que estaba sentada en la sala cuando oyó el disparo, pero de allí se ve; que la silla esa estaba al pie de la lira, de espaldas, la decla-rante estaba de frente al balcón, la casa es de altos, de un piso, hay una escalera alta para subir; que la escalera está por una es- ' quina del balcón, por la esquina de un lado; que subiendo la es-calera se puede ver el frente de la casa; que su abuelito después de disparar el tiro, subió como a la media hora; que la declarante se fué donde estaba su madrina, estuvo allí como dos horas y no salió durante ese tiempo; que estaba en la cocina con su madrina, la cocina queda al pie de los cafés; que de allí se puede ver para atrás y para delante también; que la cocina está al frente del ca-mino también, pero de allí no se podía ver el sitio donde podía es-tar su abuelito; que ella no salió de la cocina pero su madrina vino para acá; que mientras estuvo en la cocina, estaba al pie de una ventana, mirando para donde ellos, no miraba nada más; que durante esas dos horas no volvió a ver nada; que después, como a las dos horas su madrina se vino para acá y ella también; que ella salió de la cocina cuando se vino su madrina; después que repar-tió la cena; que durante esas dos horas que estuvo en la cocina, salía, pero no para la sala, venía para el ante-pecho de la cocina; que como a la hora vino, durante una hora no salió de la cocina, es decir, salió al cabo ratito, vino acá y después se fué otra vez; que salía y entraba; que después de haber ido a la cocina no vió a na-die, como ella no iba para la sala ni para adentro, solamente vió a su madrina y a las muchachas Juanita y Josefa que estaban en la cocina ellas y no vió a nadie más; que a don León su abuelito lo vió después de estar arriba; que ella estuvo en la escuela y se salió de tercer grado; que la distancia a que estaba su abuelito cuando hizo el disparo, es cerca, como de aquí allí, (señalando el sitio), allí estaba el balcón y ahí estaba su abuelito cuando hizo el disparo.
“A preguntas del IIon. Juez, contesta: que lo que ha dicho que estaba allí, es el portón donde estaba él; que allí fué donde él hizo el disparo; que lo vió desde la sala, sentada.
“A preguntas del Sr. Fiscal, contesta: que ella no volvió a ver a Domingo, como ellos se iban de noche; que ella no tiene reloj, nunca lo ha tenido; que esa noche durmió en su casa.
“Abogado: Pido que se elimine la pregunta y la contestación porque el Fiscal no puede ahora hacer preguntas nuevas, sino sobre los mismos hechos objeto del interrogatorio directo.
“Fiscal: Eetiro la pregunta y la contestación y he terminado con la testigo.
“Abogado Manuel A. García: Para pedir que todo lo que ha declarado la testigo se elimine fundado en que la testigo ha decla-rado tener doce años de edad y que de acuerdo con la ley cuando un testigo no tiene catorce años de edad para que su evidencia pueda ser admitida como prueba es requisito sine qua non el probar la ca-pacidad del testigo al declarar. Habiendo manifestado la testigo tener doce años de edad, y no habiéndosele hecho las necesarias pre-guntas para saber si estaba capacitada para declarar, de acuerdo con lo que imperativamente dispone la ley, su testimonio es como si no hubiese declarado nada y procede su completa eliminación.
“Fiscal: El Fiscal se opone, primero, porque según la ley son diez años, y segundo, porque es tardía la solicitud.
“Juez: La corte resuelve lo siguiente': la cuestión de juzgar acerca de la capacidad de un testigo, es una cuestión de discreción de la corte1, y que esa capacidad se prueba de la manera como el tes-tigo se produce. — La oposición pudo haberse hecho al principio, y desde luego, puede hacerse ahora también, pero después de haber oído la corte declarar a la testigo, comprende que es un testigo que tiene capacidad para declarar, y por consiguiente, no ha lugar a eliminar su declaración.
“Abogado: La defensa toma excepción de la resolución de la corte por los siguientes motivos: De acuerdo con la obra ‘Jones on Evidence’ para que pueda ser admitida la declaración de un testigo menor de catorce años de edad, es requisito indispensable que se pruebe su capacidad para declarar. — Que habiéndose le-vantado la cuestión al finalizar el interrogatorio de la testigo de acuerdo con la ley, y no habiéndose probado en ningún momento tal capacidad por parte de la testigo, de una manera específica, procedía la eliminación de todo lo por ella declarado. — Que la cues-tión levantada no es una cuestión discrecional de la corte, sino que es mandatoria e imperativa de acuerdo con las prescripciones de la ley, y fine tal eliminación debe concederse sin que la conclusión a que haya llegado la corte a virtud de ésta declaración, por la ma-nera de declarar y por las demás circunstancias que hayan envuelto su declaración, no es aplicable en estos casos cuando la ley es de tono imperativo. — Presentamos como jurisprudencia, además, el caso de El Pueblo vs. Rivera, 12 D.P.R. 408, porque si bien en este caso se resolvió que siendo la testigo menor de diez años era necesario probar su capacidad, esto no excluye la forma imperativa del texto de la ley que decide que siendo menor de catorce años tal capacidad debe demostrarse enteramente antes de admitir la declaración y antes de resolver la eliminación.”

Hemos transcrito toda la declaración y sus incidentes a fin de qne los lieclios hablen por sí mismos. No creemos que pueda concluirse que" las preguntas objetadas fueran suges-tivas y es evidente que la objeción con respecto a no haberse investigado previamente la capacidad de la testigo fué tar-día. Cuando la objeción se presentó tenía la corte una am-plia base para juzgar la capacidad de la testigo y correcta-mente la decidió en sentido afirmativo. Difícilmente una persona mayor de edad hubiera declarado en forma más clara, precisa y consistente que la niña Ramona Irizarry. Véase el caso de El Pueblo vs. Párquez, decidido en el día de hoy.

Los errores 6 y 7, se formulan de la siguiente manera:

“6. Erró la corte inferior al permitir que a preguntas del Fiscal, la testigo Monserrate Lebrón declarase cuando fué la primera vez que con anterioridad a cierta fecha había estado en la casa de don León Ríos, etc.
“7. Erró la corte de distrito al permitir que el Fiscal impugnara la veracidad de su propia testigo Monserrate Lebrón en la forma en que lo hizo.”

La declaración de la testigo Monserrate Lebrón, yerna del acusado, ocupa siete páginas del récord y sería alargar innecesariamente esta opinión si la transcribiéramos íntegra. Comienza describiendo los hechos en armonía con la niña Irizarry, pero luego contestando las repreguntas que le hi-ciera el abogado defensor, asegura que cuando el acusado bajó no llevaba revólver y que el disparo que el acusado hizo lo fué después desde los altos de la casa al sentir el la-drido de un perro. El .Fiscal entonces expresando haber sido sorprendido por las manifestaciones de la testigo, le hizo la pregunta objetada y luego le interrogó con respecto a otras manifestaciones hechas por ella misma ante el juez municipal y el propio Fiscal, todo según dijo para impug-nar su testimonio.

A nuestro juicio no hubo base para la objeción. La re-pregunta era permisible. T el Fiscal de acuerdo con el mismo artículo invocado por el apelante — 159 de la Ley de Evidencia — , y más especialmente con el 243 del Código de Enjuiciamiento Criminal que es el directamente aplicable, intentó preparar su caso para la impugnación.

En el caso de El Pueblo v. Colón, 25 D.P.R. 629, 630, esta corte se expresó así:

“El apelante también alega error por haberse permitido a un testigo declarar acerca de lo que la agredida manifestó al juez municipal. La agredida negó haber dicho al juez que el acusado le ha-bía pegado. Sin haber intentado el Gobierno demostrar que fuera sorprendido por la declaración de ella, esta prueba de impugnación fue presentada. Hemos comentado inequívocamente esta clase de procedimiento en el caso de El Pueblo vs. Rojas, 16 D.P.R. 251, y, sin embargo, ni el juez de; la corte inferior ni las partes en este caso parecen tener conocimiento de ello. E igual pronunciamiento se hizo en el-'caso de El Pueblo v. Ramírez de Arellano, 25 D.P.R. 263. El Gobierno no debe presentar un testigo, y sin demostrar sorpresa, traer ante la corte prueba de referencia recriminándolo bajo el pre-texto de que existe contradicción.”

Como puede verse en el caso anterior y en los en él ci-tados, el Fiscal no estableció previamente, como aquí, las bases para la impugnación, haciendo constar su sorpresa.

Al analizar la prueba volveremos a referirnos a la tes-tigo Lebrón.

Los errores 8, 9, y 10, se formularon en relación con la declaración del perito médico Dr. Rodríguez Cancio, así:

“8. Erró la corte inferior al permitir que el perito médico Dr. Miguel Rodríguez Cancio declarase cuál había sido la causa de la muerte de Domingo Soler, no habiéndose alegado tal extremo en la acusación.
“9. Erró la corte inferior al permitir que el fiscal utilizara al perito médico como perito en armas de fuego sin serlo según él mismo indicó.
"10. Erró la corte inferior al permitir al fiscal preguntar al pe-rito médico si babía algunas balas o cápsulas de revólver en casa del acusado León Ríos Medina.”

Después de lo que liemos resuelto al estudiar la primera de las excepciones formuladas, lógicamente tenemos que con-cluir que no se cometió el octavo de los errores señalados.

En cuanto a los errores 9 y 10 bastará decir que no apa-rece que la declaración del perito médico penetrara en el campo de la balística. Después de declarar que el joven So-ler murió a consecuencia de una herida del cerebro, causada por un proyectil que penetró por la región occipital, atra-vesó el hemisferio cerebral izquierdo quedando alojado en la dura-mater del hueso frontal; que la bala iba de atrás a adelante directamente, horizontalmente, y que el tiro fué disparado por la espalda, todo ello sin objeción específica, se le preguntó si- el día en que estuvo en la casa del acusado con objeto de reconocer el cadáver de Soler, le enseñaron un revólver y contestó que sí. No vemos que se necesite ser perito en armas de fuego para poder contestar a esa pregunta, ni tampoco a la otra que le hiciera uno de los ju-rados en relación con el calibre de la bala extraída por él del cerebro de Soler, especialmente cuando la contestación fué así: £ que creía que la bala extraída era de calibre nueve, pero no satisfecho todavía de su opinión, porque él no es perito en balística, consultó con el jefe de policía al entre-gársela al juez, y el jefe ratificó que era calibre nueve.” Debe hacerse constar que con respecto a la última contesta-ción no consta objeción específica en los autos.

El undécimo error, que es el único que a juicio del Fiscal tiene importancia y podría producir la revocación de la sentencia, se señaló así:

"Erró la corte inferior al permitir al Fiscal manifestar mien-tras declaraba el testigo José Antonio Vargas que úl teNÍa la CON-VICCIÓN ABSOLUTA DE QUE EL ACUSADO ERA CULPABLE Y DE QUE NO DESCANSARÍA HASTA QUE DICHO ACUSADO FUERA A PRESIDIO, etc. ”

Dicho error debe estudiarse conjuntamente con el 15, que se formuló como sigue:

“15. Erró el tribunal inferior al no dictar instrucciones especí-ficas en el sentido de que el jurado no debía tomar en consideración las manifestaciones impropias hechas por el Juez de San Sebastián José A. Vargas en su declaración.”

Para juzgar del mérito de las cuestiones suscitadas nos vemos obligados otra vez a copiar extensamente de los autos, transcribiendo íntegra la declaración del testigo José Antonio Vargas. Dice así:

“A preguntas del Fiscal contesta: Que su nombre es José Antonio Vargas, que es Juez de la Corte Municipal de San Sebastián y conoce al acusado León Ríos Medina; que allá, el día 28 de diciembre, tuvo que intervenir con el acusado en su capacidad oficial de Juez. — Al invitársele por el Fiscal para explicar al Jurado la intervención que tuvo en el caso, empieza manifestando que el 28 de diciembre del año pasado fué notificado en su capacidad oficial de Juez de la Corte' Municipal de San Sebastián. En este momento el abogado defensor J. B. García Méndez se opuso a que dijese lo que le notificaron, que simplemente declarase .cuáles ha-bían sido sus • actuaciones; y la corte declaró que la manera del tes-tigo venir a la cuestión era correcta, por lo que la defensa tomó ex-cepción. — Y sigue declarando el testigo: que el 28 de diciembre del año pasado en su capacidad oficial de Juez Municipal de San Se-bastián, se trasladó al barrio de Calabazas, como consecuencia de una notificación que se le hizo de la aparición de un cadáver en dicha finca, barrio Calabazas de San Sebastián, y encontró el cadáver, que más tarde supo era el de Domingo Ríos o Domingo Soler. — Al preguntar el Fiscal al testigo si efi algún momento León Ríos aceptó que ese cadáver era de Domingo Soler, el abogado defensor se opuso alegando que la pregunta era inadmisible por no ser esa la forma de traer una admisión del acusado. — La corte sostuvo la pregunta y la defensa tomó excepción. — El testigo contestó: ‘ Sí señor, aceptó. ’ ‘Que el testigo habló con el acusado; que el declarante encontró el cadáver; que cuando llegó a la casa de José León Ríos él, personal-mente lo llevó al sitio donde estaba el cadáver al que encontró en una posición horizontal, en un estado de rigidez cadavérica y las manos cuidadosamente puestas sobre su pecho, en una posición exac-tamente igual a como se encuentran todos los cadáveres en los atáú-des; el cadáver yacía en una zanja que era exactamente igual de ancho o un poco más ancha que el cuerpo del muerto Domingo León Ríos, la zanja tenía un declive y la cabeza estaba hacia abajo; que esa fué la posición en que encontró al cadáver; que no sabe hacia qué dirección miraba el cadáver, porque tenía los ojos casi cerrados, pero estaba boca-arriba con las manos sobre el pecho; que dejó el cadáver tal como lo encontró, se trasladó a la casa donde sostuvo un diálogo bastante extenso con el señor José León Ríos, tratando de investigar los móviles del crimen y tratando de que él le diera luz sobre quién podía ser la persona que había asesinado a su hijo; que el declarante mandó entonces al Márshal, si mal no recuerda, a bus-car al Dr. Miguel Rodríguez Cancio al pueblo, y el cadáver perma-neció hasta que el Dr. M. Rodríguez Cancio llegó al campo. — Mien-tras tanto el declarante estuvo tratando de investigar en la casa con unos y con otros, quién podía ser la persona que había cometido el crimen, y especialmente con León Ríos, con quien hizo hincapié para que le diera luz sobre la persona que había asesinado a su hijo; — que allí ocupó un revólver. — A instancia de la defensa de que se hicieran otras preguntas preliminares para que se describiese el revólver y luego presentarlo para ver si es el mismo, la corte, re-solvió que el Fiscal, hiciese una pequeña investigación preliminar del arma. — El testigo contestó entonces a las pre'guntas del señor Fiscal, en°esta forma: que ocupó un revólver algo usado, un poco mohoso, de nueve milímetros; que esa es toda la descripción, por-que no es técnico en cuestión de revólver; que esa arma tenía dos cápsulas disparadas y tres cápsulas sin disparar; que ese revólver le fué entregado en la propia casa del Sr. León Ríos; que se lo en-tregó la señora del acusado; que' tenía dos cápsulas disparadas, y sin disparar tres, había tres con los plomos en los casquillos; había dos que tenían los casquillos vacíos; que había dos cápsulas dispa-radas; que él las tocó y los dedos se le mancharon de pólvora; que el revólver se lo elitregaron en la sala de la casa y el acusado estaba presente; que el Jefe de la Policía de San Sebastián estaba en la casa; que no recuerda con exactitud el sitio en que estaba el re-vólver; que esto que se le enseña es el plomo de la bala; que ha visto ese plomo con anterioridad, pues se' lo entregó el Dr. Miguel Rodríguez Cancio.
“Le repregunta el abogado defensor don Manuel A. García, y contesta: que él es Juez Municipal de San Sebastián; que esa arma que ha reconocido fué entregada voluntariamente al testigo; que tuvo que pedirla, le fué entregada a requerimiento suyo y se le en-tregó sin oposición alguna; que recuerda perfectamente que encon-tró dos cápsulas disparadas y también recuerda perfectamente que había tres sin disparar; que olió los dos casquillos disparados; que olió los casquillos y llegó a la conclusión de que ambas balas habían sido disparadas recientemente, en relación con el día en que las exa-minó; que las dos cápsulas disparadas estaban en la masa del re-vólver y llegó a la conclusión de que estaban recientemente dispara-das. — Le pregunta el abogado: El señor testigo en su capacidad de Juez Municipal de San Sebastián, ¿tiene mucho interés en este asunto? — El testigo contestó: ‘Tengo.’ — Abogado:—Desde luego, al hacer esta pregunta yo pido que el testigo, y en eso me amparo en la ley, me conteste exactamente la pregunta sin rodeo, subterfugio y vacilación, y cuestiones que nada tienen que ver con la cuestión pre-guntada por mí, sencillamente pregunto al testigo si tiene interés en este asunto, me puede contestar diciendo que sí o que nó, enton-ces estoy satisfecho. — Fiscal: Me opongo, eso es injusto con un tes-tigo. — El testigo tiene perfeetísimo derecho de aclarar la pregunta. —Juez: Cuando el Fiscal hace una pregunta en forma que se con-teste sí o nó generalmente el abogado se opone diciendo que la pre-gunta es sugestiva y ahora su señoría está haciendo una pregunta de las que los abogados llaman sugestivas y le exige al testigo que la conteste dentro de la sugestión esa. — Abogado: Estamos en la repregunta, y esas condiciones de la ley no son aplicables en la re-pregunta. — Juez: A ningún testigo se le puede poner condición para que conteste, porque es nulo.
“Y, sigue declarando el testigo: Que en este asunto tiene el in-terés que tiene en todos los casos en que interviene como Juez y como ciudadano, que se haga estricta justicia, en cualquier sentido que sea.- — -Abogado: En este caso el testigo, demostrando tener ese interés como en todos los asuntos que se someten a su consideración, en este caso específico el testigo no ha hecho manifestaciones en las que ha afirmado que tiene interés absoluto en este asunto y que no descansará hasta que León Eíos vaya a Presidio? — ¿Ha dicho eso, o no lo ha dicho, bajo palabra de honor, por la caballerosidad y el ju-ramento prestado, que no descansará, en este asunto hasta que este hombre vaya a presidio, ¿lo ha manifestado, o nó? — Testigo: ‘He manifestado en público, y he manifestado por escrito, caballerosa, valientemente, al Attorney General que tengo la convicción abso-luta. Abogado: — No es esa mi pregunta: ¿ Ha dicho el tes-tigo o nó lo ha dicho que no descansará en este caso hasta que este hombre vaya a Presidio?
“Fiscal: Yo creo que el testigo puede perfectamente aclarar si ha dicho y si no ha dicho y por qué ha dicho.
‘ ‘ Abogado: Le pregunto si él ha manifestado en alguna ocasión que en este caso no descansará hasta que este hombre no fuera al presidio, y el testigo deberá decirme si lo dijo así o nó. — Fiscal: Y le contestó que lo ha dicho por escrito, y yo digo que no descansaré hasta que este hombre, teniendo la convicción absoluta de que come-tió ese delito.
“Juez: La corte ordena que sea eliminada la manifestación del Fiscal, porque no puede hacerla ante el Jurado.
“Abogado: Acatando desde luego la resolución de la corte, que es justa, sin embargo quiero hacer constar en este acto, que el Fiscal- en corte abierta, habiéndolo oído los señores del jurado, ha ma-nifestado que él tiene la convicción absoluta de que el acusado es culpable y de que él no descansará hasta que este hombre vaya a presidio. — Tomamos excepción de esas manifestaciones del Fiscal por ser abusivas, arbitrarias, contra todo principio de ética profesional y contrarias a la Ley.
“Fiscal: El Fiscal es representante de El Pueblo y tiene que ver que se haga justicia, y el Fiscal no cumpliría con su deber si cuando él hace una investigación y llega a la conclusión de que se ha cometido un delito, si él no busca los medios que le da la ley para que el acusado vaya ante el Jurado imparciál. — Si el Fiscal no creyera que en este caso no se ha cometido un delito y que hay un culpable y que el culpable es el acusado, que se trae aquí des-pués de un Gran Jurado traer una acusación fundada, nunca traería a ningún acusado ante el Jurado. — Juez: La corte resuelve que el testigo conteste la pregunta y dé las explicaciones que necesite para hacer inteligible su contestación.
“Abogado: Mi pregunta es la siguiente: ¿en algún momento u ocasión, el Juez que está declarando, señor Vargas, ha manifestado que no descansará en este asunto hasta tanto no conseguir que el acusado vaya a Presidio? — ¿Ha manifestado eso, o nó?
‘ ‘ Testigo: El abogado defensor invoca mi capacidad de Juez y mi caballerosidad, yo debo por consiguiente, volviendo por l'os fue-ros del honor, hacer clara mi contestación para que mi posición quede diáfana ante la corte, los señores del Jurado, y ante el pú-blico. — Yo he manifestado con valor, con caballerosidad, mi convic-ción absoluta, a la cual nadie puede privarme que llegue, a la luz de mi propio criterio, como abogado y como ciudadano, de la culpa-bilidad dé este hombre, y en varios sitios públicos, entre amigos, no tengo inconveniente ninguno en reproducir las palabras- que he dicho aquí, porque nunca me retracto, lo be tratado duramente por-que es un hombre que ya pasó por las galeras del presidio. Abogado: Pido que se elimine esa declaración del récord de este caso: — Fiscal: Me allano.' — Juez: La corte ordena la eliminación de esta última parte. — Abogado : Y pido también que la corte llame la atención al testigo que conteste solamente las preguntas que deseo que me conteste, sin tratar de impresionar al Jurado, o tratar cues-tiones que, o no son ciertas o no son admisibles. — ¿El testigo mani-festó o nó en alguna ocasión, que no descansaría basta no meter a este hombre a Presidio? — Fiscal: Me opongo, porque la manera de hacer esta clase de preguntas para impugnar, es diciendo Ud. en tal fecha, delante de tal persona y en tal sitio, ¿no manifestó esto y esto?
“Abogado: Yo no estoy impugnando la veracidad del testigo, la pregunta fué admitida ya. — Juez: Testigo, Ud. conteste la pregunta pero sin dar opinión particular ninguna, ahora usted puede explicar su proceder, pero sin dar opiniones respecto a la situación del acu-sado. — El testigo contesta que ha referido un hecho que consta en el récord. — Y el testigo sigue exponiendo: que él contesta categóri-camente, después lo explica: que lo ha dicho en más de un sitio, lo ha dicho en varios sitios, y he dicho esto, porque después de ha-ber personalmente practicado una minuciosa investigación, llegué a la conclusión. Abogado: Me opongo a las conclusiones a que haya llegado el testigo. — La defensa está conforme con la manifesta-ción y no deseo que conteste nada más. — Juez: El testigo puede de-clarar sin dar opiniones. — Testigo: Hice esas manifestaciones por-que ellas correspondían a actuaciones .mías que yo consideraba como un deber sagrado por la lealtad que le- debo al Gobierno de Puerto Rico.
“Abogado: Finalmente, testigo, ¿no dijo el testigo en alguna ocasión que estaba ensañado contra este acusado y que si este caso se trasladaba a otro distrito fuera de Aguadilla, haría una campaña en el periódico El Mundo contra dicho acusado? — ¿Lo manifestó o nó lo manifestó? — ¿Manifestó que estaba ensañado contra este acu-sado, o nó, y si lo manifestó declare si no dijo que en caso que este caso se trasladase a otro distrito, haría una campaña en el perió-dico El Mundo con objeto de conseguir un ambiente desfavorable al acusado?
“Fiscal: Me opongo, hay que decir sitio, tiempo y personas.— Abogado: En la Secretaría de esta Corte de Distrito, el día que se sometía este caso de León Ríos al Gran Jurado de la Corte de Dis-trito de Aguadilla, manifestó o nó manifestó el testigo que estaba ensañado contra este acusado, y que de trasladarse el caso a otro dis-trito liaría una campaña en el periódico El Mundo para levantar un ambiente desfavorable, de manera que él fuera condenado! — ¿Ma-nifestó o no manifestó eso en la Secretaría de esta Corte de Distrito el día que se sometía este caso al Gran Jurado, por lo menos en pre-sencia de mi compañero y hermano y otras personas, pero me basta con la caballerosidad del testigo: — Testigo: Yo quiero advertir que voy a contestar todo lo que me pregunte, no me retracto nunca de lo que-digo, yo asumo todas las responsabilidades, de manera que el Fiscal sabe que voy a contestarle todo, estrictamente la verdad, añora con esa misma caballerosidad y honorabilidad quiero hacer constar que en la 'Secretaría de la Corte, delante del señor García Méndez y de otros caballeros que por su alta posición y gerarquía no quiero nombrar aquí, pero que deben estar en el ánimo de todos, hice manifestaciones en el sentido de que tenía un gran prejuicio (contra este acusado, y quiero hacer constar que no recuerdo que haya dicho en la Secretaría de la Corte de Distrito de Aguadilla, (.que iba a hacer una campaña contra León Ríos en el periódico; sí recuerdo que a mi compañero, el señor Juan Bautista García Mén-dez, de abogado a abogado, solos los dos, le dije que si este juicio se trasladaba, yo iniciaría una campaña en el periódico para hacer pú-blica ,1a historia pasada de José León Ríos Medina. Eso fue confi-dencialmente al Sr. Juan Bautista García Méndez, en San Sebas-tián.
“El Fiscal le repregunta, y el testigo contesta: Que él hizo la investigación preliminar de este caso; que el tiempo que hace que ocurrieron los hechos que se imputan al acusado, es el tiempo que ha transcurrido del 28 de diciembre del año pasado a la fecha; que el plomo ese lo entregó al Sr. Fiscal José Julián Acosta; que ese es el mismo plomo que le entregó el doctor Cancio. — El Fiscal pre-senta como prueba, un plomo, tres balas y dos cartuchos vacíos, que fueron admitidos sin oposición.”

Invoca el apelante en apoyo de los errores que analiza-mos, el caso de El Pueblo v. Machado, 31 D. P. R. 42, y los textos de Cyc. y Ruling Case Law.

En El Pueblo v. Machado, esta Corte resolvió:

“Antes de que empezara a declarar un testigo del acusado el abogado de éste pidió al jurado que prestara atención a la declara-ción del testigo porque éste se encontraba junto al acusado antes de ocurrir el homicidio. El Fiscal replicó así: ‘Y yo anuncio que este testigo es un perjuro y que he mandado buscar al presidente del Gran Jurado para que veáis lo que él declaró ante ellos.’ Se resol-vió: que constituyó error perjudicial el no impedir las manifesta-ciones del fiscal o por lo menos el no llamar fuertemente la atención del jurado para que no las tuviera en cuenta al apreciar la credibi-lidad de dicho testigo, con mayor razón cuanto que no se presentó evidencia alguna para atacar su credibilidad.”

Cyc. condensa la jurisprudencia así:

“Es un error que lleva consigo una revocación el que el fiscal en su informe ante el jurado declare su opinión o creencia personal, sin decir expresamente que está basada en la prueba, de que el acu-sado es culpable, o manifieste que el abogado del acusado aconsejó a éste que se declarara culpable. El fiscal puede, sin embargo, ar-gumentar ante el jurado que la prueba en su concepto muestra la culpabilidad o que lo ha convencido de que el acusado es culpable. Tal argumentación no hace necesaria la concesión de un nuevo jui-cio.” 12 Cyc. 580-81.

Y Ruling Case Law, dice:

“La opinión personal del fiscal respecto a la culpabilidad del acusado no es prueba, y la sanción de dicha opinión por la corte es un grave error.” 2 R.C.L. 415.

Examinados los hechos ocurridos a la luz de la propia jurisprudencia invocada por el apelante, no creemos que se haya cometido ningún error fundamental que lleve consigo la revocación de la sentencia apelada. No hay duda alguna de que el juez municipal en su investigación y manifesta-ciones fue más allá de lo que exigía el sereno cumplimiento de su deber, llegando a los lindes del apasionamiento, pero no creemos que su actitud desviara impropiamente el juicio del jurado. Al contrario pudo producir en el ánimo de los jueces de hecho un resultado contraproducente.

En cuanto a las manifestaciones del Fiscal, no aparece que dicho funcionario llegara a terminar su pensamiento y en todo caso la eliminación fue acordada inmediatamente por la corte.

El caso de Machado, supra, es distinto. Se refiere al inicio de la credibilidad de nn testigo presentado como per-juro por la sola afirmación del fiscal.

Creemos que si algún error hubo, no fué perjudicial y las siguientes instrucciones trasmitidas luego por el juez al ju-rado dejaron las cosas en su propio sitio y pueden estimarse como suficientes:

“Las afirmaciones de los abogados, tanto del Fiscal como de la defensa no constituyen evidencia en el caso, y no deben tomarse como tales en la deliberación del jurado, respecto al veredicto.
“En este caso particular, la corte quiere llamar la atención es-pecíficamente de que tanto el abogado defensor como el Fiscal, en el sagrado cumplimiento de sus deberes, llevados de su más alta im-presión, llegaron al extremo de hacer afirmaciones en sus discursos, sobre las que la corte hubo de llamarles luego la atención, con ob-jeto de ahora en las instrucciones llamar vuestra atención a que es-tas manifestaciones de los Letrados en el cumplimiento de su deber', no deben tenerlas en cuenta los Sres. del Jurado, porque no son parte de la evidencia, no son más que prueba de que cada uno de los compañeros ha querido cumplir con su deber y demostrarlo de una manera que no hubiera duda razonable en el cumplimiento del mismo. — ”
“La corte os instruye, ’Sres, del Jurado, que no deberéis tomar en consideración ninguna opinión que en el curso del juicio hayan emitido los abogados.”

Los errores 12 y 13, se señalan del siguiente modo:

“12. Erró la corte inferior al admitir que en el cross-examination el Fiscal investigara con la esposa del acusado quién era la ma-dre de Domingo Soler.
“13. Erró la Corte de Distrito de Aguadilla al permitir que se repreguntara a la testigo Francisca Soler, esposa del acusado (que fué presentada únicamente como testigo de impugnación) sobre ex-tremos que podían perjudicar al acusado, o que declarase en contra de éste.”

El incidente fué largo, ocupa más de cuatro páginas, pero puede sintetizarse así: La esposa del acusado fué presen-tada a declarar por la defensa y después de hacerlo amplia-mente-al repreguntarla el Fiscal la defensa se opuso. Se alegó que el acusado había dado su consentimiento y la de-fensa contestó: “El ha dado su consentimiento para que declare a su favor y no en su contra.”

Basta lo dicho para concluir que el juez no cometió error al permitir el contrainterrogatorio. Una vez presentada la testigo por la defensa, el Fiscal tenía derecho a averiguar hechos que estaban envueltos en verdad en el interrogatorio directo y a aquilatar la veracidad de la testigo.

Dice el décimocuarto señalamiento de error:

“14. Erró la corte inferior al no permitir a la defensa en su in-forme al jurado que éste en su argumentación hiciera relación a un caso célebre ocurrido en la ciudad de París y para demostrar lo ne-cesario de una prueba clara para una convicción.”

Toda la constancia que se encuentra en el récord en re-lación con este error es la que sigue:

“Durante él informe de la defensa ante el jurado, el abogado pretendió hacer relación a cierto caso ocurrido recientemente en París, el Fiscal se opuso, la corte declaró con lugar la oposición, y la defensa tomó excepción.”

Como puede apreciarse en seguida, no hay base suficiente para discutirlo.

El error 16 es como sigue:

“16. Erró el tribunal inferior al negarse a trasmitir a los Sres. del Jurado la siguiente instrucción: ‘La corte instruye a los se-ñores del jurado, que al considerar la prueba aportada, deben pres-cindir en absoluto de la historia pasada del acusado y que ella no debe influir ni en favor ni en contra del acusado en el veredicto que haya de traerse.”

La corte se negó a trasmitir la instrucción “por no ha-ber sido objeto de prueba los antecedentes del acusado.”

Al discutir el error señala el apelante tres momentos en que se habló de los antecedentes del acusado. Dos en las preguntas que se hicieron a los jurados cuando se estaba constituyendo el tribunal de hecho y el tercero al declarar el testigo Vargas. Las preguntas a los jurados antes de constituir el tribunal no forman parte de la prueba del jui-cio, y lo diclio por Vargas fué eliminado a petición de la defensa,' allanándose el Fiscal.

Llegamos por último al error 17 en que se impugna la prueba. La principal declaración ha sido transcrita. Constituye una acusación directa, firme, completa. Se trató de contradecirla por medio de las declaraciones de la yerna y la esposa del acusado colocando a la niña declarante en un sitio de la casa desde donde era imposible que viera a su abuelo disparar y con respecto a su afirmación de que su abuelo al bajar de la casa llevaba revólver, pero fué en vano. El jurado la creyó y todas las' demás circunstancias, a saber: el revólver ocupado: el sitio en que Soler fué encontrado: la herida que recibiera y la bala que de su cráneo se extrajo: el disgusto ocurrido, todas, repetimos, revelan que fué ella la que dijo la verdad.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.